Source: https://www.scribd.com/document/155158625/T-986A-12
Timestamp: 2018-11-17 14:29:52
Document Index: 99735711

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 51', 'artículo 93', 'artículo 25', 'artículo 11', 'artículo 93', 'artículo 11', 'artículo 93', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 13', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 56', 'artículo 76', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 56', 'artículo 44', 'artículo 29', 'artículo 86', 'artículo 12', 'Artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 36']

Bolivia-vivienda2007
Opresion a Conciencia
Curuguaty FIAN FoodF.version Final
activida7
sentencia-tutela-rit-1-2008
7. Decreto 1834 Del 16 de Septiembre de 2015 Tutela
Sentencia T-986A/12 Referencia: expediente T- 3.496.
112 Acción de tutela instaurada por María Fanny Ceballos Mejía contra la Alcaldía Municipal de Manizales. Derechos fundamentales invocados: mínimo vital, dignidad humana y vivienda digna. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Bogotá D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012) La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Alexei Egor Julio Estrada y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo adoptado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de Manizales, el 3 de mayo de 2012, que declaró improcedente la acción, en el proceso de tutela suscitado por la señora María Fanny Ceballos Mejía contra la Alcaldía Municipal de Manizales. Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Seis de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, el asunto de la referencia. De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
SOLICITUD La señora María Fanny Ceballos Mejía presentó acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Manizales, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana y a la vivienda digna. En consecuencia, solicita al juez de tutela ordenar a la
entidad accionada inaplicar la resolución mediante la cual le fue impuesta una multa, por considerarla inconstitucional.
HECHOS un asentamiento irregular denominado Villajardín Bajo – Vereda La Uribe, en donde construyó una vivienda en la que reside junto con su hija, su yerno, y sus tres nietos, sin tener licencia urbanística para el efecto.
1.2.1. Expone la demandante que desde hace más de dos años, es habitante de
1.2.2. Señala que tiene 60 años de edad y que, debido a su avanzada edad, le
es imposible conseguir empleo.
1.2.3. Afirma que su hija se dedica al hogar y que su yerno se desempeña
como trabajador informal en una finca en la que recoge café y desarrolla distintas labores, actividades por las que devenga una suma promedio de doscientos mil pesos mensuales.
1.2.4. Asevera que fue notificada de una resolución a través de la cual la
Alcaldía de Manizales libró mandamiento de pago por la suma de siete millones seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos ($7.647.453), correspondientes a la sanción administrativa que le fue impuesta por construir en un lugar no permitido.
1.2.5. Argumenta que no tiene dinero para pagar la deuda, pues no es
propietaria de ningún bien y el ingreso de su yerno es el único sustento de la familia.
TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Manizales, mediante auto del 19 de abril de 2012, la admitió y ordenó vincular en calidad de autoridad accionada a la Alcaldía Municipal de Manizales, para pronunciarse sobre los hechos contenidos en la demanda.
La representante del municipio de Manizales dio respuesta a la demanda de tutela señalando que no existe vulneración alguna a los derechos invocados por la actora, dado que la Tesorería General del municipio libró mandamiento de pago en contra de la accionante, en cumplimiento de la Resolución No. 004 del 24 de enero de 2011, por medio de la cual la Secretaría de Planeación Municipal de Manizales impuso una sanción. Agregó que esta última se profirió como consecuencia de un procedimiento administrativo sancionatorio que se llevó a cabo con plena observancia del debido proceso y de
conformidad con las normas urbanísticas de planeación y construcción aplicables al caso concreto. Además sostuvo que la accionante pretende la revocatoria de un acto administrativo en firme, situación que impide la procedencia de la tutela, debido a que la competencia para conocer esta pretensión radica en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa y no de la jurisdicción constitucional.
En sentencia del 3 de mayo de 2012, el Juzgado Primero Penal con Función de Conocimiento de Manizales declaró improcedente la acción. Señaló que existen mecanismos ordinarios de defensa eficaces para la protección de los derechos invocados por la accionante, que pueden ser ejercidos ante la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de controvertir el acto administrativo que la sancionó. En este sentido, consideró que (…) no se observan circunstancias que hubiesen impedido razonablemente a la demandante, interponer la acción judicial pertinente para controvertir la decisión administrativa por la cual se liquidó y ordenó el pago de sanción por construcción irregular de su vivienda1 En consecuencia, concluyó (i) que existen mecanismos ordinarios eficaces para la protección de los derechos invocados por la peticionaria y (ii) que no hay inminencia de un daño irreparable que justifique la protección transitoria de la acción de tutela. Por consiguiente, declaró improcedente la acción presentada por la señora María Fanny Ceballos Mejía.
1.5.1. Pruebas que obran en el expediente 1.5.1.1. Copia de la Resolución No. 004 del 24 de enero de 2011, proferida
por la Secretaría de Planeación Municipal de Manizales, [p]or medio de la cual se impone una sanción. 2 Por medio de este documento la entidad resuelve: PRIMERO: IMPONER MULTA sucesiva de Siete Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos Moneda Corriente ($7’647.453), equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2010 incrementando [sic] ya en un diez (10%) por ciento adicional, a los señores LUIS EDUARDO MARIN
1 Folios 4-5, Cuaderno Primera Instancia. 2 Folios 22 -26, Cuaderno Primera Instancia
855 de Manizales Caldas.3. costo que se hará efectivo con un diez por ciento (10%) adicional como gasto de administración.1. pudiendo cobrarse por Jurisdicción Coactiva si es el caso. la cual se hará a costa del contraventor por la Administración Municipal. CUARTO: RATIFICAR LA MEDIDA POLICIVA DE SUSPENSIÓN DE OBRA en el inmueble antes señalado QUINTO: ORDENAR. 004 del 24 de enero de 2011. Secretaría de Obras Públicas. proferida por la Secretaría de Planeación Municipal de Manizales.4 AGUDELO identificado con la cédula de ciudadanía número 75. Copia de la Resolución No. 1. decretó las siguientes pruebas: 3 Folios 27 -32.308. mediante autos del 13 de septiembre y del 18 de octubre de 2012. por éste u otra(s) personas.4 1. subsidiariamente responsables de llevar a cabo proceso constructivo en terreno no apto para este tipo de actuaciones y considerado por el Plan de Ordenamiento Territorial como zona de Amenaza Alta por Deslizamiento y Ladera de Protección Ambiental. Cuaderno Primera Instancia . para lo cual se oficiará a las empresas de servicios públicos domiciliarios.055.2.3 1.5. 026 del 11 de marzo de 2011.1. en caso de no adelantarla por sus propios medios. Pruebas decretadas por la Sala en sede de revisión Con el fin de contar con mayores elementos de juicio. la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional . proferida por la Tesorería Municipal de Manizales el 5 de marzo de 2012. TERCERO: [sic] ORDENAR la suspensión de los servicios públicos domiciliarios de conformidad con lo señalado en la ley 142 de 1994. Igualmente se efectuará de ser necesario. Copia de la resolución de mandamiento de pago No. [p]or medio de la cual se decide un recurso. el cobro coactivo de la multa y se ratificará la medida de suspensión de servicios públicos domiciliarios.767 de Filadelfia Caldas y la señora MARIA FANNY CEBALLOS MEJIA identificada con la cédula de ciudadanía número 24. Cuaderno Primera Instancia 4 Folios 34 -36. RTT-MV-016- 12.2.5. mediante la cual se confirmó lo decidido en la Resolución No.5. sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Ley. la demolición de las obras ejecutadas por parte de la entidad competente para esta diligencia esté habitada o no.
5.2.5. (ii) de qué manera se dio cumplimiento a lo decidido en el numeral quinto de . habitaciones con puerta y entradas de luz tiene el predio? 1. sobre las cuales versó el procedimiento administrativo sancionatorio llevado a cabo por la Secretaría de Planeación de Manizales por infracción a la norma urbanística. Lo anterior con el fin de responder los siguientes interrogantes: a) ¿Han sido demolidas las tres construcciones. ordenó a la Secretaría de Planeación de Manizales informar a esta Corporación: (i) en qué estado se encuentra el proceso administrativo de Infracción a la Norma Urbanística adelantado por la Secretaría de Planeación del municipio de Manizales contra los señores Luis Eduardo Marín Agudelo y María Fanny Ceballos Mejía. con el fin de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿En qué fecha llegó a ocupar el lugar? b) ¿Quién es el propietario del inmueble? c) ¿En qué lugar vive actualmente? d) ¿En qué condiciones vive? e) ¿Con qué personas vive? f) ¿Paga un arriendo en el lugar en el que vive? g) ¿Fueron demolidas las construcciones? h) ¿Alguna persona está habitando esas construcciones? i) ¿Se llevó a cabo algún proceso para conseguir el desalojo del inmueble? j) ¿Ha recibido alguna propuesta de reubicación por parte de la Alcaldía de Manizales o de cualquier otra entidad encargada de los planes de vivienda? a) 1. Además. Comisionó al Juez Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Manizales la práctica de un interrogatorio de parte a la señora María Fanny Ceballos Mejía.3.2. y que culminó con la Resolución 004 del 24 de enero de 2011. incluidos menores de 18 años.1.5 1. ¿cuántas personas. Comisionó al Juez Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Manizales la práctica de una inspección judicial en las tres construcciones ubicadas en la ladera Estambul. habitan en el inmueble ocupado? e) ¿Con cuáles servicios públicos domiciliarios cuenta el inmueble? f) ¿Cuántos baños. conforme a lo ordenado por la Secretaría de Planeación de Manizales mediante Resolución 004 del 24 de enero de 2011? En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea negativa: b) ¿Cuántas construcciones siguen en pie? c) ¿Está habitada alguna de las construcciones? d) Con exactitud. de 9 metros cuadrados cada una.2.2. accionante en el proceso de la referencia.5.
5 El juez constató que ninguna de las tres construcciones sobre las cuales versó el procedimiento administrativo sancionatorio que culminó con la Resolución No.2. y los otros días en casa de su hermana. se constató que la edificación no cuenta con servicios públicos domiciliarios: (…) no posee gas.6 la Resolución 004 de 2010. ordenó a la Alcaldía de Manizales enviar un informe detallado sobre los programas de reubicación existentes para las personas que habitan en áreas de riesgo no mitigable por deslizamiento y/o áreas de protección ambiental. el Juez Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Manizales remitió la declaración rendida por la accionante y el acta de la inspección judicial.5. 1. el Juez Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Manizales practicó la inspección judicial comisionada por esta Corporación. (ii) cómo pueden acceder las personas que habitan en áreas de riesgo no mitigable por deslizamiento y/o áreas de protección ambiental en el municipio.2. del 25 de septiembre de 2012. teléfono fijo. que ordenó la demolición de las obras ejecutadas por los señores Luis Eduardo Marín Agudelo y María Fanny Ceballos Mejía. Inspección Judicial El día 24 de septiembre de 2012. 1. a dichos programas o a un subsidio de vivienda.3. 798. Cuaderno Principal.4.y la actora. Manizales informar: (i) si existen programas de reubicación para las personas que habitan en áreas de riesgo no mitigable por deslizamiento y/o áreas de protección ambiental en el municipio de Manizales y.5. quien manifestó que habita en esa vivienda 4 o 5 días de la semana.3. . sus tres hijos –dos de ellos de 13 años y uno de 11 años de edad. Por último. La primera construcción se encuentra habitada por la señora Marta Viviana Ceballos -hija de la accionante-. y (iii) si se realizó un proceso de desalojo de la vivienda. a las que se les ha ordenado demoler su vivienda. Adicionalmente. Del mismo modo. la construcción sí 5 Folios 32-34. José Gildardo Marín Agudelo –yerno de la accionante-. ordenó a la Caja de Vivienda Popular del municipio de 1.1. ésta [sic] última es recogida a través de una manguera desde un “nacimiento” y dejada en unos tanques de plástico. 004 de enero 24 de 2011.5. Permanecen en pie y se encuentran habitadas. ni agua. 1. Pruebas practicadas por el Juez Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Manizales Mediante Oficio No. ha sido demolida.5.5.
En cuanto a los baños. Interrogatorio de parte El día 24 de septiembre de 2012. posee una única puerta (la de ingreso) y la única entrada de luz es por esa misma puerta. el Juez Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Manizales practicó el interrogatorio de parte comisionado por esta Corporación.5. en el inmueble sobre el cual versa la presente acción de tutela. Respuesta de la Secretaría de Planeación de Manizales Mediante Oficio No. De la citada diligencia resulta relevante lo siguiente: (i) la accionante afirmó ser la propietaria del inmueble. pues solo hay un sanitario (el cual es bombeado con agua arrojada con balde) que se encuentra detrás de una especie de pared al interior de la misma construcción (sin puerta). Finalmente. Luis Eduardo Marín Agudelo –cuñado de la accionante-. del 26 de septiembre de 2012. declaró que una de las tres edificaciones es habitada por su hija y su yerno.2. por tratarse de un espacio tan reducido.5. otros. y además se decidió de fondo el recurso interpuesto y se tiene 6 Folios 29-31. pues se profirió una decisión de fondo que conllevó la imposición de la respectiva sanción. de características similares. es decir. estos no existen en su concepción tradicional. pero según informaron sus ocupantes. la cual no se obtiene del grifo sino que es “tirada con coca”. son habitadas por la hermana de la accionante. (iv) aseveró que no ha recibido una propuesta de reubicación por parte de la Alcaldía de Manizales o por parte de cualquier otra entidad encargada de los planes de vivienda en el municipio.4. y sus tres nietos menores de edad. dicha construcción es de un “solo ambiente”. sino un espacio pequeño de medio metro cuadrado aproximadamente en cemento. sus dos hijas mayores de edad. SPM 3100 GED: 28863-127. con una cortina plástica y un murito en ladrillo de aproximadamente 20 cm de alto para evitar el paso del agua al resto de la construcción. con un sifón para el desagüe. La entidad manifestó que el proceso administrativo radicado con el número 333-2010 se encuentra terminado. algunos días duerme en la casa de su hermana y. Las otras dos construcciones.7 posee energía eléctrica. y una niña de 11 meses de edad. no está dividida en habitaciones.6 1. (ii) adicionalmente. Cuaderno Principal . la Secretaría de Planeación Municipal de Manizales dio respuesta a los interrogantes planteados. (iii) sostuvo que ellos conforman su núcleo familiar pero. la misma se obtiene de una “derivación” del cableado autorizado por una vecina del sector de nombre Ruby (no recuerdan el apellido). Cuaderno Principal 7 Folios 37-39.3. Gloria Julieta Ceballos Mejía –quien es invidente-. mientras que no hay ducha como tal. 1.
Adicionalmente.8 constancia de la ejecutoria y firmeza de dicha determinación. por disposición del Gobierno Nacional que estableció: los SUBSIDIOS NACIONALES DE VIVIENDA que anualmente la nación entrega al municipio de Manizales deben estar destinados a las familias damnificadas por las diferentes olas invernales que han afectado la [sic] ciudad. en particular se han llevado a cabo postulaciones. la Secretaria Jurídica de la Alcaldía de Manizales manifestó que los programas de vivienda de interés social en el Municipio de Manizales están en cabeza de la Caja de Vivienda Popular.5. que contiene el proceso de infracción a norma urbanística. la Alcaldía de Manizales no tiene al momento proyectos orientados a su reubicación. adelantado por la Secretaría de Planeación de Manizales contra los señores Luis Eduardo Marín Agudelo. 8 Folios 35-36.5.600 soluciones de vivienda. Señaló que la vivienda no ha sido demolida. Al oficio mencionado se anexó copia del expediente 333-2010. a las que se les ha ordenado demoler su vivienda.5. sostuvo que [e]n relación con las familias que habitan en zonas de Alto Riesgo por Deslizamiento no mitigable y/o áreas de protección ambiental. denominado “Cien Mil Viviendas Gratis”. Ciudad y Territorio. Respuesta de la Caja de Vivienda Popular del municipio de Manizales La entidad informó que actualmente está postulando un lote ante el Ministerio de Vivienda.8 1. SJ-1190 del 25 de septiembre de 2012. entre otras. Cuaderno Principal . Agregó que en este momento la entidad está en la fase de cesión de títulos de propiedad inmobiliaria ante el Ministerio y posteriormente. Lo anterior. Explicó que las personas que habitan en áreas de riesgo no mitigable por deslizamiento. 1. previsto para la reubicación de las personas que habitan áreas de riesgo no mitigable por deslizamiento. se realizará la selección y adjudicación en términos del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012. para las familias damnificadas de [sic] las olas invernales de los años 2008 y 2010-2011.6. María Luz Delia Marín Agudelo y María Fanny Ceballos Mejía. quien se encarga de postular al SUBSIDIO NACIONAL DE VIVIENDA a las familias que aspiran a una vivienda nueva de interés social. con capacidad para la construcción de 1. por cuanto se espera que la administración municipal de Manizales lleve a cabo la reubicación de los moradores de la ladera Villa Jardín Bajo. Respuesta de la Alcaldía de Manizales Mediante oficio No. dentro del marco del programa impulsado por el Gobierno Nacional.
quien elaborará un listad [sic] de personas y familias potencialmente elegibles de cada municipio. segundo.1.1. hará referencia a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que rigen los procesos administrativos sancionatorios.2. 2. de la Constitución. expondrá el marco normativo del proceso de reubicación de hogares situados en zonas declaradas como de alto riesgo. abordará el caso concreto. CONSIDERACIONES DE LA CORTE COMPETENCIA Con base en las facultades conferidas por los artículos 86 y 241. analizará el contenido y la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna. Posteriormente.3. la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia. tercero. para que ésta [sic] entidad realice la selección y adjudicación de los Subsidios Familiares 100% de Vivienda en especie a los hogares potencialmente beneficiarios. que es la encargada de entregar los listados al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.9 pueden acceder a un subsidio de vivienda siempre que cumplan con los requisitos de priorización o focalización definidos por el gobierno nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA 2. con base en dichos presupuestos. 2. la Sala. Consagración del derecho a la vivienda digna Dentro del marco constitucional. los levanta la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de Planeación Municipal –OMPAD-. En el presente caso los censos y listados de personas y familias que habitan zonas de alto riesgo en Manizales. 2. corresponde a la Corte Constitucional determinar si la Alcaldía de Manizales vulneró los derechos fundamentales a la vivienda digna y al mínimo vital de la accionante. 2. y asigna al . de los censos entregados por los Alcaldes municipales. al ordenar la demolición de la construcción en la que habita con su familia e imponer una multa sin tener en consideración su precaria situación económica.3. primero. numeral 9°. PROBLEMA JURÍDICO En atención a lo expuesto. en los términos del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012. el artículo 51 consagra el acceso a una vivienda digna como un derecho de todas las personas. Para resolver estas preguntas. relacionados con los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable.
2. la 9 Ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969. La norma citada deja ver que el derecho a la vivienda se encuentra estrechamente ligado a la dignidad humana y constituye un elemento del derecho de las personas a tener un nivel de vida adecuado. (ii) el Estado tiene la obligación de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas para la ejecución de dichos programas. invalidez. reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento (Subrayado fuera del texto). vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. enfermedad. entre otros. incluso alimentación. Estos instrumentos hacen parte del bloque de constitucionalidad y. En el ámbito internacional. sociales y culturales (DESC).3. Del mismo modo. vestido y vivienda adecuados. Sociales y Culturales 9 establece que los Estados Partes (…) reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. así como a su familia. viudez. y a una mejora continua de las condiciones de existencia. la salud y el bienestar.10 Estado la obligación de fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo a través de la promoción de planes de vivienda de interés social. y en especial la alimentación. . por cuanto implica contar con un lugar que le permita a la persona desarrollar su proyecto de vida y. conforman el ordenamiento interno. Debido a su ubicación dentro de los DESC. en concordancia con el artículo 93 de la Constitución Política. por tanto. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. el vestido. tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo. Naturaleza jurídica El derecho a la vivienda fue consagrado en la Constitución como parte de los derechos económicos. De los anteriores preceptos puede concluirse que (i) la garantía del derecho a la vivienda digna está estrechamente ligada al derecho a la vida digna. la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales consagran el derecho a la vivienda digna.2. la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure. el numeral primero del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos. la vivienda. en un primer momento.
12 Particularmente en las sentencias T-462 de 1992. fue también desarrollada en las sentencias T-597 de 1993.P.11 jurisprudencia de la Corte Constitucional descartó la posibilidad de que el derecho a la vivienda digna fuera exigido a través de la acción de tutela. no otorgaba a la persona un derecho subjetivo para exigir del Estado. T-495 de 1995. previa regulación legal. respecto de los cuales existía consenso sobre su naturaleza fundamental. Esta primera postura se puede apreciar por ejemplo en la sentencia T-251 de 199510. de conformidad con la ley. M. el derecho a la vivienda digna adquiría el carácter de derecho subjetivo fundamental. 11 La concepción del derecho a la vivienda digna como derecho asistencial. Vladimiro Naranjo Mesa. en virtud del reconocimiento de la relación entre la vivienda digna y la dignidad humana. en algunas circunstancias.P.11 Posteriormente. a cargo del Estado. M. Vladimiro Naranjo Mesa. o a través de entes asociativos creados para tal fin. SU-111 de 1997 y SU-995 de 1999. en otras palabras. en forma directa e inmediata. para ser prestado directamente por ésta. (ii) por la afectación del derecho al mínimo vital 12. su contenido debía ser precisado de forma programática por las instancias del poder político. por ejemplo. la integridad física. al igual que otros DESC. . por lo que podía ser amparado por vía de tutela. cuando el juez constitucional advirtiera que la lesión del derecho a la vivienda digna conllevara la amenaza o vulneración de otros derechos fundamentales. en la que esta Corporación determinó que el derecho a la vivienda digna es mas [sic] un derecho objetivo de carácter asistencial que debe ser desarrollado por el legislador y promovido por la administración. a saber: (i) por conexidad con un derecho fundamental. en el evento en el que –señalaba esta doctrina. Algunas de las razones que fundamentan esta conclusión son: En primer lugar. por ser un derecho de carácter principalmente prestacional. el debido proceso. Carlos Gaviria Díaz. y finalmente (iii) por transmutación. en tanto está dirigido a la realización de la dignidad humana y se traduce en un derecho subjetivo según el contenido que es posible adscribirle y que se desarrollará en líneas posteriores. Recientemente esta Corporación ha reconocido que el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental autónomo. y T-258 de 1997.P.se tenía certeza de la existencia de una obligación concreta derivada del derecho a la vivienda digna. tales como la vida. Fueron tres situaciones en las que se reconoció el carácter de derecho subjetivo fundamental.P. a la luz de las normas internacionales que consagran las obligaciones del Estado colombiano 10 M. a juicio de la Corte. M. la jurisprudencia de la Corte sostuvo que. la Corte ha reconocido que. entre otros. por definición legal. de conformidad con las condiciones jurídico materiales disponibles en cada momento histórico. Eduardo Cifuentes Muñoz. es decir. En aquel entonces la Corte consideraba que éste. la igualdad. su plena satisfacción.
a la educación. culturales.es un fin primordial del Estado Social de Derecho.13 Por ejemplo. Restarles el carácter de derechos fundamentales a los derechos prestacionales. Ver también la sentencia C-372 de 2011. no armoniza. M. sin que sea posible distinguir entre los denominados derechos civiles. se podría predicar la fundamentalidad. si bien es cierto que el derecho a la vivienda digna (…) se caracteriza por cierto grado de indeterminación en relación con las prestaciones que su satisfacción requiere. 14 Al respecto. se dice. sociales o culturales. y no a una diferencia de importancia de los derechos En segundo lugar. todas las prerrogativas agrupadas bajo esta categoría deben ser garantizadas. económicos. políticos. el bloque de constitucionalidad y el juez constitucional y. bajo la premisa de que la realización efectiva de los derechos –no solamente su reconocimiento legal.P. la Constitución impone un mandato al legislador de desarrollar este tipo de derechos sujetándose (i) al contenido que de estos ha fijado la Constitución. todos los derechos. políticos. En este orden de ideas. tal connotación no puede conducir a negar el carácter iusfundamental del mismo y tampoco a descartar de plano la procedencia del amparo constitucional cuando se advierta su 13 Sentencia C-372 de 2011. al acceso al agua potable entre otros . debe repararse en que todos los derechos constitucionales fundamentales – con independencia de si son civiles. la adopción del modelo de Estado Social de Derecho. de medio ambiente . de ninguno de los derechos. como de prestación.poseen un matiz prestacional de modo que. económicos. de otro.12 en relación con la protección de los Derechos Humanos. Humberto Antonio Sierra Porto) se estableció: la implementación práctica de los derechos constitucionales fundamentales siempre dependerá de una mayor o menor erogación presupuestaria. . (ii) a los principios de no discriminación y. con las exigencias derivadas de los pactos internacionales sobre derechos humanos mediante los cuales se ha logrado superar esta diferenciación artificial que hoy resulta obsoleta así sea explicable desde una perspectiva histórica. conlleva el reconocimiento de los DESC como derechos fundamentales. En tercer lugar. su nueva concepción del individuo y su preocupación por la desigualdad material. en sentencia T-016 de 2007 (M.P. M. sin importar la generación a la cual se adscriba su reconocimiento. ni siquiera del derecho a la vida. La Corte ha dejado claro que la distinción entre derechos civiles y políticos. de un lado. solamente responde a razones históricas y metodológicas. sociales. comprenden tanto mandatos de abstención. y DESC. las cuales deben ser precisadas por las instancias del poder definidas con fundamento en el principio democrático. a la vivienda. bajo esa nueva concepción. Al respecto. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.de su carácter de derechos fundamentales resultaría no sólo confuso sino contradictorio. En cuarto lugar. y ello no es óbice para negar su naturaleza fundamental14.P. progresividad y no regresividad. [l]a consagración a nivel constitucional de estos derechos ha estado además acompañada con la creación de mecanismos para su justiciabilidad. de forma tal. que despojar a los derechos prestacionales – como el derecho a la salud. si se adopta esta tesis. por lo demás. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
todo ello a un costo razonable. propio del lenguaje con que se redactan las cartas políticas. El contenido de habitabilidad El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales16 es el órgano autorizado para interpretar las normas incorporadas al Pacto Internacional de Derechos Económicos. Humberto Antonio Sierra Porto. 2.3. estrechamente relacionado con la dignidad humana. paz y dignidad en alguna parte. con el objetivo de lograr la plena efectividad de los derechos proclamados en este instrumento17. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta. a saber: a) seguridad jurídica de la tenencia. de la Constitución Política . ha adoptado los lineamientos proferidos por este órgano para determinar el alcance y contenido de derechos constitucionales. prevalecen en el orden interno. conforme al artículo 93 de la Constitución Política.13 vulneración.3. En consecuencia. un espacio con seguridad. aunque no forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Por las razones expuestas. es su traducción en un derecho subjetivo. Sociales y Culturales.P. d) habitabilidad. envuelve el derecho a disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea. (…) (Resaltado fuera del texto) 18 En este instrumento el Comité interpretó el numeral primero del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos. La función interpretativa de este órgano es ejercida a través de observaciones generales. identificó siete aspectos de ese derecho que determinan el alcance del concepto de “vivienda adecuada”. facilidades e infraestructura. la Corte Constitucional en su jurisprudencia. iluminación y ventilación apropiados y una infraestructura básica idónea. se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. sí forman parte del bloque como fuente interpretativa. el PIDESC es parte del bloque de constitucionalidad y forma parte del ordenamiento interno. dentro de los cuales se encuentra el derecho a la vivienda digna. que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. ARTICULO 93. En la Observación General No. Además. . materiales.15 (Resaltado fuera del texto) Lo anterior por cuanto es común a todos los derechos constitucionales cierto grado de indeterminación. inciso 2. conforme al artículo 93. determinó que el hecho de que la vivienda sea calificada como adecuada. 16 Creado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas mediante Resolución 1985/17 del 28 de mayo de 1985 17 Como se explicó anteriormente. b) disponibilidad de servicios. c) gastos soportables. 418 el Comité desarrolló el contenido del derecho a la vivienda adecuada y a grandes rasgos señaló que implica el derecho a vivir en seguridad. la Corte reconoce que la vivienda digna se constituye en un derecho fundamental autónomo y que lo determinante para su protección. e) 15 Sentencia T-585 de 2008. las cuales. M. Sociales y Culturales. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso. En particular.
Al ser la vivienda un derecho de todas las personas. de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. en sentencia T-408 de 200819. Aunque la Alcaldía de Medellín informó que el servicio público domiciliario de energía había sido instalado en la vivienda de la accionante en el trámite de la acción de tutela. resultaba amenazado. el cual se encuentra estrechamente vinculado con los derechos a la vivienda y vida digna. la Corte estudió el caso de una mujer que presentó acción de tutela con el fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales. Para el caso que ocupa a la Sala. Para que una vivienda sea habitable. debe ser asequible. Asequibilidad. Del mismo modo. la Sala consideró que para las autoridades administrativas constituye un imperativo desarrollar mecanismos idóneos y eficientes con el fin de reubicar a las personas que se encuentren viviendo en zonas catalogadas como de 19 M. resultan relevantes los siguientes: - Habitabilidad. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. los enfermos mentales. En este sentido. debe ofrecer un espacio digno a sus ocupantes y protegerlos de las distintas amenazas a la salud. y otros grupos de personas. se debe dar una consideración prioritaria a los grupos desfavorecidos. Jaime Araújo Rentería. por lo que su derecho fundamental a la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios.P. como los adultos mayores. - En distintas ocasiones la Corte Constitucional ha protegido por vía de tutela el derecho a la vivienda digna en relación con el factor de habitabilidad ante amenazas de deslizamiento u otros desastres naturales. Por tanto.14 asequibilidad. aparentemente transgredidos por las Empresas Públicas de Medellín. los niños. En este sentido. las personas en situación de discapacidad. es deber del Estado conceder un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda a las personas en situación de desventaja. los individuos VIH positivos. la Corte encontró probado que la vivienda de la accionante estaba ubicada en una zona de alto riesgo no recuperable. debe garantizar la seguridad física de los ocupantes. al negarse a instalar el servicio público de energía eléctrica en su vivienda. . los enfermos terminales. f) lugar y g) adecuación cultural. las víctimas de desastres naturales. las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres. las personas con problemas médicos persistentes. con base en que ésta se encontraba ubicada en una zona de alto riesgo. Por ejemplo.
Recientemente. Huila. La accionante había presentado derecho de petición ante la Alcaldía Municipal de Palermo. madre cabeza de 20 M.” En consecuencia. en la sentencia T-526 de 201221. . con la finalidad de obtener información acerca del estado de su vivienda.P.15 alto riesgo. concedió la protección del derecho a la vivienda digna del accionante y ordenó que en un término no superior a 48 horas. la Corte examinó un caso en el que el Fondo de Atención y Prevención de Emergencias emitió concepto técnico en el que declaró que el sector donde se encontraba ubicada la vivienda del peticionario. la Corte estableció que es obligación de las autoridades locales (i) tener una información actual y completa de las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes que se encuentran en su municipio. 21 M. como antes señaló. La Sala resaltó la situación de vulnerabilidad de la accionante. En esa oportunidad. En esa oportunidad. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. esta Corporación conoció el caso de una mujer que solicitó el amparo de su derecho fundamental de petición.P. no prevén que el actor estuviera obligado a habitar el predio con antelación a la declaratoria de alto riesgo para acceder al programa de reasentamientos. supuestamente vulnerado por la Alcaldía Municipal. Humberto Antonio Sierra Porto. esta Corporación consideró que “excluir al ciudadano de los beneficios pretendidos por el hecho de no habitar el predio en la fecha del censo constituye una conducta a todas luces inconstitucional en el caso concreto pues se deriva de la interpretación desarticulada de las normas en la materia que. y (ii) adoptar las medidas necesarias de reubicación de las personas que se encuentren ubicadas en las zonas donde se ponga en riesgo sus derechos por las condiciones del terreno. Del mismo modo. Huila. el actor quedó por fuera del mismo. era una zona de alto riesgo no mitigable por remoción de masa. la Secretaria de Planeación e Infraestructura y la Coordinación de Vivienda Municipal de Palermo. La Sala resolvió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. la cual se encontraba en grave peligro de ser arrasada por estar muy cerca de una quebrada. Al momento de realizar el censo correspondiente. en la sentencia T-585 de 200820. pero previno al Alcalde del Municipio de Medellín para que realizara las obras necesarias para conseguir la reubicación definitiva de la accionante en una zona donde pudiera tener una vivienda digna y lograr la prestación efectiva del servicio público domiciliario de energía. fuera incluido dentro del censo creado para determinar quiénes son los beneficiarios del subsidio de vivienda familiar. debido a que el inmueble fue adquirido con posterioridad al censo. y no vio satisfecha su solicitud.
el Comité sostuvo que. omitió dar cumplimiento a la obligación a su cargo. conforme al párrafo 1 del artículo 2 del Pacto22. Por otra parte. la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. el Comité DESC estableció una serie de recomendaciones para las situaciones en las que se presentan desalojos de asentamientos humanos irregulares. entendiendo por desalojos forzosos el hecho de hacer salir a personas. El Comité señaló que los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto.16 familia con dos hijos menores de edad a su cargo. lo cual implica también la adopción de medidas legislativas para promover los derechos protegidos por el Pacto. indicó que cuando se lleva a cabo desalojos que cuentan con un sustento legal. Huila. para lograr progresivamente.3. En la Observación General No. Medidas de protección a favor de las personas cuando existe una orden de desalojo. en forma permanente o provisional. familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan. En este orden de ideas. inclusive en particular la adopción de medidas legislativas. hasta el máximo de los recursos de que disponga. Sin embargo. Por consiguiente. la prohibición de los desalojos forzosos no se aplica a los que se efectúan legalmente y de acuerdo con las disposiciones de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. por todos los medios apropiados. 7. de quien no tenía recursos para proveerse por sí misma una solución de vivienda digna. lo cual implica que estén en lugares en donde su seguridad e integridad no estén en riesgo en razón a la ubicación de su residencia. tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales. concluyó que se dio una vulneración del derecho a la vivienda digna de la tutelante y sus hijos. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas. se ordenó ubicar temporalmente a la accionante y a su grupo familiar en un inmueble donde sus vidas no corrieran peligro. hasta tanto se tomaran las medidas necesarias para garantizar su acceso a los programas de vivienda de interés social. especialmente económicas y técnicas.4. sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. 2. . como entidad encargada de reubicar a la población que habita en zona de alto riesgo. En este sentido. se debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones 22Artículo 2: 1. debido a que la Alcaldía Municipal de Palermo. En consecuencia. los Estados parte deben utilizar “todos los medios apropiados” ante las situaciones de desalojo de poblaciones vulnerables. el derecho a tener una vivienda adecuada acarrea la obligación correlativa a cargo del Estado de prevenir asentamientos humanos en zonas de riesgo y de reubicar a las personas que se encuentran ubicadas en tales áreas. la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que el derecho fundamental a la vivienda digna conlleva la obligación positiva en cabeza del Estado de promover que las personas tengan viviendas habitables. En síntesis.
7 y se dispuso que. las autoridades deben: (i) garantizar el debido proceso. se proteja el derecho a la vivienda digna de los afectados con posterioridad al desalojo. y asigna al Estado la obligación de fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. no sólo para que en el procedimiento mismo se garanticen los derechos fundamentales de las personas.4. Al respecto. si es del caso. en los eventos en los que las autoridades pretenden recuperar bienes fiscales o de uso público. . (iii) notificarla de la decisión de desalojo en un plazo suficiente y razonable.17 pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos y respetar los principios generales de la razón y la proporcionalidad. sino para que. reasentamiento o acceso a otras tierras productivas.349 de 201223. información relativa a los desalojos previstos y a los fines que se destinarán las tierras o las viviendas. Así. (viii) ofrecer recursos jurídicos efectivos a los afectados. las autoridades deben adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda. habitados por grupos humanos. (v) estar presentes durante la diligencia.P. y (ix) ofrecer asistencia jurídica a la comunidad para solicitar la garantía de sus derechos y. MARCO NORMATIVO DE LA REUBICACIÓN DE HOGARES SITUADOS EN ZONAS DE RIESGO NO MITIGABLE La Constitución Política consagra el acceso a una vivienda digna como un derecho de todas las personas. señaló que si la comunidad afectada no cuenta con recursos propios para proveerse una solución de vivienda digna. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Igualmente. se deben implementar medidas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales de los afectados. (vii) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche. en un plazo razonable. 2. (vi) identificar a todas las personas que efectúen el desalojo. la reparación de los daños que les sean causados. salvo que las personas afectadas den su consentimiento. El alcance del derecho a la vivienda digna frente al tema de los desalojos forzosos fue examinado por esta Corte en la sentencia T. Del marco normativo reseñado anteriormente se deriva el deber del Estado de establecer las condiciones de asequibilidad de la vivienda para las 23 M. (iv) suministrar a los interesados. además. con el objetivo de impedir que su situación se haga más gravosa. según proceda. (ii) consultar previamente a la comunidad afectada. en la que se adoptaron los criterios de interpretación dados por la Observación General No. particularmente el derecho a la vivienda digna. en la observación objeto de análisis se manifestó la necesidad de que los Estados parte adopten las medidas necesarias.
y reubicarán a estos habitantes en zonas apropiadas. indicó que el componente urbano del plan de ordenamiento debe contener por lo menos (…) la estrategia a mediano plazo para el plan de desarrollo de programas de vivienda de interés social. Se podrán adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser reubicadas. la Ley 388 de 1997 fijó las acciones y estrategias para la prevención de la construcción de viviendas en zonas no urbanizables. 26 Numeral 5 del artículo 13. corresponderá al alcalde o al Intendente de San Andrés y Providencia ordenar la desocupación con el concurso de las autoridades de policía. con la participación del Instituto de Crédito Territorial. pasará a ser un bien de uso público bajo la administración de la entidad que lo adquirió. o sujetos a derrumbes y deslizamientos. incluyendo los de mejoramiento integral.. o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. atribuye a los Alcaldes Municipales la obligación de realizar un censo sobre las zonas de alto riego de deslizamiento y. ordena proceder a la reubicación de las personas que se encuentren en sitios anegadizos. Artículo 5: "Los alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia procederán a levantar. imperativo que desarrolló el legislador en diversas disposiciones. Además. en los términos de la presente ley. . compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”. esa misma orden fue dada en el numeral 3. Al respecto. entre otros. 25 “Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989”. 27 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151. y la demolición de las edificaciones afectadas (.. presenten altos riesgos para sus habitantes. modificado por el artículo 5 de la Ley 3ª de 199125. incluyendo la estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación26 (negrilla fuera del texto).)". El artículo 56 de la Ley 9ª de 198924. la cual incluirá directrices y parámetros para la localización en suelos urbanos y de expansión urbana. Los inmuebles y mejoras así adquiridos podrán ser recibidos en pago de los inmuebles donde fueren reubicados los habitantes. una vez obtenida esta información. Posteriormente. tomarán todas las medidas y precauciones necesarias para que el inmueble desocupado no vuelva a ser usado para vivienda humana. Si los habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo rehusan (sic) abandonar el sitio. Cuando se trate de la enajenación voluntaria directa. Además. 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud. o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. el artículo 76 establece: 24 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal.18 personas que viven en zonas de alto riesgo. en razón a su ubicación en sitios anegadizos. Adquirido el inmueble. o sujetos a derrumbes y deslizamientos. la Ley 715 de 200127 especificó las obligaciones de la administración municipal en lo que tiene que ver con la reubicación de la población que se localiza en zonas de riesgo. así como los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes. de terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda de interés social y el señalamiento de los correspondientes instrumentos de gestión. mediante enajenación voluntaria directa o mediante expropiación. En desarrollo de la norma anterior. se podrá prescindir de las inscripciones en el folio de matrícula inmobiliaria de que trata el artículo 13 de esta ley.1 del artículo 15 de la misma ley. 288. en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley.
(iii) censar a las personas ubicadas en tales zonas y proceder a su reubicación cuando se encuentran en situación de riesgo y. la promoción del desarrollo territorial. y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de Vivienda de Interés Social y proyectos de Vivienda de Interés Prioritario. conforme a las normas reseñadas. del Sistema General de Participaciones u otros recursos.1. se podrán asignar a título de subsidio en . las autoridades locales tienen obligaciones específicas en lo que tiene que ver con la ubicación de viviendas en zonas de alto riesgo. recientemente fue promulgada la Ley 1537 de octubre 9 de 2012. Ahora bien. corresponde a los Municipios. 76. siendo éstas: (i) prevenir la localización de la población en aquellos lugares. que pueden ser financiadas con recursos propios. financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: (…) 76. La norma mencionada tiene por objeto señalar las competencias. (Resaltado fuera del texto) En suma. así como incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda. [p]or la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. directa o indirectamente.2. (ii) identificar las zonas de alto riesgo de deslizamientos o derrumbes que se encuentran en su municipio. promover. así como los predios destinados y/o aportados a este fin por las entidades territoriales incluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos.19 Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción. del Sistema General de Participaciones u otros recursos. (iv) promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social dirigidos a esas personas. En prevención y atención de desastres: Los municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán: 76.9.9. con recursos propios.9. El artículo 12 de esta ley dispone: Las viviendas resultantes de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional. destinados a las familias de menores recursos. responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y territorial.
entre otros. o los demás que se definan por parte del Gobierno Nacional. (…) Parágrafo 4°. lo previsto en el artículo 5° de la Ley 2ª de 1991 que modifica el artículo 56 de la Ley 9ª de 1989. al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Fondo Nacional de Vivienda. Ciudad y Territorio a través del Fondo Nacional de Vivienda. b) que esté en situación de desplazamiento. se dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar. personas en situación de discapacidad y adultos mayores. en los municipios y distritos donde se adelanten los proyectos de Vivienda de Interés Social prioritario. Sin perjuicio de lo anterior. (Resaltado fuera del texto) . de los alcaldes y del Ministerio de Vivienda. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social elaborará el listado de personas y familias potencialmente elegibles en cada Municipio y Distrito de acuerdo con los criterios de focalización empleados en los programas de superación de pobreza y pobreza extrema. la asignación de las viviendas a las que hace referencia el presente artículo beneficiará en forma preferente a la población que se encuentre en alguna de las siguientes condiciones: a) que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema. c) que haya sido afectada por desastres naturales. Con base en este listado se seleccionarán los beneficiarios del programa del Subsidio Familiar 100% de Vivienda en especie con la participación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Tratándose de la identificación de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable. calamidades públicas o emergencias y/o d) que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Dentro de la población en estas condiciones. el listado de hogares potencialmente beneficiarios teniendo en cuenta. los alcaldes municipales y distritales entregarán.20 especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
este principio ha sido consagrado en el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011. resulta relevante la proporcionalidad. Por ejemplo. . sino también otro cúmulo de valores y principios más allá del cumplimiento de los requisitos que la ley procesal impone28. CASO CONCRETO 2.que el principio que se pretende satisfacer29. Dentro de esos valores y principios. LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD. debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza. (Resaltado fuera del texto) De este modo. Alejandro Martínez Caballero. Las sanciones administrativas están sujetas al principio de proporcionalidad.5. (iii) si la medida es estrictamente proporcional en relación con el fin que busca ser realizado. Es así como. 29 Sentencia T-269 de 2002. en los siguientes términos: En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional.6. 2. [p]or la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo . Los pasos para efectuar tal juicio son: (i) determinar si la medida limitativa busca una finalidad constitucional. M.P. APLICABLES A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS El derecho fundamental al debido proceso comprende. en caso de encontrarse en colisión un derecho con el ejercicio de otros derechos fundamentales o con la garantía de otros fines constitucionales. Marco Gerardo Monroy Cabra.P. y la justificación en términos constitucionales de cualquier medida que implique la limitación de un derecho fundamental. y proporcional a los hechos que le sirven de causa.1. el principio de proporcionalidad restringe la órbita de la discrecionalidad administrativa y se constituye en un límite general para el ejercicio de toda función administrativa que suponga la limitación de los derechos fundamentales.21 2. M.6. principio que exige la adecuación entre los medios utilizados y las necesidades que se tratan de satisfacer. Resumen de los antecedentes 28 Ver la sentencia T-280 de 1998. la restricción del primero debe encontrarse justificada. (ii) si el medio elegido es idóneo para lograr el fin y. La Corte ha determinado que para evaluar si esto ocurre se debe realizar un juicio de proporcionalidad. no sólo las garantías del artículo 29 de la Constitución. de modo que no signifique un sacrificio excesivo de valores y principios que tengan un mayor peso relativo – en el caso concreto.
por cuanto la accionante cuenta con un mecanismo de defensa idóneo distinto de la tutela. . distinto de la tutela para la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital. 2.2. a la dignidad humana y a la vivienda digna. salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. la Sala deberá establecer la procedencia de esta acción. El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución. se debe recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. por considerar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para debatir la validez de un acto administrativo sancionatorio. que es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. la cual se profirió como consecuencia de un procedimiento administrativo sancionatorio que se llevó a cabo con plena observancia del debido proceso y de conformidad con las normas urbanísticas de planeación y construcción aplicables al caso concreto. solicita al juez de tutela ordenar a la entidad accionada inaplicar la resolución mediante la cual le fue impuesta una multa. sostuvo que en el caso objeto de análisis no se acredita la inminencia de un perjuicio irremediable que justifique el amparo por vía de tutela. 004 del 24 de enero de 2011. a la dignidad humana y a la vivienda digna. Además. 004 del 24 de enero de 2011.6. el municipio de Manizales señala que la tutela es improcedente. En consecuencia. considera que la actuación de la Secretaría de Planeación no vulnera sus derechos fundamentales. que establece que [e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.22 La señora María Fanny Ceballos Mejía presentó acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Manizales. debido a que fue sancionada por la Secretaría de Planeación Municipal de Manizales mediante Resolución No. por considerarla inconstitucional. en la que le fue impuesta una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes y fue ordenada la demolición de su vivienda. para lo cual debe determinar si la señora María Fanny Ceballos Mejía cuenta con otro mecanismo de defensa judicial. El juez de de tutela declaró improcedente el amparo. existiendo otros mecanismos de defensa judicial para la protección reclamada. En este orden de ideas. por cuanto la Tesorería General del municipio libró mandamiento de pago en cumplimiento de la Resolución No. Por su parte. Consideraciones sobre el cumplimiento subsidiariedad en el caso estudiado del requisito de En primer lugar. Asimismo. por considerar que tal entidad vulneró sus derechos al mínimo vital.
por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. Esto significa que un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela. es preciso demostrar que la intervención del juez constitucional es necesaria para impedirlo. no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta. por ejemplo. es decir. Sin embargo. pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales. que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente. esta Corporación ha establecido que cuando existe un medio judicial ordinario y la tutela se interpone con el fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado. M. pues deja de lado la realidad fáctica del caso e ignora que.23 No obstante. (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes.”31 En el trámite de la presente tutela el juez de instancia consideró que el requisito de la subsidiariedad no se cumplía. tal argumento no puede ser admitido. sentencia T-896 de 2007. aunque la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es un mecanismo apto para declarar la 30 Ver sentencias T-441 de 1993.P. y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. las circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado.P.30 En relación con el segundo supuesto. (ii) por ser grave. teniendo en cuenta las características procesales del mecanismo. M. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006. El primer evento se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz. esto es. Tal perjuicio irremediable se caracteriza: “(i) por ser inminente.P. en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto. M. Clara Inés Vargas Hernández 31 Cfr. debido a que. caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela. Manuel José Cepeda Espinosa . que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad. por cuanto la accionante no acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir el acto administrativo que impuso la sanción. aún existiendo un mecanismo ordinario de protección de los derechos del afectado. la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo o (ii) que siendo apto para conseguir la protección.
no devenga ningún ingreso y depende económicamente del salario de su yerno. de 9 metros cuadrados cada una. que está compuesta por seis personas. la Secretaría de Planeación ordenó el sellamiento e inició el procedimiento administrativo para imponer una sanción por infracción a la norma urbanística.6. c) Cuando la accionante estaba por concluir la construcción de 9 metros cuadrados. la familia.3. (ii) en caso de que la administración de cumplimiento a la sanción. y (iii) ya se libró mandamiento de pago en contra de la demandante y el menoscabo material de su cobro sería de gran intensidad para esta mujer y su núcleo familiar. se ubica en una ladera de protección ambiental. . la Sala concluye que la acción de tutela resulta procedente para la protección del derecho fundamental al mínimo vital y a la vivienda digna de la accionante. la situación particular de la accionante evidencia que se está ante la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. 2. la Sala encuentra probados los siguientes hechos: a) La accionante es una mujer de 60 años de edad que vive con su hija. el cual. La resolución estudiada constituye una vulneración de los derechos a la vivienda digna y al mínimo vital de la accionante 2. la señora María Fanny Ceballos Mejía inició la construcción de una vivienda en el barrio Villa Jardín Bajo. b) En el año 2010. quienes viven con 200. Por consiguiente. entre ellas tres menores de edad. el esposo de su hija y sus tres nietos. conforme al Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales. Esto es así por cuanto: (i) existe la orden de demoler la vivienda y la administración podría ejecutarla en cualquier momento. d) En el trascurso del proceso administrativo la accionante habitó la construcción y además construyó otras dos viviendas. que además ha sido calificada como como zona de amenaza alta por deslizamiento.24 nulidad de la sanción por violar el principio de proporcionalidad.000 pesos mensuales. no tendría a dónde ir.1. De los hechos narrados en el escrito de tutela y los documentos aportados en el trámite de la acción. el cual asciende a aproximadamente doscientos mil pesos mensuales. pues la orden de demolición y el cobro de una multa de tan elevado valor representan una amenaza que puede decaer en un perjuicio irremediable que amerita se atendido por la vía subsidiaria del mecanismo de amparo.6.3.
y la actora. la Secretaría de Planeación Municipal de Manizales. previsto para la reubicación de las personas que habitan áreas de riesgo no mitigable por deslizamiento. ninguna de las tres construcciones sobre las cuales versó el procedimiento administrativo sancionatorio ha sido demolida.3. al momento de imponer la sanción administrativa la autoridad se limitó a aplicar la ley.32 mandamiento de pago No.2. denominado “Cien Mil Viviendas Gratis”.33 g) El 5 de marzo de 2012. la Tesorería Municipal de Manizales profirió h) A la fecha. la cual fue confirmada mediante la Resolución No. a pesar de que la Resolución No.600 soluciones de vivienda. dando cumplimiento a la resolución que impuso la multa. decidió: (i) imponer una multa de Siete Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos Moneda Corriente ($7’647. En este momento la entidad está en la fase de cesión de títulos de propiedad inmobiliaria ante el Ministerio y posteriormente. quien devenga menos de la mitad de un salario mínimo. La señora Ceballos Mejía depende económicamente del salario de su yerno. y con ese dinero sostiene a una familia de seis personas –incluida la 2. fue proferida por la autoridad municipal con observancia de la norma urbanística. i) La Caja de Vivienda Popular del municipio de Manizales está postulando un lote ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.453). sus tres hijos –dos de ellos de 13 años y uno de 11 años de edad. (ii) ordenar la demolición de las tres construcciones.6. Observa la Sala que. equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2010 y. sin tener consideración alguna sobre la situación subjetiva de la persona sancionada. Cuaderno Primera Instancia 33 Folios 34 -36. una de las construcciones es la vivienda a la señora Marta Viviana Ceballos -hija de la accionante-. 00424 de 2011 32 Folios 27 -32. Cuaderno Primera Instancia . f) La señora Ceballos presentó recurso de reposición frente a la decisión mencionada.25 e) En el proceso de sanción por infracción a la norma urbanística adelantado contra la señora María Fanny Ceballos Mejía. Permanecen en pie y se encuentran habitadas. 004 de enero de 2011. mediante Resolución No. se realizará la selección y adjudicación en los términos del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012. 026 del 11 de marzo de 2011. dentro del marco del programa impulsado por el Gobierno Nacional. RTT-MV-016-12. proferida por la Secretaría de Planeación Municipal de Manizales. José Gildardo Marín Agudelo –yerno de la accionante-. con capacidad para la construcción de 1.
con una multa de más de siete millones de pesos. A pesar de esta realidad. Esto quiere decir que la razón de ser de las normas urbanísticas es garantizar el derecho a la vivienda digna . la Corte Constitucional determinó que el ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública para el cumplimiento de fines constitucionales. al aplicar el juicio de proporcionalidad. la interpretación que hizo la Secretaría de Planeación Municipal de Manizales de la norma sancionatoria. con el objetivo de desincentivar la construcción irregular. En consecuencia. al hacer una ponderación costo – beneficio de las ventajas que trae la medida frente al eventual sacrificio de otros valores y principios constitucionales en el caso concreto. En segundo lugar. se está limitando el derecho fundamental al mínimo vital de la accionante y se 34 M. el legislador pretende que la sanción desincentive la construcción de viviendas en este tipo de lugares. la prestación efectiva de los servicios públicos y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. postulados insertos en el objetivo de propender por la seguridad en los asentamientos humanos35. Por consiguiente. a pesar de que son proferidas dentro del marco de la discrecionalidad administrativa.P. entre otros derechos. la Secretaría de Planeación Municipal de Manizales decidió sancionar a la actora y a su yerno solidariamente. la Sala encuentra que. las sanciones administrativas no pueden ser desproporcionadas. 35 Artículo 3° Ley 388 de 1997.26 accionante-. no es admisible que sacrifiquen desproporcionadamente los derechos fundamentales de los sancionados. por las razones que pasa a explicar la Sala: En primer lugar. Jaime Araújo Rentería. la Sala recuerda que en la sentencia T-408 de 200834. libres los riesgos para su dignidad. la autoridad demandada interpeló la norma al margen de estas finalidades y terminó agravando aún más la situación de una familia que tomo la decisión edificar en una zona de riesgo ante la imposibilidad de acceder a otras soluciones de vivienda. no obedeció a esa finalidad. ya que el objetivo de la multa por construcción irregular es evitar que las personas edifiquen sus viviendas en zonas de alto riesgo. encuentra la Sala que la decisión que se controvierte por esta vía (i) sí busca una finalidad constitucional. la cual es el desarrollo ordenado de la ciudad. De esta manera. tales como el amparo del derecho a la vivienda digna. Como se expuso en las consideraciones generales. pero (ii) no es adecuada respecto al fin. para que las personas vivan en sitios habitables. (iii) ni es estrictamente proporcional. la Sala concluye que la resolución controvertida no se adecúa a los fines perseguidos por el legislador. . En este caso. En ese sentido.
al mínimo vital y a la vivienda digna de la accionante.6. De un lado.27 le está imponiendo una carga que no puede soportar sin poner en riesgo su propia subsistencia y la de su familia. 2. también tiene el deber de asistir a estas personas en la reubicación e incluirlos en los programas de vivienda destinados a garantizar los derechos de los sectores más vulnerables. de manera que no tiene a dónde ir . la sanción impuesta no consulta la situación económica particular de la accionante. De los hechos se evidencia la condición de pobreza en la que viven la señora Ceballos y su núcleo familiar. si se considera además que ya se ha librado mandamiento de pago en su contra. cuando se trata de comunidades vulnerables que no tienen recursos para proveerse por sí mismas otra solución de vivienda digna y ya se han asentado en condiciones irregulares. lo que la pone en riesgo de perder lo poco que tiene. Si el objetivo de las normas urbanísticas es garantizar el derecho a la vivienda digna y desarrollar políticas que beneficien a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables. teniendo en cuenta además la finalidad de la norma.3. ha desatendido la obligación que tiene a su cargo. situación que también evidencia la vulneración de su derecho fundamental a la vivienda digna. Por esta razón. cabe anotar que la sanción impuesta conduce a una doble victimización. Ahora bien. A pesar de tener conocimiento de la situación de la accionante. no se explica la Sala por qué motivo la administración no consultó la capacidad económica de la accionante y tomó una medida desproporcionada. al aplicar la norma. pues la sanción impuesta resulta ser en exceso gravosa para la accionante. Además. está probado que (i) la actora construyó en ese lugar porque no tiene dinero para sufragar una vivienda digna y. concluye la Sala que la sanción impuesta por la Secretaría de Planeación de Manizales constituye una clara vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso. la administración municipal no ha asistido a la demandante para ser incluida en un plan de reubicación de vivienda y en esa medida. (ii) la entidad ha ordenado la demolición de su vivienda actual. se debe señalar que aunque el municipio tiene la obligación de evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo.3. la administración desatendió el principio de proporcionalidad que rige la función administrativa sancionatoria. situación que fue ignorada por la administración al momento de imponer una multa de tan elevado valor. En este sentido. Adicionalmente. . además de que deberá desplazarse. En efecto. la señora Ceballos ha sido sancionada con una multa que la familia no podrá pagar. que afecta de manera grave su derecho fundamental al mínimo vital.
junto con su núcleo familiar. siempre y cuando adelante las gestiones para el efecto. mediante la cual decidió sancionarla por infracción a la norma urbanística. con observancia de las garantías señaladas en el numeral 2. . teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la demandante y su familia. proferida por el Juzgado Primero Penal con Función de Conocimiento de Manizales. Por tanto. En consecuencia.6. para que la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de Planeación Municipal –OMPAD. mientras accede a los programas de vivienda nacionales o municipales.28 2. RESUELVE PRIMERO. 004 de 2012. revocará la sentencia del 3 de mayo de 2012. impuso una multa y ordenó la demolición de la construcción.. 3. Conclusión y decisión a adoptar En suma. dejará sin efecto la sanción de multa impuesta en las resoluciones No. ordenada mediante auto del primero (1) de octubre de 2012.4. (ii) asesorar a la tutelante sobre los trámites que debe adelantar para postularse al programa referido y a otros programas de vivienda del orden municipal y/o nacional. la Sala ordenará a esta entidad (i) incluir a la señora María Fanny Ceballos Mejía en el censo de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable del municipio de Manizales. al mínimo vital y a la vivienda digna de la señora María Fanny Ceballos Mejía. ofrecerle albergue temporal. 026 del 11 de marzo de 2011. al expedir la Resolución No. y (iii) en caso de que vaya a llevarse a cabo la demolición de la vivienda de la accionante.la incluya en el listado de potenciales beneficiarios del programa que administra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. 004 del 24 de enero 2011 y No. la Sala. y en su lugar concederá la tutela. en los términos del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012. proferidas por la Secretaría de Planeación de Manizales. LEVANTAR la suspensión de los términos para decidir. Adicionalmente. que declaró improcedente el amparo. la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional.4 de la parte considerativa de esta providencia.3. la Sala concluye que en este caso la Secretaría de Planeación de Manizales vulneró los derechos fundamentales al debido proceso. su precaria situación socioeconómica y el riesgo en el que se encuentran por habitar una zona de riesgo no mitigable. DECISIÓN En mérito de lo expuesto.
la incluya en el listado de potenciales beneficiarios del programa que administra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. TERCERO. publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. con observancia de las garantías señaladas en el numeral 2. que declaró improcedente el amparo. CUARTO. para que la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de Planeación Municipal –OMPAD. junto con su núcleo familiar.3. CONCEDER el amparo.29 SEGUNDO. 026 del 11 de marzo de 2011. y (iii) en caso de que vaya a llevarse a cabo la demolición de la vivienda de la accionante. 004 del 24 de enero 2011 y No. siempre y cuando adelante las gestiones para el efecto. (ii) asesorar a la tutelante sobre los trámites que debe adelantar para postularse al programa referido y a otros programas de vivienda del orden municipal y/o nacional. ofrecerle albergue temporal. proferidas por la Secretaría de Planeación de Manizales.4 de la parte considerativa de esta providencia. Cópiese. para los efectos allí contemplados. comuníquese. mientras accede a los programas de vivienda nacionales o municipales. DEJAR SIN EFECTO la sanción de multa impuesta en las resoluciones No. dentro del trámite de la acción de tutela promovida por María Fanny Ceballos Mejía contra la Secretaría de Planeación de Manizales. notifíquese. en los términos del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012. Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. y en su lugar. y en consecuencia ORDENAR a esta entidad (i) incluir a la señora María Fanny Ceballos Mejía en el censo de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable del municipio de Manizales. REVOCAR la decisión adoptada por el Juzgado Primero Penal con Función de Conocimiento de Manizales el 3 de mayo de 2012. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Magistrado ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA Magistrado LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ .
30 Secretaria General .
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