Source: http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16/05/2019
Timestamp: 2019-08-19 03:51:59
Document Index: 366692280

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 76', 'artículo 76', 'artículo 69', 'Artículo 89', 'artículo 69', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 89', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 69', 'artículo 76']

DECRETO por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República
"LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
"ÚNICO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que, con fundamento en lo previsto en el tercer párrafo del artículo 69 constitucional, presentó el Presidente de la República el primero de febrero de 2019 y modificada con el Adendum enviado el día quince de abril de 2019, complementario a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública."
Ciudad de México, a 25 de abril de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Sen. Antares Vázquez Alatorre, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
7. Recuperación y dignificación de los Centros Penitenciarios
A). Nuevo Modelo Policial
B). Prevención del Delito
C). Estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana
D). Nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad
E). Estrategia de combate al Mercado Ilícito de Hidrocarburos
F). Estrategia de combate al uso de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (mejor conocido como lavado de dinero o lavado de activos), defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el abatimiento de estos delitos
G). Estrategia para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia
H). Estrategia para combatir el Robo a autotransporte y pasajeros en carreteras
I). Estrategia para abatir el tráfico de armas
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se presenta la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para los efectos conducentes, de la cual se informará anualmente sobre el estado que guarde.
En nuestro máximo ordenamiento jurídico se establece en el artículo 21 que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas.
Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 Constitucional, establece que la Seguridad Pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Ésta comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de formular y ejecutar políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y la de sus habitantes con el objeto de mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, y el mantenimiento del orden constitucional.
Aunado a ello, el 10 de febrero de 2014, se realizó una reforma integral a la Constitución Política, que busca, entre otras cosas, fortalecer aspectos como la planeación estratégica a mediano y largo plazos para el desarrollo nacional, el sistema de contrapesos y la coordinación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la rendición de cuentas, la procuración de justicia, la autonomía del Ministerio Público, así como restaurar las reglas electorales para fortalecer la democracia del Estado mexicano. El proceso legislativo de la reforma mencionada, partió de la idea de que la planeación es uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho, ya que permite identificar problemas y proponer soluciones, al mismo tiempo que se ordenan prioridades.
Esta reforma busca también propiciar la integración de un gobierno que trabaje para la salvaguarda de los intereses de la Nación en su conjunto, y que permita tanto al Legislativo como al Ejecutivo cooperar en el ámbito de sus atribuciones, sin vulnerar el principio de división de poderes, promoviendo una mayor gobernabilidad y transparencia. De esta forma se faculta al poder Legislativo, para darle seguimiento y evaluar el cumplimiento de los programas y planes que elabore el Poder Ejecutivo.
Por ello, con la reforma se establecen canales adecuados de correspondencia entre los dos poderes indicados, para que exista un balance de facultades y responsabilidades, y obligue a que de manera conjunta trabajen por el bien común, generando una nueva etapa de estabilidad prolongada, con programas y planes realmente eficaces y eficientes.
Por lo anterior, parte de la reforma indicada se reflejó en adiciones a los artículos 69 y 76 constitucionales, que incorpora como una obligación del Presidente de la República el presentar ante la Cámara de Senadores, para su análisis y aprobación la Estrategia Nacional de Seguridad Pública previa comparecencia del titular de la Secretaría del ramo, lo que además fortalece el Pacto Federal.
Es de resaltar que, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se presenta en un claro marco de transparencia y publicidad, pues al ser la sociedad quien de manera directa resulta afectada o beneficiada, se le da la oportunidad de conocer los aspectos que se atacarán y la manera en la que se encauzarán las soluciones propuestas. No debe perderse de vista que como Gobierno se tiene la obligación de responder las demandas ciudadanas a través de políticas públicas que se puedan llevar a cabo mediante acciones que aseguren que la sociedad disfrute del respeto a sus derechos y que cuente con mejores condiciones de vida.
Para cumplir ese objetivo, es prioritario poner en práctica una estrategia integral que permita, en un marco de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y en general todos los aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad pública.
Actualmente, no basta con identificar la problemática de seguridad, sino que se requiere plantear una Estrategia Nacional de Seguridad Pública que devuelva a la sociedad la paz y tranquilidad a la que tiene derecho, lo que incluso, ha permeado en la redistribución de competencias, conforme a lo establecido en el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, en virtud de que se da vida jurídica a una autoridad especializada en la materia, capaz de plantear propuestas para resolver los temas en materia de seguridad, surgiendo así la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual se le transfirieron la totalidad de las atribuciones que estaban asignadas a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública y seguridad nacional, sin que eso signifique que dejen de trabajar de manera coordinada en beneficio de la sociedad.
A partir de la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se dio inicio a los trabajos para la consolidación de la reforma que permitiera establecer un marco constitucional que permitiera avanzar en la construcción de una institución de seguridad pública con objetivos claros:
ü Salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, y
ü Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Es así que el 26 de marzo de 2019, fue publicado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.
El contenido de esta modificación crea la Guardia Nacional como una institución de carácter civil, disciplinado y profesional, cuyo eje fundamental es la coordinación con los Estados y municipios en pleno respeto a su soberanía en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta reforma constitucional también mandata a vincular este nuevo cuerpo policial a las acciones, programas y políticas en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, conforme lo establece el artículo 21 constitucional.
Dicha institución deberá atender a los más altos estándares internacionales en su formación y desempeño, regida bajo principios de servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Este nuevo paradigma jurídico va acompañado de parámetros constitucionales para la emisión de diversos cuerpos normativos en las materias de uso de la fuerza; registro de detenciones; y la constitución de un Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública mediante la modificación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Atento a ello, deben atenderse bajo esta nueva concepción jurídica los planteamientos constitucionales, en observancia con los parámetros siguientes:
La Ley de la Guardia Nacional, debe atender y establecer lo siguiente:
ü La coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios, y
ü Estructura jerárquica, regímenes de disciplina, responsabilidades, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades, aspectos que puedan homologarse, en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente.
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza debe atender y establecer lo siguiente:
ü Alcances del uso de la fuerza pública;
ü Derechos y obligaciones de los integrantes de instituciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública;
ü El uso de la fuerza atento a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad;
ü Los niveles para el uso de la fuerza;
ü La actuación con relación a personas detenidas, y
ü Adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública.
La Ley Nacional del Registro de Detenciones debe atender y establecer:
ü Las características del registro y los principios que rigen su conformación, y
ü Tratamiento de los datos personales y niveles de acceso.
Todo lo anterior constituye el marco jurídico de actuación en que se deberán conducir las acciones vinculadas con la seguridad pública hacia la construcción de la paz y que deberán reflejarse en los ordenamientos que tenga a bien emitir el Congreso de la Unión.
Atento a lo expuesto, estas acciones que se plantean en la presente Estrategia, deberán ir alineadas a las diversas disposiciones que se vinculan con la Seguridad Pública, Seguridad Nacional, Derechos Humanos, Protección Civil, Responsabilidad Hacendaria, Sistema de Justicia Penal, instrumentos Internacionales, y todas aquellas relativas a las atribuciones de la Administración Pública Federal.
La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos.
Para ello están dotadas de facultades e instrumentos como leyes y reglamentos, organismos de procuración e impartición de justicia y el uso exclusivo de la fuerza pública. Cuando las instituciones son incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y herramientas y fallan en su responsabilidad de preservar la vida, la integridad y la propiedad de las personas y las poblaciones, entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado.
Los índices de violencia y las cifras de asesinatos ubican a nuestro país en niveles históricos de criminalidad y entre los países más inseguros del mundo. Los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad. Millones de personas han modificado sus patrones de vida para protegerse y muchos han debido emigrar de sus comunidades para salvaguardar su integridad.
La sociedad mexicana se encuentra actualmente lastimada por la violencia. Desde hace varios lustros nuestro país es víctima del crecimiento exponencial de la delincuencia en sus diferentes modalidades. La dimensión del problema no puede reducirse al fenómeno del narcotráfico, porque éste sólo representa una de las actividades del crimen organizado y tampoco nos revela la profundidad y extensión de la violencia, que recae cotidianamente sobre las personas. Todos los ámbitos de la vida social y económica están siendo afectados por la delincuencia.
Más allá del narcotráfico y el crimen organizado, la vida del ciudadano está impactada por los delitos del orden común. En el hogar, en el barrio, en el traslado al lugar de trabajo, en la escuela y al circular por las calles, los mexicanos viven en constante miedo.
En esta circunstancia de violencia e inseguridad confluyen factores muy diversos, empezando por los de índole económica y social como la falta de empleos de calidad y la insuficiencia del sistema educativo, la descomposición institucional, el deterioro del tejido social, la crisis de valores cívicos, el fenómeno de las adicciones, disfuncionalidades y anacronismos del marco legal e incluso la persistencia de añejos conflictos intercomunitarios, agrarios y vecinales. Esta complicación dificulta la comprensión misma del problema y lleva a una discusión en la que se entremezclan y confunden los conceptos de seguridad nacional, interior y pública, la prevención, la criminalidad, el estado de derecho y la "paz interior" mencionada en la Constitución y en otros textos legales. Ante semejante complejidad salta a la vista la necesidad de esclarecer definiciones y términos y dejar de lado la fantasía de que es posible superar la circunstancia de inseguridad y violencia mediante soluciones únicas y unidimensionales, como la estrategia represiva policial-militar, práctica básica y casi única en los últimos dos sexenios.
Suele asumirse, por ejemplo, que el fenómeno delictivo se circunscribe a los llamados delitos violentos robo a mano armada, asalto a casa habitación, secuestro, lesiones, homicidio y a algunas expresiones de criminalidad organizada principalmente, el narcotráfico y el tráfico de personas, pero se deja de lado los llamados "delitos de cuello blanco" como el desvío de recursos, la defraudación, el cohecho, la malversación y las operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, así como infracciones penales cometidas específicamente por servidores públicos como la prevaricación, el abuso de autoridad, el uso de recursos públicos con fines electorales, la suplantación de funciones y otros relacionados con la violación de derechos humanos.
Entre unos y otros existen, sin embargo, vasos comunicantes y redes de complicidad evidentes o discretos pero en todo caso insoslayables: por definición, la delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que le ofrezca un margen de protección e impunidad; además y el tamaño, la extensión y el poder de grupos criminales como los que existen en México sólo pueden entenderse por una corrupción de dimensión equivalente en las oficinas públicas, particularmente aunque no en forma exclusiva en los aparatos de prevención y combate de la delincuencia, procuración e impartición de justicia. Así, si la persistencia y el incremento de la pobreza, la marginación y la falta de servicios educativos y de salud se encuentran en la base del auge delictivo que enfrenta el país, la corrupción prevaleciente es la razón primaria de su descontrol, de su crecimiento y de la imposibilidad de contrarrestarlo e incluso de contenerlo.
De las reflexiones anteriores y del fracaso manifiesto de políticas que han incrementado los problemas que pretendían combatir, se desprende la necesidad de formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública, que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de derecho y reinserción de infractores. Tales estrategias deben ser multidimensionales, transversales, incluyentes y, necesariamente, radicales, en el sentido de que deben ir dirigidas a la raíz de la aguda crisis que enfrenta el país en estas materias.
En lo que se refiere a la seguridad pública, la prevención, la procuración e impartición de justicia y el trato oficial a delincuentes presuntos o sentenciados, es necesario abandonar el autoritarismo y la violencia y avanzar a una perspectiva de respeto a las libertades y los derechos humanos y combate a la impunidad. Además de ampliar el catálogo de las prohibiciones vigentes, incrementar las sanciones y construir nuevas cárceles, es necesario ensanchar la soberanía de los individuos y de las colectividades, edificar escuelas y hospitales y diseñar sistemas eficaces de reinserción para los infractores. Se debe transitar de una autoridad vengativa a una autoridad justa, de un estado de persecución a un estado de bienestar y de la ley de la jungla al imperio de la ley.
Para hacer realidad estos propósitos y cumplir con la justa exigencia social de vivir en un país pacífico, seguro, sujeto al imperio de la legalidad y arbitrado por la justicia, se ha elaborado esta Estrategia Nacional de Seguridad para el periodo 2018-2024 en el que se enuncia un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores. Con la convicción de que la violencia, la inseguridad, la impunidad y la violación regular a los derechos humanos que padece el país es el síntoma de una crisis más profunda, resulta obligado mencionar en este documento, que son elementos necesarios para restablecer el estado de derecho y reorientar el combate a la delincuencia, el combate a la corrupción y las políticas sociales de bienestar del nuevo gobierno federal, los procesos de pacificación por los que se deberá transitar, la utilización de mecanismos e instrumentos de justicia transicional, una nueva práctica penitenciaria, la regeneración ética de la sociedad, la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública con base en los alcances y parámetros constitucionales contenidos en las reformas publicadas el 26 de marzo de 2019, y consecuentemente la necesaria expedición de la Ley de la Guardia Nacional; Ley Nacional del Uso de la Fuerza; Ley Nacional del Registro de Detenciones; y las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Este enfoque integral y transversal es la consecuencia lógica de una certeza: que así como la inseguridad y la violencia hacen imposible la consecución del bienestar, la paz social no puede conseguirse sin bienestar y sin justicia, y el gobierno federal que entró en funciones el 1 de diciembre actuará y ha actuado a partir de esa premisa.
Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se buscará alinear todos los esfuerzos en materia de seguridad para enfrentar óptimamente los enormes desafíos que tenemos en esa materia. Se garantizará la adecuada coordinación entre las diversas instancias federales y estatales para impulsar esta Estrategia en las entidades federativas y regiones del país, con pleno respeto al federalismo.
La tarea de garantizar la seguridad a los mexicanos es de una interdependencia sin precedentes. En esta etapa de emergencia que vive el país en materia de inseguridad, es una obligación política elemental promover el entendimiento, la voluntad y la identificación en fines comunes entre los tres niveles de gobierno para contener, reducir y eliminar la espiral de violencia criminal que azota al país. No se trata de privilegiar los intereses de un partido o del gobierno, sino de la República. Mientras alguna autoridad se debata en conflictos políticos, el crimen avanza de manera organizada.
La seguridad pública es un derecho humano, no un mecanismo de control social. Por tal razón las fuerzas de seguridad jamás serán utilizadas para reprimir a la ciudadanía. Se hará uso de la fuerza legítima del Estado en un marco de legalidad, de principios democráticos y de respeto profundo a los derechos humanos. No vamos a mejorar la seguridad pública reprimiendo la inconformidad social.
La violencia política y social solo se resolverá con diálogo, racionalidad y transparencia, y con decisiones públicas que respondan las demandas sociales. Al ciudadano no le interesa la separación de responsabilidades entre federación, estados y municipios, ni si los delitos son del orden federal o del fuero común. Lo que demandan es que el gobierno en su conjunto le garantice su seguridad y la de su familia. Por ello, en estrecha coordinación con los gobiernos estatales, municipales y de la Ciudad de México, focalizaremos los esfuerzos en el combate a los delitos que más afectan a la población. En las zonas de más alta incidencia delictiva incrementaremos el estado de fuerza.
Dada la emergencia que vive el país, es imprescindible asumir el reto de la inseguridad como una responsabilidad del Estado mexicano, que involucra a todos los poderes y a todos los niveles de gobierno.
Enfrentaremos el reto de la inseguridad, coordinadamente con las autoridades estatales y municipales. Sin repartir culpas ni eludir responsabilidades, sumaremos a las y los gobernadores de los estados y a las y los presidentes municipales en un trabajo conjunto, coordinado, eficaz y permanente con el propósito de garantizar mejores condiciones de seguridad en todos los niveles, con independencia del ámbito federal, estatal o municipal en que los delitos que se cometan.
Orientaremos la seguridad hacia una disminución real y sostenida tanto en los delitos del fuero federal como del fuero común, más que por la efímera popularidad de un golpe espectacular.
Combatiremos con carácter prioritario aquellos rubros de la criminalidad que acumulan el mayor daño social; concentraremos en su combate los mayores recursos públicos disponibles. En el otro extremo del fenómeno delictivo, la fuerza pública dará prioridad al combate de las expresiones más violentas del crimen organizado.
En materia de seguridad, asumimos la responsabilidad en el peor escenario posible. Citaremos solo un par de estadísticas: una del Instituto Nacional Estadística y Geografía que refiere que en nuestro país se cometen más de 31 millones de delitos al año; cerca del 99% de ellos quedan impunes. Con frecuencia alcanzamos hasta 100 homicidios dolosos al día.
Otra información del Índice de Paz Global señala que en las condiciones heredadas nuestro país es percibido por la comunidad internacional como uno de los más corruptos, violentos e inseguros.
En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 elaborado por Transparencia Internacional, México ocupa la posición 138 de 180 países, obteniendo una calificación de 28 puntos sobre 100.
En realidad, no necesitamos que nos digan que la violencia en México ha sobrepasado los límites de la imaginación. Todos sabemos que el miedo, la pérdida de vidas, las desapariciones, el robo a casas habitación y vehículos, los secuestros y la extorsión, entre muchos otros delitos y hechos de violencia han lastimado profundamente el corazón de los mexicanos.
El justo reclamo de la sociedad ha encontrado eco en el nuevo gobierno, y por eso se presenta esta Estrategia. Para ello, es imperativo: (i) alinear la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; (ii) generar la mejor coordinación institucional entre los responsables de aplicarla (iii) imponer orden en el gobierno para terminar con el bandidaje oficial, la corrupción, la impunidad y el influyentismo; (iv) impulsar la dignificación y mejoramiento de los cuerpos de seguridad; (v) generar una sólida coordinación con cada estado y municipio (vi) con base en la nueva institución de seguridad pública creada por la reforma constitucional que da vida jurídica a la Guardia Nacional, y otorga un marco de referencia en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas, lo que se materializará en la expedición de las leyes secundarias que al efecto se expidan.
El abandono de la procuración de justicia a partir de 2006, la descomposición institucional y la falta de probidad de muchos servidores públicos, tienen efectos desastrosos para la funcionalidad de las corporaciones de seguridad pública, las instituciones encargadas de la procuración y las instancias judiciales responsables de impartirla. Para conseguir la impunidad a cualquier clase de infracción es suficiente con elevar el monto del cohecho a las autoridades, con la protección del compadrazgo o el amiguismo, con la pertenencia a redes de complicidad e intercambio de favores. El narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos.
Si se pretende resolver exitosamente los fenómenos de delincuencia la delincuencia común y la delincuencia organizada es indispensable erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos. Es indiscutible que la impunidad florece gracias a la corrupción y que ésta termina desarticulando todo esfuerzo del Estado en el combate al delito. La supresión de las prácticas corruptas, que es el propósito más relevante de este gobierno, tendrá, por sí misma, un efecto positivo en la reducción de los índices delictivos. Debe impedirse por todos los medios legales la asociación entre delincuencia y autoridad.
Con base en la reciente reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, que incorpora diversos delitos, sin duda es otro paso más en un esfuerzo compartido entre el poder legislativo y ejecutivo para sentar las bases en el combate eficaz contra la delincuencia. Esta incorporación constitucional de delitos de mayor impacto, sin duda detendrá en buena medida "la puerta giratoria" de personas que entran al sistema de justicia penal y la percepción de impunidad que tiene la sociedad.
Si bien se sigue estableciendo la prisión preventiva como una medida cautelar de carácter excepcional en la Constitución, se incluyen al catálogo del 19 constitucional determinados delitos que más afectan a la población, para evitar que las personas que se logran detener por estos delitos sean liberados de manera inmediata. Estos delitos son:
Abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Hay que considerar, que no obstante persiste el principio de presunción de inocencia, se deben de garantizar también uno de los objetivos fundamentales del proceso penal, que consiste en procurar que el culpable no quede impune. Esto nos obliga a revisar y evaluar las normas constitucionales para determinar la pertinencia de su aplicación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre las bases de desempeño, eficacia, implementación, mecanismos alternativos y de solución de controversias; todo enfocados en los actores principales del sistema penal desde el ámbito de la procuración y administración de justicia.
Vamos a proponer, entre otros aspectos, la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, limitar las adjudicaciones directas y en su caso propiciar su revisión por parte de los órganos fiscalizadores, investigar y clausurar las empresas denominadas fantasma, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. Es necesario centralizar las instancias de contraloría, fortalecer mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, así como ampliar el radio de acción de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual, desde su creación en 2004, se ha concentrado en detectar la evasión fiscal, por lo que se tiene la finalidad de eficientar, en esta administración, su actuación que permita debilitar los esquemas de financiamiento del crimen organizado, considerando que el lavado de dinero se estima en 30 mil millones de dólares anualmente.
Por otra parte, proponemos como parte de esta Estrategia Nacional que las diferencias de salarios entre un agente ministerio público federal, un miembro de una institución policial federal y un juez federal, actualmente abismales, sean mínimas, dependiendo del rango y los niveles. Se requiere de una reforma histórica para que a los mejores abogados les resulte igualmente atractivo ser fiscal federal que juez federal y que sus remuneraciones y carrera no sean tan distintas; al mismo tiempo deben revisarse las condiciones salariales y demás prestaciones de los integrantes de las instituciones policiales.
En países donde los nuevos modelos de justicia han funcionado, tales servidores públicos no solo tienen percepciones similares, sino que se capacitan en el mismo lugar, con troncos comunes, homologando procesos. Esa parte de descoordinación es una de las causas de la impunidad en el país, existe un grave problema en materia de formación, capacitación y formación de los principales actores dentro del sistema de justicia en nuestro país.
Se analizará el establecimiento de mecanismos institucionales y disposiciones legales para evitar que efectivos policiales sometidos a proceso o sancionados por la comisión de delitos sean recontratados en otras corporaciones, por ello el mandato constitucional es el establecimiento de un Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, en el cual es indispensable la participación de las entidades federativas y los municipios en la construcción urgente de este nuevo modelo de información con acceso a todos los actores involucrados en materia policial y de procuración y administración de justicia.
No se puede entender un eficaz combate a la delincuencia, si no existe un mecanismo de información útil, ágil y confiable. En este punto debemos exhortar a los tres órdenes de gobierno a trabajar de manera conjunta, coordinada y sin regateos, de lo contrario todos los esfuerzos institucionales pudieran derivar en acciones ineficaces.
La generación de fuentes de empleo, el cumplimiento del derecho a la educación para todos los jóvenes del país que deseen ingresar a los ciclos superiores, la inversión en salud y los programas de desarrollo económico en distintas zonas del país atacarán las causas profundas del auge delictivo, reducirán en forma significativa la base social que haya podido generar la criminalidad y restablecerán la confianza de los individuos en el colectivo. La reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase.
Además de los programas de desarrollo y de bienestar sectoriales, regionales y coyunturales (Jóvenes Construyendo el Futuro, creación de Escuelas Universitarias, Pensión Universal para Adultos Mayores, cobertura universal de salud para todos, reforestación, modernización y ampliación de la red carretera, Zona Especial de la Frontera Norte, construcción del Tren Maya, Corredor Transístmico, reconstrucción, entre otros) el gobierno federal tiene como prioridad fortalecer el sector social de la economía (cooperativas, talleres familiares, micro empresas) en la producción agropecuaria, la industria, el comercio y los servicios y auspiciar su surgimiento en los ramos de la energía y las telecomunicaciones.
La tentación de restablecer una supuesta legalidad con métodos violatorios de los derechos humanos es absurda, moralmente inaceptable y contraproducente por diversas razones. Una autoridad que pretenda imponer la ley por medios ilegales incurre en una contradicción flagrante y pierde rápidamente el respeto y la credibilidad entre sus gobernados. La infracción a los derechos de la población por parte del poder público genera cinismo social, impulsa las conductas delictivas que se pretendía combatir y siembra las semillas de la ingobernabilidad.
Las violaciones a los Derechos Humanos se multiplican y perpetúan en la impunidad. Cada atropello no esclarecido, sancionado y reparado fomenta la repetición y la expansión de la arbitrariedad, el abuso de autoridad, la extralimitación de los servidores públicos, la vulnerabilidad de la población y el rencor hacia las instituciones.
Es necesario, por ello, realizar las modificaciones legales pertinentes para tipificar como delitos los incumplimientos graves de recomendaciones de las comisiones Nacional y estatales de Derechos Humanos y garantizar la plena independencia de las segundas con respecto a las autoridades estatales. Asimismo, se incorporará el conocimiento de tales derechos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales y militares y se difundirá la cultura de Derechos Humanos, tanto en los planes oficiales de estudio como en los instrumentos publicitarios a disposición de las distintas instancias de gobierno.
Se pondrá en libertad, en observancia de las formalidades legales que correspondan, a todas aquellas personas que, sin haber cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivaciones políticas, y se buscarán las vías para dejar sin efecto los actos procesales de vinculación al proceso y los juicios penales originados por la participación de los acusados en actos de protesta legal y pacífica.
Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El nuevo gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder, y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos.
En el ciclo neoliberal el poder público no sólo abandonó a su suerte a la población para ponerse al servicio de las grandes fortunas nacionales y extranjeras sino que, en conjunto con los poderes económicos, emprendió desde hace tres décadas un sistemático adoctrinamiento de la sociedad para orientarla hacia el individualismo, el consumismo, la competencia y el éxito material como valores morales supremos, en detrimento de la organización gregaria, los valores colectivos, el bien común y los lazos de solidaridad que han caracterizado a la población mexicana y que hunden sus raíces históricas en el modelo civilizatorio mesoamericano. Particularmente entre los jóvenes, la exaltación del dinero y las posesiones materiales y superfluas, aunado a un entorno que les niega espacios educativos y plazas laborales, ha generado frustración y facilitado actitudes antisociales.
La crisis de valores y de convivencia que constituye uno de los componentes del estallido de violencia y criminalidad se origina, a su vez, en buena medida, en el resentimiento social a causa de la pobreza, la marginación, la negación regular de derechos básicos y la falta de horizontes de realización derivada de la supresión de mecanismos de movilidad social. El estilo de vida inducido por la cultura neoliberal y consumista, en el que lo fundamental es el dinero, lo material y lo superfluo, ha generado frustración social, particularmente entre los jóvenes.
Esa crisis se ha ahondado como consecuencia de la contraproducente estrategia de persecución y represión de la delincuencia, en la cual autoridades de los tres niveles de gobierno han usado el "combate al narcotráfico" como justificación para minimizar y soslayar, si no es que promover, actos ilegales y violaciones a los derechos humanos.
Ante este panorama, la regeneración moral es, al mismo tiempo, un medio y un propósito que persigue este nuevo gobierno. Con independencia de crear una Constitución Moral que proponga nuevas actitudes en la relación entre individuos y entre éstos y el colectivo, además de enfatizar la cultura cívica y ética en los programas de estudio y en la comunicación oficial, la regeneración ética es la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles y vulnerables y pendiente en todo momento del interés superior; será, asimismo, una convocatoria permanente a toda la sociedad para retomar principios gregarios y remontar el grave deterioro del tejido social.
Las estrategias de penalización en la lucha contra las adicciones, el recurso a la violencia gubernamental para enfrentar la violencia delictiva y el énfasis carcelario en el sistema de justicia han fortalecido en la sociedad la idea de que existe en los seres humanos una inclinación innata al mal, que la desconfianza es una actitud correcta de la autoridad hacia los ciudadanos, que son más pertinentes las prohibiciones que las libertades y que el propósito de la justicia no es la reinserción sino el castigo de los infractores. En el ámbito de la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada, la regeneración ética se traducirá en la opción preponderante por los métodos pacíficos y la confianza previa en el buen comportamiento de la gran mayoría de las personas.
La prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es ya, desde cualquier punto de vista, insostenible. Para empezar, la potestad del Estado para determinar qué sustancias pueden ser consumidas por los ciudadanos y cuáles no carecen de justificación moral y atenta contra los derechos de las personas al libre desarrollo de la personalidad y a su autodeterminación sin injerencia de las autoridades. Por otra parte, las prohibiciones actuales son tan discrecionales y arbitrarias que se aplican a la cocaína, la mariguana, la heroína, las metanfetaminas y el ácido lisérgico, pero no afectan la producción y la comercialización de alcohol, tabaco, bebidas con contenido de taurina y cafeína y el consumo, regulado o no, de ciertos antidepresivos y somníferos.
Además, tal prohibición es ineficaz desde el punto de vista de la salud pública: así como la prohibición de las bebidas alcohólicas en Estados Unidos entre 1920 y 1933 no tuvo una incidencia apreciable en el fenómeno del alcoholismo, en la mayor parte de los países las estrategias de la prohibición de diversos estupefacientes no se ha traducido en una reducción del consumo.
El modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores, en la medida en que los empuja a la marginalidad social, los deja a merced de los vendedores, los impulsa a incorporarse al narcotráfico como sujetos activos, a delinquir para satisfacer su consumo de estupefacientes y los condena al uso de sustancias carentes de todo control de producción y de calidad agravando los problemas de salud. Por añadidura, en el paradigma de la prohibición las personas adictas ven enormemente limitadas sus probabilidades de reinserción y rehabilitación, por cuanto el negocio de las drogas ilegales los necesita para mantener y ensanchar su mercado.
Desde una perspectiva estrictamente económica, el negocio principal del narcotráfico no reside en traficar con estupefacientes sino en burlar la prohibición correspondiente, pues ésta representa diversas oportunidades para agregar valor a sus productos, muy por encima de los costos reales de cultivo/producción, transporte y comercialización: el paso de fronteras y puestos de control, los sobornos a policías, funcionarios y políticos, la conformación de cuerpos armados y de estructuras de inteligencia, comunicaciones y lavado de dinero, entre otras, explican el enorme diferencial entre los costos de producción de las drogas prohibidas y su precio en los mercados finales; y explican, también, los enormes márgenes de utilidad y rentabilidad que caracterizan al narcotráfico.
En cambio, la "guerra contra las drogas" ha escalado el problema de salud pública que representan sin duda las sustancias prohibidas hasta convertirlo en un asunto de seguridad pública, en el fortalecimiento imparable de los grupos delictivos dedicados a la producción y el trasiego de estupefacientes, en una violencia ya intolerable y en un problema de seguridad nacional, en la medida en que la presencia financiera, el poder de fuego, la capacidad operativa y la internacionalización de los cárteles se ha incrementado de manera sostenida.
El combate al comercio y consumo de "Cristal" tendrá por su parte la mayor prioridad como problema social de salud pública y de seguridad, dada la violencia que su consumo genera.
La alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las generan y se dedique en una primera instancia a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados.
Ciertamente, en la medida en que el narcotráfico es un negocio transnacional en el que nuestro país desempeña el papel tanto de productor de mariguana, amapola y metanfetaminas como de territorio de tránsito de la cocaína sudamericana y, secundariamente, de mercado de diversas drogas, debe plantearse la idea de levantar la prohibición de algunas de ellas que actualmente son ilícitas y tiene implicaciones internacionales insoslayables. De entrada, México limita al norte con Estados Unidos, que es el mayor consumidor de drogas en el mundo, con 27 millones de consumidores habituales y decenas de miles de muertes anuales por intoxicación y sobredosis.
En Estados Unidos los costos sociales de las adicciones, incluido el alcohol, son enormes. La necesidad de cambiar de enfoque salta a la vista: la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados de reinserción y desintoxicación.
Se promoverá la adopción de modelos de justicia transicional, la cultura de paz y la recuperación de la confianza en la autoridad, se pretende que sean vistos como elementos consustanciales a la estrategia de seguridad. El construir la paz requiere cambiar el paradigma ante el victimario, quien deberá asumir, como condicionantes, la plena colaboración con la justicia, la manifestación inequívoca de arrepentimiento, la garantía de no repetición de los crímenes cometidos y la reparación del daño. Se enfatiza al respecto, que perdonar no significa renunciar a la justicia, sino a la venganza privada. El estado luchará al lado de las víctimas para, antes que nada, se busque obtener la verdad, así como para reivindicar la justicia y la reparación de cualquier daño.
A pesar de los cientos de miles de vidas perdidas, los miles de millones de dólares invertidos, los recursos consumidos y los sistemas de inteligencia y vigilancia empeñados en la "guerra contra las drogas", el gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectivas de que logre vencerlos en un tiempo estimable. Invariablemente, los grandes y publicitados golpes al narco capturas o muertes de capos, decomisos, "aseguramientos" de bienes se traducen en un recrudecimiento de la violencia, en violaciones a los derechos humanos y a la postre, en procesos de fragmentación de las organizaciones criminales que multiplican la inseguridad y los padecimientos de las poblaciones. La aplicación de políticas de persecución deriva de manera ineludible en la descomposición creciente de las corporaciones públicas involucradas y de dependencias de los tres niveles de gobierno, y en una imparable erosión en la confianza y la credibilidad de las instituciones ante la sociedad.
Por otra parte, la estrategia policial y belicista aplicada en los últimos doce años ha dejado una tragedia humana y social de dimensiones incalculables: más de 200 mil personas asesinadas y más de 37 mil que se encuentran desaparecidas de las que casi cinco mil son menores de edad, un número difícilmente calculable de desplazados por la violencia y millones de personas que han debido modificar sus patrones de vida para protegerse. No sólo se alentó la espiral de violencia desde el poder público sino que instituciones y efectivos de corporaciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia, como lo documentan miles de denuncias recabadas por organizaciones oficiales y sociales de Derechos Humanos. Bajo la estrategia actual, México ha sido convertido en un país de víctimas.
Como ha quedado claro en la Consulta Nacional y los Foros de Escucha para la Construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional, a la enorme mayoría de los muertos, los lesionados, los torturados, los ausentes y los desplazados no se les ha hecho justicia y los delitos correspondientes han quedado impunes. Las políticas de violencia dejan, así, una enorme deuda social en materia de procuración que debe ser saldada con mecanismos de justicia transicional y por medio de los cauces institucionales ya existentes. En el caso de los desaparecidos se llegará hasta lo humanamente posible para esclarecer su paradero y se buscará la construcción de la paz y la reconciliación con base en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de los crímenes cometidos.
De cara a las medidas de pacificación, debe señalarse que la regulación desde un punto de vista distinto del consumo de estupefacientes actualmente prohibidos puede incidir en una reducción significativa de las adicciones y en una mejoría en las condiciones de los adictos pero, sobre todo, permitiría poner fin a uno de los motores centrales de la violencia, la inseguridad y el extendido quebrantamiento del estado de derecho, pero no sería suficiente por sí misma: la mera supresión de las estrategias prohibicionistas puede llevar a los grupos delictivos a una "repenalización" con el propósito de conservar su negocio y su mercado y no resolvería la existencia de organizaciones fuertemente armadas y organizadas, con una considerable capacidad de infiltración institucional y corrupción de servidores públicos, y dueñas del control en diversos puntos del territorio. De operar una mera regulación de las drogas, esas organizaciones podrían fácilmente cambiar de giro delictivo y permanecer como un gravísimo desafío al Estado y a la seguridad de las poblaciones. De hecho, la diversificación de actividades desde el narcotráfico hacia la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas es ya un fenómeno conocido en regiones como la costa del Golfo de México, la franja fronteriza, Michoacán y Guerrero.
Ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares, frente al absurdo de querer pacificar con métodos violentos y habida cuenta de lo contraproducente y trágico de tales políticas, resulta imperativo hacer un alto para considerar adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando asimismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas, y proponiéndoles un cambio de vida.
Procesos de desmovilización, desarme y reinserción
La violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados, con la diferencia de que se han emprendido entre gobiernos y bandos beligerantes esto es, insurgencias y oposiciones políticas o nacionales armadas y no entre una autoridad y grupos meramente delictivos. Pero en el México actual éstos tienen niveles organizativos, poder de fuego y control territorial equiparables, en diversos casos, a los conseguidos en otras latitudes por facciones políticas en armas. Es necesario, pues, poner en marcha procesos de desarme, desmovilización y reinserción social con condicionamientos claros: plena colaboración con la justicia, manifestación inequívoca de arrepentimiento y reparación del daño. El perdón de las víctimas y la contrición sincera de los victimarios resultan pasos previos indispensables para las negociaciones.
¿Qué ofrecer a los delincuentes para que dejen de delinquir? En primer lugar, un aumento en la esperanza de vida: los integrantes de las organizaciones criminales suelen morir jóvenes (el promedio de vida de un joven que ingresa a la delincuencia organizada es de seis meses) y de manera violenta. Ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi todo mundo ambiciona. En segundo lugar, la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos; en tercero, la posibilidad de que encabecen negocios legales y regulares. En cuarto, alcanzar la respetabilidad social. Ésta es la manera en la que actuó el gobierno de Estados Unidos en los años treinta del siglo pasado para acabar con las mafias que asolaban sus ciudades. De ese proceso surgió la bonanza en Atlantic City, Las Vegas, Miami y otros centros de inversión.
A la luz de las lógicas de pacificación, deben ser revisados los expedientes de los acusados y sentenciados en el marco de las estrategias de seguridad de los gobiernos anteriores, a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionado al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
El Consejo de Construcción de la Paz
Se establecerá lo antes posible el Consejo para la Construcción de la Paz, que será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz; contribuirá a articular las iniciativas gubernamentales en esta materia; difundirá la cultura de paz; promoverá estudios y propuestas y realizará conjuntamente con universidades estudios y propuestas sobre los vínculos entre la paz y la justicia, el desarrollo, los derechos humanos, la superación de la pobreza y la participación ciudadana. Este Consejo difundirá en escuelas y medios de información mensajes y materiales que expresen que la paz es posible y que es moral, social, política y económicamente superior y preferible a la violencia. Asimismo, formará mediadores y asumirá la mediación de conflictos locales. Esa instancia contribuirá a que el conjunto del gobierno federal opere con un enfoque de construcción de la paz y de resolución de conflictos e impulsará a todos los organismos públicos a actuar en esa misma dirección.
En lo inmediato, el Consejo para la Construcción de la Paz revisará los resultados de los Foros de Escucha y promoverá y dará seguimiento a peticiones y a las propuestas más necesarias y viables, a las sesiones intersecretariales y a los esfuerzos de construcción de la paz de las diversas dependencias, particularmente a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cultura, Trabajo y Previsión Social y Bienestar; promoverá en las distintas regiones la formación de consejos o comités regionales o temáticos para abordar los asuntos tratados en los Foros de Escucha y organizará reuniones de diálogo ordenado y estratégico en las regiones en las que no pudieron realizarse tales foros.
En un primer momento el Consejo se integrará, por invitación presidencial, con seis personas, tres en representación de instituciones públicas y otras tres en representación de la sociedad. Además de una jefatura de unidad que actuará ex oficio, contará con una secretaría ejecutiva y una secretaría técnica. Se invitará además a una representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como miembro con voz pero sin voto y a un observador permanente designado por la Organización de las Naciones Unidas.
El sistema penal del país enfrenta graves distorsiones que lo convierten con frecuencia en un mecanismo contraproducente y que pervierten el carácter disuasorio del castigo para transformarlo en un multiplicador de la criminalidad. Los Centros Penitenciarios se han convertido en escuelas de delincuentes y centro operativos de grupos del crimen organizado.
Fenómenos como el "autogobierno" que es, en realidad, el domino de los penales por mafias de internos con ramificaciones en el exterior, la corrupción de las autoridades carcelarias, el tráfico y el consumo de estupefacientes, la explotación sexual, la venta de protección, espacio, alimentos y horas de visita, así como el favoritismo e influyentismo logrados con dinero, hacen de los reclusorios aparatos disfuncionales.
Es necesario recuperar el control de los penales de las mafias que se enseñorean en ellos, combatir la corrupción de las autoridades carcelarias, establecer un régimen de respeto a los derechos de los internos, implementar mecanismos de supervisión externa, separar a los imputados de los sentenciados, garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres y dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos, todo ello en atención a recomendaciones de expertos nacionales e internacionales y en estricto acatamiento a las resoluciones emitidas en años recientes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Muchas de las condiciones actuales del sistema penitenciario no abonan a lograr la reinserción social. Por ello, es prioridad para el Gobierno Federal mejorar las condiciones de las personas privadas de su libertad y actuar con base en la premisa de que la reinserción social es posible, bajo esquemas de colaboración y coordinación con los tres poderes en todos los órdenes de gobierno.
El Gobierno de México entiende a la Seguridad Nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera.
El concepto de Seguridad Nacional debe ser entendido desde una perspectiva estratégica, porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas; amplia, porque buscará amparar a la totalidad del conjunto social; transversal, porque involucrará a las instituciones y a los sectores nacionales que deban participar en su gestión; e integral, porque estará supeditada a una sola doctrina y estrategia. Es decir, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano.
El Gobierno de México define como su Visión de la Seguridad Nacional que al término de la presente administración se encuentren ya instaladas todas las capacidades institucionales, los instrumentos operativos, los sistemas de coordinación y los fundamentos de una doctrina y una estrategia únicas, destinadas a establecer y preservar las condiciones que garanticen la integridad territorial y la soberanía nacional.
Asimismo, dicha visión de la Seguridad Nacional implica la gestión del bienestar colectivo, el pleno ejercicio de las libertades cívicas y el establecimiento de las condiciones de justicia, paz y seguridad, que propicien la prosperidad y el desarrollo sostenible para la nación.
México, al ser uno de los países con mayor extensión territorial y el undécimo país más poblado del mundo, se encuentra expuesto a múltiples riesgos y amenazas, como pueden ser entre otros, los flujos migratorios descontrolados, crimen organizado, corrupción gubernamental, cambio climático, fenómenos perturbadores, colapso de instalaciones estratégicas o de infraestructura crítica de la información y problemas frontera sur y norte.
Por tal motivo, el Gobierno de México debe fortalecer sus capacidades institucionales a efecto de alcanzar los objetivos estratégicos siguientes:
Coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional del Gobierno de México, a través del Consejo de Seguridad Nacional, el cual desarrollará acciones conjuntas de inteligencia de carácter estratégico y de atención, prevención, coordinación y seguimiento de los riesgos y amenazas.
Establecer un Sistema Nacional de Inteligencia que genere productos estratégicos para sustentar la toma de decisiones en materia de seguridad nacional.
Fortalecer y mantener la Seguridad Interior del país y garantizar la defensa exterior de México, con la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
Promover el concepto de cultura de Seguridad Nacional postulado por el Gobierno de México, para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema y fortalecer la toma de conciencia sobre los principales riesgos y amenazas, así como su posible impacto en la forma de vida de los mexicanos.
Construir las bases para la creación de un Documento Único de Identificación Nacional biometrizado.
No cabe duda de que, por su lealtad histórica al poder civil, su origen eminentemente popular, su disciplina y su vocación de servicio a la población en casos de desastre, las Fuerzas Armadas mexicanas constituyen una singularidad en América Latina. Es destacable, asimismo, la ausencia de tendencias oligárquicas en las cúpulas de las instituciones castrenses: aunque no todos los uniformados han ostentado un comportamiento intachable, en las Fuerzas Armadas nacionales no se han conformado minorías corrompidas, como sucede en otros ámbitos del poder, ni han surgido grupos de intereses económicos ilegítimos, como ocurre en instancias civiles del gobierno federal. En lo sustancial, los soldados y marinos mexicanos fueron y siguen siendo pueblo uniformado.
Si el Ejército y la Marina han experimentado desgaste y pérdida de confianza entre algunos sectores de la población, ello se ha debido a órdenes del mando civil de participar en acciones represivas. Ha fallado la estrategia, no la actuación de nuestras fuerzas armadas, por ellos con la instauración de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, se da una participación, concreta, regulada y ordenada a estos cuerpos siempre bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Ahora tenemos la gran oportunidad de retomar las fortalezas de las instituciones militares como su disciplina, formación, servicio de carrera, espíritu de cuerpo, para fortalecer la Guardia Nacional. Así mismo podremos aprovechar los recursos humanos, materiales e infraestructura que pueden aportar las fuerzas armadas en favor de la seguridad del país, siempre conforme las condiciones, requisitos y restricciones que el constituyente permanente ha señalado en el contexto de la reforma constitucional. Este esfuerzo debe ir encaminado bajo una doctrina policial de carácter civil, y es el camino que debemos seguir con la finalidad de que la Guardia Nacional sea un símbolo de confianza entre los ciudadanos de nuestra gran nación.
Desde otra perspectiva, ha de señalarse el hecho de que, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y debido a su peculiar ubicación geográfica, México no enfrenta amenazas militares externas: un conflicto armado con Estados Unidos es difícilmente imaginable en el contexto actual y, de ocurrir, no podría dirimirse por medios militares convencionales, dada la evidente asimetría de recursos. La misma situación de la frontera Norte se presenta, a la inversa, con los países vecinos del Sur: no hay diferendo histórico ni causa circunstancial en el horizonte para que inicie una guerra con ellos. A diferencia de lo que ocurre en casi todas las naciones hermanas de Sudamérica, la nuestra no tiene disputas territoriales vigentes con ninguno de sus vecinos inmediatos ni con países próximos.
En el libro "2018 La Salida" se precisó lo siguiente: "Se sumarán el Ejército y la Marina al esfuerzo de garantizar la seguridad pública. Actualmente, el objetivo fundamental de las fuerzas armadas es salvaguardar la integridad del territorio y preservar la soberanía de México. Sin embargo, en las circunstancias actuales es indispensable que a este propósito de la defensa nacional se agregue el de la seguridad pública interior. No debe desaprovecharse personal, experiencia e instalaciones para garantizar a los mexicanos el derecho a vivir sin miedo y sin temores. Los tiempos han cambiado y es otra nuestra realidad. El gobierno democrático de México defenderá la soberanía con autoridad moral y política. El distintivo será la paz, no la guerra...El Ejército y la Armada se convertirán en instituciones de Protección a los Mexicanos". (Cfr. López Obrador, Andrés Manuel, 2018 La Salida: Decadencia y Renacimiento de México, México, Planeta, 2018, pp. 257 y 258.
Por lo demás, en su política exterior el Estado mexicano ha propugnado siempre por la solución pacífica de los conflictos y la No Intervención en los asuntos de otros países de conformidad con el artículo 89, fracción X de la Carta Magna.
Cuando se involucró a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, hace ya 12 años, se argumentó que era una medida temporal en tanto se lograba el saneamiento, la capacitación y la profesionalización de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno. Pero en este lapso los gobernantes no avanzaron ni mucho ni poco en tales objetivos y hoy las fuerzas públicas civiles se encuentran tan incapacitadas para cumplir su tarea de prevenir y combatir el delito como en 2006.
Resulta ilustrativo a este respecto el caso de la Policía Federal, creada hace 20 años para suplir la labor de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y que es en la actualidad un agrupamiento con déficit de disciplina y profesionalización; sus integrantes alrededor de 40 mil elementos, incluidos muchos dedicados a funciones administrativas reciben bajos salarios, carecen de seguridad y protección social para ellos y sus familias. Desde su fundación esta corporación no ha sido dotada de equipo suficiente ni de instalaciones y cuarteles. Los efectivos de la corporación suelen ser enviados a actuar como "volanta", alojados en hoteles y campamentos cuando son enviados a una misión en diversos estados y casi siempre en condiciones precarias e indecorosas.
Lo mismo sucede con los agentes ministeriales y las policías estatales y municipales: en general carecen de profesionalismo, protección o apoyo y son, en muchos casos, dominados por la delincuencia y movidos por el interés y la corrupción y no por el deber del servicio público. A esto debe agregarse que la mayor parte de los cuerpos de seguridad actúan por su cuenta y que no existe, en los hechos, una mínima coordinación entre ellos; en algunos casos llegan incluso a enfrentamientos para mantener plazas y defender sobornos o prebendas.
Debe admitirse con toda franqueza que, dada la descomposición y la ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, es necesario trabajar a través de las leyes secundarias en la arquitectura de la Guardia Nacional, aprovechando al máximo los recursos humanos, materiales y financieros de los miembros del ejército, de marina y de la Policía Federal, tal y como lo expresa nuestra carta magna en la reforma del pasado 26 de marzo.
Con la entrada en funcionamiento de la Guardia Nacional, estamos convencidos que avanzaremos en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia con especial atención a la observancia de los derechos humanos, la integridad y el patrimonio de las personas.
Estas circunstancias llevan a proponer que, sin abandonar sus misiones constitucionales de velar por la seguridad nacional y la integridad territorial del país incluidos su espacio aéreo y el mar patrimonial, la preservación de la soberanía nacional y la asistencia a la población en casos de desastre, nuestras Fuerzas Armadas participen en la construcción de la paz por medio de un papel protagónico en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional.
Tal reorientación estrechará los lazos entre los militares y la población, y permitirá emplear todo el potencial de los institutos castrenses desde la Informática y la Ingeniería hasta la cartografía, pasando por la industria militar y naval en el desarrollo económico nacional y sentará un precedente de gran trascendencia mundial.
b) La Guardia Nacional
El 26 de marzo de 2019 fue publicada la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional como una institución de seguridad pública a cargo de la federación de carácter civil, la cual debe regirse por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y al imperio de la ley y en lo conducente a la perspectiva de género.
Conforme el régimen transitorio, la Guardia Nacional se constituye con elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval sin embargo, debemos de transitar a la brevedad a delinear su funcionamiento con base en el texto de la ley que al efecto se expida por parte del Congreso de la Unión.
Conocedores de las sugerencias, observaciones y planteamientos de diversos actores públicos y de la sociedad civil, se diseñó la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública que se construirá bajo una doctrina policial de carácter civil. Dicha institución policial debe tener autonomía técnica, operativa y de mando, constituida como un auxiliar en materia de seguridad pública de las entidades federativas y municipios, siempre respetando su soberanía, y actuando bajo esquemas de colaboración y coordinación.
Parte de las finalidades que debe clarificarse en su ley, es precisamente, la de aplicar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y todos aquellos programas, políticas y acciones que de manera coordinada sean necesarios para atender el grave problema de violencia que vive el país.
La Guardia Nacional tiene entre sus objetivos sustantivos, la prevención del delito y la participación en la investigación de los mismos, bajo el mando, supervisión y control de las autoridades ministeriales y judiciales, todo ello, siempre bajo la directriz de atender de manera integral a las víctimas, ofendidos o testigos del delito.
Sus integrantes serán permanentemente capacitados y estarán sujetos a estrictos estándares de evaluación y control de confianza. Debemos promover los mecanismos presupuestales, técnicos y legislativos para la creación de una carrera policial, en el que se generen programas de formación, capacitación y profesionalización, con esquemas de ascensos, basados en aptitud profesional, conducta, liderazgo y méritos demostrados en el desempeño de sus funciones.
Estamos proponiendo un esquema de profesionalización basado en tres ejes fundamentales: policial, académico y axiológico en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Se establecerán mecanismos permanentes, para la interrelación con los sectores públicos y privados, con objeto de que la profesionalización se otorgue bajo los más altos estándares internacionales con esquemas de disciplina y educación de carácter castrense, conforme a lo que la propia constitución mandata.
Se deberá ser muy estricto en cuanto al régimen disciplinario para quienes integren la Guardia Nacional, a efecto de que aquel elemento este sujeto a correctivos disciplinarios e investigaciones por acciones contrarias al servicio público. Queremos transformar la visión que tiene la ciudadanía respecto de los cuerpos de seguridad pública a través de la Guardia Nacional.
Se promoverán la creación de órganos de disciplina permanentes, independientes y responsables de la emisión de sanciones en contra de sus integrantes. De igual forma se actuará en el esquema de coordinación con las entidades federativas y municipios, bajo un marco de corresponsabilidad, a fin de que de manera paralela al auxilio que brinde la federación a través de la Guardia Nacional, se fortalezcan las instituciones de seguridad pública locales y municipales, y se realicen acciones conjuntas focalizando la problemática, determinando plazos y aportando recursos humanos y materiales.
Se debe continuar avanzando en la inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para enfrentar la amenaza a la seguridad pública y superarla a corto, mediano y largo plazo. La Guardia Nacional es un elemento adicional a todo un sistema de corresponsabilidades necesarias para combatir la violencia que vive el país.
Atendiendo a la reforma constitucional, es necesario que la actuación de la Guardia Nacional se acompañe de aspectos normativos adicionales en términos de las propias reformas constitucionales para ello se hace necesario regular el uso de la fuerza a través de instrumento que se apegue a los estándares internacionales y que sea aplicado a todos los cuerpos de seguridad pública.
Si bien existen entidades federativas que han emitido leyes estatales en la materia, así como diversos instrumentos que regulan el uso de la fuerza, lo cierto es que son esquemas aislados y no están contenidos en un marco institucional de carácter nacional que atienda criterios, alcances, requisitos y regulaciones específicas sobre el tema.
Por lo anterior, y conforme al mandato constitucional, la emisión de una ley nacional en materia de uso de la fuerza, debe estandarizar las actuaciones en los tres niveles de gobierno. Debe cumplir con las directrices que establecen los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Se debe establecer un catálogo normativo de funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones para los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Asimismo, es necesario el planteamiento de reglas para el control y administración del equipamiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
A través de este cuerpo normativo se debe brindar certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la fuerza. En esta materia, todos los actores debemos estar comprometidos en generar esquemas de formación agresivos para entender que el uso de la fuerza se rige por los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad; rendición de cuentas y vigilancia.
La consolidación de la Guardia Nacional como instrumento de combate a la delincuencia debe ir acompañado de la obligación permanente de generar programas de capacitación en derechos humanos, principios y empleo del uso de la fuerza, adiestramiento en medios, métodos y técnicas para el control físico, adiestramiento en el empleo de armas no letales, código de conducta de los servidores públicos, ética y doctrina policial, responsabilidades jurídicas; entre otros.
Asimismo, conforme al mandato constitucional, también se hace necesaria la regulación en materia de detenciones, como es la Ley Nacional del Registro de Detenciones, donde se atienden recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para fortalecer el sistema de justicia penal y que funcione apropiadamente requiere de un efectivo de registro de arrestos y detenciones, con lo que se busca obtener información confiable y en tiempo real sobre las detenciones y los detenidos, lo que podrá ser utilizado para la formulación y aplicación de políticas públicas.
Este debe tener un sistema de control y seguimiento de las personas detenidas por el Estado y que concentre la información a nivel nacional y sea utilizado por las Instituciones de Seguridad Pública con fines estadísticos y de inteligencia.
En este marco de regulación además de atender los criterios constitucionales deben, plantearse estrictas restricciones y responsabilidades en materia del tratamiento de datos personales.
La propuesta de iniciativa que fue presentada al senado señala que este registro funcionará en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien desarrollará la plataforma tecnológica para la administración y operación del Registro y del Sistema de Consulta de carácter público para lo cual será indispensable el apoyo de todas las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.
c) Coordinaciones Nacional, Estatales y Regionales para la Construcción de Paz y Seguridad
Parte fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es garantizar la coordinación entre las instituciones federales y las estatales, y que las 266 regiones distribuidas en cada una de las 32 entidades federativas actúen también de manera coordinada e informada.
En cada una de las 266 regiones en que se divide el país para la construcción de paz y seguridad se destinarán otros tantos destacamentos de la Guardia Nacional para la prevención, investigación, detención y puesta a disposición de detenidos ante el Ministerio Público y aportación de las pruebas exigidas por la ley. La designación del número de elementos, personal especializado y recursos de investigación e inteligencia a cada región, se realizará en función del número de habitantes y considerando la incidencia delictiva y las proyecciones de criminalidad.
En cada una de las 266 regiones la coordinación general recaerá en la autoridad civil de más alto rango que asista a la reunión. Las coordinaciones estarán integradas por un representante del gobierno federal, uno del gobierno del Estado y uno de la Fiscalía General, el mando militar regional, autoridades locales y municipales, un agente del ministerio público y personal acreditado de la Fiscalía de Derechos Humanos, así como miembros voluntarios de la sociedad civil y autoridades locales y municipales.
Las Coordinaciones Estatales para la Construcción de Paz y Seguridad se reunirán diariamente a temprana hora para compartir información y tomar acuerdos, y estarán conformadas por el Titular del Poder Ejecutivo del estado o un representante del mismo, el Delegado de Programas de Desarrollo del gobierno federal en la entidad, un representante de la Fiscalía General de la República y el comandante de la zona militar o naval, y se invitará al Secretario de Seguridad y al Fiscal o Procurador General de la entidad, así como a un representante de la Comisión de Derechos Humanos, al Presidente del Tribunal de Justicia de la entidad y a integrantes de la sociedad civil.
Los Delegados de Programas de Desarrollo y los Secretarios Técnicos funcionarán como apoyos y no como desafíos a las autoridades locales.
En las distintas Coordinaciones, nadie actuará de manera unilateral. Las decisiones se tomarán de manera conjunta y serán atendidas por el mando operativo de la coordinación.
A los Secretarios Técnicos de la Coordinaciones Estatales para la Construcción de Paz y Seguridad, les corresponde: (i) fungir como enlace de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con las Coordinaciones estatales y regionales de seguridad y con los delegados estatales de programas de desarrollo; (ii) apoyar a las y los gobernadores en los asuntos referentes a las coordinaciones Estatal y Regionales; (iii) llevar el seguimiento de los acuerdos y resoluciones generados en las mesas; (iv) proporcionar informes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que contribuyan a la toma de decisiones; (v) contribuir en la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y estrategias; (vi) y apoyar en el suministro, intercambio y actualización de información.
Cada Coordinación estatal estará en posibilidades de acceder en tiempo real, a la información indispensable sobre la incidencia criminal de su competencia, a través de Plataforma México, para una adecuada toma de decisiones.
En el ámbito nacional se tiene ya un mando coordinado del Gabinete de Seguridad que es encabezado por el Presidente de la República; el Gabinete de Seguridad sesiona diariamente en Palacio Nacional y en él participan los Secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, Marina y Defensa, y se convoca con regularidad al Fiscal General de la República.
En la reunión se da seguimiento a las acciones que comprende esta Estrategia, se informa sobre la incidencia delictiva y se toman las decisiones correspondientes para transmitirlas a las coordinaciones estatales y regionales. El Presidente podrá delegar la coordinación en el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
En suma, el Gabinete de Seguridad es la instancia estratégica y de gestión de crisis. Su objetivo será garantizar la colaboración y perseverancia de todos los cuerpos de seguridad en el país, dotar de claridad a las reglas de convivencia y operación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en materia de seguridad, observar los debidos protocolos sobre el uso de la fuerza, garantizar el respeto a los derechos humanos y establecer diariamente las respuestas ejecutivas a los problemas que se presenten.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene las funciones de coordinar al gabinete de Seguridad, planificar las políticas públicas de seguridad y paz, actuar como representación del Presidente de la República en las sesiones de la Coordinación Nacional cuando el Jefe de Estado se encuentre ausente, elaborar la normatividad respectiva verificar su cumplimiento, vincular y articular a las autoridades federales con las estatales y municipales, atender demandas de contención de conflictos sociales y operar los sistemas nacionales de Protección Civil y Penitenciario.
Como parte de esta Estrategia se ha invitado respetuosamente a participar en la observación de las tareas de seguridad, construcción de la paz y prevención del delito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Reglas comunes de las Coordinaciones
En cada región, en cada estado y en la capital de la República tendrán lugar a temprana hora reuniones diarias para coordinar a todas las dependencias federales, estatales y municipales encargadas de la seguridad pública.
Como parte fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se han desarrollado las siguientes estrategias específicas que no son limitativas, pero que constituyen temas prioritarios y urgentes a atender para recuperar la seguridad, pacificar el país y consolidar el Estado de Derecho.
Se desarrollará un Modelo Nacional de Policía que considere y articule los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de gobierno y tome en cuenta las condiciones, contextos y necesidades locales.
Dicho modelo debe ser integral y transversal en sus componentes y considerar un enfoque de derechos humanos, proximidad y participación ciudadana.
Asimismo, debe velar por la construcción colectiva y la coordinación efectiva entre cuerpos policiacos municipales, estatales y federales, al tiempo de estandarizar los rubros relacionados con la capacitación, profesionalización, certificación y dignificación policial.
En ese contexto, la policía más importante es la municipal, por su proximidad social y conocimiento del territorio. Nuestra apuesta será por el mejoramiento de los recursos humanos de estas corporaciones. Haremos policía desde abajo. Orientaremos los mayores recursos posibles al fortaleceremos profesional de las policías municipales. Impulsaremos un programa emergente de capacitación y profesionalización policial para duplicar lo más pronto posible el número de elementos municipales capacitados.
Tanto las policías municipales como las estatales se habrán de integrar en un solo modelo nacional de policía, con una misma calidad y competencia profesional, así como con capacitación y responsabilidades homologadas. Este proyecto se desarrollará en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública en tres etapas: la creación de un modelo nacional de policía; la homologación de 32 modelos estatales afines y con capacidades iguales; y, finalmente, la reproducción del modelo estatal en las policías municipales que cuenten con las capacidades y acrediten los requisitos para su integración.
Dada la pulverización del territorio de algunas Entidades Federativas al inicio de esta Administración Federal se han iniciado acciones concretas de Coordinación Interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno que buscan la homologación de acciones y procedimientos en el desarrollo policial y el régimen disciplinario.
Las políticas en materia de Seguridad Pública que son acordadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuentan con recursos federales que se destinan a los estados y municipios para apoyar la realización de las metas en los temas de profesionalización de las personas que conforman a las distintas instituciones encargadas de la Seguridad Pública, para la prevención de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, su equipamiento, la construcción de infraestructura física, así como para la implementación de bases de datos útiles para los fines de seguridad pública.
Esta Coordinación Interinstitucional está regida por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no obstante se advierten oportunidades de establecer mecanismos específicos y convenios de colaboración para los procesos de desarrollo policial, desarrollo organizacional y régimen disciplinario.
Las economías de escala beneficiarían a un número importante de municipios del país, que no cuentan con suficientes recursos financieros, materiales y humanos para el óptimo desempeño de sus atribuciones en materia de seguridad pública.
Se busca que los puestos, los sueldos, la capacitación y la certificación de las Instancias de Seguridad Pública Estatales no tengan diferencias abismales entre sí, que las percepciones mensuales en los Cuerpos Policiacos tengan un aumento gradual y significativo, dependiendo del rango y los niveles, teniendo como objetivo final la homologación de sueldos, capacitación y entrenamiento, equipamiento y reconocimiento. Los efectivos policiales estatales y municipales no deben quedarse muy atrás de las instancias federales.
Por lo cual, resulta imperativo Reactivar la Procuración de Justicia con un Nuevo Modelo Nacional de Policías Estatales y municipales. Impulsaremos la creación de la Universidad de la Seguridad Pública. Esta institución nos permitirá contar con un sistema de capacitación y educación continua, cuyo objetivo será especializar y profesionalizar a los cuerpos de seguridad. La formación incluirá una red adicional de escuelas y academias regionales.
Se rediseñará la carrera policial para adaptarla al nuevo sistema de justicia penal, mediante la creación de un auténtico servicio policial de carrera, que reconozca y garantice su permanencia. Los puestos de mando se asignarán por méritos a su actividad policial.
La prevención es uno de los ejes estratégicos de la seguridad pública.
Se han impulsado acciones en lo inmediato para consolidar una amplia política de prevención y participación ciudadana.
Contribuir a la construcción de paz mediante la prevención y reducción de la violencia entre grupos y entre personas, la restitución de derechos y la promoción de bienestar a nivel comunitario, la generación de eficacia colectiva frente a los problemas de inseguridad y la reconstrucción de la legitimidad de las instituciones de seguridad y justicia frente a la población.
Lograr lo anterior necesariamente implicará que las acciones de prevención por un lado (a) apoyen la desarticulación de los entramados delictivos que tienen una relación más estrecha con la violencia entre grupos (la producción, tráfico y comercialización de drogas; el robo, distribución y comercialización ilícita de hidrocarburos; el robo a autotransportes de carga y la comercialización ilegal de los bienes obtenidos de esta forma; el tráfico de armas; el tráfico o la trata de personas o la comisión de delitos electorales) y (b) contribuyan a interrumpir los fenómenos de violencia interpersonal que más afectan a las comunidades como son la violencia en pareja, la violencia en el hogar, la o violencia en el ámbito escolar.
Por otro lado también requerirá que la política de prevención (c) ayude a facilitar el acceso de las personas a salud, educación, trabajo y vivienda, entre otros satisfactores; (d) promueva la cultura de la legalidad y la ética pública, así como la movilización de la comunidad en torno a la solución pacífica de sus conflictos y problemas de inseguridad y (e) permita sentar las bases para la reconciliación entre la sociedad y las instituciones encargadas de brindar seguridad y procurar e impartir justicia.
Para lograr lo anterior, el gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfocará sus esfuerzos en las siguientes acciones:
Desarrollo Alternativo: Crear, de la mano de las dependencias encargadas de la política económica y social, alternativas económicas sostenibles para los hogares y comunidades que dependen del ingreso provisto por actividades ilícitas como el cultivo de drogas, la extracción y distribución ilegal de hidrocarburos, el robo de autotransporte, etc. Para ello, será necesario mejorar las condiciones generales de bienestar, promover la cohesión de la sociedad en torno a valores cívicos, desarrollar infraestructura y mejorar el alcance de servicios públicos en las regiones donde se presentan dichas actividades. Asimismo, como parte de esta estrategia, se buscará que los bienes decomisados al crimen sean reutilizados o reinvertidos en los proyectos de prevención y bienestar que beneficien a estas comunidades.
Prevención Especial de la Violencia y el Delito: En coordinación con las instancias encargadas de la operación del sistema de justicia penal a nivel federal, estatal y municipal, se trabajará en disuadir a los autores de conductas delictivas de su reincidencia mediante intervenciones restaurativas, orientadas a su protección (en el caso de los menores que son forzados a cometer delitos), resocialización y a la reparación del daño cometido a las víctimas. Las estrategias de prevención especial de la Secretaría no se limitarán a las personas privadas de la libertad, sino que se extenderán a las personas que cumplan con alguna sanción no privativa de la libertad o con alguna medida de justicia alternativa.
Disuasión Focalizada: Junto con las instancias correspondientes de los tres órdenes de gobierno, así como con las dependencias encargadas de la política social, se diseñarán e implementarán estrategias que permitan (i) identificar dónde y quiénes se dedican a una actividad ilícita; (ii) comunicarles con claridad las consecuencias de participar o continuar participando en actividades ilícitas haciendo explícitos los riesgos y las sanciones penales asociadas o bien poniendo el ejemplo mediante la persecución efectiva de personas o grupos dedicados a actividades similares; (iii) movilizar a la comunidad afectada por estas actividades para generar conciencia en las personas o grupos dedicados a actividades ilícitas sobre los daños que generan de forma que la propia comunidad pueda orientarlos para que modifiquen su comportamiento de forma positiva y (iv) ofrecer apoyo integral a quienes deseen abandonar la actividad delictiva y den cuenta de ello.
Cumplimiento Regulatorio: Se promoverá, en coordinación con instituciones públicas y del sector privado y mediante la articulación de apoyos e incentivos, que las dependencias o instancias que por su objeto social o atribuciones legales puedan estar en riesgo de ser utilizadas o infiltradas por la delincuencia para llevar a cabo actividades ilícitas se apeguen a los estándares de operación y cumplimiento legal más altos a nivel nacional e internacional.
Justicia Procesal, Proximidad y Atención a Víctimas: La Secretaría, a través de las unidades encargadas de la prevención, velará porque las autoridades de seguridad y justicia cuenten con herramientas y protocolos de actuación que ayuden a consolidar su legitimidad frente a la sociedad; es decir, que ayuden a fortalecer la percepción de que trabajan en favor del bien público y no en favor de objetivos institucionales o individuales. Dichas herramientas o protocolos podrán incluir temas relacionados con su proximidad y la calidad de sus interacciones con el público, la justicia cívica, la transparencia y rendición de cuentas, el uso de la fuerza o la atención a víctimas.
En todos los casos, las estrategias se desarrollarán, adaptarán y complementarán a partir de un diagnóstico detallado de cada una de las regiones, corredores o sectores donde se lleven a cabo atendiendo a las especificidades de cada una, máxime si se trata de alguna región que agrupe de forma diferenciada a un grupo étnico específico (i.e. etnoregiones).
En este sentido, la política de prevención tendrá como prioridades: (a) establecer lazos de colaboración con todas las dependencias relevantes del Gobierno de México, (b) coordinarse en todo momento con las autoridades estatales y municipales y (c) estrechar sus vínculos con la comunidad internacional, el sector privado y, de manera muy importante, con la sociedad civil organizada y no organizada.
Se desarrollarán estrategias focalizadas según la naturaleza de los problemas locales y regionales, comenzando por los territorios más violentos; es prioridad la recuperación de los espacios públicos. Se está reafirmando el combate a los delitos que más afectan a la sociedad, como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el tráfico de personas, el contrabando y el comercio ilegal de armas, el feminicidio, la violencia de género y los crímenes de odio.
De igual manera, se convocará a las asociaciones civiles y organismos ciudadanos a sumar su esfuerzo y experiencia para garantizar resultados óptimos; todo ello con un esfuerzo con la conformación de redes vecinales.
Finalmente, habrá apertura a la observancia y participación de organismos de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales. En carreteras, campos y ciudades del país se dará atención especial a la salvaguardia de los derechos de las comunidades indígenas, los menores, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad los migrantes de cualquier nacionalidad y los grupos sociales o personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, el gobierno reconocerá explícitamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y se recurrirá a esa instancia para el esclarecimiento y el castigo si llegaran a tener lugar crímenes que pudieran considerarse como de lesa humanidad.
A partir del diálogo con los Ejecutivos locales y la suma de esfuerzos de la federación y las Entidades Federativas el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó los nuevos criterios de distribución, fórmulas y variables para la asignación, administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a las entidades federativas (FASP) que serán aplicados en el ejercicio fiscal 2019, y que serán la base para futuros ejercicios fiscales, sujetos desde luego a su evaluación y resultados.
Los criterios de distribución de los recursos federales se basan en las siguientes prioridades acordadas con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
1. Profesionalización, certificación y capacitación de policías estatales, municipales, custodios y ministeriales con énfasis en sistema de justicia penal acusatorio, derechos humanos y perspectiva de género.
2. Equipamiento Policial y de Instituciones (Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, Cibernética, Búsqueda de Personas y Sistema de Justicia Penal).
Ø El equipamiento policial de las instituciones es precario y obsoleto, así como en muchos casos es insuficiente para enfrentar a la delincuencia.
Ø Como prioridad se deben destinar mayores recursos de los fondos federales para el equipamiento de las corporaciones, los cuales sumados a los esfuerzos locales permitirán que las policías cuenten con mejor condiciones para el desarrollo de su trabajo: mejores uniformes, mejor protección, mejores vehículos, mejor armamento.
3. Fortalecimiento y/o creación de las Unidades de Inteligencia Financiera en las entidades federativas.
Ø El eje de la actividad criminal es el flujo financiero, sino es combatido con eficacia la lucha será infructífera.
Ø En la gran mayoría de las entidades federativas no existen Unidades de Inteligencia Financiera, al constituirse estas Unidades coadyuvarán en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y eso permitirá desarticular la red financiera de los criminales.
Ø Con dichas unidades se fortalecerá la investigación para los procesos de extinción de dominio de los bienes decomisados a los delincuentes para su posterior utilidad social.
4. Construcción, mejora y equipamiento de los Servicios Médicos Forenses.
Ø Ante eventos reprobables, como las cajas de trailers repletas de cadáveres amontonados que circularon en la zona metropolitana de Guadalajara por la falta de espacios en los servicios médicos forenses o las condiciones lamentables en que se encuentran operando otros con una gran saturación con cuerpos sin equipos de refrigeración funcionales, expuestos y apilados, se pretenden construir, mejorar o ampliar los centros donde son almacenados.
Ø Toda persona merece un trato digno y el personal que labora en esas instituciones deben contar las condiciones mínimas de sanidad e higiene para desempeñar su trabajo.
5. Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de medidas para adolescentes
Actualmente el Sistema Penitenciario Nacional presenta inconsistencias tales como: opacidad, falta de controles internos y corrupción.
Ø La población penitencia a nivel nacional a fines del 2018 era de 202,889 internos. El 83% son del fuero común y el 17% del fuero federal.
Ø Por ello, se requiere mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad (PPL) estableciendo un régimen de respeto a sus derechos con dignificación de condiciones de alojamiento, salud y alimentación.
Ø Se deben de eficientar los Sistemas de bloqueos de señales de celulares en los reclusorios para evitar que desde ahí se practiquen extorsiones y operen los delincuentes.
6. Interconexión tecnológica eficaz de todos los sistemas de información federal, estatal y municipal
Ø La falta de acuerdos de colaboración y de coordinación interinstitucional de diversas instituciones a nivel federal, estatal y municipal han limitado la interconexión tecnológica y eficaz de los sistemas de información para combatir la criminalidad.
Ø Se requiere fortalecer Plataforma México para contar con una interconexión tecnológica eficiente de todos los sistemas de información federales, estatales y municipales.
Ø La inteligencia debe ser la base de un correcto desempeño para las fuerzas del orden, en la medida en que minimiza el uso de la fuerza, redunda en la seguridad de la población y de los propios agentes y permite desarticular de raíz los procedimientos delictivos.
Ø Se han establecido los primeros protocolos de intercambio de información y análisis entre las áreas de inteligencia policial y criminal, instancias de inteligencia sobre seguridad interior, pública y nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
7. Actualización y fortalecimiento de la Red Nacional de Radiocomunicación
Ø Existe un nivel de obsolescencia y de abandono en el área de la Red Nacional de Radiocomunicación, aunado a la existencia de un monopolio.
Ø Esta situación ha impedido el crecimiento organizado y articulado de la red de comunicación.
Ø El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en coordinación con la oficina del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, deberán desarrollar acciones que garanticen en el corto, mediano y largo plazo la operación y vigencia de la Red Nacional de Radiocomunicación con las siguientes características:
(a) libre competencia en la provisión de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y transferencia de conocimiento,
(b) actualización completa al protocolo IP, e
(c) integración confiable entre las redes de seguridad Tetra, Tetrapol y P25, así como del sistema satelital MEXSAT MORELOS III y las redes de banda ancha vigentes en el territorio nacional a través de la interoperabilidad, de al menos, voz y señalización.
Todas estas medidas deberán observarse en los tres órdenes de gobierno con el objeto de ampliar las coberturas, diversificar los servicios, y aprovechar la oferta de otras tecnologías en el mercado, garantizando la utilización de la infraestructura instalada por el Estado mexicano.
8. Fortalecimiento tecnológico del Registro Vehicular (REPUVE)
Ø El robo de vehículos no sólo es un delito que por sí mismo hay que combatir frontalmente, sino porque la mayoría de los delitos se cometen en vehículos robados pues son la herramienta de los criminales.
Ø Las experiencias en materia de registro de vehículos hasta ahora han sido insatisfactorias.
Ø El Registro Vehicular (REPUVE) debe considerarse como un instrumento de seguridad ya que es una herramienta eficaz para el combate del delito debido a que en su comisión, traslado y huida se requiere de un medio de transporte que nos permita llegar con rapidez a los responsables del delito.
Ø Se debe de impulsar el incremento de las capacidades de supervisión del REPUVE en las Entidades Federativas en esta materia.
9. Fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia y geolocalización
Ø En la actualidad en una gran mayoría de Ciudades y municipios del país no funcionan los sistemas de video vigilancia y geolocalización.
Ø No se cuenta con un adecuado esquema de mantenimiento y capacitación para los sistemas de video vigilancia y geolocalización ya instalados.
Ø Sin embargo está comprobado que éstos sistemas ayudan a reducir la criminalidad.
10. Impulso Modelo Nacional de Policía, Prevención del delito y percepciones extraordinarias
Ø Es un hecho irrefutable que la sociedad demanda una policía confiable, capacitada y bien remunerada.
Ø Es por eso que se trabaja en un Modelo Nacional que considere y articule los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de gobierno y tome en cuenta las condiciones, contextos y necesidades locales.
Ø Dicho Modelo Nacional de Policía debe ser integral y transversal en sus componentes y considerar un enfoque de derechos humanos, proximidad y participación ciudadana.
Ø Para ello es imperante homologar sueldos, capacitación, reconocimiento y equipamiento de nuestras policías.
A la luz de la dimensión del problema que implica el fenómeno delictivo asociado al robo y venta ilícita de hidrocarburos, el Estado mexicano ha impulsado de manera firme y decidida una serie de acciones tendientes a resolver dicha problemática surgida, permitida y tolerada desde anteriores administraciones.
La misma genera graves daños a la economía del país, es detonador de violencia inusitada en diferentes regiones de la República, fomenta la corrupción y genera graves conflictos sociales y riegos para la población, que incluso han llegado a convertirse en verdaderas tragedias nacionales.
En este sentido las acciones gubernamentales se encauzarán a través de la prevención general y especial del delito.
Por lo que hace a la prevención general del delito, se están impulsando una serie de programas sociales que permitan inhibir las condiciones criminogénicas que favorecen la aparición de conductas antisociales asociadas al robo y venta ilícita de hidrocarburos.
Durante esta administración se efectúa un esfuerzo de inversión presupuestal histórica, para atender las causas generadoras de las conductas antisociales, por ello mediante elevar las condiciones de bienestar y desarrollo social a través de mejores servicios de salud, educación, vivienda, trabajo bien remunerado, deporte, entre otros aspectos, estaremos en posibilidades de evitar que la delincuencia organizada se vea beneficiada de las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la población más vulnerable de nuestro país.
De igual manera, actuando paralelamente tanto en evitar las conductas antisociales como persiguiendo y sancionando aquellas que el Derecho y la sociedad consideran inaceptables, permitirá disminuir drásticamente las externalidades económicas producto del delito que afectan de manera significativa la viabilidad y desarrollo económico, social y político de México.
En lo que respecta a la prevención especial del delito el Gobierno de la República, ha determinado utilizar todos los recursos con los que cuenta para enfrentar de manera firme y decidida las conductas delictivas que impunemente durante varios lustros se han cometido con la connivencia de las autoridades responsables de aplicar la ley.
Para tener una respuesta integral al problema se ha determinado que adicionalmente a los esfuerzos de Secretaría de la Defensa encaminados a garantizar la seguridad de PEMEX, se sumen todas las capacidades institucionales del Estado mexicano a través de la función policial que desarrollan diversas instituciones, tanto en el plano de producción de inteligencia direccionada a auxiliar al Ministerio Público Federal, como en el ejercicio de las facultades preventivas, investigativas e inspectivas que cada institución pueda desarrollar.
Para ello se plantean tres diferentes etapas que deberán ser puntualmente evaluadas en cuanto a resultados concretos.
1. En una primera etapa:
a) Solventar las necesidades de productos de inteligencia que permita prevenir robos de combustible, o sabotajes a las instalaciones de PEMEX
b) Dar seguimiento y auxiliar a la Fiscalía General de la República con información táctica en todas las detenciones que se realicen en flagrancia, a efecto de apoyar en la judicialización de detenidos y en el aseguramiento de inmuebles, vehículos o instrumentos del delito,
c) Identificar con modus operandi todos los eventos de robo de combustible en el país, vía mecanismos de inteligencia transversales aprovechando todas las capacidades institucionales.
2. En una segunda etapa:
a) Identificar el número de investigaciones en curso a efecto de establecer las redes de vínculos que establezcan la identificación de los líderes de las organizaciones delictivas, sus operadores regionales, testaferros, bienes y recursos, así como quienes les brindan protección desde su calidad de servidores públicos.
b) De dichas redes de vínculos deberán determinar cuántos objetivos cuentan con mandamientos judiciales en su contra o investigaciones en curso, y respecto de los que no existan aquellas, proporcionar información que sirvan como datos de prueba para iniciar las investigaciones correspondientes, o integrar debidamente las ya existentes para el ejercicio de la acción penal en su contra.
c) Determinar los objetivos prioritarios y los blancos de oportunidad a consignar con pedimento de orden de aprehensión, las cuentas bancarias que deban ser intervenidas, los bienes inmuebles que deban ser cateados y asegurados, las estaciones de servicio que deban ser inspeccionadas e identificar a los líderes sociales regionales que se encuentren relacionados en la comisión del tales delitos.
d) Dar seguimiento procesal a las judicializaciones que resulten procedentes.
e) Establecer un programa de cumplimiento de órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el robo de combustible.
3. En una tercera etapa:
Evaluar resultados a través de:
1. La capacidad de respuesta institucional derivada tanto del número de ataques a ductos, como las posibles pérdidas que pudieran presentarse por robo de combustible.
2. Número de investigaciones iniciadas.
3. Número de personas detenidas y procesadas.
4. Número de órdenes de aprehensión obtenidas.
5. Número de órdenes de aprehensión cumplidas.
6. Número de bienes asegurados y monto de los mismos.
7. Número de cuentas y empresas aseguradas y monto de las mismas.
8. Número de sentencias condenatorias obtenidas.
Estamos convencidos que garantizar certeza jurídica a los gobernados y respeto a sus derechos humanos justifican la existencia de los estados democráticos, por ello sabremos cumplir con el mandato que el pasado primero de julio el pueblo nos otorgó para reestablecer el estado de derecho y desterrar la impunidad.
Sabemos que la tarea implica superar vicios, rezagos y deformaciones históricas que exigen comprometer nuestra absoluta voluntad y compromiso con la aplicación de la ley que permitan alcanzar condiciones de paz y bienestar social.
No pasa desapercibido que el 14 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman el artículo 22 y 73 fracción XXX de las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio donde se incluyen los delitos para la procedencia de esta acción en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, ello sin duda formará parte integral de la estrategia para combatir a la delincuencia.
F). Estrategia de combate al uso de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (mejor conocido como lavado de dinero o lavado de activos), defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el abatimiento de éstos delitos.
Mediante el uso de la inteligencia financiera, se combatirá al crimen organizado como un sistema económico, es decir, en su fortaleza económica. Concentraremos nuestros esfuerzos en el dinero y en los bienes del narcotráfico, y no sólo en los narcotraficantes o en los llamados objetivos prioritarios.
Los recursos incautados al crimen organizado se destinarán a financiar los programas focalizados de prevención social y reparación del daño. Se establecerán controles legales y de ciudadanía para supervisar el uso y aplicación de dichos recursos.
En los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos 2016 (actualmente se está realizando la actualización 2019 de este documento), coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en donde participaron instituciones de seguridad, procuración de justicia, del poder judicial de la federación, así como instituciones del sistema financiero y bursátil mexicano, se identificó a la delincuencia organizada como uno de los principales riesgos de la economía nacional, motivo por el cual debe de ser atacada desde su ámbito financiero, para abatir su poder económico que afectará y disminuirá sus operaciones.
La diversificación y creatividad que tiene la delincuencia organizada para realizar operaciones financieras a través de empresas, personas o utilización del sistema bancario y bursátil es tan basto que obliga a las instituciones de inteligencia a encontrar nuevos métodos que contribuyan a localizar y posteriormente bloquear las cuentas y activos de éstos delincuentes, así como denunciar ante la Fiscalía General de la República o fiscalías o procuradurías locales.
De igual manera, al utilizar recursos de procedencia ilícita en las actividades productivas, produce un quebranto a la hacienda pública del país por la defraudación fiscal que esto provoca y que lesiona también a la sociedad por la distracción de recursos que bien podrían ser utilizados en educación o programas sociales.
La UIF en el marco de una política criminal de Estado encabezada por el Presidente de la República y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, juega un papel trascendental en la prevención de la utilización de recursos de procedencia ilícita, al proveer a las instituciones de procuración de justicia elementos tangibles, información y análisis que contribuyen al fortalecimiento de investigaciones, que en su caso, puedan ser judicializadas y las sentencias por estos delitos sean incrementados.
Asimismo, la facultad que tiene la UIF para incorporar al listado de personas bloqueadas a individuos o empresas relacionadas con la delincuencia organizada, permite limitar sus operaciones y afecta sus estructuras, debilitándolas y dando la oportunidad a las instituciones de procuración e impartición de justicia de realizar sus tareas.
Para lograr lo anterior, la UIF dentro del marco legal vigente y para combatir los delitos que ya se han mencionado, realizará las actividades siguientes:
1. Elaboración y diseminación de tipologías en donde se muestren los métodos que utilizan las redes de la delincuencia organizada para ingresar al sistema financiero recursos de procedencia ilícita, así como sus delitos predicados.
2. Integrar, evaluar y vincular datos para prevenir y combatir el delito de utilización de recursos de procedencia ilícita.
3. Especialización en las técnicas de investigación para la identificación pronta y expedita de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
4. Generar productos de inteligencia para el combate y la afectación a la economía de la delincuencia, a través de los reportes de inteligencia que se generen.
5. Contar con bases de información y de datos estructurados que permitan respuestas eficaces en el combate al Lavado de Dinero.
6. Homologación de criterios y plataformas de tecnologías de la información y comunicación para integrar y diseminar productos de inteligencia patrimonial, fiscal y económica.
7. Agregar un componente económico y patrimonial a las tareas actuales de investigación, bajo un enfoque de creación de inteligencia patrimonial económica a nivel local, con recursos de fondos FASP.
8. Prever tendencias delictivas con base en los activos de los delincuentes y los sujetos relacionados con los mismos.
9. Potenciar la coordinación institucional en materia de estadística y combate a la delincuencia, relacionada con la investigación, procesos y condenas por la utilización de recursos de procedencia ilícita, ello para la debida toma de decisiones.
10. Generar datos estadísticos y mapas patrimoniales que identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales en materia fiscal.
11. Identificar y bloquear los activos de los imputados relacionados con la delincuencia organizada.
12. Incrementar el número de denuncias que presenta la UIF ante la Fiscalía General de la República de los hechos que tenga conocimiento relacionados con la utilización de recursos de procedencia ilícita, así como con vistas entre la Procuraduría Fiscal de la Federación por casos de defraudación fiscal y Secretaría de la Función Pública por temas de responsabilidades administrativas.
13. Congelar o bloquear las cuentas vinculadas a delitos en donde se presuma la utilización de recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, así como sus delitos predicados.
14. Suscribir y celebrar actos jurídicos necesarios para un eficaz ejercicio de las funciones de la UIF.
15. Implementar en la Guardia Nacional una Unidad Policial Especializada en la Investigación de Lavado de Dinero denominada Guardia Financiera, que debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
16. Coadyuvar en la creación de una Unidad de Investigación y Litigación especializada en lavado de dinero y robo de hidrocarburos en la Fiscalía General de la República.
17. Coordinación con instancias de procuración e impartición de justicia con la finalidad de obtener mejores resultados en la judicialización de los asuntos.
18. Coordinación con instancias internacionales para la prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
19. Intercambio de información con agencias internacionales para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
20. Proporcionar asesoría técnica y de gestión a las entidades federativas en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
21. Implementación de programas de capacitación a los diversos sectores del sistema financiero y de actividades vulnerables para lograr una mejor identificación de conductas delictivas por lavado de dinero.
G). Estrategia para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia.
El procedimiento actual de extinción de dominio es muy largo ya que puede durar años para que un Juez Penal Federal competente, dicte sentencia e instruya el destino de los bienes asegurados.
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) es la Institución del Gobierno Federal que administra bienes que no son del Estado. En la actualidad, el SAE tiene, en bodegas y patios, diversos bienes asegurados que fueron transferidos por la entonces Procuraduría General de la República hace más de 14 años, sin que la autoridad competente se pronuncie respecto a su destino.
Se generaran los acuerdos correspondientes con la Fiscalía General de la República para que los Agentes del Ministerio Público de la Federación agilicen los procedimientos de abandono ante las instancias judiciales y se agilice su destino. Se ha planteado convertir dichos bienes a numerario, efectivo o su equivalente, mediante el procedimiento de enajenación.
El 14 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el de Decreto por el que se reforman el artículo 22 y 73 fracción XXX de las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.
Por un lado incorpora más delitos para poder ejercitar esta acción, como lo son: hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Por otra parte establece la obligación de emitir una legislación única en la materia pretendiendo que el procedimiento sea más eficaz.
Con esta reforma se posibilita un contexto de seguridad jurídica y garantías que el país exige. Así mismo, al aplicar la figura de extinción de dominio, el Estado podrá utilizar de manera estratégica los bienes producto de la delincuencia para fortalecer su combate.
Sin lugar a dudas uno de los logros más importantes en nuestro país fue considerar la figura jurídica de extinción de dominio dentro de nuestro marco normativo, no obstante, con el paso del tiempo dicho instrumento no ha dado los resultados esperado ni ha logrado satisfacer las expectativas respecto al combate efectivo contra la delincuencia.
Por lo anterior, resulta indispensable replantear la figura de extinción de dominio con la finalidad de que dicho instrumento sea eficaz y eficiente en el combate contra las estructuras delictivas respecto a sus recursos económicos.
Para poder llevar a cabo dicho fortalecimiento es necesario atender lo siguiente:
· Precisar la naturaleza civil del procedimiento de manera autónoma respecto del procedimiento penal.
· Especificar que dicho procedimiento civil recae sobre derechos reales o bienes incorporados al patrimonio de una persona y/o sobre su eventual participación o responsabilidad en la comisión de ilícitos, la esencia estriba en acreditar la legítima procedencia de los bienes por quien se ostente como propietario o poseedor.
· Derivado del reconocimiento de la naturaleza civil del procedimiento, resulta más que necesario expedir la legislación general única en materia de procedimiento civil que permita establecer parámetros precisos a nivel nacional, para disponer, usar, usufructuar, enajenar y monetizar de los bienes, sin perjuicios para el Estado.
· La monetización de los bienes sobre los que recae el ejercicio de la acción de extinción de dominio atendiendo al tema fundamental respecto al costo en el que incurre el Estado al fungir como administrador de los bienes resguardados durante todo el proceso judicial, resultando necesario que aquellos bienes que estén sujetos a la acción de extinción de dominio, se liquiden, destruyan o transfieran en aras del interés público, con el fin de que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y no generen un gasto innecesario en los contribuyentes.
· La posibilidad de disponer (uso, usufructo, enajenación y monetización atendiendo al interés público), y desde el primer momento en que se presenta la acción de extinción ante el juez civil, de aquellos bienes que son materia de este.
Adicionalmente a la Ley de la materia (Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público), se propondrán reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y su Reglamento; así como al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Se propone que los recursos de los bienes confiscados cuyo dominio haya sido declarado extinto mediante sentencia ejecutoriada después de la intervención del SAE, se destinen en partes iguales a tres fondos para la reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos; a Programas Sociales y al fortalecimiento de la Estrategia de la Seguridad.
En las carreteras de México circulan anualmente 75 millones de personas y en temporadas vacacionales 16 millones de personas en forma adicional, por lo que ante esta saturación de usuarios de la red carretera nacional, la delincuencia opera en el anonimato. Se requiere combatir, mediante una estrategia interinstitucional, los asaltos y robos en las carreteras de México y con ello disminuir sensiblemente los siniestros.
Al respecto se llevarán a cabo las siguientes acciones:
Operaciones específicas de revisión y supervisión del transporte en rutas identificadas con mayor Incidencia Delictiva.
Vinculación con centros de distribución, centrales de carga, cámaras del transporte y Organismos del Sector Privado para intercambio de información sobre incidencias y eventos en carreteras.
Establecer filtros de revisión y arcos en Centrales de Autobuses.
Revisar las afectaciones de tramos carreteros y blindar los accesos a las autopistas.
Uso de arcos gamma para la detección de armas y drogas.
Acceso a las cámaras de videovigilancia para detectar vehículos sospechosos o dedicados a actividades delictivas.
Los tramos carreteros donde se iniciará este Plan de Carreteras Seguras serán:
Carretera 150D de la Ciudad de México al Puerto de Veracruz.
Carretera 37D de Morelia al Puerto de Lázaro Cárdenas.
Carretera Autopista 57D en su Tramo Ciudad de México-Querétaro y Autopista 45D en su Continuación del Trayecto Querétaro-Salamanca-Irapuato.
Autopista 95D en su Tramo Cuernavaca-Chilpancingo.
Las Instituciones de Gobierno no han contado con controles eficientes ni inventarios de confiscaciones de armas; además existe un alto índice de corrupción en los tres órdenes de Gobierno en relación con este tema.
Se calcula que un 3% de los mexicanos tienen un arma y en nuestro país se utilizan armas de fuego en alrededor de un 70% de los homicidios. Se calcula que alrededor de 200,000 armas de fuego entran ilegalmente a México cada año.
Se ha carecido de controles aduaneros eficientes. No se cuenta con rastreo de armas ni protocolos periciales eficientes y universales.
Se requiere combatir mediante una estrategia interinstitucional la entrada ilegal de armas de fuego en nuestro país y establecer mayores controles y seguimiento a las licencias colectivas de armas de fuego.
Se pondrán en marcha mecanismos para mejorar el control y registro de armas aseguradas y se reactivarán los grupos interinstitucionales integrados por el Sistema de Administración Tributaria, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaria de la Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para supervisar el control y registro de armas. Periódicamente se revisarán los resultados de estas acciones.
Finalmente, a efecto de atender la obligación establecida en el artículo 69 párrafo tercero de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera anual se remitirá un informe de actividades sobre los avances, alcances, resultados, logros y demás información que establezca con claridad el estado que guarda la presente estrategia.
Asimismo, en relación con el artículo 76 fracción IV, se enviará un informe anual sobre las actividades de la Guardia Nacional a la Cámara de Senadores, que permita analizar y dar continuidad de las acciones de esta institución de seguridad pública.
De manera adicional, la Cámara de Senadores analizará la Estrategia con la finalidad de evaluar anualmente el progreso respecto al cumplimiento de los objetivos y el avance en las estrategias establecidas en la misma.
Desde el inició de esta nueva administración, el Gobierno de México está comprometido en generar, en cualquier ámbito del ejercicio de gobierno, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y evitar la discrecionalidad sobre todo en la actuación de los integrantes de las instituciones de seguridad, promoviendo siempre un gobierno proactivo y transparente.
La presente estrategia estará alineada al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2014, siendo éste el proyecto nacional que marcará el rumbo de las políticas que servirán para transformar la vida pública del país y construir un nuevo pacto social cuyo objetivo último sea el bienestar de todas y todos.
En este sentido, el PND es el documento en el que el Gobierno de México articula los objetivos y metas para atender los problemas prioritarios e impulsar el desarrollo nacional, en éste se detallan las metas e indicadores en materia de seguridad pública, lo cual permitirá evaluar si se está operando debidamente y si los resultados cuantitativos y cualitativos de su ejecución son los esperados, por lo que toda vez que la Estrategia Nacional de Seguridad se encuentra sincronizada, se establecerán los mismos parámetros de evaluación. Ello con base a la Ley de Planeación en el que de manera directa participan las dependencias vinculadas al sector seguridad.
Lo anterior en términos de los criterios generales que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se definirán los mecanismos, los resultados, objetivos y prioridades del Plan y sus programas y se establecerán los indicadores correspondientes que tendrán las diversas estrategias incluida la de Seguridad.