Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-00149-de-marzo-3-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f61300a089db0152e0430a0101510152&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-19 21:55:09
Document Index: 136781505

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 70', 'artículo 134', 'artículo 73', 'artículo 414', 'artículo 414', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 414', 'artículo 65', 'artículo 68', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 415', 'in dubio', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 55', 'artículo 171']

﻿ Sentencia 2001-00149 de marzo 3 de 2014
SENTENCIA 2001-00149 DE 03 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. EN EL CAMPO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO EN MATERIA DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Y CONCRETAMENTE DESDE LA PRECEPTIVA DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 270 DE 1996, EXIGE EL ESTUDIO PREVIO DE LA CONDUCTA DEL PROCESADO FRENTE A LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO IMPUTA A EFECTOS DE DILUCIDAR DE UNA PARTE SI HA DE CONSIDERARSE GRAVEMENTE CULPOSA O DOLOSA Y DE OTRA, SI FUE LA CAUSA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA, Y DEPENDIENDO DE LA AFIRMACIÓN O NEGACIÓN DE ESTAS DOS EXIGENCIAS PROCEDERÁ LA EXONERACIÓN O LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, DETENCIÓN PREVENTIVA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
Sentencia 2001-00149 de marzo 3 de 2014
Rad.: 25000232600020010014901 (27684)
Actor: Óscar Amaury Ardila Guevara y otros
2.1. Competencia en materia de privación injusta de la libertad.
Así lo tiene sentado la jurisprudencia de la Sala, en especial en el auto del nueve (9) de septiembre de 2008, pronunciado dentro del Radicado 11001032600020080000900, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (M.P. Mauricio Fajardo Gómez), mediante la cual se resolvió la antinomia que se presentaba entre lo dispuesto por el artículo 134B del Código Contencioso Administrativo y lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 - estatutaria de la administración de justicia.
Para llegar a este punto, la corporación ha adoptado tres posiciones: la primera(1), “la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial, que se produciría como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso. Por manera que, para su deducción —se dijo—, es irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, es decir que no interesaba averiguar si aquel actuó o no con culpa o dolo”.
La segunda(2), “la carga procesal para el actor de demostrar el carácter injusto de la detención para obtener indemnización de perjuicios, consistente en probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad, fue reducida tan solo a los casos de detención diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal porque, en relación con estos últimos, se estimó que en los tres eventos allí señalados la ley calificó que se estaba en presencia de una detención injusta y que, por lo tanto, surgía para el Estado la obligación de reparar los perjuicios con ella causados”.
La tercera(3), “... el carácter de injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y que, por consiguiente, frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resulta indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado —se dijo— no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo”.
La sentencia comentada, citando a su vez la sentencia del 18 de septiembre de 1997, consejero ponente Daniel Suárez Hernández, Expediente 11.754, actor Jairo Hernán Martínez Nieves, en su consideración “5. De la distinción entre los supuestos en que se absuelve al imputado por inexistencia de pruebas y aquellos casos en que la exoneración de responsabilidad penal se deriva de la aplicación, en su favor, del beneficio de la duda.
Ante todo la garantía constitucional del derecho a la libertad y por supuesto, la aplicación cabal del principio de inocencia. La duda es un aspecto eminentemente técnico que atañe a la aplicación, por defecto de prueba, del principio, del in dubio pro reo. Pero lo que sí debe quedar claro en el presente asunto es que ni la sospecha ni la duda justifican en un Estado social de derecho la privación de las personas, pues se reitera, por encima de estos aspectos aparece la filosofía garantística del proceso penal que ha de prevalecer. Aquí, como se ha observado, sobre la base de una duda o de una mal llamada sospecha que encontrarían soporte en un testimonio desacreditado, se mantuvo privado de la libertad por espacio de más de tres años al demandante, para final pero justicieramente otorgársele la libertad previa absolución”.
La Sala reitera, en el presente caso, los razonamientos que se efectuaran en el pronunciamiento en cita. Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habrían —probablemente— conducido a la estructuración de la causal de detención preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometió el hecho, habiéndose previamente dispuesto su encarcelamiento, constituiría una manifiesta inequidad. Y esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub judice no provee de justo título —expost— a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación de (sic) demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente.
Adicionalmente, resultaría desde todo punto de vista desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociacios debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse privado de la libertad durante aproximadamente dos años, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de administración de justicia si, una vez desplegada su actividad, esta rama del poder público no consiguió desvirtuar la presunción de inocencia del particular al que inculpaba. La “ley de la ponderación”, o postulado rector del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, enseña que el detrimento del derecho o interés jurídico que se hace retroceder, se sacrifica o se afecta en un caso concreto, debe ser correlativo a o ha de corresponderse con el beneficio, derecho o interés jurídico que se hace prevalecer, a través de la “regla de precedencia condicionada” que soporta la alternativa de decisión elegida para resolver el supuesto específico. En otros términos, “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”.
No corresponde al actor, en casos como el presente, acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuraban la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y estos: los tres aludidos extremos se encuentra suficientemente acreditados en el expediente, de lo cual se dará cuenta a continuación. En cambio, es al accionado a quien corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pueda entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima. Y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario”.
Ha de precisarse que en el caso de autos, la privación de la libertad se inició el 30 de septiembre de 1996, fecha para la cual ya estaba vigente la Ley 270 de 1996, la cual fue promulgada el 7 de marzo de 1996, por lo que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, había perdido su vigencia, luego, por haber sido derogado, no está llamado a seleccionarse para resolver este concreto caso, pues, vigente la Ley estatutaria de la administración de justicia, que regula íntegramente lo referente a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, es esta la normatividad a cuyo amparo han de solucionarse tales casos y no una norma derogada.
En efecto, la Ley estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 65 establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, y en el artículo 68 determina que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.
Por su parte, el artículo 70 de la misma ley estatutaria, establece como causas de exoneración de responsabilidad del Estado (administración de justicia), los eventos de culpa exclusiva de la víctima, cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley, excepción hecha de los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial. —Se resalta—.
En efecto, de conformidad con los artículos 388 y 389 de dicho decreto-ley, para la procedencia de la medida de aseguramiento —detención preventiva entre otras—, menester es que se encuentre acreditado i) la existencia del hecho, ii) que este se pueda calificar como delito —tipicidad— y iii) que exista al menos un indicio grave de responsabilidad del sindicado como autor o partícipe.
En estos casos, ante la injusticia de la privación de la libertad, no tiene objeto que la jurisdicción de lo contencioso administrativo vuelva a estudiar el caso a efectos de pronunciarse sobre si la privación de la libertad resultó o no injusta, sino, simplemente ha de pronunciarse sobre la tasación de los perjuicios, previo estudio de la causal de exoneración de que trata el artículo 70 de la Ley estatutaria de la administración de justicia. (Se resalta).
Luego, qué mayor injusticia que ser privado de la libertad en una investigación penal, y que al proferirse sentencia, quede verificada a través de esa decisión judicial, que el hecho punible por el cual se le investigó y privó de la libertad, no existió, o que la conducta que se investigó y por la cual se le privó de la libertad no está descrita en la ley penal como punible —es atípica—, es decir, ni siquiera es delito y por tanto no interesa al derecho penal, igual sucede cuando la propia justicia penal reconoce que el procesado no cometió el delito por el cual se le privó de la libertad, de tal suerte que, en esos casos, la privación de la libertad resulta injusta y por contera se vulnera el sacro derecho no solo de la libertad, sino también del debido proceso, la dignidad humana, y por lo tanto, la injusticia salta a la vista.
Lo anterior por cuanto la libertad es un derecho fundamental del individuo, que solo excepcionalmente puede ser restringido, resultando justa su interdicción cuando viene ordenada en una sentencia penal condenatoria en firme, pero en manera alguna resulta justa la privación de la libertad de una persona a quien no se le enerva la presunción de inocencia que lo acompañó desde antes, durante la investigación y el juicio, es decir, la privación de la libertad dentro de un proceso penal de una persona inocente, es absolutamente injusta, pues lo justo es que se prive de la libertad a quienes resulten condenados penalmente en virtud de una sentencia debidamente ejecutoria, luego de haber sido vencido en juicio con la observancia de todas las garantías legales y constitucionales.
Ello en razón a que duda es lo opuesto a certeza, y esta se exige para poder proferir sentencia condenatoria en materia penal, según las voces de la norma citada, luego, ante la ausencia o falta de pruebas que conduzcan al funcionario judicial al estado de certeza sobre la ocurrencia del hecho punible o la responsabilidad del sindicado, la presunción de inocencia se mantiene incólume y por ende se torna injusta la privación de la libertad de quien culminado el proceso penal sigue siendo inocente, al no demostrársele lo contrario, por no existir pruebas que ofrezcan certeza acerca del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado, cual es la exigencia de la norma comentada.
1. Registros civiles de nacimiento de los demandantes (fls. 1-19, cdno. 2).
2. Oficio remitido por la Electrificadora del Tolima, donde se consigna lo siguiente (fl. 193, cdno. 2):
“(...) le informo que al (sic) señor Óscar Amaury Ardila Guevara, identificado con la cédula de ciudadanía 14.235.765 de Ibagué; es trabajador de esta empresa desde el 2 de mayo de 1983, y que ha tenido para los años 1996, 1997, 1998 las siguientes asignaciones básicas mensuales: $ 489.448, $ 607.267 y $ 729.303; respectivamente.
Que le fue suspendido el contrato de trabajo a partir del 29 de noviembre de 1996, en virtud de la Comunicación 2969 del 27 de noviembre de 1996 generada por la Fiscalía General de la Nación, de la delegada ante la Sijín Detol; que manifestaba que se encontraba en detención preventiva.
Que la Electrificadora reactivo (sic) el contrato de trabajo a partir del 9 de diciembre de 1997, al haber tenido conocimiento de esa fecha de la providencia de la unidad delegada ante el Tribunal Nacional de la Fiscalía General de la Nación del 28 de noviembre de 1996, donde le concedieron al señor Ardila Guevara, el beneficio de la libertad provisional”.
3. Registro de ingreso a la Penitenciaría Nacional de Ibagué —Picaleña—, de los señores Esneyder Zuluaga Montes, Óscar Amaury Ardila Guevara y Benjamín Rincón Bahamón, el día 1º de octubre de 1996 (fls. 196-201, cdno. 2).
4. Resolución expedida el 30 de septiembre de 1996, por la fiscalía regional delegada ante la Sijín Detol, mediante la cual se informa que el comandante de la sexta brigada de la ciudad de Ibagué, deja a disposición de la fiscalía regional, a los señores Óscar Amaury Ardila Guevara, Esneyder Zuluaga Montes y Benjamín Rincón Bahamón, quienes habían sido capturados por pesar en su contra una orden de captura vigente, y se ordena la encarcelación de los mismos, en la Cárcel Nacional Picaleña (fls. 25-27, cdno. 3).
5. Constancia expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, del 29 de noviembre de 2001, mediante la cual se informa que el señor Óscar Amaury Ardila Guevara ingresó a la penitenciaría el 28 de octubre de 1997, remitido de la penitenciaría “El Barne” de Tunja, y recibió la libertad el 5 de diciembre del mismo año.
Por su parte, el señor Benjamín Rincón Bahamón, ingresó el 24 de junio de 1997 y recuperó su libertad el 5 de diciembre de 1997 (fl. 269, cdno. 3).
6. Resolución proferida por la Fiscalía General de la Nación regional Santafé de Bogotá. El día 23 de octubre de 1996, mediante la cual se resuelve la situación jurídica de los sindicados, y se decreta la detención preventiva de los mismos. (fls. 160-184, cdno. 4).
7. Contrato de prestación de servicios suscrito entre el señor Benjamín Rincón Bahamón y la Universidad del Tolima, por un valor de $ 531.000 pesos, cuyo objeto era el de desempeñarse como docente capacitador de las asignaturas desarrollo del pensamiento y métodos numéricos, durante el período A de 1996 (fl. 284, cdno. 4).
8. Constancia expedida por el Liceo Nacional de Bachillerato de Ibagué, en la que se registra que el señor Benjamín Rincón Bahamón, se encontraba vinculado a dicha institución, en calidad de profesor interino, desde el día 4 de marzo de 1996, con una asignación salarial de $ 315.469 pesos (fl. 291, cdno. 4).
9. Certificación expedida por el Instituto Nacional de Servicios Educativos, donde se establece que el señor Benjamín Rincón Bahamón, se desempeñará como catedrático en el área de matemáticas y física de dicha institución, desde el 6 de febrero de 1996, en la jornada de la tarde (fl. 288, cdno. 4).
10. Oficio remitido por la secretaría de educación del municipio de Ibagué, en el que se informa que (fl. 114, cdno. 7):
“Mediante oficio sin número del 14 de marzo de 1996 se nombró al señor Benjamín Rincón Bahamón, profesor de tiempo completo del Liceo Nacional de Bachillerato por término de tres (3) meses contados a partir del 28 de febrero de 1996 en reemplazo de María Teresa Vera Llanos quien renuncio (sic).
Mediante orden de prestación de servicios 0154 de julio 18 de 1996 se le ordenó prestar sus servicios al señor Benjamín Rincón Bahamón en el Colegio Carlos Lleras Restrepo del 19 de julio al 30 de noviembre de 1996.
Que por oficio enviado por el rector del Colegio Carlos Lleras Restrepo, esta secretaría retiró del servicio al señor Rincón Bahamón, por motivo de haber sido privado de su libertad pagándole sus honorarios hasta el 30 de septiembre de 1996.
Actualmente esta secretaría no tiene contrato vigente con el mencionado señor; en cuanto al procedimiento que se cumplio (sic) para seleccionar al señor Rincón Bahamón, como uno de los docentes a contratar, fue el estudio de su hoja de vida y experiencia como docente”.
11. Oficio remitido por la oficina de contratación de la secretaría de servicios administrativos, en la que se informa que según información suministrada por diferentes dependencias, se encontró que el señor Esneyder Zuluaga Montes, tenía para 1996 una orden de trabajo con la secretaría de obras, cuyo objeto era la construcción de un muro de contención en el barrio Córdoba, por un valor de $ 3.494.320,40 pesos (fl. 122, cdno. 7).
12. Resolución expedida el 23 de septiembre de 1997, por la Fiscalía General de la Nación regional Santafé de Bogotá, en la que se decide proferir resolución de acusación contra los señores Óscar Amaury Ardila Guevara, Benjamín Rincón Bahamón y Esneyder Zuluaga Montes, como presuntos responsables del delito de rebelión (fls. 136-162, cdno. 8).
13. Despacho comisorio remitido el 4 de diciembre de 1997, por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional de Santafé de Bogotá, con destino a la Fiscalía Regional delegada en Tunja, solicitando (fls. 336-337, cdno. 8):
“Se sirva comunicar a Esneider (sic) Zuluaga Montes, que esta delegada en resolución de fecha noviembre veintiocho (28) del cursante año, proferida dentro del Proceso 36.215 (Reg. Bogotá 29.729), al resolver recurso de apelación interpuesto contra la providencia de septiembre veintitrés del cursante año, por medio de la cual un fiscal regional de esta ciudad, profirió resolución de acusación en su contra y apelación contra providencia de abril 9 de 1997 que no decretó nulidad, dispuso:
“1º. ANULAR LO ACTUADO a partir del cierre de investigación, inclusive, en cuanto concierne a la investigación impulsada en contra de Óscar Amaury Ardila Guevara, Benjamin (sic) Rincon (sic) Bahamon (sic), y Esneider (sic) Zuluaga Montes, sindicados del delito de rebelión, según calificación sumarial emitida por uno de los fiscales delegados ante jueces regionales de Santafé de Bogotá el 23 de septiembre del presente año,
CONCEDESE (sic) la libertad provisional a los ciudadanos Ardila, Rincón y Zuluaga, con base en el artículo 415-4 del Código de Procedimiento Penal siempre y cuando otorguen caución prendaria por suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales, cada uno de ellos. Una vez efectuado el diligenciamiento correspondiente, serán libradas las órdenes de libertad. (...)”.
14. Resolución expedida por la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá, el 28 de agosto de 1998, mediante la cual se ordena precluir la investigación a favor de los señores Óscar Amaury Ardila Guevara, Benjamín Rincón Bahamón y Esneyder Zuluaga Montes, por el delito de rebelión (fls. 586-604, cdno. 8).
15. Certificación expedida por la Penitenciaría Nacional de Tunja “El Barnel”, donde se informa que el señor Esneyder Zuluaga Montes quedó en libertad desde el 9 de diciembre de 1997 (fl. 162, cdno. 10).
De los medios de prueba valorados por la Sala, se infiere que los señores Óscar Amaury Ardila Guevara, Esneyder Zuluaga Montes y Benjamín Rincón Bahamón, fueron vinculados a un proceso penal, por el delito de rebelión, capturados por el Ejército Nacional el 30 de septiembre de 1996, y la investigación fue adelantada por la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá.
Que el 23 de octubre de 1996, se resuelve la situación jurídica de los sindicados, y se decreta medida de detención preventiva contra los mismos.
Posteriormente, se dictó resolución de acusación, el 23 de septiembre de 1997.
Seguidamente, el 28 de noviembre de 1997, se declara la nulidad de la resolución de acusación, y en su lugar se concede la libertad provisional a los sindicados.
Finalmente, el 28 de agosto de 1998, se decide precluir la investigación a favor de los señores Ardila, Rincón y Zuluaga.
De acuerdo con las certificaciones obrantes en el expediente, es posible afirmar, que la reclusión del señor Esneyder Zuluaga Montes se extendió por un lapso de 14 meses, 9 días, y las reclusiones de los señores Benjamín Rincón Bahamón y Óscar Amaury Ardila Guevara, duraron 13 meses, 29 días.
De la motivación de la providencia por la cual se precluyó la investigación de los procesados, se infiere claramente que la absolución de los aquí demandantes, obedeció a la aplicación del principio de in dubio pro reo stricto sensu, lo que se evidenció cuando se dijo:
“(...) Pues bien, ¿qué pruebas se aportaron?
Decíamos en párrafo anterior que fueron muy pocas pese a la diligencia demostrada por los funcionarios instructores. Como que se reducen a dos o tres pruebas fundamentales. Veamos:
(...) Luego si ello es así, mal podemos darle hoy credibilidad cuando no se avizoran elementos de convicción que hagan variar la poca confianza que tuvo en su momento el señor fiscal delegado ante el tribunal nacional.
Y como quiera que no son mas (sic) las pruebas abducidas (sic) en este nuevo período que hemos llamado nuevo ciclo investigativo, y las que acabamos de examinar, como se vio, no constituyen prueba para proferir resolución de acusación, obligatoriamente la fiscalia (sic) decretará la preclusión de la investigación a favor de los señores Óscar Amaury Ardila Guevara, Benjamín Rincon (sic) Bahamon (sic) y Esneider (sic) Zuluaga Montes”.
Ahora bien, previo hacer el análisis del caso concreto, considera la Sala hacer precisión en un aspecto, y es que en virtud del principio iura novit curia y por suceder los hechos materia de estudio en el año 1998, se estudiará y analizará la presente acción bajo el título de imputación de responsabilidad objetiva por daño especial, por mandato del artículo 68 de la Ley estatutaria de la administración de justicia, el cual dispone que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
En este concreto caso, tal daño antijurídico le es imputable tanto fáctica como jurídicamente a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto fue la encargada de adelantar la investigación penal y de adoptar, las decisiones que dieron al traste con el derecho a la libertad del procesado, al privarlo de la libertad al resolverle la situación jurídica y posteriormente precluir la investigación, y en atención a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, le es atribuible normativamente al ente investigador.
Establecido lo anterior, entra la Sala a determinar si la detención preventiva en este caso fue causada por el actuar doloso o gravemente culposo del procesado —aquí demandante—, al tenor del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, norma esta que es del siguiente tenor:
Sobre el dolo o la culpa grave del procesado en la producción de la medida de aseguramiento, como causal de exoneración de responsabilidad del Estado, esta corporación ha sostenido en recientes pronunciamientos(4):
En ese orden de ideas; la falta de solidaridad y el desconocimiento del principio de confianza —esto es, el cumplimiento de los roles asignados por el hecho de vivir en sociedad— es lo que genera la atribución del daño a la actuación exclusiva y directa realizada por Diana Patricia Pérez Tobón.
Una posición contraria supondría desconocer la participación que tuvo la víctima en la generación del daño antijurídico y compelería a que el Estado se convirtiera en un asegurador universal puesto que se desencadenaría su responsabilidad con independencia de la imputación fáctica y jurídica de la lesión.
En otra decisión más reciente, también se ha dicho por esta corporación sobre este tópico(5)
En tal cometido, observa la Sala que el señor Gerardo Enrique Rojas Neira, tiene a más de una formación militar en el campo de la aviación, la de piloto comercial y aún la de instructor en esta materia, así como la experiencia en dicho campo, todo lo cual le imponía el deber de verificar que quien lo contratara en su profesión de piloto de aviación comercial, fuese el “explotador” de la aeronave a pilotear o la persona que según las normas encargadas de su regulación pudiese realizar tal labor, como también debía transportar solo elementos permitidos según las normas aeronáuticas.
Al momento de la captura de los mencionados señores, estos se encontraban en su lugar de trabajo y sus lugares de residencia, sin encontrárseles en su poder, elementos incautables, o realizando cualquier actividad delictiva, que permitiera afirmar que las capturas se dieron en flagrancia.
Establecido lo anterior, encuentra la Sala que la conducta desarrollada por los señores Benjamín Rincón Bahamón, Óscar Amaury Ardila Guevara y Esneyder Zuluaga Montes, no puede considerarse dolosa o gravemente culposa y por ende no fue determinante en la producción del daño, esto es, que se les haya proferido medida restrictiva de su libertad.
Debe precisar la Sala que lo anterior no comporta en manera alguna una revaloración probatoria del proceso penal, ni mucho menos ello tiene la posibilidad siquiera de menoscabar el efecto de cosa juzgada penal tanto formal como material, que de suyo tiene la decisión de absolución de la investigación penal a favor del aquí demandante(6).
Solo que desde el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia de privación injusta de la libertad y concretamente desde la preceptiva del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, exige el estudio previo de la conducta del procesado frente a la medida de aseguramiento impuesta a efectos de dilucidar de una parte si ha de considerarse gravemente culposa o dolosa y de otra, si fue la causa de la medida de aseguramiento de detención preventiva, y dependiendo de la afirmación o negación de estas dos exigencias procederá la exoneración o la responsabilidad del Estado.
En este caso, la Sala es del criterio que los demandantes no actuaron con culpa grave o dolo y que su comportamiento no fue determinante para que se produjera su captura y posterior judicialización, como tampoco para que se les profiriera medida de aseguramiento de detención preventiva.
En el caso bajo estudio, observa la Sala que los señores Rincón, Ardila y Zuluaga, no transgredieron las reglas básicas para la convivencia en sociedad.
Luego, no existe la menor duda que el daño es imputable única y exclusivamente a las decisiones de la Fiscalía General de la Nación al adelantar la investigación penal y ordenar la captura de los aquí demandantes, quienes fueron absueltos al proferirse resolución de preclusión de la instrucción, tornando injusta la detención de unas personas inocentes.
Entonces, fuerza concluir que no fueron los señores Benjamín Rincón, Óscar Amaury Ardila y Esneyder Zuluaga, quienes con su comportamiento inadecuado, descuidado en extremo, incidieron de manera directa y determinante en que se le adelantara una investigación penal y que dentro de ella se ordenara su captura.
En todo caso, al no encontrarse acreditada causal alguna que exima de responsabilidad patrimonial a la demandada —Fiscalía General de la Nación—, al tenor del artículo 70 de la Ley estatutaria de la administración de justicia, y habiendo quedado demostrado que los daños antijurídicos padecidos por los demandantes son imputables tanto fáctica como jurídicamente a la Fiscalía General de la Nación, quien ordenó la captura de los señores Benjamín Rincón Bahamón, Óscar Amaury Ardila Guevara y Esneyder Zuluaga Montes, es esta la llamada a responder patrimonialmente por el daño antijurídico irrogado a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de su padres, hijos y hermanos.
En conclusión, teniéndose por establecido, como anteriormente se dijo, que el título de imputación bajo el cual se debe solucionar este caso es el de responsabilidad objetiva por daño especial, claro resulta, que ha de confirmarse la sentencia de primera instancia.
2.5. Reconocimiento de perjuicios.
En virtud del principio de la non reformatio in pejus, y teniendo en cuenta que se trata de apelante único, procede esta Subsección a confirmar los montos otorgados en primera instancia por concepto de perjuicios morales, y a actualizar las cifras correspondientes al lucro cesante, con base en la fórmula empleada por la corporación para estos efectos, salvo el caso del señor Óscar Amaury Ardila Guevara, por cuanto la liquidación efectuada por el fallador de primera instancia, no solo resulta más gravosa para la entidad apelante, sino que esta no es acertada, en cuanto a la apreciación de las certificaciones aportadas, y la liquidación de los valores respecto del tiempo que el demandante estuvo desvinculado de su trabajo.
2.5.1. Lucro cesante.
Se allegó al proceso, certificación de la Electrificadora del Tolima, en la que constaba que el señor Óscar Amaury Ardila Guevara, se encontraba vinculado a dicha empresa al momento de su captura, devengando para el año 1996 un salario de $ 489.448 pesos, hasta el 29 de noviembre de 1996, cuando fue separado de su cargo, y se reintegró al mismo el día 9 de diciembre de 1997.
Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que es procedente conceder al señor Ardila Guevara, el valor equivalente al dinero dejado de percibir desde el 29 de noviembre, hasta el 9 de diciembre de 1997; esto es, un período de 12 meses, 10 días.
Para lo anterior, es importante actualizar el valor del salario devengado para el año 1996, y determinar si es viable realizar el cálculo con esos valores, o si resulta necesario realizarlo con el valor del salario mínimo actual, de acuerdo con la tesis de la corporación.
489.448 x 114.53 (ene./2014) = 1.486.120
37.72 (nov./96)
Ahora, procede la Sala a calcular, el total de la indemnización, por el periodo que el señor Ardila estuvo desvinculado de la empresa.
Dado que el salario mensual correspondía a $ 1.486.120 pesos, y el tiempo a indemnizar corresponde a 12 meses, 10 días, el valor a conceder es de dieciocho millones trescientos veintiocho mil ochocientos trece pesos ($ 18.328.813).
Ahora bien, respecto de la indemnización por lucro cesante impuesta en favor del señor Esneyder Zuluaga Montes, por valor de siete millones trescientos cincuenta y nueve mil treinta y un pesos ($ 7.359.031), se actualizará dicha suma, con la fórmula empleada por la corporación.
7.359.031 x índice final (ene./2014)
índice inicial (abr./2004)
7.359.031 x 114.53
Diez millones setecientos tres mil novecientos sesenta pesos ($ 10.703.960).
Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.
Finalmente, es necesario precisar que obra en el expediente un contrato de cesión de derechos litigiosos celebrado entre los señores Benjamín Rincón Bahamón a favor de la señora Claudia Rocío Rincón Bahamón, el cual fue aceptado por el despacho el 5 de septiembre de 2012 declarando a la señora Claudia Rocío Rincón, como litisconsorte del cedente, en este orden de ideas, la condena proferida en esta providencia se realizará en cabeza de la litisconsorte.
1. Modificar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 22 de abril de 2004, la cual quedará así:
“PRIMERO. Declárase administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Ejército Nacional, por la privación injusta de la libertad de que fueron objeto los señores Óscar Amaury Ardila Guevara, Esneyder Zuluaga Montes, Benjamín Rincón Bahamón.
SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase solidariamente a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes cantidades:
— El equivalente a la cantidad de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia a:
Claudia Rocío Rincón Bahamón, como litisconsorte del cedente Benjamín Rincón Bahamón, Óscar Amaury Ardila Guevara, Esneyder Zuluaga Montes, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.
— El equivalente a la cantidad de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a Benjamín Rincón, Cecilia Bahamón, Olga Guevara de Ardila, Juana Isabel Montes Rincón, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.
— El equivalente a la calidad de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a Zaira Juliana Ardila Ospina, Angela Vianey Zuluaga Durán y Katherin Julieth Zuluaga Durán, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada una de ellas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Ejército Nacional, a pagar por concepto de perjuicios materiales las siguientes cantidades:
— Para el señor Óscar Amaury Ardila Guevara por concepto de lucro cesante la cantidad de dieciocho millones trescientos veintiocho mil ochocientos trece pesos ($ 18.328.813).
— Para el señor Esneyder Zuluaga Montes por concepto de lucro cesante la cantidad de diez millones setecientos tres mil novecientos sesenta pesos ($ 10.703.960).
CUARTO. Para el cumplimiento de esta sentencia se deberá dar aplicación a lo ordenado en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
SEXTO. Sin condena en costas”.
(1) Sentencia de 30 de junio de 1994, Exp. 9734. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168.
(2) Sentencia del 17 de noviembre de 1995, Exp. 8666 cit. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168.
(3) Sentencia del Consejo de Estado, Exp. 13.606, sentencia del 14 de marzo de 2002, Exp. 12.076 citadas en la sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168.
(4) Sentencia de agosto 29 de 2012, M.P. Enrique Gil Botero, Rad. 25.276.
(5) Sentencia de fecha 30 de enero de 2012, Exp. 23514, actor Gerardo Enrique Rojas Neira, demandada Fiscalía General de la Nación, acción de reparación directa, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.
(6) Sentencia de fecha 30 de enero de 2012, Exp. 23514, actor Gerardo Enrique Rojas Neira, demandada Fiscalía General de la Nación, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.