Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=635889
Timestamp: 2019-05-19 07:31:31
Document Index: 289890662

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 18', 'artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 70', 'artículo 65', 'artículo 47', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 10']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 78
OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE ELIMINAR OBSTÁCULOS AL PLENO DESARROLLO PERSONAL
PROHIBICIÓN Y ELIMINACIÓN DE VACUNAS MULTIDOSIS CON TIMEROSAL O COMPUESTOS ORGANOMERCÚRICOS
MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE CREACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REMUNERADO DE ESCOLARES
HABILITACIÓN A JUNTAS DE VECINOS PARA OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA
OBLIGACIÓN DE PAGO DE PROPINA EN LOCALES DE ATENCIÓN DE PÚBLICO
Sesión 78ª, en martes 10 de diciembre de 2013
(De 16:15 a 19:21)
Minuto de silencio en memoria de Nelson Mandela........................................
Proyecto de reforma de la Carta, en primer trámite constitucional, que establece que el Estado debe eliminar los obstáculos que de hecho impidan el pleno desarrollo de las personas (8871-07) (pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para un nuevo informe)..........................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que elimina las vacunas multidosis con timerosal o compuestos organomercúricos (7036-11) (queda para segunda discusión).....................................................................................................
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.831, que creó el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (8329-15) (queda para segunda discusión).........................................................................
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.418, a fin de habilitar a las juntas de vecinos para otorgar certificados de residencia (8377-06) (se aprueba en general)............................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece obligaciones relativas a la propina en restaurantes, bares, pubs, clubes, discotecas y similares (8932-13) (se aprueba en general)..............................................................................
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 76ª y 77ª, ordinarias, en 3 y 4 de diciembre del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero comunica que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que modifica la ley Nº 19.803, que establece una asignación de mejoramiento de la gestión municipal, para homologarla con la dispuesta en la ley Nº 19.553, que concede una asignación de modernización a la Administración Pública (boletín N° 9.159-05).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", respecto de los siguientes asuntos:
3.- Proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público (boletín Nº 7.975-25).
4.- Proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (boletín Nº 8.207-07).
5.- Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de regulación a farmacias (boletines Nos. 6.523-11, 6.037-11, 6.331-11 y 6.858-11, refundidos).
Con los dos últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que crea un registro voluntario de contratos agrícolas (boletín Nº 8.829-01).
3.- Proyecto de ley que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica (boletín Nº 8.874-05).
4.- Proyecto que establece condiciones especiales transitorias para la aplicación del artículo 18 de la ley N° 19.479 y faculta para otorgar el bono compensatorio que indica (boletín N° 9.113-05).
5.- Proyecto que establece la Ley Orgánica de la Institucionalidad Estadística Nacional (boletín Nº 8.767-06).
6.- Proyecto de ley que autoriza el levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).
7.- Proyecto que modifica la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para establecer la medida de control preventivo de identidad (boletín N° 9.036-07).
8.- Proyecto que modifica la ley N° 19.948, que crea un procedimiento para eximir de responsabilidad en caso de extravío, robo o hurto de la cédula de identidad y de otros documentos de identificación (boletín N° 9.166-07).
9.- Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 161, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fija su Estatuto Orgánico, que otorga al Subsecretario de Relaciones Exteriores atribución para transigir en conflictos jurídicos laborales o previsionales surgidos en el extranjero, que afecten al Estado de Chile (boletín N° 8.853-10).
10.- Proyecto que modifica la ley N° 17.635, de 1972, que establece normas sobre cobro ejecutivo de créditos para la vivienda que indica (boletín Nº 9.018-14).
11.- Proyecto que modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín Nº 8.329-15).
Solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios militares fuera del territorio de la República , en Bosnia y Herzegovina (boletín Nº S 1.624-05), respecto de lo cual hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
Con el primero informa que dio su aprobación al proyecto que modifica la ley N° 19.948, que crea un procedimiento para eximir de responsabilidad en caso de extravío, robo o hurto de la cédula de identidad y de otros documentos de identificación (boletín N° 9.166-07) (con urgencia calificada de "suma").
Con el segundo comunica que aprobó la enmienda propuesta por esta Corporación al proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, y concede otros beneficios que indica (boletín N° 9.177-05).
Envía copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto de ley sobre interés máximo convencional (boletines Nos. 7.786-03, 7.932-03 y 7.890-03, refundidos).
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 25, inciso primero, del Código del Trabajo.
Responde solicitud de información, cursada en nombre de los Senadores señores Horvath y Muñoz Aburto, relativa a la aplicación del subsidio a la contratación de mano de obra, contemplado en las leyes Nos. 19.853 y 20.655, en las Regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Contesta petición, remitida en nombre del Senador señor Escalona, referente al refuerzo de la dotación policial y a la habilitación de comisarías en las comunas de Talcahuano (sector Medio Camino) y Chiguayante.
Comunica la tramitación total del decreto supremo N° 335, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2013, que autoriza salida de tropas de las Fuerzas Armadas del territorio nacional, con el objeto de integrar las Fuerzas de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
Del señor Director Regional Tesorero de Valparaíso :
Responde solicitud de información, hecha en nombre del Senador señor Chahuán, respecto del informe que fue recabado a ese Servicio por la Contraloría Regional de Valparaíso en un asunto del interés de la señora Edith Rebolledo Díaz, exfuncionaria del Hospital Carlos Van Buren de esta ciudad.
De la señora Directora Nacional de Fronteras y Límites del Estado:
Contesta, mediante oficio secreto, consulta efectuada en nombre del Senador señor Prokurica, respecto de los avances alcanzados y trabajos realizados en Campo de Hielo Sur.
--Queda a disposición de Sus Señorías para su consulta en Secretaría.
De la Comisión Mixta, constituida conforme lo dispone el artículo 70 de la Constitución Política de la República, con el que propone la forma y el modo de resolver la divergencia suscitada entre ambas ramas del Congreso Nacional con ocasión de la tramitación del proyecto de reforma constitucional en materia de integración de la Cámara de Diputados (boletín Nº 9.078-07).
Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley que dicta normas sobre compensaciones a los usuarios de servicios de distribución de agua potable en casos de interrupciones o suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos (boletín N° 2.357-09) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica (boletín Nº 8.874-05) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín Nº 8.329-15) (con urgencia calificada de "suma").
Declaración de inadmisibilidad Moción de los Senadores señores Prokurica, Frei, Horvath, Kuschel y Larraín Peña --Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 65 de la Carta Fundamental.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , con relación al proyecto que sustituye las leyes N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, y N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la Comisión de Economía solicita fijar un nuevo plazo para formular indicaciones, hasta el viernes 13 de diciembre, a fin de realizar algunos ajustes.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Hasta este viernes?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Sí. O hasta el lunes 16, a las 12.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se fijará nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto señalado, hasta el mediodía del lunes 16 de diciembre.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, solicito recabar la anuencia de la Sala respecto de dos asuntos:
1.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos: hasta mañana, miércoles 9 de diciembre, y
2.- Enviar un oficio a Su Excelencia el Presidente de la República requiriéndole su patrocinio para el proyecto que presentamos los Senadores Horvath, Frei, Larraín Peña y quien habla, que fue declarado inadmisible, cuyo objeto es que las multas por infracciones a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente queden en beneficio de las regiones.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo, primero, para extender el plazo de recepción de indicaciones al proyecto que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos?
El señor PROKURICA.- Hasta mañana.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Propongo que sea hasta el lunes, a las 12, señor Presidente .
El señor PROKURICA.- A mí me bastaría hasta mañana. Pero no tengo inconveniente en que sea hasta el próximo lunes.
--Se acuerda ampliar el plazo para formular indicaciones a la iniciativa mencionada, hasta el lunes 16 de diciembre, a las 12.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitando el patrocinio del Ejecutivo para el proyecto señalado.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones pide que se la autorice para sesionar paralelamente con la Sala mañana, entre 11 y 11:30.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Le sugiero hacer mañana esa petición, Su Señoría.
El señor CHAHUÁN.- Es que mañana el Senado sesionará a partir de las 10 y media, señor Presidente .
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Así es. Se citó a sesión extraordinaria para la mañana, señor Presidente .
El señor CHAHUÁN.- Es para sacar adelante el proyecto de ley que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos.
La señora ALLENDE.- Me opongo, señor Presidente .
Necesitamos quórum.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- No hay acuerdo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente , solicito recabar el asentimiento de la Sala para abrir un nuevo plazo, hasta el lunes 16 de diciembre, para presentar indicaciones al proyecto de ley que perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales (boletín N° 8.210-06).
--Se fija un nuevo plazo para formular indicaciones a dicho proyecto, hasta el lunes 16 de diciembre, a las 12.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , respecto al proyecto que modifica la destinación de las multas que sean aplicadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, que presentamos algunos Senadores, al cual aludió el colega Prokurica y que fue declarado inadmisible, solicito que se revise esta situación.
Hago esa petición, porque son de larga data las diferencias con que se tratan las iniciativas de esta naturaleza en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y el disponer un destino para las multas, que no constituyen un ingreso asegurado de antemano para del Fisco chileno, no puede ser considerado un asunto de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Por lo tanto, insisto en que se revise el punto, pues eso ha sido una constante en 24 años. Efectivamente, en la Cámara Baja (donde en su minuto fuimos colegas, señor Presidente ) y en esta Corporación se da un tratamiento distinto a las multas, y ha habido algunas indicaciones que sí han prosperado aquí.
Se tendrá en cuenta su punto de vista, señor Senador, pero en esta oportunidad el criterio es distinto al que se ha aplicado anteriormente.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , quiero consultar si en la reunión de Comités se analizó el tema de la avalancha de urgencias con que el Senado está siendo bombardeado: 5 asuntos con "discusión inmediata", 11 con "suma urgencia".
Cualquier persona sabe que, razonablemente, eso es imposible de abordar.
En consecuencia, yo manifiesto mi inquietud al respecto, porque luego el Ejecutivo -el propio Presidente de la República así lo ha hecho- expresa que los parlamentarios no llevamos a cabo nuestras tareas como debiese ser. Incluso, se nos ha acusado de flojos.
Entonces, esa me parece una maniobra que lesiona severamente el prestigio del Parlamento.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Efectivamente, en la reunión de Comités se tomó conocimiento de las urgencias de "discusión inmediata" formuladas por el Ejecutivo a varios proyectos. Ello va a significar un posible cambio en la tabla de la sesión de mañana o de la próxima semana.
Tenemos varios acuerdos de Comités que dar a conocer.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar, respecto a la Cuenta.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , yo también quiero reforzar lo manifestado por el Honorable señor Escalona .
Y pongo el caso de la Comisión de Hacienda: se ha pedido "discusión inmediata" para dos iniciativas que se encuentran radicadas en ella. Una tiene plazo para presentar indicaciones, conforme a lo aprobado por la Sala, hasta el lunes próximo; y la otra, relativa a la regionalización, a la transferencia de competencias, recién se recibió la semana pasada en dicho órgano técnico.
Este último proyecto lleva tres años en el Senado y otro tanto estuvo en la Cámara de Diputados. Hablé con el Subsecretario hoy en la mañana y le hice presente que citaríamos a dicha Comisión los días martes y miércoles de la próxima semana, y quedamos de acuerdo en darle ese tratamiento a la mencionada normativa.
Sería bueno que el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet , quien parece estar interesado más en otras cosas que en la parte legislativa estos últimos días, tomara nota al respecto. El Parlamento no puede ser forzado a debatir las iniciativas en la forma como se ha solicitado, menos cuando es algo irrealista.
Por lo tanto, reclamo como Presidente de la Comisión de Hacienda acerca de esa situación, pues no es dable que haya dos proyectos en ella calificados con "discusión inmediata".
El señor PIZARRO (Presidente).- Le haremos ver a dicho Secretario de Estado lo que aquí se ha planteado.
El señor FREI (don Eduardo).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, me sumo a las expresiones de los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Hoy en la mañana nos reunimos en la Comisión Mixta para analizar el famoso proyecto sobre el "lobby", al que la semana pasada se le formularon una serie de indicaciones. Y ahora llegaron cuatro páginas -¡cuatro páginas!- con observaciones del Ejecutivo , que no recogió lo planteado para resolver las discrepancias, con la pretensión de que hoy se despacharan en su totalidad. Y observo que de nuevo se lo ha calificado de "discusión inmediata".
Hay seis iniciativas con esa urgencia. Se lo hemos hecho ver al Ministro reiteradamente en la Comisión de Gobierno. Incluso el 8 de noviembre recién pasado dicho Secretario de Estado publicó un extenso artículo en El Mercurio donde acusaba a la Comisión de Hacienda de no haberse reunido en tres meses: agosto, septiembre y octubre. Sin embargo, resulta que en ese lapso sostuvimos más de once sesiones. Lo que pasa es que no avanzamos porque se plantean modificaciones y mejoramientos a los proyectos, pero el Gobierno no acoge ninguna de esas indicaciones. Ese ha sido el problema.
Ahora observo que también la iniciativa que fortalece la regionalización figura con "discusión inmediata". Hemos señalado hasta el cansancio que ella resultará un desastre al establecerse dicha urgencia. No obstante, parece que la idea es sacarla a troche y moche, como se dice.
Hoy día tuvimos otra conversación con el Ministro sobre el particular, pero parece que no le entran balas; él dispara siempre "discusión inmediata". Esa es su afición. Y también hace otros disparos, pero...
El señor LAGOS.- ¡Se podría pedir un permiso administrativo!
El señor FREI (don Eduardo).- Así es.
El señor PIZARRO (Presidente).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , aparte de sumarme a lo que han dicho mis colegas, me gustaría que ojalá esta fuera una petición unánime de la Sala, porque la verdad es que queremos trabajar con responsabilidad. Pero este Gobierno está abusando de sus atribuciones, haciendo gala -o intentándolo- de una imagen comunicacional. No es razonable que ponga cinco proyectos con "discusión inmediata" y once con "suma" urgencia, sabiendo que tenemos esta semana y la siguiente para despachar las iniciativas.
Por eso, considero que sería bueno que la Mesa representara con mucha energía tal situación.
Por otro lado, deseo saber si quedó estipulado en los acuerdos de Comités el plazo para formular indicaciones al proyecto sobre jardines infantiles.
El señor Secretario me confirma que fue fijado.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , en el sentido exactamente inverso a todos los que me han antecedido en el uso de la palabra y pidiendo un mínimo de coherencia a los parlamentarios que se hallan en la Sala, debo señalar que yo planteé una materia similar al término de los Gobiernos del Presidente Aylwin; del Presidente Frei -aquí presente-, que fijó urgencias hasta el último minuto, incluso una de ellas vinculada a temas laborales, lo cual fue decisivo en el resultado de la elección presidencial siguiente; del Presidente Lagos , y de la Presidenta Bachelet . Y así se encuentra registrado en las Versiones Oficiales.
En su momento, al final de dichas Administraciones, tuvimos más de 30 urgencias. Cuestión que yo reclamé. Y las bancas de enfrente me hicieron presente que esa era, conforme a la Constitución, la forma en que ellos gobernaban.
Entonces, lo único que quiero, señor Presidente , dado que se instaló esta especie de unanimidad, aparte de pedir coherencia, es solicitar que, si a la Mesa le parece, se haga un estudio respecto de cómo actuaron los Gobiernos anteriores. Porque uno podrá siempre alegar prudencia. Yo no tengo inconveniente en eso y coincido en que de repente puede ser más o menos imprudente fijar tantas urgencias simultáneas.
Sin embargo, ello no es un problema de la actual Administración, sino de los Gobiernos de la Concertación en particular. E invito a que revisen, si tienen alguna duda, las actas respectivas y cuáles fueron las urgencias que utilizaron.
Por lo tanto, se podrá reclamar respecto de la conveniencia política, pero no se puede ser incoherente en cuanto a reclamar ahora lo que hicieron durante cuatro Gobiernos anteriores.
El señor GÓMEZ.- ¡Lo coherente sería cambiar la Constitución!
El señor FREI (don Eduardo).- Pido la palabra, señor Presidente, porque he sido aludido.
El señor PIZARRO (Presidente).- Quiero aprovechar de saludar al Colegio Ramón Ángel Jara, de Los Muermos, que se halla en las tribunas.
Y asimismo al Colegio Buen Pastor, de Copiapó, que también se encuentra con nosotros.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, no vamos a hacer un debate sobre el tema, ya está claramente establecido el punto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- El Senador Frei fue personalmente aludido.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente , en la Cuenta de hoy figuran cinco proyectos con "discusión inmediata" y once con urgencia "suma".
Yo desafío al Senador Coloma a que revisemos todas las Versiones Oficiales de los años 1999 y 2000, porque en ellas aparece exactamente lo contrario. Él habló de 30. Aquí llevamos cuatro meses diciendo lo mismo -¡cuatro meses!- y no hemos sido escuchados.
En cuanto al proyecto sobre materias laborales, le puedo decir que llevaba varios años en tramitación porque que no lo querían tratar.
El señor COLOMA .- ¡Vamos a revisarlo!
1.- Tratar en el primer lugar del Orden del Día de esta sesión ordinaria el proyecto de reforma constitucional signado con el número 4, que establece que el Estado debe eliminar los obstáculos que, de hecho, impidan el pleno desarrollo de las personas (boletín N° 8.871-07); en el segundo lugar, el proyecto de ley signado con el número 3, que elimina las vacunas multidosis con timerosal o compuestos organomercúricos (boletín N° 7.036-11); y en el tercer lugar, el proyecto de ley, cuyo informe se acaba de dar cuenta en la presente sesión, que modifica la ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (boletín Nº 8.329-15).
2.- Poner en el primer lugar del Orden del Día de la sesión extraordinaria de mañana el proyecto de reforma constitucional signado con el número 1 de la tabla de hoy, que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país (boletín N° 9.069-07).
3.- Fijar un plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles (boletín Nº 8.859-04), hasta el lunes 13 de enero de 2014, a las 12.
4.- Ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción (boletín N° 8.493-14), hasta el lunes 13 de enero de 2014, a las 12.
5.- Fijar las semanas regionales para el año 2014 y enero de 2015, de acuerdo al siguiente calendario:
-Marzo: Desde el lunes 24 hasta el viernes 28.
-Abril: Desde el lunes 28 hasta el viernes 2.
-Mayo: Desde el lunes 26 hasta el viernes 30.
-Junio: Desde el lunes 23 hasta el viernes 27.
-Julio: Desde el lunes 28 hasta el viernes 1° de agosto.
-Agosto: Desde el lunes 25 hasta el viernes 29.
-Septiembre: Desde el lunes 15 hasta el viernes 19.
-Octubre: Desde el lunes 27 hasta el viernes 31.
-Noviembre: No hay.
-Diciembre: Desde el lunes 1° hasta el viernes 5 y desde el lunes 22 hasta el viernes 2 de enero de 2015, y
-Enero de 2015: desde el lunes 26 hasta el viernes 30.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Su Señoría desea referirse a los acuerdos de Comités?
El señor LAGOS.- No necesariamente, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, señor Senador.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , quiero pedir que, de ser factible, se oficie al Presidente de la República para que le conceda un permiso administrativo al Ministro Larroulet al objeto de que pueda dedicarse cien por ciento a la campaña electoral y se lo desligue de sus responsabilidades políticas.
El señor COLOMA.- ¿Eso es punto de Reglamento o qué...?
El señor LAGOS.- Es una sugerencia, señor Senador.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , pido que, si es factible, se coloque en la tabla de hoy el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de reforma que elimina el número "120" en el artículo 47 de la Carta Fundamental.
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay acuerdo de la Sala.
El señor CHAHUÁN.- Entonces, rectifico mi solicitud: pido que se trate en la sesión de mañana, en primer lugar.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- El informe de que hace mención Su Señoría se incluyó en la Cuenta de hoy y quedó para tabla.
Ahora, los Comités acordaron discutir en el primer lugar del Orden del Día de la sesión extraordinaria de mañana el proyecto de reforma constitucional que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país. De manera que en segundo término veríamos el informe de Comisión Mixta a que se refirió Su Señoría.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pido a la Sala guardar un minuto de silencio en memoria de Nelson Mandela, ex Presidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz.
Asimismo, con el acuerdo de Sus Señorías, se enviará un oficio en nombre del Senado para expresar nuestra solidaridad y condolencias al Gobierno y al pueblo sudafricanos.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de reforma de la Carta, iniciado en moción de los Senadores señores Letelier, Gómez y Patricio Walker, en primer trámite constitucional, que establece que el Estado debe eliminar los obstáculos que de hecho impidan el pleno desarrollo de las personas, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8871-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señores Letelier, Gómez y Walker, don Patricio):
En primer trámite, sesión 9ª, en 9 de abril de 2013.
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 53ª, en 4 de septiembre de 2013.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo de este proyecto es consagrar en la Carta Fundamental la obligación del Estado de eliminar los obstáculos que limiten de hecho la igualdad y la libertad e impidan el pleno desarrollo de la persona. Para ello deberá promover medidas que garanticen el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía discutió esta iniciativa en general y en particular, por ser de artículo único, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Pérez San Martín y señores Letelier y Orpis. No obstante lo anterior, propone a la Sala aprobarla solo en general.
Cabe recordar que durante la discusión particular el proyecto deberá ser informado también por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Hago presente que esta iniciativa tiene que ser aprobada por dos tercios de los Senadores en ejercicio, esto es, 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 42 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- En discusión general el proyecto.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, la Carta Fundamental, en sus orígenes en la Comisión Constituyente, se gestó en un período más bien de poco debate público. Pero sí hubo entre los integrantes de dicho órgano discusión sobre los alcances de los numerales 1° y 2° del artículo 19, en particular acerca de los derechos consagrados para las personas.
En el número 1° se parte de un supuesto: el de que el Texto Fundamental asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
Los hechos demuestran que aquello no es efectivo: no todas las personas nacen con iguales derechos, ni menos con la misma integridad física y psíquica.
Por eso, hace ya muchos años se generó un debate en la comunidad mundial, y existen convenciones internacionales para tratar de modificar el criterio que equívocamente se consagra en nuestra Constitución.
Aun más: en los diversos convenios contemporáneos, particularmente en los vinculados a las personas con discapacidad, se ha indicado que el Estado tiene la responsabilidad de reconocer acciones afirmativas para quienes no pueden ejercer en plenitud sus derechos.
Inspirados en tal propósito y en la experiencia comparada de otros países de América Latina, especialmente en la de Ecuador -quiero recordar que el año pasado estuvo en esta Sala el Vicepresidente de dicha nación, don Lenin Moreno -, sobre la base de lo hecho por el mencionado país respecto a las personas con capacidades distintas, un grupo de Senadores impulsamos esta enmienda constitucional.
¿Cuál es el propósito de la reforma planteada, que en el texto original era más amplio y luego, conforme a lo acordado por la Comisión, se acotó?
Nosotros creemos que debe consagrarse en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta que es "una obligación del Estado eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona.".
Esa es una afirmación de principios, que todos compartimos, por cierto.
Pero lo adicional que se ha planteado para el numeral 2° del artículo 19 es que "el Estado deberá adoptar las medidas de acción afirmativa" -este es el lenguaje contemporáneo, no aquel que hace referencia a "discriminación afirmativa"- "que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, garantizados por esta Constitución y por los tratados internacionales...".
¿Cuál es el objetivo que se persigue, señor Presidente?
Dada la redacción de nuestra Carta, conforme a la cual se piensa que todos somos iguales, hoy no es factible impulsar, sin la reforma constitucional que nos ocupa esta tarde, acciones afirmativas para personas con discapacidad.
Podríamos poner medidas de acción afirmativa para otros grupos de la sociedad. Sin embargo, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos acordamos acotar la reforma al mundo de la discapacidad.
Hoy día no resulta factible impulsar acciones afirmativas a favor de una persona discapacitada para insertarla, por ejemplo -y, en primera instancia, este era para mí el propósito-, en el ámbito del empleo, pues hacerlo envuelve una discriminación inconstitucional.
La Carta supone la igualdad de todos. Por tanto, el Estado no puede -y por ende, las leyes tampoco- impulsar una acción que, ante determinada situación, privilegie a discapacitados por sobre otras personas.
La imposibilidad de promover acciones afirmativas dificulta sobremanera el cumplimiento de los tratados internacionales, e incluso, una ley sobre incorporación plena de los discapacitados al quehacer de nuestra comunidad.
Señor Presidente, el objetivo de esta reforma constitucional es poner a Chile a la altura de sus convenios y compromisos internacionales y, a la luz de la experiencia comparada, generar los instrumentos necesarios para que en nuestro país sea factible impulsar, en otros marcos legales, acciones afirmativas para el pleno desarrollo de todas las personas.
Reitero que la obligación del Estado que explicité se limitó solo al mundo de la discapacidad. Y eso fue lo que generó el consenso.
Por cierto, podrían haberse ampliado los alcances del proyecto en debate para incluir a personas de diferentes etnias, de condiciones de género distintas, en fin. Pero -insisto- se optó en esta etapa únicamente por el mundo de la discapacidad.
El Senado tuvo una experiencia concreta en la materia: hubo un concurso para llenar una vacante, y se quiso privilegiar a una persona no vidente; empero, ello fue imposible, pues otro postulante cuestionó tal acción positiva.
Señor Presidente , Ecuador , que tiene un desarrollo económico bastante menor que el nuestro, es el primer país de América Latina -y probablemente del mundo- donde hay pleno empleo para los discapacitados. Ello, porque se impulsó en la Constitución el deber del Estado de promover acciones afirmativas y, para su contratación tanto en el sector público cuanto en el privado, se fijaron cuotas que, aunque muy bajas, permitieron la integración absoluta del mundo de la discapacidad.
Muchas personas con problemas motrices, o auditivos, o visuales, en fin, están en condiciones de trabajar con total eficacia, pero no pueden hacerlo debido a la discriminación cultural existente en nuestras sociedades.
Ecuador es, sin duda, la nación que más ha avanzado en la materia en nuestro continente.
La reforma que nos ocupa esta tarde, señor Presidente, apunta a hacernos cargo de uno de los vacíos de origen de que adolece la Constitución.
Estoy seguro de que nadie se opone al criterio que mediante el proyecto en debate se plantea para el mundo de la discapacidad, que no significa sino hacer justicia a un porcentaje de chilenas y chilenos que, hallándose habilitados para trabajar e integrarse plenamente, requieren que el Estado impulse medidas de acción afirmativa que les permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos que les asisten.
Señor Presidente , la Constitución consagra derechos que algunas personas no pueden ejercer. Eso llevó a que en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, encabezada por el Senador Orpis, aprobáramos por unanimidad la iniciativa pertinente.
Invito a sumarse a la reforma que planteamos.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , todavía no logro formarme opinión concreta acerca de este proyecto de reforma, que se inserta en el Capítulo III de nuestra Carta Fundamental, el cual habla "De los derechos y deberes constitucionales", y que, específicamente, busca agregar al numeral 2° del artículo 19 un inciso tercero, precepto que, en principio, me merece las siguientes reflexiones.
El referido inciso tercero dice: "Constituye una obligación del Estado eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona. Para ello, el Estado deberá adoptar las medidas de acción afirmativa que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, garantizados por esta Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".
En primer lugar, llamo la atención en el sentido de que el referido inciso, en su parte inicial, hasta el punto seguido, establece una norma de carácter general, amplia, cuando dice que el Estado debe "eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona".
O sea, eso es todo lo imaginable y lo inimaginable.
Sin embargo, luego viene un punto seguido, tras el cual se expresa: "Para ello, el Estado deberá adoptar las medidas de acción afirmativa que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad". Por lo tanto, se focaliza en "las personas con discapacidad".
La reflexión que yo hago, sin ser abogado, es que por un lado hay un precepto de carácter general, amplio, y por otro, no en un inciso distinto, sino dentro del mismo inciso tercero que se pretende incluir, se focaliza estrictamente en las personas con discapacidad.
Señor Presidente , percibo que, antes de votar la idea de legislar -y esta es mi petición concreta-, debiéramos enviar el proyecto en debate a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Una Carta Fundamental debe guardar gran coherencia y, además, ser muy armónica. Sus disposiciones tienen que relacionarse entre sí, máxime cuando hablamos de derechos y deberes constitucionales.
Contamos con la opinión de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: me parece muy bien. Pero sería muy bueno que la Sala conociera también el parecer de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Más aún, señor Presidente , la Comisión de Derechos Humanos recibió las opiniones de dos profesores expertos en derecho constitucional.
Uno de ellos, el señor Miguel Ángel Fernández , expresó -leo su conclusión en el informe elaborado por la Secretaría-: "Hoy la Constitución admite las acciones afirmativas. Más todavía, las exige, conforme a sus artículos 1° inciso 5º, 5º inciso 2º y 19 Nº 2º, sin que el suscrito visualice la necesidad de incorporar una cláusula como la propuesta en la moción. Máxime si las normas constitucionales vigentes son amplias, flexibles y han sido modeladas acertadamente por la doctrina y la jurisprudencia para admitir, entre otras, esa especie de acciones.".
O sea, el señor Fernández nos ha manifestado que la iniciativa que nos ocupa no es necesaria, por decir relación con algo ya permitido por la Carta Fundamental.
Pero también consignó su parecer la Doctora en Derecho señora Alejandra Zúñiga , quien, luego de hacer un análisis principalmente respecto de la desigualdad que se registra entre hombres y mujeres, y básicamente de cómo distintas Constituciones en el mundo intentan corregirla, concluyó que "Por todo lo anterior, considero que se trata de un buen proyecto que debiera recibir el apoyo del congreso nacional".
En definitiva, un constitucionalista emite un juicio a favor, y el otro, uno en contra.
Le solicito a la Mesa, entonces, recabar el acuerdo de la Sala para que asimismo contemos con la opinión de la Comisión de Constitución antes de tener que pronunciarnos.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Para ello se requiere unanimidad.
El señor LETELIER .- Corresponde votar en general.
El señor PROKURICA .- ¡Quién se va a oponer!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo.
El señor LETELIER .- ¿Me permite, señor Presidente , para plantear una cuestión de Reglamento?
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No es necesario.
Saludo, en nombre de la Corporación, a alumnos y profesores de la Escuela República de Italia, de Capitán Pastene, que asisten invitados por el Honorable señor Quintana.
El señor SABAG.- Señor Presidente , no cabe duda de que esta es una materia que a todos nos interesa, y con mucho agrado tratamos de acoger el texto en análisis; pero resulta evidente que existen opiniones diversas, sobre todo de constitucionalistas, y a mí me parece importante, naturalmente, la idea de que pudiera también conocerla la Comisión de Legislación.
No obstante, la iniciativa fue aprobada en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes del órgano técnico.
Como se ha señalado, se persigue el propósito de consagrar en la Carta la obligación del Estado de eliminar obstáculos de cualquier índole que, al limitar derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo del individuo, para lo cual deberá adoptar medidas de acción afirmativa que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de personas con capacidades diferentes que se encuentren garantizados por la Constitución y los tratados internacionales.
En el curso del debate en la Comisión de Derechos Humanos se planteó la duda respecto de la posibilidad de que el proyecto fuera interpretado en múltiples ámbitos de la vida social, así como acerca de su utilidad, ya que la Ley Fundamental establece, en su primer artículo, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin perjuicio de ello, es preciso destacar que la legislación internacional va en la línea de hacer aún más explícitas estas garantías.
La tramitación en el órgano técnico permitió reemplazar la referencia original de la moción, "limitando de hecho la igualdad y la libertad", por "limitando los derechos humanos y libertades fundamentales". Del mismo modo, se dejó expresa constancia de que el concepto dice relación con el caso de personas con capacidades diferentes y no, en forma genérica, con todos los derechos y libertades.
Desde luego, estoy en la disposición de aprobar la iniciativa, sin perjuicio de que quisiera también conocer el parecer de la Comisión de Legislación.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Puede intervenir el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , señores Senadores, creo que esta modificación constitucional se tiene que abordar con mucha transparencia.
Deseo ocuparme en el asunto de fondo planteado en la norma. Lo que han pretendido los autores, apoyado por la Comisión de manera unánime, es que en la Carta se inicie un camino para reconocer, a través de acciones afirmativas, la discriminación positiva. Esa es la cuestión en debate.
Al respecto, tal como lo expresó mi colega García , se manifestaron dos opiniones en el seno del órgano técnico.
En efecto, el constitucionalista Miguel Ángel Fernández estima que la Ley Fundamental, en los artículos 1°, inciso quinto; 5º, inciso segundo, y 19, Nº 2º, contempla normas amplias, flexibles y modeladas acertadamente por la doctrina y la jurisprudencia para admitir, entre otras, esta especie de acciones.
A su vez, otra especialista, María Soledad Cisternas , considera pertinente la incorporación. Es decir, la discriminación positiva y las acciones afirmativas que deriven de ella no están garantizadas en el texto constitucional, y, por lo tanto, se pretenden incluir a través de la reforma en estudio.
¿Cuál es el problema, señor Presidente , para que exista mucha transparencia en el asunto? La redacción original era completamente amplia, como se observaba en su primera parte, y ello no suscitaba consenso en el seno de la Comisión, porque, a partir de la definición, se podía incorporar el concepto de cuota, de matrimonio de personas del mismo sexo, de derechos reproductivos. O sea, había un aspecto valórico de por medio. Y, por lo tanto, el punto carecía de piso político.
¿Qué es lo que sí lo tenía, en cambio? Lo relativo a la discapacidad. Por eso, la norma, que originalmente fue en extremo amplia, terminó acotada a dicha materia. Porque ahí no media un factor valórico, sino que evidentemente se requieren acciones positivas del Estado para garantizar la plena incorporación de las personas que se encuentren en ese caso a la sociedad.
Por lo tanto, la Comisión ha decidido aprobar la idea de legislar, a pesar de tratarse de un artículo único, para que el texto vuelva a ella, y acotar únicamente la discriminación positiva y las acciones afirmativas a la discapacidad. Si es necesario precisar alguna norma de carácter más amplio, la discusión particular dará la oportunidad de hacerlo. Pero solo existe consenso político para iniciar el tratamiento de las acciones positivas afirmativas acotado -repito- a la discapacidad.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , no voy a dudar del ánimo de los señores Senadores que han planteado la enmienda constitucional que nos ocupa. Ello, comprendiendo, sobre todo, el trabajo del colega Letelier y de otros, en el cual me incluyo, que hemos estado pendientes en forma permanente -creo que como todos- de cómo poder mejorar las condiciones de vida, o la vida, en sí, de personas con capacidades distintas. Entonces, la reforma exhibe un completo sentido, a mi juicio.
Pero tengo algunas dudas y comentarios por exponer.
Se me viene de inmediato a la memoria el incumplimiento de los Gobiernos, del Estado y de la comunidad, en general, con respecto, por ejemplo, a la normativa sobre accesos. En algún momento -no sé cuántos años atrás- se dictó la ley que hace obligatorias medidas tendientes a que quienes enfrenten dificultad de desplazamiento puedan ingresar con mayor facilidad a edificios públicos, a locales comerciales. Y de eso no se ha cumplido nada. Sigue registrándose en ese caso una discriminación brutal.
La reforma constitucional en debate establece que el Estado debe eliminar los obstáculos que, de hecho, impidan el pleno desarrollo de aquellos cuyas capacidades son distintas. La pregunta que uno se hace es qué pasa, por poner un ejemplo, con miles de personas que reciben pensiones por discapacidad de 70 mil u 80 mil pesos. A mi juicio, uno de los factores que permiten el desarrollo de un ser humano es precisamente la posibilidad de contar con lo mínimo para la sobrevivencia. Entonces, la idea del proyecto me choca inmediatamente con la imposibilidad de disponer de ello.
Si bien en la modificación en examen sigo la sugerencia del Honorable señor García , ya que me parece de toda lógica que ojalá el proyecto pase a la Comisión de Constitución para que se analicen sus alcances, no tengo ningún problema en votarla en general. Me parece que es una idea que apunta a lo que todos queremos.
Mas quiero señalar, con insistencia y fuerza, que llegó la hora de que el Estado cumpla, en esta materia, todo lo que ha comprometido, todo lo que ha venido exponiendo durante los últimos años, en la medida en que miles y miles de personas se encuentran, no solo en una condición precaria, sino también casi ante un impedimento absoluto para sostenerse, para lograr una calidad de vida básica.
Y ahora se podrá avanzar a pasos mucho más agigantados.
Existe una cuota, por ejemplo, para que los afectados de discapacidad o con capacidad distinta puedan integrarse a organismos públicos, etcétera. Hay muchos proyectos en esta línea, pero nada se materializa. Por ahí aparecen unas cuantas personas que han podido hacerlo en municipios o servicios, o en el mundo privado, que es curiosamente donde más se les ha abierto la posibilidad de incorporarse al mundo laboral. Aquí nos encontramos completamente al debe.
Quiero poner el mayor énfasis, sin embargo, en la urgencia de corregir la brutalidad en la forma como hoy día se pensiona alguien con discapacidad. Ello no tiene lugar de acuerdo con la gradualidad de la situación. Alguien totalmente postrado, completamente dependiente y que puede generar gastos altísimos recibe exactamente lo mismo que quien padece una discapacidad en la mano, en la pierna, etcétera. Entonces, pienso que falta una política de Estado orientada a buscar una proporcionalidad en la materia y a generar pensiones que dignifiquen mucho más a ese ser humano que hoy día, si no es por el auxilio de un familiar o la generosidad de alguien que contribuye a su sustento, no podría mantenerse.
Insisto en que no tengo ningún problema en votar en general el proyecto. Si se desea enviarlo a la Comisión de Constitución, ello también me parece acertado. Pero me gustaría que empezáramos a hablar con mucha más fuerza acerca de cómo mejorar las condiciones reales de vida de personas con discapacidad o con capacidades distintas.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Puede intervenir el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , antes de entrar en el asunto de fondo deseo consignar que comparto lo planteado por el señor Senador que me ha antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de que la discapacidad, con mayúscula, ha de ser abordada a través de políticas de Estado más consistentes en el tiempo. No es que no se hayan hecho esfuerzos, pero quienes ejercemos labores parlamentarias nos damos cuenta de que la situación real de la gente en esa situación es muy dramática y exige efectivamente considerar la diferencia de gradualidad que se mencionó.
Pero deseo referirme al aspecto de fondo involucrado en la moción. Porque, al tratarse de una reforma constitucional, además, se requieren estados de reflexión y observación especialmente exigentes. Es obvio que cualquier cambio de este tipo arrastra toda una modificación en la estructura que se plantea, desde un punto de vista legal y normativo.
¿Qué nos dice el proyecto? Dos cosas.
La primera idea principal es que "Constituye una obligación del Estado eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona".
Se trata de una declaración. Nadie puede sostener que una formulación semejante, en sí misma, es errada. Pero claramente la generalidad de la frase "eliminar los obstáculos de cualquier índole que (...) impidan el desarrollo de la persona", en función de libertades fundamentales, por ejemplo, a mi juicio significa instalar un eje de constante variabilidad legislativa en el Estado de Derecho. Porque lo que ocurre aquí -y va más allá de la intención de los autores- es que se confiere una facultad de interpretación permanente y cambiante en el tiempo respecto de lo que es una "libertad fundamental" o un "obstáculo de cualquier índole". Y lo que para alguno puede ser el día de mañana un obstáculo que afecta una libertad, para otro puede no serlo.
Entonces, considero que se presenta una génesis de inseguridad normativa, en circunstancias de que lo contrario debería ser una de las bases de cualquier disposición constitucional, más allá de aquella que nos ocupa.
Se podrá valorar el sentido último del significado de esta primera idea, pero admitamos que darle al Estado tal generalidad en su obligación permite cualquier cosa, porque no vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros mismos en cuanto a qué es el desarrollo de la persona. ¿Ello se vincula a la salud? ¿Al trabajo? ¿A las oportunidades? ¿A la familia? ¿Cuál es el contexto y la arquitectura en que se funda?
Y si discrepamos sobre el particular, con mucho mayor razón lo haremos respecto a qué es una libertad fundamental. Porque estas pueden ser completamente contrapuestas entre sí. Lo que para algunos es un requisito, para otros puede representar un obstáculo.
En consecuencia, estimo que el punto merece una reflexión mucho más profunda.
Y lo mismo dice relación con el segundo elemento, en orden a que "el Estado deberá adoptar las medidas de acción afirmativa" -este es el concepto- "que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad".
La pregunta que uno tiene que plantearse es si ello se puede hacer o no hoy en Chile. Imagino que ese es el sentido de la discusión.
Hace un momento se hizo referencia a la intervención del señor Miguel Ángel Fernández , experto en Derecho Constitucional. Tiendo a coincidir con este en que, por la forma de definir la actual Constitución nociones vitales como la de igualdad ante la ley, se trata de algo perfectamente permitido. Y, más aún, constantemente se están contemplando, a través de leyes, acciones afirmativas respecto de distintos sectores.
Esa es mi visión, por lo menos. Se podrá discutir.
La igualdad ante la ley prohíbe todo tipo de discriminaciones arbitrarias. ¿Y cuándo se incurre en una de ellas? Cuando son injustas, carentes de razón, motivadas, prejuiciadas, excesivas, desproporcionadas o cuando obedecen al capricho y al favoritismo.
Pero también quedan vedadas las igualaciones irracionales.
Tal es el sentido de la igualdad.
Entonces, el derecho a la igualdad no se reduce a ampliar enunciados generales -como dice aquel autor-, salvo solo factores sociológicos. El concepto es mucho más profundo: tiene que ver con el respeto sustantivo a la igualdad, es decir, a la igualdad que admite diferencias.
En efecto, la igualdad sustantiva es la que acepta diferencias, pero siempre que se encuentren fundadas en consideraciones razonadas y proporcionadas a los fines perseguidos; o sea, cuando tengan una motivación.
A eso apunta el principio de la igualdad. Este no significa que diez dividido por cinco sea igual a dos. ¡No! Se trata de una igualdad sustantiva, jurídica, que busca precisamente que se tomen en cuenta distintas situaciones. No es un enunciado general, sino que dice relación con -repito- una igualdad que admite diferencias.
Por tanto, el principio de la igualdad exige evaluar caso a caso las circunstancias, las normas, los estatutos, porque la igualdad entre ellos debe ser, a veces, tratada en forma desigual.
Lo anterior se vincula con el tema abordado por un parlamentario que me antecedió en el uso de la palabra.
Las acciones positivas permiten cumplir los deberes impuestos por el Estado en el artículo 1° de la Carta, al asegurar el derecho a las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, y en el artículo 5°, al promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
O sea, desde mi perspectiva por lo menos, señor Presidente , la actual normativa constitucional es más precisa que lo propuesto en la iniciativa con referencia a la libertad o al desarrollo de la persona y permite la aplicación de acciones positivas en favor de determinado sector, como ya se ha hecho en materia de discapacidad. Es perfectamente legítimo discutir si lo realizado es suficiente o no. Yo tiendo a pensar que no lo es.
A este respecto, aprovecho de contar que formo parte de una fundación que tiene por objetivo precisamente disminuir en mi Región los espacios de desigualdad frente a la discapacidad. Ahí se llevan a cabo muchas acciones positivas; en algunas oportunidades con ayuda del Estado, y en otras sin ella.
¡Y ese problema viene de hace cuatro, ocho, veinte o treinta años!
De ahí que yo no haría un cambio copernicano, en cuanto a la forma de ver los derechos de las personas a partir de la problemática de cómo podemos favorecer a cierto sector. Porque, desde mi perspectiva a lo menos, la situación de uno u otro sector en condiciones de desigualdad es perfectamente mejorable mediante la actual Constitución.
En consecuencia, estamos en presencia de un tema muy de fondo, más allá de lo que uno busque finalmente.
Por consiguiente, me parece muy razonable lo planteado por el Senador García al inicio de su intervención. Porque, desde mi punto de vista, es de la esencia que un asunto de esta naturaleza sea analizado por la Comisión de Constitución, pues es justamente ahí donde tratamos -somos un cuerpo colegiado- de ir dando cierto ordenamiento a las distintas visiones existentes de la sociedad, a fin de alcanzar una unidad susceptible de ser interpretada de una sola forma, y no que cada cual, a partir del carácter general de una normativa, pueda entender cosas diferentes, como a mí me sugiere lo planteado en esta ocasión.
Por eso, señor Presidente , me sumo a la petición formulada. Y entiendo que, reglamentariamente, es posible votar si el proyecto va o no a la Comisión de Constitución.
En consecuencia, le pido que, antes de pronunciarnos sobre la idea de legislar, se vote el traspaso de esta iniciativa a dicho órgano técnico. Porque estimo esencial que una Comisión como la de Constitución nos entregue un informe preciso sobre esta materia, pues, de otra manera, buscando un bien -no dudo que sea la finalidad-, se puede terminar administrando una gran dosis de incertidumbre al Derecho.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Le aclaro, señor Senador , que el Honorable señor Letelier ha solicitado que, una vez aprobada la iniciativa en general, sea remitida a la de Constitución.
El señor COLOMA.- Que se vote ahora.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Entiendo, Su Señoría. Lo que usted ha pedido es que se vote antes la idea de que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución.
Está en su derecho, y así procederemos.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Quiero saludar a los alumnos y profesores del Colegio Interamericano, de Rancagua, quienes nos acompañan hoy día en las tribunas.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , las intervenciones de algunos Senadores que me antecedieron ahorran parte de mi intervención, porque esta va un poco en la misma línea de reflexión.
A mi juicio, este proyecto reviste bastante trascendencia y viene a terminar con una interpretación que no debería ser posible.
En lo referente a la discriminación positiva, estoy más con aquellos constitucionalistas que creen que ella es factible dentro del Texto Constitucional actual.
Pero se ha producido esta discusión, y para avanzar debemos corregir el punto.
Por eso, lo lógico sería que esta iniciativa fuera a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento no porque desconfíe de la de Derechos Humanos, sino porque considero que la Comisión de Constitución es la instancia legislativa especializada en materias de orden constitucional, y sus decisiones pueden perfectamente complementarse con los estudios y las propuestas de la Comisión de Derechos Humanos.
Por tanto, estoy de acuerdo en que se apruebe el proyecto en general y en que después sea enviado a la Comisión de Constitución, para que efectúe las precisiones que correspondan a fin de que el principio de la discriminación positiva tenga pleno efecto dentro de las normas constitucionales chilenas.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , el curso de la discusión desarrollada en esta Sala va reafirmando lo útil que fue el trabajo previo realizado en la Comisión de Derechos Humanos, en el sentido de poder incorporar una norma constitucional que establezca la acción afirmativa del Estado hacia las personas que presentan diferentes tipos de discapacidad (o capacidades distintas, como señalan los especialistas en el uso del lenguaje).
Ello, en mi opinión, es una contribución importante al Texto Constitucional, que se justifica ampliamente. Además, en este mismo Senado hemos conocido situaciones que indican con claridad que es aconsejable adoptar esta decisión.
En efecto, sostuvimos un diálogo respecto de la incorporación al trabajo de la Cámara Alta de una persona que utilizara el lenguaje de señas. Al final ello no ocurrió. No se tomaron las decisiones correspondientes. Sin embargo, era evidente y claro que esa decisión se justificaba ampliamente. De hecho, el Consejo Nacional de Televisión ha ido avanzando en esa dirección.
Hay un conjunto de circunstancias que indican que el resguardo del Estado hacia estas personas es débil e insuficiente, especialmente en lo relativo a la protección de sus derechos laborales.
Todos sabemos que los economistas han realizado múltiples estudios sobre la directa relación existente entre ocupación o empleo y pobreza. Y las personas que padecen algún tipo de discapacidad son las que más severamente sufren dificultades para encontrar un trabajo permanente, estable, bien remunerado, que se lleve adelante en condiciones dignas.
Por lo tanto, el hecho de situar en el Texto Constitucional la reforma que se nos propone posibilitaría que la ley fuera mucho más efectiva de lo que ha sido hasta ahora.
Yo comparto lo señalado por algunos colegas en orden a que no es cierto que el Estado no haya hecho nada. Pero su acción ha sido débil y no se ha traducido de manera efectiva en una cultura que permanentemente esté creando en los servicios públicos y en las empresas privadas las condiciones suficientes para responder a las numerosas necesidades de quienes presentan capacidades diferentes.
En tal sentido, la humanidad ha progresado bastante en los últimos años. Se observa, por ejemplo, el caso de las olimpiadas en que participan personas con distintos tipos de discapacidad. Son situaciones que hablan de un esfuerzo humano formidable para hacer frente a los diversos problemas que las aquejan, de forma que puedan ser aceptadas en la convivencia civilizada en condiciones dignas, de normalidad, de equidad, y que no sean objeto simplemente de compasión, que es uno de los riesgos más severos y difíciles que deben enfrentar quienes se encuentran en ese estado.
En consecuencia, en el ámbito deportivo se ha logrado avanzar de manera formidable. Y hay ejemplos que incluso se han trasladado al ámbito de la literatura, a través de algunas novelas impresionantes desde el punto de vista de la situación que transmiten y de los logros alcanzados por el ser humano en cortos años.
Por lo tanto, lo normal sería que nuestro Estado se modernizara, se actualizara, se renovara, y que ello permitiera llegar a un acuerdo para incorporar este texto a la Constitución, independientemente de que en el trabajo en particular se modifique su redacción.
Es efectivo que las primeras tres líneas del inciso tercero, nuevo, son de alcance general y hacen ambigua y discutible la frase en cuestión. Pero respecto a la incorporación del texto que señala: "Para ello, el Estado deberá adoptar las medidas de acción afirmativa que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, garantizados por esta Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes", creo que no hay ninguna duda de su corrección, de su necesidad y de la contribución que ello significará para nuestra Carta Fundamental.
En consecuencia, me sumo a quienes respaldan la iniciativa y valoro el esfuerzo de los Senadores que la presentaron.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Saludamos a los alumnos del octavo año básico de la Escuela Víctor Sánchez, de la comuna de Tierra Amarilla, que se encuentran presentes en las tribunas.
¡Bienvenidos sean los profesores, los apoderados y los estudiantes!
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en primer lugar, me sumo al saludo de la Mesa a quienes nos acompañan en las tribunas.
Me encanta que nos visiten.
De otra parte, estoy muy de acuerdo con que necesitamos reafirmar la posibilidad de hacer, conscientemente, discriminaciones positivas cuando cumplen un objetivo esencial, por ejemplo, en este caso, asegurar el ejercicio de todos los derechos y el respeto a la dignidad del mundo de la discapacidad, con el cual lamentablemente estamos al debe desde hace muchos años.
Existen algunas excepciones de otra connotación, como la llamada "Teletón", que asegura la atención de niños y jóvenes entre cero y dieciocho años. Sin embargo, hay un tremendo vacío que da cuenta de la forma en que el Estado ha abordado -y continuará haciéndolo en el futuro- el tema de la discapacidad.
Creo importante y necesario realizar esta reforma constitucional para asegurar algo que aparentemente y de modo genérico garantiza la Constitución, pero que en realidad no hace.
Y está bien aprobar la iniciativa en general, porque durante su discusión en particular podremos ver algunos detalles.
En segundo lugar, no puedo dejar de mencionar que resulta lamentable que la ley N° 20.422 no se cumpla a cabalidad. ¿Hemos mejorado? Sí. ¿Los edificios nuevos tienen acceso universal, hay mayor preocupación en ese aspecto? Sí. Pero también recibimos numerosas denuncias.
Cuando estuve en la Cámara de Diputados integré de manera permanente, durante todos los años que funcionó, la Comisión Especial para Discapacitados. Y había personas que denunciaban que por el hecho de tener un perro guía se les negaba el acceso a diversos medios de transporte colectivo, pese a que estos se hallan obligados a permitirlo por ley. Se daba además el caso de restoranes que les cerraban las puertas aduciendo que no admitían perros, sin considerar la excepción que significa un animal guía.
Como país, en términos de cultura, en términos cívicos, en términos de políticas públicas, todavía registramos un tremendo déficit.
Y quiero referirme particularmente al tema laboral.
Si hay un instrumento, una herramienta que permite que la persona discapacitada se pueda integrar, salir adelante con sus desafíos y sentirse digna, con todos sus derechos, este es el trabajo.
Señor Presidente , creo que lo mencioné alguna vez en la Sala. Hace numerosos años que pertenezco a la Fundación ONCE, financiada por la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), que impulsa un movimiento de solidaridad con las personas ciegas de estos países, la cual a su vez recibe recursos de una institución de ese tipo en España. Y la verdad es que resulta notable el trabajo que se ha venido haciendo en América Latina desde bastante tiempo atrás. Solamente voy a dar un ejemplo.
Desde hace ya muchos años, uno de sus proyectos, quizás el más relevante tanto por la significación cuanto por sus consecuencias, ha sido el capacitar a personas ciegas o con discapacidad visual en distintas áreas para que luego se puedan integrar al plano laboral.
El resultado concreto de la aplicación de ese programa en Chile -el proyecto se ha implementado en una decena de naciones en Latinoamérica- es que 700 personas han ingresado al mundo del trabajo, con contratos regulares -como debe ser, por supuesto-, con previsión, etcétera.
Ello ha sido posible gracias a la capacitación previa que se les brinda y a la ayuda del Banco Mundial (y luego de otro tipo de financiamiento), junto con el importante apoyo que le ha otorgado la fundación de ciegos de España a que me referí.
Quise señalar lo anterior pues da cuenta de un resultado concreto. Sin embargo, fue difícil lograrlo. La contraparte chilena no siempre respondió de la mejor manera. Recuerdo que hace dos años tuve que hablar con algunas autoridades, porque el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) debía aportar 12 millones de pesos. Y costó mucho que lo hiciera, lo cual, en verdad, era absurdo, considerando que nosotros les decíamos: "Proyecten lo que significa que 700 personas hayan logrado entrar al mundo del trabajo gracias a esta inserción laboral".
Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con la moción presentada y felicito a sus autores.
La ley en proyecto me parece necesaria. La experiencia nos demuestra que solo con políticas muy activas y proactivas, cuando se hace una discriminación positiva, se logran reforzar y desplegar políticas afirmativas para compensar a las personas que nacen con alguna discapacidad o que debido a algún accidente, o lo que fuere que les sucediera en la vida, se encuentran afectadas por un grado de incapacidad que les impide ejercer en plenitud sus derechos.
Por eso es tremendamente importante que nos comprometamos más como país.
Me alegra que uno de los temas planteados por la candidata Bachelet -espero que gane la elección del próximo domingo- apunte a la creación de una Subsecretaría de la Discapacidad. Creo que debemos elevar el rango del SENADIS, coordinar mejor las políticas, hacer mayor fiscalización para que se cumpla la ley N° 20.422 y generar más recursos, además de implementar políticas focalizadas por la vía de la capacitación para asimilar a las personas al mundo laboral.
Considero que esta es la mejor respuesta: insertar a las personas en el mundo laboral, a través de la capacitación, para que ejerzan a plenitud sus derechos, con respeto a su dignidad como personas.
Nosotros firmamos un convenio internacional sobre el particular, y pienso que tenemos bastante más que aprender.
No puedo dejar de mencionar, señor Presidente, algo que se ha dicho poco, pero que nos enorgullece.
La abogada María Soledad Cisternas , magíster en Ciencias Políticas, profesora de Derecho , hoy día es la Presidenta del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Fue elegida entre varias candidaturas y constituye un tremendo honor para Chile que dicho Comité sea presidido por María Soledad Cisternas . Aprovecho esta oportunidad para felicitarla por su trayectoria y su trabajo. Esta es una demostración creciente de cómo una persona ciega es capaz de superar su adversidad, al punto de llegar a asumir este importantísimo cargo en Naciones Unidas, que reúne a todos los países que trabajan en el tema de la discapacidad.
Me dice el Senador Letelier que ella contribuyó a elaborar la iniciativa que nos ocupa.
Es una persona de vastísima trayectoria, con una gran formación jurídica, especializada en estas materias, y que debido a su propia vivencia ha debido enfrentar muchas adversidades y discriminaciones.
Me alegra enterarme hoy de que ella fuera una de las promotoras de este proyecto, porque claramente tiene una tremenda trayectoria, una gran formación y una enorme solidez, aparte de ser un ejemplo de superación ante su propia discapacidad.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Me parece que el Senador Bianchi quiere hacer una solicitud.
El señor BIANCHI.- Sí, señor Presidente .
El proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización del país ya se votó y pasó a la Comisión de Hacienda. Hablé con el Presidente de ella sobre el plazo para indicaciones para verlo de nuevo en la Comisión de Gobierno, para después volver a la de Hacienda.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Como la urgencia fue calificada de "discusión inmediata", el plazo tendría que ser brevísimo, señor Senador.
El señor BIANCHI.- Efectivamente. Ocurre que este es uno de los tantos proyectos con ese tipo de urgencia, razón por la cual tenemos que verlo. Por eso hice la petición.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Pero no lo vamos a resolver en este minuto. Consultaré con la Secretaría...
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente ,...
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Señor Senador, no se va a abrir debate sobre el tema. Estamos en otro asunto.
El señor LARRAÍN.- No es debate.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Conforme, pero, dada la urgencia, no es admisible tramitar el proyecto a la mencionada Comisión; y, además, el plazo para indicaciones debe ser muy corto. Pero déjenme ver el problema con la Secretaría.
El señor BIANCHI.- ¡Por supuesto...!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , como hay "discusión inmediata", las indicaciones se pueden presentar en la Sala. Por lo tanto, no es necesario el plazo. Eso quería agregar. De manera que la cuestión está salvada.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el señor Hernán Larraín para referirse a la materia en debate.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , al entrar al análisis de la reforma constitucional que nos convoca, que busca establecer un reconocimiento especial a las personas con discapacidades o con capacidades diferentes, en primer lugar, debo decir que comparto las premisas del proyecto. Por una parte, se hace un llamado a "eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona". Como dijo uno de sus autores, el Senador señor Letelier , esta es una de esas ideas que, por supuesto, no podemos sino compartir.
La otra conceptualización presente en la norma es la conveniencia de que el Estado adopte "medidas de acción afirmativa que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad".
Esta también es una noción compartida; y probablemente alguien podría decir que está subentendida de alguna forma en la Constitución. Yo no le veo inconveniente alguno. Por el contrario, consideraría positivo incorporar algún concepto de esta naturaleza en la Carta Política.
Sin embargo, creo que la construcción que se nos presenta para modificar el artículo 19, número 2°, de la Constitución, el cual consagra el derecho a la igualdad ante la ley, no está bien concebida y desconoce, a mi juicio, la manera de funcionar del Texto Fundamental.
No está bien concebida, en primer término, porque contiene una idea contradictoria en sí misma, en su formulación. Ello, porque establece en su primera oración la obligación del Estado de eliminar los obstáculos que impidan el desarrollo de la persona humana, para a continuación señalar una excepción precisa: para ello -es decir, para que el Estado elimine esos obstáculos- debe adoptar medidas que les permitan el pleno ejercicio de sus derechos a las personas con discapacidad. No hay una relación de carácter lógico en la forma como está planteada la excepción o la particularización que se hace.
¿Por qué solamente para las personas con discapacidad? ¿Por qué no para otras minorías que también puedan sentirse afectadas?
En consecuencia, al proponerlo en la forma citada, en realidad se estaría logrando un objetivo distinto: hacer que la excepción termine siendo discriminatoria, porque la Carta Fundamental estaría preocupándose solo de los discapacitados y no de otros grupos minoritarios -como las comunidades indígenas, las personas más vulnerables socialmente o los ancianos abandonados- con miras a tener el pleno respeto y apoyo del Estado para adoptar las medidas que permitan el desarrollo de la persona.
La norma propuesta, al estar mal construida, termina siendo contradictoria, porque al final lo que logra es generar discriminación respecto de aquellos grupos que no se encuentran incorporados en esa limitación.
Por otro lado, el texto no está bien concebido, al hallarse basado en que las acciones afirmativas no son compatibles con la Constitución. Eso es completamente falso; no es así. Desde luego, el artículo 19, número 2°, señala, en su último inciso: "Ni ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.". Por supuesto, se refiere a aquellas diferencias arbitrarias, injustas, que no tengan ninguna justificación racional, las que no pueden ser impuestas. Pero, a contrario sensu, sí pueden serlo todas las que no constituyen diferencias arbitrarias. Y, por lo tanto, sobre ellas se pueden desarrollar acciones positivas. Nuestra legislación conoce cientos de casos en donde se ha hecho discriminación positiva o acciones afirmativas en pro de algún grupo humano, de alguna región, de algún tipo de actividad productiva. ¡Cientos de acciones positivas!
A mí me sorprende que ese sea el fundamento.
En lo específico, la propia Constitución contiene ciertas normas que permiten desprender que hay una obligación muy concreta en lo que plantea el texto propuesto. Así, el artículo 1°, inciso final, establece: "Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación". Y específicamente termina diciendo: "¿ y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.".
Es evidente que muchas personas que sufren discapacidades o que tienen capacidades diferentes no disponen siempre de igualdad de oportunidades. Así que solo sobre la base de esa disposición el Estado tiene el deber de actuar para garantizar la igualdad de oportunidades a aquellos grupos humanos que, por razones distintas, estén limitados en ese objetivo.
Por si lo anterior fuese poco, el artículo 5°, inciso segundo, dice: "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana". Y agrega: "Es deber de los órganos del Estado" -otra vez se les establece la obligación de desarrollar acciones afirmativas- "respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".
En varias oportunidades, me he reunido con Soledad Cisternas, mujer muy notable que merece todo nuestro respaldo y reconocimiento. Y quiero decir que ella ha llevado adelante su trabajo internacional con muy poca ayuda del Estado. Lo hace con su fuerza, y fue nominada Presidenta del Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU más por un reconocimiento a ella que a nuestro país, para ser justos, lo cual demuestra que merece todo nuestro respeto y valoración.
Quiero recordar que el Honorable señor Novoa , como Presidente del Senado , le entregó una medalla de distinción de la Corporación, precisamente por su dedicación a estas materias en Chile.
Dicho eso, creo que los tratados internacionales nos obligan a actuar en forma positiva. De manera que alguien podría decir: "Bueno, entonces, esta norma no se justifica". En cierto sentido eso es así. Porque podría argumentarse que está subentendida. Pero, por el contrario, creo que el tema de la discapacidad o de las personas con capacidades diferentes justifica un reconocimiento constitucional. Y debiéramos asumirlo en forma muy especial, por ser un problema muchísimo más extendido de lo que nadie piensa: afecta a una cantidad enorme de personas que deben estar, en muchas circunstancias y actividades, a lo largo de todo el territorio, luchando por su condición y situación.
Por tanto, ese reconocimiento lo podemos hacer y regular. Pero no creo que el lugar ni la forma de hacerlo sean los que plantea el proyecto. No me parece que sea una cuestión de igualdad ante la ley. Esta norma debería estar en el capítulo De los Derechos y Deberes Constitucionales, o sea, en las garantías mismas, pero en una numeración probablemente distinta y no en la ubicación propuesta. Y creo que debería ser regulada, también, en una aproximación diferente.
Por estas consideraciones, agradeciendo y felicitando a los autores por haber puesto el dedo en la llaga en un tema en que Chile se encuentra en deuda con el mundo de las personas con capacidades diferentes, y permitirnos ver la necesidad de que lo destaquemos y lo hagamos nuestro a nivel constitucional, considero razonable buscar una forma distinta de incluirlo en la Carta Fundamental.
Si la Comisión de Constitución puede colaborar en ese propósito, yo, feliz compartiría la idea de que se envíe a ella -así se ha planteado- a fin de cooperar en el despacho de la iniciativa, pero dándole una forma adecuada y compatible con el tenor y el espíritu de la Constitución.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente , en general, mi reflexión discurre en el mismo sentido planteado por diversos señores Senadores. Me parece que, en el fondo, tiene toda la fuerza y la coherencia que se hallan en el marco de nuestros principios constitucionales y en la inspiración que ha orientado el quehacer parlamentario.
Tengo serias dudas, sí, respecto de la redacción.
Me llaman la atención estos enfoques positivos y negativos en el texto propuesto. Y generan en mí cierta dificultad, porque podrían tener consecuencias que, por lo menos, resultan preocupantes.
La primera parte de este inciso tercero que se agrega al artículo 19, numeral 2°, de la Carta es meramente declarativa: "Constituye una obligación del Estado eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona.".
Como dije, resulta declarativa y posee carácter general, es decir, de aplicación ilimitada.
Luego viene la segunda parte, tras un punto seguido: "Para ello, el Estado deberá adoptar las medidas de acción afirmativa que permitan el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad,".
Tal texto se refiere a lo particular. O sea, el trozo declarativo es de carácter general. Reconoce falencias, pues, aunque manifiesta que están vigentes esos derechos humanos y libertades fundamentales, en definitiva, se refiere a los obstáculos que impiden al ciudadano gozarlos en plenitud.
Entonces, en mi opinión, debería haber mayor coherencia semántica en la redacción, ya que esta puede llevar a errores y a efectos contradictorios.
A mi juicio, hay un problema de semántica, de lógica, en el sentido de que primero se habla en general -los derechos humanos y las libertades fundamentales, que tienen aplicación en toda la dimensión del quehacer humano, de la persona, de todas las personas e individuos que conforman la humanidad- y después, en un efecto muy disruptivo, solo se dirige a un aspecto específico: "las personas con discapacidad".
¿Los derechos políticos, laborales, educativos y religiosos no tienen ese "roce" incluido en los obstáculos a los que se hace referencia? Yo creo que sí.
Por eso, la redacción debe tener un enfoque distinto, mucho más amplio.
En cuanto a las diferencias arbitrarias y las discriminaciones -me parece el punto más relevante de la discusión que aflora aquí-, soy partidario de entender que las discriminaciones buscan efectos positivos. Son discriminaciones positivas que pretenden eliminar diferencias precisamente arbitrarias, antojadizas.
A veces una discriminación positiva pone en plano de igualdad a las personas. Permite que puedan enfrentar en condiciones mucho más justas cualquier evento que se produzca.
De manera que me preocupa esa dicotomía, esa falta de lógica o de coherencia y ese enfoque semántico. Me suena a algo así como: "Son derechos declarativos; sabemos que hay obstáculos, y le hacemos un llamado al Estado para que, en el caso de los discapacitados, se dedique a superarlos".
Estimo que ese enfoque es errado. No se trata solo de obstáculos para los discapacitados, sino para la persona humana y para toda la gente que se halla a nuestro alrededor.
Esa precisión debe hacerse.
A pesar de encontrarse vigentes esos derechos humanos y esas libertades fundamentales, parece paradójica la necesidad de agregar este inciso, porque se expresa: "Sí, pero, aun cuando se cuenta con una ley vigente, no hay acceso". Sobre el particular, es tarea del Parlamento y del Senado en especial hacer que la normativa legal se cumpla.
Estimo que por la vía de efectuar modificaciones a la Constitución más bien se lleva a cabo un remedo en tal sentido, ya que se debe cambiar la cultura, el compromiso, la sensibilidad, la vocación y el deseo de actuar de la ciudadanía y de la institucionalidad nacional en lo referente al espíritu de la ley.
Eso me genera algún ruido. El mejor ejemplo -bastante recurrente en la sesión de hoy- lo constituye la Teletón.
Todos sabemos el problema de las personas para ejercer sus derechos y para contar con libertades fundamentales. Sin embargo, el Estado chileno no se hace cargo de esa realidad y sigue dejando la responsabilidad, hipócritamente, al -llamémoslo así- espíritu altruista de algunos, porque otros que más bien son ególatras buscan figurar en ese espacio. Pero asumamos que un alma altruista está presente para hacer cumplir lo que esta iniciativa pretende.
Me parece que la Teletón representa un buen ejemplo de la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque al final todos sabemos que el financiamiento requerido para esa obra debería provenir del Tesoro Público y no del esfuerzo de personas de buena voluntad que han tenido una inspiración francamente magistral -es el caso de la mencionada cruzada solidaria-, que dan respuestas maravillosas, que cambian vidas y tocan corazones en Chile, pero por una vía del todo distinta a la correspondiente al ámbito de la obligación del Parlamento, que forma parte fundamental de la institucionalidad y por donde pasa la tramitación de la Ley de Presupuestos.
¿Cuántas veces nos hemos preguntado sobre la real voluntad de destinar recursos en el Presupuesto a la Teletón, respecto de la cual se ha hecho tanta gárgara en el día de hoy?
Estimo que no solo se trata de llevar a cabo reformas en tal sentido, sino también de efectuar un llamado al cambio cultural. A mi entender, el problema fundamental de Chile es que resulta necesario analizar sus efectos conductuales.
Vuelvo al caso de la Teletón, aunque podríamos nombrar muchos otros: no se vislumbra coherencia entre una necesidad que es conciencia de todos y de nuestro actuar. Se requiere un cambio cultural y que se trabaje en la línea de generar igualdades.
Un ejemplo que me llama la atención es la necesidad del sistema educativo de generar igualdades. Hemos hecho tantos discursos en esa línea, pero los resultados son verdaderamente desastrosos a nivel nacional.
En lo tocante al sistema de educación pública, ¿está dentro de esos derechos humanos, de esas libertades fundamentales?
Por eso digo que, a mi parecer, debiera haber una separación entre los derechos y las libertades fundamentales, en general, y lo relacionado con las acciones por efectuar, en particular, sobre los discapacitados.
Se podría enfatizar en esa línea, aun cuando todos esos principios ya se hallan en la Constitución; pero ocurre que todavía no hemos tenido la capacidad de generar conciencia y producir el cambio cultural que Chile necesita.
Con todo, anuncio mi voto a favor de la idea de legislar. Y soy partidario de que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Varios señores Senadores han solicitado abrir la votación.
Entiendo que el ánimo mayoritario es enviarlo a esa Comisión.
En cuanto a los Senadores señores Letelier, Patricio Walker y quien habla, no tenemos problemas en enviarlo a la Comisión de Constitución, sin perjuicio de continuar ofreciendo la palabra ahora.
Entonces, si no hubiera objeción, se acordaría remitir el proyecto al mencionado órgano técnico.
El señor LETELIER.- ¡Punto de reglamento, señor Presidente!
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Puede intervenir, señor Senador.
El señor LETELIER.- Deseo precisar el acuerdo.
No tengo inconveniente en que la iniciativa sea vista por la Comisión de Constitución, pero -y que no me malentienda su Presidente- pido que ello se haga en un plazo que permita discutirla de nuevo en la Sala la primera quincena de enero. Sin querer amarrarme a una fecha específica, la idea es que podamos aprobarla en general en esta legislatura.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- El Presidente de esa Comisión es uno de los autores del proyecto, así que, de seguro, pondrá el esfuerzo necesario en ello.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , no hay ningún problema en analizar el proyecto dentro de esta legislatura. Ese es mi interés personal y el compromiso de la Comisión.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , en el día de hoy el Senado rindió homenaje a uno de los líderes mundiales más notables y destacados de la época contemporánea en la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales: a Nelson Mandela .
Ello coincide, felizmente, con el debate que estamos efectuando a raíz de una reforma constitucional -aprovecho de felicitar a sus autores, los Senadores Gómez , Letelier y Patricio Walker - cuyo propósito es establecer en nuestra norma legislativa más importante (la Carta Fundamental) una definición taxativa, categórica, de cómo el Estado debe eliminar todos los obstáculos que impidan el pleno desarrollo de las personas.
Nelson Mandela involucró y movilizó en cierto momento a la sociedad sudafricana para lograr garantizar los derechos de las personas. Lo notable fue que luchó por los derechos integrales. Y, sin lugar a duda, el espíritu de los autores de la iniciativa que nos ocupa es garantizar en la Constitución, como deber del Estado, el desarrollo pleno de todas las personas, que nacen iguales en dignidad y con los mismos derechos. En el fondo, se puede materializar en Chile lo que Mandela hizo en Sudáfrica para evitar un conjunto muy grande de discriminaciones, de la que son objeto en alguna medida muchísimas personas que integran sectores minoritarios en nuestra sociedad.
Sin embargo, leyendo el texto de la moción y considerando el debate que se originó en la Comisión de Derechos Humanos, me doy cuenta de que el proyecto derivó en una conclusión distinta: que, a la luz de la exposición de los invitados y de la convicción existente en el país, los más vulnerables de los vulnerables son -¡qué duda cabe!- los discapacitados y, dentro de ellos, los que se encuentran postrados. Hoy estos últimos reciben una ayuda simbólica de parte del Estado que ni siquiera permite pensar en que se les está dando el tratamiento adecuado para dejarlos en condiciones de igualdad con las personas que carecen de limitaciones.
Al final, el proyecto busca obligar al Estado a crear condiciones de oportunidades para el desarrollo de los discapacitados.
Pero, en mi opinión, en nuestra sociedad son discriminados no solo los discapacitados, sino también otros sectores. Estoy pensando en los pueblos originarios, respecto de los cuales se efectúa una discriminación positiva por haber estado en los territorios de Chile desde antes de la formación del Estado y para compensar el daño que este les infligió en determinado momento.
Seguramente, la intención de los autores de la moción que dio origen a esta iniciativa era buscar una redacción que obligara al Estado a crear las circunstancias para que todos los seres humanos pudieran gozar del desarrollo en igualdad de condiciones. No obstante, el texto final propuesto se refiere nada más que a las personas con capacidades diferentes.
Yo soy muy partidario de que el Estado se la juegue por dar señales. Y no solo eso. Este asunto debería generar, además de un debate en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, una discusión, año a año, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en torno a las medidas que se requieren para que los discapacitados tengan, en la práctica, las mismas oportunidades que el resto. Se necesitan acciones, y estas, recursos para ser llevadas a cabo. No por incorporarlas en la Constitución estará garantizada su implementación. Una cosa es lo que disponga la Carta Fundamental y otra, lo que ocurra en la realidad. Aquí se requiere gatillar un cambio cultural.
El texto planteado por los autores de la propuesta ha culminado en una redacción que no guarda relación con la idea original del proyecto, y por esa razón, este debería pasar a la Comisión de Constitución, a objeto de que la norma obligue al Estado a crear condiciones de igualdad de oportunidades no solo para los discapacitados, con los cuales estamos en deuda -¡y en mucha deuda!-, sino también para una serie de personas que se sienten y son discriminadas por el actuar del Estado y del conjunto de la sociedad. Como digo, se necesita impulsar un cambio cultural; pero este supone la implementación de políticas públicas que lo hagan realidad.
En definitiva, señor Presidente , felicito a los autores de la moción y a los Senadores que han sugerido no votar hoy la iniciativa y, en lugar de ello, enviarla a la Comisión de Constitución para su perfeccionamiento, a fin de que se garantice una verdadera igualdad de oportunidades en una sociedad que precisa evolucionar a través de estas normativas, pero también de cambios culturales.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Después de una larga espera, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
Ahora no podré saludar a los alumnos de la Escuela Víctor Sánchez Cabañas, de Tierra Amarilla, pues ya no están en las tribunas.
En verdad, uno no puede sino coincidir con el diagnóstico que se deriva de este proyecto de ley, refrendado por las intervenciones de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra.
El Estado de Chile es, quizás, uno de los peores en el trato con los discapacitados. Y justamente la iniciativa en análisis tiene por objeto consagrar en la Carta Fundamental la obligación del Estado de eliminar los obstáculos de cualquier índole que, limitando los derechos humanos y las libertades fundamentales, impidan el desarrollo de la persona.
Señor Presidente , en la Cámara de Diputados me tocó participar, junto a otros parlamentarios, en la creación de una comisión especial de la discapacidad, que logró sacar adelante una norma que modificó integralmente la legislación existente en la materia en aquella época y que daba cuenta de la realidad que viven los discapacitados en Chile.
Lo curioso es que, precisamente, es el Estado el que más discrimina a ese grupo de personas.
Por eso un proyecto de ley que presenté tiempo atrás sobre el particular chocó contra una muralla frontal. Es que hoy en día, según la normativa vigente, para poder ingresar a la Administración Pública se requiere tener salud compatible con el cargo. Ahí hay un dique que los discapacitados no pueden pasar. Quienes hemos estado en la Administración Pública sabemos que ese es un problema serio que a los discapacitados les cuesta mucho sortear.
Es curioso, señor Presidente , pero el sector privado -restoranes, hoteles- y una pequeña parte del sector público -las Fuerzas Armadas, Carabineros- sí han incorporado a los discapacitados. Algunos de ellos trabajan, por ejemplo, como telefonistas en Carabineros o en el área administrativa de las Fuerzas Armadas. Y en supermercados y restoranes también laboran discapacitados.
Sin embargo, el Estado no los contrata.
¿Por qué digo esto? Porque ellos mismos no quieren ser carga de sus familias. Y la mejor forma de integrarlos en la sociedad es, justamente, dándoles una oportunidad de trabajo.
Mi idea era que, en los llamados a concurso para llenar vacantes en la Administración Pública, se reservara un 2 por ciento de esos cupos para los discapacitados, quienes competirían entre ellos para obtenerlos. Así, se les habría asegurado un espacio en los servicios del Estado.
Lamentablemente, dicha iniciativa no se ha podido concretar. He conversado con los distintos encargados en la materia, antes con el FONADIS y ahora con los otros organismos que se preocupan de la discapacidad, y ese paso no se ha dado. Creo que debemos intentar darlo.
Si bien el proyecto de reforma constitucional que nos ocupa recoge, de alguna manera, el sentir de la opinión pública nacional, a mi juicio -y coincidiendo con la solicitud de varios señores Senadores-, habría que perfeccionarlo: si la norma va a quedar en la Carta Fundamental, debe orientarse más bien a la discapacidad y a la labor que le cabe al Estado al respecto.
Si comparamos la realidad de los discapacitados de Chile con la que se observa en los demás países de la OCDE, con los que nos gusta tanto compararnos en materia económica, francamente nos debería dar vergüenza. Al parecer, la disposición constitucional en análisis está inspirada en las normas que rigen en España y otros países europeos. En esas naciones, un discapacitado que recurre a un servicio público por ayuda encuentra rampas de acceso y oficinas que le permiten utilizar todos los beneficios que entrega el Estado. Ahí, realmente, no existen limitaciones ni barreras para esas personas.
Por eso, este proyecto es positivo, aunque no comparto la forma como enfrenta el problema.
Siento que debiéramos avanzar en el estudio de esta iniciativa. Para ello, es necesario enviarla a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a fin de mejorar ciertos aspectos que han sido planteados aquí por los señores Senadores.
Señor Presidente, me parece que en Chile no hay una cultura de respeto hacia el mundo de los discapacitados. Basta ver los estacionamientos destinados a ellos ocupados por otras personas; basta ver cómo en los nuevos edificios -no me refiero a los antiguos ni al Metro, donde esto ya no fue considerado-, incluso los construidos por el Estado, muchas veces no se toman en cuenta elementos mínimos para atender las necesidades de personas con capacidades distintas.
Por eso estimo que lo planteado forma parte de una cultura que no ha podido asumir la realidad de la discapacidad.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- No hay más inscritos.
Conforme al acuerdo unánime de la Sala, el proyecto será enviado a la Comisión de Constitución.
--El proyecto pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para un nuevo informe.
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que elimina las vacunas multidosis con timerosal o compuestos organomercúricos, con segundo informe, nuevo segundo informe e informe complementario del nuevo segundo informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7036-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
Salud: sesión 40ª, en 3 de agosto de 2011.
Salud (segundo): sesión 71ª, en 23 de noviembre de 2011.
Salud (nuevo segundo): sesión 93ª, en 31 de enero de 2012.
Salud (complementario del nuevo segundo): sesión 76ª, en 3 de diciembre de 2013.
Sesión 41ª, en 9 de agosto de 2011 (se aprueba en general).
En el informe complementario del nuevo segundo informe, la Comisión de Salud hace presente que, en sesión de 7 de mayo de 2013, la Sala acordó volver el proyecto al órgano técnico para un nuevo estudio, abriéndose un nuevo plazo para presentar indicaciones, período en el cual se presentó una sola, que reemplaza íntegramente el texto de la iniciativa.
En el mismo informe, la Comisión deja constancia, para efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
Asimismo, informa que aprobó la indicación sustitutiva del proyecto por la mayoría de los miembros de la Comisión: 3 votos afirmativos, de los Senadores señora Rincón y señores Girardi y Rossi, y 2 abstenciones, de los Senadores señores Chahuán y Uriarte.
Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que consigna, en la tercera columna, las modificaciones efectuadas por la Comisión de Salud en el segundo informe; en la cuarta, la enmienda introducida en el informe complementario del nuevo segundo informe, y en la quinta, el texto resultante si las propuestas fueran aprobadas.
Si los señores Senadores se dirigen al boletín comparado, encontrarán la única modificación que corresponde debatir, la cual sustituye todo el texto de la iniciativa.
¿Me permite, señor Presidente , plantear una cuestión de Reglamento?
Señor Presidente , solicito que el proyecto de ley pase también por la Comisión de Hacienda.
¿Por qué lo pido? Porque el Ejecutivo nos planteó que, de aprobarse la iniciativa, se incrementará el costo de la vacunación en tres veces el valor actual. Por consiguiente, es necesario que vaya a la Comisión de Hacienda con la finalidad de que lo relativo al mayor gasto fiscal sea informado por dicho órgano.
Señor Senador, estamos en la discusión en particular. Una vez terminado el debate, tomaremos la decisión de si el proyecto va o no a esa Comisión.
¡Qué vaya a la de Hacienda nomás, señor Presidente!
Señor Presidente , voy a pedir segunda discusión para el proyecto.
Esta materia es muy importante, porque a nivel mundial el mercurio está considerado uno de los tóxicos más potentes, más dañinos, y el causante de un conjunto de patologías, que espero que nunca padezca ninguno de mis colegas. Enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer están relacionadas, según todos los estudios científicos, precisamente con la exposición a contaminantes como el mercurio.
En el mundo entero se ha tratado de erradicar el uso de este elemento, en particular de algunas vías de ingreso que eran evitables y que la tecnología ha resuelto, como eran las vacunas.
Con respecto a estas, hay una controversia mundial por el uso de un derivado del mercurio como preservante: el timerosal. Algunos estudios señalan que habría una relación entre daños neuronales en los niños (autismo, hiperactividad) y el timerosal.
Esta controversia no se ha resuelto hasta ahora: investigaciones serias indican que no existe relación alguna y otras dicen lo contrario.
En salud, cuando hay dudas, se establecen criterios precautorios. Es decir, frente a la incertidumbre, conviene abstenerse del uso de medicamentos con dicho compuesto mientras no se demuestre su absoluta inocuidad.
¿Qué ha generado este debate en los países que usan vacunas con timerosal? Que la población, asustada por ello, justa o injustamente, ha dejado de vacunar a sus niños.
Ese es el mayor problema que ha provocado hoy día el timerosal. Muchas mamás, como consecuencia de esta controversia no resuelta, no quieren que sus hijos sean vacunados. Y Chile, que fue un ejemplo en el mundo por su cobertura de vacunas, ha experimentado una regresión catastrófica.
Para mí sería muy simple decir que esto es producto de la negligencia, inobservancia, impericia del Ministro de Salud y de su Cartera. Pero no es así. Pienso que el problema de fondo es que, como hay una sospecha ciudadana concreta, la gente no está vacunando a sus hijos; se resiste a hacerlo. Y, de hecho, ha habido acciones legales para intentar que las mamás vacunen a sus niños.
En el mundo entero, todos los países desarrollados han erradicado las vacunas con timerosal. Ello, porque la seguridad ciento por ciento involucra un costo económico.
En Chile, las clínicas privadas están ofreciendo vacunas sin timerosal. ¿Cuál es el punto? Que las madres que tienen dinero pueden vacunar a sus hijos con la certeza absoluta de que, más allá de la controversia, nunca van a enfrentar un problema de autismo, daño neuronal u otras complicaciones derivadas del timerosal, porque no lo usan.
Esta situación es tremendamente inequitativa, porque en los programas de vacunación de los consultorios siguen existiendo las vacunas con timerosal.
Entre las vacunas con timerosal y las que no lo contienen no hay diferencias económicas tan sustantivas. Sin embargo, el costo-país de la incertidumbre, de la falta de cobertura es mucho mayor que lo que costaría adquirir vacunas sin timerosal.
Por eso, el debate ha sido largo. Se precisa una mirada de salud pública más compleja y no la visión reduccionista que a veces se tiene, en el sentido de que primariamente es más barato, pero después es mucho más caro.
Yo creo que esto sería una gran contribución a la equidad, a la seguridad, a la tranquilidad, pero sobre todo, a volver a contar con programas de vacunación con los estándares que Chile tuvo, que eran de los mejores del mundo, y que se han perdido. Ello, porque frente a esta controversia, dado que el Estado no se abstiene de usar vacunas con timerosal y no procede con un criterio precautorio, la ciudadanía toma en sus manos las políticas y actúa de manera precautoria.
Por eso, pido segunda discusión para esta iniciativa.
Creo que muchas veces los planes en salud, cuando se miran en el corto plazo de solo poner por delante los recursos económicos, están totalmente errados. Pero acá, si se analiza en serio el costo y la eficiencia de los recursos, yo diría que Chile debe actuar como lo han hecho los países desarrollados: erradicar, de una vez por todas, las vacunas con timerosal.
Dado que se solicitó segunda discusión, que es un derecho de cada Comité, continuaré ofreciendo la palabra en la primera discusión.
Puede intervenir el Senador señor Uriarte.
Señor Presidente , el Comité Consultivo de la Organización Mundial de la Salud sobre Seguridad en las Vacunas, en resoluciones de los meses de octubre y diciembre del año 2012, señaló que la cantidad de timerosal utilizada en las vacunas no representa un riesgo para la salud de las personas.
A la misma conclusión han llegado en sus resoluciones el Instituto de Medicina de los Estados Unidos y la Academia Americana de Pediatría, el Comité del Reino Unido sobre Seguridad de la Medicina y la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos.
Efectivamente, acá hay una controversia científica, con muy buenos argumentos a favor y muy buenos argumentos en contra del uso del timerosal en las vacunas.
He querido intervenir, señor Presidente , para el solo efecto de señalar que, así como nuestra Constitución Política prohíbe en forma expresa al Congreso avocarse causas pendientes en los tribunales de justicia, o inmiscuirse en resolver contiendas comerciales, tampoco debiera resolver controversias científicas.
¡El Parlamento no debe resolver controversias de esta magnitud!
Por esa razón, en la votación efectuada en la Comisión de Salud me abstuve, porque habiendo visto, analizado y estudiado muy buenos argumentos a favor y en contra, entendí que no era tarea del legislador dirimir esta controversia, sino de la academia, del mundo científico, de la Organización Mundial de la Salud o del Instituto de Salud Pública, pero no del Congreso Nacional.
Por lo expuesto, me parece bien que la iniciativa pase también a la Comisión de Hacienda y que después de un mejor análisis la Sala pueda resolver con mayor propiedad qué actitud tomar.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.831, que creó el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares , con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8329-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 53ª, en 9 de octubre de 2012.
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 78ª, en 10 de diciembre de 2013.
El objetivo principal de la iniciativa es modificar los artículos 3° y 4° de la ley N° 19.831, que creó el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares , con el propósito de establecer que no podrán ejercer la actividad de conductor y acompañante en el transporte remunerado de escolares aquellas personas que presenten un certificado de antecedentes en que conste que hayan sido condenadas por cometer delitos de índole sexual contra menores de edad.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones deja constancia de que, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, lo discutió solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Girardi y Letelier.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del primer informe de la Comisión.
Señor Presidente , pido segunda discusión para esta iniciativa.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.418, a fin de habilitar a las juntas de vecinos para otorgar certificados de residencia, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8377-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 58ª, en 31 de octubre de 2012.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 55ª, en 10 de septiembre de 2013.
El objetivo de la iniciativa es autorizar a las juntas de vecinos para extender certificados de residencia directamente, sin intervención de otras autoridades.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió el proyecto en general y en particular, por constar de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes -Senadores señores Bianchi, Frei, Orpis y Sabag-, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , me voy a referir a este proyecto, independientemente de que como Comité de Renovación Nacional hayamos pedido -si le parece a la Mesa- retirar la solicitud de segunda discusión respecto de la iniciativa que modifica la ley que creó el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares .
Veremos con la Secretaría si ello es posible.
Sobre el texto en debate, tiene la palabra Su Señoría.
Señor Presidente , Honorable Sala, este proyecto de ley, de estructura muy simple, viene a solucionar una falencia que existía desde que se modificó la ley y estableció que Carabineros ya no emitiría certificados de residencia, pudiendo hacerlo las juntas de vecinos, pero solo si contaran con autorización de dicha institución policial, de acuerdo a la interpretación de la Contraloría General de la República.
Mediante la presente iniciativa, iniciada en moción suscrita por diversos Diputados, se soluciona tal situación al permitir que las juntas de vecinos otorguen dichos certificados sin que medie la intervención de otras autoridades o instituciones.
Se había generado una situación bastante confusa, según lo que muchas organizaciones vecinales de distintas comunas me expusieron en varias oportunidades, en el sentido de que por no tener la autorización policial -esta muchas veces se dejaba al arbitrio de las jefaturas de las respectivas unidades-, las personas que por diversos motivos requerían ese documento, no podían obtenerlo.
En los municipios tampoco se otorgaba una solución al problema, de manera que quienes necesitaban ese certificado veían frustradas sus pretensiones y quedaban en tierra de nadie.
A través de este proyecto las juntas de vecinos, que son entidades registradas en las respectivas secretarías municipales, quedan facultadas para emitir certificados de residencia, y se han adoptado los resguardos pertinentes al establecerse una sanción penal para quienes proporcionen datos falsos sobre sus domicilios, que sirvan para la emisión de los correspondientes certificados.
Por eso, y dada la necesidad de solucionar esta falencia legal, se hace necesario aprobar en general y en particular la moción, al igual como lo hizo la Comisión, de modo que se transforme en ley a la mayor brevedad, satisfaciendo así el clamor que en tal sentido han expresado muchas juntas de vecinos de mi circunscripción, entre ellas las de Viña del Mar, Concón , Valparaíso , Casablanca, San Antonio , El Tabo, El Quisco, Algarrobo.
En virtud de lo anterior, voto a favor de este proyecto de ley.
Señor Presidente , en la Comisión de Gobierno, que integro, aprobamos por la unanimidad de sus miembros esta iniciativa, originada en una moción de varios señores Diputados, que la Cámara Baja acogió por 89 votos a favor, 4 en contra y una abstención.
Este proyecto en análisis tiene como fin autorizar a las juntas de vecinos para otorgar certificados de residencia directamente, sin intervención de otras autoridades, luego de que esta función dejó de ser cumplida por Carabineros de Chile el 1° de junio del año 2012, a partir de un dictamen de la Contraloría General de la República, que determinó que la policía uniformada no estaba obligada a asumir esa responsabilidad y que, por otra parte, las juntas de vecinos requerían la autorización de dicha institución policial para extender estos certificados.
La moción originalmente contemplaba que la acreditación del domicilio podría ser realizada también por las Direcciones de Desarrollo Comunal de las municipalidades. Sin embargo, aunque eso fue descartado en la Cámara de Diputados, valdría la pena estudiar la posibilidad de reponer este aspecto, ya que otorgaría un cariz de autoridad a los certificados de residencia. Del mismo modo, no se ve la razón para no ampliar dicha facultad a las uniones comunales de juntas de vecinos u otras organizaciones territoriales y funcionales.
Como es sabido, los certificados de residencia tienen múltiples usos en operaciones crediticias, por ejemplo, y en el caso de las mudanzas, por lo que tampoco bastaría con la simple buena fe para su otorgamiento.
En ese sentido, junto con la aprobación del proyecto, habría que incorporar alguna disposición que obligue a la entidad que acredita el domicilio de las personas a comprobar la efectividad de la información que se entrega al momento de solicitar el documento.
Tales certificados -como ya señalé- tienen mucha utilidad. Y las juntas de vecinos, que realizan labores muy importantes en su territorio, son grandes colaboradoras. Es preciso destacar que sus autoridades, cuyas funciones se rigen por ley, también pueden manejar recursos públicos a través de diversos programas existentes en nuestra normativa.
Por lo tanto, al entregarles dicha facultad les estamos reconociendo la autoridad que poseen como organizaciones funcionales, las que, por lo demás, se han desempeñado muy bien.
Además, cuentan con otras atribuciones, por ejemplo, para la aprobación de alguna patente que tenga que otorgar una municipalidad, se debe requerir el visto bueno de las juntas de vecinos.
En consecuencia, la Comisión de Gobierno solicita aprobar este proyecto solo en general y dar un plazo para formular indicaciones.
Senador señor Bianchi, tiene la palabra.
Señor Presidente , en la misma línea de lo señalado por el Senador Sabag, quiero llamar, como Presidente de la Comisión de Gobierno , a votar favorablemente en general este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.418, con el objeto de habilitar a las juntas de vecinos para otorgar certificados de residencia, función que anteriormente desempeñaba Carabineros.
Hasta aquí, bien, pues les estamos endosando o entregando otra responsabilidad a los dirigentes vecinales.
A ellos, precisamente, que realizan una enorme labor de servicio público -tal como señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra-, se les debe reconocer la importante actividad que desarrollan, a la que hoy se agregará la responsabilidad de entregar certificados de residencia.
No obstante, el año pasado traté de avanzar en un proyecto de ley que siento como una necesidad urgente para las juntas de vecinos. Si bien hoy les estamos transfiriendo esta responsabilidad, no es menos cierto que tales organizaciones en la actualidad, más allá de las iniciativas en las que participan, como las relativas a mejoramiento del entorno u otras, requieren urgentemente que el Estado y el Gobierno -este y el que venga- entiendan que debe haber una compensación económica para el financiamiento de los gastos comunes que deben solventar.
Los vecinos se reúnen para apoyar obras sociales, para obtener mejoramientos en su calidad de vida; se reúnen cuando en su vecindad hay conflictos, y buscan soluciones; se reúnen para tener mejores espacios, para que haya mejor convivencia, y el Estado solo mira, pero no aporta directamente al financiamiento de los gastos comunes que precisa una junta de vecinos.
En el caso de la Región de Magallanes, la luz, el gas -cuyo precio es altísimo-, el agua -que es carísima, creo que la más cara del país-...
¡La más cara está en Atacama, señor Senador ...!
Entonces, le seguiría Magallanes, como uno de los lugares donde se paga el agua más cara.
No obstante, dichas organizaciones comunitarias tienen que pedirles a los mismos vecinos el dinero para poder financiar sus gastos, mantener sus sedes, etcétera.
Por eso, si bien hoy día les estamos entregando la responsabilidad -que sabemos van a cumplir bien- de otorgar certificados de residencia, mediante la modificación de la ley N° 19.418, siento que el Gobierno debiera entender que se requiere financiamiento -los municipios no tienen los recursos- para las unidades vecinales, y también un reconocimiento a los dirigentes vecinales, ya sea a través de un seguro en materia de salud, de transporte, que tanta falta les hace.
En cuanto al retiro de la petición de segunda discusión que hizo el Comité Renovación Nacional respecto al proyecto anterior, debo señalar que tal situación ya la resolvimos la vez pasada, en el sentido de que, por tratarse de un derecho, es posible hacerlo, pero se requiere la unanimidad de la Sala para volver a tratar y votar de inmediato dicha iniciativa.
No hay unanimidad, por lo tanto, quedará para ser vista en la sesión de mañana.
Ahora, corresponde votar en general el proyecto que nos ocupa.
--Se aprueba en general el proyecto (19 votos a favor y 2 pareos); por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte y Walker (don Patricio).
A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece obligaciones relativas a la propina en restaurantes, bares, pubs, clubes, discotecas y similares, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8932-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 47ª, en 13 de agosto de 2013.
Trabajo y Previsión Social: sesión 55ª, en 10 de septiembre de 2013.
El objetivo principal de la iniciativa es establecer la obligación del empleador de sugerir una propina a favor del trabajador o trabajadora que ejerza de garzón o garzona, equivalente al 10 por ciento del total de la cuenta de consumo en los establecimientos que atiendan público, tales como restaurantes, pubs, bares, cafeterías, discotecas, fondas y similares, la que deberá ser pagada por el cliente, salvo que manifieste su voluntad en contrario.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social deja constancia de que durante el análisis de los fundamentos del proyecto tuvo en consideración la moción de los Senadores señores Bianchi y Orpis destinada a eximir las propinas del trámite de insinuación en las donaciones y a establecer la obligación de incluir en la liquidación de remuneraciones, a título informativo, las que percibe el trabajador, posibilitando con ello la acreditación de tales ingresos.
Asimismo, hace presente que, no obstante tratarse de una iniciativa de artículo único, la discutió solo en general y acordó proponer a la Sala que adopte igual decisión, con el propósito de introducirle los perfeccionamientos necesarios durante la discusión particular.
Dicho órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Bianchi, García y Muñoz Aburto.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 6 del primer informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Señor Presidente, esta iniciativa es de origen parlamentario. De modo que quiero felicitar a los Diputados autores de la moción respectiva.
Ahora bien, se ha debatido durante mucho tiempo en torno a si debiéramos volver -porque en un momento de nuestra historia así ocurría- al establecimiento de un porcentaje obligatorio de propina para los garzones que atienden en los locales que otorgan servicio de alimentación.
Antes se incluía un porcentaje en la cuenta, pero en cierto momento eso se eliminó y la propina quedó con carácter voluntario.
En nuestro concepto, la voluntariedad debe expresarse también en una normativa que les brinde alguna seguridad económica a quienes laboran en el referido sector.
La asociación de garzones y el empresariado del turismo ven con muy buenos ojos este proyecto -la Comisión de Trabajo lo discutió largamente-, en virtud del cual se le permite al cliente expresar su voluntad en cuanto a que no se incluya en su cuenta el 10 por ciento de propina.
En todo caso, si bien se mantiene la voluntariedad, conforme a esta iniciativa los empleadores deberán sugerirles a los clientes el pago de una propina equivalente a por lo menos 10 por ciento del consumo.
Por cierto, queda abierta la posibilidad de dejar un monto mayor o menor, y también, la de hacer abstracción del pago de propina.
Yo voy a aprobar la idea de legislar, pues creo que, esencialmente, se trata de permitir que el cliente otorgue una justa retribución si es objeto de un buen servicio.
Ahora bien, señor Presidente, no puedo dejar de pensar que a otros trabajadores que también prestan servicios no se les aplicará la medida explicitada. Es el caso de los bomberos de las estaciones de bencina.
Empero, creo que estaríamos en el peor de los mundos si por aquel motivo nos negáramos a darles la posibilidad en comento a los trabajadores a que se refiere el proyecto en discusión, el que, en todo caso, debería abrir la puerta para proceder de igual manera con otros sectores de la economía nacional.
En tal sentido, anuncio que aprobaré la idea de legislar.
Señor Presidente , no hay ningún problema -me dirijo al Senador que habló recién- en que un bombero reciba una propina cuando coloca bencina en un vehículo. Nada lo impide.
Entonces, es necesario avanzar a ese y otros respectos.
Ahora bien, lo importante de la ley en proyecto es que estamos legislando en torno al mayor ingreso que percibe una persona que se dedica a determinadas labores.
A modo de ejemplo, cito el caso de las Fiestas Patrias: a los fonderos -las ramadas más grandes están en Santiago- se les cobra arriendo; y lo pagan, pues saben que habrá una retribución buena para ellos y sus trabajadores.
La gran mayoría de los restaurantes y negocios afines pagan el salario mínimo a sus garzones, quienes vía propinas aumentan sus ingresos, los que muchas veces se cuadruplican, quintuplican o sextuplican, dependiendo del establecimiento.
Por desgracia, varios locales, por tener cierto prestigio y ser muy concurridos, cobran un derecho de piso y no pagan el salario mínimo; entonces, la única posibilidad de recursos para los garzones es la propina.
En consecuencia, la propina pasa a ser, sin duda alguna, la mayor entrada que garzonas y garzones perciben por realizar su importante labor.
Ahora, tal situación se halla un tanto amarrada a la estacionalidad. En efecto, durante el verano se produce la mayor afluencia de turistas, de personas que salen a comer, etcétera. Y de allí emana el ingreso más elevado de los trabajadores en comento.
Entonces, estimo que lo mínimo que corresponde es establecer la obligación del empleador de sugerir que se les pague a los garzones una propina equivalente a por lo menos 10 por ciento del consumo.
En todo caso, hoy día está ocurriendo aquello. Y muchas veces se hace una pillería, con la que hay que tener cuidado -varios de nosotros hemos sido víctimas de ella-: al cancelar la cuenta en un restaurante agregamos el 10 por ciento sin darnos cuenta de que ya está incluida una sugerencia en tal sentido. Entonces, ¡pagamos propina dos veces!
Y hay otra pillería: algunos empresarios cancelan a fin de mes la suma de las propinas a los garzones.
Hicimos ver esa situación, que obviamente es inaceptable.
Si el cliente paga la propina al momento de cancelar su cuenta (10, 15, 20 por ciento), lo justo es que el garzón perciba su importe en el mismo momento, o por último, al cierre de la jornada, pero no al mes siguiente o 15 días después, porque ello provoca un efecto negativo en los trabajadores.
Señor Presidente , voy a señalar otro hecho significativo.
Elaboramos un proyecto, y se lo comentamos al Ministro del Trabajo , señor Juan Carlos Jobet , a quien le pareció interesante la idea allí contenida, al punto de que a pocos días la anunció.
¡Habrá dado las gracias!
No, señor Senador. Pero las dará, con toda seguridad.
Como hemos señalado, muchos garzones reciben el salario mínimo, pero incrementan sus ingresos con las propinas.
Entonces, ¿qué hacer para que esos trabajadores accedan a un préstamo hipotecario, o bien, a un crédito para estudios, si un hijo cursa una carrera universitaria o técnica y la institución pertinente les exige justificar determinados ingresos?
Hemos indicado que es perfectamente posible que el empleador, sin que le signifique una carga tributaria adicional, extienda un certificado con el promedio de los ingresos percibidos por un trabajador, documento que será factible presentar en la institución que lo requiera a los efectos de conceder un crédito.
Además, si la persona es seria, generalmente labora durante muchos años en el mismo establecimiento -salvo cuando se trata de un trabajo solo por la temporada de verano- y tiene entradas permanentes.
Entonces, la certificación de entradas por concepto de propinas ayuda directamente a quienes desarrollan la actividad de modo continuo.
Por lo tanto, llamo a votar favorablemente este proyecto de ley, en el entendido de que podríamos elaborar un texto que apuntara a satisfacer las necesidades de otros trabajadores que laboran también en el rubro servicios.
Aprobaré la iniciativa que nos convoca hoy, pero dejando en claro que es urgente que los trabajadores en comento reciban una certificación de sus ingresos mensuales por concepto de propinas, fundamentalmente para tener la oportunidad de postular a créditos habitacionales, lo que de otra manera les resulta imposible.
Señor Presidente , esta materia es de singular importancia para un número importante de chilenos y chilenas que se desempeñan en el sector de los servicios.
Como dijo el colega Tuma , en el año 41 se estableció por ley la obligación de pagar un 10 por ciento por concepto de propina. Sin embargo, ello quedó sin efecto a partir de 1981.
Ahora, el pago de una propina legal obligatoria de 10 por ciento puede no guardar ninguna relación con la calidad del servicio otorgado. En cambio, el monto de la propina voluntaria se vincula estrechamente con la atención que se recibe.
Entre paréntesis, en países desarrollados la propina alcanza a 15 por ciento. Pero no es obligatoria, sino voluntaria.
La ley en proyecto incentiva el pago de la propina al determinar que el empleador deberá sugerirla en la boleta.
Ahora, señor Presidente, cuestiones que vienen a colación.
Yo comparto todo lo que se ha dicho aquí.
Entiendo que el Senador Bianchi presentó en el pasado una moción -creo que ahora hizo referencia a ella- vinculada con la composición del ingreso de los trabajadores.
Voy a contar una anécdota a propósito de las expectativas que hay en Chile sobre lo que puede ocurrir en el futuro.
Esto me sucedió hace dos años, pero demuestra cómo el progreso de nuestro país, que es significativo, no logra resolver un problema de esta naturaleza. Y no deja de ser entretenido.
Fui a colocar bencina a mi auto, y el bombero que me atendió, quien me reconoció como actor político, me dijo -imagino que también les ha ocurrido a Sus Señorías-:
"Con usted quería hablar, Senador. Aquí yo gano el salario mínimo," (en tales casos el cerebro de uno, para anteponerse a la situación que se va a plantear, empieza a buscar rápidamente en el disco duro: aquí hay un asunto de legislación laboral) "y con propinas hago bastante más. Pero tengo que pagar la universidad a mi hija y, cuando pido un crédito que me permita hacerlo, no me reconocen ese ingreso adicional".
Sin embargo, la cuita de ese trabajador no derivaba solo de la falta de reconocimiento a sus propinas (considero posible establecer un mecanismo para reconocerlas, mientras no se coludan las partes), sino de lo siguiente -y esto me superó-: "Ello significa, Senador, que voy a tener que trabajar durante el verano para pagar la universidad a mi hija".
En definitiva, mi propósito es llamar la atención -y esto no se relaciona directamente con las propinas-, por un lado, en el sentido de que hace treinta, cuarenta años en Chile difícilmente la hija de un bombero de una bencinera accedía a la universidad, y por otro, en cuanto a que el reclamo de aquel trabajador fuera: "Tengo un problema, pues debo acreditar todos mis ingresos para obtener un crédito que me permita pagar la universidad a mi hija; si no puedo hacerlo, estaré obligado a trabajar en el verano".
Señor Presidente, el proyecto en debate incorpora algo muy importante. No lo he leído en detalle, pero entiendo que, al sugerirse en la boleta, la propina podrá imputarse como parte del ingreso del trabajador.
Es difícil, porque hay consecuencias de otro tipo.
Por ejemplo -Su Señoría tiene razón-, tributarias.
Por cierto, también podrá engañarse al sistema.
Entonces, si la idea es permitir que accedan a préstamos personas que son sujetos de crédito, ¿cómo hacemos para transparentar la situación de trabajadores que no ganan 210 mil pesos, sino, por ejemplo, 500 mil?
Sin duda, quien negocia prestando dinero procura entregar sus recursos a gente con buenos ingresos.
En consecuencia, ¿cómo hacemos para ayudar a aquel respecto?
Y me refiero no solo a los trabajadores de restoranes, sino también a los de otros servicios. Por ejemplo, a los bomberos de bencineras, en torno a los cuales podemos diseñar un sistema que no defraude al Fisco; porque sería factible una colusión entre los empleadores y los dependientes para hacer figurar propinas por cantidades superiores a las recibidas.
Entonces, aquello debe quedar acreditado de alguna forma.
Señor Presidente , concluyo sosteniendo que la solución prevista por el proyecto en debate está bien planteada: la propina sigue siendo voluntaria. Y me gusta la idea de que la boleta diga "10 por ciento". Al final uno evaluará si el servicio vale ese porcentaje, o más, o menos.
Por supuesto, votaré favorablemente.
Señor Presidente , este proyecto, que se inició en una moción de varios señores Diputados, fue aprobado en la Cámara Baja por 51 votos a favor y 2 abstenciones.
Pese a tratarse de una iniciativa de artículo único, nuestra Comisión de Trabajo la aprobó solo en general y pide que la Sala haga lo propio.
El propósito es establecer la obligación del empleador de sugerir una propina equivalente al 10 por ciento del total de la cuenta, a favor del garzón o de la garzona, en los establecimientos que atiendan público, como restoranes, pubs, bares, cafeterías, discotecas, fondas y similares, para que sea pagada por el cliente, a menos que manifieste su voluntad en contrario.
Este proyecto busca recuperar el sentido de la ley N° 7.388, de 1942, que disponía con carácter obligatorio una propina equivalente a 10 por ciento del consumo. Sin embargo, dicha normativa fue derogada en 1981 a través de la ley Nº 18.018, con lo cual la propina pasó a ser un acto voluntario.
En tal sentido, cabe enfatizar que la iniciativa en debate no repone la obligatoriedad de la propina, pero avanza en la dirección de que se reconozca la calidad del servicio con independencia de los productos adquiridos y constituye, desde otro punto de vista, un incentivo para el buen trato a los clientes.
Aparte la justicia que envuelve esta iniciativa, es del caso consignar que se requiere regular otros aspectos, como la distribución de las propinas entre todos los trabajadores de un mismo local y la forma de definir el pago de ellas en la liquidación del trabajador, tal cual se ha planteado de hecho mediante mociones similares a la que estamos considerando en esta oportunidad.
Votaré favorablemente, pero solo la idea de legislar, pues la misma Comisión de Trabajo nos pide mejorar el texto de la iniciativa a través de indicaciones.
Para fundar su voto, tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
Señor Presidente , Honorable Sala, trabajamos este proyecto con las asociaciones de garzones tanto de San Antonio cuanto de Viña del Mar. Se trata de una sentida aspiración de las personas dedicadas al rubro prestación de servicios vinculados con el turismo y la alimentación.
En aquel sentido, consideramos de toda justicia la aprobación de la idea de legislar, tal como lo pidió la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a los efectos de poder ir abordando diversas temáticas.
Sin perjuicio de ello, deseo hacer presentes algunos puntos que han planteado los propios garzones.
Primero, las propinas no siempre llegan a los trabajadores.
Por otra parte, algunos forman una especie de fondo común para repartirlo. Pero hay quejas de las asociaciones de garzones en orden a que los dineros finalmente no llegan en tiempo, forma y cantidad a quienes prestan este tipo de servicio.
A mi juicio, nos hallamos ante una antigua aspiración, en cuya satisfacción es preciso avanzar. Por tanto, pido aprobar en general el proyecto y que en el plazo para formular indicaciones se puedan abordar todas y cada una de las temáticas involucradas, entre ellas la de establecer que las propinas que se paguen vía tarjeta de crédito, cheque u otros instrumentos financieros distintos del efectivo finalmente sean recibidas por los garzones.
También soy partidario de que, en lo posible, el pago de que se trata, que tan bien les hace a los ingresos de estos trabajadores, sea una obligación legal, no solo una sugerencia.
Comparto lo expresado por el Honorable señor Lagos respecto de quienes prestan servicios en bombas de bencina y ganan el mínimo, que obtienen fundamentalmente de la propina parte importante de sus entradas. Diría que ahí es preciso seguir avanzando en establecer algún tipo de incentivo, cuestión no incorporada en el proyecto.
El aseguramiento del acceso al crédito asimismo es un aspecto relevante. Como la propina es hoy día voluntaria y no hay ningún tipo de registro de los ingresos finales de un trabajador, este queda desbancarizado y no puede acceder al crédito formal.
Por lo tanto, es preciso avanzar en la materia. Aprobemos la iniciativa en general y luego busquemos, en la discusión en particular, las medidas que permitan resguardar los aspectos planteados.
Señor Presidente , en primer lugar anuncio mi voto favorable. A mí me parece correcto mantener la voluntariedad de la propina y que esta sea un incentivo para la buena atención, la amabilidad, el trato cordial, el buen servicio, de manera que el cliente, por lo tanto, cuando se trate de un restaurante o de otros rubros similares, quiera premiar con un monto que puede ascender a 10 por ciento, pero también a más.
Manteniendo la voluntariedad y, en consecuencia, el incentivo para que los servicios entregados por los garzones sean cada día mejores, igualmente quisiera -sé que no vamos a conseguirlo en el proyecto- que en algún momento la propina fuese imponible.
Varios señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra lo han señalado: se requiere justificar ingresos al obtener un crédito, particularmente en lo habitacional; pero también es necesario registrarlos cuando el trabajador se va de vacaciones, de manera que el cálculo de la remuneración sea vinculante con lo que ha recibido vía propina. Para qué decir cuando se trata de una licencia médica y, más aún, del cálculo de una pensión. Poco pensamos en el momento de la jubilación. Y, muchas veces, solo cuando estamos cerca de esa fecha lamentamos no haber sido más previsores, no contar con un mayor ahorro previsional.
Insisto en que no vamos a conseguirlo con la iniciativa en debate, pero el día en que todos los ingresos de los trabajadores, en general, sean imponibles vamos a estar facilitando el acceso al crédito y habrá más protección social y mejores pensiones.
Sin embargo, señor Presidente , el asunto implica algunas complicaciones. Lo mencionó el Honorable señor Sabag .
Muchas veces, la propina del cliente bien atendido no necesariamente incrementa de manera directa los ingresos del garzón. Con frecuencia se forma un pozo común, que se distribuye, en distintas proporciones, entre los que trabajan en la cocina, los que realizan otro tipo de actividades y los que finalmente atienden al público. Y eso obviamente genera complejidades.
Además, como alguien lo expuso aquí, tenemos el problema de aquella que se paga mediante sistemas electrónicos, como Redcompra o tarjeta de crédito, ocurriendo a menudo que el pago es dilatado por algunos empleadores, si bien no por todos. Incluso se difiere en más de treinta días.
En la Comisión de Trabajo se encuentra una iniciativa que busca adaptar diversas normas laborales con relación a quienes se desempeñan en establecimientos turísticos, y ahí estamos regulando que en ningún caso las propinas puedan pagarse más allá de siete días cuando la cancelación haya sido efectuada por medios electrónicos.
Con todo, creo que este es un buen proyecto. La idea es sugerir la propina, que sigue siendo voluntaria. Pero no cabe ninguna duda de que probablemente muchas más personas se sentirán conminadas a dejarla por un servicio bueno, amable, de calidad.
Puede intervenir el Honorable señor Muñoz Aburto.
Señor Presidente , en la Comisión de Trabajo, que presido, me pronuncié a favor de la iniciativa. Sin embargo, diversos argumentos expuestos hoy por algunos señores Senadores me hacen repensar ese pronunciamiento.
Porque en el texto, como muy bien se señala, se mantiene la voluntariedad. Se hace referencia a una propina sugerida y a que de alguna forma los clientes son los que mejoran las remuneraciones de las personas sujetas al sistema. Es decir, no hay ninguna responsabilidad de los empleadores, que pagan el mínimo, y solo a través de lo recibido por dicho concepto el trabajador puede sobrevivir con un ingreso superior. Entonces, creo que el proyecto se presentó con la finalidad de mantener la voluntariedad establecida en 1981, cuando se conculcaron los derechos de todo este sector laboral y se derogó la obligatoriedad existente hasta ese año, como lo han mencionado aquí algunos señores Senadores.
No encuentro, en consecuencia, que la iniciativa sea innovadora. Lo habría sido el que sus autores consiguieran el patrocinio del Ejecutivo para que la propina fuese obligatoria. En el pasado se han presentado en el Congreso proyectos sobre el particular que han sido declarados inadmisibles, porque indudablemente se irroga un gasto y se necesita el patrocinio del Ejecutivo. Pienso que los Diputados autores de la moción, por tratar de evitar ese efecto, contemplaron algo ya existente: la voluntariedad. ¡Si uno entrega la propina en esa forma en cualquier restaurante, en cualquier bomba de bencina! No se necesita una ley para sugerirlo.
Me parece que la iniciativa, de una u otra manera, viene a ratificar lo hecho en contra de los trabajadores al modificarse el plan laboral en 1981. Y, por eso, estoy reconsiderando mi pronunciamiento. En la Comisión de Trabajo -y quiero decirlo con claridad- voté sin pensar.
Pero insisto en que no se innova en absoluto. Muy por el contrario. Aquí se ha señalado que los empresarios acostumbran pagar ingresos mínimos confiados en que la propina va a incrementar la remuneración de sus trabajadores. ¿Y por qué ello tiene que ser responsabilidad del cliente o de los usuarios, mas no de los primeros? ¿Por qué vamos a seguir ratificando la voluntariedad impuesta en 1981, cuando se derogó la ley N° 7.388?
A mi juicio, el que nos ocupa es un proyecto -reitero- que no les hace bien a las demandas reivindicativas que ha estado planteando el sector laboral. Considero que viene a ratificarse la práctica usual de la entrega voluntaria de propina. Al hacerse una sugerencia, se puede decir: "No quiero aceptarla". Entonces, ¿para qué va a existir un cuerpo legal que confirme la voluntariedad? No lo entiendo.
Lo expuesto por varios Senadores me ha suscitado una tremenda duda en relación con un proyecto que, en realidad, no le quita ni le pone a la situación por la cual atraviesan los trabajadores, principalmente aquellos que se desempeñan en el rubro gastronómico o en bombas de bencina.
Por eso, estimo que para poder mejorar la iniciativa en la discusión particular habrá que introducir algunas normas que, si no las patrocina el Ejecutivo , van a ser declaradas inadmisibles. He escuchado desear acá que la propina sea imponible, pero, si ello no lo propone el Gobierno, la indicación que se formule correrá esa suerte. Y el proyecto no se va a perfeccionar sino en virtud de indicaciones radicales tendientes a que se trate de un beneficio para los trabajadores.
Señor Presidente , creo que el debate sostenido hoy día grafica algunas realidades que vive en nuestro país gente que brinda un servicio directo al público, como la que trabaja en restaurantes, hoteles y otras actividades, habiéndose incluido también la que labora en bombas de bencina.
Pienso, a diferencia del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, que el proyecto es positivo, porque no establece una obligación, sino una sugerencia de porcentaje en favor de quienes atienden. De contemplarse una disposición imperativa, estaríamos ante una cuestión compleja de dilucidar, porque si uno concurre a un restaurante y quien presta servicio lo hace mal, cómo va a premiar el desempeño. Lo que procede es precisamente lo señalado en la norma: una proposición. Es el criterio al que se ciñen muchas personas para dejar una cantidad.
Pero quiero ser superclaro con los miembros de la Comisión de Trabajo. Por experiencia personal, me gustaría que en la discusión particular se determinara qué efectos generará en el trabajador la situación de que se trata, los cuales no son solo tributarios. Porque si en una boleta se incorpora el 10 por ciento que se entrega, ello se contemplará en la liquidación de sueldo y aparecerá el Servicio de Impuestos Internos.
La cuestión implica aspectos positivos y otros que no lo son tanto. Entre los primeros se incluye, como lo ha manifestado el Honorable señor Lagos, el sinceramiento de los ingresos. Ello permitirá que aquellos a quienes les resulta difícil conseguir crédito lleguen a una casa comercial y digan: "Esta es mi remuneración", sin que se trate del ingreso mínimo.
Pero también se registrarán otras consecuencias. Al subir de tramo en FONASA, por ejemplo, los beneficiarios del sistema público que se atienden en forma gratuita van a pasar de la letra A a la B o, en algunos casos, a la C, de manera que ellos o alguna de sus cargas tendrán que pagar más si enfrentan un problema de salud.
Por eso, es importante que en la tramitación se puedan determinar los efectos tanto tributarios como respecto de beneficios que tendrán que experimentar quienes se hallen sometidos al régimen de que se trata.
Señor Presidente, en verdad, de la sola lectura del informe se constata que, en materia de iniciativas parlamentarias, media una premura a veces inusitada que deja de lado lo esencial.
Las leyes tienen que ser participativas, ciudadanas. Y cuando se intenta legislar para favorecer a un sector, es preciso escucharlo. El informe solo consigna la participación del Subsecretario del Trabajo , señor Fernando Arab , y de los miembros de la Comisión. No contiene la opinión de federaciones ni de sindicatos, como tampoco de los usuarios.
Si se contempla una medida que afectará derechos de los consumidores, al existir el incentivo de un recargo de 10 por ciento, y derechos e ingresos de los trabajadores, hubiera preferido encontrar en el informe la opinión del personal de restaurantes, pubs y clubes que se desempeña, no solo en la atención de público, sino también en el otorgamiento de buen servicio. Porque, cuando se trata de un restaurante, una es la persona que ofrece la comida y lleva el plato de manera adecuada, pero quien la prepara tiene un mérito innegable. Los que están en la cocina son los artífices esenciales de la buena atención del paladar. Por lo tanto, no se trata solo de la atención de quien brinda la cortesía de servir la mesa.
Me parece que las variables que ello implica requieren que el proyecto sea analizado. La iniciativa va a volver a la Comisión y quiero escuchar a los trabajadores.
La propina era una obligación legal en 1981, derogada por la ley N° 18.018 durante la Dictadura. No había Congreso. Tal vez se pensó -regía el toque de queda en esos tiempos- que la gente podía concurrir más a los locales al rebajarse los costos: ya había un 10 por ciento de descuento de manera legal. Pero creo que hoy día se requiere una visión distinta.
Quiero saber cuánto invierten los empleadores en capacitación de los trabajadores que atienden la mesa; en mejoramiento de las condiciones y la capacidad de quienes laboran en la cocina.
Quiero saber qué hacemos por el turismo en políticas más globales. Porque resulta claro que donde tiene mayor efecto la medida que nos ocupa no es en establecimientos que atienden ni a la clase media ni a los trabajadores comunes. Donde ella constituye un elemento esencial es en la atención al turista, a los que vienen de afuera. ¡Porque vaya a explicarse a los gringos que se trata de algo no obligatorio, sino sugerido! ¡Van a pagar lo que se ponga! Por lo tanto, la obligación sería casi expresa en ese caso.
La distinción entre imperatividad y sugerencia encontrará una dificultad. En efecto, algunas personas se desempeñarán en establecimientos donde la mayoría pagará el 10 por ciento como norma permanente, en tanto que en otros la sugerencia será cuestionada y eludida.
Llamo la atención respecto de que se podrían fijar disposiciones sobre el fondo común para que tuviera lugar una distribución equitativa al interior del propio establecimiento y existiese claridad en el aspecto previsional. Soy partidario de que se cotice por lo que se gana. Pero, en tal caso, ocurrirá lo que pasó cuando yo era miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. En una oportunidad dijimos que había que capacitar a todos los trabajadores a fin de que terminaran su cuarto medio, para lo cual elaboramos e impulsamos programas financiados, de manera transversal, por la Ley de Presupuestos. Sin embargo, el resultado fue que, una vez concluida su enseñanza media, perdieron montones de beneficios. ¡Se los castigó!
Yo no quisiera votar un proyecto de ley para favorecer a los trabajadores y que estos, por una propina incierta, irregular, flexible, voluntaria, luego tuvieran que renunciar a beneficios adquiridos por su condición económica. Esta no variará demasiado si la propina se establece como algo voluntario. Pero, dependiendo de su incorporación o no a las remuneraciones oficiales de los trabajadores, sí puede haber movimientos que los afecten.
Deseo señalar además, señor Presidente , que aquí el asunto es claro: se trata de una relación no entre empleador y trabajador, sino entre cliente y trabajador. Y esto, en mi opinión, también requiere una adecuada normalización. Porque muchas veces el servicio no se brinda debido a que no existen las condiciones mínimas para ello.
Por tanto, hay una gran responsabilidad del empleador para que la atención sea de calidad, y eso debiera estar presente en la medida en que la propina fuera una variable interesante. La idea es que se proporcionen manteles limpios, servicio limpio, una cocina adecuada, iluminación, calefacción. Es decir, se precisa disponer de un conjunto de elementos que permitan que la atención sea un todo integral.
De otra parte, la ausencia de las federaciones de trabajadores, de afiliados relacionados con los rubros aquí implicados y la no participación de las asociaciones de usuarios, que son entidades de los clientes, me llevan a expresar que estamos en presencia de una iniciativa bienintencionada, pero de resultado final incierto.
Soy partidario de beneficiar, apoyar, desarrollar, capacitar y hacer que los trabajadores del área de servicio gastronómico se rijan por el axioma de que "a mayor esfuerzo, mayor beneficio". Y esto debe ser compartido entre el cliente y el dueño del restorán, por los motivos que ya mencioné.
En definitiva, se trata de una iniciativa que parece bien encaminada, pero que presenta áreas que pueden resultar lesivas o no del todo convenientes para el trabajador.
En consecuencia, señor Presidente, estimo pertinente el regreso del proyecto a la Comisión de Trabajo.
Debo decir que la siempre necesaria y obligatoria participación de los interesados directos, que lamentablemente no se produjo, pudo a lo menos haber facilitado este debate. De haber estado presentes las federaciones de trabajadores, habríamos podido conocer su opinión. Y lo mismo es posible decir de las asociaciones de usuarios.
Sobre el particular, mi pregunta es: ¿por qué seguimos impulsando leyes sin participación ciudadana ni de los directamente beneficiados o afectados?
En mi próximo período -mi mandato fue renovado por la ciudadanía por ocho años más- espero hacer parlamentarismo ciudadano. Y me he comprometido con mis electores de la Región del Biobío a discutir los proyectos de ley con ellos.
En todo caso, las Comisiones, donde se analizan las iniciativas legales, son de carácter público. Sin embargo, si uno mete a cuatro dirigentes a una de esas salas, se llena y no hay por dónde pasar. Lo mismo acontece en los concejos municipales, que revisten carácter público, pero que cuentan con instalaciones tan estrechas que, al final, nadie puede participar.
Nosotros deberíamos tener, como lo vimos en Londres, recintos con capacidad para la asistencia de 300 personas, que puedan observar cómo se debate y cómo se vota. Y particularmente esto último, que es el aspecto esencial de las Comisiones, donde se construye la ley y se define en lo medular la posición de los parlamentarios, más que el voto en la Sala, que es un pronunciamiento general que en numerosas oportunidades confunde.
Señor Presidente , espero recabar en la Región del Biobío la opinión de trabajadores y de usuarios, y que estos sean invitados a la Comisión de Trabajo, como también los empleadores, para ver cómo van a reaccionar. Hay empleadores "buena onda", otros no tanto; hay quienes desean regulaciones y otros que no; hay empleadores que tratan bien a sus trabajadores y otros no mucho.
Por consiguiente, aquí debería haber una mancomunión que incluyera asimismo a los empleadores. Estos tampoco han sido consultados. Y, a mi juicio, sería justo escucharlos a fin de saber lo que piensan para el desarrollo del turismo, para beneficio de la atención al cliente, para brindar un mejor servicio. Esto puede ser hecho mancomunadamente con los trabajadores y, por cierto, con el respeto de los usuarios, quienes deberían tener un nivel de formación y conducta que también fuera retribuido.
Cabe destacar que en el proyecto se excluye a los autoservicios. Y esto es importante: cuando uno acude a estos locales no paga propina. Sin embargo, los trabajadores que preparan los alimentos y los que atienden al público realizan igualmente su mejor esfuerzo. Entonces ¿por qué no pueden recibir el mismo beneficio de la propina si emplean similar esfuerzo que los otros, solo que más allá del mostrador, no al lado de afuera?
Esos temas, señor Presidente , me hacen concluir que este proyecto persigue una buena intención, pero que también presenta dificultades y áreas de incertidumbre que más vale revisar.
Por eso me abstendré.
Como manifesté, voy a desarrollar un proceso de tarea legislativa ciudadana con los actores. Y espero que la Comisión de Trabajo pueda dar el espacio para que ellos concurran a expresar su opinión, de tal manera de analizar el aspecto de fondo: cómo mejoramos los ingresos de los trabajadores del sector de comercio y de servicios, de pubs, restoranes y clubes, y cómo cautelamos los derechos de los usuarios para que no vean encarecida una mala atención, como aquí se ha señalado.
Uno premia la buena atención, pero, del mismo modo, debe premiar a los buenos empleadores y a los buenos trabajadores.
--Se aprueba en general el proyecto (14 votos favorables, 2 abstenciones y 3 pareos).
Votaron por la afirmativa la señora Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, García, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín ( don Hernán), Orpis, Prokurica, Sabag y Tuma.
Se abstuvieron los señores Muñoz Aburto y Navarro.
No votaron, por estar pareados, los señores Coloma, Novoa y Pizarro.
Por haber llegado su hora de término, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro de Hacienda, para que informe acerca de NÚMERO DE FUNCIONARIOS DE PLANTA, A CONTRATA Y A HONORARIOS EN CADA REPARTICIÓN PÚBLICA DE REGIÓN DE ATACAMA, y sobre CUMPLIMIENTO DE INCISO SEGUNDO DE ARTÍCULO 10 DE ESTATUTO ADMINISTRATIVO;
al señor Ministro de Bienes Nacionales, solicitando antecedentes sobre PROCESO DE COMPRAVENTA DE TERRENO FISCAL ARRENDADO A SINDICATO DE COMERCIANTES DE COPIAPÓ,
y al señor Intendente de Atacama, para que proporcione información acerca de REGULARIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE BORDE COSTERO EN PROVINCIA DE COPIAPÓ, EN PARTICULAR DE SECTOR BARRANQUILLA.
Al señor Alcalde de Puerto Natales, pidiéndole REVALUACIÓN DE POSIBLE RESOLUCIÓN SOBRE TRÁNSITO VEHICULAR PERMANENTE EN CALLE PEDRO MONTT, y
al señor Director de CONAF, solicitándole PRONTA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA DE TRÁNSITO EN PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE (ambos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena).
Al señor Director General de Relaciones Económicas Internacionales, a fin de que proporcione antecedentes relativos a PRESENTACIÓN SOBRE EVENTUAL ATENTADO DE MINERA ESCONDIDA LIMITADA CONTRA PRINCIPIOS DE LA OCDE PARA EMPRESAS MULTINACIONALES.
Al señor Director General de Aguas, para que informe respecto de MEDIDAS ADOPTADAS ANTE DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES EN OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE AGUA EN RÍO MATANCILLA (Región de Coquimbo).
--Se levantó la sesión a las 19:21.