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Timestamp: 2019-11-19 09:07:14
Document Index: 135822268

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'Artículo 83', 'artículo 29', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 25', 'artículo 31', 'artículo 83']

Sentencia 1270/00 prueba de oficio en proceso laboral – Accounter
Sentencia 1270/00
Aun cuando el artículo 29 de la Constitución confiere al legislador la facultad de diseñar las reglas del debido proceso y la estructura probatoria de los procesos, no es menos cierto que dicha norma impone a aquél la necesidad de observar y regular ciertas garantías mínimas en materia probatoria. Como algo consustancial al derecho de defensa, debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes derechos: i) el derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste; v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos; y vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.
PRUEBA-Solicitud y procedencia
Norma Acusada: Inciso 2º Del Artículo 83 Del Decreto 2158 De 1948 Código De Procedimiento
Demandante: Carlos Eduardo Restrepo Gómez.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales
y de los requisitos y trámites establecidos en el decreto 2067 de 1.991, ha proferido la siguiente
En efecto, dispone de una parte que en el evento de no haberse surtido las pruebas solicitadas y decretadas por las partes, el Tribunal entrará a determinar si es del caso conceder o en su defecto abstenerse de practicarla. De otra parte, la norma demandada prevé que se podrán decretar y practicar pruebas en segunda instancia oficiosamente, a pesar de no haber sido solicitadas por las partes, cuando a juicio del ad quem las considere necesarias para resolver la apelación o consulta.
En estas circunstancias, el legislador dejó en manos del fallador una atribución demasiado amplia que se fundamenta en consideraciones subjetivas, pues la norma demandada hace depender la existencia del periodo probatorio en segunda instancia al criterio personal del fallador, en cuanto puede determinar no sólo si ellas son admisibles, sino si son necesarias para fallar la consulta o la apelación, lo cual conduce al desconocimiento de los principios de necesidad, valoración y contradicción de la prueba que hacen parte del núcleo esencial del artículo 29 de la Constitución.
Además, la norma acusada viola el artículo 13 de la Constitución, pues al dejarse de practicar pruebas en la segunda instancia, los sujetos procesales estarán en desequilibrio entre sí, en la medida en que las pruebas decretadas y no practicadas por el juez de primera instancia, pueden eventualmente ser o no practicas en segunda instancia.
En estas circunstancias la norma demandada «va en manifiesta oposición al derecho a la igualdad; ya que no sólo las partes deben tener las mismas oportunidades en materia de defensa, sino que también, si una de las partes no tuvo la culpa para que no se practicara la prueba en primera instancia, y no se practicara en segunda, estará desequilibrándose la balanza y a la postre afectándose el principio constitucional y universal de la inocencia».
IV. INTERVENCIONES DE AUTORIDADES PUBLICAS.
Las normas que estructuran el procedimiento ordinario laboral disponen la existencia de procesos de única instancia, y de doble instancia. Para cada uno de ellos el legislador ha diseñado una estructura especial, por lo que resulta válido afirmar que el juez de segunda instancia, en principio, sólo analiza, controla y verifica la legalidad del fallo de la primera instancia, sin producir innovación en el material probatorio, mediante la incorporación de nuevas pruebas.
La labor del juez de segunda instancia puede estar dirigida, entre otros asuntos, a perfeccionar el acervo probatorio. De esta manera, puede practicar las pruebas que fueron decretadas, pero que no se surtieron por ausencia de culpa de la parte que las pidió. Esto no significa que se desconozca la prevalencia del derecho sustancial ni que se infrinjan los principios que conforman el debido proceso. Además, el juez atendiendo los postulados de la búsqueda de la verdad real puede decretar las pruebas oficiosamente, cuando resultan ser necesarias y trascendentes para el desenlace del proceso.
«En razón de lo sostenido, una interpretación del inciso 2 debe hacerse atendiendo a los fines de la jurisdicción de lo laboral, pretermitiendo valoraciones sesgadas que no tienen asidero ni siquiera dentro del contenido de la norma el cual literalmente aleja de cualquier posibilidad de pensar que los derechos de las partes en la relación laboral (especialmente el debido proceso) se vean afectados por la actuación y discrecionalidad del juez».
Contrariamente a lo sostenido por el demandante, el segmento acusado establece una garantía para las partes que intervienen en un proceso ordinario laboral, en virtud de la cual, durante el trámite del proceso en la segunda instancia, se pueden practicar pruebas, pues, ninguno de los sujetos procesales puede verse afectado por la no práctica de una prueba que fue solicitada en primera instancia, en oportunidad hábil, y que dejó de surtirse por una causa ajena a él; de no existir esta oportunidad en la segunda instancia, el rumbo del proceso y las condiciones del fallo podrían cambiar sustancialmente.
Por tanto, no se trata de un ataque contra la institución prevista en la norma acusada, pues la misma constituye una garantía al derecho al debido proceso.
El Procurador General de la Nación, al rendir el concepto de su competencia, solicitó a la Corte declarar exequible la norma demanda, con arreglo a las siguientes consideraciones:
No resulta válido afirmar que la potestad de decretar pruebas de oficio sea meramente facultativo del juez, pues a éste le corresponde dentro de un criterio racional evaluar la necesidad de decretar pruebas.
Por lo anterior, se deja en libertad al fallador para que de acuerdo a su sano criterio, resuelva si resulta procedente apelar el principio inquisitivo y decretar y practicar pruebas que se dejaron de practicar en primera instancia con o sin culpa de algunas de las partes, o las demás que considere necesarias para resolver la apelación o consulta, siempre y cuando las considere conducentes, pertinentes y necesarias, pues en caso contrario, se podría vulnerar el debido proceso.
Pese a que el actor sólo demanda el inciso 2 del art. 83 del C.P.T. la Corte entiende que dada la unidad normativa que en su conjunto presenta dicho artículo y el alcance de los cargos formulados, la pretensión de inexequibilidad comprende la integridad de su preceptiva.
Según los términos de la demanda, las intervenciones registradas en el curso del proceso y el concepto emitido por el Procurador General de la Nación, le corresponde a la Corte determinar si el art. 83 del C.P.T. viola la Constitución, en cuanto, según los cargos, deja a la voluntad de los jueces laborales de segunda instancia, decretar y practicar o abstenerse de hacerlo, las pruebas solicitadas por las partes, o en forma oficiosa.
Por ello, el legislador con miras a buscar la resolución de los conflictos que se presentan en las relaciones entre el capital y el trabajo ha regulado unos procedimientos judiciales singulares que ofrecen como característica la sencillez y la simplicidad en los trámites, en razón de la naturaleza propia de las controversias que involucran dichas relaciones y de la posición dominante de los empleadores, de suerte que se propicie dentro del proceso el necesario equilibrio entre dos fuerzas desiguales[4] y la solución justa y oportuna de los conflictos laborales. Es así, como se establece en el Código Procesal del Trabajo reglas singulares para el trámite de los diferentes procesos, tanto ordinarios de única o primera instancia, como especiales, y una serie de principios que le dan una fisonomía particular a dichos procesos, como son los de: concentración de pruebas, inmediación (art. 25 y 31), oralidad (art. 39), publicidad (art. 44), inquisitivo (art. 30 y 48), lealtad procesal (art. 49), y libre apreciación de pruebas (art. 61).
3.2. Aun cuando el artículo 29 de la Constitución confiere al legislador la facultad de diseñar las reglas del debido proceso y, por consiguiente, la estructura probatoria de los procesos, no es menos cierto que dicha norma impone a aquél la necesidad de observar y regular ciertas garantías mínimas en materia probatoria. En efecto, como algo consustancial al derecho de defensa, debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes derechos: i) el derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste; v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (arts. 2 y 228); y vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.
3.3. Siendo el proceso un conjunto sucesivo y coordinado de actuaciones en virtud del cual se pretende, hacer efectivo el derecho objetivo, restablecer los bienes jurídicos que han sido lesionados o puestos en peligro y garantizar los derechos fundamentales de las personas, resulta razonable que el legislador haya determinado unas oportunidades dentro del proceso en donde las partes puedan presentar y solicitar pruebas, y el juez, pronunciarse sobre su admisibilidad y procedencia, e incluso para ordenarlas oficiosamente y, además, valorarlas.
En materia laboral el artículo 25 del C.P.T. dispone como requisito esencial de la demanda hacer «una relación de los medios de prueba que el actor pretenda hacer valer para establecer la verdad de sus afirmaciones», y el artículo 31 del mencionado Código señala para el demandado que la oportunidad de solicitar pruebas en la contestación de la demanda. Ello, sin perjuicio de la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas.
Existen adicionalmente otras oportunidades para pedir pruebas, como son los eventos en que el demandante enmienda la demanda, o cuando dentro de la primera audiencia de trámite el demandado propone excepciones (art. 32 del C.P.T.) y, en general, en los demás incidentes que son admisibles.
– En lo que concierne a la primera situación, no observa la Corte incompatibilidad alguna con la Constitución, pues conforme a las argumentaciones precedentes, el legislador dentro de la libertad política de configuración de la norma procesal no ha hecho cosa diferente que concentrar la actividad probatoria de las partes y del juez durante el trámite de la primera instancia y prever que excepcionalmente pueda existir periodo probatorio durante el trámite de la segunda instancia, siempre que las pruebas respectivas hayan sido solicitadas y decretadas y no practicadas, por causa no imputable al peticionario, lo cual indudablemente redunda en asegurar su derecho de defensa.
En cuanto a la supuesta violación del art. 13 de la Constitución la Corte encuentra infundado el cargo del actor, porque las partes durante el trámite del proceso laboral en la primera y en la segunda instancia, gozan de los mismos derechos, deberes, oportunidades y restricciones, para solicitar la práctica de pruebas.
3.5. En conclusión, por las anteriores consideraciones estima la Corte que los cargos de inconstitucionalidad contra el artículo 83 del C.P.T. no están llamados a prosperar; por consiguiente, será declarado exequible:
Publicado en SentenciasEtiquetado laboral, Oficio, proceso, prueba.
Por el cual se reglamenta la Ley 537 del 1° de diciembre de 1999Son deducibles de la renta gastos como atención a clientes, atención a los empleados de la empresa, fiestas de despedida de año