Source: http://attislegal.com/actividad-de-la-inspeccion-tributaria-la-entrada-en-domicilio-entrada-en-finca/
Timestamp: 2019-09-15 10:32:41
Document Index: 191982415

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 142', 'artículo 172', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 40', 'Artículo 113', 'Artículo 142', 'Artículo 172']

Actividad de la Inspección Tributaria: la entrada en domicilio / entrada en finca - Attis Legal
Socio responsable del Área Procesal de ATTIS LEGAL SLP
In recent years the Tax Office, for obvious reasons need to open numerous files both checked, and its subsequent sanction. Being one of the “weapons” often used the tax audit made on the premises of legal persons, including unaccompanied of the Security Forces, to access documents and equipment such as computers, books etc. We are so tortuous that the Tax Office not successful, and it is the aim of this article to help clarify and forced taxpayers to know that the Tax Inspectorate has limits when it comes to enter and search facilities companies.
En los últimos años la Agencia Tributaria, por evidentes razones de necesidad recaudatoria (por la crisis) ha incoado numerosos expedientes tanto de comprobación, como sus posteriores sancionadores. Una de las “armas” que suele utilizar la inspección fiscal es la de presentarse en los locales de las personas jurídicas, inclusive acompañados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para acceder a documentos y material como ordenadores, libros etc. Nos encontramos que habitualmente, y de forma torticera, la Agencia Tributaria no los realiza correctamente. Este es el objetivo del presente artículo: aclarar y ayudar a los sujetos pasivos obligados que sepan que la Inspección Tributaria tiene límites a la hora de entrar y registrar los establecimientos de las empresas.
En estos tiempos de crisis, en el que el caudal público también se resiente, es harto frecuente la apertura de expedientes de comprobación y en su caso sancionadores por parte de la Agencia Tributaria.
Dentro del complicado entramado jurídico que puede dar de sí, a nivel jurídico, tanto el expediente de comprobación como el expediente sancionador tributario, nos vamos a centrar única y exclusivamente en uno de los trámites a la par más claros, pero en la práctica más agresivos, como es el de la entrada en los domicilios de las personas jurídicas por parte de la Inspección Fiscal.
Como es de sobras conocido, las facultades de la Agencia Tributaria a la hora de comprobación son casi omnipotenciales [1], solo comparables con las de los inspectores de consumo de la Generalitat de Catalunya, pero eso es otro asunto.
Pero como toda actuación de un poder público se encuentra limitada por los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Y ello es así porque nuestra Constitución es una norma jurídica que vincula y obliga a todos los poderes públicos (ex artículo 9.1 de la misma).
Sentando lo anterior, conviene centrarnos ahora en los artículos que regulan la entrada y registro por parte de los Inspectores de Hacienda en cumplimiento de sus obligaciones legales.
El artículo legal es el 113 [2] de la Ley General Tributaria, el cual no deja ningún género de dudas que para entrar en el domicilio del contribuyente investigado solo puede hacerse de dos maneras:
Con autorización del contribuyente
Esa redacción sencilla, y clara y cristalina como el agua, se complica tanto con el artículo 142.2 [3]/a> de la Ley y con el Reglamento de desarrollo de la norma legal, en su artículo 172.2 [4].
A la luz de esos preceptos se quiere distinguir domicilio de otros establecimientos a los que la Ley y el Reglamento llama fincas, entendiendo por fincas: …locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias. Es decir, se autoriza al Inspector a entrar en cualquier lugar, siempre que no sea el domicilio del contribuyente. Y en base a dichos preceptos la Administración Tributaria ha llegado a manifestar, lo que en nuestra más humilde opinión consideramos una aberración jurídica:
En el que el lugar de la actividad y donde a su vez están las pruebas coincide con el domicilio de la persona jurídica, no era necesaria autorización judicial, sino que bastaba la autorización administrativa.
La anterior afirmación es fruto que el legislador ha obviado, a la hora de regular, el concepto de domicilio social. Concepto que como explicaremos posteriormente está igualmente protegido. Incluso podemos adelantar que el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación amplia de lo que se debe considerar como domicilio social protegido constitucionalmente vedando el paso al Inspector Tributario. Pero no adelantemos más.
En la práctica habitual se suele presentar el Inspector de la Agencia Tributaria con su Autorización firmada por la Autoridad competente exigiendo la entrada para poder tener acceso a toda la documentación y más.
Para una correcta solución empezaremos por definir el domicilio constitucionalmente protegido.
El Tribunal Constitucional (desde bien temprano véase las Sentencias 137/1985, de 17de febrero y 149/1987, de 17 de octubre) llega a la conclusión de que la libertad del domicilio se califica como reflejo directo de la protección acordada en el ordenamiento a la persona, y desde el momento en que la persona jurídica viene a colocarse en el lugar del sujeto pasivo, entra su inviolabilidad domiciliaria dentro del área de la tutela constitucional.
Siguiendo con los razonamientos del máximo interprete de la Constitución, cabe afirmar que garantizar la inviolabilidad del domicilio, presupone partir del reconocimiento de éste, como un ámbito espacial de privacidad de la persona que por tanto debe resultar inmune a cualquier tipo de agresión y a otras personas sean públicas o privadas, y como consecuencia de ello, dicha garantía ha de extenderse asimismo a la interdicción como posibles formas de injerencia en el domicilio, de entradas y registros en la medida que sólo serán constitucionalmente legítimos en los supuestos de flagrante delito, o en los casos en que hubiese mediado consentimiento del titular o resolución judicial (al respecto véase la Sentencia del Tribunal Constitucional número 136/2000 de 29 de mayo).
Conviene traer a colación, algo que muchos operadores jurídicos desconocen y es que la Constitución no ofrece una definición expresa del domicilio como objeto de protección del artículo 18, este concepto ha venido siendo perfilado por el Tribunal Constitucional poniendo de manifiesto en primer término que “la idea de domicilio que utiliza el artículo 18 de la Constitución no coincide plenamente con la que se utiliza en materia de Derecho privado y en especial en el artículo 40 del Código Civil como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio por ésta de sus derechos y obligaciones (…) En segundo lugar, que el concepto constitucional de domicilio tiene mayor amplitud que el concepto jurídico privado o jurídico- administrativa” (STC 94/1999 )
Lo que quiere decir que no se admiten concepciones reduccionistas como las que lo equiparan al concepto jurídico-penal de morada habitual o habitación, como nos recuerda para el Derecho Penal la Sentencia del Tribunal Constitucional número 94/1999.
En aplicación de esta genérica doctrina, el Tribunal Constitucional ha considerado domicilio a una vivienda aun cuando en el momento del registro no esté habitada (STC 94/1999) y, sin embargo, rechaza predicar dicha conceptuación a los locales destinados a almacén de mercancías (STC 228/1997 ), a un bar y un almacén ( STC 283/2000 ) o a unas oficinas de una empresa ( ATC 171/1989 ).
El Tribunal Supremo [5] ha dado un paso adelante y ha especificado que tienen la consideración de domicilio, a efectos de la protección constitucional otorgada por el art. 18.2 de la Constitución respecto de las personas jurídicas, los lugares utilizados por representantes de la persona jurídica para desarrollar sus actividades internas, bien porque en ellos se ejerza la habitual dirección y administración de la sociedad, bien porque sirvan de custodia de documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento y todo ello con independencia de que sea el domicilio fiscal la sede principal o la sede secundaria, exigiéndose en estos casos la autorización judicial o el consentimiento del interesado.
En cambio, no son objeto de protección los establecimientos abiertos al público o en que se lleve a cabo una actividad laboral o comercial por cuenta de la sociedad mercantil que no esté vinculada con la dirección de la sociedad ni sirva a la custodia de su documentación. Tampoco, las oficinas donde únicamente se exhiben productos comerciales o los almacenes, tiendas, depósitos o similares.
Respecto el consentimiento ha manifestado, el Tribunal Supremo que:
a) el consentimiento solo lo puede dar el titular de la persona jurídica o su legal representante.
b) el consentimiento del representante de la sociedad, debe estar absolutamente desprovisto de toda mácula que enturbie el exacto conocimiento de lo que se hace y la libérrima voluntad de hacerlo, debiendo estar también exento de todo elemento susceptible de provocar o constituir error, violencia, intimidación o engaño, por lo que el interesado debe ser enterado de que puede negarse a autorizar la entrada y registro que se le requiere (sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, de 1 de abril de 1996 , 4 de marzo de 1999 y 18 de febrero de 2005 )
c) el Inspector le ha de informar del derecho que tiene a negarse a autorizar la entrada y registro.
Por último haremos una simple mención a la doctrina emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos[6], que considera de aplicación en los procedimientos de inspección tributaria todos los derechos que el Convenio de Derechos Humanos recoge para el ámbito penal. Entre ellos destaca el Derecho a no autoincriminarse. Que conectado con nuestro estudio, supone que se puede vedar la entrada porque si se permite el acceso podría suponer una autoincriminación.
El Inspector Fiscal en el cumplimiento de sus deberes legales solamente puede entrar en las dependencias (a excepción de locales de negocio, donde se exhiban las mercancías, etc..) si el titular o el administrador de la persona jurídica da su consentimiento y en caso contrario con una autorización judicial.
El consentimiento lo debe dar el titular o el responsable de la persona jurídica, es decir, ha de tener facultades bastantes de administración que permitan autorizar la entrada. Por tanto, no sirve el consentimiento prestado por los empleados, y otras personas. Y como la mayoría de las veces los Inspectores de Hacienda se personan en los domicilios acompañados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, es fácil que el consentimiento pueda ser coartado.
Si la “finca” (utilizando la terminolgía de la Ley y el Reglamento) en el que la Inspección Tributaria quiere acceder es donde se ejerce la habitual dirección y administración de la persona jurídica, sirve de custodia de documentos, se ejerce la dirección de la misma, y con independencia si es o no el domicilio social, si el titular no da su autorización será necesaria una autorización judicial para entrar. Sin dicha autorización judicial toda prueba recogida en la inspección vulnerará los derechos fundamentales y por ende quedará viciada de nulidad absoluta.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera que el investigado tributario tiene derecho a no declararse culpable ni a autoincriminarse, y por tanto se puede negar a facilitar la prueba incriminatoria, entre ella negarse a que se entre en el despacho para que la busquen. Por ende, deberá acreditarse que si medió consentimiento fue por miedo, y si la prueba obtenida también vulnera el derecho a no autoincriminarse.
[1] Vide artículos 141 y 142 de la Ley General Tributaria y 171 y 173 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación d e los tributos.
[2] Artículo 113 Autorización judicial para la entrada en el domicilio de los obligados tributarios
Cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial
[3] Artículo 142 Facultades de la inspección de los tributos
[4] Artículo 172 Entrada y reconocimiento de fincas
[5] Sentencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2010, recurso de casación núm. 5910/2006 , F.J. 6
[6] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso J.B. vs Suiza, de 3 de mayo de 2001, Párrafo 64