Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20012248
Timestamp: 2019-07-23 16:39:49
Document Index: 357719705

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 246', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25']

C-151 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020012248CC-SENTENCIAC151200325/02/2003CC-SENTENCIA_C_151__2003_25/02/2003200122482003Sentencia C-151/03 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL -Indígenas como destinatarios de la ley disciplinaria Referencia: expediente D-4058
RODRIGO ESCOBAR GILD4058CONSTITUCIONALIDADMarcela Patricia Jiménez ArangoPor la cual se expide el Código Disciplinario únicoIdentificadores20020012249true24773Versión original20012249Identificadores
Norma demandada: Por la cual se expide el Código Disciplinario único
"Art. 25. - Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del libro tercero de este código.
Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinadosconforme a este código.
Con este propósito, el accionante señaló apartes de la Sentencia T-349 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), en donde se consideró por esta Corporación que sólo con un alto grado de autonomía es posible garantizar la supervivencia cultural de las comunidades indígenas. Ello, a través del establecimiento de una regla constitucional consistente "en maximizar la autonomía y minimizar las restricciones", las cuales sólo serán admisibles cuando se trate de medidas necesarias para salvaguardar un interés de superior jerarquía y siempre que resulten lo menos gravosas posibles para la autonomía de las comunidades étnicas.
De suerte que, "al consagrarse la posibilidad de juzgamiento en materia de sanción (disciplinaria) de los indígenas por parte de la jurisdicción ordinaria o común, se vulnera la supervivencia cultural que busca proteger o privilegiar la Carta Política".
Según arguye la accionante, las comunidades indígenas como culturas minoritarias exigen un tratamiento judicial privilegiado en aras de remediar su posición histórica de desigualdad. En estos términos: "La jurisdicción indígena es un derecho de las comunidades minoritarias a las que se busca proteger en su identidad y no se puede atentar en su contra precisamente con disposiciones legales que podrían alterar su cohesión social y cultural al permitir el juzgamiento, investigación y sanción de sus integrantes por parte de la jurisdicción mayoritaria. La disposición demandada no respeta ni mucho menos desarrolla la identidad cultural de los pueblos indígenas (art. 68, C. P)".
Conforme a esta argumentación, concluye que: "todas las normas de carácter sancionador se encuentran bajo la égida de la jurisdicción especial indígena, entre otras, las normas penales y las disciplinarias (...)". De suerte que, "(...) lo que sí puede hacer la Ley de la República es establecer formas de coordinación entre la jurisdicción indígena y el sistema judicial nacional (parte final, art. 246 C.P) y la norma que se demanda no es disposición que 'coordine' tales jurisdicciones; por el contrario, establece eventuales, e indebidamente, sanciones a los indígenas por la posible comisión de faltas disciplinarias".
Posteriormente afirma que en tratándose de las comunidades indígenas, la Constitución Política se encargó de establecer los principios que permiten garantizar la defensa de las minorías étnicas. Para el efecto, extrae apartes de la Sentencia T-007 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), en donde se señaló que: "[t]ratándose de las comunidades indígenas la Constitución Política se reservó a favor [ellas] una serie de prerrogativas que garantizan la prevalencia de su integridad cultural, social y económica, su capacidad de autodeterminación administrativa y judicial, la consagración de sus resguardos como propiedad colectiva de carácter inalienable, y, de los territorios indígenas como entidades territoriales al lado de los municipios, los distritos y los propios departamentos."
Concluye que "[d]e acuerdo con lo anterior lo primero que queda claro dentro de esta interpretación es que no en todos los eventos en que una persona perteneciente a una comunidad indígena incurre en una conducta socialmente reprochable, la jurisdicción indígena será la competente para analizar y sancionar el comportamiento asumido por ese miembro del grupo, pues existen eventos en que la conducta asumida por el indígena podrá ser investigada y reprimida por las autoridades ordinarias del país, tal es el caso de quienes se han integrado social y culturalmente al resto de la sociedad y por tanto, se encuentra en capacidad de comprender el carácter prohibitivo de su conducta de conformidad con ese otro sistema específicos de valores".
En caso contrario, es decir, si efectivamente las comunidades indígenas administraran recursos del Estado, resultaría más "coherente que sea la misma comunidad la que imparta justicia, cuando, además las sanciones se adecuan a la naturaleza de las relaciones sociales que ellos tienen. Ello porque la propia Ley 734 enumera las sanciones que pueden impartirse las cuales son netamente propias de las formas de entender el disciplinamiento dentro de un contexto propiamente occidental."
Conforme a lo expuesto, señala que esta Corporación ha admitido "que la máxima expresión de la facultad punitiva del Estado es el derecho penal y por ello constituye el referente a partir del cual se debe analizar la racionalidad de las demás medidas punitivas susceptibles de ser impuestas por el Estado y, si en esta materia se admite la exclusión de la jurisdicción penal cuando el indígena infractor no estaba en capacidad de comprender la 'ilícitud de su comportamiento', con mucha mayor razón en materia disciplinaria, que de acuerdo con nuestro ordenamiento constituye un régimen sancionatorio menos restrictivo que el penal".
"Entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena elegidos y reconocidos por esta, con una organización sociopolítica tradicional cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos y costumbres y el reglamento interno de cada comunidad."
Por lo anterior, "es fundamental tener en cuenta que los pueblos y comunidades indígenas se rigen por sus propias leyes y tienen sus propias autoridades". Sin embargo, "esta autonomía no puede ser absoluta, ya que si así lo fuera se estaría generando en principio un alto grado de impunidad, cuando se incurre en la violación de preceptos que en nada tienen que ver con la autonomía de los pueblos indígenas, como es el caso de la disposición demandada".
Afirma que del artículo 246 Superior se colige que los usos y costumbres del pueblo amerindio generadores de la autonomía jurisdiccional, no pueden ser contrarios a la Constitución Política ni a la ley. Precisamente, extrae apartes de la Sentencia T-254 de 1994, en donde se considera, entre otros aspectos, que: "Las normas legales imperativas (de orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural."
El interviniente señala que en aras de garantizar el reconocimiento de derechos a la "diversidad étnica y cultural" (art. 7° de la C.P), la Constitución de 1991 creó las jurisdicciones especiales y dentro de ellas, la jurisdicción indígena, con la única limitación de respetar la Constitución y la ley (art. 246 Superior).
Inicialmente, en relación con el derecho a la igualdad, luego de extraer apartes de la Sentencia T-422 de 1992, el interviniente sostiene que al reconocerse la jurisdicción indígena como una jurisdicción especial, la Constitución Política le está dando un tratamiento especial a un grupo de personas que tienen una cultura diferente a la común y reconoce que este tipo de grupos merecen un tratamiento especial y diferente frente a la ley. En tal sentido, afirma que la ley acusada desconoce las características especiales de las culturas indígenas. En efecto, "dicha disposición está anulando lo pretendido por la Carta, que es mediante el reconocimiento de las diferencias, dar un tratamiento especial a los grupos que se apartan de las condiciones generales de los demás. En últimas, está dando un tratamiento igual frente a la ley a personas a las que se les ha reconocido un tratamiento especial. No obstante lo anterior es necesario tener en cuenta los alcances de la jurisdicción especial indígena para entrar a definir la exequibilidad o inexequibilidad de la norma."
Señala que en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del tema de la jurisdicción indígena, - extrae apartes de las Sentencias C-139 de 1996 y T-496 de 1996 - para concluir que: "(...) para que la jurisdicción opere, se requiere que el miembro de la comunidad [elemento personal] haya cometido una falta dentro del territorio de la comunidad, o que la afecte [elemento territorial], de tal manera que tenga que restablecerse el orden dentro de ella mediante el juzgamiento y la consiguiente sanción, que debe provenir de la comunidad misma".
Lo anterior, señala, lleva a distinguir dos hipótesis frente a la norma cuestionada: "si quien maneja recursos del Estado es un indígena cuya función es ejecutar los dineros exclusivamente a favor de su comunidad, tenemos que operan tanto el fuero personal como el territorial y se trata claramente de un asunto que tiene relación con su cultura y su comunidad, el cual será llamado a ser juzgado, en caso de que incurra en conductas reprochables, a la luz del ordenamiento de su organización. La segunda hipótesis se refiere a un indígena que maneja recursos públicos con destinos diferentes a los de su comunidad, por ejemplo en condición de funcionario público, caso en el cual, carecería de fuero territorial y mal podría excusarse de comparecer ante la jurisdicción ordinaria para responder por sus faltas disciplinarias".
Afirma que la Carta en el artículo 246, señala que las autoridades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito de su territorio con sujeción a sus propias normas y procedimientos "siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes de la república" y, además, faculta al legislador para establecer las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
De suerte que "(...) el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que es un avance dentro de la vida democrática, no se contrapone al carácter de República Unitaria que tiene nuestro país, por lo tanto, esta autonomía administrativa y jurisdiccional, no es absoluta y debe regirse por los preceptos constitucionales y armonizarse con la legislación nacional de tal manera que no resulte contraria al ordenamiento, como un sistema integrado de normas."
Considera que como el legislador no se ha pronunciado de manera general sobre los criterios de coordinación entre la jurisdicción indígena y la nacional deberá recurrirse a los parámetros fijados por la jurisprudencia, para determinar el limite de competencia que le corresponde a cada uno. En este orden de ideas, según la vista fiscal, la norma acusada no vulnera el ordenamiento superior "al consagrar que se aplican las normas disciplinarias de carácter nacional a los indígenas, solamente en el caso en que éstos manejen recursospúblicos, lo cual implica que en cualquier otro caso deberán ser disciplinados por sus propias autoridades de conformidad con sus normas y procedimientos". Precisamente, porque el legislador está ejerciendo la facultad de regular la competencia que se asigna a cada jurisdicción, en desarrollo del artículo 246 Superior.
Por otra parte, señala que la autonomía indígena debe desarrollarse dentro de los parámetros constitucionales, es decir, "deberá propenderse a la maximización de la misma, siempre que no afecte otros valores superiores como los derechos fundamentales o un interés general que justifique ser priorizado frente al tratamiento constitucional especial de estos grupos étnicos"
Descendiendo al caso en concreto, "señala que no se trata del manejo de recursos públicos por parte de servidores públicos sino de particulares ya que las autoridades indígenas no tienen vínculo laboral con el Estado. Ello significa, que su manejo se regirá por las condiciones del contrato a través del cual se entreguen los recursos a las autoridades indígenas a quienes no se les exigirá, por tanto, la aplicación de las normas de planeación, presupuesto y contratación sino únicamente el cumplimiento de las cláusulas del contrato. Es decir, se les exigirá que se cumplan con el objeto y demás condiciones pactadas."
Dentro de este contexto, afirma, resulta razonable la aplicación del régimen disciplinario a los indígenas que manejan recursos públicos, pero "el gobierno y demás organismos estatales deberán dar capacitación y asesoría necesaria para que las autoridades indígenas tengan pleno conocimiento (desde la elaboración del contrato y durante su ejecución) de los términos del mismo y de las normas fiscales y disciplinarias que se aplican en el control de dichos recursos. Pues si se realizare un contrato sin cumplir con esta capacitación y asesorías permanentes, no podría aplicarse la ley disciplinaria a las autoridades indígenas cuando éstas actúen por fuera del marco referencial de la cultura mayoritaria en razón de una comprensión diferente del contrato, válida desde su tradición cultural, caso en el cual, solamente podrían ser disciplinados por sus autoridades, con sus normas y procedimientos."
Ello es razonable, afirma porque el fuero indígena no sólo atiende al respeto y conservación de unas culturas sino también a la aceptación de diferentes cosmovisiones. En estos términos, Concluye el Ministerio Público que: "el incluir como sujetos disciplinables a los indígenas que manejen recursos públicos no desconoce el ordenamiento constitucional, siempre y cuando tanto la elaboración del contrato para dicha administración como su ejecución y control estén acompañados de procesos de capacitación y asesoría para las autoridades indígenas, que se realicen en términos de conciliación discursiva que faciliten la comprensión entre las partes."
3.1. Conforme lo expuso la Vista Fiscal en el concepto de rigor, la expresión acusada: "Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código (...)", contenida en el inciso 2° del artículo 25 de la Ley 734 de 2002, ya fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación, mediante demandas D-4099 y D-4116 (acumuladas).
"DecláraseExequible el inciso segundo del artículo 25 de la ley 734 de 2002, únicamente por el cargo formulado por el actor".
3.2. Cabe precisar que el cargo formulado contra la expresión acusada, y que fue objeto de estudio en la Sentencia C-127 de 2003, coincide plenamente con el que se plantea en la presente causa. En dicha oportunidad, la pretensión de declarar inexequible la expresión "Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código", contenida en el inciso 2° del artículo 25 de la Ley 734 de 2002, también tuvo como fundamento la posible vulneración de la autonomía reconocida a las comunidades indígenas para ser juzgadas por sus propias autoridades jurisdiccionales dentro del ámbito de su territorio, en aras de salvaguardar su diversidad étnica y cultural. Tal coincidencia se advierte, sin esfuerzo, en el planteamiento del problema jurídico que en esa ocasión presento la Corte, a saber:
"¿si la expresión contenida en el inciso segundo del artículo 25 de la ley 734 de 2002, al manifestar que "Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código" es violatorio de los artículos 1 y 246 de la Constitución, por cuanto, en concepto del demandante se desconoce la autonomía de los grupos indígenas para juzgar de conformidad con sus propias normas y procedimientos .
"...Así las cosas, resulta claro para la Corte Constitucional que, conforme a la Constitución Política la inclusión como destinatarios de la ley disciplinaria de los indígenas que administren recursos del Estado, no vulnera el artículo 246 de la Carta Política, ni tampoco su artículo 1 como lo sostiene el actor. La norma contenida en el artículo 25 de la Ley 754 de 2002, por este aspecto, coloca a quienes siendo indígenas administren recursos públicos en la misma situación de cualquier colombiano que se encuentre en esa hipótesis, sin que ser destinatarios de la ley disciplinaria signifique decisión anticipada sobre responsabilidad alguna de carácter disciplinario, pues ella se rige por los principios y las reglas establecidas en el código disciplinario, y muy especialmente en su artículo 28 (...)
(...) Por consiguiente, resulta razonable la aplicación del régimen disciplinario a los indígenas que manejen recursos del Estado, pues allí en su condición de particulares serán sujetos pasivos de la acción disciplinaria, siendo ello concordante con lo dispuesto en el artículo 53 del Código Disciplinario Único que señala como sujetos disciplinables a los particulares que administren recursos del Estado y establece el régimen aplicable a los mismos...".
" (...), el inciso segundo del artículo 25 de la ley 734 de 2002, no vulnera los derechos constitucionales de los indígenas al incluirlos como destinatarios de la ley disciplinaria, siempre y cuando, tal como lo señalan el Interviniente y el Ministerio Público, el Estado capacite y asesore a las autoridades indígenas, para que se produzca una comprensión de cada una de las cláusulas del contrato, a través del cual administrarán recursos públicos y las consecuencias de su infracción".
En consecuencia, respecto de la expresión acusada: "Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código", contenida en el inciso 2° del artículo 25 de la Ley 734 de 2002, la Corte ordenará, en la parte resolutiva de este fallo, estarse a lo resuelto en la Sentencia C-127 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-127 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), en relación con la expresión acusada: "Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código", contenida en el inciso 2° del artículo 25 de la Ley 734 de 2002.
[1]Extrae apartes de la Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal de fecha 15 de junio de 1999.