Source: http://www.slideshare.net/EmmanuelRamrez3/reforma-de-la-legislacin-en-radio-televisin-y
Timestamp: 2015-10-13 19:50:41
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Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 28', 'Artículo 12', 'artículo 28', 'in fine', 'artículo 28', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo20', 'artículo21', 'artículo 72', 'artículo 79', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 28', 'artículo 79', 'artículo 28', 'artículo 41']

65Observatorio: Reforma de la legislación en radio, televisión y telecomunicaciones en MéxicoReforma de la legislación en radio, televisión ytelecomunicaciones en MéxicoRodrigo Gómez García y Gabriel Sosa PlataRodrigo Gómez GarcíaDoctorando en Periodismo y Ciencias de la Comunicaciónpor la Universidad Autónoma de Barcelona, y licenciado ymàster por la Universidad Nacional Autónoma de MéxicoGabriel Sosa PlataLicenciado y màster en Ciencias de la Comunicación en laFacultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAMIntroducciónEl 12 de abril de 2006, el presidente de México, Vicente FoxQuezada, publicó en el Diario Oficial de la Federación lasreformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la LeyFederal de Telecomunicaciones. Con ese acto, culminó unaetapa del intenso debate nacional sobre la situación actualy el futuro de los medios de comunicación en el país, cuyariqueza argumentativa no se reflejó en las modificacionesque finalmente se incluyeron en la legislación.Bajo un proceso electoral en el que el conservador PartidoAcción Nacional (PAN), en el poder, el izquierdista Partidode la Revolución Democrática (PRD) y el centrista PartidoRevolucionario Institucional (PRI) se disputaban laPresidencia de México, se llevó a cabo la evaluación yaprobación de dichas reformas. Al cabo de más de cuatromeses de discusión, los intereses de líderes de partidospolíticos, legisladores, funcionarios del gobierno federal yde empresarios de las televisoras, se impusieron sobre losargumentos presentados por diversos actores de lasociedad, de manera especial del ámbito académico y delos denominados medios públicos.En el debate los temas fueron diversos: la democra-tización y la promoción de la competencia de los medios decomunicación, la función social contra la rentabilidadeconómica de los medios electrónicos, los medios públicosy su financiamiento, la convergencia tecnológica y ladigitalización de la radio y la televisión, la autonomía delórgano regulador, entre otros. Sin embargo, a la propuestaoriginal presentada inesperadamente por un diputado delPartido Revolucionario Institucional (PRI), no se le modificóni una sola coma.Las reformas de medios han sido consideradas entre lasmás impugnadas en la historia jurídica del país porque, deacuerdo con las opiniones vertidas durante todos esosEste artículo tiene como objetivo principal dar aconocer las reformas aprobadas a la Ley Federal deRadio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomuni-caciones en México. Antes de abordar el análisis delos aspectos más destacados de las reformas,presentamos los antecedentes históricos sobre eldesarrollo de las políticas de radiodifusión y las tele-comunicaciones en el país. Asimismo describimos laactuación de los distintos actores políticos que parti-ciparon en los debates y el proceso de aprobaciónque se desarrolló en las cámaras legislativas..Palabras claveNormativa, México, radio, televisión, política,servicio públioc, telecomunicaciones
1 Dicha Cámara se funda en 1941 con el nombre de Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión (CIR); su primerpresidente fue señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, para 1971 cambia su nombre al actual. Desde entonces tiene un poder decabildeo de suma importancia ante el poder político.Quaderns del CAC: Número 2566meses, violan algunos preceptos de la Constitución, favo-recen a las empresas dominantes de la radio y la televisión,dificultan la entrada de nuevos operadores y cierran lasposibilidades para que los pueblos indígenas accedan a lasfrecuencias. Las inconformidades se reflejaron no sólo através de marchas, desplegados en la prensa, la creaciónde sitios web, sino también en el ámbito jurídico: una acciónde inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Cortede Justicia por 47 senadores y alrededor de 200 amparospromovidos por emisoras de radio comerciales, radios co-munitarias y por municipios indígenas, entre otras accioneslegales.AntecedentesEs importante establecer de antemano, que la estructura dela industria de la televisión en México, desde sus inicioscreció bajo un claro proteccionismo, en donde se escudó aun grupo empresarial privado (Televisa), que hizo de latelevisión uno de los emporios más grandes de AméricaLatina. A cambio los gobiernos del Partido RevolucionarioInstitucional (PRI), tuvieron al medio de comunicación conmayor penetración en México, controlado y a su servicio, loque facilitó una televisión alineada con sus distintosgobiernos y dirigida hacia el entretenimiento (Toussaint,1998; Orozco, 2002).Esta situación obedeció, en gran parte, a las lógicasantidemocráticas del sistema político mexicano, carac-terizado por la omnipresencia del poder Ejecutivo sobre losotros dos poderes de la Unión (González Casanova, P:1976:133). Esto como consecuencia de la permanencia enel poder durante siete décadas de un solo partido (ElPartido Revolucionario Institucional –PRI– dominó lascámaras legislativas con mayoría absoluta entre 1934 y1988; y la presidencia hasta el 2000).Sobre las políticas de comunicación relativas al sector dela televisión, podemos decir que la participación de losdistintos gobiernos mexicanos de 1950 a los años 80, oscilóentre la vigilancia, la regulación y la participación directacon la operación de canales televisivos (Gómez, 2002).A lo largo de esos años, las negociaciones y discusionesentorno a las leyes, reglamentos y decretos relacionadoscon las industrias de las comunicaciones, prácticamentesólo se realizaban entre el poder Ejecutivo y lasorganizaciones empresariales. Principalmente con laCámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).Organización conformada por los dueños de los medios decomunicación del país latinoamericano1.Esta situación arrojó vacíos y ambigüedades importantesen las distintas leyes y reglamentos, al no existir unaoposición vigilante y los mecanismos democráticosnecesarios para presentar contra pesos a las iniciativas delEjecutivo y de los empresarios (Cremoux, 1982; Fernández,1982; Bohann, 1988; Orozco, 2002).Por otro lado, también advertimos una clara falta decontinuidad, en líneas generales, en el impulso de políticasde comunicación, relacionadas con la televisión, por partede las distintas administraciones desde 1950 hasta 1988.Incluso podemos decir que las políticas que se implemen-taron, obedecieron a situaciones coyunturales y/o de mutuobeneficio a partir de la relación que se fue tejiendo entre laempresa Televisa y el gobierno en turno (Gómez, 2002).En contra parte, observamos que desde 1988 hasta el2006 hay una clara continuidad en las líneas de acción quehan seguido las últimas administraciones en materia depolíticas de comunicación.Esta situación la tenemos que en marcar dentro del impul-so de las políticas neoliberales, que se han venido incorpo-rando desde 1982 y que se aceleraron con la negociación yentrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Américadel Norte (TLCAN) en 1994 (Crovi, 1997; Sánchez Ruiz,2000), ya que se han modificado distintas leyes relaciona-das con las industrias de las comunicaciones, con el claroobjetivo de pensarlas desde la lógica de una economía delibre mercado: favoreciendo la libre competencia, los flujos
Observatorio: Reforma de la legislación en radio, televisión y telecomunicaciones en México67de inversión nacionales e internacionales, la apertura de lasbarreras arancelarias y la privatización.Sobre estas reformas coincidimos con la investigadoraDelia Crovi, cuando afirma que las modificaciones a lasleyes relacionadas con la industria audiovisual2y de lastelecomunicaciones deben ser entendidas “dentro delmarco de una reforma general del Estado. Tal reforma haido quitando paulatinamente la injerencia del Estado enmateria de comunicación, ya sea reduciendo su interven-ción o bien colocándolo sólo en posición arbitral respecto alas transformaciones que experimenten los medios” (Crovi,2001:140).Por otra parte, como consecuencia de esas reformasestructurales dirigidas por las políticas neoliberales, los go-biernos mexicanos han tomado una posición abiertamenteliberal, sobre las negociaciones de los bienes y serviciosaudiovisuales, al equipararlos al nivel de las demásmercancías. Soslayando su especificidad cultural.Por ejemplo, en el TLCAN México no se unió a la posicióncanadiense de la excepción cultural3, por lo que entreMéxico y los Estados Unidos están incluidos comocualquier otra mercancía. Por otro parte, en el convenio decooperación económica que tiene México con la UniónEuropea –desde el 2001–, los productos audiovisuales yculturales en general no están incluidos en dicho Acuerdocomercial, puesto que los negociadores europeos tambiéndefienden la figura de la excepción cultural.En las rondas de negociaciones sobre los productos yservicios audiovisuales al interior de la OrganizaciónMundial de Comercio (OMC), la postura de los gobiernosmexicanos ha sido la de alinearse a la posiciónestadounidense dirigida a la liberación de los aranceles yeliminación de las medidas proteccionistas en materiaaudiovisual.Sin embargo, al interior de la UNESCO en la declaraciónde la Diversidad Cultural y la Convención para laSalvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, la posiciónmexicana es contraria a la estadounidense e incluso es muyactiva en el apoyo de estas políticas culturales.Esta situación se presenta contradictoria, pues las resolu-ciones, declaraciones y convenciones firmadas por Méxicoen la UNESCO, no se ven reflejadas en las normativas quetienen que ver con las industrias audiovisuales, por lo quese elude u omite la importancia de estas industrias para lapromoción, difusión e impulso de la diversidad cultural y lacultura en sí misma.Como sabemos el impulso de las políticas de comuni-cación desde una posición neoliberal se comenzaron hadesarrollar activamente en el ámbito internacional, en unaprimera instancia, en el sector de las telecomunicaciones,puesto que de alguna forma tenían menos escollos al noplantear debates sobre los roles socio-culturales y políticosque pudieran tener sus servicios. Éstas políticas se hancentrado, principalmente: a) en las infraestructuras; b) enlas condiciones del mercado; c) la regulación en contra delos monopolios y; d) la transnacionalización de las empre-sas occidentales (Schiller, D, 1989).Ante esta situación, advertimos que de cara a laconvergencia tecnológica la agenda de las políticas decomunicación, presenta dos lógicas o tradiciones, por unlado, la línea liberal y, por el otro, una línea normativa quebusca cumplir funciones socio-culturales muy puntualesdirigidas hacia la construcción de ciudadania, promoción dela diversidad cultural y el crecimiento económico de laindustria nacional (Culemburg/ McQuail, 2003).Las políticas de televisión y lastelecomunicaciones en México 1988-2006Es en el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) en dondese trazan las líneas principales que caracterizan al actual2 Siguiendo a la investigadora catalana Carmina Crusafon entendemos por industria audiovisual, a aquella que "produce bienesy servicios, que son el resultado de un conjunto de actividades que intervienen en la producción, distribución y exhibición deimágenes sobre distintos soportes. Se trata de una industria que tiene tres sectores principales, el cine, la televisión y elvídeo…Asimismo, se caracterizan por tener una naturaleza dual, económica y cultural…"(Crusafon, 1999:105).3 Esta figura le permite al gobierno Canadá financiar, subsidiar y proteger lo relativo a sus industrias culturales.
Quaderns del CAC: Número 2568modelo de políticas de comunicación en México. Dándoseel giro de una tradición nacionalista de corte proteccionistay de control estatal4(Lozano, 2002) hacia la neo-regulacióny/o reregulación, orientada hacia la liberalización, la privati-zación y, en algunos subsectores, a la transnacionalizacióno desnacionalización.La administración Salinas de Gortari en 1992, puso a laventa, por medio de una subasta pública, los activos delInstituto Mexicano de la Televisión (Imevisión)5, el hastaentonces sistema nacional de televisión en propiedad delEstado. Fue así como se incorporó al sistema audiovisualmexicano la empresa TV Azteca6.Los objetivos de la privatización de Imevisión, según laadministración Salinas, eran: a) crear una alternativa decalidad a la empresa Televisa; b) promover la competenciaen la rama de la televisión abierta; c) ofrecer más mercadosrentables para la difusión de mercancías a través de lapublicidad y; d) abrir espacios para una mayor pluralidad ydiversidad de contenidos televisivos.Es importante señalar que con esta decisión la televisiónpública se quedó sin un sistema de ámbito nacional, pues elCanal 11 –decana de la televisión cultural en México- sólocubre con su señal el 27% del territorio mexicano. Con loque se le dejó a la iniciativa privada el monopolio de lamayoría de las audiencias mexicanas y la responsabilidadsocial “de contribuir al fortalecimiento de la integraciónnacional y el mejoramiento de las formas de convivenciahumana” (Artículo 5 de la Ley Federal de Radio y Televisiónde 1960).Paralelamente en 1992, se rereguló la Ley de la IndustriaCinematográfica. Situación que era imperiosa, pues la nor-mativa no se había reformado desde 1950. Sin embargo,sólo se hizo hincapié en tres aspectos: a) retracción de lamayoría de las obligaciones que se le adjudicaban alEstado con la industria; b) la eliminación de la cuota depantalla de 50% a 10% y; c) la liberalización de los preciosde taquilla7(Galperin, 1999; Ugalde, 1998). Asimismo, abrióla posibilidad de la participación sin restricciones de capi-tales extranjeros en sus tres ramas (producción, distribucióny exhibición). Con lo que se dejaron a un lado, temas im-portantes como la incorporación de estímulos fiscales paralas inversiones privadas a la producción y un plan rectorpara el financiamiento a las producciones nacionales.Con esta Ley se impulsó una nueva posición del papel delEstado frente a la Industria Cinematográfica, ya que hastaentonces los gobiernos mexicanos habían participado acti-vamente en las tres ramas de la industria (Gómez, 2005)8.Las consecuencias de estas reformas a la Ley Cinemato-gráfica, en combinación con otras circunstancias de ordeneconómico –crisis económica de 1995-, resultó la peor cri-sis del cine mexicano (Gómez, 2005; Sánchez Ruiz, 2001).Ante esta situación los sectores afectados de la industriaimpulsaron una reforma de esa Ley a través de la Cámarade diputados, consiguiendo corregir algunos artículos ycapítulos expidiéndose otra reforma en 1998. No obstante,quedo corta la reregulación y no se pudo garantizar elapoyo de fondos públicos para la producción cinemato-gráfica, ni mecanismos para impulsar la producción privada.4 Podemos establecer que, hasta entonces, los gobiernos mexicanos habían impulsado políticas dentro de la orbita normativa enmateria de comunicación.5 El llamado paquete de medios incluía: las redes nacionales de televisión de canal 7 y 13, con sus respectivas concesiones; losestudios cinematográficos América y la compañía operadora de teatros (COTSA)- salas cinematográficas.6 El monto que obtuvo el gobierno mexicano, por dicha licitación fueron 645 millones de dólares.7 Hasta ese entonces el precio de la entrada a las salas cinematográficas estaba controlado por el gobierno, al estar consideradodentro de los productos de la canasta básica. Por lo que los empresarios de la exhibición habían solicitado su revocación. Elargumentando era que el bajo precio del boleto no permitía el crecimiento de la industria.8 El investigador argentino Octavio Getino la caracterizó de la siguiente forma: "la política del Estado mexicano de integraciónvertical, llevó a ejercer un liderazgo en la comercialización interna e internacional de sus películas, facilitando tambiénactividades productivas del sector privado y del sindical a niveles nunca igualados en un país capitalista" (Getino, 1998:125).
Observatorio: Reforma de la legislación en radio, televisión y telecomunicaciones en México69Es importante hacer notar, que los gobiernos mexicanosno han buscado entender a las industrias audiovisuales co-mo un conjunto, sino que el cine, el vídeo y la televisión sonpensados de forma aislada. Situación que contrasta con lavisión Europea.Por su parte el gobierno de Ernestro Zedillo (1994-2000)consolidó las políticas iniciadas por el presidente Salinas, alreformar leyes y reglamentos relacionados con el sector delas industrias de las comunicaciones.Para empezar reformó el artículo 28 de la Constitución delos Estados Unidos Mexicanos9, en dos aspectos que nosocupan: el primero en precisar la prohibición de los mono-polios y de las prácticas monopólicas, tanto en actividadescomerciales como en las industriales y, la segunda, al sacardel párrafo cuarto a la comunicación vía satélite que lacaracterizaba dentro de las operaciones estratégicas delEstado (1995)10. Lo que abrió la puerta para la privatizacióny participación de capitales extranjeros en esa rama de lastelecomunicaciones.Las razones argumentadas, por parte del gobierno, paraimpulsar las modificaciones del artículo 28 con respecto a lacomunicación vía satélite, principalmente eran dos: a) lafalta de recursos por parte del Estado para modernizar lainfraestructura al ritmo que lo exigen las nuevas tecnologíasutilizadas por las telecomunicaciones –bajo la luz de la lla-mada sociedad de la información– (Gómez Mont, 1995:263)y b) las presiones de los Estados Unidos para poder entraren este mercado en México por medio de inversionesdirectas (Saxe-Fernández, 2002:443)11.En cuanto a la Ley Federal de Telecomunicaciones, decre-tada en 1995, la caracterizamos como un claro ejemplo dela neoregulación que se impulsó desde la lógica neoliberal,determinada por su tecnicismo y sin un compromiso socialde servicio público. Esta nueva Ley tuvo como eje principal,crear un marco jurídico adecuado a la realidad operativa queplanteaba la convergencia tecnológica entre las telecomuni-caciones, la informática y el audiovisual (principalmente enla televisión de pago con sus distintas plataformas –cable,súper alta frecuencia y vía satélite) y, sobre todo, promoverla inversión privada nacional y extranjera en el subsector.En lo que respecta a la televisión de pago en sus variantesde cable, vía satélite y súper alta frecuencia, la Ley Federalde Telecomunicaciones, permitió la inversión extranjerahasta en un 49% (Artículo 12). Bajo esa misma lógica serereguló la Ley de Inversión Extranjera de 1993.En lo que respecta a la televisión por cable, debemosseñalar que desde las modificaciones que se le hicieron alReglamento de la Televisión por Cable en 1993 (durante laadministración Salinas), se cambió la figura de concesio-narios de cable por el de operadores de redes públicas detelecomunicaciones12(situación que permite ampliar losservicios a la telefonía, televenta, Internet, etc.). Esta figurafue recogida tanto en la Ley Federal de Telecomunicacionescomo en el nuevo Reglamento de Televisión y AudioRestringidos (2000), haciéndola extensiva para la súper altafrecuencia y la comunicación vía satélite.En correlación con las administraciones anteriores, la ad-ministración de Vicente Fox, en agosto de 2001, a través de9 En el período de la administración Zedillo se realizaron 76 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,siendo el récord durante un sexenio desde la promulgación de la Constitución de 1917.10 Hasta antes de esta reforma no se hacia esa precisión. Además, no se consideraban monopolios las funciones ejercidas por elEstado en las áreas estratégicas como la radiotelegrafía y la comunicación vía satélite, entre otras.11 El investigador internacionalista John Saxe-Fernández, nos dice que esta modificación se llevó a cabo siguiendo un compromisoformalizado en un "Acuerdo de Entendimiento" entre la administraciones Zedillo y Clinton, como parte de las condiciones delrescate de 1995, al prestarle el Gobierno de los Estados Unidos 40 mil millones de dólares para paliar la crisis económicamexicana desencadenada a finales de 1994 (Saxe-Fernández, 2002:443).12 La Ley de Federal de las Telecomunicaciones entiende por una red pública de telecomunicaciones, como a "la red detelecomunicaciones a través de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no comprende losequipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá delpunto de conexión terminal" (Artículo. 3° fracción X).
Quaderns del CAC: Número 25la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Ministeriode Comunicaciones) otorgó las concesiones para operarsatélites extranjeros en México a las empresas Controlado-ra Satelital de México, conformada por las empresas Pa-namsat –estadounidense– y Pegaso –mexicana–; SistemasSatelitales de México de GE Americom; TelesistemaMexicano, de Televisa, y Enlaces Satelitales de Satmex (LaJornada, 14 de agosto de 2001). Con lo que la administra-ción en turno materializó, por un lado, la apertura al capitalprivado en la comunicación vía satélite y, por el otro, laposibilidad de operar órbitas satelitales correspondientes aMéxico por satélites extranjeros.En el marco de la discusión de la reforma hacendaría y dela presentación del proyecto de presupuestos de la Federa-ción para el 2004 –en Noviembre de 2003-, el EjecutivoFederal presentó ante la Cámara de Diputados la propuestade vender, enajenar, fusionar o desaparecer las institucio-nes en propiedad del Estado relacionadas con la industriacinematográfica: Instituto Mexicano de Cinematografía(IMCINE), Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) ylos Estudios Churrubusco. La Cámara de Diputados dese-chó dicha propuesta.Ante estas iniciativas, la administración Fox mostró clara-mente su falta de interés por el desarrollo de la industriacinematográfica nacional y confirmó su posición liberal deprescindir de las instituciones culturales que pertenecen alEstado.Finalmente, debemos señalar que en las Leyes que tienenque ver con las industrias audiovisuales y las telecomunica-ciones, existe una clara omisión sobre las preocupacionesrelacionadas con la diversidad cultural e incluso hay unafalta de armonización sobre sus roles socioculturales y laimportancia de éstas en la sociedad mexicana. Lo quedemuestra una contradicción aún mayor al contrastarlo conlas características pluriculturales de la República Mexicana13.La aprobación de las reformasLas reformas fueron aprobadas, de manera unánime por327 diputados de todos los partidos, en un procedimientoinusual, de tan sólo siete minutos y sin discusión, por laCámara de Diputados el 1 de diciembre de 2005. La inicia-tiva fue presentada diez días antes por el diputado del PRI,Miguel Lucero Palma, un político que no tenía antecedentesprofesionales ni académicos en temas relacionados con laradiodifusión o las telecomunicaciones. Meses despuéstrascendió que muchos diputados ni siquiera habían leído eldocumento y que lo aprobaron, sin conocerlo, porque así selos ordenaron los coordinadores de sus grupos parlamen-tarios.La propuesta, después convertida en ley, tomó por sorpre-sa a los diferentes actores políticos que desde años atráshabían trabajado en la elaboración de un anteproyecto dedictamen de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisiónen la otra Cámara, la de Senadores. Este anteproyecto fuepresentado por las organizaciones no gubernamentales quehabían participado en una Mesa de Diálogo para laReforma Integral de los Medios de Comunicación, a la queconvocó la Secretaría de Gobernación (Ministerio) en el año2001. Esta mesa, sin embargo, fue deshecha por la expe-dición, también imprevista, de dos acuerdos tomados por elpresidente Vicente Fox el 11 de octubre de 2002 y quefavorecieron, como nuevamente sucedería después, a losempresarios de la radio y la televisión. Uno de ellos echóabajo, después de más de 33 años de vigencia, un decretoque obligaba a ceder al Estado el 12.5 por ciento de lastransmisiones de cada una de las emisoras de radio ytelevisión, como pago en especie de un impuesto fiscal.14La segunda reforma se hizo al Reglamento de la LeyFederal de Radio y Televisión para facilitar la transmisión depublicidad, en especial de los “informerciales” en los medioselectrónicos. Como ocurriría posteriormente, en ese7013 En la República Mexicana existe una población de seis millones de hablantes de las 60 distintas lenguas indígenas.14 El tiempo fiscal del 12.5 por ciento (equivalente a 180 minutos diarios) decretado en 1968, fue sustituido por un porcentajemucho menor, de 1.25 por ciento (de 18 minutos diarios en televisión y 35 minutos diarios en radio), aunque en mejores horariosde transmisión.
Observatorio: Reforma de la legislación en radio, televisión y telecomunicaciones en Méxicomomento hubo cartas, desplegados, artículos y declara-ciones en contra de las reformas, aunque también fueroninsuficientes para revertir la medida (Sosa, G, 2003).A raíz de estos acuerdos presidenciales, las organizacio-nes no gubernamentales presentaron una propuesta de LeyFederal de Radio y Televisión a las comisiones de Reformadel Estado, de las cámaras de Diputados y Senadores. Ungrupo de senadores la presentaron, ya como anteproyectode dictamen, el 12 de diciembre de 2002. La discusión deeste proyecto fue intensa en los años siguientes, pero losque después defendieron la llamada “ley Televisa”, fueroncasi los mismos que hicieron fracasar esta propuesta de lossenadores. El documento, sin embargo, fue analizado ydiscutido ampliamente, pero nunca fue sometido a votaciónen las comisiones dictaminadoras del Senado (La Jornada,10 de noviembre de 2005).Audiencias públicasCuando el tema del anteproyecto se mantenía en un com-pás de espera, se llevó a cabo la aprobación de la iniciativapresentada por el diputado Miguel Lucero Palma. Esemismo día surgieron los primeros cuestionamientos al docu-mento, lo que obligó al Senado a organizar una serie deaudiencias para recabar las opiniones de instituciones yespecialistas con el fin de corregir –promesa que jamás secumplió- las omisiones que ya se habían detectado de lasreformas.El Senado llevó a cabo cuatro audiencias públicas (losdías 8, 15, 22 y 28 de febrero de 2006), en las queparticiparon 46 personas, entre académicos, consultoresprivados, empresarios, representantes de instituciones, desindicatos y de organizaciones civiles. La mayoría de ellosmanifestaron que se trataba de una reforma insuficiente yque en lugar de promover la competencia afianzaba laposición dominante de las televisoras comerciales. Del totalde opiniones, el 74 por ciento expresó su rechazo hacia laentonces “minuta”, el 26 por ciento dijo estar a favor.15Bajo el tenso clima de las campañas políticas, el cabildeoentre los representantes de Televisa y los dirigentes delPAN y del PRI se intensificó. Particularmente para Televisaera fundamental la aprobación de las reformas en sustérminos, mientras que para los partidos políticos eranecesario tener en televisión un trato favorable hacia suscandidatos (Felipe Calderón del PAN y Roberto Madrazodel PRI), más aún ante las encuestas que favorecían alcandidato de la izquierda (Andrés Manuel López Obradordel PRD).16Los detalles de estas reuniones y los acuerdosa los que llegaron fueron publicados por la prensa.17Losdirigentes de los partidos políticos del PAN y del PRIrealizaron reuniones para convencer a los senadores desus fracciones parlamentarias de no hacer ningún cambio alas reformas, porque ello beneficiaría a sus candidatos. Aúnasí, varios legisladores mantuvieron su postura en contradurante todo el proceso (Villamil, J, 2006:30-31).18Las reformas fueron aprobadas, en principio, en “comisio-nes unidas” de Comunicaciones y Transportes y de Estu-7115 Los que se expresaron en contra fueron 7 académicos, 6 organizaciones académicas, 2 sindicatos, 2 periodistas, 11concesionarios de radio, 4 representantes de emisoras permisionadas, incluido el presidente de la Red de Radiodifusoras yTelevisoras Culturales y Educativas de México. A favor se manifestaron 4 representantes de la Cámara Nacional de la Industriade Radio y Televisión, 6 consultores contratados por Televisa para la redacción de la propuesta y 2 excomisionados de laComisión Federal de Telecomunicaciones(Cfr. Solís, Beatriz, 2006: 29)16 Los candidatos a la Presidencia de México hicieron pocas declaraciones en torno de la reforma de medios. Uno de ellos, AndrésManuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática, pidió frenar su aprobación. "Si genera sospechas no debeaprobarse", dijo el político, en "Preocupa ley Televisa a ONU; López Obrador pide frenarla" (El Universal, 30 de marzo de 2006,primera plana).17 Cortés, Nayeli, "Candidatos pactaron ley de radio y tv; Bartlett", en El Universal, 11 de enero de 2006, primera plana, y "PRI yAN van juntos para aprobar ley de radio y tv", en El Universal, 24 de marzo de 2006, primera plana.18 Sobre lo ocurrido en el grupo parlamentario del PAN, recomendamos el artículo de Javier Corral Jurado "Neurosis de laescaramuza", en El Universal, 24 de marzo de 2006, p. A-11
72Quaderns del CAC: Número 25dios Legislativos, el 28 de marzo (La Jornada, 29 de marzo2006). Dos días después, el 30 de marzo las reformasfueron aprobadas en el Pleno después de un intensodebate televisado por el Canal del Congreso. La sesión,incluyendo la discusión de cada uno de los artículosimpugnados, duró más de 13 horas. Los senadores que seopusieron a la reforma subieron a la tribuna en 54 ocasio-nes; quienes la apoyaron sólo hicieron tres intervencionesen la discusión del primer artículo. Luego abandonaron eldebate. Después de todo, la votación ya estaba decidida,81 a favor 40 en contra, por el acuerdo tomado en lasfracciones parlamentarias del PRI y del PAN. Al respectoescribió Raúl Trejo Delarbre:“Carentes de argumentos, los defensores de la Ley Tele-visa en el Senado de la República les dejaron el foro a quie-nes durante seis horas ofrecieron alternativas a cada unode los artículos cuestionados… Ganaron los votos, eviden-temente. Pero en el campo del diagnóstico y la propuesta,la balanza estuvo a favor de los senadores que seopusieron a la contrarreforma –y con ellos las instituciones,los organismos sociales y los especialistas que losproveyeron de argumentos” (Trejo, R, 2006:48-52).Ley TelevisaDesde un principio se calificó a las reformas como la “LeyTelevisa”, ya que su contenido responde a los planteamien-tos que en diferentes foros expresaron los representantesde la televisora, particularmente en el tema de la conver-gencia tecnológica y la prestación de servicios adicionalesde telecomunicaciones en las mismas bandas de frecuen-cias atribuidas a la radiodifusión, como una manera dedesarrollar nuevos nichos de negocios. También fue califi-cada así por conservar la posición de duopolio de Televisay de Televisión Azteca en la televisión mexicana, al hacermás difícil la entrada de nuevos operadores en ese mediode comunicación.Las reformas, entre modificaciones y adiciones, fueron entan sólo 5 artículos de la Ley Federal de Telecomunicacio-nes y en 14 artículos de la Ley Federal de Radio yTelevisión.19No fueron muchos artículos, pero los cambiosal marco legal de la radio y la televisión, y en menor medidade las telecomunicaciones, fueron de una enorme trascen-dencia social, económica y política. Los cambios másimportantes se pueden resumir de la siguiente manera:• Convergencia tecnológica. El artículo 28 de la LeyFederal de Radio y Televisión menciona la posibilidad paraque los concesionarios de radio y televisión puedan prestarservicios adicionales de telecomunicaciones en las mismasbandas de frecuencias que les han sido concesionadas, tansólo avisándole a la Comisión Federal de Telecomunica-ciones (Cofetel). Para ello, la Cofetel “podrá” recibir el pagode una contraprestación y no se requerirá del veredictofavorable de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).Bajo el argumento de promover la convergenciatecnológica, las televisoras estarán en posibilidad dedesarrollar nuevos negocios en los “canales espejo”destinados a la transmisión de sus señales digitales.20Paraque esto suceda, los concesionarios deberán sustituir sus19 Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de laLey Federal de Radio y Televisión, aprobado por la Cámara de Diputados el 1 de diciembre de 2005.20 El modelo de televisión digital terrestre en México es similar al que desarrolló la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)de Estados Unidos: la asignación al operador de cada emisora de televisión analógica de un segundo canal de 6 Mhz para latransmisión digital. Las asignaciones de estos canales se realizan con el propósito de replicar la cobertura actual de los canalesanalógicos existentes. Durante el periodo de transición que en Estados Unidos inició el 3 de abril de 1996 y que culminará el17 de de febrero de 2009 (13 años) operarán al mismo tiempo emisoras analógicas y emisoras digitales, mientras los consu-midores llevan a cabo la adquisición de receptores de televisión digitales o decodificadores del sistema digital para ser usadosen los receptores analógicos actuales. En México, el "Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digitalterrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México", publicado el 2 de julio de 2004en el Diario Oficial de la Federación, establece algo similar, aunque es más flexible en la temporalidad: comenzó en 2004 yculminará en 2021, en periodos de cobertura con metas trianuales. Sin embargo, esta fecha se puede ampliar si las condicioneseconómicas o de acceso a la tecnología lo hacen necesario.
títulos de concesión de servicios de radiodifusión por el deservicios de redes públicas de telecomunicaciones. Sobreeste tema, hubo infinidad de cuestionamientos que nofueron atendidos por los senadores. En uno de losdictámenes técnicos elaborado por el mismo gobiernofederal, a través de la Secretaría de Comunicaciones yTransportes –sobre el cual hablaremos más adelanteporque se trata de un documento que sólo gracias alInstituto Federal de Acceso a la Información fue dado aconocer públicamente- se comenta que “si bien es deseableque se presten servicios de telecomunicaciones, en todomomento debe de prestarse el servicio de televisióndigital”.21Y precisa: “Como está planteado existen inclusivedos formas extremas de verlo: 1. Por un lado cabe laposibilidad de que el espectro (se refiere al canal analógicode televisión que deberá devolverse una vez concluido elperiodo de transición hacia la digitalización) nunca serestituya al Estado, ya que el particular podrá argumentarque a él le aplica la Ley Federal de Telecomunicaciones yque en consecuencia no le retiren el canal adicional22, y 2.Que el espectro que aún no se ha otorgado, no se puedeotorgar en los términos planteados en la política (es decir,la asignación de un canal adicional de televisión a cadaconcesionario para que en aquel se realicen las transmisio-nes digitales) y en los títulos de concesión o permisos, yaque la forma planteada en dichos documentos se opone ala Ley Federal de Telecomunicaciones y, por lo tanto,debiera ser licitado y no asignado”.23El artículo referido también fue cuestionado porque lasemisoras permisionadas (culturales y educativas sin finesde lucro) fueron excluidas de la posibilidad de prestar losservicios adicionales de telecomunicaciones, lo cualtambién va en contra de lo contenido en el “Acuerdo de porel que se adopta el estándar tecnológico de televisión digitalterrestre y se establece la política para la transición a latelevisión digital terrestre en México”.Para dar congruencia a estos nuevos servicios adicionalesde telecomunicaciones, las reformas incorporaron unanueva definición de “industria de radio y televisión”, comoaquella que “comprende el aprovechamiento de las ondaselectromagnéticas, mediante la instalación, funcionamientoy operación de estaciones radiodifusoras por los sistemasde modulación, amplitud o frecuencia, televisión, facsímile ocualquier otro procedimiento técnico posible, dentro de lasbandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuidasal servicio”. En opinión de la SCT este artículo permite sinque exista licitación se presten por parte de los concesiona-rios de radio y televisión todo tipo de servicios que técnica-mente sean posibles. “Esto atenta contra toda prácticainternacional en la materia, ya que para servicios adicio-Observatorio: Reforma de la legislación en radio, televisión y telecomunicaciones en México7321 El "Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transicióna la televisión digital terrestre en México" estipula que las transmisiones de televisión digital terrestre deben ser de calidad dealta definición (HDTV) o calidad mejorada (EDTV).22 Uno de los temas que más insistentemente se manejaron en los análisis y las discusiones de las reformas fue sobre laposibilidad de que los operadores de la televisión se queden con los canales analógicos, al concluir la transición hacia latelevisión digital. Tal planteamiento se apoya en lo establecido en la reforma hecha a la Ley Federal de Radio y Televisión,particularmente en su artículo 28, el cual dice que una vez que la Cofetel autorice al operador de televisión la prestación deservicios adicionales de telecomunicaciones "otorgará título de concesión para usar, aprovechar o explotar una banda defrecuencias en el territorio nacional, así como para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones"… Estetítulo sustituirá la concesión que antes tenía para la prestación de servicios de radiodifusión. De esta manera, una vezconcluidas las transmisiones analógicas, las televisoras podrán extender sus servicios de telecomunicaciones en amboscanales y argumentar que los analógicos no podrán ser restituidos al Estado debido a que ya forman parte de una red detelecomunicaciones. Los defensores de las reformas, argumentaron que esto no será posible ya que el referido Acuerdo depolítica digital señala claramente que los canales analógicos serán devueltos al Estado en los tiempos ahí estipulados. Sinembargo, en la jerarquía jurídica mexicana, la ley está encima de los acuerdos expedidos por el Poder Ejecutivo.23 y 24 SCT, Dictamen Técnico. Iniciativa por la cual se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal deTelecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, 4 de abril de 2006.
Quaderns del CAC: Número 25nales en el mundo existen aprovechamientos adicionalespara el Estado”.24• Licitación de concesiones. El artículo 16 establece quelas concesiones para radio y televisión serán por 20 años(antes eran por 30 años) y se otorgarán, a diferencia de lalegislación anterior, mediante licitación pública.25Es decir,gana la concesión quien ofrece más dinero. De esta mane-ra, la cuestionada discrecionalidad que existía en la entregade concesiones en la legislación pasada, dio paso a la licita-ción. Aún así, no se garantiza plenamente que el ganadorde la licitación recibirá su concesión, debido a que el secre-tario de Comunicaciones y Transportes tiene la decisiónfinal. El dictamen técnico elaborado por este ministeriotambién lo advierte: “Sigue quedando en manos delsecretario de Comunicaciones y Transportes la firma de lostítulos de concesión que le presente la Cofetel, con lo quese deja en carácter de ejecutor de firmas o en su defectoquien veta las propuestas sin una mayor fundamentación omotivación”.26Para concursar por las frecuencias se deben llenar diver-sos requisitos: datos generales, plan de negocios, proyectode producción y programación, garantía para asegurar lacontinuación de los trámites hasta que la concesión seaotorgada o negada, y “solicitud favorable presentada a laComisión Federal de Competencia”. Este último requisitofue cuestionado insistentemente, debido a que la “solicitud”no es lo mismo que “autorización favorable” del órganopromotor de la competencia.La nueva legislación prevé que entre los concursantes, laSCT considerará “los fines de la radio y televisión previstospor el artículo 5 de la presente ley”, relativos a principiosmorales, culturales y cívicos que el Estado les exige a losconcesionarios. “El mencionado artículo 17-A –escribeTrejo Delarbre– está redactado de manera tan deliberada-mente pícara que se consigna sólo la obligación de laautoridad para tomar en cuenta esos fines pero no el deberde los aspirantes a una concesión para contemplarlos ensus propuestas de programación” (Trejo, R, 2006:50).Con el establecimiento de las licitaciones para poderobtener frecuencias de radio y televisión, se crea un filtroque dificulta la entrada de nuevos operadores jugadores enla radiodifusión. No sólo eso, aquellos que lo logren seránsobre todo empresarios con fuertes recursos económicos.Por eso es que las reformas favorecen a los principalesoperadores de televisión y su dominancia en el sector:Televisa, con 225 frecuencias, y Televisión Azteca, con 169canales, controlan el 86% por ciento de las concesionesotorgadas en el país (Sánchez Ruiz, 2003).Otro aspecto relacionado con la concentración y el tratofavorable a los actuales operadores comerciales de radio ytelevisión, es que las concesiones serán refrendadas “almismo concesionario”, el cual “tendrá preferencia sobreterceros”. El refrendo de las concesiones no estará sujeto alprocedimiento de licitación mencionado, de acuerdo con lasreformas. En opinión de la SCT, esta modificación legal“genera un régimen de excepción dentro del mismomercado, ya que cualquier otra persona que pretenda serconcesionario deberá licitar y pagar por ello y los concesio-narios existentes podrán seguir explotando las frecuenciassin pago adicional”.27A los permisionarios (las emisoras deservicio público) no se aplica la misma certidumbre en losrefrendos.• Más requisitos para medios de servicio público. En elcaso de la radio y la televisión de servicio público, lasnuevas disposiciones incluyen, a diferencia de lo queocurría con la legislación antes de ser modificada, másrequisitos para las instituciones que deseen obtener lasfrecuencias. Los aspirantes a un permiso deberán cumplir7425 Es importante destacar que gracias al "Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y seestablece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México", los operadores de la televisión comercialrefrendaron sus concesiones hasta el año 2021, fecha prevista en principio para el "apagón analógico" de la televisión. EnEstados Unidos no hubo modificación en la duración de las licencias asignadas a los operadores de la televisión comoconsecuencia de la implantación del estándar de televisión digital.26 y 27 SCT, Dictamen Técnico. Iniciativa por la cual se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal deTelecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, 4 de abril de 2006.
Observatorio: Reforma de la legislación en radio, televisión y telecomunicaciones en Méxicolos mismos requisitos que a los concesionarios (con excep-ción sólo del plan de negocios). Adicionalmente deberánpresentar “un programa de desarrollo y servicio de la esta-ción” y someterse a una revisión más escrupulosa sobre losmotivos por los que desean ser permisionarios. El artículo20 señala:“De considerarlo necesario, la Secretaría podrá sostenerentrevistas con los interesados que hubieren cumplido,en su caso, con los requisitos exigidos, para que aporteninformación adicional con relación a su solicitud. Loanterior, sin perjuicio de la demás información que laSecretaría considere necesario recabar de otrasautoridades e instancias, para el cabal conocimiento delas características de cada solicitud, del solicitante y desu idoneidad para recibir el permiso de que se trate”.“Desde luego –explica Trejo Delarbre-, el gobierno tienela obligación de saber a quién le entrega un permiso deradiodifusión. Pero el puntilloso procedimiento antesdescrito resulta discriminatorio porque en el caso de lasconcesiones mercantiles no se requieren gestiones comoésas. Y recuerda demasiado las indagaciones policíacasque la SCT ha solicitado para oponerse, en variasocasiones, a la legalización de algunas radiodifusorascomunitarias” (Trejo, R, 2006:50).Las reformas precisan que sólo las dependenciasfederales, organismos paraestatales, gobiernos estatales ymunicipales e instituciones de educación superior podránacceder a los permisos. Esto excluye a los ciudadanos o alas organizaciones sociales para aspirar a frecuenciaspermisionadas de radio y televisión, por lo que ya no habrámás radios comunitarias en México. A su vez, las Universi-dades privadas deberán someterse a los concursos delicitación. Pero incluso para las entidades gubernamentalesmencionadas e instituciones de educación superior, la si-tuación no es fácil. Uno de los apartados del mismo artículo21-A establece que para obtener un permiso la depen-dencia que lo pretenda debe tener establecida, “dentro desus facultades u objeto”, competencia para “instalar yoperar estaciones de radio y televisión”, lo que las obligaráa modificar su legislación.Por supuesto que las reformas no otorgan la posibilidad deque las radiodifusoras y televisoras no comerciales, puedanobtener recursos a través de mensajes patrocinados o bienpor la venta de servicios, tal como insistentemente lo hansolicitado durante décadas los permisionarios de radio ytelevisión.• Incremento de tiempos de publicidad. Las reformasautorizan en el artículo 72-A el incremento del 5 por cientode tiempo de publicidad en radio y televisión, siempre ycuando los concesionarios destinen el 20 por ciento de susespacios a la producción nacional. Esto quiere decir que lapublicidad puede llegar a representar el 23 por ciento deltiempo total de transmisión de cada estación de televisión yde 43 por ciento en la radio. Durante el debate llevado acabo en el Senado, el senador Javier Corral explicó de lasiguiente manera este cambio:“Nos quieren engañar con el garlito de la producciónindependiente y no es más que otro negocio adicional. Si undictamen no define lo que es la producción independiente,si un dictamen no dice con que parámetro se mide, lo únicoque le están garantizando es otro negocio adicional a lastelevisoras. Por supuesto están encantados con un 5 porciento de programación comercial más, si ponen un 20 porciento de producción independiente con sus subsidiarias;con sus filiales llenan el requisito”.28• Modificación del órgano regulador. La ComisiónFederal de Telecomunicaciones (Cofetel) fue creada con laexpedición, en 1995, de la Ley Federal de Telecomuni-caciones, como un órgano desconcentrado de la Secretaríade Comunicaciones y Transportes. A diferencia de lo quesucede con otros reguladores en el mundo, la Cofetel seencuentra, en la práctica, subordinada al Poder Ejecutivo.Con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, laCofetel adquiere una nueva composición y se le otorganmás atribuciones. Los cinco comisionados de la Cofetel (an-tes eran cuatro) son designados por el presidente de la Re-pública y podrán ser objetados o avalados por el Senado.7528 ""Reunión de Comisiones Unidas-Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos", en Etcétera, 28 de marzo de 2006,en http://www.etcetera.com.mx/pagsintesisne65.asp
Quaderns del CAC: Número 25La duración en sus cargos es de 8 años, renovables por unperiodo adicional. El dictamen técnico de la SCT y la acciónde inconstitucionalidad presentada por los senadores,establece, sin embargo, que es inconstitucional el “derechode objetar” que se le otorgó a la Cámara de Senadores.También considera inconstitucional el que no se hayapermitido a los comisionados que entonces estaban enfunciones ser ratificados en sus cargos.29La Ley Federal de Telecomunicaciones otorgaba a la Co-fetel facultades en la regulación, el uso, el aprovechamientoy la explotación del espectro radioeléctrico, las redes detelecomunicaciones y los sistemas de comunicación vía sa-télite. Con las reformas, le fueron incorporadas atribucionesen radiodifusión, específicamente en lo relativo al otorga-miento, prórrogas y terminación de concesiones y permisos,así como a todo lo relacionado con su operación técnica.Estas responsabilidades las tenía directamente la Secreta-ría de Comunicaciones y Transportes a través de la Direc-ción General de Sistemas de Radio y Televisión, cuyo per-sonal y recursos pasaron a formar parte de la Cofetel.Según los defensores de la reforma, con esto se acaba ladiscrecionalidad del Ejecutivo Federal en el otorgamientode concesiones y permisos de radiodifusión. También, dije-ron, se fortalece la autonomía del organismo al atribuirlemayores facultades regulatorias. Sin embargo, diversasinstituciones opinaron lo contrario. El pleno de la Cofetel–cuyos comisionados renunciaron por la aprobación de lasreformas -como precisaremos más adelante- señala en unamplio documento que en cuanto al órgano regulador, la ley“a) no le otorga independencia de decisión, ni controlintegral de los trámites efectuados en materia de conce-siones, permisos, asignaciones y sanciones, en materia detelecomunicaciones y radiodifusión, por mantener alregulador como unidad administrativa subordinada a laSecretaría; b) le resta al órgano regulador las facultades enmateria de telecomunicaciones; c) omite actualizar susfacultades en materia de sanciones y otorgarle facultadesesenciales para administrar la convergencia tecnológica, yd) provoca una confusión entre la competencia de laSecretaría y la Cofetel en materias de telecomunicacionesy radiodifusión”.30También advierte que la ley “lejos de representar unamejora a la situación actual del regulador y los particulares,por el contrario debilita al regulador y crea incertidumbrejurídica para el particular respecto a los actos de autoridadde las dependencias del sector”.31• Información sobre gastos electorales. El artículo 79-Aestablece que “los concesionarios de radio y televisióndeberán informar al Instituto Federal Electoral sobre lapropaganda que hubiese sido contratada por los partidospolíticos y los candidatos a cualquier puesto de elección,así como los ingresos derivados de dicha contratación”.También dice que “el Instituto Federal Electoral, durante losprocesos electorales federales, será la instancia encargadade pagar la publicidad electoral de los partidos políticos concargo a sus prerrogativas, y dictará las medidas necesariaspara ello”. Estas reformas, lo dice un artículo transitorio,entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2007.Este artículo, cuestionado por el mismo Instituto FederalElectoral, era innecesario y contraproducente si lo que sebuscaba era transparentar el gasto de campañas políticasen los medios electrónicos. La legislación electoral yaestablece la obligación de los partidos políticos para queinformen sobre sus gastos en medios de comunicación.El problema es que las reformas abren la posibilidad paraque los candidatos y no sólo los partidos políticos contratendirectamente la publicidad en radio y televisión, contravi-niendo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos7629 El segundo artículo transitorio de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones dice lo siguiente: "No serán elegibles paraser comisionados o Presidente de la Comisión, las personas que ocupen dichos cargos a la entrada en vigor del presenteDecreto, por lo que hace a la primera designación de los comisionados y del Presidente de la Comisión".30 "Opinión de la Cofetel respecto a la Minuta de Decreto que reforma y adiciona a las LFTEL y LFRyTV", aprobada por el Plenode la Cofetel en su 111 Sesión Extraordinaria del 15 de marzo de 2006, mediante acuerdo P/EXT/150306J9.31 Ibídem.
Observatorio: Reforma de la legislación en radio, televisión y telecomunicaciones en MéxicoElectorales, el cual limita esa atribución a los partidospolíticos. Asimismo, limita las atribuciones del IFE encuanto a la contratación de esa publicidad y le otorga elpapel sólo de garante para los pagos que realicen lospartidos políticos a los concesionarios.• Posiciones en contra y cobertura. Las manifestacionesen contra de las reformas fueron numerosas. A través dedesplegados publicados en la prensa escrita, spots de ra-dio, foros públicos, mesas redondas, entrevistas, documen-tos de trabajo y hasta marchas y plantones en diferentessitios de la Ciudad de México, diversas institucionesreiteraron la necesidad de modificar las reformas por susinsuficiencias.32Además de la Secretaría de Comunicacio-nes y Transportes, la Cofetel y la Comisión Federal deCompetencia, ya mencionadas, se manifestaron en contrala Comisión Nacional para el Desarrollo de los PueblosIndígenas (dependiente del gobierno federal), la Red deRadiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas deMéxico, esta última conformada por alrededor de 50sistemas de radio y televisión, la Asociación Mundial deRadios Comunitarias (AMARC), la Oficina del Alto Comisio-nado de Derechos Humanos de la Organización para lasNaciones Unidas, la Sociedad Interamericana de Prensa(SIP), más de 200 emisoras comerciales integrantes deRadio Independiente, el Instituto Federal Electoral (IFE), laAsociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación(AMIC), así como una importante cantidad de asociacionesciviles y sindicales (El Universal, 23 de marzo de 2006).También rechazaron las reformas escritores, poetas,periodistas, cineastas, comunicadores, académicos,investigadores, analistas, industriales y políticos.Un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Dere-cho a la Información, a través de su Comisión de Obser-vatorio de Medios, reveló que el periodo que abarcó desdela aprobación de las reformas en la Cámara de Diputadoshasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación, eltema de la llamada “ley Televisa” logró colocarse en laagenda pública nacional, gracias a la amplia cobertura en laprensa escrita. De igual manera, algunas emisoras de radiocomerciales, el Canal del Congreso y los medios públicosse sumaron al debate y al análisis “logrando que loscambios a esas leyes federales no pasaran desapercibidascomo hubieran querido quienes las impulsaron de manerasoterrada” (Solis, B, 2006a:26-28). Televisa, es importantemencionarlo, organizó sobre el tema dos debates, pocodespués de ser aprobadas las reformas en la Cámara deDiputados, pero en general el tema no encontró muchacabida en los medios comerciales.Según el estudio citado, del 1° de diciembre de 2005 al 19de mayo de 2006, se publicaron 1,625 notas, artículos yeditoriales. De ese total, un 59 por ciento se expresan encontra en las reformas, el 34 por ciento tienen untratamiento neutro y sólo el 7 por ciento manifestaronposiciones a favor. En nueve periódicos editados en lacapital del país se concentró el 90 por ciento de losregistros: El Universal, Reforma, La Jornada, Milenio, ElFinanciero, El Sol de México, Excélsior, La Crónica y ElEconomista ( en Solis, B, 2006a:26-28)..En la radio, destacó la protesta realizada el InstitutoMexicano de la Radio, un organismo dependiente delConsejo Nacional para la Cultura y las Artes. Un día antesde votarse las reformas en el pleno del Senado, las 17radiodifusores integrantes de ese grupo, transmitieron unasola canción e intercalaron spots con el siguiente mensaje:“Un país sin pluralidad de medios de comunicación seríacomo escuchar la misma canción todo el día. Hoy,miércoles 29 de marzo, sólo transmitimos una canción. Lasmodificaciones a la Ley de Radio y Televisión reducen laposibilidad de crear opciones. El Instituto Mexicano de laRadio manifiesta su desacuerdo. ¿Tú qué piensas?”.Ese mismo día, Radio Educación, emisora dependiente dela Secretaría de Educación Pública, a través del ConsejoNacional para la Cultura y las Artes, transmitió mesasredondas en las que se cuestionaron las reformas. El Canal11 del Instituto Politécnico Nacional abrió también susnoticiarios para dar una amplia cobertura a las posicionescríticas de las reformas.• Contradicciones y presiones. En los registros de laAsociación Mexicana de Derecho a la Información tambiénse da cuenta de los desplegados a favor de las reformas.7732 Una de las protestas públicas se realizó el 30 de marzo, fuera de las instalaciones del Senado de la República. Una reseña delacto aparece en Alcántara, Liliana, "Protesta pacífica acabó en jaloneos", en El Universal, 31 de marzo de 2006, p. A-10.
Alrededor de ellos ocurrieron hechos significativos. Luegode ser aprobadas las reformas en la Cámara de Diputados,la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, laCámara Nacional de la Industria, Electrónica, de Telecomu-nicaciones e Informática (CANIETI) y otros radiodifusores,se habían manifestado en un principio en contra de lareforma, pero después cambiaron su posición por la presiónde Televisa.33El cambio de posición de la CIRT también generó unadivisión interna entre los concesionarios afiliados a estaorganización.34Uno de los empresarios radiofónicos másreconocidos del país, dueño de Organización RadioFórmula y tío del presidente actual de Televisa, EmilioAzcárraga Jean, pidió al Senado diferir las reformas porque“contienen disposiciones que afectan seriamente a lamayoría de los concesionarios que integran la industria dela radio en el país” (El Universal, 9 de diciembre de 2005).A su posición se sumaron los radiodifusores pertenecientesa la organización Radio Independiente, cuyo presidente,Roque Chávez, manifestó en diferentes ocasiones surechazo a las reformas por la licitación de las frecuencias,el fortalecimiento de los oligopolios y por no garantizar latransición de las emisoras concesionadas y permisionadasde AM a la banda de FM.El caso de la Cámara Nacional de la Industria, Electrónica,de Telecomunicaciones e Informática fue notable. En undesplegado publicado en enero en varios diarios naciona-les, este organismo dijo que se trataba de reformas hechas“al vapor”, que respondían “a intereses individuales, contra-rios al interés público”. Incluso los abogados de la Canieticolaboraron directamente en la realización de una propues-ta alterna que preparaban los senadores opositores a lasreformas.35Con el paso de los días, el organismo cambióde posición. El 1 de febrero envió una carta al presidentedel Senado, Enrique Jackson, en la que califica a la minuta“como un avance en el fortalecimiento del órgano reguladory busca la convergencia”.36El periódico El Universal dio aconocer el 1 de marzo diversas grabaciones telefónicas enlas que se reveló la manera en cómo el asesor jurídico deTelevisa coaccionó a la Canieti para que modificara su pos-tura en relación con las reformas. También las conver-saciones revelaron que varias de las cartas de apoyo a lasreformas fueron escritas, supervisadas o aprobadas por esaempresa de televisión (El Universal, 1 de marzo de 2006).33 La revista Proceso detalló algunos de los mecanismos de presión: "Televisa amenazó a la cadena Radiorama (el grupo másimportante del país por el número de emisoras entre propias y afiliadas), de Javier Pérez de Anda, con quitarle elencadenamiento con la señal de W Radio en casi 50 de sus 189 emisoras en el país. A Multivisión, de Joaquín Vargas, le sugirióque si mantiene su oposición, Televisa podría sacar del sistema vía satélite Sky al Canal 52" Este último empresario había dichoa través de un comunicado distribuido el 8 de diciembre de 2005 que las reformas no contemplaban "temas de fondo". Sinembargo, cinco días después, respaldó las reformas: "Entendemos que la coyuntura obliga a considerar la conveniencia de loya aprobado en la Cámara de Diputados, y es en ese contexto que apoyamos la posición de nuestra Cámara" (se refiere a laCámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión). Villamil, Jenaro, "Consenso a fuerza", en Proceso N° 1528, 12 defebrero 2006, p. 25.34 El desplegad que modifica la posición de la CIRT fue publicado en Reforma, 13 de diciembre de 2005, página 6, dice entre otrascosas lo siguiente: "A pesar de la ausencia de una consulta a esta asociación gremial tendiente a enriquecer en su momento elcontenido de la iniciativa, de los análisis y discusiones realizados al seno de los Comités técnicos y jurídicos, se concluye quela reforma propuesta representa un avance significativo para la integración plena de la industria de la radiodifusión mexicana ala denominada sociedad de la información". Posteriormente publica un nuevo desplegado en el que exhortó al presidenteVicente Fox a aprobar las reformas porque "la nueva legislación es el primer paso hacia una industria de la radiodifusión mejorregulada, más transparente y con incentivos adecuados, para su modernización tecnológica", en El Norte, "Urge CIRT a Fox apromulgar ley", 3 de abril de 2006, p. 5.35 Desplegado de la Canieti dirigido al Congreso de la Unión y a la Opinión Pública, bajo el título "Lo que no debiera ocurrir conlos legisladores en un país de transparencia y democracia", publicado en El Universal, 12 de diciembre 2005, p. A-25.
Una posición igualmente contradictoria fue la del PoderEjecutivo. Poco después de que el presidente Vicente Foxpublicara las reformas en el Diario Oficial de la Federación,se dio a conocer la existencia de un documento (el“dictamen técnico” mencionado líneas atrás) elaborado porla Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el queadvierten las inconsistencias y las violaciones constitu-cionales de las reformas. El documento se obtuvo gracias auna solicitud que el senador Javier Corral hizo a través delInstituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).El dictamen fue dirigido al presidente Fox, pero según suvocero, Rubén Aguilar, no llegó a manos del titular delPoder Ejecutivo porque es habitual que el consejero jurídicode Presidencia no le envíe este tipo de documentos.37Alrespecto, Beatriz Solís escribió:“La revelación de la advertencia que la Secretaría deComunicaciones y Transportes, responsable del sector,hiciera al presidente Fox para regresar la reforma no agreganada nuevo al debate que se había dado en los mesesanteriores, sólo que su valor agregado es la opinión delsector responsable que si bien antes había mantenido unaposición pasiva, no pudo, en su último tramo, dejar deasumir su responsabilidad de advertir las irregularidadeslegales y las violaciones constitucionales de una reformaaprobada inopinadamente” (Solis, B, 2006:29).• Reformas parelelas. Para tratar de revertir las omisionesde las reformas, algunos de los senadores que apoyaron la“Ley Televisa” prepararon una iniciativa, con el fin deenmendar las insuficiencias de las modificaciones incluidasen la Ley Federal de Radio y Televisión. A esa iniciativa sele denominó “reforma paralela” y fue aprobada el 20 de abrilpor 62 senadores; 24 votaron en contra. Sin embargo, laminuta se encontraba aún en la Cámara de Diputados sinser analizada ni votada.38En el documento se incluye laparticipación de la Comisión Federal de Competencia en laelaboración de las bases de licitación de frecuencias deradio y televisión. Asimismo hay una indicación para que elEjecutivo Federal expida un nuevo Reglamento de MediosPúblicos y emita lineamientos “para promover el desarrollode las estaciones permisionadas, ya sean culturales oeducativas, que atiendan a comunidades específicas,escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole”. Tambiénse incluye una modificación al artículo relacionado con lacontratación de propaganda, al quitarle esa posibilidad a loscandidatos de los partidos políticos para no violar, comosucede ahora, la legislación electoral.En la “reforma paralela” se incluye finalmente un artículotransitorio en el que se establece que la Cofetel asignarátemporalmente frecuencias adicionales a los operadores deradiodifusión para llevar a cabo la “introducción de nuevastecnologías”. Este artículo se hizo para garantizar el otorga-miento de canales adicionales a los concesionarios y permi-79Observatorio: Reforma de la legislación en radio, televisión y telecomunicaciones en México36 Javier Lozano, expresidente de la Cofetel, escribió lo siguiente sobre la Canieti: "Es tan evidente la contradicción, tan corto eltiempo transcurrido y tan ominoso el silencio que siguió la entrega de esta última carta, que lo menos que uno puede hacer espensar mal. María Teresa Carrillo, presidenta de la Canieti, tiene la obligación de explicar, ante sus agremiados y frente a laopinión pública, su errático proceder mientras que los senadores que revisan la minuta de reformas tienen, también, el deber decuestionarle su asombrosa y oficial mutación. Al hacerlo, podrán los legisladores develar la verdadera razón de tan espontáneamuestra de apoyo. Al dejarla pasar, estarán poniendo su sello personal en una historia que, por lo visto, quedará escrita con letrasdolientes", en El Universal, 13 de febrero de 2006, p. A11.37 El consejero jurídico de Presidencia de la República, Juan de Dios Castro, envió una carta al periódico en El Universal en la queda a conocer su posición sobre el dictamen técnico de la SCT: "Pues bien, la SCT en ningún momento informó a esta ConsejeríaJurídica que hubiera obtenido el acuerdo favorable con el Presidente de la República, ni presentó a esta dependencia el docu-mento formal que contuviera las observaciones que deberían presentarse al Congreso de la Unión (proyecto de veto). Por ello, laConsejería Jurídica nunca procedió al análisis de los comentarios remitidos por la SCT", en El Universal, 22 de junio 2006, p. A-8.38 Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 17-D; un segundo párrafo al artículo 17-G; un último párrafo al artí-culo 28, así como una fracción cuarta al artículo 28-A, y se reforma el artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión". Tam-bién consúltese Torres, Alejandro, "Senado avala niciativa paralela de ley de medios", en El Universal, 21 de abril de 2006, p. 1.
sionarios de radio en caso de que así lo requiera elestándar digital que México adopte, sin sujetarse al procedi-miento de licitación de frecuencias definido en las reformas.De cualquier manera, la “reforma paralela” no fueaprobada en la Cámara de Diputados porque la dirigenciadel PRI consideró que en ese momento no había tenido untrato adecuado por parte de los medios electrónicos haciasu candidato a la presidencia, luego de realizarse el primerdebate televisado.• Los nuevos comisionados. Luego de entrar en vigor lasreformas, el paso siguiente de quienes las impulsaron,consistió en realizar el cabildeo necesario para que elpresidente Fox propusiera a los comisionados más acordecon sus intereses. Una primera terna estuvo conformadapor Rafael del Villar, Gonzalo Martínez Pous, Julio Di Bella,José Luis Peralta Higuera y Fernando Lerdo de Tejada (ElUniversal, 23 de ,mayo de 2006, p. A-8). De esta propuesta,sólo fue ratificado José Luis Peralta, funcionario de laCofetel, otro renunció previamente (Fernando Lerdo) y dosse ampararon (Rafael del Villar y Gonzalo Martínez) porqueel Senado no tenía atribuciones para objetarlos.39Posteriormente, el presidente Fox envió al Senado unanueva terna que, gracias a una nueva negociación entre elPAN y el PRI, fue aprobada por ambos partidos y rechaza-da por el PRD. Los designados fueron: los senadoresErnesto Gil Elorduy (del PRI) y Héctor Osuna Jaime (delPAN), quienes apoyaron la aprobación de las reformas,este último como presidente de la Comisión de Comunica-ciones y Transportes del Senado; el abogado Eduardo RuízVega, académico y consultor contratado por Televisa paratrabajar a favor de las reformas, y el ingeniero FranciscoGonzález Abarca, quien se había desempeñado comodirectivo de diferentes empresas de telecomunicaciones (ElUniversal, 27 de junio 2006). De esta manera, se cumplióadecuadamente el ciclo tal como lo habían previsto losimpulsores de las reformas.• Acción de inconstitucionalidad. De igual manera, 47senadores inconformes por la “Ley Televisa” presentaronuna acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Cortede Justicia para impugnar la reforma. El recurso jurídicodocumenta 21 violaciones a 27 artículos de la Constitución.Dos de los alegatos principales se basan en la violación alos artículos 28 y 134 de la Carta Magna. El artículo 28constitucional prohíbe los monopolios, mientras que el 134establece que se deberán licitar las concesiones que elEstado otorgue a particulares, lo cual no ocurre con el usodel espacio excedente producto de la digitalización.También se destaca la violación del artículo 41 de la Cons-titución y el 48 de la legislación electoral porque permite quesean los candidatos y no los partidos políticos lo quecontraten directamente publicidad con las televisoras.Consideraciones finalesEs evidente que las reformas impulsadas y el proceso denegociación en el que se desarrollaron las mismas fueronhechas a la medida e intereses de los grandes conglomera-dos de medios de México, pues estos se verán favorecidosde las distintas posibilidades que les ofrece la convergenciatecnológica para potenciar sus servicios agregados ydesarrollo de nuevos negocios.A diferencia de los beneficios que se otorgan sobre todo alas televisoras, advertimos que la radio y la televisión públi-cas, ciudadanas y comunitarias quedan relegadas, tantopor omisión como en lo incluido en las nuevas disposicionesde legislación, situación que va en contra de la pluralidaddemocrática y diversidad cultural.Como se pudo apreciar, no hay una conceptualización porparte del gobierno en turno sobre la radiodifusión comoparte del aparato cultural del país ni mucho menos como uningrediente fundamental en la construcción del Estado.Consideramos que hay una idea de ver a la radiodifusióncomo entretenimiento e incluso como un instrumento parala negociación política en momentos coyunturales. De ahíque sólo haya en las reformas una orientación en aspectostécnicos, de operación y control.México todavía tiene que seguir avanzando en construirmecanismos democráticos suficientes, para que el podereconómico de los barones del audiovisual y de las teleco-80Quaderns del CAC: Número 2539 Rafael del Villar y Gonzalo Martínez fueron amparados, pero el Poder Judicial otorgó una suspensión provisional de susrecursos.
municaciones, en sintonía con el poder político, no sean losúnicos actores que guíen el destino de la radiodifusión y lastelecomunicaciones en el país. Al respecto, no debemosolvidar que el régimen de propiedad de estas empresas sebasa en el otorgamiento de concesiones para el uso, tem-poral y regulado, de las bandas de frecuencias. El espectroradioeléctrico, por donde transitan las ondas electromag-néticas, es un bien finito administrado por el Estado enbeneficio de la sociedad y no sólo para que los particulareslo exploten a perpetuidad, sin que ello derive en beneficiospara la misma colectividad.Finalmente, podemos caracterizar a estas reformas comoultraliberales, ya que hay una clara continuidad de laspolíticas que han impulsado los gobiernos mexicanos desdelos inicios de la década de los noventa, mediante el impulsoal mercado libre y la inversión privada. Durante todos estosaños, la visión de Estado ha desaparecido. Por ello, lainiciativa privada podrá seguir ostentando privilegios paramantener su posición concentradora y oligopólica, sin quehasta ahora exista un contrapeso real (ni en los poderesEjecutivo, Legislativo o Judicial) que limite su expansión.Bibliografía y hemerografíaALVA DE LA SELVA, A. “De la soberanía estatal a la conver-gencia”, En: Revista Mexicana de Comunicación, núm. 99,junio-julio 2006, pág. 28-31BOHMANN, K. Medios de comunicación y sistemas informati-vos en México. Alianza: México, 1988CREMOUX, R. (1982). La legislación mexicana en radio ytelevisión. Ediciones UAM-Xochimilco: México DF, 1882CROVI, D. “El tratado de libre comercio de América del Norte¿Hacia una nueva etapa? El proyecto Monarca”, pág. 135-152. En: QUIRÓS I SIERRA (Dir.). Crítica de la EconomíaPolítica de la Comunicación y la Cultura. ComunicaciónSocial Ediciones y Publicaciones: Sevilla, 2001CROVI, D. “Inequidades del NAFTA/TLCAN: un análisis delsector audiovisual”, pág. 151-170. En: MASTRINI, G.;BOLAÑO, C. (Eds.). Globalización y monopolios en la comu-nicación en América Latina. Hacia una Economía Política dela Comunicación. Biblos: Buenos Aires, 1997CUILENBURG, J. V.; MCQUAIL, D. “Media Policy ParadigmShifts. Towards a New Communication Policy Paradigm”.En: European Journal of Communication. Sage: Londres,vol. 18(2), pág. 181-207, 2003FERNÁNDEZ, F. Los medios de difusión masiva en México.Editorial Juan Pablos: México DF, 1982GALPERÍN, H. “Cultural Industries Policy in Regional TradeAgreements: the Case of NAFTA, the European Union andMERCOSUR”. En: Media, Culture and Society, 21 (5), pág.627-648, 1999GETINO, O. Cine y Televisión en América Latina. Produccióny Mercados. Ciccus: Buenos Aires, 1998GÓMEZ, R. “La industria Cinematográfica Mexicana. Estruc-tura, desarrollo, políticas y tendencias 1992-2003”. En: Es-tudios de las Culturas Contemporáneas, núm. 22, diciembre2005. Universidad de Colima: México, pág. 249-274, 2005GÓMEZ, R. Análisis de la industria audiovisual mexicana(1994-2000). Estructura, desarrollo y tendencias. Trabajode tesina, Universidad Autónoma de Barcelona: Bellaterra,2002GÓMEZ MONT, C. “Liberalización de las telecomunicacionesen México”, pág. 257-277. En: CROVI, D. (Cor.) Desarrollode las industrias audiovisuales en México y Canadá.Ediciones UNAM- FCPyS: México, DF, 1995GONZÁLEZ CASANOVA, P. La democracia en México. EditorialEra: México DF, 1976LOZANO, J. C. “Políticas de comunicación y telecomunica-ciones en México: entre la liberalización y la intervencióndel estado en las estructuras de propiedad y control”. En:Telos, núm. 55, Fundación Telefónica: Madrid, 200381Observatorio: Reforma de la legislación en radio, televisión y telecomunicaciones en México
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