Source: https://www.scribd.com/doc/116267940/Los-Medios-Impugnativos-Del-Juicio-de-Conocimiento-Contenidos-en-El
Timestamp: 2016-09-27 09:32:32
Document Index: 76839077

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 153', 'artículo 28', 'artículo 203', 'artículo 57', 'artículo 29', 'artículo 141', 'artículo 142', 'artículo 27', 'artículo 88', 'artículo 23', 'artículo 467', 'artículo 85', 'artículo 11', 'artículo 93', 'artículo 506', 'artículo 606', 'artículo 67']

BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreUNIVERSIDAD PANAMERICANAFacultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia Licenciatura de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia
Los Medios Impugnativos del Juicio de Conocimiento contenidos en el Anteproyecto del Código Procesal General
Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López Guatemala, mayo 2010
Ing. M.A. Abel Antonio Girón Arévalo Licenciada M.Sc. Alba de González Licenciado Mynor Herrera Arquitecta Vicky Sicajol
Decano Coordinador de Exámenes Privados y Coordinador Administrativo de Tesis Coordinador de Cátedra Coordinador de Tesis Asesor de Tesis Revisora Metodológica
Lic. Carlos Enrique Samayoa Cifuentes Lic. Otto Ronaldo González Peña Lic. M.A. Joaquín Rodrigo Flores Guzmán Doctor Erick Alfonso Álvarez Mancilla Lic. Mario Jo Chang Doctora Libna Bonilla Alarcón
Primera Fase Lic. Ricardo Bustamante Mays Licda. María Eugenia Samayoa Quiñónez Licda. Helga Ruth Orellana
Segunda Fase Lic. Erick Estuardo Wong Castañeda Licda. Diana Noemí Castillo Alonzo Lic. Luís Eduardo López Ramos
Tercera Fase Lic. Javier Aníbal García Constanza Licda. María Victoria Arreaga Lic. Héctor Andrés Corzantes Cabrera
El autor es el único responsable del contenido de esta tesis.
A mi Padre Dios, Omnisciente A mi Esposa, Hijos y Nietos A mi Amigo y Mentor, Mario Jo
Resumen Introducción Capítulo 1 Conceptualización 1.1 1.2 El Proceso Jurisdiccional La Jurisdicción 1.2.1 Naturaleza Jurídica 1.2.2 Elementos de la Jurisdicción La Competencia 1.3.1 Clasificación de la Competencia La Acción La Pretensión 1.5.1 Clasificación de la Pretensión Actos Procesales 1.6.1 Clasificación de los Actos Procesales
1 3 5 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 25
Capítulo 2 Los Medios Impugnativos 2.1 Caracteres 2.2 Naturaleza Jurídica 2.3 Clasificación de los Recursos 2.4 Efectos de los Recursos Capítulo 3 Anteproyecto del Código Procesal General 3.1 3.2 Antecedentes Históricos Contenido del Anteproyecto 3.2.1 Los principios procesales y del procedimiento del Anteproyecto 3.2.1.1 Inmediación-Oralidad 3.2.1.2 Economía y Concentración 3.2.1.3 Buena Fe y Lealtad Procesal
27 27 27 30 31 32 33
3.2.1.4 Impulso Procesal de Oficio: Juez Director Procesos Regulados 3.3.1 Proceso Ordinario por Audiencia 3.3.2 Proceso Monitorio Notificaciones Nulidades Los medios impugnativos Conciliación Normas Procesales Internacionales
34 37 37 39 41 42 44 47 47
Capítulo 4 Los Medios Impugnativos contenidos en el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Decreto 2009 49 4.1 4.2 4.3 4.4. 4.5 4.6 4.7 Recurso de Aclaración y Ampliación Recurso de Apelación y Reposición Recurso de Hecho Recurso de Queja Responsabilidad Civil Recurso de Nulidad Recurso de Casación 49 49 52 52 54 55 55
Capítulo 5 Los Medios Impugnativos contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Recurso de Aclaración y Ampliación Recurso de Revocatoria Recurso de Reposición Recurso de Apelación Ocurso de Hecho Recurso de Nulidad Recurso de Casación
60 60 60 61 61 63 64 65
Capítulo 6 Los Medios Impugnativos contenidos en el Anteproyecto del Código Procesal General 70 6.1 6.2 6.3 Recurso de Aclaración y Ampliación Recurso de Reposición Recurso de Apelación ii 70 71 71
Recurso de Queja por denegación de apelación Recurso de Casación La Nulidad de los Actos Procesales
Capítulo 7 Análisis Comparativo de los Medios Impugnativos contenidos en el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Código Procesal Civil y Mercantil y el Anteproyecto Del Código Procesal General 82 Conclusiones Recomendaciones Referencias 88 90 91
Este trabajo de investigación fue desarrollado sobre los medios impugnativos del Juicio de conocimiento del Anteproyecto del Código Procesal General, con el objetivo de hacer un estudio comparativo de las diferencias, ventajas y desventajas de los tres cuerpos legales: El Código de enjuiciamiento Civil y Mercantil (Decreto 2009), ya derogado, el Código Procesal Civil y Mercantil (Decreto 107), vigente actualmente, y el Anteproyecto del Código Procesal General. El contenido de la tesis se desarrolló en siete capítulos, incluyendo al final un espacio dedicado a las conclusiones y recomendaciones. En el primer capítulo, se hace una descripción de los conceptos y las instituciones que integran todo proceso, tales como la Acción Procesal, la Pretensión, la Jurisdicción, la Competencia y los Actos Procesales. En el segundo capítulo, se aborda todo lo relacionado con los medios impugnativos, desde su significado, la procedencia y sus requisitos de interposición, así como una clasificación doctrinaria de los medios impugnativos. Los antecedentes históricos que relatan el proceso y las razones de por qué se ha planteado un nuevo Anteproyecto, así como un resumen del contenido del mismo, se incluyen en el tercer capítulo. En los capítulos cuatro, cinco y seis, se identificó la clasificación, procedencia y tramitación de cada uno de los recursos de los tres cuerpos que son objetos de análisis en este trabajo de investigación. En el séptimo capítulo se elaboró un cuadro comparativo de la procedencia y los requisitos de tramitación de cada uno de los recursos contenidos en los tres cuerpos legales.
Luego de desarrollar el análisis comparativo de la procedencia y requisitos de tramitación de los recursos contenidos en los cuerpos legales, se puede afirmar que existen muchas similitudes entre los tres cuerpos legales. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación.
El Anteproyecto del Código Procesal General forma parte del Programa de Modernización del Organismo Judicial de Guatemala, su objetivo principal es unificar todos los procesos no penales en un solo cuerpo legal, que se asienta básicamente en los principios de inmediación, oralidad y economía procesal, así como simplificar las distintas etapas y actos que realizan durante el procedimiento. La iniciativa de ley del Código Procesal General, fue presentada por la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República de Guatemala, para su discusión y aprobación, en el mes de septiembre de dos mil cuatro, con la finalidad de obtener una legislación renovada que coadyuve a la realización de una efectiva, pronta y cumplida administración de justicia. Después de casi cinco décadas de vigencia del actual Código Procesal Civil y Mercantil, los legisladores pretenden implementar un nuevo Código, para regular todos los procesos no penales, por lo que se considera importante conocer a profundidad cada requisito, en la forma que lo establece el Anteproyecto, para evitar cometer errores y deficiencias u omisiones insubsanables que provocan el fracaso de un proceso. Los recursos son los medios que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de procedimiento en que haya incurrido el órgano jurisdiccional al emitirlas. Lino Enrique Palacio, define los medios impugnativos como: “Aquellos actos procesales en cuya virtud la parte que se considera agraviada por una resolución judicial solicita, en el mismo proceso y dentro de determinados plazos computados a partir de la notificación de aquella, que el mismo órgano que la dictó, u otro superior en grado, la reforme, modifique, amplíe o anule.” El artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza que “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.”
El artículo 153 de la Ley del Organismo Judicial, prescribe que: “Se tendrán sentencia ejecutoriada: a) Las sentencias consentidas expresamente por las partes; b) Las sentencias contra las cuales no se interponga recursos en el plazo señalado por la ley; c) Las sentencias de las que se ha interpuesto recurso pero ha sido declarado improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono; d) Las de segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso de casación; e) Las de segunda instancia, cuando el recurso de casación fuere desestimado o declarado improcedente; f) Las de casación no pendiente de aclaración o ampliación; g) Las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley y las que no admiten más recurso que el de responsabilidad; h) Los laudos o decisiones de los árbitros, cuando en la escritura de compromiso se hayan renunciado los recursos y no se hubiere interpuesto el de casación.” Los recursos no se limitan ser como una manifestación de inconformidad de una resolución judicial dentro de un proceso, sino también se constituyen como una garantía de los derechos fundamentales de las personas. Los objetivos planteados en el desarrollo de esta investigación fueron: Identificar y comparar la clasificación, procedencia y requisitos de la interposición de los recursos contenidos en el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, el Código Procesal Civil y Mercantil y el Anteproyecto del Código Procesal General. La metodología utilizada en esta investigación fue de tipo descriptiva. Las fases en que se desarrolló fueron: En la primera fase se identificó la literatura y bibliografía de consulta. Posteriormente una segunda en la que se hizo una revisión del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, el Código Procesal Civil y Mercantil y el Anteproyecto del Código Procesal General. Una vez recopilada la información necesaria, se analizó y se realizó el cuadro comparativo.
Capítulo 1 Conceptualización
Desde el inicio de la humanidad ha habido distintas maneras de resolver los conflictos, desde el uso de la fuerza hasta la intervención de un ente que se encarga de la resolución de los mismos. Ha sido todo un proceso de evolución, en el que en la actualidad el Estado toma parte protagónica mediante un organismo creado por disposiciones legales. De esta cuenta es el Organismo Judicial el que tiene el mandato de resolver los conflictos que surgen entre los habitantes de un Estado. Para el ejercicio de sus funciones debe contar con los instrumentos legales que establece la organización de los tribunales, las disposiciones legales que regulan los procedimientos que deben llevar a cabo mediante un proceso.
El Derecho Procesal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización del Poder Judicial y fijan los actos, procedimientos y formalidades a que deben someterse tanto el órgano jurisdiccional como los particulares, para la actuación y ejecución de la ley, es decir, como señala Jaime Guasp en su libro Derecho Procesal Civil, el Derecho Procesal “es el conjunto de normas que tienen por objeto el proceso o que recaen sobre el proceso” (1961:31) Desde un punto de vista general, el Proceso es el momento dinámico de cualquier fenómeno; así se tiene un proceso físico, un proceso químico, un proceso fisiológico, un proceso patológico. En todos ellos el fenómeno sirve para representar un momento de la evolución de una cosa cualquiera. En el ámbito jurídico, el proceso es el desenvolvimiento de una de las tres funciones fundamentales del Estado: la función jurisdiccional o judicial, que tiene por objeto la realización de los intereses tutelados por el derecho en caso de incertidumbre de la norma que los tutela o de inobservancia de la misma.
Hugo Alsina, en su obra Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, define el Derecho Procesal:
“El conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo y su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez y las partes en la substanciación del proceso”. (1956:)
Como se ha indicado, el Derecho Procesal es el conjunto de leyes que tienen por objeto la regulación del Proceso, para tutelar los intereses en caso de incertidumbre o de inobservancia de las normas, no siendo todos los derechos de igual naturaleza, es indispensable que debe adaptarse a las peculiaridades del derecho lesionado, lo cual a su vez da lugar a ámbitos jurisdiccionales distintas que requieren reglas propias para su desenvolvimiento según la naturaleza del derecho violado o perturbado: el penal, el Civil, el Administrativo Contencioso, etc. En consecuencia, el Derecho Procesal Civil es el conjunto de normas que regulan el proceso civil, tal como lo afirma Ugo Rocco:
“el conjunto de las actividades de los órganos jurisdiccionales y de las partes necesarias para la declaración de certeza o para la realización coactiva de los intereses tutelados por las normas jurídicas en caso de falta de certeza o de inobservancia de esas mismas normas”. (1983: 114)
Conforme a lo que establece el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los habitantes de la República tienen la potestad a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, como un derecho subjetivo público, de ello deviene la obligación del órgano ante el cual se formule la solicitud de resolver, acogiendo o denegando la pretensión. En este precepto constitucional comprende las tres instituciones que fundamentan el Derecho Procesal: Jurisdicción, Acción y Pretensión.
Mario Nájera Farfán, en su obra Derecho Procesal Civil cita la definición de la jurisdicción de JOAQUIN ESCRICHE, en su Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, como:
“el poder o autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes; y especialmente, la potestad de que se hallan revestidos los jueces para administrar justicia, o sea para conocer de los asuntos civiles o criminales o así de unos como de otros, y decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las leyes. También se tomó esta palabra por el distrito o territorio a que se extiende el poder de un juez; y
por el término de algún lugar o provincia; como igualmente por el tribunal en que se administra justicia”. (1970: 113)
Se cita a varios tratadistas para ilustrar el concepto de la Jurisdicción, entre ellos: Adolfo Alvarado Velloso en su libro Introducción al Derecho Procesal, afirma que “es la facultad que tiene el Estado para administrar justicia en un caso concreto por medio de los órganos judiciales instituidos al efecto”. (1997:136) Leonardo Prieto-Castro en su Manual de Derecho Procesal Civil, lo define como “la función con lo que el Estado por medio de órganos especialmente instituidos (esto es, los tribunales) realiza su Poder y Deber de dirigir el proceso y de hacer que se cumpla el fin de protección jurídica del mismo, aplicando las normas del derecho objetivo a los casos suscritos por el ejercicio de una acción”. (1959:87) Alfredo Rocco en su obra La Sentencia Civil señala que la jurisdicción “es la actividad mediante la que el Estado procura directamente la satisfacción de los intereses tutelados por el derecho, cuando por algún motivo (inseguridad o inobservancia) no se realice la norma jurídica que los tutela. Agrega que la característica de la jurisdicción consiste en substituirse a aquellos a quienes la regla jurídica se dirige, y no a obtener a toda costa de ellos, el contenido que la regla jurídica les prescribe”. (1985:15) En el Compendio de Derecho Procesal de Hernando Devis Echandía, se dice que ”la soberanía del Estado, aplicada por conducto del órgano especial a la función de administrar justicia, principalmente para la realización o garantía del derecho objetivo y de la libertad y de la dignidad humana, y secundariamente para la composición de los litigios o para la certeza jurídica a los derechos subjetivos, o para investigar o sancionar los delitos e ilícitos de toda clase o adoptar medidas de seguridad ante ellos, mediante la aplicación de la ley a casos concretos, de acuerdo con determinados procedimientos y decisiones obligatorias”. (1996:80 Tomo I) El Manual de Derecho Procesal Civil Guatemalteco de Montero Aroca y Mauro Chacón define la jurisdicción como: “la potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente
por jueces y tribunales independientes, de realizar el derecho en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y promoviendo la ejecución de lo juzgado”. (2002: 19) De esta definición se desprende que Jurisdicción es: a) una potestad, es decir, una derivación de la soberanía que atribuye a sus titulares una posición de superioridad o de supremacía respecto de las personas que con ellos se relacionan, llevando insita una fuerza de mando capaz de vincular el comportamiento de los demás, incluso acudiendo al uso de la fuerza. b) Corresponde al Estado en este momento histórico, lo que no impide que en otros momentos pudiera no ser así, pero aquí y ahora solo puede entenderse integrado en la soberanía del Estado. c) Se ejerce por órganos específicos, los juzgados y tribunales, lo que implica que éstos, dentro del Estado, tienen el monopolio de su ejercicio, no pudiendo atribuirse a órganos distintos. d) La independencia de los titulares de la jurisdicción es característica esencial, hasta el extremo de que sin independencia no puede existir ejercicio de la jurisdicción. e) La función de los titulares de la jurisdicción se resuelve en la realización del derecho en el caso concreto, es decir, en la actuación del derecho objetivo mediante su aplicación al caso concreto, que es lo que suele denominarse juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, de esa actuación se caracteriza, a su vez, porque: 1) se realiza solo ante la interposición de pretensiones y resistencias, es decir, con petición de parte y ante la existencia de dos partes enfrentados, de modo que los titulares de la potestad jurisdiccional no actúan de oficio en el ámbito civil, atendiendo el principio dispositivo. 2) Se realiza de modo irrevocable, esto es, supone la realización del derecho objetivo en el caso concreto de modo que satisface definitivamente la pretensión y la oposición o resistencia, por lo que después de esa actuación no existe la posibilidad de volver a suscitar la misma cuestión, prohibiéndose que ningún tribunal o autoridad pueda actuar en procesos fenecidos y surgiendo la existencia de
cosa juzgada. 3) Se actúa en relaciones jurídicas ajenas y, por tanto, con desinterés objetivo. Si el funcionario administrativo y el juez tienen que actuar con imparcialidad subjetiva, la jurisdicción lo hace además con desinterés objetivo, es decir, respecto de actividad ajena en la que no tiene interés el Organismo Judicial. f) La ejecución es parte integrante de la jurisdicción; ésta no se limita a declarar el derecho, sino que ha de proceder también a su ejecución o, en otras palabras, a adecuar la realidad a lo establecido en el título ejecutivo. La Constitución Política de la República establece que la función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca, ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. La Ley del Organismo Judicial también establece que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos. Salvo lo realizado con las costas judiciales, según la materia en litigio, toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley.
Para determinar la naturaleza jurídica de la jurisdicción, el profesor guatemalteco Erick Alfonso Álvarez Mancilla, cita la posición de ALSINA y DEVIS ECHANDÍA quienes afirman que la jurisdicción es un Poder-Deber:
“la jurisdicción si bien es cierto es un derecho subjetivo del Estado, implica al mismo tiempo un deber desde que toda persona tiene derecho a pretender del Estado, el ejercicio de su actividad jurisdiccional”. “la jurisdicción puede ser considerada desde un doble aspecto: a) como un derecho público del Estado y su correlativa obligación para los particulares; y b) como una obligación jurídica del derecho público del Estado de prestar sus servicios para esos fines, de la cual se deduce el derecho subjetivo público de toda persona de concurrir a él, a fin de poner en movimiento su jurisdicción mediante el ejercicio de la acción, para que se tramite un proceso o se adelante la investigación previa o sumarial por el juez”. (2006:115)
De esa cuenta Erick Alfonso Álvarez Mancilla estima que la jurisdicción debe enfocarse como función, por abarcar los dos aspectos relacionados (poder-deber), nuestra Constitución Política en su artículo 203, y la ley del Organismo Judicial en su artículo 57, se pronuncian en el mismo sentido, orientación que acorde con la doctrina actual, pues designa a la jurisdicción, no como un deber o un poder, sino como una facultad, concepto que participa de ambos elementos.
1.2.2 Elementos de la Jurisdicción
Para Hugo Alsina (1956: 426, Tomo II), los elementos integrantes de la jurisdicción, son los siguientes:  NOTIO: El derecho de conocer de una cuestión litigiosa determinada.  VOCATIO: La facultad de obligar a las partes a comparecer a juicio, con la consiguiente sanción de la rebeldía, o bien, del abandono.  COERTIO: El empleo de la fuerza para el cumplimiento de las medidas ordenadas dentro del proceso, a efecto de hacer posible su desenvolvimiento, y que puede ser sobre las personas y/o las cosas.  IUDICIUM: La facultad de dictar sentencia al poner término a las litis con carácter definitivo, con efecto de cosa juzgada.  EXECUTIO: o sea el imperio para la ejecución de las resoluciones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública. Para Jaime Guasp (1961), el contenido de la jurisdicción lo integran los elementos siguientes:  La potestad de iniciar el proceso en los casos, raros pero existentes, en que tal iniciación se asigna al órgano de la jurisdicción y no al titular de la pretensión procesal (prevención de oficio del ab-intestado, medidas cautelares en ciertos supuestos de quiebra).  La potestad de desarrollar el proceso en las dos direcciones fundamentales de la instrucción y la ordenación procesales; en la instrucción, mediante los poderes confiados 10
para promoverla (diligencias para mejor proveer) y para recibir la que las partes promueven (asunción de alegaciones y pruebas); en la ordenación mediante los poderes concebidos para impulsar (tramitación), dirigir (comunicaciones, intimaciones) y formar (materialmente) el proceso (documentación, incorporación).  La potestad de terminar el proceso en virtud de la cual corresponde al órgano jurisdiccional la función básica de efectuar su conclusión normal (decisión).
La función jurisdiccional corresponde a todos los órganos jurisdiccionales considerados en conjunto, la competencia consiste en distribuir la jurisdicción entre los órganos jurisdiccionales. El profesor italiano Ugo Rocco, en el Tratado de Derecho Procesal Civil, (1983:41, Tomo II) explica que la jurisdicción y la competencia son cosas distintas, pero no se trata de una distinción cualitativa, sino solamente cuantitativa, la diferencia está en que mientras la jurisdicción es el poder que compete a todos los magistrados considerados en conjunto, la competencia s la jurisdicción que en concreto corresponde al magistrado singular. La jurisdicción atañe, en abstracto, a todo el poder jurisdiccional, considerado genéricamente en relación con todos los magistrados y con todas las causas posibles; la competencia, n cambio atañe al poder que en concreto compete a un singular oficio jurisdiccional, o a un sujeto particular que desempeña el oficio, en relación con una causa concreta y determinada. Por consiguiente define la competencia como: “Aquella parte de jurisdicción que corresponde en concreto a cada órgano jurisdiccional singular, según ciertos criterios a través de los cuales las normas procesales distribuyen la jurisdicción entre los distintos órganos ordinarios de ellas”. Mario Nájera Farfán, en su obra El Derecho Procesal Civil (1976: 171) cita a varios autores para definir la competencia; Para Couture “es el fragmento de jurisdicción atribuido a un juez”; y para Hugo Alsina: “es la facultad y el poder de un Juzgado o Tribunal para conocer de un determinado negocio o como la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un determinado caso”.
El Manual de Montero Aroca y Chacón Corado, explica el concepto de la competencia:
“Ésta no es la parte de la jurisdicción que se confiere a un órgano, ni la medida de la jurisdicción. La competencia es el ámbito sobre el que un órgano ejerce su potestad jurisdiccional. La jurisdicción no se reparte, pero si cabe repartir las materias, la actividad procesal y el territorio en el que ejerce la jurisdicción. Desde el punto de vista objetivo la competencia es el conjunto de pretensiones sobre las que un órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción; desde el subjetivo, con referencia al órgano jurisdiccional es la facultad de ejercer su función con relación a pretensiones determinadas, y con referencia a las partes es tanto el derecho de que sus pretensiones-resistencias sean conocidas por un órgano determinado, como el deber de someterse al mismo”. (2002:24)
1.3.1 Clasificación de la Competencia
Mario Nájera Farfán, fija las reglas de competencia en tres criterios perfectamente diferenciados: la materia sobre que recae; la cuantía o valor económico de la relación jurídica objeto del proceso; el territorio a que se circunscribe la jurisdicción de cada Tribunal y el grado en que se halle el proceso. Estos elementos dan lugar y nombre a las cuatro especies de competencia reconocidas por la doctrina y los ordenamientos positivos: competencia por materia; competencia por cuantía; competencia por territorio o territorial; y competencia por grado o funcional. (1970:173) Montero Aroca y Chacón Corado, por su parte clasifican la competencia conforme a tres criterios: objetivo, funcional y territorial. (2002:26)  La competencia objetiva: El criterio de la competencia objetiva atiende a la distribución del asunto o causa según el objeto del proceso. El legislador contempla contenido diferente en los procesos civiles y penales. En lo civil, el órgano jurisdiccional pude ser competente objetivamente tanto por la materia del proceso, como por el valor o cuantía del objeto litigioso.  La competencia funcional: la competencia funcional tiene por objeto para determinar con exactitud cual es el órgano jurisdiccional competente para conocer de los actos procesales, de los incidentes, de las fases, de los remedios procesales y de las instancias de un proceso.
 La competencia territorial: es la que tiene por causa los límites territoriales dentro de los cuales está facultado cada uno de los jueces para administrar justicia. Un juez tiene competencia para conocer de determinado asunto porque este asunto se suscita dentro de su circunscripción territorial.
Mauro Chacón Corado, en su obra Los conceptos de Acción, Pretensión y Excepción de, cita a varios autores respecto del concepto de la Acción, entre ellos: Eduardo J. Coture quien define la Acción como: “el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión” (2000: 32); El maestro colombiano Devis Echandía señala que la Acción “es el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo, que tiene toda persona natural o jurídica, para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado un caso concreto mediante una sentencia, a través de un proceso” (2000: 34); Para Hugo Alsina, la Acción es “un derecho público subjetivo mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica”. (2000: 36); Sentis Melendo afirma que la Acción es: “el poder jurídico de acudir al juez que pronuncie una sentencia en que acoja la pretensión en un pronunciamiento que obligue correctivamente a la parte contraria” (2000: 49) Ugo Rocco, define el derecho de acción como: “el derecho de pretender la intervención del Estado y la prestación de la actividad jurisdiccional, para la declaración de certeza o la realización coactiva de los intereses (materiales o procesales) tutelados en abstracto por las normas de derecho objetivo. (1983: 272, Tomo I) En la obra Teoría General del Proceso, del profesor guatemalteco Erick Alfonso Álvarez Mancilla, (2006:83) cita al maestro español Juan Montero Aroca: 13
“el concepto de la acción no sólo no se ha abandonado, sino que se ha convertido doctrinalmente en uno de los temas procesales de nuestro tiempo, si bien con sentido y contenido muy diferentes de los iniciales. Lo más importante de esta noción actual de la acción es que la misma tiene que ser unitaria; no existen clases de acción, sino una única acción. La acción como derecho a la jurisdicción, a la actividad jurisdiccional del Estado, al proceso (que de todas estas maneras puede denominársele) sólo puede ser una y sólo puede existir un concepto”.
Y el propio profesor guatemalteco define la acción como: “el derecho fundamental que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción, provocando así la actividad del órgano jurisdiccional para hacer valer sus pretensiones”. (2006: 83) En cuanto a la legislación guatemalteca relativa a la Acción se encuentra regulada en la Constitución Política de la República en su artículo 29: “Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley”.
Álvarez Mancilla (2006:93) cita a varios autores para definir la pretensión procesal, entre ellos: Jaime Guasp define a la pretensión procesal como “una declaración de voluntad por la que se solicita una actuación de un órgano jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor de la declaración”. Para Alvarado Velloso, pretensión procesal es la declaración de voluntad hecha en una demanda (plano jurídico) mediante la cual el actor (pretendiente) aspira a que el juez emita -después de un proceso- una sentencia que resuelva definitiva y favorablemente el litigio que le presenta a su conocimiento”. Eduardo Couture define a la pretensión como la “auto-atribución de un derecho por parte de alguien que invocándolo, pide que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica”. En “Los Conceptos de Acción, Pretensión y Excepción”, Mauro Chacón Corado (2000: 119), explica que la pretensión procesal se constituye en el objeto del proceso se aceptado
mayoritariamente por los procesalistas, que considera la demanda como objeto del proceso, pues es aquélla sobre la cual el juez o tribunal deberá pronunciarse y la demanda será el vehículo por medio de la cual se hará valer la pretensión, que en sí contiene el propósito del sujeto activo, que puede ser obtener un bien de la vida, el cumplimiento de una obligación o la satisfacción en la adquisición de un beneficio económico o jurídico. De allí que la pretensión tenga como destinatario mal sujeto pasivo de la relación jurídica procesal, a quien busca obligarse para que satisfaga el interés del actor. Chacón Corado, cita al autor alemán Schwab, para ilustrar con precisión la pretensión procesal como el objeto litigioso:
“la esencia de la pretensión procesal consiste en ser objeto del litigio, sobre el cual el tribunal habrá de dictar su resolución. Si en una demanda se plantean varias pretensiones procesales, el proceso tendrá varios objetos litigiosos sobre los cuales el tribunal deberá resolver, la unidad o pluralidad de pretensiones procesales es determinada por la unidad o pluralidad de las solicitudes presentadas en la demanda. La pretensión procesal es la forma en que se hace valer el derecho material en el proceso. El medio de asistencia procesal para imponer el derecho material” (2000: 120)
1.5.1 Clasificación de la Pretensión
Álvarez Mancilla, clasifica la Pretensión procesal en: De conocimiento; ejecutivas y cautelares. Pretensiones de Conocimiento. También llamadas declarativas, tiene por objeto que el juez declare el derecho, se subdividen en: o Meramente Declarativas. Lo que se persigue es que el juez declare la existencia o no, de un derecho. o Constitutivas. Además de que el juez declare la existencia o no, de un derecho, se persigue la creación, modificación o extinción de un estado jurídico. o De condena. Cuya finalidad es que el juez en la sentencia determine que el demandado está obligado a una prestación, consistente en dar, hacer o no hacer.
Pretensiones Ejecutivas. En esta clase de pretensiones, el derecho ya está pre constituido, ya sea por una sentencia firme que lo declara o en un documento o título que tiene ese carácter, por lo que se pretende es su ejecución. Pretensiones Cautelares. El objeto no es que se declare el derecho o ejecutarlo, sino que se decrete una medida que lo garantice.
Entendemos por hecho jurídico cualquier acontecimiento natural y humano. Los hechos jurídicos pueden ser acontecimientos naturales que sólo suceden y no interviene la voluntad de la persona, por eso es un hecho. Hechos jurídicos también lo son el nacimiento y la muerte de una persona. Mientras que el acto jurídico es un hecho producido por la voluntad del hombre, el cual produce efectos jurídicos. Montero Aroca y Chacón Corado, explican que el acto procesal no puede definirse como aquel acto jurídico que produce consecuencias en el proceso, sino como el acto por medio del cual el proceso se realiza, de modo que aquél ha de producir sus consecuencias en forma directa en el proceso. Y que no todos los actos que tienen influencia o repercusión en el proceso pueden considerarse procesales; para que alcancen esa naturaleza es preciso que su repercusión sea directa o inmediata y no sólo indirecta o mediata. (2000: 212) Álvarez Mancilla (2006: 203), por su parte cita a varios tratadistas para definir las nociones de los actos procesales entre ellos: Ángel Fermín Garrote: “el acto jurídico procesal sólo adquiere este carácter en cuanto crea, modifica o extingue relaciones jurídicas procesales. No tiene vida propia, autónoma e independiente, sino que provoca el nacimiento, desarrollo o extinción del proceso, al que está ligado”. Eduardo Couture, opina que: “el elemento característico del acto procesal es que el efecto que él emana, se refiere directa o indirectamente al proceso”.
Chiovenda: “se les llaman actos jurídicos procesales son aquellos que tienen por consecuencia inmediata la constitución, la conservación, el desenvolvimiento, la modificación o la definición de una relación procesal”. Sin embargo, el propio profesor Álvarez Mancilla se adhiere al argentino Adolfo Alvarado Velloso, para quien “si el proceso es una idea lógica que, para la obtención de su objeto, requiere del desarrollo de una serie de procedimientos, parece claro que no cabe hablar propiamente de actos procesales sino de actos procedimentales o de actos de procedimiento para mencionar a todos los que se realizan con miras a lograr la misión de una sentencia heterocompositiva del litigio” (2006:204).
Nájera Farfán, define los actos procesales como:
“los que se producen mediante la intervención de la voluntad humana y que se realizan por el Juez (resoluciones, notificaciones), por las partes (demanda, oposición, prueba, desistimiento, etc.), o por terceros (testigos, expertos). En suma, son, no y otros, los que crean, desenvuelven, modifican o extinguen una relación propia o exclusiva del proceso”. (1970: 367)
El guatemalteco Nájera Farfán, continúa explicando que a diferencia del negocio jurídico, el acto procesal no es el resultado de un concierto de voluntades. Antes bien, lo es de un desacuerdo entre las partes. Por lo regular tienen su origen, salvo eventuales coincidencias de voluntad, en un conflicto de intereses. De esta cuenta, cada parte realiza actos procesales con el fin de obtener para sí, una sentencia que le favorezca. Y si no lo hace dentro del proceso, en el tiempo, modo y lugar fijado por la ley, será ineficaz para crear, modificar o extinguir derechos de contenido procesal. Y no son procesales los actos o negocios jurídicos que aunque de utilidad en el proceso, se realizan o celebran fuera del proceso. Como ejemplo, el otorgamiento de un poder judicial. El Acuerdo sobre prórroga de competencia. Son negocios que pueden concertarse en todo tiempo y lugar, con mayor o menor extensión y sin necesidad de que exista un proceso. (1970: 368) Además, expone que lo que le da validez y eficacia al acto procesal no es la voluntariedad ni la forma de constituirse, sino que se materialice o manifieste de acuerdo con las formalidades a que están subordinados. Los actos procesales, sólo nacen con aptitud para cumplir con sus fines si surgen en el tiempo, modo, lugar y oportunidad que fijan las leyes procesales: si una demanda no
se ajusta a los requisitos preestablecidos por la ley, es rechazada; si un recurso no se interpone dentro del término legal, no se concede; si en una resolución judicial no se cita las leys en que se funda, es nula; si la declaración de testigos no se recibe en el lugar, día y hora que se hayan señalado, carece de valor probatorio. (1970: 369)
1.6.1 Clasificación de los Actos Procesales
Partiendo del concepto de que los actos procesales son declaración de voluntad de los sujetos que intervienen en un proceso y que producen consecuencias jurídicas. El criterio común de los tratadistas, entre ellos se encuentran, Prieto-Castro, Alsina, Montero Aroca y Chacón Corado, es el de clasificar los actos procesales en: actos de parte y actos de los órganos jurisdiccionales. Actos de Parte: Montero Aroca y Chacón Corado clasifican los actos de las partes en: actos destinados a obtener una resolución judicial y actos creados de situaciones jurídicas. (2002: 231)  Actos destinados a obtener una resolución judicial: son aquellos por medio de los cuales las partes postulan una resolución determinada del juez o tribunal, suministrándole al mismo tiempo los materiales necesarios para su fundamentación.  Actos creadores de situaciones jurídicas: se comprenden todos los actos procesales de parte que no tienden a obtener una resolución determinada, siendo su sistematización muy difícil, pues comprenden actos de muy distinta naturaleza, que se tratan de actos procesales, únicamente cuando produzcan efectos en el proceso de manera directa, como los son: el desistimiento, la designación de domicilio para recibir las notificaciones; recusación del juez, etc. Y no a través de otros actos, por lo que no tiene este carácter, por ejemplo, el pacto de sumisión expresa. Por su parte, Eduardo Couture (1984:203), divide los actos procesales de las partes en:  Actos de obtención. Tienden a lograr del tribunal la satisfacción de la pretensión hecha valer en el proceso, entre los que cabe distinguir: a) actos de petición (tienen por objeto determinar el contenido de una pretensión); b) Actos de afirmación (se trata de aquellas proposiciones formuladas a lo largo del proceso, dirigidas a deparar al tribunal el conocimiento requerido por 18
el petitorio); c) Actos de prueba (se trata de la incorporación al proceso de objetos idóneos para crear en el tribunal la persuasión de la exactitud de las afirmaciones).  Actos dispositivos. tienen por objeto crear, modificar o extinguir situaciones procesales, se refieren al derecho material en el proceso o a los derechos procesales particulares. Disposiciones del derecho existen mediante: allanamiento; desistimiento y transacción. Actos del órgano jurisdiccional. Couture los clasifica en actos de decisión; actos de comunicación, y actos de documentación.  Actos de decisión. Son las providencias judiciales dirigidas a resolver el proceso, sus incidencias o asegurar el impulso procesal. De conformidad con lo regulado en el artículo 141, la Ley del Organismo Judicial clasifica las resoluciones en: a) Decretos: que son determinaciones de trámite; b) Autos: que deciden materias que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite, c) Sentencias: que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley.  Actos de comunicación (Notificaciones). Es el acto destinado a comunicar a las partes o a cualquier persona que deba intervenir en el proceso una resolución judicial. El artículo 142 Bis, de la Ley del Organismo Judicial establece que: “las providencias o decretos serán notificadas dentro de un plazo máximo de los dos (2) días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente; los autos definitivos se notificarán dentro de un plazo máximo de cinco (5) días siguientes de haberse dictado por el tribunal competente. Las sentencias se notificarán dentro de un plazo máximo de quince (15) días de haberse proferidos por el tribunal competente”.  Actos de documentación: Se refiere a que las actividades que realice el órgano jurisdiccional deben documentarse para dejar constancia permanente de las actuaciones procesales, de modo que puedan ser conocidas en un momento posterior cualquiera.
En conclusión, en este primer capítulo se abordaron los conceptos de las instituciones que forman un proceso; en el capítulo siguiente se incluye lo relacionado con los medios impugnativos en general.
Capítulo 2 Los Medios Impugnativos
El Diccionario de Derecho Procesal Civil del Eduardo Pallarés, define que la impugnación es “El acto mediante el cual se exige del órgano jurisdiccional la rescisión o revocación de una resolución judicial que no siendo nula o anulable es sin embargo violatoria de la ley y por tanto injusta.” Por su parte, Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, conceptúa la impugnación como:
“La objeción, refutación, contradicción. Se refiere tanto a los actos y escritos de la parte contraria, cuando pueden ser objeto de discusión ante los tribunales, como las resoluciones judiciales que no son firmes y contra las cuales cabe algún recurso”.
El Diccionario Jurídico ESPASA, define la impugnación como: “Acción y efecto de combatir. Contradecir, refutar.” En la obra de Derecho Procesal de los mexicanos Fix-Zamudio y Ovalle Favela, los medios impugnativos son:
“Los instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales cuando adolecen de deficiencias, errores, legalidad o injusticia.” (1983:77)
Con relación a la diferencia entre los medios de impugnación y recurso, la guatemalteca Angélica Yolanda Vásquez Girón en su obra El Ocurso de Queja, cita el trabajo de investigación de José Peña “Esquematización de los Medios Impugnación Regulados por el Código Procesal Civil y Mercantil” al señalar que:
“A pesar de no ser sinónimos doctrinariamente, ya que impugnar es simplemente atacar un acto o resolución por injusto o ilegal y recurso es el medio de recurrir contra una resolución judicial o administrativa, es aceptado que el término “medio de impugnación” se utiliza para designar a los recursos” (2005:13)
Lino Enrique Palacio, pronuncia en el mismo sentido en su libro “Los Recursos en Procesal Penal” al afirmar que:
“Conforme al régimen adoptado, en general, por la legislación procesal penal vigente en nuestro país, y más allá de ciertas imperfecciones terminológicas o de métodos que afectan a algunos de los ordenamientos comprendidos en esa área, se entiende por recursos a aquellos actos procesales en cuya virtud la parte que se considera agraviada por una resolución judicial solicita, en el mismo proceso y dentro de determinados plazos computados a partir de la notificación de aquella, que el mismo órgano que la dictó, u otro superior en grado, la reforme, modifique, amplíe o anule.” (2001:13)
El autor guatemalteco Mario Efraín Nájera Farfán, explica la diferencia entre los medios de impugnación y recursos en forma didáctica en su obra “Derecho Procesal Civil:
“La sentencia, como dice Carnelutti, es un instrumento productor de certeza. Pero para su eficacia, debe ser formalmente válida. Y es también un instrumento de justicia; de justicia jurídica. Pero para que se traduzca en acto de justicia, para que se le tenga por justa, es indispensable que en ella se haya aplicado correctamente, la voluntad de la ley. Sentencia válida y justa, será entonces, aquellas que estén limpios de toda mácula tanto en su forma como en su contenido. Pero aún así, la sentencia no se reputa válida y justa desde su origen bajo la consideración de que los jueces no son infalibles, o porque para el vencido siempre estarán equivocados. Partiendo de supuestos tan racionales, la ley concede a las partes los medios adecuados para someter a crítica las decisiones judiciales provocando su revisión con el fin de que se rectifiquen los errores de que a su juicio adolezcan y siempre que se hayan denunciado en la oportunidad debida. A estos medios y al derecho mismo que la ley reconoce a las partes, para pedir y en su caso obtener, la reparación del agravio o la injusticia que pudiera inferirse con motivo de aquellos posibles errores, se les denomina, genéricamente, medios de impugnación, o recursos, que es el vocablo consagrado por todas las legislaciones.” (1970:645)
De todas las obras citadas se puede afirmar que aunque doctrinariamente existe una diferencia terminológica entre los medios impugnativos y los recursos, sin embargo, en las legislaciones vigentes se utilizan como sinónimos, y que son facultades que la ley le otorga a las partes de un proceso para atacar a una resolución judicial o administrativa que les perjudique.
De acuerdo con el concepto del recurso, constituye que caracterizan a todo recurso las siguientes:
 Se dirigen contra una resolución judicial o administrativa, de manera que resultan excluidos de su ámbito los actos de autoridad jurisdiccional o administrativa desprovistos de carácter decisorio.  En razón de requerir una declaración de voluntad de alguna de las partes, no debe considerar recursos a la actividad oficiosa de la autoridad expresada a través de la invalidación de actos decisorios directas o indirectamente portadores de una nulidad absoluta o de la rectificación de ciertos defectos que pueden afectar a las resoluciones o mediante una consulta hecha a un órgano especializado.  La interposición debe efectuarse dentro de un plazo perentorio, que comienza correr desde la notificación de la resolución de que trate y es individual respecto de cada una de las partes.  La existencia de un gravamen para el recurrente, circunstancia que concurre, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, frente a la ausencia de concordancia, total o parcial, entre lo resuelto y lo solicitado por aquel.
Los medios impugnativos son actos procesales, que contiene la pretensión de una de las partes de un proceso, quien manifiesta la inconformidad con la resolución dictada por el juez. La impugnación se base en la posibilidad de que el juez en el momento de emitir una resolución pueda incurrir en errores, ya sean de forma o de fondo, como lo afirma Mario Efraín Nájera Farfán:
“De forma (in procedendo) si no se han observado las normas que regulan el procedimiento. En este caso, la resolución adolece de invalidez por defecto en la actividad procesal. De fondo (in judicando) si se infringe una norma de derecho sustantivo. En este caso, la resolución adolece de injustica por defecto del juicio formado por el juez al momento de aplicar la ley. Y en ambos casos, cuando el juez procede o cuando juzga, causa agravio, ofensa o perjuicio a una o otra de las partes, y es para su reparación aquellos recursos se han instituido.” (197:645)
Lino Enrique Palacio, expone que los vicios de que son posibles las resoluciones judiciales se diferencian sobre la base de que aparezcan en el juzgamiento mismo o en la actividad procesal, o sea según se trate de los habitualmente llamados vicios in iudicando o in procedendo. Vicios “in iudicando” Tradicionalmente se caracteriza a esta clase de vicios como aquellos que afectan al contenido de una resolución, a la que se le señala como injusta. La doctrina, se refiere a la injusticia desde la perspectiva del derecho sustancial aplicado, como en el caso del recurso de casación, no puede considerarse esta clasificación ajena a los errores de juicio en que incurran los órganos jurisdiccionales con motivo de la aplicación de normas de índole procesal. Lino Enrique Palacio, afirma que:
“El vicio de que se trata puede asimismo consistir en un error de hecho (in facto) o en un error de derecho (in iure). Existe error in facto cuando la resolución aparece fundado en un supuesto fáctico falso o incorrectamente interpretado. Esta irregularidad solo puede invocarse como fundamento de los recursos ordinarios (aclaratoria, reposición y apelación) pero no, como regla, del recurso de casación. Existe en cambio error in iure cuando a causa de no haberse comprendido adecuadamente el sentido jurídico del caso sometido a decisión, se aplica a éste una norma distinta a la que debió en realidad aplicarse o se asigna a la norma aplicable un alcance equivocado.” (2001:25)
Vicios “in procedendo” Los vicios in procedendo concurre cuando, a consecuencia de la inobservancia de normas procesales, aparecen afectados los requisitos a los que se encuentran sujetas la validez de una resolución jurisdiccional o la de los actos que la precedieron y tuvieron incidencia en el pronunciamiento. A diferencia de la injustica de la resolución impugnada, se refiere la irregularidad de su estructura o del procedimiento que condujo a la decisión judicial.
2.3 Clasificación de los recursos
La clase de los recursos son establecidos por la legislación de cada país. Pero, la clasificación aceptada expresa o tácitamente por la doctrina, se gira en torno a su carácter ordinario o extraordinario. Lino Enrique Palacio, asegura que son recursos ordinarios:
“Aquellos que las leyes otorgan con el objeto de reparar, genéricamente, cualquier clase de errores in iudicando o in procedendo, o sea cualquiera de los extremos comprendidos en la resolución que se recurre. Por consiguiente, abarcan tanto los defectos atribuidos a la aplicación de la ley como los relativos a la fijación de los hechos y a la valoración y selección de la prueba, de modo que la medida del conocimiento acordado al órgano competente para resolver este tipo de recursos coincide con la que corresponde al órgano que dictó la resolución impugnada, sin otra modificación que la referente a la prohibición de la reformatio in peius.” (2001:26)
Son, en cambio, recursos extraordinarios:
“Aquellos cuya admisibilidad se halla supeditada a la concurrencia de motivos o causales taxativamente establecidas por la ley, y en los cuales, consecuentemente, las facultades del órganos competentes para decidirlos está limitada al conocimiento de determinados aspectos o puntos de la resolución impugnada.” (2001:26)
Mario Nájera Farfán, por su parte explica que el número y clases de recursos, están fijados por la legislación de cada país. Pero la clasificación aceptada expresa o tácitamente por todas las legislaciones, a la par que por la doctrina, es la que los divide en ordinarios y extraordinarios:
“Ordinarios: Las características de estos recursos, son las siguientes: pueden interponerse durante el juicio y en todos los casos en que exista limitación expresa; facultan al Juez o tribunal ad quem para que conozca íntegramente de la cuestión litigiosa; su interposición no está sujeta a motivaciones determinadas; mediante ellos puede denunciarse cualquier vicio. Extraordinarios: son características de estos recursos: solo pueden ser utilizados después de fenecidos el juicio, o sea, solo contra ciertas sentencias; su interposición debe ser motivada y fundarse exclusivamente en los casos o vicios taxativamente establecidos por la ley; conoce de ellos el Tribunal máximo dentro de la jerarquía judicial y los poderes jurisdiccionales se circunscriben al examen o juzgamiento del error o errores denunciados.” (1970:646)
2.4 Efectos de los recursos
Desde el punto de vista de la posibilidad o no de la ejecución inmediata de la resolución impugnada, y de la consecuencia que puede extraer, los efectos de los recursos pueden ser: suspensivos, no suspensivos, devolutivos y extensivos.
 Efecto suspensivo: Los recursos tienen efecto suspensivo cuando la resolución no puede hacerse efectiva durante el plazo que la ley procesal establece para recurrir y frente al caso de haberse deducido el recurso, hasta la resolución de éste.  Efecto no suspensivo: Los recursos tienen efecto no suspensivo cuando, no obstante su interposición, la resolución impugnada se ejecuta de inmediato.  Efecto devolutivo: Se entiende el efecto devolutivo por el cual la revisión y decisión es funcionalmente atribuida al tribunal alzada, sea que el tribunal inferior esté o no autorizado a ejecutar la resolución impugnada.  Efecto extensivo: El efecto extensivo constituye una excepción al principio dispositivo y de la personalidad de la impugnación, se verifica cuando, existiendo una pluralidad de sujetos pasivos, el recurso impuesto por uno de ellos es susceptible, si se dan determinadas condiciones, de favorecer a los que no recurrieron no obstante hallarse facultados para hacerlos.
Capítulo 3 Anteproyecto del Código Procesal General 3.1 Antecedentes Históricos
El Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Decreto Legislativo 2009, fue sancionado por la Asamblea Legislativa el 26 de mayo de 1934. Derogó el Código de Procedimientos Civiles, emitido por el Decreto Gubernativo 176 del 8 de marzo de 1877 y dejó sin efecto también la Ley de Enjuiciamiento Mercantil, emitida por el Decreto Gubernativo No. 191 de 20 de julio de 1877. El referido Código fue derogado por el Decreto 107, Código Procesal Civil y Mercantil, el cual entró en vigor el uno de julio de 1964, actualmente en vigencia. La iniciativa de ley del Código Procesal General, es presentada en el mes de septiembre de 2004, por la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República de Guatemala, para su aprobación. El Anteproyecto quedó registrado por la Dirección Legislativa del Congreso de la República bajo el número tres mil ciento treinta y uno (3131), del control de iniciativas. El Anteproyecto del Código Procesal General fue conocido por el pleno del Congreso de la República el 24 de febrero de 2005, y es remitido a la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente, en donde se encuentra actualmente.
El Anteproyecto de Código Procesal General consta de quinientos setenta y siete (576) artículos, divididos en nueve libros y disposiciones generales transitorias y derogatorias. El libro primero trata sobre disposiciones generales; el libro segundo sobre la actividad procesal; el libro tercero sobre las pruebas; el libro cuatro sobre las resoluciones judiciales; el libro quinto sobre los medios de impugnación de las resoluciones judiciales; el libro sexto sobre el desarrollo de los procesos; el libro siete sobre los procesos de jurisdicción voluntaria; el libro octavo sobre las normas procesales internacionales; y el libro noveno sobre la ejecución colectiva. 27
Es conveniente mencionar particularidades especiales reguladas en algunos de los libros: en el libro segundo debe anotarse que figuran como actos procesales las audiencias, con normas generales, lo cual es lógico porque el proceso por audiencias es una de las innovaciones que trae el Anteproyecto. El libro tres en su regulación puede advertirse que se cambia la regulación de la prueba de declaración de parte, testigos y prueba especial para que guarde correspondencia con el principio de oralidad. El libro cuatro contiene materias importantes reguladas, conservando disposiciones vigentes de la legislación de Guatemala, innovándose en materia de desistimiento, al aceptarse el desistir tanto del proceso como de la pretensión. En materia de impugnación de resoluciones judiciales, reguladas en el libro quinto, se regula la apelación con tres efectos: el suspensivo, el no suspensivo (como regla general) y el de efecto diferido. Asimismo, se moderniza la técnica del recurso de apelación, al regularse que toda apelación al interponerse debe ser fundada, eliminándose en consecuencia la apelación genérica sin expresión de agravios. En atención a ello, el plazo para la interposición para este medio se amplió sustancialmente. En materia de casación, se admiten motivos de forma y de fondo, pero para estos últimos con el sólo objeto que el tribual de casación se pronuncie únicamente sobre las cuestiones de derecho. El Anteproyecto incorpora la protección de los intereses difusos y de las acciones de clase. En el primero de los casos relativo a protección de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales e históricos y, en general, cuando pertenezcan a un grupo indeterminado de personas. En el segundo de los casos, cuando se trata de litisconsorcios, activos o pasivos, compuestos por más de veinte personas. Como consecuencia de esta innovación el Anteproyecto también regula en materia de cosa juzgada los singulares efectos que se producen en la protección de esta clase de intereses. La Comisión estimó como nombre el de “Código Procesal General” pues aspira a uniformar los procedimientos en todas aquellas materias no penales. Ha sido elaborado por una Comisión integrada por el Dr. Mario Aguirre Godoy, Dr. Roberto Aguirre Matos y Lic. Francisco Chávez Bosque, quienes laboraron por un período de dos años, en sesiones vespertinas los días martes. El primero borrador fue ampliamente discutido con los sectores más representativos del foro 28
nacional, tanto en la ciudad de Guatemala como en los diversos departamentos de la República durante un año, lo cual generó 763 sugerencias escritas, las cuales fueron discutidas y evaluadas y en su caso incorporadas a la propuesta de Código. El Anteproyecto del Código Procesal General, con aspiración para ser aplicado en todas las materias no penales, regula un proceso que se asienta básicamente en los principios de inmediación, oralidad y economía, y recoge una gran preocupación por lograr la mayor simplificación en las distintas etapas y actos que se realizan durante el procedimiento. Los principios que inspiraron la realización del Anteproyecto y con una notoria influencia en el contenido de algunas partes fundamentales del mismo, se encuentran los Acuerdos de Paz, especialmente el “Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas” y el “Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática”, así como las disposiciones de la Constitución Política de la República de Guatemala relativas a la cultura y a las comunidades indígenas en sus artículos 58, 66 y 70. Dicha influencia, se traduce en los ejes básicos que soportan la reforma de la justicia, logrando que en combinación con la modernización, el acceso, la agilización de procesos, la oralidad y la excelencia profesional, se obtenga una legislación renovada que coadyuve a la realización de una efectiva pronta y cumplida administración justicia. De similar manera, el Anteproyecto, implementa diversas modificaciones al ordenamiento jurídico, como el de los intérpretes legales en lenguas vernáculas y la creación de un sistema de Defensa Pública gratuita, para hacer así una justicia para una colectividad plurilingüe, multiétnica y pluricultural. En materia de procesos de conocimiento contencioso regula únicamente dos tipos: o El ordinario por audiencia y o El proceso monitorio.
Sin perjuicio de ello, se resolvió mantener, para los asuntos de menor cuantía, el proceso regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil para los procesos de menor cuantía, por su sencillez y practicidad en la resolución de esos casos. Para los procesos de ejecución se estableció el proceso de la ejecución de sentencia y la vía de apremio, extendiéndola a otros títulos. En materia de procesos voluntarios, se mantuvo la regulación actual por considerarse apropiada y útil. Asimismo, se amplió la función notarial para que puedan tramitarse ante notario esta clase de procesos, incluyéndose el divorcio por mutuo consentimiento y exceptuándose lo relacionado a la declaración de incapacidad, dispensa judicial y consignación. Tratándose de divorcio por mutuo consentimiento tramitado en sede notarial, cuando existan intereses de menores o incapaces, el convenio deberá ser aprobado por un tribunal de familia, el que velará porque los derechos de los menores o incapaces no sean vulnerados y calificará la garantía prestada en su caso. En cambio, en materia de procesos concursales o colectivos, se mantuvo el articulado del Código vigente con ligeras modificaciones de orden práctico, y ello obedeció a que dicha temática requiere de un estudio específico, a efectos de adaptarse a los actuales requerimientos locales e internacionales de este tipo de procesos. Las disposiciones transitorias del Anteproyecto indican la necesidad de una ley específica reguladora de los concursos y la quiebra. Se desarrollan los siguientes principios o instituciones procesales consagradas en el Anteproyecto que se consideran los pilares esenciales para que la misma pueda ser aplicada integral y efectivamente.
3.2.1 Los Principios Procesales y del Procedimiento del Anteproyecto
Los principios contenidos en el Anteproyecto del Código Procesal General para garantizar la efectividad de los procesos son: Inmediación-Oralidad, Economía y Concentración, Buena Fe y Lealtad Procesal e Impulso Procesal de Oficio (Juez Director).
3.2.1.1. Inmediación-Oralidad
El proceso ordinario por audiencias consagra la inmediación, y establece garantías efectivas para que dichos principios se cumpla. La presencia obligatoria e ininterrumpida del juez en las audiencias y en las diligencias de prueba, so pena de nulidad absoluta que compromete su responsabilidad funcional. Establece la indelegabilidad de la función jurisdiccional de unos jueces a otros y a sus auxiliares judiciales. Esos, por delegación sólo podrán realizar los actos permitidos por la ley y bajo la directa responsabilidad del tribunal. La prueba debe ser producida toda en la audiencia, lo que implica la recepción directa del tribunal que las preside. En materia de interrogatorio de parte y de testigos, el tribunal es quien primero interroga y conduce el posterior interrogatorio que formulen las partes. El dictamen del perito también es examinado en audiencia. Respecto del reconocimiento judicial y la reproducción de hechos, se exige la presencia y dirección del tribunal. La inmediación no se garantiza sólo con la presencia del juez. Requiere que las partes también estén presentes. En tal sentido, sanciona gravemente la incomparecencia de las mismas a la audiencia preliminar, que como se verá constituye el núcleo central de la nueva estructura procesal. Si el actor, sin causa justificada, no asiste a la audiencia, se le tendrá por desistido de su pretensión en lo que no esté justificado con la prueba documental aportada en autos. En caso de la inasistencia de la parte demandada, se tiene por admitidos los hechos en su contra, también en lo que no esté justificada documentalmente en autos. También se sanciona a las partes que no concurran a la audiencia complementaria, con una presunción desfavorable a su interés, la cual se ve agravada por la imposibilidad de efectuar oralmente su alegato.
En el proceso monitorio, de celebrarse audiencia porque el demandado interpuso defensas, se sanciona severamente la inasistencia de las partes. En tal sentido, la inasistencia injustificada del demandado se tendrá como desistimiento de las defensas y excepciones interpuestas y la inasistencia del actor, conllevará la pérdida de su eventual derecho al cobro de las costas judiciales. Para asegurar la identidad del juez que conoció en el asunto y el que dicta sentencia, se mantiene su competencia en los casos siguientes:   Cuando se modifique su competencia por la aplicación de una nueva ley procesal. En caso de muerte, incapacidad, traslado, ascenso o pérdida de la titularidad del juez, el
auto o la sentencia la dictará el juez sucesor, quien tomará el proceso en el estado en que se encuentre.
3.2.1.2 .Economía y Concentración
El anteproyecto indica que los actos procesales se deberán desarrollar sin demora, tendiendo a concentrar en un mismo acto todas las diligencias que sean necesarias y que se puedan realizarse. Para asegurar la efectiva aplicación del principio de concentración, se establece lo siguiente:  Plazos perentorios e improrrogables. El solo transcurso del plazo, sin necesidad de
ninguna actividad de parte, hace precluir el derecho a realizar el acto determinado.  Audiencias continuas. Cada vez que proceda la suspensión de la audiencia, deberá fijarse
en el acto la fecha de su reanudación, con la mayor cercanía posible para asegurar la continuidad del proceso y la identidad del titular del tribunal.  Presentación de prueba con la demanda y la contestación. La demanda y su contestación
deberán presentarse con todas las pruebas que se quieran hacer valer en el proceso. Con el escrito de demanda y con el escrito de contestación deberá formularse la petición de todos los medios probatorios y acompañarse toda la prueba documental de prueba que se disponga.
Posteriormente, la aportación de prueba se reserva a casos expresamente previstos en el Código, de forma restrictiva.  Principio de eventualidad. La norma del Anteproyecto pretende que si el demandado
adoptare más de una actitud, por ejemplo interponer excepciones previas y contestar la demanda, deberá hacerlo en el mismo memorial. Consecuencia directa de esta regulación es que las llamadas excepciones dilatorias no tendrán ya más el efecto de demorar la contestación de la demanda y consecuentemente dilatar el proceso.  Contenido de la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, que toma lugar en el
proceso ordinario por audiencias, luego de la presentación de los escritos de demanda y contestación, concentra una serie de actividades entre las que destacan la tentativa de conciliación, la resolución de las excepciones previas interpuestas por el demandado, la delimitación del objeto del proceso y de la prueba, la resolución sobre la admisión o rechazo de los medios de prueba solicitados por las partes y los que el tribunal quiera diligenciar, la recepción de prueba que fuere posible diligenciar, y el dictado de sentencia. Si se tratare de una cuestión de puro derecho o las partes estuvieren de acuerdo respecto de los hechos sobre los cuales se aplicará el derecho, el juez dictará sentencia de inmediato.  Contenido de la audiencia del monitorio. Al igual que la audiencia preliminar, concentra
varias actividades tales como la tentativa de conciliación, la recepción de los medios probatorios que se hubiesen solicitado en el escrito de excepciones o en el traslado del mismo y el dictado de la sentencia.  Plazos más breves para el dictado de autos y sentencia.
3.2.1.3. Buena Fe y Lealtad Procesal
El Anteproyecto regula que las partes, sus representantes, abogados y demás partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben los litigantes y a la lealtad y buena fe, estableciendo que el tribunal deberá impedir toda conducta ilícita o dilatoria.
Este principio resulta garantizado, entre otras, en las siguientes situaciones reguladas:  El tribunal tiene la posibilidad de llamar de oficio, cuando en el curso del proceso presuma que existe fraude o colusión, a las personas que se considera pudieran resultar perjudicadas por ese proceso, para que hagan valer sus derechos.   El Anteproyecto veda la posibilidad de reclamar la nulidad a quien concurrió a causarla. La presentación de la demanda y contestación con la prueba; además se asegura el principio de economía procesal. También asegura el principio de lealtad y buena fe que se está analizando, ya que obliga a las partes a litigar con las cartas abiertas, mostrando toda la prueba de que disponen o van a solicitar.  Forma y contenido de la contestación. El demandado deberá pronunciarse categóricamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de los documentos que se hubiese acompañado y cuya autoría le fuere atribuida, estableciéndose que la negativa simple sin fundamentos o razones, implica admisión, así como sus respuestas ambiguas o evasivas.  La presentación conjunta de todas las defensas, obliga también a adoptar actitudes leales al impedir reservarse defensas para ulterior planteamiento o con ánimo retardatario.  La no contestación de la demanda se sanciona con la rebeldía automática del demandado sin necesidad de pedido de parte. La rebeldía del demandado hará que el tribunal tenga por admitidos los hechos alegados por el actor, en lo que no resultare contradicho por la prueba de autos.
3.2.1.4. Impulso Procesal de Oficio: Juez Director
En forma acorde a un proceso por audiencias, el Anteproyecto exige una participación activa del tribunal en el desarrollo del mismo. Ello se logra requiriendo su presencia ininterrumpida durante las audiencias y demás diligencias, con el aumento de sus facultades. Todo ello sin alterar el
principio dispositivo, el que sigue informando principalmente este proceso, aunque con ciertas atenuaciones. Distintas disposiciones consagran que la dirección del proceso está confiada al tribunal, quien la ejercerá de acuerdo a sus distintos artículos, debiendo además tomar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso. Impulso procesal de oficio: Iniciado el proceso el tribunal lo debe impulsar de oficio, con todas aquellas medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible. Para poder utilizar estas facultades de dirección se establece que las decisiones del tribunal deben ser acatadas por todos los sujetos, quienes a su vez deberán prestarle asistencia para lograr la efectividad de sus mandatos. Para ello podrá utilizar la fuerza pública, o imponer apremios, sean éstos apercibimientos, multas o conducción personal. Al juzgador se le faculta asimismo, para:  Rechazar de plano la demanda, cuando manifiestamente ésta no pudiera plantearse en la forma en que se hubiese hecho, cuando carezca de los requisitos formales exigidos por la ley o cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a término de caducidad y éste haya vencido.  Para declarar de oficio la incompetencia absoluta, la litispendencia, la falta de representación absoluta, la incapacidad declarada del actor o de su representante, la caducidad, la cosa juzgada y la transacción.  Para darle al proceso el trámite que legalmente le corresponda.  Para intentar en cualquier momento la conciliación de las partes.
 Para ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la veracidad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes.  Para rechazar in limine los incidentes que se refieren a otros ya propuestos por la misma causa, o cuando a pesar de fundarse en causa distinta, ésta haya podido alegarse al promoverse uno anterior, y los notoriamente frívolos o improcedentes.  Para rechazar los recursos extemporáneos y declarar de plano las nulidades absolutas, y para disponer las diligencias que eviten dichas nulidades.  Para llamar a terceros que podrían ser perjudicados por el proceso en el que presume que existe fraude o colusión. En materias probatorias su participación activa se manifiesta en todas las etapas de la prueba.  Iniciativa probatoria, tiene iniciativa respecto de los hechos invocados y controvertidos por las partes. En consecuencia, podrá ordenar los medios de prueba que considere necesarios para verificar los hechos alegados por las partes.   Valoración de la prueba. Se establece con criterio general, el sistema de la sana crítica. Rechazo de oficio del diligenciamiento de aquellos medios de prueba inadmisibles, innecesarios o manifiestamente inconducentes o impertinentes.  Diligenciamiento de los distintos medios probatorios. En el interrogatorio de parte y en el de testigos, debe asumir una actitud totalmente activa, ya que es el juez el que interroga en primer lugar y luego controla todas las preguntas que libremente se les vaya formulando. Asimismo, debe ser quien efectúe personalmente los reconocimientos y las reproducciones de hechos.
3.3 Procesos Regulados
En procesos de conocimiento contencioso, el Anteproyecto regula únicamente tres estructuras: la ordinaria por audiencia, la monitoria y la de juicios de menor cuantía, ésta última, como actualmente está regulada en el Código vigente, para los de ínfima cuantía. Se señala a continuación la procedencia y las principales etapas de los procesos de: proceso ordinario por audiencia y proceso monitorio.
3.3.1 Proceso Ordinario Por Audiencia:
Este proceso se aplicará a todas aquellas pretensiones que no tengan establecido un proceso especial para su sustanciación, tales como, las pretensiones relativas a interdictos, familia, alimentos, división de la cosa común, rendición de cuentas, rescisión de contratos, responsabilidad civil contra empleados y funcionario públicos, de trabajo y previsión social con exclusión de los conflictos de carácter económico social y los procesos contenciosos administrativos. Las principales etapas son las siguientes: 1. Demanda por escrito acompañando toda la prueba documental de que se disponga y señalando todos los demás medios probatorios que la parte actora quiera hacer valer en el proceso. 2. Control de demanda y emplazamiento al demandado por un plazo de treinta (30) días calendario. 3. Contestación de la demanda por escrito, con la prueba en iguales condiciones que para la parte actora. Si el demandado decidiere asumir alguna otra actitud, como por ejemplo: reconvenir, interponer excepciones previas o allanarse, deberá hacerlo en el mismo escrito. 4. Audiencia preliminar. En esta audiencia se desarrollan las siguientes actividades:
a) Tentativa de conciliación, que deberá realizar el tribunal, respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos. b) Ratificación de la demanda y de la contestación y, en su caso, de reconvención y de la contestación a la misma, pudiéndose alegar hechos nuevos siempre que no modifique la pretensión o la defensa, así como aclarar sus extremos si resultaren oscuros o imprecisos, a juicio del tribunal o de las partes. c) Ratificación fundada por el actor de su contestación, de las excepciones opuestas por el demandado; y por éste, de las que hubiese opuesto el actor respecto de la reconvención. d) Recepción de la prueba sobre las excepciones cuando existiere algún hecho a probar, en cuyo caso se recibirán, exclusivamente, las pruebas presentadas por las partes. El tribunal podrá prorrogar la audiencia para efecto de recepción de prueba. e) Pronunciamiento de auto con el fin de sanear el proceso para resolver los problemas planteados por las excepciones previas interpuestas o las nulidades denunciadas o las que el tribunal de oficio advierta y decidir a petición de parte, o de oficio, todas las cuestiones que impidieren llegar al conocimiento de la decisión de fondo, incluyendo la inadmisibilidad de la demanda en la forma planteada y la falta de legitimación en la causa, cuando ésta sea definible al comienzo del litigio. La formulación de la fundamentación legal del auto de saneamiento podrá diferirse hasta otra audiencia, que habrá de llevarse a cabo en un plazo no mayor de diez (10) días. Cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá prorrogar la audiencia por un plazo no mayor de quince (15) días para pronunciar el auto de saneamiento con sus respectivos fundamentos legales. f) Fijación definitiva del objeto del proceso y de la prueba; pronunciamiento sobre los medios de prueba solicitados por las partes, rechazando los que fueren inadmisibles, innecesarios, inconducentes o impertinentes, disponiéndose el diligenciamiento de los que corresponda; recepción de los que fuere posible diligenciar en la propia audiencia y fijación de otra complementaria, para el diligenciamiento de los restantes, acordándose
lo necesario para que, en ocasión de esa audiencia complementaria, se diligencien totalmente las pruebas que no se hubieren recibido en la audiencia preliminar. 5. Audiencia complementaria, en la que se recibirá la prueba pendiente, alegarán las partes oralmente por espacio de quince (15) minutos, dictándose a continuación la sentencia. 6. Se prevé que el juez dicte sentencia o auto al final de la audiencia. Si la complejidad del asunto lo justifica, podrá prorrogar el plazo para dictar el auto o la sentencia con sus fundamentos, por quince (15) o treinta (30) días, respectivamente. 7. La sentencia de primera instancia admite recurso de apelación, con lo que se consagra el principio de la doble instancia, salvo que expresamente se disponga lo contrario. 8. Para los procesos ordinarios por audiencia en que la pretensión deducida sea de materia laboral o de familia, se propone una conciliación previa ante un tribunal distinto del que habrá de conocer en el proceso principal.
3.3.2 Proceso Monitorio
El proceso monitorio es aquel, conforme al cual, presentado el documento o documentos constitutivos que demuestren el fundamento de la pretensión, el juez, previa verificación de los presupuestos generales de competencia, capacidad, legitimación y exigibilidad, así como los específicos del proceso que se pretende, acoge la demanda, mediante un auto del que se da traslado por seis (6) días al demandado para que pueda oponer sus excepciones y defensas. Si el demandado no se opusiere, el auto pasará en autoridad de cosa juzgada y el proceso quedará terminado, entrando en fase de ejecución. Este proceso se aplicará a los ejecutivos, entrega de la cosa, obligaciones de hacer o no hacer cosa cierta y determinada, obligación de escriturar y desalojos. Las etapas básicas de este proceso son:
Demanda por escrito acompañando el documento en el que se demuestra el fundamento de la pretensión. Si se tratara de un monitorio ejecutivo, el documento deberá contener la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible por parte del demandado.
Auto en el que se acoge la demanda y se resuelve sobre el fondo. En el mismo auto se dispondrá el traslado al demandado para que se haga valer sus excepciones y defensas.
Si el demandado no plantea defensas, o éstas son declaradas sin lugar, el auto pasará en autoridad de cosa juzgada y el proceso quedará terminado, procediéndose a su ejecución sin más trámite.
Practicada la notificación, el demandado dispondrá de un plazo de diez (10) días para oponer sus excepciones y defensas, las que deberán interponerse todas juntas, acompañando su prueba documental y mencionando todos los medios de prueba de los que pretenda valerse.
De las excepciones y defensas interpuestas se conferirá traslado al ejecutante por el plazo de seis (6) días, debiendo procederse en oportunidad de la contestación de las defensas conforme a lo dispuesto en el Anteproyecto en lo relativo a la contestación de la demanda.
Audiencia: Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo motivo fundado que justifique la comparecencia por representante. La inasistencia no justificada del demandado a la audiencia, se tendrá como desistimiento de las defensas y excepciones interpuestas. La inasistencia del actor, le hará perder su eventual derecho a cobrar costas judiciales. En la audiencia se cumplirán las siguientes actividades:  Tentativa de conciliación.  Recepción de los medios de prueba que el tribunal estime pertinentes al objeto del
proceso, si la prueba no hubiere podido diligenciarse total o parcialmente, se podrá prorrogar la audiencia para que en el más breve plazo posible se pueda practicar la prueba pendiente.
 Diligenciada la prueba, el tribunal dictará sentencia. En materia de notificación, nulidades y medios impugnativos, el Anteproyecto propone:
Se reitera el principio de notificación en cuanto a que toda resolución judicial debe ser inmediatamente notificada a los interesados. Las resoluciones dictadas en audiencias se tendrán por notificadas, sin necesidad de formalismo alguno, a quienes estén presentes o debieron haber concurrir al acto. Salvo resoluciones expresamente previstas en el Anteproyecto, las notificaciones se practicarán en la sede del tribunal. En este caso, un notificador del tribunal debe facilitar a la persona que deba comunicar la actuación respectiva, permitiéndole su lectura y haciéndole entrega de las copias que correspondan, poniéndose a continuación constancia al pié suscrita por el notificador y el interesado. Si éste no pudiere o se rehusare a firmar, así se hará constar. Si la parte a ser notificada no concurriere al tribunal en el plazo de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de la resolución respectiva, se tendrá por efectuada la notificación y se pondrá constancia en autos. Para efectos de un estricto cumplimiento de esta notificación ficta en el tribunal, se regula la carga de acudir al tribunal a todos los interesados que actúen en el proceso respectivo. Únicamente se notificarán personalmente y a la persona indicada en el mismo, las resoluciones siguientes:  Al demandado, la resolución que admita para su trámite la demanda y ordena su emplazamiento.  Al tercero, la resolución que lo cita y emplaza.
 Al actor, la reconvención.  Al declarado rebelde, el auto que así lo declare.  La resolución que convoca a audiencia.  Al ejecutado, la resolución inicial de ejecución de sentencia.  Las sentencias y los autos que pongan fin al proceso y aquellos que la ley así lo indique.  La primera resolución que se dicte en instancia de apelación.  La primera resolución que se dicte en casación.  Las que la ley indique o el tribunal, dada su importancia disponga en forma razonada sean notificadas en esa forma, siempre que no se trate de aquellas pronunciadas en audiencia. Se regula la notificación por edictos en los casos que correspondan notificar a domicilio, se trate de personas indeterminadas o inciertas o cuyo domicilio se desconoce. En estos casos deberá mediar declaración jurada bajo pena de perjurio del demandante. La notificación se cumplirá por edictos publicados en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación durante dos (2) días continuos y hábiles. Esta diligencia se acreditará en el expediente con las hojas de los diarios en los que aparezcan los edictos. Se complementa esta disposición con el nombramiento de un defensor judicial para el emplazado por edictos, en caso de que no comparezca en el término del emplazamiento.
En el Anteproyecto se establecen los principios de especificidad, trascendencia y de convalidación de nulidades procesales: El principio de especificidad exige que no pueda anularse un acto procesal, sino cuando un texto expreso de la ley así lo autorice.
El principio de trascendencia establece que aun cuando la ley prescriba la nulidad, ésta no procede si el acto, aunque irregular, ha logrado el fin al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión. El principio de convalidación indica que para subsanación de la nulidad, no podrá pedir la anulación de un acto quien lo ha consentido, aunque sea tácitamente. Existe consentimiento tácito, por no reclamar la reparación de la nulidad en la primera oportunidad hábil al efecto y por la vía correspondiente. Se establecen, restrictivamente, las vías y oportunidades en que podrá reclamarse una nulidad:  La nulidad que afecta a la demanda principal o incidental se debe reclamar por vía de excepción, al contestarla.  La nulidad que afecta a los actos procesales recurribles, se debe reclamar por vía del recurso de reposición o por el de apelación, según corresponda.  Finalmente, procede reclamar la nulidad en forma excepcional, por vía de demanda incidental cuando, sea por la naturaleza del acto, sea por otra circunstancia, no corresponda o haya sido imposible hacerlo por vía de recursos o excepción; en tal caso, la demanda incidental deberá ser deducida dentro de los quince (15) días siguientes al del conocimiento del acto, siempre que no haya intervenido legalmente en el proceso. Declaración de nulidad en segunda instancia. El tribunal de segunda instancia al pronunciarse sobre un recurso de apelación, deberá observar si se ha hecho valer en el escrito de interposición del recurso, la nulidad de la resolución. Restricción de nulidad en notificaciones. En ningún caso podrá alegarse nulidad de la notificación por omisión de requisitos formales, tales como errores ortográficos, nombres propios, incompletos o defectuosos, etc., cuando dicha omisión no hubiere impedido el conocimiento del acto, por parte de la persona a ser notificada.
En materia de recursos únicamente se regulan los recursos de reposición, aclaración y ampliación, apelación y casación. En caso de denegatoria de la apelación se podrá recurrir en queja al tribunal que corresponda. Recurso de Reposición: Si se trata de resoluciones dictadas en el curso de una audiencia, el recurso de reposición debe plantearse y resolverse en la propia audiencia. Si la resolución a impugnar se dicta fuera de audiencia, el trámite es por escrito, con expresión de los agravios. Recurso de Apelación: En el Anteproyecto se establecen los siguientes causales: 1. Son causas de impugnación, tanto la improcedencia de la resolución en cuanto al fondo o la nulidad por incumplimiento de un requisito formal, siempre que no se hubiere convalidado. 2. El recurso de apelación procede:  Contra las sentencias, exceptuando las de segunda instancia y las demás que expresamente establezca la ley.  Contra los autos, excepto los dictados en el curso de un incidente.  Contra los autos originarios de las salas de apelaciones. 3. La interposición de la apelación contra los autos, podrá ser subsidiaria del recurso de reposición, debiéndose deducir ambos recursos de manera conjunta y dentro del plazo para apelar o en la propia audiencia, según los casos. 4. El recurso de apelación se admite con los efectos siguientes:  Con efecto suspensivo: en cuyo caso, la competencia del tribunal se suspende desde que queda firme el auto que concede el recurso, hasta que sea devuelto el expediente para el cumplimiento de lo resuelto en la instancia superior. No obstante, el tribunal inferior podrá seguir conociendo de los incidentes que se sustancien en pieza separada y de todo lo que refiere a la administración, custodia y conservación de bies embargados o 44
intervenidos judicialmente, así como de lo relativo a la seguridad y depósito de personas, siempre que la apelación no verse sobre esos puntos.  Sin efecto suspensivo: en cuyo caso y en el mismo auto en que se concede el recuso, se señalarán las actuaciones que deben fotocopiarse para integrar la pieza separada que habrá de remitirse al superior. El tribunal superior una vez recibida la pieza, decidirá dentro de cuarenta y ocho (48) horas y en forma preliminar, si debe procederse o no a la suspensión del procedimiento principal, comunicando de inmediato al tribunal inferior cuando resuelva la suspensión.  Con efecto diferido: limitado a la simple interposición del recurso, en cuyo caso y sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada, se reservará formular la expresión de agravios conjuntamente con los de la eventual apelación de la sentencia. En este caso se conferirá traslado de ambos recursos a la contraparte y se resolverán los mismos conjuntamente. El Anteproyecto establece las siguientes reglas no suspensivas en el recurso de apelación:  La apelación tendrá efecto suspensivo cuando se trate de sentencias y de autos que pongan fin al proceso siendo imposible su continuación.  La apelación tendrá efecto diferido en los casos expresamente establecidos por la ley.   En todos los demás casos, la apelación no tendrá efecto suspensivo. La expresión de agravios debe presentarse conjuntamente con el escrito de impugnación. Se establece que el recurso de apelación contra la sentencia se interpondrá por escrito, con expresión de agravios, ante el tribunal que dictó dentro del plazo de quince (15) días. Casación: En materia de casación se establece como causales las siguientes:
1. Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Si se alegare infracción de jurisprudencia, deberán citarse por los menos tres (3) fallos del tribunal de casación en el mismo sentido y que no hayan sido interrumpidos por otro en contrario. 2. Por violación de las normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se hubiere producido indefensión y la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente. 3. Cuando el tribunal de primera o de segunda instancia careciere de jurisdicción o de competencia para conocer en el asunto de que se trate, o cuando el tribunal se niegue a conocer teniendo obligación de hacerlo. 4. Por infracción de las normas reguladas de la sentencia en los casos siguientes:  Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias, si la aclaración hubiere sido denegada.  Cuando el fallo otorgue más de lo pedido, o no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de ampliación; y en general, por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso. No se tendrán en cuenta los errores de derecho que no fueren determinantes de la parte dispositiva de la sentencia. Se limita el conocimiento a los errores de derecho. El Tribunal de Casación conocerá únicamente de los errores jurídicos contenidos en la resolución recurrida, quedando sujeto a los hechos que se hayan tenido como probados por el tribunal de sentencia. En materia de publicidad se ordena que los fallos de casación deben obligatoriamente publicarse por semestres, dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de éstos, en la Gaceta de
los Tribunales y en cualesquiera otros medios que la Corte Suprema de Justicia estime conveniente.
Se da relevancia en el Anteproyecto, a la solución de los conflictos por la vía alterna de la conciliación. Se prevé una conciliación previa, obligatoria para las materias de familia y trabajo. Se prevé la conciliación en el curso del proceso, como un contenido necesario de la audiencia preliminar y de la audiencia única en los procesos monitorios. En estos casos, se incluye una norma expresa donde se consigna que ninguna manifestación del tribunal al intentar la conciliación, implicará prejuzgamiento. El juez se encuentra facultado para citar a conciliación a las partes, en cualquier estado del proceso. Se mantiene también a la conciliación y a la transacción como medios extraordinarios de conclusión del proceso.
El libro octavo del Anteproyecto del Código Procesal General, denominado “Normas Procesales Internacionales”, responde a una necesidad sentida de la legislación procesal guatemalteca. Si bien es cierto, las normas procesales internacionales de la República de Guatemala, en la mayoría de las veces se han adoptado siguiendo los más modernos criterios y principios aplicables en la comunidad jurídica internacional, dicha adaptación se ha realizado en forma dispersa y no unificada. Así, en la actualidad muchas normas de este tipo se encuentran en el Código de Derecho Internacional Privado, otras en la Ley del Organismo Judicial, Ley de Extranjería, etcétera.
El libro octavo de Normas Procesales Internacionales expresados en los artículos del 515 al 542, ha ordenado de manera sistemática, las principales regulaciones procesales aplicables a operaciones de orden internacional, contenidas en cuatro títulos que cubren las áreas de: I) Principios generales; II) Cooperación Judicial Internacional; III) Cooperación Judicial Internacional en Materia Cautelar; y IV) Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Extranjeras. Esta división, cubre en esencia, las cuatro áreas de mayor importancia en la proyección internacional de los sistemas procesales. El Anteproyecto innova en materia del procedimiento para obtener el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, el cual dada su importancia y complejidad, se confía a la máxima autoridad del país, la Corte Suprema de Justicia. Se propone una regulación ágil y sencilla que limitada a un emplazamiento tanto de la parte contra la cual se pida el reconocimiento o la ejecución, como del Procurador General de la Nación por veinte (20) días, para que a continuación la Corte resuelve en definitiva, resolución que no admite recurso alguno. La inserción de la República de Guatemala en la comunidad jurídica internacional, especialmente a la luz de los procesos de globalización que vive el país, demanda la adopción de un sistema procesal internacional moderno, el cual se logra con las regulaciones plasmadas en el libro octavo del Anteproyecto. El Anteproyecto de texto del Código Procesal General, como un futuro texto de la ley, en opinión de la Comisión, resulta insuficiente para una adecuada reforma, si ésta no se acompaña de una readecuación del capital humano y de la infraestructura física de los tribunales al nuevo sistema operacional, y de una efectiva capacitación para las personas encargadas de la administración de justicia.
Capítulo 4 Los Medios de impugnación contenidos en el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil (Decreto 2009)
El Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil establece los medios de impugnación contenidos en los Capítulos I al Capítulo VII del Título V, siendo ellos los siguientes recursos: Aclaración y Ampliación; Apelación y Reposición; Recurso de Hecho; Queja; Responsabilidad Civil; Nulidad y Casación.
4.1 Recurso de Aclaración y Ampliación
La Aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son obscuros, ambiguos o contradictorios, a fin de que solamente se aclare o rectifique su tenor; y procederá la ampliación, si se omitió resolver algún punto sometido en el juicio o prescrito en la Ley Constitutiva del Poder Judicial. Notificada una sentencia o un auto, puede pedir cualquiera de las partes, por una sola vez y dentro de 24 horas, la aclaración y ampliación. Planteada en tiempo la aclaración o la ampliación de la sentencia o del auto, el juez dará audiencia a la otra parte por dos días, y con lo que ésta respondiere o en su rebeldía, resolverá lo que proceda. En estos casos, el término para la apelación o casación de la sentencia o auto, corre desde la última notificación del auto que resuelva la aclaración o ampliación.
4.2 Recurso de Apelación y Reposición
Son apelables todos los autos y sentencias, así como los decretos que desnaturalicen la acción intentada; los que den intervención a personas extrañas al juicio; los que causen gravamen irreparable; los decretos que produzcan el efecto de un auto o que impongan cualquier apremio; y las demás providencias determinadas en la ley.
No son apelables las providencias en que se conceda el término de prueba o se mande practicar alguna, pero sí lo serán las que las denieguen. Tampoco son apelables las providencias respecto de las cuales la ley no concede más recursos que el de responsabilidad. El término para interponer la apelación es de tres días y deberá hacerse por escrito. Pasado el término de la apelación sin interponerla, la sentencia se considerará consentida y ejecutoriada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Desde que se interpone el recurso de apelación, la jurisdicción del Juez queda limitada a conceder o denegar la alzada. No obstante, podrá el juez seguir conociendo los siguientes casos: 1. De los incidentes que se tramitan en pieza separada, formada antes de admitirse la apelación; 2. De todo lo que se refiere a la jurisdicción sobre los bienes embargados, su conservación y custodia; de su venta, si hubiere peligro de pérdida o deterioro y lo relativo a las anotaciones en el Registro de la Propiedad; y 3. De lo concerniente al arraigo, seguridad y depósito de las personas. Admitida la apelación, el juez, previa notificación a las partes, enviará inmediatamente los autos originales al Superior, con nota de remisión, extendida en el papel sellado que corresponda o en papel español que la Sala mandará reponer a costa del apelante, como se dispone en el artículo 27. (Cuando el litigante a quien correspondiere suministrar el papel sellado, no lo verificare, se empleará papel español suministrado por el Juzgado, con cargo de reposición del sello correspondiente, por medio de timbres que se adherirán a las hojas suplidas, más el valor del papel español y diez centavos de quetzal por cada hoja, en vía de multa, que ingresará a los Fondo de Justicia. En caso de duda sobre quien de las partes debe suministrar el papel, el Juez decidirá de hecho, bajo su responsabilidad.) Recibidos los autos en la Sala de Apelaciones, el Secretario pondrá la razón correspondiente expresando la fecha y hora en que recibieron.
El Tribunal de Segunda Instancia señalará el término de seis días, si se tratare de sentencia, y de tres días en los demás casos, para que el apelante haga uso del recurso. En Segunda Instancia para los efectos de las notificaciones que no sean personales, se tendrá por presentes en el lugar del juicio a los que intervinieron en la primera. La parte no apelante puede adherirse a la apelación interpuesta por la otra, especificando los puntos que le perjudiquen. Esta adhesión puede hacerse desde que el Juez de Primera Instancia admita la apelación, hasta el día anterior al de la vista. Pueden las partes, dentro de los términos de seis días señalados por el Tribunal de Segunda Instancia, alegar las nuevas excepciones nacidas después de contestada la demanda y pedir que se abran a prueba. De la solicitud se dará audiencia al colitigante por tres días, pasados los cuales se resolverá si procede o no la prueba, y en caso afirmativo, se señalará el término de diez días para recibirla. Los medios de prueba admitidos en Primera Instancia son admisibles en la Segunda, pero no se recibirán declaraciones de testigos sobre los mismos hechos contenidos en los interrogatorios que se hubieren presentado en la primera. Si en la Primera Instancia, sin culpa del interesado, se hubiere omitido interrogar a un testigo presentado legalmente, o si se omitió examinarlo sobre algún punto de los comprendidos en el interrogatorio, podrá ser examinado en la Segunda. Concluido el término de prueba o trascurrido en su caso los términos señalados, el tribunal señalará el día para la vista, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 88 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Las partes pueden concurrir el día de la vista, por sí, por mandatario o por medio de su Abogado. La sentencia debe confirmar, revocar o modificar la de Primera Instancia, ha de dictarse en el término prescrito por la Ley Constitutiva del Organismo Judicial y respecto de ella proceda los recursos de aclaración y ampliación. 51
Los litigantes tienen derecho de pedir la reposición de los autos originarios de la Sala, de acuerdo con lo establecido en el inciso b, del artículo 23 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. De la solicitud se dará audiencia a la parte contraria por dos días, y con su contestación o sin ella, el Tribunal resolverá dentro de los tres siguientes. La resolución debe certificarse por el Secretario del Tribunal y de la certificación remitirse con los autos al Juzgado de su origen.
4.3 Recurso de Hecho
Cuando el Juez Inferior haya negado el recurso de apelación, procediendo éste, la parte que se tenga por agraviada, puede ocurrir de hecho al Superior, dentro de tres días. El Tribunal Superior remitirá original del ocurso al Juez inferior para que informe en el perentorio término de veinticuatro horas. Con vista del informe y de los autos originales que acompañará el Juez, se resolverá el ocurso dentro de veinticuatro horas, declarando si es o no apelable la providencia de la que negó la apelación. En el primer caso se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 467, y en el segundo, se declarará sin lugar el ocurso, ordenando se archiven las diligencias respectivas e imponiendo al recurrente una multa de cinco a veinticinco quetzales. Efectuada la vista, el Tribunal dictará la resolución que corresponda.
4.4 Recurso de Queja
El recurso de queja procede siempre que un Tribunal ocasione perjuicio a cualquier litigante con procedimientos contrarios a los establecidos en el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, puede ocurrir el agraviado en queja al Tribunal inmediato superior, para que imponga la corrección disciplinaria que corresponde; pero no se podrán revocar o modificar las providencias que dieron origen al recurso.
Presentado el recurso de queja en términos respetuosos y comedidos, el Tribunal superior remitirá original del ocurso al inferior, para que, dentro del perentorio término de veinticuatro horas, informe detallada y justificadamente acera de él. Recibido el ocurso y el informe, el Tribunal oirá al Ministerio Público si lo estima necesario, y evacuada la audiencia, resolverá lo procedente dentro del término de veinticuatro horas. Si es el caso de imponer una corrección disciplinaria, se estará a lo que dispone la Ley Constitutiva del Poder Judicial. Si la queja es infundada, declarará no haber lugar a dicha providencia. Procede también el recurso de queja cuando, transcurridos los términos legales para pronunciar una resolución, ésta no hubiese sido dictada. Presentada la queja al Tribunal inmediato superior, éste mandará oír por veinticuatro horas al inferior, acerca de los motivos que haya tenido para retardar la resolución. Si no se da el informe en el plazo señalado o las razones aducidas no parecieren bastantes, el superior impondrá una multa de diez a veinticinco quetzales al Juez o a cada uno de los Magistrados culpables de la demora. Si ésta fuere justificada, lo declarará así, señalando un nuevo plazo para que se dicte el fallo; plazo que no podrá exceder del que la ley señala para dictar la resolución respectiva. Si dentro del nuevo plazo no se da la resolución, se aplicarán las multas como se establece en el párrafo anterior. En caso de reiteración de la queja, se pondrá el asunto en conocimiento del Ministerio Público, para que éste pida lo procedente en orden a la pronta administración de justicia, conforme a los dos últimos párrafos del artículo 85 de la Constitución. Las quejas que procedan contra la Corte Suprema se presentarán al Tribunal competente para conocer de los amparos contra la misma.
Los litigantes y el Ministerio Público tendrán acción para solicitar del Superior que haga efectivas las multas de que tratan, las que ingresarán a los Fondos de Justicia.
La responsabilidad civil procede en los casos en que la ley lo establece expresamente. La responsabilidad civil en que pueden incurrir los Jueces de cualquier grado, solamente podrá exigirse a instancia de la parte perjudicada o de sus sucesores, ante el Tribunal inmediato superior. Si el Tribunal de Casación fuera el responsable, se organizará el que deba juzgarlo conforme al artículo 11 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. La responsabilidad civil podrá deducirse desde que se haya incurrido en ella hasta que la acción haya prescrito conforme a la Ley de Responsabilidades. Presentada en tiempo y forma la demanda, se dará audiencia por tres días al demandado. Este, en el escrito de contestación, puntualizará las pruebas y razones en que funde su descargo. Recibido el escrito de contestación, se pedirá los autos originales a donde radiquen; pero si los autos fueren necesarios para la ejecución de la sentencia, no se remitirá, sino que se enviará, dentro de tres días, certificación de lo conducente. El Tribunal superior, al pedir los autos, indicará las piezas que deban certificarse para el evento de que no puedan remitirse originales. Recibidos los autos o su certificación, se abrirá el juicio a prueba por el término de quince días, si lo hubiere pedido alguno de los interesados o si el Tribunal lo considera necesario. Concluido el término de prueba, se señalará día para la vista, que se verificará, a más tardar, dentro de ocho días. Contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal superior, pero si tratare de la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, no habrá más recursos que los de aclaración, ampliación y reposición.
La sentencia absolutoria de la responsabilidad civil condenará al demandante en las costas, daños y perjuicios; y si la sentencia fuere condenatoria, los impondrá al demandado.
4.6 Recurso de Nulidad
Podrá interponer el recurso de nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación. El recurso se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución, o infringido el procedimiento; se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva, es apelable ante la Sala respectiva, o en su caso, ante la Corte Suprema de Justicia. El recurso debe interponerse antes del señalamiento del día para la vista de la sentencia. Si la nulidad fuere declarada por vicio de procedimiento, las actuaciones se repondrán desde que se incurrió en nulidad. En este caso las costas correspondientes a las actuaciones serán a cargo del Juez que haya infringido el procedimiento. Cuando por violación de ley se declare la nulidad de la resolución, el Tribunal dictará la que corresponda.
4.7 Recurso de Casación
Los directa y principalmente interesados en un litigio sus representantes legales tienen derecho de interponer el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. El escrito puede entregarse al Tribunal que dictó la resolución recurrida o directamente a la Corte Suprema. El recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos de Segunda Instancia no consentidos expresamente por las partes, que terminen los juicios de mayor cuantía y únicamente se dará en los casos siguientes: 1. Cuando la sentencia o auto recurrido contengan violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la ley;
2. Cuando se hubiese quebrantado sustancialmente el procedimiento; 3. Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, si este último resuelta de documentos o actos auténticos, que demuestren de modo evidente la equivocación del Juzgador; 4. Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias, si la aclaración hubiere sido denegada; 5. Cuando el fallo otorgue más de lo pedido, o no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente reclamadas en el juicio, si hubiese sido denegado el recurso de ampliación; y 6. Por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del juicio. Se estimará infringido substancialmente el procedimiento, en cualquiera de los casos siguientes: 1. Cuando el Tribunal, de Primera o de Segunda Instancia, careciere de jurisdicción o de competencia para conocer en el negocio de que trate; o cuando el Tribunal se niegue a conocer teniendo obligación de hacerlo; 2. Por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes, o de personería en quien les haya representado; 3. Por omisión de una o más de las notificaciones que han de hacerse personalmente, conforme el artículo 93; 4. Por no haberse recibido a prueba el juicio o sus incidencias en cualquiera de las instancias cuando proceda con arreglo a la ley, o se hubiere denegado cualquiera diligencia de prueba admisibles; y 5. Por haberse dictado la resolución por número de Magistrados menor que el señalado por la ley, o por Magistrado legalmente impedido.
También procede el recurso de casación contra los fallos arbitrales definitivos de los árbitros de derecho en los mismos casos que proceden para la jurisdicción ordinaria; y contra los de los árbitros arbitradores: 1. Cuando hubiesen sido dictados fuera del término fijado en el compromiso; 2. Cuando versaren sobre puntos no sometidos a su decisión; 3. Cuando hubiera sentenciado un árbitro legalmente impedidos; y 4. Cuando se haya infringido las reglas de actuación acordadas por las partes en la escritura de compromiso. Cuando se interpusiere recurso de casación por quebrantamiento substancial de procedimiento y fuere desestimado, no podrá ya interponerse por ninguna otra de las causas que exprese este Código, ni viceversa. En consecuencia, el recurrente deberá invocar de una vez todos los motivos que tenga para impugnar la resolución recurrida. Los recursos de casación por quebrantamiento substancial del procedimiento, solo serán admitidos si se hubiere pedido la subsanación de la falta en la instancia en que cometió y reiterado la petición en la segunda, cuando la infracción se hubiese cometido en la primera. No será necesario haber reclamado la subsanación de la falta cuando ésta hubiese sido cometida en Segunda Instancia, y hubo imposibilidad de pedirla. El término para interponer el recurso de casación es de diez días, contados desde la última notificación de la resolución principal o del auto que resuelva los recursos de aclaración o ampliación, sin tomar en cuenta el término de la distancia. El escrito en que interpone el recurso debe contener indispensablemente la cita de los artículos de la ley o leyes infringidas. El Tribunal no tendrá en cuenta otras leyes que las citadas al interponerse el recurso o antes de señalar día para la vista del asunto.
Recibido por el Tribunal el escrito en que interpone el recurso, pedirá los autos originales; y si lo hallare arreglado a la ley, señalará día y hora para la vista. En caso contrario, lo rechazará de plano sin más trámite. El día de la vista pueden concurrir las partes y sus Abogados y éstos alegar de palabra o por escrito. La vista será pública cuando lo pida cualquiera de los interesados o así lo disponga la Corte Suprema. Durante la substanciación del recurso de casación, no se puede proponer ni recibir prueba alguna ni tramitarse más incidentes que los de recusación, desistimiento y los que motiven el recurso de aclaración o ampliación en su caso. Siempre que las sentencias de Primera y Segunda Instancia fueren conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, podrá decretarse su ejecución a solicitud del interesado, aunque se haya interpuesto y admitido el recurso de casación, si presta antes garantía bastante para responder de las resueltas de la casación. La diferencia en condenación en costas no se tomará en cuenta para los efectos de este párrafo. En cualquier estado del recurso antes de que haya sido dada la sentencia, puede separarse de él la parte que lo haya intentado mediante escrito con forma autenticada o ratificada ante el Secretario de la Corte. Si el desistimiento se presentare antes del día de la vista, no será multado el litigante que introdujo el recurso. La declaración de haber lugar el recurso de casación cuando se hubiere fundado en las causales expresadas en los incisos 1º. Y 3º. del artículo 506 motivará la revocatoria de la sentencia recurrida y el pronunciamiento de otra arreglada a derecho. Si el recurso se interpone por quebrantamiento substancial del procedimiento, declarada la infracción por el Tribunal, casará la resolución y anulará lo actuado desde que se cometió la falta y remitirá los autos a donde corresponda para que se substancien y resuelvan con arreglo a la ley, imputando las costas y reposición de los autos al Juez o Tribunal que hubiere dado motivo al recurso.
Cuando se trate de resoluciones dictadas en juicios arbitrales, la Corte se limitará a casar y anular el fallo sin entrar a resolver en lo principal. En todos los casos en que el Tribunal estime que la resolución recurrida está arreglada a derecho, hará la declaración correspondiente, condenando al que interpuso el recurso al pago de las costas del mismo y a una multa no menor de veinticinco quetzales ni mayor de trescientos, según la importancia del asunto. Los insolventes serán penados con prisión simple de ocho días a tres meses. Esta sanción no comprende al Ministerio Fiscal. Si las partes no hubiesen hecho uso del recurso de casación dentro del plazo legal, la resolución ya no se podrá anular. Contra las sentencias de casación solo proceden los recursos de aclaración y ampliación; pero los Magistrados que las dicten, serán responsables con arreglo a la ley. Concluido el recurso se enviarán los autos a donde correspondiere, con certificación de lo resuelto por la Corte Suprema. Todos los fallos de casación deberán darse conocer en la publicación oficial de los Tribunales. En este capítulo se ha descrito la procedencia y la tramitación de los recursos contenidos en el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Decreto 2009 (ya derogado), en el siguiente capítulo se presenta la descripción de la procedencia y tramitación de los recursos contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107, vigente actualmente.
Capítulo 5 Los Medios de impugnación contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto número 107
En el Libro Sexto del Código Procesal Civil y Mercantil, vigente actualmente desde el uno de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, se encuentran regulados los medios de impugnaciones de las resoluciones judiciales, siendo ellos: aclaración y ampliación; revocatoria y reposición; apelación; ocurso de hecho; nulidad y casación.
5.1 Recurso de Aclaración y Ampliación
Cuando los términos de un auto o de una sentencia sean oscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Si se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre que versarse el proceso, podrá solicitarse la ampliación. La aclaración y la ampliación deberán pedirse dentro de las cuarenta ochos de notificado el auto o la sentencia. Pedida en tiempo la aclaración o la ampliación se dará audiencia a la otra parte por dos días, y con su contestación o sin ella, se resolverá lo que proceda. Es estos casos, el término para interponer apelación o casación del auto o de la sentencia, corre desde la última notificación del auto que rechace de plano la aclaración o ampliación pedida, o bien el que los resuelva.
5.2 Recurso de Revocatoria
Los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez que los dictó. La parte que se considere afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la última notificación. El juez o Tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolver, sin más trámite, dentro de las veinticuatro horas siguientes de la interposición.
5.3 Recurso de Reposición
Los litigantes pueden pedir la reposición de los autos originarios de la Sala, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la última notificación. Procederá asimismo la reposición contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento, cuando no se haya dictado sentencia. De la solicitud se dará audiencia a la parte contraria por dos días y con su contestación o sin ella, el Tribunal resolverá dentro de los tres días siguientes.
5.4 Recurso de Apelación
El Decreto 107, Código Procesal Civil y Mercantil, vigente actualmente establece que salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en Primera Instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria, son apelables. La apelación se considerará solo en lo desfavorable al recurrente y que haya sido expresamente impugnado. El Tribunal Superior no podrá por lo tanto, enmendar o revocar la resolución en la parte que no es objeto del recurso, salvo que la variación en la parte que comprenda el recurso, requiera necesariamente modificar o revocar otros puntos de la resolución apelada. El término para interponer la apelación es de tres días y deberá hacerse por escrito. Desde que se interpone la apelación, queda limitada la jurisdicción del juez a conceder o denegar la alzada. No obstante, podrá el juez seguir conociendo: 1. De los incidentes que se tramitan en pieza separada, formada antes de admitirse la apelación.
2. De todo lo relativo a bienes embargados, su conservación y custodia; de su venta, si hubiere peligro de pérdida o deterioro y de lo relacionado con las providencia cautelares. 3. De desistimiento del recurso interpuesto, si no se hubieren elevado los autos al Tribunal Superior. Al admitir la apelación el juez, previa notificación a las partes, enviará los autos originales al superior con hoja de remisión. El Tribunal de Segunda Instancia señalará el término de seis días, si se tratare de sentencia, y de tres días en los demás casos, para que el apelante haga uso del recurso. El litigante que no hubiere apelado, puede adherirse a la apelación interpuesta por la otra, especificando los puntos que le perjudiquen. Esta adhesión puede hacerse desde que el juez de Primera Instancia admita la apelación, hasta el día anterior al de la vista en la Segunda Instancia. La adhesión dejará de producir efectos si se desiste de la apelación, o se produce la caducidad de la Segunda Instancia, o la apelación es rechazada por inadmisbilidad. Pueden las partes, dentro de los términos señalados para la audiencia, alegar nuevas excepciones nacidas después de contestada la demanda y pedir que se abran a prueba. La solicitud se tramitará como incidente. Los medios de prueba admitidos en Primera Instancia son admisibles en la Segunda; pero no se recibirán declaraciones de testigos sobre los mismo hechos contenidos en los interrogatorios que se hubieren presentado en al Primera. Si en la Primera Instancia, sin culpa del interesado, se hubiere omitido interrogar a un testigo presentado legalmente, o se omitió examinarlo sobre algún punto de los comprendidos en el interrogatorio, podrá ser examinado en la Segunda. En la Segunda Instancia se resolverá sin ningún trámite ni recurso, sobre la admisibilidad de la prueba que hubiere sido protestada en la Primera Instancia, de acuerdo con lo que establece la ley procesal. 62
Recibida la prueba o transcurrido en su caso los términos señalados para la audiencia, el Tribunal, de oficio, señalará día y hora para la vista. En la vista podrán alegar las partes y sus abogados. La vista será pública, si así se solicitare. Efectuada la vista, o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a los dispuesto en la Ley del Organismo Judicial. La resolución debe confirmar, revocar o modificar la de Primera Instancia y en caso de revocación o modificación se hará el pronunciamiento que en derecho corresponda. Lo resuelto debe certificar por el secretario del Tribunal y la certificación remitirse con los autos al juzgado de su origen.
5.5 Ocurso de Hecho
Cuando el juez inferior haya negado el recurso de apelación, procediendo éste, la parte que tenga por agraviada, puede ocurrir de hecho al superior, dentro del término de tres días de notificada la denegatoria, pidiendo se le conceda el recurso de apelación. El Tribunal Superior remitirá original el ocurso al juez inferior para informe en el perentorio término de veinticuatro horas. Con vista del informe, se resolverá el ocurso dentro de veinticuatro horas, declarando si es o no apelable la providencia de la que se negó la apelación. Solamente cuando el Tribunal Superior lo estime indispensable se pedirán los autos originales. En el primer caso se pedirán los autos originales y se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 606, y en el segundo, se declarará sin lugar el ocurso, ordenado se archiven las diligencias respectivas e imponiendo al recurrente una multa de veinticinco quetzales. Concedida la apelación por el Tribunal superior se procederá de conformidad con lo preceptuado para el trámite de la apelación.
5.6 Recurso de Nulidad
Podrá interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que infrinja la ley, cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación. La nulidad no puede se solicitada por la parte que realizó el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo afectaba. Tampoco puede ser interpuesta por la parte que la haya determinado. Es improcedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por la parte que la interpone, aunque sea tácitamente. Se supone consentimiento tácito por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los tres días de conocida la infracción, la que presumirá conocida inmediatamente en caso que ésta se hubiere verificado durante una audiencia o diligencia, y a partir de la notificación en los demás casos. Las partes no podrán interponer la nulidad extemporáneamente ni los tribunales acordarla de oficio. La nulidad se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución o infringido el procedimiento; se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva, es apelable ante la Sala respectiva, o en su caso ante la Corte Suprema de Justicia. La nulidad puede interponerse por actos o procedimiento realizados antes o después de dictada la sentencia. En el primer caso se interpondrá antes del señalamiento del día para la vista. Si la nulidad fuere declarada por vicio de procedimiento, las actuaciones se repondrán desde que se incurrió en nulidad. Cuando por violación de ley se declare la nulidad de una resolución, el Tribunal dictará la que corresponda. Esta nulidad no afecta los demás actos del proceso y si fuere por una parte de la resolución no afecta las demás y no impide que el acto produzca sus efectos. La nulidad de las sentencias o autos sujetos a apelación o a recurso de casación, solo puede hacerse valer dentro de los límites y según las reglas propias de estos medios de impugnación.
Si el Tribunal de apelación declara la nulidad de la sentencia, resolverá también sobre el fondo del litigio. Esta disposición no se aplica, cuando la sentencia carezca de la firma del juez. Podrán anularse los actos procesales posteriores a la sentencia siguiendo las normas del Código Procesal Civil y Mercantil. Las costas correspondientes a las actuaciones nulas, serán a cargo de los funcionarios o empleados públicos, en forma solidaria, si les fueren imputables. A tal efecto, en la resolución que declare la nulidad se hará el pronunciamiento de costas y se ordenará a la Secretaría la formulación del proyecto de liquidación del caso.
5.7 Recurso de Casación
El recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos de Segunda Instancia no consentidos expresamente por las partes, que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. La casación procede por motivos de fondo y de forma. Habrá lugar a la casación de fondo: 1. Cuando la sentencia o auto recurrido contengan violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. 2. Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, si este último resuelta de documentos o actos auténticos, que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador. Se entiende doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable de cuatro magistrados por lo menos. Procede la casación por quebrantamiento substancial del procedimiento, en los siguientes casos:
1. Cuando el Tribunal, de Primera o de Segunda Instancia, careciere de jurisdicción o de competencia para conocer en el asunto de que trate, o cuando el Tribunal se niegue a conocer teniendo obligación de hacerlo. 2. Por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes, o de personería en quien los haya representado. 3. Por omisión de una o más de las notificaciones que han de hacerse personalmente, conforme al artículo 67, si ello hubiere influido en la decisión. 4. Por no haberse recibido a prueba el proceso o sus incidencias en cualquiera de las instancias, cuando proceda con arreglo a la ley, o se hubiere denegado cualquiera diligencia de prueba admisible, si todo ello hubiere influido en la decisión. 5. Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias, si la aclaración hubiere sido denegada. 6. Cuando el fallo otorgue más de lo pedido, o no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de ampliación; y en general, por incongruencia del fallo con las acciones que fueren objeto del proceso. 7. Por haberse dictado la resolución por un número de magistrados menor que el señalado por la ley, o por magistrado legalmente impedido. Procede el recurso de casación contra los laudos definitivos dictados en los arbitrajes de derecho, en los mismos casos en que procede para la jurisdicción ordinaria. Contra los laudos dictados en los arbitrajes de equidad únicamente procede en los siguientes casos: 1. Cuando versaren sobre puntos no sometidos a la decisión del Tribunal arbitral.
2. Cuando el laudo recaiga sobre asuntos que conforme a la ley no pueden someterse al proceso arbitral. 3. Cuando fueren dictados fuera del término para laudar. 4. Cuando hubiere intervenido un árbitro legalmente impedido. 5. Cuando se hayan infringido las reglas de actuación acordadas por las partes en la escritura de compromiso. Cuando se interpusiere recurso de casación por quebrantamiento substancial de procedimiento y fuere desestimado, no podrá ya interponerse por ninguna otra de las causas que expresa el Código Procesal Civil y Mercantil, ni viceversa. En consecuencia, el recurrente deberá invocar de una vez todos los motivos que tenga para impugnar la resolución recurrida. Los recursos de casación por quebrantamiento substancial de procedimiento, solo serán admitidos si se hubiere pedido la subsanación de la falta en la Instancia en que se cometió y reiterada la petición en la Segunda, cuando la infracción se hubiese cometido en la Primera. No será necesario haber reclamado la subsanación de la falta cuando ésta hubiese sido cometida en Segunda Instancia, y hubo imposibilidad de pedirla. El término para interponer el recurso de casación es de quince días, contados desee la última notificación de la resolución respectiva. En el escrito en que se interponga el recurso deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estimen infringidos. No será necesaria la cita de leyes, en relación al motivo de casación que consiste en error de hecho en la apreciación de la prueba. Si se alegare infracción de doctrina legal, deben citarse, por lo menos, cinco fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien un mismo criterio, en casos similares, y no se interrumpidos por otro en contrario.
El Tribunal no tendrá en cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas al interponerse el recurso o antes de señalar día para la vista del asunto. Recibidos por el Tribunal el escrito en que se interpone el recurso, pedirá los autos originales; y si hallarse el recurso arreglado a la ley, señalará día y hora para la vista. En caso contrario, lo rechazará de plano sin más trámite. El día de la vista pueden concurrir las partes y sus abogados y éstos alegar de palabra o por escrito. La vista será pública cuando lo pida cualquiera de los interesados o así lo disponga la Corte Suprema. Durante la tramitación del recurso de casación, no se puede proponer ni recibir prueba alguna ni tramitarse más incidentes que los de recusación, impedimento desistimiento y los recursos de aclaración o ampliación, en su caso. Si recurso es de fondo y el Tribunal lo declarare procedente, casará la resolución impugnada y fallará conforme a la ley. Si el recurso se interpone por quebrantamiento substancial del procedimiento, declarada la infracción por el Tribunal, casará la resolución y anulará lo actuado desde que se cometió la falta y remitirá los autos a donde corresponda para que se sustancien y resuelvan con arreglo a la ley, imputando las costas y reposición de los autos al juez o Tribunal que hubiere dado motivo al recurso. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el motivo alegado consista en la falta de declaración en el fallo sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, podrá la Corte Suprema limitarse a ordenar al Tribunal que emitió la sentencia, que al complete dictando resolución sobre le punto omitido. Cuando se tratare de laudo dictados en proceso arbitrales, la Corte se limitará a casar el laudo sin entrar a resolver el fondo del asunto.
Si el Tribunal desestima el recurso o considera que la resolución recurrida está arreglada a derecho, hará la declaración correspondiente, condenando al que interpuso el recurso el pago de las costas del mismo y a una multa no menor de cincuenta quetzales ni mayores de quinientos, según la importancia del asunto. Los insolventes serán penados con prisión de ocho días a tres meses. Estas sanciones no son aplicables al Ministerio Público. No procede la condena en costas ni la imposición de la multa, cuando el recurso se hubiere fundado en violación de doctrina legal existente, si tal doctrina es modificada por el fallo de casación. Contra las sentencias de casación solo proceden los recursos de aclaración y ampliación; pero los magistrados que las dicten, serán responsables con arreglo a la ley. Concluida la tramitación del recurso de casación se enviarán los autos a donde procediere, con certificación de lo resuelto por la Corte Suprema. Los fallos de casación deberán darse a conocer en la publicación oficial de los tribunales. En resumen, en este capítulo se ha descrito la procedencia y la tramitación de los recursos contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107 (vigente actualmente). En el siguiente capítulo se presenta la descripción de la procedencia y tramitación de los recursos contenidos en el Anteproyecto del Código Procesal General.
Capítulo 6 Los Medios de impugnación de las resoluciones judiciales contenidos en el Anteproyecto del Código Procesal General
Los Capítulos 1 al 5, de los Títulos 1 y 2 del Libro 5 del Anteproyecto del Código Procesal General establecen los medios de impugnación de las resoluciones judiciales en el cual dispone que todas las resoluciones judiciales sean impugnables, salvo disposición expresa en contrario. Tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales las partes, entre las cuales se entienden incluidos los terceros que intervengan en el proceso y sus sucesores. Los medios para impugnar las resoluciones judiciales son los recursos de aclaración, ampliación, reposición, apelación, queja por denegación de apelación y casación. También constituye un medio impugnativo el incidente de nulidad.
6.1 Recursos de Aclaración y de Ampliación
El Tribunal, a petición verbal de cualquiera de las partes, formulada en audiencia o diligencia en que se pronuncie la resolución, o en solicitud escrita presentada dentro de los tres días siguientes a su notificación, si se tratare de resolución dictada fuera de audiencia o de sentencia, podrá aclarar algún concepto oscuro, ambiguo o contradictorio o palabras dudosas que éstas contengan. La aclaración se hará, en primero caso, sin más trámite y dentro de la propia audiencia y dentro de tercer día de planteado, en el segundo. Se podrá de igual forma y dentro de los mismos plazos, ampliar la resolución y pronunciarse sobre algún punto esencial que se hubiera omitido. Los plazos para interponer los otros recursos se contarán a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución que recaiga sobre la aclaración y ampliación. Estos recursos proceden respecto de toda clase de resoluciones. Podrán ser utilizados una sola vez cada una de las partes y en relación con cada resolución.
El Tribunal de oficio podrá aclarar o ampliar sus resoluciones que no estén firmes para subsanar errores de forma.
6.2 Recurso de Reposición
El recurso de reposición procede contra los decretos y los autos para que el propio tribunal advertido de su error, dicte la resolución que corresponda. El recurso de reposición deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, verbalmente en la audiencia en que se pronuncie o en escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la resolución, si ésta no se dictó en audiencia o diligencia. El tribunal oyendo previamente a la contraparte podrá decidir de plano el recurso, confirmando, modificando o revocando la resolución impugnada. Si el trámite fuera escrito, el plazo del traslado será de tres días. El recurso de reposición planteado en audiencia deberá ser resuelto en forma inmediata y el planteado fuera de audiencia dentro de los tres días de vencido el plazo del traslado. Contra lo resuelto en ambos casos, no cabrá recurso alguno.
La apelación es el recurso concedido a favor de todo litigante que haya sufrido agravio por una resolución judicial, con el objeto de que el tribunal superior correspondiente, la reforme, revoque o anule. La impugnación puede fundarse en la improcedencia de la resolución en cuanto al fondo o en la nulidad por incumplimiento de un requisito formal. La nulidad podrá referirse tanto a un error en la forma de las resoluciones, como al procedimiento; en este último caso, siempre que no se hubiera convalidado. Procede el recurso de apelación:
a) Contra las sentencias, exceptuando las de segunda instancia y las demás que expresamente establezca la ley. b) Contra los autos, excepto los dictados en el curso de un incidente. c) Contra los autos originarios de las salas de apelaciones. La apelación contra los autos podrá ser subsidiaria del recurso de reposición, debiéndose deducir ambos recursos de manera conjunta y dentro del plazo para apelar, o en la propia audiencia, según los casos. La apelación tendrá efecto suspensivo cuando se trate de sentencias y de autos que pongan fin al proceso haciendo imposible su continuación. La apelación tendrá efecto diferido en los casos expresamente establecidos por la ley. En todos los demás casos, la apelación no tendrá efecto suspensivo. El recurso de apelación se admite: a) Con efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia del tribunal se suspende desde que queda firme el auto que concede el recurso, hasta que le es devuelto el expediente para el cumplimiento de lo resuelto en la instancia superior. No obstante, el tribunal inferior podrá seguir conociendo de los incidentes que se sustancien en pieza separada y de todo lo que refiera a la administración, custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente, así como de lo relativo a la seguridad y depósito de personas, siempre que la apelación no verse sobre esos puntos. b) Sin efecto suspensivo, en cuyo caso y en el mismo auto en que se concede el recurso, se señalarán las actuaciones que deben fotocopiarse para integrar la pieza separada que habrá de remitirse al superior. El tribunal superior, una vez recibida la pieza, decidirá dentro de cuarenta y ocho horas y en forma preliminar, si debe procederse o no a la suspensión del procedimiento principal, comunicando de inmediato al tribunal inferior cuando resuelva la suspensión.
c) Con efecto diferido, limitado a la simple interposición del recurso, en suyo caso y sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada, se reservará formular la expresión de agravios conjuntamente con los de la eventual apelación de la sentencia. En este caso se conferirá traslado de ambos recursos a la contraparte y se resolverá los mismos conjuntamente. El recurso de apelación contra la sentencia, se interpondrá por escrito con expresión de agravios ante el tribunal que la dictó, dentro del plazo de quince días. El recurso de apelación contra los autos se rige por lo dispuesto para las sentencias, con las siguientes modificaciones: a) Si se tratare de resolución pronunciada fuera de audiencia, el plazo para la interposición del recurso será de seis días. b) Si se tratare de auto pronunciado en audiencia, deberá interponerse la apelación en ella y expresarse agravios por escrito dentro del plazo de seis días. c) Si se hubiera interpuesto con la apelación el recurso de reposición, la expresión de agravios de ambos se hará por escrito en forma conjunta dentro del plazo de seis días. d) Si se tratare de auto pronunciado en audiencia y procediere la apelación con efecto diferido, el recurso se interpondrá en la propia audiencia conjuntamente con el de reposición, que se resolverá de inmediato. Se procederá, en lo demás, conforme lo dispuesto relativo al efecto diferido. e) Solo se admitirá la prueba documental conforme a lo dispuesto por la ley. f) Se haya o no interpuesto recurso de reposición, el tribunal podrá siempre, por contrario imperio, revocar el auto recurrido. Interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación, el tribunal lo admitirá, si fuere procedente y elevará los autos al tribunal que corresponda. Si el recurso no fuere admitido, el apelante podrá interponer recurso de queja por denegación de apelación. Recibido el expediente, el tribunal dará traslado a la otra parte por el plazo de seis días, si se tratare de auto y de quince días si fuere sentencia. Al evacuar el traslado, la otra parte podrá
adherirse al recurso, expresando a la vez sus agravios, en cuyo caso se correrá traslado al primer apelante por el plazo de seis días o quince días, según sea el caso. Evacuado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal, dentro de los ocho días siguientes, señalará el día y hora de la audiencia. La apelación y la adhesión sin expresión de agravios se rechazarán de plano, teniéndose por desistido a los recurrentes. Tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación del mismo, las partes podrán solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, exclusivamente en los siguientes casos: a) Si se tratare de presentar documentos de fecha posterior a la de conclusión de la causa o anteriores, cuando en este último caso se afirmarse, bajo juramento, no haber tenido antes conocimiento de los mismos; circunstancia que apreciará el tribunal para admitir o rechazar la prueba. Para tal efecto, podrá requerir la información sumaria que la acredite. b) Si se tratare de acreditar hechos nuevos, conforme a lo dispuesto relativo a cambio de demanda. El tribunal procederá a su estudio, finalizando el cual y si no hubiere resuelto dictar resolución anticipada, llevará a cabo la audiencia señalada. En la audiencia se diligenciará la prueba que el tribunal hubiera dispuesto a iniciativa de parte o de oficio. Asimismo, se diligenciará la prueba que hubiera sido rechazada en primera instancia e impugnada oportunamente con apelación diferida, si el tribunal de alzada la estimara procedente. A continuación se oirá a las partes, dictándose sentencia conforme a la ley. La adhesión a la apelación tiene carácter accesorio y dejará de producir efectos si se desiste de la apelación o se produce la caducidad de la segunda instancia, o la apelación es rechazada por inadmisibilidad. El tribunal que conoce del recurso de apelación no podrá modificar en perjuicio de la parte apelante el contenido de la resolución impugnada, salvo que la parte contraria también hubiera recurrido en forma principal o adhesiva.
El tribunal no podrá decidir sobre puntos no propuestos al tribunal de primera instancia; no obstante, deberá resolver sobre los intereses, daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia. El tribunal podrá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubieran planteado los recursos de aclaración y ampliación, siempre que en los agravios se solicitara el respectivo pronunciamiento. El tribunal, al pronunciarse sobre el recurso de apelación, debe examinar, en forma previa, si en el escrito introductivo del recurso se ha hecho valer la nulidad de la sentencia o de los actos de la primera instancia no convalidados, procediendo, en su caso, conforme a lo dispuesto en las normas referentes a la nulidad de los actos procesales. Cuando se revocare una resolución apelada sin efecto suspensivo o con efecto diferido, será ineficaz la actuación realizada por el tribunal de primera instancia después de la apelación, la resolución no afectará las actuaciones independientes o aquellas que no tengan relación con el acto o resolución revocados. Contra lo dispuesto en apelación solo se admitirá los recursos de aclaración, de ampliación y de casación, en los casos y por los motivos establecidos en la ley. Resuelta la apelación y devuelto el expediente al tribunal de primera instancia, éste dictará la resolución de cumplimiento de lo resuelto, en la cual se dispondrá lo conducente a tal efecto. En la sentencia de segunda instancia se hará la declaración de la condena en costas de conformidad con lo establecido en la ley.
6.4 Recurso de queja por denegación de apelación
El recurso de queja procede contra las resoluciones que deniegan un recurso de apelación, para que el superior confirme o revoque la resolución denegatoria; asimismo, procederá cuando la apelación se conceda con efecto diferido en violación de la ley.
Cuando el tribunal inferior haya negado el recurso de apelación, procediendo éste, la parte que se tenga por agraviada, puede recurrir por escrito ante el superior, dentro del plazo de tres días de notificada la denegatoria, pidiendo se le conceda la apelación. Se decidiere esa suspensión, se lo comunicará al inferior por la vía más rápida disponible. El tribunal superior resolverá el recurso dentro de tres días, declarando si es o no apelable el auto o sentencia cuya apelación fue denegada. Si el tribunal superior declara apelable el auto o sentencia, teniendo a la vista el expediente original procederá de acuerdo con lo dispuesto en la ley relativo al procedimiento en segunda instancia. Si declarare sin lugar el recurso, ordenará se archiven las diligencias respectivas y condenará al recurrente al pago de las costas.
6.5 Recurso de Casación
El recurso de casación solo procede en asuntos de mayor cuantía o de valor indeterminado, contra las sentencias o autos dictados en segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, que pongan fin a los procesos de conocimiento ordinarios por audiencias. La casación procede por motivos de fondo y de forma. Es de forma, cuando versa sobre violaciones esenciales del procedimiento. es de fondo, si se refiere a infracciones de la ley o de la jurisprudencia que influyeron decisivamente en la parte resolutiva de la sentencia o auto recurrido. Habrá lugar a la casación: 1. Por infracciones de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso. Si se alegare infracción de jurisprudencia, deberán citarse por lo menos tres fallos del tribunal de casación en el mismo sentido, y que no haya sido interrumpido por otro en contrario.
2. Por violación de las normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa se hubiera producido indefensión y la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente. 3. Cuando el tribunal de primera o de segunda instancia, careciere de jurisdicción o de competencia para conocer en el asunto de que trate, o cuando el tribunal se niegue a conocer teniendo obligación de hacerlo. 4. Por infracción de las normas reguladoras de la sentencia siguientes: a) Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias, si la aclaración hubiera sido denegada. b) Cuando el fallo otorgue más de lo pedido, o no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de ampliación; y en general, por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso No se tendrán en cuenta los errores de derecho que no fueren determinantes de la parte dispositiva de la sentencia. El tribunal de casación conocerá únicamente de los errores jurídicos contenidos en la resolución recurrida y está sujeto a los hechos que se hayan tenido como probados por el tribunal que la hubiera dictado. No procede la casación en los casos de interdictos, alimentos, división de la cosa común, rendición de cuentas, rescisión de contratos, responsabilidad civil contra empleados y funcionarios públicos y juicios de trabajo y previsión social. El recurso de casación deberá ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, en forma escrita y fundada, dentro de los treinta días siguientes al de la notificación de la sentencia o auto de segunda instancia que puso fin al proceso.
El escrito de interposición del recurso de casación dirigido a la Corte Suprema de Justicia, también podrá presentarse dentro del plazo indicado, ante el tribunal que emitió la resolución, quien lo elevará de inmediato y sin más trámite, a dicha Corte. Los directos y principalmente interesados en un proceso, por sí o por medio de sus representantes legales, pueden interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. El escrito de interposición del recurso deberá contener, además de los requisitos de toda primera solicitud, los siguientes: a) Designación del juicio y de las otras partes que en él intervienen; b) Fecha y naturaleza de la resolución recurrida; c) Fecha de la última notificación al recurrente; d) El caso de procedencia; y e) Las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que se estimen infringidas expresando sus consideraciones en párrafos separados, numerados e individualizados en relación con cada norma. Al interponer el recurso de casación, el recurrente deberá invocar de una vez todos los motivos que tenga para impugnar la resolución recurrida. Recibido por el tribunal el escrito en que se interpone el recurso, pedirá los autos originales, y si hallare el recurso arreglado a la ley, decretará su admisibilidad y convocará a una audiencia. Los recursos de casación por motivos de forma, solo serán admitidos si se hubiera pedido la subsanación de la falta en la instancia en que cometió y reiterado la petición en la segunda, cuando la infracción se hubiera cometido en la primera. No será necesario haber reclamado la subsanación de la falta, cuando ésta hubiera sido cometida en segunda instancia y hubo imposibilidad de pedirla.
Contra las resoluciones de trámite de la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento, procederá el recurso de reposición cuando no se haya dictado sentencia. En la audiencia, la Corte Suprema de Justicia conferirá la palabra, primero a la parte recurrente y luego a la otra parte, sin perjuicio de que ambas pueden previamente presentar sus alegatos por escrito. En la audiencia, los miembros de la Corte suprema de Justicia podrán solicitar alguna aclaración o ampliación de los argumentos de las partes, que no podrán versar más que sobre los motivos que determinaron la introducción del recurso o sobre los requisitos de admisibilidad. Dentro de los dos meses siguientes de efectuada la audiencia, la Corte Suprema de Justicia deberá dictar la sentencia. Durante la tramitación del recurso de casación, no se puede proponer ni recibir prueba alguna ni tramitarse más incidentes que los de recusación, excusa, impedimento y desistimiento. Si el recurso de casación fuere de fondo y el tribunal lo estimare procedente, casará la resolución impugnada y fallará conforma a la ley. Si el recurso se interpone por vicio de forma, declarada la infracción por el tribunal, casará la resolución, anulará lo actuado que se cometió la falta y remitirá los autos al tribunal responsable, para que se sustancien y resuelvan con arreglo a la ley. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el motivo alegado consista en la falta de declaración en el fallo sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, la Corte Suprema de Justicia deberá limitarse a ordenar al tribunal que emitió la sentencia que la complete dictando resolución sobre el punto omitido. Si la casación se interpusiere por vicio de forma o de fondo, la Corte Suprema de Justicia solo se pronunciará sobre los segundos, en le caso de estimar que no se ha cometido infracción formal que invalide el procedimiento.
Si el tribunal desestima el recurso o considera que la resolución recurrida está arreglada a derecho, hará la declaración correspondiente, condenando al que interpuso el recurso al pago de las costas del mismo. No procede la condena en costas cuando el recurso se hubiera fundado en violación de jurisprudencia, si ésta es modificada por el fallo de casación. Contra la sentencia de casación solo proceden los recursos de aclaración y ampliación. Concluida la tramitación del recurso se enviarán los autos a donde procediere, con certificación de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Los fallos de casación se publicarán obligatoriamente por semestres, dentro del mes siguiente al vencimiento de éstos, en la Gaceta de los Tribunales y en cualesquiera otros medios que la Corte Suprema de Justicia estime convenientes.
6.6 La nulidad de los actos procesales
Solamente podrá anularse un acto procesal cuando un texto expreso de la ley lo autorice y dicho acto implique una violación al procedimiento. Puede ser anulado, aun sin texto expreso, cuando el acto procesal carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su fin. La anulación no procede en los casos antes establecidos, si el acto aunque irregular, ha logrado el fin al que estaba destinado, salvo que se hubiese provocado indefensión. La nulidad podrá ser declarada de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, cuando el acto carezca de alguno de los requisitos indispensables para su validez, haya producido indefensión, y no haya sido convalidado en forma expresa o tácita por la parte. En los demás casos, solo podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, por haber sufrido agravios por su violación. No procede la anulación de un acto cuando ha sido consentido aunque sea tácitamente.
Se considera consentimiento tácito, el no reclamar la reparación de la nulidad en la primera oportunidad hábil al efecto y por la vía correspondiente. La nulidad de un acto no afecta a los anteriores ni a los posteriores que sean independientes de aquel. La nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que son independientes de ella, ni impide que produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición legal expresa en contrario. La nulidad que afecta a la demanda principal o incidental se debe reclamar por vía de excepción, al contestarla. La nulidad que afecta a las resoluciones se debe reclamar por vía del recurso de reposición, por el de apelación o el de casación, según correspondiere. Procede reclamar la nulidad en forma excepcional, por vía de demanda incidental cuando, sea por la naturaleza del acto, sea por otra circunstancia, no corresponda o haya sido imposible hacerlo por vía de recurso o excepción. En tal caso, la demanda incidental deberá ser deducida dentro de los quince días siguientes al del conocimiento fehaciente del acto, siempre que quien la alegue no haya intervenido legalmente en el proceso. El tribunal de segunda instancia al pronunciarse sobre un recurso de apelación deberá observar si se ha hecho valer en el escrito de interposición del recurso, la nulidad de la resolución. Hasta aquí se han abordado los recursos contenidos en el Anteproyecto del Código Procesal General, a continuación se presenta un cuadro comparativo que contiene los medios impugnativos de los tres cuerpos legales, que son objeto de estudio de la presente investigación.
Capítulo 7 Análisis comparativo de los Medios Impugnativos contenidos en el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Código Procesal Civil y Mercantil y el Anteproyecto del Código Procesal General
En el presente capítulo se procede a identificar a los recursos contenidos en los tres cuerpos legales objetos del presente trabajo de investigación, que son: El Código de Enjuiciamiento civil y Mercantil (Decreto 2009), ya derogado; El Código Procesal Civil y Mercantil (Decreto 107), vigente actualmente y el Anteproyecto de Código Procesal General, así como la elaboración de los cuadros comparativos de la procedencia y requisitos de tramitación de cada uno de los recursos. Decreto 2009 Aclaración y ampliación Reposición Apelación De hecho Queja Responsabilidad civil Nulidad Casación Decreto 107 Aclaración y ampliación Revocatoria y reposición Apelación Ocurso de hecho Nulidad Casación Anteproyecto Aclaración y ampliación Reposición Apelación Queja por denegatoria de apelación Nulidad Casación
Decreto 2009 Procedencia Oscuro, ambiguo, contradictorio, omisión 24 horas 2 días Decreto 107 Oscuro, ambiguo, contradictorio, omisión 48 horas 2 días Anteproyecto Oscuro, ambiguo, contradictorio, dudoso, omisión 3 días Dentro de la audiencia, Se resuelve dentro de la audiencia Fuera de la audiencia, se resuelve en 3 días.
Interposición Audiencia
Decreto 2009 Procedencia Interposición Resolver Decreto 107 Decreto de tramitación 24 horas 24 horas Anteproyecto -
Decreto 2009 Procedencia Interposición Audiencia Autos originarios de Salas 24 horas 2 días Decreto 107 Autos originarios de Salas 24 horas 2 días Por escrito, se resuelve en 3 días Resolver 3 días 3 días Oralmente, se resuelve inmediatamente Anteproyecto Decreto o auto del propio tribunal 3 días
Procedencia Decreto 2009 Decreto, autos y sentencias de 1ª. Instancia 3 días Decreto 107 Autos y sentencias de 1ª. instancia 3 días Anteproyecto Autos y sentencias de 1ª. instancia Autos, se resuelve en 6 días Sentencia, se resuelve en 15 días Autos, 6 días Sentencia, 15 días Autos, 15 días Resolver 15 días 15 días Sentencia 30 días
Autos, 3 días Audiencia Sentencia, 6 días Vista Auto para mejor proveer 15 días -
Autos, 3 días Sentencia, 6 días 15 días 15 días
Recurso de Hecho; (Queja por denegatoria de apelación):
Decreto 2009 Procedencia Denegatoria de apelación 3 días 24 horas 24 horas Decreto 107 Denegatoria de apelación 3 días 24 horas 24 horas Anteproyecto Denegatoria de apelación 3 días 2 días 3 días
Interposición Informe Resolver
Decreto 2009 Procedencia Procedimiento contrario al Código Sin Plazo Retardo pronunciar resolución Sin Plazo de Decreto 107 Anteproyecto
Procedencia Decreto 2009 Contra jueces y magistrados conforme la ley Sin plazo 3 días 15 días 8 días 15 días Decreto 107 Anteproyecto -
Demanda Audiencia Prueba Vista Resolver
Decreto 2009 Procedencia Contra resoluciones y procedimiento en que se infrinjan la ley Decreto 107 Contra resoluciones y procedimientos en que se infrinjan la ley Anteproyecto Actos violatorios al procedimiento  Demanda o incidental, por vía de excepción Trámite Vía incidental Vía incidental  Resoluciones, por recurso de reposición  En forma excepcional, por demanda incidental
Decreto 2009 Decreto 107 Anteproyecto
Contra sentencias o Contra sentencias o Contra sentencias o autos definitivos de 2ª. autos definitivos de 2ª. autos definitivos de 2ª. Instancia instancia Instancia 10 días 5 días 15 días 15 días 15 días 15 días 30 días Sin plazo 2 meses
Interposición Vista Resolver
 Los recursos son los medios que concede la ley procesal para la impugnación de las resoluciones judiciales, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de procedimiento en que haya incurrido el órgano jurisdiccional al emitirlas.  La diferencia entre recurso y medio de impugnación, a pesar de no ser sinónimos doctrinariamente, es aceptado que el término “medios de impugnación” se utilice para designar a los recursos.  Los recursos no se limitan a ser presentados como una manifestación de inconformidad en contra de una resolución judicial dentro de un proceso, sino también se constituyen como una garantía de los derechos fundamentales de las personas.  Todos los recursos deben interponerse dentro del plazo y la forma que la ley procesal establece.  Se hizo la comparación de la clasificación, procedencia, y los requisitos de interposición de los medios impugnativos, contenidos en el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, en el Código Procesal Civil y Mercantil y el Anteproyecto del Código Procesal General. Después de efectuar el análisis, se puede afirmar que existen muchas similitudes entre uno y otro cuerpo legal.  El Recurso de Responsabilidad contenido en el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, Decreto 2009 (ya derogado), fue excluido en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107, (vigente actualmente), así como en el Anteproyecto del Código Procesal General.
 El Anteproyecto del Código Procesal General, propone que el Recurso de Aclaración o de ampliación pueden ser resuelto inmediatamente si fuere interpuesto durante una audiencia.  El Recurso de Revocatoria establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 107, vigente actualmente, fue unificado por el Recurso de Reposición propuesto en el Anteproyecto del Código Procesal General, además, puede ser resuelto oralmente dentro de una audiencia.  El Recurso de Apelación, no sufrirá ningún cambio a excepción del plazo para resolver la apelación en contra de una sentencia que se ampliará a 30 días.  El Anteproyecto del Código Procesal General amplia el plazo para resolver el Recurso de Casación a dos meses en lugar de 15 días que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, vigente actualmente.  Luego del análisis comparativo se determina que el cambio más notorio en el Anteproyecto del Código Procesal General, es el Recurso de Nulidad; el cual incluye tres modalidades de interposición siendo estas: 1) en contra de demanda o incidente se tramita por vía de excepción; 2) en contra de resoluciones se tramita por el Recurso de Reposición; y 3) en contra de excepciones se tramita por vía incidental.
Basado en la investigación realizada, se recomienda lo siguiente:  Que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, se pronuncie sobre las ventajas y desventajas de las aplicaciones del Anteproyecto del Código Procesal General, y presentar las enmiendas en su caso.  Que el Congreso de la República de Guatemala, agilice la aprobación de la iniciativa del Anteproyecto del Código Procesal General, presentada por la Corte Suprema de Justicia, desde septiembre de dos mil cuatro.  Que se difunda masivamente las propuestas del Anteproyecto del Código Procesal General, en la comunidad de los profesionales del derecho, así como a los estudiantes de las facultades de las Ciencias Jurídicas de las universidades de la República, mediante talleres y seminarios sobre el contenido de la iniciativa.
Aguirre, M. (2001). Derecho Procesal Civil de Guatemala. Tomo I. Guatemala: Centro Editorial Vile. _______ (2004). Derecho Procesal Civil. Tomo II Vol. 1º. Guatemala: Centro Editorial Vile. _______ (2005). Derecho Procesal Civil. Tomo II Vol. 2º. Guatemala: Centro Editorial Vile. Alsina, H. (1956). Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomos I al VII. 2ª. Edición. Buenos Aires: Editorial Ediar. Alvarado, A. ((1997). Introducción al Estudio del Derecho Procesal. Tomos I y II. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores. Álvarez, E. (2006). Derecho Procesal del Trabajo. Con referencia al Código de Trabajo de Guatemala. Guatemala: Centro Editorial Vile. _______ (2006). Teoría General del Proceso. 2ª. Edición. Guatemala: Centro Editorial Vile. Argueta, A. (2005). Código de Trabajo. Comentado con las Normas Internacionales de Trabajo. Guatemala: CEN. Azúa, S. (2001). Metodología y Técnicas de la Investigación Jurídica. 4ª. Edición. México: Editorial Porrúa. Baena G. y Montero S. (1991). Tesis en 30 días. México: Editores mexicanos Unidos. Cadena, R. (1950). Estudio Sistemático de Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil. Planteamiento de su Reforma. (Tesis), Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. Calamandrei, P. (1961). Estudios Sobre el Proceso Civil. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina. _______ (1962). Instituciones de Derecho Procesal Civil. Vol. I y II. Buenos Aires: Editorial Ejea. Carnelutti, F. (1944). Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo I al IV. Buenos Aires: Editorial Uteha. Chacón M. y Montero J. (2002). Manual de Derecho Procesal Civil Guatemalteco. Vol. 1º. 2ª. Edición. Guatemala: Magna Terra Editores.
_______ (2002). Manual de Derecho Procesal Civil Guatemalteco. Vol. 2º. 2ª. Edición. Guatemala: Magna Terra Editores. Chacón, M. (2000). Los conceptos de Acción, Pretensión y Excepción. 2ª. Edición. Guatemala: Centro Editorial Vile. Chicas, R. (2004). Introducción al Derecho Procesal del Trabajo. Guatemala: Editorial Orión. Chiovenda, G. (1980). Principios de Derecho Procesal Civil. Tomo I y II. México: Cárdenas Editor y Distribuidor. _______ (1998). Curso de Derecho Procesal Civil. México: Editorial Harla, S. A. de C.V. Cifuentes, E. (2003). La Aventura de Investigar: El Plan y la Tesis. Guatemala: Magna Terra Editores. Couture, E. (1984). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. México: Editora Nacional. _______ (1993). Vocabulario Jurídico con especial referencia al Derecho Procesal positivo vigente uruguayo. Buenos Aires: Ediciones Depalma. Devis Echandía, H. (1966). Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Madrid: Editorial Aguilar. _______ (1984). Teoría General del Proceso. Tomo I y II. Buenos Aires: Editorial Universidad. Fernández, L. (2002). Derecho Laboral Guatemalteco. Guatemala: Editorial Óscar de León Palacios. Franco, C. (2005). Derecho Procesal del Trabajo. Tomo I. 2ª. Edición. Guatemala: Editorial Estudiantil Fénix. Gordillo, E. (2001). Guía General de Estilo para la Presentación de Trabajos Académicos. Guatemala: CEUR. Hernández, R. et al ((1999). Metodología de la Investigación. 2ª. Edición. México: Editorial Esfuerzo, S. A. de C.V. Instituto Uruguayo de Derecho Procesal (1991). Curso sobre el Código General del Proceso. Tomo I y II. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. Nájera, M. (1970). Derecho Procesal Civil. Guatemala: Editorial Eros. Orellana, E. (2002). Derecho Procesal Civil I. Tomo I. Guatemala: Editorial Vásquez. _______ (2005). Derecho Procesal Civil. Tomo II. 2ª. Edición. Guatemala: Editorial Vásquez.
Palacio, L. (2001) Los Recursos en el Proceso Penal. 2ª. Edición actualizada. Buenos Aires: Artes Gráficas Candil. ________ (1996). Manual de Derecho Procesal Civil. 12ª. Edición actualizada. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot, S. A. Piloña, G. (2005). Guía Práctica sobre Métodos y Técnicas de Investigación Documental y de Campo. 6ª. Edición. Guatemala: Litografía Centro de Impresiones Gráficas. Rivera, A. (2001). Arbitraje & Conciliación Alternativas Extrajudiciales de Solución de Conflictos. 3ª. Edición. Guatemala: Impresos Robelo. Rocco, U. (1976). Tratado de Derecho Procesal Civil. Vol. III. Buenos Aires: Editorial Depalma. _______ (1983). Tratado de Derecho Procesal Civil. Vol. I. Buenos Aires: Editorial Depalma. _______ (1983). Tratado de Derecho Procesal Civil. Vol. II. Buenos Aires: Editorial Depalma. Sentís, S. (1957). El Proceso Civil. Estudio de la Reforma Procesal Argentina. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América. Vásquez, A. (2005). El ocurso de Queja. Guatemala: Corte de Constitucionalidad. Vescovi, E. (1995). Código General Del Proceso, Comentado, anotado y concordado. Tomo 3. Montevideo: Editorial Ábaco. Zúñiga, G. (2000). Técnicas de Estudios e Investigación Documental. 5ª. Edición. Guatemala: Litografía Llerena, S. A.
Leyes Consultadas Anteproyecto Código Procesal General. Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, (Decreto 2009). Código Procesal Civil y Mercantil, (Decreto 107). Ley del Organismo Judicial. Código Procesal Penal. Constitución Política de La República de Guatemala
Boletin Oea DeiGuia Gestion Combustible Flotas CarreteraGuia Gestion Combustible Flotas Carreteraingles 3.pdfel-mas-completo-ingles-15261-completo.pdfDespacho Inmediato Anticipado Vs6[1]Guia de Conversacion Ingles[1]OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO.docxLey de Programa Opcional para Consolidacion de Deudas al Trabajador[1].pdfLEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 152-87.pdfLogros Institucionales del Año 2011.pdfDecreto No. 18-2010 LEY DE EMERGENCIA FISCAL.pdfDecreto No. 18-2010 LEY DE EMERGENCIA FISCAL.pdfDecreto 181-2012 RACIONALIZACION DE_EXONERACION[1].pdfDecreto 129-2012 ampliacion amnistia tributaria[1].pdfD GATT[1].pdfCODIGO_DE_CONDUCTA_ETICA_DEL_SERVIDOR_PUBLICO[1][1].pdfCODIGO TRIBUTARIO 22-97[1].pdfcertificado origen tlc tlc unico mexico-centroamerica[1][1].pdfCAPITULO 8 KYOTO[1].pdfBoletin Informativo No. 27.pdfBoletin CAFTA-DR.pdfACUERDO Programa de Tratamiento Arancelario TLC-HN-MX DIC 2012[1][1].pdfACUERDO Programa de Tratamiento Arancelario TLC-HN-MX DIC 2012[1][1].pdfACUERDO 1121-2010 REGLAMENTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO.pdf
Los Medios Impugnativos Del Juicio de Conocimiento Contenidos en El by nelson izaguirre12 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less