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Timestamp: 2017-12-16 20:58:53
Document Index: 227917734

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Ayudas a la investigación Regresión a segundo grado: causas y consecuencias
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Alberto Espejo Navarro
1 Ayudas a la investigación 2012 Regresión a segundo grado: causas y consecuencias Autores Josep Cid Moliné Beatriz Tébar Vilches Con la colaboración de: Aina Ibàñez i Roig Año 2013
2 Regresión a segundo grado: causas y consecuencias Josep Cid Moliné Beatriz Tébar Vilches Con la colaboración de: Aina Ibàñez i Roig
3 El Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada ha editado esta investigación respetando el texto original de los autores, que son responsables de su corrección lingüística. Las ideas y opiniones expresadas en la investigación son de responsabilidad exclusiva de los autores, y no se identifican necesariamente con las del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Aviso legal Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento-NoComercial- SinObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons cuyo texto completo está disponible en Por ello, se permite la reproducción, la distribución y la comunicación pública del material, siempre que se cite al autor del material y el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (Departamento de Justicia) y no se haga un uso comercial de ella ni se transforme para generar obra derivada. 3
4 Agradecimientos Esta investigación no se hubiera podido llevar a cabo sin la colaboración de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación que nos aportó los datos estadísticos sobre regresión y que nos ha facilitado el acceso a los expedientes penitenciarios de las personas participantes en la investigación. En particular, queremos hacer constar nuestro agradecimiento a Joan Pere Queralt, jefe del Servicio de Medio Abierto y Servicios Sociales, que nos ha facilitado enormemente el trabajo con su disposición permanente para solucionar nuestras dudas durante la investigación y que se leyó y discutió largamente con nosotros una primera versión de este informe, aportando valiosas sugerencias que hemos considerado en la versión final. Juntamente con él queremos agradecer a las personas de la administración penitenciaria catalana que nos han ayudado en la tarea de explicar a los internos la investigación y conseguir su participación y, en particular a: Dolors Basallo, subdirectora de tratamiento del Centro Abierto de Lleida; Juanjo Buzón, coordinador de tratamiento de la unidad semiabierta de Brians y, Lluís Fernández, subdirector de tratamiento del Centro Penitenciario Brians II; Jordi Gómez, responsable del área de Servicios Sociales de Ejecución Penal de Barcelona; Joana González, directora de la Unidad Dependiente de Can Consol; Quim López, coordinador del Equipo Multidisciplinar del Centro Penitenciario Quatre Camins; Rosa Maria Martínez, subdirectora de tratamiento del Centro Abierto I de Barcelona, Aurora Morell, subdirectora de Tratamiento del Centro Penitenciario Ponent, Ricardo Sanchis, subdirector del Centro Penitenciario Brians I; Francisco Vicente, subdirector de tratamiento del Centro Penitenciario Lledoners y Maribel Ruiz, pedagoga de este centro; Misericòrdia Benavent, subdirectora de tratamiento del Centro Penitenciario de Tarragona; Núria Cusó, subdirectora de tratamiento del Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, y a todo el resto de profesionales tanto del área de tratamiento como de vigilancia que nos han facilitado el acceso a los centros y el desarrollo de las entrevistas. En toda la parte de explotación de los datos estadísticos, así como por cuestiones logísticas, hemos contado con la colaboración de Aina Ibàñez i Roig, técnica de investigación del grupo de Criminología aplicada a la 4
5 penología. Para acabar, queremos agradecer a todas y a cada una de las personas entrevistadas la disposición a compartir sus vivencias con nosotros. Financiación Esta investigación ha sido financiada por el CEJFE (Resolución JUS/2960/2011, de 21 de diciembre, y JUS/1313/2012, de 22 de junio por la que se otorgan becas a la investigación, el estudio y el análisis en los ámbitos de la ejecución penal, la mediación penal, la atención a la víctima, la Administración de justicia y el derecho civil catalán) y por la AGAUR (Grupo de investigación Criminología aplicada a la penología, 2009-SGR-01117), y se integra en el proyecto más amplio sobre Factores explicativos del desistimiento y obstáculos a la reinserción (Ministerio de Economía y Competitividad, DER C02-01). 5
6 Sumario 1. Introducción Concepto y marco legal de la regresión de grado penitenciaria Concepto El sistema penitenciario donde se insiere la regresión Regulación de las causas y consecuencias de la regresión penitenciaria Procedimiento, revisión y órganos competentes en la regresión de grado La decisión administrativa de regresión de grado La decisión judicial de regresión de grado instada por el Ministerio Fiscal La revisión judicial de las resoluciones de regresión de grado Tercer grado: clasificación, regímenes de vida y establecimientos de cumplimiento Requisitos y formas de clasificación en tercer grado Regímenes de vida y establecimientos de cumplimiento del tercer grado La legitimidad de la regresión Razones criminológicas para limitar el uso de la regresión Evidencia criminológica en favor de la liberación escalonada El coste humano y económico del encarcelamiento Un modelo constitucional garantista y rehabilitador de la regresión La protección de la libertad El principio resocializador La práctica de la regresión Objetivos y preguntas de investigación Metodología Población de la investigación Técnicas de obtención de la información Técnicas de análisis
7 4.2.4 Desarrollo de la investigación Resultados Características demográficas y penitenciarias de la muestra Infracciones Prevención de las infracciones Procedimiento Finalidades de la regresión (uso en clave de rehabilitación) Afectación al desistimiento Conflictividad Percepción de legitimidad del personal penitenciario Permisos post-regresión Forma de acabar la condena Discusión de las preguntas de investigación Respeta la práctica de la regresión el modelo normativo justificado? Por qué razones las personas regresadas no finalizan la condena en tercer grado o en libertad condicional? Conclusiones y propuestas Conclusiones Propuestas Bibliografía Anexos Anexo 1. Plantilla de análisis Anexo 2. Ficha resumen entrevista y valoración del caso
8 1. Introducción La investigación que se presenta en este informe tiene como objeto de análisis la regresión a segundo grado de personas condenadas a prisión que están cumpliendo su pena en régimen abierto. Esta investigación nace de una reflexión sobre una característica de nuestro sistema de ejecución de penas de prisión que creemos que es preocupante: el hecho de que la transición escalonada a la comunidad no sea la forma normal de acabar una pena de prisión (Cid y Tébar, 2010a y b). Tal como se ve en la tabla 1, los datos de Cataluña para el periodo nos indican que un porcentaje, que no ha llegado nunca a la mitad de los que finalizan su condena, lo hace en régimen de tercer grado o en libertad condicional, es decir, que aproximadamente tres de cada cinco penados son excarcelados sin transición progresiva y, por lo tanto, sin supervisión. Tabla 1. Forma de acabar la condena: primer grado, segundo grado, tercer grado o libertad condicional. Cataluña ( ) Año N 1º-2º grado 3º grado LC 3º grado + LC N % N % N % % , , ,1 28, , , ,2 32, , , ,6 34, , , ,2 36, , , ,5 36, , , ,0 37, , , ,0 30, , , ,6 31, , , ,3 32, , , ,9 35, , , ,2 37, , , ,7 34, , , ,7 41, , , ,3 35, , , ,1 36, ,3 13,1 21,6 34,7 Fuente: Dirección General de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación (Consejería de Justicia, Generalitat de Cataluña). Información no publicada facilitada a los autores 8
9 El hecho de que la transición escalonada a la comunidad no sea la forma más habitual de liberación de las personas que cumplen una pena de prisión resulta una realidad que merece una reflexión crítica desde diversas perspectivas. En primer lugar, existe una cierta evidencia empírica de que los sistemas de transición escalonada que se focalizan en personas con un riesgo consistente de reincidencia y que abordan sus necesidades criminógenas son más efectivos para evitar la reincidencia que la liberación sin ningún tipo de supervisión. En segundo lugar, parece defendible que las formas abiertas de cumplimiento de una pena de prisión facilitan en mayor medida que las formas cerradas las posibilidades de desarrollo humano de las personas condenadas y causan un sufrimiento menor a las familias de los presos. Finalmente, el coste que supone una supervisión en tercer grado o en libertad condicional es inferior al cumplimiento de una pena de prisión en régimen ordinario. Si existen razones de peso para defender que la transición escalonada a la comunidad sea la manera normal de extinguir una pena de prisión, resulta entonces pertinente interrogarse por las razones que explican que la realidad esté lejos de este ideal. Una investigación anterior orientada a otros objetivos nos mostraba que, aunque la inmensa mayoría de las personas presas iniciaba un proceso de reinserción a partir de los permisos penitenciarios, cuando existía un fracaso en este proceso de reinserción resultaba difícil disponer de una segunda oportunidad (Cid y Martí, 2011). Antes de plantear la investigación actual, solicitamos a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación los datos de revocaciones de terceros grados para verificar si, en efecto, la regresión del tercer grado podría contar entre las causas que explican que una mayoría de personas extinga su condena en segundo grado de clasificación. El primer dato del que disponemos nos indica que existe una tasa relevante de terceros grados que son revocados, que tal como indica la tabla 2 se sitúa aproximadamente en el 29% en el periodo La forma de computar las regresiones en la estadística de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación difiere de la nuestra que presenta datos mucho más bajos de regresión para el periodo analizado. En la estadística de la Dirección se calcula el porcentaje de regresiones sobre el total de personas que en un año han pasado por el tercer grado 9
10 Tabla 2. Revocaciones de tercer grado. Porcentaje sobre personas en tercer grado. Cataluña ( ) Año Tercer Grado N Revocaciones N Revocaciones sobre personas en tercer grado % , , , , , , , ,4 Fuente: Dirección General de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación. Nota: Personas clasificadas en tercer grado a 31 de diciembre de cada año. Revocaciones producidas a lo largo del año El segundo dato relevante es cómo finalizan la condena las personas a las que se les revoca el tercer grado. Para conseguir este dato pedimos también a la Dirección General de Servicios Penitenciarios la información relativa a cómo finalizan las condenas las personas que sufrieron una regresión a segundo grado en un año determinado. Se solicitaron datos de población regresada en 2004 y 2005 para que hubiera tiempo suficiente para extinguir la condena. Los resultados que se exponen en la tabla 3 muestran que, aproximadamente, 2 de cada 3 personas regresadas finalizan su pena de prisión sin transición. (sumando los clasificados en tercer grado el primer día de año y las altas en tercer grado durante todo el año). El problema que, a nuestro parecer, tiene este cálculo es que no tiene en cuenta a las personas que causan baja del tercer grado durante el año del tercer grado (para acabar la condena, pasar a libertad condicional o por regresión) y por lo tanto minimiza el porcentaje de regresiones. Creemos que es más ajustado valorar el número de regresiones sobre las personas que durante un año están de media en tercer grado. Dado que no disponemos de la media utilizamos como indicador el dato de personas clasificadas en tercer grado a 31 de diciembre de cada año. Véase /9_pob.html 10
11 Tabla 3. Forma de acabar la condena de las personas que sufren una regresión a segundo grado. Cataluña. Personas regresadas durante 2004 y 2005 Forma de excarcelación N % Primer grado 20 2,0 Segundo grado ,9 Tercer grado ,4 Libertad condicional ,9 Otros 9 0,9 Total Fuente: Dirección General de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación (Consejería de Justicia, Generalitat de Cataluña). Información no publicada facilitada a los autores. Nota: El total de regresados entre 2004 y 2005 es de Pero hay 135 personas que en la fecha en que se nos facilitan los datos (febrero de 2012) todavía no han sido liberadas. Llegados a este punto podemos plantearnos qué impacto tienen las regresiones a segundo grado en las tasas de liberación escalonada. La tabla 4 está construida sobre la base de considerar qué porcentaje de personas finalizarían la condena en tercer grado o en libertad condicional en el caso de que estas regresiones no se hubieran producido. La conclusión es que esta tasa subiría 14 puntos porcentuales, y llegaría a incluir a casi la mitad de la población reclusa. Tabla 4. Impacto de la regresión a segundo grado en las tasas de personas liberadas con transición a la comunidad. Cataluña ( ) Año Liberados N 3º grado + LC N % Revocaciones que finalizan en 1º o 2º grado N 3º grado o LC si no se hubieran producido las revocaciones % , , , , , , , , , , ,2 51,2 Fuente: Tabla construida sobre la base de la información contenida en las tablas 2, 3 y 4. Nota: Para calcular el número de revocaciones que finalizan en primer o segundo grado se ha multiplicado el número de revocaciones que aparece en la tabla 2 por 0,70 ya que es 70% el porcentaje de personas regresadas que acaban en primer o segundo grado (véase tabla 3). 11
12 Llegados a este punto, en que se ha podido verificar que la regresión tiene un papel determinante en el hecho de que el final escalonado o con transición de la pena de prisión no sea la forma normal de extinguir una pena de prisión en Cataluña, ya podemos considerar justificada una investigación sobre la aplicación de la regresión a segundo grado. La investigación que presentamos responde a dos objetivos principales. El primer objetivo consiste en valorar si la aplicación de la regresión resulta suficientemente respetuosa de un modelo garantista y rehabilitador de la regresión. Existen tanto razones de cariz criminológico como de cariz jurídico para defender que, de la misma manera que se postula que la pena de prisión tendría que utilizarse una vez que se han respetado las garantías procedimentales básicas y solo cuando no existe otro instrumento apto para evitar la reincidencia de la persona, también la regresión a segundo grado que supone pasar de una situación de semilibertad a una situación de privación de libertad solo tendría que ser usada cuando resulta ser el único recurso del que se dispone para conseguir enderezar el objetivo rehabilitador de la pena privativa de libertad (Cid, 2009). El segundo objetivo consiste en averiguar qué razones pueden explicar que una vez que la persona es regresada sea tan difícil que acabe la condena con una transición a la comunidad. Se parte de la hipótesis de que determinados factores que son consecuencia de la regresión, como un incremento de la conflictividad o una disminución de la motivación al cambio, han dificultado que la administración penitenciaria proponga a la persona una liberación escalonada. La investigación se basa en el análisis de una población de personas, las que fueron regresadas en Cataluña en 2011 y que finalizaban su condena en la segunda mitad de 2012 (entre el 1 de julio y el 31 de diciembre). Los sujetos que cumplen con estos criterios de inclusión son 52. Se ha escogido esta población de personas que son regresadas al final de su condena (entre la fecha de regresión y la fecha de liberación definitiva puede haber un mínimo de 6 meses y un máximo de dos años) con la idea de que la regresión fuera 12
13 suficientemente reciente y la persona pudiera recordar bien tanto las causas que la motivaron como las consecuencias que tuvieron. Se han utilizado dos técnicas de análisis: 1) un estudio del expediente penitenciario del interno, tanto el que está en papel en la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación como el que figura en el Sistema Informático Penitenciario de Cataluña (SIPC), y 2) una entrevista semiestructurada con las personas que han sido regresadas. De las 52 personas de la muestra, se ha podido entrevistar a 39 personas (el 75%). Se han utilizado las dos técnicas de análisis porque se ha considerado que los objetivos de la investigación requerían contrastar la información generada por los profesionales de la institución penitenciaria con la propia perspectiva de la persona que ha experimentado la regresión. Esta investigación ha sido realizada con una finalidad eminentemente práctica. Nuestro objetivo consiste en poder plantear mejoras en la aplicación del uso de la regresión, de forma que solo se recurra a este instrumento cuando sea realmente necesario, y de esta manera puedan incrementarse las tasas de condenas que se acaban en tercer grado o en libertad condicional. El informe de investigación que sigue se estructura de la siguiente manera. En el capítulo 2, se analiza la regulación jurídica de la regresión a segundo grado con la idea de poner de manifiesto que se trata de un sistema que da un amplio margen de discrecionalidad a los aplicadores del derecho en el ámbito penitenciario. En el capítulo 3, se aborda la discusión sobre los modelos normativos que tienen que guiar la regresión y se aportan razones de orden criminológico y otras de orden jurídico para plantear un uso de la regresión inspirado en principios garantistas y rehabilitadores. En el capítulo 4, se aborda la práctica de la regresión, describiendo las preguntas de la investigación, la metodología, los resultados y la discusión de las preguntas de investigación. Finalmente, en el capítulo 5, se destacan las conclusiones más importantes de la investigación y se hace un conjunto de propuestas dirigidas a mejorar la práctica de esta institución. 13
14 2. Concepto y marco legal de la regresión de grado penitenciario 2.1 Concepto La regresión de grado puede ser definida como un instrumento del sistema penitenciario consistente en un procedimiento administrativo que sitúa a un interno condenado en un grado de clasificación inferior del que se encontraba, como consecuencia de una involución en su proceso rehabilitador. Esta definición viene determinada en el marco jurídico penitenciario español vigente que fundamentalmente se encuentra en la Constitución Española (CE), en el Código Penal (CP), en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) y en el Reglamento Penitenciario de ámbito estatal (RP). De acuerdo con esta definición, la regresión de grado penitenciario: a) Es un elemento del sistema penitenciario de individualización científica que establece la LOGP. b) Es una forma y un presupuesto para llegar a una clasificación en un determinado grado penitenciario. En este sentido, la regresión es la cara contraria de la progresión, que permite avanzar en los grados de clasificación del sistema penitenciario. c) Es una herramienta del tratamiento penitenciario en tanto que sus preceptos de aplicación se ligan a la evaluación del interno en relación con su proceso rehabilitador (art de la LOGP y del RP). d) Supone una limitación del ámbito de la libertad y las relaciones con el exterior en la medida que la clasificación en un grado inferior lleva asociada la aplicación de un régimen penitenciario más restrictivo. e) Es un procedimiento administrativo propio de la actividad de la administración penitenciaria ya que la decisión sobre la regresión corresponde a este órgano en primera instancia, sin perjuicio de que sea 14
15 impugnable ante órganos judiciales (arts y 273.e del RP y 76.2.f de la LOGP). En los apartados siguientes se desarrollan los diferentes rasgos del régimen jurídico de la regresión penitenciaria. De forma previa, es recomendable exponer las características del sistema penitenciario de individualización científica en el que se insiere y se contextualiza la regresión de grado. 2.2 El sistema penitenciario donde se insiere la regresión La LOGP establece el sistema de individualización científica como marco de la ejecución de las penas privativas de libertad. Este sistema penitenciario separa en grados el cumplimiento de las penas con una lógica de progresividad en el ámbito de la libertad asociado a cada grado, de forma que el avance en los grados permite mayor contacto con el exterior. Nuestro sistema penitenciario se compone de cuatro grados de numeración consecutiva, el último de los cuales es la libertad condicional (art. 72 de la LOGP). Otro rasgo esencial del sistema de individualización científica es la vinculación de la clasificación en cada uno de estos grados a la evolución de la persona condenada en el tratamiento, entendido como el proceso de abandono de la actividad delictiva y reinserción en la sociedad empleando técnicas propias de las ciencias sociales y de la salud (arts. 59 y sig. De la LOGP). En el contexto de este sistema penitenciario, la progresión de grado implica una ampliación del ámbito de la libertad de la persona condenada, mientras que la regresión de grado o revocación en el caso de la libertad condicional supone una restricción de aquel ámbito y, por lo tanto, del contacto con el exterior. El sistema de individualización científica se forja a partir de la estructura del sistema progresivo aplicado, entre otros, por Montesinos en el presidio de Valencia (1835) y Crofton en Irlanda (1853). La reforma penitenciaria de 1968 marca el punto de inflexión entre el paso de un sistema progresivo a un sistema de individualización científica, que finalmente se formaliza en la LOGP de En los sistemas progresivos clásicos es obligatorio el cumplimiento de un mínimo de tiempo en cada una de las fases o grados previstos a las que se asocia un régimen de vida determinado. En cambio, el sistema de 15
16 individualización científica se caracteriza por la flexibilidad en el avance de grados, de manera que es posible una clasificación inicial en tercer grado, así como por la posibilidad de aplicar condiciones de vida propias de diferentes regímenes penitenciarios. Los grados de clasificación son un reflejo de la naturaleza progresiva del sistema de individualización científica, en tanto que cada grado de clasificación se asocia a un régimen de vida que comporta mayor libertad ambulatoria en relación con el régimen aplicado en el grado predecesor. Por su lado, de la naturaleza individualizada de este sistema penitenciario se deriva el principio de flexibilidad de regímenes que permite combinar diferentes aspectos de los regímenes asociados a cada grado de clasificación (art. 100 RP) (Tébar, 2006). La clasificación en grados y el tratamiento son los ejes vertebradores del sistema de individualización científica y la relación de ambos elementos determina las condiciones de vida durante el cumplimiento de una pena privativa de libertad. La clasificación penitenciaria establece el marco regimental de aplicación del tratamiento penitenciario mientras que la evolución en el tratamiento determina la clasificación en uno u otro grado. Al margen de la vinculación entre clasificación y evolución en el tratamiento, la LOGP y el RP establecen de forma genérica los siguientes criterios o aspectos de valoración del interno que han de tenerse en cuenta para determinar la clasificación en un grado u otro (arts. 63 y 72 LOGP y 102.1,.2, y 4 y 106 RP): la personalidad; el historial individual, familiar, social y delictivo; la duración de la pena y medidas penales impuestas; el medio al que probablemente regresará; y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el éxito del tratamiento. La clasificación en uno u otro grado determina el régimen de vida y el establecimiento penitenciario de cumplimiento así como el tipo de actividades de tratamiento que pueden seguirse y el número y la frecuencia de los permisos de salida. La LOGP prevé tres tipos de regímenes de vida que se corresponden con los tres grados de denominación correlativa (arts. 9 y 10.1 LOGP y 74 y 100 RP). 16
17 Así, el régimen cerrado corresponde al primer grado de clasificación y se caracteriza por una limitación de las actividades disponibles para los internos, así como por un mayor control y vigilancia sobre ellos (arts. 10 LOGP y del 89 al 94 RP). Este régimen se aplica a los penados considerados de peligrosidad extrema y a los que no se adaptan a los otros regímenes, así como los preventivos que se encuentran en alguna de estas dos situaciones (art LOGP y 74.3 RP). Se regulan dos modalidades de vida dentro del régimen cerrado según si los internos se destinan a departamentos especiales (modalidad más estricta) o a módulos de régimen cerrado. En el régimen ordinario (arts. 76 al 79 RP), que se corresponde con el segundo grado de clasificación, la capacidad de movimiento y la oferta de actividades dentro del centro son considerablemente mayores en comparación con el régimen cerrado, y además se permiten salidas al exterior. A pesar de ello, en este régimen los principios de orden, seguridad y disciplina también ocupan un papel importante en la organización de la vida diaria (art. 76 RP). Además de los clasificados en segundo grado, este régimen se aplica a las personas penadas sin clasificar y a las personas detenidas y presas (art RP). Finalmente, el régimen abierto (arts. 80 al 88 RP) se aplica a los clasificados en tercer grado y supone una eliminación de los controles rígidos, en concordancia con la atribución de confianza a la persona penada, que inspira este tipo de organización de la ejecución penitenciaria (art RP). Se prevén diferentes modalidades de cumplimiento del régimen abierto, incluyendo el llamado régimen abierto restringido (art. 82 RP), como se desarrollará posteriormente. 2.3 Regulación de las causas y consecuencias de la regresión penitenciaria El régimen jurídico de la regresión penitenciaria se caracteriza por la ausencia de normas explícitas. Esta vaguedad puede dejar margen a interpretaciones muy dispares en la decisión y aplicación de una regresión de grado. A pesar de ello, los principios que rigen el sistema de individualización científica y la regulación de su reverso, la progresión, completan el régimen jurídico de la regresión penitenciaria. La referencia más clara que hace la legislación 17
18 penitenciaria al régimen de la regresión penitenciaria se encuentra en el artículo 65.3 de la LOPG que señala como causa general de la regresión la evolución desfavorable o involución de la personalidad en relación con el tratamiento. Por su lado, el artículo del RP garantiza que la ausencia de participación en el tratamiento no comportará la regresión de grado. Los tres primeros párrafos del artículo 65 de la LOGP, reproducidos en parte en el artículo 106 del RP que específicamente se titula de la progresión y regresión de grado, establecen el funcionamiento básico del sistema de individualización científica: la evolución e involución en el tratamiento son los supuestos para progresar y regresar, respectivamente, en los grados de clasificación. El punto dos del artículo 65 de la LOGP señala como factor de la progresión o evolución en el tratamiento la modificación de los rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva. El método para detectar esta evolución consiste en la observación de la conducta global del interno, y la consecuencia que comportará avanzar en el tratamiento será un aumento de la confianza depositada en el interno y la atribución de responsabilidades, cada vez más importantes, que impliquen más libertad. En el caso de que el interno rechace la participación en el tratamiento, su evolución se evaluará mediante la observación directa de su comportamiento y cualquier otra información legítimamente obtenida sobre su integración social (arts y y.4 RP). Una interpretación sistemática permite señalar como causa de la regresión de grado una involución en el tratamiento o en el nivel de integración social que se manifieste de la conducta del interno y que comporte una disminución de la confianza y responsabilidades atribuidas al interno con una restricción de su ámbito de libertad. Esta causa genérica de la regresión se tiene que complementar con los requisitos específicos que se exigen para acceder a cada grado de clasificación, en tanto que la legislación penitenciaria relaciona estos requisitos con la evolución o involución en el tratamiento. Cabe destacar que la regulación legal de la regresión de grado está ligada a la evolución desfavorable en el tratamiento y no al régimen penitenciario, sin perjuicio de que un incumplimiento de las normas regimentales pueda indicar una involución en el tratamiento. 18
19 Las referencias legales a las consecuencias de la regresión de grado son todavía más exiguas. Una interpretación a sensu contrario del artículo 65.1 del RP permite concluir que la regresión de grado comporta el traslado a las dependencias penitenciarias donde se aplique el régimen penitenciario asociado a la nueva clasificación 2. Mientras que el artículo 273 del RP, que relaciona las funciones atribuidas a las Juntas de Tratamiento, establece en su apartado e) que la propuesta de traslado a otro centro penitenciario que realiza aquel órgano como consecuencia de instar la progresión o regresión de grado tendrá que ser motivada por razones excepcionales o de tratamiento. Respecto a la decisión sobre la regresión a primer grado desde el segundo o tercer grado, el RP señala que irá acompañada de una propuesta previa de la Junta de Tratamiento relativa al traslado del interno a uno de los establecimientos de cumplimiento del régimen cerrado asociado a aquel grado de clasificación (art RP). En relación al tercer grado, se regula como medida cautelar la regresión provisional al régimen ordinario del segundo grado en el caso de un no reingreso de la persona condenada en el centro penitenciario después de cualquier tipo de salida y hasta que no se acuerde la clasificación definitiva (art. 108 RP). En el ámbito de la administración penitenciaria catalana, la Circular 2/2012, de la Dirección General de Servicios Penitenciarios sobre la gestión, ejecución y seguimiento de la libertad condicional, establece que las propuestas de regresión de tercero a segundo grado de tratamiento, a excepción de aquellas que estén motivadas en la comisión de un nuevo delito, incluyan un plan de trabajo en régimen ordinario con los objetivos y salidas externas que ayuden a evitar el desarraigo del medio comunitario y la previsión de revisar la clasificación en un plazo máximo de tres meses. Esta disposición se tiene que destacar como una buena práctica para fomentar que las condenas se acaben con alguna medida que permita la semilibertad o libertad, en tanto que prevé 2 De acuerdo con el artículo 65.1 de la LOGP, que reproduce en parte el artículo del RP, La evolución en el tratamiento determina una nueva clasificación del interno, con la consiguiente propuesta de traslado al establecimiento del régimen que corresponda, o, dentro de este, el paso de una sección a otra de diferente régimen. 19
20 retomar el proceso escalonado de integración en la sociedad, a pesar de la regresión. El establecimiento de un plan de trabajo para evitar el desarraigo social, así como el acortamiento a la mitad del plazo máximo que establece el RP para revisar la clasificación, pueden facilitar el retorno al tercer grado así como incentivar la disposición de la persona interna a tratar y mejorar aquellos aspectos relacionados con la causa o causas de la regresión. De esta regulación y de los principios que rigen el sistema penitenciario de individualización se deriva, en primer lugar, que el régimen jurídico de la regresión permite la clasificación en cualquier grado inferior al de origen. Así, en consonancia con el principio de individualización, es posible ser regresado del tercero al segundo o primer grado y, dentro del tercer grado, de la modalidad de semilibertad a la restringida. En el caso de la libertad condicional, que la LOGP conceptúa como el cuarto y último grado de clasificación, la revocación comporta el reingreso de la persona condenada en el periodo o grado penitenciario que corresponda según dispone el artículo 93.1 del CP, sin que tampoco se señale la obligatoriedad de ser clasificado en un grado determinado. En segundo lugar, la regresión penitenciaria supone la aplicación de un régimen penitenciario más restrictivo y el cambio de establecimiento penitenciario o de dependencias penitenciarias dentro de un mismo centro. Al margen de la exigencia de motivar la propuesta de traslado de centro penitenciario (art. 273.e RP), no se explicitan los criterios para determinar el establecimiento aplicable como consecuencia de una regresión de grado. El principio de progresividad indica como régimen penitenciario de aplicación y establecimiento de cumplimiento aquellos situados en una posición inmediatamente inferior en una escala que mida el ámbito de autonomía y libertad permisible de la persona condenada en los diferentes regímenes y establecimientos penitenciarios. Y el principio de individualización científica puede aconsejar otro régimen y establecimiento de cumplimiento que sea compatible con las necesidades tratamentales del interno. En esta línea, en el ámbito de la administración penitenciaria catalana, la Circular 2/2012, de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, sobre la gestión, ejecución y 20
21 seguimiento de la libertad condicional, establece que los internos regresados a segundo grado tienen que ser ubicados preferentemente en unidades semiabiertas. 2.4 Procedimiento, revisión y órganos competentes en la regresión de grado En este apartado se exponen los procedimientos de decisión y revisión de las decisiones de regresión de grado y los órganos administrativos y judiciales que intervienen en ellos, prestando especial atención a la contradicción que ofrecen, es decir, las posibilidades de las que dispone el interno de ser escuchado y alegar lo que considere pertinente en su causa La decisión administrativa de regresión de grado La decisión sobre la regresión se atribuye en primer término a la administración penitenciaria, es decir, que de forma general la regresión se decide en primera instancia mediante un procedimiento administrativo. Esta afirmación hay que matizarla en aquellos casos en que la regresión desde el tercer grado se resuelve en los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria a instancia del Ministerio Fiscal, como se tratará en el siguiente apartado. El procedimiento administrativo de regresión y sus plazos son los mismos que los de la clasificación inicial, por remisión del artículo en el artículo 103 del RP. Este procedimiento se inicia formalmente con una propuesta razonada de regresión de grado que realiza la Junta de Tratamiento al Centro Directivo después del estudio del interno (arts. 273.e, y RP). La propuesta de la Junta de Tratamiento normalmente vendrá precedida de una propuesta de regresión por parte de algunos de los profesionales del Equipo Técnico de Tratamiento de referencia de la persona condenada. La Junta de Tratamiento tiene que formalizar la propuesta razonada de regresión de grado mediante el protocolo de clasificación, que tiene que incluir el programa individualizado de tratamiento con los destinos y las actividades educativas, ocupacionales, laborales o de otro tipo que tenga que seguir el interno. Para emitir una resolución escrita y motivada sobre la propuesta de regresión, el Centro 21
22 Directivo dispone de un plazo máximo de dos meses que se puede ampliar en dos meses más si es necesario para el estudio del caso (106.6 y y.6 RP). La resolución sobre la propuesta de regresión, sea o no confirmatoria de la Junta de Tratamiento, se tiene que notificar a la persona condenada con indicación del órgano ante el que puede impugnar esta decisión, que en este caso se trata del Juez de Vigilancia Penitenciaria (en adelante, JVP) (art f LOGP). La regulación del procedimiento de regresión de grado que realiza el RP no explicita ningún tipo de mecanismo de contradicción que permita a la persona objeto de la propuesta de regresión alegar y aportar las consideraciones y documentación que considere oportunas para su defensa 3. De esta forma, la regresión se acuerda en primera instancia sin que el interno sea escuchado La decisión judicial de regresión de grado instada por el Ministerio Fiscal La regresión puede ser acordada en primera instancia por el Juez de Vigilancia Penitenciaria en el caso de que la resolución de clasificación o progresión a tercer grado de la administración penitenciaria sea impugnada por el Ministerio Fiscal ante aquel órgano. Según prescribe el artículo 107 del RP, cualquier resolución de la administración penitenciaria que acuerde la clasificación en tercer grado se tiene que notificar, acompañada del informe de la Junta de Tratamiento, al Ministerio Fiscal en el plazo de tres días hábiles. El Ministerio Fiscal es la parte legitimada en este procedimiento de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, DA 5ª LOPJ). Como se verá posteriormente en este estudio, un número importante de regresiones son acordadas mediante esta vía, especialmente en aquellos casos en que el Ministerio Fiscal aduce falta de pago suficiente de la responsabilidad civil derivada del delito. 3 A pesar de ello, se podría entender que corresponde otorgar a la persona condenada un trámite de audiencia antes de decidir sobre la regresión por aplicación supletoria de las normas del procedimiento administrativo que regula el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 22
23 2.4.3 La revisión judicial de las resoluciones de regresión de grado El interno puede impugnar la resolución de regresión de la administración penitenciaria ante el JVP mediante una queja (art f LOGP). Contra la interlocutoria que adopte el JVP se puede interponer un recurso potestativo de reforma ante el propio JVP y, en su caso, recurso de apelación ante el Juzgado o Tribunal que impuso la pena privativa de libertad objeto de la regresión (apartados 1 y 2 DA 5ª LOPJ) 4. Contra la inadmisión del recurso de apelación se puede interponer un recurso de queja ante el mismo órgano judicial (apartado 4 DA 5ª LOPJ). A pesar de lo establecido en la DA 5ª de la LOGP, la competencia de los tribunales sentenciadores para resolver los recursos de apelación contra resoluciones sobre clasificación de los JVP no es una cuestión pacífica. La propia LOPJ también atribuye esta competencia a las Audiencias Provinciales (art. 82.5) que tradicionalmente han asumido la resolución de los recursos de apelación en materia de clasificación penitenciaria. De acuerdo con esta base legal y a efectos de evitar la dispersión doctrinal, los JVP, mediante sus Criterios de actuación, conclusiones y acuerdos periódicos (2009), recomendamos que en el caso de que el órgano judicial sentenciador sea un órgano unipersonal y, por lo tanto, de igual categoría que el JVP, la competencia para resolver la apelación sea de la Audiencia Provincial correspondiente al establecimiento penitenciario donde se encuentra el interno. La jurisdicción de vigilancia penitenciaria no cuenta con la regulación de un procedimiento específico. Ante esta ausencia de normas, los Criterios de actuación, conclusiones y acuerdos de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria establecen que la tramitación de asuntos en los que intervengan se rija por un procedimiento breve, flexible, garantista, específico y autónomo, que tenga en cuenta la doble función de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria de ejecución penal y de control de la actividad administrativa (criterio 90). No se prevé de forma específica un trámite de vista oral con el interno, de manera 4 En el caso de que el interno cumpla diversas penas, el Juzgado o Tribunal competente para conocer el recurso de apelación será aquel que impuso la pena privativa de libertad más grave, y en el supuesto de penas de igual gravedad corresponderá al órgano judicial que dictó la pena más reciente. 23
24 que decidir sobre su realización queda en manos de la discrecionalidad de los JVP. Respecto al procedimiento de tramitación del recurso de apelación, los JVP han acordado que se rija según las normas de impugnación de interlocutorias del procedimiento abreviado (art. 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En este caso, tampoco se prevé de forma explícita un trámite preceptivo de vista oral al interno. 2.5 Tercer grado: clasificación, regímenes de vida y establecimientos de cumplimiento Requisitos y formas de clasificación en tercer grado Como se señalaba anteriormente, la legislación penitenciaria establece una serie de requisitos generales que hay que tener en cuenta para clasificar a las personas condenadas en uno u otro grado relativos a: la personalidad, el historial individual, familiar, social y delictivo, la duración de la pena, el medio al que probablemente regresará el interno y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento (arts. 63 LOGP y RP). Como criterios específicos de clasificación en tercer grado se prevé: a) La capacidad del interno para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad, atendiendo a sus circunstancias personales y penitenciarias (art RP). De acuerdo con los principios que inspiran los regímenes penitenciarios y los establecimientos de cumplimiento asociados al tercer grado, la capacidad para vivir en semilibertad supone la atribución de mayor responsabilidad y confianza en el interno. b) La satisfacción de la responsabilidad civil derivada del delito (art LOGP), en lo que nos detendremos posteriormente dada su incidencia en la regresión a segundo grado en este estudio. Así mismo, pueden distinguirse las siguientes peculiaridades o regímenes de clasificación en tercer grado en los casos siguientes: 24
25 a) Clasificación inicial en tercer grado antes del cumplimiento de la cuarta parte de la condena (art RP). De acuerdo con los principios de progresividad y de individualización es posible una clasificación inicial en tercer grado sin tener que permanecer un tiempo determinado en el segundo grado de clasificación. Sin embargo, si no se ha extinguido la cuarta parte de la condena, la clasificación en tercer grado se condiciona a que concurran calificados favorablemente los requisitos generales que hay que tener en cuenta en el proceso de clasificación y, especialmente, los elementos relativos al historial delictivo y la integración social de la persona condenada (art RP). b) Clasificación inicial en tercer grado en condenas de hasta un año. Puede ser acordada por la Junta de Tratamiento de forma unánime. Si no existe unanimidad, el Centro Directivo resolverá la clasificación inicial como en el resto de casos (art ,.8 y.9 RP). c) Clasificación por razones humanitarias y de dignidad personal. Este tipo de clasificación en tercer grado se prevé para internos con enfermedades muy graves y sufrimientos incurables, atendiendo en su concesión a la dificultad para delinquir y a la escasa peligrosidad (art RP). d) Clasificación en condenas con periodo de seguridad. El periodo de seguridad que regula el artículo 36.2 CP puede aplicarse en condenas superiores a cinco años y supone que la clasificación en tercer grado no pueda acordarse hasta el cumplimiento de la mitad de la condena 5. Así, el periodo de seguridad introduce un requisito temporal en la clasificación en tercer grado. Se establecen dos supuestos de aplicación del periodo de seguridad por parte del Juez o Tribunal sentenciador: uno de carácter potestativo y reversible previsto para la generalidad de 5 El periodo de seguridad fue introducido por la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, de manera preceptiva en todas las condenas superiores a cinco años y con la posibilidad de ser revertido excepto en determinados delitos de terrorismo y cometidos en el seno de organizaciones criminales. Posteriormente, la reforma del Código Penal mediante la LO 5/2010, de 22 de junio, estableció el carácter potestativo del acuerdo del periodo de seguridad y amplió el número de delitos sujetos a la aplicación preceptiva y no reversible del periodo de seguridad. 25
26 delitos y otro preceptivo y no reversible para determinados delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y delitos relativos al terrorismo y a la delincuencia organizada 6. En el primer supuesto de aplicación del periodo de seguridad, una vez acordado en sentencia podrá ser revertido por el JVP si concurre en el interno un pronóstico favorable de reinserción social. En este procedimiento, el JVP tendrá que escuchar al Ministerio Fiscal, las instituciones penitenciarias y otras partes. e) Clasificación en condenas por delitos de terrorismo o delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales. En estos supuestos, la clasificación en tercer grado exige la colaboración activa del interno con las autoridades para prevenir delitos de esta naturaleza o atenuar los efectos de los delitos cometidos. Según dispone el artículo 72.6 de la LOGP, este requisito se puede acreditar mediante declaración expresa de repudiar las actividades delictivas y abandonar la violencia, y petición expresa de perdón a las victimas La satisfacción de la responsabilidad civil derivada del delito La responsabilidad civil derivada del delito consiste en la obligación de la persona penalmente responsable o de un tercero civilmente responsable de reparar los daños y perjuicios causados por la actividad criminal. Corresponde al órgano judicial sentenciador determinar y concretar la responsabilidad civil derivada del delito, que abarca la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (arts. 109 al 116 CP). Cuando la persona obligada al abandono de la responsabilidad civil no dispone de bienes para hacerla efectiva íntegramente, el Juez o Tribunal sentenciador puede fraccionar el pago, ponderando las necesidades de la víctima o persona perjudicada y las posibilidades económicas del responsable civil (art. 125 CP). Así mismo, si la persona obligada al pago no dispone de patrimonio o medios para afrontar la responsabilidad civil, el órgano judicial sentenciador puede 6 Concretamente, el artículo 36.2 del Código Penal establece la aplicación preceptiva del periodo de seguridad en los delitos siguientes: a) delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del capítulo VII del título XXII del libro II; b) delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal; c) delitos del artículo 183; d) delitos del capítulo V del título VIII del libro II, cuando la víctima sea menor de trece años. 26
27 acordar su declaración de insolvencia (art CP), sin perjuicio de que pueda mejorar su situación económica en el futuro y hacerse cargo de aquella obligación. La satisfacción de la responsabilidad civil derivada del delito como requisito de clasificación en el tercer grado no se equipara al estricto pago de las cantidades indemnizatorias fijadas por el órgano judicial sentenciador. Así se desprende de la redacción del artículo 72.5 de la LOGP, según el cual para la valoración de este requisito se tendrá en cuenta: a) La conducta efectivamente observada con vista a restituir lo que se haya sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales. b) Las condiciones personales y patrimoniales del interno a efectos de valorar su capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil. c) Las garantías que permitan asegurar la futura satisfacción. d) La estimación de obtención de enriquecimiento de la acción delictiva. e) El daño o molestia producido al servicio público y la naturaleza de los daños y los perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición. El artículo 72.5 de la LOGP también especifica que este requisito se aplicará especialmente cuando el interno cumpla condena por los siguientes delitos: a) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico que hayan tenido una gravedad notoria y hayan perjudicado a una generalidad de personas. b) Delitos contra los derechos de los trabajadores. c) Delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social. 27
TEMA 9. LIBERTAD CONDICIONAL. REFUNDICIÓN DE CONDENAS. INICIACIÓN, DOCUMENTOS QUE FORMAN EL EXPEDIENTE, ELEVACIÓN DE LA PROPUESTA Y APROBACIÓN POR EL JUEZ DE VIGILANCIA. LIBERTAD CONDICIONAL DE EXTRANJEROS,
PONENCIA: CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS INTERNOS. RÉGIMEN PENITENCIARIO.
PONENCIA: CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS INTERNOS. RÉGIMEN PENITENCIARIO. La Constitución Española en su artículo 25.2 establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación