Source: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/suelo-no-urbanizable/suelo-no-urbanizable.htm
Timestamp: 2017-07-26 16:41:17
Document Index: 211494630

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 9', 'in fine', 'artículo 12', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 20']

A tal efecto, el artículo 9 de la Ley 6/1998 señala: «Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los efectos de esta Ley, los terrenos en que concurran alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
Es el caso de Cataluña, Navarra, Madrid, Galicia, Canarias, Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja, País Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Aragón, Castilla y León. En todas estas Comunidades Autónomas habrá de estarse, en primer lugar, a la Ley 6/1998, habida cuenta de que los preceptos que la misma dedica al suelo no urbanizable tienen el carácter de legislación básica, y, en lo que no se opongan a ella, a sus legislaciones respectivas. A continuación, y en la medida que armonicen y no contradigan la Ley 6/1998 y la legislación autonómica propia, habrán de entenderse vigentes los Reglamentos urbanísticos de desarrollo del T.R.L.S.-1976 (Planeamiento, Gestión y Disciplina), salvo que las Leyes autonómicas declaren expresamente su inaplicación. B) Comunidades Autónomas que han asumido, de una u otra forma, el Texto Refundido de 1992.
Aparte del sistema de fuentes anteriormente establecido, que constituye la normativa general de aplicación en relación al suelo no urbanizable, no puede desconocerse toda la legislación sectorial, ya sea estatal o autonómica, que incide en él (en materia de aguas, carreteras, vías pecuarias, aeropuertos, medio ambiente, patrimonio histórico, conservación de la naturaleza, espacios naturales, actividades clasificadas, etc.) y que resultará de obligado acatamiento cuando se esté en presencia de terrenos que el planeamiento urbanístico se haya visto obligado a incluir en las categorías de suelo no urbanizable especialmente protegido, por estar sometidos a algún régimen de protección especial conforme a la referida legislación sectorial o a la de ordenación del territorio que resulte de aplicación. Clasificación del suelo no urbanizable: Categorías.
Tampoco la Ley 6/1998 categoriza expresamente el suelo no urbanizable, entre otras razones porque ello corresponde a las Comunidades Autónomas, según resulta de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, pero de lo dispuesto en su artículo 9 pueden extraerse, fácilmente, las dos categorías clásicas de suelo no urbanizable «protegido» y «común». Dentro del primero estaría comprendido el suelo no urbanizable especialmente protegido (el del art. 9.1.ª) cuya clasificación, como tal, es reglada al venir impuesta al planificador por los planes de ordenación del territorio o por la legislación sectorial (en razón de la existencia de una serie de valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales merecedores de especial protección), por el planeamiento sectorial (por los riesgos naturales que contemple), o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio publico. También entraría en esa categoría de protegido el que lo sea por decisión del planificador, que considera necesario preservarlo del desarrollo urbano por la concurrencia de los valores antes mencionados, por su valor agrícola, ganadero, forestal o por sus riquezas naturales (es el suelo no urbanizable al que se refiere la primera parte del art. 9.2.ª). Por último está el suelo no urbanizable en el que no concurren valores que justifiquen una especial protección o su preservación y en el que la razón de tal clasificación vendrá dada por su inadecuación para el desarrollo urbano (art. 9.2 in fine), lo que corresponde apreciar discrecionalmente al planificador, aunque motivando adecuadamente tal clasificación en la Memoria del Plan o de las Normas Subsidiarias. Las Comunidades Autónomas que disponen de legislación propia y específica en esta materia clasifican el suelo no urbanizable de diferente manera: unas distinguen las categorías de suelo no urbanizable genérico y suelo no urbanizable especial (La Rioja y Aragón), refiriéndose algunas a esta última categoría con la denominación de protegido (Madrid) o especialmente protegido (Comunidad Valenciana); en Castilla-La Mancha se establecen las categorías de «suelo rústico protegido» y «suelo rústico de reserva», y en otras Comunidades, aparte de la categoría de suelo no urbanizable genérico (en Castilla y León se le denomina «rústico común», y en el País Vasco «no urbanizable común»), se contemplan diferentes variedades de suelos no urbanizables protegidos, ya sea por la legislación sectorial o la de ordenación del territorio, o por el propio planeamiento municipal (Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Navarra). Algunas legislaciones introducen la categoría de «núcleo rural» dentro del suelo rústico o no urbanizable (Asturias, Cantabria, País Vasco) y otras añaden denominaciones como las de «suelo rústico de entorno urbano» y «suelo rústico con asentamiento tradicional» (Castilla y León).
El análisis del régimen jurídico del suelo no urbanizable obliga a estudiar los derechos y deberes de los propietarios del mismo, así como las limitaciones urbanísticas a las facultades dominicales, dentro de las cuales es preciso diferenciar las que afectan a las facultades de disposición y las que afectan a las facultades de aprovechamiento; pero, al existir diferentes categorías, no puede hablarse de un régimen jurídico único, sino que existirán tantos estatutos jurídicos de suelo no urbanizable como categorías. Dadas las características de esta obra y la diversidad de regulaciones que pueden contemplarse, en función de la existencia de diferentes normativas autonómicas y de la variedad de regímenes aplicables en cada una de ellas a las diferentes categorías de suelo no urbanizable, aquí habremos de limitarnos a señalar lo esencial de la regulación básica estatal en materia de derechos y deberes de los propietarios de suelo no urbanizable, remitiendo al lector para un análisis más profundo a las obras generales o a los estudios específicos que se recogen en la bibliografía que acompaña a esta voz. El artículo 12 de la Ley del Suelo de 1998, de aplicación a todos los tipos de suelo, establece que: «Los derechos y deberes de los propietarios de suelo que se regulan en esta Ley se ejercerán de acuerdo con la normativa que sobre planeamiento, gestión y ejecución del planeamiento establezca la legislación urbanística en cada caso aplicable». Y el art. 19.1, también de aplicación general, establece: «Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana». En relación con las limitaciones a las facultades de disposición, el apartado 2 del artículo 20 señala que: «En suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin que, en ningún caso, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza». Ambas prohibiciones son analizadas en la voz «parcelaciones».
Por lo que respecta a las limitaciones a las facultades de aprovechamiento, en el artículo 20.1 de la Ley se contemplan dos tipos de usos: unos, a los que se refiere el párrafo 1, que podemos denominar no constructivos, siguiendo terminología acuñada por alguna Comunidad Autónoma (Navarra, La Rioja), que guardan relación con el destino y aprovechamiento natural del suelo («Los propietarios del suelo clasificado como no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, y dentro de los limites que, en su caso, establezcan las Leyes o el planeamiento») y otros, de tipo constructivo o edificatorio, a los que se refiere el segundo párrafo, que tienen carácter excepcional y exigen la concurrencia de un interés público y la justificación de que no concurren las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 9 de la Ley. Precisamente, este segundo párrafo señala: «Excepcionalmente, a través del procedimiento previsto en la legislación urbanística, podrán autorizarse actuaciones especificas de interés público, previa justificación de que no concurren las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 9 de la presente Ley». Dado que la Ley 6/1998 tiene por objeto la definición del contenido básico del derecho de propiedad y que corresponde a las Comunidades Autónomas la competencia en materia de «Ordenación del Territorio y Urbanismo», serán éstas las que, a través de sus especificas regulaciones, habrán de concretar «el interés público» al que se refiere el artículo 20, modulando para cada tipo de suelo no urbanizable los derechos reconocidos en el precepto básico estatal. Parece claro, en todo caso, que ese concepto de interés público no es equiparable al supuesto tradicional de construcciones de «utilidad pública o interés social» que la normativa estatal anterior contemplaba como posibles en este tipo de suelo, aunque sometidas a un procedimiento de autorización previa por parte del órgano competente de la Comunidad Autónoma (denominado, generalmente, Comisión Provincial de Urbanismo). Así, en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, dentro de ese concepto de «interés público» tienen encaje, entre otros, los ya clásicos cuatro supuestos de construcciones en este suelo no urbanizable (las construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas derivadas de la utilización racional de los recursos naturales; las construcciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas; las construcciones de «utilidad pública o interés social» y las viviendas unifamiliares aisladas) y también otras Leyes autonómicas posteriores a la Ley estatal 6/1998 contemplan otras posibilidades edificatorias en esta clase de suelo, distintas de las llamadas «actuaciones especificas de interés público», como es el caso de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (Ley 10/1998, de 2 de julio), que prevé, entre otras actividades o usos constructivos, además de las construcciones agrícolas, ganaderas o similares y las construcciones e instalaciones necesarias para la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas, la vivienda en áreas territoriales donde no exista peligro de formación de núcleo de población, las construcciones e instalaciones para equipamiento, dotaciones o servicios que deban emplazarse en el suelo no urbanizable y las construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales que deban emplazarse en suelo no urbanizable o que no sean propias del suelo urbano o urbanizable, siempre que sean compatibles con los objetivos del régimen de protección previsto para el suelo donde hayan de emplazarse, y en la Ley Urbanística de Aragón (Ley 5/1999, de 25 de marzo) son posibles, en el que ella denomina suelo no urbanizable genérico, entre otras construcciones, la vivienda unifamiliar aislada (y no sólo la vinculada a explotación agraria o al servicio de las obras públicas, sino también la vivienda unifamiliar aislada de recreo), aparte de las construcciones e instalaciones de interés público que hayan de emplazarse en el medio rural.
En cuanto al procedimiento a seguir para la autorización de usos excepcionales en el suelo no urbanizable o rústico habrá de estarse a lo que disponga la legislación propia de cada Comunidad Autónoma. En las que asumieron como propio el T.R.L.S.-1992 se tendrá en cuenta el procedimiento establecido en su art. 16.3.2.ª y en aquellas Comunidades Autónomas que no tienen normativa propia en la que se regule el procedimiento a seguir y que no asumieron como propio el T.R.L.S.-1992 habrá que tener en cuenta el procedimiento previsto en los artículos 85.1.2.ª del T.R.L.S.-1976 y 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística (por la remisión que a los mismos llevan a cabo los arts. 86 y 45 de las indicadas disposiciones, respectivamente), todo ello como consecuencia de la doctrina establecida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo. BIBLIOGRAFÍA:
FERNÁNDEZ FERRERAS, C.: «Régimen jurídico del suelo no urbanizable común: Limitaciones a las facultades de disposición y de aprovechamiento», Revista de Estudios Locales (CUNAL), núm. extraordinario sobre Urbanismo, julio (1999), recogiéndose en el último abundante bibliografía al respecto. Está constituido por los terrenos que el planeamiento general no incluya en el suelo urbano, o en el urbanizable, sea programado o no, y, en particular, los espacios que dicho planeamiento determine para otorgarles una protección especial basándose (1) en su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, (2) en las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, (3) en las posibilidades de explotación de sus valores paisajísticos, históricos o culturales, y (4) con el fin de defender su fauna, flora o equilibrio ecológico. Los terrenos así clasificados no podrán destinarse a fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético o equivalentes.
Ley del Suelo y ordenación urbana, artículos 12 y 15. Suelo contaminado
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