Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-302.CODI.%29
Timestamp: 2020-04-04 06:50:08
Document Index: 136654603

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 97', 'artículo 181', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 28', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 17', 'artículo 28', 'artículo 46', 'artículo 194', 'artículo 28', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 193', 'artículo 184']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 302, de 21/02/2018
cve: BOCG-12-D-302
162/000551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación para lo público de las autopistas de peaje.
162/000574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la voluntad de investigar los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto 2017. Rechazo por el Pleno de la Cámara así como enmiendas formuladas... (Página6)
172/000103 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el nivel de compromiso del Gobierno con la reforma de la financiación autonómica... (Página8)
172/000104 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la liquidación y extinción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL) y la falta de evaluación de políticas públicas... (Página8)
172/000105 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista a la Ministra de Empleo y Seguridad Social sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y de calidad en la economía digital... (Página8)
173/000073 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la posición del Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la empresa multinacional petrolera ENI en la Cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá la realización de unas prospecciones que pondrán en riesgo todo su socioecosistema.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas... (Página10)
173/000074 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que está abierto en el marco de la Unión Europea, así como de la posición del Gobierno y las negociaciones al respecto.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas... (Página16)
173/000075 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas... (Página21)
Aprobación con modificaciones... (Página28)
173/000076 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los planes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en materia de agua. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara... (Página30)
162/000551
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación para lo público de las autopistas de peaje, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 280, de 12 de enero de 2018.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley de Pleno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la recuperación para lo público de las autopistas de peaje.
Se propone la adición de un nuevo punto:
"3. No ampliar, en ningún caso, las tarifas y precios de los peajes en los tramos de las siguientes autopistas hasta la finalización de su concesión:
- AP-6 Villalba-Adanero.
- AP-1 Burgos-Armiñán.
- AP-7 Tarragona-València.
- AP-7 València-Alacant.
- AP-4 Sevilla-Cádiz.
- AP-7 Tarragona-La Jonquera.
- AP-2 Mediterrània-Zaragoza."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación para el público de las autopistas de peaje.
1. Mantener en el sector público, las nueve autopistas quebradas, articulando medidas para minimizar el impacto y la afección que la situación de las autopistas en concurso puedan producir sobre los ciudadanos y el conjunto de la sociedad, garantizando su disponibilidad para quienes deseen utilizarlas y evitando que situaciones similares puedan llegar a producirse en el futuro. Estas nueve autopistas son:
- La R2 Madrid-Guadalajara.
- La R3 Madrid-Arganda.
- La R4 Madrid-Ocaña.
- La R5 Madrid-Navalcarnero.
- El Eje Aeropuerto (M-12).
- La autopista Madrid-Toledo (AP-41).
- La autopista Ocaña-La Roda (AP-36).
- La autopista Cartagena-Vera de la AP-7.
- La Circunvalación de Alicante.
2. No ampliar los periodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje a medida que vayan alcanzando el final del periodo concesional en los últimos años, momento en el que se decidirá la forma de explotación de las mismas que mejor convenga al interés general, empezando por las que terminan entre 2018 y 2021:
- La AP-1 Burgos-Armiñán el 30/11/2018.
- La AP-7 Tarragona-Valencia el 31/12/2019.
- La AP-7 Valencia-Alicante el 31/12/2019.
- La AP-4 Sevilla-Cádiz el 31/12/2019.
- La AP-7 Montmeló-La Jonquera el 31/08/2021.
- La AP-7 Barcelona-Tarragona el 31/08/2021.
- La AP-7 Montmeló-EI Papiol el 31/8/2021.
- Y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo el 31/08/2021."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición de un apartado 3 a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación para lo público de las autopistas de peaje.
3. Articular un modelo de "viñeta" que permita eliminar las vías de peaje, financiado mediante el pago de una tasa anual aplicable a todos los vehículos matriculados en el estado español para circular por vías rápidas y una tasa por días, semanas o meses aplicable a los vehículos extranjeros en tránsito; o en su caso, otorgue las facilidades que correspondan para que lo implementen las administraciones competentes sobre la red viaria en su territorio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la recuperación para lo público de las autopistas de peaje, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 280, de 12 de enero de 2018, en los siguientes términos:
1. Mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas y rescatadas con dinero público, renunciando de forma explícita a volver a privatizarlas, dando marcha atrás en los pasos que ya ha dado para volver a adjudicárselas al sector privado, esto es, paralizando de inmediato el procedimiento de licitación de dos contratos de servicios para la realización de algunas de las actividades preparatorias necesarias para volver a privatizar esas vías, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" del 4 de octubre de 2017. Estas nueve autopistas son:
- La R-2 Madrid-Guadalajara.
- La R-3 Madrid-Arganda.
- La R-4 Madrid-Ocaña.
- La R-5 Madrid-Navalcarnero.
2. No ampliar los periodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje a medida que vayan alcanzando el final del periodo concesional en los próximos años, de tal forma que su explotación se realice de forma directa por el sector público, empezando por las que terminan entre 2018 y 2021:
- La AP-6 Villalba-Adanero el 29/1/2018.
- La AP-7 Montmeló-La Jonquera el 31/8/2021.
- La AP-7 Barcelona-Tarragona el 31/8/2021.
- La AP-7 Montmeló-El Papiol el 31/8/2021.
- Y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo el 31/8/2021.
3. No ampliar, en ningún caso, las tarifas y precios de los peajes en los tramos de las siguientes autopistas hasta la finalización de su concesión:
162/000574
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la voluntad de investigar los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto 2017, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 290, de 2 de febrero de 2018.
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación del 4.º párrafo de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la voluntad de investigar los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto 2017.
La actuación de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido ejemplar en este tiempo, demostrando su profesionalidad y su pericia en la lucha contra el terrorismo, adquirida en décadas anteriores en circunstancias a menudo trágicas. Sin embargo, la gestión de la alerta terrorista de agosto de 2017, así como la investigación posterior, han puesto de manifiesto fallos de coordinación y errores que empañan ante la opinión pública la imagen de nuestra lucha antiterrorista, y que han sembrado dudas sobre la preparación de España para hacer frente a esta amenaza."
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de supresión de parte del 5.º párrafo de la Exposición de motivos de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la voluntad de investigar los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto 2017.
En las últimas fechas hemos conocido informaciones preocupantes sobre el intento de destruir pruebas de estas comunicaciones por parte de algunos miembros del cuerpo de Mossos. La opinión pública tiene la aspiración legítima de saber si el proceso independentista de Cataluña ha podido afectar negativamente a la coordinación entre cuerpos y la gestión de la lucha antiterrorista."
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la voluntad de investigar los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto 2017.
1. Crear una Comisión de investigación relativa a los atentados de Barcelona y Cambrils, de cara a valorar qué mejoras pueden llevarse a cabo en la lucha antiterrorista, con el fin último de mejorar la seguridad de todos los españoles.
2. Reconocer la labor de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demás fuerzas policiales, por su labor en la lucha antiterrorista.
3. (nuevo) Clarificar la vinculación del Imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, con el CNI así como el tiempo que fue confidente del CNI, el tipo de información que querían obtener y el coste por ser confidente del CNI.
4. (nuevo) Cumplir con celeridad con los acuerdos de la Junta de Seguretat de Catalunya celebrada el pasado 10 de julio de 2017 en relación con la lucha antiterrorista, para ello, facilitar la inmediata incorporación de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra en la Europol."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.- Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el nivel de compromiso del Gobierno con la reforma de la financiación autonómica, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Enric Bataller i Ruiz, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 181 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente sobre el nivel de compromiso del Gobierno con la reforma de la financiación autonómica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2018.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000104
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la liquidación y extinción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL) y la falta de evaluación de políticas públicas, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, interpelación urgente al Gobierno relativa a la liquidación y extinción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL) y la falta de evaluación de políticas públicas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Manuel Monereo Pérez, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
172/000105
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista a la Ministra de Empleo y Seguridad Social sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y de calidad en la economía
digital, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para formular, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados y para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión del Pleno de la Cámara, la siguiente interpelación urgente a la Ministra de Empleo y Seguridad Social sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y de calidad en la economía digital.
El futuro del empleo en nuestro país y en el resto del mundo se enfrenta a grandes desafíos. La globalización, la digitalización, la economía colaborativa, la inteligencia artificial, entre otros, son fenómenos que están cambiando nuestro mercado de trabajo y tienen una gran incidencia en el marco de relaciones laborales.
La irrupción de estos nuevos elementos incide en el cambio del modelo productivo y en el aumento de la productividad. Pero también puede suponer un cambio traumático en la prestación de la relación laboral, que debe adecuarse a una velocidad vertiginosa a unos tiempos marcados por la irrupción de las nuevas formas de desarrollo del trabajo y a las nuevas tecnologías.
Ello nos exige, como país, una apuesta decidida para aprovechar estos cambios por tratarse de una oportunidad de crecimiento que puede traducirse en importantes incrementos del PIB. Se debe aprovechar para asegurar que nadie se queda al margen de estos desafíos, con políticas que aseguren que todas las personas trabajadoras, entre otras medidas, reciban una formación inicial y permanente que les permita una transición inclusiva hacia el nuevo modelo productivo, evitando un cambio traumático. Y aprovecharse para asegurar que los incrementos de productividad se repartan de forma equilibrada entre empresarios y trabajadores, que reviertan en una mayor inversión y también en el sostenimiento social. Porque estos desafíos también suponen cambios sociales que deben materializarse en políticas públicas que aumenten la equidad social.
No obstante, en nuestro país venimos asistiendo a una caída constante en inversión en I+D+i, de sustancial importancia dados los retos a los que nos enfrentamos como sociedad y dentro del mercado de trabajo. De este modo, con datos del Instituto Nacional de Estadística sobre 2016, de noviembre de 2017, nos encontramos que esta inversión se sitúa en unos niveles respecto al PIB similares a los de hace una década. Es más, se observa que la inversión en I+D, por sexto año consecutivo, se encuentra por debajo del PIB (3,3 %). De esta manera, la ratio de inversión en I+D sobre PIB retrocede desde el 2,7 %, habida en 2014, al 1,22 % del 2015, y al 1,19 % registrado en 2016, el porcentaje más bajo en once años.
Esta preocupación también alcanza a nuestro mercado de trabajo, marcado por la precariedad y la devaluación salarial, con altas tasas de temporalidad y de parcialidad, contratos a tiempo parcial involuntarios que además esconden jornadas de trabajo completas. Es más, el teletrabajo y el autoempleo están dando lugar a una mayor precariedad: hablamos de falsos autónomos, de personas trabajadoras que aun prestando su relación laboral en la empresa deben afiliarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o por Cuenta Propia. Hablamos de horas ilegales: en 2017, se han realizado 8,8 millones de horas extraordinarias en nuestro país. Y esto, que está dando lugar a una alta conflictividad laboral, también está permitiendo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a los Tribunales desenmascarar cómo, en muchos casos, la irrupción de esas nuevas formas de desarrollo de la actividad laboral, fundamentalmente marcada por las nuevas tecnologías, está abundando en un empleo de baja calidad y en régimen de cuasi explotación laboral.
Es por ello que, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente interpelación urgente a la Ministra de Empleo y Seguridad Social sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y de calidad en la economía digital.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la posición del Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la empresa multinacional petrolera ENI en la Cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá la realización de unas prospecciones que pondrán en riesgo todo su socioecosistema y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente relativa a la posición del Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la empresa multinacional petrolera ENI en la Cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá la realización de unas prospecciones que pondrán en riesgo todo su socioecosistema.
El pasado 22 de octubre de 2017 dos grupos de buceadores profesionales alertaban a las instituciones y a la opinión pública de la detección de unos sonidos provenientes del fondo marino, escuchados entre las 11:00 y las 12:00 horas de la mañana. Unos frente a Las Salinas del Carmen (Fuerteventura) y otros frente a Puerto del Carmen (Lanzarote). Estos sonidos, tras ser analizados por varios colectivos de buceadores y ecologistas como Agonane, fueron calificados en base a su origen antropogénicos, es decir ocasionados por algún tipo de actividad humana, y coincidentes con el ruido que se produce cuando se realiza una exploración sísmica en busca de recursos energéticos como el petróleo o el gas a altas profundidades, los cuales tienen a utilizar una técnica que se basa en la inyección de aire comprimido.
El Gobierno de España negó en ese momento tener constancia alguna de que se estuvieran efectuando exploraciones en la zona, localizada en aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote. Sin embargo, uno de los grupos de buceadores que percibió estas resonancias submarinas comprobó, tras consultar la página web Marine Traffic, que durante ese día y a las horas en que estas fueron detectadas, había un barco no identificado navegando de sur a norte por el espacio indicado a una velocidad de entre 3 y 4 nudos.
No es ningún secreto que el reino de Marruecos, en connivencia con grandes multinacionales del sector de la energía, lleva décadas explorando su litoral costero y el que corresponde al territorio no autónomo del Sáhara Occidental (fundamentalmente su plataforma continental), con la esperanza de encontrar allí yacimientos de hidrocarburos que pueda explotar. Pero hasta la fecha, sus hallazgos han sido infructuosos, pues lo único que ha aparecido en este espacio son fundamentalmente depósitos de gas escasos y de petróleo con muy poco volumen.
La monarquía alauí gestiona sus concesiones exploratorias a través de su Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas. Un organismo específico denominado ONHYM, que siempre participa de forma accionarial en todas las licencias de exploración que otorga a compañías petrolíferas.
En el periodo en que España y Repsol promovieron las prospecciones frente a Lanzarote y Fuerteventura (marzo 2012-febrero 2015), al menos en cuatro ocasiones se anunció en medios de comunicación españoles y europeos que Marruecos había encontrado petróleo en esa zona, aunque en todos los casos concluyeron abandonando las operaciones.
En la última ocasión, en marzo de 2014, el hallazgo anunciado fue desmentido por el propio gobierno marroquí. Tres días antes del desmentido de Marruecos, el Cabildo de Lanzarote, a través de su Oficina de Acción Global, había anunciado que la información no era veraz tras contrastar los datos con las instituciones del país vecino.
Marruecos ha realizado algunas prospecciones en aguas profundas fuera de su plataforma continental, como las realizadas en enero y febrero de 2014 en el yacimiento JM-1 (situado a 38 kilómetros de la costa de Tarfaya). En esa ocasión se localizó petróleo pesado a una profundidad de 3.490 metros, pero la propia ONHYM anunció que no era viable su explotación por entender que "este petróleo no contiene reservas de buena calidad".
Hasta la fecha, Marruecos no ha localizado ningún otro yacimiento de envergadura para extraer petróleo a gran escala en su litoral costero. Ahora bien, los últimos acontecimientos que hemos conocido, confirman la realidad de una actividad que, en lugar de desaparecer, continúa teniendo continuidad en el tiempo. Lo que supone una amenaza continuada para el archipiélago canario en la medida en que este no solo comparte con el país vecino una porción del océano, sino que basa su modelo productivo en la estrecha interacción entre el sector servicios y su medio natural, especialmente el marino, generando una preocupación que no deja de aumentar entre la ciudadanía y la sociedad civil organizada.
Recientemente hemos conocido que el Gobierno de Marruecos ha vuelto a adjudicar permisos de exploración en busca de combustibles fósiles en la Cuenca de Tarfaya (justo frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote) a la compañía multinacional petrolera italiana ENI. La autorización abarca un área de 23.900 kilómetros cuadrados en una profundidad de hasta 1.000 metros y se encuentra muy cerca de la superficie en la que Repsol efectuó sus prospecciones en 2014 y 2015, a pesar de contar con la oposición mayoritaria el pueblo canario. Esta concesión, permitirá además a ENI explorar frente al enclave de Sidi lfni, Tan Tan y Tarfaya a cambio de rentabilizar el 75 % de estos depósitos, correspondiendo el resto de la propiedad a la ONHYM. Para llevar a cabo esta empresa, la compañía italiana ya dispone de datos batimétricos y sísmicos de alta resolución sobre la zona.
En el desafortunado caso de que se produjera un "Blow up" o derrame de envergadura durante la fase de prospecciones (como sucedió en la plataforma Deepwater Horizon que operaba BP en el Golfo de México en 2010), la zona de impacto nuclear (de máximo riesgo) abarcaría por razones obvias a la costa marroquí, la mauritana y la correspondiente a las Islas Canarias. Un escenario que ya fue contemplado por la multinacional Repsol cuando realizó sus polémicas exploraciones en el archipiélago. A nadie se le escapa que esta probabilidad, unida a los derrames que sistemáticamente pueden producirse durante la extracción, representan una fuente de contaminación permanente en el medio marino inasumible para nuestra tierra.
En ambos casos, los riesgos de esta operación afectarán a la naturaleza de las Islas en general, especialmente al sector turístico y pesquero, pudiendo agravarse la situación en caso de marea negra en las costas que podría inutilizar los procesos de desalación y suministro de agua a la población, así como a su rica biodiversidad marina. Se recuerda que, en el caso de las prospecciones de REPSOL frente a Lanzarote y Fuerteventura, el grueso de la industria turística europea activa en Canarias mostró una seria preocupación por el peligro que las mismas representaron para sus intereses económicos en Canarias
Por último, las operaciones petroleras en el medio marino también representan una amenaza en cuanto al tráfico marítimo y esencialmente de buques petroleros, como el caso del Mar Egeo, del Prestige en Galicia o del Érika en Francia. En el caso de Marruecos, además, es necesario recordar que el 23 de diciembre de 2013, un petrolero bajo su bandera, el Silver Laayourme, encalló en la costa de Tan Tan cargado con 5.000 toneladas de fuel oil.
Dado que es el Gobierno de España quien ostenta las competencias en materia de seguridad en el conjunto del Estado, corresponde a este la responsabilidad de preservar la calidad de vida de la población, el desarrollo económico y la conservación del medio natural marítimo en el que posee competencias exclusivas, por encima de los intereses de una multinacional privada y particular y en aquellos casos en los que la acción de un país vecino suponga un grave riesgo para cualquier punto del territorio nacional.
Por eso, y en atención al contenido de los Acuerdo de París, tomados en el marco de la lucha de las Naciones Unidas contra el cambio climático, así como también a las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y del propio Banco Mundial, que dejará de financiar este
tipo de actividades enormemente contaminantes a partir de 2019, el Grupo Parlamentario UPECPEM presenta la siguiente
1. Mostrar su rechazo a las prospecciones en aguas próximas a Canarias autorizadas por la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas dependiente del Gobierno del Reino de Marruecos.
Y, en consecuencia, instar al Gobierno de España a poner en marcha las medidas necesarias para:
2. Abrir urgentemente vías diplomáticas a través de las instituciones del Estado y de la Unión Europea para instar a Marruecos a que desista en su interés por alentar este tipo de actividades altamente contaminantes, y ello sin perjuicio de las acciones judiciales internacionales que, a tal efecto, se estimen oportunas.
3. Promover, en el marco de las acciones a desarrollar en virtud del apartado anterior, la ampliación del ámbito territorial del "Acuerdo sobre la Conservación de Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y el área contigua del Atlántico (ACCOBAMS)" a las aguas que separan Canarias del continente africano y, en ese contexto, proponer la creación de un área de protección especial de cetáceos.
4. Ofrecer a la ciudadanía de todo el Estado, y especialmente a la residente en Canarias, información veraz y transparente sobre la situación generada por la concesión realizada por parte del reino de Marruecos a una multinacional petrolera para que realice prospecciones en aguas próximas a Canarias.
5. Favorecer la puesta en marcha de fórmulas de cooperación con el Reino de Marruecos para el desarrollo de energías renovables que respeten su medio ambiente y redunden en mejoras en la calidad de vida de la población de ambos países, contribuyendo a la lucha por la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en todo el planeta.
6. Anteponer la suprema defensa de los intereses del archipiélago canario, y por ende, del Estado en su conjunto, ante cualquier actividad que se produzca en sus fronteras que ponga en riesgo el desarrollo económico del territorio, la conservación de su medio natural marino e incluso la calidad de vida de la población, velando por el cumplimiento de los preceptos autonómicos, constitucionales, comunitarios e internacionales establecidos a tal efecto para la protección de su biodiversidad y garantizando la existencia de medidas tales como medidas de impacto ambiental, planes de contingencia y garantías suficientes de indemnizaciones, en caso de derrames.
7. Actualizar la información científica existente relativa al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), del proyecto LIFE 07/NAVE/000732 "INDEMARES", que derivó en la designación "Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura", para incorporar las zonas propuestas por los científicos hasta la costa africana, en coordinación con la Comisión Europea y las propias autoridades de las naciones limítrofes.
8. Establecer un grupo de trabajo con la Comisión Europea y las naciones limítrofes, dirigido a paralizar las actividades mineras en el canal Canarias-África y plantear alternativas energéticas sostenibles, limpias y renovables.
9. Recuperar y hacer efectivo el compromiso asumido en legislaturas pasadas por el Ejecutivo estatal e incluya la información y consulta previa a las instituciones canarias como requisito ineludible en el proceso de tramitación de cualquier actividad de investigación en el entorno de las Islas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y concordantes del Reglamento del Congreso, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la posición del Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la empresa
multinacional petrolera ENI en la Cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá la realización de unas prospecciones que pondrán en riesgo todo su socioecosistema.
"2. Abrir urgentemente vías diplomáticas a través de las instituciones del Estado y de la Unión Europea para promover, conjuntamente con el Reino de Marruecos, actividades que favorezcan el crecimiento económico en línea con los compromisos climáticos de ambos países."
"2. Abrir urgentemente vías diplomáticas a través de las instituciones del Estado y de la Unión Europea para instar a Marruecos a que desista en su interés por alentar este tipo de actividades altamente contaminantes, y ello sin perjuicio de las acciones judiciales internacionales que, a tal efecto, se estimen oportunas."
El Reino de Marruecos tiene derecho a ejercer su soberanía en el marco del derecho internacional y a perseguir, por tanto, su desarrollo económico de la forma que sus autoridades competentes consideren. Sin embargo, el Gobierno de España sí puede trabajar, conjuntamente con el Reino de Marruecos, para que ese desarrollo económico se haga en línea con sus compromisos internacionales.
"4. Ofrecer a la ciudadanía de todo el Estado, y especialmente la residente en Canarias, información veraz y transparente sobre las concesiones realizadas por parte del Reino de Marruecos para realizar prospecciones en aguas próximas a Canarias."
"4. Ofrecer a la ciudadanía de todo el Estado, y especialmente la residente en Canarias, información veraz y transparente sobre la situación generada por la concesión realizada por parte del reino de Marruecos a una multinacional petrolera para que realice prospecciones en aguas próximas a Canarias."
"5. Favorecer la puesta en marcha de fórmulas de cooperación con el Reino de Marruecos para el desarrollo de energías renovables y tecnologías limpias que respeten su medio ambiente y redunden en mejoras en la calidad de vida de la población de ambos países y la atracción de inversiones en materia de
mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, contribuyendo a un modelo de desarrollo sostenible para una economía de cero emisiones."
"5. Favorecer la puesta en marcha de fórmulas de cooperación con el Reino de Marruecos para el desarrollo de energías renovables que respeten su medio ambiente y redunden en mejoras en la calidad de vida de la población de ambos países, contribuyendo a la lucha por la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero en todo el planeta."
"6. Anteponer la defensa de los intereses del Estado en aquellas actividades que se produzcan en sus fronteras y que pudieran poner en riesgo el desarrollo económico del territorio, la conservación de su medio natural marino e incluso la calidad de vida de la población, velando por el cumplimiento el cumplimiento de los preceptos autonómicos, constitucionales, comunitarios e internacionales establecidos a tal efecto para la protección de su biodiversidad y garantizando la existencia de medidas tales como medidas de impacto ambiental, planes de contingencia y garantías suficientes de indemnizaciones en caso de derrames."
"6. Anteponer la suprema defensa de los intereses del archipiélago canario y, por ende, del Estado en su conjunto, ante cualquier actividad que se produzca en sus fronteras que ponga en riesgo el desarrollo económico del territorio, la conservación de su medio natural marino e incluso la calidad de vida de la población, velando por el cumplimiento el cumplimiento de los preceptos autonómicos, constitucionales, comunitarios e internacionales establecidos a tal efecto para la protección de su biodiversidad y garantizando la existencia de medidas tales como medidas de impacto ambiental, planes de contingencia y garantías suficientes de indemnizaciones en caso de derrames."
"8. Establecer un grupo de trabajo con la Comisión Europea y las naciones limítrofes, dirigido a estudiar e identificar los posibles riesgos que las diferentes actividades de exploración y explotación de combustibles fósiles en el canal Canarias-África y plantear alternativas energéticas sostenibles, renovables y de cero emisiones."
"8. Establecer un grupo de trabajo con la Comisión Europea y las naciones limítrofes, dirigido a paralizar las actividades mineras en el canal Canarias-África y plantear alternativas energéticas sostenibles, limpias y renovables."
"9. Recuperar y hacer efectivo el compromiso asumido en legislaturas pasadas por el Ejecutivo estatal que incluya la información a las instituciones canarias como parte del proceso de tramitación de cualquier actividad de investigación en el entorno de las Islas."
"9. Recuperar y hacer efectivo el compromiso asumido en legislaturas pasadas por el Ejecutivo estatal e incluya la información y consulta previa a las instituciones canarias como requisito ineludible del proceso de tramitación de cualquier actividad de investigación en el entorno de las Islas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la posición del Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la empresa multinacional petrolera ENI en la Cuenca de Tan Tan, en Marruecos, que supondrá la realización de unas prospecciones que pondrán en riesgo todo su socioecosistema, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
3. Promover, en el marco de las acciones a desarrollar en virtud del apartado anterior, la ampliación del ámbito territorial del "Acuerdo sobre la Conservación de Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo
y el área contigua del Atlántico (ACCOBAMS)" a las aguas que separan Canarias del continente africano y, en ese contexto, proponer la creación de un área de protección especial de cetáceos.
7. Actualizar la información científica existente relativa al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), del proyecto LIFE 07/NAT/E/000732 "INDEMARES", que derivó en la designación "Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura", para incorporar las zonas propuestas por los científicos hasta la costa africana, en coordinación con la Comisión Europea y las propias autoridades de las naciones limítrofes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que está abierto en el marco de la Unión Europea, así como de la posición del Gobierno y las negociaciones al respecto y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que está abierto en el marco de la UE, así como sobre la posición del Gobierno y las negociaciones al respecto, para su debate en Pleno.
1. Que en las negociaciones que se inician sobre la Reforma de la Política Agraria Común integre los siguientes principios:
a) La defensa del Modelo de Producción Agropecuaria familiar, social, sostenible y de pequeña y mediana escala.
b) La defensa del Medio Rural a través de una Política de Desarrollo Rural más fuerte y equilibrada en el seno de la estructura de la PAC, con un fortalecimiento de la metodología participativa del desarrollo rural, y con nuevos instrumentos adecuados a los retos del medio rural, entre los que destaca la lucha contra la despoblación y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.
c) La profundización y el fortalecimiento de los mecanismos que permitan la transición a un nuevo modelo de producción agropecuaria acorde con los objetivos de lucha contra el cambio climático, priorizando los sistemas, modelos, prácticas y producciones sostenibles.
d) El fortalecimiento de las Medidas de Regulación de Mercados, integrando propuestas de transparencia y justicia de la cadena alimentaria con mecanismos eficaces de actuación ante las crisis constantes de precios, y que permitan reactivar el principio de preferencia comunitaria en estos contextos.
e) Unas ayudas directas orientadas al sostenimiento y apoyo a las rentas agrarias de las explotaciones pequeñas y medianas, profesionales y ligadas al territorio que mantienen vivo el medio rural.
f) Una distribución justa de las ayudas, y condicionadas por factores sociales, ambientales y económicos y que establezcan un límite claro y significativo en el monto a recibir.
g) La adopción de medidas encaminadas a fortalecer el papel de las mujeres tanto en el sector agropecuario como en las estrategias de desarrollo rural, que rompan las brechas de género que subsisten tanto en el sector como en el medio rural.
h) El fortalecimiento del derecho de los consumidores a una alimentación sana y saludable, accesible a toda la ciudadanía y conectada al resto de los anteriores objetivos. Por lo cual la nueva PAC también deberá ser una Política Alimentaria.
i) Una PAC ligada al empleo y al mantenimiento de activos en el Medio rural. Esto implica incluir entre las medidas de condicionalidad el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del campo, y promover de manera definitiva la pluriactividad, la multifuncionalidad y favorecer los sectores y actividades con mayor capacidad para generar empleos dignos y de calidad.
2. Que las posturas y propuestas que se presenten en el proceso de negociación cuenten con la máxima participación del conjunto de los actores sociales y económicos implicados.
3. La creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dé seguimiento al Proceso de Negociación de la Reforma de la PAC.
4. Que las posiciones defendidas por el Gobierno español durante el proceso de negociación de la Reforma de la PAC, incluido su voto final en el Consejo de la Unión Europea, sean sometidos previamente a debate y aprobación por el Congreso de los Diputados y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, buscando el mayor consenso y legitimidad política posible. De igual forma, que el Gobierno y antes de cualquier reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE presente sus propuestas previamente ante la Comisión del Congreso de los Diputados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el proceso de reforma de la Política Agrícola
Común (PAC) que está abierto en el marco de la Unión Europea, así como de la posición del Gobierno y las negociaciones al respecto.
1. Que en las negociaciones que se inician sobre la Reforma de la Política Agraria Común mantenga una posición firme en defensa del presupuesto agrario, no aceptando, sin autorización del Congreso de los Diputados, ningún acuerdo que suponga una reducción de los fondos agrícolas, ni la renacionalización de esta política, y que integre los siguientes principios:
d) El fortalecimiento de las Medidas de Regulación de Mercados, fortaleciendo la posición de los productores en la cadena de valor, creando nuevos instrumentos de estabilización de precios, integrando propuestas de transparencia y justicia de la cadena alimentaría con mecanismos eficaces de actuación ante las crisis constantes de precios, y que permitan reactivar el principio de preferencia comunitaria en estos contextos. El principio de reciprocidad también es irrenunciable, la agricultura europea no puede ser moneda de cambio en la suscripción de acuerdos de libre comercio.
e) Un nuevo modelo de gestión de ayudas directas orientadas al sostenimiento y apoyo a las rentas agrarias de las explotaciones pequeñas y medianas, profesionales y ligadas al territorio que mantienen vivo el medio rural. Hay que evitar la especulación con los derechos e introducir criterios en su asignación de carácter social, vinculados al empleo y a la creación de actividad en el medio rural.
f) Una distribución justa de las ayudas, y condicionadas por factores sociales, ambientales y económicos y que establezcan topes máximos por beneficiario y un limite claro y significativo en el monto a recibir.
g) Asegurar el relevo generacional será otra prioridad mediante el establecimiento de nuevos y más comprometidos incentivos para la incorporación de jóvenes a la agricultura.
h) La adopción de medidas encaminadas a fortalecer el papel de las mujeres tanto en el sector agropecuario como en las estrategias de desarrollo rural, que rompan las brechas de género que subsisten tanto en el sector como en el medio rural. Las explotaciones de titularidad compartida tendrán un tratamiento especial.
i) El fortalecimiento del derecho de los consumidores a una alimentación sana y saludable, accesible a toda la ciudadanía y conectada al resto de los anteriores objetivos. Por lo cual la nueva PAC también deberá ser una Política Alimentaria.
j) Una PAC ligada al empleo y al mantenimiento de activos en el Medio rural.
Esto implica incluir entre las medidas de condicionalidad el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del campo, y promover de manera definitiva la pluriactividad, la multifuncionalidad y favorecer los sectores y actividades con mayor capacidad para generar empleos dignos y de calidad.
4. Que las posiciones defendidas por el Gobierno español durante el proceso de negociación de la Reforma de la PAC, incluido su voto final en el Consejo de la Unión Europea, sean sometidos previamente a debate y aprobación por el Congreso de los Diputados y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, buscando el mayor consenso y legitimidad política posible. De igual forma, que el Gobierno y antes de cualquier reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE presente sus propuestas previamente ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que está abierto en el marco de la Unión Europea, así como de la posición del Gobierno y las negociaciones al respecto del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
"1. Que en las negociaciones que se inician sobre la Reforma de la Política Agraria Común integre los siguientes principios:
b) El refuerzo de la política de la Unión Europea en favor del desarrollo rural ("segundo pilar de la PAC") como medida para revertir el proceso de despoblación en España, así como para mantener el estado del bienestar y el desarrollo de los territorios, garantizando las necesarias condiciones de suministros y de infraestructuras para que las personas que se instalen puedan desarrollar su labor profesional en el medio rural.
h) El seguimiento y la evaluación del impacto, la eficacia y la eficiencia de las medidas e intervenciones y la consecución de los objetivos fijados, con el fin de recabar una base de análisis sólida para el diseño de la política futura, así como para formular recomendaciones sobre aspectos que se podrían mejorar en el futuro."
b) La defensa del Medio Rural a través de una Política de Desarrollo Rural más fuerte y equilibrada en el seno de la estructura de la PAC, con un fortalecimiento de la metodología participativa del desarrollo
rural, y con nuevos instrumentos adecuados a los retos del medio rural, entre los que destaca la lucha contra la despoblación y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.
g) [...]"
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que está abierto en el marco de la Unión Europea, así como de la posición del Gobierno y las negociaciones al respecto, ha acordado lo siguiente, entendiendo que, en el marco de la calificación de la Mesa de la Cámara, las previsiones contenidas en los puntos 3 y 4 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente:
1. Que en las negociaciones que se inician sobre la Reforma de la Política Agraria Común mantenga una posición firme en defensa del presupuesto agrario, no aceptando sin autorización del Congreso de los Diputados, ningún acuerdo que suponga una reducción de los fondos agrícolas y que integre los siguientes principios:
d) El fortalecimiento de las Medidas de Regulación de Mercados, fortaleciendo la posición de los productores en la cadena de valor, creando nuevos instrumentos de estabilización de precios, integrando propuestas de transparencia y justicia de la cadena alimentaria con mecanismos eficaces de actuación ante las crisis constantes de precios, y que permitan reactivar el principio de preferencia comunitaria en estos contextos. El principio de reciprocidad también es irrenunciable, la agricultura europea no puede ser moneda de cambio en la suscripción de acuerdos de libre comercio.
j) Una PAC ligada al empleo y al mantenimiento de activos en el Medio rural. Esto implica incluir entre las medidas de condicionalidad el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del campo, y promover de manera definitiva la pluriactividad, la multifuncionalidad y favorecer los sectores y actividades con mayor capacidad para generar empleos dignos y de calidad.
k) El seguimiento y la evaluación del impacto, la eficacia y la eficiencia de las medidas e intervenciones y la consecución de los objetivos fijados, con el fin de recabar una base de análisis sólida para el diseño de la política futura, así como para formular recomendaciones sobre aspectos que se podrían mejorar en el futuro.
173/000075
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, sobre medidas para corregir la brecha salarial entre mujeres y hombres.
"El Congreso de los Diputados, ante el estancamiento en la corrección de la brecha salarial entre mujeres y hombres, la manifestación más clara de la desigualdad de la mujer en el mercado laboral, tanto
en el acceso, condiciones laborales, promoción, formación y participación en los órganos y cargos de responsabilidad y de dirección, así como en la asunción del trabajo de cuidado, insta al Gobierno a dar cumplimiento de forma inmediata a la Moción presentada por el Grupo Socialista y aprobada de forma unánime por el Pleno de esta Cámara el 21 de febrero de 2017.
Para ello, deberá presentar un Proyecto de Ley para garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres de forma real y efectiva, para cumplir el imperativo constitucional de remover los obstáculos que lo impiden, así como para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y al derecho a la igualdad de retribución por el desempeño de un trabajo de igual valor, recogido en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, con objetivos concretos y especial atención a las discriminaciones indirectas.
Entre los objetivos específicos a alcanzar, el Proyecto de Ley contemplará la garantía de la transparencia en las empresas y en las estadísticas, para lo que, entre otras:
a) Se establecerán medidas para que todas las empresas tengan un registro donde consten de manera desagregada los salarios y complementos salariales que perciben las personas trabajadoras, y se mejorarán los sistemas de información, con inclusión de mecanismos homologables internacionalmente, al objeto de detectar los focos de discriminación.
b) Se establecerá la obligación de las empresas con al menos cincuenta trabajadores de informar periódicamente a los representantes legales de las personas trabajadoras y, en su defecto, a los trabajadores que lo soliciten, sobre la remuneración media por niveles profesionales, desglosada por sexos, información que incluirá todos los componentes de la retribución, tanto fijos como variables.
c) En las estadísticas oficiales, se desagregarán por sexo, edad, nivel educativo y ocupación todas las encuestas y registros que analizan el mercado de trabajo, así como los sistemas de protección social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento del Congreso, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Socialista sobre medidas para corregir la brecha salarial entre mujeres y hombres.
Se propone la adición en el punto a) de la parte dispositiva de la Moción, de la inclusión en los registros de los datos de sexo y categoría profesional, así como la referencia expresa a fas retribuciones en especie, de modo que el punto a) quedará redactado con el siguiente tenor literal:
"a) Se establecerán medidas para que todas las empresas tengan un registro donde consten de manera desagregada los salarios y complementos salariales, ya sean en dinero o en especie, que perciban las personas trabajadoras, con indicación de su sexo y categoría profesional y se mejorarán los sistemas de información, con inclusión de mecanismos homologables internacionalmente, al objeto de detectar los focos de discriminación."
Se propone la sustitución del punto b) de la parte dispositiva de la Moción por otro del siguiente tenor literal:
"b) Se atribuirán a las personas trabajadoras y a sus representantes derechos de información desglosada por género de la retribución aplicada en la empresa:
- Incorporando a la normativa vigente medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar que las personas empleadas puedan solicitar información sobre los niveles salariales, desglosada por género, para las categorías de trabajadores que realizan el mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Esta información deberá incluir los componentes variables o complementarios además del sueldo base fijo, tales como los pagos en especie y la participación en los beneficios.
- Incorporando a la normativa vigente medidas que garanticen que las empresas informen periódicamente a las trabajadoras y trabajadores, a sus representantes y a los interlocutores sociales de la remuneración media por categoría de trabajador o puesto, desglosada por sexos."
Concretar y ampliar los derechos de información sobre retribuciones en las empresas de las personas trabajadoras, sus representantes legales y los interlocutores sociales y suprimir la limitación de su ámbito de aplicación únicamente a aquellas empresas de al menos 50 trabajadores, haciéndolo extensivo a cualquier empresa.
Se propone añadir en la letra c) de la parte dispositiva de la Moción la incorporación a Las estadísticas oficiales de indicadores sobre transparencia salarial, de modo que la letra c) quede redactada del siguiente modo:
"c) En las estadísticas oficiales se desagregarán por sexo, edad, nivel educativo y ocupación todas las encuestas y registros que analizan el mercado de trabajo, así como los sistemas de protección social, incorporando a las mismas indicadores sobre transparencia salarial."
Incorporar a las estadísticas oficiales datos que nos permitan conocer el nivel de transparencia salarial existente en nuestro país, en tanto que La transparencia salarial es uno de los mecanismos que contribuyen a combatir eficazmente la brecha salarial.
Se propone la adición de un nuevo punto con la letra d), del siguiente tenor literal:
"d) Se Incorporará al ordenamiento español (normativa laboral y funcionarial) el concepto de igual retribución por trabajo de igual valor, en el sentido establecido en la Recomendación de la Comisión Europea de 2014."
En consonancia con la Moción del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso el día 17 de octubre de 2017.
Se propone la adición de un nuevo punto con la letra e), del siguiente tenor literal:
"e) Se establecerá la obligatoriedad de las auditorías salariales en las empresas de más de 250 personas trabajadoras en los términos establecidos en la Recomendación de la Comisión Europea de 2014."
Se propone la adición de un nuevo punto con la letra f), del siguiente tenor literal:
"f) Se establecerán mecanismos para asegurar el adecuado control de los convenios colectivos a efectos de que no contengan cláusulas discriminatorias por razón de género, particularmente en relación con la incorrecta valoración de puestos de trabajo."
Se propone la adición de un nuevo punto con la letra g), del siguiente tenor literal:
"g) Se reforzarán los sujetos con capacidad y legitimación para la presentación de demandas por discriminación indirecta (particularmente retributiva), por medio de las oportunas modificaciones en la normativa procesal laboral y funcionarial."
Se propone la adición de un nuevo punto con la letra h), del siguiente tenor literal:
"h) Se introducirán garantías específicas en el proceso de tutela de derechos fundamentales a efectos de que los sujetos con relevancia pública y/o institucional (inspección de Trabajo, Autoridad Laboral, instituto/s de la Mujer, Asociaciones en defensa de la mujer,...), tengan mayor participación en la tutela de las actuaciones que constituyen discriminación retributiva."
En consonancia con la Moción del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso del día 17 de octubre de 2017.
Se propone la adición de un nuevo punto con la letra i), del siguiente tenor literal:
"i) Se promoverá una mayor participación efectiva de las mujeres en los órganos de representación de las personas trabajadoras a efectos de promover la igualdad retributiva en la negociación colectiva y su aplicación a nivel de empresa."
Se propone la adición de un nuevo punto con la letra j), del siguiente tenor literal:
"j) Se configurarán de mecanismos específicos, tales como potenciar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para la detección y sanción de la discriminación indirecta, dado que esta naturaleza tiene la incorrecta valoración de puestos de trabajo."
Se propone la adición de un nuevo punto con la letra k), del siguiente tenor literal:
"k) Se mejorarán y ampliarán las estadísticas de género incorporando indicadores sobre transparencia salarial, así como el sistema de cuentas nacionales a efectos de que conste el trabajo doméstico y de cuidado."
"l) Se adoptarán todas las medidas necesarias para acometer reformas de la normativa laboral y de funcionariado para favorecer la corresponsabilidad y la permanencia de las mujeres en el trabajo, dado que la vertiente del cuidado es la que mayor repercusión tiene en la desigualdad retributiva, de modo que el disfrute y ejercicio de los derechos relacionados con las responsabilidades familiares no suponga discriminación, ni directa ni indirecta, en materia retributiva, indemnizatoria o respecto a cualquier otra condición de trabajo.
Así mismo el dialogo social debe reforzar la implicación de los interlocutores sociales en el desarrollo de estas medidas y, con carácter general, como agentes de la igualdad retributiva."
Se propone la adición de un nuevo punto con la letra ll), del siguiente tenor literal:
"ll) Se adoptarán todas las medidas necesarias para acometer reformas de la normativa laboral y de funcionariado a efectos de identificar aquellos preceptos que ignoran o que no tienen en cuenta los efectos, directos o indirectos, que pudieran tener en materia de discriminación retributiva, por ejemplo en materia de gestión de tiempo de trabajo, de evaluación del trabajo, condiciones de traslado, condiciones de despido, etc.
Se propone la adición de un nuevo punto con la letra m), del siguiente tenor literal:
"m) Se adoptarán medidas relativas a la consecución del aumento de la tasa de actividad de las mujeres, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, con un calendario de implantación, la racionalización de horarios y la financiación de una red de servicios sociales para la atención de las personas dependientes, con especial atención a la educación de O a 3 años, ruptura del techo de cristal y garantía de acceso a los servicios de todas las mujeres, con independencia del medio rural o urbano en el que habiten. Así como todas aquellas relativas a la trasparencia en las empresas y en las, estadísticas oficiales."
Se propone la adición de un nuevo punto con la letra n), del siguiente tenor literal:
"n) Se establecerá la obligación de depositar ante la autoridad laboral todos los planes de igualdad, cuando no exista obligación de su inscripción en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-Yolanda Díaz Pérez Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a alcanzar un acuerdo en el marco del diálogo social para adoptar las medidas normativas precisas para garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres de forma real y efectiva, para cumplir el imperativo constitucional de remover los obstáculos que lo impiden, así como para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y al derecho a la igualdad de retribución por el desempeño de un trabajo de igual valor, recogido en el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, con objetivos concretos y especial atención a las discriminaciones indirectas.
Entre los objetivos específicos a alcanzar, las modificaciones legales acordadas en el marco del diálogo social deberán contemplar la garantía de la transparencia en las empresas y en las estadísticas, a través de:
- La modificación del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de incorporar la obligación a las empresas de comunicar a los trabajadores y a sus representantes, regularmente, información desagregada en función del género sobre los componentes y la cuantía de la retribución para puestos de trabajo de igual valor.
- La modificación del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo la obligatoriedad de realizar auditorías salariales en las empresas de más de 250 trabajadores.
- La modificación del Real Decreto 7313/2010 sobre registro y depósito de convenios, para ampliar la obligación de inscripción y depósito de los planes de igualdad, como garantía de su efectivo cumplimiento y de su eficacia jurídica.
- La garantía de que en las estadísticas oficiales se desagregarán por sexo, edad, nivel educativo y ocupación todas las encuestas y registros que analizan el mercado de trabajo, así como los sistemas de protección social."
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación del 2.º párrafo y supresión del 3.º, de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas para corregir la brecha salarial entre mujeres y hombres.
"(Segundo párrafo)
Para ello, deberá presentar, previo acuerdo con los interlocutores sociales, un Proyecto de Ley para garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres de forma real y efectiva,... (resto igual)."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres, ha acordado lo siguiente:
"El Congreso de los Diputados, ante el estancamiento en la corrección de la brecha salarial entre mujeres y hombres, la manifestación más clara de la desigualdad de la mujer en el mercado laboral, tanto en el acceso, condiciones laborales, promoción, formación y participación en los órganos y cargos de responsabilidad y de dirección, así como en la asunción del trabajo de cuidado, insta al Gobierno a dar cumplimiento de forma inmediata a la Moción presentada por el Grupo Socialista y aprobada de forma unánime por el Pleno de esta Cámara el 21 de febrero de 2017.
Para ello, deberá presentar, previo acuerdo con los interlocutores sociales, un Proyecto de Ley para garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres de forma real y efectiva, para cumplir el imperativo constitucional de remover los obstáculos que lo impiden, así como para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y al derecho a la igualdad de retribución por el desempeño de un trabajo de igual valor, recogido en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, con objetivos concretos y especial atención a las discriminaciones indirectas.
a) Se establecerán medidas para que todas las empresas tengan un registro donde consten de manera desagregada los salarios y complementos salariales, ya sean en dinero o en especie, que perciban las personas trabajadoras, con indicación de su sexo y categoría profesional y se mejorarán los sistemas de información, con inclusión de mecanismos homologables internacionalmente, al objeto de detectar los focos de discriminación.
b) Se atribuirán a las personas trabajadoras y a sus representantes derechos de información desglosada por género de la retribución aplicada en la empresa:
- Incorporando a la normativa vigente medidas que garanticen que las empresas informen periódicamente a las trabajadoras y trabajadores, a sus representantes y a los interlocutores sociales de la remuneración media por categoría de trabajador o puesto, desglosada por sexos.
c) En las estadísticas oficiales, se desagregarán por sexo, edad, nivel educativo y ocupación todas las encuestas y registros que analizan el mercado de trabajo, así como los sistemas de protección social, incorporando a las mismas indicadores sobre transparencia salarial.
d) Se incorporará al ordenamiento español (normativa laboral y funcionarial) el concepto de igual retribución por trabajo de igual valor, en el sentido establecido en la Recomendación de la Comisión Europea de 2014.
e) Se establecerá la obligatoriedad de las auditorías salariales en las empresas de más de 250 personas trabajadoras en los términos establecidos en la Recomendación de la Comisión Europea de 2014.
f) Se establecerán mecanismos para asegurar el adecuado control de los convenios colectivos a efectos de que no contengan cláusulas discriminatorias por razón de género, particularmente en relación con la incorrecta valoración de puestos de trabajo.
g) Se reforzarán los sujetos con capacidad y legitimación para la presentación de demandas por discriminación indirecta (particularmente retributiva) por medio de las oportunas modificaciones en la normativa procesal laboral y funcionarial.
h) Se introducirán garantías específicas en el proceso de tutela de derechos fundamentales a efectos de que los sujetos con relevancia pública y/o institucional (Inspección de Trabajo, Autoridad Laboral, Instituto/s de la Mujer, Asociaciones en defensa de la mujer, ...) tengan mayor participación en la tutela de las actuaciones que constituyen discriminación retributiva.
i) Se promoverá una mayor participación efectiva de las mujeres en los órganos de representación de las personas trabajadoras a efectos de promover la igualdad retributiva en la negociación colectiva y su aplicación a nivel de empresa.
j) Se configurarán de mecanismos específicos, tales como potenciar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para la detección y sanción de la discriminación indirecta, dado que esta naturaleza tiene la incorrecta valoración de puestos de trabajo.
k) Se mejorarán y ampliarán las estadísticas de género incorporando indicadores sobre transparencia salarial, así como el sistema de cuentas nacionales a efectos de que conste el trabajo doméstico y de cuidado.
l) Se adoptarán todas las medidas necesarias para acometer reformas de la normativa laboral y de funcionariado para favorecer la corresponsabilidad y la permanencia de las mujeres en el trabajo, dado que la vertiente del cuidado es la que mayor repercusión tiene en la desigualdad retributiva, de modo que el disfrute y ejercicio de los derechos relacionados con las responsabilidades familiares no suponga discriminación, ni directa ni indirecta, en materia retributiva, indemnizatoria o respecto a cualquier otra condición de trabajo.
Así mismo el diálogo social debe reforzar la implicación de los interlocutores sociales en el desarrollo de estas medidas y, con carácter general, como agentes de la igualdad retributiva.
ll) Se adoptarán todas las medidas necesarias para acometer reformas de la normativa laboral y de funcionariado a efectos de identificar aquellos preceptos que ignoran o que no tienen en cuenta los efectos, directos o indirectos, que pudieran tener en materia de discriminación retributiva, por ejemplo en materia de gestión del tiempo de trabajo, de evaluación del trabajo, condiciones de traslado, condiciones de despido, etc.
m) Se adoptarán medidas relativas a la consecución del aumento de la tasa de actividad de las mujeres, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, con un calendario de implantación, la racionalización de horarios y la financiación de una red de servicios sociales para la atención de las personas dependientes, con especial atención a la educación de 0 a 3 años, ruptura del techo de cristal y garantía de acceso a los servicios de todas las mujeres, con independencia del medio rural o urbano en el que habiten. Así como todas aquellas relativas a la trasparencia en las empresas y en las estadísticas oficiales.
n) Se establecerá la obligación de depositar ante la autoridad laboral todos los planes de igualdad, cuando no exista obligación de su inscripción en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo."
173/000076
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los planes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en materia de agua, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sobre la convocatoria de una Mesa Nacional del Agua.
España, en una gran parte, es un país especialmente afectado por el fenómeno de la sequía, pues durante el período 1880-2000 más de la mitad de los años se han calificado como de secos o muy secos. La problemática hídrica se ve agravada por los escenarios previsibles del cambio climático (afectando a la aportación natural al ciclo hidrológico y su distribución espacio-temporal). Sin embargo, el debate público en torno a la política hidráulica de nuestro país es actualmente en España parcial y circunstancial.
Los expertos en la problemática del cambio climático prevén una disminución en España durante los próximos años (2011-2040) de dos variables muy importantes del ciclo: la aportación de agua en régimen natural (precipitaciones), que se reduciría en un 5 %; y del agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno (escorrentía), que lo haría en un 8 %. De ahí en adelante, la disminución sería aún más acusada: 2041-2070, -9 % y -16 %, respectivamente; 2071-2100, -17 % y -26 %.
La Base de Datos Internacional sobre Desastres gestionada por la Universidad de Lovaina nos ofrece unas estimaciones de coste directo de pasados episodios de sequía en España que pueden servirnos de referencia a qué nos enfrentamos a futuro. En dólares constantes de 2002, la sequía de 1980-82 costó 5.100 millones, la de 1990-95, 5.900 millones y la de 1998-1999, 3.550 millones. Estos costes directos que deben achacarse a una mala gestión del agua unida a los sobrecostes en inversiones mal planificadas supone una factura cercana a los 19.000 millones de euros.
Por tanto, es preciso situar la preocupación por el futuro del agua en el centro de la agenda política y de las administraciones públicas e involucrar en el debate a la sociedad civil, a las organizaciones sectoriales y profesionales concernidas. El instrumento idóneo para ello es la elaboración de un nuevo Plan Hidrológico Nacional de 2001 en el que participarían no sólo las diferentes Administraciones públicas, sino también la sociedad civil a través de un amplio proceso de participación social.
Nuestro país no contó con el consenso deseable en la aprobación de la primera ley de aguas del PSOE en 1985. No hubo consenso en el Plan Hidrológico Nacional del PP en 2001 que el PSOE derogó parcialmente en 2005. No hubo consenso en torno al Plan de desalinización de 2004. La falta de un gran consenso pone en riesgo los esfuerzos en adaptación, planificación y la ejecución de las inversiones importantes que España precisa.
Las inversiones españolas en infraestructuras hídricas son las más bajas de Europa. De 2007 a 2016, los PGE han recortado en un 90 %, hasta 346 millones de euros, el presupuesto para licitar obras hidráulicas nuevas, mientras que el dinero público dedicado al mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas existentes ha caído otro 42 %, hasta 611 millones. A esto se debe unir la práctica habitual de ejecutar un porcentaje pequeño de la inversión presupuestada.
Algunos informes calculan que España tiene que invertir 12.013 millones de euros hasta 2021 para acometer un total de 510 actuaciones urgentes en infraestructuras del agua. En particular, el envejecimiento de muchas infraestructuras repercute negativamente sobre la eficiencia en el uso del agua. Según la última encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua del INE, en 2014 se suministraron 3.214 hm3
de agua a través de las redes de abastecimiento, y se contabilizaron 1.058 hm3 de agua no registrada. Esto significa que se pierde un tercio del total de agua suministrada.
En cuanto a la mejoras en la calidad de aguas también hay importantes mejoras que acometer y financiar. La Unión Europea ha instado varios procedimientos de infracción, evaluando en 3.000 millones de Euros la inversión necesaria en nuestro país para acometer la infraestructura de saneamiento y depuración que ayude a corregir los problemas existentes. Del agua residual tratada el porcentaje de reutilización en España es del 8,8 %, variando mucho entre CCAA. En Israel el 91 % del agua residual se reutiliza.
En el punto 28 del acuerdo de investidura de "150 medidas para mejorar España" pone: "Apostamos por un proceso de negociación y adopción de un Pacto Nacional del Agua." Actualmente tenemos aprobados los Planes hidrológicos de cuenca que la Directiva Marco del Agua exigía para 2009. Ahora lo que falta es alcanzar un gran Pacto Nacional del Agua, y la actualización del Plan Hidrológico Nacional. La configuración de un marco regulatorio nacional que recoja la cooperación entre cuencas para que éstas gestionen el agua de manera eficiente y responsable debería ser ya una realidad, pero no a día de hoy es una promesa incumplida más.
C's reclama un gran Pacto Nacional que ponga en marcha la reforma del Plan Hidrológico Nacional y asegure las inversiones y las actuaciones hidrológicas que España necesita a medio (2030) y largo plazo (2050).
"Teniendo presente lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Convocar una Mesa Nacional del Agua en la que estén representados los partidos políticos, las administraciones públicas con competencias de gestión de recursos hídricos y los representantes del sector para alcanzar un Pacto Nacional del Agua que se materialice en un nuevo Plan Hidrológico Nacional."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la convocatoria de una Mesa Nacional del Agua.
Sustituir el término:
"Pacto Nacional del Agua."
"Acuerdo Social por el Agua."
En aras de una búsqueda de consenso en cuanto a términos que no despierten animadversión por las experiencias anteriores.
Añadir, al listado de entidades representadas en la Mesa Nacional del Agua, el siguiente texto:
"Movimientos sociales en defensa de los colectivos afectados y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos."
Como propuesta de síntesis sobre el relato que se hace en la Moción sobre la falta de consenso social y político en el tema, así como el enfrentamiento entre territorios y colectivos.
De adición de un nuevo punto, con el siguiente texto:
"Asumir como Marco del Acuerdo Social el contenido de la Directiva Marco del Agua, con su objetivo central de conservar y recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua, incluidos, deltas, estuarios y ecosistemas costeros, en la perspectiva de cambio climático vigente; y la Resolución de la Asamblea General de NNUU reconociendo el derecho humano al agua potable y al saneamiento."
Como complemento indispensable a la hora de abordar la materia, ya que es requisito de la propia Directiva Marco tanto el que haya un Plan como que éste esté en dicho contexto. El texto forma parte del objeto de la Directiva.
El primer reconocimiento explícito del derecho humano al agua y al saneamiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas se realizó el 28 de julio de 2010, y se ha venido reafirmando desde entonces.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Jorge Luis Bail, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don lgnasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los planes de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre los planes de su Ministerio en materia de agua.
2. Eliminar la tasa de 120 euros anuales por hectárea impuesta por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017 sobre la aprobación de las nuevas tarifas para aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura."
La tasa impuesta por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017, sin precedente en los 38 años de funcionamiento del acueducto, ha generado un coste inasumible para regantes de la zona, que se ven obligados a pagar la tasa aunque no puedan recibir agua como consecuencia de la sequía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los planes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en materia de agua.
1. Seguir trabajando, con todas las administraciones, grupos políticos y usuarios, en un Pacto Nacional por el Agua para garantizar la plena disponibilidad de los recursos hídricos en todo el territorio y para todos los ciudadanos. Un Pacto Nacional por el Agua que garantice así mismo, un uso eficaz, solidario, sostenible e integrado de los diferentes recursos hídricos existentes en España, basado en criterios eminentemente técnicos que permitan:
- El cumplimiento de los objetivos ambientales, teniendo en cuenta la variable del cambio climático.
- La atención de las demandas en las cuencas más deficitarias.
- El cumplimiento de los compromisos políticos y jurídicos asumidos con la Unión Europea.
- La necesaria estabilidad económica-financiera para el sistema español del agua.
2. Impulsar, en su caso, la modificación del Plan Hidrológico Nacional que recoja los acuerdos alcanzados que por su ámbito lo requieran."