Source: https://www.scribd.com/document/379906473/8-2articulo-Antecedentes-Penales
Timestamp: 2019-03-19 02:01:17
Document Index: 190982985

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 39', 'artículo 11', 'artículo 39', 'artículo 143', 'artículo 154', 'artículo 19', 'artículo 110', 'artículo 154', 'artículo 6', 'artículo 71', 'Artículo 71', 'artículo 31', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 54', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 8', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 15', 'artículo 27', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 136', 'Artículo 33', 'artículo 136', 'artículo 136', 'Artículo 88', 'Artículo 136', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 23']

8.2articulo Antecedentes Penales
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LOS ANTECEDENTES PENALES Y SUS CONSECUENCIAS EN
MATERIA DE EXTRANJERIA, ASILO y NACIONALIDAD.
Javier Galparsoro y Patricia Bárcena. ICA Bizkaia
Con aportaciones:
Ana Mª Uría. ICA Cantabria y José María Pey ICA Bizkaia
Todo comportamiento que genere antecedentes penales por livianos que sean,
tiene consecuencias negativas directas y en muchas ocasiones incorregibles para las
En más de una ocasión hemos escuchado expresiones como “fue un buen acuerdo” o
“el cliente estaba conforme” o “la pena se redujo a 2 años” o “que así no entrará en
prisión”. El “más vale un mal acuerdo que un buen pleito” no resulta en ningún
caso positivo para una persona extranjera si conlleva que se hayan generado
antecedentes penales, no susceptibles de cancelación.
Así, podemos encontrarnos y nos detendremos en un primer apartado bajo el
epígrafe de Antecedentes Penales y sus consecuencias a las siguientes:
 Primera: La Expulsión (especial mención residentes de larga duración)
 Segunda: Imposibilidad de acceso a las Autorizaciones Administrativas
para residir y/o trabajar en España.
 Tercera: Dificultades en la modificación y/o renovación de las
 Cuarta: Afectación a los ciudadanos de la UE.
 Quinta: Dificultades de acceso a la Nacionalidad.
 Sexta: Dificultades de acceso a la Protección Internacional
Por lo que resulta fundamental, en caso de que existan, proceder a la cancelación
de los antecedentes penales, aspecto al que dedicaremos un segundo apartado.
Nos detendremos en el tercer apartado en el art.57.2 por su relevancia y
controvertida interpretación. En el cuarto apartado en el art.57.5. en su aplicación
Y finalmente abordaremos los antecedentes policiales y su cancelación en el quinto
y último apartado.
I- ANTECEDENTES PENALES- CONSECUENCIAS
PRIMERA.- La EXPULSION.
En el ámbito Penal-Extranjería cabe cumplimiento de pena/sustitución/ o ambas.
• Sustitución del procedimiento de delito castigado con pena menor de 6
años, o de falta sancionada con pena de cualquier naturaleza, en caso de
imputación o de procesamiento, por la expulsión (art. 57.7 de la Ley de
• Sustitución de pena inferior a 6 años por expulsión, en sentencia o auto
motivado posterior (art. 89.1 del Código Penal).
• Sustitución de pena superior a 6 años por expulsión en sentencia o
ejecución, cuando se alcance el tercer grado penitenciario o cumplimiento
o tres cuartos de condena (art. 89.5 del Código Penal).
• Expulsión tras el cumplimiento de la pena por haber sido condenado por
delito doloso sancionado con superior a 1 año de privación de libertad,
salvo cancelación de antecedentes (art. 57.2 de la Ley de Extranjería).
De las situaciones citadas, quizás las más controvertidas resultan las dos últimas
por cuanto al margen de que parece unánime el criterio de que se tratan de dos
sanciones distintas lo cierto es que en la práctica la persona extranjera es
sancionada dos veces. Por ello conviene recordar que, no en todos los supuestos
cabe la expulsión pese a que se haya cometido un delito.
¿En qué casos procede aplicar lo previsto en el art. 57.5 de la Ley Orgánica?
El art. 57.5 dispone que "La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la
infracción cometida sea la prevista en el art. 54, letra a) del apartado 1, o suponga una
reincidencia en la comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma
naturaleza sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los
b) Los residentes de larga duración. Antes de adoptar la decisión de la expulsión
de un residente de larga duración, deberá tomarse en consideración el tiempo de
su residencia en España y los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el
interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a
c) Los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad
d) Los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para
el trabajo como consecuencia de un accidente de trabaja o enfermedad profesional
y DGI/SGRJ/09/2009.5. o mayores con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. EXPULSIÓN. nos detenemos en el apartado b) Extranjero con autorización de residencia permanente (larga duración). Por un lado. DGI/SGRJ/05/2009. c) las consecuencias para él y para los miembros de su familia. Antes de adoptar una decisión de expulsión de un residente de larga duración. A los titulares de este tipo de autorizaciones el artículo 32 LOEX les confiere un derecho constitutivo de residencia de larga duración al cumplir los 5 años de residencia legal. 4 . Los Estados miembros únicamente podrán tomar una decisión de expulsión contra un residente de larga duración cuando represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública. 1 respecto 1 Sobre prestaciones económicas asistenciales de carácter publico en el País Vasco ver apartado III. en su caso. que estén a su cargo".ocurridos en España. habrá de tenerse en cuenta lo previsto en el citado artículo 57. 3. De entre estos supuestos. ni a sus ascendientes e hijos menores. El art. Esta situación jurídica implica una consideración específica a la hora de imponer una expulsión. así como en las Instrucciones que han venido a dictarse en dicha materia DGI/SGRJ/04/2009. que resulta de aplicación bajo el epígrafe “Protección contra la expulsión” señala: “1. b) la edad de la persona implicada. así como los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral1. la cual en ningún caso puede ser automática. 2.RESIDENTES DE LARGA DURACIÓN La normativa aplicable a este tipo de autorizaciones deviene de la Directiva 2003/109/CE. La decisión a que se refiere el apartado 1 no podrá justificarse por razones de orden económico. d) los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen”. traspuesta a través de este artículo 57. los Estados miembros deberán tomar en consideración los elementos siguientes: a) la duración de la residencia en el territorio. ejecutar la sanción de expulsión al cónyuge del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y que haya residido legalmente en España durante más de dos años. 12 de la citada Directiva. Tampoco se podrá imponer o.
num.a de la LO 4/2000 EDL2000/77473 . 54. del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 2. Sede de Burgos 00462/2012 de 15 de octubre de 2012.1. 1 de Albacete 00100/2013.54.2 de forma automática. STS 29-1-1993. sobre Protección de la Seguridad Ciudadana”. 24 califica como muy graves. Javier (EDJ 2011/65592). cabe colegir la imposibilidad de interpretar el artículo 57. debiendo ser la conducta objeto del delito valorada específicamente [en este sentido ver Sentencia nº 146/2011. a las que el art. caso Ziebell) prevén que «el residente de larga duración de que se trate sólo puede ser expulsado cuando represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública(STJCE 27-10-1997. se remite a la LO 1/1992 de Seguridad Ciudadana. rec. la necesidad de revisar si los antecedentes penales han sido cancelados. habrá de estar a lo previsto en el anteriormente citado apartado 5 en relación a la imposibilidad de sancionar con expulsión a los residentes de larga duración salvo que la infracción cometida sea la prevista en el art. actual y suficientemente grave para 2 Art. Y así mismo. “… pese al delito cometido y a la gravedad del mismo. de 10 de mayo de 2011.a de la LO 4/2000.54. hoy residentes de larga duración.al principio de proporcionalidad. sin que la conducta objeto del delito encuentre su encuadre en las conductas del art. no puede conllevar la expulsión a menos que su comisión sea a su vez constitutiva de la infracción del art. por otro lado el apartado 2 advierte en el caso de haber sido condenado por delito doloso con pena superior a un año. 20-6- 2001). o estar implicados en actividades contraías al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero. en relación a los extranjeros con residencia de larga duración. la cual a su vez se remite a la LO 1/1992 de Seguridad Ciudadana EDL 1992/14544 . siempre que su conducta personal constituya además una amenaza real. STJCE 8-12-2011. Pte: Albar García. Conforme a esta jurisprudencia que acertadamente resumen las Sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 19-1-1999. de 22 de marzo de 2013. 54.1”Son infracciones muy graves: a) Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países. a) Puede erigirse en causa de expulsión de los extranjeros que tengan reconocida la residencia permanente. Zaragoza. sino que.371/2008. Sección 1ª) de Castilla y León. 5 . En este último supuesto además es preciso recordar que el art. 447/2010. 6-10-2000.1.a de la LOEX2. además de que ello debería haber sido objeto de una específica valoración. y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Contencioso Administrativo. 23. C. todo ello sin perjuicio que "lege ferenda" sería conveniente que se regulasen con más rigor los efectos de este tipo de conductas cometidas por residentes de larga duración” Se hace preciso atender a las directrices jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de Luxemburgo con respecto a los artículos 9 y 12 de la normativa comunitaria referida (por todas.1.
23 de enero de 1991. por ejemplo. dispone que serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos los siguientes: a) La supremacía del interés del menor. 1164/2001: "La existencia de ese hijo español es fundamental para la resolución de este recurso de casación. En este sentido se han de alegar y probar la situación de arraigo social.La Constitución Española establece como principios rectores de la política social el de la protección social. familiar y económico-laboral del ciudadano extranjero. rec.. Si se expulsa al padre o madre de un menor de edad de nacionalidad española al que no se le haya privado de la patria potestad. caso Dalia contra Francia. S 26-1-2005.el orden público o la seguridad pública. si se tienen en cuenta las siguientes ideas: 1ª. como señala la STS Sala 3ª. Debe tenerse presente el derecho a la protección de la vida familiar que goza de protección constitucional. se coloca al menor español en la posición de o bien tener que salir de España si ha de mantener la relación paterno filial. S 26-1-2005.. así como el de la protección integral no sólo de los hijos. ex artículo 18.E. lo cual atenta. caso Barrehad contra Holanda. de 15 de enero. 1164/20013. caso Mostaquí contra Bélgica. hace inviable. 39 de la C. caso Djeroud contra Francia. c) Su integración familiar y social. caso Beljoudí contra Francia. 6 . las consecuencias para él y para los miembros de su familia. singularmente. y 19 de febrero de 1998. que pueda admitirse la expulsión de España de persona que tenga una hija o hijo menor de edad de nacionalidad española viviendo en nuestro país. En consecuencia con ello. y los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen. EXPULSION. interpretado de conformidad con el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEPDH). caso Bouchelkia contra Francia. 5ª. de Protección Jurídica del Menor. sec. sino también de sus padres (artículo 39-2).E. máxime cuando ejerce la patria potestad de la menor y cumple con sus obligaciones de prestación de la pensión de alimentos. 26 de marzo de 1992. sec. o bien en la de criarse en España pero en ausencia del padre o madre.1 C. 18 de febrero de 1991. la edad de la persona implicada.PADRE o MADRE DE ESPAÑOLES La eventual vulneración del art. de 29 de enero de 1997. sin que pueda justificarse por razones de orden económico. b) El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen salvo que no sea conveniente para su interés. 5ª. contra 3 STS Sala 3ª. el artículo 11-2 de la Ley 1/96. de acuerdo con los criterios jurisprudenciales acuñados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). b) Antes de adoptar la decisión de expulsión la Administración deberán tomar en consideración los elementos siguientes: la duración de la residencia en el territorio. rec. en las sentencias de 21 de junio de 1988. y así se fundamente en la resolución. económica y jurídica de la familia (artículo 39-1).
todo ello con claro perjuicio de su equilibrio psico-afectivo4.-/ vulnerar el derecho de la menor y su padre a la vida familiar y a la intimidad personal y familiar.. Por lo demás. alimentarlos. mal pueden cumplirse estos deberes. educarlos procurarles una formación integral. que señala que si se expulsa al padre del español menor de edad que no esté privado de la patria potestad. por lo tanto. en consecuencia. educarlos y procurarles una formación integral.g. (lo que viola los preceptos que hemos citado de protección a la familia y a los menores). representarlos y administrar sus bienes. Así pues. así como su el derecho esencial de la menor a crecer y desarrollarse dentro de un entorno adecuado. Del contenido de los artículos citados se puede deducir que existe tanto un deber del progenitor de alimentar. aunque no esté literalmente dicho en las normas (aunque sí lo está en su espíritu). o bien en la de criarse en España pero en ausencia del padre. y que. más fuerte y primario que cualquier otro derecho de configuración legal. aunque no ostenten la patria potestad. que es español (lo que infringe el citado principio de no expulsión de los nacionales) o bien es una orden de desmembración cierta de la familia. alimentarlos. Pte: Lallana Duplá. nº 2999/2010. artículo 143-2º del propio Código.. Ni las normas sobre extranjería ni el sólo sentido común pueden admitir que la madre de un español sea una pura extranjera y se la trate como a tal. b. pero sólo y separado de su madre". "los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional". pueda expulsarse a la madre de España como una simple extranjera y quede en España el menor con todos sus derechos. crecer. 2ª. lo cual 7 .. con una prohibición de entrada en el país por cinco años. pues la expulsión decretada provoca ineludiblemente la separación del hijo y de la madre. Según el artículo 154 del C. se coloca al hijo español en la posición de o bien tener que salir de España si ha de mantener la relación paterno filial. que obliga recíprocamente a los ascendientes y descendientes a darse alimentos.C. rec. Mª Antonia [EDJ 2010/348253]). 147/2010. fuera del supuesto de medida cautelar o sanción penal. según el artículo 19 de la Constitución Española).elementales principios de protección de la familia.La orden de expulsión de la madre. 3ª. que aquí se recurre. que el hijo español tenga todos los derechos y su madre no tenga ninguno. la patria potestad incluye el deber y facultad de los padres de velar por los hijos. educada y protegida por su padre.El ordenamiento jurídico español no permite la expulsión del territorio nacional de ciudadanos españoles. a velar por sus hijos y prestarles alimentos. educar y proteger a su hijo. que obliga al padre y a la madre. pero nunca con la expulsión del territorio nacional. artículo 110 del Código Civil. artículo 154. Es indudable que expulsar de España al progenitor implicaría: a. etc). Se trata de un derecho derivado de la propia naturaleza. y. como un derecho de contenido fundamental de la niña de ser alimentada. es un derecho que tiene sus reflejos en concretos preceptos del ordenamiento jurídico (v. siendo además el Estado y la Administración responsables de que se cumplan estos deberes y derechos. puede decirse que. el primer derecho del hijo menor de edad es estar. tenerlos en su compañía. tenerlos en su compañía. 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla-León (sede Valladolid).-/ impedir que ésta cumpliera con las obligaciones implícitas en la patria potestad. (La comisión por un español de un delito o de una infracción administrativa son castigados con determinadas penas o sanciones. o bien es también una orden implícita de expulsión de su hijo menor. que impone a los padres el deber (y les reconoce el derecho) de velar por sus hijos. criarse y educarse con su madre. 4 Sentencia de 27 de diciembre de 2010 de la Secc.
Destacamos igualmente la notable sentencia del T.E. Miguel Angel (EDJ 2007/29117). rec. contrariamente a lo que se razona en la sentencia apelada. salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados – y que tal precepto legal no contemple la sustitución de la sanción de expulsión por la de multa. señala en su Fundamento de Derecho Tercero: “(…) Teniendo en cuenta estos datos también el recurso de apelación debería ser estimado porque el recurrente es padre de una ciudadano español menor de edad. sec. contra elementales principios de protección de la familia. 57.2011 (Asunto C- 34-09. 8 . según alega y prueba con aportación de su DNI sin que el Abogado del Estado haya cuestionado este extremo en su oposición al recurso de apelación. sustituyendo la medida de expulsión por la imposición de una multa en la cuantía legalmente determinada a cuya concreción. el nacimiento en España de hijo del apelante lleva a considerar no ajustado a Derecho el acuerdo de expulsión de éste. 997/2004. no es preciso demasiado razonamiento para concluir que la expulsión del apelante no es admisible”. _ Sentencia de 4 de enero de 2010 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana señala en su Fundamento de Derecho Tercero que: “(…).O. nacido antes de la incoación del expediente administrativo sancionador. pues en el caso de autos no se trata de valorar una situación de arraigo familiar a efectos de determinar la proporcionalidad de la sanción de expulsión impuesta al actor-apelante. Pedro (EDJ 2004/237556) [EDJ 2004/237556]. por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año. en la medida que tales decisiones. _ Sentencia de 16 de enero de 2007.U. rec.02. sin que obste a esta conclusión. la circunstancia de que la referida expulsión le haya sido impuesta al extranjero por la causa prevista en el art. de 30 de Abril de 2011 de la que extractamos su parte dispositiva: “El art. nº 10010/2007. rec. como señala el TS –Sentencia de la Sala 3ª. _ Sentencia de 30 de noviembre de 2004. 1164/200-.O. la residencia del Estado miembro de residencia de estos.2 de la L. dentro y fuera de España. y en este punto procede también estimar el recurso en los términos expuestos. 29 del Tratado de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro. configuran una situación personal y familiar de la actora que supone que la imposición de la medida de expulsión en lugar de la de multa resulte desproporcionada. ciudadanos de la Unión. debe proceder en la Administración en la vía administrativa. de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.Pte: Hernández Cordobés. S 26-1-2005. Gerardo Ruiz Zambrano contra Oficina de Empleo de Bélgica) publicada en el D. sin perjuicio de que de no proceder la parte a regularizar su situación en España proceda una nueva apertura de procedimiento sancionador que pueda terminar en su expulsión”. 180/2005.” atenta. 5ª. por corresponderle.J. 4/20000 – haber sido condenado. del cual son nacionales. y por otro deniegue a dicho nacional de un Estado tercero un permiso de trabajo. privarían a dichos menores de la esencia de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión. Pte: Pérez Yuste. que señala en su Fundamento de Derecho Tercero lo siguiente: “(…) Esta circunstancia unida al nacimiento de su hijo -cualquiera que sea su nacionalidad-. sino de tomar en consideración que no procede la expulsión del progenitor de un menor que goza de la presunción de nacional español”. nº 235/2004. de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ Canarias (SCr). por un lado deniegue a un nacional de un Estado tercero. que asume la manutención de sus hijos de corta edad. Siendo ello así.E de 08.U.
2/b-1º) k) Autorización de residencia de larga duración (art.2013 Residencia de larga duración con antecedentes penales.2013.Administrativo del TSJ de Cantabria nº 913/2011. de fecha 30 de diciembre de 2011.5 ) Especialmente controvertida resulta la residencia de larga duración: ¿Es un permiso ex novo.1/b) e) Autorización de residencia y trabajo de duración determinada (art.1/b) d) Autorización de residencia temporal y trabajo altamente cualificado (art.2012. laboral y autorización de residencia por causas humanitarias (art. 99.3) m) Recuperación de autorización de residencia de larga duración o recuperación de autorización de residencia de larga duración de la Unión Europea (art. 149.183.2/b ) c) Autorización de residencia temporal y trabajo para investigación (art.2/a-1º) j) Autorización para trabajadores transfronterizos por cuenta propia (art. 159. relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.09. Reglamento de Extranjería) b) Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena inicial (art.1/b) g) Autorización de residencia y trabajo para prestación transnacionales de servicio (art. 183. Recurso de apelación contra la sentencia de instancia que estima el recurso presentado contra la denegación de una autorización de residencia de larga duración del recurrente. Sentencia de la Sala de lo Contencioso.2/a) i) Autorización para trabajadores transfronterizos por cuenta ajena (art. de 25 de noviembre. 6 STSJ País Vasco 15. 105. Juan Piqueras Valls. Residencia arraigo familiar a venezolana con antecedentes penales e hijo menor de edad español. 46/b del RD 557/2011.3) l) Autorización de residencia de larga duración de la Unión Europea (art.03.SEGUNDA. 76.1/a – 2º) h) Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de Arraigo social 5 .1) f) Autorización de residencia y trabajo por cuenta propia (art. 124. 9 . o una mera renovación de los anteriores6 5 SJCA San Sebastián 17. 111.IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS INICIALES. STSJ País Vasco 08.02. familiar. 153.. 64. 87. Autorización de Residencia Temporal con antecedentes penales. Sr. Es requisito para acceder a las autorizaciones iniciales para residir y/o trabajar en España: “carecer de antecedentes penales en España y en los países anteriores donde haya residido durante los últimos 5 años por delitos previstos en el ordenamiento español” Por lo que tener antecedentes penales no cancelados conllevará a priori la denegación de: a) Autorización de residencia no lucrativa (art. La Saña desestima el recurso de apelación señalando que la resolución administrativa que se recurre: -No hace referencia alguna a la Directiva 2003/109/CE. Ponente: Ilmo.
Por lo que habrá de analizarse. del Consejo. 4/2000.en la definición estricta que adopta el art. que con 5 años. el recurrente se ha sometido voluntariamente a un programa de rehabilitación.O. Puesto que hablamos de residentes de larga duración conviene significar como ha señalado el Tribunal Constitucional en su sentencia 236/2007. Porque de lo contrario se puede llegar al absurdo de que es más fácil renovar un permiso con 1 año de residencia o con 2. la pena fue objeto de remisión condicional.1.2/f del Reloex es absolutamente kafkiano: no se puede conseguir residencia de larga duración con antecedentes penales. obviando su denominación vigente de “Residencia de larga duración” y -en lugar de ponderar el delito cometido.El art. de 25 de noviembre de 2003).O. tomando en consideración "la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública" (Nos remitimos a la jurisprudencia ya citada en relación a lo que se entiende por “motivos de orden público o seguridad pública”).1 del Reloex sería aplicable el art. hace supuesto de la cuestión refiriéndose a su “gravedad” en abstracto a pesar de no hacer referencia ni siquiera a la entidad de la condena. las consecuencias familiares… -No hace tampoco referencia alguna al art. de la Directiva permita la denegación de la autorización de residencia de larga duración. La cuestión sería definir qué clase de permiso es el de larga duración. 71. de 11 de diciembre. 148. 32 de la L. es decir la posibilidad de conseguir la renovación aún con antecedentes. autoriza a los Estados miembros de conformidad con lo previsto en el artículo 6 a denegar dicho estatuto por motivos de orden público o de seguridad pública mediante la correspondiente resolución. Se trata de un único delito de maltrato (un puñetazo en el rostro a su esposa que sanó sin asistencia médica en diez días). el cumplimiento de la pena. Por tanto de conformidad con la jurisprudencia comunitaria resulta relevante señalar que no puede afirmarse apriorísticamente que la existencia de antecedentes penales excluya de la concesión de la autorización de residencia de larga duración si en el solicitante no concurren otras circunstancias que afecten al orden público o la seguridad pública. 2/2009. 10 . 149. la esposa solicitó el indulto y acudió a la vista. Lo que se infiere que no nos encontramos una situación que ex art.5/a del Reloex. el peligro que representa la persona. Pero si admitimos que la residencia de larga duración no es sino una renovación de anteriores autorizaciones -al menos en alguno de los supuestos más elementales como el de residencia legal y continuada durante 5 años (1 + 2 + 2). en la redacción dada por la L. -Continúa llamando a la autorización que deniega de “Residencia Permanente”. el tipo delictivo. la duración de la residencia y los vínculos en el país. 6. de 7 de noviembre que "la normativa europea relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (Directiva 2003/109/CE.
o suspensión de la pena”: a) Renovación de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena (art. indulto. 199.1) c) Renovación de autorización de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados (art. por un fraccionamiento en el pago de una multa a varios meses? 11 . 200. lo tratan no como una renovación sino como una autorización inicial. De cara a la la renovación de las autorizaciones “se valorará en caso de cumplimiento de condena. 71. En esta provincia en el caso de que la persona cuente con antecedentes penales que todavía no han sido cancelados.5) e) Renovación de autorización de residencia y trabajo de prestaciones transnacionales de servicio (art.5/a del RELOEX) b) Renovación de autorización de residencia y trabajo para investigación (art. indulto. En ese caso deniegan la tarjeta de larga duración pero conceden una tarjeta de carácter extraordinario por un periodo de 2 años para que en ese plazo de tiempo se puedan cancelar los antecedentes penales y. en la cual los antecedentes penales no son causa de denegación en los supuestos de cumplimiento de condena.1) g) Modificación de residencia a residencia y trabajo (art. al menos en Bizkaia.1) f) Modificación de estancia por estudio o residencia y trabajo (art.¿Qué esta ocurriendo en la práctica? Las denegaciones de este tipo de residencia por antecedentes penales han sido casi sistemáticas. 109.2) d) Renovación de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia (art.. 71.5 del Reloex utiliza la expresión: “Que el extranjero haya cumplido la condena” pero: ¿Qué pasa cuando la condena no se ha cumplido enteramente pero está cumpliéndose. 202. 82.El art. posteriormente. conceder la autorización de residencia larga duración. por ejemplo. o en remisión condicional de la pena.. 93. Si bien parece que ante el agravio comparativo que suponía acceder a la larga duración frente a la renovación. incluso vía recurso de reposición.1) h) Modificación de autorización de residencia por circunstancias excepcionales a autorización de residencia y trabajo inicial (art.DIFICULTADES EN LA RENOVACION O MODIFICACION AUTORIZACIONES. ha supuesto un cambio de criterio. TERCERA. remisión condicional o suspensión. 115.2) Significado de la expresión “pena cumplida o ”pena cumpliéndose”.
2004.S. en la sentencia de fecha 8. cuando la causa de denegación es la existencia de informe policial desfavorable por antecedentes policiales o por estar pendiente el solicitante de la celebración de un juicio de faltas como imputado. en su caso.¿Por qué se cuentan los antecedentes penales si la pena está suspendida. cuando sería más lógico que operase una suerte de suspensión del antecedente en tanto en cuanto se alcance la suspensión definitiva? ¿Qué pasa si el indulto está pedido pero aún no se ha concedido y la resolución puede dilatarse más de un año? ¿Qué ocurre cuando los tbc no pueden cumplirse porque no hay centros donde llevarlos a cabo? ¿Qué ocurre cuando modificamos condenas pidiendo. El T. ejemplo sustitución de tbc x multa ante la imposibilidad de encontrar lugar donde realizar los trabajos en beneficio de la comunidad? ¿Por qué se defiere la cancelación de antecedentes penales al fin del cumplimiento de la última de las penas y no se produce la cancelación de forma progresiva ¿qué ocurre si el retraso es deliberado? El art. El artículo 71.7 de la L. considerando la existencia de indultos o las situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa de libertad”. Sala 3ª TS. 4/2000 señala cómo deben valorarse los antecedentes penales para los casos de residencia temporal: "Para la renovación de las autorizaciones de residencia temporal.1. dictada en el recurso 2581/2001 (ponente: Baena del Alcázar. 4ª. 12 . El hecho de que la Administración recabe de oficio los antecedentes penales no implica que la existencia de los mismos deba conllevar inexorablemente la denegación de la autorización de residencia y trabajo. Existe abundante doctrina jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo que concede primeras solicitudes de autorizaciones de residencia y trabajo. así como renovaciones. en virtud de la aplicación del principio constitucional de presunción de inocencia.5 del RD 557/2011: “Para la renovación de la autorización se valorará. p. previa solicitud de oficio de los respectivos informes: a) Que el extranjeros haya cumplido la condena.5 del RD 557/2011 7 establece que se recabará de oficio los antecedentes penales. ya que han de valorarse las circunstancias concurrentes como precisa la Sentencia del TS de 2 de febrero de 2005 (EDJ2005/23934). se valorará en su caso: a) Los antecedentes penales. haya sido indultado o se halle en situación de remisión condicional de la pena o de suspensión de la pena”. sec. Mariano) (EDJ2004/899) argumenta lo 7 Artículo 71.O. 31.
encontrándose los extranjeros amparados como los españoles por la garantía que dicha presunción supone. en el caso de una alcoholemia) no encontrarían anclaje. nos enfrentamos primeramente. que la mera detención no es motivo suficiente para la denegación de la renovación del permiso de trabajo. o se encontraran en la situación de remisión condicional de la pena. tanto mas cuanto que en el caso de autos el Tribunal de la jurisdicción penal acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones por no haberse acreditado los hechos constitutivos de delito. Pues dicha detención y las sospechas de haberse cometido un delito sin que haya recaído Sentencia penal condenatoria. siguiendo rigurosamente el tenor de las palabras del artículo 31. y ante ello el Tribunal Superior de Justicia estudia esta alegación y la acoge. si la Administración.sí encontrarían anclaje en el tenor literal de la norma.) decidiese conceder renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo exclusivamente a aquellos solicitantes que hubieran cumplido condena. sino. siguiendo la jurisprudencia de este Tribunal Supremo. siempre que hubiese obtenido la 13 .siguiente: "Ahora bien. delitos más graves que sí llevan aparejada la pena de prisión inferior a dos años. una vez que se ha analizado la normativa aplicable a la remisión condicional de la pena.” Es más. en su Fundamento de Derecho Quinto: “… Pues bien. no bastan para destruir la presunción de inocencia. Se mantiene. el Reglamento beneficiasen al nacional foráneo de mayor peligrosidad criminal. o hubieran sido indultados. puesto que impondría la carga a la Administración de estudiar y ponderar la posibilidad de no acordar la denegación automáticamente de la autorización de residencia y trabajo al solicitante que hubiese sido condenado por delito a la pena menos grave de 2 años de prisión o privación de libertad. denegándose la renovación.P. permitir la renovación de las autorizaciones solicitadas en delitos menos graves. Lo contrario implica vulnerar el derecho constitucional a la reinserción 8 Sentencia de Apelación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de fecha 20 de septiembre de 2007. La motivación del acto administrativo no fue por tanto conforme a Derecho. más bien. Entendemos que éste no es el fin pretendido por el legislador a la hora de redactar la normativa a aplicar. y se concedería la renovación solicitada.. Se tendrá que asimilar la situación de los delitos con penas de multa y penas accesorias (que son penas de las calificadas leves en el Código Penal) a la de la situación de los delitos con penas inferiores a dos años en los que cabe la suspensión (remisión condicional de la pena) si no hay antecedentes penales previos8. En cambio.7 de la Ley Orgánica 4/2000. sin comprender su objetivo y sin relacionarlo con la normativa del Código Penal relativa a la remisión de la condena (artículos 80 y siguientes del C. el recurrente alegó que debe aplicarse la presunción de inocencia y que las diligencias penales fueron objeto de sobreseimiento provisional. con la evidencia de que una interpretación excesivamente literal o sintética nos llevaría al absurdo jurídico (que la parte recurrente ha atisbado en su escrito de interposición) de concluir que la Ley y. nos encontraríamos con el absurdo de que condenas penales por delitos menos graves que no lleven aparejada pena de prisión inferior a dos años sino multa dineraria (por ejemplo. sobre todo.. al poderse suspender -si no hay antecedentes penales previos por otros delitos estaríamos ante una remisión condicional de la pena.
remisión condicional de la condena (en los términos expuestos en los fundamentos anteriores). Ello evidentemente pugna contra el principio de culpabilidad entre otros principios enunciados en la misma Ley 30/1992. Estima el recurso presentado contra la resolución de denegación de la solicitud de renovación de permiso de residencia y trabajo realizada por el demandante. sin pena de privación de libertad) ni cabe apreciarse una alarma social relevante. Esta llamada a la ponderación no es una puerta abierta a la discrecionalidad. reconocido en el art. mientras que el extranjeros que hubiese cometido un delito de menor relieve y hubiese sido condenado a una pena de menor gravedad a la anterior que no hubiese sido objeto de remisión condicional auque concurrieran las condiciones esenciales enunciadas en el artículo 81 del C. en los casos. por aplicación del art. una vez cumplida la condena o estando en situación de remisión de la pena. junto a la anterior: que el condenado hubiere delinquido por primera vez. se le aplicaría el ordenamiento punitivo de extranjería con mayor rigor. por el motivo que fuese. Por ello. y hurto. 31. 9 SENTENCIA 88/2011. Es por lo tanto procedente estimar la apelación y anular la Sentencia recurrida…”. 4 de la L. Mientras para la concesión del permiso el precepto exige la ausencia de antecedentes penales. según venimos diciendo. dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo Nº 2 de Santander. De una lado la de negar a la renovación del permiso a los extranjeros que hayan cometido delitos. 4/2000. En el caso que nos ocupa hay una clara falta de motivación que no cabe entenderse motivada a la vista del expediente. básica dentro de la potestad sancionadora y exige una interpretación teleológica de la norma.P. Hay que analizar así la seguridad de lo delitos (la reiteración. de uno de marzo de 2011. la reinserción eficaz. ni tiene una pena grave (delitos contra la seguridad del tráfico. para la renovación tal automatismo se descarta para llamar a una ponderación de las circunstancias concurrentes.9 del R. El Juez “a quo” define el principio de proporcionalidad que tiende al equilibrio entre los valores en presencia: “cuanto mayor sea el sacrificio que la medida concreta conlleva para uno de los valores o bienes en presencia. así como los principios de proporcionalidad y equidad que han de presidir toda resolución administrativa9. su gravedad y alarma social y por otro lado las circunstancias vitales del afectado. Decreto 2393/2004 establece la obligación respecto los órganos competentes de la Administración de valorar. 14 .O. ya que ninguna norma con rango de ley despoja a los extranjeros de la efectiva aplicación del derecho a la reinserción. salvo declaración de insolvencia. que la pena o la suma de las penas no fuese superior a los dos años de privación de libertad.). mayor tiene que ser la necesidad de realización o garantía en el caso concreto del otro” (pura poesía jurídica).. El demandante está empadronado en Santander desde hace cinco años. y que se hubieran satisfecho las responsabilidades civiles. la posibilidad de renovar la autorización de residencia y trabajo a los extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de un delito a una pena de menor gravedad a la de 2 años de privación de libertad y siempre que hubiera sido suspendida o hubiera podido serlo al concurrir las condiciones esenciales recogidas en el artículo 81 del Código Penal y demás normas concordantes. entre otros en que la condena haya sido cumplida. Además no se trata de un hecho grave. la ponderación debe verse como la exigencia de una adecuada consideración y valoración de las circunstancias concurrentes. ha estado trabajando 3 años y 7 meses y cuenta con dos ofertas firmes de empleo. y relacionando todo lo expuesto hasta este momento.. sólo puede concluirse que el artículo 54. fundamentado en la existencia de antecedentes penales del 54 del RD 2393/04. en función de las circunstancias de cada supuesto.social. de otro la situación vital del extranjero y la posibilidad de seguir en España durante un período mayor de tiempo para trabajar y vivir con el fruto de ese trabajo.. 25 de la Constitución. como ocurre con la doctrina del Tribunal Supremo con las sanciones de expulsión.
por lo que el único óbice para la renovación esgrimido por la Administración ha desaparecido. Práctica en nuestra opinión a todas luces irregular. se podrá adoptar alguna de las medidas siguientes en relación con los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. no siendo suficiente una motivación genérica de la resolución que se recurre.2 Loex) en todos los países firmantes del Convenio de Schengen. 15 .EXPULSIÓN Suele ser práctica habitual de los GOE incoar a ciudadanos de la UE procedimientos sancionadores de expulsión con prohibición de entrada por un periodo de 10 años (art.Administrativo del TSJ de Cantabria nº 750/2011. o la expedición o renovación de las tarjetas de residencia previstas en el presente real decreto. A. seguridad y salud pública” solo cabría la expulsión en los siguientes supuestos: “1. lo cierto es que la mera existencia de antecedentes penales- menos aún de antecedentes policiales-no es sancionable cuando hablamos de ciudadanos de la U. • b) Denegar la inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Se considera que los antecedentes penales lo eran por delitos de conducción etílica y no hay nuevas infracciones que se acredita en el momento de la vista con la liquidación de condenas que se aportan. o con los miembros de su familia: • a) Impedir la entrada en España. 58. A este respecto es preciso señalar: 1º. siguiendo el procedimiento establecido en la Legislación de Extranjería y por la mera existencia de antecedentes policiales y/o por la existencia de antecedentes penales.. Ponente: Ilma.. pasando por su vida laboral y por las ofertas de trabajo avaladas incluso en testifical. Sra. aunque los interesados presenten la documentación prevista en el artículo 4 del presente real decreto.CUARTA. o sus familiares.Consecuencias para CIUDADANOS DE LA UNION EUROPEA. • c) Ordenar la expulsión o devolución del territorio español.. De conformidad con lo previsto en el artículo 15 RD 240/2007 bajo el epígrafe “Medidas por razones de orden público. de seguridad pública o de salud pública.E. de fecha 11 de noviembre de 2011. Confirma la sentencia anterior señalando que no existe el automatismo condena penal-denegación de renovación hay que valorar las circunstancias concurrentes en cada caso. Doña Clara Penín Alegre. Únicamente podrá adoptarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Sentencia de la Sala de lo Contencioso. Cuando así lo impongan razones de orden público. Por otra parte en ningún momento se han discutido las circunstancias favorables del sujeto: desde la reagrupación con su mujer y madre.Al margen del debate referido a si nos encontramos ante una sanción o una medida de seguridad.
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. estado de salud.1 del R. no para los miembros de la Unión Europea. de 26 de noviembre.” El artículo 15. que hayan adquirido el derecho de residencia permanente en España. Asimismo. puesto que regula el régimen jurídico establecido para los extranjeros. no podemos entrar a valorar si los hechos delictivos en las que se fundan son o no una amenaza actual para el orden público. Ni tampoco cabe utilizar un procedimiento sancionador por estancia irregular con propuesta de expulsión y prohibición de entrada de territorio nacional.D. Recordemos que la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 27 de octubre de 1977 (Regina vs. en su Reglamento. Pierre Bouchereau) se refiere a una condena penal.D. situación familiar y económica. no cabe la aplicación del procedimiento sancionador previsto en la Ley Orgánica 4/2000 y el R. y la importancia de los vínculos con su país de origen. de una amenaza real y suficientemente grave. de 30 de diciembre. En el caso de los antecedentes policiales. si existen motivos graves de orden público o seguridad pública. la existencia. su edad. en todo caso. y sin embargo. que establece que “En lo no previsto en materia de procedimientos en el presente real decreto. se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000. 240/2007. y en su normativa de desarrollo. precisándose en dicha sentencia que “la noción de orden público supone. si no existen condenas penales. lo cierto es que en el ámbito sancionador no es de aplicación la Disposición Adicional Segunda del R. antes de adoptarse una decisión en ese sentido. 240/2007 no autoriza la expulsión del territorio español de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea por el mero hecho de haber sido condenado en una causa penal (menos aun en el supuesto de existencia de meros antecedentes policiales) precisando la existencia de una conducta que suponga una amenaza actual para el orden público.Económico Europeo. con carácter supletorio y en la medida en que no se oponga a lo dispuesto en 16 . En consecuencia. Pese a que tales prácticas pretenden tener su amparo legal en la aplicación subsidiaria de la legislación de extranjería a ciudadanos de la Unión.D. sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. aparte de la alteración del orden social que constituya toda infracción de la ley. ya que se detiene al extranjero a la salida de prisión y se le inicia el procedimiento sancionador en aplicación de la legislación de extranjería. En numerosas ocasiones el procedimiento que se viene aplicando no es el adecuado. aprobado por Real Decreto 2393/2004. se tendrán en cuenta la duración de la residencia e integración social y cultural del interesado en España. no procede detener ni aplicar la medida cautelar de presentación periódica. con independencia de su nacionalidad. o a miembros de su familia. de 11 de enero. 557/2011. que afecta a un interés fundamental de la sociedad”. en la Ley 30/1992. relativa a la normativa aplicable a los procedimientos del Real Decreto 240/2007.
se debe adoptar en circunstancias excepcionales una medida de expulsión contra un ciudadano de la Unión.. por aplicación de lo dispuesto en su artículo 1. 3º. en los aspectos no contemplados.2. 73/148/CEE. No debe olvidarse que10: 10 El artículo 27. de 4 de agosto.El régimen jurídico de esta libertad de circulación y residencia en España es el regulado en el Real Decreto 240/2007 y. 2º.3.No son extranjeros.Según el Considerando 25 de la Directiva 2004/38/CE.los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y el derecho derivado de los mismos”. cuando concurran razones de seguridad pública de carácter imperativo. 2... 75/34/CEE. al menos en cuanto al régimen sancionador aquí concernido. 75/35/CEE. En todo caso. 2. se ha de respetar el principio de motivación suficiente de los actos administrativos. el procedimiento sancionador a utilizar es el establecido en la Ley 30/1992 y en el Real Decreto 1398/1993. de 29 de abril de 2004. seguridad pública o salud pública en las que se base la decisión que le afecte”. Es decir. por tanto en España. El articulo 30. en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE.Tienen reconocido el derecho a la libertad de circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros. por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.1. y. 90/365/CEE y 93/96/CEE. Según el artículo 1 del Convenio de Aplicación de 19 de junio de 1990 del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 (BOE 81/1994. 72/194/CEE. 90/364/CEE. las razones de orden público.2 de la Directiva 2004/38/CE establece que: “Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en 17 . de la Directiva 2004/38/CE establece que “Se comunicarán al interesado. 68/360/CEE. con precisión y por extenso. 2. de 5 de abril de 1994 Ref Boletín: 94/07586) “extranjero” es “Toda persona que no sea nacional de los Estados miembros de las Comunidades Europeas”.3 de la Ley Orgánica 4/2000 a cuyo tenor "los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por la legislación de la Unión Europea. Este hecho tiene consecuencias jurídicas muy importantes: 2. siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables" (siendo evidente que el régimen sancionador de esta Ley Orgánica no es norma más favorable a los efectos que aquí interesan).Estamos ante ciudadanos de la Unión Europea...
No se podrán argumentar justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general. debería adoptarse una medida de expulsión contra ciudadanos de la Unión que hayan residido durante varios años en el territorio del Estado miembro de acogida11. Únicamente en circunstancias excepcionales. así como los vínculos con el país de origen. 3. la duración de la residencia del interesado en su territorio. que deberá constituir una amenaza real. 3. el concepto de orden público sólo puede invocarse en caso de que exista. antes de tomar una decisión de expulsión del territorio por razones de orden público o seguridad pública. su edad. cuando concurran razones de seguridad pública de carácter imperativo. relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros 18 . La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas.1. Bouchereau. 11 Considerando 23 y Considerando 24 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. de 29 de abril de 2004. actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. 3.4. estado de salud.2.3. se integraron verdaderamente en el Estado miembro de acogida. su estado de salud y la situación familiar y económica. y su integración social y cultural en el Estado miembro de acogida. una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad (véase la sentencia de 27 de octubre de 1977. haciendo uso de los derechos y libertades conferidas por el Tratado. La conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza real. aparte de la perturbación del orden social que constituye cualquier infracción a la ley. Conviene por lo tanto limitar el alcance de estas medidas de conformidad con el principio de proporcionalidad para tener en cuenta el grado de integración de las personas en cuestión.La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas. actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. No podrán argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general”. la duración de la residencia en el Estado miembro de acogida.Se ha de tener en cuenta.. La expulsión de un ciudadano de la Unión y los miembros de su familia por razones de orden público o seguridad pública constituye una medida que puede perjudicar seriamente a las personas que. apartado 35. su edad.. 3. 18 la conducta personal del interesado.E. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la U.. situación familiar y económica.
no de todos los países del territorio Schengen. 29 de octubre de 1998 EDJ 1998/19949 . también. Las decisiones podrán basarse en la amenaza para el orden público o la seguridad nacional que pueda constituir la presencia de un extranjero en el territorio nacional. Oteiza Olazábal. 5 de febrero de 1991. o sobre el cual existan indicios reales de que piensa cometer tales hechos en el territorio de una Parte contratante. apartado 30. 3. 17 de mayo de 1998. Calfa.No se puede aplicar a este supuesto ni el artículo 58 de la Ley 4/2000 ni el artículo 96 del Convenio de Aplicación del Convenio de Schengen12. por las autoridades administrativas o por los órganos jurisdiccionales competentes. 19 enero 1999. Donatella Calfa). Este podrá ser particularmente el caso: a) De un extranjero que haya sido condenado por una infracción sancionada con una pena privativa de libertad de un año como mínimo.. 2. La anterior interpretación del derecho comunitario sobre la limitación al derecho de la libre circulación de personas y al derecho de establecimiento referida a las razones de orden público ha sido. observando las normas de procedimiento previstas por la legislación nacional. basada en el incumplimiento de las legislaciones nacionales relativas a la entrada o a la residencia de extranjeros”. 71. La STS de 11-12-2003 se basaba en la STJCE de 19 de marzo de 1999 (asunto C-348/96. Roux. asimila las razones de orden público con la existencia de «una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. siguiendo su propia doctrina (Sentencia 27 de octubre de 1977. sin que la mera existencia de condenas penales constituya por sí sola motivo para la adopción de dicha medida». Bouchereau 30/77) en relación con la expulsión de un ciudadano de un Estado miembro. en su caso. 10 de febrero de 2000. b) De un extranjero sobre el cual existan razones serias para creer que ha cometido hechos delictivos graves. de residencia. de devolución o de expulsión que no haya sido revocada ni suspendida y que incluya o vaya acompañada de una prohibición de entrada o. Comisión. apartado 57 EDJ 2000/131 y 26 de noviembre de 2002. el ciudadano de la Unión Europea que haya sido expulsado del territorio de un Estado miembro tendrá derecho a presentar una 12 El artículo 96 del Convenio de Aplicación de 19 de junio de 1990 del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 (BOE 81/1994. apartado 40. 19 . toda vez que un ciudadano de la Unión Europea no es un extranjero. apartado 39 EDJ 2002/60127 ). Comisión. que. apartado 21 EDJ 1999/16 . Nazh y otros. Clean Car Autoservice. Los datos relativos a los extranjeros que estén incluidos en la lista de no admisibles se introducirán sobre la base de una descripción nacional resultante de decisiones adoptadas.de mayo de 1989 . incluidos los contemplados en el art. acogida por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo español conforme a la doctrina sentada por el Tribunal de las Comunidades Europeas (TJCE). De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Las decisiones podrán basarse asimismo en el hecho de que el extranjero haya sido objeto de una medida de alejamiento. apartado 17. apartado 46. de 5 de abril de 1994 Ref Boletín: 94/07586): “1. excepto su país de origen. La expulsión sólo se puede realizar del país que acordó la expulsión. 4º.
2.E. La persona que haya sido objeto de una decisión de prohibición de entrada en el territorio por razones de orden público. seguridad pública o salud pública podrá presentar una solicitud de levantamiento de la prohibición tras un plazo razonable en función de las circunstancias y. La persona contemplada en el apartado 1 no tendrá derecho alguno de entrada en ese territorio mientras se examina su solicitud”. tres años después de la ejecución de la decisión definitiva de prohibición que haya sido válidamente adoptada a efectos del Derecho comunitario. por sí sola.. en cualquier caso. una vez transcurridos tres años desde la ejecución de la medida de expulsión definitiva13.D. relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros establece que «las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán 20 . 2 del presente real decreto. Sin embargo. podrán residir en España por un período superior a tres meses. en cualquier caso. quien podrá residir en España. debiendo solicitar y obtener una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión: “Los miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo especificados en el art. estando sujetos a la obligación de solicitar y obtener una «tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión”.nueva solicitud después de un plazo razonable y. cuando le acompañen o se reúnan con él. El artículo 8. 240/2007 señala las personas que van a ser consideradas ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares. B.D. alegando motivos que puedan demostrar un cambio material de las circunstancias que justificaron la prohibición de entrada en el territorio. Aparte 13 Considerando 27 y artículo 32 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. razón para adoptar dichas medidas14. de 29 de abril de 2004. señala en relación con la vigencia de una prohibición de entrada en el territorio: 1. El artículo 2 del R. El Estado miembro afectado deberá pronunciarse sobre dicha solicitud en un plazo de seis meses a partir de su presentación. se ha de tener en cuenta que la existencia de condenas penales anteriores no constituirá. puede que la Administración le deniegue su inscripción en el Registro Central de Extranjeros o la solicitud de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de un Estado miembro de la U. Si un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea y/o un familiar de un ciudadano de un Estado miembro de la UE ha cometido delitos y tiene antecedentes penales.TARJETA DE RESIDENCIA DE CIUDADANO DE LA UNION EUROPEA. aunque su origen sean países no miembros de la Unión Europea. 240/2007 y en el artículo 27 de la Directiva 2004/38 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 14 Según lo dispuesto en el artículo 15 del R. 240/2007 regula la residencia superior a tres meses con tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.1 del R.D. que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados.
la cual «deberá constituir una amenaza real. razón para denegar la expedición de las tarjetas de residencia comunitaria.1 del Real Decreto 240/2007. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá. que establece que cuando así lo impongan razones de orden público. entre ellos: “d) Cuando se adopte por razones de orden público o de seguridad pública. no puede estimarse que la conducta del recurrente represente una amenaza real. en base a los informes de las Autoridades policiales. en todo caso. Ahora bien. actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. El precepto establece en términos categóricos: «La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas». «las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado». fiscales o judiciales que obren en el expediente.de la perturbación social que constituye cualquier infracción penal. actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad».. 21 . actual y suficientemente grave. El artículo 27 de esta Directiva autoriza a los Estados a limitar la libertad de circulación y residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia «por razones de orden público. libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. por sí sola.. de 16 de febrero. deberán estar fundadas exclusivamente en la conducta personal de quien sea objeto de aquéllas. o la expedición o renovación de las tarjetas de residencia previstas en el presente real decreto" El apartado 5º del mismo artículo 15. sobre entrada. relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. y que será valorada.1 del Real Decreto 240/2007 añade que la adopción de una de las medidas previstas en los apartados anteriores 1 a 4 se atendrá a los criterios que señala y. seguridad pública o salud pública». por sí sola.) "b) Denegar la inscripción en el Registro Central de Extranjeros. razón para adoptar dichas medidas”. A este respecto se ha de notar que la necesidad de interpretar el Derecho interno conforme a las normas internacionales exige partir de lo dispuesto en la Directiva 2004/38 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo. máxime si tenemos en cuenta que la existencia de condenas penales anteriores no constituye. deberá constituir una amenaza real. por el órgano competente para resolver. se podrá adoptar alguna de las medidas siguientes en relación con los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. o con los miembros de su familia: (. más aún cuando estas condenas penales no han supuesto prisión para el interesado. que. de 29 de abril de 2004. Y esto ha de ser así en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15. de seguridad pública o de salud pública.
principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado».1 del C. o de meros antecedentes policiales pueden denegarla si la distancia en el tiempo del antecedente es corta. la cual «deberá constituir una amenaza real. seguridad pública. de 14 de marzo de 2013) porque si bien pudiera parecer que para acreditar “buena conducta cívica” es requisito sine qua non carecer de antecedentes penales. lo cierto es que tal conclusión no es automática. Recogemos parte del contenido de la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo-Sección 3ª.NACIONALIDAD. considerando aquélla en su conjunto. El concepto jurídico indeterminado «buena conducta cívica» debe ser valorado por la Administración y. El precepto establece en términos categóricos: «La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas». a) Causa denegación por no reunir buena conducta cívica (art 22.Civil) Antecedentes penales y Buena Conducta Cívica- Para acceder a la nacionalidad se exige no solo ausencia de antecedentes penales. Se parte de un concepto jurídico anacrónico cual es la eufemística “buena conducta cívica” (solo se emplea este término en nacionalidad) por contraposición a conducta contraria al orden público. actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. o tratándose de falta leve. 22 . o salud pública como proclaman las leyes de Extranjería y las Directivas Europeas. actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad». Reiteramos una vez más que se ha de motivar por qué la conducta personal constituye una amenaza real. como un requisito exigible para la concesión de la nacionalidad española que debe ser apreciado mediante el examen de la trayectoria personal del demandante de la nacionalidad. de tal forma que justifique la no concesión de la inscripción en el Registro de un ciudadano de la Unión o la denegación de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. (En este sentido nos remitimos nuevamente a la jurisprudencia ya citada relativa al concepto orden público) QUINTA. sino que se va más allá ya que aun estando cancelados. por el órgano jurisdiccional que conozca de la materia en vía del recurso contencioso. en su caso.
a consecuencia del plus que contiene el acto de su otorgamiento enmarcable dentro de los «actos favorables al administrado». El sintagma «buena conducta cívica» remite a un estándar medio de conducta capaz de ser asumido por cualquier cultura y por cualquier individuo. La carga de probar su buena conducta cívica corresponde al solicitante (artículo 22.) y el reconocimiento de la nacionalidad -para el caso su adquisición por residencia. también deben ponderarse cualesquiera otros datos positivos o negativos que. marcados explícita o implícitamente por el legislador. el concepto jurídico indeterminado «buena conducta cívica» a que se refiere el artículo 22.4 del Código Civil no se puede identificar con la carencia de antecedentes penales. Aunque es verdad que haber sido condenado en sede penal -aun cuando sea por una falta.4 C. al margen de lo penal. siendo exigible al sujeto solicitante. En definitiva. Por otro lado. puedan poner de manifiesto cuál es la actitud del solicitante en la sociedad.C. como exigencia específica determinante de la concesión de la nacionalidad española .tiene relevancia para valorar la «buena conducta cívica» de quien solicita adquirir la nacionalidad española por residencia. Incluso tratándose de hechos ilícitos más graves. ha sido conforme a las normas de convivencia cívica no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento penal o administrativo. a la hora de valorar el civismo de quien solicita la adquisición de la nacionalidad española por residencia. El concepto «buena conducta cívica» se integra por la apreciación singular del interés público conforme a unos criterios. preferentemente políticos. la existencia de una previa condena penal es un elemento que debe ser valorado de acuerdo con las circunstancias del caso. en razón al plus que confiere su otorgamiento. sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica.comprende aspectos que trascienden el orden penal. pues no todos los delitos y faltas ponen de manifiesto una idéntica ausencia de civismo. sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles. La «buena conducta cívica» constituye un requisito adicional a la mera observancia de una conducta de no trasgresión de las normas penales o 23 . 8873] y de 3 de noviembre de 2004. ello no significa que toda sentencia penal condenatoria traiga automáticamente consigo un estigma de «mala conducta cívica» a efectos del artículo 22 del Código Civil (SSTS de 5 de octubre de 2002 [RJ 2002. un comportamiento o conducta que ni siquiera por vía indiciaria pudiera cuestionar el concepto de bondad que el precepto salvaguarda.Lo que el artículo 22 del Código Civil exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta. entre otras). durante el tiempo de residencia en España y aun antes.
y no es un precepto sancionador. ya que dado el carácter excepcional que supone el reconocimiento de la nacionalidad por residencia. sec. 22 CC ni a la jurisprudencia que lo ha interpretado y aplicado.. lejos de presumir la buena conducta cívica. La buena conducta cívica ha de ser valorada atendiendo a la conducta del solicitante durante un largo periodo de tiempo de permanencia en España y no puede identificarse sin más con la ausencia de antecedentes penales o policiales. Octavio Juan): “(…)Si a esto se suma que han declarado como testigos a favor de la solicitante y actora en la instancia diversas personas en condición de amigas. sino un requisito determinante de la existencia del derecho.- “(…) Pues bien. por cuanto la buena conducta cívica no constituye el presupuesto de hecho de una sanción.“(…) Así. concluye en la afirmación de cumplimiento del requisito de buena conducta cívica. S 21-11-2011. solo como resultado de dicha ponderación de los distintos elementos de prueba. Así. debe tenerse en cuenta que el artículo 22. 6ª. en definitiva. Tribunal Supremo Sala 3ª.administrativas sancionadoras impuesto por el ordenamiento jurídico. la sentencia impugnada. Estos son los criterios jurisprudenciales actuales del Tribunal Supremo15. en efecto. S 21-11-2011. vecinales y profesionales. que. el sobreseimiento se ha producido a instancia del Ministerio Fiscal (…)” F. que la lleva a entender cumplido el requisito puesto en cuestión por la resolución administrativa denegatoria de la nacionalidad solicitada. la trayectoria vital del mismo y la documentación aportada en justificación de su buena conducta y. que envuelve aspectos que trascienden los de orden penal .D. el único motivo de este recurso de casación ha de ser desestimado”. habiendo sostenido todos ellos de forma coincidente que la solicitante es persona totalmente integrada en la sociedad española y que observa una buena conducta en sus relaciones familiares. 3º. efectúa una amplia valoración de las circunstancias personales del solicitante. sec.4 del Código Civil es un precepto de naturaleza legal. y no puede identificarse sin más con la ausencia de antecedentes penales o policiales. aunque la causa penal no está definitivamente archivada. 6ª. lo que el artículo 22 del Código Civil exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta es conforme a las normas de convivencia cívica. pues. no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo. Octavio Juan): F. vecinas e incluso empleadoras de la propia recurrente. De todas formas. sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles según el estándar medio a que alude la doctrina del Tribunal Supremo. de una presunción sino del resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia. de la que entiende "que existe una prueba suficiente en las actuaciones". rec. 3002/2009 (Pte: Herrero Pina. rec. 24 . no basta para el éxito de la pretensión actora con la cancelación de los posibles antecedentes penales o policiales.D. sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica. podemos ya anticipar la suerte estimatoria del recurso. 1º. El conjunto de elementos positivos que es de apreciar en el círculo vital del recurrente permite hablar de una trayectoria personal conforme al patrón del ciudadano medio. en el particular caso que ahora enjuiciamos no se erige en impedimento para la adquisición de la nacionalidad si tenemos en cuenta que. examinado cuanto hemos referido a la luz de la normativa y de la jurisprudencia de aplicación al supuesto enjuiciado. No se trata. 364/2010 (Pte: Herrero Pina. incluidas las actuaciones penales en las que estuvo inmerso. cabe concluir que la conclusión alcanzada por la Sala de instancia de que aquella cumplía suficientemente el requisito de la buena conducta cívica no se presenta contraria al art. 15 Tribunal Supremo Sala 3ª. objeto de impugnación. por lo que. viéndose empañado dicho arquetipo por el antecedente a que alude en su motivación la resolución combatida. por lo tanto. ha de ser valorada atendiendo a la conducta del solicitante durante un largo periodo de tiempo de permanencia en España. como vimos más arriba. no obstante. en primer lugar.
12/b )  Denegación del asilo en frontera (art. que se denuncia en este motivo de casación.lo que el artículo 22 del Código Civil exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta es conforme a las normas de convivencia cívica. Todo ello lleva a entender justificada y razonable la conclusión alcanzada por la Sala de instancia de que el interesado cumplía suficientemente el requisito de la buena conducta cívica. habiendo sido objeto de condena firme por delito grave constituyan una amenaza para la comunidad. El artículo 3 de la Ley 12/2009. reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria... pues.40.".5)  Revocación de la protección del asilo y de la protección subsidiaria (art.1/a) y (art. La existencia de antecedentes penales en el ámbito de la protección internacional puede conllevar:  Exclusión y de denegación del asilo (art.44.44... 22 CC ni la jurisprudencia que lo ha interpretado. sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles según el estándar medio. de 30 de octubre. 25/f)  Denegación de la extensión familiar del asilo y de la protección subsidiaria (art.1/c)  Excepción para la aplicación del “non refoulement” En el supuesto de denegarse el asilo y la protección subsidiaria por estas causas ¿Es posible la expulsión? Denegación Protección & “Non refoulement”. de cumplimiento del requisito de buena conducta cívica puesto en cuestión por la Administración y que determinó el sentido de la resolución administrativa impugnada. (…) Finalmente. para llegar a la conclusión.2/a)  Tramitación por procedimiento de urgencia (art. prevé la denegación de dicha condición a aquellas personas que. muy al contrario y de manera expresa señala que "no basta para el éxito de la pretensión actora la cancelación de los posibles antecedentes penales o policiales. 9 de la Ley 12/2009 reguladora del Derecho de Asilo y Protección Subsidiaria)  Exclusión y denegación de la protección subsidiaria (art.5)  Denegación de la reagrupación familiar del asilo (art. 41. a su vez. es claro que la Sala de instancia en ningún caso considera que la buena conducta cívica queda acreditada por la ausencia de antecedentes penales y policiales. ya expuesta. Y éste. pasando seguidamente a ponderar las circunstancias concurrentes en este caso.. no solo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo.21. que por lo tanto ha de ser desestimado”. en los términos a que antes nos hemos referido. por lo que no es de apreciar la infracción del art. 25 .PROTECCION INTERNACIONAL (ASILO Y PROTECCION SUBSIDIARIA).. exige que el interesado no esté incurso en ninguna de las causas de denegación de su artículo 9.SEXTA.
en caso de ser expulsada. a su país de origen o a un país tercero en los que no existan garantías de respeto a su vida o integridad física o moral. habiendo sido objeto de una condena definitiva por delito particularmente grave. la devolución de un refugiado. constituya una amenaza para la comunidad de tal país. el artículo 33. 3 y 4 -derecho a la vida. el artículo 3 lleva implícita la obligación de no expulsar al individuo a dicho país" (Sentencia de 6 de marzo de 2001 -asunto Hilal/Reino Unido). de 30 de octubre. Y en éste se excluye también de protección subsidiaria a las personas que. prohibición de la tortura.Lo propio sucede con relación a la protección subsidiaria. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales no admite derogaciones de los artículos 2. puede situarle ante la vulneración de derechos fundamentales? El artículo 10. ¿Ahora bien. cualesquiera que fueren sus antecedentes. En este contexto.2 CE proclama que "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". como excepción al principio de no devolución o "non refoulement". como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra. reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria. el que el refugiado sea considerado por razones fundadas. o que. y siendo esto así. prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado-. se enfrentaría a un riesgo real de padecer un trato contrario al artículo 3 en el país que lo recibe. por lo tanto. compromete la responsabilidad de dicho Estado en virtud 26 . que también el artículo 4 de la Ley 12/2009.2 de la Convención de Ginebra de 1951 establece. cuando existan motivos fundados para ello. constituyan amenaza para la comunidad Por otro lado. que ocurre si el retorno del interesado a su país de origen. supedita a la inconcurrencia de algunos supuestos previstos en su artículo 12. El artículo 3 del Convenio de Roma consagra los valores fundamentales de una sociedad democrática y prohíbe en términos absolutos la tortura y los tratos o penas inhumanas o degradantes. En esta misma línea de razonamiento el Tribunal de Estrasburgo señala que "en la jurisprudencia del Tribunal se establece que la expulsión de un solicitante de asilo por parte de un Estado contratante puede plantear un problema en virtud del artículo 3 y. podría comprometer dichos preceptos. el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que "La expulsión de un extranjero puede dar lugar a una controversia siempre y cuando existieran sólidas razones para creer que la persona en cuestión. habiendo sido objeto de condena firme por delito grave. En dichas circunstancias. reconocido o no.
el artículo 3 conlleva la obligación de no expulsar a la persona en cuestión a ese país" (Sentencia de 20 de septiembre de 2007 -asunto Sultani/Francia). En estas circunstancias. 27 . en el país de destino. evitándose cualquier devolución o expulsión a cualquier país en tanto en cuanto no existan garantías de pleno respeto para la vida e integridad física o moral del solicitante. si existen motivos serios y probados para creer que el interesado correrá. En definitiva la denegación de la protección no conlleva necesariamente la inaplicación del principio de “non refoulement” ya que este debe ser acotado.del Convenio. un peligro real de ser sometido a un trato contrario al artículo 3.
En este caso. una vez obtenida la remisión definitiva. es conveniente no olvidar que una pena puede estar prescrita. de oficio o a instancia de parte. porque si se cumplen los requisitos exigidos para la cancelación de los antecedentes penales y éstos no se pueden tomar en consideración por un Tribunal. acreditadas tales circunstancias. bien por solicitud del interesado. en principio. previo informe del Juez o Tribunal sentenciador”. Menos aún pueden ser tenidos en cuenta los antecedentes policiales. 18 Artículo 136. el certificado de cancelación de antecedentes penales es declarativo. la cancelación de sus antecedentes penales. si un Tribunal ha de tener por cancelados los antecedentes penales cuando se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 136 del Código Penal. el plazo. 28 . aunque consten aún en el Registro de Penados y Rebeldes porque no han sido cancelados de oficio o a instancia de parte. el Juez o Tribunal. a pesar de que no se hayan cancelados en el Registro de Penados y Rebeldes. Tan es así que en el artículo 136. en virtud del principio de presunción de inocencia. si ésta fue suspendida o sustituida17 y si existen penas accesorias cuyo cumplimiento suele alargarse más que el cumplimiento de la pena principal. pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional. bien de oficio por el Ministerio de Justicia.3 del Código Penal: ”Estos plazos se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena. se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena.. y. menos aún se pueden de tener en cuenta los antecedentes policiales.1 del Código Penal. 16 Artículo 33 del Código Penal.2 del Código Penal18. Se ha de tener en cuenta que la cancelación de los antecedentes penales surge al cumplir los requisitos exigidos en el artículo 136 del Código Penal. en segundo lugar. ésta no se haya producido.5 del Código Penal indica: “En los casos en que. La cancelación de los antecedentes penales se produce cuando se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 136. Por tanto. ordenará la cancelación y no tendrá en cuenta dichos antecedentes”.CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES A la hora de trabajar con el concepto jurídico “cancelación de antecedentes penales” hay que tener en cuenta la gravedad de la pena impuesta16. 17 Artículo 88. y esto es así tanto si figura la prescripción de la pena o no en el Registro Central de Penados y Rebeldes. se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio. no constitutivo. Artículo 136.1 del Código Penal: “Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia. a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo para la cancelación. el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión”. Por otro lado. Tiene por tanto carácter constitutivo. II.
¿O con las penas de alejamiento y prohibición de tenencia de armas en temas de violencia de género? El plazo no se inicia hasta además 2 o 3 años después del cumplimiento. ésta solicitud le será archivada al no poder aportar la documentación de acreditación de identidad solicitada. es imposible muchas veces aguardar 5 o más años desde la comisión del delito. podrá solicitar a la autoridad administrativa que requiera la cancelación. como proclama el art. Es decir. Las Oficinas de Extranjeros no solicitan de oficio dicha cancelación aunque sea solicitado de parte por el interesado. pues no está en posesión de una tarjeta de residencia en nuestro país..Se ha de tener en cuenta que si un ciudadano extranjero en situación administrativa de residencia irregular. De lo contrario. hasta la definitiva cancelación. en su caso la de Extranjería. previa a la cancelación de los policiales que obren en sus archivos”. Y además siempre aguardando que la Administración pueda espetar que “a pesar de la cancelación del antecedente su conducta es/ha sido antisocial o contraria al orden público por lo que se deniega la autorización/modificación/renovación solicitada. Penal. si existen. 136 del C. que inste de oficio la cancelación de sus antecedentes penales. o de la extinción de las responsabilidades penales civiles.” 29 . en el penúltimo párrafo de la contestación de la Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial. Es preciso reconocer que se está produciendo un cambio en la actitud de muchas las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia que admiten en general la solicitud de cancelación de antecedentes penales presentada por el propio interesado. Hay que llegar por operatividad de los principios penitenciarios y resocializadores de la pena a la convicción de que pena cumplida = antecedente no computable. solicita la cancelación de antecedentes penales en el Registro Central de Penados y Rebeldes ante la Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial. se informa que: “Igualmente. provisto solo de su pasaporte en vigor aunque pueda encontrarse en condición irregular en nuestro país Sin embargo.. el Ministerio de Justicia ofrece como solución que las Oficinas de Extranjería lo soliciten de oficio (solución pensada para el proceso de normalización del año 2005 y que no se ha suprimido del modelo-tipo de contestación). Es ilógico que la cancelación opere solo después de cumplida la pena a efectos de extranjería: ¿qué ocurre cuando el Juzgado dilata la ejecución por imposibilidad de realizar trabajos en beneficio de la comunidad y por tanto demora el cumplimiento de la condena?.
que alude a otra de 22.2012. TSJ-Galicia 15. que el extranjero haya sido condenado dentro o fuera de España. por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 1 año. pese a que posteriormente el precepto 30 .11.10.07.. Por un lado. a los efectos de incoación del correspondiente expediente sancionador. Pero también están las del TSJ- Castilla y León de 05. salvo que los antecedentes penales hubiera sido cancelados” Este precepto suscita una notable controversia jurídica de interpretación sobre si la pena debe ser la que se ha impuesto (pena en concreto) o es la que el Código Penal señala al delito (pena en abstracto). TSJ-Valencia de 31.2003 que se refieren a la pena en concreto.EL ART. TSJ-Andalucía de 29.2007 y del TSJ-Catalunya de 18.05.2011. ante la gravedad de la decisión de expulsión y su automatismo.III. El art.201º. constituirá causa de expulsión.03.2013. Recordemos el aforismo jurídico: en Derecho no cabe una cosa y la contraria. DE LA LOEX: INTERPRETACIÓN RAZONABLE Dicho precepto indica literalmente: “Asimismo. 57.06. Citamos sentencias del TSJ de Aragón. parece querer mantenerse la sanción añadida de expulsión a los extranjeros que han sido condenados por una conducta dolosa a una pena privativa de libertad superior a un año.2013. y que entiende que la pena es en abstracto. Los jueces no tienen un criterio unánime y los operadores jurídicos tampoco. de deficiente técnica narrativa sin duda.06.2. puede sostenerse una interpretación más favorable al interesado teniendo en cuenta no la gravedad en abstracto de la conducta sino el caso concreto. Esa misma posición la sustentan las del TSJ-Asturias de 18. Existen argumentos a favor y en contra de ambas posiciones.2013.1 del Reglamento de Extranjería también invita a los órganos judiciales a comunicar a Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno las condenas impuestas a extranjeros por delitos dolosos castigados (otro verbo diferente) con pena privativa de libertad superior a un año. previa la tramitación del correspondiente expediente.2012. en el que se utilizan de forma inadecuada dos verbos (condenar y sancionar) que no necesariamente pueden coincidir en cuanto a la pena impuesta en concreto. o a imponer en abstracto. 257. Los partidarios de la “pena en abstracto” entienden que favorece la comparación de la legislación española con la extranjera a efectos de condenas fuera de España.05. Estamos ante un controvertido precepto. Sin embargo.06. TSJ-Murcia de 14. de 30. y por consiguiente una de las dos interpretaciones está equivocada.
Para no caer en el absurdo entendemos que el legislador ha querido reservar la causa de expulsión a dos premisas que deben coincidir necesaria y simultáneamente: 1. 333. art. • Y también hay 3 delitos con una pena base que oscila entre los 6 meses y los 6 años: el previsto en el art. 153. • El Código Penal consagra asimismo 28 modalidades delictivas con penas de prisión de 6 meses a 3 años . • Tenemos asimismo 4 penas de prisión que van de 4 meses a 2 años en los arts.1 (corrupción entre particulares). 154. • Además hay 5 delitos que fijan una pena en abstracto de 6 meses a 4 años. 469 (quebrantamiento de condena con violencia o intimidación) y art. 301 (receptación y blanqueo 31 . 332. en los art. art. recogidas entre los art. Dependiendo de donde resaltemos la expresión “condena” o “sanción” se podría llegar en una literalidad a una interpretación u otra. 225. • Pero existen también 50 modalidades delictivas sancionadas en abstracto con penas de prisión de 6 meses a 2 años.2 (favorecimiento de evasión de un condenado con violencia o intimidación). 189-7.171-5.3 (omisión del deber de socorro).señale que “siempre que el delito sea sancionado con pena privativa de libertad superior a un año”. es decir. art. 195. 171. y 227 del Código Penal. • Existen 37 modalidades delictivas sancionadas con penas de prisión de 6 meses a 1 año. 334 y 336 (Delitos relativos a la protección de flora y fauna). De otro modo se podría incurrir en el absurdo que explicitamos a continuación ya que en una revisión penológica íntegra del Código Penal observamos que: • Existen penas de prisión de 3 meses a un año previstas en los arts. y además 2-) Que se parta de una pena en abstracto por un tipo delictivo doloso que sancione esa conducta con pena privativa libertad superior a un año.) Que se trate exclusivamente de las conductas más graves. 152-3º y 614 del Código Penal. 295 (delito societario cometido por administradores de hecho o de derecho). 147 y 606 del Código Penal. entre los arts. 470. 286-bis. actuaciones delictivas y dolosas que impliquen una condena a pena privativa de libertad superior a un año.
428. 494. 3. 395. realizado con violencia). 502. 314. sencillamente al encontrarnos ante una pena en abstracto. 316. 561. 291. 4 o incluso hasta 6 años de prisión. 273.1. no cabría ser sancionada con expulsión del art. 600. 508. Por ejemplo. art.O. 328. 389. 361. 219. 170. 225. 286-bis. 202. 175.4.5. 232. sentimientos religiosos y respeto a los difuntos. 286. 264. 57. es decir que en concreto superen el año de condena. 189. 524.Penal). vía art. 249. 173. 203.1-2ª. No parece que este dislate es lo que haya querido el legislador.bis. 514. 253. 172. y que además provengan de delitos que tengan también una pena base privativa de libertad superior a ese año. 315.2 de la L. 469.2 de la Ley de Extranjería por cuanto no llega al mínimo de un año en abstracto. 354. privativa de libertad.2 de la LOEX. 401. 505. 329. por ejemplo. 359. 380. 195. 490. Tampoco cabría la imposición del art. 185. ya que la pena base de este tipo delictivo es de 6 meses hasta 6 años (art. Todos los artículos referenciados versan sobre delitos dolosos que prevén en abstracto la imposición de una pena privativa de libertad que en todo caso es inferior a un año por lo que los partidarios de la pena en abstracto harían inviable cualquier inicio de expediente de expulsión. 169. 231. 57.3. sino sancionar aquellas conductas que sean más graves.3. 335.2. 321. 311. 206. 403. El absurdo se produce cuando la pena base oscila entre los 3. 282. 557. 458. 602. 422. 361. 301 del C. 471-bis. 456. 523. 392. 171. 220. 186. 470. 184.1. 394. 430.3º.1.3. 348. 383. lo que lleva a la incongruencia de que un extranjero pueda ser expulsado por condena a 1 año de prisión por un delito de robo frustrado (pena base de 1 a 3 años) y no pudiera serlo.1. 283. 284. 277. 606 y 614. 468. 414.1. 270. 556. por ejemplo. Nos remitimos como fiel reflejo de cuanto antecede a los arts. 301. 224. 451. 4 o 6 meses de pena mínima pero que en alguno de los delitos comentados supera no solo el año sino los 2. 450. 385. 217. de capitales). 507. 152. 439. 153.3. 57. por un delito de blanqueo de capitales en el que hubiera sido condenado a 5 años de prisión.4.4. 601. 295. 197. 322.3. 523 (delito contra la libertad de conciencia. 564. una pena privativa de libertad que en abstracto estuviera fijada entre 6 meses y 4 años. 356. pero inferior a un año. 299. la condena superior a un año fuera consecuencia de la aplicación de una o varias agravantes que permitieran la elevación de la pena en concreto un grado o dos grados por encima de la pena base. 511. 566. 32 . 4/2000 en aquellos casos en que.2. 348. 218. 223. 465. 432.1. 294. 497. 594. 311 (delito contra los derechos de los trabajadores) y art. 425. 298. 169.
así como los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral” En el País Vasco ha sido muchas las ocasiones en las que se ha puesto en duda que las prestaciones sociales. salvo que la infracción cometida sea la prevista en el art.5.. en la actualidad. 57. de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión. dirigida a las personas integradas en una unidad de convivencia que no disponga de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión laboral o social” 33 . letra a) del apartado 1. de 12 de enero. por la Ley 10/2000. Y las normativa de desarrollo.5 de la Ley de Extranjería señala: "La sanción de expulsión no podrá ser impuesta. Decreto 2/2010.EL ART. en el término de un año. de 27 de diciembre. 57. IV. (BOPV nº 11/2010) de la Prestación Complementaria de Vivienda. La Ley 18/2008 en su redacción de 2011. la Ley 18/2008 de 23 de diciembre (BOPV Nº 250/2008). tengan el carácter de “prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral” en este sentido conviene precisar: Sobre la Renta de Garantía de Ingresos Mínimos El marco jurídico vigente en la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de garantía de ingresos y de inclusión social viene determinado. a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos: “d) Los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabaja o enfermedad profesional ocurridos en España. para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social en la redacción dada por la Ley 4/2011 de 24 de Noviembre (BOPV Nº 233/2011) de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. DE LA LOEX EN EUSKADI Art. o suponga una reincidencia en la comisión. define en su articulo 11 la renta de garantía de ingresos como “una prestación periódica y de derecho subjetivo de naturaleza económica. Orden de 14 de febrero de 2001 (BOPV Nº 37/2001) por la que se establecen los estímulos de empleo. de 22 de junio– . de Carta de Derechos Sociales –modificada por la Ley 4/2007. 54. como la renta de garantías o la ayuda de inclusión. Decreto 147/2010 de 25 de mayo (BOPV Nº 114/2010). de la Renta de Garantía de Ingresos.
Por lo tanto no debe existir duda alguna de que esta prestación reúne las características necesarias para que a sus perceptores les sea de aplicación lo previsto en el citado art. gran invalidez.– En los casos en que la persona titular u otros miembros de su unidad de convivencia requieran.– La concesión de la renta de garantía de ingresos en cualquiera de sus modalidades19 estará vinculada al establecimiento con la persona titular de un convenio de inclusión activa en los términos previstos en el Capítulo I del Título III. En todo caso.Y en su artículo 7. los servicios de educación y los servicios de vivienda. los servicios de salud.1 del artículo 6: a) La renta básica para la inclusión y protección social y b) La renta complementaria de ingresos de trabajo. 34 . además de actuaciones orientadas a la inclusión laboral. susceptibles de aplicarse. actuaciones orientadas a la inclusión social que deban ser atendidas por los sistemas de servicios sociales. en el marco de un convenio de inclusión activa. al objeto de facilitar su inclusión laboral y social. Dicha obligación de suscripción de un convenio de inclusión activa no será exigible a las unidades de convivencia compuestas exclusivamente por personas beneficiarias de pensiones de jubilación o de incapacidad permanente absoluta. b) Las medidas específicas de intervención. con especial énfasis en la formación y preparación para la inclusión laboral. 57. servicios o centros. Esto es: a) El convenio de inclusión activa. De manera que. organizados y definidos de forma autónoma por los diferentes ámbitos de la protección social. vivienda.– regula los instrumentos orientados a la inclusión social y laboral. de forma combinada. el convenio de inclusión activa integrará en sus contenidos el compromiso por parte de la persona titular de cumplir las actuaciones de inclusión social que los distintos sistemas diseñen y el derecho a acceder a las misma. 1. El vínculo entre el derecho a la percepción de la renta y los instrumentos de inclusión viene establecido en el artículo 15. estas acciones combinadas y la derivación a los servicios pertinentes contarán con protocolos establecidos y diseñados reglamentariamente». en particular por los servicios sociales. sanidad o educación. e invalidez no contributiva. ya sean programas.5d 19 La renta de garantía de ingresos presentará las dos modalidades previstas en el apartado 2. 2. que se configurará como el dispositivo básico de articulación del conjunto de acciones de diferente naturaleza que se estimen necesarias para la inclusión social y laboral.
Cuando la persona titular se encuentre en situación de exclusión residencial. mejora de la empleabilidad. de 13 de diciembre. Cuando la persona no tenga un empleo. siguen existiendo personas y unidades de convivencia que. de naturaleza económica.. a la existencia Sistema Vasco de Garantía de Ingresos citado asociado a la estrategia integral de inclusión activa.. que modifica el Decreto 60/2011. Estas personas pueden percibir en Bizkaia la denominada Ayuda Especial de inclusión social que regula el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 207/2011. Cuando la persona titular cuente con un empleo. el plan recogerá. 2. permanecen en una situación de necesidad desprovista de cobertura económica por un lado y por otro desprovistas de los recursos personales necesarios para incorporarse al sistema de formación profesional e incorporación al mercado laboral a través de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.” No cabe duda que en caso de percepción de este tipo de ayuda también sería de aplicación lo previsto en el art.7 d). desempeño de actividades socialmente útiles además de cualquier otra que. Así: “1. en función del diagnóstico social. 57. la Ayuda Especial para la Inclusión Social quedará vinculada al establecimiento de un plan individual de atención/intervención que deberá comprender necesariamente acciones dirigidas al acceso a una vivienda.. se consideren necesarias para su inclusión social y laboral y la de otros componentes de su unidad de convivencia. de 22 de marzo. Todo ello. sin perjuicio de otras actuaciones que. al objeto de facilitar su inclusión social y/o laboral. por no cumplir los requisitos de acceso al mismo. se consideren necesarias en relación a su proceso de inclusión sociolaboral. El reconocimiento a percibir la Ayuda Especial para la Inclusión Social está vinculada a que previamente se haya establecido con la persona titular de la solicitud un plan individual de atención/intervención. 3. específicamente acciones dirigidas a la capacitación laboral. la Ayuda Especial para la Inclusión Social quedará vinculada al establecimiento de un plan individual de atención/intervención específicamente orientado a la mejora de su situación laboral……………. ……………. y destinada a las personas integradas en unidades de convivencia que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a dichos gastos En el artículo 4 se recoge la vinculación de esta prestación con el plan individual de atención/intervención. dirigida tanto a la cobertura de los gastos asociados a las necesidades básicas como a la de los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral. La Ayuda Especial para la Inclusión Social es una ayuda periódica.Sobre la Ayuda Especial para la Inclusión social (AEIS): Pese. en función del diagnóstico social. 35 .
todo comportamiento que genere antecedentes penales por leves que sean. como consecuencia del derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. a su vez. Igualmente. rectificarla y cancelarla. el Real Decreto 1720/2007. y su posterior remisión a las Autoridades Judiciales o Administrativas. de 30 de Diciembre y por la Ley 2/2011. Sobre esta información (desfavorable). Los antecedentes policiales pueden definirse como aquellos antecedentes desfavorables derivados de hechos tipificados en el vigente Código Penal como delitos o faltas o de aquellos otros de carácter administrativo que han llevado a la instrucción de diligencias.. aprobado por el Real Decreto 557/2011. por el que se aprueba el Reglamento de 20 Modificada por la Sentencia 292/2000. sin que quede constancia de cual fue su resultado final. que declara nulos determinados preceptos. establece que los informes policiales en materia de seguridad y orden público a emitir en el marco de los procedimientos regulados en este Reglamento contendrán en todo caso el conjunto de la información obrante en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adscritos a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. 36 .ANTECEDENTES POLICIALES Y CANCELACIÓN Como se ha señalado ya al inicio del presente documento. 21 Modificado. los emitidos respecto al ámbito territorial de Comunidades Autónomas a las que se haya traspasado competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público. contendrán el informe sobre afectación del orden publico aportado por la autoridad autonómica competente. Si bien es clara y constante la doctrina jurisprudencial que sostiene que no puede sustentarse una denegación de una autorización en extranjería sobre la base de unos antecedentes policiales. Así. de 21 de Diciembre21. tiene consecuencias negativas directas para los extranjeros. de 4 de Marzo. por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. V. 104 de nuestra Constitución y que desarrollan la Ley Orgánica 15/1999. a través de los derechos personalísimos e independientes que consagra el art. de protección de datos de carácter personal20. de 30 de Noviembre. de 8 de Enero y por las Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15/7/2010 y de 8/2/2012. por la Ley 62/2003. 24 C). y su posterior renovación. de 13 de Diciembre. los antecedentes policiales constituyen y sustentan (junto a los penales) los informes gubernativos desfavorables sobre los que la Administración fundamenta la denegación de las autorizaciones de residencia y/o trabajo. por el Real Decreto 3/2010. como la disposición adicional 17ª del Reglamento de Extranjería. debe advertirse. existe la posibilidad de acceder a ella. del Tribunal Constitucional.
salvo que se haya prestado consentimiento para verificar los datos de identidad. Transcurrido este plazo sin que se responda de forma expresa. en cuyo caso podrá ejercitarlo antes. 22 Prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales. El derecho de información figura recogido en el art. b) Domicilio a efectos de notificación. 3 y 4 del art. sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos. si se actúa por medio de representante legal. La petición se resolverá en el plazo de un mes desde la solicitud. ésta podrá entenderse desestimada. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización. y la Instrucción 1/1998. pudiendo ser objeto de reclamación por los interesados ante la Agencia Española de Protección de Datos. c) Fotocopia de DNI/NIE o pasaporte en vigor (para los extranjeros que carezcan de NIE). 22 de la Ley Orgánica 15/1999. de 19 de Enero. de protección de datos de carácter personal22 el afectado podrá ponerlo en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos o del organismo competente de cada Comunidad Autónoma. Obtenido el acceso tendrá un plazo de diez días para realizarlo por el medio deseado. de obtener datos sin consentimiento del afectado. d) Poder de representación específico para el ejercicio del derecho de acceso. 22. recogida en el art. salvo que el afectado acredite un interés legítimo al efecto. 15 de la antedicha Ley Orgánica. 5 de la referida Ley Orgánica. El derecho de acceso contemplado en el art. siendo un derecho personalísimo se ejercerá por petición dirigida al responsable del fichero con medio que garantice su identificación. sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses. 37 . de la Agencia de Protección de datos. telecopia o fotocopia. certificada o no. en forma legible e inteligible.dicha Ley Orgánica. o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante escrito. de 13 de diciembre. copia. Si las causas de denegación son las contenidas en los apartados 2. Los requisitos formales para ejercer el derecho de acceso son: a) Instancia de solicitud dirigida al responsable del fichero en la que se hagan constar los datos personales del solicitante. con la salvedad que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. conclusión de una investigación o procedimiento concreto.
Los derechos de cancelación y rectificación se ejercitarán si estos datos desfavorables son inexactos o incompletos. 24 Peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública. la cancelación si lo estimase por haber pasado el tiempo de prescripción o hubiera habido sobreseimiento de la causa. a contar desde la fecha de remisión definitiva de la pena impuesta. sobreseimiento o archivo. la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando. hayan transcurrido cinco años. 38 . 131 del Código Penal). Se cancelarán de oficio por el Juzgado o Tribunal sentenciador según sentencia absolutoria firme. No obstante. en su caso. La cancelación podrá efectuarse. 2) La instrucción judicial esté en curso o pendiente de juicio o resolución del recurso presentado por esos mismos hechos. por solicitud de Cuerpo o Fuerza Policial. si bien para cancelar este antecedente policial se requiere la previa cancelación del antecedente penal en el Registro Central de penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia23. o por auto de sobreseimiento con archivo firme de las actuaciones judiciales.. sin que se hayan incorporado nuevos datos desfavorables al expediente personal del solicitante. igualmente. por sentencia condenatoria firme. así como en los casos en que. aun siendo la sentencia judicial condenatoria. Los antecedentes policiales serán susceptibles de cancelación de oficio o a instancia de parte. etc. Dichos derechos se harán efectivos por el responsable del fichero en los diez días siguientes a la recepción de la solicitud del derecho de rectificación o cancelación en la que deberá indicarse qué datos son erróneos y la corrección que deberá efectuarse con la documentación justificativa. 136 y 137 CP. o por prescripción penal del delito o falta (conforme a los plazos establecidos en el art. 23 Art. y a los cinco años de su comisión cuando se trate de infracciones administrativas. pudiendo solicitar la rectificación y. Procederá la anulación en todos los casos en los que la resolución adoptada por la Autoridad Judicial sea de absolución. según diligencias policiales del mismo. al interesado en caso de que no se disponga de datos de carácter personal. o estuviese la cancelación motivada por los mismos supuestos que la rectificación. o 4) Se denlas circunstancias de las excepciones del artículo 23 de la Ley Orgánica 15/199924. 3) Se tenga suspendido el cumplimiento de la condena.El responsable del fichero deberá comunicar. la cancelación de los antecedentes policiales se denegará cuando: 1) El certificado de antecedentes penales no sea negativo. a instancia de parte.
y f)Autorización para obtener el certificado de antecedentes penales en el Registro de Penados del Ministerio de Justicia. Registros del Cuerpo Nacional de Policía o en el Archivo Central de la Policía. en el primer caso. poder de representación específico para el ejercicio del derecho de cancelación. La instancia. mientras que la Guardia Civil recoge estos antecedentes en el fichero "INTPOL". Para el ejercicio de los derechos anteriormente reseñados se necesita especificar en la solicitud el fichero/s sobre los que se ejercerá el derecho/s. en cualquier caso. dado que. salvo que se haya prestado consentimiento para verificar los datos de identidad. 39 . c) Certificado de las Autoridades Judiciales correspondientes.En la comunicación al interesado. acreditando la resolución adoptada respecto al antecedente o antecedentes que se desean cancelar y/o anular. deberá ser presentada en las Comisarías. e) En caso de actuar a través de representante legal. en el segundo supuesto. se hará constar. b) Fotocopia de DNI/NIE o pasaporte en vigor (para los extranjeros que carezcan de NIE). la solicitud se dirigirá a la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil. los motivos por los que se le deniega. El Archivo Central de la Policía sólo gestiona competencias sobre el fichero denominado "PERSONAS". mientras que. certificación que acredite el pago efectivo de la multa o estar exento de responsabilidad por los hechos que motivaron los antecedentes. el antecedente concreto a que se refiera la solicitud. los recursos y plazos que le asisten según la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. el domicilio actual y en el caso de que se pretenda una cancelación y/o anulación parciales. tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil gestionan ficheros de este tipo. d) En el caso de sanciones administrativas. Los requisitos formales de los derechos de rectificación y cancelación exigidos son: a) Instancia de solicitud en la que se hagan constar los datos de filiación completos.
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