Source: http://mcaasesores.com/2016/03/
Timestamp: 2017-09-25 06:09:36
Document Index: 200362612

Matched Legal Cases: ['Artículo 327', 'Artículo 360', 'Artículo 363', 'artículo 363', 'artículo 327', 'artículo 327', 'artículo 363', 'artículo 2', 'artículo 365']

marzo « 2016 « MCA Asesores
Determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital y para la disolución por pérdidas en sociedades de capital
La normativa reguladora de la reducción obligatoria del capital social (sociedades anónimas) y disolución por pérdidas (sociedades de capital) está recogida en los artículos 327, 360 y 363 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio.
El Artículo 327 nos dice que:
“En la sociedad anónima, la reducción del capital tendrá carácter obligatorio cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto”
El Artículo 360 nos indica:
“1. Las sociedades de capital se disolverán de pleno derecho en los siguientes casos:
Transcurrido un año sin que se hubiere inscrito la transformación o la disolución de la sociedad o el aumento de su capital, los administradores responderán personal y solidariamente entre sí y con la sociedad de las deudas sociales”
Por último el Artículo 363 entre las Causas obligatorias de la disolución de las sociedades de capital incluye:
“e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso”
Mediante el RDL 10/2008 (BOE 13/12/2008), se estableció un cómputo especial del Patrimonio Neto a los efectos de la determinación mercantil de la causa de disolución del artículo 363.1 del RDL 1/2010 Ley de sociedades de capital y de la reducción obligatoria del capital para compensar pérdidas del artículo 327 del RDL 1/2010 anteriormente reproducidos.
Con este RDL 10/2008 y hasta el ejercicio 2014 para evaluar si la empresa está incursa en esas situaciones era preciso tener en cuenta la Disposición adicional única del Real Decreto Ley 10/2008, de 12 de diciembre, en la redacción introducida por la Disposición final séptima del Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
Esta disposición permitía que a los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el artículo 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y para la disolución prevista en el artículo 363.1.e) del citado Texto Refundido, así como respecto del cumplimiento del presupuesto objetivo del concurso contemplado en el artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, no se computarían las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias o de préstamos y partidas a cobrar.
El BOICAC en su consulta numero 5 de Junio de 2015 venia a indicar que:
“1. Las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias son las contabilizadas desde el ejercicio 2008.
La regulación sobre las pérdidas por deterioro de préstamos y partidas a cobrar se incorpora en el ejercicio 2014, y
En general, esta normativa excepcional solo parece estar referida a los ejercicios sociales que se cierren en el año 2014”
Este régimen especial del Real Decreto Ley 10/2008, de 12 de diciembre se ha venido prorrogando sucesivamente, la última ocasión mediante el RDL 4/2014, donde ya se especificaba que “únicamente será de aplicación en los ejercicios sociales que se cierren en el año 2014”
Por lo tanto, desde el 1 de enero de 2015 la citada regulación ha dejado de surtir efectos.
El Gobierno ha reiterado la intención de no volver a prorrogar este régimen especial, en virtud del cual no computaban como menor Patrimonio Neto las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias ,las existencias o de los préstamos y partidas a cobrar.
A la fecha de redacción de este artículo no se ha promulgado prórroga alguna.
Será por tanto responsabilidad de los administradores sociales evaluar si los desequilibrios patrimoniales (que se puedan producir ahora al tener en cuenta los deterioros) afectan a la viabilidad de la empresa, analizar si procedería aplicar ya la Resolución ICAC 18/10/2013 (Resolución sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento) al cierre del ejercicio 2015, y convocar la Junta General de socios conforme al artículo 365 del RDL 1/2010.
Y será responsabilidad del auditor mantener informados a sus clientes de esta posible situación y las actuaciones que se deberían llevar a cabo para dar respuesta a las mismas.
A efectos contables cabe señalar que la situación puntual de que la sociedad se encuentre en causa de disolución no implica por si misma que la entidad deje de aplicar el principio de empresa en funcionamiento. Sin embargo, si los administradores de la sociedad consideran que existen incertidumbres importantes sobre la posibilidad de que la sociedad siga funcionando normalmente, aunque sea con posterioridad al cierre del ejercicio, determinan que tienen la intención de liquidar la empresa o cesar en su actividad, o cuando no exista una alternativa más realista que hacerlo, la formulación de las cuentas anuales se regirá por lo dispuesto en la Resolución de 18 de octubre de 2013, del ICAC sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
Estamos a vuestra disposición para clarificar cualquier duda que tengáis al respecto.
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¿Se encuentra usted en alguna de estas situaciones?:
Mi herencia supera los 175.000€, y mi patrimonio personal es superior a 402.678,11€.
Mi herencia tiene mayor cantidad de deudas (pasivo) que de bienes (activo).
Las valoraciones oficiales de los bienes a recibir (a efectos del Impuesto sobre Sucesiones), son mayores que los valores de mercado de los mismos.
Me resulta imposible pagar el Impuesto sobre Sucesiones por problemas de liquidez.
Me Planteo renunciar a la herencia.
Dispongo de Patrimonio Empresarial para dejar a mis herederos y necesito planificar mi testamento.
No he oído hablar nunca de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario.
¡Si está en alguno de estos casos léame!
Se están publicando muchas informaciones y noticias en los últimos tiempos relativas a la multitud de renuncias a herencias que se están produciendo supuestamente debidas a la imposibilidad de pagar el Impuesto sobre Sucesiones.
Ciertamente, y ciñéndonos al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, resulta difícil pensar que mucha gente renuncie a una herencia porque no puedan pagar el Impuesto sobre Sucesiones. Entre otras cosas porque en esta comunidad la gran mayoría de las herencias que se producen están exentas de este impuesto. En efecto, en Andalucía existen unos límites cuantitativos por debajo de los cuales no se paga este impuesto. Así, si se recibe una herencia cuyo valor no supera 175.000€, y el patrimonio personal de aquel que la recibe no es superior a 402.678,11€, no se pagará nada, siempre que el heredero sea ascendiente o descendiente directo del fallecido. Con estas cifras ya estamos viendo que se tiene que recibir un patrimonio muy extenso, o contar ya con un patrimonio bastante alto, para tener que pagar por el Impuesto sobre Sucesiones.
Si esto es en Andalucía, lo mismo se puede predicar de prácticamente toda España, pues Andalucía es de las comunidades con mayor carga impositiva en este impuesto.
Con este panorama ¿por qué se dice, sin embargo, que se están produciendo muchas renuncias a herencias? Pensamos que los motivos pueden venir por varias circunstancias.
En primer lugar, es cierto que, en los casos que hay que pagar el impuesto, pueden surgir problemas de liquidez. El Impuesto sobre Sucesiones hay que pagarlo a los 6 meses del fallecimiento del causante, y si éste no tenía activos líquidos es una realidad que hoy en día ese plazo es muy corto para hacer líquido prácticamente cualquier cosa. No digamos ya si se trata de bienes inmuebles. Por lo que es verdad que esto puede generar serios problemas para los herederos, problemas que pueden en parte cubrirse solicitando un aplazamiento, pero los aplazamientos no pueden ser eternos y siguen manteniendo la necesidad de hacer líquido el patrimonio.
Otro problema que también se está produciendo últimamente en la práctica es el siguiente: Cuando se reciben inmuebles en la herencia, existen unas valoraciones oficiales a efectos del Impuesto sobre Sucesiones, que son las que se incluyen habitualmente en la declaración para evitar posibles comprobaciones. Antaño estas valoraciones (que parten del valor catastral) estaban muy por debajo del valor de mercado de los inmuebles. Pero con la crisis económica, en determinadas zonas ya se está produciendo que la valoración oficial está superando a lo que se paga en mercado por los inmuebles. Esto hace que oficialmente se reciba una cosa a un valor superior al que después se la puede vender, por lo que sí que puede encontrarse uno con el problema de que el Impuesto se coma gran parte de la herencia que recibe.
Esta situación se puede combatir, aunque es un asunto no baladí: debe demostrarse que el valor real del bien es el declarado y no el “oficial”, y esto llevará, además, con toda seguridad a la apertura de un procedimiento de comprobación de valores que desde luego no es barato.
Pero, finalmente, donde sí entendemos que está la razón última del incremento de las renuncias a herencias es en una cuestión fuera del ámbito fiscal: se trata de la realidad cada vez más frecuente de que las herencias tienen mayor cantidad de deudas (pasivo) que de bienes (activo). En efecto, por la crisis económica, cada vez son más las personas que tienen hipotecado o gravado en general su patrimonio en garantía de deudas. Como además el impago de estas deudas genera costas e intereses, en muchos casos llega a ser mayor el importe de las deudas que el valor de los bienes que se tienen. Estas circunstancias son generalmente conocidas por los familiares del fallecido. Según nuestro Derecho Civil, cuando se hereda no sólo se adquieren los bienes, sino también las deudas. Ante esta regulación, y en casos en que los familiares conocen la existencia de sustanciosas deudas en el fallecido, dichos familiares optan por “cortar por lo sano” y desentenderse de todo lo que tengan que ver con dicho patrimonio del fallecido, no vaya a ser que encima de no recibir nada tengan que poner dinero de su bolsillo para pagar el exceso de deudas sobre el activo.
Nuevamente, casos como este también tienen una “solución legal”, cual es aceptar la herencia a beneficio de inventario. Pero cuando se tiene la seguridad de que las deudas superan al activo muchos ni siquiera intentan esta vía, y esa es la razón real, creemos, del incremento de renuncias a herencias producido en los últimos tiempos.
No obstante, desde MC&A ASESORES siempre podemos asesorarle antes de tomar una decisión en casos como estos. Consúltenos sin compromiso.
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