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Timestamp: 2019-05-26 17:23:37
Document Index: 11097429

Matched Legal Cases: ['artículo 698', 'artículo 42', 'artículo 207', 'artículo 703', 'artículo 632', 'artículo 771', 'artículo 617', 'artículo 771']

Boletin Correspondiente a 2015-04-15Regresar
( 2015-04-15) Consultar
La facultad de corrección aritmética que consagran las normas tributarias, especialmente el artículo 698 del E.T. tiene como presupuesto fáctico la ocurrencia de un error aritmético que origine un menor valor a pagar o un mayor saldo a favor.
También define la ley, ej art. 697, expresamente los eventos en los cuales se presenta error aritmético en las declaraciones tributarios. Del contexto de los artículos 697 y 698 del E.T. se colige que la noción de error aritmético en todos los casos está determinada por una equivocación en los resultados de los diferentes factores que intervienen en la depuración y determinación del impuesto, y que tiene que ver con las operaciones aritméticas o aplicación de tarifas que se utilizan en la liquidación privada del impuesto por parte del contribuyente, de ahí que determinar la existencia o no de un "error aritmético" en la correspondiente liquidación privada es una labor objetiva puesto que el mismo debe dimanar de la declaración misma y corresponder exactamente a una de las situaciones expresamente señaladas en la ley como constitutiva de error aritmético.
Pero no puede pasarse por alto que la actora alegó y demostró con certificación contable que obra en los antecedentes administrativos, y también como anexo de la demanda contenciosa, la existencia de un error de transcripción en la Sección D, correspondiente a costos y deducciones en la cual omitió registrar el rubro concerniente a "otros costos y deducciones".
Los errores de transcripción mecanográficos consistentes en copiar incorrectamente una partida, como llevarla a un renglón diferente omitirla, repetirla, o en todo caso trastocar una partida en los renglones del formulario, de manera que aparentemente modifique el resultado, no puede considerarse como errores aritméticos por cuanto en esos casos no puede tenerse en cuenta en la operación aritmética correspondiente ya que la naturaleza del mismo no implica que se encuentre comprometido en operación aritmética alguna, en el error que alega la actora consistente en que omitió registrar en el formulario la totalidad de costos y deducciones totalizados en el renglón 25 por cuanto copió la información de un borrador en vez del proyecto definitivo, en un error que participa de esta naturaleza, por lo que desvirtúa el error aritmético que registra la declaración y que corrigió la administración con fundamento en la facultad de corrección que le da la ley.
El Municipio de Medellín no aceptó el "Coeficiente de Distribución de Primas" remitido por la Superintendencia Bancaria y tomó como base gravable las primas emitidas en ese municipio y en tal sentido modificó la liquidación privada.
Para la Sala la actuación de la administración municipal resulta contraria a derecho, dado que la autoridad fiscal toma como base impositiva "las primas emitidas", so pretexto de la ausencia de información contable acerca de las "primas retenidas", desconociendo que el artículo 42 de la Ley 14 de 1983, subrogado por el artículo 207 del Decreto 1333 de 1986, señaló taxativamente que la base gravable para la Aseguradoras está conformada por las "primas retenidas".
El Municipio determinó el impuesto, deduciendo de las "primas brutas emitidas en el Municipio de Medellín", las "primas brutas cedidas o reaseguros en la misma ciudad", con este procedimiento tuvo en cuenta una base gravable diferente a la prevista legalmente.
Si el Municipio tenía dudas sobre la correcta determinación del impuesto debió acudir a sus amplias facultades de fiscalización, en ejercicio de las cuales tenía que demostrar que lo reportado por la demandante en su declaración privada como primas retenidas, con base en la certificación de la Superintendencia Bancaria, no correspondía a la realidad. La administración no aportó al proceso prueba que desvirtúe la veracidad de la declaración.
SANCION POR NO PRESENTAR INFORMACION TRIBUTARIA - Procede cuando se presentan informaciones diferentes a la solicitada
En el caso concreto, la Administración profirió los Requerimientos Ordinarios 170, 171 y 172, notificados el 23 de julio de 1998, en los cuales solicitó al actor que enviara la información detallada respecto de los ingresos, inventario de bienes muebles e inmuebles, movimientos de cuentas bancarias, CDT, inversiones, deudas, costos y deducciones y los ajustes por inflación realizados en relación con los períodos 1994 a 1996, información que discriminó en treinta aspectos.
El propósito de la información era que la misma fuera allegada a las investigaciones por concepto del impuesto de renta por los períodos gravables en mención. En las respuestas a los requerimientos, el actor aportó copias de las declaraciones de renta de los años 1994 a 1996.
Tales respuestas, evidentemente, no corresponden a la información solicitada por la DIAN, pues, no tiene sentido que si lo que pretende la Administración es tener elementos de juicio dentro de las investigaciones iniciadas contra el contribuyente por las declaraciones de renta de 1994 a 1996, baste con copia de las mismas para que tales elementos obren en la actuación administrativa, cuando es precisamente su veracidad lo que se está tratando de verificar.
Además, las copias de las declaraciones se encuentran en poder de la DIAN. Así pues, el contenido de la información suministrada no correspondía a lo solicitado por la Administración. De otra parte, los argumentos del demandante en el sentido de que la DIAN debió hacer una comprobación previa de las declaraciones entregadas y proferir requerimientos especiales, no tienen fundamento legal, pues, una cosa es el incumplimiento del deber legal de informar, y, otra, el proceso de determinación del tributo, en el cual sólo en caso de proferirse liquidación oficial de revisión, es necesario que la autoridad tributaria expida previamente el requerimiento especial (artículo 703 del Estatuto Tributario).
FACULTAD DE FISCALIZACIÓN DE LA DIAN - Puede solicitarle a los contribuyentes la información tributaria que requiera.
A su vez, puso en evidencia que no tenía la información solicitada, salvo lo que constaba en la declaración, con lo cual violó, además, el artículo 632 del Estatuto Tributario que ordena a los contribuyentes conservar la información y pruebas que permitan acreditar los ingresos, costos, deducciones, descuentos, exenciones y demás beneficios tributarios, las declaraciones tributarias presentadas, las consignaciones de retención en la fuente practicadas como agentes retenedores y la contabilidad con los comprobantes de orden interno y externo.
No sobra recordar que la Administración, en cumplimiento de sus amplias facultades de investigación para el debido control de los tributos, puede solicitar información a los contribuyentes, máxime en este caso, en el que la misma debía reposar en poder del actor, pues versaba sobre operaciones efectuadas y relacionadas con él.
FECHA CIERTA DE EXPEDICION - Se exige para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, para los documentos equivalentes a la factura que expidan
DOCUMENTO PRIVADO - Tiene fecha cierta o auténtica desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa
Para efectos de la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del estatuto Tributario señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, y que cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que legalmente se establezcan.
De manera que cuando el contribuyente aporta la factura con el lleno de los requisitos legales, esa factura, como documento probatorio, no supedita a la administración tributaria o al juez a reconocer el costo, gasto o deducción.
Por el contrario, esa prueba le permite a la autoridad tributaria, o al juez, comprobar la veracidad de los hechos contenidos en la factura, tales como la existencia del proveedor y, por ende, la existencia de la transacción económica incorporada en el título y, para el efecto, hay absoluta libertad probatoria.
Lo que realmente establece el artículo 771-2 es que la factura, como documento, es un medio de prueba para la procedencia de los costos y deducciones. En consecuencia, es un documento ad probationem que se exige por ley como prueba necesaria, puesto que las facturas que cumplen los requisitos previstos en los artículos 617 y 618 E.T. son pruebas que, por ley, deben cumplir ciertas formalidades.
ACTO DEFINITIVO - Lo es el que declara la improcedencia del beneficio de auditoria: no es acto de trámite
Para la Sala el contenido del acto demuestra a las claras que no es un simple auto de trámite pues no se limita a ordenar el archivo de un expediente, que por lo demás se abrió oficiosamente, sino que contiene una decisión unilateral definitiva de la administración como es la de declarar que no procede el beneficio de auditoría, determinación que sin duda crea una situación jurídica concreta como es la de excluir del beneficio a la sociedad, luego de haberla inducido a efectuar la corrección.
Expedido el auto, no se le notificó a la contribuyente como lo admite la Administración, fue una actuación oculta, como lo anota el demandante y por consiguiente no se le dio la oportunidad de controvertirlo en la vía administrativa.
Destaca la Sala de otro lado la conducta incoherente de la Administración en este proceso, pues aunque acepta que no se notificó el acto demandado, esgrime la excepción de inepta demanda con fundamento en la caducidad de la acción y la falta de agotamiento de la vía gubernativa, sin tener en cuenta que por su omisión, la contribuyente no conoció el acto y no se le dio la oportunidad de discutir su legalidad.
Olvida así que ante la justicia nadie puede aspirar a obtener beneficios derivados de su propia culpa - Nemo auditur turpitudiem allegans.