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Timestamp: 2018-11-16 14:18:29
Document Index: 335489267

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﻿ LOS MÁXIMOS RESPONSABLES
CONTENIDO:LA EXPRESIÓN “MÁXIMOS RESPONSABLES” HA SIDO OBJETO DE DESARROLLO POR PARTE DEL DERECHO INTERNACIONAL PENAL. ESTA CATEGORÍA, CUYO COMETIDO ES SELECCIONAR A QUIENES OSTENTEN DICHO ESTATUS COMO DESTINATARIOS DE LA PERSECUCIÓN PENAL INTERNACIONAL, SE HA INCORPORADO EN EL DERECHO PENAL NACIONAL. ESTO, DESDE LUEGO, PONE SOBRE EL TAPETE DE LA DISCUSIÓN NO SOLO LA “IMPORTACIÓN” DE CRITERIOS JURÍDICOS INTERNACIONALES, SINO TAMBIÉN LA COMPATIBILIDAD O NO DE LAS ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO PENAL INTERNACIONAL, JURISDICCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, CORTE PENAL INTERNACIONAL, AUTOR DEL DELITO, AUTOR MEDIATO DEL DELITO
TÍTULO:LOS MÁXIMOS RESPONSABLES
AUTOR:CHRISTIAN WOLFFHÜGEL Y JUAN PABLO SIERRA
TEMAS GENÉRICOS:ACTO LEGISLATIVO 1 DEL 2012CORTE PENAL INTERNACIONALEMPRESA CRIMINAL CONJUNTAESTRATEGIA DE LA FISCALÍAMÁXIMOS RESPONSABLES.
REVISTA DERECHO PENAL N°:47, ABR.-JUN./2014, PÁGS. 5-35
Los “máximos responsables”
Abogado. Magíster en Derecho. Candidato a Doctor en Derecho Penal de la Università degli studi, Roma Tre (Italia). Profesor de la Universidad Sergio Arboleda (Bogotá, Colombia)
Abogado. Especialista en Derecho Penal. Auxiliar de investigación y profesor asistente de la Universidad Sergio Arboleda (Bogotá, Colombia)
La expresión “máximos responsables” ha sido objeto de desarrollo por parte del Derecho Internacional Penal. Esta categoría, cuyo cometido es seleccionar a quienes ostenten dicho estatus como destinatarios de la persecución penal internacional, se ha incorporado en el Derecho Penal nacional. Esto, desde luego, pone sobre el tapete de la discusión no solo la “importación” de criterios jurídicos internacionales, sino también la compatibilidad o no de las estrategias de investigación penal a nivel nacional e internacional.
Acto Legislativo 1 del 2012; Corte Penal Internacional; empresa criminal conjunta; estrategia de la Fiscalía; máximos responsables.
Con ocasión de la expedición de la Directiva 1 del 2012, la Fiscalía General de la Nación adoptó un conjunto de criterios de cara a introducir la priorización de situaciones y casos(1) con el fin de adoptar un nuevo sistema de investigación penal(2).
En este sentido, ha enunciado un criterio central a partir de la caracterización del victimario(3), concretamente, a través del concepto de “mayores responsables”(4) como pauta enderezada a priorizar las investigaciones penales dentro del ordenamiento jurídico nacional(5).
En esta línea de argumentación, este documento establece como fundamentos de dicha postura la política y la estrategia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional(6). Es más, entiende que estas no riñen con los instrumentos de protección de derechos humanos, por lo que la priorización de casos por parte de la justicia doméstica es admisible, siempre que no se trate de dejar de investigar hechos de naturaleza penal(7).
Aunado a ello, el Acto Legislativo 1 del 2012, por medio del cual se estableció el marco jurídico para la paz, que también emplea el término “máximos responsables”, se fundamentó, tal como lo señalan diversas ponencias(8), en referentes del Derecho Internacional Penal(9). Por ejemplo, se alude a la estrategia de persecución de la Corte Penal Internacional(10) (en adelante CPI) como base del mismo.
Así, es palmario el influjo de la política y de la estrategia de la Fiscalía de la CPI, tanto en la directiva, como en el acto legislativo antes señalados.
De esta manera, es necesario emprender un análisis, en el ámbito del Derecho Internacional Penal, del término “máximos responsables” y de su compatibilidad o no con los sistemas jurídicos domésticos.
2. La genealogía del criterio “máximos responsables”
Esta pauta encuentra prolijo desarrollo a partir de las actuaciones de la Fiscalía en los tribunales internacionales ad hoc, sin olvidar, desde luego, algunas puntadas anteriores(11).
Ahora bien, en relación con el Estatuto del Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia (en adelante TIPY)(12). Se dice que el artículo primero contiene implícitamente el concepto de “máximos responsables”(13). Por el contrario, también se afirma que dicha pauta no tiene tal asidero en dicha norma, de forma tal que pudiera limitar la jurisdicción del TIPY(14).
Así pues, en los inicios de este tribunal no se presentó una línea clara en la determinación de este concepto, lo que precisamente dio lugar a la crítica por parte de los jueces(15) y se manifestó, así mismo, en los primeros juicios en contra de autores de bajo nivel(16), tal como lo demuestran los procesos realizados en contra de Željko Mejakić, Momĉilo Gruban, Dušan Fuštar y Duško Knežević(17), Miroslav Kvoćka, Dragoljub Prcać, Milojica Kos, Mlađo Radić y Zoran Žigić(18).
Fue entonces que, solo a partir de 1995, la Fiscalía del TIPY incorporó criterios a través de los cuales el estatus del acusado se erigió en una regla para la selección de los casos(19). En efecto, se establecieron características como la posición jerárquica, la condición de líder político, militar, paramilitar o civil, la nacionalidad, la participación en las decisiones, la notoria responsabilidad por hechos particularmente graves, etc.(20).
Luego, en junio del 2000, la presidenta del TIPY presentó un reporte al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el objetivo de establecer estrategias frente a los primeros juicios en el año 2007(21). Basándose en dicho reporte, el Consejo de Seguridad emitió la Resolución 1329 del 2000, por medio de la cual estableció la necesidad de investigar, con preferencia, a los responsables que fueren líderes militares, paramilitares y civiles respecto de actores menores, con lo cual se podían remitir diversas actuaciones a las autoridades nacionales(22).
Además, de la mano de ulteriores resoluciones, se reafirmó la estrategia global del TIPY(23), a cuyo efecto se indicó la necesidad de concentrar todo el trabajo en la investigación y el juzgamiento de los líderes militares y civiles.
Ahora bien, la aplicación de este criterio de selección obedeció, en primer lugar, al carácter temporal y limitado del TIPY, así como, en segundo lugar, en virtud de la concurrencia de competencias existentes entre este tribunal internacional y la jurisdicción nacional de Bosnia y Herzegovina, respectivamente(24).
En otras palabras, la utilización de esta pauta se centró en juzgar a los mayores responsables de los crímenes cometidos en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991; desde luego, los demás casos debían ser conocidos por las autoridades nacionales de Bosnia y Herzegovina, no se trató, por supuesto, del abandono de la persecución penal en relación con los autores de bajo nivel. Prueba de lo anterior es la Resolución 1534 del 2004 del Consejo de Seguridad, así como la redacción final de la regla 11bis de las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Además, a través de la resolución en comento, el Consejo de Seguridad ejerció un control en relación con las actividades de este tribunal(25), de forma tal que obligó al fiscal del TIPY a seleccionar únicamente a las personas señaladas de ser los mayores responsables(26).
En esta línea de pensamiento, de acuerdo con la regla 11bis, literal (c), para determinar si un caso debe ser conocido por el TIPY o, por el contrario, ser referido a la jurisdicción nacional(27), es necesario considerar, de un lado, la gravedad de los crímenes —al tenor de la Res. 1534 del Consejo de Seguridad— y, de otro, el nivel de responsabilidad del acusado(28).
A la luz de lo dicho, se evidencia que la utilización del criterio de “máximos responsables” al interior del TIPY constituye un mecanismo dispuesto a cumplir con los objetivos temporales de este tribunal. De ninguna parte se deriva la posibilidad de aplicar este estándar en los ámbitos nacionales; de hecho, el TIPY parte de la base de que cualquier caso no conocido por este debe ser objeto de investigación y juzgamiento por parte de las autoridades nacionales correspondientes.
Por su parte, el Tribunal Internacional Penal para Ruanda (en adelante, TIPR) ha llevado a cabo un desarrollo similar al del TIPY, máxime si se tiene en cuenta que su jurisdicción es también temporal: se investiga y juzga a personas responsables por graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas en Ruanda y sus Estados vecinos en 1994(29).
Ahora bien, en lo que respecta a este tribunal, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció un conjunto de limitaciones a través de las resoluciones 1503 del 2003(30) y 1534 del 2004(31). Lo anterior, aunado a la regla 11bis del Estatuto del TIPR, permitió a la Fiscalía transferir numerosos casos que no cumplían con el estándar de “máximos responsables” —amén de otros criterios— a la jurisdicción nacional(32).
A partir de esta estrategia, el TIPR investigó, juzgó y condenó, entre otros, a líderes de partidos políticos(33), ministros(34) y alcaldes(35). Con todo, se debe agregar que, como ha sucedido en relación con el TIPY, los criterios para seleccionar los casos tenían asidero en la jurisdicción temporal de dichos tribunales ad hoc(36).
Finalmente, debe recalcarse la forma en que el Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona, en su artículo 1º, y el Acuerdo para el Establecimiento de Cortes Extraordinarias en Camboya contemplan como limitante jurisdiccional(37) —no como un criterio de selección— la investigación y enjuiciamiento de los mayores responsables.
3. Los máximos responsables a la luz la estrategia de la Fiscalía de la CPI
Con el propósito de elucidar el criterio de los “máximos responsables” en el ámbito de la CPI, es menester partir de un presupuesto ineluctable: la CPI ejerce su jurisdicción de manera complementaria frente a las jurisdicciones nacionales(38), por lo cual no las reemplaza sino que las complementa(39).
De esta manera, el empleo de dicha categoría por parte de la Fiscalía de la CPI y por la propia Corte obedece a la naturaleza y a los fines de esta jurisdicción, los cuales, sea como fuere, son bien distintos a los de los sistemas judiciales nacionales, por lo que su “importación” resulta, per se, problemática.
Si se miran con detenimiento la naturaleza y los objetivos de la CPI como tribunal penal internacional, el principio de complementariedad, así como la limitada capacidad de la misma, es posible comprender la existencia de criterios de selección y de priorización como estrategia discrecional de la Fiscalía de la CPI(40).
Ahora bien, al tenor de la regla 14 de las Regulaciones de la Fiscalía de la CPI, esta puede hacer uso de diversos policy papers que reflejan los principios y criterios inherentes a sus actividades de investigación.
Al respecto se han elaborado diferentes policy papers relacionados con temas específicos, vale decir, intereses de la justicia(41), participación de víctimas(42) y exámenes preliminares(43). Además, se encuentran tres documentos oficiales de la Fiscalía de la CPI, de especial interés en lo que se refiere al asunto objeto de análisis en este estudio: (i) Estrategia 2006-2009(44); (ii) Estrategia 2009-2012(45), y (iii) Estrategia 2012-2015(46).
Estos documentos, desde luego, reflejan los objetivos estratégicos de la Fiscalía de la CPI en un periodo de tiempo determinado, con el fin de generar más claridad y transparencia en sus actuaciones frente a la comunidad internacional(47).
A partir de estos referentes se observa, en primer lugar, que la estrategia de la Fiscalía de la CPI en sus primeros diez años ha sido la de realizar investigaciones enfocadas (focused investigations). Así, este organismo ha direccionado sus fuerzas hacia los crímenes más graves y en relación con las personas que tienen mayor responsabilidad penal(48); en efecto, se investiga a quienes están situados en los más altos escalones de la actividad criminal, esto es, a quienes ordenan, financian o de cualquier otra manera organizan los crímenes cometidos(49).
En segundo lugar, ha habido un enfoque dirigido a aplicar la complementariedad positiva(50), conforme con la cual si se indaga a los “máximos responsables”, se debe impulsar a los sistemas judiciales domésticos para que investiguen y juzguen a aquellos que no revisten esta condición(51).
Por ello, se puede decir que el estándar “máximos responsables” se aplica de la mano del principio de complementariedad positiva, con lo que resulta aún más compleja su “importación” y, de contera, su adaptación a los sistemas judiciales nacionales.
Al respecto, paradigmática es la situación de Kenia(52). A partir del año 2008, la Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar(53). En julio del 2009, el fiscal de la CPI llevó a cabo una reunión con una delegación del gobierno keniano en la que el último se comprometió a establecer un mecanismo judicial para investigar y juzgar a los responsables de la violencia post-electoral del año 2008(54).
Como consecuencia de dicho acuerdo, la Fiscalía de la CPI recibió informes de la Fiscalía de Kenia con ocasión de los hechos sucedidos, así como de la Comisión de Investigación sobre la violencia post-electoral en Kenia (Comisión Waki)(55).
Luego de diversas conversaciones con el gobierno de Kenia, la Fiscalía de la CPI propuso una solución de tres aristas: (i) La CPI se encargaría de enjuiciar a los máximos responsables; (ii) a su vez, la jurisdicción de Kenia investigaría a los demás responsables, y (iii) se crearía una Comisión de justicia, verdad y reconciliación(56).
No obstante lo anterior, el parlamento keniano no aprobó la creación de un tribunal especial, razón por la cual el gobierno de este país no remitió la situación a la CPI. Como consecuencia, motu proprio la Fiscalía de la CPI solicitó autorización para la apertura de una investigación formal en relación con la situación de Kenia, tal como sucedió el 26 de noviembre del 2009(57).
Igualmente, en lo relativo a la investigación enfocada, debe ubicarse la decisión sobre autorización para la apertura de una investigación en Costa de Marfil(58). Además, vale la pena destacar el informe presentado por la Fiscalía de la CPI, en noviembre del 2012, acerca del examen preliminar(59) sobre Colombia(60).
Al respecto, se dijo que: “el principal objeto de análisis y de la interacción de la Fiscalía con las autoridades colombianas ha sido asegurarse de que estas han dado prioridad a los procedimientos emprendidos contra quienes parecen ser los máximos responsables de los crímenes más graves y de que dichos procedimientos sean genuinos”(61).
Por supuesto, los anteriores ejemplos demuestran la utilización de la estrategia diseñada por la Fiscalía de la CPI desde el año 2006. Sin embargo, ello no significa que un estudio limitado a los “casos potenciales”(62) por parte de este ente en relación con Colombia entregue patente de corso al Estado para dejar de investigar a los demás responsables de los delitos cometidos.
Desde luego, se debe diferenciar, por una parte, la posibilidad de seleccionar y priorizar investigaciones por parte de la Fiscalía de la CPI —que, se insiste, es una jurisdicción internacional penal complementaria, en todo caso, distinta de las jurisdicciones domésticas— y, por otra, la obligación en cabeza del Estado colombiano de investigar a los responsables, sean quienes fueren, de la comisión de crímenes internacionales.
En este mismo sentido, la actual fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, mediante comunicación dirigida a la Corte Constitucional(63) —con ocasión del estudio de constitucionalidad del A. L. 1/2012—, señaló que el mandato de la CPI difiere de manera significativa de aquel señalado para los sistemas judiciales internos, de suerte que la jurisdicción de la CPI se limita a los crímenes más graves y, dentro de esa jurisdicción, la Fiscalía de la CPI adopta una política de investigar y procesar a aquellos que tengan la mayor responsabilidad(64).
En esa dirección argumentativa, aclaró que la estrategia de la Fiscalía de la CPI no debe considerarse como una guía para interpretar las directrices en materia de las obligaciones jurisdiccionales internas de cara a la investigación y el juzgamiento de crímenes internacionales; además, recordó que es obligación de cada Estado ejercer su jurisdicción penal sobre aquellos responsables de crímenes internacionales y que se debe garantizar su eficaz enjuiciamiento a través de medidas a nivel interno y mediante el incremento de la cooperación internacional(65).
Igualmente, es menester señalar que la reciente estrategia 2013-2015(66) presenta un viraje en relación con las anteriores(67), en el sentido de reemplazar la noción de investigación enfocada (focus investigation) por el principio de profundidad en las investigaciones abiertas (in-depth, open ended investigations)(68).
En efecto, en la nueva estrategia se acepta la posibilidad de que se investigue a los autores de rangos medio y alto para obtener una alta probabilidad de condena sobre los más responsables(69).
Asimismo, recuerda que el enfoque de investigación dirigido a la persecución de los “máximos responsables” responde a los desafíos de un tribunal internacional(70).
4. La jurisprudencia de la Corte Penal Internacional: los “máximos responsables”
Algunas decisiones de la CPI se han ocupado, desde una óptica particular, de elucidar el estándar de los “máximos responsables”. A propósito, es interesante el debate que se dio entre la Sala de Cuestiones Preliminares I y la Sala de Apelaciones(71).
El centro de este debate giró en torno a la solicitud de la orden de arresto en contra de Thomas Lubanga Dyilo y de Bosco Ntaganda(72). En este caso, el primero era el fundador y jefe militar de la Unión Patriótica Congoleña, mientras que el segundo, el jefe adjunto del Estado Mayor y comandante de las operaciones del mismo grupo militar(73).
Ahora bien, frente a la solicitud de orden de arresto, la Sala de Cuestiones Preliminares I emitió la misma en contra de Thomas Lubanga Dyilo y, al mismo tiempo, negó la de Ntaganda(74).
El fundamento de dicha decisión está en que la Sala de Cuestiones Preliminares I entendió que, de acuerdo con el umbral de gravedad del artículo 17 del Estatuto de Roma —relativo a la admisibilidad de una situación o caso ante la CPI(75)—, solo se debe investigar y juzgar a los líderes más importantes(76). Así, a través del juzgamiento de los líderes, la CPI podría maximizar el mensaje disuasorio frente a la comunidad internacional(77).
No obstante, dicha decisión fue apelada y luego revocada por parte de la Sala de Apelaciones(78). En efecto, dentro de los argumentos vertidos por parte del ad quem, se debe destacar que esta restricción, relativa a la representatividad del responsable, puede desvirtuar la misión de disuasión y de prevención de la CPI, al crear una nueva categoría de autores que, per se, se excluirían de la jurisdicción de la Corte(79).
De esta forma, no es categórico, ni siquiera en el ámbito de la jurisdicción de la CPI, el criterio de los “máximos responsables” como pauta para limitar la jurisdicción de la Corte(80).
Adicionalmente, vale la pena traer a colación algunos pronunciamientos de las Salas de Cuestiones Preliminares, a propósito del análisis relativo a la autorización para la apertura de una investigación(81), que aluden implícitamente a este estándar.
En tratándose del análisis de la admisibilidad de una situación(82), se ha dicho que el mismo no puede llevarse a cabo en abstracto; por el contrario, acorde con una interpretación contextual del Estatuto de Roma(83), el estudio acerca de la admisibilidad en este escenario pre-procesal no debe dirigirse a una situación general, sino a “casos potenciales”(84).
En este sentido, el “caso potencial” está determinado por el grupo de personas, de mayor responsabilidad, que pueden ser objeto de una investigación(85); al hilo de lo dicho, algunas decisiones reconocen el criterio de “máximos responsables” como parámetro para seleccionar los casos que pueden ser objeto de investigación y juzgamiento.
5. Los “máximos responsables” y la Directiva de la Fiscalía General de la Nación
Acorde con esta Directiva, el concepto “máximos responsables” se manifiesta en dos formas: (i) aquella referida a quien, dentro de la estructura de mando y control de la organización delictiva, sabía o podía prever razonablemente la perpetración de crímenes en desarrollo de la ejecución de los planes operativos; y (ii) aquella que, de manera excepcional, incluye a quienes han cometido delitos particularmente notorios con independencia de la posición que ocupen en la organización delictiva(86).
Respecto de la noción esbozada en precedencia, se observa, de una parte, la posición del perpetrador como criterio de especial relevancia. Sin embargo, llama la atención el elemento subjetivo que se incorpora, al tenor del cual, el autor “podía prever razonablemente la perpetración de crímenes”. Este criterio, vale la pena anotar, no está previsto en el Código Penal, ni en lo que atañe al dolo, ni en lo que respecta al concurso de personas en el delito.
La pregunta que surge es: ¿de dónde extrae la Fiscalía este estándar? Todo indica que se trata de la figura de la joint criminal enterprise (empresa criminal conjunta) en su manifestación extendida, elaborada por el TIPY.
En efecto, el TIPY fundamenta la responsabilidad penal de quienes intervienen en la comisión de un crimen, a través del concepto de la empresa criminal conjunta(87). En este sentido, se afirma que la mayoría de estos crímenes constituyen manifestaciones de criminalidad colectiva: son cometidos, con frecuencia, por grupos o por individuos que actúan en cumplimiento de un designo común criminal(88).
Así, el TIPY edificó tres categorías derivadas de la empresa criminal conjunta: la primera, denominada básica, se caracteriza porque los intervinientes actúan sobre la base de un designio o iniciativa común(89); la segunda, llamada sistemática, abarca los conocidos casos de los campos de concentración(90) y, finalmente, la tercera, llamada extendida, en la cual alguno de los autores materiales toma parte en actos que, en realidad, van más allá o exceden el plan común, pero constituyen una consecuencia natural y previsible del mismo(91).
Esta última forma, en la cual el quid iuris es la previsibilidad de que el crimen pueda ser perpetrado por uno o más miembros del grupo(92), es donde parece encontrar asidero la tesis de la Fiscalía, cuando dice que: “quien dentro de la estructura de mando y control de la organización delictiva… podía prever razonablemente la perpetración de crímenes”.
Desde luego, la empresa criminal conjunta es una expresión de las teorías subjetivas en materia de la distinción entre autores y partícipes y, como se sabe, estas no tienen cabida en el Derecho Penal patrio(93), que se precia de ser un Derecho Penal de acto.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el segundo entendimiento de los “máximos responsables”, la Fiscalía propone un enfoque que no atiende a la posición de la persona, sino a la naturaleza del delito. Se trata del estándar de gravedad suficiente(94) contenido en el artículo 17 del Estatuto de Roma —que es diferente del concepto “máximos responsables”—, por cuya virtud la gravedad de delito y no la posición del victimario se erige en un criterio de admisibilidad de la situación o del caso.
Como se ve en esta última caracterización, la Directiva mezcla dos conceptos diferentes, aunque comunes, como pautas generales de selección en el marco de las decisiones de la CPI: los “máximos responsables” y el estándar de gravedad suficiente.
El criterio de los “máximos responsables” tiene claro asidero en el Derecho Internacional Penal; desde luego, los tribunales penales internacionales actúan de manera distinta a las jurisdicciones domésticas. Por ello, la “importación” de estrategias y categorías de los tribunales penales internacionales a los sistemas jurídicos y judiciales domésticos es un asunto de suma complejidad, en la medida en que no son modelos plenamente compatibles entre sí.
En efecto, mientras la CPI actúa de manera complementaria y a condición del cumplimiento de un conjunto de requisitos bien complejos, las jurisdicciones domésticas deben investigar y sancionar a los autores de los delitos que se cometan, máxime si se trata de crímenes internacionales.
Por ello, si bien es plausible la adopción de metodologías de investigación en el ámbito nacional, también lo es que las mismas se dirijan no solo hacia los máximos responsables, sino hacia los responsables de la comisión de delitos graves. No puede, en consecuencia, surgir la ultima ratio de la ultima ratio.
Finalmente, se debe mirar con mucha atención y cautela la adopción de categorías jurídicas como la empresa criminal conjunta, que tiene sustento en los tribunales ad hoc y no en nuestro Derecho Penal.
Acto Legislativo 1 del 2012, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
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Comunicación remitida a la Corte Constitucional con ocasión del estudio del Acto Legislativo 1 del 2012, de siete de agosto del 2013.
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CPI, SPI I. The Prosecutor vs. Thomas Lubanga Dyilo, judgment pursuant to article 74 of the statute, (ICC-01/04-01/06), 14-3-2012.
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Estatuto de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya.
Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona.
Estatuto del Tribunal Internacional Militar para el Lejano Oriente.
Estatuto del Tribunal Internacional Militar para Núremberg.
Estatuto Tribunal Internacional Penal para la Ex Yugoslavia.
Estatuto Tribunal Internacional Penal para Ruanda.
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(1) En el Derecho Internacional Penal, la situación está determinada por parámetros temporales y territoriales; a su vez, el caso se caracteriza porque uno o más presuntos responsables han sido identificados con el propósito de su eventual juzgamiento. Cfr. CPI, SCP I. Situation in the Democratic Republic of Congo, Decision on the Applications for Participation in the Proceedings (ICC- 01/04-101-etEN-Corr), enero 17, 2006, párr. 65.
(2) Ver: Fiscalía General de la Nación. Directiva 001 del 2012, por medio de la cual “se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquellos en la Fiscalía General de la Nación”, de octubre 4. Disponible en:http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2013/02/Directiva001.pdf (Consultado el 6 de noviembre del 2013).
(3) Ibíd., pp. 28 y 29.
(4) En la doctrina nacional, se empezó a emplear este término desde hace poco tiempo. Cfr. Wolffhügel G., Christian. El principio de complementariedad y la ley de justicia y paz: principales desafíos. En: Colección Estudios de Derecho Penal. n.º 2 (2011), Bogotá: Universidad Sergio Arboleda; pp. 71-72.
(5) Ver: Fiscalía General de la Nación, ob. cit., p. 29.
(6) Ibíd., pp. 11-13.
(7) Ibíd., p. 13.
(8) En tal sentido, véase: Gaceta del Congreso 95 del 2012. Ponencia en primer debate, en segunda vuelta, sobre el proyecto de Acto Legislativo 14 del 2011 Senado - 94 del 2011 Cámara. Cámara de Representantes, 23 de marzo del 2012; Gaceta del Congreso 783 del 2011. Ponencia en segundo debate sobre el proyecto de Acto Legislativo 14 del 2011 Senado - 94 del 2011 Cámara. Cámara de Representantes, 18 de octubre del 2011; Gaceta del Congreso 174 del 2012. Ponencia en segundo debate, en segunda vuelta, sobre el proyecto de Acto Legislativo 14 del 2011 Senado - 94 del 2011 Cámara. Cámara de Representantes, 24 de abril del 2012; Gaceta del Congreso 901 del 2011. Ponencia en primer debate sobre el proyecto de Acto Legislativo 14 del 2011 Senado - 94 del 2011 Cámara. Senado de la República, 28 de noviembre del 2011; Gaceta del Congreso 287 del 2012. Ponencia en primer debate, en segunda vuelta, sobre el proyecto de Acto Legislativo 14 del 2011 Senado - 94 del 2011 Cámara. Senado de la República, 30 de mayo del 2012; Gaceta del Congreso 948 del 2011. Ponencia en segundo debate sobre el proyecto de Acto Legislativo 14 del 2011 Senado - 94 del 2011 Cámara. Senado de la República, seis de diciembre del 2011; Gaceta del Congreso 342 del 2012. Ponencia en segundo debate, en segunda vuelta, sobre el proyecto de Acto Legislativo 14 del 2011 Senado - 94 del 2011 Cámara. Senado de la República, 11 de junio del 2012.
(9) La razón por la cual se habla de Derecho Internacional Penal se encuentra en Velásquez V., Fernando. ¿Hacia dónde va la justicia internacional penal? En: Presente y futuro de la justicia penal internacional. Memorias. n.º 1 (2011), Bogotá: Universidad Sergio Arboleda; pp. 10-11.
(10) Cfr. Gaceta del Congreso 342 del 2012, ob. cit.
(11) Cfr. artículos 1º y 6º del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para Núremberg, así como el artículo 1º del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente.
(12) El TIPY tenía una jurisdicción circunscrita al mandato dado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la Resolución 827 de 1993, adoptada bajo el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Cfr. Olásolo, Héctor. Corte Penal Internacional, ¿Dónde investigar? Especial referencia a la Fiscalía en el proceso de activación. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, pp. 191-198.
(13) Cfr. Cassese, Antonio. The ICTY: A living and vital reality. En: Journal of International Criminal Justice (2004); pp. 585-587. En contra de esta interpretación: Johnson, Larry. Ten years later: reflections on the drafting. En: Journal of International Criminal Justice (2004); pp. 368-369.
(14) Cfr. Angermaier, Claudia. Case Selection and Prioritization Criteria in the Work of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. En: Bergsmo, Morten (Edit.). Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases. En: Forum for International Criminal and Humanitarian Law, 2ª Ed., Publication Series n.º 4. Oslo: TorkelOpsahl Academic EPublisher, 2010, p. 28; Johnson, Larry, ob. cit., pp. 368-369.
(15) TIPY Press Release CC/PIO/003-E. The judges of the Tribunal for the Former Yugoslavia express their concern regarding the substance of their programme of judicial work for 1995, 1-2-1995. Disponible en: http://www.icty.org/sid/7251 (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(16) Cfr. Angermaier, Claudia, ob. cit., p. 28. En el mismo sentido, véase, TIPY Press Release CC/PIO/004-E. The International Tribunal for the Former Yugoslavia charges 21 Serbs with atrocities committed inside and outside the Omarska death camp, 15-2-1995. Disponible en: http://www.icty.org/sid/7250 (Consultado el 6 de noviembre del 2013).
(17) Željko Mejakic era el comandante del campo de concentración Omarska, el cual fue establecido por las fuerzas serbias en las afueras del pueblo de Omarska, aproximadamente a 20 kilómetros del pueblo de Prijedor, en el norte de Bosnia y Herzegovina. Momcilo Gruban era guardia del comandante de este campo de concentración. Dušan Fuštar era el jefe de la guardia en el campo de concentración; TIPY, SA, The Prosecutor vs. Mejakic et al (Omarska and Keraterm Camps). Decision on Joint Defense Appeal against Decision on Referral under Rule 11bis (IT-02-65-AR11bis.1), 7 de abril del 2006.
(18) Miroslav Kvocka era un policía adjunto en la estación de policía de Omarska. Dragoljub Prcac era un policía retirado y técnico criminalista en esta estación. Milojica Kos era el líder de la guardia en el campo de concentración de Omarska. Mlado Radic era policía profesional adjunto en la estación de policía de Omarska. Finalmente, Zoran Žigic era un conductor de taxi movilizado para servir como reserva en la oficina de la policía en esta población. Cfr. TIPY, SA. The Prosecutor vs. Kvocka et al. (Omarska, Keraterm & Trnopolje Camps). Appel Judgement (IT-98-30/1-A), 28 de febrero de 2005.
(19) Cfr. Bergsmo, Morten; Helvig, Kjetil; Utmelidze, Ilia & Zagovec, Gorana. The blacklog of core international crimes case files in Bosnia and Herzegovina. En: Forum for International Criminal and Humanitarian Law, 2ª Ed., Publication Series n.º 4. Oslo: TorkelOpsahl Academic EPublishe, 2010, p. 98.
(20) Estos criterios se revisaron, por segunda vez, en 1998. Ibíd.
(21) Cfr. ONU, Consejo de Seguridad, Press Release SC/6879. President of International Tribunal for the Former Yugoslavia Briefs Security Council, asks for change in Court’s Statute, 20 de junio del 2000. Disponible en: http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000620.sc6879.doc.html (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(22) Cfr. ONU, Consejo de Seguridad. Resolución 1329 del 2000. UN doc. S/RES/1329 (2000), 5 de diciembre del 2000. En el mismo sentido: Angermaier, Claudia, ob. cit., pp. 36-37.
(23) Cfr. ONU, Consejo de Seguridad. Resolución 1503 del 2003. UN doc. S/Res/1503 (2003), 28 de agosto del 2003; ONU, Consejo de Seguridad. Resolución 1534 del 2004. UN doc. S/RES/1534 (2004), 26 de marzo del 2004.
(24) Cfr. Wolffhügel G., Christian, ob. cit., p. 37.
(25) Cfr. Angermaier, Claudia, ob. cit., pp. 36-37.
(26) De esta forma, la regla 11 bisjunto a regla 28(A) RPP del TIPY establecieron un control judicial previo respecto a la selección de los casos.
(27) Ello en aplicación del artículo 9º del Estatuto del TIPY, que afirma que el tribunal y las jurisdicciones nacionales son simultáneamente competentes para juzgar a los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario (lo que se ha denominado, competencias concurrentes). Cfr. Wolffhügel G., Christian, ob. cit., p. 37.
(28) Para demostrar la utilización de dicho control judicial, véase TIPY. The Prosecutor v. Ademic et al. Decision for Referral to the authorities of the Republic of Croatia pursuant to Rule 11bis, Referral Bench, (IT-04-78-PT), 14-9-2005, párr. 29-30. En el mismo sentido, TIPY, SPI. The Prosecutor v. Dragomir Miloševic. Decision on Referral of case pursuant to Rule 11bis, Referral Bench, (IT-98-29/1-PT), 8-7-2005, párr. 22; TIPY, SPI. The Prosecutor v. Gojko Jankovic. Decision on Referral of case under Rule 11 bis, Referral Bench, (IT-96-23/2-PT), 22-7-2005, párr. 19; TIPY, SPI. The Prosecutor v. Željko Mejakic et al. Decision on Prosecutor´s motion for Referral of case pursuant to Rule 11bis, Referral Bench, (IT-02-65-PT), 20-7-2005, párr. 21; TIPY, SPI. The Prosecutor v. Gojko Jankovic. Decision on Referral of case under Rule 11bis, Referral Bench, (IT-96-23/2-PT), 22-7-2005, párr. 19; TIPY, SPI. The Prosecutor v. Željko Mejakic et al. Decision on Prosecutor´s motion for Referral of case pursuant to Rule 11bis, Referral Bench, (IT-02-65-PT), 20-7-2005, párr. 21.
(29) Cfr. ONU, Consejo de Seguridad. Resolución 955 de 1994. UN doc. S/Res/955 (1994), 8 de noviembre de 1994.
(30) Cfr. ONU, Consejo de Seguridad. Resolución 1503 del 2003, ob. cit.
(31) Cfr. ONU, Consejo de Seguridad. Resolución 1534 del 2004, ob. cit.
(32) Cfr. Obote-Odora, Alex. Case selection and prioritization criteria at the International Criminal Tribunal of Rwanda. En: Bergsmo, Morten (Edit.). Criteria for Prioritizing and Selecting Core International Crimes Cases. En: Forum for International Criminal and Humanitarian Law, 2ª Ed., Publication Series n.º 4. Oslo: TorkelOpsahl Academic EPublisher, 2010, pp. 50-51. Respecto a la transferencia de casos del TIPR a las jurisdicciones nacionales, véase: TPIR, SPI. The Prosecutor vs. Laurent Bucyibaruta. Decision on Prosecutor’s request for referral of Laurent Bucyibaruta’s indictment to France, (ICTR-2005-85-I), 20-11-2007; TIPY, SPI. The Prosecutor vs. Bernard Munyagishari. Decision on the Prosecutor’s request for 6-6-2012; TIPR, SPI. The Prosecutor vs. Wencelas Munyeshyaka. Decision on the Prosecutor’s request for the referral of Wenceslas Munyeshyaka’s indictment to France, (ICTR-2005-87-I), 20-11-2007; TIPR, SPI. The Prosecutor vs. Jean Bosco Uwinkindi. Decision on Prosecutor’s request for referral to the Republic of Rwanda, (ICTR-2001-75-R11bis), 28-6-2011.
(33) Entre los líderes políticos más importantes condenados por el TIPR, véase: TIPR, SPI III. The Prosecutor vs. Édouard Karemera and Matthieu Ngirumpatse, judgement and sentence, (ICTR-98-44-T), 2-2-2012. Édouard Karemera era presidente del MRND (Mouvement Républicain National pour la Démocratie et le Développement).
(34) Entre los ministros de gobierno investigados y condenados por el TPIR, confróntese, TIPR, SPI II. The Prosecutor vs. Jean de Dieu Kamuhanda, judgement and sentence, (ICTR-95-54A-T), 22-1-2004; TPIR, SPI I. The Prosecutor vs. Emmanuel Ndindabahizi, judgement and sentence, (ICTR-2001-71-I), 15-7-2004; TIPR, SPI II. The Prosecutor vs. Augustin Ndindiliyimana et al., judgement and sentence, (ICTR-00-56-T), 17-05-2011; TPIR, SA. The Prosecutor vs. Callixte Kalimanzira, judgement, (ICTR-05-88-A), 20-10-2010.
(35) Cfr. TPIR, Sala de Apelaciones. The Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, judgement, (ICTR-96-4-A), 1-6-2001; TPIR, SA. The Prosecutor vs. Ignace Bagilishema, judgement, (ICTR-95-1A-A), 3-7-2002; TIPR, SA. The Prosecutor vs. Sylvestre Gacumbitsi, judgement, (ICTR-2001-64-A), 7-7-2006.
(36) Cfr. Obote-Odora, Alex, ob. cit., p. 56.
(37) Cfr. Angermaier, Claudia, ob. cit., p. 28. Sobre la jurisdicción limitada (jurisdicción sobre una situación específica, limitada en términos temporales y territoriales) de los tribunales internacionales ah hoc, así como del Tribunal Especial de Sierra Leona, las Cámaras Extraordinarias de Camboya y el Tribunal Especial de Líbano: Ambos, Kai & Stegmiller, Ignaz. Prosecuting international crimes at the International Criminal Court: is there a coherent and comprehensive prosecution strategy? En: Crime, Law and Social Change. Vol. 58, n.º 4 (2012). Disponible en:http://ssrn.com/abstract=2164298 (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(38) Al respecto, véase: Wolffhügel G., Christian, ob. cit., pp. 38 y 39. En el mismo sentido, Ambos, Kai. El test de complementariedad de la Corte Penal Internacional (artículo 17 del Estatuto de Roma). En: Revista para el Análisis del Derecho, INDRET (2010). Disponible en: http://www.indret.com/pdf/727.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(39) Cfr. Wolffhügel G., Christian. El principio de complementariedad y el test de admisibilidad: una mirada al hilo de la de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. En: Presente y futuro de la justicia penal internacional. Memorias. n.º 1 (2001), Bogotá: Universidad Sergio Arboleda; p. 40. En el mismo sentido, CPI, SA. The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura and Uhuru Muigai Kenyatta, judgment on the appeal of the Republic of Kenya against the decision of Pre-Trial Chamber II of 30 May 2011 entitled “Decision on the application by the Government of Kenya Challenging the admissibility of the case pursuant to article 19(2)(b)”, (ICC-01/09-02/11-274), 30-8-2011, párr. 36.
(40) Cfr. Ambos, Kai & Stegmiller, Ignaz, ob. cit.
(41) Cfr. Policy paper of “The Interests of Justice”, (Ref-ICC-OTP-InterestsOfJustice), septiembre del 2007. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/772C95C9-F54D-4321-BF09-73422BB23528/143640/ICCOTPInterestsOfJustice.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(42) Cfr. Policy paper on “Victim´s ´participation”, (Ref-ICC-OTP-Victim’sParticipation). Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/9FF1EAA1-41C4-4A30-A202-174B18DA923C/281751/PolicyPaperonVictimsParticipationApril2010.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(43) Cfr. Draft of Policy paper on “Preliminary Examinations”, (Ref-ICC-OTP-PreliminaryExaminations), octubre del 2010. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/9FF1EAA1-41C4-4A30-A202-174B18DA923C/282515/OTP_Draftpolicypaperonpreliminaryexaminations04101.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(44) Cfr. Report on Prosecutorial Strategy, 14-9-2006. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/D673DD8C-D427-4547-BC69-2D363E07274B/143708/ProsecutorialStrategy20060914_English.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(45) Cfr. Prosecutorial Strategy 2009 - 2012, 1-02-2010. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/66A8DCDC-3650-4514-AA62-D229D1128F65/281506/OTPProsecutorialStrategy20092013.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(46) Cfr. Strategic plan June 2012-2015, 11-10-2013. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/reports%20and%20statements/statement/Documents/OTP%20Strategic%20Plan.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(47) En tal sentido, véase: Ambos, Kai & STEGMILLER, Ignaz, ob. cit.
(48) Cfr. Report on Prosecutorial Strategy, 14-9-2006. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/D673DD8C-D427-4547-BC69-2D363E07274B/143708/ProsecutorialStrategy20060914_English.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013); OTP. Prosecutorial Strategy 2009-2012, 1-02-2010. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/66A8DCDC-3650-4514-AA62-D229D1128F65/281506/OTPProsecutorialStrategy20092013.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(49) Cfr. Prosecutorial Strategy 2009-2012, 1-02-2010. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/66A8DCDC-3650-4514-AA62-D229D1128F65/281506/OTPProsecutorialStrategy20092013.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(50) Cfr. Burke-Withe, William W. Proactive complementary: the international criminal court and national courts in the Rome system of justice. En: Harvard International Law Journal. Vol. 49. Respecto a la complementariedad positiva, debe advertirse que esta busca “promover el ejercicio de jurisdicciones domésticas sobre crímenes internacionales a través de la influencia legal y política de la Corte Penal Internacional. La razón de lo anterior está en el reconocimiento de las limitaciones que tiene la Corte Penal Internacional (…) que, por esta vía, se pueden transformar en reales ventajas tendientes a minimizar la impunidad”; Wolffhügel G., Christian. El principio de complementariedad y la ley de justicia y paz: principales desafíos, ob. cit., p. 40. En el mismo sentido, Report on Prosecutorial Strategy, 14-09-2006. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/D673DD8C-D427-4547-BC69-2D363E07274B/143708/ProsecutorialStrategy20060914_English.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013); OTP. Prosecutorial Strategy 2009-2012, primero de febrero del 2010. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/66A8DCDC-3650-4514-AA62-D229D1128F65/281506/OTPProsecutorialStrategy20092013.pdf (consultado el 6 de octubre del 2013).
(51) Cfr. Ambos, Kai & Stegmiller, Ignaz, ob. cit. Así entonces, la Fiscalía de la CPI ha establecido que, pese a utilizar criterios subjetivos para enfocar las investigaciones, ello no se traduce en impunidad parcial, por cuanto, de la mano de la complementariedad positiva, la Fiscalía soportaría investigaciones nacionales sobre los crímenes allegados que no cumplan con el criterio para realizar una investigación en la CPI. Prosecutorial Strategy 2009-2012, 1-02-2010. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/66A8DCDC-3650-4514-AA62-D229D1128F65/281506/OTPProsecutorialStrategy20092013.pdf(consultado el 6 de noviembre del 2013).
(52) Cfr. Olasolo, Héctor. El Principio de complementariedad y las estrategias de actuación de la Corte Penal Internacional en la fase de examen preliminar. En: Via Inveniendi et Iudicandi. Vol. 7, n.º 2 (2012). Disponible en: http://www.upeace.org/OKN/collection/cortepenal/Olasoloformatted.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(53) Cfr. SCP II. Situation in the Republic of Kenya, request for authorization of an investigation pursuant to article 15, (ICC-01/09-3), 26-11-2009, párrs. 5 y 6.
(54) Ídem, párrs. 7 y 8.
(55) Ídem, párr. 9.
(56) Cfr. CPI, Press Release: ICC prosecutor supports three-pronged approach to justice in Kenya, ICC-OTP-20090930-PR456, 30-11-2009.
(57) Cfr. SCP II. Situation in the Republic of Kenya, request for authorization of an investigation pursuant to article 15, (ICC-01/09-3), 26-11-2009.
(58) Cfr. CPI, SCP III. Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, corrigendum to “Decision pursuant to article 15 of the Rome Statute on the authorization of an investigation into the situation in the Republic of Côte d’Ivoire”, (ICC-02/11-14-Corr), 15-11-2011, párr. 18.
(59) Sobre el procedimiento llevado a cabo por la Fiscalía de la CPI en los exámenes preliminares, véase Ambos, Kai & Stegmiller, Ignaz, ob. cit. En el mismo sentido, OTP. Draft of Policy paper on “Preliminary Examinations”, (Ref-ICC-OTP-PreliminaryExaminations), octubre del 2010. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/9FF1EAA1-41C4-4A30-A202-174B18DA923C/282515/OTP_Draftpolicypaperonpreliminaryexaminations04101.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(60) Cfr. Situación en Colombia. Reporte intermedio, noviembre del 2012. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/3D3055BD-16E2-4C83-BA85-35BCFD2A7922/285202/OTP2012035032COLResumenEjecutivodelReporteIntermed.PDF (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(61) Ibíd., p. 52.
(62) Cfr. CPI, SCP II. Situation in the Republic of Kenya. Decision pursuant to article 15 of the Rome Statute on the authorization of an investigation into the situation in the Republic of Kenya, (ICC-01/09-19), 31-03-2010, párrs. 58-61; CPI, SCP III. Situation in the Republic of Cote d’Ivoire, corrigendum to “Decision pursuant to article 15 of the Rome Statute on the authorization of an investigation into the situation in the Republic of Cote d’Ivoire”, (ICC-02/11-14-Corr), 15-11-2011, párr. 18.
(63) Cfr. Comunicación remitida a la Corte Constitucional con ocasión del estudio del Acto Legislativo 1 del 2012, (2013/028/FB/JCCD-pmdu), 7-8-2013.
(64) Ibíd., pp. 1-2.
(65) Ibíd., p. 2.
(66) Cfr. Strategic plan June 2012-2015, 11-10-2013. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/reports%20and%20statements/statement/Documents/OTP%20Strategic%20Plan.pdf (consultado el noviembre del 2013).
(67) Cfr. Report on Prosecutorial Strategy, 14-09-2006. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/D673DD8C-D427-4547-BC69-2D363E07274B/143708/ProsecutorialStrategy20060914_English.pdf(consultado el 6 de noviembre del 2013); Prosecutorial Strategy 2009–2012, 1-02-2010. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/66A8DCDC-3650-4514-AA62-D229D1128F65/281506/OTPProsecutorialStrategy20092013.pdf
(68) Cfr. Strategic plan June 2012-2015, 11-10-2013, p. 6. Disponible en: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/reports%20and%20statements/statement/Documents/OTP%20Strategic%20Plan.pdf (consultado el 6 de noviembre del 2013).
(71) Cfr. Deguzman, Margaret M. Gravity and the Legitimacy of the International Criminal Court. En: Fordham International Law Journal. Vol. 32, n.º 5; pp. 1425-1429.
(72) Cfr. Situation in the Republic Democratic of Congo, application for warrants of arrest, (ICC-01/04-98-US-Exp), 12-01-2006.
(74) Cfr. CPI, SCP I. The Prosecutor vs. Thomas LubangaDyilo and BoscoNtaganda. Decision on the Prosecutor’ application of warrant of arrest, article 58, (ICC-01/04-118-Us-Exp-Corr), 10-02-2006, párr. 66.
(75) Cfr. Wolffhügel G., Christian. El principio de complementariedad y el test de admisibilidad: una mirada al hilo de la de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, ob. cit., pp. 41-44.
(76) Cfr. CPI, SCP I. The Prosecutor vs. Thomas LubangaDyilo and BoscoNtaganda. Decision on the Prosecutor’ application of warrant of arrest, article 58, (ICC-01/04-118-Us-Exp-Corr), 10-02-2006, párr. 50.
(77) Ibíd. párr. 54.
(78) Cfr. CPI, SA, Situation in Republic Democratic of Congo, judgment on the Prosecutor’s appeal against the decision of pre-trial Chamber I entitled “Decision on the Prosecutor’ application of warrant of arrest”, (ICC-01/04-169), 13-07-2006.
(79) Ídem, párrs. 73-75.
(80) Ídem, párrs. 78-81.
(81) Cfr. CPI, SCP II. Situation in the Republic of Kenya. Decision pursuant to article 15 of the Rome Statute on the authorization of an investigation into the situation in the Republic of Kenya, (ICC-01/09-19), 31-03-2010; CPI, SCP III. Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, corrigendum to “Decision pursuant to article 15 of the Rome Statute on the authorization of an investigation into the situation in the Republic of Côte d’Ivoire”, (ICC-02/11-14-Corr), 15-11-2011.
(82) Cfr. CPI, SCP II. Situation in the Republic of Kenya. Decision pursuant to article 15 of the Rome Statute on the authorization of an investigation into the situation in the Republic of Kenya, (ICC-01/09-19), 31-03-2010, párr. 40; CPI, SCP III. Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, corrigendum to “Decision pursuant to article 15 of the Rome Statute on the authorization of an investigation in to the situation in the Republic of Côte d’Ivoire”, (ICC-02/11-14-Corr), 15-11-2011, párr. 17.
(83) Cfr. CPI, SCP II. Situation in the Republic of Kenya. Decision pursuant to article 15 of the Rome Statute on the authorization of an investigation into the situation in the Republic of Kenya, (ICC-01/09-19), 31-03-2010, párrs. 44-48.
(84) Ídem; CPI, SCP III. Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, corrigendum to “Decision pursuant to article 15 of the Rome Statute on the authorization of an investigation into the situation in the Republic of Côte d’Ivoire”, (ICC-02/11-14-Corr), 15-11-2011, párr. 18.
(85) Cfr. supra nota 83, párrs. 49, 50 y 60.
(86) Ver Fiscalía General de la Nación, ob. cit.
(87) Cfr. Werle, Gerhard. Tratado de Derecho Penal Internacional. 2ª Ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, p. 293. En el mismo sentido, Ambos, Kai. ¿Cómo imputar a los superiores crímenes de los subordinados en el Derecho Penal Internacional? En: Fundamento y Formas, Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigación en Filosofía y Derecho, Colección de Estudios n.º 37 (2008); pp. 136-137; Olásolo, Héctor. The criminal responsibility of senior political and military leaders as principals to international crimes. Studies in International & Comparative Criminal Law. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2010, pp. 154-155.
(88) Cfr. TIPY, Sala de Apelaciones. The Prosecutor vs. Dusko Tadic, (IT-94-A), judgment, 15-7-1999, párr. 185.
(89) Ídem, párrs. 169 y 210; TIPY, SA. The Prosecutor vs. Brdanin, (IT-99-36-A), judgment, 3-4-2007, párr. 410.
(90) Cfr. TIPY, Sala de Apelaciones. The Prosecutor vs. Kvocka et al. (TIPY-98-30/1-A), judgment, 28-2- 2005, párr. 182; TIPY, Sala de Apelaciones. The Prosecutor vs. Dusko Tadic, (IT-94-A), judgment, 15-7-1999, párr. 202.
(91) Cfr. TIPY, Sala de Apelaciones. The Prosecutor vs. Dusko Tadic, (IT-94-A), judgment, 15-7-1999, párr. 202. En el mismo sentido, TIPY, Sala de Apelaciones. The Prosecutor vs. Vasiljevic (IT-03-66-A), judgement, 25-2-2004, párr. 95.
(92) Cfr. TIPY, SA. The Prosecutor vs. Dusko Tadic, (IT-94-A), judgment, 15 de julio de 1999, párr. 228. En el mismo sentido, confróntese, TIPY, Sala de Apelaciones. The Prosecutor vs. Brdanin, (IT-99-36-A), judgment, 3-4-2007, párr. 411.
(93) Cfr. Velásquez V., Fernando. Derecho Penal, parte general, 4ª ed. Bogotá: Librería Jurídica Comlibros, 2009, pp. 907-912.
(94) Al respecto ver Wolffhügel G., Christian. El principio de complementariedad y el test de admisibilidad: una mirada al hilo de la de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, ob. cit., pp. 41-44.