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Timestamp: 2020-08-10 06:18:01
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Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 422', 'artículo 426', 'artículo 382', 'artículo 24', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 382']

Sentencia nº 1251 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Diciembre de 2017. - Jurisprudencia - VLEX 704695833
Sentencia nº 1251 de Suprema Corte de Justicia, del 27 de Diciembre de 2017.
Sentencia núm. 1251
en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 27 de
diciembre de 2017, años 174° de la Independencia y 155° de la
Sobre el recurso de casación interpuesto por Starling Javier Peguero
Pérez, dominicano, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y
electoral núm.402-2694023-3, domiciliado y residente en la calle Primera, callejón de S.J., Fundación de Peravía abajo, Baní, provincia Peravía,
actualmente recluido en la cárcel pública de Baní, imputado, contra la
sentencia núm.0294-2016-SSEN-00266, dictada por la Cámara Penal de la
Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 5 de
octubre de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído a la Licda. A.M.A., por sí y por el Licdo. W.
de los Santos Ubrí, defensores públicos, en representación de la parte
Lic. W. de los Santos Ubrí, defensor público, en representación de la
recurrente, depositado el 14 de noviembre de 2016, en la secretaría de la
Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; Visto la resolución núm. 1247-2017 de la Segunda Sala de la Suprema
aludido recurso, fijando audiencia de sustentación para el día 28 de junio
de 2017, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir
efectuarse, por lo que, se rinde en el día indicado al inicio de esta
los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código
Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero
de 2015; los artículos 59, 60, 265, 266, 379, 383 y 386 1-2 del Código Penal
Dominicano, así como al artículo 39, párrafo III de la Ley núm. 36, sobre
P. y Tenencia de Armas y la resolución núm. 3869-2006, dictada por la
Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos
que la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Peravía,
presentó acusación y solicitó apertura a juicio en contra de Starling Javier
Peguero Pérez (
S., acusándolo de violación a los artículos 265, 266,
379 y 382 del Código Penal Dominicano, y artículo 39 de la Ley 36 sobre
P. y Tenencia de Armas, en perjuicio de los señores Andrés Antonio
Jiménez Brea, J.C.T.P. y el Estado Dominicano;
que con motivo de la causa seguida al ciudadano Starling Javier
S., por violación a las disposiciones de los artículos
265, 266, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, y artículo 39 de la Ley
36 sobre P. y Tenencia de Armas, en perjuicio de los señores Andrés
Antonio Jiménez Brea, J.C.T.P. y el Estado Dominicano, el
del Distrito Judicial de Peravía, dictó la sentencia núm. 301-04-2016-SSEN-00067 el 28 de abril de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente:
“PRIMERO: Declara culpable al ciudadano S.J.P.P. (
S., de generales que constan por haberse presentado pruebas suficientes que el procesado violentara los tipos penales establecidos en los artículos 265, 266, 379 y 382 del Código Penal, en perjuicio del señor A.A.J. y el artículo 39 del párrafo II de la Ley 36 sobre P. y Tenencia de Armas en perjuicio del Estado Dominicano, en consecuencia, se condena a doce (12) años de prisión a cumplir en la cárcel pública de Baní; SEGUNDO: Condena al procesado al pago de las costas penales; TERCERO: Condena al procesado al pago de una multa de quinientos (RD$500.00) pesos a favor del Estado Dominicano”;
que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora
impugnada núm. 0294-2016-SSEN-00266, dictada por la Cámara Penal de la
octubre de 2016, y su dispositivo es el siguiente:
“PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha quince (15) del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), por el Licdo. W. de los Santos Ubrí, defensor público, actuando en nombre y representación del imputado S.J.P.P.; contra la sentencia núm. 301-04-2016-SSEN-00067 de fecha veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravía, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia, en consecuencia por efecto de lo establecido en el artículo 422.1, y sobre la base de los hechos fijados en la indicada Sentencia dicta directamente la sentencia del caso; SEGUNDO: Modifica el ordinal primero de la sentencia núm. 301-04-2016-SSEN-00067 de fecha veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, solo en cuanto a la calificación contenida en la referida sentencia, y consecuencia, excluye el tipo penal de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano; quedando confirmada dicha sentencia en sus demás aspectos; TERCERO: Rechaza las conclusiones del L.. P.C., quien dio calidades por el Licdo. W. de los S.U., quien representa al recurrente S.J.P.P.; CUARTO: E. al imputado recurrente S.J.P.P., del pago de las costas penales del procedimiento de alzada, en virtud de que el mismo se encuentra asistido por la Defensa Pública; QUINTO: La lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes”;
Considerando, que el recurrente S.J.P.P., por
intermedio de su defensa técnica, propone como fundamento de su recurso de casación el medio siguiente:
Único Medio: Sentencia contradictoria con un fallo anterior de la Suprema Corte de Justicia y de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, artículo 426 numeral 2 del Código Procesal Penal. Que la Corte al decidir el recurso de apelación presentado por el imputado evidentemente entró en contradicción con el precedente constante de esa honorable Sala Penal en lo relativo a la declaración de la víctima como una prueba en el proceso. No podemos dejar de lado la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 379 y 382 del Código Penal Dominicano, vemos que la Corte al igual que el tribunal de primer grado erró en cuanto a su apreciación. Dijimos que con relación al primero de los articulados para establecer el referido tipo penal, solo está la declaración de la víctima, que como ya expresamos es insuficiente para configurarlo, toda vez que se necesitan otras pruebas indefectiblemente para sostener su versión. En lo que respecta a la violación del artículo 382 para que exista como tal debe haber una agresión física, y como se aprecia en el expediente no hay un certificado médico que evidencie que el agraviado haya sufrido una lesión como consecuencia del atraco que él dice haber sido objeto”;
Considerando, que para fallar en la manera que lo hizo la Corte
aqua estableció lo siguiente:
“Del estudio de la sentencia recurrida esta Corte advierte que tal y como señala la parte recurrente, que al valorar las declaraciones de los testigos a cargo, los jueces del Tribunal aquo, ponderar y le otorgan valor a lo declarado por el señor R.A.H.C., agente de la Policía Nacional persona ésta que practicó el arresto al imputado S.J.P.P. (
S., el cual al momento de realizar dicho arresto no encontró nada que vinculara al imputado con el ilícito por el que está siendo juzgado, por lo que esta Alzada considera que a dicho testimonio no se le debió otorgar ningún valor probatorio respecto del robo que fue objeto el señor A.A.J., por lo que procede acoger el medio impugnado y en consecuencia se excluye el testimonio de R.A.H.C., agente de la Policía Nacional como elemento de prueba en el caso seguido al imputado S.J.P.P. (a) S.; 2) Que en cuanto al argumento que contiene el segundo motivo de violación a las disposiciones de los artículos 379 y 382 del Código Penal Dominicano, sobre este aspecto debemos referir que el Tribunal aquo, pudo establecer con las declaraciones de la víctima quien en su condición de testigo señaló al imputado como la persona que sustrajo el dinero que tenía en su cartera, así como el que tenía dentro del vehículo que conducía, hecho este cometido ejerciendo violencia, al amenazar a la víctima con un arma de fuego, según se desprende de las declaraciones de éste, por lo que procede rechazar este argumento, ya que el tribunal pudo comprobar que quedó configurado la vulneración por parte del imputado del tipo penal de robo ejerciendo violencia; 3) que sobre el tercer medio, sobre la falta manifiesta en la motivación de la sentencia, artículo 24 del Código Procesal Penal, en lo atinente a que el tribunal de primer grado establece que las pruebas se concatenen entre sí, creando un vínculo entre los hechos ilícitos supuestamente cometidos por el imputado, sin embargo, el indicado tribunal no explica de qué manera es que forma esa conexidad entre las pruebas que dan al traste con los hechos atribuidos al encartado; sobre este argumento esta Corte después de estudiar la sentencia advierte, que si bien en la decisión recurrida los jueces del Tribunal incurren en algunos vicios al momento de ponderar los elementos de prueba, esto no quiere decir que no establecen los motivos del porqué de su sentencia, por lo que no puede hablar que como señalara la parte recurrente de falta de motivación, en consecuencia, procede rechazar este tercer motivo sobre falta de motivación”;
Considerando, que el recurrente en su único medio invoca que la
sentencia de la Corte es contradictoria, en cuanto a la configuración del tipo
penal previsto en el artículo 382 del Código Penal, en el entendido de el
tribunal entiende que existe dicha violación valorando únicamente el
testimonio de la víctima, cuando dicha agresión no quedó demostrada por
un certificado médico; Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada, se
advierte que la Corte observó de manera general la calificación jurídica
adoptada, y ponderó debidamente la aplicación del artículo 382 del
Código Penal Dominicano, el cual dispone: “La pena de cinco a veinte años de
reclusión mayor se impondrá a todo aquel que se haga culpable del crimen de robo,
si lo comete ejerciendo violencia. Si la violencia ejercida para cometer el robo ha
dejado siquiera señales de contusiones o heridas, esta sola circunstancia bastará
para que se pronuncie el máximum de la pena de reclusión mayor”;
Considerando, que del análisis de dicho texto se infiere que puede
ser retenida la violencia que no dejare señales de heridas o contusión con la
única condición de que no se le impondrá el máximo de la pena prevista,
razón por la cual no es imprescindible el referido certificado médico para
probar la existencia de la violencia y por ende la disposición prevista en el
artículo 382 del Código Penal Dominicano, ya que cualquier vía de hecho
puede dar lugar a la retención de la tipicidad; por tanto, el argumento del
recurrente en cuanto a la existencia de un certificado médico que
demuestre la violencia física sufrida, se desestima;
Considerando, que la Corte a-qua al estimar que hubo una correcta
calificación jurídica en torno a los hechos fijados, observó correctamente la aplicación del referido artículo 382, toda vez que quedó establecido que el
imputado S.J.P.P. amanzanando a la víctima con un
arma de fuego le sustrajo el dinero que tenía en su cartera, así como el que
tenía en el vehículo que conducía, por lo que al confirmar la Corte la pena
de 12 años impuesta a dicho imputado, sin que la misma resulte
desproporcional a los hechos fijados, procede rechazar el presente recurso
de casación;
Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por
S.J.P.P., contra la sentencia núm.0294-2016-SSEN-00266, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 5 de octubre de 2016; cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;
Segundo: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida;
Tercero: Declara exento de costas el presente proceso;
Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal;
(Firmados) M.C.G.B.-FranE.S.S.-HirohitoR..
Sentencia nº de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 8 de Junio de 2016.