Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43624752
Timestamp: 2020-07-07 03:09:32
Document Index: 45879973

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'Artículo 70', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 10', 'artículo 62', 'artículo 34', 'artículo 26', 'artículo 31', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 17', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 5', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 23', 'artículo 47', 'artículo 55', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 152', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo70', 'Artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 7', 'Artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 29', 'artículo 26', 'artículo 116', 'artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 44', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 71', 'artículo 70', 'artículo 150', 'artículo 7', 'artículo 152']

Sentencia de Constitucionalidad nº 400/06 de Corte Constitucional, 24 de Mayo de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 43624752
Sentencia de Constitucionalidad nº 400/06 de Corte Constitucional, 24 de Mayo de 2006
Ley 975 de 2006 articulo 70 parcial. Se dictan disposiciones para la reincorporacion de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecucion de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Rebaja de penas. Para el demandante la norma acusada vulnera los principios y derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad, la libertad, la resocializacion, la paz, la favorabilidad y la cosa juzgada. Cosa juzgada constitucional. Estarse a lo resuelto en c-370 de 2006
IV. INTERVENCIÓN CIUDADANA DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS
V. INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Sentencia citada en: 5 sentencias, 5 artículos doctrinales, una disposición normativa
Actor: A.B.T..
El ciudadano A.B.T., presentó acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 ''Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios''.
''LEY 975 de 2005
''Artículo 70. Rebaja de penas. Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.
Para la concesión y tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las víctimas''.
Para sustentar su demanda se refiere a cada uno de los siguientes derechos: dignidad humana, igualdad y paz. Respecto a la dignidad humana, toma como referencia el artículo primero de la Constitución Política. Se apoya en diversas sentencias de la Corte Constitucional donde se desarrollan los principios de solidaridad y dignidad humana y Estado Social de Derecho. Toma como referencia la Sentencia T-499 de 1992, en la que se analizó el respeto a la dignidad humana por parte del Estado. Concluye que la resocialización del condenado es un derecho fundamental ''cimentado sobre la base de la dignidad humana''. Por tanto, señala que la pena tiene dentro de sus funciones, la resocialización, y la reinserción social del condenado, y al establecerse que un condenado por el hecho de haber incurrido en determinada conducta punible no tiene la oportunidad de resocializarse se desconoce la dignidad humana.
Con relación a la igualdad, sostiene que la norma demandada desconoce el artículo 13 constitucional, puesto que la norma demandada reconoce que unas personas tienen el derecho a la rebaja de pena y otros no. Con respecto, al derecho a la Paz, sostiene que el objeto principal de la ley de justicia y paz, se contrae a la pretensión de que los grupos armados al margen de la ley pacten acuerdos de paz. Sin embargo, esa paz no se logra discriminando a ninguna persona. Por eso es vital que esa rebaja de la pena no excluya a ningún condenado, esto es, debe existir un ''gesto altruista por parte del estado dentro del marco de una política criminal redima la pena o la perdone''. Con la rebaja de pena se le permite al condenado que ''regrese al seno de su familia'', y se limita el tiempo en prisión.
Respecto al principio de favorabilidad expone, que ''si la nueva ley es favorable al condenado (art. 29 constitucional) debe aplicarse retroactivamente, pero si es desfavorable, continuará aplicándose la ley anterior, en forma ultractiva, a los hechos cometidos con anterioridad a la terminación de su vigencia''. La retroactividad tiene aplicación respecto de casos juzgados y no juzgados, en los primeros, se modifica la sentencia y en los segundos se procede conforme a nuevos cánones. Afirma que ''la retroactividad implica la aplicación de una ley nueva a hechos perpetrados antes del comienzo de su vigencia formal, hayan sido o no juzgados definitivamente en el evento de que sea favorable al condenado''. Recoge al efecto una Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 4 de mayo de 2005, en la que se analizó el sentido del principio de favorabilidad. Se refiere igualmente a la Sentencia T-272 de 2005, relacionada con el principio de favorabilidad frente a normas procesales.
Respecto al principio de cosa juzgada, señala de manera expresa: ''se juzga dos veces por el mismo hecho a una persona, rompiéndose el principio constitucional de cosa juzgada. Por las circunstancias de tiempo, modo y lugar ese individuo fue juzgado, sentenciado, se le agravó la pena por circunstancias de agravación determinadas y finalmente se le impuso una condena'', y agrega, ''luego no tiene lógica, que posteriormente, estando la sentencia debidamente ejecutoriada se le niegue cierto tipo de rebaja de pena, con el argumento de haber cometido determinado delito''. Adiciona que al negarse la rebaja de pena con base en el delito comedido es un típica aplicación de una pena ex post facto, que en la práctica es el aumento de la punibilidad ''erosionando el principio de legalidad y predeterminación de las penas''.
Respecto a la prisión perpetua señala que la constante histórica de discriminar a determinados presos del acceso a la rebaja de la pena, por haber incurrido en cierta conducta punible, ''paulatinamente ha alimentado una ideología intolerante de limpieza social sobre esas conductas punibles'', al establecerse que un determinado recluso por el hecho de haber incurrido en cierta conducta punible, debe pagar al pena físicamente sin posibilidad de reeducarse. Sostiene que la pena se pretende convertir en mero castigo contra el infractor de la ley. Concluye sobre este tema que ''el derecho se convierte en instrumento para fundamentar jurídicamente la ideología de la intolerancia''.
El Director de la Comisión Colombiana de Juristas, señor G.G.G., interviene en el proceso, expresando que esa Organización, junto con otras personas jurídicas y naturales, presentó ante la Honorable Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley 975 de 2005, en la cual se señalan tanto vicios de fondo como de forma de dicha norma, por tanto, expresa que la intervención, se hará con una copia de la misma, y solicita a esta Corporación sea tenida en cuenta como intervención ciudadana. Por tanto, en adelante se hará referencia una breve referencia a algunos apartes de la misma.
En general, los vicios de forma se concentraron en sostener que la Ley 975 de 2005 no se tramitó como estatutaria, ni se tramitó como un indulto, no obstante que concede indultos encubiertos, y en relación con los artículos 70 y 71 - rebaja de penas y sedición-, se apelaron indebidamente, no obstante haber sido negados. Manifiestan igualmente que la Ley 975 de 2005 no abarca todo tipo de delitos, sino exclusivamente aquellos que no puedan ser objeto de amnistías e indultos, es decir, delitos de especial gravedad como son los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y las graves violaciones a los derechos humanos. Esta Ley complementa pero no reemplaza la Ley 782 de 2003 y su decreto reglamentario.
Deducen entonces que debe acudirse al método adoptado por la jurisprudencia, tal como se examinó en la sentencia C-093 de 2001. En general sostienen que hay violación del derecho a la justicia, entendida ésta como pilar del Estado Social de Derecho y fundamental. Se refiere además, a la responsabilidad del Estado colombiano, pues en el incumplimiento del deber de investigar y sancionar a los responsables de delitos contra derechos humanos es impunidad. Señalan que si bien el artículo 6 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra establece el deber de las autoridades de procurar las ''amnistías más amplias posibles'', este concepto debe ser interpretado conforme a las obligaciones del Estado en materia de derechos a la justicia. Demandan igualmente la obligación estatal de satisfacer el derecho a la verdad.
Los actores demandaron el aparte del artículo 25 de la Ley 975 de 2005, que establece que sobre los hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto. Acusaron el artículo 10 de la Ley, el numeral 10.6, en cuanto señala dentro de los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva ''Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder''. Demandaron del articulo 48, las expresiones ''más daño innecesario'' y ''otras personas'' contenidas en el numeral denominado 49.1 (sic) y las expresiones ''más daños innecesarios'' y ''otras personas''.
''1. El primero, que es el de los desmovilizados que no tienen procesos penales o condenas por delitos no indultables o no amnistiables y que se tramita a través de la concesión de los beneficios del decreto 128 sin investigación o indagación judicial.
El segundo, esto es, el de los desmovilizados que ya están investigados o condenados por delitos graves y que se deben someter a la versión libre y, en general al procedimiento de la ley 782.''
Se demandaron las expresiones ''dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes'' y ''y dentro de los sesenta (60) días siguientes'' contenidas en los artículos 17 y 18 de la Ley 975 de 2005. Inconstitucionalidad por aplicación del procedimiento penal estatuido y desarrollado a partir del Acto legislativo 02 de 2003. Las normas demandadas en su totalidad fueron los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. El artículo 62, la expresión ''y el Código de Procedimiento Penal''.
Demandan los artículos 17, 18 y 19, en su totalidad, y del artículo 34, la expresión ''y en el marco de la presente ley'', y del 37, el aparte del numeral 7 que dice ''durante el juicio''.
Se demandó el parágrafo 3º del artículo 26 que dice que contra la decisión de segunda instancia no procede recurso de casación. Demandaron el artículo 31, que establece el tiempo de permanencia en las zonas de concentración. Sobre el derecho a la reparación sostienen que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en abril de 2005 aprobó que el derecho a la reparación plena y efectiva comprende : restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. La Ley 975 si bien enuncia los componentes del derecho a la reparación en el artículo 8º, no establece medidas para que tales componentes puedan concretarse dentro del proceso judicial. Demandaron las normas que estipulan que sólo concurren a la reparación los bienes adquiridos ilícitamente u otros si el desmovilizado los tuviese. Demandaron las siguientes expresiones : ''producto de la actividad ilegal'', contenida en el numeral 2 del artículo 10; ''producto de la actividad ilegal'' y ''cuando se disponga de ellos'', contenidas en el numeral 5 del artículo 11; ''de procedencia ilícita'', del numeral 4 del artículo 13; ''si los tuviere'', del artículo 17; ''de procedencia ilícita'', del 18; y, ''de ser posible'', del 46. Señalaron que no hay garantías adecuadas para la restitución de los bienes. Respecto al artículo 54 que establece el Fondo para la reparación de las víctimas. Demandaron la expresión contenida en el inciso segundo que dice : ''por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley''.
Por consiguiente, solicitaron a la Corte que ''se condicione la constitucionalidad del segundo inciso del artículo 54 a que, en cumplimiento del deber de restitución como componente del derecho a la reparación, se exceptúen de ''los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen'' aquellos que han sido usurpados de forma violenta a sus dueños, poseedores, ocupantes o tenedores, pues en ese caso deben ser restituidos y no deben formar parte de un fondo común para reparaciones.''
Demandan las siguientes expresiones : ''en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa'' y ''en primer grado de consanguinidad'' contenidas en los incisos segundo y cinco del artículo 5 de la Ley 975; ''en primer grado de consanguinidad'', del inciso segundo del artículo 47; y, ''en primer grado de consanguinidad'' del numeral 3 del artículo 48. Acusaron en su totalidad el artículo 23, que corresponde al incidente de reparación integral.
Demandaron las siguientes expresiones : ''de conformidad con el Presupuesto del Fondo par la Reparación de las Víctimas'', del inciso primero del artículo 47 y ''de acuerdo con el presupuesto asignado para el Fondo'' y ''dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional'' del inciso primero del artículo 55 y del numeral 1. Señalaron que el derecho a la reparación comprende la garantía de no repetición, asunto que hace parte de las obligaciones del Estado de proveer los recursos efectivos contenidos en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Manifiestan que si bien el artículo 8 de la Ley 975 establece esta garantía, otras disposiciones de la misma Ley resultan contrarias a este deber del Estado, al consagrar que los desmovilizados no pierden los beneficios no obstante reincidan en actividades delictivas. Con base en esta explicación, demandaron el artículo 29, que establece la pena alternativa.
Pidieron que la Corte declare la inconstitucionalidad de la totalidad de las normas de este capítulo ''acudiendo a un análisis sistémico de las mismas y no sólo puntual o aislado. Así, se solicita que se haga un ejercicio similar al realizado por la Corte en la sentencia C-251 de 2002 sobre la ley 684 de 2001 sobre seguridad nacional. En esa oportunidad la Corte declaró la inconstitucionalidad total por ser un sistema inconstitucional (...)'' .
En consecuencia, pidieron, como solicitud principal que se declare la inexequibilidad de los apartes subrayados de los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62 y 69 de la Ley 975 de 2005. En subsidio, que se declare la inconstitucionalidad de los apartes de estos mismos artículos ''de tal manera que la inconstitucionalidad o la constitucionalidad condicionada sea declarada en relación con todas ellas, dada su interrelación, que hace que si algunas quedan en pie se afecte negativamente la realización de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la paz''.
La Ley no se tramitó como estatutaria, no obstante que se trata de una ley que regula derechos fundamentales, como lo son los derechos a la paz, la verdad, la justicia y reparación, así como los procedimientos y recursos para su protección, como lo exige el artículo 152 de la Carta. Además, este tipo de leyes debe ser aprobado por mayoría absoluta.
La Ley no se tramitó como un indulto a pesar de que los concede en forma encubierta. Por consiguiente, debió seguirse el procedimiento especial previsto para estos casos : votación secreta (art. 130 de la Ley 5ª de 1992) y mayorías calificadas (art. 150 de la Carta y 120 de la Ley 5ª de 1992). No obstante, la Ley 975 se tramitó y aprobó como ley ordinaria.
Se tramitó una indebida apelación de artículos negados. Señalan que los artículos 70 y 71, que establecen rebaja de penas y sedición, que después de ser negados en las sesiones conjuntas de las Comisiones primeras de Senado y Cámara fueron apeladas, usando como fundamento un artículo de la Ley 5ª de 1992 que no es aplicable al caso, pues, cuando uno o varios artículos de un proyecto de ley son negados no hay ninguna norma que permita su apelación. Sin embargo, el recurso fue usado y como resultado de la apelación, estas disposiciones fueron aprobadas en forma irregular.
El Señor Ministro del Interior y de Justicia, S.P. de la Vega, actuando en nombre propio como ciudadano y en su calidad de Ministro del Interior y de Justicia, dentro del término legal interviene para la defensa de la norma solicitando se declare su exequibilidad.
De sus argumentos se extracta: 1. ''La ley de Justicia y paz no es una ley de impunidad, por cuanto establece la investigación, juzgamiento y sanción de delitos de lesa humanidad'': De conformidad con las normas internacionales sobre derechos humanos, los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para combatir la impunidad, definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la ''falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de violaciones de derechos humanos; lo que incluye el deber de sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos''. Señala que la facultad de amnistiar o indultar a quienes hayan cometido crímenes durante el conflicto tiene claros limites. Aún en periodo de transición no se pueden simplemente anular las obligaciones internacionales de los estados con respecto al derecho a la justicia de las víctimas.
''La Ley 975 de 2005, también se aplica a quienes hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados por delitos no indultables o amnistiables''. En dicha ley el legislador expresamente establece la condición de sediciosos a los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, pero solamente por la pertenencia o conformación de dichos grupos, sin que puedan entenderse subsumidas en tal tipo penal los delitos de lesa humanidad, narcotráfico y demás conductas que se escapan al ámbito del delito político. De conformidad con los Instrumentos Internacionales y la jurisprudencia nacional e internacional, los delitos más graves no son considerados delitos políticos ni conexos con éstos.
''La ley 975 no es una ley para tiempos de normalidad, caracterizándose por mecanismos de justicia transicional con miras a la consecución de la paz''.
Sostiene que la búsqueda de diferentes mecanismos tendientes a la solución del conflicto armado en Colombia constituye un desarrollo del propósito de paz amparado por la Constitución. Esto inspiró la expedición de la Ley 975 de 2005, además por la perentoria necesidad de complementar las disposiciones establecidas en la Ley 782 de 2002. Señala que en dicha ley existía un vacío jurídico en relación con los miembros de los grupos armados ilegales que estando comprometidos en delitos no indultables, avancen de manera seria por los senderos de la paz. La Ley 975 entonces contiene mecanismos especiales para la consecución de la paz y es también excepcional por cuanto no es una ley para tiempos de normalidad. En este aparte la intervención se remite a un aporte doctrinal de H.C. de la Fundación Dignidad y Desarrollo. En tal aspecto se concluye entonces que la política criminal contenida en la Ley 975 de 2005 debe analizarse como parte del contexto de justicia transicional.
''La Ley 975 de 2005 se soporta en la justicia restaurativa superando el enfoque de justicia retributiva basada primordialmente en el castigo a fin de brindarle preeminencia al restablecimiento de la convivencia pacífica y a la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación''.
''El acceso al beneficio de la pena alternativa se encuentra sujeto al cumplimiento estricto de los cometidos de verdad, justicia y reparación de las víctimas cuya verificaciones sucesiva durante todo el procedimiento de investigación y juzgamiento''.
Las obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación de las víctimas deben ser sucesiva durante todo el proceso de investigación, juzgamiento y sanción. Explica que existe una etapa de juzgamiento precedida por una de investigación y formulación de cargos por parte del F.D. de la Unidad de F.ías de Justicia y Paz. En el evento en que no se encuentren acreditados los requisitos, o el imputado no acepte los cargos o se retracte de los admitidos en la versión libre, no habrá lugar al beneficio de la pena alternativa. Entonces la Unidad Nacional de F.ía remitirá la actuación al funcionario competente de acuerdo a la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas.
''Marco político actual sobre las acciones que se desarrollan en la materia''.
El Señor Ministro del Interior y de Justicia se apoya en los fines establecidos en la Ley 812 de 2003. En la norma señalada se desarrolla el tema de la protección y promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se describe la situación del conflicto armado interno, su intensificación y degradación. Y la atención y prevención del desplazamiento forzoso, en donde se describe el problema, los efectos que causa, y la solución que se propone. También se hace mención a las medidas particulares del impulso al derecho internacional humanitario, el impulso a la administración de justicia en derechos humanos y el fortalecimiento institucional. Se refiere entre otras a las siguientes normas: Título II de la parte especial del Código Penal, (ley 599 de 2000), que tipifica los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, y prevé la penalización de la omisión de denuncia del particular que teniendo conocimiento de la comisión de delitos de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, cualquiera de las conductas contra personas y bienes protegidos, por el derecho internacional humanitario o de conductas de proxenetismo cuando el sujeto pasivo sea un menor de 12, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad. Se refiere en el mismo sentido a lo consagrado al respecto en el Código de Procedimiento Penal, que señala que en ningún caso el F. podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico y terrorismo.
''El artículo 70 de la Ley no vulnera la dignidad humana''
''El artículo 70 no viola el principio de igualdad''.
''El artículo70 no viola el derecho a la paz''.
''Artículo 70 de la Ley 975 de 2005 no desconoce el derecho a la libertad''.
''El artículo 70 de la Ley 975 de 2005, no desconoce el principio de favorabilidad''.
''El artículo 70 de la Ley 975 no desconoce el principio de la cosa juzgada.''
Argumenta que ''el cargo esta basado en una metafora. No de otra manera se puede interpretar el argumento en el sentido de que no rebajar una pena es equivalente a juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho, y que de esa manera se desconoce el principio constitucional de la cosa juzgada''. Después de una referencia doctrinal sobre el concepto de cosa juzgada, menciona que nada tiene que ver la rebaja de penas con la prohibición de non bis in ídem o con el principio de cosa juzgada. A quien no se le concede una rebaja de penas no se le somete a un nuevo proceso ni se le dicta una nueva sentencia. El condenado simplemente cumple la sentencia que lo condenó.
Seguido agrega ''Aún suponiendo que el cargo fuera concreto para ameritar pronunciamiento de fondo, la acusación contra el artículo 70 demandado, por presunta violación del principio de cosa juzgada, carece del más mínimo soporte lógico y jurídico y, por lo mismo no debe ni puede prosperar''. Respecto a los delitos de lesa humanidad, la Ley 742 de 2002 en el artículo 7º por la cual se aprueba el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Establece cuáles son los crímenes de lesa humanidad.
''El Artículo 70 de la Ley 975 de 2005, no implica ni prisión perpetua ni intolerancia''.
''El artículo 70 de la Ley 975 de 2005 no desconoce el bloque de constitucionalidad''.
''La Ley 975 de 2005 no afecta el núcleo esencial de los derechos fundamentales de las víctimas y por tanto no requería de un trámite de ley estatutaria'' - Interpretación restrictiva de las materias que deben ser objeto de trámite estatutario.
''La Ley 975 de 2005, no requería del trámite de una ley estatutaria, toda vez que no afecta el núcleo esencial, ni regula en forma integra, estructural o sistemática un derecho o un deber fundamental''.
Sobre esta materia explica que el legislador es autónomo de acuerdo con la cláusula general de competencia y en consonancia con las normas internacionales para fijar dentro del marco del diseño de la política criminal del Estado - que comprende tanto aspectos sustanciales como procesales - un procedimiento especial para el juzgamiento de las personas incursas en delitos graves. En relación con los derechos fundamentales, el criterio para definir si se requiere ley Estatutaria para la expedición de las normas que tocan con ellos, radica en la verificación de si los preceptos correspondientes afectan el núcleo esencial de aquellos como cuando se consagran restricciones o limitaciones a su ejercicio, lo que se traduce en su regulación claramente aludida en la Constitución articulo 152. Evento que no se presenta en los artículos 1º, 2º, 5º 6º 7º 8º 12, 13, 14, 15, 23, 37, 44, 47 inciso primero. 48-3, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la ley 975 de 2005.
Algunos artículos de la Ley 975 de 2005, si bien regulan aspectos relacionados con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, no afectan el núcleo esencial de tales derechos, ni de los derechos de acceso a la justicia y a las garantías judiciales - artículo 29 y 229 de la Constitución - especialmente porque no establecen limites, restricciones, excepciones ni prohibiciones a su ejercicio que los hagan impracticables, ni dificultan su ejercicio, ni los despojan de la necesaria protección, sino que por el contrario, las disposiciones señaladas buscan garantizar el acceso de las víctimas a la administración de justicia, asegurar los derechos ala verdad la justicia y la reparación y facilitar y agilizar su actuación dentro del proceso así como hacer concretos y efectivos esos derechos. Concluye que el trámite especial y excepcional de la ley estatutaria para regular los derechos fundamentales sólo es necesario cuando el legislador pretende la reglamentación integral y específica de ellos, evento que no se presenta en los artículos demandado de la ley de justicia y paz. Se trata de aspectos procesales que debe regular una ley ordinaria, si bien en la ley existen algunos artículos que hacen referencia a derechos de las víctimas, el acceso a la administración de justicia, pero no para definir de manera general la esencia de esos derechos ni para delimitar sus alcances y limitaciones ni tampoco para desarrollarlos o complementarlos, sino para establecer requisitos mínimos razonables, que buscan hacerlos más viables y realizables sin afectar su núcleo esencial.
Adiciona que la creación de Salas de Tribunales Superiores de Distrito Judicial, la asignación de competencias dentro de la jurisdicción penal a Magistrados de control de garantías, la creación de Salas de Tribunales Superiores de Distrito Judicial, la asignación de competencias dentro de la jurisdicción penal a magistrados de control de garantías, y la creación de Unidades de F.ía para la Justicia y la Paz, no afecta el núcleo básico de la estructura de la Administración de Justicia. Resalta que el establecimiento de reglas de procedimiento y de competencias no son aspectos comprendidos dentro del concepto de administración de justicia.
''Los artículos acusados no modifican la estructura de la rama judicial''.
El establecimiento de reglas de procedimiento y de competencias, no son aspectos comprendidos dentro del concepto de administración de justicia. La asignación de competencias que dentro del marco de la política criminal adelantada por el Estado, realiza el legislador en el artículo 26 de la ley, constituye un desarrollo legitimo de las competencias constitucionales que le asisten, toda vez que como regla general, la distribución de competencias es una materia en donde el legislador cuenta con una amplia libertad de configuración. Adiciona que la Ley 975 de 2005 no crea un órgano nuevo de juzgamiento, pues el Tribunal Superior de Distrito Judicial ya se encuentra establecido y hace parte de la jurisdicción ordinaria como lo contempla el artículo 116 de la Constitución y los artículos 11, 19 y 85 de la ley 270 de 1996 - en consonancia con los artículos 74 y 76 de la ley 600 de 2000, 31 y 33 de la ley 906 de 2004- y por lo tanto, no se está creando una nueva estructura en la Rama Judicial como de manera errónea se afirma.
De acuerdo con lo anterior, las Salas de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial a quien se atribuyó el juzgamiento de las personas contempladas en la Ley 975 de 2005, hacen parte de la justicia ordinaria y a sus integrantes la ley adscribió de manera habitual el conocimiento de ciertas conductas punibles teniendo en cuenta la especificidad o particularidad de la materia, en este caso el juzgamiento de los delitos más graves cometidos por los grupos armados organizados al margen de la ley. Para lo cual se basa en los debates de las comisiones conjuntas donde se debatió el Proyecto de Ley 211 de 2005. Lo mismo predica respecto de la creación de las Unidades Nacionales de F.ías para la Justicia y la Paz.
Señala además que ''El procedimiento penal especial contenido en la ley de justicia y paz no vulnera el Acto Legislativo 03 de 2002''.
Se refiere al primer debate en el Primer Debate en Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara, en donde se explica que se trata de un proyecto especial en el que se incluyen los principios procesales de oralidad, la definición de las audiencias preliminares y el juicio oral. La defensa pública y se incluye un principio de esclarecimiento de la verdad del proceso judicial, tanto frente a la conducta del imputado como frente al daño causado a las víctimas. Aquí hace mención a la Intervención de la Senadora Claudia Blum de B.. Gaceta del Congreso 200 del 22 de abril de 2005, pag 27).
Sobre los aspectos relacionados con: ''el beneficio de la pena alternativa. Supuesta impunidad y falta de proporcionalidad de la pena alternativa'', expresa que la Ley de Justicia y Paz no limita el derecho a la justicia afectando como lo afirman el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, toda vez que lo largo del texto de la norma se observa la consagración de disposiciones destinadas a la protección y garantía de los derechos.
''la pena alternativa no implica impunidad''.
''La pena alternativa no constituye indulto''
Sostiene que tampoco es cierto, que la intervención del Gobierno contemplada en la ley acusada al presentar la lista para efectos de elegibilidad (art. 10 y 11) configure una intervención política en ejercicio del derecho de gracia, toda vez que dicha intervención política en ejercicio del derecho de gracia toda vez que dicha intervención tiene su fundamento en los artículos 113 y 189 -4 de la Constitución Política que establecen la colaboración armónica de los diferentes órganos del Estado para el cumplimiento de sus fines y la función que corresponde al Presidente de la República.
''las disposiciones de la ley 975 de 2005 no constituyen un sistema de impunidad que como sistema es un indulto velado y una amnistía encubierta''.
''Si el desmovilizado oculta información sobre delitos cometidos pierde el beneficio de pena alternativa, tanto para los delitos ya aceptados como para los nuevos que se conozcan''.
''no se desconoce la autonomía e independencia de la rama judicial ni hay injerencia indebida del ejecutivo, a indicar el establecimiento de reclusión donde deba cumplirse la pena efectiva''.
''No es cierto que se desconozca la obligación estatal de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos a verdaderas penas privativas de la libertad al permitir descontar como pena efectiva el tiempo de permanencia en las zonas de concentración''.
En este aparte la intervención se refiere al cumplimiento de la pena en zonas de ubicación. Expresa que las zonas de concentración se han creado por el Gobierno Nacional y son controladas por la fuerza pública que protege la integridad de los desmovilizados y en las cuales se vigila las actividades que allí realizan e igualmente se impide que sin la autorización de las autoridades competentes los desmovilizados abandonen el área. De la misma manera, es claro que en las zonas de concentración se asegura la presencia de las instituciones democráticas y su pleno funcionamiento contribuyendo con ello a la legitimidad del Estado. Esto no constituye un indulto toda vez que el control de la zona de concentración se realiza por la Fuerza Pública y por tanto los movimientos y actuaciones en dicha área de las personas que se someten a la ley es vigilada y supervisada estrechamente por las autoridades, hasta tal punto que los integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley no pueden abandonar dicha zona sin el correspondiente permiso del Gobierno Nacional. Allí también hacen presencia institucional los F.es, los jueces, los organismos de policía judicial y otras autoridades del Estado. Sostiene además que la creación legal de esta clase de zonas fue analizada y avalada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-048 de 2001.
''Reparación de las víctimas- aspectos relacionados con el alcance de la reparación, la imputación del deber de reparar y las medidas complementarias previstas para propender por la efectividad de la misma - la ley 975/2005 contempla mecanismos jurídicos y procesales tendientes a que las víctimas puedan hacer efectivo su derecho a la reparación integral del daño sufrido por las conductas punibles cometidas por los grupos armados organizados al margen de la ley, cumpliendo así con los deberes estatales establecidos por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos''.
''El establecer la obligación de reparación a cargo del infractor, se adecua a la carta política y a los parámetros del derecho internacional''.
''La violación de derechos humanos cometida por grupos al margen de la ley no genera responsabilidad del Estado -no se deriva de la Constitución Política, ni del bloque de constitucionalidad como principio general y absoluto la obligación de sustentar en el Estado tal responsabilidad y la consecuente reparación a su cargo''.
''La ley consagra medidas complementarias que amplían las posibilidades reales de alcanzar la reparación integral a las víctimas - la contribución del estado en el fondo para la reparación de víctimas y en la realización de medidas de satisfacción de carácter colectivo se fundamenta en el principio de solidaridad y no en la responsabilidad del estado por las conductas punibles cometidas por los miembros de los grupos organizados al margen de la ley''.
''Las limitaciones relacionadas con el presupuesto del fondo para la reparación de víctimas y el presupuesto nacional son razonables y se ajustan a la carta política''.
Además se refiere a la obligación del gobierno de implementar un programa institucional de reparación colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia. Y aclara que la expresión ''particularmente'', no restringe, sino que enfatiza reconociendo la especial e innegable condición que "sufren" algunas zonas del país particularmente afectadas por la violencia ejercida por estos grupos armados al margen de la ley.
''El incidente de reparación integral como oportunidad para acceder a las pretensiones reparatorias y a la para materializar los derechos a la justicia y la verdad''.
''La obligación de entregar bienes ilícitos por parte de los miembros de los grupos organizados al margen de la ley es una condición para acceder a los beneficios jurídicos previstos por la ley 975 de 2005, y no una restricción frente a la reparación de las víctimas a la que resulten condenados''.
''No hay lugar a vicio de inconstitucionalidad sustentado en la inexistencia de garantía de no repetición''.
''Las disposiciones de la ley no violan el derecho a la justicia''.
''En la Ley 975 de 2005, no se desconoce el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar''.
Explica que la Ley de Justicia y Paz, prohibe la concesión del indulto y la amnistía para los delitos más graves - cuya investigación y juzgamiento se regula en ella - como claramente lo dispone el inciso primero del artículo 10, razón por la cual es posible descartar cualquier posibilidad de que se presente el fenómeno de la impunidad. Señala además que las normas de la Ley de Justicia y Paz determina las autoridades que llevarán a cabo la investigación y las formas propias del juicio. Investigación a cargo de la Unidad de F.ía para la Justicia y Paz y el juzgamiento a cargo de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de justicia y paz. El Estado colombiano como parte de la comunidad de las naciones unidas y de los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, ha adoptado todas las medidas legislativas pertinentes o de otro carácter para hacer efectivos los derechos reconocidos y cumplir así con los compromisos adquiridos. Concluye que la guarda concordancia tanto con la Constitución como con los instrumentos y tratados internacionales ratificados por Colombia.
''Los artículos que regulan el procedimiento establecido en la ley 975 de 2005, se ajustan a las disposiciones de la convención americana sobre derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos''.
''Los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 975 se encuentran acordes con los cánones de la justicia transicional''.
''La Ley 975 no desconoce la obligación estatal de satisfacer el derecho a la justicia en estricto sentido''.
Aquí reitera todas la garantías establecidas en la ley de justicia y paz. D. además, que la obligación de garantía implica que toda persona sometida a la ley ya sea víctima o desmovilizado tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante las autoridades judiciales que los amparan contra actos que violen sus derechos fundamentales. A lo largo de la toma se señalan normas que regulan los derechos tanto de las víctimas como de los procesados.
''La ley 975 de 2005, no desconoce el derecho a la verdad''.
''La ley prevé consecuencias jurídicas por la no confesión de todos los delitos cometidos''.
Además el artículo 17 establece la versión libre y confesión ante el F.D.. Explica que no es cierto que no se establezca la obligación para el procesado de una confesión ni para las autoridades el deber de exigirlo ya que los verbos ''manifestarán'' e ''indicarán'' expresan imperatividad y excluyen discrecionalidad.
''Obligación de los desmovilizados de señalar el paradero de las personas desaparecidas''.
Cuando la ley habla de ''esclarecimiento de la verdad'', significa que la obligación de la policía judicial de investigar con la colaboración de los desmovilizados el paradero de las personas secuestradas. Por su parte el artículo 44 consagró también como actos de reparación la colaboración eficaz para localización de personas secuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres de las víctimas la búsqueda de los desaparecidos y de los restos de las personas muertas y la ayuda para identificarlos. Expresa además que este artículo debe interpretarse de conformidad con el 42. Además en el artículo 7 se dispone que la sociedad y las víctimas tienen el derecho inalienable de conocer el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.
''La obligación de realizar una difusión completa de la verdad, se consagró con el fin de proteger los derechos a la intimidad de las víctimas de la violencia sexual y de las niñas y niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la ley''.
Explica que el término de investigación previsto en la ley no es reducido previsto en la ley no es reducido. Dos fueron las razones que tuvo el legislador para consagrar los términos establecidos en el procedimiento de la Ley 975 de 2005. La aplicación de los principios procesales de oralidad y celeridad recogidos en el nuevo Código de Procedimiento Penal, que regula el sistema acusatorio que buscan agilizar la respuesta condenatoria o absolutoria del Estado a las solicitudes de pronta y cumplida justicia. Así, el F. en el inicio de la investigación por los delitos de que trata la ley contará con la información que le será suministrada por los desmovilizados en la versión libre y confesión contemplada en el artículo 17.
Existe investigación y verificación de los hechos manifestados de manera libre, voluntaria y espontánea por parte del desmovilizado así como de la información de la cual tenga conocimiento la F.ía.
''La ley no viola el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de acceder a un recurso judicial efectivo''.
Sostiene que el acceso a la justicia por parte de las víctimas lo establecen disposiciones como las previstas en el artículo 23, que regula el incidente de reparación integral de los daños causados con el delito. Incidente que se abrirá a solicitud de la víctima, del F., o del Ministerio Público a instancia de ellas, una vez la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial declare la legalidad de la aceptación de cargos en la audiencia respectiva.
''Aspectos relacionados con el alcance del concepto de víctima. el contexto de la Ley 975 de 2005, como marco para definir el concepto de víctima: mecanismos especiales que no restringen los derechos de los ofendidos por el delito sino que amplían la posibilidad de reparación para los familiares más cercanos de la víctima directa''.
''El concepto de víctima previsto en el articulo 5 de la Ley 975 de 2005, se enmarca dentro de los parámetros internacionales que integran el bloque de constitucionalidad''.
''La determinación del legislador responde al margen de configuración que le reconoce la Constitución y se encuentra acorde con los mandatos constitucionales. sin implicar discriminación alguna''.
''Sobre la constitucionalidad del artículo 71 que adiciona el tipo penal de sedición . Las autodefensas al igual de todo grupo armado al margen de la ley son combatidas por el Estado''. Menciona que el Estado no autoriza ni patrocina ni prohíja el accionar de las autodefensas que están precisamente al margen de l a ley, que no representan bajo ningún aspecto porque son contradictores y opositores suyos, en tanto deslegitiman el orden institucional propio del Estado de Derecho.
''La Constitución no se desconoce al establecer como delito político la pertenencia a grupos paramilitares cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal''.
''Constitucionalidad del artículo 70 de la Ley 975 - Unidad de materia''.
El Señor P. General de la Nación, E.J.M.V., rinde concepto dentro del proceso de inconstitucionalidad. Los argumentos que expone pueden resumirse así: La exclusión de los condenados que hayan cometido los delitos señalados en la norma, del beneficio de rebaja de penas, corresponde al diseño de una política criminal que la Constitución Política le ha dado al Congreso de la República. Los apartes demandados se ajustan a las normas superiores. La adopción de la política criminal es una facultad que le otorga la Constitución Política al legislador, la cual se ejerce dentro de la amplia libertad de configuración normativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 constitucional. Por ello, el Congreso puede regular aspectos relacionados con la rebaja de penas sin más límites que los principios y valores constitucionales.
Con la Corte, el señor P. asegura que en relación con el cuantum de las penas, la Corte Constitucional ha manifestado que en el ejercicio de la función legislativa bien se puede crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase de magnitud de éstas acogiendo criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, conforme a la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y de mayor o menor dado que ciertos comportamientos causen. Varias sentencias de la Corte Constitucional. Las misma Constitución permite al Congreso de la República regular de manera diferente qué conductas delictivas han se ser cobijadas por una rebaja de penas.
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO A.B. SIERRA CON RELACIÓN A LA SENTENCIA
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-400 DEL 2006 DEL MAGISTRADO J.A.R.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7º parcial de la Ley 975 de 2005 ''Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios''
En primer lugar, las razones de forma que he sostenido, hacen referencia a vicios procedimentales de la Ley 975 de 2005, en cuanto ésta define el núcleo esencial de los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, teniendo por tanto un carácter estatutario, y sin embargo no se tramitó de conformidad con el artículo 152 de la Constitución Nacional.
En segundo lugar, he sostenido como argumento de fondo fundamental el respeto a los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Sobre este tema ver Sentencia C-1149 del 2001 del magistrado J.A.R.e este tema ver Sentencia C-1149 del 2001 del magistrado J.A. las va idea constitucional_______________________________ En este sentido, considero que existe inconstitucionalidad de normas específicas de la Ley 975 de 2005, que en mi concepto son violatorias tanto de la Constitución Nacional como de normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Principios y Directrices sobre los derechos de las víctimas de violaciones graves y manifiestas de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de Roma, y los Protocolos de Ginebra y su Protocolo Adicional II.
En tercer lugar, un argumento de fondo esencial que he sostenido en forma reiterada, se refiere a la concesión de beneficios de rebajas y acumulación de penas, que en mi entender son interpretados de forma adversa a la Constitución y al ordenamiento jurídico-penal, relativo en este caso a la dosificación de penas. En este sentido, afirmo que en materia penal, el legislador debe ajustarse a los principios, valores y preceptos constitucionales y al mismo tiempo, al derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional y el derecho penal internacional, lo que a mi juicio no sucede con la ley que nos ocupa.
Sentencia de Tutela nº 947/04 de Corte Constitucional, 7 de Octubre de 2004