Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/circular-externa-35-de-1998?documento=legcol&contexto=legcol_759920418087f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-21 05:44:02
Document Index: 304172802

Matched Legal Cases: ['artículo 222', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 241', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 884', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2']

﻿ CIRCULAR EXTERNA 35 DE 1998
CIRCULAR EXTERNA 35 DE 19 DE MAYO DE 1998
CONTENIDO:INSTRUCCIONES DE LA SUPERBANCARIA PARA REPRESENTANTES LEGALES Y REVISORES FISCALES DE LAS ENTIDADES VIGILADAS SOBRE LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO.
CIRCULAR EXTERNA 35 DE 1998
Ref.: Ajuste Circular Externa 007 de 1996 - Requisitos de tarjetas de crédito.
Esta superintendencia consciente de que las entidades financieras disponen de mecanismos suficientes para evaluar los riesgos de los créditos que otorguen a través del sistema de tarjetas de crédito, ha decidido simplificar dichos requisitos.
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y modifica las páginas 13 y 14 del título II, Capítulo Primero de la Circular Externa 007 de 1996, las cuales se adjuntan.
2.5. Desviación de recursos de créditos de fomento.
Existen casos en que los usuarios del crédito de fomento no cumplen con los planes de inversión, dando una destinación diferente a aquélla para la cual fueron concedidos. En este sentido, la ley es muy clara en cuanto a la obligación de ejercer un riguroso control de las inversiones por parte de las entidades prestamistas, como lo consagra el artículo 222 del estatuto orgánico del sistema financiero.
Además, tal como lo prevén los artículos 23 de la Ley 5ª de 1973 y 27 del Decreto 1562 citados, es obligación de las entidades prestamistas que participan de mecanismo de crédito para fomento agropecuario, declarar vencidas las obligaciones cuando se compruebe una destinación diferente a aquellas para la cual fueron concedidos los préstamos o en cualquier otra forma hayan incumplido los respectivo, contratos.
Aparte de las mencionadas disposiciones, existe en la ley la facultad otorgada a Finagro, como administrador del Fondo Financiero Agropecuario, artículo 2º del Decreto Reglamentarlo 1562 de 1973, por el de: “Cargar a la cuenta de las entidades prestamistas las sumas correspondientes a los saldos insolutos de las operaciones de crédito redescontadas dentro de dicho fondo, cuando compruebe que el beneficiario T final del crédito o el intermediario financiero, han incumplido los contratos de préstamo o las demás obligaciones que se adquieran por virtud de la ley.
Por otra parte corresponde a la Superintendencia Bancaria y a la dirección del fondo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 16 de 1990 la inspección y vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones allí indicadas.
2.6. Exigencia de reciprocidad en el otorgamiento de créditos de fomento.
Es importante anotar que en el trámite de los créditos de fomento no resulta legalmente admisible que los establecimientos de crédito efectúen exigencias a los usuarios, distintas de las contempladas en la ley o en normas reglamentarias, como son las reciprocidades consistentes en el mantenimiento de determinados promedios en cuentas corrientes, la constitución de depósitos a término y otras análogas.
Tales prácticas derivan en una desviación de los recursos del crédito, pues se obliga a los usuarios del mismo a constituir “depósitos a término” con estos recursos o simplemente aceptarlos, cuando exista la certeza de su procedencia por haberse actuado como intermediario financiero. Otros ejemplos de desviación lo constituyen la apertura de “cuenta especial”, “cuenta de ahorros” o el traslado a “abonos diferidos” en similares circunstancias.
Al respecto, es necesario recordar la prohibición de estas prácticas, como quiera que hacen más gravosos los créditos concedidos y, en algunos casos pueden dar lugar a que se les exija a los beneficiarios la realización de hechos que configuran la comisión del delito de aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado, contemplado en el artículo 241 del Código Penal.
3. Operaciones con tarjeta de crédito.
En las operaciones activas de crédito que realizan los establecimientos de crédito a través del sistema de tarjetas de crédito deberán observarse para el estudio del crédito las siguientes reglas:
3.1. Estudio de crédito
Las entidades autorizadas podrán ofrecer libremente el contrato de apertura de crédito, mediante el sistema de tarjeta, para lo cual y con el objeto de asegurar un adecuado análisis del riesgo en la celebración de este tipo de contratos, deberán efectuar el correspondiente estudio de crédito, manteniendo como mínimo la exigencia de los siguientes requisitos:
a) Declaración del impuesto de renta y complementarios para aquellas personas que de acuerdo con la ley se encuentren obligadas a declarar;
b) Para los asalariados no declarantes el certificado de ingresos y retenciones;
c) Para las personas que no son asalariados pero que de acuerdo con su condición patrimonial no se encuentren obligados a declarar no podrá exigírseles la presentación de declaración alguna, y
d) Además de los anteriores requisitos, los establecimientos de crédito podrán solicitar los demás documentos que a su juicio permitan establecer la solvencia económica de los potenciales deudores, con el fin de determinar la capacidad de pago del solicitante y toda aquella información que contribuya a efectuar “el conocimiento del cliente”.
La documentación de que trata este numeral deberá ser conservada por el establecimiento de crédito en el respectivo expediente de cada usuario.
3.2. Cupos de crédito
Los cupos de crédito deben otorgarse con sujeción a la política de crédito de cada establecimiento. Dicha política en materia de cupos para tarjetas de crédito, deberá formularse por escrito por el órgano competente y ser de amplia difusión en cada entidad.
3.3. Limitación de los cupos
Como quiera que la legislación financiera contempla de manera expresa los límites de endeudamiento de una persona natural o jurídica frente a los establecimientos de crédito, estas entidades deberán abstenerse de establecer cupos ilimitados de crédito en las operaciones arriba mencionadas, toda vez que dicho proceder resulta violatorio de las disposiciones contenidas en los Decretos 2360 y 2653 de 1993 y demás normas que los modifiquen o adicionen en la medida en que la apertura de crédito es una operación activa según las voces del artículo 6º ibídem.
Por tal virtud, no podrá anunciarse la expedición de tarjetas sin sujeción a cupo alguno y en cada extracto deberá aparecer el cupo asignado por beneficiario, precisando el monto por utilizar.
3.4. Aumento de los cupos
Todo aumento de los cupos deberá corresponder a un previo estudio de la capacidad de endeudamiento de cada tarjetahabiente, salvo cuando, entratándose de tarjetas activas, el cupo se modifique hasta en un porcentaje equivalente al incremento en el nivel general de precios al consumidor correspondiente al año anterior.
a. Tasas de interés. Alcances
De conformidad con los previsto en el artículo 4º. de la Resolución 19 de 1988 emanada de la Junta Monetaria, —hoy Junta Directiva del Banco de la República— el concepto de tasa de interés efectiva comprende, también, la totalidad de los costos financieros a cargo del deudor —cualquiera que sea su denominación— vinculados al préstamo o relacionados con él.
Únicamente quedan exceptuados los que se refieren a la cuota de manejo y a la prima de seguro, en tanto el cobro de estos rubros obedezca inequívocamente a costos de índole no financiera que, por lo mismo, merecen un tratamiento excepcional .
La tasa de interés efectiva que conforme a los contratos celebrados cobren los establecimientos de crédito se encuentra limitada por las previsiones legales contenidas en el artículo 884 del Código de Comercio, cuyos alcances fueron comentados por esta Superintendencia en el literal f) del numeral 1.1.1 del presente capítulo.
Desde luego que, para su determinación, habrá de estarse a lo previsto en el punto anterior a fin de que los costos financieros del crédito —expresados bajo cualquier denominación que quiera dárseles— no superen las tasas legalmente permitidas.
c. Generalidad
Las condiciones de financiación que una entidad determinada ofrezca al público deben ser de tal manera generales que el acceso al crédito por parte de cualquier usuario se haga en pie de igualdad. Así lo establece expresamente el artículo 1º de la Resolución 19 de 1988 emanada de la junta monetaria, —hoy Junta Directiva del Banco de la República—.
Es entendido que la tasa efectiva que es posible convenir con arreglo a lo dispuesto anteriormente puede ser la misma, así el plazo de financiación sea diferente.
d. Inmodificabilidad
Durante el plazo del crédito la tasa de interés efectiva debe permanecer inalterada, según las voces del artículo 2º ibídem En consecuencia, los establecimientos de crédito, no podrán efectuar cobros adicionales ni hacer modificaciones en la forma de pago, que conduzcan a variar la tasa de interés efectiva que haya sido prevista al tiempo de cada utilización.
Por virtud de lo dispuesto en materia de información de tasas de interés, en el artículo 2º, ibídem, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
f. Extractos
Además de la información que los emisores de tarjetas de crédito tradicionalmente suministran en los extractos de cuenta periódicos, deberán incluir en ellos la relativa a la tasa de interés efectiva que se cobra al usuario, para cada utilización.