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Timestamp: 2018-06-18 20:37:43
Document Index: 266904270

Matched Legal Cases: ['artículo 179', 'artículo 198', 'artículo 179', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 180', 'artículo 181', 'artículo 599']

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II. APERTURA DEL AÑO JUDICIAL
El año judicial es el período ordinario de actuación de los tribunales de Justicia. De conformidad con el artículo 179 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el año judicial comienza el 1 de septiembre, "o el siguiente día hábil", dice el precepto, y concluye el 31 de julio del siguiente año natural.
La determinación del año judicial responde, en consecuencia, no al modelo del año natural (es decir, del cómputo normal del año, de 1 de enero a 31 de diciembre), sino al año académico, de septiembre a julio, haciendo salvedad del mes de agosto, por ser el mes de vacaciones. A pesar de que no falta quien abogue por la necesidad de flexibilizar el calendario judicial (ante la libertad de los funcionarios para elegir, dentro de las necesidades del servicio, sus períodos vacacionales), incluso por integrar en el cómputo del año judicial los doce meses del año sin exclusiones, ante la tasa de pendencia que soportan los tribunales de justicia, la fórmula de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la fórmula tradicional en la Administración de Justicia española, constituye una norma de seguridad jurídica tanto para los funcionarios de la administración de justicia como para el resto de los profesionales del foro (abogados, procuradores), que pueden organizar su agenda anual sobre la base de parámetros claros y predeterminados y con suficiente antelación, lo que favorece la coordinación de todos ellos.
La opción por el calendario académico en lugar del calendario natural es una solución puramente convencional, que no acredita por sí sola un mejor desarrollo y organización del trabajo de los órganos jurisdiccionales: de hecho, los procedimientos judiciales no se ajustan, en su duración, a los términos del calendario y, como demuestra la propia regulación legal sobre el cómputo de plazos, es lo normal que los mismos sigan su curso independientemente del año judicial en que se encuentren las actuaciones del proceso. La fórmula legal de cómputo tiene un mero valor organizativo, pues los tribunales trazan sus objetivos y planes normalmente dentro de los términos temporales de cómputo del año judicial. Sin embargo, hay diferentes actuaciones para cuya realización se toma en consideración, no el año judicial, sino el año natural: por ejemplo, es el caso de la determinación de la composición de las secciones se hace anualmente por los presidentes de los tribunales y audiencias, en atención a los criterios aprobados por la Sala de Gobierno (artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), pero no necesariamente al comienzo del año judicial; del mismo modo, la memoria sobre funcionamiento y actividad de los tribunales se realiza en el cómputo del año natural, no del año judicial, del mismo modo que ocurre con la estadística judicial, cuyas variables sobre asuntos ingresados, resueltos y pendientes se toman, desde el punto de vista cronológico, de 1 de enero a 31 de diciembre: esto último plantea, en concreto, el problema de la actualización de los datos estadísticos que se ofrecen a la opinión pública al comienzo del año judicial, los cuales suelen referirse no al estado de la cuestión al comienzo del año judicial, sino a 31 de diciembre del año precedente, por lo que normalmente es preciso aportar un avance de datos provisional que permita aportar datos actualizados sobre la estadística judicial al tiempo de su presentación.
El cómputo del año judicial en el artículo 179 LOPJ es perfectamente coherente con el sistema de computo de plazos en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y con la norma general según la cual las actuaciones judiciales, para que sean válidas han de realizarse en tiempo hábil: esto es, en horas hábiles (las que van de ocho de la mañana a ocho de la tarde, marco general dentro del cual se fija la jornada laboral de los órganos jurisdiccionales por las autoridades) y en días hábiles (todos los días de la semana con exclusión de los feriados de carácter nacional, autonómico o local, y los días del mes de agosto, desde la Ley Orgánica 19/2003, con exclusión también de los sábados y del 24 y el 31 de diciembre, de conformidad con la nueva redacción de los artículos 182 y 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Como se expone, los días del mes de agosto son inhábiles, como corresponde a los días del mes de vacaciones. Eso significa que no se cuentan en el cómputo de plazos por días, corriendo el plazo al primer día hábil siguiente del mes de septiembre. El mes de agosto, sin embargo, si se cuenta en los plazos por meses (en que el cómputo se hace de fecha a fecha), aunque cuando el plazo acaba dentro del mes de agosto o en un día inhábil (según las reglas anteriores), el plazo corre al primer día hábil.
Lo expuesto no significa que a lo largo de los días del mes de vacaciones no haya actuaciones judiciales. De entrada, como excepción a la regla general, los días del mes de agosto, como en general todos los días a priori inhábiles, son hábiles para la realización de las actuaciones de investigación criminal y por reglamento del Consejo General del Poder Judicial se pueden habilitar días inhábiles para la práctica de determinadas actuaciones. De conformidad con el artículo 8.2 del Reglamento 1/2005 sobre Aspectos Accesorios a las Actuaciones Judiciales se señala que los sábados se considerarán días hábiles para atender los siguientes servicios: a) Guardia de los Juzgados de Instrucción. b) Oficinas de los órganos jurisdiccionales del orden penal, a los efectos de información y traslado documental al Juzgado de Guardia de los particulares necesarios, en lo relativo a la presentación de sujetos sometidos a requisitoria o busca y captura. En las oficinas de los órganos judiciales podrán llevarse a cabo en sábado actividades no procesales inherentes a la información y atención al público y a funciones gubernativas cuando así lo acuerden el CGPJ, el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas con competencias en materia de personal y medios materiales al servicio de la Administración de Justicia. El artículo 9 del Reglamento 1/2005 autoriza a los Jueces y Tribunales a habilitar aquellos días y horas inhábiles que sean necesarios para la adecuada y puntual tramitación de los diferentes procesos sin dilaciones indebidas.
Por otra parte, los días inhábiles (y, de entre ellos, los días del mes de agosto) son hábiles para la realización de actuaciones urgentes: por ejemplo, medidas cautelares. Para ello, se constituye en los tribunales las denominadas "Salas de Vacaciones" (artículo 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Las Salas de Vacaciones se constituyen durante el período en que los Tribunales interrumpan su actividad ordinaria, y se forma por su Presidente y el número de Magistrados que determine el Consejo General del Poder Judicial; la Sala asume las atribuciones de las Salas de Gobierno y de Justicia, procurando que haya Magistrados de las diversas Salas, y los Magistrados que no formen parte de esta Sala podrán ausentarse, a partir del fin del período ordinario de actividad, una vez ultimados los asuntos señalados.
La mención al Año Judicial tiene importancia también como referencia al acto solemne de apertura del año judicial, que se celebra en la primera quincena del mes de septiembre con la asistencia de las principales autoridades judiciales bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. La ceremonia solemne de apertura del año judicial se celebra tradicionalmente en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, una estancia comparable en belleza a los salones del Palacio Real de Madrid, bajo una magnífica decoración en la que destaca el escudo del Mariano Benlliure, flanqueado por dos ángeles que sustentan una corona, y la visión, en su bóveda, de la excepcional pintura de Marceliano Santamaría que representa al bien triunfando sobre el mal.
A la ceremonia de apertura del año judicial se refiere el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de acuerdo con el cual el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo presentará en dicho acto la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia, la cual, de conformidad con el artículo 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habrá aprobado previamente, en sesión plenaria, el Consejo General del Poder Judicial.
El acto se celebra en audiencia pública, y lo preside, como decimos, Su Majestad el Rey, flanqueado por el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado y el Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, que dará fe del acto. En lugar preferente se sitúan los Magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y al fondo de la Sala las autoridades asistentes y el público en general.
El acto comienza con la lectura, por el Fiscal General del Estado, de la Memoria anual sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia y concluye con la del Presidente del Tribunal Supremo, que hace lo propio con la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia. Terminada su intervención, Su Majestad el Rey levanta la sesión.