Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/social/social-III/2013/as201330178L.html
Timestamp: 2020-04-02 07:30:09
Document Index: 405288531

Matched Legal Cases: ['artículo 253', 'artículo 162', 'artículo 253', 'artículo 158', 'artículo 162', 'artículo 157', 'artículo 158', 'artículo 252', 'artículo 42', 'artículo 8']

AUTO SUPREMO Nº 178-2013
AUTO SUPREMO Nº 178/2013
EXPEDIENTE: S.56/2009
PARTES: Palmira Pereira c/ Adriana García de Revollo
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 104 a 108, interpuesto por Adriana García de Revollo, del Auto de Vista Nº 364/2008 de fojas 100 a 101 y vuelta, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Distrito de Cochabamba, dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Palmira Pereira contra la recurrente, los antecedentes del proceso y,
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la Sentencia de 30 de octubre de 2006 (fojas 63 a 65), declarando PROBADA EN PARTE la demanda de fojas 6 a 8 y vuelta en lo que respecta a los conceptos de indemnización por tiempo de servicios 1 año 3 meses y 27 días, sueldos devengados de los dos últimos años trabajados, aguinaldo por la gestión 2003 y duodécimas de la gestión 2004 e IMPROBADA en lo que respecta al concepto del desahucio y horas extraordinarias. Asimismo IMPROBADA la excepción de pago planteada por la demandada que cursa a fojas 18 y vuelta. En consecuencia ordena que Adriana García de Revollo cancele dentro de tercero día de ejecutoriada la Sentencia la suma de Bs. 11.846,70 a favor de la actora Palmira Pereira bajo conminatoria de Ley de acuerdo a la siguiente liquidación, más los reajustes previstos por el Decreto Supremo Nº 23381 de 29 de diciembre de 1992 por el retraso en el pago de sus beneficios sociales:
Fecha de ingreso: 2 de julio de 1999
Fecha de retiro voluntario: 6 de agosto del 2004
Tiempo de trabajo: 5 años, 1 mes y 4 días
Sueldo Promedio Indemnizable: Bs. 440,00
Indemnización por tiempo de servicios: Bs. 582,80
Salario devengado: Bs. 10.560,00
Aguinaldo 2003: Bs. 440,00
Aguinaldo duodécimas. 2004: Bs. 263,90
TOTAL : Bs. 11.846,70
En grado de apelación, por Auto de Vista Nº 364/2008 de fojas 100 a 101 y vuelta, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Distrito de Cochabamba, CONFIRMÓ la Sentencia de 31 de octubre de 2006 (fojas 63 a 65) sin costas por la doble apelación.
Que, contra el referido Auto de Vista, Adriana García de Revollo, interpuso recurso de casación en el fondo, en el que señala:
Que, interpone el recurso de casación en el fondo al amparo de los incisos 1) y 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil y acusa que el Auto de Vista recurrido incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba, en cuanto a las declaraciones testificales de fojas 32 a 35 de obrados que demuestran que la actora trabajó para las hijas de la recurrente, con su hija María Marlene Revollo García trabajó desde fines de diciembre de 1999 hasta el 2 de enero de 2002, con su otra hija Janet Revollo García desde mayo de 2002 hasta el momento de su retiro voluntario, pero en el Auto de Vista recurrido arribaron a una conclusión diferente a lo que demostraron las declaraciones testificales que reiterativamente manifestaron que la señora Palmira Pereira trabajó para la señora Janet Revollo García.
Añade que, las declaraciones de los testigos de descargo refieren que, la actora no trabajó para la demandada sino para su hija Janet Revollo desde fines del 2002 hasta junio del 2003 fecha en que la actora se fue a España.
Agrega que, la actora no presentó prueba que acredite que mantuvo relación laboral con su persona.
Refiere que, la actora trabajó con su otra hija Marlene Revollo García desde 1999 hasta principios de 2002, añade que por la certificación de fojas 57 se evidencia que su hija presentó denuncia contra la actora por hurto de prendas de vestir de mujer.
Acusa error de derecho en el análisis y consideración de la prueba literal y testifical de descargo, al no haber valorado las atestaciones de los testigos de descargo que cursan a fojas 32 a 35.
Denuncia que aplicaron indebidamente la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar Nº 2450 de 9 de abril de 2003 y el artículo 162 de la Constitución Política del Estado, porque las declaraciones testificales que cursan a fojas 32 y 35 acreditan que la actora no mantuvo relación laboral con su persona.
Manifiesta que, cumplió con la carga de inversión de la prueba dispuesta por los artículos 3 inciso h), 66, y 150 del Código Procesal del Trabajo desvirtuando la relación laboral entre la actora y su persona.
Señala que, la actora a pesar de la obligación que tenia de acreditar los puntos de hecho a probar determinados por el Juez no lo hizo.
Finalmente solicita “CASE la resolución de segunda instancia y en el fondo determine improbada la demanda.”
Previamente y antes de ingresar al análisis del proceso, se deja establecido que el recurso interpuesto en el fondo, es extenso, reiterativo, abundante en detalles, pero carente de técnica jurídica y pericia procesal.
A fin de dilucidar, si existió error de hecho en la valoración de la prueba de cargo (fojas 32 a 35, 45 y 57) es importante precisar en qué consiste el error de hecho. El error de hecho doctrinalmente es entendido como una operación racional fallida equívoca del valor o la validez que otorga la ley a determinada prueba o, en contrario, atribuye valor legal a la que carece de ella. También se atribuye a esta categoría la inexacta ponderación jurídica respecto de la procedencia, fuerza y eficacia de un elemento probatorio. En ese marco, el Tribunal de casación no tiene atribuciones para hacer otra nueva valoración de la prueba, sino únicamente comprobar si en la valoración de la prueba se han violentado o no las normas de derecho concernientes a esa valoración, y si la violación en la valoración de la prueba ha conducido indirectamente a la violación de normas sustantivas en que hubieren incurrido los de instancia.
Con relación a la errada valoración y/o falta de pronunciamiento sobre la prueba de descargo que cursa a fojas 32 a 35, es menester considerar, que la abundante jurisprudencia desarrollada por este Tribunal, ha expresado que la apreciación y valoración de la prueba corresponde a los juzgadores de instancia, siendo incensurable en casación. Excepcionalmente podrá efectuarse una revaloración de la prueba, en la medida que el recurrente dé cumplimiento al inciso 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador”. Adicionalmente a lo señalado precedentemente, debe tenerse presente que el juzgador en materia laboral no se encuentra sometido a la tarifa legal de la prueba propia del proceso civil, sino al sistema de persuasión racional con arreglo al artículo 158 del Código Procesal del Trabajo, debiendo sujetarse a las reglas de la sana crítica; que al decir del tratadista Heberto Amilcar Baños “Las reglas de la sana crítica no son otra cosa que las de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observación, que conducen al juez a discernir lo verdadero de lo falso (…) se trata de ciertos criterios normativos (reglas no jurídicas) que sirven al hombre normal, en una actitud prudente y objetiva (sana) para emitir el juicio de valor acerca de una cierta realidad”. Por su parte Osorio y Florit expresan que “Frente a la absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, y también frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema intermedio y más extendido de la sana crítica, que deja al juez formar libremente su convicción, pero obligándole a establecer los fundamentos de la misma”.
Bajo el razonamiento que precede, la recurrente no ha demostrado que hubiera error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, aludiendo simplemente que no se hizo una compulsa de las pruebas de descargo, argumentaciones que no pueden ser consideradas por este Tribunal, debido a que la recurrente no acreditó la existencia de error de hecho o de derecho respecto de la apreciación de esas probanzas, en que hubieren incurrido los de instancia.
En cuanto a la vulneración que acusa del artículo 162 concordante con el artículo 157 de la Constitución Política del Estado 1967, en relación con la protección que garantiza el Estado a la relaciones laborales, el orden público de las disposiciones sociales, así como la irrenunciabilidad de los derechos y beneficios acordados al trabajador por las leyes, siendo nula toda convención en contrario, debe tenerse presente que si bien se trata de garantías constitucionales, para que éstas adquieran realidad práctica, primero debe demostrarse el vínculo jurídico laboral a ser protegido lo que en el caso de autos se demostró, relación laboral que no es solamente regulada, sino tuteladas por el Estado; por estas mismas razones y a objeto de evitar la burla de los derechos del trabajador por el empleador, los derechos sociales son irrenunciables, pero sobre la base de la determinación y precisión de los mismos como tales.
En ese marco, las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Alzada fueron correctas, porque valoraron la prueba aportada al proceso en función del artículo 158 del Código Procesal del Trabajo, reconociendo los derechos de la trabajadora por la irrenunciabilidad contenida en los artículos 4 de la Ley General del Trabajo y 162 parágrafo II de la Constitución Política del Estado de 1967 y 46 y siguientes de la Constitución Política del Estado de 2009, por cuya razón no son evidentes los reclamos contenidos en el recurso de casación que se examina, debiendo resolverse el mismo conforme prevén los artículos 271 inciso 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el artículo 252 del Código Procesal del Trabajo.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Liquidadora del Supremo Tribunal de Justicia, con la facultad prevista en la Disposición Transitoria Octava y el numeral 1 del parágrafo I del artículo 42, ambos de la Ley del Órgano Judicial, así como del artículo 8 de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 104 a 108, con costas.