Source: https://elderecho.com/tres-cuestiones-polemicas-sobre-el-art-348-bis-de-la-ley-de-sociedades-de-capital
Timestamp: 2019-05-24 18:48:32
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Origen de la Ley de Sociedades de Capital
Foro 05-04-2017	Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez
El denominado derecho de separación del socio en caso de ausencia de reparto...
El denominado derecho de separación del socio en caso de ausencia de reparto de dividendos se contempla en el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805 (“LSC” o “Ley de Sociedades de Capital”). El apartado 1 establece la regulación del derecho, en los términos siguientes: “a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles”. El apartado 3 dispone que este derecho no es aplicable a las sociedades cotizadas.
Sin embargo, pronto se arrepintió el legislador de su decisión, aunque parece que sólo a medias. En lugar de derogar el precepto, poco tiempo después de su entrada en vigor decidió suspender su vigencia. En efecto, la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, en su artículo primero, adicionó a la LSC una disposición transitoria nueva por medio de la cual decretó la suspensión, hasta el 31 de diciembre de 2014, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 348 bis LSC -EDL 2010/112805-. La Ley 1/2012 -EDL 2012/114833 fue publicada en el BOE el día 24 de junio de 2012. Después, la disposición final primera del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal -EDL 2014/137807-, extendió la suspensión del artículo 348 bis LSC hasta el 31 de diciembre de 2016.
Por tanto, el artículo 348 bis LSC -EDL 2010/112805 estuvo vigente desde el día 2 de octubre de 2011 hasta el día 24 de junio de 2012. Desde entonces quedó en suspenso. Más de cuatro años y medio de suspensión. Y vuelve a estar en vigor desde el 1 de enero de 2017. Como puede verse, en poco menos de un año para el legislador dejó de ser un instrumento técnico adecuado, aunque lo debió de ser de forma sólo temporal. Las razones pueden intuirse, pero no se han explicitado. Lo mismo ocurre con los motivos por los que ha recobrado su vigencia. El caso es que lo tenemos de nuevo vigente en nuestro ordenamiento jurídico, lo que con seguridad dará lugar a no pocos problemas de interpretación y aplicación.
Una de la cuestiones más controvertidas surgidas en torno al artículo 348 bis LSC -EDL 2010/112805 ha sido si cabe renunciar a ese derecho de separación o regularlo en estatutos o en pactos parasociales. Se está haciendo referencia a las más amplias y variadas fórmulas posibles de disposición del derecho, desde la exclusión o la renuncia hasta la configuración de su contenido de manera diferente a la establecida en la norma analizada.
Desde esta perspectiva, no se advierte ninguna razón de peso para no admitir la posibilidad de regulación estatutaria del derecho en todas las fórmulas posibles, incluida su posible exclusión. El derecho de separación del artículo 348 bis LSC -EDL 2010/112805 parece configurarse como una categoría a medio camino entre las causas legales y las estatutarias de separación; como una especie de tertium genus, en el que por el carácter esencialmente dispositivo de las normas reguladoras de las sociedades mercantiles cabe reconocer con naturalidad esa posibilidad de regulación estatutaria.
No hay, en este sentido, riesgo para la finalidad de protección de los intereses de los socios minoritarios, porque en tal caso esa regulación estatutaria no estará sometida al principio general de la mayoría, sino a la exigencia de unanimidad. Precisamente la exigencia de unanimidad se establece en el artículo 347.2 LSC -EDL 2010/112805 para la creación, modificación o supresión de causas estatutarias de separación. En este caso, hay que tener en cuenta que se trata de un derecho individual y que, por aplicación del artículo 292 LSC, la modificación estatutaria dirigida a la supresión o regulación del derecho de separación exigiría el consentimiento de los afectados. El artículo 292 se refiere a las sociedades de responsabilidad limitada, pero, como destaca la doctrina, “la misma regla será aplicable en la sociedad anónima y en la sociedad comanditaria por acciones cuando pretenda llevarse a cabo una modificación estatutaria para alterar un determinado derecho atribuido por la Ley a los socios” (MARTÍNEZ FLÓREZ, A., “La tutela individual de los derechos del socio en la sociedad de responsabilidad limitada (Art. 292)”, en Rojo-Beltrán, Comentario de la Ley de Sociedades de Capital, Tomo II, Madrid, 2011, pp. 2166 y 2167). De una forma u otra (es decir, mediante acuerdo unánime o mediante consentimiento individual de todos los socios), la decisión contaría con el consentimiento expreso de cada uno de los posibles afectados y se referiría a una materia que, por regular las relaciones internas entre la sociedad y los socios, ha de considerarse esencialmente dispositiva. Como ha explicado ALFARO ÁGUILA-REAL, J., op. cit., “la regulación legal del derecho de separación es permeable a la autonomía privada de la voluntad aunque no a la regla de la mayoría”, lo que garantiza la eficacia de este derecho como mecanismo de protección del socio minoritario.
Cabe también pensar en qué ocurre con las sociedades íntegramente patrimoniales o dedicadas a la tenencia de activos (como las sociedades que concentran un patrimonio conyugal o familiar o las sociedades holding o pura cabecera de un grupo de sociedades). En tales supuestos el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (“ICAC”) tiene dicho que “tanto los dividendos y otros ingresos -cupones, intereses devengados procedentes de la financiación concedida a las sociedades participadas, así como los beneficios obtenidos por la enajenación de las inversiones, salvo los que se pongan de manifiesto en la baja de sociedades dependientes, multigrupo o asociadas, constituyen, de acuerdo con lo indicado, el -importe neto de la cifra de negocios de la cuenta de pérdidas y ganancias’”. Así lo establece la Consulta nº 2 del BOICAC 79/2009, “Instrumentos financieros. NRV nº 9. Importe neto de la cifra de negocios de una ‘Holding’”, que hace referencia a una sociedad cuya actividad es la tenencia de un conjunto de participaciones para la obtención de rendimientos o plusvalías procedentes de la venta de dichas inversiones, la financiación de la actividad de sus participadas y, en su caso, cualquier tipo de honorario derivado de la prestación de servicios de gestión. Para el ICAC, actividad ordinaria es “aquella que es realizada por la empresa regularmente y por la que obtiene ingresos de carácter periódico”. De esa actividad quedan excluidas las operaciones de enajenación de participaciones de sociedades dependientes, multigrupo o asociadas, de manera que, en estos casos, los beneficios correspondientes a esas operaciones tampoco computarán como beneficios propios de la explotación a los efectos del artículo 348 bis LSC -EDL 2010/112805-.
Con el ejercicio del derecho de separación del artículo 348 bis LSC -EDL 2010/112805 nace a favor del socio un derecho de crédito frente a la sociedad por el importe en que se fije el valor de su participación en la compañía. Se denomina de “reembolso” en el artículo 356 LSC, que forma parte de las normas comunes a la separación y exclusión de socios.
Las reglas sobre clasificación de créditos se contienen en los artículos 89 y ss. de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 (“LC” o “Ley Concursal”). El apartado 1 de esa norma comienza señalando que los créditos incluidos en la lista de acreedores se clasificarán, a efectos del concurso, en privilegiados, ordinarios y subordinados. En materia de clasificación de créditos rige un principio que podría llamarse de tipicidad, con arreglo al cual los créditos de los acreedores frente al concursado se han de encajar en una de esas categorías, según los criterios legalmente establecidos. Se trata, eso sí, de créditos que derivan de las relaciones del deudor concursado con terceros en el desarrollo de su actividad económica. Ya puede, pues, adivinarse que se trata de sujetos que mantienen una relación conceptualmente diferente a la de los socios que realizan aportaciones en concepto de capital.
Particularmente relevante es, en este sentido, la categoría de los créditos que ostentan las denominadas “personas especialmente relacionadas con el deudor”, que por mandato del artículo 92.5º LC -EDL 2003/29207 tienen la clasificación de créditos subordinados. Según esa norma, son subordinados “los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican”. Por su parte, el artículo 93.2 LC contiene una relación precisa de qué ha de entenderse por personas especialmente relacionadas con el concursado a efectos de clasificación de sus créditos. Entre ellas, en el caso del deudor persona jurídica, se encuentran “los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por ciento si no los tuviera. Cuando los socios sean personas naturales, se considerarán también personas especialmente relacionadas con la persona jurídica concursada las personas que lo sean con los socios conforme a lo dispuesto en el apartado anterior” (artículo 93.2.1º LC).
Volvamos a la pregunta. En caso de ejercicio del derecho de separación del artículo 348 bis LSC -EDL 2010/112805-, ¿ha de acudirse a los artículos 92.5º y 93.2.1º LC -EDL 2003/29207 para determinar si el derecho de crédito del socio es o no subordinado?
La posible sujeción del llamado crédito de reembolso a las reglas sobre clasificación de créditos en el concurso de los artículos 89 y ss. LC -EDL 2003/29207 presenta, sin embargo, relevantes obstáculos que se antojan de difícil superación.
Si se admitiese que la gradación del crédito resultante del ejercicio del derecho de separación ha de hacerse en atención a lo establecido en los artículos 92.5º y 93.2.1º LC -EDL 2003/29207 para los créditos de las personas especialmente relacionadas con el deudor, no se estaría respetando la naturaleza de ese crédito y, en cambio, se le estaría asimilando a los créditos contraídos por el deudor en ejercicio de su actividad, que son los incluidos en la lista de acreedores. Y ello, además, tendría como consecuencia que, no obstante su posible clasificación como subordinados, se les estaría dando un trato diferente, mejor, del que correspondería en ausencia de concurso.
Nos explicamos. Como se ha visto, el artículo 92.5º LC -EDL 2003/29207 considera subordinados los créditos “diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican”. Este último inciso fue introducido por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y reclama que se trate de créditos derivados de préstamos o actos con análoga finalidad, de manera que créditos resultantes de otro tipo de actos habrán de ser calificados de ordinarios, con independencia de la participación que ostente el acreedor en el capital del concursado. Para encajar el crédito derivado del ejercicio del derecho de separación en esa categoría, sería preciso entender que se trata de un crédito que deriva de un acto de “análoga finalidad” a un préstamo, circunstancia que podría justificarse en que la aportación que el socio hace al capital social es una forma de financiación a de la sociedad y que, por tanto, debe asimilarse a una operación de préstamo a los efectos analizados. Piénsese, sin embargo, que si ese argumento no fuese atendido, la consecuencia sería que el crédito del socio resultante del ejercicio de su derecho de separación no sería nunca subordinado fuese cual fuese la participación del socio en el capital y, por tanto, habría de clasificarse como ordinario. Y en todo caso esa clasificación habría de darse a los socios que no reuniesen el porcentaje de participación previsto en el artículo 93.2.1º LC, es decir, a todos los que tuvieran una participación inferior al 10% del capital. Esta situación difícilmente podría considerarse compatible con la naturaleza del crédito de reembolso del socio, que por esencia ha de colocarse después de todos los créditos de los demás acreedores de la sociedad. En caso de concurso, el socio que ejerció el derecho de separación tendría un crédito de mejor condición que el que tendría de no estar la sociedad en concurso.
En realidad, la liquidación de la cuota que corresponde al socio en el patrimonio social es cuestión que se sitúa al margen del procedimiento concursal y como un estadio que se ha de producir después de la satisfacción de los acreedores concursales. Los artículos 152 y ss. y 176 y ss. LC -EDL 2003/29207 no hacen, en efecto, referencia a la forma en que se ha de proceder a la satisfacción de la cuota de liquidación a los socios. No lo hacen por la sencilla razón de que no es misión de la Ley Concursal regular esta cuestión, que por principio de especialidad corresponde a la Ley de Sociedades de Capital. Si el concurso termina en liquidación, hasta que ésta no finalice no procederá plantearse, en caso de haber remanente, la satisfacción de la cuota de liquidación derivada del ejercicio del derecho de separación. Eso sí, parece razonable que el socio que ejercitó ese derecho perciba el importe que se le debe con carácter preferente a los demás socios que no lo ejercitaron o a quienes no correspondía. Si hablamos del convenio como posible solución a la situación concursal, parece todavía más complicado admitir la posibilidad de que se pudiera proceder a la satisfacción del crédito de reembolso antes de que se dé por cumplido el convenio, con el pago a todos los acreedores afectados por el convenio en la forma prevista en éste.
El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805- (LS...
El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805 (LSC) fue introducido por la Ley 25/2011, de 1 de agosto -EDL 2011/152628 y desde su introducción ha sido objeto de todo tipo de críticas por razones muy diversas. Una de las críticas principales fue que podía conllevar dificultades financieras adicionales en un momento de crisis económica. Por este motivo su aplicación ha sido aplazada en dos ocasiones (por la Ley 1/2012, de 22 de junio -EDL 2012/114833 y por la Ley 9/2015, de 25 de mayo -EDL 2015/75516-). Pero el aplazamiento de su aplicación terminó el pasado 31 de diciembre de 2016, con lo que (como decía el coordinador de este foro), el artículo 348 bis vuelve a la carga, con toda su polémica. Se nos plantean ahora, entre las muchas cuestiones que podría discutirse, tres preguntas: ¿es norma imperativa o dispositiva, de modo que en estatutos o en pacto parasocial pueda ser excluida?; ¿qué son los “beneficios propios de la explotación”?; y por último, ¿el crédito del socio en el concurso será subordinado? Intentaremos contestarlas en la medida de lo posible.
En cuanto a la primera cuestión, en mi opinión, el artículo 348 bis LSC -EDL 2010/112805 es renunciable por el socio o socios y derogable por unanimidad, dado el principio del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad, y en la medida en que no afecta a los principios configuradores de las sociedades de capital (en el mismo sentido, ALFARO, J. en su blog y ALVAREZ ROYO-VILLANOVA, S. en “Derecho de separación en el caso de la falta de reparto de dividendos: el art. 348 bis LSC entra (de nuevo) en vigor el 1 de enero de 2017” Asociación Española de Asesores Fiscales, enero de 2017). Es evidente que no forma parte de los principios configuradores de las sociedades de capital porque es una norma que no existía previamente en nuestro ordenamiento y la LSC permite, en general, una libre configuración de los derechos de los socios (incluso con clases de acciones o participaciones con derechos distintos, incluidos el derecho al dividendo).
En cuando a la segunda de las cuestiones que se plantean (¿cuáles son los beneficios propios de la explotación? -expresión tomada del art. 128.1 LSC -EDL 2010/112805 relativo al usufructo-), tampoco tiene una contestación sencilla. La Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA en la opinión de diciembre de 2016 indica que la explotación es “la actividad o actividades de las que proceden los ingresos habituales de la empresa”. Con ello parece que el legislador pretende eliminar de la base del cálculo el beneficio que pudiera provenir de actividades extraordinarias, lo que parece razonable (si se vende, por ejemplo, un garaje, inmueble marginal para la actividad de la sociedad,, no parece razonable que un accionista pueda pedir un dividendo que respondería a un beneficio extraordinario). Ahora bien, el concepto no es unívoco, como pone de manifiesto la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) de 26 de marzo de 2015 que estima el recurso de apelación y, contra el criterio del juzgado de primera instancia, considera que deben incluirse en el cálculo unas partidas que, según su criterio, formaba parte de la actividad ordinaria, al no ser ajenas al objeto social (y, de esta forma, considera que “los ingresos financieros de valores negociables” es un beneficio propio de la explotación, aunque el objeto social no incluya la actividad financiera, puesto que son ingresos que contribuyen a la consecución del fin social).
Ahora bien, no parece muy razonable que, cuando la sociedad se enfrenta a la peor situación financiera posible (la insolvencia), el socio (por definición el acreedor más residual) pueda ejercer el derecho de separación y su crédito pudiera no ser subordinado. Quizás por ello, en la Propuesta de Código Mercantil, el artículo 271.6 en su apartado 2 preveía “el derecho de separación no podrá ejercitarse si existiese un acuerdo de refinanciación homologado por el juez, o si la sociedad se encuentra en concurso”. Este razonamiento se debería aplicar también al supuesto en el que el socio intente ejercer el derecho de separación después de la declaración de concurso. Parece difícil, pero no imposible, que se den los presupuestos para su ejercicio, pero si se dieran nos encontraríamos, en teoría, con un crédito posterior a la declaración de concurso. En ningún caso, a mi juicio, sería un crédito contra la masa puesto que no se incluye en ninguno de los supuestos del artículo 84 LC -EDL 2003/29207 (pese a ser un crédito nacido después de la declaración) y habría que defender su subordinación en todo caso.
No es cuestión que deba tratarse en este momento, la de valorar las razones ...
Una vez finalizado -no se sabe si definitivamente el periodo transitorio de suspensión, y habiendo entrado en vigor tal norma, en esta última ocasión, a partir del día 1 de enero de 2017, es oportuno entrar en el análisis de alguno de los problemas que se plantean.
El texto del artículo 348.1 bis LSC -EDL 2010/112805-, reza como sigue: u0022A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartiblesu0022.
La primera cuestión que se plantea es si el derecho de separación por falta de reparto de dividendos puede quedar enervado por acuerdo entre las partes. El artículo 28 LSC -EDL 2010/112805 permite incluir en los Estatutos u0022todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del tipo social elegidou0022. El límite de la autonomía de la voluntad es, de acuerdo con tal precepto, las leyes y los principios configuradores del tipo social elegido.
Cuando, en este marco, el legislador se refiere a u0022las leyesu0022, parece que debemos entender que las quiere contraponer al derecho dispositivo, aludiendo a normas inderogables por la libre voluntad de los particulares. En la Ley de Sociedades de Capital, hay una buena muestra de normas dispositivas por voluntad del legislador (artículos 11.2, 24.1, 86, 88,…).
La cuestión es si la incluida en el artículo 348 bis LSC -EDL 2010/112805 tiene o no carácter dispositivo. De acuerdo con la doctrina u0022suele admitirse que las disposiciones reguladoras de las sociedades de capital son predominantemente imperativas. Esa imperatividad, por más que atenuada en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, es un rasgo distintivo de las sociedades de capital, en la medida que puede decirse que en ninguna de esas sociedades, pese a la libertad de pactos proclamada por la Ley, se ha dado lugar a una lectura de las normas que las regulan en clave dispositiva por parte de los operadores jurídicosu0022 [ROJO,A-BELTRÁN,E.; Comentario a la Ley de Sociedades de Capital; Thomson Reuters; Madrid (2010); pág. 391].
No es unánime la doctrina sobre la disponibilidad de tal causa de separación. Mientras que GONZÁLEZ CASTILLA, F.; en Las reformas de la Ley de Sociedades de Capital (2ª edición, ampliada y puesta al día), Thomson Reuters; Cizur Menor (2012), pág. 325, considera que u0022debe mantenerse que el derecho de separación del art. 348.bis es disponible tanto en estatutos (por unanimidad, regla general del art. 347.2 LSC -EDL 2010/112805-), como por pacto parasocial o contrato con tercero (por ejemplo, con la entidad de crédito prestamista de la sociedad) o con los propios trabajadores de la sociedad (piénsese en un pacto de moderación salarial vinculado al no reparto de dividendos)u0022, la mayoría de la doctrina afirma que se trata de una disposición imperativa. Así lo reconoce el mismo autor citado, que en la misma página de la obra mencionada dice que u0022sin embargo, no puede desconocerse que buena parte de la doctrina sostiene su indisponibilidadu0022.
A favor de la indisponibilidad cabe mencionar que: a) la Ley no incorpora la salvedad en virtud de pacto contrario en este caso; y b) se permitiría que se frustrara la finalidad de la norma, que es salvaguardar los derechos de los minoritarios. Así parece entenderlo también GARCÍA SANZ, A.; en Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos; Revista de Derecho de Sociedades núm. 38/2012, según el cual u0022el derecho de todo socio a participar en el reparto de las ganancias sociales reconocido en el artículo 93.a) LSC -EDL 2010/112805- aparecía configurado implícitamente como un derecho dispositivo sobre el que la Junta General, en aplicación del artículo 273 LSC, podía disponer discrecionalmente. Esta caracterización como derecho dispositivo se manifestaba coherente con el principio general según el cual en las sociedades mercantiles las relaciones externas deben estar regidas por normas imperativas, al contrario de las relaciones internas, donde es preferible hacer prevalecer las normas de carácter dispositivo. Ahora bien, en un sector de las relaciones internas, en concreto, en las relaciones que se plantean entre la mayoría y la minoría, ¿es aceptable, desde el punto de vista de la técnica jurídica, tratar de salvaguardar la posición del socio minoritario mediante normas de carácter dispositivo? Esta pregunta debe responderse con un no rotundo. Obviamente, un derecho de carácter dispositivo no puede amparar el interés de un socio minoritario porque a la mayoría le basta un acuerdo para eliminarlo. Es necesario defender la posición del socio minoritario mediante normas imperativas, normas de mínimo que garanticen la efectividad de los derechos que asisten a todo socio y entre los cuales debe figurar, sin duda, el derecho a participar en las ganancias, derecho que debe considerarse esencial, pues está en la esencia de todo contrato de sociedad el reparto de ganancias entre los socios (v. artículos 116 CCom -EDL 1885/1 y 1665 CC -EDL 1889/1-)u0022.
No planteará pocos problemas determinar el supuesto de hecho consistente en haber u0022votado a favor de la distribución de los beneficios socialesu0022. No parece que una determinada redacción del punto del Orden del Día, que aboque al socio a un voto negativo (v.gr. votar en contra de no repartir dividendos) pueda permitir sortear el ejercicio del derecho de separación.
Con todo, existen otras incertidumbres. Plantea también problemas la interpretación de qué debe considerarse por distribuir u0022dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartiblesu0022.
Con la expresión u0022beneficio propio de la explotación del objeto socialu0022 parece que el legislador ha tenido que querer aludir al beneficio derivado de los ingresos ordinarios. Y por ingreso ordinario debe entenderse el que deriva, de manera directa, de la actividad principal de la empresa, excluyendo del cómputo los beneficios que derivan de los ingresos extraordinarios -todos aquellos que no proceden directamente de la actividad principal de la empresa-. Por tanto, a los efectos del cálculo del tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social, sólo deberían tenerse en cuenta los derivados de los ingresos procedentes de la actividad principal de la empresa.
Pero no cualquier beneficio derivado de los ingresos de la actividad principal de la empresa, sino que en el cálculo hay que incluir una nueva variable: los beneficios repartibles deben ser netos. En este sentido SÁNCHEZ CALERO, F Y SÁNCHEZ-CALERO, J; en Instituciones de Derecho mercantil; Thomson Reuters; Cizur Menor; (2103); pág. 596, consideran que u0022el beneficio neto constituye una medida de valor, determinada en el balance aprobado, que fija una parte del patrimonio social que se puede asignar o del que se puede disponer para determinados finesu0022.
Llegados a este punto, no todos los beneficios ordinarios y netos obtenidos en el ejercicio son repartibles. Habrá que cumplir, previamente, con las u0022atenciones previstas por la ley o los estatutosu0022, y u0022siempre que el valor del patrimonio neto no resulte ser inferior al capital socialu0022, y se cumplan el resto de requisitos de u0022distribuibilidadu0022 regulados en la Ley (artículo 273 LSC -EDL 2010/112805-).
Como el ejercicio del derecho de separación no es neutro para la sociedad, quizás no hubiera estado de más que el texto del precepto hubiera contemplado algún supuesto excepcional que, debidamente justificado, permitiera, puntualmente, enervar la obligación de distribuir dividendos -o plantear una distribución menor de la legalmente prevista sin que ello implicara el nacimiento del derecho de separación del socio disidente.
Para finalizar mencionaremos brevemente la controversia planteada en sede concursal por el reparto de beneficios en la sociedad deudora antes de la declaración de concurso. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sec. 4ª) de fecha 17 de diciembre de 2015 -EDJ 2016/206705-, dispone que u0022esta doctrina se ha reiterado en la STS de 24 de julio de 2014 -EDJ 2014/165053 antes citada, que rescinde los pagos de dividendos a los socios en situación económica de pérdidas, que se iban incrementando con el paso del tiempo, y en la que para explicar por qué los pagos se realizaron en unas circunstancias que ponían en evidencia la falta de justificación del sacrificio patrimonial que entrañaban, se remite a la STS de 10 de julio de 2012 y que convierten en injustificado el pago, por muy debido que fuerau0022.
El artículo 348 bis LSC -EDL 2010/112805- se introduce por la Ley 25/2011, d...
El artículo 348 bis LSC -EDL 2010/112805 se introduce por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la LSC e incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio -EDL 2011/152628 en su artículo 1º.18º sobre la modificación de la LSC. Tras unos meses en vigor, la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones -EDL 2012/114833 suspende su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2014 y, con posterioridad, la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal -EDL 2015/75516-, en su disposición final primera, prorroga de nuevo su vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2016, entrando, por tanto, definitivamente en vigor el pasado día uno de enero.
La sociedad puede repartir dividendos con cargo al beneficio del ejercicio o a reservas de libre disposición, pero antes de que los socios puedan disfrutar de este reparto, la sociedad tiene que cumplir las exigencias acerca de la aplicación del resultado que imponen los arts. 273 y 326 LSC -EDL 2010/112805 (deben cubrirse las atenciones previstas por la ley o los estatutos; el valor del patrimonio neto no puede ser inferior al capital social, ni antes ni después del reparto; los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta; si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas; el valor de las reservas disponibles no puede ser inferior al importe de los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance; cuando la sociedad haya realizado una operación de reducción de capital social, para que ésta pueda repartir dividendos, será preciso que la reserva legal alcance el 10% del nuevo capital).
No de otra manera podría entenderse el inciso del precepto referido a que sean “legalmente repartibles” los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior. A este respecto también debe tenerse en cuenta que el artículo 278 LSC -EDL 2010/112805 establece la obligación de restituir los dividendos o las cantidades a cuenta entregadas por este concepto y que, en el caso de concurso de acreedores, conforme al artículo 71.1 LC -EDL 2003/29207 serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso.
Cómo premisa previa, la sociedad debería cumplir los requisitos previstos en la LSC -EDL 2010/112805 para el reparto de dividendos, cumplidos los cuales se someterá a la junta general dicho reparto. Durante la celebración de la junta general, el socio votará a favor de la distribución de dividendos, resultando que, si como mínimo, la junta general no acordara distribuir un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior y que sean legalmente repartibles, el socio tendrá derecho de separación.
La SAP de Barcelona de 26 de marzo de 2015 -EDJ 2015/128110 llega a esta conclusión teniendo en cuenta principalmente “las razones que el Legislador esgrimió para justificar su introducción. El origen del precepto se encuentra en la enmienda 21 del Grupo Parlamentario Popular del Congreso al Proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital de 2011, que finalmente fue aprobada como Ley 25/2011, de 1 de agosto -EDL 2011/152628-. En justificación de la enmienda, que finalmente acabaría convirtiéndose en el artículo 348 bis -EDL 2010/112805-, se dijo lo siguiente: u0022(...) De otra parte, con la forma que se propone se evita tener que repartir como dividendos las ganancias extraordinarias (como, por ejemplo, las plusvalías obtenidas por la enajenación de un bien que formaba parte del inmovilizado fijo). La expresión u0022beneficios propios de la explotaciónu0022 del objeto social, específicamente introducida con esa finalidad, proviene del artículo 128.1 de la Ley de Sociedades de Capitalu0022.
Por esta razón la propia SAP de Barcelona de 26 de marzo de 2015 -EDJ 2015/128110 llega a la conclusión de que no es necesario un complemento a la convocatoria (art. 172 LSC -EDL 2010/112805-) por parte del socio que pretenda la distribución del dividendo para introducir en el orden del día una distribución que propiciara al menos el mínimo establecido en el artículo 348 bis LSC. No sólo porque el precepto no lo exige, sino también porque la junta es soberana para decidir sobre el reparto de beneficios y es hasta el momento de la toma de decisión del acuerdo cuando puede tenerse certeza del mismo. Es precisamente por ello, por lo que el socio debe manifestar su voluntad en dicho momento dejando constancia en el acta de la sesión.
Que la sociedad no cotizada haya superado el quinto ejercicio económico a contar desde su inscripción en el Registro Mercantil.
Que se hubiera convocado la junta general ordinaria a efectos de la aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado.
Que el socio hubiera votado en dicha junta a favor de la distribución de los beneficios sociales en concepto de dividendo.
Que el socio que hubiera votado a favor de la distribución de beneficios en dicha junta ejerza el derecho de separación en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.
“a) El plazo para su ejercicio comienza a computarse desde la fecha en que se hubiera celebrado la Junta General ordinaria de socios en la que se hubiera adoptado el acuerdo en cuestión. El art. 348.2 bis -EDL 2010/112805 recoge una norma especial en relación a la norma general del art. 348.2 ambos preceptos de la LSC.
La recuperación de la vigencia del art. 348 bis de la Ley de sociedades de c...
La recuperación de la vigencia del art. 348 bis de la Ley de sociedades de capital -EDL 2010/112805 (LSC) el pasado día 1 de enero constituye, sin duda, una de las cuestiones más relevantes y controvertidas en materia de Derecho de sociedades desde la reforma llevada a cabo en 2014, fundamentalmente como consecuencia de la combinación entre el presumible elevado potencial de aplicación de dicha norma y los múltiples problemas de interpretación y, por tanto, de aplicación que dicho precepto suscita.
Como es sabido, el art. 348 bis se introdujo en la LSC -EDL 2010/112805 con ocasión de la reforma realizada en 2011 fundamentalmente para incorporar al Derecho español la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas en sociedades cotizadas -EDL 2007/115021 (reforma que se llevó a cabo a través de la Ley 25/2011, de 1 de agosto -EDL 2011/152628-), aunque no solo para ello como lo pone de manifiesto precisamente la incorporación de esta norma en la LSC que precisamente no resulta aplicable a las sociedades cotizadas (y, por cierto, sobre la que nada se dice en el Preámbulo de la Ley). La medida tenía y tiene como finalidad proteger a los socios minoritarios frente a las actuaciones de la mayoría que determinen el vaciamiento de su derecho a participar en la distribución de los beneficios sociales. Sin embargo, el mecanismo diseñado a ese fin, la atribución de un derecho de separación en supuestos de no reparto o reparto insuficiente de los beneficios, sin parangón en Derecho comparado (para una breve y muy reciente síntesis de la situación a este respecto en otros ordenamientos jurídicos vid., por todos, ALVAREZ ROYO-VILLANUEVA/FERNÁNDEZ DEL POZO, «Una propuesta de redacción alternativa del artículo 348 bis LSC», La Ley Mercantil, 33, Febrero 2017), resultó una medida excesivamente drástica que desde el principio se percibió como una amenaza a la estabilidad financiera y patrimonial de las sociedades, especialmente inoportuna en el momento de plenitud de la crisis económica. Ello determinó un primer aplazamiento de su entrada en vigor (a través de la Ley 1/2012, de 22 de junio -EDL 2012/114833-), posteriormente renovado y ampliado hasta el 31 de diciembre de 2016. No obstante, en el escaso período de tiempo en el que la norma ha estado en vigor con anterioridad a la recuperación de su vigencia el pasado día 1 de enero, la aplicación de la norma ya dio muestras del elevado potencial de conflictividad que conlleva, apreciación que probablemente jugó también un papel relevante en la decisión de suspender su vigencia (a través de una decisión que ha sido calificada como extravagante o, incluso, vergonzante –vid. SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., «Entrada en vigor del artículo 348 bis LSC», entrada en su blog de fecha 2 de febrero de 2017-).
Y es que, con independencia de la bienintencionada previsión de la medida, que hubiese sido controvertida incluso de haberse formulado con precisión, es necesario poner de manifiesto que la construcción técnica de la norma es muy defectuosa lo que determina que su aplicación plantee muchos más problemas de los que evita o soluciona. Así, se plantean dudas sobre, entre otras cuestiones, el cómputo del plazo a partir del cual cabe el ejercicio por el socio del derecho de separación, tanto en general como en particular en los casos de modificación estructural de las sociedades, la delimitación de los presupuestos exactos para el ejercicio del derecho (comportamiento del socio en relación con el acuerdo de distribución de dividendos, delimitación del concepto de «beneficios propios de la explotación legalmente distribuibles»), la naturaleza de la norma, la interferencia con otras medidas previstas en la LSC -EDL 2010/112805 (derecho de oposición de acreedores en caso de reducción del capital social en sociedades anónimas o responsabilidad de los socios por las deudas sociales en casos de sociedad de responsabilidad limitada; determinación del plazo para el reparto de los dividendos acordados), condiciones formales para el ejercicio del derecho, etc.
Sin perjuicio de entender aconsejable que esta posibilidad se recogiese expresamente en la norma (vid. la propuesta que formulan ALVAREZ ROYO-VILLANOVA/FERNÁNDEZ DEL POZO, «Una propuesta…», cit., pág. 2, que en este aspecto recoge el contenido de la regulación que se proponía en el antecedente de la norma que comúnmente se sitúa en el art. 150 de la Propuesta de Código de sociedades Mercantil del año 2002), nos inclinamos por esta segunda posición en tanto consideramos que el fin protector de la norma quedaría de ese modo suficientemente garantizado. La admisión de una regulación estatutaria del derecho conlleva también la admisión con mayor motivo de su regulación en un pacto parasocial que vincula únicamente a quienes lo suscriben (sin perjuicio de la singularidad de los pactos parasociales suscritos por todos los socios –omnilaterales que, en todo caso, tampoco serían oponibles a terceros que adquieran la condición de socios sin proceder a su suscripción).
La delimitación del concepto de «beneficios propios de la explotación» es también muy controvertida. El artículo 348 bis LSC -EDL 2010/112805 determina la base de cálculo para la distribución de dividendos por referencia a los «beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles». La interpretación de esta norma y con ello la identificación de los beneficios que han de ser objeto de distribución ha sido también muy discutida si bien, la posición mayoritaria de la doctrina ha sido identificar beneficios propios de la explotación con beneficios ordinarios excluyendo, por tanto, los beneficios extraordinarios según el criterio contenido, entre otras, en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de 21 de junio de 2013 y en la SAP de Barcelona (Sección 15ª), de 26 de marzo de 2015. La cuestión es delimitar exactamente el concepto de beneficio extraordinario que sería determinante para fijar la base de cálculo.
A este respecto, no cabe el recurso a un criterio estrictamente contable, dado que las normas vigentes en el momento de introducirse en la LSC el art. 348 bis -EDL 2010/112805 (Plan General de Contabilidad aprobado por el RD 1514/2007), no contienen este concepto y su definición. En todo caso, el hecho de que los beneficios no correspondan estrictamente al desarrollo de la actividad típica de la sociedad (integrada en su objeto social) no es suficiente, por sí solo, para calificar a un beneficio como extraordinario en la medida en que para ello ha de tomarse en consideración también otros extremos y, fundamentalmente, su recurrencia (vid. las consideraciones que realiza el Tribunal en el Fundamento de Derecho Séptimo de la SAP de Barcelona de 26 de marzo de 2015 -EDJ 2015/128110-). A su vez, ha de tomarse en consideración que no necesariamente todos los beneficios extraordinarios, atípicos o excepcionales han de ser ajenos a la explotación del objeto social. Probablemente una interpretación equilibrada podría ser considerar que, en principio, todos los beneficios obtenidos por la sociedad en el ejercicio de referencia quedan en principio incluidos en la base de cálculo para la distribución de los dividendos, salvo aquellos que se acredite que no corresponden al desarrollo del objeto social y tienen carácter extraordinario en relación con su cuantía y su recurrencia.
Finalmente, la tercera cuestión se refiere al tratamiento concursal del crédito del socio a la cuota de liquidación en el supuesto de ejercicio del derecho de separación ex art. 348 bis LSC -EDL 2010/112805 por concurrir sus presupuestos de aplicación y, en particular, a su eventual consideración como un crédito subordinado. Como es sabido, el art. 92 de la Ley Concursal -EDL 2003/29207 (LC) determina que quedan subordinados, entre otros, los créditos de los que fuese titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a que se refiere el art. 93 LC excepto, en lo que en estos momentos interesa, «los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1º y 3º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican» (excepción introducida en la LC a través de la Ley 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123-, y en vigor desde el 1 de enero de 2012). A este respecto, el art. 93.2 determina las personas especialmente relacionadas en caso de concursado persona jurídica entre las que incluye «los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares directa o indirectamente de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por ciento si no los tuviera» (número 1º) así como a «las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este apartado» (número 3º).
A este respecto entendemos que el crédito que corresponde a un socio al cobro de la cuota de liquidación en el supuesto de ejercicio de su derecho de separación (ya sea por concurrir las circunstancias del art. 348 bis LSC -EDL 2010/112805 o de cualquier otro supuesto en los que se admite el ejercicio del derecho de separación), no puede calificarse como un crédito similar o semejante a un préstamo ni con análoga finalidad (nos referimos obviamente al derecho de crédito que corresponde al socio una vez determinado el valor de liquidación de su participación, lo cual debe haber ocurrido con anterioridad a la declaración de concurso para que estemos ante un crédito concursal). Como ha puesto de manifiesto la doctrina, la realidad subyacente a esta regulación es el tratamiento de la financiación de las sociedades de capital mediante préstamos o prestaciones de contenido económico equivalente realizadas por los socios a favor de la sociedad (la llamada «infracapitalización nominal»; vid., por todos, MARÍN DE LA BÁRCENA, F., «Subordinación de créditos de socios y concurso de sociedades de capital», Revista de Derecho concursal y paraconcursal, 12, 2010, págs. 93 y ss), problemática que no se plantea en relación con el pago al socio del valor de liquidación de su participación en el capital social. Por ello consideramos que el crédito del socio a obtener el valor razonable de sus participaciones sociales o acciones se beneficiaría de la excepción contemplada en el número 5 del art. 92 LC -EDL 2003/29207 y, en consecuencia, que no cabría calificar dicho crédito como subordinado. Cuestión distinta es que en atención a las circunstancias concurrentes quepa el ejercicio de acciones rescisorias o de impugnación de los actos que hayan originado el crédito del socio frente a la sociedad.
Transcurrido el último plazo de suspensión prevenido en la Disposición fin...
Transcurrido el último plazo de suspensión prevenido en la Disposición final Primera del Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, con fecha 1 de enero de 2017 ha adquirido vigencia el artículo 348 bis LSC -EDL 2010/112805 introducido por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas -EDL 2007/115021-, que regula un derecho de separación del socio (salvo para las cotizadas) en caso de falta de distribución de un dividendo mínimo por la sociedad siempre que se den determinados requisitos
La primera cuestión es la relativa a la naturaleza imperativa o dispositiva de la norma. A nuestro entender, la norma debe considerarse de naturaleza imperativa y por tanto, excluida de todo pacto de supresión o modificación en perjuicio del socio, bien en los estatutos, bien a su margen, por pacto parasocial y ello por tres razones, a saber, primero, por razones literales, ya que la redacción es claramente imperativa en la atribución del derecho de separación –“tendrá derecho de separación”-, segundo, por razones finalistas ya que la ratio última del precepto es el de la protección del derecho del socio minoritario frente a los comportamientos abusivos de la mayoría que impide el reparto de beneficios de manera sistemática y constante, sin justificación (a sabiendas que no hay obligación expresa de reparto de dividendos por las sociedades) y, finalmente, por razones sistemáticas, ya que si bien el art. 347 LSC -EDL 2010/112805 admite la posibilidad de la modificación o supresión de causas de separación lo hace solo respecto de las que se refiere la propia norma que son las estatutarias respecto de las que requiere tanto para incorporarlas como para suprimirlas o modificarlas el consentimiento unánime de todos los socios, no habiendo razón alguna que se desprenda del art. 348 bis para considerar que estemos ante una modalidad insinuada por la ley de causa de separación estatutaria.
Ahora bien, el que se afirme la naturaleza imperativa de la norma lo es únicamente a los efectos de su propia existencia y correlativa prohibición de limitación estatutaria pues siendo como es el derecho de separación un derecho potestativo cuando se da en supuesto de hecho correspondiente, es evidente que se puede eludir su ejercicio mediante el acuerdo unánime de los socios –de hecho la norma se basa en la discrepancia o por pacto parasocial de todos los socios, en suma, contando con la voluntad de aquél a quien se le reconoce el derecho subjetivo.
Afirmado que estamos ante el crédito de un socio, la respuesta a la cuestión vendrá determinada por la concurrencia de los otros presupuestos de subordinación, es decir, los de la tasa mínima de participación en el capital -10% (art 93.2.1º LC -EDL 2003/29207-) y, en segundo lugar, como elemento más cuestionable, la naturaleza del negocio jurídico origen del crédito y en particular si el crédito por reembolso de las participaciones o acciones del socio que ejercita su derecho de separación es o no préstamo o crédito derivado de acto con análoga finalidad pueda considerar como un crédito equivalente al préstamo (art. 92.5º LC) pues en otro caso resultaría expulsado del concepto legal de la subordinación.