Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-90193-de-mayo-3-de-2007-sentencia-25000?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992042354af034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-22 07:39:48
Document Index: 192410262

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 145', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 80', 'artículo 158', 'Artículo 158', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 143', 'artículo 147', 'artículo 52', 'artículo 148']

﻿ SENTENCIA 90193 DE MAYO 3 DE 2007
SENTENCIA 90193 DE 03 DE MAYO DE 2007
CONTENIDO:EMPRESAS DE TELEFONÍA MOVIL. CUANDO NO ATIENDEN LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO OPORTUNAMENTE, OPERA EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, LO QUE CONVIERTE A LAS MULTAS EN ACTOS ADMINISTRATIVOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, OPERADOR DE TELEFONÍA MÓVIL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Sentencia 25000-23-24-000-2002-90193-01 de mayo 3 de 2007
Ref.: expediente 25000-23-24-000-2002-90193-01
Actora: Comunicación Celular (Comcel) S.A.
Debe la Sala determinar si las resoluciones 21522 de 2000 (31 de agosto) y 19390 de 2001 (31 de mayo), mediante las cuales la superintendencia sancionó a Comcel S.A. con multa y ordenó la efectividad de unas garantías, en actuación adelantada para la protección del consumidor, corresponden al ejercicio de funciones administrativas o jurisdiccionales.
Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de consignar su pensamiento en torno a la naturaleza administrativa de la potestad que ejerce la SIC al sancionar con multas a los operadores de telefonía móvil por no responder oportunamente las reclamaciones presentadas por los usuarios del servicio. Así, en sentencias de 6 de agosto de 2004 (8) y de 17 de febrero de 2005 (9) , se pronunció sobre esta temática con ocasión de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho que la actora entabló contra actos sancionatorios de la SIC por los mismos cargos. Sostuvo la Sala:
La naturaleza jurídica de una y otra decisión (10) debe definirse a la luz del ordenamiento general en materia de protección al consumidor, contenido en el Decreto-Ley 3466 de 1982 en cuanto a la idoneidad, calidad y garantía de bienes y servicios y la responsabilidad de productores, expendedores y proveedores, como también del Decreto 990 de 1998, que establece el reglamento de usuarios del servicio de telefonía móvil celular (TMC).
El objeto de la garantía son, según el artículo 11 del Decreto-Ley 3466 de 1982, las condiciones de calidad e idoneidad, ya sean las registradas por el productor, ya las contenidas en las normas técnicas oficializadas. El producto o servicio debe tener tales condiciones de calidad durante un término específico. Y la garantía se establece a favor del consumidor, esto es, del comprador o adquirente efectivo.
De manera que la garantía mínima presunta se extiende a las obligaciones de “proporcionar la asistencia técnica indispensable para la utilización”, de “reparar y de suministrar los repuestos necesarios para este último efecto” con derecho, en caso de repetirse la falla tras la reparación, “al cambio del bien por otro de la misma especie” si lo solicitare el consumidor, salvo convención expresa en contrario y “a condición de que la solicitud se haga estando aún vigente el plazo mencionado”.
“ART. 29.—Procedimiento para asegurar la efectividad de las garantías. [...] el consumidor afectado podrá solicitar que se obligue al proveedor o expendedor respectivo a hacer efectiva la garantía o garantías o, si fuere procedente de acuerdo con el artículo 13 del presente decreto, a cambiar el bien por otro, o si se manifestare que se desea desistir de la compraventa del bien o de la obtención del servicio, a reintegrar el precio pagado por el bien o servicio [...].
En síntesis, hacer efectiva la garantía es obligar al productor a entregar un bien o a prestar un servicio que llene las condiciones de idoneidad y calidad registradas ante la SIC o contenidas en las normas técnicas oficializadas, proporcionar la asistencia técnica y reparar el bien, y reemplazarlo si se repitiere su falla.
Estas fueron las facultades jurisdiccionales conferidas a la SIC, a prevención con los jueces, en virtud del artículo 145, literal b) de la Ley 446.
De otra parte, en el Decreto 990 de 1998 Capítulo VI “Del procedimiento para las quejas y reclamos” se reconoció a los usuarios el derecho de reclamación y queja (art. 17), se estableció el trámite de estas, especialmente el deber del operador de resolverlas en el término de quince días hábiles a partir de su recepción (art. 20), y se dispuso que “verificada la violación de las disposiciones establecidas en el presente decreto, el Ministerio de Comunicaciones podrá imponer las sanciones consagradas para el efecto en el Decreto 1900 de 1990 y las normas que lo modifiquen, adicionan o sustituyan” (art. 22). Esta facultad del ministerio fue trasladada a la Superintendencia de Industria y Comercio por el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999, “por el cual se reestructura el Ministerio de Comunicaciones y algunos organismos del sector administrativo de comunicaciones y se trasladan funciones a otras entidades públicas”, cuyo tenor es como sigue:
Ahora debe la Sala hacer precisiones al caso en concreto y analizar los cargos en particular.
Sea lo primero definir la operancia o no del silencio administrativo positivo y su establecimiento legal cuando no sean atendidas oportunamente por las empresas de prestadoras del servicio de telefonía móvil celular las solicitudes, quejas o reclamos de los usuarios y/o suscriptores.
Es cierto que en Sentencia C-1316 de 2000 (11) , la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 266 de 2000 “a partir de su promulgación” (12) , con lo cual podría pensarse que desde el 22 de febrero de 2000 desaparecieron del ordenamiento jurídico los fundamentos normativos en que se sustentaba la aplicación del silencio administrativo positivo a las reclamaciones presentadas por los usuarios del servicio de telefonía móvil celular que no fueran respondidas oportunamente. Empero, la Sala considera que la aplicación del silencio administrativo positivo en estos casos se fundamenta en otras normas jurídicas vigentes. En efecto:
El artículo 41 Código Contencioso Administrativo preceptúa:
“[...] ART. 41.—Silencio positivo. Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva.
La Sala debe precisar cuales son las funciones de la SIC, y si entre ellas se encuentra reconocer al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo cuando sus reclamaciones no sean atendidas oportunamente por la empresa prestadora del servicio. Al efecto resulta relevante el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 que preceptúa:
“[...] ART. 40.—La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad de inspección, vigilancia y control de los regímenes de libre y leal competencia en los servicios no domiciliarios de comunicaciones. En tal calidad, la superintendencia aplicará y velará por la observancia de las disposiciones contenidas en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 256 de 1996, contando para ello con sus facultades ordinarias y siguiendo para el efecto el procedimiento general aplicable, sin perjuicio de las atribuciones regulatorias de la comisión de regulación de telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Televisión.
Esta Sala en sentencia de 28 de noviembre de 2002 (13) avaló la legalidad del artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 que confiere a “la Superintendencia de Industria y Comercio las mismas atribuciones que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos respecto de los servicios públicos domiciliarios”; y además en relación con los servicios no domiciliarios de comunicaciones, proteger los derechos de los usuarios, suscriptores y consumidores. Para el efecto, la superintendencia, contará, en adición a las propias, con las facultades previstas para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y podrá ordenar modificaciones a los contratos entre operadores y comercializadores de redes y servicios de telecomunicaciones o entre estos y sus usuarios, cuando sus estipulaciones sean contrarias al régimen de telecomunicaciones o afecten los derechos de estos últimos.
De lo expuesto se concluye que la SIC cuenta con las facultades que le asignó el Decreto 2153 de 1992 en materia de protección al consumidor, y las que la Ley 142 de 1994 atribuye a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de defender los derechos de los usuarios de los servicios no domiciliarios de comunicaciones.
Por su parte el numeral 4º del artículo 80 de la Ley 142 de 1994, al referirse a las “funciones en relación con la participación de los usuarios” que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos, preceptúa:
“[...] ART. 80.—Funciones en relación con la participación de los usuarios. La superintendencia tendrá, además de las anteriores, las siguientes funciones para apoyar la participación de los usuarios:
El inciso segundo del artículo 158 de la Ley 142 de 1994 lo dispuso así:
“[...] Artículo 158. [...]
Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los 15 días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto.
Fuerza es, entonces, concluir que la SIC no actuó por fuera de sus competencias pues según se vio, el numeral 4º del artículo 80 de la Ley 142 de 1994, que le resulta aplicable por disposición del artículo 80.4 de la Ley 142 de 1994, la habilita para imponer multas a las empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil celular que no resuelvan oportunamente las reclamaciones formuladas por los usuarios.
En cuanto al término de respuesta oportuna el artículo 20 del Decreto 990 de 1998 (14) dispone:
“[...] ART. 20.—Del término para dar respuesta a las quejas y reclamos, las quejas y reclamos deberán resolverse o contestarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. Cuando no fuere posible resolver la queja o reclamo en dicho plazo, se informará así al interesado, indicando los motivos de la demora y señalando la fecha en la que se resolverá o dará respuesta. [...]”
Así lo estimó la SIC, pues consideró que Comcel S.A. incumplió su deber legal de atender oportunamente las reclamaciones presentadas por sus usuarios.
En conclusión si la Superintendencia de Industria y Comercio tiene las mismas facultades para sancionar que la Superintendencia de Servicios Públicos, también posee las atribuciones para reconocer a los usuarios afectados los efectos del silencio administrativo positivo.
Finalmente, para desvirtuar las acusaciones por violación del debido proceso, desconocimiento de pruebas y falta de análisis de cada situación particular, formulada contra el acto sancionatorio, basta con transcribir la relación que la SIC incorporó en Resolución 21522 de 2000 (ago. 31), que detalla los datos que analizó en cada caso en particular para sustentar la multa impuesta a Comcel S.A.:
Radicación Fecha Reclamante Teléfono celular o fijo Objeto de la petición Fecha de la petición, queja o recuso no respondido
99081530 99-12-30 Mini Park S.A. – Carlos Augusto Pachón 3481926 Llamadas no realizadas de fijo a celular. 99-11-24
00007859 00-02-08 María Dolores Garnica de Peña 7173370 Llamadas no realizadas de fijo a celular. 99-10-13
00009363 00-02-14 Ana Cecilia Bejarano Chitiva 7760044 Llamadas no realizadas de fijo a celular. 00-01-12
00013871 00-02-28 Sandra Torres Serrano (033) 2117144 Facturación indebida. 99-11-22
00204019 00-04-07 vida sana productos naturales– Diana Elizabeth Núñez Ruiz (033) 4026513 Facturación indebida. 00-02-16
00029682 00-04-25 Olga Marina Heredia de Caldas 6724276 Llamadas no realizadas de fijo a celular. 00-03-28
00209047 00-05-05 Bárbara Torres 2605714 Llamadas no realizadas de fijo a celular. 00-02-29
00038647 00-05-25 Jairo Olano Perdomo 2022772 Llamadas no realizadas de fijo a celular. 00-04-07
00007822 00-06-06 Líneas Las Acacias Ltda. –Carlos Eduardo Montaño 4150743 Llamadas no realizadas de fijo a celular. 99-10-19
00043704 00-06-13 María del Rosario Stella 2491254 Llamadas no realizadas de fijo a celular. 00-05-11
00043766 00-06-13 Luz Marina Vidal 7123439 Llamadas no realizadas de fijo a celular. 00-03-29
00216405 00-0614 Paul Gutiérrez Correa (033) 4487236 Terminación de contrato. 00-03-14
00046813 00-06-22 Marco Aurelio Castiblanco (033) 3155314 Facturación indebida. 00-03-01
Número de orden Radicación Fecha Reclamante Teléfono celular o fijo Folios
1 99081530 99-12-30 Mini Park S.A. – Carlos Augusto Pachón 3481926 10
2 00007859 00-02-08 María Dolores Garnica de Peña 7173370 17
3 00009363 00-02-14 Ana Cecilia Bejarano Chitiva 7760044 19
4 00013871 00-02-28 Sandra Torres Serrano (033) 2117144 32
5 00204019 00-04-07 Vida sana productos naturales – Diana Elizabeth Núñez Ruiz (033) 4026513 16
6 00029682 00-04-25 Olga Marina Heredia de Caldas 6724276 16
7 00209047 00-05-05 Bárbara Torres 2605714 13
8 00038647 00-05-25 Jairo Olano Perdomo 2022772 35
9 00007822 00-06-06 Líneas Las Acacias Ltda. – Carlos Eduardo Montaño 4150743 28
10 00043704 00-06-13 María del Rosario Stella 2491254 17
11 00043766 00-06-13 Luz Marina Vidal 7123439 41
12 00216405 00-0614 Paul Gutiérrez Correa (033) 4487236 13
13 00046813 00-06-22 Marco Aurelio Castilblanco (033) 3155314 13
La actora sostiene que respondió oportunamente a la mayoría de los usuarios las reclamaciones formuladas entre el 30 de diciembre de 1999 y el 22 junio de 2000, pero no especificó a cuáles ni en que fecha lo hizo.
Para la Sala, la actora, ni ante la SIC ni en el presente proceso, allegó prueba alguna que demostrase haber atendido de forma integral y oportuna las reclamaciones, lo que dio pie a que se le impusiera la sanción, y a que esta Sala la encuentre ajustada a ley.
Con la relación transcrita se comprueba que, requeridas por la Superintendencia a Comcel S.A. explicaciones sobre su omisión en responder a los reclamos de sus usuarios, esta operadora argumentó que los había respondido oportunamente, pero no lo demostró, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 20 del reglamento de usuarios (Decreto 990 de 1998) y dando lugar a la sanción correspondiente.
REVÓCASE la sentencia de 6 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —(Sección Primera — Subsección B).
Se deja constancia que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 3 de mayo de 2007».
(8) Expediente: 2001-0033-01 (7836). Actora: Comunicación celular Comcel S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio, C.P. doctor Camilo Arciniegas Andrade.
(9) Expediente: 2002-90157. Actora: Comunicación celular Comcel S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio, C.P. doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
(10) Refiriéndose a la imposición de la multa y a la orden impartida a dicha operadora para actuar en conformidad con lo solicitado por los reclamantes.
(11) M.P. doctor Carlos Gaviria Díaz.
(12) Decreto 266 de 2000. ART. 164.—Vigencia. El presente decreto-ley rige a partir de la fecha de su publicación. Publicado en el Diario Oficial número 43.906, del 22 de febrero de 2000.
(13) C.P. Olga Inés Navarrete Barrero. Expediente 2001-0060-01. Actor: Gloria Cecilia Medina Abondano. Demandado: Gobierno Nacional.
(14) Por el cual se expide el reglamento de usuarios del servicio de telefonía móvil celular.
Mi salvamento parcial de voto guarda relación con las decisiones acusadas adoptadas por la entidad demandada, exclusivamente, respecto de la efectividad de las garantías, en relación con las cuales he considerado que tienen naturaleza de actos jurisdiccionales revisables por vía de recursos ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
“...Mi discrepancia con la decisión de mayoría obedece a que soy partidario de la tesis acogida por el a quo, según la cual, los actos acusados, sin distinción alguna, revisten carácter jurisdiccional por virtud del expreso señalamiento que hizo en ese sentido la Ley 446 de 1998, en la parte IV, título IV, capítulo 1 y 2, que comprende los artículos 143 a 145, en tratándose de conductas constitucionales de “competencia desleal” y de “protección del consumidor”, lo cual se halla en consonancia con los lineamientos trazados por el artículo 116 Constitucional y que pretender escindir los actos acusados para concluir que unos son jurisdiccionales y otros administrativos, siendo una sola la conducta sancionada, no solo contraviene claros principios de hermenéutica sino que, además, da al traste con la política de desjudicialización que subyace en la normativa citada, pues el propósito con ella perseguido en modo alguno se alcanza en la medida en que no solo no se obvia la instancia jurisdiccional, sino que, por el contrario, se permite que prolifere.
“ART. 148.—Procedimiento. El procedimiento que utilizarán las superintendencias en el trámite de los asuntos de que trata esta parte será el previsto en la parte primera, del libro I, título 1, del Código Contencioso Administrativo, en especial el correspondiente al ejercicio del derecho de petición en interés particular y las disposiciones contenidas en el capítulo VIII. Para lo no previsto en este procedimiento, se aplicarán las disposiciones del proceso verbal sumario consagradas en el procedimiento civil.
Si se acepta que la ley, dentro de los límites previstos en el artículo 116 Constitucional, puede atribuir competencias jurisdiccionales a autoridades administrativas no hay razón para desconocer lo que hizo en tal sentido la Ley 446 de 1998, artículo 143 y demás normas concordantes, al convertir expresamente en jurisdiccional sanciones que antes eran administrativas, precisamente con el fin de descongestionar y desjudicializar, reconociendo el carácter técnico predicable de algunas autoridades administrativas, como las superintendencias, consideradas para resolver ciertas contenciones, en primera instancia, como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-649 de 20 de junio de 2001 en la cual se precisó que las autoridades judiciales correspondientes conocían del recurso de apelación que garantizara el derecho de defensa y de contradicción de los interesados.
Creo oportuno reiterar en esta oportunidad lo que dijo la Sala en providencia de 28 de noviembre de 2002 (exp. núm. 7916, M.P. Dr. Manuel S. Urueta Ayola), frente a una sanción de multa impuesta en un caso de competencia desleal, por cuanto las circunstancias de aquel asunto guardan íntima conexidad con el presente. De manera que lo que allí se dijo cabe perfectamente para el caso sub examine, en cuanto a lo siguiente:
“...En resumen, la competencia que la Ley 256 de 1996 le asignó a los jueces para conocer de actos constitutivos de competencia desleal, fue establecida por el artículo 147 de la Ley 446 de 1998 como competencia a prevención de los jueces y de la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que, frente al conocimiento de tales actos, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la rama judicial tienen competencia.
En consecuencia, los actos acusados son actos jurisdiccionales, de allí que la decisión de imponerle a la actora la multa en mención participa de ese mismo carácter jurisdiccional, toda vez que hace parte integral de ellos, en especial de la Resolución Número 4954 de 19 de marzo de 2000, y su confirmatoria, amén de que se adoptó dentro del mismo procedimiento, por los mismos hechos o causas y fundamentos jurídicos que dieron lugar a las demás decisiones consignadas en esas resoluciones.
En estas circunstancias, el recurso impetrado no tiene asidero, luego se deberá confirmar el auto apelado, dado que los actos jurisdiccionales escapan al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativa.
Ahora bien, y a manera de simple ilustración, conviene señalar que la imposibilidad de juzgamiento de los actos en cuestión por la jurisdicción contencioso administrativa, no significa que carezcan de control, toda vez que en cuanto constituyen el fallo del proceso, son pasibles del recurso de apelación según lo señala el artículo 52, inciso tercero, de la Ley 510 de 1999, modificatorio del artículo 148 de la Ley 446 de 1998, y lo explicó la Corte Constitucional en sentencia de 28 de mayo de 2002, número C-415, magistrado ponente doctor Eduardo Montealegre Lynett, al decir que los jueces llamados a tramitar los recursos de apelación contra los actos como los del sub lite son los superiores jerárquicos de los jueces que fueron desplazados por las superintendencias en el asunto, y que “En este sentido, si fuera el caso que una de esas entidades administrativas tiene competencias a prevención con un juez civil del circuito por ejemplo, quien deberá tramitar el recurso de apelación interpuesto contra una de sus decisiones en los términos señalados por la ley, será el superior jerárquico del juez con el que comparte la competencia”.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, consejero.