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Timestamp: 2019-09-23 19:49:53
Document Index: 366158088

Matched Legal Cases: ['artículo 412', 'artículo 443', 'artículo 295', 'artículo 295', 'artículo 295', 'in fine', 'artículo 18', 'artículo 97']

¿Es necesaria la petición expresa de la parte interesada para que un Tribunal acuerde la actualización de las pensiones alimenticias de los hijos mayores de edad o compensatorias? - El Derecho
Foro 01-03-2014 Coordinador: Prieto Fernández-Layos
En Derecho de Familia, las materias sobre las que las partes pueden disponer libremente, según la legislación civil aplicable, deben someterse como norma general a los principios de justicia rogada y de congruencia de la resolución, recogidos en los arts. 216 y 218.1 LEC (EDL 2000/77463), respectivamente.
Pues bien, en los temas referidos especialmente a las pensiones alimenticias de los hijos mayores de edad y compensatorias, subordinados a la regla de libre disposición, existen especialmente dos corrientes doctrinales contrapuestas en orden a la determinación de los límites que deben enmarcar dicha regla, en especial en lo concerniente a la cuestión de la actualización de tales pensiones, dependiendo de si se solicita expresamente la misma o no en los escritos rectores del procedimiento correspondiente.
Así, mientras que unos profesionales mantienen la tesis de que la actualización de esas pensiones debe pedirse concretamente por la parte interesada para que la resolución judicial pueda concederla en su caso, otros son de la opinión que no es necesaria dicha solicitud expresa para que el Tribunal la acuerde, amparándose aquéllos en los principios antedichos de justicia rogada y de congruencia de la sentencia, y éstos en el dictado de los arts. 93, 146 y 147 CC (EDL 1889/1), para las pensiones alimenticias de los hijos mayores de edad, y del último párrafo del art. 97 del mismo texto legal, para las pensiones compensatorias.
Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho de Familia", el 1 de marzo de 2014.
Parece incuestionable que es al dictado de la sentencia definitiva cuando el ...
Parece incuestionable que es al dictado de la sentencia definitiva cuando el juzgador podrá pronunciarse acerca de todas aquellas medidas que, a pesar de no haberse interesado por las partes, sean de derecho necesario, de “ius cogens”, ya que en los procesos matrimoniales en que existan menores se produce un debilitamiento del principio dispositivo y de congruencia.
Así, en la Sentencia de AP Murcia de 7 de octubre de 2003 (EDJ 2003/160430), en relación con la guarda y custodia de las hijas menores se dice que “...sostiene la apelante que se le ha causado indefensión al quebrantarse normas y garantías procesales, en concreto el artículo 412 de la LEC (prohibición de cambio de demanda) y el artículo 443 sobre el desarrollo del juicio verbal, todo ello porque el marido en su demanda inicial interesó que se atribuyera a la madre la guarda y custodia de las hijas menores, y lo varió en el juicio, sin que ella se enterase, pues no se había personado en tal causa, y al estar conforme con la pretensión en los términos que se le había hecho saber al trasladarle copia de la demanda. Por ello pide la declaración de nulidad de todo lo actuado hasta el momento anterior a la contestación a la demanda”, resolviendo a continuación la sentencia que “tiene razón el apelado cuando expone que nos encontramos en un proceso especial, de los denominados no dispositivos, en el que la conformidad de las partes sobre los hechos no vincula al tribunal (art. 752.2) y la existencia de menores de edad justifica la actuación de oficio del tribunal y que las medidas a adoptar respecto a los mismos sean independientes de lo que las partes hayan pedido, como también resulta de lo establecido en el art. 92 del Código Civil y en la LO 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, de 15 de enero...”, de manera que “la incomparecencia de la madre al proceso, por su exclusiva voluntad, manteniéndose en situación de rebeldía, no podía impedir que el tribunal dictase las medidas que resultaran más convenientes a los intereses de los hijos menores, con independencia de que hubieran o no sido pedidas por las partes, de ahí que la atribución de la guarda y custodia de los hijos al padre no haya infringido norma procesal alguna, pues se adoptó por el juez después de practicar las pruebas que estimó oportunas...”, finalizando con que a “todo lo cual se une que el art. 752.1 de la LEC establece que «los procesos a que se refiere este Título se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieran sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento», lo que viene a reforzar que en esta clase de procesos no existe la rigidez de los ordinarios sobre la inmodificabilidad del objeto del proceso tras la demanda y contestación...”.
Se pronuncia en parecidos términos a las anteriores la Sentencia de AP Cáceres de 25 de octubre de 2004 (EDJ 2004/160408) al mantener que no produce indefensión la decisión judicial de aumentar la pensión alimenticia no solicitada, línea de actuación que sigue la establecida por la Sentencia del TS de 16 de julio de 2004 (EDJ 2004/82656) al admitir no ser incongruente “ultra petitum” la resolución por la que se concede un régimen de visitas no solicitado en forma expresa en la demanda, pues se ha de estar al principio general establecido en el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (EDL 1996/13744), que establece que en todo caso primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir (Sentencia de AP Jaén de 2 de septiembre de 2003, EDJ 2003/115410).
Incluso, cuando se trata de materia de derecho necesario, es más perfectamente admisible que, aunque no se establezca en sentencia sistema de actualización de la pensión alimenticia a favor de hijos menores, se aplique el índice revalorización anual en atención a que lo afectante a menores está sometido a criterios de orden público y no de derecho dispositivo, de modo que los tribunales pueden proceder a tales actualizaciones con miras a salvaguardar los intereses de los menores, precisamente porque Jueces y Tribunales han de tutelar esos intereses, incluso de oficio (art. 158 CC, EDL 1889/1) (Sentencia de AP Barcelona de 27 de enero de 2003, EDJ 2003/47214), pareciendo lo procedente hacerlo conforme al IPC.
Así, en Sentencia de AP Alicante de 15 de septiembre de 2005 (EDJ 2005/207872) se recoge que: “…la solución adoptada por el juzgador a quo, a saber, revalorización periódica de la pensión de alimentos conforme a las variaciones del IPC, al margen de aparecer como eficaz a los fines que persiguen los criterios de actualización de prestaciones, otorga un elemento de seguridad en su determinación a efectos de ejecución por la posibilidad de conocimiento directo, y aplicación directo y/o automática, de la repercusión de índices objeto de publicación por organismos oficiales de imposible instrumentalización por las partes, sin que, en su caso, en el acogimiento del citado índice de actualización contravenga criterios de justicia por cuanto la variación sustancial de los ingresos del alimentante y/o necesidades de la alimentista, en su puesta en relación, pueden determinar, de constituir variaciones sustanciales de las circunstancias tomadas en consideración con ocasión de la adopción de la citada prestación, y a través del correspondiente proceso, elemento hábil a los fines de modificación de la misma”.
Esa confluencia de factores de libre disposición con otros especialmente marcados por normas de orden público, cuando de hijos mayores de edad se trate, la duda de si es procedente o no que el tribunal al dictado de la sentencia definitiva pueda pronunciarse fijando alimentos en su favor a pesar de no haber sido peticionados expresamente por el progenitor con el que convivan o vayan a convivir en el futuro, problema que se suscita en razón al hecho de que en el art. 93 CC se regulan dos situaciones diferentes: por un lado, la de la prestación de alimentos en favor de los hijos menores de edad (párrafo 1º), y de otro la de los hijos mayores de edad o emancipados (párrafo 2º), sin que abriguen dudas en el primero de los casos acerca de la entrada en juego del principio de oficialidad (arts. 751, 752 y 774.2 LEC, EDL 2000/77463), tal y como resolviera la Sentencia del TC de 10 de diciembre de 1984 (EDJ 1984/120), pero no sucede lo propio cuando de hijos mayores de edad se trata.
Doctrinalmente el tema no es pacífico, ya que la precitada norma sustantiva del art. 93.2 CC fue modificada por Ley 11/1990, de 15 de octubre, de no discriminación por razón de sexo (EDL 1990/14773), viniendo a permitir que los derechos alimenticios de mayores de edad o emancipados, personas, por tanto, con plena capacidad jurídica (arts. 314 y 322 CC), puedan ser discutidos, bajo el cumplimiento de determinadas premisas, en el curso de un procedimiento matrimonial, sin necesidad de que aquéllos a título individual tengan que acudir a procedimiento independiente en reclamación de alimentos en base al art. 143 CC.
Encuentra antecedentes legislativos la norma en el Derecho Comparado en los ordenamientos jurídicos francés e italiano.
En el primero de ellos, tanto en el caso de nulidad (art. 202), como en caso de separación (art. 304) o de divorcio los hijos mayores de edad que se encuentren imposibilitados para subvenir a sus propias necesidades porque no encuentren trabajo, o necesiten continuar sus estudios, o están enfermos o imposibilitados para hacer frente a sus propias necesidades por cualquier otra razón, tienen derecho a ser atendidos por sus padres como si de menores se tratara. Dice la sentencia de Cass. 2 civil de 22 de octubre de 1980 que “el tribunal de apelación ha violado el artículo 295 del Código Civil al decidir que una mujer divorciada no podía pretender obtener de su ex marido una pensión para el primogénito de los hijos comunes del matrimonio, que seguía sus estudios en el extranjero, limitándose el tribunal a enunciar que el hijo era mayor de edad y no vivía en casa de su madre, sin averiguar que la mujer asumía la carga de su hijo”. Por su parte, la sentencia de la Cour D´Appel de Reims, de 10 de noviembre de 1977 dispuso que: “Los primeros jueces, quienes, para inadmitir la demanda de la madre encaminada a obtener un aumento de la pensión alimenticia debida por su marido para sus hijos mayores de edad, han estimado que si el artículo 295 del Código Civil se aplica también a los hijos mayores que no pueden subvenir a sus necesidades es por la condición suplementaria de que esta imposibilidad encuentra su causa en su estado de salud, lo que no sucedía en el caso; han así añadido una condición que no figura en el artículo 295 precitado: En efecto, desde el momento en que los hijos mayores no pueden subvenir a sus necesidades, cualquiera que sea la causa de esta deficiencia, el progenitor que asume la guarda está capacitado para dirigir contra su cónyuge una demanda de contribución al cuidado y educación de dichos hijos”.
Por su parte, en Italia el art. 6 de la Ley de Divorcio de 1 de diciembre de 1970 expresamente dispone que “el tribunal que pronuncie la disolución o cesación de los efectos civiles del matrimonio dispone a cuál de los cónyuges son confiados los hijos y adopta toda otra providencia relativa a la prole con exclusiva referencia al interés moral y material de ella (...) En particular, el tribunal establece la medida y el modo con que el cónyuge al que no le son confiados los hijos debe contribuir al mantenimiento, a la instrucción y a la educación de los mismos ”, y aunque la norma no alude expresamente ni a la minoría ni a la mayoría de los hijos, es dominante la doctrina que considera que la obligación de mantenimiento, instrucción y educación de los hijos, estimada la crisis matrimonial, puede prolongarse más allá del cumplimiento de la mayoría de edad por parte del hijo mientras tenga que recibir un grado de instrucción y alcanzar una capacidad de trabajo adecuada a las posibilidades de su familia.
Ello, en absoluto, significa, según opinión mayoritaria, que de oficio el tribunal deba tomar decisiones que no le han sido peticionadas por las partes interesadas en los escritos rectores del procedimiento en atención al principio de rogación de instancia, dado que, como señalara la Sentencia de AP Madrid de 22 de octubre de 1992, el órgano jurisdiccional no puede convertirse en defensor de quien puede hacerlo por sí mismo, requiriendo, a diferencia de los hijos menores, tanto concreta petición al respecto de uno de los progenitores, facultado de una u otra forma por el descendiente, como cumplida acreditación de que el hijo convive con el progenitor que reclama para él la prestación alimenticia, careciendo de autonomía económica; mantener lo contrario sería infringir el principio de congruencia a que se refiere el art. 218 LEC, pese a lo cual, algunas voces se alzan contrarias a dichas conclusiones defendiendo la tesis de que el art. 93.2 CC, tras su reforma en el año 1990, es norma de “ius cogens” al recoger expresiones tales como “en todo caso” y “fijará” y, consiguientemente con ello, de obligado cumplimiento judicial, lo que impondría la necesidad de que el juez se pronuncie expresamente sobre alimentos de los hijos mayores de edad o emancipados, pese a no haberse peticionado por los cónyuges litigantes.
Quienes participan de esta tesis afirman que el art. 93 debe ser entendido de manera acorde al art. 24 CE (EDL 1978/3879), considerando que no quiere decir que el juzgador disponga sin debate sobre la contribución de los padres a los alimentos de los hijos, sino que “en todo caso”, esto es, cualquiera que fuera el tipo de crisis matrimonial enjuiciada y el cariz, contencioso o no, de la actitud de los cónyuges, el juez, por imperativo legal deberá plantear en el procedimiento el debate sobre las prestaciones alimenticias, debidas en virtud de la obligación de mantenimiento de los hijos sometidos a la patria potestad ex art. 154.1 o de la obligación legal de alimentos entre parientes ex art. 143, indicando como después de la reforma del art. 93.2, ya no se puede decir que los alimentos, que como pretensión accesoria son objeto de los procesos matrimoniales, son los de los hijos menores, sino los de los hijos menores y los de los hijos mayores de edad o emancipados que convivan en el domicilio familiar y se vean necesitados de alimentos, produciéndose, se dice, por imperativo legal, una acumulación a las pretensiones principales de estas pretensiones accesorias que deben ser resueltas por el juez en la misma sentencia.
Se añade, a mayor abundamiento, que entender que la ausencia de pedimentos sobre alimentos de los hijos puede impedir al juzgador pronunciarse sobre ellos, iría en contra del principio del favor filii, pues sería notoriamente perjudical para los hijos, que de momento quedarían sin recursos para atender a necesidades elementales, a la espera de la iniciación de un pleito de alimentos en que el que los hijos mayores por sí mismos pudieran demandarlos, siendo ello contrario al principio de economía procesal, al provocar la necesidad de un nuevo proceso perfectamente evitable, por lo que considera que la intención del legislador fue con la reforma del año 1990 la de que la atención económica de los hijos quede resuelta en los procesos matrimoniales al mismo tiempo que la pretensión principal.
La cuestión es de meridiana claridad, habida cuenta que existe una diferenciación sustancial entre alimentos en favor de menores de edad y los que puedan concederse a mayores. Así, en tanto para los primeros, según reiterada y pacífica doctrina jurisprudencial, su cuantificación no queda regulada por las normas contenidas en los arts. 142 y ss CC, siendo facultad que compete discrecional y exclusivamente a Jueces y Tribunales, hasta el punto de que, como se ha dicho, no incurriría en incongruencia resolución que cuantificara los alimentos de los hijos menores en suma superior a la interesada por el progenitor custodio, no puede extraporlarse dicho enunciado al caso de hijos mayores de edad, puesto que en tales casos la concesión de alimentos queda marcada en su debate por las reglas contenidas en el art. 146 CC, es decir, por los principios de proporcionalidad del caudal o medios de quien los da (alimentante) y necesidades de quien los recibe (alimentista), extremos ambos que inexorablemente deben ser introducidos en la litis en forma contradictoria por las partes litigantes, no siendo factible, por tanto, que el tribunal tome una decisión que no le ha sido interesada bajo ningún concepto por las partes con el conveniente por preceptivo asesoramiento técnico, pudiendo obedecer bien a la ausencia de necesidad del hijo mayor, a pesar de convivir con uno de los progenitores, bien a que pretende acudir en su reclamación al juicio verbal de alimentos, extremos que el tribunal unipersonal o colegiado en segunda instancia no pueden presumir y que, consecuentemente con ello, se constituye en óbice de su inclusión en el fallo judicial. Por ello, cabe concluir, como afirma la Sentencia de AP Almería de 24 de febrero de 2003, si en el proceso matrimonial no se peticiona pensión de alimentos en favor de hijo mayor de edad, debe entenderse que, por consecuencia del carácter rogado de dicha petición, el tribunal no debe pronunciarse al respecto, conclusión que cabe hacerla extensiva, del mismo modo, a la pensión compensatoria, como en reiteradas ocasiones se ha venido pronunciando el TS.
Así las cosas, quedando clara las anteriores consideraciones, la pregunta que se formula debe ser contestada en términos negativos, pues es diferente que no se peticionen expresamente alimentos en favor de hijos mayores de edad y/o pensión compensatoria, que sí se haga, pero que por las razones que no vienen al caso, posiblemente olvido, no se exprese que las cuantías respectivas, alimenticia y compensatoria, se actualicen, pues dicha concreta cuestión cuando de hijos mayores se trata cabe afrontarla desde la misma óptica de actuación que la pensión compensatoria, al ser materias sobre las que no rige el principio de derecho necesario. Por ello, es perfectamente predicable la conclusión anteriormente expuesta, ya que, aunque no se interese expresamente en el escrito de demanda (principal o reconvencional) es lo cierto que nos encontramos ante una deuda caracterizada como “deuda de valor” que, como tal, admite medidas de protección frente a las alteraciones monetarias, siempre que no conste efectuada renuncia por la/los beneficiario/a/s al mantenimiento del poder adquisitivo asociado a la/s pensión/es reconocida/s; deuda de valor en la que no rige el principio nominalista del dinero.
Así pues, la propia naturaleza de la prestación reconocida, y aun no expresamente solicitada, habilita al órgano judicial a los fines de fijación de criterios de actualización asociados a la naturaleza de la deuda reconocida (Sentencia de AP Alicante de 12 de enero de 2006, EDJ 2006/270245). La actualización se presenta como inherente a la petición de pensión, aunque tal actualización no se solicite expresamente. Sistema de actualización anual que, por algún autor, se afirma debe practicarse al 1 de enero de cada año; criterio que no comparto, pues, dejando al margen que la resolución judicial se pronuncie al respecto, lo suyo será entender que ese incremento interanual de la pensión opere en la forma fijada por el art. 5 CC, es decir, de fecha a fecha, siendo contrario a toda lógica mantener la tesis contraria cuando, por ejemplo, la resolución judicial en que se fija la pensión de alimentos o compensatoria es de fecha noviembre pretendiendo que prácticamente al mes o dos meses siguientes se proceda a su actualización, siendo lo correcto que esa actualización se realice al mes de noviembre de la siguiente anualidad, una vez transcurridos doce meses.
En sentido favorable a los argumentos expuestos se muestra la Sentencia de AP Cáceres de 30 de enero de 2003 y el Auto de AP Valencia de 6 de noviembre de 2000, disponiendo en éste que “fácilmente procede solucionar en sentido estimatorio al recurrente con la consiguiente revocación del pronunciamiento segundo de la resolución recurrida, y ello por cuanto del tenor literal del art. 97 del CC in fine, que luego se reproduce en el art. 100 del mismo cuerpo legal, resulta imperativo para el Juez que establece la pensión, fijar las bases para su actualización, de modo que lo que en su día pudo ser objeto de una mera aclaración de sentencia, se torna hoy motivo de estimación del recurso deducido”.
Mi respuesta es afirmativa. Tanto las pensiones alimenticias pa...
Mi respuesta es afirmativa. Tanto las pensiones alimenticias para los hijos mayores de edad como la pensión compensatoria son medidas sujetas al principio dispositivo y por tanto deben ser solicitadas para poder ser acordadas por el juez. Del mismo modo que deben ser solicitadas estas medidas deben ser reclamadas sus actualizaciones para que puedan ser fijadas. El Auto de AP Bilbao de 21 de marzo de 2007 (EDJ 2007/39385), señala que “estamos en presencia de una pensión de alimentos a favor de los hijos matrimoniales menores de edad, cuestión de orden público en el que no rige el principio de justicia rogada pudiendo el juez acodar todas aquellas medidas conducentes a proteger el interés de los hijos y entre ellas, lógicamente, la adecuación de la pensión alimenticia al IPC, tal como venía acordado en la sentencia”. Sensu contrario, tratándose de alimentos para hijos mayores de edad o de pensiones compensatorias, sujetos al principio dispositivo y no al de justicia rogada, solo en el caso de que sea solicitada su actualización podrá ser acordada por el juez.
Entiendo que cosa distinta de lo que disponen los arts. 146 y 147 CC (EDL 1889/1) en cuanto a la acomodación de los alimentos a las necesidades de quien los recibe y al caudal de quien los da, lo que permitirá revisar al pensión alimenticia en cualquier momento si así se pide en el correspondiente procedimiento, es que el juez deba fijar unas cláusulas o factores de actualización de la pensión alimenticia para los hijos mayores de edad si ello no es solicitado. Como medida que afecta a personas mayores de edad el juez debe sujetarse a lo que se pida, son medidas de tipo dispositivo y por tanto absolutamente dependientes de su petición por la parte. Del mismo modo que el juez no daría mayor pensión alimenticia de la solicitada por mucho que la pensión solicitada no alcanzara los parámetros fijados en los arts. 146 CC, esto es proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, tampoco podrá acordar su actualización si así no se pide. Estando sujeta al principio dispositivo su no petición debe ser entendida como una renuncia a su establecimiento.
En cuanto a la pensión compensatoria es cierto que el art. 97 CC establece en su párrafo último que en la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad, pero ello debe supeditarse a la petición de la parte, del mismo modo que el juez no va a fijar la pensión compensatoria regulada en este precepto si la misma no es solicitada por el cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico. Son medidas las dos, la pensión y su actualización, sujetas al principio de rogación, y por tanto precisan su petición para poder ser acordadas. Rige el principio de la autonomía de la voluntad en su reclamación, de modo que puede renunciarse, por consiguiente no reclamado el establecimiento de cláusulas de actualización no podrán ser fijadas.
No comparto el argumento de que las actualizaciones deben ser fijadas de oficio, aunque no se soliciten, por aplicación de los arts. 93, 146 y 147 CC para las pensiones alimenticias, y si el argumento expuesto en el Auto del TS de 16 de julio de 2002. Una cosa es “la elevación o reducción de la cantidad fijada como pensión en los supuestos a los que se refiere el art. 147 CC y otra es la actualización de la misma (que puede consistir en una disminución en los supuestos de deflación) para adecuar el importe de lo fijado en la sentencia al poder adquisitivo de la moneda, de modo que el alimentista acreedor reciba mediante las prestaciones sucesivas una suma dineraria con el valor real que tenía la cantidad en la fecha en que fue establecida (STS 11-10-82; EDJ 1982/11496), que es lo que correctamente ha establecido la sentencia recurrida pues la prestación de alimentos tiene las notas propias de una deuda de valor, que como tal autoriza las medidas de protección frente a las alteraciones monetarias, ya que en la deuda alimenticia no debe regir el principio nominalista del dinero” (STS 9-10-81, EDJ 1981/1633).
En base a ello, debo decir que una cosa es que el alimentista pueda pedir un aumento de la pensión alimenticia porque se hayan incrementado sus necesidades o haya incrementado la fortuna de quien debe satisfacerlos, o a la inversa, que el obligado pueda pedir una reducción de la pensión alimenticia por haber disminuido las necesidades alimenticias o haberse reducido su capacidad económica, que podrá instarse en cualquier momento, y otra que el juez deba fijar en su resolución unas cláusulas de actualización de la pensión alimenticia sin que se haya solicitado. El acreedor de la pensión alimenticia mayor de edad puede renunciar tanto a todo o parte de la pensión, como a su actualización. Si no se solicitara ninguna cláusula de actualización el juez en ningún caso podrá establecerla.
Dispone el art. 93 CC (EDL 1889/1) que u0022el juez, en todo caso, determinar...
Dispone el art. 93 CC (EDL 1889/1) que u0022el juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momentou0022.
Dispone el art. 103 del mismo texto legal, en su número tercero, que u0022admitida la demanda, el juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de estos, las medidas siguientes: (…) fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio (…) establecer las bases para la actualización de cantidades...u0022.
Entiendo que los arts. 146 y 147 del citado cuerpo legal nada tienen que ver con los criterios de actualización de la pensión de alimentos, una vez ya fijada la cuantía en la oportuna resolución, sentencia que pone fin al proceso principal o el auto que se dicta en fase de medidas provisionales previas o coetáneas, sino que dichos preceptos establecen criterios en orden a la determinación de la cuantía base -art. 146 o para modificar, a la alza o a la baja, dicho importe en el oportuno procedimiento de modificación de efectos -art. 147-.
Dicho lo anterior, entiendo que si bien es cierto que la sentencia puede omitir el concreto sistema de actualización anual de la pensión alimenticia, allí señalada a favor de los hijos del matrimonio, ellos no ha de conducir a una aplicación rigurosa, y meramente formalista, de lo prevenido en el art. 18. 2 LOPJ (EDL 1985/8754) y, si bien es cierto que ello no ofrece duda respecto de los hijos menores, a tenor del párrafo 2º del art. 93 CC, la misma cobertura legal se aplica para los hijos mayores de edad, siempre y cuando se cumpla el doble presupuesto, a la sazón, la convivencia con el progenitor que debe administrar los alimentos, y la carencia de ingresos propios, bien interpretado este último requisito en el sentido de hallarse dichos hijos mayores en período de formación escolar, académica o profesional, en circunstancias acordes de aprovechamiento adecuado para la edad con la que cuentan, aun siendo ya mayores, pero sin recurso alguno a excepción de la ayuda económica que recibe de sus progenitores.
Por tanto, de oficio, y a falta de pacto expreso en relación a los hijos mayores sobre no actualización de la pensión de alimentos, por medio de acuerdo o convenio judicialmente aprobado al respecto en el curso del procedimiento matrimonial, y aun aceptando que es aconsejable interesar en el escrito rector, demanda, contestación o reconvención, la actualización de las pensiones de alimentos, conforme al criterio que corresponda, aplicación del IPC, variación de ingresos del obligado a la prestación, etc., es lo cierto que el juez en la sentencia, o en el auto de medidas provisionales previas o coetáneas, deberá señalar y establecer el criterio de actualización correspondiente, que generalmente es la variación del IPC, y, a mayor abundamiento, aclarando que la actualización, por norma general, siempre será al alza.
Sabido es que en muchas ocasiones en fase de ejecución de sentencia se plantean reclamaciones por atrasos de la deuda por pensión de alimentos, establecida en una resolución que no señaló de modo expreso el criterio de actualización oportuno, y la respuesta judicial debe ser favorable a dicha actualización, de modo que si se acepta la actualización, aún omitida tal solicitud en el escrito rector, igualmente se acepta dicha actualización en fase de ejecución de sentencia, no obstante dicha omisión en la resolución que se ejecuta, puesto que la previsión actualizadora evita el mantenimiento inalterado de las prestaciones fijadas, en cuanto de otro modo se vulnerarían las claras prescripciones legales mencionadas, concebidas para la protección del sujeto infantil, que de tal modo vería como, con el paso del tiempo, las cantidades, originariamente fijadas para atender sus necesidades, quedarían desfasados por el progresivo incremento del coste de la vida, deviniendo insuficientes en orden al fin perseguido, contrariando el sentido y el espíritu de los preceptos referidos reguladores de la materia.
Por ello, si aceptamos la posibilidad de la actualización en fase de ejecución de la resolución judicial, no obstante la omisión al respecto en la misma sobre el criterio de actualización, igualmente cabe aceptar como conclusión ineludible establecer en la resolución que ponga fin al procedimiento, principal o de medidas provisionales, el criterio de actualización de las pensiones, a la sazón, el IPC que publique el instituto nacional de estadística, no obstante la falta de petición expresa por la parte interesada en el escrito rector del procedimiento, argumento que se sostiene no solamente para los hijos menores, sino también para los hijos mayores acogidos a los presupuestos definidos en el art. 93 CC.
En lo que se refiere a la pensión compensatoria, conviene recordar que el art. 97 CC establece en su párrafo final que u0022en la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividadu0022.
No puede olvidarse que estas prestaciones económicas constituyen una deuda de valor, que como tal se hacen susceptibles en su efectividad de mecanismos de actualización, a fin de adecuar el importe de lo señalado en la sentencia al poder adquisitivo de la moneda, de tal modo que el acreedor reciba mediante las prestaciones sucesivas una suma dineraria con el valor real que tenía la cantidad en la fecha en que fue establecida, de modo que no puede abocarse la pensión por desequilibrio a un absoluto estancamiento, no obstante el devenir del tiempo, con la lógica y consiguiente evolución al alza del coste de la vida, en cuanto ello frustraría la finalidad para la que aquélla ha sido constituida, sin olvidar que tal pensión compensatoria tiene también un componente claramente alimenticio.
En consecuencia, y por cuanto que tal cuestión es de justicia rogada, cierto es que cabe admitir el pacto o el acuerdo expreso sobre no actualización, de manera que a falta de acuerdo expreso al respecto, y no obstante la omisión en el escrito rector del procedimiento sobre solicitud de actualización de la pensión compensatoria, también entiendo que la resolución que ponga fin al procedimiento principal, por cuanto que no cabe reconocer la pensión compensatoria en fase de medidas provisionales, debe señalar el criterio de actualización correspondiente, a la sazón, el IPC.
En mi opinión, no es necesaria la expresa petición de parte para que el jue...
En mi opinión, no es necesaria la expresa petición de parte para que el juez fije cláusula de actualización de la pensión compensatoria o de la pensión alimenticia de los hijos mayores de edad. Aun afectando tales pretensiones a materias de naturaleza dispositiva, la simple petición de parte, en los escritos rectores del proceso (demanda principal o reconvencional), de que se establezca una pensión compensatoria, temporal o indefinida, o una pensión alimenticia para hijos mayores de edad, basta para que el juez deba fijar en la sentencia la forma en que se actualizarán tales pensiones, aunque no exista petición expresa de la parte en tal sentido.
Para llegar a dicha conclusión debe partirse de lo establecido en los arts. 90, párrafo 1º, apartado D) CC (EDL 1889/1) que dispone, en relación con la pensión alimenticia, que en el convenio debe contener, entre otros extremos:
“La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías, en su caso.”
Igualmente, en relación con la pensión alimenticia, el art. 146 CC establece que “La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”, y el art. 147 del mismo cuerpo legal dispone que “Los alimentos, en los acasos a que se refiere el artículo anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o reducción que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos”.
Por su parte, el art. 97 CC, en su último párrafo, establece, refiriéndose a la pensión compensatoria, que «En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías, en su caso.»
Pues bien, dado el carácter imperativo con que están redactadas las normas citadas, no puede sino concluirse que el CC establece la necesidad de incluir en el convenio regulador, o establecer en la sentencia, una cláusula de estabilización o revalorización de la pensión compensatoria o de la pensión alimenticia, incluida la referida a los hijos mayores, y ello con independencia de que la parte pida el establecimiento de la pensión pero no solicite al tiempo la fijación de cláusula de actualización.
Entiendo que, salvo renuncia expresa o tácita de la parte solicitante a la actualización de dichas pensiones, la petición de pensión compensatoria o alimenticia lleva implícita la solicitud de que se fijen las bases de su actualización porque la propia ley configura, con carácter imperativo, tales pensiones como deudas de valor y no como deudas de suma o deudas nominales al imponer su revisión obligatoria, de tal modo que fijar la cláusula de estabilización o revalorización de tales pensiones forma parte de la obligación del juez de juzgar, de su “officium iudicis”.
En efecto, siendo la pensión compensatoria o la alimenticia deudas de valor y no deudas de suma, y caracterizándose la evolución de las economías de los países del mundo occidental, en las últimas décadas, por la permanente presencia del fenómeno inflacionista, que determina constantes aumentos del coste de la vida con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo del dinero, es lógico que el legislador haya dispuesto la obligatoria inclusión en el convenio o la sentencia de cláusulas de estabilización o revalorización, con el fin de que se mantenga constante el poder adquisitivo de dichas pensiones y el mero paso del tiempo no comporte una desvalorización de la pensión o pérdida de valor real de las mismas. Mediante la actualización se revisa periódicamente la pensión con objeto de que el valor nominal de la misma se adecue en cada momento al valor real de la pensión inicialmente fijada, manteniendo constante el poder adquisitivo de ésta última.
En consecuencia, siendo imperativa la fijación de la cláusula de actualización en la sentencia, el juez debe establecerla de oficio, aunque no se pida en los escritos rectores del proceso, porque la cláusula de revalorización forma parte sustantiva de la obligación misma, a salvo los supuestos de renuncia expresa o tácita a la revisión, que debe constar de forma inequívoca.
En el caso de los alimentos, la cláusula de revalorización actúa como elemento que permite, siempre que no haya alteración sustancial de circunstancias, mantener de manera automática la proporcionalidad entre los recursos del alimentante y las necesidades del alimentista evitando la afectación del criterio de proporcionalidad que se produciría si se produjeren incrementos de los ingresos laborales del obligado como consecuencia de la inflación y se mantuviere invariable la cuantía de la pensión. Y, en el caso de la pensión compensatoria, la cláusula de actualización permite el ajuste automático necesario para que el desequilibrio económico entre obligado al pago de la pensión y beneficiario se mantenga, durante la vigencia de la pensión, en el “quantum” existente al tiempo de su reconocimiento.
Así pues, los principios de rogación y congruencia no impiden al juez el establecimiento en sentencia de cláusula de actualización de la pensión compensatoria o alimenticia de hijos mayores de edad, aunque no medie expresa petición de parte en tal sentido, pues, salvo renuncia expresa o tácita a la actualización, la petición de una de aquellas pensiones lleva implícita la de su actualización al formar parte legalmente del contenido de la obligación de pago de dichas pensiones la de su revalorización periódica.
Las pensiones de alimentos de los hijos mayores de edad, que...
Las pensiones de alimentos de los hijos mayores de edad, que conviven con uno de los progenitores sin tener ingresos propios que les permitan una independencia económica, supuesto contenido en el art. 93 párrafo 2º CC (EDL 1889/1), y las pensiones compensatorias del desequilibrio económico, reguladas en el art. 97 y ss CC, constituyen pretensiones de carácter dispositivo, debiendo someterse a los principios de la justicia rogada y, en consecuencia, ser solicitadas bien sea en la demanda rectora del proceso matrimonial de separación, divorcio o nulidad o, en su caso, en demanda reconvencional.
La deducción de tales pretensiones en la fase expositiva de tales procedimientos normalmente va acompañada de la petición de actualización de las cantidades que puedan reconocerse en la sentencia que ponga fin al litigio, a tenor de las variaciones del índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística u órgano que le sustituya.
En el supuesto de no solicitarse tal actualización, cabe concederla en la sentencia que se dicte si se trata de pensión compensatoria por desequilibrio económico, pues el último párrafo del art. 97 CC determina que en la resolución judicial se fijarán las bases para la actualización de tal pensión y las garantías para su efectividad. La expresión contenida en el precepto de fijar las bases de actualización tiene carácter imperativo, según el contexto literal del mismo.
Si de pensión de alimentos de mayor de edad se trata, carente de independencia económica y conviviente con uno de los progenitores, nada se explicita en el art. 93, párrafo 2º CC, sobre la actualización de la pensión que puedan concederse, como tampoco lo hacen los arts. 142 y ss CC, salvo la indicación del art. 147 que determina que los alimentos, en los casos del artículo anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.
La no solicitud de las actualizaciones de tales pensiones de alimentos no impide que se determine en la sentencia tal actualización, pues se trata de materia consustancial a la naturaleza de las pensiones alimenticias.
El derecho catalán, y en concreto el Código Civil de Cataluña (EDL 2010/149454), en su art. 237-9.1 establece que las partes de mutuo acuerdo o la autoridad judicial pueden establecer las bases de la actualización de las pensiones de alimentos, es decir, que permite se produzcan las actualizaciones a instancia de las partes o incluso de oficio por el órgano judicial.
La conclusión a la que entiendo que ha de arribarse es la de permitir que en las sentencias de los procesos matrimoniales se pueda establecer, sin necesidad de expresa solicitud, las actualizaciones de las pensiones de alimentos de los hijos mayores de edad y de las pensiones compensatorias por desequilibrio económico. Las primeras por ser consustancial a la naturaleza de dicha prestación la actualización de su importe y porque no deben tener peor tratamiento o condición que las segundas, respecto a las cuales el párrafo último del art. 97 CC determina en forma imperativa la procedencia de las actualizaciones.
Cierto es que el art. 93 CC (EDL 1889/1) señala literalmente que “El j...
Cierto es que el art. 93 CC (EDL 1889/1) señala literalmente que “El juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento”. Mientras tanto, en el párrafo final del art. 97 CC señala que “En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad”. Es decir, que de la dicción literal de estos preceptos y del contenido de los arts. 146 y 147 CC podría dar a entenderse que el juez podría actuar de oficio en estos casos si se detectara la exigencia de la actualización de las pensiones alimenticias de los hijos mayores o compensatorias. Sin embargo, en la práctica resulta difícil una actuación ex oficio del órgano judicial si no va precedida a instancia de parte. Cuestión distinta es que el Ministerio Fiscal que debe velar por el interés de los menores pudiera interesar, no en condición de “parte interesada”, pero sí de “parte necesaria” en el procedimiento judicial postule esta actualización en el procedimiento que corresponda porque hubiera llegado a su conocimiento una de las circunstancias que dan lugar a la actualización de las pensiones, por ejemplo por aumentar las necesidades de la persona que tiene derecho a recibirlas, o incrementarse las posibilidades económicas del obligado a prestar los alimentos. Noticia que puede haber llegado a la propia fiscalía, incluso, por los afectados.
No obstante lo cual, lo habitual es que la parte interesada con su propia dirección técnica sea la que postula ante el juez la modificación de las medidas al postular la actualización por concurrir alguna de las circunstancias que permiten modificar las pensiones. Y así podemos comprobarlo en el dictado del art. 775.1 LEC (EDL 2000/77463) que señala que: “1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del tribunal la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas”.
Por ello, debemos entender que técnicamente no es preciso que la “parte interesada” sea la que inste la modificación de las medidas adoptadas en cuanto a las pensiones, pero la praxis evidencia que, si se desea que se actúe de oficio por la vía del art. 775.1 LEC, la fiscalía debe tener algún tipo de información del o los afectados ,y en cualquier caso, el juez no podría actuar de oficio si no existe una petición de la fiscalía en estos extremos, o bien es la parte interesada la que por medio del procedimiento antes expuesto postula la tramitación de la modificación en la cuantía de las pensiones.
Aunque la pensión compensatoria y la pensión alimenticia de los hijos mayor...
Aunque la pensión compensatoria y la pensión alimenticia de los hijos mayores de edad tienen carácter dispositivo pues de no solicitarse en la demanda principal o en la reconvención, su fijación en sentencia incurriría en el vicio de incongruencia, una vez que se ha solicitado, aunque no se hubiese peticionado también su actualización, entendemos que el tribunal, si finalmente se inclina por fijarla, puede establecer las bases para su actualización sin incurrir en el defecto indicado.
La razón fundamental de ello es que estamos ante deudas de valor que perderían su finalidad con el transcurso del tiempo y la lógica depreciación de la moneda. La ratio legis tanto del art. 97 como del art. 147 CC (EDL 1889/1) no se cumpliría de no actualizarse el quantum de la pensión en armonía con la variación del coste de la vida y, es más, en el primer de estos preceptos el legislador de forma imperativa indica que u0022En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensiónu0022 sin que en ningún momento lo condiciones a la previa petición de parte.
La AP Alicante, Sec. 4ª, en su Sentencia de 12 de enero de 2006 (EDJ 2006/270245) resolvió la cuestión que comentamos en sentido afirmativo: u0022Distinta es la situación en relación a la pretensión afecta a la supresión de la previsión de actualización de la referida pensión de conformidad con las variaciones del IPC, por cuanto, aún no pedida de forma expresa en la demanda, debe recordarse que nos hallamos ante una deuda caracterizada como u0022deuda de valoru0022 (con las implicaciones que de ello se derivan) que, como tal admite medidas de protección frente a las alteraciones monetarias sin que conste efectuada renuncia, por la parte demandante, al mantenimiento del poder adquisitivo asociado a la pensión reconocida; deuda de valor en la que no rige el principio nominalista del dinero, y que trasciende en la regulación de diferentes preceptos incidentes en situaciones de derecho matrimonial. Así pues, la propia naturaleza de la prestación reconocida, y aún no expresamente solicitada, habilitaba al Juzgador a quo a los fines de fijación de criterios de actualización asociados a la naturaleza de la u0022deudau0022 reconocida. Procede, en este particular, la desestimación del recurso deducido por la parte demandada/apelanteu0022.
Antes de la entrada en vigor del Código Civil de Cataluña (EDL 2010/149454), el TSJ Cataluña analizó la cuestión que estamos comentando, y comparando la legislación estatal (art. 97 CC) con la autonómica (art. 84.4 del Código de Familia; EDL 1998/45031), llegó a la conclusión que la redacción del precepto nacional permitía la inclusión de la actualización aunque no hubiese sido solicitada por la parte interesada, a diferencia de lo que sucedía con la legislación catalana: u0022El art. 84.4 del Codi de Família de Catalunya establece de manera clara que: «A petició de part, la sentència pot establir les mesures pertinents per a garantir el pagament de la pensió i pot fixar el criteris objectius i automàtics d’actualització dinerària». Es evidente, en consecuencia, que el legislador catalán, a diferencia del común (vid. art. 97 del Código civil: «En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad»), ha querido someter, también, al principio de rogación la adopción por el Juez de las medidas tendentes a equilibrar y garantizar la pensión compensatoriau0022.
También sirve para apoyar la tesis que sostenemos que, en los casos en que la sentencia o el convenio regulador no hubieran incluido la cláusula de actualización, el criterio mayoritario entre los juzgados y tribunales se inclina por aplicar el IPC en fase de ejecución de sentencia. En este sentido se pronunció la AP Almería, Sec. 3ª, en su Auto de 2 de octubre de 2008 (EDJ 2008/273355):
u0022La mayoría de las Audiencias Provinciales vienen sosteniendo la procedencia de la actualización de la pensión compensatoria cuando en la sentencia de separación o divorcio se ha omitido la referencia a ello, por cuanto tal omisión no debe conducir a una aplicación rigurosa y meramente formalista del artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, justificándose la actualización anual conforme al IPC en razones de orden público derivadas de la prevalencia de los intereses en juego, dado que en otro caso las cantidades quedarían desfasadas por el paso de tiempo, contrariando el espíritu de los preceptos reguladores de la materia y, más concretamente, cuando de pensiones compensatorias se trata, el artículo 97 del CC regulador de la citada prestación, claramente establece en su último apartado, que en la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad, y por tanto como señala la SAP de Asturias de 8 de abril de 2002 (Sección 4ª ) y en igual sentido la de la Sección 22 de la AP de Madrid de fecha 30 de noviembre de 2001, y los Autos de la AP León de 29-5-2006, Madrid de 18-12-2006 y Cádiz de 18-12-2007, no habría inconveniente en estos casos de omisión de actualización de la pensión compensatoria que ello se lleve a cabo en fase de ejecución de sentencia, sin necesidad de obligar a las partes a acudir a un procedimiento de modificación de medidas por alteración de circunstanciasu0022.
En los mismos términos se pronunció AP Madrid, Sec. 22ª, en su Auto de 21 de diciembre de 2010 (EDJ 2010/331586): u0022La pensión es una deuda de valor y por lo tanto pese a no estar prevista procede la actualización pues su inamovilidad supondría una paulatina pérdida de poder adquisitivo con evidente perjuicio para la hijau0022.
La cuestión se plantea una vez tenida en cuenta la dimensión de estos dos a...
La cuestión se plantea una vez tenida en cuenta la dimensión de estos dos aspectos en el marco del Derecho de Familia, por completo ajena a cuestiones de guarda y custodia y su correlativo del uso de la vivienda conyugal, régimen de visitas y alimentos de los menores de edad. Es decir, mientras estas cuestiones se enmarcan rigurosamente en el marco del orden público, en el que al Juez civil se le exigen actuaciones de oficio y consideraciones de realidades que hayan tenido entrada en el procedimiento con independencia del momento (art. 752 LEC, EDL 2000/77463), en aquéllas deberá decidir exclusivamente en función de lo estrictamente pedido y probado por las partes.
Posiblemente, sea la redacción del art. 93, en relación con los arts. 146 y 147 CC (EDL 1889/1), en cuanto a alimentos de los mayores de edad, y el art. 97 del mismo texto en relación con la pensión compensatoria, lo que plantea la duda, pues la formulación contiene expresiones preceptivas que parecen inclinar la cuestión hacia el orden público, como “fijará los alimentos”; “será proporcionada”;”se reducirán o aumentarán”; o “se fijarán las bases”.
Si bien es verdad que las dimensiones de los derechos de los alimentos de los mayores y de la pensión compensatoria de los cónyuges son exactamente idénticas en cuanto a su disponibilidad, yo siempre he tenido la tentación de diferenciar la pensión compensatoria de los alimentos de descendientes mayores, configurándola como una cuestión que está a disposición de aquel de los cónyuges que considere que se le produce un desequilibrio con la separación o el divorcio, motivo por el cual puede reclamar determinada cuantía para evitar tenga lugar dicho desequilibrio, pero puede también renunciar al ejercicio de ese derecho que tiene reconocido. La diferencia que establezco en cuanto a los alimentos para hijos mayores de edad no tiene estricto apoyo científico, es decir base jurídica que se asiente en algún precepto, si bien creo que es un reflejo de la Sentencia de la Sala 1ª del TS de 24 de abril de 2000 (EDJ 2000/5839), que estableció la legitimación exclusiva de los cónyuges incluso para ejercitar las “acciones accesorias relativas a los llamados “efectos civiles”, entre las cuales se encuentra la petición de alimentos para los hijos mayores por el progenitor con quien éstos conviven frente al otro en quien no se da esa situación de convivencia” (empleando palabras de dicha resolución).
Ahora bien, una vez dicho lo anterior, creo que, si no es posible tal diferenciación, como parece no serlo, entiendo que tanto la pensión compensatoria como los alimentos de los hijos mayores de edad con convivencia con uno de los dos cónyuges exigen petición expresa para su actualización. Sucede que no soy capaz de dar una explicación concreta que sea distinta al hecho de que se trata de una materia disponible y en la que el principio de orden público nada tiene que decir.
Hay que partir de la norma general establecida por el art. 216 LEC (EDL 2000/...
Hay que partir de la norma general establecida por el art. 216 LEC (EDL 2000/77463), que recoge el principio de justicia rogada, que informa nuestro proceso civil. En virtud de este principio, la resolución judicial debe atenerse a las pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el pleito y, aunque deja constancia de las posibles excepciones.
El tenor literal de la excepción exige que “la ley disponga otra cosa en casos especiales”. Tratándose de una excepción ha de tener una interpretación restrictiva, y cualquier duda debe resolverse a favor de la norma general.
Corrobora esta conclusión el contenido del art. 218.1 LEC que exige que las sentencias sean “congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito”.
Es cierto que en los derechos de la persona y de la familia hay cuestiones que son de ius cogens y que aun cuando no se hayan solicitado concretamente por ninguna de las partes, el Juez puede y debe pronunciarse sobre ellas.
La determinación de las cuestiones que el juez puede y debe acordar de oficio no sólo son discutidas, sino que evolucionan con los cambios sociales que deben hacerse presentes en toda normativa de conformidad con el art. 3 CC (EDL 1889/1).
Bajo el paraguas del principio del interés del menor, tanto las leyes nacionales e internacionales como la Jurisprudencia y la doctrina, se cobija la posibilidad de acordar medidas no solicitadas por las partes o peticiones distintas de formuladas por ellas, aunque incluso la indisponibilidad del objeto ha venido sufriendo cambios de importancia desde las Leyes de 1981 reconocieron la legalidad y eficacia de los pactos de los progenitores en materia de custodia, visitas y alimentos de los menores e incapacitados, aunque estuvieran sujetas a la posible rectificación judicial en aplicación del mencionado principio protector. Hasta tal punto viene sufriendo cambios la disponibilidad de las materias relacionados con los menores, que en la reforma del art. 92.4 CC, operada por la Ley 15/2005 (EDL 2005/83414), se permite que “Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges”. Por lo tanto, no solamente el Juez de oficio puede resolver nada menos que sobre el ejercicio de la patria potestad, sino que los padres pueden acordar válida y eficazmente sobre este ejercicio.
Pero evidentemente toda esta normativa excepcional, se refiere a los menores e incapacitados y no a los mayores de edad. Aunque el art. 93 CC, titulado Contribución de los progenitores a las cargas y referido a los alimentos de los hijos y a su efectividad y acomodación a las circunstancias económicas y necesidades de los mismos, en su párrafo 1 sólo hace mención de los “hijos” sin calificarlos, en el apartado 2, distingue claramente aquellos en que el titular de los derechos es mayor de edad, supuesto en que remite a las normas generales de los arts. 142 y ss CC. Por cierto, que en esta normativa de los alimentos entre parientes en general, no se contiene expresión alguna sobre actualización, aunque sí sobre acomodación a medios y necesidades (arts. 146 y 147 CC), con posterioridad a la fijación, que es algo bien distinto.
Es más, el art. 158 CC, que autoriza al Juez, incluso de oficio, a determinar las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, aunque también cita a éste sin adjetivar su condición de menor o mayor, deja claro cuál es su voluntad, ya que rotula el precepto como “Garantía de alimentos y de otras necesidades del menor”.
Hay que tener en cuenta que la adopción de medidas provisionales (arts. 771 y 773 LEC) ha de acordarse previa solicitud de cualquiera de los cónyuges, al igual que las definitivas (art. 774 LEC) y las de modificación de medidas por cambio de circunstancias, que en el supuesto de mayoría de edad de los hijos, ha de ser solicitada por los progenitores, de conformidad con el art. 775 LEC.
En ninguno de estos preceptos se contiene disposición especial alguna, que constituya una excepción del principio general de justicia rogada. Es cierto que el art. 103 CC faculta al Juez para entre otras cosas “3ª Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas si procede las «litis expensas», establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro”, entre cuyas cargas sin duda se encuentran los alimentos de los mayores de edad y en el que se mencionan expresamente las bases para la actualización, pero en lugar alguno se expresa que pueda hacerse o no de oficio. De cualquier forma, no parece posible que las “garantías, depósitos, retenciones y otras medidas cautelares”, se puedan acordar sin petición de parte y en la práctica procesal así viene ocurriendo.
Creemos que la excepcionalidad de acordar la actualización de la cuantía de la pensión alimenticia de los hijos mayores sin petición de parte, no está justificada y hay que permanecer en el principio general.
En cuanto a la pensión compensatoria, es cierto que en el último párrafo del art. 97 CC se consigna que “en la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad”, en cuya redacción se utiliza el imperativo “se fijarán”, que literalmente parece prescindir de la exigencia de que exista petición de parte. Además de la práctica judicial en materia de garantías, concepto unido a la actualización por conjunción copulativa y por tanto, merecedor de idéntica consideración, que excluye la posibilidad de acordarla de oficio, la Jurisprudencia del TS es pacífica al considerar que la pensión compensatoria y, por tanto, su cuantía, temporalización, actualización, garantías de su pago y cualquier otra característica de la misma, se encuentran bajo los principios de rogación y congruencia. (Entre otras muchas, véanse las Sentencias del TS de 2 de diciembre de 1987, EDJ 1987/8926; y de 28 de abril de 2005, EDJ 2005/62562).
En consecuencia, mi conclusión es que la actualización de la pensión alimenticia de los hijos mayores de edad o del cónyuge en los supuestos de separación conyugal y de la pensión compensatoria, así como la forma y tiempo de hacerlo, deben ser objeto de petición expresa de parte, en cumplimiento de los principios de rogación y congruencia.