Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/103/001.html
Timestamp: 2017-08-23 08:07:54
Document Index: 94477793

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 51']

BOC - 2001/103. Miércoles 8 de Agosto de 2001 - 1140
2001/103. Miércoles 8 de Agosto de 2001
BOC Nº 103. Miércoles 8 de Agosto de 2001 - 1140
1140 - LEY 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común.
Se expresaba en aquella ocasión en la Exposición de Motivos de la Ley que la Institución del Diputado del Común "entronca directamente con nuestra historia colectiva. Los Procuradores del Común y Personeros de los siglos XVI, XVII y XVIII, como representantes directos de los vecinos en los Cabildos iniciales del sistema de autonomía municipal devendrán en Diputados del Común, por Reales Provisiones de 5 de mayo de 1766 para las Islas Realengas y de 14 de enero de 1772 para las restantes.
Esta última denominación, la más cercana en el tiempo a la inicial andadura de autogobierno canario, ha sido acogida certeramente en el texto estatutario, entroncando con la tradición histórica más genuina de los albores del régimen especial canario, que tuvo en los Cabildos a su institución más significativa y de mayor raigambre".
Se recordaba también en dicha Exposición de Motivos que "La Ordenanza que concedieron los Reyes Católicos a Gran Canaria en 1494 dispone expresamente la elección de dos Procuradores del Común. En las islas la figura del Personero pugna por mantener su independencia y servir a los intereses generales, aun en conflicto con los Regidores y Alcaldes ordinarios", así como que "Este signo liberal y regionalista de las islas en sus instituciones históricas hace que entronque con la nueva institución sin desvirtuar esa acepción de una visión más amplia que pueda servir por su independencia como mediador entre Administración y administrados, e incluso en derecho comparado de ser intermediario entre los Parlamentarios y los ciudadanos electores".
A la luz de aquella Exposición de Motivos se configuraba una Institución "destinada a servir los intereses del pueblo canario y al desempeño de una función de gran responsabilidad en la tarea institucional del control de los derechos y libertades públicas".
Hasta aquí la cita de la Ley de 12 de febrero de 1985. Mucho tiempo ha transcurrido desde la aparición de dicho texto legal. La Institución fue efectivamente constituida y comenzó su andadura para cumplir el encargo que Estatuto y Ley en su desarrollo le hacían. Las múltiples experiencias y enseñanzas que la gestión realizada han proporcionado podrían ser por sí mismas ocasión para plantear una reflexión sobre la idoneidad de todos los preceptos de la Ley de 12 de febrero de 1985 y sobre la oportunidad de propiciar su cambio. Pero ese cambio viene, además, potenciado y fomentado por la reforma del Estatuto de Autonomía realizada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, que ha afectado a la configuración de la Institución del Diputado del Común que ahora viene definida en el apartado primero del artículo 14, como "el alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas y supervisará las actividades de las administraciones públicas canarias de acuerdo con lo que establezca la Ley".
Por otra parte, en la actualidad hay una "densidad" mayor de regulación en el Estatuto que en su texto original, pues se contienen referencias a la mayoría reforzada para la elección del Diputado del Común y a la necesidad de coordinación con el Defensor del Pueblo. Ello, obviamente, debe traer consigo también las consecuencias legales específicas.
Artículo 1.- Del Diputado del Común.
Artículo 3.- Elección.
Artículo 4.- Propuesta de candidatos y elección del Diputado del Común.
Artículo 5.- Publicación del nombramiento y toma de posesión.
Artículo 6.- Relaciones con los órganos del Parlamento.
Artículo 7.- Estatuto personal del Diputado del Común.
Artículo 8.- Régimen de incompatibilidades.
Artículo 9.- Causas de cese.
Artículo 10.- Suplencia.
Artículo 11.- Carácter, requisitos, prerrogativas y funciones.
Y DE LA JUNTA ASESORA
Artículo 14.- De la Secretaría General.
Artículo 15.- De la Junta Asesora.
Artículo 17.- Ámbito de supervisión de la Administración.
Artículo 18.- Coordinación con el Defensor del Pueblo y otras Instituciones similares.
Artículo 19.- De la relación del Diputado del Común con la Administración de Justicia.
Artículo 20.- Exigencia de responsabilidad a autoridades y funcionarios.
Artículo 21.- Recursos ante el Tribunal Constitucional.
DEL RÉGIMEN DE LAS ACTUACIONES
Artículo 22.- Inicio de actuaciones.
Artículo 23.- Continuidad de las funciones.
Artículo 24.- Requisitos de los escritos de queja.
Artículo 25.- Admisión de las quejas.
Artículo 26.- Asuntos pendientes de resolución judicial.
Artículo 27.- Peticiones y recursos formulados a la Administración.
Artículo 28.- Procedimiento.
Artículo 29.- Impulso de las actuaciones.
DE LA OBLIGACIÓN DE COLABORAR
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CANARIAS
Artículo 30.- Obligación de colaborar.
Artículo 31.- Comunicación al afectado y a la Administración.
Artículo 32.- Denuncia de hechos presuntamente delictivos.
Artículo 33.- Documentos reservados.
Artículo 34.- Falta de colaboración.
Artículo 35.- Informes dirigidos al personal al servicio de la Administración.
DE LAS RESOLUCIONES DEL DIPUTADO
DEL COMÚN DE CANARIAS
Artículo 36.- Propuestas de modificación de normas o de criterios de producción de actos administrativos.
Artículo 37.- Sugerencias, advertencias, recomendaciones y recordatorios de deberes legales.
Artículo 38.- Adopción de medidas por parte de la Administración.
Artículo 39.- Comunicación a los interesados.
Artículo 40.- Relaciones con las administraciones y otras entidades u órganos sometidos a supervisión.
Artículo 41.- Régimen de personal.
Artículo 42.- Selección de personal. Nombramiento de asesores.
DOTACIÓN ECONÓMICA E INDEMNIZACIÓN
Artículo 45.- Indemnización a particulares.
Artículo 46.- Informe anual.
Artículo 47.- Contenido del informe.
Artículo 48.- Presentación de los Informes.
Artículo 49.- Informes extraordinarios.
Artículo 51.- Anonimato de los interesados.
Única.- El Diputado del Común podrá proponer al Parlamento de Canarias, mediante informe razonado, aquellas modificaciones de la presente Ley que considere que deban realizarse.
Primera.- La Mesa del Parlamento, a propuesta del Diputado del Común, podrá aprobar un Reglamento de Organización y Funcionamiento, que desarrolle la presente Ley, continuando en vigor hasta entonces el aprobado en fecha 5 de marzo de 1997, en cuanto no se oponga a lo preceptuado en esta Ley.
Segunda.- Sin perjuicio de lo que en su día pueda disponer con carácter general el Reglamento del Parlamento de Canarias, las candidaturas de las personas propuestas para ocupar los puestos de Diputado del Común y de sus Adjuntos serán examinadas por la Comisión parlamentaria correspondiente, a cuyo fin comparecerán para su audiencia los aspirantes presentados.
Tercera.- El personal funcionario al servicio del Diputado del Común seleccionado por la propia Institución con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, será integrado en el cuerpo de funcionarios del Parlamento de Canarias que corresponda en función de la titulación que les fue exigida para su ingreso.
Única.- Queda derogada la Ley 1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2001.