Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-333-de-marzo-16-de-2015?documento=legcol&contexto=legcol_136f5932c52601a0e0530a01015101a0&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-19 23:14:48
Document Index: 153880298

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 16', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 265', 'artículo 316', 'artículo 183', 'artículo 316', 'artículo 4', 'artículo 316', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 389', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 70', 'artículo 16', 'artículo 46']

RESOLUCIÓN 333 DE 16 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO BREVE Y SUMARIO A SEGUIR PARA DEJAR SIN EFECTO LA INSCRIPCIÓN IRREGULAR DE CÉDULAS. DEROGA LAS RESOLUCIONES 215 DE 2007, 597 DE 2011 Y 300 DE 2015.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÉDULA DE CIUDADANÍA, PROCESO ELECTORAL, CENSO ELECTORAL, INSCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, TRASHUMANCIA DE VOTOS, RESIDENCIA ELECTORAL, DENEGACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, IMPUGNACIÓN DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEPURACIÓN DEL CENSO ELECTORAL
DIARIO OFICIAL N°:49471 DE ABRIL 1 DE 2015
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 2857 DE 2018 ARTÍCULO 16 DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RESOLUCIÓN 333 DE 2015
“Por la cual se establece el procedimiento breve y sumario a seguir para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas”.
(Nota: Derogada por la Resolución 2857 de 2018 artículo 16 del Consejo Nacional Electoral)
en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las que le confieren los artículos 265 de la Constitución Política, y el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, y
Que los numerales 1º y 6º del artículo 265 de la Carta Política, confieren competencia al Consejo Nacional Electoral para “ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la Organización Electoral”, y para velar “por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías”;
Que el artículo 316 de la Constitución Política, preceptúa que:
“En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”;
Que el artículo 183 de la Ley 136 de 1994 “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, estableció:
“ART. 183.—Entiéndese por residencia para los efectos establecidos en el artículo 316 de la Constitución Política, el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo”;
Que el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, “por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral”, estableció:
“Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral. Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad de juramento, residir en el respectivo municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral, declarará sin efecto la inscripción”;
Que el propósito del Constituyente al exigir en la Constitución Política, la condición de residente para participar en la elección de autoridades locales o asuntos concernientes a dichas localidades, es impedir el traslado de electores de una circunscripción a otra, para evitar que personas ajenas al respectivo municipio, influyan en las decisiones que en este deban adoptarse a nivel político, administrativo, financiero o social;
Que el artículo 78 del Decreto 2241 de 1986, “por el cual se adopta el Código Electoral”, dispone:
“ART. 78.—La inscripción es un acto que requiere para su validez la presencia del ciudadano y la impresión de la huella del dedo índice derecho del inscrito, en el correspondiente documento oficial. En el caso de personas mutiladas se dejará constancia y se procederá a imprimir otra huella que permita identificar al inscrito.
No surtirán efecto las inscripciones que se efectúen sin el lleno de los requisitos prescritos en el presente artículo y los funcionarios que las realicen serán sancionados con la pérdida del empleo, sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad penal”;
Que por Resolución 215 de 2007 de esta corporación, se estableció el procedimiento breve y sumario para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía cuyos titulares no residan en la correspondiente circunscripción o cuando la inscripción se haya realizado contraviniendo lo establecido en el artículo 78 del Código Electoral;
Que el artículo 389 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal”, tipifica el fraude en inscripciones de cédulas como delito, por lo que el legislador estableció:
“Fraude en inscripción de cédulas. El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público”;
Que el título IV de la Ley 1475 de 2001, establece el periodo de inscripción para votar, señalando que en los eventos en que el ciudadano cambie de lugar de domicilio o residencia, el proceso de inscripción de la cédula de ciudadanía se llevará a cabo dentro del año anterior al respectivo proceso electoral y se cerrará dos (2) meses antes de la respectiva jornada electoral;
Que la modificación del término de inscripción de cédulas de ciudadanía establecida en la Ley 1475 de 2011 y la dinámica del comportamiento del potencial electoral, imponen la actualización del procedimiento breve y sumario establecido en la Resolución 215 de 2007;
Que en desarrollo de los artículos 2º, 113 y 209 de la Constitución Política, a las autoridades públicas y, en especial, al Consejo Nacional Electoral, les corresponde garantizar que los procesos electorales garanticen el libre ejercicio del derecho al voto y a la autodeterminación local;
Que, en mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
ART. 1º—Investigación de oficio. El Consejo Nacional Electoral, en uso de sus facultades constitucionales y legales, podrá en cualquier momento, adelantar de oficio las investigaciones por trashumancia electoral.
Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud, la Registraduría Nacional del Estado Civil pondrá a disposición del Consejo Nacional Electoral la siguiente información: a) la base de datos de inscritos en el respectivo distrito o municipio; b) el archivo nacional de identificación ANI; c) potencial de inscritos; d) datos históricos del censo electoral; e) También pondrá a disposición del consejo la información adicional que se requiera, e informará oportunamente sobre las alertas derivadas del comportamiento atípico en la inscripción de cédulas de ciudadanía tomando como base el comparativo de los censos poblacional y electoral, con su respectivo mapa de riesgo.
PAR.—De conformidad con la Ley 1712 de 2014, el Consejo Nacional Electoral solicitará a las entidades públicas y privadas la información necesaria para verificar los datos aportados por los ciudadanos al momento de su inscripción.
(Nota: Derogado por la Resolución 2857 de 2018 artículo 16 del Consejo Nacional Electoral)
ART. 2º—Acceso público a los registros de inscripción. De conformidad con la Ley 1712 de 2014 y el Código Electoral, durante el plazo de inscripción de cédulas y hasta los tres (3) días calendario siguientes, los registradores distritales, municipales o auxiliares pondrán a disposición del ciudadano que así lo solicite, mediante el formulario E-3 o su equivalente, los nombres y números de cédulas de los inscritos, el censo electoral de la correspondiente circunscripción vigente a la fecha de inicio del proceso de inscripción, y la relación de los ciudadanos titulares de las cédulas expedidas durante dicho lapso de manera que el peticionario pueda enterarse de la totalidad de ciudadanos que están habilitados o aspiran a estarlo para sufragar en la respectiva circunscripción.
El peticionario se hace responsable del cumplimiento de las normas pertinentes sobre restricción y manejo de la información reservada.
ART. 3º—Reparto. Los asuntos relacionados con la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía serán repartidos por municipios, de conformidad con el reglamento de la corporación. Toda petición relacionada con el mismo municipio, será acumulada al magistrado a quien correspondió el reparto. En los casos de poblaciones contiguas o grupos de municipios que deban investigarse conjuntamente, la Sala podrá dar aplicación al artículo 13 del reglamento.
ART. 4º—Formulación y término de la queja. Todo ciudadano podrá presentar queja ante el Consejo Nacional Electoral o ante los registradores municipales o auxiliares del respectivo municipio, quienes deberán remitirla el mismo día de la recepción por el medio más expedito a la subsecretaría del Consejo Nacional Electoral, para lo de su competencia.
La queja podrá ser presentada a partir del primer día calendario de la fecha establecida para la correspondiente inscripción de cédulas y hasta dentro de los tres (3) días calendario siguientes al vencimiento de dicho plazo.
ART. 5º—Requisitos de la queja. La queja que se presentará de manera escrita y en lo posible en medio magnético, deberá contener:
a) Nombres y apellidos completos del solicitante o de su apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y la dirección de notificación;
b) El objeto de la queja;
c) Narración de los hechos en que sustenta la queja, de manera clara y precisa, o las razones en las cuales se apoya;
d) Relación de nombres o cédulas de ciudadanía de las personas que presuntamente no residen en el municipio donde se inscribieron para sufragar o de elementos probatorios que permitan identificarlos;
e) Indicación de las pruebas que pretende hacer valer o de aquellas cuya práctica solicita;
PAR.—Cuando el ciudadano considere que la solicitud pone en riesgo su integridad o la de su familia, podrá solicitar ante el Ministerio Público el procedimiento especial de solicitud con identificación reservada, conforme lo dispone el parágrafo del artículo 4º de la Ley 1712 de 2014.
ART. 6º—Rechazo de plano de la queja. Las peticiones que no reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior o se presenten de manera extemporánea, serán rechazadas de plano mediante acto administrativo que no será susceptible de recurso. Lo anterior, sin perjuicio de que la queja pueda ser presentada nuevamente con el lleno de los requisitos.
PAR.—Cuando el rechazo sea por extemporaneidad de su presentación, se enviará dicha información a la asesoría de inspección y vigilancia o a la dependencia que haga sus veces, para que se elabore una base de datos que pueda servir posteriormente de fuente de información.
ART. 7º—Inicio del procedimiento. Si la queja cumple los requisitos, el magistrado sustanciador a quien le correspondió por reparto el asunto, asumirá su conocimiento mediante auto que dictará dentro de los cinco (5) días siguientes y ordenará fijar un aviso por cinco (5) días calendario en la secretaría de la respectiva registraduría, con el fin de informar a los ciudadanos de la solicitud de dejar sin efecto la inscripción de cédulas, y ordenará la práctica de pruebas que estime necesarias. El término de fijación del aviso no interrumpe ni suspende la actuación administrativa.
ART. 8º—Comisión instructora. El magistrado sustanciador, mediante auto, podrá conformar una comisión instructora integrada con no menos de tres (3) servidores públicos vinculados o adscritos al Consejo Nacional Electoral, la cual contará con un coordinador. En el mismo auto se fijará el término para la comisión.
Dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término fijado, la comisión instructora rendirá un informe al magistrado sustanciador, acompañado de la actuación administrativa, los antecedentes y pruebas recaudadas.
PAR.—El Consejo Nacional Electoral fijará los parámetros de los procesos y procedimientos que estarán a cargo de las citadas comisiones instructoras, así como una estructura que deben observar los actos administrativos que se dicten en desarrollo de las investigaciones por trashumancia electoral.
ART. 9º—Pruebas. El magistrado sustanciador, mediante auto, decretará los medios probatorios necesarios, pertinentes y conducentes. Este podrá ordenar de oficio el cotejo contra la información contenida en las bases de datos de las entidades públicas y privadas obligadas conforme a la Ley 1712 de 2014.
ART. 10.—Duración del periodo probatorio. El periodo probatorio podrá ser de hasta treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha del auto inicial. Con todo, una vez recibido el informe de la comisión instructora, el magistrado sustanciador, mediante auto, podrá prorrogar por una sola vez el periodo probatorio hasta por diez (10) días calendario adicionales.
Dentro de los diez (10) días calendario siguientes, el magistrado sustanciador radicará el proyecto de resolución por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral decide dejar o no sin efecto las inscripciones de las cédulas de ciudadanía objeto de investigación administrativa.
ART. 11.—Decisión y notificación. La inscripción de cédulas que se dejare sin efecto como consecuencia del procedimiento aquí previsto se incorporarán al censo electoral del distrito o municipio donde su titular sufragó en la elección anterior.
La resolución se notificará de conformidad con el artículo 70 de la Ley 1437 de 2011. En todos los eventos el registrador distrital o municipal fijará en lugar público de su despacho copia de la parte resolutiva por el término de cinco (5) días calendario.
El declarado trashumante no podrá volver a inscribir su cédula de ciudadanía para el mismo proceso electoral en el lugar del cual fue excluida como consecuencia del procedimiento aquí previsto.
ART. 12.—Recursos. Contra la resolución mediante la cual se ponga fin al procedimiento aquí regulado, procederá el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la desfijación de la parte resolutiva de que trata el artículo anterior.
PAR.—Sin perjuicio de la interposición del recurso de reposición señalado, cuando exista plena prueba de la afectación o vulneración del derecho fundamental al ciudadano, de elegir y ser elegido, con la decisión de dejar sin efectos la inscripción de su cédula de ciudadanía, el Consejo Nacional Electoral revocará directamente y de oficio su decisión, de conformidad con lo establecido en el título III, capítulo IX, artículos 93 y 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra esta decisión no procederá recurso alguno.
ART. 13.—Prohibición. No podrán ser nombrados como jurados de votación ni como miembros de las comisiones escrutadoras los ciudadanos cuya inscripción de cédula de ciudadanía haya sido dejada sin efecto por trashumancia.
ART. 14.—Comunicaciones. Las decisiones que pongan fin al procedimiento previsto en esta resolución, se comunicarán a la Dirección de Censo Electoral, a las respectivas registradurías municipales, a la Fiscalía General de la Nación(1) a la Procuraduría General de la Nación y de ser el caso a la oficina de control interno disciplinario de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
ART. 15.—Confórmese un grupo interdisciplinario del Consejo Nacional Electoral, para que con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil realice la confrontación de bases de datos para determinar la residencia electoral de los ciudadanos cuya inscripción sea impugnada, y haga el seguimiento al cumplimiento de las decisiones de esta corporación en materia de trashumancia.
El Consejo Nacional Electoral verificará integralmente el procedimiento de conformación y depuración del censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
ART. 16.—Publicación. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, las decisiones adoptadas en virtud del procedimiento aquí previsto, serán publicadas en la página web del Consejo Nacional Electoral y/o de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como garantía de transparencia y acceso a la información.
ART. TRANS.—Las disposiciones de la presente resolución se aplicarán a las quejas que hayan sido presentadas ante el Consejo Nacional Electoral con ocasión del proceso electoral del 2014 y que no han sido resueltas de fondo.
ART. 17.—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir del siete (7) de abril de 2015 y deroga las resoluciones 215 de 2007, 0597 de 2011, 0300 de 2015 y las demás que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de marzo de 2015.
(Nota: Derogada por la Resolución 2857 de 2018 artículo 16 del Consejo Nacional Electora)
(1) Ley 1475 de 2001, artículo 46.