Source: http://antigua.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/Sentencia_C_423_1994_proteccion_ambiente.htm
Timestamp: 2017-11-19 12:13:45
Document Index: 234784687

Matched Legal Cases: ['Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 23', 'Artículo 38', 'Artículo 41', 'artículo 1', 'artículo 331', 'artículo 76', 'artículo 7']

PLANIFICACION AMBIENTAL / DESARROLLO SOSTENIBLE
AMBIENTE-Protección
AUTONOMIA TERRITORIAL/ CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES - Creación
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS / CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES
Creación legal de corporaciones autónomas regionales.
Santafé de Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
El ciudadano Andrés de Zubiría Samper, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 41 de la Ley 99 de 1993 "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, y se dictan otras disposiciones".
Admitida la demanda, se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes; se fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la Corporación para efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, se dio traslado al señor Procurador General de la Nación, quien rindió el concepto de su competencia.
"LEY 99 DE 1993 (Diciembre 22)
Artículo 34.- De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía, CDA. Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía, CDA, la cual estará organizada como una Corporación Autónoma Regional sujeta al régimen de que trata el presente artículo.
"La jurisdicción de CDA comprenderá el territorio de los departamentos de Vaupés, Guainía y Guaviare; tendrá su sede en la ciudad de Puerto Inírida y subsedes en san José del Guaviare y Mitú. Las subsedes serán instaladas dentro de los seis (6) meses siguientes a la organización de la Corporación. Los recursos percibidos por CDA se distribuirán por partes iguales entre la sede principal y las subsedes.
"El Consejo Directivo estará integrado por: a. El Ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá o su delegado; b. Los gobernadores de los departamentos comprendidos dentro de la jurisdicción de la Corporación, o sus delegados; c. Tres representantes de las comunidades indígenas, uno por cada departamento de la región; d. Un representante del Presidente de la República; e. Un representante de los alcaldes de los municipios capitales comprendidos dentro del territorio de su jurisdicción; f. El Director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, o su delegado; g. El Director del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos 'Alexander Von Humboldt'; h. El "Rector de la Universidad de la Amazonía; i. Un representante de una organización no gubernamental de carácter ambiental dedicada a la protección de la Amazonía.
Artículo 35.- De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonía, CORPOAMAZONIA. Créase la Corporación para el Desarrollo sostenible del Sur de la Amazonía, CORPOAMAZONIA, como una Corporación autónoma Regional, la cual estará organizada como una Corporación Autónoma Regional sujeta al régimen de que trata el presente artículo.
"La jurisdicción de CORPOAMAZONIA comprenderá el territorio de los departamentos de Amazonas, Putumayo y Caquetá. La sede principal de CORPOAMAZONIA será la ciudad de Mocoa en el departamento del Putumayo y establecerá subsedes en las ciudades de Leticia y Florencia.
"Fusiónase la Corporación Autónoma Regional del Putumayo, CAP, con la nueva Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, CORPOAMAZONIA, a cuya seccional Putumayo se transferirán todos sus activos y pasivos. Las regalías departamentales que actualmente recibe la CAP, serán destinadas por CORPOAMAZONIA exclusivamente para ser invertidas en el Departamento del Putumayo.
"El Consejo Directivo estará integrado por: a. El Ministro del Medio Ambiente, quien lo presidirá, o el Viceministro; b. Los gobernadores de los departamentos comprendidos dentro de la jurisdicción de la Corporación o sus delegados; c. El Director del Instituto de Hidrología, Metereología e Investigaciones Ambientales -IDEAM-; d. El Director del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, o su delegado; g. Un representante de las organizaciones ambientalistas no gubernamentales de carácter ambiental (sic) dedicadas a la protección de la Amazonía; h. El Director del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt; i. El Rector de la Universidad de la Amazonía.
Artículo 36.- De la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta, CSN. Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta, CSN, como una Corporación Autónoma Regional que además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el medio ambiente de la Sierra Nevada de Santa Marta, ejercerá actividades de promoción de la investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto en esta ley y en sus estatutos, encargada principalmente de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación inadecuada del territorio, fomentar la integración de las comunidades tradicionales que habitan la región y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos y de propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de los recursos y el entorno de la Sierra Nevada de Santa Marta.
"La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta comprenderá el territorio contenido dentro de la Línea Negra y será definido mediante reglamentación del Gobierno Nacional. Su sede será la ciudad de Valledupar y establecerá una subsede en la ciudad de Riohacha.
"La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta CSN, ejercerá las funciones especiales que le asigne el Ministerio del Medio Ambiente y las que dispongan sus estatutos y se abstendrá de cumplir aquellas que el Ministerio se reserve para si, aunque estén atribuidas de manera general a las Corporaciones Autónomas Regionales.
"El Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta estará integrado por:
El Ministro del Medio Ambiente o su delegado, quien lo presidirá
Los gobernadores de los departamentos de Guajira, Magdalena y Cesar, o sus delegados
Los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en dichos departamentos
Sendos representantes de las etnias Kogis, Arzarios, Arhuacos y Kancuamos, escogidos por las organizaciones indígenas de la región
El Jefe de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente
Un representante de las organizaciones campesinas
Un representante de una organización no gubernamental o persona jurídica sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la defensa y protección de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Artículo 37.- De la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA. Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA, con sede en San Andrés (Isla), como una Corporación Autónoma Regional que además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el medio ambiente del Archipiélago de San Andrés., Providencia y Santa Catalina, ejercerá actividades de promoción de la investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto en esta ley y en sus estatutos, encargada principalmente de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dirigirá el proceso de planificación regional del uso del suelo y de los recursos del mar para mitigar o desactivar presiones de explotación inadecuada de los recursos naturales, fomentar la integración de las comunidades nativas que habitan las islas y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente y de propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnología apropiadas para la utilización y conservación de los recursos y el entorno del Archipiélago.
"La jurisdicción de CORALINA comprenderá el territorio del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el mar territorial y la zona económica de explotación exclusiva generadas de las porciones terrestres del archipiélago, y ejercerá, además de las funciones especiales que determine la ley, las que le asigne el Ministerio del Medio Ambiente, y las que dispongan sus estatutos.
El Ministro del Medio Ambiente, o su delegado
El Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quien la presidirá
El Director de INVEMAR
Un representante de los gremios económicos organizados en el Archipiélago
Un representante de los gremios de la producción artesanal, agropecuaria y pesquera debidamente constituidos en el Archipiélago
El Director de la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa
Los miembros de la Junta para la Protección de los Recursos Naturales y Ambientales del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina creada por la Ley 47 de 1993.
"Este Consejo Directivo remplaza a la Junta para la Protección de los Recursos Naturales y Ambientales del Departamento de San Andrés y Providencia creada por el artículo 23 de la Ley 47 de 1993, y asume además de las funciones definidas en esta ley las asignadas en el capítulo V de la ley citada.
PARAGRAFO 1. A partir de la vigencia de esta ley se prohibe el otorgamiento de licencias y permisos conducentes a la construcción de nuevas instalaciones comerciales, hoteleras e industriales en el municipio de Providencia y se suspenden las que están en trámite, hasta tanto se apruebe, por parte del municipio de Providencia, del Consejo Directivo de CORALINA y del Ministerio del Medio Ambiente, un plan de ordenamiento de uso del suelo y un plan de desarrollo, para la Isla.
PARAGRAFO 2. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se constituye en reserva de la biosfera. El Consejo Directivo de CORALINA coordinará las acciones a nivel nacional e internacional para darle cumplimiento a esta disposición.
Artículo 38. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena. Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial la Macarena, CORMACARENA, como una Corporación Autónoma Regional que además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el medio ambiente del área de Manejo Especial La Macarena, reserva de la biosfera y santuario de fauna y flora, ejercerá actividades de promoción de la investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto en esta ley y en sus estatutos, encargada principalmente de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente del área de Manejo Especial La Macarena, dirigir el proceso de planificación regional de uso del suelo para mitigar y desactivar presiones de explotación inadecuada del territorio, y propiciar con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnología apropiadas para la utilización y la conservación de los recursos y del entorno del área de Manejo Especial La Macarena.
El Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La Macarena, estará integrado por:
El Ministerio del Medio Ambiente o su delegado, quien lo presidirá
El Gobernador del Meta o su delegado
Dos Representantes de los alcaldes de los municipios que hacen parte del área de manejo especial
Un representante de las organizaciones no gubernamentales o personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la defensa y protección del área de Manejo Especial La Macarena
Un representante de la asociación de colonos de La Macarena
Un representante de las comunidades indígenas en área de manejo especial, escogido por ellas mismas
El Director del Instituto de Investigaciones Científica, SINCHI, o su delegado
El Director de Investigación en Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, o su delegado
Los rectores de las Universidades de la Amazonía y Tecnológica de los Llanos Orientales.
Artículo 41. De la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y San Jorge, CORPOMOJANA. Créase la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y San Jorge, CORPOMOJANA, como una Corporación Regional que además de sus funciones administrativas en relación con los recursos naturales y el medio ambiente en la zona de la Mojana y del Río San Jorge, ejercerá actividades de promoción de la investigación científica y transferencia de tecnología, sujeta al régimen especial previsto en esta ley y sus estatutos, encargada principalmente de promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, del ecosistema de las cuencas hidrográficas del Río Magdalena, Río Cauca y Río San Jorge en esta región, dirigir el proceso de planificación regional de usos del suelo para mitigar y desactivar presiones de explotación inadecuada del territorio y propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, la generación de tecnologías apropiadas para la utilización y conservación de los recursos de la Mojana y el San Jorge.
El Gobernador de Sucre o su delegado
Dos alcaldes municipales
El Director del Instituto de Hidrología, Metereología e Investigaciones ambientales, IDEAM o su delegado
Un representante de las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la conservación y el manejo de los recursos naturales
Un representante de los gremios de la producción agropecuaria y pesquera constituidos en la zona".
Según el demandante, la Comisión de Ordenamiento Territorial, mediante su recomendación R-8, advirtió al Congreso de la República que era inconstitucional la creación de nuevas corporaciones autónomas: "la Constitución -señala la mencionada recomendación- está autorizando, pues, al legislador para 'reglamentar la creación' de las corporaciones, mas no para crearlas, como sí explícitamente lo hace al referirse en el mismo ordinal a la atribución de 'crear' ministerios, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado. De este modo, corresponde a la ley regular lo referente a requisitos, condiciones, procedimiento, estructura y funcionamiento de las Corporaciones, sin proceder a decretar su creación. (Boletín de Ordenamiento Territorial, COT, No. 19, Santafé de Bogotá, 1993, pág. 4)".
Pese a lo anterior, el actor sostiene que el Congreso de la República, mediante la Ley 99 de 1993, en forma inconstitucional procedió directamente a crear seis nuevas Corporaciones autónomas regionales: la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía -CORPOAMAZONIA-; la Corporación para el desarrollo sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta -C.S.N.-; la Corporación para el desarrollo sostenible del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, -CORALINA-; la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial La Macarena, -CORMACARENA-, y la Corporación para el desarrollo sostenible de la Mojana y el Río San Jorge, -CORPOMOJANA-.. "Pareciera -estima el demandante- que los nuevos entes de la precitada ley, fueran elaboración anterior a la Carta Política de 1991 y, por ende, recuerdo del pasado ya superado, de la Constitución de 1886, con su modelo rígidamente centralista, por cuanto en la conformación de los Consejos Directivos (en algunos de ellos), se señala un porcentaje mínimo de la Nación (el 35% por ejemplo); en el mismo ente rector de la Corporación se le otorga siempre representación al Presidente de la República, a través de un delegado; en la Corporación CORALINA, para la expedición del Plan de Desarrollo del municipio de Providencia, es necesaria la aprobación de aquel, tanto por la respectiva Corporación, como del Ministerio del Medio Ambiente, etc. En síntesis: las nuevas corporaciones autónomas regionales fortalecen el centralismo, y por ende van en contravía del enunciado de la Carta de 1991, la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales."
En tercer lugar manifiesta que la creación de nuevas corporaciones autónomas responde a las nuevas políticas adoptadas por Colombia en materia de protección del medio ambiente, luego de la firma de la Declaración de Río de Janeiro en 1991 y los Acuerdos 344 y 345, mediante los cuales nuestro país se comprometió a nivel mundial en relación con este tema. Así, concluye afirmando que las corporaciones autónomas creadas por la Ley 99 de 1993 tienen por objeto implementar la protección de la biodiversidad y del medio ambiente en zonas hasta ahora desprotegidas, como el Chocó, la Amazonía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
CONCEPTO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En la oportunidad legal, el señor Procurador General de la Nación se pronunció sobre la demanda presentada por el actor y solicitó a esta Corporación que se declare la exequibilidad de las normas acusadas, de acuerdo con los argumentos que se enuncian a continuación:
Anota el señor Procurador que el Constituyente quiso, de manera expresa, otorgarle al Congreso la facultad de reglamentar la creación de las corporaciones autónomas, dentro de un marco de mayor autonomía administrativa, con el fin de garantizar una adecuada técnica y eficiente administración, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. "De otra parte, anotaron la necesidad de especialización de las corporaciones en los temas ambientales para evitar la duplicidad de funciones que hasta el momento se venía presentando con las entidades territoriales a nivel municipal y departamental".
A juicio del señor Procurador las normas acusadas no violan el principio de la autonomía regional ya que "si bien las corporaciones bajo estudio se las denomina como 'autónomas', tal calificativo no responde a la intención del Constituyente y del legislador de dotarlas del principio de autonomía territorial, que se predica sólo de las divisiones político administrativas del país, sino que tal denominación es fruto del alto grado de descentralización que se quiso que tuvieran las corporaciones para el buen y efectivo cumplimiento de sus funciones".
Así, estima el jefe del Ministerio Público que el tema del manejo de los recursos naturales y el medio ambiente es de interés no sólo nacional sino universal, razón por la cual no se puede dividir la política ambiental, con base en el principio de la autonomía de las entidades territoriales, para que éstas actúen independientemente, acorde con intereses locales. Por esta razón el legislador ordinario otorgó a las corporaciones autónomas un carácter regional que responda a la realidad biogeográfica del país y no a razones de carácter político. "En consecuencia, -anota el señor Procurador-, la jurisdicción de las corporaciones no debe atender al esquema de las divisiones político administrativas, sino a límites que respeten las principales unidades ecosistémicas del territorio, que tienen una dinámica propia como sistema natural".
Es cierto que la Constitución de 1991 otorga un amplio margen de autonomía a las entidades territoriales. Pero no debe olvidarse que en una República unitaria, como está definida Colombia en los términos del artículo 1o. de la C.P., esta autonomía es, como se ha dicho, ante todo de carácter administrativo y no legislativo, pues de ser así se estaría ya no bajo la forma del Estado unitario, que expresamente quiso mantener el Constituyente de 1991, sino en uno federal, una de cuyas características esenciales consiste precisamente en la competencia legislativa que se otorga a las entidades territoriales; es decir en la pluralidad de legislación a nivel nacional. En el caso concreto de la creación de entidades como las corporaciones autónomas regionales, -con una naturaleza, fines y características propias-, resulta claro que ésta debe ser materia de ley y no de decisiones aisladas o coyunturales a nivel seccional o a nivel local, a través de normas de inferior jerarquía como son las ordenanzas o los acuerdos o, menos aún, emanadas de autoridades administrativas del orden departamental, distrital o municipal. De tal categoría es este tipo de entidades, que en el marco de la propia Constitución de 1991 se creó, por el Constituyente, una corporación autónoma regional: la del Río Grande de la Magdalena (art. 331). Adicionalmente debe agregarse, como posteriormente se observará, que si el objeto regional de las corporaciones autónomas sobrepasa los límites territoriales de un sólo departamento (Art. 307 C.P.), entonces una ordenanza o un acuerdo no pueden ocuparse de su creación.
"Pero la centralización política no es incompatible con la descentralización administrativa, ni con la autonomía de las entidades regionales. Por el contrario, la tendencia en los Estados unitarios en el mundo contemporáneo ha sido la de vigorizar estos principios. La palabra "descentralización" se emplea en sentido genérico y en sentido técnico. De acuerdo con el primero, se le da ese nombre a todo proceso que traslada a asuntos de la capital del Estado a las entidades seccionales o locales, cualquiera que sea su índole; así se habla de descentralización fiscal, económica o industrial. En sentido técnico jurídico, la descentralización significa traslado de competencias de carácter administrativo a manos de autoridades regionales o locales".
"La introducción del concepto de autonomía de las entidades territoriales dentro de una República unitaria puede generar -en el ejercicio concreto del poder público-, una serie de conflictos de competencia entre el nivel central y los niveles seccional o local. Por eso en el proceso de articulación de los distintos intereses deben tener en cuenta los principios que introduce la Carta y las reglas que de ellos se derivan".
"Así, pues, en el Estado unitario típico puede darse una descentralización entendida como un cierto grado de libertad para el manejo de algunas actividades a nivel predominantemente administrativo en tanto que en el Estado federal la descentralización alcanza un grado tal que no sólo trasciende los niveles administrativo y legislativo sino que llega también, como antes se dijo, al corazón mismo del nivel constitucional". (Subrayado fuera de texto).
"En conclusión, esta Corte considera que la introducción del concepto de autonomía, que implica un cambio sustancial en las relaciones centro-periferia, debe en todo caso ser entendida dentro del marco general del Estado unitario. De esta forma, a la ley corresponderá definir y defender los intereses nacionales, y para ello puede intervenir en los asuntos locales, siempre que no se trate de materias de competencia exclusiva de las entidades territoriales. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que de lo que se trata es de armonizar los distintos intereses, y no simplemente de delimitarlos y separarlos. Por esto, generalmente las competencias que se ejercen en los distintos niveles territoriales no son excluyentes, Por el contrario dichas competencias, como lo señala la propia Constitución, deben ejercerse dentro de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad".
La Corte observa cómo en el inciso segundo del artículo 331 superior, el Constituyente le asigna al legislador la organización de la Corporación Autónoma Regional de Río Grande de la Magdalena, con lo cual se pone de presente cómo al legislador no le es extraña la función de determinar la estructura de las corporaciones autónomas.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, notífiquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA-Límites (Salvamento de voto)
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Creación/CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Naturaleza/LEY ORGANICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Salvamento de voto)
Las normas materia de impugnación son contrarias a la Carta Política por dos razones básicas:
De acuerdo con el artículo 76, numeral 10, de la Constitución Política anterior, correspondía al Congreso, por medio de leyes, "expedir los estatutos básicos de las corporaciones autónomas regionales y otros establecimientos públicos".
El artículo 7 Ibídem había advertido que, fuera de la división general del territorio, existirían otras, para arreglar el servicio público, y que las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar, la instrucción pública, la planificación y el desarrollo económico y social podrían no coincidir con la división general.
La Carta Política en vigencia modificó de manera expresa el alcance de las atribuciones legislativas al respecto.
La sentencia de la cual discrepamos señala, sin sustentarlo, que "con la promulgación de la Constitución de 1991, las corporaciones autónomas regionales mantuvieron su condición de establecimientos públicos".
Las ideas que exponemos en este Salvamento de Voto no son incompatibles con el sentido de la cláusula general de competencia en materia legislativa, que reside en el Congreso. Otra cosa es afirmar la necesidad de que éste se someta a los expresos lineamientos y requisitos establecidos de manera directa por la Constitución, en este caso el de no proceder a legislar por vía específica (creando una Corporación) sino con arreglo a normas legislativas previas y generales.
La interpretación que prohijamos tampoco desconoce el carácter unitario del Estado colombiano, pues en modo alguno lleva a que cada departamento o municipio pueda establecer, sin control ni orden, corporaciones autónomas regionales.
No se nos escapa que los artículos 23 a 32 de la Ley 99 de 1993 establecieron algunas reglas de carácter general acerca de la naturaleza jurídica, los órganos de dirección y administración, el objeto y las funciones de las corporaciones autónomas regionales, pero nos abstenemos de emitir concepto alguno sobre su constitucionalidad por cuanto no han sido demandadas.