Source: http://legislacion.derecho.com/ley-2-2001-de-contenidos-audiovisuales-y-servicios-adicionales
Timestamp: 2017-03-30 22:44:04
Document Index: 303433510

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 32', 'Artículo 35', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 18', 'artículo 27', 'artículo 149', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 12', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 20', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 99', 'artículo 32', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 28', 'artículo 20', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 131', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 132', 'artículo 100', 'artículo 34']

LEY 2/2001, de 18 de abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales	LEY 2/2001, de 18 de abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales Mis Leyes
LEY 2/2001, de 18 de abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales Estado	:
Artículo 4. Organización administrativa.
CAPÍTULO II. EL CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN.
SECCIÓN II. CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN.
Artículo 8. Protección de los menores.
Artículo 9. Obligaciones y prohibiciones.
SECCIÓN III. INFORMACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN.
Artículo 10. Alcance del derecho a la información.
Artículo 11. Contenido de la información.
SECCIÓN IV. OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE TELEVISIÓN.
Artículo 12. Declaración de autorregulación.
Artículo 13. Comunicaciones de interés público.
Artículo 14. Derecho de réplica y protección de la intimidad.
CAPÍTULO III. LOS OPERADORES DE CABLE Y LOS PROGRAMADORES INDEPENDIENTES.
Artículo 16. Situaciones de dominio.
Artículo 17. Programadores independientes.
Artículo 18. Información a los programadores independientes.
Artículo 19. Potestad de recabar información.
Artículo 32. Inspección y control.
Artículo 35. Potestad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Organismos de autorregulación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Constitución del Consejo.
1. Los actuales medios de comunicación social y los servicios adicionales conexos constituyen uno de los pilares del desarrollo de la sociedad de la información que pueden contribuir a reforzar la estructura económica y social de un determinado territorio, porque ofrecen numerosas posibilidades para la aparición de nuevas formas de actividad productiva y la creación de empleo.
2. La presente Ley persigue fundamentalmente dos objetivos, uno de carácter general y el otro referido específicamente a la televisión por cable. Por un lado, regula lo que se ha dado en llamar contenidos audiovisuales, respondiendo así a una inquietud bastante generalizada en torno a los efectos que puede tener la programación audiovisual, especialmente entre los menores. Dentro de esta regulación sobre contenidos, se establece un procedimiento para hacer efectivo el derecho de los espectadores a conocer con antelación suficiente la programación emitida por televisión. Por otro lado, trata de garantizar los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación en el mercado de las telecomunicaciones por cable. En ambas vertientes está llamado a jugar un papel destacado el Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, que se configura como órgano de participación, asesoramiento y vigilancia.
Las disposiciones de esta Ley no se aplicarán sólo a lo que suele entenderse convencionalmente por televisión, sino que regirán además para lo que su artículo 3 denomina servicios adicionales. Se ha considerado que este tipo de servicios de comunicaciones, entre los que se encuentran las bases de datos y otras prestaciones análogas, pueden introducir igualmente contenidos lesivos para los valores por cuya observancia deben velar los poderes públicos.
3. Dentro ya del capítulo II, se establecen una serie de principios generales a los que debe ajustarse la programación de los medios audiovisuales de comunicación social. Se trata de unos principios muy similares a los que inspiran la programación de Radio Televisión Madrid a tenor de su Ley reguladora (artículo 13 de la Ley 13/1984, de 30 de junio). La naturaleza de estos principios, que entroncan directamente con la Constitución Española, justifica su extensión a todo tipo de operadores, abstracción hecha de su carácter público o privado.
Las disposiciones que integran la sección II del capítulo II se inspiran en la Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español Directiva 89/552/CEE, de 3 de octubre, modificada por la Directiva 97/36/CE, de 30 de junio, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. Esta norma de la Unión Europea, conocida como directiva sobre la televisión sin fronteras, al igual que la norma española de transposición, contienen una serie de disposiciones sobre protección de los menores frente a la programación televisiva (capítulo V de la directiva y IV de la Ley), que la presente Ley hace suyas por vía de remisión a la norma autonómica que actualmente regula esta materia: la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid. Conviene advertir, no obstante, que también se establecen normas ajenas a lo que propiamente debe entenderse como protección de los menores, tal y como sucede con la prohibición de emitir programas que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación, contenida en el segundo inciso del artículo 17.1 de la Ley 25/1994 y recogida en el artículo 9 de esta Ley.
La sección III del capítulo II aborda el controvertido asunto de la contraprogramación. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, constituye un derecho de los telespectadores, en cuanto usuarios, el conocer, con antelación suficiente, la programación de televisión, incluidas las películas cinematográficas y la retransmisión de espectáculos. El procedimiento para hacer efectivo este derecho ha sido ya establecido, respecto de los operadores de televisión a los que se extiende la competencia del Estado, mediante el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1462/1999, de 17 de septiembre (Boletín Oficial del Estado del 29). La regulación introducida toma en consideración este precedente, si bien se ha optado por atribuir rango de Ley a estas previsiones en atención a su relevancia.
El capítulo II se cierra con la sección IV, de la que destaca la medida de autorregulación consistente en que sean los propios operadores de televisión los obligados a aportar periódicamente a la Administración una declaración justificativa del cumplimiento de las normas que se les imponen.
4. El capítulo III difiere de los restantes en que sólo se refiere a una concreta modalidad de televisión: el cable. En este ámbito, el objetivo de la Ley consiste en evitar la aparición de situaciones de dominio de mercado y garantizar que las redes de cable estén abiertas a los programadores independientes.
5. El Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid es una de las novedades más significativas de la Ley. Se trata de un órgano de participación que cuenta con precedentes en otras Comunidades Autónomas, entre los que figuran el Consejo Audiovisual de Cataluña y el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y del Audiovisual de Galicia.
6. La eficacia de una Ley depende en primer lugar de la aceptación social de sus determinaciones, pero depende también, inevitablemente, de la previsión de un régimen sancionador capaz de reaccionar frente a los eventuales incumplimientos de sus normas.
7. En la última parte de esta Ley se incluye una disposición final primera, mediante la cual se actualizan las previsiones de la Ley 6/1995 relativas a la programación televisiva, que habían quedado desajustadas respecto de la Ley estatal 25/1994, de 12 de julio, tras las modificaciones introducidas en ésta por la Ley 22/1999, de 7 de junio.
8. La presente Ley se dicta al amparo del artículo 27.11 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que le atribuye la competencia de desarrollo legislativo en materia de prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social, en el marco de la legislación básica del Estado y en los términos que la misma establezca.
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de la programación de los medios audiovisuales de comunicación social y se dicta en el marco de la legislación básica establecida por el Estado al amparo del artículo 149.1.27 de la Constitución.
2. Concretamente, esta Ley regula el contenido de la programación emitida por televisión, establece el procedimiento para hacer efectivo el derecho de los espectadores a conocer dicha programación con suficiente antelación y, en el ámbito específico de la televisión por cable, desarrolla el régimen aplicable a los operadores de cable y a los programadores independientes.
1. La finalidad de la presente Ley consiste en defender los intereses legítimos de los usuarios del servicio de televisión y conseguir una programación de calidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
2. La presente Ley persigue, asimismo, garantizar la aplicación de los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación en la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable.
1. La presente Ley se aplica a la televisión, tal y como se define este concepto por el artículo 3 de la Ley estatal 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada por la Ley estatal 22/1999, de 7 de junio.
La presente Ley se aplica, asimismo, a los servicios adicionales al de televisión, entendiendo por tales aquellos servicios de comunicaciones cuya finalidad sea la aportación de elementos de información u otras prestaciones, como servicios de facsímil, banco de datos y otros servicios similares, cuya prestación venga amparada por el título habilitante para la difusión de televisión.
2. La presente Ley se aplica a los servicios de televisión y servicios adicionales a los que se extiende la competencia de la Comunidad de Madrid. Dicho ámbito comprende:
Los servicios gestionados directamente por la Comunidad de Madrid o por entidades a las que ésta les haya conferido un título habilitante.
1. La Administración de la Comunidad de Madrid ejercerá, a través de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de medios audiovisuales de comunicación social, las funciones previstas en esta Ley y las que atribuye a las Comunidades Autónomas la legislación básica vigente en este ámbito y, en particular, la Ley estatal 25/1994, de 12 de julio.
EL CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN.
1. A efectos del presente capítulo, se entenderá por operador de televisión lo definido con esta expresión por el artículo 3 de la Ley estatal 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley estatal 22/1999, de 7 de junio.
2. A efectos de este capítulo, resultan irrelevantes el régimen de prestación del servicio, el carácter público o privado del operador y el medio de transmisión empleado.
El respeto a los valores y principios que informan la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y los derechos y libertades que reconocen y garantizan.
El respeto y la promoción de los valores de igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, recogidos en el artículo 14 de la Constitución Española.
La defensa y preservación del medio ambiente.
1. Las emisiones de televisión no incluirán programas que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
2. Las emisiones de televisión habrán de respetar, en todo caso, los preceptos constitucionales.
1. Para hacer efectivo el derecho de información regulado en el vigente artículo 18 de la Ley estatal 25/1994, de 12 de julio, los operadores de televisión habrán de hacer pública su programación diaria con una antelación de, al menos, once días respecto del día al que la citada programación se refiera.
1. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a rectificar la información difundida por televisión, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.
2. La protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.
LOS OPERADORES DE CABLE Y LOS PROGRAMADORES INDEPENDIENTES.
Tendrán la consideración de operadores de cable, los operadores que presten servicios de televisión predominantemente a través del cable, o bien aquellos que, como consecuencia de la transformación de sus concesiones de telecomunicaciones por cable, dispongan de una concesión habilitante para la prestación de servicio de difusión.
Son programadores independientes los definidos con estos términos por el párrafo segundo del artículo 10.1 de la Ley estatal 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable.
1. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 10.3 de la Ley estatal 42/1995, de 22 de diciembre, cuando se presenten situaciones de dominio en el mercado de redes de cable en una determinada demarcación, la Administración de la Comunidad de Madrid dispondrá las medidas necesarias para garantizar a los usuarios una oferta variada de servicios competitivos.
2. Las medidas deberán ser proporcionales, transparentes y no discriminatorias.
3. Las medidas serán de obligado cumplimiento para las partes afectadas.
1. De conformidad con el artículo 10.1 de la Ley estatal 42/1995, de 22 de diciembre, los operadores de cable estarán obligados a reservar, como mínimo, el 40 % de la oferta audiovisual distribuida por su red a programadores independientes.
2. A tal efecto, se aplicarán las siguientes reglas:
Excepcionalmente, y sólo en el supuesto de que no exista suficiente oferta audiovisual, la Administración de la Comunidad de Madrid podrá autorizar la reducción del porcentaje mínimo de reserva obligatoria, a solicitud del operador de cable interesado y con arreglo al procedimiento siguiente:
La carga de la prueba de la falta de disponibilidad de programación recaerá sobre el operador de cable. La prueba consistirá en acreditar que no ha recibido ofertas suficientes de programadores independientes, habiéndolo solicitado con difusión bastante y habiendo ofrecido un precio equitativo.
La reducción podrá autorizarse por un plazo de seis meses, prorrogable por el mismo tiempo a solicitud del interesado, el cual deberá acreditar que subsisten las circunstancias que motivaron la reducción. La prórroga podrá modificar el porcentaje establecido en la anterior resolución.
Antes de resolver, el órgano competente podrá realizar, si lo considera necesario, las comprobaciones necesarias para corroborar la efectiva carencia de oferta suficiente.
El operador de cable deberá acreditar semestralmente el cumplimiento del porcentaje mínimo del 40 % o, en su caso, del porcentaje reducido que tuviera autorizado.
En caso de disponer de ella, los resultados de los análisis de audiencia sobre los canales de televisión por cable de los programadores independientes.
Actividades de comercialización realizadas por el operador de cable respecto a los canales de televisión por cable de programadores independientes distribuidos por su red.
Estructura de su oferta de servicios de difusión de televisión por cable y de la posición en ella de los canales de los programadores independientes.
1. Para el ejercicio de sus funciones, la Administración de la Comunidad de Madrid podrá recabar cuanta información requiera de los operadores de cable y de los programadores independientes, que estarán obligados a suministrarla.
2. En particular, y a efectos de apreciar si se presentan las situaciones de dominio de mercado, los operadores de cable y los programadores independientes estarán obligados a presentar a la Administración de la Comunidad de Madrid copia de los contratos suscritos entre dichos agentes, así como la constitución de sociedades entre ambos sujetos para la comercialización de programas audiovisuales.
EL CONSEJO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA COMISIÓN TÉCNICA AUDIOVISUAL. SECCIÓN I. EL CONSEJO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Artículo 20. Creación, naturaleza y adscripción. Artículo 21. Composición. Artículo 22. Nombramiento. Artículo 23. Funciones. Artículo 24. Funciones de arbitraje. Artículo 25. Régimen jurídico. SECCIÓN II. LA COMISIÓN TÉCNICA AUDIOVISUAL.
Artículo 26. Creación y dependencia. Artículo 27. Composición y nombramiento. Artículo 28. Funciones.
1. La Viceconsejería de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno velará por el cumplimiento de las normas establecidas por esta Ley y, en particular, tendrá a su cargo las siguientes funciones:
La adopción de medidas en situaciones de dominio del mercado de redes del cable a que se refiere el artículo 16.
La aplicación de la reserva obligatoria en favor de los programadores independientes establecida por el artículo 17, incluida la tramitación y resolución del procedimiento de autorización de la reducción del porcentaje de reserva.
El control del cumplimiento de la obligación de aportar la declaración de autorregulación, a que se refiere el artículo 12.
2. Asimismo, la Viceconsejería ejercerá las siguientes funciones:
El control de las obligaciones de servicio público que recaigan sobre los operadores con título habilitante para la prestación de servicios audiovisuales.
La adopción de las medidas necesarias para salvaguardar la libre competencia en el mercado, dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, de acuerdo con los criterios de conexión que fije el legislador estatal y sin perjuicio de las funciones de los órganos de defensa de la competencia.
3. La Viceconsejería será el órgano competente para instruir expedientes sancionadores, en los términos establecidos por el capítulo V de esta Ley.
En el caso de los procedimientos incoados por posibles infracciones en materia de publicidad, la Viceconsejería podrá proponer al órgano competente para la imposición que disponga como medida cautelar, el cese o la rectificación de las emisiones de publicidad ilícita o prohibida.
Artículo 29. Relación con el Consejo. Artículo 30. Régimen jurídico. Artículo 31. Potestad de recabar información. CAPÍTULO V.
1. Los funcionarios de la Viceconsejería de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la condición de agentes de la autoridad y podrán requerir de los operadores públicos o privados los datos que estimen necesarios.
2. A estos efectos, todos los operadores de televisión deberán archivar, durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de su primera emisión, todos los programas emitidos, incluidas la publicidad y la televenta, y registrar los datos relativos a tales programas.
1. Se consideran infracciones leves los incumplimientos de la presente Ley que no estén calificados como graves o muy graves en los apartados siguientes.
2. Tienen la consideración de infracciones graves, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2, párrafo primero, de la Ley estatal 25/1994, de 12 de julio, modificada por la Ley estatal 22/1999, de 7 de junio, en conexión con sus artículos 17.2, 17.3, 16, 18 y 19.3, las siguientes conductas:
El incumplimiento de las condiciones de emisión de programas susceptibles de perjudicar el desarrollo de los menores, establecidas por el artículo 34.1.b de la Ley autonómica 6/1995, de 28 de marzo.
El incumplimiento de la obligación de informar sobre la idoneidad de los programas para los menores mediante la advertencia regulada por el artículo 34.1.c de la Ley autonómica 6/1995, de 28 de marzo.
El incumplimiento de las normas de protección de los menores frente a la publicidad y la televenta, establecidas por el apartado 13 del artículo 99 de la Ley autonómica 6/1995, de 28 de marzo.
El incumplimiento de las normas relativas a la información sobre la programación, contenidas en la Sección III del capítulo II de esta Ley.
El incumplimiento de la obligación de proporcionar información y archivar la programación en los términos previstos en el artículo 32 de esta Ley.
El incumplimiento de las medidas adoptadas por la Comisión Técnica Audiovisual, al amparo de lo dispuesto en los artículos 28.1.a y 28.2.c de esta Ley.
El incumplimiento de la obligación de reservar como mínimo el 40 % de la programación a los programadores independientes, establecida en el artículo 17 de esta Ley.
El incumplimiento de la obligación de facilitar información a la Viceconsejería de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno, establecida en el artículo 19 de esta Ley.
El incumplimiento de las medidas cautelares a que se refiere el párrafo segundo del artículo 28, apartado 3, de esta Ley.
4. Tienen la consideración de infracciones muy graves, de conformidad con lo establecido por el párrafo segundo del artículo 20.2 de la Ley estatal 25/1994, de 12 de julio, en conexión con sus artículos 17.1, inciso primero, 17.1, inciso segundo, y 17.4, las siguientes conductas:
El incumplimiento de la prohibición de emitir programas que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación, establecida por el apartado 1 del artículo 9 de esta Ley.
El incumplimiento de la obligación de que las emisiones respeten los preceptos constitucionales, establecida por el apartado 2 del artículo 9 de esta Ley.
5. Tiene asimismo la consideración de infracción muy grave la comisión, en el plazo de un año, de dos o más infracciones graves sancionadas con carácter definitivo, de conformidad con lo establecido por el párrafo tercero del artículo 20.2 de la Ley estatal 25/1994, de 12 de julio.
1. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley serán sancionadas con multa comprendida entre 50.000 y 500.000 pesetas, en el caso de las leves; entre 500.001 y 50.000.000 de pesetas, en el caso de las graves; y entre 50.000.001 y 100.000.000 de pesetas, en el caso de las muy graves.
2. Cuando la concesión del título habilitante para la prestación del servicio audiovisual sea competencia de la Comunidad de Madrid, las infracciones muy graves a que se refieren los apartados 4.a y 4.b del artículo precedente, en razón de sus circunstancias, podrán dar lugar a la suspensión de la eficacia de dicho título y, en caso de reiteración, a la revocación del mismo.
3. En todo caso, la cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta, además de lo previsto en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, las circunstancias siguientes:
1. La potestad para sancionar las infracciones previstas en este capítulo corresponderá a la Administración de la Comunidad de Madrid.
2. Corresponde asimismo a la Administración de la Comunidad de Madrid la potestad para sancionar las infracciones tipificadas por la Ley estatal 25/1994, de 12 de julio, cuya sanción atribuye dicha Ley a las Comunidades Autónomas.
1. Con carácter general, la resolución de los expedientes sancionadores corresponderá la Viceconsejería de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno, en el caso de las infracciones leves y graves; y al Consejero competente en dicho ámbito en el caso de las muy graves, salvo la adopción de las sanciones de suspensión o revocación del título habilitante, que corresponderá al Gobierno.
2. En el caso de las infracciones en materia de protección de menores, previstas en los apartados 2.a, 2.b, 2.c y 4.a del artículo 33, la incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores se ajustará a lo dispuesto por la Ley autonómica 6/1995, de 28 de marzo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de la infracción muy grave prevista en el apartado 4.a del artículo 33 de esta Ley, consistente en el incumplimiento de la prohibición de emitir programas que perjudiquen seriamente el desarrollo de los menores, la resolución del Gobierno por la que se imponga la sanción de suspensión o revocación del título habilitante se adoptará a propuesta de la Consejería competente en materia de medios de comunicación, a cuyo efecto el órgano que hubiera tramitado el expediente le remitirá las actuaciones, una vez concluido el trámite de audiencia y antes de formular la propuesta de resolución.
3. En cuanto al cómputo de los plazos de prescripción de las infracciones y de las sanciones, se estará a lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley estatal 4/1999, de 13 de enero.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Constitución del Consejo. DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Lo aquí dispuesto será tambien de aplicación a las emisiones dedicadas a la publicidad, a la televenta y a la promoción de la propia programación.
Cuatro. Se añade un apartado 4 al artículo 100 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia de la Comunidad de Madrid, del siguiente tenor:
4. El incumplimiento de lo establecido por el artículo 34.1.a), referido a la inclusión en las emisiones de televisión de programas, escenas o mensajes de cualquier tipo que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores.
Artículos 3 (apdo. 1, segundo párrafo) y 15 (apdo. a):
Redacción según Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Artículos 28 (apdo. 1.a y referencias a la Comisión Técnica Audiovisual sustituidas por Viceconsejería de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno), 32 (referencias en el apdo. 1 a la Comisión Técnica Audiovisual sustituidas por Viceconsejería de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno), 33 (referencias en el apdo. 3.d a la Comisión Técnica Audiovisual sustituidas por Viceconsejería de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno) y 36 (referencias en el apdo. 1 al Director General competente en materia de medios audiovisuales de comunicación social sustituidas por la Viceconsejería de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno);
Redacción según Ley 2/2006, de 21 de junio, de Supresión del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Capítulo IV (arts. 20 al 31 excepto el 28); Artículos 4 (apdo. 2); Disposición adicional segunda:
Suprimido por Ley 2/2006, de 21 de junio, de Supresión del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Cerrar
LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y AdministrativasRESOLUCIÓN de 29 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan del Voluntariado 2001-2004LEY 2/2006, de 21 de junio, de Supresión del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid	Cerrar PDF
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