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Timestamp: 2019-10-16 22:48:46
Document Index: 116552189

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 448', 'artículo 448', 'artículo 521', 'artículo 40', 'artículo 86', 'artículo 40', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 521', 'artículo 335', 'artículo 29']

﻿ Sentencia T-813 de octubre 16 de 2012
SENTENCIA T-813 DE 16 DE OCTUBRE DE 2012
CONTENIDO:DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA. LA REESTRUCTURACIÓN DE UN CRÉDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA DEBE TENDER A RESTITUIRLE AL DEUDOR SU CAPACIDAD DE PAGO, AL MENOS CON RELACIÓN A CUANDO CAYÓ EN MORA, DE MANERA QUE ADEMÁS DE RESTABLECER EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS CONDICIONES DEL PRÉSTAMO, SE SALVAGUARDE SU DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, EMBARGO, REMATE DE BIEN, DERECHO A VIVIENDA DIGNA, SECUESTRO, PROCESO EJECUTIVO
Sentencia T-813 de octubre 16 de 2012
Ref.: Expediente T-3482596
El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo la mencionada corporación, según lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991; el 14 de junio de 2012, la Sala 6ª de Selección lo eligió para revisión.
1. Los accionantes, hermanos entre sí, expusieron que en procura de adquirir una vivienda usada, ubicada en la carrera 39 E Nº 55 A-14, barrio El Vallado, comuna 15, de estrato 2 en Cali, obtuvieron un crédito hipotecario en enero 3 de 1996, con el entonces “Banco Granahorrar” ahora BBVA Colombia S.A., suscribiendo “el pagaré Nº 13735-4 por el valor de 1935.6971 UPAC, equivalente a $ 15’400, a 180 cuotas o sea quince años, pero las primeras cuotas ya venían viciadas por un cobro excesivo, empeñábamos los electrodomésticos para cumplir con la obligación pero no sabíamos porqué se daba esa situación”.
2. Afirmaron que el precio del inmueble era 22 millones de pesos, tratándose de “vivienda de interés social”, con avalúo catastral de $ 24’788.000, exigiéndoles inicialmente la entidad bancaria cancelar el 30% del valor de dicho bien (6’600.000), a efectos del desembolso del crédito.
3. Cumplieron la obligación hasta el año 2000, cuando “entramos en mora porque ya no resistíamos el valor de las cuotas porque eran excesivamente altas, y como se prueba en la reliquidación, alcanzamos a pagar más del capital y exceso de intereses y en el año 1999 se hizo hecho notorio nacional la explosión de la irregularidad del sistema UPAC y fue declarado inconstitucional” (fl. 2, cdno. inicial).
4. En febrero de 2003, la entidad bancaria presentó demanda ejecutiva contra los ahora demandantes, que fue repartida al Juzgado 6º Civil del Circuito de Cali, el cual libró mandamiento de pago conforme a las pretensiones de la parte actora, que allegó “una liquidación pericial viciada de errores graves incluyendo saldo de capital, intereses sobre intereses, tasa corrección monetaria del 19.65%, violando todas las sentencias de la Corte Constitucional”, habiéndose acudido a una profesional de la Junta Central de Contadores, “inscrita en la lista de auxiliares de la justicia a quien pagamos $ 500.000 como honorarios para que realizara la reliquidación de UPAC a UVR”.
5. El juzgado de primera instancia decidió en forma favorable a los demandados y “respetando el debido proceso”, declaró probada “parcialmente la excepción de prescripción de la acción cambiaria”; también estimó probadas la excepción innominada “de falta de claridad del título valor, por NO ser claro, expreso y exigible como lo estipula el artículo 448 del Código de Procedimiento Civil, la objeción por error grave, declaró la cancelación del embargo y secuestro del inmueble, dio por terminado el proceso y condena en costas a la parte demandante” (fl. 2, cdno. inicial).
6. Sin embargo, al resolver la segunda instancia el Tribunal Superior de Cali, Sala de Decisión Civil, revocó “y falló sin ningún fundamento jurídico pericial como la reliquidación, que constituye la esencia del proceso haciendo más grave la situación del conflicto, del que llevamos 16 años de sufrimiento, su fallo dejó el camino abierto a la parte demandante para que realizara la liquidación a su amaño, cuyo resultado arrojó la suma de $ 144’757.721.61 y el inmueble tiene un avalúo catastral de 24’788.000”.
1. Sentencia proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali, dentro del proceso hipotecario iniciado por el entonces “Banco Granahorrar”, contra José Américo Mosquera y Cruz Aydé Mosquera (jul. 17/2009, fls. 13 a 25, ib.).
2. Estudio pericial, presentado en mayo 8 de 2008 por una analista financiera (fls. 28 a 39, ib.), donde se señala que “la entidad demandante, cobró intereses remuneratorios o de plazo en exceso del interés bancario corriente” (está resaltado en el texto original, fl. 34, ib.).
3. Cuadros de análisis de tasas de interés (fls. 40 y 41, ib.) y “determinación de los excesos en pesos” (no está resaltado en el texto original, fls. 42 y 44, ib.).
4. Fallo emitido en noviembre 8 de 2011 por el Tribunal Superior de Cali, Sala de Decisión Civil (fls. 49 a 71, ib.).
5. Liquidación del crédito, presentada por el apoderado de la parte demandante, por $ 144.757.721,61 en total (“10/01/12”, fl. 73, ib.).
6. Recibo de acueducto y alcantarillado a nombre de “José A. Mosquera y otro” (octubre de 2011, fl. 74, ib.).
7. Certificado catastral de la alcaldía de Cali, donde se observa el avalúo del inmueble por $ 24.788.000 (fl. 75, ib.).
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante fallo de abril 11 de 2012, negó la tutela, al estimar que el tribunal “tomó en cuenta el monto del crédito en pesos al momento del desembolso: … ($ 15.400.000), hizo la división respectiva de acuerdo con el valor relacionado para esa calenda por la Resolución 2896 de 1999 del Ministerio de Hacienda y aplicó el alivio de… ($ 3.642.796), quedando un saldo en mora de 261.559,8335, inferior al ejecutado que es de 253.242,8172, con lo que ‘no se ve de qué manera se diga que se cobra de más’”, estas dos últimas cifras en UVR(1).
Así mismo indicó que “ningún yerro puede endilgársele al tribunal por no haber soportado su determinación en el dictamen pericial rendido dentro del plenario, por cuanto el mismo, como se relató, fue materia de objeción por error grave que a la postre prosperó, sin que la resolución se hubiera atacado en la alzada” (fl. 94, ib.).
“En cuanto a lo que hace referencia al Estado social de derecho y el respeto a la dignidad humana… fue violado por el Tribunal Superior de Cali… al desconocer la prueba pericial, revocar la sentencia del a quo que dio por terminado el proceso, no decretar nuevas pruebas y ordenar el remate del inmueble por valor de $ 144’757.721.6, lo cual terminó con nuestro sueño durante 16 años de tener vivienda digna.
… en ningún tipo de negocio cabe la idea que una persona que preste $ 15’400.000 pagó en exceso el valor de $ 42’418.200.74 el predio tiene un avalúo catastral de 24’788.000 y comercial de 37’000.000 (CPC, art. 516), le rematen el inmueble ejecutivamente por valor de $ 144’757.721.6…
… el tribunal no tuvo en cuenta la prueba pericial autorizada por el a quo, ni autorizó nueva liquidación del crédito, dejó la puerta abierta para que el demandante hiciera la liquidación del valor de $ 144’757.721.6 en la segunda instancia.
La juez de primera instancia respetó el debido proceso, nombró la perito inscrita en la lista de auxiliares de la justicia y falló en derecho, y a la fecha abril de 2008 el banco tenía que devolvernos el valor de $ 32’550.958 y a marzo de 2012 el valor de $ 42’418.200.74, es decir, en ambas liquidaciones realizadas por profesionales en la materia tenemos saldo a favor y no pueden estar equivocados. El desconocimiento del fallo de primera instancia agravó el conflicto, porque la liquidación presentada por la parte demandante… contiene error grave y no se ajusta a derecho, de conformidad a las normas…”.
Se determinará si a los accionantes José Américo Mosquera Rivas y Cruz Aydé Mosquera Rivas les fueron vulnerados sus derechos “a la dignidad humana… debido proceso… vivienda digna”, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Civil, al fallar la segunda instancia dentro de la acción ejecutiva incoada contra ellos por el entonces “Banco Granahorrar”.
En primera instancia se había resuelto en forma favorable a los demandados, al considerarse demostrada “parcialmente la excepción de prescripción de la acción cambiaria” y probadas la excepción innominada “de falta de claridad del título valor, por NO ser claro, expreso y exigible como lo estipula el artículo 448 del Código de Procedimiento Civil, la objeción por error grave, declaró la cancelación del embargo y secuestro del inmueble, dio por terminado el proceso y condena en costas a la parte demandante” (fl. 2, cdno. inicial).
El quebrantamiento de los derechos fundamentales señalados lo habría ocasionado el Tribunal Superior de Cali, Sala de Decisión Civil, al “declarar no probadas las excepciones propuestas”, salvo una prescripción parcial, y “ordenar seguir adelante la ejecución”, de la misma manera que “practicar la liquidación del crédito de conformidad con lo previsto en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil” (fl. 70, ib.).
Posteriormente el apoderado de la entidad bancaria allegó “liquidación del crédito del proceso”, arrojando en total “$ 144.757.721,61” (fl. 73, ib.).
Esta Corte mediante Sentencia C-543 de octubre 1º de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 (también, desde otro enfoque, fueron entonces excluidos del ordenamiento jurídico los arts. 11 y 12, ib.), norma que establecía reglas relacionadas con el trámite de acciones de tutela contra determinaciones judiciales que terminen un proceso, cuya inconstitucionalidad derivó de afirmarse la improcedencia del amparo contra tal clase de providencias, salvo si se trata de una ostensible y grave “actuación de hecho”, perpetrada por el propio funcionario judicial.
Al respecto, al estudiar el asunto frente al tema del “principio democrático de la autonomía funcional del juez”, reconocido expresamente en la Constitución Política, esta corporación determinó que el juez de tutela no puede extender su decisión para resolver la cuestión litigiosa, obstaculizar el ejercicio de diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus providencias, o cambiar las formas propias de cada juicio, lo cual sí violaría gravemente los principios constitucionales del debido proceso(2).
En sustento de esa decisión, entre otras consideraciones convergentemente definitorias, además se plasmó lo siguiente (sólo están resaltadas en el texto original las expresiones “alternativo”, “último” y “único”):
Del mismo fallo C-543 de 1992, refréndase que “si la tutela es un mecanismo subsidiario o supletorio, según queda demostrado, es clara su improcedencia cuando ya se han producido no sólo un proceso, en el cual se encuentran comprendidos todos los recursos y medios judiciales que autoriza la ley, sino también una providencia definitiva que puso fin al mismo”(3).
Igualmente, con fundamento en que el constituyente estableció jurisdicciones autónomas y separadas cuyo funcionamiento ha de ser desconcentrado, en ese fallo se indicó que “no encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso administrativa a fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de estas” (no está resaltado en el texto original).
En la jurisprudencia de esta corporación se ha venido desarrollando así, desde 1993 hasta sus más recientes pronunciamientos, la noción de la vía de hecho(4), al igual que, especialmente en los últimos años, la concepción de algunos requisitos generales de procedencia y, sobre todo, causales especiales de procedibilidad. Con todo, es preciso tener en cuenta que la acción de amparo se encuentra reservada para aquellos eventos en los cuales se presente una verdadera conculcación de un derecho fundamental, lo cual suele traducirse en actuaciones arbitrarias, ostensiblemente opuestas al ordenamiento jurídico, al punto de requerirse la intervención del juez de tutela como única vía para su restablecimiento, pues de otra forma ese instrumento consignado en el artículo 86 superior habría de convertirse en un mecanismo especial de enmienda de las decisiones judiciales, interpretación que resulta por completo ajena a la especial naturaleza con la cual ha sido concebida la acción de tutela.
A su vez, es importante considerar que si bien la jurisprudencia constitucional ha paulatinamente admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pese a la claridad y al efecto de cosa juzgada (C.N., art. 243) que es inmanente a las decisiones contenidas en la Sentencia C-543 de 1992 a la que antes se hizo referencia, no sería menos pertinente ni valedero tomar en cuenta también los parámetros de racionalidad dentro de los cuales el legislador extraordinario de 1991 quiso enmarcar la procedencia del amparo.
En este sentido, es oportuno añorar el contenido del inciso final del parágrafo 1º del artículo 40 del Decreto 2591 de dicho año, que por esa decisión fue declarado inexequible: “La tutela no procederá por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas”.
Sobre el tema expuso en esa ocasión esta corporación que “no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia” (no está resaltado en el texto original, ni en las transcripciones siguientes).
Empero, luego de esos categóricos raciocinios, en el citado fallo fueron compilados los “requisitos generales de procedencia” y las “causales generales de procedibilidad”(6), siendo catalogados los primeros de la siguiente manera:
g) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado(14).
Recapitulando esos desarrollos jurisprudenciales, merece también especial atención el criterio de esta Corte en cuanto a la labor específica del juez de tutela, en punto a que no puede desconocer “los conceptos y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de derecho”(15).
4.1. Frente a acciones ejecutivas hipotecarias y en atención al carácter subsidiario de la tutela constitucional, se ha desarrollado jurisprudencia como la producida en torno a lo estatuido en la Ley 546 de 1999, destacando las sentencias C-955 de julio 26 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y SU-813 de octubre 4 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería(16), y la excepcional procedencia de tutela contra providencias judiciales, tal como se explicó en el acápite anterior, debiendo verificarse si se han agotado las acciones regulares correspondientes, o se evidencia la ineficacia de esos otros mecanismos.
4.2. Sobre la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios, en reiteradas ocasiones(17) esta corporación ha señalado el alcance del parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, del cual se desprende la orden de suspensión de los procesos ejecutivos hipotecarios, disposición que luego de producirse la Sentencia C-955 de 2000 ya citada, quedó así:
“Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite”.
Esta Corte ha orientado la aplicación de la norma anotada, al entender que los procesos ejecutivos con título hipotecario por deudas contraídas en UPAC deben terminar, cumpliendo lo subsistente de la Ley antes referida. Al respecto, la sentencia SU-038 de enero 23 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería, señaló:
En ese orden de ideas, reliquidada la obligación hipotecaria, el camino a seguir, es la terminación del proceso, pues de esta forma lo establece la jurisprudencia y la misma Ley 546 de 1999 cuando dispone en el parágrafo 3º de su artículo 42 ‘…En caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite’. En efecto, cumplidos todos los trámites previos, el juez en el proceso ejecutivo está en la obligación de dar por terminado el proceso en cuestión, no como consecuencia de la finalización normal de este tipo de proceso, sino por ministerio de la ley que así lo dispuso(18). Si no lo hace se configura una vía de hecho”.
4.3. El sentido de la protección que esta Corte ha procurado en esos casos, “está dirigido a terminar los procesos, a lograr la reliquidación de las deudas y a que los alivios sobre ella sean eficaces en relación con la obligación que persiste frente a las entidades crediticias”(19), para paliar una crisis social y económica de graves proporciones, causada en parte por el gran número de ejecutivos en curso; los derechos de las demás personas, aparte de los deudores, involucradas en las transacciones producto del crédito hipotecario; y la necesidad de preservar, y no desnaturalizar, la esencia de los procesos ejecutivos hipotecarios.
Así, la vulneración de la jurisprudencia constitucional “puede configurarse no solo porque no se otorguen las garantías a que se ha hecho mención, sino también en el evento que se trasgredan los límites impuestos a éstas, cuyo fundamento son derechos con igual expectativa de protección”(20).
Acerca de la procedibilidad de la acción de tutela contra una persona jurídica que presta servicios bancarios, esta Corte ha manifestado(21):
De los precedentes textos constitucionales aparece que la actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, atendiendo a su propia naturaleza, reviste un interés general y, por tanto, no escapa al postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses particulares (C.N., art. 1º), lo cual se concreta en el carácter de servicio público que se le atribuyó desde 1959”.
Por otra parte, es claro que las entidades financieras, que fijan los requisitos y condiciones de acceso y operación de créditos(22), las tasas de interés, los sistemas de amortización, etc., siendo depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan y gozando sus actos de credibilidad por parte de los clientes, tienen una posición dominante frente a los usuarios, lo cual impone al Estado controlar sus actividades y precaver cualquier abuso (C.N., art. 333, inc. 4º).
Ahí radica una constante, que debería respetarse con la debida asiduidad, en las relaciones entre los usuarios de créditos hipotecarios y las entidades financieras, en procura del cumplimiento de los parámetros fijados en el artículo 51 superior: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo…”.
En ello van implícitos otros deberes, derechos y garantías que el orden jurídico impone, más aún a una empresa que ejerce actividades de interés público (C.N., art. 335), en función social que conlleva obligaciones (art. 233, ib.).
En el mismo sentido, en Sentencia T-1085 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería, esta Corte señaló: “Los jueces de instancia desconocen abiertamente la doctrina de esta Corte en un acto contrario al deber que tiene el juez en el Estado social de derecho, pero fundamentalmente su comportamiento constituye un acto de denegación de justicia al no proteger los derechos y garantías de las personas en situación de desequilibrio frente a un poder preeminente como el que tienen las entidades financieras”, recordando también que son las instituciones financieras las que “fijan los requisitos y condiciones de los créditos, tasas de interés, sistemas de amortización, etc... Son ellas las depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan, y sus actos gozan de la presunción de veracidad por parte de los clientes”(23).
6.1. La Corte Constitucional ha definido el derecho a la vivienda digna como el dirigido a suplir la necesidad humana de disponer de un sitio privado, “sea propio o ajeno, que reviste las características para poder realizar de manera digna el proyecto de vida”(24). Como recién fue referido, se encuentra estatuido en el artículo 51 de la Carta Política, título II, capítulo II (“De los derechos sociales, económicos y culturales”), con los cuales se busca asegurar el cumplimiento de los fines del Estado social de derecho, para promover la prosperidad general.
Para sustentar esa posición, se afirmó que el reconocimiento y realización de los derechos implicaba la asignación de recursos que, desde una escasa fuente presupuestal, debían ser ordenados mediante la definición de políticas públicas, con la intervención de distintas autoridades para fijar los criterios de distribución, así como los requisitos, trámites y procedimientos que debían cumplir los eventuales beneficiarios de las prestaciones, lo cual implicaba que la intervención del juez de tutela solo procedía en aquellos eventos en los cuales, en la distribución de los recursos, se hubiera incurrido en una clara vulneración de derechos expresamente catalogados como fundamentales(25).
La anterior posición ha sido replanteada, al acreditarse que esos derechos sociales, económicos y culturales suelen ir inescindiblemente ligados a otros derechos humanos, lo cual les otorga magnitud fundamental, avance coadyuvado por la aplicación de instrumentos internacionales como la Declaración universal de derechos humanos(26) y el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales(27), destacándose la relación particularmente estrecha con la dignidad humana, lo cual realza su naturaleza fundamental, adoptándose así “una postura más cercana al ideario plasmado por nuestros Constituyentes y adicionalmente, más respetuosa de los compromisos adquiridos por nuestro Estado a nivel internacional”(28).
Para desarrollar tal labor de precisión, debe reiterarse que las características referidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su observación Nº 4 de 1991, se acogen como criterio guía para la concreción y protección del derecho fundamental a la vivienda digna, siendo menester su aplicación, en la mayor medida posible, en los desarrollos que de él se hagan y en el estudio judicial que se realice para su amparo.
Así consta en la Sentencia T-585 de junio 12 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, donde se afianzaron tres hipótesis a partir de las cuales procederá la protección del derecho fundamental a la vivienda digna en sede de tutela:
“… (i) hipótesis referidas a la faceta de abstención o derecho de defensa de la vivienda digna, (ii) pretensiones relativas al respeto de derechos subjetivos previstos en el marco de desarrollos legales o reglamentarios que conlleven a superar la indeterminación inicial en cuanto al contenido normativo propio del derecho a la vivienda digna y (iii) eventos en los cuales las circunstancias de debilidad manifiesta en los que se encuentran los sujetos considerados de especial protección constitucional, a la luz de las normas superiores y de la jurisprudencia de esta corporación, tornan imperiosa la intervención del juez de tutela con miras a la adopción de medidas que permitan poner a estas personas en condiciones de igualdad material haciendo efectiva, en el caso concreto, la vigencia de la cláusula del Estado social de derecho (art. 1º superior)”.
Lo anterior impone la obligación de evitar y/o hacer cesar las interrupciones antijurídicas que quebranten el ejercicio apropiado de tan valioso derecho subjetivo fundamental, que además atenúa y hasta propicia la erradicación de las desigualdades materiales que contrarían la dignidad humana.
7.1. Como quedó expuesto, los hermanos José Américo Mosquera Rivas y Cruz Aydé Mosquera Rivas, solicitan amparo para sus derechos “a la dignidad humana… debido proceso… vivienda digna”, presuntamente vulnerados por el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil, al decidir en segunda instancia el proceso ejecutivo iniciado por el entonces Banco Granahorrar contra los accionantes, donde se revocó la determinación del a quo “sin ningún fundamento jurídico pericial como la reliquidación… dejó el camino abierto a la parte demandante para que realizara la liquidación a su amaño, cuyo resultado arrojó la suma de $ 144’757.721.61 y el inmueble tiene un avaluó catastral de 24’788.000…”.
Lo anterior debido a que con ocasión del crédito hipotecario adquirido en enero 3 de 1996, “con el pagaré Nº 13735-4 por el valor de 1935.6971 UPAC, equivalente a $ 15’400, a 180 cuotas”, los actores incurrieron en mora desde enero de 2000 y “en ejercicio de la cláusula aceleratoria pactada se hizo exigible la totalidad de la obligación, por un valor de 253.242.8172 UVR, liquidadas en moneda legal colombiana en la fecha en que se efectúe el pago de la deuda, que al 13 de febrero de 2003 (presentación de la demanda), equivalían a la suma de $ 33.026.586.0300 moneda legal (sic), cobrando intereses de mora a partir de la presentación de la demanda hasta el pago total de la deuda a la tasa del 19.65%”(29).
El a quo en el proceso ejecutivo, Sexto Civil del Circuito de Cali, había fallado en forma favorable a los demandados, al declarar “PROBADA PARCIALMENTE la excepción de PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN” (numeral 1º de la parte resolutiva de la sentencia de julio 17 de 2009, fl. 25, cdno. inicial) y “PROBADAS la excepción INNOMINADA de FALTA DE CLARIDAD DEL TITULO VALOR, COMO BASE DE RECAUDO EJECUTIVO, configuración del COBRO DE LO NO DEBIDO Y EL COBRO INCONSTITUCIONAL” (num. 2º ib., en mayúscula en ambos textos originales), por lo cual decidió “ABSTENERSE DE PROSEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN propuesta por el BANCO GRANAHORRAR S.A., en contra de los señores JOSÉ AMÉRICO MOSQUERA y CRUZ AYDÉ MOSQUERA…” (num. 3º ib., está en mayúscula sostenida y resaltado en el texto original, fl. 25, ib.).
Decretó además la cancelación del embargo y secuestro sobre el inmueble, habiendo sustentado en la parte motiva que “se presenta un aprovechamiento de la situación del deudor por el abuso de la posición dominante, en tanto y cuanto se está efectuando un cobro que no se acompasa con lo realmente adeudado por la demandada”. De la misma manera, argumentó el a quo (no está resaltado en el texto original, fls. 17 a 19 ib., como tampoco en las citas subsiguientes):
“… si partimos que la acción instaurada con base en el pagaré Nº 13735-4, se adelantó para recaudar 253.242.8172 UVR que a febrero 13 de 2003, equivalían a $ 33.026.586.0300 (sic) y que según se dijo en el cuerpo de la demanda, era el saldo insoluto de la obligación, exigible en su integridad por la mora en el pago de las cuotas convenidas, a partir del 3 de enero de 2000, observamos que si aquel se pactó para cancelarse en 180 cuotas mensuales a partir del 3 de febrero de 1996, es obvio que la parte actora hizo uso del ejercicio de la cláusula aceleratoria, merced a la cual se hicieron exigibles la totalidad de las cuotas pendientes de pago.
Basta reparar en que si el saldo de la obligación a cargo de los demandados, una vez verificada por la entidad… ascendía a la cantidad de 255.930.8915 UVR, cómo se puede entender que en la certificación de la reliquidación… se diga, que luego de aplicada aquella operación, el saldo a 1º de enero de 2000 era la cantidad de 261.859.8335 UVR, y lo que es peor, que a los dos días de dicha operación, la entidad indique, en el movimiento de cartera en línea, que el saldo a 3 de enero de 2000, era la cantidad de 287.371.50 UVR, a partir del cual se empiezan a ‘descontar’ los abonos realizados por los ejecutados.
Considera la instancia, que la única manera de tratar de entender aquellas operaciones, es que la entidad acreedora capitalizó intereses como claramente se aprecia en la reliquidación… en donde los saldos en UVR, en muchos de los periodos son crecientes, en lugar de decrecer, como se dispuso por la Circular 7 de 2000”.
Posteriormente explicó que “del examen de los documentos aportados con la demanda y en especial de la reliquidación allegada… se evidencia que la entidad crediticia reliquidó el crédito del que surgió un alivio por el valor de $ 3.642.796, equivalentes a 35.250.7257 UVR, aplicado a primero de enero de 2000…, con el que se cubrieron intereses corrientes y se amortizó parte a capital, quedando según se dice en la certificación de la reliquidación un saldo de la obligación de $ 27.060.490.45… equivalentes a 261.859.8335 UVR…”, además “por efectos de la reliquidación se condonaron todos los intereses de mora hasta el 31 de diciembre de 1999”.
Sin embargo, observó el a quo que “entre el saldo reseñado no existe correspondencia con el que indica en el documento de folio 29 cuaderno 4, puesto que el saldo de la obligación cuando se verifica el alivio lo fue por 261.859.8335 UVR, por cierto distinto al saldo de la propia reliquidación… 255.930.8915 UVR, de donde no se entiende la razón por qué tan solo a 2 días de la operación de la aplicación del alivio, 1 de enero de 2000… se diga que el valor de la obligación era 287.371.50 UVR, equivalentes a la suma de $ 29.706.022.91. Obsérvese que a partir de una misma certificación de la entidad financiera y tan solo con dos días de diferencia se arriba a dos saldos distintos, que son nada más ni nada menos los que van a servir de punto de partida para entrar a hacer el cobro de la obligación…”.
Así, “de aquella reliquidación integradora del título base de recaudo, no se puede inferir a las claras el saldo real de la obligación a ejecutar, en tanto que aquella operación como se ha venido puntualizando no es simple y ligera como parece entenderlo el sector financiero, sino una que se inspire en los caros principios constitucionales de equidad, de observancia de un orden justo enderezados a materializar el derecho a la vivienda digna y los objetivos de la Ley 546 de 1999… de suerte que no se limite a una conversión de UPAC a UVR…” (fl. 21, ib.).
Cabe puntualizar, que aunque la reliquidación efectuada por las entidades financieras por disposición de la Ley 546 de 1999 y conforme a la Circular 7 de febrero de 2000, no se erige como aduce la parte actora en un análisis financiero, que refleje de manera fidedigna el movimiento de las tasas de interés, porque su finalidad no era otra que la de redenominar las obligaciones de UPAC a UVR, aplicar el alivio y condonar las cuotas en mora, porque para cumplir tal cometido, como bien lo advierte la señora perito, es menester realizar un estudio de tasas, acorde con los valores causados y cobrados por la entidad por concepto de intereses, los que confrontados con el saldo de capital y el período causado arrojan las tasas aplicadas y cobradas, sujetándose claro está a la unidad de cuenta pactada”.
7.2. Como se ha indicado, en noviembre 8 de 2011, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Civil, revocó la citada sentencia, al colegir entre otros aspectos que “el interés tomado al realizar la reliquidación del crédito fue pactado en el pagaré (plazo al 16% y luego al 12% anual), claramente se observa que no resulta excesivo” (fl. 65, ib.). En consecuencia, dispuso “previo secuestro y avalúo, la venta en pública subasta del inmueble hipotecado para que con su producto se pague el crédito y las costas… practíquese la liquidación del crédito de conformidad con lo previsto en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil…”.
Ante ello, el apoderado de la parte demandante presentó “la liquidación del crédito del proceso así” (fl. 73, ib.):
Detalle Fecha Valor
actual Capital UVR Capital pesos
Capital insoluto actualiz. 11/01/2012 198.53 253.242,8172 50.276.295,10
actual Capital UVR En pesos
Intereses de plazo 03/01/2000
20/05/2003 198.53 48.885,27 9.684.172,71
Mora sobre el capital insoluto actualizado 21/05/2003
11/01/2012 198.53 427.125,64 84.797.254,10
Total 729.147,84 144.757.721,61
Sobre el particular, recuérdese que esta corporación en Sentencia T-672 de agosto 31 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, se refirió a “la indebida aplicación del derecho sin contar con las pruebas que permitan demostrar los hechos determinantes del supuesto legal”, lo cual tiene connotaciones que han sido expuestas así(30):
“Si bien el juzgador goza de un amplio margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, ‘inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (CPC, art. 187 y CPL, art. 61)’(31), dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria. La evaluación del acervo probatorio por el juez implica, necesariamente, ‘la adopción de criterios objetivos(32), no simplemente supuestos por el juez, racionales(33), es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos(34), esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas’(35).
La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa(36) u omite su valoración(37) y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente(38). Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (C.P., art. 29) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.
En concordancia con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, sólo es factible fundar una acción de tutela frente a una vía de hecho por defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”(39).
“Cuarto. Ordenar que, si en el término de tres (3) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, el Banco AV Villas y Marina Rico de Pinto no han acordado una solución distinta, para hacer efectiva la protección dispuesta en la Sentencia T-199 de 2006 y ante la posibilidad de retrotraer las cosas al instante en el que debía haberse dado por terminado el proceso ejecutivo, AV Villas ponga a disposición de Marina Rico de Pinto un inmueble de su propiedad equivalente a aquel que fue objeto del ejecutivo hipotecario, de acuerdo con las siguientes condiciones:
4. El saldo así establecido será reestructurado por común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, la reestructuración se establecerá con base en las condiciones del crédito reliquidado conforme a la capacidad de pago de la deudora, fijando un nuevo plazo de quince (15) años a partir de la fecha del acuerdo de restructuración, sin cargo por concepto de intereses y corrección monetaria entre el 2 de noviembre de 2004 (fecha de adjudicación del inmueble) y la fecha de notificación de la presente sentencia”.
7.6. En consecuencia, el fallo proferido en abril 11 de 2012 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó la tutela solicitada por los señores José Américo Mosquera Rivas y Cruz Aydé Mosquera Rivas, contra una Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, deberá ser revocado, para en su lugar tutelar los derechos al debido proceso y a la vivienda digna de los hermanos demandantes.
En consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia adoptada en noviembre 8 de 2011 por la Sala de Decisión Civil accionada y, en su lugar, se dispondrá no proseguir la ejecución(40) propuesta por el otrora Banco Granahorrar S.A., hoy BBVA, contra José Américo Mosquera Rivas y Cruz Aydé Mosquera Rivas, quedando sin vigor el embargo y secuestro que se hubiere restablecido sobre el inmueble ubicado en la carrera 39 E Nº 55 A-14 de Cali, cuya propiedad corresponde a dichos demandados.
1. REVOCAR la sentencia proferida el 11 de abril de 2012 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó la tutela pedida por José Américo Mosquera Rivas y Cruz Aydé Mosquera Rivas contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Civil.
2. En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna y dejar sin efecto la sentencia proferida en noviembre 8 de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Civil, ordenando no proseguir la ejecución incoada por el otrora Banco Granahorrar S.A., hoy BBVA, contra José Américo Mosquera Rivas y Cruz Aydé Mosquera Rivas, quedando sin vigor el embargo y secuestro que se hubiere restablecido sobre el inmueble ubicado en la carrera 39 E Nº 55 A-14 de Cali, cuya propiedad corresponde a dichos demandados.
3. COMPULSAR COPIA del expediente de esta acción de tutela, incluyendo la presente sentencia y remitirla al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali, que realizará lo que a continuación corresponda en el cabal cumplimiento de este fallo, que implica realizar lo que procedía si la sentencia dictada por dicho juzgado en julio 17 de 2009 no hubiere sido revocada.
(1) Cfr. lo anotado por la Sala Civil del Tribunal de Cali en el fallo de noviembre 8 de 2011, fl. 65, cdno. inicial.
(2) Cfr. sentencias T-133 de febrero 14 de 2010 y T-383 de mayo 16 de 2011, ambas con ponencia de quien ahora cumple igual función.
(3) No está resaltado en el texto original.
(4) Esta Corte ha abordado el tema de la tutela contra providencias judiciales en gran número de sentencias, pudiendo destacarse, entre muchas otras, T-079 y T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-492 y T-518 de 1995, T-008 de 1998, T-260 de 1999, T-1072 de 2000, T-1009 y SU-1184 de 2001, SU-132 y SU-159 de 2002; T-481, C-590 y SU-881 de 2005; T-088, T-196, T-332, T-539, T-590, T-591, T-643, T-780 y T-840 de 2006; T-001, T-147, T-247, T-364, T-502A, SU-540, T-680, T-794, T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-210, T-240, T-350, T-402, T-417, T-436, T-831, T-871, T-891, T-925, T-945, T-1029 y T-1263 de 2008; T-093, T-095, T-199 y T-249 de 2009; T-024, T-105/10, T-337, T-386 de 2010, T-892 de 2011, T-105, T-256 y T-390 de 2012.
(5) Cfr. sobre este tema, entre otras, T-008 de enero 22 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-357 de abril 8 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería y T-952 de noviembre 16 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(6) Las clasificaciones consignadas en las consideraciones del fallo C-590 de 2005, relacionadas con los “requisitos generales de procedencia” y las “causales generales de procedibilidad”, han sido reiteradas entre muchas otras en las sentencias SU-813 de octubre 4 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería, T-555 de agosto 19 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-549 de agosto 28 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-268 de abril 19 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(7) “Sentencia T-173 de 1993”.
(11) “Sentencia T-658 de 1998”.
(12) “Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001”.
(13) "Sentencia T-522 de 2001".
(15) T-518 de noviembre 15 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, citada a su vez en la T-1036 de noviembre 28 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(16) Con algunos salvamentos y aclaraciones de voto.
(17) Cfr. T-1240 de diciembre 11 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-577 de mayo 29 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-448 de junio 15 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; entre otras.
(18) “Sentencia T-357 de 2005”.
(19) T-448 de junio 15 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(21) T-443 de julio 6 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(22) Recuérdese que el artículo 335 superior obliga a promover “la democratización del crédito”.
(23) “Cfr. también T-323 de abril 24 de 2003, T-281 de marzo 25 de 2004 y T-018 de enero 20 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-608 de junio 17 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-863 de agosto 18 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis”.
(24) Cfr. T-079 de enero 31 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-585 de junio 12 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-331 de mayo 4 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre muchas otras.
(25) Cfr. T-499 de noviembre 8 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
(28) T-585 de 2008, ya citada.
(29) Folio 13, cdno. inicial.
(30) T-039 de enero 27 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(31) “T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell”.
(32) “SU-1300 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el juez regional en la sentencia anticipada. El juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.
(33) “T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell”.
(34) “T-538 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal”.
(35) “SU-157-2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa”.
(36) “T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Se dijo en esa oportunidad: Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y valores constitucionales”.
(37) “T-239 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
(38) “T-576 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía. En aquella oportunidad se concedió la tutela, pues todos estos antecedentes, y, en especial, el hecho de que el inspector tomó la decisión en contra de la parte lanzada sin sustento probatorio, conducirán a la Sala a la conclusión de ver aquí una vía de hecho, y a la decisión de tutelar el derecho al debido proceso de Norma Sánchez, aclarando que si bien, en principio, la Corte no puede sustituir al funcionario de policía en la apreciación de las pruebas, cuando hay una trasgresión ostensible y grave de los más elementales principios jurídicos probatorios, la corporación no puede permanecer impasible frente a la violación del derecho al debido proceso, derecho constitucional fundamental según el artículo 29 de la Carta”.
(39) “T-442 de 1994”.
(40) Radicación 2003-0226 (primera instancia, fl. 13); 76001-31-03-006-2003-00226-03 (447).