Source: https://es.scribd.com/doc/51661760/delegacion-de-funciones
Timestamp: 2015-11-29 12:28:38
Document Index: 72883901

Matched Legal Cases: ['artículo 211', 'artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 61', 'artículo 92', 'ARTÍCULO 92', 'artículo 299', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 14', 'artículo 107', 'artículo 25', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 209', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 12', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 2', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 2', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 211', 'artículo 10', 'artículo 10', 'e contrario']

P. 1delegacion de funcionesdelegacion de funciones|Views: 1.448|Likes: 5Publicado porAnalisis EstructuralMore info:Published by: Analisis Estructural on Mar 27, 2011Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/51661760/delegacion-de-funciones03/15/2013pdftextoriginalConstitución Política, artículo 211 Delegación. La responsabilidad corresponde exclusivamente al delegatario.Ley 80 de 1993, artículo 12 Delegación para contratar y desconcentración para la realización de licitaciones. Ley 1150 de 2007, artículo 21 Delegación y la desconcentración para contratar. Ley 489 de 1998, artículo 9 Acto de delegación para transferir el ejercicio de funciones. Ley 489 de 1998, artículo 10 Requisitos de la delegación. Ley 489 de 1998, artículo 21 Delegación interna de funciones. Organización y funcionamiento de los Ministerios. Ley 489 de 1998, artículo 61 Funciones de los Ministros. Suscripción de contratos previa delegación del Presidente. Ley 136 de 1994, artículo 92 Delegación de funciones del Alcalde. ARTÍCULO 92. DELEGACIÓN DE FUNCIONES. El alcalde podrá delegar en los secretarios de la alcaldía y en los jefes de los departamentos administrativos las siguientes funciones: a) Nombrar y remover los funcionarios dependientes de los delegatarios; b) Ordenar gastos municipales y celebrar los contratos y convenios municipales, de acuerdo con el plan de desarrollo y con el presupuesto, con la observancia de la normas legales aplicables; c) Ejercer el poder disciplinario sobre los empleados dependientes de los delegatarios; d) Recibir los testimonios de que trata el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil. PARÁGRAFO. La delegación exime de responsabilidad al alcalde y corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquél, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. Contra los actos de los delegatarios que, conforme a las disposiciones legales vigentes, procedan recursos por la vía gubernativa, procederá el de apelación ante el alcalde.
adición y prórroga de contratos y los demás actos inherentes a la actividad contractual en las cuantías que señalen las juntas o consejos directivos de las entidades. En el caso del Ministerio de Defensa Nacional la delegación a que hace referencia este artículo podrá hacerse en relación con contratos hasta por un valor de diez mil salarios mínimos legales mensuales.
ARTÍCULO 14°..Decreto 162 de 1997 Delegación a los coordinadores regionales de las regiones de planificación. artículo 14 Delegación de la facultad de celebrar contratos. Los delegados no podrán subdelegar en otros funcionarios la realización de los actos o la celebración de los contratos objeto de la delegación. Sea igual o inferior a cien salarios mínimos legales mensuales. Decreto 2150 de 1995. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la delegación realizada por el Presidente de la República para celebrar contratos a nombre de la Nación por los Decretos 1789 de 1991. artículo 107 Delegación para operaciones de Crédito Público. (Modificado)* En virtud de lo previsto en el artículo 25. ejecutivo o equivalentes. artículo 37 Delegación para contratar en cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. numeral 10. Cuando se trate de entidades que no tengan dichos órganos directivos. celebración. Decreto 679 de 1994. Decreto 2150 de 1995. la delegación podrá realizarse respecto de contratos cuya cuantía corresponda a cualquiera de los siguientes montos: a. terminación. de la Ley 80 de 1993. la adjudicación.DE LA DELEGACIÓN DE LA FACULTAD DE CELEBRAR CONTRATOS. *Nota: Modificado parcialmente por el artículo 2 del Decreto 1985 de 1994. los jefes o representantes legales de las entidades estatales podrán delegar en los funcionarios que desempeñen cargos en los niveles directivo. 1929 de 1991 y 94 de 1994. liquidación. artículo 2
Decreto 855 de 1994. Sea igual o inferior al doble de los montos fijados por la ley a la respectiva entidad para que el contrato sea de menor cuantía o no requiera formalidades plenas. modificación. b.
Igualmente fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades. en el artículo 209 de la Carta estableció que la misma habrá de desarrollarse acudiendo a la mencionada descentralización. la unitaria. 21 de la L. en unas sociedades cada vez más plurales. alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine.
. en las cuales la inmediación entre decisores públicos y coasociados cobra mayor importancia para garantizar mayores posibilidades de acierto. En ese orden de ideas. posteriormente son demandados ante el juez de lo contencioso administrativo.2. Responsabilidad solidaria. por pasiva. suponen las nociones de descentralización y autonomía de sus entidades territoriales. la cual corresponderá exclusivamente al delegatario. de la entidad delegante de la facultad de expedir los actos administrativos que. Discrecionalidad técnica. de ciertas funciones que corresponden a una determinada autoridad pública(10). diversas y complejas. Sentencia 13503 de 2007 Delegación de funciones . aunque con los trascendentales atenuantes que a la centralización como característica inherente a la misma. La Constitución Política de 1991 eligió. superintendentes. representantes legales de entidades descentralizadas. directores de departamentos administrativos.Contratación Directa. Entidades del estado sin junta o consejo directivo. ya concretamente en relación con la función administrativa. las cuales simplemente vienen a constatar la inviabilidad de unos poderes públicos rigurosa e inflexiblemente jerarquizados.Delegación administrativa. cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o
. en los siguientes términos: «La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros. 1150/07. como forma de organización del Estado colombiano. Esta última.3. (Derogado) Decreto 1985 de 1994 Delegación en la celebración de contratos. a la desconcentración y a la delegación de funciones. La delegación exime de responsabilidad al delegante. Exequible condicionalmente el inciso segundo del art. La delegación administrativa y su incidencia en la legitimatio ad causam. gobernadores. el propio constituyente de 1991 previó otros elementos atemperadores del centralismo al cual conduciría la versión más “extrema” del Estado Unitario y. Aspectos a tener en cuenta en caso de delegación. previa autorización legal para efectuarla. una vez proferidos por el delegatario. cuestión que vino a ser objeto de regulación en el artículo 211 constitucional. de eficacia y de aceptabilidad social de las determinaciones adoptadas por aquellos. Sentencia C-693 de 2008 Delegación para contratar. Acción de repetición. a otra que las ejerce en nombre de aquella. como figura jurídica por medio de la cual el Estado emprende la acción administrativa enderezada a alcanzar sus cometidos valiéndose de la cesión.
La delegación de funciones administrativas constituye. Corolario de lo anterior es la exigencia de autorización legal previa para que pueda producirse la delegación o.(14) b. para que sean ejercidas por éste. 211. se ha indicado que la delegación es una excepción al principio de la improrrogabilidad de la competencia.. una determinada atribución o facultad. en las condiciones señaladas en el acto de delegación y en la ley.P..(11) Son varias las características de la delegación a las cuales. evitar la concentración de poder en una autoridad y preservar “la separación de funciones como uno de los principios medulares del Estado. en virtud de la cual. la figura de la delegación administrativa pueda conceptualizarse como un instrumento jurídico de la actividad pública mediante el cual un funcionario u organismo competente transfiere. 2º y 209). en precedentes ocasiones. un importante mecanismo para desarrollar la gestión pública con eficacia. igualmente.revocar aquél. En segundo término. en aras del cumplimiento de la función administrativa y de la consecución de los fines esenciales del Estado (C. entonces. dentro de los términos y condiciones que fije la ley». las restricciones impuestas a la delegación tienen una doble finalidad: de un lado. algunas veces de modo general. arts. En ese sentido. evitar que se desatienda. se ha señalado que la finalidad para la cual ha sido creada consiste en posibilitar una distribución de competencias entre las diversas instancias de la Administración. 209. De allí que con base en los mencionados y otros preceptos constitucionales que se ocupan de la comentada noción. en otros términos. o como «una técnica de manejo administrativo de las competencias que autoriza la Constitución en diferentes normas (art. bajo su responsabilidad. La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios». a uno de sus subalternos o a otro organismo. diluya o desdibuje la gestión a cargo de las autoridades públicas» (cursivas en el texto original). legal y constitucionalmente les han sido asignadas. y de otro lado. Por ello. la restricción consistente en que las autoridades públicas sólo podrán delegar el ejercicio de aquellos asuntos que el legislador expresamente ha autorizado como susceptibles de la multicitada
. como quiera que mal podría desconocerse que los servidores públicos que tienen a su cargo la representación de las entidades públicas las más de las veces carecen de la posibilidad de atender directamente todas las funciones que estatutaria. como una garantía institucional para el correcto funcionamiento del aparato estatal”(13). economía y celeridad. siempre y cuando se encuentre legalmente autorizado para ello. se ha referido la jurisprudencia de esta Corporación: a. eficacia y celeridad(12). En primer término.. La delegación es un mecanismo jurídico que permite a las autoridades públicas diseñar estrategias relativamente flexibles para el cumplimiento de funciones propias de su empleo. que facilite el cumplimiento de las tareas a ella asignadas con mayores eficiencia. razón por la cual la antedicha delegación debe estar regulada por la ley(15). 196 inciso 4 y 305). se produce el traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro. otras de manera específica. ha sostenido la Corte Constitucional: «a) La finalidad de la delegación. reasumiendo la responsabilidad consiguiente.
delegación. se transfiere tan sólo el ejercicio. Dos aspectos interesa destacar de esta afirmación: el primero. la cual se mantiene siempre en el catálogo de funciones asignadas por la ley al empleo público correspondiente. en ejercicio de las facultades delegadas —asunto cuya determinación el artículo 211 de la Constitución Política defiere al legislador— según la redacción del primer inciso del artículo 12 de la Ley 489 de 1998(21). art. el segundo. pues. En esta lógica encuadra la previsión contenida en el artículo 211 de la Carta en el sentido de que la ley deberá fijar las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar. es lo cierto que el propio Constituyente colombiano zanjó la cuestión al establecer que lo delegable son las funciones propias del cargo del cual se trate —artículos 196 inciso 4º. es decir. Hay funciones cuyo ejercicio es indelegable. Y.. ninguna autoridad puede “delegar funciones que no tiene”(25).(16) c. el artículo 211 de la Constitución otorga la calidad de delegante al Presidente de la República(23) y faculta al legislador para que señale las “autoridades administrativas” que pueden actuar como delegantes.(24) Adicionalmente.) e) El delegante. como se ha dicho. que si bien tanto la ley(18) y la jurisprudencia —recién citada— como la doctrina(19) han señalado.. (. En cuanto a los recursos que proceden contra los actos administrativos expedidos por el delegatario. la jurisprudencia constitucional ha explicado cada uno de dichos extremos de la siguiente manera: «d) Improcedencia de la delegación. en no pocas ocasiones que “el objeto de la delegación es la competencia o autoridad que ostenta el delegante para ejercer las funciones de su cargo”(20). mas no la titularidad de la misma. de acudir a la delegación. El delegante es designado por la Constitución o la ley. a los elementos a tener en cuenta en el acto administrativo mediante el cual se delega y a las diversas posibilidades que en cuanto al sujeto delegatario ofrece el ordenamiento. que en la medida en que la delegación es esencialmente revocable y en cualquier momento el delegante puede reasumir la competencia delegada. 202). se ha señalado que “como quiera que el delegatario actúa como si lo estuviera haciendo el delegante”. En lo atinente a la improcedencia. d..(26) f) Discrecionalidad para delegar. Un ejemplo de restricción expresa en materia de delegación se encuentra en la prohibición para que el Vicepresidente de la República asuma funciones de ministro delegatario (C. a las calidades que deben concurrir en el delegante. sea porque hay restricción expresa sobre la materia o porque la naturaleza de la función no admite la delegación. contra las decisiones que aquél adopta en ejercicio de las atribuciones delegadas proceden los mismos recursos que sería viable ejercer en contra de los actos administrativos proferidos por éste(22) —quien. Aunque se disponga de la autorización para delegar. al
. como lo ha señalado la Corte. 209 y 211 constitucionales—. e. a la naturaleza discrecional de la facultad de delegar. en algunos eventos. Por ejemplo.P. mantiene la titularidad de la competencia delegada —. También se ha remarcado que “la delegación no implica la pérdida de la titularidad sino la transferencia del ejercicio de la competencia”(17). el carácter de delegante está reservado al titular de la atribución o del empleo público. se requiere “que las funciones delegadas estén asignadas al delegante”.
Sobre este requisito señaló la Corte que: “la posibilidad de transferir su competencia —no la titularidad de la función— en algún campo. la delegación se presenta entre superior-inferior jerárquicos(30)». g) El acto de delegación. en este caso. en caso de hacerlo. En relación con el carácter jerárquico de la delegación. al dar aplicación a los principios constitucionales sobre la responsabilidad de los servidores públicos. y dos. el acto de delegación no exime de responsabilidad al delegante. aparecen.(29) h) Subordinación del delegatario. Expuso el Juez Constitucional. Por último. la Corte Constitucional abordó el punto al estudiar la constitucionalidad del parágrafo 4º del artículo 2 de la Ley 678 de 2. en relación con la responsabilidad de delegante y delegatario una vez se ha producido la delegación. a través de un acto administrativo motivado.delegante se le garantiza un amplio margen de discrecionalidad para decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias de su empleo o cargo y.(27) En este punto debe considerarse que en aplicación de los artículos 209 y 211 de la Constitución. por la naturaleza específica de la actividad contractual y por la titularidad de la función en el jefe o representante de la entidad estatal. aunque. para fijar los parámetros y condiciones que orientarán el ejercicio de la delegación por parte del o de los delegatarios. en concordancia con la expresión contenida en el inciso segundo del artículo 211 de la Constitución Política(32). Por lo tanto. el legislador incluyó dos normas que son objeto de reparos de constitucionalidad: una. en el que determina si su voluntad de delegar la competencia es limitada o ilimitada en el tiempo o general o específica”. la cual corresponderá exclusivamente al delegatario”. el delegante no podrá tomar decisiones en asuntos cuyo ejercicio haya sido delegado. modo y lugar para el ejercicio de la delegación(28). el delegatario puede ser o no un funcionario subordinado al delegante. junto con el delegatario. en materia contractual.(31) f. toda responsabilidad corresponde exclusivamente al delegatario. puede ser llamado a responder solidariamente con el delegatario por vía de acción de repetición o de llamamiento en garantía. una barrera de protección o de inmunidad al delegante y. en consecuencia. En relación con el primer aspecto. en esa ocasión. el delegatario y las condiciones de tiempo. la cuestión parecería no ofrecer complejidad alguna si se tiene en cuenta que la previsión contenida en el inciso segundo del artículo 211 de la Constitución parece ser contundente: “La delegación exime de responsabilidad al delegante. la posibilidad de vincular al delegante en materia de acción de repetición o llamamiento en garantía. norma por cuya virtud. quien. y 2ª) el delegante. el carácter solidario de tal vinculación. dos alternativas en relación con la responsabilidad del delegante: 1ª) el acto de delegación constituye. Sin embargo. el objeto de la delegación. en comienzo.001. se perfecciona con la manifestación positiva del funcionario delegante de su intención de hacerlo. En ella. el artículo 211 de la Constitución Política señala que la ley “fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades”. La delegación requiere de un acto formal de delegación. de manera inmediata. responde siempre por las decisiones que éste
. solidariamente con el delegatario. el cual podrá ser llamado a responder de conformidad con la ley 678. los siguientes razonamientos: «Prescribe el parágrafo 4º del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 que en materia contractual el acto de delegación no exime de responsabilidad legal en materia de acción de repetición o llamamiento en garantía al delegante. en el cual se exprese la decisión del delegante.
y 3ª) hay concurso de dolo y/o culpa grave de delegante y delegatario en la conducta que ocasiona el daño antijurídico. al ejercer la delegación otorgada. (. Tampoco es admisible el extremo opuesto según el cual el delegante responderá siempre por las actuaciones del delegatario. 90).P. sin la participación del delegante. puede darse de tres maneras diferentes. Pues bien. En efecto. opera.. la segunda y la tercera hipótesis son las reguladas por la norma demandada pues no puede ser constitucional una medida del legislador que diga que un funcionario está exonerado de responsabilidad así participe con dolo o culpa grave en la consumación de un daño antijurídico por el cual el Estado se vio condenado a indemnizar a quien no estaba obligado a soportar dicha lesión». por cuanto se abandonaría el principio de responsabilidad subjetiva de los servidores públicos.. el mandato del inciso segundo del artículo 211 constitucional(34) o si. la eficacia.(33) El asunto que ineludiblemente se plantea consiste. La primera hipótesis es a la cual hace referencia el inciso segundo del artículo 211 de la Constitución Política. en criterio de la Sala. de tal manera que inexorablemente respondan por las decisiones de otros. incluso en supuestos en los cuales a éste último pueda achacársele responsabilidad de algún tipo en la configuración del vicio cuya declaratoria. entonces. Por lo tanto. al funcionario o entidad delegante. como fundamento de la competencia de las autoridades públicas. de acuerdo con la participación del delegante o del delegatario: 1ª) el dolo o la culpa grave corresponden exclusivamente al delegatario. 2ª) el dolo o la culpa grave corresponden exclusivamente al delegante.) 11. el daño antijurídico que dé lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado y a la acción de repetición (CP. art. y en ese evento “la delegación exime de responsabilidad al delegante. Considera la Corte que estas alternativas constituyen dos extremos incompatibles con los principios referentes a la responsabilidad del servidor público en general y del delegante en especial. total o parcialmente. art. dé al traste con la presunción de legalidad del acto administrativo
. no puede constituirse en una infranqueable barrera de protección que mantenga a resguardo. por el contrario. la cual corresponderá exclusivamente al delegatario”. las disquisiciones efectuadas por la Corte Constitucional en el pronunciamiento que se viene de referir. la igualdad o la imparcialidad (C. 209). no puede darse al artículo 211 de la Constitución una lectura aislada y meramente literal para considerar que la delegación protege o aparta total y automáticamente a la autoridad delegante de todo tipo de responsabilidad en relación con el ejercicio indebido o irregular de la delegación pues con esta interpretación se dejarían de lado los principios de unidad administrativa y de titularidad de los empleos públicos. en aplicación de la figura de la delegación. son aplicables. Entonces. sin ningún tipo de matiz. para determinar la responsabilidad del delegante no es suficiente el artículo 211 de la Carta Política y será necesario considerar otros principios constitucionales sobre la materia. por parte del juez de lo contencioso administrativo. sino con el fin de proferir actos administrativos.. en todos los casos. quien utiliza al delegatario como un mero instrumento de su conducta. en dilucidar si tratándose de la delegación efectuada no ya para celebrar contratos. La delegación no es un mecanismo para desprenderse del cumplimiento de las funciones del cargo y menos aún para utilizarse con fines contrarios a los principios que rigen la función administrativa como la moralidad. la delegación efectuada con el propósito de que el delegatario expida actos administrativos con base en las competencias delegadas.tome en ejercicio de la delegación.
el sentido. Por lo demás. clara incidencia en la forma en que el delegatario ejerce las competencias que le han sido transferidas. Lo anterior si se tiene en cuenta que no resulta impensable o descabellado plantearse la ocurrencia de supuestos concretos en los cuales la actividad del delegante puede resultar decisiva en la configuración de un vicio que afecte la validez del acto administrativo judicialmente cuestionado.demandado. el cual impone a la autoridad delegante el deber de “informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas”. Es menester. como se ha dicho. sostener —como lo propone el Ministerio de Minas y Energía en el sub júdice— que la sola circunstancia de haber sido delegadas las facultades con base en las cuales se expiden los actos administrativos demandados. se reitera— si no se ha percatado de la ocurrencia de las anotadas irregularidades y la falta de advertencia de las mismas tiene lugar por razón de un inadecuado cumplimiento bien de la obligación legal de mantenerse informado. bien por no haber impartido las instrucciones requeridas para asegurar el correcto y adecuado ejercicio de las funciones delegadas o bien por no haber supervisado y constatado el estricto y riguroso acatamiento de sus respectivas directrices. A ello conviene agregar que el delegante siempre mantendrá la obligación de asumir la responsabilidad que pueda corresponderle frente a dos tipos de supuestos: (i) en virtud de lo preceptuado por el artículo 10 de la Ley 489 de 1998. el aludido poder de instrucción puede ser ejercido por el delegante tanto a través del mismo acto administrativo mediante el cual se efectúa la delegación. recordar que la autoridad delegante mantiene. y (ii)toda vez que el delegante siempre mantiene la facultad de reasumir el ejercicio de las competencias que ha delegado. la previsión contenida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 489 de 1998(35) hace todavía más evidente que puede tener lugar la ocurrencia de eventos como los planteados: «El Presidente de la República. En tales circunstancias. directores de departamento administrativo y los representantes legales de entidades descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas». de suerte que sin duda puede llegar a tener evidente y decisiva incidencia en el trámite y el fondo de las decisiones contenidas en los actos administrativos expedidos con fundamento en las facultades que han sido objeto de delegación. de manera inminente—. sino también un claro poder de instrucción en cuanto al alcance. en irregularidades al ejercer las atribuciones delegadas. por parte del delegatario. las cuales pueden tener. acerca de la forma en que se vienen ejerciendo las facultades delegadas. De igual forma que será responsable —el delegante. excluye de entrada la
. como valiéndose de mecanismos o de decisiones posteriores. De hecho. precepto en cuya virtud se tiene que aquélla deberá responder por la inobservancia de la aludida carga de llevar a cabo el control directo y permanente que puede y debe ejercer respecto de la gestión y los actos del delegatario. en relación con las facultades delegadas. los criterios y los parámetros a los cuales habrá de atender el mencionado delegatario. los ministros. de manera permanente y directa. no sólo la responsabilidad de vigilar y controlar la manera como el delegatario ejerce las correspondientes competencias. en este sentido. será responsable por omisión cuando no lleve a cabo dicha reasunción si la misma resultare necesaria por haber advertido que el delegatario ha incurrido —o podría incurrir.
indispensable para proferir una eventual condena en su contra. 4º art. Código de Minas vigente para la época en la cual fueron expedidos los actos administrativos demandados en el sub júdice. en el cual las pretensiones de la demanda. incompatibilidades y de prohibiciones. atendidas las circunstancias del caso concreto. Delegación: Responsabilidad. en el cual encuentre el juez incurso al acto administrativo sobre cuya legalidad decide. el vicio de procedimiento.posibilidad de que el funcionario o entidad delegante pueda tener legitimidad material en la causa. la falsa motivación. Régimen de inhabilidades. podría determinar el que la delegación se convirtiese —como lo anota la Corte Constitucional tratándose de la delegación en materia contractual— en un artilugio para desentenderse del cabal cumplimiento de las funciones del cargo y para avalar procederes eventualmente contrarios a los fines y principios que rigen la función administrativa. por pasiva. la cual. en aras de acreditar que el delegante tuvo participación o incidencia. sin que se formulase cargo alguno —ni mucho menos se aportase el soporte probatorio pertinente— en contra de la autoridad delegante o de su actividad en relación con el ejercicio que la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Antioquia hizo de las atribuciones delegadas. Es la anterior —y no el hecho de que la delegación en ningún caso posibilitaría deducir responsabilidad al delegante respecto de facultades conducentes a la expedición de actos administrativos— la razón que justifica que se declare que el Ministerio de Minas y Energía carece de legitimación material en la causa por pasiva en el presente caso. en el caso concreto.
. Sin embargo. anterior y necesario. Contrato estatal. siempre que el demandante dirija sus ataques en la demanda y satisfaga las exigencias probatorias correspondientes.(36) En consecuencia. Exequible par. es esto último. etcétera. nada obsta para que. A lo anterior no obsta el sentido de la normatividad que. simplemente.
Sentencia AP-2458 de 2005 Moralidad administrativa. preveía el Decreto 2655 de 1988. en la configuración de la desviación de poder. Acción popular. sin que a dicho aserto se introduzca matización alguna. 2 L. más allá de la que le quepa al funcionario o entidad pública delegataria. en materia de delegación. lo que no ocurre en el caso sub examine. Sentencia C-372 de 2002 Delegación administrativa. precisamente. circunstancia de la cual se deriva —según se explicó en apartado precedente— la ausencia de un requisito. apuntaron de manera única y exclusiva en contra del trámite y el sentido de las decisiones adoptadas por el delegatario de las facultades para resolver sobre las solicitudes de licencia de explotación minera implicadas. también pueda deducirse responsabilidad al delegante. por ejemplo. cuando se demandan actos administrativos dictados en ejercicio de las competencias delegadas. sirve para reafirmar todas y cada una de las conclusiones hasta ahora planteadas en relación con los rasgos distintivos de la figura de la delegación. el concepto de la violación del ordenamiento en la cual se aduce que incurren las resoluciones atacadas y la actividad probatoria propuesta y desplegada. Responsabilidad del delegante.
Sentencia C-727 de 2000 Delegación. Concepto 623 de 1994 Capacidad de contratación. Sentencia 8180 de 1993 Delegación para contratar.678/01. Sentencia C-949 de 2001 Delegación para celebrar contratos y exoneración de garantías en contratos celebrados con organizaciones cooperativas nacionales de trabajo asociado. Regulación mediante convenio.
. descentralización y desconcentración administrativas. Delegación para contratar.
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