Source: http://juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/10/art/art5.htm
Timestamp: 2016-02-08 22:52:04
Document Index: 25534047

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 243', 'artículo 215', 'artículo 225', 'artículo 8', 'artículo 13']

Libertad de expresión, seguridad pública y poderes fácticos*
El derecho fundamental a la seguridad pública implica una obligación a cargo del Estado, como condición necesaria para el fortalecimiento de la sociedad y uno de los principales elementos para asegurar la calidad de vida de todo ser humano. Por seguridad pública puede entenderse el servicio que el Estado brinda a la ciudadanía a través de las medidas preventivas o de seguridad, que deben ser oportuna y eficazmente aplicadas por las diversas corporaciones policiacas, a fin de salvaguardar la integridad física, los bienes y los derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos; y que cuando por alguna circunstancia se rompa ese principio, esto es, que se atente contra alguno de esos derechos, sean los órganos encargados de procurar y administrar la justicia los responsables de lograr, pronta y expeditamente, que se le resarza a dichas personas el pleno goce de los derechos que les fueron afectados, en completa armonía y aplicación de la ley.1 El cumplimiento de esta obligación del Estado, establecida en los párrafos sexto y séptimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra sujeto al principio de legalidad, por lo que se exige salvaguardar el ejercicio pleno de las garantías individuales y sociales mediante el sometimiento de los servidores públicos a la norma jurídica, quienes en su quehacer cotidiano tienen el deber de observar la legalidad de sus actos, acatando puntualmente lo que la ley señala en cada una de sus disposiciones.
Lo anterior significa que el Estado tiene la obligación de brindar seguridad pública, pero garantizando el pleno respeto de los derechos humanos de toda su población. De ninguna manera se pueden justificar violaciones a los derechos humanos con el pretexto de que el Estado cumple con su función de asegurar el orden público. No se concibe que en el cumplimiento de la ley, se viole la ley misma. Lo anterior resulta imperativo, considerando que cuando existe una sistemática violación a los derechos humanos por acción y omisión de parte de las autoridades o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, aunado al alto índice de criminalidad, asaltos, homicidios o violaciones que se pretenden combatir, se contribuye a incrementar el grado de inseguridad pública, propiciando el rompimiento de la sociedad con el gobierno, llegándose a plantear problemas de ilegalidad, inestabilidad social e inclusive ingobernabilidad del poder político. Por el contrario, cuando la actividad del gobierno se basa en la protección de los derechos humanos de su población, se fortalece el estado democrático de derecho y se garantiza la legalidad de sus actuaciones.
En el combate a la inseguridad el respeto a ciertos derechos y libertades fundamentales, como los de protección de la seguridad personal, la vida, la propiedad, procuración e impartición de justicia, la igualdad ante la ley, el acceso a la información pública, la libertad de tránsito y la libertad de expresión, juega un rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia y en la garantía cotidiana de los derechos humanos. Por lo anterior, una postura activa del Estado en la protección y promoción de estos derechos contribuye a una adecuada ejecución del combate a la inseguridad y además garantiza la seguridad de las personas. Por tanto, debe encontrarse el justo medio entre la responsabilidad del Estado de proteger a las personas bajo su jurisdicción y el respeto a los derechos humanos como una manera de garantizar la seguridad pública en su sentido más amplio. Es decir, estas actividades son dos partes de una misma protección que el Estado está obligado a ofrecer a sus habitantes.
Entre las medidas de preservación de la seguridad pública y el pleno goce de los derechos humanos se deben buscar mecanismos que permitan balancear y fortalecer ambas obligaciones del Estado. En este sentido, las medidas que se tomen, incluidas las legislativas, deben proveer las salvaguardas reconocidas por la ley para impedir las violaciones a los derechos humanos. Con base en lo anterior, se ha previsto que la actuación de los integrantes de las instituciones encargadas de la seguridad pública deberán regirse por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para lo cual, las instancias correspondientes promoverán que en las normas aplicables se incluyan, como mínimo, los deberes de conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos.2 No obstante estas prevenciones, en el combate a la delincuencia las violaciones a los derechos humanos se siguen produciendo, impidiéndose por parte de las autoridades que en muchas ocasiones éstas sean conocidas y consecuentemente castigadas. Ante esta situación, el ejercicio de la libertad de expresión por parte de la prensa se ha convertido en el principal medio a través del cual los actos ilegales y abusivos perpetrados por las autoridades que antes pasaban desapercibidos o eran ignorados, ahora son expuestos a la luz pública.
En este sentido, podemos decir que el ejercicio de la libertad de expresión por parte de la prensa no sólo fortalece la democracia y el derecho de la sociedad a la información, sino que también fortalece la lucha contra la inseguridad. Esta aseveración se entiende considerando que se le han atribuido a la libertad de expresión y de prensa tres funciones cruciales en una democracia: proveer a la ciudadanía de información suficiente para fundamentar sus elecciones; constituirse en arena de debate abierta, y donde todas las posturas tengan oportunidad de ser conocidas, así como vigilar en favor de la ciudadanía, denunciar y revelar abusos cometidos por las autoridades y los poderes. Los medios de comunicación se presentan entonces como aliados naturales de los ciudadanos para vigilar al poder y oponerse a los abusos de la autoridad, haciendo uso de la libertad de expresión para exponerlos.3 Señala Héctor Faúndez Ledesma4 que la libertad de expresión es un derecho de todos, aun cuando su ejercicio está estrechamente relacionado con los medios de comunicación; lo que hace la prensa es constituirse en un canal de comunicación para que distintos sectores sociales expresen públicamente sus aspiraciones, temores y esperanzas. No se puede ignorar que, en el mundo de hoy, es precisamente a través de los medios de comunicación que recibimos la mayor parte de la información.
En tal sentido, se ha dicho que la protección de la libertad de expresión alcanza su máximo nivel cuando es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción, cuya actividad se ha calificado por el Tribunal Constitucional español como "función constitucional" por formar parte del sistema de frenos y contrapesos en que consiste la democracia, para prevenir "la arbitrariedad de los que nos gobiernan".5 Para la Corte Europea de Derechos Humanos, la libertad de expresión es el fundamento esencial de una sociedad democrática, precisando que es resultado del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura de los Estados, principios que revisten una importancia particular para la prensa. En consecuencia, la libertad de expresión es un parámetro para conocer el nivel de democracia, como se desprende del artículo 4o. de la Carta Democrática Interamericana,6 que señala que el avance democrático de un país se mide, entre otros aspectos, en función de la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y a la libertad de expresión y prensa.
La libertad de expresión no trata simplemente de reconocer el derecho que tienen los medios a expresarse con libertad, de reconocer su liberad de prensa, sino que en un régimen democrático la discusión involucra también el tema del derecho de los individuos a estar informados de forma oportuna, veraz y confiable sobre lo que acontece en el espacio público. La libertad de prensa tiene, a fin de cuentas, un carácter particular en los regímenes democráticos modernos: servir a la libertad de expresión de equilibrio con el derecho de los individuos a recibir información y enterarse de lo que sucede en los asuntos públicos.
Considerando la importante función que tiene el periodismo en la sociedad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que las condiciones para su desempeño deben ser acordes con los requisitos que permiten el pleno ejercicio de la libertad de expresión, lo que significa que debe garantizarse la libertad e independencia de los periodistas y de los medios de comunicación.7 De conformidad con ello, el Estado por una parte está impedido de realizar actos contrarios a la libertad de expresión y, por otra, debe adoptar las medidas necesarias que permitan a toda persona el goce y el ejercicio de este derecho, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar todo acto que afecte la libertad de expresión.
No obstante, el importante papel que se le ha atribuido a la prensa en la sociedad, con mucha frecuencia, es la primera víctima, convirtiéndola en el enemigo a combatir por la autoridad y por los distintos factores reales y fácticos de poder. Ejemplo de lo anterior es que si bien la violencia que vienen sufriendo los periodistas se inscribe en el clima general de inseguridad pública que se vive en el país, también es cierto que las agresiones que sufren están relacionadas, particularmente, con las informaciones sobre abusos y corrupción que están dando a conocer y que incomodan a los servidores públicos, así como las investigaciones que sobre delincuencia y narcotráfico vienen realizando en distintos estados del país que incomodan a los miembros de las organizaciones de delincuencia organizada.
En el proceso de construcción de una sociedad democrática, el periodismo ejerce un control social sobre el quehacer de los actores públicos, como son los partidos políticos y las organizaciones privadas, los integrantes de movimientos sociales, los sindicatos, las asociaciones religiosas, quienes son objeto de un escrutinio mediático mucho más amplio. Por lo anterior, cuando su actuación es analizada por la prensa se generan diferencias de percepción y de criterio sobre los distintos temas y las formas de cobertura que sobre ellos y su actividad se hace, ante lo cual no siempre han dado dichos actores muestras de tolerancia y respeto en cuanto al uso de las libertades de pensamiento, ideología y expresión por parte de los diversos medios de comunicación, sometiéndolos en represalia a intimidaciones, amenazas y agresiones, dejando de considerar que la pluralidad de opiniones es un valor que refuerza la vida democrática.
Es decir, actualmente se aprecia que las agresiones que sufren los periodistas no sólo provienen de las autoridades, sino también hay represión y amenazas de los distintos factores reales y fácticos de poder, como son los partidos políticos, las organizaciones sociales, los sindicatos, las asociaciones religiosas y, particularmente, de las organizaciones del crimen organizado. Principalmente, estos últimos han impuesto un clima de terror y desaliento en algunos estados del país estableciendo con el poder de las armas los límites del ejercicio de las libertades de expresión e información; como consecuencia, las amenazas y presiones contra editores y reporteros han derivado en que algunos medios eludan publicar información relativa al narcotráfico, incluso la surgida de fuentes oficiales, por lo que se ha recurrido a la autocensura para evitar convertirse en víctimas de venganzas y represiones de parte de estos grupos.
Las condiciones mencionadas dejan ver que la situación actual del ejercicio profesional del periodismo en nuestro país enfrenta diversos obstáculos, siendo el principal la deficiente protección de los informadores lo que les impide contar con las garantías de seguridad suficientes para su pleno desempeño.
Tomando como referencia las quejas atendidas en los últimos años por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se observa que la situación que vive actualmente el periodismo en nuestro país es delicada, mostrando que las agresiones se multiplican, los mecanismos directos e indirectos que se utilizan para coartar su ejercicio son muchos y variados, cuyas opciones van desde las formas más violentas de agresión —como es el homicidio de periodistas— hasta el uso de mecanismos sofisticados, por ejmplo el hostigamiento constante de comunicadore mediante demandas judiciales, legislación restrictiva o medidas de gobierno que ponen obstáculos innecesarios al ejercicio de la libertad de expresión, así como la presencia de nuevos actores que los agravian.
El incremento en las agresiones se refleja en el número total de quejas presentadas, siendo éstas 538 a partir de 1991. De ellas, en los últimos tres años se recibieron 43 en 2004; 72 en 2005; 74 en 2006, y 11 en el presente año. Si a las cifras anteriores se le aumentan los casos que tienen registrados los demás organismos públicos de derechos humanos, así como aquellos que no se han denunciado, la cifra es mucho mayor, circunstancia que hace calificar a los últimos tres años como "negros" para el periodismo, considerando el número de violaciones a sus derechos humanos y la gravedad de las mismas.
Entre los agravios que sufren los periodistas destacan por su especial gravedad el homicidio, las lesiones y la desaparición forzada de personas. El impacto de esta violencia, expresado brutalmente al despojar de la vida a estos periodistas o sustraerlos de sus familias, amigos y colegas, produce un clima de intimidación que acalla otras voces produciendo un efecto geométrico. Por su frecuencia, las amenazas e intimidaciones son las violaciones a derechos humanos que mayormente sufren los periodistas para disuadirlos de llevar a cabo sus investigaciones y darlas a conocer a la opinión pública; este tipo de violación se traduce de manera directa en amenazas de muerte por vía telefónica y correos electrónicos, intimidaciones personales, atentados a las oficinas y daño en su patrimonio, vigilancia en domicilios privados y oficinas, espionaje telefónico, allanamiento y robo de materiales.
Particularmente resulta delicado que en 2006 fueran asesinados 10 periodistas y desaparecido tres, con lo que suman 31 muertos y cuatro desparecidos desde el año 2000. Como agravante de estos lamentables y reprochables acontecimientos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha podido comprobar que en muchos de estos casos no ha existido una respuesta decidida por parte de las autoridades federales y estatales en la investigación efectiva de tales hechos y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión,8 en el principio 9, señala que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
Respecto a los objetivos que se persigue con las agresiones a los periodistas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que
buscan eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre atropellos, abusos, irregularidades de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios públicos, organizaciones o particulares en general, a fin de que sus investigaciones no puedan concluirse, alcancen el debate público que ameritan o simplemente como represalia de éstas. Por otro lado, busca ser una herramienta de intimidación, mediante la cual se envía un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan tareas de investigación sobre irregularidades en la gestión pública.9 Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la violencia contra periodistas o el asesinato de los mismos o de otras personas como represalia al ejercicio de derecho a la libertad de expresión, viola no sólo el derecho a la vida y a la integridad física, sino además el derecho a la libertad de expresión.
El Estado está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos, por lo que, si los servidores públicos del Estado omiten cumplir con su deber de actuar con la debida diligencia, de modo que tal violación quede impune y no se restablezca a la víctima u ofendidos en la plenitud de sus derechos, entonces válidamente puede afirmarse que se ha incumplido el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos.
La omisión del Estado de efectuar una investigación efectiva y completa de los ataques contra los comunicadores sociales y la falta de sanción penal de los autores materiales e intelectuales resulta especialmente preocupante, en virtud de que genera un clima de impunidad institucionalizada, entendida como la falta de investigaciones, persecución y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, propiciando la repetición crónica de agresiones y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.10 La impunidad es una de las causas que alimenta el clima de agresión que sufren los periodistas ya que se traduce en una patente para que se les hostigue buscando silenciar la libertad de expresión. Entre las causas de la impunidad se encuentran la corrupción y la falta de preparación especializada de los servidores públicos que deben procurar justicia. En cuántas ocasiones no se han conocido de la relación que existe entre elementos de los cuerpos policiacos y ministerios públicos con miembros de bandas criminales.
Al respecto, la Corte Interamericana ha sostenido que:
Es deber del Estado investigar los delitos de manera efectiva, sin que se puede estar satisfecho cuando la investigación no produce un resultado tangible, cuando no se emprende con seriedad y compromiso real, quedando en una simple formalidad para tratar de justificar el cumplimiento del deber; por ello, las responsabilidades del Estado demandan ser asumidas por éste como deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses personales, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima u ofendidos o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad, lo cual cobra valor con independencia de la calidad que ostente el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, por ejemplo a los particulares.11 En este último caso, aun cuando las amenazas o agresiones a los periodistas con el propósito de inhibir su derecho a informar, no provienen de servidores públicos, el Estado mexicano no queda exento de su obligación de investigar de manera exhaustiva el origen de los agravios, surgiéndole responsabilidad. Así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al señalar que:
Aun aceptando que los actos que tiendan a entorpecer la libre emisión del pensamiento, por medio de la prensa, provengan de particulares, la violación de garantías por parte de las autoridades es palmaria, si se tiene en cuenta que todas las del país están en el deber de impedir las violaciones de esta índole, como consecuencia de la obligación legal de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República, pues la violación, entonces, si no consiste en actos directos de las autoridades, sí consiste en actos de omisión.12 Los casos de agresiones a periodistas no investigados y sancionados, evidencia la falta de condiciones que las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligados a generar para que haya libre expresión e investigación periodística sin consecuencias, pero también evidencia cómo se ha arraigado la impunidad. En consecuencia, las Procuradurías de Justicia deben mostrar disposición y capacidad para dar respuesta a las interrogantes que surgen en estos casos, como son: por qué de inicio no se investigan las amenazas de que son objeto los periodistas y se les brinda seguridad, evitando que éstas se hagan efectivas; por qué se descarta de inicio en algunos casos que el móvil de los atentados que sufren derivan de la actividad periodística que realizan, considerando que muchas veces las pistas de los crímenes están en la propias informaciones que los periodistas vienen publicando; por qué no se agotan todas las líneas de investigación antes de cerrar los expedientes.
Cuando el Estado no cumple de manera efectiva y cabal la investigación del asesinato o desaparición de un periodista y no aplica las sanciones penales contra los autores materiales e intelectuales de ese caso, comete un acto particularmente grave en términos de los efectos de ello para la sociedad, al considerar que viola los derechos de la sociedad a la libertad de expresión, a recibir información y a conocer acerca de lo ocurrido. Reiteramos que este tipo de delito tiene un efecto intimidatorio no sólo para los periodistas, sino incluso para todos los ciudadanos puesto que inspira temor de denunciar los ataques, los abusos y las actividades ilegales de cualquier tipo. Este efecto sólo puede ser evitado mediante una acción decidida del Estado para sancionar a los responsables de los asesinatos y desapariciones de periodistas. Sólo de esta manera, el Estado puede enviar un mensaje firme y directo a la sociedad en el sentido de que no habrá tolerancia para quienes cometen estas graves violaciones del derecho a la libertad de expresión.13 El clima de agresiones a periodistas, la falta de una adecuada investigación que provoca la falta de identificación de los responsables y la no aplicación de sanciones que deriva en impunidad, ha llevado a que distintas organizaciones de medios de comunicación,14 se pronuncien por la federalización de los delitos cometidos contra periodistas en ejercicio de su profesión, así como a considerar el aumento en las penas e inclusive establecer la imprescriptibilidad de los delitos; sin embargo, consideramos que si bien debe estudiarse y profundizarse el sentido de estas propuestas, también es cierto que el grave problema en que se han convertido las agresiones y su consecuente impunidad, en gran parte se debe a la crisis estructural de la procuración de justicia; es decir, no hay ni a nivel Federal ni a nivel de la Entidades Federativas, una adecuada investigación ministerial que permita resolver estos casos.
Por lo anterior, como propone Jorge Carpizo, se hace necesaria una reforma constitucional que otorgue plena autonomía a la institución del Ministerio Público, como un paso importante para que la procuración de justicia responda a los principios del moderno Estado democrático de derecho. Sin embargo, lo anterior no terminaría con la corrupción, la parcialidad, los abusos de poder y las influencias políticas, si no va acompañada de otras acciones, como asegurar a los agentes del Ministerio Público y a los policías judiciales su carrera y su preparación profesionales.15 Precisa el mencionado autor que a través de la carrera ministerial se debe alcanzar una muy buena preparación profesional de los fiscales, quienes deben contar con su propia escuela de preparación y especialización, diseñando un currículo teórico y práctico que capacite al abogado para la delicada labor de fiscal, debiendo hacer énfasis en el análisis y discusión de casos reales. Desde luego, también se deben especializar a peritos, y los policías también recibirían los cursos necesarios para obtener los conocimientos técnicos que son indispensables para el buen desempeño de sus responsabilidades.16 No pasa desapercibido que para la atención de la problemática relacionada con los comunicadores la Procuraduría General de la República creó, el 22 de febrero de 2006, la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos cometidos en contra de Periodistas (FEADP); sin embargo, esta respuesta no ha sido suficiente para la solución del problema, si consideramos que sus alcances son limitados, partiendo de su estructura legal que le permite conocer únicamente casos del ámbito federal y que la gran mayoría de asuntos denunciados son del ámbito local; por otra parte, está impedido de conocer de asuntos en donde se presuma la participación del crimen organizado; además, se hace necesario especializar a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de llevar las investigaciones en esta materia, creando un grupo altamente capacitado y sensible del trabajo que realizan.
Un aspecto que deja ver la deficiencia en las investigaciones de los delitos son las prácticas que en época reciente se han venido presentando, consistentes en las solicitudes de comparecencia de periodistas para que declaren con relación a los hechos que dieron a conocer a la opinión pública, solicitándoles revelar las fuentes de su información, vulnerando con ello el derecho a la libertad de expresión. Sobre este tema, se ha dicho que los profesionales de la información no deben estar sometidos continuamente a citaciones de las procuradurías, tribunales o jueces, sin causa justificada, emplazándoles a su comparecencia y empleándolos en las investigaciones, porque con ello se inhibe su actividad.
Ante las citaciones de periodistas que se venían haciendo por la autoridad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación General número 7,17 en donde expresó públicamente su molestia por la intimidación de que eran objeto los periodistas, defendió la vigencia del derecho profesional de los comunicadores a no revelar esa información y denunció que tal presión ponía de relieve las carencias investigativas del Ministerio Público federal.
Por su parte, el Congreso de la Unión aprobó la adición del artículo 243 bis al Código Federal de Procedimientos Penales con el fin de garantizar el derecho al secreto profesional de los periodistas; asimismo, en las fracciones XIV, del artículo 215, y XXIX del artículo 225 del Código Penal Federal, se establecieron las sanciones a que se harán acreedores las autoridades que violen estas disposiciones18 . Con estas modificaciones se fortalece el derecho a la libertad de expresión al limitar los actos discrecionales de molestia y arbitrariedades que sufren los profesionales de la información por parte de diversas autoridades, para que declaren sobre sus fuentes o los documentos que les hayan servido para elaborar la información. Si bien esta garantía ya se consagra en documentos internacionales, como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, cuyo artículo 8o. se relaciona con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resultaba necesario que se estableciera de manera expresa en nuestra legislación ordinaria, fijando puntualmente las sanciones aplicables a quienes violenten este derecho.
Adicionalmente, para hacer efectivo este derecho se hace necesario que en cada entidad federativa se promueva al menos la armonización de sus códigos con la legislación federal recientemente aprobada. Actualmente tienen disposiciones que garantizan el secreto profesional de los periodistas en su Constitución Política, los estados de Morelos, Chihuahua y Tamaulipas; por su parte, los estados de Baja California, Colima y Zacatecas lo establecen en su legislación ordinaria y, de forma más específica, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley del Secreto Profesional del Periodista.19 Por otra parte, al tema de inseguridad no le están ajenos otros aspectos que afectan la libertad de expresión de los comunicadores, como aquellos casos en que servidores públicos o representantes de grupos fácticos de poder utilizan la vía penal cuando ven afectados sus derechos al honor, inhibiendo con ello la libertad de expresión, que al no ser un derecho absoluto su exceso debe ser sancionado, considerando la vía civil como el camino más adecuado.
En nuestro país, la tipificación de las figuras delictivas de difamación, injuria o calumnia ha sido hasta ahora el medio más utilizado para establecer responsabilidades ulteriores por supuestos abusos de la libertad de expresión. Al respecto, no se puede pasar por alto el efecto inhibidor que la sola existencia de estas figuras penales puede tener en el debate político, en virtud de que con ellas se restringe indirectamente la libertad de expresión, porque traen consigo la amenaza de cárcel o multas para quienes presuntamente insultan u ofenden a un servidor público. Sobre el efecto inhibidor de este tipo de legislación, el relator para la libertad de expresión señala que aunque la mayoría de los procesos penales contra periodistas no implica que en la práctica éstos terminen privados de libertad, el objetivo frecuente de tales procesos es intimidar, tanto por la mera existencia del proceso como por la amenaza de encarcelamiento.
Por lo anterior, se considera que las sanciones penales no son necesarias para proteger el honor de las personas públicas, porque para garantizar su honra se establece un grado de inhibición que la sociedad no necesita, ya que genera un efecto persuasivo sobre el conjunto de la población y sobre quien toma la voz pública a la hora de criticar a quien está desarrollando una función de gobierno. El efecto que genera supera el estándar de la mínima restricción, porque la gente tiene miedo de criticar, ya que la consecuencia implica perder su libertad.20 En este sentido, siguiendo la tendencia marcada por distintos organismos internacionales como la ONU y la OEA, recientemente el Congreso de la Unión aprobó eliminar los delitos contra el honor del Código Penal Federal y adicionar los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil Federal, que fijan las responsabilidades por los probables excesos en el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas, estando en espera de su próxima publicación.
Con esta reforma no se pretenden privilegios especiales al evitar sancionar los excesos de la libertad de expresión; la pretensión es que la sanción sea aquella que no inhiba su ejercicio. En tal sentido, la libertad de expresión ejercida por la prensa debe hacerse con responsabilidad, porque sólo mediante una actitud responsable, el periodista profesional será capaz de convertirse en un vigilante frente a lo que sucede en la vida pública y denunciar los abusos de poder.
De lo anteriormente expuesto podemos señalar como acciones básicas para enfrentar las agresiones y violaciones a derechos humanos de los periodistas, las siguientes: Las autoridades encargadas de la seguridad pública y de procuración de justicia, deben asumir un compromiso real de respeto y reconocimiento a la labor que desarrollan los comunicadores, brindándoles mayor seguridad y una adecuada procuración de justicia.
Conciencientizar a los servidores públicos y a la sociedad en general sobre la importancia que tiene la libertad de expresión para la democracia, así como el respeto que merece la opinión de los demás.
Otorgar al Ministerio Público el carácter de órgano constitucional autónomo, sin dependencia de los demás poderes, para que su actuación esté alejada de consideraciones políticas o partidistas y que sus actos estén regidos por los principios de legalidad, imparcialidad e igualdad de todos ante la ley.
Capacitar a los servidores públicos que en el ámbito federal y local tienen la responsabilidad de llevar las investigaciones en esta materia.
Fortalecer el marco jurídico y administrativo de la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP)
Estudiar la posibilidad de federalizar los delitos cometidos contra periodistas para que sean conocidos por la Procuraduría General de la República.
Insistir en que se adopten todo tipo de medidas necesarias para que el Estado mexicano garantice de la mejor forma la protección a los periodistas y utilice todos los medios a su alcance para evitar la impunidad.
Finalmente, debemos señalar que si bien es cierto que actualmente existe mayor libertad de expresión y este derecho se ejerce con mayor apertura por parte de los periodistas y comunicadores, también es cierto que desafortunadamente los riesgos para su ejercicio han resultado ser mayores, derivando en más agresiones, y traduciéndose en menos investigación y resultados efectivos sobre las mismas. Por lo tanto, ante este difícil panorama, se debe exigir a las autoridades mantener la apertura informativa, realizar más investigación y erradicar las agresiones. * Ponencia presentada en el Primer Congreso Nacional "Seguridad P�glica, Transparencia y Libertad de Expresi�n", celebrado en Morela, Michoac�n, el 25 de marzo de 2007.
1 Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el ejercicio efectivo del derechos a la libertad a la seguridad pública en nuestro país. Disponible en http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/CDSEGPU/ant.html1
2 Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 1995, artículos 6o. y 22, fracciones I y II. 2
3 Cfr. Guerrero, Manuel Alejandro, Medios de comunicación y la función de transparencia, México, Cuadernos de transparencia, núm. 11, IFAI, 2006, pp. 17 y 18. 3
4 Faúndez Ledesma, Héctor, Los límites de la libertad de expresión, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, pp. 214 y 215. 4
5 Cfr. Sentencia núm. 176/1995 del Tribunal Constitucional Español, del 11 de diciembre de 1995, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 12 de enero de 1996, núm. 11. 5
6 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en la primera sesión plenaria celebrada el 11 de septiembre de 2001. 6
7 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-5/85, "La colegiación obligatoria de periodistas", del 13 de noviembre de 1985, párrafo 24. 7
8 Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108o. periodo de sesiones, celebrado en Washington, del 2 al 20 de octubre de 2000. 8
9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 28 de julio de 1988, serie C, núm. 4, párrafo 17. 9
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Paniagua Morales y otros, sentencia del 8 de marzo de 1998, serie C, núm. 23, párrafo 173.
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 177. 11
12 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, segunda sala, t. XXXVII, p. 942.
13 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe núm. 50/90, caso 11.739 (México) OAS/Ser/L/V/II, doc. 57, del 13 de abril de 1999. 13
14 Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Informe de la Reunión de Medio año, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, del 16 al 19 de marzo de 2007, disponible en http://www.sipiapa.org/español/publications/informe_méxico2007ca.cfm.14
15 Carpizo, Jorge, "La procuración de justicia como parte esencial del Estado democrático de derecho", El Estado constitucional contemporáneo, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, t. I, pp. 101 y 104. 15
16 Ibidem, p. 106. 16
17 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación General número 7: "Sobre las violaciones a la libertad de expresión de periodistas o comunicadores", disponible en http://www.cndh.org.mx/Principal/document/recomen/gen _2001/gen07-2004.htm.
18 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2006.
19 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal , núm. 65 ter, del 7 de junio de 2006.
20 Cfr. Loreti, Damián M., "Estándares internacionales en materia de libertad de expresión", Derechos humanos y libertad de expresión, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2006, p. 34.