Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20031251
Timestamp: 2019-07-21 07:11:45
Document Index: 369150876

Matched Legal Cases: ['artículo 478', 'artículo 478', 'artículo 478', 'artículo 478', 'artículo 478', 'artículo 29', 'artículo 478', 'artículo 478', 'artículo 150', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 478', 'artículo 33', 'artículo 478', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 478', 'artículo 478', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 478', 'artículo 478', 'Artículo 5', 'artículo 478', 'artículo 31']

C-538 de 2011
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020031251CC-SENTENCIAC538201106/07/2011CC-SENTENCIA_C_538__2011_06/07/2011200312512011Sentencia C-538/11 DECISIONES DEL JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RELACION CON MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y REHABILITACION- Apelación ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Demanda plantea un juicio de legalidad y no de constitucionalidad DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Planteamiento de un juicio de legalidad cuya competencia no radica en la Corte Constitucional APARENTE CONTRADICCION SOBRE EL JUEZ COMPETENTE PARA DECIDIR RECURSOS CONTRA DECISIONES DE LOS JUECES DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD- Competencia de la Corte Suprema de Justicia para decidir SENTENCIA CONDENATORIA- Es la única decisión que debe ser objeto de recurso de apelación por expresa disposición de la Constitución La única decisión que debe ser objeto de recurso de apelación por expresa disposición de la Constitución es la sentencia condenatoria , para concluir que frente al resto de decisiones existe una amplia libertad de configuración del legislador para diseñar la forma del proceso, en donde los recursos son un elemento más, frente a los cuales no existe una obligación constitucional de reconocerlos de una determinada manera. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia Referencia.: expediente D-8298
José del Carmen Sierra CarranzaCONSTITUCIONALIDADJorge Ignacio Pretelt ChaljunbDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 478 de la Ley 906 de 2004.D8298Identificadores20020031252true48941Versión original20031252Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 478 de la Ley 906 de 2004.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano José del Carmen Sierra Carranza demandó el artículo 478 de la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Mediante auto del veintiocho (28) de octubre de dos mil diez (2010), el Despacho del Magistrado Sustanciador Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, inadmitió la demanda presentada por José del Carmen Sierra Carranza contra el artículo 478 de la Ley 906 de 2004, por carecer de especificidad y suficiencia, porque el demandante no explicó las razones por las cuales la disposición acusada no garantizaba la imparcialidad de la decisión de segunda instancia, ni el motivo que lo llevó a afirmar que el juez que "(…) emitió la condena se encuentra con un perjuicio de orden sustancial y procesal por haber conocido con anterioridad el proceso penal". En el mismo auto se concede al demandante el término de tres (3) días para que corrija la demanda.
2.2.1. Primer cargo: Violación del Derecho al Debido Proceso: El artículo 478 de la Ley 906 de 2004 vulnera el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, toda vez que el Constituyente primario sólo le asignó al Congreso de la República, en el numeral 150 de la misma Carta, la elaboración de las leyes, su interpretación y derogación, más no la decisión de establecer disposiciones que contradigan las leyes superiores, tal como sucede con el artículo 478 de la Ley 906 de 2004. Así las cosas, la expresión "son apelables ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia" contenida en el artículo 478 de la Ley 906 de 2004, además de ser una extralimitación del legislativo, por cuanto no está contemplada dicha facultad en el artículo 150 de la Constitución, constituye una violación de doble instancia, del debido proceso y de la garantía de imparcialidad, garantía que supone que quien participó en la resolución de una situación no puede posteriormente resolver el asunto como si se tratase de un superior.
2.2.2. Desconocimiento del artículo 31 constitucional. Cuando el precepto acusado dispone que las decisiones del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad relativas a mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad son apelables, vulnera el artículo 31 de la Carta Política de 1991, que establece que las sentencias judiciales pueden ser apeladas, y a renglón seguido dispone, "El superior…", lo que en palabras del actor, "significa que la norma constitucional concibe la doble instancia ante un superior".
La obligación de razonar las decisiones en términos de derecho válido, implica recobrar el papel del juez y de la autoridad en su lealtad a la Constitución, para así, de una vez por todas, desterrar su papel subordinado y mecánico al derecho; lo cual no se vislumbra en la norma demandada, porque el juez de instancia al "haber conocido con anterioridad el proceso, y al haber efectuado un juicio en primer término de legalidad y en segundo término de objetividad, (lo apartan) de la racionalidad que la decisión comporta".
Una manera de construir la imparcialidad es prohibir al juzgador (juez de instancia que profirió la condena) que cometa una parcialidad determinada "la de conocer de la controversia desde un solo punto de vista, permitiendo que la misma se convierta en un simple monólogo".
2.4.4.1. Si se observa la forma en que la Ley 906 de 2004 regula la materia que se analiza, y con ella la pretensión del demandante, se llega a la conclusión según la cual la demanda se funda en una inferencia equivocada, y, en consecuencia, no está llamada a prosperar. Lo anterior, debido a que el demandante en forma errada, considera que tanto el artículo 478 como el 33, numeral 6 del Código de Procedimiento Penal, se ocupan de la misma materia en cuanto a la asignación de competencia, pues en sentir del mismo, basta con que se retire del texto legal el aparte que dispone "ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia" (art. 478 C.P.P), pues el retiro de dicho aparte normativo de la ley, lo que permitirá es que la decisión simplemente sea apelable y entonces recurrir a la parte general (art. 33 N°6 C.P.P) para entenderse que se tramitará, conocerá y decidirá ante el Tribunal Superior de Distrito"; afirmación que desde luego no es cierta, pues si se retira del ordenamiento el aparte que subraya el accionante, la situación no queda resuelta, en la medida en que el numeral 6 del artículo 33, asigna al Tribunal Superior de Distrito Judicial la facultad de conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión del juez de ejecución de penas exclusivamente cuando se trate de condenados por delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados.
En consecuencia, si se declara inexequible sin más, como lo propone el demandante, la expresión "son apelables ante el juez que profirió la condena en primera o única instancia", contenida en el artículo 478, lo que ocurriría es que las decisiones de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad cuando se traten de condenas por delitos que no sean competencia de los jueces penales del circuito especializados, no serían objeto de apelación, por cuanto la norma que regulaba la materia fue declarada inexequible.
"Dado que del contenido del artículo 31 de la Constitución no se deriva ni siquiera la exigencia de que en relación con las decisiones diferentes a la sentencia sea obligatorio prever la segunda instancia y que, de acuerdo con el artículo 29 superior, en materia penal tampoco cabe asegurar que el legislador deba establecer la necesidad de impugnar autos o providencias distintos de la sentencia condenatoria, la interpretación vertida en la demanda, no involucra un problema constitucional, sino que más bien obedece a una disputa relativa al alcance del artículo 478 del Código de Procedimiento Penal, controversia que es perfectamente solucionable en el plano de la legalidad.
"La eventual inexequibilidad del artículo demandado no tendría, entonces, la finalidad primordial de hacer prevalecer los dictados constitucionales o de depurar el ordenamiento de disposiciones legales susceptibles de albergar contenidos reñidos con la Carta, sino que únicamente cumpliría el propósito de resolver una disputa legal mediante el desplazamiento de una de las posibles lecturas de la disposición censurada, seguido de la aplicación del sentido que se estima apropiado.
"Resolver si el artículo 478 del Código de Procedimiento Penal admite o no una interpretación conforme a la cual es el Tribunal Superior del Distrito Judicial el encargado de conocer el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisiones (sic) del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad referentes a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad es, en esencia, un asunto que sólo involucra argumentos legales y que, por lo mismo, es susceptible de solución en el plano de la legalidad.
"Repárese en que el fondo de la discusión sobre las dos posibilidades hermenéuticas que han sido mencionadas se enfrenta la posición de quienes consideran que debe ser aplicado el artículo 34 del Código de Procedimiento Penal, en cuyo caso el superior jerárquico resolvería el recurso de apelación y la mantenida por aquellos que no estiman necesario dar aplicación al artículo 34, caso en el cual no resolvería el recurso el superior jerárquico, sino el juez que profirió la condena en primera instancia.
"Esa discusión no plantea un conflicto constitucional y, si acaso, daría lugar a una incompatibilidad entre los artículos 34-6 y 478 del Código de Procedimiento Penal o a considerar, por ejemplo, que el primero es la regla general y que el segundo constituye una excepción, así como a evaluar si procede dar aplicación al principio de especialidad y al criterio del precepto posterior, nada de lo cual requiere la confrontación del precepto cuestionado con la Constitución, pues, como se ve, decidir si se configura o no una incompatibilidad entre dos disposiciones del Código de Procedimiento Penal, si ésta es real o aparente o cuáles principios cabe aplicar, son asuntos meramente legales, susceptibles de solución en el ámbito de la legalidad y mediante la utilización de criterios interpretativos de la ley procesal penal.
"Por las razones precedentes es claro que la Corte no puede entrar a realizar el juicio de constitucionalidad solicitado en el libelo demandatorio y que se impone la declaración de inhibición por ineptitud sustancial de la demanda derivada de la inexistencia de cargo".
"Corresponde a la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿Resulta contrario a los artículos 29 y 31de la Carta, que regulan el debido proceso y el principio de la doble instancia, que el artículo 478 de la Ley 906 de 2004 le asigne al juez de primera o única instancia la competencia para conocer de las apelaciones que se presenten contra las decisiones del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en relación con los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación .
"(…) En Sentencia C-880 de 2008, los accionantes planteaban el mismo cuestionamiento señalado en el presente proceso. En esta ocasión, la Corte Constitucional se inhibió de pronunciarse de fondo por encontrar que la inconsistencia alegada sobre quien debía conocer del recurso de apelación interpuesto sobre las decisiones del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, relativas a los mecanismos de sustitutivos de la pena privativa de la libertad, no obedece a un cargo que plantee una contradicción con la Constitución. En realidad, la cuestión aducida se refería exclusivamente a un problema de interpretación entre una norma especial de carácter legal y otra norma general, también de orden legal."
Por su parte, el artículo 478 de la misma codificación señala expresamente que cuando la decisión del juez de ejecución y medidas de seguridad verse sobre losmecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, corresponde al juez que conoció en primera instancia el proceso decidir el recurso de apelación, regla especial.
"La resolución del aparente conflicto normativo reclama la atención hacia los criterios generales de interpretación de las normas procesales. Sobre el particular, la Ley 57 de 1887 enseña: Artículo 5°: cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá a aquella. Si en los códigos que se adopten se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 1. La disposición relativa a un asunto especial preferirá a la que tenga carácter general. 2. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo código, preferirá la disposición consignada en el artículo posterior (…).
"La controversia se dirime por el principio de especialidad de la norma procesal, a la cual auxilia el criterio del precepto posterior, porque el artículo 478 ejusdem que se revisa hace parte del Libro IV, que desarrolla única y específicamente la temática de la ejecución de la sentencia.
"Conclusión: respecto de las decisiones que adoptan los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad el competente, por mandato expreso, concreto y posterior de la Ley 906 de 2004, es el juez que profirió la condena en primera o única instancia, siempre y cuando la actuación se haya iniciado y adelantado, en su integridad, con el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal."
3.2.1.6. En efecto, el escrito de demanda parte de una supuesta violación del artículo 31 de la Constitución por desconocer el principio de la doble instancia, en razón a que el juez que conoce del recurso no es, dentro de la escala jerárquica de la jurisdicción, el superiorde quien emitió la providencia objeto de recurso, asunto que no se desprende en si mismo de la norma acusada, pues evidentemente el juez de ejecución de penas es un juez especial que fue creado por el legislador extraordinario de 1991, y que resulta independiente al juez del proceso, razón por la que la demanda no puede partir de una violación de la jerarquía entre quien emitió la decisión de instancia y el juez que conoce de la impugnación frente a una decisión del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, pues este funcionario por decisión del legislador es funcionalmente diverso.