Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-103-12.htm
Timestamp: 2019-02-16 07:10:57
Document Index: 308413561

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 67', 'artículo 61', 'Artículo 5', 'Artículo 68', 'Artículo 67']

T-103-12
DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Reiteración de jurisprudencia/DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD-Acceso a servicios de pediatría de forma directa sin previa remisión del médico general/ACUERDO 029/11-Definió, aclaró y actualizó integralmente el POS del Sistema General de Seguridad Social en Salud
En la revisión de los fallos dictados por los Juzgados Promiscuo de Acevedo, Huila y Sexto Civil Municipal de Cartagena, ninguno impugnado, dentro de las acciones de tutela promovidas por María Esperanza Morales Ariza, en representación de su hijo Luis Ernesto González Morales, en contra de Solsalud EPS (expediente T-3221596) y el Personero Municipal de Arjona, Bolívar, a nombre de representación de Nereyda Esther Meza González, en contra de Emdisalud EPS-S (expediente T-3230746), acumulados.
Los respectivos expedientes llegaron a la Corte Constitucional por remisión efectuada por los citados despachos, en virtud de lo ordenado por los artículos 86, inciso 2° de la Constitución Política, y 31 del Decreto 2591 de 1991.
Cada actor demandó a la respectiva EPS o EPS-S, por negar peticiones encaminadas a obtener autorización para procedimientos médicos requeridos, de donde derivan que les están vulnerando los derechos fundamentales a la vida, a la salud en condiciones dignas y a la seguridad social. A continuación se incluye un breve resumen de cada asunto.
B. Demandas
Expediente T-3221596
Expediente T-3230746
La apoderada de Solsalud EPS afirmó que los procedimientos “ de solicitud de Resección Biopsia de lesiones de piel, con orden de autorización para la entrega y suministro del medicamento según autorización N° 138085 por VIGABATRIN SABRIL TAB X 500 mg Cantidad 75 Tab”, fueron autorizados y reclamados en agosto 16 de 2011.
Tampoco es procedente la solicitud de tutela frente a la prestación del servicio integral en salud, al no existir “una enfermedad concreta, claramente determinada y probada sobre la cual deba ordenarse un tratamiento integral”, afirmando que “hasta ahora se intenta establecer un diagnóstico de los padecimientos que sufre el niño Luis Ernesto a través de las valoraciones con los especialistas que lo han venido atendiendo” (fs. 41 ib.).
Segunda. Los asuntos objeto de análisis
Reiterado como está que el ser humano necesita mantener adecuados niveles de salud, no sólo para sobrevivir, sino para desempeñarse apropiadamente como persona, en familia y en sociedad, de modo que al surgir anomalías que afecten los niveles de pervivencia estable, inclusive cuando no se esté en presencia de una enfermedad letal, debe brindarse una atención oportuna, para que no se ponga en peligro la dignidad personal y el paciente mantenga el derecho a abrigar esperanzas de recuperación y a recibir curación o alivio a sus dolencias, procurándosele continuar la vida con dignidad.[1]
También se ha determinado que este derecho es de elevada trascendencia y debe interpretarse en un sentido integral de “existencia digna”, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º superior, que establece que la República se funda “en el respeto de la dignidad humana”.
En cuanto a que el derecho a la salud sea fundamental en sí mismo, en fallo T-414 de abril 30 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, se precisó:
“… envuelve como sucede también con los demás derechos fundamentales, prestaciones de orden económico orientadas a garantizar de modo efectivo la eficacia de estos derechos en la realidad. Bajo esta premisa, el Estado a través del Sistema de Seguridad Social en Salud, proporciona las condiciones por medio de las cuales sus asociados pueden acceder a un estado de salud íntegro y armónico.
Es por ello que esta Corporación ha precisado que la salud puede ser considerada como un derecho fundamental no solo cuando peligra la vida como mera existencia, sino que ha resaltado que la salud es esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones dignas… [2].”
Como se aprecia, esta corporación en múltiples oportunidades ha propendido por la protección de la vida en forma integral, buscando que la persona obtenga del Sistema de Seguridad Social una solución satisfactoria a sus dolencias físicas y sicológicas, que afecten su normal desarrollo en sociedad.
Cuarta. Acuerdo 029 de diciembre 28 de 2011, que sustituyó el 028 de noviembre 30 del mismo año y definió, aclaró y actualizó el Plan Obligatorio de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El artículo 5°-1 establece como principio general del POS la integralidad, con toda la tecnología contenida en el acuerdo para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad; incluye lo necesario para su realización de tal forma que se cumpla la finalidad del servicio, según lo prescrito por el profesional tratante, sustentado en la seguridad, eficacia y efectividad de las tecnologías en salud[3].
Igualmente se garantiza el acceso a los servicios de salud y las entidades promotoras deberán asegurarle a los afiliados la atención efectiva. Por su parte, el artículo 67 hace referencia a la atención para menores de edad, advirtiendo que cubre todas las tecnologías descritas en el acuerdo, según las condiciones establecidas, otorgando acceso a “servicios de pediatría de forma directa, sin previa remisión del médico general”, sin que ello se constituya en limitación de acceso a la atención por este último cuando el recurso especializado no esté a disposición, sea por las condiciones geográficas o por la ausencia de oferta en el municipio de residencia[4].
Quinta. Casos concretos
“Los personeros municipales, en virtud de las funciones constitucionales y legales de guarda y promoción de los derechos fundamentales, así como en desarrollo de las resoluciones de la Defensoría del Pueblo, están legitimados para presentar acciones de tutela. En esa medida si se percatan de la amenaza o violación de derechos fundamentales de una persona, pueden interponer la acción en nombre del individuo que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión.[5]”
5.4.1. En el caso correspondiente al expediente (T-3221596), el apoderado de Solsalud EPS aseveró:
5.4.2. En el caso del expediente T-3230746, ha respondido en representación de Emdisalud EPS-S, en octubre 12 de 2010, apunta a que lo requerido “no tiene cobertura” en el POSS, por ser “una patología no contemplada en el artículo 61 numeral 2° del Acuerdo 08 del 29 de diciembre de 2009 expedido por la CRES”, con lo que aduce no corresponderle autorizar los exámenes, que son responsabilidad de la Secretaria de Salud Departamental.
Se omitió considerar por la EPS-S, y también por el Juzgado de instancia, lo reiterado por la Corte Constitucional[6]:
5.5.1. Como se indicó en la consideración cuarta de esta sentencia, el ya referido acuerdo hace énfasis en la atención a menores de dieciocho años de edad[7], advirtiendo que cubre todas las tecnologías allí descritas, con acceso a “servicios de pediatría de forma directa, sin previa remisión del médico general”, sin que ello constituya limitación a la atención por médico general, criterio que ha debido seguir Solsalud EPS frente al niño Luis Ernesto González Morales.
5.5.2. Siguiendo el mismo acuerdo, el procedimiento requerido por la señora Nereyda Esther Mesa González está incluido en el nivel 2 anexo 2 “cod. 881401”, que contempla “ultrasonografia pélvica ginecológica trasvaginal”.
5.6. En virtud de todo lo anterior, esta Sala de Revisión deberá revocar los respectivos fallos de instancia, a saber:
Primero.- REVOCAR el fallo dictado en agosto 29 de 2011 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Acevedo (Huila), que negó el amparo solicitado. En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos a la salud, a la seguridad social y a la vida digna invocados por María Esperanza Morales Ariza, en representación de su hijo Luis Ernesto González Morales (expediente T-3221596).
Segundo.- REVOCAR el fallo proferido en noviembre 29 de 2010 por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena, que negó el amparo pedido. En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos a la salud, a la seguridad social y a la vida digna invocados por el Personero Municipal de Arjona a favor de Nereyda Esther Mesa González (expediente T-3230746).
[1] T-224 de mayo 5 de 1997, M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[2] “Sobre el tema particular, consultar las Sentencias: T-1384 de 2000, T-365A-06, entre muchas otras.”
[3] Artículo 5°-9 del Acuerdo 029 de 2011 de la Comisión en Regulación en Salud (CRES).
[4] Artículo 68 ib.
[5] T-517-de mayo 19 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[6] T-765 de octubre 10 de 2011, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[7] Artículo 67 ib..