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Timestamp: 2018-12-11 04:36:20
Document Index: 16887522

Matched Legal Cases: ['artículo 352', 'e contrario', 'artículo 30', 'artículo 352', 'artículo 352', 'artículo 14', 'e contrario', 'artículo 36', 'e contrario', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 68', 'artículo 90', 'artículo 414', 'artículo 39', 'artículo 136', 'artículo 53', 'artículo 46', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 99']

Boletín 12/2012
Sobre tres aspectos vertebrales se ha pronunciado el Secretario General del Consejo de Estado, Doctor Juan Enrique Bedoya Escobar con motivo del reconocimiento que la Rama Judicial le hiciere a través de la Condecoración José Ignacio de Márquez 2012[1].
El primero de ellos tiene que ver con la implementación de la Ley 1437 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; menciona el citado Funcionario que el éxito en la aplicación de la normativa radica en esencia de que exista “un cambio de actitud personal de quienes hacemos parte de la comunidad jurídica en general y que, de alguna manera, tenemos que ver con la puesta en marcha de ese ordenamiento legal”[2] , comentario que en nuestro parecer resulta bastante acertado toda vez que la efectividad del nuevo sistema lo centraliza en la persona -sujeto aplicador del derecho- y no en la infraestructura o en los medios tecnológicos, que sin el ánimo de desconocer su importancia, en ellos no radica la real efectividad del sistema.
El segundo aspecto que puede resultar inquietante es el que se refiere a que la implementación de la nueva Ley “se constituye en una respuesta a las exigencias de organismos internacionales e intergubernamentales que recomiendan, sugieren y/o determinan la existencia de “estándares de calidad”, que se traducen no solo en observancia diligente de los términos procesales, sino en el cumplimiento de los objetivos para los cuales han sido trazados”; y decimos que puede resultar inquietante toda vez que uno de los elementos que genera grandes niveles de extenuación en los jueces y en los empleados de despacho, es el llamado cumplimiento de metas cuyos obstáculos están determinados por diversas y conocidas causas que no es menester tratar en este momento.
Y el tercer aspecto comentado por el Doctor Bedoya Escobar, tiene que ver con el ingreso a la función pública, el Funcionario expresa “…El Legislativo ha querido implementar, quizás en defensa de los “derechos” de los empleados que ostentan una precaria vinculación, un sistema sui generis de acceso a la función pública. Y, por el otro, los jueces han hecho respetar el ordenamiento constitucional. Yo me inclino por las decisiones judiciales. En efecto, soy un defensor de la parte dogmática de la Constitución y de sus valores y principios. Con esa premisa, creo que no se puede, mientras subsista el actual ordenamiento, desconocer principios mínimos fundamentales que informan el ingreso a la función pública: la igualdad y el mérito”. (Destacado por fuera del texto original).
Tres verdades capitales cuyo contenido seguramente será criticado por algunos, pero que para otros constituyen palabras llenas de alicientes para continuar trabajando por una pronta y merecida justicia que la sociedad exige con notable clamor.
Dejamos a disposición de nuestros queridos lectores cuarenta y nueve (49) providencias que esperamos les sean de utilidad para sus análisis de casos.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
1. AUTO DE RECHAZO/ Acción de cumplimiento/La acción de cumplimiento no fue establecida para disponer el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos por parte de los operadores judiciales dentro de un proceso judicial/ 19001233300220120064200/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
2. HABEAS CORPUS/Segunda instancia/ Es improcedente la impugnación formulada por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / La impugnación procede únicamente contra a la providencia que niega el respectivo recurso y lo debe hacer el privado de libertad/El a quo concedió indebidamente el recurso/ 20120022701/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
3. ACCIÓN POPULAR/Salubridad pública y el acceso a los servicios públicos/Vía de acceso al Hospital Universitario San José de Popayán/Faltan elementos probatorios para demostrar vulneración de derechos colectivos/ No se trata de hacer prevalecer el acceso al servicio de salud o la seguridad, sino que se deben garantizar en igual medida los dos bienes jurídicos en el centro hospitalario/Revoca decisión del a quo/19001333100720110026001/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
4. ACCIÓN POPULAR/ Ambiente sano y acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública/ Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales/ Las entidades deben acudir a distintos medios de financiación/Confirma decisión del a quo. Condena en costas/ Debe pedirse en el término establecido en el artículo 352 del C.P.C/ 19001333100420110025701/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
5. ACCIÓN POPULAR/ Goce de un ambiente sano y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública/ Aprobación judicial a pacto de cumplimiento/Construcción de un sistema de alcantarillado que canalice aguas residuales/19001230000020110033700/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
6. NULIDAD SIMPLE/ Ordenanza sin fundamento legal/Tasa “protempore” para personas que suscriban contratos, convenios o negocien en forma ocasional, temporal o permanente con el Departamento / Desconocimiento del principio de legalidad de los tributos/Los efectos de la sentencia son hacia futuro por lo tanto no se ordena el reintegro de lo pagado por los sujetos pasivos/19001233170120090028900/MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
7. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso y acceso a la administración de justicia/ Agencias en derecho a favor de la parte acreedora dentro de ejecutivo/Improcedencia de la tutela/ El accionante dentro del proceso ejecutivo no utilizó los recursos pertinentes/la Tutela es subsidiaria y residual/19001233300320120065000/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
8. ACCIÓN DE TUTELA/ Jurisdicción Indígena/ Cuestionamiento de una decisión judicial indígena/ Penas de cepo, juetazos y prisión/La Vulneración del principio de inmediatez para interponer la tutela hace innecesaria la consideración de fondo del asunto/Confirma decisión del a quo/ 19001333100520120019401/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
9. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/Falta de legitimación en la causa por activa/ Quien instaura la tutela no es el titular del derecho fundamental invocado ni tampoco demuestra que se le haya otorgado un poder para ejercerla/Revoca decisión del a quo/19001333100320120018801/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
10. ACCIÓN DE TUTELA /Derecho a la salud/Régimen subsidiado/ Medicamentos no POS/ La orden de procedimientos o medicamentos que no se encuentren en el POS y que hayan sido expedidas por el médico tratante con anterioridad al 01de julio de 2012, estarán a cargo de la entidad territorial/Los posteriores están a cargo de la EPS-S/Confirma decisión del a quo/ 19001333100820120018801/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
11. ACCIÓN DE TUTELA/ Improcedencia/ Decisión de dejar por fuera a aspirante no apto para la prestación de servicio militar/El medio de control a utilizar es el de nulidad y restablecimiento del derecho/1900123330042012006400/MP David Fernando Ramírez Fajardo.
12. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos / Derecho a la salud/ los supuestos de hecho constitutivos de una amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no desaparecen o no han sido superados/Es necesario el traslado de patio solicitado por el actor para contribuir a la recuperación efectiva de su salud y al mejoramiento de su calidad de vida/Revoca decisión del a quo/ 19001333100120120022201/ MP David Fernando Ramírez Fajardo.
13. ACCIÓN DE TUTELA/ Debido proceso y derecho de defensa/ Notificación personal de actos administrativos/Debe efectuarse con el lleno de los requisitos legales/Revocatoria parcial del fallo del a quo/ 19001333100520120019801/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
14. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/Procedimiento NO POS/ Paquete de mantenimiento periodontal/La EPS no debe limitarse a negar el procedimiento sino indicar la existencia de otro procedimiento sustituto/Revoca decisión del a quo/ Derecho a la salud/La EPS al afirmar que el paciente tiene solvencia económica para asumir el costo del procedimiento, debe demostrarlo/ 190013331004201200016901 /MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
15. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/ Libre desarrollo de la personalidad/Prohibición de uso de cabello largo/ Se vulnera el derecho cuando se realizan cortes de rape o a raíz/Confirma decisión del a quo que deniega pretensiones/19001333100420120017401/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
16. ACCIÓN DE TUTELA/Derecho de petición de información/Solicitud de copias/Se vulnera por vencimiento de términos sin realizar la entrega / Configuración de silencio administrativo positivo según Ley 1437/Concede/19001233300220120064600/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
17. ACCIÓN DE TUTELA/ Tema pensiones/ La regla general es que es improcedente la tutela como mecanismo principal/ La excepción se da cuando el acto administrativo es manifiestamente contrario a la legalidad y se vulneran gravemente derechos fundamentales/19001333100320120018201/ MP David Fernando Ramírez Fajardo.
18. ACCIÓN DE TUTELA/ Tema pensional/ Seguridad social y debido proceso/ Régimen de transición/ Vía de hecho al desconocer el régimen de transición y la aplicación del régimen especial en materia pensional/Concede/Revoca parcialmente y reforma decisión del a quo/19001333100820120017501/ MP David Fernando Ramírez Fajardo.
19. ACCIÓN DE TUTELA/ Concurso público/ Evaluación de desempeño/Improcedencia/ No se cumple con el Principio de Inmediatez/ Si la puntación asignada al actor debía ser revisada, el mismo debió agotar los recursos que la ley le otorgaba para tal efecto, hecho que no se acreditó. 19001233300320120064000/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
20. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/Suministro de toalla/No se aplica precedente judicial horizontal por tratarse de presupuestos fácticos diferentes/Confirma decisión del a quo/19001333100120120021001/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
21. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos / Solicitud de traslado de internos indígenas a sus territorios de origen para culminar pena privativa de libertad /Confirma parcialmente decisión del a quo que deniega pretensiones/19001333100520120018201/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
22. ACCIÓN DE TUTELA/Improcedencia/Medidas cautelares/Suspensión provisional de actos administrativos/La Ley 1437 consagra medidas cautelares que hacen improcedente por vía de tutela declarar la suspensión y el reintegro del militar retirado del servicio/19001233300220120063800/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
23. ACCIÓN DE TUTELA/ Concurso de méritos/Gerente de ESE / Improcedencia / El actor no forma parte de la lista de elegibles por decisión judicial previa/ La Gobernación del Departamento del Cauca obró en cumplimiento estricto de una decisión judicial/ El juez constitucional no puede entrar a controvertir y a dejar sin efecto las decisiones adoptadas por otro juez en las mismas circunstancias/ Confirma fallo del a quo. 19001333100120120019001/ MP David Fernando Ramírez Fajardo.
24. REPARACIÓN DIRECTA/ Error judicial/ Presupuestos para su configuración/Deniega 19001233170220090032200/MP Magnolia Cortés Cardozo.
25. REPARACIÓN DIRECTA/ Privación injusta de libertad/Por sentencia absolutoria/No se tipificó el delito de peculado culposo imputado al actor/19001233170220060004300/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
26. REPARACIÓN DIRECTA/Privación injusta de libertad/Resolución de preclusión/ El régimen de responsabilidad respaldado en el daño antijurídico atribuye al Estado la obligación de reparar los perjuicios causados en ejercicio de actuaciones tanto ilícitas como lícitas, así haya existido apego a la legalidad por parte de la Fiscalía al proferirle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva/19001233170120090008700/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
27. REPARACIÓN DIRECTA/Lesiones a Internos/ Tasación de perjuicios morales por discrecionalidad del juez/ Confirma/ 19001233170220070020401/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
28. REPARACIÓN DIRECTA/ Lesiones a internos/Faltan elementos probatorios/Confirma decisión del a quo denegando/ 19001233170220060008701/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
29. REPARACIÓN DIRECTA/ Tasación de perjuicios morales/ Es discrecional del juez/ Tiene una función básicamente satisfactoria y no reparatoria del daño causado/Respeto hacia las autoridades judiciales/ Expresiones desobligantes por parte del apoderado hacia la decisión del a quo/ 19001333100520050133301/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
30. REPARACIÓN DIRECTA/ Conscriptos/ Régimen de responsabilidad objetivo /daño especial/Daño generado por terceros/Confirma decisión del a quo. Conscriptos/Perjuicio inmaterial por fuera del moral/ En el caso de lesiones sicofísicas solamente se reconoce cuando se acredita el daño producido a la salud/19001233170220080027301/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
31. REPARACIÓN DIRECTA/Responsabilidad médica/ Falla en el servicio/ Omisión en que incurrió el cuerpo médico-asistencial del hospital al momento de prestar el servicio/ El hospital no adoptó las medidas necesarias tendientes a garantizar, además de una atención oportuna, eficiente y adecuada, la pronta remisión del paciente a un centro hospitalario de tercer nivel, habiéndolo privado así de una debida atención médica y, por ende, de la oportunidad de salvar su vida/ 19001230070120020053500/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
32. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Indemnización por supresión de cargos establecida en la ley 443 de 1998/ No aplica para cargos en provisionalidad /Tampoco aplica para el sub examine la sentencia C-349 de 2.007 por tratarse de asunto diferente/ 19001233170220070017901/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
33. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Pretensiones de reintegro por supresión del cargo/Los actos administrativos se encontraron afectados de caducidad/Revoca decisión del a quo/ 19001233170220070035501/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
34. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Reliquidación de pensión/ Detective del DAS/Revoca parcialmente decisión del a quo/ 19001233170220080044201/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
35. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Indemnización por supresión del cargo/No procede cuando se trata de empleados públicos vinculados a la entidad en calidad de provisionales/Precedentes del Tribunal Administrativo del Cauca, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado/19001233170220070017401/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
36. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Caducidad de la acción/ Petición elevada por la actora al Hospital San José sobre el reconocimiento de una indemnización por supresión de cargo en el 2004/ En anteriores pronunciamientos se había tomado como fecha para efectos del conteo de la caducidad, el día en que se dio a conocer el acto administrativo objeto de demanda/En el sub examine caducó la acción/ La accionante buscaba revivir para accionar en nulidad y restablecimiento del derecho/Revoca parcialmente decisión del a quo/El Tribunal discrepa del razonamiento del a quo que expuso que al no haberse hecho referencia a la intencionalidad de revivir términos en el auto admisorio de la demanda, debía entenderse como cumplido el requisito de estar la demanda formalmente ajustada a derecho/ El a quo consideró que la acción no había caducado al contabilizar desde la fecha de la petición de la actora/ 19001333100220070016901/MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
37. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Perjuicios morales/ Caso Universidad Libre/ Ministerio de Educación Nacional – ICFES/Modifica decisión del a quo/ 19001230000120030050701/MP Carmen Amparo Ponce Delgado/19001230000120030050701/MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
38. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Reliquidación de pensión/ INCORA/ Los factores salariales consagrados en el sistema pensional aplicable al actor son consignados de manera enunciativa y no taxativa/ Confirma decisión del a quo pero también la modifica para precisar que el régimen pensional aplicable al actor corresponde a los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. 19001233170220060006501/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
39. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Pensión de sobrevivientes/ A la entrada en vigencia de la Ley 100 el causante ya había consolidado su derecho pensional/Condición más beneficiosa/Revoca decisión del a quo/19001233170220080008601/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
40. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Reliquidación de pensión de jubilación/ Servidora del Departamento/No debió incluirse bonificación de recreación/Debió aplicarse régimen de transición/ consagrado en la Ley 6/45 Revoca parcialmente fallo de la a quo/ 1900123317022007022601/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
41. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Contrato realidad/ no confluyen los tres elementos que conformarían una relación laboral/Confirma fallo del a quo/ 19001233170220050127801/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
42. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Grado Jurisdiccional de Consulta/ Asignación de retiro/ Le correspondía a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL asumir la totalidad del derecho pensional reconocido al agente retirado, sin perjuicio de su derecho a repetir contra las demás entidades a las que hubiere estado afiliado como empleado o a las que se hicieron los respetivos aportes para cubrir el riesgo, en proporción al tiempo laborado/Precedente horizontal del Tribunal Administrativo del Cauca/ Confirma decisión del a quo/19001233170120080001002/MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
43. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / Reconocimiento y pago de una indemnización por supresión de su cargo/Hospital Universitario San José/Los precedentes del Tribunal niegan la indemnización solicitada por supresión del cargo, pues se trataba de empleados públicos vinculados a la entidad en calidad de provisionales/No es aplicable la sentencia C-349 de 2.007 por tener supuestos fácticos diferentes al caso tratado/ Confirma fallo del a quo. 19001333100520070017001/MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
44. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Asignación de retiro/Situación definida y consolidada conforme a normas anteriores a la vigencia del Decreto 4433 de 2004/No se tiene derecho a prima de actividad/Confirma decisión del a quo/ 19001233170220080038301/MP Magnolia Cortés Cardozo.
45. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ascenso al escalafón docente nacional /Si bien la entidad accionada no aplicó la normatividad adecuada para negar la petición de ascenso realizada por la demandante, el fondo de la decisión del acto demandado es acertada, en tanto que la actora no demostró el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para ser ascendida al grado 14 del escalafón docente/Deniega/Modifica decisión de la a quo/19001237170220060094401/MP Magnolia Cortés Cardozo.
46. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Retiro del servicio activo/ Policía Nacional/ Material probatorio insuficiente para demostrar intereses diferentes al mejoramiento del servicio público/Confirma decisión del a quo/19001233170220060001001 MP/ Magnolia Cortés Cardozo.
47. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Grado Jurisdiccional de Consulta/ Asignación mensual de retiro/ Prescriben las mesadas pensionales no reclamadas, no el derecho constitucional al mantenimiento del poder adquisitivo de la asignación mensual de retiro/ El acceder a la reliquidación de la base con fundamento en el IPC, implica que tal monto se va incrementando de manera cíclica y a futuro, pues las diferencias reconocidas a la base pensional deben ser utilizadas para la liquidación de las mesadas posteriores/Confirma decisión del a quo/19001233170120100050501/MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
48. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Litis Consorcio Necesario por Pasiva/ No es necesario vincular al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ya que la resolución de reconocimiento de la asignación de retiro fue proferida únicamente por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL y en ella se distribuyeron las obligaciones a cargo de las entidades concurrentes/ La CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL fue quien se obligó al pago de la asignación mensual de retiro/ Las providencias judiciales inhibitorias únicamente pueden adoptarse cuando ejercidas todas las atribuciones del juez y adoptadas por él la totalidad de las medidas procesales para integrar los presupuestos del fallo, resulte absolutamente imposible proferir decisión de fondo/Modifica parcialmente decisión del a quo/ 19001233170120070030901/ MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
49. CONSEJO DE ESTADO/ ACCIÓN CONTRACTUAL/ Recurso de apelación / Unificación jurisprudencial en materia de enriquecimiento sin causa y de actio de in rem verso/ El enriquecimiento sin causa no puede pretenderse para desconocer o eludir normas imperativas/ 73001233100020000307501/CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Sentencia: 19 de noviembre de 2012
Expediente: 19001233300220120064200
Tema tratado: AUTO DE RECHAZO/ Acción de cumplimiento/La acción de cumplimiento no fue establecida para disponer el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos por parte de los operadores judiciales dentro de un proceso judicial.
“Conforme a lo anterior, resulta evidente que a través de la presente acción constitucional, no es procedente determinar si los Magistrados DR. JESUS ALBERTO GOMEZ GOMEZ, Dr. ARY BERNARDO ORTEGA PLAZA y Dr. JESUS EDUARDO NAVIA LAME de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distinto Judicial de Popayán deben declararse impedidos dentro de la acción de tutela que se tramita ante esa Corporación en cumplimiento de los dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y la Ley 906 de 2006, toda vez que la acción de cumplimiento no fue establecida para disponer el cumplimiento de Normas con Fuerza Material de Ley o Actos Administrativos por parte de los operadores judiciales dentro de un proceso judicial, y mucho menos, para impartir órdenes a los Jueces de la República encaminadas a adoptar decisiones que son propias de su competencia dentro de los procesos para los cuales el legislador ha previsto las formalidades y ritualidades que deben seguirse. Lo anterior conlleva, a que se rechace por improcedente la presente acción”.
Sentencia: 09 de noviembre de 2012
Expediente: 20120022701
Tema tratado: Es improcedente la impugnación formulada por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad / La impugnación procede únicamente contra a la providencia que niega el respectivo recurso y lo debe hacer el privado de libertad/El a quo concedió indebidamente el recurso.
“(….) la posibilidad de impugnar la providencia que resuelve la acción constitucional de Habeas Corpus se circunscribe únicamente a la providencia que niega el respectivo recurso, como un derecho que se encuentra incorporado al núcleo esencial de esta garantía constitucional, y del cual solamente puede hacer uso la persona que se encuentra privado de su libertad. Descendiendo al caso concreto, encuentra el Despacho que si bien se impugna la providencia que negó el Habeas Corpus promovido en favor del señor FERNANDO VARON NARVAEZ, lo cierto es que el recurso no se promueve para controvertir tal decisión, ni es promovido por el agenciado, toda vez que quien manifiesta la inconformidad es el JUEZ CUARTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE POPAYAN, pero ricamente para controvertir la decisión adoptada por el A Quo en el numeral tercero de la sentencia impugnada, a través del cual se compulsan copias para que se investigue la conducta disciplinaria del operador judicial. En razón a la naturaleza misma de la acción prevista en el artículo 30 superior y lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional respecto a la esencia de la impugnación de la providencia de que niega el Habeas Corpus, la inconformidad formulada por el impugnante se escapa de la competencia del Juez Constitucional, toda vez que la segunda instancia fue establecida para velar por los derechos de las personas que consideran estar privados ilegalmente de la libertad, y a los cuales se les ha negado el recurso de Habeas Corpus. Sobra decir que las inconformidades que plantea el togado judicial, perfectamente puede hacerlas valer dentro de la actuación disciplinaria ante el Juez disciplinario competente, si a ello hubiese lugar. En virtud de lo anterior, el Despacho rechazará por improcedente la impugnación formulada por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, indebidamente concedida por el a quo”.
Providencia: Popular
Sentencia: 28 de noviembre de 2012
Expediente: 119001333100720110026001
Tema tratado: Salubridad pública y el acceso a los servicios públicos/Vía de acceso al Hospital Universitario San José de Popayán/Faltan elementos probatorios para demostrar vulneración de derechos colectivos/ No se trata de hacer prevalecer el acceso al servicio de salud o la seguridad, sino que se deben garantizar en igual medida los dos bienes jurídicos en el centro hospitalario/Revoca decisión del a quo.
“Bajo el análisis efectuado, se tiene que la parte demandante no pudo demostrar idónea y válidamente el daño, la amenaza o la vulneración a los derechos e intereses colectivos precisados en la sentencia de primera instancia; siendo pertinente anotar que un CD aportado por el demandante con unos videos que presuntamente contienen imágenes que evidencian las dificultades para acceder al servicio de urgencias (Fl. 3 Cdno Ppal), no puede apreciarse por sí solo como un medio de prueba válido, debido a que sólo demuestra que se registraron unas imágenes, pero no es posible determinar su origen, esto es, la autoría de las mismas y la época en que fueron grabadas y tampoco permiten concluir que el servicio se prestó de manera deficiente o que finalmente la gente que aparece en las imágenes no pudo acceder al servicio de salud(…) De conformidad con lo anterior, el actor popular no cumplió con la carga que le incumbía demostrando la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna y por el contrario lo que se acredita en el proceso es que el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN ha tratado de garantizar no sólo el acceso al servicio de salud sino también la seguridad de los usuarios, familiares y empleados del centro médico. En este punto, la Sala llama la atención sobre un aspecto y es que no se trata de hacer prevalecer el acceso al servicio de salud o la seguridad, sino que se deben garantizar en igual medida los dos bienes jurídicos en el centro hospitalario. Por lo anterior, se revocará la sentencia objeto del recurso de apelación y ante la ausencia de material probatorio por incumplimiento de la carga que le incumbía al actor popular para demostrar la afectación a los derechos colectivos, se denegarán las pretensiones de la demanda”.
Sentencia: 27 de noviembre de 2012
Expediente: 19001333100420110025701
Tema tratado 1: Ambiente sano y acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública/ Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales/ Las entidades deben acudir a distintos medios de financiación/Confirma decisión del a quo.
“En suma, el Municipio de Timbío, la Empresa de Servicios Públicos EMTIMBIO S.A. E.S.P., el Departamento del Cauca y EMCASERVICIOS dentro del ámbito de sus competencias son los llamados a formular los proyectos para llevar a cabo la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales con la cual se garantizaría la descontaminación del Río Timbío, sin que se puedan excusar en limitaciones de tipo presupuestal para controvertir la decisión adoptada por el Aquo. Si los recursos con los que cuentan las entidades del sector municipal no son suficientes para construir la totalidad del proyecto debe acudir a distintos medios de financiación, esto es de tipo nacional, departamental o a la Corporación Autónoma Regional del Cauca para tal fin. Así las cosas, no le asiste la razón a la entidad apelante y en consecuencia la Sala procederá a confirmar la decisión objeto de recurso pues se encuentra demostrada la violación a los derecho colectivos a un ambiente sano y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”.
Tema tratado 2: Condena en costas/ Debe pedirse en el término establecido en el artículo 352 del C.P.C
“En la sentencia objeto del recurso de apelación el A quo se abstuvo de condenar a la parte vencida por cuanto, en su conducta procesal, no se evidenciaba temeridad o mala fe, es decir no se cumplió con la condición establecida en la norma para tal efecto. De esta manera, si el accionante estimaba que la condena en costas era procedente debió proponer el recurso de apelación respecto de este preciso asunto, para que en esta sede, con los argumentos que él propusiera se discutiera la procedencia de las mismas. Como no lo hizo dentro del término establecido en el artículo 352 del C.P.C., ya que el memorial donde solicita la condena en costas solamente se allegó cuando el proceso se encontraba para formular alegatos de segunda instancia, no es procedente realizar ningún pronunciamiento al respecto, es decir no se dará trámite a la solicitud del accionante”.
Sentencia: 21 de noviembre de 2012
Expediente: 19001230000020110033700
Tema tratado: Goce de un ambiente sano y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública/ Aprobación judicial a pacto de cumplimiento/Construcción de un sistema de alcantarillado que canalice aguas residuales.
“Como conclusión, la Sala impartirá aprobación al pacto o compromiso asumido por EMQUILICHAO S.A. E.S.P. cuyo objetivo es la construcción, operación y mantenimiento de un sistema de tratamiento de aguas residuales en Rotoplast para las cinco (5) viviendas de los accionantes ubicadas en la Calle 10 con Cra. 9, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), obras que iniciarán el 14 de enero de 2013 y finalizarán el 14 de marzo de 2013. Así mismo, se aprueba el compromiso asumido por los actores populares para realizar el proceso de matrícula ante la empresa EMQUILICHAO S.A. E.S.P. de las cuatro (4) viviendas que hacen falta por legalizar, comprometiéndose a presentar la solicitud de disponibilidad de servicios el día 16 de noviembre de 2012”.
Sentencia: 01 de noviembre de 2012
Expediente: 19001233170120090028900
Tema tratado: Ordenanza sin fundamento legal/Tasa “protempore” para personas que suscriban contratos, convenios o negocien en forma ocasional, temporal o permanente con el Departamento / Desconocimiento del principio de legalidad de los tributos/Los efectos de la sentencia son hacia futuro por lo tanto no se ordena el reintegro de lo pagado por los sujetos pasivos.
“…en el asunto sub júdice la Asamblea Departamental del Cauca al haber creado mediante la Ordenanza 034 de 2008 la “tasa pro deporte” sin fundamento legal, desconoció el principio de legalidad de los tributos, puesto que impuso una contribución a cargo de las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos, convenios o negocien en forma ocasional, temporal o permanente con la administración central del departamento, sus establecimientos públicos y educativos, las empresas industriales y comerciales del departamento, las sociedades de economía mixta donde el ente territorial y/o sus entidades descentralizadas posean capital social o accionario superior al 50% y las entidades descentralizadas indirectas, supliendo, con tal actuación, la función legislativa asignada por la Carta Política al Congreso de la República. En consecuencia, al determinarse que la Asamblea Departamental del Cauca no tenía facultad legal para haber expedido el acto acusado, se impone declarar su nulidad, como en efecto lo hará el Tribunal. En cuanto a la pretensión formulada en la demanda en el sentido de ordenar que el Departamento del Cauca deberá proceder a reintegrar a los sujetos pasivos de la tasa pro-deporte los valores cancelados bajo la vigencia de la Ordenanza 034 de 2008, en consideración a que su recaudo fue abiertamente ilegal, el Tribunal no accederá a dicha pretensión. Basta para ello indicar que la referida tasa se cobró al amparo de una disposición que gozaba de la presunción de legalidad, y al tratarse de una acción de simple nulidad los efectos de la sentencia se producen hacia futuro”.
Expediente: 19001233300320120065000
Tema tratado: Debido proceso y acceso a la administración de justicia/ Agencias en derecho a favor de la parte acreedora dentro de ejecutivo/Improcedencia de la tutela/ El accionante dentro del proceso ejecutivo no utilizó los recursos pertinentes/la Tutela es subsidiaria y residual.
“…no le es dable al accionante esgrimir su negligencia a la hora de realizar la conducta procesal adecuada para debatir la liquidación del crédito y la liquidación de las costas del proceso, ya que a través del recurso de reposición, en el primero de los casos, y con interposición de la objeción de las costas, en el segundo, hubiera podido lograr controvertir las decisiones que estimaba desajustada de la realidad probatoria y contrarias a sus intereses. En suma, la Sala pudo constatar que en el proceso ejecutivo en el cual el accionante era el apoderado de la parte ejecutante se le brindaron tanto la oportunidad que contempla la ley para de presentar el recurso de reposición respectivo, así como de realizar la objeción de la liquidación de las costas, los cuales no utilizó, hecho que es atribuible a él, por tanto, se advierte que con esta acción constitucional se busca sustituir las vías legales ordinarias, lo cual desconoce el carácter residual y subsidiario de la tutela, en consecuencia se declarará la improcedencia de la misma”.
Expediente: 19001333100520120019401
Tema tratado: Jurisdicción Indígena/ Cuestionamiento de una decisión judicial indígena/ Penas de cepo, juetazos y prisión/La Vulneración del principio de inmediatez para interponer la tutela hace innecesaria la consideración de fondo del asunto/Confirma decisión del a quo.
“…el estudio de la razonabilidad del término para la interposición de la acción de tutela es más riguroso que en otros asuntos, como se vio, por razones de seguridad jurídica y para no desdibujar el mecanismo constitucional reconocido en este caso a las comunidades indígenas para dictar su justicia. Como se dejó anotado, entre la decisión judicial indígena en contra de los accionantes y la supuesta retractación del principal testigo de cargo, frente a la presentación de la acción de tutela, transcurrieron más de once años y más de tres años, respectivamente. La pauta jurisprudencial enseña que la razonabilidad del término para la interposición de la acción de tutela contra providencia judicial, viene dada, en principio, por la existencia de un motivo válido para inactividad de los accionantes. Y en el sub examine, no se advierte motivo válido alguno para esa inactividad en los plazos señalados.(…) Al no estar justificada la mora en la interposición de la acción constitucional contra la providencia judicial cuestionada, es innecesario el estudio de los demás requisitos formales de procedencia de la acción en el marco del principio de inmediatez. Consecuencialmente, es evidente la ausencia de la inmediatez en la presentación de la acción. Lo cual impone la confirmación del fallo impugnado, sin necesidad de ahondar en consideraciones relativas a los aspectos sustanciales de la controversia”.
Sentencia: 06 de noviembre de 2012
Expediente: 19001333100320120018801
Tema tratado: Improcedencia/Falta de legitimación en la causa por activa/ Quien instaura la tutela no es el titular del derecho fundamental invocado ni tampoco demuestra que se le haya otorgado un poder para ejercerla/Revoca decisión del a quo.
“La Sala advierte que en el caso en concreto, la verdadera titular del derecho invocado es la señora NANCY AMPARO TIMANÁ ZÚÑIGA que es la directamente afectada e interesada en la decisión que adopte la demandada dentro del proceso de homologación y nivelación salarial. Ahora bien, aclarado lo anterior en el asunto sub judice se tiene que de no obtener respuesta de fondo por parte de la Administración, a quien se violan los derechos fundamentales, no es al representante, sino al representado es decir no al señor ANDRÉS FELIPE URREGO RUIZ sino a la señora NANCY AMPARO TIMANÁ ZÚÑIGA. Es así como esta Sala observa que quien instaura la tutela no es el titular del derecho fundamental invocado ni tampoco demuestra que se le haya otorgado un poder para ejercerla a nombre de la señora NANCY AMPARO TIMANÁ ZÚÑIGA, precisando que no se dan los requisitos para tenerlo como agente oficioso ya que no se acredita y tampoco se infiere la imposibilidad de la señora TIMANÁ ZÚÑIGA para promover su propia defensa. En conclusión, se revocará la sentencia impugnada y en su lugar, rechazará por improcedente el amparo solicitado por falta de legitimación en la causa por activa”.
Sentencia: 15 de noviembre de 2012
Expediente: 19001333100820120018801
Tema tratado: Derecho a la salud/Régimen subsidiado/ Medicamentos no POS/ La orden de procedimientos o medicamentos que no se encuentren en el POS y que hayan sido expedidas por el médico tratante con anterioridad al 01de julio de 2012, estarán a cargo de la entidad territorial/Los posteriores están a cargo de la EPS-S/Confirma decisión del a quo.
“La orden de procedimientos o medicamentos que no se encuentren en el POS y que hayan sido expedidas por el médico tratante con anterioridad al primero (1º) de julio de 2012, estarán a cargo de la entidad territorial, y que para el caso en concreto las órdenes del médico tratante se expidieron posteriores al 1º de julio de 2012, razón por la cual, es la EPS-S ASMET SALUD, la encargada de autorizar y suministrar requeridos por el accionante. Así las cosas, y en razón a que el accionante se encuentra actualmente afiliado al sistema de salud en el régimen subsidiado a través de la EPS ASMET SALUD, es esta entidad la encargada de prestar los servicios de salud que el actor requiere para el tratamiento de la patología que padece, debiendo suministrar los medicamentos ordenados por el médico tratante y que es objeto de controversia en el asunto de autos”.
Expediente: 1900123330042012006400
Tema Tratado: Improcedencia/ Decisión de dejar por fuera a aspirante no apto para la prestación de servicio militar/El medio de control a utilizar es el de nulidad y restablecimiento del derecho.
“Como arriba se indicó, la Corte Constitucional, en asunto que guarda similitudes fácticas con el presente señaló en la Sentencia T 722 de 2009, que el procedimiento adecuado para resolver este tipo de controversias es la nulidad y restablecimiento del derecho frente a la decisión que deja por fuera al aspirante. Al ser la tutela un mecanismo subsidiario y no principal se debe hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando no haya caducado la acción y el ahora solicitante de amparo cumpla con todos los requisitos que estos cargos exigen. Entonces frente a la pregunta si la tutela es el mecanismo para que un soldado declarado no apto para prestar el servicio militar sea incorporado a las filas, la respuesta es negativa. De esta manera, al haber sido asumida esa posición por el Máximo Organismo de la Jurisdicción Constitucional, no queda otra alternativa que seguir el precedente allí indicado, al no encontrarse otra situación que permita el apartamiento de ella. De esta manera, la solicitud del accionante se ha de declarar improcedente”.
Sentencia: 30 de noviembre de 2012
Expediente: 19001333100120120022201
Tema tratado: Internos / Derecho a la salud/ Los supuestos de hecho constitutivos de una amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no desaparecen o no han sido superados/Es necesario el traslado de patio solicitado por el actor para contribuir a la recuperación efectiva de su salud y al mejoramiento de su calidad de vida/Revoca decisión del a quo.
“En el presente asunto el actor ha recibido los servicios médicos generales al interior del INPEC, dado su padecimiento. Se le diagnosticó y formuló plan de manejo, al tiempo que requiere de una placa de rayos X en su rodilla izquierda la que no se ha llevado a cabo por la EPS; ésta solo ha autorizado la prestación del servicio, pero no lo ha hecho efectivo; el interno continúa con su dolor. Es decir que los supuestos de hecho constitutivos de una amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no desaparecen o no han sido superados; es claro que persiste la vulneración y el riesgo de prolongar en el tiempo la afectación del derecho a su salud. Por lo tanto la EPS CAPRECOM deberá garantizar en el término de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación de la presente providencia, la prestación oportuna y efectiva del servicio de toma de RX de rodilla izquierda del actor, si es preciso ante otra IPS que satisfaga de manera integral la debida prestación del servicio de salud requerido por el señor Holmed Mera Céspedes. Se ha de suministrar la atención integral a la presente patología. En lo pertinente al traslado del piso cuatro al uno del patio doce solicitado por el actor, dado su padecimiento de rodilla, en tanto soporta una carga mayor a la de cualquier interno en sanas condiciones de salud; considera la Sala que ello constituye un sometimiento inadecuado e injusto con quien se encuentra afectado en su integridad. Implica ello mantenerlo en permanente tortura soportando un dolor innecesario y fácilmente mitigable. En consecuencia deberá el INPEC trasladar al interno al piso uno del patio doce, con el objeto de contribuir a la recuperación efectiva de su salud y al mejoramiento de su calidad de vida”.
Sentencia: 29 de noviembre de 2012
Expediente: 19001333100520120019801
Tema tratado: Debido proceso y derecho de defensa/ Notificación personal de actos administrativos/Debe efectuarse con el lleno de los requisitos legales/Revocatoria parcial del fallo del a quo.
“Aplicando estas prescripciones legales al sub judice, corrobora la Sala, que las citaciones para efectos de proceder a las diligencias de notificación personal de las resoluciones, no fueron enviadas a través de correo certificado, como lo indica claramente la norma; lo que, tal como se impugnó, impide comprobar que dichas citaciones hayan sido entregadas efectivamente al señor LONDOÑO PALOMINO a fin de continuar en forma acertada con la notificación por edicto (…) De lo que resulta que la citación para la notificación personal no fue enviada por correo certificado y no se tiene certeza de su entrega efectiva al señor LONDOÑO PALOMINO. En consecuencia, resulta desacertado el fallo de primera instancia en el que se declaró que la notificación personal de las resoluciones mencionadas fue hecha en debida forma. Por el contrario, se advierte que la notificación de las resoluciones 2534 de 8 de junio de 2009 y 592 de 3 de febrero de 2012, se hizo sin el lleno de los requisitos legales. En estricto sentido, CASUR no demostró haber agotado los medios más eficaces para notificar las resoluciones pluri-citadas. Y si bien elaboró las citaciones para agotar la notificación personal, i) erró en su envío por correo pues no utilizó el servicio “certificado” sino “normal” y ii) no acreditó que las citaciones fueran entregadas efectivamente al interesado. De allí que la posterior notificación por edicto se torne en irregular. Así las cosas, la indebida notificación de las resoluciones 2534 de 8 de junio de 2009 y 592 de 3 de febrero de 2012, en las que se dispone el reintegro de unos dineros por parte del señor LONDOÑO PALOMINO a favor de la Entidad, violó su derecho al debido proceso y de defensa”.
Sentencia: 13 de noviembre de 2012
Expediente: 190013331004201200016901
Tema tratado 1: Derecho a la salud/Procedimiento NO POS/ Paquete de mantenimiento periodontal/La EPS no debe limitarse a negar el procedimiento sino indicar la existencia de otro procedimiento sustituto/Revoca decisión del a quo.
“De los hechos antes expuestos la Sala encuentra demostrado que el actor requiere un paquete de mantenimiento periodontal, procedimiento ordenado por la odontóloga adscrita a la EPS accionada, pero que está excluido de los beneficios contenidos en el POS, sin embargo este solo hecho no es suficiente para que la EPS accionada niegue su práctica, toda vez que debe tener en cuenta otros aspectos, como la existencia de un tratamiento que este en el POS, con el cual se sustituya el ordenado por el médico tratante, la incidencia del mismo en la calidad de vida del paciente y la posibilidad económica de éste para el pago del referido procedimiento. De esta forma, evidencia la Sala que la entidad accionada no indica en la negación de servicios la existencia de otro procedimiento que se encuentre en el Plan Obligatorio de Salud y que remedie el problema de salud del actor(…) Así las cosas, la Sala considera que en el caso del señor Wiston Alfonso García Burbano el paquete de mantenimiento periodontal ordenado por su médico tratante debe ser asumido por la NUEVA EPS, en tanto que es necesario para el restablecimiento de su salud oral; no existe dentro del Plan Obligatorio de Salud un procedimiento para sustituirlo y su costo afecta su mínimo vital en la medida que los ingresos recibidos por él mensualmente, no son suficientes para sufragar los gastos que normalmente tiene y el valor del referido tratamiento”.
Tema tratado 2: Derecho a la salud/La EPS al afirmar que el paciente tiene solvencia económica para asumir el costo del procedimiento, debe demostrarlo.
“Respecto a la posibilidad del accionante de pagar el servicio, la Sala observa que si bien la NUEVA EPS señala que aquel tiene capacidad económica para asumir el costo del servicio NO POS, no allega ningún medio con el cual demuestre tal hecho; por su parte el señor García Urbano manifestó en el escrito de impugnación que no cuenta con los recursos suficientes para sufragar los gastos que genera el tratamiento por él requerido y ordenado por su médico tratante, dado que es padre cabeza de familia. En virtud de ello y atendiendo a la posición de la Corte Constitucional respecto de la prueba de la incapacidad económica del accionante, la Sala estima que en el asunto bajo estudio, con la afirmación del señor García Urbano queda demostrada su insolvencia para costearse el tratamiento que necesita y por ende halla (sic) cumplido este requisito para la procedencia de la acción de tutela, contrario a lo indicado por el a quo”.
Expediente: 19001333100420120017401
Tema tratado: Internos/ Libre desarrollo de la personalidad/Prohibición de uso de cabello largo/ Se vulnera el derecho cuando se realizan cortes de rape o a raíz/Confirma decisión del a quo que deniega pretensiones.
“(… ) resulta clara la existencia de la prohibición legal y reglamentaria para el uso del cabello largo por parte de los reclusos de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios. Ahora, si bien en el reglamento interno de EPCAMS de Popayán no se menciona qué tipo de cuchilla debe utilizarse (No 1, 2, 3, 4 o 5) para el corte de cabello de los internos, se entiende que éste debe ser corto, pero sin desbordar la facultad disciplinaria interna del establecimiento y convertirlo en un rapado que pueda atentar contra el libre desarrollo de la personalidad de las personas que se encuentran privadas de la libertad. En la tutela los accionantes reclaman que la entidad accionada les ha vulnerado su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad al realizarles cortes de cabello a rape o a raíz. No obstante la afirmación realizada en la demanda y el escrito de impugnación, al valorarse las pruebas aportadas al plenario, si bien se encuentra acreditado que a los internos del Centro Penitenciario y Carcelario de San Isidro de Popayán se les realizan cortes de cabello, la Sala no observa elemento probatorio alguno que demuestre que estas medidas hayan sido adoptadas más allá de tal exigencia, pues no se vislumbra que los reclusos hayan sido sometidos a cortes de rape o a raíz, lo cual según la jurisprudencia constitucional si resulta vulneratorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad”.
Expediente: 19001233300220120064600
Tema tratado: Derecho de petición de información/Solicitud de copias/Se vulnera por vencimiento de términos sin realizar la entrega / Configuración de silencio administrativo positivo según Ley 1437/Concede.
“Es importante resaltar que el numeral 1° del artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableció una modalidad de silencio administrativo positivo para los casos en los que las autoridades no respondan las peticiones que se les formulen para consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y obtener copias de los mismos”.Revisados los documentos obrantes en el expediente, encuentra la Sala que no existe prueba que permita concluir que la entidad accionada ha dado una respuesta a la solicitud elevada por el actor, en la cual requirió la expedición de copia de la circular anteriormente referida, por lo que la omisión en los términos para responder se encuentra acreditada, lo anterior teniendo en cuenta que al momento de instaurarse la tutela, habían transcurrido cuarenta y dos (42) días, desde la presentación de la solicitud de copias, motivo por el cual se considera que la solicitud del actor fue aceptada, en virtud del silencio administrativo positivo, consagrado en el citado artículo, y por ende la información deberá ser entregada”.
Expediente: 19001333100320120018201
Tema tratado: Pensiones/ La regla general es que es improcedente la tutela como mecanismo principal/ La excepción se da cuando el acto administrativo es manifiestamente contrario a la legalidad y se vulneran gravemente derechos fundamentales.
Tema tratado: Pensiones/ La vía de tutela se justifica en la necesidad de no hacer nugatorios los beneficios que se derivan del régimen de transición y, en consecuencia, del régimen anterior al cual se encuentre afiliado el accionante/ Afectación del principio de favorabilidad/ El ISS reconoce que unos períodos no fueron tenidos en cuenta al expedir el acto.
Tema tratado : Pensiones/ La existencia de la vía de hecho por defecto fáctico puede estar conduciendo a vía de hecho por defecto sustantivo al no auscultar la Entidad las posibilidades de normas aplicables/El ISS no consideró las otras hipótesis normativas para darles consecuencias, si no que de entrada se comprometió con una de ellas, sin valorar las otras que podían resultarle más favorables a la actora /La actora satisface los requisitos exigidos para ser incluida en el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.
“…se puede concluir que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos referentes a temas pensionales, (sic) como quiera que existen otros mecanismos judiciales para su defensa. Sin embargo, procederá el amparo definitivo contra las actuaciones administrativas cuando el acto administrativo sea manifiestamente contrario a la legalidad y se vulneren gravemente derechos fundamentales, es decir, cuando del análisis del caso sometido a consideración se observa una real o aparente intención de no decidir de manera ajustada al ordenamiento jurídico, propiciando y forzando la utilización innecesaria y dilatoria de vías judiciales. Todas estas circunstancias deberán ser analizadas en el caso concreto. (…) De lo anterior es plausible concluir, que en los casos de indebida o falta de aplicación de las normas previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la protección en sede de tutela se justifica en la necesidad de no hacer nugatorios los beneficios que se derivan del régimen de transición y, en consecuencia, del régimen anterior al cual se encuentre afiliado el accionante. De ahí que, en principio, se entienda que la acción de tutela orientada a obtener el reconocimiento de una pensión de vejez en concordancia con los beneficios del régimen de transición, sea procedente y, de demostrarse la configuración de una vía de hecho administrativa y la afectación del principio de favorabilidad, deba prosperar.(…) Se resalta que no se valoró un tiempo (defecto fáctico) que condujo a no aplicar correctamente las normas pertinentes (defecto sustantivo). A folio 35 del libelo de la tutela el ISS reconoce que los períodos comprendidos entre el 1 de octubre de 1984 hasta julio de 2009, no fueron tenidos en cuenta, concentrándose en la confirmación de tiempos ante el Hospital Susana López de Valencia E.S.E Por ende el Instituto de los Seguros Sociales al no tener en cuenta el período de las cotizaciones realizadas durante el tiempo laborado en el Hospital Susana López de Valencia E.S.E, encontró sustento en una norma cuya aplicación se discute por parte de la accionante. La existencia de la vía de hecho por defecto fáctico puede estar conduciendo a vía de hecho por defecto sustantivo al no auscultar las posibilidades de normas aplicables Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988 ó Ley 100 de 1993 y privilegiar la subsunción de la actora en la condición más favorable. Obviamente considerando el principio de la inescindibilidad. De la lectura de la Resolución que reconoció la pensión se deduce que el ISS no consideró las otras hipótesis normativas para darles consecuencias, si no que de entrada se comprometió con una de ellas, sin valorar las otras que bien pueden resultarle más favorable a la solicitante de amparo. Por ello es que interpuso el recurso de apelación no contestado y la presente acción de tutela.(…) En efecto, como ya se explicó, en la reiteración jurisprudencial y a diferencia de lo estimado y decidido por el Instituto de Seguros Sociales en la Resolución No. 02101 de 25 de enero de 2012, la señora Carmen Eugenia Bastidas Tobar satisface los requisitos exigidos para ser incluida en el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por esta razón, tiene derecho a pensionarse con los requisitos relativos a la edad y el tiempo de servicio previstos en el régimen anterior al cual se encontraba afiliada. Régimen anterior que, como se dijo, podría corresponder al regulado en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, o bien el de la Ley 71 de 1988; según el caso el que le sea más favorable”.
Expediente: 19001333100820120017501
Tema tratado: Tema pensional/ Seguridad social y debido proceso/ Régimen de transición/ Vía de hecho al desconocer el régimen de transición y la aplicación del régimen especial en materia pensional/Concede/Revoca parcialmente y reforma decisión del a quo.
“(…) si el régimen de transición es un derecho adquirido, y quienes contaban con el requisito del tiempo de servicios a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y se trasladaron a RAIS pueden recuperar el beneficio en cualquier tiempo, puede afirmarse entonces que ello aconteció en el presente asunto, donde: (i) el actor contaba al 01 de abril de 1994 con más de 15 años de servicios –así lo determinó el ISS-, (ii) este es el régimen en el cual se han hecho la mayoría de cotizaciones efectivas, y (iii) el ahorro efectuado en el fondo privado reposa en las arcas del ISS. Se destaca nuevamente que el ISS aceptó el traslado del actor, por lo que de contera recuperó el beneficio de pensionarse con la norma anterior más favorable y para la cual venía cotizando –fl. 48-. De esta manera, la Resolución 039769 del 28 de octubre de 2011 es un acto administrativo abiertamente ilegal, vulnerador de los derechos fundamentales del actor, a la seguridad social y el debido proceso, por incurrir en vía de hecho al desconocer el régimen de transición y la aplicación del régimen especial en materia pensional, señalándole una normatividad totalmente desfavorable”.
Sentencia: 26 de noviembre de 2012
Expediente: 19001233300320120064000
Tema tratado: Concurso público/ Evaluación de desempeño/Improcedencia/ No se cumple con el Principio de Inmediatez/ Si la puntación asignada al actor debía ser revisada, el mismo debió agotar los recursos que la ley le otorgaba para tal efecto, hecho que no se acreditó.
“A partir de los hechos expuestos, la Sala observa que desde la fecha en la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil publicó los resultados de la Convocatoria 001 de 2005, esto es, 2 de junio de 2011, hasta la fecha de presentación de la acción, transcurrieron más de doce meses, es decir, que actualmente las decisiones contenidas en los actos administrativos en los cuales se calificó el desempeño del actor en la Convocatoria están en firme. Además, el señor Garcés Ordóñez fue nombrado en período de prueba en los cargos a los cuales optó según actas del 8 de marzo y del 5 de junio del presente año – fols. 38 y 43 -, con fundamento en la calificación por él obtenida y que hoy reprocha; de manera que si la puntación a él asignada debía ser revisada, el actor debió agotar los recursos que la ley le otorgaba para tal efecto, hecho que en el asunto bajo estudio no se acreditó, en consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción, para el amparo de los derechos invocados como vulnerados, por cuanto no cumple con el requisito de inmediatez. Así las cosas, la decisión a adoptar teniendo en cuenta los hechos demostrados en la presente acción es la de declarar improcedente la acción de tutela propuesta por el señor Fabián Horacio Garcés Ordóñez en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Pamplona, en tanto que el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos que presuntamente vulneran los derechos fundamentales del actor y la presentación de la acción, resulta desproporcionado para su protección y hoy en día no tiene objeto, dado que aquél ya optó por plaza y sede para desempeñar su cargo”.
Expediente: 19001333100120120021001
Tema tratado: Internos/Suministro de toalla/No se aplica precedente judicial horizontal por tratarse de presupuestos fácticos diferentes/Confirma decisión del a quo.
“En cuanto al presunto derecho a la igualdad que el actor aduce se le vulnera respecto al señor JORGE MANZANO PERNIDA, expediente No. 20110021700, se establece que el fallo dictado en ese proceso, tiene efectos particulares y no generales, por ende sólo garantiza los derechos del señor MANZANO PERNIDA y no es suficiente para extender los mismos beneficios a todos los reclusos del EPCAMS Popayán. Ahora, si bien en ese caso se ordenó la entrega de una toalla, ello obedeció a otros supuestos fácticos, puesto que lo que se reclamaba era el kit de aseo completo y no simplemente un elemento adicional a los que ya se habían suministrado, como en este caso. Así, esta Sala se aparta de tal precedente al considerar que no es aplicable, pues lo que se abordó en ese asunto fue el tema de la dignidad humana por la falta de suministro de los elementos mínimos y en esta oportunidad, se trata de determinar si se vulnera algún derecho fundamental por la falta de inclusión de una toalla en la dotación mínima de los reclusos. Por los argumentos anteriormente expuestos, la Sala confirmará la decisión impugnada, en la que de todas formas exhortará al DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYÁN para que junto con las demás autoridades competentes, analice la posibilidad de incluir otros elementos de dotación mínima para los reclusos según la disponibilidad presupuestal existente, teniendo en cuenta la progresividad de los derechos fundamentales analizada en esta providencia”.
Sentencia: 14 de noviembre de 2012
Expediente: 19001333100520120018201
Tema tratado: Internos / Solicitud de traslado de internos indígenas a sus territorios de origen para culminar pena privativa de libertad /Confirma parcialmente decisión del a quo que deniega pretensiones.
“Para dar respuesta al problema jurídico planteado, concluye la Sala que en razón a que no se han vulnerado los derechos de identidad cultural de los internos recluidos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán E.P.C.A.M.S ,al no ser trasladados a sus territorios indígenas para terminar de cumplir sus penas privativas de la libertad; no se ha desconocido el derecho a la Salud de los internos pertenecientes a comunidades indígenas, y no se encuentra acreditado que los internos sean sometidos a malos tratos por parte del personal de guardia del Centro penitenciario y Carcelario, se confirmaran los numerales primero, segundo, cuarto y quinto de la sentencia impugnada. En razón a que la entidad accionada dio respuesta a los derechos de petición incoados por el señor ORLANDO GARCIA CHAVACO los días 7 y 24 de julio de 2012, se revocará el numeral tercero de la sentencia de primera instancia”.
Expediente: 19001233300220120063800
Tema tratado: Improcedencia/Medidas cautelares/Suspensión provisional de actos administrativos/La Ley 1437 consagra medidas cautelares que hacen improcedente por vía de tutela declarar la suspensión y el reintegro del militar retirado del servicio.
“Por otra parte, se debe precisar, que si bien la Corte Constitucional en asuntos similares al que se debate en la presente acción, había dispuesto en sede de tutela inaplicar actos administrativos y ordenar el reintegro de los soldados profesionales que hubiesen sido retirados del servicio como consecuencia de una disminución de su capacidad laboral, lo cierto es que las decisiones del Alto Tribunal Constitucional son previas a la expedición de la Ley 1437 de 2011, y la medida de suspensión provisional que establecía el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) no resultaba eficaz e idónea para salvaguardar el objeto de la Litis y garantizar la efectividad de la sentencia en los asuntos que se tramitaban en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como si ocurre con las medidas cautelares establecidas en el nuevo código. Por lo anterior, la Sala considera que al existir en la actualidad otro mecanismo de defensa judicial como son las medidas cautelares previstas en el CPACA, no es procedente ordenar, como medida preventiva dentro de la presente acción, la suspensión temporal de los efectos de los actos administrativos que ordenaron el retiro del accionante del EJERCITO NACIONAL, así como tampoco disponer su reintegro a la institución militar hasta tanto se resuelva la controversia en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual deberá declarar su improcedencia”.
Sentencia: 22 de noviembre de 2012
Expediente: 19001333100120120019001
Tema tratado: Concurso de méritos/Gerente de ESE / Improcedencia / El actor no forma parte de la lista de elegibles por decisión judicial previa/ La Gobernación del Departamento del Cauca obró en cumplimiento estricto de una decisión judicial/ El juez constitucional no puede entrar a controvertir y a dejar sin efecto las decisiones adoptadas por otro juez en las mismas circunstancias/ Confirma fallo del a quo.
“El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, mediante Sentencia No. 156 del 8 de octubre de 2012, declaró improcedente la acción de tutela incoada por el señor FLORENCIO CUERO ORTIZ, al considerar que frente a las pretensiones dirigidas a que se efectúe su nombramiento como gerente de la ESE Guapi existen otros mecanismos ordinarios como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo ésta igualmente procedente para atacar el proceso de concurso - elección del Gerente de la E.S.E, y por tal la acción de tutela resultaba desacertada, puesto que en el presente asunto señaló, no se encuentra acreditada la existencia de un perjuicio irremediable, que impidiera al actor acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.(…) Este Tribunal en varias ocasiones ha avalado la pertinencia de la tutela frente a quien ocupa el primer lugar dentro de un concurso de méritos. En el presente caso la situación es diferente porque existen decisiones judiciales que hacen que el Accionante no esté ocupando el primer lugar en una terna, ya que si bien transitoriamente si lo estuvo, en la actualidad dicha situación no se presenta.(…) Ahora bien con relación al tema antedicho y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional ya referenciada, se sustrae que la acción de tutela para el caso sub júdice no se enmarca como el mecanismo idóneo para lograr el nombramiento dentro del citado concurso de méritos. Esto en razón a que como ya se aludió la situación fue modificada por una decisión judicial, en donde como resultado ya el accionante no forma parte de la lista de elegibles para la elección de gerente de la ESE Guapi. Por ello la Gobernación del Departamento del Cauca está obrando en cumplimiento estricto de una decisión judicial. Así la Sala encuentra que como juez constitucional no puede entrar a controvertir y a dejar sin efecto las decisiones dadas por otro juez en las mismas circunstancias. Es por ello que la acción de tutela no es procedente en contra del Departamento del Cauca, pues si el señor Cuero Ortiz considera que está siendo transgredido su derecho al debido proceso lo conveniente sería atacar esta actuación mediante mecanismo constitucional en contra de la decisión tomada dentro del trámite incidental, si es que éste hubiere causado el perjuicio”.
Auto: Reparación directa
Magistrado Ponente: MAGNOLIA CORTES CARDOZO
Expediente: 19001233170220090032200
Tema tratado: Error judicial/ Presupuestos para su configuración/Deniega.
“Se reitera entonces, que la decisión definitiva adoptada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Popayán en el Auto Interlocutorio No. 1256 de 2005, no constituye un error judicial, porque se fundamentó en normas jurídicas, que no dan lugar a la violación de derecho alguno, y porque además resulta claro que sólo las decisiones carentes de una justificación o argumentación jurídicamente atendible pueden considerarse incursas en error judicial, pues no se configura dicho error cuando frente a un caso concreto, se da una solución jurídica razonable. Para la Sala es claro que el error judicial que da lugar a la reparación es toda disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar. Además, que el error judicial debe estar contenido en una providencia judicial que de manera normal o anormal ponga fin al proceso, pero dicha providencia no debe ser analizada en forma aislada, sino en relación con los demás actos procesales. Por ello, como adicionalmente al presente proceso no se allegaron las piezas procesales totalmente necesarias para hacer un estudio amplio y objetivo de la situación por la cual se demanda, esta Corporación estima, que sin la valoración probatoria de todos los actos procesales relacionados con el Auto Interlocutorio No. 1256 del 14 de diciembre de 2005 (proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Quinto Civil de Popayán), no le es dable a la Sala emitir un juicio de responsabilidad en contra de la demandada; se considera que la parte actora incumplió una de las cargas que dentro del principio de la justicia rogada a él le es exigible –art. 177 del C.PC.-“
Sentencia: 08 de noviembre de 2012
Expediente: 19001233170220060004300
Tema tratado: Privación injusta de libertad/Por sentencia absolutoria/No se tipificó el delito de peculado culposo imputado al actor.
“A partir de lo anterior, para la Sala es claro que el señor ALDEMAR RIOS BERMUDEZ, fue privado de su libertad injustamente, en tanto como ya se anotó, la investigación penal seguida en su contra finalizó con sentencia absolutoria, llegando a la conclusión el Juzgado de conocimiento, que no se tipificó el delito de peculado culposo. En este orden de ideas, debe precisarse que el marco normativo corresponde al artículo 68 de la ley 270 de 1996, el cual debe ser interpretado en armonía con las consideraciones del artículo 90 de la Constitución Política, el cual constituye una cláusula general y amplia de imputación de la responsabilidad de la administración sustentada en el daño antijurídico, en el cual se encuentran inmersos los elementos de responsabilidad que consagraba el artículo 414 del decreto 2700 de 1991: que el hecho no existió, que el sindicado no lo cometió o que la conducta era atípica, y también la absolución por duda (pronunciamientos 13.168 (2006) y 15.463 (2007), del Consejo de Estado)…En consecuencia y estando probado el daño antijurídico causado a los actores, a juicio de la Sala, procede la reparación de los perjuicios que con ello se ocasionaron, ya que la detención a la que fue sometido el señor ALDEMAR RIOS BERMUDEZ se hizo de manera injusta, pues tal como se desprende de las consideraciones expuestas en la providencia absolutoria, el Juzgado de conocimiento, llegó a la conclusión de que en el caso objeto de investigación, no se tipificaba el delito de Peculado culposo imputado al actor, lo que configura sin lugar a dudas, la existencia de un daño antijurídico, imputable a la entidad demandada Fiscalía General de la Nación, bajo el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad”.
Expediente: 19001233170120090008700
Tema tratado: Privación injusta de libertad/Resolución de preclusión/ El régimen de responsabilidad respaldado en el daño antijurídico atribuye al Estado la obligación de reparar los perjuicios causados en ejercicio de actuaciones tanto ilícitas como lícitas, así haya existido apego a la legalidad por parte de la Fiscalía al proferirle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.
“La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. El régimen de responsabilidad respaldado en el daño antijurídico, atribuye al Estado la obligación de reparar los perjuicios causados en ejercicio de actuaciones tanto ilícitas como lícitas, así haya existido apego a la legalidad por parte de la Fiscalía al proferirle medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. En el asunto sub júdice, la resolución de preclusión a favor de OLARTE RODRIGUEZ GUETIO BALTAZAR se fundamentó en que el ente acusador no logró allegar al proceso penal la prueba suficiente que permitiera establecer su responsabilidad en los hechos investigados, por lo que debió resolverse la duda a su favor; situación que comporta, sin lugar a dudas, la existencia de un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, puesto que habiéndolo privado de la libertad no se logró probar su coautoría en los delitos por los que se lo investigaba, para finalmente precluir la investigación a su favor”.
Expediente: 19001233170220070020401
Tema tratado: Lesiones a Internos/ Tasación de perjuicios morales por discrecionalidad del juez/ Confirma.
“En consecuencia, considera la Sala que la Ad quo realizó una estimación razonada de los perjuicios morales padecidos por el señor CARLOS ANDRÉS CANO MARÍN, por las lesiones sufridas el 21 de abril de 2007, fundada en las probanzas respectivas obrantes en el expediente, pues como se manifiesta en la sentencia de primera instancia, las heridas ocasionadas por el mismo interno son leves o superficiales, no se demuestra que hayan requirieron tratamiento especial, en ningún momento llegaron a poner la vida el Actor en riesgo o peligro, no generaron secuelas temporales o permanentes, ni incapacidad y tampoco requirió tratamiento terapéutico por las misma, razón suficiente para confirmar el fallo cuestionado, pues la tasación del perjuicio moral es apropiada en relación con lo probado y el tipo de lesión acreditado en el expediente”.
Expediente: 19001233170220060008701
Tema tratado: Lesiones a internos/Faltan elementos probatorios/Confirma decisión del a quo denegando.
“Resulta indudable que la carga de la prueba recae en cabeza de quien pretende con sus dichos, la declaratoria de cierta responsabilidad como consecuencia de la acreditación de determinado perjuicio en la razón de la consumación de un hecho o una omisión, de manera que es la parte actora la que debe soportar las consecuencias de su inobservancia o descuido, esto es, un fallo adverso a sus pretensiones, pues esa es consecuencia jurídica que se desprende del hecho de que no obre en el plenario prueba tanto del hecho dañoso como del daño mismo. Por otro lado, al estudiar de manera íntegra la historia clínica del señor HUGO HERNAN QUILINDO VIVEROS, esta Sala encuentra que la misma lesión sufrida por el Actor para el día 12 de diciembre de 2005, no referencia de manera alguna que la lesión sufrida por el Demandante, en la fecha consignada en el documento probatorio, tuviese relación con una lesión sufrida en fecha anterior -octubre de 2005- y que la misma fuese, inclusive, la consecuencia directa de un actuar violento o malintencionado perpetrado por un o por un grupo de internos, como se relata en los hechos de la demanda.(…) Así las cosas, en el caso que nos ocupa, no existe elemento probatorio alguno que infiera que la lesión sufrida por el señor HUGO HERNAN QUILINDO VIVEROS fue la consecuencia directa de un actuar abiertamente temerario perpetrado por un interno o un grupo de internos. En conclusión, no existe prueba de que el hecho dañoso como el daño se haya dado en el mes de octubre de 2005, y por ello, esta Sala comparte el argumento sostenido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán en sentencia del 29 de septiembre de 2011; razones estas que conllevan a que en esta Instancia se confirme la sentencia apelada que fue objeto de estudio”.
Expediente: 19001333100520050133301
Tema tratado 1: Tasación de perjuicios morales/ Es discrecional del juez/ Tiene una función básicamente satisfactoria y no reparatoria del daño causado.
“Considera el apelante – ya se ha dicho - que el Juez de primera instancia profirió una sentencia indemnizatoria demasiado baja a favor del actor, a quien se le reconoció un pago de perjuicios morales en mínima cantidad después de “…6 largos años de espera del resultado de esta demanda, teniendo en cuenta que dentro del proceso fue probado plenamente la lesión con la anotación en la historia clínica del cuaderno de pruebas, donde el medico (sic) de sanidad certifica lo que planteamos y alegamos a lo largo de la demanda, hechos que coinciden con la fecha de los hechos indicados en la misma y en el poder, con lo anterior podemos comprobar de igual manera que el actor de la demanda estaba privado de la libertad al momento de los hechos de la demanda.” Sobre este punto resulta oportuno hacer alusión a lo establecido por el H. Consejo de Estado al respecto, al señalar que la indemnización que se reconoce a quienes sufren un daño antijurídico tiene una función básicamente satisfactoria y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo que corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado y la magnitud del dolor que puede ser apreciada por sus manifestaciones externas, admitiendo para su demostración cualquier tipo de prueba”.
Tema tratado 2: Respeto hacia las autoridades judiciales/ Expresiones desobligantes por parte del apoderado hacia la decisión del a quo.
“Finalmente, la Sala considera necesario llamar la atención frente a las afirmaciones expuestas por la parte demandante en la alzada, específicamente cuando aseveró: “…EN MI CONCEPTO LA SEÑORA JUEZ DEBE APARTAR UN POCO LAS CONCLUSIONES QUE SACAN EN LA “SALA DE JUECES” PARA PODER FALLAR DE ACUERDO A SU PROPIO CRITERIO.” Para el Tribunal no es de recibo que la parte accionante manifieste su inconformidad frente a una decisión judicial, con aseveraciones que se apartan de derecho, toda vez que no están dirigidas a atacar la decisión con argumentos jurídicos, sino que se limita a criticar la posición o el arbitrio asumido por una Juez de la República, sin que se aporten las pruebas que demuestren que el fallador no tuvo en cuenta “su propio criterio” al momento de dictar sentencia sino el de una “sala de jueces”. En este sentido, se llama la atención a la apoderada de la parte actora, para que en lo sucesivo se limite a plantear una discusión en derecho y más importante aún, con el debido respeto que merecen las autoridades judiciales.
Expediente: 19001233170220080027301
Tema tratado 1: Conscriptos/ Régimen de responsabilidad objetivo /Daño especial/Daño generado por terceros/Confirma decisión del a quo.
“Así, y en aplicación del–daño especial-, que en el caso de los perjuicios causados a los Soldados conscriptos se traduce en que siempre que el Estado imponga el deber de prestar el servicio militar, debe la misma administración garantizar la integridad psicofísica del ciudadano en la medida en que es una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, por la estrecha relación de sujeción que surge entre el particular (Soldado conscripto) y la Institucionalidad; para esta Sala, resulta evidente como lo sostuvo la Jueza de Instancia, que por más que determinado daño, como el que hoy es cuestión de debate, lo haya generado de manera particular un tercero, siempre que aquel daño acredite el rompimiento del equilibrio ante las cargas públicas que a la postre es generado como consecuencia la prestación directa o indirecta del servicio militar obligatorio, es la misma administración quien debe resarcir el daño, pues como ya se ha señalado, el ciudadano que se obliga con el Estado, solo se encuentra en la obligación de soportar determinadas limitaciones de determinados derechos, más no, a soportar de tal manera, el rompimiento del equilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas”.
Tema tratado 2: Conscriptos/Perjuicio inmaterial por fuera del moral/ En el caso de lesiones sicofísicas solamente se reconoce cuando se acredita el daño producido a la salud.
“Así las cosas, con base en el nuevo criterio jurisprudencial el perjuicio inmaterial por fuera del moral en el caso de lesiones sicofísicas, solamente se reconoce cuando se acredita el daño producido a la salud, el cual “permite reconducir a una misma categoría resarcitoria todas las expresiones del ser humano relacionadas con la integridad psicofísica, como por ejemplo las esferas cognoscitivas, psicológicas, sexuales, hedonísticas, etc., lo que evita o impide que se dispersen estos conceptos en rubros indemnizatorios autónomos”. Por tanto, el daño a la salud facilita estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad. En este sentido, la Sala considera que el monto fijado por el A quo garantiza una reparación equitativa en relación con el efecto que produjo el daño que afectó la integridad psicofísica y se somete al principio de reparación integral (L. 446/98, art. 16), el cual impone la obligación de que el Juez, con apoyo en los cánones y principios constitucionales, establezca una “justa y correcta” medición del daño ocasionado, de tal forma que opere su resarcimiento o indemnización plena, sin que ello suponga, de otro lado, un enriquecimiento injustificado para la víctima. En este sentido, la indemnización reconocida a título de perjuicios por perjuicios a las alteración en las condiciones de existencia al señor FRAY DAMIAN FLOR FLOR, es correcta pero bajo el entendido que ella se efectuó por concepto del daño a la salud, pues claramente la Junta Médico Laboral de Sanidad Militar, dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del diez por ciento (10%), situación que hacía necesaria la indemnización por este concepto”.
Expediente: 19001230070120020053500
Tema tratado: Responsabilidad médica/ Falla en el servicio/ Omisión en que incurrió el cuerpo médico-asistencial del hospital al momento de prestar el servicio/ El hospital no adoptó las medidas necesarias tendientes a garantizar, además de una atención oportuna, eficiente y adecuada, la pronta remisión del paciente a un centro hospitalario de tercer nivel, habiéndolo privado así de una debida atención médica y, por ende, de la oportunidad de salvar su vida.
“Si bien la entidad accionada pone de presente que en horas de la noche no había forma de tomar exámenes de rayos X, unido a la circunstancia del estado de embriaguez del paciente, que como lo indica en su concepto el médico cirujano Alexei B. Rojas “suele ser un factor distractor en la atención de un paciente politraumatizado”, estas situaciones no podían servir de excusa para que el hospital no hubiera adoptado todas las medidas necesarias tendientes a garantizar, además de una atención oportuna, eficiente y adecuada, la pronta remisión del paciente a un centro hospitalario de tercer nivel, habiéndolo privado así de una debida atención médica y, por ende, de la oportunidad de salvar su vida. Así las cosas, considera la Sala que resulta evidente que la omisión en que incurrió el cuerpo médico-asistencial del hospital al momento de prestar el servicio de salud al paciente, excluyen la diligencia y cuidado con que se debió actuar para una eficaz prestación del servicio médico, por lo que la entidad demandada debe responder a título de falla en el servicio. Por consiguiente, dicha actuación tardía y omisiva del centro hospitalario compromete la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, debiendo ser llamada a responder por el daño antijurídico causado a los accionantes”.
Expediente: 19001233170220070017901
Tema tratado: Indemnización por supresión de cargos establecida en la ley 443 de 1998/ No aplica para cargos en provisionalidad /Tampoco aplica para el sub examine la sentencia C-349 de 2.007 por tratarse de asunto diferente.
“En el sub lite, la actora no acreditó su inscripción en el escalafón de carrera administrativa en el cargo de Auxiliar Administrativo Código 550, es más, ni siquiera aparece prueba de haber solicitado su inscripción, lo que es comprensible, pues su nombramiento se hizo en provisionalidad, según lo marcó la entidad y frente a lo que no afirmó ni probó en contrario; luego de acuerdo con la pauta normativa y jurisprudencial, claramente no le asiste la condición de beneficiaria de la indemnización que reclama, pues éste rubro se reconoce sólo a quienes se hallan inscritos en carrera, o a quienes aguarden esa expectativa por estar nombrados en periodo de prueba. Ahora, respecto a la aplicación en el presente asunto de la sentencia C-349 de 2.007 para sustentar el pago de esta indemnización, considera la Sala que no es procedente acceder a la petición realizada por la actora en esos términos, en tanto que la Corte Constitucional se refirió específicamente en aquella ocasión al proceso de escisión del Instituto de Seguros Sociales y la creación de varias empresas sociales del Estado, consagrando un tratamiento eventual y excepcional que tuvo como origen la “incorporación automática” y “sin solución de continuidad” en beneficio de los nuevos empleados y trabajadores de las ESE-S creadas y, regidas en todo caso por el sistema regulado en el Decreto 1750 de 2003. Es de resaltar que sobre un tema similar ya se había pronunciado ésta Corporación, y en aquella ocasión se arribó a la misma conclusión. En otros términos, si el tratamiento dispensado por el Tribunal Constitucional fue excepcional, obedeciendo a un régimen especial de permanencia preestablecido por el legislador para los trabajadores incorporados automáticamente y sin solución de continuidad, como empleados públicos, a la planta de cargos de las nuevas entidades derivadas de la escisión del ISS, su extensión a los servidores involucrados en el proceso de modificación de la planta de cargos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. o cualquier otra entidad resulta del todo improcedente, pues si así se permitiera, terminaría por desbordarse el ámbito de aplicación subjetivo material y cronológico fijado por el legislador extraordinario y la Corte, inclusive. Más aún, aceptándose viable esa extensión –en hipótesis-, no habría lugar a estimar a la actora como beneficiaria de la indemnización, pues ni siquiera demostró ser trabajadora oficial antes de la reclasificación, de la que tampoco consta su realidad”.
Magistrado Ponente: MAGNOLIA CORTÉS CARDOSO
Expediente: 19001233170220070035501
Tema tratado: Pretensiones de reintegro por supresión del cargo/Los actos administrativos se encontraron afectados de caducidad/Revoca decisión del a quo.
“…habrá de revocarse la sentencia No. 070 del 04 de noviembre de 2011 proferida en primera instancia, pues las pretensiones principales referidas al reintegro de la actora no pueden resolverse de fondo en tanto los actos acusados relacionados con supresión del cargo están afectados de caducidad, respecto a las pretensiones subsidiaras relacionadas con la indemnización y demás haberes convencionales no es posible concederlas, conforme a lo expresado, conllevando indefectiblemente a la Sala a negar lo solicitado por la actora”.
Expediente: 19001233170220080044201
Tema tratado: Reliquidación de pensión/ Detective del DAS/Revoca parcialmente decisión del a quo.
“De lo anterior, es factible que esta Sala considere ajustada a los lineamientos tanto normativos como jurisprudenciales la posición adoptada por el a quo en lo referente a la normatividad aplicada por el mismo, pero no así respecto a los factores salariales reconocidos, razón por la cual se revocará parcialmente la sentencia proferida por el juez de primera instancia, en cuanto ordenó la reliquidación del actor con inclusión de la bonificación especial de recreación, el sueldo de vacaciones y los factores que de estos se deriven, para en su lugar negar la inclusión de los conceptos mencionados
Expediente: 19001233170220070017401
Tema tratado: Indemnización por supresión del cargo/No procede cuando se trata de empleados públicos vinculados a la entidad en calidad de provisionales/Precedentes del Tribunal Administrativo del Cauca, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
“….es claro que la solución del asunto implica determinar si la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de una indemnización por supresión de su cargo, a pesar de no tener la calidad de empleada inscrita en carrera administrativa al tenor del artículo 39 de la Ley 43 de 1998, y si le es aplicable el tratamiento excepcional que dio la Corte Constitucional a los trabajadores que se vieron afectados con el proceso de escisión sufrido por el ISS (S. C-349 de 2004), por existir, presuntamente, similitudes entre los supuestos fácticos y jurídicos estimados en esa oportunidad por la Corte que posibilitan el reconocimiento pedido bajo las mismas consideraciones. Vale la pena aclarar que asuntos afines al puesto en comento, ya habían sido definidos en segunda instancia por este Tribunal, baste citar las sentencias proferidas por el magistrado ponente Dr. CARLOS HERNANDO JARAMILLO DELGADO del 16 de febrero de 2012, expediente 19001-23-00003-2007-00247-01, y del magistrado ponente Dr. HORACIO CORAL CAICEDO del 26 de abril de 2012, expediente 19001-23-00003-2007-00241-01, en contra del Hospital Universitario San José de Popayán, las cuales confirmaron las sentencias de primera instancia que negaron la indemnización solicitada por supresión del cargo, pues se trataba de empleados públicos vinculados a la entidad en calidad de provisionales(… )Es claro, pues, que la indemnización y la reincorporación son derechos opcionales que el artículo prevé únicamente en favor a los empleados de carrera, entiéndase inscritos y escalafonados, en principio, más no a los empleados de libre nombramiento y remoción o a aquellos vinculados en un cargo de carrera por nombramiento en provisionalidad; entendimiento éste que se acompasa, en todo, con el que marcó la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 1.999, al decidir la exequibilidad del mismo dispositivo; (…) En el mismo sentido el Consejo de Estado, ha manifestado que “…sólo tienen el carácter de empleados de carrera a quienes cobija el derecho de ser indemnizados en caso de supresión de sus cargos, aquellos servidores inscritos en el registro público de la carrera administrativa y quienes se encuentren pendientes de obtener dicha inscripción, luego de haber superado satisfactoriamente el período de prueba”
Expediente: 19001333100220070016901
Tema tratado 1: Caducidad de la acción/ Petición elevada por la actora al Hospital San José sobre el reconocimiento de una indemnización por supresión de cargo en el 2004/ En anteriores pronunciamientos se había tomado como fecha para efectos del conteo de la caducidad, el día en que se dio a conocer el acto administrativo objeto de demanda/En el sub examine caducó la acción/ La accionante buscaba revivir para accionar en nulidad y restablecimiento del derecho/Revoca parcialmente decisión del a quo.
“En el sub judice, se busca la declaratoria de nulidad del oficio GER-218 2007 de 21 de febrero de 2.007, por el cual el Hospital Universitario San José de Popayán, dio respuesta a la petición elevada por la actora sobre el reconocimiento de una indemnización por supresión de cargo. Es menester de la Sala hacer precisión respecto a que en anteriores pronunciamientos se había tomado como fecha para efectos del conteo de la caducidad, el día en que se dio a conocer el acto administrativo objeto de demanda – oficio GER-173-2007 -, bajo la premisa de que no se contaba con prueba alguna que permitiera establecer un término distinto al mencionado. Se advirtió que al no obrar prueba en el expediente del acto administrativo mediante el cual la entidad demandada reconocía y liquidaba las prestaciones sociales definitivas a las que tenía derecho la parte actora, al igual que lo pagado por concepto de su retiro definitivo, acto necesario para constatar la existencia de algún pronunciamiento previo de la administración sobre la indemnización reclamada, se hacía necesario contabilizar el término de caducidad de la acción desde la fecha en que dicho acto administrativo - oficio GER-173-2007 - se le dio a conocer al actor.(…) el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo en reiteradas ocasiones ha dicho que, encontrándose en firme las resoluciones que no fueron recurridas ante la administración, se deduce que el propósito perseguido por el actor no es más que la revocatoria de las decisiones administrativas adoptadas en tiempo anterior, por lo cual no puede reconocérsele fuerza para revivir el término legal que permita ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo expuesto sirve de base para concluir que, efectivamente, lo que la parte actora pretende en el asunto bajo estudio, es traer a discusión actual una situación jurídica que debió plantearse en el año 2004 cuando le fueron liquidadas unas acreencias laborales como consecuencia de la supresión del cargo que ocupaba, por lo que a la fecha de presentación de la demanda - 20 de junio de 2007 -, ya se encontraban más que vencidos los 4 meses a que hace reseña el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Tema tratado 2: Caducidad de la acción/El Tribunal discrepa del razonamiento del a quo que expuso que al no haberse hecho referencia a la intencionalidad de revivir términos en el auto admisorio de la demanda, debía entenderse como cumplido el requisito de estar la demanda formalmente ajustada a derecho/ El a quo consideró que la acción no había caducado al contabilizar desde la fecha de la petición de la actora.
“..no obstante que en la sentencia de primera instancia se precisó que con la petición de 30 de enero de 2007 el actor pretendió revivir los términos para accionar, a renglón seguido se expuso que al no haberse hecho referencia de esa situación en el auto admisorio de la demanda, debía entenderse como cumplido el requisito de estar formalmente ajustada a derecho, sin que pudiera decirse - señaló - que la acción estuviera caducada desde la fecha de la referida petición hasta la fecha en que se presentó la demanda. Discrepa esta Corporación del anterior planteamiento, teniendo en cuenta que - como arriba se expuso - la caducidad es un fenómeno jurídico taxativo de naturaleza procesal, de orden público, que se presenta en los casos expresamente señalados en la ley, de tal manera que respecto de ella - la caducidad - las partes no pueden variar sus perfiles legales, ni renunciar a ella, tanto así que si el juez la encuentra probada deberá declararla de oficio. Bajo ese entendido, no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juez el hecho de que no se hubiera pronunciado al respecto en el auto admisorio de la demanda, dado que ésta - la caducidad - constituye un instrumento que salvaguarda la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones entre individuos, y entre éstos y el Estado. Razón por la cual se han establecido legalmente términos para racionalizar el ejercicio del derecho de acción, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y no puedan ser ventiladas en vía judicial; luego, entonces, dada la especial naturaleza de la figura procesal de la caducidad de la acción, se puede concluir que de no observarse al momento de la admisión de la demanda, pero evidenciada al momento de proferir sentencia deberá ser declarada sin que haya lugar a limitaciones”.
Expediente: 19001230000120030050701
Tema tratado: Perjuicios morales/ Caso Universidad Libre/ Ministerio de Educación Nacional – ICFES/Modifica decisión del a quo.
“Con fundamento en los criterios jurisprudenciales antes expuestos y que son acogidos por la Sala, encuentra que en el caso concreto si bien el a quo reconoció los perjuicios morales con base en las pruebas aportadas al proceso y no bajo un criterio subjetivo o arbitrario, no se dan los presupuestos para reconocer tales perjuicios en el máximo monto, que por regla general se otorgan en los casos de pérdida de vidas humanas, lesiones severas permanentes que producen afectación moral profunda, no comparable con la frustración generada por no cumplir expectativas de formación profesional en el tiempo programado y condiciones deseadas. En consecuencia, modificará la sentencia de primera instancia, y en su lugar se dispondrá que a los demandantes la entidad demandada les reconozca por los perjuicios morales, el valor de cincuenta (50) SMLMV, los que se consideran proporcionados a la congoja que se logró acreditar por parte de los accionantes. Corolario de lo expuesto, la Sala procederá a modificar la sentencia dictada el día 22 de enero de 2010 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán, en la que se decidió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de reconocer a cada uno de los actores la suma de 50 SMLMV, por concepto de perjuicios morales”.
Expediente: 19001233170220060006501
Tema tratado: Reliquidación de pensión/ INCORA/ Los factores salariales consagrados en el sistema pensional aplicable al actor son consignados de manera enunciativa y no taxativa/ Confirma decisión del a quo pero también la modifica para precisar que el régimen pensional aplicable al actor corresponde a los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
“Corolario de lo mencionado, procede el reconocimiento de la reliquidación de la pensión del actor con todos los factores salariales devengados por el actor en el último año de servicios, (Salvo las vacaciones), en virtud de lo dispuesto en la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, la cual aplicó el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y en ese sentido es claro que los factores salariales consagrados en el sistema pensional aplicable al actor, son consignados de manera ENUNCIATIVA y no TAXATIVA. Conforme a lo expuesto es evidente que el A quo erró al aplicar al actor el sistema pensional previsto en la Ley 33 de 1985 y en el Decreto 1045 de 1978, y no el régimen de transición contemplado en la misma ley, al que tenía derecho, pues está plenamente acreditado que a la fecha de promulgación de dicha ley contaba con más de 15 años de servicios, lo que permite que se liquide su prestación con inclusión de todos los factores salariales que hubiere recibido como contraprestación de sus servicios durante el último año de labor. Así las cosas, se confirmará la decisión tomada por el juez de primera instancia en tanto ordenó la nulidad de los actos demandados, por no utilizar como base de liquidación el último año de servicios, y reconocer los factores salariales sin distinguir o excluir aquellos sobre los que no se hubiese hecho la deducción legal, contrario a lo manifestado por el apelante, puesto que es claro que la entidad puede efectuar dichos descuentos al reconocer el derecho pensional o reliquidarlo, pero es menester modificar los numerales primero y tercero, para precisar que el régimen pensional aplicable al actor corresponde a los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, modificación que en modo alguno contraría el principio de congruencia del recurso de alzada, puesto que la Sala sólo se limita a aclarar el contexto normativo aplicable en el asunto en comento”.
Expediente: 19001233170220080008601
Tema tratado: Pensión de sobrevivientes/ A la entrada en vigencia de la Ley 100 el causante ya había consolidado su derecho pensional/Condición más beneficiosa/Revoca decisión del a quo.
“Los hechos indicados, se tornan suficientes para reconocer que al causante le asistía el derecho adquirido a obtener su pensión de jubilación, independientemente que hubiera o no de por medio un acto de reconocimiento, solo se necesitaba que quien se creyera con mejor derecho para solicitar el reconocimiento post mortem y consecuencialmente su sustitución, acreditara, entre otros requisitos, que el occiso contaba con 20 años de servicio y con 50 años de edad para poder exigir la pensión de sobreviviente (…) De acuerdo a las consideraciones anotadas es dable concluir que la entidad demandada erró al reconocer la pensión de sobrevivientes con base en el artículo 46 de la ley 100 de 1993 numeral 2, pues a la entrada en vigencia de esta normatividad, el causante ya había consolidado su derecho pensional, y tenía derecho a acceder al mismo en virtud el principio constitucional de la condición más beneficiosa establecido en el artículo 53 de la Constitución Política. Proceder de manera diferente, pondría en la incómoda y tediosa situación a la compañera permanente e hijos del occiso a realizar nuevamente el procedimiento tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión de sobreviviente cuando en aquél tiempo acreditaron los requisitos legales para ser benefactores de dicha prestación”.
Expediente: 1900123317022007022601
Tema tratado: Reliquidación de pensión de jubilación/ Servidora del Departamento/No debió incluirse bonificación de recreación/Debió aplicarse régimen de transición/ consagrado en la Ley 6/45 Revoca parcialmente fallo de la a quo.
“Corolario de lo mencionado, procede el reconocimiento de la reliquidación de la pensión de la actora con todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, (salvo bonificación recreacional y vacaciones), en virtud de lo dispuesto en la jurisprudencia de unificación expedida por el Honorable Consejo de Estado y mencionada por la A quo, la cual aplicó el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Sin embargo es evidente que la A quo erró al aplicar a la actora el sistema pensional previsto en la Ley 33 de 1985 y en el Decreto 1045 de 1978, y no el régimen de transición contemplado en la misma ley, es decir la ley 6 de 1945 y demás normas complementarias correspondientes, a las que tenía derecho, pues está plenamente acreditado que a la fecha de su promulgación contaba con más de 15 años de servicios, lo que permite que se liquide su prestación con inclusión de todos los factores salariales que hubiere recibido como contraprestación de sus servicios durante el último año de labor(…) Así las cosas, y aclarado el sistema pensional aplicable al caso en comento, se revocará parcialmente la sentencia proferida por la jueza de primera instancia, por la cual se accedió a las súplicas de la demanda, en cuanto ordenó la reliquidación de la pensión de la actora con inclusión de la bonificación de recreación, para en su lugar negar la inclusión del mencionado concepto, además debe aclararse, conforme a los actos demandados que el último año de servicios laborados corresponde al periodo comprendido entre el 01 de julio de 2000 al 30 de junio de 2001, y no al mencionado por la jueza de primera instancia (18 de abril de 2000 al 18 de abril de 2001) puesto que de los actos demandados es fácilmente deducible el último año laborado por la actora”.
Expediente: 19001233170220050127801
Tema tratado: Contrato realidad/ no confluyen los tres elementos que conformarían una relación laboral/Confirma fallo del a quo.
“…está demostrada la prestación personal del servicio por parte del actor, no así el horario obligado a cumplir y su grado de subordinación con la corporación pública, razón suficiente para concluir que no confluyen los tres elementos que conformarían una relación laboral entre el actor y el ente territorial demandado, especialmente el de la subordinación y dependencia, debido a la inactividad probatoria de la parte demandante, pese a que se afirme lo contrario en la alzada. Con fundamento en las anteriores consideraciones se confirmará la sentencia proferida en primera instancia”.
Expediente: 19001233170120080001002
Tema tratado: Grado Jurisdiccional de Consulta/ Asignación de retiro/ Le correspondía a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL asumir la totalidad del derecho pensional reconocido al agente retirado, sin perjuicio de su derecho a repetir contra las demás entidades a las que hubiere estado afiliado como empleado o a las que se hicieron los respetivos aportes para cubrir el riesgo, en proporción al tiempo laborado/Precedente horizontal del Tribunal Administrativo del Cauca/ Confirma decisión del a quo.
“Con la presente providencia se recoge la decisión proferida por la Sala en la sentencia No. 09 del 06 de septiembre de 2012, en el proceso radicado con el número 19001233170220080000401.(…)Conforme a lo anotado, precisa la Sala aclarar respecto a la asignación reconocida al actor, que le correspondía a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL asumir la totalidad del derecho pensional reconocido al agente retirado, sin perjuicio de su derecho a repetir contra las demás entidades a las que hubiere estado afiliado como empleado o a las que se hicieron los respetivos aportes para cubrir el riesgo, en proporción al tiempo laborado. Significa entonces que la entidad obligada al pago de la asignación de retiro (CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL), en virtud de las normas legales que gobiernan la materia, puede exhortar mensualmente al MINISTERIO DE DEFENSA para que proceda al reembolso de la cuantía proporcional que le corresponde, en consideración obviamente, al período de servicios prestados en esta entidad, pues ella se constituyó igualmente en deudora de aquella obligación, sin que este trámite de carácter interadministrativo pueda afectar los intereses pensionales del actor, a quien le corresponde reclamar sus derechos pero solo ante la entidad que finalmente le reconoció y paga mensualmente su asignación de retiro”.
Expediente: 19001333100520070017001
Tema tratado: Reconocimiento y pago de una indemnización por supresión de su cargo/Hospital Universitario San José/Los precedentes del Tribunal niegan la indemnización solicitada por supresión del cargo, pues se trataba de empleados públicos vinculados a la entidad en calidad de provisionales/No es aplicable la sentencia C-349 de 2.007 por tener supuestos fácticos diferentes al caso tratado/ Confirma fallo del a quo.
“En el caso concreto, el actor no acreditó su inscripción en el escalafón de la carrera administrativa, es más, ni siquiera aparece prueba de haber solicitado su inscripción, lo que es comprensible, pues su nombramiento se hizo en provisionalidad, según lo marcó la entidad y frente a lo que no afirmó ni probó en contrario; luego de acuerdo con la pauta normativa y jurisprudencial, claramente no le asiste la condición de beneficiario de la indemnización que reclama, pues este rubro se reconoce sólo a quienes se hallan inscritos en carrera, o a quienes aguarden esa expectativa por estar nombrados en periodo de prueba. Ahora, respecto a la aplicación de la sentencia C-349 de 2.007, para sustentar el pago de la indemnización reclamada, considera la Sala que no es procedente acceder a la petición realizada por el actor en esos términos, en tanto que la Corte Constitucional se refirió específicamente en aquella ocasión al proceso de escisión del Instituto de Seguros Sociales y la creación de varias empresas sociales del Estado, consagrando un tratamiento eventual y excepcional que tuvo como origen la “incorporación automática” y “sin solución de continuidad” en beneficio de los nuevos empleados y trabajadores de las Empresas Sociales del Estado creadas y regidas en todo caso por el sistema regulado en el Decreto 1750 de 2003. En otros términos, si el tratamiento dado por el Tribunal Constitucional fue excepcional, obedeciendo a un régimen especial de permanencia preestablecido por el legislador para los trabajadores incorporados automáticamente y sin solución de continuidad, como empleados públicos, a la planta de cargos de las nuevas entidades derivadas de la escisión del ISS, su extensión a los servidores involucrados en el proceso de modificación de la planta de cargos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. o cualquier otra entidad resulta del todo improcedente, pues si así se permitiera, terminaría por desbordarse el ámbito de aplicación subjetivo material y cronológico fijado por el legislador extraordinario y la Corte, inclusive. Más aún, aceptándose viable esa extensión - en hipótesis - no habría lugar a estimar al actor como beneficiario de la indemnización, pues ni siquiera demostró ser trabajador oficial antes de la reclasificación, de la que tampoco consta su realidad”.
Expediente: 19001233170220080038301
Tema tratado: Asignación de retiro/ Situación definida y consolidada conforme a normas anteriores a la vigencia del Decreto 4433 de 2004/No se tiene derecho a prima de actividad/Confirma decisión del a quo.
“Conforme al acervo probatorio se tiene que mediante la Resolución 3876 del 16 de octubre de 1985, la entidad demandada le reconoció al actor una asignación de retiro efectiva a partir del 09 de marzo de 1985. En dicha resolución se dio aplicación al Decreto 2063 de 1984, en tanto constituye el Estatuto que regulaba la carrera profesional de los agentes de la Policía Nacional y sus prestaciones sociales, y la base y forma de liquidarlas, norma legal que estaba vigente para la fecha en que el actor accedió a la asignación de Retiro, y que reguló en su artículo 99 la prima de actividad en un porcentaje del 20%, para los agentes que se retiraran del servicio. Así las cosas es claro que el reconocimiento de la asignación de retiro del señor JOSE GONZALEZ LUCUMI constituye una situación definida y consolidada conforme a normas anteriores a la vigencia del Decreto 4433 de 2004, y sus efectos no pueden aplicarse de manera retroactiva, por ende no corresponde aplicar el Decreto # 4433 de 2004, toda vez que esa norma empezó a regir a partir del 30 de diciembre de 2004 y no consagra ningún incremento en las asignaciones de retiro del personal retirado antes de la vigencia de la mencionada norma. En consecuencia, estima la Sala que el demandante no tiene derecho a que se le reconozca la prima de actividad conforme a lo solicitado en la demanda, debido a que en la fecha de su retiro, se encontraba vigente el Decreto 2063 de 1984 y las normas que lo modificaron o complementaron. Además de lo anterior debe aclararse que el Decreto 4433 de 2004 en ningún momento estableció un aumento en la prima de actividad del personal activo de la Policía Nacional, para que en consecuencia se viera reflejado en un incremento de las asignaciones de retiro y pensiones ya reconocidas en virtud del principio de oscilación alegado por el demandante. Las conclusiones extraídas imponen la confirmación de la sentencia proferida por el juez de primera instancia, quien acertó al negar las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001237170220060094401
Tema tratado: Ascenso al escalafón docente nacional /Si bien la entidad accionada no aplicó la normatividad adecuada para negar la petición de ascenso realizada por la demandante, el fondo de la decisión del acto demandado es acertada, en tanto que la actora no demostró el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para ser ascendida al grado 14 del escalafón docente/Deniega/Modifica decisión de la a quo.
“Conforme al acto acusado, encuentra la Sala que la solicitud se presentó el 04 de mayo de 2004, por ende el Departamento del Cauca debió tener en cuenta el Decreto 2277 de 1979 y la Ley 715 de 2001 para decidir si la peticionaria tenía o no derecho al ascenso al escalafón docente nacional grado 14, como bien lo concluye la jueza de primera instancia. También acierta al negar las pretensiones de la demanda por no existir en el expediente prueba que permita concluir que la actora cumpliera con los requisitos legales establecidos para ascender al grado 14, al momento de realizar su solicitud, pues no obra en el plenario prueba documental alguna que permita corroborar que la actora ostentara un título de postgrado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional distinto al utilizado para ascender al grado 13 del escalafón o que alternativamente hubiese realizado una obra de carácter científico, pedagógico o técnico, siendo en este asunto particular, carga de la actora demostrar el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, para acceder al ascenso pedido tanto en vía administrativa como judicial. Amén de lo anterior, aclara la Sala que si bien la entidad accionada no aplicó la normatividad adecuada para negar la petición de ascenso realizada por la demandante, el fondo de la decisión del acto demandado es acertada, en tanto que la señora RUTH GRACIELA CARVAJAL, no demostró el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para ser ascendida al grado 14 del escalafón docente, razón por la cual la jueza de primera instancia yerra al declarar la nulidad del oficio N° 141 del 06 de abril de 2006. En tal virtud, la Secretaria de Educación Departamental debía negar la petición, conforme lo hizo en el acto acusado, por lo que, la declaración de nulidad no era procedente, y por tanto, la sentencia apelada será modificada, en el sentido de negar todas las pretensiones de la demanda. En conclusión, al no prosperar los cargos expuestos por la parte demandante en el recurso de alzada y al verificarse que la decisión adoptada por la administración, en el caso en concreto resulta ajustada a derecho, la sentencia será modificada en el sentido de negar todas las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 19001233170220060001001
Tema tratado: Retiro del servicio activo/ Policía Nacional/ Material probatorio insuficiente para demostrar intereses diferentes al mejoramiento del servicio público/Confirma decisión del a quo.
“Así las cosas, observa la Sala que el material probatorio no es suficiente para concluir que el retiro del servicio activo del actor, con fundamento en la voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional, contraviene los postulados legales establecidos para tal fin, ni tampoco se probó la existencia de un nexo causal que haya ocasionado su salida, distinta al mejoramiento del servicio que presupone este tipo de actos, más aún cuando los argumentos presentados por el apelante, hacen referencia únicamente al buen ejercicio de su cargo que es lo mínimo que se espera de un funcionario o empleado público en el ejercicio profesional de sus labores. Son diversas las razones que pueden llevar al nominador a ejercer la facultad de libre remoción en procura del cumplimiento de metas institucionales, y en el plenario no se allegó prueba alguna con la cual se demuestre que fueron razones distintas al buen servicio público las que en esta oportunidad llevaron al nominador a ejercer la facultad discrecional”.
Expediente: 19001233170120100050501
Tema tratado: Grado Jurisdiccional de Consulta/ Asignación mensual de retiro/ Prescriben las mesadas pensionales no reclamadas, no el derecho constitucional al mantenimiento del poder adquisitivo de la asignación mensual de retiro/ El acceder a la reliquidación de la base con fundamento en el IPC, implica que tal monto se va incrementando de manera cíclica y a futuro, pues las diferencias reconocidas a la base pensional deben ser utilizadas para la liquidación de las mesadas posteriores/Confirma decisión del a quo. Retiro del servicio activo de la Policía/Falta de nexo causal/ Facultad de libre remoción en procura del cumplimiento de metas institucionales/Confirma decisión del a quo de negar pretensiones.
“Como bien lo determinó el A quo, el reajuste debe ordenarse desde el año 1997 acorde con la solicitud elevada ante CASUR y con la demanda, habida cuenta que aun cuando la entidad demandada no está obligada a pagar las diferencias prescritas, eso no significa que el derecho al reajuste también haya sido objeto de prescripción, pues éste sirve de base para el incremento realizado en el año de 1998 y así en lo sucesivo. Lo anterior en el entendido de que - como ya se expuso - se prescribieron las mesadas pensionales no reclamadas, mas no así el derecho constitucional al mantenimiento del poder adquisitivo de la asignación mensual de retiro. De igual forma, tuvo en cuenta el hecho de que al acceder a la reliquidación de la base con fundamento en el IPC, implica que tal monto se va incrementando de manera cíclica y a futuro, pues las diferencias reconocidas a la base pensional deben ser utilizadas para la liquidación de las mesadas posteriores. Precisando que como quiera que la base pensional se ha ido modificando desde el año de 1997, con ocasión de la aplicación del índice de precios al consumidor - IPC -, es claro que este incremento incide en los pagos futuros, pero condicionando el pago de dicho reajuste por aplicación de la prescripción cuatrienal - previa reliquidación desde 1997- desde el 17 de julio de 2005 hacia futuro, habida cuenta de que la solicitud ante CASUR se radicó el 17 de julio de 2009 y de que este incremento no se agota en un tiempo determinado. En consecuencia, conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del grado jurisdiccional de consulta está acorde con las disposiciones legales que regulan la materia y la jurisprudencia del H. Consejo de Estado a la que se hizo referencia, se impone su confirmación”.
Expediente: 19001233170120070030901
Tema tratado: Litis Consorcio Necesario por Pasiva/ No es necesario vincular al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ya que la resolución de reconocimiento de la asignación de retiro fue proferida únicamente por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL y en ella se distribuyeron las obligaciones a cargo de las entidades concurrentes/ La CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL fue quien se obligó al pago de la asignación mensual de retiro/ Las providencias judiciales inhibitorias únicamente pueden adoptarse cuando ejercidas todas las atribuciones del juez y adoptadas por él la totalidad de las medidas procesales para integrar los presupuestos del fallo, resulte absolutamente imposible proferir decisión de fondo/Modifica parcialmente decisión del a quo.
“(en precedente horizontal Sentencia No. 09 del 06 de septiembre de 2012 el Tribunal)..…consideró que la falta de vinculación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL configuraba una ineptitud sustantiva de la demanda por falta de integración del litis consorcio necesario por pasiva, inhibiéndose la Sala para proferir un pronunciamiento de fondo por falta de agotamiento de la vía gubernativa en relación con el referido ministerio; en tanto que al analizar nuevamente el tema con ocasión del asunto sub judice se colige que no es necesario vincular al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, pues la resolución de reconocimiento de la asignación de retiro fue proferida únicamente por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL y en ella se distribuyeron las obligaciones a cargo de las entidades concurrentes en la proporción correspondiente al tiempo laborado, por ende el pago de las cuotas partes establecidas constituyen un trámite interadministrativo entre las dos entidades, siendo en últimas la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL quien se obligó con la actora al pago de la asignación mensual de retiro y por ende es esta entidad a quien debió dirigirse la reclamación administrativa, como efectivamente lo hizo la demandante, sin que también sea requisito dirigirse al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL como se había considerado inicialmente. La Corte Constitucional en la Sentencia C-666 del 28 de noviembre de 1996, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández, al examinar los artículos 91 y 333 del Código de Procedimiento Civil se pronunció sobre las decisiones inhibitorias, declarando la exequibilidad condicionada de los preceptos demandados, en el sentido de que las providencias judiciales inhibitorias únicamente pueden adoptarse cuando ejercidas todas las atribuciones del juez y adoptadas por él la totalidad de las medidas procesales para integrar los presupuestos del fallo, resulte absolutamente imposible proferir decisión de fondo”.
JURISPRUDENCIA DE ALTA CORTE
Sección: Tercera en Sala Plena
Expediente: 73001233100020000307501
Tema tratado: ACCIÓN CONTRACTUAL/ Recurso de apelación / Unificación jurisprudencial en materia de enriquecimiento sin causa y de actio de in rem verso/ El enriquecimiento sin causa no puede pretenderse para desconocer o eludir normas imperativas/
[1] La Condecoración José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial se creó en 1970 para destacar la honestidad, la consagración y la perseverancia de los mejores empleados de la Rama Judicial.
[2] “El CPACA responde al procedimiento administrativo global” en Ámbito Jurídico No. 362, enero 28 a febrero 10 de 2013, Página 02.