Source: https://www.scribd.com/doc/153301150/CSJL44218-2012
Timestamp: 2017-01-20 21:34:09
Document Index: 24954740

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 488', 'artículo 151', 'artículo 1', 'artículo 32', 'artículo 32']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinLA SIMPLE AFIRMACIÓN DEL EMPLEADOR DE DESCONOCER HABER CELEBRADO UN CONTRATO DIFERENTE AL LABORAL NO ES SUFICIENTE PARA EXONERARLO DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIALa simple afirmación del empleador de tener la creencia de haber celebrado una forma de vinculación diferente a la laboral, no es suficiente para exonerarlo de la indemnización moratoria por el incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, pues es obligación del juez examinar en cada caso, el comportamiento patronal de cara a los elementos probatorios obrantes en el proceso, para determinar si tenía o no razones fundadas para abstenerse de reconocer prerrogativas laborales.
Radicación No. 44218 Acta N° 42
Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil doce (2012). Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contra la sentencia del 15 de julio de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso ordinario promovido contra la entidad recurrente por CARMEN ELISA ARAQUE PÉREZ. Previamente se reconoce personería al doctor ORLANDO BECERRA GUTIÉRREZ, identificado con C.C. Nº 4’216.880 de Aquitania y T.P. Nº 60.784 del C. S. de la J., como apoderado de la parte accionada, en los términos y efectos del poder conferido que obra a folio 48 del Cuaderno de la Corte. I.- ANTECEDENTES.1.- La citada demandante convocó a proceso al Instituto con el fin en lo que interesa a la casación, de que se declare la existencia de relación laboral con la demandada entre el 19 de febrero de 1990 y el 25 de junio de 2003 sin solución de continuidad, en condición de trabajadora oficial en el cargo de Médico General. (La fecha del extremo final de la relación fue precisada en la primera audiencia de trámite fl. 220).
de Navidad. indemnización convencional por despido sin justa causa. prescripción de la acción. El Instituto a pesar de tener conocimiento de sentencias debidamente ejecutoriadas. de Cúcuta. de servicios. se opuso a las pretensiones y adujo en su defensa que la relación con la entidad demandada se generó por la celebración de varios contratos de prestación de servicios regulados por la Ley 80 de 1993. Agrega que el contrato de la demandante. auxilio de transporte.SENTENCIA DEL TRIBUNAL. En esta última fecha fue desvinculada sin justa causa. pago de aportes a la seguridad social en pensiones. y al pago de los salarios y demás prestaciones y emolumentos dejados de devengar hasta que se verifique la reinstalación. ha desacatado la orden judicial. negó los hechos.En forma principal solicitó el reintegro al mismo puesto de trabajo. fue cedido a partir del 1° de julio de 2003. por lo que no es procedente la indemnización por la terminación del contrato. pago de compensatorios. horas extras. 2. a la E.-
.S. Las labores que desempeñó fueron subordinadas y recibía órdenes del Director de la Unidad Hospitalaria Clínica I. bonificación por servicios prestados. Como apoyo de su pedimento indicó que se vinculó al Instituto mediante contratos sucesivos entre el 19 de febrero de 1990 y el 25 de junio de 2003. el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta declaró probada la excepción de prescripción y absolvió al Instituto de todos los cargos. indemnización moratoria o indexación.. por recreación.S. primas semestral. intereses a las mismas. cobro de lo no debido. que se caracterizan porque no generan prestaciones sociales a los contratistas. que dispuso la escisión del Instituto.S. no hay lugar a ella cuando la demandada discute con razones atendibles y creíbles la improcedencia de los derechos laborales que se reclaman. En subsidio pidió el pago de varias acreencias laborales. pago e inexistencia de la obligación. 3. entre ellas cesantías. en el sentido de que a los trabajadores vinculados con contrato realidad se les deben sus derechos laborales y prestaciones sociales.. en atención a lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1750 del 26 de junio de 2003.. Francisco de Paula Santander donde ella continuó prestando servicios. o a uno de igual o superior jerarquía.oo mensuales.E. de vacaciones. de antigüedad. Al momento del retiro devengaba la suma de $1’980. Cumplía turnos de 8 horas diurnas y nocturnas de lunes a domingo. La indemnización moratoria tampoco debe prosperar porque según la jurisprudencia.
II. Desempeñó el cargo de Médica General y ejerció sus funciones con eficiencia y responsabilidad. Propuso como excepciones las de carencia del derecho reclamado. ausencia de subordinación en los contratos de la Ley 80 de 1993.El Instituto contestó el libelo.000. Nunca fue afiliada a la seguridad social. Se le aplica la convención colectiva vigente por extensión.Mediante fallo de 12 de agosto de 2008. ausencia de relación laboral. trabajo en dominicales y festivos.
55. a razón de $34. incluso la póliza de responsabilidad que se firmaba la aceptaba la asegurado (sic) días después’ (Fls. que mediante fallo de 15 de julio de 2009. tanto el coordinador como el gerente de la clínica daban orden de continuar laborando y varios días depuse (sic) que llegaba el contrato era que se firmaba. en consecuencia. no obstante. el término de 3 años para demandar habría vencido el 25 de junio de 2006. 1 a 104 del cuaderno anexo. Impuso condena por cesantías a la suma de $116. se tendrán en cuenta las interrupciones que señala el a-quo. que el servicio prestado por el demandante se efectuó bajo la subordinación jurídica y dependencia del ISS. justamente por eso los honorarios causados en tales interregnos no fueron pagados. por lo que cualquier litigio posterior a esa data es de conocimiento de la justicia contencioso administrativa. ella adquirió la condición de empleada pública. Sostuvo que la relación existente entre las partes fue una verdadera relación de trabajo. manifestó ‘Por escrito no pero verbal sí. asentó el Tribunal lo siguiente: “Por lo anterior. No obstante el mismo fue interrumpido con la presentación de la petición el 22 de junio de 2006 y por tanto. y habida cuenta de que la relación laboral terminó el 25 de junio de 2003 y que con fecha 22 de junio de 2006 se presentó reclamación de acreencias laborales. el Juzgador de segundo grado señaló que si es cierto que la demandante laboró para el Instituto hasta el 25 de junio de 2003. Luego de referirse a los distintos elementos de prueba obrantes en el expediente.11 y por vacaciones $58. lo cierto es que tal situación no aparece demostrada dentro del proceso pues de los documentos vistos a folios 35 a 149 del cuaderno original y Fls. En cuanto a la continuidad en la prestación del servicio.226-27). en cuanto al extremo final.En virtud de la apelación interpuesta por la demandante. configurándose. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo.E.541. concordante con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo …”. igualmente al indagarse acerca de si existía comunicación escrita del gerente o del coordinador médico que en los tiempos en que no existía contrato prestaba sus servicios. Absolvió de las demás pretensiones. la demanda fue incoada en tiempo. si bien la testigo ENRIQUETA PALMA ILLUECA al preguntársele si la demandante no tuvo interrupción de labores y su prestación de servicio fue continua. la existencia de la relación laboral regida por un contrato de trabajo por lo que los argumentos esbozados por la parte demandada en este punto. revocó el del Juzgado y declaró la existencia del contrato de trabajo entre las partes. la Sala encuentra acreditado con las pruebas referidas. no encuentran prosperidad.33 diarios desde el 6 de noviembre de 2003 hasta que se efectúe el pago de las obligaciones laborales. Gravó al Instituto con la indemnización moratoria. “sólo podrán hacerse exigibles los derechos generados a partir del 26 de junio de 2000. a partir del 26 de junio de 2003. Por lo anterior. conoció el Tribunal Superior de Cúcuta.S. se tendrá que su vigencia operó hasta la
. depuso sobre el particular ‘sí no ha suspendido’. Agregó que en atención a que el contrato de la actora fue cedido a la E. que se suscribieron diferentes contratos entre los que se dieron interrupciones. se aprecia que hubo interrupción en la prestación del servicio y que. En lo que interesa a la casación.270. Francisco de Paula Santander.962.
situación que de acuerdo al acervo probatorio analizado no puede admitirse en este caso pues la demandante acreditó la existencia del fallo que en caso similar determinó que una contratación. 150 a 160 cuaderno original). no fue demostrado en el proceso. ello no es óbice para la condena impuesta a cargo del ISS ya que éste es responsable del pago de las acreencias causadas hasta la fecha de la escisión pero sí debe tenerse en cuenta que las prestaciones a que fue condenada sólo prosperan hasta la fecha en que el actor prestó sus servicios al ISS.
En lo relativo a la indemnización moratoria adujo que no bastaba con afirmar que la naturaleza del contrato era otra. para quedar automáticamente exonerado de la indemnización moratoria. 83 de la Constitución política. es decir. ésto es. hasta el 25 de junio de 2003 ya que a partir del día siguiente se dio la escisión del ISS. circunstancia que para la Sala permite predicar la mala fe del demandado frente a la demandante”. dicha entidad persistió en la celebración de contratos de prestación de servicios como el que ha sido materia de estudio en el presente proceso. SOBRE LAS CONDENAS A IMPONER Debe decirse que como quedó precisada la extensión de la duración del vínculo contractual laboral entre las partes. es que no se reconocerán prestaciones laborales anteriores al 16 de mayo de 2003 pues el último vínculo laboral que ha establecido esta Sala correspondió al período del 16 de mayo de 2003 al 25 de junio de 2003. como ya se dijo. debiendo la demandante demostrar la mala fe del empleador. FÉLIX MARÍA GALVIS RAMÍREZ en el proceso de MANUEL ALBERTO GRANADOS TORRES contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (fls. No obstante. lo que. se encuadraba dentro de la contratación propia de los trabajadores oficiales (Fls. se cedió el contrato VA011282 de 2003 para lo cual. por lo que al desconocer dicho pronunciamiento para adecuar la contratación a los requisitos que señala la ley el Instituto no lo hizo persistiendo en su conducta de elaborar contratos simulados como si fueran contratos de prestación de servicios sin connotación laboral cuando en realidad se trataba de verdaderos contratos de trabajo como ha ocurrido en el presente asunto. esto es. Posteriormente añadió el sentenciador: “En este orden de ideas. Respecto a que el último contrato fue cedido a la ESE Francisco de Paula Santander. conforme al art. II. 150 a 160) en el que se reconoció la primacía de la realidad.
. Vale la pena precisar en este punto que el apoderado de la demandada señala que constitucionalmente se debe presumir el principio de la buena fe. como la verificada con la actora. hasta el 25 de junio de 2003 como trabajadora oficial ya que a partir del día siguiente en razón a la escisión del ISS.. por cuanto la pretensión principal de la demanda es el reconocimiento de la existencia de una sola relación laboral sin solución de continuidad. la Sala considera que le correspondía al ISS aportar pruebas que acreditaran que el proceder del Instituto fue de buena fe. al analizar y revisar el expediente con el fin de determinar la conducta del empleador en este caso en particular se observa que fue aportado con la demanda copia del fallo de fecha 20 de noviembre de 2002 proferido por el Dr.
III. el vínculo de naturaleza laboral y que a pesar de ello. la relación de presuntos derechos laborales debería hacerse al ente cesionario del contrato”.RECURSO DE CASACIÓN. circunstancia que de aceptarse implicaría la inversión de la carga probatoria.fecha en que el actor prestó sus servicios al ISS.
estándolo. si como se explicó.S.
. 150 a 160).S.Inconforme con la anterior decisión. que la entidad demandada probó que obró de buena fe en el nexo contractual que la unió con la demandante. Cita como errores manifiestos de hecho del Tribunal: “1. pues como se ha relatado. Con tal propósito formula un cargo. en relación con los artículos 8 de la Ley 6 de 1945 y 52 del Decreto 2127 de 1945”. así como la sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta de 20 de noviembre de 2002 dictada en el proceso de Manuel Alberto Granados contra el Instituto de Seguros Sociales (fls. en cuanto en su numeral segundo condenó al Instituto al pago de la indemnización moratoria. estándolo. con sustento en que había una sentencia que en otro caso había condenado a la entidad. para que en sede de instancia. Teniendo en cuenta que todos los ‘casos’ son diferentes por esto. “2. Refiere como pruebas preteridas en la sentencia. era de prestación de servicios.S. tuviera que cambiar todos sus contratos de prestación de servicios. mal podría la entidad extender sus efectos a un caso distinto. Cita como pruebas y pieza procesal erróneamente valoradas los distintos contratos de prestación de servicios celebrados con la demandante. las diferentes actas de liquidación de los contratos de prestación de servicios y a las ofertas de prestación de servicios dirigidas a la entidad. ni generaría pago de prestaciones sociales”. Pretende el impugnante que la Corte case parcialmente el fallo acusado. la condena en el litigio del señor GRANADOS TORRES fue producto de un arduo debate probatorio en el que al parecer demostró el elemento de subordinación. tal sentencia tiene sus elementos propios y fue producto de todo un debate probatorio. No dar por demostrado. En el desarrollo esgrime el impugnante: “… cómo pretender endilgar mala fe al Instituto porque no procedió a liquidar las prestaciones sociales de la aquí demandante.S. no implica que el I. estándolo. previo estudio de la demanda de casación y su réplica. “3. y los convenios modificatorios. así: Acusa la sentencia por violar indirectamente “el artículo 1 del Decreto 797 de 1949. como lo es el de la ahora demandante señora CARMEN ELISA ARAQUE PÉREZ. 32 en total. el cual concedido por el Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver. que la misma demandante había pactado que su contrato con el I. regulado por la ley de contratación estatal y que no constituía relación laboral alguna. el que la entidad de seguridad social hubiese sido condenada por el ad quem. que la entidad demandada tenía razones atendibles y válidas para no haber efectuado la correspondiente liquidación de prestaciones de la demandante. No dar por demostrado. condenando únicamente al pago de las cesantías y vacaciones y absuelva por los demás conceptos específicamente por la sanción moratoria. revoque la de primer grado. en el litigio promovido por el señor GRANADOS TORRES. No dar por demostrado. la parte demandada interpuso recurso extraordinario.
fueron valorados de manera errónea. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. el comportamiento patronal de cara a los elementos probatorios obrantes en el proceso. pues es obligación del juez examinar en cada caso.
IV. por todo concepto sin manifestar insatisfacción frente al proceder de la empleadora. cuando esa decisión fue absolutoria. para determinar si tenía o no razones fundadas para abstenerse de reconocer prerrogativas laborales. contrario a lo manifestado por el Tribunal. sí existen en el plenario pruebas de la buena fe del I.S. a la Corte la revocatoria de la condena por indemnización moratoria. incluso presentó ofertas de sus servicios profesionales bajo las reglas de la Ley 80 de 1993.Además.
Dice que dichos contratos. ha estado revestida de mala fe.S.
. no obstante que el fallo del Juzgado fue absolutorio. Para dar respuesta al cargo. en tanto hizo caso omiso de los innumerables fallos que sobre el tema se han proferido en su contra. También obran en el plenario las actas de liquidación de los contratos. no es suficiente para exonerarlo de la indemnización moratoria por el incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo. se trata de un lapsus que no impide el estudio de fondo de la acusación. Del texto de esos contratos se desprende que las partes acordaron que el vínculo era de prestación de servicios y que no daba lugar a prestaciones sociales.Es cierto que se equivocó el recurrente al solicitar en instancia. Por lo demás. sin embargo. pero porque tenía razones atendibles que justificaban plenamente su conducta. por lo que ella dio libremente su consentimiento en ejercicio de la autonomía de la voluntad. pues de su contenido surge con nitidez que lo que en realidad se pretende es la confirmación de la decisión del A quo en ese aspecto. La demandante fue consciente de la clase de contrato que estaba suscribiendo y aceptó que el vínculo no era laboral. y son todos los contratos de prestación de servicios …”. más de 32. afirma que la jurisprudencia reciente de esta Corporación ha precisado que el actuar del Instituto en la forma de contratar a sus servidores bajo la modalidad de prestación de servicios. por cuanto ellos son prueba suficiente para demostrar que el Instituto obró de buena fe y no canceló las prestaciones sociales a la accionante. El opositor por su parte sostuvo que la acusación es defectuosa porque se solicitó en instancia la revocatoria de la condena. dirigidas a la demandada. resulta oportuno señalar. que la simple afirmación del empleador de tener la creencia de haber celebrado una forma de vinculación diferente a la laboral. en donde se observa que la demandante recibía sus honorarios sin manifestar inconformidad alguna y declaraba al Instituto a paz y salvo.
de exigencias de la propia contratante para vincular a la interesada. sin que hubiera esgrimido en su defensa razones de peso o convincentes que justificaran una creencia razonable de estar enfrentada a una contratación distinta a la laboral. no constituye prueba irrefutable de que la entidad obró de buena fe. pues por el contrario. a la luz de la valoración probatoria que hable de las circunstancias que rodearon el desarrollo del contrato. Lo que denota la conducta de la entidad demandada. Y es que en este caso en particular. la absolución de esta clase de indemnización cuando se discute la existencia del vínculo contractual laboral. requisito que a todas luces aquí no se cumple incurriendo la entidad en uso indebido de la figura dado su carácter excepcional. de una parte porque se trata en las más de las veces. es demostrativo de que la contratación de la actora no fue un hecho excepcional. en el sub lite. habida consideración que en ambos casos se requiere del examen de la conducta del empleador. en un proceso contra la entidad aquí demandada dejó la Sala las siguientes enseñanzas: “En efecto. la vinculación a través de esa modalidad contractual. lo que imprime a la actuación de la empleadora falta de lealtad y seriedad. Así las cosas. lo cual depende igualmente de la prueba arrimada y no del simple comentario o afirmación de haberse regido el nexo por un contrato de prestación de servicios. porque la entidad conocedora de la ley. la celebración de varios contratos de prestación de servicios no es razón que lleve a exonerar al Instituto de la indemnización moratoria por entender que se encontraba confundido respecto de la naturaleza de la relación que lo unía con la demandante. ante la
. por el contrario. manteniendo a la actora en una situación de precariedad de beneficios frente a quienes se vinculan mediante contrato de trabajo. no derruye la conclusión del Tribunal del actuar desprovisto de buena fe del Instituto. De manera que no resulta atendible por la naturaleza de las labores que debía desempeñar la demandante ni por su duración. es condición de esta clase de contratación pública su transitoriedad como se deriva del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. pues procedió con abierto desconocimiento de las normas que regulan la contratación administrativa de servicios personales. rad. es la intención de refugiarse en esa aparente legalidad para evadir el reconocimiento de los derechos y prerrogativas que la ley reconoce a quienes están amparados por la normatividad que regula el trabajo humano subordinado.En sentencia de 23 de febrero de 2010. no depende de la negación del mismo por parte del accionado al dar contestación al libelo demandatorio. y de la otra. la circunstancia de que se hayan celebrado más de 32 en un lapso de 9 años. N° 36506. En cuanto a que la actora ofertó sus servicios bajo la modalidad de la contratación estatal. la sola existencia de los contratos de prestación de servicios suscritos aparentemente bajo las reglas de la Ley 80 de 1993 y su liquidación. cuando surgían signos inequívocos de que se trataba de relaciones laborales con todas sus características distintivas como la presencia de la subordinación a que fue sometida en el cumplimiento de sus funciones. ni la condena de esta súplica pende exclusivamente de la declaración de su existencia que efectúe el juzgador en la sentencia que ponga fin a la instancia. para el caso de aquellos especiales a que alude el artículo 32 de la Ley 80 de 1993”. a fin de poder determinar si la postura de éste resulta o no fundada.
en que se apoyó el Juzgador de segundo grado. no prospera el cargo. notifíquese.oferta inapropiada.
JORGEMAURICIOBURGOS RUIZ
.oo. proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta. publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal. lo que no ha hecho el recurso. Referente a este punto se ha de advertir que si el yerro fáctico de carácter manifiesto que se le endilga al Tribunal es no haber dado por demostrado que el Instituto demandado actuó de buena fe. Costas en casación a cargo de la parte recurrente. En mérito de lo expuesto. Por las razones anteriores. Es así entonces. Adicionalmente. Costas como se indicó en la parte motiva. Por último. la Corte Suprema de Justicia. que el medio probatorio acusado resulta intrascendente para los fines perseguidos por el recurrente de demostrar buena fe en el comportamiento de la entidad empleadora. en el proceso promovido por CARMEN ELISA ARAQUE PÉREZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.000. NO CASA la sentencia de 15 de julio de 2009. debía adecuar la contratación a las reglas que regulan la actividad que en la realidad se iba a desempeñar. Cópiese. pues lo único que valdría para ese efecto. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $6’000. administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Sala de Casación Laboral. en el caso concreto. el impugnante acusa como erróneamente apreciada la sentencia del Tribunal de Cúcuta de 20 de noviembre de 2002. es evidente que del texto de ese fallo no puede derivarse lo que pretende el censor. es la demostración a través de medio calificado de que el empleador tuvo razones atendibles para omitir. Por Secretaría tásense las demás costas. la prueba acusada no contradice sino que corrobora la tesis del Tribunal de existir condenas precedentes en contra del Instituto por acudir a la ley de contratación administrativa para simular lo que en realidad son vínculos laborales. el pago de las acreencias laborales. y así eludir el pago de derechos de esa naturaleza en perjuicio del trabajador.
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