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Timestamp: 2018-09-26 09:26:38
Document Index: 108980135

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 39', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 24', 'artículo 57', 'artículo 79', 'artículo 112', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 72', 'artículo 39', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 1']

﻿ Sentencia T-532 de agosto 6 de 2009
SENTENCIA T-532 DE 06 DE AGOSTO DE 2009
CONTENIDO:VACÍO NORMATIVO PARA ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. NO HAY NORMA QUE DESCRIBA ALGUNA CONSECUENCIA JURÍDICA CUANDO NO ES POSIBLE APLICAR EL RÉGIMEN JURÍDICO ESPECÍFICO DE SANCIONES Y ACCIONES DE COBRO, EN CASOS EN LOS CUALES DE LA RELACIÓN LABORAL NO SE DERIVA LA GARANTÍA DE LOS APORTES EN PENSIONES, COMO LO ORDENA LA LEY. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 100 DE 1993.
TEMAS ESPECÍFICOS:REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia T-532 de agosto 6 de 2009
Sentencia T-532 de 2009
Ref.: Expediente T-2215527
1. El señor Mateus Zorro alega que estuvo vinculado laboralmente a la empresa Refrigeración Súper Nórdico, entre octubre de 1995 y septiembre de 1999 (fl. 35); que en mayo de 1996 se trasladó al fondo de pensiones BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A; y que en noviembre de 1998, un año antes de su retiro de la empresa, se estructuró su invalidez correspondiente al 63% de pérdida de capacidad laboral (fl. 20).
2. En virtud de lo anterior, en octubre de 2007 solicitó a la entidad de pensiones demandada, el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue negada en abril de 2008, en razón a que según la entidad en mención, el solicitante no cumple con el requisito consistente en haber cotizado mínimo 26 semanas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez (fls. 10 y 20).
4. Por lo anterior acudió a la Superintendencia de Sociedades, con el fin de que se le informara si la empresa liquidada para la que laboró había hecho los aportes respectivos a pensiones, durante el periodo en que BBVA alegaba que estas no se habían realizado (fl. 28), y el cuestionamiento no fue absuelto, por supuesta falta de competencia de la superintendencia en mención.
5. Con base en los anteriores hechos, el ciudadano Edgar Fabián Mateus Zorro, interpuso acción de tutela contra BBVA Pensiones y Cesantías, y alegó la vulneración de sus derechos de petición, seguridad social y mínimo vital, entre otros.
1. Escrito de la demanda de tutela (fls. 1 a 9).
2. Certificación de vinculación laboral a la empresa Refrigeración Súper Nórdico, entre octubre de 1995 y septiembre de 1999 (fl. 35).
3. Declaración de BBVA de la estructuración de la invalidez correspondiente al 63% de pérdida de capacidad laboral (fl. 20).
4. Negativa del reconocimiento de la pensión de invalidez, por parte de BBVA, por incumplimiento del requisito consistente en haber cotizado mínimo 26 semanas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez (fls. 10 y 20).
5. Fallo de tutela de primera instancia del Juzgado Veintiuno (21) Penal Municipal de Bogotá del 12 de noviembre de 2008 (fls. 60 a 25).
6. Escrito de impugnación de la sentencia de tutela de primera instancia (fls. 70 a 77).
Repuesta de BBVA Pensiones y Cesantías
Por su parte la entidad demandada aplica al caso del señor Mateus Zorro el contenido del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 (1) , antes de que fuera modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 (2) , en tanto la fecha de estructuración de su invalidez fue en 1998, es decir antes de la modificación referida.
En este orden, luego de que se estableció como fecha de la invalidez el 26 de noviembre de 1998 y se determinó que era de origen común, se procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez. Estos, según el anterior contenido normativo del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, determinaban que el afiliado debía estar cotizando y haber completado por lo menos 26 semanas de aportes al momento de producirse el estado de invalidez. Como se verificó que el demandante no estaba cotizando al momento de la estructuración de la invalidez (nov. 26/98), entonces se revisó si cumplía con el supuesto del literal b) del mencionado artículo 39, según el cual se podía acceder a la pensión de invalidez, si además de contar con más del 50% de perdida de capacidad laboral, se había cotizado al sistema mínimo 26 semanas durante el año anterior a la estructuración de la invalidez. Y, se concluyó por parte de la demandada que ello no fue así, pues no se encontraron aportes entre agosto de 1997 y octubre de 2001, y el dictamen de la aseguradora determinó el 26 de noviembre de 1998 como fecha de estructuración, según el estudio de los aportes registrados obrante en la historia laboral del tutelante emitida por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda.
De otro lado, aclara que BBVA se hizo parte en el proceso de liquidación de la empresa para la que laboró el tutelante, pero que en dicho proceso, “no se obtuvo suma alguna por concepto de aportes pensionales adeudados a nombre del señor Edgar Fabián Mateus Zorro”. Por todo lo anterior, rechaza el reconocimiento de la pensión de invalidez.
2. El señor Mateus Zorro laboró en la empresa Refrigeración Súper Nórdico, entre octubre de 1995 y septiembre de 1999 (fl. 35). En mayo de 1996 se trasladó al fondo de pensiones BBVA Horizonte y en noviembre de 1998, un año antes de su retiro de la empresa, se estructuró su invalidez correspondiente al 63% de pérdida de capacidad laboral (fl. 20). En octubre de 2007 solicitó a la entidad de pensiones demandada, el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue negada en abril de 2008, porque no cumple con el requisito consistente de haber cotizado mínimo 26 semanas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez (fls. 10 y 20), según el contenido del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, antes de que fuera reformado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Por lo anterior, el ciudadano Edgar Fabián Mateus Zorro, interpuso acción de tutela contra BBVA Horizonte, y alegó la vulneración de sus derechos de petición, seguridad social y mínimo vital, entre otros.
3. De conformidad con lo anterior, corresponde a esta Sala determinar si se han vulnerado los derechos fundamentales del señor Mateus Zorro, tras habérsele negado el reconocimiento de su pensión de invalidez, pese a que fue calificado con 63% de pérdida de capacidad laboral y a que laboró ininterrumpidamente durante el año anterior a la estructuración de la invalidez.
4. En el caso objeto de revisión, de los hechos relatados se aprecia a primera vista la configuración de una situación extrema en relación con los derechos fundamentales del actor, la cual excede los supuestos de hecho a partir de los cuales la Corte Constitucional ha interpretado a la luz de la Constitución, los requisitos para acceder a la pensión de invalidez (3) . En efecto, encuentra esta Sala, que el ciudadano Edgar Fabián Mateus Zorro laboró en la empresa Refrigeración Súper Nórdico entre octubre de 1995 y septiembre de 1999, tal como lo certificó el liquidador de la misma (4) . Ello quiere decir que la verificación por parte de BBVA Horizonte y de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, en el sentido de que no existen aporte a favor del tutelante entre agosto de 1997 y octubre de 2001, y por lo cual no cumple con el requisito de haber cotizado durante el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez (nov. 98), mínimo 26 semanas, pudo obedecer al incumplimiento en los aportes por parte de la mencionada empresa Súper Nórdico. Además, tal como lo explica BBVA en el escrito de contestación de la demanda de tutela, esta fue vinculada al proceso de liquidación de la empresa en cuestión, pero no recibió pago alguno por concepto de lo adeudado en relación con los aportes en seguridad social del demandante.
5. En este orden, la situación jurídica del señor Mateus Zorro es la siguiente: laboró durante el año anterior a la estructuración de la invalidez, y no tiene registrados aportes durante ese periodo, y no es posible vincular al empleador para demostrar el incumplimiento y así declararlo responsable de la falta de reconocimiento de la pensión, en tanto el mencionado empleador corresponde a una empresa que se encuentra liquidada.
Reglas jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional del reconocimiento y/o reliquidación de la pensión por vía de tutela. Reiteración de jurisprudencia
5. (sic) En múltiples ocasiones, la Corte ha explicado que el carácter excepcional de la acción de tutela como medio judicial idóneo para lograr el reconocimiento de la pensión o atacar los actos que la reconocen, tiene como premisa de partida la improcedencia prima facie de este medio para dicho fin. La Corte “[h]a reiterado especialmente que en este tipo de controversias relacionadas con la seguridad social, el ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos judiciales y administrativos para ello (5) . Particularmente, la jurisdicción laboral y la contencioso administrativa, según sea el caso, son los ámbitos propicios para desplegar integralmente estos debates (6) ”.
Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las características especialísimas que se presentan en casos de erróneo reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en relación con otros derechos fundamentales. Ha dicho este tribunal constitucional que, “…dado que en las reclamaciones cuyo objeto de debate es una pensión de jubilación y quienes presentan la solicitud de amparo son, generalmente, personas de la tercera edad, debe tomarse en consideración al momento de analizar la posible vulneración de derechos fundamentales, la especial protección constitucional que las comprende. No obstante, el solo hecho de estar en esta categoría (tercera edad) no torna automáticamente procedente la protección, debe demostrarse también que el perjuicio sufrido afecta o es susceptible de vulnerar los derechos a la dignidad humana (7) , a la salud (8) , al mínimo vital (9) o que la morosidad de los procedimientos ordinarios previstos para el caso concreto hace ineficaz en el tiempo el amparo específico. Sólo en estos eventos la acción de tutela desplaza de manera transitoria el mecanismo ordinario de defensa, en tanto el mismo pierde eficacia frente a las particulares circunstancias del actor en el caso concreto (10) ” [resaltado fuera de texto].
1. Que la persona interesada haya adquirido el status de jubilado, o lo que es igual, que se le haya reconocido su pensión (11) .
2. Que el jubilado haya actuado en sede administrativa; es decir, que haya interpuesto los recursos de vía gubernativa contra el acto que reconoció la pensión, haya presentado la solicitud de reliquidación ante el respectivo fondo de pensiones o, en igual medida, requerido a la respectiva entidad para que certifique su salario real y esta se hubiere negado (12) .
3. Que el jubilado haya acudido a las vías judiciales ordinarias para satisfacer sus pretensiones, se encuentre en tiempo de hacerlo o, en su defecto, demuestre que ello es imposible por razones ajenas a su voluntad (13) .
4. Que el jubilado acredite las condiciones materiales que justifican la protección por vía de tutela, esto es, su condición de persona de la tercera edad, que la actuación resulta violatoria de sus derechos fundamentales como la dignidad humana, la subsistencia, el mínimo vital y la salud en conexidad con la vida u otras garantías superiores, y que el hecho de someterla al trámite de un proceso ordinario hace más gravosa su situación personal (14) .
7. En la T-189 de 2001, la Corte abordó el análisis bajo la consideración que a una persona de la tercera edad, que ha superado su expectativa de vida y que, además, tiene a su cargo un hijo adolescente y discapacitado, se le vulneran sus derechos fundamental a la dignidad y al mínimo vital si recibe una mesada pensional considerablemente inferior a la que tendría derecho.
En la T-470 de 2002 se sostuvo que la entidad demandada había incurrido en vía de hecho, la cual traía como consecuencia la vulneración del derecho a la seguridad social del demandante, pues este no estaba recibiendo asignación mensual alguna, teniendo claro derecho a ella. El actor tuvo que recurrir a la acción de tutela para que después de un año el ISS resolviera sobre la solicitud de pensión. Y lo anterior, sin que culminara, como era su obligación legal, el trámite del bono pensional del jubilado. De ahí, que se ordenó al Instituto de Seguros Sociales que al responder la solicitud relativa a la pensión del interesado se tuviera en cuenta todo el tiempo laborado tanto en el sector público como en el sector privado, y además que se tramitara su bono pensional.
En la T-1000 de 2002 la Corte analizó que la disminución de la mesada pensional, afectaba la calidad de vida de una persona pensionada. Quien según informes médicos allegados al expediente, requería valoraciones y atenciones médicas permanentes debido a su estado de salud, pues padecía el síndrome de Sjögren y fibromialgia. De lo que derivó la urgencia que el reajuste de la mesada pensional se ordenara mediante tutela. Previo a la interposición de la mencionada acción, la interesada agotó la vía gubernativa para hacer válida su pretensión. En consecuencia se ordenó a Cajanal a reconocer a la actora una mesada pensional equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que le corresponde durante el último año de servicios, en tanto la jurisdicción contenciosa se pronunciaba sobre el asunto (15) .
8. De igual manera, las reglas anteriores (16) han sido igualmente sistematizadas en tres criterios generales: “(i) que la negativa al reconocimiento de la pensión de invalidez, jubilación o vejez se origine en actos que en razón a su contradicción con preceptos superiores puedan, prima facie, desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre las actuaciones de la administración pública; (ii) que esa negativa de reconocimiento de la prestación vulnere o amenace un derecho fundamental; y (iii) que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable (17) ”.
Finalmente, para que pueda proceder la acción de tutela es necesario demostrar que no existe otro mecanismo de defensa judicial de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados o que, de existir, carece de idoneidad; caso en el cual el amparo constitucional se muestra como una medida necesaria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en contra del afectado”.
En lo relativo a los requisitos para la acreditación de la inminencia de perjuicio irremediable, también existe una doctrina constitucional consolidada, la cual prevé que para que resulte comprobado este requisito debe acreditarse en el caso concreto que (18) (i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.
De la misma manera, el precedente constitucional en comento prevé que la evaluación de los requisitos anteriores en el caso concreto no corresponde a un simple escrutinio fáctico, sino que debe tener en cuenta las circunstancias particulares del interesado, que se muestren relevantes para la determinación de la existencia del perjuicio. Especialmente, deberá analizarse si el afectado pertenece a alguna de las categorías sujetas a la especial protección del Estado. Para la Corte, la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados. Desde esta perspectiva, “tratándose de sujetos de especial protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado en forma mucho más amplia y desde una doble perspectiva. De un lado, es preciso tomar en consideración las características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada. Pero además, es necesario atender las particularidades de la persona individualmente considerada, esto es, en el caso concreto (19) ”.
9. Así pues, la Corte ha procurado definir de manera clara las especiales condiciones bajo las cuales no se sigue la regla general, según la cual el juez de tutela no es competente para pronunciarse sobre la procedencia del pago de mesadas pensionales. Y, lo anterior demuestra que las líneas jurisprudenciales de la Corte en materia de reconocimiento, montos y reajustes de las pensiones, giran en torno a la verificación de las reglas establecidas para la procedencia de la tutela en estos casos. Del estudio de los casos concretos a la luz de dichas reglas es que los jueces constitucionales derivan la pertinencia o no de la protección mediante la tutela. Y, cabe señalar por último, que no basta tener en cuenta únicamente los elementos que respaldan la procedencia del reconocimiento o reliquidación de la pensión, pues esto corresponde en principio al examen de fondo de las autoridades administrativas y los jueces laborales y administrativos, sino que —se insiste— se deben analizar las particularidades constitucionalmente relevantes de cada caso.
Configuración de un vacío normativo para analizar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez en el caso objeto de revisión
10. Como se relató más arriba, la especial y excepcional situación del ciudadano demandante implica que pese a haber sido calificado con perdida de capacidad laboral del 63%, y pese a la verificación de que laboró durante el año anterior a la estructuración de dicha invalidez, no registra aportes durante ese periodo, razón por la cual no le fue reconocida la pensión de invalidez correspondiente. Por demás, ante la causa más probable generadora de la situación anterior, cual es el incumplimiento del empleador en los aportes respectivos a pensión a favor del actor, no cuenta con herramientas jurídicas para vincular a este y demostrar el incumplimiento, y así declararlo responsable por dicha causa de la falta de reconocimiento de la pensión. Esto, en tanto el mencionado empleador corresponde a una empresa que se encuentra liquidada. Por ello, la Corte considera que se ha configurado un vacío normativo, consistente en que no hay prima facie norma aplicable, que describa alguna consecuencia jurídica para los supuestos y eventos que enmarcan el caso concreto.
11. Lo descrito encuentra fundamento jurídico en lo siguiente. Comoquiera que el dictamen proferido por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. determinó que la perdida de capacidad laboral del 63% del actor, tuvo como fecha de estructuración de la invalidez el 26 de noviembre de 1998 (20) , ello indicó que para el reconocimiento de la pensión respectiva era aplicable el contenido artículo 39 de la Ley 100 de 1993, anterior a las reformas de la Ley 797 de 2003 (art. 11), y de la Ley 860 de 2003 (art. 1º) actualmente vigente, en tanto a la fecha de estructuración dicho contenido era el que estaba vigente. Así pues el anterior contenido del artículo 39 en mención establecía:
“Ley 100 de 1993. ART. 39.—Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos:
Por otro lado, en atención a la regulación vigente, al hallarse certificada la vinculación laboral del actor durante el año anterior a la estructuración de la invalidez (21) , la Corte presume que las cotizaciones debieron haberse hecho, al tenor de la obligación legal estipulada en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 (22) :
“Ley 100 de 1993. ART. 17.—Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes (23) ”.
Como ello no fue así, según se ha comentado a lo largo de esta sentencia, a partir de la certificación que sobre el particular expidió la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entonces el camino jurídico a seguir hubiese sido adelantar las respectivas acciones de cobro por parte de la entidad administradora de los fondos de pensiones, al tenor del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, como único medio para garantizar el posterior reconocimiento de los derechos de seguridad social, derivados de la obligación del empleador de realizar los aportes. Dichas acciones pudieron haberse adelantado dentro del proceso de liquidación al que fue sometida la empresa que en el presente caso se configura como empleador. O también de manera extrajudicial en los términos del artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, o por jurisdicción coactiva o cobro por vía ordinaria según los artículos 1º, 2º, 3º y 5º del Decreto 2633 de 1994. Las disposiciones normativas señaladas en su texto literal disponen:
“Ley 100 de 1993. ART. 24.—Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo”.
“Decreto 1161 de 1994. ART. 13.—Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en mora así como de los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994.
PAR.—En aquellos casos en que sea pertinente, las administradoras deberán informar al Fondo de Solidaridad Pensional sobre las acciones de cobro que deban adelantarse, con el objeto de que este, si lo estima pertinente y por conducto de su representante, tome participación en el correspondiente proceso”.
“Decreto 2633 de 1994. ART. 1º—De las disposiciones aplicables. El cobro de los créditos por jurisdicción coactiva se sujetará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en especial los artículos 561 a 568, las normas que lo modifiquen o adicionen y las disposiciones del presente decreto.
ART. 2º—Del procedimiento para constituir en mora al empleador. Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.
ART. 3º—De la conformación de los grupos de cobro coactivo. Para efectos del ejercicio de la jurisdicción coactiva conferida por el artículo 57 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, las entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector público podrán organizar, dentro de cada organismo, grupos de trabajo para el cobro por jurisdicción coactiva de los créditos a favor de los mismos, con funcionarios de cada una de dichas entidades, o ejercer tales funciones a través de la oficina jurídica del respectivo organismo o de la dependencia que haga sus veces.
PAR.—Cada presidente o director de organismo o entidad administradora del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector público o el funcionario: que tenga dicha competencia podrá delegar, en los términos previstos por la ley, la facultad de otorgar poder en el jefe de la oficina jurídica o dependencia que haga sus veces, o en el coordinador del grupo de trabajo, quien otorgará los poderes que considere necesarios para el cobro de los créditos por jurisdicción coactiva.
ART. 5º—Del cobro por vía ordinaria. En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general; sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes.
12. De otro lado, afirma el BBVA, que el actor se encuentra en el supuesto de hecho del artículo 72 de la Ley 100 de 1993, según el cual si un empleado ostenta una perdida de capacidad laboral, pero no cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, y por ello tiene derecho a que se le devuelvan los saldos abonados en su cuenta de ahorro individual. El texto de la norma citada dice:
“Ley 100 de 1993. ART. 72.—Devolución de saldos por invalidez. Cuando el afiliado se invalide sin cumplir con los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, se le entregará la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos financieros y adicionado con el valor del bono pensional si a ello hubiere lugar.
13. Frente a lo anterior podría alegarse, que en el proceso no se ha hecho referencia a si la responsabilidad la tiene el empleador, que se encontraba en liquidación, o la empresa administradora de pensiones que participó como acreedora en dicho proceso de liquidación, luego no se ha probado una cosa ni otra. A este respecto, la Sala considera insuficiente este argumento, por cuanto en el trámite de tutela la empresa demandada no alude en su defensa al incumplimiento por parte del empleador de los aportes, ni al cumplimiento propio de las acciones de cobro respectivas. Tan solo hace mención a que dentro del proceso de liquidación no recibió el pago de lo adeudado por concepto de la seguridad social pensional del actor. Y, sobre todo, no es suficiente la argumentación, porque la imposibilidad actual de reconstituir la discusión con el empleador sobre quién incumplió, no puede jugar en contra de los intereses del ciudadano; por el contrario, es deber de la Corte como juez de amparo, presumir que los aportes debieron hacerse por el sólo hecho de la existencia de la relación laboral, y si ello no fue así entonces, presumir el incumplimiento de las entidades llamadas a lo propio. En últimas, es una presunción que tiene como sustento los artículos 17 y 24 de la Ley 100 de 1993, como se ha explicado.
Fórmula para llenar el vacío normativo hallado en el caso concreto
14. Como se ha venido explicando, el ciudadano Mateus Zorro está una situación en la que pese a haber laborado durante el año anterior a la estructuración de la invalidez, no tiene registrados aportes durante ese periodo, y no es posible vincular al empleador para demostrar el incumplimiento y así declararlo responsable por la falta de reconocimiento de la pensión. También, se han esgrimido razones para concluir que dicha situación vulnera los derechos fundamentales del actor, por cuanto el acceso a su derecho a la pensión de invalidez se ha negado con base en situaciones ajenas a su conducta como usuario del sistema de pensiones. Y como si ello fuera poco, los eventos de los que se desprende la verificación de los requisitos a cumplir para la pensión, corresponden a responsabilidades en cabeza del empleador y de la entidad administradora de pensiones. Lo que, permite a su vez señalar una conclusión adicional, cual es que la vulneración de los derechos fundamentales es consecuencia del desempeño de terceros.
15. Por lo anterior, la Corte debe buscar la interpretación acorde con la Constitución, relativa a los requisitos que se deben exigir en el presente caso, para acceder a la pensión de invalidez. En este orden, la Sala Octava considera que a pesar de que la regulación vigente a la fecha en que se tramita la presente revisión, valga decir, el contenido actual del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 tal y como ha sido modificado por la Ley 860 de 2003 y revisado en su constitucionalidad por la Sentencia C- 428 de 2009, no resulta en principio aplicable al caso en consideración a la fecha de estructuración de la invalidez, constituye sin embargo una fórmula acorde con los principios constitucionales, para llenar el vacío encontrado.
“Ley 100 de 1993. ART. 39.—Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez (24) .
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez (25) .
PAR. 2º—Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años (26) ”.
Así pues la exigencia de la legislación actual para acceder a la pensión de invalidez es tener más del 50% de pérdida de capacidad laboral por cualquier causa de origen no profesional y no causada intencionalmente, según el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 (27) , y tal como se encuentra certificado en el caso objeto de estudio (fls. 45 y 46). Y, según el artículo 39 arriba trascrito, se exige haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, que para el caso corresponde a la demostración de aportes mínimo por cincuenta (50) semanas, entre el 26 de noviembre de 1998 (fecha de estructuración de la invalidez) y el 26 de noviembre de 1995. Sobre el último requisito se tiene que, según la planilla anexada por BBVA Horizonte, visible a folio 14 del expediente se registraron aportes de la entidad liquidada Refrigeración Supernórdico Ltda., a favor del tutelante, entre julio de 1997 y julio de 1996, para un periodo de trece (13) meses de aportes, correspondientes a 52 semanas aproximadamente, las cuales se encuentran dentro de los tres (3) años anteriores a la estructuración de la invalidez.
1. REVOCAR las sentencias dictadas por el Juzgado Veintiuno (21) Penal Municipal de Bogotá del 12 de noviembre de 2008 en primera instancia, y por el Juzgado Cincuenta y Uno (51) Penal del Circuito del 15 de diciembre de 2008 en segunda instancia, en el asunto de la referencia; y en su lugar amparar los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y la dignidad del señor Edgar Fabián Mateus Zorro, y en consecuencia;
2. ORDENAR a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, disponga las actividades y trámites necesarios para pagar las mesadas pensionales correspondientes a la pensión de invalidez del señor Edgar Fabián Mateus Zorro; y DISPONER que el reconocimiento efectivo de las mesadas en cuestión se inicie máximo, al cabo de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia.
3. DISPONER que el Juzgado Veintiuno (21) Penal Municipal de Bogotá del 12 de noviembre de 2008, como juez de primera instancia, verifique el estricto cumplimiento de los plazos establecidos en el numeral anterior.
(1) El texto del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 antes de la modificación introducida por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, era el siguiente. “ART. 39.—Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos: a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez. b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez”.
(2) Y por la Ley 797 de 2003, cuyo artículo modificatorio fue declara inexequible mediante Sentencia C-1056 de 2003.
(3) Cr. entre otras las sentencias T-590, T-658, T-752 y T-1238, todas de 2008; y la C-428 de 2009.
(4) Folio 35.
(5) [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.
(6) T-904 de 2004.
(7) Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998.
(8) [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-288 de 2000.
(9) Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-062 de 1999, T-313 de 1998 y T-351 de 1997.
(10) T-904 de 2004. Ver también la Sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales —ordinarias y contenciosas— constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado”.
(11) Sentencias T-534 y T-1016 de 2001, T-620 y T-1022 de 2002.
(12) Sentencias T-189, T-470, T-634, T-1000 y T-1022 de 2002.
(13) Sentencias T-634 y T-1022 de 2002.
(14) Sentencias T-049, T-620, T-634 y T-1022 de 2002.
(15) Además de los casos referenciados, cr., las sentencias T-043 y T-726 de 2007, y T-658 y T-752 de 2008, en las que se ordenó a distintas entidades aplicar las normas pertinentes para reconocer y pagar las mesadas pensionales correspondientes.
(16) En la Sentencia T-904 de 2004, en su fundamento jurídico 7, se señalan varios casos en los cuales en sede de revisión, el juez constitucional no atiende la solicitud de ordenar reliquidaciones o reajustes pensionales, porque no se cumple alguno de los anteriores requisitos.
(17) Cr. T-043 de 2007. Fundamento jurídico 5.
(18) [Cita del aparte trascrito] Sobre estos requisitos Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 2001. Esta sentencia sintetiza la regla jurisprudencial reiterada por la Corte a partir del análisis efectuado en la Decisión T-225 de 1993, la cual estudió a profundidad los elementos que integran las condiciones de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad propios del perjuicio irremediable. Sobre este particular, la sentencia en comento indicó: “Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente:
D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, esta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.
(19) [Cita del aparte trascrito] Ibídem.
(20) Folio 46.
(21) Folio 35.
(22) En el mismo sentido el artículo 19 del Decreto 692 de 1994.
(23) Artículo modificado por el artículo 4º de la Ley 797 de 2003.
(24) Aparte tachado declarado inexequible por la Sentencia C-428 de 2009.
(25) Aparte tachado declarado inexequible por la Sentencia C-428 de 2009.
(26) Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
(27) Ley 100 de 1993. ART. 38.—Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.