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Timestamp: 2019-09-22 21:14:10
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Legislación: Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
Tipo: Decretos de Vivienda y Suelo Area: Vivienda y Suelo
El objeto del presente Decreto es regular los siguientes procedimientos dirigidos fundamentalmente a poner suelo en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas: a) La adaptación parcial de los Planes Generales de Ordenación Urbanística y Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en sus disposiciones transitorias primera y segunda, regulando su contenido, plazo y alcance. b) El procedimiento de urgencia para la reducción de los plazos previstos en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, para la tramitación, ejecución y gestión de los instrumentos de planeamiento relativos a las reservas de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo, destinadas mayoritariamente a vivienda protegida, en desarrollo del artículo 74.3 de la citada Ley.
Fecha: 07/02/2008 Ambito: Andaluz
( Se incluyen modificaciones presentadas del D [ANDALUCÍA] 36/2014, 11 febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Boja 20 febrero.)
BOJA núm. 27, Sevilla, 7 de febrero 2008
En la actualidad, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, plantea entre sus objetivos dotar de contenido normativo positivo el mandato constitucional recogido en el artículo 47 de la Constitución que establece el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y llama a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
Asimismo, el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía prevé que, para favorecer el ejercicio de este derecho constitucional, los poderes públicos estarán obligados a la promoción pública de la vivienda. Particularmente, la preocupación por el acceso a una vivienda digna ha llevado a dictar disposiciones que garanticen el suelo suficiente destinado a viviendas protegidas, entre ellas la Ley básica estatal 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y en el ámbito autonómico la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que modificó la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con la finalidad de garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la promoción de viviendas protegidas en todos los municipios andaluces.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Disposición final única de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el artículo 46.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 de enero de 2008, D I S P O N G O
CAPÍTULO II De la adaptación parcial de los Planes Generales de Ordenación Urbanística y Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
Artículo 2. Concepto de adaptación parcial.
Artículo 3. Contenido y alcance.
2. El documento de adaptación parcial recogerá, como contenido sustantivo, las siguientes determinaciones: a) Clasificación de la totalidad del suelo del municipio, delimitando las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la clasificación urbanística establecida por el planeamiento general vigente, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I del Titulo II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y según los criterios recogidos en el artículo siguiente.
Como mínimo deberán comprender los terrenos y construcciones destinados a: 1) Parques, jardines y espacios libres públicos con los estándares existentes en el planeamiento objeto de adaptación.
Si los mismos no alcanzasen el estándar establecido en el artículo 10.1.A).c).c1) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deberán aumentarse dichas previsiones hasta alcanzar éste.
Para los municipios con relevancia territorial, regulados en el Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los municipios con relevancia territorial, a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, tendrán carácter preceptivo las siguientes determinaciones: 1) Definición de la red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos, y de los elementos estructurantes de la red de transportes públicos.
3. La adaptación parcial no podrá: a) Clasificar nuevos suelos urbanos, salvo los ajustes en la clasificación de suelo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1 b) Clasificar nuevos suelos como urbanizables.
Artículo 4. Criterios para los ajustes en la clasificación del suelo.
1. A los efectos previstos en el artículo 3.2.a), los criterios de clasificación del suelo urbano serán los siguientes: a) Tiene la consideración de suelo urbano consolidado el que esté clasificado como urbano por el planeamiento general vigente y cumpla las condiciones previstas en el artículo 45.2.A) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, así como el que estando clasificado como suelo urbanizable se encuentre ya transformado y urbanizado legalmente, cumpliendo a su vez las condiciones del referido artículo.
En todo caso, se clasificarán como suelo urbano no consolidado los ámbitos de las Unidades de Ejecución no desarrolladas delimitadas en suelo urbano, debiendo respetar las características y requisitos que se establecen en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre c) En los casos en que ya el planeamiento general vigente haya definido la categoría de consolidado y no consolidado, la asimilación será directa si se cumplen las condiciones previstas en el artículo 45.2, letras A) y B), de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
2. Asimismo, los criterios de clasificación para el suelo urbanizable serán: a) Se considera suelo urbanizable ordenado el que esté clasificado como urbanizable o apto para urbanizar por el instrumento de planeamiento general vigente y cuente con la ordenación detallada, esto es, se haya redactado y aprobado definitivamente el Plan Parcial de Ordenación correspondiente.
Artículo 5. Dotaciones, densidades y edificabilidades en sectores.
Artículo 6. Documentación de la adaptación parcial.
La adaptación parcial deberá dar como resultado un documento omnicomprensivo de la ordenación urbanística aplicable al término municipal, definiendo, en lo sustantivo y documental, la ordenación estructural, a través de los siguientes documentos, como mínimo: a) Memoria justificativa del contenido y alcance de la adaptación conforme a lo dispuesto en el artículo 3. Habrá de incluirse certificado emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento respecto de la participación de las Administraciones, órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados y, en su caso, justificativo de la innecesaridad de solicitud de informes o pronunciamientos de éstos.
b) Anexo a las normas urbanísticas en las que se contendrán las determinaciones relativas al contenido de la adaptación parcial, reflejando las modificaciones introducidas, y en particular: 1. Para el suelo urbanizable no sectorizado se definirán los usos incompatibles, y las condiciones para la sectorización en función del grado de ejecución de los suelos sectorizados, y los criterios de disposición de los sistemas generales.
c) Planimetría integrada, como mínimo, por los planos del planeamiento vigente y por aquellos que se proponen tras la adaptación, comprensivos de las siguientes determinaciones: 1. Clasificación y categorías de suelo urbano y urbanizable.
Artículo 7. Formulación y aprobación del documento de adaptación parcial.
Durante dicho trámite de información pública el Ayuntamiento solicitará valoración de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.b) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, respecto del contenido de la adaptación parcial, que deberá emitirse en el plazo máximo de un mes; transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa al Ayuntamiento de la citada valoración, éste podrá continuar con la tramitación.
Artículo 8. Plazo para la adaptación parcial.
CAPÍTULO III Del procedimiento de urgencia para la tramitación, ejecución y gestión de instrumentos de planeamiento en lo relativo a reservas de terrenos con destino a viviendas protegidas Artículo 9. De las reservas de terrenos.
2. Estas reservas se podrán establecer mediante los planes recogidos en el artículo 73.1 de la citada Ley. En ausencia de estos planes o de previsión en los mismos sobre la reserva de terrenos: a) Los municipios podrán proceder a su delimitación mediante el procedimiento previsto para la delimitación de unidades de ejecución en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en cualquier clase de suelo.
Artículo 10. Incorporación al proceso urbanizador de las reservas delimitadas.
1. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, la incorporación al proceso urbanizador y la realización de cualesquiera actuaciones o actos en los terrenos y las construcciones adquiridos por las Administraciones en las reservas establecidas requerirán la aprobación de los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico, según la clase y categoría de los suelos: a) Cuando las reservas se delimiten en suelo urbanizable sectorizado o suelo urbano no consolidado calificados con un uso incompatible con el destino de la reserva, la incorporación al proceso urbanizador se producirá por la innovación del instrumento de planeamiento, conforme establece el Capítulo IV del Título I de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, que habilite la consecución de los fines de la reserva establecida.
b) Para los suelos clasificados como suelo no urbanizable se requerirá la aprobación de la innovación del planeamiento general vigente que, al menos, establezca las determinaciones exigibles al suelo urbanizable sectorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
En esta clase de suelo será suficiente la revisión parcial del instrumento de planeamiento general, pudiendo tener ésta como objeto dicha previsión, aun en el supuesto de que dicho instrumento de planeamiento no se encuentre adaptado a la citada Ley. Para la incorporación de las reservas en suelo urbanizable no sectorizado será necesaria la aprobación del plan de sectorización.
Artículo 11. Procedimiento de urgencia de la tramitación del instrumento de planeamiento.
Según modificaciones presentadas pol D [ANDALUCÍA] 36/2014, 11 febrero,BOJA 20 febrero queda modificada la letra a) del artículo 11 queda redactada como sigue:
a) Una vez delimitada la reserva, se procederá a la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, que podrá ser simultánea al acuerdo de delimitación de la reserva o bien adoptarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde la adopción de dicho acuerdo. La aprobación inicial se someterá al trámite de información pública por plazo de veinte días, debiendo, además, recabarse los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, que deberán ser emitidos en los plazos que establezca su regulación específica
En el supuesto de modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, requerirá el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía conforme dispone el artículo 36.2.c).2.” de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Artículo 12. Mecanismos de colaboración previos a la incorporación al proceso urbanizador de los terrenos de reserva.
1. La Administración competente para la delimitación de la reserva de terrenos podrá recabar, con anterioridad o simultáneamente a la redacción y tramitación del instrumento que delimite la reserva de terrenos, un informe previo de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos que pudieran verse afectados por la misma, solicitándose al menos de los siguientes órganos y entidades: a) A la Consejería competente en materia de ordenación del territorio, respecto del informe de incidencia territorial que haya de emitir con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32.1.2.” y disposición adicional octava de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Artículo 13. Particularidades de la modalidad de gestión indirecta del sistema de actuación a iniciativa de la Administración.
1. Cuando la Administración actuante decida la gestión indirecta, establecida la reserva de terrenos e incorporados éstos al patrimonio público de suelo, la Administración titular de los mismos convocará el concurso para la adjudicación de la actuación urbanizadora, que se desarrollará con arreglo al correspondiente pliego de condiciones que, además de las establecidas por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, contemplará las siguientes particularidades: a) Redacción, por parte de los licitadores o licitadoras de un anteproyecto de la ordenación urbanística del ámbito que al menos contenga una memoria, tratamiento de los sistemas generales, zonificación y usos del suelo, así como una propuesta relativa a las mejoras para el interés general que estimen conveniente introducir en la actuación.
Artículo 14. Obligaciones particulares del agente urbanizador en la modalidad de gestión indirecta.
1. Además de cuantos deberes se expresen en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y en los correspondientes pliegos, la condición de agente urbanizador obtenida mediante la adjudicación del correspondiente concurso impondrá a éste el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) Presentar en el plazo que se establezca en los pliegos, no superior a treinta días desde la formalización del correspondiente convenio urbanístico, ante la Administración competente para su tramitación, el instrumento de planeamiento urbanístico necesario para la ejecución del ámbito, que contendrá el grado de concreción suficiente conforme a lo regulado en el artículo 96.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Artículo 15. Procedimiento abreviado para la aprobación del Proyecto de Urbanización.
2. El proyecto de urbanización se aprobará, si procede, por el órgano competente sin más trámite que los informes técnicos y jurídicos necesarios en los siguientes casos: a) Cuando el proyecto de urbanización no precise de informe o autorización de órganos o entidades administrativas gestores de intereses públicos, o siendo éstos exigibles están incorporados a la solicitud con sentido favorable.
Disposición adicional primera. Especificaciones relativas a la adaptación parcial y las modificaciones.
En estos casos, y durante el trámite de información pública del procedimiento de modificación, según lo regulado en el artículo 32.1.2.” de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, por parte del Ayuntamiento se solicitarán los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, los cuales serán objeto de valoración conjunta por la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, en lo que respecta a los pronunciamientos de las Consejerías y Organismos en ella representados, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.b) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, en el plazo máximo de dos meses. La citada Comisión emitirá, de forma simultánea, las valoraciones relativas al documento de modificación y al de adaptación parcial que lo habilita en el plazo máximo de un mes, desde su solicitud.
2. Una vez aprobada la adaptación parcial del planeamiento general, y de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los Ayuntamientos podrán formular modificaciones del mismo que afecten al resto de determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a equipamientos, que se tramitarán siguiendo el procedimiento previsto para las mismas en la citada Ley, con la particularidad de que durante el trámite de información pública, según lo regulado en el artículo 32.1.2.” de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, por parte del Ayuntamiento se solicitarán los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, los cuales serán objeto de valoración conjunta por la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, en lo que respecta a los pronunciamientos de las Consejerías y Organismos en ella representados, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.b) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre.
Disposición adicional segunda. Desarrollo de los criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los planes generales de ordenación urbanística con el modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
2. Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos existentes, el límite establecido con carácter general al crecimiento en cada municipio para los próximos ocho años, se modulará para los municipios con crecimiento inferior al 10,2%, media de Andalucía en los últimos diez años, con los siguientes parámetros: a) 60% para municipios con menos de 2.000 habitantes, b) 50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, y c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.
Disposición adicional tercera. Caducidad de los procedimientos de delimitación de reservas de terrenos.
Disposición adicional cuarta. Reducción de plazos y manifestación del carácter urgente de la tramitación.
Disposición adicional quinta. Publicación urgente en los Boletines Oficiales.
Disposición final primera. Modificaciones del Decreto 220/2006, de 19 diciembre.
El Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería, queda modificado como sigue: Uno. El párrafo c) del artículo 13.2 queda con la siguiente redacción: «c) Informar, en el proceso previo a su aprobación definitiva por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, los Planes Generales de Ordenación Urbanística, de los municipios de más de 100.000 habitantes, así como sus revisiones.» Dos. El párrafo b) del artículo 21.3 queda con la siguiente redacción: «b) Los Planes Generales de Ordenación Urbanística y sus revisiones, en el proceso previo a su aprobación definitiva por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de conformidad con el artículo 4 y la disposición adicional segunda de este Decreto, en desarrollo del artículo 31.2.A.b). y B.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.» Tres. El apartado 1 del artículo 23 queda con la siguiente redacción: «1. La Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística emitirá su valoración en los siguientes supuestos: a) Sobre la suficiencia de las infraestructuras, servicios y equipamientos previstos para garantizar la ordenación propuesta, sus condiciones de desarrollo y financiación y, en su caso, las previsiones de inversión pública disponible en los supuestos previstos en el apartado siguiente. Esta valoración será previa a la emisión del informe de incidencia territorial del instrumento de planeamiento general que corresponda al órgano competente establecido en el presente Decreto.
c) Otras actuaciones de alcance territorial o urbanístico cuando así se establezca en una disposición de carácter general, en los términos previstos en la misma.» Disposición final segunda. Habilitaciones normativas.
Sevilla, 22 de enero de 2008 MANUEL CHAVES GONZÁLEZ Presidente de la Junta de Andalucía CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO Consejera de Obras Públicas y Transportes