Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321329L.html
Timestamp: 2019-03-20 05:44:55
Document Index: 330304425

Matched Legal Cases: ['artículo 253', 'artículo 253', 'artículo 253', 'artículo 253', 'artículo 254', 'artículo 253', 'artículo 42']

as201321329L
Auto Supremo: Nº 329
Expediente: SC - 61 -08 – S
Partes: Luís Adolfo Lozada Arias c/ Norma Teresa Vaca de Akamine y otras
VISTOS: el recurso de casación y nulidad interpuesto por Luís Adolfo Lozada Arias de fojas 215 a 216 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 424 de 5 de octubre de 2007 pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el concurso voluntario de acreedores, promovido por el recurrente contra Norma Teresa Vaca de Akamine y otras, la respuesta de fojas 218, los antecedentes procesales; y,
CONSIDERANDO: que, la Jueza Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz pronunció la Sentencia Nº 26 de 30 de marzo de 2007 (fojas 193 a 194), declarando el orden de prelación de acreencias en litis, en cuyo merito dispuso se pague primero los gastos de justicia, segundo a la privilegiada Norma Teresa Vaca de Akamine, y tercero a Jenny Fidelia Vargas Peña, Fabiola Alejandra García Domínguez y Ana María Velasco de Justiniano a prorrata y con el remanente una vez pagada la acreencia privilegiada, en ese orden.
Deducida la apelación por el deudor, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 424 de 5 de octubre de 2007 (fojas 212 a 213), confirma la sentencia apelada, con costas.
CONSIDERANDO: que, el deudor Luís Adolfo Lozada Arias en su recurso de casación y nulidad de 26 de octubre de 2007 (fojas 215 a 216 vuelta), citando el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, acusa que: no se notificó a los concursados en su integridad, al efecto indica fojas 100 y 101; la demandada Norma Teresa Vaca de Akamine jamás se presentó ni señaló domicilio real, tampoco se notificó con actuaciones a los concursantes, al efecto anota los artículos 327 numeral 3), 87, 90 del Código de Procedimiento Civil, fojas 107, 108 y 109 vuelta; no se notificó a las concursantes, al efecto señala los artículos 3, 87, 90, 133 del Código de Procedimiento Civil, fojas 123 vuelta, 106 y 124; jamás se notificó con fojas 99, 105 y 144, al efecto menciona los artículos 90, 133 del Código de Procedimiento Civil, fojas 109 vuelta; se dictó sentencia después de 1 año 5 meses y 24 días de la notificación con edictos, al efecto refiere los artículos 568 y 574 del Código de Procedimiento Civil; y, jamás se nombró defensor de oficio para Ana María Velasco de Justiniano.
Así, corresponde señalar que cuando se plantea el recurso de casación en el fondo se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el artículo 253 del citado procedimiento. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en que consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente ó cual la interpretación debida, 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias, y 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste ultimo debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales. En tanto que, si se plantea en la forma, debe adecuarse la acción a las previsiones del artículo 254 (recurso de casación en la forma) del adjetivo civil citado.
En la especie, el recurrente omitió distinguir la casación en el fondo y la casación en la forma, es decir, no precisó lo que pretende, habida cuenta que no especificó las causales de casación en el fondo ni las causales de casación en la forma, enumeradas en los incisos respectivos de los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, es más ni siquiera hacen alusión del citado articulo 254 del Código de Procedimiento Civil, limitándose a anotar de manera genérica el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, también de forma general y contradictoriamente refiere “Recurre de Casación y Nulidad”, “recurso de NULIDAD Y CASACIÓN”, “recurso de Casación en el fondo y la forma Nulidad”, llegando incluso a solicitar imprecisamente “ANULAR LA SENTENCIA HASTA LA ADMISIÓN CON LA DEMANDA”.
POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación y nulidad interpuesto por Luís Adolfo Lozada Arias de fojas 215 a 216 vuelta, con costas.
Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.500, que mandará hacer efectivo el juez inferior.
Libro de Tomas de Razón 329/2013