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Timestamp: 2019-05-25 17:12:43
Document Index: 231280927

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 219', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 309', 'artículo 309', 'artículo 309', 'artículo 309']

www.losgenoveses.net : Manuel Marchena y su hija Sofía. Julio 2018
JUECES CON ANTECEDENTES : MANUEL MARCHENA Y SU BAMBINA SOFÍA
LA SOMBRA SOBRE MARCHENA
LOS PAPELES DEL CASO MARCHENA
DENUNCIAN AL FISCAL NAVAJAS POR OBVIAR EL ‘ENCHUFE’ DE LA HIJA DE MARCHENA
Silencios y fake news en el Marchenagate
CHOQUE EN LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE FUTUROS JUECES Y FISCALES POR LA PLAZA ASIGNADA A LA HIJA DE UN MAGISTRADO DEL SUPREMO
SOSPECHAS DE TRATO DE FAVOR A LA HIJA DEL PRESIDENTE DE LA SALA QUE JUZGARÁ EL 1-O
EL CGPJ CREA AD HOC UNA PLAZA DE FISCAL PARA LA HIJA DE UN JUEZ DEL SUPREMO
LA INCLUSIÓN DE SOFÍA MARCHENA EN LA LISTA DE APROBADOS A JUECES Y FISCALES ES AJUSTADA A DERECHO Y LEGAL
EL CGPJ DEFIENDE LA POLÉMICA CONCESIÓN DE UNA PLAZA DE FISCAL A UNA HIJA DEL SUPREMO
Luis Navajas, teniente fiscal del Alto Tribunal y número dos de la Fiscalía, incumple el deber de abstención a sabiendas de que concurren causas legalmente previstas, puesto que solicita la inadmisión e inmediato archivo de la querella sobre la inusitada designación a la carrera fiscal de la hija del presidente de la Sala Segunda, a pesar de que él mismo presidió los tribunales calificadores que aprobaron la oposición de Sofía Marchena a la Escuela Judicial y al Centro de Estudios Jurídicos.
En el más alto tribunal de la Justicia, actuando como Ministerio Público, no sólo hay que ser imparcial sino también parecerlo, de forma que el legislador ha previsto en la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que los fiscales "se abstendrán de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los Jueces y Magistrados en la LOPJ", la que rige el Poder Judicial.
Sin embargo, el teniente fiscal del Tribunal Supremo –y número dos del Ministerio Público, por lo que sustituye al fiscal general del Estado en caso de necesidad–, Luis Manuel Navajas Ramos, acaba de incurrir, presuntamente, en una falta muy grave de inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas, y en una falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de sus deberes, tipificadas en el artículo 62.8 y 62.15 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el artículo 219 de la LOPJ, tal como demuestra la abundante documentación judicial a la que ha tenido acceso Público.
Y el fiscal Navajas lo ha hecho, además, para informar a favor de la inadmisión –y el inmediato archivo de las actuaciones, sin más trámite– de la querella que incluye a Sofía Marchena Perea como beneficiaria de un presunto delito de prevaricación en su inusitada inclusión en la lista de aprobados a jueces y fiscales, pese a no cumplir los requisitos requeridos, y su reasignación sin precedentes a la carrera fiscal (pese a haber elegido e ingresado en la judicial), con una nota distinta de la asignada inicialmente.
El extrañísimo caso de la hija del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena Gómez, se convirtió en un pequeño escándalo el pasado verano no sólo porque recibió un claro trato de favor –al no superar el primer curso de la Escuela Judicial por una enfermedad y ser reasignada como fiscal, en una decisión inédita del Poder Judicial–, sino también porque la directora de esa Escuela Judicial, Gema Espinosa Conde, es la esposa del magistrado Pablo Llarena Conde. Precisamente el juez que el Supremo ascendió irregularmente a la Sala Segunda y después le adjudicó la instrucción de la Causa Especial contra el procés saltándose sus propias normas internas de reparto.
Ampliación de la querella por "prevaricación continuada"
Ante esa sospechosa coincidencia, la Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles amplió la querella que tenía presentada desde abril contra todo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por un presunto delito continuado de prevaricación mediante la "ejecución de un plan tendente a alterar la garantía de la imparcialidad y de la independencia judicial" (...) para el que "propusieron y aprobaron la cobertura de los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional con miembros de la carrera judicial seleccionados por su perfil y por su posicionamiento ideológico" (...) con el fin de "garantizarse el enjuiciamiento por medio de Magistrados afines al Partido Popular" en las causas de corrupción que afectan a sus dirigentes.
El teniente fiscal Navajas tiene asignada esa causa especial que afecta a jueces aforados y ya había informado a la Sala pidiendo su inadmisión y el inmediato archivo de las actuaciones. Pero, al producirse la ampliación –incluyendo también a la jueza Carmen Lamela Díaz, ascendida a la Sala Segunda por delante de aspirantes mucho más cualificados, después de haber enviado a prisión a todos los dirigentes soberanistas catalanes que comparecieron ante la Audiencia Nacional–, la Fiscalía del Supremo tuvo que informar de nuevo.
Aquí es donde se produjo la clara infracción cometida por Navajas: el pasado 8 de octubre volvió a informar en el mismo sentido cuando debería haberse abstenido porque él mismo presidió los tribunales calificadores 1 y 2 que examinaron y aprobaron a la candidata Sofía Marchena en la primera y segunda fases de la oposición para el ingreso en la Carrera Judicial y Fiscal:
Al menos tres causas de abstención obligan a Navajas
En consecuencia, el teniente fiscal del Supremo violó el artículo 28 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dispone que los miembros del Ministerio Fiscal se abstendrán de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los Jueces y Magistrados en la LOPJ en cuanto les sean de aplicación. Porque al menos tres causas definidas en ese artículo 28 son aplicables al fiscal Luis Navajas dentro de esa Causa Especial 3/20433/18 que afecta a Sofía Marchena:
10.ª Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa. Puesto que Navajas trabaja en la Sala Segunda con el padre de la afectada.
13.ª Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo. Puesto que Navajas presidió los tribunales que calificaron a la beneficiada por el presunto trato de favor.
16.ª Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad. Puesto que Navajas estuvo desde el principio al corriente del inusitado proceso de revisión de la oposición de Sofía Marchena que culminó con la decisión sin precedentes que explicábamos al inicio de este artículo.
Además, como acaba de subrayar la Asociación de Juristas Atenas en una nueva denuncia, esta vez ante la Fiscal General del Estado, el fiscal Navajas ofrece una argumentación falsa para justificar el extraño salto de la afectada desde la carrera judicial a la fiscal:
La inusitada decisión perjudicó a otros tres candidatos
Navajas aduce que el inédito acuerdo de la Comisión de Selección "no causó perjuicio para nadie, ya que la incorporación a la promoción de la Carrera Fiscal lo es con el último número de la misma” y que "a la persona que pudo sentirse desplazada en su momento por la opción de la Sra. Marchena Perea por la Carrera Judicial y obligada a optar por la Carrera Fiscal, se le ha ofrecido la posibilidad de revertir esta situación, lo que ha rechazado al no sentirse perjudicada."
En realidad, fueron tres las personas que, aprobadas en la oposición, no obtuvieron plaza en la Escuela Judicial como deseaban y tuvieron que conformarse con derivarse hacia la carrera fiscal (en el Centro de Estudios Jurídicos) como consecuencia de la asignación de Sofía Marchena. El Comité de Selección se dirigió a todas ellas para ofrecerles cumplir con su opción inicial, en cuyo caso "se realizaría una adaptación formativa específica en la Ecuela Judicial teniendo en cuenta la formación recibida en el Centro de Estudios Jurídicos".
Más aún, hubo que cambiar arbitrariamente la nota obtenida por la hija del presidente de la Sala Segunda para poder encajarla en una última plaza de nueva creación en la carrera fiscal, puesto que en vez de continuar en la judicial tras su larga enfermedad y presentarse de nuevo al primer curso que no había podido hacer, como es lo habitual, decidió cambiar de carrera. Jamás se había permitido hacer eso a nadie.
Aunque quizá lo más inverosímil de todo este extravagante proceso de selección, recalificación y reasignación forzado por la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, es el argumentario que esta última elaboró para justificarlo, recurriendo incluso a las definiciones semánticas de la Real Academia de la Lengua para corregir la literalidad del artículo 309 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en función de los deseos de Sofía Marchena.
En el largo informe que Espinosa envió el 1 de diciembre de 2017 a la Comisión Permanente del CGPJ, expone argumentos como estos:
Argumento semántico de Gema Espinosa sobre 'superar'. Argumento semántico de Gema Espinosa sobre 'repetir'. Un alambicado ejercicio semántico de argumentación sobre el significado de "repetir" y "superar" para acomodar la ley a los deseos de la hija del juez Marchena
En breve, la directora de la Escuela Judicial emplea alambicadas argumentaciones semánticas sobre los significados lingüísticos de los verbos "superar" y "repetir", según la Real Academia, para concluir que el artículo 309 de la LOPJ no se puede aplicar como tal a Sofía Marchena, ya que "sencillamente no se puede "volver" a hacer lo que nunca se ha hecho". Todo ello para justificar que la hija del presidente de la Sala Segunda no sólo no tenía que presentarse de nuevo al curso de la carrera judicial que no superó por motivos de enfermedad, sino que incluso podía dar marcha atrás hasta la situación previa a elegir carrera y optar ahora por la carrera fiscal.
Espinosa reconoce que "esta situación es inédita en la historia de la Escuela Judicial" pero aduce que "el tratamiento jurídico de esta situación ha revelado ciertas lagunas en la normativa reguladora" y el Consejo Permanente del CGPJ debe enmendar la plana a la literalidad de la ley para acomodar a Sofía Marchena. Cosa que el Poder Judicial hace, a petición reiterada de la esposa del juez que ha sido ascendido por el padre de la aspirante de forma dudosa, ya que la designación de Llarena a la Sala Segunda –excluyendo para lograrlo a 8 de los 13 candidatos a la plaza vacante– fue incluso recurrido ante el contencioso-administrativo por la asociación Jueces para la Democracia.
Como decíamos al principio, la Administración de Justicia no sólo debe ser imparcial sino también parecerlo. Y en este caso lo que parece es exactamente lo contrario.
“Si uno empieza por permitirse un asesinato pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente".
Thomas de Quincey. El asesinato como una de las Bellas Artes
Dicen los viejos juristas que hay que mirar todos los días el BOE pero que, sobre todo, hay que mirarlo antes de las fiestas. Saben de sobra cómo tradicionalmente entre turrones y canículas se cuelan esas convocatorias que solo leen los llamados a ello o esos acuerdos que no deben ser impugnados. Justo eso sucedió en un BOE previo a la Nochebuena en 2017, en el que se publicó un acuerdo nada inocente de la Comisión Permanente del CGPJ, la integrada por Lesmes y su sanedrín. En él se decidía que una alumna de la Escuela Judicial fuera borrada de esta y se incorporara al listado de aprobados de la siguiente promoción, como si acabara de aprobar la oposición, respetando su nota anterior y todos sus derechos, entre otros el de poder elegir de nuevo si quería ser juez o fiscal, a pesar de que ya lo había hecho y de que ambas carreras son estancas. La vieja treta dio de nuevo resultado porque, en esa publicación, se daban dos meses de plazo para recurrir dicho acuerdo. Nadie lo hizo, porque nadie lo vio. El plazo concluyó y así se cerró, aparentemente, cualquier posibilidad de que la operación realizada para dar gusto a Sofía Marchena Perea, la hija del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ya no quería ser juez y que ahora quería ser fiscal. Quien diseñó esta operación de nepotismo para permitir a la hija de Marchena lo que a nadie se ha permitido jamás no contó con que el papel oficial no enterraría para siempre semejante corruptela.
Fue en julio de 2018 cuando saltó la alarma. No fue activada por malvados conchabados para perjudicar a Marchena como él explicaba en cenas y cenáculos, no, en absoluto. Fue la rabia y la indignación de opositores y compañeros de Sofía, cuando vieron que no solo había vuelto a elegir y había cambiado de carrera, algo imposible para cualquiera, sino que comprobaron que para ello ocupaba la plaza número 36 de fiscal cuando solo se habían convocado 35.
“Me llamo x. Aprobé los exámenes de acceso en la convocatoria del año pasado (BOE, 5 de diciembre de 2016). Elegí la carrera judicial que era mi vocación, pero cuando llegó mi número ya no quedaban plazas de juez y me asignaron ser fiscal. Sofía Marchena eligió la carrera judicial y ahora resulta que puede volver atrás y elegir la carrera fiscal. Si ella hubiera elegido fiscal —como hace ahora en una segunda oportunidad inaudita— YO HOY SERÍA JUEZ. A mí, en dos años, nadie me ha notificado que esta señora deja la Escuela Judicial. Nadie me ha dicho QUE QUEDA VACANTE UNA PLAZA DE JUEZ QUE DEBERÍA SER PARA MÍ. Quiero hacerlo público para evitar futuras irregularidades como esta”.
Ese mensaje apareció en uno de mis buzones aquel verano y ese mensaje fue el que me hizo investigar. Y lo hice y lo sigo haciendo porque la corrupción debe ser perseguida en todos los ámbitos y porque arrebatar la transparencia, la limpieza y la igualdad a las oposiciones convocadas es derruir el principio de mérito y capacidad y socavar uno de los principios democráticos.
La corrupción debe ser perseguida en todos los ámbitos y porque arrebatar la transparencia, la limpieza y la igualdad a las oposiciones convocadas es derruir el principio de mérito y capacidad y socavar uno de los principios democráticos
La denunciante llevaba la razón. Una oscura operación, revestida de apariencia de legalidad, había conseguido que la hija de un poderosísimo magistrado consiguiera que se le permitiera cambiar de carrera, se le adjudicara una plaza más de las convocadas y se transformara la partida presupuestaria consiguiente para dotarla. Algo que, como ya imaginarán, se hace todos los días a todo el mundo. Para ello se contó con la colaboración de la entonces directora de la Escuela Judicial de Barcelona, Gema Espinosa, a la par esposa del magistrado Llarena, y de Lesmes. Espinosa, que ahora sabemos aspira a ser vocal de ese CGPJ, redactó un informe que nunca se quiso entregar ni a asociaciones judiciales ni a parlamentarios ni a periodistas, y que ahora obra en mi poder, en el que concluía que una baja prolongada que no te permita acudir a clase es una circunstancia tan inaudita y anómala que permite saltarte la LOPJ y el reglamento de la Escuela Judicial e inventarte una nueva interpretación de otro que no te corresponde, para llegar a la conclusión de que la niña de Marchena podía recibir un trato único.
Cuando entonces destapé el asunto en Madrid, todo fue un revuelo por hacerlo parecer algo legal. El organismo encargado de regular las oposiciones a juez y fiscal y el CGPJ manifestaron que además se le había adjudicado una nota inferior a la suya —algo incomprensible, puesto que su nota estaba publicada en el BOE— para que nadie saliera perjudicado. Pero había perjudicados y por eso, dos meses más tarde, se ofreció a tres fiscales bisoñas, que habían soñado con ser jueces, si querían cambiar de carrera y hacer un curso inventado para reciclarse. Es lo que tiene el asesinato, que empiezas matando y acabas por perder la educación. Todo es una pendiente. Empiezas dejando a la hija de un amigo que se cambie de carrera cuando es imposible y acabas ofreciendo a tres más que lo hagan inventándote un curso de jueces exprés. Ahora que he tenido acceso a él, en el expediente administrativo se observa como esos ofrecimientos se hicieron en septiembre y se enviaron a las interesadas, todas destinadas en Catalunya, el 11 de octubre; aunque, inexplicablemente, una contesta que no está interesada diez días antes de que le envíen el mensaje. Cosas veredes.
La corruptela para beneficiar a la hija de Marchena ha contado con la colaboración de todos los que intervinieron, pero también de los que la han ocultado y de los que vieron la desvergüenza en su día y ahora callan. Incluido el PSOE, que llegó al gobierno y se encontró todo esto hecho, pero que mantuvo el manto de silencio y realizó el cambio de asignación presupuestaria. Ese PSOE que impidió que Lesmes compareciera en el Congreso a explicar todo esto, votando con el PP. Después supimos que iban a aceptar a Marchena como presidente. Nada nuevo bajo el sol.
Pero es una operación destinada a pasar al olvido y a quedar impune. Los administrativistas que la gestaron se cuidaron muy bien de que los llamados a ello no pudieran recurrir en plazo para blindar así jurídicamente la cuestión. El procedimiento abierto en la Sala Tercera acabará sin sentencia porque dirán que los demandantes no están legitimados al no ser perjudicados. La mayoría de los medios y de los políticos y de los jueces no están dispuestos a tocarle las narices a Marchena: unos porque es muy poderoso y algún día puede gobernarlos, otros porque creen que debilitarlo ahora es debilitar el juicio contra los políticos catalanes y la unidad patria bien vale tragarse el sapo.
Hay quien nace de pie y quien nace estrellado. Ahora mismo, Marchena es Dios, aunque tenga este pie de barro. Nadie va a tocarle ni el borde de la toga. Ni por esto ni por ninguna otra cosa. No estaría mal que alguien le advirtiera de que estos juicios decisivos suelen estar envenenados. Algún colega suyo podría contárselo.
https://www.elnacional.cat/es/opinion/elisa-beni-la-sombra-sobre-marchena_349092_102.html
Una de las cuestiones que se dirimía, que todos querían saber, era el motivo por el que el caso de Sofía Marchena, la hija del magistrado Marchena, era distinto a todos los que se han producido en democracia. Aquí es dónde la espera paciente del periodista da muchas veces frutos. Y es que yo sí tengo ahora esos papelitos que ni jueces ni fiscales ni parlamentarios lograron. Estas cosas bonitas que tiene a veces ser periodista
Alguien, inflando la épica, dijo que los periodistas somos perros de presa que nunca soltamos un asunto. De forma más prosaica podría decirse que somos las perfectas moscas cojoneras o, tal vez, que tenemos una paciencia proverbial y que nos han enseñado a tener siempre el regusto agrio de lo que no conseguimos mostrar. Esto viene al caso de que este verano les destapé lo que parecía, y sigue pareciendo, un flagrante caso de nepotismo y corruptela por el que Sofía Marchena, la hija del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pudo cambiar de la carrera judicial a la carrera fiscal -algo estrictamente vedado- y ocupar la plaza 36 para formarse como nueva fiscal cuando sólo se habían convocado 35. Por mor de la simplicidad y del ahorro del espacio que voy a precisar para contarles lo que como perra paciente he obtenido, les invito a leer o a releer La hija de Marchena, Marchenagate y El triunfo de Marchena publicados todos ellos el pasado verano en este diario donde se hace periodismo a pesar de todo. Y luego verán por qué lo resalto.
La publicación en exclusiva de tal cuestión en este medio, con las apariencias de corrupción y de nepotismo, en la persona de la hija del magistrado Marchena con la colaboración de la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa -coincidentemente esposa del magistrado Llarena cuyo “jefe” es Marchena- y con la colaboración del inefable Carlos Lesmes, provocó un gran revuelo, al menos en el sector judicial y jurídico que quizá no tuvo ningún problema técnico para captar la relevancia de lo que se decía. Tanto fue así que las asociaciones judiciales y fiscales -excepción hecha de la conservadora a la que pertenecen los sospechosos de favoritismo- mostraron su indignación y pidieron la documentación del proceso para poder estudiarla. No obtuvieron respuesta. Nunca pudieron acceder al expediente completo. También, desde el Congreso, los diputados de Podemos solicitaron de forma oficial al CGPJ que entregara la documentación completa para poder analizar la licitud de lo obrado, para conseguir que Sofía Marchena Perea pudiera dar marcha atrás en su decisión profesional, por primera vez en la historia, para dejar de ser juez por oposición en la escuela de Barcelona y volver a ser fiscal estudiante en la escuela de Madrid. Nada. No han obtenido respuesta.
Aquí es dónde la espera paciente del periodista da muchas veces frutos. Y es que yo sí tengo ahora esos papelitos que ni jueces ni fiscales ni parlamentarios lograron. Estas cosas bonitas que tiene a veces ser periodista.
Una de las cuestiones que se dirimía, que todos querían saber, era el motivo por el que el caso de Sofía Marchena, la hija del magistrado Marchena, era distinto a todos los que se han producido en democracia. La respuesta que se dio fue que un informe de la directora de la Escuela Judicial así lo manifestaba, pero a nadie le fue dado echar un ojo al susodicho informe. Al fin puedo desvelarles el motivo y la finta, el montaje, por el que el caso de Sofía Marchena se convirtió en excepcional para darle un tratamiento distinto. Justo el tratamiento que Sofía Marchena deseaba para poderse cambiar de la carrera judicial, que eligió al aprobar la oposición, a la fiscal.
El informe de Gema Espinosa no dejaría de ser curioso si no resultara chusco. Dice el documento que “Sofía Marchena no ha podido ser evaluada porque no ha podido realizar el porcentaje mínimo exigible” a causa de una baja médica y que por ello “no puede considerarse que haya superado el curso”. Hasta ahí, todo son hechos. “Esta situación es inédita en la historia de la Escuela Judicial”, dice Espinosa, ya que ha habido bajas pero no tan largas y también ha habido alumnos que no ha superado el curso, pero debido a su deficiente formación académica. Le parece a la directora que la solución prevista en el reglamento de que Sofía Marchena vuelva a empezar el curso que no ha superado no es adecuado. Así que acude al diccionario de la RAE para decir que “repetir” es “volver a hacer lo que se había hecho” pero que la niña Marchena en realidad no ha hecho el curso en la escuela judicial así que “no se puede volver a hacer lo que nunca se ha hecho”. Literal. De verdad.
No le parece justo que una baja le obligue a repetir el curso como si hubiera suspendido. Esto sólo se puede entender si ya sabe que Sofía Marchena no quiere ser juez, puesto que si no su mayor ilusión hubiera sido, al recuperarse, volver a hacer tal curso y superarlo. Pero no, es obvio que lo que se busca es otra cosa. Por eso en lugar del reglamento de la escuela que dirige, la Judicial, Espinosa se va al de la Escuela en la que acabará Sofía, la Fiscal. Dice que ese reglamento, el de los estudiantes de fiscal, si diferencia entre no aprobar y no hacer el curso por “causa de fuerza mayor” y que en este último caso “se les tiene por no realizado el curso sin ninguna penalización ya que conservan la nota de la oposición para el siguiente curso en el que participan como si fuera el primero”. De tal artículo, Espinosa llega a la conclusión de que lo que hay que hacer con la hija del presidente de su marido es no que haga otra vez el curso de juez sin penalización -que eso es lo que dice también ese reglamento- sino que hay que retrotraerla no al inicio del curso sino al momento tras la oposición en el que se opta entre fiscal o juez para que vuelva a elegir. Obvio, si el objetivo es rectificar. Este estrambótico informe que firma Espinosa el 1 de diciembre en Barcelona se transforma el 23 de diciembre en una propuesta a la Comisión Permanente que viene a solicitar ese mismo viaje al inicio pero con otro texto, que pasa de los diccionarios y las acepciones, compuesto de un raro recorta y pega de diferentes letras y cuerpos y textos, y que vuelve a firmar Espinosa, en hoja última en la que sólo consta la firma, pero esa vez datado en Madrid. Rarísimo, porque raro es poco.
Tras la publicación de mis artículos en julio y agosto del año pasado, tanto el CGPJ como la Comisión de Selección y todo un corifeo de adscritos vinieron a decir que nada ilícito se había hecho y que, además, nadie había sido perjudicado por tal medida. Así el día 24 de septiembre, Sofía Marchena empieza su segunda oportunidad, única e insólita, en la escuela de fiscales en Madrid. Sin perjudicados.
Es asombroso pues que el día 25 de septiembre, el día siguiente, el presidente de la Comisión de Selección, Javier Huete, feche tres cartas dirigidas a Aitana Laín Brihuega, Cristina García Meléndez y Rocío Granado Corcoles. Las tres son fiscales recién salidas pero las tres fueron fiscales porque su primera opción de ser jueces fue cegada al no quedar plaza. Esa plaza que ocupó Sofía Marchena y que ahora quedaba libre al irse ella a la inexistente plaza 36 de fiscal. Si Sofía hubiera decidido ser fiscal no por gracia de una segunda oportunidad sino a la primera, estas mujeres hubieran podido cumplir su vocación. Así que Huete les dice ahora que si quieren ser jueces pueden decirlo y se pasarán también de carrera -algo, repetimos, vedado- con una adaptación especial del temario de la Escuela Judicial. ¿Saben lo que ha pasado? Que justo el día 24 se presenta un procedimiento contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra esa decisión y resulta que no era verdad que no hubiera perjudicados como ya les dije. Eso ha pasado.
Consta también el justificante del envío por mail de esa carta de 25 de septiembre a las tres. Esos justificantes dicen que el envío se hizo el día 11 de octubre (17 días después del datado) a las 11.30, a las 11.32 y a las 11.33. Sólo consta una respuesta diciendo que rechaza la propuesta. Esa respuesta es de Rocío Granados y va datada el día 1 de octubre, diez días antes de haber recibido el mensaje con la pregunta. El texto es lacónico y ni siquiera va firmado. No me digan que no da como para un Expediente X.
Todavía habrá quien diga que todo este proceso fue transparente y perfectamente legal y que nadie le hizo un favor a la hija de Marchena. Sucede que no tengo duda de que lo mismo que he visto yo lo verán también los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Les seguiré contando porque hay quien quiere que no lo haga y, ya saben, eso es periodismo.
https://www.eldiario.es/zonacritica/papeles-Caso-Marchena_6_861323869.html
Grande-Marlaska, sobre el candidato a presidir el Poder Judicial: “Soy partidario, es amigo mío”
Un colectivo de juristas ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, por considerar que éste se ha negado a investigar la plaza de fiscal asignada a la hija del candidato a presidir el CGPJ, Manuel Marchena. La Associació Atenes estima que al no querer investigar una asignación “sin precedentes”, Navajas estaría cometiendo un delito de omisión del derecho de perseguir delitos” al renunciar a ejercer acciones penales para aclarar la adjudicación “irregular” -según sus criterios- a Sofía Marchena, hija de Manuel Marchena.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que el magistrado presida el CGPJ porque además de “amigo” es “uno de los juristas más consolidados de este país”.
https://www.noticiasdenavarra.com/2018/11/16/politica/estado/denuncian-al-fiscal-navajas-por-obviar-el-enchufe-de-la-hija-de-marchena
El escándalo sobre el trato de favor dado a la hija del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que denuncié el pasado mes de julio, no ha sido aún aclarado. Este lunes, Sofía Marchena se incorporó en efecto a la escuela de nuevos fiscales con el orgullo de ser la primera persona de la historia que ha conseguido empezar curso en la Escuela Judicial de Barcelona un año y en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid al otro sin haberse vuelto a examinar. Un trasvase entre la carrera judicial y la fiscal inédito y prohibido, con una plaza creada para ella expresamente y con una alteración presupuestaria para conseguirlo. Algunos debieron suspirar pensando: "¡ya está hecho y nada ha pasado!".
A los que llegan tarde porque estaban de vacaciones, antes de iniciarse en esta segunda temporada les aconsejo que repasen los episodios previos de La hija de Marchena, los demás pueden seguir conmigo avanzando en la descripción del muro de silencio y de complicidad que se ha tejido para tapar lo que tiene todos los visos de ser un caso de nepotismo flagrante, actual y comprobable con datos objetivos. Un caso que afectaría, entre otros, a Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial y esposa del magistrado Llarena, al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a todos los que les han acompañado para beneficiar a Manuel Marchena en la persona de su hija. Algo que parece interesar bastante menos que chascarrillos del pasado procedentes de fuentes sucias y averiadas.
Lo cierto es que a pesar de que haya quien mire a otro lado diciendo que es un escándalo complejo y “difícil de explicar a la audiencia” (sic) sucede que para miles de jueces, magistrados y opositores la irregularidad es tan clara y meridiana como lo es la obligación de dar explicaciones para poder comprobar la licitud de lo sucedido y en su caso proceder a la depuración de responsabilidades. Así que varias asociaciones de jueces y de fiscales se dirigieron inmediatamente al Consejo General de Poder Judicial para exigir que se hiciera pública esa documentación que pormenorizaban. El CGPJ se los pasó por el arco del triunfo. La callada por respuesta y a otra cosa mariposa. Esta semana, sin embargo, a la par que Sofía empezaba el curso, se han producido varios movimientos más para pedir esa transparencia que el propio Marchena debería exigir si quiere evitar cualquier sombra de duda sobre la carrera profesional de su hija, pero también sobre su propia situación de honorabilidad como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y todo ello antes de empezar a presidir el que será el juicio del siglo en el Caso Procès.
Aunque inexplicablemente él mismo no instigue esa claridad sino que siga dando explicaciones vacuas, no va a ser tan fácil enterrar el caso porque no puede serlo tapar y silenciar lo que tiene visos de constituir una clamorosa corruptela. Los fiscales y jueces presentaron en julio también esa misma demanda de información y documentación a la Comisión de Selección, el organismo mixto encargado de organizar y tutelar todo el proceso de ingreso de jueces y fiscales, y éste sí les ha respondido. En el escrito de respuesta queda palmariamente claro que todos los pasos jurídico-administrativos que se han dado para ayudar a la hija de Marchena son tal y como se los conté en julio aunque, al final, tampoco aportan documento alguno que permita comprobar si las “excepcionalísimas circunstancias” que se daban en esta persona y que exigían iniciar para ella todo este trajín inédito, con cambio de partida presupuestaria incluida, son tales. La respuesta contiene otra perla sobre la tumultuosa sesión mantenida por esta Comisión en julio y es que el objetivo de la misma fue “solventar la situación generada por el acuerdo de la Permanente del CGPJ” relativo a Sofía Marchena. Al menos dejan claro que el problema lo generó el propio Lesmes y su Comisión Permanente para responder a una propuesta de Gema Espinosa y que a ellos les tocó salvarles la cara. Todo tal y como les conté.
La Unión Progresista de Fiscales no se conforma con la tomadura de pelo de un escrito vacío de contenido y apelando formalmente a los artículos 1 y 2.1 de la Ley de Transparencia acaba de dirigirse de nuevo directamente a Carlos Lesmes para exigirle que libere el expediente completo que permita aclarar si hubo una actuación irregular en torno a Sofía Marchena. Además, esta misma semana en el Congreso de los Diputados, Unidos Podemos volvió a exigir aclarar “el trato de favor dado a la hija del presidente de la Sala de lo Penal Sr. Marchena, con la colaboración de la Sra. Espinosa, a la que ahora se promociona al CGPJ y que ya está eligiendo un buen despacho, para otorgarle una plaza de fiscal que no existía” y una frase que resonó en la misma cámara en la que en julio el PSOE unió sus votos a los del PP y Ciudadanos para impedir que Lesmes tuviera que comparecer y explicarlo.
Aquí tenemos un chanchullo que arroja una sombra de duda sobre el magistrado Manuel Marchena, el que presidirá el juicio del procès, el que acaba de firmar el auto que impide que se investigue el máster de Casado, el que se postulaba candidato para presidir el nuevo CGPJ. Una posible corrupción institucional que se sustenta sobre un ocultado escrito de Gema Espinosa, la directora de la Escuela Judicial, la esposa del juez Llarena, la que es candidata a sentarse en el próximo CGPJ. Aquí tenemos muchas instancias políticas, judiciales y periodísticas dispuestas a evitar que nadie controle las actuaciones de los que controlan a todos. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo algunas togas tienen tendencia a enrocarse en sí mismas sin que exista medio de obligarles a dar explicaciones sobre sus actos que ellos mismos han blindado en apariencia con su propia ingeniería jurídica.
Los que esperan que el verano entierre en arena, calor y olvido el Marchenagate creo que van a quedarse con las ganas; y más nos vale
La integridad y la limpieza de la forma de acceso a las carreras públicas es irrenunciable
“Me llamo X. Aprobé los exámenes de acceso en la convocatoria del año pasado (BOE, 5 de diciembre de 2016). Elegí la carrera judicial que era mi vocación, pero cuando llegó mi número ya no quedaban plazas de juez y me asignaron ser fiscal. Sofía Marchena eligió la carrera judicial y ahora resulta que puede volver atrás y elegir la carrera fiscal. Si ella hubiera elegido fiscal -como hace ahora en una segunda oportunidad inaudita- YO HOY SERÍA JUEZ. A mí, en dos años, nadie me ha notificado que esta señora deja la Escuela Judicial. Nadie me ha dicho QUE QUEDA VACANTE UNA PLAZA DE JUEZ QUE DEBERÍA SER PARA MI. Quiero hacerlo público para evitar futuras irregularidades como esta”. Este mensaje apareció en uno de mis buzones tras la publicación esta semana de las anomalías en la asignación de una plaza de fiscal, especialmente creada para ella, a la hija de Manuel Marchena, presidente de la Sala II del Tribunal Supremo ( La hija de Marchena). Cuando la Comisión de Selección, en un comunicado insólito, se nos acabarán los adjetivos para lo nunca visto, explicó tras mi columna que nadie había sido perjudicado, tampoco decía toda la verdad.
La decisión del CGPJ de permitir de manera inédita que la joven pudiera incorporarse tras una baja al centro de formación del ministerio público y no a la escuela de jueces, que es la que inicialmente había elegido, partió en dos al comité, que finalmente llegó a un acuerdo
La Unión Progresista de Fiscales y la asociación de jueces Francisco de Vitoria piden explicaciones
La asignación de una plaza en el Centro de Estudios Jurídicos –que prepara a los futuros fiscales– a una hija del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, derivó a mediados de mes en un choque que partió literalmente en dos la Comisión de Selección de aspirantes a la judicatura y el ministerio público.
Fuentes conocedoras de lo sucedido aseguran que cuatro de los ocho integrantes de ese comité -los dos representantes de la Fiscalía, el del Ministerio de Justicia y el director del Centro de Estudios Jurídicos– cuestionaron la legalidad del acuerdo con el que la comisión permanente del CGPJ abrió en diciembre las puertas de la carrera fiscal a Sofía Marchena. Portavoces autorizados del departamento que dirige la ministra Dolores Delgado confirmaron a infoLibre que la funcionaria que representa a Justicia en la Comisión de Selección albergaba "dudas sobre la legalidad" de esa fórmula pero declinaron aportar ningún otro dato o valorar lo ocurrido en la comisión de selección.
En virtud del acuerdo de diciembre, el órgano de gobierno de los jueces permitía que tras una baja por enfermedad y previa creación de una plaza adicional a las 35 convocadas, la joven pudiera incorporarse este año al Centro de Estudios Jurídicos y no a la Escuela Judicial. Es decir, la que prepara a los futuros jueces y que es la que la hija del magistrado había elegido cuando aprobó la oposición y en la que, de hecho, había llegado a comenzar el curso en 2017.
Por unanimidad y bajo la batuta de su presidente, que también lo es del Tribunal Supremo, el conservador Carlos Lesmes, el CGPJ acordó no solo que Sofía Marchena se incorporase al Centro de Estudios Jurídicos sumándose a la siguiente promoción de aspirantes aprobados sino que lo hiciera "conservando la puntuación obtenida".
Una vez aprueba los exámenes de oposición, cada aspirante a incorporarse a la judicatura o a la carrera fiscal se sitúa ante una encrucijada: en función de sus preferencias y siempre que su puntuación le permita bascular entre las dos opciones posibles, ha de elegir entre la Escuela Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos. Su decisión es irreversible. En la Escuela Judicial, ubicada en Barcelona, el periodo de formación dura casi dos años. En el Centro de Estudios Jurídicos, con sede en Madrid, los nuevos fiscales están ya listos en seis meses.
"No ha habido ningún trato de favor"
Fuentes consultadas por infoLibre entre quienes defienden los pasos dados por el CGPJ ponen el énfasis en dos elementos: el primero, que no se ha causado ningún perjuicio a ningún aspirante; el segundo, que la nota obtenida por la hija del juez Marchena en la oposición a la que concurrió le daba amplio margen para elegir la opción que quisiera y que por tanto "no se ha beneficiado de ningún trato de favor". Simplemente, alegan, "la suya era una situación inédita que, como reconoce la propia Comisión de Selección, no está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial".
El Poder Judicial, agregan las citadas fuentes, tomó su decisión después de que "por unanimidad" el claustro de la Escuela Judicial informase a favor de que ni se tuviera en cuenta que Sofía Marchena había empezado su formación en ese centro. Este periódico no ha logrado que ninguna de las partes involucradas le dé acceso a esa acta ni al informe que la dirección de la Escuela Judicial emitió a renglón seguido. Supuestamente, ese informe invoca una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contraria a la discriminación por razones de enfermedad.
El comunicado de la Comisión de Selección –difundido por el CGPJ– subraya que "se ha respetado la opción manifestada por todos los aspirantes aprobados en la convocatoria del año 2017 en cuanto al centro de formación elegido".
No obstante, este periódico no ha logrado que los portavoces del CGPJ respondan a la siguiente pregunta: la de por qué si, dado que de las 100 plazas convocadas -65 de jueces y 35 de fiscales- habían quedado tres vacantes porque solo hubo 97 aprobados, no se ofreció solo a Sofía Marchena sino a los otros aspirantes la posibilidad de acceder a la carrera fiscal mediante la "transformación" de las plazas libres, por utilizar el término empleado ya el miércoles por los portavoces del Poder Judicial. Según los citados portavoces, no se creó una plaza ex profeso para la joven sino que se "transformó" una de las convocadas para la carrera judicial.
La controvertida decisión del CGPJ llegó a la Comisión de Selección el 9 de julio. El día 23 y tras fuertes discrepancias, el comité que tramita la distribución de los aspirantes entre las dos escuelas preparatorias -la de jueces y la de fiscales- articuló una vía para salvar su unanimidad: Sofía Marchena se incorporaría al Centro de Estudios Jurídicos como alumna de la plaza 36 -la convocatoria establecía solo 35 para fiscales y otras 65 para jueces– pero su nota se vería recortada hasta situarla en el último puesto del escalafón.
Dos asociaciones piden explicaciones
El acta de la Comisión de Selección sostiene, de hecho, que lo aprobado en diciembre por el CGPJ -conservarle la nota original- implicaba "un gravamen excesivo e injustificado a los aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas". El debate que dividió a la Comisión de Selección no radicaba en si la joven opositora tenía derecho a retomar su periodo de formación sin que se le aplicara la penalización prevista en la ley para quienes no "superan" los cursos de la Escuela Judicial sino en que el Poder Judicial había autorizado de manera inédita que hiciera lo que en términos coloquiales se denomina cambiar de caballo con la carrera ya comenzada. Es decir, optar por la carrera fiscal cuando ya se había decantado por ser juez.
La decisión del Poder Judicial pasó inadvertida hasta que saltó a Twitter. Este jueves, dos asociaciones del sector, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la asociación judicial Francisco de Vitoria pidieron explicaciones al CGPJ después de que la periodista Elisa Beni publicase un artículo sobre el asunto.
Mientras, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ha reclamado copia del acuerdo del CGPJ por el que se modifica la nota de Sofía Marchena y "las razones por las que se decidió crear una plaza adicional de fiscales en la presente convocatoria". La asociación reclama también una copia de la solicitud de "transformación de una plaza inicialmente prevista para jueces en una plaza para fiscales, así como copia de la resolución del Ministerio de Justicia acordando dicha transformación", y copia de la solicitud del resto de aspirantes.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/27/choque_comision_seleccion_futuros_jueces_fiscales_por_plaza_asignada_hija_magistrado_del_supremo_85445_1012.html
Lo que sucede es algo bien distinto. El día 21 de diciembre de 2017, al filo de la Nochebuena, se toma un acuerdo en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante el cual la aspirante a juez Marchena es suspendida como funcionaria en prácticas por su enfermedad pero, además, resuelve que la hija de Marchena "se incorpore a la relación de aspirantes que superen el proceso selectivo inmediato al dictado de esta resolución", es decir, la retrotrae al momento en el que aún no había elegido entre ser juez y fiscal. ¿Por qué se hace esto? Es inaudito. Ningún director de la Escuela Judicial recuerda que un caso de ausencia por enfermedad se resolviera de ninguna otra manera que como está indicado: volviendo a iniciar el curso con otra promoción. El acuerdo de Nochebuena dice además que conservará la nota y todos sus derechos. Podría parecer justo pero al propio CGPJ no se lo ha parecido puesto que, a pesar de haberlo acordado, hoy hemos sabido que se le asignó otra nota inferior a esa (52’31) justo por debajo del último admitido "para no perjudicar a nadie". ¿Cómo se explica que el CGPJ acuerde y publique en BOE una cosa y luego no la cumpla para no perjudicar?
Gracias ha este acuerdo del CGPJ, la hija de Marchena ha conseguido una plaza de fiscal, la 36, en una convocatoria que inicialmente era de 35, tal como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 25 de julio. La nota con que ha conseguido la plaza no, es sin embargo, la que le reconoció el CGPJ en diciembre del 2017 (68,20). Se le asignó una inferior (52,31) para, según han indicado fuentes del CGPJ a eldiario.es, "no perjudicar a nadie".
Varias asociaciones profesionales han reclamado explicaciones por lo sucedido. Es el caso de la Unión Progresista de Fiscales, que en un comunicado hecho público este jueves ha pedido a la Comisión de Selección para las carreras fiscal y judicial que se den "las explicaciones pertinentes para que se pueda evitar cualquier asomo de duda en el duro y objetivo proceso de selección" para ser juez o fiscal. Además, ha exigido "transparencia" al CGPJ.
También se ha pronunciado la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que ha exigido al órgano de gobierno del Poder Judicial una "aclaración extensa y completa" que elimine "cualquier atisbo de duda sobre lo ocurrido", con la esperanza de que sea "un malentendido".
La Comisión de Selección, el órgano tripartito compuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, ha salido al paso del revuelo que se ha montado, a propósito de la inclusión en la lista de aprobados a jueces y fiscales de este año de Sofía Marchena.
En un comunicado explica que el caso es ajustado a derecho y no hay nada raro, contrariamente a lo que se ha afirmado en las redes sociales y en algún medio de comunicación en las últimas horas a cuenta de su relación con el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, de la que es hija.
Sofía Marchena aprobó las oposiciones a jueces y fiscales el pasado año con el número 25, tal como figura en el acuerdo de la citada Comisión de Selección de 10 de julio de 2017.
La joven se integró en la Escuela Judicial que el CGPJ tiene el Barcelona en octubre, pero no pudo completar el curso teórico multidisciplinar que constituye la primera fase de formación inicial de jueces debido a una grave enfermedad; tuvo que pedir la baja.
La situación de la alumna “es inédita en la historia de la Escuela Judicial” y no hay una “solución explícita” en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); tampoco está regulada en el Reglamento de la Escuela Judicial, reconocía el claustro de profesores en su acta del 30 de noviembre de 2017.
Derecho a repetir el curso. La comisión de selección da el visto bueno. Se la colocó la última por qué antes juez y ahora juez derecho a repetir el curso
El artículo 309.1 de la LOPJ -la clave del caso- dice expresamente: “Los que no superen el curso podrán repetirlo en el siguiente, al que se incorporarán con la nueva promoción”.
No aborda este supuesto en el que el alumno no es que haya suspendido el curso sino que no ha podido realizarlo por un problema de salud grave.
Una circunstancia sobre la que Gema Espinosa, entonces directora del citado centro de formación del poder judicial, informó a la Comisión Permanente del CGPJ, proponiendo que se incorporara a la siguiente promoción, una vez que estuviera recuperada de su enfermedad.
Y la Permanente acordó, el 21 de diciembre de 2017 -hace siete meses- que “la alumna Sofía Marchena se incorporará a la relación de aspirantes que superen el proceso selectivo de oposición a las carreras judicial y fiscal inmediato que se concluya a partir del dictado de la presente resolución, conservando la puntuación obtenida en el proceso selectivo en el que participó en su momento y todos sus derechos en la forma expuesta en el apartado (b) de la propuesta que sustenta este acuerdo”.
La comisión de selección da el visto bueno
La propia Comisión de Selección -cuya presidencia es rotatoria (ahora es ocupada por el fiscal de Sala del Supremo, José Javier Huete, después la asumirá el vocal del CGPJ Rafael Mozo)– reconoció, en sus dos reuniones del 17 y 23 de julio pasado, que “se trata de una excepcional circunstancia que no encuentra acomodo en el artículo 309.1 de la LOPJ, así como tampoco en el reglamento de la Escuela Judicial, pudiendo ser, en su caso, de aplicación por analogía, la normativa reguladora del Centro de Estudios Jurídicos”.
Dicha institución es el centro de formación de los fiscales y tiene su sede en Madrid.
Su actual directora, María de las Heras, forma parte de la Comisión de Selección, al igual que el actual director en funciones de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez Martín, un fiscal, un magistrado y dos personas más sin derecho a voto.
La normativa citada dice que el que no puede superar el curso debe incorporarse a la promoción siguiente, con la nota que tenía.
Se la colocó la última
Sin embargo, la solución a la que ha llegado no ha sido beneficiosa para la joven Marchena porque del puesto 25 que ocupó en su promoción ha sido colocada en el 98 de la actual, en la que va a formar parte.
La última. No se le ha respetado la nota conseguida. Para no perjudicar a ningún derecho de los 97 aprobados.
“Este hecho no ha supuesto la supresión ni el incremento de ninguna plaza, ya que de las 100 plazas convocadas, se cubrieron inicialmente 97, quedando tres plazas sin cubrir, una de las cuales se ha asignado por la Comisión de Selección a doña Sofía Marchena Perea”, dice la Comisión de Selección en su comunicado.
“Se ha respetado la opción manifestada por todos los aspirantes aprobados en la convocatoria del año 2017 en cuanto al centro de formación elegido”, añade.
La Comisión de Selección disiente de la decisión de la Permanente de diciembre pasado: “Si bien permite preservar los derechos de la interesada como aspirante, impone, por otro lado, un gravamen excesivo e injustificado a los aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas…, y que en el orden de sus respectivas puntuaciones han efectuado su opción por una de las dos carreras (judicial o fiscal) conforme a la distribución de plazas contenidas en las bases de la convocatoria”.
Por qué antes juez y ahora juez
La decisión tomada por la Comisión de Selección, devuelve a Sofía Marchena a la casilla de salida, al establecer que “se incorpore a la relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición a las pruebas selectivas correspondientes al año 2017”. Lo que le ha dado la posibilidad de escoger la carrera fiscal en vez de la judicial, sin afectar al derecho de ninguno de los compañeros de esta promoción en curso.
https://confilegal.com/20180726-la-inclusion-de-sofia-marchena-en-la-lista-de-aprobados-a-jueces-y-fiscales-es-ajustada-a-derecho-y-legal/
Sofía Marchena logra la plaza 36 de 35 fijadas con anterioridad
El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia han defendido la concesión de la plaza n el listado, con una puntuación de 52,31 y con la carrera fiscal como destino, se incluyó a Sofía Marchena, hija del magistrado del Supremo. Marchena ya había superado la oposición en 2016, con 68,2 puntos, y eligió entonces la carrera judicial, por lo que entró en la Escuela Judicial para realizar el curso preceptivo.
Pero no pudo completarlo por estar de baja médica desde marzo de 2017 y la directora de la Escuela Judicial advirtió al CGPJ de que era una situación “inédita en la historia” de esa institución y que no había una “solución explícita” para ella en la Ley Orgánica del Poder Judicial ni en el reglamento del centro.