Source: https://www.scribd.com/document/55915726/CAP-Concepcion-sabado-treinta-de-agosto-de-dos-mil-ocho
Timestamp: 2017-04-28 11:53:11
Document Index: 114959429

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 52', 'artículo 52']

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Sentencia de Corte de Apelaciones de Concepción, de 30 de agosto del 2008 Acoge Amparo
Concepción, sábado treinta de agosto de dos mil ocho. VISTO: A fojas 1, el Abogado Defensor Penal Juvenil don Franco Lemos Jeria, con domicilio en calle Caupolicán Nº 101, Concepción, recurre de amparo constitucional preventivo a favor de don Luis Eduardo Troncoso Matus, menor de edad, y en contra de la Juez de Garantía de Concepción doña Erica Pezoa Gallegos, quien dictó la resolución de fecha 12 de agosto en curso, en contra de sus representados. Funda el recurso en que por sentencia de 6 de marzo de 2008 se impuso al amparado la pena de 60 días de libertad asistida simple del artículo 13 de la Ley N° 20.084, como autor del delito de robo en lugar no habitado. Posteriormente, fue citado a la audiencia del día 12 de agosto en curso, a fin de debatir el posible quebrantamiento de la sanción, a la cual el menor no asistió. En esta audiencia la Juez ordenó la internación del menor en régimen semicerrado por el lapso de 30 días, lo que vulneraría el principio de que la privación de libertad es una medida de último recurso y el artículo 52 de la Ley N° 20.084, que exigiría para dar por establecido el quebrantamiento, oír al adolescente y ponderar la gravedad del incumplimiento, requisitos que no se habrían cumplido. Todo lo anterior permitiría dar por establecido que se trataría de una resolución ilegal, citando jurisprudencia al respecto. Termina solicitando se tenga por interpuesto el recurso y se deje sin efecto lo dispuesto en la resolución recurrida, por ser ilegal la resolución que ordenó la internación en régimen semicerrado, sin perjuicio del ejercicio de las facultades que esta Corte ordene. A fojas, 10 informa la Juez doña Erica Pezoa Gallegos, señalando que el amparado fue condenado como autor del delito de robo en lugar no habitado y condenado a 60 días de libertad asistida simple. Agrega que habría sido citado a audiencia para la aprobación de un plan de intervención individual para el día 25 de abril de 2008, a la cual no asistióA fojas, 10 informa la Juez doña Erica Pezoa Gallegos, señalando que el amparado fue condenado como autor del delito de robo en lugar no habitado y condenado a 60 días de libertad asistida simple. Agrega que habría sido citado a audiencia para la aprobación de un plan de intervención individual para el día 25 de abril de 2008, a la cual no asistió. Posteriormente, fue citado a la audiencia del día 12 de agosto de 2008, para debatir el quebrantamiento, a la cual tampoco asistió, a pesar de encontrarse debidamente emplazado. En esta última audiencia el defensor accedió a debatir lo relativo al quebrantamiento, no obstante estar ausente el adolescente, además la ley no exige la presencia personal del amparado. 1
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Se trajeron los autos en relación. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que en la situación planteada en el recurso, lo que cabe fundamentalmente revisar es si el juez de ejecución se encuentra o no facultado para adoptar cualesquiera de las medidas que establece el artículo 52 de la Ley 20.084, esto es, en caso de producirse un quebrantamiento de la condena, en ausencia del infractor. Conforme a los antecedentes que se han colacionado en lo expositivo precedente, la juez recurrida procedió a sancionar al menor infractor Luis Eduardo Troncoso Matus, según lo que se obró en una audiencia donde este menor no asistió, a una pena privativa de libertad consistente en treinta días de internación en régimen semicerrado. SEGUNDO: Que el inciso primero del aludido artículo 52, exige, sin embargo, que las medidas que puedan aplicarse con motivo del quebrantamiento de una sanción, lo sean previa audiencia . El acto procesal penal de la audiencia, como se sabe, tiene por objeto materializar el principio de bilateralidad y el de contradicción, lo que implica que cualquier información o antecedente que se ingrese al procedimiento por parte de uno de los intervinientes, para que puede ser considerada válidamente por el juez, debe ser testeada por su contraparte. Ahora bien, en el caso en examen este objetivo se cumplió, toda vez que ambos intervinientes, es decir, el agente del Ministerio Público y el defensor del infractor penal condenado estuvieron presentes en la audiencia y debatieron el objeto fáctico y jurídico de su convocatoria. TERCERO: Que, no obstante, cabe hacer notar que en la situación en análisis se trata de la aplicación de una sanción más severa a un sujeto procesal condenado en el ámbito de la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, cuestión que implica que el juez debe ser aún más cuidadoso en el respeto a los principios más arriba indicados, desde que en virtud del interés superior del adolescente a que se refiere el artículo 2° de la ley en comento, el reconocimiento y respeto de los derechos del menor infractor deben ser estrictamente controlados para que puedan así tener un cumplimiento efectivo y no simplemente ficto. CUARTO: Que, en este entendido, no debe olvidarse que la Convención sobre los Derechos del Niño, en los dos numerales de su artículo 12, consagra el denominado derecho a ser oído , norma que obligaba a la juez recurrida a ser más estricta en lo concerniente a la presencia del menor infractor en la audiencia mencionada, ya que evidentemente lo obrado en ella podía afectarle, tal como en los hechos acaeció, porque de una sanción no privativa de libertad se pasó a una privativa de la misma. Y en esto, no está demás decirlo, en nada incide que el defensor del menor que compareció a la audiencia haya aceptado que se obrara en ausencia de su representado, como quiera que era la Juez quien estaba compelida a velar por el cumplimiento irrestricto de los derechos
del adolescente infractor, máxime que, como se dijo, esta misma condición exigía que se obrara con completo y total apego a la normativa aplicable al caso. Entender lo contrario, importaría aceptar que el instituto procesal de la convalidación tendría operancia de frente a un escenario vulneratorio de derechos constitucionales y legales, lo que jurídicamente es impensable. Así las cosas, y acorde a una interpretación conforme a la norma de rango superior anotada, el citado artículo 52 debe ser aplicado entendiendo que la previa audiencia de que trata, debe contar necesariamente con la presencia del adolescente infractor. 3 QUINTO: Que, por otro lado, tampoco resultaba procedente que para aplicar la sanción privativa de libertad la Juez haya considerado la naturaleza de los hechos materia de la condena primitiva, pues con ello se vulnera el principio de prohibición de la doble valoración. SEXTO: Que, consecuencialmente, la acción constitucional de amparo incoada habrá de prosperar del modo que se dirá, puesto que al amparado se le privó de su libertad personal con infracción constitucional y legal, al haberse adoptado la medida de internación en régimen semicerrado, sin haberse respetado su derecho a ser oído. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 5°, inciso segundo, y 21 de la Constitución Política de la República, se declara: Que se acoge el recurso de amparo interpuesto por don Franco Lemos Jeria, en favor de don Luis Eduardo Troncoso Matus, y se deja sin efecto lo resuelto por la Juez recurrida en audiencia de fecha doce de agosto en curso, la que oportunamente deberá aplicar, en su caso, cualesquiera de la medidas que fueren pertinentes acorde al artículo 52 de la Ley 20.084, en una audiencia a la que deberá comparecer legalmente el menor infractor y los demás intervinientes. Se deja sin efecto, asimismo, la resolución de fecha veinte de agosto en curso, que ordenó que el menor compareciera ante el Coordinador Judicial de Sename. Comuníquese al Juzgado de Garantía de esta ciudad por la vía más rápida. Agréguese copia autorizada de esta sentencia a la carpeta traida a la vista y en su oportunidad devuélvase. Redactada por el Ministro Suplente, don César Gerardo Panés Ramírez. Rol N° 89-2008
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