Source: http://www.marianomorenonoticias.com.ar/conoce-uno-a-uno-los-anuncios-economicos-que-integran-la-ley-de-solidaridad-y-reactivacion-productiva/
Timestamp: 2020-01-21 18:02:51
Document Index: 372844248

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Conocé uno a uno los anuncios económicos que integran la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva | | Mariano Moreno Noticias
Publicado por: Redacción en Economía, Principal 17 diciembre, 2019	0 219 Visitas
El proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, elaborado por el Gobierno Nacional, ya ingresó al Congreso y será tratado este jueves en la Cámara Baja. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó en qué consisten sus principales puntos, que a continuación reproducimos. Conocé, también, el texto original del proyecto destinado a comenzar a poner a la Argentina de Pie.
El texto completo del proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 4º.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL remitirá un informe con los resultados alcanzados como producto de las gestiones y actos mencionados en el artículo 3° de esta ley, a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 5º.- Manténganse las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las Leyes Nros. 24.065, 24.076 y demás normas concordantes, a partir de la vigencia de la presente ley y por un plazo máximo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020.
ARTÍCULO 6º.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a intervenir administrativamente el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) por el término de UN (1) año.
ARTÍCULO 7°.- Suspéndese la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley Nº 27.467. Durante la vigencia de la emergencia declarada en la presente, el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur).
ARTÍCULO 8°.- Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen por el presente capítulo. A tal fin, deberán acreditar su inscripción con el Certificado MiPyME, vigente al momento de presentación al régimen que se aprueba por la presente ley, conforme lo establecido por la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del actual MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. Podrán acogerse al mismo régimen las entidades civiles sin fines de lucro.
ARTÍCULO 9°.- Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior las obligaciones allí previstas que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.
ARTÍCULO 10. – El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal, aun cuando no se hubiere efectuado la denuncia penal hasta ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.
ARTÍCULO 11. – Establécese, con alcance general, para los sujetos que se acojan al régimen de regularización excepcional previsto en este Capítulo y mientras cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior, las siguientes exenciones y/o condonaciones:
ARTÍCULO 15.- No se encuentran sujetas a reintegro o repetición las sumas que, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se hubieran ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas, así como los intereses previstos en el artículo 168 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, por las obligaciones comprendidas en el presente régimen.
“ARTÍCULO 77.- Facúltase a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a establecer un régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales y de estímulos para los pequeños contribuyentes que efectúen las actividades indicadas en el artículo 10 de la Ley N° 27.253, destinado a estimular comportamientos vinculados con la formalización de la economía y el cumplimiento tributario.
Tanto el reintegro como los estímulos deberán priorizar a los sectores más vulnerados de la sociedad y fomentar la inclusión financiera. Asimismo, contendrán los límites que aseguren su aplicación sostenida durante el plazo de vigencia de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, para lo cual la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS estará facultada a requerir informes técnicos y sociales y a coordinar su aplicación con el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
El MINISTERIO DE ECONOMÍA determinará el presupuesto asignado para los reintegros correspondientes.”.
ARTÍCULO 19.- Establécense las alícuotas que se describen a continuación, correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de Seguridad Social regidos por las Leyes Nros. 19.032 (INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo), 24.241 (Sistema Integrado Previsional Argentino) y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares), a saber:
a) 20,40 % para los empleadores pertenecientes al sector privado cuya actividad principal encuadre en el sector «SERVICIOS» o en el sector «COMERCIO», de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA N° 220 del 12 de abril del 2019 y su modificatoria, o la que en el futuro la reemplace, siempre que sus ventas totales anuales superen, en todos los casos, los PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES ($ 48.000.000), con excepción de los comprendidos en las Leyes Nros. 23.551, 23.660 y 23.661.
b) 18% para los restantes empleadores pertenecientes al sector privado no incluidos en el inciso anterior. Asimismo, esta alícuota será de aplicación a las entidades y organismos del sector público comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 22.016 y sus modificatorias.
A los fines de los incisos anteriores, se entenderá como empleadores pertenecientes al sector público, a los comprendidos en la Ley N° 24.156 y sus modificatorias de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y/o comprendidos en normas similares dictadas por las provincias, las municipalidades y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, según el caso.
Las alícuotas fijadas sustituyen las vigentes para los regímenes del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), previstos en los incisos a), b), d) y f), del artículo 87 del Decreto N° 2284 de fecha 31 de octubre de 1991, conservando plena aplicación las correspondientes a los regímenes enunciados en los incisos c) y e) del precitado artículo.
El importe antes mencionado podrá detraerse cualquiera sea la modalidad de contratación, adoptada bajo la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, t.o. 1976, y sus modificatorias, el Régimen Nacional de Trabajo Agrario Ley N° 26.727 y el régimen de la industria de la construcción establecido por la Ley N° 22.250, sus modificatorias y complementarias.
Para los contratos a tiempo parciales a los que refiere el artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo N ° 20.744, t.o. 1976, y sus modificatorias, el referido importe se aplicará proporcionalmente al tiempo trabajado considerando la jornada habitual de la actividad. También deberá efectuarse la proporción que corresponda, en aquellos casos en que, por cualquier motivo, el tiempo trabajado involucre una fracción inferior al mes.
De la base imponible considerada para el cálculo de las contribuciones correspondientes a cada cuota semestral del sueldo anual complementario, se detraerá un importe equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del que resulte de las disposiciones previstas en los párrafos anteriores. En el caso de liquidaciones proporcionales del sueldo anual complementario y de las vacaciones no gozadas, la detracción a considerar para el cálculo de las contribuciones por dichos conceptos deberá proporcionarse de acuerdo con el tiempo por el que corresponda su pago. La detracción regulada en este artículo no podrá arrojar una base imponible inferior al límite previsto en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.
Los empleadores comprendidos en los Decretos Nros. 1.067 del 22 de noviembre de 2018, 128 del 14 de febrero de 2019 y 688 del 4 de octubre de 2019 y su modificatorio, con los requisitos y condiciones previstos en esas normas, deberán considerar que la suma a la que se refiere el primer párrafo de este artículo es, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($17.509,20), la que no sufrirá actualización alguna.
ARTICULO 23.- Adicionalmente a la detracción indicada en el artículo anterior, los empleadores que tengan una nómina de hasta VEINTICINCO (25) empleados, gozarán de una detracción de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) mensual, aplicable sobre la totalidad de la base imponible precedentemente indicada.
ARTÍCULO 24.- Las disposiciones del presente Capítulo no serán de aplicación para los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial conforme las disposiciones de las Leyes Nros. 13.047 y 24.049, hasta el 31 de diciembre de 2020, los que continuarán aplicando las alícuotas de contribuciones patronales que les correspondieron hasta la entrada en vigencia de la presente ley.
ARTÍCULO 26.- Deróganse los Decretos Nros. 814/01 y 1009/01 y el artículo 173 de la Ley N° 27.430.
“ARTÍCULO 194.- El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los DOS (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse UN SEXTO (1/6) en ese período fiscal y los CINCO SEXTOS (5/6) restantes, en partes iguales, en los CINCO (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los TERCIOS remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto según Decreto N° 824 del 5 de diciembre de 2019”.
ARTICULO 28. – Modifícase, con efectos a partir del período fiscal 2019 inclusive, el artículo 25 de la Ley N° 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito solo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior. En caso de que el PODER EJECUTIVO NACIONAL ejerciera la facultad prevista en el segundo párrafo de este artículo, el cómputo respectivo procederá, en primer término, contra el impuesto que resulte de acuerdo con las disposiciones del primer párrafo de este artículo, y el remanente no computado podrá ser utilizado contra el gravamen determinado por aplicación de las alícuotas diferenciales
ARTICULO 29. – Sustitúyese, con efectos a partir del periodo fiscal 2019, inclusive, el primer párrafo del artículo sin número agregado a continuación del artículo 25 del Título VI de la Ley N° 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales, t.o. en 1997 y sus modificatorias, por el siguiente:
“Artículo…: El gravamen correspondiente a las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificaciones, cuyos titulares sean personas humanas y/o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior, y/o sociedades y/o cualquier otra persona jurídica, domiciliada en el exterior, será liquidado o ingresado por las sociedades regidas por esa ley y la alícuota a aplicar será de CINCUENTA CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,50%) sobre el valor determinado de acuerdo con lo establecido por el inciso h) del artículo 22 de la presente norma. El impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago único y definitivo.”.
ARTÍCULO 30. Establécese que la alícuota prevista en el primer párrafo del artículo 26 del Título VI de la Ley N° 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales, t.o. en 1997 y sus modificaciones, para los períodos fiscales 2019 y siguientes, será de CINCUENTA CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,50%).
ARTÍCULO 31- Deróganse los artículos 95 y 96 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 2019) a partir del período fiscal 2020, y sustitúyese a partir de entonces, el inciso h) del artículo 26 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 2019), por el siguiente:
“h) los intereses originados por los siguientes depósitos efectuados en instituciones sujetas al régimen legal de entidades financieras normado por la Ley N° 21.526 y sus modificaciones: en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, a plazo fijo en moneda nacional y los depósitos de terceros u otras formas de captación de fondos del público, conforme lo determine el Banco Central de la República Argentina en virtud de lo que establece la legislación respectiva. A efectos de la presente exención, se restablece la vigencia de las normas derogadas por los incisos b), c) y d) del artículo 81 de la Ley N° 27.430. Quedan excluidos de esta exención los intereses provenientes de depósitos con cláusula de ajuste.”
ARTÍCULO 34.- El pago del impuesto estará a cargo del adquirente, locatario o prestatario pero deberán actuar en carácter de agentes de percepción y liquidación del mismo, los sujetos que para cada tipo de operaciones se indican a continuación:
d) Establecer una alícuota reducida a los servicios indicados en el artículo 3º inciso e) apartado 21 subapartado m) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones).
ARTÍCULO 40.- El impuesto que se establece por el artículo 32 de la presente ley, será de aplicación a las operaciones, liquidaciones y pagos efectuados a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley. Su aplicación, recaudación y ejecución judicial, estará cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y le será de aplicación la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998) y sus modificatorias.
ARTÍCULO 41.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 1° de la Ley 25.413 y sus modificatorias, con efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del día siguiente al de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial, el siguiente:
“En el caso previsto en el inciso a), cuando se lleven a cabo extracciones en efectivo, bajo cualquier forma, los débitos efectuados en las cuentas mencionadas en dicho inciso, estarán sujetos al doble de la tasa vigente para cada caso, sobre el monto de los mismos. Lo dispuesto en este párrafo no resultará de aplicación a las cuentas cuyos titulares sean personas humanas o personas jurídicas que revistan y acrediten la condición de Micro y Pequeñas Empresas, en los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias.”
ARTÍCULO 42.- Dispónese que, a los efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al período fiscal 2019, los sujetos que obtengan las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, tendrán derecho a deducir de su ganancia neta sujeta a impuesto, una suma equivalente a la reducción de la base de cálculo de las retenciones que les resulten aplicables conforme al primer párrafo del artículo 1° del Decreto N° 561 del 14 de agosto de 2019, sin que la referida deducción pueda generar quebranto.
ARTÍCULO 43.- Manténgase la validez y la vigencia establecidas en el segundo párrafo del artículo 95 del Decreto N° 1.170 del 26 de diciembre de 2018, para el período fiscal 2019 y establécese que a efectos de lo dispuesto en el Capítulo II del Título IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, cuando se trate de títulos públicos y obligaciones negociables comprendidos en los incisos a) y b) del primer párrafo del artículo 98 de esa misma norma, podrá optarse por afectar los intereses o rendimientos del período fiscal 2019 al costo computable del título u obligación que los generó, en cuyo caso el mencionado costo deberá disminuirse en el importe del interés o rendimiento afectado.
ARTÍCULO 44.-Suspéndese hasta el 31 de diciembre del 2020 lo dispuesto en el artículo 86 incisos d) y e) de la Ley N° 27.430, y establécese para el período de la suspensión ordenada en el presente artículo, que la alícuota prevista en los incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, será del TREINTA POR CIENTO (30%) y que la prevista en el segundo párrafo del inciso b) de ese artículo y en el artículo 97 ambos de la misma ley, será del SIETE POR CIENTO (7%).
ARTÍCULO 45.- Establécese hasta el 31 de diciembre de 2020, en un TRES POR CIENTO (3%) la alícuota de la tasa de estadística contemplada en el artículo 762 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, la cual resultará aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo y a las destinaciones suspensivas de importación temporaria, con excepción de aquellas destinaciones registradas en el marco de Acuerdos Preferenciales suscriptos por la República Argentina, que específicamente contemplen una exención. El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá disponer, por razones justificadas, exenciones para el pago de la tasa cuando se trate de una actividad específica que tenga como objeto, entre otras, finalidades de ciencia, tecnología e innovación, la promoción de desarrollo económico o la generación de empleo.”
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, actualizará trimestralmente, a partir del mes de abril del año 2020, los importes consignados en los párrafos que anteceden, considerando la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), respectivo a cada rubro en particular, que suministre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice. Los montos actualizados surtirán efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el primer día del segundo mes inmediato siguiente a aquel en que se efectúe la actualización, inclusive.
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ARTÍCULO 47.- Las disposiciones del artículo precedente surtirán efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes inmediato siguiente al de la publicación de la presente ley.
ARTÍCULO 49.- Establécese que, en el marco de las facultades acordadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante los ARTÍCULOS 755 y concordantes de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, se prohíbe que la alícuota de los derechos de exportación supere el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33 %) del valor imponible o del precio oficial FOB para las habas (porotos) de soja. Se prohíbe superar el QUINCE POR CIENTO (15 %) para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que tenían una alícuota de CERO POR CIENTO (0 %) a esa fecha.
Exceptúase del pago de los derechos que gravan la exportación para consumo a las empresas del Estado regidas por la Ley N° 13.653 y las sociedades del Estado regidas por la Ley N° 20.705 que tengan por objeto desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación. El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá utilizar la facultad prevista en el artículo 755 apartado b) de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) respecto de entidades estatales o con participación estatal que tengan como finalidad principal desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación.
ARTÍCULO 51.- A los fines de atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos, suspéndese, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, la vigencia del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias, del artículo 2° del Decreto 137/2005, del artículo 1° incisos “b” y “c” de la Ley N° 26.508, del artículo 1° del Decreto N° 1199/2004 en el marco de las Resoluciones MTEySS Nros. 268/2009, 824/2009 y 170/2010 y Resolución SSS N° 9/2010, de la Ley N° 26.913 según Decreto N° 1058/2014, del artículo 3° de la Ley 27.452, del artículo 14 de la Ley 27.260 texto según Ley N° 27.467, del artículo 2° de la Ley 23.848, del artículo 3° de la Ley 27.329, del artículo 5° punto II de la Ley N° 27.260, del artículo 7° de la Ley N° 22.929 conforme Decreto N° 160/2005, de los artículos 1°, 10 y 13 de la Ley N° 24.018, del artículo 6° de la Ley N° 22.731, de los artículos 75, 94 y concordantes de la Ley N° 19.101, de los artículos 5° a 10 de la Ley N° 13.018 y 107 y siguientes de la Ley N° 20.416, y de los artículos 4° a 6° y 13 de la Ley N° 23.794, y de toda otra norma análoga que corresponda a un régimen general o especial, contributivo o no contributivo, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 52.- Durante el plazo previsto en el artículo anterior, el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos.
ARTÍCULO 53.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 74 de la Ley N° 24.241, por el siguiente:
“a) Operaciones de crédito público de las que resulte deudor el Estado nacional a través de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ya sean títulos públicos, letras del Tesoro o préstamos hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los activos totales del Fondo. Podrá aumentarse al CIEN POR CIENTO (100%) neto de los topes previstos en el presente artículo, en la medida que el excedente cuente con recursos afectados específicamente a su cumplimiento o con garantías reales u otorgadas por organismos o entidades internacionales de los que la Nación sea parte. Quedan excluidas del tope establecido en el presente inciso, las tenencias de títulos representativos de la deuda pública del Estado nacional que fueron recibidos en canje por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones en el marco de la reestructuración de la deuda pública en los términos de los artículos 65 de la ley N° 24.156 y sus modificatorias, y 62 de la Ley N° 25.827 y su modificatoria, independientemente de que no cuenten con las garantías allí contempladas.
Transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2023, podrá mantenerse hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) de la cartera del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO en títulos públicos, cuenten o no con garantías, debiendo, al cabo de ese período, regularizar la tenencia de estos activos, a los límites establecidos en el párrafo precedente.”
c) Efectuar reducciones de aportes patronales y/o de contribuciones personales al Sistema Integrado Previsional Argentino creado por Ley N° 26.425 limitadas a jurisdicciones y actividades específicas o en situaciones críticas.
ARTÍCULO 55.- Suspéndese la aplicación del inciso 5 del artículo 94 y del artículo 206 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984.
ARTÍCULO 56.- El BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor.
ARTÍCULO 57.- Autorizase al Gobierno Nacional a emitir letras denominadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S) por un monto de hasta DÓLARES CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES (U$S 4.571.000.000), a DIEZ (10) años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, la que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual. Los intereses se cancelarán semestralmente.
ARTICULO 58.- Autorízase al Gobierno Nacional a adquirir divisas en el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA con las letras del artículo 57 por igual cantidad a las nominalmente expresadas en las mismas.
ARTÍCULO 59.- Los dólares autorizados a adquirir mediante esta norma solo podrán aplicarse al pago de obligaciones de deuda denominadas en moneda extranjera.
ARTÍCULO 60.- En el marco de la emergencia sanitaria declarada en el artículo 1° de la presente ley, mantiénese la prioridad prevista para los Programas del MINISTERIO DE SALUD establecidos por el artículo 1° del Decreto N° 450 del 7 de marzo de 2002, sustituido por el Decreto N° 1053 del 19 de junio de 2002 o los que los reemplacen para el Ejercicio 2020: Programa 17- Subprograma 1- Plan Nacional a favor de la Madre y el Niño, en la parte correspondiente al inciso 5- Transferencias y los Programas 22- Lucha contra el VHI; 24- Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Conductas Adictivas y 30- Emergencias Sanitarias, en las mismas condiciones y con los mismos alcances, y asígnase prioridad al Programa 20- Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Programa 29- Cobertura Universal de Salud – Medicamentos, Programa 45- Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, o los que los reemplacen, en lo que corresponde al inciso 2- Bienes de Consumo.
ARTÍCULO 61.- El MINISTERIO DE SALUD instrumentará las políticas referidas a la emergencia sanitaria declarada por el artículo 1° de la presente ley y dictará las normas aclaratorias y complementarias pertinentes.
ARTÍCULO 62.- El MINISTERIO DE SALUD promoverá la descentralización progresiva hacia las jurisdicciones provinciales y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de las funciones, atribuciones y facultades emanadas de la presente ley, que correspondieren, mediante la celebración de los convenios respectivos.
ARTÍCULO 63.- Instrúyese al Ministro de Salud a conformar y convocar al CONSEJO NACIONAL CONSULTIVO DE SALUD creado por el Decreto N° 2724 del 31 de diciembre de 2002, con el propósito de proponer alternativas para la identificación, formulación, aplicación y evaluación de las acciones destinadas a paliar las necesidades básicas de la atención de la salud, así como para alcanzar los consensos sectoriales necesarios para la instrumentación de las políticas sanitarias que promuevan la equidad, el acceso y la calidad en la atención de la salud de la población con base en la Estrategia de Atención Primaria de la Salud para todos los argentinos.
ARTÍCULO 64.- Instrúyese al MINISTERIO DE SALUD a que en el ámbito del CONSEJO FEDERAL DE SALUD se acuerde un PLAN FEDERAL DE SALUD que promueva la equidad, el acceso y la calidad en la atención de la salud de la población y la integración de los subsistemas, teniendo en consideración los consensos sectoriales mencionados en el artículo anterior.
ARTÍCULO 65.- Créase una Comisión Interministerial integrada por representantes de los MINISTERIOS DE SALUD, DE ECONOMÍA y DE DESARROLLO PRODUCTIVO y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la que tendrá como misión analizar el impacto de la carga impositiva y tributaria sectorial con el objeto de favorecer el acceso a los bienes y servicios de salud.
ARTÍCULO 66.- Facúltase al MINISTERIO DE SALUD para establecer un mecanismo de monitoreo de precios de medicamentos e insumos del sector salud y de alternativas de importación directa y licencias compulsivas u obligatorias, frente a posibles problemas de disponibilidad o alzas injustificadas o irrazonables que afecten el acceso de la población a los mismos de manera que puedan poner en riesgo su salud.
c) controles y dispositivos que promuevan la plena vigencia de la Ley N° 25.649 de Especialidades Medicinales-Medicamentos Genéricos, con particular referencia a la prescripción y sustitución en la dispensación.
ARTÍCULO 67.- El MINISTERIO DE SALUD, para las contrataciones que realice en el marco de la emergencia sanitaria, podrá optar, además de los medios vigentes de compra y sin perjuicio de la intervención que le compete a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, por alguna de las siguientes modalidades:
a) Los mecanismos previstos en el artículo 25, inciso d), apartado 5 del Decreto N° 1023/01, independientemente de monto de la contratación, dándose por acreditada la grave y notoria crisis por la cual atraviesa el sistema de salud argentino.
b) La utilización de los recursos del FONDO ROTATORIO REGIONAL PARA SUMINISTROS ESTRATÉGICOS DE SALUD PÚBLICA de la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD y de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD y cualquier otro procedimiento de adquisiciones que dichas entidades pongan a disposición de sus miembros.
ARTÍCULO 68.- Podrán afectarse además, a los programas y planes derivados de la emergencia sanitaria, con los destinos que específicamente determine el MINISTERIO DE SALUD:
a) Los fideicomisos, subsidios, subvenciones, legados y donaciones y todo otro recurso que reciba el PODER EJECUTIVO NACIONAL a través de sus distintas Jurisdicciones, vinculados con la emergencia sanitaria.
b) Las reasignaciones de créditos o préstamos internacionales que administra el MINISTERIO DE SALUD o los que determine el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el marco de la presente emergencia sanitaria, previa conformidad de la contraparte otorgante del préstamo.
ARTÍCULO 69.- Exímese del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, como así también de la constitución de depósito previo, a las vacunas y descartables importados por el MINISTERIO DE SALUD y/o el Fondo Rotatorio de OPS destinados a asegurar las coberturas de vacunas previstas en el artículo 7° de la Ley N° 27.491.
ARTÍCULO 70.- Exímese del pago correspondiente al impuesto al valor agregado que grava la importación para consumo de las mercaderías aludidas en el artículo anterior.
ARTÍCULO 71.- Las exenciones establecidas en los artículos 69 y 70, serán de carácter transitorio y se aplicarán tanto a las importaciones perfeccionadas durante la Emergencia Sanitaria Nacional, conforme lo establezca la reglamentación, como a las mercaderías que, a la fecha de emisión de la presente ley, se encuentren en territorio aduanero pendientes de nacionalizar.
ARTÍCULO 72.- Restablécese el desarrollo del objetivo de universalizar el Acceso de Medicamentos Esenciales a través del Programa Nacional “Remediar”, destinado a garantizar la provisión de insumos y medicamentos críticos a través de centros de atención de la salud provinciales o gubernamentales.
ARTÍCULO 73.- El MINISTERIO DE SALUD fijará, a través de las normas que dicte al respecto, las condiciones de acceso a los medicamentos, insumos y/o recursos asignados al Programa Nacional a que se refiere el artículo precedente.
ARTÍCULO 74.- Suspéndese por el plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la incorporación de nuevas prestaciones, medicamentos, procedimientos terapéuticos, diagnósticos y tecnologías médicas, al PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO) en el contexto de la Emergencia Sanitaria, con excepción de aquellas que probadamente contribuyan a la disminución de los costos de atención de la salud o bien resulten de extrema e impostergable necesidad sanitaria.
ARTÍCULO 75.- Déjanse sin efecto las restricciones que limitan la libertad de contratación a las entidades comprendidas por los artículos 5° y 7° del Decreto N° 9 del 7 de enero de 1993, y los incisos I), II) y III) del artículo 27 del Anexo II del Decreto N° 576 del 1° de abril de 1993.
ARTÍCULO 76.- Suspéndense hasta el 31 de diciembre de 2020, las ejecuciones forzadas de los créditos que el ESTADO NACIONAL, sus entes centralizados o descentralizados o autárquicos, las empresas estatales o mixtas, cualquier entidad en la que el ESTADO NACIONAL tenga el control del capital o de la toma de decisiones y los entes públicos no estatales, posean contra los prestadores médico asistenciales públicos o privados de internación, de diagnóstico y tratamiento, que cuenten con el certificado de inscripción del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, así como contra los establecimientos geriátricos y de rehabilitación prestadores del Sistema Nacional del Seguro de Salud y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Las sentencias que se dicten dentro del plazo establecido en el artículo 1 de la presente ley, no podrán ejecutarse hasta su expiración, en tanto importen desapoderamiento de los bienes afectados al giro de la actividad que desempeña y/o traba al normal desempeño de su funcionamiento.
ARTÍCULO 77.- Instrúyese a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a que dentro del plazo indicado en el artículo anterior establezca, en los términos del artículo 32 de la Ley N° 11.683, T.O. 1998 y sus modificaciones, prórrogas y planes especiales de facilidades de pago de los tributos, sus intereses y multas, adeudados por los sujetos indicados en dicho artículo, teniendo especialmente en cuenta al momento de fijar los plazos a acordar así como el interés de financiamiento, la situación de emergencia sanitaria y económica. A tales fines los sujetos que pretendan acogerse a estos beneficios deberán contar con el certificado de inscripción del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dependiente del MINISTERIO DE SALUD.
ARTÍCULO 78.- Créase en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD una Comisión Asesora, la que será presidida por el titular de esa cartera e integrada además por UN (1) representante de los siguientes organismos: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, MINISTERIO DE ECONOMÍA, MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, y los representantes de los AGENTES DEL SEGURO DE SALUD y los prestadores que determine el CONSEJO NACIONAL CONSULTIVO DE SALUD.
Dicha Comisión deberá relevar la situación de endeudamiento sectorial público y privado, con énfasis en el ámbito prestacional, y las alternativas para la regularización de las acreencias de los prestadores del SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD, a excepción del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, previo a que expire el plazo establecido en el artículo 76.
ARTÍCULO 79.- Suspéndense hasta el 31 de diciembre de 2020 las ejecuciones forzadas de los créditos que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS posea contra los prestadores médico-asistenciales en internación, de diagnóstico y tratamiento, en ambos casos públicos o privados.
ARTÍCULO 80.- Prorrógase en los términos de la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2020, el plazo al que refiere el artículo 1° de la Ley N° 25.561 y sus modificatorias. Prorróganse, por igual plazo, las disposiciones de la Ley N° 25.790 y el estado de emergencia sanitaria nacional dispuesto por el Decreto N° 486/02, sus disposiciones complementarias y modificatorias, incluyendo los plazos establecidos por el Decreto N° 756/04. En los casos de acuerdos concursales, judiciales o extrajudiciales homologados en los términos de las Leyes Nros. 24.522, 25.561, 25.563, 25.589 y sus prórrogas, la tasa de justicia será calculada sobre el monto definitivo de los mismos, hasta el 0,75% y 0,25% respectivamente.
ARTÍCULO 81.- Modifícase el artículo 23 de la Ley N° 26.682, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 23.- Planes de Adhesión y Fondo Solidario de Redistribución. Por los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud, se realizarán aportes al Fondo Solidario de Redistribución en los términos establecidos por el artículo 19 de la Ley N° 23.660 y recibirán reintegros y otro tipo de aportes por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD”.
ARTÍCULO 82.- Suspéndense por el lapso que dure la emergencia sanitaria las previsiones de los Decretos Nros. 446/00, 1140/00 y 1305/00 en todo aquello que se opongan a la presente ley.
ARTÍCULO 83.- Prorrógase lo dispuesto por el Decreto N° 486/02, sus disposiciones complementarias y modificatorias, con excepción de las que se opongan a la presente.
ARTICULO 84.- Durante el período de vigencia de la presente ley, y dada la excepcionalidad de la coyuntura económica, se reestablecerán los límites para realizar reestructuraciones presupuestarias, dispuestos originalmente para el Ejercicio 2017 mediante el artículo 1° de la Ley N° 27.342, modificatoria del artículo 37 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
ARTICULO 85.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias.
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