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Timestamp: 2019-02-20 20:09:39
Document Index: 181287053

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 357', 'artículo 140', 'artículo 171', 'artículo 55', 'artículo 2', 'Artículo 212', 'artículo 308']

﻿ Sentencia 2002-00298 de octubre 1 de 2014
SENTENCIA 2002-00298 DE 01 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:SANCIÓN MORATORIA- PAGO DE CESANTÍAS. DESDE EL 2007, LA ACCIÓN PROCEDENTE PARA RECLAMAR EL PAGO DE LA SANCIÓN MORATORIA POR LA NO CANCELACIÓN EN TIEMPO OPORTUNO DE LAS CESANTÍAS DEFINITIVAS ES, EN ALGUNOS CASOS, LA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y, EN OTROS, LA ACCIÓN EJECUTIVA ANTE LA JUSTICIA ORDINARIA. NO OBSTANTE, LOS PROCESOS INICIADOS PREVIAMENTE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA DEBEN CONTINUAR HASTA SU CULMINACIÓN, CON EL FIN DE PROTEGER LA SEGURIDAD JURÍDICA Y EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LA FALTA DE RESPUESTA A LA PETICIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LAS CESANTÍAS NO IMPIDE LA EFECTIVIDAD DE LA SANCIÓN MORATORIA, PORQUE SI LA ADMINISTRACIÓN NO SE PRONUNCIA LA MORA SE CONTABILIZA DESDE LA FECHA EN QUE EL TRABAJADOR RADICÓ SU SOLICITUD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CESANTÍAS
Sentencia 2002-00298 de octubre 1 de 2014
Exp.: 250002326000 2002 00298 01 (29780)
Actor María Margarita Londoño Vélez
Demandada: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación dado que la providencia recurrida fue proferida en un proceso con vocación de doble instancia, puesto que la demanda se presentó el 7 de febrero de 2002 y la pretensión mayor se estimó en $213’107.288,40, mientras que el monto exigido para el año 2002 para que un proceso, adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, tuviera vocación de segunda instancia era de $36.950.000(15).
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Decreto 01 de 1986(16), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.
En el presente caso la pretensión resarcitoria se origina en los daños sufridos por la actora con ocasión del no pago oportuno de las cesantías definitivas reconocidas mediante la Resolución 000867 del 21 de diciembre de 2000(17), lo que significa que tenía hasta el día 22 de diciembre de 2002 para presentarla y, como ello se hizo el 7 de febrero 2002, resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto por la ley.
Antes de abordar el análisis respecto del objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, resulta necesario recordar que el mismo solamente se ocupó de controvertir: i) la idoneidad del ejercicio de la acción de reparación directa en este tipo de procesos y ii) el tema relacionado con el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías reconocidas mediante la Resolución 000867 del 21 de diciembre de 2000.
Al respecto conviene señalar que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial —en este caso la que contiene una sentencia—, por lo cual corresponde al apelante confrontar con sus propias consideraciones los argumentos que el juez de primera instancia tuvo en cuenta para tomar su decisión, para, sobre dicha base, solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que precisamente se cuestionan ante la segunda instancia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:
“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. (…)”.
En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(18) de la sentencia como el principio dispositivo(19), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem al amparo de la máxima: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(20).
Así pues, cuando la ley lo exija, el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez(21). La exigencia legal de que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, por lo cual su inobservancia acarrea la declaratoria de desierto y, de contera, la ejecutoria de la providencia que se recurre(22).
“Ninguna precisión resultaría necesario efectuar en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, habida cuenta que el recurso de apelación incoado por la entidad demandada no controvierte tales extremos y la parte actora no recurrió la sentencia de primera instancia, de manera que los referidos, son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión proferida por el a quo”(23).
“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”(24).
Más recientemente la Sección vino a pronunciarse en el mismo sentido en sentencia del 9 de febrero de 2012(25):
Así las cosas, la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio de los motivos de inconformidad planteados en el recurso de apelación interpuesto por la actora.
4. Idoneidad de la acción impetrada.
La actora acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa en ejercicio de la acción de reparación directa, teniendo como soporte la omisión en que —manifiesta— incurrió la entidad demandada al no haberle pagado en forma oportuna las cesantías definitivas reconocidas mediante la Resolución 000867 del 21 de diciembre de 2000.
En relación con el tema la Sala Plena de la corporación mediante providencia de 27 de marzo de 2007(26), se ocupó de unificar los criterios existentes al interior de la corporación en torno a la acción procedente para reclamar el pago de la sanción moratoria por la no cancelación en tiempo oportuno de las cesantías, concluyéndose que, dependiendo de la tipología del caso, en unos eventos sería la de nulidad y restablecimiento del derecho y en otros la acción ejecutiva ante la justicia ordinaria, en dicha oportunidad se dijo:
Por su parte la Sala Plena de la Sección, mediante providencia del 4 de mayo de 2011, reafirmando lo decidido en la referida sentencia de Sala Plena, dispuso(27):
De suerte que la Sala entrará a analizar el presente caso, teniendo en consideración que para el año de presentación de la demanda —2002— el criterio jurisprudencial reinante permitía ejercer esta acción para reclamar la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías(28).
Tal y como se dejó indicado en los antecedentes de esta sentencia, la demandante interpuso acción de reparación directa con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad de la demandada por los perjuicios ocasionados por el no pago oportuno de las cesantías, circunstancia que le habría ocasionado perjuicios del orden material y moral.
Observa la Sala que dentro de las piezas probatorias que integran el proceso, obra original de la solicitud radicada el 26 de enero de 2000, por la hoy demandante María Margarita Londoño Vélez, al Fondo de Previsión Social del Congreso, con el fin de que de manera inmediata le reconociera y liquidara las cesantías definitivas y demás acreencias económicas a que tuviera derecho, por haber estado vinculada en calidad de senadora de la República desde el 20 de julio de 1998 hasta octubre de 1999(29).
Así mismo reposa la comunicación 3089 de 14 de diciembre de 2000, remitida por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República a la solicitante en la que le informa:
“En atención a su derecho de petición, me permito informarle que estudiada la documentación y realizado el proyecto de resolución que le reconoce el derecho, se hizo necesario oficiar a la jefatura de pagaduría del honorable Senado de la República mediante el Oficio 3721 del 18 de agosto de 2000, para que nos aclaren inconsistencias en sueldo pagado mes de octubre de 1999, la que fue allegada a esta división el día 30 de noviembre de 2000; en la actualizada el proyecto de la resolución que le reconoce el derecho de la prestación de cesantía definitiva se encuentra en la sección de presupuesto para que le sea asignada la respectiva imputación presupuestal, una vez termine con el trámite continuará a secretaría general para que le notifiquen la resolución proferida”(30).
También, obra copia auténtica de la Resolución 867 de 21 de diciembre de 2002 en la que se dejó consignado que la señora María Margarita Londoño Vélez estuvo vinculada del 20 de julio de 1998 hasta el 27 de octubre de 1999 y se liquidó por cesantías definitivas la suma de $13’422.837(31).
Obra en el proceso, copia auténtica del recibo de consignación de fecha 26 de abril de 2001, mediante el cual se consignó la suma liquidada en la resolución antes enunciada a la ahora demandante(32).
Con fundamento en los hechos que vienen de señalarse se encuentra probado que la demandante se desvinculó del Senado de la República el 27 de octubre de 1999, que el 26 de enero de 2000 realizó ante el Fondo de Previsión Social del Congreso, la solicitud de liquidación definitiva de cesantías, requerimiento que le fue resuelto mediante la Resolución 867 de 21 de diciembre de 2000 y consignado el 26 de abril de 2001.
La parte demandante manifiesta que las cesantías no le fueron canceladas en forma oportuna y por lo tanto solicita se ordene el pago de un día de salario por cada día de mora desde el 28 de octubre de 1999 hasta el 30 de mayo de 2001, conforme lo dispone la Ley 244 de 1999.
Debe tenerse en cuenta que la cesantía constituye un derecho adquirido por el trabajador, derecho que tiene la connotación de un salario diferido, cuya finalidad es la de servirle de sustento mientras se encuentre vacante, razón por la cual debe recibir el pago de dicha prestación al término de la relación laboral o dentro de un plazo razonable y consecuente con ello, y supone que el patrono (persona de derecho privado, entidad oficial o sin ánimo de lucro) está en el deber de mantener disponibles los dineros correspondientes a su pago.
Es por ello que la falta de respuesta no impide la efectividad de la sanción, porque si la administración no se pronuncia, el término a partir del cual comienza el conteo de los días de mora, se contabiliza desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, obrar en contrario impediría que la norma cumpliera su cometido, que no es otro que la protección de los intereses del trabajador cesante al término de su relación laboral(33).
Para la Sala resulta claro que ante la ausencia de pronunciamiento sobre la liquidación de las cesantías definitivas deben contarse los términos en la forma indicada para que la norma tenga efecto útil y hacer efectiva la capacidad conminatoria de la sanción prevista por la Ley 244 de 1995, pues, de no acudirse a este medio, el cometido proteccionista de los derechos del servidor público que animó a la ley, se vería, paradójicamente, burlado por la propia ley dado que la administración simplemente se abstendría de proferir la resolución de reconocimiento de las cesantías definitivas para no poner en marcha el término para contabilizar la sanción, produciéndose un efecto perverso con una medida instituida para proteger al exservidor público cesante...”(34).
Es obligación de las entidades estatales, en su calidad de patronos, atender el pago oportuno de las cesantías, so pena de incurrir en la sanción moratoria antes indicada, por lo que, en el presente caso, como sea que el acervo probatorio recaudado permite imputar a la demandada el daño por el cual se reclama la indemnización, se revocará la sentencia impugnada y se ordenará el pago de la sanción moratoria reclamada.
6. La indemnización de perjuicios. Liquidación de la sanción moratoria.
Tal como quedó explicado en el acápite anterior para determinar la fecha desde la cual se empieza a causar la sanción moratoria se debe contar 65 días hábiles desde la fecha en la cual la interesada radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas que para el presente asunto fue el 26 de enero de 2000, contabilizado el término enunciado se tiene que la entidad demandada debió cancelar las cesantías definitivas a más tardar el 4 de mayo de 2000 y como la consignación se realizó el 26 de abril de 2001 habrá de realizarse la liquidación por 11 meses y 22 días, esto es 352 días.
De conformidad con la Resolución 867 de 21 de diciembre de 2000 el salario base de liquidación de las cesantías era de $11’468.542(35), este será dividido entre 30 para efectos de establecer el salario diario —382.284,73— cuyo resultado se multiplicará por el número total de días de mora —352 días—, arrojando el valor final de la sanción moratoria a cargo de la entidad demandada. Suma que habrá de ser actualizada hasta la fecha de esta sentencia.
382.284,73 X 352 = 134’564.225
Suma que será actualizada desde la fecha en que se realizó efectivamente el pago hasta la fecha de esta providencia.
Ra = Rh Índice final(36)
Índice inicial(37)
Ra = 134´564.225 117.33
Ra = 241´007.793
Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Decreto 01 de 1984(38), modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.
REVOCAR la sentencia proferida el 1º de septiembre de 2004, por la sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:
1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República por los perjuicios ocasionados a la señora María Margarita Londoño Vélez.
2. Condenar a la Nación - Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, a pagar a título de perjuicios materiales la suma de doscientos cuarenta y un millones siete mil setecientos noventa y tres pesos m/cte. ($241’007.793).
(17) El artículo 2º de la Ley 244 de 1995 dispone que “La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional del Ahorro”.
(18) En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del Expediente 32.800, con ponencia de la señora magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó:
(19) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como:
(20) Al respecto, ver sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.
(21) Así lo consideró la Sala en la providencia dictada el 26 de febrero de 2004, Expediente 26.261, M. P. Alier Hernández Enríquez.
(22) Artículo 212 del Código Contencioso Administrativo - Decreto-Ley 01 de 1984.
(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto del 2008, Expediente 14638.
(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de abril de 2009, Expediente 32.800, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
(25) Sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección el 9 de febrero de 2012 en el Expediente 21060, M. P. Mauricio Fajardo Gómez.
(26) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de marzo de 2007, Expediente 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ).
(27) Proceso Nº 19957, C. P. Ruth Stella Correa. En igual sentido, sentencia del 31 de agosto de 2011, Radicado 19895. C. P. Jaime Orlando Santofimio.
(28) Al respecto puede consultarse la sentencia de la Sección Tercera del 26 de febrero de 1998, Radicación 10813.
(29) Folios 1 y 2 del cuaderno 2.
(30) Folio 3 del cuaderno 2.
(31) Folio 14 del cuaderno 1.
(32) Folio 15 del cuaderno 1.
(33) Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B, sentencia del 12 de marzo de 2009. Ponente Gerardo Arenas Monsalve. Expediente 1945-2007.
(34) Sentencia del 27 de marzo de 2007. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C. P. Jesús María Lemos Bustamante. Actor José Bolívar Caicedo Ruiz. Expediente 200002513 01.
(35) Valor que tuvo como base para la liquidación la entidad demandada. Ver folio 14 del cuaderno 1.
(36) El vigente para esta fecha.
(37) El vigente para el mes de septiembre de 2004.
(38) Normatividad aplicable al asunto de la referencia por expresa disposición del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a su tenor literal dispone: