Source: http://www.derechos.org/nizkor/peru/doc/huanta1.html
Timestamp: 2018-06-23 21:57:49
Document Index: 76956976

Matched Legal Cases: ['artículo 152', 'artículo 152', 'Artículo 152', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 67']

Equipo Nizkor - Informe a la Fiscalía de la Nación sobre el caso Huanta.
Discurso del Dr. Salomón Lerner Febres, Presidente CVR
Esta mañana, la Comisión de la Verdad y Reconciliación se hace presente en el pueblo de Huanta, y, en particular, en su estadio municipal, para presentar al país las conclusiones de un informe sobre graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron su epicentro, en buena medida, en estas mismas instalaciones. Este estadio, reflejo de la esperanza y el esfuerzo del pueblo huantino, se convirtió entre 1983 y 1985 en un centro de abuso y de terror.
Una mal concebida estrategia antisubversiva, que debía poner atajo a los actos criminales de las organizaciones subversivas, provocó, a su vez, numerosos crímenes, algunos de los cuales son reseñados en el informe que ha sido entregado a la Fiscalía de la Nación para que cumpla con las funciones que la Constitución le asigna.
La información reunida por la Comisión permite afirmar que los detenidos en Huanta y alrededores eran trasladados a la Base de la Marina ubicada en este estadio, donde eran sometidos a interrogatorios con diversos métodos de tortura. Muy pocos eran liberados y la mayoría simplemente desaparecían.
Puede afirmarse que este modo de actuación de las fuerzas del orden respondió a un patrón conocido y asumido por el comando de turno. Por la magnitud y frecuencia de los hechos, y considerando la lógica de la actuación militar, es muy difícil suponer que tales actos obedecieran solamente al criterio individual de algunos oficiales o suboficiales.
Los casos investigados conducen a aseverar que el poder militar de la Base de Huanta puso en práctica una estrategia antisubversiva al margen de la ley, lo que se desprende del carácter sistemático y generalizado de las violaciones de derechos humanos. Según lo hallado por la Comisión, las ejecuciones extrajudiciales, secuestros y torturas no fueron producto de iniciativas individuales, sino manifestación de la propia estrategia adoptada de facto.
Entre las 6 y 8 de la noche del 1º de agosto de 1984, seis miembros de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de las comunidades de Callqui y Nisperosniyocc, de la provincia de Huanta, Ayacucho, identificados como Paulino Ccayo Ccoriñaupa, Jorge De la Cruz Quispe, Melquiades Quispe Rojas, José Yañez Huincho, Wenceslao Huamanyalli Oré y Constantino Yañez Huincho,fueron asesinados por miembros de la Marina de Guerra del Perú de la Base Militar de Huanta.
Paulino Cayo Ccoriñaupa, de 49 años de edad, natural de la provincia de Huanta, Ayacucho casado y albañil de oficio.
Jorge De la Cruz Quispe, de 16 años de edad, natural de la provincia de Huanta, Ayacucho, soltero y estudiante.
Melquiades Quispe Rojas, de 21 años de edad, natural de la provincia de Huanta, Ayacucho, soltero y agricultor.
José Yañez Huincho, de 18 años de edad, natural de la provincia de Huanta, soltero y estudiante.
Wenceslao Huamanyalli Oré, de 17 años de edad, natural de Huanta, Ayacucho, soltero y agricultor.
Constantino Yañez Huincho, de 24 años de edad, natural de la provincia de Huanta, Ayacucho,soltero.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha reunido evidencia suficiente, incluyendo la declaración de dos testigos directos de los hechos cuya identidad se mantiene en reserva, de que Ayala Sulca fue detenido por la Infantería de Marina, retenido en este Estadio Municipal de Huanta,sometido a maltratos y torturas y finalmente asesinado en este mismo lugar en donde estamos ahora. Sus restos no han podido ser localizados.
Capitán de Corbeta AP Álvaro Francisco Serapio Artaza Adrianzén, quien autorizó el ingreso del periodista a la instalación militar y quien presumiblemente ordenó luego su detención, desaparición y ejecución extrajudicial.
Teniente Primero AP Augusto Gabilondo García Del Barco, jefe de la Base Contrasubversiva de Huanta en 1984. Actualmente se halla en situación de retiro con el grado de Capitán de Fragata.
Oficial de Mar Román Manuel Martínez Heredia, quien recibió a Ayala Sulca en la puerta del cuartel y, realizadas las consultas correspondiente, lo hizo ingresar en la base militar. Este oficial está en calidad de no habido y ha sido declarado reo ausente. Luego de incurrir en abandono de destino, fue pasado a la situación de retiro por medida disciplinaria por resolución ministerial emitida el 14 de marzo de 1986.
El 22 de agosto de 1984 se descubrieron cuatro fosas en la zona de Pucayacu, distrito de Marcas, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica, con 50 cadáveres en avanzado estado de descomposición. Los cuerpos, despojados de vestimentas, eran irreconocibles. Muchos de ellos se encontraban con las manos atadas y en su mayoría mostraban heridas de bala en la cabeza y otras lesiones producidas por instrumentos punzocortantes.
En algunos casos se observaban huellas de tortura.
El 12 de octubre de 1984, el juez de Primera Instancia Provisional de Huanta, Juan Flores Rojas, abrió instrucción al Capitán de Corbeta AP Álvaro Artaza Adrianzén por el delito de homicidio calificado en agravio de 50 personas no identificadas halladas en las fosas de Pucayacu.
Paralelamente al proceso que se inició en el fuero civil, se llevó a cabo otro en el fuero militar. Al día siguiente de iniciarse la instrucción civil, el presidente del Consejo de Guerra Permanente de la Marina planteó una contienda de competencia para pedir que el caso sea visto por el fuero militar.
Capitán de Frágata AP Alberto Rivero Valdeavellano, jefe político- militar de las provincias de Huanta y La Mar durante 1984, actualmente en situación de retiro con el grado de contralmirante.
Capitán de Corbeta AP Álvaro Francisco Serapio Artaza Adrianzén,
Teniente Primero AP Augusto Gabilondo Garcia Del Barco.
Formular denuncia penal contra Alberto Rivero Valdeavellano, Álvaro Francisco Serapio Artaza Adrianzén, Augusto Gabilondo García del Barco, Luis Alberto Celis Checa, Jesús Vilca Huincho y los 18 miembros de la patrulla militar, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado previsto en el artículo 152º del Código Penal de 1924, en agravio de Paulino Cayo Ccoriñaupa, Jorge De la Cruz Quispe, Melquíades Quispe Rojas, José Yánez Huincho, Weceslao Huamanyalli Oré y Constantino Yánez Huincho, pobladores de la comunidad de Callqui y Nisperosniyocc.
Formular denuncia penal ampliatoria contra Augusto Gabilondo García del Barco por la presunta comisión de los delitos de secuestro y homicidio calificado previstos en los artículos 223º y 152º del Código Penal de 1924 respectivamente, en agravio de Jaime Boris Ayala Sulca. La denuncia penal ampliatoria deberá tener como referencia el expediente Nº 14-85 que fue tramitado ante el Juzgado de Instrucción Ad Hoc de Huamanga, que actualmente se encuentra en reserva en los archivos de la Corte Superior de Ayacucho.
Formular denuncia penal ampliatoria contra Álvaro Francisco Serapio Artaza Adrianzén y Román Martínez Heredia por la presunta comisión del delito de homicidio calificado previsto en el artículo 152º del Código Penal de 1924 en agravio de Jaime Boris Ayala Sulca. La denuncia penal ampliatoria deberá tener como referencia el expediente Nº 14-85 que fue tramitada ante el Juzgado de Instrucción Ad Hoc de Huamanga, que actualmente se encuentra en reserva en los archivos de la Corte Superior de Ayacucho, en la que se viene procesando a los denunciados por delito de secuestro.
Formular denuncia penal contra Alberto Rivero Valdeavellano, Álvaro Francisco Serapio Artaza Adrianzén, Augusto Gabilondo García del Barco, Segundo Wilfredo Villena Vinces y Juan José Vidal Sánchez, por la comisión del delito de homicidio calificado, previsto en el Artículo 152º del Código Penal de 1924, como presuntos responsables de la ejecución extrajudicial en agravio de Nemesio Fernández Lapa y 49 personas no identificadas, cuyos cadáveres fueron encontrados en las fosas de Pucayacu.
Formular denuncia penal contra Alberto Rivero Valdeavellano, Álvaro Francisco Serapio Artaza Adrianzén, Augusto Gabilondo García del Barco, Segundo Wilfredo Villena Vinces y Juan José Vidal Sánchez por la comisión del delito de secuestro agravado previsto en el artículo 223º del Código Penal de 1924, por la privación de libertad de 57 personas, las que se encuentran en situación de desaparecidas.
Formular denuncia penal contra el capitán GC Jorge Cubas Portugal, oficial jefe de la comisaría de Luricocha y contra el personal policial a su mando, por la comisión del delito de secuestro previsto en el artículo 223º del Código Penal de 1924, por la privación de libertad de Cirilo Barboza Sánchez, Alejandro Gutiérrez Taype y Erasmo Ochoa Barboza, quienes se encuentran en situación de desaparecidos.
Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de identificar a otros miembros de la Marina de Guerra y de la Policía que hubieren participado en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Nemesio Fernández Lapa y otras 49 personas no identificadas y en el delito de secuestro agravado de las 57 personas secuestradas entre meses de julio y agosto de 1984 y que continúan en situación de desaparecidas.
Realizar la diligencia de exhumación de los cadáveres hallados en las fosas de Pucayacu para determinar la identidad de las víctimas y realizar la entrega de los restos a sus familiares.
Dictar las medidas cautelares correspondientes para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos investigados y la pena prevista por la ley, así como la existencia de una clara circunstancia de peligro procesal, lo que hace razonable presumir que los imputados intentarán evadir la acción de la justicia.
Realizar las diligencias necesarias con la finalidad de determinar el paradero de Álvaro Francisco Serapio Artaza Adrianzén y plantear en relación a él un reconocimiento de existencia de muerte presunta, previsto en el artículo 67º del Código Civil, al existir indicios razonables de que esta persona se encuentra con vida.
Comprender en las investigaciones a los magistrados y funcionarios del Fuero Privativo Militar que dictaron las sentencias relativas a los casos de Callqui y Pucayacu, por medio de las cuales se archivó la investigación, lo que configura un grave incumplimiento de sus deberes de función.
Solicitar al Ministerio de Defensa que remita la relación de nombres así como los datos de identidad personal de los oficiales, suboficiales y personal de tropa destacado a la Base de la Marina de Huanta en los meses de julio y agosto de 1984, a fin de establecer las responsabilidades que correspondan en los casos bajo investigación.
Aplicar medidas de protección en favor de los testigos citados bajo reserva de identidad en nuestro informe. Ese mecanismo debe asegurar la protección de su identidad y permitir su comparecencia al proceso para que brinden declaración y participen en otras diligencias durante la investigación.
Al presentar este informe la Comisión de la Verdad y Reconciliación cumple su misión de colaborar con los órganos jurisdiccionales. Nuestros hallazgos no determinan responsabilidad penal inmediata, ni condenan de antemano a nadie. Corresponde a la justicia pronunciarse sobre estos hechos y hacerlo procediendo de una manera sustancialmente distinta de como se hizo hace más de 15 años. Siempre es penoso recordar graves y vergonzosos hechos que perturban la conciencia moral de nuestra patria. Pero estamos todavía a tiempo de hacer justicia, que es distinto de ejercer venganzas. La reconciliación sólo será posible - lo diremos una y otra vez - cuando las voces de las víctimas sean escuchadas, cuando los perpetradores afronten judicialmente sus culpas y cuando nuestras instituciones recuperen la credibilidad mellada. De los escombros de este desastre moral, estamos seguros que resurgirá una Nación rejuvenecida y capaz de mirar el futuro.
Este Estadio, recinto de injusticia y de horror, debe ser desde ahora un recordatorio de lo que nunca más debe suceder, un símbolo de la necesidad de justicia en el tiempo presente y un lugar de esperanza y de promesas de paz.