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Timestamp: 2019-01-22 09:27:47
Document Index: 277551725

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 398']

Cofidis condenada a anular un contrato de crédito Vida Libre
« CAIXABANK condenada a anular un contrato de tarjeta de crédito IKEA por aplicación de cláusulas usurarias
CITIBANK condenada a la anulación de contrato revolving y devolución de capital recibido en exceso »
El demandado, admitiendo la suscripción del contrato, mostró su disconformidad con la cantidad adeudada, al considerar nulo el contrato por tratarse de un préstamo usurario, solicitando la desestimación de la demanda. En el acto de la Audiencia Previa tras ratificar la solicitud de desestimación de la demanda, interesó con carácter subsidiario, se reduzca la condena al saldo pendiente de abonar de la cantidad percibida.
Audiencia Provincial de Madrid, Sección 20ª, Sentencia 220/2016 de 9 May. 2016, Rec. 509/2015
APELADO: COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
La Sección Vigésima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 198/2011 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 07 de Arganda del Rey a instancia de D. XXXXXX apelante-demandado, representado por el Procurador D. XXXXXX contra COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA apelada-demandante, representada por el Procurador D. XXXXXX; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 01/04/2013.
PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 07 de Arganda del Rey se dictó Sentencia de fecha 01/04/2013, cuyo fallo es el tenor siguiente: “Fallo: Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador Sr. XXXXXX en nombre y representación Cofidis Hispania EFC S.A., debo condenar y condeno a XXXXXX a pagar a la actora la cantidad de 6.172,14 euros más los intereses desde la fecha de sentencia, sin hacer expresa imposición de las costas procesales.”.
PRIMERO.- En las presentes actuaciones, la entidad “COFIDIS HISPANIA E.F.C., S.A.“, primero mediante demanda de procedimiento monitorio y, tras la oposición formulada por el demandado, en el presente declarativo, ejercita una acción en reclamación de la cantidad de 7.672 euros, más intereses legales, frente a DON XXXXXX, por incumplimiento del contrato de crédito al consumo o línea de crédito, denominado “VIDA LIBRE” suscrito el 2 de mayo de 2.003, con un importe inicial de 1.200 euros, modificable de mutuo acuerdo por ambas partes a devolver en cuotas fijas de 48 euros mensuales. Solicitadas ampliaciones posteriores por el demandado, la demandante realizó transferencias monetarias a su favor hasta un importe total de 9.228,89 euros, dejando de abonar las cuotas de amortización a partir del mes de mayo de 2.010, por lo que la demandante, en uso de la facultades que le otorga el contrato, dio por vencido el mismo y realizada la certificación correspondiente, resulta un saldo acreedor a su favor por importe de 7.672 euros que aquí se reclama.
La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y condenó al demandado abonar la cantidad de 6.172,14 euros, importe que se corresponde con la cantidad pendiente de abonar de la recibida por el demandante (797,09 €); intereses reclamados (4.788,40 €) y gastos (586,65 €).
Frente a dicha resolución interpuso recurso de apelación el demandado. Alega error en la interpretación da la jurisprudencia respecto de los préstamos usurarios, considerando abusivo el mismo, así como que habiendo dispuesto de 9.228,89 euros y pagado 8.431,80 euros, se le condene a abonar 6.172,14 euros, al aplicársele un interés anual del 20,84 % y una Tasa Anual Equivalente del 22,95 %, invocando el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), el artículo 1.288 del cc (LA LEY 1/1889), 10 de la LGDCyU y jurisprudencia recaída al respecto.
SEGUNDO.- Planteado en los términos precedentes el objeto de este recurso, a la hora de analizar el carácter usurario de la relación contractual que sirve de base a la pretensión de la entidad demandante, hemos de traer a colación la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia del Pleno de su Sala primera de fecha 25 de noviembre de 2.015 (rec.2341/2013 (LA LEY 172714/2015)), en la que al analizar un contrato de crédito o línea de consumo similar al que es objeto de este procedimiento, declara aplicable la Ley de 23 de julio de 1908 de Represión de la Usura, y en concreto su artículo 1 a pesar de no tratarse propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer a distancia mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria y ello “puesto que el art. 9 establece: «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».
Continúa señalando dicha sentencia “el párrafo primero del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».
Elart. 315 del Código de Comercio (LA LEY 1/1885) establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre (LA LEY 20192/2011), de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
En este marco, la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil (LA LEY 1/1889) aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo. Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre (LA LEY 229640/2014).
A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art.1 de la ley. Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».
Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre (LA LEY 229640/2014), exponíamos los criterios de “unidad” y “sistematización” que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado. Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1
El recurrente considera que el crédito “revolving” que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.”.
TERCERO.- La aplicación de la anterior doctrina al caso presente, nos lleva a concluir, como hacía el Tribunal Supremo en el supuesto contemplado en la referida sentencia, que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados. Así el interés remuneratorio estipulado fue del 20,84 % y una Tasa Anual equivalente del 22,95 %, por lo que como señala el Tribunal Supremo “si conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.
Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001 (LA LEY 14620/2001), sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras, y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio (LA LEY 1062/2002), dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada”.
Los intereses aplicados en el contrato, del 20,84 % , superaban ampliamente el 4,25 % del interés legal en la fecha de suscribirse la línea de crédito y, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2.015, “La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».
Como sigue indicando el Tribunal Supremo, para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito “revolving” no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.
Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.”.
CUARTO.- Lo anteriormente indicado es plenamente aplicable al supuesto de hecho aquí contemplado, lo que determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) y cabe por tanto considerar usurario la línea de crédito “VIDA LIBRE”, en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado.
En definitiva y conforme señala el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida. Conclusión que es igualmente la que se derivaría de analizar la posible abusividad de la cláusula que regula los intereses remuneratorio, a la luz de la normativa protectora de los derechos de los consumidores y la Directiva 1993/13/CEE, de 5 abril, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, en cuya artículo 4.2 establece que «la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible», pues como señala la sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, con referencia a la anterior sentencia núm. 406/2012, de 18 de junio, consideró que el control de contenido que puede llevarse a cabo en orden al posible carácter abusivo de la cláusula no se extiende al equilibrio de las “contraprestaciones”, que identifica con el objeto principal del contrato, a que se refería la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en el artículo 10.1.c en su redacción originaria, de tal forma que no cabe un control del precio.
En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, STJUE) de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, declara, y la de 26 de febrero de 2015, asunto C143/13, ratifica, que la exclusión del control de las cláusulas contractuales en lo referente a la relación calidad/precio de un bien o un servicio se explica porque no hay ningún baremo o criterio jurídico que pueda delimitar y orientar ese control.
En relación a los intereses moratorios, aunque expresamente nada se indica en el contrato, en la cláusula 9ª de las condiciones generales del contrato de préstamo se establece una penalización por mora del 8 % sobre la cuota impagada, con la posibilidad de capitalizar los intereses y de aplicarla cada vez que sea presentada la deuda así generada al cobro – hasta tres veces, – y resulte impagada.
No obstante, admitido por el demandado adeudar una determinada cantidad por el principal reclamado, dicha cantidad sí devengará el interés legal a partir de la interposición de la demanda, al amparo de lo establecido en los artículos 1108 y ss de la LEC.
En cuanto a las causadas en esta alzada, al estimarse el recurso, no ha lugar a formular pronunciamiento de condena, en aplicación de lo establecido en el artículo 398. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000).
SE ESTIMA EN PARTE el recurso de Apelación interpuesto por la representación y de DON XXXXXX, contra la sentencia de fecha 1 de abril de 2.013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de los de Arganda del Rey, dictada en los autos de Procedimiento Ordinario, seguidos bajo el nº 198/2011, la cual SE REVOCA PARCIALMENTE, en el siguiente sentido SE ESTIMA PARCIALMENTE LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE “COFIDIS HISPANIA EFC, S.A.”, FRENTE A DON XXXXXX, Y SE CONDENA A ESTE A ABONAR A LA ACTORA LA CANTIDAD DE SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (797,09 €), INCREMENTADA CON LOS INTERESES LEGALES DESDE LA FECHA DE LA INTERPELACIÓN JUDICIAL.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que frente a la presente resolución cabe interponer Recurso de Casación y/o Extraordinario por Infracción Procesal , en los supuestos previstos en los artículos 477 (LA LEY 58/2000) y 468 respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16º de la misma Ley , a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS ante este mismo órgano jurisdiccional. Haciéndose saber a las partes que al tiempo de la interposición de los mismos, deberán acreditar haber constituido el depósito que, por importe de 50 euros, previene la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J (LA LEY 1694/1985), establecida por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre (LA LEY 19390/2009), sin cuyo requisito el recurso de que se trate no será admitido a trámite, excepto en los supuestos de reconocimiento expreso de exención por tener reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. (Caso de interponerse ambos recursos deberá efectuarse un depósito de 50 euros por cada uno de ellos).
Dicho depósito habrá de constituirse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección abierta con el nº 2838 en la sucursal 6114 del Banco de Santander sita en la calle Ferraz nº 43 de Madrid.
julio 3rd, 2018 | Etiquetas: COFIDIS, Reclamar a bancos, Sentencias COFIDIS, Sentencias COFIDIS Revolving, Sentencias Revolving, Tarjetas revolving | Categorías: Bancos