Source: http://proteccionmaternidad.blogspot.com/2010/10/c-543-de-2010-mp-mauricio-gonzalez.html
Timestamp: 2017-06-28 03:47:33
Document Index: 219757061

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GUÍA DE PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD: C-543 DE 2010 M.P Mauricio González Cuervo
Sentencia C-543/10(Junio 30; Bogotá D.C.)Fuente: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-543-10.htm Referencia: Expediente D-7971
Demanda de inconstitucionalidad: contra el numeral 4º del artículo 34 de la Ley 50 de 1990 modificatoria del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo.Demandante: Dubis Carmiña Cantor García.
LEY 50 DE 1990(diciembre 28)[1]
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.(…)“ARTICULO 34. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así:
ARTICULO 236. DESCANSO REMUNERADO EN LA EPOCA DEL PARTO.1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de doce (12) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.
Estima que el precepto acusado desconoce esta segunda faceta del derecho a la igualdad por cuanto establece de iureun trato discriminatorio. No encuentra la actora motivo que justifique el que la protección contemplada en el ordenamiento al que pertenece el precepto acusado solo sea extensible a los hijos adoptivos menores de siete (7) años. Para ella, esta distinción “marca claramente un manejo discriminatorio” que contradice lo establecido en el artículo 13 de la Carta Política. En su opinión, “la Madre adoptante de un menor de siete (7) años le son aplicables (sic) los mismos beneficios legales otorgados a la Madre Biológica, pero se excluyen los mismos a las Madres que deciden adoptar un menor de edad que supere los siete (7)”, No encuentra la demandante que exista una razón lógica y razonable para establecer tal distinción pues considera que “quien adopta un menor que supere la edad en mención, tiene las mismas necesidades, deberes, compromisos, responsabilidades y sobre todo, DERECHOS, los cuales de igual manera se traducen respecto del menor, quien para ingresar a un entorno o contexto familiar, requiere del tiempo, esmero y dedicación que le es negado por la consagración legal impugnada”.
Advierte que frente a este tema es indispensable distinguir, de un parte, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y, de otra, el derecho de la madre adoptante quien “al igual que la madre biológica supone disponer de un periodo para estar con su hijo adoptivo, integrarlo en la nueva familia, crear los lazos afectivos necesarios y ofrecer el soporte y guía necesarios frente a la nueva situación familiar del menor”. Encuentra que aún cuando el numeral cuarto del precepto acusado “garantiza de cierta manera éstos derechos, la designación del límite de edad de siete años impuesto por el legislador para el disfrute de la licencia de maternidad no parece obedecer a criterio social o físico que respalde tal discriminación”. En opinión del interviniente, la responsabilidad que se origina frente a los niños y niñas mayores de siete años vinculada con la necesidad de garantizarles una adecuada iniciación “en su nueva vida familiar”exige, incluso, igual o mayor atención que la que requiere el hijo o la hija recién nacidos, “todo esto de la mano de la estabilidad laboral durante el tiempo que la Ley concede para la licencia de maternidad”.
En general, indica la intervención que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que aún cuando la edad no constituye un criterio de diferenciación sospechoso, cualquier distinción que se realice con sustento en dicho criterio ha de estar debidamente justificado y ha de encaminarse a ampliar el margen de protección y no a disminuirlo. Por lo anterior, considera la interviniente que no existe motivo objetivo que permita trazar una distinción entre los niños, las niñas menores de siete años y los y las mayores de dicha edad en punto a la protección especial que ellos y ellas requieren para facilitar“su formación y adaptación a un nuevo entorno familiar como consecuencia de su adopción y, por el contrario, aclarándose que requieren la misma atención y amparo que los niños menores de 7 años de edad en iguales circunstancias”. Así las cosas, la expresión acusada debe ser declarada inexequible.
4.11. En ese orden de ideas, ha subrayado la jurisprudencia constitucional que todas las distinciones trazadas por la legislación respecto de la niñez apuntan y deben dirigirse siempre a ampliar la protección “de acuerdo con la esfera volitiva e intelectual del niño, niña o adolescente”. Esta línea de pensamiento ha sido sostenida por la Corte Constitucional en varios de sus pronunciamientos. Al respecto, ha hecho hincapié la Corporación en la situación de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta en que suelen encontrarse los niños, las niñas y los adolescentes, así como ha puesto énfasis en la necesidad de otorgarles protección tanto en el ámbito familiar como en al campo social y estatal,“buscando con ello garantizarles un tratamiento preferencial y asegurarles un proceso de formación y desarrollo en condiciones óptimas y adecuadas, acorde con el papel relevante y trascendental que están llamados a cumplir en la sociedad”[34].
5.1.6. Cabe recordar en este lugar que, por lo general, cuando se realiza el juicio de igualdad se examina, primero, que las circunstancias sobre las cuales recae el trato diferenciado sean, en efecto, diversas. Segundo, se analiza si el criterio utilizado para configurar el trato diferenciado se ajusta o no a los preceptos constitucionales. Tercero, se verifica que dicho trato sea factible para alcanzar fines constitucionalmente legítimos y que la medida sea necesaria, adecuada y que sea proporcionada, esto es, que entre las medidas existentes se elija aquella que presente una menor restricción de los derechos constitucionales fundamentales o de los bienes jurídicos en juego. Como lo recordó la Corte recientemente,“[c]ada una de estas condiciones corresponde al papel que juegan los tres elementos –fáctico, legal o administrativo y constitucional en la relación– que se interpreta. Por eso, la primera condición pertenece al orden de lo empírico (hecho), la segunda hace parte del orden de lo válido (legalidad) y la tercera del orden de lo valorativo (constitución)”[46]. De otro lado, el rigor con que se ejerce el juicio de igualdad depende, por su parte, de la amplitud con que se le reconozca al legislador el margen de apreciación de que dispone para configurar las políticas. Entre mayor sea dicho margen, menos riguroso será el juicio[47]. Si por el contrario, la potestad configuradora es más restringida, el juicio de igualdad tendrá mayor rigor[48].
También ha destacado la doctrina cómo en familias que resuelven adoptar niños entre los siete y los dieciocho años –incluso tratándose de casos en los que se había presentado maltrato, negligencia o abandono– la actitud de los padres y de las madres tiene especial fuerza, por lo que resulta muy probable que el proceso sea exitoso y logren trabarse lazos de amor, de respeto y de confianza profundos. Empero, lo anterior no “significa que los problemas desaparezcan, sino que los niños se incorporan a la familia, sus padres sientan fuertes lazos con ellos y pueden proveer las funciones de nutrición parental, estimulación, modelamiento, estructuración, etc., que se requieren para un crecimiento ymaduración óptimos”[67].
La doctrina ha destacado cómo durante la adolescencia los cambios físicos se presentan de manera evidente, mientras que“el desarrollo emocional y mental” puede ser muy demorado[68]. Esta etapa en la vida de las y de los jóvenes es especialmente exigente, pues corresponde al lapso en que definen su personalidad y determinan, en consecuencia, “sus valores, sus creencias, su identidad sexual, su elección de carrera, sus esperanzas para con [ellas y] ellos mismos”[69]. Por consiguiente, como también lo ha recordado la doctrina, no se trata de problemas menores: “[d]urante este proceso, los jóvenes prueban diferentes personalidades; buscan, imitan y rechazan diversos modelos. Examinan de forma muy crítica a su familia. Cambian a menudo de opiniones; pueden estar muy seguros de ellos mismos o pensar que no sirven para nada. Mientras tratan de distinguirse en su familia, al mismo tiempo, quieren parecerse a sus amigos” [70].
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVOPresidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREAMagistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIOMagistrado
NILSON PINILLA PINILLAMagistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUBMagistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVAMagistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANOSecretaria Genera
[1] Diario Oficial No. 39.618, del 1º de enero de 1991.[2] Concepto número 4917 allegado a la Secretaría General de la Corte Constitucional el día 25 de febrero de 2010.[3] La exposición está dividida en 3 acápites. El primero, se refiere al desconocimiento del derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 superior y abarca varios aspectos: (i) El principio de igualdad como regla general en la actividad legislativa; (ii) Las características del juicio integrado de igualdad; (iii) la aplicación del test integrado de igualdad para el caso concreto. El segundo tema hace alusión a los alcances de la licencia de maternidad y en el tercero se elabora la conclusión del concepto.[4] Destacan cómo la denominación de este juicio obedece a que la Corte ha resuelto combinar dos modelos con características propias: el modelo aplicado en países donde domina el derecho continental y el denominado modelo anglosajón (Corte Constitucional. Sentencia C-093 de 2001). Así, en la medida en que ambos modelos contienen elementos valiosos para el juicio de igualdad, la Corte encontró razonable integrarlos pese a sus elementos diferenciales Corte Constitucional (Corte Constitucional. Sentencias C-309 de 1997; T-352 de 1997; C-093 de 2001). Los intervinientes explican que el juicio integrado está compuesto por dos etapas. En la primera etapa se evalúa el caso concreto y se determina la intensidad del juicio (juicio anglosajón). La segunda –cuyo desarrollo depende del tipo de escrutinio que se haya realizado en la primera–, valora los criterios de adecuación, necesidad y proporcionalidad de la medida (juicio europeo).[5] Corte Constitucional. Sentencia C-093 de 2001.[6] En relación con el primer aspecto, subraya que la licencia de maternidad: “es una de esa prestaciones laborales que se visualizan mejor con la apreciación real [de] la situación por la que atraviesa la familia, pero especialmente la madre, cuando llega al hogar una criatura recién nacida y por eso [se ahorra el interviniente] la descripción y la justificación de la necesidad de que la madre trabajadora cuente con ese tiempo de licencia remunerada que le permita manejar de la mejor manera posible el impacto personal, administrativo y económico que esa situación (y ojala más tiempo como sucede en otros países donde la seguridad es menos precaria que la nuestra)”. Agrega, de otra parte, que los menores de siete años son infantes en el sentido en que los concibe el artículo 34 del Código Civil. Dice, además, que respecto de criaturas de pocos años resulta imprescindible: “la presencia permanente de la madre por un tiempo, porque ello permite generar una serie de lazos instinto-afectivos similares seguramente a los que se generan entre los progenitores y los recién nacidos, aunque en materia de intensidad van disminuyendo a medida que pasa el tiempo y el niño va consolidando su propia personalidad, de modo que [los] vínculos tienden a ser cada vez más racionales y es seguro que para cuando entre en la adolescencia tales relaciones serán más cercanas a las que establecen los adultos entre ellos, que propiamente vínculos paterno filiales inconscientes y motivados por un componente instintivo ligado a la supervivencia del individuo y de la especie. // Lo comparo, y desde ya [se excusa el interviniente] por la imprudencia, con la situación que se presenta con el animal gregario (canino o felino) que se integra con humanos, donde es notoria la diferencia entre el ingreso como cachorro, que cuando ya llega adulto y hago notar que ese animal a pesar de la edad, ese animal no llega tener uso de razón y que tal vez esa capacidad racional incida todavía más en las conductas”.
[8] Corte Constitucional. Sentencias C-410 de 1994; C-314 de 2004; C-796 de 2004; C-507 de 2004; y C-468 de 2009; C-853 de 2009.[9] A folios 83-95 del expediente.[10] Tal es el caso, añade la interviniente, de la disposición prevista en el artículo 43 superior encaminada a proscribir cualquier suerte de trato discriminatorio injustificado en contra de las mujeres, lo mismo que el precepto contemplado en el artículo 40 de la Carta Política “que ordena garantizar a la mujer una ‘adecuada y efectiva participación’ en los niveles decisorios de la administración pública, norma que ha dado lugar a la expedición de la Ley 581 de 2000, conocida como la ‘Ley de Cuotas’, típica medida de acción afirmativa orientada a dar cifras concretas a la participación femenina en los comandos del Estado”. Situación que, recuerda, ha sido“aceptada sin dubitación por la Corte Constitucional, que la ha descrito en múltiples ocasiones”. A renglón seguido, cita la sentencia C-371 de 2000 a la que hace referencia la sentencia C-667 de 2006.
[11] Admite la interviniente, que estas finalidades tienen un grado alto de importancia, pues uno de los objetivos de la Constitución fue precisamente que, en virtud de la situación de desventaja histórica de la mujer, ella ocupara un lugar destacado en el ordenamiento jurídico y sus derechos fueran efectivamente protegidos para superar circunstancias de marginamiento o discriminación injustificada. Estima, en suma, que “la extensión de las prestaciones asociadas a la maternidad para las trabajadoras adoptantes encuentra un amplio soporte en la Carta, de manera que esto ha conducido a un escenario de realización de los derechos congruente con las bases del Estado Social, la equidad y la dignidad humana”.[12] A propósito de lo anterior, recuerda la interviniente que el principio e prevalencia de los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes ha sido consignado en distintos convenios internacionales. Entre ellos, menciona la Declaración de los Derechos del Niño; la Convención sobre Derechos del Niño; la Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño; la Declaración Universal sobre Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[13] “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se introducen otras disposiciones”.[14] “2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en el caso de trabajo a destajo o por tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios, o en todo el tiempo si fuere menor”.[15]3. “Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al {empleador} un certificado médico, en el cual debe constar: //a). El estado de embarazo de la trabajadora; // b). La indicación del día probable del parto, y // c). La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto”.[16] En este lugar resulta preciso destacar que mediante sentencia T-1978 de 13 de noviembre de 2003, la Corte Constitucional estableció que para la interpretación del numeral cuarto del artículo 236 debe tenerse en cuenta que los beneficios allí consignados se hacen extensivos al padre biológico, su cónyuge o compañera permanente.
[17] Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001, reiterada en sentencias C-370 de 2006, C-922 de 2007 y C-923 de 2008.[18] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia s T-461 de 2006; T-127 de 2009.[19] Esta legislación que se sometió a revisión en el año de 1952. Cfr. Consejo de Estado. –Sala de lo Contencioso Administrativo. – Sección Segunda. – Santafe de Bogotá, D. C., septiembre veintisiete (27) de mil novecientos noventa y cuatro (1994).[20] Así, por ejemplo, las Recomendaciones número 12 y 95 de la OIT resaltan la necesidad de proteger a las mujeres empleadas en la agricultura que se encuentran en estado de gravidez –antes y después del parto–. Entre los documentos internacionales que protegen la maternidad se encuentran, además, los Convenios 3º y 183 de la Organización Internacional del Trabajo; el artículo 10º del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Protocolo de San Salvador” y la Convención sobre los Derechos del Niño. Como lo recuerda la Vista Fiscal, los mencionados documentos, a la vez que prevén una cláusula genérica en relación con la referida protección, establecen obligaciones de tipo concreto sobre: “(i) el derecho a gozar de un descanso de por o menos catorce (14) semanas, de las cuales al menos seis (6) deben tomarse con posterioridad al parto; (ii) el derecho a percibir una prestación económica durante el periodo de licencia que garantice un nivel adecuado de vida tanto a la madre como al niño, erogación que deberá financiarse mediante seguro social obligatorio con cargo a fondos públicos o directamente por el empleador cuando así lo prevean las norma internas anteriormente vigentes. Este ingreso no podrá ser inferir a en ningún caso a las dos terceras partes del salario que percibía la trabajadora al momento de entrar a gozar del descanso”. Puestas de esta manera las cosas, las normas internacionales se encaminan a garantizar los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, a la seguridad social tanto de las mujeres gestantes como de los niños y de las niñas.[21] En relación con: “(i) el derecho a gozar de un descanso de por lo menos catorce (14) semanas, de las cuales al menos seis (6) deben tomarse con posterioridad al parto; (ii) el derecho a percibir una prestación económica durante el periodo de licencia que garantice un nivel adecuado de vida tanto a la madre como al niño o a la niña; erogación que deberá financiarse mediante un seguro social obligatorio, con cargo a fondos públicos o directamente por el empleador cuando así lo prevean las normas internas anteriormente vigentes. Este ingreso no podrá ser inferior en ningún caso a las dos terceras partes del salario que percibía la trabajadora al momento de entrar a gozar del descanso”. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-127 de 2009.[22] En tal sentido, “el Estado debe garantizar que la mayoría de las mujeres puedan cumplir con los requisitos exigidos para percibir la prestación económica durante la licencia de maternidad y en aquellos casos en los que no los cumplan, deberá proveer recursos adecuados con cargo a los fondos de asistencia social; (iii) la obligación estatal de proporcionar asistencia médica a la madre, antes, durante y después del parto; (iv) el derecho a gozar de un descanso remunerado para lactancia; (v) la prohibición de despido durante el embarazo y con posterioridad al alumbramiento y (vi) la protección especial en los casos de trabajadoras que desempeñen labores que puedan resultar perjudiciales durante el embarazo”. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-127 de 2009.[23] “ARTÍCULO 1o. Toda mujer en estado de embarazo, que trabaje en oficinas o empresas, de carácter oficial o particular, tendrá derecho, en la época del parto, a una licencia remunerada de ocho semanas. // Esta licencia empezará a contarse desde el día indicado por el médico de la interesada”.[24] Ver, entre otros, el Decreto 2350 de 1938; el Decreto 13 de 1967; el Decreto 995 de 1968 así como las Leyes 73 de 1966; 27 de 1974; 50 de 1990 y en el Sector Público el Decreto Ley 3135 de 1968 y su Reglamentario 1848 de 1969.[25] “Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de ocho (8) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso. // 2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en el caso de trabajo a destajo o por tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios, o en todo el tiempo si fuere menor. // 3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al patrono un certificado médico, en el cual debe constar: // a). El estado de embarazo de la trabajadora; // b). La indicación del día probable del parto, y // c). La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto”.[26] “Por la cual se adiciona el Artículo 236 del Capítulo V del Código Sustantivo del Trabajo”, publicada en el Diario Oficial No. 37.320 de 28 de enero de 1986.[27] “Ley 69 de 1988 ‘(…) Artículo 1º. Todas las previsiones y garantías que se hayan establecido para la madre biológica al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo oficial y sociedades de Economía Mixta, se hacen extensivas en los mismos términos y cuando fuere procedente, para la madre adoptante del menor hasta de 7 años, asimilando a la fecha del parto la de entrega del menor…’ Posteriormente, la Ley 50 de 1990, artículo 34, modificó el numeral 4 del artículo 236 del CST, extendiendo la figura al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente que fuere trabajador del sector público”.[28] En aquella ocasión le correspondió a la Corte Constitucional pronunciarse sobre la acción de tutela interpuesta por el padre biológico de una recién nacida (prematura) quien por motivo del fallecimiento de su cónyuge solicitaba se le hiciera extensiva a él la protección derivada de la licencia de maternidad, toda vez que se encontraba en la misma situación fáctica prevista por el artículo 34 de la Ley 50 de 1990 que modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. La Corte concedió el amparo.[29] Corte Constitucional. Sentencias C- 273 de 2003; C-174 de 2009; T-1167 de 2008; T-127 de 2009.[30] Corte Constitucional. Sentencias T-1078 de 2003; T-1208 de 2008; T-127 de 2009, entre muchas otras.[31] En virtud de lo allí estipulado, la preservación de los derechos constitucionales fundamentales de la niñez, “no depende de ninguna condición especial y se aplican a todos por igual; constituyen un conjunto de derechos-garantía frente a la acción del Estado y representan un deber de los poderes públicos de concurrir a su entera satisfacción”. Justo en esos términos, se configura la obligación de asistir y de proteger a los niños y a las niñas en su desarrollo armónico e integral por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-402 de 1992 y SU-043 de 1995; T-598 de 1993; T-408 de 1995.[32] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-796 de 2004. A partir de la prevalencia de los derechos de la infancia y adolescencia se extrajo el principio consignado en el artículo 8º de la Ley 1098 de 2006 como “‘el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea’ de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, los cuales son universales, prevalentes e interdependientes”. La Corte Constitucional ha caracterizado el interés superior de la niñez en tanto un asunto real, esto es, que: (i) “se relaciona con las particulares necesidades del [infante] y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (ii) se enlaza con la independencia de los infantes respecto del “criterio arbitrario” de las demás personas y se vincula, por consiguiente, con una protección que no depende, ni puede depender, de la “voluntad o capricho de los padres”, pues busca garantizar la vigencia de “intereses jurídicamente autónomos”; (iii) es, adicionalmente, un concepto relacional, toda vez que “la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guidado por la protección de los derechos del [infante]; (iv) comprende asegurar un interés jurídico supremo, es decir, “el desarrollo integral y sano de la personalidad del [infante]”.Corte Constitucional. Sentencias C-273 de 2003 y la T-408 de 1995.[33] En aquella ocasión le correspondió a la Sala Plena pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 127 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal”, con las modificaciones introducidas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. La disposición acusada era del siguiente tenor: “Artículo 127. Abandono. El que abandone a un menor de doce (12) años o a una persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses. Si la conducta descrita en el inciso anterior se cometiere en lugar despoblado o solitario, la pena imponible se aumentará hasta en una tercera parte”. En opinión de los demandantes “la jurisprudencia constitucional y los tratados de derechos humanos entienden por niño todo menor de 18 años, de manera que la norma acusada, al no extender el delito de abandono a los adolescentes, establece un trato discriminatorio no justificado para ese grupo, en materia de protección y, al mismo tiempo, desconoce el carácter fundamental y prevalente de sus derechos, pues la medida ignora que las personas entre los 12 y 18 años no poseen las condiciones legales, mentales y físicas para valerse por sí mismas y para proveerse todo aquello que a su edad requieran, viéndose afectado el desarrollo armónico e integral, en caso de no recibir el apoyo requerido por parte de quienes están obligados a ello”.La Corte se preguntó en esa ocasión si el Congreso de la República había desbordado su margen de configuración al introducir una limitación de edad en relación con el reconocimiento de la condición de víctimas del derecho de abandono, extendiendo esta condición a los menores de 12 años. En otras palabras, se interrogó la Corporación si el legislador había incurrido en un trato discriminatorio en perjuicio del grupo de niños y de niñas mayores de 12 años y menores de 18 –esto es, en perjuicio de las y de los adolescentes–. Entre los temas abordados por la Corte, ocupó un lugar especial “la protección especial de que son titulares lo menores de edad” así como el margen y alcances de dicha protección. A propósito de lo anterior, debe mencionarse que el Magistrado Ponente de la presente sentencia salvó su voto en aquella ocasión. Pese a que estuvo de acuerdo con que el término niñez abarcaba también a las y a los adolescentes hasta los dieciocho años de edad, encontró que el legislador podía trazar algunas distinciones en diferentes campos y estimó que uno de ellos precisamente hacía relación con la determinación de quiénes son víctimas del delito de abandono. Sobre el particular, consideró que resultaba ajustado a la Constitución establecer que las víctimas de este delito se encontraban dentro del grupo de niños y de niñas menores de 12 años, teniendo en cuenta que el bien jurídico tutelado con el delito de abandono de menores es la vida y la integridad personal asociada a la capacidad del menor de valerse por si mismo, cuestión predicable de menores de doce años y no, por ejemplo, de un adulto menor. El salvamento de voto destacó cómo el legislador está plenamente legitimado para diseñar los tipos penales en la forma que considere más conveniente para la política criminal del Estado y señaló que no observaba que el aparte de la norma demandada contradijera los límites constitucionales. Resaltó que no toda diferencia en los ámbitos de salvaguardia de grupos específicos de menores constituían actos de discriminación. Mencionó que incluso en varios Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos se admitían diferenciaciones y acentuó que la protección de los niños y adolescentes cambia y se matiza en cada circunstancia particular de acuerdo con la realidad física, social y cultural del ámbito de aplicación. Concluyó que “las personas mayores de doce años son capaces de ejercer sus ciclos vitales sin intervención de terceros”. Por lo anterior el segmento acusado debía ser declarado ajustado a la Carta Política.[34] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-507 de 2004.[35] Ibíd.[36] Por obra de lo establecido en la sentencia T-1078 de 2003.[37] Como se menciona en varias de las intervenciones, “[p]ara el caso concreto de la madre y del padre sin cónyuge o compañera permanente adoptantes, el Código de la Infancia y de la Adolescencia –Ley 1098 de 2006, artículo 127– establece que el derecho al disfrute y pago de la licencia de maternidad, en los términos en los que se encuentra establecido en las disposiciones atinentes”.[38] Ibíd.[39] Ibíd.[40] Corte Constitucional. Sentencia C-1191 de 2001.[41] Corte Constitucional. Sentencia C-242 de 2009.[42] Corte Constitucional. Sentencia C-1191 de 2001[43] Corte Constitucional. Sentencia C-507 de 2004.[44] Ibíd.[45] Ibíd.[46] Corte Constitucional. Sentencia C-1110 de 2001.[47] En la sentencia C-093 de 2001 se pronunció la Corte Constitucional sobre el margen de configuración del legislador y respecto de la forma como puede modularse el mandato de igualdad. Así dijo la Corporación “[e]n aquellos campos en donde la Carta confiere a las mayorías políticas, representadas en el Congreso, una amplia libertad de apreciación y configuración, entonces el escrutinio judicial debe ser más dúctil, a fin de no afectar la discrecionalidad legislativa, que la propia Constitución protege”.[48] La Corte Constitucional ha identificado en qué casos el escrutinio debe ser estricto: (i) cuando la ley limita el goce de un derecho constitucional a un determinado grupo de personas, por cuanto al tenor de lo establecido por el artículo 13 superior “todas las personas tienen derecho a una igual protección de sus derechos y libertades”. (ii) cuando el Congreso se vale de un criterio prohibido o sospechoso como la raza en cuanto elemento para establecer la diferenciación “pues la Constitución y los tratados de derechos humanos excluyen el uso de esas categorías”; (iii) cuando la Constitución prevé mandatos puntuales de igualdad, como sucede con la equiparación entre todas las confesiones religiosas ordenada por el artículo 19 superior, dado que “en esos eventos, la libertad de configuración del Legislador se ve menguada”. (iv) cuando las normas legales afectan a poblaciones que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad; (v) cuando la Constitución misma de manera ordena incentivar una determinada política.[49] Cfr. El Preámbulo al Convenio de la Haya relativo a la protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. Como lo recuerda la Vista Fiscal en dicha normatividad se determina que “las adopciones internacionales deben tener lugar ‘en consideración al interés superior del niño y al respeto a sus derechos fundamentales’”. Esta meta coincide con el objetivo buscado por el artículo 1º del Convenio. Así mismo, cobra relevancia la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y al Bienestar de los Niños, con particular Referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e Internacional, prescribe en su preámbulo “que en cualquier proceso de colocación en un hogar sustituto o de adopción, los intereses superiores de los niños implicados deberán ser la consideración primordial”. El mandato de preservar los intereses superiores de la niñez fue considerado de manera especial por la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso de Keegan vs. Irlanda (sentencia del 19 de abril de 1994) “en la cual se declaró que se había violado la Convención Europea de Derechos Humanos al impedir que un padre biológico que no había visto a su hija desde su nacimiento se opusiera efectivamente a su entrega en adopción”.[50] Respecto de los pronunciamientos efectuados por la Corte Constitucional en relación con la naturaleza jurídica de la adopción ver las sentencia C-562 de 1995; T-881 de 2001.[51] “ARTÍCULO 8o. INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”. “ARTÍCULO 9o. PREVALENCIA DE LOS DERECHOS. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. // En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente”.[52] Corte Constitucional. Sentencias C-041 de 1994; C-459 de 1995; C-468 de 2009.[53] La Ley 45 de 1936 permitió la investigación de la paternidad natural, para reconocer efectos frente a alimentos y culminó con la Ley 29 de 1982 “por la cual se otorga la igualdad de derechos herenciales a los hijos legítimos y adoptivos y se hacen los correspondientes ajustes a los diversos órdenes hereditarios”. Mediante la referida ley se permitió a los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos heredar en igualdad de condiciones. La Constitución de 1991 subsanó cualquier rezago en relación con la integración normativa anterior y previó un mismo régimen normativo para todos los hijos a quienes sin diferencia alguna se les debe garantizar iguales derechos.[54] Incluyendo la situación de los padres sin cónyuge o compañera permanente.[55] Incluyendo los padres sin cónyuge o compañera permanente.[56] Como lo recuerda el escrito de intervención presentado por la Comisión colombiana de Juristas, la Corte Constitucional ha identificado en qué casos el escrutinio debe ser estricto: (i) cuando la ley limita el goce de un derecho constitucional a un determinado grupo de personas, por cuanto al tenor de lo establecido por el artículo 13 superior “todas las personas tienen derecho a una igual protección de sus derechos y libertades”; (ii) cuando el Congreso se vale de un criterio prohibido o sospechoso como la raza en cuanto elemento para establecer la diferenciación “pues la Constitución y los tratados de derechos humanos excluyen el uso de esas categorías”; (iii) cuando la Constitución prevé mandatos puntuales de igualdad, como sucede con la equiparación entre todas las confesiones religiosas ordenada por el artículo 19 superior, dado que “en esos eventos, la libertad de configuración del Legislador se ve menguada”. (iv) cuando las normas legales afectan a poblaciones que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad.
[57] Cf. Kaduchin, Adopting older children (1970), citado en www.postadopción, La adopción de niños mayores. Factores de éxito. Adaptado a partir del artículo de Mario Rosas Mundara, Iris Gallardo Rayo y Pamel Ángulo Díaz, Factores que influyen en el apego y la adaptación de los niños adoptados.[58] Las personas que adoptan niños o niñas mayores de siete años suelen no juzgarse a sí mismas de manera tan estricta por los sentimientos negativos que experimentan hacia sus hijos o hijas. Admiten que tales sentimientos pueden presentarse en vista de las circunstancias de maltrato, negligencia o abandono en que suelen encontrarse estos niños y estas niñas así como de las reacciones que estas circunstancias suelen generan en estos niños y estas niñas. Ibíd.[59]Comprenden de mejor manera que las hijas o los hijos adoptados puedan tener actitudes de rechazo y esta situación no mengua sus esfuerzos por tejer lazos de confianza sino que facilita, más bien, “proceder adecuadamente según las necesidades del niño” o de la niña. Ibíd.[60] No persiguen “metas finales” y, por lo general, “han abandonado la esperanza de ser padres [y madres] ideales”. Tampoco pretenden que sus hijas o hijos sean perfectos. Intentan “ayudar a que el niño [o la niña] tenga éxito en las pequeñas tareas diarias”. Ibíd.[61] El papel de cuidador se comparte y cuando uno de los padres se encuentra en estado de agotamiento, el otro lo puede apoyar, con lo que se evita que solo uno de los cuidadores –sea el padre o la madre–, reciba toda la carga física y emocional. Ibíd.[62] “Las familias que acostumbran a mirar el sistema total para encontrar respuestas tendrán una base más rica para resolver problemas en la postadopción. Con un punto de vista sistémico, la familia puede trabajar en cambios en la conducta de los padres, roles de los parientes, prioridades familiares y otros aspectos, como la forma de manejar las reacciones de los miembros de la familia hacia los niños perturbadores”. Ibíd.[63] “Algunas familias son capaces de hacer la transición desde una instancia parental tentativa, a una de "propiedad" de lleno del niño adoptado en un corto tiempo, incorporando adecuadamente las diferencias del niño y su historia”. Ibíd.[64] “Una postura activa ayuda a los padres a no sentirse victimizados por el niño, cosa que sucede frecuentemente con aquellos que adoptan una postura más pasiva. Además, una actitud activa le entrega al niño un mensaje esencial: ‘Yo soy tu padre [tu madre] ahora y así es como te voy a proteger y cuidar’. (Katz, 1992)”. Ibíd.[65] “Tardes ocasionales y fines de semana lejos del niño son necesarios para mantener la fuerza de los padres y su salud física y mental”. Ibíd.[66] Pese a que las habilidades de los padres y de las madres suelen ser claves en el trabajo con una niña o con un niño que se han visto puestos en circunstancias de maltrato, negligencia, desamor y abandono, la posibilidad de contar con los demás integrantes del grupo familiar facilita la labor de integración y hace factible descubrir las fortalezas y las debilidades así como posibilita “encontrar ayuda y plantearse nuevas soluciones”. Ibíd.[67] Ibíd.[68] Cfr. Los retos de la adolescencia. Extractado por Pilles Breton a partir del documento Parenting the adopted adolescent de Nacional Adoption Information en:www.posadopción.org.[69] Ibíd.[70] Ibíd.[71] Cita las siguientes sentencias: C-022 de 1996; C- 337 de 1997; T-230 de 1994; T-644 de 1998; C-171 de 2004.
C-543 de 2010,
descanso remunerado,
Madre Adoptante,
Mauricio González Cuervo,