Source: http://anacristinabrachov.blogspot.com/2013/04/
Timestamp: 2017-12-16 05:12:35
Document Index: 298389455

Matched Legal Cases: ['artículo 285', 'artículo 296', 'Artículo 296', 'Artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 144']

De eso no se habla: abril 2013
Conversación para no ser oída.
Me mudo a una ciudad que no conozco,
Que tiene una postal al borde de un río
Que tiene un autobús rojo y de dos pisos,
Que tiene una plaza donde pasar el frío.
Me mudo a un mundo que no conozco,
Que habla un idioma que balbuceo
Me caso porque dicen que tengo que tener marido
Y pongo mis ovarios a disposición,
-te dan más puntos si tienes hijos-
Me mudo porque he vivido
Con el derecho de gritar
Que vivo en dictadura,
De pegar carteles que lo afirman,
De ver mis mujeres desnudas favoritas
Gritar que la cultura inculta se multiplica.
Me mudo de un país que no conozco,
Que tiene postales de pájaros y caídas
Que tiene autobuses en los que no subo
Que tiene Plazas que no visito
Que tiene un río que me molesta,
Que no tiene bandera sino pañuelos.
Me mudo de un país que martirizo,
De una nacionalidad que detesto
De un moreno que no se lava
De una salsa que no se calla.
Me mudo del país de las licencias
De tener arrecheras y divisas
De los dos viajes por año y el colegio caro,
Me mudo del mundo del domingo a misa.
Me mudo de mi familia que tiene
Un gen distorsionado que produjo dos chavistas
Al borde donde se sostienen los encartados
Donde hice clic por el pasaporte y la licencia
Que sirven en el mundo que no conozco donde hay carros
Donde hay casas pero no hay trabajo,
Ni sol, ni risa.
Publicado por Ana Cristina Bracho en 9:23 No hay comentarios:
Lecturas Jurídicas de los ataques a los Centros de Salud en Venezuela.
En las horas siguientes a las Elecciones Presidenciales en Venezuela se desató un capítulo de violencia dirigido a la destrucción de centros de salud, cuya forma dentro de la estructura del sistema de nacional es la de Centros de Diagnostico Integral, que, a efectos generales, en nada difieren del concepto más general de hospitales.
Un hospital, en su primera definición de la Real Academia Española es un “establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde se practican también la investigación y la enseñanza”. Estos centros de salud, son figuras protegidas por el derecho en tanto constituyen un servicio público fundamental. Su protección es tal, que todo el derecho humanitario viene a establecer excepciones a la capacidad de combatir y destruir, incluso equiparando los hospitales militares a los civiles por la vulnerabilidad de quiénes allí se encuentran.
En consecuencia, la protección jurídica de los CDI es en primer término la de los hospitales, en el derecho nacional y en el derecho internacional, en éste orden, pues el derecho internacional siempre es supletorio de la norma interna, y más aún, dada la naturaleza de las normas del derecho de protección de los centros de salud.
En virtud de esto hay que determinar quése protege y en éste sentido veremos que el derecho a la salud es un derecho humano constitucional y universal que ha sido ubicado dentro de los derechos económicos, sociales y que luego fue reconocido como parte de las obligaciones que se desprenden del derecho a la vida.
Por ello, el derecho a la salud se encuentra entre los derechos de alcance progresivo y un atentado contra la infraestructura de salud significa una mayor dificultad para garantizarlo y se constituye de manera directa, en un atentado contra los derechos humanos.
Esto sin contar el riesgo desproporcionado en el que queda la vida y la salud de las personas que en concreto se encuentran haciendo uso en el momento de la agresión del centro de salud. Por ejemplo, personas que dependen de mantenerse conectadas a alguna máquina o bajo un tratamiento continuo, cuya capacidad de sobrevivir es mucho menor que la de cualquier persona en otro espacio y en otras condiciones, por ello, que independientemente de los tipos penales de lesiones y homicidios, ya sea a título de dolo directo, de dolo con consecuencias necesarias o en el caso, muy difícil de configurar por la naturaleza de la agresión, de culpa con representación.
Hechas estas consideraciones, cuando hemos de evaluar jurídicamente éstas acciones debemos partir por considerar que la Constitución ordena se investiguen, se enjuicien y se castiguen los actos que atenten contra los derechos humanos sin distinguir quién los comete, ni admitir justificación alguna.
La primera pregunta entonces gira en relación a la determinación de la naturaleza penal de los actos cometidos. Es una obviedad en el Derecho penal que un delito es una acción o una omisión, ya sea única o compleja, que posee tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad.
Con respecto a la tipicidad, que es la capacidad de la acción de entrar en una categoría establecida por una ley previa, escrita y estricta, veremos que las acciones han consistido en la destrucción de centros de salud.
Si en el Código Penal vigente tan sólo hay dos menciones a la categoría “hospital” y ninguna se corresponde con un tipo penal, la norma no se encuentra desprovista de tipos penales en los cuáles se atenta contra la salubridad, el bienestar nacional o la paz social.
Partamos en el estudio penal de la situación de los Centros de Diagnostico Integral, desde su inicio, hagamos mención del llamado del ciudadano Nelson Bocaranda.
El Código Penal venezolano, reformado en el año 2012 y cuya versión vigente se encuentra en la Gaceta Oficial, contiene el delito de instigación pública, con el cual se penaliza a quien llame a la desobediencia y ponga en peligro la tranquilidad pública, acto que, según el contenido del artículo 285 se le castigará con una pena que va de tres años a seis años.
De igual forma, contiene en el artículo 296-A., un tipo penal referido a las informaciones falsas dadas con la finalidad de producir incertidumbre pública, naturaleza del acto realizado por Bocaranda, debiendo considerarse que el delito consiste en causar pánico o llamar a otros a cometer delitos, sin que se exija que sea él quien de manera material cometa el delito o que en realidad éstos sean cometidos, sino en hacer uso de los medios de comunicación para llamar a actos que ponen en riesgo la paz social.
“Artículo 296-A. Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad será castigado con prisión de dos a cinco años.”
En concreto según lo reseñado por Aporrea.org, la defensa popular del Centro de Diagnostico Integral (CDI) del Sector Gallo Verde en la Urbanización La Paz logró impedir el acceso a ésta sede y que se dieran hechos que lamentar, lo que no ocurrió de igual manera en otras de las instalaciones de la Misión Médica Cubana.
“Reseñan las defensoras que desde las 10 de la mañana, comenzaron a recibir mensajitos amenazadores en sus celulares. Sin embargo, sería con el tuiter de Bocaranda que arrancaría el acoso y la provocación. “Al comienzo éramos poquitos- cuenta unan de ellas- y ellos como 100 personas, comandados por Jhony Cabrera, de UNT. Nos gritaban, nos insultaban, nos tomaban fotografías, pero después comenzó a llegar la gente a defendernos y el panorama cambió” y agregan; “presumimos que la información salió del propio CDI, del teléfono de unas opositoras que trabajan allí”. Esto debe ser investigado.
Luego ocurrió lo increíble, como si de la embajada cubana se tratara en el 2002, ese dirigente parroquial, les pidió, cerca de las 3 de la tarde y haciéndose pasar por representante del CNE, que le permitieran pasar a revisar el CDI para confirmar que no había urnas electorales en el centro. De inmediato se negaron, unas por conocimientos jurídicos, otras por puro sentido común. Posteriormente, al fallarles esta estrategia, decidieron suplantar identidades haciéndose pasar, dos de ellos, por representantes de los Derechos Humanos, pero sin querer dar sus nombre, ni mostrar credenciales, lo cual originó una nueva negativa por parte de las defensoras del CDI. Resulta increíble, pero es rigurosamente cierto. Lo contaron, detalle a detalle, Albany Sánchez, Zaida de Ferrer, Rosa Muñoz, Ma. Elena Lozada, Milagros Iriarte, Mayerling Contreras, integrantes de este ejercito de defensoras.
El acoso duró entre 8 y 9 horas: varios carros (uno de ellos con placa PAA346X) y motos, estuvieron apostados y merodeando constantemente alrededor del centro. Durante ese tiempo pidieron refuerzos y los obtuvieron. Durante ese tiempo no pararon el servicio, ni las consultas. Mientras tanto, el país leía con asombro el tuiter de Bocaranda y se aprestaba presenciar, de manera dolorosa, el acoso que estos sufrían nivel nacional, así como otros entes oficiales, junto a la quema de vehículo y lo peor: el asesinato de 7 personas, todas chavistas, muchas de ellas defendiendo los CDI.”[1]
Fuera de nuestra geografía nacional se encuentran ejemplos de cómo medios de comunicación hicieron uso de su poder de difusión y convencimiento en contra de su pueblo y han sido castigados por instancias internacionales por ello, nos referimos en específico a los actos cometidos por la Radio y Televisión Las Mil Colinas en el marco del Genocidio de Ruanda.
“RTLM fue fundada en 1993. Desde su inicio compartía una posición en contra de las conversaciones de paz entre el presidente Juvenal Habyarimana, cuya familia sostuvo la estación de radio, y el Frente Patriótico Ruandés. Logró aumentar su audiencia transmitiendo música moderna, lo que hizo que tuviera gran arraigo dentro de la población más joven, de donde surgiría la célula que dio origen al Interahamwe
El 3 de diciembre de 2003, la corte halló culpables a los tres imputados. Nahimana y Ngeze fueron condenados a cadena perpetua y Barayagwiza a 35 años de prisión.”
La importancia de la decisión tomada por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda es sentar un precedente en el cual los hechos cometidos por los periodistas y los medios de comunicación saltan de la esfera de la aplicación del Código de Ética y los delitos más generales de la incitación al odio o la apología del delito hasta ser considerados, teniendo las pruebas necesarias y pudiendo haber originados las consecuencias del género, delitos de lesa humanidad.
Al leer que se constituyen en delitos de lesa humanidad amerita considerarse qué es un crimen de lesa humanidad, categoría sobre la cual la doctrina había construido bastante pero que hoy en día se define de manera pacífica en los términos en que lo entendió el Estatuto de Roma.
Artículo 7.Crímenes de lesa humanidad
Ahora bien, en el Estatuto de Roma el artículo octavo, b, IX tipifica de manera directa que “dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;” constituye un crimen, pero, de guerra. Norma que se encuentra en concordancia perfecta con el derecho de Ginebra en tanto, en situaciones de paz no es ni siquiera imaginado por el derecho internacional que actos de una naturaleza tan vil puedan ser cometidos.
Aquello nos lleva necesariamente a considerar si dos actos, relacionados pero independientes, el llamado del ciudadano Bocaranda y la efectiva toma y destrucción de los Centros de Diagnostico Integral podrían ser castigados en la República Bolivariana de Venezuela como un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra.
A nivel constitucional la respuesta es inequívoca, el artículo 29 sostiene que todo crimen de lesa humanidad, violación de los derechos humanos o crímenes de guerra serán castigados y por encima de cualquier delito, tienen la cualidad de ser imprescriptibles. Es decir, que el tiempo no agotará la posibilidad para el Estado de perseguirlos.
En específico, de acuerdo con los elementos probatorios que tengan las autoridades competentes, parece que lo sucedido se encuadra dentro de lo previsto en el artículo 144, en su primer aparte que considera a “los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando.”
Pero si en relación con el Código Penal observamos que las normas no se ajustan a los esquemas que nacen desde el derecho internacional hasta el derecho nacional, no significa que Venezuela no tenga un marco jurídico en su conjunto que le otorgue a éstos actos los nombres y los apellidos que han adquirido a nivel global, por ello, se encuentran igualmente, en concurso ideal, contenidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, dictada en el 2012.
En consecuencia, se observa que los ataques contra los Centros de Diagnostico Integral constituyen unas entidades jurídicas determinadas como delitos, en las cuales la investigación habrá de recoger los elementos suficientes para desvirtuar las presunciones constitucionales individuales de cada uno de los implicados y cada una de las implicadas, que ha de pensarse en medida de lo posible de adaptar nuestra legislación a los Tratados suscritos pero que existe con qué hacer justicia, y este es tan sólo uno de los capítulos de los varios en los que se desplegó la acción fascista.
[1] Uno de ellos el “denunciado” por Bocaranda. Crónica del asedio a dos CDI en Maracaibo. http://www.aporrea.org/actualidad/n227117.html
Publicado por Ana Cristina Bracho en 7:53 No hay comentarios:
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