Source: http://espanito.com/informe-no-46131.html
Timestamp: 2018-07-22 08:51:38
Document Index: 49307257

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 30', 'e contrario', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 29', 'artículo 44', 'artículo 29', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 17']

Informe no. 46/131
PETICIÓN 659-07
ÁNGEL CONCEPCIÓN PÉREZ GUTIÉRREZ Y FRANCISCO PÉREZ VÁSQUEZ
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión”, “Comisión Interamericana” o “CIDH”) recibió el 16 de mayo de 2007 una petición presentada por María Esther Cruz López, y la asociación civil “Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos” (en adelante “peticionarios”), en representación de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez, miembros del pueblo indígena chol (en adelante “presuntas víctimas”). La petición se presentó en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “Estado” o “Estado mexicano” o “México”) por no brindar a las presuntas víctimas un intérprete que les permita defenderse y comprender las acusaciones en su contra, así como por la falta de una defensa eficaz y otras garantías del debido proceso en un juicio penal seguido en su contra.
Los peticionarios alegan que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención” o “Convención Americana”), en relación con los artículos 1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de las presuntas víctimas. Asimismo, alegan la violación de los artículos 2, 3, 8, 9, 10 y 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (en adelante “Convenio 169 de la OIT”); y del artículo 14.3.f del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “aplicados ambos en términos del artículo 29 de la Convención”.
Por su parte, el Estado alega que la petición es inadmisible por falta de competencia de la CIDH para pronunciarse sobre el ámbito penal; y por la falta de agotamiento de recursos internos, al considerar que se encuentra pendiente la interposición de un recurso de revisión contra la sentencia recaída en el juicio de amparo.
Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decide declarar el caso admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 y 2 de dicho instrumento internacional en perjuicio de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez. La Comisión decide además, notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
El 17 de mayo de 2007 la Comisión recibió la petición y le asignó el número 659-07. El 12 de enero de 2012 transmitió las partes pertinentes de la petición al Estado de México, solicitándole que dentro del plazo de dos meses, presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la CIDH. El Estado envió su respuesta el 14 de junio de 2012, la cual fue debidamente trasladada a los peticionarios. Además, la CIDH recibió información de los peticionarios el 11 de marzo de 2008, trasladada al Estado junto con la petición.
Alegan la condena penal sin las garantías del debido proceso en contra de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez, indígenas chol de 42 y 73 años, respectivamente, quienes según señalan se encuentran privados de libertad en la cárcel de Tacotalpa, Estado de Tabasco, México.
Sostienen que, en el contexto de un conflicto por la posesión de la tierra entre ejidatarios de la comunidad de Tuitzol, Municipio de Tila, Chiapas, y de la comunidad de Agua Blanca, Ejido de Huapacal, Tabasco, el 16 de noviembre de 1995, fueron asesinados Florentino Hernández López y Vicente Pérez Pérez. En particular, afirman que en tal fecha, Florentino Hernández de la comunidad de Agua Blanca, acudió armado con un rifle calibre 22, junto con su hijo Eulalio Hernández, a la parcela de Vicente Pérez, de la comunidad de Tuitzol, por motivos vinculados al problema agrario que tenían ambos ejidos. Señalan que en medio de una discusión Florentino Hernández disparó en contra de Vicente Pérez, quien antes de caer herido lanzó un machetazo en contra del propio Florentino, hiriendo también a su hijo Eulalio, quien a su vez disparó contra Vicente, privándolo de la vida.
Manifiestan que en el momento en que ocurrieron tales hechos, Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez, vecinos del poblado de Huacapal, Municipio de Tila, Chiapas, se encontraban trabajando en una parcela ubicada a una distancia de 4 a 5 horas caminando, perteneciente a Marco Hernández Vázquez. Afirman que al ser informado de lo ocurrido, el señor Pérez Gutiérrez acudió al lugar de los hechos, donde fungió como perito en la diligencia de levantamiento del cuerpo de Vicente Pérez, a petición del juez municipal y la secretaria del Ministerio Público.
Afirman que, a pesar de ello, las presuntas víctimas fueron detenidas y consignadas ante el Juez Mixto de Tacotalpa, Tabasco, como presuntos responsables de la comisión del delito de homicidio calificado en agravio únicamente de Florentino Hernández López, y fueron procesados en la causa penal No. 4/996. Indican que mediante sentencia del 7 de agosto de 1998, fueron condenados a una pena de 25 años y al pago de una reparación de $12,197.60 pesos por concepto de reparación del daño.
Alegan que, la condena contra las presuntas víctimas fue producto de un proceso penal contrario a las garantías del debido proceso. En particular, sostienen que, durante la declaración preparatoria y los careos con los testigos, Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez no contaron con un intérprete como era su derecho, por ser hablantes de la lengua chol y porque difícilmente se expresaban en español. Al respecto, aseguran que tal omisión no puede justificarse en el acta relativa a su declaración preparatoria en que se indica que hablan perfectamente español, dado que, por lo que respecta a Francisco Pérez Vázquez, no sabía leer ni escribir. Agregan que en ello se evidencia que el defensor de oficio no ejerció cabalmente su función. Sostienen además que resulta contrario a las garantías del debido proceso lo afirmado en la sentencia en cuanto a que “no se les proporcionó intérprete porque no demostraron los procesados que no supieran hablar español o comprender lo que ocurría en el proceso”.
Asimismo, afirman que Ángel Concepción Pérez Gutiérrez fue detenido y procesado como “Miguel Ángel Pérez”, no obstante que desde su declaración preparatoria aclaró que ese no era su nombre, sin que el juez realizará diligencias tendientes a confirmar su identidad. Indican que, a pesar de que los homicidios de Florentino Hernández López y Vicente Pérez Pérez se produjeron por la riña entre ambos, se abrieron averiguaciones previas por separado, con lo cual no se tomaron en cuenta las pruebas relativas al homicidio de éste último que corroboraban la versión de las presuntas víctimas.
Sostienen que contra la sentencia de primera instancia, las presuntas víctimas interpusieron un recurso de apelación ante la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, identificado bajo el número 491/2000-III. Indican que mediante sentencia del 26 de junio de 2000, dicho Tribunal confirmó el fallo condenatorio, modificándolo únicamente en lo relativo a la suspensión de derechos políticos de las presuntas víctimas. Con relación a la falta de intérprete de la lengua chol, informan que dicho tribunal consideró que, el que los acusados afirmaran ser inocentes y que alegaran circunstancias al respecto, muestra que “entienden suficientemente bien el idioma castellano y por lo tanto, el hecho de que no se les hubiere dotado de un intérprete del lenguaje chol, no les conculcó garantías individuales”.
Afirman que esta decisión se basó en la prueba testimonial y no tomó en cuenta las pruebas ofrecidas por la defensa, llegando a la conclusión de que “[…] a tales argumentos defensivos no se les confiere eficacia probatoria por no haberlos comprobado los acusados con elementos de convicción dignos de fe […]”, lo que enfatizan resulta abiertamente contrario al derecho a la presunción de inocencia. Agregan que el Tribunal también omitió evaluar la averiguación previa iniciada por la muerte de Vicente Pérez Pérez, a pesar de que se presentó al proceso y de que resultaba fundamental para corroborar lo afirmado por los testigos de descargo.
Manifiestan que el 28 de mayo de 2006 las presuntas víctimas interpusieron un juicio de amparo directo ante el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, alegando la falta de intérprete, y la falta de motivación en la sentencia. Indican que mediante fallo del 6 de noviembre de 2006, notificado el 16 de noviembre de 2006, el Tribunal resolvió no amparar a las presuntas víctimas. Según afirman, su razonamiento con respecto al idioma, habría sido que éstas manifestaron hablar y entender el idioma, de acuerdo al acta relativa a las declaraciones preparatorias, y que contaban con un defensor de oficio, por lo que no quedaron en indefensión. Señalan que el Tribunal consideró irrelevante el que no se haya corroborado fehacientemente que Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y “Miguel Ángel Pérez” sean la misma persona, y que en la sentencia condenatoria se haga referencia indistintamente a la presunta víctima con ambos nombres. Con respecto a la alegada vulneración a la presunción de inocencia, indican que el Tribunal consideró que “si bien es verdad que los quejosos negaron su participación en los hechos, era a ellos a quien correspondía la carga de la prueba”.
En suma, alegan que la privación arbitraria de su libertad personal en virtud a un proceso penal violatorio de las garantías del debido proceso; la negativa de protección judicial en la primera instancia, tribunal de apelación y tribunal de amparo; así como la afectación a su integridad personal “ante la serie de violaciones y afectación que han sufrido” y en especial, la del señor Francisco Pérez Vásquez -de 73 años de edad al momento de la presentación de la petición- cuyo “estado de salud física y psicológica se está viendo cada vez más deteriorado”; configuran la violación de los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 del mismo instrumento.
Con relación a la violación del artículo 2 de la Convención, alegan la inexistencia de normas específicas en el ordenamiento mexicano que establezcan el deber de las autoridades estatales con funciones de investigación y procesamiento penal de brindar a las personas indígenas un intérprete que les permita “enfrentar, comprender y hacerse comprender en su propia lengua”; y de aquellas relativas a la implementación del principio de presunción de inocencia en la investigación, procesamiento y decisión en materia penal. Asimismo, alegan la violación de varios artículos del Convenio 169 de la OIT y del artículo 14.3.f del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aplicados en términos del artículo 29 de la Convención Americana.
Contrariamente a lo señalado por los peticionarios respecto a los hechos que dieron lugar al proceso penal contra las presuntas víctimas, el Estado sostiene que, producto de un conflicto territorial en el ejido de “Agua Blanca” perteneciente al Municipio de Tacotalpa, Tabasco, el 16 de noviembre de 1995 Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez, junto con otras personas, “concibieron, prepararon, y ejecutaron el delito de homicidio en contra del señor Florentino Hernández López”.
Indica que el proceso judicial contra las presuntas víctimas fue conocido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Tacotalpa, ante el cual rindieron su primera declaración el 10 de junio de 1998. Alega que, en tal oportunidad, Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez manifestaron comprender el idioma español y se declararon inocentes de los cargos imputados por el Ministerio Público. Agrega que en todo momento las presuntas víctimas estuvieron asistidas por un defensor de oficio.
Afirma que, “una vez rendidas y estudiadas todas las pruebas sometidas dentro del proceso”, en agosto de 1998 el Juzgado emitió sentencia contra Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez por delito de homicidio calificado en perjuicio de Florentino Hernández López. Informa que contra dicha decisión, las presuntas víctimas presentaron un recurso ante la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, instancia que el 26 de junio de 2000 confirmó la sentencia condenatoria. Indica que, inconformes con el fallo, las presuntas víctimas interpusieron un juicio de amparo ante el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, el cual dictó sentencia en contra de sus pretensiones el 6 de noviembre de 2006.
Respecto a la admisibilidad de la petición, alega, de un lado, la falta de competencia de la CIDH para pronunciarse sobre el ámbito penal; y de otro, la falta de agotamiento de recursos internos por no haber interpuesto los peticionarios un recurso de revisión contra la sentencia recaída en el juicio de amparo.
En cuanto a lo primero, sostiene que la pretensión de los peticionarios es que la CIDH “valore las pruebas del procedimiento interno con miras a obtener una resolución que se pronuncie sobre su culpabilidad”. Afirma que, no obstante, los órganos del Sistema interamericano no tienen competencia en materia penal, sino que éste ámbito es de “competencia exclusiva del Estado”, por lo que la CIDH no puede pronunciarse sobre “la configuración de los tipos penales nacionales y mucho menos establecer la culpabilidad o inocencia de los mismos”.
Con relación a lo segundo, alega la falta de agotamiento de recursos internos por parte de los peticionarios, dado que contra la decisión del 6 de noviembre de 2006 que resolvió el juicio de amparo, “primer recurso ordinario nacional para la protección de los derechos humanos”, los peticionarios contaban con el recurso de revisión de amparo, el cual no fue interpuesto. Señala al respecto que la Corte Interamericana ha reconocido que el amparo es el recurso idóneo para resolver sobre violaciones a derechos humanos. Afirma que, en el caso particular del ordenamiento mexicano, se trata de un recurso “efectivo, expedito, y [que] se lleva a cabo bajo la protección más amplia que otorgan los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales México es parte”, esto último con ocasión de las reformas en materia de derechos humanos promulgadas en junio de 2011.
Competencia de la Comisión ratione personae, ratione loci, ratione temporis y ratione materiae
Los peticionarios se encuentran facultados, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto de quienes el Estado de México se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que México es un Estado parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana, que habrían tenido lugar dentro del territorio de México, Estado Parte en dicho tratado.
Respecto al Convenio 169 de la OIT y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Comisión señala que carece de competencia para pronunciarse respecto a su violación, sin perjuicio de lo cual puede utilizarlos como pauta de interpretación de las obligaciones convencionales, a la luz de lo establecido en el artículo 29 de la Convención Americana2.
El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, tener la oportunidad de solucionarla antes de que sea conocida por una instancia internacional.
En el presente asunto, el Estado sostiene que los peticionarios no agotaron los recursos internos al no haber promovido un recurso de revisión contra la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, del 6 de noviembre de 2006, que desechó la demanda de amparo. Por su parte, los peticionarios argumentan que agotaron los recursos internos.
Al respecto, la CIDH observa, en base a la información aportada por las partes, que el 7 de agosto de 1998 el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Tacotalpa, Tabasco, dictó sentencia condenatoria contra las presuntas víctimas, la cual fue apelada el 27 de agosto del mismo año. Dicho recurso fue resuelto por el Tribunal de alzada el 1 de octubre de 1999, el cual ordenó dejar insubsistente la sentencia y reponer el procedimiento, y dispuso la realización de careos procesales entre los testigos de cargo y los de descargo. Asimismo, la CIDH nota a partir de la información a su alcance que, tras tales diligencias procesales, el 28 de abril de 2000 el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Tacotalpa declaró a Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez penalmente responsables por el delito de homicidio calificado y les impuso la pena privativa de libertad de 25 años y el pago de una reparación pecuniaria. Las presuntas víctimas interpusieron recurso de apelación, el cual fue rechazado mediante sentencia del 26 de junio de 2000 emitida por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Contra esta decisión, interpusieron un recurso de amparo conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, el cual decidió no amparar a las presuntas víctimas mediante decisión del 6 de noviembre de 2006.
La CIDH igualmente observa que en diferentes etapas del proceso, como por ejemplo, en los recursos de apelación y de amparo interpuestos, las presuntas víctimas impugnaron, entre otros aspectos relacionados con las garantías del debido proceso, la presunta falta de interpretación de la lengua chol. Asimismo, observa que las presuntas víctimas agotaron los recursos ordinarios y presentaron un recurso de amparo que fue denegado.
Al respecto, la CIDH ha establecido que el requisito de agotamiento de los recursos internos no significa que las presuntas víctimas tengan necesariamente la obligación de agotar todos los recursos que tengan disponibles. En efecto, la Corte Interamericana ha sostenido que “en todos los ordenamientos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias”3. Tanto la Corte, como la Comisión han sostenido en reiteradas oportunidades que “… la regla que exige el previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios”4. En consecuencia, si las presuntas víctimas plantearon la cuestión por alguna de las alternativas válidas y adecuadas según el ordenamiento jurídico interno y el Estado tuvo la oportunidad de remediar la cuestión en su jurisdicción, la finalidad de la norma internacional está cumplida5.
Teniendo en cuenta los recursos interpuestos y agotados, con base en los términos del artículo 46 de la Convención, la Comisión concluye que el requisito de previo agotamiento se encuentra satisfecho. En consecuencia, la Comisión Interamericana verifica que se han agotado los recursos previstos por la legislación mexicana y determina que la petición analizada cumple el requisito exigido en el artículo 46.1.a de la Convención.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1.b de la Convención para que una petición pueda ser admitida, debe presentarse dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que la parte denunciante fue notificada de la decisión definitiva dictada a nivel nacional. La norma de los seis meses garantiza certidumbre y estabilidad jurídica una vez que una decisión ha sido adoptada. En el presente asunto, mediante sentencia de 6 de noviembre de 2006 se resolvió el juicio de amparo, la cual fue notificada el 16 de noviembre de 2006, según lo afirmado por los peticionarios y no controvertido por el Estado. Dado que la petición fue recibida el 16 de mayo de 2007, la CIDH concluye que este requisito se encuentra satisfecho.
3. Duplicidad de procedimientos y cosa juzgada internacional
A los efectos de declarar admisible una petición, la Convención exige en su artículo 46.1.c, que la materia de la misma no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional y, en su artículo 47.d, que no reproduzca el contenido de una petición ya examinada por éste u otro organismo internacional. En el caso sub examen, la Comisión observa que las partes no han alegado la existencia de ninguna de estas causales de inadmisibilidad y que tampoco es posible deducirlas del expediente de la causa. Por lo tanto, la CIDH considera satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.
La jurisprudencia de la Comisión Interamericana establece claramente que no es competente para revisar sentencias dictadas por tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y apliquen las debidas garantías judiciales. La CIDH no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia. No obstante, dentro de los límites de su mandato de garantizar la observancia de los derechos consagrados en la Convención, la Comisión Interamericana sí es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiera a una sentencia judicial nacional que haya sido dictada al margen del debido proceso, o si se describe una violación de cualquier otro derecho garantizado por la Convención Americana6.
El Estado argumenta que la denuncia es inadmisible porque no contiene hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados en la Convención Americana. Por su parte, los peticionarios alegan respecto del proceso seguido contra los señores Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez, que el Estado debió proporcionarles un intérprete para el desarrollo del proceso penal instaurado en su contra y en particular, al momento de rendir su declaración preparatoria y los careos con los testigos además de no haber contado con una defensa eficaz, entre otras alegadas violaciones al derecho al debido proceso.
En virtud de los argumentos y la documentación aportada por las partes, así como la jurisprudencia interamericana, la Comisión considera que no se evidencia la falta de fundamento o improcedencia en el reclamo presentado. Asimismo, la CIDH estima que los alegatos de los peticionarios relativos a la privación de su libertad personal en virtud a un proceso penal presuntamente violatorio de las garantías del debido proceso, y en particular, la falta de un traductor que les permitiera hacerse entender en el idioma chol, podrían llegar a caracterizar prima facie una violación de los derechos garantizados en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
Con relación a la alegada violación del artículo 2 de la Convención, los peticionarios basaron su argumento en que la legislación penal vigente al momento de los hechos, no contenía disposiciones específicas que establezcan el deber de las autoridades con funciones de investigación y procesamiento penal de brindar a las personas indígenas un intérprete; ni aquellas relativas a la implementación del principio de presunción de inocencia en la investigación, procesamiento y decisión en materia penal. Considerando que la información disponible indica que se habrían producido cambios legislativos en la materia posteriores a los hechos, la CIDH analizará en la etapa de fondo las alegaciones de los peticionarios a la luz de las obligaciones contenidas en el artículo 2 de la Convención Americana. Adicionalmente, teniendo presente los documentos aportados por las partes y sus alegaciones, la Comisión observa que los hechos denunciados sobre la falta de un intérprete durante el juicio penal seguido en contra de las presuntas víctimas, podrían caracterizar una violación al artículo 24 de la Convención Americana7.
La Comisión concluye que tiene competencia para conocer el fondo de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y decide continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 y 2 de dicho instrumento internacional, respecto de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez.
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,
1. Declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1.1 y 2 de dicho tratado en perjuicio de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 12 días del mes de julio de 2013. (Firmado): Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Rosa María Ortiz, Segunda Vicepresidente; Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil y Rose-Marie Antoine, Miembros de la Comisión.
1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión, el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana, no participó en el debate ni en la decisión de la presente petición.
2 Véase inter alia; CIDH, Demanda presentada ante la Corte IDH en el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, 17 de marzo de 2003; CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004. párr. 87.
3 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs 64 y 66; Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 111; Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 117.
4 Corte IDH. Asunto de Viviana Gallardo y otras. Serie A No. G 101/81, párr. 26.
5 CIDH, Informe N° 57/03 (Admisibilidad), Petición 12.337, Marcela Andrea Valdés Díaz c. Chile, 10 de octubre de 2003, párr. 40; y CIDH, Informe No. 67/12, Petición 728-04, Rogelio Morales Martínez (México), 17 de julio de 2012, párr. 34.
6 Ver CIDH, Informe Nº 1/03, Caso 12.221, Jorge Omar Gutiérrez, Argentina, 20 de febrero de 2003, párr. 46, citando Informe Nº 39/96, Caso Nº 11.673, Marzioni, Argentina, 15 de octubre de 1996, párrs. 50-51.Ver, CIDH, Informe Nº 4/04, Petición 12.324, Rubén Luís Godoy, Argentina, 24 de febrero de 2004, párr. 44.
7 Véase al respecto CIDH, Informe 49/08, Petición 261-04, Ricardo Ucán Seca (México), 24 de julio de 2008, párr. 56; y CIDH, Informe No. 67/12, Petición 728-04, Rogelio Morales Martínez (México), 17 de julio de 2012, párr. 41.