Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-394988590
Timestamp: 2020-01-25 20:45:21
Document Index: 259862512

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 248', 'artículo 162', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 31', 'artículo 248', 'artículo 4', 'artículo 248', 'artículo 174', 'artículo 68', 'artículo 122', 'artículo 179', 'artículo 55', 'artículo 308', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 93', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 122', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 55', 'artículo 68', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 162', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 248', 'artículo 1', 'artículo 248', 'artículo 174', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 116', 'artículo 6', 'artículo 95', 'artículo 28', 'artículo 15', 'Artículo 166', 'Artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 86', 'Artículo 1']

Sentencia de Unificación nº 458/12 de Corte Constitucional, 21 de Junio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 394988590
Habeas data. Sentencia de unificación. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En el presente caso se dio una situación general en la cual todos los actores fueron condenados por incurrir en alguno de los delitos consagrados en el código penal y, de manera posterior, una autoridad judicial les declaró la extinción de sus condenas o la prescripción de la pena. Con el fin de acceder a un empleo o de mantener vigente uno, los actores solicitaron al das el certificado de antecedentes judiciales y en todos los casos se expidió el documento con la siguiente leyenda: registra antecedentes, pero no es requerido por autoridad judicial. Por considerar que dicha redacción permitía concluir la existencia de antecedentes penales, independientemente de si la pena estaba cumplida o prescrita, algunos accionantes elevaron petición formal al das solicitando de manera expresa la eliminación de dicha anotación, pero su requerimiento fue resuelto de forma adversa. La entidad demandada adujo tener la obligación de mantener, actualizar y conservar los registros delictivos, con base en el canje interior y en los informes o avisos que rendían las autoridades judiciales sobre el estado de los procesos penales. Igualmente argumentó, no tener la competencia para cancelar los antecedentes consignados en sus bases de datos, en tanto sólo ostentaba la calidad de depositario y no de dueño de los registros delictivos y por eso, para proceder a borrar o destruir antecedentes judiciales, debía mediar sentencia proferida por autoridad judicial competente. Se aclara que, en sede de revisión, la sala verificó cambios normativos relevantes relacionados con la autoridad encargada de administrar la base de datos sobre antecedentes judiciales y con la naturaleza y condiciones de circulación de dicha información personal. La corte se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. Particularidades de los datos personales y de las bases de los datos personales de antecedentes penales. 2º. Principios y reglas que debe seguir el administrador de este tipo específico de bases de datos, en especial los principios de finalidad, utilidad y circulación restringida. 3º. Facultad específica del titular de la información personal de solicitar la supresión de la misma, como parte del objeto protegido por la dimensión subjetiva del habeas data y, 4º. Carácter del habeas data como derecho autónomo y garantía de otros derechos fundamentales. Se concluye que, la entidad encargada de administrar las bases de datos sobre antecedentes judiciales, vulneró y vulnera el derecho al habeas data de los demandantes, al permitir que terceros no autorizados conozcan la existencia de antecedentes penales asociados a su nombre. Se destaca que, esta vulneración se presenta por el desconocimiento de los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida de la información personal sobre antecedentes penales contenida en las bases de datos y, en la renuencia de la entidad encargada de la administración de dicha base de datos, de suprimir de forma relativa dicha información a pesar de mediar una petición expresa de los demandantes, para que terceros, sin un interés previamente determinado, tuviesen conocimiento de la misma. Se decide revocar y confirmar parcialmente algunas de las sentencias de instancia, se concede el amparo del derecho al habeas data y se previene al ministerio de defensa nacional / policia nacional, a la dirección criminal, a la interpol y demás autoridades de esa entidad, para que eviten que cualquier persona sin interés legítimo pueda conocer o inferir la existencia de antecedentes penales de aquellas personas que hayan cumplido la pena o que se encuentre prescrita. Así mismo, exhortó al procurador general, al defensor del pueblo y al congreso, para promover un proyecto de ley estatutaria sobre administración de bases de datos personales relacionadas con antecedentes penales.
Sentencia citada en: 133 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
SU458-12 2 Sentencia SU458/12
Tribunal Superior de Medellín, Sala Décimo Cuarta de Decisión L..
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación L..
Tribunal Superior de Bogotá, S.P..
Tribunal Superior de Cundinamarca, S.P. Sentencia de 10 de febrero de 2010.
Tribunal Superior de Bogotá D.C., S.P..
Tribunal Superior de Cali, S.P..
Juzgado Tercero L. del Circuito de Valledupar, C..
Tribunal Superior del Distrito de Valledupar, C., Sala Civil, Familia y L..
Con el fin de acceder a un empleo, o de mantener el vigente, solicitaron ante el entonces DAS el certificado judicial de antecedentes judiciales. Certificado que fue expedido, en todos los casos, con la leyenda REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL. Algunos actores elevaron petición formal al DAS solicitando la eliminación de dicha anotación alegando la extinción de la condena o la prescripción de la pena. Sus peticiones fueron absueltas de forma adversa.
iii) al incorporar la leyenda de REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL, el DAS hace un manejo irresponsable de la información que reposa en su base de datos debido a que, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 3738 de 2003, se trata de archivos reservados que sólo pueden ser develados cuando una autoridad judicial o un organismo con facultades de policía judicial así lo solicita;
2. CONTESTACIÓN(ES) DE LA ENTIDAD DEMANDADA.
Por otra parte, advirtió que, en virtud de los artículos 1º y 2º del Decreto 3738 de 2003, corresponde al Director del DAS establecer y adoptar el modelo del certificado de antecedentes. De allí que en el parágrafo del artículo 1º de la Resolución Interna No. 1157 de 2008, se disponga que en caso de que el ciudadano registre antecedentes, la leyenda escrita a la que hace referencia el literal b) del presente artículo, quedará de la siguientes forma: el DAS certifica: que a la fecha (día, mes, año), nombre, con cédula de ciudadanía No., de, REGISTRA ANTECEDETES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL, de acuerdo con el artículo 248 de la Constitución. En conclusión, el DAS tiene la obligación de certificar a quienes solicitan el certificado judicial si registran o no antecedentes.
v) según el artículo 162 de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y C.)[4] y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, una vez cumplida la pena, los antecedentes no deben figurar en los certificados judiciales;
Al entonces DAS le solicitó responder las siguientes preguntas: A) ¿Cuáles son las normas de carácter administrativo que regulan el tema de los antecedentes judiciales en Colombia? A.. B) ¿Es usada, para llevar a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, la información que reposa en la base de datos sobre antecedentes judiciales? C) Según el artículo 1° del Decreto 2398 de 1986, cuando una persona era reseñada, el DAS abría un prontuario en el que se registraban las anotaciones que deben constar en tales documentos de acuerdo con la Ley. Una vez se resolvía en forma definitiva la situación jurídica del reseñado o se producía la cancelación de antecedentes, ese prontuario era enviado al archivo de consulta. Teniendo en cuenta que el Decreto 3738 de 2003 derogó expresamente el Decreto 2398 de 1986 y guardó silencio sobre los aspectos prácticos relativos a la forma en la que opera el registro de antecedentes, ¿actualmente cómo funciona la base de datos de los antecedentes judiciales? ¿Cuántos tipos de archivos existen (de consulta etc.)? ¿Cuáles son las diferencias que existen entre estos tipos de archivos? D) El artículo 11 del Decreto 2398 de 1986, derogado expresamente por el Decreto 3738 de 2003, establecía que el DAS debía cancelar los antecedentes relativos a los fallos condenatorios, cuando la pena había sido cumplida o cuando ésta había prescrito, de oficio o a solicitud del interesado. ¿Durante la vigencia de esa norma, que entendió el DAS por cancelación de antecedentes judiciales? ¿Esa cancelación correspondía a la supresión total y definitiva del dato del archivo y base de datos de la entidad? E) ¿Cuáles entidades y bajo qué circunstancias, tienen acceso a los antecedentes judiciales de las personas?
Al Instituto Nacional Penitenciario y C. la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las normas legales y de carácter administrativo que regulan las funciones y finalidades que cumplen los antecedentes judiciales en materia carcelaria y penitenciaria? A.[5].
Dentro del término legal, O.R.A., en su calidad de jefe de la oficina jurídica del DAS, señaló que las normas que regulan el tema de los antecedentes penales son las siguientes:
Manifestó que la información sobre antecedentes judiciales es relevante previo al desarrollo de una actividad de inteligencia y contrainteligencia, puesto que coadyuva a establecer el grado de peligrosidad de una persona y su historial criminal[6].
Señaló que bajo lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 1288 de 2009, existe una colaboración interna entre la Dirección General Operativa, dependencia con funciones de policía judicial, y la Dirección General de Inteligencia (dependencia encargada de adelantar y cumplir el ciclo de inteligencia), consistente en el suministro de información de antecedentes judiciales en aquellos casos que atentan contra la seguridad y defensa nacional, enmarcados dentro del Plan Nacional de Inteligencia y el Plan de Búsqueda de Información del DAS, conformado por líneas estratégicas como terrorismo, secuestro, extorsión, corrupción, narcotráfico, entre otros[7].
Adicionalmente, citó la sentencia T-444 de 1992, en la cual se afirmó que por antecedente debe considerarse única y exclusivamente las condenas mediante sentencia judicial en firme al tenor del artículo 248 constitucional () Los organismos de seguridad del Estado, internamente, pueden y deben contar con toda la información necesaria para el normal, adecuado, eficiente, legítimo y democrático ejercicio de su función de servicio a la sociedad civil y defensa del orden público y de las instituciones. Pero, eso sí, dichas instancias estatales no pueden difundir al exterior la información sobre una persona, salvo en el evento de un antecedente penal o contravencional, el cual permite divulgar a terceros la información oficial sobre una persona[8].
Por otro lado, señaló que en la sentencia C-1011 de 2008, la Corte manifestó que la actividad de obtener información personal de los ciudadanos es una actividad compatible con la Constitución, en tanto la recopilación de datos personales por parte de los organismos de seguridad y defensa, en especial la Fuerza Pública, es un elemento importante para el logro de sus fines constitucionales () Empero, el reconocimiento de esta facultad no es omnímodo sino que, antes bien, está estrictamente limitado por la vigencia de los derechos fundamentales a la intimidad, la honra, el buen nombre, el habeas data, de petición y el debido proceso. Del mismo modo, esa competencia debe estar sustentada en criterios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, de manera que su uso se restrinja a aquellos casos en que el acopio de información es imprescindible para el cumplimiento de los fines anotados[9].
Por otra parte, sostuvo que los archivos de consulta que a la fecha existen son el archivo sistematizado SIFDAS y un archivo de consulta físico llamado Prontuarial, que es el que funcionaba para el año de 1986 fecha del Decreto 2398, la información que se encuentra en el archivo físico es la misma que se encuentra sistematizada, la única diferencia que existe entre los dos es que uno es sistematizado y el otro es manual[10].
Asimismo, aseguró que durante la vigencia del Decreto 2398 de 1986, el DAS nunca suprimió total y definitivamente los antecedentes judiciales de la base de datos, aun en aquellos casos en los cuales la pena había prescrito o había sido cumplida. En efecto, la cancelación de antecedentes () no significaba que le fuera borrado de nuestra base de datos (), simplemente se generaba una resolución informando la cancelación de antecedentes[11].
Finalmente, señaló que las entidades que tienen acceso a los antecedentes judiciales son las señalados en el literal b del artículo 4 del Decreto 3738 de 2003funcionarios judiciales y organismos con facultades de policía judicial, que por razón o con ocasión de sus funciones, adelanten investigación, referente a la persona de quien la solicita, previo requerimiento escrito...[12].
J.G.G., en su calidad de Jefe de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, señaló que la Policía Nacional posee una base de datos que contiene antecedentes penales y contravencionales, así como órdenes de captura, según lo estipulado en el artículo 248 de la Constitución Política, aclarando que los organismos de policía judicial no son los dueños de la información, sólo la administran[13].
Aclaró que la base de datos administrada por la Policía Nacional es independiente de la llevada por el DAS y aseguró que esa institución no tiene acceso o interconexión para conocer la información a cargo del [DAS][14].
M.J.A.D., en su calidad de Jefe Oficina Jurídica (E) de la Procuraduría General de la Nación, informó que, en virtud del artículo 174 de la Ley 734 de 2002, esa entidad está obligada a llevar un Sistema de Información, denominado internamente SIRI  SISTEMA DE REGISTRO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, el cual sirve de soporte para verificar si las diferentes personas que aspiran a ejercer cargos públicos o a contratar con el Estado, registran algún tipo de sanción que les impida acceder a determinado cargo público o a contratar con Entidades Estatales según el caso[15].
En dicho registro, que constituye el soporte de los certificados de antecedentes ordinario y especial, correspondiente a las personas naturales y jurídicas que han sido sancionadas[16], se registran las: 1.- Sanciones disciplinarias. 2.- Sanciones penales. 3.- Inhabilidades derivadas de las relaciones contractuales con el Estado. 4.-Inhabilidades derivadas del proceso por responsabilidad fiscal. 5.-Declaraciones de pérdida de investidura. 6.- Sanciones impuestas en el ejercicio de profesiones liberales[17].
De allí que la fuente de consulta para determinar la existencia de las inhabilidades enunciadas, será la misma Constitución () o la Ley y la sentencia judicial de que se trate, la cual debe determinar la naturaleza del delito por el cual haya sido condenada la persona.[18]
Señaló que las inhabilidades para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado son condiciones de inelegibilidad como consecuencia de la imposición de una sanción o pena impuesta dentro de la sentencia que se expida en virtud de la comisión de determinado comportamiento delictual[19].
G.E.U., actuando en calidad de Director Nacional de Fiscalías (E), informó que los antecedentes penales tienen efectos jurídicos en el tiempo, en algunos casos, por término indefinido (). A juicio de esta Dirección el uso de antecedentes judiciales; en principio, no está limitado en el tiempo, salvo en aquellos casos en que la utilización de los mismos se encuentra excluida por el transcurso de determinado período, hipótesis que se contempla en el artículo 68A del Código Penal, al prohibir expresamente la concesión de cualquier tipo de subrogado penal, a la persona que haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores[20].
Señaló que el artículo 122 de la Constitución establece que no pueden ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, o designados como servidores públicos, ni celebrar () contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado[21].
En este mismo sentido, el numeral 1° del artículo 179 superior, establece que no podrán ser congresistas ´quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos´[22].
Adicionalmente, señaló que la Ley 599 de 2000 (Código Penal), en diversos artículos contempla consecuencias jurídicas para quien registra o no antecedentes; tal es el caso del artículo 55, numeral 1, que dispone como circunstancias de menor punibilidad, la carencia de antecedentes penales. En similar sentido, el artículo 308 ibídem, dispone que el juez de control de garantías, a petición de la Fiscalía General de la Nación, decretará la medida de aseguramiento cuando el imputado constituya peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, situación que se infiere, entre otras razones, () cuando la persona registra antecedentes penales[23].
Indicó que la información sobre antecedentes penales sólo puede resultar de interés para las autoridades judiciales, pues su divulgación indiscriminada puede eventualmente perjudicar a quienes se encuentran en esas circunstancias, en detrimento de su proceso de resocialización[24].
Respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y C..
M.A.P. de P., obrando en calidad de Jefe Oficina Jurídica del Instituto Penitenciario y C. (en adelante INPEC), informó a este despacho que los antecedentes judiciales en materia carcelaria y penitenciaria tienen como finalidad establecer que los privados de la libertad solicitantes de beneficios administrativos no tengan requerimientos pendientes que impliquen privación de la libertad[25].
Adicionalmente, señaló que las normas que regulan las funciones y finalidades que cumplen los antecedentes judiciales en materia penitenciaria y carcelaria son los artículos 70, 147 y 147 A de la Ley 65 de 1993, y el inciso 4°, del artículo 5°, del Decreto 1542 de 1997.
En primer lugar, se expidió el Decreto 4057 del treinta y uno (31) de octubre de dos mil once (2011), por medio del cual se suprimió el Departamento Administrativo de Seguridad, y se transfirió la función de llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República,[26] al Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional.
ARTÍCULO 93. SUPRESIÓN DEL CERTIFICADO JUDICIAL. A partir de la vigencia del presente Decreto-Ley, suprímase el documento certificado judicial. En consecuencia, ninguna persona está obligada a presentar un documento que certifique sus antecedentes judiciales para trámites con entidades de derecho público o privado.
En todo caso, la administración de registros delictivos se sujetará a las normas contenidas en la Ley General Estatutaria de Protección de Datos Personales.
Igualmente se solicitó informe a las dos instituciones mencionadas, mediante la formulación del siguiente cuestionario relacionado con lo dispuesto por los artículos 93-95 del Decreto Ley 0019 de 2012: A) ¿Cuáles son las normas administrativas que regulan el sistema de consulta en línea de los antecedentes judiciales? A.. B) ¿En qué va a consistir la consulta en línea de los antecedentes judiciales? C) ¿Quién y bajo qué circunstancias, tendrá la posibilidad de realizar la consulta en línea de los antecedentes judiciales de una persona? D) ¿Específicamente, qué información será revelada al realizar la consulta en línea de los antecedentes judiciales de una persona determinada? E) ¿Qué información se proveerá de las personas sin antecedentes judiciales, de las que tienen deudas pendientes con la justicia, y de aquellas que hayan cumplido su pena o la misma haya prescrito, según declaración de una autoridad competente? Adjunte un pantallazo de lo que mostrará el sistema en cada uno de estos casos.
El Procurador General de la Nación solicitó inaplicar la Resolución 1157 de 2008, del Departamento Administrativo de Seguridad, merced a la excepción de inconstitucionalidad, hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncie de fondo sobre la validez de la misma[27]. Consideró que el certificado de antecedentes judiciales, tal y como se expide en la actualidad, puede generar perjuicios irremediables, al impedir el acceso a un empleo digno de los actores. Igualmente, resaltó que las autoridades responsables han cambiado, por lo cual señaló que debe advertirse a los nuevos responsables de los hechos relevantes, para que el nuevo modelo se ajuste al orden superior y a las leyes.
Aclaró que la consulta en línea de antecedentes judiciales consiste en que a través de la página Web de la Policía Nacional www.policia.gov.co link CONSULTA DE ANTECEDENTES JUDICIALES insertando el número de cedula (sic) de ciudadanía a (sic) consultar arrojara (sic) la fecha de la consulta, numero (sic) de documento, nombre y si NO REGISTRA ANTECEDENTES o NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL, de igual manera se indica que si se tiene alguna duda con respecto al resultado puede acercarse a las instalaciones de la Policía nacional (sic) de Colombia[29].
Indicó que la facultad de realizar la consulta en línea de los antecedentes judiciales de una persona reside en las entidades públicas o los particulares que deseen averiguar por los antecedentes de cualquier persona nacional o extranjera. Señaló que la información que arroja la base de datos corresponde alternativamente a, si la persona no tiene antecedentes, o si no es requerida por autoridad judicial. Por último, indicó que el sistema mostrará la leyenda: NO REGISTRA ANTECEDENTES, cuando sea el caso, o mostrará NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL cuando la persona tenga antecedentes judiciales.
Remitidos los expedientes a esta Corporación, mediante auto del veintisiete (27) de mayo de 2010, la Sala de selección número cinco, dispuso la revisión de los expedientes T- 2.651.508 y T- 2.652.081 y ordenó su acumulación por presentar unidad de materia. Mediante auto del once (11) de junio de 2010, la Sala de selección número seis, procedió de igual manera con los expedientes T- 2.665.836, T- 2.665.843 y T- 2.671.652. Mediante auto del ocho (8) de julio de 2010, se ordenó la acumulación de los expedientes T- 2.651.508 y T- 2.652.081 con los expedientes T- 2.665.836, T- 2.665.843 y T- 2.671.652. Mediante auto del siete (7) de julio de 2010, la Sala de selección número siete, hizo lo propio en relación con los expedientes T-2.699.881, T-2.702.094, T-2.703.677, T-2.709.976, T-2.711.606 y T-2.714.407. Mediante auto del treinta (30) de julio de 2010, se resolvió acumular los expedientes T-2.699.881, T-2.702.094, T-2.703.677, T-2.709.976, T-2.711.606 y T-2.714.407 con el expediente T-2.651.508 AC. Finalmente, la Sala de selección número siete, mediante auto del veintidós (22) de julio de 2010, seleccionó y acumuló para su revisión los expedientes T-2.734.143 y T-2.738.743 que, a su vez, fueron acumulados con el expediente T- T-2.651.508 AC, por medio de auto de veinticuatro (24) de agosto de 2010.
Por otro lado, mediante auto del dieciséis (16) de noviembre de dos mil diez (2010), se resolvió poner a disposición de la Sala Plena el expediente de la referencia dada la trascendencia del tema del que se ocupa, suspender los términos hasta que la Sala Plena decidiera, y omitir en la publicación de sus providencias los nombres de los actores.
Durante el año 2010, de forma separada, trece personas solicitaron por vía de tutela la protección constitucional de sus derechos al habeas data, buen nombre, intimidad y trabajo, entre otros. A. como causa de la vulneración de tales derechos el formato empleado por el entonces DAS en la expedición del certificado de antecedentes penales. En concreto, que dicho formato, por su redacción alternativa (no registra antecedentes/registra antecedentes pero no es requerido por autoridad judicial), permitía concluir, en la segunda alternativa, la existencia de antecedentes penales independientemente de si la pena estaba cumplida o prescrita. Algunos de los demandantes alegaron que esta práctica del DAS dificultaba la consecución de empleo; algunos afirmaron que habían sido despedidos o su contrato no renovado a causa de la exhibición del certificado judicial con el antedicho formato.
El entonces DAS argumentó que su conducta se adecuaba a la Constitución y a la ley. Que, en virtud del Decreto 3738 de 2003, era de competencia del Director de la institución establecer y adoptar el modelo del certificado de antecedentes, y expedirlo apoyado en la información que reposaba en sus archivos. Que en ejecución de esta autorización, la Resolución 1157 de 2008, dispuso que en el caso de que la persona que solicitara el certificado tuviera antecedentes, la leyenda de la certificación debía indicar: registra antecedentes pero no es requerido por autoridad judicial. Que la ejecución de tales instrucciones, no suponía vulneración del derecho al buen nombre de las personas, pues la información allí consignada era verdadera y tenía como fuente sentencias judiciales en firme. Que el hecho de revelar tal información era una expresión del derecho a la información de terceros, de conformidad con la sentencia SU-082 de 1995, y que además, guardaba una íntima relación con la seguridad jurídica, ya que las entidades públicas y la sociedad tienen derecho a saber si determinada persona ha sido declarada penalmente responsable.
En el contexto anteriormente descrito, corresponde a la Sala decidir si la entidad encargada de administrar las bases de datos sobre antecedentes penales vulnera el derecho al habeas data de los demandantes, en el caso en que, al dar constancia de la información personal que consta en la base de datos, utiliza un formato que permite que terceros infieran la existencia de antecedentes penales, no obstante mediar petición expresa de los demandantes en el sentido de no utilizar un formato que así lo permita.
Para efectos de determinar si la conducta del entonces DAS, ahora Ministerio de Defensa-Policía Nacional, vulnera o no el derecho al habeas data de los demandantes en este caso, y con el propósito de unificar la jurisprudencia en relación con las competencias de las entidades que manejan este tipo de bases de datos, la Corte se pronunciará sobre: 1) las particularidades de los datos personales y de las bases de datos personales de antecedentes penales. 2) los principios y las reglas que debe seguir el administrador de este tipo específico de bases de datos, en especial los principios de finalidad, utilidad y circulación restringida. 3) la facultad específica del titular de la información personal de solicitar la supresión de la misma, como parte del objeto protegido por la dimensión subjetiva del habeas data. Y 4) el carácter del habeas data como derecho autónomo y como garantía de otros derechos fundamentales.
Para la Corte es claro que el derecho al habeas data opera en el contexto determinado de la administración de bases de datos personales. Por tanto, su ejercicio es imposible jurídicamente en relación con información personal que no esté contenida en una base o banco de datos, o con información que no sea de carácter personal. Estos presupuestos han permitido que esta Corte descarte la invocación del habeas data por ejemplo para proteger información personal que conste en distintos soportes, no organizados en una base de datos o en un fichero, o para proteger información de otro carácter, como información académica, científica, técnica, artística que, a pesar de estar contenida en base de datos o archivos, esté desvinculada de personas naturales o jurídicas. Para la Sala, estas limitaciones de contexto tornan indispensable la caracterización tanto de los datos personales, como de las bases de datos relacionadas con antecedentes penales. De esta caracterización se nutre el contenido específico del régimen del habeas data aplicable al caso bajo estudio.
Siguiendo las definiciones sobre datos personales contenidas en las sentencias T-414 de 1992 y T-729 de 2002, la Corte considera que los antecedentes penales son datos personales en la medida en que, asocian una situación determinada (haber sido condenado, por la comisión de un delito, en un proceso penal, por una autoridad judicial competente) con una persona natural. Estos datos personales son propios y exclusivos de la persona, y permiten identificarla, reconocerla o singularizarla en mayor o menor medida, de forma individual o en conexión con otros datos personales[30].
Asimismo, para la Corte, siguiendo la definición de la Sentencia C-185 de 2003, los antecedentes penales tienen el carácter de datos negativos. En efecto, son datos que permiten asociar circunstancias no queridas, perjudiciales, socialmente reprobadas o simplemente desfavorables con una persona natural. Para la Sala los antecedentes penales quizá sean, en el marco de un estado de derecho, el dato negativo por excelencia: el que asocia el nombre de una persona con la ruptura del pacto social, con la defraudación de las expectativas normativas, con la violación de los bienes jurídicos fundamentales.
De otra parte, la Sala considera que los antecedentes penales son además el producto de la imposición de una sanción y no una pena en sí misma. Su registro no puede ser considerado como una sanción. Es en cambio el resultado del cumplimiento de la obligación constitucional de crear un banco de datos donde conste la existencia de hechos delictivos atribuibles a una persona. El carácter de dato negativo del antecedente penal no lo asimila jurídicamente a una pena. Por tanto, la Sala desestima el argumento de algunos de los peticionarios y de los jueces de instancia, según el cual la permanencia y publicación de antecedentes penales, después de decretada la extinción o la prescripción de la pena, equivalía a una pena perpetua violatoria de la prohibición constitucional de penas imprescriptibles (art. 18 Superior).
Adecuando las definiciones de las sentencias T-729 de 2002 y C-1011 de 2008 al presente caso, para la Sala, una base de datos personales sobre antecedentes penales es un conjunto organizado de información personal, en concreto de antecedentes penales, que con ayuda de programas de carácter informático y de una plataforma, permite el acceso fácil e inmediato a una extensión ilimitada de información personal, dependiendo de la cantidad de información personal en ellos contenida y los avances tecnológicos que soportan su operación. Dicha base de datos personales es administrada por un sujeto responsable, y puede ser operada por un sinnúmero de personas en la medida en que se faciliten condiciones de accesibilidad con fines de alimentación, modificación o consulta.
Por su parte, los artículos 248 de la Constitución (que define los antecedentes penales como las condenas proferidas en sentencias judiciales ejecutoriadas) y 166 del Código de Procedimiento Penal (que ordena al juez a informar a las autoridades que tengan funciones de policía judicial y archivos sistematizados de la existencia de toda sentencia ejecutoriada que imponga pena o medida de seguridad)[31] estructuran la obligación legal y constitucional de crear y administrar bases de datos personales sobre antecedentes penales.
En cumplimiento de esta obligación, los órganos políticos decidieron confiarle al entonces Departamento Administrativo de Seguridad la función de crear y administrar una base de datos personales sobre antecedentes penales. Por medio del artículo 2º numeral 12 del Decreto 643 de 2004, se confió al DAS la competencia de llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir el certificado judicial. A su vez, en el artículo 3º del Decreto 3738 de 2003, por el cual se dictan normas sobre reseña delictiva y expedición de Certificados Judiciales, se le confió al DAS el deber de mantener y actualizar los registros delictivos y de identificación nacionales de acuerdo con los informes y avisos que para el efecto deberán remitirle las autoridades judiciales, conforme a la Constitución Política y la ley.
Como es sabido, el DAS fue suprimido por mandato del artículo 1º del Decreto 4057 de 2011. A su vez, por mandado del artículo 3 numeral 3.3, de dicho Decreto, la función de llevar los registros delictivos () y expedir los certificados judiciales () fue trasferida al Ministerio de Defensa-Policía Nacional. En conclusión, para el caso que ocupa la sala, la competencia de administrar la base de datos personales sobre antecedentes judiciales corresponde en la actualidad al Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional.
De la normatividad vigente en materia de administración de bases de datos personales sobre antecedentes penales, confirmada por los informes solicitados por la Corte, se desprende que no solamente el DAS, ahora Ministerio de Defensa-Policía Nacional-, sino también la Procuraduría General de la República, la Registraduría Nacional, la Fiscalía General, y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia tienen bajo su competencia la administración de bases de datos sobre antecedentes penales.
Por otra parte, considera la Corte que, desde una perspectiva sociológica no ajena a las consideraciones constitucionales, la administración de cualquier base de datos personales confiere poder informático a quien la controla, o a quien puede tener acceso (autorizado o no) a sus contenidos. La existencia de este poder informático es palmaria en relación con las consecuencias que para la libertad y otras garantías de las personas se puede seguir del uso de la información allí contenida. Las bases de datos sobre antecedentes crediticios son emblemáticas en este sentido: quien las administra y quien las usa, tiene el poder de limitar las libertades económicas de las personas cuyos datos personales son objeto de administración. Lo son también las bases de datos sobre antecedentes penales: quien las administra o quien las usa, tiene el poder de afectar diferentes libertades de las personas (circulación, trabajo, no discriminación, etc.).
Finalmente, la Sala es enfática en que las bases de datos sobre antecedentes penales son administradas, de forma exclusiva, por personas jurídicas de derecho público. Esto supone que el proceso de su administración está regido por una dinámica de competencias, y no de derechos. Técnicamente el Ministerio de Defensa-Policía Nacional al administrar la base de datos sobre antecedentes penales no ejerce el derecho a la información, ni la libertad de empresa. En cambio, cumple funciones públicas, actúa en virtud de autorizaciones, y sus conductas están sometidas de forma estricta al principio de legalidad.
Es jurisprudencia constante de esta Corte en materia de habeas data, que la administración de toda base de datos personales está sometida a los llamados principios de administración de datos personales. Recientemente, el Legislador aprobó una serie de principios contenidos en el proyecto de ley estatutaria general de habeas data, proyecto que en este punto fue declarado ajustado a la Constitución mediante sentencia C-748 de 2011. Asimismo, la Corte en sentencia C-1011 de 2008, consideró que los principios contenidos en la ley estatutaria de habeas data financiero eran constitucionales y que, además, su aplicación era extensiva a todas las bases de datos personales sin importar que la regulación estudiada tenía un marcado carácter sectorial[33].
Por otra parte, la Corte está advertida de la inexistencia de regulación estatutaria específica sobre habeas data en materia de antecedentes penales. Esto no obsta, para que la Corte entre a configurar el problema jurídico del presente caso y el marco constitucional para su resolución, con fundamento en los mencionados principios de la administración de datos personales. En concreto, los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida.
Según el principio de finalidad tales actividades deben obedecer a un fin constitucionalmente legítimo () definido de forma clara, suficiente y previa. [Por lo cual, está prohibida, por un lado] la recopilación de información personal sin que se establezca el objetivo de su incorporación a la base de datos () y [por el otro] la recolección, procesamiento y divulgación de información personal para un propósito diferente al inicialmente previsto...
Según el principio de necesidad, la administración de la información personal concernida debe ser aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines de la base de datos.
Según el principio de utilidad, la administración de información personal debe cumplir una función determinada, acorde con el ejercicio legítimo de la administración de los [datos personales. Por lo cual] queda proscrita la divulgación de datos que, al carecer de función, no obedezca a una utilidad clara y suficientemente determinable.
Igualmente importante para la resolución del presente caso es el principio de circulación restringida que, según la misma sentencia C-1011 de 2008, ordena que toda actividad de administración de información personal esté sometida a los límites específicos determinados por el objeto de la base de datos () y por el principio de finalidad. [Por lo cual, está] prohibida la divulgación indiscriminada de datos personales.
Para la Corte, el principio de finalidad y sus pares, los principios de necesidad, utilidad y circulación restringida, tienen el propósito de circunscribir la actividad de administración de información personal contenida en bases de datos. Son principios que al limitar el ejercicio de las competencias de los administradores de bases de datos, definen el margen de su actuación y son una garantía para las libertades de los sujetos concernidos por la información administrada. En términos normativos, son la concreción legal y jurisprudencial del mandato del inciso 2º, del artículo 15, de la Constitución que estable que [e]n la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.
El ordenamiento jurídico asigna múltiples funciones a los datos personales sobre antecedentes penales en el contexto de la administración de las bases de datos respectivas. Sin pretender ser exhaustiva, la Corte advierte las siguientes finalidades de la administración (entendida como acopio, tratamiento y divulgación a partir de bases de datos) de información personal, relacionada con antecedentes penales.
En el ordenamiento jurídico colombiano, la información relacionada con antecedentes penales cumple una función de prueba en relación con la existencia o no de inhabilidades para el acceso a la función pública y para contratar con el Estado. Esta función de los antecedentes penales es de la mayor importancia para la protección de la moralidad administrativa, el correcto ejercicio de la función pública, y la protección en general de los bienes y de los negocios públicos. Por ejemplo, de acuerdo con los artículos 179 numeral 1º, y 197 de la Constitución, no puede ser congresista ni presidente de la República quien haya sido condenado en cualquier época, por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Igualmente, de conformidad con el artículo 122, inciso 5 (modificado mediante artículo 1º del AL 1 de 2004, y artículo 4º del AL de 2009) de la Constitución, no podrán ser inscritos como candidatos, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni contratar con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.
Los antecedentes penales también cumplen importantes funciones en materia de dosimetría penal y otras circunstancias relacionadas con la ejecución de la ley penal. Según el numeral 1° del artículo 55 del Código Penal (en adelante CP) la carencia de antecedentes penales es circunstancia de menor punibilidad. El artículo 68 A del CP prohíbe la concesión de cualquier subrogado penal a quien haya sido condenado por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores. Según el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 750 de 2002, para que los padres cabeza de familia puedan cumplir la pena privativa de la libertad en su lugar de residencia, deben, entre otros, no registrar antecedentes penales, etc. Igualmente, en materia penitenciaria y carcelaria, por ejemplo, según los artículos 147 y 147 A de la Ley 65 de 1993, no ser requerido por autoridad judicial (clásica fórmula de certificación de los antecedentes penales) es indispensable para la procedencia de los permisos de salida (por 72 horas y hasta por 15 días) a los reclusos que cumplan además otros requisitos.
En materia de inteligencia y contrainteligencia, la información relacionada con antecedentes penales, al decir del entonces DAS, es relevante () puesto que coadyuva a establecer el grado de peligrosidad de una persona y su historial criminal[34]. Esto de conformidad con los numerales 1, 3, 5 y 7, del artículo 2º del Decreto 643 de 2004, todos relacionados con las actividades de inteligencia y contrainteligencia del entonces DAS, y que a la fecha de esta sentencia se encuentran aún a cargo del DAS (en supresión) en virtud del artículo 24 del Decreto 4057 de 2011.
De otra parte, esta Corte en Sentencia C-536 de 2006 en obiter dicta, al resolver una demanda contra la norma que fijaba una tasa a la expedición o acceso en línea del certificado judicial (ahora constancia de antecedentes) indicó que dicho documento, de conformidad con la legislación vigente para la época, cumplía ciertas funciones y servía, en concreto 1. Para posesionarse en cualquier empleo o cargo público y para celebrar contratos de prestación de servicios con la administración [art. 1 Ley 190 de 1995]. // 2. Para la tenencia o porte de armas de fuego [art. 33 y 34 Decreto Ley 2335 de 1993]. // 3. Para trámite de visa, siempre y cuando sea solicitado por la respectiva embajada. // 4. Para ingresar al Ecuador. // 5. Para recuperar la nacionalidad colombiana de quienes hubieren sido nacionales por adopción [art. 25 Ley 43 de 1993]. [Y] // 6. Para la adopción de menores de edad [art. 105 Decreto Ley 2737 de 1989, hoy art. 124.6 Ley 1098 de 2006]. Indicó también la Corte, en esta oportunidad, que la presentación del certificado judicial era exigida por numerosas empresas del sector privado para el acceso a empleos privados.
Es jurisprudencia constante de esta Corte que el habeas data es un derecho fundamental que habilita al titular de información personal a exigir, de la administradora de sus datos personales, una de las conductas indicadas en el artículo 15 de la Constitución: conocer, actualizar, rectificar, o una de las conductas reconocidas por la Corte como pretensiones subjetivas de creación jurisprudencial: autorizar, incluir, suprimir y certificar. Esta definición del habeas data que ensalza su dimensión subjetiva fue concebida en la sentencia T-729 de 2002 y afianzada en la sentencia C-1011 de 2008[35].
Para la Corte, la facultad de supresión, como parte integrante del habeas data, tiene una doble faz. Funciona de manera diferente frente a los distintos momentos de la administración de información personal. En una primera faceta es posible ejercer la facultad de supresión con el objeto de hacer desaparecer por completo de la base de datos, la información personal respectiva. Caso en el cual la información debe ser suprimida completamente y será imposible mantenerla o circularla, ni siquiera de forma restringida (esta es la idea original del llamado derecho al olvido). En una segunda faceta, la facultad de supresión puede ser ejercitada con el objeto de hacer desaparecer la información que está sometida a circulación. Caso en el cual la información se suprime solo parcialmente, lo que implica todavía la posibilidad de almacenarla y de circularla, pero de forma especialmente restringida.
Para la Corte el habeas data es un derecho de doble naturaleza. Por una parte goza del reconocimiento constitucional de derecho autónomo, consagrado en el artículo 15 de la Constitución, y por la otra, ha sido considerado como una garantía de otros derechos. En este sentido es operativa la consideración del habeas data como un medio o como un instrumento para proteger otros derechos[38], especialmente los derechos a la intimidad, al buen nombre, a las libertades económicas y a la seguridad social, entre muchos otros. Esta concepción del habeas data se refuerza con su deslinde de los derechos a la intimidad y al buen nombre, operado por esta Corte desde la sentencia T-729 de 2002: [A] partir de los enunciados normativos del artículo 15 de la Constitución, la Corte Constitucional ha afirmado la existencia-validez de tres derechos fundamentales constitucionales autónomos: el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre y el derecho al habeas data.
Finalizadas las precisiones sobre la doctrina constitucional en materia de habeas data, pasa la Sala a resolver el problema jurídico en el asunto de la referencia.
Corresponde al pleno de la Corte decidir si la entidad encargada de administrar las bases de datos sobre antecedentes penales vulnera el derecho al habeas data de los demandantes, en el caso en que, al dar constancia de la información personal que figura en la base de datos, utiliza un formato que permite a terceros inferir la existencia de antecedentes penales, no obstante que mediaba petición expresa de los demandantes en el sentido de no utilizar un formato que permitiera dicha inferencia.
Como se ha reseñado en el cuerpo de esta sentencia, los ciudadanos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, durante el año 2010 interpusieron, por separado, demanda de tutela contra el DAS, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales al habeas data y al trabajo, entre otros. Para la Sala, la causa eficiente de la vulneración de sus derechos fue la conducta activa del entonces DAS de expedir el certificado judicial requerido con una leyenda que permitía concluir que, si era el caso, la persona registraba antecedentes, a pesar de no ser requerido por autoridad judicial, y muy a pesar de que a su vez, la autoridad judicial competente hubiese decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.
Para la Corte, tanto el traslado de las funciones de administración de la base de datos sobre antecedentes del DAS al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, como la sustitución del certificado judicial por la posibilidad de constatación en línea de los antecedentes judiciales, dejaron intacta la causa concreta de la vulneración en este caso: que cualquier persona que tenga acceso a la información personal que consta en la referida base de datos, podrá inferir de la leyenda NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL, que dicha persona si presenta antecedentes judiciales. No habiéndose alterado la realidad fáctica que constituye la causa eficiente de la vulneración de los derechos al habeas data y al trabajo de los peticionarios, mantiene la Corte la competencia para resolver el asunto, y descarta de plano la existencia de un hecho superado.
Por otra parte, las demandas de tutela en este asunto, esto es importante aclararlo, están dirigidas contra la conducta del administrador de la base de datos que permite que un tercero sin un interés definido claramente en la ley o el reglamento, tenga acceso a información personal negativa. Por ende, resulta irrelevante para la solución del problema jurídico de este caso, si el administrador de la base de datos emplea un documento en asiento de papel (un certificado, en términos técnicos) o si emplea un documento electrónico accesible en línea mediante plataformas conectadas a la Internet. La Sala no pretende adelantar un control velado de constitucionalidad sobre las normas reglamentarias y legales que habilitan al administrador de datos para generar tales documentos (escritos o electrónicos), ni tampoco se trata en este caso de un grupo de demandas de tutela contra un acto general y abstracto. Por el contrario, el objeto de revisión de esta providencia es la valoración de los jueces de instancia sobre la conducta del entonces DAS ahora Ministerio de Defensa-Policía Nacional, de facilitar el acceso de terceros no autorizados por el Ordenamiento Jurídico[42] a la información sobre los antecedentes penales de los actores.
Tanto el entonces DAS, como el actual Ministerio de Defensa-Policía Nacional, al permitir el conocimiento indiscriminado de la existencia de antecedentes penales, a partir de la actividad de administración de la base de datos, ha desconocido los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida.
La finalidad que de facto termina cumpliendo la información sobre antecedentes penales, además, riñe con los propósitos resocializadores de la pena, y desconoce mandatos legales concretos sobre el punto. En efecto, el Legislador (y no solo los criminólogos) ha sido especialmente consciente de los efectos que tiene el ejercicio inorgánico del poder informático en relación con el conocimiento indiscriminado de la existencia de antecedentes penales. Poca información como esta puede afectar de forma tan grave y tan honda el proceso de resocialización de las personas. No parece ser otra la inspiración del artículo 162 del Código Penitenciario y C. (Ley 65 de 1993), donde el Legislador fue enfático al contemplar dos prohibiciones específicas en relación con los antecedentes penales. Por un lado, que los antecedentes penales no [podrían] ser por ningún motivo factor de discriminación social; y por el otro, que los antecedentes criminales () no [deberían] figurar en los certificados de conducta que se expidan. Es elocuente que estas prohibiciones se encuentren en el título XV de dicha ley, que regula asuntos relacionados con el servicio pospenitenciario.
De otra parte, la Sala no puede ignorar el argumento según el cual la publicidad indiscriminada de los antecedentes penales pueda tener una finalidad constitucional legítima que encuentra sustento en el genérico derecho a la información, reconocido en el artículo 20 de la Constitución. Sin embargo, la Corte no comparte esta alternativa. En primer lugar, porque en el contexto del habeas data la administración de información personal debe estar sometida a una finalidad estricta y precisa, y en este asunto, la Corte extraña la existencia de norma que regule en debida forma las condiciones de acceso a dicha información por parte de terceros no autorizados expresamente. Y en segundo lugar, porque los precedentes de esta Corte, relacionados con los principios de finalidad, utilidad y circulación restringida de los datos negativos así lo determinan. Pasa la Corte a identificar sus precedentes.
La primera. La Corte en sentencia C-060 de 1994 declaró constitucional la norma que ordena la publicación periódica del registro del abogado, que incluye sanciones de suspensión y exclusión a los abogados (Decreto 196 de 1974). Tres argumentos componen la ratio decidendi del caso: a) El carácter público de los procesos sancionatorios prohíbe limitar la publicación de las sanciones; b) La publicidad de las sanciones disciplinarias que se imponen a los abogados () tiene fundamento en el derecho a informar y a recibir información veraz e imparcial; y, c) la señalada importancia que se publiquen las sanciones disciplinarias impuestas a los profesionales del derecho, pues de esta manera los ciudadanos tendrán la oportunidad de conocerlas y, en caso de tener que contratar los servicios de uno de ellos, podrán seleccionar aquellos que por su nombre y reputación son idóneos para defender sus intereses.
Para la Sala no se pueden equiparar en sus efectos y finalidades la base de datos sobre sanciones de abogados y la base de datos sobre antecedentes penales. A. supone la administración de información útil y relevante para efectos de decidir contratar o no la prestación de servicios profesionales de los abogados; por el contrario, en ésta, la información no tiene una utilidad específica y precisa. Conocer si A, B o C tienen o no antecedentes penales resulta totalmente irrelevante al momento de contratarlos para que adelanten los oficios, por ejemplo, de guarda de seguridad, enfermera, o conductor de autobús, como lo indicaron algunos de los actores en el presente caso.
La segunda. En Sentencia C-1066 de 2002 la Corte declara la constitucionalidad condicionada de la norma del Código Disciplinario Único (art. 174) que exigía la certificación de todas las inscripciones por faltas disciplinarias del interesado para efectos de acceder a la función pública, bajo el entendido de que las inscripciones están sometidas a un término de caducidad de 5 años cuando no se trate de inhabilidades vitalicias. El argumento principal de la decisión se soportó en la existencia del derecho al olvido y en el principio de caducidad del dato negativo, bajo la aplicación analógica de la regla jurisprudencial que había operado en el caso de los datos negativos de carácter crediticio. Para la Corte las informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y en consecuencia, después de algún tiempo, deben desaparecer totalmente del banco de datos () el derecho al olvido, planteado en relación con la información negativa referente a las actividades crediticias y financieras, es aplicable también a la información negativa concerniente a otras actividades, que se haya recogido en bancos de datos () por existir las mismas razones y porque dicha disposición no contempla excepciones. En conclusión, la administración de la información sobre el registro unificado de antecedentes, integrado por documentos públicos y accesible a todas las personas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 74 Superior se someterá a un término de caducidad razonable, de modo que los servidores públicos, los ex servidores públicos y los particulares que ejercen o han ejercido funciones públicas o tienen o han tenido la condición de contratistas estatales no queden sometidos por tiempo indefinido a los efectos negativos de dicho registro.
Por otro lado, la Corte no estudia en este caso si mantener información personal sobre sanciones disciplinarias (excluyendo inhabilidades intemporales) y facilitar su acceso indiscriminado cumple o no una función constitucionalmente legítima. No obstante, es posible inferir del propio principio de caducidad que, una vez se cumple dicho término, la información no debe ser publicada porque pierde relevancia y deja de ser útil. Conservarla, por el contrario, supondría someter al titular de la información por tiempo indefinido a los efectos negativos de dicho registro.
La tercera. En Sentencia C-185 de 2003 la Corte declaró constitucional la norma que ordena al registrador de instrumentos públicos incluir todas las situaciones jurídicas de los bienes sometidos a registro, sin embargo, autorizó a los titulares de información personal negativa relacionada con embargos cancelados, a solicitar el retiro de tal información. (Decreto Ley 1250 de 1970). La ratio del caso se construye sobre: a) el principio de publicidad registral que protege la seguridad jurídica de los derechos de propiedad, por lo cual en principio el registrador está obligado a incluir todas las inscripciones; b) la aplicación de las reglas del habeas data al tratarse de una base de datos personales; para la Corte [e]l reconocimiento de la naturaleza pública de los datos contenidos en escrituras públicas y en providencias judiciales, que serán posteriormente objeto de inscripción en el respectivo folio de matrícula en la oficina de instrumentos públicos, no implica de manera alguna que tales datos pierdan su naturaleza de datos personales, en tanto son reveladores de realidades patrimoniales concretas que pueden ser fácilmente asociadas al nombre de una persona, lo cual implica que la función registral debía considerarse no sólo desde la óptica del derecho registral () sino también desde la óptica de los principios del derecho al habeas data en el contexto de la actividad de administración de datos personales.; y c) como en el caso la información sobre embargos decretados en procesos penales ya cancelados, no tenía una utilidad clara o determinable, debía permitirse al titular de tal información solicitar su supresión de conformidad con los principios de utilidad y caducidad. la información personal desfavorable al titular () debe ser retirada de las bases de datos siguiendo criterios de razonabilidad y de oportunidad. () [Resulta] constitucionalmente inadmisible la conservación indefinida de datos personales que revelen información negativa una vez hayan desaparecido las causas que justificaron su acopio y administración.
Retomando los elementos de los precedentes indicados, en conclusión, la Corte considera que la publicidad indiscriminada de la información sobre antecedentes penales no cumple una finalidad legal o constitucional, no es útil ni necesaria. Por el contrario, considera la Corte que dicha información facilita el ejercicio incontrolado del poder informático, constituye una barrera de facto para el acceso o la conservación del empleo y facilita prácticas de exclusión social y discriminación prohibidas por la Constitución.
En siete de los trece expedientes acumulados, los demandantes, de forma previa a la interposición de la acción de tutela solicitaron formalmente al entonces DAS la corrección, actualización, eliminación, cambio de la leyenda, cancelación de su información personal sobre antecedentes penales. En todos estos casos los actores habían cumplido la pena o la misma estaba prescrita. Frente a todos la respuesta del entonces DAS fue negativa. La Corte advierte que en estos siete casos, el entonces DAS desconoció el derecho subjetivo de habeas data de los peticionarios en su componente suprimir.
A esta vulneración del habeas data en su dimensión subjetiva-supresión, se le suma el entorpecimiento de la función de garantía de otros derechos, propia del habeas data, por parte del entonces DAS.
Al valorar estas circunstancias, la Corte, en la sentencias T-632 de 2010 (al resolver un problema jurídico similar al del presente caso) consideró que la expedición del certificado judicial, utilizando una fórmula que permitiera a terceros inferir la existencia de antecedentes penales, vulneraba el derecho de habeas data y el derecho al buen nombre. En relación con este último y en tal contexto, la Corte consideró: [C]omo lo muestra una relevante gama de estudios criminológicos, en las sociedades en las cuales existe un sistema penal como el colombiano, quien ha sido considerado social e institucionalmente como delincuente () recibe por parte de la sociedad si es que esta se entera de la falta- una especie de condena adicional, de carácter informal, y es la de llevar consigo el estigma (la etiqueta) de delincuente, a pesar incluso de que muestre todos los esfuerzos encaminados a insertarse en el orden legal y a respetar hasta escrupulosamente las normas de convivencia. [N. al pie número 6, relacionada con el enfoque del etiquetamiento] Ser delincuente es, en nuestra sociedad y sin lugar a dudas, un atributo vergonzoso () Por eso, consignar de una u otra forma en un documento público, que debe exhibir una persona para adelantar actividades relacionadas con su libertad general de acción, [N. al pie número 7, relacionada con las finalidades del certificado judicial según sentencia C-536 de 2006] las huellas () de su pasado deshonroso, contribuye a debilitar la reputación que ha logrado formarse, o puede incluso dificultarle construirse una en el futuro, si es que aún no lo ha conseguido.
En conclusión, la Corte considera que la entidad encargada de administrar las bases de datos sobre antecedentes penales (ya sea el entonces DAS o el actual Ministerio de Defensa-Policía Nacional- Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL) vulneró y vulnera aún el derecho al habeas data de los demandantes, al permitir que terceros no autorizados conozcan la existencia de antecedentes penales asociados a su nombre.
Con el propósito de proteger el derecho fundamental al habeas data, en sus tres dimensiones: cumplimiento de los principios de la administración de datos (finalidad, utilidad, necesidad y circulación restringida); derecho subjetivo a la supresión relativa de la información personal negativa; y garantía del derecho al trabajo de los peticionarios, la Corte ordenará al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, en tanto administrador responsable de la base de datos sobre antecedentes penales que, para los casos de acceso a dicha información por parte de particulares, en especial, mediante el acceso a la base de datos en línea a través de las plataformas respectivas de la Internet, omita emplear cualquier fórmula que permita inferir la existencia de antecedentes penales en cabeza de los peticionarios, si efectivamente estos no son requeridos por, ni tienen cuentas pendientes con, las autoridades judiciales.
El Director del DAS en cumplimiento del Decreto 3738 de 2003, que lo autorizaba a adoptar el modelo del certificado judicial, expidió la resolución 1041 de 2004, en la cual se establecieron las características del certificado judicial. La leyenda que debía contener el certificado era alternativamente del siguiente tenor No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales o no es solicitado por autoridad Judicial. Este formato, es importante afirmarlo, aplicaba para todos los casos en que la persona no tuviera asuntos pendientes con las autoridades judiciales, independientemente de que registrara o no antecedentes penales.
En el año 2008, esta práctica administrativa cambia sin mayor justificación[44]. En la resolución 1157 de 2008 del DAS, el Director de dicha entidad cambia el formato del certificado e introduce la siguiente alternativa: No registra antecedentes/Registra antecedentes, pero no es requerido por autoridad judicial. Como es evidente, este nuevo formato volvió pública mediante certificado judicial, la existencia de antecedentes penales[45].
En el año 2010, motivado por pronunciamientos judiciales en materia de tutela[46], el Director del DAS expidió la resolución 750 de 2010 y modificó nuevamente la leyenda con la siguiente alternativa: No registra antecedentes/no es requerido por autoridad judicial. Este formato se encuentra aún vigente y es el que, como se estudió en el problema jurídico del presente caso, permite inferir a terceros la existencia de los antecedentes penales de quien en realidad los tiene, pero su pena está cumplida o prescrita.
En la medida en que la vulneración del derecho al habeas data se concreta en la conducta del administrador de la base de datos sobre antecedentes penales, que permite que terceros tengan acceso indiscriminado, inorgánico y no acorde con una finalidad clara y precisa establecida en la Constitución o la Ley, a dicha información personal, la Corte ordenará al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, o a la autoridad encargada de la administración de la base de datos de antecedentes penales que al momento de facilitar el acceso a dicha base de datos impida que terceros sin un interés legítimo, previamente definido en la ley, conozcan que los peticionarios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M fueron condenados alguna vez por la comisión de un delito. En esta medida, ordenará al Ministerio de Defensa-Policía Nacional retomar la práctica administrativa del entonces DAS, vigente hasta antes de la expedición de la resolución 1157 de 2008. Esto es, que la leyenda sobre el certificado o la constancia de los antecedentes penales, sea por escrito, sea en documento electrónico o de cualquier otra forma posible, sea la misma empleada en la resolución 1041 de 2004 del entonces DAS. Es decir: no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
En consecuencia, la Sala ordenará a la Policía Nacional, especialmente a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, que modifique el sistema de consulta en línea de antecedentes judiciales, de manera que al ingresar la cédula de los señores A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, y de todos aquellos que se encuentren en una situación similar o que no registren antecedentes, aparezca la leyenda: no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
Asimismo, con el fin de garantizar la vigencia de los principios de finalidad, utilidad, necesidad y circulación restringida de la información contenida en la base de datos personales sobre antecedentes penales, la Sala prevendrá a la Policía Nacional, especialmente a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, para que modifique el sistema de consulta en línea de antecedentes judiciales, de manera que toda vez que terceros sin un interés legítimo, al ingresar el número de cédula de cualquier persona, registre o no antecedentes y siempre que no sea requerida por autoridad judicial, aparezca en la pantalla la leyenda: no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
Finalmente, la Sala es consciente de la posibilidad de que existan ciertos escenarios concretos en los cuales algunos particulares precisen tener conocimiento sobre si alguien registra antecedentes penales o no. Como mera hipótesis, la Corte se plantea el caso de la contratación de profesores o profesoras para un jardín infantil. En estos eventos, el deber de protección de los y las menores aunado a su interés superior, habilitarían a los particulares para exigir información suficiente en relación con la existencia o no de antecedentes penales, sobre todo en materia de violencia intrafamiliar, delitos contra la libertad sexual, etc., en relación con posibles futuros empleados. Sin embargo, la Corte es enfática en señalar que estos no son los hechos del presente caso. Ninguno de los actores presenta antecedentes penales en relación con delitos contra la libertad sexual, o similares; ninguno de los actores buscaba trabajar en actividades relacionadas con menores de edad.
Segundo.- REVOCAR la sentencia del 2 de marzo de 2010, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación L., dentro del expediente T-2.651.508, y en su lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 19 de enero de 2010, del Tribunal Superior de Medellín, Sala Décimo Cuarta de Decisión L., mediante la cual se concedió el amparo del derecho al habeas data del señor A, en los términos y por los motivos expuestos en esta providencia y en especial según lo indicado en la consideración 35.
Tercero.- REVOCAR la sentencia del 3 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Superior de Cali, S.P., dentro del expediente T-2.703.677, y en su lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 2 de marzo de 2010, del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cali, mediante la cual se tuteló el derecho al habeas data del señor B, en los términos y por los motivos expuestos en esta providencia, y en especial según lo indicado en la consideración 35.
Cuarto.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 29 de abril de 2010, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro del expediente T-2.665.843, que a su vez confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Constitucional del 17 de marzo de 2010, mediante la cual se tuteló el derecho al habeas data del señor C, en los términos y por los motivos expuestos en esta providencia, y en especial según lo indicado en la consideración 35.
Sexto.- REVOCAR la sentencia del 10 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en el proceso T-2.652.081, en el sentido de negar la tutela de los derechos invocados por la señora E y, en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho al habeas data, en los términos de esta providencia y en especial según lo indicado en la consideración 35.
Séptimo.- REVOCAR la sentencia del 20 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Civil, en el proceso T-2.709.976, que negó el amparo de los derechos invocados por el señor F y, en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho al habeas data, en los términos de esta providencia y en especial según lo indicado en la consideración 35.
Octavo.- REVOCAR la sentencia del 24 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Civil, en el proceso T-2.711.606, que negó el amparo de los derechos invocados por el señor G y, en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho al habeas data, en los términos de esta providencia y en especial según lo indicado en la consideración 35.
Noveno.- REVOCAR la sentencia del 13 de mayo de 2010, proferida por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá D.C., en el proceso T-2.738.743, que negó el amparo de los derechos invocados por el señor H y, en su lugar, CONCEDER la tutela del derecho al habeas data en los términos de esta providencia y en especial según lo indicado en la consideración 35.
Décimo primero.- REVOCAR la sentencia del 12 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá D.C., S.P., que confirmó la sentencia de 12 de abril de 2010, dictada por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá D.C., que declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por J, en el marco del proceso de tutela T-2.699.881, y en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho al habeas data, en los términos de esta providencia y en especial según lo indicado en la consideración 35.
Décimo tercero.- REVOCAR la sentencia del 12 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Valledupar, C., Sala Civil, Familia y L., que confirmó la sentencia de 3 de marzo de 2010, dictada por el Juzgado Tercero laboral del Circuito de Valledupar, C., que negó el amparo invocado por el señor L, en el proceso de tutela T-2.734.143, y en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho al habeas data en los términos de esta providencia y en especial según lo indicado en la consideración 35.
Décimo Cuarto.- REVOCAR la sentencia del 29 de abril de 2010, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que confirmó la sentencia de 17 de marzo de 2010, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá D.C., S.P., que declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor M, en el proceso de tutela T-2.699.881, y en su lugar, CONCEDER el amparo del derecho al habeas data, en los términos de esta providencia y en especial según lo indicado en la consideración 35.
La entidad demandada lo expidió con la anotación REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL[48], pese a que el Juez Segundo Penal del Circuito de Rionegro, Antioquia, envió un oficio al DAS, el día 4 de diciembre de 2009, solicitando que dicho dato fuera eliminado de la base de datos de antecedentes judiciales[49].
J.S.C., actuando en calidad de Subdirector DAS Antioquia, contestó la demanda solicitando que no se ampararan los derechos invocados.
Por tanto, el DAS era depositario y no dueño de los registros delictivos y, en esta medida, para borrar o destruir antecedentes, debía existir un sustento legal expedido por el despacho que conoció o calificó el caso[50].
En este mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 literal a) de la Ley 961 de 2995, el documento que expide el DAS, es la certificación sobre antecedentes judiciales, es decir, de condenas judiciales de carácter penal proferidas en forma definitiva, conforme al artículo 248 del C.P[51].
Por otra parte, advirtió que, en virtud de los artículos 1º y 2º del Decreto 3738 de 2003, correspondía al Director del DAS establecer y adoptar el modelo del certificado de antecedentes y expedirlo conforme a la información que reposaba en sus archivos. De allí que en el parágrafo del artículo 1º de la Resolución interna No. 1157 de 2008, se dispusiera que en caso de que el ciudadano registre antecedentes, la leyenda escrita a la que hace referencia el literal b) de presente artículo, quedará de la siguientes forma: el DAS certifica: que a la fecha (día, mes, año), nombre, con cédula de ciudadanía No., de, REGISTRA ANTECEDETES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL, de acuerdo con el artículo 248 de la Constitución[52].
Por otra parte, señaló que la inclusión verídica, cierta e imparcial de un dato[53] no podía confundirse con una sanción y, en consecuencia, no podía afirmarse que se trataba de una pena perpetua.
Por consiguiente, señaló que cuando la información vertida en (.) documentos públicos contenga datos ciertos, que correspondan a una situación de hecho o de derecho verídicos, no pueden afectar los derechos a la honra y al buen nombre de las personas. En efecto, la afectación de estos derechos provenía de las conductas propias de los ciudadanos y no de un comportamiento imparcial y arbitrario de la Administración.
De otro lado, estimó que el registro de los antecedentes penales tiene una íntima relación con la seguridad jurídica, ya que las entidades públicas y la sociedad tienen derecho a saber que la ilicitud de determinadas conductas se investigaron y se sancionaron, pues a través de los antecedentes se procede a la defensa de los intereses de la comunidad y del Estado[54]. En este sentido, tomó como ejemplo el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en el que se exigía la certificación de antecedentes en materia disciplinaria, tratándose de nombramientos de ciertos cargos públicos.
Adicionalmente, citó la sentencia de 22 de abril de 2009, proferida por el Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo[55], mediante la cual se declaró la improcedencia de una acción de tutela instaurada por un peticionario al que se le había expedido su certificado judicial con la leyenda REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL , en la medida en que, de acuerdo al numeral 5° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela era improcedente contra actos de carácter general, impersonal y abstracto.
El juez de primera instancia decidió conceder el amparo. Para el 4 de octubre de 2002, fecha en la que se ordenó la extinción de la pena, se encontraba vigente el artículo 11 del Decreto 2398 de 1986, disposición que consagraba expresamente la cancelación de antecedentes relativos a fallos condenatorios cuando se hubiere cumplido la pena[56]. En este sentido, la entidad demandada no tenía razón al negarse a efectuar la cancelación del dato negativo basándose en normas posteriores que, además, eran menos favorables para la persona. En efecto, la norma aplicable al caso concreto era la que se encontraba vigente en el momento de ocurrencia del hecho generador del derecho a la cancelación de los antecedentes.
En este mismo sentido, afirmó que el artículo 116 del CPP, si bien consagraba el deber de las autoridades judiciales de comunicar al DAS sobre la imposición de una condena, también consagraba el de comunicar la extinción de la condena para que, precisamente, se cancelara el antecedente judicial y se emitiera un certificado en que repose la leyenda NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES O DE POLICÍA, cumpliéndose así con el deber legal de actualizar el registro[57].
Consideró que la entidad accionada ha ajustado su proceder a lo dispuesto en [la Resolución interna No. 1157 de 2008], cuya legalidad puede debatir el interesado, haciendo uso de otros medios de defensa judicial, lo que, al tenor del artículo 6º, numeral 1º del decreto 2591 de 1991, torna improcedente la acción de tutela[58].
Con el fin de acceder a un empleo, el actor solicitó al DAS un certificado judicial, que fue expedido el 22 de octubre de 2009, con la leyenda REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL[60].
Por lo tanto, el actor radicó derecho de petición ante el DAS solicitando que se eliminara la frase registra antecedentes pero la entidad respondió negativamente a su petición.
Conforme a los hechos expuesto, el demandante estimó que sus derechos fundamentales a la igualdad, al buen nombre, a la vida digna, a la honra y al debido proceso le fueron violados por la entidad demandada en la medida en que realiza un manejo inadecuado de la información de tal forma que una condena judicial () la convierte en perpetua ante la sociedad, cuando la información que debe contener ese certificado de antecedentes judiciales debe también hacer el reconocimiento de su reinserción social[61].
Además, citó la sentencia T-774 de 2007 de esta Corporación en la que se afirmó que la permanencia sin límite de los datos adversos a los usuarios del crédito en el proceso informático constituye un abuso de la autorización recibida  artículo 95 CP- y no cumple con el presupuesto de informar con responsabilidad social.
M.A.D.C., obrando en calidad de Coordinador Grupo de Identificación del DAS, contestó la demanda solicitando denegar el amparo de los derechos invocados por el actor arguyendo las mismas razones expuestas en la contestación de la demanda de tutela T-2.651.508.
La entidad demandada lo expidió el día 25 de febrero de 2010, con la anotación REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL[63].
El actor elevó derecho de petición ante el DAS solicitando que se eliminara la expresión registra antecedentes de su certificado judicial[64], solicitud que fue negada por la entidad demandada[65].
M.A.D.C., obrando en calidad de Coordinador Grupo de Identificación del DAS, contestó la demanda solicitando que no se ampararan los derechos invocados por el actor, arguyendo las mismas razones expuestas en la contestación de la demanda de tutela T-2.651.508.
Ordenó al DAS expedirle un nuevo certificado judicial al actor, excluyendo la anotación sobre registro de antecedentes[66].
Impugnada la decisión anterior, el juez de segunda instancia confirmó el fallo impugnado. La Resolución Interna No. 1157 de 2008 del DAS, resultaba inconstitucional en la medida en que no supera el test estricto de razonabilidad que ha de ser elaborado en el caso concreto frente a una disposición que crea un factor de discriminación respecto de los demás ciudadanos que por no tener antecedentes penales pueden obtener un certificado judicial sin anotaciones y acceder a un empleo[67]. En efecto, el medio escogido para reflejar el pasado judicial de la persona no era ni adecuado ni necesario en la medida en que el certificado judicial tenía fines meramente particulares[68].
Desde el 28 de febrero de 2006 hasta el 11 de marzo de 2009, la entidad demandada expidió el certificado judicial del actor con la leyenda NO TIENE ASUNTOS PENDIETES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES[70]
Sin embargo, el 19 de marzo de 2010, el DAS expidió el certificado judicial del actor con la anotación REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL[71]..
M.A.D.C., obrando en calidad de Coordinador Grupo de Identificación del DAS, contestó la demanda solicitando que no se ampararan los derechos invocados por el actor con base en las razones expuestas en la contestación de la demanda de tutela del expediente T-2.651.508.
Mediante auto de 8 de febrero de 2007, proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, Boyacá, se decretó la extinción de la Pena[73], situación que fue comunicada al DAS mediante oficio de 1 de junio de 2007, para que procediera a CANCELAR LAS RESTRICCIONAES QUE SE PROFIRIERON POR CUENTA DE ESTA CAUSA[74].
Con el objetivo de obtener un empleo, la peticionaria solicitó a la accionada su certificado judicial que fue expedido el día 13 de enero de 2010 con la leyenda REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL[75].
M.A.D.C., obrando en calidad de Coordinador Grupo de Identificación del DAS, contestó la demanda solicitando que se negara el amparo de los derechos invocados por el actor, arguyendo las mismas razones expuestas en la contestación de la demanda de tutela T-2.651.508.
El peticionario fue condenado en el 2000 por la comisión del delito de concusión. Mediante auto de 24 de agosto de 2009, proferido por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá D.C., se decretó la prescripción de la pena[76], situación que fue comunicada al DAS mediante oficio sin fecha, para que procediera a CANCELAR LOS ANTECEDENTES que le figuren por cuenta de esta actuación[77].
Con el objetivo de obtener un empleo, el peticionario solicitó certificado judicial que fue expedido con la leyenda REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL[78].
M.A.D.C., obrando en calidad de Coordinador Grupo de Identificación del DAS, contestó la demanda solicitando que se negara el amparo de los derechos invocados por el actor con base en las razones expuestas en la contestación de la demanda de tutela T-2.651.508.
El juez de primera instancia negó el amparo. Consideró que no existía violación al derecho al habeas data, pues la leyenda publicada en el certificado correspondía a la verdad y obedecía a una información suministrada dentro de los parámetros legales por autoridad competente[79]. De allí que no le asiste derecho a solicitar la rectificación de la información consignada en el certificado judicial[80].
Con el objetivo de obtener la renovación de su empleo como vigilante privado, el actor solicitó a la accionada su certificado judicial que fue expedido el día 19 de marzo de 2010 con la leyenda REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL[82], a pesar de que en oportunidades anteriores, se lo habían expedido sin esa anotación[83].
N.C.C., actuando en calidad de D.D.B., contestó la demanda solicitando que no ampararan los derechos invocados por el actor, pues el DAS no podía, motu proprio, cancelar un antecedente penal sin que mediara una solicitud de autoridad judicial competente.
Afirmó que si se ordena a esta entidad por parte de un juez competente retirar las anotaciones que fueron registradas, se procederá a acatar la orden[86].
Mediante auto del 25 de mayo de 2001, proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, V. delC., se decretó la extinción de la condena[87], situación que fue comunicada a la entidad demandada mediante oficio del junio 19 de 2001 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad[88].
Con el objetivo de obtener la renovación de su empleo como vigilante privado, el actor solicitó a la accionada su certificado judicial que fue expedido el día 27 de noviembre de 2009 con la leyenda REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL[89], a pesar de que en oportunidades anteriores, se lo habían expedido sin esa anotación[90].
H.J.F.V., actuando en calidad de S.D.V. delC., contestó la demanda solicitando que se negara el amparo de los derechos invocados por el actor, arguyendo las mismas razones expuestas en la contestación de la demanda de tutela T-2.651.508.
Finalmente, afirmó que cabe aclarar que su desempeño no fue el esperado por la empresa, toda vez que de los sitios de prestación de servicios se solicitaba su cambio por incumplimientos de consignas afectando negativamente el buen nombre de la empresa, razón por la cual se hizo necesario sancionarlo disciplinariamente en varias ocasiones[94]
El juez de primera instancia tuteló el derecho al habeas data del actor debido a que, de conformidad con la sentencia C-1066 de 2002, la certificación de antecedentes debe contener las providencias ejecutoriadas que hayan impuesto sanciones dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición. De allí que el antecedente al que hacía referencia el certificado judicial del peticionario ya fue superado, es decir, el ciudadano cumplió no sólo con la condena [impuesta] sino que asumió su permanencia en la base de datos del DAS durante el tiempo que éste debía permanecer[95].
Además, aseguró que el no actualizar el registro de antecedentes no sólo constituía una violación del derecho al habeas data sino también una violación al artículo 28 de la Constitución, pues equivalía a perpetuar la vigencia de una pena.
Con el objetivo de obtener un empleo, el actor solicitó a la accionada su certificado judicial que fue expedido el día 27 de abril de 2010 con la leyenda REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL[97].
R.M.C., obrando en calidad de Coordinador Grupo de Identificación (E), contestó la demanda solicitando que se negara el amparo de los derechos invocados, arguyendo las mismas razones expuestas en la contestación de la demanda de tutela T-2.651.508.
En este sentido, afirmó que el derecho al habeas data se encuentra limitado con el fin de salvaguardar el interés general del conglomerado social[99].
Con el objetivo de obtener un empleo, el actor solicitó a la accionada su certificado judicial que fue expedido el día 17 de enero de 2010 con la leyenda REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL[102].
Con base en estos hechos, el actor instauró acción de tutela al considerar que la conducta del DAS vulneraba sus derechos al buen nombre, a la honra y al trabajo en la medida en que si un empleador ve este registro en el documento del pasado judicial no da el empleo () o una embajada si es para viaje no dan permiso de entrada para el país al que uno se dirige etc.[104].
Con el objetivo de obtener un empleo, el actor solicitó a la accionada su certificado judicial que fue expedido el día 28 de enero de 2010 con la leyenda REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL[107].
El actor instauró acción de tutela al considerar que la conducta del DAS vulneraba sus derechos a la rehabilitación de los derechos civiles y políticos, () al trabajo, () al buen nombre y a la honra[108] pues la anotación sobre los antecedentes hacía nugatoria toda oportunidad de empleo[109].
M.S.R., actuando en calidad de D.D.S.A., contestó la demanda solicitando que se negara el amparo de los derechos invocados por el actor, arguyendo las mismas razones expuestas en la contestación de la demanda de tutela correspondiente al expediente T-2.651.508.
Mediante auto de 18 de noviembre de 2004, proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, C., se decretó la extinción de la pena por cumplimiento[111], situación que es conocida por la entidad accionada[112].
Con el objetivo de obtener la renovación de su contrato de trabajo, el actor solicitó su certificado judicial que fue expedido, según el dicho del actor, con la leyenda REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL. Adicionalmente, en la entidad demandada le solicitaron nuevamente la constancia de terminación del proceso a pesar de que ya tienen en sus sistemas que la condena se extinguió, lo cual considero un capricho e imposición de un requisito que atenta contra mis derechos fundamentales y me causó un grave perjuicio porque la empresa para la cual trabajo (SOBUSA, en Barranquilla), me terminó el contrato por no aportar el certificado judicial[113].
J.I.M.P., actuando en calidad de D.D.S.C., contestó la demanda solicitando que se negara el amparo de los derechos invocados, arguyendo las mismas razones expuestas en la contestación de la demanda de tutela del expediente T-2.651.508.
Afirmó que el juez de tutela no tenía la facultad para ordenar a una autoridad administrativa modificar la información que reposa en sus archivos[114].
Con el objetivo de obtener un empleo, el actor solicitó a la accionada su certificado judicial que fue expedido el día 26 de octubre de 2009 con la leyenda REGISTRA ANTECEDENTES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL[117].
Con base en estos hechos, el actor instauró acción de tutela al considerar que la conducta del DAS vulneraba sus derechos al habeas data, al buen nombre, a la intimidad y al trabajo.
Así, señaló que el DAS debía mantener los datos actualizados teniendo en cuenta, principalmente, el paso del tiempo[119].
R.M.C., obrando en calidad de Coordinador Grupo de Identificación (E), contestó la demanda solicitando que se negara el amparo, arguyendo las mismas razones expuestas en la contestación de la demanda de tutela del expediente T-2.651.508.
El juez de primera instancia consideró que sí era competente. De acuerdo al auto 167 de 2009, la observancia del Decreto 1382 de 2000 no podía servir de fundamento para que un juez se declare incompetente para conocer de una acción de tutela. Así, según el auto 124 de 2009, la discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 no generaba conflicto de competencia.
Finalmente, manifestó que, si bien era cierto que los datos caducaban y, por lo tanto, debían ser temporales, con la promulgación de la ley 1266 de 2008, la cual regula el derecho al habeas data, se excluyó de dicha regulación () los datos relacionados con los antecedentes penales. Por ese motivo, los datos relativos a los antecedentes penales estaban regulados por normas especiales que no autorizaban borrar el pasado judicial de las personas.
[1] Con el ánimo de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 constitucional, la Corte reserva los nombres de los peticionarios en cumplimiento del auto del 16 de noviembre de 2010, que resolvió OMITIR, en la publicación de sus providencias, los nombres de los actores de las acciones de tutela acumuladas en el expediente T-2.651.508 AC, que serán reemplazados por las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M.
[30] En la sentencia T-023 de 1993, la Corte, empleando fuentes secundarias, tomó la siguiente definición de la expresión antecedentes penales: los hechos y circunstancias relativos a una persona, anteriores a un momento dado, constituyen sus antecedentes. Referidos a la totalidad de la vida, representan su biografía; así es frecuente hablar de sus antecedentes sanitarios, morales, profesionales, familiares, etc. Sus antecedentes penales estarán circunscritos a los castigos que hayan sido judicialmente impuestos a ese individuo como sanción de delitos o infracciones por él cometidos.
[31] Código de Procedimiento Penal. Artículo 166. Comunicación de la Sentencia. Ejecutoriada la sentencia que imponga una pena o medida de seguridad, el funcionario judicial informará de dicha decisión a la Dirección General de Prisiones, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y demás organismos que tengan funciones de policía judicial y archivos sistematizados, en el entendido que solo en estos casos se considerará que la persona tiene antecedentes judiciales. // De igual manera se informarán las sentencias absolutorias en firme a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de realizar la actualización de los registros existentes en las bases de datos que se lleven, respecto de las personas vinculadas en los procesos penales.
[32] Decreto 0233 de 2012 del Ministerio de Defensa Nacional. Artículo 2. La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL tendrá, además de las funciones señaladas en los Decretos 4222 de 2006 y 216 de 2000, y en disposiciones legales especiales, las siguientes: 1. Organizar, actualizar y conservar los registros delictivos nacionales, de acuerdo con los informes, reportes o avisos que para el efecto deberán remitirle las autoridades judiciales competentes, conforme a la Constitución Política y a la ley, sobre iniciación, tramitación y terminación de procesos penales, órdenes de captura, medidas de aseguramiento, autos de detención, enjuiciamiento, revocatorias proferidas y sobre las demás determinaciones previstas en el Código de Procedimiento Penal. // 2. Implementar y gestionar los mecanismos de consulta en línea que permitan el acceso a la información sobre los antecedentes judiciales que reposen en los registros delictivos, de acuerdo con los protocolos que se adopten para el efecto. // 3. Garantizar que la información contenida en las bases de datos mantengan los niveles de seguridad requeridos, de acuerdo a su naturaleza. // 4. Garantizar el acceso y consulta a la información que reposa en los registros delictivos a la Fiscalía General de la Nación, autoridades que ejerzan funciones de policía judicial, autoridades judiciales y administrativas que en razón de sus funciones y competencias lo requieran, de conformidad con sus competencias constitucionales y legales. // 5. Las demás que se requieran para la implementación y gestión del registro delictivo.
[33] Sentencia C-1011 de 2008. Consideración 3.1.1, penúltimo párrafo. Inclusive, la Sala advierte que las mismas normas de la ley estatutaria, en cuanto prevén los principios de administración de datos personales, al igual que los derechos y deberes de titulares, fuentes y usuarios; pueden servir de parámetro para la evaluación de la legitimidad de otras modalidades de tratamiento de información personal, en tanto dichos preceptos resulten pertinentes y aplicables.
[35] Sentencia C-1011 de 2008. Consideración 2.3. El derecho al hábeas data es definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que otorga la facultad al titular de datos personales de exigir de las administradoras de esos datos el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, de conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de datos personales.
[36] La Sentencia T-592 de 2003 es una de las más emblemáticas en relación con el deber de la administradora de datos de obtener autorización previa del titular de la información, en el contexto de la información personal relacionada con actividad crediticia. En este caso la Corte ordenó la supresión de la información de los peticionarios con fundamento en la ausencia de autorización previa, explícita y concreta.
[38] En este sentido lo concibe la Corte, por ejemplo, en la sentencia T-119 de 1995 [m]ediante el registro de una persona en un banco de informaciones () pueden resultar lesionados sus derechos a la intimidad, a la honra o al buen nombre, eventos en los cuales el afectado goza de las garantías constitucionales que le permiten acudir al Habeas Data para obtener la rectificación correspondiente (artículo 15 C.P.) o a la acción de tutela (artículo 86 C.P.) para vencer la resistencia de la entidad particular que persiste en la vulneración de los derechos fundamentales.
[45] Artículo 1°-. El certificado judicial expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad será un documento virtual cuyas características en caso de ser impresos son:
a) La leyenda en la parte superior República de Colombia, Departamento Administrativo de Seguridad, Certificado judicial.
b) La leyenda impresa en el certificado judicial en única página, en la cual se indica: El Departamento Administrativo de Seguridad certifica: Que (año, mes, día), Nombre, con cédula de ciudadanía No., de, NO REGISTRA ANTECEDENTES de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia. Código de verificación. Para verificar la autenticidad del presente certificado, deberá ingresar a www.das.gov.co al servicio Consultar Certificado Judicial.
PARAGRAFO: en caso en que el ciudadano registre antecedentes, la leyenda escrita a la que hace referencia el literal b del presente artículo quedará de la siguiente forma: El Departamento Administrativo de Seguridad certifica: Que (año, mes, día), Nombre, con cédula de ciudadanía No., de, REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL, de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia. Código de verificación. Para verificar la autenticidad del presente certificado, deberá ingresar a www.das.gov.co al servicio Consultar Certificado Judicial.
[46] La sentencia de tutela invocada en los considerandos de la Resolución 750 de 2010 es la No. 47546 del 5 de mayo de 2010, MP J.E.S.S., de la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En este asunto se tuteló el derecho al habeas data del peticionario en cuyo certificado judicial aparecía la leyenda REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL. Los hechos del caso fueron los siguientes: i) el actor fue condenado en 1995 a 12 meses de prisión por el delito de tráfico de influencias. ii) Mediante auto de 21 de julio de 2004, la autoridad competente decretó la prescripción de la pena impuesta pero, a pesar de esa situación, el DAS seguía anotando en su certificado judicial REGISTRA ANTECEDENTES. La Corte Suprema de Justicia señaló la publicación de dicha leyenda como un factoraltamente discriminatorio para aquellas personas que, o bien cumplieron la pena impuesta, o las que como en el caso del actor se vieron favorecidas con la prescripción de la pena. Consideró que el DAS no podía aprovechar la potestad que le otorgaba el Decreto 3738 de 2003 para otorgar un trato altamente perjudicial a aquellos que () han terminado condenados. En efecto, aunque el DAS estaba facultado para anotar a perpetuidad los antecedentes penales en su registro, no podía publicar ese dato en el certificado judicial, pues ello conllevará necesariamente el que aquel que necesite el aludido documento, verbi gracia con fines de acceder a un cargo, se vea expuesto a ser rechazado, a pesar de que ya haya cumplido la sanción o la misma se ha extinguido. Pensar de esa manera conllevaría a considerar que en Colombia existen penas perpetuas. De igual manera, expresó que lo anterior no significaba que el antecedente deba ser eliminado o cancelado, pues el mismo resulta valioso para las autoridades judiciales. Lo que se quiere resaltar es que una cosa es el suministro de dicha información con tales propósitos, la que sirve para efectos de la cuantificación de la pena o la concesión de beneficios, y que () es de carácter reservado, y otra bien diferente, cuando quien acude a que se le expida el certificado es el particular al que se le ha extinguido la pena. De allí que se haya aplicado la excepción de inconstitucionalidad únicamente en lo que hace relación a la frase 'registra antecedentes' y se haya ordenado al DAS que le expidiera un nuevo certificado al peticionario en el que se excluyera la frase registra antecedentes.
[101] Así, en la contestación de la demanda, la entidad afirmó que el juzgado 11 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá el 06 de octubre de 2003 decretó la extinción de la pena impuesta (folio 17, Cuaderno 2).
[106] Así, en la contestación de la demanda, la entidad afirmó que el juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín () decreta la extinción de la pena impuesta (folio 16, Cuaderno 2).