Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/A027-10.htm
Timestamp: 2017-11-19 21:33:06
Document Index: 403829091

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 131', 'artículo 131', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 131', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 198', 'artículo 5', 'artículo 131', 'artículo 10', 'artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 131', 'artículo 131', 'artículo 131', 'artículo 246', 'artículo 131']

A027-10
Auto 027/10
FALLOS DE TUTELA PARA REVISION-Autos que dejan constancia de selección son providencias de trámite que no restringen competencia de la Corte Constitucional
NOMBRAMIENTO DE NOTARIOS EN PROPIEDAD-Trato igual a quienes participaron en concurso público y abierto para provisión de cargos
SENTENCIA DE UNIFICACION-Revisa criterios contrapuestos en fallos revisados o no por la Corte Constitucional
CONCURSO DE NOTARIOS-Sentencia SU913/09 reconoce estado de cosas inconstitucional y profiere órdenes generales en condiciones de igualdad
DERECHO A LA IGUALDAD-No reconocimiento de curso de diplomado a ningún participante en concurso notarial
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia por cuanto pretende reabrir debate decidido en sentencia SU913/09 con el propósito de conservar puntaje por curso de diplomado
Referencia: Solicitud de nulidad de la sentencia SU - 913 de 2009 propuesta por la señora María Eugenia Rojas de Urueta a través de apoderado.
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a decidir sobre la solicitud de nulidad de la Sentencia SU-913 de 2009 proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, interpuesta por la señora María Eugenia Rojas de Urueta, a través de apoderado.
Con fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil nueve (2009), se recibió en la Secretaría General de la Corte Constitucional la solicitud de nulidad parcial de la sentencia SU- 913 de 2009, presentada por la señora María Eugenia Rojas de Urueta, a través de apoderado.
Los argumentos propuestos por la solicitante se fundan en la vulneración al debido proceso, la cual tuvo lugar al ordenar en el numeral Décimo Séptimo de la parte resolutiva de la sentencia SU-913 de 2009: “REVOCAR todos los fallos proferidos en el curso de acciones de tutela, en los cuales se hubiese reconocido el puntaje previsto por el artículo 4 de la Ley 588 de 2000 para estudios de posgrado -especialización, maestría, doctorado y posdoctorado-, a programas distintos de éstos en los términos de los artículos 10 y 25 de la Ley 30 de 1992. En consecuencia, REVOCAR el puntaje reconocido indebidamente de conformidad con la parte motiva de esta providencia.”.
3.1 1º Cargo. Falta de congruencia y fallo extra petita.
Aunque la solicitante reconoce que el juez de tutela puede fallar extra petita o ultra petita, ello no significa rebasar desmedidamente los límites del problema jurídico y el objeto de la controversia puesta a su consideración, puntos que en el caso de la Corte Constitucional están delimitados por el contenido del auto que seleccionó las tutelas objeto de revisión.
El objeto del trámite de revisión constitucional fue fijado por el Auto 244 de 23 de julio de 2009, providencia en la cual se señaló que la labor de revisión y unificación jurisprudencial versaría sobre las discrepancias surgidas alrededor de las providencias proferidas en el trámite de la acción popular No. 73-001-33-31-004-2007-00413-00 y de la validez de los medios de prueba dirigidos a acreditar obras en derecho, dentro del concurso de notarios en el país, de manera que para apoyar su afirmación cita el acápite de “ANTECEDENTES” contenido en el Auto 244 de 2009.
Considera la solicitante que, en ningún momento se advirtió a los interesados que el trámite de revisión también versaría sobre la validez de los puntajes asignados a los concursantes en aspectos ajenos a la autoría de obras en derecho. A pesar de ello, en el numeral 14.5 de las consideraciones de la sentencia SU -913 de 2009, la Corte sorpresivamente entró a estudiar el punto relacionado con la formación académica de los concursantes, bajo el título “Casos especiales que deben ser cobijados por las órdenes de esta providencia”, con lo cual se rompió la unidad de materia de que trata la Jurisprudencia.
Al pronunciarse la Corte sobre la validez del puntaje otorgado por la realización de un curso de diplomado, desbordó su competencia dentro del trámite de revisión, profiriendo una orden extra petita, sorpresiva para la solicitante, en la medida que tal punto no fue previsto en el auto que ordenó la revisión. Así, la señora Rojas afirmó que “…se informó que se habían presentando escritos en donde se planteaba el asunto y se controvertía la asignación de puntaje por Diplomado en el momento en que la sentencia fue publicada por medios electrónicos”, con lo cual se vulneró su derecho al debido proceso.
3.2 2º Cargo. La sentencia SU-913 de 2009 desconoce la cosa juzgada constitucional.
En innumerables sentencias la Corte Constitucional ha reconocido que los fallos de tutela que no son seleccionados para revisión hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, razón por la cual son inmutables y no pueden ser objeto de nuevos debates jurídicos. Con el fin de soportar sus afirmaciones cita las sentencias SU 1219 de 2001, T-1164 de 2003 y T-502 de 2008, según las cuales los fallos de tutela que no son seleccionados para revisión no pueden ser reabiertos mediante selecciones futuras. En el presente caso, afirma que la sentencia de tutela proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de 10 de septiembre de 2008, por la cual se le reconocieron 10 puntos por la realización de un Diplomado, ya había hecho tránsito a cosa juzgada constitucional y por tanto no podía ser revocada por la Corte Constitucional como efectivamente se hizo en la sentencia SU 913 de 2009.
Recuerda que mediante auto de 5 de noviembre de 2008, la Corte decidió “NO SELECCIONAR” el expediente T-2067073, así como por auto de 29 de enero de 2009, decidió no aceptar la solicitud de insistencia de revisión formulada por el Ministerio Público.
3.3 3er Cargo. La sentencia SU 913 de 2009 carece de motivación.
Considera la solicitante insuficientes las razones expresadas por la Corte en la parte considerativa de la sentencia SU 913 de 2009. No censura que la argumentación haya sido breve sino el que no se hubiesen analizado los argumentos a favor o en contra de un asunto tan delicado en el que se involucra la autoridad de la cosa juzgada constitucional. Tampoco se tuvo en cuenta que el inciso 1º del artículo 4 de la Ley 588 de 2000, se refiere en general a “…estudios de posgrado y estudios de especialización o diplomados…” como elementos a valorar en el concurso, aspecto que debía integrarse al aparte posterior de la norma que establece el valor a otorgar a “especialización o posgrados” en 10 puntos.
En términos de la señora Rojas, la postura de la Corte no da valor a los Diplomados, con lo cual se desconoce el efecto útil de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 4 de la ley 588 de 2000, ley especial y posterior a la Ley de Educación. De acuerdo con la jurisprudencia entre dos posibles interpretaciones de una norma, siempre debe preferirse aquella que otorga consecuencias jurídicas a la norma interpretada a aquella que no.
El concurso de notarios está reglado por leyes especiales que deben aplicarse de preferencia sobre normas generales, en donde debe primar la Ley 588 de 2000 – Ley de notariado- sobre la Ley 30 de 1992 –Ley de Euacación-. Así, el ordinal 1º del artículo 5 de la Ley 57 de 1887 prescribe que: “…la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga alcance general…” o el artículo 2 de la Ley 153 de 1887 manda que “ La ley posterior prevalece sobre la anterior, En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicara la ley posterior”, de manera que si existiera conflicto entre la Ley 30 de 1992 y la Ley 588 de 2000, es obvio que prima la ley especial que rige el concurso de notarios. La letra “o” utilizada en la expresión estudios de especialización o diplomados es conjunción copulativa, es decir, establece una equivalencia entre especialización y diplomado para el concurso de notarios. Ello por cuanto, a su juicio, un diplomado en asuntos notariales tiene mayor incidencia que una Maestría en un campo totalmente ajeno a la actividad notarial, problema jurídico que no fue estudiado en la sentencia SU 913 de 2009.
3.4 4º Cargo. Se desconoce la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional respecto de los efectos inter comunis de sus sentencias.
La Sala Plena de la Corte Constitucional ha sostenido que los fallos de tutela sólo pueden tener efectos inter comunis, cuando las órdenes del juez amparen derechos fundamentales de personas que no han acudido a la acción siempre y cuando reúnan condiciones comunes a la de los tutelantes, es decir, cobijaría a aquellos concursantes que no utilizaron la acción de tutela pero resultaron afectados con las decisiones de los jueces de Ibagué. En tal caso, la valoración del Diplomado no era común , ni similar a la de las personas que participaron en las acciones de tutela objeto de revisión, de manera que la sentencia no puede ser vinculante respecto de asuntos distintos a la acreditación de la autoría de obras en derecho.
Finalmente, considera la solicitante que en el curso de la revisión no se le corrió traslado de las denuncias efectuadas por la ciudadana María Claudia Pavajeau Urbina, de manera que su existencia sólo fue conocida mediante la sentencia SU-913 de 2009.
Mediante oficio del 16 de diciembre de 2009, se radicó la solicitud de nulidad de la sentencia SU 913-09 incoada por la señora MARIA EUGENIA ROJAS DE URUETA a través de apoderado, esto es, el mismo día en que se realizó la publicación de la parte motiva de la sentencia en el diario El Tiempo.
En consecuencia, si bien el término de ejecutoria empieza a contarse al día siguiente de la publicación, debe entenderse que la solicitud presentada de forma simultánea a ésta, reúne, en todo caso, el requisito de oportunidad. De igual manera aparece probada la legitimación en la causa por parte de la solicitante, de manera que se encuentran acreditados los presupuestos formales de procedencia del trámite de nulidad, por lo que es del caso realizar el análisis del fondo.
Como quedó anotado, el incidente de nulidad en relación con sentencias de revisión de tutela proferidas por la Corte Constitucional, tiene como propósito corregir eventuales desconocimientos o violaciones del procedimiento contemplado para este tipo de actuaciones en los decretos 2067 de 1991 y 2591 de 1991, en los que haya podido incurrirse durante el trámite del procedimiento de revisión, cuya gravedad excepcional comprometa de manera ostensible las garantías inherentes al derecho al debido proceso.
6. Asunto Previo.-
Mediante el presente Auto la Sala Plena de la Corte Constitucional deja expresa constancia que los argumentos presentados como fundamento de la presente solicitud de nulidad fueron puestos a consideración de esta Corte por la señora Rojas de Urueta, durante el trámite de revisión que concluyó con la sentencia SU 913 de 2009, mediante escrito de 23 de noviembre de 2009, el cual fue atendido en la parte considerativa de la citada providencia. Por este motivo, no se entienden las razones por las cuales afirma la señora Rojas que sólo se enteró de las medidas a adoptar por la Corte mediante la sentencia SU 913 de 2009, cuando resulta evidente que conocía de las denuncias efectuadas en las intervenciones realizadas a propósito del puntaje asignado vía tutela a un curso de Diplomado, así como la “intención” de la Corte de tomar medidas generales que incluían su caso particular.
En efecto, en el escrito de 23 de noviembre de 2009, la ciudadana María Eugenia Rojas expuso su posición respecto del derecho que le asistía para conservar los diez puntos que le fueron reconocidos mediante tutela interpuesta ante el Consejo Superior de la Judicatura, con fundamento en los mismos argumentos que hoy soportan los cargos formulados en el escrito de nulidad que es materia del presente auto.
En ese orden, es claro que la solicitante se encontraba notificada por conducta concluyente de las denuncias efectuadas por los intervinientes, al punto que hizo uso de su derecho de contradicción y de defensa, según da cuenta su escrito de 23 de noviembre de 2009, tal como se dejó constancia en el numeral “17. Peticiones Generales” de la sentencia SU 913 de 2009.
7. Respuesta a los cargos formulados.
A propósito de los cargos formulados para la Corte a revisar cada uno de ellos en el mismo orden en que fueron propuestos:
7.1 Cargo 1. Falta de congruencia y fallo extra petita.
Manifiesta la solicitante que es el Auto que ordena la selección de las sentencias a revisar por la Corte Constitucional, el que limita el alcance del fallo a proferir. En el presente caso, el Auto 244 de 23 de julio de 2009, fue el que, según lo afirma la peticionaria, circunscribió el debate de las sentencias en revisión a la discusión del puntaje otorgado por la ley a las obras en derecho, de manera que al extender sus efectos al puntaje relativo a especializaciones y posgrados, la Corte extralimitó su competencia y vulneró su derecho de defensa. Así, la solicitante afirma que “…se informó que se habían presentando escritos en donde se planteaba el asunto y se controvertía la asignación de puntaje por Diplomado en el momento en que la sentencia fue publicada por medios electrónicos”, con lo cual se vulneró su derecho al debido proceso.
Sin perjuicio de la aclaración previa ya realizada en este auto, sea lo primero manifestar que los Autos a partir de los cuales se deja constancia de la selección de fallos de tutela para revisión, son providencias de trámite que en ningún caso restringen el radio de acción o competencia de la Corte Constitucional.
De otra parte, el Auto 244 de 2009 no corresponde a un Auto de Sala de Selección sino a una providencia proferida dentro del trámite de revisión, en virtud de la cual la Corte Constitucional informa sobre un estado de cosas inconstitucional y, en consecuencia, otorga un plazo prudencial a todos los interesados dirigido a garantizar el derecho de defensa y contradicción de todos los participantes en el concurso público convocado para efectos de proveer los cargos de notario en propiedad, quienes desde ese momento se entienden vinculados al proceso.
De esta manera, la Sala Plena de la Corte Constitucional, considera equivocado que a partir de la trascripción de los “antecedentes” del Auto 244 de 2009, se pretenda derivar una limitación a su ámbito de competencia, la cual en los términos de la parte “considerativa” de la misma providencia, se extendía al efectivo cumplimiento del artículo 131 Superior, es decir, a que los cargos de notario en el país fuesen ocupados por aquellas personas que superaron con éxito el concurso y alcanzaron los mejores puntajes, con el fin de proteger la integridad de la Constitución Política y los derechos fundamentales de todos los concursantes frente a cualquier práctica dirigida a alterar la regla constitucional. En términos simples, el propósito de la sentencia SU 913 de 2009, fue el de asegurar con suficiencia la efectividad del citado mandato constitucional.
Para mayor claridad, conviene transcribir apartes de la parte considerativa del Auto 244 de 2009:
“A juicio de esta Sala, de los hechos relatados se siguen dos situaciones constitucionalmente relevantes para el trámite de revisión de la referencia. En primer lugar, se encuentra que el estado de cosas inconstitucional reconocido …por la Corte Constitucional no ha sido conjurado. En segundo lugar, se revela la necesidad de unificar los criterios jurídicos que han dado lugar al adelantamiento de distintas acciones judiciales, a partir de las cuales se han adjudicado diferentes consecuencias jurídicas a los mismos supuestos de hecho.
2.- Respecto del estado de cosas inconstitucional, se tiene que si bien se realizó el concurso público y abierto de méritos para proveer los cargos de notarios en propiedad, su culminación con los nombramientos en propiedad de notarios no ha sido posible y de hecho se encuentra en riesgo, en la medida en que las listas de elegibles sólo tienen una vigencia de dos (2) años a partir de su publicación, de los cuales ya ha transcurrido el primero.
Esto quiere decir que se mantiene la vulneración sistemática del artículo 131 constitucional, en tanto los cargos de notarios no están provistos como resultado del concurso; así como, se encuentran en juego los derechos de todos aquellos ciudadanos que tienen interés en las resultas del proceso, pues algunos de ellos integran las listas de elegibles conformadas por el Consejo Superior de la Carrera Notarial en los diferentes nodos regionales con ocasión del concurso de méritos público y abierto convocado mediante el Acuerdo 1 de 2006 y no han sido nombrados, otros aspiran a integrar las listas de elegibles reconformadas en acatamiento de fallos judiciales, o en virtud de ellas se encuentran nombrados como notarios y podrían ser retirados del cargo.
De este modo, se encuentran demostrados algunos de los factores que la Corte ha definido para el establecimiento del estado de cosas inconstitucional, los cuales, tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, corresponden a los siguientes criterios: (i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afectan a un número significativo de personas. (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar derechos; (iii) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iv) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias autoridades y la adopción de un conjunto complejo y coordinado de medidas; (v) la congestión judicial que genera y generaría que todas las personas afectadas acudieran a la acción de tutela para la protección de sus derechos por idéntica causa[16].
3.- Por otro lado, resulta necesario unificar las discrepancias jurídicas surgidas de las diferentes interpretaciones adoptadas por distintos operadores jurídicos, pues como consecuencia de ello los participantes e interesados en el concurso se ven afectados de manera diversa, cuando todos y cado uno de ellos concursó en condiciones igualitarias. Esto, amenaza el principio constitucional de igualdad, por cuanto permite que a ciudadanos en situaciones idénticas, se les apliquen consecuencias jurídicas distintas.
Lo descrito implica la urgencia tanto de tomar medidas que afecten a todas las personas participantes e interesadas en el concurso de notarios, esto es, una decisión de la Corte Constitucional con efectos inter comunis; así como de hacerlo en el menor tiempo posible, es decir como medida cautelar en los términos del artículo 7 del Decreto 2591.
4.- Sobre los efectos “inter comunis” cabe mencionar, que de conformidad con la jurisprudencia, la Corte puede modular los efectos de sus sentencias para optar por la alternativa que mejor protege los derechos constitucionales y garantiza la integridad y supremacía de la Constitución. Así, los efectos inter comunis se adoptan con el fin de proteger en condiciones de igualdad los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por la misma situación de hecho o de derecho, y garantizarles el mismo trato jurídico.
5.- Ha sostenido esta Corporación que existen circunstancias en las cuales la protección de derechos fundamentales de los tulelantes puede atentar contra derechos fundamentales de quienes no lo son. En este sentido, la acción de tutela no puede limitarse a un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes. Así pues, se ha sostenido categóricamente que la naturaleza y razón de ser de la acción de amparo supone también la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al demandado se encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.[17]
En otras palabras, el presente caso es uno de aquellos en que los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho fundamental de los tutelantes como del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela, pues se debe evitar que la protección de derechos fundamentales de éstos se realice en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de aquéllos frente al accionado.
6.- En el mismo orden, el momento procesal en el que se requiere tomar medidas tendientes a evitar la vulneración del principio de igualdad, no sólo de los demandantes de las acciones de tutela de la referencia, sino como se ha dicho de todos los participantes e interesados en el concurso de notarios, pretende atender la urgencia derivada de las distintas ordenes y procesos judiciales en curso. Esto, en tanto el cumplimiento y adelantamiento de ello en las actuales circunstancias haría más gravosa la situación alrededor del concurso de notarios, por la ausencia de criterios unificados sobre la aplicación de las normas que lo implementaron. La situación que ha sustentado el estado de cosas inconstitucional, así como la necesidad de un fallo “inter comunis”, se acrecentaría en perjuicio de los derechos de las personas involucradas en el asunto y del efectivo cumplimiento de las disposiciones constitucionales, si no se toma una medida de manera inmediata. Incluso antes de que la Corte dicte el fallo de mérito respectivo…” (subrayado fuera de texto).
De manera que el auto 244, al contrario de lo manifestado por la solicitante, fue claro en prevenir a los interesados sobre el alcance “extra petita” que tendría la sentencia, con fundamento en un probado estado de cosas inconstitucional y en la necesidad de proteger los derechos fundamentales a la igualdad de todos los participantes. Así, la igualdad de circunstancias entre los demandantes y quienes no demandaron, tiene que ver con el hecho de que tanto los unos como los otros, participaron en el concurso público y abierto para la provisión del cargo de notarios, y todo ellos, merecen trato igual frente a las reglas del concurso que deben cumplirse para todos, sin excepción.
Tampoco es cierto, como lo afirma la solicitante, que sólo se enteró del alcance de las intervenciones y de la decisión de la Corte -en su caso particular- a través de la sentencia SU 913 de 2009, por lo cual no tuvo oportunidad de defenderse; primero, porque una vez vinculada al proceso mediante la notificación general efectuada por el Auto 244 de 2009, tenía facultad de consultar el expediente, intervenir y solicitar las copias a que hubiese lugar y, segundo, porque como se señaló en párrafos anteriores existe constancia dentro del expediente que las mismas peticiones que forman parte de la presente solicitud de nulidad, fueron materia del escrito de 23 de noviembre de 2009, radicado por la señora Rojas en esta Corporación, a través de apoderado, con lo cual se prueba el conocimiento previo de los hechos que denuncia como sorpresivos.
En esos términos se transcribe a continuación el párrafo de la parte considerativa de la sentencia SU 913 de 2009:
“17. Peticiones generales.
…En cuanto a las peticiones formuladas por los señores EDUARDO FIERRO MARIQUE, por escrito de 3 de diciembre de 2009, mediante la cual solicita agilizar el levantamiento de la suspensión de nombramientos ordenada por la Corte; MARIO RESTREPO HOYOS, mediante escrito de 29 de octubre de 2009, por la cual solicita establecer la viabilidad de su nombramiento como notario en el municipio de Neira –Caldas; WILIAM GONZÁLEZ mediante escrito de 11 de noviembre mediante el cual solicita certificación auténtica de que se encuentra en la situación prevista en el numeral tercero del Auto 244 de 23 de julio de 2009; JOSÉ DANIEL TRUJILLO ARCILA mediante escrito del 23 de noviembre de 2009, por el cual denuncia el nombramiento por orden judicial del señor WILIAM GONZALEZ BATANCOURT durante la vigencia del Auto 244 de 2009; MARÍA EUGENIA ROJAS DE URUETA, mediante escrito de 23 de noviembre de 2009, por el cual manifestó que acudió a la acción de tutela para que se le reconocieran 10 punto por diplomado en los términos generales del artículo 4 de la Ley 588 de 2006, derecho que fue amparado mediante sentencia de 10 de septiembre de 2008 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, la cual no fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional indica que cada una de sus inquietudes son atendidas de manera precisa y suficiente en la parte Considerativa y Resolutiva de la presente providencia.” (subrayado fuera de texto)
Por lo expuesto, no encuentra la Sala razón alguna para declarar la vulneración al debido proceso de la señora Rojas invocando para el efecto un fallo extra petita.
6.3.2. 2º Cargo. La sentencia SU-913 de 2009 desconoce la cosa juzgada constitucional.
Es cierto que en innumerables sentencias de la Corte Constitucional, se ha reconocido que los fallos de tutela que no son seleccionados para revisión hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, razón por la cual son inmutables y no pueden ser objeto de nuevos debates jurídicos. Debe advertirse que dicha posición ha sido reiterada por la Corte en punto a negar la posibilidad de que proceda tutela contra sentencias de tutela con lo cual se garantiza la seguridad jurídica en la Jurisdicción Constitucional.
Según lo trascrito, se recuerda a la solicitante que no se está frente a la decisión de una Sala de Revisión sino frente a una Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el marco de un estado de cosas inconstitucional. De allí que el sentido de una sentencia de unificación sea, precisamente, el revisar criterios contrapuestos que han sido vertidos en diferentes fallos judiciales revisados o no por la Corte Constitucional, de cuyas incongruencias deviene, como ocurre en el caso concreto, la inoperancia de los postulados constitucionales y de los derechos fundamentales. Así, al unificar jurisprudencia se garantiza la justicia material y la eficacia de los derechos fundamentales, aspectos en los cuales radica la verdadera seguridad jurídica.
Por lo expuesto, no encuentra cabida el cargo relativo a la existencia de una cosa juzgada constitucional, en la medida que la sentencia SU 913 de 2009 reconoce la existencia de un estado de cosas inconstitucional y profiere órdenes generales que pretenden encauzar el concurso de notarios dentro de los límites del artículo 131 superior y preservar las reglas del concurso de manera que se aplicadas en igualdad de condiciones a todos los participantes.
6.3.3 3er Cargo. La sentencia SU 913 de 2009 carece de motivación.
Considera la solicitante insuficientes las razones expresadas por la Corte Constitucional en la parte considerativa de la sentencia SU 913 de 2009, para arribar a la decisión de revocar el puntaje por “posgrados” otorgado por vía de tutela a un Diplomado en notariado. En su concepto, la Corte Constitucional debió realizar una interpretación extensiva del postulado general del artículo 4 de la Ley 588 de 2000, al momento de aplicar el puntaje previsto en el literal a), inciso tercero del mismo artículo para especializaciones y posgrados, excluyendo para el efecto cualquier remisión a la Ley de Educación, en tanto estima que la Ley 588, es ley especial y de interpretación restrictiva. Adicionalmente, señala que aporta más al servicio notarial la realización de un Diplomado en notariado que el haber cursado una Maestría en cualquier otra disciplina.
Resulta evidente que esta solicitud no es suficiente para enervar la sentencia SU 913-09, en la medida que con ella se pretende revivir la discusión planteada a apropósito del reconocimiento del puntaje que el inciso 3 de la letra a) del artículo 4 de la Ley 588 de 2000, reconoce expresamente a “especializaciones y posgrados”, y que la solicitante obtuvo por vía de tutela por un curso de Diplomado.
El inciso 1º del artículo 4º de la Ley 588 de 2000, enuncia de manera general, todos aquellos aspectos que serán valorados dentro del concurso de notarios:
“Artículo 4o. Para la calificación de los concursos se valorará especialmente la experiencia de los candidatos, así como la capacidad demostrada en actividades relacionadas con el servicio notarial, antigüedad en el mismo, capacitación y adiestramiento que hubieren recibido en materias propias del notariado, obras de investigación y divulgación, estudios de postgrado y estudios de especialización o diplomados, particularmente los relacionados con el notariado, así como el ejercicio de la cátedra universitaria y la participación y desempeño en funciones de orden legislativo, gubernativo y judicial. Todos estos factores serán concurrentes.
No obstante apartes posteriores de la misma disposición se señala expresamente lo siguiente :
“… El concurso se calificará sobre cien puntos, así:
La entrevista, hasta diez (10) puntos y evaluará la personalidad, vocación de servicio y profesionalismo del aspirante. (Ver Sentencias C-469/08 y C-097/01)
Parágrafo 2o. Quien haya sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o por faltas como Notario consagradas en el artículo 198 del Decreto-ley 960 de 1970, no podrá concursar para el cargo de notario. (Ver Sentencia C-373/02)”
Lo anterior, evidencia que el puntaje fue otorgado de manera incontrovertible a cursos de posgrado exclusivamente, de manera que acudiendo a las mismas reglas de hermenéutica que cita la solicitante, en este caso, las consignadas en el numeral 2 del inciso 2 del artículo 5 de la Ley 57 de 1887, si en un mismo código se hallaré una incompatibilidad en los textos deberá preferirse la disposición posterior, así: “… 2) Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior”. A partir de esta interpretación se garantiza el derecho a la igualdad de los participantes en el concurso para acceder a la carrera notarial, en la medida en que a ningún participante le fue reconocido un puntaje de diez (10) puntos por la realización de un curso de diplomado, que en cambio sí se obtuvo por vía de tutela, quebrantando las reglas generales del concurso y lesionando los derechos de los demás concursantes.
Al respecto, vale la pena recordar que en la sentencia SU 913 de 2009, se consideró que el reconocimiento vía tutela de un puntaje respecto de una situación que no reunía los requisitos de Ley 588 de 2000, rompía el derecho a la igualdad de los concursantes e impedía el cabal cumplimiento del artículo 131 Superior, en la medida que se alteraba indebidamente la lista de elegibles para el Círculo de Bogotá. En relación con el punto se señaló con suficiencia la Sala Plena:
14.5.1.4.2 Ahora bien, en relación con el caso de la señora María Eugenia Rojas de Urueta, resulta evidente que a la luz de la Ley de educación, los cursos de educación continuada como son los diplomados no tienen la calidad de posgrados como en efecto ocurre con las especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados, según se infiere del artículo 10 de la Ley 30 de 1992, en virtud del cual son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los postdoctorados los cuales exigen un elevado porcentaje de investigación y de conformidad con el artículo 25 de la misma ley dan lugar al otorgamiento de un título, así: “Los programas de especialización conducen al título de especialista en la ocupación, profesión, disciplina o área afín respectiva. Los programas de maestría, doctorado y post-doctorados, conducen al titulo de magíster, doctor o al titulo correspondiente al post-doctorado adelantado, los cuales deben referirse a la respectiva disciplina o a un área interdisciplinaria del conocimiento.”
En ese orden, la Corte verifica la insuficiencia del curso de diplomado para reunir la cualificación exigida por el artículo 4 de la Ley 588, que otorga dentro del concurso diez (10) puntos a las especializaciones y demás posgrados, en atención a que los diplomados corresponden a la clasificación de cursos de educación continuada que no reúne ni las horas ni el componente de investigación propia de los cursos de posgrado. En consecuencia, se revocará la orden de reconocer tal puntaje en atención a los efectos generales otorgados a esta sentencia de unificación.
Finalmente, se recuerda a la señora María Eugenia Rojas, que cualquier inconformidad respecto de la interpretación realizada por esta Corporación, bien con la valoración probatoria, o con los criterios argumentativos que apoyan la sentencia, no constituyen fundamentos suficientes para solicitar su nulidad, pues esta clase de situaciones no implican la vulneración del debido proceso, sino que constituyen meras apreciaciones “connaturales al desacuerdo e inconformismo del solicitante con la decisión”[18].
En este proceso lo fundamental para la Corte fue reivindicar las reglas generales del concurso con el fin de proteger el postulado constitucional consagrado en el artículo 131 Superior.
6.3.4 4to Cargo. Se desconoce la jurisprudencia de la Sala Plena respecto de los efectos inter comunis de sus sentencias.
En términos de la peticionaria la Sala Plena de la Corte Constitucional ha sostenido que los fallos de tutela sólo pueden tener efectos inter comunis cuando las órdenes del juez amparen derechos fundamentales de personas que no han acudido a la acción, siempre y cuando, reúnan condiciones comunes a las de los tutelantes, es decir, que sólo cobija a aquellos concursantes que no utilizaron la acción de tutela pero que resultaron afectados con las decisiones de los jueces de Ibagué. En tal caso, la valoración del Diplomado no era común, ni similar a la de las personas que participaron en las acciones de tutela objeto de revisión, de manera que la sentencia no podía ser vinculante respecto de asuntos distintos a la acreditación de la autoría de obras en derecho.
Tal como se expresó in extenso en la sentencia cuya nulidad se demanda, los efectos inter comunis de la sentencia se reivindican con el fin de conjurar un estado de cosas inconstitucional respecto del incumplimiento crónico del artículo 131 Superior y frente a todas aquellas personas que participaron en el concurso público y abierto para la provisión de los cargos de notario en propiedad y a quienes por diversas circunstancias se les impidió el acceso al cual tenían derecho como reconocimiento al mérito, condiciones que se vislumbran comunes, de manera que se estima erróneo señalar que las órdenes que frente a estas situaciones profirió la Corte, debieron limitarse al puntaje otorgado a las obras en derecho, pues se trataba de conjurar el estado de cosas inconstitucional y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales.
En ese orden, la Corte Constitucional optó por preservar las reglas generales del concurso, así como por ser riguroso en cuanto a la aplicación de los puntajes que con fundamento en tales reglas se asignaron. De allí que haya intervenido en aspectos como el puntaje otorgado a las obras en derecho y a los formación exigida. Por la misma razón, se abstuvo de modificar las reglas del concurso es aspectos tales como la calificación de experiencia o a la realización de pruebas de conocimiento, en la medida que no podía desconocer ni las reglas del concurso ni los puntajes asignados de acuerdo con las reglas generales.
Basta recordar lo señalado a ese respecto en la sentencia SU 913 de 2009:
13.2.2 Imposibilidad de materializar la provisión de los cargos de notarios a partir de los resultados del concurso.
Se advierte que a pesar de que se convocó el concurso de méritos público y abierto para la provisión de notarios en propiedad en observancia de las sentencias SU 250 de 1998, T-1695 de 2000 y C-421 de 2006, no ha sido posible tener certeza respecto de la provisión definitiva de dichos cargos a partir del nombramiento en propiedad de las personas que por mérito integraron las listas de elegibles. Es decir, 18 años después de la expedición de la Constitución Política de 1991, no se ha cumplido el fin último del artículo 131 Superior que no es otro que el nombramiento efectivo de notarios en propiedad mediante concurso.
No es verdad, como se afirma en alguna de las intervenciones que sólo se trata de un número reducido de puestos por proveer, y que el problema en estudio corresponde a los avatares propios de un concurso público dentro de un Estado de Derecho, pues si bien es cierto en el Círculo de Bogotá están en discusión de 11 a 15 notarías, lo cierto es que tal como se deduce de lo hasta aquí expuesto se trató de entorpecer, dilatar y alterar el resultado final del concurso a nivel nacional, con el fin de otorgar privilegios a quienes no fueron merecedores de los mejores puntajes por su mérito y capacidad, vulnerando con ello la orden superior, y los derechos a la buena fe y la confianza legítima de cerca de 15.000 personas que accedieron al concurso confiados en la legitimidad de sus instituciones y procesos, especialmente, en la integridad de la función fedante, que es la real vapuleada y lesionada con este tipo de prácticas.
Tal como ha quedado en evidencia a partir de las tutelas en revisión y de aquellas que se han expuesto tanto por la Superintendencia de Notariado y Registro en sus diferentes oficios, como por las intervenciones realizadas en el curso de este trámite y que se encuentran resumidas en el anexo 1 de este proveído, las decisiones de los jueces de tutela han resultado contradictorias respecto de supuestos fácticos iguales, circunstancia que ha derivado en la modificación formal y de hecho de las listas de elegibles, como la que se registró a partir de la expedición del Acuerdo 178 de 2009 para el Círculo de Bogotá y el nombramiento de personas que no reunieron las condiciones para ser designadas como notarios.
El uso indiscriminado de la acción de tutela se verifica según los datos aportados por la Superintendencia de Notariado y Registro y los incorporados en el Acuerdo 178 de 2009: Debían proveerse 645 notarías de las cuales 108 fueron declaradas desiertas. Así, de los 434 nombramientos a efectuar 298 fueron ordenados mediante fallos judiciales. Luego, es claro que dentro del proceso de selección de notarios se ha incorporado la acción de tutela como la vía para asegurar un lugar en la lista de elegibles y el respectivo nombramiento, al punto que más del 50% de las designaciones devienen de una orden judicial. De la misma forma, se demuestra cómo del año 2008 a 2009 se han interpuesto del orden de 1200 tutelas[19] sin contar las 800 tutelas interpuestas en el año 2007[20].
Las cifras señaladas también permiten evidenciar como todavía no se han proveído la totalidad de notarías del país a través de concurso, razón por la cual es necesario proveerlas a partir de las listas de elegibles vigentes o mediante un nuevo concurso dirigido a proveer aquellas notarías que fueron declaradas desiertas.
13.2.4 Es necesaria la intervención de la Corte Constitucional para adoptar una posición unificada y coordinada que garantice de manera integral la eficacia del precepto constitucional y que evite la vulneración masiva de derechos fundamentales.
En ese orden, concluye la Sala que permanece el estado de cosas inconstitucional y, en consecuencia, tal como ha sucedido a propósito de otros casos emblemáticos, la Corte Constitucional continúa y continuará ejerciendo competencia sobre este caso particular en su calidad de guardiana de la Constitución Política, según se señala en el artículo 246 Superior. Desde ese punto de vista la Corte tomará las medidas necesarias para unificar posiciones jurídicas respecto al concurso notarial y conjurar de manera definitiva las prácticas enfiladas a impedir la materialización del contenido del artículo 131 Superior y socavar así los derechos fundamentales de los concursantes.
En esos términos, la Corte Constitucional encuentra infundado el cargo derivado de afirmar que se excedió la jurisprudencia constitucional relativa a los destinatarios de los efectos “inter comunis”.
En conclusión no existe justificación alguna para acoger la solicitud de nulidad formulada por la solicitante, en la medida que no se encuentra demostrada ninguna de las circunstancias descritas como transgresoras de las normas que regulan el proceso de revisión de las sentencias de tutela por parte de la Corte Constitucional sino que, por el contrario, pretende reabrir el debate en torno a lo decidido por la sentencia SU 913-09, con el claro propósito de conservar el puntaje asignado por medio de tutela a un curso de diplomado.
PRIMERO.- DENEGAR la petición de nulidad formulada por la señora María Eugenia Rojas de Urueta a través de apoderado contra la sentencia SU-913 de 2009.
[16] Sentencia T-025 de 2004.
[17] SU-1023 de 2001
[19] Folio 62 del Cuaderno General de anexos.
[20] Ver motivaciones del Acuerdo 178 de 2009, así como la carpeta de anexos y 7 AZ aportados como prueba por la Superintendencia de Notariado y Registro.