Source: https://boib.vlex.es/vid/medidas-tributarias-administrativas-16222887
Timestamp: 2019-10-21 01:03:59
Document Index: 239821900

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 38', 'artículo 40', 'artículo 36', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 40', 'artículo 20', 'artículo 40', 'artículo 42', 'artículo 42', 'Artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 124', 'artículo 131', 'artículo 132', 'Artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 135', 'artículo 141', 'artículo 343', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 86', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 46', 'Artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 62', 'artículo 80', 'Artículo 80', 'artículo 86', 'artículo 94', 'artículo 69', 'artículo 70', 'Artículo 70', 'artículo 5', 'artículo 72', 'artículo 8', 'artículo 73', 'artículo 74', 'Artículo 74', 'artículo 7', 'artículo 34', 'Artículo 34', 'Artículo 15', 'artículo 69', 'artículo 70', 'artículo 70', 'Artículo 16', 'artículo 7', 'Artículo 17', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 52', 'artículo 65', 'artículo 67', 'artículo 65', 'Artículo 18', 'artículo 33', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 20', 'artículo 34', 'artículo 58', 'Artículo 22', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 55', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 69']

Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas - BOIB. Boletín Oficial de las Islas Baleares - Legislación - VLEX 16222887
Capítulo I. Tributos cedidos - arts. 1 a 3
Capítulo II. Tributos propios - art. 4
Capítulo III. Normas de gestión tributaria - arts. 5 a 7
Capítulo IV. Normas de gestión recaudatoria - arts. 8 a 11
Capítulo I. Normas de gestión económico-financiera - art. 12
Capítulo II. Normas de gestión administrativa - arts. 13 y 14
Capítulo III. De la acción administrativa en materia de salud - art. 15
Capítulo IV. La acción administrativa en materia de comercio interior - art. 16
Capítulo V. La acción administrativa en materia de ordenación farmacéutica - art. 17
Capítulo VI. La acción administrativa en materia de carreteras - art. 18
Capítulo VII. - arts. 19 a 21
Capítulo VIII. La acción administrativa en materia de aguas - art. 22
Capítulo IX. La acción administrativa en materia de prevención y extinción de incendios y salvamentos - art. 23
Capítulo X. La acción administrativa en materia de montes. - art. 24
Capítulo XI. La acción administrativa en materia de radiotelevisión - art. 25
Capítulo XII. La acción administrativa en materia agrícola. - arts. 26 a 29
Disposición adicional decimocuarta. 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, se declara reserva natural la finca pública de Ca'n Marroig en la isla de Formentera, excepto las casas y el espacio de uso público anexos, según figura en el plano que se adjunta en el anexo de la presente ley.
ANEXO I. CATEGORIAS DE SUELOS
I Esta ley se enmarca dentro de las conocidas como "leyes de acompañamiento de los presupuestos generales". La justificación de estas leyes reside en las limitaciones establecidas por el Tribunal Constitucional con relación al alcance de las leyes de presupuestos, atendiendo a la singularidad de estas últimas. En este sentido, las citadas "leyes de acompañamiento" pretenden complementar la Ley de presupuestos y constituir, con ésta, una unidad de acción racional para cumplir los objetivos de política económica, razón que justifica que se tramiten simultáneamente con las leyes de presupuestos generales. La presente ley responde a esta finalidad y, en este sentido, recoge básicamente aspectos de carácter tributario y de acción administrativa.
II El título I (Normas tributarias) se estructura en cuatro capítulos que contienen diversas normas relativas a los tributos cedidos, a los tributos propios y a determinados aspectos del procedimiento de gestión tributaria, respectivamente.
Por lo que se refiere al capítulo I (artículos 1 a 3), se modifican, en primer lugar, las cuantías de determinadas bases imponibles, reducciones y deducciones autonómicas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (artículo 1), y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones (artículo 2.1), redondeándose, con la intención de normalizar el uso del euro. En segundo lugar, se aumentan algunos de los beneficios fiscales actualmente existentes en las Illes Balears, con una atención especial a la problemática del acceso a la vivienda para los jóvenes residentes en las Illes Balears.
Así, se incrementa de un 5 por ciento a un 6,5 por ciento la deducción existente para la adquisición o la rehabilitación de la vivienda habitual en lo que concierne a los jóvenes menores de 36 años (artículo 1.3).
En este mismo sentido, se crea una bonificación del 99% en la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones y donaciones por lo que se refiere a las sucesiones que afecten a los sujetos pasivos comprendidos en el grupo I, eso es, a los descendientes y adoptados menores de 21 años, sin perjuicio de la reducción establecida para este grupo en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, reguladora del impuesto (artículo 2.3), y se introduce una deducción del 85% en la cuota tributaria del impuesto en el caso de donaciones de dinero de padres a hijos que, con los requisitos que se establecen en esta misma ley, se destinen a financiar la adquisición de la primera vivienda que tenga que constituir la residencia habitual de los hijos menores de 36 años (artículo 2.4).
En el capítulo II, relativo a los tributos propios (artículo 4) se crea la tasa por la expedición de la tarjeta para la utilización del mecanismo de control en el transporte por carretera a que se refiere el Reglamento CEE 1360/2002, de 24 de septiembre, de modificación del Reglamento CEE 3821/1985, y se revisan algunos aspectos de diversas tasas reguladas en la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen jurídico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, a efectos de delimitar mejor determinados hechos imponibles o bases imponibles, por una parte, de introducir algunas bonificaciones y exenciones, por otra, y, finalmente, de modificar puntualmente la cuantía de otras.
Asimismo, se suprime la tasa por la prestación de servicios docentes por parte de los Conservatorios Profesionales de Música y Danza de las Illes Balears correspondiente a la convocatoria extraordinaria del Plan de 1966, una vez extinguido definitivamente dicho plan.
El título II (Normas de gestión y acción administrativa) se divide en doce capítulos, referentes a la gestión economico-administrativa (artículo 12), a la gestión administrativa (artículos 13 y 14), y a la acción administrativa en materia de salud (artículo 15), en materia de comercio interior (artículo 16), en materia de ordenación farmacéutica (artículo 17), en materia de carreteras (artículo 18), en materia de protección de animales, caza y pesca fluvial (artículos 19, 20 y 21), en materia de aguas (artículo 22), en materia de prevención y extinción de incendios y salvamentos (artículo 23), en materia de montes (artículo 24), en materia de radiotelevisión (artículo 25), y en materia agrícola y concesional (artículos 26, 27, 28 y 29). La parte final se completa con veintiseis disposiciones adicionales, a efectos de recoger la creación, modificación y extinción de determinados entes públicos instrumentales, entre otras determinaciones normativas que, por razones de técnica legislativa, no tienen cabida a lo largo del articulado de la ley, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
TÍTULO I NORMAS TRIBUTARIAS Artículos 1 a 11
Capítulo I Tributos cedidos Artículos 1 a 3
De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1.b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, se establecen las deducciones siguientes, que tienen que aplicarse a la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas: 1. Deducción por gastos de adquisición de libros de texto.
Por el concepto de gastos en libros de texto editados para el desarrollo y la aplicación de los currículums correspondientes al segundo ciclo de educación infantil, a la educación primaria, a la educación secundaria obligatoria, al bachillerato y a los ciclos formativos de formación profesional específica, se deducirá de la cuota íntegra autonómica del impuesto el 100 por cien de los importes destinados a aquellos gastos por cada hijo que curse estos estudios, con los siguientes límites: a.
1) En declaraciones conjuntas y con una base imponible previa a la aplicación del mínimo personal y familiar: - De hasta 9.000,00 euros: 100,00 euros por hijo.
- Entre 18.000,01 y 24.000,00 euros: 25,00 euros por hijo. a.
2) En declaraciones individuales y con una base imponible previa a la aplicación del mínimo personal y familiar: - De hasta 4.500,00 euros: 50,00 euros por hijo.
A efectos de la aplicación de esta deducción, sólo podrán tenerse en cuenta aquellos hijos que, a su vez, den derecho a la reducción prevista en concepto de mínimo familiar en el artículo 40 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias.
En todo caso, la aplicación de esta deducción exigirá que la parte general de la base imponible del impuesto previa a la aplicación del mínimo personal y familiar no supere la cuantía de 24.000,00 euros en tributación conjunta y 12.000,00 euros en tributación individual, así como la justificación documental adecuada en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Deducción con respecto a los sujetos pasivos residentes en las Illes Balears de edad igual o superior a 65 años.
Deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en el territorio de las Illes Balears realizada por jóvenes con residencia en las Illes Balears.
Deducción por el arrendamiento de vivienda habitual en el territorio de las Illes Balears realizado por jóvenes con residencia en las Illes Balears.
Los sujetos pasivos menores de 36 años tendrán derecho a aplicar en la cuota autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas una deducción del 10 por cien de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo, con un máximo de 200,00 euros anuales, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1. Que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente, ocupada efectivamente por éste, siempre que la fecha del contrato sea posterior a 23 de abril de 1998 y la duración sea igual o superior a un año.
Que se haya constituido el depósito de la fianza a que se refiere el artículo 36.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, a favor del Instituto Balear de la Vivienda.
Que, durante al menos la mitad del periodo impositivo, ni el contribuyente ni ninguno de los miembros de su unidad familiar sean titulares, del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute, de otra vivienda que esté a menos de 70 kilómetros de la vivienda arrendada, excepto en los casos en que la otra vivienda esté ubicada en otra isla.
Que el contribuyente no tenga derecho en el mismo periodo impositivo a ninguna deducción por inversión en vivienda habitual, con excepción de la correspondiente a las cantidades depositadas en cuentas vivienda.
Que la base imponible, antes de la aplicación de las reducciones por el mínimo personal y familiar, no supere la cuantía de 18.000,00 euros en el caso de tributación individual, y de 30.000,00 euros en el caso de tributación conjunta. En caso de tributación conjunta, sólo podrán beneficiarse de esta deducción los contribuyentes integrados en la unidad familiar que cumplan las condiciones establecidas en los párrafos anteriores y por el importe de las cantidades efectivamente satisfechas por ellos.
Deducción por gastos de guardería y similares.
Deducción por declarantes con discapacidad física o psíquica o con descendientes solteros o ascendientes con esta condición que residen en las Illes Balears.
De acuerdo con lo previsto en la letra a) del artículo 40.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, las adquisiciones por causa de muerte tendrán una reducción del 100 por cien del valor de la vivienda habitual del causante, con el límite de 120.000,00 euros por cada sujeto pasivo, siempre que los causahabientes sean el cónyuge, los ascendientes o los descendientes de aquél, o parientes colaterales mayores de 65 años que hayan convivido con el causante durante los dos años anteriores a la defunción. Para la aplicación de esta reducción es necesario que la adquisición se mantenga durante los diez años siguientes a la defunción del causante, a no ser que el adquirente muera dentro de este plazo. En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia a que se refiere el párrafo anterior, tendrá que satisfacerse la parte del impuesto que se haya dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora correspondientes.
De acuerdo con lo previsto en la letra a) del artículo 40.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, se eleva hasta 300.000,00 euros la reducción prevista en el artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, por lo que se refiere a las adquisiciones por causa de muerte para los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir que sean residentes en las Illes Balears y que tengan la consideración legal de minusválidos con un grado de discapacidad superior al 65%.
Esta reducción será compatible con el resto de reducciones que puedan corresponderles de acuerdo con el mencionado artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre.
De acuerdo con lo previsto en la letra d) del artículo 40.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, a los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir que sean residentes en las Illes Balears y que estén comprendidos en el grupo I del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 en diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, se les aplicará una bonificación del 99% sobre la cuota tributaria del impuesto.
De acuerdo con lo previsto en la letra d) del artículo 40.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, a los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir que sean residentes en las Illes Balears, se les aplicará una deducción del 85% en la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones y donaciones que se devengue como consecuencia de las donaciones de dinero de padres a hijos para la adquisición de la primera vivienda que tenga que constituir la residencia habitual de los hijos, siempre que se cumplan los requisitos siguientes: a) La donación debe formalizarse en escritura pública y debe hacerse constar de manera expresa la voluntad de que el dinero donado se destina a la adquisición de la primera vivienda del hijo que ha que constituir su residencia habitual.
La edad del donatario no puede exceder de los 35 años en la fecha de formalización de la donación.
La vivienda tiene que adquirirse en el plazo máximo de 6 meses desde la formalización de la donación.
El donatario debe tener un patrimonio inferior a los 400.000,00 euros al tiempo de la fecha de formalización de la donación.
El importe máximo de la donación susceptible de integrar la base de la bonificación será de 30.000,00 euros.
No obstante, en el caso de contribuyentes discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33% este importe lo será de 42.000,00 euros. Estos límites serán de aplicación tanto en el caso de una única donación como en el caso de donaciones sucesivas, ya sean provenientes del mismo ascendiente o de diferentes ascendientes.
Tasa fiscal sobre el juego 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, se regulan los tipos de gravamen de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, en los términos siguientes: a) El tipo tributario general será del 21 por ciento.
El tipo tributario aplicable al juego del bingo será del 31 por ciento.
A los casinos de juego se aplicará la tarifa siguiente: - Porción de base imponible entre 0,00 euros y 1.653.481,00 euros.
- Porción de base imponible entre 1.653.481,01 euros y 2.735.761,00 euros.
- Porción de base imponible entre 2.735.761,01 euros y 5.456.489,00 euros.
- Porción de base imponible superior a 5.456.489,01 euros.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, están exentas del pago de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias regulada en el Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, las asociaciones que celebren tómbolas y rifas, siempre que cumplan los requisitos siguientes: a) Que desarrollen sus funciones principalmente en las Illes Balears.
Que estén inscritas en el Registro de Asociaciones competente de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. c) Que no tengan finalidad de lucro y que los cargos de patrones o representantes sociales no estén retribuidos. Asimismo, tampoco tendrán que percibir ninguna retribución aquellas personas que intervengan en la organización del juego.
Que el premio del juego organizado no supere el valor de 1.500,00 euros.
Que el importe total de los billetes ofrecidos no supere los 12.000,00 euros y se justifique el destino de los fondos a finalidades de carácter social. Las asociaciones mencionadas sólo podrán disfrutar de la exención para un máximo de cuatro rifas o tómbolas en el año, sin que la duración exceda de tres meses. Esta exención se otorgará una vez solicitada al consejero competente en materia de hacienda en los términos que se determinen reglamentariamente.
Capítulo II Tributos propios Artículo 4
Modificación de determinados aspectos de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Se modifica la denominación del capítulo IV del título II de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «Capítulo IV. Tasa para autorizaciones de transporte por carretera, actividades auxiliares y complementarias del transporte y expedición de tarjetas para la utilización del mecanismo de control en el sector del transporte por carretera».
Se añade un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción: «Asimismo, constituye el hecho imponible de esta tasa la primera y las posteriores solicitudes de la tarjeta para la utilización del mecanismo de control del transporte por carretera a que se refiere el Reglamento CEE 1360/2002, de 24 de septiembre, de modificación del Reglamento CEE 3821/1985».
Se añaden dos nuevas letras, las letras C y C1, al artículo 24 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción: «C.
Solicitud y expedición de la tarjeta para la utilización del mecanismo de control en el sector del transporte por carretera a que se refiere el Reglamento CEE 1360/2002, de 24 de septiembre, de modificación del Reglamento CEE 3821/1985. C1. Cuota fija por solicitud, renovación o duplicado de la tarjeta: 22,00 euros».
Se suprime el punto 2.3.1 y se modifica el punto 2.3 del artículo 124 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «2.3. AIA Simplificada: 176,98 euros».
Se modifica el apartado 2 del artículo 131 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «2. Quedan exentos del pago de esta tasa los sujetos pasivos que acrediten la condición de jubilado o mayor de 65 años».
Se modifica la denominación del artículo 132 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 132 Cuantía y bonificaciones» 7. Se añade un nuevo párrafo final al artículo 132 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción: «Bonificaciones Se aplicará una bonificación del 50% de la tasa correspondiente a la licencia de caza a los solicitantes que acrediten la condición de miembros de la Federación Balear de Caza».
Se modifica el apartado 2 del artículo 135 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «2. Quedan exentos del pago de esta tasa los sujetos pasivos que acrediten la condición de jubilado o mayor de 65 años».
Se modifica la denominación del capítulo IX del título VI de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «Capítulo IX. Tasa por autorizaciones en la zona de servidumbre de protección regulada en la legislación de costas».
Se modifica la forma de determinación de la cuantía de la tasa, t, a que se refiere la letra a) del artículo 141 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: K*P2/3 t = ------------- 5,5 11. Se modifica el apartado 3 del artículo 343 bis de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «3. Cuantía La tasa por inscripción a INLABAG será de 70,00 euros por muestra».
Se modifica el punto 3 del artículo 407 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «3. Autorizaciones y ampliaciones. Inscripción de nuevas industrias, ampliaciones y traslados. Sustituciones de maquinaria. Centrales, subestaciones, líneas de alta tensión. Estaciones transformadoras. Aparatos elevadores. Instalaciones de baja tensión. Instalaciones de combustible, aparatos a presión, calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Instalaciones frigoríficas. Almacenajes de productos químicos, gases combustibles, receptores de gas. Producción de energía eléctrica en régimen especial (energías fotovoltaicas o eólicas de cogeneración). Contra-incendios».
Se modifica el punto 3.16 del artículo 407 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «3.16. Comunicación de datos no confidenciales».
Se suprime la tasa por la prestación de servicios docentes por parte de los conservatorios profesionales de música y danza de las Illes Balears correspondiente a la convocatoria extraordinaria del Plan de 1966 contenido en la letra A) del artículo 86 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Se añade un artículo al capítulo XXXII 'Tasa G-3: Mercancías y pasajeros' de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
Capítulo III Normas de gestión tributaria Artículos 5 a 7
Cuestiones de competencia y otras normas de gestión en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, las declaraciones o autoliquidaciones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones deben presentarse ante los órganos competentes que determine la normativa vigente de aplicación. Cuando el órgano o la oficina liquidadora donde se presente la declaración o autoliquidación de los impuestos a que se refiere el párrafo anterior de este artículo se considere incompetente, dicho órgano u oficina deberá remitir la documentación correspondiente al órgano u oficina que considere competente. La remisión se hará de oficio y sin necesidad de notificación personal al presentador de los documentos.
A los efectos de mejorar el control de los hechos imponibles, cuyo rendimiento deba corresponder a la comunidad autónoma de las Illes Balears de acuerdo con los puntos de conexión territoriales previstos en los artículos 24 y 25 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, los registradores de la propiedad radicados en el ámbito territorial de las Illes Balears deben poner en conocimiento de la consejería competente en materia de hacienda los actos y contratos que se presenten a inscripción en los correspondientes registros y que hayan dado lugar a la liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o del impuesto sobre sucesiones y donaciones en otras comunidades autónomas. Por orden del consejero competente en materia de hacienda se deberá regular el procedimiento, y, en particular, los plazos y los modelos para hacer efectiva dicha obligación de comunicación.
De acuerdo con lo que prevén los artículos 33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, y 54.1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y con la finalidad de comprobar que efectivamente se ha llevado a cabo el pago y la presentación de los documentos a liquidar por cualquiera de estos impuestos ante los órganos competentes de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el consejero competente en materia de hacienda deberá establecer, mediante orden, la forma de justificación del pago y de la presentación de dichos documentos ante los registros en los que tengan que inscribirse, así como el procedimiento para que los registradores de la propiedad radicados dentro del ámbito territorial de las Illes Balears puedan verificar por procedimientos telemáticos la realidad del ingreso y de la presentación de los documentos.
Gestión censal y pago mediante recibo de la tasa fiscal sobre el juego.
La gestión de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar realizados a través de las máquinas recreativas se realizará a partir del censo anual comprensivo de las máquinas tipo "B" o con premio y tipo "C" de azar que hayan sido autorizadas en años anteriores, así como de los sujetos pasivos y de las cuotas exigibles. Asimismo, se incluirá en dicho censo anual, en su caso, el juego de promoción del trote. El procedimiento relativo a la gestión censal de esta tasa se desarrollará por orden del consejero competente en materia de hacienda.
El ingreso de las cuotas trimestrales de esta tasa lo realizará el sujeto pasivo mediante el abono del documento de pago expedido por la Administración de acuerdo con los datos que consten en el censo anual. Por orden del consejero competente en materia de hacienda deberá regularse el procedimiento de gestión del ingreso, y, en particular, los plazos y los modelos.
Pago telemático preceptivo de determinados tributos.
Capítulo IV Normas de gestión recaudatoria Artículos 8 a 11
De la gestión recaudatoria.
La recaudación de los recursos integrantes de la hacienda pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, cuya titularidad corresponda a la Administración General de la comunidad autónoma o a los organismos o a las entidades de derecho público dependientes, deberá ejercerse por los órganos competentes en cada caso, bajo la coordinación superior del consejero competente en materia de hacienda.
La recaudación en periodo voluntario corresponderá a los órganos de la consejería competente en materia de hacienda o, en su caso, a los órganos de los organismos y de las entidades de derecho público dependientes que, respectivamente, tengan atribuida la gestión de los recursos correspondientes. La recaudación en periodo ejecutivo de todos los recursos integrantes de la Hacienda pública de la comunidad autónoma que sean exigibles en vía de apremio corresponderá a los órganos de la consejería competente en materia de hacienda.
La recaudación y, en su caso, las funciones de gestión, inspección, liquidación y revisión de los recursos titularidad de otras administraciones públicas que, mediante ley, convenio, delegación de competencias o encomienda de gestión, sean atribuidas a la comunidad autónoma de las Illes Balears, corresponderá a los órganos de la consejería competente en materia de hacienda.
Órganos competentes para la gestión recaudatoria.
Las competencias de cada uno de los órganos que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, tengan atribuida la gestión recaudatoria, serán las que se establezcan en las leyes, en los decretos y en las órdenes que a tales efectos pueda dictar el consejero competente en materia de hacienda.
Reglamentariamente, podrán crearse unas o más recaudaciones de zona para el ejercicio de cualquier competencia de recaudación y, en su caso, de gestión, inspección, liquidación y revisión, que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, corresponda en la consejería competente en materia de hacienda.
Recaudador titular.
En todo caso, las recaudaciones de zona a que se refiere el artículo anterior serán órganos unipersonales de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, adscritos a la consejería competente en materia de hacienda, al frente de las cuales se situará un recaudador titular con los derechos y obligaciones que reglamentariamente se establezcan.
En particular, los recaudadores titulares tendrán derecho a percibir las retribuciones que les correspondan en los términos que se establezcan reglamentariamente, y que podrán consistir en una cuantía fija, en una cantidad resultante de aplicar una tarifa, o en una combinación de ambos procedimientos, de acuerdo con la naturaleza y las características de cada una de las funciones que deban realizar en ejecución de las competencias atribuidas a las recaudaciones de zona correspondientes. En todo caso, las retribuciones se determinarán a un nivel que permita la cobertura de los gastos de funcionamiento y conservación de las oficinas de recaudación, con inclusión de la retribución personal del recaudador titular y de las retribuciones del personal colaborador a que se refiere el artículo siguiente, y quedarán afectadas a la cobertura directa de dichos gastos.
La selección y el nombramiento de los recaudadores titulares corresponderá al consejero competente en materia de hacienda, mediante una convocatoria pública entre funcionarios en los cuales concurran las condiciones que se determinan reglamentariamente.
Los recaudadores titulares tendrán el carácter de agente de la hacienda pública autonómica, y, en el ejercicio de sus funciones, gozarán de los derechos y de las prerrogativas inherentes a la condición de autoridad. Asimismo, podrán solicitar la cooperación y el auxilio de las autoridades en los términos establecidos en el Reglamento general de recaudación.
Personal colaborador del recaudador titular.
Los recaudadores titulares contratarán a su personal colaborador de acuerdo con la normativa laboral vigente que resulte de aplicación y con sujeción a la plantilla que, para cada recaudación de zona, establezca el consejero competente en materia de hacienda.
Las personas contratadas como personal colaborador de los recaudadores titulares no tendrán ninguna vinculación laboral o administrativa con la Administración de la comunidad autónoma, y se regirán, únicamente, por la relación laboral correspondiente con cada recaudador titular.
TÍTULO II NORMAS DE GESTIÓN Y ACCIÓN ADMINISTRATIVA Artículos 12 a 29
Capítulo I Normas de gestión económico-financiera Artículo 12
Modificación de determinados aspectos de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Se modifica el apartado 4 del artículo 46 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 46 4. La diferencia entre el remanente líquido de tesorería y las incorporaciones de crédito del ejercicio podrá utilizarse como fuente de financiación para incorporar a los créditos del presupuesto de gastos que el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos determine.
Estas incorporaciones no estarán afectadas por la limitación contenida en el párrafo segundo del punto 3 de este artículo».
Se suprime el apartado 5 del artículo 46 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que queda sin contenido.
Se modifica el apartado 2 del artículo 62 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «2. El importe de las dotaciones destinadas a remuneraciones del personal al servicio de estas entidades autónomas y empresas públicas tendrá carácter limitativo. Asimismo, el importe total de las dotaciones que corresponden a los gastos corrientes, por una parte, y el importe total de las que corresponden a gastos de capital, por otra, tendrán también carácter limitativo. De acuerdo con lo anterior y dentro del límite de los importes totales de las dotaciones para gastos corrientes, por una parte, y de las dotaciones para gastos de capital, por otra, el importe de cada una de las dotaciones tendrá carácter estimativo, excepto en lo referido a gastos de personal».
Se modifica el artículo 80 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 80 Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración de la comunidad autónoma de los que puedan derivarse derechos u obligaciones de contenido económico, o movimientos de fondos o valores, deberán ser intervenidos de acuerdo con esta ley y con sus disposiciones reglamentarias de desarrollo. La función interventora tiene por objeto controlar los actos, documentos y expedientes a que se refiere el párrafo anterior, con la finalidad de asegurar que la Administración de la comunidad autónoma se ajusta a las disposiciones que resulten de aplicación en cada caso».
Se modifica la letra a) del artículo 86 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «a) La fiscalización previa de todos los actos, documentos o expedientes susceptibles de producir obligaciones de contenido económico o movimientos de fondos y valores, cuyo importe unitario sea superior al fijado reglamentariamente para cada tipo de gasto. La fiscalización previa podrá efectuarse mediante procedimientos de muestreo. Por otra parte, la fiscalización previa podrá sustituirse por el control posterior en los casos en que así se determine reglamentariamente».
Se añade una nueva letra, la letra e), al artículo 94 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción: «e) La definición de los procedimientos en materia económico-financiera en lo que afecte al ejercicio de sus competencias en materia de control interno y contabilidad pública».
Capítulo II Normas de gestión administrativa Artículos 13 y 14
Modificación de determinados aspectos de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Se añade un nuevo apartado, el apartado 3, al artículo 69 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción: «3. En el ámbito de la administración instrumental, los órganos competentes en materia de responsabilidad patrimonial y, en especial, la competencia para resolver, puede atribuirse a los órganos de dirección, unipersonales o colegiados, si así lo prevén sus estatutos o la norma de creación. Los actos dictados por estos órganos en esta materia agotarán la vía administrativa.
Se modifica el artículo 70 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 70. La Abogacía de la comunidad autónoma 1. El asesoramiento jurídico del presidente y del Gobierno corresponde, con carácter general, a los abogados de la Administración de la comunidad autónoma, los cuales se integran en la Abogacía de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
La dirección de la Abogacía de la comunidad autónoma de las Illes Balears tendrá la condición de órgano directivo de los previstos en el artículo 5.4 de esta ley, asimilado en rango a una dirección general, cuyo titular ha de ser un funcionario público del cuerpo de abogados del Estado o del cuerpo superior de abogados de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
La estructura y el régimen de funcionamiento de la Abogacía de la comunidad autónoma, así como el sistema de acceso al cuerpo superior de abogados de la Administración de la comunidad autónoma, se regirán por la normativa reglamentaria de desarrollo que dicte el Consejo de Gobierno».
Se añade un nuevo apartado, el apartado 3, al artículo 72 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción: «3. No obstante lo dispuesto en el artículo 8.3 de la presente ley, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la dirección de la Abogacía, podrá fijar la estructura orgánica y las funciones de los servicios jurídicos de las consejerías a efectos de conseguir la efectiva coordinación de los mencionados servicios».
Se modifica el apartado 1 del artículo 73 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «1. La representación y la defensa en juicio de la Administración de la comunidad autónoma ante todos los órdenes y órganos jurisdiccionales corresponde al abogado titular de la dirección de la Abogacía y a los abogados de la Administración de la comunidad autónoma».
Se modifica el artículo 74 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 74. Representación de los entes instrumentales 1. La representación y la defensa en juicio de los entes que integran la administración instrumental de la comunidad autónoma corresponde a los abogados de la Abogacía de la comunidad autónoma, salvo que la norma de creación y regulación disponga otra cosa.
Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a las empresas públicas y fundaciones del sector público autonómico, a no ser que, previamente, se haya suscrito el convenio correspondiente».
Modificación de determinados aspectos de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones.
Se añade una nueva letra, la letra g), al artículo 7 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, con la siguiente redacción: «g) Con carácter excepcional, las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, o cualquier otra razón debidamente justificada que dificulte la concurrencia pública, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno que deberá fijar los programas presupuestarios correspondientes».
Se modifica el artículo 34 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, que pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 34. Pago anticipado de subvenciones Únicamente podrán hacerse anticipos de pago sobre la subvención concedida, con la exigencia, si procede, de las garantías adecuadas, en los siguientes casos: a) Cuando la concesión de la subvención se derive de la aplicación de normas de la Unión Europea, del Estado, o de otro ente público, y así lo prevean expresamente dichas normas. b) Por razones de interés público, a instancia motivada del órgano competente para la concesión de la subvención, y con la autorización previa del consejero competente en materia de hacienda, la cual se tendrá que hacer constar expresamente en la convocatoria de la subvención o, en el caso de procedimientos de concesión iniciados a instancia de parte, en la propuesta de resolución correspondiente».
Capítulo III De la acción administrativa en materia de salud Artículo 15
Modificación de determinados aspectos de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears.
Se modifica el artículo 69 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «1. El Servicio de Salud se organiza de acuerdo con la presente ley y sus estatutos.
Son órganos superiores de dirección y gestión del Servicio de Salud: a) El Consejo General. b) El director general o el órgano de dirección que se determine según lo dispuesto en este artículo. c) El secretario general.
La composición del Consejo General, presidido por el titular de la consejería competente en materia de salud, lo integrarán el director general de la entidad o el órgano directivo a que se refiere el apartado segundo de este artículo, los representantes de las administraciones territoriales de las Illes Balears y el resto de miembros que determinen los estatutos.
La dirección del Servicio de Salud será ejercida, con el acuerdo previo del Consejo de Gobierno y a propuesta de la consejería competente en materia de salud, por un director general o por un órgano directivo asimilado en rango, cuyo titular será un funcionario público con el fin de garantizar una mayor imparcialidad y especialización.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno y a propuesta del consejero competente en materia de salud se materializará la opción por la existencia del mencionado órgano directivo. En dicho acuerdo se harán constar las diferentes características del nuevo órgano directivo y, en particular, aquéllas que tengan que constar, si procede, en la relación de puestos de trabajo. b) Este acuerdo determinará la correspondiente modificación de la relación de puestos de trabajo, de acuerdo con el procedimiento específico regulado en la legislación de función pública. c) Una vez vigente la modificación de la relación de puestos de trabajo, el consejero competente en materia de función pública, a propuesta del consejero competente en materia de salud, hará el nombramiento correspondiente.
El secretario general será nombrado por el consejero competente en materia de salud, a propuesta del director general o del órgano directivo de la entidad».
Se modifica el apartado 3 del artículo 70 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «3. El régimen de recursos, sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica del Estado en esta materia, seguirá las siguientes reglas: a) Los actos del Consejo General agotan la vía administrativa. b) Contra los actos del director general o del órgano de dirección del Servicio de Salud puede interponerse recurso de alzada ante el Consejo General, con excepción de las resoluciones dictadas en materia de responsabilidad patrimonial que se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo que dispone la disposición transitoria cuarta de esta ley. c) Contra los actos dictados por otros órganos podrá interponerse recurso de alzada ante el director general o el órgano de dirección del Servicio de Salud».
Se añade una nueva disposición transitoria, la disposición transitoria cuarta, a la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears, con la siguiente redacción: «Disposición transitoria cuarta Hasta que se aprueben los estatutos a que se refiere el artículo 70.2 de la presente ley, la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial del Servicio de Salud de las Illes Balears corresponderá al secretario general y la resolución de éstos, que pondrá fin a la vía administrativa, al director general o al órgano de dirección del Servicio de Salud».
Capítulo IV La acción administrativa en materia de comercio interior Artículo 16
Modificación de determinados aspectos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears.
Se modifica el apartado 4 del artículo 7 de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «4. En el ámbito territorial de las Illes Balears no pueden venderse bebidas alcohólicas, sea cual sea su graduación, en cualquier tipo de establecimiento comercial, incluidas las tiendas de conveniencia y las tiendas anexas a las gasolineras, a partir de las 24.00 horas y hasta las 8.00 horas del día siguiente».
Capítulo V La acción administrativa en materia de ordenación farmacéutica Artículo 17
Modificación de determinados aspectos de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears.
Se modifica el apartado 1 del artículo 11 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «1. La consejería competente en materia de salud deberá nombrar un farmacéutico sustituto, después de solicitarlo el titular de la farmacia, en los supuestos en que concurran en el farmacéutico titular o regente circunstancias de carácter excepcional y limitadas en el tiempo, tales como baja por maternidad, enfermedades que no determinen la incapacidad absoluta del titular o regente, ocupación de cargo público o de los órganos de gobierno de la corporación colegial farmacéutica, estudios de especialización o de formación continua relacionados directamente con la profesión farmacéutica, inhabilitación temporal, o vacaciones por un periodo no superior a un mes al año».
Se modifica la letra c) del artículo 21 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «c) El 30 por cien de las viviendas construidas de segunda residencia, donde se computen cuatro habitantes por cada vivienda, justificado mediante certificaciones relativas a cada uno de los municipios integrados en la zona farmacéutica de la cual se trate emitidas por el secretario del ayuntamiento o por el Instituto Nacional de Estadística».
Se modifica el apartado 1 del artículo 52 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «1. La consejería competente en materia de salud podrá autorizar la existencia de un servicio de farmacia en los centros socio-sanitarios y penitenciarios. Este servicio tendrá por objeto adquirir, custodiar, conservar y dispensar medicamentos y productos sanitarios únicamente a residentes o internos en el correspondiente centro o centros pertenecientes a una misma institución, y deberá estar bajo la responsabilidad de un farmacéutico».
Se modifica el apartado 3 del artículo 65 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«3. Las entidades o agrupaciones ganaderas y los establecimientos detallistas autorizados para la dispensación de medicamentos de uso veterinario deberán contar con un farmacéutico responsable en los términos que se señalen reglamentariamente. Asimismo, deberán reunir los requisitos y las condiciones establecidas en la legislación que les sea de aplicación».
Se modifica la letra c) del artículo 67 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«c) La prestación del ejercicio profesional en más de una oficina de farmacia o en más de un establecimiento y/o servicio de los regulados en esta ley, y en los que figure como responsable.
Se exceptúan de esta incompatibilidad los establecimientos dispensadores de medicamentos de uso veterinario previstos en el apartado 1 del artículo 65 de la presente ley».
Capítulo VI La acción administrativa en materia de carreteras Artículo 18
Se modifica la letra e) del apartado 2 del artículo 33 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «e) Las conducciones eléctricas, hidráulicas y similares de interés público enterradas podrán autorizarse a una distancia no inferior a los tres (3) metros de la arista de explanación de la carretera, fuera de la zona de dominio público. Bajo la calzada, los cruces deberán realizarse por la solera de las obras de fábrica existentes, en galerías o tubos dispuestos previamente a este objeto o construidas con medios que no alteren el firme; excepcionalmente, podrán autorizarse rasas en la calzada por razones de extrema urgencia o necesidad, o previamente a una obra de renovación del firme existente. En las travesías, las conducciones deberán ir debajo de las aceras o las zonas con dicho destino siempre que sea posible.
Capítulo VII Artículos 19 a 21
Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 1/1992, de 8 de abril, de protección de los animales que viven en el entorno humano, que pasa a tener la siguiente redacción: «b) La celebración de competiciones de tiro al pichón o de codorniz, siempre y cuando sean promovidas por sociedades de tiro, bajo el control de la respectiva federación, y cuenten con la autorización de la consejería competente en materia de caza. En ningún caso se permitirán las replazas ni otra práctica que suponga tiros adicionales a los dos que corresponden al competidor».
Se añade una nueva letra, la letra d), al apartado 2 del artículo 4 de la Ley 1/1992, de 8 de abril, de protección de los animales que viven en el entorno humano, con la siguiente redacción: «d) Las tiradas y los campeonatos de tiro de codornices lanzadas a máquina, siempre que sean promovidas y controladas por la Federación Balear de Caza y cuenten con la autorización de la consejería competente en materia de caza».Este deporte se regirá por el Reglamento de campeonatos de codornices lanzadas a máquina de la Federación Española de Caza».
Artículo 20 Normas en materia de caza.
En el ámbito territorial de las Illes Balears, se deja sin efecto el contenido del apartado 4 del artículo 34 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, el cual queda sustituido por la norma siguiente:«La consejería competente en materia de caza autorizará la expedición de licencias, después de la tramitación del correspondiente expediente. La renovación de estas licencias será anual. No obstante y a petición del cazador, podrán expedirse licencias de hasta tres años de validez, haciéndose constar en la misma cartulina».
En el ámbito territorial de las Illes Balears, se deja sin efecto el contenido del artículo 58 de la Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se regula el fomento y la conservación de la pesca fluvial, el cual queda sustituido por la norma siguiente: «La acción para denunciar y perseguir a los infractores de esta ley de pesca fluvial es pública. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años, las menos graves al año y las leves a los seis meses, a contar a partir del día en que las infracciones se hayan producido. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas menos graves y leves al año».
En el ámbito territorial de las Illes Balears, se dejan sin efecto las cuantías establecidas en los artículos 111, 112, 113 y 114 del Decreto de 6 de abril de 1943, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de pesca fluvial, las cuales quedan sustituidas por las cuantías siguientes: «Las faltas leves serán sancionadas con multa de 100,00 a 500,00 euros.
Capítulo VIII La acción administrativa en materia de aguas Artículo 22
En el ámbito territorial de las Illes Balears, se deja sin efecto el contenido del apartado 2 del artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de aguas, el cual queda sustituido por la norma siguiente: «Las captaciones de aguas subterráneas o de manantiales de menos de 7.000 m3/año requieren autorización administrativa, que deberá otorgarse en función de los volúmenes disponibles estimados en la planificación hidrológica».
En el ámbito territorial de las Illes Balears, se deja sin efecto la rúbrica del artículo 55 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de aguas, la cual queda sustituida por la rúbrica siguiente: «Facultades del organismo de cuenca en relación con el aprovechamiento y el control de los caudales concedidos y las condiciones de las obras de captación».
En el ámbito territorial de las Illes Balears, se deja sin efecto el contenido del apartado 4 del artículo 55 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de aguas, el cual queda sustituido por la norma siguiente:«Todos los abastecimientos de población estable o flotante gestionados directa o indirectamente por las entidades locales deberán disponer de contadores en cada uno de los puntos de captación de agua, cualquiera que sea su forma, con la obligación de mantenerlos en perfecto estado y de suministrar a la Administración hidráulica la información que requiera.Reglamentariamente, mediante decreto del Consejo de Gobierno, se determinarán las condiciones técnicas generales para la realización de captaciones y abandonos, a las que deberán ajustarse los proyectos y su ejecución, con el fin de garantizar la protección del dominio público hidráulico ante todo tipo de contaminación. Para las captaciones de abastecimiento público se establecerán unas condiciones específicas.Los sondeos autorizados para otros fines que no sean la captación de aguas subterráneas, al amparo de otra legislación, sólo podrán solicitar autorización o concesión de acuerdo con la legislación de aguas si pueden adaptarse a las condiciones técnicas generales a que se refiere el párrafo anterior. En caso contrario tendrán que abandonarse, con aplicación de las condiciones técnicas fijadas reglamentariamente».
Normas relativas a la gestión de la demanda de agua.
Un programa obligatorio de instalación de contadores individuales de agua, así como instalaciones de fontanería de bajo consumo y ahorradora de agua en todas las viviendas, establecimientos turísticos, industriales, comerciales y agrícolas e instalaciones urbanas de nueva construcción que requieran suministro de agua.b) Un plan de gestión de la demanda de agua, entendido como un conjunto de actuaciones y actividades que permitan reducir la demanda, mejorar la eficiencia en el uso y evitar el deterioro de los recursos hídricos disponibles en el futuro, que tendrá que incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:- Extracciones y facturación existente, análisis de su evolución en el tiempo y previsiones de crecimiento.- Universalización de la instalación de contadores individuales.- Universalización de fontanería y sanitarios de bajo consumo.- Medidas de detección y reducción de fugas.- Sustitución de redes y sectorialización adecuada.- Reutilización de aguas residuales tratadas para riego de zonas verdes.- Establecimiento de tarifas progresivas que graven los consumos suntuarios y abusivos.- Campañas de concienciación ciudadana y asesoramiento al usuario. - Cuantificación detallada, con indicación de los plazos de ejecución y sistemas de financiación.
Servicio público de abastecimiento de agua en alta.
Capítulo IX La acción administrativa en materia de prevención y extinción de incendios y salvamentos Artículo 23
Artículo 23 Modificación del artículo 11 de la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias en las Illes BalearsSe modifica el artículo 11 de la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias en las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«Artículo 11
Los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos.
Asimismo, tendrán la consideración de colaboradores de los servicios antes mencionados: las agrupaciones de defensa forestal o similares, los voluntarios de protección civil, los bomberos voluntarios y el personal de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de los organismos y empresas públicas y privadas».
Capítulo X La acción administrativa en materia de montes. Artículo 24
En desarrollo de lo dispuesto en la legislación estatal de montes, el plazo durante el cual queda prohibido el cambio de uso forestal por razón de incendio en el ámbito territorial de las Illes Balears queda fijado en 30 años.
Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que, mediante decreto, regule el procedimiento para hacer efectiva la prohibición a que se refiere el apartado anterior, así como para fijar las condiciones que garanticen la restauración de las vegetaciones afectadas por los incendios.
Capítulo XI La acción administrativa en materia de radiotelevisión Artículo 25
Se modifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«1. El Consejo de Administración estará integrado por diecisiete miembros, elegidos por cada legislatura por el Parlamento de las Illes Balears, por mayoría de dos tercios, entre personas de acreditado prestigio profesional, en aplicación de los criterios de proporcionalidad relativos a los grupos parlamentarios.
Una vez nombrado al director general, éste asistirá a las reuniones de acuerdo con lo que dispuesto en el artículo 10.4 de la presente ley. La elección para cada lugar en el Consejo de Administración lo será de titular y de suplente, el cual deberá ocupar el cargo de manera automática ante una eventual vacante».
Se modifica el apartado 4 del artículo 4 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«4. La condición de miembro del Consejo de Administración será incompatible con cualquier clase de vinculación, ya sea directa o indirecta, con empresas publicitarias, empresas de producción o distribución de películas cinematográficas o de programas filmados o gravados en magnetoscopio o radiofónicos, discográficas, cintas magnetofónicas o similares, así como las dedicadas a la provisión o dotación de programas o de material a RTVE, a la Compañía y a cualquier otra sociedad de radio o televisión. También será incompatible con todo tipo de prestación de servicios o relación laboral en activo con la Compañía, con RTVE o con las sociedades de ambos entes, así como con cualquier otra entidad pública o privada».
Se modifica el artículo 5 de la Ley 7/1985, de 22 de mayor, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«Articulo 51. La presidencia del Consejo de Administración es puramente funcional, y sus miembros la deberán ejercer rotativamente por un período de cuatro meses.
Si en el decurso de la legislatura es necesario proceder a la sustitución de cualquier consejero, su suplente ocupará, a los efectos del turno rotatorio en la presidencia, el lugar que corresponda al sustituido».
Se modifica el apartado 3 del artículo 6 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«3. El Consejo de Administración deberá reunirse en sesión ordinaria como mínimo una vez al mes y también, en caso de urgencia, cuando lo solicite la mayoría absoluta de sus miembros. La convocatoria se efectuará por escrito y deberá incluir, en todo caso, el orden del día».
Se modifica el apartado 4 del artículo 6 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«4. Se pueden tratar otros asuntos diferentes de los incluidos en el orden del día siempre que estén presentes todos los miembros y se declare la urgencia del asunto con el voto favorable de la mayoría».
Se modifica el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«2. Estos acuerdos deberán adoptarse por mayoría simple, excepto los incluidos en los apartados b), d), f), g), h) y k), que se adoptarán por mayoría de dos tercios. Con respecto al apartado b), si no se alcanza la mayoría mencionada, se entiende que el Consejo de Administración se abstiene de emitir su opinión sobre este nombramiento y que el trámite se considera cumplido. Con relación a los apartados d), f) y g), será suficiente la mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Administración, una vez que haya transcurrido un mes sin recaer acuerdo por mayoría cualificada de dos tercios.Por lo que se refiere al apartado h), y para el caso de que no se llegue a ningún acuerdo por mayoría de dos tercios, el anteproyecto de presupuestos se remitirá al Gobierno en el plazo legal, haciendo constar el sentido del voto de cada uno de los miembros del Consejo de Administración».
Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«c) Tres vocales designados uno por cada consejo insular».
Se modifica el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«3. El cargo de director general es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo público y está sujeto al régimen de incompatibilidades de altos cargos de la comunidad autónoma de las Illes Balears y al que se indica para los miembros del Consejo de Administración».
Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 12 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«d) Incurrir en causa de incompatibilidad».
Se añade un nuevo apartado, el apartado 2, al artículo 12 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«2. No obstante, el Gobierno podrá disponer el cese del director general, a propuesta del Consejo de Administración, fundamentándose en alguno de los supuestos anteriores y adoptando el acuerdo por mayoría de dos tercios».
Se modifica artículo 21 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«Artículo 21El presupuesto y la contabilidad de la Compañía de Radiotelevisión de las Illes Balears y de sus sociedades tienen que ajustarse a lo previsto en la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears y en la normativa reglamentaria de desarrollo».
Los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, quedan sin contenido.
Se modifica el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«2. La fiscalización de la actividad económico-financiera del ente público y de sus empresas públicas y filiales será ejercida por la Intervención General de la comunidad autónoma, de conformidad con lo previsto en la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.Asimismo, dicha actividad se somete al control de la Sindicatura de Cuentas en los términos previstos en su ley reguladora, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder al Tribunal de Cuentas».
Se modifica el apartado 2 del artículo 26 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«2. Las sociedades gestoras y las filiales se financiarán a través de transferencias y aportaciones públicas consignadas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, a través de la comercialización y la venta de sus productos, y mediante una participación en el mercado de la publicidad».
Se añade una disposición adicional a la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
Se modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«Disposición transitoria segundaMientras no se lleve a término la constitución del Consejo de Administración y del Consejo Asesor regulados en esta ley, sus funciones serán ejercidas por el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en las Illes Balears».
Capítulo XII La acción administrativa en materia agrícola. Artículos 26 a 29
Se disuelven las cámaras agrarias locales en el ámbito territorial de las Illes Balears.
Por decreto del Consejo de Gobierno se regulará el procedimiento de liquidación del patrimonio de las cámaras agrarias locales. Entretanto no se apruebe el mencionado decreto, la Cámara Agraria Interinsular asumirá provisionalmente los derechos y las obligaciones de las entidades disueltas.
Los consejos reguladores, u otros entes asimilados de gestión y control de denominación de calidad, creados y regulados por la normativa autonómica vigente, constituyen corporaciones de derecho público de base asociativa, con autonomía y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones, y han de ajustar su actividad al ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de la aplicación del ordenamiento jurídico público en lo relativo al ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas.
Por decreto del Consejo de Gobierno ha de regularse el régimen jurídico y económico de dichos entes, así como los requisitos que tendrán que cumplir para gozar de personalidad jurídica propia. De acuerdo con esta regulación, la creación de cada uno de estos entes se efectuará por orden del consejero competente en materia de agricultura.
La consejería competente en materia de agricultura ejercerá la tutela administrativa de dichos entes, pudiendo delegarles o encomendarles el ejercicio de las funciones públicas que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.
Los titulares de concesiones administrativas cuyo título concesional haya expirado antes de la entrada en vigor de esta ley o que expire con posterioridad, vendrán obligados a continuar con la prestación del servicio hasta que se produzcan algunas de las siguientes circunstancias:
a)La asunción efectiva de los servicios por parte de la Administración portuaria.
En las concesiones que hayan expirado antes de la entrada en vigor de esta ley, la obligación no persistirá más allá de tres años a partir de su entrada en vigor; y, en cualquier caso, en las concesiones que expiren con posterioridad a la misma, la obligación no durará más de tres años a partir del acta de reversión.
En los casos regulados en el apartado 1 se entenderán vigentes los pactos concesionales, sin perjuicio de las actualizaciones de los cánones, de las tasas y de otras exacciones que deban satisfacerse.
Se modifica la letra b) de la disposición adicional sexta de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:«b) Empresa pública, constituida como sociedad mercantil, cuyo objeto es la gestión y la prestación de servicios a los sectores agrario y pesquero».
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y en el artículo 46 de la Ley 2/1989, de 5 de febrero, de función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, se crea la Escuela Balear de Administración Pública como entidad autónoma de carácter administrativo con personalidad jurídica propia, adscrita a la consejería competente en materia de función pública. La Escuela Balear de Administración Pública se regirá por esta disposición adicional, por el resto de disposiciones que le sean aplicables y por las normas que la desarrollen.
Corresponde al Consejo de Gobierno el desarrollo reglamentario correspondiente, y, en todo caso, la determinación de la organización de la Escuela y las funciones de sus órganos.Mientras no se dicten estas disposiciones reglamentarias, la Escuela mantendrá la estructura y las funciones actuales del Instituto Balear de Administración Pública, con la incorporación de las funciones de ordenación y programación, así como la impartición de las actividades formativas que en materia de seguridad pública organice el Instituto Balear de Seguridad Pública. Transitoriamente, continuarán siéndole aplicables las normas de procedimiento y gestión económica actualmente vigentes.
Se faculta al consejero competente en materia de hacienda para que dicte las disposiciones y acuerde las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para aplicar esta disposición. Asimismo, corresponde al consejero competente en materia de función pública llevar a cabo las adaptaciones que sean necesarias en la relación de puestos de trabajo para adecuarla al contenido de lo que establece esta disposición.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, se crea una entidad autónoma de carácter administrativo cuya finalidad institucional será la gestión de los parques y otras figuras de especial protección al amparo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, así como aquellas otras figuras que se puedan crear mediante la legislación autonómica.
Se modifica la finalidad institucional de la empresa pública a que se refiere el apartado segundo de la disposición adicional quinta de la Ley 4/1996, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para 1997, en relación con la finalidad institucional atribuida a la entidad autónoma que se crea en el apartado primero de la presente disposición adicional.
Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que cree una empresa pública de las tipificadas como entidad de derecho público que ha de someter su actividad al ordenamiento jurídico privado, de acuerdo con lo previsto en el punto 1 de la letra b) del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, adscrita a la consejería competente en materia de educación y cultura, la cual debe ejercer el control de eficacia de su actividad.
La finalidad institucional de la entidad será proyectar, construir, conservar, explotar y promover, por si misma o mediante terceros, toda clase de obras y de infraestructuras de carácter educativo o cultural que la comunidad autónoma de las Illes Balears impulse o en las cuales participe, debiendo actuar, en todo caso, por cuenta del Gobierno de las Illes Balears, a través de la consejería competente en materia de educación y cultura, de acuerdo con los términos del mandato de actuación que reciba en cada caso. Asimismo, corresponderá a dicha entidad contratar o ejecutar los servicios necesarios para poder prestar de una forma eficiente el servicio público educativo y la actividad de fomento y promoción de la cultura.
Se extingue la personalidad jurídica de la entidad autónoma Instituto Balear de Asuntos Sociales, y se atribuyen a la consejería competente en materia de servicios sociales las competencias en esta materia que no hayan sido objeto de transferencia a los consejos insulares. Asimismo, la comunidad autónoma de las Illes Balears, a través de la consejería competente en materia de servicios sociales, se subroga en todos los derechos y las obligaciones que sean titularidad de la citada entidad autónoma o que puedan derivarse de los convenios de colaboración, conciertos, contratos o cualquier otro negocio jurídico subscrito entre dicha entidad y otras personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, en el ejercicio de las competencias de la citada entidad que no hayan sido objeto de transferencia a los consejos insulares.Por otra parte, los bienes muebles e inmuebles adscritos al Instituto Balear de Asuntos Sociales que no se hayan transferido a los consejos insulares pasarán a formar parte del patrimonio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
El personal funcionario y laboral que no se haya transferido a los consejos insulares y que preste sus servicios en el Instituto Balear de Asuntos Sociales pasará a prestarlos en la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.Atendidas las características especiales del personal laboral que presta servicios en los centros del Instituto Balear de Asuntos Sociales, se mantiene la vigencia de los bolsines de personal laboral no permanente para cubrir bajas y contrataciones urgentes de determinadas categorias de personal de los centros que no hayan sido objeto de transferencia a los consejos insulares.
Como consecuencia de la extinción de la personalidad jurídica del Instituto Balear de Asuntos Sociales, la Consejería de Presidencia y Deportes pasará a ejercer las competencias en materia de gestión presupuestaria de la sección 75.4. Se facultan los consejeros competentes en materia de servicios sociales, hacienda y presupuestos y función pública para que, en cada caso, dicten las disposiciones oportunas y adopten las medidas que sean necesarias para la asignación y redistribución efectiva de los recursos humanos y materiales al efecto de ejecutar todo lo establecido en la presente diposición.
Los vertidos de plantas depuradoras de aguas residuales que viertan en las zonas declaradas sensibles, normales y menos sensibles, tendrán que adaptarse a los requisitos previstos en el Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el que se declaran zonas sensibles en las Illes Balears, o norma que lo sustituya, antes del día 1 de enero de 2010.Disposición adicional novenaSe otorga a los titulares de aprovechamientos de aguas privadas afectados por las disposiciones transitorias de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, que se encuentren en posesión de las autorizaciones correspondientes otorgadas por el organismo competente en materia minera o hidráulica con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada ley de aguas, un plazo de dos años a contar a partir de la entrada en vigor de la presente ley para solicitar su inclusión en el catálogo de aguas privadas.
Las estaciones depuradoras de aguas residuales e instalaciones desaladoras de agua que estén abiertas en el momento de la entrada en vigor de la presente ley y que no dispongan de las licencias municipales de instalación y de apertura y funcionamiento estarán exentas de obtenerlas.
La no exigibilidad de las referidas licencias no supondrá, en ningún caso, la exención de la adopción de las medidas correctoras que, en su caso, sean pertinentes. A estos efectos, las estaciones depuradoras y las instalaciones desaladoras que no se sujetaron, en su momento, a la evaluación de impacto ambiental, dispondrán de un plazo de dos años para adoptar las medidas correctoras que determine la Comisión Balear de Medio Ambiente o el órgano que la sustituya en sus funciones.
Se declara de interés general la línea eléctrica de 66 kV de alimentación en la estación de bombeo del transvase de agua de 'Sa Costera', a la que no será de aplicación lo dispuesto en el decreto de aprobación del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears en relación con el soterramiento de las líneas de alta tensión.
Disposición adicional segundaLas explotaciones agropecuarias inscritas en los registros administrativos correspondientes de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de las Illes Balears o de los consejos insulares con competencia sobre la materia que estén abiertas en el momento de la entrada en vigor de la presente ley y que no dispongan de las licencias municipales de instalación, de apertura y de funcionamiento estarán exentas de obtenerlas siempre que haya transcurrido un mínimo de cinco años desde dicha apertura
Regadío con aguas regeneradas de la EDAR de Santa Maria, en el término municipal de Santa Maria (Mallorca).
Disposición adicional decimocuarta 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, se declara reserva natural la finca pública de Ca'n Marroig en la isla de Formentera, excepto las casas y el espacio de uso público anexos, según figura en el plano que se adjunta en el anexo de la presente ley.
Reglamentariamente, se determinará el régimen jurídico aplicable a la citada reserva natural, de acuerdo con las previsiones contenidas en la legislación básica estatal.
ANEXO I CATEGORIAS DE SUELOS
RP. Suelo Rústico Protegido
ARIP. Área Rural de Interés Paisajístico.APR.
Área de Prevención de Riesgos (1).APT. Área de Protección TerritorialSRC. Suelo Rústico ComúnAIA. Área de Interés AgrarioAT. Área de TransiciónSRG.
Suelo Rústico de Régimen General. REGULACIÓN DE LOS USOS
NORMAS ESPECÍFICAS(1) Los usos ubicados en las Áreas de prevención de riesgos solo se podrán autorizar previo informe de la Administración competente en materia de medio ambiente.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, en las áreas de prevención de riesgos de incendios, cuando se destinen a usos o actividades que supongan viviendas e incorporen medidas de seguridad vial para garantizar el acceso de personas y vehículos, depósitos de aguas para una primera situación de emergencia, así como actuaciones a la vegetación en un radio de 30 metros alrededor de las edificaciones para reducir la carga de combustible, se les aplicará el régimen de usos previstos a la categoría de suelo que se correspondería en ausencia de este riesgo de incendio.A efectos de la autorización de nuevas viviendas en suelo rústico en APR, la parcela mínima será la correspondiente a la calificación del suelo rústico subyacente, y si no fuera conocida, la correspondiente al suelo rústico colindante. Si fueran varias las calificaciones de suelos rústicos colindantes, se aplicará la más restrictiva.
(3) La utilización de vivienda unifamiliar aislada dentro de ANEI solo se podrá permitir en las islas de Eivissa y Formentera».
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Parc Natural de la Península de Llevant queda limitado a la extensión de las fincas públicas de Aubarca, Es Verger y s'Alqueria Vella propiedad de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Se mantienen las reservas naturales de Cap Farrutx y Cap des Freu de acuerdo con la delimitación y régimen jurídico establecido en el Decreto 127/2001, de 9 de noviembre, por el que se declaran el Parc Natural de la Península de Llevant y las reservas naturales de Cap Farrutx y Cap des Freu.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior de la presente disposición, los propietarios de fincas privadas incluidas dentro de la delimitación del Parc Natural de Llevant previa a la entrada en vigor de la presente ley, podrán solicitar, voluntariamente, la inclusión de la finca en el ámbito del parque, la cual tendrá lugar mediante convenio subscrito entre el propietario y el Gobierno de las Illes Balears. La firma del convenio y la consiguiente inclusión dentro del ámbito del parque dará derecho a acogerse al programa de ayudas que, en su caso, se apruebe por orden del consejero competente en materia de medio ambiente.
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Parc Natural de Cala d'Hort, Cap de Llentrisca y sa Talaia queda limitado a la extensión de las fincas públicas propiedad de la comunidad autónoma de las Illes Balears o del Consejo Insular de Eivissa y Formentera.
Se mantienen las reservas naturales des Vedrà, des Vedranell y de los illots des Ponent, de acuerdo con la delimitación y el régimen jurídico establecido en el Decreto 24/2002, de 15 de febrero, por el que se declaran el Parc Natural de Cala d'Hort, Cap de Llentrisca y sa Talaia, y las reservas naturales des Vedrà, des Vedranell y de los illots des Ponent.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior de la presente disposición, los propietarios de fincas privadas incluidas dentro de la delimitación del Parc Natural de Cala d'Hort, Cap de Llentrisca y sa Talaia previa a la entrada en vigor de la presente ley, podrán solicitar, voluntariamente, la inclusión de la finca en el ámbito del parque, la cual tendrá lugar mediante convenio subscrito entre el propietario y el Gobierno de las Illes Balears. La firma del convenio y la consiguiente inclusión dentro del ámbito del parque dará derecho a acogerse al programa de ayudas que, en su caso, se apruebe por orden del consejero competente en materia de medio ambiente.
Se encomienda a la Consejería de Medio Ambiente la preparación de un anteproyecto de ley para crear nuevas figuras de protección que deberá estar redactado en el plazo de ocho meses.
Transitoriamente y mientras no se apruebe el correspondiente instrumento que ordene este ámbito de desarrollo de la ley citada en el párrafo anterior, a los terrenos que se incluyeron en el ámbito territorial establecido por el Decreto 24/2002, de 15 de febrero, mediante el cual se declara el Parc Natural de Cala d'Hort, Cap de Llentrisca y sa Talaia, y las reservas naturales des Vedrà, des Vedranell y de los Illots des Ponent, les será de aplicación el régimen jurídico establecido en el citado Decreto 24/2002 sobre la aprobación definitiva del plan de ordenación de recursos naturales de Cala d'Hort, Cap de Llentrisca i sa Talaia.
Por lo que se refiere al nuevo uso de vivienda unifamiliar aislada se mantendrá el régimen establecido en el citado Decreto 24/2002 y acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de febrero de 2002 hasta la aprobación inicial del Plan Territorial Insular de Eivissa y Formentera, que establecerá la parcela mínima y el resto de condiciones para su autorización.
En la isla de Eivissa, las viviendas unifamiliares aisladas existentes en un área de protección territorial costera a la entrada en vigor de la presente ley podrán ser legalizadas, sea cual sea la calificación de rústico que ostenten los terrenos, siempre que se verifiquen los siguientes requisitos:a) Que las viviendas no se ubiquen dentro de la franja de 250 metros contigua a la ribera del mar.
Que las viviendas se sitúen por debajo de la cota de 250 metros sobre el nivel del mar.
Que las viviendas no se ubiquen en una zona calificada como zona A por las Normas subsidiarias de planeamiento definitivamente aprobadas por el Gobierno de las Illes Balears en fecha 26 de julio de 1990.d) Que, junto con la solicitud de legalización, se presente un proyecto de restauración paisajística específicamente diseñado para disminuir su impacto, así como fianza, aval o cualquier otro medio de garantía admitido en derecho que sea suficiente para garantizar la ejecución del citado proyecto.
En las viviendas a que se refiere el apartado anterior de este artículo no se permitirá ninguna obra de ampliación del volumen existente a la entrada en vigor de la presente ley.
Lo establecido en el apartado primero del artículo 30 de la Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, se hace extensivo, con efectos desde el primero de enero de 2004, al personal estatutario, sanitario y no sanitario, de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears o de sus entidades y empresas públicas dependientes.
Lo establecido en el apartado segundo del artículo 30 de la Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, se hace extensivo, con efectos desde primero de enero de 2004, al personal laboral fijo de las empresas públicas a que se refiere el punto 1 de la letra b) del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Todas las referencias al Departamento Jurídico de la comunidad autónoma contenidas en la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, o en cualquier otra norma en vigor, deberán entenderse realizadas a la Abogacía de la comunidad autónoma.
Todas las referencias contenidas en la Ley 5/2003, de 24 de abril, de Salud de las Illes Balears, al director general del Servicio de Salud deberán entenderse realizadas al director general o al órgano de dirección del Servicio de Salud.
El Ayuntamiento de Campos podrá autorizar, previa declaración de interés general, la construcción de un equipamiento de carácter sanitario y asistencial en la zona delimitada en el plano del anexo de esta ley, sea cual sea la calificación de rústico que tengan los terrenos donde se ubicará.El nuevo equipamiento, que deberá ser objeto de evaluación de impacto ambiental por parte de la administración medioambiental, incorporará de forma adecuada las edificaciones existentes en la zona y las nuevas edificaciones que se realicen no superarán los ocho metros de altura y las dos plantas.
Quedan sin efecto las determinaciones referidas a la 'Zona del Balneario' establecidas en el Plan Especial de Protección de Es Trenc y el Salobrar de Campos, aprobado definitivamente el 9 de junio de 1987.
Se modifican los artículos 10, 13 y 17 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial, en el sentido que a continuación se indica:
Se añaden tres nuevos párrafos al final de la letra b) del número 1 del artículo 10, con la siguiente redacción:'Simultáneamente al acuerdo de aprobación inicial, se acordará la suspensión del otorgamiento de aquellas licencias y autorizaciones que, a pesar de cumplir las determinaciones legales vigentes, se considere que impidan o dificulten la viabilidad del futuro plan. Asimismo podrá acordarse también la suspensión de la aprobación de aquellos instrumentos de planeamiento urbanístico que se considere que impidan o dificulten la viabilidad del futuro plan, excepto cuando en su tramitación haya finalizado el periodo de información pública.El acuerdo de suspensión a que se refiere el párrafo anterior deberá incorporar un informe favorable de la Comisión de Coordinación de Política Territorial sobre el alcance y los efectos de la suspensión y su adecuación al modelo territorial fijado en las Directrices de Ordenación Territorial. El informe deberá ser emitido en el plazo máximo de un mes. Transcurrido este plazo este informe se entenderá favorable.La suspensión prevista en los párrafos precedentes regirá hasta la aprobación definitiva del plan territorial insular o, en todo caso, por un periodo máximo de dos años. En cualquier caso, podrán concederse aquellas licencias y autorizaciones que, además de cumplir con las determinaciones legales vigentes, cumplan también con las establecidas en el plan'.
Se añade un nuevo párrafo al final de la letra f) del número 1 del artículo 10, con la siguiente redacción:'El acuerdo en el que se disponga el nuevo periodo de información pública deberá revisar el alcance y los efectos de la suspensión a que se refiere la letra b), debiendo incorporar a tal efecto un nuevo informe favorable de la Comisión de Coordinación de Política Territorial'.
Se modifican las letras a) y b) del número 2 del artículo 13, que quedan redactadas de la siguiente manera:'a) La iniciación del procedimiento corresponde a la consejería competente en la materia objeto de ordenación.b) La aprobación inicial corresponde a la consejería competente en la materia objeto del plan'.
Se añade un nuevo número 4 al artículo 13, pasando a ser el punto 4 actual el punto 5, con la siguiente redacción:'4. Simultáneamente a los acuerdo de aprobación inicial previstos en este artículo se acordará la suspensión del otorgamiento de licencias y autorizaciones así como la de la tramitación y aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico en los mismos términos previstos para la tramitación de los planes territoriales insulares'.
Se modifica el número 1 del artículo 17, que queda redactado de la siguiente manera:'1. Simultáneamente o con posterioridad al acto de iniciación del procedimiento de formulación de un instrumento de ordenación territorial, o de revisión o modificación, el órgano competente para dictarlo puede apreciar motivadamente la necesidad de elaborar una norma territorial cautelar, y definir su ámbito, su finalidad y su contenido básico. Esta norma regirá hasta la aprobación inicial del instrumento de ordenación correspondiente, excepto en el caso de las Directrices de Ordenación Territorial que regirán hasta su entrada en vigor'.
Se modifica la letra c) del número 2 del artículo 17, que queda redactada de la siguiente manera:'c) Una vez estudiados las alegaciones y los informes emitidos, el mismo órgano que aprobó inicialmente la norma territorial cautelar la aprobará definitivamente en el plazo máximo de seis meses, contadores desde la aprobación inicial, transcurridos los cuales la aprobación no producirá ningún efecto'.
Se modifica el número 5 del artículo 17, que queda redactado de la siguiente manera:'5. Sin perjuicio de lo que se dispone en este artículo, la vigencia de las normas territoriales cautelares previas a las Directrices de Ordenación Territorial no debe superar los cinco años. Este plazo será de tres años para las normas territoriales cautelares previas a la aprobación de planes territoriales insulares y de planes directores sectoriales o a la modificación de cualquier instrumento de ordenación territorial'.
Lo que se dispone en el punto anterior será de aplicación para la aprobación de instrumentos de ordenación territorial o para su modificación o revisión siempre que a la entrada en vigor de esta ley no hubiesen sido aprobados inicialmente.
No obstante, para los instrumentos de ordenación territorial cuya formulación, revisión o modificación, en el momento de la entrada en vigor de esta ley, hubiese sido objeto de aprobación inicial pero todavía no hubiese finalizado el trámite de información pública, podrá acordarse la suspensión del otorgamiento de licencias y autorizaciones así como la de la tramitación y aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico en los términos previstos en el punto 1 de esta disposición adicional. Este acuerdo, que deberá ser aprobado por el consejo ejecutivo competente del Consejo Insular o, en su defecto, por el pleno, dejará sin efecto las normas territoriales cautelares que se hubiesen aprobado previamente a la aprobación del instrumento de ordenación de que se trate.Las normas territoriales cautelares aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se regirán por la normativa que les sea de aplicación en el momento de su aprobación definitiva. No obstante, la aprobación inicial del instrumento de ordenación territorial al que están vinculadas supondrá su derogación siempre que esta aprobación inicial haya tenido lugar con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
Para llevar a cabo lo que establece el apartado primero de la disposición adicional séptima de la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de carreteras y caminos, el Gobierno de las Illes Balears y cada uno de los consejos insulares podrán suscribir un convenio mediante el cual se destine a la inversión en infraestructuras viarias por parte del ente insular, el presupuesto indicado en la disposición adicional citada, aplazando el pago de la cantidad señalada como mínimo por un plazo de siete años. En este caso, no será de aplicación la deducción prevista en la disposición transitoria primera de la citada ley.
El Gobierno de las Illes Balears está facultado para llevar a cabo la licitación, la contratación y el pago de las obras previstas en el Convenio de carreteras firmado con la Administración del Estado.
Mantendrán su clasificación como urbanizables o aptos para la urbanización a los efectos previstos en la letra b) del segundo punto de la disposición transitoria sexta de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y medidas tributarias, aquellos terrenos que indique el Plan Territorial Insular de entre los cuales, en la entrada en vigor de la Ley 6/1999 y disponiendo de planeamiento parcial aprobado y careciendo de instrumento de ejecución del mismo, se hubiesen realizado obras y servicios de urbanización cuyo coste superase el 50% del conste total de la urbanización, y que precisen ser completadas o sea necesaria la ejecución de las no realizadas o instaladas, a los efectos de: b1) Garantizar la ejecución y la implantación de la totalidad de las obras, las infraestructuras y los servicios exigibles por el planeamiento parcial.
b2) Alterar las características de la ordenación inicialmente previstas.Mientras no se haya aprobado el correspondiente plan territorial insular, podrán aprobarse instrumentos de planeamiento urbanístico general que incorporen como urbanizables o aptos para la urbanización terrenos de los comprendidos en el párrafo anterior, siempre que cuenten con informe favorable de la Comisión de Coordinación de Política Territorial en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en este punto.
Se deja sin efecto el artículo 20 de la Ley 14/2001, en lo que se refiere al Consejo Insular de Mallorca.
Se transfieren al Consejo Insular de Mallorca las plazas de la relación de puestos que se comprenden en el anexo II de esta ley y las personas que los ocupen día 1 de enero de 2004, y asimismo se transfiere el personal contratado que en la misma fecha mantenga relación laboral temporal con el IBAS.
El personal y los centros que la comunidad autónoma de las Illes Balears traspasa al Consejo Insular de Mallorca se integrarán al Instituto de Servicios Sociales y Deportivos de Mallorca.
La comunidad autónoma de las Illes Balears podrá facilitar al Consejo Insular de Mallorca los recursos económicos, mediante un acuerdo bilateral específico de colaboración, para el ejercicio de 2004, al objeto de compensar las diferencias entre los cálculos derivados de los anexos I (creación de nuevos servicios) y II (relación de personal transferido) y del personal laboral temporal, de la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social, y los efectivos realmente traspasados. Esta dotación en ningún caso puede entenderse integrada en el coste efectivo.
Que a la vista de las autorizaciones ya concedidas, su ubicación territorial y la demanda previsible de baja de vehículos, se considere que están suficientemente cubiertas las necesidades de los citados centros en el conjunto de la comunidad autónoma o en una parte determinada de su territorio.b) Que la utilización de nuevas instalaciones constituyera un impedimento para poder cumplir de forma adecuada los objetivos previstos en el citado real decreto, en el Plan nacional de vehículos al final de su vida útil y, en su caso, en la planificación autonómica.
Se deroga el título III de la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias en las Illes Balears.
Se derogan los artículos 1.1, 4.1, 4.2, el apartado 1 del artículo 5.1 y el artículo 5.3 de la Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
Se deroga lo dispuesto en el apartado segundo del punto primero de la disposición adicional undécima de la Ley 11/1993, de 22 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma para 1994, en todo aquello que sea incompatible con el contenido del artículo 13.1 de la presente ley, por el que se modifica el artículo 69 de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears.
Se deroga la disposición transitoria del Decreto 49/2003, de 9 de mayo, por el cual se declaran zonas sensibles en las Illes Balears, así como todas las disposiciones del Plan hidrológico de las Illes Balears en materia de zonas sensibles en las Illes Balears que se opongan a lo que dispone la disposición adicional octava de la presente ley.
Se deroga la disposición adicional séptima de la Ley 4/1996, de 19 de diciembre, de presupuestos de la comunidad autónoma para 1997, por la que se crea el Instituto Balear de Asuntos Sociales, el Decreto 65/1998, de 26 de junio, de organización y funcionamiento del Instituto Balear de Asuntos Sociales, modificado por los Decretos 63/2000, de 7 de abril, y 75/2002, de 17 de mayo, respectivamente, y el Decreto 15/2001, de 2 de febrero, de atribuciones de competencias al Instituto Balear de Asuntos Sociales.
Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de categoría igual o inferior que se opongan a todo lo que se establece en la presente ley.
La presente ley entrará en vigor, una vez publicada en el Butlletí Oficial de las Illes Balears, el día 1 de enero del año 2004.Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que correspondan la hagan guardar.
Palma, a veintidos de diciembre de 2003.
Luís Angel Ramis de Ayreflor Cardell
ANEXO (Disposición adicional decimocuarta)
REAL DECRETO 1897/2000, de 20 de noviembre, por el que se indulta a don José Ramón Muñoz García.
ORDEN 1734/1999, de 9 de junio, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a plazas de carácter laboral de la categoría de Educador (Grupo III, Nivel 6, Área E), Especialidad Menores Protegidos, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 1997.
Real Decreto 2541/1979, de 2 de noviembre, por el que se modifican los tiempos de servicios efectivos exigidos para el ascenso en la Escala de Tierra del Arma de Aviación.