Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve12oct2017.html
Timestamp: 2017-12-13 18:43:43
Document Index: 303738056

Matched Legal Cases: ['artículo 115', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 419', 'artículo 76', 'artículo 51', 'artículo 100', 'artículo 9', 'artículo 76', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 76', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 113', 'artículo 12', 'artículo 51', 'artículo 3', 'artículo 322', 'artículo 328', 'artículo 87', 'artículo 104', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 144', 'artículo 110', 'artículo 29', 'artículo 17', 'artículo 144', 'artículo 93']

Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 12 de octubre de 2017
De la Mesa Directiva, con modificación de turno; de la Junta, con cambios en comisiones; de diputados, con retiro de iniciativas; de la CNDH, con informe; de la Segob, con asuntos de Pemex; de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con informe de la ONU; de los Congresos de Nuevo León y de Jalisco, con iniciativas
Ana Georgina Zapata Lucero, PRI, para exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a inspeccionar centros laborales en las entidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre
Armando Alejandro Rivera Castillejos, PAN, que exhorta a la Sagarpa para que informe sobre los recursos asignados al programa de fomento a la agricultura, Proagro productivo
José de Jesús Zambrano Grijalva, PRD, por el que esta soberanía expresa su solidaridad con los comunicadores Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, Ricardo Raphael de la Madrid y María Amparo Casar Pérez, y condena cualquier acto que pudiera considerarse como censura
Que expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, fundamentación
Lorena del Carmen Alfaro García, PAN
Votación de los artículos 2, 3, 4, 5, 17, 29, 30, 34, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 73, 80, 85, 87, 91, 93, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 123, 124, 127, 133, 134, 145, 153, 161 y 170, y los transitorios primero, segundo, séptimo, octavo y décimo segundo, en términos del dictamen
Solicitud de licencia del diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor el quórum.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 267 diputadas y diputados, por lo tanto, diputado presidente, hay quórum.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (11:48 horas): Y por lo tanto se abre la sesión.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Como ustedes saben, el orden del día está publicado en la Gaceta, se encuentra en sus monitores. Igualmente, el acta, por lo que le pido a la Secretaría ponga a votación el acta de inmediato.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado. Queda aprobada el acta. No veo intervenciones solicitadas para nuestra hora inicial.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me equivoqué. Don Manuel Clouthier, tiene usted la palabra si me dice con qué objeto.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Sí, presidente, gracias. Pues era nada más comunicar a los compañeros que en próximas horas estaré presentando mi solicitud de licencia ante la honrosa Mesa Directiva que usted preside, para ir a atender la convocatoria del INE que nos está planteando que ya la semana que entra tenemos que iniciar proceso de recabado de firmas.
Y aprovecho la ocasión, presidente, para agradecer a todos los compañeros las atenciones que han tenido con un servidor. A los coordinadores, a todos los señores coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios. Al personal de Cámara, y muy en particular quiero agradecer al Partido Encuentro Social –aquí el grupo parlamentario– que tuvo a bien, pues acogerme en el sentido de ser representante mío ante la Junta de Coordinación Política, que como ustedes saben, los diputados independientes no participamos en la misma.
También decirles que considero que quedan temas pendientes como lo es el tema de ampliar el derecho humano de participación política, el tema de financiamiento a partidos y, finalmente el tema de la transparencia en esta Cámara de Diputados.
Agradezco a todos los compañeros sus atenciones, y me repito como su servidor y amigo, señor presidente. Gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Se inscriben las manifestaciones del diputado Clouthier, quedan registradas en el acta.
Sepa usted, señor diputado, que el primero en lamentarlo es este presidente. Ha hecho usted un papel más que decoroso como corresponde a su prosapia, como corresponde a su herencia. Creo que todos los que tenemos el gusto de conocerle le recordaremos siempre con el infinito afecto que usted se ha ganado a pulso día a día. Que tenga usted buena suerte, diputado. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en la curul de la diputada Guzmán.
La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solo para compartir y recordar a los compañeros diputados que mañana, 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres instituido por Naciones Unidas. Hogar, Seguro Hogar es el lema que ha sido elegido para 2017 para conmemorar este día.
Después de los lamentables acontecimientos de nuestro país, especialmente los sismos del 7 y 19 de septiembre, cobra aún más sentido reflexionar y repensar la forma en qué hacemos frente a los riesgos de los desastres.
No podemos esperar a que ocurran más desastres, es momento de invertir más en la prevención. No podemos seguir construyendo riesgos futuros, es necesario considerar el riesgo de desastres en la planeación del desarrollo y en el ordenamiento territorial.
No podemos esperar a que se colapsen más estructuras, es momento de contar con reglamentos de construcción en todo el país y supervisar que las obras se apeguen a ellos. No dejemos pasar, compañeras y compañeros diputados, estas fechas. Tomemos conciencia de la importancia de estos momentos.
La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (desde la curul): Concluyo, señor presidente, diciendo que este 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, sea un punto de inflexión que nos permita actuar efectivamente y lograr juntos unidos un hogar seguro para todos los mexicanos que están sufriendo en estos momentos por los desastres ocurridos en México. Es cuanto, y muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Ya constan en el acta de esta sesión, en el registro de esta sesión, su intervención y sus palabras.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene el uso de la palabra, si me dice con qué motivo, el diputado Guillermo Rafael Santiago.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Sí, presidente. Con el objetivo de informarle a este pleno, a la asamblea, que hemos ingresado una solicitud de juicio político en contra del gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por la violación sistemática a los derechos humanos de las y los chiapanecos y por el ya conocido desvío millonario de recursos públicos. Es insostenible la situación que está viviendo nuestro estado.
Y también para solicitarles la atención a los demás diputados y diputadas que están distraídos, y pedirles que se sumen a esta exigencia ciudadana. En especial a las y los diputados de mi estado, a que puedan pronunciarse si están o no están del lado de la justicia, a que, insisto, dejemos la cobardía y el silencio cómplice lo que está sucediendo en nuestro estado y dejen de ser miserables y de actuar en favor de la injusticia.
Así también, le pido al pueblo chiapaneco a que se sume y que le exija a sus representantes a que realmente hagan algo al respecto. No es posible que con las pruebas, con las evidencias, con lo que se ha visto a nivel nacional, continúe el silencio y continúe este mal proceder.
Así que le exijo a esta Cámara que se pueda pronunciar respecto al juicio político y que no suceda lo de Duarte o lo de Sabines, que una vez que ya salieron ahí sí todo mundo habló. En este momento es cuando se puede hacer algo al respecto y cuando se puede exigir justicia.
Basta ya del saqueo a Chiapas, basta ya de la injusticia y por favor, compañeros...
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): ... dejen ya de ser miserables y de ser cobardes. El pueblo chiapaneco lo exige. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Candelaria Ochoa me está pidiendo la palabra y yo le pregunto con qué objeto.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidente. Compañeras, compañeros diputados, el día de hoy está en México el presidente de Canadá y antier declaró que antes que amigos, México, Canadá y Estados Unidos son socios comerciales, y la declaración que hizo fue muy lamentable respecto a la minería canadiense.
La minería canadiense hoy está depredando los suelos nacionales, por lo tanto le pedimos a la comisión que negocia el Tratado de Libre Comercio que uno de los puntos muy importantes que aborde sea el de la minería, que sean minerías socialmente responsables.
Yo solicité desde hace dos años que las minerías paguen el 1 por ciento de regalías para reconstruir los daños que causan, y esta Cámara lo votó en contra, por lo tanto vuelvo a hacer el llamado para que a la minería se le exija el 1 por ciento al menos de regalías, que fue derogado en el gobierno salinista. Gracias, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Se tienen por registradas sus expresiones y le solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios los remita adicionalmente a la Comisión Especial de Minería, con todo gusto. La diputada Tania Arguijo. Diputada Arguijo.
La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera: Gracias, diputado presidente. Para pedir que se intervenga y se exhorte a la federación por los hechos suscitados en el penal de Cadereyta, Nuevo León, donde ya van 16 muertos.
En lo que va de este sexenio del gobierno estatal ya van tres motines en tres penales. No ha habido solución, no ha habido respuesta, hay poca seguridad para el penal y poca seguridad para el estado de Nuevo León.
Por favor, le imploro que intervenga la federación, porque el estado ya fue rebasado. No puede con la seguridad de ningún penal ni tampoco de los ciudadanos de Nuevo León. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Por supuesto quedan registradas sus palabras y esta Presidencia se permite sugerir que su grupo parlamentario remita un punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Antonio Amaro Cancino (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto quiere la palabra el diputado Antonio Amaro? ¿Con qué objeto quiere hacer uso de la palabra el diputado Antonio Amaro?
El diputado Antonio Amaro Cancino (desde la curul): Señor presidente, con el objeto de solicitarle a esta honorable asamblea que junto con un servidor alcemos la voz y hagamos un respetuoso exhorto a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado de Oaxaca y a la Presidencia e integrantes de la Comisión de Presupuesto, para que no generen aspectos que violenten el artículo 115 constitucional en el estado de Oaxaca.
Hace unos días, el municipio de Tuxtepec vivió un problema delicado, en función a la Ley de Ingresos. El gobierno saliente presentó una Ley de Ingresos Municipales que no fue tomada en cuenta y se aprobó una Ley de Ingresos que propuso el presidente entrante.
La confabulación probable que hay en este asunto es la que el día de hoy señalo y pido a esta Cámara de Diputados genere exhorto a la Junta de Coordinación Política y a la Presidencia de esta Comisión de Presupuesto, para que expliquen por qué razón recibieron una Ley Municipal de Ingresos y aprobaron otra. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Igualmente me permito sugerir, además de que por supuesto queda registrada su intervención y consta en el acta, a su grupo parlamentario sugerir la elaboración de un punto de acuerdo en ese sentido, del pronunciamiento de usted, para que procese en la Junta de Coordinación Política.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Araceli Madrigal. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Hoy, 12 de octubre, conmemoramos un año más del inicio de los aciagos días que enfrentaron los habitantes originarios de territorios de pueblos indígenas. A lo largo de más de 500 años, los pueblos y comunidades indígenas presenciaron un paulatino despojo de sus territorios ancestrales, la anulación de gobiernos propios, sus culturas y a ser olvidados y discriminados por las leyes de este país, habitar territorios inhóspitos, los cuales hoy paradójicamente son grandes reservas ecológicas.
Aún falta mucho camino por recorrer, aún no se ha cumplido con el mandato constitucional del Apartado B del artículo 2o. de nuestra Constitución, la mitad de la población hablante en su lengua materna tiene hoy ingresos menores a la canasta básica alimentaria. A pesar de la obligación constitucional del gobierno federal para atender esta situación, los recursos destinados para este fin se han visto reducidos.
El presupuesto propuesto para el 2018 en esta materia no logra resarcir los recortes presupuestales del 2017, destinados para un sector de la población, con los mayores índices de pobreza y marginalidad, presidente, que hoy se ven agravados en su infraestructura por los recientes sismos.
Exhorto a esta Cámara de Diputados para que hagamos de esta fecha algo más que una intervención en tribuna, que una intervención en tribuna de buenas intenciones, que nos comprometamos con los pueblos y comunidades indígenas a resarcir la deuda histórica que tenemos con ellos, defendamos irrestrictamente el presupuesto destinado a su desarrollo, incorporando en el decreto de presupuesto de 2018 mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de los recursos destinados a este fin, que hasta hoy no se rinden cuentas. Legislemos en materia de derecho a la consulta indígena...
La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Ya termino, presidente. Con consentimiento libre y formado, conforme lo demandan los pueblos indígenas y recomienda la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Reconozcamos plenamente su derecho a la autonomía y representación política de los órganos de representación nacional. Honremos la palabra comprometida en San Andrés Larráinzar. Nunca más un pueblo mexicano sin sus pueblos indígenas. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada, quedan inscritas en el acta sus palabras. Como reacción a su intervención, me está solicitando el uso de la palabra el diputado Cándido Vitalico Coheto, a quien se la concedo por un minuto.
El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Hoy recordamos con tristeza que hace 525 años cambio la historia de este gran continente. También tenemos que recordar y valorar la resistencia de los pueblos indígenas, que gracias a su lucha, gracias a su dignidad hoy aquí los tenemos, con una presencia vigorosa. Sobreviven 68 pueblos indígenas.
Y pido aquí a mis compañeras diputadas y compañeros diputados a que nos sigamos solidarizando con su causa y que en la revisión del presupuesto les demos una buena respuesta. Que no los dejemos al margen. Si ellos han luchado y nos han también entregado generosamente todo lo que se les ha arrebatado, quiero también decirles que ahora podamos ir abonando esa gran deuda que tenemos con los pueblos y comunidades indígenas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias a usted, señor diputado, sobre todo por respetar el tiempo. Las afirmaciones de la diputada Madrigal Sánchez y las de usted mismo se turnarán a la Comisión de Asuntos Indígenas que usted preside, y también a la Comisión de Presupuesto para que tome nota.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra, si me dice con qué objeto, la diputad Natalia Karina Barón Ortiz. Ella es del Grupo de Morena.
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Para pedir que esta Cámara exija a la titular de la Sedatu una nueva revisión de daños en el estado de Oaxaca, a partir del suceso del 7 de septiembre.
Tenemos municipios que se están quejando que a la fecha no han sido empadronados los daños. Uno de esos municipios es el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, de la sierra sur, donde a la fecha no se han ido a parar a levantar el censo.
Todos, absolutamente, los oaxaqueños y los mexicanos tienen que estar censados y esta es una responsabilidad que con eficiencia tiene que cumplir oportunamente la Sedatu.
Por otro lado, presidente, para que esta Cámara también exija que ya se emita la declaratoria de emergencia de regiones del estado de Oaxaca por inundaciones y lluvias. Seguimos esperando dicha declaratoria. Y también que el seguro catastrófico por parte de la Sagarpa y la Sedapa en el estado de Oaxaca, pueda levantar de forma inmediata los daños de los cultivos y puedan ser apoyados los pequeños productores de Oaxaca. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputada. Se remiten sus comentarios a la Junta de Coordinación Política.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y le pido a la Secretaría comunique, pase al apartado de comunicaciones.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno al siguiente asunto:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, presentada por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 14 de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Conforme al 73 y el 74 de nuestro Reglamento, de modifica el turno de la iniciativa y se solicita se actualicen los registros parlamentarios. Adelante.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones. En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan aprobados.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron oficios de los diputados Francisco Xavier Nava Palacios, Jesús Sesma Suárez y Ángel Alanís Pedraza, por los que solicitan el retiro de sus iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se retiran. Actualícense los registros. Adelante.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron de diversas autoridades tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a las comisiones para que tomen conocimiento.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el informe especial sobre personas mayores en los centros penitenciarios de la República Mexicana.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.
El secretario Marco Antonio Aguilar Yunes: La Secretaría de Gobernación remite el informe semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos y su empresas productivas subsidiarias, correspondiente al primer semestre de 2017.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
El secretario Marco Antonio Aguilar Yunes: Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación que contiene la terna que el Instituto de Ejecutivos de Finanzas, Asociación Civil, propone para la designación del comisario de Petróleos Mexicanos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
El secretario Marco Antonio Aguilar Yunes: La Secretaría de Relaciones Exteriores remite las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas, dirigidas al Estado mexicano en materia de los derechos humanos al agua potable y saneamiento.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones de Derechos Humanos, de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, para conocimiento.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se recibió del Congreso del estado de Nuevo León, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 25 y los artículos 47 Bis y 47 Bis I a la Ley de Coordinación fiscal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se recibió del Congreso del estado de Jalisco, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 419 del Código Penal Federal.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, a modo de exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para reforzar las acciones de inspección en los centros laborales en aquellas entidades federativas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Entramos con ella al apartado de puntos de acuerdo.
Les recuerdo que de acuerdo a nuestro Reglamento pueden verse hasta tres puntos de acuerdo de urgente resolución, todos ellos tienen que haber sido aceptados por la Junta de Coordinación Política y el procesamiento es, preguntarle a la asamblea si los acepta. Si así fuere, se abre a discusión. Tenemos entendido que los puntos presentados no tendrán más discusión que la sustentación de la proponente y acto seguido pasaremos a la votación. Adelante, diputada.
La diputada Ana Georgina Zapata Lucero: Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. A 22 días de haber ocurrido el sismo que afectó severamente a varios estados: Morelos, Ciudad de México, Puebla, estado de México, Guerrero, en nuestro país, es necesario reconocer que la vida de muchos de nosotros ha cambiado y que para cientos de compatriotas el camino de la construcción y reconstrucción de su vida y de la recuperación de su patrimonio apenas ha comenzado.
Como si se tratara de una repetición de un triste episodio e incluso en la misma fecha, solo que 32 años después, en un momento fuimos testigos de cómo edificios se colapsaban, daños severos a miles de inmuebles, pero sobre todo y lo más lamentable de la pérdida de vidas humanas.
Por ello es importante reconocer desde la máxima tribuna de nuestro país, la participación de la sociedad civil, de la sociedad mexicana en su conjunto, que fue y sigue siendo incondicional y esencial para continuar con las labores que nos permitan levantar a nuestro país siempre con el espíritu solidario que nos caracteriza.
Lamentablemente, a la fecha aún siguen cuantificándose por parte de las autoridades de protección civil a nivel estatal y federal las edificaciones que presentan daños estructurales.
Como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara, desde el primer momento esta situación fue de gran preocupación, y aquí aprovecho para reconocer y agradecer a nuestro coordinador, el diputado César Camacho Quiroz, el apoyar este tema con su gran sensibilidad que lo caracteriza, pues al comentar esta inquietud con él es que se consideró hacer lo propio en el grupo parlamentario, resultando fundamentalmente el solicitar que las acciones y medidas de las autoridades se refuercen, especialmente las inspecciones minuciosas en los centros de trabajo, con la finalidad de determinar de manera oportuna y eficaz la existencia o no de afectaciones estructurales que podrían derivar en un riesgo en la integridad física de las y los trabajadores de México.
Los diputados que formamos parte de esta Legislatura apoyamos y realizamos desde nuestras trincheras la labor de protección a los derechos fundamentales, por lo que estamos en contra de que se ponga en riesgo la vida de cualquier persona.
Es oportuno señalar, según datos oficiales, que en la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social se han recibido mil 74 denuncias por parte de trabajadores referentes a sus centros laborales que sufrieron afectaciones estructurales y con ello de ese número de quejas ha atendido el 98 por ciento. En 32 casos se ordenó por parte de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo la restricción de acceso a dichos lugares, en 16 de ellos de manera parcial y los restantes de manera total.
Es necesario reconocer las medidas institucionales implementadas. Tal es el caso de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador que ha puesto a disposición del público números gratuitos para atender a los trabajadores que han sido despedidos injustificadamente por ausencia laboral debido a que sus viviendas o centros laborales se derrumbaron o sufrieron algún daño. Sin embargo, no se cuenta con la información precisa que permita a la ciudadanía conocer la situación en que se encuentra su lugar de trabajo.
Asimismo, de manera lamentable se continúa presentando la existencia por parte de algunos patrones de que obligan a sus trabajadores a ingresar a sus centros de trabajo con daños que comprometen su seguridad, situación que a todas luces configura el supuesto contenido en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo que señala como causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el trabajador, la existencia de un peligro grave para el patrón, para el trabajador o incluso para su familia, con su imprudencia o descuido la seguridad del establecimiento o las personas que se encuentran en él.
Compañeras y compañeros, reconocemos el arduo esfuerzo, el arduo trabajo del gobierno federal en la figura de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, quienes han realizado un trabajo en el máximo de su capacidad y entrega.
Sin embargo la intención de esta proposición es exhortar respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en acompañamiento de las autoridades correspondientes a nivel federal y estatal, refuercen las acciones de inspección en los centros laborales para garantizar la condición de trabajo, especialmente aquellas de carácter estructural de los inmuebles, y que no representen un peligro o un foco potencial que ponga en riesgo la integridad física de los trabajadores, así como los resultados de las inspecciones sean de carácter público a fin de brindar mayor certeza a los ciudadanos respecto a las labores y acciones de las instituciones que han implementado en esta coyuntura y que con ellos se está a salvo la persona.
Es por lo anterior que solicito su apoyo. Yo estoy segura que dicha información servirá para que esta soberanía pueda formular correcciones legislativas de carácter preventivo tendientes a salvaguardar la integridad de la persona física en el trabajo.
Compañeras y compañeros legisladores, sin duda alguna México está unido y de pie. Sigamos trabajando por ello. Por su atención, muchísimas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Antes de iniciar el desahogo de la lista de oradores para la cual tengo inscritos a siete, tengo inscritas siete intervenciones, me permito recordar a los grupos parlamentarios que el dictamen del día de hoy, previsto, es el de la Ley de Desaparición Forzada, por lo que muy atentamente me permito sugerir que podamos acortar la lista, acortar las intervenciones o acortar el número de puntos de acuerdo que vamos a presentar para efecto de estar en tiempo y horario para la discusión del principal dictamen de esta tarde.
Una alternativa podría ser que los oradores me pidieran el uso de la palabra, casi todos son en pro, desde su lugar, hasta por un minuto, pero queda a consideración de los señores legisladores.
Tiene la palabra la diputada Mirna Saldivar. Primero vamos a consultar si se considera de urgente resolución. Perdón, diputada.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que están por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Queda de urgente resolución y, por lo tanto, escucharemos a los oradores hasta por dos minutos. Gracias.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Con el permiso de la presidencia. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, hasta el día de ayer se contabilizaron 363 personas fallecidas por el sismo del 19 de septiembre pasado. Los derrumbes de edificios suman 38 y, por supuesto, existen daños en muchos más.
En este sentido, en Nueva Alianza consideramos que es indispensable que se refuercen las medidas de inspección en aquellos inmuebles que hayan sido afectados por el sismo y que pueden poner en riesgo a los ciudadanos.
Sabemos que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación ha implementado acciones para atender las solicitudes de evaluación de seguridad estructural de inmuebles.
Sin embargo, coincidimos con la promovente en que es necesario que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social acompañe esta labor a nivel federal y estatal, y de este modo se refuercen las acciones de inspección en los centros laborales para garantizar las condiciones de los inmuebles que sirven como centros de trabajo.
Precisamente por esta razón, los diputados y las diputadas de turquesa consideramos viable exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que refuerce las acciones de inspección en los centros laborales, a fin de garantizar las mejores condiciones de trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Saldívar Paz. Tiene el uso de la tribuna la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por dos minutos.
La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, siempre hay una luz de esperanza al final del camino. Diputadas y diputados, en estos difíciles momentos es cuando más debemos estar unidos. Las recientes catástrofes que ocurrieron afectaron a varias entidades del país. Esos terremotos que azotaron a nuestra nación dejaron a miles de damnificados que lo han perdido todo, a la familia, amigos e incluso en donde poder trabajar.
Un gran número de edificaciones han quedado con daños que a le fecha no han podido ser cuantificados en su totalidad, porque aún perdura el trabajo que actualmente mantienen los ciudadanos y autoridades del nivel federal y estatal.
Arquitectos aseguran que México ha aprendido del siniestro del 85, por lo que los daños pudieron ser mayores. Sin embargo, la corrupción está presente en todos lados, incluso en el tedioso proceso de obtener los permisos para construir, la calidad de los materiales seleccionados para ahorrarse costos o los daños no resueltos en sismos previos. Estos pudieron haber sido algunas de las causas de los desplomes registrados y que provocaron la muerte de decenas de ciudadanos.
El Colegio de Arquitectos advirtió que la construcción en el tiempo es dinero y resulta más conveniente realizar actos como tráfico de influencias, cohecho, entre otros, para agilizar los trámites burocráticos, teniendo mayores precios de venta, incertidumbre en la calidad de material y sin una certeza exacta de que el inmueble cumpla con las reglas de construcción.
Es por ello importante señalar que el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violación a la Legislación Laboral, en su artículo 9, fracción I, donde los inspectores están obligados a las diligencias que efectúe a vigilar que los centros de trabajo cuenten con las autorizaciones, permisos o certificados a que se refiere la ley, sus reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas, para que los ciudadanos tengan la certeza de que los inmuebles donde laboran cuenten con los requisitos y permisos necesarios de construcción y se descarte la posibilidad de que se colapsen en el caso de que pudiera haber un sismo de magnitud igual o mayor a los recientes.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en virtud de solicitar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en condiciones con las autoridades correspondientes a nivel federal y estatal a que refuerce las acciones de inspección de los centros laborales para garantizar las condiciones de trabajo, especialmente en aquellos inmuebles que sufrieron daño de carácter estructural, y en caso de observarse alguna condición de riesgo advertir a los trabajadores y suspender las actividades hasta en tanto se reestablezcan las condiciones de seguridad.
De igual forma, estamos de acuerdo en que una vez concluidas las inspecciones en materia de seguridad, se realice la publicación de los resultados de estas, informando puntualmente el total de centros de trabajo que han sido revisados, citando aquellos en donde se hayan emitido restricciones totales y parciales, asimismo, en aquellos que se haya obtenido alguna sanción.
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos a favor de salvaguardar no solo los derechos laborales de las y los ciudadanos, sino también el derecho a la vida, ya que el permitir que los trabajadores laboren en centros que no cuentan con los requisitos básicos de seguridad estaríamos exponiendo su integridad y seguridad personal...
La diputada María Victoria Mercado Sánchez: Fueron duros golpes a nuestros hermanos, pero que gracias a la sociedad civil y al Estado mexicano seguimos adelante. Como consecuencia estamos más unidos que nunca. Fuerza México. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Mercado Sánchez. Tiene el uso de la tribuna el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. En su momento, todos los grupos parlamentarios expresamos desde esta tribuna nuestro pesar por los efectos de los sismos acaecidos el pasado 7 y 19 de septiembre. Estos fenómenos sin duda cimbraron a México y el presente punto de acuerdo nos hace volver la vista atrás, pero ahora en aras de un mejor futuro para todos, pues ha quedado demostrado que los mexicanos somos fuertes ante las adversidades de la naturaleza.
Lo que busca este punto de acuerdo es que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en acompañamiento de las autoridades correspondientes, ya sea del nivel federal o estatal, refuercen las acciones de inspección en los centros laborales para garantizar que existan condiciones de trabajo seguras, y certificar que los centros de trabajo, luego de los recientes sismos de septiembre, no representen peligro o sean instalaciones con potencial de riesgo para los trabajadores.
Si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo en su Título Noveno, sobre Riesgos del Trabajo, y en el Título Decimoprimero, sobre Autoridades del Trabajo y Seguridad Social especifica las tareas de inspección en los centros de trabajo, es necesario que aclaremos que en el articulado de ambas secciones no se establece la posibilidad de hacer observaciones de carácter estructural, como lo precisa el primer resolutivo del punto de acuerdo que estamos discutiendo hoy, y que votaremos posteriormente.
Por lo anterior, hago hincapié en la importancia de este punto de acuerdo, y que es que las inspecciones de carácter estructural de los inmuebles las debe realizar personal técnicamente especializado, el cual depende de las autoridades de Protección Civil de los distintos niveles de gobierno.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde hacemos un llamado a los patrones, para que no cometan alguna precipitación que comprometa la seguridad personal de sus trabajadores, obligándoles a ingresar en centros laborales con daños estructurales.
Entendemos que para los patrones puede resultar difícil absorber los costos de no poder utilizar el 100 por ciento de sus centros de trabajo. Nosotros mismos, en esta Cámara, hemos tenido dificultades derivados de los daños en algunos edificios, pero pedimos que prioricen la integridad y la vida de los trabajadores.
Debemos seguir adelante, pero no podemos permitirnos que la cifra de víctimas crezca por no actuar con responsabilidad. Asimismo, se debe entender la importancia que tiene el hecho de que los trabajadores se sientan seguros para poder ser productivos y comprender que el proceso de asimilación de lo que pasó en estos sismos no es igual para todos. Es cuanto.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sandoval Rodríguez. Tiene el uso de la tribuna el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Buenas tardes. Compañeras y compañeros diputados, Morena está de acuerdo en este exhorto que se está presentando el día de hoy.
Es indudable que todos los inmuebles de las zonas afectadas por los terremotos de septiembre pasado deben ser inspeccionados y que en caso de que resulten un peligro latente para la ciudadanía se obra al respecto.
También, como lo marca el punto de acuerdo, es prioritario que se brinde información, a efecto de que dichas tareas proporcionen mayor certeza a los ciudadanos respecto a la viabilidad de ocupar o no estos edificios sin correr riesgo alguno.
El exhorto que se busca en la Secretaría de Trabajo y, en particular, al secretario de la misma, Alfonso Navarrete Prida, es que cumpla con su obligación para que junto con otras autoridades refuercen las acciones de inspección en los centros laborales, para garantizar condiciones de trabajo y que estas no representen un peligro y un foco potencial de riesgo de trabajo, no obstante que no se les dota del presupuesto necesario para que se lleve a cabo esta obligación que tiene la Secretaría del Trabajo, pero sí se le dota al presidente Peña Nieto con más de 10 mil millones tan solo para 2017, para gastos de publicidad. Yo no sé qué es lo que tenga que presumir un presidente que ha quedado mucho a deber a los mexicanos.
Algo necesario por lo que Morena va a estar a favor de este punto de acuerdo, es que se acabe con la corrupción que impera en este gobierno federal. Demandamos que esta inspección de trabajo sea permanente y que no solamente cuando hay algún accidente y es que de nueva cuenta, el sismo pasado del 19 de septiembre vuelve a revivir la tragedia del terremoto del 85, donde decenas de costureras murieron bajo los escombros.
Durante el 85 se descubrió que miles de ellas laboraban en empresas clandestinas con sueldos bajos y sin prestaciones, hoy la historia parece ser prácticamente la misma. Trabajan en condiciones deplorables hacinadas en edificios que se derrumbaron y de los cuales no pudieron salir porque permanecían encerradas, ahora 32 años después se repite la misma historia.
Una trabajadora, que estaba en el edificio de Bolívar 168 donde estaban estas costureras, mencionó a la cadena de noticias de BBC, había gente trabajando adentro, como 100 personas, dice, todas costureras, dice la persona, la gente que no salió del nivel 2 y 3 fueron los que quedaron atrapados.
Así en las primeras horas, como siempre, el pueblo de México sacó la cara ante un gobierno incapaz y en las primeras horas se rescataron a 14 personas, la mayoría de ellas costureras, según datos de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México.
Entre la revoltura de fierros y polvo fue encontrado un folder con papeles que dan cuenta que ahí, donde existieron dos fábricas textiles, trabajan también personas de origen chino y taiwaneses, ¿cuántos estaban ahí? Es la pregunta al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal, en particular a Alfonso Navarrete. ¿Cuántos? Ni ellos mismos saben, porque no han dado información pese a estas preguntas inexistentes.
Esta es la historia de la industria textil mexicana, en donde aproximadamente 300 mil empleos ocupados, en su mayoría por mujeres, se encuentran en el sector informal. Según cifras del Inegi, además los datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria, Costura y Confección, Vestidos, Similares y Conexos, el 19 de septiembre, señalan que las costureras sobreviven con salarios, además de hambre, que van de 650 a 700 pesos a la semana.
Por lo consiguiente, se tiene que obligar a que se cumpla con la inspección de trabajo – concluyo–, para señalar que en el 540 es obligación el cumplimiento de las normas de vigilancia de seguridad en el trabajo y, en su caso, informar a autoridades de las deficiencias y violaciones que se observen en empresas y establecimientos. Esto lo demandamos año con año y sin embargo, no se le da la importancia a la inspección ni se le otorga presupuesto, siendo que estas actividades serían claves para evitar estas tragedias. La omisión también es corrupción. Gracias.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Juárez Rodríguez. Tiene el uso de la tribuna el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Julio Saldaña Morán: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, los trágicos sismos del mes pasado sacaron a flote una larga cadena de errores, omisiones y negligencias que de no presentarse le hubieran ahorrado al país algo del mucho dolor que ha padecido.
Sin corrupción seguramente estaríamos hablando de una cifra menor de víctimas mortales y de damnificados.
Estos sismos también han revelado un sinfín de tareas pendientes como nos dejó el 85. Se creó la cultura de protección civil y se hicieron instituciones fuertes.
Este sismo también ha revelado un sinfín de tareas pendientes y muy en lo particular, por ejemplo, revisar los perfiles de los inspectores laborales y el incorporar dentro de los programas anuales de inspección que lleva a cabo la secretaría.
Y una prioridad de los pendientes, la revisión estructural de la edificación de determinados centros de trabajo, ese es un pendiente que hoy nos queda para que la Secretaría del Trabajo pueda incorporarlo y tengamos esa especialidad.
Porque el día de hoy, de acuerdo a los artículos y a la responsabilidad de la Ley Federal del Trabajo no están los estudios técnicos estructurales. Sin embargo, coincidimos y saludamos la buena intención del acuerdo presentado por la diputada Georgina Zapata en días pasados.
Incluso, apoyamos el mismo, sin embargo, queremos invitar a este pleno a reflexionar si en verdad creemos que el personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está capacitado para llevar a cabo revisiones estructurales en las distintas edificaciones. Creemos que no, porque el análisis del riesgo estructural es un área de ingeniería civil que requiere un alto grado de especialización. Pero escuché en la tribuna a la diputada y eso me da el punto de coincidencia.
Dijo que vamos a recurrir y se va acompañar con técnicos especializados en el estudio estructural, con la especialidad que demandamos y se requiere para evitar próximos accidentes en que lamentemos pérdida de vidas.
El PRD desde luego que estamos a favor de salvar vidas y estamos a favor de mejorar todo lo que sea en bien de la nación mexicana. Muchas gracias por su atención.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Saldaña Morán. Tiene el uso de la tribuna el diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.
El diputado Héctor Barrera Marmolejo: Con su venia, presidente. Sin lugar a dudas el 19 de septiembre es un día que jamás se nos olvidará a todos los mexicanos. Es un día trágico, estamos de luto y seguimos de luto la patria de México.
Los sismos de los días 7 y 19 de septiembre dejaron una profunda huella en la conciencia de los mexicanos. Estos lamentables acontecimientos representaron el dolor y la tristeza de muchos hogares del centro y sureste de México, pero también propiciaron la solidaridad espontánea de miles de ciudadanos para ayudar a los mexicanos en desgracia, como ocurrió en el terremoto de 1985.
Los mexicanos demostramos solidaridad una vez más. Es fuerza que nos une y alienta para superar los tiempos difíciles de la patria. En Acción Nacional también expresamos nuestro más sincero reconocimiento a las mujeres, a los hombres y jóvenes que participaron activamente en las tareas de auxilio a la población y rescate de los sobrevivientes.
Las secuelas de muerte y destrucción que dejaron ambos temblores son incalculables. Hasta el día de ayer el sismo del 19 de septiembre había provocado la muerte de 363 personas en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. A estas cifras se deben añadir las víctimas y daños ocasionados por el temblor del 7 de septiembre, en Oaxaca y Chiapas donde hay 300 mil personas damnificadas. De acuerdo con datos del gobierno federal, los dos sismos provocaron daños materiales en 153 ml viviendas, 12 mil 931 escuelas y mil 225 edificios históricos.
Ahora bien, una vez superada la emergencia, nos encontramos en la etapa de reconstrucción, un proceso que implica el esfuerzo de todos los mexicanos sin excepción alguna y justamente el punto de acuerdo que nos ocupa resulta fundamental en este sentido.
Es necesario que las diversas autoridades refuercen las medidas de inspección en aquellos inmuebles que resultaron afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de garantizar la seguridad de las personas que ocupan dichos inmuebles.
En Acción Nacional nos pronunciamos a favor que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las demás autoridades federales, estatales, revisen las condiciones estructurales de los centros laborales para garantizar que las condiciones de trabajo no representan peligro para los trabajadores. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el sector patronal está obligado a garantizar la seguridad de los trabajadores en cada uno de los centros laborales del país.
Diputadas y diputados, en Acción Nacional respaldamos todas las acciones preventivas encaminadas a proteger la integridad de los trabajadores, pero sobre todo de todos los ciudadanos en general.
Es por ello que nos unimos a este punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que refuerce las acciones de inspección estructural, de los centros laborales, de las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de garantizar las condiciones de seguridad para los trabajadores y que se hagan públicos los resultados de las inspecciones realizadas, tales como el número de centros de trabajo revisados, restricciones totales o parciales y, en su caso, los lugares que fueron sancionados por incumplimiento de la ley.
Es relevante también, que se nos pase un censo absoluto y total de cómo se va a aplicar el Fonden en todas las entidades federativas, sin discriminación alguna. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Barrera Marmolejo. Agotada la lista de oradores. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el presente punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el presente punto de acuerdo.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Armando Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa para que informe a la opinión pública el destino otorgado a los recursos asignados al programa de fomento a la agricultura, en el componente Proagro productivo. Adelante, diputado.
El diputado Armando Rivera Castillejos: Con su venia, estimado presidente. Estimados diputados. El tema que nos ocupa el día de hoy no es un tema menor. Es el resultado del dictamen formulado por parte de la Auditoría Superior de la Federación y entregado a esta soberanía el pasado mes de julio, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la Sagarpa para verificar los recursos asignados al programa de fomento a la agricultura en el componente de Proagro productivo.
Este programa tiene como finalidad el mejoramiento de la productividad agrícola a través de la compra de fertilizantes y semillas, productos de control fitosanitario, mano de obra, maquinaria, equipo e implementos agrícolas, acceso al crédito y adquisición de combustibles, entre otros aspectos.
Resulta grave, muy grave y lastimoso para el erario público que la auditoría haya arrojado, entre otros, los siguientes resultados: Pagos en demasía por más de 47 millones de pesos al autorizar incentivos por superficies superiores a las que correspondían, pago de apoyos por casi 5 millones de pesos a personas que fallecieron antes de la fecha de la autorización. Es decir, en la Sagarpa se les paga a los muertos, 147 servidores públicos que no se excusaron de intervenir en actividades directamente vinculadas a los asuntos relacionados con el componente, mostrando un claro conflicto de intereses en el desempeño de su cargo.
Se reportaron más de 25 mil beneficiarios que no acreditaron la vinculación de incentivos por casi 80 millones de pesos. Es decir, hay un claro desvío de recursos de más de 113 millones de pesos en la Sagarpa.
La auditoría realizada acredita una desafortunada e injustificable falta de control en el otorgamiento, actualización de padrones y en el seguimiento de apoyos asignados al componente de Proagro Productivo.
Indiscutiblemente es obligación de los servidores públicos encargados de la ejecución de cualquier presupuesto y programa, actuar con probidad en el cumplimiento de su encargo, dignificar la función pública tan desprestigiada en nuestro país, pero es evidente que en la Secretaría de Agricultura esto no ha ocurrido.
Por eso al interior del Grupo Parlamentario de Acción Nacional vemos con enojo y decepción la actuación de los servidores públicos de Sagarpa, quienes destinaron de manera inadecuada los recursos correspondientes a la ejecución del programa de Fomento Agrícola, principalmente, insisto, en el componente de Proagro Productivo.
Tomando en cuenta lo anterior, es apremiante en esta coyuntura de discusión del Proyecto del Presupuesto de Egresos 2018, vigilar el ejercicio de los recursos para que sean aplicados en los programas o componentes a los que fueran asignados.
Es –pues– necesario llevar a cabo un verdadero ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de manera oportuna.
Nuestro país ya está harto, los mexicanos ya estamos cansados de que los recursos públicos no lleguen a la gente, que los servidores públicos no ejerzan el gasto con el fin establecido, que los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal no cumplan cabalmente con el encargo conferido.
Los resultados de esta auditoría muestran, pues, que el secretario Calzada, quien está al frente de la Sagarpa, conoce muy bien el campo, pero el campo de golf donde pasa más tiempo que con los campesinos de este país.
Nos queda muy claro que el titular del ramo desconoce la problemática del sector agroalimentario de este país. Pues solo así se explica que en estos dos años que lleva a cargo de la dependencia, no haya podido solventar las observaciones de la auditoría y siga desviando dinero público para otros fines que no fueron autorizados por este Congreso.
No omito comentar que esta proposición que hoy expongo a su consideración fue aprobada por unanimidad en la Tercera Comisión de la Comisión Permanente el pasado verano.
Por todo lo antes expuesto y derivado de la necesidad de conocer cuál fue el destino que se le dio al recurso establecido, desde esta tribuna levantamos enérgicamente la voz para exhortar al secretario José Calzada Rovirosa, a fin de que explique a la población sin dilación ni engaño alguno, el destino concedido a los recursos otorgados a Proagro productivo.
Espero contar con su apoyo, compañeros, pues es deber de los legisladores vigilar el destino y la aplicación efectiva de los recursos públicos que esta Cámara autoriza al Ejecutivo para su ejercicio. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Armando Rivera. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si el punto de acuerdo presentado se considera de urgente u obvia resolución.
El diputado José Hugo Cabrera Ruiz (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Vamos a hacer la votación de urgente u obvia, señor diputado, para poder entonces entrar a la discusión y posteriormente si es otro tema, le damos la palabra.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Al no considerarse de urgente u obvia resolución, el presente punto de acuerdo se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul del diputado Hugo Cabrera. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado José Hugo Cabrera Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado. Nada más para comentar y decirle a mi amigo y paisano, el diputado Armando Rivera, que lamento que no se le haya pasado la información. Desde el 8 de septiembre en la Comisión de Agricultura, de la cual soy...
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Perdón, diputado. No se obsequió el asunto de urgente u obvia.
El diputado José Hugo Cabrera Ruiz (desde la curul): No, nada más...
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: No podemos discutir el tema aquí, se va a discutir en comisiones.
El diputado José Hugo Cabrera Ruiz (desde la curul): No, solamente es una precisión, presidente...
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Y le pido que las observaciones se hagan en ese espacio.
El diputado José Hugo Cabrera Ruiz (desde la curul): Que ya está el tema solventado, ya fue recibido el informe de Sagarpa, se le hará llegar por parte de la Comisión de Agricultura. Es cuanto, presidente.
El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver sonido en la curul del diputado Salvador Zamora. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido, solamente para lamentar que no se haya podido discutir este tema en el pleno, en esta máxima tribuna de la nación. Y, bueno, decir que Movimiento Ciudadano siempre va a estar a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, particularmente en temas que tienen que ver con personas que más lo necesitan en este campo con los afiliados a este programa tan importante para los campesinos de México. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Reitero, no se obsequió la urgente u obvia, solo para equilibrar –como lo ha hecho el presidente de la Mesa– las intervenciones le doy la palabra al diputado Armando Rivera. Brevemente, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos (desde la curul): Opiniones del diputado Hugo Cabrera. Está aclarando que ya la Sagarpa dio respuesta a algo que no se votó en la Comisión Permanente y no me obsequian aquí la votación para que el secretario Calzada aclare. Entonces, cómo es que ya aclaró algo que no se le ha pedido.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Reitero, diputado, no se obsequió lo urgente u obvio, la discusión se traslada a la comisión.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía expresa su solidaridad a los comunicadores Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, Ricardo Raphael de la Madrid y María Amparo Casar Pérez, y condena cualquier acto que pudiera considerarse como censura, suscrito también por el diputado Francisco Martínez Neri. Adelante, diputado.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el noticiero radiofónico Enfoque, de Radio Mil, el pasado miércoles 4 de octubre, el periodista Leonardo Curzio anunció que renunciaba al programa noticioso matutino en razón de que fue presionado para despedir a dos de sus colaboradores con el pretexto, según la empresa, de que su programa tenía baja audiencia en esos minutos.
Una vez más se presenta el mismo esquema de censura que ejercen los medios de comunicación y presumiblemente el gobierno federal o funcionarios del mismo. En muchas ocasiones, desde el Grupo Parlamentario del PRD hemos insistido en que es necesario garantizar los derechos de las audiencias respecto del abusivo ejercicio del poder sobre los medios de comunicación, sea por presiones externas o porque así conviene a algunos intereses políticos.
Justamente el impulso que dimos en su momento para aprobar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones obedeció a nuestra convicción de construir un marco jurídico que permitiera ir abriendo a la libre competencia el espectro radioeléctrico de nuestro país, especialmente en radio y televisión, pero también junto con ello, de manera sustancial para que los derechos de las audiencias se plasmaran en la Constitución y en la ley de la materia, con el propósito de que se respetaran plenamente.
En un Estado democrático es fundamental que se respete la libertad de expresión y la libertad de prensa, que haya mayores espacios para la participación de los ciudadanos, que se eleve el nivel del debate público en los medios de comunicación, y sobre todo que se logre la democratización de los medios de comunicación, lo cual debe ser un ejercicio compartido entre los diversos actores políticos, concesionarios y la opinión pública, es decir las audiencias.
Es por eso que este caso que nos ocupa es muy delicado, dado que estamos en el inicio del proceso electoral más amplio y complejo que hayamos tenido en toda nuestra historia contemporánea, que renovará la Presidencia de la República, la totalidad del Congreso de la Unión y habrá elecciones locales en casi todos los estados de la República.
Por ello justamente, la libertad de expresión y opinión en los medios de comunicación debe estar garantizada y, en paralelo, el derecho de las audiencias debe prevalecer sobre cualquier interés particular. El hecho que referimos por la información que ha trascendido a la opinión pública, el del noticiario Enfoque, nos da elementos suficientes para suponer que estamos frente a un caso de censura de periodistas y comunicadores, así como de la violación a los derechos de las audiencias que en otros países –hay que decirlo– no solo están garantizados, sino que cuentan con mecanismos que permiten su exhibilidad y protección.
Por lo anterior, proponemos que esta Cámara de Diputados exprese su solidaridad a los comunicadores Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, Ricardo Raphael de la Madrid y María Amparo Casar Pérez, y que condene cualquier acto que pudiera ser considerado como censura. Asimismo proponemos que el Ifetel, en ejercicio de sus facultades investigue este caso y actúe en consecuencia, para hacer prevalecer el Estado de derecho.
No es una actitud antiempresarial la nuestra, sino de defensa de derechos. El Grupo Parlamentario del PRD se pronuncia por el pleno respeto del derecho de las audiencias y de la libertad de expresión, así como por la integridad de las y los periodistas y comunicadores, porque son parte sustancial de toda democracia.
No debemos permitir que en nuestro país, México, se hagan excepciones y como legisladores debemos velar porque prevalezcan los preceptos constitucionales fundamentales y uno de ellos es sin duda la libertad de expresión.
Quiero informar, presidente, compañeras, compañeros diputados, que el punto de acuerdo que aparece publicado en la Gaceta, originalmente tres aspectos en búsqueda de un acuerdo entre los diversos grupos parlamentarios, se redujo a dos, eliminando una parte que se refería a la posible participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que de parte de una de las bancadas del PRI planteó, de acuerdo con sus consideraciones, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no podía intervenir en un asunto entre particulares y, en búsqueda del consenso, entonces junto con otras modificaciones para que estuviera apegado plenamente a las leyes vigentes, quedaría de la siguiente manera:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, expresa su solidaridad con los comunicadores Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, Ricardo Raphael de la Madrid y María Amparo Casar Pérez, y condena cualquier acto que pudiera ser considerado como censura.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones dé vista al defensor de audiencias para que inicie una queja por las conductas de los directivos de la empresa Núcleo Radio Mil, respecto a posibles violaciones cometidas contra lo establecido en el capítulo IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y hacemos entrega a la Secretaría de la misma, o a la Mesa, la Secretaría. Y es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Jesús Zambrano. Ya fue leída la modificación al punto de acuerdo presentado, por lo tanto y para los efectos del artículo 100, del Reglamento de nuestra Cámara, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el punto de acuerdo presentado se considera de urgente u obvia resolución.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente u obvia resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de nuestra Cámara, se han registrado para la discusión de esta propuesta diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios, que se encuentran aquí en la Cámara de los diputados, y por acuerdo de los diferentes grupos se va a conceder el uso de la palabra por un minuto y desde su curul a las diputadas y diputados que han estado inscritos.
Por tanto, tiene el uso de la palabra, desde su curul, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por un minuto, adelante, diputada. Sonido en la curul de la diputada, por favor. Sonido en la curul de la diputada, por favor. Adelante, diputada.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (desde la curul): Compañeras y compañeros legisladores, en recientes días nos enteramos que el periodista y politólogo Leonardo Curzio dejaría el noticiero Enfoque. Lo anterior ante la exigencia del Grupo Radio Mil de que saliera de dicha emisión Ricardo Raphael y María Amparo Casar.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que no es posible construir una democracia si no imperan las condiciones necesarias para garantizar la libertad de expresión.
Justamente para garantizar y hacer valer la libertad de expresión se en incluyó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un capítulo que establece que las audiencias tendrán el derecho de recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones, que fortalezca la vida democrática de la sociedad mexicana.
Del mismo modo, queremos subrayar que nuestro compromiso es con la defensa de la libertad de expresión, ya que es mediante la libre manifestación de las ideas como se construye la democracia.
Las y los diputados turquesa estamos convencidos de que un público más informado que escucha opiniones diversas es más exigente con sus gobernantes, es un derecho humano, el cual exigimos.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ocampo Bedolla. Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por un minuto. La diputada quiere hacer uso de la tribuna, no se lo podemos negar. Adelante, diputada.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladoras, legisladores y ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso. Como lo hemos dicho en Movimiento Ciudadano en ocasiones anteriores, en México la libertad de expresión vive una grave crisis, con la revelación del espionaje a través de Pegasus, las y los mexicanos confirmamos que a este gobierno no le gusta la crítica ni el diálogo democrático.
Hoy, una vez más, se pretende callar a una de las pocas voces libres y críticas que se encuentran en los medios de comunicación.
Diré algo real, en este país, desafortunadamente, cuando algo no le parece al gobierno, extrañamente algunos periodistas desaparecen, algunos se encuentran asesinados y otros a los que les va medianamente bien se les saca del aire.
No es el único caso el que hoy nos atañe, está el caso anterior de Carmen Aristegui. La continua salida de los medios de las voces y personajes que se muestran críticos con el sistema hablan en el fondo del enrarecido ambiente que ha creado alrededor de todas estas salidas el gobierno, que obedecen en muchos casos a códigos no inscritos en los medios de comunicación y que las decisiones de estos medios responden enteramente a lo que ya sabemos aquí y todos lo conocemos: a presiones económicas y no a fines públicos, a pesar de que los espacios a través de los cuales transmiten son concesiones públicas. Y público no significa al servicio del partido en el gobierno.
Lo que sucedió es que los dos comentaristas en el espacio de Curzio dijeron claramente que era ridícula la propuesta del PRI acerca de los plurinominales y que era una verdadera burla a la gente que se estuviera diciendo que se daba recurso y que se quisiera que los recursos se le entregaran en las manos a Peña Nieto, para que decidiera en el desastre a dónde iban a ir y que se usarían políticamente.
Y casualmente, después de esto, le piden a Curzio que los saque del aire, a Mario Amparo Casar y, por supuesto, a Ricardo Raphael. Él no acepta y es lo que hoy nos tiene aquí. El IFT no ha podido y no ha querido actuar para atender la preocupante crisis de contenidos en los medios.
Por supuesto, se trata aquí también de censurar a los que subimos a hablar en contra, de que se acallen las voces...
La diputada Claudia Sofía Corichi García: ...de las y los comunicadores que están disintiendo con quienes están hoy en el gobierno. Y lo decimos aquí: queremos vivos a los periodistas, los queremos con su voz en los espacios que le pertenecen al pueblo.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: No más acallados, no más muertos, no más asesinados y no más falta de transparencia en los medios de comunicación, para solo sacar las versiones del PRI y de su gobierno...
La diputada Claudia Sofía Corichi García: ...que está por ser oposición, porque la gente no aguanta más. Es cuanto, presidente.
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Corichi García. Tiene el uso de la voz el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Sonido en la curul del diputado. Adelante, diputado.
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (desde la curul): Gracias, presidente. La semana pasada, concretamente el día miércoles 4 de octubre, Leonardo Curzio, investigador, comunicador y analista político renunció a su cargo como conductor del programa Enfoque Noticias, y director de noticias del Núcleo Radio Mil.
Al momento de explicar las razones que motivaban su renuncia destacó la exigencia de los directivos de la estación para despedir a sus compañeros y colaboradores Ricardo Rafael y María Amparo Casar, aduciendo que durante uno de sus segmentos, denominados Las Tertulias, los índices de la audiencia eran demasiados bajos.
En primer lugar el sistema económico en el que vivimos y nos desenvolvemos está determinado por la oferta y la demanda, mediante este principio básico nuestro modelo económico crea riqueza y bienestar para todos, sin embargo una empresa que no es rentable es destinada a desaparecer y las empresas radiofónicas no pueden abstraerse de lo anterior.
En ese sentido, estamos ante un conflicto laboral entre dos particulares, por tal motivo dicha disputa tendrá que ser resuelta por las instancias indicadas y por las autoridades competentes.
Por todo lo anterior, consideramos que este asunto no compete resolver a la Cámara de Diputados, dejemos que sean las instancias encargadas de impartir justicia en materia laboral quienes resuelvan la controversia suscitada entre Enfoque noticias y el señor Curzio.
Al tenor de lo expuesto con anterioridad, manifiesto que mi grupo parlamentario votará en contra del presente punto de acuerdo, pero no puedo dejar de recalcar que el Partido Verde tiene un firme compromiso a favor de la defensa de los derechos de las audiencias y también, por supuesto, de la libertad de expresión y de prensa, esenciales para la subsistencia y de un régimen democrático como el nuestro. Es todo.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Márquez Alvarado. El uso de la voz, para el diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena. Sonido en la curul del diputado, por favor. Adelante, diputado.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Decía Nicolás Maquiavelo que el fin justifica los medios. En este caso es aplicable esa frase, porque el fin es deshacerse de la molestia de un crítico que debe utilizar los medios de comunicación para ejercer libremente su profesión.
La renuncia y despido de los periodistas del núcleo Radio Mil es una franca violación a la Ley Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué órdenes recibió el corporativo Radio Mil para proceder a la cancelación de los servicios de los periodistas? ¿Dónde está la autoridad del órgano constitucional autónoma, el IFT, responsable de cumplir y hacer cumplir la ley? Los periodistas tienen coartada la libertad de expresión.
Morena ha presentado, entre otras, una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para defender los derechos de la libertad de expresión también desde el punto de vista laboral. Es una iniciativa que otorga a los periodistas la objeción de conciencia, pero para garantizar los derechos y libertades, tanto de los informadores, como de los ciudadanos a ser informados, para que las instrucciones del Poder Ejecutivo no vulneren la libertad de expresión.
Votaremos este punto de acuerdo a favor porque es preciso que la autoridad competente, con apego a su autonomía constitucional, cumpla con lo que la ley mandata, porque así como han amenazado, violentado y asesinado a periodistas que denuncian al gobierno, también imponen una mordaza a quienes osan poner en evidencia la impunidad, la corrupción y la podredumbre que está llevando a nuestro país a la debacle económica, política y social. Gracias, compañeros.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero Pedraza. Tiene el uso de la voz el diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por un minuto.
El diputado Exaltación González Ceceña: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. A todo el pueblo de México. Primero que nada, el Grupo Parlamentario del PAN le brinda y le otorga todo su apoyo al periodista Leonardo Curzio, así como a los comentaristas Ricardo Raphael y María Amparo Casar, por el severo golpe a su libertad de expresión.
La salida de Leonardo de Enfoque noticias, es consecuencia sin lugar a dudas de haber incomodado o molestado con su ejercicio periodístico a quienes hoy están en el gobierno federal y prometieron mover a México.
Hay quienes confunden la situación. Los espacios periodísticos no son concursos de rating, son espacios de la sociedad y cualquier periodista tiene derecho a hacer uso de ellos.
En el PAN estamos cansados de ver cómo sistemáticamente los gobiernos emanados del PRI intentan coartar la libertad de expresión y los periodistas están en constante peligro y temor.
El Grupo Parlamentario del PAN pedirá formalmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigue a fondo de dónde viene este duro golpe a la libertad de expresión. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Exaltación González Ceceña. Tiene el uso de la voz la diputada Carolina Monroy del Mazo, del Grupo Parlamentario del PRI. Sonido en la curul de la diputada por favor. Sonido en la curul de la diputada. Adelante, diputada.
La diputada Carolina Monroy del Mazo (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Ser oposición es francamente muy sencillo, se trata simplemente de cuestionarlo todo, se trata de difamar, se trata simplemente de calumniar, de descalificar.
Estimados compañeros y compañeras, podemos disentir en la ruta pero me parece que convergemos precisamente en los propósitos. De ninguna manera podemos aceptar las insinuaciones absurdas que pretenden señalar al gobierno de la República como alguien que desea limitar la libertad de expresión.
Refrendamos no solamente el respeto e incluso admiración por periodistas, académicos tan serios e importantes como Leonardo Curzio, Ricardo Rafael y María Amparo Casar. Creemos que si algo habrá para ellos en el futuro es un amplio espacio de participación, su calidad así lo habrá de permitir.
Creemos también que la empresa Núcleo Radio Mil tiene absoluto control sobre sus decisiones y formas de administración.
Nuestro partido, el Revolucionario Institucional, desde luego que expresa su mayor compromiso con este punto de acuerdo que votaremos a favor, pero de ninguna manera, de ninguna manera asumimos esa insinuación –como lo dije en un principio– de las fuerzas oscuras que desean obstaculizar las diferentes ideologías, los diferentes puntos de vista y –desde luego– coartar la libertad de expresión.
Nuestro principio democrático fundamental, precisamente consiste en garantizar como un partido de demócratas, justamente esa libertad para converger también en el disenso. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Carolina Monroy. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el punto de acuerdo presentado con las modificaciones de los promoventes, se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el punto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo con la modificación presentada por el promovente.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo con la modificación presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado, comuníquese.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:
1o. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación.
2o. De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
3o. De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
4o. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
5o. De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social.
6o. De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.
7o. De las Comisiones Unidas de Ganadería y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.
8o. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 322 Bis y un segundo párrafo al artículo 328 de la Ley General de Salud.
9o. De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el tercer domingo de marzo de cada año, como el Día Nacional del Tequila.
10o. De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6; 19, fracción VII y 36, fracciones V y VI de la Ley General de Desarrollo Social.
11o. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Migración.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, secretaria. Y, de conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple la declaratoria de publicidad. En las próximas sesiones estaremos procesando la votación respectiva.
Aprovecho este momento para darle la más cordial bienvenida y saludar a los alumnos y docentes de la preparatoria Inedib, que nos visitan esta mañana, y que son invitados de nuestra vicepresidenta, la diputada Martha Hilda González Calderón. Bienvenidos. Que tengan un buen rato aquí en la Cámara de Diputados.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.
Quero explicar a la asamblea, antes de iniciar el debate de este dictamen, que tenemos inscritos, además del fundamento de la comisión, el posicionamiento de todos los grupos parlamentarios. Pasaríamos después a la discusión en lo general y están inscritos siete oradores de distintos grupos parlamentarios, pero todos los oradores son en pro.
Por lo tanto, al pasar tres oradores tal y como lo establece el Reglamento, la Mesa va a preguntar si se encuentra suficientemente discutido. La Mesa no tiene ningún inconveniente en que otros oradores en pro también se expresen, por lo que les pediríamos sírvanse a aprobar como asamblea que pasen otros tres oradores y haremos los propio con el restante.
Así es que, hechas estas aclaraciones, vamos a darle el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado al señor presidente de la Comisión de Justicia, el diputado don Álvaro Ibarra Hinojosa, para fundamentar el dictamen en materia de desaparición forzada de personas a nombre de la Comisión de Justicia.
El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy presento a su consideración de este honorable pleno, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y se derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. Lo anterior es relevante ya que en México desde hace tiempo enfrenta un problema serio en materia de desapariciones.
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se tiene constancia, es de más de 30 mil personas desaparecidas. Diversos organismos internacionales han establecido que el delito de desaparición forzada de personas en nuestro país no responde a estándares internacionales, lo que impacta en la investigación, persecución y sanción de dicho delito.
La falta de legislación idónea al respecto impacta directamente en las víctimas de la desaparición y de sus familiares. Por ejemplo, al no haber mecanismos claros para la indagación, se ha propiciado que las autoridades que revisan la investigación no tengan la coordinación o la información suficiente para la búsqueda, o en algunos casos que los propios familiares realicen la búsqueda de sus seres queridos, muchas veces arriesgando su integridad.
También, compañeras y compañeros, en muchos casos que se enfrenta este problema legal de índole crediticio o civil, ya que la legislación actualmente no es homogénea en reconocer los derechos que deben prevalecer cuando una persona se encuentra desaparecida.
Quienes integramos las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos coincidimos en la necesidad de escuchar las justas exigencias de las víctimas y sus familiares, por lo que, por amplia mayoría en la reunión de comisiones, todos los partidos políticos votamos a favor de la ley, misma que contempla lo siguiente.
La tipificación de la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares conforme a estándares internacionales, lo cual permite mayor garantía a las víctimas y a una mejor persecución de este fenómeno, por lo que estos delitos se perseguirán de oficio y tendrán carácter permanente y serán imprescriptibles.
El establecimiento de la declaración especial de ausencia, con la finalidad de proteger los derechos de las personas desaparecidas, así como también de brindar la seguridad y tranquilidad a sus familiares.
Algunos beneficios son la protección de sus bienes, incluidas cuestiones crediticias hipotecarias, el mantenimiento de los derechos sociales, quienes dependan de una persona desaparecida, y la suspensión provisional de los actos jurídicos en contra de sus derechos o bienes. Esto responde a una serie de necesidades inmediatas de los familiares de personas desaparecidas. La declaración especial de ausencia logrará brindarles tranquilidad durante el difícil proceso al que enfrentan.
La creación del sistema nacional de búsqueda de personas, el cual operará en coordinación con diversas autoridades, lo que permitirá agilizar y hacer más eficiente la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, atendiendo al derecho a la verdad de las víctimas.
La instauración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, principal herramienta para la realización de las investigaciones. El reconocimiento de la reparación integral del daño, con lo cual se busca que las víctimas puedan superar los hechos victimizantes y materializar su proyecto de vida.
Con la expedición de esta ley, México será el primer país con una legislación especializada en esta materia, garantizando los derechos como la verdad, la justicia y la reparación.
Compañeras y compañeros diputados, como representantes de la nación es nuestra responsabilidad dar voz a quienes están ausentes y brindar tranquilidad a sus familias. Debemos garantizar que el tiempo no signifique olvido y evitar que el sufrimiento de las víctimas sea silenciado, sobre todo debemos asegurar que el crimen no quede impune.
Por lo tanto, exhorto a votar a favor del presente dictamen, acción histórica e impostergable para atender uno de los flagelos que más ha impactado a nuestro país. Es cuanto, señora presidente.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado en primer lugar para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, y con esto le concedo el uso de la palabra, a la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la sociedad en su conjunto condena enérgicamente a la desaparición forzada y reconoce el compromiso derivado del deber impuesto por nuestra Carta Magna y por los instrumentos internacionales de protección a la persona humana, que constituye obligaciones vinculantes que hacen indispensable la armonización legislativa que permita su debida instrumentación.
Los principales instrumentos en la materia son, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 1992, así como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2005, vigente para México desde 2010, la que en su artículo 2o. define la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento, de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
En 2013, el gobierno de la República dio a conocer, que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2012 habían desaparecido 26 mil 121 personas, derivado de lo anterior múltiples legisladores de distintos grupos parlamentarios, algunos trabajando conjuntamente con distintos colectivos sociales, se dieron a la tarea de presentar diversas iniciativas en esta materia.
Por su parte, el Estado mexicano emprendió, entre otras acciones para la atención de este problema, la creación de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y la suscripción del convenio de colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, del actual se derivó la creación de un grupo de trabajo de desaparición forzada, en la que participa el Comité, la Secretaría de Gobernación, la PGR, la Policía Federal, para abordar de manera integral este problema.
El dictamen de la minuta que hoy nos ocupa, tiene por objeto expedir la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, así como reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley General de Salud.
Estas últimas, a fin de armonizar y articular el sistema jurídico, al derogar tipos penales que ahora serán regulados por la Ley General en comento. Así como adecuar lo relativo al tratamiento de cadáveres y restos de personas no identificadas.
La minuta en comento comprende aquellos puntos referidos por el informe emitido por el grupo de trabajo antes referido y contiene disposiciones de avanzada en materia de derechos humanos.
Tomando en consideración la experiencia nacional e internacional, las previsiones de los tratados internacionales y las observaciones y recomendaciones hechas a nuestro país por los sistemas universal e interamericano de derechos humanos, asimismo establecen la distribución de competencia y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, así como esclarecer los hechos.
En esta oportunidad, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará en favor del dictamen de mérito.
Celebramos que el Congreso de la Unión en el ámbito de su competencia atienda esta grave problemática. Se lo debemos a las víctimas, a sus familiares, se lo debemos a México y a sus generaciones por venir.
Un país verdaderamente comprometido contra la desaparición forzada es posible. Por eso, hagámoslo nosotros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Ana Guadalupe Perea Santos.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos Gutiérrez García: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, México atraviesa por una profunda crisis en materia de derechos humanos, así lo han manifestado diversas organizaciones internacionales, quienes reiteradamente señalan que el territorio mexicano se sigue percibiendo como un lugar en donde de manera cotidiana se violan los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
La desaparición forzada de las personas forma parte de este clima de violaciones a los derechos fundamentales, que data de la época de la llamada Guerra Sucia, iniciada en la década de los años sesenta.
Más allá, la desaparición forzada en México no solo se lleva a cabo por motivos políticos, ahora se vive un nuevo fenómeno de desapariciones perpetradas por el crimen organizado, que se han extendido a sectores de la población que no representan oposición política al Estado.
En Nueva Alianza creemos firmemente en el respeto a las libertades fundamentales y el Estado de derecho. Por ello, estamos plenamente comprometidos en la búsqueda de la verdad sobre las personas que de manera forzada han desaparecido.
El dictamen por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas brinda los mecanismos para garantizar que la desaparición forzada de personas no quede más en la impunidad.
En primer lugar, porque prohíbe la prescripción del delito de desaparición forzada, para el cual no aplicará ni amnistías ni indultos que puedan conducir a la impunidad. Además, establece los tipos penales en materia de desaparición de personas, así como sus sanciones, que pueden llegar hasta los 90 años de cárcel.
Es de resaltar la creación de la declaratoria especial de ausencia, que procederá a tres meses de iniciada la búsqueda a petición de los familares del desaparecido, a quienes, además, se les otorgarán los medios y las medidas de asistencia necesarias durante el procedimiento de búsqueda.
Asimismo, establece la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, un Registro Nacional de Fosas, un Banco Nacional de Datos Forenses, además del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y una Comisión Nacional de Búsqueda, atendiendo con ello una de las principales demandas de los familiares de las víctimas.
De igual manera, contempla los mecanismos de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, para prevenir, sancionar y erradicar este aberrante delito.
Compañeras y compañeros, con este dictamen respondemos a la obligación que tenemos con la sociedad, pues mientras no podamos garantizar la seguridad integral de los ciudadanos, tendremos una deuda pendiente con ellos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario del de Nueva Alianza.
Permítanme abrir un paréntesis para saludar la presencia de estudiantes y profesores de la licenciatura en Economía y Finanzas de la Universidad Iberoamericana Campus del estado de Puebla. Invitados por nuestra compañera, Fabiola Rosas Cuautle. Muchas gracias por su presencia.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación, se le concede el uso de la palabra a la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. Hoy nos acompañan familiares de Veracruz, Jalisco, Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Tamaulipas. Muchas gracias por estar aquí.
Hace varios años en esta tribuna, una mujer clamó por la búsqueda de las y los desaparecidos y ella debemos tenerla en cuenta aquí hoy y traerla a nombrarla, la señora Rosario Ibarra de Piedra, a quien le desaparecieron a su hijo. Desde entonces esta práctica no ha disminuido, sino al contrario, pareciera que hoy estamos peor que el dictamen que hoy discutimos es el reflejo del doble dolor de cientos de familias que han padecido la desaparición de familiares y seres queridos.
Desde los años setenta del siglo pasado, durante la llamada Guerra Sucia, vivimos el flagelo de la desaparición forzada, casos como el de Jesús Piedra, Rosendo Radillo y hoy los 43 de Ayotzinapa, así como los que cada día se suman más, han sido el grito de: vivos se los llevaron, vivos los queremos. La desaparición forzada constituye un acto de abuso de poder por parte de la autoridad, un abuso de poder porque se conculca en perjuicio de la víctima, el principio de presunción de inocencia se borra. Un abuso de poder porque se avasallan los derechos humanos y garantías de las víctimas.
El dictamen que hoy discutimos contiene un avance que a muchos pudiera parecer insuficiente, pero que es de las pocas leyes que cuenta con el aval de familiares de las víctimas. En Movimiento Ciudadano creemos que es perfectible, pero estamos conscientes que queremos y vamos a aprobarla. Esperemos que haya 485 votos para que la voten.
La imprescriptibilidad del delito que aun cuando operara a partir del inicio de la vigencia de esta norma es un avance, así como la responsabilidad de los superiores jerárquicos del autor material del delito de desaparición forzada de personas, serán considerados también autores del delito; también la desaparición forzada por particulares, la desaparición de un cadáver por diferentes métodos, entre otros.
Se prevé una Comisión Nacional de Búsqueda cuyo objeto es dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. No nos parece viable la propuesta de que el titular de dicha comisión sea designado por el presidente, ya que el gobierno federal, a quien se le imputa el mayor número de actos de desaparición forzada, además será el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, como lo establece el artículo 50.
Esto es un riego porque es poner todo el sistema en manos del gobierno. Pero creemos que debe establecerse un organismo descentralizado y no sectorizado. Seguiremos impulsándolo.
Por otro lado, esta ley debe contar con los recursos económicos para su operación y eso lo vamos a tener que integrar en el Presupuesto de Egresos a punto de empezar la discusión.
La creación del consejo nacional ciudadano, de fiscalías especializadas en el ámbito federal y en los estados, el registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, la creación del banco nacional de datos forenses; en este sentido en la fracción ciudadana propusimos el instituto nacional de antropología forense que todavía no ha sido votado.
Sobre este tema creemos que falta también el registro de marcas genéticas, como lo ha recomendado la Comisión Nacional de Derechos Humanos y será una tarea a los ministerios especializados.
Se reconocen los derechos de las víctimas, se incorporan las medidas de reparación integral del daño como un reconocimiento a la responsabilidad del Estado por acción y omisión en la desaparición forzada de personas.
No quiero dejar de mencionar que Jalisco es la tercera entidad con más casos registrados de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas con un 8.9 por ciento del total nacional, y antecedido solo por el estado de México y Tamaulipas. Hasta el momento las cifras de denuncias ante la Fiscalía General del estado sobre Personas Desaparecidas es de 2 mil 430. Durante el periodo de 2006 a 2016 los reportes de desapariciones se duplicaron en la entidad de 987 a mil 950.
Aunque las autoridades estatales no tienen registros actualizados, sin embargo reportaron que en 2015, mil 161 mujeres desaparecieron en Jalisco, la mayoría menores de 18 años. Jalisco es el quinto estado con mayor número de mujeres adolescentes desaparecidas con una cifra de 139.
Vamos a destiempo, pero esta larga espera que valga la pena y que ninguna familia vuelva a padecer la angustia de no saber de un ser querido. En memoria de ellos votaremos a favor. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Candelaria Ochoa Ávalos.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Hasta por cinco minutos se le concede el uso de la palabra a la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lia Limón García: Con la venia de la Presidencia. No hay dolor más grande que a mí me haya tocado ver, el de una persona que está buscando a un familiar, el de las madres –hoy aquí algunas de ellas presentes– que por años han estado buscando a sus hijos.
A las víctimas de este delito les debemos la aprobación de la ley, a las víctimas de este delito les debemos la implementación de esta ley, a la víctimas de este delito les debemos un esfuerzo conjunto de todas las autoridades por avanzar para que no haya más mujeres que por años siguen buscando a sus hijos.
Además –también hay que decirlo– constituye una respuesta a recomendaciones tanto de instancias nacionales como internacionales en materia de derechos humanos.
Este dictamen refleja un esfuerzo importante tanto de la Cámara alta como del Ejecutivo federal y organizaciones nacionales, internacionales en materia de derechos humanos, así como organismos de derechos humanos, la CNDH, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, y por supuesto –además- también cuenta con las valiosísimas aportaciones de organizaciones específicas que se han creado para el tema de búsqueda de personas en las cuales participan principalmente los familiares de las mismas.
Por ello el Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor de este dictamen, toda vez que su aprobación genere herramientas que permitan una búsqueda más eficiente de las personas. Además de crear sanciones adecuadas para quienes cometan este tipo de delitos, y destaco algunos de los aspectos que me parecen los más relevantes de esta ley.
Primero se deroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que había sido aprobada en 2012 y que fue una ley, no solo que nunca sirvió, sino que no ayudó a una eficiente búsqueda de personas.
Se establecen las reglas para la distribución de competencias y coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Y aquí hay que decirlo, si no se hace un esfuerzo conjunto entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, será muy difícil avanzar en este tema.
La implementación de esta ley depende del esfuerzo comprometido, conjunto de las autoridades y, por supuesto de que las instancias que se crean cuenten con el presupuesto necesario para funcionar.
Se establecen también disposiciones para la tipificación de las conductas punibles y otras de observancia durante el procedimiento penal, tales como el establecimiento de tres tipos de delitos con sanciones ejemplificativas, el de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados.
¿Por qué es de gran relevancia esto? Porque esto permitirá sancionar aquellos casos en donde no se prueba participación del Estado, pero la desaparición se dio en términos similares, y por lo tanto se sanciona también la desaparición que es cometida por particulares con características similares, pero sin la participación de agentes del Estado.
Por otro lado también, se agravan las penas en caso de que la persona desaparecida pertenezca a un grupo vulnerable, es decir, sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer embarazada, persona con discapacidad o adultos mayores, también periodistas o defensores de derechos humanos.
Además se establecen estos delitos como imprescriptibles. Se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas cuyo objeto es diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda y localización de estas personas desaparecidas.
Y, para el desarrollo de sus funciones esta instancia contará con diversas herramientas: un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y un banco de datos forense, esto ¿por qué es fundamental? Porque hasta hoy no está establecida en ninguna ley, herramientas que permitan hacer el cruce de información entre un cadáver no identificado y una denuncia de una persona desaparecida. Cuando estos casos incluso pueden suceder, la denuncia en un estado y el cadáver encontrado en otro estado, hasta hoy no existe una forma legal de cruzar esa información. Esta ley obliga a crear un registro y un sistema que se cruce y que permita con mayor facilidad la búsqueda y localización de personas.
Además se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, quien tendrá a su cargo la ejecución y seguimiento de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Y se crea también un Consejo Ciudadano.
¿Por qué me parece fundamental este Consejo Ciudadano? Porque son los ciudadanos, y particularmente las madres de personas desaparecidas, quienes tienen ya hoy una experiencia acumulada, que tienen muchísimo que aportar al funcionamiento de este nuevo sistema. Muchas madres y muchos miembros de organizaciones que en distintas entidades federativas han impulsado mecanismos que en algunos casos han dado buenos resultados y que se debe buscar que se repliquen a nivel nacional.
Por ello, la participación de los ciudadanos, y particularmente de las víctimas, será fundamental. Además, congruente con la Ley General de Víctimas, esta ley establece diversos derechos de las víctimas...
La diputada Lia Limón García: Y de las víctimas indirectas, que son los familiares de las personas desaparecidas, entre ellos la reparación integral y protección de las mismas. Por estos elementos y por el último punto que quiero señalar, es el que tiene que ver con la Declaración Especial de Ausencia, hoy no existe una herramienta que permita a los familiares ejercer los derechos patrimoniales cuando una persona está desaparecida, porque los familiares evidentemente no quieren que se le declare muerta porque se le dejaría de buscar. Con la Declaración de Ausencia se permitirá que los familiares de personas desaparecidas puedan ejercer derechos, como lo son los derechos patrimoniales.
Por estos temas que acabamos de destacar, e insisto, porque esta ley se le debe a las víctimas de este delito, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del mismo. Gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Lia Limón García.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias, presidenta. Saludo con mucha admiración. Hago un reconocimiento a las familias que hoy nos acompañan. Familias de desaparecidos que han sacado fuerza de su dolor y luchado para encontrar a sus seres queridos, y empujado a este Congreso a aprobar un marco jurídico para transformar a las instituciones del Estado en responsables de la búsqueda de las miles de personas desaparecidas.
Las miles de personas desaparecidas son dolor continuado, es maldad extendida que siembra fosas, acaba con la vida, pisotea la esperanza, destroza familias, es la cara de la indiferencia y la indolencia de la sociedad entera.
En México se desaparece a personas porque está permitido. Es herencia del PRI gobierno y la guerra sucia, donde fuerzas del Estado mexicano persiguieron, torturaron, eliminaron y desaparecieron a disidentes políticos, luchadores sociales y jóvenes combatientes.
La guerra iniciada por el PAN y Calderón ha dejado muerte y destrucción. En México se desaparece personas para silenciar periodistas, para sembrar terror, para tapar la corrupción, para eliminar adversarios políticos, para acabar con la protesta, para apropiarse del patrimonio de personas, para acabar con la competencia, para reafirmar el machismo, para obtener ganancia económica, por disgusto, por quedar bien, por despecho, porque son jóvenes, porque son mujeres, por su religión, por su preferencia sexual, por su color de piel, por sus ideas, por su profesión. Por todo. Se ha instalado la maldad entre nosotros y todos lo hemos permitido.
De acuerdo a las cifras, al cierre de 2016 existía registro de 30 mil 499 personas desaparecidas o no localizadas. En cada uno de esos números vamos a encontrar a personas iguales a nosotros, a nuestras hijas, iguales a nuestros hijos, iguales a nuestros padres, hermanos, vecinas, amigas, primos, compañeros. Todos y todas son víctimas no culpables de uno de los crímenes más atroces y más recurrente en México, que es la desaparición forzada. La mayoría de jóvenes con una vida por delante.
Para los familiares, dolor extendido, punzada que se prolonga en el tiempo. Es angustia, desesperación, impotencia, indignación, coraje, esperanza, pesadilla, ausencia, recuerdos, silencio, búsqueda, organización, lucha contra el olvido, enojo, exigencia. Sufren impunidad, complicidad, colusión, corrupción, indiferencia, estigma. Enfrentan la criminalización, la normalización de la violencia, la insensibilidad de las autoridades, de ministerios públicos, policías y militares, incapaces de integrar averiguaciones para buscar y encontrar a las personas desaparecidas.
Los familiares tienen los corazones destrozados porque se llevan sus sueños y su tranquilidad y su esperanza. Para ellos no hay consuelo, se acaba todo, su vida se sustituye por la búsqueda. No son ni viudas ni son huérfanos, se quedan en el limbo, se convierten en nómadas y buscadores. Luchan, salen a la calle, sustituyen a la autoridad, investigan, abren fosas, encuentran, arriesgan su vida.
Lo más terrible es que la mayoría de la sociedad nos acostumbramos. Es mejor seguir de largo y asumir que estamos lejos de las balas. El país está carcomido en su espíritu, pocas cosas nos cimbran ya y nos movilizan.
En estos últimos años han sucedido en México los crímenes más atroces y terribles, ante ello es mejor voltear y asumir que a nosotros no nos va a pasar.
Por ello es importante que el Congreso, aunque sea tarde, asuma como una tarea del Estado la búsqueda y localización con vida de las personas desaparecidas. Que el Estado y la sociedad asuman como propio el dolor y la indignación de los familiares y luchemos porque nunca más la desaparición forzada en México sea parte de lo cotidiano.
Morena votará a favor, porque esta ley representa un avance, aunque no cumple con una serie de recomendaciones, tenemos que seguir luchando. No se prevé el tipo penal que se encuentra definido en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El artículo 29, al referirse a la responsabilidad del superior jerárquico en la comisión del delito, no guarda correspondencia con el artículo 6 de la mencionada convención. En caso de delito de desaparición forzada por agentes del Estado, en lo particular a perteneciente a Fuerzas Armadas, estos tienen que estar sujetos a la jurisdicción civil.
En este sentido, falta coincidencia con los estándares internacionales y lo que tenemos en el dictamen.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Sin embargo, con este conjunto de leyes que hoy se someten a consideración se da un paso hacia adelante en el cumplimiento de las obligaciones, para respetar, promover y garantizar los derechos humanos.
Por ello, a pesar de que no es suficiente la creación de este marco normativo, reconocemos el avance y votaremos a favor. Sin las familias, no, porque vivos los llevaron. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Erik Juárez Blanquet: Con el permiso de la Presidencia. Amigos y amigas diputados, con esta ley de cierto modo se le hace justicia a los muertos sin tumba, a las tumbas sin muertos, a los que nunca regresaron, al dolor de las familias, al corazón roto de cada una de las madres que sufren la ausencia de sus hijos, a los que levantó el crimen organizado, a los que acalló la voz del Estado mexicano.
Compañeros y compañeras, con esta Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas, de Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aunque de manera tardía, se hace justicia a las más de 32 mil víctimas registradas en este país y, desde luego, había que reconocer el papel que han jugado las víctimas, los diferentes órganos de esta Cámara y las comisiones que trabajaron este dictamen.
Para algunos esta ley pareciera insuficiente, sin embargo nos muestra grandes avances, de acuerdo a la triste realidad y a la grave crisis humanitaria que vive nuestro país, por eso yo entiendo que esta ley es de las más especiales, de las más humanas y de las más sentidas, que es uno de los más grandes legados que deja esta Legislatura al pueblo de México y en especial a las miles de víctimas a lo largo y ancho del territorio nacional.
Les adelanto que en el PRD votaremos a favor de este dictamen. En el PRD ha sido esta ley una prioridad en nuestra agenda legislativa. Pero además, históricamente nuestro partido ha luchado por los derechos humanos, por la vida, por la dignidad humana y por nuestras libertades democráticas. Por eso estaremos a favor.
Quiero aprovecha esta tribuna para de alguna forma rendir homenaje a las víctimas del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, que fueron miles acribillados en manos del Ejército. Desde luego, también recordar ese jueves de corpus en 1971. Las víctimas de la Guerra Sucia, los periodistas desaparecidos, los activistas de los ochenta y de los noventa. Y desde luego, también un homenaje muy sentido a las víctimas que aportamos el PRD cuando la fundación de nuestro partido y por la lucha de la democratización en la vida pública de este país.
Y no puedo dejar de mencionar, compañeras y compañeros, a los 43 normalistas de Ayotzinapa, que hace 3 años y 15 días nos faltan, están ausentes y que tenemos la esperanza de contar con su regreso porque no nos convence la versión oficial de la Procuraduría General de la República.
Por eso en esta tribuna quería aprovecharlo y ojalá que ustedes también valoren la importancia que tiene este legado y esta ley para todo el pueblo de México.
Decirles también a aquellos que piensan que esta ley es insuficiente, que es todo lo contrario, es al revés. Con esta ley se está garantizando la protección integral a los derechos de las personas desaparecidas en tanto no conozcamos su suerte y su paradero.
Es importante la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el que se establezca y se obligue a las entidades federativas a consolidar sus comisiones locales. Y desde luego, es importante que se tome en cuenta en el proceso de investigación a las familias de las víctimas.
Esta ley nos va a permitir obligar la coordinación de las autoridades de todos los niveles en la búsqueda de las personas desaparecidas. Con esta ley se esqueman los tipos penales en materia de desaparición forzada, pero no solo eso, se obliga al esclarecimiento de los hechos, algo que no existía. Se obliga también a la investigación, a la prevención, a la sanción y a la erradicación de los delitos en materia de desaparición forzada de personas.
Por eso, hoy tenemos mucho que celebrar. Este es un mensaje de esperanza para esos cientos y miles de víctimas en todo nuestro país. En el PRD seguiremos trabajando en estos temas que son tan sensibles para la población, porque con esta ley estamos acercando a las víctimas a la verdad, a la reparación y a la justicia. Seguiremos trabajando, compañeros, hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Continuando con nuestro orden de participaciones, se le concede el uso de la palabra a la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Lorena del Carmen Alfaro García: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Ningún delito deja tantos agravios, incertidumbres y desgarramiento social y familiar como lo es la desaparición forzada de personas. El ejercicio abusivo más perverso, alevoso y aterrador de poder se da cuando se desaparece a una persona, dejando a sus seres queridos con la eterna incertidumbre de su existencia, de su agonía o de su muerte.
Compañeras y compañeros diputados, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia nos presentan un dictamen de la mayor trascendencia para nuestro país. Con la emisión de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas el Congreso de la Unión paga una deuda histórica en materia de derechos humanos y el Estado mexicano queda obligado a observar los más altos estándares en el respeto de la libertad, ya sea política, de conciencia, de expresión, de militancia o de compromiso social.
Las disposiciones que hoy están a nuestra consideración implican la homologación del delito de desaparición forzada, de acuerdo a instrumentos internacionales. Así, esta ley general que habrá de regir en todo el país tiene como objeto prevenir y combatir una de las conductas que mayor lesión generan a los mexicanos.
En un Estado de derecho no hay nada más reprobable que el hecho de que las autoridades abusen de los gobernados por sí o coaligándose con otros particulares. Desafortunadamente en nuestro país tuvimos un periodo ominoso conocido como el de la Guerra Sucia, en el que algunos elementos del Estado participaron en la desaparición de líderes sociales y activistas. Se trata de un episodio del pasado con afrentas graves, algunas de ellas se han llevado a la justicia internacional como es el caso de Rosendo Radilla Pacheco.
México ha cumplido con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años, además se reformó la Constitución para garantizar la vigencia del régimen universal de defensa de los derechos humanos y es precisamente en esta reivindicación del Estado mexicano a favor de la dignidad humana que se inscribe esta necesaria ley. No obstante, recientemente hemos sido testigos de terribles actos y los que se conjuga el poder político con el crimen organizado, resultando en la desaparición de personas, eventos que aún espera que se haga justicia.
Así el Grupo Parlamentario del PAN reitera enérgicamente su exigencia de que en el caso de los normalistas de Ayotzinapa se lleve hasta las últimas consecuencias. No hay ley que valga, ni palabras que devuelvan a muchísimas familias la paz ante la tragedia de que son víctimas. Y hoy quiero reconocer desde esta alta tribuna, la participación activa y comprometida de diversas organizaciones sociales, muchas de ellas en las que participan familiares de víctimas que han sido desaparecidas a lo largo de estos dos años han estado trabajando en el análisis de esta ley con el único interés de que esta nueva ley llegue a buen puerto.
La ley que vamos a aprobar y cuyo voto a favor anuncia el Grupo Parlamentario del PAN, contiene componentes muy importantes de 3 categorías: Sustantiva, adjetiva y orgánica.
Se unifica el tipo penal de la desaparición forzada con sus modalidades y agravantes. Se disponen elementos en virtud de los cuales se habrán de poner todos los recursos del Estado: Humanos, tecnológicos, legales, para dar con el paradero de las personas desaparecidas y se crea el sistema nacional de búsqueda.
El Grupo Parlamentario del PAN entrega esta ley y exhorta a todas las autoridades a su aplicación irrestricta. Al hacerlo queremos rendir un homenaje a todos los ciudadanos que han perdido la vida y a sus familiares que viven en permanente angustia. Para todos ustedes nuestra solidaridad y nuestro apoyo.
Al unísono con la sociedad, el día de hoy queremos afirmar: Ni un desaparecido más en México. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Armando Luna Canales: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Saludo con especial afecto a los familiares de personas desaparecidas, a quienes integran los distintos colectivos que nos acompañan el día de hoy, y en general a todos los activistas, a los presentes y a los que nos siguen a través del Canal del Congreso. Aprovecho para reconocer su trabajo y el seguimiento que han dado al proyecto que el día de ponemos a discusión.
Diputadas y diputados, por favor miren a la galería. Ellos son los autores de esta ley. Señoras y señores, esta es su ley. No se trata de una ley cualquiera, es –sin lugar a dudas– la ley más importante que votaremos en la presente Legislatura, es una ley especial por su proceso de elaboración, por su contenido y especialmente por su motor que no es otro más que el amor infinito que en ella depositaron quienes en forma incansable y permanente buscan a sus seres queridos.
Cada artículo lleva una enorme carga de dolor, pero también de esperanza. Cada artículo busca resolver problemas reales que estas familias han y siguen enfrentando en su incansable tarea de búsqueda.
Veo con tristeza que algunos de los grupos parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, cedieron ante la tentación de politizar este tema. Qué pena.
Hago mías las palabras que hace un par de años en esta misma Cámara hiciera o pronunciara la señora Yolanda Murán, los partidos, y hago énfasis, todos, no tienen derecho a utilizar a los desaparecidos para sus fines políticos. Al igual que la señora Yolanda, les aseguro que los diputados tampoco tenemos ese derecho, por humanidad, por respeto, por sensibilidad, no tenemos ese derecho, hacerlo es inmoral.
En la bancada del PRI impulsamos el fortalecimiento al Estado de derecho y a las instituciones de prevención, persecución y administración de justicia. Nuestros documentos básicos dan cuenta de ello y nuestras acciones –como la del día de hoy– así lo demuestran.
El PRI ha hecho de los derechos humanos el centro de su agenda política y de gobierno. Siguiendo ese mandato hoy impulsamos y respaldamos esta ley en contra de las desapariciones.
Al aprobar esta ley, daremos cumplimiento a las recomendaciones que han formulado distintos organismos internacionales. la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ,todos ellos aquí presentes. A todos ustedes nuestro eterno agradecimiento.
La desaparición es –sin duda– una de las más graves violaciones de derechos humanos, atenta contra los derechos más elementales de las personas, hiere a las familias de las víctimas, rasga el tejido social y pone a prueba las capacidades y recursos de todos los órdenes de gobierno.
Es por ello que el gobierno que encabeza Enrique Pea Nieto, tomó la determinación de afrontar este problema, no con retóricas, sino con acciones, empezando por reconocerlo y dejar atrás una política que invisibilizaba a los desaparecidos para pasar así de un gobierno que criminalizaba y revictimizaba, a uno que busca proteger y garantizar los derechos. Por ello era necesario formalizar esta nueva actitud en un nuevo marco legislativo.
Así, el presidente Peña inició la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para aprobar la ley que hoy estamos discutiendo. Presentó también esta ley el propio Ejecutivo federal.
El dictamen que votaremos recoge las preocupaciones y propuestas hechas por familiares, movimientos sociales, organismos internacionales y por las propias autoridades mexicanas.
Debo destacar que en el articulado de esta ley están las bases para hacer una búsqueda sistemática, permanente, profesional, coordinada, y más importante aún, la búsqueda en vida de las personas desaparecidas.
En este proyecto están también los elementos necesarios para esclarecer los hechos mediante una investigación profesional y especializada, esta ley tiene la clave para dar justicia y verdad a las víctimas. Asimismo establece el mecanismo para garantizar los derechos de las personas desaparecidas, específicamente a través de la Declaración Especial de Ausencia.
La ley que hoy votamos es, sin lugar a dudas, la primera buena noticia que en mucho tiempo reciben miles de familias de todo el país. Es una muestra de cumplimiento de obligaciones humanitarias internacionales, sin duda, pero es al mismo tiempo, la ruta para llegar a un país sin desaparecidos.
Castigo para los responsables, justicia y verdad para las víctimas, garantizar la no repetición de este terrible delito. Esa es la idea en la que convergemos los diputados del PRI al aprobar esta ley.
La desaparición de una persona representa un reto ineludible para cualquier estado, pues su maquinaria de justicia e investigación se ponen a prueba, no solo frente a sus ciudadanos, sino ante el mundo entero.
El día de hoy se empieza a escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país, la historia de un México sin desaparecidos, un camino largo, pero hoy vemos el final de esta ardua etapa. La puesta en marcha requerirá sin duda de un gran impulso, hay muchísimas cosas por hacer aún, pero un gran impulso seguro se lo tendremos que dar como en el que en esta Cámara dio nuestro coordinador, César Camacho Quiroz, al priorizar la discusión y votación de este tema.
A las familias de desaparecidos aquí presentes y a las de todo el país, les decimos que los diputados del PRI votaremos a favor de este dictamen porque estamos convencidos que es para su beneficio y el de todos los mexicanos. Votaremos a favor porque estamos empeñados en construir un país de respeto pleno a los derechos humanos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Se informa a la asamblea que ha concluido el plazo con esta intervención para la presentación de reservas al dictamen a discusión.
Al respecto quisiera ampliar un poco la información sobre lo que estamos discutiendo. Esta es una minuta del Senado, una minuta que obedece a iniciativas presentadas por distintos senadores, el propio Ejecutivo federal, grupos parlamentarios, y fue recibida en esta Cámara el 28 de abril de 2017.
Siendo una minuta del Senado y procesándose con nosotros sin cambios, lo que acontece es que de aprobarse se turna inmediatamente al Ejecutivo para que surtan los efectos correspondientes. En caso de que se aprobara alguna de las reservas, tendría que regresar nuevamente al Senado para el procesamiento del cambio que nosotros hubiéramos autorizado.
Informado lo anterior, me permito pedirles a todos ustedes, señores diputados y diputadas, saludar la presencia de los siguientes luchadores sociales: Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Red Eslabones por los Derechos Humanos, Uniendo Cristales Estado de México, colectivo Nos Hacen Falta, Cauce Ciudadano, Ideas Litigo Estratégico en Derechos Humanos, Comité Cerezo, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.
Todos ustedes son bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Hacemos esta ley para que ustedes puedan estar más tranquilos también. Muchas gracias. Son bienvenidos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Dicho lo anterior, entonces me permito informar a esta Cámara que pasaremos a la discusión en lo general. Al respecto se han inscrito, como les había informado, siete oradores. Procesaremos los primeros tres y preguntaré a la asamblea si está suficientemente discutido. Deseo muy atentamente que la asamblea me diga que no, para que podamos procesar a los siguientes tres oradores.
Tiene la palabra en pro la diputada Sofía González Torres, por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por tres minutos, diputada.
La diputada Sofía González Torres: Gracias, presidente. Con su permiso. Uno delos crímenes más graves que pueden cometerse, no solamente en contra de las personas en particular, sino contra la humanidad entera, sin duda es la desaparición forzada.
La Corte Penal Internacional ha reconocido este delito como uno de los 12 crímenes de lesa humanidad, siendo imprescriptible y siendo susceptible de ser denunciado por cualquier Estado miembro. México forma parte de diversos instrumentos internacionales en los que se prevén acciones contra la desaparición forzada de personas, entre ellos la Convención Nacional de Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que conlleva obligaciones vinculantes e irrenunciables frente a las que tiene que tener ciertos deberes.
En marzo de 2011 el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada visitó nuestro país con el propósito de desarrollar una amplia agenda con autoridades federales y estatales, así como con las víctimas, familiares, organizaciones sociales y especialistas académicos. De esta misión derivaron diversas recomendaciones generales, entre la que destaca la necesidad de reconocer este problema con el fin de desarrollar medidas integrales y efectivas para poder erradicarlo.
En 2013, el Gobierno de la República, comprometido con atender estas recomendaciones, estableció la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas dentro de la Procuraduría General, y de estas diversas sentencias recaídas sobre el Estado mexicano, principalmente los casos de Campo Algodonero y por supuesto el emblemático caso de Rosendo Radilla, derivaron en sendas recomendaciones para el Estado mexicano y concretamente para nosotros, para el Poder Legislativo, para poder adoptar ciertas reformas legislativas a fin de armonizar el Código Penal Federal con los estándares internacionales y con el Convenio Interamericano de Desaparición de Personas Forzadas.
Ante estas justas demandas que vinieron, tanto de Amnistía Internacional como del Observatorio de Derechos Humanos, el Poder Legislativo empezó un arduo trabajo en conjunto con todos los actores involucrados en la materia, haciendo suyo el tema con la finalidad de dar respuesta a los familiares de las víctimas desaparecidas, que siguen en búsqueda de sus seres queridos.
Durante más de dos años esta labor en el Senado y tras múltiples reuniones y diálogo y retroalimentación con diversas organizaciones civiles, se llegó a un consenso respecto al proyecto de ley que se está aprobando en esta colegisladora.
Ahora, si bien persisten algunas observaciones de diversas organizaciones civiles y de algunos de los legisladores, lo cierto es que el tema es de absoluta relevancia para nuestro país y por ello resulta urgente concretar la aprobación del presente dictamen, pues con ello estamos dando la respuesta a una de las más sentidas demandas de la sociedad mexicana.
Es por esto que el Partido Verde celebra la aprobación del dictamen dando nuestro voto a favor, pues con esto se están atendiendo diversas recomendaciones de la ONU y de múltiples organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e internacional. Pero, sobre todo, aprueba la medida legislativa más importante en búsqueda de los desaparecidos y la atención integral de sus familiares. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputada González Torres. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Víctor Sánchez Orozco. Él pertenece a Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Mientras reine la impunidad, la justicia será solo un anhelo para los mexicanos. Esta ley llega muy tarde ante la gran tragedia humanitaria que se vive en el país, porque las desapariciones forzadas en México tienen una negra historia desde los años sesentas y setentas, con la llamada guerra sucia.
La desaparición forzada de personas es una estrategia de miedo, de terror. Por eso decimos que es una tragedia terrible que pasa en nuestro país.
En este tema de la desaparición forzada no solo participan servidores públicos, sino también particulares, crimen organizado. Tenemos que decir que en este país, todos y todas somos víctimas potenciales de este delito en cualquier momento, nadie se escapa y mientras estoy hablando aquí, alguien está siendo desaparecido.
Los recuerdos de incontables experiencias de la guerra sucia han forjado una memoria llena de negros y lamentables episodios, como el caso Rosendo Radilla Pacheco, efectuado en los años sesenta y que denotan las deficientes actuaciones de todas las instituciones, sobre todo las de procuración de justicia.
El principal obstáculo ha sido la falta de voluntad de quienes imparten justicia en este país, porque México, en términos generales, ha tenido un papel bastante deficiente o incipiente en el tema de la aplicación de las leyes, que ha dejado a los ciudadanos en un estado de indefensión.
Tenemos altos índices de impunidad, hasta el 98 por ciento en tanto a las violaciones a derechos humanos se refieren y en tanto esas violaciones no se persigan y no se castiguen a los funcionarios púbicos y a las personas involucradas en este tipo de delitos de violaciones a los derechos humanos, no vamos a tener un cambio efectivo por más leyes que elaboremos.
El Estado mexicano, y hay que decirlo con todas sus letras, se negaba a reconocer la responsabilidad que tenía enfrente, siendo el Estado mexicano por su omisión el principal responsable para rendir cuentas a las familias, haciendo notar que la impunidad es el resultado de la falta de actuación de las autoridades de procurar justicia, toda vez que en la mayoría de los casos de desaparición no se adoptan medidas exhaustivas para buscar a las personas ni tampoco para investigar lo sucedido, mucho menos para castigar a los responsables.
La pasividad e indolencia de gobernantes ha causado gran indignación en la comunidad nacional e internacional y este caso ha servido como detonador para que el tema de las desapariciones forzadas en México se plantee como un asunto de interés nacional, prioritario para el país y por el cual la sociedad reclama justicia y fin a la impunidad.
Si bien es cierto que se requieren las reformas legislativas, también se requiere que esta reforma legislativa se desdoble en políticas eficaces, porque si no terminamos con la impunidad que también se vive dentro de las instituciones públicas, por terminar y cambiar la corrupción que ahí se ha enquistado, si no modificamos esas maquinarias caducas, el problema de las desapariciones en México va a seguir siendo esa gran tragedia que vivimos día con día. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Sánchez Orozco. Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Delfina Gómez Álvarez, ella es del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Delfina Gómez Álvarez: Buenas tardes, compañeros diputados, diputadas, y muy en especial a asociaciones civiles y organizaciones que han luchado por este logro.
Este dictamen que estamos discutiendo por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es precisamente como respuesta a lo que han luchado las asociaciones civiles y lo que ha luchado la participación social.
Ante el descrédito de las instituciones, la corrupción y la inoperancia de las autoridades encargadas de procuración e impartición de justicia y el silencio de muchos actores políticos, ha sido la sociedad civil la que eleva la voz y han logrado que se escuche y tengan eco como nunca antes se ha tenido.
El grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos ha sido bandera de lucha y símbolo de resistencia de organizaciones civiles y familiares de víctimas, académicos, amas de casa, estudiantes, periodistas, campesinos y todos aquellos que han vivido, padecido o conocido la tragedia.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos claman todos aquellos que se identifican y se acuerpan en el empeño de la presentación con vida de los nuestros, de dar forma a los miles de personas anónimas que no salen en los medios pero que tienen rostro, nombre y apellido.
Aquellos que en el mar de violencia en que vivimos pasan desapercibidos y son uno más en la cuenta macabra de números que han hecho de todo México un cementerio clandestino. Exigimos verdad y justicia.
La presión internacional, además de la participación ciudadana, ha sido, sin duda, otro factor que el poder permite la realización de estas reformas. Por su parte, el Grupo Parlamentario Morena también ha luchado por la expedición de esta ley, a fin de poder afrontar la crisis humanitaria en México sobre desaparición forzada.
Sin embargo y aun cuando votemos a favor de este dictamen es necesario señalar que México vive la más profunda crisis de derechos humanos de su historia y el Estado mexicano tiene la responsabilidad y la obligación directa en esa solución de la desaparición.
Miles de connacionales que se toparon con la irracionalidad del poder y con instituciones de procuración e impartición de justicia caducas e insensibles.
El Registro Nacional de Datos del Personal Extraviado nos ha señalado que existen 34 mil 277 personas desaparecidas. Junto con ello la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la conexión entre la impunidad por los crímenes de la Guerra Sucia y los trágicos acontecimientos sufridos en Ayotzinapa. Es decir, que desde Díaz Ordaz hasta Peña Nieto han quedado impunes y estamos en un Estado sin derecho. Sin embargo, lo que ahora tenemos que preguntarnos es qué hacemos nosotros como funcionarios.
Da vergüenza, o en lo personal me da vergüenza que sean organizaciones civiles, organizaciones de ciudadanos y jóvenes muy en especial, que luchan con lo que nos correspondería a nosotros como servidores públicos.
Por ello, la pregunta que nos queda es por qué han continuado este baño de sangre, si sabemos que en nuestro país la desaparición forzada de personas ocurre desde hace cincuenta años.
Que se transformó de ser una actividad criminal, selectiva y dirigida fundamentalmente contra los opositores políticos o militantes de izquierda o sindicalistas o líderes obreros y campesinos, y pasó a ser un delito sistemático que en el agudizado contra toda la población para qué y a quién beneficia. Sin embargo, hoy podemos decir que hay un factor que no van a poder acallar, que es la participación civil, hombres y mujeres y en especial jóvenes que luchan por una mejor calidad de vida y un mejor Estado de derecho.
Ellos son quienes merecen nuestro respeto...
La diputada Delfina Gómez Álvarez: ...y nuestra admiración y nuestro reconocimiento. A ellos, a esos ciudadanos son a los que les decimos todos los que integramos Morena: estamos a sus órdenes. Y de verdad, una disculpa por no saber desarrollar y defender lo que por obligación nos corresponde. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Vamos a preguntar a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido, para que la negativa de la asamblea ratifique la oportunidad de los cuatro diputados que aún esperan el uso de la palabra. Adelante, secretario.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra lo suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández. Muchas gracias, señores diputados y señoras diputadas.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: “Mamá, si desaparezco ¿adónde voy? –No lo sé, hijo. Solo sé que exigiría en todos y cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte, que lo hiciera. Y si no me escucharan, hijo, buscaría a otros y a otras que también buscan a sus hijos para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. Si no desaparecieras, hijo, como así lo deseo y quiero, abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos”. Va por ustedes, familiares de desaparecidos en México.
Con su venia, señor presidente. Los desaparecidos nos faltan a todos. En su informe sobre la situación de derechos humanos en México, una de las tantas víctimas de nuestro país le dijo a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: a los mexicanos nos hacen falta muchas verdades sobre nuestras propias historias y sobre nuestras propias tragedias.
Desde la época de la Guerra Sucia, hasta nuestros días, la desaparición de personas ha sido uno de los grandes dolores de nuestro país, ya suman más de 32 mil personas que han sido inscritas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
El voto a favor en esta Cámara es la respuesta, aunque tardía, como varios hemos coincidido, a los cientos de miles de víctimas en este país, así como el respaldo a los compromisos internacionales del Estado mexicano. Sin embargo, debemos estar plenamente conscientes de lo que esta responsabilidad, y hacer real esta ley, significa, la aprobación de esta ley es el reflejo de una lamentable realidad nacional, que junto con la Ley General Contra la Tortura constituyen reflejos fehacientes de la crisis humanitaria que sufre nuestro país, porque no estamos hablándole de la comisión de cualquier delito, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, en la que agentes del Estado que deberían de ser los responsables de protegernos a los mexicanos, torturan y desaparecen a niños, mujeres, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y a nuestros jóvenes, porque nos siguen faltando 43.
El ordenamiento que hoy aprobaremos reconoce el fenómeno de la desaparición provocada por funcionarios del Estado, así como de las desapariciones cometidas por la delincuencia organizada, todo esto con lo que mandan los mayores estándares internacionales al respecto. Asimismo, establece la creación de un sistema nación de búsqueda, el cual generará las directrices, procedimientos y lineamientos de política pública para la erradicación de este fenómeno. Es decir, implementa un sistema integral que a la vez que atiende a las necesidades inmediatas de las víctimas y sus familias genera la información necesaria para el diseño, implementación y evaluación de acciones. Todo esto debiera tender a erradicar la desaparición forzada en nuestro país y no a normalizarla, ese es el reto.
Siendo congruentes con ello exigimos al gobierno mexicano, que retire la reserva a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional Contra la Desaparición Forzada y que reconozca la competencia del Comité para que pueda conocer de peticiones individuales presentadas por el suceso de este terrible fenómeno en nuestro país.
Tenemos, compañeras y compañeros diputados, que confirmar que nuestro compromiso es real y que le dotaremos de todos los recursos suficientes a esta ley para que pueda responder a las víctimas, por lo que el Grupo Parlamentario del PRD se suma a las miles de voces en pro del presente dictamen, porque estamos convencidos de que esta ley logrará acercar a las víctimas a la verdad, la reparación y la justicia.
Por el profesor Avilés Rojas, por los 43 estudiantes de Ayotzinapa; Rosendo Radilla Pacheco, Jesús Piedra Ibarra, las desaparecidas en Ciudad Juárez, las y los defensores de derechos humanos desaparecidos. Por nuestros hermanos y hermanas migrantes que siguen desapareciendo en el territorio nacional, por las periodistas y los periodistas en este país. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Tiene la palabra –recuerdo a ustedes, hasta por tres minutos– la diputada Kathia María Bolio Pinelo, diputada yucateca de Acción Nacional.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo: Con el permiso de la Presidencia. Saludo a todos los familiares de las víctimas y a las organizaciones que aquí se encuentran presentes.
Este es un tema por demás doloroso para mi familia. Carlos Castillo Bolio, 33 años, 14 de agosto de 2012. Iba a cumplir con su encomienda en su trabajo, y al pasar por un retén de la policía del estado nadie lo volvió a ver, nadie volvió a saber de él. Fue detenido y privado de su libertad. Logró mandar dos mensajes a su familia para avisar que estaba en manos de la policía y después ni un mensaje más.
En ese momento empieza la tragedia y el peregrinar para la familiar. Al día de hoy existe un expediente con más de 12 tomos donde autoridad estatal y federal se han declarado incompetentes para resolver.
En Yucatán, un estado seguro, tranquilo, donde se han invertido miles de millones de pesos en cámaras de vigilancia y en un sistema de seguridad, le han le han dicho a la familia de Carlos que la cámara ubicada junto al retén donde desaparece, ese día, en ese momento, la luz se había ido y no había grabación.
La familia Castillo Bolio ha recorrido todas las instancias estatales y federales de derechos humanos. Ha juntado miles de firmas para pedir justicia y que la señora que gobernaba el estado de Yucatán los pudiera recibir para acompañarlos en su dolor.
Unos y otros les han dado largas y evasivas. Han amenazado a Lorena, su hermana de muerte, por seguir buscando a su hermanito, un joven bueno y con un problema cognitivo intelectual que junto con su vehículo se lo tragó la tierra.
Hasta el día de hoy los padres y hermanos de Carlos no han sido considerados víctimas de la comisión de algún delito. Con el corazón en la mano les digo que no sólo destruyeron la vida de Carlos, sino la de toda su familia, que hasta el día de hoy no han descansado en su búsqueda.
Después de cuatro fiscales, miles de firmas, recursos económicos invertidos y gastados, la autoridad se ha escudado en que no existen protocolos de búsqueda, lo que constituye un insulto a los derechos humanos de los mexicanos.
Yo confío en que estos nuevos ordenamientos jurídicos puedan evitar el dolor evitable de las víctimas de las personas desaparecidas.
En Acción Nacional vamos a favor del presente dictamen, y desde aquí pido justicia, justicia para Carlos y todos aquellos que desconocemos nombres y apellidos.
Estas nuevas leyes van a crear la organización y la coordinación para encontrar a las personas que sean reportadas como desaparecidas. Se establecen los tipos penales de conductas y se define de manera clara, los demás tipos vinculados a la comisión delictuosa de la desaparición forzada. Se establece mediante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, la implementación de las políticas y hacer partícipes a las familias de los desaparecidos en el monitoreo de acciones y búsqueda de los ausentes. Es cuanto, señor presidente, es cuanto, honorable Cámara, y en Acción Nacional estamos comprometidos con los derechos humanos de los mexicanos. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Bolio Pinelo. Tiene la palabra la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Gloria Hernández Madrid: Con el permiso del presidente. Compañeras y compañeros diputados, es la desaparición forzada un crimen que atenta en contra de toda la sociedad. Saludo a quienes aquí se encuentran, familiares de desaparecidos.
Ya lo ha señalado Jan Jarab, representante de la ONU, para los derechos humanos en nuestro país, considerando el dolor existente es imperioso que México abra un nuevo camino de justicia para las víctimas de desaparición, dolor que se origina en un delito atroz.
La desaparición forzada no solo atenta contra la libertad de las personas, sino que lastima a la nación entera. Como legisladores, no podemos ser omisos ante la gravedad de este crimen y, en consecuencia, debemos actuar para erradicar la desaparición forzada.
Los priistas pugnamos por el fortalecimiento del Estado de derecho a fin de hacerlo efectivo e implacable. Efectivo para garantizar la libertad de las personas, e implacable en contra de quienes atenten contra la libertad.
Por eso, desde el Partido Revolucionario Institucional en nuestra plataforma electoral, nos comprometimos a fortalecer las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, a promover la justicia reparativa, a fortalecer los mecanismos de prevención del delito y garantizar el acceso de las instancias de procuración de justicia, incluyendo la atención a las víctimas.
Ahora como lo asumimos y priorizamos en nuestra agenda legislativa para el presente período ordinario, profundizaremos en los trabajos para prevenir, combatir y erradicar los delitos que atentan contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad –subrayadamente– la desaparición forzada.
Ya lo ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto, combatir frontalmente la desaparición forzada y la tortura, es una condición básica para lograr la plena vigencia del Estado de derecho.
Por eso, desde el inicio de su administración ha logrado fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia. Ha fomentado el fortalecimiento de los protocolos y procedimientos para que en casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales.
Ha expedido el Reglamento de la Ley General de Víctimas y para poner en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas, e impulsar la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de Desaparición Forzada.
Resuelto lo anterior, nos corresponde a los legisladores hacer de esa facultad un esfuerzo activo dándole vida a esta ley. Votaremos a favor del presente decreto que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con lo que permitiremos establecer los tipos penales de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares.
Con esto crearemos un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y la creación de comisiones homologadas en los estados de la república. Impulsaremos el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Estableceremos la Declaración Especial de Ausencia y reconoceremos la reparación integral del daño a las víctimas de los delitos que sean materia de esta ley.
Compañeras y compañeros legisladores, parafraseando a Rousseau, todo aquel que pierde su libertad pierde la calidad de ser humano y no existe indemnización posible de quien lo pierde todo. Por eso debemos prevenir que más personas...
La diputada María Gloria Hernández Madrid: Puedan verse despojadas de su bien más preciado a la par de combatir frontalmente aquellos que intenten arrebatárselos. Debemos actuar privilegiando el interior superior de la nación, conscientes de que más que aprobar una nueva ley estaremos dando un paso más hacia el México justo y en paz que todos queremos. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Hernández. Tiene la palabra Cuitláhuac García Jiménez, diputado del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Gracias, presidente. Quizá este pleno esté acostumbrado a ser omiso con la responsabilidad del gobierno mexicano. Pero nadie puede negar que el principal culpable de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa fue el Estado por la directa participación de sus autoridades y por sus mentiras cómplices en la investigación. Y el responsable del Estado tiene nombre, es el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
El culpable de las desapariciones por la Guerra Sucia contra dirigentes campesinos y líderes opositores al gobierno autoritario y fascistoide de los años 70 fue el régimen por su encubierta participación.
Asimismo, los culpables de los desaparecidos en las últimas décadas son estos gobiernos ineptos que han implementado políticas equivocadas, teniendo como resultado cientos de miles de víctimas y más de 30 mil desaparecidos de manera forzada, delitos en los que el gobierno no tuvo acción inmediata ni oportuna para impedirlos.
Lamentamos y duele que lo que hoy se encuentra en búsquedas sean solo fosas clandestinas. Esta ley es el triunfo de familiares de los desparecidos y de organizaciones políticas y civiles, y sobre todo de las madres que todavía hoy esperan a sus hijos vivos. Es un reconocimiento del problema más inhumano y crudo que padece México por una serie de gobiernos autoritarios, ineptos y cómplices.
Bienvenida la ley, votamos a favor, pero que quede claro que este avance no necesariamente significa la solución del problema, porque hasta ahora existe desafortunadamente un manto que no hemos logrado desaparecer, y ese es el de la impunidad y la corrupción de este gobierno. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado García Jiménez. Ha concluido la lista de oradores autorizada por la asamblea, por lo tanto el tema está suficientemente discutido. Pasaremos a la discusión de las reservas, previa votación en lo general y en lo particular de los asuntos no reservados.
Informo a la asamblea que se han registrado, pese a que todos los grupos parlamentarios se pronunciaron en pro, se han registrado 54 propuestas de modificación a la ley. Cualquiera de ellas significaría que regresara el Senado para reconducirse el trámite. 54 propuestas de modificación, 6 proponentes en total. 38 de estas propuestas corresponden a la diputada Araceli Damián y todas ellas se concretan en la nueva Ley en Materia de Desaparición Forzada, con excepción de tres que se refieren a los transitorios generales del decreto.
Por lo tanto, pido a la Secretaría informe cuáles son los artículos que quedarán reservados en la nueva ley, antes de pasar en la votación en lo general y en lo particular de los no reservados. Adelante, diputado.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Los artículos que quedan reservados son el 2o., 3o., 4o., 5o., 17, 29, 30, 34, 49, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 73, 80, 85, 87, 91, 93, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 123, 124, 127, 133, 134, 145, 153, 161, 170, Primero, Segundo, Séptimo, Octavo y Décimo Segundo transitorios.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: ¿Diputado Ojeda, el sentido de su voto? Diputado Ojeda, adelante.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: ¿Algún diputado o diputada que falte por emitir su voto? El sistema continúa abierto. ¿Algún compañero o compañera diputado que falte por emitir su voto?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Clausure el sistema, diputado.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 396 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, diputado presidente. 396 votos a favor.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 396 votos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, procederemos a la discusión en lo particular. Informo a la asamblea que han sucedido los siguientes cambios, que estoy absolutamente seguro que la asamblea agradece.
Esta Presidencia informa que el Grupo Parlamentario de Morena ha retirado 53 propuestas de modificación, por lo que únicamente tenemos el registro de la reserva de la diputada Cristina Ismene, quien entiendo retirará su propuesta desde su curul.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Gracias, señor presidente. Precisamente en ese sentido, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la reserva que habíamos realizado sobre el artículo 29, relativo a la responsabilidad de los superiores jerárquicos, esta reserva la presentaremos posteriormente como iniciativa, insistiendo en que es una recomendación que manera internacional se ha planteado hacia esta ley. La retiramos seguros de que esta aprobación abona en mucho a las necesidades del país.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Con el reconocimiento de la asamblea para los grupos parlamentarios de Morena y el PRD, ábrase el sistema electrónico...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Don Juan Romero, ¿con qué objeto?
El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Gracias, señor presidente. Quiero aclarar que yo presenté algunas reservas y no las he retirado.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ah, bien. Disculpe usted, honorable diputado.
En tanto que recibimos, entonces, nos lleva de un extraordinario júbilo a un no tanto júbilo. Tiene usted el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para presentar sus dos reservas que son sobre, la primera sobre el cuerpo de la ley, el 17, adición de un párrafo, el 29, el 51, el 53, el 54, el 66, el 68 y el 73. Y sobre dos artículos transitorios sobre el cuerpo del decreto. Adelante, abogado.
El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Con su venia, presidente. Quiero aclarar que no son dos reservas. Yo presenté el artículo 17, 29, 51, 53, 54, 66, 68, 73, primero y segundo transitorios. Yo abono, digo, el tiempo es muy reducido, sin embargo vamos a aprovecharlo.
Abono en la congratulación que presenta esta Cámara de Diputados al aprobar esta Ley General contra la Desaparición Forzada. No es una ley que haga justicia, es una ley que va a atender un problema añejo y es una ley que tiene problemas en su aplicación.
Dentro de las reservas, el artículo primero transitorio, estoy proponiendo que esta Cámara aprueba presupuesto para atender esta política contra la desaparición forzada.
Otro artículo transitorio, la designación, quien va a presidir esta Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda la propone el secretario de Gobernación y la ratifica el presidente.
En el Informe de Peña Nieto no aparece la desaparición forzada. Aparece en la parte correspondiente a la Secretaría de Gobernación. No, mentira, en Gobernación tampoco aparece, aparece en la parte correspondiente a la Procuraduría General de Justicia, y únicamente da cuenta de desaparecidos en este año de ejercicio. No da cuenta de las grandes cantidades de desaparecidos.
No solamente son 43, eso ha sido acreditado y quiero que tomen el peso de las afirmaciones que aquí se han dicho. La Cámara de Diputados, como parte del Poder Legislativo, como parte de uno de los Poderes de la Unión, reconoce abiertamente la desaparición forzada. Reconoce este delito de lesa humanidad en más de 32 mil ciudadanas y ciudadanos.
Vean el peso y la importancia que tiene esta ley, reconocer en un documento legislativo la desaparición forzada. Y aquí está la diputada Lía Limón. Ella en un informe presenta, en 2012, 26 mil 121 desaparecidos y en la exposición de motivos hablamos de más de 30 mil desaparecidos en 2017.
Son más de 4 mil personas que en este ejercicio del señor Peña Nieto están desaparecidas, 4 mil. Esta ley viene tarde, es una ley de la ignominia porque hemos permitido 4 mil desaparecidos en este gobierno, responsabilidad de los Ejecutivos federal, estatal, de los procuradores.
Por favor, vean la dimensión que tiene esta ley. Cualquier ciudadano con esta ley puede irse a tribunales internacionales, porque es el Estado quien está reconociendo esta gravedad.
Esta ley reconoce la incapacidad del Estado mexicano de garantizar principios constitucionales básicos, derecho a la vida, derecho a la seguridad. Esta ley pretende subsanar esta omisión, tanto en la administración como en el Legislativo, que agravia a miles de mexicanos. Es más grave de lo que ustedes suponen.
Abono a esta alegría de esta Cámara de Diputados al aprobar por unanimidad de los presentes esta ley, pero esto lo la hace una ley que sea ejecutable. Necesitamos presupuesto, necesitamos determinar responsabilidades en los tres niveles de gobierno, que rindan cuenta a lo ya sucedido.
Las propuestas que presento le pido al señor presidente que se inserten en el Diario de los Debates, para que quede constancia de las propuestas que reafirmarían un sentido equitativo, imparcial y objetivo de esta ley.
Los fiscales encargados de la desaparición forzada necesitan autonomía. No queremos fiscales de papel y aquí se crean fiscales de papel que no tienen el personal, no tienen los peritos, no tienen los recursos para las investigaciones reales.
Muchos de ustedes conocen a familiares, amigos o vecinos que han sido víctimas de desaparición forzada. No se establece la responsabilidad de desaparición forzada entre cuerpos de militares, también ahí se da la desaparición forzada. Hay familiares de militares que están buscando a sus familiares, esta ley es bien vista porque avanza. Avanza, pero es responsabilidad de esta Cámara de Diputados determinar el presupuesto y aprobar una política pública, eficiente y eficaz que nos quite la cara de vergüenza frente a las más de 4 mil víctimas que se han sucedido en este sexenio. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Pregunte, señor secretario, si se acepta la proposición de modificaciones realizadas por el diputado Juan Romero Tenorio.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, ábrase el sistema de votación para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y que son los artículos 2, 3, 4, 5, 17, 29, 30, 34, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 73, 80, 85, 87, 91, 93, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 123, 124, 127, 133, 134, 145, 153, 161 y 170, y los transitorios primero, segundo, séptimo, octavo, y décimo segundo, transitorios del decreto.
Con la votación de ustedes todos estos artículos regresarán a incorporarse al dictamen, por lo tanto, ábrase por cinco minutos el sistema de votación.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos 2, 3, 4, 5, 17, 29, 30, 34, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 62, 66, 67, 68, 70, 73, 80, 85, 87, 91, 93, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 123, 124, 127, 133, 134, 145, 153, 161 y 170, primero, segundo, séptimo, octavo y decimosegundo transitorios del decreto, en términos del dictamen.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Diputado Ojeda, el sentido de su voto.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ordene el cierre del sistema, secretario.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 361 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados los artículos reservados por 361 votos y quedan en los términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular y previo el cumplimiento de las facultades que otorga a la Mesa Directiva el artículo 93, numeral 1, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, se turna al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Que sea para bien. Muchas gracias. Gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Mesa recibió solicitud de licencia del diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo. Pido a la Secretaría dar cuenta con los resolutivos de la solicitud del diputado Manuel Clouthier.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, para separarse de sus funciones como diputado federal electoral electo por el quinto distrito electoral del estado de Sinaloa, a partir del 16 de octubre del año en curso.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría en votación económica, si es de aprobarse la solicitud del diputado Clouthier.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados, comuníquense, y nuevamente externamos nuestros saludos y congratulaciones a un extraordinario compañero. Muchas gracias, don Manuel. Gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (15:23 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 17 de octubre a las 11 horas.