Source: https://es.scribd.com/document/44072549/Derechos-Especificos-de-las-Mujeres-Indigenas
Timestamp: 2017-09-26 09:33:31
Document Index: 56684057

Matched Legal Cases: ['artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'artículo 58', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 11', 'Artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 66', 'artículo 11', 'artículo 20', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 4', 'Artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 80', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 22', 'artículo 66', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 23', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 102', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 16', 'artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 9', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 26', 'Artículo 74', 'artículo 28', 'artículo 202']

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Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
1. Conceptos Introductorios para Conocer Nuestros Derechos . . . . . . . . . . . . . . . 2. Marco Jurídico-Político de los Derechos de las Mujeres Indígenas . . . . . . . . . . 2.1 Marco Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Marco Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 9 11 12 15
1 Derecho al Respeto de la Identidad Cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Derecho a Identificarse como Mujer Indígena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Derecho a no ser Asimilada por una Cultura Ajena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Derecho a la Participación en Cargos de Dirección y de Toma de Decisión a Todo Nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Derecho a la Modificación de Costumbres y Tradiciones que afectan su Dignidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Derecho a la Recuperación de Costumbres y Tradiciones que Fortalezcan su Identidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Derecho a la no Imposición de un Esposo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Derecho a un Trato Digno, Humano y Respetuoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Derecho a la Aplicación del Principio de Dualidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Derecho a una Educación Bilingüe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 22 25 27 29 31 33 35 37 39 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Acciones para el Reconocimiento, el Respeto y la Práctica de los Derechos Específicos de las Mujeres Indígenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ¿Qué hacer Legalmente cuando no Respetan Nuestros Derechos? . . . . . . . . . Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legislación Consultada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 45 47 53 54
Estas consultas fueron sistematizadas, incluyendo los nuevos aportes de las mujeres indígenas, quienes al analizar la problemática que viven, tradujeron cada situación en un derecho específico. Después de discusiones y análisis se hizo necesaria la fundamentación legal de cada uno de ellos, de acuerdo a la normativa nacional e internacional. La discusión y establecimiento de estos derechos constituye un esfuerzo pionero, ante la ausencia de un cuerpo legal que apoye a las mujeres indígenas en la situación de desventaja y de discriminación que viven en todos los espacios; es también el resultado de nuestra preocupación porque se sitúe a las mujeres indígenas en el lugar que les corresponde, no sólo por el hecho de su condición humana, como persona, como mujer, como madre, como esposa; sino en la valoración y la visibilización de sus aportes a la sociedad en los ámbitos: intelectual, laboral, profesional y su persistencia en la continuidad y conservación de nuestra identidad étnica. No se pretende, construir un privilegio a quien está en mayor vulnerabilidad, e indefensión, como el caso de las mujeres indígenas; nuestra intención es construir una actitud y una relación de respeto entre quienes convivimos sobre el territorio guatemalteco para que realmente haya interculturalidad en nuestro país. Esta recopilación de derechos es un aporte al reconocimiento de nuestro país como: multilingüe, multiétnico y pluricultural; así como también para que las mujeres indígenas conozcan y puedan ejercer plenamente estos derechos específicos, en el marco de los Derechos Humanos Universales, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Este aporte ha sido trascendental en la vida de las mujeres Indígenas que a formado parte de su defensa colectiva como individual, hoy nuevamente se presenta los derechos específicos de las mujeres indígenas para que siga formando parte de la defensa como garante del ejercicio y cumplimiento de los mismos. Cleotilde Cú Caal Defensora de la Mujer Indígena.
Defensoría de la M ujer Indíge
na -DEMI
l presente documento es el resultado de un proceso de consulta a mujeres indígenas, a través del cual ellas definieron cuáles son sus derechos desde su cotidianidad. Posteriormente, éstos fueron fundamentados en base a la interpretación de Convenios Internacionales y la legislación nacional; dada la ausencia de su regulación como “derechos específicos”; ausencia que no implica su inexistencia como derecho, ya que los mismos, como se mencionó, tienen su fundamentación en los derechos humanos y el orden jurídico nacional. La especificidad de los derechos de las mujeres indígenas tiene un fundamento más allá de la pertenencia étnica, la reivindicación de éstos se hace necesaria por la discriminación y exclusión en que viven las mujeres. La posición de subordinación y vulnerabilidad en que han sido colocadas las mujeres indígenas ha provocado que exijan y demanden derechos, concebidos desde sus vivencias y necesidades, que generen condiciones de equidad para su desarrollo en la sociedad. Este documento ha sido estructurado en tres capítulos. En el primer capítulo se explica brevemente el marco jurídico-político nacional e internacional, para la fundamentación de los derechos específicos de las mujeres indígenas. En el segundo capítulo se enumeran, explican y fundamentan los derechos específicos mediante la explicación y visión de las mujeres indígenas consultadas; así como de la legislación nacional e internacional. En el tercer capítulo, se establecen directrices sobre las posibles acciones para hacer valer los derechos de las mujeres; también se explica el proceso de denuncia ante el incumplimiento de estos derechos. De esta forma, este documento pretende ser una herramienta para la apropiación de las mujeres de sus derechos y para el reconocimiento de los mismos en la sociedad guatemalteca.
Aspectos Introductorios A
Para ejercitar y exigir el cumplimiento de nuestros derechos debemos familiarizarnos con algunos conceptos. ¿Qué es un Derecho? Es una norma jurídica que protege un bien, sea éste: social (la vida, la integridad física, la dignidad de las personas, etc.), material (una casa, un terreno, etc.) o cultural (el idioma, las costumbres, la religión, etc.). Ante el irrespeto o transgresión de esta norma puede exigirse al Estado, a través de sus órganos competentes, el cumplimiento de la misma. Así, se encuentran derechos reconocidos en las leyes nacionales e internacionales. ¿Qué son los Derechos Humanos y para que nos Sirven? “Son los derechos fundamentales que las personas tienen por su propia naturaleza humana, es decir, por el hecho de existir. Por lo tanto, no nacen de una concesión de una sociedad política, aunque sí deben ser consagrados y garantizados por ésta”1 . Los Derechos Humanos son de aplicación universal, es decir, deben ser aplicados a favor de todas las personas sin importar su sexo, religión, raza, cultura, idioma, etc. Sin embargo, existen grupos de personas que han sido colocados en situación de vulnerabilidad por la discriminación que cotidianamente viven, ésta entendida como el tratamiento diferencial desfavorable hacia las personas de acuerdo con la categoría particular que se le asigne
como miembro/a de la sociedad de acuerdo con sus circunstancias físicas, el color, el linaje, el sexo, las creencias religiosas, el origen nacional, étnico, de clase, etc.2 • La discriminación se produce en diferentes ámbitos3 : a. Estructural: Se produce a través de las relaciones de poder establecidas históricamente y ejercidas por el mismo Estado. b. Institucional: En éste ámbito la discriminación se manifiesta en las políticas o prácticas de instituciones privadas y públicas, generalmente se producen de una forma muy sutil. c. Interpersonal: Se expresa en la cotidianidad de la sociedad guatemalteca mediante prejuicios que se manifiestan en actitudes y comportamientos que se dirigen a la sub-valoración de las personas, en este caso de las mujeres indígenas por su condición étnica. d. Legal: se refiere a que la legislación nacional no incluye esa protección específica que le corresponde a una determina población, en este caso las mujeres indígenas y los pueblos indígenas en general. También es importante mencionar que la discriminación tiene diferentes manifestaciones tales como: el racismo (inferiorización de una raza); xenofobia (rechazo a los/as extranjeros/ as); misoginia (odio hacia las mujeres y todo lo que las represente); machismo (subvaloración de la mujer), entre otros. La discriminación es un fenómeno dinámico, consciente y arraigado históricamente. Expresado de manera compleja para jerarquizar a personas o grupos con características diversas, en el que se naturalizan sus creencias y sus prácticas para discriminarlos, excluirlos y dominarlos. Para generar condiciones de igualdad social entre las personas se establecen derechos específicos, así existen los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de la niñez y juventud, de personas con capacidades especiales, etc. En la práctica, los derechos humanos fundamentales y las condiciones básicas para una vida digna no se cumplen para las mujeres indígenas guatemaltecas debido a la discriminación y exclusión de ellas.
2. Malgasini, Graciela y Giménez, Carlos; op. cil. 3. Stavenhagen, Dr. Rodolfo. Relator de Derechos Indígenas de la ONU. Caracterización de las formas de la discriminación y el racismo, exposición realizada en el Foro del Consulado Mexicano; Guatemala, 22 de febrero de 2003.
El Estado de Guatemala ha suscrito instrumentos internacionales a favor de las mujeres4, tales como: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW5) . Además, ha suscrito convenios en contra de la discriminación y sobre la autodeterminación de los pueblos: Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Convenio 169). Esto permite que en Guatemala se cuente con el marco jurídico-político necesario para fundamentar, defender y promover los derechos de las mujeres indígenas. A continuación se efectuará una breve descripción de los instrumentos más importantes para la defensa y promoción de estos derechos.
Declaración Universal de los Derechos Humanos La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada en Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, aunque no crea obligaciones legales su ratificación se ha convertido en obligatoria como parte del derecho internacional. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial Este instrumento tiene como principal objetivo, promover la igualdad racial, que permita a los distintos pueblos indígenas (grupos étnicos) disfrutar del mismo nivel de desarrollo social. Por medio de esta convención los Estados se comprometen a proteger a las personas frente a la discriminación (tanto de otros) de particulares como de instituciones del Estado. Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (convenio 169 de la OIT) El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales se refiere a principios básicos (generales) que deben existir para mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres indígenas de manera equitativa: Respeto a las culturas, a las formas de vida y de organización e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas y tribales. La participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan. El establecimiento de mecanismos adecuados y procedimientos, para dar cumplimiento al convenio, de acuerdo a las condiciones de cada país
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW)6 Se le conoce como “La Carta Internacional de los Derechos de la Mujer” y es ratificada en Guatemala en el año 1982 mediante Decreto Ley No. 49-82. Este instrumento es vinculante para los Estados signatarios. La CEDAW se propone modificar las estructuras sociales y culturales, con el fin de eliminar toda discriminación basada en el sexo y garantizar el pleno desarrollo de la mujer en la sociedad. Uno de sus objetivos fundamentales es crear las condiciones mínimas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Para contar con mecanismos legales que garanticen su cumplimiento, se hizo necesario crear un Protocolo Facultativo. Éste se utiliza, según el Derecho Internacional, para ampliar una Convención a modo de completar los vacíos legales dejados por ésta. Este Protocolo ha sido ratificado, a la fecha, por nueve países de Latinoamérica7. El 8 de septiembre del año 2000 el presidente de Guatemala firmó dicho Protocolo y fue ratificado por el Congreso de la República el 22 de noviembre de 2001 mediante el Decreto 592001 del Congreso de la República. Convención8 de los Derechos Políticos de las Mujeres9 Este convenio establece que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones, así como también establece su derecho a cargos de elección popular establecido por la legislación nacional en condiciones de igualdad con los hombres. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Es conocida como “Convención Belem Do Pará”10, es un instrumento regional y de carácter vinculante para los Estados signatarios. En 1995 entra en vigor en Guatemala, mediante el Decreto 69-94 del Congreso de la República. Tiene como objetivos principales:
6 www.undp.org 7 Los países que han ratificado el Protocolo Facultativo de la CEDAW son: Bolivia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Guatemala. 8 Fragmento tomado de Navarro, Georgina” Derechos cívicos y políticos de las mujeres guatemaltecas”. Programa de Promotoras Jurídicas y Sociales, SEPAZlGTZ ., Edil. Magna Terra Editores, Guatemala, P. 4 9 Entró en vigor en julio de 1954 y fue ratificada por Guatemala en Agosto de 1959. 10 Éste nombre se le dio a la “Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, porque se llevó a cabo en una localidad de Brasil llamada Belém Do Para.
Cambiar esquemas sociales y culturales en cuanto a la discriminación y violencia que sufren las mujeres; Comprometer a los Estados parte a realizar acciones encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; Definir que la violencia contra la mujer puede perpetrarse en cualquier espacio, sea éste público o privado.
Declaración y Programa de Acción de Viena11 En junio de 1993, durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en Viena; se reconoce públicamente que “los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”12 . En esta Declaración, se contempla un apartado sobre la Igualdad de condición y los derechos humanos de la mujer, en el que se hace un llamado a la comunidad internacional para erradicar todas las formas de discriminación contra ellas y dar una respuesta eficaz a la violencia que sufren13 . Plataforma de Acción14 de IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer15 En esta plataforma se reafirma que los derechos humanos: civiles, políticos, culturales, sociales y al desarrollo, son universales, indivisibles e interdependientes, de acuerdo a lo establecido en la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Además establece que el disfrute pleno de las libertades fundamentales, en condiciones de igualdad entre todos los seres humanos, para las mujeres las niñas constituye una prioridad para los gobiernos y Naciones Unidas
11 Las Declaraciones y Conferencias son compromisos políticos que asumen los Estados y no son de carácter vinculante. 12 Declaración y Programa de Acción de Viena, junio de 1993. Numeral 18. 13 Idem Capitulo 11, Numeral B, inciso 3 14 Navarro, Georgina. Op. Cil. P. 5. 15 Aprobada en Beijing, septiembre, 1995 .
Constitución Política de la República de Guatemala La Constitución Política de la República constituye el marco jurídico-político sobre el cual se debe regir la actuación del Estado y su relación para con los/as particulares. En la misma se establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; garantiza a los/as habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. También establece que las personas son libres e iguales en dignidad y derechos y que ninguna persona será sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad16 . Código Penal (Dto. 17-73) El código penal, es el cuerpo legal en que se encuentran tipificados (establecidos) los delitos y faltas; constituye el instrumento (la guía) a través del (la) cual el estado puede castigar (determinadas) acciones u omisiones. En el año 2002 se incluyó el delito de discriminación, a través el decreto 57-2002. Esta reforma constituye la posibilidad de denunciar tanto la discriminación étnica como de género, situación que había quedado en la impunidad por no existir una figura que tipificará el delito de discriminación. ( que lo previera.) Ley para Prevenir. Sancionar, y erradicar la Violencia Intra Familiar (Dto. 97-1996) La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intra familiar es el resultado mediato de todas y cada una de las conferencias y declaraciones que permitieron su formulación e implementación para brindar especial protección a las mujeres, niñas, niños, jóvenes y señoritas, personas adultas mayores y personas con discapacidad en sus derechos más elementales como la vida y su integridad personal. Ley Contra el Femicidio y Otras formas de Violencia Contra la Mujer. (Dto. 22-2008) La constitución de la República establece que el Estado Guatemala se organiza para proteger a las personas y a la familia, su fin supremo es el bien común, además de
proteger la vida humana desde su concepción así como la integridad y la seguridad de las personas. Que las mujeres guatemaltecas tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertadas consagradas en la Constitución política de la República e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y que el problema de violencia y discriminación en contra de las mujeres, niñas y adolescentes ha imperado en el país y se ha agravado con el asesinato y la impunidad, debido a las relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres en el campo social, económico, jurídico, político, cultural y familiar por lo que se hace necesario una ley de prevención y penalización decretándose la LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. En dicha ley se regulan medidas de carácter preventivo y el derecho al resarcimiento de la victima además de contener los delitos y penas como las siguientes: Femicidio, Violencia Contra la Mujer y Violencia Económica. Femicidio: este delito se comete en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres causándole la muerte a ella. Ley de Idiomas Nacionales (Dto. 19-2003) La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka a su identidad cultural de acuerdo con sus valores, lengua y sus costumbres, siendo deber fundamental del Estado garantizar esos derechos. En el marco de este reconocimiento del Estado hacia los Pueblos Indígenas se decreta la ley de Idiomas Nacionales cuyos principios establecen que los idiomas Mayas, Garífunas y Xinkas son elementos de la identidad nacional por lo que constituye un derecho específico de las mujeres indígenas de ser atendidas en su propio idioma. Ley de Promoción Educativa contra la Discriminación (Dto. 81-2002). En el artículo 66 de la Constitución de la República de Guatemala el Estado, respeta y promueve la forma de vida, costumbres, tradiciones de los pueblos indígenas y que en el marco de los acuerdos de Paz surge la Reforma Educativa como un componente esencial para la formación de un nuevo ciudadano y ciudadana, tomando en cuenta que la educación constituye el mejor medio para promover los conocimientos, actitudes y valores por lo que se decreta esta ley tomando en cuenta que es función adoptar todas las medidas para eliminar todas las formas de discriminación de genero y de etnia.
Protección a la Producción de Tejidos Indígenas. (Dto. 426) A través de este decreto el Estado garantiza la protección de la industria textil nativa, de acciones inescrupulosas copiando o imitando los diseños y tejidos que son una manifestación genuina del arte y tradición del elemento indígena especialmente el elaborado por mujeres indígenas que constituyen una fuente de ingreso. Uso del Traje indígena en Establecimientos Educativos. (Acuerdo Ministerial 930) En cumplimiento al artículo 66 de la Constitución de la República de Guatemala se crea el presente acuerdo que establece que en todos los establecimientos educativos oficiales y privados de la República se debe promover y respetar el uso del traje indígena para las estudiantes, docentes, personal administrativo, en todas las actividades cívicas, docentes y protocolarias. Como consecuencia se prohíbe todas aquellas formas y acciones que tiendan a limitar este derecho garantizando en los reglamentos de los establecimientos educativos incluir la libertad de utilizar los trajes indígenas por parte de las estudiantes indígenas. Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Dto. 7-99) Se aprobó mediante el Decreto No. 7-99 del Congreso de la República, ésta considera como principio, el reconocimiento a la variedad de culturas e idiomas en Guatemala, se basa en el respeto a la libertad, a la dignidad a la vida humana y a la igualdad que debe haber ante la ley; y establece tareas fundamentales como la de impulsar la participación de las mujeres en la vida económica, política y social de Guatemala; impulsar el desarrollo de sus derechos fundamentales que se relacionan con la dignificación de la mujer. Esta ley plantea aspectos fundamentales para la vida de las mujeres indígenas tales como: Erradicar la discriminación. Demandar al Estado la protección de la familia. la protección del Estado hacia la familia Garantizar oportunidades de educación hasta el nivel secundario Garantizar condiciones de trabajo dignas para la niñez y la mujer
Desarrollo de la cultura y los medios de comunicación social Valoración histórica Garantías económica y social Participación en las esferas de poder, la igualdad jurídica, revisión de las leyes en el Congreso de la República, la seguridad y administración de justicia, los informes periódicos que reflejen la realidad de las mujeres, los avances o violaciones de sus derechos específicos Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Esta ley regula el sistema de consejos, que es el medio principal de participación de la población Maya, Garífuna, Xinka, y no indígena en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca. El principio de equidad de género, establecido en esta ley, en la participación, entendido como la no discriminación de la mujer y la participación efectiva tanto de hombres como de mujeres. Acuerdos de Paz Después de 36 años de conflicto armado interno, el 29 de diciembre de 1,996, el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG, Suscribieron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, de éstos se desprenden compromisos relacionados con mujeres indígenas: Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómico y Situación Agraria PARTE I.B.h): “El gobierno se compromete a... revisar la legislación nacional y sus reglamentaciones a fin de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer en la participación económica, social, cultural y política, y dar efectividad a los compromisos gubernamentales derivados de la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”.
Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas PARTE B.1: “Se reconoce la particular vulnerabilidad e indefensión de la mujer indígena frente a la doble discriminación como mujer y como indígena... El Gobierno se compromete a…: i) promover una legislación que tipifique el acoso sexual como delito y considere como un agravante en la definición de la sanción de los delitos sexuales, que se haya cometido contra la mujer indígena; ii) crear una Defensoría de la Mujer Indígena, con su participación, que incluya servicios de asesoría jurídica y servicio social; y iii) promover la divulgación y fiel cumplimiento de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”. En ambos acuerdos se reconoce expresamente la necesidad de promover y cumplir con lo establecido en la CEDAW, y en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas se hace referencia a la protección especial hacia las mujeres indígenas. El Estado para darle cumplimiento a estos compromisos crea LA LEY MARCO DE LOS ACUERDOS DE PAZ, mediante el Decreto Número 52-2005 que rige los procesos de elaboración, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones del Estado para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 Estas políticas buscan promover las condiciones que favorecen el desarrollo integral de las mujeres Mayas, Garífunas, Xinkas y Mestizas en la estructura social, económica, política y cultural guatemalteca. La Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades tiene 12 ejes centrales: 1 . 2 . 3 . 4 . El eje de Desarrollo Económico y Productivo con Equidad. El eje de Recursos Naturales, Tierra y Vivienda. El eje de Equidad Educativa con Pertinencia Cultural. El eje de Equidad en el Desarrollo de la Salud Integral con pertinencia cultural.
5 . 6 . 7 . 8. 9 . 10 . 11 . 12 .
El eje de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El eje de Equidad Jurídica. El eje de Racismo y Discriminación contra las Mujeres. El eje Equidad e Identidad en el Desarrollo Cultural. El eje de Equidad Laboral enfatiza siete ejes políticos. El eje de Mecanismos Institucionales. El eje de Participación Socio Política. El eje de Identidad Cultural de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas.
La Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades, cuenta con una serie de acciones que señalan las directrices para el desarrollo integral de las mujeres y la prevención de la violencia, así como acciones para fortalecer los mecanismos institucionales para el avance de ellas: Crear, fortalecer y promover los mecanismos nacionales y estatales que garanticen el avance, participación y desarrollo de las mujeres en todas las etapas de su vida. Diseñar e implementar un sistema nacional y sectorial de estadísticas y datos desagregados por sexo, edad y grupo sociocultural, que provea toda clase de información para la planificación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos referidos a la mujer. Garantizar las condiciones que permitan a la Secretaría de la Mujer contar con el apoyo, cooperación necesarios por parte del aparato gubernamental y estatal para que pueda garantizar el avance, participación y desarrollo de las mujeres. Integrar la equidad entre mujeres y hombres como un principio fundamental de todo proceso de diseño, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, proyectos públicos y la legislación nacional.
Derechos específicos de D las mujeres indígenas
xiste una confirmación de parte de las mujeres indígenas del vacío en la garantía de sus derechos universales y de la alta aceptación legal, así como la aceptación social de otros derechos advertidos por ellas. En Guatemala aún no existe un solo cuerpo legal que agrupe los derechos específicos de las mujeres indígenas; sin embargo, sí existen una serie de normas jurídicas, que de forma expresa o tácita, se refieren a estos derechos específicos. A continuación se presentan los derechos establecidos por las mujeres indígenas, así como su fundamentación en la Legislación Nacional e Internacional.
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La identidad es entendida como “la conciencia de las personas de pertenecer a grupos con los cuales se identifican, ya que la consolidación de estos mismos grupos depende de esa conciencia y de sus manifestaciones”17 Estas manifestaciones pueden ser objetivas y subjetivas. Son objetivas, “cuando se refieren a las características físicas: el idioma, formas de expresión, el vestuario, etc.”18 Son subjetivas “cuando aglutinan las formas de pensamiento: la oralidad, las creencias, la pertenencia, la auto-identificación, etcétera.”19 Para las mujeres indígenas, consultadas, la identidad cultural “es el conjunto de elementos y valores determinados que las diferencian de otras culturas”, por ejemplo, el traje, los idiomas, los nombres propios, las costumbres y tradiciones, las prácticas religiosas y espirituales.” En Guatemala, uno de los sectores de la población que ha podido conservar los elementos de la cultura es el de las mujeres indígenas, quienes no sólo conservan sino transmiten esos valores a las nuevas generaciones; esto se evidencia con el uso del traje, del idioma, con las prácticas medicinales tradicionales, etcétera.
17 Bode Ruiz, Cristel. “Identidad, relaciones inter étnicas y género”. Ejemplar mimeografiado. Guatemala, P. 1 18 Varias, “Identidad: Rostros sin máscaras. Reflexiones sobre cosmovisión, género y etnicidad” Oxfam. Guatemala 2002, p.19. 19 Ibíd.
El derecho a la identidad implica, además, para las mujeres indígenas, el derecho a la organización; es decir, el reconocimiento de la forma organizativa de la comunidad. Estas formas de organización en la cultura maya se caracterizan por un conjunto de valores, los cuales se manifiestan en esa forma de organización. Las formas tradicionales son: guías espirituales, consejo de ancianos, cofradías y alcaldes auxiliares. A pesar de que legalmente existe el fundamento jurídico para el respeto y promoción del derecho a la identidad, la situación de las mujeres no cambia, no se considera este derecho para la definición de políticas sociales que vayan encaminadas a atender la situación particular de ellas.20 Por ejemplo, en la educación aun se manejan conceptos prejuiciados de la mujer indígena, a quien se relacionan automáticamente con pobreza, analfabetismo, suciedad, etcétera. Fundamento Jurídico En el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1 establece la igualdad en la dignidad y la libertad, como principios para todos los seres humanos. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en los artículos 2 y 5, reconoce este derecho: Artículo 2, inciso 1: Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Artículo 5, a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que plantean tanto colectiva como individualmente. En los artículos 18 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos, se determina la responsabilidad del Estado de brindar a las poblaciones Indígenas la igualdad de derechos, la libertad de profesar sus creencias y el uso de su propio idioma. En la legislación guatemalteca, el derecho al respeto de la identidad cultural se fundamenta en los artículos 57, 58, 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Al respecto el artículo 58 establece:
"Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo con sus valores, su lengua y sus costumbres". La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer expresa: “Artículo 1. Principios. La presente ley se basa en reconocer la variedad de culturas e idiomas de Guatemala; además, se basa en el respeto por la libertad, la dignidad, la vida humana y la igualdad que debe haber ante la ley”. “Artículo 5. Ámbito de aplicación. La presente ley se debe aplicar en todas las áreas de la vida: en lo económico, en lo político y en lo cultural. Ante esta situación el Estado deberá hacer o cambiar algunas leyes nacionales y cumplir convenios internacionales; y todo lo que contribuya o ayude a eliminar la desigualdad de sexos ya que esto impide la participación y desarrollo de las mujeres guatemaltecas”. El artículo 2 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, establece como principios, que rigen la aplicación de dicha ley, la equidad de género, entendida como la no discriminación de la mujer y de su participación efectiva; y el respeto y fomento a la interculturalidad. El Código Municipal en el artículo 20 establece que: “Las comunidades de los pueblos indígenas son formas de cohesión social natural y como tales tienen el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica... con respecto de su organización y administración interna que se rige de conformidad con sus normas, valores y procedimientos propios, con sus respectivas autoridades tradicionales reconocidas y respetadas por el Estado, de acuerdo a disposiciones constitucionales y legales.” En el artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social se establece que las políticas públicas de desarrollo social respeten los aspectos culturales, históricos, comunitarios y otros aspectos de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Para lograr el desarrollo de las mujeres indígenas se debe partir de su identidad, tomar en cuenta los valores y elementos de su cultura, de tal manera que se propicie el crecimiento personal de cada una de ellas, en ámbitos tales como la educación, especialmente en cuanto al idioma, considerando que la mayoría de las mujeres indígenas son monolingües; la salud, el trabajo y otros. De lo contrario se está tácitamente negando el derecho al goce de bienestar de las mujeres y a la vez, obstaculizando su desarrollo, en síntesis manteniendo su discriminación y marginación.
Según las mujeres indígenas consultadas por la DEMI, este derecho significa “poder expresar libremente mis prácticas culturales, poder vivir y gozar de lo que aprendí en mi familia y en mi comunidad. Que puedo vestir mi traje, que puedo comunicarme en mi idioma con libertad. Además, significa que puedo practicar mis creencias religiosas, agradecer cada día al Ajaw, a mi nahual, etc. Todo esto desde lo que soy, UNA MUJER INDIGENA”. Sin embargo, situaciones como la pobreza o extrema pobreza que afectan sobre todo a las mujeres indígenas y la discriminación étnica, limitan las condiciones y oportunidades para que se desarrollen plenamente como humanas y ejerzan plenamente su derecho a la identidad como mujeres indígenas así como sus responsabilidades y obligaciones ciudadanas. Fundamento Jurídico En el ámbito internacional, la práctica de este derecho se fundamenta en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, de la siguiente forma: “Artículo 3, numeral 1: “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.” En el artículo 5 de dicho convenio se establece la obligación del Estado de reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos indígenas. También la Declaración Americana21 artículo 23 referente a Derechos, a los beneficios de la cultura establece que: Referente a los beneficios de la cultura
“Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten del progreso intelectual y especialmente de los descubrimientos científicos”. El artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece la obligación del Estado de garantizar la libertad cultural y religiosa a los diferentes grupos étnicos. Este derecho también se encuentra amparado en la legislación nacional, a través de la Constitución Política de la República en los artículos 58 y 66 en donde se reconoce la obligación del Estado de respetar y promover las costumbres, tradiciones y organización de los pueblos indígenas, así como el uso del traje indígena, y Acuerdo Ministerial 920 del Ministerio de Educación. Para las mujeres consultadas el derecho a identificarse como mujeres indígenas implica: Derecho al uso del traje. Derecho al idioma. Derecho a las costumbres y tradiciones. Derecho al uso del calendario maya. Derecho al uso de nombres mayas. Derecho al uso de la medicina tradicional. Derecho al cultivo del maíz.
El asimilacioismo “constituye una propuesta de uniformización cultural, se propone y se supone que los grupos y minorías van a ir adoptando la lengua, los valores, las normas las señas de identidad, de la cultura dominante y, paralelamente, van a ir abandonando su cultura propia”. El asimilacionismo cultural en Guatemala se ha manifestado históricamente a través de sus políticas y modelos de desarrollo que pretenden abolir la cultura de los pueblos indígenas, su principal objetivo es la homogeneización cultural es decir, oficializar de manera agresiva una única cultura, la occidental. Es necesario indicar que el uso de este concepto no es claro en las mujeres indígenas; y las acciones en este sentido, aunque son sutiles, son contundentes. La asimilación se puede ver en diversos espacios: educación; servicios de salud; medios de comunicación; empleo, etcétera.
Según las mujeres indígenas “la asimilación es un proceso que se da por la supremacía de una cultura sobre otra. La mujer indígena es generalmente obligada a aceptar otras• costumbres por la situación de discriminación que vive”. Fundamento Jurídico Contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados; el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales”. En el artículo 4 del mismo, se expresa: “deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las culturas de los pueblos interesados; tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados; el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales”. El artículo 11 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina la protección a la dignidad de las personas, y a no recibir injerencias o ataque abusivos. La legislación nacional, a través de la Constitución Política de la República en el artículo 66 establece, refiriéndose a los Pueblos Indígenas que; ...EI Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. En este sentido, el artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social establece que en la elaboración de políticas de desarrollo social se tome en cuenta los aspectos históricos, culturales y otros elementos de la cosmovisión de los pueblos indígenas, así como la promoción de los derechos de las mujeres indígenas.
Las mujeres indígenas no tienen espacios de participación real en la vida comunitaria, ni siquiera son escuchadas en sus hogares. En las estructuras de organizaciones comunitarias, municipales, regionales o nacionales, no tienen una verdadera representatividad. A nivel político municipal, se puede indicar existen pocas mujeres indígenas que ocupen cargos de Alcaldesa, en el congreso de la república las mujeres indígenas son escasas, y como funcionarias de gobierno aún más. Por ello las mujeres indígenas se refieren a “su inclusión e intervención en cargos de dirección y toma de decisión en espacios de la vida comunitaria, en las diversas estructuras municipales, regionales o nacionales”. El planteamiento, anteriormente indicado, surge porque en la actualidad el quehacer político y social es ejercido mayoritariamente por hombres, veamos las cifras ocupadas en cargos en las corporaciones municipales: del total de 3,300 puestos municipales sólo 140 (el 4.2%) están ocupados por mujeres, de las cuales 43 son indígenas. De ahí la importancia del reconocimiento y la viabilización de la participación de las mujeres en las estructuras organizativas tradicionales y no tradicionales. Al ubicarse en el ámbito comunitario, se logra evidenciar que en los comités, asociaciones, grupos, etc., la participación de las mujeres es baja, lo que tiene que ver con diferentes factores entre ellos que para algunas personas en la comunidad, la opinión de las mujeres “no es importante” .
Otros factores que las limitan son: la falta de práctica de hablar en público, no saber leer y escribir. Además, es común encontrar una o dos mujeres en comités comunitarios, que ocupan los cargos de vocal, sólo para evidenciar “que sí se toma en cuenta la opinión y participación de las mujeres”. De ahí que el derecho a la participación sea una de las demandas más fuertes por parte de las mujeres indígenas consultadas. Fundamento Jurídico La Declaración Americana en el artículo 20 “Derecho de sufragio y de participación en el gobierno establece que: “Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”. En el artículo 23 numeral 1, inciso C de la Convención Americana de Derechos Humanos se expresa el derecho que toda ciudadana o ciudadano tienen de elegir y ser electo en cargos públicos. Los artículos 2 y 3 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, establecen que las mujeres podrán ocupar cargos en instituciones públicas y ser electas en igualdad de condiciones que los hombres. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25, se determina que todos y todas las ciudadanas deben tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas del país, así como también a votar, elegir y ser electo, y a participar en la dirección de asuntos públicos. De igual manera, otros instrumentos jurídicos nacionales, convenios o declaraciones internacionales fundamentan este derecho como: el artículo 6 Inciso b) del Convenio 169 de la OIT; el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 4.j de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belem Do para). En el ámbito nacional los artículos 136 de la Constitución Política de la República y 3 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece como derechos el elegir y ser electas, el voto, optar a cargos públicos y participar en actividades políticas.
En la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer se expresa entre sus objetivos: “Artículo 2, inciso a): “Impulsar la participación de las mujeres en la vida económica, política y social de Guatemala”. Y en el artículo 23 de esta ley establece el fortalecimiento de la participación de las mujeres. El artículo 2 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, establece como principios que rigen la aplicación de dicha ley la equidad de género, entendida como la no discriminación de la mujer y de su participación efectiva; y el respeto y fomento a la interculturalidad.
Las culturas sufren transformaciones, la humanidad misma es producto de las culturas y la humanidad es creadora a la vez de culturas. Sin embargo, la práctica de costumbres y tradiciones indígenas, muchas veces, mantienen aquellas que fomentan la subyugación de la mujer y aseguran la desigualdad en el acceso a oportunidades de desarrollo o en el ejercicio del poder. Entre las prácticas que colocan a las mujeres en una posición de subordinación se encuentran: la retribución que recibe la comadrona, en algunas comunidades, cuando nace una niña, es menor que cuando nace un varón además es recibida con tristeza, las mujeres indígenas no tiene derecho a herencia, en caso de disolución del matrimonio el esposo se queda con todos los bienes materiales, a pesar que ella queda con la responsabilidad de crianza y manutención de los hijos, la imposición del esposo, etc.
El análisis de las mujeres indígenas a este derecho específico es: “considerando que las culturas no son estáticas sino que están en constante modificación; existen sin embargo, situaciones que han perdurado desde el nacimiento como la discriminación, por el hecho de ser mujer; éstas son algunas prácticas o costumbres que perjudican el desarrollo de la mujer en todo ámbito: familiar, político, educacional, comunal, etcétera”. El derecho a la modificación de costumbres y tradiciones que afectan su dignidad implica, para las mujeres indígenas, el cambio en los siguientes aspectos: Distribución de la herencia, la que se transmite generalmente a los hijos varones. Concepción mercantilista de la mujer (comercio). Vergüenza y miedo de usar servicios de maternidad en los hospitales. Mayores obligaciones para la mujer. Uso de la mujer como símbolo folklórico. Fundamento Jurídico En el artículo 80 del Convenio 169 de la OIT se establece: “al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberá tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario, numeral 2: dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio”. Además los artículos 22 Y 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen la protección de sus derechos culturales. Pese a la importancia del cambio que debe producirse en las tradiciones que afectan la dignidad de las mujeres indígenas, es muy poca la legislación que reconoce este derecho.
Es importante analizar, debatir y distinguir los diferentes elementos identitarios creados por la cultura indígena y los impuestos por la cultura colonial. En el caso de la cultura maya, los valores y principios de la cultura maya esencialmente promueven una igualdad y equidad entre las relaciones de mujeres y hombres, de ahí que mujeres y hombres por igual son “ajil t’zaqat”; sin embargo, la práctica del principio de complementariedad e igualdad entre los mismos no es plena en la actualidad. Pero, además, para las mujeres indígenas consultadas este derecho implica: Ritual del matrimonio. Reposo posnatal y abstinencia. Concepción de la maternidad. Relación de las mujeres con la tierra, como símbolo de fertilidad. Ceremonia del Tak’alba (día del nacimiento).
* Uso y práctica de la medicina natural. * Prácticas agrícolas tradicionales (con respeto a los recursos naturales y el uso de semillas criollas y no transgénicas) * Diálogo para consejos familiares, el “pixabal tzij”.
Fundamento Jurídico El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo protege y promueve la posibilidad importante de recrear la cultura, conservar aquellos elementos que ofrecen el crecimiento y el desarrollo de la población que la practica pero que a la vez abre la posibilidad de sustituir aquéllos que no corresponden más al contexto, a la apropiación y a la visión sobre la dignidad humana de determinada población. En este sentido, el artículo 2 de este Convenio establece: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. En el artículo 22, de la misma se expresa que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. La legislación nacional, a través de la Constitución Política de la República, en el artículo 66, establece refiriéndose a los pueblos indígenas que: ...EI Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos .
Esta imposición, resulta ser una práctica normal en diferentes comunidades indígenas, forma parte de las costumbres y tradiciones necesarias a discutir y transformar para una convivencia respetuosa, digna e importante para las mujeres. Ha sido en muchos casos una decisión de la madre y del padre de familia impuesta a la mujer, de pasar a ser cónyuge de otra persona que no conoce, por conveniencia familiar u otras situaciones como la simple práctica o mantenimiento de costumbres. Al efectuar la consulta, 56 de cada 100 mujeres opinó que se les respeta la elección de su compañero de hogar o esposo. Expresan que ahora las cosas han cambiado, y que ahora tienen “el privilegio de escoger’’’. “Los padres se dan cuenta que si ellos escogen no es lo mismo, no será bueno en particular para las hijas”. Sin embargo, 39 de cada 100 mujeres indicó que este derecho no es respetado e incluso algunas expresaron lo siguiente: “en algunos pueblos las cambian por maíz o por animales”, “las venden”, “es la costumbre, hay que comprar a la esposa”. Este derecho también implica, según las mujeres indígenas, la necesidad de tener un período de noviazgo, para conocer a la persona, que puede llegar a ser su esposo, antes de la vida en matrimonio. En conclusión, las mujeres indígenas consultadas mencionaron que “la mujer tiene la libertad de elegir a su esposo, en particular la relación de noviazgo, que es necesaria para conocer a la persona antes de la vida matrimonial, también tiene la libertad de decidir sobre casarse o no”. Es decir, el derecho a que no se le imponga al esposo implica: la libertad de escoger a su pareja, un período de noviazgo y la decisión de casarse o no.
Fundamento Jurídico El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que:” 1)Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza y racionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio; 2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio; 3) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado.” El artículo 16.1 .b de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -CEDAW- expresamente determina: “El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento...”. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en el artículo 5 inciso d, establece el derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge. Este fundamento también se encuentra en el artículo 17, Numerales 2,3, 4.la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos. La legislación nacional también promueve el respeto a la libre elección del cónyuge y al estado civil de las ciudadanas y de los ciudadanos, tal como lo establece la Constitución Política de la República en el artículo 4, donde establece la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prohibición de someter a las personas a condiciones que menoscaben su dignidad. La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer en el artículo 8, inciso b, establece expresamente, como mecanismo para garantizar el ejercicio real de la equidad de los derechos de las mujeres, la libertad de elección del cónyuge ya contraer matrimonio. Los artículos 146 y 147 del Código Civil determinan que para contraer matrimonio debe mediar el consentimiento de ambos cónyuges, y que el obligar a uno de ellos al mismo implica una causal para su anulación. Además, la Ley de Desarrollo Social, en el artículo 5 establece la libertad para determinar su vida familiar.
Para las mujeres indígenas consultadas, este derecho significa: “la mujer indígena merece una relación amable y atenta en la familia y en la sociedad, a que se le llame por su nombre, a heredar bienes materiales de parte de sus progenitores, tiene el derecho al trabajo justo y remunerado así como a gozar de un tiempo de descanso.” La relación colonial y la construcción patriarcal del Estado guatemalteco, repercute en la designación de funciones y responsabilidades específicas para mujeres y hombres, sobre todo en el caso de los pueblos indígenas. De ahí que las funciones y papeles asignados a las mujeres son los tradicionalmente asignados en el plano privado, a las que no se le reconoce como trabajo. De ahí que las mujeres indígenas consultadas hayan explicado que este derecho implica: Derecho a ser llamada por su nombre, porque en la cotidianidad son tratadas como “marías”, “chulas”, “mija”, etcétera. Derecho a la salud, y a ser atendida por personal bilingüe y propio de sus comunidades. Derecho al trabajo: este es violentado por la falta de acceso a fuentes de trabajo, a condiciones mínimas de seguridad laboral, en particular y aún más, las condiciones de trabajo a las que se exponen en el trabajo doméstico y el trabajo agrícola. Derecho al descanso y recreación: todo ser humano necesita el descanso y la recreación como parte de su salud integral; sin embargo, la mayoría de mujeres no ejerce este derecho, sus largas y dobles o triples jornadas de trabajo les hace difícil poder contar con estos momentos de distracción. Para las mujeres indígenas esta situación se agrava, y algunas de ellas expresaron que únicamente pueden descansar si terminan con sus tareas domésticas y agrícolas, para las cuales no cuentan con ningún apoyo.
Derecho a vivir en paz: éste es un derecho exigido por las mujeres indígenas sobre todo por las situaciones traumáticas vividas durante el conflicto armado y por las secuelas del mismo en la actualidad. Fundamento Jurídico La Declaración Americana establece: Artículo 5: Derecho a la protección a la tranra, la reputación personal y la vida privada y familiar. Artículo 6: Derecho a la constitución y a la protección de la familia. Artículo 14: Derecho al trabajo en condiciones dignas y a una justa retribución. Artículo 15: Derecho al descanso y a su aprovechamiento. Artículo 23: Derecho a la propiedad. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar. El artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la prohibición a la esclavitud y trabajos forzosos. Respecto al trato digno e igualdad de trato en el trabajo existe el Convenio 118 de la OIT que desarrolla las directrices mínimas para las condiciones de trabajo. Otros fundamentos, en instrumentos internacionales, sobre este derecho se encuentran en La Declaración Universal de los Derechos Humanos artículos: 17, 23, 24; el Convenio 169 de la OIT, Principio de la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación artículo 25; y el Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación). En el ámbito nacional la Constitución Política de la República, en los artículos 1, 2, 4 establece la obligación del Estado de proteger a la persona y su desarrollo integral, así como la igualdad en la dignidad entre los ciudadanos y ciudadanas. En el artículo 102 de la misma se establece el derecho a la elección del trabajo y sobre la igualdad de condiciones laborales entre los y las trabajadoras. En los artículos 4, 7 y 12 de la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer se establece la protección que el Estado debe brindarle a las mujeres, así como los mecanismos con que ellas deben contar en la esfera del trabajo, fundamentalmente en condiciones de igualdad.
La cultura machista y racista que las políticas coloniales del Estado transmiten a través del sistema nacional de educación, de la legislación nacional, de los medios de comunicación y de las religiones entre otros; definen identidades, costumbres y tradiciones, que afectan la dignidad, la libertad, el desarrollo y la participación en todos los niveles de las mujeres indígenas. Es aquí donde el valor de esas costumbres y tradiciones surgidas en la esencia de los valores y principios de la cultura maya cobran importancia, “nu tz’aqat” el otro u otra es mi complemento; mi espejo, mi otro u otra yo; “wachib’il” mi compañero o mi compañera relación que implica consulta, análisis y decisión de ambos, “puedo actuar después de dialogar con ella, y tomar juntos una decisión”, invita a una relación horizontal, en igualdad de condiciones. La dualidad es un principio olvidado en la práctica, o poco respetado actualmente a nivel de las comunidades indígenas, por lo cual se confronta con los altos índices de marginación y exclusión de las mujeres, especialmente en los ámbitos económico y político. Su reconocimiento legal y su aplicación como un derecho en la cotidianidad por la sociedad guatemalteca en su conjunto, contribuiría a superar esas diferencias entre mujeres y hombres, demostrada por su participación, aportes, decisiones y calidad de vida.
Fundamento Jurídico En el ámbito internacional la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 2 establece la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. El Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos en el artículo 23 numeral 4 establece que: “ Los Estados parte en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de esposos en cuanto al matrimonio, durante el mismo ...”. De la misma forma la CEDAW en el artículo 16 establece que el Estado garantiza la igualdad de condición entre hombres y mujeres tanto en matrimonio como en las relaciones familiares. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 24 establece que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.” En el ámbito nacional la Constitución Política de la República en el artículo 4 establece que: “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí”. La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer es clara al expresar la problemática que produce esa relación y condición desigual entre géneros de ahí su énfasis en la búsqueda legal de la superación de la misma, el artículo 3 establece: “ Artículo 3°: Para que esta ley se cumpla se debe entender como discriminación contra la mujer el hacerla de menos, limitar o apartar a las personas por su condición económica, sexo, edad y religión, étnica, cultura y que todo esto lleve a no reconocer nuestros derechos humanos que están en la Constitución Política de la República y otras leyes no importando su estado civil, ya que debe haber igualdad y libertad de participación del hombre y la mujer en lo político, económico, trabajo, lo social y en lo cultural.” “Artículo 9°. Inciso d): Garantizar a la mujer igualdad de oportunidades y facilidades para obtener becas de estudios, créditos educativos y especialidades”,
Las prácticas de discriminación y racismo ejercidas especialmente en contra de las mujeres indígenas tienen que ver con la incomprensión de las identidades multiculturales de la nación, lo cual tiene raíces en la configuración del Estado Guatemalteco. De ahí que la resistencia a incursionar otros espacios como el educativo, político, etc. De parte de las mujeres indígenas resulta ser muchas veces una forma de defensa. La educación monolingüe expresa esa relación desigual en la comprensión de los mundos distintos que docentes y estudiantes ostentan. Por ello la educación bilingüe, además de ser un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, representa en la práctica una oportunidad de conocimiento mutuo entre diversos, de desarrollo y creación de códigos comunes para las relaciones interculturales necesarias para erradicar la discriminación y el racismo.
Según lo expresado por las mujeres indígenas consultadas la educación bilingüe implica además la atención en su propio idioma en las instituciones públicas, al respecto expresaron lo siguiente: “La mujer indígena tiene derecho a la instrucción académica en su propio idioma materno, y a ser atendida en instituciones públicas por personas maya hablantes”. Fundamento Jurídico El Convenio 169 de la OIT expresa: Artículo 26: “Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles.” Artículo 27: “Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos últimos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y toda sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales”. Artículo 28, inciso 1: “Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer ya escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezca”. Artículo 26, Inciso 2. “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre toda las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos...”. La Constitución Política de la República establece expresamente que: “...En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe.” Además, el Artículo 74 de la misma establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación. En la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer “Artículos 9°. El Estado garantiza a las mujeres la educación nacional en forma de equidad, esto quiere decir que se considere a las mujeres con sus limitaciones y cualidades dándoles la oportunidad en todos los grados de la educación preprimaria, primaria, secundaria, y universitaria. Además favorecerá el respeto y valoración de las identidades culturales sin afectar la unidad de la nación”.
“Inciso a) Cubrirá y ampliará la educación escolar en todo el territorio nacional, en todos los niveles facilitando así a las mujeres que puedan acudir o asistir a los centros educativos y permanezcan hasta finalizar su pre-primaria, primaria, básicos, carrera a nivel medio y universitaria; b) Los cursos educativos contendrán el valor de nuestra cultura y de género valorizando el papel de la mujer en las ciencias, historia, artes, literatura y letras; c) Las estudiantes indígenas utilizarán el traje típico que les corresponda de acuerdo con su etnia en sus centros de estudios y podrán dejar de usarlos cuando ellas así lo deseen. No podrán ser obligadas a no usarlo; f) Lograr que en las universidades se imparta la cátedra 0 clase de sociología del desarrollo de la mujer”. En los artículos 1, 2 Y 13 de la Ley de Idiomas Mayas se hace referencia a que el sistema educativo tanto público como privado debe respetar, promover y desarrollar la utilización de los idiomas maya, garífuna y xinka, conforme a la particularidad de cada comunidad lingüística.
Acciones para Hacer A
De la consulta realizada a las mujeres en 22 comunidades etnolingüísticas se establecieron las siguiente acciones. Labor de Promoción, Divulgación, Educación y Apropiación de los Derechos Humanos y Específicos de las Mujeres Indígenas: Implica una educación para la toma de conciencia de las mujeres sobre sus derechos a partir de que los conocen, los comprenden, saben de su importancia y se deciden a defenderlos. ¿Es sensible la sociedad a su alrededor sobre esos derechos? ¿Hace necesaria la implementación de acciones para la sensibilización y apoyo de la comunidad? Manejo del marco jurídico nacional e internacional a favor de los derechos específicos.
Investigación sobre la Situación Actual de los Derechos Específicos de las Mujeres Indígenas ¿Se respetan sus derechos? ¿Se están violando uno o más derechos protegidos? ¿Quién, quienes o cómo se está perpetrando el abuso a ese o a esos derechos? Diseño de la Estrategia de Defensa de los Derechos Específicos Prevalece en esta parte la autoridad de la Defensoría de la Mujer Indígena para dirigir el diseño y ejecución de esa estrategia. Involucra activamente a mujeres indígenas. Consolida una relación de alianza de organizaciones sociales, gubernamentales nacionales e internacionales en esta acción. Sanción y Resolución de Casos Corresponde a las medidas judiciales y sociales que se apliquen para la resolución de los diferentes casos. Distintos instrumentos podrán ser utilizados: el diálogo para la resolución del conflicto, la aplicación de formas propias de las comunidades para la sanción moral y social, el establecimiento de tribunales de honor u otros mecanismos para atender de manera pacífica pero legal los vejámenes en contra de mujeres indígenas. Informes y Socialización de Resultados Esto es muy importante para prevenir, erradicar y difundir las lecciones que la sociedad en su conjunto, los y las agresoras directas de los derechos de las mujeres indígenas deben aprender. Contribuye al empoderamiento de las mujeres a partir de que los casos de violación o abuso de sus derechos son atendidos; a la vez que se atiende la parte afectiva dañada en su integridad como ser humana.
Existen dos vías de hacer valer nuestros derechos: una administrativa y otra penal. Cabe mencionar que acudir al sistema de justicia es más que un trámite, implica una acción política de las mujeres indígenas para la reivindicación y respeto de sus derechos, Vía Administrativa La utilización de la vía administrativa se refiere a que nos vamos a remitir directamente a la institución pública o privada que violó nuestros derechos; un ejemplo de ello es cuando no se permita a las niñas o niños expresarse en su idioma materno, En el caso de las instituciones públicas existen una gran cantidad de procedimientos específicos dependiendo de la institución de que se trate sin embargo, existe un procedimiento general:1
Inicio Es necesario que presentemos un escrito sencillo, identificando datos generales: nombre, edad, estado civil, profesión, domicilio; y que se haga referencia al asunto que se quiera que la autoridad rectifique. Plazo: El plazo va a depender de la autoridad a quien se solicitó; sin embargo, en materia administrativa las instituciones del estado tienen un plazo máximo de 30 días para resolver, según lo establecido en el artículo 28 de la Constitución de la República de Guatemala; a menos que la ley específica señale lo contrario. Finalización Vía Penal Actualmente, contamos con una nueva figura delictiva “el delito de discriminación” contenido en el artículo 202 bis del Código Penal.
“Discriminación. Se entenderá como discriminación, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos...”
Este delito constituye un avance en los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, ya que evidencia la existencia de la discriminación y le asigna al sistema de justicia la responsabilidad de castigar penalmente a quien lo cometa. Es importante recordar que la aplicación de las leyes, depende en parte de la utilización que la población le dé a las mismas.
¿Qué es una denuncia? Es el acto por medio del cual cualquier persona, haya o no resentido los efectos del delito, hace del conocimiento del Ministerio Público, la comisión de hechos que puedan constituir un delito que se persiga de oficio. Puede hacerse en forma verbal o escrita. No es necesario que se presente con auxilio de abogado/a, y sólo se requiere que la persona que presente la denuncia se identifique, y en la medida de lo posible relate los hechos ocurridos.
¿Dónde puedo denunciar? En la Policía Nacional Civil, en el Ministerio Público o en un Juzgado de Paz.
¿Qué documentos necesitamos para presentar una denuncia? La cédula de vecindad.
¿Qué pasa después de presentar la denuncia? Tenemos que presentar una querella, este es el acto por medio del cual se pone en conocimiento del Ministerio Público la comisión de hechos que pueden llegar a constituir un delito, con la particularidad de que sólo puede ser presentada por la persona afectada por el delito, y se debe hacer por escrito con la ayuda de un abogado o abogada.
¿Cuál es el Contenido de la Querella? La demanda tiene que llevar varios datos: A qué juzgado va dirigido. Nombres y apellidos completos de la solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil (soltera o casada), nacionalidad, profesión u oficio, domicilio (en qué departamento se encuentra), e indicación del lugar para recibir notificaciones (dirección). Su residencia. La cita del documento con que se identifica: El lugar que señala para recibir notificaciones. Relación de los hechos a que se refiere la petición (en este apartado se escribe lo que pasó), aquí se indican las víctimas y testigos. Elementos de prueba y antecedentes de lo que pasó. Fundamento de derecho (citar las leyes en que nos fundamos para hacer nuestra petición). Nombres, apellidos y residencia de las personas de quien se reclama el cumplimiento de la obligación, si se desconoce la dirección se debe escribir “de quien desconozco la residencia”. La petición. Lugar y fecha. Firmas de la solicitante y de la abogada o abogado y su sello. Si la persona no puede firmar, puede firmar otra persona por ella o la abogada que lleva el caso.
¿Qué Documentos debo llevar a la Defensoría de la Mujer Indígena para Recibir Asesoría en un Caso Penal? Cédula. Hoja de denuncia. Nombre de un testigo. Nombre de la persona acusada. Dirección exacta de la persona acusada. Para formamos una idea del procedimiento para el proceso penal por el delito de discriminación, a grandes rasgos, es el siguiente: Denuncia Juzgado de paz Ministerio Público Juzgado de Primera Instancia Penal Etapa preparatoria En ella se investiga si hay o no delito Etapa Intermedia Sirve para depurar lo encontrado en la etapa de investigación y decidir si hay elementos suficientes para que haya un juicio. Juicio Oral Se presentan las pruebas y los/as jueces/zas las analiza para dictar sentencia Sentencia Resolución final que determina si hay o no un culpable e impone una sanción PNC
¿Qué pasa si no Obtengo Respuesta de los Tribunales de Justicia por la Denuncia que Presenté? Una vez hayamos agotado todas las instancias nacionales, es decir, acudir al sistema de justicia, esperar los plazos, plantear los recursos para tener una respuesta pronta y cumplida de la justicia y si aún así no obtenemos respuesta existe la opción de acudir a órganos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Organización de Naciones Unidas (ONU), quienes tienen comités específicos encargados de atender asuntos de mujeres, pueblos indígenas y otros. En esta etapa, si decidimos acudir ante una instancia internacional, es necesario que nos asesoremos con organizaciones de mujeres indígenas, de Derechos Humanos, así como con la Procuraduría de Derechos Humanos para que nos orienten y brinden el apoyo y acompañamiento necesario. En síntesis las acciones para hacer valer nuestros derechos como mujeres indígenas van desde la educación, investigación y promulgación hasta la denuncia. Ya que todas estas acciones en conjunto contribuirán a la reivindicación de nuestros derechos. Direcciones importantes de sedes de la Defensoría de la Mujer Indígena Coban Alta Verapaz. 2a. Calle 2-11 zona 2, Palacio de Gobernación, 1 Nivel. Huehuetenango 12 avenida 6-04, Colonia Paula María, zona 5. Quetzaltenango. 14 avenida “A” 8-25 zona 3. Quiché, 6a. Calle 6-16 zona 1, Santa Cruz Quiché. Petén. Avenida 15 de Septiembre 5-67, Zona 2, Poptún. Suchitepéquez Calle Principal Mercado No. 2, Planta Alta, Local No. 7, Mazatenango, y 4a. Avenida Entre 1a. y 2a. Calle zona 1, Santo Tomás la Unión, Izabal. 12 calle y 4 Avenida esquina, Puerto Barrios. Sololá. 6a. Avenida y 13 calle zona 2, Sololá. San Marcos. 7a. Avenida “A” 12-51 zona 1. Baja Verapaz. 3a. Calle 7-83 zona 1. Salamá. Santa Rosa. 4a. Calle 1 -75 zona 4. Barrio la Parroquia. Cuilapa, Sta. Rosa.
Almendarez, Graciela, Alcántara, Antonio, Aplicación del criterio de oportunidad a casos de violencia contra la mujer, Proyecto Reducción de la Violencia contra la Mujer, Guatemala, 2002. Becker Richards, Julia, Richards, Michael, Relaciones Inter-étnicas, para la promoción del pluralismo cultural, Universidad Rafael Landívar, PRODIMA, Guatemala, 1992. Centro de Acción Legal de Derechos Humanos -CALDH-, Guía Jurídica para la Mujer, Guatemala, 2000. Foro Nacional de la Mujer, Avances en la participación política de las mujeres guatemaltecas 1997-2001, PNUD, Guatemala, 2002. Monzón, Ana Silvia, “Rasgos Históricos de la Exclusión de las Mujeres Guatemaltecas”, Cuadernos de Desarrollo Humano, PNUD, Guatemala, 2001. Morales Trujillo, Hilda, Manual para el abordaje de la violencia contra la mujer. Segunda edición, Guatemala, 2001. Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Adición Misión a Guatemala. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-, Informe Guatemala Nunca Más. Tomo 1, “Impactos de la Violencia”, Guatemala, 1998. Osario, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Argentina, 1999. Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-, Conociendo la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006, UNICEF Guatemala, 2002.
Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente. Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia Intrafamiliar. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Numero 70-96. Convenio 169. Código Civil. Congreso de la República Guatemala. Decreto Número 106. Código del Trabajo. Congreso de la República Guatemala. Decreto 1441. Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 7-99. Ley del Organismo Judicial, Congreso de la República de Guatemala. Decreto Numero 2-89. Ley General de Descentralización. Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 14-2002. Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 11-2002. Código Municipal. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 12-2002. Código Penal, Congreso de la República de Guatemala, decreto numero 1773. Ley de Tribunales de Familia. Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 206 . Declaración Universal de Derechos Humanos. Convención para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, OEA. Convención Sobre Todas la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ONU. Acuerdos de Paz. Ley de Femicidio. Ley de Idiomas Nacionales. Ley de Promoción Educativa. Protección a la Producción de Tejidos Indígenas. Uso de Traje Indígena en Establecimientos Educativos.
DE LA PRIMERA EDICIÓN 2003
Es tiempo de hablar de nuestros derechos “DERECHOS ESPECÍFICOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS”.
ESTA EDICIÓN “DERECHOS ESPECÍFICOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS”. Reconocer y Respetar LOS DERECHOS de las Mujeres Indígenas ¡Un compromiso de País!
2a. Avenida 2-91 zona 1, Chimaltenango.
ley contra la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género
manual_ddhh_mujeres_indigenas-2008.pdf
Brechas de Genero UNED-Genero
Plan Nac de Educacion FINAL