Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S88-05.html
Timestamp: 2014-11-27 08:21:10
Document Index: 306777155

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 37', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 17']

Gustavo Adolfo Flamerich Ramella v. Venezuela, Caso 12.060, Informe No. 88/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 88/05[1]
6. El 13 de noviembre de 1998 la Comisión acusó recibo de la petición, la cual fue radicada bajo el número 12.060. En la misma fecha la CIDH transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado venezolano, solicitándole que suministrara sus observaciones. 7. El 18 de febrero de 1999 la Comisión recibió información adicional del peticionario la cual fue transmitida al Estado el 1 de marzo de 1999.
9. Mediante nota del 29 de septiembre de 1999 el Estado venezolano presentó sus observaciones a la CIDH. El 6 de octubre de 1 de marzo de 1999 Comisión transmitió esta información al peticionario otorgándole un plazo de 30 días para que presentara sus observaciones. 10. El 9 de octubre de 1999 el peticionario solicita una prorroga de treinta (30) días, la cual es concedida. 11. El 21 de enero de 2000 la CIDH recibe una segunda respuesta del Estado la cual es transmitida al peticionario el 15 de marzo del mismo año.
15. El 24 de abril de 2001 la CIDH recibe respuesta del peticionario la cual es trasmitida al Estado el 30 de abril de 2001. III. POSICIONES DE LAS PARTES
23. El sus respuestas el Estado señaló que el peticionario no invocó la violación concreta de ninguna de las normas de la Convención Americana, limitándose tan sólo a alegar retardo procesal de los tribunales venezolanos. En cuanto a la admisibilidad, el Estado destacó que la petición debe ser declarada inadmisible porque el peticionario no presentaba hechos que tendieran a establecer una violación de los derechos garantizados en la Convención Americana. Agregó que la petición es manifiestamente infundada y que el peticionario estaba tratando de usar a la Comisión Interamericana como una cuarta instancia judicial. Indicó que en virtud de la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el peticionario interpuso demanda de Cobro de Bolívares contra el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía para el cobro de su acreencia. 24. El Estado arguye que esta demanda fue debidamente tramitada por la Corte Primera y luego de un arduo proceso contencioso entre las partes, donde ambas hicieron valer los derechos y excepciones que consideraban pertinentes para su mejor defensa, la mencionada Corte dictó sentencia declarando Con Lugar la demanda y condenando al Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía al pago de lo adeudado desestimando la solicitud de aplicación de indexación a las sumas demandadas utilizando como criterio jurisprudencia que para el año 1990 prevalecía en los Tribunales venezolanos. Contra argumentando el alegato de retardo procesal de los tribunales venezolanos, el Estado expuso una cronología de los recursos interpuestos que se resumen a continuación indicando la existencia de falta de impulso procesal del caso por parte del peticionario que resultó finalmente en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia declarando la perención de la instancia. El Estado enumero: Que el 24 y 27 de septiembre de 1990 el peticionario interpone un recurso de apelación. Que el 1 de octubre de 1990 la apoderada del Instituto demandado se adhirió a la apelación. Que por auto de 14 de mayo de 1991 la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo oyó libremente la apelación interpuesta. Que el 30 de julio de 1992 la Corte Primera negó una solicitud de acumulación de expedientes formulada por la apoderada del Instituto Autónomo. Que el 4 de noviembre de 1993 el peticionario diligencia en el expediente solicitando su envío a la Corte Suprema de Justicia Que el 29 de abril de 1998 la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia declarando la perención de la instancia por haber transcurrido más de un año desde que la apelación fue oída libremente a la fecha en que el apelante impulsa procesalmente el envío del expediente al Tribunal de Alzada, decisión que se enmarca dentro de la jurisprudencia pacífica y reiterada de los Tribunales venezolanos en la materia. 25. En razón de lo anterior, el Estado concluyó que no existió retardo procesal dado que la causa por ante la Corte Primera de los Contencioso Administrativo estuvo caracterizada por una constante disputa de los representantes judiciales de ambas partes para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Indicó asimismo, que fueron múltiples las excepciones que se opusieron y que originaron la duración normal de todo proceso contencioso ampliamente debatido. Adicionalmente, señaló que la representación del peticionario no intervino en el proceso impulsando la apelación debidamente admitida hasta el 4 de noviembre de 1993, esto es tres años después de la apelación por ellos interpuesta de fechas 24 y 27 de septiembre de 1990 y mas de un año después de que la Corte Primera oyera libremente de la apelación el 14 de mayo de 1991. Señaló el Estado que el Código de Procedimiento Civil sanciona la inactividad de las partes al establecer la perención de todas aquellas causas en que transcurra mas de un año sin impulso procesal[3].
26. El Estado argumenta que poner a la CIDH en la posición de revisar la manera en que los tribunales nacionales interpretan y aplican las normas jurídicas significaría que la CIDH actuaría como un tribunal de cuarta instancia, practica contraria a la jurisprudencia del sistema interamericano. El Estado arguye que el peticionario gozó de su derecho a un procedimiento judicial, imparcial y rápido que le brindó la posibilidad de un resultado favorable ordenando el pago de las cantidades demandadas pero no la indexación de las mismas por considerarlas no procedentes. Para esto, el Estado argumentó que para ese momento la economía venezolana no afrontaba un proceso inflacionario que lo justificara y por tal razón las decisiones judiciales no otorgaban corrección monetaria para esa época 1990. Respecto al argumento del peticionario en el que invoca el artículo 19 de la Constitución venezolana, el Estado indicó que es inaplicable toda vez que dicha norma tomó vigencia con posterioridad a la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. 27. Finalmente, el Estado indicó que la Acción de Cobro de Bolívares interpuesta por el peticionario, contra el Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue admitida, sustanciada y decidida conforme al derecho y en cumplimento a las reglas del debido proceso y en resguardo del derecho a la defensa. En razón de lo anterior, el Estado solicita a la CIDH declarar la petición inadmisible por cuanto los hechos denunciados no caracterizan una violación a sus derechos, siendo la denuncia manifiestamente infundada. IV. ANALISIS SOBRE COMPETENCIA y ADMISIBILIDAD
A. Competencia ratione materiae, ratione personae, ratione temporis y ratione loci de la Comisión 28. El peticionario se encuentra facultado, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto a quien el Estado de Venezuela se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Venezuela es un Estado parte en la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
29. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado. La CIDH tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana. B. Requisitos de admisibilidad
30. En el presente asunto, no hay controversia entre las partes acerca del cumplimiento del requisito previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana y el artículo 37 del Reglamento de la Comisión. El Estado y el peticionario coinciden en que los recursos internos disponibles fueron agotados con la decisión del 29 de abril de 1998 de la Corte Suprema de Justicia. La petición fue recibida el 10 de octubre 1998, es decir dentro del periodo de seis meses establecido en el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana. La materia de la petición no se encuentra pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y la información requerida por el artículo 46(1)(d) ha sido suministrada por los peticionarios. El Estado no ha objetado el cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad del presente caso. C. Caracterización de los hechos alegados
32. Tras examinar el expediente, la Comisión concluye que en lo que respecta a la alegada arbitrariedad del Estado de pagar la indexación del un monto adeudado, el peticionario no probó que la jurisprudencia interna aplicada al momento fuera contraria a la Convención Americana. Es decir, el peticionario no probó que la indemnización pagada careciera de valor económico dentro del contexto inflacionario que el Estado alegó y que el peticionario no controvirtió que no existiera en Venezuela en los años en cuestión. En lo que respecta al retardo judicial, la Comisión concluye que el Estado probo que la negligencia del peticionario en el proceso civil fue uno de los factores contribuyentes a este retardo que llevó a la declaratoria de la perención de la instancia. 33. En virtud de lo anterior, la CIDH concluye que la denuncia planteada por el peticionario no expone hechos que caractericen violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana por lo que la petición debe ser declarada inadmisible, de acuerdo con el articulo 47(b) de la Convención Americana.
[1] El comisionado Freddy Gutiérrez, de nacionalidad venezolana, no participó en las deliberaciones y la votación sobre el presente informe, de conformidad con el artículo 17(2) (a) del Reglamento de la Comisión. [2] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Titulo III, DE LOS DEBERES, DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS, Capitulo I: Disposiciones Generales. Gaceta Oficial N0. 36.860, 30 de diciembre de 1999. El Articulo 19 establece: