Source: https://issuu.com/observatorioeticayjusticia/docs/url-incidencia_publica_informe_2013
Timestamp: 2016-09-24 23:13:10
Document Index: 269815592

Matched Legal Cases: ['Artículo 12', 'artículo 251', 'artículo 203', 'Artículo 14', 'Artículo 17', 'Artículo 203', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 315', 'artículo\n343', 'Artículo 356', 'Artículo 358', 'Artículo 360', 'Artículo 362', 'ARTÍCULO 376', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'ARTÍCULO 378', 'artículo 61', 'artículo 284', 'Artículo 72', 'artículo 343', 'artículo 315', 'artículo 343', 'artículo 284', 'artículo 315', 'artículo 343', 'artículo 368', 'artículo 201', 'Artículo 201', 'Artículo 1', 'Artículo 358', 'Artículo 198', 'Artículo 200', 'Artículo 362']

Primer Informe 2013 "Debido Proceso y Derecho de Defensa en el proceso por Genocidio". by Observatorio Ética y Justicia - issuu
DE Ă&#x2030;TICA Y JUSTICIA
Debido Proceso y Derecho de
Defensa en el proceso por Genocidio
Coord. Diana Irasema Fernández Roca
Actuación profesional en el proceso por genocidio / Universidad
Rafael Landívar. Dirección de Incidencia Pública. Observatorio de
Ética y Justicia, 2013.
ISBN: 978-9929-54-047-7
Procesos por genocidio
Universidad Rafael Landívar. Dirección de Incidencia Pública.
Observatorio de Ética y Justicia
Publicado por el Observatorio de Ética y Justicia
Vista Hermosa III, Campus Central zona 16, Edi icio O
Teléfono: 2426-2626 ext. 2550
Publicación si ines comerciales
Coordinadora: Diana Irasema Fernández Roca
Alumno Auxiliar de Investigación: Katherine Melissa Villatoro Herrera
E-mail: gerenciaventas@serviprensa.com
Portada: Ruth Meoño
Este libro fue impreso en diciembre de 2013.
La edición consta de 200 ejemplares en papel bond blanco 80 gramos.
Lic. Rolando Enrique Alvarado López, S.J.
Dra. Marta Lucrecia Méndez de Penedo
Dr. Eduardo Valdés Barría, S.J.
Licda. Fabiola Padilla de Lorenzana
Director Renzo Rosal
Carmen María Chinchilla De León
Diana Irasema Fernández Roca
Alejandro Pacheco Tejada
Astrid Perdomo de Arriola
Dessireé Suazo Alemán
Katherine Melissa Villatoro Herrera
B. Principios básicos del procedimiento común
A. Antecedentes de su incorporación a la normativa
B. Debido Proceso
C. Derecho de Defensa
Fases o etapas del procedimiento común
A. El procedimiento preparatorio (instrucción preliminar)
B. El procedimiento intermedio (fase de control)
C. El juicio (preparación y desarrollo del debate oral y público)
1) Preparación del debate
2) Desarrollo del debate
Delito de genocidio y delitos contra los deberes
1. Delito de Genocidio
2. Delito contra los deberes de humanidad
3. Sentencia en el proceso
VII. Esquema del trámite del procedimiento común
VIII. Análisis de la actuación de jueces, ϐiscales y abogado
de la defensa en el cumplimiento del principio de
Juez Primero “B” ó
Juez 1º. B
Juez Primero de Primera Instancia Penal de Mayor
Riesgo “B” de Guatemala
Tribunal Primero “A” ó
Tribunal 1º. A
Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad
y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo “A”.
El presente informe se realiza como parte del Observatorio de Ética y Justicia, en la Dirección de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar, con ocasión del desarrollo del procedimiento común (proceso penal)
seguido en contra de José Mauricio Rodríguez Sánchez, Héctor Mario López
Fuentes y José Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra
los deberes de la humanidad, en el que las víctimas son grupos del pueblo
maya pertenecientes a la población Ixil, afectadas durante el conflicto armado interno que inició en 1962 y que se manifestó con mayor intensidad
en los años de 1981 a 1983; el proceso se desarrolló en el presente año,
siendo el primero en el que se conocen este tipo de delitos por los tribunales de justicia de Guatemala.
Sobre el desarrollo del referido proceso se analiza la actuación de los profesionales del derecho, jueces, abogados defensores y iscales del Ministerio Público en el cumplimiento de los principios del debido proceso y derecho de defensa y en el marco de la ética profesional, por considerar que su participación es
determinante en los resultados del mismo.
El análisis mencionado se realiza sobre los siguientes aspectos: i) Las decisiones de los jueces mediante resoluciones emitidas en las etapas intermedia, de preparación del juicio y durante la audiencia de debate que en el
desarrollo del proceso fueron relevantes, así como su función en el control
jurisdiccional del proceso y su conducta durante la audiencia de debate;
ii) Las impugnaciones y mecanismos para hacer valer el desacuerdo de la
defensa de los procesados con las resoluciones emitidas por los jueces,
por considerar que violaban el debido proceso y el derecho de defensa, así
como su conducta en la audiencia de debate; iii) La actuación de fiscales del
Ministerio Público en la vigilancia del cumplimiento de la ley en el desarrollo del proceso y en su función acusadora.
Para una mejor comprensión de los aspectos que se analizan se aportan elementos teóricos sobre los sistemas de enjuiciamiento, procedimiento común,
principios, garantías y trámite; los delitos de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad.
En el presente trabajo se analizan actuaciones correspondientes a las etapas
preparatoria, intermedia, preparación de juicio y audiencia de debate, realizadas del cuatro de febrero al nueve de mayo de dos mil trece. No se analizan las
consideraciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad en las sentencias
En la elaboración del informe se acudió a la consulta de obras sobre derecho
penal y procesal penal, jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, la
norma constitucional, acuerdos, convenios y tratados internacionales, legislación sustantiva y adjetiva en materia penal vigente en Guatemala, así como
el aporte de reconocidos profesionales del derecho especialistas en Derecho
Constitucional, Derecho Internacional, Derechos de los Pueblos Indígenas y
En Guatemala el sistema de enjuiciamiento penal inquisitivo, eminentemente
represivo, caracterizado por la concentración del poder en el juez, a quien le
correspondía investigar, acusar y juzgar, actuando de forma parcializada, y en
el que el imputado era un objeto de investigación carente de dignidad como
ser humano, se aplicó por herencia española desde la época de la conquista, y
fue a partir de la independencia que inician los primeros intentos de reforma
Como resultado de las injusticias y decisiones arbitrarias del órgano de justicia
al amparo de este sistema, siempre se sostuvo la necesidad de plantear los
cambios para introducir mecanismos de juzgamiento penal en el marco del
Es así que en 1994 se reforma la justicia penal con la promulgación del Código
Procesal Penal –CPP– (Decreto No. 51-92 del Congreso de la República), y la
consecuente derogatoria del anterior Código (Decreto No. 52-73), quedando
para la historia la época de juzgamiento injusto.
Con la emisión del nuevo CPP, se pretende adquirir una forma de justicia penal
efectiva que genere tranquilidad social y garantice el respeto de los derechos
humanos; en ese sentido, se adopta una nueva organización de todo el sistema
de administración de justicia penal.
A veintiún años de transición a un sistema acusatorio garantista y justo, el desarrollo del proceso penal seguido en el presente año por los delitos de genocidio y contra los deberes de la humanidad, atrae la atención del Observatorio
de Ética y Justicia, particularmente en cuanto al análisis de la actuación de los
profesionales del derecho en el ejercicio de la defensa, la acusación y juzgamiento de los procesados, concretamente sobre el cumplimiento del principio
del debido proceso y derecho de defensa que en el caso que nos ocupa fueron
determinantes en los resultados del proceso y el estado en el que el mismo se
II. Sistemas de justicia penal
Las formas de enjuiciamiento que se han desarrollado a lo largo de la historia
en respuesta a las necesidades sociales, son el sistema acusatorio, inquisitivo
y mixto. Para conocer la evolución del proceso penal en Guatemala y su aplicación actual se hace referencia a los aspectos que caracterizan los sistemas
inquisitivo y acusatorio.
Concentra el poder en la persona del juez, en quien recae el deber de investigar, acusar y juzgar, lo cual le coloca en un plano parcial. El imputado no es
considerado como parte procesal, sino como objeto de investigación, se desvaloriza su dignidad de ser humano. Tiene como in reprimir a quien perturbe el
orden jurídico, por lo que no responde a un Estado de Derecho que reconoce
el respeto de los derechos humanos y las garantías dentro del proceso, lo que
justi ica su reemplazo por el sistema acusatorio.1
Las principales características del sistema inquisitivo son las siguientes:
Secretividad del proceso;
Trámite totalmente por escrito;
Sistema de valoración de la prueba legal o tasada, es decir con valoración
cuantitativa y no cualitativa;
La prisión provisional como regla general;
Control vertical de las decisiones del juez en segunda instancia a través de
la apelación y la consulta.
La característica fundamental del enjuiciamiento en este sistema es la división
de poderes en el proceso, asignados de la siguiente forma: el acusador que en
Guatemala es el Ministerio Público –MP–, quien persigue penalmente y ejerce
el poder requirente; el imputado, quien ejerce el derecho de defenderse, y por
último el tribunal, que tiene el poder de decidir2. En este sistema el individuo,
su libertad y dignidad ocupan el primer lugar. El rol del Estado es secundario
Cfr. Par Usen, José Mynor, El Juicio Oral en el Proceso Penal Guatemalteco. Centro Editorial
Vile. Guatemala. 2005, Pág. 37.
Cfr. Par Usen, José Mynor, Op. Cit., Pág. 43.
y consiste en resolver con lictos, el juez actúa como un árbitro que interviene
por impulso de las partes procesales3.
Al introducirse el nuevo CPP se reconoció el conjunto de garantías destinadas
a proteger a todo individuo sometido a un proceso penal, promovido por los
órganos a cargo de la acción penal para la averiguación de la verdad.
El sistema acusatorio, de acuerdo a la legislación guatemalteca, tiene las siguientes características:
Función de acusación encomendada al MP por medio del Fiscal General
de la República y su cuerpo de iscales;
Función de defensa, atribuida a los abogados colegiados activos dedicados al ejercicio de la profesión liberal, así como al servicio público de defensa penal gratuito a cargo del Instituto de la Defensa Pública Penal.
Función de juzgar y controlar el proceso penal, encomendada a los jueces
Proceso penal en fase de juicio, instituido en forma oral y pública;
Fase de juicio penal desarrollado ante un tribunal de jueces letrados o de
Juicio penal inspirado conforme los principios de inmediación, concentración, contradictorio, oral y público;
Declaración del imputado constituido como un derecho de defensa y su
confesión valorizada conforme el principio de presunción de inocencia, y
como medio de defensa;
Las pruebas del proceso se valoran conforme a la sana crítica razonada, es
decir, conforme a la libre convicción de los jueces.
De Mata Vela, José Francisco. La Reforma Procesal de Guatemala, del Sistema Inquisitivo
(juicio escrito) al Sistema Acusatorio (juicio oral). Tesis doctoral, informe resumido. Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona. España, 2007. Pág. 41.
III. Procedimiento común
Es el nombre que el CPP da a la serie de etapas que tienen por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta, de las circunstancias en que
pudo ser cometido, la posible participación del sindicado y el pronunciamiento de la sentencia respectiva.4
Las garantías constitucionales son los medios con los que los textos constitucionales aseguran la protección y respeto de los derechos fundamentales que
le asisten a toda persona; dentro del procedimiento común (penal) son un medio jurídico de protección para el imputado, la organización judicial y las funciones del MP, frente al ejercicio del poder punitivo del Estado, disminuyendo
el abuso y arbitrariedad judicial; es de hacer notar que estas garantías dentro
del proceso no conciben la protección de las víctimas o agraviados, pues su
derecho a la justicia mediante un juicio justo trasciende y es el resultado del
Fundamentos connotados con precisión por el legislador en la norma constitucional, de observancia obligatoria para la interpretación y aplicación de todas
las normas del CPP;5 de acuerdo con la doctrina y nuestra legislación son los
Derecho de Defensa. La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables.6
Debido Proceso. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos,
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por
Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.7
Cfr. Barrios Osorio, Omar Ricardo. Código Procesal Penal Decreto No. 51-92 del Congreso
de la República, Edición de Estudio. Ediciones Mayté. Guatemala 2005. Pág.97.
Cfr. Barrientos Pellecer, César Crisóstomo. Exposición de Motivos del Código Procesal
Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala.
Fecha de emisión: 31/05/1985 y sus reformas. Artículo 12.
Presunción de Inocencia. Toda persona es inocente, mientras no se le
haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente
ejecutoriada.8
Publicidad del Proceso. El detenido, el ofendido, el MP y los abogados
que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita,
tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata.9
Principio de Legalidad, garantía penal. No hay pena sin ley. No se impondrá pena alguna si la ley no la hubiere ijado con anterioridad.10
Acusatorio e Imparcialidad Judicial. La acusación a cargo del MP establecida en el artículo 251 constitucional que indica: “El Jefe del Ministerio
Público será el Fiscal General de la República y le corresponde el ejercicio de
la acción penal pública”, fundamenta la imparcialidad de los jueces al otorgarles la exclusividad en la función de juzgar, según el artículo 203 de la
norma constitucional, “Corresponde a los tribunales de justicia la potestad
de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado”.11
Por su particular atención para el análisis de este informe se hace a continuación referencia sobre los principios de Debido Proceso y Derecho de
Op. Cit. Artículo 14.
Op. Cit. Artículo 17.
Ibidem. Artículo 203.
IV. Debido proceso y derecho de defensa
En Guatemala, a pesar de que algunos derechos de las personas detenidas
se regularon desde la Constitución de Bayona de 1808 y subsiguientes, incluso en la Constitución de 1965 ya aparecen incorporadas las garantías de
debido proceso y derecho de defensa; no fue sino hasta en la Constitución
de 1985 que se plasman de forma concreta todos los principios procesales
y se incorporan efectivamente a la normativa procesal penal que cobra vigencia en el año 1994.
Garantía procesal regulada en el artículo 12 constitucional que establece:
“Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y
vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”.
Y en el artículo 4 del Código Procesal Penal:
“Juicio Previo. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad
y corrección, sino en sentencia ϔirme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo
conforme a las disposiciones de este Código y a las normas de la Constitución, con
observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y
derechos del imputado o acusado.
La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se
podrá hacer valer en su perjuicio”.
Asimismo, la Corte de Constitucionalidad en sentencia ha emitido la siguiente
consideración sobre el contenido y alcance del debido proceso:
“El debido proceso consiste en la observancia, por parte del tribunal, de todas las normas relativas a la tramitación del juicio y en el derecho de las partes de obtener un
pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de
incertidumbre que conlleva el procedimiento judicial. Implica la posibilidad efectiva
de ocurrir ante el órgano jurisdiccional competente para procurar la obtención de la
justicia y de realizar ante el mismo todos los actos legales encaminados a la defensa
de sus derechos en juicio, debiendo ser oídos y dársele la oportunidad de hacer valer sus medios de defensa en la forma y con las solemnidades prescritas en las leyes
especíϔicas”.12
Gaceta No. 34. Expediente 254-94, Sentencia 8 de diciembre de 1994.
Además, como re iere Julio Maier, la garantía de debido proceso impone la necesidad de una norma sustantiva que establezca qué y cómo se va a castigar
(Código Penal) y una norma adjetiva que establezca cómo se va a juzgar (Código Procesal Penal) y la existencia de una sentencia judicial de condena en donde establezca la culpabilidad de una persona determinada, por la realización
de un hecho tipi icado como delito.
De tal forma que la garantía de debido proceso es un instrumento de protección jurídica del individuo, pues su inalidad no es sólo atender al castigo de
los culpables, sino también a la protección de los inocentes, incluso del mismo
culpable, en cuanto que su culpabilidad no podrá ser establecida a costa del
respeto a su dignidad personal.13
Es una garantía de dignidad y respeto a los derechos humanos del imputado,
que debe hacerse efectiva desde el momento en que se presume que es partícipe (autor, cómplice o instigador) de un hecho delictivo o desde el inicio
de un procedimiento judicial o administrativo, el derecho de defensa cumple
la función de contradecir o desvirtuar las imputaciones que se le formulan al
procesado, y de hacer efectivas y dinámicas las otras garantías que le asisten;
el artículo 12 constitucional lo de ine en los siguientes términos:
“La defensa de la persona y sus derechos son inviolables”.
Para su efectivo cumplimiento dentro del proceso respecto del procesado,
debe comprender los siguientes derechos:
Estar presente en el proceso;
Defenderse personalmente (defensa material) o ser asistido por un defensor a su elección (defensa técnica);
Ser informado del derecho que le asiste de tener un defensor, o que se le
nombre de o icio en forma gratuita si no tiene su icientes medios para
pagarlo y a comunicarse libre y en privado con él;
Ser informado de los hechos por los que se le considera responsable;
A un traductor o intérprete cuando no comprenda el idioma o icial que es
Cfr. De Mata Vela, José Francisco. La Reforma Procesal Penal de Guatemala. Op. Cit.
Págs. 155 y 156.
El derecho a ser oído;
No ser obligado a declarar;
Controlar la prueba que va a valorar el tribunal;
De acuerdo al principio de congruencia, que el tribunal no puede cambiar en forma drástica la valoración jurídica al momento de dictar
10) Que el tribunal superior no puede agravar la decisión del tribunal
La norma constitucional garantiza el derecho de defensa en sentido amplio,
por lo que dentro del proceso penal debe aplicarse no sólo al imputado, sino
a toda persona que durante el mismo pueda ser afectada en sus derechos, por
cuanto debe considerarse como un derecho amplio y extensivo.
V. Fases o etapas del
El procedimiento ordinario (común) está estructurado por el procedimiento preparatorio (instrucción preliminar), el procedimiento intermedio (fase de control)
y el juicio que es la fase principal (debate oral y público).14
Comprende la investigación preliminar de un delito de acción pública para
buscar el fundamento de la acusación formal o requerir el sobreseimiento;
ha sido con iada al Ministerio Público para acentuar la forma acusatoria del
proceso penal y dinamizar la investigación con los menores formalismos y la
Su objeto es la investigación de la verdad, a través de: i) Determinar la existencia del hecho; ii) Quién o quiénes son los partícipes; iii) La valoración de su
responsabilidad.15
Para el efecto en esta etapa se desarrollan las siguientes actividades:
Decisiones que in luyen en el procedimiento
Anticipos de prueba16
Decisiones vinculadas a actos que puedan afectar las garantías y derechos
procesales, reconocidas y normadas por la CPR.
Dentro de los anteriores revisten especial importancia los actos de investigación que son “Todas las actuaciones encaminadas a… averiguar y hacer constar
la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan inϔluir en
su caliϔicación, y la culpabilidad de los delincuentes”. 17
Bajo el actual sistema de justicia, el MP es el órgano encargado de llevar a cabo la
persecución penal y realizar la investigación, practicando las diligencias necesarias para fundamentar la teoría del caso y tomando así mismo en consideración
De Mata Vela, José Francisco, La Reforma Procesal de Guatemala, del Sistema Inquisitivo
(juicio escrito) al Sistema Acusatorio (juicio oral). Op. Cit. Pag.33.
Barrios Osorio, Omar Ricardo, Código Procesal Penal, Edición de Estudio. Op. Cit. Pág.105.
Anticipo de prueba: se re iere a la prueba que no puede esperar a ser producida en el debate.
Baquiax, Josué Felipe. Op. Cit. Pág. 153.
las garantías procesales del sindicado en cuanto al derecho de defensa y respeto
al debido proceso, le corresponde además, autorizar los actos de investigación,
de manera que no afecten los derechos fundamentales del imputado.
En esta etapa se lleva a cabo el diligenciamiento de actos de investigación o
medios de investigación que posteriormente se convertirán en actos de prueba o medios de prueba, que trascenderán en la sentencia de forma negativa o
positiva, permitiendo el enjuiciamiento.
En conclusión, la etapa preparatoria está diseñada para preparar y construir
evidencias, obtener información, pruebas auténticas que faciliten establecer la
existencia o no de un delito y la participación del imputado, y que permitirán
posteriormente que el iscal del MP designado, pueda formular la acusación y
realizar la apertura a juicio penal contra el procesado ante juez competente,
proponer sobreseimiento o que el juzgador pueda tener constancia de la insuiciencia de la investigación del MP, y decretar falta de mérito o clausura provisional. Cabe resaltar en esta etapa la importancia de que el sistema de justicia
vele por el correcto cumplimiento de las funciones del MP, en la garantía de los
principios del debido proceso y derecho de defensa.
De allí la relevancia de la obligación que en esta etapa, en la audiencia establecida para el efecto en el artículo 315 Proposición de diligencias, las partes
propongan los medios de investigación, a efecto de que el MP los valore, acepte
o rechace y lleve a cabo el diligenciamiento de los actos. Es derivado de esta
disposición, que el Juez Primero “B” en el proceso por genocidio, rechaza los
medios de investigación (peritajes e informes) que la defensa de Ríos Montt
presentó en la audiencia de Ofrecimiento de Prueba establecida en el artículo
343 en la etapa intermedia, por la evidente imposibilidad de regresar a una
etapa ya precluida para valorar la prueba propuesta y diligenciarla, pues ello
signi icaba retrotraer el proceso, y violar el principio del debido proceso.
Su función es evaluar y decidir judicialmente sobre las conclusiones planteadas por el MP con motivo de la investigación.18
La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento
para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo19 o para veri icar la fundamentación de las otras
solicitudes del MP,20 entre ellas, la clausura provisional, sobreseimiento, suspen18
Cfr. Barrios Osorio, Omar Ricardo, Código Procesal Penal, Edición de Estudio. Op. Cit.
Pág.115.
Congreso de la República de Guatemala. Código Procesal Penal, Op. Cit. Artículos 332 al 345.
Ibidem. Artículos 345 Bis al 345 Quáter.
sión condicional del proceso, aplicación del criterio de oportunidad, rati icación,
revocación, sustitución o imposición de medidas cautelares.
Según Maier21 la inalidad de la etapa intermedia es el control de los requerimientos acusatorios o conclusivos del MP, que hacen mérito de la etapa
preparatoria, así mismo pretende realizar juicios más formales y con control
material. Por lo cual esta fase otorga la posibilidad al imputado de incorporar
medios de prueba, con el in de paralizar el proceso por falta de fundamento, o
cualquier otro medio que logre una modi icación a la imputación.
Para el efecto, en esta etapa se celebra una segunda audiencia, denominada
ofrecimiento de prueba22, en la que cada parte procesal presenta al juez de primera instancia sus medios de prueba, individualizados, indicando los hechos
sobre los cuales serán examinados en el debate; el juez de instancia penal tiene
a cargo admitir o no la prueba, cali icándola como abundante, impertinente,
innecesaria o ilegal, permitiendo la preparación del debate.
En ese sentido, la norma procesal penal23 señala que el juzgado de primera instancia debe resolver en audiencia la prueba que será admitida para el debate y
la que será rechazada, con su respectiva justi icación en relación a cada uno de
los medios de prueba ofrecidos por los sujetos procesales. Esta resolución será
un auto, contra el que se podrá interponer recurso de reposición de forma oral,
exponiendo ante el juez, el agravio que causa al rechazar el medio de prueba.
En caso de que vuelva a denegarse la admisión de un medio de prueba, podrá
formularse oralmente protesta de subsanación, indicando cuál sería el acto
adecuado para que la resolución tenga sentido.24
Se hace especial referencia a esta audiencia, porque en el caso que nos ocupa,
la resolución que se emitió en la misma, en cuanto a la aceptación de medios
de investigación y su valoración, fue objeto de impugnación en reposición, posteriormente la defensa no hace uso de la protesta de subsanación; además,
teniendo previo conocimiento de que no era el momento procesal para
proponer medios de investigación interpone amparo y posteriormente la
Corte de Constitucionalidad ordenó al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “B” ampliar dicha resolución, con lo cual se considera se violó el debido proceso, porque obliga a regresar a etapas que habían
precluido.
Citado por Par Usen, José Mynor. Op. Cit., Pág. 228.
Congreso de la República de Guatemala, Decreto 51-92 Código Procesal Penal. Op. Cit.
Congreso de la República de Guatemala. Decreto 51-92 Código Procesal Penal. Op. Cit.
Esta etapa procesal es fundamental, en cuanto a que in luye en las estrategias
que tomarán las partes procesales en el debate y si alguna de las partes plantea
alguna cuestión incidental, por lo que en esta audiencia se ofrecerá prueba que
permita probar la pretensión que se planteará en el debate.
Etapa plena y principal del proceso en la que se comprueban y valoran los
hechos y se resuelve el con licto penal.25
Para dar inicio a la audiencia de debate, una vez recibido el expediente del
juzgado de primera instancia por el correspondiente tribunal de sentencia, es
necesario realizar ciertos actos preparatorios que además cumplen la función
de depurar el procedimiento, estos consisten en:
Interposición de impedimentos, excusas, recusaciones y excepciones fundadas sobre nuevos hechos;
Ofrecimiento de prueba; entendida como tal la lista de testigos, peritos e
intérpretes; documentos que no fueron ingresados antes; todos consistentes en elementos de initivos que han sido diligenciados y preparados
previamente y que pueden servir para el descubrimiento de la verdad
acerca de los hechos que serán examinados durante el debate.
Anticipo de prueba, consiste en recibir declaración a órganos de prueba
que no podrán concurrir al debate; adelantar operaciones periciales para
informar en el debate; llevar a cabo actos probatorios que sea di ícil cumplir en la audiencia o que no admitan dilación.
Resolución y ijación de audiencia de debate;
Dictar sobreseimiento o archivo: el tribunal dictará de o icio el sobreseimiento o archivo.
El debate es el acto público dentro de la etapa de juicio, de intensa oralidad,
moderado por jueces, consistente en la confrontación de posturas sobre hechos, normas, pruebas y valoraciones; 26en el trámite del proceso por genocidio fue el más mediático, derivado de su carácter público.
Cfr. Ibidem. Pág. 123.
Barrios Osorio, Omar Ricardo, Código Procesal Penal Edición de Estudio. Op. Cit.
Por la relevancia de esta etapa, debido a que es en la que se decide el con licto
penal, la legislación asigna los siguientes principios que rigen su desarrollo:
Inmediación. Presencia ininterrumpida de los jueces (tribunal).27
Publicidad. Será público pero el tribunal podrá resolver que sea cerrado
total o parcialmente en casos excepcionales.28
Poder de disciplina. Lo ejerce el presidente del tribunal.29
Continuidad y suspensión. Continuará durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta que concluya. Se podrá suspender por el
plazo de 10 días en casos determinados legalmente.30
Oralidad. El debate será oral. Las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba, las intervenciones de los participantes, las resoluciones
del tribunal se harán en forma verbal.31
En el desarrollo del debate se identifican como relevantes los siguientes
Apertura. El presidente veri ica la presencia del MP, acusado, defensor,
otras partes que se hubieren admitido, testigos, peritos, intérpretes; declara abierto el debate;
Oportunidad para el planteamiento de incidentes;
Declaración del acusado;
Recepción de la prueba; consistente en: i) Lectura de las conclusiones de
los dictámenes presentados por los peritos; ii) Declaración e interrogatorio a testigos; iii) La recepción de nuevos medios de prueba.
Discusión Final;
Réplica. Solo el Ministerio Público y el defensor del procesado podrán refutar los argumentos adversos;
Clausura del debate;
Congreso de la República de Guatemala, Código Procesal Penal, Decreto No. 51-92. Op. Cit.
Ibidem. Artículo 356.
Ibidem. Artículo 358.
Ibidem. Artículo 360.
Ibidem. Artículo 362.
Deliberación. Los jueces que integran el tribunal deliberan en sesión secreta y votan por simple mayoría;
Por la importancia que reviste este acto, debido a que decide y pone in
al asunto principal; en el presente caso, es oportuno indicar que tanto la
doctrina como la legislación coinciden en los elementos esenciales que
debe contener, relacionados en primer lugar con la construcción de la
norma aplicable al caso, es decir el nivel del análisis jurídico, y el segundo
el análisis de la información reunida, que se re iere a la valoración de la
Con base en lo señalado, se advierte que la sentencia dictada en el juicio
por genocidio por el Tribunal Primero “A”, cumple con lo establecido por
la doctrina y por la norma procesal en cuanto al análisis jurídico y la valoración de la prueba; porque tal como consta en el numeral romano V
en el que plasma su actividad de decidir sobre la responsabilidad penal
de los acusados y la cali icación legal de los delitos, concretamente en la
parte resolutiva, hace referencia al conjunto de normas que le sirvieron
de fundamento para realizar la función de construcción y relación de las
normas jurídicas aplicables a la solución del caso concreto, establecidas
en Convenios y Tratados Internacionales, norma constitucional, norma
sustantiva y adjetiva penal; además, en el mismo apartado de la sentencia,
sustenta sus razonamientos sobre las consideraciones y la apreciación de
Por lo que se re iere a la pena, el Tribunal Primero “A” impuso la mayor
en los dos delitos, razonando el fundamento de esta decisión en su deber
principal e ineludible de impartir justicia, que hace constar en la sentencia en los siguientes términos: “El tribunal está consciente que ningún ser
humano, vive la totalidad de la cantidad de años impuesta, sin embargo en
cumplimiento de la ley, hemos aplicado la pena correspondiente, porque no
podemos dejar de observar que fue un considerable número de personas las
que fueron asesinadas en las múltiples masacres perpetradas en el área Ixil,
por lo que tampoco podemos invisibilizar a las víctimas, ni dejar de cumplir
con nuestro deber”.
VI. Delito de genocidio y delitos contra
los deberes de la humanidad
Después de la primera guerra mundial la comunidad internacional creó un sistema de protección de las minorías nacionales para garantizar su derecho a la
vida, este sistema fue el antecedente de la creación del término Genocidio por
Rafael Lemkin (1900), quien en Polonia ejerció como abogado, iscal y profesor universitario, y posteriormente se trasladó a Estados Unidos en donde se
desempeñó como consejero del Secretario General de la Organización de las
Naciones Unidas para la creación de la Convención de Genocidio.32
Posteriormente, concluida la segunda guerra mundial, resurgen intentos de
conformar una instancia penal internacional que regule y con competencia
para conocer los crímenes de guerra.
Se crea entonces el Estatuto del Tribunal de Nüremberg, primer código de ley
penal internacional que reguló crímenes contra la paz, crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad, adoptado mediante el Acuerdo de Londres el
8 de agosto de 1945,33 previo a la realización del juicio de Nüremberg (1946),
en el que se juzgaron a los principales culpables de crímenes que atentaron
contra la humanidad dentro de la cúpula más alta de la jerarquía nazi.34
Sin embargo, es hasta 2002 que a través de la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, en resolución de la Asamblea
General No. A/RES/53/105, se adopta el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional que regula el delito de genocidio y crímenes de lesa humanidad.35
En Guatemala entró en vigencia la aplicación del Estatuto de Roma a partir
del 23 de febrero de 2012;36 a pesar de que desde 2002 la Corte de Constitucionalidad emitió opinión (Expediente 171-2002, sentencia de 25 de marzo de
2002) en la que concluyó que no existía incompatibilidad con la Constitución
Cfr. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Anuario Mexicano de Derecho Internacional. El Tratamiento Jurídico del Genocidio en México. En: http://biblio.juridicas.
unam.mx/estrev/derint/cont/9/cmt/cmt18.htm.
Juicio de Nüremberg. En http://www.segunda-guerra-mundial.com/2gm-el-juicio-denuremberg.html,
Cfr. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Anuario Mexicano de Derecho Internacional. El Tratamiento Jurídico del Genocidio en México.
Congreso de la República de Guatemala. Aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional. Emitido: 26/01/2012. Publicado: 22/02/2012.
Política de la República de Guatemala,37 y emitió opinión sobre dos aspectos
que es importante mencionar:
Que la Corte Penal Internacional solo podría ejercer jurisdicción en un
caso particular, si el Estado de Guatemala no cuenta con un sistema de
justicia capaz o no exista la voluntad de hacerlo.
Que la CPI no conocerá de ningún caso cuyos hechos hayan sido cometidos antes de la entrada en vigencia del Estatuto, que para Guatemala es
antes del año 2012.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en resolución 260 A (III), de fecha 9 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, incorporada a la legislación guatemalteca
mediante Decreto No. 704 de fecha 30 de noviembre de 1949, en el Artículo II
Lesión grave a la integridad ísica o mental de los miembros del grupo;
acarrear su destrucción, ísica, total o parcial;
En los mismos términos de ine el Delito de Genocidio el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional. 38
La mencionada igura delictiva se incorpora al Código Penal en reformas del
año 1996 con los siguientes elementos:
“ARTÍCULO 376.- Genocidio. Comete delito de genocidio quien, con el propósito de
destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos:
Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Aprobado el 17 de julio de 1998. Artículo 6.
Lesión que afecte gravemente la integridad ísica o mental de miembros del
Sometimiento del grupo o de miembros del mismo, a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción ísica, total o parcial.
Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquiera otra
manera impedir su reproducción.
El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 30 a 50 años.”39
2. Delitos contra los deberes de humanidad
El Estatuto de la Corte Penal Internacional en el Artículo 7, regula esta igura
delictiva en los siguientes términos:
“1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad”
Encarcelación u otra privación grave de la libertad ísica en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad
Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género
deϔinido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como
acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
Congreso de la República de Guatemala. Código Penal, Decreto No. 17-73 y sus reformas.
Fecha de emisión: 5/7/1973. Fecha de publicación: 30/8/1973.
Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad ϔísica o la salud
mental o ϔísica.”(…)
En cuanto a su incorporación a la legislación guatemalteca, el Código Penal
establece el siguiente tipo penal:
“ARTÍCULO 378.- Delitos contra los deberes de humanidad. Quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de
guerra, heridos durante acciones bélicas, o que cometiere cualquier acto inhumano
contra población civil, o contra hospitales o lugares destinados a heridos, será sancionado con prisión de veinte a treinta años”.
El juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad concluyó con
la sentencia emitida por el Tribunal Primero “A” con fecha 10 de mayo de 2013
que declaró responsable a José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y
deberes contra la humanidad, condenándolo a 80 años de prisión, en tanto que
al ex jefe de inteligencia de ese régimen, José Mauricio Rodríguez, lo absolvió
por considerar que no tuvo participación en la comisión del delito.
Sin embargo, la CC con fecha 20 de mayo del mismo año, al resolver un ocurso
en queja, presentado por la defensa de Ríos Montt en el trámite de un amparo
contra la Sala Tercera de Apelaciones ordena a la referida sala dictar resolución, anular todo lo actuado en la fase de debate oral y público del proceso
penal a partir del 19 de abril de 2013, decretar la suspensión provisional del
proceso hasta que esté irme el fallo en el proceso de amparo promovido por
Ríos Montt, quedando con esta decisión sin efecto la sentencia condenatoria
y violando el debido proceso, con el consecuente aumento de la debilidad del
sistema de justicia guatemalteco y la reiterada violación de los derechos de las
víctimas al vedárseles el acceso a la justicia.
Las resoluciones de la CC se consideran contrarias al debido proceso, en primer lugar porque incursionan en el ámbito de la justicia ordinaria, declaran
nulos actos de los jueces que fueron dictados conforme a derecho, otorga protección a la defensa en el reclamo de violaciones infundadas, por lo que se considera que obedecieron a presiones de carácter político, saliendo del ámbito
de la defensa del orden constitucional materia su competencia.
VII. Esquema del trámite
Etapas intermedia y juicio
A continuación se presenta un esquema para ilustrar las incidencias en el trámite del procedimiento en las etapas intermedia y juicio, previa indicación de
los siguientes términos técnico procesales utilizados:
Según Ossorio, los recursos son los medios que concede la ley procesal para
impugnar resoluciones judiciales, con efecto de subsanar los errores de fondo
o vicios de forma en que haya incurrido al dictarlas, correspondiendo a la parte
procesal del juicio recurrir cuando se sienta lesionada por la medida judicial.
En el proceso penal o común y concretamente en las etapas a las que hacemos
referencia las partes puede hacer uso de los siguientes recursos:
Recurso que presenta una de las partes del proceso que se siente afectada o
está en desacuerdo con la resolución emitida, la presenta ante el mismo juez
que dictó resolución interlocutoria (de trámite), con la inalidad de que la deje
sin efecto, la corrija, la aminore o la cambie según la solicitud del recurrente.40
El Código Procesal Penal, establece: “El recurso de reposición procederá contra
las resoluciones dictadas sin audiencia previa, y que no sean apelables, a ϔin de
que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la
resolución que corresponda”.41
La norma procesal además indica:
“403. Reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trámite del
juicio podrán ser recurridas por las partes tan sólo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente,
sin suspenderlo, en lo posible”.
Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L.
Décimocuarta Edición. Argentina, 2000.
C. Ocurso
Es un recurso o un medio de defensa que las partes presentan ante la CC, cuando en
el trámite de un proceso de amparo o en la ejecución del mismo resultan afectadas.42
El trámite del recurso se realiza mediante una audiencia que se concede al
tribunal ocursado en el plazo de veinticuatro horas.
Los efectos en caso de ser procedente el ocurso son, si existe fundamento para
abrir un procedimiento por comisión de delito por parte del tribunal, se remitirá inmediatamente al tribunal en materia penal, correspondiente. Además,
se podrán tomar todas las medidas disciplinarias que se estime pertinentes en
contra del tribunal.
Para Dei ilia España, el recurso de apelación es el medio por virtud del cual las
partes que participan en un proceso de amparo pueden lograr que un órgano
de superior jerarquía revise el criterio que el Tribunal de Amparo de primer
grado haya asentado al juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
un acto de autoridad.43
El artículo 61 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, indica que este recurso será utilizado únicamente contra las sentencias
de amparo, autos que denieguen, conceden o revoquen el amparo provisional,
autos que resuelven la liquidación de costas y de daños y perjuicios y los autos
que pongan in al proceso. La CC debe conocer todas las apelaciones en alzada,
la cual no tendrá efectos suspensivos.
E) Preclusión
Principio procesal según el cual el juicio se divide en etapas, cada una de las cuales supone la clausura de la anterior sin posibilidad de renovarla (Couture).44
El artículo 284 del Código Procesal Penal establece:
“Bajo pretexto de renovación del acto, rectiϔicación del error o cumplimiento del acto
omitido no se podrá retrotraer el procedimiento a períodos ya precluídos, salvo los
casos expresamente señalados por este Código”.
Asamblea Nacional Constituyente. Ley de Amparo, Exhibición personal y de Constitucionalidad. Emitida: 08/01/1986. Vigente: 14/01/1986. Artículo 72.
Pereira Orozco Alberto, Marcelo Ritcher y otros. Derecho Procesal Constitucional. Ediciones EDP de Pereira. Guatemala. 2011. Pág. 109.
Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Primera edición
electrónica. Destacam, S.A. Guatemala.
Sin lugar apelación interpuesta por CALDH, AJR
y FAMDEGUA.
7. Sentencia CC
Con lugar apelación Ríos Montt, ordena a Juez
1º. B ampliar res. 4/feb y admitir medios de
prueba. (medios de investigación)
Interponen Apelación ante
interpone Amparo contra
Sala 4ª. Apelaciones conoce Amparo
Suspende provisionalmente:
Res. 15/feb. solo en cuanto a los
Resolución 06/03, que rechaza
denegatoria de recurso de
Defensa Ríos Montt en
informes por preclusión.
unos medios y rechazó peritajes e
Prueba (Art.343). Oportunidad
proponer medios de prueba.
Resolución 4 feb. Juez 1º. B aceptó
(Referencia: Expediente 1097-2013, Sentencia de la CC que resuelve recurso de apelación en proceso de Amparo contra las resoluciones de fechas 15 de febrero y 6 de marzo de 2013, dictadas por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo).
A. Etapa intermedia
Esquema del trámite del procedimiento
11. 3/mayo resolución de
fecha 18/abril es apelada.
hasta que Amparo esté en estado de
10. Sala 3ª. C.A. dicta resolución
18/ab:
-Otorga protección interina (Amparo
-Suspensión resolución 19/marzo
-Suspensión audiencia de debate
Audiencia Apertura Debate
(368) 19/marzo.
! Defensa Ríos Montt solicita
recusación y excusa contra
integrantes del Tribunal 1º. A.
cumplimiento de suspensión
provisional del proceso penal,
invoca art. 28 LAEPC.
acusado a asumir defensa
12. En ×  ϐ
resolución de fecha 18/abril
Otorga Amparo Provisional
Ordena Suspensión del debate y de
la resolución de fecha 19/marzo
2. Resolución Tribunal 1º. A
recusación y excusa
Separa defensor Ríos Montt
Ordena suspender debate.
6. Sala 3ª. C.A.
Resolución 26/marzo
5. Ríos Montt promueve
Tribunal 1º. A ante la
Sala 3ª. C.A.
14. Tribunal 1º. A
Incumple con suspender el
7. Ríos Montt apela ante
4. Tribunal 1º. A
ͳ͵Ǥ͵͐ǤǤǤϐǡ
(resolución 6/mayo:)
-Ordena al Tribunal 1º. B dictar nueva
resolución y suspender resolución de fecha
8. CC otorga Amparo
Auto 22/febrero
Contra negativa a trámite
de recusación y excusa y
separación de la defensa
(Referencia: Expediente 1904-2013. Sentencia de la CC que resuelve ocurso en queja presentado por José Efraín Ríos Montt
dentro del trámite del amparo contra el Tribunal 1º. A contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo).
B. Etapa de juicio
19. Ocurso en Queja
Ríos Montt presenta ante la
CC ocurso contra Sala 3ª.
ordenada en resoluciones
de 6/mayo de la Sala 3ª.
C.A. y de la CC de 3/mayo.
15. CC obliga suspender
audiencia de debate, advierte:
Imponer multa y sujetar a
miembros del tribunal a
22. CC ordena a la Sala 3ª. de la Corte de Apelaciones,
(20/mayo):
Dejar sin efecto el numeral III de resolución 9/mayo de
la Sala 3ª. C.A. que pronunció debido cumplimiento de
En el plazo de 24 hrs. dictar nueva resolución y asumir
Anular lo actuado en la fase de debate oral y público a
partir del 19 de abril;
Ordenar al Tribunal 1º. A dictar resolución para reponer
actuaciones anuladas, y para dar certeza al proceso
penal decretar suspensión provisional del proceso hasta
±ϐʹ͑Ǥ
ǤȋȌ
Advertir al Tribunal 1º. B de dar cumplimiento a lo
resuelto en el plazo de 24 hrs. con advertencia que si no
cumple se aplicará lo previsto en el art. 50 de la LAEPC
y las responsabilidades civiles y penales.
16. Ríos Montt solicitó
reiteradamente a la Sala 3ª.
C.A. ordenar al Tribunal 1º A.
cumplir con suspender la
audiencia de debate, escritos
30/ab; 2, 7, 8/mayo.
21. Consideraciones de la
Entre otras, que la Sala 3ª.
no ha propiciado la ejecución
17. Sala 3ª. C.A. requiere
Tribunal 1º. A.
20. Ríos Montt en el Ocurso
- Ordenar suspensión inmediata
- Advertir a jueces sobre remitir a
la jurisdicción penal y separación
18. Sala 3ª. C.A. 9/mayo resuelve:
Tribunal 1º. A sí cumplió con lo ordenado en
dar trámite a la recusación y solicitud de
excusa presentada por la Defensa de Ríos
VIII. Análisis de la actuación de jueces,
ϐiscales y abogado de la defensa en
el cumplimiento del principio del
Con el in de determinar si los profesionales del derecho actuaron en cumplimiento del principio del debido proceso y derecho de defensa, se analizan
actuaciones concretas, ocurridas dentro del procedimiento común o penal,
en las etapas intermedia y juicio, que fueron claves, porque dieron lugar a la
presentación de amparos, impidiendo que el procedimiento pudiera concretarse en la jurisdicción ordinaria penal, las mismas se analizan de acuerdo a
los antecedentes, hechos y argumentos referidos en las siguientes sentencias
dictadas por la Corte de Constitucionalidad:
De fecha 3 de abril de 2013, dentro del Expediente 1097-2013, por la cual
la CC resuelve un recurso de apelación presentado por Efraín Ríos Montt,
en contra de las resoluciones de fechas 15 de febrero y 6 de marzo de
2013 dictadas por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente constituida en Tribunal
de Amparo (Sala Cuarta), en amparo promovido por Efraín Ríos Montt,
contra el Juez Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo B de
Guatemala (Juez Primero “B”); y
Expediente 1904-2013 que resuelve un Ocurso de Queja interpuesto por
José Efraín Ríos Montt contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente constituida en Tribunal de Amparo (Sala 3ª.), dentro del Amparo promovido por
José Efraín Ríos Montt en contra del Tribunal Primero de Sentencia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo A (Tribunal
Primero “A”)
Sobre los actos que fueron argumentados y objeto de análisis en la sentencia emitida por la CC con fecha 3 de abril de 2013 dentro del expediente No.1097-2013:
La defensa del procesado presenta en la Audiencia de Ofrecimiento de Prueba, dentro de la etapa intermedia del proceso, regulada en el artículo 343 del
CPP, peritajes e informes que debían solicitarse al Ministerio de la Defensa.
El acto es contrario al debido proceso, debido a que los medios de investigación (peritajes e informes que debían solicitarse al Ministerio de la Defensa)
y que fueron presentados por la defensa de Ríos Montt, no se proponen en
esta audiencia, sino en una audiencia previa (de proposición de diligencias)
regulada en el artículo 315 del CPP, que se lleva a cabo en una etapa previa
(procedimiento preparatorio), porque el MP tiene primero que aceptarlas si
las considera pertinentes y útiles y luego practicarlas para que se conviertan
en medios de prueba que puedan incorporarse al proceso para ser analizados
en el debate; por lo que no es posible y es inoportuno presentarlos en esta
audiencia de ofrecimiento de prueba en la etapa intermedia (artículo 343);
además, por el principio de preclusión procesal según el cual no se puede
regresar a etapas que ya se han agotado; además que el objetivo de esta audiencia es que se pongan a la vista medios de prueba que ya están preparados
para ser incorporados al análisis en la etapa de juicio.
La resolución de fecha 4 de febrero de 2013 dictada por el Juez Primero
“B” por la que rechaza los peritajes e informes presentados por la defensa,
con el argumento de que no se presentaron en el momento procesal oportuno, porque la oportunidad había precluído, así como declarar sin lugar
el recurso de reposición presentado por la defensa contra esta decisión.
Tanto el acto de rechazo de la proposición de medios de investigación,
como la declaración sin lugar del recurso de reposición se realizaron de
conformidad con el debido proceso porque tal y como se expresa en el numeral anterior, la oportunidad procesal para presentarlos había pasado,
de acuerdo con el principio de preclusión45 procesal contemplado en el
artículo 284 del CPP que indica: “Bajo pretexto de renovación del acto, rectiϔicación del error o cumplimiento del acto omitido no se podrá retrotraer
el procedimiento a períodos ya precluídos, salvo los casos expresamente señalados por este Código”, dicha diligencia se debió haber realizado en la
audiencia de la etapa preparatoria establecida en el artículo 315 del CPP,
de lo contrario se tendría que regresar a una etapa ya agotada, afectando
la celeridad procesal y con ello el debido proceso.
La decisión del Juez Primero “B” de rechazar los peritos ofrecidos por
La actuación del Juez Primero “B” se realizó conforme al debido proceso,
la Ley le da facultad para admitir prueba pertinente y rechazar la que sea
abundante, innecesaria, impertinente46, o ilegal (artículo 343 del CPP), él
es autoridad para hacerlo.
Preclusión: acción y efecto de extinguirse el derecho a realizar un acto procesal, sea
por prohibición de la ley, por haberse dejado pasar la oportunidad de veri icarlo o por
haberse realizado otro incompatible con aquél (Couture), citado por Ossorio, Manuel.
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 1ª. Edición Electrónica. Pág. 758.
Prueba impertinente. La que no guarda relación, sea a irmativo o negativo su resultado,
con los hechos discutidos en un juicio, y que por ello cabe que el juzgador o instructor
rechace en cuanto a su práctica. Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales, Op. cit. Pág. 792.
En relación con los actos argumentados y valorados en la sentencia dictada por la CC que resuelve el ocurso de queja contra la Sala Tercera de la
Corte de Apelaciones, presentado dentro del trámite del amparo contra
el Tribunal Primero “A”:
La solicitud de recusación y excusa presentada por el abogado defensor del
procesado, contra los integrantes del Tribunal Primero “A”, en la audiencia
de apertura del desarrollo del debate (artículo 368 del CPP); y la presentación del recurso de reposición contra la negativa de dicho tribunal de admitir
para su trámite la solicitud de excusa y recusación. Se analiza este último acto
porque consta en la sentencia como acto realizado; sin embargo; en el voto
razonado, la Magistrada Gloria Porras indica que en los videos y grabaciones
de audio consta que el abogado de la defensa no presentó reposición contra la
negativa de admitir para su trámite una solicitud de recusación y excusa, sino
solo contra la decisión del tribunal que ordenaba su expulsión.
Se pone en evidencia una estrategia de litigio de mala fe; por una parte,
con el retiro de los abogados que se habían hecho cargo de la defensa
y el nombramiento de otro abogado defensor justo al inicio del debate
oral y público; y por la otra, porque si como se argumentó, el abogado
fue llamado a defender de forma emergente al inicio del debate, él tenía
conocimiento previo de la integración del tribunal y de que tenía prohibición de actuar por incompatibilidades con integrantes del mismo, puesto
que solicitó excusa y recusación; por lo que en este caso le correspondía
comunicárselo al procesado y no hacerse cargo de la defensa.
En ese sentido, el abogado no sólo actuó en incumplimiento del debido proceso, puesto que la Ley del Organismo Judicial –LOJ– claramente le establece la
prohibición de actuar en los juicios en los que el juez tuviere que excusarse o
pudiera ser recusado a causa de su intervención (artículo 201),47 sino que además faltó a la ética profesional, ya que el Código de Ética Profesional le prohíbe
aceptar asuntos, sino cuando tenga absoluta libertad moral para dirigirlos48.
Además, sobre la prohibición que en el asunto de análisis tenía el abogado
defensor, el Tribunal Primero “A” también incumplió, en cuanto a que en
uso de las facultades que le otorga la LOJ49, no debió admitir la partici-
Artículo 201.* Prohibiciones. Es prohibido a los abogados: a) Actuar en los juicios en
que el juez tuviere que excusarse o pudiera ser recusado a causa de la intervención del
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Código de Ética Profesional. Fecha de publicación: 13/12/1994. Artículo 1. Libertad de Aceptación, Capítulo II Normas Generales.
profesional (…). Los tribunales están obligados a proceder conforme a esta Ley, en los
casos de infracción de este artículo.
pación del abogado, ni siquiera de haberle acreditado como tal, porque
tenía una prohibición expresa para comparecer, desde el momento en que
preexistían causas en las cuales tenía motivos para recusar a los jueces o
por lo menos a la presidenta del tribunal.
La resolución dictada con fecha 19 de marzo de 2013, en audiencia celebrada dentro de la fase de juicio para preparación del debate, por la que el
Tribunal Primero “A” declaró sin lugar el recurso de reposición presentado por la defensa.
En relación con esta resolución, es importante resaltar lo que argumenta
la Magistrada Gloria Porras, de que en los audios del debate consta que
la reposición en ningún momento la presentó la defensa en contra de la
negativa de dar trámite a la excusa y recusación como se a irma en la sentencia de la CC, sino solo en contra de la expulsión del abogado defensor
Sin embargo, la resolución se dictó conforme a derecho, puesto que la excepción para hacer valer una recusación fuera de los plazos señalados por
la Ley50, es que la misma se relacione con un motivo producido o conocido
después de esos plazos, y que no es aplicable al presente caso, puesto que
el abogado defensor conocía con antelación la integración del tribunal, y
la consecuente prohibición de actuar por motivos de recusación o excusa.
La decisión del Tribunal Primero “A” de expulsar al abogado defensor y de
nombrar su sustituto.
La actuación se realizó conforme a derecho, porque corresponde al presidente del tribunal ejercer el poder de disciplina de la audiencia y en uso
de esa facultad corregir en el acto las infracciones que se cometan e imponer sanciones, y si es el caso de expulsión del defensor deberá nombrar
un sustituto51.
Y como consta en videos y grabaciones, que fueron ampliamente dados a
conocer por los medios de comunicación, el abogado faltó a la disciplina
en el debate, pues está obligado a proceder con respeto ante las autoridades y tribunales52, así como a comportarse en su conducta pública y profesional con decencia, honorabilidad y decoro53, y no fue esa su conducta
en el inicio de la audiencia de debate.
Según el Código Procesal Penal (65): 1) antes de concluir el procedimiento preparatorio;
2) en el procedimiento intermedio en un plazo previsto de seis días (341); 3) en el juicio
en el plazo previsto de cinco días (346); y según la LOJ antes de iniciar el debate (125).
Artículo 358 del CPP.
Artículo 198 de la LOJ.
Artículo 200 de la LOJ.
La decisión del Tribunal Primero “A” de forzar a los abogados defensores
del otro coprocesado a asumir la defensa.
La decisión fue equivocada, pues si bien actuó en el uso de las facultades
que le otorga la ley al expulsar al defensor por faltar a la disciplina, y que
fue también parte de la estrategia de mala fe por parte del defensor para
entorpecer el curso del proceso; para el nombramiento del sustituto, lo
más sensato era suspender la audiencia por unas horas para nombrar a
otro abogado o asignarle uno de la defensa pública, porque allí sí incurrió
en amenaza al derecho de defensa, en cualquier caso era inevitable que
la actuación del abogado defensor impidiera el curso normal del proceso,
pues precisamente era su intención.
La decisión del Tribunal Primero “A” de continuar el debate oral y público,
para dar cumplimiento a lo ordenado por las resoluciones de fechas 22
y 23 de abril de la CC, de reencauzar lo decidido en el acto reclamado
(resolución de 19 de marzo de 2013) por la vía del debido proceso y del
Derivado de su equivocación al nombrar al sustituto del defensor de forma
obligatoria, el Tribunal Primero “A” debió acatar la orden de la CC de restituir
al abogado en la defensa, y la forma como lo hizo fue conforme a la ley, pues
encontrándose el proceso en la fase de juicio o debate, de conformidad con el
Principio de Oralidad que lo rige, todas las resoluciones del Tribunal se deben
dictar verbalmente quedando todos noti icados por su emisión.54 No podía
hacerlo mediante una resolución escrita sin convocar a audiencia pública de
debate, pues habría violentado el debido proceso.
Es oportuno indicar que el Tribunal Primero “A”, dictó la resolución en
cumplimiento de lo ordenado por la CC, a pesar de que estaba en la facultad de expulsar al defensor de la audiencia por su conducta, así como que
no estaba obligado a tramitar la excusa y recusación porque no lo solicitó
la defensa en el momento de la reposición; además, no era el momento
procesal oportuno y de existir impedimentos o excusas por su intervención en el proceso era una circunstancia que correspondía a la defensa
hacer valer, y no hacerse cargo de la misma.
Congreso de la República de Guatemala. Código Procesal Penal. Op. Cit. Artículo 362.
En atención al objetivo de la investigación de analizar la actuación de los profesionales del derecho, jueces, defensores y iscales del MP, que en el desarrollo
del procedimiento común por genocidio desempeñaron un rol importante, en
el cumplimiento de los principios de debido proceso y derecho de defensa, se
recogen las siguientes conclusiones:
La actuación de los jueces Primero “B” y del Tribunal Primero “A” en su
función de controlar la juridicidad en la etapa intermedia y de preparación del debate se realizó con apego al debido proceso; sin embargo, el
cumplimiento efectivo de este principio no depende únicamente de la intervención de los jueces, en ello con luyen otros elementos como se verá
El abogado de la defensa actuó con una estrategia de litigio mal intencionada que por incumplimiento de la normativa procesal en cuanto a asumir
la defensa en la que tenía prohibición por tener causa para que los jueces
se excusaran o pudieran ser recusados, así como por realizar actuaciones
fuera de los momentos procesales establecidos, además de no acudir a los
medios de impugnación establecidos dentro del proceso penal, sino al amparo, con el objetivo de retrasar y entorpecer el curso del debate, y por su
falta de respeto al tribunal y de disciplina en la audiencia, es contraria al
cumplimiento del debido proceso y a la ética profesional.
La amenaza al derecho de defensa por el Tribunal Primero “A”, al obligar
que el abogado del otro coprocesado asumiera la defensa de Ríos Montt,
así como la actitud de la defensa de evadir los medios procesales establecidos legalmente para hacer valer el derecho en la vía ordinaria y acudir al
Amparo de forma precipitada; sumado a la actuación pasiva del Ministerio
Público en el cumplimiento de su función de velar que el debate se desarrollara en apego al cumplimiento de la norma procesal ordinaria, permite que
un con licto penal que corresponde conocer y decidir a la justicia ordinaria,
termine siendo decidido por la justicia constitucional, en total incumplimiento y violación al principio del debido proceso.
El carácter paradigmático del proceso saca a la luz las debilidades que
existen en el sistema de justicia en su conjunto:
Por una parte que ha llegado a ser normal en el ejercicio profesional
de los abogados, la aplicación de estrategias mal intencionadas, así
como el uso inadecuado de los medios legales para la defensa de los
derechos de las personas en la tramitación de los procesos, como es
el caso del Amparo, debido a que las organizaciones de profesionales
encargadas de ejercer control sobre la conducta de los mismos en su
función litigiosa, han adoptado una actitud pasiva y permisiva.
En lo que corresponde a la actuación de los jueces, que representan al
órgano encargado de la función de hacer justicia, si bien una gran mayoría de ellos, sobre todo los que han hecho una carrera judicial, son
merecedores de respeto porque realmente conocen el derecho y tienen
experiencia, además se enfrentan al desa ío de ejercer su función controladora frente a estrategias de litigio malicioso por parte de los abogados, se suma que institucionalmente no reciben el apoyo de la CSJ en el
sentido de proveerles los medios de seguridad y logística necesarios en
las salas de debate, en donde a diario libran una batalla contracorriente
por la aplicación de la justicia; además que el mismo sistema no les protege en contra de las amenazas a su imparcialidad, pues fue muy evidente que la jueza presidenta del Tribunal Primero “A”, recibió in luencias y
se parcializó a favor de una de las partes del proceso, lo cual es inadmisible, porque deslegitima, provoca descon ianza y debilita la aplicación
de la justicia, y es que los jueces no solo deben aparentar imparcialidad,
están obligados a ser imparciales.
Sale a luz además, la debilidad del MP, como responsable de controlar
que los procesos sean llevados por todas las partes de conformidad
con las disposiciones procesales, así como en su función acusadora;
en ese sentido, se advierte la falta de actuación conjunta y coordinada
de los entes encargados para hacer efectivo el derecho de las partes,
sobre todo el derecho de las víctimas a un juicio justo, que inalmente
está muy por encima del debido proceso y del derecho de defensa.
Por último, es grave la violación a la garantía de independencia judicial, pues resulta para los jueces ordinarios casi imposible llevar un
proceso importante para la aplicación de la justicia, hasta la sentencia, sin que antes el proceso se traslade al ámbito constitucional y
sea la CC la que resulte ordenando a los jueces la forma en que deben
conducir los procesos, sobre todo cuando, como en el caso del proceso que se analiza, se trata de un asunto que tiene una carga política
Tanto jueces como iscales del Ministerio Público, deben ser capacitados
para dar respuesta a estrategias de litigo de mala fe, en cuanto a fortalecer
capacidades de actuación en juicio para hacer cumplir las normas procesales, a in de lograr que los desacuerdos a las resoluciones se hagan valer
a través de los recursos y remedios procesales establecidos en la normativa que rige el procedimiento, y conseguir que se agoten las etapas procesales; además, que los procesos sean conocidos y decididos o resueltos
en la jurisdicción ordinaria y evitar que sean trasladados a la jurisdicción
Fortalecer los mecanismos de actuación conjunta y coordinada en juicio
de Jueces y Fiscales del Ministerio Público, para el ejercicio de un control
jurisdiccional y legal efectivo.
Que la Corte Suprema de Justicia fortalezca el sistema de logística y seguridad en las salas de debate en donde se llevan a cabo las audiencias
públicas, a in de prestar el apoyo necesario a los jueces que conforman
los tribunales y que conducen las audiencias, para que procesados, iscales, defensores, querellantes, testigos, peritos, intérpretes, medios de
comunicación y público en general se conduzcan con respeto a la ley y
a la autoridad judicial, para el correcto desarrollo de la etapa de juicio o
Que la Corte de Constitucionalidad se abstenga de interferir en la tramitación de los procesos que resuelven con lictos pues no es su ámbito de conocimiento, que se concrete a velar por el cumplimiento de los principios,
garantías y derechos constitucionales en su orden de prevalencia, pues
los derechos de defensa y debido proceso son fundamentales en tanto
sean medios para defender el derecho a la vida y a la justicia.
Por lo evidente de las malas prácticas que en el litigio permite el uso indebido del amparo, es recomendable que los órganos competentes promuevan las reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad a efecto de delimitar su ámbito de aplicación, reforma que ha sido
recomendada con aportes puntuales por organizaciones de investigación
así como por organismos internacionales.
Fortalecer mecanismos de carrera judicial, procesos de selección de nombramiento de jueces y magistrados entre ellos procesos de comisiones de
postulación, para proteger el sistema de justicia contra interferencias a su
imparcialidad e independencia tanto interna como externa.
La realidad social está planteando la necesidad de evaluar los mecanismos de control y sanción de la actuación profesional de los abogados en
el campo del litigio, pues es evidente que los que existen actualmente han
sido desbordados y ya no son efectivos para evitar la reiterada y desmesurada aplicación de estrategias de litigio de mala fe. No es cierto que se
pueda ser juez y parte, en ese sentido no se puede pedir que el Tribunal
de Honor del Colegio de Abogados y Notarios iscalice y sancione a sus
mismos pares con total imparcialidad. Trabajar sobre la propuesta de un
cuerpo colegiado conformado por integrantes que puedan ser imparciales e independientes para imponer sanciones, una especie de jurado multidisciplinario, que por el necesario conocimiento de los aspectos judiciales y legales debe estar conformado por abogados notables, litigantes
independientes que no ocupen cargo en la Corte Suprema de Justicia y
el Organismo Judicial, apoyados por otros profesionales de las ciencias
políticas, sociales o humanísticas.
Revisar el Código de Ética Profesional, a efecto de incorporar nuevos elementos que orienten la actuación profesional de los abogados en el marco
de una conducta apegada a los principios y valores morales que responda
a las necesidades sociales actuales.
Revisar las normas que rigen el funcionamiento del Colegio de Abogados
y Notarios, contenidas en los Estatutos, sobre todo en lo que se re iere a la
aplicación del régimen disciplinario a los abogados por faltas a la ética y
atentado contra el decoro y prestigio de la profesión a cargo del Tribunal
de Honor, con el in de revisar las faltas, sanciones y el procedimiento,
proponer e incorporar los cambios que le con ieran mayor efectividad en
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Primer Informe 2013 "Debido Proceso y Derecho de Defensa en el proceso por Genocidio".
Observatorio Ética y Justicia
Análisis del procedimiento común (proceso penal) seguido en contra de José Mauricio Rodríguez Sánchez, Héctor Mario López Fuentes y José Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos en contra de los deberes de la humanidad; en cuanto a la actuación de los profesionales del derecho, jueces, abogados defensores y fiscales del Ministerio Público en el cumplimiento de los principios del debido proceso y derecho de defensa y en el marco de la ética procesional, considerando que su participación es determinante en los resultados de los mismos en Guatemala. *Nota: para descargar nuestras publicaciones en forma gratuita y formato PDF, necesitas crear una cuenta personal en issuu.com.