Source: https://www.xornaldegalicia.es/especiales/juridico/9650-comision-nacional-de-los-mercados-y-la-competencia-pide-disculpas-a-miguel-gallardo-por-no-tramitar-denuncia-contra-iltre-colegio-de-abogados-de-madrid-icam-por-honorarios-abusivos-e-ilegales-disculpas-no-aceptadas
Timestamp: 2020-02-17 10:46:10
Document Index: 372492203

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Xornal de Galicia para el Mundo - Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pide disculpas a Miguel Gallardo por no tramitar denuncia contra Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM por honorarios abusivos e ilegales. DISCULPAS NO ACEPTADAS
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pide disculpas a Miguel Gallardo por no tramitar denuncia contra Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM por honorarios abusivos e ilegales. DISCULPAS NO ACEPTADAS
;Jurídico 26 Enero 2017 Sección; Especiales 1011 votos
Carmen Lillo Álvarez, subdirectora de Vigilancia, Dirección de Competencia
Cc: Soledad Becerril Bustamante Defensor del Pueblo, María Cristina Díaz Márquez Directora General de Justicia y Servicio de Defensa de la Competencia de la CAM Ref. 123 MAD 02-03/17 (ver adjunto)
Documento publicado en www.miguelgallardo.es/carmen-lillo-alvarez.pdf
En primer lugar, en su escrito de 18.1.17 recibido el 24, dice “ruego disculpe el retraso que por error se ha producido en su tramitación”. Yo NO ACEPTO sus disculpas y en este mismo escrito pido a la Defensora del Pueblo Soledad Becerril Bustamante que aplique el artículo 23 de la Ley del Defensor del Pueblo, pues:
1º Ha tardado usted más de 10 meses en dar respuesta a lo que se ha reiterado con certificado digital. Y no es la primera vez que la CNMC ignora mis escritos.
2º Los hechos denunciados hace más de 10 meses son tan graves, que en parte ya han sido denunciados por la Comunidad de Madrid y sancionados por la CNMC según resolución adjunta (SAMAD/09/2013) y en otra parte, ha sido también denunciado por BANKIA según se ha publicado por abusos en las tasaciones de honorarios que, en mi caso, además, es errónea incluso en el más exagerado de los criterios de tasación posible al multiplicarse arbitrariamente por 3. Pero a diferencia de la CAM, o de BANKIA, yo me juego mi supervivencia económica y no voy a admitir más errores ni dilaciones maliciosas, ni acepto sus disculpas.
3º Adjunto una denuncia contra el actual director de los servicios jurídicos del ICAM acompañada de muy relevantes documentos. Aunque usted no sea jurista, sino licenciada en farmacia según he leído en CNMC.ES confío en que se percate de los conflictos de intereses e institucionales que explican muchos errores interesados. Lo que ocurre en la tasación de honorarios del ICAM es tan inmoral y tan ilícito como el más repugnante “tarugueo” de médicos corruptos por la industria farmacéutica que tal vez usted tampoco conozca. El “tarugueo” del ICAM ya me ha afectado a mí.
4º Los abusos del ICAM y su ilimitada capacidad de influencia institucional afecta a la CNMC haciendo que ciertos errores y dilaciones sean indicios racionales de gravísimos delitos que no solamente afectan a mercados y consumidores, sino también a la misma CNMC que parece querer ignorar que los conflictos de intereses de funcionarios públicos pervierten y envilecen la competencia. En otros países, cuando el organismo regulador está contaminado, la Fiscalía actúa de oficio.
Por lo expuesto, SOLICITO que la documentación adjunta sea aportada a todos los expedientes abiertos al ICAM, y en especial, al ya iniciado por denuncia de BANKIA por honorarios abusivos solicitando que se me tenga por personado en cuanto esté relacionado con lo ya denunciado por mí, a la mayor brevedad posible, documentando el error reconocido y no disculpable, todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción que pudiera corresponderme en derecho, y lo pido con firma digital fechada en www.miguelgallardo.es/carmen-lillo-alvarez.pdf
y Dª María Cristina Díaz Márquez
Directora General de Justicia de la CAM
Publicado en www.cita.es/pedro-lescure-ae.pdf
Considerando la noticia publicada sobre las compatibilidades concedidas a 33 abogados del Estado, entre los que se encuentra Pedro Lescure Ceñal, con el titular “El Equipo A de la abogacía: estos son los 33 abogados del Estado con negocios privados Transparencia obliga a Justicia a hacer pública la lista de estos altos funcionarios que trabajan a la vez” en http://www.elconfidencial.com/espana/2016-05-09/abogados-estado-compatibilidad-actividad-privada-sector-publico_1195823/
y su cargo en el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM, publicado en
web.icam.es/page/2/El_Colegio
Luisa Jaén Bohórquez Directora de Comunicación y Marketing Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Pedro Lescure Ceñal Director de los Servicios Jurídicos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
así como la conflictividad del ICAM por la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC en claro conflicto de intereses entre la compatibilidad de Pedro Lescure Ceñal en el ICAM y su función pública como abogado del Estado, más aún considerando la documentación adjunta firmada en www.cita.es/an-icam.pdf la asociación APEDANICA solicita la urgente revisión de la compatibilidad concedida, según se ha publicado, con fecha 11/1/2013, y que se nos tenga por personados como denunciantes en el expediente que instamos que se abra tanto en la Abogacía del Estado como en la Oficina de Conflictos de intereses considerando la documentación adjunta ya publicada.
APEDANICA entiende que las actividades privadas de los abogados del Estado siempre y en todo caso deben ser públicas y publicables, más aún cuando la relevancia es doble, como es el caso del cargo de Pedro Lescure Ceñal en el ICAM, por medio del cual hasta llegar a contaminar a los magistrados de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en el enjuiciamiento del recurso contra una sanción de la CNMC adjunta que evidencia por sí misma la perversión de gravísimos conflictos de intereses en negocios jurídicos.
APEDANICA se pone a la disposición de todos los afectados por conflictos de intereses de abogados del Estado, en la convicción de que los primeros perjudicados son compañeros que no incurren en nada parecido porque su propio código y autoexigencia personal se lo impide, y es precisamente por ello que estamos decididos a dar la máxima publicidad a todas las actividades privadas que lleguemos a conocer de los abogados del Estado, asumiendo el riesgo de que vuelvan a intentar represaliarnos. De hecho, la represalia ilegal es la mayor prueba de que existe un conflicto de intereses a combatir eficazmente.
APEDANICA solicita la apertura de un expediente en la Abogacía del Estado, y otro en la Oficina de Conflictos de Intereses, en el que se nos tenga por personados y que nos citen los funcionarios instructores lo antes posible en el teléfono de APEDANICA 902998352.
documento con firma digital
publicado en www.cita.es/an-icam.pdf
La asociación APEDANICA está investigando conflictos de intereses entre jueces y el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, ICAM, como puede apreciarse en el recurso de alzada adjunto que incluye una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, contra ciertas prácticas del ICAM. Se ha anunciado el recurso en el artículo “El ICAM recurrirá la sanción de la CNMC por la recomendación de precios a sus asociados” publicado en
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/10/07/57f7bff5e2704e72508b45bb.html
Y también el mismo ICAM publicita su crítica a la sanción y anuncia recurso contra la sanción de la CNMC en http://web.icam.es/actualidad/noticia/3113
Ese anunciado recurso del ICAM debe haber sido ya presentado ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, y por su importancia y trascendencia, entendemos que toda vinculación o actividad remunerada, o no, de los magistrados de la Sala con el ICAM debe ser pronto conocida y publicable. Nadie debería sentirse ofendido por quienes creamos que muchos magistrados ni siquiera son conscientes de la influencia que el ICAM pudiera tener sobre ellos. No son pocos los jueces que acaban ejerciendo como colegiados, o muestran más consideración hacia los negocios del propio ICAM, como sin duda lo es la tasación de honorarios en juras de cuentas, más allá del obvio hecho de que cuanto mayor sea la cuantía tasada, mayor es también el ingreso del ICAM por el muy discutible negocio de la tasación judicial (el Tribunal Supremo considera que no debe remunerarse ni al ICAM ni a ningún colegio de abogados). El hecho cierto es que ese negocio existe, está relacionado con un recurso ya anunciado ante la Audiencia Nacional contra la sanción publicada por la CNMC (que se adjunta), y actualmente se están tramitando varias recusaciones contra magistrados relacionados con el ICAM por lo que la composición actual de la Sala de lo Contencioso y miembros del tribunal, con el nombre del ponente es del máximo interés para APEDANICA considerando también lo que ya le consta al Pleno del CGPJ como recurso de alzada adjunto.
Lo mismo, e incluso con más motivos aún, cabe decir de la Abogacía del Estado, o diferenciando más, de los abogados del Estado que pueden estar en un mayor o menor conflicto de intereses a la hora de enfrentarse al negocio del ICAM.
APEDANICA no quisiera que esta petición de información, sobre quiénes van a formar parte de ese Tribunal que va a juzgar lo que entendemos que es un más que discutible negocio del ICAM, más allá de lo ya sancionado por la CNMC, molestase a ningún magistrado, pues todos ellos deben entender que el negocio de las tasaciones del ICAM les perjudica y que todos los negocios del ICAM deben ser juzgados garantizándose, muy escrupulosamente, la imparcialidad de los jueces, más aún porque es previsible que otros negocios del ICAM sean también litigiosos y muy conflictivos. En ese sentido, consideramos relevante la noticia publicada en
Bankia contraataca y denuncia a Arriaga en la CNMC por inflar las costas de los pleitos La entidad nacionalizada ha abonado 43 millones en costas al bufete más activo contra Bankia. Acusa al despacho de actuar de forma desleal en connivencia con el Colegio de Abogados de Madrid
Lamentablemente, BANKIA parece que no hace referencia suficientemente precisa a los costes de las tasaciones cuando se impugnan las costas, y no se tiene noticia de que exista el menor control sobre lo que el ICAM ha cobrado a BANKIA por la impugnación de minutas (“La denuncia se centra en Arriaga, pero menciona a otros seis bufetes sobre los que tiene sospechas de actuaciones similares, como Bufete Rosales y Caamaño, Concheiro & Seoane” pero nada dice de lo pagado al ICAM por sus tasaciones). Si no existe el menor control del negocio del ICAM tasando y el ICAM (con Francisco Fernández Ortega como responsable de su departamento de honorarios) ingresa mayores cuantías cuanto mayores son los honorarios tasados, no hace falta mucha perspicacia para evidenciar la perversión del sistema de tasación del ICAM. APEDANICA intenta concienciar a todos los magistrados de la “burbuja de honorarios” creada por el ICAM. Quisiéramos hablar con todos los jueces que tengan un mínimo de sensibilidad hacia este conflicto de intereses que pocos están dispuestos a reconocer, ni en los casos más graves.
Por lo expuesto, considerando la documentación adjunta que ya consta en el Pleno del CGPJ, al amparo del Reglamento 1/1998, y también del 1/2005 del CGPJ, LOPJ y CE arts. 9, 24 y 120 (publicidad de las resoluciones judiciales), y entendiendo que el procedimiento contencioso del ICAM contra la sanción de la CNMC no afecta ni al secreto ni a la privacidad de nadie, que tiene gran relevancia pública y es de interés general, solicitamos la confirmación de que se ha presentado el recurso del ICAM contra la CNMC con identificación del ponente, composición del tribunal y la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en la que se tramita así como cuantas noticias procesales sobre el mismo sean publicables. Con el máximo respeto y el protocolo que se nos indique, el presidente de APEDANICA también solicita una audiencia, en nuestro teléfono 902998352, con la fecha de la firma digital de APEDANICA y el Dr. Miguel Gallardo en la primera página, se adjunta lo que puede verse en www.miguelgallardo.es/alzada-cgpj-icam.pdf
Pleno del CGPJ por Recurso de Alzada
documento con firma digital publicado en
www.miguelgallardo.es/alzada-cgpj-icam.pdf
Como mejor proceda se presenta RECURSO DE ALZADA contra el ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 92/2016 del IImo. Sr. Don EDUARDO DE PORRES ORTIZ DE URBINA Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid recibido por correo electrónico el 2.12.16 con las siguientes ALEGACIONES:
PREVIA.- El vocal del CGPJ Rafael Fernández Valverde ya fue recusado en un recurso anterior que puede verse en www.miguelgallardo.es/recusa-vocal-cgpj.pdf y reiteramos aquí que debe abstenerse o tramitarse esta recusación por sus relaciones con UDIMA y CEF que no constan en el Portal de Transparencia del CGPJ pero también por sus relaciones con el ICAM, al menos, por lo publicado en
http://web.icam.es/actualidad/noticia/394/%C3%89xito_de_asistencia_en_la_tradicional_copa_navide%C3%B1a_con_colegiados_y_empleados_del_Colegio
pero más aún por cuanto no está publicado en el ICAM pero que debería motivar la abstención o recusación de quienes formen parte del Pleno del CGPJ. El fondo del esunto es, precisamente, la contaminación del ICAM, al igual que la de UDIMA y CEF, a muy numerosos jueces, y sus conflictos de intereses, por lo que si no se abstienen ni Rafael Fernández Valverde ni el resto del Pleno del CGPJ, cualquier relación remunerada o que evidencie especial consideración parcial hacia el ICAM o desconsideración hacia quien aquí recurre, es causa de nulidad de oficio.
1ª En efecto, por el Reglamento 1/98 del CGPJ principalmente solicité que, a la vista de los antecedentes documentados en 149 páginas, se me permitiera conocer si los magistrados de las secciones 8ª y 9ª (con especial atención a su presidente Ilmo. Sr. JUAN LUIS GORDILLO ALVAREZ VALDES) de la Audiencia Provincial de Madrid, el magistrado Ilmo. Sr. JOSE MANUEL ARIAS RODRIGUEZ y la magistrada-juez del Juzgado de 1ª Instancia 4º de Madrid, Ilma. Sra. Adelaida Medrano Aranguren tienen alguna relación, además de las ya documentadas y referenciadas que no se han negado, con el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM (al que ya se ha solicitado esa información negándose verbalmente ni siquiera a contestar por escrito). A quien aquí recurre le es indiferente si esa información, que debe considerarse de interés público y estar amparada por la Ley 19/13 de Transparencia y también por la más elemental interpretación del art. 24 de la Constitución Española, y del artículo 47 de la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” y la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, porque si ni siquiera se pueden conocer las relaciones de los magistrados en general, y en especial los que están juzgando, sin duda sentaría un gravísimo precedente del que se beneficiaría el negocio jurídico del propio ICAM en sí mismo, además de a ciertos colegiados, pero no a todos, de manera arbitraria y sin tutela judicial efectiva apreciable en modo alguno.
2ª Considera el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid que se le solicita “una información que resulta totalmente confidencial careciendo esta Presidencia de cualquier tipo de competencia en orden a su conocimiento, debiendo solicitarse a través del preceptivo requerimiento del órgano judicial dentro de un procedimiento incoado al efecto”. Sin perjuicio de cuantas acciones y recursos judiciales a los que no renunciamos, esa afirmación vacía de contenido por renunciar a cualquier competencia de esa presidencia sobre el Reglamento 1/98 del CGPJ y art. 160 de la LOPJ porque si los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid pueden tener todo tipo de relaciones, remuneradas o “gratis et amore” (porque el amor también hace que se pierda la necesaria imparcialidad del juez) con el ICAM, y ni el ICAM ni la presidencia de la Audiencia Provincial pueden informar de esas relaciones ni siquiera en un caso en el que existe tanta legitimación especial y se aporta tanta documentación relevante en 149 páginas sobre los conflictos de intereses con el ICAM, la cuestión es tan grave que atenta contra el derecho comunitario de la Unión Europea y posibilita, por pura opacidad, todo tipo de corruptela judicial en Madrid.
3ª Si el ICAM considera privados todos los pagos, regalos y reconocimientos a magistrados y el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid no es competente, ¿quién lo es? En este recurso de alzada adjuntamos escrito dirigido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y presidencia del Consejo General del Poder Judicial CGPJ, todo ello sin renunciar a lo que el ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 92 /2016 remite a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), pero precisamente para agotar todas las posibilidades de obtener información sobre las relaciones de magistrados con el ICAM, presentamos este recurso de alzada antes de hacer la denuncia penal que parece sugerirse en ese acuerdo gubernativo.
4ª Más allá de lo que ya consta a la presidencia del CGPJ en escrito que se adjunta, la Filosofía Moral del P.O. 1877/2008 que fue origen de complejísimas actuaciones judiciales y de múltiples conflictos de intereses ocultados en negocios jurídicos extremadamente perversos, es resumible en la frase del utilitarista inglés Jeremy Bentham “cuanto más te observo, mejor te comportas” (originalmente, en los manuscritos de Bentham fue “the more strictly we are watched, the better we behave”). Esté o no el espíritu de esa frase en el ordenamiento jurídico español, y sea más o menos aplicable a la vigilancia de magistrados y jueces, la asociación APEDANICA quiere agotar todas las instancias en las que los arts. 9 (especialmente en su apartado 3), 20 (derecho a dar y recibir información veraz), 24, 105 y 120 de la Constitución Española, pero también en las más altas instancias internacionales.
5ª A lo dicho que consta en el expediente 92/2016 y también publicado en Internet
así como lo que se adjunta y también le consta ya a la presidencia del CGPJ en
hay que añadir un motivo más por el que se debería garantizar la imparcialidad de los jueces en todo cuanto el ICAM pueda tener interés, y más aún en materia de honorarios de letrados colegiados en el ICAM, y especialmente si son del turno de oficio, que resulta muy relevante.
Este último hecho, por sí mismo, posibilita y legitima denuncia penal (que el mismo ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 92/2016 parece recomendar mencionando la LECrim), pero también denuncia administrativa para iniciar un procedimiento sancionador en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia CNMC (que ya ha sancionado al ICAM según resolución que se adjunta íntegra) y también por presunta violación del derecho comunitario de la Unión Europea, al menos, por el artículo 47 de la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, más aún considerando los asuntos acumulados C­465/00, C­138/01 y C­139/01 que tuvieron por objeto 3 peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, de la Unión Europea basándose en el artículo 234 CE, por el Verfassungsgerichtshof (asunto C­465/00) y Oberster Gerichtshof (asuntos C­138/01 y C­139/01) que en lo esencial, legitiman la publicidad de cualquier relación interesada de funcionarios públicos como son los jueces, sin perjuicio de cualquier otra instancia para denuncia, queja o sugerencia.
Por lo expuesto, al Pleno del Consejo General del Poder Judicial CGPJ SOLICITO que teniendo por presentado este recurso de alzada con toda la documentación que se acompaña, y la recusación planteada en la alegación PREVIA contra el vocal Rafael Fernández Valverde, lo estime y arbitre un procedimiento razonable por el que en el caso particular de los procedimientos judiciales en los que el colegio de abogados tiene interés directo (la tasación de honorarios es un negocio en sí mismo del que el colegio de abogados obtiene un beneficio desconocido, pero importante), los magistrados informen, o sea el decano, presidente de Audiencia Provincial o del Tribunal Superior de Justicia, o quien decida el CGPJ, quien informe sobre las relaciones e intereses de jueces con colegios de abogados y, en este caso, con el ICAM, reiterando lo ya solicitado para que se requieran (de la manera que mejor proceda para el CGPJ) datos de todas las colaboraciones remuneradas por el ICAM a los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, y en especial, a JOSE MANUEL ARIAS RODRIGUEZ (sección 10ª), JUAN LUIS GORDILLO ALVAREZ VALDES al igual que de los demás magistrados de las secciones 8ª y 9ª por depender de ellos dos apelaciones pendientes, pero esta misma información que se solicita, por la Ley 19/13 de Transparencia debería ser pública o, al menos, estar disponible para quien la solicite sin tener ninguna legitimación especial ni explicar para qué se solicita, por ejemplo, por la asociación APEDANICA o por medios de comunicación social, todo ello, sin perjuicio de lo que dispone el Reglamento 1/98 del CGPJ como sugerencia, queja y denuncia, solicitando también que, para explicar y resumir la documentación adjunta, lo antes posible se me reciba para ser oído en mi propio nombre y derecho, y también como representante de APEDANICA que tiene bien acreditado un profundo y permanente interés en los conflictos de intereses de funcionarios públicos, incluyendo especialmente a magistrados y jueces, citándome por el teléfono 902998352 que APEDANICA pone a su disposición.
Debe entenderse que el problema aquí denunciado es también una presunta violación de derecho comunitario de la Unión Europea y es bien denunciable porque está expresamente amparado en el artículo 47 de la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” y también en la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, y que lo aquí expuesto puede ser trasladado a cualquier instancia administrativa, como la Agencia Tributaria o la Comisión Nacional de Mercados y Competencia CNMC, sin perjuicio de cualquier otra, o para el ejercicio de otros derechos a los que en modo alguno se renuncia en este recurso de alzada para la denuncia, queja y sugerencia que se presenta en la fecha de la firma digital que consta en la primera página, adjuntando:
y escrito al presidente del CGPJ en www.cita.es/carlos-lesmes-icam.pdf
Documento con firma digital en www.miguelgallardo.es/alzada-cgpj-icam.pdf
Carlos Lesmes Serrano Presidente del CGPJ
con copia para presidente del TSJ de Madrid
por Reglamento 1/98 del CGPJ con firma digital
publicado en www.cita.es/carlos-lesmes-icam.pdf
Como mejor proceda ponemos en su conocimiento los siguientes HECHOS:
1º Con fecha 12.4.12 enviamos al presidente del TSJ de Madrid, el documento adjunto y en www.miguelgallardo.es/tsj-icam.pdf del que no hemos conseguido ningún acuse de recibo pese a insistir en solicitarlo y por lo dispuesto en el art. 5 del invocado Reglamento 1/98 CGPJ, también queremos hacer constar directamente a usted lo que reiteramos en la documentación adjunta, y en esta carta abierta.
2º A todo lo dicho y adjuntado que entendemos que sería competencia del TSJ de Madrid queremos añadir un hecho nuevo porque el 14.12.16 se celebró en el ICAM organizado en colaboración con la editorial jurídica SEPIN una conferencia de José Antonio Seijas Quintana, magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que no encontramos en el web icam.es aunque sí existan en él varias docenas al mismo magistrado pero todas distintas a la recientemente conferencia recientemente celebrada promovida por correo electrónico con AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje va dirigido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial cuya divulgación está prohibida por la Ley.
Es decir, que el 14.12.16 se celebró una conferencia de un magistrado que no está publicitada en absoluto en el web icam.es sino que se convoca por correo electrónico ¿CONFIDENCIAL? y que contó con un patrocinio. Debemos suponer que, por esa conferencia, como en todas las del mismo ciclo, se remunera al conferenciante, en este caso, magistrado del Tribunal Supremo, por lo que la competencia para informar ha de ser del CGPJ y no del TSJ de Madrid, al menos en sobre las conferencias de magistrados del Tribunal Supremo. Pero incluso si no fueran remuneradas de manera fiscalizable, ni se recibiera regalo o compensación alguna, lo que evidencia es que varios magistrados pueden mirar más por los intereses del ICAM que por los derechos de quienes están siendo perjudicados por resoluciones administrativas del ICAM.
3º La asociación APEDANICA desea diferenciar muy bien el más o menos discutible derecho de los magistrados a ser remunerados por conferencias o publicaciones, del derecho que los interesados y posibles perjudicados por conflictos de intereses puedan tener del derecho a dar y recibir información veraz sobre lo que más pudiera afectar a cada juez. Sobre lo primero, debemos opinar críticamente porque los conflictos de intereses envilecen a toda la judicatura, pero para defender el derecho a dar y recibir información veraz de todo cuanto se remunere u obsequie a jueces, estamos dispuestos a agotar todas las instancias, incluyendo las europeas y la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, sin concesión alguna. Y es, precisamente ese derecho el que pretendíamos ejercer ante el silencio del TSJ de Madrid con el escrito adjunto y en www.miguelgallardo.es/tsj-icam.pdf
4º La reciente historia de AUSBANC y Luis Pineda Salido con numerosos magistrados (varios medios han publicado listas de jueces remunerados por AUSBANC y muy especialmente Interviú que el 9.5.16 publicó el titular “Caso Ausbanc: puticlub para jueces y fiscales” sobre viajes a Colombia de jueces españoles pagados por AUSBANC con las máximas presunciones de corrupción) evidencia que las entidades privadas que invitan a funcionarios públicos pudren a todos los poderes del Estado, y el judicial es, probablemente, el más sensible y fácil de corromper, porque por unas conferencias o unas publicaciones, ¿el juez puede hacer como que ignora algún derecho de quien no le invita a nada y al mismo tiempo prestar máxima atención a todos los derechos de quienes sí le invitan?
5º Antes de dirigirnos al Poder Judicial, hemos agotado todas las posibilidades de que el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM informase sobre remuneraciones a magistrados, y en especial, a todos los que forman las secciones 8ª y 9ª por la legitimación especial de quien está litigando contra tasaciones interesadamente erróneas del ICAM, que por cierto, pretende cobrar por esas tasaciones muy abusivamente en un negocio jurídico extremadamente perverso y zafio hasta el punto de que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia CNMC ya ha sancionado al ICAM como puede verse en la documentación adjunta. Sin embargo, verbalmente (ni siquiera se toman la molestia de contestar por escrito), los responsables del ICAM manifiestan que esas remuneraciones a jueces son privadas y que no están obligados a ninguna transparencia al respecto. Es decir, que a efectos de remuneraciones a magistrados o jueces no hay diferencia alguna entre el ICAM y AUSBANC, pero menos aún cuando lo que se enjuicia es la tasación de honorarios de abogados practicada por funcionarios del mismo ICAM, como está en cuestión en las secciones 8ª y 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid.
6º Sin embargo, al interesado no le resulta nada fácil conocer esas relaciones, tanto si son remuneradas como si fueran ¿“gratis et amore”? (el “amor al ICAM” también debiera ser motivo de inhibición del juez) porque no todas se publican en el Web de ICAM, y los plazos para recusar a los jueces son insuficientes para investigaciones pero en cualquier caso, sea cuando sea que se consiga evidenciar un conflicto de intereses, podría dar lugar a una nulidad de actuaciones, o a una responsabilidad.
7º Las relaciones de magistrados con el ICAM no han sido las únicas que han perjudicado desde hace muchos años a quien es una víctima de varios conflictos de intereses que se ha atrevido a denunciar. Una universidad pública como formalmente lo es aunque económicamente no lo parezca la Universidad Politécnica de Madrid UPM, y otra privada, concretamente la Universidad a Distancia de Madrid UDIMA, bien conocida por tener en nómina a numerosos jueces, secretarios judiciales, inspectores de Hacienda o de Trabajo y Seguridad Social como es bien fácil de comprobar en el web www.udima.es pero se da el caso de que tanto el secretario judicial José Ignacio Atienza López como la magistrada-juez Adelaida Medrano Aranguren en el Juzgado de 1ª Instancia 41 donde más resouciones injustas han perjudicado al denunciante, están en nómina de UDIMA como también lo está el vocal del CGPJ y magistrado del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde sin que aparezca compatibilidad concedida por el CGPJ en el portal de transparencia. Es decir, que UDIMA, a la que ha venido denunciando desde hace tiempo tiene en nómina a muy numerosos funcionarios y entre ellos a los que más han perjudicado injustamente al denunciante, y que un vocal del CGPJ es un empleado de UDIMA del que no se conoce compatibilidad alguna y, además, el CGPJ tiene conocimiento de todo ello sin haber tomado medida alguna a quien lo denunció, al menos, en los documentos publicados en Internet así:
[PDF] Pleno del Consejo General del Poder Judicial ... - Miguel A. Gallardo
11 abr. 2016 - vocal del CGPJ Rafael Fernández Valverde, y cualquier otro vocal del ... INTERESES de un secretario judicial profesor de UDIMA y CEF y una
[PDF] cef/udima - Miguel A. Gallardo
7 jun. 2016 - la recusación del vocal del CGPJ Rafael Fernández Valverde por los motivos ... Rafael Fernández Valverde que hemos buscado con todas las ...
Ésta será ya la tercera vez que el CGPJ debe conocer y reconocer este hecho, y explicar las razones de los privilegios de quienes reciben sobresueldos de UDIMA.
8º La jurisprudencia europea es clara en los asuntos acumulados C­465/00, C­138/01 y C­139/01 que tuvieron por objeto 3 peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, de la Unión Europea basándose en el artículo 234 CE, por el Verfassungsgerichtshof (asunto C­465/00) y Oberster Gerichtshof (asuntos C­138/01 y C­139/01), por lo que ningún funcionario público, ni tampoco los magistrados, pueden ampararse en la protección de datos personales para ocultar relaciones con una entidad como el ICAM que es directa o indirectamente interesada y muy corporativista en todo negocio jurídico con tasación de costas de abogados, puesto que los honorarios profesionales es una de sus grandes prioridades, como queda en evidencia en la sanción al ICAM de la CNMC adjuntada.
9º El sistemático trato de favor de los jueces de Madrid hacia el ICAM puede estudiarse estadísticamente, y también por lo que en criminología científica se denomina como informes de autodenuncia y encuestas de victimización. Por una parte, los jueces pueden reconocer que siempre existe la posibilidad de que, cuando se jubilen, lo cuando libremente lo decidan, puedan colegiarse (de hecho, muchos están colegiados como no ejerciente y a uno hemos recusado permitiéndose un muy mal tono que se califica por sí mismo al negar la mera posibilidad de cualquier parcialidad hacia el ICAM) lo que es un hecho que bien puede explicar la falta de capacidad crítica de los jueces de Madrid hacia el ICAM. Por otra parte, solamente quien se ha enfrentado a una resolución injusta del ICAM, o en la que el ICAM apoye algún abuso o negligencia de alguno de sus colegiados puede comprender plenamente la sociopatía del negocio jurídico e institucional del ICAM que la tutela judicial efectiva no parece querer amparar en juzgados y tribunales de Madrid.
10º Más allá de las cuestiones jurisdiccionales, e incluso más allá del artículo 24 de la Constitución Española, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial está expresa y precisamente protegido en el artículo 47 de la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” por lo que además de que el Consejo General del Poder Judicial CGPJ pueda interesarse por la presunta parcialidad de jueces de Madrid hacia el ICAM y hacia UDIMA y sea el mismo CGPJ quien, en este caso, garantice el acceso a la jurisdicción europea para el enjuiciamiento de los hechos aquí documentados y en los expedientes judiciales de referencia en las secciones 8ª y 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid y Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid.
11º La investigación de los Conflictos de Intereses de todo empleado público en España es una de las prioridades de la Asociación APEDANICA, que yo presido desde 1992 según puede verse en la documentación adjunta, por lo que en este escrito no queremos limitarnos al caso particular que afecta al presidente de APEDANICA, sino que al amparo del Reglamento 1/98, denunciamos los hechos, nos quejamos de las dificultades para documentarlos institucionalmente, y sugerimos que el CGPJ arbitre un procedimiento eficaz por el que todos los interesados legítimos puedan comprobar si un juez, o todos los miembros de una Sala, tienen o no intereses concretos directos o indirectos por relaciones como las que está probado que muchos han mantenido por ejemplo con AUSBANC, y siguen manteniendo sin ningún control ni límite que conozcamos con el ICAM considerando el proyecto adjunto publicado en www.cita.es/apedanica-ci.pdf
Por lo expuesto, al Consejo General del Poder Judicial CGPJ y considerando la relevante documentación adjunta solicito que teniendo por presentada esta denuncia, con queja y sugerencia, por el Reglamento 1/98 del CGPJ que ya consta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, bien por su gabinete de prensa, bien por la legitimación especial como perjudicado ahora en apelación, se proporcione información o cauce y procedimiento para solicitarla sobre las relaciones de los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, y en especial, a ANGEL LUIS SOBRINO BLANCO (sección 25ª), JOSE MANUEL ARIAS RODRIGUEZ (sección 10ª), JUAN LUIS GORDILLO ALVAREZ VALDES al igual que de todos los demás magistrados de las secciones 9ª y 10ª por depender de ellos las dos apelaciones pendientes, pero se entiende que esta misma información que se solicita, por la Ley 19/13 de Transparencia debería ser pública o, al menos, estar disponible para todo el que la solicite sin tener ninguna legitimación especial ni explicar para qué se solicita, por ejemplo, por la asociación APEDANICA o por medios de comunicación social que se interesen por esta problemática del conflicto de interés en la judicatura, todo ello, sin perjuicio de lo que dispone el Reglamento 1/98 del CGPJ como sugerencia, queja y denuncia mía aquí, solicitando también que, para poder explicar y resumir la documentación adjunta, lo antes posible al responsable del cumplimiento de la transparencia en materia de compatibilidades y conflictos de intereses para que me reciba, tanto como interesado legítimo como por el proyecto de APEDANICA adjunto, citándome por el teléfono 902998352 que pongo a su disposición permanentemente para cuanto esté a mi alcance sobre este escrito y también sobre toda la documentación que se adjunta co firma digital del Dr. (PhD). e Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, también en representación de la asociación APEDANICA, en documento PDF enviado por correo electrónico solicitando PRONTO ACUSE DE RECIBO
Nota final: se adjunta resumen de proyecto de la asociación APEDANICA para la investigación de Conflictos de Intereses de empleados públicos (art. 95 del Estatuto Básico del Empleado Público y normativa equivalente, al menos, en el Capítulo II, arts. 389 y ss. de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), seguido de certificado registral de APEDANICA, publicados en
y toda la documentación que ya consta en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque no se nos haya proporcionado el acuse de recibo que reiteradamente hemos solicitado para el documento que consta en
www.miguelgallardo.es/tsj-icam.pdf
y que incluye los documentos que también constan en el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM en
www.cita.es/jueces-recusables-icam.pdf
www.cita.es/icam-errores.pdf
Todo ello para la atención del Presidente del Consejo General del Poder Judicial CGPJ con copia para presidente del TSJ de Madrid por Reglamento 1/98 del CGPJ con firma digital publicado en www.cita.es/carlos-lesmes-icam.pdf
Francisco Javier Vieira Morante presidente
por Reglamento 1/98 CGPJ (sugerencias, quejas y denuncias)
Documento publicado con firma digital en www.miguelgallardo.es/tsj-icam.pdf
Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, en su propio nombre y derecho, y también como presidente de APEDANICA, con teléfono 902998352 como mejor proceda DICE:
1º Se ha publicado la sanción de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia CNMC a los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares que se adjunta.
2º Desde hace tiempo afronto un interesado y sospechoso error del ICAM por el que, incluso habiendo ganado el juicio en 2011 con todos los pronunciamientos y costas favorables, me ocasiona un grave quebranto por una injusta ejecución sin que exista “cosa juzgada”. Se adjunta abundante documentación relevante sobre el error y sus consecuencias que me perjudican gravísimamente, desde hace tiempo, y que al no ser reconocidos como tales, pueden dar lugar a responsabilidad exigible al ICAM, pero también a magistrados, siendo este Tribunal el más competente.
3º Los magistrados que hasta ahora han tenido oportunidad de conocer y rectificar ese notorio error parecen perderse en cuestiones procesales muy menores, como si no quisieran reconocer que lo que se divide en una tasación por tres no puede luego multiplicarse por 3 para beneficiar a letrados del turno de oficio que únicamente han demostrado ser abogados de sí mismos con el interesado apoyo del ICAM induciendo a error al Juzgado de 1ª Instancia 41 de Madrid en una cascada de interesados pretextos y despropósitos judiciales, todos por puro negocio jurídico, sin factura alguna (pese a reiteradas peticiones de que se facturase lo ya pagado), que evidencian una perversión sistemática y fiscal entre ICAM y juras de cuentas.
4º Buscando en Internet evidencias de conflicto de intereses he encontrado que al menos el presidente de la sección 9ª de la Audiencia Provincial de Madrid que tramita una de las dos apelaciones por el mismo tipo de error del ICAM (la otra está en la sección 8ª ha sido recusado por doble motivo, pues es familiar directo (hermano) de un vocal del ICAM y el web icam.es publica actos en los que participa. En la recusación, el instructor designado en la sección 10ª también aparece en el web icam.es participando en eventos, por lo que fue igualmente recusado como puede verse en la documentación adjunta que también consta en el ICAM.
5º Pese a la muy fundamentada solicitud, el ICAM se niega a dar ni la más mínima respuesta para poder conocer cuáles son sus relaciones, remuneradas o no, con los magistrados de las secciones 8ª y 9ª de los que depende el enjuiciamiento de lo que no es sino una tasación del mismo ICAM extremadamente errónea o maliciosa.
6º Por lo que parece, el ICAM, siempre verbalmente, manifiesta que sus relaciones con magistrados son privadas y están protegidas por la LOPD 15/99. Sin embargo, la jurisprudencia europea es clara en los asuntos acumulados C-465/00, C-138/01 y C-139/01 que tuvieron por objeto 3 peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, de la Unión Europea basándose en el artículo 234 CE, por el Verfassungsgerichtshof (asunto C-465/00) y Oberster Gerichtshof (asuntos C-138/01 y C-139/01), por lo que ningún funcionario público, ni tampoco los magistrados, pueden ampararse en la protección de datos personales para ocultar relaciones con una entidad como el ICAM que es directa o indirectamente interesada y muy corporativista en todo negocio jurídico con tasación de costas de abogados, puesto que los honorarios profesionales es una de sus grandes prioridades, como queda en evidencia en la sanción de la CNMC adjuntada. Sea cual fuere la naturaleza jurídica del ICAM (no es un tema nada pacífico), tanto si es una entidad privada asemejable a la patrocinadora de eventos jurídicos AUSBANC, como si es una corporación de derecho público, las relaciones del ICAM con magistrados y jueces ni pueden ser secretas, ni se deben ocultar o encubrir, sino que bien sea por el ICAM, o bien por el CGPJ, deben ser publicables, al menos, por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
7º El CGPJ dice publicar compatibilidades de magistrados y jueces pero no incluye las actividades remuneradas por Colegios de Abogados como el ICAM, ni tampoco las de entidades como AUSBANC. Pero el que no sea necesaria ninguna solicitud de compatibilidad para colaborar con el ICAM no significa que no se pueda solicitar información sobre las relaciones entre magistrados y el ICAM, más aún cuando lo que está en cuestión, desde hace ya varios años, son los errores aritméticos y materiales que ningún magistrado juez parece ser capaz de detectar, por mucho que insistamos en lo evidente y dañino que está siendo en mi caso, como si los conflictos de intereses y las relaciones entre magistrados, y también secretarios judiciales ahora letrados de la Administración de Justicia con el ICAM, y también con otras entidades y personalidades públicas con las que litigo desde 2008, condicionase la imparcialidad de los juzgadores que no quieren juzgar lo que tal vez deba explicarse mejor en inglés solicitando que la Comisión Europea intervenga más allá de lo ya sancionado por la CNMC.
Por lo expuesto, y considerando la relevante documentación adjunta solicito que teniendo por presentada esta denuncia, con queja y sugerencia, por el Reglamento 1/98 del CGPJ el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, bien por su gabinete de prensa, bien por la legitimación especial como perjudicado ahora en apelación, se proporcione información o cauce y procedimiento para solicitarla sobre las relaciones de los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, y en especial, a ANGEL LUIS SOBRINO BLANCO (sección 25ª), JOSE MANUEL ARIAS RODRIGUEZ (sección 10ª), JUAN LUIS GORDILLO ALVAREZ VALDES al igual que de todos los demás magistrados de las secciones 9ª y 10ª por depender de ellos las dos apelaciones pendientes, pero se entiende que esta misma información que se solicita, por la Ley 19/13 de Transparencia debería ser pública o, al menos, estar disponible para todo el que la solicite sin tener ninguna legitimación especial ni explicar para qué se solicita, por ejemplo, por la asociación APEDANICA o por medios de comunicación social, todo ello, sin perjuicio de lo que dispone el Reglamento 1/98 del CGPJ como sugerencia, queja y denuncia mía aquí, solicitando también que, para poder explicar y resumir la documentación adjunta, lo antes posible el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid me reciba citándome por el teléfono 902998352 que pongo a su disposición para cuanto esté a mi alcance sobre este escrito y también sobre toda la documentación que se adjunta.
Con firma digital del Dr. (PhD). e Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, también en representación de la asociación APEDANICA, en documento PDF enviado por correo electrónico solicitando PRONTO ACUSE DE RECIBO
Adjuntando documentos judiciales y lo que ya consta en el ICAM y en
http://www.cita.es/jueces-recusables-icam.pdf
Todo ello para Francisco Javier Vieira Morante presidente