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Timestamp: 2018-12-14 00:35:37
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 93', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 79', 'artículo 79']

República de Colombia Colisión de Competencias N
República de Colombia Colisión de Competencias No. 39359
JOSE ALDANA SAAVEDRA
Bogotá D. C. Primero (1) de agosto de dos mil doce 2012
Dirime la Sala la colisión negativa de competencias suscitada entre el Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, en virtud del cual rehúsan conocer de la ejecución de la pena impuesta a JOSÉ ALDANA SAAVEDRA por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
1. Por incremento patrimonial no justificado ocurrido en el año 2003, el 19 de junio de 20091 el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cundinamarca condenó a JOSÉ ALDANA SAAVEDRA, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y la prisión domiciliaria, decisión modificada en parte por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca2.
2. Ejecutoriado el fallo, fue remitido el expediente el 30 de mayo de 2011 al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Leticia, ciudad donde se hallaba previamente detenido ALDANA SAAVEDRA por cuenta de la condena que a 19 años y 6 meses le impusiera el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca por el delito de tráfico de estupefacientes agravado y concierto para delinquir, decisión que aún no está en firme por encontrarse surtiendo el recurso de casación3.
3. El 17 de julio de 2011, fue trasladado el condenado ALDANA SAAVEDRA al Establecimiento Penitenciario de Bogotá “La Picota”4, razón por la cual el Juzgado ejecutor de Leticia envió el expediente al centro de servicios judiciales de los Juzgados de Ejecución de Bogotá5 para su reparto.
4. Las diligencias le correspondieron al Despacho 17 de Ejecución de Penas de la Capital, el que mediante auto del 31 de agosto de 2011, decidió remitir la actuación al Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cundinamarca que profirió la sentencia “o quien haga sus veces” para que la ejecute, aduciendo que el condenado no estaba privado de la libertad por ese proceso es decir el de enriquecimiento ilícito6.
ARGUMENTOS DE LOS COLISIONANTES
1. Como el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cundinamarca ya no existía, la actuación le correspondió al Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, quien desechó la postura del Juez remitente argumentando que la competencia radicaba en el de Ejecución de Penas desde el momento en que quedaba ejecutoriada la sentencia, sin que se tenga como requisito que el condenado esté privado de la libertad en razón del proceso, fundado en providencia de esta Sala del 4 de abril de 2001:
“De ahí que siempre que exista un juez de ejecución de penas con jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el fallo, éste funcionario debe adelantar las gestiones inherentes al cargo, sin que pueda rehusarse válidamente, so pretexto de no existir persona privada de la libertad, puesto que de hacerlo estaría introduciendo una escisión a la normatividad que la ley no contempla”
En consecuencia, devolvió la actuación al remitente, proponiéndole colisión negativa de competencias en caso de rehusarse a conocer del proceso, atendiendo a que éste se tramitó bajo la Ley 600 de 2000.
2. El Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, aceptó la colisión planteada al amparo del acuerdo 054 de 1994 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura según el cual:
“ Artículo 1º Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen…
“…del cumplimiento de las sentencias condenatorias, donde no se hubiere dispuesto el descuento efectivo de la pena, siempre y cuando que el fallo de primera o única instancia se hubiere proferido en el lugar de su sede.”
Señaló con base en el artículo 79 de la Ley 600 de 2000, que en aquellos distritos judiciales donde no se hayan creado las plazas de jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, cumplirán estas funciones mientras tanto los jueces de instancia respectivos.
Finalmente concluyó que en los procesos sin preso la competencia corresponde al juez de ejecución de penas de la jurisdicción del fallador y aseveró: “el hecho que el Juez 1º especializado de Cundinamarca despache en Bogotá, no le da jurisdicción en Bogotá, y este despacho no tiene jurisdicción en Cundinamarca”, además “como el fallo lo produjo un juez diferente a esta sede judicial (Juez Especializado de Cundinamarca) y como quiera que estos juzgados no tienen asignado juez de ejecución de penas, la competencia le corresponde luego por el parágrafo del artículo 79 de la ley 600 de 2000 al juzgado de conocimiento”.
A renglón seguido ordenó su remisión a la Corte Suprema de Justicia.
1. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, conforme a los lineamientos contenidos en el numeral 4° del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), dirimir los conflictos y definir la competencia cuando se trate de aforados constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes distritos.
En torno a esta potestad, la Sala ha precisado que tiene facultad para decidir sobre los siguientes casos:
1.- Cuando la declaratoria de incompetencia se produzca dentro de actuación en la que el acusado tenga fuero constitucional o fuero legal.
2.- Cuando la declaratoria de incompetencia proviene de un tribunal superior o la autoridad que así lo hace, es decir un juzgado cualquiera, señala que el competente es un Tribunal.
3.- Cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un juzgado penal del circuito especializado, penal del circuito o penal municipal, que manifiesta que el competente es un juzgado que pertenece a otro distrito judicial.7 (Subrayas fuera del texto original).
Si bien, una interpretación literal del artículo 75 de la Ley 600 de 2000 haría pensar que tal figura no regula las actuaciones surtidas en la fase de la ejecución de la pena, lo cierto es que por economía procesal resulta procedente desatarlo, como de forma reiterada lo ha dicho la Corte8:
“No obstante que la contradicción advertida entre los citados despachos no configura en estricto sentido un conflicto de competencia -artículo 93 del Código de Procedimiento Penal-, jurisprudencialmente la Sala ha admitido tratar la situación como tal y ha asumido su definición9, imponiéndose por economía procesal una decisión, con el fin de no dilatar la solución que deba dársele, para lo que tiene competencia, ya que se trata de dos juzgados de diferente distrito judicial, conforme lo señala el numeral 4° del artículo 75 idem.”
Por tanto, como quiera que el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca rehusó conocer la ejecución de la pena que por el delito de enriquecimiento ilícito fuera condenado JOSE ALDANA SAAVEDRA, señalando como competente al Juez 17 de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, corresponde a la Corte Suprema de Justicia definir tal situación, por estar enmarcada dentro de uno de los supuestos normativos previstos por el numeral 4º del artículo 75 (Id).
2. El problema jurídico a que se contrae este asunto, se dirige a definir a quién le compete ejecutar la pena impuesta a JOSE ALDANA SAAVEDRA condenado a 6 años y 6 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, quien no se encuentra detenido por este proceso, sino por otro cuya sentencia no se encuentra ejecutoriada.
3. Ambos despachos coinciden en advertir que ALDANA SAAVEDRA se encuentra en libertad a cuenta de éste proceso, sin embargo para el Juez 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, esta situación es irrelevante porque a su juicio la competencia radica en el Juez de Ejecución de Penas desde el momento en que queda ejecutoriada la sentencia con independencia de que esté o no detenido; a su turno el funcionario 17 de Ejecución de Penas afirma que en los procesos sin preso el ejecutor de la sentencia es el fallador según el inciso 2º del acuerdo 54 de 1994 del Consejo Superior de la Judicatura.
4. Sobre el particular se tiene que de conformidad con la preceptiva contenida en el parágrafo del artículo 79 de la Ley 600 de 2000, en los distritos judiciales donde no se hayan creado las plazas de jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, “cumplirán estas funciones, mientras tanto, los jueces de instancia respectivos”.
A su vez, el Acuerdo No. 54 del 24 de mayo de 1994 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, fijó los criterios para el funcionamiento de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad así:
“ARTICULO PRIMERO.- Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, conocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo Circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia.”
“Asimismo conocerán del cumplimiento de las sentencias condenatorias, donde no se hubiere dispuesto el descuento efectivo de la pena, siempre y cuando que el fallo de primera o única instancia se hubiere proferido en el lugar de su sede.”
De acuerdo con este último inciso, cuando el sentenciado se encuentre en libertad en relación con el proceso por el cual fue condenado con sentencia en firme, el funcionario competente para conocer del cumplimiento de la sentencia será el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar donde la misma se profirió, de modo que si no hay allí un funcionario de tal categoría y especialidad, opera la regla exceptiva en el sentido de que dicha función la ejercerá el respectivo juez de primera instancia10.
Adicional a lo anterior se tiene que cuando el condenado se encuentra privado de su libertad, la competencia de los jueces de ejecución de penas no está determinada por la naturaleza del delito, el lugar donde se cometió o el despacho judicial que dictó el fallo, sino por un factor personal relativo al lugar donde se encuentre recluido, de manera que la sentencia debe ser ejecutada por un Juez de Ejecución de Penas, y sólo si allí no hay este tipo de funcionarios judiciales, será del resorte del que dictó el fallo de primer grado, según lo establece el parágrafo del artículo 79 de la Ley 600 de 2000.
5. En el caso bajo examen es necesario aclarar, que si bien es cierto ALDANA SAAVEDRA actualmente está privado de la libertad, no lo es por el delito de enriquecimiento ilícito que suscitó la colisión aquí planteada, sino por el de tráfico de estupefacientes agravado y concierto para delinquir a los que fue condenado por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cundinamarca a la pena de 19 años y 6 meses de prisión, decisión que aún no cobra firmeza pues está en tramite el recurso de casación11, así entonces, el detenido se halla a disposición del funcionario de instancia y no de un juzgado de ejecución de penas.
En consecuencia, es del caso predicar para efectos de definir a quien le corresponde ejecutar la pena, que ALDANA SAAVEDRA se encuentra en “libertad” y de conformidad con ello aplicar las reglas que con anterioridad explicó la Sala.
Pues bien, en relación con los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cundinamarca, ha de decirse que aunque tienen su sede en Bogotá, lo cierto es que corresponden al Distrito Judicial de Cundinamarca y por lo tanto, a ese mismo distrito debe pertenecer el correspondiente Juez de Ejecución de Penas, se repite, en caso de que el condenado se encuentre en libertad, es decir, que los jueces de ejecución de penas del Distrito Judicial de Bogotá son diferentes a los del Distrito Judicial de Cundinamarca.
Lo anterior, es claro al observar el acuerdo 548 de 1999 del Consejo Superior de la Judicatura, el cual creó dentro de cada distrito Judicial del país algunos circuitos penitenciarios y carcelarios, los cuales modificó a través del Acuerdo No. PSAA07-3913 del 25 de enero 2007 en donde de manera específica, los distritos judiciales de Bogotá y de Cundinamarca los dividió de la siguiente manera:
El Distrito Judicial de Bogotá comprende el siguiente Circuito Penitenciario y Carcelario:
Circuito Penitenciario y Carcelario de Bogotá cuya cabecera es la ciudad del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman el Circuito Judicial de Bogotá.
El Distrito Judicial de Cundinamarca comprende los siguientes Circuitos Penitenciarios y Carcelarios:
Circuito Penitenciario y Carcelario de Cáqueza cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman el Circuito Judicial de Cáqueza.
Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y Guaduas.
Circuito Penitenciario y Carcelario de Girardot cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Girardot, Fusagasugá, La Mesa y Soacha.
Circuito Penitenciario y Carcelario de Leticia cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman el Circuito Judicial de Leticia.
Circuito Penitenciario y Carcelario de Zipaquirá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Chocontá, Gachetá, La Palma, Pacho, Ubaté y Zipaquirá.
6. Para lo que es objeto de esta decisión, se precisa que como en el Distrito Judicial de Cundinamarca sólo existen jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en los circuitos penitenciario y carcelarios de Cáqueza, Facatativa, Girardot, Fusagasuga, Leticia y Zipaquirá según el acuerdo mencionado, y su competencia se circunscribe a los municipios que los conforman sin que se le asigne a alguno de ellos la ejecución de los fallos de los Jueces Especializados del Departamento, ha de entenderse que no les fue adjudicada la ejecución de las penas y medidas de seguridad a esos jueces en el caso que el condenado se encuentre en libertad, operando en consecuencia la regla exceptiva en el sentido de que dicha función la ejercerá el respectivo juez de primera instancia.12
Sobre el tema la Sala precisó en el radicado 32482 de 2009:
“Así las cosas, concluye la Sala que si no hay un Juzgado de Ejecución de Penas de Cundinamarca, pues como ya se dijo, los despachos que pertenecen a ese distrito tienen asignados unos determinados municipios, es el Juez Primero Penal del Circuito del mismo departamento el competente para seguir constatando la ejecución de la pena impuesta en el caso de la especie, en cuanto fue el despacho que dictó el fallo de primera instancia, al cual se asignará el conocimiento de este asunto. Igualmente, se ordenará enviar copia de esta providencia a los despachos que propusieron el conflicto”.
Así las cosas, es el Juez 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca el competente para conocer de la ejecución de la pena impuesta a JOSÉ ALDANA SAAVEDRA por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, en cuanto fue el despacho que reemplazó al extinto Juzgado 2º Especializado de Descongestión de Cundinamarca que dictó el fallo de primer grado.
1. ASIGNAR el conocimiento de la ejecución de la pena impuesta a JOSE ALDANA SAAVEDRA por el delito de enriquecimiento ilícito, al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, al cual se dispone enviar de inmediato la actuación, según las consideraciones expuestas.
2. REMITIR copia de lo aquí decidido al Juzgado 17 de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para su información.
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑÓZ LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO
1 Cuaderno original, folios 10-37.
2 Cuaderno original, folios 38-80.
3 Folio 78 cuaderno juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad 017
4 Cuaderno original, folio 103.
5 Cuaderno original, folio 106.
6 Cuaderno No 2, folio 18.
7 Ver auto de 30 de mayo de 2006, radicado 24964.
8 Ver auto de 16 de julio de 2002, radicado 19647.
9 Colisión No. 17.367, del 5 de diciembre del 2000.
10 Cfr. Autos del 23 de julio de 2001. Rad. 18195; 10 de agosto de 2001. Rad. 18450; 16 de julio de 2002. Radicados 19574, 19647 y 32482 de 2009 entre otros.
11 Folio 78 cuaderno juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad 017.
12 En el mismo sentido ver Colisiones de Competencia de los siguientes radicados: 20051 de 2002, 20099 de 2002, 23277 de 2005 y 32482 de 2009.