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Timestamp: 2017-11-25 05:19:49
Document Index: 144164416

Matched Legal Cases: ['artículo 78', 'artículo 80', 'artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 55', 'artículo 56']

TIEMPO DE MUJERES: La “Ley Castillo”, un engendro autoritario
La “Ley Castillo”, un engendro autoritario
Alfredo Castillo, titular de la Conade. Foto: Miguel Dimayuga
Por Raúl Ochoa , 16 julio, 2017
El titular de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes, lleva meses impulsando un anteproyecto de ley para hacer de la dirección del máximo organismo del deporte nacional una figura omnímoda. Incluso tiene ya un presunto cabildero en el Poder Legislativo desde noviembre de 2015. Proceso obtuvo una copia de ese delirante documento, que se glosa en este reportaje, y se entrevistó con personas que participaron en su redacción.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Alfredo Castillo Cervantes tiene un anteproyecto de ley cuyo propósito es hacer que el deporte se rija conforme lo decida el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), lo cual implica hacer de ese cargo –que él ostenta ahora– una figura omnipotente.
En el esbozo de lo que puede convertirse en una nueva ley del deporte, el excomisionado de Seguridad de Michoacán intenta obligar a los atletas y entrenadores a hacer proselitismo a favor del gobierno federal, lo que contraviene la legislación deportiva, la cuestionada Ley Mena –en alusión al exdirector de la Conade Jesús Mena–, vigente desde el 7 de junio de 2013 y que ni siquiera es acatada por la propia institución.
Elaborado a partir de opiniones de sus allegados, el documento está hecho a la medida del titular de la Conade y, amén de coercitivo, tiene tintes mesiánicos.
El funcionario deportivo intenta, por ejemplo, maniatar al Comité Olímpico Mexicano (COM) y controlar a las federaciones deportivas nacionales, aun cuando Castillo ya fue advertido por el Comité Olímpico Internacional de los riesgos que implica toda injerencia gubernamental en las asociaciones reconocidas por el organismo que él dirige.
Proceso obtuvo copia del esbozo, validado por varios de quienes participaron en su elaboración, según el cual Castillo pretende que la Conade se involucre en los procesos internos de las asociaciones civiles para designar a sus directivos, quienes sólo tendrán la posibilidad de una reelección hasta por cuatro años.
Según la iniciativa, las asociaciones civiles estarán sujetas a los controles del dinero y el director general de la Conade estará facultado para otorgar o negarles los recursos. Además, el encargado del deporte nacional podrá autorizar o revocar la inscripción en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade), así como el reconocimiento el Sistema Nacional del Deporte (Sinade).
El anteproyecto de la nueva ley del deporte propone crear un Tribunal Federal del Deporte (Trifede), en reemplazo de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD). La nueva figura se encargará de impartir la justicia deportiva en el país, y deja abierta la posibilidad de que en el futuro pueda integrarse al Poder Judicial.
“El Trifede es un tribunal de lo contencioso deportivo dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar y hacer cumplir sus acuerdos, laudos y resoluciones, con la organización y atribuciones que esta ley establece”, indica el documento en su artículo 78.
Y agrega: “Al Trifede le compete resolver el recurso de apelación que se interponga en los casos y términos previstos en esta ley y su reglamento, así como fungir como Panel de Arbitraje, o coadyuvar en las mediaciones y conciliaciones, respecto a las controversias de naturaleza jurídica deportiva que se susciten, o puedan suscitarse, entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, con la organización y competencia que esta ley establece”.
Y, como ocurre en la CAAD, siempre de acuerdo con el documento, el Ejecutivo federal designará a los “magistrados” del Trifede, compuesto por cinco miembros.
El artículo 80, inciso VIII, refiere: “las resoluciones definitivas dictadas por el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved) y cualquier otra controversia electoral”. Ello, a pesar de que la actual legislación deportiva establece la instalación del Coved, una instancia que no fue integrada ni por Jesús Mena cuando estuvo al frente de la Conade; menos aún por Castillo Cervantes.
Y aunque ese parece un absurdo, Castillo propone que “las resoluciones del Coved son definitivas e inapelables”. Establece también que ese consejo esté adscrito a la Conade y vele de forma inmediata por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales…
En caso de existir alguna controversia en cualquiera de las fases de los procesos de elección de los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas, el Coved resolverá bajo estas tres posibilidades:
“a) anulación del proceso o de la elección, b) suspensión del proceso o de la elección y c) amonestación en causas o incidencias que no sean determinantes o que no afecten los procesos electorales, con multa hasta por 14 mil 20 pesos, duplicación de la multa por reincidencia o arresto por 48 horas inconmutable, de continuar la resistencia”.
Un cabildero singular
Sin embargo, lo más disparatado se concentra en el artículo 57, mediante el cual se pretende obligar a los atletas y técnicos a hacer proselitismo a favor del gobierno federal:
“La Conade es una institución con reconocimiento mundial, positiva y respetable en todos los eventos deportivos nacionales e internacionales en los que se haga uso de recursos públicos de la federación, en la difusión de sus imágenes y de las del gobierno de la República. Cuando así proceda, cuando se trate de deportistas o técnicos de las diversas ramas que hayan sido beneficiados directamente en un evento, tienen el deber moral de reconocer públicamente los respaldos que hayan recibido.”
Por si algo faltaba, en su anteproyecto Castillo propone crear la Comisión de Infraestructura para el Deporte Estudiantil, que estaría presidida por el director general de la Conade e integrada por dos senadores y dos diputados de las comisiones de Hacienda y del Deporte, así como dos rectores o sus representantes jurídicos, quienes, entre otros puntos, se encargarían de gestionar recursos, identificar las obras prioritarias de carácter estudiantil y realizar un censo deportivo estudiantil.
En noviembre de 2015, en medio de las pugnas con los presidentes de diversas federaciones deportivas nacionales, Castillo anunció ante diputados y senadores que había presentado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) un proyecto de reforma a la actual legislación deportiva, según dijo, para “controlar” a las asociaciones civiles.
Frente a los integrantes de las Comisiones del Deporte de las dos cámaras, el director de la Conade se lanzó contra los titulares de las federaciones deportivas. Dijo que la intención del proyecto es remover a los dirigentes enquistados en el cargo que, a su juicio, sólo generaron “un gran negocio”.
Dijo: “Estamos preparando con el área jurídica de la Secretaría de Educación Pública una propuesta de iniciativa de reformas para que alguien la pueda presentar… Hay ciertos lineamientos que, si no los cambiamos, vamos a seguir prácticamente en la misma línea. Son 23 las federaciones con irregularidades y ya se unieron para pedirle al Comité Olímpico Internacional que desconozca a México en los próximos Juegos Olímpicos, porque el Estado mexicano se está metiendo”.
Y remató: “Tenemos una iniciativa de ley para transformar el deporte, que pongo a disposición de los legisladores”.
Desde aquel mes, Emanuel Evaristo Corona Chávez, un viejo periodista, se acreditó como el enlace oficial de la Conade en el Senado de la República y la Cámara de Diputados.­ Con frecuencia se le ve en las conferencias de prensa y sus antiguos colegas lo consideran cabildero de Castillo ante los legisladores, como antaño lo fueron David y Gilberto Hernández, los principales impulsores de la Ley Mena.
Cuando algún reportero le pregunta a Corona Chávez por el anteproyecto de Castillo se muestra sorprendido y recomienda a su interlocutor pedir la información directamente a la Conade.
En entrevista telefónica, Corona comenta a Proceso: “No tengo ninguna idea (del anteproyecto). Soy enlace y veo algunas peticiones de los diputados y senadores, pero no participo en este tipo de trabajos, que son de carácter legal y jurídico… el que me vean (en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores) no quiere decir que haga las propuestas de los proyectos. Mi relación es de acercamiento de la Conade con los legisladores”.
Desde una semana antes, el reportero solicitó de manera formal la opinión del director general de la Conade sobre el anteproyecto. Al cierre de la edición la respuesta aun no llegaba.
Uno de los encargados de colaborar en la redacción del bosquejo explica que el anteproyecto es impulsado por Castillo; el coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, José Ramón Ávila Farca –el más activo de todos–, así como Raúl Cervantes Andrade, titular de la Procuraduría General de la República y primo del titular de la Conade.
De hecho, Castillo siempre ha pregonado su proyecto, que incluso ya entregó a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, así como a la SEP, sostiene el entrevistado, quien pide omitir su nombre.
Y aunque es improbable que el anteproyecto se presente en los próximos días, la Conade insiste en impulsarlo en el Senado por medio del presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, Carlos Puente.
Tal como está, el boceto “invade atribuciones” de otras leyes y tasa como si se tratara de una autoridad hacendaria. El artículo 2 indica que la Conade recibirá de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1% de los recursos obtenidos por el impuesto al consumo de refrescos con contenido de azúcar, 1% de la Lotería Nacional y de Pronósticos Deportivos, además de 5% de impuesto por concepto de bebidas alcohólicas y cigarros, al margen de su presupuesto ordinario.
Por citar un ejemplo; la Lotería Nacional tiene un marco normativo específico, establecido en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
De acuerdo con el citado artículo, la administración de dichos recursos contará con la asistencia de las comisiones del deporte de las Cámaras de Senadores y Diputados con voz y voto, “que se constituirán como órgano para la distribución de los recursos provenientes de impuestos a través de la comisión tripartita del deporte”.
Por lo anterior, en la fracción segunda de ese apartado se constituye la comisión tripartita del deporte que tendrá, entre otras, las siguientes funciones, las de recibir los recursos por los impuestos y juegos de sorteo previstos en esta ley y estará conformada por el siguiente órgano colegiado: I. un presidente, que será el director de la Conade; II. dos senadores miembros de la Comisión del Deporte, y III. dos diputados de la Comisión del Deporte.
La iniciativa también plantea imponer “una política geográfica” de cinco regiones a las que se asignarán coordinadores regionales en cada una, cuya actividad reportarán a la subdirección general de la Conade.
Cuando se distribuyan recursos del erario destinados a pagos administrativos de las asociaciones deportivas nacionales, éstos deberán ser aprobados, verificados y auditados por el comité de comprobación.
En adelante, según la propuesta, la Conade aprobará y registrará las marcas, certámenes, selecciones y nominación de deportistas o sus equipos que asistirán a los torneos nacionales e internacionales, Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, “tomando en cuenta la opinión de las asociaciones deportivas nacionales o las marcas o valores deportivos que registren los equipos o atletas de manera individual. Una vez realizadas las asignaciones por el director general, serán enviadas al Renade para su inscripción o revocación”.
El responsable de la Conade también se otorga facultades para revocar temporal o de manera definitiva un registro cuando los interesados incumplan alguno de los requisitos y obligaciones contenidos en esa ley y en su reglamento.
De nueva cuenta, la figura actuante de Castillo aparece en el inciso XIV: “el deportista individual inscrito en el Renade recibe protección jurídica y deportiva del director general de la Conade, esté federado o no”. Sin embargo, el texto advierte que el registro dependerá de su desempeño, marcas o premios”.
Además, el Renade dispondrá de una sección especial para los atletas de alto rendimiento o destacados “a juicio del director general”, el único que ordena y ejecuta.
Las asociaciones deportivas nacionales, el COM, el Comité Paralímpico Mexicano o cualquier institución del orden privado deberán rendir a la Conade un informe contable, administrativo y de resultados los siguientes 15 días hábiles después de recibir recursos públicos, servicios, usos de logotipos o de sus instalaciones.
Cualquier omisión al cumplimiento de este ordenamiento será motivo de suspensión definitiva a apoyos gubernamentales de cualquier índole, cancelación de registro ante el Renade y el Sinade, “y se dará vista al Ministerio Público ante la posible comisión de delitos”.
Las acciones coercitivas se reflejan por igual en el artículo 55, que ordena a las asociaciones deportivas nacionales que para ser sujetas a los apoyos y estímulos que acuerde el Ejecutivo federal deberán estar registradas y actualizadas como tales por la Conade.
“La ausencia de este requisito será motivo al retiro de reconocimientos y pagos”, de acuerdo con el documento.
El artículo 56 refiere que la única instancia facultada por el Poder Ejecutivo de la federación para convocar a nombre de México a eventos nacionales e internacionales de carácter deportivo “es la Conade”. Y nadie más…
Este reportaje se publicó en la edición 2123 de la revista Proceso del 9 de julio de 2017.