Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-394988574
Timestamp: 2020-07-15 11:04:56
Document Index: 266723458

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 86', 'artículo 36', 'artículo 13', 'artículo 33', 'artículo 36', 'artículo 12', 'Artículo 17', 'Artículo 46', 'Artículo 36']

Sentencia de Tutela nº 100/12 de Corte Constitucional, 20 de Febrero de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 394988574
Sentencia de Tutela nº 100/12 de Corte Constitucional, 20 de Febrero de 2012
Seguridad social. El instituto de seguros sociales ha negado en varias oportunidades el reconocimiento y pago de la pensión de vejez reclamada por la accionante, bajo el argumento de no cumplir con el número de semanas de cotización exigidas en el decreto 758 de 1990 y por no ser posible acumular dentro de este régimen pensional, los tiempos laborados en el sector público y los cotizados al iss de manera directa. La sala considera que el accionado vulneró derechos de la actora al impedirle de manera injustificada acceder a la prestación a la cual tenía derecho. Se concede el amparo solicitado y se ordena al instituto accionado iniciar todos los trámites y gestiones encaminadas a recocer la pensión de vejez a la accionante, al igual que incluirla en nómina con la finalidad de iniciar el correspondiente pago de las mesadas pensionales.
T-100-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-100/12
Accionante: T.G. de Bravo.
Accionado: Instituto de Seguros Sociales ISS-.
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: M.G.C., J.C.H.P., G.E.M.M..
Demanda de la accionada.
La señora T.G. de Bravo, instauró acción de tutela[1] en contra del Instituto de Seguros Sociales -ISS-:
1.2..3. El ISS, al resolver la última solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez presentada por la accionante[5] negó la misma al considerar que no cumple con la densidad de semanas exigidas, tanto por el Régimen General de Pensiones consagrado en el artículo 9º de la ley 797 de 2003, como por los regímenes aplicables en transición[6]. Esto, por cuanto el ISS afirma que el único régimen pensional que permite la acumulación de los tiempos laborados y cotizados al servicio del Estado y las laboradas con empleadores privados y cotizadas directamente al ISS, es el consagrado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
3.1. Primera instancia[8]: Sentencia del 28 de junio de 2011 del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cali.
3.2. Segunda instancia[9]: Sentencia de 9 de agosto de 2011 del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
El juez de segunda instancia confirmó el fallo del a quo, reiterando que el presente asunto litigioso debe ser resuelto por el juez ordinario y no por el juez constitucional, puesto que no encontró plenamente acreditada la titularidad del derecho pensional y considera que para determinar la misma se amerita un estudio de fondo no solo de las semanas cotizadas sino del régimen que le es aplicable, el cual implica un debate más amplio[10].
2.4. S.. Si en principio, la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para reclamar el reconocimiento de derechos prestacionales[14], la necesidad de garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales ha llevado a la Corte a las siguientes excepciones, con base en el artículo 86 constitucional: (i) que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, sea ineficaz para lograr la protección solicitada; o, que (ii) la acción de tutela sea utilizada como un mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual es necesario acreditar la existencia o inminencia de dicho perjuicio[15]. En relación con la primera de estas excepciones, la Corte ha considerado que los mecanismos laborales ordinarios, aunque idóneos, no son eficaces cuando se trata de personas que reclaman el reconocimiento de un derecho pensional y se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta por su avanzada edad, entre otras situaciones[16]. Así, la Sala encuentra que el proceso de tutela es el mecanismo idóneo con el que cuenta la actora para realizar su derecho prestacional, teniendo en cuenta que se trata de una señora de la tercera edad -77 años-, esto es, sujeto de especial protección constitucional.
2.5. I.. La decisión del ISS de negarle el reconocimiento y pago de pensión de vejez a la accionante, quedó consagrada en la Resolución No 003215 de 2008, decisión que adquirió firmeza con posterioridad al 29 de julio de 2010 -fecha en la cual se profirió la Resolución No. 14258[17] que confirmó el mentado acto administrativo-. En consecuencia, el número de meses transcurridos entre aquella fecha y la de la interposición de la tutela -junio de 2011-, son lapso razonable[18], no excesivo, que permite a la Sala afirmar que no hubo violación al principio de inmediatez, propio de la acción de tutela, máxime contando la complejidad documental que normalmente acompaña las discusiones sobre el derecho pensional y la condición de sujeto de especial protección de la peticionaria.
Cargo único: vulneración del derecho fundamental al mínimo vital, por la negativa al reconocimiento pensional.
4.1.3. En el caso sub examine, la presunta vulneración de los derechos fundamentales anteriormente mencionados, gira en torno a la interpretación del ISS respecto de la posibilidad de acumular el tiempo laborado en el sector público sin cotización al ISS y aquel cotizado directamente a la entidad, con el fin de acreditar la cantidad mínima de semanas requeridas para el reconocimiento de la pensión de vejez, bajo el régimen del referido Acuerdo. La interpretación que hace el ISS, tanto del Decreto 758 de 1990 como de la Ley 100 de 1993, excluye la posibilidad de acumular dichos tiempos bajo el Acuerdo 049 de 1990 pues al no encontrarlo consignado expresamente en el texto, el Seguro Social afirma que el tiempo no cotizado al ISS y servido a las entidades públicas no se puede contabilizar por dicho régimen[23] y sostiene que la única normatividad que permite acumular tiempo laborado al servicio del Estado y no aportado a Caja de previsión alguna, tiempos aportados a cualquier Caja o Fondo de Previsión Social y periodos cotizados al Seguro Social en calidad de trabajador vinculado a una empresa privada, es el articulo 33 de la Ley 100 de 1993,[][24].
4.1.4. En relación con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática al resaltar que esta interpretación de la normativa es errónea y atenta contra los derechos fundamentales de los beneficiarios del régimen de transición[25]. Esto por cuanto: (i) al exigir que para acceder a la pensión de vejez de acuerdo con el Decreto 758 de 1990 las cotizaciones se hayan realizado de manera exclusiva al Seguro Social, se está requiriendo el cumplimiento de un elemento que la norma no consagra[26]; (ii) los requisitos para acceder a los beneficios Sistema General de Seguridad Social se acreditan es ante el sistema mismo y no ante las entidades que lo conforman[27]; y (iii) el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 limitó el régimen de transición a solo tres ítems (edad, tiempo y monto)[28]y estableció que [l]as demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley, por lo que haciendo una lectura integral de la Ley 100 de 1993 -especialmente del literal f) del artículo 13, el parágrafo 1º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la misma-, los tiempos deben acumularse para efectos de la contabilización del número de semanas de cotización requeridas[29].
4.1.5. En este sentido, dado que el mismo Instituto de Seguros Sociales ha reconocido que sumado el tiempo laborado en el sector público sin cotización al ISS y las semanas cotizadas al ISS a través de diferentes entidades, descontando las simultaneidades existentes y ya explicadas arroja un total de 1002,43 [semanas][30] y que la acumulación de estos tiempos sí es posible de acuerdo con los argumentos anteriormente esgrimidos, la peticionaria cumple con los requisitos del Decreto 758 de 1990 y tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez.
4.2.1. A la luz de las consideraciones que nos preceden, la razón aducida por el Instituto de Seguros Sociales para negar el reconocimiento de la pensión de vejez de la señora G. de Bravo, es inaceptable desde todo punto de vista para esta Sala. Su negativa vulneró el derecho fundamental a la seguridad social de la peticionaria, al impedirle de manera injustificada acceder a la pensión de vejez a la cual tenía derecho.
4.2.2. En consecuencia, la Corte revocará las sentencias de instancia para en su lugar conceder el amparo del derecho fundamental a la seguridad social de la accionante, y ordenará al Instituto de Seguros Sociales, que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, expida una nueva resolución que reconozca la pensión a la señora T.G. de Bravo, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia.
4.2.3. Asimismo, ordenará al ISS, que realice los trámites necesarios para que, una vez reconocida la pensión, la accionante sea incluida en nómina, con la finalidad de iniciar los pagos por concepto de pensión de vejez a favor de la señora G. de Bravo. Dicho trámite, no podrá tardar más de un mes contado a partir de la notificación de la presente providencia.
Segundo.-DEJAR SIN EFECTOS, las Resoluciones No. 003215 de 11 de febrero de 2008 y No. 014258 de 29 de julio de 2010 proferidas por el Instituto de Seguros Sociales, y ORDENAR a dicha entidad, que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie y agote en un plazo máximo de un (1) mes, todos los trámites y gestiones encaminadas a reconocer la pensión de la señora T.G. de Bravo, de conformidad con las consideraciones aquí expuestas.
Tercero.- ORDENAR al ISS, que realice los trámites necesarios para que, una vez reconocida la pensión de la señora G. de Bravo, ésta sea incluida en nómina con la finalidad de iniciar los pagos por concepto de pensión de vejez a favor de la señora T.G. de Bravo. Dicho trámite, no podrá demorar más de un mes contado a partir de la notificación de la presente providencia.
[4]La señora T.G. de Bravo nació el 29 de enero de 1934 (a la fecha cuenta con 77 años), es decir que al 1º de abril de 1994 tenia 60 años de edad. Ver folio 2.
[6]La señora T.G. de Bravo nació el 29 de enero de 1934 (a la fecha cuenta con 77 años), es decir que al primero de abril de 1994 tenia 60 años de edad. Ver folio 2 y 18 al 23.
[12]Confirió poder al señor W.D.G.T. portador de la tarjeta profesional # 176.227 del CSJD para interponer acción de tutela en su nombre contra el Instituto de Seguros Sociales. Folio 1.
[18]De conformidad con la Sentencia SU-961 de 1999: [] la razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.
[26] La anterior justificación no es de recibo para esta Sala, pues el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 en ninguno de sus apartes exige que las cotizaciones se efectúen de manera exclusiva al fondo del Instituto de Seguros Sociales. Por lo que dicha resolución incurre en un error al interpretar una norma de manera distinta a lo que realmente establecido por ella. Sentencia T-398 de 2009.
[27] En el texto de la ley 100 de 1993 el legislador hace énfasis en que las personas están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social y que las cotizaciones se realizan a dicho Sistema: Artículo.15.- Afiliados. Serán afiliados al sistema general de pensiones (); Capitulo III. Cotizaciones al sistema general de pensiones. Artículo 17.- Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen; Articulo 26. Objeto del fondo. El fondo de solidaridad pensional tiene por objeto subsidiar los aportes al régimen general de pensiones ().Artículo 46.- Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: () 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos: a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema (). // Por su parte, la Jurisprudencia de esta Corporación ha señalado también reiteradamente que la persona se afilia al sistema, no a una de las entidades integrantes del mismo
[28] Artículo 36 de la Ley 100 de 1993: La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley (Énfasis fuera del texto).
[29] Sobre este punto, la Corte sostuvo en la sentencia T-090 de 2009 que esta interpretación []es apoyada por una interpretación finalista e histórica pues, [], la ley 100 de 1993 buscó crear un sistema integral de seguridad social que permitiera acumular semanas o tiempos de trabajo laborados frente a distintos patronos, públicos o privados, para que los(as) trabajadores(as) tuvieran posibilidades reales de cumplir con el número de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez, lo que antes se dificultaba de forma injusta por las limitaciones a la acumulación pues aunque las personas trabajaban durante un tiempo para una empresa privada o entidad pública si cambiaban de empleador éste tiempo no les servía para obtener su pensión de vejez.
Sentencia de Tutela nº 372/00 de Corte Constitucional, 30 de Marzo de 2000
Laudo Arbitral de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 17 de Febrero de 1993