Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/99/STSJC19991025.htm
Timestamp: 2019-04-20 02:29:03
Document Index: 279815319

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 1692', 'artículo 1253', 'artículo 1692', 'artículo 34', 'artículo 1692', 'artículo 359', 'artículo 1692', 'artículo 1303', 'artículo 1692', 'artículo 710', 'artículo 1692', 'artículo 1692', 'artículo 1692', 'artículo 1692', 'artículo 1253']

Sentència de 25 d'octubre de 1999
de 25 d’octubre de 1999, núm. 32/1999 (Sala Civil i Penal)
Visto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, los recursos de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, rollo nº 1662/95A, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía nº 44/89 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Arenys de Mar, a los que se acumularon los de menor quantia nº 73/90 y nº 220/89 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 y nº 1 de Arenys de Mar respectivamente y 220/89 del Juzgado nº 1 de Arenys, cuyos recursos fueron interpuestos por D.X, representado por el procurador Sr. Narciso Ranera Cahís y defendido por el letrado D. José MªTorres i Lliteras ; DªY, representada por el procurador Sr.Carlos Testor Ibarz y defendida por el letrado DªMontserrat Casals Genoven y D. Y2 representado por el procurador Sr.Guillermo Lleo Bisa y defendido por el letrado D.Manuel Serra Dominguez.
Primero.- La procuradora de los tribunales Sra.Quintana Riera en nombre y representación de D.X, formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra DªY representada por el procurador Sr.Oliva Vega y D.Y2 representado por el procurador Sr.Pons Ribot, que por el turno de reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Arenys de Mar, incoándose Menor Cuantía nº 73/90.En la demanda se expusieron los hechos y fundamentos de derecho correspondientes y se acabó solicitando que se dictase sentencia de acuerdo con lo que se solicitaba. En fecha 14 de Noviembre de 1994 el mencionado Juzgado dictó sentencia que contiene la parte dispositiva siguiente:"FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por la representación de D.X, contra Y y Y2, debo absolver y absuelvo en la instancia a los demandados de las pretensiones de la actora, que deberá satisfacer las costas causadas en el presente procedimiento".
Segundo.-El procurador de los tribunales D.Federico Quintana Colomer, actuando en nombre y representación de D.X, formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra DªY, que en turno de reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Arenys, incoándose Menor Cuantía nº 44/89, en la que, tras exponer los hechos y citar los fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando se dictara sentencia de conformidad con lo solicitado en su escrito de demanda. Que previos los trámites legales, por el indicado Juzgado se dictó sentencia con fecha 31 de julio de 1995, cuyo fallo dice lo siguiente: "FALLO: Que estimando como estimo parcialmente la demanda interpueta por el procurador D.Federico Quintana Colomer, en nombre y representación de D.X, contra Dª Y, representado por el procurador D.Manuel Oliva Vega, debo declarar y declaro que D.X es dueño junto con la demandada DªY, y por partes iguales, de las parcelas 56b y 57, así como de la vivienda ubicada en las mismas, valorándose a fecha de presentación de la demanda en 34.087.500 ptas. la totalidad de la finca, y debo absolver y absuelvo a la demandada DªY del resto de las pretensiones deducidas contra ella, todo ello sin expresa imposición de las costas procesales causadas ".
Tercero.- La representación procesal de DªY formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía, contra D.X representado por la procuradora Sra.Blanca Quintana Riera, que en turno de reparto correspondió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Arenys de Mar, tramitándose Mnoe Cuantía nº 220/89. En la demanda expuso los hechos y fundamentos de derecho correspondiente y acabó solicitando que se dictase sentencia de acuerdo con lo demandado. En fecha 2 de Mayo de 1996, el citado Juzgado dictó sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:"FALLO: Que estimando como estimo parcialmente la demanda interpuesta por el procurador Manuel Oliva Vega, en nombre y representación de Y, contra X, representado por el procurador Blanca Quintana Riera, debo declarar y declaro nulo el contrato de arrendamiento de fecha 1 de abril de 1982 suscrito entre las partes, no dando lugar a declarar el resto de las peticiones contenidas en la demanda, todo ello si expresa imposición de las costas procesales causadas".
Cuarto.- Contra la sentencia de fecha 14 de noviembre de 1994 del juzgado de Primera Instancia nº 4 de Arenys, se interpuso recurso de apelación por el demandante D.X y por el demandado D.Y2, asímismo se interpusieron recursos de apelación contra la sentencia de fecha 31 de julio de 1995 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Arenys, por D.X y DªY y contra la sentencia de fecha 2 de Mayo de 1996 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Arenys de Mar por D.X, que fueron acumulados. Admitidos a trámite y, sustanciada la alzada, la Sección 16ªde la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 24 de Febrero de 1998, resolviendo los tres recursos, cuyo fallo es el siguiente: "FALLAMOS: Desestimamos los recursos de apelación interpuestos por X Y contra la sentencia de fecha 31 de Julio de 1995 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Arenys de Mar en autos 44/89, que se confirma en todas sus partes con excepción de la referencia que contiene al valor del inmueble que se suprime de su parte dispositiva por razón de congruencia.Sin hacer expresa imposición de la tercera parte costas en esta alzada.
Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por X contra la sentencia pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Arenys en fecha 14 de Noviembre de 1994 en autos 73/90, y revocamos la isma al efecto de desestimar la alegación de litispendencia y declarar nula la escritura de compraventa otorgada entre los codemandados Y y Y2 en fecha 24 de febrero de 1989 relativa a la finca de autos, desestimando las restantes pretensiones contenidas en la demanda, con imposición a los demandados de las costas del proceso en su primera instancia y la tercera parte de las costas del recurso. Se desestima el recurso igualmente interpuesto por el Sr.Y2. contra la indicada resolución.
Desestimamos el recurso interpuesto por X contra la sentencia dictada en autos 220/90 por el Juzgado nº 1 de Arenys en fecha 2 de mayo de 1996, manteniendo y confirmando la sentencia e imponiendo al apelante Sr.X, la tercera parte de las costas del recurso".
Quinto.- Contra dicha sentencia el procurador D.JOSE DE MURGA RODRIGUEZ, en representación de D.Y2, formuló recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, que fundó en los siguientes motivos:1º.- Al amparo del art.5.4 de la Ley orgánica del poder judicial, fundado en la infracción del artículo 24 de la Constitución. 2.- Al amparo del núm.4 del artículo 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, fundado en la infracción del artículo 1253 del Código civil; 3.- Al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de enjuiciamiento civil fundado en la infracción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria; 4.- Al amparo en el número 3 del artículo 1692 e la Ley de enjuiciamiento civil, fundado en la infracción del artículo 359 de la Ley de enjuiciamiento civil; 5.- Al amparo del n.º 4 del artículo 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, fundado en la infracción del artículo 1303 del Código civil y 6.- Al amparo del n.º 4 del artículo 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, fundado en la infracción del artículo 710 de la Ley de enjuiciamiento civil.
Asímismo, el procurador D. José Granados Weil , en representación de D.ª Y, formuló recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, que fundó en los siguientes motivos: 1.- Al amparo de los núm. 3 y 4 del artículo 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil al no apreciar el fraude procesal encubierto bajo la indebida acumulaicón de los procesos en segunda instancia; 2.- Al amparo de los números 3 y 4 del art.1692 de la Ley de enjuiciamiento civil por infracción de la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario; 3.- Por incongruencia de la sentencia de la audiencia admitir la titularidad conjunta de ambos cónyuges sobre la finca y edificación objeto de litigio en los autos 44/89 en base a unos razonamientos no solicitados por la parte actora; 4.- Al amparo de lo dispuesto en el n.º 4 del artículo 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil por infracción de lo dispuesto en el art. 49 dela Compilación de derecho civil de Cataluña en redacción de 1984 aplicable a la presente litis de conformidad a lo manifestado en el anterior motivo de casación; 5.- Al amparo del n.º 4 del artículo 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil por infracción de los artículos 20 a 22 de la Compilación de derecho civil de Cataluña en su redacción dada en 1984, vigente al tiempo de la interposición de la demanda y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de fecha 16 de juli de 1992; 6.- Al amparo del n.º 4 del artículo 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil, por infracción de lo dispuesto en el artículo 1253 del Código civil y 523 de la Ley de enjuiciamiento civil.
Igualmente, el procurador D. Enrique Sorribes Torra, en representación de D.X formuló recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, que fundó en los siguientes motivos: 1.- Al amparo del n.º 4 del art.1692 de la LEC por infracción de los art.1261, 1274, 1276, 1277, 1281 y 1282 del Código civil, por interpretación errónea de los cotratos al aplicar indebidamente la doctrina del negocio jurídico simulado y/o por tanto, por tal indebida aplicación a la causa de autos y 2.- Al amparo del n.º 4 del art.1692 de la LEC, por infracción de los art.1249 y 1253 CC, por errónea aplicación por la Audiencia de la prueba de presunciones.
Sexto.- En fecha 4 de mayo de mil novecientos noventa y nueve, la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó auto en el que inadmitía el motivo primero del recurso de casación interpuesto por el procurador D.José Murga Rodríguez y declaraba competente para conocer del resto del recurso interpuesto por dicho procurador, así como de los recursos de casación interpuestos por los procuradores D.José Granados Weil y D. Enrique Sorribes Torra a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecidas todas las partes y evacuado el trámite de impugnación, se señaló para la votación y fallo del presente procedimiento el día 7 de octubre pasado, en que tuvo lugar.
Ha sido ponente el Excmo.Magistrado Sr.Guillermo Vidal Andreu.
Primero.- El presente recurso de casación se plantea contra la sentencia de la Sección Décimosexta de la Audiencia Provincialde Barcelona, de fecha 24 de febrero de 1998, dictada en autos de juicio de menor cuantía núm. 44/89, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Arenys de Mar, que llevan acumulados los de menor cuantía núm. 73/90, seguido ante el Juzgado núm. 4 de la misma capital y núm. 220/89, seguidos ante el Juzgado núm. 1.
En el primero de los juicios, instado por D. X contra Dª. Y, recayó, en fecha 31 de julio de 1995, sentencia de primera instancia estimatoria parcial, declarandose que el actor era dueño, junto con la demandada y por partes iguales, de las parcelas 56 b) y 57 , asi como de la vivienda ubicada en las mismas, valorandose la totalidad de la finca, a fecha de la presentación de la demanda, en 34. 087. 500 pesetas.
En el segundo, instado por el mismo actor contra DªY y D. Y2, recayó sentencia en el Juzgado, en fecha 14 de noviembre de 1994, desestimatoria de la demanda y absolviendo en la instancia a los demandados, por apreciación de la excepción de litispendencia procesal.
En el tercero de los pleitos, seguido a instancias de Dª. Y contra D. X, recayó en fecha 2 de mayo de 1996 sentencia estimatoria declarando nulo el contrato de arrendamiento de fecha 1 de abril de 1982 suscrito entre las partes y referente a la finca en cuestión.
La primera de las sentencias fué apelada por ambas partes litigantes, la segunda por el actor y por el codemandado D. Y2 y la tercera igualmente por D. X.
La acumulación de autos fué decretada por la Audiencia en Autos de fechas 4 de marzo y 27 de noviembre de 1996.
La sentencia de la Audiencia Provincial contiene sustancialmente los siguientes pronunciamientos decisorios: 1º) desestima los recursos de apelación interpuestos contra la primera sentencia citada, que confirma, salvo la referencia al valor de la finca, mención que se suprime, sin expresa declaración de la tercera parte de las costas de la alzada; 2º ) estima en parte el recurso del actor y desestima totalmente el del codemandado, rechazando la excepción de litispendencia y declarando nula la escritura de compraventa otorgada entre Dª. Y y D. Y2 en fecha 24 de febrero de1989 relativa a la finca de autos, con imposición a los demandados de las costas del proceso en su primera instancia y la tercera parte del recurso; 3º ) desestima el recurso interpuesto contra la tercera sentencia citada, con imposición al apelante de la tercera parte de las costas de la alzada.
El Tribunal Supremo en sentencia de fecha 4 de mayo de 1999 acordó la no admisión del recurso interpuesto por D. Y2 y declaró la competencia de esta Sala para el conocimiento del resto de los motivos de los recursos. Los autos se recibieron el día 21 de junio de 1999.
Segundo.- Para la resolución de los recursos pendientes parece procedente seguir el orden de su colocación en los autos, principiando pues por el interpuesto por la representación de D. Y2, respecto a los cinco motivos ausentes de pronunciamiento ( resuelto el primero, como se ha dicho, por el Tribunal Supremo ).
El segundo motivo de recurso se articula a través del numeral 4º del art. 1692 de la LEC., por infracción del art. 1. 253 del Código civil.
La censura casacional de la prueba de presunciones encuentra hoy, efectivamente, después de la Ley 10/92, de 30 de abril, su adecuado encaje en los preceptos legales citados por el recurrente.
Sin embargo, preciso es anticipar que una abundante doctrina jurisprudencial enseña que tal censura casacional debe limitarse al espacio concreto del enlace preciso y directo entre el hecho demostrado y la conclusión que se deduce ( sents. de 22 de diciembre de 1993, 20 de junio y 6 de octubre de 1994), de tal modo que tendrá específica viabilidadcuando ésta se presente como ilógica, irracional o arbitraria ( sents. 19 de julio y 28 de diciembre de 1994, 23 de enero de 1995, 3 de junio de 1997 ), siendo el juicio de valor una facultad de la instancia que ha de respetarse en casación mientras aparezca dotado de coherencia y razonabilidad ( sent. 20 de dicembre de 1993, 5 de julio de 1994 ); de tal forma que no es en absoluto exigible que la deducción sea una, unívoca e inequívoca, bastanto que la elegida, entre las diversas opciones, no carezca de lógica y congruencia ( sents. 15 de octubre de 1993, 15 de diciembre de 1994 ).
La presunción de simulación de la compraventa - aspecto atacado por el recurrente en este motivo del recurso y por la via del juicio deductivo - aparece sólidamente argumentada. Puede leerse en la sentencia ( Fundamento Jurídico Tercero ): Lo primero que llama la atención sin embargo es que del pago del precio de la supuesta venta, no hay constancia alguna. Ni de los 2.700.00 que se confiesan recibidos por la Sra. Y en la propia escritura, ni de ninguna otra cantidad . Y añade: Que el comprador no conociera que se trataba de domicilio familiar, es inverosímil: por la ocupación del inmueble que se supone visitó; porque en la propia escritura de venta la Sra. Y expresa su estado de casada y domicilio en la finca que vende; porque, contra lo habitual y por razón de las prisas, se escritura sin que la vendedora hubiera desalojado la vivienda, es decir, sin entrega de llaves y concluye: Todo ello sin tomar en cuenta otras circunstancias intrínsecas de dicha escritura que la sitúan en condiciones de anormalidad....por el hecho mnismo de aplazar lo más significado del precio sin consignación de intereses; de no establecer cláusula resolutoria a pesar del aplazamiento indicado o, en fin, de escrituar teniendose que fiar de la mera manifestación de la vendedora respecto de haber cancelado administrativamente la hipoteca que gravaba la finca, incluso sin particular reserva de parte del precio para subrogarse en la hipoteca .
En definitiva y como bien resume el propio recurrente: no constancia del pago de precio, urgencia de presentar al Registro la escritura, no entrega de llaves, domicilio familiar de la vendedora, aplazamiento sin interés de la mayor cantidad del supuesto precio, ausencia de cláusula resolutoria alguna, hipoteca anterior que se dicecancelada...; circunstancias, todas, que, unidas, llevan a la lógica conclusión a la que ha llegado la Audiencia y a la que también hubiera llegado esta Sala, bien que, ciertamente, intentadas explicar por la parte recurrente, pero con argumentos de tan escasa enjundia que, en modo alguno, pueden sustituir el imparcial y coherente criterio del Tribunal de instancia, basado en hechos reales - indiscutidos por la via de invocación del art. 1.249 e indiscutibles ya ahora - que racionalmente conducen a la deducción elegida.
El motivo de recurso, en consecuencia, ha de decaer.
Tercero.- El tercer motivo de casación, encauzado por la misma via procesal que el anterior, invoca la infracción del art. 34 de la Ley Hipotecaria.
En síntesis, la tesis del recurrente se basa en la siguiente argumentación: calificada por la sentencia de titularidad meramente fiduciaria la ostentada por la vendedora, a fin de ocultar la titularidad real para sustraerla a la acción de terceros, el recurrente habría de desconocer que la finca en realidad no pertenecía por entero a aquélla, así como que en realidad pertenecía, además, a su marido, el Sr. X conclusión deviene evidente: como tercer adquirente de buena fé debe ser protegido.
La sentencia de instancia ya contesta extensamente a este razonamiento en el Fundamento de Derecho más arriba indicado y con las argumentaciones que, en parte, han quedado también descritas.
El tercero hipotecario, efectivamente como dice el recurrente, pieza fundamental del Derecho Registral, es el tercero civil, adquirente de un derecho inscrito, en las condiciones que marca el art. 34 de la Ley Hipotecaria. Y tres son estas condiciones: 1ª) que ostente buena fé; 2ª) que haya adquirido a título oneroso; y 3ª) que el transmitente aparezca en el Registro con facultades para transmitir. Pues bien, las dos primeras faltan en el caso de autos.
Algo se ha dicho sobre la inexistencia de buena fé en el recurrente, aparece de forma diáfana a lo largo de todas las actuaciones y así es recogido razonadamente por la sentencia de instancia. Pero ocurre, además, que el concepto de buena fé, coherente y lógicamente extraído de los hechos declarados probados, es un juicio de valor cuya apreciación corresponde exclusivamente al Tribunal de instancia, de forma que elude el control casacional a menos que se ponga de manifiesto - que no es el caso, como se ha visto - que carezca de una base fáctica razonable ( sents. 5 de julio de 1990, 9 de octubre de 1993, 25 de noviembre de 1996 ).
De otra parte, tampoco se ha probado, según la sentencia de instancia, que exista adquisición a título oneroso, es más, la sentencia anula la escritura de compraventa por simulación y en base, precisamente, a la inexistencia de precio ( en tal sentido, sents. 24 de febrero de 1993 y 13 de marzo de 1997), lo que deja al supuesto adquirente fuera del espacio que abarca el art. 34 de la Ley Hipotecaria.
La sentencia es clara al respecto, y ha de repetirse: no hay constancia alguna de precio en la supuesta transmisión de la finca y el adquirente conocía la situación jurídica de la misma, situación de copropiedad y domicilio familiar de la presunta vendedora. Falta, pues, su condición de tercero, con protección jurídico- hipotecaria.
El motivo, por ello, es rechazable.
Cuarto.- Por la via del númeral 3º del art. 1692 de la LEC., el cuarto motivo de recurso invoca la infracción del art. 359 de la misma Ley procesal, entendiendo, primero, que la sentencia de instancia incurre en manifiesta contradicción al declarar, por un lado, que Dª. Y es propietaria de la mitad indivisa de la finca cuestionada y decretar, luego, la nulidad total de la venta efectuada; y entendiendo, en segundo lugar, que la sentencia incurre en vicio de incongruencia al decretar dicha nulidad sin haber sido solicitada por la indicada litigante.
Tampoco este motivo puede prosperar.
Como esta Sala tiene reiteradamente declarado (última sentencia de fecha 4 de octubre de 1999), la incongruencia se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes han formulado sus peticiones, de forma tal que no puede la sentencia conceder más de lo pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiese sido admitido por el demandado, ni otorgar cosa diferente a la que hubiera sido pretendida; distinguiendose así entre incongruencia por ultra petita" (en los dos primeros casos), por extra petita (en el tercero) y por citra petita (cuando se da omisión de pronunciamiento).
Por ello la incongruencia no se produce cuando, respetando los hechos, como componente básico de la acción, se muta la calificación jurídica dada a los mismos por las partes, siempre que, con ello, no se genere indefensión. Así es abundante la doctrina jurisprudencial que enseña que el principio de congruencia, establecido en el art. 359 como elemento integrante de las sentencias, no impone sino una racional adecuación del fallo a las pretensiones de las partes y a los hechos declarados y probados, pero no una literal concordancia, y por ello, guardando el debido acatamiento al componente jurídico de la acción y a la base fáctica aportada por los contendientes, le está permitido al órgano jurisdiccional establecer su juicio crítico de la manera que entienda más ajustada, en virtud de la aplicación de los principios da mihi factum, dabo tibi ius y iura novit curia (sents., entre muchas otras, de 13 de julio de 1993, 2 de diciembre del mismo año, 14 de febrero de 1994, 24 de enero de 1995).
Distinta de la incongruencia es la falta de claridad y precisión de las decisiones judiciales, requisitos también exigidos en el art. 359 de la Ley Procesal. Ahora bien, esta oscuridad puede afectar a la forma o al fondo de la sentencia. En el primer caso, se tratará de un requisito fomal, distinto de la incongruencia y de la contradicción interna, sin acceso casacional porque pudo y debió ser corregido en via de aclaración de sentencia ( sents.17 de marzo de 1992, 1 de febreo de 1993, 21 de junio de 1994). En el segundo, se tratará de la contradicción interna, de forma que el pronunciamiento judicial resulta incompatible en si mismo. En cualquier caso, tampoco esta contradicción es semejante a la incongruencia.
Y se supone que a este vicio se refiere el recurrente al argumentar que la sentencia es contradictoria en sus pronunciamientos, en cuanto que, tras declarar que la Sra. Y.. es propietaria de la mitad indivisa de la finca, decreta la nulidad de toda la venta, en lugar de anular tan sólo la parte de la transacción que se refiere a la porción de la que no es propietaria.
Una mera lectura de la sentencia recurrida demuestra su coherencia interna. El Tribunal de instancia decreta la nulidad total de la compraventa porque no existe tal compraventa. Lo incoherente hubiese sido lo contrario: declarar que no existe compraventa y mantener la validez de la mitad. El último inciso del Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia es claro al respecto: A ....todo ello lleva a este Tribunal a estimar que la escrituración enjuiciada en el proceso 73/90 es simulada como afirma el demandante y, en consecuencia, no estimando encubra un negocio verdadero y lícito que debiera conservarse, procede la estimación de la pretensión de ineficacia A.
Nulidad, por cierto, que también devendría de la aplicación de los arts. 96 y 1320 del Código civil, 9 ( antiguo ) de la Compilación de Cataluña y 9 del actual Codi de família.
Respecto a la incongruencia - propia - también denunciada, en torno a que Dª. Y no había pedido la nulidad de la supuesta transmisión, siendo así que es ésta declarada por el Tribunal, un simple recordatorio del concepto de incongruencia, más arriba desarrollado, excusa de mayores razonamientos. Pero hay más, la nulidad fué solicitada - en dos procesos - por el actor D. X, de forma que existe adecuación entre el petitum y el fallo, con ajuste del tribunal a los principios del da mihi factum, dabo tibi ius y iura novit curia, pues concede lo pedido, bien que rebajando el título del actor, toda vez que, alegando éste ser propietario del todo y pidiendo la nulidad de la venta, se declara por el Tribunal su titularidad simplemente compartida, pero decreta la nulidad de toda la supuesta venta por su inexistencia jurídica.
No hay, en definitiva, incongruencia alguna, por lo que el motivo debe perecer.
Quinto.- El quinto motivo de casación se incardina también en el ordinal 3.º del art. 1692 de la LEC, por infracción del art. 1303 del Código civil.
Dicho artículo del código sustantivo regula un aspecto de la nulidad de los contratos y establece que: Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes .
El recurrente afirma: La sentencia recurrida no lo entendió así, por considerar que declarada la nulidad del contrato no procedía la devolución del precio . La cita del precepto puede ser adecuada, pero en absoluto lo es la argumentación, que no aparece, ni explícita ni implícitamente, en la sentencia. La sentencia declara que no hay compraventa y si no hay compraventa no hay precio que devolver. Así de claro.
Sobre el hecho de la inexistencia de precio - firme en su constancia casacional - la sentencia se pronuncia en dos partes, igualmente contundentes. La primera se ha transcrito ya (Lo primero que llama la atención sin embargo es que del pago del precio de la supuesta venta, no hay constancia alguna). En la segunda puede leerse: En cualquier caso, el precio escriturado es precio vil; en realidad se escrituró por valor catastral (v. f. 000) como es habitual en este tipo de operaciones pantalla, para que el coste sea el menor compatible con la vigilancia fiscal (el subrayado es propio).
Nuevamente hay que decir que sería incongruente la sentencia si obrara como el recurrente pretende en este motivo: declarando la nulidad de la compraventa por simulación absoluta y obligando a la supuesta vendedora a devolver un precio.
Sin más, pues, el motivo no puede prosperar.
Sexto.- No puede por menos de sorprender a esta Sala el motivo sexto de recurso. Se articula sobre la vía del art. 1692.4 de la LEC, y alega infracción del art. 710 de la misma. Se argumenta: La imposición de costas en segunda instancia únicamente procede respecto del apelante cuando se confirme o agrave la sentencia de primera instancia, pero en forma alguna procede su imposición al apelado, no sólo por no existir precepto legal que así lo disponga, sino también por limitarse a defender una resolución judicial anterior .
La argumentación sería admisible, de principio, si la condición del ahora recurrente en casación fuera la de apelado en el recurso ante la Audiencia, pero éste no es el caso. El Sr. Y2. apeló la sentencia de primera instancia, según es de ver en su escrito de fecha 19 de enero de 1995, en tal condición fué admitida su personación ante la Audiencia Provincial (providencia de 11 de mayo del mismo año) y así consta, a mayor abundamiento, en la propia sentencia de la Audiencia, expresandose la existencia del recurso en el encabezamiento y desestimandose expresamente en el fallo.
La postura del recurrente no pudo ser, pues, como quiere hacer ver, la de limitarse a defender la resolución de primera instancia. En tal caso, no hubiera apelado, ni se hubiera podido admitir su apelación (por falta de interés en recurrir). Más bien se deduce de los autos que el ahora recurrente mantuvo su apelación en relación a la no estimada revonvención que en su día planteó ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Arenys.
De ahí su condena en costas, al desestimarse su apelación y de ahí también la improsperabilidad del último de los motivos de su recurso actual.
Séptimo.- Pasando al examen del recurso entablado por la representación de Dª. Y., debe adelantarse que una simple lectura de los tres primeros motivos casacionales habría de conducir inexorablemente a su inadmisión y, en esta fase procesal, a su desestimación, sin más.
En efecto, el primer motivo reza así: ...se articula al amparo del nº 3 y 4 del articulo 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil al no apreciar el fraude procesal encubierto bajo la indebida acumulación de los procesos en segunda instancia ; el segundo dice: se formula al amparo de los números 3 y 4 del art. 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil por infracción de la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario ; y el tercero se articula: por incongruencia de la sentencia de la audiencia al admitir la titularidad conjunta de ambos cónyuges sobre la finca y edificación objeto de litigio en los autos 44/89 en base a unos razonamientos no solicitados por la parte actora .
En definitiva, se fundan los dos primeros cumulativamente en los numerales 3 y 4 del art. 1692 de la LEC, siendo así que ambos son esencialmente distintos, asentandose el primero en el quebrantamiento de formas esenciales del juicio, sean normas reguladoras de la sentencia o sean de las que rigen los actos y garantías procesales, mientras el segundo se funda en infracción de normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia; no se cita en ninguno de los dos motivos el concreto precepto, procesal o sustantivo, que se entiende infringido o jurisprudencia que la sostiene; en el tecero ni se concreta el motivo legal de recurso ni se cita tampoco el precepto infringido.
Es numerosísima la jurisprudencia que marca el camino de la inadmisión/desestimación en estos casos y sirvan de puro ejemplo las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 22 de octubre de 1991, 25 de junio de 1992, 20 de octubre y 9 de noviembre de 1993, 29 de abril y 6 de mayo de 1994, etc. etc. y las de esta misma Sala de 3 de abril y 1 de octubre de 1998.
No obstante ello, la Sala haciendo un esfuerzo discursivo - por lo demás inane para la parte recurrente - e interpretando de forma muy generosa el principio constitucional de tutela judicial efectiva y la doctrina constitucional protectora del principio pro actione, contestará brevemente a las cuestiones genéricamente planteadas por la parte.
Octavo.- No hay, en absoluto, fraude procesal en la acumulación de autos por el Tribunal de instancia. Aunque, ciertamente, tampoco llega a saber la Sala si la queja de la parte recurrente se dirige a denunciar la existencia de fraude o la indebida acumulación de autos.
En cualquier caso, el Tribunal se limitó a aplicar, en Autos de fechas 4 de marzo y 27 de noviembre de 1996, la normativa vigente al respecto de la acumulación de autos, contenida en la Sección Segunda del Título IV de la LEC, arts. 160 a 187; acumulación solicitada por la representación de D. X y a la que se opuso la actual recurrente, pudiendo explayarse en razonamientos en los dos escritos que dirigió al tribunal y que el tribunal valoró, no siendo acogidos. La solución dada al litigio, lejos de ser arbitraria, infundada o, como se entiende por la parte, sometida a fraude procesal, fué correcta en la aplicación de legalidad y respetuosa con los principios constitucionales que velan por una tutela judicial efectiva y por un proceso sin dilaciones. De una parte, el tribunal hace expresa aplicación de lo estatuído en los ordinales 2.º y 5.º del art. 162, en tanto se trataba de pleitos con identidad de personas y cosas, aunque con acciones distintas, y de pleitos con acciones y personas diversas, pero con igual causa; pero, además, es claro que, de seguirse las acciones en pleitos distintos cabrían pronunciamientos contradictorios y ello sobre iguales personas y cosas, que es precisamente lo que la Ley trata de evitar. Del modo seguido, una Sección de la Audiencia Provincial pudo dictar una sola sentencia, resolviendo todas las cuestiones en debate, con pronunciamientos que afectan - sin contradicción -a todos los litigantes.
Como consecuencia de lo anterior, había de decaer forzosamente la excepción de litisconsorcio pasivo necesario planteada por la representación de la Sra. Y - verdadero nudo gordiano de su argumentación - que tampoco había sido aceptada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Arenys en el juicio de menor cuantía 44/89. La alegación repetida por la recurrente en orden a que la correcta constitución de la relación jurídico-procesal debió llevarse a término en el momento de la comparecencia que regula el art. 693 de la LEC, con cita de la sentencia de 31 de marzo de 1997, olvida que ésta es una facultad que la jurisprudencia entiende -más bien aconseja- ejercitable en el momento procesal aludido, pero que no impide la opción de entablar una nueva litis con una adecuada conformación del elemento procesal subjetivo. En todo caso, producida la acumulación de autos en segunda instancia -sin fraude, como se ha visto- cobran vigor las palabras de la sentencia combatida: ...efectuada ya la acumulación de los autos, carece de sentido tanto (sic ) en este momento tanto la alegación de litisconsorcio pasivo necesario opuesta en aquel proceso por no haber demandado al Sr. Y2., como la alegación de litispendencia opuesta en el proceso 73/90 en relación al anterior , El actual mantenimiento de una pretensión combinada de la demandada Sra. Y. para absoluciones en la instancia de ambos procesos por los indicados motivos, asi como su resistencia a la acumulación, implica ejercicio del derecho vedado por el art. 11 de la Ley orgánica del poder judicial . Así lo vió también el Juez de instancia y afirmó: ....el actor, que pretendió incluir al Sr. Y2 - en su condición de adquirente de una cosa litigiosa - en el litigio se vería ahora de estimarse la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, en una situación laberíntica, pese a haber intentado - sin éxito - la acumulación de autos . Los razonamientos son lo suficientemente explícitos y contundentes como para eximir de mayores elucubraciones y sirva de admonición la remisión de la Audiencia al art. 11 de la LOPJ.
Finalmente, basta un simple recordatorio de lo dicho sobre la verdadera entidad jurídica de la incongruencia para rechazar el tercer motivo de casación, en cuanto al fondo. Los términos comparativos del juicio de adecuación que la incongruencia representa son el petitum y la parte dispositiva de la sentencia o, como ha dicho el Tribunal Supremo ( en sent. 24 de octubre de 1985 ) , en función del binomio: pretensiones contenidas en el suplico-fallo de la sentencia. No hay incongruencia cuando se ha concedido lo solicitado por el actor rebajando la intensidad de su título y calificandolo en aplicación de los hechos aportados por las partes y declarados probados por el Tribunal.
Noveno.- El primer motivo que se articula correctamente por el recurrente es el cuarto, formulado al amparo del nº 4 del art. 1.692 de la LEC, por infracción de lo dispuesto en el art. 49 de la Compilación de derecho civil de Cataluña, en su redacción de 1984.
En realidad, la protesta del recurrente se dirige a la inaplicación del precepto, no a su infracción. El Tribunal de instancia no hace ni la más mínima mención a la disposición legal invocada, sí lo hace, en cambio, el Juzgado de Primera Instancia y, precisamente, decidiendo su no aplicabilidad al caso, visto que no estaba vigente al momento de finalizar la construcción de la vivienda discutida ( que finalizó en febrero de 1980, siendo así que el precepto fué introducido por la reforma de la Compilación llevada a cabo por Ley del Parlament de Cataluña, de 20 de marzo de 1984, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1984, de 19 de julio ). En cualquier caso, el motivo es absolutamente rechazable.
El párrafo tercero del art. 49 citado decía así: els béns adquirits per un dels consorts durant el matrimoni l’adquisició dels quals no es pugui justificar es considerarà que pertanyan als dos consorts per meitad; però si en consta l’adquisició, es presumiran adquirits amb diner privatiu de l’adquirent .
Pues bien, la intención de la parte recurrente al invocar la indebida inaplicación del precepto incurre claramente en el vicio de hacer supuesto de la cuestión, esto es, parte de datos fácticos diferentes a los fijados o tenidos en cuenta en la resolución objeto de recurso sin haber intentado la modificación de los mismos, lo cual está absolutamente vedado en casación , según una nutrida doctrina jurisprudencial de la que son meros ejemplos las sentencias de 4 de abril de 1987, 25 de enero de 1992, 18 de diciembre de 1993, 18 y 24 de marzo, 23 de julio y 27 de octubre de 1994. Tanto la Audiencia como el Juzgado, tras la valoración de las pruebas practicadas, llegan a la inconcusa evidencia de una cotitularidad dominical y así expresa la primera: Pues bien, la decisión del Juzgado reconociendo una realidad de coparticipación en la adquisición de los solares y en la edificación del inmueble (propiedad compartida de dudosa cuota), nos parece técnicamente correcta, de manera que hacemos propios sus fundamentos que damos por reproducidos, y materialmente justa porque no puede pretender el Sr. X que sus ingresos se corresponden con el inmovilizado del patrimonio familiar y los de su esposa, en cambio, con lo consumible y consumido por la familia .
En definitiva, la Audiencia parte del hecho de que ambos cónyuges, constante patrimonio, adquirieron en común, con dinero de ambos, la edificación ahora discutida y ello tras la apreciación en conciencia de la prueba practicada. Sobre este hecho, que ahora no puede ser sustituído por el criterio subjetivo de una de las partes, ningún juego presenta la presunción que el antiguo art. 49 de la Compilació establecía, cuya inaplicabilidad - por su no vigencia - queda clara, por cierto, tras la sentencia de esta propia Sala de fecha 10 de mayo de 1993.
Décimo.- El quinto motivo de recurso se vehicula a través del art. 1.692.4º de la LEC., invocandose infracción de los arts. 20 a 22 de la Compilación de derecho civil de Cataluña en su redacción dada en 1984.
En realidad el motivo podría desestimarse sin más pronunciamientos. En efecto, en primer lugar, cita el recurrente tres preceptos de la Compilación y no indica cuál de ellos en concreto se estima conculcado; pero es que, además y en segundo término, ninguno de estos preceptos ha sido aplicado por la sentencia recurrida; y, finalmente, vale lo dicho en el Fundamento anterior respecto a la inaplicabilidad - por no vigencia - de los preceptos que se citan.
Pero ocurre, ya respecto al fondo del motivo, que el recurrente vuelve a incidir en el defecto de hacer supuesto de la cuestión y entra decididamente a valorar la prueba practicada, olvidando que esta labor pertenece en exclusiva al Tribunal de instancia y que no puede ser revisada en casación, lo que, por lo demás, no ha sido intentado siquiera por la parte en forma procesalmente adecuada.
En absoluto, pues, puede prosperar un motivo casacional que se basa - en realidad - en la indebida inaplicación de un precepto legal que, de haberse aplicado, carecería del necesario soporte fáctico, declarado, como tal, en sentencia, tras el análisis de la prueba.
Undécimo.- El sexto y último motivo de casación alegado por la representación de D.ª Y.. se formula al amparo también del art. 1692.4 de la LEC, por infracción, esta vez, de los arts. 1253 del Código civil y 523 de la LEC. Nuevamente la técnica casacional haría decaer, sin más, el motivo, que contiene, como es visto, la invocación de dos preceptos heterogéneos y contenidos en diferentes cuerpos legales.
De todos modos, ambos motivos - pues así deberían haberse hecho valer - merecen igual repulsa en cuanto al fondo.
De la correcta aplicación de la prueba de presunciones se ha hablado ya extensamente en el Fundamento de Derecho Segundo de la presente resolución, precisandose ahora tan solo añadir que la parte se limita, una vez más, a atacar - discutiendolo - el resultado de la prueba, por lo que más bien debería haber utilizado el cauce de invocación del art. 1249 del Código. Fijados, pues, como indiscutibles - y no discutidos por la via procesal adecuada - los hechos por el Tribunal de instancia, el enlace preciso y directo que el art. 1253 exige con lo deducido aparece en la sentencia con singular contundencia y en absoluto de forma arbitraria o carente de razonabilidad.
Finalmente, el Tribunal aplicó también con corrección el art. 523 de la LEC, precepto que obliga a la imposición de costas a la parte que hubiera visto rechazadas sus pretensiones. Habida cuenta de que el motivo casacional se argumenta así: Habiendose infringido la aplicación del articulo 1253 del c.c., no puede apreciarse ni mala fé ni temeridad en la actuación de mi mandante, por lo que tal apreciación efectuada en la sentencia infringe lo dispuesto en el art. 523 que no puede ser aplicado por lo que deberá también casarse la sentencia la desestimación del motivo es consecuencia obligada, por la declarada corrección en la aplicación del art. 1253.
Duodécimo.- La representación de D. X. accede a la casación con la pretensión, que ha de calificarse - por lo menos - de sorprendente, de que se mantenga la validez del contrato de arrendamiento de fecha 1 de abril de 1982, suscrito entre D. Y., como arrendadora, y el propio recurrente, como arrendatario, sobre la misma finca cuya titularidad se cuestiona en los autos. A tal fin y al amparo del art. 1.692, apartado 4.º, de la LEC, alega, como primer motivo de casación, la infracción de los arts. 1261, 1274, 1276, 1277, 1281 y 1282 del Código civil por interpretación errónea de los contratos al aplicar indebidamente la doctrina del negocio simulado ( y/o, por tanto, por tal indebida aplicación a la causa de autos ) .
El recurso, en este aspecto, reclamaba su total inadmisión y se impone en este momento procesal su desestimación. La acumulación en un solo motivo de la cita de preceptos supuestamente infingidos, de naturaleza tan heterogénea como son los que tratan de los requisitos de los contratos, concepto de la causa contractual, efectos de la causa falsa, interpretación literal de los términos del contrato y elementos de investigación de la intención de los contratantes, es contraria a las más elementales reglas de técnica casacional.
Apoyando la tesis de la inadmisibilidad, basta transcribir lo dicho por la propia parte al impugnar el recurso de la representación de la Sra. Y: Ha precisado reiteradamente la Jurisprudencia que es contrario al Art. 1707 de la LEC acumular en un mismo motivo del recurso de casación la infracción de preceptos diferentes ( Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23/6/92 ); exigencia que tiene una fundamentación suficientemente sólida, como es evitar la confusión o posible indefensión de la parte adversa ( Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23/6/94 y 5/4/97 ), tal como se indica también en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 3/4/98 A. Con cita a continuación, además, de las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 22 de enero y 10 de mayo de 1993.
En cualquier caso, el pronunciamiento de la Audiencia habría de ser mantenido, pues, valoradas las pruebas con acierto y no discutidas en este momento, la conclusión a la que se llega es plenamente razonable: inexistencia del contrato de arriendo por falta de causa. Lo que se infiere paladinamente de la propia posición procesal del ahora recurrente que, en pleitos acumulados 44/89 y 73/90 mantiene la plena titularidad dominical del inmueble, mientras en el 220/89, también acumulado, sostiene ser un mero arrendatario. También aquí, y para todos los litigantes, cabría hacer un recordatorio de lo dispuesto en el primer inciso del art. 11 de la Ley orgánica del poder judicial.
Decimotercero.- El segundo motivo de recurso, a los mismos fines que el anterior, invoca, por la via del art. 1.692.4º de la LEC., la infracción por aplicación errónea de los arts. 1.249 y 1.253, con nueva incorrección casacional al mezclar preceptos heterogéneos, pues el primero se refiere a la prueba de los hechos y el segundo al juicio discursivo, y con el añadido de que, en la breve justificación del motivo, no se explicita cuáles son los hechos que indebidamente ha declarado probados la Audiencia y en qué ha fallado el enlace de éstos con la conclusión deductiva.
Ya se ha dicho más arriba que el juicio de inferencia que representa el enlace preciso y directo entre unos hechos declarados probados y su deducción está reservado a la instancia y su control casacional sólo es posible en la medida en que el mismo aparezca como irracional o arbitrario. También se ha dicho que el arrendamiento entre marido y mujer, cuando ambos se conciben dueños del inmueble, se revela, cuando menos, como un contrato sin causa, al menos entre los contratantes y cualquiera que sea la finalidad - normalmente espúrea - que se pretenda. Frente a los hechos declarados probados en orden a la cotitularidad dominical nada se opone; en el proceso, o mejor, en los procesos, ambas partes aparecen como pretendidos titulares plenos; luego, la conclusión lógica que se alcanza sólo puede ser una: el contrato de arrendamiento no existe para el Derecho, es nulo e ineficaz. Y esta es la conclusión - correcta - a la que ha llegado la Audiencia.
Con ello deviene desestimable el último motivo de casación y, con él, todos los recursos.
Decimocuarto.- Según dispone el art. 1.715.3 de la LEC., se impondrán las costas a los recurrentes, a no haberse estimado ningún motivo de recurso.
Que debemos desestimar como desestimamos los recursos de casación interpuestos por el procurador D. José de Murga Rodríguez, en nombre y representación de D. Y2, el procurador D. José Granados Weil, en nombre y representación de Dª. Y, y el procurador D. Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de D. X, contra la sentencia, de fecha 24 de febrero de 1998, dictada por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en Rollo de Apelación núm. 1.662/95, correspondiente al jucio de menor cuantía 44/89 procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Arenys de Mar, que lleva acumulados los 73/90 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Arenys y 220/89 de aquel Juzgado núm. 1; sentencia que se confirma en todas sus partes, con imposición a cada uno de los tres recurrentes de una tercera parte de las costas causadas.
Notifíquese la sentencia a las partes, con instrucción de que contra la misma no cabe recurso y devuelvanse los autos y Rollo a la Sección antedicha de la Audiencia, con testimonio de la presente.
Así por ésta, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.