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Timestamp: 2020-02-20 13:48:16
Document Index: 87231215

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 57', 'artículo 93', 'Artículo 93', 'artículo 54', 'artículo 66', 'artículo 93', 'artículo 80', 'artículo 19', 'artículo 80', 'artículo 93', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 66', 'artículo 72', 'artículo 93', 'artículo 54', 'artículo 27', 'artículo 54', 'artículo 42', 'artículo 27', 'artículo 26', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 54', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 47', 'artículo 54', 'artículo 47', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 47']

ANA MARIA | Tratado | Constitución
468 Estudios Constitucionales
Informe Informe en en Derecho. Derecho. Control Control de de constitucionalidad constitucionalidad de de los los tratados tratados internacionales internacionales
con con especial especial referencia referencia al al control control represivo represivo Ana María García Barzelatto; páginas 469 a 480
Ana María García Barzelatto**
El control de constitucionalidad de los tratados internacionales es una mane- ra no sólo de dejar a salvo el principio de supremacía constitucional, sino tam- bién de evitar que una vez celebrado el tratado éste pueda ser impugnado por falta de constitucionalidad.
Numerosos ordenamientos constitucionales en el derecho comparado lo con- sagran con un carácter preventivo de orden facultativo o exigen la revisión pre- via de la Constitución cuando el tratado pudiere contener estipulaciones contra- rias a ésta. 1
Durante la tramitación de la reforma de 2005, incluso se sugirió la conve- niencia de establecer el control preventivo obligatorio para todos los tratados. 2
* Informe en Derecho emitido para la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado de la República, respecto del proyecto modificatorio de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. ** Profesora Titular de Derecho Constitucional. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. amgarcia@mi.cl
1 Por ejemplo, constituciones políticas de España (artículos 94, 95 y 96); Francia (artículo 54); Perú (artículo 57).
2 Opiniones en Comisión del Senado, Primer Informe, en Pfeffer U., Emilio, Reformas Constitucio- nales 2005, Editorial Jurídica de Chile, 1ª edición, 2005, p. 70.
A continuación, haremos en primer lugar una descripción sucinta de las no- vedades que presenta el control preventivo de constitucionalidad de los Trata- dos, para entrar luego a un tema que exige mayor análisis y reflexión, cual es, la actual situación de la relación entre tratado y ley, y la situación del control repre- sivo de constitucionalidad de los tratados internacionales, control radicado hoy en el Tribunal Constitucional después de la reforma de 2005.
Nuestra Carta Fundamental, después de la reforma constitucional de 2005, en el artículo 93 mantiene el control preventivo de constitucionalidad, introdu- ciéndole algunas modificaciones que mejoran su regulación.
Así, son atribuciones del Tribunal Constitucional:
“Artículo 93 Nº 1º: Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitu-
cionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación…”
“Nº 3º: Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten du- rante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de
los tratados sometidos a la aprobación del Congreso”.
En el primer numeral la reforma incorpora como atribución del Tribunal Cons- titucional, el control preventivo obligatorio de constitucionalidad de los tratados antes de su promulgación cuando éstos versen sobre materias propias de ley orgánica constitucional. Esta disposición es concordante con la nueva disposi- ción contenida en al artículo 54 Nº 1 en cuanto a que la aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda, en confor- midad al artículo 66. 3
En el numeral 3 se mantiene la posibilidad de control preventivo de los tratados que versen sobre otras materias, permaneciendo, entonces, inalterada la facultad del Tribunal de resolver las cuestiones de constitucionalidad que se susciten duran- te la tramitación de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso.
En suma, conforme a la normativa expuesta, respecto de los tratados inter- nacionales al Tribunal Constitucional sólo le cabe un control preventivo, el que es
3 Cabe destacar que en este aspecto la reforma constitucional recogió lo señalado por la jurispru- dencia del Tribunal Constitucional (Sentencia Rol Nº 309 de 4 de agosto de 2000, C. 17).
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obligatorio cuando el tratado contiene normas propias de ley orgánica constitu- cional, y facultativo cuando el Presidente o las Cámaras, según lo indicado en el artículo 93, formulen un requerimiento antes de la aprobación del tratado.
Si bien la reforma no dispuso el control preventivo obligatorio de constitucio- nalidad para todos los tratados, como lo disponen algunas Constituciones y adhiere a ello parte de la doctrina, el control preventivo facultativo deja a salvo la posibilidad de reformar la Constitución ante un tratado que puede estar en con- tradicción con la Constitución.
1. Situación jurídica antes de la
Durante la vigencia de los ordenamientos constitucionales chilenos de 1925
1980, hasta antes de la reforma de 2005, siempre hubo acuerdo en la doctrina
en la jurisprudencia chilena en cuanto a que la expresión “precepto legal”
contenida en la disposición constitucional que consagraba el recurso de inapli- cabilidad por inconstitucionalidad, comprendía toda regla con valor de ley, aun- que formalmente estuviese comprendida en un cuerpo jurídico diferente. 4
En consecuencia, no hubo reparos jurídicos para considerar con el mismo
rango jerárquico que la ley, a los decretos con fuerza de ley, a los decretos leyes,
a los distintos tipos de ley según su quórum y a los tratados internacionales. De
modo tal que en la expresión “precepto legal” siempre quedaron comprendidos
Así se puede constatar de la opinión de la doctrina de nuestros autores, como Alejandro Silva Bascuñán, Estévez y Bernaschina, entre otros. Todos coincidieron en que un tratado internacional aprobado y ratificado tenía rango de “precepto legal” y, en consecuencia, a su respecto era procedente interponer un recurso de inaplicabilidad si alguna de sus disposiciones vulneraban la Constitución. 5
El artículo 80 disponía: “La Corte Suprema, de oficio o a petición de parte, en las materias de que
conozca, o que le fueren sometidas en recurso interpuesto en cualquier gestión que se siga ante otro tribunal, podrá declarar inaplicable para esos casos particulares todo precepto legal contrario
a la Constitución. Este recurso podrá deducirse en cualquier estado de la gestión, pudiendo
ordenar la Corte la suspensión del procedimiento”.
Silva Bascuñán, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, tomo VIII, Editorial Jurídica de Chile, 2ª edición, 2002, p. 183.
Así también lo entendió la jurisprudencia de la Corte Suprema, órgano com- petente para conocer de tal recurso. Así, por ejemplo el 24 de octubre de 1997 la Corte Suprema con motivo de la inaplicabilidad interpuesta contra algunas disposiciones de la Convención sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Interna- cional de Niños de La Haya, de 1980 (vigente en Chile desde el 17 de junio de 1994), estableció que la Excma. Corte “examina derechamente el fondo del pro-
blema, sin poner en duda su jurisdicción con respecto al tema y declara que el
tratado no viola las normas del debido proceso establecido en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política. 6
Es posible constatarlo también de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que en la sentencia pronunciada respecto del Tratado de Roma sobre la Corte Penal Internacional, a propósito de la jerarquía normativa de los tratados, estable- ció que “sostener que los tratados internacionales sobre derechos humanos pue- dan modificar la Constitución conduce a que pierdan eficacia las disposiciones que permiten el control previo de constitucionalidad de los tratados (art. 81 Nº 2 de la Constitución y el control a posterioridad (art. 80 de la Constitución)…”. 7
En consecuencia, no ha habido discrepancia en sostener que los tratados inter- nacionales pueden ser objeto, no sólo de control preventivo de constitucionali- dad, como lo señala expresamente la Constitución, sino también de control repre- sivo o “a posteriori”, por entenderse comprendidos dentro de la jerarquía de pre- cepto legal. Ello, al tenor de lo dispuesto en el anterior artículo 80 de la Constitu- ción, que radicaba tal atribución en la Corte Suprema, la que podía “declarar inapli- cable para esos casos particulares todo precepto legal contrario a la Constitución”.
Hoy tal atribución ha quedado radicada en el Tribunal Constitucional, órgano al cual, conforme al artículo 93 Nº 6, corresponde la atribución de “resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”.
El control de constitucionalidad represivo o “a posteriori” de los tratados in- ternacionales, que era un tema pacífico y que no suscitaba dudas de interpreta- ción, ha tenido un giro fundamental desde la aprobación de la reforma constitu- cional de 2005. La controversia se ha producido porque a partir de la reforma constitucional, en definitiva, ya no es posible considerar a un tratado como “pre- cepto legal”. Existen razones suficientes para estimar que tratado y ley son nor-
Saenger G., Fernando, y Bruna C., Guillermo, Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, Editorial Jurídica de Chile, 1ª edición, 2006, p. 155.
Sentencia Rol Nº 346 de 6 de abril de 2002, Considerando 69.
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mas totalmente diferentes, que el tratado no cabe dentro del rango de precepto legal y que, en consecuencia, difícilmente podrían ser objeto de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
2. Situación jurídica después de
la reforma constitucional de 2005
Análisis de la nueva normativa sobre tratados internacionales (artículos 54 Nº 1º incisos 1 y 5; 93 N os 1, 6 y 7; y 94 inciso 3):
La reforma constitucional de 2005 significó un notorio avance en materia de tratados internacionales por cuanto se hizo cargo de llenar numerosos vacíos y regular aspectos que necesitaban urgentemente una normativa constitucional. 8
En efecto, el actual artículo 54 Nº 1 regula numerosas materias otorgando nuevas atribuciones al Congreso Nacional y al Presidente de la República, tales como las referentes a la formulación de reservas o declaraciones interpretativas, la facultad para denunciar un tratado o retirarse de él, establece los quórum de aprobación, la denuncia o retiro del tratado, su derogación, modificación o sus- pensión, e incluye normas que permiten determinar la jerarquía de los tratados, entre otras materias.
Entre tales nuevas regulaciones, nos interesa reflexionar sobre dos aspectos de importancia, que son consecuencia de la reforma constitucional de 2005: la diferencias entre tratado y ley que fluyen del texto de la reforma, y la situación del control represivo de constitucionalidad como consecuencia derivada de la nueva normativa constitucional sobre derogación, modificación y suspensión de los tratados.
2.1. Diferencia entre “tratado” y “ley”: El artículo 54 Nº 1 inciso 1 dispone que es atribución exclusiva del Congreso: “Aprobar o desechar los tratados in- ternacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratifica- ción. La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que corresponda, en conformidad al artículo 66, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley”.
La nueva expresión “en lo pertinente”, agregada por la reforma constitucional de 2005, tiene especial importancia porque con ella el constituyente reconoce la diferencia entre tratado y ley en cuanto a las formalidades requeridas para su
8 García Barzelatto, Ana María, “Tratados internacionales según la reforma constitucional de 2005”, en Revista de Derecho Público, volumen 68, 2006, pp. 72 y ss.
aprobación. En efecto, la aprobación de un tratado tiene un régimen de aproba- ción distinto al de una ley; por ejemplo, no cabe la formación de comisiones mixtas, tampoco procede el decreto de insistencia ni la posibilidad de indicaciones por parte de las Cámaras, las que solamente deben aprobar o desechar el tratado.
Debemos reconocer que la diferencia entre tratado y ley venía haciéndose explícita en la doctrina de los autores, como también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Así, en fallo de 1999 el Tribunal Constitucional puntualizó que “el tratado y la ley son fuentes de derecho diferentes”; también sostuvo que “la promulgación y publicación de los tratados no está descrita en texto expreso de la Constitución sino que obedece a una práctica impuesta por la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia, a diferencia de lo que ocurre con la ley según lo prevé expresa- mente el artículo 72 de la Carta Fundamental”. 9 Asimismo, en fallo del año 2000 determinó el Tribunal que “la circunstancia que un tratado deba aprobarse con- forme a los trámites de una ley significa, sin necesidad de mayor demostración, que en dicha aprobación deberán observarse todas las normas que la Constitu- ción establece para la tramitación de una ley, en cuanto resulten compatibles, de acuerdo a la preceptiva constitucional”. 10
Estos antecedentes permiten establecer que antes de la reforma de 2005 se fue decantando el problema de la primacía y mayor jerarquía de los tratados en relación con las normas legales del Estado, lo que resulta de fundamental im- portancia para hacer prevalecer el tratado frente a la ley. 11 Así quedó también planteado en las actas de la tramitación de la reforma de 2005, en las que consta la preocupación en relación a que los tratados, una vez promulgados y publicados, formen parte del ordenamiento jurídico de la República, y estando en vigor, prevalezcan sobre las leyes y otras normas de inferior jerarquía. 12
En la nueva normativa sobre tratados, establecida por la reforma constitucio- nal de 2005, es posible advertir que existen argumentos de texto para afirmar la ostensible diferencia que hizo el constituyente entre ley y tratado nombrándolos específica y separadamente. Así, por ejemplo, el numeral 1º del artículo 93, que establece el control de constitucionalidad que corresponde al Tribunal Constitu- cional, distingue entre “leyes que interpreten algún precepto de la Constitución”, “leyes orgánicas constitucionales” y “normas de un tratado…”. Del mismo modo,
9 Sentencia Rol Nº 288 de 24 de junio de 1999, Considerando 6 y 7.
10 Sentencia Rol Nº 309 de 4 de agosto de 2000, Considerando 12.
11 Nogueira A., Humberto, “Aspectos fundamentales de la reforma constitucional de 2005 en materia de tratados internacionales” en Reforma constitucional, 1ª edición, 2005, LexisNexis, p. 533.
12 Pfeffer U., Emilio, ob. cit. p. 287.
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el numeral 3º distingue entre las cuestiones de constitucionalidad que se susci- ten durante la tramitación de un “proyecto de ley” o de “reforma constitucional” y “de los tratados…”.
Además de las razones de texto, el inciso quinto del Nº 1 del artículo 54 es categórico al establecer la forma de derogación de los tratados. Al respecto dispone:
“Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional”. Se desprende de ello que un
tratado no puede ser derogado sino en la forma estipulada y no por una ley posterior. Lo dispuesto en este artículo resuelve claramente el problema de la primacía de los tratados, en el sentido que impide que una ley posterior pueda derogar o modificar un tratado. La solución, por lo demás, es consis- tente con lo establecido en las normas del derecho internacional, las que frente a un conflicto entre normas internacionales e internas, dan primacía a las primeras. Así lo establece la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (artículo 27) por haber sido aprobada y ratificada por Chile e incor- porada al ordenamiento interno como ley de la República y, en consecuen- cia, obliga a todos los órganos del Estado. 13
2.2. ¿Es posible el control represivo de constitucionalidad de un tratado in-
ternacional: El artículo 54 Nº 1 inciso 5, trascrito precedentemente, nos permite concluir que un tratado sólo puede derogarse de dos formas:
a) en la forma prevista en el propio tratado; o
b) de acuerdo a las normas generales de derecho internacional.
De modo tal que si el tratado no determina la forma de su propia deroga- ción, deberán aplicarse las normas generales de derecho internacional, y las normas que a este respecto proceden, están contenidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Así, el artículo 42 Nº 2 de la Convención señala que “la terminación de un
tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente Con- vención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un
tratado”. Por otra parte, el artículo 27 dispone que “una parte no podrá invocar
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento
La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados fue suscrita en 1969 y publicada en el Diario Oficial de 22 de junio de 1981.
de un tratado”. Además, el artículo 26 establece que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.
A la luz de los antecedentes reseñados, cabe formularse la siguiente pregunta:
¿Si un tratado o algunas de sus normas vulneran la Constitución podría éste
o alguna de sus normas ser dejados sin efecto por el Tribunal Constitucional en
virtud de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, por estimar que éste queda comprendido en la expresión “precepto legal” que emplea la Cons- titución? En otras palabras ¿podría el Tribunal Constitucional, en virtud de la nueva atribución otorgada por el artículo 93 Nº 6, hacer efectivo el control repre- sivo de constitucionalidad y declarar inaplicable un tratado?
El constituyente derivado otorgó al Tribunal Constitucional la atribución de
“Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal
ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución” (artículo 93 Nº 6).
La respuesta a la interrogante planteada ha de ser negativa. Ello, en atención
a que hoy ha quedado establecido que el tratado tiene primacía sobre la ley, que
no puede ser derogado por ésta y que, en consecuencia, ya no puede estimarse
al tratado dentro de la categoría de “precepto legal”.
Pero además, conforme al tenor de la nueva disposición contenida en el inciso quinto del Nº 1 del artículo 54, tampoco sería posible, porque la declara- ción de inaplicabilidad de un precepto legal significa literalmente que éste queda sin aplicación. Y, aunque la declaración de inaplicabilidad puede referirse exclu- sivamente a algunos preceptos legales inconstitucionales y no a todo el cuerpo jurídico en que estas normas figuran, las que continúan aplicables y, aunque la declaración tiene efectos sólo para el caso particular, sin duda, cualquiera fuere el caso, produciría los mismos efectos que una derogación.
Además y mayor abundamiento, de acuerdo con las nuevas atribuciones con- feridas al Tribunal Constitucional, una vez declarada la inaplicabilidad, éste puede resolver la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable.
En efecto, conforme al actual artículo 93 Nº 7 el Tribunal Constitucional pue-
de: “Resolver, por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejerci- cio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en confor- midad a lo dispuesto en el numeral anterior”. Y, regulando la acción de incons-
titucionalidad, el inciso 12 del mismo artículo dispone que habrá acción pública para requerir al Tribunal la declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad de éste para declararla de oficio. La regulación de los requisitos de ad-
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misibilidad de la acción pública así como la del procedimiento para actuar de oficio se entregan a la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad son generales, ya que el artículo 94 de la Constitución se encarga de establecer que el precepto declarado inconstitucional “se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo”. En suma, debe entenderse que el precepto legal queda expulsado del ordenamien- to jurídico. 14
En consecuencia, admitir que un tratado tiene el rango de “precepto legal” y que por tanto puede ser objeto de un recurso de inaplicabilidad, significa estar de acuerdo en que éste puede eventualmente, por acción pública o de oficio por el Tribunal Constitucional, ser declarado inconstitucional con efecto erga omnes, pu- blicada su derogación en el Diario Oficial y expulsado del ordenamiento jurídico.
Pareciera que no pudo ser éste el espíritu del constituyente, ya que lo dicho choca abruptamente con lo dispuesto en el nuevo inciso quinto del Nº 1 del artículo 54, que determina que las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios trata- dos o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional.
Las nuevas facultades conferidas al Tribunal Constitucional determinan la exis- tencia de un control abstracto y concreto concentrado en él, situándolo en una posición de preeminencia sobre el resto de los tribunales. “El Tribunal Constitu- cional es el órgano más idóneo por su estatus para conocer y resolver los conflic- tos constitucionales”, 15 lo que sin duda favorece la seguridad jurídica y el princi- pio de igualdad.
Sin embargo, debemos tener presente que el Tribunal Constitucional es un órgano del Estado y como tal está sujeto al principio de juridicidad debiendo someter su acción a la Constitución, actuar dentro de su competencia y confor- me a las atribuciones que expresamente le han sido conferidas por ésta. Es importante la prudencia que debe tener el Tribunal al momento de interpretar sus propias facultades, ya que en esta tarea no está sujeto a control alguno. 16
14 Opinión del Ministro del Tribunal Constitucional, Juan Colombo C. en La Constitución Reformada de 2005, Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca y Librotecnia, 2005, p. 479.
15 Zúñiga U., Francisco, “Control concreto de constitucionalidad: Recurso de inaplicabilidad y cues- tión de constitucionalidad en la reforma constitucional”, en La Constitución Reformada de 2005, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca y Librotecnia, 2005, p. 490.
16 Carmona S. Carlos, “Comentarios a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas”, en “Los tratados internacionales en la jurisprudencia constitu- cional”, Revista de la Fundación Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2001, p. 143.
Cabe también recordar que uno de los principios de hermenéutica constitucio- nal e internacional utilizados por el propio Tribunal “se funda en la gravedad que entraña para un Estado, en el ámbito internacional, la declaración de inconstitucio- nalidad de las normas de un tratado por un órgano jurisdiccional interno y se traduce en que el intérprete debe hacer todos los esfuerzos, dentro de lo permitido por la Ley Suprema del respectivo Estado, por encontrar una interpretación conci- liatoria entre las normas de un Tratado y los preceptos de la Constitución”. 17
Estimamos, entonces, que a la luz de la nueva normativa constitucional, es- tablecida con la reforma de 2005, ya no cabría el control represivo de constitu- cionalidad de los tratados internacionales. Ello entraría en contradicción con la norma expresa del inciso quinto del Nº 1 del artículo 54 y, además de contrave- nir la Constitución, vulneraría abiertamente los principios generales de derecho internacional como son los principios de Jus cogens, Pacta sunt servanda y Bon- na fide, contenidos en la Convención de Viena transcritos anteriormente y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno.
III. EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 17.997, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN ACTUAL TRAMITACIÓN LEGISLATIVA
La tramitación del proyecto de ley modificatoria de la ley orgánica constitucio-
nal del Tribunal Constitucional, que persigue adecuar sus disposiciones a la refor- ma constitucional de 2005, ha completado su tramitación en la Cámara de Dipu- tados, encontrándose actualmente a la espera de su tramitación por el Senado. 18
A continuación haremos una breve síntesis de la discusión en la Cámara
sobre el tema del control represivo de los tratados internacionales, que fue uno
de uno de los de mayor relevancia.
El proyecto de ley establece que “de conformidad al artículo 54, número 1), de la Constitución Política, no procederá la inaplicabilidad respecto de tratados inter- nacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (artículo 47 B).
Esta disposición tiene su origen en el Mensaje del Presidente de la República
que dio inicio al proyecto modificatorio, pues no estaba contenida en el proyec- to propuesto por el Tribunal Constitucional que lo precedió, no obstante que el Ejecutivo en las palabras finales del Mensaje hace presente que el proyecto de
17 Sentencia Rol Nº 309 de 4 de agosto de 2001. 18 Sesión 12ª de la Cámara de Diputados celebrada el 12 de abril de 2006.
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ley es producto de un intenso trabajo llevado a cabo en conjunto con el Tribunal Constitucional y que el consenso alcanzado es casi total (Mensaje Nº 432-353 de 7 de diciembre de 2005).
En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputa-
dos algunos parlamentarios estimaron peligroso quitarle a las partes, en un juicio, la posibilidad de impugnar una norma contenida en un tratado, pues podría cons- tituir una violación a los derechos fundamentales de alguna persona, por lo que con esta norma se estaría renunciando a la soberanía convalidando tratados que pueden estar objetados (Boletín Nº 4.059-7, de 17 de enero de 2006).
Otros diputados, en cambio, señalaron que esta declaración no puede ocurrir con posterioridad a que entre en vigencia un tratado, sobre todo si se tiene en cuenta que la Constitución contempló la intervención del Tribunal Constitucional en el control preventivo obligatorio de los tratados.
Por su parte el representante del Ejecutivo apoyó la disposición sobre la base de lo establecido en el artículo 54 Nº 1 inciso 5º indicando que la inaplicabilidad constituiría una suspensión del tratado vigente, lo que contravendría el referido artículo, además de la habilitación para plantear con posterioridad una cuestión de inconstitucionalidad, lo que produciría la derogación del tratado. Indicó que se ha considerado “prudente” excluir a los tratados de la cuestión de inaplicabilidad en atención a las reglas de reciprocidad internacional y recordó que los tratados han sido reconocidos por el Tribunal Constitucional en una categoría intermedia entre la ley y la Constitución, no siendo, en consecuencia, preceptos legales.
En esta Comisión la disposición en estudio se aprobó por mayoría de votos (cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención).
Posteriormente, un Informe Complementario de la Comisión de Constitu- ción, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, señala que un Diputado
formuló una indicación para suprimir el mentado artículo 47 B del proyecto y permitir la acción de inaplicabilidad respecto de los tratados internacionales. Es- timó que, en todo caso, tal prohibición debiera constar en la misma Constitución Política y no en una ley, aun cuando ésta sea de carácter orgánico constitucional. Agregó que impedir el ejercicio de dicha acción significa que el Estado está re- nunciando a parte de su soberanía. Señala el mismo Informe que el Subsecreta- rio General de la Presidencia hizo presente los principios de derecho internacio- nal contenido en la Convención de Viena y que “para Chile, en materia de polí- tica exterior, es indispensable cumplir el principio de la intangibilidad de los acuer- dos internacionales”. Algunos Diputados coincidieron con la postura del Ejecu- tivo. Otros, sin embargo, no coincidieron y señalaron que respecto de los trata-
dos no sujetos a control previo obligatorio del Tribunal Constitucional, “debiera ser posible alegar la inaplicabilidad de una norma concreta y precisa para un caso particular, de tal manera que el tratado en su conjunto se mantendría vi- gente y, por tanto, no se transgredirían normas de derecho internacional públi- co. Según esta argumentación el proyecto “va más allá de lo necesario al impe- dir a las partes, en un juicio o gestión pendiente, recurrir de inaplicabilidad” (Boletín Nº 4.059-07, de 24 de enero de 2006).
Posteriormente, en Sesión 12ª de 12 de abril de 2006, se discutió el proyecto en la Sala de la Cámara de Diputados. En ella quedó constancia que la discusión más importante que se ha producido en el Primer Informe y en el Informe Com- plementario “dice relación con los tratados internacionales en cuanto al recurso de inaplicabilidad y a la inconstitucionalidad de un tratado ya ratificado y vigente”.
Las posiciones a favor de la improcedencia de la inaplicabilidad respecto de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, se basaron fundamentalmente en que ello violaría el inciso quinto del número 1 del artículo 54 de la Constitución y el principio de intangibilidad de los tratados, “cuyas disposiciones sólo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas de acuerdo con lo establecido en ellos o en las normas generales del derecho inter- nacional contenidas en la Convención de Viena”. La posición contraria se fundó en que el inciso quinto número 1 del artículo 54 “no dice eso”, no señala expre- samente la improcedencia de la inaplicabilidad respecto de tratados internacio- nales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes; en consecuencia, lo que cabría es dictar una “norma interpretativa, que tiene un quórum distinto, y no a través de una ley orgánica constitucional, sobre todo, cuando la norma de la Constitución es contradictoria con la del artículo 47 B del proyecto”.
Efectuada la votación en la Cámara Diputados, el proyecto se aprobó en particular con un resultado de 106 votos por la afirmativa. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. En consecuencia, hasta ahora se mantiene la improce- dencia de la inaplicabilidad respecto de los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Habrá que esperar la discusión en el Senado confiando en que prevalezca la adecuada doctrina existente al respecto.
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Institucionalidad Para La Int Urb
Resumen Squella Parte 2
Russbel Torres
Lita Lozada
La Masonería en la Historia Argentina.pdf
RodrigoCejas
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