Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-00376-de-diciembre-6-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f4450e4d8e610014e0430a0101510014&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 03:27:38
Document Index: 335557237

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 136', 'artículo 3', 'artículo 237', 'Artículo 241']

SENTENCIA 2000-00376 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. ES A LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA A QUIEN LE CORRESPONDE PROTEGER LA VIDA Y BIENES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO PARTICULARMENTE DE QUIENES SE ENCUENTRAN A MERCED DE LOS GRUPOS INSURGENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, CONFLICTO ARMADO INTERNO
Sentencia 2000-00376 de diciembre 6 de 2013
Radicación: 07001-23-31-000-2000-00376-01 (29012)
Actor: Rafael Antonio Cárdenas Alfonso y otros
La parte actora no señaló el día exacto de ocurrencia de los hechos, advirtió sí que durante el año de 1999 hubo numerosos hostigamientos de parte de la guerrilla al municipio de Saravena y que los daños a su inmueble se produjeron en el último de ellos, acaecido en el mes de diciembre de 1999.
Afirmación que se encuentra respaldada primeramente, por el informe del comandante de estación de policía (fls. 43 y 44, cdno. ppal.) que refirió que durante la citada anualidad se presentaron nueve incursiones subversivas y precisó que el inmueble de propiedad del demandante fue afectado en el hostigamiento en el cual se activó un artefacto explosivo contra las instalaciones de Telecom y segundo lugar por la versión rendida por el señor Gabriel Sanabria (fl. 38, cdno. 2) ante Juez Primero Promiscuo Municipal de Saravena, quien se refirió a este mismo evento, puntualizando que tuvo ocurrencia en el mes de diciembre de 1999.
En este sentido, pese a que no se encuentre establecido el día preciso de ocurrencia de los daños, lo cierto es que la incursión guerrillera ocurrió en el mes de diciembre de 1999 y que la demanda se interpuso en tiempo, pues fue presentada el 3 de octubre de 2000, es decir, nueve meses antes de completarse(3) el término legal.
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, contra la sentencia de 20 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, con miras a determinar la responsabilidad de la parte accionada por los daños causados a la demandante, a raíz del ataque guerrillero de que fuera objeto la población de Saravena (Arauca), en diciembre del año 1999, por cuanto la apelante pretende exonerarse de responsabilidad porque el daño ocurrió en el marco de un ataque guerrillero indiscriminado.
Debe en consecuencia la Sala, entrar a analizar el daño y los hechos probados, con miras a establecer si aquel resulta imputable a la acción u omisión de la entidad demandada, pues, de ser ello así, la sentencia impugnada habrá de confirmarse.
— Se conoce que el señor Rafael Antonio Cárdenas Antonio adquirió el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 9920, ubicado la carrera 14 Nº 27-37/41/43 del barrio Centro del municipio de Saravena (Arauca). De ello da cuenta la escritura pública 748 del 1º de septiembre de 1998, suscrita en la Notaría Única del Circulo de Saravena (Arauca), registrada el 18 de septiembre de ese mismo año ante la Oficina de Instrumentos Públicos de esa misma municipalidad (fls. 39 a 42, cdno. 1-copias).
— Se encuentra establecido que desde el año de 1990 la Policía Nacional en su sede Saravena fue blanco de múltiples hostigamientos, así lo señaló el comandante de la estación, el 10 de febrero de 2000:
“Comedidamente me permito informarle que reunidos nuestros archivos aparecen registrados diferentes hostigamientos contra esta unidad policial así:
Año 1990: Aparecen cuatro (4) hostigamientos desde diferentes sitios aledaños a la estación realizados con armamento de largo y corto alcance, los cuales fueron realizados por las milicias populares de este municipio.
Año 1991: De acuerdo con nuestros archivos se presentaron seis (6) hostigamientos con armamento de largo y corto alcance.
Año 1992: Fueron realizados seis (6) hostigamientos desde diferentes puntos aledaños a la estación.
Año 1993: Se presentaron siete (7) hostigamientos con armamento de largo y corto alcance.
Año 1994: Aparecen registrado cinco hostigamientos los cuales fueron realizados con armamento de largo y corto alcance.
Año 1995: De acuerdo a nuestros archivos aparecen realizados cinco (5) hostigamientos, con armamento de largo y corto alcance.
Año 1996: Se presentaron siete (7) hostigamientos realizados por las milicias urbanas de este municipio.
Año 1997: Se presentaron ocho (8) hostigamientos, con armamento de largo y corto alcance, es de anotar que durante este año fue encontrado un vehículo con carga explosiva más exactamente el 16 de marzo de 1997 donde resultaron muertos cinco policiales y destruidas las viviendas aledañas a la estación policial en especial la que queda ubicada en la carrera 14 Nº 27-01 (Residencia Avenida).
Año 1998: Se presentaron siete (7) hostigamientos con armamento de largo, corto y granadas de mano, es de anotar que el día 271198, fue lanzada una granada de mano la cual hizo explosión en la carrera 14 con calle 27, esquina resultando levemente heridos tres policiales.
Año 1999: Se presentaron nueve (9) hostigamientos...” (fls. 43 y 44, cdno. 1).
— Se sabe que en este último año en el mes de diciembre el inmueble de propiedad del demandante resultó averiado como consecuencia de un ataque de la guerrilla a la estación de policía del lugar. Sobre este aspecto igualmente se pronunció el comandante de la estación de policía:
“... Año 1999: Se presentaron nueve (9) hostigamientos tres de ellos fueron realizados con artefactos explosivos (ramplas) de los cuales uno de ellos hizo explosión en Telecom, resultando destruidas las residencias aledañas a la unidad policial en especial la del señor Rafael Antonio Cárdenas Alfonso identificado con la cédula de ciudadanía 1.003.216 de Barbejo (Boyacá), destruyendo gran parte de la Residencia La Avenida de propiedad del antes mencionado (fl. 44, cdno. 1).
Y los señores Gabriel Sanabria y Nelson Duarte Sanguino:
“Preguntado: Qué le consta a usted sobre los ataques de que ha sido objeto el cuartel de la policía en esta ciudad por parte de los grupos alzados en armas que operan en la región. Contestó: Que yo recuerde hubo una explosión dentro de la estación de policía por un carro bomba que explotó como en marzo del año 97 hubieron varios muertos, también recuerdo que en diciembre del año 99 atacaron el cuartel de la policía con pipetas de gas, una de las cuales pegó contra la antena de Telecom y se descolgó cayendo a la casa de don Rafael, contra el cuartel ha habido varios ataques con pipetas de gas y con granadas. Preguntado: Le conoce usted un negocio de restaurante y residencias a don Rafael, caso positivo dónde está ubicado. Contestó: La casa de don Rafael está ubicada sobre la carrera 14 entre calles 27 y 28, por la parte de atrás colinda con el cuartel de la policía. Preguntado: Por su conocimiento, sabe usted si la casa del señor Rafael Cárdenas Alfonso ha sufrido daños a consecuencia de los ataques de que ha sido objeto el cuartel de policía, caso positivo qué le consta al respecto. Contestó: Sé y me di cuenta personalmente que cuando estalló el carro bomba la casa quedó toda gretiada (sic), hasta los cimientos sufrieron daños, los ventanales y toda la estructura. Cuando cayó la pipeta de gas quedó todo el techo y las puertas las destruyó también y como la casa es de dos plantas los pisos quedaron vencidos... (fls. 38 y 39, cdno. pbas. - declaración rendida ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saravena).
“Preguntado: Manifieste al juzgado si la Residencia y Restaurante Avenida queda lindando con el cuartel de policía, caso positivo por qué lado. Contestó: Por la parte de atrás, el frente de la casa da a la calle, corrijo da a la carrera 14 y el fondo es con el patio de la estación de policía. Preguntado: Manifieste al juzgado si se llegó a enterar que por los ataques que ha sufridi (sic)del (sic) cuartel de la policía por parte de la guerrilla, la casa de don Rafael Antonio Cárdenas ha sufrido algún daño. Contestó: Respecto a esto me consta que cuando estalló un carro bomba dentro de la estación de policía, la casa de don Rafael quedó dañado los techos, los ventanales, los cimientos se descuadraron, también cuando lanzaron un cilindro de gas dio contra una antena de Telecom y cayó al suelo y reventó los techos también se partieron, las puertas, las paredes se cuartearon. Así mismo los daños comerciales son incalculables, pues ahí nadie siguió frecuentando ni el restaurante ni las residencias, el negocio se acabó, incluso él se tuvo que salir de allí y se fue a pagar arriendo a otra parte... (fls. 40 y 41, cdno. pbas. - declaraciones rendidas ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saravena).
La Sección Tercera(4), dada la necesidad de dar cabal aplicación al artículo 90 de la Carta Política, de cara a las víctimas del conflicto armado interno(5) que históricamente ha vivido el país, ha destacado que frente al deber general del Estado de defender la vida, honra, bienes, derechos y libertades se erigen obligaciones específicas, estas relacionadas con la población que habita las zonas afectadas por el conflicto armado, quienes tendrían que ser excluidas de la confrontación, de donde surgen deberes concretos de previsión, protección y particular asistencia y en caso de no ser ello así de reparación.
Bajo esta línea argumentativa y con el fin de garantizar la vigencia del Estado social de derecho, fórmula política que reclama especialmente por el enaltecimiento de la dignidad humana, se ha declarado reiteradamente la responsabilidad estatal con fundamento en el deber de la administración de mantener a la población civil alejada del conflicto. Deber que según quedó demostrado no se cumplió si se considera que los insurgentes incursionaron en la población de Saravena 37 veces, entre los años 1990 y 1998 y nueve veces más en 1999.
Este contexto y el acervo probatorio que reposa en el plenario permiten establecer, a diferencia de lo señalado por la parte recurrente, que los daños causados al señor Rafael Antonio Cárdenas Alfonso y su familia han de imputarse a la parte demandada, como lo resolvió el a quo, comoquiera que no se explica la Sala cómo no se tomaron especiales medidas para proteger a la población si se conocía el interés de la guerrilla y la facilidad para atacar el municipio.
De manera que como el patrimonio del antes nombrado resultó afectado, en razón de una confrontación bélica que le es ajena, así la demandada sostenga que fue el grupo insurgente quien ejecutó el hecho con el propósito de atentar de manera indiscriminada contra la institucionalidad y la población civil; pues, como se ve, sin perjuicio de las medidas dirigidas a repeler el ataque para mantener el orden público y proteger a los habitantes del lugar en su vida y bienes, lo cierto tiene que ver con que respecto del actor y su patrimonio las acciones resultaron insuficientes.
En el proceso se encuentra probado que (i) durante el año de 1999 la Policía de Saravena (Arauca) fue objeto de 9 hostigamientos por parte de la guerrilla; (ii) en el mes de diciembre se presentó un ataque con artefactos explosivos que afectó edificaciones aledañas a la estación de policía entre las que se cuenta el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 9920, ubicado la carrera 14 Nº 27-37/41/43 del barrio Centro del municipio de Saravena (Arauca) lugar donde los actores residían y tenían sus negocios (iii) que la afectación del citado inmueble, como es natural, les generó perjuicios a su propietario y habitantes.
Así las cosas y dado que el daño se produjo en el marco del conflicto armado, del que la parte actora es ajena, se impone la obligación de disponer su indemnización, por cuanto, es a la Nación-Ministerio de Defensa a quien le corresponde proteger la vida y bienes de los habitantes del territorio particularmente de quienes como los actores se encuentran a merced de los grupos insurgentes.
En ese orden, no son de recibo los argumentos del recurrente, fundados en que el ataque no se dirigió contra la estación de la policía, i) de una parte porque la afirmación, por cierto no desvirtuada por la prueba recaudada en el proceso, da cuenta que aquella fue el objetivo principal del ataque y ii) de otra y no menos importante, pues como se viene señalando la obligación de protección de la población civil, en un Estado de derecho con el monopolio de las armas, compete a la fuerza pública. Sin perjuicio de las acciones, reprochables, a la luz del derecho internacional humanitario, del grupo insurgente.
Obligación que en el presente caso tenía una relevancia superlativa, pues por los antecedentes revelados por la propia Policía Nacional, resulta claro, que el municipio de Saravena (Arauca) era un lugar con alta presencia de fuerzas insurgentes, donde debían tomarse acciones especiales por parte del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos, pues, además de los ataques ocurridos en el año 1999, como se ha dicho durante los años 1990 a 1998 se presentaron cerca de treinta y siete incursiones guerrilleras al municipio(6).
En este sentido, resultaría alejado de lo establecido en el artículo 90 constitucional abandonar al señor Cárdenas Alfonso a la señora Flor Rodríguez y al hijo de ambos, a su suerte, haciendo de un lado los deberes de protección que le han sido impuestos a la administración de donde el municipio de Saravena tenía que haber sido objeto de particulares medidas de protección que no se conocen, pues la guerrilla se ensañó contra sus habitantes, concretamente en contra de los actores.
En consecuencia, la parte actora será restablecida en sus derechos patrimoniales como lo resolvió el a quo.
Así las cosas, encontrándose probado que en el mes de diciembre de 1999 los actores sufrieron una afectación en su patrimonio que no estaban obligados a soportar, en el marco de una confrontación armada, entre un grupo insurgente y la entidad pública demandada, se confirmará la sentencia impugnada.
Establecida la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y dado que la decisión del a quo solo fue apelada por la parte demandada(7), la Sala procederá —de acuerdo a la realidad procesal— a actualizar o reliquidar cuando sea del caso, el monto de la condena impuesta en primera instancia por concepto de daño emergente y lucro cesante.
Para acreditar el quantum de los daños causados en el inmueble se aportó como prueba anticipada un dictamen pericial (fls. 18 a 36, cdno. 1) el cual fue objetado por la parte demandada por error grave aduciendo falta de fundamentos (fls. 76 y 77, cdno. 1) dicha objeción fue acogida por el a quo (fl. 81, cdno. 1) y se decretó un nuevo dictamen pericial (fls. 74 a 103, cdno. 2) para lo cual se designó a la arquitecta María Jacqueline Parra Moreno, a quien, además de solicitarse la determinación de los costos de la reparación del inmueble se le requirió el establecimiento del lucro cesante del establecimiento de comercio Residencias Avenida.
Sobre el primer punto, la experta manifestó que hizo una visita al inmueble, y que a través de la revisión directa de la edificación y el método de reposición(8) constató que la vivienda había sido afectada por la onda explosiva de un artefacto activado en el atentado terrorista, señaló que, además de las reparaciones ya realizadas por su propietario se requería de la construcción total de un muro y la adecuación de la placa del entrepiso.
Bajo esas precisiones se detalló el siguiente presupuesto:
Daño emergente inmueble carrera 14 Nº 27-37-41-43 barrio El Centro-Saravena
Descripción Unidad Cantidad V. unitario V. total
Demolición en general, muros M2 14.08 16.000.00 225.280.00
Construcción muro pañetado M2 14.08 21.000.00 295.680.00
Adecuación y resane de placa M2 118.46 20.000.00 2.369.200.00
Resane y pañete de muros M2 30.00 7.000.00 210.000.00
Pintura de muros M2 131.00 6.300.00 825.300.00
Enchape baño tipo económico M2 9.94 22.500.00 223.650.00
Colocación de vidrios M2 3.00 20.000.00 60.000.00
Total valor reposición 4.209.110.00
Sobre el segundo punto, la perito señaló que Residencias la Avenida contaba con una capacidad de hospedaje de 13 habitaciones, de las cuales 7 quedaron afectadas con la onda explosiva, establecido esto señaló que para la reparación del bien se emplearon dos meses, tras los cuales, se restableció el funcionamiento del negocio (feb./2000).
Luego de este análisis, procedió a establecer las siguientes pautas para la cuantificación del lucro cesante:
“Para determinar el lucro cesante del señor Rafael Antonio Cárdenas se debe tener en cuenta todos los ingresos por medio de la residencia.
No teniendo un soporte financiero, ni contable de los ingresos y egresos, para la liquidación de lucro cesante se tendrá el salario mínimo vigente, que tiene un valor de: trescicentos (SIC) treinta y dos mil pesos ($ 332.000.00) más treinta y siete mil quinientos pesos ($ 37.500.00) de transporte que sería un total de trescientos sesenta y nueve mil quinientos pesos ($ 369.500) m/c.
Para liquidar la parte de ingresos del restaurante se tiene en cuenta que para su funcionamiento se utiliza como mínimo dos personas, la cocinera y la de reparto, que como mínimo se ganarían un salario mínimo, que tendría un valor: ($ 369.500*2) igual a ($ 739.000,00) setecientos treinta y nueve mil pesos, como el restaurante siguió prestando el servicio a la parte de la residencia no afectada, se entiende que dejó de percibir solo lo de las alcobas afectadas, que sería un promedio del cincuenta por ciento del total de los ingresos por esta razón. El valor dejado de percibir seria un salario mínimo vigente por un valor de trescientos sesenta y nueve mil quinientos pesos.
Para la liquidación del lucro cesante de la parte de habitación de las residencias, no existen soporte de movimiento de huéspedes, ni soportes financieros que respalden esos movimientos, pero consientes que existían unas residencias y que tenían un movimiento normal, se entra hacer una liquidación por salario mínimo vigente, en esta actividad se necesitaba para su funcionamiento como mínimo dos personas, una la que recibía el personal y otra para su mantenimiento, como mencionamos anteriormente para la liquidación de dos salarios mínimos es un total de setecientos treinta y nueve mil pesos ($ 739.000,00) m/c.
El tiempo que quedó fuera de servicio la parte afectada de la Residencia Avenida por la onda explosiva, fue doce meses, el mes de diciembre de 1999 hasta el mes de diciembre de 2000. El demandante recibió un subsidio de vivienda para las reparaciones del inmueble en el año 2000.
Descripción de lucro cesante
Descripción Valor mes SMV Tiempo (16 meses) Valor total
Ingresos restaurante 369.500.00 12.00 4.434.000.00
Ingresos residencias 739.000.00 12.00 8.868.000.00
Valor total lucro cesante 13.302.000.00
El juez a la luz de la sana crítica y las reglas de la experiencia debe hacer la correspondiente valoración del dictamen pericial con el fin de acogerlo total o parcialmente o desechar sus resultados cuando aquel no sea claro, preciso y detallado(9) y no reúna las condiciones para adquirir eficacia probatoria como son la conducencia en relación con el hecho por probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya probado una objeción por error grave; que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; que haya surtido contradicción; que no exista retracto del mismo por parte del perito y en fin que otras pruebas no lo desvirtúen(10).
Bajo los anteriores parámetros, la Sala considera que el dictamen es persuasivo en relación al primero punto, por lo cual se tomará como fundamento del daño emergente, pero, no frente al segundo, es decir, en relación al lucro cesante, por tanto a diferencia de lo decidido por el a quo se acogerá parcialmente. Esto por las siguientes razones:
— El concepto analizado fue rendido por una profesional en la arquitectura, persona que cuenta con la experiencia y experticia para hacer el análisis de los daños ocasionados a una edificación y estimar los costos de su reparación, lo que no significa necesariamente que goce de igual competencia para establecer los ingresos dejados de percibir por una actividad comercial. En esa medida podría advertirse que únicamente la apreciación y valoración que hizo del inmueble a través del conocimiento de su ciencia y la posterior medición de la obra a realizar y la determinación del presupuesto gozan de la visión técnica propia de esta tarea.
— Ahora bien, en relación a los fundamentos y las conclusiones del dictamen se aprecia lo siguiente:
— En relación al daño emergente, el dictamen pericial ofrece la suficiente credibilidad ya que se evidencia la utilización de métodos adecuados para la estimación de los reales costos de la obra, así como, una idoneidad en la persona designada como auxiliar de la justicia, lo que permite tomarlo como base para reconocer los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente correspondientes a la reparación del bien, en un total de $ 4.209.110 suma que deberá ser actualizada a la fecha de esta sentencia.
Respecto al lucro cesante no sucede lo propio, por cuanto, al inicio se manifestó que las reparaciones al inmueble se prorrogaron por dos meses, luego de los cuales el establecimiento de comercio comenzó su operación habitual (feb./2000), sin embargo, el periodo que se tomó para su indemnización fue de 12 meses (ene. a dic./2000). De la misma forma la valuadora tomó como base el número de personas que cada actividad requería para desarrollarse al interior de Residencias Avenida lo que en principio desconoce que el mismo era un negocio familiar. Además, en otras circunstancias, se debe resaltar que los costos de personal hacen parte de cargas de la operación, es decir, que son un factor que debe descontarse para obtener la utilidad de la actividad, que es, la cifra que se busca realmente establecer para efectos de la indemnización.
En ese contexto, resulta evidente que si bien en el proceso se encuentra establecido el perjuicio por lucro cesante, pues de la actividad productiva desarrollada por la parte actora dieron cuenta los testigos(11) el dictamen pericial rendido en el proceso, no permite establecer su cuantía, razón por la cual y acudiendo a razones de equidad como se ha realizado en otras oportunidades la Sala presumirá que por lo menos los actores recibía de su negocio familiar un equivalente al salario mínimo, es decir $ 585.500, suma que se incrementará en un 25%, por prestaciones sociales, para un monto de $ 736.875 la cual se reconocerá por el término de seis (6) meses tiempo que se estima como prudencial para que se retomara el ejercicio de una actividad económica.
Bajo este panorama, la Sala procede a actualizar el daño emergente y a reliquidar el lucro cesante, en los siguientes términos:
Como se expresó, se reconoció por el a quo a la parte actora el capital necesario para la reparación del inmueble de su propiedad en un total de $ 4.209.110. Esta cifra, con aplicación de la siguiente fórmula arroja los siguientes resultados:
Ipc (i): Índice de precios a la fecha del dictamen pericial (oct./2003).
Ra = $ 6.367.040
Aplicando la fórmula actuarial acogida por esta corporación para su determinación, se obtiene:
Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 736.875
S = $ 4.475.395
Por último, se debe señalar que será objeto de confirmación la orden relativa a que se descuente del monto de la indemnización el valor de $ 8.305.925 que la parte actora recibió a título de auxilio de vivienda por cuanto no fue objeto de la apelación, este monto, igualmente será objeto de actualización:
Ipc (i): Índice de precios a la fecha de la sentencia de primera instancia (ago./2004).
Ra = $ 11.899.031
1. CONFIRMAR la sentencia del 20 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, excepto los numerales segundo, tercero y cuarto que se MODIFICAN, en lo que atañe a la condena por perjuicios materiales. En consecuencia la condena impuesta quedará de la siguiente forma:
“PRIMERO: DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE a la Nación-Mindefensa-Policía Nacional por los perjuicios ocasionados a la vivienda de los actores Rafael Antonio Cárdenas Alfonso, Blanca Flor Rodríguez y Rafael Cárdenas Cárdenas Rodríguez ubicada en la carrera 14 Nº 27-37-41-43 barrio El Centro de Saravena, como consecuencia de un hostigamiento a la unidad policial.
SEGUNDO: Condenar a la Nación-Mindefensa-Policía Nacional a pagar a favor de Rafael Antonio Cárdenas Alfonso, Blanca(sic) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente seis millones trescientos sesenta y siete mil cuarenta pesos ($ 6.367.040), por los daños que se causaron al inmueble de su propiedad.
TERCERO: Condenar a la Nación Mindefensa-Policía Nacional a pagar a Rafael Antonio Cárdenas, Flor Rodríguez y Rafael Cárdenas Rodríguez por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos noventa y cinco ($ 4.475.395) por los ingresos que se dejó de percibir por concepto del servicio de alquiler de habitaciones y de restaurante.
CUARTO: ORDENAR que la suma a cancelar se descuente, igualmente la suma de once millones ochocientos noventa y nueve mil treinta y un pesos ($ 11.899.031) recibida a título de auxilio por los actores en razón de los mismos hechos.
QUINTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva.
SEXTO: Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
En firme la presente decisión, archívese el expediente.
(2) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 2000 fuera conocida por esta corporación, debía superar la suma de $ 26.390.000 —CCA, arts. 129 y 132, subrogados por el D. 597/88— y la mayor de las pretensiones fue estimada por la parte actora en $ 60.000.000 por concepto de perjuicios materiales.
(3) El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo preceptúa: (...) “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa” (...).
(4) En esta sentencia se realizó una recorrido por la evolución jurisprudencial que han tenido los daños causados a víctimas de atentados terroristas, puntualizándose entre otros aspectos, en la necesidad de resaltar los principios de solidaridad y equidad frente a la aplicación de los diferentes conceptos jurídicos con los cuales se atribuye responsabilidad al Estado (C.E., Sec. Tercera, Sent. abr. 19/2012, Exp. 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), C.P. Hernán Andrade Rincón).
(5) En lo que concierne a la definición de conflicto armado interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” —Informe 55/97, caso 11.137— Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997, lo definió de la siguiente manera:
“En contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y que lo hagan (...). Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3º, típicamente consisten en hostilidades entre fuerzas armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados”.
(6) El Comandante de la Estación de Policía de Saravena (Arauca) puso de presente que entre el año de 1990 a 1998 la Policía Nacional fue objeto de cerca de 49 hostigamientos (fls. 43 y 44, cdno. 1).
(7) El principio de la no reformatio in pejus, impide hacer más gravosa la situación del apelante único, en esa medida, si bien, la condena puede ser disminuida, cuando se determinada inconsistencias en su liquidación, no puede ser adicionada.
(8) La perito manifestó que “el avaluó por reposición es el costo en que se incurre al construir una actividad nueva, por ello en la reposición de los costos son los del mercado actual en materiales nuevos y de la mano de obra en la región de acuerdo a los rendimientos promedios para cada actividad”.
(9) El numeral 6º del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil señala: “El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”.
(10) Artículo 241 del Código de Procedimiento Civil establece: “Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.
(11) El señor Gabriel Sanabria señaló: “Preguntado: Sabe usted desde que tiempo hace que don Rafael Cárdenas Alfonso tiene en su casa un negocio de restaurante y residencias denominado Avenida. Contestó: Ese negocio de restaurante y residencias está desde hace mucho ahí, cuando, compró don Rafael Cárdenas el siguió con ese negocio...” (fl. 39, cdno. 2).
El señor Nelson Duarte Sanguino manifestó: “Preguntado: Diga al juzgado si se llegó a enterar la cantidad de clientes que tenía don Rafael Cárdenas Alfonso en su restaurante y residencias y cuáles serían sus entradas monetarias mensualmente. Contestó: Me consta que en las residencias se quedaban unas veinte personas diario, lo mismo el restaurante ya que es muy central su ubicación, no sabría calcular cuáles serían sus ingresos mensuales pero sí era un buen negocio antes de comenzar los ataques de la guerrilla contra la estación de policía. Preguntado: Diga al juzgado, si le consta, que la señora de don Rafael Cárdenas Alfonso y su hijo Rafael son los que atendían el negocio con el señor y si estos tenían los mismo beneficios...”.