Source: http://www.robser.es/foros/showthread.php?6745-Sentencia-del-Supremo-sobre-denuncia-radares-gana-adminsitraci%C3%B3n&s=cee25e33cb2abfd8ccee320626877acc&p=45169
Timestamp: 2020-02-24 02:08:46
Document Index: 103413986

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 274', 'artículo 82', 'artículo 19', 'artículo 68', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 289', 'artículo 289', 'artículo 19', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 67', 'artículo 379', 'artículo 24', 'artículo 379', 'artículo 379', 'artículo 379']

Sentencia del Supremo sobre denuncia radares, gana adminsitración
Tema: Sentencia del Supremo sobre denuncia radares, gana adminsitración
24/05/2014, 10:14 #1
Otra sentencia favorable al conductor
EDJ 1997/5637 STS Sala 3ª de 24 junio 1997
Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 6ª, S 24-6-1997, rec. 164/1994
Pte: González Rivas, Juan José
El TS desestima el recurso de apelación contra sanciones impuestas en materia de tráfico por circular a velocidad excesiva, considerando que el Boletín de denuncia contiene la delimitación clara y sucinta de los requisitos determinantes para delimitar la conducta constitutiva de la infracción de la que deviene la correspondiente sanción. También aparecen cumplidas las garantías prevenidas en el Decreto 955/74 que somete a plazo las autorizaciones de modelo y tipos de cinemómetro radar de tráfico , que además cumplía las condiciones exigidas y había sido aprobada la prórroga individual del modelo, por lo que no es estimable la alegación del recurrente, que pone en tela de juicio la validez del medio técnico utilizado para extraer la fotografía constatadora de la infracción cometida. También declara que la medida sancionadora impuesta de 40.000 pts y suspensión de la autorización administrativa para conducir, por velocidad inadecuada al circular por travesía, genera la comisión de la conducta constitutiva de la infracción y sanción impuesta, adecuada a derecho ya que se puede graduar la sanción en función de la gravedad y trascendencia del hecho, antecedentes del infractor y peligro potencial creado.
D de 25 septiembre 1934. Código de la Circulación y Anexos
PRIMERO.- La sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 19 de noviembre de 1991, al resolver los recursos acumulados contencioso-administrativos núms. 395, 396, 397 y 398 de 1991, contenía la siguiente parte dispositiva:"Que debemos desestimar y desestimamos en lo sustancial los presentes recursos acumulados interpuestos por D. Pedro y D. Luis contra los actos referidos en el primero de los antecedentes de esta sentencia, estimando tan sólo el relativo a la sanción impuesta en el recurso 396/91 a D. Luis que anulamos por su disconformidad a derecho, sin costas".
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación por el Letrado D. Miguel Angel Gutiérrez Liebana, fue inadmitido por providencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 4 de diciembre de 1991 e interpuesto recurso de súplica, fue resuelto por Auto de la Sala de 9 de enero de 1992, que confirmó dicha resolución.
TERCERO.- Interpuesto recurso de queja por inadmisión del recurso de apelación, fue resuelto por Auto de 27 de mayo de 1994 dictado por la Sección Sexta de la Sala Tercera de este Tribunal, que estimó el recurso de queja y admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Cantabria de 19 de noviembre de 1991, dejando sin efecto la providencia y el Auto de dicha Sala y debiendo sustanciarse el recurso de apelación por los trámites legalmente establecidos.
CUARTO.- En el rollo de apelación han formulado alegaciones las siguientes partes:
A) El Letrado D. Miguel Angel Gutiérrez Liebana en nombre de D. Pedro y D. Luis, que después de analizar los hechos de los recursos de referencia, pone de manifiesto los siguientes criterios:
1º. En el original de la denuncia se consignan circunstancias genéricas, no consta número de aparatos con que se hacen las fotos, falta de comunicación de la fecha del aparato en concreto y fecha de la última revisión.
2º. Existe prescripción y así, en uno de los expedientes se señala que desde la presentación en la Jefatura del escrito de petición de datos el 10 de julio de 1990, obrante al folio 3º del expediente, hasta la recepción por la Jefatura, en el folio 5º, con fecha 18 de septiembre, transcurren más de dos meses para estimar la prescripción.
3º. En cuanto a los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida y en lo concerniente al expediente del que dimana la sanción de 40.000 pesetas de multa y suspensión del permiso de conducir durante quince días impuesta a D. Pedro, se pone de manifiesto, entre otras irregularidades, la falta de comunicación al administrado de los datos fundamentales para su defensa, con vulneración del artículo 24 de la Constitución EDL 1978/3879 , la nulidad de la posibilidad de prórroga en la utilización del cinemómetro, considerando vulnerada la Orden de 21 de noviembre de 1977, apartado 4.f), por contrariedad al Decreto 955/74, de 28 de marzo EDL 1974/997 , se alega la prescripción y se pone de manifiesto la imposibilidad de imposición de la sanción de privación del permiso de conducir, vulnerándose la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las sentencias de 12 de julio y 25 de octubre de 1990, que exigen la necesidad de justificación de un plus de peligrosidad sobre las infracciones normales, por lo que esta parte solicita que se dicte sentencia por la que se revoque la sentencia recurrida, se determine que no son adecuadas a derecho las Resoluciones de la Dirección Provincial de Tráfico y de la Dirección General de Tráfico por las que se impuso y se confirmó la sanción de multa de 40.000 pesetas y la privación del permiso de conducir durante quince días a D. Pedro.
B) El Abogado del Estado da por íntegramente reproducidos los fundamentos y los hechos que constan en la sentencia apelada.
QUINTO.- Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día 19 de junio de 1997. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JUAN JOSÉ GONZALEZ RIVAS.
PRIMERO.- El objeto del recurso se centra en determinar la conformidad al ordenamiento jurídico de la sentencia recurrida dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 19 de diciembre de 1991, que desestimaba los recursos acumulados núms. 395, 397 y 398 de 1991, interpuestos por D. Pedro y D. Luis y estimaba tan sólo el relativo a la sanción impuesta en el recurso 396/91 a D. Luis, que anulaba por su disconformidad a derecho.
SEGUNDO.- Para determinar la debida conformidad al ordenamiento jurídico de la sentencia recurrida, procede tener en cuenta el examen de los hechos que se infieren del estudio y análisis del expediente administrativo y que se concretan, de modo extractado, en lo siguiente:
1º) En el recurso núm. 395/91 correspondiente al expediente administrativo 30.040.022.242.0 correspondiente a D. Pedro, consta el escrito de denuncia de 21 de junio de 1990 en el que figura la infracción del artículo 19 de la Ley sobre Tráfico y Circulación de Vehículos de motor y Seguridad vial, siendo la conducta constitutiva de la infracción prevista en los artículos 67.1, 68 y 69, con la consiguiente imposición de 40.000 pesetas de multa y suspensión de la autorización administrativa para conducir durante quince días, infracción dimanante de la existencia de una velocidad inadecuada al circular por travesía, con una velocidad de 101 km./hora, en tramo limitado a 60 Km./hora, constando en el Boletín de denuncia literalmente "velocidad inadecuada al circular por travesía, constituyendo un peligro para la seguridad vial".
En dicho expediente constan los siguientes datos, a los efectos de la alegada prescripción:
a) Escrito del interesado de 10 de julio de 1990.
b) Resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de 30 de julio de 1990 solicitando información sobre el cinemómetro, que tiene después entrada y complemento en la Jefatura Provincial de Tráfico el 18 de septiembre de 1990.
c) Nuevo escrito del interesado de 19 de septiembre de 1990, que se reitera el 22 de octubre de 1990.
d) Resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico, por delegación del Gobernador Civil de la provincia de Cantabria, que tiene fecha 26 de octubre de 1990 y acuerda la imposición de la multa de 40.000 pesetas y suspensión de autorización por quince días.
e) Recurso de alzada del interesado de 2 de noviembre de 1990.
f) Informe previo a la resolución del recurso de alzada de 14 de noviembre de 1990.
g) Resolución del recurso de alzada, confirmatoria de la resolución precedente de 26 de octubre de 1990, de fecha 22 de abril de 1991.
2º) En el recurso contencioso-administrativo núm. 396/91, correspondiente al expediente administrativo núm. 39-10791 del que dimana la correspondiente sanción, que fue estimada en la parte dispositiva de la sentencia impugnada y que, por aplicación del principio de la "reformatio in peius", no es objeto de este recurso de apelación, se acuerda la imposición de 25.000 pesetas de multa y suspensión por quince días a D. Luis, si bien esta última medida de suspensión se deja sin efecto en la resolución del recurso de reposición, constando los siguientes hechos:
a) El escrito de denuncia se formula el 31 de diciembre de 1988 y el interesado dirige escrito a la Jefatura Provincial de Tráfico el 10 de enero de 1989, solicitándose, a la vista de los escritos dirigidos por el interesado, informaciones sobre el número de cinemómetro, antena y equipo al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Resoluciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de 18 de enero de 1989 y 8 de febrero de 1989, que tienen entrada en el Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico y que acreditan la utilización del cinemónetro "Mesta 206" antena núm. 5.111 y equipo núm. 5.111 prorrogado.
b) Escrito del interesado de 26 de febrero de 1989 y Resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria de 14 de marzo de 1989, comprensiva de la sanción impuesta de 25.000 pesetas de multa y suspensión del permiso de conducir por quince días, en aplicación de los artículos 20, 277 y 289 del Código de la Circulación al sobrepasarse el límite de velocidad autorizado de 60 Km./hora y constar como velocidad la de 104 Km./hora.
c) El interesado presenta nuevo escrito el 22 de marzo de 1989.
d) El informe de resolución de recurso de alzada es de fecha 12 de abril de 1989.
e) La resolución del recurso de alzada es de fecha 6 de julio de 1990 y confirma el acto originario de la Resolución Provincial de la Jefatura de Tráfico de Cantabria de 14 de marzo de 1989.
f) Interpuesto recurso de reposición por la parte sancionada, por resolución de 14 de diciembre de 1990, la Dirección General de Tráfico confirma la sanción económica y deja sin efecto la medida complementaria de suspensión del permiso de conducir, en aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 274.2 del Código de la Circulación y del criterio más favorable dimanante del artículo 82 del Real Decreto Legislativo 339/1990 EDL 1990/12827.
3º) En el recurso contencioso-administrativo núm. 397/1991, dimanante del expediente núm. 39/040011733-8 consta la imposición de sanción por importe de 20.000 pesetas a D. Luis, siendo de tener en cuenta los siguientes hechos:
a) Por denuncia de 25 de diciembre de 1989, se acuerda el inicio de expediente sancionador por importe de 20.000 pesetas, como consecuencia de infracción de las previsiones contenidas en los artículos 277 y 289 del Código de la Circulación, siendo imputable al recurrente la infracción cometida en el punto kilométrico 21 de la carretera de acceso a Santander al circular en velocidad de 96 km./hora cuando el tramo en que se produce la infracción estaba limitado a 60 Km./hora.
b) El interesado dirige escrito el 8 de enero de 1990 a la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria y consta resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico interesando complemento del expediente administrativo el 16 de febrero de 1990.
c) La contestación al requerimiento es de fecha 2 de marzo de 1990.
d) El escrito de la Jefatura es de fecha 4 de marzo de 1990 para que el interesado formulase alegaciones del que se le da traslado el 2 de abril de 1990.
e) Escrito del interesado de 25 de abril de 1990.
f) Resolución por la Jefatura Provincial de Tráfico de 25 de mayo de 1990, confirmatoria de la sanción de 20.000 pesetas impuesta.
g) Por escrito de 20 de junio de 1990 se acuerda la remisión a la Dirección General de Tráfico para la resolución del recurso de alzada, lo que se efectúa en fecha 26 de julio de 1990, no constando en las actuaciones del expediente administrativo resolución del recurso de alzada, habida cuenta de la solicitud formulada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de que se remitiese a ésta el completo expediente administrativo.
4º) En el recurso contencioso-administrativo núm. 398/1991, dimanante del expediente administrativo 39-0400235440 consta:
a) La imposición de sanción a D. Luis como consecuencia de Boletín de denuncia suscrito el 14 de julio de 1990 al circular a velocidad de 82 Km./hora en tramo limitado a 60 Km./hora, lo que supone infracción del artículo 19 de la Ley sobre Tráfico , Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial y la imposición a dicha parte de la multa de 25.000 pesetas.
b) Resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico, por delegación del Gobernador Civil de Cantabria, de 14 de agosto de 1990 en uso de las facultades prevenidas en el artículo 68.
c) Escrito del interesado de 31 de agosto de 1990, al que da respuesta la Jefatura Provincial de Tráfico mediante nuevo escrito de 7 de septiembre de 1990.
d) El interesado promueve recurso de alzada el 21 de febrero de 1991.
e) El informe previo a la resolución de recurso de alzada es de fecha 3 de octubre de 1990.
f) La resolución del recurso de alzada es de fecha 14 de diciembre de 1990.
g) Una vez promovido recurso de reposición, fue resuelto definitivamente en fecha 10 de mayo de 1991.
TERCERO.- En cuanto al examen del fondo del recurso, dejando al margen el análisis de la sanción correspondiente al expediente núm. 39-010791 que dio lugar al recurso contencioso-administrativo 396/91 y que es estimado, con la correspondiente anulación, por la sentencia recurrida y al amparo de la previsión contenida en el artículo 10.1.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa EDL 1998/44323 por tratarse de actos confirmatorios de órganos cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional, como es el caso de las resoluciones dictadas en alzada y en reposición por la Dirección General de Tráfico, procede examinar el escrito de alegaciones de la parte recurrente en apelación. Sus argumentos van referidos, básicamente, al primero de los expedientes administrativos, es decir al número 39-04002242-0 que dio lugar al recurso contencioso-administrativo núm. 395/91, si bien al analizar los hechos en que se fundamenta el recurso, la parte recurrente en apelación, de manera genérica, alude a la existencia de datos indeterminados en el Boletín de denuncia, no constar el aparato con el que se hace la foto, la falta de comunicación de la fecha del aparato y la fecha de la última revisión y la existencia de prescripción, argumentos que son rechazables ya que:
a) Aunque la parte no lo indica en su escrito si van dirigidos al conjunto de los expedientes administrativos núm. 39/040022242/0, correspondiente al recurso 395/91, núm. 39/040011733/8, correspondiente al recurso contencioso-administrativo núm. 397/91 y núm. 39/040023544/0, correspondiente al recurso contencioso-administrativo núm. 398/91, el análisis de los antecedentes y examen de los hechos extractados del expediente administrativo, evidencia que el Boletín de denuncia respectivo contiene la delimitación clara y sucinta de los requisitos determinantes para delimitar la conducta constitutiva de la infracción de la que deviene la correspondiente sanción administrativa, como consecuencia del quebrantamiento de las normas de tráfico , sea del Código de la Circulación o sea de la Ley de Tráfico y Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial, según el momento temporal en que se producen las infracciones.
b) Además, el análisis individualizado de cada uno de los expedientes administrativos, permite constatar la inexistencia de prescripción por no quedar acreditado en las actuaciones el transcurso de más de dos meses de dilación en la tramitación de los correspondientes expedientes.
CUARTO.- En cuanto a los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida realiza la parte que formula el recurso de apelación una serie de críticas a la sanción de 40.000 pesetas y suspensión de permiso de conducir durante quince días impuesta a D. Pedro, que se le considera como un autor de la infracción prevenida en el artículo 20 del Código de la Circulación, entendiéndose, en primer lugar, por dicha parte, que se le ha originado al sancionado omisión de datos fundamentales para su defensa, al no conocer el número de equipo, la fecha de verificación del aparato y la fecha de revisión anual, entendiendo que se omiten los requisitos establecidos por la Orden de 21 de noviembre de 1977, y de este modo no resultaba acreditada la fiabilidad del cinemómetro y se estima que existe una vulneración del artículo 24.1 de la Constitución EDL 1978/3879.
QUINTO.- El concepto de indefensión, desde el punto de vista constitucional reviste una doble dimensión, por cuanto que a una indefensión formal con el menoscabo del derecho de defensa, se une también una indefensión real y material que lleva como consecuencia que no toda infracción y vulneración de normas procesales consiguen una indefensión en sentido jurídico constitucional, como reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional (sentencias números 118/83, 48/86, 102/87, 155/88, 43/89 y 145/90) por lo que, en el caso examinado, y el análisis de las actuaciones de los respectivos expedientes administrativos y de las actuaciones judiciales permiten concluir que se han cumplido las garantías del artículo 24 de la Constitución EDL 1978/3879, que son predicables respecto del procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora en la medida necesaria que se han preservado los aspectos fundamentales contenidos en el artículo 24.1 de la Constitución EDL 1978/3879 y en la fase jurisdiccional, se han cumplido las garantías del mismo precepto constitucional, por lo que procede desestimar la aludida indefensión, máxime teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
a) En el caso examinado aparecen cumplidas las garantías prevenidas en el Decreto 955/74, de 28 de marzo EDL 1974/997 , que somete a plazo las autorizaciones de modelo y tipo de aparatos y las establecidas en la Orden de 21 de noviembre de 1977, por la que se dispone la aprobación del cinemómetro radar de tráfico denominado "Mesta 206", acoplado con una instalación fotográfica marca Traffipax.
b) El análisis de las referidas disposiciones, permite constatar la legalidad de la medida sancionadora impuesta y la fiabilidad de los requisitos seguidos por los Agentes de Tráfico intervinientes, máxime, teniendo en cuenta que consta incorporada a las actuaciones del expediente administrativo el escrito-circular núm. 64/89 del Director General de Tráfico , en el que se contiene la resolución de 26 de julio de 1989 (B.O.E. de 31 de agosto), en relación con la solicitud de prórroga individual de aprobación del modelo cinemómetro radar de tráfico Mesta 206 por la Dirección General de Tráfico y que afecta a los números de antena y unidad de control, entre otros, el núm. 5.111 que expresamente queda consignado en la referida circular.
SEXTO.- Alude la parte recurrente en apelación a que se ha producido la nulidad de la posibilidad de prórroga de la utilización del cinemómetro con el que se hizo la foto, entendiendo que el apartado 4.f) de la Orden de 21 de noviembre de 1977 por la que se aprobaba el M 206 era nula por ser contraria al Decreto 955/74, de 28 de marzo EDL 1974/997 , siendo así que el apartado 4.f) de la Orden de 21 de noviembre de 1977 establece que la validez de aprobación de los cinemómetros radares de tráfico Mesta 206 serán hasta el 31 de diciembre de 1987, pudiéndose a partir de dicha fecha, renovar la aprobación a petición de parte interesada, siempre que tecnológicamente se cumplan las condiciones exigidas. Estas condiciones se han puesto de manifiesto con la intervención del Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con los términos literales de la Ley 3/1985, de 18 de marzo EDL 1985/8043 , el Real Decreto 89/87, de 22 de enero EDL 1987/10206 y la Orden de 21 de noviembre de 1977, autorizando la resolución de 26 de julio de 1989 del Centro Español de Metrología, un plazo de validez que caduca a los diez años a partir de la fecha de publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado de la prueba individual de los cinemómetros que contienen el radar de tráfico Mesta 206, con dispositivo fotográfico Traffipax relacionados.
Finalmente, es de significar en este punto que la Resolución de 26 de julio de 1989 del Centro Español de Metrología, contiene la primera prórroga individual de aprobación del modelo que se concede al cinemómetro, siguiendo vigentes los condicionamientos que figuraron en la aprobación del modelo, por lo que el análisis de este conjunto normativo permite llegar a la consideración que, en modo alguno, es estimable la alegación del recurrente, que pone en tela de juicio la validez del medio técnico utilizado para extraer la fotografía constatadora de la infracción cometida.
SEPTIMO.- La alegación de prescripción de la parte recurrente en apelación, respecto de la supuesta laguna existente en las actuaciones del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 395/91 desde el 10 de julio de 1990 hasta el 18 de septiembre de 1990, queda totalmente rechazada en la medida en que consta en las actuaciones del expediente administrativo que el Jefe de Tráfico se dirige el 30 de julio de 1990 al correspondiente Subsector de Tráfico de Santander, al objeto de que se le remita información sobre el cinemómetro y la correspondiente información tiene entrada de nuevo en la Jefatura de Tráfico el 18 de septiembre de 1990, sin que se aprecie la aludida prescripción.
OCTAVO.- En el caso examinado, frente al criterio sostenido por la parte recurrente en apelación, que niega validez a los hechos sancionados, no aparece quebrantado el artículo 25 de la Constitución EDL 1978/3879 desde la doble perspectiva de la garantía material, consistente en la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de la garantía formal, consistente en las normas con rango formal necesario para imponer la sanción que en este caso, se traducía en la aplicación de una multa de 40.000 pesetas y privación del permiso de conducir, sin que se advierta quebranto de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de 12 de julio y 25 de octubre de 1990, que cita la parte recurrente como infringidas, por cuanto que conforme a la reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en las sentencias de 30 de mayo de 1975, 14 de marzo de 1981 y 23 de octubre de 1986, la infracción de las normas del Código de la Circulación aludidas en el artículo 289 de éste, constituyen la predeterminación de la sanción específica correspondiente en virtud del riesgo potencial o genérico que tales infracciones suponen para el tracto circulatorio de vehículos, para los peatones o para los bienes, pudiendo ser completada la suspensión del permiso cuando a consecuencia de dicha infracción, se haya creado una concreta situación de peligro objetivada, cuya situación y connotaciones han de venir descritas en el Boletín de denuncia o acreditarse en las actuaciones posteriores, o en su caso, mediante actuaciones derivadas de antecedentes desfavorables como conductor. en el caso del autor de la infracción.
Estos criterios los reitera la posterior sentencia de 25 de octubre de 1990, que recogiendo la sentencia de 12 de julio de 1990 y toda la jurisprudencia precedente, viene a poner de manifiesto como la retirada del permiso de conducir por exceso de velocidad, impone que el peligro creado sea concreto y no abstracto o potencial, en los términos recogidos en el artículo 289 del Código de la Circulación, y por ello, en el caso examinado, la infracción cometida, según consta en el Boletín de denuncia, lo es con fecha 21 de junio de 1990, por lo que resulta de aplicación las previsiones contenidas en los artículos 19, 67.1, 68 y 69 de la Ley sobre Tráfico y Circulación de Vehículos de motor y Seguridad Vial aprobada por Real Decreto Legislativo de 2 de marzo de 1990, núm. 339/1990, que contiene el Texto articulado de la Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre el Tráfico y Circulación de Vehículos de motor y Seguridad Vial EDL 1989/13972, pudiendo destacarse como en el artículo 19 de dicho Cuerpo legal se establecen los límites de velocidad y la velocidad máxima en las vías objeto de la Ley, en el artículo 67.1 se sancionan las infracciones graves con multa de hasta 50.000 pesetas, en el artículo 68 se delimita la competencia de la Autoridad para imponer la sanción y en el artículo 69 se pone de manifiesto la graduación de la sanción en función de la gravedad y trascendencia del hecho, antecedentes del infractor y peligro potencial creado, pudiendo acordarse en los términos del artículo 67.2 de dicho Cuerpo legal, que en el caso de infracciones graves, como es la descrita en este supuesto, se pueda imponer, además de la sanción, la suspensión del permiso o licencia de conducir hasta tres meses.
NOVENO.- En consecuencia, la medida sancionadora impuesta por la Autoridad correspondiente de 40.000 pesetas de multa y suspensión de la autorización administrativa para conducir vehículos de motor durante quince días, por velocidad inadecuada al circular por travesía, superando el límite legal permitido de 60 Km./hora y obteniendo un resultado de 101 Km./hora, genera la comisión de la conducta constitutiva de la infracción y sanción impuesta, cuya adecuación a derecho resulta plenamente ajustada, en los términos que ya reconoció la sentencia recurrida, cuya acertada fundamentación procede confirmar, máxime al concretarse en el boletín de denuncia la concurrencia de peligrosidad.
DECIMO.- Los razonamientos expuestos conducen a la desestimación del recurso de apelación y no apreciándose especial temeridad ni mala fe, no procede hacer expresa imposición de costas causadas en esta segunda instancia jurisdiccional.
Desestimando el recurso de apelación núm. 164/1994 interpuesto por el Letrado D. Miguel Angel Gutiérrez Liebana en nombre y representación de D. Pedro y D. Luis, contra sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 19 de noviembre de 1991, que desestimó, en lo sustancial, los recursos acumulados números 395, 397 y 398 de 1991, interpuestos por dichos recurrentes contra los actos referidos en los antecedentes de dicha sentencia y estimaba tan sólo el relativo a la sanción impuesta en el recurso 396/91 a D. Luis, que anulaba por su disconformidad a derecho, sentencia que procede confirmar en su integridad y en consecuencia, procede reconocer la validez de los actos administrativos recurridos en los recursos contencioso-administrativos números 395, 397 y 398/91 y la anulación por su disconformidad a derecho de los actos impugnados en el recurso contencioso-administrativo núm. 396/91, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en esta segunda instancia jurisdiccional.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Francisco José Hernando Santiago.- Juan Antonio Xiol Ríos.- Jesús Ernesto Peces Morate.- José Manuel Sieira Míguez.- Juan José González Rivas.
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha, lo que Certifico. Rubricado.
Audiencia Provincial de León, sec. 3ª, S 14-9-2012, nº 507/2012, rec. 525/2012
Pte: González Sandoval, Teodoro
Absolución de delito de conducción a velocidad excesiva. La AP absuelve al acusado del delito de conducción a velocidad por encima de la permitida. Señala que falta prueba acreditativa de los hechos pues el boletín de denuncia en el que se recoge la velocidad captada por el radar tiene naturaleza policial careciendo de valor probatorio si su contenido no es posteriormente ratificado a presencia judicial (FJ 2).
LO 10/1995 de 23 noviembre 1995. Código Penal
art.379.1
PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia recurrida es del tenor siguiente: "FALLO: condenar a D. Torcuato como autor responsable de un delito CONTRA LA SEGURIDAD VIAL POR CONDUCCIÓN DE UN VEHÍCULO A MOTOR A VELOCIDAD EXCESIVA, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de OCHO MESES DE MULTA, con una cuota diaria de diez euros, lo que resulta un total de DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS (2.400 euros) y a la PRIVACIÓN DEL DERECHO A CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES POR TIEMPO DE UN AÑO Y SEIS MESES.
Las costas procesales causadas en el presente juicio se imponen al condenado.
La multa se abonará ingresando la cantidad resultante en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado y su impago llevará aparejada una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas".
Procédase una vez firme esta sentencia a la retirada del permiso de conducir del condenado, dejando unido el documento a los autos y remítase mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico para que lo deje sin efecto y no expida otro nuevo hasta la extinción de la condena.
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución, por la parte apelante se interpuso recurso que fue admitido, dándose traslado a las demás parte por un plazo común de diez días, impugnándose el recurso y, después de los trámites oportunos, se remitió todo lo actuado a esta Sección Tercera para la resolución del recurso.
UNICO.- Se rechaza el relato de hechos probados de la sentencia apelada y, en su lugar, se declara que: No resulta acreditado que el día 9 de octubre de 2009 a las 16:47 horas, Torcuato, circulara a un velocidad superior en 80 Km/Hora a la de 120 Km/Hora, que era la máxima permitida, cuando conducía, con dirección a la Coruña, el vehículo....NNN por la vía A6, a la altura del punto kilométrico 0369,100.
Se rechazan los Fundamentos Jurídicos de la sentencia recurrida,
PRIMERO.-.- El apelante, que viene condenado en la sentencia del Juzgado de lo Penal por un delito contra la seguridad vial del artículo 379.1 del Código Penal EDL 1995/16398 por conducir un turismo por una vía interurbana en la que la velocidad máxima permitida, por tratarse de una autovía, era de 120 Km/hora, a una velocidad que superaba en 80 Kilómetros la permitida, impugna aquella resolución por considerar como primero y fundamental motivo que vulnera su derecho a la presunción de inocencia toda vez que no se ha practicado prueba de cargo demostrativa de la comisión, por su parte, del referido delito.
Por tanto dos son las consideraciones iniciales que debemos efectuar:
La primera, para poner de manifiesto que la presunción de inocencia, de reconocimiento como derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución EDL 1978/3879, supone o comporta que toda condena debe ir precedida de una prueba de cargo suficiente y legitima, correspondiendo la carga de la actividad probatoria al acusador sin que nadie este obligado a probar su propia inocencia y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas debe conducir a un pronunciamiento absolutorio cabiendo destacar que dicho derecho se vulnera cuando los hechos objeto de acusación no están probados, por no ser consecuencia de una actividad probatoria mínima y suficiente, razonablemente de cargo y revestida con todas las garantías constitucionales y procesales que la legitimen ( STS 12-2-92 EDJ 1992/1306) o, como ha declarado la STC 44/89 de 20 de febrero EDJ 1989/1853, cuando falta una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, practicada en el juicio para hacer posible la contradicción y también cuando los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales.
La segunda consideración tiene que ver con el tipo penal del artículo 379.1 del Codigo Penal EDL 1995/16398 por el que viene condenado el apelante que, introducido por la redacción dada por la LO 15/2007 de 30 de noviembre EDL 2007/205685 , supone o representa una figura delictiva de configuración objetiva que tiene como bien jurídico protegido a la seguridad del trafico persiguiendo incrementar el control sobre el riesgo tolerable por la vía de la sanción penal de aquellos excesos de velocidad que se consideran legalmente peligrosos por ser una realidad comprobada la conexión entre el exceso de velocidad y la siniestralidad, al punto de poder concluirse, como hace la Circular 10/2011 de la Fiscalia General del Estado, que el exceso de velocidad (que produce lo que se denomina "catástrofe perceptiva" con disminución sensible del campo útil de visión y de la capacidad de reacción frente a las contingencias) es la causa de al menos un tercio de los accidentes de tráfico con resultado de muerte, siendo el elemento constitutivo de tal infracción la conducción de un vehículo excediendo, en las proporciones previstas en el tipo penal, los limites de velocidad máximos permitidos en cada caso lo que significa que resulta indispensable para responsabilizar a alguien de dicho delito conocer con absoluta precisión la velocidad a que circula un vehículo en el caso concreto de que se trate medición de tal clase de dato objetivo que, por sus características, no puede dejarse a la apreciación sensorial de las personas sino que se lleva a cabo a través de equipos o instrumentos técnicos denominados cinemómetros o radares siendo en la normativa de carácter administrativo en la que se regulan los requisitos y condiciones que deben reunir tales equipos así como los márgenes de error que deben tenerse en cuenta al momento de establecer, como definitiva, la velocidad real de un vehículo en un momento determinado. Esa normativa, por lo que hace a los hechos objeto de enjuiciamiento, que datan del 9/10/09, estaba contenida, para entonces, en la Orden ITC 3699/2006 de 22 de noviembre, reguladora del control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor.
SEGUNDO.-.- En el presente caso, la lectura de la sentencia recurrida pone de manifiesto que la prueba considerada como de cargo por el Juez a quo ha consistido: 1º) En la declaración del acusado y ahora apelante en cuanto tiene reconocido haber circulado con su vehículo por la vía y en la fecha y hora en que se dicen cometidos los hechos; 2º) En el boletín de denuncia que obra al folio 1 de la causa en el que se describe el hecho denunciado de circular ese vehículo a 214 Km/H, estando limitada la velocidad a 120 Km/H; 3º) En la prueba documental sobre aprobación de modelo y verificaciones del radar utilizado y, 4º) En el testimonio de dos agentes de la Guardia Civil, que fueron quienes interceptaron al acusado después de haber sido alertados por otro agente del mismo Cuerpo, que era quien intervenía como operador, manejando el radar que funcionaba como fijo, instalado en un vehículo camuflado.
No obstante, el apelante, como decimos, se queja de que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia porque considera que en la ocasión no han resultado acreditados los extremos a que hace referencia la citada Orden ITC 3399/2006 de 22 de noviembre por cuanto no se ha aportado a la causa una fotografía expresiva de los datos que deberían haberse recogido en el dispositivo de filmación o registro fotográfico del cinemómetro o radar que, garantizando la correspondencia del vehículo cuya velocidad se mide por el cinemómetro y la del vehículo que aparece en la filmación e identificando sin ambigüedad a dicho vehículo, facilitara la información a que se refiere el apartado 3 sobre requisitos específicos, del Anexo III de la citada Orden ITC, en relación con fecha y hora de la medida, la velocidad medida del vehículo infractor, si mide en ambos sentidos, indicando el sentido de desplazamiento del vehículo infractor, así como identificando el instrumento que realizo la medida.
Pues bien, en el presente caso, ha de acogerse el motivo de recurso cuyo comentario nos ocupa compartiendo que no se ha practicado una prueba de cargo suficiente para poder entender destruida la presunción de inocencia que asiste al apelante como derecho fundamental pues consideramos que, ni de la prueba documental obrante en las actuaciones, ni del resultado de la practicada en el acto del juicio que aparece en la grabación que nos ha sido remitida y que hemos reproducido y examinado, resulta que haya quedado probado el hecho básico, constitutivo de la infracción penal tipificada en el artículo 379.1 del Código Penal EDL 1995/16398 que, como hemos dejado adelantado, consistiría en demostrar que el acusado, en el día, hora y lugar que se dice en el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, conducía su vehículo a una velocidad que superara en 80 Km/Hora la velocidad máxima permitida en dicho lugar, que era de 120 Km/Hora.
En tal sentido hemos de destacar que, como ya se apuntaba en el escrito de defensa que presento en su momento su representación, el acusado lo que vuelve a cuestionar es que condujera a la velocidad que se dice medida por el cinemómetro, de 214 Km/Hora, que es el dato que el Juez a quo considera como acreditado a través de los medios de prueba a que ya nos hemos referido para, aplicando sobre tal dato o medida un margen de error de +/- un 5%, llegar a la conclusión de que la velocidad real a que circulaba el acusado era de 203,30 Km/Hora.
Y sin embargo, y es aquí donde coincidimos con el apelante en el déficit probatorio que este intenta poner de relieve, es lo cierto que no puede considerarse como probado que el vehículo conducido por el apelante fuera captado por el radar circulando a una velocidad de 214 Km/Hora siendo así que es únicamente en el boletín de denuncia donde se hace mención a esa clase de dato que no ha merecido ninguna clase de contraste fidedigno toda vez que, como acertadamente se alega por el recurrente, no figura incorporado a las actuaciones el registro fotográfico que, como contempla el apartado 3 del Anexo III de la Orden ITC 3699/2006, debía recoger la información sobre la velocidad medida del vehículo conducido por el acusado.
No cabe duda que ese déficit probatorio pudo subsanarse mediante el testimonio del agente que, como operador del radar utilizado, debió visualizar a través del dispositivo del filmación del radar tal clase de dato, esto es, la velocidad captada y medida por el radar cuando este controló al vehículo del acusado y, en tal sentido, hubiera sido el medio probatorio idóneo para participar al Juzgador, a modo de prueba testifical directa, la clase de dato o medida a que nos venimos refiriendo, no habiendo ocurrido lo propio pues, solicitada la suspensión del juicio por el Ministerio Fiscal para que se citara a dicho agente, tal pretensión resulto denegada por el Juez de lo Penal de modo que nos encontramos ante una verdadera falta de prueba sobre el repetido y fundamental dato de la velocidad captada por el radar, imprescindible para, aplicando sobre él el correspondiente margen de error, poder concluir si, de verdad, el acusado circulaba a una velocidad real que superara en 80 Km/Hora la permitida.
Y hablamos de falta de prueba porque el boletín de denuncia en el que se recoge como velocidad captada por el radar la de 214 Km/Hora, se trata de un documento de naturaleza policial que, como las declaraciones en un atestado, carece de valor probatorio si su contenido, como expone la STC 51/1995 EDJ 1995/451, no es posteriormente ratificado a presencia judicial y, además, porque el contenido de dicha denuncia pudo, debió y no se hizo, someterse a contradicción mediante el interrogatorio, como decimos, del agente operador del radar, en el acto del juicio pues, por regla general, solo tienen la consideración de pruebas de cargo aquellas que son practicadas en el acto del juicio con las garantías de publicidad, oralidad, contradicción e inmediación, tal como enseña una consolidada doctrina constitucional que se inicia con la temprana STC 31/81 EDJ 1981/31.
Tampoco el testimonio de los dos agentes que declararon en el acto del juicio sirve para dotar de certidumbre al repetido dato o medida de la velocidad captada por el radar toda vez que no eran quienes lo manejaban y, por tanto, no pudieron visualizar ni conocer la concreta velocidad medida por el radar del vehículo conducido por el acusado manifestando dichos agentes recordar, únicamente, que intervinieron interceptando a dicho vehículo una vez que el agente operador del radar se lo insto por circular dicho vehículo, sin otras concreciones, a exceso de velocidad.
En consecuencia, no cabe hablar de certidumbre en relación con la velocidad a que el radar controló y capto circulando al vehículo conducido por el acusado y ahora apelante y, por tanto, al ignorarse ese dato, no existe posibilidad de, aplicando a tal clase de medida el correspondiente margen de error, de conocer, por el resultado de la prueba practicada, la velocidad real a que podía circular dicho vehículo para, comparándola con la velocidad máxima permitida, ver si la excedía en la proporción prevista en el artículo 379.1 del Código Penal EDL 1995/16398, en este caso, en 80 Km/Hora.
En definitiva y, por lo razonado, cabe considerar que la prueba tomada en consideración por el Juez de lo Penal para condenar al apelante es insuficiente para destruir la presunción de inocencia que asiste a este último como acusado y, en consecuencia, lo procedente es que, revocando la sentencia recurrida, dictemos la presente absolviendo al apelante del delito contra la seguridad vial por el que viene condenado.
TERCERO.-.- Procede declarar de oficio las costas de ambas instancias.
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Torcuato contra la sentencia de fecha 17 de enero de 2012, dictada por el Juzgado de lo Penal num. 1 de Ponferrada en el Procedimiento Abreviado num. 84/11, revocamos dicha resolución y, en su lugar, acordamos absolver libremente al apelante del delito contra la seguridad vial por el que viene condenado en la sentencia recurrida.
Se declaran de oficio las costas de ambas instancias.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, de conformidad con el art. 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal EDL 1882/1, y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con certificación de lo resuelto, para su notificación y ejecución, de todo lo cual deberá acusar el oportuno recibo.
Publicación. La anterior Sentencia fue leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la autoriza con su firma, estando celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha. Doy fe.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 24089370032012100513
24/05/2014, 10:27 #2
Posible causa de alegaciones en multas
aceitunas2: Como algunos conoceis, la entrada a este foro, sucedio cuando me impusieron una multa mediante radar al adelantar a un camión, me metí en zona limitada de velocidad, al acelar el camión para no ser rebasado. ME PILLO EN UN DÍA TONTO Y PAGE LA MULTA IN SITU, además no puse el avisador de radares, porque me levante tarde.
Creo que he hallado en esta sentencia, un posible hueco a vuestras alegaciones. Generalmente, en las patrullas de radar, existe un operador camuflado y luego una patrulla que te para más adelante.
Pero la denuncia la firma dos agentes de la patrulla, no el operador. Con lo cual con la distancia, o la complejidad del trafico no pueden ser testigos correctos del hecho. De la cual extraigo esta pequeña copia literal:
Aparte si me explicáis los casos que tengáis, y según el tiempo que tenga, puedo miraros en la base jurídica de sentencias alguna cosa como estas para ayudaros EN LAS MULTAS QUE ADMINISTRATIVAMENTE TENGÁIS EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Y QUE ACLARO QUE NO SOY PROFESIONAL DE DERECHO
24/05/2014, 10:44 #3
EDJ 2010/311317 SAP Las Palmas de 22 enero 2010
Audiencia Provincial de Las Palmas, sec. 1ª, S 22-1-2010, nº 11/2010, rec. 207/2009
Pte: Vielba Escobar, Carlos
SEGUNDO.- Por el Juzgado de lo Penal se dictó sentencia en los referidos autos con fecha 30 de marzo de 2009, con el siguiente fallo:
"Que debo condenar y condeno al acusado Carlos Ramón como autor criminalmente responsable de un delito contra la seguridad vial del art. 379.1 del Código Penal EDL 1995/16398, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de NUEVE MESES DE MULTA A RAZÓN DE SEIS EUROS DIARIOS, con responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, 45 DÍAS DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD y PRIVACIÓN DEL DERECHO A CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTOR DURANTE UN AÑO Y SEIS MESES y en todo caso a satisfacer las costas procesales"
TERCERO.- Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación, con las alegaciones que constan en el escrito presentado, sin proponer nuevas pruebas que fue admitido en ambos efectos, y dado traslado del mismo por diez días a las demás partes personadas con el resultado que obra en autos.
CUARTO.- Remitidos los autos a esta Audiencia, y no estimando necesario la celebración de vista, quedaron los mismos pendientes de sentencia.
Se rectifica el relato de hechos probados de la sentencia instancia en el siguiente sentido:
"No se declara probado que sobre las 3.41 horas del día 4 de enero de 2009 el acusado Carlos Ramón condujera el vehículo ....-PTR a una velocidad de 195 km/h cuando la velocidad máxima permitida era de 100 km/h".
PRIMERO.- En la clasificación de los delitos, la doctrina suele atender al grado de intensidad del ataque al bien jurídico para distinguir los delitos de lesión de los delitos de peligro y dentro de éstos últimos se ha distinguido entre delitos de peligro concreto y de peligro abstracto.
Para diferenciar una y otra clase de peligro, se debe atender al tipo de juicio de peligrosidad que requiere su aplicación. Así, en los tipos de peligro concreto, la peligrosidad se comprueba con arreglo a un juicio ex post, mediante el cual se constata que en las circunstancias del caso concreto se ha producido una situación de riesgo para un objeto de la realidad identificable con el bien jurídicamente protegido. En cambio, en los tipos de peligro abstracto, estamos ante una peligrosidad conjeturada mediante un juicio ex ante. En estos casos, el legislador, fundándose en una máxima de experiencia, valora una determinada conducta como peligrosa al margen de que, en las circunstancias del caso concreto, produzca una verdadera situación de riesgo. Por este motivo, la doctrina mayoritaria afirma que en los delitos de peligro abstracto, la peligrosidad es el motivo de la tipificación pero no elemento del tipo, pues no es necesaria la constatación de una concreta situación de riesgo para los bienes jurídicos protegidos
En el caso que ahora nos ocupa estamos en presencia, efectivamente, de un delito de peligro abstracto, habida cuenta que el tipo no exige que se ponga en concreto peligro la integridad de las personas o las cosas, y este peligro lo cifra el legislador en una cuantía, superar en 80 km/h (por lo que hace a una vía interurbana) la velocidad máxima permitida.
Por tanto el elemento objetivo del injusto, como resulta evidente, no es otro que el exceso de velocidad, elemento de fácil determinación cuando en la zona de la infracción existan radares fijos o móviles debidamente homologados. Más esta objetivación de superar los límites de velocidad penales obliga a una actividad policial como preludio probatorio posterior que incluya desde la certificación y homologación del cinemómetro medidor de la velocidad, pasando por la correcta identificación de la titularidad de la vía y su señalización hasta, evidentemente, la identificación del conductor responsable de la conducta ilícita.
Sentado lo anterior hemos de estar con el recurso cuando no podemos dar por probado el exceso de velocidad "penal", así las cosas, y como resulta del atestado el cinemómetro (del que dicho sea de paso desconocemos si estaba instalado en un vehículo, por lo que sería móvil, o si se instalo en un trípode, siendo en este caso estático, con márgenes de error distintos, conforme señala el Anexo III de la Orden ITC/3699/2006 de 22 de noviembre) se trataba de un Multanova modelo 6F-MR con número se seria 2132, como así consta en la fotografía incorporada al atestado, folio 18. Más a las actuaciones se incorpora un certificado de verificación después de la reparación, folio 28, que se corresponde a un modelo con número de serie 01-96-1280, sin que los Agentes actuantes pudieran atestiguar que se correspondiera al modelo utilizado el día de autos. En resumen, careciendo de una prueba fehaciente del correcto funcionamiento del aparato detector utilizado, y siendo esta la única prueba de cargo aportada por la acusación, no queda otra solución que estimar el recurso
SEGUNDO.- Por disposición de los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal EDL 1882/1 las costas de la alzada serán declaradas de oficio
LA SALA ESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Carlos Ramón y en su consecuencia debemos REVOCAR y REVOCAMOS la sentencia de fecha 30 de marzo de 2009 dictada por el Juzgado de lo Penal ABSOLVIENDO libremente de toda responsabilidad criminal al apelante del delito contra la seguridad en el tráfico por el que había sido condenado, declarando de oficio las costas devengadas en la alzada.
Así por nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firma
Notifíquese la presente resolución haciendo saber que frente a la misma por ser firme no cabe recurso alguno.
PUBLICACION- Leída y publicada ha sido la anterior resolución celebrándose audiencia pública en el día de la fecha
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 35016370012010100421
ESTA SENTENCIA NOS ENSEÑA NO SOLAMENTE ES QUE EL RADAR TIENE QUE ESTAR HOMOLAGADO, SINO QUE ADEMÁS TIENEN QUE PROBAR EN EL JUICIO QUE SE USO EL DIA DE AUTOS
24/05/2014, 10:58 #4
A más de 200 y sale inocente
EDJ 2009/374139 SAP Vizcaya de 28 diciembre 2009
Audiencia Provincial de Vizcaya, sec. 2ª, S 28-12-2009, nº 991/2009, rec. 630/2009
Pte: Erroba Zubeldia, Mª Jesús
PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de los de dicha clase de Baracaldo se dictó con fecha 09-09-2009 sentencia en la que se declaran expresamente probados los siguientes hechos: "HECHOS PROBADOS: ÚNICO. Queda probado y así se declara que sobre las 3:49 horas del día 16 de agosto de 2009, Mauricio, nacido el 25.09.1987 en Rumania con DNI NUM001, sin antecedentes penales conducía el vehículo marca Opel Vectra matricula PU......UP, realizó varios derrapajes en la calle Cosme Vivanco de la localidad de Zalla, ante lo cual una patrulla no uniformada de la ertzaintza se acercó al acusado que se encontraba detenido en el semáforo existente en la calle Hermanos Maristas y tras identificarse como agentes de la ertzaintza y preguntar por su actitud, inició la marcha a gran velocidad por el casco urbano atravesando 1.5 km a velocidad superior a 110 Km/hora, no respetando la señalización y alejándose en dirección Bilbao mientras era seguido por los agentes de la ertzaintza que colocaron el rotativo de luz azul en el salpicadero.
El acusado haciendo caso omiso a las advertencias policiales se dirigió a gran velocidad a la incorporación de la autovía sentido Bilbao, circulando a velocidad superior a 200 Kilómetros por hora, siendo finalmente interceptado por otra patrulla policial en el punto Kilométrico 10 de la carretera BI-636, a una distancia de 14 Kilómetros del origen de la persecución."
La parte dispositiva o Fallo de la indicada sentencia, así mismo, dice textualmente: "FALLO: QUE, DEBO CONDENAR Y CONDENO A Mauricio como autor de un delito contra la seguridad vial a las penas de PRISION DE TRES MESES y PRIVACION DEL PERMISO DE CONDUCIR POR TIEMPO DE UN AÑO Y UN DÍA con imposicion de las costas causadas."
SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por el Procurador D. Aitor Suárez Fernández en nombre y representación de Mauricio y en base a los motivos que en el correspondiente escrito se indican y que serán objeto del fondo del recurso.
TERCERO.- Elevados los autos a esta Audiencia, se dio traslado de los mismos al Magistrado Ponente a los efectos de acordar sobre celebración de la vista y, en su caso, sobre admisión de la prueba propuesta.
CUARTO.- No estimándose necesaria la celebración de la vista, se señaló fecha para la deliberación, votación y fallo.
No se aceptan los declarados en la sentencia recurrida que se sustituyen por los que a continuación sigue:
Sobre las 3:49 horas del día 16 de agosto de 2009 el acusado Mauricio, mayor de edad y sin antecedentes penales conducía el vehículo marca Opel Vectra matrícula PU......UP cuando realizó varios derrapajes en la calle Cosme Vivanco de la localidad de Zalla, ante lo cual una patrulla no uniformada de la ertzaintza se acercó al acusado que se encontraba detenido en el semáforo existente en la calle Hermanos Maristas y tras identificarse de forma verbal como agentes de la ertzaintza y preguntar por su actitud, inició rápidamente la marcha y atravesó el casco urbano sin que conste la velocidad a la que lo hizo, no respetando la señalización y alejándose en dirección Bilbao mientras era seguido por los agentes de la ertzaintza que colocaron el rotativo de luz azul en el salpicadero.
El acusado haciendo caso omiso a las advertencias policiales se dirigió a la incorporación de la autovía sentido Bilbao, por la que circuló a gran velocidad pero sin que conste a cuál en concreto, hasta que finalmente fue interceptado por otra patrulla policial en el punto Kilométrico 10 de la carretera BI-636, a una distancia de 14 kilómetros del origen de la persecución.
PRIMERO.- Se alza la Dirección Letrada de Mauricio contra la sentencia dictada el día 09-09-2009 por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de los de Baracaldo en la causa de Juicio Rápido núm. 331 del año 2009 con la pretensión de que se revoque y se dicte en su lugar nueva sentencia por la que se absuelva a su patrocinado, toda vez que se ha incurrido en error en la valoración de la prueba.
Por el Ministerio Fiscal se solicita la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida.
SEGUNDO.- Alega la recurrente que se ha probado que su defendido circulaba a una velocidad superior a la reglamentaria pero no superior a 110k/h en casco urbano y a más de 200k/h en autovía.
El tipo penal por el que acusaba el Ministerio Fiscal en su calificación alternativa de los hechos y condena la sentencia es el contemplado en el art. 379.1 del Código Penal EDL 1995/16398 que castiga al que "condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años".
Este tipo penal requiere circular por una vía urbana a más de 60k/h y por una vía interurbana a más de 80 k/h, y la sentencia declara probado que el apelante circulaba por el casco urbano de Zalla a velocidad superior a 110k/h y por la autovía en dirección a Bilbao a más de 200k/h. Tales velocidades no se obtienen, sin embargo, de mediciones facilitadas por radares ya sean fijos o móviles sino de las declaraciones prestadas por los agentes de la Ertzaintza que persiguieron al acusado. La juzgadora niega que se trate de apreciaciones subjetivas y afirma que las velocidades se obtienen "por la propia velocidad del vehículo que pilotaba el agente", de suerte que, "si el propio agente llegó a circular tras el acusado a 200k/h, dicho vehículo circulaba, al menos a dicha velocidad". Pues bien, no consideramos que esta sea la prueba exigida a la acusación para acreditar el tipo penal por el que acusa. En efecto, este Tribunal no puede compartir el criterio sostenido en la sentencia y entiende que la determinación de las velocidades que exige el art. 379.1 no puede descansar en afirmaciones de los agentes, que al fin y al cabo son apreciaciones subjetivas, cuando existen medios técnicos para obtener una medición objetiva de la velocidad a la que circula un vehículo. De hecho en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal ni siquiera se menciona la velocidad a la que circulaba el acusado por vías urbanas, diciendo que "inició la marcha a gran velocidad por el caso urbano no respetando la señalización". Y es que como calificación principal consideraba los hechos constitutivos de un delito del art. 381.2 del Código Penal EDL 1995/16398 .
Entendemos que la prueba practicada es insuficiente para condenar por el tipo previsto en el art. 379.1 del Código Penal EDL 1995/16398, no existe constancia fehaciente de la velocidad a la que circulaba el acusado.
A mayor abundamiento el acusado niega que su vehículo pudiera circular a 200k/h y ciertamente vista su matriculación, PU......UP, resulta muy dudoso que pudiese alcanzar esa velocidad.
Por otra parte el acusado declara también que fue abordado cuando se hallaba detenido en un semáforo por unos individuos sin uniforme que dijeron eran ertzainas pero no se identificaron con sus placas, por lo que, pensó podía tratarse de un atracó ya que éste suele ser el método empleado en su país de procedencia. No cabe duda que el acusado tiene derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo y que contemplada desde esta perspectiva su declaración bien puede considerarse que se trata de una explicación autoexculpatoria, pero no por ello deja de resultar plausible cuando los agentes reconocen en el juicio oral que no se identificaron con las placas oficiales, que el acusado detuvo el vehículo pero el carril izquierdo estaba libre, lo que significa podía haber evitado al coche policial si hubiese querido y ser detenido, y que lo primero que les manifestó fue que pensaron les iban a atracar porque así ocurre en su país, corroborando en el mismo acto tal manifestación también la hermana del acusado que viajaba con él en el vehículo.
Así las cosas concluimos que no se ha practicado prueba de cargo suficiente para tener por acreditados los hechos objeto de acusación y que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del acusado, derecho que se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos; lo que en este caso entendemos no ha sucedido. No consta la velocidad a la cual circulaba el acusado tanto por el casco urbano como por la autovía y por consiguiente no consta que circulase por encima de los límites de velocidad que indica el tipo penal y esto es así porque no se ha practicado prueba de cargo que lo acredite.
En consecuencia, se acoge el recurso, se revoca la sentencia y se decreta la libre absolución del acusado con declaración de oficio de las costas causadas en la instancia.
TERCERO.- Estimándose el presente recurso de apelación, es procedente, conforme al art. 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal EDL 1882/1, declarar de oficio las costas devengadas en esta segunda instancia.
VISTOS los preceptos legales citados en esta sentencia, en la apelada y demás de pertinente y general aplicación.
: Que estimando como estimamos el Recurso de Apelación interpuesto por el Procurador D. Aitor Suárez Fernández en nombre y representación de Mauricio, contra la sentencia dictada el día 09-09-2009 por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal núm. 1 de los de Baracaldo en la causa de Juicio Rápido núm. 331 del año 2009, debemos revocar y revocamos dicha resolución y por la presente decretamos la libre absolución del acusado Mauricio del delito contra la seguridad en el tráfico que venía siendo acusado con declaración de las costas causadas en ambas instancias de oficio.
Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta sentencia, para su conocimiento y cumplimiento.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 48020370022009100509
EN UN JUICIO LAS APRECIACIONES DE LOS AGENTES PUEDEN SER SUBJETIVAS
La guardia civil gallega denuncia la ineficacia de la politica de seg. vial
Por ZACARIAS en el foro Noticias
Último mensaje: 26/11/2010, 09:49
sobre radares ya incluidos en TT
Por tortilla en el foro Tom Tom
Último mensaje: 14/07/2008, 03:19