Source: http://www.construccionminera.cl/reforma-seia-propuesta-en-evaluacion/
Timestamp: 2019-03-20 17:48:42
Document Index: 205435579

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 81', 'artículo 11']

Reforma SEIA: Propuesta en evaluación |
En 2016 se entregó a la Presidenta Michelle Bachelet el Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial para la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El informe considera entre sus sugerencias, la mantención del Comité de Ministros como instancia superior al SEA para la resolución de las reclamaciones a los EIA.
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental es un proceso administrativo reglado, tanto por la Ley N°19.300, como por el Reglamento del SEIA.
A partir de la publicación de 1994 de la Ley Nº19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se ha consolidado en el país uno de los principales instrumentos preventivos de gestión ambiental, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Tras tres años, con la entrada en vigencia del primer Reglamento del SEIA, contenido en el D.S. Nº30 de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, entró oficialmente en operación el procedimiento reglado que establece los plazos, etapas y condiciones de la evaluación ambiental de proyectos de inversión públicos y privados, que luego sería modificado en 2001 por el D.S. Nº 95 de la misma cartera y, finalmente, derogado en 2012 mediante el D.S. Nº 40 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el nuevo Reglamento del SEIA.
Desde entonces, a nivel nacional, han ingresado a tramitación ambiental aproximadamente 21.500 proyectos, con una inversión proyectada que supera los US$ 441 mil millones. Del total de proyectos ingresados, más de 14.500, correspondiente a un 68%, obtuvieron una resolución de calificación ambiental favorable, sumando en conjunto una inversión en el país de aproximadamente US$ 269 mil millones.
Juan Cristóbal Moscoso, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), indica que en julio de 2016 se presentaron a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet las 25 propuestas de la Comisión Asesora Presidencial que se han dividido en aquellas que requieren de una modificación reglamentaria exclusivamente y aquellas que necesitan de modificaciones legales a la Ley N°19.300 y que, posteriormente, podrán conllevar otras modificaciones reglamentarias.
Una vez terminado el plazo, se presentará la propuesta ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, quienes deben adoptar un acuerdo al respecto. Luego de que la propuesta sea aprobada por el señalado Consejo, la Presidenta de la República y el ministro deberán firmar el decreto para su ingreso a la Contraloría General de la República y posterior publicación en el Diario Oficial. “En este sentido, la propuesta de modificación al Reglamento del SEIA deberá someterse al pronunciamiento de dicho Consejo de Ministros”.
Desde que se aprobó el nuevo Reglamento del SEIA, a nivel nacional, han ingresado a tramitación ambiental aproximadamente 21.500 proyectos, con una inversión proyectada que supera los US$ 441 mil millones.
Las 25 propuestas pueden resumirse en las siguientes materias: evaluación ambiental temprana para proyectos estratégicos; relacionamiento temprano; fortalecimiento de la participación ciudadana; precisión de las tipologías de ingreso; análisis del artículo 11 de la ley N°19.300 y sus correspondientes artículos contenidos en el Reglamento del SEIA; rol del SEA – Comité de Ministros – Comisiones de Evaluación; revisión de los permisos ambientales sectoriales; revisión de distintos procedimientos administrativos asociados a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) (refundido, revisión y posibilidad de modificación y actualización de RCA); fraccionamiento y caducidad; consultas de pertinencia de ingreso al SEIA; competencia de los organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental; contenidos mínimos de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), así como la revisión de los procedimientos de evaluación y consulta indígena, entre otras.
Pablo Durán, consultor Senior de Arcadis, cuenta que las reformas propuestas son de índole legal y de gestión (en particular en lo que corresponde al SEA como administrador del sistema), ambas orientadas a mejorar el actual SEIA sin modificarlo sustantivamente. “La reforma al Reglamento del SEIA corresponde a precisiones al actual reglamento, en lo general orientadas a mejor definir umbrales de corte para ingreso de tipologías de proyecto y acotar injerencia de servicios con competencias ambientales a lo que son sus materias jurisdiccionales y otorgar al SEA mejor capacidad de decisión en cuanto a calificación de proyectos en el SEIA”, relata.
Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, listados en el artículo 10 de la Ley N°19.300 y precisados en el artículo 3° del Reglamento del SEIA, deben someterse obligatoriamente a evaluación de impacto ambiental, de manera previa a su ejecución. En este contexto, aquellos proyectos que generan o presentan alguno de los efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la Ley N°19.300 y precisados en los artículos 5° al 10 del Reglamento del SEIA, deberán presentar una EIA que, entre otras materias, contenga las medidas de mitigación, compensación y/o reparación apropiadas para hacerse cargo de dichos impactos significativos.
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental es un proceso administrativo reglado, tanto por la Ley N°19.300, como por el Reglamento del SEIA, por lo tanto, los aspectos procedimentales están contemplados en dichos cuerpos normativos. “El procedimiento de evaluación ambiental culmina con un acto administrativo terminal denominado resolución de calificación ambiental, dictado por la Comisión de Evaluación respectiva o por el director ejecutivo del SEA, tratándose de proyectos que generen impactos en más de una región”, afirma Moscoso.
Respecto de la calificación de un proyecto o actividad, cabe señalar que, en el caso de las DIA, ellas serán rechazadas cuando no subsanaren los errores, omisiones o inexactitudes de que adolezca, cuando requieran un EIA o cuando no se acreditare el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. En el caso de los EIA, ellos serán rechazados si no proponen las medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas para hacerse cargo de los impactos significativos que el proyecto genere o si no cumple con la normativa ambiental aplicable.
En cuanto a los criterios de evaluación, de acuerdo al artículo 81 letra d) de la Ley N°19.300, el SEA tiene la facultad de uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental que establezcan los ministerios y demás organismos del Estado competentes, mediante el establecimiento, entre otros, de guías trámite, las cuales deben ser observadas tanto por los titulares como por los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental que participan en el SEIA. “En este contexto, el Servicio se encuentra permanentemente elaborando y actualizando guías relativas a la descripción del proyecto, artículo 11 de la Ley N°19.300, área de influencia, permisos ambientales sectoriales, participación ciudadana, metodologías y modelos, entre otras, de manera de dar certeza a todos los actores involucrados en la evaluación de impacto ambiental”, cuenta el director ejecutivo del SEA.
Por su lado, Durán explica que, en teoría, con la reforma implementada (tanto en gestión del SEIA y SEA como en modificaciones legales normativas propuestas) “debería aumentar la certidumbre de la evaluación de impacto ambiental y disminuir las incertezas de índole más política, siempre en el entendido que la evaluación ambiental posee aspectos técnicos entrecruzados con aquellos sociales y políticos”, asevera el experto.
El Informe Final de la Comisión entrega 25 propuestas y recomendaciones para mejorar el SEIA, que abordan ejes estratégicos: criterios de ingreso e instrumentos de evaluación, procedimientos y contenidos de la evaluación. Foto Gentileza Codelco.
En cuanto a la realización de un informe, Durán explica que la reforma al SEIA no innova en la calificación de proyectos en sí misma, manteniéndose la estructura y secuencia establecida en el Reglamento. “Esta se orienta a dar mayor agilidad procedimental al otorgar mejoras procedimentales administrativas al SEA y definir el accionar de los servicios participes en cuanto a sus competencias específicas”. Asimismo, el experto detalla que este nuevo reglamento se diferencia del actual sistema, pues propone una vía pre ingreso al SEIA para proyectos que califiquen como estratégicos, la que sería voluntaria y permitiría al titular analizar conjuntamente con el SEA si el proyecto en sus etapas iniciales de concepción posee compatibilidad territorial ambiental y posibilidad de que exista tempranamente involucramiento de comunidades potencialmente afectadas para que pueda introducirse mejoras en cuanto a una visión de sustentabilidad y, con ello, una vez resuelto este paso voluntario previo, pueda ingresarse al SEIA un proyecto mejorado en su concepción de inicio y así asegurar de una mejor forma, un menor grado de conflictividad y un paso más expedito por el sistema.
“La reforma no implica más restricciones, se orienta a generar mayor claridad y certidumbre en cuanto al sistema y al actuar de los servicios competentes involucrado en él”, destaca Durán.
Respecto del impacto que tendrá este reglamento, el director ejecutivo del SEA afirma que, al estar aún en revisión las propuestas, sus efectos deberán ser evaluados una vez que comiencen a implementarse; es decir, desde que estén vigentes, con posterioridad a la publicación del Decreto Supremo en el Diario Oficial, que disponga su implementación. “Sin perjuicio de lo anterior, las reformas al SEIA buscan perfeccionar este instrumento de gestión ambiental, propendiendo a la eficiencia y a otorgar garantías a los actores y usuarios que participan de él”, aclara Moscoso.
En esta misma línea, Durán afirma que la reforma al no haberse implementado aún, no ha tenido impacto en la industria; sin embargo, en la minería y en los proyectos energéticos ha tenido un mayor impacto por el fuerte involucramiento y empoderamiento de las comunidades y agentes sociales en la evaluación ambiental y en el SEIA, incluyendo lo correspondiente a materias judiciales, donde los Tribunales Ambientales juegan un rol preponderante.
Entre las principales propuestas se encuentra la creación de un mecanismo de evaluación ambiental para proyectos considerados estratégicos, que considere dos etapas: una fase temprana estratégica del proyecto en relación al estudio y análisis del entorno y los componentes ambientales eventualmente afectados; y otra fase posterior que corresponde a la evaluación ambiental propiamente tal. Foto Gentileza Codelco