Source: https://derechoporlavida.com/2016/09/05/la-realizacion-de-pericias-por-los-institutos-de-medicina-legal-iml-en-accidentes-de-circulacion-reforma-de-la-lec-por-ley-422015-introduccion-de-las-leyes-352015-del-sistema-de-valoracion-de-lo/
Timestamp: 2019-02-18 02:25:08
Document Index: 328967650

Matched Legal Cases: ['artículo 621', 'artículo 152', 'artículo 7', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 403', 'artículo 7']

La realización de pericias por los Institutos de Medicina Legal (IML) en accidentes de circulación. Reforma de la LEC por Ley 42/2015, introducción de las Leyes 35/2015 del sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a personas en accidente de circulación y RD 1148/2015 de reclamación extrajudicial por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor – Derecho por la vida
Así pues sólo ha sido trasladado el apartado 1º del artículo 621, de lesiones por imprudencia grave, al actual artículo 152 CP, como delito menos grave en el apartado 1º en los casos de lesiones por imprudencia grave y como delito leve en el apartado 2º para el caso de lesiones por imprudencia menos grave.
¿Y qué significa esto para el asunto del que vamos a tratar?
La despenalización del art. 621.1 y 2 CP, supone a priori que cualquier persona que sufriera un accidente de circulación, por imprudencia leve, ya no podrá denunciar y en su caso personarse en una causa penal para verse resarcido de las lesiones, daños y perjuicios que el accidente le hubiera producido. ¿Y en esto qué beneficio tenía la víctima o perjudicado por el delito? Fundamentalmente que no tenía que acudir, preceptivamente, a un médico especialista en valoración del daño corporal para la peritación de las lesiones y secuelas a reclamar en el procedimiento penal y en su caso podría acudir al médico forense para dicha valoración, con el consiguiente ahorro económico.
De esta forma debemos conocer ex art. 344 LECr que “Con el nombre de Médico Forense habrá en cada Juzgado de instrucción un facultativo encargado de auxiliar a la administración de justicia en todos los casos y actuaciones en que sea necesaria o conveniente la intervención y servicios de su profesión en cualquier punto de la demarcación judicial”.
No obstante el art. 350 LECr dispone que “… el Médico Forense (será el)1 encargado de la asistencia facultativa del paciente, a no ser que éste o su familia prefieran la de uno o más Profesores de su elección”, con lo que el dictamen médico podrá ser contradictorio ex art. 351 LECr resolviendo el Juez instructor, el cual designará mayor número de Profesores para que manifiesten su parecer, teniendo en cuenta el mismo en la sentencia que en su día dicte.
De este modo vemos como en las Diligencias Urgentes del Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, entre los que se encuentran los delitos contra la seguridad del tráfico –art. 795.1.2ª.e) LECr-, el juzgado de guardia, si fuere necesario para la calificación jurídica de los hechos imputados, ordenará, cuando resulte pertinente y proporcionado, que el médico forense, si no lo hubiese hecho con anterioridad, examine a las personas que hayan comparecido a presencial judicial y emita el correspondiente informe pericial.
Entonces ¿ya no podremos utilizar el médico forense para la valoración del daño corporal ante accidentes de circulación?
Como veremos más adelante, la Ley 35/2015 modifica el artículo 7 del RD-Legislativo 8/2004 que a su vez aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, y éste precepto sí permite la utilización del médico forense aunque con la diferencia con respecto al sistema anterior –cuándo como hemos visto la reparación del daño se tramitaba en la causa penal- que se utilizará en un trámite extrajudicial previo pago de una tasa por parte de las compañías aseguradoras ex art. 14 y 15 del RD 1148/2015.
¿Cuál será la normativa en virtud de la cuál tengamos que tramitar un accidente de tráfico y en consecuencia queramos que el médico forense nos valore de forma gratuita?
El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 18 de diciembre de 2015 el Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias por parte de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLyCF) a petición de particulares en los casos de reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.
Este Real Decreto publicado en el BOE al día siguiente entró en vigor el pasado día 1 de enero de 2016 y se aplicará a los accidentes de circulación que tengan lugar a partir de esa fecha.
Supone la incorporación de un nuevo mecanismo al servicio del ciudadano para lograr una solución rápida, segura y efectiva en aquellos accidentes en los que se produzca un daño corporal indemnizable.
La norma desarrolla las previsiones legales introducidas en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de Reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de Circulación.
Esta Ley ofrece una vía alternativa a la judicial civil para que los perjudicados y las compañías de seguros puedan llegar a un acuerdo sobre la indemnización en el caso de accidentes de circulación, agilizando el procedimiento y permitiendo al perjudicado cobrar antes y ahorrarse los costes que pudiera tener la interposición de la demanda.
Es obligado aclarar en este punto también la modificación del apartado 8º del art. 517.2 LEC por Ley 35/2015, de 22 de septiembre, en concordancia con el también modificado art. 13 del RD Legislativo 8/2004, de 29 de octubre en el que se preceptúa el conocido como auto de cuantía máxima. Dicho art. 517.2.8º LEC dice que “El auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en los supuestos previstos por la ley en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículo a motor”. Pero cuál ha sido la modificado afecta a este apartado del art. 517.2 LEC. En primer lugar que dicho Auto ya no será dictado en casos de rebeldía del acusado y tampoco en los casos de sobreseimiento o archivo del procedimiento penal, sólo cuando exista una sentencia absolutoria. En dichos términos se pronuncia el anteriormente citado art. 13 RD Legislativo 8/2004: “Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, recayera sentencia absolutoria, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente, el juez o tribunal que hubiera conocido de la causa dictará auto, a instancia de parte, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del Anexo de esta Ley (….). El auto referido se dictará a la vista de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del Consorcio de compensación de Seguros, y contendrá la descripción del hecho, la indicación de las personas y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de éstos. En todo caso, antes de dictarse el auto, si en las actuaciones no consta oferta motivada o respuesta motivada según las prescripciones de esta ley, el juez convocará a los perjudicados y posibles responsables y sus aseguradores, incluido, en su caso, el Consorcio de Compensación de Seguros, a una comparecencia en el plazo de 5 días de que pueda aportarse la oferta o la respuesta motivada, o hacerse las alegaciones que consideren convenientes. Si en la comparecencia se produjera acuerdo entre las partes, el mismo será homologado por el juez con los efectos de una transacción judicial. De no alcanzarse el acuerdo, se dictará auto de cuantía máxima en el plazo de 3 días desde la terminación de la comparecencia y contra el mismo no podrá interponerse recurso alguno”.
Los objetivos que persigue el RD 1148/2015 se centran en garantizar a los particulares un servicio pericial independiente y de calidad, que facilite la resolución extrajudicial, y, además:
¿Quién puede solicitar la emisión de un informe pericial de valoración del daño corporal sufrido con ocasión de un accidente de circulación?
Los perjudicados, entre los que se incluyen la víctima del accidente y, en caso de fallecimiento, el cónyuge viudo, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados, así como las entidades aseguradoras, que deberán realizar una oferta motivada al perjudicado.
Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante IMLyCF) son órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia o a las comunidades autónomas que hayan recibido los traspasos de funciones y servicios en relación con los medios materiales de la Administración de Justicia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, después de su reforma por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, permite ahora que los médicos forenses que prestan sus servicios en los IMLyCF puedan realizar además de esta imprescindible labor, la de emitir informes y dictámenes a solicitud de los particulares en los casos que se determinen reglamentariamente.
Con ello se pretende que estos profesionales puedan intervenir, también, en la resolución extrajudicial de conflictos, mediante fórmulas que propiciarán soluciones rápidas, seguras y efectivas, especialmente cuando una de las partes hubiese sido víctima de un suceso dañoso del que surgiese su derecho a ser indemnizada.
Esta posibilidad se recoge, así mismo en la Ley 35/2015 de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, donde se da regulación a una nueva vía extrajudicial de resolución de conflictos entre los perjudicados y las entidades aseguradoras contemplada en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004.
Por su importancia para el análisis de este post recordemos tal precepto:
Artículo 7.- Obligaciones del asegurador y del perjudicado
El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los gastos y otros perjuicios a los que tenga derecho según establece la normativa aplicable. Únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al artículo 1 de la presente Ley.
No obstante, con carácter previo –es decir, es preceptivo- a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda. Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño.
Reglamentariamente podrá precisarse el contenido de la oferta motivada y de la respuesta motivada, así como las cuestiones relativas al procedimiento de solicitud, emisión, plazo y remisión de entrega del informe emitido por el Instituto de Medicina Legal correspondiente. Igualmente, dicha normativa garantizará la especialización de los Médicos Forenses en la valoración del daño corporal a través de las actividades formativas pertinentes.
En todo caso, el asegurador deberá afianzar las responsabilidades civiles y abonar las pensiones que por la autoridad judicial fueren exigidas a los presuntos responsables asegurados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 764 y 765 LECr.
No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 LEC, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador”
Esta reforma prevé la posibilidad de que las partes, perjudicados y aseguradoras, puedan beneficiarse de la calidad, experiencia e imparcialidad pericial que aportan los médicos forenses, como especialistas reconocidos en nuestro sistema judicial, considerando su posible participación a través de los IMLyCCFF cuando, bien de mutuo acuerdo, bien por solicitud del perjudicado, se considere oportuna su intervención. Con ello, se busca ofrecer un cauce más de resolución sobre la base de una valoración del daño personal y una reducción importante de los costes y tiempos de tramitación, que ayuden a minorar los sufrimientos padecidos por las víctimas de los accidentes de circulación.
El nuevo artículo 7 del RD Legislativo 8/2004 establece que reglamentariamente puedan precisarse las cuestiones relativas al procedimiento de solicitud, emisión, plazo y entrega del informe emitido por el IMLyCCFF correspondiente, además de que por esta vía se garantice la especialización de los médicos forenses en la valoración del daño corporal a través de las actividades formativas pertinentes.
El RD 1148/2015 aborda dicho procedimiento. De este modo, se sientan las bases de actuación que garanticen no sólo la calidad de la pericia, sino también un procedimiento que determine el Instituto competente para la emisión del dictamen cuando le sea solicitado, así como aquellas reglas que deban seguirse para asegurar la máxima objetividad y calidad en los resultados de la peritación. Además, para mayor garantía de calidad y de igualdad de trato en cualquier parte del territorio del Estado, es necesario establecer una normativa común que regule la petición pericial y el procedimiento para la realización de las pruebas e informes de manera que se apliquen unas normas mínimas a todos los IMLyCCFF, con independencia de su comunidad autónoma.