Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20041762
Timestamp: 2019-12-15 05:22:18
Document Index: 152218425

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 40', 'artículo 29', 'Artículo 33', 'artículo 30']

C-839 de 2001
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020041762CC-SENTENCIAC839200109/08/2001CC-SENTENCIA_C_839__2001_09/08/2001200417622001Sentencia C-839/01 LEY PENAL -Diferencia de trato entre menores y mayores de edad PREVALENCIA DE DERECHOS DEL NIÑO -Alcance Esta primacía, que es manifestación clara del Estado Social de Derecho y se desarrolla a lo largo de la Carta Política, pretende "garantizar el desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno los derechos de los menores, y de protegerlos contra cualquier forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos". "La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión", son derechos fundamentales de los niños que deben ser protegidos por el Estado mediante la expedición de leyes internas y la ratificación de instrumentos internacionales que persigan ese fin. Esta posición privilegiada se ratifica cuando la Constitución Política establece que la familia, núcleo fundamental de la sociedad, goza de protección integral contra cualquier forma de violencia, siendo deber de los padres sostener y educar a sus hijos mientras sean menores. Además, al decirse que todo niño menor de un año tendrá atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado (art. 50 ibídem), y cuando se señala que la educación es un derecho, pero además una obligación para los niños entre los cinco y los quince años de edad. DERECHOS DEL NIÑO -Protección en el campo laboral DERECHOS DEL NIÑO -Protección especial reforzada /DERECHOS DEL NIÑO -Protección constitucional e internacional DERECHOS DEL NIÑO -Instrumentos internacionales de protección DERECHOS DEL NIÑO -Espectro de amparo El espectro de amparo concedido por el ordenamiento jurídico a los menores de edad es más amplio que el que pudiera otorgarse a cualquier otro sector de la población, visto que por voluntad del propio constituyente, sus derechos priman sobre los de los demás. MENOR DE EDAD -Situación irregular MENOR DE EDAD -Conductas penales /MENOR DE EDAD -Infracción de normas de conducta sociales NIÑO -Infracción normas de conducta sociales MENOR DE EDAD -Responsabilidad penal /MENOR INFRACTOR -Respeto de derechos y resocialización L os menores que se encuentran en situación irregular y quebrantan el ordenamiento jurídico, son responsables frente al Estado por las consecuencias de su conducta. Adicionalmente, son los propios instrumentos internacionales los que reconocen la legitimidad de los procesos de índole penal adelantados por el Estado contra los menores infractores, estableciendo, eso sí, como fin primordial, la rehabilitación y educación del individuo que ha infringido la Ley. El reconocimiento de que los menores pueden ser sometidos a la jurisdicción de un tribunal (o de un juez) para que se resuelva su responsabilidad jurídica como consecuencia de la realización de una conducta penalmente reprochable, es entonces una realidad del derecho que no puede ser desconocida con el argumento de que los menores gozan de una protección especial por el Estado y la comunidad mundial. Ello más bien contribuye a que los Estados refuercen las medidas legislativas y administrativas para obtener que, en el desarrollo del proceso penal, se respeten con especial cuidado los derechos sustantivos y procesales del menor incriminado y se busque, antes que la imposición de sanciones represivas, la aplicación de medidas de índole educativa y resocializadora para alcanzar la integración social del menor. Estos objetivos, el de garantizar un proceso justo y respetuoso de los derechos del menor infractor y el de propender hacia su resocialización, se encuentran ampliamente modelados en los instrumentos internacionales. CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO -Responsabilidad penal y separación de adultos MENOR PROCESADO -Separación de adultos /MENOR DELINCUENTE -Separación de adultos REGLAS DE BEIJING SOBRE EL MENOR DE EDAD -Prevención del delito y tratamiento de ofensores MENOR DELINCUENTE -Normas específicas MENOR INFRACTOR -Proceso justo y resocialización /MENOR INFRACTOR -Instrumentos internacionales MENOR INFRACTOR -Respeto de principios y derechos según instrumentos internacionales MENOR DE EDAD- Sistema judicial especializado /JUSTICIA DE MENORES -Institucionalización /SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL La institucionalización de una justicia de menores no constituye, per se, un atentado contra los derechos de los menores, ni va en detrimento del deber de protección que recae en la sociedad y el Estado. Antes bien, podría decirse que la comunidad internacional ha reconocido ampliamente la necesidad de crear un sistema judicial especializado que permita resolver el problema de la delincuencia juvenil desde la perspectiva de la resocialización, la tutela y la rehabilitación, evitando que el menor desvíe su proceso de adaptación y trunque su desarrollo físico y moral, base del desarrollo de la sociedad moderna. Mientras la ley se ajuste a los principios constitucionales que guían el juzgamiento de los menores y conserve los objetivos que marcan su derrotero, la existencia misma de esta jurisdicción no merece reproche de constitucionalidad alguno; por el contrario, ésta debe ser avalada como el mecanismo propicio para armonizar los derechos de los menores infractores y la conservación de la seguridad pública. INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -Cargos bajo supuesto extranormativo Referencia: expediente D-3387
Campo Elías Cruz BermúdezCONSTITUCIONALIDADMarco Gerardo Monroy CabraDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 33 (parcial) y 475 transitorio de la Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el nuevo Código Penal".D3387Identificadores20020041763true62133Versión original20041763Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 33 (parcial) y 475 transitorio de la Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el nuevo Código Penal".
DERECHOS DEL NIÑO-Protección en el campo laboral
DERECHOS DEL NIÑO-Espectro de amparo
MENOR DE EDAD-Situación irregular
MENOR DE EDAD-Conductas penales/MENOR DE EDAD-Infracción de normas de conducta sociales
NIÑO-Infracción normas de conducta sociales
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO-Responsabilidad penal y separación de adultos
MENOR PROCESADO-Separación de adultos/MENOR DELINCUENTE-Separación de adultos
REGLAS DE BEIJING SOBRE EL MENOR DE EDAD-Prevención del delito y tratamiento de ofensores
MENOR DELINCUENTE-Normas específicas
MENOR INFRACTOR-Proceso justo y resocialización/MENOR INFRACTOR-Instrumentos internacionales
MENOR INFRACTOR-Respeto de principios y derechos según instrumentos internacionales
MENOR DE EDAD-Sistema judicial especializado/JUSTICIA DE MENORES-Institucionalización/SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Cargos bajo supuesto extranormativo
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuél José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Gálvis y Clara Inés Várgas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente,
El comentario inicial que merece el primer cargo de la demanda es que éste pretende deducir una equiparación donde -precisamente- se crea una distinción.
Si el propósito del legislador hubiera sido, como denuncia el demandante, el de judicializar por igual a menores y mayores de edad, a la Ley le habría bastado con guardar silencio respecto de cualquier posible distinción de trato. ¿Qué sentido tendría entonces la expresión acusada, si el objetivo del legislador era no establecer ninguna diferencia
Las referencias anotadas son suficientes para comprender la particular preocupación de la comunidad nacional e internacional por atender a la protección de los derechos de los niños y promover su incorporación a la sociedad. La Corte ha dicho a este respecto que "[e]n el Estado social de derecho colombiano constituye un fin esencial adelantar precisas acciones que permitan a los menores de edad alcanzar un desarrollo armónico e integral, en los aspectos de orden biológico, físico, síquico, intelectual, familiar y social. La población infantil es vulnerable y la falta de estructuras sociales, económicas y familiares apropiadas para su crecimiento agravan su indefensión".[1]
"Son considerados como grupo destinatario de una atención especial estatal que se traduce en un tratamiento jurídico proteccionista, respecto de sus derechos y de las garantías previstas para alcanzar su efectividad. Así, logran identificarse como seres reales, autónomos y en proceso de evolución personal, titulares de un interés jurídico superior que irradia todo el ordenamiento jurídico y que, en términos muy generales, consiste en lo siguiente[2]:
'(...) se trata de un principio de naturaleza constitucional que reconoce a los menores con una caracterización jurídica específica fundada en sus derechos prevalentes y en darles un trato equivalente a esa prelación, en cuya virtud se los proteja de manera especial, se los defienda ante abusos y se les garantice el desarrollo normal y sano por los aspectos físico, sicológico, intelectual y moral, no menos que la correcta evolución de su personalidad (Cfr. sentencias T-408 del 14 de septiembre de 1995 y T-514 del 21 de septiembre de 1998).'.
No obstante, debido a su fragilidad e inmadurez física y sicológica, los niños constituyen una población sensiblemente vulnerable a los efectos nocivos de los fenómenos sociales. La circunstancia de no estar preparados para asimilar los avatares de un ambiente social agresivo, hace que en muchos casos los menores se vean puestos en situaciones irregulares[3] que frenan su proceso de integración humana y atentan contra su integridad -física, mental y moral-, así como contra su formación y su patrimonio.
Tal es la filosofía que subyace, al artículo 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 e incorporada a la legislación interna mediante la Ley 12 de 1991[4]. También es la razón de ser del artículo 10 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos cuando asegura que "2. (…) b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento." La norma señala además que "3.(…) Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica."[5]
A lo anterior se suman, también, otros instrumentos internacionales adoptados por la comunidad mundial, como es el caso de las resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas mediante las cuales se promulgaron los parámetros mínimos de regulación para los sistemas de administración de justicia, contenidas en las llamadas "Reglas de Beijing",[6] (Resolución 40/33 del 29 noviembre 1985). En ellas, la Asamblea General recuerda la necesidad de proteger los derechos de los menores y la de implantar dispositivos para la prevención del delito y el tratamiento de los ofensores. En su artículo 2.3, el instrumento reconoce que "En cada jurisdicción nacional se procurará divulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables específicamente a los menores delincuentes, así como a los órganos e instituciones encargados de las funciones de administración de la justicia de menores, conjunto que tendrá por objeto: a) Responder a las diversas necesidades de los menores delincuentes, y al mismo tiempo, proteger sus derechos básicos. b) Satisfacer las necesidades de la sociedad. c) Aplicar cabalmente y con justicia las reglas que se enuncian a continuación."(subrayas fuera del original)
Por ejemplo, el artículo 40 de la Ley 12 de 1991, de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, señala que "[l]os Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyesa ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad".(Subrayas de la Corte)
Por su parte, las "Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad", inspiradas también en las Reglas de Beijing, señalan como su objetivo fundamental el establecimiento de " normas mínimas aceptadas por las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la sociedad", para lo cual "[e]l sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental"." El documento consigna un completo repertorio de principios y pautas -innecesarias de citar en este espacio- que constituyen la reglamentación mínima a que deberían acogerse los Estados en el manejo de la reclusión de los menores infractores.
Lo anterior -claro está-, sin contar con que el artículo 29 de la Constitución Política reconoce el derecho que tiene toda persona a recibir tratamiento judicial con sujeción a las normas del Debido Proceso, lo cual, por supuesto, incluye a los menores de edad.-
Exequible la parte ... (inciso 3 ) Artículo 33 LEY_599_2000_24/07/2000
[1] Sentencia C-1064 de 2000
[2] Sentencia T-556 de 1998.
[3] De acuerdo con el artículo 30 del Código del Menor (Decreto 2737 de 1989), un menor se encuentra en "situación irregular" cuando carece de atención, cuando ha sido autor o copartícipe de una infracción penal, cuando se encuentre en situación de abandono o de peligro, cuando presente deficiencia física, sensorial o mental, cuando sea trabajador en condiciones no autorizadas por la ley, o en general, cuando se encuentre en una situación especial que atente contra sus derechos o su dignidad.
[4] "ARTICULO 40.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
[5] Este Pacto fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966. Aprobada por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
[6] La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada mediante la Ley 12 de 1991, se insipira en las Reglas de Beijing al disponer en su preámbulo lo siguiente: "Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y a la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado"