Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-764-02.htm
Timestamp: 2019-07-16 03:17:17
Document Index: 121589343

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 154', 'artículo 22', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 34', 'artículo 35']

C-764-02
Sentencia C-764/02
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Carácter preventivo
La Corte Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su ley aprobatoria. Se trata de un control completo y automático de constitucionalidad sobre el contenido material de la Convención y de su ley aprobatoria, así como de la regularidad de su trámite legislativo. El control tiene un carácter preventivo en tanto que a pesar de ser posterior a la sanción de la ley respectiva, es previo al perfeccionamiento del instrumento internacional.
Debe la Corte insistir en que la Constitución Política no señaló ningún procedimiento legislativo especial para la aprobación de una ley aprobatoria de un tratado internacional, de tal manera que debe seguir, en términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. No obstante lo anterior, existen dos rasgos característicos que conviene recordar. En primer lugar, como se trata de asuntos relativos a relaciones internacionales, su trámite debe iniciar en el Senado de la República y, en segundo lugar, el Gobierno debe remitir a la Corte Constitucional, dentro de los seis días siguientes a la sanción, la ley para efectos de su revisión definitiva.
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA FABRICACION Y TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
FABRICACION Y TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS-Control y erradicación
CONFISCACION-Proscripción
CONFISCACION-Concepto
La figura que el Constituyente erradicó de nuestro ordenamiento jurídico es la confiscación entendida como el absoluto despojo de los bienes por un acto del Estado que se impone a título de pena, pero sin compensación alguna y sin que tales bienes tengan vinculación alguna directa con actividades ilícitas.
DECOMISO-Sanción penal/DECOMISO-Concepto
El decomiso opera como una sanción penal, ya sea principal o accesoria, en virtud de la cual el autor o copartícipe de un hecho punible pierde sus bienes con los que cometió la infracción y los elementos provenientes del delito, es decir, que estén vinculados directa o indirectamente con el delito. El comiso o decomiso, a diferencia de la confiscación, no está prohibido por la norma fundamental y se autoriza como sanción penal, limitada a los objetos y valores producto del ilícito.
EXTRADICION-Fundamento
Referencia: expediente L.A.T-221
Revisión de constitucionalidad de la Ley 737 del 5 de marzo de 2002 “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención Interamericana contra la fabricación y el trafico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados’, adoptada en Washington D.C., el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)”.
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil dos (2002).
dentro del proceso de revisión de la Ley 737 del 5 de marzo de 2002, “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados’, adoptada en Washington D.C., el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)”.
Dice así la ley objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial N° 44.734 del 9 de marzo de 2002.
“LEY 737 DE 2002
Visto el texto de la “Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados” adoptada en Washington, D. C., el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), que a la letra dice:
(Para ser transcrito. Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado)
Preocupados por la fabricación, ilícita de explosivos empleando sustancias y artículos que en sí mismos no son explosivos –y que no están cubiertos por esta Convención debido a sus otros usos lícitos– para actividades relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales;
Certifico que el documento adjunto es copia fiel y exacta de los textos auténticos en español, inglés, portugués y francés de la CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACION Y EL TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS, suscrito en la ciudad de Washington, D. C., el 14 de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en el vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, y que los textos firmados de dicho original se encuentran depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Se expide la presente certificación a solicitud de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 1°. Apruébase la “Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados”, adoptada en Washington, D. C., el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados”, adoptada en Washington, D. C., el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997), que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Gustavo Bell Lemus”.
La abogada Sandra Marcela Parada Aceros, en representación del Ministerio de Defensa Nacional, solicita declarar exequible la Ley 737 de 2002 por considerar que se ajusta a la Carta Política en los siguientes términos:
- La ley se ciñe a los principios constitucionales de respeto de los derechos y garantías de las personas; de la soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos y de las normas de derecho internacional ratificadas por Colombia.
- En la Convención se garantiza el respeto por los derechos a la paz, al debido proceso y a la no extradición de colombianos por nacimiento.
- De otra parte, se protege la producción de alimentos.
- Se prohíbe la producción de armas químicas, biológicas y nucleares, y
- En materia de fabricación de armas, municiones y explosivos, se ciñe al principio del monopolio estatal de la fuerza.
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley 737 de 2002 objeto de revisión.
Como antecedentes, menciona que la Ley 540 de 1999, aprobatoria de la Convención ahora revisada, ya había sido examinada por la Corte y mediante Sentencia C-1137 de 2000 fue declarada inexequible por cuanto al momento de surtirse su aprobación en el Congreso de la República, se omitió tramitar y aprobar el anexo que hace parte integral del mencionado instrumento internacional.
En lo que tiene que ver con la parte formal, expresa que la Convención fue suscrita por el Representante Permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos OEA, señor Fernando Cepeda Ulloa, de acuerdo con los poderes conferidos por el Presidente de la República y refrendados por la Ministra de Relaciones Exteriores el día 11 de noviembre de 1997.
Afirma que en razón a los plenos poderes conferidos al Representante Permanente no fue necesaria la confirmación adicional por parte del Presidente de la República.
En su criterio, el trámite seguido en el Congreso de la República para la expedición de la ley aprobatoria cumple con las previsiones de los artículos 157, 158, 160 y 165 de la Constitución Política, y además inició el proceso legislativo en el Senado, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 ibídem.
Por otro lado, respecto al análisis de fondo, el Jefe del Ministerio Público hace una descripción del contenido del instrumento internacional y del anexo para concluir que la totalidad de la Convención coincide con la Constitución Política, debido a que lo allí previsto guarda una estrecha relación con las disposiciones constitucionales relacionadas con la materia del manejo de las armas de fuego y la cooperación internacional. Así, tanto el objeto del instrumento internacional como el establecimiento de una entidad nacional que sirva de enlace y de un Comité consultivo como entidad de apoyo e intercambio, coinciden con el mandato de integración latinoamericana previsto en la Carta Política.
De otra parte, expresa que el propósito del Convenio de combatir, impedir y erradicar la fabricación y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos y otros materiales relacionados, así como promover la cooperación, el intercambio de información y de experiencia para tal efecto, y al constatar que la actividad del tráfico ilícito de armas de fuego es uno de los factores que inciden de manera directa y profunda en las formas de violencia que agobian nuestro país, coincide plenamente con el artículo 22 de la Carta, de acuerdo con el cual la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
A su juicio, las normas relacionadas con la configuración de conductas delictivas frente al porte, uso, fabricación y comercio de las armas de fuego, municiones y explosivos y otros materiales, son plenamente compatibles con el orden constitucional colombiano (artículos 217 y 223 C.P.), en donde se contempla el monopolio de la fuerza que tiene el Estado y, por ello, son consecuencia de la facultad de controlar y vigilar las actividades relacionadas con las armas.
1. El carácter preventivo del control que hace la Corte sobre los tratados internacionales
La Corte Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su ley aprobatoria, conforme lo dispone el artículo 241-10 de la Carta Política. Se trata de un control completo y automático de constitucionalidad sobre el contenido material de la Convención y de su ley aprobatoria, así como de la regularidad de su trámite legislativo.
El control, tal como lo ha sostenido la Corte[1], tiene un carácter preventivo en tanto que a pesar de ser posterior a la sanción de la ley respectiva, es previo al perfeccionamiento del instrumento internacional.
Es importante advertir que a la Corte ya había correspondido el análisis del instrumento internacional ahora revisado, pero mediante Sentencia C-1137 del 30 de agosto de 2000 declaró inexequible la Ley 540 de 1999 “por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos y otros materiales relacionados”, toda vez que no se subsanó el vicio de forma consistente en que al momento de surtirse el trámite en el Congreso de la República, éste omitió tramitar y aprobar el anexo que hacía parte de la Convención, a pesar del requerimiento hecho por la Corporación.
Debe la Corte insistir en que la Constitución Política no señaló ningún procedimiento legislativo especial para la aprobación de una ley aprobatoria de un tratado internacional, de tal manera que debe seguir, en términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria.
Se requiere, en razón del trámite ordinario, su publicación oficial previa, la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (art. 157 C.P.), que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días, que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurran por los menos quince días (art. 160 C.P.) y ser sancionado por el gobierno.
En este orden de ideas, procede la Corte a revisar el proceso de formación de la Ley 737 del 5 de marzo de 2002 “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención Interamericana contra la fabricación y el trafico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados’, adoptada en Washington D.C., el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)”.
a) La Convención objeto de análisis fue suscrita, en representación del Gobierno de Colombia, por Fernando Cepeda Ulloa, quien para ese entonces era el Representante Permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos -OEA-, con sede en Washington, de acuerdo con los poderes conferidos por el Presidente de la República y refrendados por la Ministra de Relaciones Exteriores el día 11 de noviembre de 1997, tal como consta en la certificación expedida por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de ese Ministerio (fls. 226 a 229).
b) El proyecto de ley respectivo fue presentado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.
c) El texto del proyecto de ley 108/00 Senado, 05/01 Cámara fue publicado en la Gaceta N° 435 del 31 de octubre de 2000 (fl. 81).
d) La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue presentada por el H. Senador Jimmy Chamorro Cruz, cuya publicación se hizo en la Gaceta N° 480 del 30 de noviembre de 2000 (fl 89).
No obstante lo anterior, a folio 33 obra certificación suscrita por el H. Senador Juan Gabriel Uribe Vegalara, en la cual pone de presente que durante la época en que se desempeñó como Vicepresidente de la Comisión Segunda del Senado, autorizó al Secretario General de esa célula legislativa para reproducir en fotocopias, con destino a los H. Senadores, la ponencia para primer debate del proyecto de ley referido el día 27 de noviembre de 2000 (fl. 33).
e) Según certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley 108/00 Senado, 05/01 Cámara fue aprobado en primer debate el 7 de diciembre de 2000, con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 9 de los 13 senadores que conforman esa Comisión, con 9 votos a favor y 0 en contra (fl. 31).
f) La ponencia para segundo debate fue presentada por el Senador Jimmy Chamorro Cruz y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 109 del 6 de abril de 2001, tal como lo certifica el Secretario General (E) del Senado de la República (fls. 78 a 80).
g) Según la misma certificación, el proyecto de ley 108/00 Senado, 05/01 Cámara fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios, con un quórum de votación ordinario de 92 senadores de 102, en sesión ordinaria del 14 de junio de 2001, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 331 del 9 de julio de 2001. (fls. 80 y 96).
h) Rindieron ponencia para primer debate en la Cámara los H. representantes Nestor Jaime Cárdenas Jiménez y Omar Armando Baquero Soler, cuya publicación se hizo en la Gaceta N° 459 del 13 de septiembre de 2001.
i) El proyecto de ley 108/00 Senado, 05/01 Cámara, fue aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en sesión del 17 de octubre de 2001 con un quórum de 18 representantes y 18 votos a favor (fl 184).
j) Para segundo debate en la Cámara, la ponencia fue presentada por los H. representantes Nestor Jaime Cárdenas Jiménez y Omar Armando Baquero Soler y fue publicada en la Gaceta N° 597 del 22 de noviembre de 2001. (fl. 184).
k) Obra certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, según la cual el proyecto de ley 108/00 Senado, 05/01 Cámara, fue aprobado en sesión plenaria del 28 de noviembre de 2001 por 134 votos. (fl. 161).
l) El Presidente de la República sancionó el 5 de marzo de 2002 la Ley 737, aprobatoria de la Convención objeto de análisis.
No fue necesaria la convocación de comisiones destinadas a conciliar textos, ya que no hubo discrepancias entre lo aprobado por el Senado y lo aprobado por la Cámara.
No encuentra la Corte, por tanto, vulneración alguna de los procedimientos exigidos para la aprobación de la ley, y así habrá de declararlo.
3.1. Contenido de la Convención
El instrumento internacional objeto de revisión consta de 30 artículos y un anexo, el cual precisa el contenido del término “explosivo”, señalando lo que no debe incluirse dentro de esa definición.
El objeto de la Convención Interamericana es, conforme a su artículo II, impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, así como promover y facilitar la cooperación y el intercambio de información y de experiencias entre los Estados Partes, con el fin de impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
En la parte preliminar del referido instrumento se hacen unas consideraciones generales sobre la necesidad que tienen los Estados Partes de actuar de manera solidaria para afrontar la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, debido a los efectos nocivos de esas actividades para la seguridad de cada uno de ellos y así combatir y erradicar tales actividades.
El artículo I contiene las definiciones sobre fabricación ilícita, tráfico ilícito, armas de fuego, municiones, explosivos, otros materiales relacionados y entrega vigilada.
En el artículo III se reafirma el principio de soberanía y se establece que cada Estado Parte cumplirá con las obligaciones que de la Convención se derivan, con observancia de los principios de igualdad, soberanía, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros Estados Partes.
Según el artículo IV los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas legislativas o de otro carácter, destinadas a tipificar como delitos la fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Así mismo, y a reserva de los principios constitucionales y conceptos fundamentales de sus ordenamientos jurídicos, se establece que tal tipificación incluirá la participación, la asociación, la confabulación, la tentativa y la asistencia para cometer alguno de esos delitos, al igual que la incitación, facilitación o asesoramiento en relación con su comisión.
Por su parte, el artículo V estipula el compromiso que el Estado Parte adquiere para adoptar medidas necesarias y asumir las competencias respecto de los delitos que haya tipificado de acuerdo a la Convención, dejando claro que ésta no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción penal establecida por un Estado Parte en virtud de su legislación nacional.
Según el artículo VI, los Estados Partes se comprometen a requerir al fabricante el marcaje adecuado de las armas de fuego, con el objeto de lograr su identificación y rastreo.
El artículo VII se refiere al compromiso que adquiere cada Estado para confiscar o decomisar e incautar las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos, así como de evitar que esos elementos no lleguen a manos de particulares o del comercio por la vía de subasta, venta u otros medios.
Los artículos VIII, IX y X se refieren a las medidas que se deben adoptar para garantizar la seguridad de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que se importen, exporten o estén en tránsito en el respectivo territorio. Igualmente, el deber que los Estados Partes tienen para mantener o establecer sistemas eficaces de licencia de importación, exportación y tránsito internacional para las transferencias de tales elementos, así como la adopción de medidas para fortalecer los controles en los puntos de exportación.
En los artículos XI y XII se describe todo lo relacionado con el mantenimiento y confidencialidad de la información necesaria para permitir el rastreo e identificación de armas de fuego fabricadas o traficadas ilícitamente.
En los artículos XIII, XIV y XV los Estados Partes se comprometen a intercambiar entre sí información y a cooperar en el plano bilateral, regional e internacional para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Igualmente se establece la cooperación en el intercambio de experiencias, capacitación y colaboración para facilitar el acceso a equipos o tecnología que hayan demostrado ser eficaces en la aplicación de la Convención.
Los artículos XVI y XVII prevén la cooperación para la asistencia técnica y jurídica mutua con el objeto de lograr los objetivos de la Convención.
Según el artículo XVIII cuando los ordenamientos jurídicos internos de los Estados Partes lo permitan, éstos adoptarán medidas para utilizar en el plano internacional la técnica de entrega vigilada con el objeto de descubrir a las personas implicadas en los delitos relacionados en el artículo IV y de entablar acciones legales contra ellas.
En el artículo XIX se indica que los Estados Partes se comprometen a incluir, entre los delitos que dan lugar a extradición en tratado vigente, los delitos mencionados en el artículo IV del instrumento internacional. En caso de que un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado reciba una solicitud de extradición de otro con el que no lo vincula tratado alguno sobre la materia, puede considerar la Convención como base jurídica de la extradición respecto de los delitos del artículo IV.
Los artículos XX y XXI contemplan el compromiso de establecer un Comité Consultivo para lograr los objetivos de la Convención. Señalan, además, su estructura, sus funciones y el carácter de sus decisiones, las cuales serán de naturaleza recomendatoria.
En los artículos XXII, XXIII, XXIV y XXV se trata todo lo atinente a la firma y ratificación del instrumento, así como a las reservas que pueden formular los Estados Partes y a su entrada en vigor.
El artículo XXVI previene que la Convención rige indefinidamente pero prevé la posibilidad de que cualquier Estado Parte pueda denunciarla.
El artículo XXVII registra la posibilidad de adoptar medidas más estrictas si, a juicio de los Estados Partes, tales medidas son convenientes para el objetivo de la Convención.
El artículo XXVIII establece la manera como los Estados Partes se reunirán para examinar el funcionamiento y aplicación de la Convención, y el artículo XXIX fija la forma en que se resolverán las controversias sobre la aplicación o interpretación de la Convención.
Finalmente, el artículo XXX trata sobre el depósito que se hará en original en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
3.2. La Constitucionalidad del Acuerdo
La Corte Constitucional considera que la Convención sub examine es un importante instrumento para mejorar la eficacia en la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, y a su vez concentra su objetivo en controlar el uso de tales elementos en forma conjunta y mancomunada con el fin de optimizar los controles frente a la diversidad de conductas de ese tipo.
Las medidas tendientes a optimizar la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de tales elementos se relacionan en especial con el deber de las autoridades de proteger a las personas en sus derechos y libertades, y de asegurar la vigencia de un orden justo establecido en el artículo 2 de la Constitución.
La Convención objeto de análisis favorece la realización del objetivo de la integración internacional y, por tanto, se enmarca dentro de las previsiones del artículo 9 de la Carta. Así mismo, contribuye al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, tales como la promoción de la prosperidad general, el aseguramiento de la convención pacífica y la vigencia de un orden justo (art. 2 C.P.).
Los fines perseguidos por la Convención se formulan conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Constitución al reconocer el respeto de la legislación interna de cada uno de los Estados Partes y a lo prescrito en el artículo 9 ibídem sobre el respeto de los principios de derecho internacional, de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos.
En efecto, la finalidad del Acuerdo internacional, consistente en impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, a través de la cooperación internacional, no es más que un desarrollo de los artículos 9 y 22 de la Constitución Política, debido a que la fabricación y el tráfico ilícitos de tales elementos inciden en los factores que generan violencia en nuestro país y atentan contra un orden justo y al mantenimiento de la paz en Colombia.
En cuanto a la tipificación de delitos de que habla el artículo IV, la Corte no advierte violación alguna a la Carta Política. La Convención no está directamente consagrando un delito sino que establece la obligación para los Estados Partes de tipificar como delitos en su Derecho interno, la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
En efecto, tal obligación internacional para Colombia será declarada exequible, pero ello no obsta para advertir que en el momento de tipificar como punibles las conductas mencionadas en el instrumento internacional, se deberá respetar el principio de legalidad. Ello sin perjuicio, lógicamente, de que en el futuro la Corte pueda pronunciarse sobre la exequibilidad de esos delitos, en el evento en que la norma sea demandada[2].
3.3. La pena de confiscación, una figura proscrita en nuestro ordenamiento jurídico
Respecto al contenido del artículo VII, que se relaciona con la confiscación o decomiso al cual se comprometen las Partes contratantes, es importante hacer claridad sobre lo siguiente.
El artículo 34 de nuestra Constitución prohíbe la confiscación, por tal motivo debe precisar la Corte que la figura que el Constituyente erradicó de nuestro ordenamiento jurídico es la confiscación entendida como el absoluto despojo de los bienes por un acto del Estado que se impone a título de pena, pero sin compensación alguna y sin que tales bienes tengan vinculación alguna directa con actividades ilícitas.
Así las cosas, no sería constitucional el término “confiscación” utilizado en la Convención objeto de estudio.
No obstante lo anterior, tal parece que la Convención toma ese vocablo como sinónimo de “decomiso”. De tal forma que si se entiende que cuando en tal instrumento se hace alusión al término confiscar -figura que, como se anotó, está prohibida por el Constituyente- a lo que realmente se alude es a la posibilidad de decomisar las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, encuentra la Corte que el artículo referido sí se encuentra acorde con la Carta Política.
Precisamente el decomiso opera como una sanción penal, ya sea principal o accesoria, en virtud de la cual el autor o copartícipe de un hecho punible pierde sus bienes con los que cometió la infracción y los elementos provenientes del delito, es decir, que estén vinculados directa o indirectamente con el delito.
El comiso o decomiso, a diferencia de la confiscación, no está prohibido por la norma fundamental y se autoriza como sanción penal, limitada a los objetos y valores producto del ilícito[3].
Así las cosas, se reitera que la confiscación, prohibida por la Carta, es el despojo indebido que el Estado hace de los bienes de unas personas, sin causa ni procedimiento legal.
En los referidos términos, se declarará exequible el artículo VII de la Convención.
3.4. La técnica de la entrega vigilada se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico
El artículo XVIII contempla la posibilidad de adoptar la técnica de “entrega vigilada”, figura que, según el artículo I de la Convención, consiste en dejar que remesas ilícitas o sospechosas de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados salgan del territorio de uno de los Estados Partes, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y con la supervisión de sus autoridades competentes, para identificar a las personas involucradas en la comisión de los delitos señalados en el artículo IV ibídem.
A juicio de la Corte, se trata de una norma condicionada, en tanto que esa obligación para los Estados se impone cuando sus respectivos ordenamientos internos lo permitan. Así las cosas, no se desconoce la Constitución, pero la utilización de esa figura deberá efectuarse siguiendo los principios jurídicos consagrados en la Carta y con el pleno respeto a las garantías procesales en ella consagradas.
3.5. El compromiso de incluir como delitos que dan lugar a extradición los señalados en el artículo IV de la Convención no vulnera la Carta
De acuerdo con el artículo XIX de la Convención, los Estados Partes deben incluir los delitos de fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados -señalados en el artículo IV-, dentro de los delitos que dan lugar a la extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados contratantes o los que concierten. Así mismo, que si uno de los Estados supedita la extradición a la existencia de un tratado y recibe una solicitud de otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la Convención como base jurídica de la extradición respecto de los delitos mencionados.
Sobre este punto la Corte ha precisado:
“...el Congreso de la República, mediante el Acto Legislativo No. 01 de 16 de diciembre de 1997, modificó el artículo 35 de la Constitución, estableciendo que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley. Además, precisó el Acto Reformatorio de la norma constitucional, que la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación colombiana, correspondiéndole al legislador reglamentar la materia. Determinó también dicho Acto, que la extradición no procederá por delitos políticos, o cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de dicho Acto Legislativo”[4].
Encuentra la Sala que este artículo no desconoce precepto constitucional alguno en cuanto que, como lo ha señalado la Corporación, la extradición tiene su fundamento en la cooperación internacional y en el interés que tienen los Estados en lograr que los delitos que sean cometidos en su territorio, ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad[5].
Por último, advierte la Corte que, respecto del anexo que hace parte del acuerdo internacional que se estudia, en el cual se identifican los elementos que no deben estar incluidos dentro del término “explosivo”, tal definición permite la interpretación del mencionado documento en lo que al uso de este vocablo se refiere y su contenido no desconoce canon constitucional alguno.
En los términos descritos, se declarará ajustada a la Constitución la Convención objeto de análisis y su ley aprobatoria.
Declarar EXEQUIBLE, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta Sentencia, la “Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, adoptada en Washington D.C., el 14 de noviembre de 1997, así como la Ley 737 del 5 de marzo de 2002, por medio de la cual fue aprobada.
[1] Ver Sentencia C-333 del 21de julio de 1994 (M.P.: Fabio Morón Díaz).
[2] En igual sentido se pronunció la Corporación en Sentencia C-176 del 12 de abril de 1994 (M.P.: Alejandro Martínez Caballero).
[3] Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-076 del 25 de febrero de 1993 (M.P.: Jaime Sanín Greiffenstein). Sobre el punto también se pueden consultar las sentencias T-460 del 15 de julio de 1992, C-374 del 13 de agosto de 1997 (M.P.: José Gregorio Hernández Galindo) y C-677 del 18 de noviembre de 1998 (M.P.: Fabio Morón Díaz).
[4] Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-351 del 15 de julio de 1998 (M.P.: Fabio Morón Díaz).
[5] Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-1106 del 24 de agosto de 2000 (M.P.: Alejandro Martínez Caballero).