Source: https://www.urbeabogados.com/noticias/segunda-oportunidad-en-el-rd-ley-1-2015
Timestamp: 2020-04-03 10:15:02
Document Index: 171141101

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 260', 'artículo 1911', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178']

Por María del Mar Hernández Rodríguez. Magistrada especialista en mercantil. Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 1ª, competente para el conocimiento de los recursos frente a las resoluciones dictadas por el Juzgado Mercantil.
La situación de crisis económica fomentó una corriente de opinión favorable a la modulación del principio de responsabilidad personal universal contenido en el Código Civil -EDL 1889/1-. En dicho contexto se aprobó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización -EDL 2013/178110-. Esta ley modificó el apartado 2 del artículo 178 de la Ley concursal incluyendo la figura de la exoneración o condonación de deudas del deudor persona física al establecer como nueva redacción del precepto que “2.
La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona natural por liquidación de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.
Si el deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener la remisión de los créditos restantes si hubieran sido satisfechos los créditos contra la masa y todos los créditos concursales privilegiados”. Sin embargo, no se consideró plenamente satisfactoria la opción del legislador y desde el ámbito doctrinal se alzaron críticas dirigidas a la regulación en un doble sentido. Por un lado, se apuntaba a la falta de control del efectivo del comportamiento del deudor y la no previsión de un sistema que admitiese la revocación de la remisión de las deudas. En segundo término, a su insuficiencia para abarcar todas las posibles situaciones en las que puede verse un deudor persona natural que haya actuado de manera ajustada a derecho y de buena fe pero que se ve incapacitado para atender al mínimo del pasivo fijado.
En último lugar, el Real Decreto-Ley 1/2015 -EDL 2015/11847- ha modificado dicho artículo estableciendo como redacción actual que “fuera de los supuestos previstos en el artículo siguiente, en los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme”. Esta última reforma tiene una doble consecuencia. Por un lado, reconoce la primacía del principio de responsabilidad personal universal del artículo 1911 del Código Civil -EDL 1889/1-, al devolver a la Ley Concursal -EDL 2003/29207- la regla según la cual el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos restantes, esto es, los no satisfechos en el seno del concurso concluido por liquidación o insuficiencia de la masa activa. Esta regla había sido excluida de la redacción del artículo 178.2 con la reforma operada por la Ley 14/2013 a partir de la cual se refería exclusivamente a la exoneración de pasivos y los requisitos legales para ello, de manera que la responsabilidad universal por las deudas pendientes había de extraerse a sensu contrario, lo que fue fuente de numerosas críticas.
El informe al anteproyecto de la ley de emprendedores del Consejo General del Poder Judicial ya ponía de manifiesto esta circunstancia al señalar que “en la redacción dada por el Anteproyecto desaparece cualquier referencia a los supuestos en que no sea procedente la remisión de las deudas insatisfechas tras la conclusión del concurso, ya que nada se dice, para esos casos, de la posibilidad de iniciar ejecuciones singulares ni sobre la equiparación de la inclusión en la lista definitiva de acreedores a una sentencia de condena firme. Tal omisión debería subsanarse, de cara a mantener la regulación vigente para aquellos casos en que no concurran los requisitos exigidos para exoneración de las deudas pendientes de pago “.La nueva redacción incorpora la regla general la responsabilidad personal universal unida al que denomina “beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho” o mecanismo de segunda oportunidad. La segunda es la vuelta a la regla según la cual la inclusión de un crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia firme de condena. Era una vieja polémica si tras la conclusión del concurso resultaba preciso iniciar un procedimiento declarativo para obtener un título de condena e instar una posterior ejecución o si el reconocimiento de un crédito en la lista de acreedores equivalía a un titulo de condena y permitía un procedimiento de ejecución sin previo declarativo. La cuestión fue zanjada con la reforma realizada por la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123- según la cual, a efectos de inicio de ejecuciones singulares, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme. Con esto se zanjaba por un lado la polémica anterior y se otorgaba naturaleza constitutiva a la lista definitiva de acreedores.
Sin embargo, la Ley 14/2013 -EDL 2013/178110- eliminó dicha mención al modificar el artículo 178.2 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207- lo que según la opinión mayoritaria impedía otorgar eficacia constitutiva a la lista de acreedores así como configurarla como un título ejecutivo apto para el inicio de ejecuciones singulares ulteriores a la conclusión del concurso. El informe al anteproyecto de la ley de emprendedores del Consejo General del Poder Judicial ya ponía de manifiesto esta circunstancia al señalar que “en la redacción dada por el Anteproyecto desaparece cualquier referencia a los supuestos en que no sea procedente la remisión de las deudas insatisfechas tras la conclusión del concurso, ya que nada se dice, para esos casos, de la posibilidad de iniciar ejecuciones singulares ni sobre la equiparación de la inclusión en la lista definitiva de acreedores a una sentencia de condena firme. Tal omisión debería subsanarse, de cara a mantener la regulación vigente para aquellos casos en que no concurran los requisitos exigidos para exoneración de las deudas pendientes de pago”.
El Real Decreto-Ley 1/2015 -EDL 2015/11847- ha recuperado esta regla y otorga fuerza ejecutiva a la lista definitiva de acreedores en relación con los créditos en ella incluidos y reconocidos. Esto puede considerarse un acierto al evitar el peregrinaje de los acreedores a nuevos judiciales destinados a la obtención de un título ejecutivo tras la conclusión del concurso. A su vez, la remisión al articulo 178 bis garantiza cohonestar esta norma con el otorgamiento al deudor cuya conducta no sea reprochable un beneficio por el que se le exoneran de todo o parte de sus deudas pendientes.
Las consecuencias de la revocación del beneficio son que los acreedores recuperan la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no satisfechos a la conclusión del concurso. Respecto a ellos, por aplicación del artículo 178.2 -EDL 2003/29207-, la inclusión en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena en firme. Respecto a los intereses, entiendo que la pérdida del beneficio supone la exigibilidad de los mismos, incluidos aquellos que según el apartado 6 “no se podrán devengar respecto a las deudas no exoneradas».
Por otro lado, para evitar el fraude y que el artículo 178 bis -EDL 2003/29207- se convierta en un instrumento para eludir la responsabilidad, considero que ha de seguirse una corriente rigorista en el examen de los requisitos vinculados a la buena fe que concilie, a su vez, con la necesaria flexibilidad que permita dotar de eficacia a esta segunda oportunidad querida por el legislador . Así mismo y en este sentido, recobra importancia la sección de calificación como instrumento para evitar dichos resultados fraudulentos. Todo ello para que el régimen legal alcance el objetivo recogido en la Exposición de Motivos según la cual “este real decreto-ley establece los controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata de permitir que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación. Y se trata igualmente de cuantificar la mejora de fortuna que, eventualmente, permitirá revocar dicho beneficio por las razones de justicia hacia los acreedores que tan acertadamente expusieron autores como Manresa”. Este artículo ha sido publicado en la «Revista Derecho Mercantil», el 1 de marzo de 2015.