Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-1198-de-diciembre-4-de-2008?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920425e22f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-22 04:39:43
Document Index: 227900601

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 312', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 310', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 37', 'artículo 310', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 199', 'artículo 2', 'artículo 192', 'artículo 193', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 64', 'artículo 28', 'artículo 9', 'artículo 250', 'artículo 308', 'artículo 24', 'artículo 312', 'artículo 308', 'artículo 310', 'artículo 24', 'artículo 308', 'artículo 310', 'artículo 312', 'artículo 63', 'artículo 312', 'artículo 312', 'artículo 30', 'artículo 7', 'artículo 415', 'artículo 55', 'artículo 317', 'artículo 30', 'artículo 317', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 24', 'artículo 310', 'artículo 25', 'artículo 312', 'artículo 30', 'artículo 317', 'artículo 37', 'artículo 74', 'artículo 4', 'artículo 33', 'artículo 310']

﻿ SENTENCIA C-1198 DE DICIEMBRE 4 DE 2008
SENTENCIA C-1198 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2008
CONTENIDO:LEY 1142 DE 2007. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTÍCULOS 2, 4, 24, 25 Y 30. SE DECLARA INEXEQUIBLE ALGUNOS APARTES CONTENIDOS EN EL INCISO 2 DEL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1142 DE 2007, QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 906 DE 2004INEXEQUIBLE ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 1142 DE 2007, QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 312 DE LA LEY 906 DE 2004 Y EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 1142 DE 2007 Y SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN EL MISMO PARÁGRAFOSE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE ALGUNOS APARTES CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 1142 DE 2007, QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 310 DE LA LEY 906 DE 2004 Y DECLARÓ EXEQUIBLE ALGUNOS APARTES CONTENIDOS EN EL INCISO 2 DEL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1142 DE 2007 QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 906 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DELITO QUERELLABLE, FLAGRANCIA, MEDIDAS PENALES EN LA SEGURIDAD DEL CIUDADANO
Sentencia C-1198 de diciembre 4 de 2008
Sentencia C-1198 de 2008
Ref.:Expediente D-7287
Diario Oficial Nº 46.673 de 28 de julio de 2007
ART. 24.—El artículo 310 de la Ley 906 de 2004, quedará así:
ART. 312.—No comparecencia. Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta, en especial, la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores:
PAR.—En los numerales 4º y 5º se restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. No habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa justa o razonable.
... ... ...”.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, esta corporación es competente para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por vicios de contenido material o de fondo, como por aquellos de carácter formal o procedimental suscitados en su formación, siendo la presente acción constitucional fruto de la acusación contra algunas de las disposiciones de la Ley 1142 de 2007, mediante censuras correspondientes a la primera clase de irregularidades referidas.
2.1. Corresponde a la Corte, en primer lugar, señalar si se inhibe de decidir de fondo, como solicitan el Ministerio Público y quien interviene por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, frente a las expresiones “o la persona haya sido sorprendida en flagrancia” y “la investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los efectos propios de la querella para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto”, contenidas en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1142 de 2007, que reformó el 37 de la Ley 906 de 2004; o si debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-425 de 2008, como sugiere el señor Fiscal General de la Nación, por ser similares los cargos que ahora esgrime el actor a los lanzados en la acción incoada en aquella oportunidad.
2.2. Igualmente, deberá esta corporación determinar si la parte final del inciso 2º del numeral 3º del artículo 2º previamente reseñado, según la cual “en los delitos de violencia intrafamiliar, los beneficios quedarán supeditados a la valoración positiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, debe ser declarada inexequible como proponen el accionante y algunos de los intervinientes, por afectar la autonomía e independencia judicial; si es necesario proferir una sentencia interpretativa, como aprecia el Fiscal General de la Nación; o por el contrario, si la disposición se aviene a la Carta Política, como señala el Procurador General.
3. Apartes y expresiones del artículo 2º de la Ley 1142 de 2007.
3.1.1. Al ser modificado el numeral 3º del artículo 37 de la Ley 906 de 2004 con el artículo 2º de la Ley 1142 de 2007, el cual señala las competencias de los jueces penales municipales para el sistema procesal penal con tendencia acusatoria que fuera implantado mediante Acto Legislativo 03 de 2002, se incluyó además del conocimiento de los procesos por delitos que requieran querella, aunque el sujeto pasivo sea un menor de edad (3) , aquellos en que lo sea un inimputable o el agente haya sido sorprendido en flagrancia, e implique investigación oficiosa.
Esa disposición guarda consonancia con el artículo 4º de la Ley 1142 que preceptúa cuáles son los delitos que requieren querella, consagrando como excepciones los comportamientos en que el sujeto pasivo sea un menor de edad, un inimputable o el agente haya sido capturado en flagrancia (4) .
El aspecto de la flagrancia, en los dos artículos previamente referidos, ya había sido objeto de acción pública de constitucionalidad, dentro de la cual el hoy demandante Jairo Ardila Espinosa también hizo parte junto con otros ciudadanos, correspondiendo al expediente D-6948 y resuelta mediante fallo C-425 de abril 30 de 2008, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra (5) . En aquella ocasión la Corte Constitucional declaró exequible la expresión “o la persona haya sido capturada en flagrancia”, contenida en el artículo 4º y no se efectuó pronunciamiento sobre su correlación en el artículo 2º, toda vez que previamente había sido inadmitida la demanda frente a los cargos esbozados en su contra, sin que los actores la hubiesen corregido.
Si bien los demandantes dentro de la acción previamente resuelta planteaban, al igual que lo hace ahora el ciudadano Ardila Espinosa, que los apartes citados de los artículos 2º y 4º conculcaban los artículos 16 y 29 de la Constitución, al afectar respectivamente la autonomía de la voluntad y el debido proceso, este último al modificar “condiciones procesales propias de los delitos querellables, tales como el desistimiento y la caducidad” (6) , en la actualidad no existe la cosa juzgada constitucional que predica el señor Fiscal General de la Nación frente al texto del numeral 3º censurado.
La norma dentro de la cual se encuentra el segmento ahora demandado adjudica la competencia para esa clase de procesos (por delitos que requieren querella aunque el sujeto pasivo sea un menor de edad, un inimputable, o el trasgresor haya sido sorprendido en flagrancia e implique investigación oficiosa), a los jueces penales municipales, distinto a lo preceptuado en el artículo 4º tantas veces referido, que señala entre otras excepciones a esa “condición de procedibilidad de la acción penal” (7) denominada querella, que haya sido capturado en flagrancia. Entonces, no es predicable una identidad en los contenidos analizados.
Además, en la Sentencia C-428 de 2008 la Corte no extendió los efectos de la declaratoria de exequibilidad absoluta del segmento demandado del artículo 4º a la similar contenida en el pretérito artículo 2º, situación totalmente entendible pues se trata de dos disposiciones que si bien refieren (como en aquélla son denominados) a “delitos perseguibles de oficio o a instancia de la persona ofendida por el delito o del titular del bien jurídico tutelado”, en esta última se asigna la competencia para su conocimiento, y en la siguiente cuáles requieren o no de la formulación de querella.
Otra parte fundamental de los indicados requisitos es la formulación de cargos de inconstitucionalidad contra las normas demandadas, esto es, la sustentación de los distintos argumentos por las cuales el ciudadano demandante advierte que aquéllas contrarían uno o más preceptos constitucionales. Al respecto tiene establecido la jurisprudencia que las razones presentadas por el actor para sustentar la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes (8) .
La adecuada presentación del concepto de violación permite a la Corte desarrollar su función de defensa de la Constitución en debida forma, en tanto delimita el campo en el cual se hará el respectivo análisis de constitucionalidad, sin que ello implique una restricción de los derechos políticos del demandante, pero si el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente al juez constitucional para poder proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un fallo inhibitorio (9) .
3.1.3. En lo atinente a la argumentación contenida en la demanda contra la preceptiva del numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1142 de 2007, correspondiente a la expresión “o la persona haya sido sorprendida en flagrancia”, encuentra la corporación que si bien se alude genéricamente a la vulneración de los artículos 16 y 28 superiores, el cargo no es claro (10) en determinar cómo su inclusión dentro de la asignación de competencias a los jueces penales municipales conculca esas disposiciones constitucionales.
3.2.1. Diferentes aparecen las censuras planteadas por el demandante en cuanto al primer segmento del inciso 2º del numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1142 de 2007, pues a pesar de que el Ministerio Público anote que frente a esa preceptiva tampoco se construyó un cargo específico, por limitarse a dirigir la acusación contra el aparte del concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se estudiará más adelante, el actor sí efectuó un ataque claro, acompañado eso sí de lo que erradamente entiende por “delitos querellables y de oficio”.
Debe aclararse que la redacción del numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1142 no genera la indebida o ambigua interpretación a la que apunta el actor y que, según él, haría recaer en irregularidades a los funcionarios judiciales. La norma es clara al indicar —más aún si se analiza sistemáticamente con el artículo 4º ibídem— que al juez penal municipal le compete el juzgamiento de todos los procesos que se inicien por delitos que para su persecución penal requieran querella y, sin embargo, estipula una excepción a ese requisito de procedibilidad, como es que deba iniciarse oficiosamente la acción penal ante aquellos delitos en los cuales el sujeto pasivo sea un menor de edad o un inimputable, o si el trasgresor ha sido capturado en flagrancia.
Así, según el inciso 2º del numeral 3º referido, si para un proceso por un delito de los que requieren querella, no hubo lugar a ésta por alguna de las excepciones explicadas, ello no es óbice para que se aplique lo que la norma denomina beneficio y reparación al ofendido, como tampoco lo será para el empleo de otras formas especiales de terminación del proceso. Entonces, tampoco se impediría que el presunto responsable pueda terminar prontamente la acción penal, por colaboración hacia la celeridad y la economía procesal y, por ende, sin el innecesario desgaste de la administración de justicia.
“Sin embargo, cabe advertir que el hecho de que el proceso penal se inicie de oficio cuando el autor del delito es capturado en flagrancia, no significa que éste necesariamente debe finalizar con sentencia condenatoria o deba surtir todas las etapas procesales que la ley prevé para el efecto, pues es perfectamente posible que el proceso termine de manera anticipada con la aplicación de fórmulas como la conciliación, el desistimiento por el pago de la indemnización de perjuicios (CPP, art. 76), la aplicación del principio de oportunidad (L. 906/2004, arts. 321 y ss.) o los casos de extinción de la acción penal (art. 77 del estatuto procesal penal). Ello, por cuanto el proceso penal es idéntico respecto de los delitos que deben investigarse de oficio o para los que requieren instancia de parte, pues, como se dijo en precedencia, la querella es un requisito de procedibilidad de la acción penal y no hace parte de la naturaleza del delito”.
Aunque en la exposición de motivos del proyecto presentado por el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación se advertía que las conductas constitutivas de violencia intrafamiliar “no serán conciliables, lo cual se explica por la extrema vulnerabilidad de quienes la padecen” (11) , no puede desconocerse el precedente contenido en la Sentencia C-425 de 2008, según el cual sí procede la conciliación.
No obstante, debe recalcarse que siempre ha de consultarse el interés superior del menor y las garantías de la familia como núcleo esencial de la sociedad (arts. 5º y 42 a 45 Const.), máxime cuando la práctica de pretender llevar todas estas conductas hasta el juicio oral y la sentencia ulterior, no sólo genera un mayor desgaste para la administración de justicia, sino que puede desconocer los derechos a la dignidad y a la intimidad de la víctima, para la cual resulta más oprobioso que junto con los agravios causados con el comportamiento sujeto a reproche penal, deba someterse a prolongadas investigaciones y diligencias que le recuerden lo indignante del comportamiento de aquel agresor miembro de su familia.
Igualmente, encuentra la Corte que en el informe de ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes, se plasmó en el artículo 2º del proyecto adicionar un parágrafo al artículo 36 de la Ley 906 de 2004 (competencia de los jueces penales del circuito), que rezaba; “La investigación de la violencia intrafamiliar no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los efectos propios de la querella y el principio de oportunidad”. Dentro de la explicación de la modificación se argumentaba que “mediante el parágrafo adicional se pretende reconocer que si bien el delito de violencia intrafamiliar se puede investigar de oficio, como una medida para la convivencia pacífica, en aras de garantizar el derecho constitucional a la intimidad familiar previsto en los artículos 15 y 42 del Texto Superior, se mantiene la posibilidad de aplicar los efectos de la querella y el principio de oportunidad” (12) (sin negrilla en el texto original).
De tal modo, cuando estos sujetos de especial protección sean víctimas de un delito, debe el funcionario judicial tener en cuenta el interés superior, la prevalencia de sus derechos, la protección integral y las demás garantías consagradas en instrumentos internacionales, en la Constitución y en la ley (L. 1098/2006, art. 192).
También deberá el juez abstenerse de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución condicional, a menos que aparezca demostrado que medió la debida indemnización (art. 193 num. 6º ib.). Así mismo, está proscrito el otorgamiento de la “detención domiciliaria” cuando el imputado sea miembro del grupo familiar del menor ofendido (art. 193 num. 11 ib.).
Obsérvese, de otra parte, que el artículo 199 del citado Código de la Infancia y la Adolescencia Ley excluye la concesión de beneficios y mecanismos sustitutivos, en diferentes circunstancias, a los procesados por homicidio, lesiones personales dolosas, secuestro y conductas contra la libertad, integridad y formación sexuales, cuando las víctimas hubieren sido “niños, niñas y adolescentes”.
3.3.1. Dentro del análisis del segmento final del inciso 2º del numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1142 de 2007, según el cual para conceder beneficios punitivos en los casos de conductas tipificables como violencia intrafamiliar se requiere una valoración positiva del ICBF, corresponde a la Corte determinar si esa preceptiva atenta contra la reserva judicial y el derecho a la igualdad de los procesados, dando lugar a su inexequibilidad, como se formula en la demanda y en las intervenciones del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, o al condicionamiento que propone el Fiscal General de la Nación.
Debe recordarse que en desarrollo de los principios constitucionales de protección a la familia, a los menores y a los jóvenes (13) , el artículo 192 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, establece que en aquellos procesos que se adelanten por delitos en los cuales los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas, el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del intereses superior de los infantes, la prevalencia de sus derechos, la protección integral y las demás prerrogativas consagradas en convenios internacionales ratificados por Colombia, al igual que en la Constitución Política y en las leyes colombianas (14) .
En procura de esos fines, el precitado artículo 193 de la Ley 1098 consagró una serie de “criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en los cuales son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes”, donde se preceptúa que la autoridad judicial se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución condicional cuando exista esa categoría de víctimas, a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados (num. 6º). Igualmente, se impone abstenerse de decretar la detención domiciliaria, cuando el imputado sea miembro del grupo familiar de la víctima (num. 11).
Entonces, aunque dentro de la génesis de la modificación procesal hoy sujeta a estudio por parte de la Corte se estableció la necesidad de adoptar medidas efectivas para la protección de los niños, las niñas, los adolescentes, junto con las mujeres (15) , la preceptiva final del inciso 2º del numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1142, más que una medida de protección, truncaría las garantías fundamentales previamente referidas. Nótese cómo se le impone al juez, al momento de determinar los pocos pero eventuales beneficios que pueda obtener el agresor, un criterio exclusivo, ajeno a lo que la actuación procesal y la forma como se perpetró la conducta permiten inferir sobre la necesidad del cumplimiento de la pena, dado el riesgo que genera para su núcleo familiar.
Tampoco puede olvidarse que en el fragor mediático sobre múltiples conductas dirigidas contra la población infantil, se ha optado por soluciones efectistas, como el aún mayor incremento de las penas (16) y la rigurosa exclusión de mecanismos alternativos, limitando la acción a lo punitivo, al margen de una verdadera política criminal que realmente prevenga la realización de esta endemia de abominables conductas, aupadas por la ausencia de valores; las contraculturas de la violencia y de la exacerbación sexual frecuentemente promovidas desde los propios medios de comunicación social; la carencia de respeto hacia los derechos de los menores, probablemente padecida en la minoridad por los propios depravados; y la incapacidad de reprimir sentimientos de ira y de frustración, entre otros complejos factores.
El legislador, al supeditar al concepto favorable del ICBF la concesión de beneficios para el imputado, acusado, procesado o condenado, por delitos tipificados como constitutivos de violencia intrafamiliar, olvidó que eventos como la suspensión condicional de la ejecución de la pena tienen lugar cuando se constaten otros presupuestos, como que la pena impuesta (prisión que no exceda de 3 años) y que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta, sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena; y, en aquellos eventos que sea procedente, estará supeditada al pago total de la multa (adicionada por el artículo 4º de la Ley 890 de 2004) (17) . Incluso, puede el juez exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad concurrentes.
Igualmente, para el reconocimiento del beneficio de libertad condicional, el artículo 64 del Código Penal preceptúa que podrá el juez concederla, previa valoración de la gravedad de la conducta punible (18) , al cumplirse las dos terceras partes de la pena, si la buena conducta del condenado durante su reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución punitiva. A su vez, estará supeditada al pago total de la multa y de la reparación de la víctima, recordando que mediante Sentencia C-823 de agosto 10 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, fue condicionalmente declarada exequible esta última circunstancia, entendiendo que el no pago previo de la reparación no impide la concesión excepcional del subrogado, cuando se demuestre ante el juez de ejecución de penas —previa posibilidad de contradicción por la víctima y el Ministerio Público— la insolvencia actual del condenado.
Con esos argumentos, encuentra la Corte Constitucional que la expresión “en los delitos de violencia intrafamiliar, los beneficios quedarán supeditados a la valoración positiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, puede ir en contravía de los derechos e intereses de los niños y los adolescentes, e impone un criterio al juez, al momento de reconocer o no los beneficios que favorecen al victimario, dándole prevalencia a la valoración positiva de un órgano de la administración pública, que al provenir de una autoridad especializada debe ser tenida en cuenta, pero ponderándola razonablemente con toda la demás información allegada (19) .
Además, esa subordinación desconoce que el propio Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004), dentro del régimen de la libertad y su restricción, universalmente regulado por tratados internacionales de protección de los derechos humanos, afirma que las disposiciones allí contenidas que autoricen preventivamente la privación o restricción de la libertad tienen un carácter excepcional, de modo que deben ser interpretadas restrictivamente y dentro de los criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad (L. 906/2004, art. 295), en pleno acatamiento de los contenidos constitucionales.
4.2. El artículo 28 de la Carta Política consagra el derecho de toda persona a la libertad (20) , cuya excepción a ser reducida a prisión, arresto o detención, se puede presentar sólo en ejercicio de la reserva judicial (21) que allí se ha establecido, para lo cual se requiere de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley; por lo que no se trata entonces de una potestad absoluta (22) .
Acorde con la doctrina, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha puntualizado que esa reserva judicial para la referida limitación guarda relación con el “principio de legalidad de la privación preventiva de la libertad”, el cual deviene del “principio de legalidad de la sanción penal” (23) , de modo que las exigencias para la aplicación de este último se hacen extensivas a aquéllas, aunque no exista una sanción definitiva por haber transgredido la normatividad penal. Lo anterior, por tratarse de una medida de carácter preventivo, mientras se determina la responsabilidad, sin que ello constituya la imposición de una sanción penal, habida cuenta que su naturaleza es cautelar y con carácter meramente instrumental o procesal, más no punitivo(24).
Así, se reconoce que la detención preventiva de una persona tiene un carácter excepcional (25) , como quiera que el numeral 3º del artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 consagra que la “prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general”, de modo que como se reiteró en la Sentencia C-774 de 2001, ya referida, se hace necesario que el legislador colombiano señale los motivos que lleven a esa clase de restricción, dentro del ordenamiento jurídico interno.
Pretender que toda detención o medida de aseguramiento deba estar forzosamente precedida de un proceso íntegro llevaría a desvirtuar su carácter preventivo y haría en no pocas ocasiones completamente inoficiosa la función judicial, pues la decisión correspondiente podría tropezar —casi con certeza— con un resultado inútil en lo referente a la efectividad de la pena que llegara a imponerse”.
“Como se desprende de lo anterior, la dinámica del derecho penal permite que sin quebrantar el principio de legalidad de la sanción —en el caso particular, de legalidad de la privación preventiva de la libertad— el legislador deje en el criterio del juez la interpretación de ciertos conceptos cuyo contenido indeterminado no puede señalarse a priori, dado el carácter general y abstracto de la norma legal.
En tal sentido, bien puede el legislador delinear los extremos del concepto jurídico cuya aplicación entrega al juez penal, sin que por ello se entienda que el principio de legalidad sufre desmedro alguno. Importa, sí, que tales límites se establezcan de manera clara y concreta, a fin de que el juez, al verter en el concepto los hechos concretos, permanezca fiel a los márgenes en que se expresa la voluntad de la ley”.
5.2. El artículo 250 de la Constitución que consagra las funciones de la Fiscalía General de la Nación, dentro del numeral 1º específica que al ente investigador le corresponde solicitar al juez de control de garantías la adopción de las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso, la conservación de los elementos materiales y la evidencia física, al igual que la protección de la comunidad y de las víctimas.
Para tal efecto, el artículo 308 exige como requisitos que de los elementos materiales probatorios y de la evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes presupuestos: a) que la medida se muestre como necesaria para evitar la obstrucción al debido ejercicio de la justicia; b) que constituye peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima; y, c) que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
Para establecer si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, con la modificación incluida con el artículo 24 de la Ley 1142 de 2007 (26) , se determinó que “será suficiente” la gravedad y la modalidad de la conducta, dejando al arbitrio judicial, según el caso, poder valorar adicionalmente las 4 circunstancias que originalmente traía la norma.
Igualmente, al modificarse el artículo 312 de la Ley 906 de 2004, con el 25 de la Ley 1142 de 2007, fue reemplazada la expresión “además”, por “en especial”, para fijar que al momento de determinarse la eventual no comparecencia del imputado al proceso se tendrá en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta y la pena a imponer, además de los factores originalmente contemplados: a) falta de arraigo; b) gravedad del daño causado y la actitud asumida por el agente frente al mismo; y, c) el comportamiento del imputado durante la actuación o en otra anterior, de modo que se pueda inferir razonadamente su falta de voluntad de sujetarse a la investigación, la persecución penal y el cumplimiento de la pena.
Ahora, en el proyecto presentado por el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación se indicó que la detención preventiva, acorde con los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de esta corporación, debe ser excepcional, necesaria y racional, “no sólo sujeta a una base probatoria mínima que indique la autoría o participación del imputado, sino igualmente a la consecución de los fines del proceso, conforme con el artículo 308 de la Ley 906 de 2004”(27).
“Así, entonces, lo ideal es que el pronóstico de riesgo para la comunidad y la víctimas surja de un examen conjunto del mayor número de circunstancias previstas en el artículo 310”.
La Corte Constitucional mediante Sentencia C-774 de 2001 previamente referida, reiteró que la potestad de configuración legislativa, en materia de la aplicación de la detención preventiva, tiene como límites los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, además de los fines que aquélla persigue, no sólo para evitar que se desoriente su carácter preventivo —no sancionatorio—, de modo que esa medida no pueda convertirse en un mecanismo indiscriminado, general y automático. Bajo tales supuestos se especificó que para la procedencia de tal medida “no sólo es necesario que se cumplan los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento impone, sino que requiere, además, y con ineludible alcance de garantía, que quien haya de decretarla sustente su decisión en la consideración de las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma”.
Empero, razón la asiste al Ministerio Público cuando señala que de ser suprimidas, por efectos de la declaratoria de inexequibilidad, las expresiones “suficiente, sin embargo y podrá”, del artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, se presentaría una ambigüedad en su lectura e interpretación. Por ende, serán declaradas exequibles, en procura de la protección del derecho a la libertad y los principios que delimitan los eventos para su restricción, bajo el entendido que para el funcionario judicial, al momento de determinar el peligro que el imputado representa para la comunidad, no es suficiente la gravedad y la modalidad de la conducta punible, sino que siempre deberá valorar, bajo las finalidades que la Constitución le ha otorgado a esa clase de medidas preventivas, además de los requisitos contenidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, las demás circunstancias contenidas en los numerales 1º a 4º del artículo 310 ibídem.
En la motivación del proyecto referido la Fiscalía (28) argumentó que “se proyecta la reforma al artículo 312, ya que el juicio de no comparecencia o evasión debe tener una especial consideración no solo de la gravedad y modalidad de la conducta punible, sino también de la pena imponible, pues si de antemano el imputado o acusado sabe que probablemente no tendrá derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena (artículo 63 del Código Penal, bien por el factor objetivo ora por el subjetivo), sin duda puede sentirse tentado a no comparecer, salvo que su comportamiento procesal anterior o concomitante indique lo contrario y ofrezca tranquilidad a la fiscalía y a la judicatura sobre la presencia del imputado en el curso del proceso” (no está en negrilla en el texto original).
Por su parte en el informe para segundo debate (29) se puntualizó, “se modifica la redacción del artículo 312 del Código de Procedimiento Penal para establecer en relación con la no comparecencia del imputado, que se tendrá en cuenta, en especial la gravedad y modalidad de la conducta así como la pena imponible. Se deja a salvo otro de los criterios de valoración siguiendo las directrices de la Corte en Sentencia C-774 de 2001” (no está en negrilla en el texto original).
Esta corporación encuentra entonces que si bien la redacción de la norma ahora analizada otorga un carácter especial a la modalidad y a la gravedad de la conducta y de la pena a imponer, incluso en la motivación de la reforma se aduce que el comportamiento anterior del imputado puede permitir “tranquilidad a la fiscalía y a la judicatura” de que aquél comparecerá al proceso, a pesar de lo grave de su comportamiento. De ese modo, la forma como se presentó el comportamiento o la envergadura del mismo no son los criterios especiales y únicos para determinar si permitirá la acción estatal, por el contrario, es necesario que se analicen “además” los criterios subsiguientes contenidos en el artículo 312 de la Ley 906 de 2000, de modo que pueda determinarse la necesidad o no de la medida de aseguramiento no sólo para garantizar su comparecencia, sino el cumplimiento de la sentencia, todo bajo el criterio de necesidad y razonabilidad que constituyen sus presupuestos, al igual que la interpretación restrictiva que sobre las mismas se debe efectuar.
6.1. El demandante considera que la expresión “ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa justa o razonable”, contenida en la parte final del parágrafo del artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el 317 de la Ley 906 de 2004, según la cual cuando se presenten esos eventos no tendrá lugar la libertad del acusado, a pesar de haber transcurrido más de 60 días contados a partir de la presentación del escrito de acusación, sin que se haya iniciado la audiencia del juicio oral, conculca los artículos 28 y 228 de la Constitución, al igual que el numeral 5º del artículo 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de 1969; argumentación que cuenta con la concurrencia de las intervenciones del Ministerio Público y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
Acorde con la jurisprudencia de esta corporación, la certeza exigible a un cargo de inconstitucionalidad formulado contra una norma, implica que se pueda confrontar la preceptiva superior con el texto verificable de la normativa censurada y no, entre otros eventos, con simples deducciones propias del demandante o con aspectos implícitos que aquélla traiga consigo (30) .
El aparte en cursiva fue objeto de pronunciamiento por esta corporación, mediante Sentencia C-123 de 2004 ya citada, donde mayoritariamente (31) se resolvió declararla exequible bajo el condicionamiento de que la libertad provisional es procedente “si, una vez superada la causa justa o razonable de la suspensión, no se reanuda inmediatamente la audiencia”.
Dentro de la motivación del referido pronunciamiento se reiteraron apartes de la Sentencia C-846 de octubre 27 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz, que se pronunció sobre el inciso 2º del numeral 5º del artículo 415 del Decreto 2700 de 1999 (modificado por el artículo 55 de la L. 81/93), que consagraba un veto al decreto de la libertad provisional, “cuando la audiencia se hubiere iniciado, así ésta se encuentre suspendida por cualquier causa”. En aquél pronunciamiento la norma fue declarada exequible “siempre y cuando se entienda que la causal por la cual se suspende la audiencia, debe ser razonable y estar plenamente justificada” (sin negrilla en el texto original).
6.5. No obstante lo anterior, siendo la Corte consecuente con el respeto al precedente jurisprudencial, claro que ante pretéritos sistemas procesales penales, contenido en las sentencias C-846 de 1999 y C-123 de 2004, mutatis mutandis empleado para resolver la presente acción constitucional, se declarará exequible la preceptiva correspondiente a “ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa [...] razonable” contenida en el mismo parágrafo, bajo la interpretación que se explica a continuación.
En segundo lugar, acorde con la jurisprudencia de esta corporación se supedita la constitucionalidad de la preceptiva analizada, a que en todo caso la audiencia se iniciará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004.
Por todo lo expuesto, se declarará inexequible la expresión “justa o”, contenida en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, y exequible la preceptiva según la cual “ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa [...] razonable” contenida en el mismo parágrafo, en el entendido de que: a) la justificación de la causa razonable debe fundarse en hechos externos y objetivos constitutivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia y b) en todo caso, la audiencia se iniciará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004.
1. INHIBIRSE para emitir pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la expresión “o la persona haya sido sorprendida en flagrancia”, contenida en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 37 de la Ley 906 de 2004.
2. DECLARAR EXEQUIBLE el aparte “La investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los efectos propios de la querella para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto”, contenido en el inciso 2º del numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 37 de la Ley 906 de 2004.
3. DECLARAR INEXEQUIBLE el aparte “En los delitos de violencia intrafamiliar, los beneficios quedarán supeditados a la valoración positiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, contenido en el inciso 2º del numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 37 de la Ley 906 de 2004.
4. DECLARAR EXEQUIBLE el aparte “será suficiente la gravedad y modalidad de la punible. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias:”, contenido en el artículo 24 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que para determinar el peligro que el imputado representa para la comunidad, además de la gravedad y la modalidad de la conducta punible, el juez debe valorar si se cumplen los fines constitucionales de la detención preventiva señalados en los artículos 308 y 310 de la Ley 906 de 2004.
5. DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión “en especial” contenida en el artículo 25 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 312 de la Ley 906 de 2004.
6. DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión “justa o” contenida en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, y DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa [...] razonable” contenida en el mismo parágrafo, en el entendido de que: a) la justificación de la causa razonable debe fundarse en hechos externos y objetivos constitutivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia y b) en todo caso, la audiencia se iniciará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004.
Magistrados: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente, ausente en comisión—Jaime Araújo Rentería, con salvamento parcial y aclaración de voto—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Mauricio González Cuervo, impedimento aceptado—Marco Gerardo Monroy Cabra—Nilson Pinilla Pinilla—Clara Inés Vargas Hernández, ausente con excusa.
(3) Redacción original del artículo 37 de la Ley 906 de 2004.
(4) Originalmente el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 4º de la Ley 1142 de 2007, sólo exceptuaba del requisito de procedibilidad de la querella, los delitos en los que el sujeto pasivo fuera un menor de edad.
(5) El referido pronunciamiento tuvo lugar 5 días después de ser incoada la presente acción, lo cual acaeció en abril 25 de 2008 (fl. 1), siendo la razón para que al momento de proferirse el auto de junio 3 siguiente, en el cual se resolvió la asunción de la misma, fuere rechazada frente a los cargos elevados contra el artículo 4º, por existir cosa juzgada constitucional, sin que el interesado interpusiese recurso de súplica.
(6) Cfr. C-425 de 2008 (pág. 25).
(7) En la Sentencia C-425 de 2008 se reitera que la manifestación de la persona legitimada para formular la querella es la autorización para que el Estado intervenga en la investigación de ciertas conductas penalmente reprochables, como una excepción a la regla general de investigar oficiosamente.
(8) Ver, entre otros, auto 288 y fallo C-1052 de 2001, ambos de octubre 4, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(9) C-1052 de 2001, previamente citada.
(10) Acorde con la Sentencia C-1052 de 2001 uno de los presupuestos indispensables para la conducencia del concepto de violación es la existencia de un adecuado hilo conductor de la argumentación, de modo que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las cuales se funda.
(11) Cfr. Gaceta del Congreso Nº 250 de julio 26 de 2006, pág. 23. En esa ocasión se agregó: “No debe perderse de vista que la presión que existe por parte del agresor victimario para lograr un acuerdo conciliatorio que solamente a él beneficia, y la evidente condición de inferioridad del niño, niña o adolescente, son indicativos de la ausencia de consentimiento válido y emocionalmente neutro del agredido”.
(12) Cfr. Gaceta del Congreso Nº 209 de mayo 25 de 2007, pág. 6.
(13) Artículos 42, 44 y 45 de la Constitución, acorde con la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; la Declaración sobre los Derechos del Niño, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1959; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 (art. 24); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 (arts. 10 y 12); y la Convención sobre los Derechos del Niño, noviembre de 1989; entre otras.
(14) Igualmente, dentro de los principios generales de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, “Reglas de Beijing”, se plantea como una de las orientaciones fundamentales que “los Estados Miembros procurarán, en consonancia con sus respectivos intereses generales promover el bienestar del menor y de su familia”.
(15) Cfr. Gaceta del Congreso Nº 250 de julio 26 de 2006, pág. 23.
(16) El artículo 33 de la Ley 1142 de 2007 modificó el 229 de la Ley 599 de 2000, aumentando la pena de prisión de 4 a 8 años en el caso de la violencia intrafamiliar.
(17) Coetánea a la pena privativa de la libertad, procede la imposición de la multa en las conductas de maltrato mediante restricción a la libertad física y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad (arts. 230 y 230A del Código Penal).
(18) Según la Sentencia C-194 de marzo 2 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, esa valoración debe corresponder a los términos en que fue evaluada la gravedad en el fallo condenatorio por el juez de la causa.
(19) Cfr. arts. 373 y 380 L. 906 de 2004, entre otros.
(20) Norma que guarda concordancia con diferentes instrumentos internacionales que no sólo lo contemplan, sino que avalan eventuales formas de restringirla, entre otras, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (arts. 1º, 3º, 4º, 9º y 13), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (arts. I y XXV), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, (arts. 8º, 9º, 10 y 11), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978 (arts. 6º y 7º).
(21) T-490 de agosto 13 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(22) C-327 de de julio 10 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
(23) C-123 de febrero 17 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(24) C-318 de abril 9 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(25) Ver, entre otras, las sentencias C-106 de marzo 10 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-327 de 1997 ya citada, C-425 de septiembre 4 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz, C-774 de julio 25 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar y C-318 de 2008, previamente citada.
(26) El artículo 310 original de la Ley 906 de 2004, consagraba que “además” de la gravedad del hecho y la pena imponible, debían tenerse en cuenta: 1) la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales; 2) el número de delitos imputados y su naturaleza; 3) el hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional; y, 4) la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o culposo.
(27) Cfr., Gaceta del Congreso Nº 250 de julio 26 de 2006, pág. 27.
(28) Cfr., Gaceta del Congreso Nº 250 de julio 26 de 2006, pág. 27.
(29) Cfr., Gaceta del Congreso Nº 209 de mayo 25 de 2007, pág. 21.
(30) C-1052 de 2001, previamente citada.
(31) Salvamentos de voto de los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra.