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Timestamp: 2019-09-17 12:51:27
Document Index: 22985087

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 48', 'artículo 69', 'artículo 118', 'artículo 69', 'artículo 69']

de 14 de septiembre de 2010 (*)
«Recurso de casación – Competencia – Diligencias de prueba – Facultades de verificación de la Comisión – Protección de la confidencialidad de las comunicaciones – Relación laboral entre un abogado y una empresa – Intercambios de correos electrónicos»
En el asunto C‑550/07 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 30 de noviembre de 2007,
Akzo Nobel Chemicals Ltd, con domicilio social en Hersham (Reino Unido),
Akcros Chemicals Ltd, con domicilio social en Hersham,
representadas por Me M. Mollica, avocate, posteriormente por Me M. van der Woude, avocat, y por el Sr. C. Swaak, advocaat,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por las Sras. V. Jackson y E. Jenkinson, en calidad de agentes, asistidas por el Sr. M. Hoskins, Barrister,
Irlanda, representada por el Sr. D. O’Hagan, en calidad de agente, asistido por el Sr. M. Collins, SC, que designa domicilio en Luxemburgo,
Reino de los Países Bajos, representado por la Sra. C. Wissels y por los Sres. Y. de Vries y M. de Grave, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes en el procedimiento de casación,
Comisión Europea, representada por los Sres. F. Castillo de la Torre y X. Lewis, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
Conseil des barreaux européens, con sede en Bruselas, representado por el Sr. J. Flynn, QC,
Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, con sede en La Haya, representado por los Sres. O. Brouwer y C. Schillemans, advocaten,
European Company Lawyers Association, con sede en Bruselas, representada por los Sres. M. Dolmans y K. Nordlander, avocats, y por el Sr. J. Temple Lang, Solicitor,
American Corporate Counsel Associaton (ACCA) – European Chapter, con sede en París, representada por el Sr. G. Berrisch, Rechtsanwalt, designado por el Sr. D. Hull, Solicitor,
International Bar Association, con sede en Londres, representada por Mes J. Buhart e I. Michou, avocats,
integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts y J.‑C. Bonichot, la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente) y el Sr. E. Levits, Presidentes de Sala, y los Sres. A. Rosas, U. Lõhmus, M. Safjan y D. Šváby, Jueces;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de febrero de 2010;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de abril de 2010;
1 En su recurso de casación, Akzo Nobel Chemicals Ltd (en lo sucesivo, «Akzo») y Akcros Chemicals Ltd (en lo sucesivo, «Akcros») solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 17 de septiembre de 2007, Akzo Nobel Chemicals Ltd y Akcros Chemicals Ltd/Comisión (T‑125/03 y T‑253/03, Rec. p. II‑3523; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), en la medida en que el Tribunal desestimó la petición de protección de la confidencialidad de las comunicaciones con el asesor jurídico interno de Akzo.
I. Derecho de la Unión
2 El artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), establece:
«1. En el cumplimiento de las tareas que le son asignadas por el artículo [105 TFUE] y por las disposiciones adoptadas en aplicación del artículo [103 TFUE], la Comisión podrá proceder a cuantas verificaciones considere necesarias en las empresas y las asociaciones de empresas.
A este fin, los agentes acreditados por la Comisión estarán facultados para:
d) acceder a los locales, terrenos y medios de transporte de las empresas.
2. Los agentes acreditados por la Comisión para efectuar esas verificaciones ejercerán sus facultades en base a la presentación de un mandato escrito […]
3. Las empresas y asociaciones de empresas deberán someterse a las verificaciones que la Comisión haya ordenado mediante decisión. En ésta se señalará el objeto y la finalidad de la verificación, se fijará la fecha en la que dará comienzo y se indicarán las sanciones […] así como el recurso [que quepa interponer] ante el Tribunal de Justicia contra la decisión.
3 En la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia resumió los hechos pertinentes de la siguiente forma:
«1 El 10 de febrero de 2003, la Comisión adoptó la Decisión C(2003) 559/4, que modifica su Decisión C(2003) 85/4, de 30 de enero de 2003, mediante las que se ordena a Akzo […] a Akcros […] y a sus filiales respectivas que se sometan a verificaciones con arreglo al artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17, […] con objeto de recabar pruebas de eventuales prácticas contrarias a la competencia (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, “Decisión que ordena la verificación”).
2 Los días 12 y 13 de febrero de 2003, funcionarios de la Comisión asistidos por representantes de la Office of Fair Trading (OFT, autoridad británica de defensa de la competencia) llevaron a cabo, basándose en la Decisión que ordena la verificación, una inspección en los locales de las demandantes situados en Eccles, Manchester (Reino Unido). Durante dicha inspección, los funcionarios de la Comisión hicieron copias de numerosos documentos.
3 En el curso de dichas operaciones, los representantes de las demandantes indicaron a los funcionarios de la Comisión que algunos de los documentos podían estar amparados por la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes (legal professional privilege o “LPP”).
4 Los funcionarios de la Comisión respondieron a los representantes de las demandantes que necesitaban consultar someramente los documentos de que se trataba para poderse formar su propia opinión sobre la protección de que eventualmente debían gozar dichos documentos. Al término de una larga discusión, y después de que los funcionarios de la Comisión y de la OFT hubieran recordado a los representantes de las demandantes las consecuencias que podían derivarse de una obstrucción a las operaciones de inspección, se decidió que el responsable de la inspección consultara someramente los documentos de que se trataba en presencia de un representante de las demandantes.
5 Durante el examen de los documentos en cuestión se produjo una discrepancia en relación con cinco documentos, que finalmente fueron objeto de dos trámites diferentes por parte de la Comisión.
8 El tercer documento que suscitó discrepancia está constituido por una serie de notas manuscritas del Director General de Akcros […] que, según las demandantes, fueron redactadas con ocasión de conversaciones mantenidas con empleados y utilizadas para la redacción del memorando mecanografiado de la serie A. Finalmente, los dos últimos documentos de que se trata son dos correos electrónicos entre el Director General de Akcros […] y el Sr. S., coordinador de Akzo […] para el Derecho de la competencia. Este último es un abogado inscrito en un Colegio de Abogados neerlandés que, en el momento de producirse los hechos, pertenecía a los servicios jurídicos de Akzo […] y, en consecuencia, estaba empleado de forma permanente por dicha empresa.
9 Tras haber examinado estos tres últimos documentos y oído las explicaciones de las demandantes, la responsable de la inspección consideró que ciertamente no estaban protegidos por la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes. En consecuencia, hizo copias de ellos y las incorporó al resto del expediente sin aislarlas en sobre lacrado. Las demandantes designaron estos tres documentos como pertenecientes a la “serie B”.
10 El 17 de febrero de 2003, las demandantes hicieron llegar a la Comisión un escrito en el que exponían las razones por las cuales, a su entender, tanto los documentos […] de la serie B estaban protegidos por la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes.
11 Mediante escrito de 1 de abril de 2003, la Comisión informó a las demandantes de que los argumentos formulados en su escrito de 17 de febrero de 2003 no le permitían concluir que los documentos de que se trataba estuvieran efectivamente amparados por la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes. La Comisión indicó, sin embargo, que las demandantes tenían la posibilidad de presentar observaciones sobre estas conclusiones preliminares en un plazo de dos semanas, al término del cual la Comisión adoptaría una decisión final.
14 El 8 de mayo de 2003, la Comisión adoptó la Decisión C(2003) 1533 final, por la que denegaba la solicitud de protección de los documentos controvertidos en virtud de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes, basándose en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17 (en lo sucesivo, “Decisión denegatoria de 8 de mayo de 2003”). En el artículo 1 de dicha Decisión, la Comisión deniega la solicitud de las demandantes de que se les devuelvan […] los documentos […] de la serie B y de que la Comisión confirme que ha procedido a la destrucción de cuantas copias de los mencionados documentos obraban en su poder […]
18 El 8 de septiembre de 2003 […] a requerimiento del Presidente del Tribunal de Primera Instancia, la Comisión remitió al Presidente, en pliego confidencial, una copia de los documentos de la serie B […].»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
4 Los dos recursos interpuestos por las demandantes ante el Tribunal de Primera Instancia, respectivamente el 11 de abril y el 4 de julio de 2003, tenían por objeto, en primer lugar, que se anulara la Decisión de la Comisión C(2003) 559/4, de 10 de febrero de 2003, y, si resultara necesario, la Decisión de la Comisión C(2003) 85/4, de 30 de enero de 2003, que ordenaba a Akzo y Akcros y a sus filiales respectivas que se sometieran a verificaciones con arreglo al artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17 (asunto COMP/E-1/38.589) y, por otro lado, que se ordenara a la Comisión la devolución de determinados documentos incautados durante la inspección de que se trataba y que se le prohibiera utilizar el contenido de los mismos (asunto T‑125/03), y, en segundo lugar, que se anulara Decisión denegatoria de 8 de mayo de 2003 (asunto T‑253/03).
5 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso de anulación de la Decisión que ordena la verificación (asunto T‑125/03) y desestimó por infundado el recurso de anulación de la Decisión denegatoria de 8 de mayo de 2003 (asunto T‑253/03).
IV. Pretensiones de las partes
6 Akzo y Akcros solicitan al Tribunal de Justicia que:
– Anule la sentencia recurrida en la medida en que ésta desestima la pretensión relativa a la protección de la confidencialidad de las comunicaciones con el abogado interno de Akzo.
– Anule la Decisión denegatoria de la Comisión de 8 de mayo de 2003, en la medida en que ésta deniega la devolución de la correspondencia electrónica mantenida con el abogado interno de Akzo (que formaban parte de los documentos de la serie B).
– Condene a la Comisión al pago de las costas tanto del presente recurso de casación como de las ocasionadas por el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que se refieren al motivo formulado en el presente recurso de casación.
7 El Conseil des barreaux européens, parte coadyuvante en primera instancia, solicita al Tribunal de Justicia que:
– Anule la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia niega que la correspondencia entre Akzo y el Sr. S. puedan ampararse en el principio de confidencialidad, y anule la Decisión denegatoria de 8 de mayo de 2003 en esta medida o, subsidiariamente, si el Tribunal de Justicia entendiera que el estado de esta cuestión no le permite dirimir la demanda, la devuelva al Tribunal General.
– Condene a la Comisión al pago de las costas en que ha incurrido esta parte coadyuvante en el procedimiento de casación y en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que se refieren a la cuestiones planteadas en el recurso de casación.
8 El Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, parte coadyuvante en primera instancia, solicita al Tribunal de Justicia que:
– Anule la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia desestima el motivo formulado por Akzo respecto a la falta de protección de los dos correos intercambiados entre el Director General de Akcros y el abogado interno de Akzo por el principio de Derecho comunitairo de protección del secreto de la correspondencia entre abogado y cliente, debido a la relación laboral entre el abogado interno y Akzo.
– Condene a la Comisión al pago de las costas en que incurrió esta parte coadyuvante en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y en el presente recurso de casación.
9 La European Company Lawyers Association, parte coadyuvante en primera instancia, solicita al Tribunal de Justicia que:
– Anule la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia declara que la correspondencia entre Akcros y el miembro del departamento jurídico de Akzo no estaba amparada por el privilegio de la confidencialidad de las comunicaciones.
– Condene a la Comisión al pago de las costas en que esta parte coadyuvante hubiera incurrido.
10 La American Corporate Counsel Association (ACCA) – European Chapter, parte coadyuvante en primera instancia, solicita al Tribunal de Justicia que:
– Anule la sentencia recurrida, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia desestima la pretensión de protección del secreto de los correos electrónicos con el abogado interno de Akzo (parte de los documentos de la serie B).
– Anule la Decisión denegatoria de 8 de mayo de 2003, en la medida en que deniega la devolución a las demandantes de la copia de estos correos electrónicos o, subsidiariamente, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.
– Condene a la Comisión al pago de las costas del recurso de casación y del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia en la medida en que se refieren al motivo planteado en el presente recurso de casación.
11 La International Bar Association, parte coadyuvante en primera instancia, solicita el Tribunal de Justicia que:
– Anule la sentencia recurrida en la medida en que priva del beneficio de la confidencialidad a los correos electrónicos de la serie B intercambiados entre Akzo y el Sr. S.
– Condene a la Comisión al pago de las costas en que incurra la International Bar Association en el procedimiento de casación y en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en la medida en que se refieran a las cuestiones examinadas en el marco del recurso de casación.
12 El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Irlanda y el Reino de los Países Bajos, partes coadyuvantes en el procedimiento de casación, se adhieren a las pretensiones formuladas por Akzo y Akcros.
V. Sobre el recurso de casación
A. Sobre el objeto del recurso de casación
14 El recurso de casación se refiere exclusivamente a una parte de los documentos de la serie B, en concreto, los dos correos electrónicos entre el Director General de Akcros y el Sr. S., que, en el momento en que se llevó a cabo la verificación en los locales de las demandantes en el Reino Unido, estaba empleado en el servicio jurídico de Akzo, sociedad británica, e inscrito en el Colegio de Abogados de los Países Bajos. La Comisión ha aportado a los autos copias de estos correos electrónicos.
15 La Comisión ha indicado, sin que las recurrentes la contradigan sobre este particular, que, en su Decisión de 11 de noviembre de 2009, mediante la que se impusieron multas en el marco del procedimiento que dio lugar a las verificaciones realizadas en 2003 en los locales de Akzo y de Akcros [asunto COMP/38.589 – estabilizadores térmicos; SEC(2009) 1559 y SEC(2009) 1560], no se basó en los dos correos electrónicos controvertidos. Tampoco ha sido rebatida la afirmación de la Comisión de que no se produjo ningún intercambio de información con las autoridades nacionales de competencia respecto a estos correos electrónicos.
B. Sobre el interés en ejercitar la acción de las partes recurrentes
16 En primer lugar, la Comisión se pregunta si Akzo y Akcros tienen interés en ejercitar la acción. Opina que los dos correos electrónicos no cumplen el primer requisito de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes, enunciada en los apartados 21 y 23 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1982, AM & S/Comisión (155/79, Rec. p. 1575), de que se trate de asesoramiento jurídico solicitado y proporcionado en el marco del ejercicio de los derechos de defensa. Afirma que el primer correo sólo es una solicitud de comentarios relativos a un proyecto de carta destinada a un tercero. El segundo correo contiene simples cambios de redacción.
17 Por consiguiente, la Comisión entiende que, en todo caso, los dos correos no pueden quedar protegidos como correspondencia jurídica entre abogado y cliente.
18 A continuación, la Comisión afirma que las recurrentes no alegan que los documentos controvertidos cumplan el primer requisito de confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes, enunciada en los apartados 21 y 23 de la sentencia AM & S/Comisión, antes citada.
19 Por último, la Comisión añade que el interés en ejercitar la acción de Akzo y Akcros desapareció a más tardar en la fecha de su Decisión de imposición de multa de 11 de noviembre de 2009.
20 Akzo y Akcros responden que el contenido de los dos correos electrónicos nunca fue analizado por el Tribunal de Primera Instancia. Afirman que éste confirmó la Decisión denegatoria de 8 de mayo de 2003, al declarar que los documentos controvertidos no podían acogerse a la protección de la confidencialidad porque no constituían correspondencia con un abogado externo. Entienden que, además, esta Decisión no excluyó la protección de la confidencialidad por razón del contenido de los documentos controvertidos, sino únicamente sobre la base del estatuto del abogado de que se trataba.
21 Akzo y Akcros deducen de todo ello que la cuestión de si los dos correos electrónicos cumplen el primer requisito exigido para acogerse a la protección de la confidencialidad es una cuestión fáctica que aún no ha sido dilucidada. Esta cuestión no puede resolverse en este procedimiento, puesto que éste se limita a las cuestiones de Derecho.
22 Para responder a la excepción propuesta por la Comisión es preciso recordar que el interés en ejercitar la acción constituye un requisito de admisibilidad, que debe subsistir hasta que se dicte la resolución judicial sobre el fondo (véase la sentencia de 17 de abril de 2008, Flaherty y otros/Comisión, C‑373/06 P, C‑379/06 P y C‑382/06 P, Rec. p. I‑2649, apartado 25 y jurisprudencia citada).
23 El Tribunal de Justicia también ha precisado que la existencia de tal interés en ejercitar la acción supone que el recurso de casación pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto (véanse las sentencias de 3 de abril de 2003, Parlamento/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, apartado 28, y de 7 de junio de 2007, Wunenburger/Comisión, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, apartado 42, y el auto de 8 de abril de 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Comisión, C‑503/07 P, Rec. p. I‑2217, apartado 48 y jurisprudencia citada).
24 Por lo que se refiere al presente recurso de casación, la afirmación de la Comisión de que los dos correos electrónicos entre el Director General de Akcros y el Sr. S. no pueden acogerse manifiestamente a la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes no afecta al interés de las recurrentes en ejercitar la acción. En efecto, tal alegación, destinada a demostrar que el Tribunal de Primera Instancia actuó conforme a Derecho al declarar que los dos correos electrónicos de que se trata no podían ampararse en la protección de la confidencialidad entre abogados y clientes, no es una cuestión de la admisibilidad, sino de la fundamentación del recurso de casación.
25 En cuanto a la tesis de la Comisión de que la adopción de la Decisión de 11 de noviembre de 2009, antes citada, hizo desaparecer el interés de las recurrentes en incoar el presente procedimiento, es preciso recordar que, mediante la Decisión denegatoria de 8 de mayo de 2003 objeto de la sentencia recurrida, la Comisión denegó la solicitud de las recurrentes destinada, en particular, a que se le devolvieran los dos correos electrónicos intercambiados entre el Director General de Akcros y el Sr. S. y a que la Comisión confirmara la destrucción de todas las copias de estos documentos que obraran en su poder. La eventual violación de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes en las verificaciones no se produce cuando la Comisión, en una decisión sobre el fondo, se basa en un documento protegido, sino desde el momento en el que un funcionario de la Comisión se apropia de tal documento. En estas circunstancias, el interés de las partes recurrentes en ejercitar la acción existe al menos mientras la Comisión esté en posesión de los documentos a que se refiere la Decisión denegatoria de 8 de mayo de 2003 o una copia de ellos.
26 En estas circunstancias, Akzo y Akcros tienen interés en ejercitar la acción en el marco del presente asunto.
92 Procede recordar que el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones, en particular a multas o a multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha puesto de relieve en varias ocasiones (véanse las sentencias de 2 de octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, apartado 30; de 29 de junio de 2006, Showa Denko/Comisión, C‑289/04 P, Rec. p. I‑5859, apartado 68, y de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, apartado 68), y ha sido consagrado en el artículo 48, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.
100 Procede recordar que el principio de seguridad jurídica constituye un principio general del Derecho de la Unión que exige, en particular, que una normativa que entrañe consecuencias desfavorables para los particulares deba ser clara y precisa y su aplicación previsible para los justiciables (véanse las sentencias de 14 de abril de 2005, Bélgica/Comisión, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, apartado 30; de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, apartado 79, y de 14 de enero de 2010, Stadt Papenburg, C‑226/08, Rec. p. I‑0000, apartado 45).
103 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el Derecho de la Unión y el Derecho nacional en materia de competencia consideran las prácticas restrictivas bajo aspectos diferentes. Mientras que los artículos 101 TFUE y 102 TFUE las contemplan en razón de los obstáculos que de ellas pueden derivarse para el comercio entre los Estados miembros, las legislaciones internas, inspiradas por consideraciones propias a cada una de ellas, valoran las prácticas restrictivas solamente en ese marco (en este sentido, véase la sentencia de 16 de julio de 1992, Asociación Española de Banca Privada y otros, C‑67/91, Rec. p. I‑4785, apartado 11).
106 Por consiguiente, el hecho de que, en el marco de una verificación realizada por la Comisión, la protección de las comunicaciones se limite a la correspondencia mantenida con abogados externos no viola el principio invocado por Akzo y Akcros.
113 Procede recordar que, conforme al principio de autonomía nacional de procedimiento, ante la inexistencia de una normativa comunitaria en esta materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de diciembre de 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, apartado 5; de 19 de junio de 1990, Factorame y otros, C‑213/89, Rec. p. I‑2433, apartado 19; de 14 de diciembre de 1995, Peterbroeck, C‑312/93, Rec. p. I‑4599, apartado 12, y de 11 de septiembre de 2003, Safalero, C‑13/01, Rec. p. I‑8679, apartado 49).
123 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha solicitado la condena en costas de Akzo y Akcros y que los motivos invocados por éstas se han desestimado, procede condenarlas al pago de las costas del presente procedimiento. Puesto que han interpuesto el recurso de casación conjuntamente, deberán soportar estas costas solidariamente.
124 El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Irlanda y el Reino de los Países Bajos, como partes coadyuvantes en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, cargarán con sus propias costas, conforme al artículo 69, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento.
125 Las otras partes del procedimiento que han apoyado el recurso de casación y cuyas pretensiones han sido desestimadas, cargarán con sus propias costas por aplicación analógica del artículo 69, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento.
2) El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Irlanda y el Reino de los Países Bajos cargarán con sus propias costas.
3) El Conseil des barreaux européens, el Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, la European Company Lawyers Association, la American Corporate Counsel Association (ACCA) – European Chapter y la International Bar Association cargarán con sus propias costas.
4) Por lo demás, Akzo Nobel Chemicals Ltd y Akcros Chemicals Ltd cargarán de forma solidaria con las costas procesales.