Source: https://normagiuridica.wordpress.com/2019/11/10/mas-concursos-de-personas-fisicas/
Timestamp: 2019-12-15 03:24:29
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Matched Legal Cases: ['Artículo 176', 'artículo 176', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 21', 'Artículo 85', 'artículo 21', 'artículo 1', 'Artículo 1911', 'artículo 1911', 'artículo 178', 'artículo 1911']

¿más concursos de personas físicas? – La norma giuridica
¿más concursos de personas físicas?
Pubblicato danarrabondo 10 novembre 2019 Pubblicato in: Senza categoria
hace 11 mesesJose Luis Perez Martinez PROFESORDIRECTOR Primer tema de debate: ¿más concursos de personas físicas?CONTRAER
En este artículo se hace un análisis sobre el comportamiento, en principio sorprendente, del número de concursos, detectándose un menor número de concursos de empresas pero más de personas físicas.
¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo con el razonamiento que se realiza?
ResponderCitarEscribir correo electrónico al autor hace 11 mesesPAMELA USTA YABRUDY RE: Primer tema de debate: ¿más concursos de personas físicas?CONTRAER
A continuación comparto mi opinión sobre la noticia.
En relación con los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística en lo referente a deudores concursados en el primer trimestre de 2018 en España, considero muy interesante y positivo el hecho de que el concurso de empresas haya disminuido (3,4%), porque podría dar luces de una recuperación económico del sector luego de los años de crisis y, asimismo, que las personas físicas estén utilizando esta herramienta tan olvidada (aumento de 5,1%) según los datos señalados. Ahora bien, es también deseo cuestionar el hecho de que la Comunidad Autónoma con mayor número de concurso de acreedores sea Cataluña (30,2% del total de los casos), puesto que sería interesante ver si esto esté ligado al gran número de empresas con actividades en el sector inmobiliario debido a la costa mediterránea que posea dicha región, y si son concurso empresarial con motivo de la crisis del sector inmobiliario de hace algunos años que aún se presentan en el sector. En la actividad empresarial española, constantemente bancos como Caixabank, Banco de Sabadell, Bankinter, etc, sacan a la venta carteras de préstamos impagados, muchos de los cuales, tienen acreedores del sector inmobiliario ubicados en sector del mediterráneo como Cataluña, por lo que esto podría dar luces al alto número de concurso que se desarrollan en dicha comunidad autónoma.
Ahora bien, volviendo al punto de que haya aumentado el número de concurso de personas físicas, se puede deber, entre otras, a la Ley de Segunda Oportunidad que se promulgó en 2015 (Ley 25/2015, de 28 de julio), gracias a la cual la persona física puede solicitar el concurso, liquidar bienes y conseguir condonación de una gran porción de sus deudas y que resulta más económico que para las sociedades gracias a dicha ley. Antes de dicha ley, las personas debían pagar sus deudas con todo su patrimonio tanto presente como futuro, mientras que ahora permite cancelar la deuda y empezar de 0, una segundad oportunidad. También este número en aumento se debe gracias a que cada vez más abogados y personas lo conoces y van transmitiendo confianza en el sistema, lo cual a todas luces es importante para lograr el objetivo de dicha institución jurídica.
Leyendo el artículo que nos propuso, de todos los concursos presentados en el segundo trimestre de 2018, las empresas declararon casi dos tercios -1.557, un 9.6% más que en el mismo período del año anterior. Mucho más sorprendente fue el aumento en las competiciones de personas físicas (no emprendedoras), que llegaron a 859 en los tribunales de primera instancia o primera instancia y la capacitación, con un aumento del 48,1% en comparación con los registrados en abril para junio de 2017.
Cataluña representó casi uno de cada cuatro procedimientos de quiebra presentados en el país, mucho. La región registró 374 peticiones de quiebra en tribunales mercantiles y 284 personas. La Comunidad de Madrid sumó 267 y 139, respectivamente, mientras que en la Comunidad Valenciana las presentadas por empresas ascendieron a 219 y las de personas físicas, 143. Asimismo, en Andalucía se presentaron 169 licitaciones en cada una de las modalidades.
En cuanto a los concursos que se declararon, en el segundo trimestre de 2018 los tribunales comerciales fueron de 920, un 4,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. Otras 434 competiciones fueron declaradas y concluidas bajo el Artículo 176 bis 4 de la Ley de Insolvencia, que establece la conclusión debido a la insuficiencia masiva en la misma orden para declararse en bancarrota. De abril a junio, 184 competiciones llegaron a la etapa del acuerdo, mientras que comenzó la fase de liquidación 840, un 4,7% más que en el segundo trimestre de 2017.
La información relativa a las personas físicas ha aumentado y el origen, en opinión del autor, se encuentra en la ley sobre la segunda oportunidad que se promulgó en 2015 (ley 25/2015, de 28 de julio).
Gracias a esta ley, el individuo puede solicitar la bancarrota, liquidar activos y obtener la remisión de una gran parte de sus deudas y eso es más barato que las empresas gracias a esa ley. Antes de esa ley, las personas tenían que pagar sus deudas con todos sus activos presentes y futuros, mientras que ahora permiten cancelar la deuda y comenzar con 0, una segunda oportunidad.
Todo esto realmente parece una nueva oportunidad, incluso si no es algo que le permita deshacerse de las deudas como podría parecer.
El tema propuesto es muy interesante, ya que proporciona datos interesantes para analizar.
De hecho, el departamento de estadísticas, teniendo en cuenta el número de recursos presentados en la primera mitad del año 2018, puede establecer que se ha logrado una reducción en el número de recursos de las entidades jurídicas (que disminuye un 3,4%). y un aumento de los recursos de personas físicas (que aumentó un 5,1%).
Obviamente, esta es la consecuencia de la grave crisis económica que sigue, que afecta especialmente a las familias y los ciudadanos individuales que respetan a las empresas están menos protegidos y tienen menos medios para los tutelares.
Otro dato interesante que aporta el instituto de estadística es que el 30,2% de las quejas se concentraron en Cataluña, mientras que el 14,6% en la comunidad de Madrid. De hecho, en el año 2018, Cataluña se encontraba altamente desestabilizada tanto desde el punto de vista económico como político, y esto obviamente afectó a su población.
Realmente ya están debatidos todos los aspectos a estas alturas del curso.
Un saludo.ResponderCitarEscribir correo electrónico al autor hace 11 meses Primer tema de debate: ¿más concursos de personas físicas?CONTRAER
Estimdao profesor y colegas,
En el articulo propuesto con fecha 23 de mayo de 2018 se puede ver que el numero total de concursos ha disminuido en un 1,3 por ciento.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que si los datos del primer trimestre de 2018 contemplaban tal disminución (según el Instituto Nacional de Estadística), los concursos de acreedores se han disparado un 20,7% en el segundo trimestre de 2018, alcanzando sus niveles más elevados en casi cinco años.
En concreto, los concursos de acreedores presentados en los juzgados españoles en el segundo trimestre de este año fueron 2.416, según los datos ofrecidos este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hay que remontarse al cuarto trimestre de 2013 para encontrar una cantidad tan elevada de concursos de acreedores. Ese trimestre alcanzaron los 2.419.
Del total de concursos presentados en el segundo trimestre de 2018, casi dos tercios -1.557- fueron declarados por empresas, un 9,6% más que en el mismo periodo del año anterior.
Mucho más llamativo fue el incremento experimentado en los concursos de personas físicas (no empresarios), que alcanzaron los 859 en juzgados de primera instancia o de primera instancia e instrucción, que tuvieron un alza del 48,1 % respecto a los registrados de abril a junio de 2017.
Los concursos presentados por personas físicas experimentan un incremento cercano al 50%.
Cataluña acaparó casi uno de cada cuatro de los procedimientos concursales presentados en el país. La región registró 374 concursos de acreedores en juzgados mercantiles y 284 de personas físicas. La Comunidad de Madrid sumó 267 y 139, repectivamente, mientras que en la Comunidad Valenciana los presentados por empresas se elevaron a 219 y los de personas físicas, 143. Asimismo, en Andalucía se presentaron 169 concursos en cada una de las modalidades.
En cuanto a los concursos que fueron declarados, en el segundo trimestre de 2018 fueron 920 en los juzgados de lo mercantil, el 4,9 % menos que en el mismo periodo del año anterior. Fueron declarados y concluidos otros 434 concursos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal, que prevé la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración del concurso. De abril a junio llegaron a la fase de convenio 184 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 840, el 4,7 % más que en el segundo trimestre de 2017.
Estos son los datos ofrecidos por el CGPJ, que difieren de los facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 3 de agosto, cuando reflejó que el número de empresas que se declararon en concurso de acreedores en el segundo trimestre de 2018 fue de 1.200, el 1,2 % menos que en el mismo periodo del año anterior. En la Estadística de Procedimiento Concursal del INE para ese mismo segundo trimestre de este año, el número total de deudores (incluidas personas físicas) ascendió a 1.610, el 0,9 % más que de abril a junio de 2017.
Independientemente de los datos estadísticos en conflicto, sin duda hay un aumento de los concursos de personas fisicas, en virtud de la Ley de Segunda Oportunidad que se promulgó en 2015 (Ley 25/2015, de 28 de julio), gracias a la cual la persona física puede solicitar el concurso, liquidar bienes y conseguir condonación de una gran porción de sus deudas y que resulta más económico que para las sociedades. El nuevo artículo 178 bis estblece il beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, recogido tanto para la conclusión del concurso por liquidación como por insuficiencia de masa, como excepción a la norma general del artículo 178.2 de la Ley Concursal, que establece la subsistencia de la responsabilidad del deudor persona natural tras la conclusión del concurso.
Tras la lectura del articulo por usted aconsejado, con fecha 23 de mayo de 2018, y otro artículo que he leído, escrito por el mismo economista con fecha 6 de noviembre de 2018, hay que subrayar que en el primer trimestre de este año los concursos de empresas han bajado un 3,4 % y en el tercer trimestre este dato continúa mejorando llegando a una disminución de 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Este dato se puede relacionar positivamente a una posible recuperación económico del del mercado y posiblemente a un mayor utilizo de instrumentos “preconcursales” o “paraconcursales”.
También en los dos artículos se refleja la tendencia de aumento de concursos de personas físicas, un dato que no hay que leer negativamente puestas las ventajas que se proporcionan a las personas físicas (o naturales en la LC) tras haber solicitado voluntariamente el concurso y que hayan actuado en buena fe.
Antes de la reforma aprobada con la Ley 25/2015, de 28 de julio, la responsabilidad patrimonial universal consagrada en el art. 1911 CC era un principio que desfavorecía en gran medida los deudores y el correcto funcionamiento del sistema concursal: el art. 178. 2 de la LC afirmaba que “en los casos de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos, el deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso”; en este sentido la única manera por el deudor de librarse de esa parte del pasivo que resultaba insatisfecha era esperar en la aprobación de un convenio y el cumplimiento integro del mismo. Por esta motivación opino que el sistema concursal se veía viciado de la falta de voluntad de los acreedores de apoyar un convenio, la casi totalidad de los concursos terminaban por medio de liquidación y esto dejaba las puestas abiertas a las acciones singulares de los acreedores. A través de la antes citada reforma se ha puesto un limite al principio de la responsabilidad patrimonial universal: el deudor puede obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa.
Se permite una “segunda oportunidad” al deudor de emprender y de generar ingresos sin que estos se vean afectados por los antiguos acreedores. Es una medida que, además, según mi opinión, establece un mayor equilibrio entre las posibles causas de terminación de un concurso, aunque la liquidación sigue llegando a un 90% de las causas de terminación, sin embargo, los acreedores por lo menos no tendrían móvil de ponerse en contra a la aprobación de un convenio.
Estimado Prof. Martinez y colegas,
creo que la Las reformas de la Ley Concorsual ha reducido el nùmero de concursos que acaban en liquidaciòn, mientras hay màs concursos de personas fisicas.
La reciente legislaciòn concorsual introduce las importantes novedades respecto a las personas fisicas. Se trata de la denominada “Segunda oportunidas”. La posibilidad de la segunda, en la nueva redacciòn que se hace del art. 178.2 LC.
A estos efectos se prevè la cancelaciòn de todas las deudas pendientes , bajo la consideracion del deudor de buena fe, y previa verificaciòn de un sacrificio patrimonial, que se concreta en la exigencia, de unos mismos en el pago a los acreedores, que varìan segùn se haya intentado previamente o no el acuerdo extrajudicial de pagos.
De esta forma, la clasificaciòn de concursos de personas fisicas cobra una importancia que ahora non tiene, deviniendo en fundamental para el concursado el mantener una buena entente con la administraciòn concorsual, y colaborar en todo momento, a fin de prevenir una eventual incursiòn en la presunciòn en el art. 165,2 LC.
A final, creo que en concursos hay mas personas fisicas que emprenderores propio por “la segunda oportunidad” que va dirigida a personas fisicas no empresarios, y que el concurso puede concluir no solo tras la fase de liquidaciòn de los bienes y derechos de masa activa sino por insuficiencia de activo. Por lo tanto, la ley de segunda oportunidad para personas fisicas no es algo que permita deshacerse de las deudas pagando menos sin màs.
con carácter general, erróneamente se asocia siempre la solución de satisfacción de los acreedores, denominada concurso de acreedores, a una situación de insolvencia en la que únicamente pueden incurrir las empresas, pero lo cierto es que las personas físicas pueden acudir a esta herramienta legislativa para, de una manera organizada, liquidar las deudas que tengan con todos sus acreedores.
Antès de la presentaciòn de la instancia al Juzgado, la Ley Concorsual prevè una fase previa conocida como “preconcurso”. Esta fase, se encuentra regulada bajo el Título X de la Ley, y es esencial en relación a la Ley de Segunda Oportunidad. Mediante este mecanismo, el deudor, mediante la designación de un mediador concursal, puede llegar a acuerdos con sus acreedores en aras de liquidar su deuda. Pero, en caso de que el deudor no cumpliera con los acuerdos que se hubieran adoptado, se iniciaría lo que se denomina el concurso consecutivo, iniciándose de este modo el procedimiento concursal.
Según datos ofrecidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial , los concursos de acreedores presentados en los juzgados españoles en el segundo trimestre de este año fueron 2.416, lo que supone un incremento del 20,7% respecto al mismo período del año anterior. Los concursos de acreedores presentados de abril a junio por empresas ante juzgados mercantiles fueron los 1.557 y el aumento fue del 9,6% en términos interanuales. Los otros 859 concursos correspondieron a los presentados por personas físicas (no empresarios) en juzgados de primera instancia o de primer instancia e instrucción, que tuvieron un alza del 48,1% respecto a los presentados de abril a junio de 2017.
Este incremento de las personas fisicas es, sin duda, relacionado con los beneficios previstos en la Ley de Segunda Oportunidad: esta ley, en relación a la declaración de concurso, permite al deudor persona física solicitar una vez concluido el Concurso por liquidación o insuficiencia de la masa activa, la exoneración de las deudas que no hayan sido abonadas.
Desde entonces, el deudor dispone de cinco años para abonar todas las deudas que no hayan sido exoneradas.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística son sumamente interesante. Es interesante entender la razón de este incremento de concursos de personas físicas y la disminución de empresas. Algunos auditores consideran que la razón es que la figura del concurso va siendo conocida por los concursados (personas físicas) y por los abogados que les asesoran. Aunado a esto, gracias a la mejora de la economía en España, la cantidad de las empresas concursadas es menor al igual que el volumen de los activos endeudados.
Otros aspectos relevantes que nos ofrece los datos del INE es que mientras Cataluña concentra el mayor número de concursados, seguido por la Comunidad de Madrid, otras comunidades como Andalucía registraron el menor número de concursos desde 2008. La estadística también proporciona algunos datos curiosos. Por ejemplo, por primera vez desde 2006 hay tantas empresas de construcción en Andalucía en concurso como de industria. Por otro lado, muchas de las empresas concursadas factura menos de 250.000 euros. Otro dato curioso es que la mayoría de las empresas que van a los juzgados por sus deudas tiene más de 20 años.
Este tipo de estadísticas da a conocer no sólo números y porcentajes, sino también se logra entender qué está sucediendo con el país, o inclusive con regiones específicas. Por ejemplo, se puede observar que la recesión económica en España ha mejorado considerablemente en los últimos años por la disminución de empresas en concurso.
“MENOS CONCURSOS DE EMPRESAS Y MAS DE PERSONAS FISICAS”
Este Articulo muestra datos súper interesantes y sobre todo para comparar la disminución del 3,4% en el comportamiento concursal de empresas y el aumento del 5,1% en personas físicas, creo que este aumento deriva o también llamada “Ley de segunda oportunidad” creada por Rajoy, lo cual se considera a que cuando una persona física entra en una especie de quiebra ayuda a salvar a estas en su momento de insolvencia económica, en principio se supone que era una buena solución, pero en la practica se queda un poco ajustada a la necesidad, este porcentaje esta bien, pero creo que falta mucho cambio para que suponga una solución.
Por otro lado, me llama la situación de Cataluña, ya que acumula un porcentaje bien alto, un 30,2% del total de 440 frente a la capital Madrid, un 14%, prácticamente la mitad, el numero de insolvencias en Cataluña es la mayor de todas las Comunidades Autónomas de España es bastante curioso y refleja una vez mas las consecuencias de la crisis política, ya que esto se debe en mi opinión a la quiebra de varios establecimientos en los sectores de hostelería y tiendas comerciales, afectando este sector económico vinculado a la incertidumbre y al frenazo de uno de sus principales ingresos, que es el turismo, que abarca una gran crisis por la imagen dada internacionalmente y por el rechazo de algunos a los propios turistas, pero en conclusión esto es solo un apartado, también están las quiebras a nivel de inmueble y de empresas, esta situación nos deja mucho que pensar…
Un saludo y que tengáis buen día,
Buenos días profesor y queridos colegas,
A continuación mi intervención sobre este tema.
La introducción de la Ley concursal en 2003 estaba centrada en las personas jurídicas, a pesar de que fuese un procedimiento al que podían acudir también las personas físicas.
No obstante, las vicisitudes económicas que han ido surgiendo con el transcurso de los años desde el nacimiento de dicha ley y las modificaciones introducidas en el ámbito concursal mediante la promulgación de normas como la Ley de segunda oportunidad, han producido un cambio de rumbo y adaptación de los concursos de personas físicas.
Los datos del instituto nacional de estadística (“INE”) referentes a deudores concursados en el primer trimestre de 2018 mencionados en el artículo confirman esta tendencia.
Mención destacada merece la novedad introducida en la Ley Concursal relativa al beneficio de la “exoneración del pasivo insatisfecho” (BEPI) mediante la Ley 25/2015 de 28 de Julio (“Ley de segunda oportunidad”), que tanto favorece a los concursos de personas físicas, recogido en el nuevo artículo 178 bis tanto para la conclusión del concurso por liquidación como por insuficiencia de masa, como excepción a la norma general del artículo 178.2 de la Ley Concursal, que establece la subsistencia de la responsabilidad del deudor persona natural tras la conclusión del concurso
Antes de estas reformas el deudor persona física que por circunstancias fortuitas había devenido insolvente no tenía más opción que verse abocado a la exclusión social o a actuar en la economía sumergida. La vinculación de los bienes futuros al abono de las deudas pasadas provocaba este resultado, de la mano del medular principio de responsabilidad patrimonial universal (art. 1911 CC).
Sin embargo, en mi opinión, a pesar de los beneficios derivados de el régimen de segunda oportunidad, no se puede olvidar que ese régimen supone una excepción al básico principio de responsabilidad patrimonial universal recogido en el art. 1911 CC. Por eso su aplicación práctica debe realizarse con un escrupuloso respeto a la ley.
Por lo tanto, no creo que el aumento de los concursos de persona física tenga que ver con esta regulación puesto su desconocimiento por muchos profesionales. En efecto, se trata de una materia transversal que debe ser manejada por cualquier abogado, al margen de cuál sea su especialidad. Y no solo para asesorar a deudores. Abogados cuyos clientes tienen una posición acreedora deben advertir de la posibilidad de que, eventualmente, puedan ver extinguido su derecho de crédito por la aplicación del régimen de segunda oportunidad, de forma que su cliente pueda medir adecuadamente los riesgos. Es imprescindible la formación en este tema y ello, aunque muchos abogados tengan la percepción de que no es una especialización “rentable”, hay que conocer la regulación, manejarla y recomendar su aplicación cuando corresponda.
el tema propuesto es muy interesante y los datos proporcionados por el Instituto de Estadística nos permiten hacer varias consideraciones.
Hay una reducción del número de concursos de personas jurídicas pero más y de personas físicas: la crisis económica ha afectado a todos y las causas se encuentran en la falta de recursos financieros de los ciudadanos. Además, la reciente legislación concorsual introduce importantes innovaciones relativas a las personas fisicas es decir la “Segunda Oportunidad” : la persona física puede solicitar el concurso, liquidar bienes y conseguir condanacion de una gran porcion se sus deudas y que resulta más económico que para las sociedades.
Creo que los datos analizados atestiguan la importancia de proporcionar a la empresa sistemas de control adecuados, capaces de ejercer supervisión no solo ex post, sino también continuamente durante la gestión social para proteger, por un lado, La integridad del patrimonio social y, por otro lado, la correcta gestión social, con miras a los intereses de los accionistas, terceros y la comunidad, considerando la importancia que el buen desempeño de las empresas toma en el contexto de la economía general.
Los datos reportados en el artículo en cuestión resaltan que hay muchas prácticas de concursos en Cataluña: está claro que este triste historial está vinculado a la riqueza del territorio y, en el otro lado de la moneda, a la crisis económica que ha afectado sobre todo al sector inmobiliario.
En mi opinión, es deseable abandonar el carácter represivo de la bancarrota en favor de una nueva mentalidad que considera la insolvencia como una eventualidad negativa pero no irreparable, y que ve a la parte activa del deudor en el proceso destinado a restaurar su propia deuda. donde se deja un amplio espacio a los acuerdos con los acreedores, con el equilibrio adecuado entre la autonomía privada y la intervención judicial.
Además, creo que también deberíamos otorgar indemnizaciones civiles, penales, fiscales y de seguridad social para los deudores que informen sin demora del riesgo de insolvencia, así como la introducción de mecanismos de alerta, destinados a la detección temprana de la crisis, si el deudor no solicita espontáneamente el inicio del procedimiento de crisis.
Esta es la situación en la que la persona no puede hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones en las condiciones pactadas frente a una pluralidad de acreedores.
Con el concurso, la persona física intenta lograr un acuerdo con los acreedores para cobrar las deudas y mantener su actividad. En particular el concurso para las personas físicas y las familias, supone una suspensión de pagos así que el deudor tendrá una “segunda oportunidad”.
Antes de la reforma introducida por la Ley 25/2015 de 28 de julio, los deudores respondían de las deudas con todos sus bienes presente y futuros hasta la concurrencia del total de las deudas. Ahora, los deudores tienen la oportunidad de presentar concurso, liquidar sus bienes y concordar con los acreedores una condonación de las deudas.
El procedimiento es bastante simple y permite a los deudores de buena fe, que sean personas físicas quitarse de encima un porcentaje de deudas según lo establecido, de acuerdo con los acreedores.
Como expuesto en el artículo objeto de discusión, el aumento de los concursos de personas físicas es un date relevante, y, en mi opinión, eso es debido en primer lugar a los efectos de la crisis económica, que ha interesado muchísimas personas físicas especialmente después de la “burbuja inmobiliaria” y todas sus consecuencias; en seguida, la Ley 25/2015 ha sido muy importante, porque las personas físicas ahora tienen, como las empresas, la oportunidad de llegar a un acuerdo con los acreedores para cobrar las deudas, sin responder con todos sus bienes presentes y futuros.
El incremento de los procedimientos de concursos en estos años, creo que es una marca de la progresiva difusión del este instrumento, que sigue siendo objeto de estudio por los abogados y procuradores.
Estimado profesor y queridos colegas, buenos días.
Con este discurso, me gustaría exponer mi opinión sobre el artículo del periódico que ha enviado.
En primer lugar, es necesario declarar que la bancarrota es un procedimiento judicial destinado a administrar los activos de una empresa o una persona física declarada insolvente.
La insolvencia se produce cuando la empresa o la persona privada no puede garantizar el pago de sus acreedores.
El procedimiento de quiebra, de hecho, tiene como objetivo garantizar que se pague al mayor número posible de acreedores y garantizar la continuidad de la actividad económica de la empresa.
Este procedimiento puede ser solicitado por el deudor (procedimiento de insolvencia voluntario) o por uno de sus acreedores (procedimiento de quiebra necesario).
En España, la insolvencia de una empresa está regulada por el Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal.
Bueno, una vez que el procedimiento de insolvencia ha sido declarado abierto, el Administrador del concurso, nombrado por el Tribunal, procederá a elaborar un informe al que se adjuntará el inventario de la masa activa y una lista de acreedores que formarán la masa pasiva.
El artículo 21, párrafo 5, LC asigna a los acreedores un período de un mes, o 15 días en el caso de un procedimiento abreviado, para presentar la reclamación a los pasivos; Este término se extiende desde el día siguiente a la publicación en el BOE.
El acreedor para informar al acreedor, de conformidad con el Artículo 85 LC, debe informar al acreedor indicando las características de su crédito o, en el caso de un crédito preferencial, indicar el activo o los derechos.
También es importante subrayar que el 26.06.2017 entró en vigor el Reglamento Europeo 848/2015 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos de insolvencia, que establece la obligación de los Estados miembros de crear registros públicos en línea (http://www.publicidadconcursal.es) desde donde los acreedores pueden encontrar información sobre los procedimientos de quiebra.
Bueno, luego de haber analizado brevemente el procedimiento de quiebra, podemos comentar sobre el artículo periodístico objeto del presente foro tomado de los datos proporcionados por el INE sobre los deudores insolventes en el primer trimestre de 2018 en España.
Del artículo en cuestión, se puede observar que los procedimientos de insolvencia presentados por las compañías en el segundo trimestre de 2018 aumentaron un 9,6% en comparación con 2017, mientras que los procedimientos iniciados por personas privadas que no tenían empresas ante los tribunales de primera instancia De primera instancia han aumentado un 48% respecto a 2017.
Interesante es la situación en Cataluña donde se presentaron 374 apelaciones de quiebra en los tribunales mercantiles y 284 apelaciones de particulares seguidas de Madrid (267 y 139 respectivamente), Valencia (219 y 143) y Andalucía (169 en ambos casos).
Finalmente, es necesario subrayar otro aspecto muy importante; o el hecho de que se produce una quiebra entre empresas jóvenes (entre 5 y 8 años de vida) seguida de las empresas más recientes o de hasta 4 años y mayores (más de 20 años).
En mi opinión, el mayor porcentaje de quiebras se observa en las empresas jóvenes entre 5 y 8 años como consecuencia de la aterradora situación de competencia, a menudo injusta, entre empresas y la dificultad de que muchas de ellas puedan trabajar en el mercado español. e internacional.
También debe señalarse que los recursos de insolvencia presentados por los no empresarios privados han aumentado.
En mi opinión, este hecho es muy interesante y se realiza porque, gracias a la mejora de la economía en España en comparación con el mercado laboral italiano, las empresas en situaciones de quiebra son menos que los particulares.
Por lo tanto, si bien muchas empresas en España no están endeudadas, esto no se puede decir de los sujetos privados que consideran en el procedimiento de quiebra el único instrumento para proteger sus derechos.
MARGARITA MARÍA RODRÍGUEZ MUÑOZ RE: Primer tema de debate: ¿más concursos de personas físicas?CONTRAER
RE: Primer tema de debate: ¿más concursos de personas físicas?CONTRAER
Creo que los datos estadísticos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan datos interesantes sobre el tipo de procedimiento y el sector empresarial: el concurso voluntario representa la mayoría, mientras que el necesario es el menor; Además, los sectores de construcción, hostelería y actividades administrativas han registrado mayores descensos de empresas concursadas. Mientras que en la agricultura, ganaderia y pesca han aumentado.
Yo creo que España ha progresadocon la disciplina del 25/2015, pero creo que es tarea de Europa publicar una directiva que pueda dar pautas para simplificar y acelerar las insolvencias. Por esta razón una homogeneidad sería ideal. En el 2017 se han incrementado los concursos de personas físicas, fundamentalmente motivados por un despertar de la segunda oportunidad. Todavia, los casos de segunda oportunidad siguen siendo muy limitados en comparación con otros países europeos.
Querido profesor y queridos colegas, buen tarde.
El tema llevado concierne, en particular, la quiebra de individuos.
Se precisa ante todo que la quiebra es un procedimiento judicial finalizado a la gestión del patrimonio de una sociedad o una persona física declarada insolvente.
L’ Insolvencia se averigua en el momento en que la sociedad o la vida privada no estoy capaz de pagar a los mismos acreedores. El procedimiento desastroso, en efecto, puntería a garantizar que pagas el mayor número posible de acreedores y garantice la continuidad de la actividad económica de la sociedad.
Este procedimiento puede ser solicitada por el deudor (procedimiento de insolvencia voluntaria) o de uno de sus acreedores (procedimiento de quiebra necesaria).
En España tal procedimiento es regulado por la ley 22/2003 del 9 de julio en materia de Quiebra.
Una vez abierta el procedimiento de insolvencia es nombrado por el Tribunal a un administrador el que redacta una relación, procediendo en un primer momento al inventario de los bienes y a predisponer una lista de los acreedores.
El artículo 21, párrafo 5, de la antedicha ley les asigna a los acreedores un período de un mes o 15 días en el caso de un procedimiento sumarísimo, para presentar el crédito a las pasividades; Este término se extiende del día siguiente a la publicación en las BOYAS.
Antes de la reforma introducida por la ley 25/2015 del 28 de julio, los deudores contestaron con todos sus bienes presentes y futuros hasta la completa a cuando el importe total de las deudas estuvo presente.
Con tal reforma, en cambio, ha sido prevista la posibilidad en jefe a los deudores de presentar un concurso, liquidar sus bienes y concordar con los acreedores una remisión de la deuda.
El procedimiento es bastante simple y esbelta y les permite a los deudores en buena fe, que son personas físicas de librarse de un porcentaje de deudas como establecidas, según los acreedores.
Tal como emerge del artículo sometido a nuestra atención, se repone un aumento de tales procedimientos para los individuos. Ésos en efecto, como las sociedades, tienen la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores, evitando de deber contestar deudas maturadas con todos sus bienes presentes y futuros.
A mi aviso tal incremento es debido sobre todo a los efectos de la crisis económica que ha interesado a muchas personas físicas poniéndolas en gran dificultad. Ello por lo tanto constituye el único instrumento que las vidas privadas tienen a disposiciones para proteger sus derechos.
Podemos definir el concurso de acreedores como un procedimiento judicial para depurar las responsabilidades frente a los acreedores, organizando el orden de prelación de créditos, para intentar solucionar los problemas de liquidez de particulares o empresas. Mediante el concurso de acreedores, el deudor, en riesgo de insolvencia, podrá realizar quitas en sus deudas, aplazarlas, detener la generación de intereses o incluso paralizar ejecuciones que se estén llevando a cabo frente a él.
El concurso de acreedores puede ser presentado tanto por personas físicas como jurídicas. De hecho, las personas físicas pueden ser declarados en concurso, por el impago de deudas, es decir: hipoteca, compras a plazos etc. En vez, las personas jurídicas que puedan inscribirse en el Registro Mercantil y aquellas que se inscriban en otro tipo de registros, podrán ser declaradas en concurso de acreedores.
En virtud de la Ley 22/2003, de 9 de julio, para solicitar el concurso de acreedores es necesario estar en una situación de insolvencia, es decir el deudor no puede cumplir con sus obligaciones con regularidad.
Hay dos tipos de concursos: voluntario y necesario.
El concurso voluntario, cuando la solicitud es presentada por el propio empresario o la sociedad en el caso de las empresas. En estos casos, los deudores que tengas conocimiento de su estado de insolvencia tienen la obligación de presentar la solicitud del concurso de acreedores en un plazo máximo de dos meses. En caso de que esto no se haga, pueden ser aplicadas multas o imputaciones penales, ya que el juez puede pensar que la quiebra fue provocada para fines ilícitos.
El concurso necesario, en cambio, es fruto de una solicitud de un acreedor en el caso de que se prevea un próximo estado de insolvencia que pueda afectar a sus derechos de crédito.
Claramente, competente es el juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales,es decir el lugar donde el deudor ejerce sus actividades. En caso de que el deudor sea una persona jurídica, se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social.
El Juez nombrará un administrador concursal, que se encargará de negociar la deuda con los proveedores para ampliar periodos de pago e incluso proceder a reducciones y quitas de deuda.
El concurso de acreedores puede terminar por acuerdo de los acreedores con el convenio o por liquidación.
En virtud del convenio, que se refleja en una sentencia, a propuesta del administrador concursal, acreedores y concursado negociarán las formas de pago cuantía del crédito, plazo de amortización, intereses…) y de esta manera la empresa puede proseguir su actividad.
En vez, si no hay acuerdo entre deudor y acreedores el concurso termina por liquidación, es decir la venta de todos los activos del concursado para cubrir los pasivos que adeuda a sus acreedores.
Con referencia a los datos reportados en el artículo, creo que estos son una consecuencia de la Ley 25/2015 de 28 de julio. Esta Ley introduce la figura de la segunda oportunidad es decir, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. En virtud de esto mecanismo, los autónomos o pequeñas empresas, que hayan fracasado en su negocio y aún mantengan deudas insalvables con sus acreedores, pueden tratar de conseguir pueden intentar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores o, además, la exoneración de todas las deudas vivas una vez liquidados sus bienes y derechos tras un concurso de acreedores. De hecho, este mecanismo permite la exoneración de aquellas deudas que no puedan ser satisfechas con su patrimonio actual, a diferencia de lo que sucedió en el pasado, en el cual los deudores tenían que responder de esas deudas con su patrimonio y rentas presentes y futuras.
Para facilitar todo el proceso y garantizar una protección adecuada, está presente un mediador concursal.
Es necesario especficar que no son exonerables los créditos de derecho público (deudas con la AEAT o con la Seguridad Social, como las más destacadas) y los créditos por alimentos.
Un factor no muy favorable para los autónomos o pequeñas empresas es que, la exoneración de deudas se convierte en definitiva al cabo de los cinco años. Si durante ese periodo algún acreedor acredita que el deudor ha obrado de mala fe o ha obtenido ingresos en negro, podrá solicitar al juez la revocación de la exoneración de deudas, y si el juez la acepta, el deudor volverá a contraer las deudas de las que fue exonerado.
Finalmente, entonces creo que el incremento de los procedimientos de concursos de personas físicas en estos años es debido a la introdución de la segunda oportunidad, en cuanto a través la Ley 25/2015 de 28 de julio también las personas físicas ahora tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo con los acreedores para cobrar las deudas, sin responder con todos sus bienes presentes y futuros. Claramente, creo que afecta fuertemente también la crisis económica que ha afectado a muchos países de la Unión Europea.
Antes de dar mi opinión sobre las estadísticas de bancarrota, quisiera referirme a un breve preámbulo sobre el asombro de los
procedimientos de bancarrota en España.
El procedimiento de quiebra español fue descrito por la Ley Orgánica, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004 y, más
recientemente, modificada por la Ley 10 de octubre de 2011, n. 38203. Este sistema no incluye el débito del deudor. Es un
procedimiento que se desarrolla a través de dos sub procedimientos accesibles a cualquier deudor: civil o comercial. "La de-
claratiòn de concurso procederà respecto de cualquier deudor, sea perso la natural o juridica" (artículo 1). Con la Ley Orgá-
nica se introdujo el principio de unidad de disciplina, según tres criterios. En primer lugar, el de una unidad legal o una unidad
de regulación confiada a un cuerpo legislativo único. El segundo criterio es el de la unidad subjetiva, es decir, la irrelevancia
de la calidad subjetiva del deudor.
Finalmente, el criterio de unidad procesal se aplica en el sentido de un procedimiento único independientemente del nivel y la
En el procedimiento de tipo de acuerdo, se otorga gran importancia a los estados subjetivos del deudor y, más generalmente,
a la cooperación provista por el deudor. Basta con decir que solo si el deudor (concurso voluntario) ha solicitado la apertura
del procedimiento, este último mantiene la administración y la posesión de sus activos. De lo contrario, si la solicitud ha sido
presentada por los acreedores (concurso necesario), la administración de los activos se confiará a los organismos de insolven-
cia. Sin embargo, la actitud de colaboración del deudor no permite obtener el beneficio del débito una vez que se cierra el pro-
cedimiento. Artículo. 178, párrafo 2, de la Ley Orgánica establece que el deudor sigue siendo responsable de los acreedores
insatisfechos. Por lo tanto, este último puede, en caso de cierre del procedimiento por insuficiencia de activos, iniciar las accio-
nes ejecutivas individuales con la posible reapertura del propio procedimiento. La consecuencia para el sobreendeudamiento
es un tipo de endeudamiento perpetuo. Por lo tanto, el modelo español aplica todas las dificultades de la aplicación de crite-
rios rígidos, basados en la figura del deudor comercial, al individuo. El efecto en el mercado crediticio queda inmediatamente
claro cuando el pequeño deudor, una persona física, abandona el circuito financiero sin poder prácticamente regresar. La doc-
trina española critica la estructura monolítica de la ley de bancarrota, tanto por su rigidez como por la ausencia de mecanismos
de "nuevo comienzo" para el deudor individual.
Dicho esto, con referencia a las estadísticas reportadas en el artículo, creo que el aumento en la concorso voluntario (94.1 por
ciento del total) representa una espada de doble filo. De hecho, si es cierto, como se mencionó anteriormente, que el deudor
que propone una concurso voluntario no tiene la posibilidad de liquidar completamente, también es cierto que el deudor se "pre-
para" antes de presentar la solicitud de admisión al procedimiento. No dejar el patrimonio para ser excusado. Por esta razón,
hay pocas ocasiones en que, tras un procedimiento de insolvencia, el acreedor pueda obtener el pago de sus créditos.
Por el contrario, el concurso necesario representa un porcentaje igual al 5,9 por ciento de los casos y, en mi opinión, esta es
una cifra negativa. De hecho, este tipo de competencia tiene un doble objetivo: por un lado, iniciar un procedimiento de insol-
vencia antes de que el deudor tenga la oportunidad de "organizar" sus activos, por el otro, recompensar al acreedor diligente
que reconoce el 50% de su crédito. Estado de crédito privilegiado en comparación con otros créditos ordinarios. ¡El hecho
de que haya pocas apelaciones de este tipo sin duda conduce a una menor protección para los acreedores!
Nada que matizar a tu análisis.
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La circunstancia de que el deudor común (la persona física) puede pagar, como el empresario, en un estado de insolvencia que prevea la concurrencia de sus acreedores, ha llevado a extender los procedimientos de quiebra al deudor civil (ante subjetivamente limitados al empresario), en consideracion del mayor grado de protección que pueden lograr (tanto desde el punto de vista de los acreedores como de los deudores).
Esto sucedió sobre todo con la reforma de la ley 25/2015 del 28 de julio de 2015 (la llamada “Ley de Segunda Oportunidad”), gracias a la cual la persona física puede solicitar el concurso, liquidar bienes y conseguir condonación de una gran porción de sus deudas.
Precisamente a esta ley, en mi opinión, debe atribuirse una de las razones principales para la mayor cantidad de concurso de personas físicas en comparación con la de las empresas.
De hecho, antes de esta ley, las personas tenían que pagar sus deudas con todos sus activos presentes y futuros, mientras que ahora pueden cancelar la deuda y comenzar con una segunda oportunidad. Sigue el incentivo para solicitar la declaración de concurso.
Además creo que este aumento de concurso de personas físicas es debido a el siempre más difuso conocimiento de esta posibilidad.
A  esto, sin duda, debe agregarse el período de crisis experimentado por el mercado en los últimos años y la “burbuja inmobiliaria”, que ha afectado tanto las pequeñas empresas como las personas físicas más débil respecto a una gran empresa, y que por lo tanto tuvieron que recurrir a las normas concursales con mayor facilidad.
Para concluir comparto la opinión de quienes han destacado la importancia de no culpabilizar la quiebra y el deudor insolvente, sino tratar de considerar la insolvencia - también a la luz de la desafortunadamente cada vez mayor difusión del fenómeno debido a la crisis económica de estos últimos años - como una eventualidad negativa pero no irreparable.
Precisamente por esta razón, considero importante desarrollar mecanismos y herramientas, como la "Ley de Segunda Oportunidad" que incentiva a los deudores a declarar el estado de insolvencia y lo ayuda a recuperarse.
En efecto la ayuda de los deudores insolventes beneficia a los propios acreedores y al mercado, y estas facilitaciones deben considerarse positivas si se establecen requisitos precisos para beneficiarse, como el requisito indispensable de la "buena fe" en el caso de la Ley de la Segunda Oportunidad (es decir que el concurso no se ha clasificado como culpable y el deudor ha estado dispuesto a intentar llegar a un acuerdo extrajudicial).
De esta manera se puede incentivar la declaración de insolvencia y la posibilidad de ofrecer instrumentos para resolverla sin favorecer fraudes e insolvencias construidas ad hoc.
Jose Luis Perez Martinez PROFESOR DIRECTOR
RE: Primer tema de debate: ¿más concursos de personas físicas?
Coincido con tu opinión. El deudor persona física encuentra un incentivo para abordar de cara su problema de sobreendeudamiento. Personalmente, me agrada que se esté produciendo un acceso a esta segunda oportunidad, aunque haya tardado quizá un poco en ser conocida en nuestro país.
FRANCESCA DE S    TEFANI
El concursos es un procedimiento legal para resolver los problemas de insolvencia e iliquidez de un deudor (ya sea persona física o jurídica) perseguida por los acreedores. El procedimiento en cuestión consiste en un sistema que ayuda a las empresas o empresas autónomas y profesionales en caso de insolvencia a articular un mecanismo para hacer frente a sus deudas. La ley que respalda el acuerdo, ley 22/2003, de 9 de julio, busca promover la conservación de los activos de la compañía y no su disolución; de hecho, esta ley, unifica los diferentes procedimientos utilizados en la ley derogada para hacer frente a la insolvencia de la De hecho, antes había cuatro procedimientos dedicados a este propósito. Ahora, cualquier situación de impotencia de capital del deudor (debido a problemas de insolvencia e iliquidez) se tratará a través del acuerdo o liquidación.
Debido a la crisis económica y financiera en España, que ha multiplicado el número de concursos, la reforma de 2003 destacó algunas deficiencias, que serán superadas en parte por el Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, que contiene "medidas urgentes al respecto". fiscal, financiero y quiebra ", y posteriormente con la Ley 38/2011, de 10 de octubre. A través de estas reformas, quisimos acelerar y reducir los costos del procedimiento, reconociendo el privilegio del dinero fresco, como un medio para alentar el financiamiento y la bancarrota pre-bancarios. Posteriormente, la ley 14/2013, de 27 de septiembre, sobre el apoyo a los empresarios y el Real Decreto Ley 4 / 2014-, de 7 de marzo, aprobó medidas urgentes para la refinanciación y reestructuración de la deuda corporativa. Otra modificación fue hecha por la ley, Ley n. 25/2015, que introdujo la llamada segunda opción para liberar o cancelar deudas mediante un procedimiento que, bajo ciertas condiciones, permite entablar negociaciones con los acreedores o, alternativamente, exigir la cancelación de la deuda al juez.
Como se desprende de la tabla, los efectos que dicha ley ha tenido en el número de concursos de empresas son considerables, de hecho, en los primeros meses de 2018, los concursos que se refieren a las compañías (que tienen entre 5 y 8 años de antigüedad). actividades), mientras que las relativas a personas físicas han aumentado.
Como se señaló anteriormente, un requisito para que la persona solicite una declaración de quiebra es ser insolvente, es decir, no es posible mantener un pago regular y oportuno con sus obligaciones de pago. Hay dos formas de declarar una competencia: la primera le pide al tribunal una declaración de quiebra, mientras que en esta última el deudor estipula un acuerdo de pago con los acreedores. Una vez que se declara la competencia, se designa un fideicomisario cuya función es administrar los activos del deudor durante todo el procedimiento. La ley de 2015, la Ley de Segunda Oportunidad, en relación con la declaración de quiebra, permite al deudor solicitar un retraso individual después de la liquidación o quiebra de la masa activa, la exención de deudas que no se han pagado.
Esta solicitud incluye que el deudor esté en "buena fe", es decir, que el concurso no sea calificado como culpable y que el deudor intentará llegar a un pago de liquidación. Anteriormente, una persona con deudas tenía serias dificultades para resolver sus problemas de insolvencia. La Ley de Segunda Oportunidad ha creado mecanismos para que todas las personas que no pueden pagar sus deudas puedan ser liberadas de ellos, lo que les permite comenzar una actividad empresarial y empresarial nuevamente. Se ha creado el sistema ideal para la quiebra de particulares.
Antes de estas reformas, el deudor individual no tenía más remedio que verse obligado a la exclusión social o actuar en la economía clandestina. La vinculación de las actividades futuras con el pago de deudas pasadas causó este resultado, en línea con el principio fundamental de la responsabilidad universal (Artículo 1911 CC).Con el beneficio de la exención de pasivos insatisfechos, el deudor puede estar exento provisionalmente de la mayoría de sus deudas y, después del plazo establecido por la ley de insolvencia, definitivamente. Pero para solicitar este beneficio, como se mencionó anteriormente, se requiere que el deudor cumpla con ciertos requisitos relacionados con la buena fe, como que la insolvencia no ha sido declarada culpable, que el deudor no haya sido condenado por una sentencia definitiva en ciertos casos. delitos y que previamente trataron de concluir un acuerdo de pago extrajudicial. Sin embargo, cabe señalar que, como se muestra, la tabla del artículo, en relación con los datos proporcionados por el N.I.E. sobre deudores insolventes en el primer trimestre de 2018 en España, me parece muy interesante y positivo que la competencia de las empresas ha disminuido ( 3.4%), porque podría dar la luz de una recuperación económica del sector después de los años de crisis y, además, que las personas naturales utilicen este instrumento tan olvidado, esto también sigue los cambios introducidos por la ley de 2015.
Francesca Deì
FRANCESCA DE ììANI
Francesca De Ste ni
Creo que has publicado dos veces tu comentario.
Primer tema de debate: ¿más concursos de personas físicas?
El tema del foro propuesto requiere analizar el concurso de acreedores, que es un procedimiento legal para resolver la insolvencia y la falta de problemas de liquidez de un deudor, ya sea una persona física o jurídica, contra un acreedor.
La institución legal consiste en un instrumento que ayuda a las empresas o empresas autónomas / profesionales, cuando se produce un estado de insolvencia, y pone en marcha un mecanismo para hacer frente a los préstamos.
La ley que permite el acuerdo es la ley 22/2003, que trata de conservar los activos de la empresa y no llegar a su disolución.
Es una ley que recoge los diferentes procedimientos utilizados en la ley derogada por la insolvencia de un deudor. Con esta ley, en todos los casos, la impotencia del capital del deudor se tratará a través del acuerdo o liquidación.
Otras regulaciones del sector son aquellas introducidas con el Decreto Ley 3/2009 y la Ley 38/2011.
Las reformas se realizaron con el objetivo de reducir los costos del procedimiento y acelerar el proceso.
- Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores;
- el Real Decreto Decreto Ley 4/2014;
- ley n. 25/2015, que introdujo una segunda opción para la liberación o cancelación de deudas a través de un procedimiento que, bajo ciertas condiciones, permite las negociaciones con los acreedores o, alternativamente, la solicitud de cancelación de la deuda al juez.
El esquema que se nos ha proporcionado nos muestra cuántas empresas que se someten al procedimiento son muchas, especialmente las que tienen entre 20 y más años, las que tienen entre 5 y 8 años y hasta 4 años de edad. edad.
Para declarar una competencia es necesario pedir al tribunal una declaración de quiebra, mientras que en el segundo el deudor estipula un acuerdo de pago con los acreedores.
En este punto, se nombra un fideicomisario, que tiene la función de administrar los activos del deudor durante todo el procedimiento. La ley de 2015 le permite al deudor reclamar un retraso individual después de la liquidación o quiebra de la masa activa, la exención de deudas que no se han pagado.
Esta solicitud incluye que el deudor está "de buena fe", es decir, que el concurso no está calificado como culpable y que el deudor intentará llegar a un pago.
La lectura de la segunda oportunidad permite a todas las personas que no pueden pagar sus deudas, pueden liberarse y pueden comenzar un negocio nuevamente.
Antes de estas reformas, el deudor individual no tenía más remedio que verse obligado a la exclusión social o actuar en la economía clandestina.
El beneficio de la exención de pasivos insatisfechos, el deudor puede ser liberado temporalmente de la mayoría de sus deudas y, después del plazo establecido por la Ley de Insolvencia, definitivamente.
Para obtener este beneficio, el deudor debe cumplir con ciertos requisitos, como la buena fe, que el deudor no haya sido condenado con sentencia definitiva o que haya intentado un acuerdo de pago extrajudicial.
El artículo del foro nos muestra cómo los deudores insolventes (empresas) en el primer trimestre de 2018 en España disminuyeron (-3,4%) mientras que los de personas físicas aumentaron (+ 5,1%).
Davide  o
Gracias Davide.
Poco más que añadir a lo ya dicho por el resto de compañeros. Todos creemos que la opción de segunda oportunidad ha animado a los deudores personas físicas.
MATTIA MAN I
Buenas tardes, profesor:
En relación al incremento de los concursos de acreedores de personas físicas, creo que la denominada "ley de segunda oportunidad", ha ocasionado que muchas personas físicas, asesorada por sus abogados, hayan recurrido de forma voluntaria a solicitar el concurso, con la finalidad de exonerarse de buena parte de sus deudas.
Con ello, los deudores pretenden liberarse de sus deudas y comenzar una nueva etapa. Con ello se pretende evitar la aplicación del artículo 1911 del Código Civil que establece la responsabilidad universal del deudor, es decir, que responda de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.
Si bien parece una buena opción desde el punto de vista del deudor, no parece igual desde la perspectiva del acreedor o de la seguridad jurídica. Pues se me plantea la cuestión de qué debemos de entender por "buena fe", y cuales son los criterios que determinen su valoración.
Responder Citar
El art. 178bis apartado 3 de la Ley concursal entra en el tema que planteas y, sí, puedo estar de acuerdo, la regulación de lo que es "buena fe" no la considero bien cerrada.
Además, las condiciones de porcentajes de pago y el requisito del acuerdo extrajudicial de pagos no está expuesto de manera excesivamente clara.
SERENA PALITTA
El numero de personas físicas que se declararon en quiebra y solicitaron un concurso de acreedores ha crecido en los ultimos agracias a la aprobación de la Ley de Segunda Oportunidad en 2015.
Es un proceso judicial que permita a las familias un desahogo a su situación financiera a través de una reestructuración y una quita de la deuda. En la práctica supone una "suspensión de pagos" o una "declaración de quiebra" que permite a la persona agobiada corregir una situación complicada y tener una "segunda oportunidad", que es el nombre que puso el Ejecutivo a la Ley de 2015 aprobada para dar aire a quienes sufrieron la crisis económica.
Con la Ley de Segunda Oportunidad, la persona física puede presentar el concurso, liquidar sus bienes y conseguir una condonación de buena parte de sus deudas.
Se puede intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores. Para ello se acude al notario. Este buscará un mediador concursal (que puede ser él mismo) para poner de acuerdo un plan de pagos con los acreedores. Si los acreedores se niegan, el deudor acude al juzgado para solicitar el concurso de acreedores. Algo que, es lo que suele pasar porque la banca suele negarse a llegar a acuerdos de quita de deuda.
Se presenta la solicitud en un juzgado de Primera Instancia firmada por un abogado y procurador. Debe incluir un listado del dinero y los bienes que se dispongan, la renta futura que se prevé recibir en el futuro, los acreedores (con la cuantía adeudada a cada uno) y qué gastos se afrontan en el día a día. Si es matrimonio en gananciales, los bienes de la pareja formarán parte de la masa sobre la que se elaborara el concurso. El juez tarda dos semanas en dictar el auto que declara el concurso. Una vez declarado, se paraliza cualquier ejecución de facturas y los embargos, se nombra a un administrador concursal (que puede ser el mediador anterior) y comienza la negociación con los acreedores. Si hay acuerdo, se aprueba el convenio con los plazos y devoluciones. Si no hay acuerdo, se pasa a liquidación y el administrador concursal presenta un plan de venta de activos para devolver la deuda.
En mi opinion hay mas concursos de personas fisicas porque el procedimento es mas favorable y más barato que para las sociedades mercantiles. El coste para una persona física incluye el arancel notarial de unos 50 euros en la solicitud de concurso. También el trámite de mediación, que "puede ascender a unos 200 " y por último el coste de la administración concursal, que depende del pasivo del deudor.
la reforma de la ley 25/2015 del 28 de julio de 2015 (la llamada “Ley de Segunda Oportunidad”) ha aportado no sólo una importante novedad legislativa pero concreta, tutelando y favoreciendo los deudores en la resolución de la difícil situación económica en que se encuentran.
En el específico, les son reconocidos a las personas físicas en estado de insolvencia los mismos beneficios les garantizados a los empresarios en la misma situación y la posibilidad de solicitar el concurso, liquidar bienes y conseguir condonación de una gran porción de sus deudas.
El objetivo de la Ley es de habilitar los medios necesarios que permitan que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida; sin tener que arrastrar de forma indefinida la carga de una deuda inasumible.  Los requisitos que el deudor debe haber son:
– es una persona natural;
– ha concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa;
– es de buena fe;
– ha intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos y con excepciones, ha satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados; entonces, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. A este requisito se prevé una prolija alternativa. Uno de los requisitos alternativos es que si no haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad, se suspende durante un año.
Luego, la Ley de Segunda Oportunidad establece los controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se trata en definitiva de permitir que quienes lo han perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, puedan verse liberados de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación.
Buenos dias Profesor y compañeros,
Leyendo el articulo en examen credo que sea muy actual el problema del concurso de acreedores en el procedimiento judicial.
Lo que se analiza en este articulo, muestra cόmo en los últimos años se haya tenido un incremento del concurso de acreedores de empresa, de hecho, en 1457 concursados, 1066 sono de las empresas, mientras que 391 son personas físicas.
Por lo tanto, se ha producido una disminucion de los recursos de las empresas de menos 3,4% y un incremento del 5,1% por todo que ataña las personas fisicas. Otro elemento muy importante y relevante es el especifico caso de las comunidades autόnomas donde el numero mayor de concursos son en Cataluña, seguida por los de Madrid.
En este articulo se analiza como las empresas más golpeadas por esta regla resultan ser las más recientes, que tengan 5 a 8 años de actividad y no como se podría pensar por las empresas que soy de más años en actividad.
La Ley 25/2015, denominada “Segunda Oportunidad”, permite al creedor de intervenir en el procedimiento establecendo un acuerdo con el deudor de pagar las deudas. Entonces se puede preguntar al Juez de extinguir las deudas.
Esta Ley es un instrumento útil para salvagurdar las empresas y los ciudadanos porque permite de tutelar los derechos y reconocer la buena fe.
En el caso en el cual no se diviene ad un acuedo entre las partes empieza la fase del “concurso consecutivo”, en el cual el Juez deberá decidir si excluir el 100% o el 75% de la deuda.
La disciplina es contenida en el artículo 178 bis LC.
A la luz de todo esto, creo que el incremento del concurso de empresas es causado por la fuerte crisi econόmica, que en los últimos años golpeό al país en las pequeñas empresas que han sufrido problemas y no las mayores. Esta situaciόn se ha desarrolado también en otros países europeos y en particular en Italia, país donde, muchas pequeñas empresas tuvieron que cerrar la actividad a causa de las deudas y las altas tasaciones; además de los ventajosos precios propueto por las emprsas de dimensiones más grandes.
Ejemplo de esta quiebre, en mi país (Italia) es el cierre de la fábrica AGNESI, productora de pasta; esta empresa asorbida por un gran grupo, “COLUSSI”, este hecho izo que perdiera totalmente su identidad, rompiendo la conexión con el territorio, siendo configurada para la producción en masa, a gran escala.
Por lo tanto, creo que la Ley 25/2015 sea fundamental en esta materia y eso en el pleno respeto del principio de responsabilidad del patrimonio come se establece en el artículo 1911 CC; además es importante recurrir a este instituto, pero siempre conforme a la ley.
Espero haber respondido lo más completamente posible a la pregunta del foro.
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NOEMI LUME
PROFESOR DIRECTOR
FRANCESCO O O SAL PUCE
Poco que añadir después de tantas aportaciones. En efecto, mi idea es que los datos reflejan una utilización creciente de este instituto por las personas físicas.
ANNA JADWIGA WOJTULEWICZ
Un concurso de acreedores es un procedimiento legal que se produce cuando una persona física o jurídica se encuentra en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda.
Con la regulación española de los concursos de acreedores se desea satisfacer la necesidad de regular el reparto de pérdidas cuando alguien no puede hacer frente a las deudas. El concurso permite reordenar la situación de insolvencia frente a múltiples deudores y protege la parte de la renta que es considerada como necesaria para vivir (ingresos inembargables).
El concurso de acreedores de persona física se encuentra regulado bajo la misma legislación que el concurso de acreedores de las empresas. Es un mecanismo que puede ser utilizado en casos de familias muy endeudadas que no han sabido controlar sus finanzas personales o el impacto de la crisis económica ha hecho que pierdan sus empleos, no pudiendo mantener la balanza de pagos que tenían anteriormente. Los efectos positivos del concurso de acreedores en una familia pueden ser que consigan reducir todas sus deudas al 50% y las mismas las puedan pagar mediante un acuerdo de pago con sus acreedores en cinco años, con pagos únicos y anuales. Es una nueva oportunidad de vida.
En el artículo se indica que se detecta un mayor número de casos de personas físicas y menos de empresas.  Este planteamiento no es correcto y puede inducir a error si no se produce la lectura global de todo el artículo. El error radica en a nivel de conteo, el número de concursos de empresas es mayor que el número de concursos de acreedores de personas físicas. Entonces ¿por qué dice esto? Si realmente se hace a nivel  comparativo, se ha producido un aumento en tantos por ciento de los concursos de personas físicas, habiendo una disminución del de empresas. El titular no es correcto al 100%. Se necesita la explicación de que es aumento global, respecto a concursos anteriores, pero no a nivel de cantidad.
Hablas de reducción en un 50% de las deudas. Como tal ese porcentaje no aparece en la legislación española. No sé si estás aportando información de alguna otra legislación.
La sistemática que planteas no queda clara.
INSERTO EL COMMENTE OTRA VEZ PORQUE TUVE UN PROBLEMA TÉCNICO Y NO ESTOY SEGURO.
Buenos días Estimado Profesor y todos los compañeros del curso.
Creo que los datos estadísticos destacan sobre todo el hecho de que el instituto está diseñado principalmente para empresas, que ciertamente lo conocen mejor y por más tiempo.
Por lo tanto, los datos indicados en el articulo no deberían ser leído como un indicador del desempeño económico de los sujetos y no es posible adjudicar el escaso uso que las personas fisicas hacen del proceso coneursal al hecho de que es másfrecuente la insolvencia delas empresas que la de los particulares.
De hecho hay muchas familias cuyos miembros no perciben ningún tipo de ingreso, como también se confirma por el alto y creciente número de las ejecuciones hipotecarias sobre las viviendas familiares.
Creo que el aumento de los concursos de personas físicas depende tambien de la mayor conciencia de esta herramienta por parte de los ciudadanos.
GIOVANNI NICCOLÒ RUSSO
MARIA GLYKOU
ALESSANDRO GIAMPORCARO
FRANCESCA PONCATO
BEATRICE PATRIZIA M ROSSI
MARIO FRANCESCO MESSINA
Estimado Profesor y compañero,
me uno a este foro para compartir mi opinión.
Leyendo el articulo que se nos ha propuesto, la primera cosa que hay que destacar es que, en el primer trimestre de 2018, resulta una diminución relevante del concurso de empresas que resulta del 3,4% . Ese dato merece atención, bajo mi punto de vista, porque después de muchos años de crisis e instabilidad puede significar una recuperación económicas de las empresas que por tanto acuden siempre menos al concurso. Por otra parte, dicho instrumento parece ser más utilizados, como bien han dicho algunos de mis compañeros, por parte las personas físicas ya que se registra un aumento de 5,1%. Sin dudas este aumento es consecuencia de la Ley 25/2015, de 28 de julio, llamada de Segunda Oportunidad ya que con esta se han querido facilitar las personas en situaciones difíciles ya que se le condonan una buena parte de sus deudas, además que estos ya no responden de sus deudas con todo su patrimonio como sucedía anteriormente por aplicaciòn del art. 1911 del Código civil que le llevaba a responder de sus deudas para toda la vida.
Se trata además de un sistema, el del concurso de personas, que hasta hace unos años resultaba prácticamente desconocido mientras que hoy en día hay siempre más especialistas que se ocupan de esto con la consecuencia que más personas deciden acudir a dicha solución. Por ultimo hay que destacar como la situación es diferente en las diferentes regiones españolas asi por ejemplo se registran mas concursos en Cataluña que registra 374 declaraciones de concurso en tribunales mercantiles y 284 de personas. La Comunidad de Madrid ha registrado 267 en tribunales mercantiles y 139, de personas físicas, mientras que en la Comunidad Valenciana se calculan 219 de empresas y 143 de personas físicas.
En general por tanto podemos concluir que con la nueva normativa se ha registrado un aumento generalizado de declaraciones de concurso por parte de personas fisicas, y esto porque el deudor persona física tiene ahora más incentivo a solicitar dicha declaración en consideración de exoneración de deudas que puede pedir si no es culpable.
GIADA VOLPATO
Hola Giada. Gracias por tu aportación.
GIUSEPPE LECCISI
Estimdao profesor y colegas,
Antes de la reforma aprobada con la Ley 25/2015, de 28 de julio, la responsabilidad patrimonial universal consagrada en el art. 1911 CC era un principio que desfavorecía en gran medida los deudores y el correcto funcionamiento del sistema concursal: el art. 178. 2 de la LC afirmaba que “en los casos de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos, el deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso”; en este sentido la única manera por el deudor de librarse de esa parte del pasivo que resultaba insatisfecha era esperar en la aprobación de un convenio y el cumplimiento integro del mismo.  Por esta motivación opino que el sistema concursal se veía viciado de la falta de voluntad de los acreedores de apoyar un convenio, la casi totalidad de los concursos terminaban por medio de liquidación y esto dejaba las puestas abiertas a las acciones singulares de los acreedores. A través de la antes citada reforma se ha puesto un limite al principio de la responsabilidad patrimonial universal: el deudor puede obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa.
A volte viaggio, altre volte mangio. Di solito respiro. Da quando ho percorso il cammino di Santiago per la prima volta, ho deciso che il mondo è più bello se visto a piedi.	Visualizza più articoli
la situación de la administración concursal
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