Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A167-09.htm
Timestamp: 2017-11-23 16:31:20
Document Index: 5829876

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 37']

A167-09
Auto 167/09
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO Y JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO-Reiteración Auto 124/09
ACCION DE TUTELA CONTRA ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACION Y MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL-Competencia de Juez Penal del Circuito
Referencia: expediente ICC-1410
Conflicto de Competencia entre el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cúcuta y el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga.
1.- La ciudadana Ana Lucía Estupiñán Triviño, a través de apoderado judicial instauró acción de tutela contra la E.S.E. Francisco de Paula Santander en liquidación y el Ministerio de la Protección Social, por considerar que estas entidades han vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, acceso a la administración de justicia, mínimo vital, al imperio de la ley y al respeto de los derechos adquiridos, al negarse a reconocer y pagar los derechos convencionales, que a su juicio, tiene derecho.
2.- El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga, el cual, mediante auto del 10 de marzo de 2009 se declaró incompetente para conocer del trámite de la acción y ordenó el envío del expediente a los jueces del circuito de Cúcuta. Consideró el despacho que la E.S.E. accionada, tiene su domicilio en la ciudad de Cúcuta, razón por la cual es en ese municipio donde se están vulnerando los derechos de la accionante.
3.- Efectuado nuevamente el reparto, el asunto fue asignado al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cúcuta, el cual mediante providencia de fecha 12 de marzo de 2009 también se declaró incompetente en el conocimiento de la acción, argumentando que el domicilio de la autoridad que genera la presunta amenaza no es necesariamente el lugar donde se produce la vulneración alegada o sus efectos. A su juicio, la acción debe ser repartida a los jueces de Bucaramanga, por ser en esa ciudad donde tiene su domicilio la demandante y es allí donde se produce la presunta violación de sus derechos.
En primer lugar, es necesario recordar que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 señala que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.” Esta norma, que fue reglamentada mediante el Decreto 1382 de 2000 que en su artículo 1º también señala que “para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos”.
En efecto, son varias las posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor territorial en materia de acción de tutela a saber[6]: i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación de los derechos invocados. En este caso, no necesariamente el lugar donde tenga su sede el ente que viola de manera presunta los derechos fundamentales, coincide con el lugar donde ocurrió la vulneración, y ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde se produjeren los efectos de la vulneración o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales invocados.
Ahora bien, cabe señalar que en el presente asunto la demandante eligió para presentar la acción de tutela el lugar en donde se producen los efectos de la vulneración, es decir, la ciudad de Bucaramanga donde tiene su domicilio, elección que debe ser respetada por el juez constitucional[7].
Por otra parte no sobra reiterar la posición adoptada recientemente en el auto 124 de 2009[8], consistente en señalar claramente que “una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de compentencia”. No obstante, si bien el citado decreto no contempla normas de competencia, el mismo es una herramienta necesaria para racionalizar y desconcentrar el conocimiento de las acciones de tutela.
Así las cosas, teniendo en cuenta los anteriores criterios la Sala procederá a resolver el presente conflicto de competencia, ordenando remitir el expediente al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga para que, de forma inmediata, continúe con el trámite de la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Primero.- DECIDIR el conflicto de competencia presentado entre el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cúcuta, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga.
Segundo.- En consecuencia, REMITIR el expediente al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga para que, de forma inmediata, continúe con el trámite de la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Por Secretaría General, COMUNICAR al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cúcuta, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia.
[6] Al respecto, ver Autos 234 de 2003, 151 de 2005 y 095 de 2006, entre otros.
[7]Lo anterior, a partir de la interpretación sistemática del artículo 86 Superior y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a todo persona reclamar “ante los jueces - a prevención” la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Al respecto ver autos 277 de 2002, 017 de 2003, 105 de 2004, 137 de 2005, entre otros