Source: http://b.se-todo.com/law/19528/index.html
Timestamp: 2019-10-13 20:14:17
Document Index: 200969406

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17']

TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO DE LEY 248 DE 2013 CAMARA "POR EL CUAL SE REDEFINE EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD" Y LA EXPOSICION DE MOTIVOS:
Proyecto de ley No. 248 de 2013 Cámara
“Por la cual se redefine el sistema integral de seguridad social en salud”
Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar las condiciones del sistema integral de seguridad social en salud a fin de redefinir su funcionamiento, eliminar la función de aseguramiento a cargo de entidades particulares, garantizar el acceso, la oportunidad y la calidad en la atención en salud, modernizar la estructura de rectoría y la defensa del derecho a la salud, para que sin modificar la orientación y principios vigentes del sistema, se adopten los correctivos para garantizar la sostenibilidad del mismo.
Artículo 2. Derecho a la salud. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a las prestaciones de salud, en la forma que las leyes y reglamentos especiales determinen y el deber de auto cuidado y conservación de su salud y de su familia.
Artículo 3. Naturaleza del derecho. El derecho de acceso a los servicios de salud de contenido prestacional, progresivo y programático es fundamental y su realización es uno de los fines esenciales del Estado.
La salud es un derecho fundamental irrenunciable. Su prestación corresponde a un servicio público de carácter esencial y obligatorio que se ejecuta bajo la dirección, coordinación y control del Estado.
El derecho de acceso a los servicios de salud no es absoluto ni indefinido en su contenido.
Las prestaciones mediante las cuales se materializa el derecho son de carácter asistencial y económico y se definen por el régimen jurídico del servicio público correspondiente.
Las prestaciones que lo realizan serán definidas en un plan de beneficios, adoptado por decisiones de las autoridades públicas competentes para regular el servicio de salud, con el cual se cubrirán las necesidades de atención de la población según su perfil epidemiológico y conforme los parámetros de suficiencia, pertinencia y de tecnología media, para la asignación eficiente de los recursos disponibles.
La decisión sobre las prestaciones asistenciales que dentro del sistema de seguridad social en salud procedan en el caso particular, corresponderá al profesional responsable de la atención.
Las atenciones en el sistema de salud pública se definirán conforme al plan nacional, por las autoridades nacionales y locales competentes.
Artículo 4. Obligaciones en salud. El Estado es responsable del servicio público esencial de salud. Como tal asume las obligaciones de respetar, proteger y cumplir con las acciones necesarias para el ejercicio del derecho.
El Estado debe fijar las políticas públicas que garanticen el goce efectivo del derecho.
En su prestación y agencia podrán concurrir entidades públicas, privadas, mixtas o solidarias, conforme lo defina la ley.
Las personas son responsables del cuidado integral de su salud y de mantener las condiciones adecuadas para el mantenimiento de la salud pública.
Las personas asumen obligaciones y responsabilidades en el sistema de salud y se comprometen a cumplirlas como factor esencial para el buen desarrollo del mismo.
Las entidades administrador de servicios as del servicio de salud en sus diferentes procesos, son responsables de su prestación oportuna y cabal y como tal asumen las consecuencias jurídicas de su gestión.
Parágrafo. En los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales el gasto público social en salud tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
Artículo 5. Principios. El servicio público de atención en salud se rige específicamente por los siguientes principios, en armonía con las prescripciones particulares que sobre ellos incorpore el ordenamiento jurídico:
a. Solidaridad. Entendido como la mutua ayuda entre los actores y beneficiarios del sistema y la orientación del mismo hacia la atención de los requerimientos de salud de los más necesitados.
b. Integralidad. En tanto el servicio propende por la ejecución de las prestaciones diversas que se requieran para impactar favorablemente en el bienestar de las personas.
c. Pertinencia. Consistente en la coherencia entre las prestaciones decretadas y las necesidades de salud de los beneficiarios.
d. Oportunidad. En cuanto las prestaciones deben suministrarse en el momento y en las condiciones requeridas para lograr el fin del sistema.
e. Sustentabilidad científica. En la medida que las prestaciones asistenciales deben estar soportadas en criterios científicos y sustentadas en guías y protocolos conforme la buena práctica profesional, y ajustarse a las necesidades particulares del usuario.
f. Justicia. El reconocimiento de las prestaciones de salud adecuadas se debe garantizar a quien las necesita, sin discriminación alguna.
g. Equidad. La definición de la política pública de salud debe considerar las necesidades y recursos existentes, propendiendo por aplicar las posibilidades de intervención y las tecnologías medias disponibles en el país que permitan la participación del mayor número de beneficiarios posibles, evitando concentraciones injustas en pocas personas.
h. Sostenibilidad financiera. La definición de la política pública en salud y de los criterios de operación del modelo a través del cual se ejecuta el servicio, deben consultar a criterios de sustentabilidad en el tiempo, en el marco de la política social y económica dentro del sistema de seguridad social y de los servicios sociales del Estado.
i. Suficiencia. Las prestaciones corresponderán a las necesidades que razonablemente defina el responsable en relación con el usuario y que guarden armonía con los criterios científicos y de práctica médica aplicables.
Artículo 6. Comisión de Seguimiento y participación ciudadana. Se crea la Comisión de Seguimiento al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, como órgano consultivo y asesor del Gobierno Nacional en lo atinente a la aplicación de la presente ley y a la operación del sistema de salud.
Dicha Comisión rendirá informe anual al Presidente de la República sobre la garantía y efectividad del derecho de acceso a los servicios de salud y conceptuará a las autoridades públicas sobre las materias de su competencia.
La Comisión estará integrada por tres (3) miembros designados por el Presidente de la República, para períodos de cuatro (4) años.
La Comisión tendrá a su cargo el establecimiento de un sistema de seguimiento participativo, mediante el cual se atenderán las opiniones y sugerencias de los usuarios y de las personas en general sobre la efectividad del derecho de acceso a los servicios de salud.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la organización y el funcionamiento de esta Comisión, la cual tendrá el carácter de ad hoc.
Derechos de los beneficiarios del sistema integral de seguridad social en salud
Artículo 7. Condiciones de acceso a los servicios de salud. El Gobierno Nacional definirá las condiciones para que los usuarios accedan a las coberturas de beneficios, señalando entre ellas las relacionadas con tiempos mínimos de afiliación o cotización o demás relacionadas.
Cuando las circunstancias excepcionales exijan el reconocimiento de prestaciones sin el cumplimiento de los requisitos o condiciones mínimas definidas por la ley, el organismo técnico científico o el juez en su defecto, podrán autorizar las coberturas del caso, surtiéndose el mismo procedimiento de manejo y esquema de financiación que el contemplado para el caso de los beneficios por fuera del plan único de salud.
Artículo 8. Derecho a la atención de urgencias. Todas las personas tienen derecho a la atención plena de la urgencia en salud por parte de todas las instituciones prestadoras, sin que sea admisible oponerle incumplimiento de requisitos o consideraciones económicas.
La Superintendencia Nacional de Salud impondrá multas sucesivas hasta por diez mil salarios mínimos mensuales legales vigentes a las instituciones prestadoras de servicios de salud que desconozcan la obligación aquí prevista, sin perjuicio de las demás consecuencias jurídicas que se deriven del incumplimiento de dicha obligación.
Parágrafo. El costo de los servicios de la atención inicial de urgencias será pagada por el SOAT cuando se trate de accidente de tránsito y por Colombia Salud o por la ARL según el origen del evento.
Artículo 9. Derecho a la atención básica gratuita. Se reconoce el derecho a la atención básica en salud pública de carácter gratuito para todos los colombianos, por lo que el sistema definirá los componentes que con tal carácter no implicarán costo alguno para los usuarios.
Estos servicios estarán a cargo de los entes territoriales y se financiaran de conformidad con lo dispuesto por la Ley 715 de 2001.
Artículo 10. Derecho de acceso a los servicios de salud. Toda persona tiene derecho a afiliarse al sistema integral de seguridad social en salud y a participar en los servicios de salud pública.
El Estado ni los administradores de servicios del sistema podrán exigir requisitos no razonables o imponer condicionamientos ni aplicar criterios de discriminación para el acceso a los servicios de salud.
La cobertura básica del plan de beneficios será única y no podrá discriminar entre regímenes ni considerar la distinta capacidad de pago para definir el acceso a servicios de salud.
Parágrafo. No se podrán adoptar nuevos regímenes especiales de salud. Las disposiciones normativas o los acuerdos de derecho laboral colectivo que se adopten para generar coberturas más allá del plan único de beneficios en salud o en beneficio de ciertos sectores poblacionales, se financiarán con recursos especiales y se manejarán bajo la modalidad de planes adicionales.
Artículo 11. Derecho de libre elección. Se garantiza el derecho a la libre elección de la entidad administradora de servicios y de la prestadora de los servicios de salud, dentro de los términos que defina la ley.
Artículo 12. Derecho a la información y al consentimiento informado. Se garantiza el derecho a la información simple, inteligible y leal para el usuario del servicio de salud en todas sus manifestación es y sin restricción alguna. Éste podrá acceder en cualquier momento, lo mismo que quien ejerza su representación legal, a toda información relacionada con su situación administrativa o médica en relación con el sistema de salud.
La ley regulará el ejercicio del derecho al consentimiento informado, bajo el principio en virtud del cual el paciente será informado adecuada y completamente sobre su situación de salud, los procedimientos a seguir, el diagnóstico y los efectos deseados y no deseados previsibles de la intervención médica, permitiéndosele decidir directamente o a través de su representante sobre la continuidad de la atención.
El derecho al consentimiento informado y la decisión personal sobre el manejo médico, no serán oponibles en caso de manejo de urgencias vitales ni podrán dar lugar a terminación voluntaria de la vida o colocar en riesgo el desarrollo ni la vida de menores de edad.
Artículo 13. Protección del derecho de acceso a los servicios de salud no incluidos en el plan único de beneficios por medio de acción de tutela. La acción de tutela procede para garantizar el acceso a los servicios de salud no incluidos en el plan único de beneficios cuando se presenten los siguientes supuestos:
a. El beneficio no está expresamente incluido en el plan y es necesario.
b. La falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal del usuario.
c. El beneficio no puede ser sustituido por otro incluido en el plan único de beneficios.
d. El usuario no tiene la capacidad económica para costear su prestación ni cuenta con un plan de beneficios adicional que lo cubra.
e. Fue ordenado por el médico o profesional tratante dentro de la red de servicios o excepcionalmente por fuera de ésta, cuando haya circunstancia justificativa para el caso.
f. El beneficio fue solicitado previamente a la entidad responsable y ésta lo negó o se ha tardado injustificadamente en reconocerle efectivamente o no ha aplicado el procedimiento técnico científico para su autorización.
Parágrafo. Los gastos que no sean considerados de salud por cuanto no se clasifican como procedimiento, insumo, medicamentos o intervención, reconocidos mediante fallo de tutela como parte integral de la atención, serán asumidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con cargo a un fondo especial que se cree para tal efecto.
Artículo 14. Eliminación de barreras de acceso y principios para los pagos moderadores. El Estado y los responsables de la operación y prestación del servicio de salud no podrán imponer barreras o restricciones de ninguna clase para el acceso a los servicios de salud.
Los pagos moderadores deberán establecerse con base en los principios de razonabilidad y pertinencia.
Los pagos moderadores para quienes no tienen la capacidad económica suficiente no pueden constituir barrera de acceso.
El Gobierno Nacional definirá los mecanismos para la financiación total o parcial de dichos pagos en el caso de personas sin capacidad económica debidamente acreditada.
En ningún caso podrá crearse ni ordenarse pagos moderadores para los servicios de urgencias, promoción y prevención, control en atención materno infantil, control en atención de enfermedades transmisibles y enfermedades de alto costo.
Función de aseguramiento en salud
Artículo 15. Modelo del servicio. El modelo de salud deberá aplicar las siguientes condiciones:
La rectoría y dirección está a cargo del Estado y es indelegable.
La cobertura será universal y obligatoria.
Se mantendrán las modalidades de financiación contributiva y subsidiada bajo las mismas condiciones existentes en la ley.
Habrá un único plan integral de beneficios en salud tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado que reemplazará el plan obligatorio de salud, se eliminará el no POS y se determinará una lista de exclusiones la cual será definida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
El sistema de seguridad social en salud se basa en un modelo de aseguramiento público.
La administración y prestación del modelo de seguridad social en salud podrá ser ejecutada por entidades públicas, privadas, solidarias o mixtas.
El modelo de seguridad social en salud aplicará obligatoriamente la estrategia de atención primaria en salud fundamentada en el desarrollo de programas y acciones eficientes donde el énfasis en la atención se basará en la medicina familiar y sobre un modelo de atención integral al paciente.
Se deberá garantizar la calidad de los servicios de aseguramiento y prestación los cuales estarán sujetos a especial vigilancia.
Se creará el modelo de atención integral para las enfermedades de alto costo dándole prioridad y celeridad al tratamiento de las mismas desde el momento del diagnóstico. A partir de éste, el inicio del tratamiento no podrá ser mayor a los treinta días siguientes. La atención de estos pacientes diagnosticados con enfermedades malignas o de alto costo se fundamentará en las guías de manejo y/o protocolos que sean definidos en consenso entre las Sociedades Científicas y el Ministerio de Salud y Protección Social.
Las prestaciones se reconocerán sin distingo de la condición personal o social, excepto las económicas que sólo se reconocerán en el régimen contributivo, y estarán determinadas por las necesidades de la población, la satisfacción del derecho humano a la salud y los recursos que se comprometan en el servicio.
Las prestaciones se revisarán y actualizarán periódicamente y a su reconocimiento se le aplicarán los principios de progresividad y no regresividad.
La financiación de la salud tendrá prioridad y comprometerá recursos fiscales, además de otros que puedan causarse y que se ordenen por la ley.
El sistema definirá los mecanismos de seguimiento a su aplicación y los esquemas de auditoría aplicables a los diferentes componentes que lo integren.
De la misma manera, se establecerán mecanismos eficaces de seguimiento al perfil epidemiológico nacional y por regiones y esquemas de análisis actuarial con los que se soporten las decisiones que las autoridades públicas deben adoptar en la materia.
La adopción de normas en materia de política sobre el sector salud, respetará los principios y pautas sobre los que se estructure el modelo institucional del servicio, evitando distorsiones o ajustes parciales que conduzcan a la desconfiguración del mismo, sin perjuicio de la adopción por el legislador de reformas estructurales que en todo caso respeten las prescripciones de la presente ley.
Los usuarios que incumplan con las citas médicas serán objeto de sanción pedagógica por la primera inasistencia y en caso de reincidir, deberán pagar a título de sanción el valor de la correspondiente cita, salvo que se cancele por lo menos un día antes.
Artículo 16. Actores y roles dentro del sistema integral de seguridad social en salud. Los actores del sistema integral de seguridad social y sus roles serán los siguientes:
El Ministerio de Salud y Protección Social, el cual tendrá a su cargo la rectoría y regulación del sistema y el aseguramiento respecto de prestaciones no incluidas dentro del plan integral de beneficios.
El asegurador público que se establezca, el cual tendrá a su cargo la afiliación, la gestión de los riesgos financieros y el pago por la prestación de los servicios a los beneficiarios.
Los administradores de servicios de salud, quienes serán responsables de la administración de los servicios dentro del sistema integral de seguridad social en salud y de las redes de prestación, en calidad de líderes de red y gestores de la atención primaria en salud.
Los entes territoriales, secretarías de salud departamentales, distritales y municipales quienes tendrá a su cargo la cofinanciación del sistema integral de seguridad social, la ejecución de los programas y actividades de salud pública y el impulso a la estrategia de atención primaria en salud.
La Superintendencia Nacional de Salud, como ente responsable del ejercicio de la inspección, vigilancia y control sobre el sistema integral de seguridad social en salud.
Artículo 17. Aseguramiento público de salud. La función del aseguramiento en salud en Colombia corresponde en forma exclusiva al Estado, sin que pueda ser trasladada en forma alguna a particulares. Éste la ejercerá por medio de las entidades públicas que cree al efecto conforme a las previsiones de la presente ley.