Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Peru.136.03.htm
Timestamp: 2017-03-29 01:24:30
Document Index: 178425271

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 23', 'artículo 31', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 47']

I. RESUMEN 1. Mediante petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión”, “Comisión Interamericana” o “CIDH”) de fecha 3 de febrero de 2003 por Juan Miguel Jugo Viera en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Edgar Cruz Acuña, hermano de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, y Herma Luz Cueva Torres, madre de Herma Luz Meléndez Cueva, (en adelante los “peticionarios”), se denunció que el Estado del Perú (en adelante “Perú”, el “Estado” o el “Estado peruano”) violó, en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y Herma Luz Meléndez Cueva (en adelante las “presuntas víctimas”), ciertos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), al detenerlos y ejecutarlos sumariamente una vez que miembros del Ejército peruano lograron recuperar el control sobre la residencia del Embajador de Japón en el Perú el 22 de abril de 1997, que se encontraba en manos de integrantes del grupo Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), desde el 17 de diciembre de 1996. 2. El Estado peruano efectuó su defensa, alegó diversos argumentos sobre la denuncia de los peticionarios y, respecto a los requisitos de admisibilidad, sustentó que la petición debería ser considerada inadmisible por encontrarse pendiente ante la jurisdicción nacional un proceso penal y en consecuencia no haber finalizado la vía previa pertinente. 3. En este Informe, la Comisión concluye que la petición es admisible respecto a las alegadas violaciones al derecho a la vida, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial, consagrados respectivamente en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1(1), en perjuicio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y David Peceros Pedraza. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 4. Por nota de 3 de febrero de 2003, recibida en la CIDH el 19 de febrero de 2003, el señor Juan Miguel Jugo Vera en representación de APRODEH, Edgar Cruz Acuña, hermano de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, y Herma Luz Cueva Torres, madre de Herma Luz Meléndez Cueva, formularon denuncia en contra del Estado peruano, por la detención y ejecución de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez y Herma Luz Meléndez el 22 de abril de 1997. El 3 de marzo de 2003, la CIDH envió nota acusando recibo de la denuncia a los peticionarios. 5. El 9 de septiembre de 2003, la Comisión abrió la petición 136/03 y transmitió al Estado las partes pertinentes de la petición el 10 de septiembre de 2003, solicitándole que proporcionara información. En la misma fecha, comunicó al peticionario sobre el trámite y le solicitó informaciones adicionales.
12. Hasta la caída del régimen fujimorista se mantuvo en silencio los reales sucesos ocurridos en el operativo de rescate. Sin embargo, poco después empezaron a aparecer indicios de ejecuciones extrajudiciales contra emerretistas rendidos. Así, el 18 de diciembre del año 2000, en el diario "El Comercio", el ex-primer secretario de la Embajada del Japón en el Perú, Hidetaka Ogura, uno de los rehenes, declaró expresamente que había visto junto con otros de los retenidos miembros de la Corte Suprema de Justicia, el Viceministro de la Presidencia y a dos coroneles, que tres personas del grupo subversivo habían sido capturados con vida, entre ellos a quien llamaban "Tito". 13. A raíz de ello, el 2 de enero de 2001, APRODEH interpuso una denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás De Bari Hermoza Ríos, Julio Salazar Monroe y los que resulten responsables, por la comisión del delito de Homicidio Calificado, en agravio de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, alias "Tito" y otros dos integrantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que participaron en la toma de la Embajada del Japón en diciembre de 1996. La investigación preliminar de los hechos denunciados estuvo a cargo del Fiscal Provincial Especializado Richard Saavedra. 14. Dentro de las diligencias adelantadas en la Fiscalía, el señor Ogura remitió una carta con firma legalizada por el Consulado peruano en Tokio, en la que confirmó sus declaraciones periodísticas y señaló que en circunstancias del operativo de rescate en el momento en que estaba siendo evacuado con otros rehenes, pudo observar a una pareja de emerretistas que habían sido rodeados y desarmados por comandos. Que escuchó que la mujer gritaba, "no me maten o no lo maten". Posteriormente, en la casa vecina pudo observar a "Tito" o Eduardo Cruz Sánchez, quien había sido detenido y entregado a un comando, quien lo regresó a la residencia. Luego conoció la versión que todos habían muerto, por lo que reafirma que se produjeron ejecuciones extrajudiciales.
19. Señalaron que el Ministerio Público a pesar de las presiones descritas, presentó denuncia contra 19 personas entre las que se encontraba los comandos que según la investigación realizada, habían participado en la ejecución de Herma Luz Meléndez Cueva "Melisa" y de David Peceros Pedraza. Junto a estas personas, estarían implicados los mandos que debieron conocer de estas capturas, según la propia estructura y jerarquía militar. El Juez del Tercer Juzgado de Instrucción, profirió auto de apertura de proceso, concediendo a los comandos orden de comparecencia y detención preventiva a Jesús Zamudio Aliaga. 20. Indicaron los peticionarios, que por su parte, el Fuero Militar el 28 de mayo de 2002, inició un proceso por delito de Abuso de autoridad, y delito de gentes, conforme el Código de Justicia Militar, contra 140 comandos que participaron en el operativo conocido como Chavín de Huántar. Que en el mismo, no incluyeron en la etapa de investigación a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermosa Ríos, Jesús Zamudio Aliaga y Roberto Huaman Ascurra, haciendo eco a lo propuesto por el Ministro de Defensa, e iniciaron la contienda de competencia.
22. El 16 de agosto de 2002, se celebró la vista de la causa en la Corte Suprema de Justicia, a fin de escuchar el informe oral de las partes en la contienda de competencia planteada por el Fuero Militar. Se presentó a esta diligencia el Fiscal Militar, persona encargada en la investigación paralela ante la Justicia militar, de denunciar y llevar la carga de la prueba, sin embargo en su informe oral, realizó una cerrada defensa de los comandos, indicando “que no se podía tratar a los héroes como villanos”. 23. La resolución de la Corte Suprema de 16 de agosto de 2002, declinó jurisdicción a favor del Fuero Militar, en lo que respecta a la investigación de los 19 comandos, Sostuvo que los hechos habían ocurrido en zona declarada en emergencia, durante un operativo militar y en acatamiento a órdenes superiores. Que las infracciones de naturaleza delictiva en que hubieren incurrido, correspondían ser conocidas por el Fuero Militar, lo que no ocurre con personas ajenas a dichos comandos, quienes habrían actuado de ser el caso, como infractores y autores de delitos comprendidos en la legislación común.
24. Bajo estos argumentos, se separó a determinados agentes del proceso del fuero militar, a fin de seguir siendo investigados en el fuero común: Vladimiro Montesinos Torres, Roberto Huaman Ascurra, Nicolás Hermosa Ríos y Jesús Zamudio Aliaga, quienes tuvieron que ver directamente con la ejecución de Eduardo Cruz Sánchez y dieron la orden de la ejecución de Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza. Pero que los ejecutores y los jefes que trasmitieron las órdenes, fueron investigados por el mismo Fiscal Militar que los presentó en su defensa ante la Corte Suprema de Justicia como héroes, siendo juzgados finalmente por jueces militares, nombrados por el Ministerio de Defensa. 25. Informaron que la revista "Actualidad Militar", publicación de la Oficina de Informaciones del Ejército en el número 417 de septiembre de 2002, realizó una cerrada defensa de los comandos e indicó que al haber fallado el conflicto de competencias la Corte Suprema en favor del Fuero Militar, se había procedido con sentido común, ya que los comandos serían juzgados en consideración a las circunstancias de guerra.
26. En Octubre de 2002, el Fiscal Richard Saavedra Luján, quien fue presionado y amenazado con investigaciones por su actuación en este caso, fue destituido sin motivación alguna por el Consejo Nacional de la Magistratura, contra dicho magistrado no se conocía sanción o investigación por inconducta alguna. 27. Ante la respuesta del Estado peruano, los peticionarios señalaron que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de 16 de agosto 2002, de dividir el proceso en dos y derivar al fuero militar a parte de los autores de las ejecuciones extrajudiciales, es la causa de la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana, pues se trata de una resolución definitiva que no está prevista de recurso alguno.
28. Recalcaron que la Justicia Militar no es competente para investigar violaciones a los derechos humanos, como es la ejecución extrajudicial, pues según el propio Código de Justicia Militar sólo puede avocarse al conocimiento de un hecho que reúna tres requisitos básicos: Que el sujeto activo sea militar o policía. Que la conducta o acción esté vinculada a la función militar, y que el sujeto pasivo sea miembro de las fuerzas policiales o militares. Entendiéndose que la conducta cometida por el sujeto activo debe recaer sobre objeto jurídico de relevancia funcional, es decir vinculado a la finalidad, organización y funciones de las fuerzas armadas, por lo cual el presente caso, no puede considerarse delito de función. 29. Los peticionarios reiteraron, que los tribunales militares no son órganos competentes, independientes e imparciales, por que de acuerdo con la Ley Orgánica de Justicia Militar - Decreto-Ley No. 23.201, dependen del Ministerio de Defensa. Este fuero se encuentra subordinado a un órgano del Poder Ejecutivo, por cuanto el nombramiento de los jueces del fuero privativo militar, depende del Ministro de Defensa y necesariamente tienen que formar parte de las fuerzas armadas. 30. Apuntaron que el trámite ante el fuero privativo militar, no puede constituir un recurso efectivo para proteger los derechos de las víctimas y de sus familiares, y remediar los daños causados. Al haber avocado los hechos la justicia penal militar, lo hizo para proteger a los implicados, por lo que dicho procedimiento, no ofrece las garantías mínimas de independencia e imparcialidad requeridas de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención.
35. El Estado por su parte manifestó que, el 17 de diciembre de 1996, miembros del Movimiento Revolucionario "Tupac Amaru", armados con fusiles AKM, pistolas ametralladoras UZI, lanza cohetes RPG, pistolas Browming, revólveres, granadas de mano, explosivos, máscaras antigas, entre otras armas, ingresaron violentamente al inmueble por diversas áreas, logrando reducir al personal de seguridad, tomando por asalto la residencia y secuestraron a todos los residentes e invitados, para exigir al Gobierno el cumplimiento de diversas demandas relacionadas principalmente con la liberación de los miembros del MRTA, detenidos en diversos establecimientos penales del país y para el otorgamiento de determinadas concesiones en el desarrollo de sus actividades subversivas. Luego de conformarse una Comisión de alto nivel encargada de negociar con los líderes del comando terrorista, fueron liberadas la mayoría de las personas retenidas en el inmueble, negociaciones que se truncaron el 17 de enero de 1997 quedando secuestradas un total de 72 personas. 36. El 22 de abril de 1997 se produjo la incursión del Operativo "Chavín de Huántar", " (...) algunos de los rehenes, quienes frecuentemente enviaban mensajes al equipo de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, a través de los micrófonos instalados en la Residencia, comunicaron que solo un subversivo se encontraba en el segundo piso del inmueble, al cuidado de los rehenes, pues los demás, incluyendo el Líder Néstor Cerpa Cartolini, se encontraban en la primera planta, (...) siendo el Mayor EP José Luis Cortijo Arbulu y el Teniente Coronel EP. Roberto Huaman Ascurra, quienes recibieron los mensajes y de inmediato este último lo comunicó al Coronel EP. Williams Zapata, al Coronel EP. Robles del Castillo y al Coronel EP. Cabrera Pino, comunicación que también fue transmitida al entonces Asesor Vladimiro Montesinos Torres, a fin se que coordinara con el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori y el Comandante General del Ejército Nicolás de Bari Hermoza Ríos el operativo..." 37. Como resultado de dicha acción, fueron liberadas 71 personas, pero fallecieron el entonces Vocal de la Corte Suprema de la República doctor Carlos Giusti Acuña, los Comandos Teniente Coronel EP. Juan Valer Sandoval y el Teniente EP. Raúl Jiménez Chávez y los catorce miembros del Comando terrorista del MRTA. 38. El 24 de mayo de 2002 el Fiscal Penal Especializado, doctor Richard Saavedra Luján, formalizó denuncia contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Edmundo Huaman Ascurra, Augusto Jaime Patiño, José Williams Zapata, Luis Alatrista Torres, Carlos Tello Aliaga, Benigno Leonel Cabrera Pino, Jorge Orlando Fernández Robles, Hugo Víctor Robles Del Castillo, Víctor Hugo Sánchez Morales, Jesús Zamudio Aliaga, Raúl Huarcaya Lovon, Walter Martín Becerra Noblecilla, José Alvarado Díaz, Manuel Antonio Paz Ramos, Jorge Feliz Díaz, Juan Carlos Moral Rojas, y Tomás César Rojas Villanueva, por delito contra la vida, el cuerpo y la salud - homicidio calificado-en agravio de Nicolás Eduardo Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y una persona hasta el momento no identificada (preliminarmente identificada como Víctor Salomón Peceros Pedraza). Asimismo, formalizó denuncia penal contra Juan Fernando Dianderas Ottone, Martín Solari De La Fuente y Herbert Danilo Angeles Villanueva por el delito de encubrimiento real. 39. El 11 de junio de 2002, en el expediente 019-2002, el Juez del Tercer Juzgado Penal Especializado dictó auto de apertura de instrucción, declarando el inicio del procesamiento de Vladimiro Montesinos Torres y otros por el delito de homicidio, y resolviendo no ha lugar de abrir instrucción en contra de Juan Fernando Dianderas Ottone, Martín Solari De La Fuente y Herbert Danilo Angeles Villanueva por el delito contra la Administración de Justicia -Delito contra la función jurisdiccional- Encubrimiento Real.
42. Respecto a la contienda de competencia planteada en el referido proceso, el Estado indicó que el Fiscal del Consejo de Guerra Militar Especial, denunció a Néstor Cerpa Cartolini y otros por el delito de Traición a la Patria, debido a la toma de la residencia del Embajador de Japón en el Perú, en mérito a que el Tribunal Supremo Militar Especial habilitó jurisdicción al Consejo de Guerra Militar del Ejército el 18 de diciembre de 1996. La Sala del Consejo de Guerra Especial del Ejército, nombró a un Juez Penal Militar Especial Ad Hoc, para que avocara el conocimiento de la causa, abriendo instrucción y dando cuenta al Fiscal Militar Especial, proceso que concluyó con la muerte de los emerretistas durante el operativo de recuperación de residencia del Embajador del Japón. 43. El Estado señala que con fecha 26 de junio de 2002, la Vocalía del Consejo Supremo de Justicia Militar, resolvió que el Tercer Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Lima, se inhibiera del conocimiento de la instrucción N° 019-2002, fundando su pedido en que personal de las Fuerzas Armadas comprendidos, estaban considerados en el auto de apertura de Instrucción de la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar. Conforme lo establece el artículo 23 del Código de Procedimientos Penales, el Tercer Juzgado Penal Especializado estando al pedido del Consejo Supremo de Justicia Militar, dispuso que se le debe dar el trámite de contienda de competencia. 44. En tal sentido, el 16 de agosto de 2002, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema dirimió la contienda de competencia a favor del fuero militar, declarando que la instrucción seguida ante el fuero militar, continuaba allí, debiendo en consecuencia, el Tercer Juzgado Penal Especializado, remitir a la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar, copia certificada de todo lo actuado en la instrucción seguida en contra de Augusto Jaime Patiño, José Williams Zapata, Luis Alatrista Rodríguez, Carlos Tello Aliaga, Víctor Robles Del Castillo, Víctor Hugo Sánchez Morales, Raúl Huarcaya Lovón, Walter, Becerra Noblecilla, José Alvarado Díaz, Manuel Paz Ramos, Jorge Félix Díaz, Juan Carlos Moral Rojas, Tomas Cesar Rojas Villanueva, Jorge Orlando Fernández Robles y Benigno Leonel Cabrera Pino. También ordenó proseguir la instrucción respecto a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Roberto Huaman Ascurra y Jesús Zamudio Aliaga. 45. Mediante Oficio N° 427-P-CSJM del 3 de noviembre de 2003, la Presidencia del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) informó que la causa N° 52000-2002-0071 seguida contra el General de División (r) Augusto Jaime Patiño y otros, por el delito de Abuso de Autoridad, así como el cuaderno de contienda de competencia, se encontraba con Informe Final del Vocal Instructor del CSJM. Mediante Oficio N° 345-S-CSJM del 01 de diciembre de 2003, la Secretaría General del CSJM informó que la causa N° 52000-2002-0071, había sido elevada en consulta a la Sala correspondiente. 46. Asimismo, según advierte el Informe Pericial Médico Legal realizado por la División de Exámenes Tanatológicos y Auxiliares, que de "los catorce cadáveres necropsiados, en ocho de ellos (NN dos, NN tres, NN seis, NN siete, NN diez, NN once, NN doce y NN catorce), que representan el cincuenta y siete por ciento de los casos, se encontró lesiones por proyectil de arma de fuego, cuya perforación de ingreso al organismo, estuvo ubicado en el cuello y por la región posterior comprometiendo vértebras cervicales, encontrándose que estas lesiones tenían su orificio de salida ubicado en la región anterior o lateral de la cabeza, determinado que su dirección fue atrás - adelante; la frecuencia y repeticiones de este tipo de lesiones en la cabeza y cuello, determinan el Patrón Lesional en estos segmentos (...)". 47. Por estar pendiente un proceso penal ante la jurisdicción nacional y por ende no haberse agotado la vía previa pertinente, el Estado peruano solicitó a la Honorable Comisión declare la inadmisibilidad de la petición N° 136/2003 conforme a lo establecido en los artículos 46(1)(a) de la Convención Americana en concordancia con el artículo 31 del Reglamento de la CIDH.
B. Requisitos de admisibilidad de la petición 1. Agotamiento de los recursos internos 51. El artículo 46 de Convención Americana señala 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
53. En la petición bajo estudio, observa la Comisión que el Estado en su primera respuesta, planteó como corolario de su escrito, la inadmisibilidad de la petición por encontrarse pendiente proceso penal en el fuero interno por estos hechos. Por lo tanto, la Comisión considera procedente referirse a las condiciones del agotamiento de los recursos internos, en primer término con relación al proceso adelantado ante la justicia penal militar y, en segundo término, con relación a las investigaciones y procesos ante la justicia ordinaria en relación con las perspectivas de efectividad. 54. El Estado ha informado que con ocasión de la toma de la residencia del Embajador del Japón por parte de grupo subversivo MRTA, al siguiente día, el 18 de diciembre de 1996, ante la denuncia del Fiscal del Consejo de Guerra Militar Especial, el Tribunal Militar especial habilitó jurisdicción al Consejo de Guerra Militar del Ejército, quien nombró un Juez Penal Militar ad hoc, que avocó conocimiento de la causa y abrió instrucción en contra de Néstor Cerpa Cartolini y otros por el delito de traición a la Patria. Por lo tanto los hechos allí ocurridos, en lo que respecta a su investigación habrían estado bajo jurisdicción de la justicia penal militar desde ese momento. 55. Por su parte los peticionarios han señalado, que tal información no es exacta pues una vez ejecutado el operativo “Chavín de Huántar” el 22 de abril de 1997 para retomar la residencia de la Embajada, un juez militar fue quien dio la orden que los cadáveres no fueran remitidos al Instituto de Medicina Legal como correspondía y que fueran llevados al Hospital de la Policía en donde se practicaron necropsias en forma parcial y que así mismo, tal autoridad dispuso las inhumaciones de los mismos en un cementerio alejado, sin permitir la identificación y el acceso de los familiares.
56. Los peticionarios señalan que el proceso penal abierto en contra de los miembros del Ejército que conformaban el Comando “Chavín de Huántar” en la jurisdicción militar, se originó para sustraer de la justicia ordinaria a los responsables de las ejecuciones de las presuntas víctimas y para ello indican cómo el mismo día en que el Fiscal Provincial Especializado Richard Saavedra Luján, formuló denuncia ante la justicia ordinaria en contra de todas aquellas personas vinculadas al hecho, entre ellas los miembros de este comando, el Procurador Militar formuló también denuncia ante el fuero penal militar por los mismos hechos pero únicamente contra los miembros del comando militar, y excluyó a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huaman Ascurra y Jesús Zamudio Aliaga. Que todos los trámites para poner en funcionamiento tal jurisdicción y proferir apertura de instrucción por los delitos de abuso autoridad y delito de gentes, se cumplieron en un solo día y luego se suscitó la contienda de competencia contra la justicia ordinaria para solicitar el conocimiento de los hechos. 57. Según lo narrado por los peticionarios, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de agosto 16 de 2002, que dirimió a favor de la justicia penal militar el conflicto de competencias respecto a los comandos, estuvo rodeado de presiones de algunos ministros del gobierno y de fallidos intentos de proyectos de amnistía a favor de los implicados, resolución que por ser de única instancia finiquita el tema de la competencia.
59. La Comisión ha mantenido constante doctrina en el sentido de que la jurisdicción militar no constituye el foro apropiado y por lo tanto no brinda un recurso adecuado para investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, presuntamente cometidas por miembros de la fuerza pública o con su colaboración o aquiescencia[5]. En igual forma, la Corte Interamericana de Derechos humanos, ha sentenciado que la justicia penal militar sólo constituye un ámbito adecuado para juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar[6] . Entonces, la investigación y juzgamiento de miembros del Ejército ante la justicia militar, por los hechos de las presuntas ejecuciones de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y David Peceros Pedraza, no es un remedio adecuado para esclarecer su responsabilidad en las graves violaciones denunciadas, en los términos del artículo 46(1) de la Convención Americana. 60. En lo que respecta al proceso adelantado ante la jurisdicción ordinaria, la Comisión observa que si bien la instrucción seguida contra Vladimiro Montesinos Torres, Roberto Huaman Ascurra, Nicolás Hermosa Ríos y Jesús Zamudio Aliaga, está en desarrollo y ello podría llegar a configurar el no agotamiento del recurso interno, lo es también, que en la investigación en contra de Juan Fernando Dianderas Ottone, Martín Solari De La Fuente y Herbert Danilo Angeles Villanueva, por el delito contra la Administración de Justicia -Delito contra la función jurisdiccional- Encubrimiento Real, por el manejo que se diera de los cuerpos de las víctimas, la escena de los hechos y la cadena de custodia de las evidencias; el Juez Tercero Anticorrupción, mediante auto de 17 de octubre de 2003, se pronunció sobreseyendo la acción penal a favor de los implicados, bajo el argumento de que obraron en cumplimiento de un mandato judicial.[7]
61. En una investigación penal de esta naturaleza, la preservación de la escena del crimen, el manejo de los cadáveres por el personal médico legista, las diligencias de necropsia evacuadas de acuerdo a los estándares internacionales y la cadena de custodia sobre la evidencia recuperada, desde el mismo momento en que la autoridad ingresa a la escena de los hechos, son labores fundamentales para establecer con otras pesquisas, que fue lo ocurrido, identificar a los autores para lograr la vinculación a un proceso. En este caso, la ausencia de toda esta actividad en su momento y más aún, las gestiones que presuntamente adelantaron estos agentes del Estado para encubrir los hechos, lo que aunado al paso del tiempo desde que estos se presentaron, no auguran perspectivas de efectividad del recurso interno a efectos del requisito establecido en el artículo 46(2) de la Convención Americana.[8] La Corte Interamericana ha consignado, que si bien toda investigación penal debe cumplir con una serie de requisitos legales, la regla del previo agotamiento de los recursos internos no debe conducir a que la actuación internacional en auxilio de las víctimas se detenga o se demore hasta la inutilidad.[9] 62. Por lo anterior, la Comisión considera que resultan aplicables las excepciones previstas en el artículo 46(2)(a) y (c) de la Convención Americana, sin que requiera el agotamiento de los recursos internos para el presente caso en cuanto a la investigación y procesamiento de los miembros del Comando Militar "Chavín de Huántar" que intervinieron en los hechos denunciado, ni en lo que respecta a los agentes del Estado que participaron en el encubrimiento de los hechos una vez ocurridas las presuntas ejecuciones extrajudiciales. 2. Plazo de presentación 63. Con relación al requisito contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención, conforme al cual la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos, la Comisión considera que tampoco resulta exigible el cumplimiento de tal plazo, toda vez que la petición fue presentada dentro del término razonable al cual hace referencia el artículo 32(2) de su Reglamento para los casos en los cuales no se ha dictado sentencia firme con anterioridad a la presentación de la petición.
66. La Comisión considera que la discusión sobre la existencia de violaciones a los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1(1) de la misma ha de ser objeto del análisis de fondo del caso. Para efectos de admisibilidad, la Comisión concluye que existen elementos suficientes para que los hechos tiendan a indicar violaciones de derechos humanos y que la denuncia no se califica como manifiestamente infundada ni evidentemente improcedente. V. CONCLUSIONES
67. La CIDH ha establecido en el presente informe que tiene competencia para examinar la petición presentada sobre la presunta violación del derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y David Peceros Pedraza, éste último no denunciado pero cuyos derechos al parecer también fueron vulnerados en los mismos hechos y bajo la misma modalidad. 68. La Comisión concluye que la petición es admisible de conformidad con el artículo 47(a) de la Convención Americana. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
Corte IDH, Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996, párr. 40; Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia del 31 de enero de 1996, párrafo 40; Caso Castillo Petruzzi, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de septiembre de 1998, párrafo 56; Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingi, Sentencia del 1 de febrero de 2000, párrafo 54 a 56. [5]
CIDH, Informe de admisibilidad 11.748, Pueblo Bello, Colombia (2002), párr. 24; Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1999), pág. 175; Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (1993), pág. 246; Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil (1997), págs. 40-42. [6]
Corte IDH, Caso Durand y Ugarte, Sentencia del 16 de agosto de 2000, párr. 117. [7] “Juez Barreto ignoró pruebas para exculpar a ex ministro Dianderas.” La República, edición de 20 de noviembre de 2003. [8]
CIDH, Informe de Admisibilidad Nº 57/00, La Granja, Ituango, Colombia, (2000), párr. 44.