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Timestamp: 2020-07-09 08:32:31
Document Index: 311465070

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 247', 'artículo 18', 'artículo 16', 'artículo 61']

Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de Septiembre de 1997. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Serie C No. 45 - Jurisprudencia - VLEX 428297638
Caso Contencioso de Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de Septiembre de 1997. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Serie C No. 45
Fecha de Resolución: 13 de Septiembre de 1997
Acto: Solicitud de Revisión de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
Resolución de la Corte de 13 de septiembre de 1997
(Solicitud de Revisión de la Sentencia de Fondo, R. y Costas)
Oliver Jackman, J., y
de acuerdo con el artículo 29.2 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”) dicta la siguiente resolución sobre la solicitud de revisión de la sentencia de 29 de enero de 1997 en el caso G.L., presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) el 30 de abril de 1997 mediante un escrito en el cual hizo suya una comunicación del padre del joven J.P.G.L., señor R.G.P. y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH).
El 29 de enero de 1997 la Corte dictó sentencia sobre el fondo en el caso G.L., según la cual.
Desech[ó] la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna opuesta por el Estado de Nicaragua.
Decid[ió] que el Estado de Nicaragua ha violado en perjuicio de R.G.P. el artículo 8.1 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma.
Decid[ió] que el Estado de Nicaragua no ha violado los artículos 2, 25, 24 y 51.2 de la Convención.
Fij[ó] en US$20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en córdobas en la fecha del pago, el monto que el Estado de Nicaragua debe pagar dentro de los seis meses siguientes a la fecha de esta sentencia y sin deducciones de impuestos por concepto de compensación equitativa al señor R.G.P.. Este pago deberá ser hecho en la forma y condiciones que se expresan en el párrafo 95 de esta sentencia.
Dis[intió] el J.P.G..
El 30 de abril de 1997 la Comisión Interamericana presentó un escrito mediante el cual hizo suya una comunicación del padre del joven J.P.G.L., señor R.G.P. y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), la cual contiene “una solicitud [de] revisión” de la sentencia dictada el 29 de enero de 1997 por la Corte Interamericana en este caso. El recurso se fundamentó en que con la sentencia dictada el 12 de febrero de 1997 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua “se produjo un acto jurídico nuevo, que cambió radicalmente las facultades que frente a un caso concreto debe tener una Corte Judicial, ya que de una posible ineficacia del Poder Judicial se convirtió a una ineficacia probada del Poder Judicial”.
En dicho escrito se solicitó que la Corte revisara su sentencia y declarase violados los artículos 8.1 (Garantías Judiciales), 25.1 (Protección Judicial), 24 (Igualdad ante la Ley) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”). Además, se solicitó a la Corte que señalara una audiencia pública con la intervención de las partes en este caso para determinar la indemnización correspondiente por los daños ocasionados por la sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
Los alegatos contenidos en el escrito hecho suyo por la Comisión los resume la Corte de la siguiente manera:
a)	Que la sentencia dictada por la Corte Interamericana el 29 de enero de 1997 en este caso declaró que los vicios de procedimiento militar en cuanto a las violaciones de derechos humanos de la familia G.L. eran de orden interno y debían ser subsanados por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Añade el recurso que en virtud de esta sentencia, la Corte Interamericana puede conocer la posible ineficacia del Poder Judicial para resolver sobre la investigación y sanción de los responsables de la muerte del señor J.P.G.L. (párrs. 47, 94 y 96).
b)	Que el 12 de febrero de 1997 la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua dictó sentencia, en la cual rechazó el recurso de casación interpuesto contra la “resolución” que absolvió a los procesados en el caso G.L., en virtud de que en el escrito de apersonamiento no se expresó agravios como lo exige la Ley Procesal Militar nicaragüense sino que se solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua la concesión de un plazo para expresar dichos agravios, de acuerdo con lo que establece la Ley de Casación en lo Penal.
c)	Que en el recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua se siguieron las reglas del procedimiento ordinario como “una estrategia consciente” para determinar si ésta aplicaría estas normas comunes al recurso o si aplicaría las normas del procedimiento militar. Sin embargo, la Corte Suprema aplicó el procedimiento militar al resolver el recurso y argumentó que “como no existe expresión de agravios que contradigan [los] fundamentos [de la sentencia recurrida], no cabe más que confirmar[la]”. De acuerdo con el escrito presentado ante la Corte Interamericana, esta actuación “[v]iola[.] la exigencia de un recurso eficaz que prescribe la Convención”.
d)	Que el decreto No. 591 establece el recurso de casación, pero en su artículo 247, inciso 3, limita su alcance al señalar que la Corte Suprema de Justicia “no podrá cambiar la situación del favorecido por un [s]obreseimiento en el delito por el que lo hubiere sido”. En consecuencia, de acuerdo con la Comisión Interamericana, la casación en el proceso militar sólo es “útil cuando el reo ha sido condenado”.
Asimismo, en la solicitud de revisión presentada a esta Corte se señala que
ninguna Corte, Nacional o Internacional, se atreve a emitir juicio sobre el fondo del asunto; el crimen. El estado de Nicaragua, con la sentencia de la Corte Suprema del 12 de Febrero de 1997, posterior a la sentencia de la Corte Interamericana viola la Convención Americana artículos 25 (Protección Judicial) 25.1 y 25.2, 24 (igualdad ante la ley) y 2 (deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno... “para hacer efectivos tales Derechos”). El proceso Judicial adoptado por la Corte Suprema, deniega justicia.
Agrega que con esa sentencia se produjo un acto jurídico nuevo, decisivo y desconocido por la Corte Interamericana al momento de dictar la sentencia el 29 de enero de 1997.
e)	Que aunque Nicaragua alega haber adecuado su legislación a la Convención Americana porque reformó el artículo 18 del decreto No. 591 cuando promulgó la Ley No. 181 del 29 de agosto de 1994, sin embargo, quedó en vigor la legislación militar que aplicó la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en el caso G.L., ya que éste quedó excluido de la aplicación de las nuevas disposiciones, por lo que se violaron los artículos 2 y 24 de la Convención Americana.
f)	Que el recurso de revisión se encuentra establecido en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y que ha sido aplicado por los tribunales de arbitraje y los tribunales permanentes. Agrega que el indicado recurso no existe en el procedimiento ante la Corte Interamericana pero que los supuestos que menciona el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia serían plenamente aplicables en el presente caso, en virtud del Derecho Internacional general.
g)	Que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Sala de lo Penal, constituye un hecho nuevo,
un acto jurídico que priva a la víctima de la posibilidad de un recurso rápido, sencillo y efectivo que le protegiera de la violación de sus derechos (Art. 25 de la Convención), contra la resolución de sobreseimiento de los tribunales militares... [que] le negó a la familia G. la oportunidad de tener un RECURSO EFECTIVO contra la sentencia castrense. Ello constituye un elemento nuevo en el Proceso, que justifica la REVISIÓN de la Sentencia del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.
La Corte, con su composición actual, es competente para conocer del presente asunto, por aplicación analógica del artículo 16 de su Reglamento que establece que
El recurso de revisión no se encuentra contemplado en la Convención Americana, ni en el Estatuto ni en el Reglamento de la Corte Interamericana. Sin embargo, esta Corte considera oportuno conocer el citado recurso de revisión interpuesto por la Comisión Interamericana, porque ha sido presentado dentro de un plazo razonable y porque “contribuye a la transparencia de los actos de este Tribunal, esclarecer, cuando estime procedente, el contenido y el alcance de sus sentencias y disipar cualquier duda sobre las mismas, sin que puedan ser opuestas a tal propósito consideraciones de mera forma” (Caso El A., [Interpretación de Sentencia], Resolución de la Corte de 16 de abril de 1997, Considerando 1).
El artículo 61 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece el recurso de revisión y señala que
[s]ólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia.
En el Convenio Europeo para la...