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Timestamp: 2019-08-18 02:29:38
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Matched Legal Cases: ['artículo 576', 'artículo 576', 'artículo 576', 'artículo 576', 'artículo 35', 'artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 21']

SEGUNDA - La desobediencia como uno de los ejes de construccion nacional de eta-kas-ekin
Agravante de reincidencia en el caso de D. mikel aznar ares.
Los hechos descritos no son constitutivos de delito alguno.
En cuanto al delito de colaboración que se imputa a algunos de los acusados.
El Ministerio Fiscal y la acción popular en la conclusión segunda de sus respectivos escritos de conclusiones definitivas, califican los hechos objeto de acusación como constitutivos de un delito de colaboración con organización terrorista del artículo 576 del Código Penal.
Las acusaciones no precisan en sus conclusiones en cual de las conductas descritas en el número 2 del artículo 576 del Código Penal consideran incardinables las atribuidas a los acusados, pero por razón de los hechos que se relatan solamente sería posible darles encaje en el inciso quinto o último del número 2 de la norma penal, que considera como conducta tipificable como acto de colaboración
“Y en general, cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas”.
A criterio de estas defensas, el texto antes transcrito no se atempera a las exigencias del principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), principio básico del Estado de Derecho y límite a la coacción penal del mismo, que conlleva la doble garantía de que la acción punitiva del Estado tenga a la ley como presupuesto inexcusable, y que sea necesaria la predeterminación normativa de las conductas y las penas, a través de una tipificación precisa, dotada de la suficiente concreción de los comportamientos incorporados al tipo, imperativos que pueden sintetizarse mediante la fórmula lex scripta, praevia et certa.
Este tercer requisito de lex certa o lex stricta, supone que la ley penal describa un supuesto de hecho estrictamente determinado y la prohibición de extensión analógica del Derecho Penal al resolver sobre los límites de la interpretación de los preceptos legales del Código Penal; es decir, se halla prohibida toda interpretación analógica o extensiva mediante la cual se haga viable incriminar conductas o comportamientos que no se hallen expresa, clara y previamente comprendidos en la descripción típica, sean cuales fueren las afinidades, analogías o parecidos con los comprendidos en el tipo.
Y la redacción dada al artículo 576, num. 2, inciso quinto, y, en particular, la utilización del término “equivalente”, unido a las expresiones “en general” y “de otro género”, supone una formulación tan abierta que su aplicación o inaplicación depende de una decisión prácticamente libre y arbitraria de los Jueces y Tribunales, permitiendo la inclusión de supuestos que el legislador omitió por completo y convirtiendo a aquéllos en creadores de normas jurídicas.
Igualmente, vulnera los artículos 7.1 y 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4.11.1950, y los artículos 15.1 y 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16.12.1966, que establecen la exigencia de la previsión legal en materia penal.
Además, se vulnera el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) en cuanto comprensivo de la proscripción constitucional de penas desproporcionadas, pues el art. 576 C.P. no posibilita, dada la pena que lleva aparejada (prisión de 5 a 10 años), una atemperación de la sanción penal a la entidad y trascendencia de actos de colaboración con banda armada. Se vulnera así aquel derecho desde la perspectiva del principio de proporcionalidad (STC 136/1999, de 20 de julio de 1999).
Por tanto si la Sala considerara, en su caso, que es norma aplicable al presente sumario el artículo 576, num. 2, inciso quinto, del Código Penal, dado que, en esa hipótesis, de su validez iba a depender la decisión del proceso y el fallo de la sentencia, y que la norma en cuestión puede ser contraria a la Constitución, al amparo del artículo 35.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, solicitamos del Tribunal que, una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, plantee CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ante el Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en el art. 35.2 y sgs. de la L.O.T.C..
Ninguno de los acusados es responsable de delito alguno por ningún concepto.
El presente procedimiento se ha tramitado en su última fase de Instrucción como sumario nº 18/98 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.
Pero el origen de dicho procedimiento se encuentra en las diligencias previas nº 75/89 del mismo Juzgado. En ese procedimiento, el 17 de febrero de 1.997 se dicta un Auto en el que, en su parte dispositiva, se acuerda deducir testimonio de parte de esas diligencias, para iniciar con dicho testimonio otras.
Ese nuevo procedimiento pasará a denominarse diligencias previas nº 77/97 antecedente inmediato del sumario citado. En dicho auto se reconoce que, cuando menos, determinadas investigaciones sobre empresas se habían iniciado en el año 1.996.
Hasta aquí queda en evidencia que, el procedimiento que nos ocupa tuvo su inicio en el año 1.996 y mediato en el año 1.989, estando en fase de conclusiones finales, sin terminar la vista oral, en el año 2.007, once años más tarde (o dieciocho según la fecha que se use).
A las primeras personas detenidas y procesadas en la presente causa se les notificó el auto de procesamiento, tomándoles declaración indagatoria, el 26.11.98.
Las últimas personas a las que se notificó el auto de procesamiento, prestaron declaración indagatoria el 27.8.01.
El auto de conclusión del sumario se dictó el día 1 de julio de 2002. A partir de esa fecha se inició la fase de juicio oral, y en ella consta que el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal lleva fecha de 19 de noviembre de 2004
El auto que resuelve sobre admisión de prueba y señala la fecha de inicio de la vista oral es de fecha 26 de octubre de 2005.
La vista oral se inició el día 21 de noviembre de 2005. Y se ha señalado el día 14 de febrero de 2007, para que las defensas presenten por escrito sus conclusiones definitivas, tras la lectura el día 6 de febrero presente de las conclusiones del Ministerio Fiscal y de la acusación personada.
La duración excesiva de un procedimiento perjudica el derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, del artículo 24.2 del texto constitucional. Previsión ésta equiparable en su concepto a la exigencia de un plazo razonable para hacer justicia, criterio establecido en el artículo 6.1 del “Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”.
Es natural que a la hora de valorar si esa dilación se ha producido, se deban tener en cuenta de una parte los hechos investigados y la complejidad de la causa a tramitar, y de otra los plazos en los que dicha tramitación se ha producido.
Aún admitiendo que la dudosa técnica de tramitar los denominados macro-sumarios convierte a estos en procedimientos complejos, lo que no tiene justificación es que una causa dure más de diez años en su tramitación. Que cuando los primeros procesamientos se han dictado en el año 1.998, a primeros del año 2007 esté todavía pendiente de finalizar la vista oral.
No hay complejidad que justifique que la fase de instrucción se prolongue un año más, después de notificarse el último procesamiento, y sin diligencias significativas pendientes de practicar.
Tampoco que desde la conclusión del sumario el 1 de julio del año 2002, hasta el inicio de la vista oral, transcurran tres años y medio. Máxime cuando las peticiones de revocación de la conclusión formuladas por la defensa, especialmente por la no incorporación al procedimiento de las diligencias previas 75/89, origen del mismo, fueron desestimadas. Lo mismo que se desestimaron otras peticiones en la fase oral.
Se desestimo igualmente la recusación de peritos formulada, ya que de hecho no se tramito, y ello tampoco supuso lapso de tiempo acumulado.
Al inicio de la vista oral se desestimaron igualmente la recusación de peritos, y la petición de suspensión del inicio de la vista oral, que se formuló, entre otros motivos, por no haber sido aportadas las diligencias previas 75/89.
Cuando las diligencias citadas se incorporaron a la causa, en diciembre de 2005, se comprobó que contenían decenas de miles de folios, y ello provocó que, de hecho, la vista se reiniciase de nuevo.
La doctrina en relación con las dilaciones indebidas, y en especial la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dictada después del “Acuerdo Plenario no Jurisdiccional” de 21 de mayo de 1999, señala sustancialmente que no es necesario que quien postule las dilaciones indebidas lo haya venido haciendo en cada fase del procedimiento, y que el cauce para paliar el efecto de tal dilación, es el de apreciar la concurrencia de una atenuante de la responsabilidad penal, concretamente la número 6 del artículo 21 del vigente Código Penal.
Se considera que el mero hecho de la duración del proceso ya es un perjuicio que ha afectado al justiciable, y que debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar la pena a imponer. También que el hecho de imponer la pena con mucho tiempo de diferencia respecto del momento de inicio del procedimiento, y por supuesto de la comisión del eventual delito, desvirtúa el sentido de la misma, y se debe atenuar en su extensión y gravedad.
Citamos por todas la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 18 septiembre de 2003, en el procedimiento 1165/03.
La jurisprudencia interna del Estado en estos casos, se ve especialmente reforzada por las sentencias que en el mismo sentido se han dictado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Citamos como recientes como la de 3.11.05 dictada en la demanda 44241/98, Caso Nidyalkov contra Bulgaria, la de 17.5.05 en la demanda 62194/00, caso Heger contra Eslovaquia, la de 12.10.04 en la demanda 42066/98, caso Bursuc contra Rumania,…
Afirman las acusaciones, en su conclusión cuarta que concurre, para D. Mikel Aznar Ares la agravante de reincidencia, del art. 22, 7 del Código Penal. Se referirán, sin duda, las acusaciones al apartado 8 del art. 22.
No concurre tal circunstancia. De acuerdo con el art. 22, 8 hay reincidencia cuando “al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza”.
El delito por el que fue condenado el Sr. Aznar, por sentencia de fecha 6 de julio de 1.995, dictada por la Sección Tercera, en la causa 9/93, del Juzgado Central de Instrucción nº Cinco, fue el de estragos, del art. 554 del Código Penal de 1.973. (Figura en la causa, al folio 7.963 de la Pieza EKIN-Zumalabe la hoja histórico penal del Sr. Aznar)
El delito por el que fue condenado el Sr. Aznar nada tenía que ver con delitos deterrorismo.
De acuerdo con el Código de 1.973, el delito de estragos venía tipificado en el Capítulo 8 ( De los incendios y otros estragos) del Título XIII.(“De los delitos contra la propiedad”), del Libro Segundo
El delito que ahora se le imputa, de colaboración con banda armada, se regulaba en el Capítulo 2 (“De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las leyes”) del Título II (“De los delitos contra la seguridad interior del Estado”) del derogado Código Penal de 1.973.
En el Código actual, el delito de estragos (art. 346 y 347) se incluye en el Capítulo 1 (“De los delitos de riesgo catastrófico”) dentro del Título XVII (“De los delitos contra la seguridad colectiva”). El delito de colaboración con banda armada (art. 576) se regula en el Capítulo 5 (“De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y de los delitos de terrorismo”), dentro del Título XXII (“Delitos contra el orden público”).
Ni en el código Penal derogado, ni ene. Actual, el delito de estragos, por el que resultó condenado el Sr. Aznar y del delito por el que ahora se le acusa se comprenden en el mismo título. De manera que no concurre el requisito imprescindible que exige el número 8 del art. 22 del Código Penal para apreciar la agravante de reincidencia.en el Código En el caso del Sr. Aznar