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Timestamp: 2020-06-01 06:55:12
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La Legitimidad para Obrar Activa en Procesos de Interés difuso
Nulidad de de cosa juzgada fraudulenta.
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540 Procedimiento Procesal Civil
76001-23-31-000-2002-01586-01(2070-07) concepto de violacion
Guías de Procedimental I
Texto Unico Ordenado Del Codigo Procesal Civil 29 03 2015
medios de impugnación fiscal
Conciliacion Derecho
EVOLUCIÓN HISTORICA DEL PROCESO.docx
ResolucionN003803 2014 JNE Pr
A.I. Britos c Ministerio Del Interior - Nulidad Del Proceso, Incompetencia
11 Lavie Pico
El Sistema Escrito vs El Oral
El Recurso de Casacion Dr. Jorge Carrion Lugo
para obrar
activa en
4-5 ALFREDO CUIPA PINEDO
2-3 / Nulidad de cosa juzgada fraudulenta JUDYTH K. GUTIÉRREZ DE LA CRUZ
6-7 / De la notificación electrónica a la notificación en línea PERCY SALAS FERRO
8 / Subsidiariedad en las actividades de upstream de hidrocarburos ARTURO FERNÁNDEZ CANO
Judyth Karyna GUTIÉRREZ DE LA CRUZ
L a nulidad de Cosa Juzgada Frau-
dulenta gira en torno al artículo
178 del Código Procesal Civil
(CPC), proceso cuya eﬁcacia es discutida por la doctrina, y que ha motivado que la regulación haya sufrido diversas modiﬁ- caciones y, actualmente, existan diversos proyectos de ley que aproximarían más esta ﬁgura procesal a la realidad peruana. Los proyectos de ley mencionados son los siguientes: Nº 251/2006-CR; N° 252/2006- CR; N° 253/2006-CR y N° 1720/2007-CR. Por otro lado, además, se han reali- zado plenos jurisdiccionales (en 1997, en Lima; en 1998, en Ica, y en 1999, en Cusco). Con ellos se ha buscado suplir las deﬁciencias o vacíos que tiene el artículo mencionado de nuestro corpus iuris pro- cesal civil. Con igual intención, también se han escrito innumerables artículos, comentarios y críticas referidos al tema. Por citar algunos: i) la tesis La Inconsti- tucionalidad del Proceso de Nulidad de la Cosa Juzgada Fraudulenta (1) del jurista y profesor de derecho Pedro Pablo Zumaeta Muñoz, quien concluye que el artículo 178 del CPC no es inconstitucional; y/o La Nu- lidad de Cosa Juzgada Fraudulenta en el Ordenamiento Procesal Civil Peruano, (2) del magíster y juez superior titular, Omar Toledo Toribio, donde opina que la nulidad de cosa juzgada fraudulenta debe ser re- glamentada mediante una norma especial que no se encuentre circunscrita en el ám- bito del CPC, ya que esta institución tiene aplicación para otro tipo de procesos. Para el tratadista Juan José Linares
San Román, esta institución procesal ci- vil, que está regulada en el artículo 178 del CPC, actualmente es ineﬁcaz, ya que no produce el efecto deseado, esto es, invalidar una sentencia obtenida en un proceso mediante artiﬁcios fraudulentos, afectándose naturalmente el derecho a un debido proceso, pues, la gran mayoría de demandas de este tipo son ﬁnalmente declaradas infundadas o improcedentes, situación que resulta aún más llamativa,
si se tiene en cuenta que nos encontra-
mos ante una ﬁgura considerada por la doctrina como excepcional (3). Al desestimarse un gran porcenta-
je de estas demandas, podría pensarse
que, en dichos casos, se han seguido los lineamientos de un debido proceso, sin ser alterados por ningún factor externo
o interno. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que los ciudadanos acuden al Poder Judicial (PJ) considerando que la
actividad humana es susceptible de error
o de dolo. La ineﬁcacia de la nulidad de cosa
juzgada fraudulenta o, más concretamen- te, la ineﬁcacia de la norma jurídica que la contiene (artículo 178 del CPC) se puede percibir desde dos posiciones. Veamos. 1. La primera, desde el punto de vista
de un sector de abogados y de sus respec- tivos clientes, quienes sostienen que este remedio es ineﬁcaz debido a un mal en- tendido “espíritu de cuerpo” de los jueces del PJ, quienes se protegen mutuamente desestimando las demandas respectivas. Quienes sostienen esta posición aﬁrman que al declararse fundada una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta se producen consecuencias negativas para el juez o los jueces que conocieron el pro- ceso, pues, podría darse el caso de que hayan estado coludidos con la parte ven- cedora, que no mantuvieron un control apropiado sobre el proceso o que resol- vieron la causa con un criterio deﬁciente, habida cuenta de que cualquiera de estas situaciones genera la asunción de diferen- tes tipos de responsabilidad y, por ende, repercute en su carrera profesional. De esta manera, las demandas res- pectivas serían ﬁnalmente desestimadas no por carecer de fundamentos jurídicos
o por el incumplimiento de requisitos for-
males, sino por la protección mutua que se brindan los jueces. De acuerdo con esta posición, resulta casi utópico ser vencedor en un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en tanto la situación antes descrita se continúe manteniendo. 2. La segunda óptica es precisamente la de los jueces. Éstos reﬁeren que la ma- yoría de las demandas de nulidad de cosa juzgada fraudulenta resultan infundadas o improcedentes debido a que son emplea-
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das por litigantes y abogados que son ma-
de la causa, que se meritúen nuevamente
los perdedores, esto es, que no se resignan a aceptar un resultado desfavorable en un proceso judicial, por lo que mediante este tipo de demandas intentan revertir dicho resultado adverso, pese a que el proceso primigenio se ha tramitado en forma re- gular, es decir, que ha sido seguido con las garantías del debido proceso.
las pruebas, y/o que se interprete una nor- ma en determinado sentido. Al respecto, suele aﬁrmarse que esta conducta de los litigantes parte de la re- dacción primigenia del artículo 178 del CPC, cuya parte respectiva decía: “ ale- gando que el proceso en que se origina ha sido seguido con dolo, fraude, colusión
Pues bien, por esta razón, es común
afectando el derecho a un debido pro-
que los demandantes aﬁrmen que se ha
estableciendo así cuatro causales
conﬁgurado alguna de las causales de
para la revisión. Sin embargo, a raíz de la
la nulidad de cosa juzgada fraudulenta,
dación de la Ley N° 27101, se modiﬁcó
como, por ejemplo, que el proceso ha sido
este artículo, cuya parte pertinente, vigen-
seguido con fraude, lo cual ha afectado el
en la actualidad, dice: “
derecho a un debido proceso, cuando en
proceso que se origina ha sido seguido
realidad solicitan que se revise el fondo
con fraude, o colusión, afectando el de-
recho a un debido proceso
aprecia, las causales han sido reducidas a dos, y ambas tienen en común que deben afectar el derecho a un debido proceso, resultando esta última situación una con- secuencia originada por cualquiera de las dos causales mencionadas. Esta modiﬁca- ción resulta positiva, pues, ha permitido esclarecer las referidas causales.
Consideramos, además, que a partir de una interpretación sistemática del CPC se tiene que:
1. La revisión sólo procede contra
sentencias ﬁrmes que resuelvan sobre el fondo del asunto (artículo 178 CPC), em-
pero, precisamente las sentencias son ﬁr- mes cuando contra ellas no cabe recurso alguno (artículo 123.1 CPC).
2. Siguiendo a Montero Aroca, el
proceso de nulidad de cosa juzgada frau-
dulenta no constituye un recurso, pues, mediante la revisión pueden impugnarse
todas las sentencias ﬁrmes, sea cual fuere el órgano jurisdiccional que las dicta.
3. La pretensión que se ejercita en
la revisión no es la que se ejercitó en el proceso anterior, diferenciándose tanto en la fundamentación como en la petición (los elementos objetivos que identiﬁcan el objeto del proceso). Así, en tanto los re- cursos continúan el proceso en una fase distinta, la revisión tiene como fundamen- tos los hechos caliﬁcados de motivos de revisión y como objeto la petición de que se rescinda la sentencia ﬁrme.”(4)
1. Concordamos con Toledo Toribio
en que debería tenerse en cuenta que el supuesto previsto en el artículo 178 del CPC puede darse en procesos distintos del proceso civil, para una eventual modiﬁca- ción normativa. 2. No siendo claras las razones por las cuales es tan alta la tasa de demandas de nulidad de cosa juzgada fraudulenta que se declaran infundadas o improcedentes,
no se puede presumir que ello se deba a una política de espíritu de cuerpo por par- te de los jueces del PJ.
3. De una interpretación sistemática
del CPC se puede apreciar que a través de los procesos de nulidad de cosa juzgada fraudulenta nunca se revisa el fondo del proceso materia de revisión. ◆
[1] ZUMAETA MUÑOZ, Pedro Pablo.
La inconstitucionalidad del proceso de nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Tesis para optar al grado de doctor en derecho. UIGV,
[2] TOLEDO TORIBIO, Omar. La
nulidad de cosa juzgada fraudulenta en el ordenamiento procesal civil peruano. Tesis para optar al grado de magíster en derecho. UNMSM,
[3] LINARES SAN ROMÁN, Juan José. Nulidad de cosa juzgada fraudulenta: Ineficacia en su aplicación. Ver: http://www.jusdem.
org.pe/articulosinteres/NCJF%20
INEFICACIA.pdf. [4] MONTERO AROCA, Juan. Derecho Jurisdiccional. Valencia 2000. Editorial Tirant Lo Blanch. Tomo II. pp. 478-479.
La legitimidad para obrar acti
CUIPA PINEDO
E s novedoso encontrar deﬁnicio-
nes en los códigos procesales,
pero se trata, qué duda cabe, de
una de las características de nuestro Códi-
go Procesal Civil (CPC), conocido también como código adjetivo civil. En tal sentido, se ha establecido que interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, res- pecto de bienes de inestimable valor pa- trimonial, tales como el medio ambiente
o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor, para pasar luego a una enu- meración de legitimados que pareciera ser cerrada.
que entre los supuestos
de bienes de inestimable valor patrimo-
nial, entre los que sólo se coloca a guisa de ejemplo los temas ambientales, es po- sible trabajar a futuro los supuestos que vayan apareciendo como consecuencia del desarrollo tecnológico. En todo caso, consideramos que la norma procesal debe evitar este tipo de deﬁniciones doctrina- rias, precisamente en atención a la natu- raleza de la norma procesal. Esto porque
lo más razonable, siguiendo la regulación
típica en materia de “Derecho de la com- petencia,” sería trabajar con una cláusula
general, que es la primera parte del pá- rrafo inicial de la norma, y dejar que sea
la jurisprudencia la que dé contenido a la
Es uno de los problemas procesales más relevantes respecto de la aplicación del artículo 82° del CPC. Veamos, enton- ces, legitimidad para obrar e interés di- fuso. Presentados los casos típicos –la de-
fensa del medio ambiente, del interés su- perior del niño, la defensa del consumidor
o los procesos de cumplimiento–, también
se han ensayado respuestas típicas. El de- sarrollo no nos ha llevado a una “acción
popular”, entendida como el supuesto
en que cualquiera puede interponer una demanda. María del Pilar Hernández sos- tiene que las reglas de la legitimación y de la cosa juzgada en las acciones co- lectivas representan las dos caras de la misma moneda, y “aunque la cuestión de la legitimación colectiva precede tempo- ralmente al problema de la cosa juzgada en el curso del litigio, para el legislador esto es lógicamente posterior, porque sólo después de que el legislador decida que la sentencia de grupo es obligatoria para todos los miembros ausentes, él tiene que decidir quién es capaz de representar ade- cuadamente sus intereses.”(1)
¿CÓMO IDENTIFICAR A ESTE REPRESENTANTE?
Puede establecerse que sea un indivi- duo, que forme parte o no del grupo, una asociación privada, esté o no previamente autorizada por el gobierno, por el juez o sus miembros, o en el gobierno, a través de órganos o funcionarios públicos, el De- fensor del Pueblo o el Ministerio Público. Obviamente, no nos encontramos ante supuestos excluyentes. Una mejor defen- sa de estos derechos difusos debe partir de una mixtura de estas legitimaciones. La primera discusión es de orden teó- rico, y ha sido sostenida por los profesores Giovanni Priori Posada (2) y Juan F. Monroy
Gálvez, respecto de los instrumentos de tu- tela de dichos intereses. Así, el jurista y pro- fesor procesalista Monroy Gálvez atribuye el patrocinio de los intereses difusos como una forma de “representación procesal atípica”,
mientras que Priori Posada considera a los intereses difusos como expresión de legitimi- dad extraordinaria. Algo más, Giovanni Priori cree que la legitimidad para obrar activa es la posición
habilitante en la que se encuentra determi- nada persona para plantear cierta preten- sión en el proceso, a ﬁn de que el juez pueda dictar válidamente una sentencia de fondo. Esta posición habilitante puede provenir de dos maneras: aﬁrmar la titularidad de un derecho (legitimación ordinaria); y acceder al permiso legal que de manera expresa señala la ley (legitimidad extraordinaria). En este último supuesto, quien inicia el proceso no es titular del derecho que se discute en él, pero la ley por diversas razones concede legitimación.
Marianella Ledesma Narváez (3) reﬁere que “para el sector que sostiene la representación legal, el problema de la legitimación, pretende solucionarlo pervirtiendo la institución de la legitima- ción. Hay que buscar una institución que cobije, pero no violente la institución. La representación procesal de origen legal permite que a falta de determinación del sujeto activo en la relación material conduzca a una indefensión jurisdiccional del derecho difuso. Los detractores de la tesis de Monroy señalan que el repre- sentante que actúa por la parte no tiene legitimidad para obrar, sino que ésta le corresponde al representado. En tanto, el representado tiene legitimación, el repre- sentante puede actuar válidamente en nombre de aquél”. Al respecto, es necesario detenerse primero en una interpretación sistemática de las normas procesales, veriﬁcándose que el artículo IV del Título Preliminar del CPC establece que el proceso se promueve sólo a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar, y que no requieren invocar legitimidad para obrar,
La representación procesal de origen legal permite que a falta de determinación del sujeto activo en la relación material conduzca a una indefensión jurisdiccional del derecho difuso. Los detractores de la tesis de Monroy señalan
que el representante que actúa por la parte, no tiene legitimidad para obrar, sino que ésta le corresponde al representado.
DOXA Y PRAXIS
va en procesos de interés difuso
el Ministerio Público (MP), el procurador oﬁcioso ni quien deﬁende intereses difu- sos. A lo anterior debe agregarse que la institución de la representación no tiene por objeto sustituir al instituto de la legi- timación, sino todo lo contrario, pretende que el legitimado pueda actuar a través de otra persona, lo que resulta impracticable en los derechos difusos, donde precisa- mente no es posible determinar quiénes son los legitimados. Adherimos entonces al parecer de Priori, en el sentido que nos encontramos ante un supuesto de legiti- midad para obrar extraordinaria.
Respecto a ellos, debemos distinguir dos grupos, según se pueda actuar de manera directa o requiriendo algún tipo de precaliﬁcación, aunque en la norma procesal no se ha establecido como en el derecho americano una etapa especíﬁca para estos menesteres. Veamos. 1. En el primer grupo se ubican el MP, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las comunidades campesinas y/o las comunidades nativas, en cuya juris- dicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural. Es sintomático que el Defensor del Pueblo no tenga dicha legi- timidad, como ocurre en otros sistemas, y que, en la práctica, apenas se le reconozca la calidad de amicus curiae. En este contexto, tampoco se esta- blece que se trate de una enumeración cerrada, de manera que considero que no resulta necesaria una modiﬁcación del CPC para permitir el ingreso de nuevos actores, en tanto exista norma especial. Un sector de la doctrina es crítico de la le- gitimación del MP, ya sea por la modorra institucional o por la carencia de conoci-
mientos técnicos. Sin embargo, se trata de críticas que pueden ser absueltas con re- formas en la gestión y en la capacitación de los ﬁscales, y, de otra parte, también se pueden predicar respecto del resto de legitimados por ley. 2. El segundo grupo incluye a las aso- ciaciones sin ﬁnes de lucro que no sólo deben tener los medios técnicos para pro- bar de manera fehaciente los daños que se están produciendo a la colectividad, sino que, además, deben acreditar que la defensa de estos intereses constituye su función principal, pues, para ellos se crea- ron, como reﬁere el profesor Pedro Pablo Zumaeta Muñoz.(4) Para el mismo autor, la legitimidad pasiva no es motivo de discusión, pues se tiene que demandar a quien esté produciendo el daño al medio ambiente, a la ecología, al consumidor, al patrimonio cultural, a los que estén pro- duciendo publicidad engañosa, a los com- petidores desleales, entre otros. (5)
La deﬁnición propuesta por el CPC genera el riesgo de luego no poder res- ponder a las cambiantes necesidades de nuestro tiempo. Bastaría con una cláusula general, esto es, con la primera parte del primer párrafo del artículo 82 del CPC. Nos encontramos, a partir de una in- terpretación sistemática del CPC, ante un supuesto de legitimación extraordinaria. El sistema procesal de legitimación es caótico partiendo de la tendencia res- trictiva del CPC, a la “acción popular” del Código Procesal Constitucional o de la Ley del Proceso Contencioso Administra- tivo. Algunos actores se mantienen, como el MP, mientras que el papel del Defensor del Pueblo es muy limitado. ◆
[1] Hernández, María del Pilar. Mecanismos de Tutela de los Intereses Difusos y Colectivos. En: Serie Estudios Doctrinales, Nº 184. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1997, p. 71. [2] Priori Posada, Giovanni. La tutela jurisdiccional de los derechos difusos: una aproximación desde el derecho procesal constitucional. En: Ius et Veritas, Revista editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Nº 14, p. 107. [3] Ledesma Narváez, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil: análisis artículo por artículo. Lima, Gaceta Jurídica, 209. 2v. [4] Zumaeta Muñoz, Pedro Pablo. Temas de Derecho Procesal Civil. Lima, Jurista, 2009, p. 73. [5] Ibid. Op. cit., p. 73.
De la notificación electrónica a la notificación en línea
SALAS FERRO
Juez especializado de la Corte Superior de Lima
E l ingreso de la tecnología en la ad- ministración de justicia es de suma importancia y actualidad, máxime
en el tema de las notiﬁcaciones. En efecto, la notiﬁcación esencialmente consiste en poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales con el propósito que estas surtan efecto. Así enunciado el tema, la realización de una notiﬁcación pareciera un asunto sencillo. Sin embargo, la manera cómo se realizan
estas actuaciones procesales es responsable de una serie de distorsiones en los diversos procesos que se gestionan en el Poder Ju- dicial (PJ). Buena parte de las nulidades deducidas se fundamentan en notiﬁcaciones físicas incorrectamente realizadas; es práctica co- mún entre los abogados cuestionar las no- tiﬁcaciones cuando no tienen argumentos sobre el fondo. No cabe duda que la excesiva duración de los procesos es consecuencia de las deﬁciencias en las notiﬁcaciones, del tiempo que dura su diligenciamiento y del tardío retorno de los cargos de notiﬁcación
a los juzgados. A ello se suman las pérdidas
de documentos, mutilaciones, falsiﬁcaciones,
el tráﬁco de resoluciones y el abarrotamiento
de las centrales de notiﬁcación.
Frente a tan graves problemas, los ór- ganos de gobierno del PJ, el Congreso de la República y el Ejecutivo, han adoptado me- didas para la implementación de un sistema de notiﬁcación diferente, denominado “noti- ﬁcación electrónica”. La notiﬁcación electrónica fundamental- mente consiste en poner en conocimiento de las partes de un proceso el contenido de las resoluciones judiciales y los anexos, a través
de una “casilla electrónica” proporcionada por el PJ. Para ello, se convierte en imagen el documento, lo suscriben digitalmente tanto el juez como el especialista, se escanean los anexos y se adjuntan a la resolución. Luego se crean las cédulas de notiﬁcación, las revisa y suscribe el especialista y, ﬁnalmente, el asis- tente de notiﬁcaciones envía todo a las casi- llas electrónicas de los respectivos abogados. Los esfuerzos no se han limitado a la expe- dición de dispositivos legales. Se han realizado también acciones concretas como el desarrollo de un sistema que permita ejecutar las notiﬁ- caciones electrónicas, el diseño de un procedi- miento para su diligenciamiento, la capacita-
ción del personal, la realización de pruebas y algunas notiﬁcaciones electrónicas reales.
INSUFICIENCIA DE LOS ESFUERZOS REALIZADOS
No obstante los esfuerzos realizados, la notiﬁcación electrónica como la han con- cebido los órganos encargados de su desa- rrollo e implementación, no ha funcionado. Con ocasión del día del juez, en agosto del 2010, el presidente del PJ presentó algunas cifras poco alentadoras. Señaló que de cien mil abogados existentes en todo el país ape- nas 1,339 contaban con casilla electrónica. Respecto a la cantidad de notiﬁcaciones
La notiﬁcación electrónica fundamentalmente consiste en poner en conocimiento de las partes de un proceso el contenido de las resoluciones judiciales y los anexos, a través de una “casilla electrónica” proporcionada por el PJ.
electrónicas realizadas reveló que solo 46 fueron efectuadas. Estos datos ponen en evidencia que el Sistema de Notiﬁcaciones Electrónicas –Sinoe-PJ– no ha funcionado como se espe- raba, no obstante haber pasado más de tres años desde que se dispusiera su instauración en el PJ mediante R. A. N° 214-2008-CE-PJ, de 30 de julio del 2008. Pero… ¿Cuáles son los factores que di- ﬁcultan la plena implementación del Sistema de Notiﬁcaciones Electrónicas en el Poder Judicial? Entre estos factores se puede men- cionar a los excesivos niveles de seguridad de los que se ha querido dotar a los documentos materia de notiﬁcación, al inadecuado proce- dimiento diseñado para la realización de la notiﬁcación electrónica, a la participación de muchas personas en el procedimiento (juez, especialista, asistente de notiﬁcaciones), a la carencia de equipos para la realización de las notiﬁcaciones (impresoras,computadoras,es- cáneres, puntos de red, etcétera), a la caren- cia de personal para digitalizar voluminosos anexos y expedientes, a la demora en el esca- neo de los documentos y demás. También es cierto la resistencia de algunos auxiliares y las diﬁcultades que siempre tiene que enfrentar todo cambio cultural o de modelo. En suma, estas son algunas de las causas que impiden la implementación de las notiﬁcaciones elec- trónicas en el PJ.
Pero si las notiﬁcaciones electrónicas en su concepción y diseño original no han dado los resultados esperados, ¿qué alternativa tenemos? ¿Qué podemos hacer? Al respecto cabe señalar, que en materia de notiﬁcaciones electrónicas la realidad ha ido más allá de los planes. En efecto, en el PJ, paralelamente a la elaboración del Sinoe-PJ, se ha desarrollado, implementado y optimi- zado de manera progresiva el Sistema Inte- grado Judicial –SIJ–, el cual se ha consolida- do como una herramienta imprescindible en la tramitación y gestión de los procesos. El SIJ no solo es instrumento de regis-
tro, sino, un sistema orgánico que contiene hasta el texto íntegro de cada una de las resoluciones que se emiten en los procesos judiciales. Alguien podrá replicar y señalar que en el SIJ no se encuentran los textos de los escritos y anexos. Es cierto, sin embargo, ello no puede ser una traba para aprovechar sus potencialidades y posibilitar las notiﬁca- ciones vía Web en el PJ, en la medida que la mayoría de las resoluciones judiciales se notiﬁcan sin escritos ni anexos. Entre las resoluciones que se notiﬁcan sin escritos ni anexos podemos mencionar a los autos de inadmisibilidad, improcedencia o rechazo de demanda, al auto que resuelve excepciones, al auto de saneamiento, al decreto que ﬁja la fecha para informe oral, al tráigase para resolver, a la sentencia, al concesorio de apelación, al auto que resuelve una medida cautelar, al auto de consentimiento, etcéte- ra. Como puede observarse, los avances en el SIJ pueden usarse para viabilizar las noti- ﬁcaciones electrónicas en el Poder Judicial. En realidad, lo que ha hecho la Geren- cia de Informática del PJ es precisamente aprovechar este desarrollo alcanzado por el SIJ, para mostrar toda la información que contiene a través del portal institucional.
VISUALIZACIÓN DEL PROCESO
Hoy, a través del portal del PJ, las par- tes de un proceso pueden observar cada acto del mismo. En efecto, se puede obser- var e imprimir los textos completos de cada una de las resoluciones que se han emitido en un proceso judicial (desde el auto admi- sorio hasta la sentencia). El fenómeno es tan reconfortante que hay usuarios que se apersonan al despacho con los textos íntegros de los autos o sen- tencias en la mano, mucho antes siquiera que se hayan generado sus respectivas cé- dulas de notiﬁcación física. Entonces, a esta altura del análisis cabe preguntarnos: ¿Es verdaderamente perti- nente que insistamos en implementar el modelo y el procedimiento de notiﬁcación electrónica como originalmente ha sido di- señado? Teniendo la urgencia de sustituir la notiﬁcación física, es necesario que con- tinuemos haciendo pruebas y repruebas de un modelo sumamente intrincado que has- ta la fecha solo ha logrado efectuar menos de un centenar de notiﬁcaciones electróni- cas, entre las cuales no ﬁgura ni un auto y menos una sentencia. En relación con ello, ha quedado de- mostrado que el desarrollo tecnológico ha ido más allá de los planes, y la realidad ha
puesto en evidencia que la notiﬁcación electrónica se ha hecho efectiva a través de la “notiﬁcación en línea” realizada a través de la página Web del PJ. Como se ha señalado, hoy, las partes de un proceso, a través del portal institucional, toman cono- cimiento inmediato, y sin costo alguno, de cada una de las resoluciones expedidas en sus respectivos procesos. Atendiendo todo lo antes señalado, consideramos que no corresponde insistir en un modelo de notiﬁcación electrónica que no ha dado los resultados esperados. Por el contrario, es necesario optimizar y formalizar la “notiﬁcación en línea” que se produce en tiempo real a través del reﬂejado de los textos completos de las resoluciones en la página del PJ, a los cuales se accede de manera directa con una clave sencilla que es el número del respectivo expediente.
Y… ¿Cuáles son las ventajas de las notiﬁcaciones a través de la Web? Las ven-
tajas son enormes y entre ellas se pueden mencionar las siguientes:
1. No hay necesidad de escanear las
resoluciones, en la medida que las mismas se levantan a la Web de manera automá- tica.
2. El procedimiento es sencillo. No se
necesita de la participación de muchas per- sonas para su diligenciamiento. El propio
secretario o el juez, que genera la resolu- ción puede importar el texto al SIJ, “rubri- carlo” con un código o grafía, y levantarlo a la Web en pocos segundos.
3. No se necesitan equipos soﬁstica-
dos ni escáneres; se puede realizar con los recursos existentes.
4. No se requiere de más personal
como sí lo requiere la notiﬁcación electró- nica originalmente concebida.
5. Los especialistas y asistentes ya es-
tán familiarizados con el procedimiento.
6. Permite usar todos los avances que
se han realizado en materia de notiﬁcacio- nes electrónicas por el Sinoe-PJ y el SIJ.
7. Son seguras y auténticas, no hay
posibilidad de alterar los textos de las re-
8. Son conﬁdenciales, solo los que
conocen el número de expediente pueden leer las resoluciones.
9. Ya han sido probadas y funcionan en
muchos procedimientos administrativos.
10. En suma, son más expeditivas, eﬁ-
cientes y económicas.
Finalmente, cabe puntualizar que
para la aplicación formal de las notiﬁ- caciones en línea, es necesario realizar algunas modiﬁcaciones legales inmedia-
tamente. Es necesario reconocer y darle validez legal a la notiﬁcación en línea. Es necesario reemplazar la notiﬁcación físi-
ca, en cuanto se pueda, y establecer que la notiﬁcación en línea sea la regla y no la
excepción como actualmente lo concibe el estrecho marco normativo que regula la materia. ◆
Subsidiariedad en las actividades de upstream de hidrocarburos
FERNÁNDEZ CANO
Abogado por la PUCP
S egún el artículo 60º de la Constitu-
ción Política, el Estado reconoce el
pluralismo económico, priorizando
la intervención de los privados, y sólo au- torizado por ley expresa puede realizar sub- sidiariamente actividad empresarial, directa
indirecta, por razón de alto interés público
de maniﬁesta conveniencia nacional. Por
otro lado, a través del artículo 66º del Texto
Constitucional, los recursos naturales son patrimonio de la Nación y el Estado es so- berano en su aprovechamiento.
NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL VIGENTE
Si bien esta normatividad autoriza la parti- cipación estatal siempre que sea de modo subsidiario, a diferencia de la norma consti- tucional derogada, pretendemos establecer algunas pautas para comprender que esta lectura no es tan literal desde la perspectiva de las actividades del upstream de hidro- carburos, es decir, desde el desarrollo de las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas natural.
BREVE MIRADA A LA HISTORIA DEL PETRÓLEO: DE LAS SIETE HERMANAS A LAS NOCS
Por el desmembramiento de la Standard Oil, ordenado por el gobierno americano a inicios del siglo XX, se forman tres compa- ñías petroleras de actividades de alcance mundial, que al juntarse con cuatro empre- sas internacionales existentes, conforma- ron las “Siete Hermanas” 1 , monopolizando la mayor parte de producción, reﬁnación y distribución de petróleo, mediante acuer- dos internos que permitieron tener el con- trol del circuito petrolero. Sin embargo, esta
situación varía en la década de 1960 del siglo XX, por la creación de la Organiza- ción de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), formada por los países productores de crudo para limitar el crecimiento de las empresas productoras y dirigir por sí mis- mas el negocio petrolero. Por otro lado, muchos países que ini- cialmente dejaban en libertad absoluta a los privados internacionales para la explo- ración y explotación, crean sus empresas nacionales para controlar básicamente las actividades de upstream, surgiendo las NOC (National Oil Companies), destacando Aramco (Arabia Saudita), Gazprom (Rusia), CNPC (China), PDVSA (Venezuela), Petro- bras (Brasil), Ecopetrol (Colombia), Petro- nas (Malasia) y Pemex (México). Alejado de esta tendencia, en el caso peruano se tiene que la normatividad vi- gente para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (conformada esencialmente por la Ley 26221, Ley Gene- ral de Hidrocarburos, cuyo texto único orde- nado ha sido aprobado mediante el Decre- to Supremo 042-2005-EM), la exploración y explotación se desarrollan básicamente a través del contrato de licencia y el contrato
de servicios, sin que se haya previsto en la norma otro instrumento contractual en los rubros señalados, habida cuenta que el legislador ha optado por una lista cerrada para las actividades de upstream, no obs- tante que a nivel internacional existen va- riedades contractuales que pueden resultar más beneﬁciosas para la empresa nacional de hidrocarburos –Petroperú– 2 , sin que sea necesario modiﬁcar el texto constitucional sino únicamente la norma de hidrocarbu- ros 3 .
CONCLUSIONES 1. La regulación del acceso a los recursos naturales no puede dejar de considerar la especial situación de los hidrocarburos, en atención a que conﬁguran un escenario importante para que el Estado obtenga los medios que permitan la implementación de sus políticas públicas. 2. Si bien el Perú no es un país con alta producción petrolera y gasífera, di- cha situación no signiﬁca que su empresa estatal deje de tener cobertura legal para acogerse a mecanismos contractuales fa- vorables, como los contratos PSA (Product Sharing Agreements), que tienden al esta-
blecimiento de “acuerdos de repartos de
la producción”, que permitirían que asuma
bajos riesgos y una elevada participación en el upstream.
3. El acogimiento de las nuevas moda-
lidades contractuales no implica un cam- bio constitucional sobre la participación subsidiaria, puesto que la empresa estatal participaría en asociación con empresas
extranjeras, siendo necesario que se cam- bie el marco normativo infraconstitucional, referido básicamente a la Ley General de Hidrocarburos.
4. Las tendencias mundiales apuntan
a la existencia de sólidas empresas esta-
tales de hidrocarburos, con activa partici- pación en el upstream, antes que permitir
que los privados tengan control absoluto, siempre que esta situación de ejecución estatal en exploración y explotación se complemente con una adecuada gestión
y autonomía gerencial y el uso de meca-
nismos contractuales que permitan bene- ficios compartidos con bajo riesgo para las empresas nacionales. ◆
[1] Las Siete Hermanas eran ExxonMobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum (BP), Mobil, Chevron, Gulf Oil Corporation y Texaco. En la actualidad han dado paso a las majors, con presencia en negocios de hidrocarburos a nivel mundial, como Shell, ExxonMobil y Chevron. [2] En la actualidad, la empresa nacional participa únicamente en la refinación, transporte y comercialización de crudo, siendo adecuado considerar el retorno a su integración vertical. [3] Si bien la Ley Orgánica de Hidrocarburos se emite en un contexto de incentivos para el ingreso de privados a la economía nacional, lo cierto es que el contexto de su promulgación ha variado, por lo que no es pertinente otorgarle un aspecto de permanencia, siendo factible su adecuación al nuevo escenario económico peruano.
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