Source: https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2017/09/27/adios-a-las-costas-procesales-proposicion-de-ley-de-modificacion-en-la-materia/
Timestamp: 2017-10-18 18:43:00
Document Index: 245158456

Matched Legal Cases: ['artículo 394', 'artículo 394', 'artículo 394', 'artículo 394', 'artículo 139', 'artículo 394']

¿ADIÓS A LAS COSTAS PROCESALES? PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN EN LA MATERIA. | MONSIEUR DE VILLEFORT
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Ese es el objetivo último de la Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en materia de costas del proceso, que el pasado día 14 de septiembre de 2017 registró en el Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Socialista. En definitiva, se trata de adoptar en nuestro país la american rule, principio en virtud del cual cada parte cargará con sus propias costas, salvo que una ley específica disponga lo contrario.
En efecto, mediante una reforma que se pretende operar en los artículos 394 y siguientes de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y en el 139 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se pretende dar la vuelta a la tortilla y establecer como regla general la no imposición de costas, excepto en los supuestos de litigación temeraria.
¿Cómo justifica el Partido Socialista Obrero Español esta larga cambiada? Acudamos a la Exposición de Motivos y nos encontraremos con este párrafo esencial: “el temor a la condena en costas disuade en muchas ocasiones el ejercicio del derecho de acceso al proceso para solicitar el restablecimiento de derechos que se entienden vulnerados, conociendo que en la resolución del caso concreto intervienen muchas variables que no dependen exclusivamente de quien demanda la justicia que cree vulnerada.” En efecto, la flora y la fauna existente en el mundo jurídico ligado a los procesos judiciales es de lo más diverto. Si a ello añadimos que de forma harto discutible el Tribunal Constitucional ha incluido sorprendentemente entre las garantías de la independencia judicial el derecho a separarse de los criterios de órganos superiores sin más que motivar la discrepancia (Sentencia 37/2012 de 19 de marzo), a la flora y la fauna hay que añadir el factor “taifa judicial”, con las inevitables consecuencias que ello acarrea: mantener en un mismo territorio criterios de lo más variopinto. En definitiva, que el máximo intérprete (personalmente, más bien creo que lo adecuado sería calificarlo de “máximo enemigo” o “enemigo acérrimo”) de la Constitución en su afán por “proteger” la independencia judicial (algo que sólo puede entenderse como una broma siniestra tras la actuación de dicho órgano en la Sentencia 1081986 de 29 de julio) ha volatilizado el principio de seguridad jurídica, que más bien debiera mutarse por “inseguridad jurídica”.
Pero regresemos a la modificación propuesta. El eje de la reforma se centra en la nueva redacción que se da en la normativa procesal civil a los preceptos reguladores de las costas procesales, que ulteriormente se reproducen de forma literal en la contenciosa. La actual redacción del artículo 394.1 de la Ley 1/2000 reza así: “En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.” Se trata, por tanto, de establecer el vencimiento objetivo, si bien dulcificándolo mediante la “válvula de escape” de las serias dudas de hecho o de derecho. Pues bien, la nueva redacción que se pretende otorgar al artículo 394.1 es la siguiente: “En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, siempre que el tribunal aprecie y así lo razone que se ha litigado con temeridad. En ningún caso se impondrán las costas cuando el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.” En definitiva, se trata de alzar como principio jurídico la no imposición de costas, erigiendo como criterio básico no el vencimiento objetivo, sino la litigación con mala fe o temeridad, lo que supone eliminarlas virtualmente en la práctica, pues no llegan ni al cinco por ciento las veces en los que los órganos jurisdiccionales de los distintos órdenes aprecian la concurrencia de dicha circunstancia. Pero esa eliminación del vencimiento no se ciñe a la primera instancia, sino a los sucesivos grados, puesto que se mantiene en los artículos 397 y 398 la remisión al artículo 394, lo que implica generalizar en toda la pirámide procesal la virtual exención práctica de las costas. Todo este nuevo marco se adereza con alguna novedad de interés, como, por ejemplo, fijar (exclusivamente a efectos de costas) la cuantía de las pretensiones inestimables en 18.000 euros (artículo 394.3). O la curiosísima excepción que se establece en los pleitos donde sean parte los consumidores, pues en éstos sigue rigiendo el vencimiento objetivo pero mediante un sistema que pudiéramos llamar de “ruleta trucada” o “carta marcada”: únicamente si el consumidor “vence en el litigio” se impondrán las costas a la parte vencida; en caso contrario, es decir, si el consumidor es derrotado, rige la norma general (mala fe o temeridad).
La deficiente técnica legislativa del legislador queda patente a la hora de proponer la modificación del artículo 139.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Qué sencillo hubiera sido reducir tal precepto a una simple frase: “En materia de costas procesales, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 394 y siguientes de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.”! Pero en lugar de ello, el redactor de la proposición de ley optó por reproducir literalmente el artículo 394. No logro encontrar otra explicación para tal proceder que la misma por la cual en los folletines del siglo XIX abundaban los diálogos así como los puntos y aparte: que al redactor se le abona por línea escrita.
En definitiva, habrá que verificar si la Proposición sale adelante y, una vez entrada en vigor, analizar los efectos de la misma en la realidad cotidiana.