Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-82-de-febrero-19-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_d84df36bf5190052e0430a0101510052&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 18:47:28
Document Index: 390758033

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 93', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 367', 'artículo 366']

SENTENCIA T-82 DE 19 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:EL DERECHO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ES SUSCEPTIBLE DE SER PROTEGIDO POR MEDIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA. ESTO PUEDE DARSE CUANDO SU INEFICIENTE PRESTACIÓN O AUSENCIA AFECTE DE MANERA NOTORIA DERECHOS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES, EN ESTOS CASOS LA ACCIÓN DE TUTELA ORIENTADA A OBTENER OBRAS DE ALCANTARILLADO NO SE TORNA IMPROCEDENTE POR EL SIMPLE HECHO DE QUE EXISTAN OTROS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALES, COMO LAS ACCIONES POPULARES, CUANDO SE DEMUESTRE QUE HAY UNA VIOLACIÓN O AMENAZA DIRECTA AL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA PERSONA QUE INTERPONE LA ACCIÓN DE AMPARO. EN ESOS CASOS LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ DE TUTELA ES EXCEPCIONAL, PUES SE PRESENTA UNA UNIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS, LO QUE JUSTIFICA LA PREVALENCIA DEL AMPARO CONSTITUCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO, DERECHOS FUNDAMENTALES, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
REVISTA TUTELA N°:162 DE JUNIO DE 2013, PG.873 Y 166 DE OCTUBRE DE 2013, PG.1642
Sentencia T-82 de febrero de 2013
1. Consideraciones de la Corte.
1.1. Competencia y oportunidad.
1.2. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala analizar si la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, está vulnerando los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua potable, a la vivienda digna, a un ambiente sano, a un adecuado servicio de alcantarillado y a la dignidad humana de los accionantes, debido a la negativa de la empresa accionada de autorizar la instalación del servicio definitivo de acueducto y alcantarillado en las trescientas treinta (330) nuevas viviendas de interés social que con licencia de construcción construyó la empresa Apreco SAS en el barrio Brazuelos, sector Santo Domingo de Bogotá.
1.2.1. Para resolver la controversia, la Sala Séptima examinará: (i) procedencia de la acción de tutela, (ii) el contenido del derecho fundamental al agua potable, (iii) la importancia del servicio público de alcantarillado. Reiteración de jurisprudencia, (iv) la prestación de los servicios públicos como una finalidad social del Estado, y (v) a la luz de las anteriores premisas, se analizará el caso concreto.
1.3. Procedencia de la acción de tutela.
De esta manera, la Ley 472 de 1998, desarrolló el artículo 88 de la Constitución Política en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y, en efecto, en su artículo 2º señala que aquellas son medios procesales para la protección de los derechos colectivos. En el artículo 4º, establece que son derechos colectivos, entre otros: el goce de un ambiente sano (literal a), la salubridad pública (literal g), el acceso a los servicios públicos, y a que su prestación sea eficiente y oportuna (literal j). Así mismo, el artículo 9º prescribe que la acción popular procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos o intereses colectivos.
En relación con esta última circunstancia planteada, la jurisprudencia constitucional(2)ha reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando la afectación de un derecho colectivo conlleva la vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En este sentido, la Sentencia T-710 de 2008(3) señaló los requisitos que para el efecto deben cumplirse:
(iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y “no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza”(destacado fuera de texto).
“Esta breve referencia muestra que en principio la Ley 472 de 1998 es un instrumento idóneo y eficaz para enfrentar las vulneraciones o amenazas a los derechos colectivos.(...). En tales circunstancias, la entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones populares implica que, fuera de los cuatro requisitos señalados (...), para que la tutela proceda en caso de afectación de un derecho colectivo, es además necesario, teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual de la tutela (C.P. art. 86), que en el expediente aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo porque sea necesaria una orden judicial individual en relación con el peticionario. En efecto, en determinados casos puede suceder que la acción popular resulta adecuada para enfrentar la afectación del derecho colectivo vulnerado, pero ella no es suficiente para amparar el derecho fundamental que ha sido afectado en conexidad con el interés colectivo. En tal evento, la tutela es procedente de manera directa, por cuanto la acción popular no resulta idónea para proteger el derecho fundamental. Pero si no existen razones para suponer que la acción popular sea inadecuada, entonces la tutela no es procedente, salvo que el actor recurra a ella “como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción competente resuelve la acción popular en curso y cuando ello resulte indispensable para la protección de un derecho fundamental”(4).
En suma, corresponde al juez constitucional evaluar si a pesar de la pretensión de protección de un derecho colectivo, la acción de tutela resulta procedente. Para ello es necesario: “... acreditar, de manera cierta y fehaciente, que la afectación actual o inminente del derecho colectivo también amenaza o vulnera un derecho fundamental que ha sido individualizado en la persona que interpone la acción de tutela o a nombre de quien se encuentra impedida para defender en forma directa sus propios intereses, cuya protección no resulta efectiva mediante la acción popular sino que requiere la intervención urgente e inmediata del juez de tutela”(5).
1.4. El derecho fundamental al agua potable.
1.4.1. La naturaleza fundamental del derecho al agua.
En nuestra Constitución Política no se consagra expresamente el derecho al agua como un derecho fundamental. Sin embargo, en virtud del contenido del artículo 93 superior que preceptúa: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno” (destacado fuera de texto), esta garantía hace parte del catálogo de derechos fundamentales que cualquier ciudadano puede invocar para solicitar su protección bajo nuestro ordenamiento constitucional, teniendo en cuenta que es reconocida en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, como más adelante se analizará.
En otras palabras, en virtud de la figura jurídica del bloque de constitucionalidad(6), el derecho al agua ha sido incorporado al ordenamiento jurídico interno para enriquecer el capítulo de derechos fundamentales de la Carta Superior.
Ahora bien, uno de los instrumentos internacionales a partir de los cuales se ha reconocido el derecho al agua es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pidesc, cuyo artículo 11 dispone lo siguiente:
“1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho...”.
“En el párrafo 1º del artículo 11 del pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, ‘incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados’, y son indispensables para su realización. El uso de la palabra “incluso” indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación General Nº 6 (1995)) [ii]. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (art. 12, párr. 1) [iii] y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (art. 11, párr. 1) [iv]. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la carta internacional de derechos humanos, en primer lugar el derecho a la vida y a la dignidad humana” (destacado fuera de texto).
En este mismo documento se define el agua como un derecho humano, que se concreta en que todas las personas deben disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y domestico.
1.4.2. Contenido del derecho fundamental al agua.
Dada la importancia del agua y su protección reforzada a nivel constitucional, esta corporación en diversas oportunidades ha reconocido que el derecho al agua es un derecho fundamental(11). El contenido de este derecho ha sido precisado por la Corte de conformidad con la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de la siguiente manera: “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y domestico”(12).
La disponibilidad del agua hace referencia al abastecimiento continuo de agua en cantidades suficientes para los usos personales y domésticos. La cantidad disponible de agua debe ser acorde con las necesidades especiales de algunas personas derivadas de sus condiciones de salud, del clima en el que viven y de las condiciones de trabajo, entre otros. La exigencia de calidad del agua se relaciona con la salubridad del recurso, es decir, el agua disponible no debe contener micro organismos o sustancias químicas o de otra naturaleza que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. La accesibilidad y la asequibilidad tienen que ver con (i) la posibilidad de acceder al agua sin discriminación alguna, (ii) la factibilidad de contar con instalaciones adecuadas y necesarias para la prestación del servicio de acueducto, (iii) la obligación de remover cualquier barrera física o económica que impida el acceso al agua, especialmente de los más pobres y los grupos históricamente marginados, y (iv) el acceso a información relevante sobre cuestiones de agua. Finalmente, laaceptabilidad hace referencia a la necesidad de que las instalaciones y los servicios de provisión de agua sean culturalmente apropiados y sensibles a cuestiones de género, intimidad, etc.(13) Estos contenidos implican entonces tanto obligaciones positivas —y complejas— como negativas para el Estado(14).
En la Sentencia T-381 del 28 de mayo de 2009(15), se analizó la pretensión de un grupo de personas naturales, y de una sociedad comercial - que solicitaban la protección de sus derechos fundamentales al agua potable, a la vida, a la dignidad, a la salud, a la salubridad pública, a la libertad de empresa y a la subsistencia, presuntamente vulnerados por el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, la sociedad concesionaria Concesión Autopista Bogotá - Girardot S.A. y la Sociedad Constructora Semaica, aduciendo que con las obras que estaban adelantando para construir un túnel en una carretera nacional, se habían afectado las fuentes naturales de agua de que se surtían para consumo humano, para riego y para desarrollar actividades comerciales turísticas. En esta oportunidad le correspondió a la Sala determinar, entre otros aspectos, el alcance y fundamento del derecho fundamental al agua, la titularidad de esta garantía y la procedencia de su protección a través de la acción de tutela. Concluyó esta corporación, que el agua potable es un derecho fundamental que hace parte del núcleo esencial del derecho a la vida en condiciones dignas cuando, por ejemplo, está destinada al consumo humano. También precisó que la protección del derecho al agua potable cuando está destinada a otras actividades como el turismo, la explotación agropecuaria o a terrenos deshabitados, no debe invocarse ante el juez de tutela. En definitiva, la Sala ordenó conceder el amparo al agua potable y ordenó la búsqueda de una solución definitiva para garantizar el derecho al agua potable con medidas específicas para el logro de dicho fin.
Luego, la Sentencia T-418 del 25 mayo de 2010(16), abordó, entre otros, el estudio del siguiente problema jurídico: ¿existe vulneración del derecho al agua potable cuando un municipio niega la prestación del servicio público de acueducto a los ciudadanos, aduciendo que el acueducto municipal no tiene cobertura en la zona rural en donde se encuentran ubicadas sus viviendas (problemas técnicos y financieros)? En esta oportunidad, la Sala respondió afirmativamente a este problema jurídico, y desarrolló ampliamente los siguientes supuestos: 1. la acción de tutela es el mecanismo idóneo para invocar la protección del derecho al agua cuando compromete el mínimo vital en dignidad de las personas; 2. todas las personas tienen derecho a que se les asegure progresivamente la dimensión positiva de este derecho fundamental, esto es, el acceso al servicio público de acueducto; 3. las personas que habitan en el sector rural y con limitados recursos económicos tienen derecho a ser protegidos especialmente para acceder al servicio público de agua potable; 4. los trámites y procedimientos ante la administración no deben constituir obstáculos para impedirle a una persona acceder a dicho servicio. Finalmente, resolvió conceder la protección de los derechos fundamentales al agua, a la vida, a la salud, y ordenó a la Alcaldía de Arbeláez que adopte las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un plan específico para la comunidad rural a la que pertenecen los accionantes, entre otras medidas a observar.
En la Sentencia T-055 del 4 de febrero de 2011(17), se abordó el caso de una persona que le solicitó a las Empresas Públicas de Medellín, EPM, la conexión del servicio público de acueducto a un inmueble que no contaba con las condiciones técnicas y legales contenidas en el Decreto 302 de 2000; dicha negativa se fundaba en que la vivienda de los actores no contaba con los requerimientos ambientales y de saneamiento básico para el manejo final de las aguas negras. La Sala consideró que si bien le correspondía a EPM prestar el servicio público de acueducto a los accionantes y no a los vecinos, quienes de forma solidaria les estaban suministrando el agua potable que estos requerían, su actuación no devenía en arbitraria porque había expuesto criterios jurídicos razonables para negarse a la instalación de las redes de acueducto a dicho inmueble, ante la inexistencia de redes de alcantarillado que permitieran el correcto manejo y disposición final de las aguas negras de los predios a los que prestaría sus servicios. La Corte agregó que también era obligación de la empresa defender el medio ambiente sano. Por las anteriores razones, la Sala ordenó al propietario del inmueble realizar los ajustes técnicos para conectarse al servicio público de alcantarillado; ordenó a EPM que informara a las autoridades ambientales respectivas el presente caso, con el fin de que estas dentro de la órbita de sus competencias, impusieran las sanciones correspondientes en caso de que el actor no cumpliera con lo dispuesto por esta corporación; y señaló que una vez realizadas las adecuaciones técnicas, EPM debía conectar el servicio público de acueducto. De esta manera, protegió los derechos al agua potable y al medio ambiente.
Por último, la Sentencia T-916 de 2011(18), se estudió el caso de una madre que interpuso acción de tutela en nombre propio y en representación de su hijo menor de 18 años, en contra del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y la Alcaldía del municipio San Juan Girón (Santander), por considerar que le estaban vulnerando sus derechos fundamentales, debido a que no les estaban suministrando el servicio público de agua potable con la periodicidad, la eficiencia, cantidad y calidad que requieren para su subsistencia y la de su núcleo familiar. En esta ocasión la Sala tuteló los derechos fundamentales de la accionante y ordenó al municipio de San Juan de Girón realizar una gestión activa junto al AMB para de esta forma, garantizar de manera definitiva el derecho al agua potable de los accionantes de manera eficiente y continua, y de conformidad con las competencias asignadas a los entes territoriales en la Constitución y en la ley.
1.5. El servicio de alcantarillado. Reiteración de jurisprudencia.
Siguiendo con el mismo lineamiento la Ley 142 de 1994(20), en su artículo 15, numeral 15.1 y 15.3, indica que están autorizados para la prestación de los servicios públicos, las empresas prestadoras de servicios públicos y los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios públicos. Así mismo, el numeral 14 de la misma ley aclara que la prestación directa de un servicio público por un municipio es la que asume este bajo su propia personalidad jurídica, con sus funcionarios y con su patrimonio.
Ahora bien, la precitada Ley 142, en su artículo 14 establece que los servicios públicos domiciliarios son los servicios “de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible” (destacado fuera del texto). Mientras que, el numeral 5.1 del artículo 5º, de la misma ley dispone que es competencia de los municipios “asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos”. El artículo 367 ibídem dispone que “los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y [que] los departamentos cumplirán [funciones] de apoyo y coordinación”.
Por otro lado, esta Corte ha precisado en sentencias como T-578 de 1992(21) y T-022 de 2008(22), que los servicios públicos domiciliarios “son aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas”(23) y ha señalado las siguientes características relevantes para su determinación:
De igual forma, esta Corte en T-162 de 1996(27), indicó:
“La adecuada prestación del servicio público de alcantarillado, es una de las formas en que se pueden alcanzar las metas sociales del Estado colombiano. Pero, si mediante este servicio se afectan en forma evidente derechos fundamentales de las personas, como puede ser el caso de la vida, la salud y la dignidad humana, entonces quienes se consideren lesionados podrán hacer uso de las acciones constitucionales y legales pertinentes para exigir el acatamiento de las responsabilidades que la Carta le ha asignado al Estado. Dentro de esas acciones deben resaltarse la de cumplimiento (C.P. art. 87) y la de tutela.
En el mismo sentido, esta corporación en sentencias como la T-022 de 2008(28) y la T-734 de 2009(29), señaló:
‘Excepcionalmente la orden del juez de tutela puede corregir la omisión de una autoridad administrativa cuando tal conducta implica la violación directa o por conexidad de un derecho fundamental.
La acción de tutela dirigida a obtener obras de alcantarillado no es improcedente por la existencia de otros medios de defensa judiciales como las acciones populares, cuando se demuestra que existe una violación o amenaza directa al derecho fundamental de la persona que interpone la tutela y que esta situación tenga una relación de causalidad directa con la omisión de la administración que afecte el interés de la comunidad, dado que en estos casos se genera una unidad de defensa, que obedece al principio de economía procesal y al de prevalencia de la acción de tutela sobre las acciones populares‘”.
1.6. La prestación eficiente de los servicios públicos por parte del Estado.
Por su parte, el artículo 366 señala que son objetivos fundamentales de la actividad estatal, la solución de las necesidades básicas insatisfechas de la población en materia de saneamiento ambiental y agua potable, entre otras. Estos objetivos se concretan, por ejemplo, en la destinación específica de las transferencias que la nación hace a las entidades territoriales a través de sistema general de participaciones, a la prestación y ampliación de cobertura de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, entre otros (art. 356, inc. 4º, modificado por el A.L. 4/2007).
Con fundamento en el marco constitucional precedentemente citado, fue expedida la Ley 142 de 1994(30) “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”; este régimen legal desarrolla las condiciones, competencias y responsabilidades respecto a la prestación de los servicios públicos domiciliarios (arts. 367-370 superiores).
“... Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
7.3. Estar ubicado en zonas que cuenten con vías de acceso o espacios públicos y redes de acueducto o alcantarillado requeridas para adelantar las redes locales y las conexiones domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble...”.
1.7. Caso concreto
1.7.1.1. La Empresa de Acueducto de Bogotá dando respuesta a los cuestionamientos realizados por esta Sala mediante auto del 1º de febrero de 2013, indicó que la viabilidad de la conexión del servicio de acueducto y alcantarillado a las 330 viviendas de interés prioritario ubicadas en el barrio Brazuelos, sector Santo Domingo, requirió de un proceso interinstitucional el cual, una vez surtido demostró la viabilidad de la prestación del servicio.
1.7.1.2. Mediante oficio allegado a esta corporación el 11 de febrero de 2013, la Subsecretaría de Planeación Territorial, indicó que “el proyecto de construcción de las 330 VIP se localiza dentro del desarrollo Brazuelos sector Santo domingo de la localidad de Ciudad Bolívar, el cual fue legalizado por la Resolución 017 de enero 22 de 1999, cuyo plano aprobado se identifica con el número CB65 de 4-15, documentos en los cuales se definieron sus linderos, zonas de uso público, predios privados y áreas con restricciones urbanísticas. En consecuencia, el citado barrio se ubica dentro del perímetro urbano fijado por el POT de la ciudad”.
1.7.1.3. Se constató que sí existe una solución técnica que hace viable la prestación del servicio, la cual es la es la conexión efectiva a las redes oficiales de la EAAB, para lo cual la gerencia del sistema maestro ha estudiado el sector contemplando las áreas de drenaje del desarrollo Brazuelos para entregar al interceptor Tunjuelo Alto Derecho.
1.7.1.4. La empresa de Acueducto, mediante Oficio 24200-2012-1780 del 28 de agosto de 2012, solicitó a la autoridad ambiental que el vertimiento sea incluido dentro del horizonte del PSMV al año 2017.
1.7.2. Análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales.
Los actores afirman que se les están vulnerando sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua potable, a la vivienda digna, a un ambiente sano, a un adecuado servicio de alcantarillado y a la dignidad humana, toda vez que la EAAB se niega a autorizar la instalación del servicio definitivo de acueducto y alcantarillado en las trescientas treinta (330) nuevas viviendas de interés social que con licencia de construcción construyó la empresa Apreco SAS en el barrio Brazuelos, sector Santo Domingo de Bogotá.
Ahora bien, esta Sala advierte que aunque la EAAB autoriza la instalación del servicio de acueducto y alcantarillado a las 330 viviendas de interés prioritario del barrio Brazuelos, sector Santo Domingo, la Constructora Apreco SAS debe cumplir con las observaciones y requerimientos realizados por la accionada con la finalidad de adelantar las obras, de lo contrario, no sería posible la instalación del servicio.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que en la actualidad sí existe vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes por parte de la empresa accionada, por cuanto las 330 viviendas de interés prioritario, en la actualidad no cuentan con los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Aunque se resalta, que la EAAB autorizó y verificó junto a las entidades competentes la viabilidad de la prestación del servicio.
1.8. Conclusión.
Por esta razón, se ordenará a la constructora Arpreco SAS que en un término no superior a cuatro (4) meses, realice las adecuaciones técnicas necesarias requeridas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, en el barrio Brazuelos, sector Santo Domingo, tal y como quedo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Lo anterior, con la finalidad de que se pueda realizar la efectiva instalación del servicio a las 330 viviendas de interés prioritario, tomando las medidas necesarias para que no se afecte el medio ambiente.
También se ordenará a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, que una vez verifique que el constructor Arpreco SAS realizó las adecuaciones técnicas en el barrio Brazuelos, Sector Santo Domingo, proceda a conectar el servicio público de acueducto y alcantarillado y, a suscribir el respectivo contrato de condiciones uniformes con los accionantes, en un tiempo no superior a cuatro (4) meses, contados a partir del momento en que el constructor culmine las adecuaciones técnicas a que haya lugar.
Además, La Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, D.C., deberá realizar una gestión activa junto a la EAAB para garantizar que la conexión al servicio público de acueducto y alcantarillado de las 330 viviendas del barrio Brazuelos, sector Santo Domingo no genere ningún impacto ambiental negativo.
2. ORDENAR a la constructora Arpreco SAS que en un término no superior a cuatro (4) meses, realice las adecuaciones técnicas necesarias requeridas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, en el barrio Brazuelos, sector Santo Domingo, tal y como quedo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Lo anterior, con la finalidad de que se pueda realizar la efectiva instalación del servicio a las 330 viviendas de interés prioritario, tomando las medidas necesarias para que no se afecte el medio ambiente.
3. ORDENAR a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, que una vez verifique que el constructor Arpreco SAS realizó las adecuaciones técnicas en el barrio Brazuelos, Sector Santo Domingo, a las que se hizo referencia en el numeral SEGUNDO de esta providencia, proceda a conectar el servicio público de acueducto y alcantarillado y, a suscribir el respectivo contrato de condiciones uniformes con los accionantes. Lo anterior no deberá exceder el término de cuatro (4) meses, contados a partir del momento en que el constructor culmine las adecuaciones técnicas a que haya lugar. La Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, D.C., deberá realizar una gestión activa junto a la EAAB para garantizar que la conexión al servicio público de acueducto y alcantarillado de las 330 viviendas del barrio Brazuelos, sector Santo Domingo no genere ningún impacto ambiental negativo.
4. INSTAR, a la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, D.C., para que verifique que la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, cumple con los lineamientos exigidos para preservar el medio ambiente, con apoyo, entre otros, del concepto técnico que emita la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo.
Magistrados: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Luis Ernesto Vargas Silva—Alexei Egor Julio Estrada, ausente en comisión—.
(1) Sentencia T-584 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(3) Sentencia T-710 del 15 de julio de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(7) Un resumen detallado de los casos en que la Corte Constitucional en sede de tutela ha amparado el derecho fundamental al agua puede hallarse en la Sentencia T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
(8) Corte Constitucional, Sentencia C-220 del 29 de marzo de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(10) La Corte señaló lo siguiente en la Sentencia T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa: “Hay dimensiones del derecho que generan obligaciones de respeto, de protección y de garantía, de las cuales no son titulares las personas individualmente, sino colectivamente. Las protecciones de las fuentes hídricas de las cuales puede depender eventualmente el consumo de agua de las futuras generaciones, hace parte, sin duda, de los ámbitos de protección del derecho al agua, pero no se trata de un derecho individual”.
(11) Ver las sentencias T-270 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-888 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-546 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa; T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa; T-616 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
(24) Sentencia T-406 de 1992, M.P., Ciro Angarita Barón y T-734 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.