Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00637-11569-28-de-junio-21-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_5e7632abd9fc459da6ccf86cce0802c7&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-23 23:14:18
Document Index: 118292718

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 97', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 28', 'artículo 45', 'artículo 33', 'artículo 33']

﻿ SENTENCIA 2013-00637/11569-28 DE JUNIO 21 DE 2017
SENTENCIA 2013-00637 DE 21 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:NO ACTUALIZACIÓN DEL DOMICILIO PROFESIONAL GENERA UN DESGASTE A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL EVIDENCIAR UN ATRASO EN LAS ACTUACIONES DE LOS PROCESOS. SE EXPLICA QUE EL HECHO DE QUE EL ABOGADO EN EJERCICIO DE SU PROFESIÓN NO TENGA ACTUALIZADO SU INFORMACIÓN DE DOMICILIO, GENERA UNA AFECTACIÓN A LA FACULTAD QUE TIENE EL ESTADO DE EMPLEAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA PARA IMPARTIR EL IMPULSO PROCESAL A LAS ACTUACIONES QUE ADELANTAN LOS DIFERENTES JUECES DE LA REPÚBLICA DENTRO DEL CAMPO DE CADA JURISDICCIÓN, CONLLEVANDO ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE CONTAR CON TAL PARTICIPACIÓN DE LOS ABOGADOS, QUE SE GENERE UN DESGASTE A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL EVIDENCIAR EL ATRASO EN LAS ACTUACIONES DE LOS PROCESOS, INCUMPLIÉNDOSE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE CELERIDAD Y PRONTITUD QUE DEBE IMPERAR EN LAS ACCIONES JUDICIALES. EN ESTE CASO, DEBE DECIRSE QUE LA FALTA RELACIONADA CON EL DEBER DE MANTENER ACTUALIZADO EL DOMICILIO PROFESIONAL, ES UN COMPORTAMIENTO POR NATURALEZA CULPOSO, EN TANTO SE OMITE EL DEBER DE CUIDADO INHERENTE A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO DE MANTENER EN LA BASES DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS UN DOMICILIO PROFESIONAL CONOCIDO, REGISTRADO Y ACTUALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS LE FUEREN ENCOMENDADOS Y QUE ADEMÁS EN CASO DE VARIACIÓN EL HECHO DE REPORTAR LA MISMA A DICHA UNIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:DOMICILIO, SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO, SANCIÓN DE CENSURA DE ABOGADO
Sentencia 2013-00637 de junio 22 de 2017
Radicado 520011102000201300637-01 (11569-28)
En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.
La Secretaria de instancia allegó el certificado expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados 15586-2013 del 21 de octubre de 2013, en la cual se constató que la doctora Mary del Rosario Castillo Bolaños, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 59.650.911, con T.P. 155.592, en estado vigente (fl. 10 c.o.). Así mismo, la Secretaria de esta corporación remitió el certificado de antecedentes disciplinarios 95945, del cual se constata que la encarada no registra sanciones disciplinarias (fl. 54 c.o.).
Para proferir fallo sancionatorio se requiere la existencia de prueba que conduzca a la certeza de la tipicidad de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable, exigencia consagrada en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.
Corresponde entonces a la corporación decidir si con las pruebas allegadas real y oportunamente al expediente disciplinario se encuentra demostrada la materialidad u objetividad de la falta endilgada a la doctora Mary del Rosario Castillo Bolaños, conforme a los cuales el a quo lo consideró responsable de la falta descrita en el artículo 33 numeral 13 de la Ley 1123 de 2007, que a la letra reza:
5. De la tipicidad
(...) De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que ‘exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción’ y (ii) ‘la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse’(3). Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio(4).
Encuentra esta colegiatura que la actuación disciplinaria se inició con ocasión de la compulsa de copias ordena por esa Sala Jurisdiccional Disciplinaria dentro del proceso disciplinario 201001116-00, con el objeto de que se investigara la presunta falta de la doctora Mary del Rosario Castillo Bolaños, al haber desatendido la gestión profesional encomendada en la mencionada actuación disciplinaria, donde había sido designada como defensora de oficio del doctor Mario Hernán Ortiz, en virtud de la inasistencia injustificada a varias de las audiencias programadas sin que se lograra su posesión en dicho cargo.
Por lo anterior, el a quo consideró que de la prueba recaudada la encartada había incurrido en la falta descrita en el numeral 13 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que la investigada luego de haber sido designada como defensora de oficio dentro del proceso disciplinario 2010-116, no asistió a posesionarse ni a las audiencias realizadas los días 13 de junio y 5 de agosto de 2013, habiendo sido citada en debida forma a las direcciones que aparecían en el Registro Nacional de Abogados, sin que tampoco presentara justificación alguna, por cuanto al parecer no reside en ese domicilio, en tanto fueron devueltos los oficios bajo la nota de que no la conocían en ese lugar, con lo cual encontró que dicha información no corresponde al domicilio de la investigada.
Desde el punto de vista de la tipicidad, el legislador estableció como falta disciplinaria el fáctico para cualquier abogado que en ejercicio de su profesión no tenga actualizado su información de domicilio, pues dicha situación está claramente orientada a la posibilidad que tiene el Estado a emplear de dichos servicios profesionales de la abogacía para impartir el impulso procesal a las actuaciones que adelantan los diferentes jueces de la república dentro del campo de cada jurisdicción, teniendo que la imposibilidad de contar con tal participación de los abogados generan un desgaste a la administración de justicia al evidenciar el atraso en las actuaciones de los procesos, incumpliéndose los principios rectores de celeridad y prontitud que debe imperar en las acciones judiciales.
Dicho lo anterior, se observa en el sub lite, que al interior del proceso disciplinario 20100111600, en proveído del 5 de abril de 2013, previo declaratoria de persona ausente al doctor Mario Hernán Ortiz, había nombrado como defensor de oficio al doctor Silvio Alexander Belalcazar Guerrero, quien de forma posterior acreditó su imposibilidad de asumir dicha representación, por lo cual lo relevó de tal encargo y nombró a la doctora Mary del Rosario Castillo Bolaños, indicando en dicho proveído que la togada podía ser ubicada en la dirección Calle 19 Nº 44ª – 128, Barrio Pandiaco de la ciudad de Pasto y en el abonado 3165438061 (fl. 1 c.o.), dirección a la cual se le remitieron los correspondientes oficios.
Sin embargo, la disciplinada no compareció a la diligencia convocada, por lo cual el a quo en auto del 13 de junio de 2013, ordenó a la Secretaria de Instancia requerir a la defensora de oficio para que justificara su inasistencia dentro de los 3 días siguientes, remitiéndose los oficios respectivos nuevamente a la dirección reportada en el Registro Nacional de Abogados (fl. 2 – 4 c.o.), pero tal llamado no fue atendido por la togada, viéndose la operadora disciplinaria a emitir el proveído del 5 de agosto de 2013, en el cual la relevó del encargo y nombró en su lugar a la doctora Pamela Vanessa Almeida López, ordenando compulsar copias ante la misma Sala para investigar a la doctora Castillo Bolaños (fl. 5 c.o.).
Ahora bien, la materialización de la falta se concretó con la inspección judicial realizada al proceso disciplinario de autos el 25 de mayo de 2015, momento para el cual la instructora de instancia evidenció que las comunicaciones enviadas a la encartada, siendo registradas en las mismas la dirección que reposaba en el certificado de vigencia de la tarjeta profesional de ésta, habían sido devueltas bajo el motivo “Devolución de la citación oficio 5554, motivo: desconocido” el 24 de julio de 2013 (fl. 162 expediente inspeccionado), circunstancia que claramente evidenciaba que la disciplinada no tenía una dirección real de su residencia u oficina.
De otra parte, de lo manifestado por el defensor de oficio, igualmente se puede establecer que a éste tampoco le fue posible ubicarla, en tanto aseguró que no logró ubicarla en la dirección suministrada por el registro, ni tampoco contestó a su abonado celular, con lo cual se tiene que la investigada desatendió su deber relacionado con el domicilio profesional, por lo cual fue llamada a juicio disciplinario, encontrándose tipificada dicha falta con lo probado en el plenario.
Así pues, resulta evidente la materialización de la falta endilgada a la doctora Mary del Rosario Castillo Bolaños, enmarcada dentro de la descripción típica del artículo 33 numeral 13 de la Ley 1123 de 2007, al haberse comprobado documentalmente que la información que reposa en la Unidad de Registro Nacional de Abogados no corresponde a la real del domicilio de la encartada.
Verificada como está desde el punto de vista objetivo la infracción al deber imputado a la profesional investigada, compete a la Sala determinar si del caudal probatorio analizado en precedencia surge causal alguna que justifique su conducta, o si por el contrario, en ausencia de esta, el desconocimiento por parte de la inculpada de las normas que regulan la profesión de abogado en el sub lite, impone determinar que se encuentra agotado el presente elemento en la estructura de la sanción disciplinaria.
Analizado este elemento, el cual compone el juicio de responsabilidad disciplinaria, se colige en este caso la inexistencia de causal de justificación, que permita relevar de las obligaciones y deberes consagrados en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía a la litigante Mary del Rosario Castillo Bolaños, en tanto, los hechos y las pruebas allegadas a la actuación disciplinaria, se denota la manera como la disciplinada descuidó su deber de tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales adelante cualquier gestión profesional.
Con lo anterior, se observa que la encartada omitió atender este mandato, con lo cual no solamente dejó en suspenso la actuación disciplinaria de marras, al no poderse proseguir la misma ante la inasistencia del disciplinado, prolongando los tiempos procesales, sino que además defraudó a la administración de justicia al haber propiciado que el incumplimiento de los principios de celeridad y prontitud imperantes en las acciones judiciales, quedando comprobada su responsabilidad disciplinaria desde el elemento de antijuridicidad, sin que se evidencie causal de justificación alguna a su favor, pues para ese momento incluso no contaba con la representación de oficio de más de 3 procesos disciplinarios, como se comprobó de la certificación emitida por la Secretaria de Instancia, en lo que tampoco fue posible que asumiera sus encargos al no haber comparecido a los mismos (fl. 44 – 66 c.o.).
Por lo anterior, no se observan como razonados o ajustados a derecho las explicaciones que permitan edificar una causal de ausencia del hecho que justifiquen la conducta por la cual está siendo llamada a juicio a la disciplinada, demostrándose el incumplimiento de su deber descrito en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.
7. De la culpabilidad
En este caso, debe decirse que la falta relacionada con el deber que hace referencia con el domicilio profesional, es un comportamiento por naturaleza culposo, por cuanto se omite el deber de cuidado inherente a los profesionales del derecho de mantener en la bases de datos del Registro Nacional de Abogados un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado para la atención de los asuntos le fueren encomendados y que además en caso de variación el hecho de reportar la misma a dicha unidad.
Por lo anterior, observa la Sala que la doctora Mary del Rosario Castillo Bolaños, siendo conocedora del derecho y de los deberes y obligaciones que le impone dicha condición, omitió actualizar su dirección o domicilio profesional, teniendo que dicha actuación descuidada generaba implicaciones para la propia administración de justicia, conducta que es considerada como culposa, por el mismo grado de indiligencia con la que actuó la encartada.
8. Dosimetría de la sanción a imponer
Ahora, teniendo en cuenta la modalidad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por la abogada Mary del Rosario Castillo Bolaños, a quien se le exigía un actuar con absoluta rectitud y lealtad con la justicia y los propios fines del Estado, sin embargo actuó de manera culposa y descuidada al omitir actualizar su domicilio profesional para atender los encargos que le fueran encomendados de oficio, teniéndose además a consideración la circunstancia de atenuación de no registrar sanciones disciplinarias en su contra, elementos que primaron para la imposición de la sanción de censura impuesta bajo el amparo de lo descrito en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, con lo cual la misma cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto.
Asimismo, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, respecto de la sanción disciplinaria impuesta a la abogada Mary del Rosario Castillo Bolaños, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:
Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, el 3 de julio de 2015, mediante la cual sancionó con CENSURA a la abogada Mary del Rosario Castillo Bolaños, como autora responsable de la falta prevista en el numeral 13 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.
Primero: CONFIRMAR la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, proferida el 3 de julio de 2015, mediante la cual sancionó con CENSURA a la abogada Mary del Rosario Castillo Bolaños, como autora responsable de la falta prevista en el numeral 13 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
Segundo: Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la Oficina encargada del Registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria. Tercero: DEVUÉLVASE al Seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el magistrado sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.