Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2015-00051-de-junio-7-de-2016-unificacion?documento=jurcol&contexto=jurcol_b71b27096fe6459d9cd952d4a82661da&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-12 08:19:24
Document Index: 257443551

Matched Legal Cases: ['artículo 288', 'artículo 29', 'artículo 179', 'artículo 275', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 179', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 179', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 179', 'artículo 32', 'artículo 29', 'artículo 288', 'artículo 275', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 38', 'artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 38', 'artículo 13', 'artículo 40', 'artículo 37', 'artículo 31', 'artículo 270']

CONTENIDO:MIENTRAS QUE DURE EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR VOTO POPULAR, ESTOS NO PUEDEN BUSCAR FAVOR DEL ELECTORADO PARA ACCEDER A OTROS CARGOS DE MAYOR JERARQUÍA. SI BIEN ES CIERTO EL ELEGIDO TIENE DERECHO A RENUNCIAR A UN CARGO QUE HA OBTENIDO POR MANDATO POPULAR, ESE MISMO MANDATO, LE IMPONE QUE, MIENTRAS DURE EL PERÍODO PARA EL CUAL FUE ELECTO, NO PUEDE BUSCAR EL FAVOR DEL ELECTORADO PARA ACCEDER A OTROS CARGOS DE MAYOR JERARQUÍA EN LA ESTRUCTURA ESTATAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, EMPLEOS DE ELECCIÓN POPULAR, ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, ELECCIÓN POPULAR A NIVEL NACIONAL, ELECCIÓN POPULAR A NIVEL TERRITORIAL, IMPOSICIÓN AL ELEGIDO POR VOTO POPULAR, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, ELECCIÓN POPULAR, CLASES DE ELECCIÓN POPULAR, CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, EFECTOS DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, CORPORACIÓN PÚBLICA DE ELECCIÓN POPULAR, CANDIDATO A LA CORPORACIÓN PÚBLICA DE ELECCIÓN POPULAR, VOTO POPULAR, ELECCIÓN POR VOTO POPULAR
“1. Declarar la NULIDAD del acto administrativo contenido en el formulario E-26 expedido el 6 de noviembre de 2015 por los miembros de la comisión escrutadora departamental de la Guajira, a través de la cual se declaró elegida a la señora ONEIDA RAYETH PINTO PÉREZ identificada con la (…) gobernadora del Departamento de la Guajira para el período constitucional 2016-2019, avalada por el partido cambio radical.
2. Como consecuencia y de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 288 del CPACA, decretar la cancelación de la respectiva credencial.
Manifestó que aunque el demandante fundamento su solicitud, entre otros, en la aclaración del voto presentada por el magistrado Alberto Yepes Barreiro a la sentencia de 21 de febrero de 2013 proferida en el radicado 13001-23-31-000-2012-00025-01 CP. Mauricio Torres Cuervo, lo cierto es que la Sección Quinta no ha proferido un pronunciamiento contrario que permita afirmar que el régimen de inhabilidades contemplado en el la Ley 617 de 2000 no fue modificado por la Ley 1475 de 2011 y su respectivo fallo de constitucionalidad.
Señaló que si bien la Corte modificó el entendimiento del parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 en la Sentencia C-490 de 2011, lo cierto es que en dicha providencia también se determinó que dicha hermenéutica “no hacia desaparecer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos en la ley y la Constitución para los cargos de elección popular de las entidades territoriales”.
Pese a lo anterior, señaló que dicho panorama cambio cuando se expidió la Ley 1475 de 2011 junto con la Sentencia C-490 de 2011 que ejerció control automático sobre dicha normativa, ya que en ellas -ley y sentencia- se estableció que ningún tiempo de inhabilidad podría ser superior al establecido para los Congresistas en el artículo 179 Constitucional.
- Copia del formulario E-6 a través del cual la demandada se inscribió como candidata a la gobernación. (Fls.252-253)
- Copia del formulario E-26 AL en la que consta la elección de la alcaldesa del municipio de Albania (Guajira) para el periodo 2012-2015. (Fl. 174 a 175 del Cuaderno Anexo)
- Copia del Decreto 169 de 2014 “por medio del cual se acepta la renuncia a un alcalde municipal y se hace un encargo” (Fl. 254-255)
- Que la demandada fue elegida como gobernadora de La Guajira para el periodo 2016-2019.
- Que la señora Pinto Pérez fue elegida como alcaldesa del municipio de Albania para el período 2012-2015.
- Que la demandada ocupó el cargo de alcaldesa hasta el 21 de julio de 2014, fecha en la que le fue aceptada la renuncia presentada.
Corresponde a la Sala determinar, atendiendo a la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial sí:
Recuérdese que la demanda que ocupa la atención de la Sala se sustenta en la causal contemplada en el numeral 5º del artículo 275 del CPACA habida cuenta que específicamente se acusa a la demandada de violar el régimen de inhabilidades, toda vez que, la renuncia al cargo de alcaldesa se presentó por fuera del término que al efecto establece el numeral 7º del artículo 38 y el artículo 39 de la Ley 617 de 2000 -incompatibilidad que se tornó en inhabilidad-.
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido”. (Negrillas propias de la Sala).
“ART. 39.—Duración de las incompatibilidades del alcalde municipal distrital. Las incompatibilidades de los alcaldes municipales y distritales a que se refieren los numerales 1º y 4º, tendrán vigencia durante el período constitucional y hasta doce (12) meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia. En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el numeral 7 tal término será de veinticuatro (24) meses en la respectiva circunscripción”. (Negrillas propias de la Sala).
De conformidad con las anteriores disposiciones —originales de la Ley 617 de 2000—, y la jurisprudencia de esta Sección, los alcaldes no pueden, mientras ostenten tal calidad, ni 24 meses después, inscribirse como candidatos para ocupar otro cargo de elección popular en la misma circunscripción electoral.
En ese sentido, el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000, señala que el alcalde no podrá inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular mientras detente tal dignidad. Y, en aplicación del artículo 39 —versión original—, tampoco podría hacerlo dentro de los 24 meses siguientes, en la respectiva circuscripción.
De estos preceptos, tradicionalmente, se han derivado dos extremos a partir de los cuales se impone su análisis y comprensión. El primero —extremo temporal inicial— se refiere al momento a partir del cual se dejó de detentar la calidad de alcalde, lo que puede ocurrir, por ejemplo, con el vencimiento del periodo o la renuncia al cargo(9). El segundo —extremo temporal final—, la fecha de la nueva incripción del candidato ya que, ciertamente, lo que contiene la norma es una prohibición para inscribirse.
De esta manera, si entre un extremo temporal y otro, en tratandose de cargos dentro de la misma circunscripción electoral -como es el caso que nos ocupa-, transcurrieron más de 24 meses(10), la nueva elección no estará afectada por el desconocimiento de los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000. Sin embargo, si el lapso fuese inferior, la nueva elección tendrá un vicio de legalidad ya que el candidato que resultó elegido está inmerso en una inhabilidad.
Este inciso fue declarado exequible bajo la interpretación restrictiva(11) según la cual se debe entender o circunscribir sólo a la inhabilidad establecida en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución para los congresistas, es decir, la referida al ejercicio de autoridad o jurisdicción política, civil, administrativa o militar dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección.
“… el término de comparación que prescribe el inciso final del citado parágrafo no puede aplicarse de manera plena, en razón a que no todas las causales de inhabilidad establecidas en la Constitución para los congresistas se pueden predicar en general de todos los servidores públicos de elección popular, pues en su mayoría no aplican en el nivel territorial y el mandato legal no puede desconocer la facultad conferida por el constituyente al legislador para establecer distintos regímenes de inhabilidades en el acceso a cargos de elección popular distintos a los de los senadores y representantes, para quienes el constituyente consagró un estatuto especial y unas prohibiciones específicas”
La jurisprudencia constitucional ha señalado que las sentencias interpretativas que dicta la Corte en ejercicio de su función de guardiana y máxima intérprete de la Constitución tienen como fundamento i) el principio pro libertate, según el cual, si una norma admite varias interpretaciones debe privilegiarse aquella que garantice de la manera más amplia la libertad o el derecho en cuestión, y ii) el principio de conservación del derecho, que obliga al juez constitucional a buscar en lo posible, salvar los textos legales sometidos a su control y sólo excluir aquellos que no admitan interpretaciones conforme a la Constitución, esto, como una clara deferencia al principio democrático(12).
“…En caso de tratarse de un fallo de exequibilidad, no le sería dable al juez recurrir a la excepción de inconstitucionalidad, en tanto que si se está ante una declaratoria de constitucionalidad condicionada, igualmente le está vedado a cualquier juez acordarle una interpretación distinta a la norma legal que ha sido sometida al control de la Corte, siendo vinculante en estos casos tanto el decisum como la ratio decidendi”. (Resaltado fuera de texto).
Ahora, pese a que el Tribunal Constitucional condicionó la constitucionalidad del precepto que tuvo oportunidad de analizar, contenido en el último de los parágrafos del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, respecto de lo cual hay absoluta certeza, lo cierto es que evidentemenete se generaron muchas dudas sobre su alcance ya que surgieron diversas controversias en relación con lo que la Corte había querido decir, tal y como lo evidencia esta primera providencia que se dictó sobre el particular.
Y, en segundo lugar, porque se consideró que la modulación efectuada por la Corte Constitucional sobre el inciso 3º del parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 1475 de 14 de julio de 2011, mediante Sentencia C-490 de 23 de junio de 2011 según la cual “…el régimen de inhabilidades para los servidores públicos de elección popular referido en el inciso final del parágrafo 3º, no será superior al establecido para los congresistas en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución Política”., debía entenderse del siguiente modo:
Para sustentar la anterior posición en la aclaración de voto se precisó que no era posible afirmar que el lapso 24 meses contemplado en el numeral 7º del artículo 31 y 32 de la Ley 617 de 2000 respecto a la incompatibilidad de Gobernadores se redujo a 12 meses, en aplicación del inciso 3º del parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 1475 de 14 de julio de 2011, toda vez que el legislador, en ejercicio de la cláusula general de competencia, fijó dicho plazo como razonable para garantizar los principios de transparencia, moralidad e igualdad en el correspondiente territorio, al determinar una incompatibilidad para quien ejerce -o ha ejercido- ese cargo, que no puede compararse con el régimen de los congresistas, pues éstos no están sometidos a esta restricción, en la medida en que pueden ser reelectos.
- La señora Perdomo Andrade fue Secretaria de Educación del Departamento del Huila, desde el 2 de enero de 2004 hasta el 1º de enero de 2006. Durante ese lapso, fungió como Gobernadora (E), por un día, el miércoles 30 de noviembre de 2005.
- El 8 de agosto de 2007, es decir, 20 meses y 8 días después de la cesación de sus funciones como Secretaria, se inscribió como candidata a la asamblea departamental del Huila y resultó electa como diputada de dicha Corporación.
Por lo anterior un ciudadano impetró demanda de pérdida de investidura contra la señora Perdomo Andrade y alegó, como única causal, la vulneración del régimen de inhabilidades e incompatibilidades definido en los artículos 31.7 y 32 de la Ley 617 de 2000, toda vez que la inscripción como candidata se llevó a cabo dentro de los 24 meses posteriores a su designación como gobernadora encargada.(20)
“REVOCAR el fallo proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, que negó la acción de tutela presentada por la señora Flora Perdomo Andrade contra la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos a la favorabilidad, la conformación, ejercicio y control político y a elegir y ser elegida, en cabeza de la ciudadana Flora Perdomo Andrade, solo por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En cualquier caso, cualquiera que fuera el extremo temporal que se utilizara para contabilizar la prohibición -inscripción o elección-, lo cierto es que la tutelante se encontraba por fuera de los 12 meses establecidos por el legislador del 2011, y por ende, no fue el extremo temporal el que llamó la atención del Tribunal Constitucional en su providencia, sino otros aspectos tales como: (i) la reducción del término de 24 a 12 meses y (ii) la aplicación del principio de favorabilidad en materia de pérdida de investidura.
“ART. 32.—Duración de las incompatibilidades de los gobernadores. Las incompatibilidades de los gobernadores a que se refieren los numerales 1 y 4 tendrán vigencia durante el período constitucional y hasta por doce (12) meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia. En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el numeral 7º tal término será de veinticuatro (24) meses en la respectiva circunscripción”. (Negrilla fuera de texto)
“Undécimo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 29 del Proyecto de Ley Estatutaria objeto de revisión, bajo el entendido que el régimen de inhabilidades para los servidores públicos de elección popular referido en el inciso final del parágrafo 3º, no será superior al establecido para los congresistas en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución Política”.[39]
Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 617 de 2000 y el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, en los términos en que fue condicionada su exequibilidad en la Sentencia C-490 de 2011, los gobernadores, así como quienes sean designados en su reemplazo, no podrán inscribirse como candidatos a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el período para el cual fueron elegidos y hasta doce (12) meses después del vencimiento del mismo. (Negrita fuera de texto)”
“Así las cosas, la prohibición dirigida al gobernador o a quien sea designado en su reemplazo —sin importar el título—, de inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular dentro de los doce (12) meses siguientes al vencimiento del período para el cual fue elegido o designado, pese a la impropiedad de los artículos 31 y 32 de la Ley 617 de 2000 que la reducen a una causal de incompatibilidad, materialmente, constituye una inhabilidad genérica para acceder a otros cargos o empleos públicos. En tal virtud, quien habiendo ejercido como gobernador, se inscriba como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular, como es el caso de la Asamblea Departamental, dentro de los doce (12) meses siguientes a la cesación de sus funciones, incurre en causal de inhabilidad para ser elegido diputado”. (Negritas y subrayas fuera de texto)
“En ese contexto, esta Corte advierte que, debido a la circunstancia antecedente de haber ejercido como gobernadora encargada del Departamento de Norte de Santander, es claro que Marina Lozano Ropero no podía inscribirse como candidata a la Asamblea Departamental en esa circunscripción territorial, ni mucho menos ser elegida diputada, pues desde que venció el período de encargo y hasta que formalizó su candidatura, tan solo habían trascurrido diez (10) meses y un (1) día, circunstancia que la inhabilitaba para aspirar a ese cargo público. Por consiguiente, puede afirmarse, sin hesitación alguna, que su elección como diputada estuvo precedida de una actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley, cuyo origen se retrotrae al acto de inscripción”. (Subrayas y negritas fuera de texto)
No obstante, pasaron tan sólo 10 meses entre su renuncia como gobernadora y su inscripción al cargo de diputada.
“En ese contexto, esta Corte advierte que, debido a la circunstancia antecedente de haber ejercido como gobernadora encargada del Departamento de Norte de Santander, es claro que Marina Lozano Ropero no podía inscribirse como candidata a la Asamblea Departamental en esa circunscripción territorial, ni mucho menos ser elegida diputada, pues desde que venció el período de encargo y hasta que formalizó su candidatura, tan solo habían trascurrido diez (10) meses y un (1) día, circunstancia que la inhabilitaba para aspirar a ese cargo público. Por consiguiente, puede afirmarse, sin hesitación alguna, que su elección como diputada estuvo precedida de una actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley, cuyo origen se retrotrae al acto de inscripción”. (Subrayas y negritas fuera de texto).
Esta precisión es de suma importancia, ya que la Corte no solo mantuvo incólume la postura adoptada por la Sección Primera en la que se determinó que el extremo temporal final de la inhabilidad era el de la inscripción, sino que además avaló dicha tesis al sostener que la prohibición implicaba que “quien hubiese ejercido como gobernador y se se (sic) inscriba como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular dentro de los doce (12) meses siguientes a la cesación de sus funciones, incurre en causal de inhabilidad”.
La anterior conclusión, además, resulta del todo acertada ya que, si lo que contiene la norma en comento es una prohibición para inscribirse, aquella se vaciaría en su contenido y finalidad si su extremo temporal final se computase en relación con la elección y no con la inscripción, máxime cuando sólo la segunda depende de la voluntad del candidato.
- Que mediante formulario E-6 del 25 de junio de 2015 la demandada se inscribió como candidata a la gobernación.
- Que la demandada fue elegida como gobernadora de La Guajira para el periodo 2016-2019 en el marco de las elecciones territoriales que tuvieron lugar el 25 de octubre de 2015.
De estos preceptos, tradicionalmente, se han derivado dos extremos a partir de los cuales se impone el análisis del caso concreto. El primero -extremo temporal inicial- se refiere al momento a partir del cual se dejó de detentar la calidad de alcalde, lo que ocurrió, en el caso que nos ocupa, con la renuncia al cargo por parte de la demandada(23). El segundo -extremo temporal final-, la fecha de la nueva inscripción del candidato ya que, ciertamente, lo que contiene la norma es una prohibición para inscribirse.
El artículo 288 del CPACA, norma especial electoral, se ocupa de las consecuencias de la sentencia de anulación electoral, y en lo que respecta a la anulación de elecciones por vicios subjetivos, como la que nos ocupa, dispone: “Las sentencias que disponen la nulidad del acto de elección tendrán las siguientes consecuencias: (…) 3. En los casos previstos en los numerales 5 y 8 del artículo 275 de este Código, la nulidad del acto de elección por voto popular implica la cancelación de la respectiva credencial que se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia”.
Sin embargo, nada dice el artículo en comento en relación con los efectos de la anulación, pues no dispone si aquellos serán hacia el futuro —desde ahora o ex nunc- o hacia el pasado -desde siempre o ex tunc—, por ello, corresponde al juez electoral, ante la ausencia de norma que los establezca, fijar los efectos de sus decisiones anulatorias, como ya lo anticipó esta Sección en reciente Sentencia de Unificación, pero para los eventos de expedición irregular(24).
4.5. Jurisprudencia Anunciada: (i) Del extremo temporal inicial de la incompatibilidad prevista, para alcaldes y gobernadores, en los artículos 31.7 y 32 y.7º y 39 de la Ley 617 de 2000 y (ii) Del alcance de la aplicación del principio pro homine en materia electoral.
Lo anterior, en tanto que el numeral 7º de los artículo 31 y 38 no hace mención a la renuncia y los artículos 32 y 39, lo hacen, pero únicamente para las inhabilidades de los numeral 1º y 4º del artículo 31 y 38(28), no para la del numeral 7º, que es el que nos ocupa. Veamos:
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el período para el cual fue elegido”. (Negrillas propias de la Sala).
“ART. 39.—Duración de las incompatibilidades del alcalde municipal distrital. Las incompatibilidades de los alcaldes municipales y distritales a que se refieren los numerales 1º y 4º, tendrán vigencia durante el período constitucional y hasta doce (12) meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia. En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el numeral 7º tal término será de veinticuatro (24) meses —hoy 12— en la respectiva circunscripción”. (Negrillas propias de la Sala).
Es decir, corresponde a la Sección determinar si se puede admitir que, trantádose de un cargo sometido a período, como es el caso de los de elección popular, específicamente los de alcalde y gobernador, la renuncia pueda admitirse como una circunstancia válida para que se entienda modificado el extremo temporal inicial que fijó el legislador en los artículos 31.7. 32, 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000.
A la misma conclusión se llega de aplicar una interpretación gramatical. En efecto, si acudimos a los vocablos que empleó el legislador para la determinación de la prohibición, en donde la exégesis del numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 nos puede ayudar a comprender la expresión “período” que se emplea en la contrucción semántica de la disposición en análisis, no deja duda, veamos:
Bajo esta interpretación normativa, en apoyo con la gramatical, una primera conclusión a la que puede arribar la Sala, es que el numeral 7º de los artículos 31 y 38 de la Ley 617 de 2000 solo puede entenderse así: la prohibición para el candidato electo consiste en presentarse a otro cargo de elección popular durante el lapso que el Constituyente definió para el ejercicio de dicha dignidad, es decir, por todo el período constitucional, y no solo por el término que material y efectivamente el cargo se ejerza, ello se impone del elemento normativo de la descripción típica de la prohibicióm.
“NUM. 7º—Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue elegido, y durante los seis (6) meses siguientes al mismo, así medie renuncia previa de su empleo”. (Negrilla fuera de texto)
Semejante imposición se traduce en notoria injusticia, en especial para quien decide separarse del cargo cuando todavía falta la mayor parte del lapso inicialmente previsto, haciéndole exigible una prohibición que sólo resulta justificada para el alcalde que completa su período”.
“Puede el legislador señalar prohibiciones al dimitente, por un tiempo razonable, pero no imponerle inhabilidades con cargo a todo el período, cual si lo hubiera agotado en la realidad, pues ello distorsiona el fundamento mismo de aquéllas y lesiona los derechos fundamentales del afectado, en especial los previstos en los artículos 25 y 40 de la Constitución, como ya se dijo.
“La Corte debe acotar, por otra parte, que los seis meses adicionales al tiempo de ejercicio del cargo, durante los cuales, según el numeral 7º bajo examen, se prolonga la prohibición de inscribirse como candidato, deben entenderse comprendidos dentro del lapso total del período, considerado objetivamente, ya que la incompatibilidad, bajo el alcance señalado -simultaneidad- termina con el desempeño de las funciones. Por ello, lo razonable y lógico es que los mencionados seis meses se cuenten, en caso de renuncia, a partir de ésta, siempre que falte un término mayor para culminar el período, con lo cual se quiere decir que, si resta menos, la aludida prohibición termina cuando él concluya. Lo contrario implicaría, de nuevo, desconocimiento de la igualdad, en cuanto se discriminaría en contra de quien renunció anticipadamente, faltando menos de seis meses para el fin del período, dado que seguiría incurso en la prohibición, mientras que no lo estaría el que ejerció su cargo hasta el final”.
En esa oportunidad, se declaró la inexequibilidad de la expresión “así medie renuncia previa de su empleo”, en tanto se entendió, como ya se había indicado en los fallos C-093 de 1994 y C-194 de 1995, que el lapso o período para las inhabilidades deben ser contadas desde el momento de la renuncia -período subjetivo- y no desde la terminación del período objetivo. Sobre el particular se indicó:
“Lo razonable es que el año se cuente, en caso de renuncia, a partir de ésta, siempre que falte un término mayor para culminar el período, con lo cual se quiere decir que, si resta menos, la aludida prohibición termina cuando él concluya. Quien renuncie previamente queda incurso en la prohibición de inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular, pero solamente durante el año siguiente a la aceptación de la renuncia. No tendrá que esperar, entonces, a que finalice el período en sentido objetivo para formalizar nuevas aspiraciones electorales. Y, desde luego, ese término de un año resulta aplicable tan sólo en la medida en que el tiempo que falte para la finalización del período en sentido objetivo sea superior”.
Presupuestos estos que, en principio, se cumplirían en el caso en estudio, dado que: (i) se debe entender que los artículos 38, numeral 7 y 39 de la Ley 617 de 2000, en lo relevante, reprodujeron el contenido normativo del numeral 7 del artículo 96 de la Ley 136 de 1994, con excepción de la expresión “así mediara renuncia”, en tanto, entiende la Sección, la misma fue excluida del ordenamiento por ser contraria a los derechos fundamentales a la igualdad y a ser elegido. Y (ii) en las sentencias C-194 de 1995, C-494 de 1995; C-010 de 1997, entre otras, se hizo el análisis de constitucionalidad de supuestos normativos iguales a los de los artículos de la Ley 617 de 2000.
i) Si bien existe una norma, artículo 96, numeral 7º de la Ley 136 de 1994, que fue analizada y declarada exequible salvo una expresión de ella que fue encontrada inexequible por razones de fondo, la ratio decidendi de la inexequibilidad de la expresión -así hubiere mediado renuncia-, enunciada en las sentencias C-194 de 1995, C-494 de 1995; C-010 de 1997, tuvo como fundamento el desconocimiento de los derechos a la igualdad y a ser elegido de quien fue electo y renunció al cargo.
No obstante, la Sala, en este punto, considera que debe volver sobre la ratio expuesta por la Corte, en tanto, el análisis que se efectúo, como se explicará posteriormente, dejó de lado el análisis de presupuestos que son esenciales para la democracia frente a los cuales los derechos del elegido -pro homine- deben ceder, a efectos de hacer posible la realización del sistema democrático mismo -pro electoratem-.
En efecto, después de una serie de fallos en los que la Corte Constitucional sostuvo la idea de los períodos individuales y el carácter subjetivo de los mismos, el Constituyente derivado se dio a la tarea de efectuar una corrección normativa mediante la expedición del Acto Legislativo No. 2 de 2002, modificación mediante la cual restableció su carácter objetivo.
Ese cambio normativo se dio en tanto desde la Sentencia C-011 de 1994, se indicó expresamente que los períodos de alcaldes y gobernadores eran subjetivos o personales -por oposición a los institucionales-, pues la Corte Constitucional entendió que ante una falta absoluta de estos funcionarios, por ejemplo, por la revocatoria del mandato, lo procedente era el llamamiento a nuevas elecciones sin importar si habían transcurrido más de dos años del período de quien estaba ejerciendo el respectivo cargo -para esa época, el período de los alcaldes y gobernadores era de tres (3) años-, en tanto se entendía que quien fuera electo, debía ejercer la función por todo el período fijado por la Constitución y no por el lapso que le faltaba a quien venía ejerciendo el cargo y que fuera revocado, como lo señalaba la ley.
Esta interpretación de la Corte Constiucional difería de la expuesta por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación y por su Sección Quinta, que consideraba que el período de estos servidores era institucional(34).
Ese Acto Legislativo, al cambiar el referente normativo de interpretación, necesariamente incide en la forma de abordar el concepo del vocablo “período” que emplea el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000, pues ha entenderse que este, aun en tratándose de inhabilidades, es siempre de carácter institucional y no personal o subjetivo como lo entendió la Corte Constitucional en su momento.
Por las anteriores diferencias, huelga decir que el juez electoral no solo ejerce control de legalidad respecto de las actuaciones que se surten durante el procedimiento electoral, sino que su papel se extiende a la protección de la democracia y la legimitmación del poder constituído, puesto que en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales garantiza que el poder público se constituya con respecto a la expresión de la voluntad de los electores y al procedimiento electoral previsto en la ley”.
Igualmente, la expedición de los Actos Legislativos No. 1 de 2003 y 1 de 2009(37), en su idea de fortalecer los partidos políticos y el sistema democrático, hicieron que estos -los partidos- se convirtieran en impulsores o canalizadores del derecho de quien se pretenda elegir, en tanto se entendió que este derecho no era absoluto.
Lo mismo ocurre, además, con el establecimiento del régimen de bancadas a traves del cual, por encima de los derechos fundamentales de quien resultó elegido, debe propenderse por el fortalecimiento del partido, por ejemplo, a la hora de efectuar las votaciones en las que dicho régimen deba tener aplicación.
Ese cambio de contexto, impone al juez electoral la necesidad de fijar una regla de interpretación de conformidad con la realidad normativa vigente, hecho que exige una hermenéutica en la que se determine si el único aspecto que puede tenerse en cuenta para el análisis de los contenidos normativos de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, debe ser, exclusivamente, los derechos del elegido -pro homine-, dejando de lado otros principios que también son fundamentales en el marco de un sistema democrático —pro hominum (humanidad), pro electoratem (electorado) o pro sufragium (electores)—.
Expuesto lo anterior, y demostrado que el contexto en que debe analizarse el supuesto normativo de los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000 ha cambiado también es importante advertir por la Sala, que las normas constitucionales que sirvieron de parámetro de control a la Corte Constitucional para excluir del ordenamiento el aparte “así mediara renuncia” derechos a la igualdad, artículo 13, y a ser elegido, artículo 40, exigen hoy ser valorados y si se quiere ponderados, frente a otros principios igualmente fundamentales en el ordenamiento constitucional, principios que el Tribunal Constitucional no pudo examinar debido a que aquel se elaboró con anterioridad a la expedición del Acto Legislativo No. 2 de 2002, el cual, se reitera, impuso a efectos del régimen electoral, la concepción objetiva -por oposición a la subjetiva- del periodo de quienes resultaren elegidos popularmente.
4.5.2. Análisis de la prohibición que contempla el numeral 7º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, desde el papel que juega el juez electoral en el mantenimiento del sistema democrático
En esa tarea, lo lógico es que este juez esté llamado a resolver las tensiones que se generan entre los valores y principios propios del sistema democrático y los derechos de quien, en ejercicio de las reglas que fija ese sistema, resulta como titular de cierta porción del poder estatal. Tensión que en el marco de las funciones asignadas a este juez, no puede ser resuelta bajo la lógica de la prevalencia de los derechos del elegido, en tanto ha de entenderse que, para que aquellos -los derechos del elegido- se materialicen, necesariamente primero ha de lograrse la pervivencia del sistema democrático pues, de no respetarse éste, la garantía y realización de aquellos se hace imposible.
Bajo esta perspectiva, corresponde a la Sección establecer el extremo temporal inicial de la prohibición que consagran los artículo 31.7, 32, 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000.
Para comenzar este examen, se puede advertir que el preámbulo y los artículos 1 y 3 de la Constitución, señalan que nuestro Estado está fundado en la soberanía popular, bajo una perspectiva democrática, participativa y pluralista.
2. UNIFICAR JURISPRUDENCIA en los términos del artículo 270 del CPACA, en relación con: (i) la definición del extremo temporal inicial de la incompatibilidad prevista, para alcaldes y gobernadores, en los artículos 31.7 y 32 y.7º y 39 de la Ley 617 de 2000, (ii) el alcance de la aplicación de los principios pro homine y pro electoratem en materia electoral y (iii) los efectos de la declaratoria de nulidades electorales por vicios subjetivos. ADVERTIR a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación constituyen precedente y tendrán aplicación hacia futuro.
4 Especialmente citó Sentencia C-490 de 2011, Sentencia SU-515 de 2013, Concepto 2015-58 proferido por la Sala de consulta y servicio civil del 30 de abril de 2015, Resolución Nº 2793 de 24 de septiembre de 2015 proferido por el Consejo Nacional Electoral.
5 Se refiere a Consejo de estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de febrero de 2016, acción de tutela 11001-03-15-00-2016-00103-00 CP. Alberto Yepes Barreiro.
6 ART. 149.—Competencia del consejo de estado en única instancia: “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos (…) 14. De todos los demás de carácter Contencioso Administrativo para los cuales no exista regla especial de competencia”.
7 Reverso del folio 246 del expediente
8 Cfr. Entre otras: CONSEJO DE ESTADO, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009 Rad. 76001233100020071477-02 CP. Dra. María Nohemí Hernández Pinzón; CONSEJO DE ESTADO, Sección Quinta, sentencia de 29 de enero de 2009 Rad. No. 760012331000200701606 01 y 2007-1658 (acumulados) CP. Dr. Mauricio Torres Cuervo; CONSEJO DE ESTADO, Sección Quinta, sentencia de 21 de febrero de 2013 Rad. 1300123310002012000025 01 CP. Dr. Mauricio Torres Cuervo
9 En relación con el extremo temporal inicial de esta prohibición, la Sección Quinta del Consejo de Estado, un uso de sus atribuciones legales como sala de cierre en material electoral, efectuará unificación de jurisprudencia, a manera de jurisprudencia anunciada, que, por tal virtud, tendrá aplicación sólo a futuro y no para el caso concreto.
13 En la sentencia C-037 de 1996 se dijo expresamente: 'Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en las sentencias de la Corte Constitucional que guarden relación directa con la parte resolutiva, así como los que la Corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida en que tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia.
18 Especialmente se citó, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 02 de diciembre de 2010, Exp. No. 2010-00055-01(PI), M.P. Maria Claudia Rojas.
19 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de diciembre de 2012, Exp. No. 2011 00552, M.P. Susana Buitrago Valencia.
20 “ART. 31.—De las incompatibilidades de los gobernadores. Los Gobernadores, así como quienes sean designados en su reemplazo no podrán: (…)7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular durante el período para el cual fue elegido”.
ART. 32.—Duracion de las incompatibilidades de los gobernadores. <Artículo CONDICONALMENTE EXEQUIBLE> Las incompatibilidades de los gobernadores a que se refieren los numerales 1 y 4 tendrán vigencia durante el período constitucional y hasta por doce (12) meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia. En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el numeral 7 tal término será de veinticuatro (24) meses* en la respectiva circunscripción.
23 En relación con el extremo temporal inicial de esta prohibición, la Sección Quinta del Consejo de Estado, un uso de sus atribuciones legales como sala de cierre en material electoral, efectuará unificación de jurisprudencia, a manera de jurisprudencia anunciada, que, por tal virtud, tendrá aplicación sólo a futuro y no para el caso concreto.
28 ART. 38, NUM. 1º.—Celebrar en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con el respectivo municipio, con sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos provenientes del mismo. NUM. 4º.—Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el municipio, distrito, o sus entidades descentralizadas.