Source: http://www.cnv.gov.ar/ResDisciplinarias/ResFinales/Resolucion8447.htm
Timestamp: 2018-08-16 23:18:49
Document Index: 154041977

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 40', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 40', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 46', 'artículo 7', 'artículo 37', 'artículo 59', 'artículo 35', 'artículo 40']

Resolucion 8.447
Resolución Nº 8.447
BUENOS AIRES, 2 de junio de l988.
VISTO las presentes actuaciones rotuladas "Investigación negociación especies Celulosa y Canale durante el período 8/81 al 10/81" que tramitan por expediente N° 577/81, la Resolución N° 5680 de fecha 18.02.82, las presentaciones de los sumariados, la prueba producida en el principal, expedientes agregados, y el dictamen del Departamento de Asuntos Jurídicos de fs. l027/1053 que se da por reproducido; y
Que, se abre Investigación ante el extraordinario volumen de negociaciones que tuvo lugar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires entre el 21 de agosto y el 27 de octubre de l981, en las especies Celulosa y Canale.
Que, la primera tuvo un aumento del 480% respecto del volumen operado en el primer semestre de ese año, en tanto que en iguales períodos en la otra especie, el incremento fue del 2284%.
Que, la Investigación llevada a cabo evidencia que un solo comitente operando simultáneamente como vendedor y comprador, a través de distintos agentes de bolsa, tuvo una participación que representó, en la especie Celulosa, el 79% del total de las ventas y el 82% del total de las compras ; y en la especie Canale, el 78% del total de las ventas y el 91% del total de las compras.
Que, ese comitente nunca retiró físicamente las acciones en las compras sino que eran transferidas por su orden a una cuenta en el Banco de Crédito Rural Argentino, desde la que se transferían al Agente de Bolsa comisionado para las ventas, siendo las operaciones investigadas ordenadas diariamente por el citado comitente desde la baranda del recinto bursátil, actuando por si en la mayoría de los casos, y excepcionalmente a través de su esposa y de Corcar S.A., de la que era Presidente del Directorio.
Que, pudo determinarse, ese accionar afectó seriamente el normal desenvolvimiento de la oferta pública y negociación no solo de los papeles referidos, sino de toda la Bolsa en general, aumentando sin fundamento legítimo el precio de todos los valores que cotizan, con lo cual se lesionó la confianza del público en el sistema.
Que, por ello se resolvió instruir sumario administrativo al Sr. Isidoro de Carabassa, a los efectos de determinar si su comportamiento había infringido lo dispuesto en el art. 40 de las Normas respecto de los actos o prácticas ilegales.
Que, asimismo, se instruyó sumario al Mercado de Valores de Buenos Aires, sus Directores y Gerente, por posible infracción a los artículos 30 apdo. e), 37, 48, 57 y 59 de la Ley 17. 811, y a los artículos 92 y 97 del Reglamento interno de Mercado, y 46 inc. b) del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Que, la Resolución N° 5680 y el traslado de los cargos fue notificada al Sr. Isidoro de Carabassa según constancia de fs. 599; a los Sres. Juan Bautista PEÑA y Hugo A. VELICOGNA, Presidente y Vicepresidente del Mercado de Valores (fs. 600 y 601); a los Sres. Tomás CUCCHI ARA, Federico G. SCHUMACHER, Juan C.F. RODRÍGUEZ, Ricardo MAY, Alberto C. ALVAREZ, César de TEZANOS PINTO, Rafael ALDAZABAL, Directores del Mercado de Valores y al Sr. Juan José GISMONDI, Gerente de la entidad (fs. 602 a 609).
Que, a fs. 729/730, obra la Resolución N° 5708 por la cual se decide cumplimentar las notificaciones faltantes (Sres. Roberto M. FERRONATO y Luís D. TRUCCO); elevar el Expediente al Señor Ministro de Economía a fin de dar trámite a las excusaciones, así como recusaciones interpuestas, y suspender el plazo para evacuar los traslados por los pedidos de vista y elevación dispuesta.
Que, por Resolución Ministerial N° 551 obrante a fs. 797/799 se aceptó la excusación formulada en el artículo 5° de la Resolución N° 5680 por los miembros del Directorio de la Comisión Nacional de Valores, Doctores Juan Alfredo ETCHEBARNE, Julio A. P. F. VILLEA, Alberto Mario SCHULTE y Cnl. (R) Guillermo CARGIA FIORITO, y se designó al Señor Comodoro don José Miguel SANTAMARIA como Conductor del sumario. Dicha decisión expresamente señala "que la aceptación de la excusación de los miembros de la Comisión Nacional de Valores torna innecesaria la consideración de las recusaciones con causa alegadas por los sumariados contra los miembros del Directorio de la Comisión Nacional de Valores", lo cual tiene incidencia en la recusación deducida por el Mercado de Valores de Buenos Aires, sus Directores y Gerente ( ver dictamen jurídico previo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio -fs. 768 punto 5- ) y también por Isidoro de Carabassa (fojas 770 punto 7), como quedó confirmado en el dictamen posterior de esa Dirección General que entendió "ocioso expedirse respecto de la procedencia del eventual alcance de una hipotética recusación"(se refiere a la del Sr. de Carabassa), "toda vez que la sustitución de instructor fue motivada por la excusación", admitida con anterioridad (fs. 825).
Que, por Resolución Ministerio al N° 93 obrante a fojas 830 se designa como Conductor del sumario al nuevo Director Comodoro don Osvaldo Alfredo PEZZONI, ante la renuncia de quien actuaba como Conductor hasta ese momento.
Que, conforme constancias de fs. 835/837 se corrió nuevo traslado de los cargos a los sumariados, y a fs. 877/ 878 se resolvió tener por no presentados los descargos de los Sres. Isidoro de Carabassa, Juan Bautista Peña, Alberto C. Alvarez , Rafael P. E. Aldazabal, Ricardo May, Federico Schumacher, César de Tezanos Pinto, Juan José Gismondi y Juan C. F. Rodriguez, por ser sus presentaciones posteriores al vencimiento de plazo establecido por el artículo 12 de la Ley 17.811, y tener por presentados en tiempo y forma únicamente los descargos de los Señores Roberto M. Ferronato y Luis D. Trucco. Asimismo, se resolvió hacer lugar a la prueba ofrecida a fs. 870/4 Punto 4°, y como medidas de mejor proveer requerir del Juzgado Penal Económico N° 4 - Secretaria N° 8 la remisión de fotocopias de la pericia contable practicada en la causa n° D-6811 y Ordenar la agrupación del Expediente N° 672/82 caratulado "Investigación Sobre el mecanismo de recepción de órdenes de comitentes en el recinto de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires".
Que planteada la revocatoria de dicha providencia, por el Mercado de Valores y los Sres. Juan Bautista PEÑA, Alberto C. ALVAREZ, Rafael P.E. ALDAZABAL, Federico G. SCHUMACHER, César de TEZANOS PINTO, Juan C.F. RODRÍGUEZ y Juan José GISMONDI, no se hizo lugar a ella (fs. 900) por aplicación del artículo 12 de la Ley 17.811.
Que, a fs. 951 en atención a encontrarse producida la totalidad de la prueba ofrecida y ordenada, se declaró corrido el periodo de prueba, providencia de la que se corrió traslado a los efectos de la presentación del Memorial a todos los sumariados, según constancias de fs. 952/959 cursadas a los domicilios legales constituidos sin que al vencimiento del plazo para el ejercicio de ese derecho, se hubieran efectuado presentaciones, de lo que se dá cuenta a fs. 960.
Que, de lo resuelto por el Conductor del sumario Comodoro PEZZONI a fs. 964 y que le fuera notificado - según constancias de fs. 965- al sumariado de Carabassa, resulta que en esa oportunidad el funcionario o le reiteró que había sido designado por el Señor Ministro de Economía como conductor del sumario, y que esa , "...designación fue en reemplazo del comodoro Santamaria, designado con anterioridad en la misma resolución que se admitió la excusación manifestada...". En el aludido proveído también se rechazó in limine la nueva recusación deducida a fs. 963. contra el lo el nombrado interpuso recurso de reconsideración y apelación jerárquica en subs1dio a fs. 966/7, rechazados a fs. 971/972, medida que le fue notificada a fs. 980; de todo lo cual tuvo el sumariado acabado conocimiento con la vista tomada en el expediente en forma personal y acompañado de su letrado, así resulta del acta de fs. 982.
Que, a fs. 984/994 y 995/ l00 obran dictámenes de profesionales del Departamento de Asuntos Jurídicos, y a fs. 1027/ 1053 de la Jefatura del Departamento.
Que, a fs. 1063 se resolvió agregar fotocopia de la Resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario recaída en el Expediente N° 45.320 "G.S.A. s/Apelación Resolución N° 5832" por su conexidad respecto de estas actuaciones, agregándose posteriormente fotocopia del recurso de queja por recurso extraordinario denegado presentado por el Organismo con relación a ella.
Que, a fs. 1096 se decidió suspender transitoriamente el trámite del sumario hasta conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esa causa, para evitar desgastes jurisdiccionales necesarios. Asimismo, se resolvió acordar al Sr. Isidoro de Carabassa la nueva vista solicitada, notificándose personalmente según constancias de fs. l097.
Que, ante el pedido de pronto despacho presentado por el sumariado, se resolvió a fs. 1l02 ratificar lo resuelto con referencia a la suspensión transitoria del trámite.
Que, la pertinencia y razonabilidad de tal suspensión no puede ser puesta en discusión, porque el caso que la motivó, entonces a consideración de la Corte Suprema, versaba precisamente sobre la aplicabilidad del artículo 40 de las Normas a particulares no inscriptos, y por su marcada analogía con el presente, el sentido de la decisión judicial importaría un valioso precedente, desde que el deber de los órganos del poder judicial de conformar en principio sus declaraciones a las de la Corte Suprema, es extensible a esta Comisión con idéntico alcance en el ejercicio de su función jurisdiccional y estar en juego la interpretación de normas de carácter federal.
Que, a fs. 1108 se decidió agregar copia del dictamen del Señor Procurador General de la Nación en la causa G.S.A, y a fs. 1112 del fallo de la Corte Suprema de fecha O1.04.86 imprimiéndose nuevo trámite a las actuaciones.
Que, mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 865/87 se integró el Directorio de esta Comisión a los efectos de la formación del quorum necesario para dictar resoluciones;
Que, se debe comenzar, por su incidencia, con el análisis de las nulidades articuladas, ya que si ellas fuesen procedentes, podrían importar que el procedimiento deba retrotraerse, lo cual tornarla innecesario el examen de las restantes defensas, o bien que el sumario fuera en parte improcedente, lo cual tendría similar efecto, aunque con definitivas consecuencias.
l. Articulaciones de Nulidad.
A - Presentación del Mercado de Valores de Buenos Aires sus Directores Gerente fs. 733.
Que, en el criterio de los presentantes, la Resolución N° 5680 constituye un acto manifiestamente ilegal, violatorio del debido proceso, con afectación de la garantía de defensa por violación de forma esenciales y por exteriorizarse desviación de poder, todo lo cual se deriva de la no excusación, del Directorio de esta Comisión, previa a su emisión.
Que, la entidad impugnante, simultáneamente con su dictado promovió una acción judicial de amparo por entender configurada la arbitrariedad e ilegitimidad manifiesta que requiere la Ley 16.986 para su procedencia, donde peticionó se la dejara sin efecto. Ello no tuvo acogida judicial por entenderse que fue dictada "... dentro del marco legal y en ejercicio de las funciones y atributos que le son propios y conferidos por las prescripciones de la Ley 17.811..." (MVBA c/CNV - J. Nac. Fed. Cont. Adm. n° 6 - Fallo del 21,05.82).
Que, en el procedimiento administrativo no hay en materia de recusaciones, una asimilación estricta al procedimiento judicial. En ello está conteste la doctrina : Bielsa destacó en la actividad administrativa, características de continuidad y ejecutoriedad que caracterizan a la función administrativa activa (Der. Adm. T. ll, pág. 69 n° 264) Gordillo igualmente ha destacado que la excusación no opera automáticamente como en el orden judicial, y que ello no implica que el funcionario quede, ipso jure, separado de la función de tramitar el expediente (Proc. y Rec. Adm., pág, 123 n° 19) y más concretamente Palacio (ver copia de fs. 746/747) con especial referencia a la Ley n° 17.811 y ante una situación similar, manifestó opinión en el sentido que el Directorio de la Comisión puede actuar como lo ha hecho, y más podría haber continuado la tramitación, por ser el único organismo dotado de competencia para ejercer con carácter permanente el poder de poder de policía respecto de las actividades desarrolladas por personas físicas o jurídicas que intervengan en la oferta pública. Lo contrario importaría que mediante la promoción de una causa penal se excluirla por voluntad del recusante la potestad jurisdiccional que la ley confiere con carácter exclusivo al organismo, no debiéndose perder de vista, agregaba el último de los tratadistas citado, que las funciones de los Directores son indelegables, y que ello, como la inexistencia de subrogante legal, hace que no deba asimilarse la situación administrativa, a la que rige en el orden judicial.
Que, en las presentes actuaciones, en que todos los miembros del Directorio fueron recusados, luego de haberse ordenado las medidas que la normativa vigente le impone al Organismo ante la constatación de posibles irregularidades por parte de agentes de bolsa ordenó la instrucción de sumario, acto que "per se" no causa agravio al ofrecer la oportunidad de esclarecer los hechos que puedan imputarse (conf. Dict. de la Proc. del Tesoro - T° 99, pág. 146) y luego se apartó, el conductor designado, llevando el expediente al Señor Ministro de Economía a fin que decidiera quien deberá cumplir esa función; designándose por posteriores resoluciones ministeriales para ejercer su conducción, a Directores de la Comisión Ingresados con posterioridad, manteniendo la tramitación en el ámbito funcional del Organismo.
Que, de todo ello se deduce que al dictar la Resolución cuestionada, no se infringió norma legal alguna, ni el procedimiento vulneró las garantías constitucionales invocadas. En orden a la desviación del poder, fue una alegación expresada antes de tomar vista del expediente, como que tendría exteriorización en sus constancias, y ella no se mantuvo con posterioridad al presentarlos descargos a fs. 870 luego de la compulsa del expediente, por todo lo cual se rechazará la nulidad articulada a fs. 733.
B- Presentación del Mercado de Valores de Buenos Aires , sus Directores y Gerente de fs . 870.
Que, se articula la nulidad de la decisión del Conductor del sumario de fs. 858 que desestimó los pedidos de fs. 846/ 847 y de fs. 838 por los que se pretendía se dejara sin efecto el nuevo traslado de los cargos y se suspendiera el procedimiento.
Que, el pedido se lo fundo en haber planteado, por vía de reconsideración, la nulidad de la Resolución del Señor Ministro de Economía que había designado conductor del sumario. La Resolución atacada de fs. 858 está precedida de un dictamen jurídico (fs. 855/856) y se ajusta a lo prescripto en el artículo 2 de la Ley 17.811.
Que, resulta del Expediente N° 80071/83 del registro de Ministerio de Economía rotulado "Recurso de Reconsideración C/Resolución ME n° 93/83" y que corre agregado al presente por cuerda, que mediante Resolución 111 de fecha 24.02.84 el Señor Ministro de Economía desestimó los recursos de reconsideración interpuestos, así como las peticiones efectuadas en subsidio. Hoy, por tanto, la nulidad carece del sustento en que entonces se la fundamentó y por efecto de esa decisión, que se encuentra firme, la cuest1ón ha perdido toda virtualidad, se ha tornado abstracta y así se declarará.
C - Presentación del Sr. Isidoro de Carabassa (fs. 711 y 961).
Que, en distintas presentaciones efectuadas, el sumariado ha planteado y mantenido que esta Comisión carece de jurisdicción y competencia para hacerlo pasible de investigación- (fs. 207/208), someterlo a sumario y ap1icarle sanción alguna (fs. 711/15), alegando que la existencia del sumario penal obstaría la continuación de este expediente a su respecto (fs. 867 vta.) e impugnado de insanablemente nulo todo lo actuado con lesión a su derecho de defensa y garantía del debido proceso, y considerando que por un mismo y único hecho, está sometido a dos sumarios (fs. 961/62).
Que, en orden a las facultades de este Organismo para actuar como lo ha hecho, se han perfilado dos posiciones antagónicas que se sirven de similares normas (arts. 6, 7, 16 y 21 de la Ley 17.811) para sustentar sus conclusiones, residiendo el núcleo de la cuestión en determinar con la mayor certidumbre posible si los intervinientes (no intermediarios ni autorizados) en la oferta pública y negociación de títulos valores se encuentran o no sujetos al poder de policía que ejerce esta Comisión.
Que, el criterio interpretativo sustentada por el Organismo parte de la consideración prioritaria del artículo 7°de la Ley 17.811 que sujeta a su normativa a "... las personas físicas o jurídicas que en cualquier carácter intervengan en la oferta pública de títulos valores..." cuyo contralor le asigna el artículo 6° , Inciso f) "fiscalizar el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias en lo referente al ámbito de aplicación de la presente ley". De las normas transcriptas se extrae que la Comisión Nacional de Valores tiene atribuciones para fiscalizar el accionar de todos los intervinientes, cualquiera sea su condición, aún cuando su intervención haya sido indirecta.
Que, se deben tomar en consideración aparte de las normas legales indicadas, diversos pasajes de la Exposición de Motivos – Capitulo I n° 3 y 4 que afirma "...el proyecto amplía el ámbito de atribuciones conferido actualmente el ente estatal, extendiéndolo no solo a las instituciones bursátiles, empresas emisoras y agentes de bolsa, sino a todas las organizaciones unipersonales y sociedades que intervengan directa o indirectamente en la oferta y negociación pública de títulos valores, cualquiera sea la forma o medio utilizado (art. 6°, inc. F)".
Que, como consecuencia de la adopción de este criterio interpretativo, la Justicia en lo Penal Económico ha mantenido al Organismo como parte querellante en causas seguidas a intervinientes no intermediarios, ni autorizados (caso del Sr. de Carabassa), que por procedimientos diversos, en la negociación con títulos los valores, afectaron - con su comportamiento- los principios sobre los que descansa la operatoria bursátil, con incidencia susceptible de juzgamiento en la esfera de la competencia de la Comisión, y en lo penal.
Que, ese criterio está recepcionado en pronunciamientos de la Excma Cámara Comercial, Sala C -W.S.A, s/Sumario por C.N.V. 21.08.751 de Juzgados de Primera Instancia Federales en lo Penal, Dr. Salvi - Secretaría De Martini, Fallo del 09.02. 83 suscripto por el Dr. Dibur , y del Juzgado a cargo del Dr. Giletta, Secretaria Cicchetti del 30.04.84 (revocados por la Sala II que sustenta el otro criterio); de Juzgados de Primera instancia en lo Penal Económico del Dr. Pisarenco, Secretaría Mestre de fecha 24.04.83, confirmado por Cámara con Voto de los Dres. Lemos y Sarrabayrouse Bargallo en fecha 30.04.84 incidente de previo pronunciamiento promovido por 1, de C. en causa de C.l. y Otros s/art. 300 del Código Penal; del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Económico n° 4 -Secretaría n° 7 de fecha 03.l0.83 confirmado por Cámara a través de la Sala III en fecha 14, ll.84 -Incidente de falta de acción promovido por la defensa de O.G. en la causa s/1nfracción art. 300 del Código Penal, sentencia ésta última que destaca que su interpretación coincide con la del Procurador General de la Nación y Corte Suprema in re S.J.J, de fecha 21. lO.81 (E.D, 102. 604) que a su vez es re iteración de la sentencia en la causa S. y Cia. s/actuaciones del MVBA por denuncia CNV 17.06.82 (E. D. 99.162 n° 958) (ver además Caride, "Facultades de la Comisión Nacional de Valores" - Transparencia N° 4, año 1981, pág. 58/64).
Que, el poder de policía de esta Comisión se extiende al contralor de las negociaciones que rodean la compraventa de títulos valores, abarcando todas sus gamas e instancias, extendiéndose a todos quienes intervienen directa o indirectamente y cualquiera sea el medio utilizado.
Que, los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "S. de B., S.A. c/CNV (S. 620 L. XIX) de fecha 03.lO.85 y el más reciente "G.S.A. s/apelación resolución de la C.N.V. N° 5832 (G.270 L XX)" de fecha 01.04.86, confirman el criterio sustentado, y por la autoridad de la que emana el pronunciamiento, ponen fin a la controversia sobre este aspecto, como por otra parte lo evidencia la sentencia de fecha 30.05.86 recaída en la Causa Penal n° 4243 que tramito ante el Juzgado Federal Penal de la Dra. Berraz de Vidal , y que fuera confirmada en la segunda Instancia el 10 de julio de l987 (J.A. n° 5529 del 19,08.87, Pág. 70/82).
Que, en el dictamen de la Procuración General de la Nación que precede a la Resolución de la Corte en la Causa "S. de B.S.A.", y al cual ella se remite, expresa que sujetar a la Inscripción la facultad de fiscalización, importaría tanto como admitir"..., que el sujeto sometido a inspección, por la simple vía de no solicitar su inscripción en el registro respectivo, se excluye por propia voluntad de una fiscalización, que para ser efectiva y servir a los fines que la inspiran, la ley extiende a todos los sujetos intervinientes en la oferta pública sin excepción...".
Que, así la Corte Suprema expresamente ha resuelto: "que las facultades de fiscalización acordadas a la Comisión Nacional de Valores son susceptibles de ejercitarse con respecto a quienes en cualquier carácter intervengan en la oferta Pública de títulos valores, con prescindencia de que se encuentren inscriptos en los registros de dicho Organismo...".
Que, si bien el segundo pronunciamiento, "G.S.A." se remite a lo resuelto en "S. de B.", es de señalar que en ese caso Se cuestionaba -como aquí- por los sumariados la validez del artículo 40 de las Normas y la aplicabilidad, a su situación.
Que, la sentencia de la Dra. Berraz de Vidal ( Causa 4243 - Juzgado Federal N° 4 - Secretaría N° 12) que por tercera vez se sobresee definitivamente en orden al delito de abuso de autoridad, señala textualmente: "La clara manera con que han sido interpretadas las controvertidas facultades en ese fallo y en su precedente -por provenir dicha jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación, cuyos decisorios, si bien no obligan a los juzgadores de menor grado, señalan el criterio a seguir para evitar innecesarios desgastes de jurisdicción y mejorar así la administración de justicia- constituye un valioso elemento de juicio a tener en cuenta al resolver situaciones similares, como la aquí ventilada (conf. entre muchos otros Cám. Fed. Cont. Adm. S. III - 25.03.80 en Rep. "LL. XL, p. 1491, n° I y los art. allí citados). Por lo tanto, es posible sostener hoy día, sin incurrir en un alzamiento hacia el superior por su fallo de fs. 384/389, en virtud de esa pristina doctrina -posterior a su decisorio- que la Comisión Nacional de Valores actúa dentro de sus facultades al dictar la Resolución N° 5680 el instruir sumario a Isidoro de Carabassa".
Que, en otro orden, alega el sumariado en su defensa y como constitutivo también de nulidad, que está sometido a dos sumarios por un mismo y único hecho. Uno de ellos, es el que se le instruye por este expediente y el otro sería el que tramita ante la Justicia en lo Penal Económico.
Que desde siempre, tanto legal como doctrinaria y jurisprudencialmente, se ha establecido que no obsta a la resolución administrativa las alternativas habladas en sede penal y que se trata de cuestiones independientes, tanto por diferir en su naturaleza jurídica, como por no influenciarse recíprocamente ("R., C.A.", 16.07.63 - Fallos 256,182) y en igual sentido se ha pronunciado la Cámara Nacional de Apelaciones Federal en lo Contencioso Administrativo, afirmando: "No existe obstáculo alguno para examinar una misma conducta bajo dos prismas distintos; derecho penal ilícito penal y derecho administrativo ilícito administrativo", Sala III, 10.03.81 "F.G.R. S.A. c/J.N.C", y en fecha más próxima la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a través de su Sala E (27.11.84) en la causa 197.098 "S., J.J.".
Que, si alguna duda cupiera, la despeja la lectura del artículo 10 de la Ley 17.811 que expresamente precisa que las sanciones administrativas que prevé lo son "sin perjuicio de las sanciones civiles o penales pertinentes...".
Que, no se configura en el caso lesión alguna al derecho de defensa en juicio; en principio porque se posibilitó al sumariado producir su defensa, el traslado de los cargos se le corrió en dos oportunidades, primero a fs. 599 que dio lugar a la presentación de fs. 711 y luego a fs. 837 que dio lugar a la presentación extemporánea de fs. 867. También tuvo oportunidad para alegar sobre la prueba producida (fs. 956) que la utilizó solo para intentar otra recusación (fs. 963) que fue rechazada in límite (fs. 964), así como los posteriores recursos intentados a fs. 966 ( ver fs. 971).
Que, tiene decidido la Corte Suprema que "La garantía constitucional de la defensa en juicio supone la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia. Tal posibilidad está expresamente prevista en el artículo 14 de la Ley 17.811.
Que, la garantía constitucional invocada "... no significa otra cosa que asegurar la posibilidad de la defensa y no la defensa misma que es de exclusivo resorte particular, tratándose por supuesto, de intereses privados". (S.C. Mendoza, 06.05.57. L.L. 90.410). De allí que no se la pueda alegar "...cuando la misma es una consecuencia de la falta de adecuado ejercicio de un derecho" S.C.Bs.As. 17.11.83 - Doctrina Judicial Bs.As. 1945. T. XLI, p. 173, o proviene de la propia conducta discrecional del sumariado (arg. Fallos 258:299; 252:208; 255:283) y el lo porque, como lo señala Morello "... la garantía de la defensa en juicio no ampara la negligencia de los litigantes" (Prueba, Incongruencia, Defensa en juicio Ed. Abeledo Perrot, pág 24).
Que, por todo lo expuesto en este apartado se rechazará la nulidad articulada por el Sr. Isidoro de Carabassa.
II . Los cargos del sumario.
A. Violación del artículo 40 de las Normas (T.O. 1971).
l. Observancia recaudos legales.
Que, establecido que el comitente inversor está sujeto al poder de policía de esta Comisión en la medida en que intervino en la oferta y negociación, como parte integrante de ella del único modo que le es posible, esto es, a través de órdenes de compra y venta dadas a agentes de bolsa, que en esta operatoria no fue inferior a 15-, es pertinente examinar ahora, si la norma dictada por el Organismo excedió su facultad reglamentaria.
Que, la atribución al Organismo de la facultad de dictarlas normas que deben observar las personas físicas o jurídicas que en cualquier carácter intervengan en la oferta pública y negociación de títulos valores, es resultado de considerar que en este sector de la economía, dejar esa situación en manos del Poder Ejecutivo restaría eficacia a las tareas de la Comisión, pues el dictado de normas o su modificación demandarla largas tramitaciones que disminuirían su ejecutividad; y al mismo tiempo, la adecuación de la reglamentación a la ley, y los recursos judiciales que prevé, son suficiente resguardo de cualquier desviación en que eventualmente pudiera incurrir.
Que, la Ley 17.811 recepta el principio de la realidad de las operaciones y el artículo 40 de las Normas establece que "se considera violatorio de la Ley 17.811 cualquier acto o práctica que afecte o pueda afectar el normal desenvolvimiento de la oferta o negociación de valores, ya sea que las mismas fueran ejecutadas por personas físicas o jurídicas actuando directa o indirectamente y a través de cualquier medio o instrumento apto a la consecución de tal fin, siendo indiscutible que lo reglada es materia de competencia de la Comisión, ya que "...el Capítulo I (punto 3) muestra la intención de regular la actividad de agentes de bolsa y demás personas", y ejercer el Poder de policía respecto a la "oferta pública y negociación de títulos" (párrafo segundo). Nótese, por lo tanto, que el análisis no puede detenerse en la mera oferta pública, sino que debe abarcar todas las gamas e instancias de las negociaciones que rodean la compraventa de títulos. Además, el punto 4 del mismo capítulo, en su párrafo cuarto, precisa lo que se viene de exponer, cuando expresa que "...el proyecto amplía el ámbito de atribuciones conferido ... al ente estatal, extendiéndolo no solo a las instituciones bursátiles, empresas emisoras y agentes de bolsa, sino a todas las organizaciones unipersonales y sociedades que intervengan directa o indirectamente en la oferta y negociación pública de títulos valores, cualquiera sea la forma o medio utilizado". "Resulta así que, según el criterio del legislador, la determinación de los sujetos comprendidos debe tener en cuenta tanto su participación - directa o indirecta, total o parcial en la oferta, como la que efectúa en las negociaciones de títulos..." (del voto del Dr. Herrera Figueroa en sentencia - Cámara Comercial Sala "C" - W.S.A.).
Que, habiéndose ya expresado que la norma cuya violación se imputa al Sr. de Carabassa fue dictada por esta Comisión en ejercicio legítimo de las facultades reglamentarias que le acuerda la ley, y como previo a considerar si su comportamiento se adecua a la conducta descripta, procede examinar si en el caso queda resguardado el principio de legalidad, y también delimitarla única cuestión que debe ser considerada en sede administrativa.
Que, en orden a lo Primero, la configuración del ilícito está previsto y tipificado en normas legales previas. En efecto, el artículo lo de la Ley 17.811 establece que "Las personas físicas y jurídicas que no cumplan las disposiciones
de esta ley y las reglamentarias, sin perjuicio de las acciones civiles o penales pertinentes, son pasibles de las sanciones siguientes..." precisando luego las penas a aplicar.
Que, lo expresado es indicativo que estamos en presencia de una norma disciplinaria en blanco por ser el precepto indeterminado en cuanto a su contenido quedando fijada únicamente. Con precisión la sanción (conf. Soler, Derecho Penal Argentino - T., pág. 133 – Ed. 1951).
Que, la figura se integra en lo que aquí interesa con lo prescripto en el artículo 40 de las Normas ( T.0, 1971 ) que describe conductas que atentan contra el principio básico del régimen bursátil - aseguramiento de la realidad de las operaciones (arts. 37 y 49 - Ley 17.811) cuya efectividad protege el mecanismo de la libre formación del precio.
Que, se cumplen así los recaudos: precisión en los hechos y en la pena a aplicar, y ello ha sido anterior a los hechos bajo investigación; tales disposiciones no fueron con posterioridad modificadas, y los hechos han ocurrido en el recinto del Mercado de Valores de Buenos Aires.
Que, la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, a través de su sala D en fallo del 07.02.86 in re L.A.S.A., al confirmar una resolución de esta Comisión Nacional de Valores, examinó con profundidad los recaudos cuya satisfacción impone el principio de legalidad: a) tipificación legal previa de la conducta a sancionar, y b) preexistencia de una sanción fijada en ley, en términos que coinciden con lo ya señalado, y que autorizan a concluir que la redacción del artículo 40 no adolece de defecto alguno por existir suficiente tipificación legal de la conducta que invalide u obstaculice su aplicación en casos en que, en concreto, ello sea procedente.
2. La conducta del Sr. de Carabassa.
Que se encuentra probado en las presentes actuaciones a pesar de la negativa genérica del sumariado, que en el período que va del 20 de agosto al 31 de octubre del981 se produjo un aumento importante del volumen de las transacciones con acciones de Canale y Celulosa en relación con la cantidad de operaciones que se realizaron en el período anterior del año.
Que, también se encuentra acreditado, conforme los resultados de la pericia obrante a fs. 901/930, cuya agregación fuera ordenada a fs. 877/878, que el Sr. Isidoro de Carabassa - por sí o por intermedio de la Sra. Liliana Laprida de Carabassa y Corcar S.A., compró y vendió acciones de esas especies siendo su participación en el total negociado un porcentaje sumamente elevado. Alrededor del 94% y del 85% respectivamente, de las compras fueron efectuadas por el sumariado, y en las ventas, intervino en algo más del 80% y del 85% respectivamente.
Que, esto permite concluir que el incremento de las transacciones se originó en la participación en las operaciones del sumariado, su esposa y la empresa Corcar S.A. Otro hecho aquí demostrado es el aumento del precio de las acciones de Canale y Celulosa, durante el período comprendido entre el 20 de agosto y el 27 de octubre de l981, en forma constante, desde que la primera de ellas de $2,40 que valía en la fecha inicial pasó a cotizar a $5,10 al final del periodo, y la segunda que cotizaba a $0,60 1legó a alcanzar a $0,82.
Que, al respecto resulta procedente reseñar las conclusiones a que arribaron los peritos contadores tanto oficiales como de este 0rganismo, designados por orden del Juzgado en lo Penal Económico N° 4, a que ya se ha hecho referencia.
a) Que, existe a part1r del 20.08.81 y hasta el 19.10.81 una suba generalizada de valores de cotización y volúmenes negociados alcanzando sus puntos máximos de cotización y volúmenes las especies Canale y Celulosa. Los porcentajes de incremento en los valores de cotización de estas especies entre el pico máximo alcanzado en el periodo investigado y su cotización al momento de empezar a operar los imputados fueron: Celulosa, porcentaje de incremento 36,67% y Canale, porcentaje de incremento 112%.
b) Que, a partir del 01.10.81 el crecimiento Producido en los valores de cotización de las especies Canale y Celulosa, cuyos volúmenes más significativos fueron negociados por los imputados, entre sí, atrae consigo una elevación de precios en los demás papeles.
c) Que, el día 19.10.81 a raíz del embargo recaído sobre uno de los imputados y la carencia de operaciones entre sí, se produce un brusco descenso en los valores de cotización de las acciones y en los volúmenes operados con relación a las operaciones del día 16.l0.81. Este descenso es de un 20% en los valores de cotización de Canale y de un 10% en los valores de cotización de Celulosa; mientras que el descenso en los volúmenes negociados es de un 91% para Celulosa y de un 93% para Canale.
d) Que, simultáneamente este descenso también afecta a las demás acciones de mayores volúmenes de negociación.
e) Que, el día 20,10.81 las especies Canale y Celulosa, al intervenir nuevamente los imputados en operaciones de compras y ventas, simultáneamente entre si, recuperaron su valor de cotización en forma inmediata.
f) Que, nuevamente por lo expresado en el inciso e ) se produce una atracción de crecimiento que afecta a los demás papeles en su cotización y volúmenes.
g) Que, con fecha 27.l0.81 , es decir cuando dejan de operar los imputados en operaciones simultáneas entre si se produce un brusco descenso tanto en los valores de cotización como en los volúmenes negociados, de las especies Canale y Celulosa que afecta también al resto de las acciones.
h) Que, recién a partir del 29.10.81 comienzan a recuperar su valor de cotización el resto de los papeles ya en un marco normal de operación bursátil.
Que, el resultado de toda la operatoria fue crear una apariencia de normalidad que en realidad no exista, atento su grado de participación en el total de compras y ventas, que le permitió influir sobre la cotización.
Que, está suficientemente acreditado que, no obstante la apariencia, en la medida en que existieron operaciones cruzadas sea con él mismo, con su esposa, o con la sociedad de la que se servía, todas las cuales el sumariado personalmente ordenaba en el propio recinto del Mercado, no hubo en realidad compraventa por faltar pluralidad de partes ya que aunque se haya sido prolijo en el entrecruzamiento a través de distintos agentes y se hayan observado las formalidades, la realidad es que se ha tenido en vista una finalidad distinta de aquélla que procura el negocio jurídico del que se sirvió, desnaturalizando la mecánica bursátil por hacer aparecer operaciones de venta que no eran tales.
Que, tampoco ellas respondieron a un desenvolvimiento natural de la oferta y demanda es decir que desde el punto de vista económico se marginaron las leyes competitivas de un mercado transparente.
Que, está probado que la conducta del sumariado tuvo una marcada incidencia en el aumento de los volúmenes negociados, que ella incidió no solo en los precios de las especies en que operó -Canale y Celulosa Argentina-, sino que marcó tendencias en el comportamiento general del Mercado, lo cual se aprecia con total nitidez en los momentos en que estuvo impedido de operar.
Que, por tanto, se considera acreditado, que el Señor Isidoro de Carabassa, con su actuación, afectó el normal desenvolvímiento de la oferta y negociación de título los valores en el período investigado y su conducta se encuentra encuadrada en la descripción que contiene el artículo 40 de las Normas.
B. Infracciones atribuidas al Mercado de Valores de Buenos Aires, a sus Directores y Gerente.
Que, se imputó al Mercado de Valores de Buenos Aires, sus Directores y Gerente a la época de los hechos, la presunta infracción a los artículos 30 apartado e), 37, 48, 57 y 59 de la Ley 17.811, artículos 92 y 97 del Reglamento Interno del Mercado, y artículo 46 inciso b) del Reglamento de Cotízación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Que, habiéndose efectuado por los Tribunales de distintos fueros, con ocasión de resolver cuestiones suscitadas ante sumarios instruidos por el Mercado de Valores a Agentes de Bolsa, precisiones en orden a la misión de los Mercados de Valores y Agentes de Bolsa, cabe reseñarlos para mejor evaluar cuál es el comportamiento exigible y compararlo con el observado en la situación.
Que, ha expresado el Señor Procurador General de la Nación que las facultades que la Ley 17. 811 otorga a los Mercados de Valores, entre ellas, dictar normas que regulen la actividad de los agentes, facultad instructoria y de imponer les sanciones "...no derivan meramente del poder correctivo interno de las asociaciones, sino del ejercicio de los poderes estatales ligados a la reglamentación del comercio y a la provisión de lo conducente a la prosperidad del país (conf, art. 67, Inc. 1 2 y 6 de la Constitución Nacíonal) - Dictamen del 30.09.82 en causa S. y Cia. (Transparencia n° 4, Pág. 96 n° V).
Que, con relación a los Agentes de Bolsa en ese dictamen, y luego de precisar que la protección que el Estado acuerda al inversor en el sistema de oferta publica no es asegurarle un resultado, sino mediante la fiscalización - que las empresas cumplan los requisitos legales por una parte, y por otra que la cotización de las acciones estará dada por el libre juego de oferta y demanda, para lo cual resulta indispensable que los agentes de bolsa solo registren negociaciones auténticas", para agregar a renglón seguido "Es posible distinguir entre las negociaciones efectuadas con falta de seriedad los casos de operaciones sólo aparentes, de aquél los más graves en los que mediante ese procedimiento se altera artificialmente el juego de la oferta y demanda, con la intención de modificar el precio de la acción, en perjuicio de los inversores".
Que, otros pronunciamientos también han puesto de resalto "la particular situación de los agentes atendiendo a la naturaleza de sus funciones, a las condiciones en que la cumplen, al carácter necesario de su intermediación y a la exclusividad que tienen al respecto a través de una suerte de monopolio establecido en tutela del pub1ico en general... que han de prevalecer sobre los intereses individuales, afianzándose de esta suerte la confianza que cabe esperar de las operaciones realizadas en los Mercados de Valores" (del voto del Dr .Anaya - C.N. Com, Sala C – 29.07.83 – J.V.P. - Transparencia n°II, pág. 92) como también que la conducta de los intermediarios "ha de apreciarse por la medida en que puedan afectar la seriedad del tráfico y la confiabilidad del Mercado antes que por la consideración de la existencia o falta de impugnaciones por comitentes" (del voto del Dr. Alberti, C.N.Com, Sala D - 10.06.83. S.A. y otro).
Que, con concreta referencia a operaciones ficticias se ha señalado que no existe compraventa cuando el agente aparece como vendedor y comprador sea por si ó por ser representante de una persona que reúne ambos roles simultáneamente, que ello es constitutivo de grave infracción que debe ser medida no por el éxito económico obtenido sino por la conducta asumida por quien realiza la operación en ejercicio de su profesión interesando "la influencia que se haya podido producir en el Mercado con la realización de una operación aparente, sin perjuicio que la misma haya producido o no el fin esperado" (del voto del Dr. Guerrero C.N.Com. Sala E - 19.02.82). (Transparencia N° 6, pág. 117).
Que, por ello a los Agentes de Bolsa no se les exige el comportamiento del prudente hombre de negocios sino una conducta ejemplar (art. 35 inc. e) del Reglamento Interno) y también que "se abstendrá de servir como intermediario en negociaciones respecto de las cuales pueda presumirse que las partes no proceden seriamente, si no en apariencia o en perjuicio de terceros", lo cual importa una severa advertencia al intermediario dada la modalidad de su actuación en nombre propio y por cuenta ajena, la que debería ser suficiente para que no sea posible que ingresen al mercado operaciones que no llevan por fin transmitir la propiedad de los títulos negociados y evitar las prácticas de manipulación directa de precios.
Que, a propósito de la interpretación de estas normas ha sostenido el Fiscal de la Cámara Comercial "lo que importa es que tanto el Agente de Bolsa como el propio Mercado de Valores parecen entender que las formas legales impuestas para otorgar seriedad, confianza y certeza a las operaciones de Bolsa pueden ser dejadas de lado libremente por los agentes en tanto no causen perjuicio, o por lo menos éstos no se prueben. Esto implica una grave confusión por parte del Mercado en cuanto no advierte que normas de esta naturaleza no están dadas por un puro formalismo, sino para garantizar una operatoria cuya importancia excede los meros intereses individuales ya que están impuestos en garantía de interés público. Valorarlos como si fueran meras operaciones entre individuos cuyos efectos no trascienden más allá de sus propios intereses implica el desconocimiento de las funciones que le están encomendadas", para luego agregar "frente a tal interpretación los hechos de la causa obligan a llegar a una conclusión distinta a la arribada por el Mercado de Valores. En efecto, el agente incriminado, por el conocimiento y la experiencia que se le pueden requerir no pudo haber ignorado que la operatoria realizada era altamente sospechosa en tanto la tenedora de los cupones, además de ordenarle la venta de los mismos, le indicaba a qué personas deberá venderlos, señalándole la cantidad que debía adjudicarle a cada uno. Por lo demás un elemento altamente sospechoso era el de que se trataba de personas relacionadas de algún modo con la propia vendedora, lo cual no podrá dejar de hacerle sospechar que se trataba de operaciones simuladas, máxime teniendo en cuenta el singular volumen de las ventas. Como toda operación simulada tiende a engañar a alguien, sea éste un particular o el Estado, como podría ser el fisco, es de toda evidencia que el agente, en cumplimiento de la norma implicada, deberá abstenerse intervenir. Este incumplimiento es suficiente para propiciar la revocatoria de la resolución y la imposición de una sanción con total prescindencia de la efectividad del perjuicio".
Que, al resolver la Excma. Cámara Comercial el caso expresó "...la circunstancia de que las infracciones cometidas en el supuesto de este expediente hayan sido meramente, formales, sin producir ni potencial efectivamente perjuicio patrimonial a tercero, no son suficientes para decretar la absolución, desde que en todo caso se ha violado la confianza pública, bien jurídico esencial en las operaciones de que se trata puesto que los agentes de bolsa son verdaderos auxiliares autónomos del comercio, debiendo actuar en todo momento con seriedad en el desempeño de sus actividades, (conf. Cám. Com. Sala E del 19.02.82 en autos J.L.T. y Cia. s/Sumario M.V.B.A.), Sala A – 22.08.84, causa 206.750 P.I. sumario M.V.B.A.
Que, si bien no corresponde a esta Comisión juzgar la conducta de los Agentes , si en cambio es competencia de los Mercados de Valores y sus Directores, y los parámetros que ha fijado la jurisprudencia le son de aplicación a sus autoridades, quienes deben ser juzgadas con similares exigencias.
Que, la lectura de este sumario, como de los expedientes agregados y del sumario que instruye el Mercado de Valores, indica la conveniencia de separar su actuación en dos momentos, el primero durante el tiempo en que se produjo la operatoria, es decir hasta fines de octubre de l981, y el segundo desde noviembre al 20 de enero.
Que, respecto del primero, del Expediente N° 672/82 - resulta que tanto los agentes compradores (ver declaraciones - de fs. 4, 22 y 47) como los vendedores (ver fs. 7,10, 13,16 ,19, 30) reciban las órdenes personalmente del Sr. de Carabassa en la baranda del recinto en lugares que, por las marcas efectuadas por los agentes, eran centro de reunión.
Que, ello lleva a la reflex1ón, habida cuenta que en el recinto permanentemente actúan Directores de Turno (artículo 7 del Reglamento Interno), si la presencia activa del Sr. de Carabassa les pudo pasar desapercibida a los semaneros. Igual reflexión cabe respecto de los agentes de bolsa intervinientes, si pudieron ignorar que se emitían por el nombrado órdenes cruzadas de las que ellos recibían sobre similares especias.
Que, no parecen imprescindibles Auditorias Externas (y debe señalarse que hubo varias, algunas finalizadas según el acta de fojas 538 en septiembre de 1981) para extraer la conclusión que el Sr. de Carabassa operaba en una misma rueda como vendedor y comprador de las mismas especies, y adoptar inmediatamente las medidas necesarias para asegurar la realidad de las operaciones, sobre todo atento la magnitud de ese accionar que tuvo por resultado que, por espacio de dos meses, en el principal recinto bursátil del país, algo más de una tercera parte del movimiento total de todas las especies fueron negociaciones que no involucraron efectivas transferencias.
Que, esta primera etapa las autoridades del Mercado aparecen como espectadoras de la situación, ante los récords - que anunciaba el periodismo (ver publicaciones de fs. 545/551 ) lo que configura la infracción al artículo 37 de la Ley 17.811.
Que, respecto del segundo periodo del sumario que instruye el Mercado de Valores, a fs. 5 resulta que el Gerente del Mercado, poseedor de los informes de Auditoria Interna del 10 y 26 de octubre de l981 y complementario del 07.12.81 no obstante lo resuelto por Directorio en Acta 1629 del 21.10.81, recién da traslado al Asesor Letrado el 18 de enero de l982, lo que compromete su responsabilidad.
Que, citado el propio Presidente del Mercado, aún a fines de diciembre mantiene, en contestación que involucra a todo el Directorio, que no "se ha tenido constancia hasta la fecha de negociaciones por parte de Agentes de Bolsa que pudieran calificarse como irregulares..." (fs. 279).
Que, contrasta que, sin otro antecedente que los escasos reunidos a esa fecha se aconseja iniciar sumario, "...para investigar la actividad de los Agentes de Bo1sa que operaron para dichos competentes, teniendo en cuenta el gran volumen de las transacciones realizadas por ellos, durante la misma rueda en las especies "Canale S.A." y "Celulosa S.A." y que los referidos comitentes en el transcurso de una misma rueda vendían y compraban las mencionadas especies. Todo ello podría configurar, en determinados casos que se tratara de operaciones ficticias que importarían una trasgresión al articulo 35 inciso i)del Reglamento Interno y que algunos de los Agentes de Bolsa podrían de tener conocimiento de las mismas, hallarse incursos en la precitada trasgresión".
Que esta es la mejor demostración que lo hecho en enero debió o pudo ser hecho con anterioridad, porque la posibilidad que se estuviera como se estuvo en presencia de operaciones aparentes resultó desde el primer momento, lo cual confirma la configuración del cargo imputado de infracción al artículo 59 de la Ley 17.811, por el que deben responder tanto el Mercado de Valores de Buenos Aires, como sus Directores y Gerente.
Que resumiendo, en cuanto a las obligaciones de fiscalización contenidas en los artículos 37, 48 y 59 de la Ley 17.811, debe señalarse que resulta plenamente comprobada la negligencia en el cumplimiento de las funciones de fiscalización, al no haber iniciat1va propia del Mercado de Valores, ya que se dio impulso a la investigación y se la profundizó a instancia de esta Comisión, sin que puedan desvirtuarlo las genéricas manifestaciones vertidas en los descargos a fs. 872 y siguientes en el sentido que se instruyeron sumarios por el Mercado a POMBO - SANTARCANGELO S.A.; GARCÍA Alberto J.C.; VALLEJO Fernando H.; COHEN S.A.; LONGO ELIA, Alberto; BADARACO y C.I.A. S.A. ; ALESSANDRO, Alfredo J. Y.; INDACO, Alfredo; FUNES - ROUILLON - CORTI MADERNA Y CÍA. ; ZERMAN, Máximo; RICHINI Y CÍA. SlV0Rl RANA CANOSA; FALABELLA Y CORSI y MARZAGALLI César V. L.;
para determinar si alguna de las firmas se encuentra incursa en la trasgresión al artículo 35 inciso i) del Reglamento; insuficientes para demostrar la diligencia y eficacia de ese Mercado de Valores en el control de los Agentes y de las operaciones.
Que no ha podido en cambio demostrarse una relación directa entre los Directores del Mercado de Valores de Buenos Aires y su Gerente, con las obligaciones contenidas en los artículos 46 Inciso b) del Reglamento de Cotización y 30 inciso e ) de la Ley 17.811, por lo que resultando atendibles los descargos formulados, corresponde la absolución de dichos cargos.
Que respecto de las imputadas infracciones a los artículos 92 y 97 del Reglamento interno del Mercado de va1ores y 57 de la Ley 17.811, del Expediente N° 198.187 (fs. 3/4) surge que: "b) En las compras, generalmente cumplimenta la liquidación correspondiente, mediante el pago en término, a excepción de las compras efectuadas con fecha 23 y 26 del octubre de corriente, las que en su mayoría fueron cubiertas al Mercado con fondos propios de los Agentes de Bolsa; verificado el origen de los fondos, se comprobó que se trataba, en algunos casos, de fondos propios y en otros casos de fondos provenientes de créditos tomados en financieras, bancos y/o particulares, por lo que no existen observaciones que formular".
Que, no habiendo podido demostrar el incumplimiento de las liquidaciones de compra de los días 23, 26 y 27 de octubre de 1981 por los Agentes de Bolsa, corresponde asimismo la absolución de dicho cargo.
Que, respecto de la responsabilidad de los sumariados resulta procedente señalar que los señores RODRÍGUEZ y ALDAZABAL se incorporaron al Directorio del Mercado con posterioridad a octubre de 1981, y que los señores VELICOGNA y CUCCHIARA han fallecido, por lo que a su respecto corresponde declarar extinguida la acción, encontrándose los restantes sumariados en un plano de igualdad.
Que, de los antecedentes obrantes en el Organismo resultan los siguientes apercibimientos: a) Mercado de Valores de Buenos Aires S.A, y señores PEÑA, ALVAREZ y TRUCCO, 5 apercibimientos; b) señores FERRONATO, TEZANOS PINTO y SCHUMACHER 4 apercibimientos; c) Sr. MAY 3 apercibimientos; y, d) señores RODRIGUEZ y ALDAZABAL 1 apercibimiento, encontrándose firmes las Resoluciones Nros. 6429 del 06.10.83; 6458 del 20.10.83; 6470 del 04.11.83; 6469 del 04.11.83 y 6477 del 04.11.83.
Que, con atención a la fecha en que fue modificado el art. 10°, inc. b) de la Ley 17.811, por la Ley 23.513 (B.O, 10.07.87), en el caso resulta de aplicación el texto original de la norma.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 17.811,
ARTICULO 1°.- Rechazar las nulidades articuladas a fs. 773 y 870.
ARTICULO 2° . - Rechazar las nulidades articuladas a fs. 711 y 961.
ARTICULO 3°. - Imponer al Sr. Isidoro DE CARABASSA el máximo de la multa fijada por la Ley 17.811, por la infracción del artículo 40 de las normas (T.O. 1971)
ARTICULO 4°.- Imponer al MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. y a los Señores Juan B. PEÑA, Federico G. SCHUMACHER, Ricardo MAY, Alberto C. ALVAREZ, César de TEZANOS PINTO, Roberto M. FERRONATO, Luis Domingo TRUCCO y Juan José GISMONDI -ex-Directores y Gerente del primero- el máximo de la multa fijada por la Ley 17.811, en forma individual y para cada uno, por la violación de los artículos 37, 48 y 59 de la Ley 17.811; absolviéndolos de los demás cargos imputados.
ARTICULO 5°.- Absolver a los Señores Juan C. F. RODRÍGUEZ y Rafael ALDAZABAL de los cargos imputados.
ARTICULO 6°.- Declarar extinguida la acción respecto de los Señores Hugo A. VELICOGNA y Tomás CUCCHIARA, por fallecimiento de los mismos.
ARTICULO 7°.- Notifíquese a los sumariados, comuníquese a las Bolsas de Comercio y Mercados de Valores del país y obladas las multas archívese.
FIRMADO: Normando Daly, Pablo Luis M. de Estrada y Cipriano Aurelio Rodriguez.