Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-568-11.htm
Timestamp: 2020-02-18 16:52:59
Document Index: 279923485

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'artículo 65', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 58', 'artículo 48', 'artículo 50', 'artículo 86', 'artículo 116', 'artículo 348', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 2495', 'artículo 157', 'artículo 50', 'artículo 64', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 21', 'artículo 311', 'ARTÍCULO 50', 'artículo 86', 'Artículo 25', 'artículo 126', 'artículo 116', 'artículo 348', 'artículo 90', 'ARTÍCULO 50', 'ARTÍCULO 2495', 'Artículo 157', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 2495', 'Artículo 11', 'artículo 116', 'Artículo 5', 'ARTÍCULO 157', 'artículo 36', 'artículo 2495', 'ARTÍCULO 64', 'artículo 28', 'ARTÍCULO 50', 'artículo 24', 'Artículo 157', 'artículo 36', 'artículo 2495', 'artículo 58', 'artículo 311', 'artículo 311']

T-568-11
Sentencia T-568/11
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES CUANDO ADELANTA PROCESOS CONCURSALES-Procedencia
En virtud de lo dispuesto en el artículo 116 superior, excepcionalmente la ley puede “atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas”. Uno de estos casos se presenta con la Ley 222 de 1995 (modificada por la ley 1116 de 2006), la cual dota a la Superintendencia de Sociedades de funciones jurisdiccionales para tramitar los procesos concursales de sociedades, cooperativas, fundaciones o sucursales extranjeras que no estuvieran sujetas a algún régimen especial de intervención o liquidación. En razón a lo anterior, toda decisión proferida dentro de las funciones jurisdiccionales de los trámites concursales cuyo conocimiento le fue asignado a la Superintendencia de Sociedades por la mencionada ley, equivalen a una providencia judicial, contra la cual de haberse presentado irregularidades, es viable a los ciudadanos acudir a la acción de tutela.
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE EMPRESA PRIVADA-Respeto de los derechos de los trabajadores/PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE EMPRESA PRIVADA-Prelación de créditos laborales
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE EMPRESA-Es el juez del concordato quien se encuentra facultado para la constatación y calificación de las circunstancias que conllevan a su liquidación judicial
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL-Consecuencias
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Orden para incluir dentro de liquidación de sociedad, el crédito laboral por concepto de indemnización de los accionantes
Referencia: expediente T-2768210
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil once (2011).
Wilton Vifred Vergara Niño, Julia Inés Rodríguez Gómez, Luz Marina Lozano de Prieto, Ana Marlene Segura Cuervo, María Felisa Rodríguez, Elvia María Casas Ramírez y Amelia Niño de Vergara, mediante apoderado, el día 18 de mayo de 2010, interponen acción de tutela en contra la Superintendencia de Sociedades, por considerar que les están vulnerando sus derecho fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social por el proferimiento de los autos núm. 451-004975 del 13 de abril de 2010 y el núm. 451-005050 de la misma fecha, mediante los cuales se resolvieron las objeciones presentadas al proyecto de calificación y graduación de créditos y se resolvieron unos recursos, negando la inclusión de la indemnización por despido atribuible al empleador, dentro de la prelación de créditos laborales en la liquidación.
1.1. El 7 de febrero de 2006, mediante Oficio No. 155-004787, la Superintendencia de Sociedades admitió a la sociedad Tejidos Alnar Ltda. a la promoción de un acuerdo de reestructuración en los términos y con las formalidades previstas en la Ley 550 de 1999, designando como promotor al señor Gerardo Alonso Castro.
1.2. El 6 de octubre de 2006, la sociedad Tejidos Alnar Ltda., realizó la reunión de determinación de derechos de voto y acreencias, celebró el acuerdo de reestructuración con sus acreedores y concilió las objeciones presentadas.
1.3. El 19 de octubre de 2008, mediante oficio 156-106217, la coordinadora del grupo de sociedades en trámite concursal de la Superintendencia de Sociedades, requirió al promotor del proceso de reestructuración de la sociedad Tejidos Alnar Ltda., para que le informara sobre el incumplimiento en los pagos con algunos acreedores del acuerdo de reestructuración.
1.4. El 19 de noviembre de 2008, el promotor del trámite de reestructuración de la sociedad Tejidos Alnar Ltda., dió contestación al requerimiento de la coordinadora del grupo de sociedades en trámite concursal de la Superintendencia de Sociedades, “informándole que el Comité de Vigilancia de la empresa en reunión del 12 de Noviembre del presente año [2008] con el quórum requerido para deliberar acordó convocar a una reunión de acreedores para el día 4 de Diciembre de 2008 a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades con el fin de que decida sobre la reforma del Acuerdo de Reestructuración, para lo cual adelanté las acciones previstas por la Ley 550 de 1999 para estos sucesos ” [1]. Esto en razón al incumplimiento con los acreedores.
1.5. El 2 de diciembre de 2008 el promotor del trámite de reestructuración de la sociedad Tejidos Alnar Ltda., remitió a la Superintendencia el aviso de convocatoria de acreedores publicado en el Diario La República el 21 de noviembre de 2008, con su correspondiente registro en Cámara de Comercio, en razón a que dichos documentos eran necesarios para llevar a cabo la modificación del acuerdo de Reestructuración que se dio con ocasión a los incumplimientos de la Sociedad Tejidos Alnar Ltda.[2].
1.8. Ese mismo día (3 de abril de 2009) el promotor del acuerdo de reestructuración le informa a los extrabajadores ahora demandantes[3], la terminación de sus contratos de trabajo invocando la causal de la liquidación definitiva de la Empresa Tejidos Alnar Ltda.[4].
1.9. El 13 de abril de 2009 se realizó una Asamblea de acreedores en la que se informó la situación financiera de la empresa, la imposibilidad de continuar con su operación con ocasión a los obstáculos comerciales (liquidación de la sociedad) y los pagos que se realizarían a los acreedores en la medida de lo posible[5]. Se trató también el asunto de la conciliación que se llevó a cabo con 14 de los empleados y la terminación del contrato de trabajo con los restantes a partir del 3 de abril de ese año. En el informe que rindió el promotor resaltó lo siguiente:
Me permito transcribir parte de mi concepto de viabilidad emitido a los acreedores para la firma del Acuerdo de Reestructuración de las Acreencias en el numeral 5, literal b): Aunque la ejecución de las proyecciones financieras son viables éstas están sujetas a: Conservar la relación comercial con los clientes del exterior, quienes representan la mayor parte de las ventas. Esta relación ha sido sólida por más de doce años (12).
De acuerdo con lo informado anteriormente, y obrando de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del Art. 35 de la ley 550 de 1999 que establece “Cuando se incumpla el pago de una acreencia causada con posterioridad a la fecha de iniciación de la negociación, y el acreedor no reciba el pago dentro de los tres meses siguientes al incumplimiento, o no acepte la fórmula de pago que le sea ofrecida, de conformidad con lo dispuesto en una reunión de acreedores”, Bajo este marco legal, en esta Reunión de Acreedores que se celebra hoy 13 de abril de 2009 a las 10:00 A.M. en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades, se dan las condiciones para terminar el acuerdo de Reestructuración de Tejidos Alnar Ltda. en Reestructuración celebrado el día 06 de octubre y modificado en Reunión de Acreedores el día 04 de Diciembre de 2008 en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades.”[6](Resaltado fuera del texto original)
1.10. En esa misma fecha (13 de abril de 2009) los accionantes radicaron ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud de incorporación de las acreencias laborales dentro del proceso liquidatorio de la Empresa Tejidos Alnar Ltda.[7].
1.12. Mediante Auto núm. 156-010862 del 4 de junio de 2009, el superintendente delegado para los procedimientos mercantiles decreta la apertura de liquidación judicial de la sociedad Tejidos Alnar Ltda..
1.13. El 19 de junio de 2009, la Secretaría Administrativa del Grupo de Liquidaciones de la Superintendencia de Sociedades, fija por el término de 10 días hábiles un aviso en el que informa que la sociedad Tejidos Alnar Ltda., con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificada con el Nit. 860068765, fue admitida al trámite de liquidación judicial mediante auto 156-010862 del 4 de junio de 2009, designando como liquidador al señor Jorge Luis Maya Jiménez. Del mismo modo informa a los acreedores de la sociedad deudora que deberán presentar sus créditos dentro de los veinte días siguientes a la desfijación ese aviso, allegando prueba de su existencia y cuantía, presentando sus reclamaciones directamente ante el liquidador; y explicando que en atención a que el proceso de liquidación judicial fue iniciado como consecuencia de la terminación de un acuerdo de reestructuración por incumplimiento en el pago de las obligaciones causadas con posterioridad a la iniciación de la negociación del mismo, los acreedores reconocidos y admitidos en él, se entienden presentados en tiempo al auxiliar de la justicia en el proceso de liquidación judicial, y los derivados de gastos de administración deberán ser presentados al liquidador. Por último, indica que dicho aviso se inscribirá en el registro mercantil de Cámara de Comercio y se publicará en la debida forma.[8]
1.14. El día 23 de julio de 2009, el apoderado de los accionantes radica ante el liquidador de la Sociedad Tejidos Aldar Ltda[9]., la solicitud de incorporación de acreencias laborales dentro del proceso de liquidación judicial, es decir, antes de culminar el tiempo dado por el aviso.
1.16. El 1° de diciembre de 2009 el apoderado de los accionantes presentó ante la Superintendencia de Sociedades la objeción al proyecto de reconocimiento y graduación de los créditos presentados por el señor Jorge Amaya, liquidador de la Sociedad Tejidos Alnar Ltda..
(i) Indicó que las acreencias de sus representados fueron rechazadas al considerarse, por parte del liquidador, que no se presentó prueba de la existencia, clase y cuantía del crédito reclamado, como tampoco sentencia alguna que ordenara el pago de la indemnización de que trata el artículo 65 del C.S.T.;
(ii) Solicitó que se tuviera en cuenta el numeral 5° del artículo 50 de la ley 1116 de 2006, que establece la obligación de dar por terminados los contratos de trabajo con las respectivas indemnizaciones, sin que sea necesaria autorización administrativa o judicial, sujetándose solamente a las reglas del concurso, en razón a que se presentaron las acreencias en tiempo, es decir, el 23 de julio de 2009[10].
(iii) Por último, advirtió que el 4 de abril del 2010 se presentaron ante la Superintendencia de Sociedades las acreencias laborales de los ex trabajadores, quienes además habían presentado el 24 de marzo de 2009 una comunicación de la situación de la empresa al Ministerio del Trabajo y la Protección Social con copia a la Superintendencia de Sociedades, habiendo citado el Ministerio al representante legal de la sociedad. Sin embargo, para la fecha de la reunión ya se encontraba intervenida la sociedad por la Superintendencia de Sociedades, por lo que el liquidador debió comparecer a la reunión pero no dejó constancia alguna.
En razón a tales objeciones, en esa misma Audiencia[11], la Superintendencia de Sociedades negó la inclusión de las indemnizaciones en el dentro de la prelación de créditos, argumentando lo siguiente:
(ii) Que por el hecho de haberse realizado los despidos con anterioridad a la liquidación judicial de la Sociedad, éstos no se cobijan por lo consagrado en el artículo 50 de la ley 1116 de 2006. En consecuencia, dado a que los litigios no fueron presentados en su debida oportunidad y a la fecha no reposa en el expediente documento alguno que acredite la existencia de los procesos, aún cuando está la manifestación expresa del apoderado de los trabajadores, los mismos deberán ser calificados como extemporáneos y por tanto postergados[12].
1.19. Mediante auto número 451-004975 del 13 de abril de 2010, la Superintendencia de Sociedades resuelve denegar la objeción propuesta por el apoderado de los ex trabajadores y ahora accionantes.
1.21. El 10 de agosto de 2010, el apoderado de los ex trabajadores de la concursada, mediante oficio radicado ante la Supersociedades con el número 2010-01-177221, informa que no fue convocado a la reunión celebrada por el liquidador para aprobar el acuerdo de adjudicación.
1.22. El 22 de septiembre de 2010, mediante auto 405-016989, la Supersociedades determinó: (i). que el “proyecto de adjudicación presentado” sólo fue votado por un total de acreedores con vocación de pago que representa el 9% y el 5.73%, lo cual no es suficiente; (ii). que dicha liquidación no se ajusta a las reglas de adjudicación previstas en el artículo 58 de la ley 1116 de 2006 y en consecuencia lo que procede es que el juez del concurso, haciendo uso del principio inquisitivo que rige el proceso, dicte la providencia de adjudicación conforme a la normatividad de prelación legal de pago; (iii). que se realice la relación de los activos disponibles para la adjudicación, además de la manera en que debía ejecutarse su entrega reconociendo simplemente las acreencias laborales sin incluir las respectivas indemnizaciones.
El apoderado de los accionantes interpone acción de tutela solicitando, además del pago de las acreencias laborales, la inclusión de las indemnizaciones dentro de la prelación de dichos créditos. En esencia considera que se le están vulnerando a los extrabajadores sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al minimo vital y a la seguridad social.
(v). Las acreencias que al momento de la presentación de los créditos no son ciertas o están en discusión (litigiosos), deben ser reclamadas en el proceso dentro del mismo término señalado para todos los acreedores, presentando prueba de la existencia del proceso ordinario, caso en el cual se reconocen dichas acreencias como créditos litigiosos, debiendo el liquidador hacer las provisiones del caso para el pago de las mismas en el evento de ser condenada la empresa, y se pagarán en el orden de prelación que la Ley señala.
(vi). No se presentaron en ningún momento los documentos necesarios para el reconocimiento de los créditos de los trabajadores dentro del proceso de liquidación de la Empresa en comento, razón por la cual se determinó su rechazo por parte del liquidador.
(viii) Por tratarse de un proceso ordinario ha de entenderse que las acreencias allí reclamadas no son mas que simples expectativas de derecho a favor de los trabajadores, que no pueden aceptarse como créditos ciertos sino solamente como litigiosos, hasta tanto sea proferida la sentencia de condena, momento a partir del cual se considera crédito cierto, y en caso de haberse relacionando oportunamente se ordenará al liquidador que haga la respectiva provisión para el pago.
(iii) Según el artículo 48 de la ley 1116 de 2006, los documentos aportados por el apoderado de los ex trabajadores[13], luego de la desfijación del aviso, no pueden ser considerados como prueba de algún crédito laboral. Aceptar dichos documentos conduciría a que fácilmente se cometan fraudes en los procesos liquidatorios, lo cual llevaría a desconocer los derechos tanto de los demás acreedores como de la sociedad liquidada.
(i) En cuanto a la oportunidad dada por el liquidador de la empresa durante los veinte días posteriores a la desfijación del aviso, expresa que los documentos se entregaron dentro del término[14].
(ii) Dentro de las pruebas anexadas acerca de la existencia y cuantía de los créditos laborales se aportaron, entre otras: poderes, cartas de terminación de contratos de trabajo, reportes de semanas cotizadas en pensiones al ISS, liquidaciones laborales, estado de cuenta de la ex trabajadora Amelia Niño Vergara y oficio radicado a la Superintendencia de Sociedades.
En consecuencia, solicita que se revoque la decisión del juez de primera instancia y se incluya en el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto la totalidad de las acreencias laborales solicitadas con el fin de restituir los derechos de los ex trabajadores.
4.2. Mediante escrito enviado vía fax por la Superintendencia el 13 de diciembre de 2010, frente a la solicitud de copias del proceso de reestructuración y liquidación de la empresa Tejidos Alnar Ltda., informó lo siguiente[15]:
No obstante lo anterior, falta la remisión de los cuadernos de créditos uno de 312 folios, dos contiene los folios 313 al 579 y tres con 103 folios, así como el cuaderno de objeciones conformado por 143 folios, los cuales no alcanzaron a ser fotocopiados por el centro de fotocopiado con el cual la Superintendencia tiene suscrito el contrato por este servicio”. (Ésta es una trascripción del documento original enviado, de los folios 109 a 111 del cuaderno de revisión).
Ante la solicitud de la remisión de las autorizaciones de despido de los ex-[16]trabajadores, se expresó lo siguiente:
“Al respecto, revisado el expediente que da cuenta del proceso de reestructuración que adelantó la sociedad Tejidos Alnar Ltda. el despacho pudo verificar que el único antecedente sobre el particular son los escritos radicados en esta entidad bajo los números 2009-01-106879 del 25 de marzo de 2009 y 2009-01-133959 del 13 de abril del mismo año por un grupo de extrabajadores de la concursada en los cuales informa del posible despido y el cierre de la empresa, a lo cual esta Superintendencia con oficios 156-070357 y 156-070519 del 29 y 30 de abril de 2009 les informó que la SOCIEDAD TEJIDOS ALNARLTDA viene adelantando los trámites previos a la apertura del proceso de liquidación judicial, estos documentos reposan en el cuaderno dos del acuerdo de reestructuración, folios 275 a 279 y 311 -312 ” (Ésta es una trascripción del documento original enviado folios 109 a 111 del cuaderno de revisión).
“Reitero mi solicitud, en el sentido que es la Superintendencia de Sociedades la responsable del no pago de la totalidad de las acreencias laborales solicitadas a tiempo dentro del proceso jurisdiccional de liquidación judicial de la sociedad Tejidos Alnar Ltda. en liquidación judicial reglado por la ley 1116 de 2006, y, por consiguiente debe asumir el pago de las acreencias laborales solicitadas en su totalidad a mis poderdantes”[17]
· Escrito radicado ante la Supersociedades por los ex trabajadores el día 25 de marzo de 2009, informando sobre irregularidades cometidas por la Empresa Tejidos Alnar Ltda..
· Escrito radicado ante la Procuraduría General por los ex trabajadores el día 3 de abril de 2009, informando sobre irregularidades cometidas por la Empresa Tejidos Alnar Ltda.
· Escrito radicado ante el Ministerio de la Protección Social por los ex trabajadores el día 3 de abril de 2009, informando sobre irregularidades cometidas por la Empresa Tejidos Alnar Ltda..
· Acta de la Asamblea de acreedores sobre el acuerdo de reestructuración de la Sociedad Tejidos Alnar Ltda. realizada el día 13 de Abril de 2009.
· Respuesta emitida el 30 de abril de 2009 por la Supersociedades en la que le informa al señor Wilton Vifred Vergara y otros, que se está adelantando el proceso de apertura de liquidación judicial de la empresa Tejidos Alnar Ltda..
· Proyecto de calificación y graduación de los créditos de la compañía Tejidos Alnar Ltda. en liquidación judicial, presentado el 11 de junio de 2009.
· Aviso proferido por la Secretaría del Grupo de Liquidaciones de la Superintendencia de sociedades fijado el 19 de junio de 2009.
· Auto proferido por la Supersociedades el 4 de junio de 2009 mediante el cual se decreta la apertura de liquidación judicial.
· Solicitud de incorporación de acreencias laborales dentro del proceso de liquidación judicial de la Empresa Tejidos Alnar Ltda. presentada por el apoderado de los accionantes el 23 de julio de 2009 ante la Supersociedades.
· Auto proferido por la Supersociedades el 11 de agosto de 2009 mediante el cual se resuelve sobre un reconocimiento de personería.
· Auto proferido por la Supersociedades el 11 de agosto de 2009 mediante el cual se remiten radicaciones al liquidador.
· Respuesta proferida el 27 de octubre de 2009 por la Procuraduría delegada para los asuntos del trabajo y la seguridad social, en la que manifiesta que solicitó al Ministerio de Protección Social, información sobre las actividades de vigilancia y control que ha realizado respecto de la denuncia efectuada por los accionantes ante la dirección territorial de Cundinamarca del Ministerio de Protección Social, en tres (3) de abril de 2009.
· Objeción al proyecto de reconocimiento y graduación de créditos de la Empresa Alnar Ltda. en liquidación judicial, presentada por los ex trabajadores el 1 de diciembre de 2009 ante la Supersociedades.
· Acta de conciliación de objeciones dentro del proceso de liquidación judicial de la Sociedad en comento; realizada el 17 de diciembre de 2009.
· Auto proferido por la Supersociedades el 23 de marzo de 2010.
· Auto proferido por la Supersociedades el 5 de abril de 2010.
· Auto proferido por la Supersociedades el 13 de abril de 2010.
· Acta de audiencia de resolución de objeciones no conciliadas, emitido el 22 de abril de 2010.
· Declaración extraproceso rendida por Elvia María Casas Ramírez el 5 de mayo de 2010 en la Notaría 68 del círculo de Bogotá.
· Constancias de no comparecencia del representante legal de Tejidos Alnar Ltda. a audiencia fijada por el Inspector del Trabajo.
· Planillas de cotización a pensiones de cada uno de los accionantes.
· Liquidaciones de las prestaciones sociales elaboradas por el apoderado de los accionantes. Realizadas teniendo en cuenta el despido sin justa causa.
· Poder para actuar conferido al Dr. Álvaro Galeano Martínez.
· Cartas de despido unilateral, dirigidas a cada uno de los accionantes, como consecuencia del acuerdo de reestructuración por liquidación definitiva.
· Boletín Catastral de uno de los bienes poseídos por la empresa.
· CD de audio y acta que contiene el fallo de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral de Oralidad del proceso ordinario laboral iniciado por el representante legal de los accionantes.
· Copia simple de la memoria detallada de las actividades del liquidador de Tejidos Alnar Ltda. en liquidación judicial.
· Copia simple del traslado de la rendición final de cuentas por parte del liquidador.
Mediante auto del 4 de junio de 2009, el superintendente delegado para los procedimientos mercantiles decretó la apertura de liquidación judicial de la sociedad Tejidos Alnar Ltda.. Durante este proceso se designó el liquidador y posteriormente se fijó el respectivo aviso para requerir a los acreedores a presentar sus créditos, término dentro del cual los accionantes allegaron los documentos que consideraron pertinentes para reclamar el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones.
El liquidador radicó ante la Superintendencia de Sociedades el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, rechazando las prestaciones e indemnizaciones reclamadas por los ex trabajadores ahora petentes, bajo el argumento de ser éstas últimas[18] derechos litigiosos que no fueron presentados en tiempo ni en debida forma.
Con ocasión al despido unilateral de los accionantes y ante la imposibilidad de incluir el pago de las indemnizaciones en la prelación de créditos, también por disposición de la Supersociedades en los Autos núm. 451-004975 del 13 de abril de 2010 y el núm. 451-005050 de la misma fecha[19], su apoderado inició un proceso ordinario laboral ante el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá.
En razón a ello, la Supersociedades convocó una Audiencia para la resolución de las objeciones donde declaró no probadas las formuladas por los ex trabajadores, argumentando que los créditos no se presentaron en su debida oportunidad, confirmado su decisión en Audiencia posterior.
Para resolver los anteriores problemas jurídicos la Sala abordará los siguientes asuntos: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en general y específicamente frente a decisiones proferidas por la Superintendencia de Sociedades; (ii) la indemnización como derecho cierto e indiscutible cuando se invoca la causal de liquidación de la empresa bajo el marco normativo preceptuado en el numeral 5 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006; (iii) finalmente se entrará a analizar el caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en general y específicamente frente a decisiones proferidas por la Superintendencia de Sociedades en calidad de juez concursal, por tratarse de providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991[20] señala que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto”.
La Corte Constitucional ha precisado que, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas dado por el artículo 86, “no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado”[21].
3.2. Tomando como fundamento los artículos 86 de la Constitución Política, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[22] y 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[23], la Corte Constitucional ha desarrollado una amplia y uniforme jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, precisando su carácter excepcional, entre otras razones, porque “se parte de la premisa que el sistema de administración de justicia consagrado en la Carta Política es un mecanismo idóneo y suficiente para proteger los derechos de los asociados[24]”, lo cual además garantiza “que las sentencias judiciales estén amparadas adecuadamente por el principio de cosa juzgada que prescribe su inmutabilidad, y que los jueces conserven sus competencias, autonomía e independencia al decidir los casos de los que conocen”[25].
3.3. En las primeras decisiones la Corte Constitucional indicó que la viabilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales estaba condicionada a la configuración de una “vía de hecho”, concepto mediante el cual “se hacía alusión a aquellas decisiones arbitrarias de los jueces que eran fruto de su abierto y caprichoso desconocimiento de la legalidad”[26].
23. En ese marco, los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela. Esta línea jurisprudencial, que se reafirma por la Corte en esta oportunidad, ha sido objeto de detenidos desarrollos. En virtud de ellos, la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto.”
(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor[27]; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.”
Así mismo, la Corte ha precisado que los criterios específicos deben revestir un carácter protuberante y presentarse de forma evidente en la decisión bajo examen[28], resumiéndolos de la siguiente forma:
“i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido[29].
ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido[30].
iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la administración de justicia[31].
iv) Decisión sin motivación: Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos[32].
vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada solicitud expresa al respecto[33].”
En este orden de ideas, cuando se presentan las causales genéricas de procedibilidad y se configura por lo menos uno de los defectos o fallas graves que hacen procedente la acción de tutela contra una providencia judicial, existe una “actuación defectuosa” que debe ser reparada por el juez constitucional[34].
3.4. Ahora bien, esta Corporación ha aclarado que el concepto de providencia judicial incluye tanto a las sentencias como a los autos dictados por las autoridades judiciales[35]. Asimismo ha manifestado que, aunque por regla general “las decisiones judiciales adoptadas mediante autos interlocutorios pueden ser corregidas o discutidas por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto en los distintos procedimientos judiciales”[36], la acción de tutela es procedente en estos casos “(i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii) cuando a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable. En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos generales de procedencia y los requisitos especiales de procedibilidad de la acción tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por esta Corporación”[37].
3.5. Por otro lado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 116 superior, excepcionalmente la ley puede “atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas”. Uno de estos casos se presenta con la Ley 222 de 1995 (modificada por la ley 1116 de 2006), la cual dota a la Superintendencia de Sociedades de funciones jurisdiccionales para tramitar los procesos concursales de sociedades, cooperativas, fundaciones o sucursales extranjeras que no estuvieran sujetas a algún régimen especial de intervención o liquidación.[38]
En razón a lo anterior, toda decisión proferida dentro de las funciones jurisdiccionales de los trámites concursales cuyo conocimiento le fue asignado a la Superintendencia de Sociedades por la mencionada ley, equivalen a una providencia judicial, contra la cual de haberse presentado irregularidades, es viable a los ciudadanos acudir a la acción de tutela[39]. Al respecto la Sentencia T-441 de 2001 señala lo siguiente:
Será competente de manera privativa para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades, cooperativas, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a régimen especial de intervención o liquidación.(...)”
“3. La naturaleza jurisdiccional que la ley le ha dado a la función que la Superintendencia cumple como juez de concordato, es armónica con la materialidad del asunto, puesto que se trata de conflictos entre intereses de particulares, por los efectos jurídicos de las decisiones y las medidas que le está autorizado tomar dentro del proceso, tanto que tienen necesaria incidencia en otros procesos judiciales. Más aún, las características del trámite, con regulación especial, complementada por el C. de P.C. y el C. de Co., sin que en la remisión a otros ordenamientos se haga mención del C.C.A., erige la actuación respectiva en un verdadero proceso judicial, aplicable también por los jueces civiles especializados o en su defecto, del Circuito, en tratándose de concordatos de personas naturales.
4. El carácter jurisdiccional de los actos en mención ha sido además reiterado por la jurisprudencia de la Corporación”[40]
Estudiando la procedencia de la tutela en el caso particular, la Sala observa como el auto que accede a la reposición del auto que aprueba el acuerdo concordatario, no puede ser conocido por una entidad diferente a la Superintendencia de Sociedades y no tiene recurso diferente a la nueva reposición si existiesen hecho nuevos[41]. Por tanto, en este caso no existe otro mecanismo de protección del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado.
Esto se desprende, en el caso concreto, de la no consagración de la posibilidad de interponer recurso de reposición en el texto del auto que resuelve el recurso de reposición (Auto 4107871 de mayo 14 de 2001). La inexistencia de otro mecanismo de protección también se deriva del posterior análisis hecho por la Superintendencia al estudiar los recursos interpuestos contra el mencionado auto, en Auto 41012147 de 19 de julio de 2001, según el cual en el auto que resolvía el recurso de reposición no se habían estudiado asuntos nuevos que permitieran recurso de reposición, según lo dispuesto por el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, para atacar su validez por presunta vía de hecho procede la tutela en ausencia de otros mecanismos de protección.”
“En desarrollo de las disposiciones superiores recién mencionadas, el Legislador ha definido los contornos de las funciones jurisdiccionales de las superintendencias en la Ley 486 de 1998 (artículos 147 y 148) y, en materia de procedimientos concursales de sociedades no sujetas a un régimen especial, en la Ley 222 de 1995 (modificada por la Ley 1116 de 2006), atribuyendo competencia a la Superintendencia de Sociedades para actuar como juez en estos procesos.[42]
En consideración a los mandatos legales y constitucionales expuestos, la Corte Constitucional ha explicado que (i) los autos proferidos por la Superintendencia de Sociedades, actuando como juez concursal, tienen carácter jurisdiccional, así que no son susceptibles de control por la vía gubernativa, ni a través de las acciones contenciosas previstas por la Ley para controlar la legalidad de los actos administrativos; (ii) en consecuencia, la acción de tutela resulta procedente para controvertir tales providencias, siempre que se evidencie amenaza o desconocimiento de derechos fundamentales, y (iii) se hayan agotado los medios de control de legalidad previsto por el legislador para cada procedimiento[43].”
4. La indemnización como derecho cierto e indiscutible cuando se invoca la causal de liquidación de la empresa bajo el marco normativo preceptuado en el numeral 5° del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006[44].
Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), que en el Convenio 95 “relativo a la protección del salario” establece que en caso de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los trabajadores deben ser considerados como acreedores preferentes en lo que respecta a salarios, y deben tener una relación de prioridad frente a los demás créditos preferentes:
“1. En caso de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los trabajadores empleados en la misma deberán ser considerados como acreedores preferentes en lo que respecta a los salarios que se les deban por los servicios prestados durante un período anterior a la quiebra o a la liquidación judicial, que será determinado por la legislación nacional, o en lo que concierne a los salarios que no excedan de una suma fijada por la legislación nacional.//2. El salario que constituya un crédito preferente se deberá pagar íntegramente antes de que los acreedores ordinarios puedan reclamar la parte del activo que les corresponda.//3. La legislación nacional deberá determinar la relación de prioridad entre el salario que constituya un crédito preferente y los demás créditos preferentes” [52].
4.3. El ordenamiento colombiano, mediante la Ley 1116 de 2006, “Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones” se expide bajo propósitos fundamentales[53] contemplando fines específicos dentro de los que se resaltan:
· Protección del crédito laboral.
· Recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.
· Protección de la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y la sanción de conductas que le sean contrarias[54].
1 FASE: Proceso de reorganización
2 FASE: Proceso de liquidación judicial
El proceso de reorganización se orienta a la preservación de las empresas viables y a la normalización de sus relaciones comerciales y crediticias a través de una reestructuración operacional y administrativa de activos y pasivos.
El proceso de liquidación judicial, propende por que esta sea pronta y ordenada buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor[55]
En ese sentido, la Ley 1116 de 2006 para estructurar un régimen permanente de insolvencia empresarial prevé un proceso de liquidación de naturaleza jurisdiccional, y por tanto establece como autoridades competentes para su aplicación: la Superintendencia de Sociedades[56] y los jueces civiles del circuito[57]. Autoridades que como se mencionó en el acápite tercero, cuentan con todas la atribuciones necesarias para dirigir el proceso y lograr el cumplimiento de las finalidades del mismo, incluida la potestad de definir derechos en discusión e imponer sanciones y multas a quienes incumplan los mandatos del juez, la ley o los estatutos[58].
4.4. El proceso de liquidación judicial se inicia con la disolución de la persona jurídica (Num. 1°, art. 50); y a partir de ello se producen efectos[59] resaltándose en este caso la terminación de los contratos de trabajo. Esa situación, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo[60], acarrea el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores sin que para ello sea necesaria la exigencia de una autorización administrativa o judicial quedando sujeta simplemente a las reglas del concurso y las obligaciones derivadas de su finalización.
Ley 1116 de 2006 artículo 50: EFECTOS DE LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce:// (…)5. La terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna quedando sujetas a las reglas del concurso, las obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les correspondan.
4.5. En la Sentencia C-071 de 2010, esta Corporación analizó la constitucionalidad del parágrafo 5° del artículo 50 de la Ley 1116 del 2006[61]. En esa ocasión, esta Corporación aclaró que la Ley 1116 de 2006, tiene implícita una garantía en materia de terminación de contratos laborales que se dan con ocasión a la apertura del proceso liquidatorio. Tal garantía consiste en que al terminarse los contratos laborales como consecuencia de la liquidación de la empresa, inmediatamente se origina la respectiva indemnización[62], sin que para su exigencia e inclusión dentro de prelación de créditos, sea necesaria una autorización específica de la autoridad laboral, judicial o administrativa.
Concatenado con lo anterior, se estableció que es el juez del concordato quien se encuentra facultado para constatar y calificar las circunstancias que conllevan incumplimiento o fracaso de los acuerdos en el proceso de reorganización, con su posterior ingreso a la fase de la liquidación judicial, e igualmente, que es ese juez quien define que los créditos originados en salarios, prestaciones laborales e indemnizaciones, tienen el carácter de derechos ciertos e indiscutibles con su correspondiente privilegio dentro del proceso de graduación y calificación de créditos.[63]
(i) Frente a la terminación de los contratos laborales, “se advierte que se trata de una consecuencia material vinculada al hecho de que la empresa deja de funcionar como unidad de explotación económica. A partir de la fecha de inicio de la liquidación surge de inmediato para el deudor la imposibilidad de realizar operaciones en desarrollo de su objeto, como quiera que su capacidad jurídica se preserva únicamente para los actos necesarios a la liquidación y respecto de aquellos que procuren la adecuada preservación de los activos (Art.48.2).y “que la fase de liquidación judicial se inicia como consecuencia del incumplimiento o fracaso del proceso del proceso de reorganización, encaminado este a preservar la viabilidad de la empresa y la normalización de sus relaciones comerciales y crediticias (Art. 47), durante el cual rige el principio de continuidad de los contratos (Art. 21).”
(ii) Ante la finalización de las relaciones laborales subsistentes al momento de la liquidación, “se produce a consecuencia de una causa no imputable al trabajador. En consecuencia teniendo en cuenta que a este no le es exigible asumir los riesgos o pérdidas del empleador (Art. 28 C.S.T.), la hipótesis se asimila a la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, evento para el cual la ley laboral prevé la indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable, prerrogativa que comprende el lucro cesante y el daño emergente (Art. 64 C.S.T.)”.
(iii) Cuando la decisión de declarar terminados los contratos laborales sea concurrente con la declaratoria judicial de “empresa en liquidación”, no demanda habilitación previa, judicial o administrativa, proveniente de las autoridades del trabajo ya que “es el juez del concurso quien adoptará dicha determinación una vez establezca el incumplimiento del acuerdo de reorganización, el fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración, o la configuración de cualquiera de las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la ley (Art. 49) entre las que se destaca el ‘`tener a cargo obligaciones vencidas, por concepto de mesadas pensionales, retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos efectuados a los trabajadores, o aportes al Sistema de Seguridad Social integral, sin que las mismas fuesen subsanadas dentro del término indicado por el Juez del concurso (…)’ (Art. 49.7). La potestad que se atribuye al juez del concurso para calificar las situaciones que conducen, en un primer momento al inicio del proceso de reorganización, y luego a la liquidación y adopción de medidas como la de dar por terminados lo contratos laborales, se inscribe dentro de las atribuciones generales que le son otorgadas para dirigir el proceso y lograr que se cumplan las finalidades del mismo, entre ellas la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor. De otra parte, el inciso 6° del artículo 50 de la Ley 1116/06 dispone la remisión de una copia de la providencia de apertura del proceso de liquidación judicial al Ministerio de la Protección Social, con el propósito de velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales”.
(iv) Las obligaciones derivadas de la terminación de los contratos laborales quedan sometidas a las reglas del concurso y por ende al sistema de prelaciones dentro del proceso de calificación y graduación de créditos[64].
Por lo anterior, y con fundamento en lo preceptuado en el artículo 2495 del Código Civil, sustancialmente modificado por la Ley 50 de 1990, y con lo dispuesto en el artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo[65]; cuando la terminación de los contratos de trabajo se dan como consecuencia de la liquidación definitiva de una empresa en quiebra, ya sea cuando se efectúan los despidos invocando dicha causal[66] o entendida la terminación de los mismos (los contratos laborales), ante la iniciación del acto de apertura del proceso de liquidación judicial definitiva, se deberán tener como derechos ciertos e indiscutibles tanto el pago de las correspondientes liquidaciones y prestaciones sociales como las indemnizaciones por despido unilateral atribuible al empleador.
(i) Es necesario garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores de las empresas en liquidación y por tanto debe imponerse a su liquidador la obligación de adelantar las gestiones tendientes al pago de las acreencias laborales, dentro de las cuales se encuentran los aportes a la seguridad social. Lo anterior por cuanto constituyen gastos de administración al interior del trámite liquidatorio.[67]
(ii) En el evento en que la empresa se haya comprometido con el pago de las pensiones de sus trabajadores sin constituir las garantías necesarias para asegurar el pago oportuno de las mesadas, o del mismo modo, en caso de haber dejado de pagarlas oportunamente, es exigible la realización de pagos de mesadas pensionales a cargo de la entidad, “en consideración a los dineros disponibles que se vayan recaudando, sin que para el efecto sea necesario esperar a la terminación del proceso de liquidación obligatoria”.[68]
(iii) No es suficiente con que la empresa que se encuentra en un proceso concursal establezca un acuerdo de pago con las entidades administradoras de pensiones referente a las mesadas dejadas de cancelar, ya que los derechos constitucionales en juego sólo resultan debidamente protegidos a través del pago efectivo de los aportes.[69]
(iv) Es obligación del empleador asumir las prestaciones y reconocer los perjuicios a que haya lugar, en relación con el suministro de prestaciones médico asistenciales cuando se haya dejado de realizar oportunamente los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud; ya que, en dicho evento, son las E.P.S las obligadas a hacerse parte dentro del proceso liquidatorio con el fin de obtener el pago de las sumas adeudadas.[70]
En ese sentido, esta Sala concluye de un lado, que ha ampliado notablemente la protección a los trabajadores en los eventos en que las empresas entran en liquidación y, de otro, que no existe duda alguna frente a la prelación de los créditos laborales, que como derechos ciertos e indiscutibles se dan con ocasión a lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 y comprenden salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.
5. Caso Concreto: Configuración del defecto sustantivo[71] en decisiones proferidas por la Superintendencia de Sociedades que ante la negativa de a incluir las indemnizaciones por despido atribuible al empleador dentro de la prelación de créditos, vulnera los derechos fundamentales de los accionantes.
5.1. Para el presente asunto corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela para controvertir la decisión de la Superintendencia de Sociedades que negó la inclusión de la indemnización del artículo 64 del CST correspondiente a los accionantes, quienes al ser despedidos invocándose la causal de liquidación definitiva de la empresa y al no ser considerado dicho derecho de indemnización como cierto e indiscutible dentro de la prelación de créditos, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, seguridad social y mínimo vital de los petentes. Lo anterior, por cuanto la Superintendencia de Sociedades, al tener la calidad de juez concursal niega la inclusión la indemnización, dando a su solicitud de pago, la calificación de derechos “litigiosos”.
5.2. Para desarrollar el anterior planteamiento, de acuerdo con lo analizado en el primer acápite de la parte considerativa de esta providencia, esta Sala determina que es procedente la presente acción de tutela, toda vez que de acuerdo al precedente jurisprudencial, se debe estudiar de fondo la actuación surtida por la Superintendecia de Sociedades en calidad de juez concursal, en la medida en que los autos que profirió en este caso en concreto, son decisiones judiciales que vulneran los derechos fundamentales de los extrabajadores, toda vez que con el proferimiento de los Autos núm. 451-004975 del 13 de abril de 2010, el núm. 451-005050 de la misma fecha[72], y el núm. 405-016989[73], que niegan la posibilidad a los ex trabajadores de acceder al pago de la indemnización por despido imputable al empleador dentro de la prelación de créditos, se configura un defecto sustantivo orgánico, realizarse una aplicación indebida del numeral 5 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006; desconociendo la interpretación dada por esta Corporación en la Sentencia C-071 de 2010.
Lo anterior teniendo en cuenta “que la fase de liquidación judicial se inicia como consecuencia del incumplimiento o fracaso del proceso de reorganización (Art. 47), durante el cual rige el principio de continuidad de los contratos (Art. 21)[74]” y que, tal y como se constata con la carta dirigida a la Asamblea por parte del promotor del acuerdo de reestructuración[75], y a las cartas de terminación de los contratos laborales de los ahora accionantes; dicho despido se realizó invocándose la causal de liquidación definitiva de la empresa unos días después de haberse constatado el incumplimiento o fracaso del acuerdo con los acreedores; y en esa medida como lo ha explicado la jurisprudencia constitucional “cuando la decisión de declarar terminados los contratos laborales sea concurrente con la declaratoria judicial de “empresa en liquidación”, no demanda habilitación previa, judicial o administrativa, proveniente de las autoridades del trabajo, ya que es el juez del concurso quien adoptará dicha determinación una vez establezca el incumplimiento del acuerdo de reorganización, el fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración, o la configuración de cualquiera de las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la ley (Art. 49).[76]
En tal sentido, lo que debió haber hecho la Superintendencia de Sociedades fue haber tenido en cuenta los documentos allegados por el representante legal de los extrabajadores, que fueron aportados en el término que impone la ley[77], y del mismo modo, con la potestad que se le atribuye como juez del concurso haber incluido el pago de las correspondientes indemnizaciones junto con la cancelación de las prestaciones sociales dentro de la prelación de créditos laborales. Ya que si bien se reconoce que el despido se dio con anterioridad al acto de apertura del la liquidación judicial, materialmente éste obedeció a la liquidación de la empresa, a tal punto que esa fue la causal invocada por el promotor del acuerdo de reestructuración para ese entonces.
5.3. Así las cosas, de acuerdo con los documentos allegados con el expediente y contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Sociedades en su contestación, el solo hecho de haberse invocado la liquidación de la empresa como causal de terminación unilateral del contrato laboral de los extrabajadores y ahora petentes[78], los hace acreedores de lo contenido en el numeral 5° del artículo 50 de la Ley 1116, comprendiendo su liquidación no solo el pago de salarios y prestaciones sino también de la respectiva indemnización, ya que se constituyen estos tres elementos en derechos ciertos e indiscutibles y no “litigiosos” como los denominó la Superintendencia de Sociedades.
5.4. De igual modo, atendiendo a lo dispuesto por la Corte en la Sentencia C-071 de 2010, que analizó la constitucionalidad del numeral 5° del artículo 50 de la ley 1116 de 2006, se debieron incluir dentro de los créditos reconocidos a los extrabajadores las respectivas indemnizaciones por despido unilateral atribuible al empleador, ya que de obrarse de otra manera, dicha determinación contrariaría los fines de la mencionada ley de Insolvencia Empresarial frente a la protección de los trabajadores[79], y se permitiría con dicha actuación la creación de un efecto perverso que generaría la terminación de los contratos de trabajo por parte de las empresas avocadas a la liquidación, con incluso un día de anterioridad al inicio de la liquidación para dejar de lado la inclusión de la respectiva indemnización dentro de la prelación de créditos ocasionando la vulneración de los derechos de los trabajadores, máxime cuando como en el presente caso, éstos llevan bastante tiempo prestando sus servicios[80].
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, el 21 de julio de 2010, que a su vez confirmó el dictado por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, el 2 de junio del mismo año. En su lugar, CONCEDER el amparo solicitado dentro de la acción de tutela instaurada por Wilton Vifred Vergara Niño, Julia Inés Rodríguez Gómez, Luz Marina Lozano de Prieto, Ana Marlene Segura Cuervo, María Felisa Rodríguez, Elvia María Casas Ramírez y Amelia Niño de Vergara contra la Superintendencia de Sociedades.
SEGUNDO. ORDENAR a la Superintendencia de Sociedades, que en el evento en que no lo hubiere hecho, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a incluir dentro de la liquidación obligatoria de la sociedad Tejidos Alnar Ltda., el crédito laboral por concepto de indemnizaciones causadas por el despido unilateral atribuible al empleador, de los accionantes Wilton Vifred Vergara Niño, Julia Inés Rodríguez Gómez, Luz Marina Lozano de Prieto, Ana Marlene Segura Cuervo, María Felisa Rodríguez, Elvia María Casas Ramírez y Amelia Niño de Vergara dándole la prelación prevista en la ley.
Auto 229/11
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a levantar la suspensión de términos en el expediente de la referencia con fundamento en los siguientes:
1. El tres (3) de diciembre de 2010, mediante auto proferido por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional se ordenó:
Primero. VINCULAR al Dr. Jorge Luis Maya Jiménez con el fin de que en el término de tres (03) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta providencia, se pronuncie frente a las afirmaciones hechas por los accionantes y la Superintendencia de Sociedades, ya que podría verse afectado por la decisión que se adopte en sede de revisión.
Segundo. ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que ponga en conocimiento del Dr. Jorge Luis Maya Jiménez el contenido del expediente de tutela T-2768210.
Tercero. ORDENAR al liquidador Dr. Jorge Luis Maya Jiménez que de inmediato allegue a la Corte Constitucional un informe detallado del estado actual de ejecución del Auto 405-016989 proferido el 22 de septiembre de 2010 por la Superintendencia de Sociedades.
Cuarto. ORDENAR a la Superintendencia de sociedades, que en el término de 48 horas, remita a esta Corporación copia del expediente contentivo del proceso de reorganización y liquidación realizado en la empresa Tejidos Alnar Ltda.
Quinto. ORDENAR a la Superintendencia de sociedades que, en el término de 48 horas, informe a esta Corporación si durante el proceso de reorganización el deudor (Tejidos Alnar Ltda.), solicitó el permiso consagrado en el artículo 21 de la ley 1116 de 2006, para dar por terminados los contratos de trabajo de los ex trabajadores Wilton Vifred Vergara Niño, Julia Inés Rodríguez Gómez, Luz Marina Lozano de Prieto, Ana Marlene Segura Cuervo, María Felisa Rodríguez, Elvia María Casas Ramírez y Amelia Niño de Vergara.
Sexto. SUSPENDER el término para fallar el presente asunto, hasta tanto sean allegadas y valoradas las pruebas aquí ordenadas.
Por la Secretaría General de esta Corporación, líbrese el oficio correspondiente.
Notifíquese y comuníquese.
3. Una vez se realizó la respectiva valoración de las pruebas, se obtuvieron los elementos de juicio que se requerían para adoptar la decisión definitiva y se profirió la Sentencia T-558 de 2011. Sin embargo, en la parte resolutiva de la Sentencia no se ordenó el respectivo levantamiento de términos.
1. Para garantizar la seguridad jurídica a quienes intervienen en los procesos judiciales, las sentencias una vez proferidas, agotan la competencia funcional del juez que las dictó, de tal suerte que se hacen intangibles, al punto que no pueden ser revocadas ni reformadas por quien las pronunció. Principio este que sin embargo, no es de carácter absoluto, ya que, la propia ley autoriza que, dentro del término de la ejecutoria, a petición de parte o de oficio, se puedan aclarar en auto complementario frases o conceptos que se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, de manera que se genere un entendimiento pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión, tal como lo establece el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil[81].
2. Teniendo en cuenta que en la parte resolutiva de la Sentencia T-568 de 2011, proferida por esta Sala se omitió ordenar el levantamiento de términos correspondiente, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política:
ADICIONAR a la parte resolutiva de la Sentencia T-568 de 2011 el siguiente numeral:
TERCERO. LEVANTAR la suspensión de términos ordenada en el presente trámite de revisión.
A LA SENTENCIA T-568/11
Acción de tutela instaurada por Wilton Vifred Vergara Niño, Julia Inés Rodríguez Gómez, Luz Marina Lozano de Prieto, Ana Marlene Segura Cuervo, María Felisa Rodríguez, Elvia María Casas Ramírez y Amelia Niño de Vergara contra la Superintendencia de Sociedades
Si bien participo de las resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que existían razones que justificaran invalidar la interpretación que dentro de un asunto de su competencia efectuó la Superintendencia de Sociedades, debo aclarar mi voto pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía de hecho” y en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[82], no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone de presente en la cita que se efectúa (páginas 20 y 21) de la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones discrepo parcialmente desde cuando fue expedida.
Además, no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese pronunciamiento[83], de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la C-543 de 1992.
[1] Ver folios 266,267, 268, 269, y 270 del Anexo 6, cuaderno 2, de Acuerdo de reestructuración, enviado por la Superintendencia de Sociedades durante el trámite de revisión.
[2] Ver folios 271, 272, 273 y 274, del Anexo 6, cuaderno 2, de Acuerdo de reestructuración, enviado por la Superintendencia de Sociedades durante el trámite de revisión.
[3] Wilton Vifred Vergara Niño, Julia Inés Rodríguez Gómez, Luz Marina Lozano de Prieto, Ana Marlene Segura Cuervo, María Felisa Rodríguez, Elvia María Casas Ramírez y Amelia Niño.
[4] Los oficios de despidos obrantes en los folios 48, 49, 50,51, 52 y 53 del cuaderno de primera instancia contienen el texto que se transcribe a continuación: “Reciba un cordial saludo, tal y como es de su conocimiento, la empresa TEJIDOS ALNAR LTDA., en acuerdo de reestructuración, se encuentra avocada a la liquidación definitiva, dada la situación financiera por la cual atraviesa, dificultades éstas que son ocasionadas por la inexistencia total de pedidos y de cuentas por cobrar que le permitan asumir o por lo menos cubrir los costos de operación.
Todo contrato, incluido el de trabajo, lleva envuelta una condición resolutoria, por lo cual habiendo desaparecido la razón que motivó la celebración de su contrato de trabajo y no existiendo ninguna actividad que encargarle en la empresa, TEJIDOS ALNAR Ltda. en acuerdo de reestructuración, con base en la justificación expuesta, da por terminado el contrato individual de trabajo a término indefinido celebrado con usted, a partir de la fecha. Sea esta la oportunidad para desearle éxitos en sus futuras actividades. Atentamente, ALVARO CAMILO ALJURE BECERRA. Representante legal. ”
[5] Al dársele la palabra al representante de la DIAN, éste manifestó que quería dejar constancia que durante esa Asamblea de acreedores se contempló la posibilidad de solicitar una alternativa diferente a la liquidación judicial, y considera que el promotor debió citar a una reunión previa para construir dicha alternativa. Sin embargo, este no lo hizo, apresurándose a citar a la Asamblea, cuando era otro el escenario procedimental para hacer dicha propuesta; agregó, además, que no es extraña la situación de la empresa, en la medida en que los efectos de la precariedad económica afrontada por México afectan directamente las exportaciones de la Empresa.
[6] Esta trascripción se tomó de los folios 287, 288, 289 y 290 del Anexo 6, cuaderno 2, de Acuerdo de reestructuración, enviado por la Superintendencia de Sociedades durante el trámite de revisión.
[7] A folio 45 se encuentra el oficio radicado ante la Superintendencia de Sociedades en la que los accionantes expresan: “… por medio de la presente le informamos que la mencionada empresa dio por terminados unilateralmente los contratos de trabajo a término indefinido que habíamos suscrito, y, que se han negado a cancelarnos las acreencias laborales a que tenemos derecho, es decir indemnizaciones, vacaciones, primas legales, cesantías, intereses a la cesantía, subsidio de transporte y las demás resultantes del contrato de trabajo y del despido sin causa justa por parte del empleado. Es por ello que para el presente proceso de liquidación de la ya mencionada empresa se nos tenga en cuenta como acreedores de primer orden teniendo en cuenta nuestra calidad de ex trabajadores que estuvimos con la modalidad de contratos de trabajo a término indefinido, según ellos por acuerdo de reestructuración, desconociendo para este evento los derechos laborales adquiridos e irrenunciables, es por ello que ponemos en conocimiento de esta situación a usted señor Superintendente para que tome las medidas pertinentes en derecho y así evitar posible vulneración a nuestros derechos como trabajadores que están consagrados a la Constitución Nacional, la ley, y, en los tratados Internacionales que hacen que estos derechos no sean vulnerados y, con ello garantizar la premisa mayor de nuestro Estado Social de Derecho.
[8] Ver folio 40 del cuaderno de primera instancia.
[9] Esto en razón a que las acreencias laborales son consideradas como gastos de administración. Corte Constitucional Sentencia C-071 de 2010.
[10] ARTÍCULO 50. EFECTOS DE LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce:
[11] Audiencia de resolución de objeciones no conciliadas en el proceso de liquidación judicial de la Sociedad Tejidos Alnar Ltda., mencionada con anterioridad y que fue llevada a cabo el 13 de abril de 2010.
[12] Folio 137 cuaderno de primera instancia. La Superintendencia de Sociedades en su resolución proferida, frente a las objeciones presentadas por el apoderado de los accionantes, expresó concretamente: “Al respecto si bien es cierto que el apoderado de los trabajadores ante distintas autoridades puso de presente posibles irregularidades frente al manejo del despido de los trabajadores, también lo es que no hizo uso de su carga procesal de presentarse al proceso liquidatorio en el término que la ley señala aportando prueba del derecho litigioso que pretende, derivado de la demanda ordinaria laboral que interpuso ante autoridades competentes”
[13] “Poder para actuar, oficio radicado a la Superintendencia de Sociedades con fecha del 7 de abril de 2009, liquidaciones laborales (6), Estado de cuenta de la deuda laboral de la señora Amelia Niño de Vergara, reportes de semanas cotizadas en pensiones del ISS”
[14] El término para presentar los documentos que soportan los créditos, vencía el 4 de agosto del 2009 y el apoderado de los ex trabajadores presentó los documentos el 23 de julio del mismo año.
[15] Ver folios 110,111, y 112 del cuaderno de revisión.
[16] Ahora accionantes en la presente acción de tutela.
[17] Ver folios 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 y 126 del cuaderno de revisión.
[18] Las indemnizaciones.
[19] Mediante los cuales se resolvieron las objeciones presentadas al proyecto de calificación y graduación de créditos y se resolvieron unos recursos, negando la inclusión de las indemnizaciones por despido atribuible al empleador, dentro de la prelación de créditos laborales en la liquidación.
[20] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[21] Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
[22] “Artículo 25. Protección Judicial. ║ 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. ║ 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
[23] Incorporado al derecho colombiano por la Ley 74 de 1968.
[24]Corte Constitucional, Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994, T- 008 de 1998, T-567 de 1998, T-960 de 2000, T-1009 de 2000, T-1031 de 2001, SU-014 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-1185 de 2001, SU-1299 de 2001, SU-159 de 2002, SU-058 de 2003, T-108 de 2003, T-088 de 2003, T-116 de 2003, T-201 de 2003, T-382 de 2003, T-441 de 2003, T-598 de 2003, T-420 de 2003, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-677 de 2003, T-678 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-606 de 2004, T-774 de 2004, T-453 de 2005, T-091 de 2006, SU-540 de 2007, T-793 de 2007, SU-813 de 2007, T-1033 de 2007, SU-038 de 2008, T-1240 de 2008, T-202 de 2009, T-555 de 2009, T-310 de 2009, T-459 de 2009, entre muchas otras.
[25] Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.
[26] Corte Constitucional, Sentencia T-033 de 2010.
[27] “El presupuesto básico para la procedencia del amparo es la vulneración o la amenaza de vulneración a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones genéricas señaladas –que bien podrían ser subsanadas a través de los mecanismos y recursos ordinarios-es necesario también, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)” Sentencia C-701 de 2004. Ver también Sentencia T-381 de 2004, reiterada en Sentencia T-590 de 2006.
[28] Corte Constitucional, Sentencia T-693 de 2009 y T-033 de 2010, entre otras.
[29] Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU.159 de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002, entre otras (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[30] Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260 de 1999, T-488 de 1999, T-814 de 1999, T-408 de 2002, T-550 de 2002, T-054 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[31] Al respecto, las sentencias SU-014 de 2001, T-407 de 2001, T-759 de 2001, T-1180 de 2001, T-349 de 2002, T-852 de 2002, T-705 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[32] Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias: T-260 de 1999, T-814 de 1999, T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU-159 de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[33] Corte Constitucional, Sentencias T-522 de 2001 y T-462 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[34] Corte Constitucional, Sentencias T-769 de 2008, T-592 de 2009 y T-619 de 2009, entre muchas otras.
[35] Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 2010.
[36] Corte Constitucional, Sentencia T- 489 de 2006.
[37] Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 2010.
[38] ARTICULO 90. COMPETENCIA. <Título II. derogado por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, a partir del 28 de junio de 2007> La Superintendencia de Sociedades asume la función jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116, inciso 3o. de la Constitución Política.
[39] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-441 de 2002.
[40] Ver Consejo de Estado, Sección Primera, Auto de siete de septiembre de 2000, radicación No 6413, Consejero Ponente: Juan Alberto Polo Figueroa. En esta ocasión el Consejo de Estado conoció de la impugnación de un auto que rechazaba de plano por falta de competencia la demanda de nulidad contra el auto de aprobación de acuerdo concordatario de la Sociedad FIVRES Ltda. y sus acreedores bajo la vigencia de la Ley 222 de 1995. El Consejo de Estado confirmó la providencia impugnada, por no encontrar la naturaleza de acto administrativo en el acto del cual se solicitaba su nulidad) En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Primera, Juan Alberto Polo Figueroa, Auto de 20 de enero de 2000, Radicación: 5939 (En esta ocasión el Consejo de Estado confirmó la declaratoria de nulidad de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la providencia de la Superintendencia de Sociedades mediante el cual se aprobó el acuerdo concordatario celebrado entre la sociedad SAMYTEX LTDA y sus acreedores y del auto 410 -2672 mediante el cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto. La nulidad fue confirmada por la carencia de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de tales asuntos.
[41] El artículo 348 del Código de Procedimiento Civil consagra: “El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.”
[42] Ver artículo 90 de la Ley 222 de 1995 y 6º de la Ley 1116 de 2006.
[43] Nuevamente, remite la Sala a las sentencias T-757 de 2009 y T-803 de 2004.
[44] ARTÍCULO 50. EFECTOS DE LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce: (…)5. La terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna quedando sujetas a las reglas del concurso, las obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les correspondan.
[45] ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
[46] ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
[47] Sentencia T-881de 1999. Al respecto, ver entre otras las Sentencias T-458 de 1997, T-307 de 1998, T-658 de 1998, T-025 de 1999, T-014 de 1999, T-146 de 2000, SU-636 de 2003, T-330 de 2005, T-360 de 2007 y T-299 de 2007.
[48] Sentencia C-071 de 2010.
[49] ARTÍCULO 2495. <CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE>. La primera clase de crédito comprende los que nacen de las causas que en seguida se enumeran:
[50] Artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990: CAPÍTULO V. PRELACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR SALARIOS. ARTICULO 157. PRELACIÓN DE CRÉDITOS POR SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. <Artículo modificado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Los créditos causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, las cesantías y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio excluyente sobre todo los demás.//El juez civil que conozca del proceso de concurso de acreedores o de quiebra dispondrá el pago privilegiado y pronto de los créditos a los trabajadores afectados por la quiebra o insolvencia del {empleador}. //Cuando la quiebra imponga el despido de trabajadores, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones se tendrán como gatos pagaderos con preferencia sobre los demás créditos. //Los créditos laborales podrán demostrarse por cualquier medio de prueba autorizado por la ley y, cuando fuera necesario, producidos extrajuicio con intervención del juez laboral o del inspector de trabajo competentes. //PARÁGRAFO. En los procesos de quiebra o concordato los trabajadores podrán hacer valer sus derechos por sí mismos o por intermedio del Sindicato, Federación o Confederación a que pertenezcan, siempre de conformidad con las leyes vigentes.
[51] Sentencia C-071 de 2010.
[52] Artículo 11 del Convenio 95 de la OIT, aprobado por Colombia mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado el 7 de junio de 1963.
[53] Exposición de Motivos de la Ley 1116 de 2006: Gaceta del Congreso No. 943 del 23 de diciembre de 2005: “Una de las materias que merecen mayor protección en este tipo de procesos, es la laboral y pensional. En este orden de ideas la ley consagra como medidas especiales las siguientes:
[54] Art. 1° Ley 1116 de 2006.
[55] Art. 2° Ley 1116 de 2006.
[56] Esta Superintendencia actúa en uso de facultades jurisdiccionales de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 116 de la Constitución Política, y conoce de la insolvencia, como juez del concurso, respecto de todas las sociedades, empresas unipersonales, y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.
[57] Perteneciente al domicilio del deudor conoce en los demás casos no excluidos del proceso.
[58] Artículo 5° de la Ley 1116 de 2006.
[59] Los efectos son: (i) terminación de los contratos de trabajo; (ii) pago de las indemnizaciones correspondientes de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo; (iii) prescindencia de autorización judicial o administrativa previa de la autoridad laboral para la toma de esas determinaciones; (iv) sujeción de las obligaciones derivadas de la finalización de los contratos laborales a las reglas del concurso, atendiendo las preferencias y prelaciones que correspondan.
[60] Código Sustantivo del trabajo: (i).CAPÍTULO V. PRELACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR SALARIOS. ARTÍCULO 157. PRELACIÓN DE CRÉDITOS POR SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. <Artículo modificado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Los créditos causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, las cesantías y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio excluyente sobre todo los demás.//El juez civil que conozca del proceso de concurso de acreedores o de quiebra dispondrá el pago privilegiado y pronto de los créditos a los trabajadores afectados por la quiebra o insolvencia del {empleador}. //Cuando la quiebra imponga el despido de trabajadores, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones se tendrán como gatos pagaderos con preferencia sobre los demás créditos. //Los créditos laborales podrán demostrarse por cualquier medio de prueba autorizado por la ley y, cuando fuera necesario, producidos extrajuicio con intervención del juez laboral o del inspector de trabajo competentes. //PARÁGRAFO. En los procesos de quiebra o concordato los trabajadores podrán hacer valer sus derechos por sí mismos o por intermedio del Sindicato, Federación o Confederación a que pertenezcan, siempre de conformidad con las leyes vigentes. (ii) ARTÍCULO 64. TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente.//En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan://En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días.//En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así://a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales://1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año.//2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción;//b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10), salarios mínimos legales mensuales.//1. Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año.//2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.
[61] ARTÍCULO 50. EFECTOS DE LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce: (…)5. La terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización administrativa o judicial alguna quedando sujetas a las reglas del concurso, las obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y prelaciones que les correspondan.
[62] Decisión que debe someterse al régimen de indemnizaciones que la ley sustantiva laboral prevé para la terminación del contrato sin justa causa.
[63] Confróntese con la Sentencia C- 071 de 2010 que al respecto señaló: “La disolución de la persona jurídica privada que es objeto de liquidación, no puede constituirse en un espacio para el desconocimiento o la vulneración de los derechos de las personas que allí laboraban. Los derechos consagrados en los artículos 25 y 53 de la Constitución y el derecho al mínimo vital, hacen imperativo que el proceso liquidatorio sea respetuoso de los derechos de los trabajadores, particularmente en lo concerniente al reconocimiento de la prelación de los créditos de carácter laboral, sobre cualquier otra obligación”.
[64] “Al respecto establece el artículo 24 de la Ley 1116 de 2006:“Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Para el desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al promotor un proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el cual estén detalladas claramente las obligaciones y los acreedores de las mismas, debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos del Título XL del Libro Cuarto del Código Civil[64] y demás normas que lo modifiquen o adicionen”.
[65] Artículo 157 del Código Sustantivo del Trabajo: Subrogado por el artículo 36 de la Ley 50 de 1990. “Prelación de créditos por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Los créditos causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, la cesantía y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio excluyente sobre todos los demás. El juez civil que conozca del proceso de concurso de acreedores o de quiebra dispondrá el pago privilegiado y pronto de los créditos a los trabajadores afectados por la quiebra o insolvencia del empleador. Cuando la quiebra imponga el despido de trabajadores, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones se tendrán como gastos pagaderos con preferencia a los demás créditos”.
[66] Causal de liquidación definitiva de la empresa.
[67] Sentencias T-503 de 2002, T-051 de 2004, T-229 de 2005.
[68] Corte Constitucional Sentencias T-658 de 1998 y SU-1023 de 2001.
[69] Corte Constitucional Sentencias T-658 de 1998 y SU-1023 de 2001.
[70] Corte Constitucional Sentencias T-167 de 2000 y SU-636 de 2006.
[71] Corte Constitucional Sentencia T-064 de 2010: “Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[71] o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.
En este orden de ideas ha precisado que, pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor, apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley. Ha recordado que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, tales como, de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, de favorabilidad, pro homine, entre otros. (Artículos 6°, 29, 228 y 230 de la Constitución Política).
Adicionalmente, la Corte ha restringido la configuración del defecto sustantivo cuando se estructura a partir de la interpretación que el juez ordinario ha dado a la disposición legal. En efecto, la sentencia T-295 de 2005 estableció: “La Corte Constitucional ha indicado que la interpretación indebida de normas jurídicas puede conducir a que se configure una vía de hecho por defecto sustantivo. Así, en la sentencia T-462 de 2003 se expresó al respecto: “En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva.”
[72] Mediante los cuales se resolvieron las objeciones presentadas al proyecto de calificación y graduación de créditos y se resolvieron unos recursos, negando la inclusión de las indemnizaciones por despido atribuible al empleador, dentro de la prelación de créditos laborales en la liquidación.
[73] Auto proferido por la Superintendencia de Sociedades el 22 de septiembre de 2010 en el cual se determinó: (i). que el “proyecto de adjudicación presentado” sólo fue votado por un total de acreedores con vocación de pago que representa el 9 % y el 5.73%, lo cual no es suficiente; (ii). que dicha liquidación no se ajusta a las reglas de adjudicación previstas en el artículo 58 de la ley 1116 de 2006 y en consecuencia lo que procede es que el juez del concurso, haciendo uso del principio inquisitivo que rige el proceso, dicte la providencia de adjudicación conforme a la normatividad de prelación legal de pago; (iii). que se realice la relación de los activos disponibles para la adjudicación, además de la manera en que debía ejecutarse su entrega reconociendo simplemente las acreencias laborales sin incluir las respectivas indemnizaciones.
[74] Sentencia C-071 de 2010.
[75] “En atención al cumplimiento de mis funciones establecidas en la Ley 550 de 1999 me permito informarles las siguientes situaciones ocurridas en la empresa TEJIDOS ALNAR LTDA, C,I. EN REESTRUCTURACIÓN en Marzo de 2009:
Me permito transcribir parte de mi concepto de viabilidad emitido a los acreedores para la firma del Acuerdo de Reestructuración de las Acreencias en el numeral 5, literal b): Aunque la ejecución de las proyecciones financieras son viables éstas están sujetas a: Conservar la relación comercial con los clientes del exterior, quienes representan la mayor parte de las ventas. Esta relación ha sido sólida por más de doce años (12).”
De acuerdo con lo informado anteriormente, y obrando de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del Art. 35 de la ley 550 de 1999 que establece “Cuando se incumpla el pago de una acreencia causada con posterioridad a la fecha de iniciación de la negociación , y el acreedor no reciba el pago dentro de los tres meses siguientes al incumplimiento, o no acepte la fórmula de pago que le sea ofrecida, de conformidad con lo dispuesto en una reunión de acreedores”, Bajo este marco legal, en esta Reunión de Acreedores que se celebra hoy 13 de abril de 2009 a las 10:00 A.M. en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades , se dan las condiciones para terminar el acuerdo de Reestructuración de Tejidos Alnar Ltda. En Reestructuración celebrado el día 06 de Octubre y modificado en Reunión de Acreedores el día 04 de Diciembre de 2008 en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades.”
[76] Corte Constitucional, Sentencia C-071 de 2010.
[77] El día 23 de julio de 2009, el apoderado de los accionantes, radica ante el Dr. Jorge Luís Maya, liquidador de la Sociedad Tejidos Aldar Ltda., la solicitud de incorporación de acreencias laborales dentro del proceso de liquidación judicial, es decir antes de culminar el tiempo dado por el aviso
[78] Ver folios 48 al 51, en los que se observan las cartas de terminación de los contratos laborales invocando la causal de liquidación de la empresa.
[79] Ley 1116 de 2006.
[80] Wilton Vifred Vergara Niño, inició su contrato a termino indefinido como operario el 8 de agosto de 1989 y le fue terminado el 3 de abril de 2009; Julia Inés Rodríguez Gómez, inició su contrato a termino indefinido como operaria el 3 de mayo de 1989 y le fue terminado el 3 de abril de 2009; Luz Marina Lozano de Prieto inició su contrato a termino indefinido como operaria el 14 de febrero de 1994 y le fue terminado el 3 de abril de 2009; Ana Marlene Segura Cuervo inició su contrato a termino indefinido como operaria el 31 de marzo de 1997 y le fue terminado el 3 de abril de 2009; María Felisa Rodríguez inició su contrato a termino indefinido el 8 de junio de 1992 y le fue terminado el 3 de abril de 2009, Elvia María Casas Ramírez inició su contrato a termino indefinido como operaria el 12 de enero de 1988 y le fue terminado el 3 de abril de 2009.
[81]En la Sentencia C-404 de 1997, esta Corporación analizó la constitucionalidad del inciso final del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil y al respecto expresó: “Precisamente el artículo 311, al permitir al juez adicionar la sentencia, dentro del término de ejecutoria, con otra complementaria, permite que se cumpla esta obligación de resolver sobre todos los hechos y asuntos debatidos en el proceso. Obsérvese que el artículo supone que el debate se cumplió siguiendo las reglas del debido proceso, y que el juez, al momento de fallar, incurrió en una omisión.”
[82] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103, T-119 T-148, T-653, T-707, T-769, SU- 817, T-954, T-1054 de 2010; T-388, T-464, 510, T-512, T-513 y T-520 de 2011, entre otras.
[83] C-590 de 2005.