Source: https://www.scribd.com/document/113422894/5-Boletin
Timestamp: 2017-10-22 01:55:04
Document Index: 354094081

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 72']

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Nº 04. Lima, Mayo del 2010
Pag. 4 Régimen de Seguridad Social para Trabajadores Independientes
Pag. 8 Informe de CEAR/ OIT sobre el Sistema de Seguridad Social en el País
Propuesta de las Centrales Sindicales para la Reforma del Sistema de Seguridad Social
Esta es una publicación del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo ISCOD - Perú, a través de su proyecto Salud Laboral y Protección Social para Trabajadores y Trabajadoras, con el apoyo de la Junta de Comunidades Autónomas Castilla La Mancha. Equipo técnico responsable: Luis Miguel Monje Gutiérrez, Jaime Sánchez Arteaga, Patricia Balda Valenzuela, Diego Motta Villegas, Mary Eliana García Calderón. Comentarios y sugerencias: Jr. Lloque Yupanqui 1399, Jesús María - Lima - Perú (511) 472-6418 http://www.seguridadsocialperu.com / delegacionperu@iscod.org / twitter: @ISCOD 1 saludlaboral.proteccionsocial@yahoo.es / Facebook: saludlaboralpara todos y social proteccion todas
Uno de los principales argumentos que se esgrimen pretendiendo demostrar la inviabilidad de procesos de reforma de la seguridad social para mejorarla, ampliarla y garantizarla, es la falta de recursos financieros. En realidad, los problemas son otros. Es cierto que el impulso de políticas promotoras de la Seguridad Social y la gestión eficiente de la misma requieren una sólida base financiera para hacerla sostenible. Las prestaciones que la seguridad social otorga a los afiliados al sistema, su eficacia y eficiencia requieren estar debidamente financiadas. La incorporación de amplios sectores de la población a los sistemas de seguridad social requiere un adecuado y oportuno financiamiento. Pero cabe preguntarse: ¿Es el problema de los recursos para financiar la seguridad social el problema de fondo? ¿No es acaso mas importante definir que sociedad queremos construir? ¿La protección social debe o no ser una prioridad? ¿No hay recursos para financiar la seguridad social o no están adecuadamente distribuidos? ¿No hay recursos para financiar la seguridad social o quienes deben recaudarlos no lo hacen con la eficiencia y la suficiencia requeridas? ¿No hay recursos o no los proveen quienes están obligados a hacerlo a través del pago de impuestos? ¿No hay recursos financieros o quienes pueden y deben pagar contribuciones a la seguridad social no son persuadidos a pagar? ¿No hay recursos o no se persigue la evasión y la morosidad en el pago de los aportes a la seguridad social?. Como lo ha señalado Hernán Pena1, “la cuestión principal, y el debate a dar, es la definición de sociedad que se pretende desarrollar y la porción de los recursos que se dedican a la cobertura de las contingencias sociales. Las técnicas a utilizar pueden determinar la magnitud de las transferencias entre generaciones o en los programas o entre ellos y los recursos de origen fiscal, pero el tema de fondo es la sociedad pretendida”. La cuestión es si pretendemos una sociedad en la que el respeto del derecho humano a la seguridad social es prioritario o debe subordinarse a consideraciones estrictamente de viabilidad fiscal y económica. Esta última lógica, que considera a la seguridad social como un costo, es la que ha estado y está presente en el país; se trata ahora de cambiar esta lógica por una en la que la seguridad social sea valorada como un indicador del respeto a los derechos humanos de las personas y un factor de cohesión social y de lucha contra la pobreza. Es este cambio, reivindicado por el mundo del trabajo y la ciudadanía, el que favorecerá el desarrollo de las políticas públicas que extiendan la cobertura de la seguridad social y la mejora de las prestaciones y de la gestión. Políticas que limitan el financiamiento de la Seguridad Social Precisamente, las carencias del sistema de seguridad social peruano se deben mas que a un asunto financiero y económico, a no considerar la protección social como una prioridad de las políticas públicas, a la falta de voluntad política para adoptar las medidas necesarias para terminar con las carencias e ineficiencias, especialmente las referidas a las carencias financieras. En el país existen diversos factores que limitan los recursos financieros para la seguridad social. Los organismos que gestionan la seguridad social no diseñan ofertas atractivas dirigidas a los amplios sectores de la población que están dispuestos a contribuir a un sistema de seguridad social y, por tanto, a contribuir a financiar la seguridad social. Prefieren administrar el statu quo, pues resulta menos complicado y oneroso para la gestión. Los empleadores, incluido el propio Estado en su condición de empleador, retienen las contribuciones a la seguridad social y, peor aún, evaden las contribuciones a la Seguridad Social generando un evidente problema en la recaudación. El Estado, quien esta llamado política y moralmente a cumplir sus compromisos internacionales contraídos con la suscripción de convenios internacionales, como el convenio 102, es el principar moroso y evasor de las contribuciones a la seguridad social. Pero además, adopta medidas de políticas que afectan financieramente la seguridad social. Así tenemos el caso del CAS mediante el cual se incluye a un sector de los trabajadores públicos a la seguridad social pero estableciendo un tope a la remuneración asegurable demasiado bajo que afecta la recaudación y encarece los servicios que se debe pagar. Se mantiene en la seguridad social en salud el Seguro Agrario un régimen en el cual el aporte (4%) que debe pagar el empleador es 60% menor a la tasa de aporte regular (9%), lo que ocasiona un problema de financiamiento al seguro regular. Lamentablemente, los que se benefician con este aporte reducido no son los pequeños productores agrarios y los campesinos sino un reducido grupo de grandes empresas exportadoras agroindustriales. La recaudación de los aportes a la seguridad social no constituye la principal prioridad de la entidad pública (SUNAT) a cargo de la recaudación tributaria. Como % del PBI la recaudación de aportes a la seguridad social resulta mas baja que la recaudación de otros impuestos.
1 “Algunas reflexiones sobre la Re-reforma del Sistema de Pensiones Argentino”. Boletín “Seguridad Social para todos y todas”. Nº 1, Septiembre de 2009. ISCOD.
El Estado, que debe destinar fondos públicos para extender la cobertura de la seguridad social a través de mecanismos no contributivos, no cumple con esta obligación. La propuesta para otorgar pensiones no contributivas a ancianos pobres sin cobertura del sistema de pensiones no encuentra respaldo pleno en los hacedores de políticas y el denominado Aseguramiento universal en salud no cuenta con los recursos necesarios ni siquiera para garantizar la cobertura en las regiones pilotos, sin contar con la deuda que tiene el SIS con los prestadores. En el ámbito del sistema de pensiones se diseñó y aplicó una política que debilitó el sistema público de pensiones en beneficio del régimen de capitalización individual de gestión privada. La migración masiva de afiliados del régimen público de reparto al régimen de capitalización individual y el nulo aporte de los afiliados del régimen de capitalización individual al sostenimiento solidario del régimen público basado en el reparto, agravaron los problemas de financiamiento del régimen público de pensiones. La ausencia de una política de promoción de la afiliación al sistema público de pensiones. El hecho de que solo el 50% de los afiliados al SPP de pensiones cotice genera un grave problema a largo plazo para las pensiones que recibirían los afiliados al sistema. El impacto de la crisis económica y financiera pusieron una vez mas en evidencia las debilidades e inequidades del sistema pero no se han adoptado políticas de protección a la rentabilidad de los fondos. No obstante estar demostrado que las altas comisiones que cobran las AFP disminuyen los fondos de pensiones de los afiliados, tampoco se ha adoptado una medida clara para protegerlos de la ineficiencia en la gestión. Vistas así las cosas, se puede concluir que no necesariamente el problema de la seguridad social pasa porque no existen recursos para ello, sino porque no se han adoptado ni se pretenden adoptar las políticas necesarias tendientes a su sostenibilidad financiera.(JJ)
La Morosidad y evasión contributiva
en la Seguridad Social en salud
Uno de las graves carencias institucionales de la Seguridad Social en el país es la morosidad y la evasión del pago de aportes por parte de los empleadores. En recientes declaraciones César Chanamé, Gerente Central de Seguros de Essalud, indicó que “El 2009 recaudamos S/. 5,000 millones. Las empresas públicas y privadas no pagaron más de S/. 500 millones, que es más del 10% de nuestra recaudación anual. Afilian a sus trabajadores, pero no pagan puntualmente”. Esto sucede porque si bien los trabajadores son declarados a la seguridad social las empresas no cumplen con efectuar oportunamente los pagos de aporte a la seguridad social. La deuda que los empleadores públicos y privados tienen con la Seguridad Social en Salud (Essalud) asciende a unos S/. 2,000 millones. De la deuda total, un 50% correspondería a entidades públicas como Municipalidades y los Gobiernos regionales; mientras que el otro 50% correspondería al sector privado, pero a la alta morosidad se suma un problema aún más grave como es el de la evasión contributiva a la seguridad social. Aquí ya no estamos frente a la morosidad en el pago sino a la evasión del pago porque no declara a los trabajadores a la seguridad social generando un doble problema: a) Los trabajadores carecen de cobertura de la seguridad social en salud; b) La seguridad social en salud deja de percibir contribuciones, para financiar los servicios que presta la seguridad social. El Ministerio de Trabajo ha emprendido una campaña de fiscalización en Lima que alcanzaría aproximadamente a 5,000 empresas para verificar el registro de los trabajadores en la seguridad social y el cumplimiento del pago de los aportes a Essalud. Es necesario y urgente realizar cambios normativos que permitan sancionar drásticamente la morosidad y la evasión contributiva a la seguridad social.
Cerca de 90 mil peruanos que actualmente
residen en argentina serán beneficiados con el acuerdo administrativo de aplicación del convenio de seguridad social suscrito hoy por los gobiernos de ambos países, informó la ministra de trabajo, Manuela García. Precisó que con la firma de este documento se está regulando lo concerniente a las prestaciones previstas en los regímenes de seguridad social de cada una de las partes como son: jubilación, invalidez, sobrevivencia y asignación de sepelio, incluyendo los regímenes de capitalización imperante en cada parte contratante. Además, dijo, se acordó que la reglamentación de las cuestiones relativas a los regímenes de salud para trabajadores y su grupo familiar, asignaciones familiares, riesgos de trabajo y transferencia de fondos de los sistemas de capitalización individual serán objeto de acuerdos administrativos complementarios posteriores.
Este documento, agregó, se suscribe luego que en septiembre del 2008, ambos países conversaron sobre la necesidad de actualizar el Convenio de Seguridad Social que Perú y Argentina firmaron en 1979. En ese contexto, se decidió que lo más conveniente sería negociar un proyecto de acuerdo administrativo de aplicación que permita implementar el referido convenio. Esta mañana, en Palacio de Gobierno, el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, Carlos Alfonso Tomada y el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde firmaron el referido documento. Por la tarde, la ministra García recibió en su despacho a su homólogo argentino, Carlos Alfonso Tomada, para intercambiar opiniones sobre diversos temas relativos al sector trabajo.
１． Introducción Las terribles condiciones laborales y sociales de inicios del siglo XIX generaron en los trabajadores la necesidad de organizarse en pos de alcanzar, entre otras cosas, un sistema de protección mediante el cual la sociedad los salvaguarde frente a las fatalidades laborales, en retribución del aporte de estos a la comunidad. Ello, unido al interés de los gobiernos de ese entonces por atraerse el apoyo de los trabajadores frente al avance del comunismo, posibilitó que en Alemania, en la época del ultra conservador Canciller Otto von Bismarck, se emitiera en 1883, la Ley del Seguro de Enfermedad. De acuerdo al consenso general esta sería la primera norma de seguridad social, la cual versaría precisamente sobre asistencia médica. No obstante a pesar del tiempo transcurrido esta protección social en materia de salud sigue siendo una meta lejana para muchos sectores de la población. En el Perú, a pesar de los avances, siguen siendo numerosos aquellos que no cuentan con este derecho, así como exiguas las acciones del Estado por garantizarlo. Un caso emblemático es el de los trabajadores independientes. 2. El marco normativo de la Seguridad Social en Salud En el caso peruano la Constitución de 1993 reconoce en su artículo 10 “el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”. (Subrayado nuestro). ¿Qué es la Seguridad Social? La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un documento publicado en 1991 denominado "Administración de la seguridad social", definió la seguridad social como: “La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”. A nivel legal y en el ámbito de la salud la norma que desarrolla la disposición constitucional es la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud -Ley Nº 29344- de 2009. Esta ley establece el marco normativo del aseguramiento universal en salud, a fin de garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en salud. La norma en mención complementa la Ley N° 26790 de 1997 (mal llamada Ley de Modernización de la
El régimen de Seguridad Social en salud
Por: Diego Motta
Seguridad Social) la cual regula el funcionamiento del Seguro Social de Salud que es como se brinda principalmente la seguridad social en salud en el país. De acuerdo a la norma de 1997 la seguridad social en salud se brinda a través de ESSALUD (régimen público) y de las Entidades Prestadoras-EPS de Salud (privado). El Convenio 102 de la OIT y la Seguridad Social en Salud El Convenio número 102 de la OIT sobre Seguridad Social (norma mínima) de 1952, establece el nivel mínimo de prestaciones, así como las condiciones para poder acceder a las mismas. Las nueve ramas principales de la seguridad social establecidas en el convenio son: asistencia médica, enfermedad, desempleo, vejez, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, familia, maternidad, invalidez, y prestaciones de sobrevivientes. En el caso de la asistencia médica esta comprende, según el artículo 7 del Convenio 102, todo estado mórbido, cualquiera que fuere su causa y la necesidad de asistencia médica que de ella se deriva. Cubre igualmente la asistencia médica necesaria durante el embarazo, el parto y sus consecuencias; así como establece el deber del Estado de garantizar a las personas protegidas la concesión de asistencia médica de carácter preventivo. No obstante, si bien la Ley N° 26790 reconocía el principio constitucional de la universalidad del derecho a la seguridad social en salud, este tenía una vigencia relativa no solo por que recogía el derecho al bienestar y garantizaba el libre acceso a las prestaciones de salud solamente a los asegurados regulares o potestativos (quedando fuera los no contribuyentes), si no porque entre las prestaciones brindadas a los afiliados regulares y facultativos existían diferencias en prejuicio de estos últimos. Esta situación era hasta cierto punto tolerada por el propio artículo 10 de la Constitución, el cual afirma que la Seguridad Social es de carácter “universal”, pero también “progresivo”. Por lo que, a fin de efectivizar el principio de universalidad del derecho, se deberá establecer determinados pasos para habilitar su acceso y asegurar su cobertura total a la población, lo cual se realizará de manera gradual, dependiendo de la situación de cada país. En ese sentido, sería tolerable que existieran sectores con menor protección. Sin embargo, ello ocasiona una vulneración al principio-derecho de igualdad y el principio de universalidad (artículos 13 y 14 del Convenio Nº 102 de la OIT), dado que genera una discriminación de los afiliados regulares que tienen acceso al 100% de las prestaciones del seguro social (ESSALUD o EPS), respecto a los potestativos. Ello en los hechos supone una acción discriminadora hacia los trabajadores denominados independientes, que son los destinatarios de los seguros facultativos (como veremos más adelante).
Pero por sobre todo ello, las disposiciones del Convenio 102 reencausan las obligaciones estatales. Así un Estado social y constitucional de derecho no puede abdicar de sus funciones. Este convenio presenta principios y reglas en la construcción de un sistema de seguridad social equitativo, eficiente y sostenible a partir de la constatación de la insuficiente cobertura y protección de los sistemas existentes. Por ello, si bien el acceso a este derecho universal es gradual, esta “progresividad” de acciones por parte del Estado en el acceso a prestaciones sociales “debe expresarse en el planteamiento de políticas de largo plazo, planes verificables periódicamente y metas concretas, medibles y surgidas del consenso” . Lamentablemente en el Perú ninguno de estos parámetros han sido tomados en cuenta seriamente. 3． Situación de la Seguridad Social en Salud de los trabajadores independientes Respecto a la cobertura de la Seguridad Social en salud tenemos que los trabajadores independientes (que no son profesionales), los trabajadores familiares no remunerados y los de la microempresa son los sectores más desprotegidos. Justamente estos son los sectores más numerosos de la PEA ocupada, con forme se aprecia en el gráfico 1. De acuerdo a datos del MTPE sólo el 18% de los trabajadores independientes están afiliados a un sistema de salud. Sin embargo, si excluimos de este grupo a los profesionales (trabajadores independientes calificados) y agregamos a los trabajadores que laboran en negocios familiares no remunerados (TFNR), que deberían figurar también como independientes; el porcentaje de afiliación disminuiría ostensiblemente. De igual manera el porcentaje se reduciría aún más si no se tomara en cuenta el Seguro Integral de Salud (SIS), el mismo que no cumple con los estándares mínimos establecidos por el Convenio 102. 4． ¿Cómo funciona la Seguridad Social en Salud para trabajadores independientes o autónomos? Tanto la Ley Nº 26790 y la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud señalan que el sistema de salud se brinda a través del sector público y del privado a través de cinco subsistemas. En el sector público tenemos el Seguro Social en Salud – ESSALUD; el Ministerio de Salud (MINSA) que comprende al Seguro Integral de Salud (SIS); las Sanidades de Fuerzas Armadas y la Sanidad de la Policía Nacional del Perú. Mientras en el sector privado existen las entidades prestadoras de salud (EPS). ４．１． Aseguramiento potestativo en ESSALUD Cobertura El artículo 3 de la Ley Nº 26790 señala que son asegurados “los afiliados regulares o potestativos”. Son afiliados regulares aquellos trabajadores activos que laboran bajo relación de dependencia, así como los pensionistas, mientras que se considera asegurados potestativos a todas las personas que no trabajan bajo relación de dependencia, cualquiera sea el régimen laboral o modalidad a la cual se encuentren sujetos. Trabajadores independientes ¿De qué estamos hablando? En el Perú más de la mitad del total de personas que tienen un trabajo (cualquiera que sea), es decir la PEA ocupada, son trabajadores independientes no profesionales o aquellos que laboran en negocios familiares (TFNR) sin recibir una remuneración. Es decir, estamos hablando por ejemplo de los que conducen un puesto comercial en un mercado (más de 5 millones) o de quienes tienen una pequeña bodega en casa o realizan labores domésticas sin recibir una remuneración a cambio (más de 2 millones). Este sector está caracterizado principalmente por el escaso nivel de calificación de la mayoría de sus integrantes, situación que no les permite obtener un mayor nivel productividad y con ello la generación de mayores ingresos y el incremento de su bienestar. Así el ingreso promedio de los trabajadores independientes que desarrollan actividades no profesionales es de S/. 372. En el primer caso el Seguro Social de Salud es obligatorio para todos los trabajadores, asalariados y en relación de dependencia, que se encuentren en planilla. En el segundo caso la afiliación es de carácter voluntario. Este seguro potestativo es brindado como seguro independiente, conocido como + SALUD, y brinda cobertura médica en los Centros Asistenciales de ESSALUD a aquellas personas que se afilien voluntariamente (vendedores, amas de casa, etc.) que no son asegurados regulares. Éste puede ser solicitado por una persona sola o con su familia (hijos hasta los 18 años). El Plan Protección Total, el Plan Protección Vital y el Plan de Emergencias Accidentales (respecto al cual se aprueba la denominación pero no hace referencia en que consiste el mismo ni como se va a implementar) son los tres planes que ESSALUD creó con el Nuevo
GRÁFICO 1 PEA OCUPADA NACIONAL SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO
En el primer caso el Seguro Social de Salud es obligatorio para todos los trabajadores, asalariados y en relación de dependencia, que se encuentren en planilla. En el segundo caso la afiliación es de carácter voluntario. Este seguro potestativo es brindado como seguro independiente, conocido como + SALUD, y brinda cobertura médica en los Centros Asistenciales de ESSALUD a aquellas personas que se afilien voluntariamente (vendedores, amas de casa, etc.) que no son asegurados regulares. Éste puede ser solicitado por una persona sola o con su familia (hijos hasta los 18 años). El Plan Protección Total, el Plan Protección Vital y el Plan de Emergencias Accidentales (respecto al cual se aprueba la denominación pero no hace referencia en que consiste el mismo ni como se va a implementar) son los tres planes que ESSALUD creó con el Nuevo Seguro Potestativo de enero de 2005. De acuerdo a ESSALUD ambos cubren a los asegurados potestativos de la siguiente manera: El primero ofrece a las personas mayores de 56 años las mismas prestaciones de salud, económicas y sociales de las que gozaban anteriormente. El segundo está a disposición de cualquier persona que de manera voluntaria desee contratarlo. Se diseñó para darles acceso a los asegurados menores de 56 años y sería el seguro más económico del mercado. A pesar de la existencia de estos mecanismos en la actualidad el nivel de cobertura de ambos no supera el 20% de la población, como se manifiesta en el Gráfico 2. Una respuesta a ello la podemos encontrar en lo indicado por la Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial N° 93 del 2005. En dicho informe la Defensoría del Pueblo señala que ESSALUD en enero de 2005 emitió un comunicado indicando que “debido a la gran demanda y con el fin de optimizar y ordenar el traslado o migración de los asegurados que se encontraban comprendidos en los Regímenes Especiales al Nuevo Seguro Potestativo, éstos deberían inscribirse en los nuevos planes denominados "Plan Protección Total" y "Plan Protección Vital", según el cronograma publicado”. Este traslado a los nuevos planes ha generado la reacción negativa de un sector de la población asegurada, expresada a través de los medios de comunicación y de las consultas, petitorios o quejas presentadas ante las Oficinas de la Defensoría del Pueblo. Una de las principales causas de este malestar esta en relación a la cobertura de los planes y las exclusiones que implica. En relación a los beneficiarios del Plan Protección Total, el informe de la Defensoría del Pueblo asevera que al haberse excluido a los concubinos y concubinas, así como a los hijos mayores de edad con incapacidad total y permanente para el trabajo, se contraviene lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 26790, afectándose el principio de legalidad y jerarquía normativa. Financiamiento El Seguro Social de Salud – ESSALUD se financia por medio de los aportes de sus beneficiarios. Así mientras la aportación de los afiliados regulares (trabajadores activos) equivale al 9% de la remuneración o ingreso y el de los afiliados regulares pensionistas al 4%. Los costos de las aportaciones en el caso de los afiliados potestativos varían de acuerdo a los paquetes de seguro que se ofrecen, los mismos que están determinados por la edad del titular y al número de derechohabientes que se desee afiliar, siendo más elevado el costo a mayor edad del afiliado. APORTES MENSUALES PLAN los costos resultan elevados para un trabajador independiente, siendo ello un grave perjuicio para las economías de los trabajadores independientes si desean mantenerse o acogerse a estos planes. Es válido afirmar entonces que este sistema de aportaciones tal y como está diseñado resulta ineficiente. La encrucijada se manifiesta de la siguiente manera: de un lado, las aportaciones potestativas son muy elevadas y por tanto excluyentes; y de otro, estas escasamente cubren los gastos que demandan las atenciones brindadas. Por lo que tomando en cuenta esta situación y considerando que los trabajadores independientes son los de más exiguos recursos y de condiciones laborales más precarias, debería el Estado encontrar mecanismos de subsidios idóneos para este caso. Sin embargo ello no asegura de por si la mejora del sistema, dado que uno de los graves problemas ha sido el irrespeto a la intangibilidad de estos fondos por parte de los gobiernos de turno, los cuales han usado los fondos de la Seguridad Social (provenientes de la afiliación regular y potestativa) como su caja chica. Ello sumado a la insuficiencia de recursos financieros que el Estado destina a la salud en general y la preocupante situación financiera del Seguro Social de Salud en particular, ocasionan que el gasto en salud sea financiado en gran medida por las propias familias (“gasto de bolsillo”). Dicha situación ha sido constatada en un estudio financiero actuarial de la OIT del 2005, en el que se manifiesta que de mantenerse esta situación “se generaría un resultado económico negativo (déficit operativo anual) a partir del año 2005, que se incrementaría en el tiempo. El actual costo global del Seguro de Salud de 7.27, crecería hasta 8.3% en el 2015”. Dadas estas perspectivas, ESSALUD ha de darse la tarea de desarrollar acciones tendientes a afrontar un panorama futuro económicamente tenso”. Prestaciones En ambos casos, el seguro regular y el potestativo, las prestaciones son determinadas en función del tipo de afiliación. En el caso del seguro regular comprende los siguientes conceptos: a) Prestaciones de prevención, promoción y atención de la salud, b) Prestaciones de bienestar y promoción social, c) Prestaciones en dinero correspondientes a subsidios por incapacidad temporal y maternidad y d) Prestaciones por sepelio, cubre los servicios funerarios por la muerte del asegurado regular,
Baja cobertura,
datos poco confiables 2009
In d ivid u o s afiliad o s a s eg u ro s d e salu d,
Adicionalmente, se estableció un copago de S/. 10.00 por cada consulta externa e interconsulta, así como un copago hospitalario equivalente a la tarifa de un día de hospitalización más I.G.V.
En ese sentido el Informe Defensorial N° 93 ha señalado que las principales críticas recogidas están relacionadas con la percepción de que
sea activo o pensionista, de acuerdo a las normas que fija ESSALUD. De otro lado, en el caso del seguro potestativo la cobertura en atención que brinda el seguro independiente dependerá de los distintos paquetes que oferta y de los períodos de aportación, siendo en todos los casos menor que la cobertura regular. En términos generales se brindan las siguientes prestaciones: ？ Atención médica, ambulatoria, hospitalaria y de emergencia. ？ Medicamentos e insumos médicos (según oferta). ？ Ayuda al diagnóstico (según oferta). ？ Atención por maternidad, que incluye control de la estación del parto, puerperio y atención del recién nacido, siempre que la gestante se encuentre afiliada al momento de la concepción. ？ Prestaciones de prevención y promoción de la salud. ？ Cobertura de enfermedades preexistentes siempre que estén dentro del Plan Mínimo de Atención. Los problemas se observan al analizar de manera independiente cada plan, así según afirma la Defensoría del Pueblo en el citado informe mientras el PPT otorga cobertura a enfermedades de la capa simple y compleja, el PPV sólo cubre las enfermedades del Plan Mínimo de Atención, por lo tanto no tienen cobertura las enfermedades de capa compleja que no se encuentran comprendidas en dicho listado, tales como las enfermedades oncológicas, reumatológicas, hemodiálisis y diálisis peritoneal en programa, VIH/SIDA, trasplante de órganos y tejidos, trastornos mentales y del comportamiento (trastornos neuropsiquiátricos), entre otras. Por otro lado, el PPV tampoco brinda prestaciones económicas (sepelio), ni sociales. ¿Qué es la Capa Simple? Dichas diferencias suponen uno de los principales problemas del seguro potestativo, pues discrimina a los usuarios del plan PPV, vulnerando el principio-derecho de igualdad y universalidad recogidos en el Convenio 102 y por ello vinculante a nuestro ordenamiento a nivel constitucional. Otra diferencia con el régimen regular son las prestaciones de prevención y promoción de la salud las cuales no están incluidas y se podrán contratar adicionalmente. Lo cual implicaría una nueva discriminación. Un aspecto aparentemente positivo es que existe una cobertura obligatoria que debe otorgar cada EPS, la cual comprende, como mínimo, la cobertura de la atención a la capa simple de salud, la atención de dolencias preexistentes y la atención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no cubiertas por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Esta atención a la capa simple es similar al del régimen regular, y por tanto involucra sus mismas limitaciones ya reseñadas. Es decir vulneran el principioderecho de igualdad y el principio de universalidad contraviniendo ello el Convenio 102 y la Constitución. Conclusiones La obligación de los Estados por brindar aseguramiento social en salud a la población no es nueva, data de hace dos siglos. En el Perú esta obligación está sancionada en las normas de más alta jerarquía e involucra a los trabajadores independientes al ser universal. A pesar de existir diversos planes de aseguramiento en salud para los trabajadores independientes, la situación precaria de estos y la ausencia de una política adecuada de parte del Estado hace que no todos los trabajadores puedan acceder a este derecho. Las nuevas disposiciones normativas lejos de garantizar sistemas de seguridad en salud de calidad y eficientes en cobertura, financiamiento y prestaciones afectan los derechos de las personas: exclusiones en la cobertura, altos costos, menores prestaciones, etc. Ello hace que la ecuación: inversión (aportes) de los trabajadores independientes y servicios de salud recibidos, tenga un saldo negativo. Abonando en estos trabajadores la percepción de la poca utilidad de la seguridad social en salud y fomentando una cultura “cortoplacista” que ignora la idea de la protección social. La ausencia de una política estatal que fomente y promocione un real y adecuado sistema de seguridad social en salud para los trabajadores independientes, perpetúa esta situación. Por lo que se hace necesario una reforma integral de la seguridad social no solo para los trabajadores independientes, si no para todos los peruanos.
4.2. Aseguramiento potestativo en EPS En el caso de las EPS, los trabajadores independientes se afilian bajo la modalidad de asegurados potestativos, solicitando el plan de salud potestativo que desee y comprometiéndose a pagarlo de forma independiente. Estos planes pueden ser diversos y dependerán del contrato suscrito entre ambas partes, siendo siempre de carácter voluntario al igual que en el caso de ESSALUD. El plan de salud es el conjunto de prestaciones que debe brindar una EPS al trabajador que voluntariamente se afilia a ella. Debe incluir la descripción de los beneficiarios, establecimientos en los que se brindará la atención, los requisitos para la atención, la cobertura durante el periodo de latencia, las exclusiones y limitaciones. Estas limitaciones y exclusiones, al igual que en el caso de del aseguramiento potestativo en ESSALUD, suponen diferencias discriminatorias con respecto a las prestaciones recibidas por los asegurados regulares.
La capa simple es un listado de las enfermedades, de mayor frecuencia y menor complejidad, definidas en el anexo 1 del reglamento de la Ley N° 26790. Básicamente comprende consulta ambulatoria, parto normal y cirugía de día.
Informe CEAR/OIT
La OIT detecta serios problemas en el Sistema de Seguridad Social
Se debe elaborar una estrategia para el desarrollo de la Seguridad Social
La Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones de la OIT ha formulado recientemente un comentario general relativo al grado de cumplimiento por parte del Estado peruano del conjunto de los convenios de seguridad social ratificados por el Perú. El informe, como veremos a continuación, no nos deja muy bien parados en un contexto en el que frente a la crisis económica y financiera global la seguridad social es reivindicada como parte de la solución. Incumplimiento de los principios de la seguridad social. La Comisión señala que los principios básicos garantizados por los convenios de la seguridad social de la OIT contribuyen “a la puesta en práctica en el Perú de un Estado de Derecho basado en la solidaridad, la gobernanza participativa y el reconocimiento de mínimos sociales”. De ello podemos sostener que su inobservancia no permite superar los problemas de desigualdad social presentes en nuestra patria.
? de la financiación colectiva. El caso
? Omisión del principio de asegurar la entrega de pensiones durante toda la contingencia y la garantía de una tasa mínima de prestaciones. Como sabemos, de acuerdo al sistema privado de pensiones las prestaciones de vejez se calculan con base en el capital del que dispone cada asegurado en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC). El informe advierte que cuando éste se agota, “el derecho a una pensión puede dejar de existir y el asegurado que superase la esperanza de vida media podría quedarse sin su única fuente de ingresos”. Ello viola los principios básicos y la garantía de una tasa mínima establecida por el Convenio 102, ya que “el nivel de las pensiones que se pagan en el marco de un sistema privado no puede, por razones inherentes a este tipo de pensiones, ser conocido hasta el momento de la jubilación”.
administración sólo están a cargo de los trabajadores afiliados a una Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) y a la Oficina de Normalización Provisional (ONP). Es decir, “los empleadores no contribuyen a financiar los fondos de pensiones (público y privado) y los gastos de administración solo lo asumen los trabajadores, lo cual es contrario al principio de financiación colectiva.” 1
? Inobservancia del principio de gestión
Serios problemas encontrados en el funcionamiento del sistema de seguridad social. La Comisión encontró una serie de problemas orgánicos en el propio sistema de seguridad social, en su administración, cobertura, en las prestaciones brindadas, etc. Algunos de los cuales reseñamos brevemente.
? Mala gestión del sistema público de
democrática y transparente. El Informe recuerda que una obligación emanada del Convenio número 102 de la OIT refiere que cuando el Estado no puede garantizar la administración del sistema de seguridad social, los representantes de las personas protegidas deben participar en la administración de éste con carácter consultivo (artículo 72, párrafo 1, del Convenio). De acuerdo al Informe esta participación deberá ser efectiva y permitir a los usuarios “influir sobre las decisiones efectuadas en materia de inversiones y de gestión”. Por lo que solicita al Gobierno peruano informe sobre “los progresos realizados en la participación de los representantes de los asegurados en la supervisión de las actividades de los operadores privados.” Señala además, que en “la misma lógica y teniendo en cuenta las bajas tasas de afiliación a la seguridad social, el Gobierno debería asegurar la participación de representantes de los asegurados en las labores del organismo nacional encargado de la recaudación de impuestos y de cotizaciones sociales — la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria (SUNAT.” Afirmación sin duda polémica para nuestro conservador sistema de recaudación fiscal, que sin embargo no ha recibido eco de las propias organizaciones sociales posiblemente beneficiadas.
pensiones. Conforme lo observa la Comisión la ONP padece serios problemas en la determinación del derecho a pensiones, escandalosos retrasos que generan muchos conflictos judiciales (alrededor de 100 000 demandas estaban en espera de decisión). Entre los problemas encontrados se aprecia “la inexistencia de un registro actualizado sobre las contribuciones por afiliado, que la carga de la prueba de los períodos de contribución no la tiene que asumir la ONP, sino los asegurados, y que los procedimientos para otorgar pensiones son excesivamente complejos”. Finalmente la Comisión le solicita al Gobierno que demuestre como asume plenamente y totalmente su responsabilidad relativa al pago de las prestaciones y a la buena administración de la seguridad social.
? Cobertura insuficiente y evasión de la
El informe destaca que en los diferentes componentes del sistema de seguridad social no se cumplen los principios básicos establecidos por los convenios internacionales OIT de seguridad social, tales como el principio de financiación colectiva de las prestaciones, en virtud del cual, su costo y los gastos de administración deberán ser financiadas por medio de cotizaciones o de impuestos. En base a ello llama la atención acerca de que en el sistema de pensiones -público y privadosolo los asegurados contribuyen a las cuentas individuales de capitalización y a la financiación de las primas del seguro de invalidez y de sobrevivientes. De esta manera, las contribuciones y los gastos de
obligación de afiliación. Conforme a la OIT en el 2007 sólo el 35 por ciento de la población económicamente activa asalariada disfrutaba de una cobertura de vejez, invalidez y sobrevivientes, lo cual evidencia una gran evasión a la obligación de afiliación. De acuerdo al Informe “de entre los 2,2 millones de personas que tenían más de 65 años, sólo 500.000 percibían prestaciones de vejez, invalidez o sobrevivientes, lo que representa una tasa de cobertura de las
personas de edad de alrededor del 23 por ciento. En lo que concierne a la protección de la salud, sólo el 36 por ciento de la población total disfrutaba de cobertura”. El solo hecho de que la Comisión, como órgano técnico especializado y representativo a nivel mundial, haga evidente estas cifras debería implicar una seria voluntad de cambio por parte de nuestro Estado y del Gobierno, respecto al actual curso de las cosas en materia de seguridad social y la necesidad de una urgente reforma.
? Las deficientes e insuficientes reformas
emprendidas por el Gobierno: el acceso de la Seguridad Social para las MYPES y la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. La Comisión señala que el sistema especial de pensiones para trabajadores y conductores de microempresas creado por el decreto legislativo número 1086 establece que la afiliación al sistema de pensiones será voluntaria, cuando antes era obligatoria. Asimismo se menciona que esta medida sólo representa “una solución transitoria aplicable exclusivamente a las nuevas microempresas”. Con respecto a la ley marco de aseguramiento universal en salud la Comición reconoce que esta medida podría ayudar a extender la cobertura, si es bien aplicada. Sin embargo, observa que, la norma “debería verse complementada por reglamentos técnicos de aplicación que garanticen el respeto de la obligación de afiliación y de cotización, especialmente en lo que concierne a los asalariados de la economía formal, en donde el incumplimiento de la obligación de afiliarse es particularmente elevado”. Asimismo, manifiesta su preocupación respecto “a los asalariados de la economía informal, los trabajadores independientes y las poblaciones rurales”, en donde debería haber mayores propuestas que aseguren la ampliación de la cobertura. Finalmente, en atención a todo lo expuesto la Comisión, evidenciando la ausencia de una planificación seria a largo plazo, recalca la necesidad de elaborar una estrategia nacional para el desarrollo sostenible de la seguridad social. Esta es una necesidad derivada de la responsabilidad general del Estado establecida por el Convenio 102 de garantizar la sostenibilidad y buen funcionamiento del sistema de la seguridad social. ?
para la cohesión y desarrollo social
1. Objetivos del nuevo sistema de seguridad Social La reforma de la seguridad social que proponemos tiene como objetivo prioritario la extensión de la cobertura a la mayoría de la población del país; otorgar las prestaciones que correspondan a las necesidades de los asegurados y su familia; que estas prestaciones sean oportunas y suficientes; contar un régimen de seguridad social solidario, eficiente y sostenible financieramente; que el sistema de seguridad social se constituya en un instrumento de cohesión y desarrollo social; que los distintos regímenes del sistema de seguridad social se adapten al cambiante mercado de trabajo de tal forma que tales cambios no se constituyan en un obstáculo insalvable para el acceder a la seguridad social; lograr que el Estado cumpla con sus obligaciones de mejorar, ampliar y garantizar seguridad social para los ciudadanos; y, finalmente, la inserción de nuestro sistema de seguridad social en los procesos de integración regionales y sub regionales. 2. Principios y conceptos en los que se sustenta el nuevo sistema de seguridad social. A continuación explicitamos los principios y conceptos fundamentales sobre los que giran nuestras propuestas de reforma al sistema de seguridad social en el Perú. Universalización: El nuevo régimen de seguridad social que proponemos, está concebido para ampliar la cobertura, incluyendo como obligatoria la afiliación de los trabajadores independientes y por cuenta propia, y otorgando prestaciones no contributivas para personas en situación de pobreza. Solidaridad financiera: Nuestra propuesta de reforma del sistema de seguridad social en el Perú, recobra el principio fundamental de la solidaridad financiera, ausente en el modelo actual sustentado en el régimen privado, particularmente en materia de pensiones. En primer término, porque incorporamos nuevamente la contribución bipartita. En materia de pensiones, el régimen público, permite el subsidio de los trabadores de más altos ingresos a aquellos de ingresos menores, gracias a la fijación de una pensión mínima y una pensión máxima, y la mancomunidad de los riesgos de invalidez y muerte. De igual manera, tanto en salud como en pensiones, se define la creación de un régimen no contributivo para personas en situación de pobreza con aporte financiero del Estado.
1Cabe recordar que la Propuesta de las centrales sindicales para la reforma de la seguridad social en el Perú “recobra el principio fundamental de la solidaridad financiera, ausente en el modelo actual (…) e incorpora la contribución bipartita”.
Seguridad Social 9 para9 todos ytodos y todas Seguridad Social para todas
Sostenibilidad financiera: Los beneficios incluidos en nuestra propuesta de reforma del sistema de seguridad social, las fuentes y mecanismos de financiamiento, los requisitos exigidos para el otorgamiento de las prestaciones deben tener la consistencia y congruencia necesaria, que asegure la sostenibilidad de cada uno de sus componentes y del sistema como un todo. La responsabilidad general del Estado: La propuesta tiene como valor supremo, que el Estado, asuma nuevamente, de una forma activa y dinámica, la responsabilidad que le compete en materia de protección social, en particular, respecto al sistema de seguridad social en materia de salud y pensiones y la protección financiera de la vejez. No debe olvidarse que el Estado es el “último garante responsable del financiamiento del sistema, aún cuanto la gestión sea privada” (89º conferencia OIT). Las políticas de seguridad social como componente de la política social: No es factible de ninguna forma, negar que las decisiones, políticas y mecanismos diseñados por los pueblos para proveer seguridad social a las personas, cuando sus capacidades de generar ingresos, para su manutención o a la de su familia, mediante la ejecución de un trabajo remunerado, se ven reducidas o limitadas sensiblemente por razones de salud o envejecimiento, son cuestiones, estrechamente ligadas con la política social y de desarrollo de una nación. Participación democrática de los trabajadores y asegurados en la administración y gestión de la seguridad social. La participación de los representantes de los trabajadores y asegurados en la administración de los regímenes de seguridad social y de la gestión de la institucionalidad de la seguridad social constituye un elemento central a fin de garantizar una gestión sistémica más articulada y una representación y participación efectiva en los roles de rectoría, regulación y supervisión. Fortalecimiento del marco institucional: Es de vital importancia separar las funciones críticas que deben ser atribuidas al Estado y a los regímenes de seguridad social. En efecto, las funciones de recaudación, fiscalización y afiliación debería ser competencia de un organismo público especializado con las facultades necesarias a través de ajustes en la normatividad. Equidad de género: Se reconoce quo los cambios en el mercado de trabajo, el establecimiento de los sistemas privados de pensiones y de planes de salud privados han acentuado la inequidad de género. La mayoría de las mujeres se encuentran en desventaja laboral (ocupación en el trabajo reproductivo, mayor tasa de desempleo, menores salarios respecto a los hombres, trayectoria laboral más discontinua, menos densidad de cotización) y son más longevas, siendo ambas condiciones un obstáculo para acceder a la protección de la seguridad social en salud, pensiones y riesgos del trabajo. Fortalecer las tareas de rectoría, supervisión y regulación, así como, el dialogo social: Una de las aspiraciones de nuestra propuesta de reforma de la seguridad social, es que se avance en esta materia, y se cuente con un organismo rector, que dirija con claridad y contundencia el proceso de cambio, y que tenga la visión del futuro que se desea del sistema seguridad social. Por otro lado, se requiere la intervención eficiente de los organismos reguladores reformados y la participación de los asegurados y trabajadores, en concordancia con lo que establece el convenio 102 de OIT, y en la dirección de fortalecer el diálogo social. 3. Instituciones del nuevo sistema de seguridad social propuesto. Crear e Institucionalizar el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), como espacio para la formulación do políticas, supervisión y regulación El consejo tendrá como funciones centrales la formulación de políticas en materia de seguridad social, la supervisión y la regulación de los actores, incluido el sector privado. En el Consejo Nacional de Seguridad Social participarían representantes de los trabajadores, empleadores, autoridades públicas y otros actores sociales involucradas en el sistema de seguridad social y en los objetivos de la reforma. La Tesorería de la seguridad social (TSS) La necesidad de separar las funciones críticas que deben ser atribuidas al Estado y a los regímenes de seguridad social nos lleva a formular la propuesta de creación de la Tesorería de la Seguridad Social. Esta Tesorería será la encargada de las funciones de afiliación, recaudación y fiscalización de los deberes contributivos. Una de las principales tareas de la Tesorería será acabar con la evasión contributiva del sector formal de la economía y la del propio Estado. El Instituto Nacional de Pensiones (INP) Creación del Instituto Nacional de Pensiones (INP) sobre la base de la actual ONP, con participación tripartita, para la administración del régimen de pensiones público y obligatorio: institución con autonomía económica, financiera y administrativa que tendrá a cargo el citado régimen, en forma centralizada, y con capacidades y competencias para la gestión de los beneficios del régimen público de pensiones. El Consejo Nacional de Seguridad Social designa al Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Pensiones. El Instituto de Seguridad Social de Salud (ISSS) El Instituto de Seguridad Social de Salud, creado sobre la base del actual Seguro Social de Salud-Essalud, con participación tripartita, será una institución con autonomía económica, financiera y administrativa que gestionará y administrará el seguro social de salud para cuyo efecto se deberán implementar cambios profundos en la gestión. El Consejo Nacional de Seguridad Social designa al Presidente Ejecutivo del Instituto de Seguridad Social en Salud. El Instituto de Riesgo del Trabajo (IRT) El Instituto de Riesgos del Trabajo será una institución de conformación tripartita, con autonomía económica, financiera y administrativa que gestionará y administrará
obligatorio para todos complementado con un régimen de administración privada. La Seguridad Social es, como se sabe, un derecho humano fundamental y un instrumento para la creación de cohesión social, forma parte indispensable de la política social de los Estados. Siendo la Seguridad Social ante todo un sistema de naturaleza pública, nuestra propuesta se sostiene en la idea de una seguridad social básica y obligatoria garantizada por el Estado pero admite la posibilidad de complementos voluntarios, sin que ello desnaturalice el modelo esencialmente público de nuestro sistema de seguridad social. ? Fortalecer el control contributivo Para garantizar el financiamiento que requiere la extensión de la cobertura a sectores de baja capacidad contributiva, en cumplimiento del principio de solidaridad, proponemos fortalecer el control contributivo, mejorar la inspección de la seguridad social y las reformas legislativas necesarias que tipifiquen y sancionen drásticamente la morosidad y la evasión en el aseguramiento. 4.2 El nuevo sistema previsional Nuestra propuesta de reforma del sistema previsional peruano se sustenta en los principios y conceptos ya expuestos para la reforma del sistema de seguridad social y, además, en el cumplimiento del derecho a una pensión justa y equitativa, en la necesidad de garantizar una pensión mínima decente, en la libre elección, en la eficiencia de la gestión del sistema y en el papel de Estado como último garante del sistema. Estructura del nuevo sistema previsional: hacia un sistema multipilar En términos de diseño y estructura, proponemos la integración en un sistema de pensiones sustentado en tres pilares, que actúan con carácter de complementarios. El primer pilar, tiene dos componentes: i) contributivo-obligatorio (base del sistema), cuya tasa de reemplazo oscilaría entre un 35% y un 45%, pero con un limite inferior, que corresponde a una pensión mínima; los aportes provienen del empleador y el trabajador, en el orden de un 5.5% y 2.75%, respectivamente, y los beneficios de pensión por vejez se consolidan considerando tanto la edad de la persona como el número de cuotas aportadas al régimen; ii) no contributivo-asistencial, dirigido a los adultos mayores de 65 años o más, en condición de pobreza, y cuyo financiamiento será a partir de una contribución adicional del patrono sobre la nómina y transferencias complementarias del Estado. El segundo pilar, responde al esquema actual vigente en el Perú, es decir, un sistema privado, basado en cuentas individuales, carente de
el seguro contra riesgos del trabajo. El Consejo Nacional de Seguridad Social designa al Presidente Ejecutivo del Instituto de Riesgo del Trabajo. La Superintendencia de Aseguramiento en Salud (SAS) Tendrá por finalidad asegurar y cautelar la idoneidad y calidad de los servicios de salud proporcionados por los prestadores, incluidos los privados. El Consejo Nacional de Seguridad Social regula y supervisa a la Superintendencia de Aseguramiento en Salud y designa al superintendente. Superintendencia de administradoras de fondos de pensiones (SAFP) Tendría por finalidad cautelar los fondos e intereses de los pensionistas mediante la supervisión de las administradoras de fondos de pensiones, aplicando las políticas establecidas por el Consejo Nacional da Seguridad Social. El Consejo Nacional de Seguridad social regula y supervisa a la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones y designa al superintendente. Superintendencia de aseguramiento de riesgos del trabajo (SART) Tendría por finalidad supervisar a las aseguradoras de riesgos del trabajo, incluidos las privadas. El Consejo Nacional de Seguridad Social regula y supervisa a la Superintendencia de Aseguramiento de riesgos del trabajo y designa al superintendente. 4. Características básicas del nuevo sistema de seguridad social 4.1 Propuestas de reforma aplicable a todo el sistema de seguridad social ? Universalizar la cobertura en los diversos regímenes, compatibilizándola con la pluralidad de mecanismos de
protección. Para universalizar la cobertura consideramos necesario recurrir a una pluralidad de mecanismos de protección y a un conjunto de estrategias contributivas y no contributivas. Se requiere implementar políticas inmediatas para el incremento de la cobertura, como lograr elevar la cobertura en las empresas de la economía formal e innovar con esquemas alternativos de aseguramiento contributivo (trabajadores por cuenta propia y de la economía informal) Es imprescindible y urgente también formalizar la situación de la cobertura de los empleados públicos (contratados bajo los dominados regímenes de servicios no personales) y de los trabajadores de las empresas (Servis) que prestan servicios a la administración pública. ? La prevención como elemento central de la política social de Estado en materia de seguridad social Las políticas sociales del Estado deben orientarse a reforzar la política preventiva sanitaria y de seguridad y salud en el trabajo que reduciría las enfermedades e incapacidades; potenciar la política educativa que contribuirían a combatir y prevenir la exclusión social y la pobreza y priorizar la solución de los problemas de salud de mayor prevalencia. ? Financiamiento y prestaciones contributivas y no contributivas El modelo de Seguridad Social actual es uno basado en el financiamiento contributivo, y ello se debe a que nuestro sistema se edificó sobre la idea del aseguramiento de los trabajadores asalariados. El objetivo de extender la cobertura de la seguridad social nos lleva necesariamente a proponer la necesidad de recurrir a estrategias de financiamiento no contributivo con aportes del Estado. ? Régimen de seguridad social básico (salud y pensiones) de naturaleza pública y
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solidaridad financiera interna, y con la administración en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Este es un régimen voluntario y con una tasa de reemplazo esperada de aproximadamente un 30%. Por último, un tercer pilar, voluntario, de cuenta individual y complementaria a las pensiones de los otros dos pilares. Normalmente, se hace uso de incentivos fiscales para promover su adopción, pero en general, sus afiliados son trabajadores de ingresos medios y altos. Se pretende un balance mayor en las prestaciones otorgadas por ambos regímenes, tomando en cuenta, la estructura demográfica del país, que aún mantiene un grupo importante de población joven, con capacidad de concretar un extenso historial de aportes a su cuenta individual. De igual manera, se reincorpora el apoyo financiero del empleador, eliminado con la reforma previa del sistema. 4.3 Seguridad Social en salud universal y solidaria Con el propósito de avanzar hacia el objetivo de lograr una seguridad social en salud universal y solidaria, proponemos la estructuración de un programa de seguridad social en salud básico de naturaleza pública y obligatoria, financiada con prestaciones contributivas y no contributivas. Este sistema de financiamiento implica que toda la población del país dotada de capacidad contributiva pague su seguro de salud y que el Estado financie un seguro de salud no contributivo y subsidiado para quienes tienen poca o ninguna capacidad contributiva. La afiliación en el régimen contributivo sería obligatoria para todos los trabajadores activos, tanto asalariados como independientes, cuyas aportaciones estarían en función de su capacidad contributiva, medida por los salarios o ingresos devengados. El régimen contributivo se financia con aportes del empleador y del trabajador, en el orden del 6% y 3% respectivamente. El régimen no contributivo financiado por el Estado permitiría extender la cobertura a amplios sectores de la población, en condiciones de pobreza o de ingresos precarios, cuya cobertura sería imposible mediante los esquemas contributivos tradicionales. Por ello, proponemos la creación del Régimen No Contributivo de Aseguramiento en Salud y su respectivo Fondo. El Fondo de este Régimen No Contributivo es independiente y autónomo, con la participación de los Gobiernos Regionales en su ejecución regional. El Régimen No Contributivo en Salud, inicialmente estaría dirigido a los más pobres con prioridad para los ancianos pobres, niños y mujeres embarazadas y se financia con trasferencias del Estado. Para estos fines se crea un sistema de calificación de beneficiarios, con participación de los Gobiernos Regionales, para determinar quienes serían las personas con derecho a cobertura. La administración del Régimen No Contributivo de Aseguramiento en Salud estará a cargo de una entidad con autonomía de gobierno, administrativa, económica y financiera. Como es de todos conocido, la gestión de la seguridad social en salud a cargo del Seguro Social de Salud-Essalud (que proponemos se convierta en el ISSS), adolece de notables deficiencias en la gestión que se traducen en altos costos operativos asistenciales, baja calidad de los servicios y deterioro de la imagen institucional frente a los asegurados. Es imprescindible y urgente adoptar las medidas necesarias a efectos de mejorar la gestión y la calidad de los servicios. Para ello, Essalud (ISSS en conformidad con nuestra propuesta) cuenta con un diagnóstico de su situación económica, financiera y de gestión recientemente elaborado por la OIT, por lo que proponemos que los esfuerzos institucionales deberían orientarse y concentrarse en la implementación de sus recomendaciones especialmente las relacionadas con el financiamiento del régimen contributivo, la extensión de la cobertura y las mejoras en la gestión. 4.4 Programa para la universalización de la cobertura de aseguramiento de riesgos laborales a toda la población asalariada El modelo de aseguramiento de riesgos laborales que se proponen se inspira en los principios de responsabilidad objetiva del empleador, universalidad, automaticidad, integralidad, suficiencia y uniformidad y se orienta a la cultura preventiva y participación tripartita. El modelo propuesto, retoma la concepción moderna de la protección contra los riesgos del trabajo y enfermedades profesionales, inspirada en la responsabilidad objetiva del empleador (los empleadores responden por ser los generadores del riesgo), a fin de sustituir el modelo actualmente vigente, basado en lo que se denominó protección contra los riesgos del trabajo y enfermedades profesionales en las actividades de “alto riesgo”, que limita el ámbito de la responsabilidad objetiva del empleador al excluir a diversas actividades de la obligación de asegurar a los trabajadores contra los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Extender el ámbito de aplicación del principio de la responsabilidad objetiva del empleador es de vital importancia para universalizar y en consecuencia, ampliar la cobertura de los riesgos profesionales en nuestro país, pues, al considerar que los empleadores responden por ser los generadores del riesgo, todos los trabajadores asalariados son sujetos de cobertura obligatoria, independientemente de la actividad productiva o de servicios que desempeñe. La universalización de la cobertura del aseguramiento de los riesgos del trabajo permitirá comprender a todos los trabajadores, incluyendo a los trabajadores del sector público (incluido los trabajadores de los SERVIS que prestan servicios al Estado) y privado, independientemente de la actividad productiva o de servicios que desempeñe. Una de las carencias básicas atribuidas a nuestro sistema de aseguramiento de los riesgos del trabajo es su falta de orientación a la cultura preventiva. Todo sistema moderno de aseguramiento de riesgos del trabajo tienen con objetivo la reducción del costo de los accidentes y enfermedades profesionales; para ello, debe orientarse, entre otras medidas (indemnización de las víctimas, bajar los gastos administrativos), a disminuir el número de los accidentes producidos y su gravedad. En esta dirección, debe realizar esfuerzos con la finalidad de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, además de otras medidas (como establecer primas fundadas en el nivel de riesgo y establecer sanciones). La prevención es pues fundamental. Esto implica que los planes de aseguramiento de riesgos del trabajo de las entidades aseguradoras, deberán comprender y otorgar mayor prioridad a las acciones de prevención de los riesgos laborales. La necesidad de universalizar la cobertura del aseguramiento de los riesgos del trabajo, el ordenamiento de la gestión del sistema y la necesidad de incentivar en los empleadores una conducta de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, hacen imprescindible que el Perú ratifique la Parte VI del Convenio 102 de OIT, pues como se recordará el Art. 37º del referido Convenio, establece que “las prestaciones mencionadas en el Art. 34 y 36 deberán garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que estuvieran empleadas como asalariados en el territorio del Miembro en el momento del accidente o en el momento en que se contrajo la enfermedad; y si se trata de pagos periódicos resultantes del fallecimiento del sostén de la familia, a la viuda y a los hijos de aquel”.
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Reforma en EEUU
"Tan pronto como yo promulgue esta iniciativa, será ilícito el que las empresas de seguros reduzcan la cobertura cuando uno enferma o lo dejen a uno abandonado cuando más los necesita". Barak Obama
estabilidad a los que ya cuentan con seguros de salud y otorgarlos a todos los que no tienen, bajo un sistema manejado por el gobierno; se ha acordado finalmente una propuesta que sigue administrada por empresas privadas, pero con mayores subsidios y control por parte del Estado. Parte de la oposición surgió desde el seno mismo de los demócratas, los “antiabortistas”, quienes señalaron que son muy débiles los mecanismos de la reforma para restringir la posibilidad de abortos con fondos de los contribuyentes. Para superar la disidencia, Obama modificó la propuesta prohibiendo el uso de fondos públicos para el aborto, salvo en casos de violación, incesto, o si peligra la salud de la madre, como ya lo establece una ley federal. Otra oposición dentro del sector de los beneficiados implicó a los sindicatos, quienes se opusieron en parte a la reforma, en el extremo que proponía un impuesto extra en los seguros, lo que suponía que parte de los costos de la necesaria reforma fueran asumidos por los trabajadores. Dicha reserva fue superada luego de una negociación con Obama quien atenuó la propuesta original en ese aspecto. Por último, los representantes del partido republicano acusaron a la reforma de generar aumentos masivos de impuestos (supuestamente en cerca de un $1 billón) en una época de alto nivel de desempleo y al gobierno de tratar de tomar el control del sistema, con un consiguiente aumento de costos y rebaja de calidad. Incluso se llegaron a presentar manifestaciones de grupos, presuntamente financiados por la industria de los seguros, que denunciaban un giro al socialismo del gobierno al impulsar la reforma. Obama respondió que los cambios que tiene pensado costarían aproximadamente $900,000 millones en una década (sin embargo muchos especialistas estiman que la cifra sería mucho más alta), "menos de lo que hemos gastado en las guerras de Irak y Afganistán, y menos que los recortes fiscales para los pocos estadounidenses más acaudalados" aprobados en la década de 1990.
Aprobación histórica de la reforma de salud en EEUU
Como histórica y la más importante
victoria política del gobierno del presidente Barak Obama, fue calificada la aprobación de la reforma del sistema de salud en la Cámara de Representantes. La reforma aprobada el 21 de marzo, tomó cerca de un año de debates, encuentros y desencuentros, siendo la primera reforma de su tipo luego de 150 años de un sistema de salud privado, donde la única participación del Estado se concentraba en subvencionar parte del aseguramiento privado de ancianos y algunos sectores de escasos recursos. País poderoso, salud débil: la reforma de Obama A pesar de ser el país más poderoso del mundo, Estados Unidos es el único país industrializado que no tiene un plan nacional integral de salud para todos sus ciudadanos. Siendo el país que más invierte en salud, se estima en 47 millones las personas que no tiene seguro médico, y las que lo tienen deben pagar pólizas de seguros regidas por la reglas del libre mercado que cada vez aumentan más. Tal vez allí la explicación de esta sin razón. Por si fuera poco los fraudes y los errores administrativos cuestan a los seguros públicos aproximadamente 12 mil 300 millones de dólares al año, y los médicos trabajan bajo la presión de ser blanco de demandas por negligencia, disminuyendo su compromiso por la salud pública. Quizá por todo ello EEUU ocupa el puesto 37 en el ranking de países con mayores expectativas de vida, con 76 años. Sin embargo, otros países industrializados que poseen un sistema de salud universal pero administrado por el Estado como Canadá, Gran Bretaña y Alemania poseen expectativa de vida mayores que los de EEUU. “Bueno, no acepto la situación actual. Y el pueblo estadounidense no lo acepta tampoco”, "ya no es sólo un imperativo moral, sino un imperativo fiscal", han sido algunas de las declaraciones de Obama en la cruzada publicitaria que emprendió para debatir el tema de la necesidad de la reforma. Reforma que ha contado con la férrea oposición de los sectores políticos más conservadores y de los sectores empresariales farmacéuticos y de seguros. El debate y los intereses: la contra-reforma En este intenso debate el contenido de la reforma ha ido acomodándose a los diversos intereses en juego. Así de una inicial propuesta que buscaba dotar de mayor seguridad y
Sin embargo, los demócratas, con Obama a la cabeza, han tenido que aceptar parte de los reclamos, cambiando la propuesta inicial de la reforma, en contra de las aspiraciones de los sectores más progresistas. La reforma final La propuesta final implicaría la ampliación a 32 millones de personas la cobertura médica y la prohibición a las aseguradoras de negar cobertura a pacientes que ya tengan alguna enfermedad. De acuerdo a la reforma la mayoría de los estadounidenses estarán obligados a comprar un seguro médico a partir del 2014 (serían penalizados de lo contrario) y se aprobarán subsidios para familias de miembros con ingresos menores de $88,000 al año para que puedan pagar las primas en seguros privados. Estos subsidios se financiarán en parte con un nuevo impuesto de 3.8% de la renta de las personas con ingresos superiores a $200,000 al año y matrimonios con más de $250,000. Los padres podrían mantener en su cobertura a los hijos hasta los 26 años y se crearían las "bolsas de seguros'' a partir del 2014, para que las personas que trabajan por cuenta propia y los pequeños negocios puedan adquirir una cobertura médica Avances, dudas y pendientes Otro hecho relevante es que con la reforma no se podría negar atención médica de emergencia a ningún menor de edad, incluyendo a los menores inmigrantes indocumentados. Al respecto el presidente estadounidense señaló: "Así que creo que hay un parámetro básico de decencia, donde si alguien está en una situación de vida o muerte, una enfermedad severa, vamos a proveer cuidado de emergencia". Si bien el primer mandatario estadounidense hace bien al someterse a un parámetro mínimo de decencia, haría mejor si mantiene esa ecuanimidad pues se ha apresurado a decir que la reforma de salud no implica los 12 millones de inmigrantes indocumentados (mayores de edad). La justificación esbozada por el presidente afrodescendiente para incluir a los niños indocumentados en el sistema ha sido, por lo menos, contradictoria: "No queremos una situación en que algunos niños, si son inmigrantes indocumentados, aparezcan en la sala de emergencia con tuberculosis y nadie les dé tratamiento y regresen al patrio de juegos a jugar cerca de nuestros niños". Sin duda la reforma es un avance respecto al sistema anterior e implica una derrota a las posiciones más conservadoras estadounidenses, pero deja muchos sinsabores: primero aún no todo está dicho, los republicanos han manifestado que demandarán la inconstitucionalidad de la norma que sancione la reforma, norma que aún debe regresar al Senado y esperar una nueva votación. Segundo, al documento aprobado en la Cámara de Representantes, hay anexo un paquete de disposiciones (de los cuales aún no se conoce el contenido). Tercero, la propuesta inicial de Obama, por la que fue elegido presidente, no se ha mantenido en la reforma aprobada. Cuarto, hay dudas sobre si la ley que se promulgue será la misma que entre en vigencia dentro de cuatro años (puede estar sujeta a modificaciones), por ejemplo las aseguradoras tendrán que ofrecer cobertura a los menores con condiciones preexistentes dentro de los próximos seis meses. No se sabe, sin embargo, cuánto estarán cobrando por esto. Por todo ello, consideramos que aún falta mucho para asegurar la protección social de las personas que viven en el país más poderoso del planeta.
SISTEMA DE S ALUD DE EEUU ( antes de la reforma) § Medicare: programa del gobierno para los mayores de 65 años. § Medicaid: programa del gobierno para las personas de bajos ingresos. § Seguro de salud financiado por el empleador: pagado a través de deducción de salarios. § Veteranos de Fuerzas Armadas: reciben cobertura a través de un programa del gobierno. § Programa estatal de seguro de salud para niños: cobertura para niños cuyos padres no son parte de Medicaid. § asegurados: tratamiento en salas de emergencia solamente. No
LA REFORMA OBAMA 1 (Versión de campaña electoral 2008) Sistema de Salud Universal, crear un sistema de seguro de salud nacional para todos los estadounidenses administrado por el gobierno y que pueda competir con las aseguradoras privadas. Aumento de las contribuciones de los empleadores para financiar el sistema. Eliminación de los recortes de impuestos a los grandes empresarios para financiar el sistema (los recortes fueron implementados por el ex
REFO RM A OB AM A 2 (Versión aprob ad a por la C ám ara d e Representan tes, m arzo 2010) § Sistem a de Salud contin úa en m an os privad as. § Mejora la cob ertura a 95% de la po blación total (entra en vigencia a partir del año 2014). § sistema continúa fin an cián dose a través de la adq uisición de cad a El trabajado r de un segu ro y por m ayo res subven ciones del Estado a las fam ilias más pob res. § se elim in an lo s recort es d e im puesto s a lo s gran des em presario s para No fin anciar el sistem a.
Convenio Iberoamericano de S.S
El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, acordado en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, en diciembre de 2007, está próximo a entrar en vigor. Octavio Granados, Secretario de Estado de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo anunció que España acaba de depositarlo en la Sede de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), tras ser ratificado por el Parlamento. El hecho de que Venezuela y Uruguay ya hayan concluido la tramitación parlamentaria del texto, hace que esté a punto de alcanzarse el número mínimo de países necesario –siete- para que tenga plena validez en los países que lo suscriban. En opinión de Adolfo Jiménez, Secretario General de la OISS, este hecho se producirá previsiblemente en el segundo semestre de este año. El Convenio Multilateral supone, en palabras de Octavio Granados, un reconocimiento recíproco de prestaciones y responde a los cambios que ha introducido la globalización en los sistemas de Seguridad Social, ya que los trabajadores van a compartir diversos regímenes. Sus efectos, según Granados, empezarán a ser visibles dentro de 25 ó 30 años, ya que se trata de una herramienta estratégica a futuro. Aunque existen algunas referencias y textos similares –por ejemplo, las directivas y reglamentos comunitarios- se trata del primer texto aprobado por varios estados sin que haya un sustrato jurídico común detrás. Por otro lado, es una respuesta social a la globalización económica y del trabajo, que han creado lagunas de protección en los trabajadores migrantes que ejercen sus trabajos en varios países, dado el diferente grado de desarrollo de las legislaciones en materia de Seguridad Social, como apuntó Adolfo Jiménez, de la OISS. Jiménez hizo referencia a la dificultad de llegar a conciliar sistemas de seguridad social tan diversos como los existentes en Latinoamérica, España y Portugal. Estos se van a mantener, pero el Convenio garantiza la complementariedad de las aportaciones de los trabajadores y trabajadoras, aunque en ningún caso va a sustituir a las legislaciones nacionales. ¿Un Convenio adaptado a la realidad latinoamericana? Si bien todos los participantes coincidieron en subrayar la importancia del Convenio, en la segunda parte de la intervención, la mesa redonda “La Economía Informal y la Seguridad
¿Cómo mejorar la efectividad del nuevo Convenio Multilateral Iberoamericano?
Por: José Manzanares
Social en Europa y América Latina”, se manifestó una visión más escéptica sobre las posibilidades reales de que vaya a beneficiar a todos los trabajadores. Así, Sebastián Reyna, Secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de UGT puso de relieve que en América Latina se mantienen bolsas de economía informal de entre el 30% y el 50% (hasta el 70% en Centroamérica, según indicó José Manzanares, Director de ISCOD-UGT, de acuerdo con la experiencia de nuestra organización); en esas circunstancias, una gran parte de los trabajadores y trabajadoras van a quedar fuera del sistema. ¿Cómo se puede convencer, por ejemplo, a un trabajador de venta ambulante que dedique a cotizar a la Seguridad Social más de lo que ingresa? Tanto José Manzanares, como Sebastián Reyna y el representante de Comisiones, Enrique Martín Serrano, coincidieron en dos claves para superar este problema: hay que incentivar la ordenación económica, haciendo atractivo el pago de cotizaciones, por mínimas que sean; y hay que afrontar una reforma fiscal, de tal manera que se financien servicios básicos desde el Estado, sin que la Seguridad Social se resienta. Porque el fenómeno de la informalidad no está asociado al fraude, como muchas veces se piensa en Europa, sino a la supervivencia del trabajador y su familia. Para Enrique Martín, otra condición fundamental es conseguir que todos los países ratifiquen el Convenio 102 de la OIT, sobre todo la contingencia del desempleo; la ausencia de un sistema de protección en ese sentido desincentiva la regularización de muchos trabajadores y trabajadoras. Desde la experiencia de ISCOD, José Manzanares defendió todos los puntos anteriores, pero añadió un aspecto fundamental: la generación de una cultura de los ciudadanos y ciudadanas como sujetos de derechos y obligaciones. Este cambio requiere de una labor pedagógica importante, que pasa por fomentar y reforzar el asociacionismo sindical, incluso mediante la creación de fondos de solidaridad propios que pueden ser complementados por el Estado. Además, hay que reforzar y fortalecer a los sindicatos para que sean capaces de generar procesos de diálogo social en los que se trate de la universalización de la Seguridad Social. Como ejemplo más reciente, Manzanares explicó el caso de las Centrales Sindicales Peruanas, que se han unido en una plataforma común reclamando “seguridad social para todos y todas”.
Estrategia Iberoamericana en
“América Latina es según datos de la OIT, la Región del mundo donde más aumentaron los accidentes mortales en el periodo 19982001 (…) registra 30 millones de accidentes de trabajo cada año y se estima que el número de muertes relacionadas con el trabajo ascienden a 240.000, siendo probable que estas cifras sean aún mayores si se considera el mencionado subregistro de la economía informal”. Pero ello no es todo, según la OIT y la OMS, existe un impacto económico de dichos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el cual “se acerca en América Latina al 10% del PIB de la Región, 3,5 veces más que en Europa y Estados Unidos”. EL INFORME CONCLUYE: “Es imprescindible seguir avanzando en el protagonismo de las Organizaciones Sindicales y Empresariales, tanto en los programas de carácter público como en las empresas, fomentando la negociación tripartita como instrumento fundamental en la creación, desarrollo e implementación de las políticas públicas de Seguridad y Salud”.
“El mercado laboral iberoamericano adolece de desigualdad y déficit de trabajo decente”, es el diagnóstico de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Dicha organización sostiene en su informe Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, de reciente publicación, que “aunque es un mercado [el laboral iberoamericano] generador de empleo, el trabajo que se crea es frecuentemente precario, informal, de bajo nivel tecnológico y con bajo nivel de protección social, seguridad, productividad y salario”. Detectando como causa principal de ello la “globalización excluyente” y el “Dumping Social”, señalando que la región requiere: “de una globalización inclusiva”. La OISS, organismo internacional que agrupa hace más de 50 años a los países de la región, en su afán de promover el bienestar económico y social de sus miembros en materia de Seguridad Social, ha elaborado la “Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo”. De la lectura del documento se puede apreciar que éste sería vinculante para los países miembros, y gozaría de legitimidad en tanto es resultado “del consenso de todos los agentes que intervienen en la materia”. El principal objetivo del documento es “avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo en la Región, constituyéndose como un Instrumento básico en materia de prevención de riesgos laborales”, y estableciendo “el marco general en el que se desarrollen las políticas de Seguridad y Salud en el periodo 2010-2013”. Presentando como principal virtud la determinación de “políticas públicas frente a situaciones límite como la destrucción de empleo, el aumento del desempleo, la acumulación de trabajadores en el sector informal, la falta de inversión en prevención de parte de las empresas y, en general, el aumento del déficit de protección social”. “Ejemplo del fenómeno globalizador excluyente y del dumping social, es la actividad desarrollada en algunas maquiladoras del sector textil. El 80% del personal empleado en ellas son mujeres, que están sometidas en muchos casos a situaciones de explotación laboral, discriminación racial, jornadas de trabajo a destajo, despidos a trabajadoras embarazadas o contacto con sustancias peligrosas”. La situación de la Seguridad y la Salud El documento señala que de acuerdo a estimaciones de la OIT, sólo el 12% de los trabajadores de la región tienen cobertura frente a los riesgos laborales, dado que solo en América Latina se considera en 23 millones los trabajadores desempleados y en 103 millones los informales, los cuales no gozarían de protección social alguna. Otro dato relevante demuestra que “17,5 millones de niños latinoamericanos, comprendidos entre 5 y 14 años, trabajan y, de ellos, 22.000 mueren cada año a consecuencia de accidentes y enfermedades profesionales sin contraprestación alguna”. Respecto a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las cifras en la región llegan a “triplicar la media de los índices de siniestralidad de los países más desarrollados”.
Plan de Acción de la Estrategia Iberoamericana Anexo al documento principal que hemos venido analizando se publicó un plan de acción que definía los objetivos generales de largo plazo y los objetivos específicos de corto plazo. A continuación detallamos los más relevantes.
OBJETIVOS GENERALES 1: Lucha contra el dumping social: avanzar en los programas públicos para promover que trabajadores y empresas se desplacen desde la economía informal hacia la economía formal. 2: Avanzar en el protagonismo de los agentes sociales en la Seguridad y Salud en el Trabajo. 3: Avanzar en la mejora de la cultura preventiva
1: Conocer la situación de la Seguridad y Salud de los Trabajadores en cada país.
2: Reforzar el marco normativo de Seguridad y Salud en el Trabajo 3: Reforzar los Órganos Técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo
4: Mejorar los sistemas de información 4: Reforzar las Instituciones y registro de los accidentes de trabajo nacionales de Inspección y Control y las enfermedades profesionales de las obligaciones preventivas. 5: Avanzar en el conocimiento de las causas de los accidentes de trabajo y de las Enfermedades Profesionales, así como en la valoración del riesgo laboral. 6: Promover programas de apoyo a la empresa para facilitar el cumplimiento de las obligaciones preventivas. 7: Mejorar la capacitación de los agentes implicados en la seguridad y salud. 8: Promover políticas públicas de Responsabilidad Social.
5: Incrementar la cooperación y la colaboración regional en materia de Seguridad y Salud laboral
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