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Timestamp: 2020-02-20 11:04:00
Document Index: 135116087

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 38', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14']

Tema 8. El derecho interregional
Tema 8. El derecho interregional: Criterios fundamentales seguidos por el Código Civil. La vecindad civil. Examen de los artículos 14 y 15 del Código Civil. Su prueba.
Pese a esto, ha sido frecuente que tanto las normas civiles autonómicas, como los mismos Estatutos de Autonomía (aunque estos últimos son Leyes estatales), recojan normas relativas a la aplicación del derecho foral o autonómico.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 156/1993, de 6 de mayo, declara expresamente que la reserva al Estado de las normas para resolver los conflictos de leyes incluye tanto las de derecho internacional privado como las de derecho interregional, optando la norma constitucional de modo inequívoco por un sistema estatal y por tanto uniforme de derecho interregional. Las Comunidades Autónomas no podrían alterar el sistema estatal ni mediante el establecimiento de puntos de conexión distintos de los Estatales, ni mediante su redefinición, manipulación o alteración.
Puede ser cuestionable la concordancia de esta doctrina con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, según el cual, es la ley vasca a la que corresponden establecer “las normas de resolución de conflictos internos de leyes, en cuanto subsista dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco la pluralidad legislativa”.
No obstante, no es contrario a la Constitución que la norma estatal acuda como cláusula de cierre a la propia Ley del Estado, después de haber fijado diversos puntos de conexión objetivos, sin que sea necesario que agote todas las posibilidades existentes. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 223/1993, de 8 de julio, declara constitucionales las cláusulas de cierre recogidas en los artículos 14.3.1 y 16.3 del Código Civil.
Esta cuestión es especialmente trascendente en el ámbito sucesorio tras la entrada en vigor del Reglamento del Parlamento y del Consejo 650/2012, de 4 de julio, que constituirá la norma de conflicto estatal en materia de sucesión mortis causa, sustituyendo el criterio de la nacionalidad –vecindad civil- por el de la residencia habitual.
El propio Reglamento 650/2012, dispone que los Estados no están obligados a aplicar sus soluciones en los conflictos de leyes que surjan por la coexistencia de diversas legislaciones dentro del mismo Estado (artículo 38). La doctrina mayoritaria parece decantarse por la inaplicación de dicha norma comunitaria a los conflictos interregionales (en este sentido por ejemplo, Carrascosa Fernández o Calatayud Sierra).
Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2014 (en un caso de sucesión internacional) sostiene expresamente la tesis contraria, defendiendo que todos los derechos sucesorios legales del viudo se rigen por la ley reguladora de los efectos del matrimonio y no por la personal del causante. Se hace eco de esta sentencia, la Resolución DGRN de 29 de julio de 2015, que, aun reconociendo que en las sucesiones internacionales abiertas tras el 17 de agosto de 2015, el Reglamento europeo de sucesiones prevé que la ley aplicable a la sucesión regirá los derechos mortis causa del cónyuge viudo, entiende que, en el ámbito interregional, debe seguirse la tesis de la Sentencia del Tribunal Supremo antes citada sobre el artículo 9.8.3, rigiéndose los derechos sucesorios del cónyuge viudo en sucesiones interregionales por la ley reguladora de los efectos del matrimonio.
Según Peña y Bernaldo de Quirós: “la vecindad civil es el estado o condición de la persona que determina la sujeción a uno de los varios ordenamientos civiles que coexisten en el territorio nacional, en las materias en las que la aplicación de uno u otro se decida a favor de la ley personal”.
Para resolver este supuesto, el artículo 14.3 acude a una serie de criterios subsidiarios, estableciendo como criterio de cierre el de la vecindad de derecho común, lo que, como se ha dicho, ha sido admitido por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2009 considera que la redacción del artículo 14.4 Código Civil, antes de la reforma de 1990, quedó derogado desde la entrada en vigor de la Constitución Española. Según el Tribunal Supremo, no afecta a esta consideración la Disposición Transitoria de la Ley 11/1990, que habrá que entender que era aplicable exclusivamente a matrimonios celebrados antes de la entrada en vigor de la Constitución.
El inciso subrayado, relativo a la vecindad civil, fue anulado por la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª de 20 de mayo de 2008, por no ser conforme con las previsiones del artículo 14 Código Civil sobre adquisición de vecindad civil.