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Timestamp: 2019-10-18 16:37:11
Document Index: 335011696

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 21', 'artículo 21', 'artículo 59', 'artículo 23', 'artículo 32', 'artículo 40', 'artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 30', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 100', 'artículo 10']

﻿ RESOLUCIÓN 181169 DE 2001
RESOLUCIÓN 181169 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. SE REGLAMENTA EL TRÁMITE INTERNO DEL DERECHO DE PETICIÓN, CONSULTA DE DOCUMENTOS Y LAS QUEJAS Y RECLAMOS, Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA. DEROGA LA RESOLUCIÓN 81274 DE 1998.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1177 DE OCTUBRE 30 DE 2001, PG.692
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 181608 DE 2006 ARTÍCULO 21 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
RESOLUCIÓN 181169 DE 2001
“Por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición y las quejas y reclamos”.
(Nota: Derogada por la Resolución 181608 de 2006 artículo 21º del Ministerio de Minas y Energía)
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que le confieren el numeral 3º del artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 1º de la Ley 58 de 1982, 32 del Código Contencioso Administrativo y 55 de la Ley 190 de 1995, y
Que la Constitución Política en su artículo 23 y 74, desarrollados por el Código Contencioso Administrativo, consagran el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución; así mismo a acceder a documentos públicos salvo los casos que establezca la ley;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo, los organismos de la rama ejecutiva del poder público deberán reglamentar la tramitación interna do las peticiones que les corresponda resolver;
Que la Ley 200 de 1995 en su artículo 40, numeral 17, expresa que son deberes de los servidores públicos competentes, dictar los reglamentos internos sobre derecho de petición;
Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 1º de la Ley 58 de 1982 y 32 del Código Contencioso Administrativo, la Procuraduría General de la Nación deberá impartir aprobación al reglamento que elabore la respectiva entidad para el trámite interno de las peticiones;
Que con el fin de darle un trámite eficiente, oportuno y transparente a las peticiones, a las consultas y a las quejas y reclamos formulados ante el Ministerio de Minas y Energía es indispensable reglamentar su trámite interno;
Que por lo anterior se hace necesario derogar la Resolución 81274 del 6 de julio de 1998 con el fin de darle aplicación a las normas vigentes sobre la materia y en particular darle cumplimiento a las funciones previstas en el Decreto 70 del 17 de enero de 2001 por el cual de modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energía,
ART. 1º—Derecho de petición. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política y los artículos 5º y 19 del Código Contencioso Administrativo, toda persona tiene derecho a formular en forma verbal o escrita, ya sea en interés general o particular peticiones respetuosas a las entidades públicas sobre las materias de su competencia. Así como también podrá elevar consultas, solicitar información y obtener copias de los documentos públicos, siempre y cuando éstos no tengan el carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional.
ART. 2º—Procedencia y contenido. Toda solicitud o petición presentada ante el Ministerio de Minas y Energía se tramitará sin excepción corno derecho de petición en los términos de la presente resolución, sin que se requiera invocar de manera expresa este derecho en su texto. Lo anterior siempre y cuando su trámite no esté previsto o reglamentado en forma diferente en la ley.
— Nombre e identificación del peticionario y de su representante o de su apoderado, si es el caso.
— Dirección en la que se recibirá la respuesta por el peticionario.
— Razones y argumentos que respaldan la petición.
— Relación de documentos que se acompañan con la petición.
— La firma del peticionario.
Cuando la petición sea presentada por una persona jurídica, se deberá allegar el certificado de existencia y representación legal vigente expedido por la cámara de comercio respectiva, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Toda petición deberá indicar si se tiene conocimiento acerca de la existencia de terceros determinados que tengan interés en la petición elevada, informando su dirección o el lugar donde puedan ser citados, sin perjuicio de que el funcionario establezca si la petición afecta intereses de terceros determinados o indeterminados, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 3º—Petición incompleta. Si en un derecho de petición en interés general falta información o se encuentra incompleta, según lo previsto en esta resolución o en el Código Contencioso Administrativo, se le advertirá y solicitará al peticionario que allegue la información faltante. En el evento que el peticionario insista en que sea recibida la petición, ésta se radicará dejando constancia expresa de las advertencias efectuadas, con firma del peticionario.
ART. 4º—Trámite de peticiones. Las peticiones serán recepcionadas siguiendo las siguientes reglas:
La solicitud escrita será radicada por el centro de administración de documentos; la solicitud verbal sólo procederá cuando el peticionario manifieste no saber o no poder escribir. Quien presente una petición verbal deberá acudir al centro de atención al ciudadano del Ministerio de Minas y Energía, donde se elaborará el escrito correspondiente, el cual contendrá una descripción de la petición, la huella dactilar del peticionario, su nombre e identificación, y la dirección en la que recibirá respuesta. Una vez surtido este trámite, el peticionario deberá presentar el escrito en el centro de administración de documentos, donde se radicará.
La siguiente será la información que se registre en la base de datos del centro de administración de documentos:
• Número de radicación.
• Nombre e identificación del peticionario.
• Dirección del peticionario en la que se recibirá la respuesta.
• Fecha y hora de recibo.
• Naturaleza de la solicitud.
Una vez radicado el derecho de petición, el centro de administración de documentos deberá remitir en el mismo día de manera inmediata el documento al área de participación ciudadana para que se surta el trámite respectivo. Cuando el derecho de petición se radique después de las 4.30 P.M., se repartirá a primera hora del día hábil siguiente.
Después de recibido de derecho de petición por el área de participación ciudadana, se registrará la siguiente información en la base de datos dispuesta para el efecto:
• Número consecutivo del reporte.
• Destino del documento.
• Tipo de derecho de petición.
El área da participación ciudadana le colocará el sello de urgente a la petición y le anexará el reporte de datos a la dependencia que sea la encargada de dar respuesta, de acuerdo con la naturaleza del asunto. La remisión a la dependencia se efectuará dentro de las tres (3) horas hábiles siguientes a su radicación.
Una vez se resuelva el derecho de petición, la decisión será comunicada por escrito al peticionario y enviada por correo, y si el peticionario así lo solicita, podrá ser enviada por e-mail y/o fax a la dirección registrada en el documento. El centro de administración de documentos registrará en el sistema la fecha de envío de la respuesta al derecho de petición. La dependencia que resolvió la petición informará por escrito al área de participación ciudadana para que ésta registre el hecho en su base de datos.
Cuando en el derecho de petición interpuesto no sea posible identificar al peticionario, se responderá siguiendo el trámite contemplado en esta resolución y la dependencia responsable de dar respuesta la remitirá al área de participación ciudadana en cuya dependencia quedará disponible para ser reclamada por el peticionario. Si después de transcurridos seis (6) meses de proferida la respuesta sin que haya sido reclamada la misma se procederá a su archivo definitivo.
PAR. 1º—Cuando el área de participación ciudadana o la dependencia a la que le haya sido asignado el derecho de petición determine que el Ministerio de Minas y Energía no es competente para dar respuesta, deberá informarle sobre el particular al peticionario y darle traslado a la entidad que considere competente dentro de un término de diez (10) días a partir de su recepción. La dependencia que resolvió la petición comunicará por escrito al área de participación ciudadana para que registre la terminación del proceso en su base de datos.
PAR. 2º—La dependencia a la que le haya sido asignado responder el derecho de petición será responsable de darle trámite a los recursos de ley que se interpongan contra las respuestas dadas por la entidad, para lo cual todas las dependencias deberán prestarle en forma oportuna la colaboración requerida para el efecto. Lo anterior, siempre y cuando no le corresponda a otra dependencia del Ministerio de Minas y Energía conocer del asunto en virtud de una norma jurídica. Una vez se conozca del recurso interpuesto, se le comunicará por escrito al área de participación ciudadana para que ésta registre la novedad en la base de datos.
ART. 5º—Solicitud de documentos o información adicional. Cuando no se allega en el acto de su presentación la documentación necesaria para iniciar la actuación administrativa y esta no se encuentre en poder de la entidad, la dependencia responsable de dar respuesta deberá requerir inmediatamente y de manera escrita y por una sola vez al interesado para que la allegue. Los términos de respuesta del derecho de petición se suspenderán hasta que se anexen los documentos o información necesarios.
PAR.—En caso que el peticionario no allegue los documentos solicitados o no complemente la información en un término de dos (2) meses, se entenderá que desistió de la misma y se ordenará su archivo, sin perjuicio de que presente una nueva petición sobre el mismo asunto.
ART. 6º—Términos para resolver las peticiones. La dependencia a la que se le asigne la responsabilidad de resolver La petición dispone de los siguientes términos:
a) El derecho de petición en interés general o particular se deberá resolver dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su recibo en la entidad;
b) Las consultas se deberán resolver dentro de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recibo en la entidad;
c) El derecho de petición de información o solicitud de copia de documentos se deberá resolver dentro de un término máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recibo en la entidad. La entrega de las copias solicitadas se efectuará previa cancelación de su valor por parte del peticionario, cuya comprobación se efectuará mediante la presentación del respectivo recibo de consignación, de conformidad con la ley;
d) Cuando el derecho de petición verse sobre solicitud de copias y certificaciones de expedientes deberá resolverse en un plazo no mayor de tres (3) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Código Contencioso Administrativo;
e) Cuando se trate de una solicitud de autenticación de copias de documentos que reposen en una dependencia, estas se deberán entregar dentro en un término máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de la cancelación y presentación del respectivo recibo de consignación en la dependencia respectiva, y
f) Cuando el derecho de petición verse sobre solicitud de cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o de actos administrativos se deberá resolver dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 8º de la Ley 393 de 1997.
ART. 7º—Citación de terceros. Cuando el funcionario a quien se le asignó resolver la petición determine que existen terceros determinados o indeterminados que tengan interés en la petición, se procederá a su citación o a la publicación de un extracto de la petición, según sea el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo o en la norma que lo modifique, aclare o adicione.
Cuando se trate de terceros determinados, se procederá a citar por medio de correo certificado o podrá solicitarse la colaboración a otras autoridades, con el fin de que participen dentro del proceso.
Cuando no resulte posible hacer la citación, resulte demasiado costosa o demorada, o se trate de terceros indeterminados, se procederá a la publicación de un extracto de la petición en un diaria de amplia circulación nacional o local, según sea el caso. La solicitud de publicación deberá elevarse ante la secretaría general por la dependencia responsable.
La dependencia responsable de dar respuesta al derecho de petición deberá informarle al peticionario el costo de la citación o de la publicación y la cuenta en la que éste deberá consignar el valor respectivo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la citación o la orden de publicación. En caso de que no se presente el recibo de consignación dentro de este término, se entenderá que el peticionario desiste de su petición. La dependencia responsable archivará el derecho de petición e informará de este hecho al área de participación ciudadana.
ART. 8º—Imposibilidad de contestar la petición dentro del término. Cuando no fuere posible resolver las peticiones presentadas a la entidad dentro del término señalado en el artículo 6º de la presente resolución, se deberá informar al interesado por escrito dentro del término otorgado por la ley para dar respuesta, expresando los motivos y señalando la fecha en que se resolverá.
ART. 9º—Falta de competencia. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º de esta resolución, si la dependencia a quien se le asigna resolver un derecho de petición considera que es otra dependencia del Ministerio de Minas y Energía la competente para contestarlo, deberá remitirlo inmediatamente a dicha dependencia e informará al área de participación ciudadana. Lo anterior no se podrá entender como una ampliación, prórroga o similar del término para dar respuesta.
ART. 10.—Seguimiento. Cuando de la respuesta, a un derecho de petición resulte una obligación de hacer o no hacer para el Ministerio de Minas y Energía, la dependencia responsable del cumplimiento de la obligación deberá informar al área de participación ciudadana sobre el desarrollo de la misma, hasta que se cumpla totalmente la obligación. El área de participación ciudadana registrará la novedad en el sistema y se entenderá cerrado el proceso.
ART. 11.—Consulta de documentos. Cuando en el derecho de petición se solicite la consulta de los documentos a que se refieren el artículo 12 de la Ley 57 de 1985 y los artículos 17 a 24 de Código Contencioso Administrativo así como expedición de copias simples que no tengan el carácter de reservadas de conformidad con la Constitución Política o la ley, la consulta o expedición de copias procederá en horas de despacho al público y en el caso de las consultas de documentos, si fuere necesario, se realizarán en presencia de un funcionario asignado para el efecto.
ART. 12.—Reserva de documentos. La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta (30) años de su expedición. Una vez cumplido este término podrá ser consultado por cualquier ciudadano y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo solicite, copias o fotocopias
ART. 13.—Negación de petición de información. La administración sólo podrá negar la consulta de determinados documentos o la copia o fotocopias de los mismos, mediante acto administrativo motivado que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones constitucionales o legales pertinentes. En este evento se deberá notificar al peticionario y al Ministerio Público.
Si la persona interesada insiste en la solicitud de información, la dependencia responsable de atenderla enviará al Tribunal de lo Contencioso Administrativo competente la documentación correspondiente para que esta entidad decida de conformidad con los artículos 12 al 25 de la Ley 57 de 1985.
ART. 14.—Documentos publicados. Cuando la solicitud de consulta o de expedición de copias verse sobre documentos que oportunamente fueron publicados, así lo informará la administración, indicando el número y la fecha del diario, boletín o gaceta en que se hizo la divulgación. Si este último se encontrare agotado, se deberá atender la petición formulada como si al documento no hubiere sido publicado.
ART. 15.—Consultas. Las respuestas a las consultas elevadas no comprometen la responsabilidad del ministerio, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución y el funcionario al contestar la consulta deberá advertirlo de conformidad con lo consagrado en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 16.—Certificaciones. En lo que sea pertinente, las normas consignadas en los artículos anteriores serán aplicables a las peticiones que formulen los particulares para que se les expidan certificaciones de carácter general o particular sobre documentos que reposen en las oficinas públicas o sobre hechos o documentos que el jefe de la respectiva dependencia deba certificar de conformidad con la ley.
ART. 17.—De la suspensión de los términos para resolver. Los términos señalados en al artículo 6º, se suspenderán cuando esté en trámite un impedimento, el cual se resolverá de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil, según lo dispuesto en el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 18.—Del rechazo de la petición. Habrá lugar a rechazar la petición cuando sea presentada en forma irrespetuosa o desobligante, utilizando amenazas, improperios, insultos, ofensas, afrentas o provocaciones entre otros.
ART. 19.—De las solicitudes de las entidades públicas. Las solicitudes hechas al Ministerio por otra entidad pública para corroborar la existencia de hechos o circunstancias necesarias para la solución de un procedimiento o petición ciudadana, serán atendidas en un término no superior a diez (10) días.
ART. 20.—Valor de las copias. Cuando las fotocopias solicitadas superen un número de cinco (5) hojas, el valor de cada fotocopia será de noventa pesos ($90,00 mcte.). Dicho valor deberá ser cancelado previamente por el interesado en la tesorería del Ministerio de Minas y Energía, o en la cuenta que para el efecto se maneja en el Banco de la República y el correspondiente recibo de consignación se utilizará para solicitar la expedición de las fotocopias respectivas. Este valor se actualizará de conformidad con el artículo 3º de la Ley 242 de 1995.
ART. 21.—Quejas y reclamos. De conformidad con la Ley 190 de 1995, toda persona tendrá derecho a presentar quejas o reclamos ante las entidades públicas o particulares que presten servicios públicos.
ART. 22.—Oficina de quejas y reclamos. La oficina de quejas y reclamos funcionará a través del área de participación ciudadana la cual cumplirá las funciones establecidas para dicha oficina en el artículo 8º del Decreto 2232 de 1995, reglamentario de la Ley 190 de 1995, a saber:
a) Las contempladas en los artículos 49, 53 y 54 de la Ley 190 de 1995;
— Organización de la entidad.
— Misión que cumple.
— Funciones, procesos y procedimientos según los manuales.
— Normatividad de la entidad.
— Informar sobre los contratos que celebre la entidad según las normas vigentes.
— Informar y orientar sobró la estructura y funciones generales del Estado.
ART. 23.—Centro de atención al ciudadano. El área de participación ciudadana, a través del centro de atención al ciudadano, estará encargada de recibir y tramitar las quejas y reclamos que formulen los ciudadanos por el funcionamiento de la entidad o por la acción u omisión de lo mismo y/o de sus funcionarios.
ART. 24.—Procedencia y contenido. Las quejas y reclamos se presentarán por escrito o verbalmente, mediante la línea de atención al ciudadano o por cualquier otro medio.
En relación con las quejas o reclamos éstas deberán contener los siguientes datos:
• Queja o reclamo y motivos en que se sustenta.
El funcionario responsable del centro de atención al ciudadano deberá diligenciar un formato para las quejas que se formulen verbalmente o a través de la línea telefónica, el cual contendrá como mínimo los datos especificados en el presente artículo.
ART. 25.—Trámite. Las quejas y reclamos serán recepcionadas por el centro de atención al ciudadano y registrada en el sistema por el centro de administración de documentos con los siguientes datos:
• Nombre del quejoso o reclamante.
• Fecha de recibo y hora.
• Naturaleza del asunto.
Una vez presentada la queja o reclamo, ya sea verbalmente, por escrito o mediante cualquier otro medio, el centro de atención al ciudadano determinará la dependencia a quien le corresponde resolver la queja o reclamo, lo incorporará en el texto y procederá a su remisión al centro de administración de documentos para su radicación. En todos los casos, el área de participación ciudadana deberá enviar copia al área de control interno disciplinario para lo de su competencia.
Las quejas y reclamos se distribuirán a más tardar dentro de las tres (3) horas siguientes a su radicación.
La dependencia competente deberá investigar la queja o reclamo e implementar los correctivos que sean necesarios.
ART. 26.—Término. Las quejas y reclamos se deberán resolver dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recibo, excepto aquellas que requieran del adelantamiento de un proceso disciplinario, caso en el cual, se atenderán los términos previstos en la ley.
En este último evento se informará al quejoso, del envío de su comunicación a la oficina de control interno disciplinario, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recibo.
ART. 27.—Presentación de informes. La secretaría general de este ministerio presentará al Ministro de Minas y Energía un informe trimestral sobre el comportamiento de la entidad frente a las quejas y reclamos, los servicios sobre los que se presenta el mayor número de quejas y reclamos y las principales recomendaciones sugeridas por los particulares que tengan por objeto mejorar el servicio de la entidad.
ART. 28.—Participación ciudadana y comunitaria. La participación ciudadana y comunitaria es un derecho de todas las personas a plantear y exigir que sus iniciativas tengan los resultados esperados, no es un modelo representativo y por lo tanto exige participación directa de los ciudadanos y la comunidad en las diferentes instancias de toma de decisiones, control y vigilancia dentro de la gestión del Ministerio, sin detrimento de la autonomía que le es propia.
En el ejercicio del derecho da la participación ciudadana y comunitaria no se podrá adelantar, suspender, atrasar o entorpecer la expedición de ningún acto administrativo.
ART. 29.—Participación en la contratación. Las asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas, o de utilidad común, podrán denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares con funciones públicas que constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de contratación en este ministerio. Para tal efecto, podrán solicitar a las dependencias pertinentes el suministro oportuno de la documentación e información que requieran, excepto cuando se trate de documentos amparados con reserva legal.
ART. 30.—Veedurías. De conformidad con el artículo 100 de la Ley 134 de 1994 las organizaciones civiles podrán organizar veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional o territorial, con el fin de vigilar la gestión pública que se adelante y los resultados de la misma.
ART. 31.—Audiencias. Cuando en ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana se solicite ante el Ministerio la celebración de audiencias públicas de conformidad con la ley, el área de participación ciudadana recepcionará la petición y la remitirá a la dependencia competente para que ésta se encargue de determinar su viabilidad jurídica y su pertinencia. En caso de acceder a la audiencia, la respectiva dependencia definirá lo relacionado con los asistentes a la misma, la forma de citarlos, fecha y hora, y lugar en que se llevará a cabo, e informará al solicitante sobre el particular. La dependencia encargada de llevar a cabo la audiencia, dejará constancia de su celebración mediante acta firmada por todos los asistentes o por los representantes de las personas naturales o jurídicas que participen o mediante una ayuda de memoria.
ART. 32.—Representación. Quien pretenda actuar ante el ministerio en nombre de una asociación cívica, comunitaria, de profesionales, benéficas o de utilidad común deberá acreditar previamente su existencia y representación legal por medio de la documentación respectiva.
ART. 33.—Horario de atención. El horario de atención al público es de lunes a viernes desde las 8 a.m. hasta las 4.50 p.m.
ART. 34.—Remisión. Lo no previsto en la presente resolución se regirá por lo dispuesto así el Código Contencioso Administrativo y en las demás normas que lo modifiquen o adicionen, así como también en lo previsto en las normas que reglamenten el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.
ART. 35.—Reglamento. El área de gestión humana deberá dar a conocer a los funcionarios del Ministerio el presente reglamento y en coordinación con la oficina asesora jurídica y el área de participación ciudadana capacitarán a los funcionarios en la aplicación de mismo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su expedición.
ART. 36.—Seguimiento. Cuando de la respuesta a un derecho de petición reglamentado en la presente resolución, resulte una obligación de hacer o no hacer para el Ministerio de Minas y Energía, el área de participación ciudadana efectuará el seguimiento a estas acciones.
Para el efecto, la dependencia responsable de la obligación deberá informar a dicha área sobre el cumplimiento de la misma.
ART. 37.—Informes. El área de participación ciudadana deberá rendir mensualmente un informe estadístico a la secretaria general del Ministerio de Minas y Energía sobre el número de peticiones, quejas y reclamos de que trata la presente resolución que se hayan interpuesto ante el ministerio, así como también de su respuesta y de las acciones que se han tomado para su cumplimiento. Así mismo, el área de participación ciudadana enviará un informe mensual de los resultados de la gestión de seguimiento de que trata el artículo 10 de la presente resolución, dirigido al mismo despacho.
ART. 38.—Vigencia y derogatorias. La presente resolución comenzará a regir diez (10) días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial, previa revisión y aprobación de la Procuraduría General de la Nación y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias en especial la Resolución 81274 del 6 de julio de 1998.
Dada en Bogotá, D.C., a 19 de septiembre de 2001.