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Timestamp: 2020-07-10 06:36:23
Document Index: 161073413

Matched Legal Cases: ['Artículo 215', 'artículo 215', 'artículo 212', 'artículo 213', 'Artículo 53', 'Artículo 4', 'artículo 93', 'artículo 43']

DERECHOS LABORALES CON O SIN PANDEMIA
|22 de Junio de 2020
Tratando de contribuir para que los trabajadores y el pueblo en general nos concienticemos frente al momento que estamos enfrentando, me permito compartir algunos apuntes y aportes del taller realizado el día 21 de junio de 2020, por el Centro de Estudios Laborales, Económicos y Sociales “CELES”, expresando nuestros agradecimientos al Doctor Rafael Cervantes de Asolabores y a todos los trabajadores y trabajadoras participantes.
La Constitución Nacional se promulga en nombre les pueblo, no de los empresarios capitalistas, no de las multinacionales, no de la oligarquía y sus partidos políticos y sus gobiernos, la constitución es para el pueblo y reconoce los derechos para todas las personas.
La superioridad de la Constitución política es irrefutable y Colombia es un Estado fundado en los trabajadores y el trabajo es un derecho fundamental que goza de protección en todas sus modalidades y es una obligación social del Estado, por eso es ilegal e inconstitucional todo lo que están haciendo contra los derechos de los trabajadores con el pretexto de la pandemia.
De Acuerdo con la Constitución Nacional, los Decretos, Resoluciones y Circulares impuestos en momentos de la emergencia Sanitaria, Social y Ecológica no puede afectar los Derechos de los Trabajadores
El Artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, ordena que el Gobierno no puede desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos que emita en la emergencia económica, social, ecológica y de calamidad publica que ha declarado para controlar el crecimiento de la curva de contagio del COVID-19
Es cierto que la Constitución Nacional de Colombia en su artículo 215 otorga facultades al gobierno nacional para que cuando sobrevengan hechos diferentes al Estado de Guerra Exterior previsto en el artículo 212 y en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía previsto en el artículo 213 puede declarar el Estado de Conmoción Interior, el mismo articulo 215 de la Constitución no le permite al Gobierno desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos que ha emitido dentro de la emergencia económica, social, ecológica y de calamidad publica que ha declarado desde el por efectos del Covid-19.
Los únicos que tienen fuerza de ley son los decretos, precisando nuevamente que no pueden desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, son transitorios y no pueden afectar derechos constitucionales de la población.
En éste caso de la pandemia generada por el COVID-19, los decretos no están por encima de los derechos constitucionales, las resoluciones no están por encima de la ley y la Constitución Nacional y las circulares ni tienen fuerza de ley, ni pueden afectar o reglamentar lo establecido en la Constitución y la ley.
De acuerdo con la Constitución y la ley, existen derechos fundamentales, inalienables e irrenunciables, por esa razón, en el peor de los casos cuando trabajadores amenazados por las empresas ante la pérdida del trabajo o el cierre de las factorías, han acordado y firmado acuerdos con las empresas para someterse a suspender los contratos de trabajo, pagar en diferido la prima de junio, aceptar licencias no remuneradas, vacaciones anticipadas, reducir el salario, cambiar la jornada de trabajo para implantar el trabajo por horas con las consecuencias legales que tiene, trabajar desde la casa, no entrega de la dotación, pago 3% pensiones, despidos, entre otros, es ilegal e inconstitucional, no se deje engañar por el patrón y si ya fue víctima del tumbe puede resarcir sus derechos.
Recuerde que los términos establecidos por ley son invariables, por esa razón, por ejemplo, es ilegal e inconstitucional que las empresas paguen la prima de junio por cuotas y no el 30 de junio de cada año que es la fecha establecida por ley, los empresarios están obligados a mantener reservas presupuestadas para los pasivos laborales, pero están aprovechando el momento de la pandemia para que todo salga del salario de los trabajadores y no acuden a prestar a los bancos, ni incurren en asumir el pago de intereses, para responderle a los trabajadores por sus derechos que sumado a lo anterior terminan, pagan al trabajador por fuera de los términos legales, sin intereses, por cuotas y con un efecto devaluación, es decir del mismo cuero salen las correas.
Las Convenciones Colectivas son de titularidad de los sindicatos como personas jurídicas, y no de las personas naturales en este caso hablando individualmente del trabajador, ese derecho es colectivo, es un contrato colectivo y no individual, que crea los derechos que pasan a ser parte del contrato de trabajo de cada trabajador, sometiendo al patrono a respetarle a cada trabajador lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo, aclarando que no es el trabajador el que puede modificar lo acordado en la Convención Colectiva de Trabajo y tampoco puede la empresa de forma unilateral desconocer lo acordado en la Convención Colectiva de Trabajo que es ley para las partes que la firmaron.
Otro aspecto a tener presente, es que las empresas están aprovechando la declaratoria de la emergencia económica, social, ecológica y de calamidad publica pandemia para usar otras normas para aplicar sus arbitrariedades para eliminar derechos de los trabajadores, pero eso es ilegal e inconstitucional, además de ser un abuso del derecho y una conducta antisocial. La pandemia no puede ser usada como pretexto para violentar los procedimientos establecidos.
La pandemia está siendo aprovechada por patronos y su gobierno como oportunidad para justificar robarle a los trabajadores sus derechos e imponer las reformas laboral, pensional, a la salud, tributaria, a la educación, a la justicia, entre otras, que ya habían anunciado y que fue el origen de las protestas que se iniciaron desde noviembre del año 2019.
También es claro y definitivo que los trabajadores nos organicemos y presionemos con la protesta para evitar que nos roben los Derechos, la huelga, el paro, la movilización, la denuncia son herramientas válidas y efectivas para parar ésta avanzada de los empresarios que están apoyados por su gobierno neoliberal.
En éste momento los trabajadores debemos luchar para hacer realidad el mandato del Artículo 53 de la Constitución Nacional que ordena al Congreso de la República expedir el estatuto democrático del trabajo para que sean respetados los “principios mínimos fundamentales de igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.” Y debe garantizarse el mínimo vital como derecho fundamental y tiene que ser respetado a toda persona.
El Artículo 4 de la Constitución ordena que: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.” Y protege los Derechos de los trabajadores y sus familias.
Según el artículo 93 de la Constitución Nacional los tratados internacionales son normas supranacionales de obligativo cumplimento para el Estado y los particulares como lo son en este caso los empresarios.
La Constitución Nacional otorgar el principio de irrenunciabilidad e inalienable de los derechos y deben prevalecer en favor del trabajador.
El artículo 43. clausulas ineficaces del Código Sustantivo del Trabajo ordena que no produce ningún efecto las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con lo que establezcan la legislación del trabajo, las convenciones colectivas de trabajo y las que sean ilícitas o ilegales por cualquier aspecto y otorga el derecho al trabajador para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones legales por el tiempo que haya durado el servicio hasta que esa ineficacia se haya reconocido o declarado judicialmente.
No sea ingenuo, no entregue sus derechos, no produce efecto alguno las decisiones que afecten lo ordenado por el articulo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, que define el carácter de orden publico e irrenunciabilidad a los aspectos legales que regulan el trabajo humano y define que los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables.
Por siglos, las generaciones de trabajadores hemos producido todos los días inmensa riqueza para los propietarios de las empresas y por esa razón según el articulo 28 del Código Sustantivo del Trabajo, ordena que. “El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas.”, por esa razón son los propietarios de las empresas los que deben asumir el impacto de la pandemia, además son ellos quienes están recibiendo billones de pesos en beneficios del Estado y no esculpa de los trabajadores y por ley y la Constitución Nacional no estamos obligados a asumir el efecto de la pandemia.
La epidemia no es un caso fortuito o de fuerza mayor, desde el año pasado se sabía, lo anunció la Organización Mundial de la Salud, pero como la salud y la vida de las personas no es el interés del gobierno y los empresarios, sino el negocio y no le prestaron atención y son los únicos responsables.
Los Jueces o Funcionario Públicos que fallen dándole la razón a los empresarios incumpliendo el mandato de las normas incurre en prevaricato y nos da posibilidad de responsabilizarlos penalmente.
Cada arbitrariedad cometida contra un trabajador debe ser una acción, despertemos la solidaridad a gran escala, no seamos indiferentes con los abusos que cometen los patronos contra nuestros hermanos trabajadores, tenemos la misma condición de explotados, albergamos los mismos sueños de vivir dignamente con nuestras familias, enfrentamos las mismas necesidades que no permiten resolverse con salarios de hambre y las malas condiciones de trabajo, la precarización, el hambre, la pobreza y el desempleo.
La pandemia es real, debemos asumir todas las medidas preventivas, empezando por exigir a las empresas pleno cumplimiento del protocolo de bioseguridad y son responsables de la salud y la vida de los trabajadores y consumidores, pero hay que superar el miedo que han logrado instaurar en los trabajadores, hay que exigir nuestros derechos y hacerlos respetar, activar las acciones legales, organizar los procesos de litigio estratégico en la jurisdicción universal, obligar al Estado a proteger los derechos de los trabajadores, presionar a los magistrados y jueces para que protejan los derechos de los trabajadores, porque no podemos permitir que el Estado, los Magistrados y jueces actúen solo para proteger a los empresarios porque estos hacen el lobby y usan todos los mecanismos de presión a su alcance y desde la fabrica y el barrio, organizarnos para construir alternativas de resistencia para hacerle frente a las lesivas medidas que está imponiendo el gobierno a favor de las corporaciones multinacionales, los monopolios nacionales y el sector financiero e impedir las reformas que están imponiendo con la estrategia de terror en que han convertido la pandemia.
Secretario General y Responsable Político