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Timestamp: 2020-08-09 06:00:21
Document Index: 34318378

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 16', 'artículo 27', 'artículo 16', 'artículo 27', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 121', 'artículo 106', 'artículo 142', 'artículo 23']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 747, de 14/02/2007
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 747
celebrada el miércoles, 14 de febrero de 2007
Comunicación del Gobierno sobre la propuesta de nombramiento del director de la Agencia Española de Protección de Datos.
-Emisión, previa comparecencia del candidato propuesto, del dictamen sobre conflicto de intereses a que se refiere el artículo 2.3 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. (Número de expediente 276/000008.) ... (Página 2)
Designación de las ponencias encargas de informar las siguientes iniciativas legislativas.
-Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Formulada por la Comunidad Autónoma de Aragón-Cortes. (Número de expediente 127/000006.) ... (Página 9)
-Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Inicativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 122/000088.) ... (Página 11)
-Sobre medidas para garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones y servicios públicos del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/000575.) ... (Página 13)
-Sobre la reforma de los acuerdos con la Santa Sede. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 161/000914.) ... (Página 17)
-De reconocimiento de responsabilidades y reparación de daños como consecuencia del uso de armamento químico en el Rif. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001169.) ... (Página 22)
-EMISIÓN, PREVIA COMPARECENCIA DEL CANDIDATO PROPUESTO, DEL DICTAMEN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2.3 DE LA LEY 5/2006, DE 10 DE ABRIL, DE REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 276/000008.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión de la Comisión Constitucional que, como saben ustedes, tiene como primer punto del orden del día la comparecencia del candidato propuesto para establecer un dictamen sobre el conflicto de intereses a que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril.
Damos la bienvenida al compareciente, don Artemio Rallo, y quiero advertir a las señoras y señores diputados que esta no es una comparecencia de las habituales del director de la Agencia de Protección de Datos en las que vemos su gestión o sus proyectos; ni tampoco es una comparecencia sobre la idoneidad de la persona elegida para el cargo; es una comparecencia para establecer un dictamen sobre si existe o no conflicto de intereses entre la persona propuesta y sus actividades. Comenzaremos, si lo estima pertinente el señor compareciente, con unas palabras iniciales y después los grupos que quieran plantear alguna cuestión tendrán la oportunidad de hacerlo, pero siempre sobre la base de que esta es una comparecencia para dictaminar sobre la posible existencia de conflicto de intereses entre el cargo y las actividades de la persona propuesta.
Tiene la palabra el señor Rallo para exponer lo que crea conveniente.
El señor CANDIDATO PROPUESTO PARA DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (Rallo Lombarte): Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, buenos días.
Permítanme que mis primeras palabras ante todos ustedes sirvan para expresar y testimoniar el honor que me supone comparecer hoy ante esta Comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados. Es un alto honor, sin duda, presentarme ante todos ustedes, representantes de la soberanía popular y, si me permiten, un alto honor por tres sencillas razones. En primer lugar, como ciudadano comprometido con las transformaciones de nuestra realidad. En segundo lugar, como profesor universitario comprometido con el estudio de las instituciones políticas de nuestro Estado constitucional. También, por último, recordando mi experiencia en el seno de otra institución parlamentaria, la institución parlamentaria valenciana, las Cortes Valencianas, durante dos legislaturas.
Como ha sido advertido por el presidente, saben SS.SS. que esta comparecencia viene impuesta por la Ley 5/2006, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Del tenor literal de esta norma se deduce expresamente que a esta Comisión
corresponde emitir un dictamen sobre la existencia o no de conflicto de intereses en relación con el cargo de director de la Agencia Española de Protección de Datos para cuyo nombramiento he sido propuesto por el Gobierno. No obstante, quedaré, a continuación, enteramente a disposición de todos ustedes para evaluar no solo el extremo anterior, sino cualquier otro que consideren de interés. A estos efectos, imagino que será del interés de SS.SS. que relate, siquiera brevemente, algunos rasgos básicos de mi currículum vitae de singular relación con el ejercicio del cargo para el que he sido propuesto. Con el inevitable rubor que supone personalizar y enarbolar los méritos propios, intentaré ilustrarles con algunos rasgos mínimos de mi trayectoria personal, profesional, política e institucional, una brevedad que se justifica más si cabe por el hecho de que los miembros de la Comisión disponen del currículum vitae que por escrito fue remitido por el Gobierno a la Cámara. El destino, por decirlo de alguna forma, ha querido, señorías, hacer coincidir esta comparecencia con dos hechos que para mí resultan curiosos y que me permito participarles. El primero, que en el año 1995 publiqué precisamente en la revista de esta casa, de este Parlamento, en la Revista de las Cortes Generales, el primer trabajo en el que me aproximé al estudio de la institución de la Agencia Española de Protección de Datos y de lo que entonces denominaba espacios públicos exentos de control gubernamental.
En segundo lugar, ya en fecha más reciente, en el año 2002, publiqué mi libro sobre la constitucionalidad de las administraciones independientes propugnando una mayor intensificación del control parlamentario sobre las mismas y, por supuesto, la comparecencia parlamentaria de sus órganos directivos previa a su nombramiento, y hoy me encuentro yo también sometido a su examen. Por tanto, mi interés intelectual directo por la Agencia Española de Protección de Datos y por el resto de instituciones que como esta suelen cobijarse bajo la rúbrica de administraciones independientes ya tiene más de una década de vida. No obstante, un breve recorrido por otras líneas de investigación y estudio que he desarrollado con anterioridad o en paralelo evidencian este interés por instituciones y temáticas asimiladas. Estoy haciendo referencia, por ejemplo, al análisis de la Administración electoral como Administración independiente, que abordé en el año 1997 en mi libro sobre las garantías electorales y también al libro dedicado en el año 2000 a la garantía constitucional del pluralismo informativo por parte de las administraciones independientes garantes de la libertad de comunicación.
Me he ocupado tanto de la imagen orgánica institucional de la Administración independiente como de su objeto material, preferentemente dedicado a la garantía y protección de los derechos fundamentales, y no en vano he tenido ocasión de dirigir a título de investigador principal sendos proyectos de investigación tanto sobre las administraciones independientes y su problemática actual como sobre la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Sobre estos extremos he desarrollado mi actividad investigadora no solo en la sede universitaria española, sino también en otros centros internacionales de investigación, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, en la Sapienza, en Roma o en París y en la universidad Panteón Sorbona. Buena parte de las conferencias, cursos y seminarios que he tenido ocasión de impartir en universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros, en Europa o en América Latina, han versado sobre la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Se me ha ofrecido también la inestimable oportunidad de colaborar en programas internacionales de cooperación para el apoyo y fortalecimiento institucional en América Latina y para la formación de magistrados, jueces, fiscales y letrados en general, para promover la vigencia de los derechos humanos y, en particular, el conocimiento de la garantía efectiva del derecho a la protección de datos. Observarán también SS.SS., de la lectura de mi currículum, que mi ocupación en todos estos temas me ha llevado a formar parte también de tribunales y de tesis doctorales dedicadas de forma nuclear a la dimensión jurídica de esta apasionante y novedosa realidad.
Finalmente, señor presidente, señorías, quisiera hacer referencia, a los efectos que también puedan resultar de su interés, a las responsabilidades institucionales que he ostentado en el pasado y que hoy mantengo. Como consta en mi currículum, fui elegido ya hace bastantes años diputado en las Cortes Valencianas y mantuve dicha responsabilidad durante dos legislaturas desde el año 1987 hasta 1995 y en la actualidad desde el inicio de la presente legislatura desempeño el cargo de director general del Centro de Estudios Jurídicos, organismo autónomo del Ministerio de Justicia, responsable, entre otras funciones, de la formación de fiscales, abogados del Estado y demás cuerpos profesionales vinculados a la Administración de Justicia.
Tras estos breves apuntes curriculares, quisiera aprovechar la ocasión que me brinda esta comparecencia ante SS.SS. para hacerles partícipes también brevemente de algunas inquietudes personales, intelectuales e institucionales sobre el derecho a la protección de datos personales y su vigencia actual. La muy reciente autonomización de este derecho frente a la imagen maestra tradicional, histórica y constitucionalizada del derecho a la privacidad o la intimidad personal nos ofrece una realidad sometida a riesgos, retos, amenazas y cambios. La extraordinaria potencia que la defensa de la dignidad humana irradia sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas constitucionalizados alcanza, sin duda también, a aquellos que, como la protección de datos, no gozan de una expresa protección en nuestra Carta Magna y cuya virtualidad deriva del encomiable ejercicio de adecuación a la realidad social protagonizado por el constitucionalismo actual. Nada de lo dicho impide constatar que nuestra Constitución resulta precursora de este fenómeno al prever en su artículo 18.4 la necesidad de limitar el alcance de los cambios tecnológicos
en cuanto afectaren a la vigencia misma de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos. Sin duda, esta previsión constitucional datada en 1978 resulta vanguardista, casi profética, pero hoy constituye también un curioso e inigualable ejemplo de desfase. El cambio social y tecnológico operado durante las últimas décadas excede con mucho las bienintencionadas previsiones de este precepto y obliga a revisar al alza las necesidades de garantía de nuestros derechos constitucionales en defensa de la dignidad humana.
No son pocos los desafíos y retos a los que están sometidas las autoridades independientes que, como la Agencia Española de Protección de Datos, están llamadas a garantizar la efectividad de este derecho fundamental. En primer lugar, resulta vertiginoso el ritmo de los cambios tecnológicos que protagoniza la sociedad actual y que pueden poner en jaque de forma directa derechos fundamentales como el de la protección de datos, pero lo cierto es que estos cambios son tan acelerados como inevitables, impredecibles e irreversibles. De ahí la improrrogable obligación de analizar, evaluar y dar respuesta a los mismos desde el poder público. En segundo lugar, resulta igualmente evidente que a los poderes públicos, a la Administración, al Estado, les está resultando dificultoso adecuar el derecho a tan acelerada realidad cambiante y con ello les está siendo difícil tanto prevenir los riesgos emergentes que acompañan este fenómeno como reaccionar contra las efectivas agresiones a las que somete a los ciudadanos. La sociedad globalizada, el mundo interconectado, tiene en el derecho a la protección de datos un evidente punto débil. La ley estatal no parece resultar marco normativo suficiente para prevenir o reaccionar contra las agresiones a la privacidad provenientes de lejanas latitudes y ni siquiera la ley europea puede dar respuesta suficiente a las efectivas necesidades de protección. La sociedad abierta, el mundo globalizado, requiere de respuestas universales todavía inexistentes, lejanas o sencillamente inimaginables.
En tercer lugar, diré algo que quisiera que se entendiera como un lema personal con el que me aproximo a estas responsabilidades como aspirante a director de la Agencia Española de Protección de Datos, esto es, constituye un objetivo irrenunciable la anticipación a los cambios y riesgos y con ello resulta obligado proclamar como prioritaria la prevención de las amenazas frente a la represión de las efectivas agresiones del derecho a la protección de datos. Los derechos fundamentales lo son para ejercerlos y disfrutarlos y no para consolarnos sancionando su vulneración. En cuarto y último lugar, me permito señalar que los últimos tiempos y acontecimientos mundiales parecen diluir la histórica tensión -seguridad-libertad-, con la tentación de primar la primera sobre la segunda. Lo cierto es que resulta irrenunciable un escrupuloso equilibrio entre ambos valores, siendo la seguridad presupuesto inexcusable del ejercicio de la libertad y de todos los derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana. Demasiadas veces resulta perceptible la tentación de los ciudadanos a renunciar a la vigencia plena de derechos y libertades a cambio de las ventajas y comodidades que los cambios tecnológicos les proporcionan, demasiadas veces resulta pacífica la renuncia personal a la garantía plena de la privacidad en pro de la seguridad personal, pero lo cierto es que estamos ante una manifestación patológica, que hay que advertir y denunciar, de la ausencia de una cultura consolidada, acrisolada, de la protección de datos. A invertir esa tendencia habría que dedicar nuestros mejores esfuerzos.
Con estas palabras, señor presidente, termino. Gracias por su atención y quedo a su entera disposición.
El señor PRESIDENTE: Si los representantes de los grupos parlamentarios quieren formular alguna pregunta o plantear alguna cuestión, es el momento.
En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente...
El señor PRESIDENTE: Les ruego a todos brevedad.
El señor MARDONES SEVILLA: Por cortesía, seré breve en mi contestación a la comparecencia ante nuestra Comisión Constitucional de don Artemi Rallo. Le doy la bienvenida y deseo que los principios éticos e intelectuales que usted ha anunciado, meritorios y que adornan su currículo, los cuales valoro, le permitan ejercer su función acorde con la armonización de los derechos y libertades, y sobre todo con los principios éticos que usted ha mencionado.
Afortunadamente, en España se pactó durante la transición la Ley del Régimen Electoral General, donde ya surgieron las incompatibilidades para el ejercicio puramente profesional y administrativo con respecto a diputados y senadores, y qué compatibilidades se podían comprender frente a posibles ilegales incompatibilidades. Como usted bien sabe, esto ha ido impregnando nuestro tejido, así como la conferencia a la que usted ha hecho referencia y los escritos académicos sobre el análisis de la protección de los derechos constitucionales, título I de la Constitución española, sobre derechos y libertades.
Comparto plenamente los planteamientos que usted ha hecho, señor Rallo. Lo que hay que hacer es armonizar la ley que creó la Agencia Española de Protección de Datos y mantenerla en paralelo con la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses, razón legal por la que usted está compareciendo ante esta Comisión como alto cargo de la Administración General del Estado. Le pido que entre sus competencias se encuentre la de armonizar la Agencia Española de Protección de Datos, a veces tan vulnerable a la hora de facilitar datos personales a empresas comerciales que inundan nuestros buzones de propaganda. Nos preguntamos quién les da
nuestra dirección o les informa sobre nuestros hábitos deportivos, culturales, intelectuales o sobre qué tipo de espectáculos nos gustan.
Vemos conculcados nuestros derechos de manera subrepticia, no digamos cuando se hacen imposiciones como las que exigen otras administraciones en la lucha contra el terrorismo, por ejemplo las medidas tomadas en Europa por las que los demócratas nos hemos visto obligados a ponernos contra la pared, y que siguen disposiciones del Gobierno de Bush, que obligan a una compañía aérea que ha emitido un billete de avión, a conculcar a un ciudadano el derecho internacional.
A mi grupo le gustaría, por las relaciones comerciales, turísticas, etcétera, que existen en el Estado español, concretamente en Canarias, que la Agencia Española de Protección de Datos velara fundamentalmente por la protección no solo con medidas de represión, sino también con medidas de prevención, para que no se conculquen los derechos a la intimidad, a la libertad y a la privacidad. Tenemos que velar por ello.
En el buen hacer estamos para que la Agencia Española de Protección de Datos cumpla con su deber constitucional, que la defensa sea tanto desde el ordenamiento del derecho español interno como desde el derecho internacional, pues la conculcación puede ocurrir en otras administraciones, ya que se cruzan datos, como en el caso de los viajeros que utilizan billetes nominativos. En definitiva, usted tiene que velar por este principio y espero que entre sus actividades se encuentren las exigencias de regulación de los conflictos de interés, sobre todo porque la Ley de regulación de los conflictos de intereses, la 5/2006, comprendía más bien aquellas incompatibilidades relacionadas con el ejercicio profesional de un alto cargo de la Administración, de un ministro, de un secretario de Estado, de un subsecretario o de un delegado del Gobierno con otras actividades de tipo profesional, a los que habría que decir que esto no lo pueden hacer, que tienen que renunciar a esta situación administrativa o a este puesto porque es incompatible desde el punto de vista de las exigencias de la mencionada ley.
Le deseo una feliz y democrática andadura en todos estos aspectos.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, voy a intervenir brevemente.
En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor Rallo. En segundo lugar, deduzco que no existe conflicto de intereses, como servidor público que es, en relación tanto con su trabajo universitario como con su compromiso político, dos legislaturas en el Parlamento valenciano. En tercer lugar, valoro su currículo, que me parece adecuado.
En cuarto lugar, comparto algunas reflexiones que ha hecho con respecto a la prevención en esta materia tan compleja. Y por último, por encargo de mi compañera Isaura Navarro, también valenciana, le felicito por su propuesta.
El señor ESTEBAN BRAVO: Voy a emplear 15 segundos, señor presidente, para manifestar que mi grupo no tiene preguntas que realizar, pues consideramos que el candidato es una persona adecuada para esa responsabilidad, para la que le deseamos lo mejor. Simplemente quiero señalarle tanto a él como al resto de los componentes de esta Comisión que me tengo que ausentar en este momento por otras responsabilidades parlamentarias, pero en cualquier caso quería que quedara bien sentado el apoyo de mi grupo al candidato.
El señor TARDÀ I COMA: En los mismos términos que los compañeros que han intervenido anteriormente ratificamos lo dicho. Esperamos que esté a la altura del compromiso adquirido, porque es evidente que estamos ante un ámbito en el que en los próximos años la globalización y la socialización de la información y del conocimiento acabarán siendo un tema francamente problemático y susceptible de grandes debates. Le deseamos todo tipo de fortuna y esperamos que seamos responsables en nuestro comportamiento al igual que lo esperamos del suyo.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor Rallo, por su comparecencia ante esta Comisión, de acuerdo con las previsiones, para dar cuenta de su trayectoria y para que podamos apreciar si existe algún tipo de incompatibilidad o de conflicto de intereses entre su biografía profesional y el desempeño de sus futuras funciones en la Agencia Española de Protección de Datos. Mi grupo parlamentario ha estudiado su currículum por los documentos que nos ha hecho llegar y no apreciamos ningún tipo de conflicto de intereses, por lo cual le deseamos un exitoso desarrollo de su actividad.
Quiero aprovechar también este trámite para felicitar a su antecesor, el señor Piñar, que también ha desarrollado una buena labor, que estoy convencido de que usted continuará y mejorará. Otro aspecto son las referencias positivas que tenemos sobre su trayectoria y me permito recordar solo una, la del portavoz de mi grupo parlamentario en la Comisión de Justicia, señor Jané, con el que ha trabajado en distintos ámbitos de carácter académico. También quiero sumarme a lo que han apuntado otros portavoces. Su actividad al frente de la Agencia Española de Protección de Datos es muy importante en el momento actual porque las sociedades son dinámicas y están altamente dotadas de instrumentos tecnológicos, pero ello también hace más vulnerable la privacidad y requiere de un esfuerzo especial. Somos conscientes de la labor que desarrollaba la Agencia Española de Protección de Datos en sus trabajos a instancia de parte, pero más allá de ellos puede que queden campos fuera de esta tutela propia del
Estado de derecho en la protección de un derecho fundamental.
Finalmente quiero decirle que me ha gustado mucho que su intervención no constara simplemente en explicarnos su currículum académico y profesional, y también político, sino que en su parte final hiciera unas breves reflexiones sobre la necesidad de no renunciar a la privacidad ante la comodidad de la seguridad. Este es uno de los temas más nucleares de la sociedad actual, y aprecio especialmente estas palabras. Perdonen por la referencia, pero ayer por la mañana asistí durante un par de horas a este gran congreso que se está celebrando en Barcelona llamado 3GSM, donde descubrí muchas cosas que tendremos pronto, pero también la vulnerabilidad de nuestras vidas y de la privacidad de los datos.
El señor PRESIDENTE: La señora Matador tiene la palabra.
La señora MATADOR DE MATOS: Señor presidente, pido disculpas a la Comisión por mi retraso. Este es un trámite nuevo en relación con el director de la Agencia Española de Protección de Datos, por lo menos es una ley nueva y ya se ha dicho aquí que estamos hablando de una materia muy sensible.
No he podido escuchar parte de su intervención, pero me han trasladado el contenido. Yo quiero destacar aquí que todos los directores de la Agencia de Protección de Datos han sido personas independientes, fuese el Gobierno que fuese el que lo nombrase, tanto don Juan Martín Casado, como Juan Manuel o José Luis Piñar Mañas, hasta ahora todos han sido personas independientes que han gozado además de un alto grado de consenso por parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara, fundamentalmente por ese carácter de independencia que aquí ha de darse más que en otros campos.
Por todos es sabido que la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto expedientes a todos los partidos políticos, a los sindicatos, a las administraciones y aquí la imparcialidad y la independencia debe ser una premisa inexcusable. No voy a entrar a cuestionar su trayectoria profesional y académica, pero sí quiero hacer hincapié en su trayectoria política. Tengo entendido que ha sido diputado en las Cortes Valencianas por el Partido Socialista durante dos legislaturas; por tanto, tiene vinculación a un partido político. Esta es la primera vez que el candidato propuesto no es independiente y el conflicto de intereses no siempre tiene que ser económico, hay veces que puede serlo de poder y la protección de datos en este caso creemos que es peor. Me gustaría que me aclarase este aspecto de su trayectoria política y quiero reiterar que es la primera vez que nos encontramos aquí con una persona que, sin entrar a valorar todos sus méritos profesionales y académicos, creemos que no va a cumplir ese requisito de imparcialidad e independencia que requiere un director de la Agencia Española de Protección de Datos.
El señor PRESIDENTE: La señora Malaret tiene la palabra.
La señora MALARET GARCÍA: Bienvenido al Congreso, doctor Rallo. Si no me falla mi información, es el primer candidato propuesto por el Gobierno para la dirección de una autoridad independiente, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos y hace su presentación en esta Comisión en aplicación de lo dispuesto en la Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración del Estado. Por ello queremos hacer hincapié sobre lo que supone la novedad del examen parlamentario introducido en la citada ley.
Es algo mucho más relevante de lo que puede suponer superar un trámite sin aspavientos. No se trata de perder el tiempo y, por tanto, de cumplir lo más rápidamente posible el trámite; bien lo sabe el doctor Rallo, que tiene una de las páginas más ilustrativas de la literatura española sobre esta cuestión -estos días precisamente leía el prólogo a la monografía sobre designación parlamentaria de altos cargos y algunas páginas de su monografía sobre Autoridades independientes-. Estamos ante un trámite que es fundamental para la calidad de nuestra democracia, porque desde el cargo que pasará a ocupar, si el Gobierno así lo propone, después de este examen parlamentario sobre su idoneidad, no podrá aceptar instrucciones y no podrán dictársele instrucciones. En consecuencia, en tanto en cuanto no está sometido a la dirección gubernamental, tiene que estar sometido a un control parlamentario directo y esta sesión que estamos celebrando se enmarca en las coordenadas de este control parlamentario.
La ley que hoy aplicamos cambia radicalmente la visión, la significación de la intervención del Parlamento en los nombramientos. Pasamos de un modelo de mera información por parte del ministro de quiénes son los nombrados a un modelo de intervención previa; como dice la ley: de examen de los candidatos. Insisto, porque esta es la gran novedad, la gran aportación de la ley. Dice: Sus miembros formularán las preguntas o solicitarán las aclaraciones que crean convenientes. Se trata de examinar la idoneidad del candidato, una idoneidad que supone no solo criterios básicos de solvencia profesional y técnica en la persona que se propone, sino también una actitud específica en relación con el puesto; unas características en relación con la singularidad del órgano que va a desempeñar y por eso me ha parecido especialmente significativa -y así también lo han destacado algunos de mis compañeros en intervenciones anteriores-el especial cuidado que ha puesto en evidenciar cómo la Agencia Española de Protección de Datos se encuentra ante la misión de tutelar el manejo de los datos privados, garantizando este derecho, que está amenazado no solo por las nuevas tecnologías, sino especialmente por una demanda creciente de mayor seguridad que nos podría hacer abdicar de algo tan fundamental como es la libertad en relación con el control
de nuestros datos. Es un derecho que está en una encrucijada y esta preocupación por las singulares situaciones en las que se encuentra este derecho en la actualidad ha sido especialmente puesta de relieve por el compareciente. Nos parece especialmente importante señalar que en un órgano de estas características no se trata solo de poner de relieve que se comparten los valores constitucionales de manera técnica o, me atrevería a decir, cuasi mecánica, como ocurre en determinadas circunstancias, sino que, dadas las características del órgano al que va destinado el compareciente, que es la dirección de la Agencia de Protección de Datos, nos parece fundamental la explicitación de un compromiso con los valores de democráticos y con las libertades. Por eso nos parece especialmente significativa la intervención que ha realizado señalando el valor, la relevancia y la problemática en la que se encuentra la libertad, que deberá tutelar en sus cometidos próximos.
Muchas gracias. Las preguntas que le quería formular han sido ya contestadas en su intervención inicial.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea el seño Rallo hacer alguna intervención a la vista de las declaraciones? (Pausa.) Adelante.
El señor CANDIDATO PROPUESTO PARA DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (Rallo Lombarte): Quisiera corresponder a la brevedad de los miembros de la Comisión con la misma moneda y no abusar de su generosidad a la vista de la agenda que les ocupa en el día de hoy, en general abultada para los representantes de la soberanía popular. En términos generales me permito agradecer a todos los representantes de los distintos grupos parlamentarios, que han enjuiciado favorablemente los distintos extremos expuestos, tanto la ausencia de conflicto de intereses, que no ha sido en ningún modo cuestionado, como incluso, valorando otro tipo de aspectos, el enjuiciamiento favorable de las condiciones curriculares para acceder al cargo al que aspiro y para el que he sido propuesto. Posiblemente me quede corto expresando los sinceros sentimientos de gratitud por esas, en general, generosas palabras, pero -insisto-no quiero abusar de su tiempo. Únicamente ha existido una consideración por el representante de un grupo parlamentario que vendría a requerir de este aspirante un criterio en relación con un aspecto concreto de lo que puede ser el quehacer presente y futuro de la Agencia Española de Protección de Datos. En particular me refiero a la intervención del señor Mardones y a su preocupación sobre las agresiones que puede suponer para el derecho a la protección de datos la transferencia de datos de los pasajeros procedente de las compañías navieras o aéreas en relación con los Estados Unidos. Respecto de la cuestión concreta, hasta donde me he familiarizado ya con la materia -que he seguido y conozco-, incluso los grupos parlamentarios han tenido ocasión de conocer el criterio de la agencia en la más reciente comparecencia que don José Luis Piñar Mañas realizó presentando la última memoria de la agencia, y no solo el criterio, sino la actuación que la Agencia Española de Protección de Datos viene desarrollando desde hace algún tiempo desde las responsabilidades propias como agencia y también desde la presencia y participación que ella tiene en los organismos comunitarios, donde no se ha adoptado una posición pasiva precisamente, sino, al contrario, más bien activa y por tanto valorable. A priori me parece que seguir con el esfuerzo y con los criterios bien sentados por la agencia hasta este momento daría satisfacción a la preocupación que ha planteado el señor Mardones.
La otra cuestión que se ha puesto de relieve en las intervenciones, en este caso de la representante del Grupo Parlamentario Popular, es la relativa a la independencia o no de este aspirante, no solo para aspirar a la condición de director de la agencia, sino también para su ejercicio futuro. De alguna forma en su intervención ha venido a señalar que este aspirante, en términos literales, no va a ser independiente en el ejercicio de esa función, a diferencia de lo que ha ocurrido con los antecesores, con el resto de las personas que han sido directores de la Agencia Española de Protección de Datos. Como se ha advertido por la representante de otro grupo parlamentario, la independencia de un cargo, de una autoridad de esta naturaleza, del director de la Agencia Española de Protección de Datos, no deriva de condiciones subjetivas, de voluntades ni de vínculos previos, de la naturaleza que fueran, sino de un mandato legal. La ley que regula la Agencia Española de Protección de Datos establece claramente unas previsiones normativas que imponen, no solo a quien ejerce la función de director, sino también a aquellos que pudieran influir en el ejercicio de esa función, una relación de escrupulosa independencia, imponiendo una expresa prohibición -no recuerdo si existe una referencia igual en alguna otra de las administraciones independientes hoy existentes, pero me atrevo a decir que la que contiene la Ley reguladora de la agencia y su reglamento de desarrollo, que la complementa, es la más expresiva y contundente de todas según la normativa vigente en nuestro ordenamiento en relación con el cargo dirigente de una administración de esta naturaleza-de mandato dirigida al director y una expresa previsión de independencia en el ejercicio de la función. Por tanto, al director que lo sea, proceda de donde proceda, y desde luego al resto de autoridades que lo sean de los organismos públicos del Estado no les queda sino cumplir la ley para garantizar esa independencia legalmente impuesta. Obviamente no estamos hablando de la vulneración futura de la ley, sino de la presunción de que responsabilidades anteriores puedan condicionar, desde el punto de vista del compromiso ideológico del aspirante, a esta dirección. Espero que, si el proceso de nombramiento -todavía en curso-culmina de forma exitosa, puedan superarse las dudas o prejuicios expresados y me pueda sumar a esa lista de directores que vayan a ejercer con independencia
esa función y que gocen también del consenso del que, al parecer, han gozado los anteriores por el hecho de no ostentar afiliación o militancia política alguna.
Es cierto que durante dos legislaturas he sido elegido en las Cortes Valencianas como parlamentario, desde el año 1987 hasta el año 1995, en las candidaturas del Partido Socialista, por lo que me integré como diputado en dicho grupo parlamentario en las Cortes Valencianas. A ello sumo, para mayor ilustración de S.S., mi condición de afiliado al Partido Socialista Obrero Español de forma ininterrumpida desde el año 1984, más de ocho trienios, lo que obviamente apunto en esta misma sede con la satisfacción y el orgullo que corresponde ejercer también en este punto derechos constitucionales. Dicho eso, y entendiendo que ninguna de esas condiciones tiene por qué afectar al ejercicio futuro, independiente y autónomo de esta función que pretendo realizar, no es menos cierto que S.S. ha apuntado un elemento que me parece relevante y muy digno de consideración y de respeto. La Agencia Española de Protección de Datos ejerce funciones que se expanden en muy diferentes ámbitos, en particular en el sancionador, que puede alcanzar y ha alcanzado a instituciones, organismos, grupos, etcétera, y que pueden tener y tienen un marcado carácter político con un perfil de naturaleza partidista muy singular. No solo la legitimidad y el escrupuloso ejercicio independiente de esa función deriva y puede derivar del cumplimiento estricto de la ley, sino que es conveniente y deseable ganar, adquirir esa autoridad y que desde el mismo inicio del ejercicio de esa autoridad no exista lacra, tacha que pueda cuestionar ese ejercicio correcto y con autoridad de las funciones que la Dirección de la Agencia Española de Protección de Datos encomienda. Por eso, aunque la ley de creación de la Agencia Española de Protección de Datos no lo prevé, es mi intención solicitar, desde el mismo momento y fecha en que se produzca -si así ocurre-el nombramiento como director de la Agencia Española de Protección de Datos, mi suspensión en la condición de afiliado al Partido Socialista durante el tiempo en el que ejerza esta función. Ello puede contribuir a disipar dudas que me parecen en este punto legítimas y que van más allá de lo que la ley y el ordenamiento requiere; la ley y el ordenamiento en nuestro país únicamente excluye el ejercicio efectivo de la condición de afiliado a un partido político en un cargo político, no en ningún otro de los cargos existentes, ni siquiera en las más altas magistraturas del Estado, pero me parece que forma parte del buen funcionamiento, con autoridad, sin tachas y sin dudas, que es lo más importante en una autoridad en una Administración de esta naturaleza. (La señora Matador de Matos pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Matador, tiene un minuto.
La señora MATADOR DE MATOS: El señor Rallo ha expuesto aquí las condiciones subjetivas y objetivas que establece la ley para garantizar esa independencia, pero quiero hacer hincapié hoy en esta Comisión, precisamente por lo novedoso del trámite, que hasta la fecha todos los directores de la Agencia de Protección de Datos han sido independientes, porque -vuelvo a repetir-la materia de la que se trata es de especial sensibilidad y de especial protección. También tenemos que dejar constancia aquí que no se ha puesto en conocimiento de este grupo parlamentario esta propuesta de nombramiento del Gobierno. Nosotros no teníamos conocimiento de esta situación. Nos ha sorprendido mucho puesto que el anterior director de la Agencia de Protección de Datos, dicho aquí por todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios, contaba con el consenso y con las felicitaciones de todos los portavoces de esta Comisión. Se estaba realizando y se ha llevado a cabo una labor intensísima, iniciada ya en la etapa de Gobierno del Partido Socialista, hasta este momento. Tendrá que entender que nos quedemos con esa duda por su militancia en una formación política por usted reconocida y por el ejercicio de la política durante dos legislaturas. A nosotros nos queda la duda de que exista esa característica de la independencia, que es tan especial en esta materia tan sensible que regula la protección de datos.
Tenemos dudas y creemos que esa característica de la independencia no va a estar totalmente satisfecha como con anteriores directores de la agencia.
El señor PRESIDENTE: Quiero hacer solo dos aclaraciones: una, que sí se ha distribuido a los grupos parlamentarios el currículum vitae del señor propuesto y, dos, que estamos elaborando -insisto-un dictamen no de idoneidad sino de conflicto de intereses. (La señora Malaret García pide la palabra.)
Señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Muy rápidamente.
Como el trámite parlamentario es para examinar la idoneidad del candidato, sin perjuicio...
El señor PRESIDENTE: No es la idoneidad.
La señora MALARET GARCÍA: La ley la leo y la interpreto. Que luego se añadiera en el trámite de elaboración parlamentaria de la ley una referencia al contenido del dictamen con relación al conflicto de intereses no anula la parte anterior del precepto. Además este precepto es coherente con todas las reivindicaciones que existían con anterioridad al proyecto de ley precisamente con relación a la significación que tiene que tener el trámite parlamentario, pero no entraremos ahora en esta discusión. Lo único que quería hacer es una reflexión de carácter general, señalando que hasta la fecha en España, por lo que yo sé, jamás se ha cuestionado a un candidato para acceder a un puesto de responsabilidad, cuyas funciones deberá ejercer con independencia, teniendo en consideración las asociaciones u organizaciones a las que puede pertenecer, que son muy variadas y no solamente
de partidos políticos. Quisiera hacer una reflexión de carácter general, porque a lo mejor entramos en la senda de examinar con profundidad la lista de asociaciones u organizaciones a las que se pueda pertenecer, y no estamos convencidos de que sea la mejor.
El señor PRESIDENTE: Por las cosas que se han dicho quisiera solo insistir en cuál es el cometido que tiene esta Comisión en este punto del orden del día. En el artículo 2, párrafo tres, de la ley se dice con toda claridad: La Comisión parlamentaria emitirá un dictamen en el que establecerá si se aprecia o no la existencia de conflictos de intereses.
Todo lo demás es muy legítimo que se lo planteen, pero aquí estamos discutiendo si hay o no conflicto de intereses.
Señor Rallo, muchísimas gracias en nombre de toda la Comisión por su comparecencia. La Comisión tomará sus decisiones sobre el dictamen.
Las votaciones o la toma de decisiones no se harán antes de las doce, para que tengan ustedes un cómputo y puedan organizarse.
DESIGNACIÓN DE LAS PONENCIAS ENCARGADAS DE INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN. FORMULADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN-CORTES. (Número de expediente 127/000006.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día, como saben ustedes, es el nombramiento de la ponencia que va a estudiar la proposición de ley admitida a trámite por el Pleno del Congreso de los Diputados para la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Han llegado a la Mesa propuestas de los grupos Mixto, Popular y Socialista.
Nos queda ahora conocer por las personas que representan a los otros grupos el nombramiento que puedan establecer para esa ponencia. Si algunos de los señores diputados quieren hacer una pequeña declaración, lo entendería el presidente; si no, damos los nombres y terminamos con este trámite.
¿El señor Mardones podría decirnos quién va a ser el ponente, si está en su conocimiento?
El señor MARDONES SEVILLA: Por si hubiera alguna duda, un servidor de ustedes. En nombre de Coalición Canaria seré el ponente en esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, por Izquierda Unida.
El señor LLAMAZARES TRIGO: La propuesta de nuestro grupo parlamentario es que doña Isaura Navarro sea la ponente.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, será un servidor de la Comisión.
El señor XUCLÀ I COSTA: Será otro servidor de la Comisión y del leal desarrollo de los estatutos. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Están aprovechando que están aquí para nombrarse a sí mismos.
El señor XUCLÀ I COSTA: Quiero comunicar a la Comisión que ayer mi grupo parlamentario presentó una enmienda de corrección de errores a la única enmienda que habíamos presentado, por un error evidente de incorporar el aranés. Aprovecho la intervención para comunicar la introducción de esta corrección de errores.
El señor PINTADO BARBANOJ: Intervendré con la máxima brevedad. Solamente quiero decir que es un honor para este diputado poder participar en los trabajos de la Comisión que va a analizar el Estatuto de Aragón. Esta propuesta parte ya con el acuerdo mayoritario de cuatro fuerzas políticas: el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida y Coalición Canaria, aunque sea en representación del Partido Aragonés, manteniendo el resultado de las negociaciones y el acuerdo en el Parlamento aragonés. El Partido Popular viene a la negociación con un espíritu abierto al que nos gustaría incorporar a otras fuerzas políticas, porque este es el Estatuto del consenso, sin embargo hemos apreciado una injerencia de algunos grupos nacionalistas, especialmente provenientes de Cataluña, en asuntos propios de plena competencia y legitimidad y que no preocupan para nada a los aragoneses. El Gobierno tripartito está haciendo una apuesta clara en cuanto a cuestiones de tipo lingüístico en Cataluña, pero eso no tiene por qué entrar en otras zonas para tratar de establecer criterios que en nuestro territorio, en el territorio de Aragón, no suponen más que un brindis al sol.
Por último, para ser breve en mi primera intervención, quiero agradecer la corrección que plantea el señor Xuclà sobre su enmienda. No entendíamos la referencia al aranés en los aspectos del agua. Se ha hecho un esfuerzo muy importante que ha dejado de manifiesto con absoluta claridad la postura de las cuatro fuerzas políticas que han llegado a un acuerdo en el planteamiento de las enmiendas, que no existe ningún blindaje del Ebro. Esa referencia histórica a los 6.550 hectómetros cúbicos, tal como nació, sigue estando condicionada a la planificación hidrológica. En este caso no solamente nos preocupa la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, sino la justificación que le
dan, esa pretensión de empezar la casa por el tejado para establecer los caudales ecológicos del delta del Ebro y a partir de ahí establecer los aprovechamientos que se pueden hacer del resto de la cuenca. Esto supondría chocar frontalmente con el espíritu de la directiva marco del agua. La competencia sobre la planificación de los usos del agua sigue en manos de la Administración General del Estado. Nos parece legítimo que cada comunidad autónoma intente plantear todas las cuestiones pertinentes respecto al aprovechamiento máximo de los recursos hídricos, pero siempre bajo el paraguas de esa unidad de cuenca cuya gestión está en manos de la Administración General del Estado.
Finalmente, quiero expresar mi deseo de colaborar para hacer un buen trabajo para Aragón y para España.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Quiero empezar por anunciarles que, como ya hemos comunicado a la Mesa, nuestros ponentes serán doña Eva Sáenz, don Jesús Membrado y yo mismo. En nombre de ellos dos especialmente quiero hacer unas manifestaciones, no tanto para entrar en el debate de las enmiendas, que obviamente no corresponde a este trámite, sino para señalar cuál es el espíritu con el que el Grupo Socialista ha recibido este Estatuto y cómo lo va a tramitar. En primer lugar, quiero señalar que el Grupo Socialista ha recibido el Estatuto de Autonomía de Aragón como la expresión de una comunidad pujante, una comunidad que ha desarrollado su autogobierno a lo largo de estos veinticinco años en un camino lleno de realizaciones, de fortalecimiento institucional, de crecimiento económico, de aprovechamiento inteligente de su ubicación geoestratégica, un camino que ha fortalecido el nombre, la historia y el ser de esa comunidad en España en los últimos años de manera muy notable.
Veinticinco años después del inicio de ese autogobierno, la Comunidad de Aragón, las Cortes de Aragón han decidido renovar su Estatuto, y lo han hecho proponiéndonos uno nuevo. Conviene recordar que es un Estatuto de nueva planta, que se construye sobre el basamento de la experiencia autonómica vivida estos veinticinco años con arreglo a su viejo y actual Estatuto y en el contexto de las reformas autonómicas que España está experimentando en esta legislatura; unas reformas, en mi opinión, cargadas de sentido y de futuro, unas reformas que ya han llevado a cabo la Comunidad Valenciana, la Comunidad catalana, la Comunidad andaluza y la Comunidad de Baleares, cuyo Estatuto está en este momento en el Senado, y previsiblemente abordarán en los próximos meses Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, etcétera. Las Cortes de Aragón -conviene decirlo aquí y me satisface hacerlo en nombre del Grupo Socialista-han realizado un notabilísimo esfuerzo de consenso interior.
Esta es la condición más valiosa cuando se presenta en las Cortes Generales un texto autonómico procedente de una comunidad autónoma. Han hecho un enorme esfuerzo para que la práctica totalidad de los grupos políticos de las Cortes, excepto la Chunta, hayan apoyado ese Estatuto.
Sobre ese gran consenso queremos conformar un proyecto estatutario unánime, si pudiera ser. Desde luego ese va a ser nuestro espíritu, entendiendo además que las Cortes de Aragón han realizado también un notable esfuerzo -quiero destacarlo-de inserción de su Estatuto en nuestra Constitución. El espíritu de los proponentes, de las Cortes de Aragón, ha sido insertar claramente el Estatuto de Aragón, desde el punto de vista de su literalidad y de su espíritu, en la Constitución española.
A ese esfuerzo no le es ajeno, porque no es incompatible, un proyecto de profundización en el autogobierno, un reforzamiento de los signos identitarios -muy notables-y de las peculiaridades geográficas y estratégicas de Aragón, que son capitales en la configuración de su norma institucional básica, y un reforzamiento de sus pretensiones económicas y financieras.
Termino, señor presidente, anunciándoles que el PSOE apoyó este Estatuto en las Cortes de Aragón y lo apoya también aquí. Hemos presentado algunas enmiendas con objeto de ajustar e incluso de mejorar el Estatuto de Aragón; así ha sido percibido, cuando se han conocido nuestras enmiendas, por la mayor parte de las fuerzas políticas aragonesas y de la ciudadanía. Trabajaremos con ese espíritu para aumentar más si cabe el consenso originario y esperamos, por fijar un calendario aproximativo, que a finales de este mismo mes de febrero, o quizás como muy tarde a comienzos del próximo mes, si la ponencia trabaja con el espíritu que acabo de anunciarles, se pueda presentar a esta Comisión un dictamen de ponencia que nos permita la aprobación definitiva del nuevo Estatuto de Aragón en el Congreso el próximo mes.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Aunque hemos transmitido la designación del ponente en esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que, como no puede ser de otra manera, es el señor Labordeta, de Chunta Aragonesista, nos parecía poco cortés no anunciarlo en esta Comisión. Por tanto, simplemente quiero señalar que será el señor Labordeta el ponente en la tramitación de esta propuesta de reforma del Estatuto de Aragón. Quiero justificar su ausencia por razones de la enfermedad que sufre y del tratamiento médico que está siguiendo, como todos ustedes conocen. Por cortesía hacia todos ustedes me parecía obvio trasladarles su justificación y su petición de que comprendan su ausencia en esta Cámara.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Como autores de la propuesta de Estatuto, no quisiéramos quedarnos
únicamente en la propuesta de doña Isaura Navarro como miembro de la ponencia, sino que quisiera destacar la importancia del Estatuto de Aragón y el nivel de consenso alcanzado en la propuesta, aparte de valorar las enmiendas a las que hemos llegado los grupos autores de la iniciativa para que el funcionamiento de la ponencia y de la Comisión sea ágil y consensuado. Termino diciendo que aspiramos a ampliar en el Congreso de los Diputados el consenso que hemos obtenido en Aragón, y no creemos que la mejor receta para ampliarlo sea abundar en el agravio comparativo ni en la confrontación de las fuerzas políticas ya desde ahora. Los estatutos deben ser objeto de consenso, no son contra ninguna fuerza política nacionalista de ámbito español ni de ningún otro ámbito.
El señor XUCLÀ I COSTA: Le comunico que el ponente del Grupo Nacionalista Vasco será el señor Aitor Esteban, que me ha encargado que le traslade su nombre.
Brevemente aprovecho también porque no sabía al principio si simplemente hacíamos...
El señor PRESIDENTE: No debieron oírme porque dije al principio que si alguno quería hacer una declaración el presidente lo entendería, pero nadie lo entendió y ahora todos lo han entendido.
El señor XUCLÀ I COSTA: He entendido que se ha abierto turno y brevemente haré uso de él porque el principio de ser parlamentario es el respeto absoluto a las propuestas de otros parlamentos autonómicos, y así se ha desarrollado nuestra posición en las reformas estatutarias de esta legislatura. Quiero invitar a todos los grupos, pero especialmente al ponente y al portavoz del Grupo Popular, a hacer una aproximación a la única enmienda que ha presentado este grupo desde un tono de cordialidad para llegar a un acuerdo de consenso por ampliación. A partir de este respeto absoluto, nosotros hemos puesto sobre la mesa con esta enmienda la literalidad de una disposición votada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la Ley de Patrimonio de Aragón, aprobada por las Cortes de Aragón el año 1999 -unanimidad incluye a un partido tan importante en España como es el Partido Popular-, en la línea de que el artículo 7 de este Estatuto hace una referencia explícita, inequívoca y muy clara a las lenguas en plural, y con nuestra aportación quizás este artículo quede mejor informado, según lo que dicen las Cortes de Aragón.
Afortunadamente, en esto no hay conflicto en Aragón. Insisto: desearemos que esta pequeña y modesta contribución sea de consenso por ampliación y esperemos que sea posible; es más, pensamos que será posible. En todo caso, el ánimo de este grupo parlamentario no es el de la confrontación entre territorios ni el de la irritación entre partidos sino el de expresar coherencia entre aquello votado el año 1999 y aquello que se puede incorporar en la tramitación de 2007.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, pues, después de las manifestaciones de todos, que la ponencia para el dictamen de la propuesta de reforma del Estatuto de Aragón está formada por el señor Membrado, la señora Sainz, el señor Jáuregui, el señor Pintado, la señora Sáenz de Santamaría, el señor Esteban, el señor Mardones, la señora Navarro, el señor Xuclà, el señor Tardá y el señor Labordeta. Queda ratificada la ponencia por la Comisión, así que se constituirá, hará su trabajo y convocaremos la Comisión. Hay una aproximación para que, en el caso de que la ponencia terminara pronto su trabajo, pudiéramos volver a reunir la Comisión en dos semanas para aprobar el Estatuto. (El señor Jáuregui Atondo pide la palabra.)
El señor JÁUREGUI ATONDO: No sé si ya nos habíamos puesto de acuerdo, pero quizás convenga formalizarlo hoy. La intención que teníamos era que la ponencia se reuniera el miércoles que viene, día 21, a esta misma hora, a las nueve y media.
El señor PRESIDENTE: Esa es una decisión que toman los propios ponentes.
Si han acordado que sea así, no hay ningún inconveniente, como es natural.
-PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (Número de expediente 122/000088.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. Se trata de la designación de la ponencia para el estudio de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General. Solo ha llegado a la mesa la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Socialista. Rogaría ahora al señor Mardones que nos diera el nombre del ponente.
El señor MARDONES SEVILLA: Un servidor, señor presidente. Luis Mardones irá como ponente de esa proposición de ley orgánica de modificación de la del Régimen Electoral General.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Como autores de la iniciativa, habríamos deseado que estas modificaciones que tienen que ver con la ley electoral se hubieran producido de manera global. Como saben, propusimos la creación de una subcomisión para la reforma global de nuestro sistema electoral, toda vez que consideramos
que esta materia es muy importante, pero hay otras tan importantes como esta y tienen que ver, por ejemplo, con la garantía de la proporcionalidad y de la representatividad de nuestro sistema electoral.
No ha sido así. Vimos con estupor cómo las fuerzas políticas parlamentarias rechazaron la creación de la subcomisión en torno a la reforma electoral, pero no queremos que lo mejor niegue lo bueno y en este caso pensamos que al menos debe reformarse para garantizar la privacidad del voto de las personas invidentes. En ese sentido, es positivo que se cree esta ponencia y que se trabaje en esta reforma parcial de nuestro sistema electoral, y propondremos a nuestra compañera Carme García como representante de nuestro grupo parlamentario en esa ponencia.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: En nombre del Grupo Mixto la diputada que le habla, la señora Lasagabaster, será ponente de esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Don Aitor Esteban ya dio su nombre como ponente.
El señor TARDÁ I COMA: En nombre del Grupo de Esquerra yo mismo.
El señor XUCLÀ I COSTA: También un servidor de esta Comisión será ponente.
Haré unas muy breves referencias, primero, porque, como muy bien decía el señor Llamazares, esta proposición de ley es fruto de una iniciativa de su grupo parlamentario. En los antecedentes de esta misma legislatura quiero recordar que este tema fue traído a esta Comisión Constitucional por una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y va en línea con lo planteado en la proposición de ley de Izquierda Unida, con la que es absolutamente coincidente. Deseo que los trabajos sean tan rápidos como sea posible, tanto como para tramitar la reforma de un Estatuto en pocas semanas. Estamos hablando de una reforma puntual que un colectivo importante de ciudadanos invidentes cree que es necesario para perfeccionar su derecho democrático al voto con absoluto secreto. Hemos pasado muchas semanas, muchos meses, más de un año hasta afrontar esta reforma. Este colectivo, que la impulsó en su momento, ha visto cómo ha pasado el referéndum del Tratado constitucional europeo, el referéndum de Cataluña y otras elecciones sin poder llevarla a cabo. Este colectivo desea que esto sea posible para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo, lo que quizás no sea factible, pero sí para las generales.
Finalmente, aunque no sea práctica habitual, señor presidente, de los 44 millones de españoles que convivimos pacífica y cordialmente discutiendo en esta Cámara de 350 diputados, hoy quiero citar a una persona, José Ángel Carrey, catalán y ciego, que ha venido impulsando esta reforma con gran perseverancia, con actitud constructiva y sin perder la paciencia; si hoy estamos afrontando una cuestión de justicia es por un colectivo muy amplio, pero especialmente por el empeño de esta persona.
El señor PRESIDENTE: Señor Vera.
El señor VERA PRO: Los ponentes del Grupo Parlamentario Popular seremos los señores Bermúdez de Castro y yo mismo. Como siempre los trabajos de nuestro grupo parlamentario irán dirigidos a alcanzar el mayor de los acuerdos en un tema en el que somos realmente sensibles, como hemos manifestado en anteriores ocasiones. Las reformas que afectan a la ley orgánica del régimen electoral, que es una ley medular de nuestro sistema democrático, requieren el mayor de los consensos entre todos los grupos, por ello nuestra sensibilidad irá dirigida a buscar los puntos de encuentro para la resolución de este problema.
En cuanto a lo que ha dicho el señor Llamazares, mi grupo parlamentario era partidario de la creación de la subcomisión para que estudiara todas las reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se planteaban, pero éramos contrarios a que se sustrajeran de los trabajos de dicha subcomisión algunas otras cuestiones como la Ley de Paridad, que se llevó al proyecto de ley de igualdad entre hombres y mujeres. Esa es la posición del Grupo Popular.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Yo quería hacer solamente tres precisiones.
Primero, como ya se ha puesto de manifiesto por varios de los intervinientes, debemos una explicación a la opinión pública, porque ha habido varias proposiciones de ley -por una parte de Izquierda Unida y creo que también de Esquerra o de Convergència, y varias proposiciones no de ley-mandatándonos para que resolviéramos el problema del voto de los ciegos. Esto se ha ido aplazando, porque quedaba siempre latente la idea de abordar esta y otras reformas en una especie de subcomisión parlamentaria que pudiera generar el consenso necesario para todas ellas.
No ha habido posibilidad de concretar esta subcomisión, en gran parte por la discrepancia política, perfectamente legítima, sobre otros aspectos de las posibles reformas, y esa es la razón por la que esta proposición de ley ha quedado ahí aparcada.
Hemos decidido, a petición del Grupo de Izquierda Unida, como bien se ha dicho en esta Comisión de hoy, reanudar los trabajos para este tema. Me parece bien,
nosotros ya hemos dado los nombres de nuestros ponentes, y así lo haremos.
Pero quizá convendría que también acordáramos, si no formalmente sí grosso modo entre todos nosotros, el plazo que nos vamos a dar todos los grupos para la fijación de las enmiendas, porque, como ustedes saben, queridos compañeros de Comisión, el plazo se está prorrogando semanalmente. Sería conveniente que nos pusiéramos de acuerdo para decidir con qué fecha ponemos límite al plazo de enmiendas, porque ese será el punto de inicio de la ponencia. Hoy estamos formalmente anunciando que la vamos a constituir, pero no se constituirá hasta que no decidamos todos los grupos que el plazo de enmiendas acaba el día tal, pongamos el 20 de febrero o el 27, pero en todo caso en esta próxima semana o en la siguiente. Nosotros aceptamos lo que acordemos.
Por cortesía y porque me parece que es lo leal en este caso, quiero anunciar que nosotros tenemos la intención de aprovechar esta pequeña reforma para incorporar otra idea que todos los grupos hemos acordado unánimemente en Pleno, a través de una proposición no de ley, y que hace referencia al problema de los llamados ausentes temporales. Ustedes recordarán que yo mismo defendí en un Pleno una proposición no de ley, que aprobamos luego todos por unanimidad, mandatando al Gobierno a que resolviera la votación de los Erasmus, porque ya son casi 5.000 los chicos españoles que están en muchos países europeos que, cuando llegan las elecciones, no pueden votar, porque tienen que venir aquí y no pueden pagarse el viaje. No voy a reproducir la argumentación, pero recuerdo que todos decidimos que este tema también se abordara, y quiero anunciarles que nuestro grupo desea enmendar en esa dirección un mandato al Gobierno para la resolución de ese problema, y lo hago porque tengo la información del Gobierno -y esto me corresponde únicamente porque pertenezco al grupo que lo sustenta-de que en los trabajos que ha venido realizando con la Junta Electoral Central para responder a este mandato parlamentario del que les hablo, la Junta ha ordenado al Gobierno que la regulación que prevea para que los estudiantes Erasmus puedan votar tiene que obedecer a un mandato legislativo. Por esto nuestro grupo les anuncia que incorporará también a las pequeñas reformas que incorporaremos a la ley, para resolver el problema del voto de los ciegos, una enmienda en la dirección de que el Gobierno pueda, vía decreto, resolver la votación de los llamados ausentes temporales.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, por tanto, que la ponencia queda ratificada por la Comisión en los señores Esteban, Torres Vela, Pedret, Tomás García, Mardones, señoras Lasagabaster y García, y señores Tardà, Xuclà, Bermúdez de Castro y Vera, sobre el entendido de que no podrá constituirse hasta que no termine el plazo de enmiendas. Si acuerdan ustedes que finalice antes el plazo de enmiendas, antes podrá constituirse la ponencia.
-SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA NEUTRALIDAD RELIGIOSA DE LAS INSTITUCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/000575.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a otros asuntos del orden del día. Como saben, hay tres proposiciones no de ley previstas en el orden del día.
Vamos a tratar en primer lugar la proposición no de ley sobre medidas para garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones y servicios públicos del Estado. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Por tanto, tiene la palabra, le ruego que lo más brevemente posible, el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: La presente proposición no de ley pretende asegurar la neutralidad religiosa del Estado y de todos los poderes públicos. Por un lado, pretendemos que la legislación no haga distinciones por motivos religiosos que supongan privilegios o discriminaciones, y por otro lado que los poderes públicos no hagan apología ni actividades de ninguna creencia. De hecho, en la legislación española existen una serie de privilegios hoy por hoy por motivos religiosos que ponen en cuestión la neutralidad religiosa que deben tener todos los poderes públicos. Esta afirmación no solo la hacemos nosotros, sino que también está suscrita por el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, don Diego López Garrido, cuando afirmaba en la anterior legislatura -y cito textualmente-: siguen existiendo enclaves que no se corresponden con el proceso de laicidad que hay en el fondo de nuestra Constitución. Estos enclaves todavía permanecen. Por ello se deben tomar las medidas oportunas para intentar corregir la legislación, así como establecer las garantías adecuadas para que en un futuro no se puedan repetir discriminaciones de este tipo, porque si bien parece inverosímil que en el siglo XXI se puedan establecer este tipo de discriminaciones en un Estado que se declara aconfesional en su carta magna, lo cierto es que en este siglo XXI se han producido.
En esta línea permitan que enumere tres casos que se produjeron en la anterior legislatura por parte del Gobierno del Partido Popular: uno, la Ley de Fundaciones, donde quedan exentas de fiscalización y control todas aquellas fundaciones de la Iglesia católica; dos, la reforma del sistema financiero, en que se crean condiciones de peculiaridad para las cajas de ahorro de la Iglesia católica, y tres, la Ley de Calidad de la Educación, que pretendía que la religión fuera asignatura troncal. Creemos que las desigualdades que todavía siguen vigentes deben ser estudiadas y corregidas, pero más allá de ello la presente proposición no de ley pretende que los poderes públicos no realicen actos de
ningún signo religioso, como por ejemplo las misas que se celebran en determinadas ceremonias oficiales.
Nuestra iniciativa no pretende en ningún caso, absolutamente en ningún caso, atacar a ninguna religión; al contrario, pretende igualar los derechos de todas las personas y organizaciones, sean creyentes católicas, musulmanas, judías, evangelistas, budistas o de cualquier otra creencia o no creencia. Pretendemos un Estado verdaderamente laico, y eso significa la igualdad de la ciudadanía, al margen de las creencias o no que cada cual profese. Un Estado laico tampoco significa que el Estado no pueda cooperar con las distintas confesiones; al contrario, este es un derecho constitucional que no cuestionamos; lo que pretendemos es que esta fórmula de cooperación se establezca con las confesiones para que se desarrolle en sus ámbitos de actividad, pero que en ningún caso sean los poderes públicos quienes la desarrollen.
Voy terminando, señor presidente. La presente proposición no de ley, como está indicado en el punto número dos, implica necesariamente una revisión de los acuerdos con diversas confesiones religiosas, que tienen su origen en el acuerdo con la Santa Sede suscrito por la dictadura autoproclamada como nacional-católica y que, revisado en los primeros años de la transición, no fue modificado en esencia, manteniéndose hasta nuestros días. En este punto la sociedad ha cambiado sustancialmente sus creencias religiosas, y ha llegado el momento de adecuar la legislación a la realidad y al necesario respeto e igualdad de todas las creencias y no creencias. Esta postulación es compartida por el Partido Socialista Obrero Español, que en su manifiesto llamado Constitución, laicidad y educación para la ciudadanía, hecho público hace dos meses, afirma -y cito textualmente-: la laicidad se configura como un marco idóneo y una garantía de la libertad de conciencia, donde tienen cabida todas las personas, con independencia de sus ideas, creencias o convicciones y de su condición personal o social, siendo requisito para la libertad y la igualdad. Este discurso está en línea con el desarrollado por el mismo Partido Socialista en la anterior legislatura, cuando defendían una enmienda a una proposición no de ley del Grupo Mixto, defendida por nuestro diputado Joan Puigcercós, enmienda que fue firmada por la actual vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, para la creación de una comisión para estudiar las medidas que garantizaran la neutralidad religiosa del Estado y las instituciones públicas, la revisión de los acuerdos suscritos por el Estado con las confesiones, y la supresión de cualquier tipo de discriminación o privilegio por motivos religiosos o confesionales. Esto es lo que decía la vicepresidenta, y hoy esta proposición no de ley no ha merecido ni la presentación de una enmienda por parte del mismo Grupo Socialista, lo cual nos parece lamentable. Es por ello que esperamos la aprobación de la presente proposición no de ley -no va a ser posible, en función de lo dicho por el Partido Socialista-y confiamos, en línea con lo expuesto y según las postulaciones del Partido Socialista, tener en breve, quizá, una verdadera ley de libertad religiosa que finalice con discriminaciones y privilegios y establezca la igualdad legal de todas las creencias y no creencias, así como la total neutralidad religiosa del Estado. Ahora bien, si el Partido Socialista no la aprobara -ya sabemos que no la van a aprobar-no nos está traicionando a nosotros; está traicionando el manifiesto por la laicidad que presentaron hace tan solo dos meses, tal como he dicho, y a las propuestas que, avaladas por la actual vicepresidenta del Gobierno y el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, proponían antes de estar en el Gobierno, y que hoy se demostrarían absolutamente falsas e incluso llegaría a decir que vergonzantes.
Necesitamos esta ley y esperamos su aprobación en la presente legislatura.
Por ello, si el Gobierno no la lleva adelante, les anunciamos que Esquerra Republicana llevará a debate la proposición de ley sobre libertad religiosa que ya presentamos y que no podemos debatir, puesto que el Partido Popular nos la tiene bloqueada en la Junta de Portavoces.
El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo votará en contra de esta iniciativa del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, en primer lugar, por respeto a los usos y costumbres de la ciudadanía española, tradicional e histórica. En segundo lugar, por no complicarle más la existencia a los ciudadanos de este Estado, ya que bastante es el catálogo de problemas que tenemos como para meternos en otro más. Mi grupo no entra en más consideraciones ideológicas, respeta los usos y costumbres que a las procesiones vayan los alcaldes que quieran ir, sean de la religión que sean, todos en paz y cada uno en su concordia, ya que la democracia también es eso.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Como la iniciativa nuestra que viene a continuación tiene mucho que ver con esta, solo quiero decir que vamos a votar favorablemente la propuesta del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos convencidos de que es una iniciativa que tiene más que ver con la Constitución, que reconoce la aconfesionalidad del Estado, que con la situación actual que vivimos en nuestro país, herencia del régimen anterior, en la que no solamente hay una relación privilegiada con la Iglesia católica, sino que además se pretende por parte de la jerarquía eclesiástica imponer una moral pública frente a la virtud cívica, que es la única moral pública de una democracia, y por tanto, nosotros consideramos que el avance que se pueda producir en materia de aconfesionalidad del Estado es un avance en el pluralismo moral.
En ese sentido respaldaremos la iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña.
El señor PRESIDENTE: El Señor Fernández tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: La verdad es que no es nuevo el intento de Esquerra Republicana de Cataluña, también de Izquierda Unida, y efectivamente del Partido Socialista, aunque de una manera más solapada, de ir por la vía de una política de hechos consumados transformando, en mi opinión, en una auténtica mutación constitucional, el Estado aconfesional cooperativo definido en nuestra Constitución en un Estado laico. Entiéndase Estado laico, laicista, porque aquí jugamos con las diversas acepciones que la palabra laico tiene: laico como contrapuesto a religioso o persona consagrada y eso lo somos todos los que estamos aquí, pero ya sabemos que en el debate público, en el debate político un Estado laico es un Estado laicista, es decir, el que niega toda relevancia pública al hecho religioso. De hecho, como todos sabemos, en la historia de las relaciones, en el derecho y en la praxis comparada de las relaciones Iglesia-Estado, si se quiere como unidad religiosa o eclesiástica, como comunidad civil o comunidad política, existen básicamente tres modelos que dan lugar, a su vez, a tres diversos Estados: el Estado confesional, el Estado aconfesional que no anticonfesional, y el Estado laico o laicista, y además los tres son compatibles con la democracia, porque en la Unión Europea tenemos esos tres modelos en Estados que pertenecen a la Unión Europea, y que por la propia naturaleza de la Unión Europea han de ser Estados democráticos.
Grecia es un estado confesional, y la Iglesia ortodoxa es la iglesia oficial. No digamos en el Reino Unido, donde la reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia anglicana. Y las monarquías nórdicas, que son democracias, son Estados confesionales y las iglesias luteranas calvinistas son las iglesias oficiales de esos Estados. Por tanto, no intentemos descubrir nuevos mediterráneos, que el que existe lo tenemos muy cerquita. Desde el punto de vista del Estado laico, laicista, la República Francesa sería un poco el paradigma, que todos sabemos que a ustedes les gusta mucho ese modelo de relación, y me parece legítimo, pero no es el definido en nuestra Constitución. Discutir eso es atentar a la inteligencia de todos los que estamos aquí. También a la del señor Llamazares, que me dice que no con la cabeza. Váyase a los diarios de sesiones de las constituyentes, amigo Llamazares, y verá cómo las posiciones que defendía, por ejemplo el señor Peces-Barba, con otros ponentes constitucionales, en este sentido eran muy claras, y que al final, como fruto de ese consenso, de la Constitución del consenso que fue la de 1978 -y no fueron constituciones del consenso otras anteriores, ya que la Constitución de la República fue claramente una constitución absolutamente laica, laicista-, en el hecho religioso, que había dado lugar a tantas controversias y divisiones en el pasado en nuestro país, ese consenso se manifestó de una manera muy ejemplar, en mi opinión, con la definición del artículo 16, complementado con el artículo 27 -y no quiero hacer un turno de alusiones con el presidente, porque sabe mucha historia de aquellos debates y aquellos consensos-, que define al Estado español como un Estado aconfesional, y a continuación introduce la noción de cooperación, donde dice que, no obstante, teniendo en cuenta el Estado, los poderes públicos las confesiones y creencias religiosas históricas tradicionales de la mayoría de la sociedad española, adoptará los acuerdos adecuados y convenientes de cooperación con la Iglesia católica, a la que cita expresamente, y aquellas otras confesiones religiosas que en función de las convicciones de los españoles sea preciso hacer.
Para atender eso tenemos, entre otras cosas, instrumentos como el Centro de Investigaciones Sociológicas que mes a mes, además de otros muchos centros, va analizando cuáles son las convicciones y creencias religiosas de los españoles, de acuerdo con la autodefinición que a sí mismos se dan los españoles en cuanto a esa cuestión. Yo tengo aquí el último barómetro del CIS, y saben ustedes que lo hace mes a mes. Por tanto, tenemos una serie histórica estadística muy larga, en la que hay una pregunta recurrente: ¿Cómo se define usted en materia religiosa? Católico, creyente de otra religión, no creyente o ateo. Pues, mire usted, las cosas son como son, comprendo que a lo mejor no les guste, pero en torno al 80 por ciento de los españoles mayores de 18 años, mes tras mes, punto arriba, punto abajo, como saben todos ustedes, se definen a sí mismos católicos; creyentes de otras religiones: un 1,5 por ciento, lo que puede confirmar el tópico de que en España los españoles o son católicos o no creen en nada; el 30 por ciento restante se define no creyentes o ateos.
Esta es la realidad. Y si aplicáramos el principio democrático, que no veo por qué en este ámbito debería de quedar excluido, si los ciudadanos españoles en este ámbito se definen a sí mismos, mes tras mes, año tras año, en un 80 por ciento como creyentes de una determinada religión, de una determinada fe, parece que eso tiene alguna relevancia pública y que los poderes públicos de ese Estado han de tener en cuenta esa realidad, aunque solo fuera por un mínimo respeto al principio democrático de los deseos manifestados reiteradamente por una abrumadora mayoría social de los ciudadanos españoles. ¿Qué hay pocos budistas? ¡Qué le vamos a hacer! ¡Bendito sea Dios! El día que haya un 80 por ciento de budistas, me imagino que en la Constitución aparecerá de manera explícita esa referencia, y habrá acuerdos; incluso sería obligatorio y de sentido común hacerlos.
Me parece muy bien lo que decía el señor Mardones. No me imagino la Semana Santa, en la circunscripción por la que es diputado desde hace muchos años la señoría que nos preside, sin las cofradías, sin las hermandades.
No sé el laicismo cómo se compadece con esa explosión del hecho religioso, cultural, tradicional, con esas manifestaciones de piedad popular. Intentar construir artificialmente
una sociedad, en una auténtica maniobra de ingeniería social, al margen de las convicciones, de las creencias, de las tradiciones, en la historia ha dado muy mal resultado. Igual que la ingeniería genética es una cosa poco recomendable, y un servidor es ingeniero industrial, la ingeniería social también en su dimensión religiosa es poco recomendable. Intentar construir una sociedad a su antojo, a gusto de una exigua minoría, privándoles de su libertad, de una libertad fundamental, como es la libertad religiosa, que es expresión muy importante de la libertad de conciencia que, a su vez, ontológicamente pertenece a la categoría de la naturaleza humana, es muy peligroso.
Yo les recomendaría que no siguieran por ese terreno. Porque escuchar a mi amigo Tardà -perdón, su señoría Tardà-... (El señor Tardà i Coma: Amigo, amigo.) Por supuesto, pero el protocolo nos exige dejar formalmente la amistad a un lado y hacer referencia a su condición de diputado, aunque son compatibles. Es diputado, es de Esquerra Republica y es amigo mío.
Decía que escucharle hablar de privilegios económicos y fiscales, cuando el Gobierno acaba de firmar con la Iglesia católica, con la Conferencia Episcopal española, una renovación de los acuerdos en materia de tipo económico, complementando y reformando los acuerdos del Estado Español y la Santa Sede del año 1979, es un tanto sorprendente. No teoricemos en este momento, no hay tiempo para teorizar acerca de lo que es privilegio y de lo que es discriminación positiva. Simplemente digo que el artículo 16 de la Constitución española fue un gran logro, fue un punto de encuentro histórico, y el artículo 27 lo complementó. Los acuerdos Estado español-Santa Sede tienen rango de tratado internacional. Fueron refrendados por las Cortes Generales. Por tanto, lo que se derive de esa aconfesionalidad cooperativa ni son privilegios ni son discriminaciones positivas. Otra cosa son fundamentalismos laicistas que intentan imponer su verdad a costa de la libertad. Y eso, créanme, es muy peligroso y en la historia ha dado muy mal resultado.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Querría empezar por señalar que nuestro grupo está de acuerdo con mucho de lo que han dicho los señores Tardá y Llamazares, desde el punto de vista de su posición teórica en torno a la aconfesionalidad. Pero justamente por ello, no vemos la necesidad de esta proposición no de ley. Nosotros suscribimos a pies juntillas los principios de la laicidad, cómo no, y de la aconfesionalidad del Estado, cómo no, pero no vemos la necesidad de que tengamos que modificar el comportamiento del Gobierno en esta materia, ni siquiera tampoco nuestra legislación, que nos parecen perfectamente respetuosos con esos principios. La aconfesionalidad del Estado no es un mero enunciado declarativo, sino que es la consecuencia de una serie de principios y de derechos fundamentales que se proclaman en nuestra Constitución y que son la base de nuestra convivencia. Desde luego, la igualdad y la no discriminación por razón de la religión, la libertad de conciencia y también la libertad religiosa y de culto son la esencia del principio constitucional. La neutralidad religiosa la garantiza el Estado y la garantiza este Gobierno, respetando escrupulosamente el artículo 16 de la Constitución española. Nosotros tenemos un principio de neutralidad que tiene que ver con esa delicada ecuación entre religiones en España, que hacen referencia a lo que algunos llaman un trato privilegiado a la Iglesia católica. Es verdad que nuestra Constitución la menciona expresamente. Probablemente lo hace, como bien han explicado ya otros compañeros de comisión, en la perspectiva de reconocer un hecho sociológico de nuestra comunidad. Pues bien, el Gobierno, desde el año 1992, pretende ir equiparando la neutralidad del Estado respecto de las religiones, ratificando como lo viene haciendo el tratado con el Vaticano, con un Estado que, por otra parte, no olvidemos es también un Estado del concierto internacional, y con las confesiones musulmana, protestante y judía, por cierto, desde el año 1992 a través de acuerdos que les reconocen también a esas religiones su plena constitucionalidad.
El Gobierno no promociona ninguna religión, como al parecer señala en la exposición de motivos el proponente, señor Tardá. Nosotros no creemos que en la equiparación de las religiones exista una promoción. En nuestra opinión, confunde lo que es ese empeño por la neutralidad que está haciendo el Gobierno a través de esos acuerdos y del desarrollo de las confesiones minoritarias, con el fin de garantizar la neutralidad del Estado. No creemos que en el sistema legal en estos momentos se den discriminaciones positivas por motivos religiosos, y desde luego el Gobierno se aleja de cualquier reconocimiento de promoción, por parte de las instituciones y de los servicios públicos, de cualquier confesión o acción religiosa por cualquier medio. Es por esto por lo que no vemos la necesidad de aprobar esta proposición no de ley.
Les señalare, sin embargo, algunos comentarios teóricos o de posición política, puesto que el señor Tardà se ha referido a nuestro grupo de manera reiterada, a propósito de lo que pudieran ser contradicciones entre lo que él aprecia de nuestras posiciones en otros momentos y el actual o de algunos manifiestos de algún grupo interno del Partido Socialista. El Grupo Socialista se mantiene en la siguiente posición en torno a esta materia. Nosotros partimos de considerar que el movimiento laicista, con el que nos sentimos plenamente identificados, entraña los principios y los valores más restauradores del humanismo y de la democracia. Esta filosofía, este movimiento social que se basa en la autonomía moral, en la autonomía racional del individuo, propugna la libertad de conciencia, la libertad ideológica, la libertad religiosa frente a la imposición política o eclesiástica. La laicidad surge del renacimiento, y si ustedes quieren todavía más directamente de la Ilustración. Es
el gran compañero de avance de todos los movimientos democráticos. La laicidad reclama la separación entre Estado y confesión religiosa. Todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley y nadie puede ser discriminado por motivos religiosos. Ninguna confesión debe gozar de trato de favor en sus relaciones con el poder. Es este un movimiento que originariamente no es antirreligioso, es un movimiento anticlerical y fundamentalmente antieclesiástico. Es más, la historia del movimiento laicista entraña las grandes conquistas de la humanidad. Por ejemplo, la laicidad está en la raíz de la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano del año 89, del siglo XVIII, de la Revolución francesa . La laicidad nos trae la libertad de cultos, nos trae el matrimonio civil, nos trae el divorcio civil, nos trae la nacionalización de la universidad pública, nos trae la escuela pública, nos trae la secularización de los cementerios, nos trae la supresión de la censura eclesiástica. Eso es laicidad, señorías. Con todos estos logros hemos estado los socialistas, y estamos. Frente a él hay una pugna y una dialéctica, como en todos los movimientos históricos. Les recuerdo que la Iglesia no ha sido un compañero de viaje de ese proceso, porque sentía disminuir su poder.
Todavía en 1929, Pío XI reivindicaba la preeminencia de la Iglesia frente al Estado en la enseñanza o en la tutela ideológica de la Iglesia sobre la escuela pública. Estos problemas entrañan nuestra historia, vamos a llamarle democrática.
Todavía hoy en España se perciben vestigios antilaicistas, lo que yo a veces suelo llamar algo como el neotradicionalismo católico, que pretende ser un factor de identidad, inclusive de movilización electoral del movimiento conservador. De su mano, una parte de la Iglesia, por cierto en muchos casos afincada en la Conferencia Episcopal, tiene la oportunidad de reganar significación política y de que ésta tenga una proyección cultural, más allá de los propios fines que tiene la Iglesia.
Es muy frecuente todavía esa resistencia eclesiástica a la laicidad plena. Pero también creo que una concepción racional de la laicidad debe de evitar lo que llamaríamos una tendencia a lo que, en posiciones más extremas, se llama un laicismo excluyente. Es objetivo y es honrado que en esta posición que estamos describiendo tratemos de reivindicar la laicidad, excluyendo un laicismo que es excluyente en sí mismo, porque persigue la eliminación de la actividad educativa o social o misionera de la Iglesia, o de su influencia en la vida pública, o inclusive la negación del hecho religioso.
Señorías, el hecho religioso existe, es un hecho público. Está en nuestro calendario, en la forma de contar el tiempo, está en los museos, está en las iglesias o en las mezquitas que vemos a nuestro alrededor. Es un hecho público. Régis Debray, el propio Jospin y otros grandes filósofos de la modernidad democrática europea reivindican la publicidad de ese hecho, y no conviene que la laicidad lo excluya, porque perdería uno de sus signos característicos que es la tolerancia del hecho religioso. Por eso creo que la posición política en la que nuestro grupo se sostiene en esta materia es la de evitar ese laicismo excluyente, en cuanto que concibe que la laicidad no debe de ser la cerrazón al hecho religioso, sino que tiene que defender la tradición de tolerancia, de diálogo, de libertad, que también incluye a la religión como un factor de deliberación ética de la sociedad, pero desde la máxima confesionalidad y desde la máxima neutralidad.
En nuestra opinión, señorías -termino-, el Gobierno español y el Estado actual, con sus leyes, con sus elementos, puede no ser un Estado perfecto; somos países que venimos de realidades sociológicas, de tradiciones, de afincaciones culturales, como todos sabemos, y hay muchas expresiones todavía -es verdad-de lo que usted mismo ha mencionado, señor Tardà, como las fiestas populares o las manifestaciones religiosas de determinadas fechas de nuestro calendario, etcétera, en las que la siempre difusa frontera entre poder político y religión no se cumple rigurosamente, es verdad. Pero esto no puede llevarnos a aprobar una proposición no de ley que pretende modificar nuestra legislación o que pretende hacer un reconocimiento autocrítico de que el Gobierno o nuestras normas constitucionales no sean neutrales. El Grupo Socialista no está dispuesto a eso, y es por lo que, reiterando que en España hay aconfesionalidad, que en España hay una concepción laica de la política y de las instituciones de este Gobierno, que, por cierto, sufre los combates más brutales de ese neotradicionalismo católico, que todos los días machaca al Gobierno justamente por su neutralidad, no puede ser atacado ahora, nadie lo entendería, desde otras posiciones por hacer justamente lo contrario de aquello por lo que es criticado. No parece lógico que eso pueda entenderse. En España hay aconfesionalidad y una concepción laica de la política y de las instituciones, no hay ninguna promoción de las religiones, hay una defensa del artículo 16 de la Constitución española, y por eso no podemos votar una proposición no de ley que pone en cuestión estos principios y esta actuación fundamental de nuestro Gobierno.
(Número de expediente 161/000914.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de esta proposición no de ley, pasamos a la siguiente, sobre la reforma de los acuerdos con la Santa Sede, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario propone la revisión de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede a la luz de la Constitución española, en la convicción de que no solamente son preconstitucionales
sino que son inconstitucionales con respecto a una Constitución que declara la aconfesionalidad, y nosotros nos sumamos a los que interpretan que una Constitución aconfesional es una Constitución laica, y hay toda una tradición de derecho constitucional en esa materia.
Señorías, me ha sorprendido el argumento que con respecto a la religión ha elaborado -por decirlo de alguna de manera-el Grupo Parlamentario Popular, en el que la tradición, por una parte, y la mayoría, por otra, determinan la aconfesionalidad de un Estado o, diríamos, la aconfesionalidad cooperativa. Las constituciones democráticas establecen no solamente mecanismos de decisión de carácter democrático, sino también unas libertades inalienables que no están sujetas a votación democrática -son los equilibrios de las constituciones democráticas-; y no está sujeto a votación democrática el pluralismo, porque si no la Constitución negaría la propia esencia de la democracia. En ese sentido, no se trata tanto de una Constitución de las mayorías como de defensa de los derechos de las minorías. No comprendo, por tanto, el argumento del Grupo Parlamentario Popular; sería tanto como si en una comunidad de vecinos votasen por mayoría que no hay ascensores para los discapacitados, porque el discapacitado es uno y la mayoría de la comunidad de vecinos es absoluta. Me parece realmente un despropósito desde el punto de vista democrático.
Nuestra propuesta pretende continuar avanzando en nuestro país para que sea más representativa la aconfesionalidad del Estado, y creemos que no se ha avanzado lo suficiente, estamos convencidos de ello.
El antiguo régimen franquista, en primer lugar, tenía una relación privilegiada con la religión católica, en términos de moral; la moral era la moral católica, asimilaba la moral del Estado a la moral católica. En segundo lugar, el régimen franquista establecía una relación de privilegio, desde el punto de vista económico e institucional, con la Iglesia católica. En tercer lugar, para dar continuidad a esa relación de privilegio, establecía mecanismos de adoctrinamiento, fundamentalmente en el ámbito de las escuelas. Pues bien, de eso todavía le quedan importantes rémoras a la sociedad española, por mucho que el Grupo Parlamentario Socialista diga lo contrario; queda mucho de relación privilegiada con la Iglesia católica, queda mucho de adoctrinamiento en la escuela pública y en la escuela concertada, y queda también mucho de intento de monopolio de la moral por parte de la jerarquía eclesiástica.
Recientemente, el señor Rouco Varela negaba la posibilidad de una moral civil, y decía que en estos momentos la asignatura de educación para la ciudadanía, que se pretende impartir en la escuela por parte del nuevo Gobierno, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación, era un intento de imponer una moral laica, a lo que el señor Rouco Varela no reconocía ningún espacio; por lo visto, el espacio de la democracia es la política y no existe ninguna posibilidad de participación en el debate deliberativo de la moral. Pues bien, nosotros no consideramos que eso sea así, creemos que una sociedad democrática es deliberativa, no solamente en la política, en lo social, sino también en lo moral. Por tanto, creemos que esa es la posición que se debería mantener.
Estamos convencidos de que una parte de la jerarquía eclesiástica española, ante el proceso de secularización, más que sumarse a esta democracia deliberativa, donde delibera con otras religiones y delibera también con aquellos que no confiesan ninguna religión, añora el antiguo régimen y defiende los privilegios del mismo. Estamos convencidos de que ya es el momento en nuestra sociedad, treinta años después del inicio de la transición democrática, de derogar los acuerdos con la Santa Sede, acuerdos con la Santa Sede que, en nuestra opinión, no solamente son preconstitucionales sino que son también inconstitucionales.
Lejos de esta posición, a lo largo de los últimos meses el Gobierno finalmente se ha plegado a las presiones de la jerarquía eclesiástica; y lo ha hecho en una interpretación que creemos extensiva de la Ley Orgánica de Educación, por la cual no solamente se mantiene la enseñanza de la religión o el adoctrinamiento religioso en el seno de la escuela, sino que ahora se suma a ello la historia de las religiones y, por otra parte, la nueva asignatura de educación para la ciudadanía. Esto quiere decir que hasta ahora no se ha dado historia de las religiones en la escuela, con gran escándalo de los historiadores, que incluían la historia de las religiones como un hecho constitutivo de la historia en la enseñanza de la misma. No comprendemos esa interpretación por parte del Gobierno, que solamente podemos entender en clave de repliegue ante las presiones de la jerarquía eclesiástica para mantener su labor de adoctrinamiento, donde debe haber fundamentalmente formación, que es en la escuela.
En segundo lugar, tampoco entendemos el acuerdo económico con la Iglesia católica. Creemos que desde el punto de vista de los contenidos niega la propia Ley de Libertad Religiosa que decía que se tendería -y además daba un plazo para ello-a la autofinanciación de la Iglesia católica. Consagra la financiación de la Iglesia católica por parte de los poderes públicos, lejos de la autofinanciación. En nuestra opinión, no se han producido los cambios necesarios para llegar a la autofinanciación de la Iglesia católica, y se consagra una situación de privilegio. Pero, por otra parte, lo que más nos llama la atención es la forma de eludir la ley, porque si el Gobierno considera que debe mantener esa situación híbrida de pseudoconfesionalidad del Estado español, lo que debería hacer es modificar la Ley del año 1980. Pues bien, para evitar la modificación de la Ley del año 1980 y los conflictos que se podrían producir como consecuencia de cualquier denuncia de los acuerdos con la Santa Sede, el Gobierno recurre a un sistema sobre el que nosotros hemos pedido aclaraciones, desde el punto de vista constitución, porque estamos convencidos de que no lo es; el intercambio de cartas con la Santa Sede
no es aval legal suficiente, en nuestra opinión, para provocar la modificación que se está provocando en el sistema de privilegio en la financiación de la Iglesia católica. Y la muestra de que las cosas no están muy claras es que hemos pedido al Gobierno estas cartas y hasta ahora nos las ha negado, y no han pasado todavía por esta Cámara, lo cual quiere decir que va a ser un intercambio de cartas con el Vaticano, y que no será aprobado ni siquiera como convenio por el parlamento de todos los españoles. Nos parece que desde el punto de vista de los contenidos y de las formas el Gobierno no avanza en la aconfesionalidad del Estado español, y no se trata de hablar aquí de laicismo excluyente, no se trata de eso. Nosotros no pretendemos excluir a las religiones del debate público ni pretendemos excluir a las religiones de su relación económica con el Estado. Muy al contrario, pretendemos que haya deliberación no solamente en el espacio democrático, sino también en el espacio de las ideas y de los valores, pero nosotros no le negamos al Estado un terreno en la mera moral. El Estado tiene también terreno propio en la mera moral, al menos como reflejo de las leyes, si no como virtud cívica en la tradición republicana. Esa posición de nuestro grupo nos lleva a plantear esta iniciativa y a considerar continuista la posición del Gobierno y un esfuerzo inútil; una posición continuista porque no cambia realmente la relación con la Iglesia católica en un sentido aconfesional y un esfuerzo inútil porque no consigue desactivar esa idea que tiene la Iglesia católica ante los cambios. En vez de sumarse a los cambios e intervenir en ellos se resiste a los mismos y añora el antiguo régimen.
El señor TARDÀ I COMA: Intervendré muy brevemente para manifestar que nuestro grupo parlamentario votará a favor de la proposición no de ley que acaba de presentar el compañero Llamazares. En respuesta al señor Jáuregui sobre la proposición no de ley, quiero decir que en nuestro texto -que, ciertamente, tiene similitudes respecto a la que nos presenta Izquierda Unida-nosotros planteábamos estrictamente una cuestión de neutralidad religiosa. Si me ha atendido habrá visto que en nuestra exposición no cuestionábamos el modelo actual constitucional; al contrario, sabíamos y sabemos perfectamente cuáles son los parámetros a partir de los cuales se pueden ir atendiendo, en un ejercicio de radicalidad democrática, y adaptando los textos legales a una realidad muy cambiante en los últimos años en nuestras sociedades, que es el mestizaje cultural y lo que conlleva respecto a las religiones. De hecho, si el Grupo Socialista en esta legislatura -y nosotros hemos puesto empeño en ello-ha legislado, repito, con esta orientación de ir hacia posiciones cada vez más democráticas respecto a cómo traducir en los textos legislativos aquello que mandata una sociedad como la nuestra, la europea, una sociedad culta y rica que exige mayores perfecciones en el régimen democrático, ¿cómo es que son ustedes tan remisos a materializar esta neutralidad? ¿O es que no es una vergüenza ver que en los cuarteles militares todavía se consagra la hostia? Esto es muy respetable para aquellas personas que en su ámbito de libertades profesan esta religión y ejercitan estos ritos que, como todo rito, es susceptible de respeto y de cualquier tipo de interpretación teórica, casi desde el punto de vista antropológico. ¿Pero es moderno que ocurra esto en un cuartel del ejército que está financiado por los Presupuestos Generales del Estado, es decir, por la ciudadanía? ¿No hay que debatir esto en el siglo XXI? ¿Esto significa modificar textos constitucionales? Por favor, no nos quieran poner en la vía muerta de los debates tangenciales ni pretendan folclorizarnos ni caricaturizarnos, que sabemos muy bien de qué estamos hablando y tenemos detrás de nosotros un legado histórico de radicalidad democrática, republicana y, por supuesto, laicista. Pero el debate no es sobre el laicismo; el debate es sobre la neutralidad religiosa. Repito, por favor, no pretendan colgarnos ningún sambenito. Que nos lo cuelgue el PP es normal, lógico y su obligación, la de ustedes no.
Para nosotros esto es un paso atrás. Repito, votaremos a favor de la proposición no de ley de Izquierda Unida, aun cuando nosotros quizás en estos momentos ya nos conformaríamos con que aprobaran la nuestra.
Lamentamos que no estén por la labor, qué le vamos a hacer.
Señor presidente, debo ausentarme de esta sala Cánovas para ir a la Sagasta y la diputada Bonàs, con su permiso, defenderá la proposición no de ley que viene a continuación.
El señor PRESIDENTE: Va a ganar con el cambio de Cánovas a Sagasta; no me refiero solo a la diputada. (Risas.)
El señor Del Burgo tiene la palabra.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor presidente, ese último comentario sobre Cánovas y Sagasta es incompatible con la neutralidad presidencial.
El señor PRESIDENTE: Ah, ¿pero son diputados? ¿Todavía les tienen ustedes inscritos en el grupo? (Risas.)
El señor DEL BURGO TAJADURA: Lo fueron.
Señor presidente, escuchando a los portavoces que han defendido la anterior proposición y la actual, uno llega a la conclusión de que estamos de nuevo ante un ataque de laicismo excluyente y de fundamentalismo anticlerical. La propia exposición de motivos de esta proposición no de ley pone de relieve que esta iniciativa no se plantea desde la moderación ni la sensatez que requieren el tratamiento de estas cuestiones tan sensibles, sino desde una posición apriorística o dogmática que pretende discriminar injustificadamente a la confesión
religiosa mayoritaria en España con relación a otras confesiones o asociaciones. ¿O es que la jerarquía eclesiástica católica no tiene derecho a la libertad de expresión? ¿Acaso no son ciudadanos españoles a quienes ampara también la Constitución? Hablar, como he oído aquí, aunque desde un punto de vista diferente, de combate brutal desde las perspectivas de la jerarquía eclesiástica hacia el Gobierno me parece un exceso extraordinario e incompatible con la moderación de quien ha pronunciado semejantes palabras.
El primer párrafo de la proposición habla de una supuesta actitud recalcitrante de la jerarquía católica contra los avances sociales a favor de la igualdad. No cabe mayor despropósito. El cristianismo revolucionó el mundo al proclamar la igualdad de todos los seres humanos y su dignidad radical. Ciertamente, puede que los cristianos no hayan sido consecuentes con las enseñanzas evangélicas en todas las épocas, pero no cabe duda de que quienes predican el amor al prójimo y dan testimonio con obras, y no solo con palabras, de su compromiso con la justicia y la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación en el mundo entero no merecen ser tildados de mantener una actitud recalcitrante contra los avances sociales a favor de la igualdad.
Quisiera recordar que tampoco son ni siquiera enemigos de la libertad.
Por otra parte, en la construcción de Europa, sus constructores partieron y compartieron los valores del humanismo cristiano.
Pero no se trata aquí de defender a nadie, sino de poner de relieve la sinrazón de de esta proposición que tan solo pretende amordazar a una confesión como la católica, mayoritaria en España, porque no les gusta el uso que hacen de su libertad de expresión. Izquierda Unida sigue fiel a su tradicional dogmatismo ideológico cuando sostiene, como lo hace en su proposición, que las opiniones de la jerarquía católica son anticonstitucionales. ¿A dónde quieren ir a parar? ¿Acaso pretenden acusar a la Iglesia católica de deslealtad con la Constitución para expulsarla del sistema democrático, resucitando la vieja cuestión religiosa que, por cierto, tanto daño hizo a la convivencia en España? En su proposición denuncian que la Iglesia católica se financie con cargo a los presupuestos del Estado. Es evidente que, aunque en el momento de presentar la proposición esto era así, ahora ya no tiene sentido dicha afirmación, sobre todo después del reciente acuerdo del Estado con la Iglesia católica sobre financiación en el que no voy a abundar. El hecho de que España sea un Estado no confesional no significa que deba vivir de espaldas a la realidad sociológica del país y, como es lógico, el Gobierno debe velar también por el respeto de la libertad ideológica y de culto, como el artículo 16 de la Constitución prevé, tal y como ha recordado acertadamente mi compañero y amigo Jorge Fernández. En este sentido no hacemos nada diferente a lo que ocurre en países de nuestro entorno y además ustedes, que intentan envolverse en el mando constitucional para atacar a la Iglesia católica, deberían tener en cuenta que nuestra Constitución obliga al Estado a colaborar con ella y las demás confesiones, lo que exige que los poderes públicos promuevan las condiciones para que la libertad religiosa se pueda ejercer de modo real y efectivo.
Recordemos el artículo 16 de la Constitución que, al parecer, no ha sido leído por Izquierda Unida: Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Este precepto demuestra, sin lugar a dudas, que la Constitución ha querido reconocer la importancia social de la Iglesia católica, y de ahí que el Estado deba presta una especial atención a las relaciones con esta confesión religiosa. Por cierto, ¿quiénes fueron favorables a la mención específica de la Iglesia católica en el debate de la Constitución que se ha recordado aquí anteriormente y del que el señor presidente se acordará muy bien? Fueron Unión del Centro Democrático -al que en aquellos tiempos yo pertenecía-, Alianza Popular y, miren por dónde, el Partido Comunista, es decir, el partido que, según tengo entendido, es mayoritario en Izquierda Unida. Votó ciertamente en contra el Partido Socialista Obrero Español. Pues bien, ¿cuál fue la explicación de voto del señor Solé Tura, entonces perteneciente al Partido Comunista? Dijo lo siguiente: El artículo -este artículo 16-constituye un enorme progreso puesto que constitucionaliza la libertad religiosa y de cultos, la libertad ideológica tanto en el plano personal como en el colectivo, establece con claridad la separación entre la esfera religiosa y la esfera estatal y, en definitiva, permite abordar con serenidad la superación de la vieja y nociva contraposición entre clericalismo y anticlericalismo. ¿Por qué quieren ahora romper el consenso constitucional? Pero qué empeño en destrozar la concordia nacional.
Podría irse más allá y afirmar que la libertad religiosa no es solo un derecho fundamental, sino que debe ser entendida como uno de los principios constitucionales. En el ordenamiento constitucional español no confesional no solo se admite la cooperación del Estado con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas, sino que se trata de un deber porque el Estado se configura en una sociedad donde el hecho religioso es un componente básico. Los poderes públicos, en consecuencia, deben tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, lo dice la Constitución. Con esa actitud de reconocimiento y atención al hecho religioso se promulgó como una de las primeras leyes orgánicas posconstitucionales la Ley de la Libertad Religiosa, el 5 de julio de 1980. Por cierto, en el marco de esta estrategia de confrontación sistemática, ustedes pretenden derogar (El señor LLAMAZARES TRIGO: Reformarla.) esa norma fundamental con la única finalidad de coartar la libertad religiosa mediante su derogación.
Pues bien, en el bloque de la constitucionalidad, integrado por el artículo 16 y la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa, se establecen tres niveles de protección estatal de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas -y termino enseguida, señor presidente-. El más alto nivel
es el otorgado a la Iglesia católica, única mencionada expresamente en el texto constitucional, y a las confesiones que firmen acuerdos de cooperación con el Estado -hasta ahora la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España-. Tienen el segundo nivel de protección estatal las entidades religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia. Por último, se reconoce y tutela por los poderes públicos la libertad religiosa de los individuos y las comunidades que existan en España sin estar inscritas en el registro del Ministerio de Justicia. Esta es la realidad, no se trata de privilegiar a nadie ni de favorecer a la jerarquía católica ofreciéndole un trato diferencial como ustedes se empeñan en decir, se trata de cumplir un mandato constitucional y de abordar las relaciones con cada una de las confesiones en función de su implantación en la sociedad, y si la realidad es que la Iglesia católica es ampliamente mayoritaria, cualquier Gobierno debe tener esto en cuenta. Pretender tratar a todos por igual sería discriminatorio, pues ha de tenerse en cuenta que se trata de situaciones desiguales. Por otra parte, es de justicia que los poderes públicos reconozcan la contribución de la Iglesia católica a la conservación de nuestro patrimonio histórico artístico, a la difusión de los valores constitucionales a través de la enseñanza y a la lucha contra la pobreza y la marginación a través de las grandes obras sociales promovidas por la Iglesia y los católicos.
Nuestro grupo, y con esto termino, señor presidente, quiere hacer un llamamiento a la cordura: no traten de discriminar de manera tan injusta a una confesión religiosa por el hecho de que no les guste su doctrina y la forma en que se exprese en público. Mal que les pese, estamos en una democracia, en un Estado donde los derechos y libertades fundamentales son protegidos por el ordenamiento jurídico y por los poderes públicos al amparo de la Constitución, y es en el marco de la misma como se firmaron los acuerdos con la Sante Sede que tanto les disgustan y que no necesitan de ninguna revisión, fruto de actitudes anticlericales contrarias al contenido esencial del derecho a la libertad religiosa.
Permítame, señor presidente, que termine haciendo una referencia por algo que acabo de oír, en relación con las fiestas populares. Los mozos del encierro de Pamplona, a las ocho de la mañana se congregan antes del cohete y gritan: San Fermín, San Fermín. No sé qué es lo que van a tener que gritar a partir de ahora para defender, según el señor Tardà, la aconfesionalidad, la laicidad de nuestro Estado.
El señor MARDONES SEVILLA: Si usted me permite -porque he tenido que salir para estar en otra Comisión-, quisiera dejar constancia de que mi grupo va a votar en contra de esta iniciativa -si sirve alguna justificación-porque tengo tantos amigos políticos vaticanistas en todas las fuerzas políticas democráticas (Risas.) que no quiero ofender a ninguno. Por tanto, dejamos las cosas como están y nuestro voto será contrario, con todos los respetos.
El señor PRESIDENTE: Y sin señalar, señor Mardones.
La señora Batet tiene la palabra.
La señora BATET LAMAÑA: La aproximación que voy a hacer a esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a ser esencialmente jurídica de acuerdo con la Constitución española. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista del grupo parlamentario al que represento, la aconfesionalidad del Estado no solo no entra en colisión con el principio de colaboración entre Estado e Iglesia, sino que, aplicando este principio, se da cumplimiento al artículo 16.3 del texto constitucional, que establece la relación de cooperación entre el Estado y las confesiones en general, citando, eso sí, expresamente a la Iglesia católica. Bajo esa cobertura constitucional, los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede se ajustan precisamente a lo previsto en el artículo 16.3, máxime cuando su negociación -a pesar de lo que el señor Llamazares ha dicho-se produjo durante el periodo de elaboración de la Constitución española, y el acuerdo al que principalmente hace referencia esta proposición no de ley, que es el relacionado con los asuntos económicos, fue ratificado posteriormente a la Constitución, el 4 de diciembre de 1979. También la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y cito aquí la sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001 que habla sobre este tema, que en su fundamento jurídico cuarto establece precisamente la obligatoriedad de cooperación de los poderes públicos con la Iglesia católica y con las confesiones en general. Por otro lado, en reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional establece que la relación entre Estado e Iglesia -evidentemente me refiero a la Iglesia católica-no disfruta de ningún estatus de privilegio, ya que este principio de colaboración se sustenta en una cláusula abierta y extensible a cualquiera de las confesiones, como se ha hecho con los posteriores acuerdos firmados, también reiterados en este debate, el año 1992.
Precisamente uno de los motivos de extemporaneidad de esta iniciativa parlamentaria es que, como SS.SS. saben, el Gobierno acaba de cerrar un acuerdo con la Conferencia Episcopal reajustando los criterios de financiación sobre la base de lo que el propio acuerdo entre el Estado y la Santa Sede sobre asuntos económicos establece, que fue ratificado el 4 de diciembre de 1979. Por tanto, el intercambio de notas entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no supone una modificación del acuerdo, sino una actualización del mismo en determinados puntos que conocen muy bien, básicamente en lo que hace referencia a dos aspectos: en primer lugar, se elimina la dotación presupuestaria y se establece una asignación tributaria que
se eleva al 0,7 por ciento y, en segundo lugar, desaparece la exención al IVA, de manera que desde el punto de vista de mi grupo parlamentario se produce un acercamiento al cumplimiento de lo que establece el artículo 2.5 del acuerdo de 1979 y que me van a permitir que lo lea. Ya sé que el señor Llamazares no comparte esta aproximación, pero nosotros pensamos que, efectivamente, este nuevo acuerdo, esta modificación, esta adecuación a las nuevas realidades entre Estado y Santa Sede dan cumplimiento al artículo 2.5, en el que se dice que la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades; que cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado. Por tanto, esta modificación en el sistema de financiación precisamente tiende a este último objetivo.
En relación con el segundo punto de la proposición no de ley, se pide la modificación de la Ley de Libertad Religiosa para que no se favorezca a la jerarquía católica ofreciéndole un trato diferencial. La verdad es que no sé exactamente a qué se refieren los proponentes, pues no hay ningún artículo en la citada ley que otorgue privilegios a la Iglesia católica.
Es más, su artículo 7 establece la posibilidad de firmar convenios de cooperación con iglesias, confesiones o comunidades religiosas que hayan alcanzado notorio arraigo, y lo dice en general, es decir, no cita expresamente a la Iglesia católica. Incluso introduciendo un concepto jurídico indeterminado, como es el término arraigo, el propio artículo ofrece dos parámetros objetivos para evaluar este arraigo: El ámbito y el número de creyentes. Por tanto, hay un intento de objetivación desde el punto de vista legal sobre un término que, efectivamente, podría crear cierta confusión.
Finalmente, en el tercer punto de esta proposición no de ley piden la modificación de la Ley de Asociaciones en el sentido de que la Iglesia católica de nuevo no reciba ningún privilegio con respecto a otras confesiones religiosas. Aquí me pasa lo mismo que en el punto anterior.
Leyendo el articulado de la ley, no he sabido encontrar ningún privilegio para la Iglesia católica.
Por todos estos motivos que he intentado exponer desde la perspectiva, como decía al inicio, estrictamente jurídica, mi grupo parlamentario no va a apoyar esta proposición no de ley.
-DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN DE DAÑOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ARMAMENTO QUÍMICO EN EL RIF. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/001169.)
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de esta proposición no de ley y pasamos a la tercera y última, de reconocimiento de responsabilidades y reparación de daños como consecuencia del uso de armamento químico en el Rif.
Para su defensa, por el grupo proponente de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Han tenido que pasar 30 años de democracia para que un grupo -quizá no sea causal-como Esquerra Republicana traiga al Congreso un debate sobre unos sucesos acaecidos hace muchos años, sobre los que el Estado español, como verán, tiene responsabilidades. Como ustedes saben -si no, lo habrán podido leer en la exposición de motivos-, el Estado español protagonizó una guerra colonial a principios del siglo XX en el Rif y en el transcurso de esta guerra, después del desastre de Anual, el ejército utilizó armas químicas sin distinguir objetivos militares y civiles, a pesar de que estas armas se prohibieron en las convenciones de La Haya de 1899 y 1907, ratificadas en Versalles. Es más, aunque España ratificó Versalles, en 1925 se adhirió al Protocolo de Ginebra y continuó con el uso de las armas químicas. En los últimos años ha habido estudiosos españoles que han corroborado estos hechos. Las armas utilizadas fueron producidas incluso dentro del Estado español, en la fábrica de La Marañosa, y eran armas químicas que estaban prohibidas por el derecho internacional; sin embargo, como he dicho, España las utilizó en el Rif y las lanzó en los zocos contra la población civil, contra mujeres, contra hombres, contra niños y contra pastores, y sus consecuencias siguen muy vivas en el Rif, en la memoria histórica del Rif y en la memoria genética, porque estas armas eran mutágenas y sus resultados siguen permaneciendo en las sucesivas generaciones. El uso de estas armas constituyó un crimen contra la humanidad.
La sociedad española es madura y tiene cultura democrática para afrontar estos hechos y, como heredera de unos crímenes contra la humanidad, para reclamar al Estado español que los reconozca y asuma, si es necesario, las indemnizaciones. Nuestra proposición no de ley, pues, se reduce a un solo punto, reconocer la responsabilidad del Estado español por las acciones militares llevadas a cabo por el Ejército español en contra de la población civil del Rif por orden de su máxima autoridad, el entonces Rey Alfonso XIII, entre los años 1922 y 1927. Y los demás puntos se deducen de este punto principal, una colaboración entre los estudiosos historiadores del Rif y de España, que podría ser la canalización de la cooperación española hacia la zona del Rif como una especie de indemnización colectiva y, lo que es muy importante, canalizar la población española hacia los hospitales de las provincias de Nador y Alhucemas, donde existe un elevado número de cánceres. Esto podemos hacerlo ahora, en el marco de la memoria histórica que estamos debatiendo en esta Cámara. Tenemos que recordar que para el Rif este fue su Gernika, que la población del Rif sigue hoy mirando hacia España, pensando
cómo es nuestra democracia, cómo hemos evolucionado, si somos capaces de reconocer estos hechos
El Grupo Socialista no ha presentado ninguna enmienda -del Grupo Popular no las esperábamos-y entendemos que va a desechar de pleno -no creemos que vaya a aprobarla-esta iniciativa. Nos ha sorprendido porque el Gobierno del Estado, por deseo de su presidente, el señor Rodríguez Zapatero, ha viajado a Estados Unidos a lanzar su programa de la Alianza de Civilizaciones, alianza que quiere promover la paz entre los pueblos, que empieza por su respeto y por su reconocimiento. Si el Estado español no empieza por mirarse a sí mismo, ¿cómo puede el Gobierno español recomendar a los demás países lo que deben hacer cuando a nuestros principales vecinos, que están en el sur, no les demostramos ni respeto ni reconocimiento? En este momento en Marruecos hay un proceso democrático y, naturalmente, están mirando hacia España, hacia lo que ha hecho España durante estos 30 años de democracia, qué sociedad ha construido, y el mensaje que les vamos a dar desechando esta proposición es que España no ha avanzado mucho hacia la democracia, que España esconde en el armario el pasado y que tampoco quiere reconocer lo que han hecho los demás pueblos y los agravios que ha infligido. Nosotros creemos que es un paso atrás en la fraternidad de los pueblos. El presidente del Grupo de Amistad Hispano-Marroquí ha reclamado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, la celebración de un coloquio internacional sobre las relaciones pasadas entre España y Marruecos, particularmente a partir del protectorado español sobre Marruecos, con el fin de dialogar para formar un foro hispanomarroquí de la memoria y del porvenir común que trate las consecuencias del empleo de armas químicas de España contra el Rif entre 1921 y 1927, así como el reclutamiento de marroquíes para reprimir al movimiento obrero y a los republicanos españoles en la guerra civil. El senador Yahya señaló en su intervención que todos somos conscientes y admitimos que una memoria histórica basada en la verdad constituye la condición previa para la edificación de una memoria común hispanomarroquí, permitiendo mejores relaciones entre los pueblos, respeto de los derechos humanos, la democracia y un porvenir mejor. Este foro hispanomarroquí, del porvenir común y de la memoria común, tiene varios objetivos. El primero, retener y fijar los principios y valores para una mejor relación hispanomarroquí. El segundo, trascender el doloroso pasado histórico en relación con el periodo colonial mediante la revelación de los crímenes cometidos, especialmente por España, contra los marroquíes durante el protectorado, en particular por el empleo de las armas químicas de destrucción masiva contra el Rif, así como el reclutamiento para reprimir el movimiento obrero y a los republicanos españoles. Y en tercer lugar, propone sacar provecho de la experiencia democrática española para reforzar la transición democrática en Marruecos y abrir horizontes nuevos para una verdadera cooperación en favor de los pueblos español y marroquí.
Señorías, hoy no les pedimos que voten a favor de una memoria histórica de hace muchos años, sino que estamos votando para el futuro de unas relaciones hispanomarroquíes. España quiere vender simbólicamente su proceso democrático, quiere dar ejemplo a los demás pueblos sobre cómo se puede evolucionar de una dictadura a la democracia y estamos votando esto, señorías. Estamos votando que España reconozca dentro de su historia que hubo momentos oscuros y que debe pedir perdón, porque, si no, si desechamos, como parece ser que va a hacer el grupo mayoritario, estas propuestas, estamos diciendo a los rifeños que son ciudadanos de otra categoría. Señorías, sabemos que esto se va a rechazar, pero vamos a incluirlo como enmienda en la Ley de la Memoria Histórica. El pueblo catalán se desmarca del pueblo español en ese aspecto. Nosotros nos unimos fraternalmente a la población del Rif, vamos a luchar con ellos para reconocer sus derechos y proponemos nuestra amistad con el pueblo del Rif. Siento que esta Cámara hoy vaya a hacer lo contrario, vaya a desechar esta propuesta, vaya a dar el mensaje a la gente del Rif de que ellos son de segunda categoría, de que detrás del estrecho de Gibraltar hay otras categorías. Espero hasta última hora -aún tengo esperanzas-que rectifiquen y, si no, siempre llegará desde Ginebra la orden de crear un foro hispanomarroquí, que lo podían haber evitado si se hubiera creado ahora, o si esta Cámara hubiera decidido crearlo ahora antes de que nos lo impongan desde Europa, seguramente en otras condiciones. Incluso por interés, es un error que ahora esta Cámara no proponga al Gobierno la creación, por ejemplo, de un foro hispanomarroquí, ya que, si no, vendrá más tarde de Ginebra.
Por último, solo quiero expresar la profunda frustración que hemos sentido hoy ante el silencio de la Cámara.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervengo muy brevemente. Mi grupo parlamentario votará favorablemente esta iniciativa porque considera acreditada la utilización de esas armas. Hay estudios suficientes en esta materia. Aunque la guerra del Rif no sea muy recordada, en general es una parte de nuestra historia que no ha provocado grandes estudios ni tampoco mucha literatura, creemos que está acreditada la utilización de esas armas y, por tanto, nos parece que la iniciativa de Esquerra Republicana en cuanto a tomar constancia de ello como una relación particular con el Rif en materia sanitaria y en otras materias es oportuna y necesaria.
Pero, de la misma manera que se denuncia la barbarie de una guerra, habría que denunciar que esa barbarie continúa y que las mismas armas químicas también se utilizaron contra el pueblo saharaui por parte de quienes sufrieron las armas químicas. Por ejemplo, hemos conocido
también la utilización de armas prohibidas en la reciente guerra de Líbano. Por tanto, atribuyamos más al carácter bárbaro de la guerra que a otra razón estas situaciones. En todo caso, bienvenida sea la memoria y bienvenidas sean también las reparaciones necesarias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Ciertamente, la proposición de Esquerra Republicana trae a debate a la Cámara un hecho poco conocido, nos atreveríamos a decir que escondido, quizá porque la memoria de aquella guerra del Rif resulta bastante dolorosa, pero el aspecto concreto con el que nos enfrentamos hoy resulta verdaderamente dramático, no llama a ningún honor y nos pone ante el espejo, con situaciones que hoy en día criticamos ampliamente.
Parece un hecho cierto que España utilizó armas químicas prohibidas por convenciones internacionales, por la Convención de La Haya, ratificadas en 1919 en Versalles tras la Primera Guerra Mundial, y que además tuvo el dudoso honor de ser la primera que las utilizó no solo en el campo de batalla, sino contra población civil indefensa. No es cuestión de comenzar aquí un relato histórico y detallado, pero es un punto sobre el que existe un consenso bastante amplio, puesto que muchos de sus protagonistas manifestaron y dejaron incluso por escrito en varios documentos qué es lo que estaba sucediendo. Uno de los pilotos más destacados del Ejército español, Ignacio Hidalgo de Cisneros, por ejemplo, en su escrito autobiográfico decía: En aquellos días me tocó realizar una faena verdaderamente canallesca que me proporcionó el vergonzoso y triste privilegio de ser el primer aviador que tiró iperita, gas mostaza, desde un avión. Es curioso los años que tuvieron que pasar para que me diese cuenta de la monstruosidad que cometía tirando gases a los poblados moros -dice literalmente a los poblados moros-, esas bombas X, denominadas así por el Ejército español. Y hoy, que nos escandalizamos con los horrores de Halabya, una población kurda bombardeada con armas químicas, masacrada por el dictador Sadam, y ello sirve también como argumento para apoyar la invasión de un territorio, nos vemos reflejados porque mucho más cerca, y con la participación de ciudadanos españoles, también se produjo guerra química.
No se trata de discutir, como algunos ponen en cuestión, si el número elevado de casos de cáncer que existe en la zona del Rif se debe al uso de ese gas mostaza, la iperita, o no. Es posible que así sea. Quizá falten algunos estudios más profundos, aunque alguno se ha hecho, para determinar esto. Lo que estamos determinando y lo que sería bueno señalar, confesar y aclarar es que España usó armas químicas incluso contra población indefensa, puesto que, viendo que el efecto no era el que se esperaba directamente frente a las tropas, se comenzó a bombardear los zocos y los lugares de reunión que, por supuesto, aparte de ser lugares de reclutamiento para las milicias rifeñas, también servían como lugar de concentración de mujeres, niños, etcétera. Es un dudoso honor que le corresponde al Estado español. Ahora nos hemos enterado de que se ha vuelto a incurrir en otro dudoso honor, que es el interrogatorio en Guantánamo, sin ninguna garantía, a los detenidos. En ese sentido nos parece que la cooperación internacional española podría hacer cosas, desde luego ha hecho cosas, en la zona del Rif, sobre todo teniendo en cuenta que es un lugar que produce gran número de emigrantes de Marruecos, probablemente la mayoría de la inmigración española proveniente de Marruecos es del Rif, y en esas ideas que se están trabajando en esta Cámara, en la Comisión de Cooperación Internacional acerca del codesarrollo quizá podríamos dar un paso más, ir más allá a lo que en un principio se ha hecho. Dicho esto, también hay que denunciar y señalar de la actitud de Marruecos con respecto al Rif, con respecto a su propio territorio, porque no podemos olvidar que en el año 1958 cuando se produjo la insurrección en el Rif, el Ejército marroquí bombardeó con napalm a su propia población y el jefe del ejército en aquellos momentos era el después rey, entonces heredero, Hassan II. Se provocaron 8.000 muertos y se causaron muchas bajas y quién sabe si también las consecuencias sanitarias que se viven hoy en día en la zona puedan haber tenido un origen en estos ataques.
Hay que denunciar también el olvido institucional que tiene esa región de Marruecos, esa zona del Estado marroquí, en el reparto de la riqueza del país y de las propias inversiones. Es una zona que ha estado olvidada, que sigue estando olvidada y quien primero debiera contribuir a su desarrollo, a su riqueza y a la estabilización de su población, por supuesto, en todos los aspectos sanitarios que le acucian -entre otras cosas no existen hospitales que puedan dar un tratamiento adecuado sobre cáncer en la zona del Rif-, es evidentemente Marruecos. Marruecos también atacó a su propia población y Marruecos también está ejerciendo un nivel institucional. Duele también que se guarde silencio muchas veces en cuanto a este tipo de situaciones en Marruecos. La falta de democracia y desgraciadamente la geopolítica, ante la represión en muchos lugares -no solo tenemos que fijarnos en el Sáhara, sino también en otros lugares de Marruecos-, muchas veces no permiten decir claramente lo que a ojos de cualquier observador neutral resultaría evidente.
Las responsabilidades de Marruecos no son óbice, no obstan en nuestra opinión para que se ayude y se reconozcan los hechos perpetrados por el Ejército español, dejando a un lado que en una guerra se cometen horrores y barbaridades por todos los bandos, pero el hecho de la utilización de armas químicas es un hecho especialmente grave y reseñable. El hecho de aceptar que esto se produjo como lo acepta la inmensa mayoría de los historiadores hoy en día no tiene por qué proporcionar un desdoro al Estado español, sino todo lo contrario. En este
sentido, entiendo que si la cooperación internacional española ofrece cauces para el desarrollo de iniciativas sanitarias, comerciales, etcétera, en la zona del Rif, esto debería implementarse y subrayarse, y todo ello podría ser además bajo los auspicios de esta proposición que ha sido presentada para tomar una decisión en esta Comisión. En consecuencia, nos parece que todo el mundo podría añadir sus pequeños matices, pero el corazón de la proposición es justo, es algo a considerar, y en ese sentido nuestro grupo votará favorablemente.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Imagino que si la gente que va por la calle, que va a leer los periódicos, que va a escuchar la radio o a ver la televisión escucha que en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados hemos hablado hoy de memoria histórica y cosas por el estilo, van a pensar en lo que todos estamos pensando, y cuando hablamos de la guerra del Rif no sabrán si hablamos del Ritz -del hotel Ritz-(Un señor diputado: Qué gracioso.) o de la guerra del Rif, y seguramente empezarán a pensar que quizá los diputados del Congreso español estamos en estos momentos poco atentos a las preocupaciones y prioridades de la sociedad española y de los españoles -tengo la absoluta convicción-. En todo caso, antes de entrar a fijar la posición de mi grupo respecto a esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) e Izquierda Unida ya han manifestado que van a apoyar, quiero hacer una precisión, y es que, como se habla de memoria histórica, de petición de perdón y crimen contra la humanidad, el ministro de la Guerra de la época -desastre de Annual, Alhucemas, etcétera-no era Federico Trillo. No sé si estaba en Guantánamo o no, pero en aras de la verdad histórica quiero dejarlo aclarado desde el primer momento. En segundo lugar, que para que no hubiera un conflicto de intereses -hemos hablado esta mañana de conflicto de intereses-como portavoz de la Comisión ha delegado en mí para que yo fije la posición de mi grupo. Lo digo para seguir con el sentido de la responsabilidad que adorna esta iniciativa. En tercer lugar, me ha tranquilizado ver que Esquerra Republicana si hoy no se aprueba esta iniciativa va a presentar una enmienda al proyecto de Ley de Memoria Histórica. Yo no sé, si cunde el ejemplo, si presentaremos más enmiendas a la memoria histórica para hablar de la guerra de la Independencia, de 1492 o de cuando los visigodos invadieron la Hispania romana, porque la memoria histórica es un concepto jurídico indeterminado y por otra parte es evidente que nos interesa mucho a todos hablar de los crímenes contra la humanidad que los españoles hemos producido y estar pidiendo perdón a todo el mundo y sobre todo asumiendo deudas históricas.
Hablan de deuda histórica, memoria histórica, verdad histórica, perdón, crimen contra la humanidad... Sinceramente, yo, como diputado español, no estoy dispuesto a aceptar que el pueblo español al que yo como los demás colegas que estamos aquí representamos tengamos que pedir perdón por un crimen contra la humanidad que supuestamente hayamos cometido hace ochenta años. No estoy dispuesto a aceptarlo, sinceramente, y si quieren se lo consultan ustedes al resto de ciudadanos españoles, también en Cataluña; y díganles además de qué partida presupuestaria piensan deducir la dotación correspondiente para hacer frente a esa deuda histórica que, evidentemente, si se aprueba esta iniciativa, debería ponerse en marcha.
Otra cosa es que estemos a favor, -¡faltaría más!-de la cooperación internacional y de que la zona del norte de Marruecos, por su proximidad geográfica y por muchas otras razones, sin duda el Gobierno de España, dentro de sus programas de cooperación, la tiene que desarrollar. Pero no porque nosotros hayamos cometido un crimen contra la humanidad rifeña del cual ahora tengamos que pedir perdón y pagar. No es casual -usted lo ha dicho, señora Bonás-que sea Esquerra Republicana. Claro que no es casual, si Escat Català y Acció Catalana felicitaron a Abdelkrim después de masacrar a 8.000 soldados españoles en el desastre de Annual, y Sabino Arana, perdone, felicitó a Teodoro Roosevelt después de que Estados Unidos ganara a España y le quitara Cuba en 1898. Por tanto nada es casual. La memoria histórica la tenemos todos, y si quiere hablamos hasta de Hidalgo de Cisneros, al que mencionaba don Aitor Esteban: Hidalgo de Cisneros, el único aviador que presuntamente bombardeó desde un único avión que era toda la flota de bombarderos que tenía el Ejército español, que no dirigía el ministro Federico Trillo en la época. Un avión español que se llamaba "Farman Goliat" era el único avión que teníamos para crear toda la masacre que hicimos en aquella época. Si hablamos de rigor histórico, de verdad histórica, hablemos en serio. Y decir además que todo esto se hace en aras de fomentar la amistad hispano-marroquí...
Estoy de acuerdo con don Aitor Esteban en que si hablamos de secuelas que al parecer podrían aparecer en personas y que estadísticamente aparecen con mayor frecuencia en la zona, pues aunque solo fuera desde el punto de vista cronológico parecería en principio razonable plantearse si no tendrán más probabilidades de ser las causantes de ese incremento de la morbilidad y de la mortandad las revueltas del Rif de los años 1958 y 1959, cuando el general Ufkir, que era el preceptor del entonces heredero a la corona Hassan II, estuvo bombardeando aquella zona con bombas de napalm. Si quiere empezamos a hablar de esas cosas y a lo mejor llegamos a la conclusión de que la amistad hispano-marroquí exige hoy una comisión de la verdad, una ley de memoria histórica, evidentemente una deuda histórica y una petición de perdón. Pero si seguimos por este camino no sé si los españoles nos van a tomar en serio, aunque tengo la seguridad de que nos van a perder el respeto.
El señor PRESIDENTE: Señor Galache.
El señor GALACHE CORTÉS: Evidentemente, no por ser la última proposición no de ley que tratamos en esta jornada de febrero deja de ser interesante el estudio y la perspectiva que podamos tener para enfocar algo que al menos prima facie puede tener tres perspectivas, una histórico-sociológica, otra política -de gran importancia-y otra jurídica.
No es hora de frivolizar, señor presidente, es hora de fijar una posición coherente teniendo en cuenta los parámetros históricos y sociológicos en los que nos movemos en los tiempos que corren. Efectivamente, la proposición no de ley da la sensación de que, salvo el que la propone los demás desconocen o no han querido entrar en todos y cada uno de los puntos que tiene, que yo creo que es el objeto de posicionamiento. Tiene cuestiones históricas, como ha manifestado el último diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, sobre las que podríamos hablar todo lo que se quisiera y algo más: el fenómeno colonial, el uso de estas armas, la época en que se desarrollan tales conflictos, qué significaba el colonialismo... Sería un debate históricamente interesante, pero desde la perspectiva que a nosotros nos interesa hoy, estéril. No obstante, hay tres consideraciones indispensables para la fijación de posición que va a hacer el Grupo Parlamentario Socialista, de no estimar oportuno en el momento presente aceptar esta proposición no de ley.
En primer lugar, al Partido Socialista nadie le puede decir que desde un principio no estuviese absolutamente en contra de la triste guerra de África. Es palmaria la oposición. En lo único que fue encarnizado el Partido Socialista en aquellos momentos fue en su oposición total a la guerra colonial de África. No hablemos de las consecuencias que tuvo para el pueblo español, para aquellos jóvenes de muchas tierras, entre otras la de la que me honro en representar, la extraordinaria tierra del sur de Extremadura, que como no disponían de suficiente dinero para ser cuotas tuvieron que ir a África y morir de manera terrorífica en aquellos atroces momentos. Por tanto, no somos sospechosos, señor presidente, de tener un criterio oportunista. Tal vez sí sea la proposición no de ley un tanto oportunista estableciendo algo así como una especie de identidad entre una región, la región bereber por excelencia de Marruecos que es el Rif y lo que siempre fue de levantisco para la corona alauita o para sus predecesores el sultán de Marruecos en los términos que la historia tiene perfectamente acrisolados. Entre otros historiadores citaría a Ángel Viñas, que nos parece un historiador de suficiente peso específico, para que centrase un poco este debate. No vamos a entrar en eso, pero sí vamos a decir, señorías, que el Partido Socialista estuvo tenazmente opuesto.
Tan es así, que ha pasado también a la historia la famosa intervención de Indalecio Prieto en las Cortes después del desastre de Annual, después de Monte Arruit, después de los miles de muertos que hubo en aquella guerra, antes del desembarco de Alhucemas, cuando dijo -y cito-: Estamos en el periodo más agudo de la decadencia española; la campaña de África es el fracaso total, absoluto, sin atenuantes, del Ejército español. Pero no vamos a entrar ahí, queda solo como posicionamiento. En segundo lugar, como cuestión indispensable, ¿qué sucedía con el resto del entorno de Marruecos, con el protectorado, con Marruecos, con las otras potencias coloniales? La historia lo ha dicho, señorías, y a la represión del Rif contribuyó la policía indígena marroquí, que efectivamente se pronunció contra sus propios congéneres. Es un dato importantísimo porque a la hora de establecer una posible vinculación jurídica habría que ver quién tiene la legitimación para poderla iniciar. Aquí no se ha dicho nada en absoluto y supone un planteamiento jurídico fundamental. En tercer lugar, señorías, es importante señalar la disparidad de los tratadistas históricos que han intervenido en esta cuestión. En la proposición se cita a tres: María Rosa Madariaga, Ángel Viñas -al que encomio-y Juan Pando, respecto a si es conveniente o no establecer esa especie de filosofía del perdón haber cometido -algo que desde luego no podemos compartir-un genocidio y tener la obligación de resarcirlo porque hoy mismo persisten los elementos de perjuicio para la población. Eso no es acertado, señorías. Entendemos que la proposición hay que enfocarla desde una perspectiva fundamentalmente de orden jurídico y político, y en este sentido no tengo más alternativa que reconducir los dos puntos fundamentales de carácter normativo de la proposición, que son el 1 y el 6, para explicar la razón por la cual el Grupo Parlamentario Socialista no va a aceptar esta proposición en los términos en los que viene enunciada. Por tanto, señorías, los puntos 1 y 6 de la propuesta son los que efectivamente parecen tener un contenido normativo más importante.
En aras de un debate serio hay que ser más serios, más contundentes, hay que hablar de derechos sustantivos. En primer lugar, es necesario señalar que el procedimiento para la exigencia de una eventual responsabilidad del Estado español en el contexto de un conflicto está sometido a rigurosos requisitos legales, tanto sustantivos como de orden temporal o procesal. Sabemos que el instituto de la responsabilidad patrimonial es un derecho de configuración legal del que existen tempranos antecedentes en el siglo XIX precisamente relacionados -mire que casualidad-con el ramo de la guerra. Así la Ley de 9 de abril de 1842 declaró la obligación de la nación a indemnizar los daños materiales causados tanto en el ataque como en la defensa de las plazas, pueblos, edificios, etcétera, producidos en la primera guerra carlista. Como sabemos cómo finalizó, no vamos a entrar, porque esta proposición no de ley no es objeto -como he dicho en el introito-de estudio histórico. En esta fecha hubo una sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1904 que extendió por analogía a los daños producidos en la Guerra de Cuba. Señor presidente, hay que llegar al año 1954, el de la promulgación de una de
esas grandes leyes administrativas configuradoras de nuestro sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, la Ley de Expropiación Forzosa, en cuyo artículo 121 se establecía: Dará lugar a indemnización toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta ley se refiere, siempre que aquella sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Este procedimiento, en cierto sentido balbuceante -estamos hablando de una época de un feroz autoritarismo en nuestro país-, tuvo una consagración mucho más acorde con los tiempos y, sobre todo, con las exigencias jurídicas y jurídico-internacionales en la Constitución española de 1978, en la que, sin lugar a dudas, el artículo 106.2 manifiesta las razones por las cuales estas previsiones de responsabilidad se tienen que dar. En la actualidad, la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común de 1992, en sus artículos 139 a 144, y el real decreto de desarrollo de 26 de marzo que aprobó el reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad de las administraciones públicas expresan los siguientes requisitos indispensables: en primer lugar, la existencia de un daño antijurídico que reúna los caracteres de efectividad y posibilidad de evaluación económica e individualizada en relación con una persona o grupos de personas y de un título de imputación suficiente que permita atribuir a la Administración el deber de reparación en que la responsabilidad se concreta, lo que supone una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido. Esta es una teoría que no admite mayores comentarios. Ahora bien, aun en la hipótesis de que concurran en el asunto que nos ocupa todos y cada uno de estos requisitos, hay que tener en cuenta lo que configura el párrafo 5 del artículo 142 en cuanto a que en todo caso nuestras normas en vigor sobre esta materia establecen que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Por tanto, desde la perspectiva jurídica tenemos una respuesta contundente y adecuada que en nada significa entrar en reproches de orden moral o de que el colonialismo, como efectivamente así fue y Naciones Unidas se encargó de proscribirlo, ha sido tan perjudicial y tan malo para nuestro país y sobre todo para los que han sufrido su opresión. Esta es una limitación temporal muy razonable que garantiza el principio de seguridad jurídica.
Ahora bien, señor presidente, hemos dicho -y es indispensable hacer una mínima alusión a ello-que hay otras cuestiones que es necesario mencionar a propósito de la incidencia cancerígena en la zona, que se ha mencionado aquí. El historiador Juan Pando, mencionado en la proposición, habla sobre el Rif y hace referencia a la experiencia de la Primera Guerra Mundial en Europa, donde grandes zonas de Bélgica y Francia fueron expuestas a concentraciones más altas del mismo gas tóxico y en las que ahora no se encuentran porcentajes de cáncer más elevado. Comprendo que esto puede ser un argumento que cueste trabajo entender, pero es así.
(Rumores.) Hay más, señor presidente, los proponentes de esta proposición no de ley -disculpen la redundancia, el murmullo siempre dificulta la creación imaginativa-se han fijado en unos magníficos artículos periodísticos de febrero de 2002, publicados en un diario de mucha difusión en nuestro país, y allí ya se interroga, nada más y nada menos -y leo-, al director del Instituto Nacional de Oncología en Rabat, profesor Brahim el Gueddari, que en una conversación telefónica dijo: Sí, el índice es en el norte -se refiere a la actividad cancerígena-algo más elevado, pero no se puede establecer científicamente cuál es la razón.
Instituto de Oncología de Marruecos. Es cierto también, señor presidente, y por ello no menos lamentable que haya que hacerlo ver, que durante los años 1956 a 1958 y 1959 fue atacada la zona con napalm de manera brutal por el entonces futuro rey alauita Hassan II y su ínclito general Ufkir.
Por tanto, vamos a ver si esos requisitos indispensables, la relación causa-efecto, la lesión, pueden tener una cabida jurídica para poder atender a un resarcimiento.
Finalmente, quiero precisar que la actuación de España en el Rif estuvo motivada, desde el punto de vista jurídico -y hay que decirlo-, por su responsabilidad en la zona del protectorado de Marruecos ante la rebeldía de unas tribus, que lo habitaban, contra el sultán de Marruecos, ya lo hemos dicho. Nunca fue una guerra de agresión, y si no, que se lo digan a los caídos en el Annual y en Monte Arruit. En relación con lo anterior, puesto que los perjudicados y sus descendientes eran y son respectivos ciudadanos de otro Estado, autónomo y soberano, no pueden analizarse ni obtenerse conclusiones ajenas al derecho internacional público y a las relaciones entre Estados. Podría ser incluso, señor presidente, a pesar de toda la bonhomía que parece destilar la proposición, una probable fuente de conflictos con el Estado alauita hoy, con el Estado de Marruecos, porque el déficit sigue existiendo, los bereberes siguen existiendo a pesar de todos los -entrecomillados-espantosos genocidios que han sufrido. Quizá se produciría un conflicto superior al que se pretende solucionar si entráramos en disquisiciones de derecho internacional público entre una potencia presumiblemente colonizadora antaño y un reino soberano con unos levantiscos ciudadanos situados en la zona norte del Atlas. (Rumores.)
Para terminar, las conclusiones tienen que ser las siguientes, a pesar del rumor de aprobación de mis palabras. La primera, que la línea que marca la evolución del instituto de la responsabilidad patrimonial en el derecho español destierra la posibilidad de una indemnización y, en concreto, la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, porque establece una clara y estricta limitación temporal a las reclamaciones contra la Administración puntos 1 y 6 de la proposición de carácter normativo, como ya hemos dicho. Además es necesario considerar
las dificultades que entrañaría el establecimiento de una relación directa, inmediata y exclusiva a causa de la relación causa-efecto entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido. Ya hemos hecho alusión a consideraciones de orden médico. En cuanto a los puntos 3 y 4 de la proposición no de ley, es importante señalar que los archivos militares ya llevan años funcionando de acuerdo con la archivística actual, y las peticiones a las que ellos se referían se contradicen con lo expresado en la exposición de motivos. Por último, es necesario tener en cuenta también las posibles repercusiones diplomáticas que podrían derivarse de la aplicación de los puntos 2, 5 y 8.
Señorías, para finalizar, no me resisto a recordar lo que Juan Pando, historiador que se ha citado aquí en bastantes ocasiones, manifiesta en torno a la oportunidad o no de esa especie de perdón. Dice: Si se exige una reparación moral a España -y cito-por esos bombardeos, habría que reclamar otras a los jefes actuales de las cábilas de Beni Said y Metalsa, responsables en el verano de 1921 de las matanzas de 950 españoles en Dar Quebdani y de 3.000 en Monte Arruit, tras haber entregado sus armas y confiado a sus heridos a la clemencia del enemigo.
Dice Juan Pando: En la historia de las mayores capitulaciones coloniales no se conoce semejante crimen. Fueron degollados allí más españoles en quince minutos que rifeños muertos en primera línea por gases durante toda la guerra.
Señor presidente, nos vamos a oponer a esta proposición no de ley por términos jurídicos y de conveniencia política y, sobre todo, por un criterio de oportunidad política que creo que ha quedado perfectamente explicitado.
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de las proposiciones. Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, como recuerdan ustedes, es preciso acordar un dictamen sobre la existencia o no de conflicto de intereses en la proposición de la persona que el Gobierno elige para dirigir la Agencia de Protección de Datos. Se ha elaborado, utilizando el modelo de otras comisiones que han realizado este procedimiento, una propuesta de dictamen que luego, cuando sea leída por el señor letrado, preguntaré a la Comisión si es aprobada por asentimiento.
El señor LETRADO: La Comisión Constitucional, en su sesión de 14 de febrero de 2007, una vez examinado el currículum vitae y oída la declaración del excelentísimo señor don Artemio Rallo Lombarte, ha acordado emitir dictamen favorable por no apreciar la existencia de conflicto de intereses de conformidad con el artículo 23 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. El presente dictamen, una vez aprobado, será elevado por el presidente de la Comisión Constitucional al presidente del Congreso para su traslado al Gobierno a los efectos del correspondiente nombramiento por el Consejo de Ministros del director de la Agencia de Protección de Datos. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Voy a intervenir muy brevemente.
El Grupo Popular cree que este trámite, la comparecencia, en los términos en los que se ha producido, ha revelado hoy su utilidad, porque ha surgido un dato que para este grupo parlamentario era desconocido y que es relevante a la hora de formar su criterio respecto al dictamen. Quiero dejar muy claro que nuestro grupo entiende que este es un nombramiento del Gobierno y por tanto, dentro de su libre discrecionalidad, puede nombrar a quien estime oportuno para el puesto de presidente. Además, en don Artemio Rallo hay características profesionales que avalan una trayectoria que esperamos pueda desarrollar en beneficio de todos en ese puesto, pero no podemos avalar, porque no es nuestra misión ni lo sería de la Comisión, un nombramiento que es exclusiva responsabilidad del Gobierno. Punto primero.
Punto segundo y último. El dato relevante es que el propio señor Rallo ha aclarado su activa y larga militancia en el Partido Socialista Obrero Español, que en sí misma es tan respetable como cualquier otra circunstancia. A nuestros efectos, el dictamen deja muy claro que no existe ningún conflicto de intereses de carácter económico, como es evidente por la trayectoria y por el desarrollo de la sesión de esta mañana. Hemos tratado de poner de manifiesto que puede existir en su labor de protección de datos tan sensibles de todos los españoles cierto conflicto con el interés del partido del Gobierno. Es evidente que no solo tiene que protegerlos frente a las invasiones de la intimidad de los españoles por parte de la sociedad, los medios, las empresas, etcétera, sino en ocasiones -como se pone de manifiesto tanto en España como en la experiencia comparada-respecto al propio Gobierno. En consecuencia, le exhortamos a que ponga de manifiesto no solo su competencia profesional, ya desarrollada a lo largo de su trayectoria, sino también su imparcialidad, que le haga acreedor en el futuro de nuestra confianza.
(El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)
El señor LLAMAZARES TRIGO: En opinión de mi grupo parlamentario, se está cambiando la naturaleza de la ratificación de esta Comisión, porque se trata únicamente de contemplar la posibilidad de que exista incompatibilidad, pero no de que exista prejuicio por parte de esta Comisión. En ese sentido, si se abre la veda, señor presidente, a partir de ahora todos los grupos parlamentarios tendremos que juzgar no solamente si la política mancha, no solamente si la pertenencia a un partido político mancha para acceder a instituciones del Estado, sino
también si la pertenencia a lobbies o a organizaciones confesionales y demás mancha, lo que no había pasado nunca en este Parlamento. Pero si se abre la veda, tendremos que ver todo el currículum de los candidatos.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Llamazares, que estamos en otro Estado más pacífico. Entiendo, por las palabras del señor Trillo, que ellos tienen la reserva por la condición de afiliado de una personalidad que se propone, pero que eso no impide que se pueda solicitar el asentimiento para la no existencia de conflicto de intereses. Es así. ¿Se aprueba por asentimiento el dictamen de no existencia de conflicto de intereses? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Pasamos ahora a la votación de las tres proposiciones no de ley que se han debatido. En primer lugar, votamos la proposición no de ley sobre medidas para garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones y servicios públicos del Estado.
Votamos ahora la proposición no de ley sobre la reforma de los acuerdos con la Santa Sede.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; votos en contra, 34.
Votamos por fin la proposición no de ley de reconocimiento de responsabilidades y reparación de daños como consecuencia del uso de armamento químico en el Rif.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, por su presencia y su debate.
Corrección de errores: En los "Diarios de Sesiones" números 499 y 503, correspondientes a las sesiones de la Comisión Constitucional de los pasados días 10 y 13 de marzo de 2006, en la página 1, figura el número de expediente 127/00003 y debe figurar 127/000003.