Source: http://www.slideshare.net/ipforenses/ley-1437-de-2011-16390311
Timestamp: 2016-05-30 16:05:11
Document Index: 214887056

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 13', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 84', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 23', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 14', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 14', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'artículo 16', 'Artículo 39', 'artículo 14', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'artículo 90', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'artículo 15', 'Artículo 86', 'artículo 52', 'Artículo 87', 'artículo 85', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'artículo 104', 'Artículo 99', 'artículo 104', 'artículo 104', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 269', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107']

LEY 1437 DEL 18 DE ENERO 2011CONGRESO DE LA REPÚBLICAPor la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.EL CONGRESO DE COLOMBIADECRETA:PARTE PRIMERAPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOTÍTULO IDISPOSICIONES GENERALESCAPÍTULO PRIMEROFinalidad, ámbito de aplicación y principiosArtículo 1°. Finalidad de la Parte Primera. Las normas de esta Parte Primera tienen comofinalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de losintereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos delordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente ydemocrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican atodos los organismos y entidades que conforman las Ramas del Poder Público en sus distintosórdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a losparticulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre deautoridades.Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o depolicía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediarperturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad,salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad delibre nombramiento y remoción.Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código,sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismosse aplicarán las disposiciones de este Código.Artículo 3°. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones queregulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados enla Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios deldebido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán deconformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y laley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidadde las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis inidem.2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a laspersonas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante,serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física omental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta quela finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas laspersonas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y,en general, cualquier clase de motivación subjetiva.4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán elcomportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligadosa actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas delos ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos dedeliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán lasconsecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con laConstitución, las leyes y los reglamentos.8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, porconsiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reservalegal.9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a losinteresados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos,contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordenela ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal informaciónde conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de lapublicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las deotras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de susderechos a los particulares.11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren sufinalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarándecisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código lasirregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derechomaterial objeto de la actuación administrativa.12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad yeficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel decalidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente losprocedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, aefectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sindilaciones injustificadas.Artículo 4°. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Las actuaciones administrativaspodrán iniciarse:1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general.2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular.3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal.4. Por las autoridades, oficiosamente.CAPÍTULO SEGUNDODerechos, deberes, prohibiciones, impedimentos y recusacionesArtículo 5°. Derechos de las personas ante las autoridades. En sus relaciones con lasautoridades toda persona tiene derecho a:1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o porcualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información yorientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológicoo electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención al público.2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtenercopias, a su costa, de los respectivos documentos.3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en lostérminos previstos por la Constitución y las leyes.4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto.5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad,niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas enestado de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de laConstitución Política.7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particularesque cumplan funciones administrativas.8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquieractuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados ytenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas le informen alinterviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento correspondiente.9. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.
Artículo 6°. Deberes de las personas. Correlativamente con los derechos que les asisten, laspersonas tienen, en las actuaciones ante las autoridades, los siguientes deberes:1. Acatar la Constitución y las leyes.2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras dilatorias en lasactuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos o hacerafirmaciones temerarias, entre otras conductas.3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reiterar solicitudesevidentemente improcedentes.4. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos.Parágrafo. El incumplimiento de estos deberes no podrá ser invocado por la administración comopretexto para desconocer el derecho reclamado por el particular. Empero podrá dar lugar a lassanciones penales, disciplinarias o de policía que sean del caso según la ley.Artículo 7°. Deberes de las autoridades en la atención al público. Las autoridades tendrán,frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten, lossiguientes deberes:1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción.2. Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la semana,las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio.3. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal deatención.4. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevastecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, sin perjuiciode lo señalado en el numeral 6 del artículo 5° de este Código.5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde larespectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a sudisposición para garantizarlos efectivamente.6. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con loprevisto en el numeral 1 del artículo 5° de este Código.7. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos, y darorientación al público.8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso demedios alternativos para quienes no dispongan de aquellos.9. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para laatención cómoda y ordenada del público.
10. Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos.Artículo 8°. Deber de información al público. Las autoridades deberán mantener a disposiciónde toda persona información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la páginaelectrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga, y pormedio telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos:1. Las normas básicas que determinan su competencia.2. Las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que prestan.3. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de losparticulares frente al respectivo organismo o entidad.4. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés públicorelativos a cada uno de ellos.5. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación de que setrate.6. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios de trabajo ydemás indicaciones que sean necesarias para que toda persona pueda cumplir sus obligaciones oejercer sus derechos.7. La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja oreclamo.8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objetode recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar elplazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público.En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor elinterés general.Parágrafo. Para obtener estas informaciones en ningún caso se requerirá la presencia delinteresado.Artículo 9°. Prohibiciones. A las autoridades les queda especialmente prohibido:1. Negarse a recibir las peticiones o a expedir constancias sobre las mismas.2. Negarse a recibir los escritos, las declaraciones o liquidaciones privadas necesarias para cumplircon una obligación legal, lo cual no obsta para prevenir al peticionario sobre eventualesdeficiencias de su actuación o del escrito que presenta.3. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la ley no lo exija.4. Exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en la respectiva entidad.
5. Exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los procedimientos de quetrate la gestión o crear requisitos o formalidades adicionales de conformidad con el artículo 84 de laConstitución Política.6. Reproducir actos suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativocuando no hayan desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión.7. Asignar la orientación y atención del ciudadano a personal no capacitado para ello.8. Negarse a recibir los escritos de interposición y sustentación de recursos.9. No dar traslado de los documentos recibidos a quien deba decidir, dentro del término legal.10. Demorar en forma injustificada la producción del acto, su comunicación o notificación.11. Ejecutar un acto que no se encuentre en firme.12. Dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme o de las providenciasjudiciales.13. No hacer lo que legalmente corresponda para que se incluyan dentro de los presupuestospúblicos apropiaciones suficientes para el cumplimiento de las sentencias que condenen a laadministración.14. No practicar oportunamente las pruebas decretadas o denegar sin justa causa las solicitadas.15. Entrabar la notificación de los actos y providencias que requieran esa formalidad.16. Intimidar de alguna manera a quienes quieran acudir ante la Jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo para el control de sus actos.Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver losasuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales yreglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos yjurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener encuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que seinterpreten y apliquen dichas normas.Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interésgeneral propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidorpúblico, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciaractuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisionesdefinitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, otenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro delcuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hechoo de derecho.2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañeropermanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente.
3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados,curador o tutor de persona interesada en el asunto.4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, apoderado,dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público.5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el servidor,su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, ycualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado.6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado,denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta elsegundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse laactuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a laactuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal.7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundogrado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de laspersonas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o estaraquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal.8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañableentre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, surepresentante o apoderado.9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundogrado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de laspersonas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuandose trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima.10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en elnumeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o surepresentante o apoderado en sociedad de personas.11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre lascuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente delMinisterio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las referenciaso explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por laAdministración.12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados enel numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuaciónadministrativa.13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundogrado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se controviertala misma cuestión jurídica que él debe resolver.14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas ointegradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuaciónadministrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.
15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa elservidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin.16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante,asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato,sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición.Artículo 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento el servidorenviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivadoal superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos losanteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o delAlcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las autoridadesterritoriales.La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) díassiguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde elconocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo actoordenará la entrega del expediente.Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no lacausal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido estetérmino, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde lapresentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términospara que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hacereferencia el inciso 1° de este artículo.TÍTULO IIDERECHO DE PETICIÓNCAPÍTULO PRIMERODerecho de petición ante autoridades. Reglas generalesArtículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda personatiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados eneste Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución.Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho depetición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que seresuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, examinary requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponerrecursos.El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representacióna través de abogado.Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo normalegal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de losquince (15) días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a surecepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos losefectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la Administraciónya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia lascopias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con lasmaterias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquíseñalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento deltérmino señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora yseñalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podráexceder del doble del inicialmente previsto.Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarseverbalmente o por escrito, y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación otransferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de esteCódigo.Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, enel acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten. Si este insiste en que seradique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes.Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario laexpedirá en forma sucinta.Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán adisposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario,formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, lospeticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebaso documentos adicionales que los formularios por su diseño no contemplen, sin que por suutilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos ypruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios.A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por el funcionario respectivocon anotación de la fecha y hora de su presentación, y del número y clase de los documentosanexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado. Esta autenticación nocausará costo alguno al peticionario.Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos:1. La designación de la autoridad a la que se dirige.2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es elcaso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirácorrespondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si elpeticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligadaa indicar su dirección electrónica.3. El objeto de la petición.
4. Las razones en las que fundamenta su petición.5. La relación de los requisitos exigidos por la ley y de los documentos que desee presentar parainiciar el trámite.6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.Parágrafo. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún casola estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marcojurídico vigente y que no sean necesarios para resolverla.Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia,cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta pero la actuación puedecontinuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a lafecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del díasiguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzará a correr eltérmino para resolver la petición.Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el peticionario deberealizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, lorequerirá por una sola vez para que la efectúe en el término de un (1) mes, lapso durante el cual sesuspenderá el término para decidir.Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfagael requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por untérmino igual.Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el desistimiento y elarchivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente,contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitudpueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquiertiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamentepresentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio laactuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expediránresolución motivada.Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe serrespetuosa. Solo cuando no se comprenda su finalidad u objeto, se devolverá al interesado paraque la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse,se archivará la petición.Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestasanteriores.Artículo 20. Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención prioritaria a laspeticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitarun perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad delderecho y el riesgo de perjuicio invocados.
Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o laintegridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad deberá adoptar de inmediato lasmedidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que debadarse a la petición.Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es lacompetente, informará de inmediato al interesado s i este actúa verbalmente, o dentro de los diez(10) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito.Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio alpeticionario.Los términos para decidir se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por laautoridad competente.Artículo 22. Organización para el trámite interno y decisión de las peticiones. Las autoridadesdeberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver, y lamanera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo.Cuando más de diez (10) ciudadanos formulen peticiones de información análogas, laAdministración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación, lapondrá en su página web y entregará copias de la misma a quienes las soliciten.Artículo 23. Deberes especiales de los Personeros Distritales y Municipales y de losservidores de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Los servidores de la ProcuraduríaGeneral de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los Personeros Distritales yMunicipales, según la órbita de competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz einmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional depetición. Si fuere necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes con el objeto deexigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. Así mismo, recibirán, ensustitución de dichas autoridades, las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquellas sehubieren abstenido de recibir, y se cerciorarán de su debida tramitación.CAPÍTULO SEGUNDODerecho de Petición ante Autoridades. Reglas EspecialesArtículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado lasinformaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y enespecial:1. Los protegidos por el secreto comercial o industrial.2. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.3. Los amparados por el secreto profesional.4. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojasde vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obrenen los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica, salvo que sean
solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para acceder aesa información.5. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesoreríaque realice la Nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la Nación.Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6)meses contados a partir de la realización de la respectiva operación.Artículo 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisiónque rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará en forma precisalas disposiciones legales pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión querechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procederecurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente oactuación que no estén cubiertas por ella.Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere ensu petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderáal Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si setrata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juezadministrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si seniega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada.Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juezadministrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpiráen los siguientes casos:1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobrecuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en lacual las reciba oficialmente.2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga,asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificarcriterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocarconocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.Artículo 27. Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter reservado de una información o dedeterminados documentos no será oponible a las autoridades judiciales ni a las autoridadesadministrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para eldebido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de lasinformaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo.Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptosemitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho aformular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.Artículo 29. Reproducción de documentos. En ningún caso el precio de las copias podráexceder el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuentadel interesado en obtenerlas.
Artículo 30. Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición deinformación a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de diez (10) días. En los demáscasos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos previstos en el artículo 14.Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos pararesolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de laspersonas de que trata esta Parte Primera del Código constituirán falta gravísima para el servidorpúblico y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria.CAPÍTULO TERCERODerecho de Petición ante Organizaciones e Instituciones PrivadasArtículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechosfundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechosfundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades,corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, institucionesfinancieras o clubes.Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a losprincipios y reglas establecidos en el Capítulo Primero de este Título.Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en loscasos expresamente establecidos en la Constitución y la ley.Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos decarácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países seregirán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Hábeas Data.Parágrafo 1°. Este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellasel solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural seencuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.Parágrafo 2°. Los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestaránasistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio delderecho constitucional de petición que hubiere ejercido o desee ejercer ante organizaciones oinstituciones privadas.Artículo 33. Derecho de petición de los usuarios ante instituciones privadas. Sin perjuicio delo dispuesto en leyes especiales, a las Cajas de Compensación Familiar, y a las Instituciones delSistema de Seguridad Social Integral, que sean de carácter privado, se les aplicarán en susrelaciones con los usuarios, en lo pertinente, las disposiciones sobre derecho de petición previstasen los dos capítulos anteriores.TÍTULO IIIPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERALCAPÍTULO PRIMEROReglas GeneralesArtículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativasse sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código,sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo noprevisto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.
Artículo 35. Trámite de la actuación y audiencias. Los procedimientos administrativos seadelantarán por escrito, verbalmente, o por medios electrónicos de conformidad con lo dispuestoen este Código o la ley.Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrániniciarse mediante escrito, y por medio electrónico solo cuando lo autoricen este Código o la ley,debiendo informar de la iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho dedefensa.Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las actuaciones con elobjeto de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción, o contribuir ala pronta adopción de decisiones. De toda audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella.Artículo 36. Formación y examen de expedientes. Los documentos y diligencias relacionadoscon una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con el finde evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que setramiten ante la misma autoridad.Si las actuaciones se tramitaren ante distintas autoridades, la acumulación se hará en la entidad uorganismo donde se realizó la primera actuación. Si alguna de ellas se opone a la acumulación,podrá acudirse, sin más trámite, al mecanismo de definición de competencias administrativas.Con los documentos que por mandato de la Constitución Política o de la ley tengan el carácter dereservados y obren dentro de un expediente, se hará cuaderno separado.Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren,salvo los documentos o cuadernos sujetos a reserva y a obtener copias y certificaciones sobre losmismos, las cuales se entregarán en los plazos señalados en el artículo 14.Artículo 37. Deber de comunicar las actuaciones administrativas a terceros. Cuando en unaactuación administrativa de contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceraspersonas puedan resultar directamente afectadas por la decisión, les comunicará la existencia dela actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, si lo hubiere, para que puedanconstituirse como parte y hacer valer sus derechos.La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otromedio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de tercer osindeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacionalo local, según el caso, o a través de cualquier otro mecanismo eficaz, habida cuenta de lascondiciones de los posibles interesados. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en elexpediente.Artículo 38. Intervención de terceros. Los terceros podrán intervenir en las actuacionesadministrativas con los mismos derechos, deberes y responsabilidades de quienes son parteinteresada, en los siguientes casos:1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria en calidad de denunciantes,resulten afectados con la conducta por la cual se adelanta la investigación, o estén en capacidadde aportar pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos materia de la misma.
2. Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan resultar afectados con la actuaciónadministrativa adelantada en interés particular, o cuando la decisión que sobre ella recaiga puedaocasionarles perjuicios.3. Cuando la actuación haya sido iniciada en interés general.Parágrafo. La petición deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 16 y en ella se indicarácuál es el interés de participar en la actuación y se allegarán o solicitarán las pruebas que elinteresado pretenda hacer valer. La autoridad que la tramita la resolverá de plano y contra estadecisión no procederá recurso alguno.Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competenciaadministrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridadque se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si estatambién se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consultay Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden naciona l o alTribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental,distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales yterritoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala deConsulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentespara conocer y definir un asunto determinado.En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibida la actuación enSecretaría se comunicará por el medio más eficaz a las autoridades involucradas y a losparticulares interesados y se fijará un edicto por el término de cinco (5) días, plazo en el que estaspodrán presentar alegatos o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de Consulta yServicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los veinte (20)días siguientes. Contra esta decisión no procederá recurso alguno.Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán.Artículo 40. Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera ladecisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesadosin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos.El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentrode la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo.Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si sonvarios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales. Serán admisibles todos losmedios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil.Artículo 41. Corrección de irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, encualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá lasirregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, yadoptará las medidas necesarias para concluirla.Artículo 42. Contenido de la decisión. Habiéndose dado oportunidad a los interesados paraexpresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión,que será motivada.
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de laactuación por el peticionario y por los terceros reconocidos.Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente elfondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.Artículo 44. Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión decarácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que laautoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa.Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte,se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, yasean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso lacorrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términoslegales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada atodos los interesados, según corresponda.CAPÍTULO SEGUNDOMecanismos de Consulta PreviaArtículo 46. Consulta obligatoria. Cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de unaconsulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha consulta deberá realizarsedentro de los términos señalados en las normas respectivas, so pena de nulidad de la decisión quese llegare a adoptar.CAPÍTULO TERCEROProcedimiento Administrativo SancionatorioArtículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos decarácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único sesujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código seaplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o porsolicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, laautoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así locomunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formularácargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que looriginan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposicionespresuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes. Este actoadministrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión noprocede recurso.Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de laformulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendanhacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y lassuperfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.Parágrafo. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos,se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia.
Artículo 48. Período probatorio. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término nomayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en elexterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días.Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presentelos alegatos respectivos.Artículo 49. Contenido de la decisión. El funcionario competente proferirá el acto administrativodefinitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los alegatos.El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatoriodeberá contener:1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar.2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción.3. Las normas infringidas con los hechos probados.4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación.Artículo 50. Graduación de las sanciones. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la gravedadde las faltas y el rigor de las sanciones por infracciones administrativas se graduarán atendiendoa los siguientes criterios, en cuanto resultaren aplicables:1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.3. Reincidencia en la comisión de la infracción.4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracciónu ocultar sus efectos.6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado lasnormas legales pertinentes.7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridadcompetente.8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.Artículo 51. De la renuencia a suministrar información. Las personas particulares, sean estasnaturales o jurídicas, que se rehúsen a presentar los informes o documentos requeridos en el cursode las investigaciones administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivosa los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores significativos o enforma incompleta, serán sancionadas con multa a favor del Tesoro Nacional o de la respectivaentidad territorial, según corresponda, hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legalesvigentes al momento de la ocurrencia de los hechos. La autoridad podrá imponer multas sucesivasal renuente, en los términos del artículo 90 de este Código.La sanción a la que se refiere el anterior inciso se aplicará sin perjuicio de la obligación desuministrar o permitir el acceso a la información o a los documentos requeridos.
Dicha sanción se impondrá mediante resolución motivada, previo traslado de la solicitud deexplicaciones a la persona a sancionar, quien tendrá un término de diez (10) días parapresentarlas.La resolución que ponga fin a la actuación por renuencia deberá expedirse y notificarse dentro delos dos (2) meses siguientes al vencimiento del término para dar respuesta a la solicitud deexplicaciones. Contra esta resolución procede el recurso de reposición, el cual deberá interponersedentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación.Parágrafo. Esta actuación no suspende ni interrumpe el desarrollo del procedimientoadministrativo sancionatorio que se esté adelantando para establecer la comisión de infracciones adisposiciones administrativas.Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, lafacultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurridoel hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el actoadministrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho actosancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán serdecididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de sudebida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en estadisposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidadpatrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el díasiguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partirde la fecha de la ejecutoria.CAPÍTULO CUARTOUtilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativoArtículo 53. Procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos. Losprocedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Paragarantizar la igualdad de acceso a la administración, la autoridad deberá asegurar mecanismossuficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el uso alternativode otros procedimientos.En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se aplicaránlas disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen.Artículo 54. Registro para el uso de medios electrónicos. Toda persona tiene el derecho deactuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá registrar sudirección de correo electrónico en la base de datos dispuesta para tal fin. Sí así lo hace, lasautoridades continuarán la actuación por este medio, a menos que el interesado solicite recibirnotificaciones o comunicaciones por otro medio diferente.Las peticiones de información y consulta hechas a través de correo electrónico no requerirán delreferido registro y podrán ser atendidas por la misma vía.Las actuaciones en este caso se entenderán hechas en término siempre que hubiesen sidoregistrados hasta antes de las doce de la noche y se radicarán el siguiente día hábil.
Artículo 55. Documento público en medio electrónico. Los documentos públicos autorizadoso suscritos por medios electrónicos tienen la validez y fuerza probatoria que le confieren a losmismos las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.Las reproducciones efectuadas a partir de los respectivos archivos electrónicos se reputaránauténticas para todos los efectos legales.Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medioselectrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad quelas notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con losotros medios previstos en el Capítulo V del presente Título.La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al actoadministrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración.Artículo 57. Acto administrativo electrónico. Las autoridades, en el ejercicio de sus funciones,podrán emitir válidamente actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando seasegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley.Artículo 58. Archivo electrónico de documentos. Cuando el procedimiento administrativo seadelante utilizando medios electrónicos, los documentos deberán ser archivados en este mismomedio. Podrán almacenarse por medios electrónicos, todos los documentos utilizados en lasactuaciones administrativas.La conservación de los documentos electrónicos que contengan actos administrativos de carácterindividual, deberá asegurar la autenticidad e integridad de la información necesaria parareproducirlos, y registrar las fechas de expedición, notificación y archivo.Artículo 59. Expediente electrónico. El expediente electrónico es el conjunto de documentoselectrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo deinformación que contengan.El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmadodigitalmente por la autoridad, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará laintegridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación cuando se requiera.La autoridad respectiva conservará copias de seguridad periódicas que cumplan con los requisitosde archivo y conservación en medios electrónicos, de conformidad con la ley.Artículo 60. Sede electrónica. Toda autoridad deberá tener al menos una dirección electrónica.La autoridad respectiva garantizará condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad,accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad de la información de acuerdo con los estándares quedefina el Gobierno Nacional.Podrá establecerse una sede electrónica común o compartida por varias autoridades, siempre ycuando se identifique claramente quién es el responsable de garantizar las condiciones de calidad,seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Así mismo, cada autoridad
usuaria de la sede compartida será responsable de la integridad, autenticidad y actualización de lainformación y de los servicios ofrecidos por este medio.Artículo 61. Recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades. Para larecepción de mensajes de datos dentro de una actuación administrativa las autoridades, deberán:1. Llevar un estricto control y relación de los mensajes recibidos en los sistemas de informaciónincluyendo la fecha y hora de recepción.2. Mantener la casilla del correo electrónico con capacidad suficiente y contar con las medidasadecuadas de protección de la información.3. Enviar un mensaje acusando el recibo de las comunicaciones entrantes indicando la fecha de lamisma y el número de radicado asignado.Artículo 62. Prueba de recepción y envío de mensajes de datos por la autoridad. Para efectosde demostrar el envío y la recepción de comunicaciones, se aplicarán las siguientes reglas:1. El mensaje de datos emitido por la autoridad para acusar recibo de una comunicación, seráprueba tanto del envío hecho por el interesado como de su recepción por la autoridad.2. Cuando fallen los medios electrónicos de la autoridad, que impidan a las personas enviar susescritos, peticiones o documentos, el remitente podrá insistir en su envío dentro de los tres (3) díassiguientes, o remitir el documento por otro medio dentro del mismo término, siempre y cuandoexista constancia de los hechos constitutivos de la falla en el servicio.Artículo 63. Sesiones virtuales. Los comités, consejos, juntas y demás organismos colegiados enla organización interna de las autoridades, podrán deliberar, votar y decidir en conferencia virtual,utilizando los medios electrónicos idóneos y dejando constancia de lo actuado por ese mismomedio con los atributos de seguridad necesarios.Artículo 64. Estándares y protocolos. Sin perjuicio de la vigencia dispuesta en este Código enrelación con las anteriores disposiciones, el Gobierno Nacional establecerá los estándares yprotocolos que deberán cumplir las autoridades para incorporar en forma gradual la aplicación demedios electrónicos en los procedimientos administrativos.CAPÍTULO QUINTOPublicaciones, citaciones, comunicaciones y notificacionesArtículo 65. Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actosadministrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en elDiario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que nocuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación deavisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la páginaelectrónica o por bando, en tanto estos medios garanticen amplia divulgación.Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición deinterés general, se comunicarán por cualquier medio eficaz.
En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno Nacionalpodrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de comunicación eficaz.Parágrafo. También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de eleccióndistintos a los de voto popular.Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular yconcreto. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términosestablecidos en las disposiciones siguientes.Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuaciónadministrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a lapersona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del actoadministrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, lasautoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anteriortambién podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de estamanera.La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actosadministrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En lareglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, yestablecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con accesoal medio electrónico.2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente enestrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstanciade que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación secontarán los términos para la interposición de recursos.Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de informaral interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico quefiguren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a ladiligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) díassiguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, lacitación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectivaentidad por el término de cinco (5) días.Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de loscinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a ladirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedanobtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso
deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos quelegalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y laadvertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entregadel aviso en el lugar de destino.Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del actoadministrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso alpúblico de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que lanotificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en quepor este medio quedará surtida la notificación personal.Artículo 70. Notificación de los actos de inscripción o registro. Los actos de inscripciónrealizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificadosel día en que se efectúe la correspondiente anotación. Si el acto de inscripción hubiere sido solicitado por entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, la inscripcióndeberá comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de los cinco (5) díassiguientes a la correspondiente anotación.Artículo 71. Autorización para recibir la notificación. Cualquier persona que deba notificarse deun acto administrativo podrá autorizar a otra para que se notifique en su nombre, mediante escritoque requerirá presentación personal. El autorizado solo estará facultado para recibir la notificacióny, por tanto, cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, depleno derecho, por no realizada.Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación.En todo caso, será necesaria la presentación personal del poder cuando se trate de notificación delreconocimiento de un derecho con cargo a recursos públicos, de naturaleza pública o de seguridadsocial.Artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conductaconcluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, niproducirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto,consienta la decisión o interponga los recursos legales.Artículo 73. Publicidad o notificación a terceros de quienes se desconozca su domicilio.Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten enforma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes sedesconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de laentidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidiólas decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la notificación personal.CAPÍTULO SEXTORecursosArtículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actosdefinitivos procederán los siguientes recursos:1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione orevoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismopropósito.No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo,Superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores uorganismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefessuperiores de las entidades y organismos del nivel territorial.3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior delfuncionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de laprovidencia que haya negado el recurso.De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de ladecisión.Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá loque sea del caso.Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra losde trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa.Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberáninterponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) díassiguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según elcaso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en elevento en que se haya acudido ante el juez.Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el dequeja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procuradorregional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga lassanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición ycuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requierede presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente,podrán presentarse por medios electrónicos.Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderadodebidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea sernotificado por este medio.Solo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso,deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale paragarantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2)meses.Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el actorecurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presentacon los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionariocompetente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja.Artículo 79. Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efectosuspensivo.Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que alinterponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir elrecurso considere necesario decretarlas de oficio.Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más deuna parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días.Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30)días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga eltérmino exceda de treinta (30) días.En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio.Artículo 80. Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sinnecesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva elrecurso.La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las quesurjan con motivo del recurso.Artículo 81. Desistimiento. De los recursos podrá desistirse en cualquier tiempo.Artículo 82. Grupos especializados para preparar la decisión de los recursos. La autoridadpodrá crear, en su organización, grupos especializados para elaborar los proyectos de decisión delos recursos de reposición y apelación.CAPÍTULO SEPTIMO
Silencio AdministrativoArtículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentaciónde una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta esnegativa.En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la peticiónsin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mescontado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión.La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades.Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado hayahecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción delo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la demanda.Artículo 84. Silencio positivo. Solamente en los casos expresamente previstos en disposicioneslegales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva.Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse apartir del día en que se presentó la petición o recurso.El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este Código.Artículo 85. Procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo. La persona que sehallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio delsilencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 15, juntocon una declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del término previsto.La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión favorableque se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así.Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo se entenderá queellos carecen de valor económico.Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de esteCódigo, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de losrecursos de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, seentenderá que la decisión es negativa.El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad deresponsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto admisorio de lademanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria gravísima.CAPÍTULO OCTAVOConclusión del Procedimiento AdministrativoArtículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,comunicación o publicación según el caso.2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre losrecursos interpuestos.3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos nofueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencioadministrativo positivo.Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos sepresumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelvadefinitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.Artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo disposiciónlegal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas,puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediaciónde otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboraciónde la Policía Nacional.Artículo 90. Ejecución en caso de renuencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales,cuando un acto administrativo imponga una obligación no dineraria a un particular y este seresistiere a cumplirla, la autoridad que expidió el acto le impondrá multas sucesivas mientraspermanezca en rebeldía, concediéndole plazos razonables para que cumpla lo ordenado. Lasmultas podrán oscilar entre uno (1) y quinientos (500) salarios mínimos mensuales legalesvigentes y serán impuestas con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.La administración podrá realizar directamente o contratar la ejecución material de los actos quecorresponden al particular renuente, caso en el cual se le imputarán los gastos en que aquellaincurra.Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa encontrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados porla Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podránser ejecutados en los siguientes casos:1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo.2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que lecorrespondan para ejecutarlos.4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.Artículo 92. Excepción de pérdida de ejecutoriedad. Cuando el interesado se oponga a laejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien loprodujo podrá suspenderla y deberá resolver dentro de un término de quince (15) días. El actoque decida la excepción no será susceptible de recurso alguno, pero podrá ser impugnadopor vía jurisdiccional.CAPÍTULO NOVENORevocación directa de los actos administrativosArtículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por lasmismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos ofuncionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parteno procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario hayainterpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales hayaoperado la caducidad para su control judicial.Artículo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse auncuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no sehaya notificado auto admisorio de la demanda.Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro delos dos (2) mese s siguientes a la presentación de la solicitud.Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso.Parágrafo. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profierasentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, lasautoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativosimpugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoriaseñalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer elderecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados.Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla enconocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le señalepara tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestarámérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberácumplir a partir de su ejecutoria.Artículo 96. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaigarevivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.
Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepcionesestablecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado omodificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igualcategoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivotitular.Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a laConstitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lodemandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensiónprovisional.Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia ydefensa.TÍTULO IVPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVOArtículo 98. Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo. Las entidades públicasdefinidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor,que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para talefecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los juecescompetentes.Artículo 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado. Prestarán méritoejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa yexigible, los siguientes documentos:1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las quealude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casosprevistos en la ley.2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor deltesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, laobligación de pagar una suma líquida de dinero.3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativoque declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación delcontrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual.4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se presten porcualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare laobligación.5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.Artículo 100. Reglas de procedimiento. Para los procedimientos de cobro coactivo se aplicaránlas siguientes reglas:1. Los que tengan reglas especiales se regirán por ellas.
2. Los que no tengan reglas especiales se regirán por lo dispuesto en este título y en el EstatutoTributario.3. A aquellos relativos al cobro de obligaciones de carácter tributario se aplicarán las disposicionesdel Estatuto Tributario.En todo caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en las respectivas normasespeciales, en cuanto fueren compatibles con esos regímenes, se aplicarán las reglas deprocedimiento establecidas en la Parte Primera de este Código y, en su defecto, el Código deProcedimiento Civil en lo relativo al proceso ejecutivo singular.Artículo 101. Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de loContencioso Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actosadministrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante laejecución y los que liquiden el crédito.La admisión de la demanda contra los anteriores actos o contra el que constituye el título ejecutivono suspende el procedimiento de cobro coactivo. Únicamente habrá lugar a la suspensión delprocedimiento administrativo de cobro coactivo:1. Cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido suspendidoprovisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y2. A solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida las excepciones o el que ordeneseguir adelante la ejecución, según el caso, esté pendiente el resultado de un proceso contenciosoadministrativo de nulidad contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Estasuspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni impide el decreto y prácticade medidas cautelares.Parágrafo. Los procesos judiciales contra los actos administrativos proferidos en el procedimientoadministrativo de cobro coactivo tendrán prelación, sin perjuicio de la que corresponda según laConstitución Política y otras leyes para otros procesos.TÍTULO VEXTENSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADOArtículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte delas autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificaciónjurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, aquienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente parareconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha peticióncontendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:1. Justificación razonada que evidencie que el peticionario se encuentra en la misma situación dehecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho enla sentencia de unificación invocada.2. Las pruebas que tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad,así como las que haría valer si hubiere necesidad de ir a un proceso.
3. Copia o al menos la referencia de la sentencia de unificación que invoca a su favor.Si se hubiere formulado una petición anterior con el mismo propósito sin haber solicitado laextensión de la jurisprudencia, el interesado deberá indicarlo así, caso en el cual, al resolverse lasolicitud de extensión, se entenderá resuelta la primera solicitud.La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales yreglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en lasentencia de unificación invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo dela petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente.Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, y lasautoridades podrán negar la petición con fundamento en las siguientes consideraciones:1. Exponiendo las razones por las cuales considera que la decisión no puede adoptarse sin que sesurta un período probatorio en el cual tenga la oportunidad de solicitar las pruebas para demostrarque el demandante carece del derecho invocado. En tal caso estará obligada a enunciar cuálesson tales medios de prueba y a sustentar de forma clara lo indispensable que resultan los mediosprobatorios ya mencionados.2. Exponiendo las razones por las cuales estima que la situación del solicitante es distinta a laresuelta en la sentencia de unificación invocada y no es procedente la extensión de sus efectos.3. Exponiendo clara y razonadamente los argumentos por los cuales las normas a aplicar no debeninterpretarse en la forma indicada en la sentencia de unificación. En este evento, el Consejo deEstado se pronunciará expresamente sobre dichos argumentos y podrá mantener o modificar suposición, en el caso de que el peticionario acuda a él, en los términos del artículo 269.Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativoscorrespondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total oparcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella,no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado.En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejode Estado en los términos del artículo 269 de este Código.La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la presentación de lademanda que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados sereanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejode Estado cuando el interesado decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lodispuesto en el artículo 269 de este Código.PARTE SEGUNDAORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE SUSFUNCIONES JURISDICCIONAL Y CONSULTIVA
TÍTULO IPRINCIPIOS Y OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOArtículo 103. Objeto y principios. Los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de loContencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en laConstitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principiosconstitucionales y los del derecho procesal.En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenidode la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que locontenga.Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deberconstitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estaráen la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de loContencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la ConstituciónPolítica y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas lasentidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.Igualmente conocerá de los siguientes procesos:1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera quesea el régimen aplicable.2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidadpública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicosdomiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y laseguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona dederecho público.5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno.6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por estajurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidadpública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratoscelebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado.Parágrafo. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano,organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas
en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes conaportes o participación estatal igual o superior al 50%.Artículo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de lossiguientes asuntos:1. Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados porentidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras,intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera,cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo losprocesos ejecutivos.2. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funcionesjurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias en materia de recursos contra dichas decisionesatribuidas a esta jurisdicción. Las decisiones que una autoridad administrativa adopte en ejerciciode la función jurisdiccional estarán identificadas con la expresión que corresponde hacer a losjueces precediendo la parte resolutiva de sus sentencias y deberán ser adoptadas en un proveídoindependiente que no podrá mezclarse con decisiones que correspondan al ejercicio de funciónadministrativa, las cuales, si tienen relación con el mismo asunto, deberán constar en actoadministrativo separado.3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley.4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadoresoficiales.TÍTULO IIORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOCAPÍTULO PRIMEROIntegraciónArtículo 106. Integración de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicciónde lo Contencioso Administrativo está integrada por el Consejo de Estado, los TribunalesAdministrativos y los juzgados administrativos.CAPÍTULO SEGUNDODel Consejo de EstadoArtículo 107. Integración y composición. El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de loContencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado portreinta y un (31) Magistrados.Ejercerá sus funciones por medio de tres (3) Salas, integradas así: la Plena, por todos susmiembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintisiete (27) Magistrados y la de Consulta yServicio Civil, por los cuatro (4) Magistrados restantes.Igualmente, tendrá una Sala de Gobierno, conformada por el Presidente y el Vicepresidente delConsejo de Estado y por los Presidentes de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de las seccionesde la Sala de lo Contencioso Administrativo.