Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-D-342.CODI.%29
Timestamp: 2019-12-06 20:57:09
Document Index: 162301029

Matched Legal Cases: ['artículo 193', 'artículo 24', 'artículo 193', 'artículo 25', 'artículo 42', 'artículo 193', 'artículo 30', 'artículo 14', 'artículo 193', 'artículo 193', 'Artículo 1', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 30', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 9']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 342, de 15/10/2013
cve: BOCG-10-D-342
010/000008 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página5)
161/002019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al establecimiento de unos requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales ... (Página6)
161/002029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la creación de una Oficina de apoyo a los ciudadanos españoles encarcelados en el extranjero ... (Página7)
161/002015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que dentro de la nueva Ley de Protección Civil se contemple la formación de los voluntarios ... (Página9)
161/002018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del 125 aniversario de la botadura del sumergible de Isaac Peral y Caballero ... (Página10)
161/002032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la eliminación de los desincentivos al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas con el fin de mejorar la competitividad de la economía española ... (Página12)
161/002024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso al Corredor Ferroviario Mediterráneo y Central a su paso por Andalucía y finalización del gran proyecto AVE Antequera-Granada financiado con Fondos Feder ... (Página13)
161/002033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la prolongación de la vida laboral de los cuerpos docentes ... (Página15)
161/002022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la radiación en niños ... (Página17)
161/002023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las Enfermedades Raras ... (Página18)
161/002026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre rechazo de la modificación de la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo ... (Página19)
161/002027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al copago hospitalario ... (Página21)
161/002030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de medidas de apoyo a la comunidad gitana ... (Página22)
161/002031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la exigencia de financiación pública para las obras de la Fase III del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria) ... (Página24)
161/002025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación de un premio nacional de cultura inclusiva ... (Página25)
161/002034 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al preocupante aumento del paro femenino ... (Página25)
161/002021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los pensionistas emigrantes ... (Página26)
161/002016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de auditorías de seguridad vial en la Red de Carreteras del Estado ... (Página28)
161/002017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre turismo accesible ... (Página28)
161/002020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a regular la figura de la Comisión Especial de Servicio para funcionarios con discapacidad ... (Página29)
181/001282 Pregunta formulada por el Diputado don Teófilo de Luis Rodríguez (GP), relativa a opinión del Gobierno sobre la petición de los obispos de Cuba para que aquel Estado deje de ser paternalista para ser participativo ... (Página31)
181/001283 Pregunta formulada por el Diputado don Teófilo de Luis Rodríguez (GP), sobre forma en que sería posible involucrar a las Instancias Europeas en la transformación del Estado cubano, para que condujera a la reconciliación sin exclusión ideológica del pueblo de Cuba ... (Página31)
181/001278 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre cierre del cuartel de la Guardia Civil del Ayuntamiento de Forcarei en la provincia de Pontevedra ... (Página31)
181/001268 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre compromiso del Gobierno para garantizar la ejecución de todas las obras incluidas en el Plan de Carreteras de Canarias 2006-2017 ... (Página32)
181/001269 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre compromiso del Gobierno para el mantenimiento en 2014 y en futuros ejercicios económicos de la bonificación al transporte para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla ... (Página32)
181/001270 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre política del Gobierno en 2014 en lo que respecta a las bonificaciones de las tasas aeroportuarias para favorecer la conectividad aérea, especialmente con Canarias ... (Página32)
181/001271 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre acciones del Gobierno para abrir los aeropuertos canarios a las compañías de terceros países para que puedan realizar tráficos de quinta libertad, al margen de los acuerdos bilaterales ... (Página33)
181/001272 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre previsiones sobre la fecha de constitución del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Canarias ... (Página33)
181/001273 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre previsiones sobre la fecha de presentación del nuevo modelo de gestión de los aeropuertos ... (Página33)
181/001274 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre previsiones sobre la fecha para el traspaso a Canarias de las competencias en materia de helipuertos y aeropuertos regionales ... (Página34)
181/001275 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre previsiones sobre la fecha en que se acometerá la modificación
del Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, que regula la subvención para el transporte de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias ... (Página34)
181/001276 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), sobre fecha en que prevé el Gobierno concretar su apuesta por Canarias como "hub" de transporte de mercancías portuarias y aeroportuarias ... (Página34)
181/001279 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre intención de revisar la interpretación que afecta a la supresión de las ayudas de subsidiación de préstamos para la compra de viviendas protegidas, contemplada en el Real Decreto-ley 20/2012 ... (Página35)
181/001286 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre valoración del Gobierno tras varios meses de aplicación de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que modifica a la anterior ... (Página35)
181/001277 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre opinión de la Ministra de Empleo y Seguridad Social sobre si los datos de aumento de la temporalidad y rebaja salarial de los trabajadores indican un "mejor funcionamiento del mercado de trabajo" ... (Página35)
181/001280 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para hacer cumplir el objetivo del 20% de cuota de energías renovables para el año 2020 ... (Página36)
181/001281 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre fecha prevista para que España informe a la Unión Europea de la transposición de la directiva europea sobre energías renovables ... (Página36)
181/001287 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre criterios específicos que evaluará el Gobierno para determinar si el proyecto Castor sigue adelante ... (Página36)
181/001284 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre opinión del Gobierno sobre si el plan de medios de la campaña institucional "Hay salida" cumplió los objetivos encomendados por la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional a las campañas institucionales ... (Página37)
181/001285 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre valoración que realiza el Gobierno sobre el alarmante aumento del paro femenino, evidenciado en las cifras de paro de septiembre de 2013, así como medidas previstas al respecto ... (Página37)
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
APARICIO PÉREZ, Juan Carlos 26-09-2013
LÓPEZ VILABOA, José Máximo 08-10-2013
LÓPEZ VILABOA, José Máximo PP
Nombre: LÓPEZ VILABOA, José Máximo.
Circunscripción: Burgos.
Fecha: 8 de octubre de 2013.
Número de miembros al 8 de octubre de 2013: 185
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2013.-P.A. El Secretario General Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, José Antonio Moreno Ara.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento unos requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales, para su debate en la Comisión de Justicia.
El ambicioso plan de reformas estructurales que está realizando el Ministerio de Justicia necesita de mecanismos y recursos materiales pero, sobre todo, de personal profesional. Sin embargo, la formación y actividad de este personal se encuentra en ocasiones inadecuadamente regulada. Es el caso de los diferentes colectivos de peritos judiciales.
Entre este personal que desarrolla su actividad profesional en torno a la Administración de Justicia y que demanda nuevas fórmulas para realizar sus actividades en el ámbito judicial se encuentra, por ejemplo, el colectivo de "psicólogos jurídicos".
La "psicología jurídica" se define como un área de trabajo e investigación psicológica especializada, cuyo objeto es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del Derecho, la Ley y la Justicia.
Actualmente, a los psicólogos que realizan su actividad en el marco de la Administración de Justicia no se les exige una formación específica en materia jurídica. Se trata de una situación delicada, si tenemos en cuenta que la labor de los psicólogos forenses es imprescindible en la actuación de jueces y partes implicadas en los procesos judiciales, ya que entre sus funciones se encuentran las siguientes:
a) El asesoramiento sobre el perfil psicológico de los sujetos que son objeto de un proceso, tanto al Juez como a las partes.
b) La realización de peritajes psicológicos que proporcionen al Juez un conocimiento científico para la toma de decisiones.
Aplicando estas funciones a la actividad de los diferentes órdenes jurisdiccionales y de los diferentes Tribunales especializados por razón de la materia que hay en España, y siguiendo las indicaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, se dan las diferencias que se exponen a continuación:
1. En la psicología aplicada a los procedimientos de menores, el psicólogo debe informar sobre la situación del menor y sobre las posibilidades de su reeducación y tratamiento.
2. En la psicología aplicada al Derecho de Familia, los psicólogos deben asesorar al Juez en los procesos de separación y divorcio sobre las medidas a adoptar respecto a los hijos y sobre otras
situaciones, tales como nulidad, matrimonio de menores, etc.; también en los casos sobre acogimientos y adopciones.
3. En la psicología aplicada al Derecho Civil, el psicólogo se centra en el asesoramiento y en el peritaje de diversos constructos jurídicos, como la capacidad civil en la toma de decisiones (contratos, testamentos, tutela, cambio de sexo, esterilización de deficientes, etc.).
4. En la psicología aplicada al orden jurisdiccional social, el psicólogo suele ser requerido para asesorar a los Juzgados en materia de secuelas psicológicas en accidentes laborales o simulación; y en problemas psicofisiológicos, que contempla la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Finalmente, en la psicología aplicada al ámbito Penal, la labor que realizan los psicólogos es la de diagnóstico y evaluación de personas implicadas en procesos penales, que servirá de asesoramiento a los Jueces y Tribunales para determinar las circunstancias que puedan modificar la responsabilidad criminal, daño moral, secuelas psíquicas, etc.
Por otro lado, la "psicología jurídica" no sólo está condicionada por la materia de la que se trata, sino también por la relación de los psicólogos que la ejercen con los Jueces y con las partes, así como por el método con el que abordan cada proceso.
El Handbook of Forensic Psychology constituye el marco de referencia de la "psicología judicial" y establece las principales diferencias entre el psicólogo jurídico y el psicólogo general, centrándose en el tipo de cliente con el que se trabaja, las respuestas que se dan y las relaciones profesionales. Todos estos aspectos exigen una preparación concreta en cuanto a su relación con la Administración de Justicia.
Esta modificación supondría la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia, ya que los psicólogos, al tener una mayor calidad profesional, podrán asesorar de mejor manera a los Magistrados, Jueces y partes involucradas en los procesos. Todo ello redundaría en el principio fundamental de la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 24 de la Constitución Española.
Como sucede en el caso de los psicólogos, que hemos pormenorizado, otros colectivos de peritos judiciales requieren también actuaciones similares para afrontar su situación. El Grupo Parlamentario Popular apoya que el Gobierno tome medidas en este sentido. Y al igual que este Grupo, también el Defensor del Pueblo, los Jueces de Familia, profesores universitarios y otros tantos sectores que conocen de primera mano la labor que realizan estos profesionales.
Para controlar que esos requisitos se cumplen, el Ministerio de Justicia, habrá de considerar la creación de un registro en el que aparezcan reflejados los profesionales que superen los requisitos de capacidad y profesionalidad por el Ministerio fijados, de manera similar a lo que el Reglamento de Mediación prevé para los mediadores.
- Establecer unos requisitos mínimos de conocimientos y profesionalidad de los psicólogos y psiquiatras forenses, así como de otros colectivos de peritos judiciales, con especial referencia al ámbito jurídico, en la medida que realicen su actividad ante la Administración de Justicia.
- Asimismo, a considerar la creación de un registro a nivel nacional en el que se incluyan los profesionales de los diferentes ámbitos que cumplan tales requisitos mínimos, dependiente del Ministerio de Justicia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002029
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición
no de Ley para la creación de una Oficina de apoyo a los ciudadanos españoles encarcelados en el extranjero para su debate en la Comisión de Justicia.
Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, en diciembre de 2012 había 2.454 españoles cumpliendo condena en prisiones en el extranjero. Más de la mitad estaban encarcelados en prisiones de distintos países de América Latina, un 33% en países de Europa; un 8% en África y el 4% restante en Norteamérica y Asia. Muchos de estos reos sufren graves privaciones, hacinamiento, enfermedades, extorsiones y violencia. Algunos de ellos sufren enfermedades terminales, en gran parte por falta de fármacos y atención médica.
El trámite administrativo para conseguir el acuerdo diplomático de traslado de un preso a cárceles españolas suele tardar entre un año y dos años a partir de la solicitud. Incluso después de que los dos Estados hayan dado su visto bueno, puede pasar un año más hasta que el preso es repatriado a España. Solo en casos excepcionales el Ministerio de Asuntos Exteriores consiguió traer a España a algún preso específico, sufriendo los demás un agravio comparativo.
La Constitución Española establece en su artículo 25, apartado 2, que "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad".
Si bien es cierto que nuestra Constitución y las leyes no pueden aplicarse allende las fronteras, por coherencia el Estado está llamado a defender estos principios y objetivos, cualquiera fuere el lugar donde los ciudadanos españoles se encuentren. Además, por el artículo 42 de nuestra Carta Magna el Estado está obligado a proteger a los españoles residentes en el extranjero y a facilitar su retorno.
Algunos de estos presos pasan meses y meses sin ser juzgados, se enfrentan a continuos aplazamientos y dilaciones de los procesos judiciales que obliga a los presos y familiares a acudir en numerosas ocasiones a los Juzgados para ver cómo, sin ningún tipo de consideración ni motivación, aplazan y aplazan, pasan meses y meses incluso años hasta que los presos consiguen una sentencia firme. Hay sentencias que son el resultado de procesos plagados de irregularidades como no contar con la asistencia de traductor, la falta de prueba, detenciones y diligencias en las que obligan a los presos a firmar documentos sin conocer su contenido, sin información, con un abuso de la prisión preventiva.
Nadie merece vivir en estas condiciones. Toda persona tiene derecho a unas condiciones dignas, a un juicio justo o no estar sometidos a torturas, penas ni tratados crueles y degradantes, a la seguridad de su persona, a la presunción de inocencia y a un juicio en el que se garantice su defensa.
1. Crear una Oficina de Apoyo a los Ciudadanos y Ciudadanas Españoles encarcelados en el extranjero, encargada del seguimiento de las condiciones de encarcelamiento de cada uno de los presos, y de velar por su mejora en materia alimenticia, médica, penitenciaria, jurídica y social.
2. Elaborar y aplicar un Protocolo de información a los españoles encarcelados en el extranjero y a sus familiares.
3. Elaborar una Carta de Derechos Fundamentales de los españoles encarcelados en el extranjero.
4. Abreviar los trámites diplomáticos orientados a la repatriación de los presos españoles para el cumplimiento de sus penas en establecimientos penitenciarios en España, sin otra prelación que la cronológica de la solicitud de repatriación y, en su caso, del estado de salud del penado.
5. Intensificar la acción diplomática con otros Estados, orientada a la firma de Convenios bilaterales de repatriación de presos para el cumplimiento de las penas en los respectivos países de origen.
6. Asegurar una dotación presupuestaria suficiente para el cumplimiento de los objetivos anteriormente señalados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que dentro de la nueva Ley de Protección Civil se contemple la formación de los voluntarios, para su debate en la Comisión de Interior.
El pasado 11 de septiembre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular a través de la cual se instó al Gobierno a remitir a las Cortes un nuevo Proyecto de Ley sobre Protección Civil, que dé respuesta a la nueva realidad de nuestro país.
En este sentido, la actual ley de 1985 resulta obsoleta en diversos aspectos. Por un lado, la totalidad de las Comunidades Autónomas han asumido y desarrollado sus propias competencias en materia de protección civil. Por otro, la Administración General del Estado, además de desarrollar sus propias competencias, mediante los correspondientes planes estatales de protección civil y la labor de coordinación de la Comisión Nacional de Protección Civil, ha puesto en funcionamiento importantes instrumentos para la atención y coordinación de emergencias, como la organización de la Unidad Militar de Emergencias. A todo ello, se añade la puesta en marcha de una nueva iniciativa comunitaria en este ámbito: el Mecanismo de Cooperación en Protección Civil de la Unión Europea.
Es necesario recordar, además, que la protección civil tiene una doble faceta: por una parte se fundamenta en la responsabilidad de las Administraciones Públicas; y por otra, en la participación de la población.
Así, el artículo 30.4 de la Constitución indica que deben de regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, mediante Ley.
La regulación de las actuaciones de los ciudadanos que se agrupan libre y desinteresadamente para apoyar en sus funciones a los organismos y entidades públicas viene dada por la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.
La Ley 2/85, de 21 de enero, sobre Protección Civil establece en su artículo 14 e) que corresponde a las Administraciones Públicas "la promoción y el apoyo de la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a la protección civil, a través de organizaciones dedicadas especialmente a la prevención de situaciones de emergencia que puedan afectar en el hogar familiar, edificios de uso residencial y privado, manzanas, barrios y distritos urbanos, así como el control de dichas situaciones, con carácter previo a la actuación de los Servicios de Protección Civil o en colaboración con los mismos".
La futura Ley, al igual que la vigente de 1985, tendrá que crear un marco regulador para los voluntarios como pieza esencial en la Protección Civil, entendiendo por voluntarios el conjunto de personas dedicadas a actividades de interés general que tienen un carácter solidario y altruista y que son el resultado de una decisión libremente adoptada y no consecuencia de un deber jurídico o una obligación personal.
Dentro de este marco normativo, la formación de estos voluntarios es uno de los elementos fundamentales para paliar los efectos de las posibles catástrofes y emergencias. Esta formación debe tener unas bases comunes en todo el territorio nacional, de tal forma que la colaboración entre las diferentes organizaciones de voluntarios pueda realizarse en cualquier Comunidad Autónoma que sufra la
catástrofe o necesite de ayuda de voluntarios, independientemente de la Comunidad a la que se pertenezca.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, a que dentro de la nueva Ley de Protección Civil anunciada por el Gobierno contemple la formación de los voluntarios."
161/002018
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la conmemoración del 125 aniversario de la botadura del sumergible de Isaac Peral y Caballero, para su debate en la Comisión de Defensa.
Isaac Peral es uno de los nombres más sobresalientes de la historia científica y naval española.
Nacido el 1 de junio de 1851 en Cartagena, fue científico, marino y militar, siendo conocido por la invención del torpedero submarino o "submarino de Peral".
Ingresó en 1865 en el Colegio Naval Militar de San Fernando, siguiendo la tradición familiar. Durante su estancia en el Colegio Naval destacó en álgebra, geometría, trigonometría, cosmografía, navegación, física y artillería con notas finales de sobresaliente por unanimidad del tribunal.
Su vida militar comenzó en 1866 cuando fue nombrado guardiamarina de segunda clase y, al año siguiente, embarcó en la corbeta "Villa de Bilbao", con la que realizó varios viajes y evoluciones. En noviembre de 1867 inició su primer viaje de ultramares en la urca "Santa María" con destino a Filipinas en un largo viaje de seis meses y medio por la ruta del Cabo de Buena Esperanza.
Fue ascendido a guardiamarina de primera en enero de 1870, y embarcó en la fragata acorazada Numancia con el fin de traer a España al recién elegido Rey de España, Amadeo de Saboya, formando parte de su guardia de honor.
Más tarde consiguió el grado de Oficial de la Armada con las mejores notas. Asimismo le fue otorgada la Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo de primera clase por sus acciones en la defensa de la población y puerto de Nuevitas (Cuba) en la etapa previa a la guerra con los Estados Unidos. Allí cayó enfermo y se le dieron unos meses de vida, por lo que fue trasladado a Cádiz donde recuperó su salud.
Posteriormente, sirvió embarcado en la fragata "Blanca" y en la "Numancia", en ambos casos como instructor de guardiamarinas. Su labor profesional fue recompensada en la Real Orden de 31 de julio de 1876, en la que se agradece y valora especialmente su celo en la instrucción de guardiamarinas.
Accedió a la Academia de Ampliación de Estudios de la Armada y Observatorio de Marina de San Fernando, donde estudió Álgebra superior, Analítica y Descriptiva, Química, Dibujo Topográfico, Cálculo Infinitesimal, Física Experimental, Dibujo Lineal, entre otras materias.
Presentó al director de la Academia y del Observatorio Astronómico un tratado redactado estando enfermo en Cuba, el Tratado teórico-práctico sobre los huracanes, que impresionó tanto al Capitán de Navío director de la Academia que recomendó su publicación y la concesión de una Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Isaac Peral solicitó el retraso de su publicación para revisarlo y completarlo, algo que no llegó a realizar nunca.
Ascendió a Teniente de Navío el 21 de julio de 1880, y ante el cambio obligatorio de destino, solicitó ser enviado a Filipinas. Capitaneó el cañonero "Caviteño", debiendo ser repatriado al año y medio por enfermedad.
A su vuelta a España fue nombrado profesor en la Academia de Ampliación, incorporándose en 1883 como profesor de física, química y alemán. Escribió tratados de álgebra y elementos de geometría, declarados textos para el examen de ingreso en la Escuela Naval por las Reales Órdenes de 1 de marzo de 1886 y 30 de mayo de 1890.
Pero lo que realmente hizo famoso a Isaac Peral fue lo que él denominó "torpedo submarino", un torpedo tripulado.
La idea de Isaac Peral, cuyos primeros bosquejos datan de 1884, era la de un torpedo semejante al diseñado por Robert Whitehead, con la diferencia de que este tendría cámara para sumergirse a voluntad a la profundidad deseada y capacidad para expeler ese agua por medio de aire comprimido a fin de flotar en superficie. Asimismo, sería tripulado por dos hombres que manejarían todos los mecanismos y funcionaría gracias a acumuladores eléctricos, motivo por el cual se había interesado y estudiado la electricidad.
El proyecto original era el de un buque de 18,81 metros de eslora, 2,52 de manga y un desplazamiento de 60,94 toneladas que sería impulsado por un motor eléctrico de 40 CV, alimentado por una batería de 430 acumuladores y tripulado por seis hombres. Finalmente se construyó un submarino de 22 metros de eslora, 2,87 de manga desplazando 77 toneladas en superficie y 85 en inmersión y propulsado por dos motores de 30 CV alimentados por 613 acumuladores y tripulado por 12 hombres.
La falta de conocimientos necesarios de quienes juzgaron las pruebas oficiales de viabilidad del sumergible, la novedad de las técnicas empleadas en su diseño y construcción, así como de la propia idea, falta de flexibilidad y de disponibilidad para aceptar los cambios en el ámbito operativo naval, aferramiento al pasado, envidias y algunos otros intereses llevaron a la Administración española a desestimar el invento.
Lamentablemente, se inició una campaña de desprestigio de Isaac Peral, que le llevó a solicitar la baja de la Armada el 5 de noviembre de 1891, aquejado ya de un cáncer.
Dedicado a la vida civil, fundó varias empresas dedicadas a materiales eléctricos, muriendo en Berlín el 4 de mayo de 1895.
Isaac Peral, registró en España un total de siete patentes mostrando, dadas las condiciones adversas con las que se encontró, su carácter de genio. A las tres referidas al acumulador eléctrico de su nave les siguen un varadero para embarcaciones, un proyector de luz y dos correspondientes al ascensor eléctrico.
Isaac Peral fue un visionario adelantado a su tiempo y sus inventos, desarrollados posteriormente, forman parte de nuestra vida cotidiana y le sitúan como uno de los grandes hombres de la investigación científica y tecnológica en España. Su espíritu de lucha y su tenacidad merecen nuestro mayor interés y el mayor respeto por su persona.
1. Colaborar en la difusión nacional de la figura y el legado de Isaac Peral y Caballero.
2. Organizar una exposición sobre el ilustre marino e inventor.
3. Promover la emisión de un sello conmemorativo del 125 aniversario de la botadura del sumergible de Isaac Peral.
4. Realizar todo ello sin que haya aumento de gasto de ningún tipo para las instituciones del Estado involucradas."
161/002032
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la eliminación de los desincentivos al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas con el fin de mejorar la competitividad de la economía española, para su debate en Comisión de Economía y Competitividad.
La protección a la pequeña y mediana empresa es una necesidad para la economía española y un objetivo programático para todos los partidos representados en este Congreso, asumido por el Gobierno de la nación.
La pequeña y mediana empresa necesita, por un lado, de un entorno económico favorable (especialmente en lo que se refiere al acceso al crédito) y, por otro, de un marco regulatorio que, atendiendo a su especificidad, la apoye o al menos no la entorpezca. Aunque en el momento actual puede ser más importante lo primero, no es tampoco despreciable la importancia del marco regulatorio, asunto sobre el que versa la presente proposición.
Son muy numerosas las medidas que se han ido aprobando en las últimas décadas en apoyo de las PYMEs. Pese a ello, el marco regulatorio sigue adoleciendo de algunos defectos importantes, entre los cuales destaca la ruptura de la unidad de mercado por normativas autonómicas que, aun siendo de carácter general, perjudican especialmente a las PYMEs por sus menores recursos jurídicos y gerenciales.
Sin embargo, no se suele prestar demasiada atención a otro importante defecto del marco regulatorio de las PYMEs, como es el hecho de estar diseñado en términos que, en mucha ocasiones, suponen un fuerte desincentivo al crecimiento empresarial. En este sentido, un gran número de normas de naturaleza fiscal, mercantil o laboral, establecen ventajas de diverso tipo para las PYMEs, que se dejan de disfrutar, de manera abrupta, tan pronto la empresa supera un determinado umbral cuantitativo (normalmente en materia de ingresos o de personal).
El impacto práctico de este tipo de normas, y los efectos perversos que pueden provocar, no pueden analizarse sin tener en cuenta la singularidad del tejido empresarial español, que se caracteriza por un gran número de pequeñas empresas, con un peso relativo en la economía del país mayor al de la media europea, que trabajan además, lamentablemente, en un entorno con amplios espacios de economía sumergida, especialmente en ciertos sectores.
Como ejemplo, según los datos de Eurostat, en España hay 125 empresas de menos de cincuenta empleados por cada una de más de cincuenta, frente a un ratio medio de la Unión Europea de 81; o bien, hay 855 empresas de menos de 250 empleados por cada una de más de 250, frente a un ratio medio europeo de 512.
Las debilidades consustanciales a la PYME son de sobra conocidas; carecen de recursos para afrontar retos como el de la internacionalización o el de la inversión en I+D, que pueden resultar cruciales para su supervivencia, en un mercado donde compiten frente a empresas de mayor tamaño. Por ello, el objetivo no debe de ser que la PYME sobreviva en el estancamiento, sino conseguir que crezcan. Y, en este sentido, parece claro que una profusión de normativas generadoras de un "efecto salto" desfavorable opera en el sentido contrario, desincentivando el crecimiento. Eso además del importante efecto colateral de incentivar la no declaración total o parcial de bases imponibles, o la no afloración del empleo sumergido.
En definitiva, en opinión de Unión Progreso y Democracia deben de someterse a revisión todas aquellas medidas que otorgan a la pequeña y mediana empresa ventajas fiscales, o permiten una cierta desregulación en materia laboral, o mercantil, desarrolladas en términos que generan un desincentivo al crecimiento, para corregirlo.
Obviamente, no se trata de eliminar el régimen de discriminación positiva de estas entidades, ni de empeorar sus actuales condiciones, sino de diseñar mejor la regulación de detalle donde sea posible. Ello
puede realizarse, a título de ejemplo, por vías como las siguientes (algunas de ellas ya utilizadas, aunque escasamente, en nuestro ordenamiento):
- Parametrizar los incentivos fiscales en forma de escalas progresivas aplicables a la generalidad de las empresas (no solo PYMEs). Así por ejemplo, en los tipos impositivos del Impuesto sobre Sociedades.
- Establecer periodos de carencia plurianuales en los que la empresa que supera el umbral de cambio regulatorio pueda seguir disfrutando de las ventajas anteriores, o bien establecer umbrales cuantitativos en términos de media de varios ejercicios.
- Donde exista una desregulación a favor de la PYME, reconsiderar la regulación general para hacerla más favorable al conjunto de las empresas, o buscar una regulación suficiente intermedia.
- Establecer incentivos económicos a modo de premios al crecimiento.
Por su carácter multidisciplinar, el objetivo planteado en esta Proposición no de Ley requiere un estudio que involucraría a una diversidad de ámbitos administrativos, lo cual solo es posible promover bajo una decidida voluntad desde instancias gubernamentales, sin perjuicio de que pueda ser aconsejable, por razones de oportunidad, plasmar tal objetivo en una o varias iniciativas legislativas.
- Elaborar durante el año 2014 un estudio que involucre a los distintos departamentos ministeriales afectados, consistente en la revisión del marco regulatorio de discriminación positiva de la pequeña y mediana empresa, con especial atención a los incentivos fiscales y a la desregulación mercantil y laboral, orientada a eliminar aquellos términos concretos que puedan suponer desincentivos al crecimiento, sin que tal revisión implique nunca empeorar las condiciones ahora disfrutadas por las PYMEs.
- Presentar, antes del final de la presente Legislatura, un Proyecto de Ley que recoja las conclusiones del anterior análisis y modifique el marco regulatorio de la PYME, para no desincentivar su crecimiento.
- En el supuesto de que una reforma fiscal de alcance general fuera aprobada con carácter previo al desarrollo normativo de los principios arriba expuestos, incorporarlos también en dicha reforma."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002024
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley, sobre el impulso al Corredor Ferroviario Mediterráneo y Central a su paso por Andalucía y finalización del gran proyecto Ave Antequera-Granada financiado con Fondos FEDER para su debate en la Comisión de Fomento.
El futuro del transporte va a pasar sin ninguna duda por la potenciación del transporte por ferrocarril, tanto de viajeros como de mercancías, con una visión intermodal y en colaboración estrecha con el transporte por carretera, con conexiones cómodas con áreas logísticas en los puertos, aeropuertos y nudos logísticos. Así lo está planificando la Unión Europea y es por eso que ha desarrollado un minucioso y riguroso trabajo de planificación de las redes transeuropeas de transporte que aseguren en el horizonte del 2030 una red básica potente con continuidad en todos los países miembros.
España ha realizado un esfuerzo muy potente para colocarse en situación preferente en cuanto al transporte de alta velocidad ferroviaria de viajeros y tiene una camino por recorrer para ultimar la red que dé servicio a todos los territorios y Comunidades Autónomas, con un horizonte asumible de que la red pueda estar completada en el entorno del 2024, fecha de referencia final del PITVI o del 2030 de las redes transeuropeas.
Menor desarrollo ha tenido la construcción y adaptación de las redes ferroviarias para mercancías que se encuentran con problemas graves en cuanto a compatibilidad del ancho internacional UIC y el ancho ibérico, altas pendientes de numerosos tramos que impedirán la puesta en circulación de trenes de hasta 750 metros de longitud y gran tonelaje, adaptación de estaciones y longitud de los andenes, preparación de áreas logísticas modernas y accesibles, etcétera.
La Comisión y el Parlamento Europeo han aprobado el documento de redes transeuropeas y ha fijado una red en la que la Unión se compromete a cofinanciar las obras y ha dejado otro conjunto de tramos y recorridos que dejan en manos de que sean modernizados o construidos por cada país miembro con sus propios presupuestos.
Una de las redes que la UE ha señalado como prioritaria es la llamada Corredor Ferroviario Mediterráneo a lo largo de todo el litoral desde la frontera francesa, que a partir de Almería recorre Andalucía por el interior pasando por Granada, Antequera, Sevilla, Cádiz y Huelva. Este Corredor Mediterráneo tiene su centro logístico en Bobadilla/Santa Ana/Antequera donde conecta con el Corredor llamado Central que proveniente de Algeciras se dirige a Córdoba, Jaén, Madrid, Zaragoza y Tarragona para continuar por el litoral. Este doble recorrido es fundamental para potenciar y vertebrar todo el territorio de la Comunidad.
Potenciar y desarrollar estos Corredores en la tipología adoptada en su momento por el PEIT, obliga a priorizar, a terminar los proyectos muy avanzados para que se incorporen a la red y sean útiles, a terminar los estudios ya avanzados e iniciar la viabilidad de los que se han enumerado en la planificación estratégica pero no tienen aún respaldo técnico.
Finalmente parece oportuno incluir en esta iniciativa parlamentaria de carácter global para toda Andalucía, la necesidad de clarificar la solución del trazado entre Antequera y Granada, que tiene una cofinanciación de fondos FEDER de 600 M? y que el parón que el actual Gobierno le ha dado a los últimos tramos ha puesto en riesgo cierto la terminación de las obras en el plazo exigido por el Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013, con lo que ello entraña de pérdida de fondos económicos y derroche de los ya utilizados si no se les va a dar el uso previsto.
"Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Gobierno de España incluya a los tramos andaluces del Corredor Ferroviario Mediterráneo y Central, del trazado aprobado por la Comisión y Parlamento Europeo, en la petición de cofinanciación dentro de los fondos para redes transeuropeas de transporte para asegurar su finalización antes del 2030 y que para ello, los PGE de 2014 y la inversión plurianual que se incluya, aseguren los fondos necesarios para impulsar la finalización de esta red ferroviaria de Andalucía y su conexión con todos los puertos andaluces de interés general del Estado. Especial trascendencia y atención debe tener la conexión ferroviaria con el Gran Puerto de Algeciras, elemento geoestratégico de primer nivel mundial y de interés prioritario no solo para Andalucía sino para toda España, por la trascendencia logística de este puerto y su rango entre los primeros puertos europeos.
2. Que el Gobierno de España asegure en primer lugar la finalización de los proyectos ferroviarios ya en obra avanzada para asegurar la incorporación de nuevos territorios a la red de alta velocidad de viajeros y mercancías, fijando una programación rigurosa y fechas de finalización para cada tramo, que afecta a las ocho provincias andaluzas: Algeciras-Antequera, Cádiz-Sevilla, Huelva-Sevilla, Sevilla-Antequera, Antequera-Granada, Córdoba-Jaén y Almería-Murcia.
3. Que el Gobierno de España finalice la tramitación administrativa del proyecto de alta velocidad y tráfico mixto Granada-Almería, cuyo Estudio Informativo está finalizado, así como la exposición pública y las alegaciones de la ciudadanía, estando detenido sin ninguna explicación en la fase de Declaración de Impacto Ambiental. Proyecto fundamental para dar continuidad y asegurar la viabilidad del Corredor Ferroviario Mediterráneo de Viajeros y Mercancías aprobado dentro de las Redes transeuropeas de transporte, a su paso por Andalucía.
4. Que el Gobierno de España de manera inmediata encargue los proyectos de viabilidad del trazado por el litoral del Corredor Ferroviario Mediterráneo Almería-Motril-Málaga-Algeciras, de la conexión de Granada con Motril y Jaén, así como el trazado alternativo de conexión ferroviaria con el Levante desde Guadix a Baza y Pulpí, que señalados en el PITVI, en acuerdos parlamentarios en el Congreso o en el Senado o en la planificación estratégica de la Junta de Andalucía, no tienen aún ningún estudio técnico de viabilidad conocido.
5. Que el Ministerio de Fomento y ADIF cumplan los compromisos adquiridos ante la ciudadanía andaluza en el Marco Comunitario de Apoyo 2007-2013 por el que se desarrollaría una línea de alta velocidad entre Antequera y Granada, con ancho UIC, electrificado, doble vía y sistemas de seguridad de última generación, para el que la Unión Europea asignó una cofinanciación de 600 M?, en los plazos previstos en la normativa europea, esto es, con la planificación aprobada a 31 diciembre de 2013, la obra ejecutada en su totalidad a 31 diciembre de 2015 y puesto totalmente en servicio en marzo de 2017, evitando la pérdida o la exigencia de devolución de los fondos recibidos.
6. Que el Ministerio de Fomento y ADIF contraten de manera inmediata los proyectos constructivos ya finalizados de la Variante y estación de Loja y cumplan asimismo el Protocolo firmado en marzo de 2008 con el Ayuntamiento de Granada y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía por el que la llegada del AVE a la ciudad de Granada se tiene que hacer soterrado por la barriada de la Chana a una nueva estación en Andaluces que asegurara la intermodalidad y la mejor prestación de servicio a una ciudad metropolitana de más de 500.000 habitantes, en la que la enorme importancia de sus rasgos patrimoniales y la especialización turística exigen soluciones arquitectónicas de primer nivel."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2013.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002033
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prolongación de la vida laboral de los cuerpos docentes, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El 12 de marzo de 2011, el BOE publicó la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 61, páginas 27743 y siguientes).
Entre las disposiciones adicionales que dicha Ley contiene, la segunda de ellas dice lo siguiente:
"Disposición adicional segunda. Prolongación voluntaria del servicio activo de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios y profesores de investigación del CSIC una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa.
1. El Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas y del Consejo de Universidades, promoverá la puesta en marcha, en el curso de los próximos seis meses, de mecanismos que faciliten la prolongación del servicio activo, por un periodo máximo de cinco años adicionales, de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios y profesores de investigación del CSIC en los que concurran méritos excepcionales.
2. La permanencia en el servicio activo de los profesores e investigadores que voluntariamente lo soliciten conllevará a asumir obligaciones como profesor universitario o profesor de investigación. A tales efectos, el alargamiento del servicio activo estará sometido a informe anual según fijen las normas de
aplicación, pudiendo tanto el interesado como lo Universidad, la Comunidad Autónoma o el CSIC renunciar a su renovación.
3. Lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de los mecanismos ya establecidos para la designación de los profesores eméritos que, en consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en su normativa reguladora, podrán seguir participando en toda la docencia universitaria."
Teniendo en cuenta que la Ley 4/2011 fue publicada en el BOE del 12 de marzo de 2011, el periodo de seis meses que en ella se establece para que se creen los mecanismos que faciliten la prolongación del servicio activo de los cuerpos docentes expiró el día 13 de septiembre de 2011.
Si bien es cierto que el adelanto electoral del anterior ejecutivo ha podido retrasar el cumplimiento de este mandato, a día de hoy el Gobierno se ha mostrado reticente a hacerlo.
El Ministerio de Educación preparó y dio a conocer a la Mesa de Negociación Sectorial de Universidades un Proyecto de Real Decreto por el que se regulaba la mencionada prolongación voluntaria de la permanencia en el servicio activo de los profesores de Universidad funcionarios, una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa.
En el citado Proyecto, se establecía el mecanismo reglamentario para realizar la solicitud, así como los requisitos que debían cumplir los profesores solicitantes para poder acogerse a la prolongación en la permanencia en el servicio activo por un periodo máximo adicional de cinco años. Esto es, hasta los setenta y cinco años de edad. Dentro de estos requisitos se señalaba textualmente "... siempre que concurran en él (candidato) méritos excepcionales". Y se definía lo que se entendía por méritos excepcionales, para lo que se señalaba textualmente lo siguiente:
"Artículo 1. Cuerpos docentes universitarios.
3. ... los méritos serán considerados excepcionales cuando se acredite un total de nueve periodos entre los de actividad docente reconocida y los de actividad investigadora, de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobe retribuciones del profesorado universitario, o méritos equivalentes.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de otros requisitos que cada universidad considere oportuno establecer."
Además de lo anterior, el proyecto de R. D. establecía, en una disposición transitoria única, lo siguiente textualmente:
"Disposición transitoria única. Aplicación de este real decreto al personal que haya alcanzado la edad máxima de jubilación después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo."
A día de hoy, sin embargo, este proyecto sigue sin ser aprobado, y por tanto, esta Disposición Adicional no se ha desarrollado, no por falta de acuerdo con el cuerpo docente sino por falta de interés desde el Gobierno en hacerlo.
De hecho, la realidad es que desde diversos sectores de la docencia universitaria se ha venido promoviendo el desarrollo de esta disposición contando, a día de hoy, con más de 200 firmas de docentes de más de 10 universidades españolas (Universidad Complutense de Madrid, Universidad Pública de Navarra o la Universidad de Oviedo entre otras). Sin embargo sus peticiones han sido denegadas de manera continuada.
Este rechazo no es comprensible. En primer lugar porque se trata del mandato de una Ley aprobada por el Congreso de los Diputados. En segundo lugar, la experiencia y los conocimientos que estos docentes pueden aportar a su alumnado son, sin duda alguna, importantes y de un alto valor añadido, pudiendo mejorar la calidad de nuestra enseñanza universitaria. Por último, la inoperancia del Gobierno en esta materia choca de manera frontal con sus propuestas en el seno del Pacto de Toledo, donde se está promoviendo el retraso de la edad de jubilación.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dicte, en los próximos tres meses, el Reglamento correspondiente a la Disposición adicional segunda punto 1 de la Ley Orgánica 4/2011 de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, estableciendo los mecanismos para que los Profesores Funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios que lo soliciten puedan acogerse, una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa, a la prolongación en la permanencia en el servicio activo por un periodo máximo, adicional, de cinco años."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre del 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
161/002022
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la radiación en niños, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La práctica de TCs ha aumentado sustancialmente desde la década de 1980. Aunque se sabe que grandes dosis de radiación ionizante pueden producir cáncer, existe incertidumbre sobre los riesgos con las dosis más bajas de tomografía computarizada.
1. Dos recientes publicaciones:
a) The Lancet 2012, Volumen 380, número 9840: "La exposición a radiación de la TC en la infancia y el posterior riesgo de leucemia y tumores cerebrales: Estudio retrospectivo de cohorte".
La acumulación en niños, sujetos a la práctica de TCs, de dosis de 50 mGy de radiación podría casi triplicar el riesgo de leucemia y dosis de aproximadamente 60 mGy pueden triplicar el riesgo de cáncer de cerebro.
Debido a que estos cánceres son relativamente raros, el riesgo absoluto acumulado es bajo: en los 10 años después de la primera exploración de los pacientes menores de 10 años, uno de los casos el exceso de leucemia y un caso más de tumor cerebral por cada 10.000 cabezas escaneos CT.
b) BMJ 2013; 346: f2360. "El riesgo de cáncer en 680.000 personas expuestas a la tomografía computarizada analiza en la infancia o en la adolescencia: Estudio de la vinculación de datos de 11 millones de dólares australianos".
Entre 680.000 australianos, entre cero y 19 años, expuestos a una tomografía computarizada la incidencia de cáncer se incrementó en un 24% en comparación con la incidencia en más de 10 millones de personas no expuestas.
Las tasas de incidencia se aumentaron entre los tipos más distintos de cáncer sólido y de leucemias, mielodisplasias, y otros cánceres linfoides.
Los autores de ambos trabajos de investigación recomiendan ILEGIBLE exploraciones con TCs se limiten a situaciones en las que hay una clara indicación clínica, intentando las dosis más bajas posibles de radiación y recurriendo a procedimientos alternativos, que no impliquen radiaciones ionizantes.
2. En nuestro país la gerencia de área del Norte de Almería puso en marcha el año 2011 el uso de una tarjeta de registro y cuantificación de las radiaciones recibidas por la población infantil que se sometía a exploraciones radiológicas. Experiencia que más tarde adoptaron otras gerencias de área.
3. Estos datos avalan la realización de actividades de promoción de la salud dirigidas a prevenir los efectos secundarios de las pruebas complementarias radiológicas en la infancia.
Estas actividades serán campañas informativas dirigidas a familias y profesionales, de los ámbitos de primaria y especializada. Incluidas en estas campañas pueden introducirse actividades para la promoción de buenas prácticas en unidades de radiología y pediatría.
1. Diseñar e implantar actividades de promoción de la salud para evitar riesgos en las exploraciones radiológicas.
2. Como actividad concreta de prevención y sensibilización crear una tarjeta radiológica para registrar y cuantificar la exposición a radiaciones de los niños y adolescentes usuarios de los servicios de radiología de todo el sistema nacional de salud.
3. Dotar en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 la cantidad necesaria para implementar esta medida en todo el territorio nacional."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2013.-Guillem García Gasulla, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002023
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las Enfermedades Raras, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La definición de la Unión Europea es la propuesta por la Comisión Europea de Salud Pública, que establece como rara a aquellas enfermedades, incluidas las de origen genético, que son crónicamente debilitantes o potencialmente mortales y las cuales tienen tan poca prevalencia que se necesitan esfuerzos especiales combinados para combatirlas.
Para ello, toma como prevalencia la de 5 de 10.000, la misma que usó el "Programa de acción comunitaria sobre las enfermedades poco comunes" (1999-2003), aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo.
La mayor parte de las ER son genéticas, y por ende, crónicas. Otras son el resultado de infecciones y alergias, o debido a causas degenerativas y proliferantes. Algunas surgen por efectos de la exposición ambiental durante el embarazo, o después de nacer, frecuentemente en combinación con susceptibilidades genéticas.
Los síntomas de algunas de estas ER pueden aparecer al momento de nacer, mientras que otras aparecen una vez alcanzada la edad adulta.
En total, se estima que en España existen más de 3 millones de personas con ER.
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), en nombre de las familias con ER se presentó el reciente 19 de junio ante Mesa y Portavoces de la Comisión de Sanidad entregándonos y explicándonos su documento 13 propuestas para 2013.
En este año dedicado a las enfermedades raras solicitan que el Gobierno español exprese su compromiso, solidaridad y responsabilidad a través de la publicación del Plan de Trabajo basado en sus 13 propuestas.
1. Elaborar a través de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Empleo y Educación, en el ámbito de sus competencias, en este año 2013, un Plan de Trabajo con acciones, calendario, responsables y presupuesto, ILEGIBLE prioridades contenidas en el documento 13 propuestas para 2013.
2. De manera prioritaria, dadas las dificultades económicas de las familias con enfermedades raras, articular medidas para:
a) Que se exima del copago a las familias con ER.
b) Que se impulsen medidas concretas para asegurar el acceso en equidad a medicamentos de uso vital para las familias con ER (Medicamentos huérfanos, medicamentos coadyuvantes, productos sanitarios y cosméticos):
i) Establecer una partida específica en los presupuestos generales del Estado para los Medicamentos Huérfanos (MHU) de manera que se garantice el acceso equitativo a estos tratamientos en las distintas CC.AA.
ii) Establecer que la medicación coadyuvante en ER tenga, a efectos de financiación, la consideración de medicación crónica, para estos enfermos. En caso de fármacos no financiados por el Sistema Nacional de Salud, serán reembolsados en condiciones similares a la de los medicamentos para uso de enfermos crónicos (es decir, productos con cícero o punto negro).
iii) Establecer que la nutrición enteral, parenteral, apósitos, vendas, etc., y elementos de ortoprótesis sean gratuitos para estos pacientes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2013.-Guillem García Casulla, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002026
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre rechazo de modificación de la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Hace casi tres años que el Congreso de los Diputados aprobó, con un amplio consenso, la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
En este tiempo transcurrido hemos de destacar el amplio cumplimiento de la norma, así como el elevado apoyo ciudadano que incluso ha crecido en este último año.
Estas son, entre otras muchas, las conclusiones que recoge el último Informe remitido por el Gobierno a esta Cámara en cumplimiento de lo establecido en la Disposición adicional undécima de la propia Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo.
Efectivamente, son muchos los beneficios en salud pública que aporta esta Ley, principalmente el descenso en el número de personas fumadoras. Según la Encuesta Nacional de Salud, la prevalencia de fumadores ha pasado del 26,2% en el año 2006 al 23,95% en el 2012. Lo cual supone, según datos recientes del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que 950.000 adultos hayan dejado de
fumar definitivamente o que muchos jóvenes no se hayan incorporado al consumo del tabaco. Sin duda, son datos positivos aunque en nuestra opinión aún insuficientes.
Igualmente, los resultados disponibles muestran que después de la entrada en vigor de la Ley, en enero de 2011, la exposición al HAT en locales de hostelería se ha reducido drásticamente (las concentraciones de nicotina y de PM 2,5 disminuyeron en más del 90%). Antes de 2011 los niveles de contaminación medidos en bares, cafeterías y lugares de ocio nocturno eran 8 veces más altos que los que se medían en la calle, mientras en restaurantes la cifra era ente 5 y 6 veces mayor. De hecho, según datos de la Comisión Europea, entre 2009 y 2012, la exposición al tabaco entre clientes de bares y restaurantes descendió hasta un 70% en España, más que la media europea.
Además, existe evidencia científica que avala la reducción de partículas contaminantes del humo de tabaco en los entornas cerrados de uso público y los beneficios en salud directos de esta nueva situación, como la reducción de la mortalidad por infarto de miocardio y la reducción de ingresos por asma.
En efecto, en relación con la morbilidad asociada al consumo de tabaco, se observa una reducción significativa de las tasas de ingresos por infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica y asma en 2011, primer año de aplicación de la modificación de la Ley.
Por otro lado, las encuestas han mostrado la buena aceptación de la Ley por parte de los ciudadanos. Así, el Barómetro Sanitario 2012, que incluye un apartado relativo a la percepción de la Ley 42/2010, muestra una buena aceptación general de dicha norma. En respuesta a puntuar su "grado de acuerdo en que la Ley ha sido una medida acertada", la media fue de un 7,62 (escala: 1 "totalmente en desacuerdo" a 10 "totalmente de acuerdo"), lo que representa un incremento del 8,1% con respecto a la misma pregunta en 2011.
En definitiva, es evidente que la legislación española sobre tabaquismo está contribuyendo a mejorar la salud de la población. Vale la pena recordar que el tabaquismo sigue siendo la causa más importante de muerte prematura en la UE, responsable de casi 700.000 fallecimientos cada año y de un gasto sanitario superior a los 15.000 millones de euros anuales en España (el 15% del total del presupuesto sanitario). Es decir, el Estado recauda un euro en impuestos sobre el tabaco pero gasta dos en costes sanitarios.
Ante el amago y las posibles intenciones del Gobierno de modificar la normativa, este Grupo Parlamentario considera que se hace necesario reivindicar los efectos positivos de la Ley, seguir favoreciendo su cumplimiento y, sobre todo, impedir pasos atrás para permitir fumar en determinados espacios cerrados.
En igual línea, hacemos nuestra la posición conjunta expresada por todos los profesionales sanitarios, como el Consejo General de Colegios de Médicos, el Consejo General de Colegios de Enfermería, la Organización Colegial de Dentistas, el Consejo General de Colegios de Psicólogos y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo CNPT, que agrupa a más de 30 sociedades científicas sanitarias, y que recientemente han presentado el documento "Diez razones para no cambiarla (y no permitir fumar en Eurovegas)".
1. Se congratula por los beneficios en salud logrados con la aprobación de la Ley de 2010 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, subrayando expresamente su amplio cumplimiento y el elevado apoyo ciudadano a dicha norma.
2. Insta al Gobierno a implementar políticas eficaces para reducir el consumo del tabaco, que alerten sobre los riesgos para la salud asociados a su consumo, específicamente en los grupos más vulnerables, y a seguir avanzando para mejorar la salud de los ciudadanos.
3. Rechaza frontalmente cualquier tentativa de modificar la actual Ley del Tabaco e insta al Gobierno a no permitir ninguna excepción que permita fumar en lugares cerrados donde ahora está prohibido."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2013.-Pilar Grande Pesquero, José Martínez Olmos y Trinidad Jiménez García-Herrera, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002027
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al pago hospitalario, para su debate en Comisión.
El Gobierno de España ha introducido un nuevo copago hospitalario por el cual un gran número de medicamentos para el tratamiento de enfermedades graves o crónicas en pacientes no hospitalizados pasarán a estar sujetos a copago.
El Gobierno de España con esta medida pretende que las personas que precisen de estos tratamientos abonen un 10 por ciento del precio de los mismos, con un máximo de 4,20 euros por medicamento.
En la lista de fármacos sujetos a copago se encuentran tratamientos contra el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer renal, los tumores cerebrales y el cáncer de próstata. También incluye tratamientos contra diferentes tipos de leucemias y linfomas; y varios antivirales, indicados para pacientes con hepatitis C, hepatitis 13 y prevención de virus respiratorios en niños. Otros fármacos para tratar varias artritis; para la osteoporosis; psoriasis; para el control del asma; para la degeneración macular asociada a la edad; para la diarrea; para la esclerosis múltiple y así como los test para detectar la intolerancia a la lactosa.
Según consta en la propia Resolución de 10 de septiembre de 2013 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por medio de la cual se aprueba este nuevo copago, este último producirá efectos a partir de este 1 de octubre.
Sin embargo, para asombro de todos, nos enteramos de su aprobación el 19 de septiembre, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es decir, se ha aprobado y publicado esta medida sin previo aviso a los órganos competentes autonómicos.
Es una absoluta falta de respeto y consideración por parte del Gobierno de España hacia el autogobierno de la CAV, las competencias autonómicas, hacia las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas y, en definitiva, al propio funcionamiento de los órganos del SNS.
En opinión del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), esta medida es injusta y perjudica gravemente a las personas con enfermedades crónicas graves. Además, es una medida que va en contra del principio de equidad ya que afecta a unas enfermedades sí y a otras no; incluso en el caso de personas con la misma patología, en función del tratamiento que requiera cada caso, algunas personas pueden verse obligadas a pagar por los fármacos mientras que otras no.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario entiende que una vez más desde el Gobierno español se quieren imponer medidas sin ningún tipo de consenso, sin consultarlo y ni siquiera comunicárselo a los Consejeros del ámbito de la Salud que integran el CISNS y sin una base real sobre los pretendidos beneficios que dichas medidas van a generar para el sostenimiento de nuestro sistema sanitario.
Por estos motivos y por sentido de la responsabilidad no podemos permitir que todo lo conseguido se degrade por medio de decisiones impuestas, que no han sido ni negociadas ni consensuadas con nuestros representantes institucionales, ignorando además completamente nuestras competencias y perjudicando directamente la calidad de la atención sanitaria de las personas enfermas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a dejar sin efecto la Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2013.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/002030
Proposición no de Ley de medidas de apoyo a la comunidad gitana.
Teniendo en cuenta la corrección remitida mediante escrito número de registro 80802, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de medidas de apoyo a la comunidad gitana, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La población gitana ha padecido históricamente situaciones de desigualdad y discriminación y aún hoy sigue siendo uno de los grupos sociales más desfavorecidos y afectados por la exclusión social.
En los últimos años, se han producido en nuestro país importantes avances que han contribuido a una mejora de la situación social de los gitanos y gitanas y de sus condiciones de vida.
La situación de crisis económica, social y financiera que vive España y las medidas que se han tomado últimamente, están teniendo un impacto directo entre la comunidad gitana, pasando muchos gitanos y gitanas a situaciones de pobreza, privación y sobreendeudamiento. Así se refleja en el Informe de la Fundación Secretariado Gitano titulado "El impacto de la crisis en la comunidad gitana", de julio de 2013.
Según este Informe, la crisis económica y las medidas de recortes están afectando a la garantía de los derechos más fundamentales, como la vivienda, la salud, la educación, así como al acceso a productos básicos de primera necesidad (alimentos, ropa, calefacción, electricidad, transporte...).
Las medidas de austeridad hacen que muchas familias gitanas se vean atrapadas en un círculo complejo de interacciones entre las barreras en el acceso a la salud, empleo, educación y vivienda, que produce finalmente una mayor exclusión social, lo que supone un retroceso social grave respecto a la situación de hace unos años de esta comunidad.
El endurecimiento de las condiciones para percibir rentas mínimas y ayudas sociales, está afectando gravemente a muchas familias gitanas; llegando a darse casos en los que vuelven al sistema de protección social personas que eran ya independientes. El sistema de protección social no está cubriendo las necesidades fundamentales de las personas más vulnerables y excluidas de nuestra sociedad. Por otra parte, la reducción de las ayudas a la dependencia afecta a muchas familias gitanas que tienen personas dependientes a su cargo.
En el ámbito de la vivienda, las medidas de ejecuciones de desahucios han afectado a muchas familias gitanas, privándoles de sus hogares y llevándolas a situaciones de hacinamiento y a recurrir a la ayuda de la familia extensa.
El desempleo está afectando de forma especialmente grave a la población gitana. El avance protagonizado por la comunidad gitana en su inclusión en el mercado laboral por cuenta ajena de los últimos años ha sufrido un fuerte retroceso. La precariedad laboral se ha visto incrementada en este periodo, ha aumentado el nivel de economía sumergida y los casos de vulneración de derechos laborales. La tasa de paro para la población gitana ha llegado a alcanzar el 42%.
En educación las medidas que se están adoptando dejan desatendido al alumnado más vulnerable. La reducción de las ayudas al estudio, de las becas de comedor, de material escolar, etc., están afectando tanto a la asistencia del alumnado gitano a las aulas como a los propios procesos educativos de cada niño y niña gitanos y sus resultados académicos; una parte del alumnado no tiene recursos suficientes para costear materiales escolares o el comedor escolar. Estos recortes a su vez producen un aumento del absentismo escolar o del abandono. La masificación y la falta de clases de apoyo hacen que los alumnos con más dificultades no puedan seguir el nivel del curso.
También son evidentes ciertos problemas derivados de los recortes sanitarios: trabas burocráticas para obtener la Tarjeta Sanitaria, copago farmacéutico, etc. Además, se aprecian efectos muy directos en los hábitos relacionados con la salud en las familias más vulnerables, especialmente en los menores y las personas ancianas y dependientes, afectando principalmente a la alimentación y al seguimiento de las enfermedades crónicas.
En definitiva, el modelo de inclusión social de la comunidad gitana que estaba funcionado en España se está viendo gravemente dañado, lo cual supone un importante retroceso social. En palabras del Informe de la Fundación Secretariado Gitano: "esto puede tener un impacto que se debe valorar con amplitud de miras, ya que devolver a la exclusión social y a depender de las ayudas sociales a un sector de la comunidad gitana tiene un coste económico y social mucho mayor que lo que se puede ahorrar aprobando medidas urgentes de austeridad a corto plazo. Desmantelar un modelo social es fácil, pero construirlo de nuevo es mucho más difícil".
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a apoyar a las personas y grupos más necesidades y, entre ellos, de manera específica, a la comunidad gitana, adoptando, entre otras, las siguientes actuaciones:
1. Aprobar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y con la participación de los colectivos de defensa de la infancia, un Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia, con medidas concretas y eficaces y dotación económica suficiente, que incluya entre sus objetivos la mejora de la situación de la infancia gitana.
2. Medidas de apoyo educativo para niños y jóvenes gitanos y otros grupos en situación de dificultad.
3. Políticas de fomento del empleo con recursos suficientes para lograr la empleabilidad no solo de las personas más empleables, sino también de aquellas con mayores dificultades de acceder al mercado laboral.
4. Medidas que garanticen el acceso de todos a una vivienda digna, así como la erradicación de las situaciones de infravivienda, hacinamiento y chabolismo.
5. Dotar de contenidos y financiación a la "Estrategia para la inclusión de la población gitana en España 2012-2020", para que pueda alcanzar sus objetivos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2013.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002031
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobro la exigencia de financiación pública para las obras de la Fase III del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria), para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El pasado 21 de mayo, el Grupo Socialista presentó y registró una iniciativa para instar al Gobierno de la nación a asegurar la financiación pública para la finalización de la última fase de construcción del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Cantabria.
El Gobierno ha anunciado que en los Presupuestos Generales del Estado 2014 habrá una partida de 28 millones de euros, que irá destinada a las obras de construcción del Hospital y que se arbitrarán mediante un convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, lo que asegurará la financiación hasta los 100 millones de euros, que es la cantidad que se necesita.
El Hospital Marqués de Valdecilla ha constituido históricamente un centro de referencia nacional que dependía del INSALUD, en el momento de producirse el traspaso a la Comunidad Autónoma.
Con carácter previo al traspaso y bajo la dependencia del INSALUD, se produjo el 2 de noviembre de 1999, el derrumbe de una importante parte del Hospital, circunstancia que motivó la pretensión de elaborar un Plan Director destinado a refundar el centro sanitario.
La disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para Cantabria establece de forma expresa que la Comunidad Autónoma de Cantabria velará para que el traspaso de funciones y servicios de la gestión de la asistencia sanitaria sea efectiva.
Tal precepto fue invocado expresamente en el quinto párrafo del apartado A del acuerdo sobre el traspaso a la Comunidad Autónoma de las competencias en materia sanitaria, que señala el Estatuto de Autonomía para Cantabria e incluye una referencia singular al compromiso de garantizar en el futuro la condición del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, como centro de referencia nacional.
La financiación del traspaso a Cantabria consistió básicamente tanto en la aportación asignada, como en la aportación específica destinada a la ejecución del Plan Director del Hospital, que fue objeto de tratamiento separado. Se trataba, de traspasar un hospital que pudiera resultar ulteriormente reconstruido.
Con fecha 27 de agosto de 2002, se formalizó el convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre financiación del Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, publicado en el BOE de 25 de septiembre de 2002.
El Estatuto no solo es norma institucional básica de cada comunidad autónoma, sino también norma estatal en su condición de Ley Orgánica aprobada por las Cortes Generales. Resulta por ello, indudable, que el precepto estatutario contenido en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para Cantabria resulta directamente vinculante para la Administración del Estado.
La financiación instrumentada a través del convenio suscrito en 2002 no ha supuesto la extinción de la obligación de la Administración del Estado, ya que atendiendo a los términos literales del convenio, las aportaciones a efectuar por el Estado constituyen una mera previsión que, lógicamente, deberían ser objeto del correspondiente ajuste y eventual ampliación una vez finalizada su vigencia. El convenio persigue la financiación íntegra del Plan Director, si bien, al momento en el que resultó suscrito, no pudo sino efectuar una mera previsión estimativa del coste de ejecución.
En la actualidad, se calculan 100 millones de euros para su financiación.
1. Garantizar, antes de que finalice la actual Legislatura, el cumplimiento del compromiso contraído con la Comunidad Autónoma de Cantabria, consistente en arbitrar fórmulas que permitan la financiación íntegra por parte del Estado del Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
2. Firmar un convenio de colaboración para finalizar las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, lo más urgentemente posible, para así poder disponer de financiación real.
3. Garantizar y velar por que la partida presupuestaria incluida en los Presupuestos generales del Estado para finalizar las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, sea destinada única y exclusivamente a terminar la última fase de construcción del Hospital, evitando otras fórmulas de colaboración público-privada y asegurando el carácter público de Valdecilla."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2013.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002025
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de un premio nacional de cultura inclusiva, para su debate en la Comisión de Cultura.
Recientemente, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) hizo una propuesta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que consiste en la creación de un premio nacional de cultura inclusiva, destinado a reconocer y fomentar las creaciones culturales que incorporen la dimensión de diversidad humana que aporta la discapacidad a la vida en comunidad.
El propio CERMI plantea que es el momento de que las políticas culturales se hagan eco de la realidad de la discapacidad con una mayor presencia de la misma en todos los entornos culturales y creativos.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista ya hemos formulado iniciativas en torno a la Estrategia Española de Cultura Inclusiva aprobada en 2011 por el anterior Gobierno. Esta Estrategia debe ponerse en marcha en todos sus puntos y el premio nacional culminaría las acciones, además reconocidas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recogido en su artículo 30, de que los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no solo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear el Premio Nacional de Cultura Inclusiva, destinado a reconocer y fomentar las creaciones culturales que incorporen la dimensión de diversidad humana que aporta la discapacidad en nuestra sociedad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002034
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa al preocupante aumento del paro femenino, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Una vez finalizado el periodo estival, los meses de verano, las cifras de desempleados han vuelto a aumentar y a arrojar datos preocupantes de un paro que va camino de convertirse en estructural si no se adoptan medidas urgentes para paliarlo.
El número de parados y paradas aumentó en el mes de septiembre de 2013 en 25.572 personas, con la pérdida de 22.242 afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Por tanto, la cifra oficial de personas apuntas al INEM asciende a 4.724.355.
En Galicia se contabilizaron 3.209 parados más, ascendiendo el número de personas desempleadas a 260.733 personas.
A los malos datos, hay que sumar el descenso del número de cotizantes a la Seguridad Social, muchos de ellos ya ni se inscriben en las oficinas de desempleo. Con lo cual la bolsa de personas en situación de paro es mayor que la que indican las cifras oficiales.
Además de la preocupación por el ascenso del paro en septiembre, hay que añadir un factor que, desde el punto de vista del BNG, resulta doblemente preocupante. El aumento del paro en dicho mes ha afectado en exclusiva a las mujeres. Según las estadísticas de Empleo, el paro femenino sube con respecto a agosto en 26.862 personas, un 1,11%. Mientras que el paro masculino baja en 1.290.
Estas cifras evidencian que el drama social del paro golpea más fuerte siempre al eslabón más débil de la cadena, en este caso las mujeres. La desigualdad de género avanza con la crisis que pasa una doble factura a las mujeres que sufren un empobrecimiento mayor que los hombres.
El BNG ya adviritió a la Ministra de Asuntos Sociales en alguna de sus comparecencias que los recortes en políticas de igualdad, y en concreto la reforma laboral, allanaría el camino para incrementar las desigualdades de género, supondría un avance de la discriminación laboral que las mujeres ya padecen de manera estructural.
Los datos del paro de septiembre son una evidencia de ambos factores, dos víctimas de los tremendos recortes del Gobierno del PP: las políticas de igualdad y el recorte de los derechos laborales. La consecuencia está servida: más desigualdad para las mujeres, peores consecuencias laborales para las féminas.
La ley de Igualdad aprobada en la anterior legislatura, que contó con la aportación y la cooperación de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, ha quedado reducida a la nada con las actuales políticas de recortes. El partido en el Gobierno ha realizado el camino a la inversa, aseverando y agravando los problemas de discriminación laboral que las mujeres padecen históricamente: menores salarios, más dificultades para encontrar un trabajo, peores condiciones laborales e importantes dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.
- Adoptar medidas con carácter urgente ante el preocupante incremento del paro femenino, tal y como arrojan las cifras de paro del mes de septiembre de 2013."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
siguiente Proposición no de Ley relativa a los pensionistas emigrantes, para su debate en la Comisión de Pacto de Toledo.
A principios de este año 2013, a miles de pensionistas españoles que perciben pensiones de otros países, se les ha notificado por parte del Ministerio de Hacienda la obligación de presentar declaraciones complementarias de la renta desde el año 2008.
Muchos de ellos han recibido varias notificaciones y una vez presentadas las declaraciones complementarias empiezan a comunicárseles las correspondientes sanciones.
Estamos ante reclamaciones de pensiones de países como Alemania, Suiza, Francia etc., pensiones que en muchos casos, respecto a los países de procedencia, están exentas de tributar por su propia cuantía. Por tanto, las personas afectadas para conocer su importe total tienen que ir a sus entidades bancarias y sumar las cantidades percibidas durante el año anterior porque ningún organismo oficial de esos países comunica cada año la cuantía de dicha pensión ni tienen ningún tipo de retención.
Aunque el asunto lleva varios meses sin resolverse, la información oficial es confusa. De hecho, hasta la fecha era habitual que en las propias delegaciones del Ministerio de Hacienda se les comunicara a los pensionistas que las pensiones extranjeras no tenían que declararlas. Hay incluso sentencias judiciales que así lo entienden.
Desde el Grupo Socialista hemos mantenido numerosas reuniones con colectivos de pensionistas afectados que no solo nos han trasladado su profunda preocupación y sus numerosas dudas al respecto, sino que nos muestran el grave problema que les supone un desembolso económico de esta magnitud, con unos plazos demasiado cortos y con intereses añadidos. Todo esto, en un mal momento para unas economías familiares en las que las pensiones son, en muchos casos, el principal sustento. Esta situación, ya ha generado una importante alarma social, especialmente en CCAA en las que hay un importante número de emigrantes retornados pensionistas.
El Grupo Parlamentario del PSOE ya ha adoptado otras iniciativas, sin embargo es conveniente insistir en todos los ámbitos hasta que la incertidumbre creada quede definitiva y satisfactoriamente resuelta sin que los ciudadanos que de buena fe asumían sus obligaciones fiscales se vean abocados a ser sancionados de forma injusta y desproporcionada.
Determinadas Comunidades en donde el número de emigrantes retornados es más alto ya han adoptado medidas políticas para solicitar soluciones y, concretamente, en el Parlamento gallego se ha aprobado con el apoyo de todos los Grupos las propuestas que, por coherencia, deberían ser apoyadas igualmente por todos en el Congreso de los Diputados.
"El Congreso de los Diputados insta al gobierno de España a que en la inspección que se está llevando a cabo por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a pensionistas que a su vez cobran pensiones de otros países en los que han trabajado, y teniendo en cuenta las actuales circunstancias económicas y sociales, adopte las siguientes medidas:
1. Regularice la situación de estos pensionistas sin considerarlos como defraudadores fiscales, ofreciendo información pormenorizada y homogénea de sus obligaciones fiscales.
2. Habilitar, en los casos en los que tengan que afrontar pagos por sus declaraciones complementarias, períodos de pago más largos que los actuales.
3. Eximir del pago de sanciones e intereses de demora a aquellos pensionistas que regularicen su situación fiscal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, María del Carmen Silva Rego, Isabel López i Chamosa, José Blanco López, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Paloma Rodríguez Vázquez, Miguel Ángel Cortizo Nieto, María Virtudes Monteserín Rodríguez, Antonio Ramón María Trevín Lombán, María Luisa Carcedo Roces y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de auditorías de seguridad vial en la Red de Carreteras del Estado, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
El Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado, transpuso la Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, en la que se establecen una serie de procedimientos destinados a conseguir un nivel de seguridad elevado y homogéneo en la citada red.
Entre los citados procedimientos destaca la evaluación del impacto de las infraestructuras viarias en la seguridad en la fase inicial de la planificación; las auditorías de seguridad viaria en las fases de anteproyecto, proyecto, previa a la puesta en servicio y período inicial en servicio de las carreteras; la clasificación de seguridad de los tramos de la red atendiendo a la concentración de accidentes y al potencial de mejora de la seguridad; el tratamiento prioritario de los tramos de concentración de accidentes y de los que presenten un mayor potencial de ahorro de costes causados por los accidentes; así como la realización periódica de inspecciones de seguridad viaria en las carreteras en servicio.
El Real Decreto 345/2011 incluye, además, tres anejos que, de forma muy pormenorizada, indican cómo se deben realizar estas auditorías. En el primero se concreta el contenido de las evaluaciones de impacto de las infraestructuras viarias en la seguridad; en el segundo, el de las auditorías de seguridad viaria; mientras que el tercero recoge criterios para la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en servicio.
El objetivo principal de todo ello es comprobar la seguridad de las características de diseño de proyectos de infraestructuras viarias, aplicada a las diferentes fases, desde el anteproyecto a la explotación. Para ello, los profesionales que realizan este trabajo deben tener la capacidad, competencia y formación necesaria que permita realizar las supervisiones de manera eficaz.
Por tanto, existe el mandato legal de comprobar, de una forma técnica e independiente, la seguridad de todas las redes de carreteras, tanto estatales como de titularidad autonómica, de tal forma que se dé cumplida cuenta de la normativa europea. En este sentido, las administraciones tienen que disponer los mecanismos adecuados para participar en la gestión de la seguridad vial de las carreteras, a través de auditorías de seguridad durante la fase de diseño y mediante inspecciones periódicas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre turismo accesible, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Nuestro país viene atravesando una situación de dificultad económica, pese a ello y tras poco más de año y medio al frente del Ejecutivo, este Gobierno está sentando las bases a fin de devolver a la sociedad española la esperanza fundada de una pronta recuperación. Asimismo, sectores clave como el turismo están siendo responsables de algunos de los signos positivos que ya se pueden comprobar hoy en día.
En este sentido cabe destacar que en julio de 2013 vinieron a España 7,9 millones de turistas internacionales, lo que ha supuesto un nuevo máximo en la serie de la encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur), del Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Por otro lado, según datos de la misma encuesta, entre enero y julio España acumuló un total de 34 millones de llegadas internacionales, lo que implica un crecimiento interanual del 3,9%, lo que supone el mejor registro histórico.
Es decir, España es un país que por su clima, geografía, historia, arquitectura, costumbres y gastronomía..., atrae a numerosas personas del exterior que deciden disfrutar su periodo vacacional en territorio español y por lo tanto invertir su dinero en servicios y productos nacionales. Además, son muchos los turistas españoles que resuelven fijar su destino de vacaciones dentro de nuestras fronteras.
El Gobierno, consciente de la importancia del turismo para la economía y sociedad españolas, ha puesto en marcha iniciativas como, la campaña de publicidad institucional "La España que llevas dentro" que persigue estimular la demanda turística nacional, mostrando al turista español que hay múltiples destinos y experiencias por conocer dentro del país, o la actualización del portal web "spain.info" con la que se da respuesta a las necesidades del turista digital e introduce, por primera vez, la comercialización del producto turístico español.
Sin embargo, pese a las medidas promovidas por el Ejecutivo, es necesario que todos los poderes públicos se impliquen en el impulso de políticas a favor de un turismo accesible, para todos, ya que al hecho de que España sea un destino turístico por excelencia, se suma que está realizando un enorme esfuerzo de adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad a través de: la eliminación de barreras; la promoción al acceso a propuestas culturales y de naturaleza y la creación de normativas en materia de transporte, edificación y urbanismo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ampliar la información sobre lugares accesibles en España que recoge el Portal Web oficial de Turismo de España y a reforzar la difusión de esta información en Ferias de Turismo y puntos de información, todo ello en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades locales."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a regular la figura de la Comisión Especial de Servicio para funcionarios con discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con el empleo público han supuesto una brutal disminución de puestos trabajo. Consecuencia de ello ha sido la limitación drástica de la posibilidad de movilidad voluntaria. La oferta de vacantes disponibles, tanto para los concursos de traslados como para otras formas de movilidad, se ha visto reducida a una exigua expresión.
En este contexto hay quienes, por sus especiales circunstancias personales, están sufriendo aún con más intensidad. Un ejemplo ilustrativo es el de los funcionarios con algún tipo de discapacidad.
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, reconocía en su Exposición de motivos que dichas personas precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la vida económica, social y cultural del país.
Igualmente recordaba dicha ley que nuestra Constitución en su artículo 9.2 establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Y que en el artículo 49 de la Carta Magna, refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos.
La Ley 51/2003 recuerda que las desventajas que presenta una persona con discapacidad tienen su origen en sus dificultades personales, pero también y sobre todo en los obstáculos y condiciones limitativas que en la propia sociedad, concebida con arreglo al patrón de la persona media, se oponen a la plena participación de estos ciudadanos. Es decir, los inconvenientes que habitualmente tiene que soportar cualquier ciudadano medio, se multiplican en el caso del ciudadano con discapacidad.
En el asunto que nos ocupa, esto se traduce en que, cuando la movilidad del conjunto de los funcionarios queda drásticamente mermada, sus consecuencias van a ser sufridas en una medida mayor por quienes tengan algún tipo de discapacidad.
No hay que olvidar que estas personas con discapacidad necesitan, no solamente una adaptación apropiada de su puesto de trabajo, lo que hoy por hoy no siempre se está dando, sino que en muchas ocasiones han necesitado adaptar también sus viviendas y sus vehículos, cuando no necesitan ayuda de terceras personas para realizar su vida habitual. En estos casos, un cambio de localidad o domicilio supondría unos quebrantos personales y económicos muy superiores a los de cualquier otro funcionario.
Por todo ello, la Ley 51/2003 establecía, en su artículo 9, medidas de acción positiva a favor de las personas con discapacidad. Las medidas de acción positiva consistirían en apoyos complementarios y normas, criterios y prácticas más favorables. Y dichas medidas habrían de tener naturaleza de mínimos, sin perjuicio de las que pudieran establecer las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, estableciendo así un marco que permitía a estas últimas complementar las medidas de la propia ley.
Dado que la situación actual de la oferta de vacantes no permite asegurar la necesaria protección que en otros momentos se pudo ofrecer a los funcionarios con discapacidad, entendemos que es el momento de regular la situación de estos funcionarios para que puedan recibir la protección apropiada a su situación de discapacidad. También parece razonable ampliar dicha protección a todos los funcionarios que sufran alguna enfermedad grave que equipare su situación a la de las personas con discapacidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular la figura de la Comisión Especial de Servicio para funcionarios con discapacidad o por motivos graves de salud, elaborando la normativa que defina las condiciones para acceder a ella en función de su situación personal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Isabel Rodríguez García y María Guadalupe Martín González, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
181/001282
Diputado don Teófilo de Luis Rodríguez
¿Considera el Gobierno necesario secundar la petición de los obispos de Cuba para que aquel Estado deje de ser paternalista para ser participativo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2013.-Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado.
181/001283
¿De que forma sería posible involucrar a las Instancias Europeas en esta transformación del Estado Cubano, que condujera a la Reconciliación sin exclusión ideológica del pueblo de Cuba?
181/001278
Diputado don Guillermo Meijón Couselo
¿Es cierto que en los planes de ajuste del Gobierno se ha contemplado la posibilidad del cierre del cuartel de la Guardia Civil del concello de Forcarei en la provincia de Pontevedra?
¿Se procederá por parte del Gobierno al cierre del actual cuartel de la Guardia Civil en el ayuntamiento de Forcarei?
De ser así, ¿cuáles son los plazos previstos por Gobierno para el cierre del citado cuartel?
¿Cuáles son los motivos que impulsan el cierre del citado cuartel?
¿Cuáles son las razones contempladas por el Gobierno que aconsejarían el cierre del citado cuartel?
De no ser así, ¿puede el Gobierno afirmar rotundamente que no se ha contemplado en ningún momento el cierre del citado cuartel?
De no ser así, ¿puede el gobierno asegurar la permanencia definitiva del actual cuartel de la Guardia Civil en el Concello de Forcarei?
De no ser así, ¿continuará el actual cuartel de la Guardia Civil en Forcarei en las mismas condiciones de personal y recursos que en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2013.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/001268
Grupo Parlamentario Mixto (Coalición Canaria-Nueva Canarias)
Diputada doña Ana M.ª Oramas González-Moro
¿Cuál es el compromiso del Gobierno del Estado para garantizar la ejecución de todas las obras incluidas en el Plan de Carreteras de Canarias 2006-2017, teniendo en cuenta que las consignaciones presupuestarias previstas en los ejercicios 2012 y 2013 se han reducido notablemente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 2013.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.
181/001269
¿Cuál es el compromiso del Gobierno del Estado para el mantenimiento en 2014 y en futuros ejercicios económicos la bonificación al transporte para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla?
181/001270
¿Cuál es la política del Gobierno del Estado en 2014 en lo que respecta a las bonificaciones de las tasas aeroportuarias para favorecer la conectividad aérea, especialmente con Canarias?
181/001271
¿Qué acciones ha impulsado o prevé llevar a cabo el Gobierno del Estado para abrir los aeropuertos canarios a las compañías de terceros países para que puedan realizar tráficos de quinta libertad al margen de los acuerdos bilaterales?
181/001272
¿Cuándo prevé el Gobierno del Estado la constitución del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Canarias, cuyo cometido es fundamental para aunar esfuerzos en cuanto a la estrategia de diversificación y especialización de aeropuertos, la captación de nuevas aerolíneas y la consolidación y aumento de reserva de "slots" de las compañías que ya están operando con las Islas?
181/001273
¿Cuándo prevé el Ministerio de Fomento la presentación del nuevo modelo de gestión de los aeropuertos, especificando cuál es la participación que prevé en el mismo de las Comunidades Autónomas, especialmente en lo que respecta a Canarias?
181/001274
¿Cuándo prevé el Gobierno del Estado el traspaso a Canarias de las competencias en materia de helipuertos y aeropuertos regionales, cumpliendo de esta manera lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias?
181/001275
El Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, regula la subvención para el transporte de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias. Una ayuda que es fundamental para compensar el coste de la lejanía y la insularidad. ¿Cuándo prevé el Ministerio de Fomento acometer la modificación del mencionado Real Decreto para incrementar la ayuda hasta el 70 %?
181/001276
¿Cuándo prevé el Gobierno del Estado concretar su apuesta por Canarias como "hub" de transporte de mercancías portuarias y aeroportuarias, aprovechando para ello la posición estratégica de Canarias como plataforma comercial, especialmente con el continente africano?
181/001279
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
¿Va el Gobierno a revisar la interpretación que afecta a la supresión de las ayudas de subsidiación de préstamos para la compra de viviendas protegidas, contemplada en el Real Decreto-ley 20/2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
181/001286
¿Qué valoración hace el Gobierno tras varios meses de aplicación de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, que modifica a la anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2013.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
181/001277
Diputada doña Rosa María Díez González
Según lo publicado en el último Boletín Económico del Banco de España, ¿considera la Ministra de Empleo y Seguridad Social los datos de aumento de la temporalidad y rebaja salarial de los trabajadores un "mejor funcionamiento del mercado de trabajo"?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.
181/001280
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para hacer cumplir el objetivo del 20% de cuota de energías renovables para el año 2020?
181/001281
¿Cuándo va a informar España a la Unión Europea de la transposición de la directiva europea sobre energías renovables?
181/001287
¿Qué criterios específicos evaluará el Gobierno para determinar si el proyecto Castor sigue adelante?
181/001284
¿Opina el Gobierno que el plan de medios de la campaña institucional "Hay salida" cumplió los objetivos encomendados por la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional a las campañas institucionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de septiembre de 2013.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
181/001285
¿Qué valoración realiza el Gobierno del alarmante aumento del paro femenino, evidenciado en las cifras de paro de septiembre de 2013, y qué medidas va a adoptar al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.