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Timestamp: 2018-08-18 04:51:33
Document Index: 279522130

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 69', 'artículo 73', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 73']

﻿ SENTENCIA 5229 DE AGOSTO 4 DE 1993
SENTENCIA 5229 DE 04 DE AGOSTO DE 1993
CONTENIDO:REVOCACIÓN DE NOMBRAMIENTOS, CONSENTIMIENTO DEL NOMINADO
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PROCESO ADMINISTRATIVO, ISS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:262 DE OCTUBRE DE 1993, PÁG.972
Sentencia 5229 de agosto 4 de 1993
CONSENTIMIENTO DEL NOMINADO
EXTRACTOS: «Del análisis del acervo probatorio allegado al expediente, se establece lo siguiente:
1. El Instituto de Seguros Sociales, seccional Valle del Cauca, en fecha que no aparece consignada en el respectivo escrito, produjo una información acerca de varios concursos que se efectuaron en orden a proveer cargos de carrera en esa sec-cional, entre ellos el de tesorero jefe de sección y el de jefe de la división de seguros económicos, cargo este último para cuyo desempeño se exigía además de título profesional, acreditar tres años de experiencia profesional en funciones relacionadas con el cargo, tales como mercadeo o facturación y recaudo o actuaria o sistemas de información o liquidación y pagos de prestaciones económicas (fls. 40 y 41 cdno. Nº 2).
2. El demandante en comunicación fechada el 16 de octubre de 1984, dirigida a la sección de selección de personal, expresó:
“De conformidad a su aviso clasificado publicado en el diario El País el día dos de los corrientes y relacionado con el cargo de tesorero jefe de sección, comedidamente me permito manifestar a ustedes mi interés en aplicar a dicha posición” (fl. 53 cdno. Nº 2).
3. No obstante la claridad de la anterior petición, el nombre del actor apareció relacionado en la lista obrante a folios 46 y 47 del cdno. Nº 2, como aspirante al cargo de jefe de la división de seguros económicos.
4. En la convocatoria efectuada por el comité de selección, a quienes se inscribieron para concursar para desempeñar el mencionado cargo, además de señalarse las funciones que le eran propias y el nombre de los inscritos, entre ellos el del accionante, se consignaron los requisitos mínimos para acceder a él: título profesional y 3 años de experiencia profesional en el desempeño de funciones relacionadas con la administración de seguros (fls. 3 a 5 cdno. Nº 1).
5. Mediante Resolución Nº 4089 de 21 de noviembre de 1984 de la gerencia de la seccional Valle del Cauca del Instituto de Seguros Sociales se estableció, en orden de méritos, la lista de los elegibles, conformada por Guillermo Alberto Guzmán quien ocupó el primer puesto y Fernando Orozco Lloreda ubicado en el segundo escaño (fl. 8 cdno. Nº 1).
6. Con fundamento en lo anterior por medio de la Resolución Nº 4090 de ese mismo día 21 de noviembre de 1984, se nombró en período de prueba al demandante en el cargo de jefe de la división de seguros económicos nivel seccional, clase II, grado 37 (fl. 9 cdno. Nº 1), el que desempeñó hasta la expedición de la resolución objeto de impugnación por medio de la cual se revocó aquella designación, cuya parte considerativa reza:
“Que en octubre 8 de 1984, el doctor Guiller-mo Alberto Guzmán Rodríguez, se dirigió por escrito a la sección de selección de personal del ISS —Valle— manifestando su deseo de concursar para el cargo de tesorero, jefe de sección, adjuntando su hoja de vida;
A pesar de que la solicitud del doctor Guzmán Rodríguez hace referencia expresa a aplicar para el cargo tesorero, jefe de sección, en el archivo en que reposan los documentos relacionados con ese concurso, no se acredita su participación en él e inexplicablemente aparece concursando para el cargo de jefe de división de seguros económicos, cuando no hay constancia alguna de que haya aplicado para dicho cargo;
Que hecha posteriormente por la doctora Beatriz Eugenia Uribe, jefe de la sección de selección de personal del nivel nacional, la calificación de la hoja de vida que presentó el doctor Guzmán Rodríguez para efectos del concurso, a la luz de las normas legales vigentes, se llegó a la conclusión de que no reunía en la época en que se rea-lizó el concurso, los requisitos exigidos para el desempeño del cargo de jefe de división de seguros económicos por cuanto la experiencia acreditada no es la relacionada con la administración de seguros;
Que a pesar de las irregularidades advertidas en el proceso de selección, la gerencia del ISS - seccional Valle mediante Resolución Número 4090 de noviembre 21 de 1984, procedió a nombrar en período de prueba al doctor Guillermo Alberto Guzmán Rodríguez, como jefe de la división de seguros económicos nivel seccional, clase II —grado 37— jornada completa;
Que conforme a lo previsto en los literales c) y d) del artículo 52 del Decreto 413 de 1980, es procedente la revocatoria de un nombramiento cuando no se hayan cumplido los requisitos para la selección, nombramiento y posesión establecidos en ese decreto y en las demás normas vigentes y cuando la designación recaiga en una persona que no reúna las calidades exigidas para el desempeño del cargo y los demás requisitos establecidos en el mismo;
Que de acuerdo a los artículos 71 y 73 del Código Contencioso Administrativo, la revocación directa de un acto administrativo podrá cumplirse en cualquier tiempo y sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, cuando se den las causales previstas en su artículo 69 o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales”.
Fluye de lo anterior que por error imputable a la administración, que bien puede calificarse de inexplicable, como se hizo en la resolución enjuiciada, el actor, de quien no se demostró intervención alguna en tal determinación, participó en el concurso para proveer el cargo de jefe de la división de seguros económicos, que por haber obtenido el primer puesto entre los concursantes fue nombrado en dicho empleo, que el Instituto al percatarse de su yerro decidió revocar aquella designación sin el consentimiento del demandante, aduciendo que el acto ocurrió por medios ilegales.
El artículo 73 del Código Contencioso Administrativo dispone que cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, salvo cuando resulte de la aplicación del silencio administrativo positivo y se den las causales previstas en el art. 60 ibídem, o si fuere evidente que ocurrió por medios ilegales.
En el sub lite la administración calificó como medios ilegales sus propias equivocaciones, en las que se incurrió sin la intervención del demandante, o por lo menos ello no se probó, por lo que resulta improcedente apoyarse en lo dispuesto en el artículo mencionado del Código Contencioso Administrativo, para revocar la resolución acusada, toda vez que en sus mandatos aparece implícita la noción de actuaciones y maniobras ilegítimas que vician la voluntad administrativa, maniobras que sólo pueden generar consecuencias negativas al administrado, cuando provienen de éste.
Si el Instituto advirtió su propio error y pretendía hacer desaparecer del ámbito jurídico a través de la revocación directa la designación recaída sobre el demandante, debió obtener su asentimiento a ese efecto o acudir ante esta jurisdicción a fin de obtener su infirmación.
Mas no le era dable revocarla en la forma en que lo hizo, porque no era palpable que la situación jurídica surgida en favor de aquél, obedeciera al empleo por parte suya de medios torticeros, ya que sólo entonces podría afirmarse que el derecho nacido en su favor no merece protección.
Este criterio ha sido sostenido por la Sala, entre otros fallos, en el fechado el 22 de septiembre de 1992, exp. Nº 2098, actor Asociación de Marinos, Profesionales, Asomar, Consejera Ponente, Dra. Dolly Pedraza de Arenas, en el cual se transcribieron unos apartes de la sentencia fechada el 6 de mayo de 1992, exp. Nº 4260, actor: Héctor Corrales Gómez, Magistrada Ponente: Dra. Clara Forero de Castro, cuyo tenor literal es el siguiente:
“De manera pues, que si para lograr la expedición de un acto administrativo que reconoce un derecho individual se ha hecho uso de medios ilegales, el derecho no es digno de protección y en ese caso opera el mandato contenido en el artículo 69 del C.C.A., según el cual “Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores...” porque indudablemente se da la primera de las causales que dan lugar a la revocatoria directa. A juicio de la Sala, esta interpretación consulta los principios constitucionales y además constituye una especie de sanción para quienes recurren a medios ilegales para obtener derechos.
Obviamente sólo en el caso de los actos provenientes del silencio administrativo positivo, cuando se dan las causales contempladas en el artículo 69 del CCA y cuando el titular del derecho se ha valido de medios ilegales para obtener el acto, puede revocarse directamente sin su consentimiento expreso y escrito; no cabe este proceder, cuando la administración simplemente ha incurrido en error de hecho o de derecho, sin que tenga en ello participación el titular del derecho. En ese caso, estará obligada a demandar su propio acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para revocarlo”.
Como ni en el acto acusado ni en autos se demostró que el accionante hubiera utilizado medios ilegales para obtener la decisión administrativa a su favor, aparece claro que la resolución demandada contraría el artículo 73 del CCA, por lo cual se impone la confirmación de la sentencia apelada».
(Sentencia de agosto 4 de 1993. Expediente 5229. Consejero Ponente: Dr. Diego Younes Moreno).