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Timestamp: 2019-07-18 03:14:15
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III. EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
IV. EN EL ÁMBITO CONTRACTUAL
V. EN LA ACTUACIÓN PROCESAL
El artículo 7.1 del Código Civil establece que "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe", se trata de un concepto que aparece expresamente regulado en la parte general de dicho cuerpo legal en la modificación de 1.974, dado que aun cuando la buena fe venía en concretos supuestos como en la regulación del matrimonio, en ciertos derechos reales (accesión, posesión), y negocios jurídicos (compraventa y depósito) e incluso a efectos del tiempo en la regulación de la prescripción, no estaba previsto como teoría general, incluyéndose tras la reforma en el Titulo Preliminar, como un auténtico principio general del derecho.
La buena fe tal y como aparece en el artículo 7.1 del Código Civil, en relación con los otros preceptos en los que expresamente se acude al principio, se entiende en esencia como buena fe proyectada sobre la intención y actividad de los sujetos en sus relaciones con los demás, es decir, a su acomodación a las normas establecidas para cada relación jurídica.
Las exigencias de la buena fe se refieren a un comportamiento socialmente esperado en función de convicciones éticas imperantes en la comunidad, vulnerándose este principio cuando el ejercicio se haga desleal según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.
La buena fe ha sido definida por la jurisprudencia, determinando que la exigencia de la buena fe en el ejercicio de los derechos que el artículo 7.1 del Código Civil consagra, conlleva que la conducta del que ejercita dicho derechos se ajuste a normas éticas, contradiciéndose, entre otros supuestos, dicho principio cuando se va contra la resultancia de los actos propios, se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionalmente de su dudosa significación, o crea una apariencia jurídica para contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella, en definitiva, conforme a lo que por un autorizado sector de la doctrina científica se concreta la buena fe en sentido objetivo consiste en que la conducta de uno con respecto al otro, con el que se halle en relación, se acomode a los imperativos éticos que la conciencia social exija. En consecuencia, constituye una noción omnicomprensiva como equivalente al ejercicio o cumplimiento de los derechos de acuerdo con la propia conciencia contrastada debidamente con los valores de la moral, honestidad y lealtad en las relaciones de convivencia, de cuyas notas sobresale que se trate de una regla de conducta inherente al ejercicio o cumplimiento de los derechos, que se cohonesta con el fuero interno o conciencia del ejercitante.
La buena fe debe suponerse en cuanto forma parte de la normalidad de las cosas, y en consecuencia no ha de ser probada, sino que ha de presumirse en tanto no sea declarada judicialmente su inexistencia, lo que envuelve una cuestión de hecho, pero es también un concepto jurídico que se apoya en la valoración de una conducta deducida de unos hechos. No basta, pues, que quien afirma la inexistencia de buena fe se limite a invocar la misma en un determinado comportamiento, de tal modo que corresponde la prueba a quien sostenga su inexistencia.
Tiene también reflejo en el artículo 7 del Código Civil lo moral, lo ético "Los derechos se ejercitarán conforme a las exigencias de la buena fe"; se proclama así un standard jurídico de actuación, que en el ámbito del comercio además tiene proclamación constitucional con reflejo normativo posterior profuso, al punto que ha llegado a constituirse lo que algún profesor ha llamado "auténtico estatuto del consumidor" con leyes especiales que, desde luego, se inspiran en la tutela, es decir en ayudar y proteger al consumidor, al que se estima parte débil en sus relaciones con las empresas.
El artículo 7.1 del Código Civil inspira el principio de que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe (concordante con el artículo 57 del Código de Comercio), dicho precepto se enmarca dentro del Título Preliminar del Código Civil, y en concreto dentro del capítulo donde se recoge la eficacia general de las normas jurídicas, y donde se establecen los principios informadores que han de presidir el ejercicio de los derechos, a los cuales no pueden sustraerse la labor enjuiciadora del juzgador, al margen de su alegación, pues se trata de principios básicos y rectores del ordenamiento jurídico, principios fundamentales del derecho que en todo momento han de ser tenidos en cuenta por el juzgador para que en su difícil labor de dirimir los conflictos de intereses solicitados pueda impedir, incluso en la esfera procesal, que al socaire de tecnicismos o habilidades se mermen las justas proporciones en el reconocimiento y declaración de los derechos en pugna.
Se impone como una de las exigencias que como derivación necesaria e inmediata del principio general de la buena fe el deber de proceder lealmente en las relaciones de derecho, que se puede concretar en los siguientes caracteres:
a) Que una persona haya observado, dentro de una determinada situación jurídica, una cierta conducta jurídicamente relevante, eficaz y vinculante.
b) Que posteriormente esta misma persona (o aquellas cuyo derecho trae causa de la misma) intente ejercitar un derecho subjetivo o una facultad, creando una situación litigiosa y formulando dentro de ella una determinada pretensión.
c) Que entre la conducta anterior y la pretensión posterior exista una incompatibilidad o contradicción, según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior.
d) Que entre la conducta anterior y pretensión posterior, exista una perfecta identidad.
La consecuencia jurídica se traduce en impedir el ejercicio del derecho contradictoriamente propuesto, oponiéndose al mismo.
La existencia o inexistencia de la buena fe es una cuestión de hecho, y por tanto, de libre apreciación de jueces y Tribunales, que deberán partir de un lado de los hechos acreditados, y de otro su apreciación integra una valoración jurídica, en cuanto la buena fe en sí no es un hecho, sino una de las llamadas en el proceso "máximas de experiencia", lo que tiene lugar, entre otros supuestos cuando el poder en que el derecho perteneciente a un sujeto se ejercita se utiliza con una finalidad económico-social distinta de aquella para la cual ha sido atribuido a su titular por el ordenamiento jurídico, o se ejercita en circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencias social impone al tráfico jurídico.
La buena fe, en materia de derechos reales, no es un estado de conducta, como ocurre en las obligaciones y contratos, sino de conocimiento, consistente en el conocimiento que se tenga de la existencia o no de circunstancias que hagan ilegítima la posesión que se detenta y es necesario recoger pruebas o indicios circunstanciales, por lo menos, de que al poseedor no le pertenece el dominio de la cosa, con objeto de poner al requerido en un estado de duda razonable sobre su posición jurídica.
Sobre la buena fe la jurisprudencia es constante al exigírsela también tanto al adquirente del párrafo segundo del artículo 1473 del Código Civil como al tercero del artículo 32 de la Ley Hipotecaria, aunque ninguno de los dos preceptos la mencione, y la doctrina científica, comparte tal exigencia.
En cuanto a la configuración de este requisito, que se presume a favor del segundo adquirente en el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, la jurisprudencia suele identificar la buena fe con la creencia de que el vendedor es dueño de la cosa vendida o, si se quiere, con el desconocimiento de que la misma cosa se ha vendido anteriormente a otros con eficacia traslativa. Sin embargo, Sentencias como las de 25 de octubre de 1999, o de 11 de octubre de 2006 también consideran desvirtuada la presunción de buena fe cuando el desconocimiento o ignorancia de la realidad sea consecuencia "de la negligencia del ignorante", cual sucede, por ejemplo cuando una entidad financiera, después de un estudio sobre las ventajas de su inversión inmobiliaria, adquiere en escritura pública, que inscribe, varias viviendas vendidas anteriormente por el mismo vendedor, en documento privado, a diferentes personas que ocupaban las fincas como dueñas después de haberlo hecho como arrendatarias.
No puede entenderse ejercicio malicioso de un derecho al punto de constituirse en abuso del mismo, supuesto del artículo 7 de nuestro Código Civil, cuando por parte del demandado se usa de la facultad que le otorga su derecho de dominio y precisamente en defensa del mismo, a fin de realizar un acto obstativo al ejercicio de contrario de un pretendido derecho; acto obstativo con el que se pretende evitar una disminución en la integridad de su propiedad y, que de otra forma, habría de suponer un consentimiento a la limitación del mismo, con cuantas consecuencias jurídicas pudieran de ello derivarse, al tener que soportar sobre su propia finca un derecho real ajeno cual sería la constitución de servidumbre a favor del predio del actor, que se convertiría, por ello, en predio dominante. No en vano el artículo 581 del Código Civil autoriza al propietario a cubrir los huecos de pared contigua y no medianera de finca ajena mediante edificación o levantando pared contigua en su propio terreno.
Con carácter previo debemos recordar que, de conformidad con el artículo 1.258 del Código Civil, la buena fe es en nuestro derecho positivo un complejo de normas jurídicas que impone que en el desenvolvimiento de las relaciones contractuales el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzcan conforme a una serie de principios que la conciencia social considera como necesarios aunque no hayan sido formulados por el Legislador ni establecidos por el contrato. Constituye, por tanto, un criterio de determinación del alcance de las prestaciones contractuales, de la forma del cumplimiento y una fuente de creación de deberes accesorios del deber principal de la prestación.
Partiendo de lo anterior, al amparo del artículo 7.1 del Código Civil y de lo dispuesto, en concordancia con el mismo por el artículo 1.258, donde se preceptúa que los contratos obligan desde su perfeccionamiento, no solo al cumplimiento de lo pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley.
El principio de la buena fe debe tenerse en cuenta en la interpretación de los contratos y regir la vida de los mismos, por no resultar justo ni equitativo que ante una situación normal e imprevisible para los interesados, obtenga quien no cumplió a su tiempo los deberes que le imponía el vínculo contractual que le ligaba con la otra parte, un enriquecimiento injusto, así pues los contratos deben interpretarse en el sentido más adecuado para que produzcan los efectos que le son propios, atendiendo a la mayor reciprocidad de intereses.
Igualmente es preciso tener en cuenta que la buena fe es una obligación recíproca de ambos contratantes, tal como se desprende del artículo 1.258 del Código Civil, y por tanto debe concurrir en ambos, de tal manera que la coexistencia de mala fe va a producir como efecto jurídico la anulación de los efectos que legalmente se podrían anudar a la vulneración del principio de buena fe.
No hay que olvidar el instrumento jurídico que el legislador, al reformar el Título Preliminar del Código Civil, proporcionó a los jueces y Tribunales para que introdujeran en la solución de los litigios un principio fundamental del derecho como es el de la buena fe en sentido objetivo, es decir, el de una norma que en su profundo sentido obliga a la exigencia, en el ejercicio de los derechos, de una conducta ética significada por los valores de la honradez, lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad y avenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre pueda provocar en el ámbito de la confianza ajena, exigencia que es aplicable, aún mas, si cabe, en la esfera procesal, donde el Juez, árbitro de un conflicto de intereses, debe vigilar para impedir que mediante tecnicismos o habilidades se perjudiquen los derechos en pugna.
Se falta al principio de la buena fe cuando se ejercita un derecho en contradicción con una conducta anterior en la que se hizo confiar a otro -prohibición de ir contra los propios actos-, y especialmente infringe el mismo principio el que ejercita su derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo -retraso desleal-, vulnerando, tanto la contradicción con los actos propios, como el retraso desleal, las normas éticas que deben informar el ejercicio del derecho, siendo inadmisible, con la posibilidad de impugnarlo por antijurídico al amparo del artículo 7.1 del Código Civil.
El retraso desleal en el ejercicio de las acciones se configura como una institución con apoyo directo en el artículo 7.1 del Código Civil, según el cual los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, exigencia esta que en el ámbito contractual encuentra apoyo en el artículo 1.258 Código Civil y viene a configurar un ámbito ético en el ejercicio del derecho por sus titulares. Ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1982 venía a declarar que "...Que el principio de la buena fe, como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, precisa la fijación de su significado y alcance y en este sentido se establecen una serie de supuestos típicos cuya concurrencia autoriza, en términos generales, a admitir que contradicen dicho principio, concretando que se falta a la buena fe cuando se va contra la resultancia de los actos propios, se realiza un acto equívoco para beneficiarse intencionadamente de su dudosa significación o se crea una apariencia jurídica para contradecirla después en perjuicio de quien puso su confianza en ella".
Por tanto la idea básica sobre la que se articula la estructura del retraso desleal es la infracción del principio de buena fe, teniendo en cuenta que es un concepto jurídico que se presume siempre, tal como señala el artículo 434 Código Civil y su apreciación o no se articula en torno a los hechos y circunstancias que aparezcan probados. Se pueden señalar como elementos que integran el citado retraso desleal: la falta de ejercicio del derecho por parte del acreedor, la confianza del deudor en que tal derecho no vaya a ser ejecutado y un lapso de tiempo significativo anterior a la reclamación.
El principio de que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe debe ser tenido en cuenta por el juzgador para que en su difícil labor de dirimir los conflictos de intereses solicitados pueda impedir, incluso en la esfera procesal, que al socaire de tecnicismos o habilidades se mermen las justas proporciones en el reconocimiento y declaración de los derechos en pugna.
Debe reconocerse la doctrina del retraso desleal, como una de las manifestaciones del principio de la buena fe en las relaciones contractuales, no sólo en cuanto a la facultad de reclamar después de haber transcurrido un largo periodo de tiempo el capital empleado, sino también en cuanto a la reclamación de intereses moratorios. No obstante, la doctrina del retraso desleal ha de combinarse, en este caso con un principio de equidad, al que se llega por dos vías: en primer lugar, por el principio general de buena fe del artículo 7 del Código Civil; y en segundo lugar, en la aplicación del artículo 1.154 del Código Civil, en base a que la imposición de intereses moratorios se trata de una cláusula de naturaleza penal unida a que la inactividad de la acreedora durante tan dilatado espacio de tiempo ha de tener efectos atenuatorios en la responsabilidad del deudor, lo que autoriza a dar menos de lo pedido, sin incurrir en incongruencia. En virtud de tales principios se permite que a la deuda efectivamente contraída por el demandado, le sea aplicado el interés legal del dinero desde esa fecha hasta la fecha de la sentencia, en concepto de intereses moratorios, atenuados por los principios de la buena fe, la doctrina del retraso desleal y la equidad.
En otras ocasiones cuando el titular se ha despreocupado de procurar su efectividad durante un largo tiempo, valorado según las circunstancias del caso, y ha propiciado con su actitud omisiva que la otra parte no espere su ejecución, tras estimar retraso desleal, ya que la actora se despreocupó durante un largo periodo de tiempo, durante el cual no verificó reclamación alguna, sin que su inactividad tuviera justificación o amparo en algún impedimento que no le fuera imputable, su ejercicio tan tardío y las consecuencias tan gravosas que devinieron para el deudor, impide que se impongan al mismo los intereses de demora si no es desde la fecha en que se verificó la reclamación extrajudicial.
Cabe concluir que el principio general de derecho de la buena fe, impone que los derechos deben ejercitarse conforme a los dictados que la misma impone: un comportamiento leal en todas las acciones u omisiones que por si mismas, en cuanto afectantes a otras personas en mayor o menor grado, son susceptibles de generar una situación determinada, de la que cabe extraer conclusiones, manteniendo su validez. De este principio nacen, pues, especiales deberes de conducta exigibles en cada caso, en armonía con la relación nacida, que adquiere categoría jurídica, y que determina unos efectos congruentes, que pueden ser postulados por las partes mediante pretensiones procesales.