Source: https://www.titulosnobiliarios.net/blog/los-titulos-nobiliarios-y-el-estado-civil-iii/
Timestamp: 2019-09-20 22:29:02
Document Index: 288904702

Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 135', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 337', 'artículo 92']

Los Títulos Nobiliarios y el Estado Civil (III) | Títulos Nobiliarios
Los Títulos Nobiliarios y el Registro Civil
Publicamos una tercera entrada en nuestro blog que continúa la serie iniciada sobre los títulos nobiliarios y el estado civil.
En tanto que derechos de la personalidad, en la legislación registral civil se contienen normas que tienen en cuenta los títulos nobiliarios que pueden recaer eventualmente sobre las personas físicas. En efecto, el artículo 135.3 del Reglamento del Registro Civil contempla que en los asientos se expresarán los títulos nobiliarios o dignidades cuya posesión legal conste o se justifique debidamente en el acto.
Una Real Orden de 20 de febrero de 1877 dispuso que los Jueces Municipales participasen el fallecimiento de personas tituladas al hacerse su inscripción en el Registro Civil. Pero, a mayor abundamiento, existe un Real Decreto de 28 de mayo de 1915, que todavía se encuentra en vigor, que contiene una regulación de la inscripción de los títulos nobiliarios en el Registro Civil. En su artículo 1 se dispone que en las inscripciones que se hagan en el Registro Civil referentes a personas que ostenten títulos nobiliarios, se hará constar la denominación del título o títulos que correspondan al interesado. En las inscripciones de nacimiento de descendientes de personas que ostenten dichos títulos, se hará constar la de los padres. A continuación, el artículo 2 señala que cuando ocurra el fallecimiento de toda persona en que concurran las circunstancias expresadas en el artículo anterior, después de hecha la inscripción de la defunción en el Registro Civil, los Jueces municipales comunicarán inmediatamente el fallecimiento al Presidente de la Audiencia Territorial respectiva, quien dará cuenta de ello al Ministro de Gracia y Justicia, a los efectos que procedan. Y, en la misma línea, el artículo 3 establece que cuando, en la tramitación de los asuntos que se ventilen ante los Tribunales de Justicia, deba entenderse cualquier diligencia con personas que ostenten títulos nobiliarios o tratamiento, serán en todo caso designados a tenor de dicha cualidad. También se hará constar al lado del nombre de la persona el Título que ostente en cualquier caso, hojas de empadronamiento y demás documentos análogos.
Sin embargo, por más que este mencionado Real Decreto de 28 de mayo de 1915, al igual que la antedicha Real Orden de 20 de febrero de 1877, conserve su vigencia, hoy día ha devenido en inaplicable, habiéndola reducido a una disposición vacía y olvidada. Es una normativa jurídica en vigor, pues no ha sido expresamente derogada por legislación nobiliaria o civil posterior. Tampoco se opone o resulta incompatible con ninguna disposición de la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957, ni de su reglamento, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958, tal y como hemos visto con su artículo 135.3. A tenor, pues, del artículo 2.2 del Código Civil, se encuentra plenamente vigente y es de eficacia obligatoria. Y el artículo 6.1 del mismo cuerpo legal establece la no excepción de cumplimiento de las normas fundada en el desconocimiento de las mismas.
En definitiva, si además de tratarse de una normativa en vigor, la inclusión de los títulos nobiliarios en las anotaciones de nacimiento y defunción, con la función individualizadora y de complemento de la identificación personal de sus poseedores que les atribuye la jurisprudencia, resulta enormemente sorprendente y criticable su no aplicación.
La rectificación de una inscripción registral para incluir el título nobiliario en la misma no podría ser realizada sino a través de los mecanismos previstos. El Registro Civil constituye la prueba de los hechos inscritos, tal y como disponen el artículo 2 de su ley reguladora y el artículo 337 de su reglamento. Las inscripciones sólo pueden ser objeto de rectificación en virtud de sentencia firme por imperativo del artículo 92 de la Ley de Registro Civil. En este mismo precepto se contiene una regla procesal que establece una falta de litisconsorcio pasivo necesario con los referidos por la inscripción que no sean demandantes y con el Ministerio Fiscal. Por el contrario, la rectificación no podría ser llevada a la práctica a través del expediente gubernativo previsto en los artículos 93 a 97 de la Ley de Registro Civil, por no concurrir ninguno de los supuestos contemplados.