Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/T-439-09.htm
Timestamp: 2017-10-24 04:09:23
Document Index: 366743110

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 44', 'artículo 14', 'artículo 16']

T-439-09
Sentencia: T-439/09
Sentencia T-439/09
Esta Corporación ha sostenido, al interpretar el alcance del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que la exigencia de previa solicitud de rectificación como condición de procedencia de la acción de tutela, es aplicable cuando se pretende la corrección de informaciones inexactas o erróneas divulgadas por los medios de comunicación social. Tratándose de los medios de comunicación social, el derecho de rectificación está consagrado de manera expresa en la Constitución, y se origina por el solo hecho de difundir información falsa o inexacta que afecte los derechos fundamentales de una persona. Para la garantía de ese derecho, la ley ha previsto entonces, una causal especial de procedencia de la tutela frente a particulares que tienen el deber de informar los asuntos de interés general a la colectividad, incorporando la exigencia previa de una solicitud de rectificación. La violación de los principios de veracidad o imparcialidad por parte de un medio de comunicación, con repercusión sobre los derechos fundamentales de una persona, genera como consecuencia natural el derecho fundamental de rectificación, en virtud del cual esta última puede solicitar la corrección de la información, “en condiciones de equidad”. Sin embargo, ha dispuesto igualmente la jurisprudencia que hay eventos en los cuales no es necesario hacer la solicitud previa de rectificación para que la tutela sea procedente. En este caso, a pesar de que la accionante lo intentó, no era necesaria la rectificación por cuanto es evidente que no se trata de una temática susceptible de rectificarse porque (i) la información revelada no era inexacta ni falsa y por ende, era innecesario apelar a una rectificación y (ii) lo que se quiere en este caso es que, aunque la información suministrada por la cadena informativa es verdadera, se logre la protección judicial para detener la lesión a derechos fundamentales producida por la manera como la información ha sido presentada.
Quiere decir que en el presente caso, prima facie, no existió violación del derecho a la intimidad de la accionante por parte del reportaje neutral y documental realizado por Caracol, en tanto la propia accionante accedió, en su momento, a “contar parte de su vida” a un reportero casual. Empero, el asunto no es tan pacífico, porque si bien la accionante reveló datos íntimos, lo hizo bajo ciertas condiciones que no se lograron demostrar en el proceso, pero que la Corte no puede soslayar en este análisis, ellas son: (i) las precisas condiciones exigidas por la accionante para conceder el reportaje: distorsión de voz y entrevista sin mostrar el rostro- y (ii) la negativa del reportero en reconocer la existencia de tales exigencias. Pese a que la duda persiste por falta de una comprobación clara de lo sucedido en punto al anonimato sugerido por la accionante en el reportaje realizado por el periodista, en opinión de la Corte, resulta extremadamente sospechoso el posible consentimiento de la accionante en acceder a una entrevista de frente y sin ocultamientos, tal como lo afirman las personas implicadas en esta tutela. Se concluye que la inclusión, por otra parte innecesaria, de la imagen y la voz de la accionante, en la difusión de este importante documento periodístico, realmente vulneró el derecho a la imagen y a la intimidad de la tutelante y de sus hijos menores de edad que en este caso por disposición constitucional expresa resultan prevalentes y la Corte debe proceder a resguardarlas.
En casos en los que potencialmente esté de por medio la preservación de los derechos de menores de edad, en particular ante transmisiones de imágenes o noticias a través de los medios de comunicación que pueden ser perjudiciales para su bienestar y desarrollo integral, los jueces han de prestar especial atención a su protección, y a la armonización concreta de los derechos enfrentados, sobre la base de la prevalencia de los derechos de los niños – que detentan, por mandato expreso del artículo 44 de la Constitución, una primacía ab initio sobre la libertad de expresión. La divulgación del reportaje con datos desuetos de la vida privada de la accionante, y especialmente las modalidades visuales- imagen y voz empleadas en este caso, vulneraron y afectaron, sin duda, la intimidad personal y familiar de los hijos menores de edad de la señora Maria. La Corte revocará las sentencias de instancia para dar paso a la protección solicitada por la señora MARIA, en punto a sus derechos a la propia imagen, a la intimidad y a los derechos de los niños. Para ello, ordenará a Caracol y Semana que se aseguren de cubrir la imagen y distorsionar la voz de la accionante en las emisiones que se hagan del documento COLOMBIA VIVE, donde la accionante aparece de frente a las cámaras dando una entrevista al reportero.
Acción de Tutela instaurada por María en contra de Caracol Televisión S.A. y Publicaciones Semana S.A.
La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
En la revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá, en primera instancia, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, Sala Civil – Familia, en segunda instancia, el 23 de junio de 2008 y el 23 de julio de 2008, respectivamente, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora María contra Caracol Televisión S.A.
La señora María interpuso acción de tutela el 30 de abril de 2008 y solicitó la protección de sus derechos a la intimidad, el buen nombre, a la honra y a la imagen.
A fin de proteger el derecho a la intimidad de la accionante esta Sala de Revisión no hará mención a su nombre, ni a su identidad.
1. La señora María manifiesta que en el año de 1996 concedió una entrevista a un periodista para que esta fuera divulgada en medios televisivos.
2. Agrega que en dicha entrevista solicitó al periodista que, con el fin de proteger su intimidad, le distorsionara su voz y rostro, petición que fue atendida por el entrevistador, y se publicó la entrevista por medios televisivos, en la forma acordada.
3. Indica que 12 años después, la entrevista fue incluida en el documental “Colombia Vive – 25 años de resistencia”, publicado por Caracol Televisión S.A.
4. Expresa que pese a la solicitud inicial de protección de su intimidad, en este documental no se distorsionó ni su imagen ni su voz, y se editaron imágenes muy comprometedoras, y con tal actuación se están vulnerando sus derechos fundamentales. Allegó a la tutela dos declaraciones de personas residentes en el Casanare que sostienen que el video que se emitió en el año de 1996, se hizo con la reserva solicitada por la demandante.
5. Manifiesta que debido a la publicación del documental que contiene la entrevista debió desplazarse del Municipio donde residía con ocasión al rechazo social, y además ha tenido problemas familiares, ya que su esposo y sus hijos no conocían la situación narrada en la entrevista.
6. Indica que debido a la vulneración de sus derechos, citó a Caracol Televisión S.A. a una audiencia de conciliación en la cámara de comercio, que no prosperó, razón por la cual decidió acudir a la acción de tutela.
7. Solicita protección a sus derechos a la honra, buen nombre e intimidad, para lo cual pide que se retire de inmediato del mercado el documental referido.
El 16 de junio de 2008, el Representante Legal de Caracol Televisión S.A. dio respuesta a la acción de tutela e indicó que tal como lo reconoce y afirma la señora María ésta “concedió de manera voluntaria una entrevista al periodista Mauricio Gómez en el año de 1996”, quien entonces era director del noticiero 24 horas.
Caracol Televisión S.A. añade que la señora María no le solicitó la rectificación de la información, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
La entidad, además explica que la entrevista fue divulgada en medios de comunicación después de concedida y se constituyó así en un hecho público, que se divulgó con su autorización, y no se trata entonces, de hechos inventados por un tercero “sino de relatos de primera persona, de manera que el canal no se inmiscuyó en asuntos reservados o de conocimiento exclusivo de la actora, sino que retomó un hecho concreto y cierto del cual fueron testigos muchos ciudadanos, lo que desvirtúa que fueron íntimos, no conocidos , o no revelados” motivos por el cual tampoco se vulneran los derechos de sus familiares.
Se reconoce en la contestación que “no hay duda que la declaración efectuada por la señora María pudo afectar su buen nombre, pero ello no deviene del documental demandado, sino de su conducta y su decisión autónoma y libre de revelar circunstancias y hechos personales, es decir que se hicieron públicos con su consentimiento. En este caso, como quiera que la información divulgada en los medios corresponde a la realidad, no hay lugar a rectificación alguna, ni a vulneración imputable a CARACOL TELEVISIÓN S.A.
Por otra parte, la entidad agrega que la entrevista fue concedida al periodista Mauricio Gómez Escobar sin ningún tipo de restricción, y que éste, a su vez fue contratado por Caracol Televisión S.A. y Publicaciones Semana S.A. para producir el mencionado documental mediante contrato del 14 de enero de 2004, “por el cual éste se comprometió a entregar el material de su propiedad y a garantizar su libre disposición”. Para ello Caracol Televisión S.A. entregó copia de dicho contrato de prestación de servicios.
En concordancia con lo expuesto, el canal de televisión expresó que existe en el caso falta de legitimación en la causa por pasiva, pues se firmó un contrato con el periodista Mauricio Gómez Escobar quien se comprometió a entregar material de su propiedad, ceder los derechos de propiedad intelectual y “hacerse responsable ante los contratantes y ante terceros por cualquier reclamación que pueda presentarse por la ejecución de las obligaciones contenidas en el contrato”[1].
Así, la empresa Caracol expone que existe falta de integración del litis consorcio necesario puesto que el documental Colombia Vive – 25 años de resistencia es producto de un contrato firmado entre Caracol Televisión S.A. - Publicaciones Semana S.A. y Mauricio Gómez Escobar, y al no estar éstas últimas personas en el proceso se puede vulnerar su derecho al debido proceso.
En segundo lugar Publicaciones Semana S.A. arguyó que para la realización del documental se contrató al periodista Mauricio Gómez Escobar, quien editó y compiló las imágenes y la información, sin que la señora María haya aportado prueba que acredite las condiciones bajo las cuales se concedió la entrevista, y en las que se solicitó la distorsión de la imagen y la voz.
Además, arguye la accionada, que la entrevista se concedió “en condiciones de espontaneidad” que se evidencian en la “simple soltura” y vivencia del relato.
Por último, señala Publicaciones Semana S.A. que, como consecuencia de los motivos expuestos, la acción no debe prosperar, porque no existe vulneración de los derechos fundamentales de la señora María.
1.3.1.1. DVD documental Colombia Vive – 25 años de resistencia. (Folio1).
1.3.1.2. Copia de constancia de imposibilidad de conciliación entre la señora María y Caracol Televisión S.A. ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. (Folios 2 y 3).
1.3.1.3. Copia del contrato de prestación de servicios suscrito entre Mauricio Gómez Escobar y Caracol Televisión S.A. - Publicaciones Semana S.A., el 14 de enero de 2008. Vigencia del contrato: a partir del 1 de abril de 2007 al 30 de enero de 2008 (folios 17 a 20).
1.3.2.1. Declaración del señor “PEDRO, identificado con la cedula YYYY, residente en Campo Alegre, Huila.
“ HABLO en propiedad de la señora MARIA Que la conozco hace varios años soy un simple vendedor de dulces que no he hecho otra cosa que andar y andar, un día me encontré con MARIA en un sitio llamado peñas coloradas donde la veía todos los días ya que ella era mi fiel cliente de cigarrillos, dulces, y tinto. Yo fui quien le dijo al reportero que le hiciera la entrevista a mi amiga MARIA y aun lo recuerdo pusieron un telón para tapar su rostro después de ese día no la volví a ver y ahí quedo un secreto el cual haya sido publico destruyendo su hogar familiar, ella llorando me ha pedido esta carta y yo con mis propias palabras se la di pero ya no hay remedio de volver atrás lo que CARACOL destruyó es irreparable”.
1.3.2.2. Declaración de la señora “ROSA” identificada con la cedula No. YYY residente en Campo Alegre -Huila­ en la cual se lee:
“CERTIFICO:”
“Hablo en propiedad de la señora MARIA que la conozco hace 14 años, por casualidad viajamos a peñas coloradas donde compartimos muchas cosas, y sobre todo la grabación del noticiero quien filmó la entrevista que junto con otras personas vimos donde sólo vimos la cola de su moña que en ocasiones lleva, donde ni su rostro, ni su voz fue conocida. Su secreto fue descubierto por causa de un programa que A costa de ganar dinero, destruye la vida de una mujer que con esfuerzo ha construido lo que tenía como núcleo familiar, como persona siendo una mujer generosa, sencilla, honrada a la cual aprecio mucho”.
1.3.2.3. Copia de la partida de matrimonio de los señores MARIA y XX, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Campoalegre -Huila- el 9 de abril de 2008.
1.3.2.4. Copia del Registro Civil de nacimiento de XXX expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Campoalegre -Huila- de fecha 9 de abril 2008.
1.3.2.5. Copia del Registro Civil de nacimiento de XXXX, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Guadalupe -Huila- de fecha 30 de enero de 2008.
1.3.2.6. Copia del Registro Civil de nacimiento XXXXX, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Campoalegre -Huila- de fecha 9 de abril de de 2008.
1.3.2.7. Copia de la sentencia de divorcio de los señores MARIA y XX expedida por el Juzgado Segundo de Familia de Bogotá, de fecha 27 de agosto de 2008.
1.3.2.8. Valoración psicológica de los menores de edad XXX y XXXX realizada por la profesional Genny Liliana Patiño Garzón.
1.3.3.1. Auto de doce de diciembre de 2008, la Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional
1. Que la señora MARIA presentó acción de tutela, el 6 de junio de 2008, contra Caracol Televisión S.A. y solicitó la protección de sus derechos a la intimidad, al buen nombre, a la honra y a la imagen, con el fin de que el documental Colombia Vive - 25 años de resistencia transmitido por el canal demandado y comercializado por el mismo, sea retirado del comercio.
2. Que el 20 de junio de 2008 el juez de instancia decidió vincular a Publicaciones Semana S.A. al proceso.
3. Que Caracol Televisión S.A. y Publicaciones SEMANA S.A. respectivamente dieron respuesta a la acción de tutela.
4. Que las entidades accionadas se oponen a la prosperidad de la acción de tutela, al afirmar que ésta no procede pues la peticionaria no solicitó la rectificación de la información, de acuerdo con el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, y además arguyen que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, porque para la realización del documental Colombia Vive - 25 años de resistencia se contrataron los servicios del periodista Mauricio Gómez Escobar.
5. Que de las contestaciones de la acción de tutela por parte de Caracol Televisión S.A. y Publicaciones Semana S.A., esta Sala de Revisión colige que el señor Mauricio Gómez Escobar podría resultar vinculado con la decisión que se adopte en la sentencia, por lo que es necesario, en aras de garantizar el debido proceso, vincularlo para que manifieste lo que considere necesario.
PRIMERO: Por Secretaría General de la Corte Constitucional, PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del señor Mauricio Gómez Escobar el proceso de la referencia, la acción de tutela, las contestaciones que dieron a la demanda Caracol Televisión S.A. y Publicaciones Semana S.A. y los fallos de instancia, para que éste en el término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la recepción de esta providencia, manifieste lo que considere pertinente en relación con las pretensiones de la accionante, las pruebas y documentos que reposan en el expediente.
SEGUNDO: SUSPENDER LOS TÉRMINOS de este proceso, de manera que sólo vuelvan a correr cuando el despacho emita un juicio de valor sobre los documentos que obran en el proceso”.
1.3.3.2. Respuesta del Doctor Mauricio Gómez Escobar.
“Yo salí de Colombia en el año de 1988 y viví por fuera hasta finales del año 2005. Por 1o tanto deseo manifestar que yo no fui el autor de la entrevista a MARIA, hecha en el Caquetá en el año 1996, por imposibilidad física.
Cuando en el año 2007 asumí la dirección del documental Colombia Vive, encontré en los Archivos del Noticiero 24 Horas, del cual yo era socio, la mencionada entrevista que fue hecha por el Periodista Carlos Julio Betancur. Teniendo en cuenta que dicha entrevista ya había sido conocida por el público en general y que no tenía ninguna limitación de orden legal, fue incluida en el documental Colombia Vive.
Además quisiera agregar que si MARIA hubiera querido guardar el anonimato, ella hubiera dado la entrevista de espaldas a la cámara y no de frente como lo hizo.
1.3.3.3. Auto de dieciocho de marzo de 2009, la Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional
“1 ° Que el 6 de junio de 2008 la señora MARIA presentó acción de tutela, contra Caracol Televisión S.A. y solicitó la protección de sus derechos a la intimidad, el buen nombre, la honra y la imagen, con el fin de que el documental "Colombia Vive - 25 años de resistencia" sea retirado del comercio.
2° Que el 20 de junio de 2008 el juez de instancia decidió vincular a Publicaciones Semana S.A. al proceso.
3° Que Caracol Televisión S.A. y Publicaciones Semana S.A. dieron respuesta a la acción de tutela.
4° Que las entidades accionadas se oponen a la prosperidad de la acción de tutela, al afirmar que la peticionaria no solicitó la rectificación de la información, de acuerdo con el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, Y que además existe falta de legitimación en la causa por pasiva, porque para la realización del documental "Colombia Vive - 25 años de resistencia" se contrataron los servicios del periodista Mauricio Gómez Escobar.
5° Que las pruebas que reposan en el expediente no permiten tener claridad sobre los hechos, ni llegar con certeza a una conclusión sobre la situación de la señora MARIA.
PRIMERO.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, OFÍCIESE a MARIA para que, en el término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la comunicación de la presente providencia, dé respuesta a esta Sala de Revisión sobre el siguiente interrogatorio y envié la información y el material probatorio que se solicita:
a. ¿En qué fecha concedió usted la entrevista que se publicó en el documental "Colombia Vive - 25 años de resistencia"?
b. ¿Cuáles fueron las razones para conceder la entrevista?
c. ¿El periodista Carlos Julio Betancur fue quien la entrevistó?
d. De ser negativa su respuesta ¿quién fue y cuál es el domicilio del periodista a quién le concedió la entrevista objeto de la acción de tutela?
e. Al momento de ser entrevistada, ¿solicitó al periodista o acordó con él que no divulgara su nombre distorsionara el rostro y la voz en la imagen y sonido para la publicación de la información en televisión u otro medio de comunicación?
f. ¿Cuáles fueron los motivos que la llevaron a solicitar al periodista la distorsión de la imagen y de la voz de la entrevista concedida?
g. De haber solicitado la distorsión ¿lo hizo por escrito o verbalmente? si no lo hizo por escrito, ¿por qué razones?
h. ¿Conoce usted en qué año y en qué medio de comunicación se publicó la entrevista concedida en 1996?
i. De ser afirmativa la respuesta anterior y en caso de tener la grabación de la entrevista publicada, la Sala solicita envió de una copia de la misma.
j. ¿Cuántas veces fue transmitida por televisión la entrevista que usted concedió?
k. ¿Cómo se enteró de que en el documental "Colombia Vive - 25 años de resistencia", aparecía la entrevista que concedió en el Caguán? ¿Su esposo conocía de los hechos que usted narró en la entrevista concedida, objeto de la acción de tutela?
l. ¿Qué edad tienen sus hijos?
SEGUNDO.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, OFÍCIESE al señor Mauricio Gómez Escobar para que, en el término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la comunicación de esta providencia, informe a esta Sala lo siguiente:
a. ¿En qué fecha se realizó la entrevista practicada a la señora MARÍA que se publicó en el documental "Colombia Vive - 25 años de resistencia", y se registra en el episodio: "la confusión 1994-1998", minuto 37, segundo 28?
b. ¿En qué otro medio de comunicación - noticiero, programa televisivo u otro - se público la entrevista a la señora MARIA desde que se realizó hasta la fecha?
c. ¿La entrevista a la señora MARIA fue transmitida por el noticiero 24 horas?, ¿En qué fecha? ¿Cuántas veces?
d. En caso de informar sobre la pregunta anterior, la Sala solicita al señor Mauricio Gómez Escobar que envíe copia de la publicación de la entrevista concedida que se difundió en medios de comunicación e indique la fecha y hora de la transmisión.
e. ¿Por qué razón utilizó la entrevista a la señora MARIA en la realización del documental "Colombia Vive - 25 años de resistencia"? ¿La accionante lo autorizó para utilizar la entrevista en dicho documental?
f. ¿Por qué en el documental "Colombia Vive - 25 años de resistencia" no se distorsionó la voz y la imagen en la entrevista que concedió la señora MARIA?. Como socio del noticiero 24 horas, se le solicita que indique si el periodista Carlos Julio Betancourt realizó la entrevista a la señora MARIA que se publicó en el documental "Colombia Vive - 25 años de resistencia".
¿Cuál es el domicilio del periodista Carlos Julio Betancourt?
h. ¿El periodista Carlos Julio Betancourt le dio alguna directriz para la utilización de la entrevista de la señora MARIA en el documental "Colombia Vive - 25 años de resistencia"?
TERCERO: Por Secretaría General de la Corte Constitucional, PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del señor Carlos Julio Betancourt el proceso de la referencia, la acción de tutela, las contestaciones que dieron a la demanda Caracol Televisión S.A., Publicaciones Semana S.A. y Mauricio Gómez Escobar, así como los fallos de instancia, para que en el término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la comunicación de esta providencia, manifieste lo que considere pertinente en relación con las pretensiones de la accionante, las pruebas y documentos que reposan en el expediente.
CUARTO.- El requerimiento debe enviarse al señor Carlos Julio Betancourt a las siguientes direcciones: Calle 103. No. 69B - 43. Canal Caracol y Calle 93 B No. 13 - 47. Revista Semana, Bogotá.
QUINTO.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, SOLICITAR a Canal Caracol Televisión y a la Revista Semana que, en el término de dos (2) días hábiles, contados a partir de la comunicación de esta providencia, informen la dirección, teléfonos y el domicilio del señor Carlos Julio Betancourt, quien intervino en la realización del documental "Colombia Vive - 25 años de resistencia”
“MARIA, actuando como accionante en la tutela de la referencia, mediante el presente escrito me dispongo a dar respuesta al interrogatorio solicitado por ustedes mediante providencia de fecha 19 de marzo de los presentes, el cual absolveré bajo la gravedad del juramento :
a. ¿En que fecha concedió usted la entrevista que se publicó en el documental "'Colombia vive -25 años de resistencia"'? Respuesta: exactamente no recuerdo, pero fue entre el mes de octubre y noviembre de 1996.
b. ¿Cuáles fueron las razones para conceder la entrevista? Respuesta: pues la razones fueron varias, la primera fue que mi amigo el señor “PEDRO” y el periodista se dirigieron al negocio donde yo trabajaba llamado el Changai, yo estaba sentada en una mesa jugando parques con mi amiga “ROSA” cuando “PEDRO” y el periodista se me acercaron, este último me preguntó que si podía concederle una entrevista, y yo le pregunté ¿que para qué, o cómo?, y el me explicó que era para que diera un relato sobre lo que está viviendo esta zona, por lo que en peñas coloradas no circulaba el dinero, sino todo se manejaba alrededor de la coca, pues me pareció que era una oportunidad para que la gente supiera las condiciones precarias que se vivían en esta zona; la segunda razón, fue que el periodista me aseguró que en la entrevista no iba a salir mi rostro y mi voz la iba alterar, pues como "me generó confianza yo accedí; donde efectivamente en las horas de la noche en el noticiero vimos la entrevista con mis amigas del trabajo, donde salí irreconocible para cualquier persona.
c. ¿El periodista Carlos Julio Betancur fue quien la entrevisto?
d. De ser negativa su respuesta ¿quien fue y cual es el domicilio del periodista a quien le concedió la entrevista objeto de la acción? Respuesta: Como lo dije no recuerdo el nombre de la persona que me entrevistó.
e. Al momento de ser entrevistada, ¿solicitó al periodista o acordó con él que no divulgara su nombre distorsionara el rostro y la voz en la imagen y sonido para la publicación de la información en televisión u otro medio de comunicación? Respuesta: si, yo se lo solicité, y él además, antes de ser entrevistada me dijo que tranquila que le concediera la entrevista que su rostro y su voz no se iban a reconocer.
f. ¿Cuáles fueron los motivos que la llevaron a solicitar al periodista la distorsión de la imagen y de la voz en la entrevista concedida? Respuesta: el motivo principal era el miedo a que me reconociera mi familia, en especial mi compañero, así mismo, el que estas declaraciones me causaran problemas con la guerrilla que en ese momento eran las que mandaban en esta zona.
g. De haber solicitado la distorsión ¿lo hizo por escrito o verbalmente? Si no lo hizo por escrito, ¿Por qué razones? Respuesta: verbalmente, por que el señor periodista me dijo que no había problema, que mi rostro no lo iba a mostrar y que mi voz la iba alterar, como así lo hizo durante la entrevista y posteriormente en la emisión de esa noche en el noticiero de la 7:00 de la noche.
h. ¿conoce usted en qué año y en qué medio de comunicación se publicó la entrevista concedida en 1996? Respuesta: la entrevista la sacaron al aire el mismo día de concedida, entre octubre y noviembre del año de 1996, en un noticiero de las.7:00 p.m., que se emitía antes de la novela LA VIUDA DE BLANCO, posteriormente, que yo sepa no se volvió a pasar por ningún medio.
i. De ser afirmativa la respuesta anterior y en caso de tener la grabación de la entrevista publicada, la Sala solicita envío de una copia de la misma. Respuesta: de esta entrevista no tengo copia, pues ésta salió en el noticiero por un lapso de tiempo corto y no vi la importancia de tener una copia de ella, más aún, que el reportero había cumplido con lo prometido, de sacar mi imagen y mi voz distorsionada.
j. ¿Cuántas veces fue transmitida por televisión la entrevista que usted concedió? Respuesta: que yo sepa una vez, el día en que la concedí en el noticiero que se pasaba antes de la novela la viuda de blanco, posteriormente, hasta el día en que se emitió el documental de Colombia vive -25 años de resistencia-, pero sin las condiciones de la entrevista inicial.
k. ¿Cómo se enteró de que en el documental "Colombia vive -25 años de resistencia", aparecía la entrevista que concedió en el Caguán? Respuesta: desafortunadamente lo supe por intermedio de mi hija XXX, que para ese día se encontraba con un grupo de amigos de la iglesia viendo este documental, cuando inesperadamente me llamó llorando diciéndome que yo había salido en aquel \ documental diciendo cosas horribles.
1. ¿Su esposo conocía de los hechos que usted narro en la entrevista concedida, objeto de la acción de tutela? Respuesta: Nunca, mas aún que para esa época, estaba de disgusto con mi compañero XX, y a razón de este disgusto, me fui de Campoalegre creo en el mes de julio de 1996 con mi amiga ROSA y mis hijos XXX y XXXX, para Peñas coloradas –Caguán, que para la época ellos tenían 3 y 2 años, desconectándome de él y de mis familiares totalmente, cuando yo regresé en el mes de diciembre de 1996, con mis hijos nuevamente a Campoalegre -Huila-, me preguntó mi compañero y mi familia que a donde estaba y que estaba haciendo, yo les dije que estaba trabajando en una finca cocinándole a los raspachines; una vez reconciliada con mi compañero, él me dijo que nos casáramos, como así lo hicimos el 1 de febrero de 1997, (anexo partida), durando más de diez años casados, ya que por causa del documental mi esposo me pidió el divorcio, como ya era una situación invivible acepté, habiendo ya sentencia al respecto. (Sentencia anexa a este escrito)
m. ¿Qué edad tienen sus hijos? Respuesta: XXXX tiene 26 años, XXX, 16 años y XXXXX, 14 años. (Anexa registros civiles).
n. ¿Sus hijos conocían de los hechos que usted narró en la entrevista concedida, objeto de la acción de tutela? Respuesta: para nada, porque para el momento en que concedí la entrevista ellos tenían 3 y 2 años, a pesar de que XXX tenía 13 años ella se encontraba estudiando en Bogotá, mis hijos supieron de los hechos por consecuencia de la emisión del -documental Colombia vive 25 años de resistencia-, por boca de sus amigos que les hicieron la mofa por este motivo, y que por esta causa su conducta fue cambiado en el colegio y en la casa, tanto que XXX y XXXX se fueron de la casa a vivir con una tía, porque no resistieron esta situación, XXX tuvo problemas de indisciplina en el colegio y no rendía académicamente, tanto que perdió el año que cursaba, 7° grado, y me toco ponerlo en tratamiento psicológico.
1.3.3.5. Respuesta del señor Mauricio Gómez Escobar, al interrogatorio de la Corte Constitucional.
“a. Fue realizada en el año 1996 o 1997.
c. No tengo a mi disposición en este momento la fecha de emisión en el Noticiero 24 Horas, pero fue emitida una sola vez. La emisión fue 3 ó 4 días después de hecha la entrevista.
d. La entrevista contiene los mismos elementos que aparecen en el documental Colombia Vive.
e. Se utilizó la entrevista con la señora MARÍA porque ya era de conocimiento público y había sido emitida diez (10) años antes. No necesitamos autorización de MARÍA para utilizarla en el documental por la razón anterior y además porque nunca hubo un acuerdo con ella para mantener su anonimato. Si ello hubiere sido así, la entrevista se hubiera dado de espaldas. Ella dio la entrevista de frente sin ninguna restricción.
f. No se distorsionó ni la voz ni la imagen de la entrevista que concedió MARIA, pues la dio sin poner ninguna restricción.
g. El periodista Carlos Julio Betancourt fue quien hizo la entrevista a la señora a MARÍA
h) La dirección del periodista Carlos Julio Betancourt es: Calle 87 Nº 7-52 Apto. 302 en Bogotá.
1.3.3.6. Resolución de la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional.
“PRIMERO.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del señor Carlos Julio Betancourt el proceso de la referencia, la acción de tutela, las contestaciones que dieron a la demanda Caracol Televisión S.A., Publicaciones Semana S.A. y el señor Mauricio Gómez Escobar, así como los fallos de instancia, para que en el término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la comunicación de esta providencia, manifieste lo que considere pertinente en relación con el proceso de la referencia, la acción de tutela, las contestaciones que dieron a la demanda el señor Mauricio Gómez Escobar, Caracol Televisión S.A. y Publicaciones Semana S.A. y los fallos de instancia, las pretensiones de la accionante, las pruebas y documentos que reposan en el proceso de la acción de tutela interpuesta por la señora MARIA. Expediente T- 2'008.189.
1.3.3.7. Respuesta del periodista Carlos Betancourt Uribe, al requerimiento de la Corte.
"1. Tal como lo manifestó el señor Mauricio Gómez en su comunicación de 12 de febrero del presente año, hice la entrevista a la señora MARÍA entre 1996 y 1997 en el departamento del Caquetá.
2. Dicha entrevista se cumplió con la señora en cuestión en forma espontánea y libre y sin que mediara requerimiento alguno para guardar o proteger su identidad.
3. La entrevista se difundió únicamente en el Noticiero 24 Horas y la señora María en esa oportunidad no hizo objeción ni reclamo alguno.
4. De esta manera la entrevista fue conocida del público en general y quedó de dominio público, ya que no tenía ninguna limitación o restricción para ser emitida.
5. En estas condiciones, cuando el señor Mauricio Gómez, director del documental, suministró el archivo para la preparación de Colombia Vive, entregó esa entrevista como aparece en dicho documental y era la única que existía en el archivo.
6. En este sentido, del estudio exhaustivo del archivo entregado por el señor Mauricio Gómez no se desprende la existencia de una versión diferente de la entrevista difundida y menos con las salvedades que dice la señora MARIA le hizo al entrevistador.
7. Como ya lo afirmé y lo reitero, la entrevista efectuada entre 1996 y 1997, no recuerdo la fecha exacta, se hizo sin objeción ni reparos por parte de la entrevistada. Y no aparece en el expediente que se me pone de presente, copia de la rectificación solicitada, que entiendo es una exigencia legal como requisito para poder instaurar la acción. Además nunca tuve noticia de que la accionante hubiera solicitado esa rectificación ni cuando se difundió la entrevista en 1996, ni tan pronto se dio a la publicidad el documental Colombia Vive."
CARLOS JULIO BETANCOURT URIBE”
El 2 de julio de 2008, la señora María impugnó el fallo de instancia.
Expresó que para agotar el requisito de procedibilidad de la acción de tutela, como afectada por la difusión del documental Colombia Vive – 25 años de resistencia, intentó conciliar con Caracol Televisión S.A. ante el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, con la cual se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
Agregó, que “en lo atinente a la demostración del requisito de privacidad respecto al material en comento, que supuestamente debía haber allegado, debo decir, que esta convención la realice con el entrevistador de manera no escrita, ya que el me aseguró que no iba a exponerla sin las condiciones que habíamos pactado (verbalmente), y así, efectivamente la emitió en su momento en el año de 1996, que extrañamente doce (12) años después fue reproducida, pero desgraciadamente mostrando mi nombre y mi voz; con respecto a este tópico, puedo allegar declaraciones de personas que estaban conmigo el día de la entrevista.
Sus fundamentos de la contestación se quedan en el plano de las conjeturas por parte del representante de PUBLICACIONES SEMANA, al aseverar infundadamente que era mi querer manifestar a los cuatro vientos, lo comprometedor de mi declaración y que era mi voluntad que entraran en la esfera del dominio público (…) infortunadamente, por la difusión de la entrevista, he perdido a buena parte de mi familia, amigos, vecinos y en especial mi esposo, que como consecuencia de esto, ya se inició el proceso de divorcio”
1.4.3. Segunda instancia. Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil – Familia.
El 23 de julio de 2008, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil – Familia confirmó la decisión de instancia. El Tribunal sostuvo que efectivamente no se cumplió en el caso con el requisito de solicitud de rectificación de información, para que proceda la acción de tutela.
Así, no se agotó por parte de la peticionaria el requisito de procedibilidad del amparo, pues en la diligencia de conciliación ante la Cámara de Comercio de Bogotá, no se insertó “la transcripción de la rectificación solicitada” como lo exige el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
El Tribunal agregó que Caracol Televisión S.A. no es el responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, puesto que no fue quien realizó la entrevista, ni firmó compromiso alguno con la señora María para restringir la divulgación de la información.
La Corte Constitucional es competente, a través de esta Sala de Revisión, para revisar la sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
“De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”
El artículo 20 de la Carta Política garantiza “a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones”, así como la de “informar y recibir información veraz e imparcial”; es decir, se trata de una libertad que reconoce, por un lado, la libre expresión y difusión de las ideas, conocimientos, juicios u opiniones, y de otro, proclama el derecho de acceder o recepcionar una información ajustada a la verdad objetiva. Es así que cuando el comunicador da a conocer hechos o situaciones objetivas, debe respetar los derechos tanto de quien recibe la información como los demás derechos fundamentales de los sujetos involucrados en la noticia, en particular los relacionados con la intimidad personal y familiar, la honra y el buen nombre consagrados en el artículo 15 de la Carta Política.
La preeminencia del derecho a la información, por su carácter social, y porque su ejercicio compromete el interés general, supone que este derecho es invocado y ejercido en una forma que satisfaga todas las exigencias que derivan de su propia naturaleza y fines. El periodismo informativo, ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, “requiere como exigencias para ser reconocido como una actividad socialmente positiva, la verdad de las noticias y de las informaciones difundidas, que éstas sean de aquellas que se vinculan al interés social y que no causen grave daño social. No es aceptable, entonces, que quien emita la información lo haga de manera superficial, con escasa investigación o dirigida, pues con ello lo que está haciendo es desdibujando la realidad. Ni tampoco, que la información que se transmita sea falsa, ni incompleta, ni menos aún, parcializada”.[5]
Así, el periodista goza, del derecho a informar libremente, sin censura; es decir, debe tener acceso a las fuentes de la información y a seleccionar la noticia que se emitirá y la forma de presentarla, sin más limitaciones que aquellas que imponen al medio suministrar a sus receptores información veraz, objetiva e imparcial. Lo cual significa, según lo dejó consignado la Corte en la sentencia C-350 de 1997 con ponencia del Magistrado Fabio Morón Díaz, que a los medios “se impone fundamentar y contrastar la información antes de entregarla al público; no confundir la información con la opinión; rectificar, si es del caso, informaciones falsas o imprecisas; valerse de métodos dignos para obtener información; no aceptar gratificaciones de terceros, ni utilizar en beneficio propio informaciones; sólo así contribuirán al fortalecimiento de la democracia y por ende, a la realización del paradigma propio del Estado social de derecho”.
Para efectos de lo anterior, como lo sostiene el profesor español Xavier O´callaghan[8], “el derecho de información sobre hechos debe reunir el requisito de veracidad”. En consecuencia, es decisiva la valoración de la actitud del informador en relación con el propio derecho constitucional que está usando (el de expresarse e informar, del cual no es únicamente titular el informador, sino que pertenece igualmente a la colectividad y al ciudadano en concreto). Ese derecho se refiere a la difusión de información veraz. De manera que debe ser decisiva la apreciación de la actitud del agente hacia la verdad, para ver si el derecho se ha ejercido legítimamente.
Señaló también la Corte que "una consideración elemental de respeto a la persona y a su dignidad impiden que las características externas que conforman su fisonomía o impronta y que la identifican más que cualquiera otro signo externo en su concreta individualidad, puedan ser objeto de libre disposición y manipulación de terceros", por lo cual, “con las limitaciones legítimas deducibles de las exigencias de la sociabilidad humana, la búsqueda del conocimiento y demás intereses públicos superiores, toda persona tiene derecho a su propia imagen, de donde resulta que sin su consentimiento, ésta no pueda ser injustamente apropiada, publicada, expuesta, reproducida o comercializada por otro"[10].
Según la jurisprudencia, este derecho es inherente a la persona en cuanto constituye una expresión directa de su individualidad e identidad, y se encuentra estrechamente vinculado a su dignidad y libertad “bajo el amparo del artículo 14 de la Carta Política[11]”. Precisó además, que "la relativa disponibilidad de la propia imagen, en cuanto se realice, traduce una forma de autodeterminación del sujeto, e igualmente podría entrar en la órbita del derecho al libre desarrollo de la personalidad"[12]. Adicionalmente, si la imagen reproduce actos o sucesos propios de la intimidad de una persona, su difusión, en contra de su voluntad, vulnera el derecho fundamental a la intimidad.[13]
En efecto, como lo señaló la Corte, “el derecho a la información no es absoluto, de donde resulta que no puede ser utilizado para revelar datos íntimos ni para lesionar la honra y el buen nombre de las personas; la información, en los términos del ordenamiento superior, debe corresponder a la verdad, ser veraz e imparcial, pues no existe derecho a divulgar información que no sea cierta y completa”[15].
Refiere la accionante que en el año de 1996 en el Departamento del Caguán concedió una entrevista en la que su rostro fue tapado y su voz distorsionada, porque, afirma, había convenido con el periodista que así se hiciera, por tratarse de un relato comprometedor. Sostiene que la entrevista salió al aire en un Noticiero de la época, respetando las condiciones convenidas. Sin embargo, extrañamente, la mencionada entrevista, concedida hace 12 años, se volvió a transmitir, esta vez, por Caracol Televisión en el documental “Colombia VIVE 25 años de resistencia” en el episodio “la Confusión 1994-1998, que en el DVD edición de lujo está plasmada exactamente en el minuto 37 con 29 segundos, pero ésta vez, sin ninguna cubrimiento de su rostro ni de su voz.
Las entidades comprometidas sostuvieron que no existe prueba de que la accionante haya pedido restricciones para dar su testimonio y, por el contrario, la entrevista fue concedida de manera natural y espontánea por la señora María; luego no existió la alegada vulneración a su intimidad, amén de que tampoco se solicitó la rectificación prevista en la ley.
La sentencia de primera instancia negó el amparo deprecado tras sostener que la peticionaria no agotó previamente el requisito de procedibilidad de la acción de tutela, referido a la rectificación de la información que consideraba lesiva de sus derechos. El fallador de segundo grado confirmó la anterior decisión añadiendo, que Caracol Televisión S.A. no es el responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, puesto que no fue quien realizó la entrevista, ni firmó compromiso alguno con la señora María para restringir la divulgación de la información.
Se reiteró igualmente, que el derecho a la libertad de información no es absoluto, como tampoco lo es cualquier otro derecho constitucional fundamental. Dada la importancia que tiene la libertad de información para la formación de la opinión dentro de una democracia pluralista y participativa, cualquier restricción al derecho a la libertad de información debe adoptarse de manera muy cuidadosa, debe estar justificada constitucionalmente y ser necesaria para la protección de bienes jurídicamente protegidos. Igualmente se anotó que por su importancia para la democracia y el impacto que puede surtir sobre su audiencia, así como por la existencia de un derecho específico en cabeza del receptor de la información, el ejercicio de la libertad de información conlleva claros deberes y responsabilidades para su titular. Las principales obligaciones que impone el ejercicio de esta libertad, así como los derechos correlativos de los receptores de la información, se refieren a las características de la información que se transmite – dicha información ha de ser “veraz e imparcial”, y respetuosa de los derechos fundamentales de terceros, particularmente a la intimidad y al buen nombre.
Tratándose de los medios de comunicación social, el derecho de rectificación está consagrado de manera expresa en la Constitución, y se origina por el solo hecho de difundir información falsa o inexacta que afecte los derechos fundamentales de una persona. Para la garantía de ese derecho, la ley ha previsto entonces, una causal especial de procedencia de la tutela frente a particulares que tienen el deber de informar los asuntos de interés general a la colectividad, incorporando la exigencia previa de una solicitud de rectificación.
El derecho a la rectificación, contenido de manera expresa en el artículo 20 de la Constitución, se predica así con cargo a los medios masivos de comunicación, como una contrapartida de la amplia protección que les confiere la misma Carta, en desarrollo de la libertad de prensa. Así, esta Corporación ha puesto de presente cómo esta garantía tiene una posición prevalente frente a los derechos al buen nombre y a la honra, “dada su importancia para la vida democrática y para el intercambio de ideas”[17]. Tal primacía de la libertad de prensa se explica también porque ella “... contribuye a la información y formación de los ciudadanos, y favorece la creación en una instancia de control social.”[18] Sin embargo, esa libertad tiene sus límites y la condición de la garantía constitucional, es que la información que se suministre sea veraz e imparcial, quedando a salvo en todo caso, el derecho de las personas a rectificar la información incorrecta.
Resumiendo, la violación de los principios de veracidad o imparcialidad por parte de un medio de comunicación, con repercusión sobre los derechos fundamentales de una persona, genera como consecuencia natural el derecho fundamental de rectificación, en virtud del cual esta última puede solicitar la corrección de la información, “en condiciones de equidad[19]”.
Las partes accionadas en este caso sostuvieron en sendas intervenciones ante los jueces de instancia y ante la Corte Constitucional que (i) la accionante “concedió de manera voluntaria una entrevista al periodista Mauricio Gómez en el año de 1996”,quien entonces era director del noticiero 24 horas; (ii) que la entrevista se publicó con autorización de la accionante y por lo tanto no se trata de hechos inventados por un tercero “sino de relatos de primera persona, de manera que el canal no se inmiscuyó en asuntos reservados o de conocimiento exclusivo de la actora, sino que retomó un hecho concreto y ciertos del cual fueron testigos muchos ciudadanos, lo que desvirtúa que fueron íntimos, no conocidos , o no revelados” motivo por el cual tampoco se vulneran los derechos de sus familiares; (iii) que existió una “decisión autónoma y libre de revelar circunstancias y hechos personales, es decir que se hicieron públicos con su consentimiento”.
Tales afirmaciones serán analizadas con detenimiento por esta Sala, de la siguiente manera:
La misma doctrina se infiere de las sentencias del Tribunal Constitucional Español[23] en donde se ha admitido que cuando el velo de la intimidad ha sido destapado voluntariamente por el afectado, hay una clara regla de preferencia de la libertad de información frente al derecho a la intimidad. “Quien por su propia voluntad da a conocer a la luz pública unos determinados hechos concernientes a su vida privada, los excluye de la esfera de su intimidad….”
La casuística americana en este punto es de igual opinión, pues al referirse a la definición de privacy como forma de control sostiene: “una revelación voluntaria, consciente, no entraña una pérdida de privacidad porque es un ejercicio de control, no una pérdida del mismo”.[24]
Quiere decir entonces, que en el presente caso, prima facie, no existió violación del derecho a la intimidad de la accionante por parte del reportaje neutral y documental realizado por Caracol, en tanto la propia accionante accedió, en su momento, a “contar parte de su vida” a un reportero casual.
Pese a que la duda persiste por falta de una comprobación clara de lo sucedido en punto al anonimato sugerido por la accionante en el reportaje realizado por el periodista Betancourt, en opinión de la Corte, resulta extremadamente sospechoso el posible consentimiento de la accionante en acceder a una entrevista de frente y sin ocultamientos, tal como lo afirman las personas implicadas en esta tutela. Las razones de la duda de la Corte devienen de los siguientes datos allegados al expediente:
En consecuencia, no niega la Corte que en determinadas circunstancias, sea preciso publicar los datos de la vida privada de las personas que tengan una connotación pública, sin embargo, pueden publicarse sin violentar la “sensibilidad” hacia el que sufre, hacia las víctimas de la violencia, de la guerra, hacia quien está enfermo, hacia quien padece una condena, etc[26].
El documental “COLOMBIA VIVE 25 años de Historia Colombiana” fue producto del contrato suscrito entre Caracol Televisión S.A. y Publicaciones Semana S.A. como contratantes por una parte, y Mauricio Gómez Escobar, como contratista por la otra, conforme al cual éste último se comprometió a favor de los contratantes a prestar sus servicios como Director, participando en los ensayos, montaje y fijación en soporte material de sonidos sincronizados con imágenes o de imágenes sin sonidos del programa titulado “25 años de historia Colombiana” que producen conjuntamente CARACOL Y SEMANA, a través del cual se realizará un homenaje a la revista Semana mencionada por su vigésimo quinto aniversario”(Cláusula primera del contrato de prestación de servicios que obra en el expediente).
El video del documento allegado a la demanda y obrante como prueba, está dividido en varios capítulos que recuerdan los últimos 25 años de sucesos en el país. El primero, denominado “La euforia 1982-1984”, abre con imágenes del premio Nobel de literatura ganado por el escritor Gabriel García Márquez; prosigue con un recuento de la expansión subversiva, que se tradujo en el aumento del número de frentes, hecho que coincide con los acercamientos del gobierno de Belisario Betancourt en busca de la paz. Paralelo a esto, se recuerda el paso de la bonanza ‘marimbera’ al auge del tráfico de cocaína y, en general, se presenta como una época signada por palomas de la paz pero que termina abruptamente en la noche del 30 de abril de 1984 con el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.
El segundo capítulo llamado “EL TERROR-1984-1989” comienza con la guerra declarado por el Estado Colombiano al narcotráfico y con la aparición de los llamados “extraditables”. Una época recordada en el documento por la toma del Palacio de Justicia, la destrucción de Armero tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz y el afianzamiento de la alianza entre paramilitares y narcotraficantes que desembocó en la masacre de los integrantes de la Unión Patriótica y en los asesinatos de Jaime Pardo Leal y Guillermo Cano, entre muchos otros. Narra el documental todo lo sucedido en la denominada “época del narcoterrorismo”: las amenazas a la prensa, a los periodistas y los asesinatos de policías en Medellín. Un período que, al igual que el anterior, culmina también con un asesinato, el de Luis Carlos Galán en la plaza de Soacha.
El tercer capítulo denominado la Lucha 1989-1994, se inicia recordando el sepelio del Doctor Luís Carlos Galán, el atentado al avión de Avianca, la bomba en la sede del DAS, la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en un operativo militar en Coveñas y prosigue con los asesinatos de los candidatos presidenciales de la izquierda Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. Se rememora en el documento el inicio de una nueva Constitución, promulgada por la Asamblea Constituyente, y se reseña la entrega de Pablo Escobar. El video muestra los tiempos de voladuras de oleoductos, los lujos de la cárcel de La Catedral donde estaba Pablo Escobar, la continuación de la guerra contra el Estado con carros-bomba y asesinatos. También fueron los tiempos del apagón y de la muerte de Pablo Escobar en el tejado de una casa de Medellín.
El cuarto capítulo, el de interés para la Sala, se denomina “LA CONFUSIÓN” 1994-a 1998, donde se recuerda en primer lugar, como el Gobierno de Ernesto Samper estuvo signado desde su comienzo por la presencia de dineros del Cartel de Cali en su campaña. Así que este capítulo comienza con el ‘narcocassette’, el proceso 8.000, la confesión de Fernando Botero, la descertificación a Colombia, un período que le legó al país frases y metáforas memorables: “el elefante”, “las mogollas” como referencia al representante Heyne Mogollón, encargado de investigar la conducta del Presidente; “aquí estoy y aquí me quedo”, “¿Que el Presidente Samper renuncie? ¡Mamola!”, “fue a mis espaldas”, “yo no necesito visa para ir a Chaparral”. Un período tan confuso, dice el documental, que la guerrilla y los paramilitares aprovecharon para expandir su poderío, mientras el país se preguntaba si el presidente Samper renunciaba o no y veía como las autoridades capturaban a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.
El documento reflexiona sobre la infamia del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y en un apartado del capítulo, a los 37 minutos aproximadamente de rodaje, el reportaje comenta como en el Caquetá, “santuario legendario de las FARC, la Coca es la moneda que todo lo compra”. En ese preciso contexto, aparece la accionante comentando que es trabajadora sexual, que intercambia sexo por droga para poder subsistir. En su corto relato, sostiene que “un gramo de cocaína vale $650 y ellas reciben 15 gramos por acostarse con algún hombre, pues hace meses no se ve en esa zona un billete de $10.000”
Continúa el capítulo quinto con “la Ilusión” 1998-2002. Se referencia en el documento el período del proceso de paz adelantado por el gobierno de Andrés Pastrana. Se menciona la proximidad de la paz y el renacer de Colombia. Pero en realidad quedan el recuerdo de la silla vacía de ‘Tirofijo’, la zona de despeje del Caguán convertida en centro de secuestro y procesamiento de cocaína, más tomas guerrilleras, las pescas milagrosas, el asesinato de Jaime Garzón, el collar bomba, el rompimiento del proceso de paz y, como trágico colofón, el secuestro de Ingrid Betancourt.
Finalmente, el último capítulo denominado “La ansiedad” 2002-2007. Este capítulo es llamado en el informe “de la era Uribe”, que aún no termina y que, como señala Gómez, director del documental, “es el más difícil de afrontar porque no tenemos una perspectiva histórica que nos permita mirarlo con los ojos que hoy analizamos los 80 o los 90”. En él se reflejan los altos índices de popularidad de un gobierno con grandes logros en seguridad y crecimiento económico, que se le midió a adelantar un proceso de paz con los paramilitares, pero empañado por el escándalo de la para-política y que ha debido adelantar un muy complicado proceso de verdad, justicia y reparación de las víctimas.
En acápites anteriores, se mostraron de manera sucinta los temas tratados en cada capítulo del reportaje “COLOMBIA VIVE” para demostrar, que se trataba de un documento sobre los hechos relevantes en la historia de Colombia durante los últimos 25 años. Cada capítulo ahondaba una perspectiva de la época y de manera objetiva, anunciaba los hechos y los acontecimientos vividos por los colombianos en las últimas dos décadas. Es a todas luces, un documento de la mejor confección en materia de archivos históricos y, de contera, del mayor interés para la colectividad, para el país y su memoria y para la sociedad.
No obstante, el derecho comparado ilustra casos en los cuales la publicación o difusión de la imagen unida a datos personales sin la debida protección de las personas afectadas, termina violando el derecho a la intimidad y la propia imagen de las personas comprometidas. Una mujer, ex drogadicta que colaboraba voluntariamente con una periódico inglés, dio permiso a éste para que publicara una fotografía de ella, pero oscurecida, de manera que sólo se viese su silueta y no su rostro. Sin embargo, la foto no salió bastante oscurecida y dejaba identificarla claramente, permitiendo que gente que la conocía la reconociera fácilmente. Junto con la foto se incluía un artículo muy duro sobre la drogadicción, que daba a entender que la mujer era una drogadicta que hubiera hecho cualquier cosa por una dosis. La Comisión para la Prensa del Reino Unido, “PCC” conceptuó contra el periódico por la grave violación a las cláusulas de exactitud e intimidad.[28]
“Ahora bien, como sostuvimos en la STC 99/1994, de 11 de abril, FJ 5, no puede deducirse del art. 18.1 CE que el derecho a la propia imagen, en cuanto límite del obrar ajeno, comprenda el derecho incondicionado y sin reservas de impedir que los rasgos físicos que identifican a la persona se capten o se difundan. El derecho a la propia imagen, como cualquier otro derecho, no es un derecho absoluto, y por ello su contenido se encuentra delimitado por el de otros derechos y bienes constitucionales. La determinación de estos límites debe efectuarse tomando en consideración la dimensión teleológica del derecho, y por esta razón hemos considerado que debe salvaguardarse el interés de la persona en evitar la captación o difusión de su imagen sin su autorización o sin que existan circunstancias que legitimen esa intromisión. De ahí que hayamos sostenido que "la captación y difusión de la imagen del sujeto sólo será admisible cuando la propia -y previa- conducta de aquél o las circunstancias en las que se encuentre inmerso, justifiquen el descenso de las barreras de reserva para que prevalezca el interés ajeno o el público que puedan colisionar con aquél.
A tenor de la doctrina expuesta debemos llegar a la conclusión de que la publicación sin el consentimiento de la ahora recurrente de unas fotografías que reproducen su imagen física de forma claramente identificable constituye una intromisión en su derecho a la propia imagen.”
1) En la praxis jurisprudencial alemana, por ejemplo, el factor «tiempo» no sólo ha desempeñado un papel en la esfera penal. En la Sentencia del Landgericht de Berlín de 19 de noviembre de 1996 fue un argumento, entre otros, empleado para sostener la vulneración de la esfera privada por parte del medio que desveló que un conocido presentador televisivo había rodado películas porno veinte años atrás: El Tribunal Constitucional alemán sostuvo “que el derecho del afectado a que se dé una información correcta sobre su persona incluye «que no se ponga constant­emente en conexión esta parte de su pasado con su vida privada actual, porque no hay absolutamente ninguna relación entre ellos. Su comportamiento de hace más de veinte años no guarda ninguna relación con su actividad actual y, dado el tiempo transcurrido, tampoco permite extraer ninguna conclusión sobre la personalidad del recurrente”[29]
“El efecto reflejo de la garantía constitucional de la personalidad no permite, sin embargo, a los medios de comunicación, el informar indefinidamente sobre la persona de un acusado y su esfera privada. En vez de ello, cuando el interés en recibir información ha sido satisfecho, su derecho a ser dejado en paz, gana en principio importancia creciente y limita el acceso de los medios y del público de hacer de la esfera individual de su vida el objeto de discusión. Incluso culpable una persona sigue miembro de una comunidad y retiene su derecho constitucional a la protección de su individualidad. [30]
3) En la línea jurisprudencial americana, probablemente el más ilustrativo sea el caso del “Kimono Rojo”: ocho años después de que una mujer, que ejercía la prostitu­ción, saliera absuelta de un proceso por homicidio, se realizó una película basada en estos hechos en la que se utilizó su nombre de soltera; en ese momento, la afectada había contraído matrimonio y su nuevo círculo de amistades desconocía por completo aquellos acontecimientos. El Tribunal Californiano de apelación apreció la vulneración de la privacidad, enfatizando en que el paso del tiempo es un factor a considerar, junto con otros hechos, para determinar si la publicidad alcanza límites irrazonables al revelar hechos sobre una persona que ha reanudado su vida privada normal y legal llevada a cabo por la gran mayoría de la comunidad.[31]
Así pues, el interés en la resocialización o el propósito de iniciar una nueva vida conforme a la libre elección de cada cual, pasa a operar, como “decisivo punto de orientación” para precisar los límites temporales respecto a la difusión de un reportaje. Los datos expuestos por la accionante ocasionaron afectación de sus derechos. Esta situación está demostrada, tanto por la decisión de su esposo de divorciarse, como por el estado emocional de sus hijos con posterioridad a la difusión del video, puesto que en el se revelaron datos que si bien fueron ciertos, en la actualidad no corresponden al status y al ser social que la señora MARIA había construido con su familia y sus hijos. [32]
Al entrar a considerar los límites de la información en este caso concreto, la Sala se permite destacar que el informe reproducido por Caracol y Semana constituye una muestra de un esfuerzo periodístico investigativo de amplios alcances a la hora de fijar los hitos de un período crítico pero trascendental del desarrollo histórico de nuestro país. No de otra manera se puede visualizar lo acaecido en estos últimos cinco lustros, condensados con tanta propiedad por el periodista Mauricio Gómez en el documental “Colombia vive Veinticinco años de resistencia” recuperado de los archivos del antiguo noticiero 24 Horas y difundido por Caracol S.A. y Publicaciones Semana.
El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008[35]sobre libertad de expresión ha precisado que no es este un derecho absoluto, sino sujeto, como cualquier otro derecho, a limitaciones y restricciones. Al tenor del informe : “El artículo 13 de la Convención Americana dispone expresamente –en sus incisos 2, 4 y 5- que puede estar sujeta a ciertas limitaciones, y establece el marco general de las condiciones que dichas limitaciones deben cumplir para ser legítimas. La regla general se encuentra establecida en el inciso 2, en virtud del cual: “El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: (a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o (b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”(Negrillas fuera de texto).
Para la Corte Constitucional:“El interés superior del niño se caracteriza por ser: (1) real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del menor y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor. Este principio reconoce los derechos prevalentes de los menores, y exige un trato equivalente a esa prelación, en cuya virtud se los proteja de manera especial, se los defienda ante abusos y se les garantice el desarrollo normal y sano en los aspectos físico, psicológico, intelectual y moral, no menos que la correcta evolución de su personalidad”[37].
En consecuencia, en casos en los que potencialmente esté de por medio la preservación de los derechos de menores de edad, en particular ante transmisiones de imágenes o noticias a través de los medios de comunicación que pueden ser perjudiciales para su bienestar y desarrollo integral, los jueces han de prestar especial atención a su protección, y a la armonización concreta de los derechos enfrentados, sobre la base de la prevalencia de los derechos de los niños – que detentan, por mandato expreso del artículo 44 de la Constitución, una primacía ab initio sobre la libertad de expresión[39].
La divulgación del reportaje con datos desuetos de la vida privada de la accionante, y especialmente las modalidades visuales- imagen y voz empleadas en este caso, vulneraron y afectaron, sin duda, la intimidad personal y familiar de los hijos menores de edad de la señora Maria.
“LA PSICOLOGA GENNY LILIANA PATIÑO GARZON IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 36.303.643 EXPEDIDA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO HUILA
Los menores XY Y XXX de 15 y 13 años de edad respectivamente, hijos de la señora MARIA Y EL SEÑOR XX, residentes del municipio de Campoalegre, departamento de Huila, fueron llevados a valoración psicológica encontrando a los menores altamente afectados por la situación particular por la cual atraviesa su madre y toda su familia. Los menores han sido sometidos a raíz del video presentado en el canal CARACOL la segunda semana de enero del año en curso en el documental COLOMBIA VIVE, a prejuicios, juzgamientos y señalamientos sociales afectando de manera directa su moral, su interacción social, y estabilidad emocional distorsionando por ende su desarrollo psicosocial.
Bogotá, D. C, tres (3) de abril de dos mil nueve (2009)”.
Por todo lo expuesto, la Corte revocará las sentencias de instancia para dar paso a la protección solicitada por la señora MARIA, en punto a sus derechos a la propia imagen, a la intimidad y a los derechos de los niños. Para ello, ordenará a Caracol y Semana que se aseguren de cubrir la imagen y distorsionar la voz de la accionante en las emisiones que se hagan del documento COLOMBIA VIVE, donde la accionante aparece de frente a las cámaras dando una entrevista al reportero Carlos Betancourt.
Segundo: REVOCAR la sentencia de 23 de julio de 2008, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil – Familia.
Cuarto: ORDENAR a CARACOL TELEVISIÓN Y A LA REVISTA SEMANA que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, como medida preventiva para evitar futuras violaciones a los derechos tutelados en las nuevas emisiones del documental COLOMBIA VIVE, se aseguren de cubrir la imagen y distorsionar la voz de la accionante cuando esta aparezca frente a las cámaras concediendo una entrevista al reportero Carlos Betancourt.
[1] Cláusula tercera, letra j, del contrato firmado entre Mauricio Gómez Escobar y Caracol Televisión S.A. - Publicaciones Semana S.A.
[2] T-259 del 1 de junio de 1994, MP. Doctor José Gregorio Hernández entre muchos.
[3] T-1000 del 3 de agosto de 2000, MP. Vladimiro Naranjo Mesa, T- 249 de 2004, entre otras.
[4] T-080 de 6 de febrero de 2003, MP. Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, entre muchas.
[5] T-094 de 2 de febrero de 2000, MP. Doctor Álvaro Tafur Galvis.
[8] “Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen”, Editorial Revista de Derecho Privado, Editoriales de Derecho Reunidas, Valverde, 32, 1, Madrid. Página 27.
[9] Los rasgos de este derecho fundamental fueron desarrollados en la sentencia T-090 del 6 de marzo de 1996. M.P.. Eduardo Cifuentes Muñoz; y aplicado posteriormente en la T- 471 de 6 de julio de 1999, MP, José Gregorio Hernández. En la sentencia T- 090 de marzo 6 de 1996, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, la demandante acusó la utilización de las imágenes de su parto en programas diferentes al producido por la sociedad demandada. La difusión de la imagen se efectuó sin requerir el consentimiento de la actora y, aparentemente, desconociendo igualmente los derechos de aquélla, que tampoco había impartido su autorización. En la sentencia T-471 de 6 de julio de 1999, MP. Doctor José Gregorio Hernández, se decidió el caso referido a la imagen de una menor de edad que apareció impresa en las etiquetas y la propaganda de los productos de la empresa demandada, sin autorización manifiesta de aquélla ni de sus representantes legales. La ausencia de autorización se dedujo del hecho de que las fotografías a las que accedió eran apenas pruebas, y de ninguna manera tomas susceptibles de comercialización efectiva, se concedió la tutela solicitada y se ordenó que, salvo el consentimiento expreso de la menor de edad, a través de sus padres, las etiquetas y avisos en las que su imagen aparece salgan de circulación.
[10] Sentencia T-471 de 6 de julio de 1999, MP. Doctor José Gregorio Hernández, citando la sentencia T- 090 de marzo 6 de 1996, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[11] Sentencia T-471 de 6 de julio de 1999, MP. Doctor José Gregorio Hernández.
[13] T- 408 de 1998, MP. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz.
[14] M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[15] Corte Constitucional. Sentencia T-131 del 1 de abril de 1998. MP. Dr. Hernando Herrera Vergara.
[16] Cfr. Sentencias T-386 del 20 de mayo de 20002 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-471del 26 de octubre de 19994 M.P. Hernando Herrera Vergara
[17] Cfr. Sentencia T-080 del 26 de febrero de 1993. M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[18] Cfr. Sentencia T-036 del 25 de enero de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[19] Sobre este particular se pueden consultar las sentencias T- 369 del 3 de septiembre de 1993, MP. Dr. Antonio Barrera Carbonell; T-479 del 26 de octubre de 1993, MP. Doctor José Gregorio Hernández; T-404 del 23 de agosto de 1996, MP. Doctor Alejandro Martínez Caballero; T-074 del 23 de febrero de 1995, MP. Doctor José Gregorio Hernández; T-472 del 24 de septiembre de 1996, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-066 del 5 de marzo de 1998, MP. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; T-1202 del 14 de septiembre de 2000, MP. Vladimiro Naranjo Mesa; T-036 del 25 de enero de 2002, MP. Doctor Rodrigo Escobar Gil; T-1198 del 1 de diciembre de 2004, MP. Doctor Rodrigo Escobar Gil.
[20] T- 512 del 9 de septiembre de 1992, MP. Doctor José Gregorio Hernández.
[21] Sentencia SU 056 del 16 de febrero de 1995, MP. Doctor Antonio Barrera Carbonell.
[22] Claus Ahres, citado en protección constitucional de la intimidad, Manuel Medina Guerrero. Tirant monofragias. Valencia 2005.
[25] Sobre el concepto de datos sensibles como aquellas informaciones del fuero íntimo de las personas que de reservarlas no perjudican a nadie, pero de ser revelados podrían ocasionar un perjuicio, como por ejemplo, las preferencias sexuales, las enfermedades contagiosas, etc, ver “Conflictos entre Derechos Fundamentales” Tomas de Domingo, Madrid, 2001.
[27] Sobre los reportajes neutrales, “Derecho a la intimidad y medios de comunicación.” Antonio Fayos Gardó.Madrid 2000.
[30] Citado por Markesinis, The German Law of Torts, pag. 397
[31] Véase sobre esta decisión Alfred Hill “ Defamanation and Privacy under the first amendment, pag. 159
[32] “Si bien la Constitución de manera expresa no consagra un “derecho a la identidad”, éste puede deducirse de sus principios y de los restantes derechos reconocidos positivamente en su texto. El principio de la dignidad de la persona humana, no sería comprensible si el necesario proceso de socialización del individuo, se entendiera como una forma de masificación y homogeneización integral de su conducta, reductora de toda traza de originalidad y peculiaridad. Si la persona es en sí misma un fin, la búsqueda y el logro incesantes de su destino conforman su razón de ser y a ellas por fuerza acompaña, en cada instante, una inextirpable singularidad de la que se nutre el yo social, la cual expresa un interés y una necesidad radicales del sujeto, que no pueden quedar desprotegidas por el derecho a riesgo de convertirlo en cosa. El principio del pluralismo, sustento de la convivencia pacífica y factor normativo determinante de la riqueza espiritual, requiere que se respete la diversidad étnica y cultural de la nación y de sus miembros. Bajo el manto del ciudadano, se procura la igualdad política y la vigencia de la democracia, pero ésta no agota las posibilidades de la persona y por tanto sus derechos. Además de miembro de la comunidad, el individuo como persona tiene derecho a ser portador de una diferencia específica y a apoyarse en ella para proseguir su curso vital. Apagar, silenciar, desconocer y, en fin, hacer caso omiso, del verdadero ser social de la persona, equivale a negar el derecho a la diferencia y, por ende, soslayar el significado profundo del pluralismo.El reconocimiento de la personalidad jurídica, encuentra en el artículo 14 de la C.P., una especie de cláusula general de protección de todos los atributos y derechos que emanan directamente de la persona y sin los cuales ésta no podría jurídicamente estructurarse. Por consiguiente, salvo que en la propia constitución de manera expresa se defina y ampare un derecho indisolublemente vinculado con la personalidad jurídica, la anotada disposición constitucional le extiende protección a los intereses del sujeto cuyo desconocimiento degraden su dignidad. En este sentido, no podría hablarse de pleno reconocimiento de la personalidad jurídica, si la identificación de la persona se limitase a considerar su sexo, edad, estado o filiación, dejando de lado las vulneraciones y alteraciones deliberadas o culposas que injustamente afecten la identidad cultural derivada de los hechos y circunstancias claramente conocidos en el ambiente social en el que se desenvuelve la persona. El reconocimiento de la personalidad jurídica, carecería de sentido, sino aparejara también su ejercicio legítimo, máxime si se toma en consideración el aspecto dinámico consustancial al obrar como persona. La consecuencia de hacer uso de la personalidad jurídica, a través de múltiples actos en los que se patentiza la libertad del sujeto ( C.P. art., 16 ), trasciende en el plano individual y social mediante la adquisición y abandono de hábitos, connotaciones, atributos, virtudes y demás elementos que contribuyen a configurar la personalidad única e insustituible de que goza el individuo y que como tal es merecedora de respeto por los demás.El anterior aserto se refuerza aún más a la luz del artículo 16 de la C.P., en el que se consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En esta norma constitucional, la Corte ha visto plasmada la que se puede denominar “cláusula general de la libertad”. La pretensión de que se respete la identidad sociocultural del individuo - como ha sido definida en esta sentencia -, se fundamenta en el derecho de autodeterminación que la Constitución le reconoce y garantiza. Las opciones de libertad que el individuo escoge y a partir de las cuales construye su destino, le conceden a su ser un sello propio que no deja de incorporarse en su personalidad y que lo hace único e irrepetible”. T- 090 del 6 de marzo de 1996, MP. Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz
[33] T-090 del 6 de marzo de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[34] T-391 del 22 de mayo de 2007, MP. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
[35] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 2008, Relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino.
[36] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-17 del 28 de agosto de 2002. Condición jurídica y derechos humanos del niño. Párr. 137.
[39] T-391 del 22 de mayo de 2007, MP. Doctor Manuel José Cepeda Espinosa