Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/tratamiento-tributario-de-las-personas-domiciliadas?documento=rimpuestos&contexto=rimpuestos_7680752a7e73404ce0430a010151404c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-06-27 06:35:30
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﻿ Tratamiento tributario de las personas domiciliadas en la CAN
CONTENIDO:Análisis a través de los comentarios oficiales y las jurisprudencias relacionadas con la cláusula análoga de no discriminación del modelo OCDE.
AUTOR:Carlos Quiroz Velásquez
REVISTA IMPUESTOS N°:131, sep.-oct./2005, págs. 10 a 15
Tratamiento tributario de las personas domiciliadas en la CAN
Análisis a través de los comentarios oficiales y las jurisprudencias relacionadas con la cláusula análoga de no discriminación del modelo OCDE.
Carlos Quiroz Velásquez
LL. M. in Petroleum Taxation & Finance
La Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina contiene el convenio para evitar la doble tributación entre los países de dicha región, a saber: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia(1).
Dicho convenio, como los demás convenios para evitar la doble imposición (en adelante, CDI), es aplicable a las ganancias derivadas de operaciones internacionales efectuadas por individuos o empresas que caen dentro de la jurisdicción tributaria de dos o más países. A través de “reglas de distribución”(2), el convenio evita que tales ganancias tributen en todos los países con jurisdicción sobre ellas, lo que se conoce como doble o múltiple tributación. Esto se explica mejor con el ejemplo que sigue.
Una situación típica de doble imposición tiene como contexto una operación internacional, por ejemplo, la prestación de un servicio de asistencia técnica. El país (fuente) en que se genere la ganancia será aquel en que se preste o utilice el servicio, lo que sustenta su jurisdicción tributaria sobre dicha ganancia. Sin embargo, el país al que pertenece el individuo o empresa que generó la ganancia (residencia) también tendrá jurisdicción. En esta situación, tanto el país fuente como el de residencia tendrán que acordar una “regla para distribuir” la imposición aplicable a la ganancia:
— Que uno de los países renuncien a sus respectivas jurisdicciones tributarias (método de la exoneración).
— Que ambos países compartan la imposición, lo cual —usualmente— ocurre cuando el país fuente reduce el impuesto aplicable a la ganancia, y dicho impuesto es deducido del impuesto aplicable en el de residencia; tal deducción puede reducir el impuesto en el país de residencia (impuesto contra impuesto) o bien reducir la base de cálculo de dicho impuesto (impuesto contra base).
Ahora bien, forma parte del convenio una disposición que en doctrina se conoce como la “cláusula de no discriminación” (en adelante, “la cláusula”), contenida en el artículo 18 de la Decisión 578, como sigue:
“Tratamiento tributario aplicable a las personas domiciliadas en los otros países miembros. Ningún país miembro aplicará a las personas domiciliadas en los otros países miembros, un tratamiento menos favorable que el que aplica a las personas domiciliadas en su territorio, respecto de los impuestos que son materia de la presente decisión”.
Como puede verse esta disposición no contiene propiamente “una regla de distribución”, como las reseñadas anteriormente. Antes bien, lo que la cláusula persigue es que los individuos o empresas pertenecientes a un país signatario de la Decisión 578, no sean tributariamente tratados, en los demás países signatarios, de manera más onerosa que aquella en que estos países tratan a sus propios individuos o empresas.
Tomando el ejemplo planteado anteriormente, la cláusula no definirá cuánto corresponde recibir al país de residencia respecto de la imposición a la ganancia por la asistencia técnica prestada por el individuo o empresa a dicho país perteneciente. Antes bien, prohíbe que la imposición aplicable a dicho individuo o empresa en el país fuente sea mayor a la que se le aplica a sus propios individuos o empresas en el mismo. No importará si la imposición en el país fuente es mayor que la existente en el de residencia.
Ahora bien, a pesar de no tener por función la distribución de la imposición, la cláusula implicará —en muchos casos— la reducción de la imposición aplicable a los individuos y empresas haciendo negocios al interior de la Comunidad Andina. Esta circunstancia justifica el estudio del artículo 18 de la Decisión 578, con el propósito de determinar su alcance y qué disposiciones en el régimen tributario interno de un país podrían resultar inaplicables en vista de dicho artículo. En otras palabras, este artículo busca las oportunidades de minimización de la carga tributaria aplicable a las operaciones a efectuar al interior de la CAN.
La otra circunstancia que justifica su estudio es la escasa doctrina local sobre el tema(3), así como la inexistencia de pronunciamientos del Tribunal Fiscal(4) o jurisprudencia relacionados.
La Decisión 578 no cuenta con documentos oficiales que permitan su interpretación inequívoca. Además, como hemos señalado, en Perú no existe ni jurisprudencia conocida ni pronunciamientos oficiales que interpreten el alcance de la cláusula.
Sin embargo, el modelo de convenio para evitar la doble tributación elaborado por la OCDE (en adelante, “el modelo OCDE”), contiene una cláusula cuyo fraseo es muy similar al utilizado en la Decisión 578. Notablemente, dicho documento viene acompañado por “comentarios oficiales” y, además, ha sido ampliamente estudiado en la doctrina. Así mismo, existen precedentes que dan una perspectiva de aplicación concreta.
En vista de ello, nuestra metodología consistirá en entender el alcance de la cláusula consignada en el modelo OCDE, sobre la base de las fuentes antes mencionadas, como pauta interpretativa para entender el alcance de la cláusula contenida en la Decisión 578.
Ahora bien, como se sabe, las “reglas de distribución” de la Decisión 578 y del modelo OCDE son sustancialmente diferentes. Mientras en la primera se atribuye jurisdicción tributaria únicamente al país fuente, en el segundo el país fuente y el de residencia comparten dicha jurisdicción y, por ende, la recaudación derivada de la imposición aplicable a las ganancias por operaciones internacionales. Nuestra metodología, por lo tanto, considerará esta diferencia y determinará si debe incidir en nuestro entendimiento de la cláusula de no discriminación.
La cláusula de no discriminación en el modelo OCDE
El artículo 24 del modelo OCDE dispone lo siguiente:
“1. Los ciudadanos de un Estado contratante no pueden estar sujetos en otro Estado contratante a una imposición u obligación relativa a ella que sean diferentes o más onerosas de aquellas a las que están o podrán estar sujetos los ciudadanos de dicho Estado que se encuentran en las mismas circunstancias, particularmente en relación con la residencia. La presente disposición se aplicará, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 1.º, inclusive a las personas que no residan en uno o en ambos Estados contratantes”.
Cabe señalar que no todos los convenios para evitar doble imposición (CDI), bajo el modelo OCDE, incluyen cláusula de no discriminación. Por ejemplo, los CDI suscritos por Alemania con Australia, Austria, India, Italia (1925), Kuwait, Nueva Zelanda, Polonia y Rumania. En algunos casos, la cláusula se encuentra en otros instrumentos internacionales(5).
Se aplica a nacionales, residentes o no, de los Estados contratantes: Conforme al artículo 24.1 del modelo OCDE, cualquier tratamiento menos favorable basado en criterios distintos de la nacionalidad no estaría prohibido. Por ello, si tal tratamiento fuese dado a los no residentes (no domiciliados), entonces no habría violación a la cláusula(6).
En tal sentido, la Corte Fiscal Federal alemana señaló que “los tratados internacionales no requieren que las normas internas aplicadas a las relaciones entre quienes tienen plena subjetividad tributaria, deban ser extendidas también a sujetos como los no residentes, que tienen subjetividad tributaria limitada”(7). Este criterio sustentó el no aplicar a los socios holandeses y suizos una exoneración sí prevista para socios residentes en Alemania.
Es importante destacar el hecho de que se dé protección contra discriminación en función a la nacionalidad, y no en función a la residencia, lo cual determina que puedan beneficiarse residentes de terceros países que no son parte del CDI(8).
Prohíbe un tratamiento menos favorable, pero no impide uno más favorable: La cláusula, en el modelo OCDE, solo prohíbe en un Estado un tratamiento tributario menos favorable para los nacionales del otro Estado. En comparación, otras disposiciones legales prohíben cualquier forma de trato desigual con lo cual prohíben no solo el trato menos favorable, sino también uno más favorable(9).
Sujeta a reciprocidad: Según el comentario oficial del modelo OCDE, la cláusula de no discriminación está sujeta a reciprocidad(10).
2. Aplicaciones prácticas de la cláusula
El alcance de la cláusula puede ser entendido a través de la aplicación que de ella han efectuado los órganos resolutores en los países miembros de la OCDE.
Caso India: Un establecimiento dedicado a negocios bancarios en la India, perteneciente a un banco francés, debía pagar impuesto a la renta a una tasa más alta que la que pagaría una compañía hindú. Conforme a su legislación, dicha mayor tasa se debía a que el establecimiento no declaraba ni pagaba los dividendos resultantes del negocio bancario dentro del territorio de la India, por lo que calificaba como una compañía “no residente” y, por ello, debía pagar una tasa impositiva mayor a quienes sí declaraban y pagaban los dividendos dentro de la India(11).
Se consultó al Departamento de Impuestos de la India si la cláusula de no discriminación contenida en el CDI, suscrito por Francia e India el 29 de septiembre de 1992, determinaba que debía prevalecer la tasa aplicable a los residentes.
Mediante el Pronunciamiento 236 ITR 103 (1998)(12) se indicó que la cláusula no sustentaba la pretensión del establecimiento de origen francés para utilizar la tasa de impuesto a la renta aplicable a los establecimientos considerados residentes, basándose en los siguientes argumentos:
•Las condiciones en que el establecimiento francés efectuaba sus negocios eran distintas a aquellas en que los bancos hindúes desarrollaban operaciones; mientras que los primeros no tenían obligaciones de promoción social y económica, los segundos sí las tenían.
•Los dividendos distribuidos en territorio hindú generarían mayor imposición en cabeza de quien los recibiera, mientras que si el establecimiento no-residente los distribuyera fuera de la India tal gravamen no sería posible.
•La cláusula de no discriminación no establecía de manera literal límites a las tasas del impuesto a la renta, a diferencia de otros artículos del CDI en que sí había mención literal y expresa (como en los artículos referidos a dividendos, intereses y regalías).
•Se extrapoló al caso analizado lo dispuesto por el CDI suscrito con el Reino Unido; este contenía una cláusula de no discriminación en los mismos términos, pero estipulaba —expresamente— que no podía ser interpretado en el sentido de que la tasa del impuesto aplicable a un establecimiento permanente de una compañía hindú debía ser igual a aquella aplicable al establecimiento de una compañía del Reino Unido(13).
Caso Reino Unido: Hoechst UK Ltd. era una compañía residente en el Reino Unido y subsidiaria íntegramente controlada por Hoechst AG, una empresa residente en Alemania. La primera pagó dividendos a la segunda reteniendo el impuesto a la renta anticipado, de conformidad con la Ley del Impuesto a la Renta del Reino Unido(14).
Al respecto, la Corte Europea de Justicia mediante resolución de 8 de marzo del 2001(15), estableció que dicha retención representaba una violación al derecho a la libertad de empresa contemplado en el artículo 52 del Tratado de Roma (actualmente, artículo 43 del Tratado de Ámsterdam). Se basó en que la sección 247 (1) de la Ley del Impuesto a la Renta permitía que una subsidiaria residente en el Reino Unido se exonerara de efectuar la retención aplicable a los dividendos a pagar a su casa matriz, a condición de que esta última fuera residente en el Reino Unido, no extendiendo dicho beneficio cuando la casa matriz era no residente.
Adicionalmente, señaló que si bien la subsidiaria residente en el Reino Unido se encontraba facultada a acreditar la retención efectuada contra su propio impuesto, de todas formas se configuró una pérdida financiera irrogada por el hecho de tener que adelantar innecesariamente un desembolso de efectivo, lo cual generaba el derecho a una compensación justa.
Si bien lo resuelto por la Corte Europea de Justicia se sustentó en una norma perteneciente a un tratado de naturaleza no tributaria (el tratado constitutivo de la Comunidad Europea), dicha norma reflejaba el texto de la cláusula de no discriminación presente en los CDI suscritos por el Reino Unido con otros países(16).
De un lado, el artículo 52 del Tratado de Roma señalaba: “La libertad de empresa incluirá el derecho a establecer y manejar emprendimientos, en particular, compañías o firmas (...) bajo las condiciones establecidas para sus propios nacionales por la ley del país en donde dichos emprendimientos sean establecidos (...)”(17).
De otro lado, los CDI suscritos por el Reino Unido señalan —básicamente— lo siguiente, que es tomado de aquel suscrito con EE. UU.: “La tributación sobre un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en otro Estado contratante, no deberá ser menos favorablemente aplicada en este otro Estado contratante que la tributación aplicada en empresas de dicho otro Estado contratante que conduzcan las mismas actividades”(18).
Caso Francia: La administración tributaria francesa no admitió la deducción de intereses pagados a accionistas no residentes (austriacos) que controlaban directamente a una compañía residente en Francia, en la parte que excedía el ratio de 1,5 que debía existir entre el préstamo y el capital social de la compañía prestataria, de conformidad con la legislación fiscal(19).
Al respecto, la Corte Suprema Administrativa francesa (el Consejo de Estado), el 30 de diciembre del 2003, se pronunció(20) señalando que lo dispuesto por la administración tributaria colisionaba tanto con la cláusula de no discriminación contenida en el CDI suscrito por Francia y Austria, el 8 de octubre de 1959 (similar a la del artículo 25.4 del modelo OCDE), como con la libertad de empresa estipulada en el Tratado de la Comunidad Europea.
Como consecuencia de este pronunciamiento, la regla de capitalización exigua antes referida no podrá ser aplicada en adelante cuando el accionista sea residente de algún país miembro de la Comunidad Europea o, no siendo residente de un país miembro, sea residente de un país con el cual Francia hubiera suscrito un CDI conteniendo la cláusula. Así las cosas, solo podría aplicarse contra accionistas residentes en países que no formen parte de la Comunidad Europea o que tuviesen un CDI que no contenga la cláusula(21).
No obstante este pronunciamiento, se ha sostenido que no impediría a la administración tributaria francesa impugnar la deducibilidad de los intereses bajo la teoría del “acto anormal de gerenciamiento”, lo que ocurriría si la compañía prestataria francesa no tuviera capacidad de repago del préstamo bajo los términos que hubieran celebrado partes independientes (arm’s length conditions)(22).
3. Alcance de la cláusula
Lo anterior sustenta las siguientes observaciones:
• A pesar de que el artículo 24.1 del modelo OCDE permite el tratamiento tributario diferenciado basándose en la residencia de los individuos o empresas, en los casos del Reino Unido y Francia tal permisión no impidió amparar la cláusula y, por lo tanto, no aplicar la legislación tributaria interna.
Sin embargo, en el caso de la India, no se aplicó la cláusula sobre la base del estado de no residente del establecimiento bancario francés, así como en otras consideraciones relacionadas con la menor recaudación, diferencias entre bancos locales (que hacen fomento social) y extranjeros (que no lo hacen), entre otros.
• No impide un trato más favorable a los nacionales del otro Estado contratante; además, su cumplimiento depende de la reciprocidad entre las partes.
• En ningún caso se deja de tomar una decisión sobre la aplicación de la cláusula sobre la base de falta de una norma reglamentaria emitida por el país en que se ubica la fuente generadora.
La cláusula de no discriminación en la Decisión 578
1. Residencia vs. fuente
Debemos advertir que la Decisión 578 atribuye al país fuente el total de la imposición sobre las rentas generadas dentro de su territorio. Es decir, su regla de distribución está dada por el método de la exoneración.
Esto se desprende de su artículo 3.º, según el cual:
“Jurisdicción tributaria. Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que estas obtuvieren, solo serán gravables en el país miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en esta decisión.
Por tanto, los demás países miembros que, de conformidad con su legislación interna, se atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, deberán considerarlas como exoneradas, para los efectos de la correspondiente determinación del impuesto a la renta o sobre el patrimonio” (resaltado nuestro).
En este extremo, la Decisión 578 contiene una regla de distribución de jurisdicción tributaria diferente de la contenida en el modelo OCDE.
2. Se protege a los residentes y no a los nacionales
A diferencia del artículo 24.1 del modelo OCDE, la redacción de la cláusula en la Decisión 578 favorece a individuos y empresas que residan(23) en alguno de los países miembros de la CAN, independientemente de su nacionalidad.
De esta manera, un país miembro no podría aplicar a individuos o empresas residentes de otro país miembro el tratamiento tributario que el primer país aplica de manera general a los no residentes (por ejemplo, tasas más elevadas, bases de cálculo más comprensivas, formalidades más tediosas). No sería válido diferenciar los tratamientos tributarios basados en el hecho de que el único país que puede adquirir información sobre un contribuyente, a fin de otorgarle concesiones fiscales, es el país de su residencia(24).
3. La residencia no debería sustentar tratamientos diferenciados
Ahora bien, aun cuando el artículo 18 de la Decisión 578 hubiese repetido la redacción del artículo 24.1 del modelo OCDE, y, por lo tanto, hubiese basado la protección en la nacionalidad y no en la residencia, consideramos que una diferenciación basada en la “residencia” no sería factible bajo la lógica de la Decisión 578.
En efecto, una diferenciación basada de esta forma no sería aceptable, pues conforme a la regla distributiva que inspira a la Decisión 578, la potestad de un país miembro para gravar los servicios o los capitales de individuos o empresas de otro país no depende de su “residencia”, sino de dónde ellas prestaron o en dónde se utilizaron sus servicios o se colocaron sus capitales. Para ilustrar nuestra posición, desarrollamos dos ejemplos que permiten visualizar el efecto diverso que tiene el concepto de “residencia”, en un caso en el que se aplica el modelo OCDE y otro en el que se aplica la Decisión 578.
En el primer caso, según el artículo 15 del CDI suscrito por Perú y Chile, los sueldos obtenidos por un chileno residente en este país por un trabajo prestado en Perú, tributan solo en Chile si la persona ha permanecido menos de 6 meses en el Perú, en un año calendario, entre otros requisitos. Bajo tal contexto, si un chileno residente en dicho país, trabaja en Perú por 5 meses, no tributará respecto de los sueldos generados en dicho lapso en Perú, siendo Chile el único autorizado para ello. Sin embargo, si Perú permitiese ejercer la opción para adquirir la residencia a partir de los 3 meses de permanencia en el país, estaríamos frente a una persona residente en dos Estados. Este conflicto de normas demandaría acudir a las definiciones sobre “residencia” del CDI y, según las circunstancias, se podría concluir que la residencia está en Perú, y, por lo tanto, este sería el único país con autoridad para imponer tributos sobre los sueldos generados; Chile ya no podría invocar el artículo 15, pues la persona no sería residente chileno. En este caso, la residencia es crucial pues distribuye la imposición.
En el segundo caso, según el artículo 13 de la Decisión 578, los sueldos derivados de servicios personales prestados por empleados solo serán gravables en el país miembro en cuyo territorio tales servicios fueren prestados(25). Bajo tal contexto, si un colombiano residente en dicho país trabaja en Perú solo por 5 meses, durante este lapso debería tributar únicamente en Perú. Su lugar de residencia no implicará, en ningún caso —salvo las excepciones señaladas—, que Colombia tenga derecho a la tributación aplicable al sueldo generado. Entonces, desde la perspectiva de distribuir la tributación entre ambos países, ¿cómo le aprovecharía a Colombia el hecho de que el empleado colombiano tribute con las tasas más bajas de los residentes, en lugar de las más altas de los no residentes? En nada, excepto que Perú gravara el sueldo del colombiano de una manera más onerosa que la aplicada a quienes sí residen en él.
De esta forma, demostramos que la diferencia entre “residentes” y “no residentes” no tiene ningún efecto en la distribución entre los países miembros de la Decisión 578 de la tributación sobre las rentas producidas en sus jurisdicciones, por lo que no puede sustentarse un tratamiento tributario discriminatorio basado en la residencia.
Dicha distinción sí sería válida bajo la filosofía que inspira al convenio modelo OCDE (criterio de la residencia y de la fuente) y también en los casos —excepcionales— en que la Decisión 578 distribuya la tributación entre el país de la residencia y el de la fuente (por ejemplo, entre los oficiales de un Estado y tripulantes de una nave).
4. Calificación de la residencia
Cabe preguntarse si para la calificación de “residente” debe acudirse a las definiciones de la Decisión 578 o a las normas tributarias internas de cada país.
En el caso del modelo OCDE, los comentarios oficiales señalan que las definiciones de “residencia” en él establecidas no tienen por propósito sustituir a aquellas contenidas en las normas tributarias internas de cada Estado contratante(26). Antes bien, tienen por propósito resolver el entrampamiento que surgiría si un mismo individuo o empresa tuviera residencia en dos o más Estados pues, en tal caso, las reglas distributivas de un CDI no podrían establecer eficazmente la parte en que cada Estado contratante concurrirá o participará en la tributación aplicable a una misma renta.
Así, por ejemplo, si un convenio dado prohibiera la retención en la fuente a los intereses (regla distributiva), el Estado en que el perceptor de dichos intereses no tuviese “residencia” definida conforme al convenio no tendrá derecho a imponer tributo sobre dicha renta, a pesar de que los intereses sean generados por una fuente ubicada dentro de su territorio, y a pesar de que conforme a su legislación interna el perceptor de los intereses fuese calificado como “residente” de dicho Estado. En este ejemplo, el Estado en el que la persona tenga “residencia” definida conforme al convenio será el que tenga derecho a la imposición(27).
En tal sentido, estimamos que la definición de “residencia” (domicilio) contenida en el artículo 2.º de la Decisión 578 debe ser utilizada con la misma finalidad que se le da en el convenio modelo OCDE, es decir, únicamente para distribuir la facultad de imposición entre el país de residencia y el país fuente, en los —excepcionales— casos que esto está previsto, no sustituyendo las definiciones que las legislaciones internas estipulasen al respecto.
5. No está sujeta a reciprocidad
La Decisión 578, como toda decisión de la Comisión de la CAN, forma parte del ordenamiento jurídico andino. Como tal, su cumplimiento forzoso puede ser requerido por el país miembro que se considere perjudicado mediante acción de cumplimiento, prevista en el artículo 24 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andino(28).
6. Prohíbe un tratamiento menos favorable, pero no impide uno más favorable
Es aplicable a la Decisión 578 lo señalado respecto del artículo 24.1 del modelo OCDE.
7. Alcance de la cláusula
• Prohíbe la discriminación entre individuos y empresas de los países miembros basada en la residencia, aunque la admitiría sobre la base de la nacionalidad.
• Aun cuando el texto de la cláusula permitiera la diferenciación sobre la base de la residencia (como lo hace el artículo 24.1 del modelo OCDE), ello tampoco tendría utilidad práctica pues la “residencia” no permite atribuir jurisdicción tributaria bajo la Decisión 578, siendo lo relevante el lugar de la prestación o utilización del servicio o donde estén ubicados los bienes.
• Las partes pueden requerir su cumplimiento ante la jurisdicción supranacional.
Normas discriminatorias en Perú
En vista del alcance antes analizado de la cláusula de no discriminación en la Decisión 578, a continuación mencionamos dos ejemplos de normas que estarían colisionando con esta cláusula.
Retención en la fuente por pagos a empleados no residentes
Conforme a la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) peruana, las rentas derivadas del trabajo dependiente, obtenidas por trabajadores “no domiciliados”, se gravan en su totalidad —sin deducciones, y aplicándoseles la tasa del 30%—. En cambio, si las mismas rentas fuesen obtenidas por “domiciliados”, se admitiría una deducción de 7 Unidades Impositivas Tributarias(29) y se aplicaría una tasa progresiva de 15%, 21% y 30%.
Retención a los dividendos pagados a personas jurídicas no domiciliadas
Conforme al artículo 73-A de la LIR las personas jurídicas que acuerden la distribución de dividendos o cualquier forma de participación en las utilidades retendrán el 4,1% de las mismas, excepto cuando la distribución se efectúe a favor de personas jurídicas domiciliadas.
Cabe añadir que en Perú existen interpretaciones señalando que la cláusula de la Decisión 578 requiere de reglamentación a fin de ser aplicada(30). Sin embargo, como vimos en los casos de países miembros de la OCDE, no fue necesaria una norma reglamentaria para aplicar la cláusula de no discriminación.
(1) La Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 5 de mayo del 2004.
(2) Vogel, Klaus. Klaus Vogel on double taxation conventions. Kluwer Law and Taxation Publishers. 2.ª ed., Munich: 1991.
(3) Sáenz, María Julia. Tributación de las retribuciones de personas naturales y la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. Estudio Valle & Grimaldo Abogados, s/f, Lima (Perú).
(4) En (http://tribunal.mef.gob.pe/jurisprudencia.htm).
(5) Vogel, Klaus. Op. cit., p. 1100, par. 7.
(6) Vogel, Klaus. Op. cit., p. 1105, par. 29
(7) Amatucci, Fabricio. El tratamiento discriminatorio en el modelo OCDE (art. 24). P. 65. En Uckmar, Víctor. Curso de derecho tributario internacional. Edit. Temis, Bogotá: 2003, t. II.
(8) Vogel, Klaus. Op. cit., p. 1106, par. 31.
(9) Vogel, Klaus. Op. cit., p. 1098, par. 5.
(10) Comentario oficial sobre el artículo 24(1) del modelo OCDE, párr. 1, actualizado a 1989. Aparece en la obra citada de Klaus Vogel.
(11) Mehta, Pritesh. Non - discrimination between local and foreign persons in international taxation. Sep. 20/2001, www.indiainfoline.com/nevi/inta.html.
(12) Authority for Advance Ruling 236 ITR 103 (Application n.º P-16 of 1998). Tomado de Income Tax Department, India, en: http://incometaxindia.gov.in/publications/6_Advance_Rulings/Chapter10.asp#P-16
(13) Mehta, Pritesh. Op. cit.
(14) Hume, Anton y Langston, Robert. Discriminatory UK tax law: What will Hoecsht and Metallgesellschaft really mean? The Chartered Institute of Taxation, feb. 4/2002, en: http://www.tax.org.uk/showarticle.pl?n=&id=623&p=1
(15) Hoechst AG & Hoechst UK Ltd. v. IR Commrs & Attorney-General (Case C-410/98) [2001] BTC 99.
(16) Hume, Anton y Langston, Robert. Op. cit.
(17) y (18) Traducción libre de la cita en inglés hecha por Hume, Anton y Langston, Robert. Op. cit.
(19) European Tax Group and International Tax Structuring Network, PricewaterhouseCoopers, French “exit tax” and thin capitalization rules are incompatible with European Union Law, abr. 2/2004, Francia, en: www.pwc.com/us/eng/tax/its/041205NAFrancev2.pdf
(20) CE, Decisión 233894, SA Andritz y CE, Decisión 249047, SARL Coreal.
(21) y (22) European Tax Group and International Tax Structuring Network, PricewaterhouseCoopers. Op. cit.
(23) Entendemos que “domiciliado” es sinónimo de “residente”.
(24) Gouthiere, B. Removal of discrimination - a never ending store, 1994; citado por Amatucci, Fabrizio. Op. cit.
(25) Con excepción de aquellos prestados por oficiales de un Estado contratante y de los prestados por tripulantes de una nave, en cuyo caso se tributa en el país de la residencia.
(26) Vogel, Klaus. Op. cit., p. 148.
(27) Ibíd., p. 150.
(28) http://www.comunidadandina.org/normativa/tratprot/moditrib.htm
(29) 7 UIT = US$ 7.152.
(30) Sáenz, María Julia. Op. cit., p. 12.