Source: http://www.aperturaradical.org/
Timestamp: 2016-10-01 12:02:58
Document Index: 386734479

Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'artículo 166', 'artículo 121', 'artículo 122', 'artículo 123', 'Artículo 123']

Apertura Radical – Evolución Social a través de la Colaboración
¿Cómo se contrata en Latinoamérica el acceso a internet? ¿Qué tiene que ver esto con la neutralidad de la red? Esto, y más, nos preguntamos desde cinco países del continente. En un esfuerzo conjunto, Fundación Karisma (Colombia), R3D (México), IPANDETEC(Panamá), TEDIC (Paraguay); Apertura Radical y APC (Ecuador); han preparado un nuevo informesobre ofertas de acceso a internet en América latina y cómo afectan la neutralidad de la red. Para su ejecución se usaron recursos del Programa de Becas Comunitarias de ISOC para 2015.
El nivel de desarrollo legal de la neutralidad de la red en América Latina es incipiente, pero no cabe duda de que, para que sirva como garante de una Internet libre y abierta, debe ser un principio rector de las prácticas comerciales. Cuando el #AccesoAInternet dependía de una conexión fija, la velocidad de la conexión determinaba el valor y, por tanto, la capacidad de las ofertas. Sin embargo, el aumento del acceso a Internet a través de celulares privilegia aplicaciones concretas y no tanto el uso de los navegadores Se está reconfigurando la oferta de acceso, entonces cada vez se consumen más planes que ofrecen un acceso fragmentado a Internet y no el acceso general, es decir no estamos accediendo realmente a internet.
El presente informe analiza las ofertas comerciales publicadas por los principales prestadores de servicios de Internet en cinco países de la región: Colombia, Ecuador, México, Panamá y Paraguay. La revisión de ofertas se realizó entre mayo y septiembre de 2015. A la información recolectada se le hizo una última verificación entre enero y febrero de 2016. El informe busca reflexionar sobre cómo afectan este tipo de ofertas al principio de neutralidad de la red, si es que lo hacen.
Les invitamos a leer el informe aquí:
versión PDF, en español
Posted in Derechos digitales, neutralidad de la red and tagged acceso a internet, américa latina, APC, apertura radical, ipandetech, isoc, Karisma, neutralidad de la red, r3dmx, tedic on 16/06/2016 by admin.	Participa en el foro sobre regulación de internet y derechos digitales en la USFQ
Posted in evento and tagged derechos digitales, derechos humanos, ecuador, eventos, foro, internet, quito, san francisco, usfq on 20/05/2016 by admin.	El gobierno ecuatoriano y la Asociación de Proveedores de Internet trabajan juntos para bloquear el acceso a páginas web
Las empresas que conforman AEPROVI, en conjunto, controlan más del 95% de los clientes y del tráfico de internet que genera Ecuador. Esta información demuestra que el gobierno, mediante sus acuerdos con esta asociación, cuenta con la capacidad técnica de bloquear páginas web en todo el territorio nacional. Además, el Estado está facultado legalmente para tener control directo e inmediato de los servicios de telecomunicaciones. El Artículo 8 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones —que entró en vigor en febrero de 2015—, que trata sobre la prestación de servicios en Estado de Excepción, plantea: “En caso de agresión; conflicto armado internacional o interno; grave conmoción interna, calamidad pública; o desastre natural o emergencia nacional, regional o local, cuando el Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción que emita el Presidente o Presidenta de la República, involucre la necesidad de utilización de los servicios de telecomunicaciones, los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir el control directo e inmediato por parte del ente rector de la defensa nacional, de los servicios de telecomunicaciones en el área afectada. Dicho control cesará cuando se levante la declaratoria de Estado de Excepción conforme lo previsto en el artículo 166 de la Constitución de la República del Ecuador y el Decreto de Estado de Excepción”.
La información presentada en este documento es consistente con la presentación realizada por Marcelo Rivadeneira Fuentes, oficial de seguridad del centro de respuesta a incidentes informáticos – EcuCERT, sobre la gestión de su institución (la presentación está disponible en la página web de la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT). EcuCERT es el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). Arcotel, según documentación pública, mantiene acuerdos de cooperación con AEPROVI. En dicha presentación, Rivadeneira indicó que entre enero y septiembre de 2014, EcuCERT, “en cooperación con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y proveedores de internet privados bloqueó dominios de red para evitar su funcionamiento” (p. 27). Asimismo, la Superintendencia de Telecomunicaciones (hoy ARCOTEL), afirmó en su rendición de cuentas del año 2014 haber implementado “el bloqueo de dominios específicos de Internet” para combatir la piratería (p. 64).
Los intermediarios deben estar protegidos por ley de la responsabilidad por contenidos de terceros. No puede requerirse la restricción de contenidos sin una orden de una autoridad judicial.
Las leyes, órdenes y prácticas de restricción de contenidos deben cumplir con los tests de necesidad y proporcionalidad. Las leyes, políticas y prácticas de restricción de contenidos deben respetar el debido proceso. Las leyes, políticas y prácticas de restricción de contenidos deben incluir transparencia y responsabilidad (rendición de cuentas).
Posted in Derechos digitales, neutralidad de la red, noticias and tagged aeprovi, alertas, arcotel, bloqueo, Censura, dominios, ecuador, Ecuador Transparente, ecucert, internet, ISP, Movistar, riesgos, Telefónica on 14/04/2016 by admin.	Estudio científico: La vigilancia masiva silencia las opiniones de las minorías
Este texto se publicó originalmente en inglés en The Washington Post
Un nuevo estudio muestra que al estar consciente de la vigilancia gubernamental, la gente autocensura sus opiniones disidentes en internet. La investigación ofrece una visión aleccionadora frente a los pregonados efectos “democratizantes” atribuidos a las redes sociales y al acceso a Internet, que asumen que estas refuerzan la opinión de las minorías.
El estudio, publicado en “Journalism & Mass Communication Quarterly“, estudió los efectos de recordatorios sutiles sobre la vigilancia masiva en sus sujetos. La mayoría de los participantes reaccionó mediante la supresión de opiniones que percibían como minoritarias. Esta investigación ilustra el efecto de silenciamiento de las opiniones divergentes ahora que la vigilancia gubernamental es conocida por la mayoría de la población, tras ser revelada por Edward Snowden, en 2013.
La “espiral del silencio” es un fenómeno bien documentado en la que la gente suprime opiniones impopulares para integrarse y evitar el aislamiento social. Se ha analizado en el contexto de las redes sociales y el efecto de ‘cámaras de eco’, en el que adaptamos nuestras opiniones para que se adapten a la actividad en línea de nuestros amigos de Facebook y Twitter. Sin embargo, este estudio añade una nueva capa examinando explícitamente cómo la vigilancia gubernamental afecta la autocensura.
Los participantes en el estudio fueron encuestados primero sobre sus creencias políticas, rasgos de personalidad y actividad en línea, para crear un perfil psicológico de cada persona. Después, a un subgrupo seleccionado aleatoriamente, se le recordó sutilmente sobre la vigilancia gubernamental; posteriormente a todos en el estudio se les mostró un titular neutro, ficticio indicando que los ataques aéreos de Estados Unidos habían atacado al Estado Islámico en Irak. Entonces se les preguntó a los sujetos una serie de preguntas sobre sus actitudes hacia el evento hipotético de noticias —por ejemplo, cómo piensan que la mayoría de los estadounidenses se se sentirían al respecto y si iban a expresar públicamente su opinión sobre el tema. La mayoría del subgrupo intervenido con recordatorios sobre vigilancia eran menos propensos a hablar acerca de sus ideas menos conformistas, incluyendo aquellos que, según su perfil psicológico, eran menos propensos a autocensurarse.
Elizabeth Stoycheff, investigadora líder del estudio y profesora en la Universidad Estatal de Wayne, está perturbada por sus hallazgos.
“Mucha gente con la que he hablado, dice que no se preocupan por la vigilancia en línea, ya que no han violado ninguna ley y no tienen nada que ocultar. Y piensos que esos razonamientos son muy preocupantes”, dijo.
Dijo que los participantes que compartían la creencia de que no tenían “nada que ocultar”, y que tendían a apoyar la vigilancia de masas como un medio necesario para la seguridad nacional, eran los más propensos a silenciar sus opiniones minoritarias.
“El hecho de que los individuos que ‘no tienen nada que ocultar’ experimenten un efecto inhibitorio significativo habla de cómo la privacidad en línea es mucho más grande que la mera legalidad de las acciones de uno. Se trata de un derecho humano fundamental sobre nuestra propia imagen, en privado, y ahora, en historiales de búsqueda y metadatos”, dijo.
Stoycheff también está preocupada por el opresivo comportamiento silencioso de la autocensura.
“Me preocupa que la vigilancia parece estar permitiendo una cultura de autocensura porque margina aún más a grupos minoritarios. Y es difícil proteger y ampliar los derechos de estas poblaciones vulnerables cuando sus voces no son parte de la discusión. La democracia se nutre de una diversidad de ideas, y la autocensura la mata de hambre”, dijo ella. “Cambiar esta discusión para que los estadounidenses entienden que las libertades civiles son tan fundamentales a largo plazo para el bienestar del país, tanto como frustrar ataques terroristas muy raros es una medida necesaria”.
Stoycheff ha escrito acerca de la capacidad de intercambio de herramientas en línea para inspirar el cambio democrático. Pero los resultados de este estudio han causado un cambio en sus puntos de vista. “La adopción de técnicas de vigilancia, tanto por parte del gobierno y el sector privado, socava la capacidad de Internet para servir como una plataforma neutral para la deliberación honesta y abierta. Se empieza a mermar la capacidad de Internet para servir como un lugar para todas las voces, privilegiando sólo a las más dominantes”, dijo. La investigadora no recibió fondos externos para la investigación o la publicación de este estudio.
Posted in Derechos digitales, noticias and tagged control, efecto, estudio, psicología, psicológico, social, vigilancia on 30/03/2016 by admin.	Ecuador entierra la neutralidad de la red
Posted in Derechos digitales, neutralidad de la red and tagged arcotel, ecuador, neutralidad de la red, reglamento on 31/12/2015 by admin.	Ares Rights dice que los documentos sobre la SENAIN filtrados por Ecuador Transparente son reales
Si uno hace una búsqueda en Internet con los términos “Ecuador” y “Ares Rights”, encuentra un sinfín de artículos de prensa que hablan sobre cómo una empresa española —Ares Rights— actúa a nombre de instituciones públicas de Ecuador para censurar contenido en Internet. ¿Su argumento? Se está infringiendo el derecho de copia (o copyright) de ciertos medios del Estado. Si un diario, por ejemplo, publica una denuncia y, como prueba, utiliza un documento con el logo oficial de la institución, Ares Rights denuncia que no se puede usar ese logo y ¡BAM! te cae una notificación por derechos de autor. En otros casos, se utilizó como pretexto los fragmentos del enlace ciudadano del presidente Rafael Correa y así sucesivamente.
De esta manera, se dieron de baja a videos, páginas web, cuentas de Twitter, se obligó al personaje de Crudo Ecuador a salir del anonimato para defender su página y un largo etcétera que a cualquiera le hacen pensar que las reclamaciones por copyright tienen que ver menos con los derechos de autor y más con la censura en Internet. Esto generó eco internacional y una serie de artículos de prensa motivaron al exgerente del canal público Ecuador TV, Enrique Arosemena Robles, a aclarar que ellos no tienen “ningún contrato” con Ares Rights. Fue tan vehemente Arosemena que incluso anunció que reuniría a su equipo legal “para ver que acciones se pueden tomar al respecto”.
Lo que Arosemena insinuaba es que Ares Rights se estaba tomando el nombre de Ecuador TV para censurar a terceros, haciendo quedar mal al canal estatal. La televisión estatal se produce con fondos públicos y no tiene mucho sentido que sus contenidos se privaticen en manos del gobierno[1] pero incluso si se cede en ese punto y se admite que Ecuador TV es el dueño del copyright de ciertos contenidos, existen una serie de “usos justos” donde las personas pueden simplemente copiar algo porque es material educativo, una sátira o cita periodística. Eso lo sabe muy bien el gobierno, al punto que ha usado ese derecho en sus propios videos.
Lo lógico entonces era que Ecuador TV demande a Ares Rights por hacer mal uso de su nombre y detener la censura motivada por esta empresa. Lo mismo podría haber hecho Fernando Alvarado, puesto que la empresa española también ha realizado reclamaciones en su nombre. Eso nunca pasó. Lo que sí ha sucedido es que ciertas instituciones públicas se han empezado a blindar con pretextos para abusar del derecho de autor. La Secretaría de Comunicación, por ejemplo, ha añadido un aviso de “© SECOM” al canal de la Presidencia de la República en Youtube y, por cuenta propia, ha realizado reclamaciones de derecho de autor. En 2015, Paúl Mena Zapata, abogado de la SECOM, realizó una reclamación a Fundamedios donde aduce que la uno de sus tuits usa “la imagen distintiva de la Secretaria [SIC] Nacional de Comunicación”.
¿Lo peor de todo? Ares Rights sigue realizando reclamaciones por derecho de autor fuera del territorio ecuatoriano a nombre de sus instituciones públicas. El caso más reciente es la reclamación que la empresa censora realizara a nombre de la Secretaría Nacional de Inteligencia, en contra de greenhost.net, quienes alojan la página web de Ecuador Transparente.
Ares Rights dice, en este caso, representar a Rommy Vallejo, en su calidad de Secretario Nacional de Inteligencia por haber publicado material confidencial cuya divulgación está prohibida por la ley. “Este material —dice el comunicado— es SECRETO DE ESTADO, y por esta razón; y debido a la severidad del caso y para garantizar que esta información no siga siendo accesible, le solicitamos que interrumpa el servicio para ecuadortransparente.org”.
Imagen socializada por Ecuador Transparente en el Chaos Communication Congress, el 28 de diciembre de 2015.Si es que Ares Rights, como dice, está actuando en representación de la SENAIN, esto representaría un reconocimiento oficial de la veracidad de los documentos publicados por Ecuador Transparente, que sugieren espionaje a periodistas, sindicatos, ambientalistas y políticos de oposición. Pero ya sabemos que, como ha pasado antes, SENAIN no va a reconocer que exista relación contractual alguna. Y puede que tengan razón.
Pero lo importante de esta lección es que hay países, como Holanda e Islandia, donde no basta decir que uno representa a alguien para realizar una reclamación de derecho de autor. En el caso arriba mencionado, greenhost.net hizo lo que todo proveedor de servicios de internet debería hacer: Pidió a Ares Rights que le presente una orden judicial para iniciar su reclamación, lo cual implica que los nexos que aduce tener con la institución pública se deben aclarar o, mejor aún, que se debe realizar tal reclamación sin intermediarios. Esto es una victoria para la libertad de expresión, porque obliga a que un juez justifique una causa motivada para censurar contenido que, de otra manera, puede ser importante para la ciudadanía y es un paso hacia una mejor rendición de cuentas de instituciones que han permitido que otros abusen de su nombre para censurar contenidos en línea.
¿Qué sucederá ahora con las denuncias de Ecuador Transparente? Si es que Ares Rights mentía, pues nada. Si es que decía la verdad y, por ley, esas publicaciones son eliminadas, estaríamos atestiguando la confirmación de que esos documentos son reales y, si ese es el caso, de cómo se usa el copyright para silenciar la evidencia de un posible uso ilegítimo de los servicios que provee nuestra agencia de inteligencia.
[1] Julia Reda, parlamentaria europea por el partido pirata alemán, presentó recientemente el borrador de su informe sobre derechos de autor, donde recomienda “que eximan de la protección de derechos de autor las obras producidos por el sector público”.
Posted in Derechos digitales, noticias and tagged Ares Rights, Censura, derechos de autor, Ecuador Transparente, SENAIN on 28/12/2015 by admin.	Participa en la encuesta anónima sobre neutralidad de la red e ISP en América Latina
La Fundación Karisma de Colombia trabaja por la protección y promoción de los derechos humanos en los entornos digitales. Hemos estado trabajando con esta organización para entender el estado de la neutralidad de la red en América Latina. Por esa razón, te pedimos que nos ayudes compartiendo esta encuesta con tu red de contactos y mediante redes sociales.También te invitamos a participar en esta encuesta anónima, cuyos resultados nos ayudarán a promover este principio en la región.
Posted in anuncio, Derechos digitales and tagged encuesta, ISP, Karisma, neutralidad de la red on 31/10/2015 by admin.	Una breve introducción al acceso abierto
Una breve introducción al Acceso Abierto, por Constanza Figueroa y Vladimir Garay.
Posted in acceso abierto, Derechos digitales and tagged Acceso abierto, Creative Commons, licencias, open access on 31/08/2015 by admin.	“No tengo nada que ocultar” realmente significa “no me puedes confiar nada”
Artículo original por Rick Falvinge
Las personas que no se preocupan por su privacidad no se dan cuenta de una cosa clave: todo el mundo salvaguarda su propia privacidad y piezas clave de la privacidad de los demás. Al menospreciar la necesidad de tu propia intimidad y el derecho a guardar secretos, también están diciendo que nadie más debe volver a confiarte un secreto.
La privacidad a menudo se confunde con un privilegio individual, cuando en realidad es una necesidad colectiva.
Sin privacidad, las leyes no se pueden romper. Y si las leyes —formales e informales— no pueden romperse, rara vez se cuestionan. Cuando las reglas no se cuestionan, una sociedad se detiene en seco.
No hace mucho tiempo, las personas que nacieron homosexuales eran criminales desde el nacimiento. Mucho tiempo después de que eso fue abolido, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental (en Suecia, esa clasificación de enfermedad terminó un día cuando miles y miles de personas llamaron en la mañana a su trabajo a decir que se “sentían un poco gays”).
Si las leyes de vigilancia de masas de hoy hubieran estado en vigor en la década de 1950, el movimiento de derechos civiles nunca habría existido. Nunca hubiera existido un movimiento de derechos humanos para establecer la igualdad sexual. Las personas que nacen homosexuales seguirían siendo criminales desde el nacimiento, simplemente por haber nacido de una determinada manera. Y eso es sólo una de las muchas áreas en las que los valores han progresado y avanzado para mejor.
Esto demuestra el daño colectivo causado por la vigilancia de masas, y, francamente, por aplicación de leyes que son demasiado eficaces.
Pero hay otro aspecto colectivo de la privacidad que no ha sido y es el hecho de que la gente no sólo mantiene sus propios secretos; también mantiene los secretos que otros les han confiado por razones personales, comerciales o incluso espirituales en ciertos casos.
Después de todo, si no te importa que el gobierno lea tu correo y tus textos —y te encoges de hombros restándole importancia: “no tengo nada que ocultar”—, eso significa que no te importa que lean las conversaciones que tú tienes con otras personas. Y esa correspondencia no era únicamente un secreto tuyo; también era el secreto de las personas con las que intercambiabas correspondencia. Si alguien te confía que fue agredido, por ejemplo, un “no tengo nada que ocultar” significa que vas a renunciar no sólo a tus propios secretos, sino también a los secretos que te han sido confiados, como que alguien cercano a ti fue agredido.
Todo se resume a la constatación de que la declaración “no tengo nada que ocultar” se traduce en “no me puedes confiar nada sin importar la razón”.
La privacidad sigue siendo tu responsabilidad.
Posted in Derechos digitales and tagged el que nada debe nada teme, nada que ocultar, privacidad, Rick Falvinge on 30/07/2015 by admin.	Creative Commons recomienda a la Asamblea Nacional reconsiderar el DRM
El miércoles 1 de julio, Creative Commons Ecuador realizó una serie de recomendaciones a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, respecto al proyecto de ley “Código Ingenios” que derogaría la actual ley de propiedad intelectual. Aquí el extracto relativo a la elusión de medidas tecnológicas efectivas—es decir, la gestión de derechos digitales o DRM por sus siglas en inglés—:
Recomendación sobre la prohibición a eludir “medidas tecnológicas efectivas”
El Código Ingenios representa un avance significativo para el acceso a la ciencia y la cultura en comparación a la Ley de Propiedad Intelectual vigente, puesto que implementa una serie de limitaciones y excepciones al derecho de autor, conforme las recomendaciones de Naciones Unidas y los lineamientos del Plan del Buen Vivir, que
propone una gestión del “conocimiento común y abierto”. Este modelo de gestión incluye la generación de ideas creativas, su aprovechamiento, la potencial producción de nuevos bienes y servicios y la distribución de sus beneficios. La gestión del conocimiento –visto como un bien público, común y abierto– expresa un principio según el mandato constitucional y es económicamente más eficiente que los modelos cerrados.
Sin embargo, en su artículo 121, el Código Ingenios señala, “prohíbe eludir las medidas tecnológicas efectivas, como sistemas de cifrado u otros, que sean utilizadas por los titulares de derechos de autor o derechos conexos”. El término que engloba a estas medidas es la “gestión de derechos digitales” o DRM por sus siglas en inglés.
DRM es un conjunto de técnicas [1] que permiten a los poseedores de derecho de autor controlar lo que los usuarios pueden hacer con los archivos digitales, es decir: bajo qué circunstancias pueden acceder al archivo, cuántas veces, por cuánto tiempo y en qué plataforma.
Quienes comercializan libros electrónicos usan diferentes esquemas propietarios de DRM, [2] los cuales son compatibles con muy pocos dispositivos electrónicos, por ello los usuarios enfrentan problemas de interoperabilidad. Esto a su vez genera problemas para el ingreso de marcas competidoras en el mercado, evita la socialización del conocimiento mediante prácticas comunes en libros físicos como el préstamos o la reventa, o incluso la lectura en otros dispositivos en caso de pérdida o robo.
Esto ciertamente garantiza la protección del derecho de autor, pero no es proporcional al derecho de los usuarios a la ciencia y la cultura; y limita innecesariamente el acceso público a obras creativas. Como bien explica Shaheed:
“Los Estados deben velar porque las excepciones y limitaciones no puedan dejarse sin efecto […] o verse indebidamente perjudicadas con medidas técnicas de protección […] en el entorno digital”.
Los usuarios, bajo este modelo, se ven encerrados en la oferta de un solo proveedor, lo cual también es lesivo para el derecho de acceso a la información. El DRM coloca a quienes comercializan libros electŕonicos en una posición privilegiada para controlar el flujo de información en el mercado, y en cierta manera eso ya está sucediendo. Las restricciones a la venta de libros impuestas en base a un editor o a su contenido son algo extremadamente preocupante cuando el lector está encerrado por su proveedor.
El DRM en el mercado de libros electrónicos puede lesionar el potencial de los libros electrónicos para promover el alfabetismo, extender el alcance de la literatura y difundir el conocimiento, lo cual va explícitamente en contra de los objetivos del presente código.
Adicionalmente, el artículo 122 criminaliza a quienes comparten archivos desbloqueados previamente, en internet, pues señala que se prohíbe “distribuir, importar para su distribución, emitir, o comunicar al público, sin autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización”. Si bien se señala que la infracción debe realizarse con dolo, esta verificación puede ser compleja y, a menudo, engañosa.
Declarativamente, el artículo 123 señala a los titulares de los derechos como responsables de “proporcionar bajo condiciones oportunas los medios, sistemas, dispositivos y servicios necesarios para neutralizar o de otra manera dejar sin efecto dichas medidas tecnológicas a los usuarios que requieran hacer uso únicamente de obras en el dominio público o ejercer una limitación o excepción a los derechos de autor y derechos conexos”, lo cual es positivo pero impráctico. Puesto que los titulares no se encuentran en el territorio, hacer cumplir esta ley resultaría extremadamente difícil.
Si la protección DRM, como se aplica actualmente, está facilitando el control de la información y el conocimiento por parte de grandes corporaciones, la ley debe limitar la protección de esquemas DRM, fomentar el uso de protecciones al derechos de autor menos intrusivas y promover la interoperabilidad en industrias relevantes.
Nuestra recomendación es eliminar los artículos 123 y 124 para incluir un único artículo con el siguiente texto:
Artículo 123.- De la elusión de medidas tecnológicas.- Nada de lo dispuesto en este Parágrafo impedirá la elusión de medidas tecnológicas con fines de:
Decidir sobre la adquisición de la obra o prestación protegida;
Investigación en encriptación de información;
Investigación en seguridad de sistemas informáticos;
Hacer uso de obras en el dominio público;
Ejercer una limitación o excepción a los derechos de autor y derechos conexos de conformidad con este Título;
Ejercer todos los usos justos establecidos en el presente Código.
[1] El DRM impone varias restricciones, entre ellas (1) restricciones al acceso, ya que permite al usuario acceso ocasional o permanente condicionado al pago de una tarifa o edad; (2) restricciones a la copia, que previene —por ejemplo— que ciertos archivos digitales sean grabados en un CD; (3) restricciones de interoperabilidad, que evitan que un archivo digital de cierto formato sea utilizado en ciertos dispositivos; y (4) restricciones geográficas, por ejemplo el bloqueo de DVDs según la región. [↑]
[2] El código fuente de estos sistemas no es accesible y se debe pagar para su uso.[↑]
Posted in Derechos digitales and tagged asamblea nacional, Creative Commons, derechos digitales, DRM, ecuador, gestión on 23/07/2015 by admin.	← Older