Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0396_ES.html
Timestamp: 2019-08-26 04:50:11
Document Index: 260832522

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 6', 'artículo 225', 'artículo 81']

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la resolución acelerada de litigios mercantiles
ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:RECOMENDACIONES DE MEDIDAS PARA INTRODUCIR Y APOYAR UN PROCEDIMIENTO CIVIL EUROPEO ACELERADO
– Vistos el artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»),
– Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Interiores de la Unión titulado «Building competence in commercial law in the Member States» (Creación de competencias en materia de Derecho mercantil en los Estados miembros),
– Visto el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE de 2018,
– Visto el documento de la Red Europea de Formación Judicial de 2016 (REFJ) titulado «Principios de la formación judicial(1),
– Visto el acervo de la Unión sobre cooperación en el ámbito de la justicia civil,
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0396/2018),
A. Considerando que el derecho a una audiencia equitativa y pública, consagrado en el artículo 47 de la Carta y en el artículo 6 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, es una de las garantías fundamentales del Estado de Derecho y la democracia y es una parte intrínseca de los procesos civiles en su conjunto;
B. Considerando que el establecimiento de un procedimiento civil europeo acelerado puede contribuir a la modernización de los procesos nacionales, a garantizar la igualdad de condiciones de competencia para las empresas y a un mayor crecimiento económico mediante sistemas judiciales eficaces y eficientes, facilitando al mismo tiempo el acceso a la justicia en la Unión y contribuyendo a garantizar las libertades fundamentales de la Unión;
C. Considerando que el cuadro de indicadores de la justicia de 2018 demostró que la disponibilidad de la asistencia jurídica y el nivel de las costas de los tribunales tienen un impacto clave en el acceso a la justicia, en particular para los ciudadanos en situación de pobreza;
D. Considerando que la cooperación judicial se ha reforzado, apoyado y fomentado con varios actos procedimentales del Derecho derivado de la Unión, entre ellos el Reglamento relativo al proceso de escasa cuantía, la Directiva sobre asistencia jurídica gratuita, el Reglamento relativo a la obtención de pruebas y el Reglamento sobre notificación y traslado de documentos;
E. Considerando que los objetivos de la cooperación judicial entre los Estados miembros son, entre otros, asegurar el pleno respeto del Derecho a una solución efectiva y a un juicio justo en los asuntos transfronterizos, para garantizar unos procedimientos judiciales efectivos y regulares también en esas situaciones, y establecer una confianza mutua en los sistemas judiciales, lo que constituye la base para un mayor reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en toda la Unión;
F. Considerando que muchas cuestiones relacionadas con el Derecho procesal en el ámbito de la justicia civil están reguladas a escala nacional, por lo que el Derecho procesal en ese ámbito difiere de un Estado miembro a otro, que está en consonancia con el principio de subsidiariedad y proporcionalidad; y que un procedimiento acelerado podría conducir a la necesaria equiparación de los regímenes procesales de la Unión;
G. Considerando que es necesario intensificar la cooperación reforzada entre las autoridades de los Estados miembros y los sistemas judiciales a escala de la Unión con el fin de eliminar los obstáculos que puedan surgir de las incompatibilidades entre los distintos sistemas judiciales y administrativos;
H. Considerando que el Reglamento «Bruselas I» establece normas básicas sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de ámbito transfronterizo en la Unión; y que la versión modificada, que se aplica desde 2015 (Bruselas I bis), introdujo una serie de ajustes clave para la resolución de los litigios transfronterizos de la UE, ahorrando tiempo y dinero a las empresas y particulares;
I. Considerando que el Reglamento Roma I establece las normas sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales civiles y comerciales;
J. Considerando que las normas procedimentales deberían garantizar tanto la protección de los derechos de las partes y la rápida resolución de los litigios;
K. Considerando que, en términos generales, la resolución de las cuestiones mercantiles en los tribunales de los Estados miembros es lenta y no cumple las expectativas de las partes implicadas en los litigios mercantiles, hecho que se ha acentuado con la introducción del proceso europeo de escasa cuantía, que, por el contrario, permite una resolución considerablemente más rápida de los litigios en materia de consumo; y que el uso adecuado de las tecnologías de la información y la información en los tribunales contribuye a acelerar los procedimientos y a reducir costes;
L. Considerando que la lenta resolución de los litigios mercantiles en la Unión podría llevar a las partes comerciales a buscar una vía alternativa para la resolución de litigios o bien la resolución de litigios en terceros países y optar por la aplicación del Derecho nacional de un Estado no perteneciente a la Unión a los contratos;
M. Considerando que el alto nivel de calidad de la resolución de litigios mercantiles está condicionado al elevado nivel de las competencias y experiencia que posean en la materia los jueces y abogados y los profesionales del Derecho;
N. Considerando que, si se dispone de un procedimiento acelerado, rápido y rentable, apoyado por jueces y abogados altamente experimentados y competentes en los Estados miembros, sería más probable la adopción de una decisión en relación con la elección del Derecho nacional de un Estado miembro y, en consecuencia, se incrementaría el nivel de las competencias en materia civil y mercantil en los Estados miembros;
O. Considerando que parece necesario encontrar una solución adecuada para los distintos regímenes lingüísticos, que podría consistir en formularios armonizados, disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión;
P. Considerando que unos tribunales y cámaras especializados en asuntos mercantiles garantizarán unas mejores competencias e independencia en esas cuestiones y, en consecuencia, atraerán esos asuntos hacia los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros;
1. Señala que la resolución de los asuntos mercantiles es mucho más lenta de lo que debiera, tomando de promedio entre tres y cuatro años, y que ello da lugar a pérdidas sustanciales para las empresas, y no solo en términos económicos, sino también por lo que respecta al tiempo, la energía y otros recursos que se podrían dedicar a otras cuestiones;
2. Hace hincapié en la necesidad de garantizar plenamente el derecho de las partes a una solución efectiva y a un juicio justo, tal y como estipula la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y garantizar una alta calidad en los procedimientos judiciales en materia comercial;
3. Destaca la satisfactoria aplicación del proceso europeo de escasa cuantía, que ha abierto una vía para resolver los litigios transfronterizos en materia de consumo y otros relativos a pequeñas cuantías en de la Unión de forma rápida y rentable, preservando al mismo tiempo los derechos de las partes;
4. Subraya que la confianza mutua es un concepto complejo y que muchos factores desempeñan un papel en la creación de dicha confianza, como la educación judicial y la mejora de las competencias, la cooperación judicial transfronteriza y el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre jueces;
5. Hace hincapié en que, por lo que respecta al derecho a un proceso equitativo y al acceso a la justicia, se deben mantener y ampliar las bases de datos y las redes de cooperación que refuerzan la cooperación judicial y el intercambio de información, incluida la Red Judicial Europea y el Portal Europeo de e-Justicia, que ha de convertirse en una ventanilla única en el ámbito de la justicia en la Unión;
6. Afirma que la adopción de un reglamento similar al relativo al proceso europeo de escasa cuantía, a saber, uno relativo al procedimiento civil europeo acelerado aplicable a los litigios mercantiles transfronterizos, sería la mejor manera de solucionar la cuestión de los largos plazos de espera para los litigios mercantiles en la Unión, lo que podría suponer un gran ahorro para las empresas europeas y la movilización de capital no utilizado;
7. Afirma que las partes comerciales estarán en mejores condiciones para costear su representación y prepararse para un juicio, lo que implica que estarán mejor preparadas para proteger sus derechos, lo que permitiría acelerar el procedimiento;
8. Observa que un procedimiento de ese tipo podría tomar como base los requisitos para una preparación exhaustiva de las partes antes de iniciarse el procedimiento, unos plazos estrictos, pocas posibilidades de añadir hechos o pruebas durante el proceso e imposibilidad de recurrir por separado las decisiones de procedimiento, desembocando todo ello en un procedimiento acelerado;
9. Opina que un sistema procesal estricto de ese tipo es compatible con la protección de los derechos de las partes a condición de que el procedimiento civil europeo acelerado sea voluntario y solo se aplique:
- si las partes han acordado utilizar el procedimiento después de surgir la controversia, o
- si el demandado acepta participar en el procedimiento después de que el demandante haya ejecutado una acción en el marco del procedimiento civil europeo acelerado, siempre y cuando el demandado disponga de tiempo suficiente para prepararse adecuadamente antes del inicio del procedimiento;
10. Considera que, en cualquier caso, el procedimiento civil europeo acelerado solo debería ser válido cuando las partes hayan sido debidamente informadas de antemano sobre las consecuencias del consentimiento de utilizar dicho procedimiento; considera que los costes del procedimiento civil europeo acelerado no deberían ser excesivos para las partes con el fin de garantizar el respeto al derecho de acceso a la justicia;
11. Hace hincapié en que, con frecuencia, las partes en un litigio solo alcanzan una solución amistosa cuando se exponen en su totalidad los hechos y las alegaciones, lo que significa que, en un sistema procesal que obligue a las partes a investigar los hechos y a exponer sus alegaciones antes de acudir a los tribunales, se solucionarían más litigios de forma amistosa en una fase más temprana;
12. Observa que el objetivo de prever una vía de resolución acelerada y más rentable de los litigios mercantiles en la Unión no puede lograrse simplemente introduciendo un sistema de procedimiento acelerado armonizado; estima por ello que, para que un sistema de ese tipo sea eficaz, sería necesario disponer de tribunales, jueces, abogados y profesionales del Derecho muy competentes y experimentados en Derecho mercantil y Derecho internacional privado;
13. Subraya que las disparidades actuales por lo que respecta a la elección del Derecho en materia de contratos mercantiles entre las distintas jurisdicciones europeas no es equitativo entre los Estados miembros;
14. Observa que la elección del Derecho aplicable suele basarse en consideraciones complejas, pero que la combinación de un Derecho y un órgano jurisdiccional extranjeros expone a menudo a las partes a riesgos económicos sustanciales, y que tales disposiciones son particularmente cuestionables si se acuerdan como parte de contratos estándar o en situaciones en las que las posibilidades que tiene una de las partes de influir en el acuerdo a ese respecto son nulas o escasas;
15. Entiende que las barreras lingüísticas pueden ser un obstáculo adicional y, por lo tanto, otra razón para elegir la aplicación de una legislación y no otra;
16. Destaca que la disponibilidad de formularios estándares uniformes, disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión, facilitaría el acceso al procedimiento civil europeo acelerado;
17. Propone que, para garantizar la uniformidad de los formularios estándares, se confieran poderes ejecutivos a la Comisión, ejercidos con arreglo al Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre Legislar Mejor;
18. Pide a la Comisión que evalúe la necesidad de revisar los Reglamentos Roma I, Roma II y Bruselas I bis para reforzar la finalidad y el objeto de los contratos y el Derecho elegido, garantizando, al mismo tiempo, la protección de las partes más débiles en las relaciones entre empresas y de los contratos, así como la autonomía de las partes en relación con la elección del Derecho;
19. Subraya que las medidas legislativas no bastan por sí solas para solucionar esas cuestiones, sino que también son necesarias medidas prácticas para incrementar el nivel de las competencias tanto de los órganos jurisdiccionales como de los abogados, como mayor formación en cuestiones mercantiles y mejor acceso a la legislación de la Unión y la legislación nacional de los Estados miembros, en particular la jurisprudencia;
20. Observa que los ámbitos del Derecho mercantil y del Derecho internacional privado están menos codificados que otros ámbitos legislativos, lo que implica que la investigación académica desempeña un papel más relevante, por lo que una de las medidas para reforzar las competencias en cuestiones mercantiles en los Estados miembros consiste en poner a disposición más recursos para la investigación en ese ámbito;
21. Acoge con satisfacción, por tanto, los nueve principios de la formación judicial que adoptó la REFJ en su asamblea general de 2016, pues proporcionan una base y un marco comunes para la judicatura y las instituciones de formación judicial europeas;
22. Destaca, asimismo, que la calidad del Derecho aplicable a las cuestiones mercantiles y su grado de adaptación a las prácticas y la evolución en el ámbito mercantil revisten gran importancia;
23. Solicita, en consecuencia, y de conformidad con el artículo 225 del TFUE, a la Comisión que presente, a más tardar el 1 de enero de 2020, sobre la base del artículo 81, apartado 2, del TFUE, una propuesta de acto legislativo relativo a un procedimiento civil europeo acelerado, así como, con arreglo a las recomendaciones que figuran en el anexo, tras la evaluación de la Comisión sobre la necesidad de una revisión de estas características, una posible propuesta de modificación de los Reglamentos Roma I, Roma II y Bruselas I bis;
24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que completen esas propuestas con otras medidas de apoyo destinadas a incrementar el nivel de las competencias en los Estados miembros en materia de Derecho mercantil y de Derecho internacional privado;
25. Confirma que las recomendaciones anejas a la presente propuesta de Resolución respetan los derechos fundamentales, el principio de la autonomía procesal nacional y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
26. Estima que cualesquiera implicaciones financieras de la propuesta, en particular los costes los procedimientos incoados en el marco del procedimiento civil europeo acelerado, quedarían compensados por un ahorro equivalente, habida cuenta de que es probable que el procedimiento civil europeo acelerado sea considerablemente más rentable que los procedimientos ordinarios de los Estados miembros, y de que los litigios en cuestión no estarían sujetos al sistema procesal general del Estado miembro de que se trate;
27. Subraya que el Derecho mercantil es solo uno de los ámbitos donde se necesitan nuevas intervenciones a escala de la Unión para garantizar un mayor acceso a la justicia, una mayor calidad de los procedimientos, unas garantías más sólidas para las partes y una resolución más rápida de los litigios;
28. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que la acompañan a la Comisión y al Consejo, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.
http://www.ejtn.eu/PageFiles/15756/Judicial%20Training%20Principles_ES.pdf
PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LAS PROPUESTAS SOLICITADAS
I. Procedimiento civil europeo acelerado
El objetivo principal de la propuesta es introducir un procedimiento civil europeo acelerado voluntario que proporcione a las empresas europeas la posibilidad de obtener la resolución de los litigios mercantiles de naturaleza estrictamente comercial de carácter transfronterizo en un plazo razonable.
Un procedimiento civil europeo acelerado podría basarse en los siguientes principios:
1. Deberá aplicarse a los litigios mercantiles transfronterizos a los que no se aplique el proceso europeo de escasa cuantía.
2. Deberá aplicarse si así lo acuerdan las partes después de que se produzca el litigio o si el demandante presenta una demanda con arreglo al procedimiento y el demandado lo acepta.
3. Deberá aplicarse únicamente cuando las partes hayan sido debidamente informadas de antemano sobre las consecuencias del consentimiento de utilizar dicho procedimiento;
4. Exigirá a las partes que preparen sus demandas minuciosamente antes de acudir a los tribunales; previendo, además, la posibilidad de presentar nuevos hechos o nuevas pruebas ante los tribunales;
5. No permitirá que se recurra por separado contra las resoluciones de procedimiento;
6. Podrá tratarse, en un principio, de un procedimiento escrito que permita celebrar vistas orales cuando al menos una de las partes así lo solicite;
7. Fijará, como punto de partida, unos plazos muy breves para el procedimiento, permitiendo al tribunal, de acuerdo con las partes, aplicar plazos más largos en asuntos más complejos;
8. Fomentará la resolución judicial y extrajudicial amistosa de litigios mercantiles transfronterizos, también mediante la mediación;
9. Fomentará el uso de las tecnologías modernas para las vistas orales, la obtención de pruebas y la notificación de documentos.
10. Limitará los costes del procedimiento para garantizar el respeto del derecho de acceso a la justicia;
11. Permitirá el reconocimiento y la ejecución de la sentencia firme al amparo del procedimiento de la manera más simple y fácil con arreglo al Derecho de la Unión.
II. Posibles modificaciones de los Reglamentos Roma I, Roma II y Bruselas I bis
La propuesta de procedimiento civil europeo acelerado podría reforzarse con una propuesta de modificación de los Reglamentos Roma I, Roma II y Bruselas I bis para establecer un nexo más fuerte entre el objetivo y la finalidad de los acuerdos y el Derecho elegido en la Unión, así como para brindar más autonomía a las partes de contratos puramente mercantiles, al tiempo que se vela por la protección de las partes más débiles en las relaciones de empresa a empresa.
Entre las modificaciones del Reglamento Roma I podrían incluirse las siguientes:
1. La toma en consideración de la consolidación del nexo entre el Derecho elegido y el contenido, la finalidad y el objetivo del contrato y de las partes;
2. La reconsideración de las normas aplicables a la validez de la elección del Derecho, lo que debe considerarse con arreglo a la legislación aplicable por defecto al contrato.
III. Otras medidas para incrementar el nivel de las competencias en cuestiones mercantiles en los Estados miembros
1. Estas propuestas se han de reforzar mediante las actuaciones de la Comisión y los Estados miembros para incrementar el nivel de las competencias en asuntos mercantiles, tales como:
a) la formación de jueces y abogados y profesionales del Derecho en cuestiones mercantiles;
b) el acceso simplificado y mejorado al Derecho nacional de los Estados miembros y al Derecho de la Unión, incluida la jurisprudencia;
c) una formación jurídica centrada en mayor medida en el Derecho mercantil y el Derecho internacional privado; and
d) recursos adicionales para la investigación académica en los ámbitos del Derecho mercantil y del Derecho internacional privado.
e) el dominio de una lengua extranjera y de su terminología jurídica.
2. Además, se solicita a los Estados miembros que velen por que los órganos jurisdiccionales que apliquen el procedimiento civil europeo acelerado posean competencias específicas en el ámbito del Derecho mercantil, por ejemplo estableciendo cámaras o tribunales de comercio o reforzando los existentes.
3. Por otra parte, se solicita a la Comisión que estudie más a fondo la posibilidad de crear un tribunal de comercio europeo para complementar los tribunales de los Estados miembros y poner a disposición de los litigantes un foro internacional adicional especializado en la resolución de los litigios mercantiles.
4. Como medida final, se solicita a los Estados miembros que estudien la posibilidad de revisar su Derecho aplicable a las cuestiones mercantiles en situaciones entre empresas, dado que uno de los factores más importantes a la hora de elegir el Derecho aplicable es la efectividad y la calidad del Derecho mercantil de un país.
En la Unión la resolución de litigios mercantiles es verdaderamente demasiado lenta. El Banco Mundial calcula que, en varios Estados miembros, la ejecución de un contrato mercantil puede llevar hasta tres y cuatro años. Muchas empresas están obligadas por ley a inscribir reservas en sus libros por los importes objeto de litigio, como es el caso, por ejemplo, de los bancos y las compañías de seguros. Sin embargo, esto no solo se aplica a las empresas que están obligadas por ley, sino que muchas otras también prevén reservas de ese tipo. A consecuencia de ello, en toda Europa hay grandes cantidades de capital inactivo.
En términos generales, los procedimientos civiles no están armonizados a escala europea, si bien se ha logrado cierta armonización gracias a varias medidas adoptadas en el marco de la cooperación judicial en materia civil.
Un ejemplo es el Reglamento Bruselas I, que sienta las bases para la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y con su reciente refundición, que entró en vigor en 2015, se introdujeron varios ajustes cruciales por lo que respecta a los litigios transfronterizos en la Unión. Por ese medio se suprimió el procedimiento de exequátur, lo que se tradujo en una reducción de los costes y un ahorro de tiempo tanto para las empresas como para los ciudadanos de la Unión.
Otro ejemplo es el proceso europeo de escasa cuantía, que introduce un procedimiento adaptado específicamente a los litigios en materia de consumo y otros litigios relativos a una cuantía inferior a 5 000 EUR. Se aplica en los asuntos transfronterizos y se basa en gran medida en las normativas existentes en algunos Estados miembros.
De forma similar, se podría establecer un sistema procesal específico para los litigios mercantiles transfronterizos entre empresas (B2B). Ese sistema procesal —el procedimiento civil europeo acelerado— proporcionaría a las empresas europeas una vía para obtener la resolución de litigios mercantiles ahorrando costes y de forma rápida. Un procedimiento civil europeo acelerado podría incluir plazos estrictos y preestablecidos, la imposibilidad de recurrir por separado las cuestiones de procedimiento y unas posibilidades limitadas para presentar nuevos hechos tras haberse presentado los primeros.
Ese sistema procesal podría estructurarse de manera que las partes puedan obtener la resolución de litigios, incluso complicados, en el plazo de seis meses a un año, lo que conllevaría cuantiosos ahorros para las empresas europeas y activaría el capital inactivo. El procedimiento sería voluntario y requeriría el acuerdo de las dos partes contratantes. Además sería necesario contar con jueces y abogados altamente cualificados. Cabe preguntarse por las medidas que se pueden adoptar para apoyar esta propuesta.
La elección del Derecho aplicable en los contratos mercantiles no se plasma en una distribución uniforme entre los distintos Estados miembros. Se debe a numerosas razones pero, a resultas de ello, en algunos países los jueces y los profesionales del Derecho acumulan menos experiencia en cuestiones mercantiles, y además en esos países la jurisprudencia es menos abundante.
Se podría adoptar una serie de medidas en favor de una distribución más uniforme de la elección del Derecho y del desarrollo del Derecho mercantil y las competencias en la materia en esos Estados miembros. La medida más obvia consistiría en introducir cambios en el Reglamento Roma I sobre las normas relativas a la elección del Derecho aplicable con el fin de establecer un nexo más fuerte entre el objetivo y la finalidad de los acuerdos y el Derecho elegido en la Unión, pero también para prever más autonomía para las partes de los contratos puramente mercantiles.
Otras medidas podrían incluir la formación de jueces y abogados en cuestiones mercantiles, un mejor acceso al Derecho nacional de los Estados miembros y de la Unión, incluida la jurisprudencia; una formación jurídica más centrada en el Derecho mercantil y en el Derecho internacional privado; y recursos para la investigación académica en los ámbitos del Derecho mercantil y del Derecho internacional privado.
Por otra parte, se solicita a los Estados miembros que velen por que los órganos jurisdiccionales que apliquen el procedimiento civil europeo acelerado posean competencias específicas en el ámbito del Derecho mercantil, por ejemplo estableciendo cámaras o tribunales de comercio específicos o reforzando los existentes.
Además, se solicita a la Comisión que estudie más a fondo la creación de un tribunal de comercio europeo para complementar los tribunales de los Estados miembros y ofrecer a los litigantes un foro internacional adicional especializado en la resolución de los conflictos mercantiles.
Como medida final, se solicita a los Estados miembros que estudien la posibilidad de revisar su Derecho aplicable a las cuestiones mercantiles, dado que uno de los factores más importantes a la hora de elegir el Derecho aplicable es la medida en que el Derecho mercantil de un país está adaptado a la evolución en el ámbito mercantil.