Source: https://www.slideshare.net/ninanor2003/obligacin-de-mantener-seguro-vehculo-a-pesar-de-estar-en-reparacin
Timestamp: 2019-09-15 14:19:06
Document Index: 338047457

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 386', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 68']

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Vehículo con defecto de fabrica. En guarda y reparación en fabricante. Obligación de mantener seguro activo,
1. 15 agosto 2014 por Ed. Microjuris.com Argentina autoPartes: Bandagro S.A. c/ Volkswagen Argentina S.A. y otro s/ ordinario Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala/Juzgado: B Fecha: 19-may-2014 Cita: MJ-JU-M-87338-AR | MJJ87338 Aún durante el tiempo en que el vehículo quedó detenido para ser reparado por desperfectos de fabricación, el interés asegurable permanece en cabeza de la actora, siendo ello lo que justifica que se haga cargo de las primas correspondientes. Sumario: 1.-En el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, sea en su versión anterior o posterior a la reforma de la Ley 26.361 , la calidad de consumidor estaría dada por la ubicación de un sujeto - en relación a un bien o servicio- en el último eslabón de un circuito económico, cortándose en él la cadena de valor. Este consumidor final o destinatario final al que alude la ley sería quien interviene fuera del ámbito profesional o en actividades extrañas a la de su hacienda específica o relevante. La asimetría relacional respecto del sujeto proveedor en torno a un determinado bien o servicio, justifica el fin tuitivo de la norma. 2.-La adquisición de un automóvil 0 Km. para el uso familiar y laboral de uno de sus socios, configura una relación de consumo y, en consecuencia, la condición de consumidor de la adquirente. La asimetría o disparidad negociadora de las partes, como el destino dado al rodado justifican la aplicación en el caso de la normativa de protección del consumidor y el uso laboral mencionado, en la medida en que habría involucrado únicamente el traslado de uno de los socios de la accionante, no configura un supuesto excluido de la protección al consumidor . 3.-Debe considerarse consumidor -en los términos de la Ley 24.240 – quien con la adquisición de bienes pretende hacerse con el valor de uso de lo adquirido y no emplearlo en su trabajo o actividad para obtener otros bienes o servicios. En este sentido, el consumidor es su destinatario final, a diferencia del empresario o comerciante, que adquiere el bien por su valor de cambio. 4.-Estamos ante un acto de consumo cuando el consumidor lo que persigue es disfrutar del uso del bien, mientras que el empresario no consumidor lo que pretende, por el contrario, es recuperar el valor y, si es posible, multiplicar lo que invirtió en la adquisición del bien. 5.-Se ha resuelto en forma favorable a la aplicación de la Ley 24.240 respecto de una persona jurídica que adquirió a título oneroso un automotor para satisfacer las necesidades de su empresa comercial – en el caso, traslado de sus miembros y empleados-, pues se entendió que incluso en tales circunstancias igualmente revestía el carácter de consumidor o destinatario final del bien 6.-Una adecuada hermenéutica de la ley del consumidor habilita a responsabilizar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y prestación del servicio, y no solo a quien lo provee en forma directa. 7.-El fabricante debe responder por la elección del servicio técnico y por ser el proveedor de los repuestos, toda vez que es éste quien informa cuales son los servicios autorizados y deja constancia de que, en caso de necesidad, el usuario deberá llamar a aquéllos especializados que, por tanto, si bien no pueden ser calificados como económicamente dependientes del fabricante, sí lo son técnicamente. En consecuencia, fabricante y servicio asumen la obligación de resultado de tipo objetivo y deben responder como deudores de esa prestación 8.-Para que el consumidor pueda optar por alguna de las opciones que la norma establece a su favor (art. 17 LDC) debe ocurrir, según dispone en su primer párrafo, que la cosa reparada no reúna las condiciones óptimas para cumplir con el uso a que está destinada y ante la duda, si la cosa reparada reúne tales condiciones o no, deberá estarse siempre a favor del consumidor tal como lo determina el art. 37, segundo párr., primera parte de la Ley 24.240. 9.-Las cláusulas legales facultativas otorgadas al consumidor son puestas en su protección, por su condición de polo débil de la relación contractual de consumo. Por eso debe interpretarse que la ley no obliga al consumidor insatisfecho con el producto adquirido a esperar prolongadamente, más allá de lo tolerable a que el vendedor repare el objeto que compró. Por ello si el vehículo 0 Km. no fue reparado a satisfacción en el servicio técnico autorizado, no le queda otra alternativa
2. al comprador que rescindir la compraventa. 10.-Respecto a la indemnización concedida en concepto de privación de uso, nuestro Máximo Tribunal ha dicho que la sola privación del automotor afectado a un uso particular produce por sí misma una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria, que debe ser resarcida como tal. 11.-La privación del uso del vehículo es un daño emergente presumido en cuanto a las erogaciones para el transporte que debe hacer el damnificado ante la imposibilidad de utilizar su propio medio (en esta orientación. 12.-Frente a la reclamación de los daños por privación del uso del automotor y la ausencia de prueba específica sobre la cuantía del daño de que se trata, la pauta para establecer el resarcimiento debe ser ponderada con criterio estricto. 13.-La imposibilidad del uso del automotor conlleva, al mismo tiempo, la eliminación de distintos gastos (vgr. combustibles, lubricantes, estacionamiento, peajes, desgaste de neumáticos, de piezas mecánicas, etc.), todo lo que determina una compensatio lucri cum damno que no puede dejar de ser valorada, aún de oficio, para no gravar indebidamente la situación del responsable, quien debe pagar sólo por el perjuicio efectivamente sufrido por el damnificado. 14.-Aún durante el tiempo en que el vehículo quedó detenido para ser reparado, el interés asegurable permanece en cabeza de la actora, siendo ello lo que justifica que se haga cargo de las primas correspondientes. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen. Fallo: En Buenos Aires, a los 19 días del mes de Mayo del año 2014 reunidas las Señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdo, fueron traídos para conocer los autos caratulados: “BANDAGRO S.A. contra VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. Y OTRO sobre ORDINARIO” (EXPTE. N° 17228/2007) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Matilde E. Ballerini , María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ana I. Piaggi. Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? La Señora Juez de Cámara Dra. Matilde E. Ballerini dijo: I. La sentencia dictada a fs. 1009/1020, a cuya exposición de los hechos me remito a fin de evitar estériles reiteraciones, admitió parcialmente la demanda iniciada por Bandragro S.A. contra Volkswagen Argentina S.A. y Espasa S.A. a quienes condenó a abonarle a aquélla la suma correspondiente al costo actual de un automóvil de similares características al que dio motivo a la litis, con una detracción del 30% de su valor, difiriendo para la etapa de ejecución de sentencia su efectiva determinación. Asimismo los condenó a abonarle a la actora la suma de cinco mil pesos ($5.000) con más sus intereses en concepto de privación de uso. En cuanto a las costas, las impuso en su totalidad a cargo de las accionadas vencidas. Para así resolver, la Sra. Juez de Primera Instancia concluyó, en primer término, que resultaba aplicable en la especie la normativa referida a la protección de los consumidores. Luego, se introdujo en el análisis de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la coaccionada Espasa S.A.Indicó que se encontraba demostrado en autos que la excepcionante intervino en la venta del automotor así como en la etapa de post venta, toda vez que fue quien había realizado los “service” y reparaciones de los desperfectos que sufrió la unidad. Razón por la cual, se pronunció por el rechazo de la defensa interpuesta. Con relación a esto último, es decir la verificación de los desperfectos atribuidos al vehículo adquirido por la actora, juzgó que fueron eficazmente acreditados mediante la pericia de ingeniería mecánica realizada sobre el rodado. Precisó las conclusiones expuestas por el perito, referidas a las averías que presentó el automotor , que estas ocurrieron durante el plazo de vigencia de la garantía otorgada por la importadora y agregó que no fue puesto a disposición del experto las constancias de las reparaciones que efectuaran las defendidas, siendo aplicable la presunción establecida en el art. 388 del CPCC. Concluyó que correspondía admitir la acción y condenar a las accionadas a abonarle al actor - previa entrega de su unidad- la suma equivalente al precio actual de un vehículo de similares características al oportunamente adquirido, con una detracción de un 30% en los términos del
3. art. 17 de la ley 24.240 y del decreto reglamentario 1798/94. Porcentaje al que arribó tras ponderar la antigüedad del vehículo, el uso dado por la accionante (más de 99.000 kms) y lo expuesto por el perito respecto al buen estado general en que se encontraba. Finalmente se avocó al estudio de los distintos rubros indemnizatorios pretendidos por la accionante. En cuanto a los gastos de inscripción del vehículo, patente, seguro, service obligatorios y renovación, rechazó su restitución pues consideró que eran inherentes al uso que se le dio al bien.Tampoco admitió los gastos de escribanía incurridos por la accionante ya que concluyó que resultó un mayor costo innecesario que no debía ser trasladado a las emplazadas. En cambio, sí admitió la indemnización pretendida en concepto de privación de uso, la cual estimó en la suma de $5000 en tanto no pudo demostrarse fehacientemente la cantidad de días que el rodado debió permanecer en el taller para que se realizaran reparaciones sobre el mismo. II. Contra dicho pronunciamiento se alzaron las partes. Los agravios de Volkswagen Argentina S.A. (fs. 1046/1062vta) fueron respondidos por la actora a fs. 1078/1084, quien a su vez hizo lo propio con la pieza de fs. 1068/1072vta., la cual fue contestada únicamente por Volkswagen a fs. 1086/1093. De su lado, Espasa S.A. mantuvo su recurso a fs. 1064/1066, siendo sus agravios contestados a fs. 1074/1076. A fs. 1102 dictaminó la Sra. Fiscal ante esta Cámara. III. Razones de orden metodológico aconsejar comenzar por el estudio de los recursos introducidos por las accionadas. Las quejas de la codemandada Volkswagen Argentina S.A. transitan, en esencia, por los siguientes carriles: i) la aplicación de la ley 24.240; ii) ausencia de responsabilidad de su parte en los hechos debatidos en autos; iii) la condena a abonar el valor actual de la unidad con una detracción de sólo el 30%; iv) la indemnización reconocida por privación de uso; y v) la forma en que se impusieron las costas. Por su parte, el concesionario cuestionó el rechazo de su defensa de falta de legitimación pasiva y la aplicación del artículo 17 de ley de defensa del consumidor . IV. Los agravios de las codemandadas no serán tratados en el orden en que fueron expresados, sino del modo que permita un adecuado tratamiento de los recursos interpuestos. a) Aplicación de la ley de defensa del consumidor . La primera queja a considerar, refiere a la aplicación de la ley 24.240 (ver fs.1047 y sgtes.). En el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, sea en su versión anterior o posterior a la reforma de la ley 26.361, la calidad de consumidor estaría dada por la ubicación de un sujeto - en relación a un bien o servicio- en el último eslabón de un circuito económico, cortándose en él la cadena de valor. Este “consumidor final” o “destinatario final” al que alude la ley sería quien interviene fuera del ámbito profesional o -en supuestos como el de marras- en actividades extrañas a la de su hacienda específica o relevante. La asimetría relacional respecto del sujeto proveedor en torno a un determinado bien o servicio, justifica el fin tuitivo de la norma. La accionante demandó en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor invocando haber comprado, a través de la concesionaria codemandada, un automóvil 0 Km. marca Audi, modelo A4 2.0 TDI para el uso familiar y laboral de uno de sus socios (ver fs. 222vta/223). La codemandada Volkswagen Argentina S.A. resistió la subsunción del caso en dicha legislación, con sustento en que el rodado habría sido adquirido con un fin comercial (ver fs. 256vta y sgtes.). Se advierte en el sub examine la configuración de una relación de consumo y, en consecuencia, la condición de consumidor de la adquirente. La lectura del escrito de demanda no deja duda que la actora se considera consumidora, inmersa en una relación de consumo.Sin perjuicio de ello, la amplitud de poderes que tienen los magistrados les permite realizar el encuadramiento jurídico que consideren pertinente en base a los hechos expuestos como litigiosos, con prescindencia del que hubiere dado los litigantes. La asimetría o disparidad negociadora de las partes, como el destino dado al rodado justifican la aplicación en el caso de la normativa de protección del consumidor . El uso laboral mencionado, en la medida en que habría involucrado únicamente el traslado de
4. uno de los socios de la accionante, no configura un supuesto excluido de la protección al consumidor. Debe considerarse consumidor -en los términos de la norma aludida- quien con la adquisición de bienes pretende hacerse con el valor de uso de lo adquirido y no emplearlo en su trabajo o actividad para obtener otros bienes o servicios. En este sentido, el consumidor es su destinatario final, a diferencia del empresario o comerciante, que adquiere el bien por su valor de cambio. Luego puede concluirse que estamos ante un acto de consumo cuando (como sucede en el caso de marras) el consumidor lo que persigue es disfrutar del uso del bien, mientras que el empresario no consumidor lo que pretende, por el contrario, es recuperar el valor y, si es posible, multiplicar lo que invirtió en la adquisición del bien. Bajo tales premisas puede concluirse que, en autos se trató del consumo final de un bien, para beneficio y comodidad propia y de la familia del Sr. Cortina, sin que a dicho acto le siguiera la comercialización del bien o la prestación de servicios a terceros, ni otro acto concatenado en un proceso productivo o de distribución que permitiere considerarlo excluido del régimen tuitivo de defensa del consumidor (conf. CNCom. esta Sala, in re, “Promet, Gabriel A. c/ Ford Argentina S.C.A.y otro s/ sumarísimo” del 25/09/2013). En un caso análogo al presente, se ha resuelto en forma favorable a la aplicación de la ley 24.240 respecto de una persona jurídica que adquirió a título oneroso un automotor para satisfacer las necesidades de su empresa comercial – en el caso, traslado de sus miembros y empleados-, pues se entendió que incluso en tales circunstancias igualmente revestía el carácter de consumidor o destinatario final del bien (conf. CNCom. Sala A, in re, “Artemio Construcciones S.A. c/ Diyón S.A. y otro” del 21/09/2000 LL 2001-B, 839) Por lo expuesto, siendo que la relación habida entre los justiciables debe ser subsumida dentro de la protección que otorga la ley 24.240, se desestima eagravio. b) Rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva. La codemandada Espasa S.A. criticó que la anterior sentenciante no admitió su defensa de falta de legitimación pasiva. Expuso que la operación habría sido realizada en forma directa entre Bandagro S.A. y Volkswagen Argentina S.A. y que su parte únicamente se limitó a la entrega de la unidad elegida. No existen dudas respecto a que la factura correspondiente a la venta del vehículo fue expedida por la importadora (ver copia de la misma a fs. 15). Sin embargo, ese único dato no resulta suficiente per se para admitir la defensa esgrimida. Pues tampoco hay discordia en cuanto a que Espasa S.A. fue quien controló y entregó el automotor , además de haber sido quien llevó adelante todas las reparaciones y servicios de mantenimiento de rutina que se hicieron sobre aquél. Por otra parte, como bien fue señalado por la anterior sentenciante y no mereciera reproche en particular por parte de la apelante, ha sido demostrado que el concesionario emitió una nota de crédito por un importe de $7.486,20 a favor de la accionante por medio de la cual se le bonificaba el pago de patentamiento y parte del precio del rodado (ver a fs.679 lo informado por el perito contador en la respuesta al punto b) propuesto sobre los libros de Bandagro S.A.). A tenor de lo expuesto, puede concluirse que la participación que tuvo la excepcionante no se limitó, como ella pretende, a la mera entrega de la unidad. Consecuentemente atendiendo al régimen de solidaridad que implementa la ley 24.240 entre los distintos integrantes de la cadena de comercialización de los productos y servicios, forzoso es concluir que la codemandada cuenta con suficiente legitimación pasiva para estar en este juicio. Por ello, se rechaza el agravio. c) La prueba de los desperfectos que afectaron al automotor . Como ya fuera señalado, no existe controversia respecto a que mientras se encontraba vigente la garantía otorgada, la unidad presentó desperfectos que provocaron su ingreso a los talleres de la codemandada Espasa S.A. Ahora bien, las apelantes aducen que las fallas que pudieron haberse registrado fueron correctamente solucionadas. Arriban a tal conclusión a partir de lo informado por el perito ingeniero mecánico designado en autos y de ciertos testimonios brindados por dependientes
5. suyos. Valorada la pericia mecánica realizada en autos a la luz del principio de la sana crítica que informa el artículo 386 del CPCC, podemos extraer las siguientes conclusiones: el perito ingeniero determinó que el estado general del vehículo era bueno, sin embargo a partir del examen que realizara sobre la unidad (mediante un escaneo y chequeo por personal altamente capacitado) pudo detectar la presencia de cinco fallas, siendo la más importante de ellas, la referida al “medidor de masa de aire”, la cual caracterizó como permanente identificándola como la generadora de todos los inconvenientes que sufrió el vehículo y que constan en la demanda. Asimismo, el experto concluyó que el desperfecto detectado era el causante de que el motor no respondiera a las necesidades de marcha, “.tornando anormal y dificultoso el uso del ve hículo.” (ver respuestas a las preguntas b y c de los puntos de pericia propuestos por la actora a fs.737/737vta). Al respecto explicó que “.los gases de escape son consecuencia de cómo se realiza la combustión dentro del cilindro, y para una correcta combustión es necesaria una correcta relación de proporcionalidad entre el combustible y la masa de aire, ahora si el medidor de Masa de Aire (caudalímetro) no cumple con su objetivo, la marcha del vehículo se vuelve inapropiada.” (ver respuesta al punto f propuesto por la accionante a fs. 737vta). De acuerdo a lo expuesto precedentemente, puede afirmarse que -al contrario de lo sostenido por las accionadas- las fallas que presentó el automotor persistieron aún después de que ingresara para su reparación en los talleres de la concesionaria codemandada, manteniéndose incluso en la actualidad. No soslayo que el perito no logró identificar la causa que pudo originar el desperfecto en la pieza mencionada (ver respuesta al punto e propuesto por la actora a fs. 737vta). Sin embargo, ello en modo alguno puede tener las consecuencias que pretenderían las apelantes. En primer lugar debo señalar que si la causa de las fallas que sufrió la unidad hubiera respondido a un mal uso de ésta por parte de la actora -exceso de velocidad, etc- (como ahora pretende argumentar), las accionadas debieron negarse a efectuar las reparaciones sobre la misma sin costo alguno y en los términos de la garantía otorgada sobre el bien. No obstante, como ellas lo reconocieron, todas y cada una de las veces que el vehículo ingresó a los talleres de la concesionaria demandada por problemas en el automotor, se procedió a su reparación sin que hubieran presentado objeciones y sin cobrar importe de ningún tipo a la actora (mano de obra o por las piezas que supuestamente fueron sustituidas). Por otra parte, no puede soslayarse la presunción en contrario que emana del hecho que las accionadas no pusieron a disposición del perito las constancias de reparación que legalmente (conf. art. 15 LDC) debieron emitir en cada oportunidad que el vehículo fue intervenido.Lo que produjo que aquél no pudiera determinar que piezas fueron cambiadas o los trabajos que se realizaron sobre la unidad (conf. art. 388 CPr). Para más, a todo evento señálese que la indeterminación de la causa del daño no puede beneficiar a las demandadas, pues no hay liberación de responsabilidad del fabricante aún cuando pretenda acreditar que la causa del defecto permanece desconocida (conf. Farina ob. cit, pág. 463 y ss.) Finalmente, tampoco logra enervar lo hasta aquí expuesto los testimonios de los Sres. Byk (fs. 567/569) y Volz (fs. 644/646) respecto a que el rodado se encontraba en perfectas condiciones luego de que se efectuaran las reparaciones a las que fue sometido. Primero, porque ambos testigos son dependientes de las accionadas, circunstancia que impone meritar sus testimonios con especial atención; y segundo, porque aún soslayando tal circunstancia, lo cierto es que a la luz de las conclusiones arribadas por el perito ingeniero mecánico en relación a la existencia de una falla -de carácter permanente- que sería la consecuencia de todos los desperfectos que padeció la unidad adquirida por la actora, lo expuesto por los testigos se aprecia carente de sustento suficiente como para ser considerado como medio de convicción útil para fundar o revertir una sentencia. En síntesis, habiendo sido eficazmente demostrado que el vehículo propiedad de la actora presentó fallas durante la vigencia de la garantía otorgada sobre el bien, que éstas no fueron definitivamente solucionadas pese a que en diversas oportunidades el mismo fue ingresado para
6. su reparación, subsistiendo el desperfecto aún en la actualidad, corresponde concluir que, en tanto no se acreditó que hubiera mediado caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva e inexcusable de la víctima o culpa de un tercero por quien no debieran responder, las accionadas resultan solidaria y objetivamente responsables por los perjuicios que pudieron generarle a la actora. Una adecuada hermenéutica de la ley del consumidor habilita a responsabilizar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y prestación del servicio, y no solo a quien lo provee en forma directa. El fabricante debe responder por la elección del servicio técnico y por ser el proveedor de los repuestos, toda vez que es éste quien informa cuales son los servicios autorizados y deja constancia de que, en caso de necesidad, el usuario deberá llamar a aquéllos especializados que, por tanto, si bien no pueden ser calificados como económicamente dependientes del fabricante, sí lo son técnicamente. En consecuencia, fabricante y servicio asumen la obligación de resultado de tipo objetivo y deben responder como deudores de esa prestación (conf. CNCom., esta Sala, in re, “Baskir Mauricio y otro c. Zanella e Hijos SA y otros”, del 27/11/1995; id, in re, “Llaver Pablo Javier y otro c/ Centro Automotores s.a. y otros s/ ordinario” del 18/09/2013). d) Aplicación del artículo 17 de la ley 24.240. Determinada la responsabilidad de ambas accionadas por los hechos debatidos en autos, corresponde analizar a continuación los agravios vertidos respecto a la aplicación del artículo 17 de la Ley de Defensa del Consumidor, por el cual se las condenó al reintegro del valor actual de un automotor de similares características al oportunamente adquirido por la actora. Las apelantes cuestionaron la solución arribada por la anterior sentenciante con fundamento en que, de acuerdo a lo expuesto por el perito ingeniero, el vehículo podría ser arreglado mediante el cambio de la pieza donde se registró el desperfecto. Así, calificaron de desproporcionada la condena fijada. Volkswagen Argentina S.A. insistió en que las reparaciones que se efectuaron sobre el bien fueron satisfactorias, situación que tornaría inaplicable la norma discutida.Nuevamente refirió a la falta de valoración de la prueba testimonial rendida en autos y a la imposibilidad que existió para establecer la causa de la falla que registró la unidad. Respecto a esto último, en la medida que tales fundamentos (valoración de la prueba testimonial y causa que originó el desperfecto) ya fueron analizados -y desestimados- en el apartado anterior, allí me remito a fin de evitar innecesarias repeticiones. Con relación a si corresponde o no la aplicación del artículo 17 de la ley 24.240 y, en su caso, si debió disponerse la devolución del valor actual de un automotor de similares características al oportunamente comprado por Badagro S.A., adelanto que las quejas no han de prosperar. Para que el consumidor pueda optar por alguna de las opciones que la norma establece a su favor (art. 17 LDC) debe ocurrir, según dispone en su primer párrafo, que la cosa reparada no reúna las condiciones óptimas para cumplir con el uso a que está destinada. Ante la duda, si la cosa reparada reúne tales condiciones o no, deberá estarse siempre a favor del consumidor tal como lo determina el art. 37, segundo párrafo, primera parte de la ley 24.240. En el sub examine se demostró que a pesar de las veces que el vehículo ingresó al servicio técnico brindado por las accionadas, la unidad continuó presentando problemas. Así lo informó el perito ingeniero mecánico al señalar que la falla detectada en el “medidor de masa de aire” es de carácter permanente y que aquélla es la que gener ó todos los contratiempos que padeció la actora con su vehículo (ver fs.737 y ss). Como indiqué con anterioridad, el experto manifestó que “.si el medidor de Masa de Aire (caudalímetro) no cumple con su objetivo, la marcha del vehículo se vuelve inapropiada.” (ver respuesta al punto f propuesto por la accionante a fs737vta). Pese a que el vehículo fue llevado por la actora para su reparación al servicio técnico prestado por las demandadas, nunca fue reparado en forma satisfactoria u óptima, siguiendo la terminología empleada en la normativa.
7. No debe perderse de vista que se trataba de una unidad 0 km., importada, de importante precio abonado al contado y lo menos que puede pedirse es que el automotor funcione en condiciones óptimas como establece la ley. Lo expuesto me induce a recordar que las cláusulas legales facultativas otorgadas al consumidor son puestas en su protección, por su condición de polo débil de la relación contractual de consumo. Por eso debe interpretarse que la ley no obliga al consumidor insatisfecho con el producto adquirido a esperar prolongadamente, más allá de lo tolerable a que el vendedor repare el objeto que compró. Por ello si el vehículo 0 Km. no fue reparado a satisfacción en el servicio técnico autorizado, no le queda otra alternativa al comprador que rescindir la compraventa. Las accionadas ya contaron -en reiteradas ocasiones- con la posibilidad de solucionar los problemas que presentaba el automotor. Pretender ahora que, luego de haber tenido que llevar adelante este proceso judicial, el consumidor nuevamente se someta a otro servicio técnico, cuyo resultado -a la luz de los antecedentes del caso- es incierto, no puede ser admitido. Por lo expuesto, se rechazan las quejas. e) En cuanto a los agravios expresados respecto al porcentaje de detracción del precio establecido en el pronunciamiento recurrido y al monto fijado en concepto de indemnización por privación de uso, serán analizados conjuntamente con las críticas desarrolladas por la actora.Asimismo, la queja referida al modo en que fueron impuestas las costas de la anterior Instancia también será objeto de análisis en un apartado posterior. V) Las críticas de la accionante pueden sintetizarse del siguiente modo: i) la aplicación del artículo 17 del decreto 1798/94; ii) el rechazo del pago de los gastos; y iii) el quantum de la indemnización establecida por privación de uso. i) En su primer embate la demandante argumentó que no debería aplicarse lo dispuesto en el decreto reglamentario de la ley de Defensa del Consumidor para justificar la detracción del 30% sobre el valor actual de un vehículo de similares características al que adquiriera de las accionadas. Justificó su crítica en que la reglamentación cuestionada imponía restricciones no contempladas por la norma y que por tal motivo no debían aplicarse. A todo evento, solicitó una disminución del porcentaje fijado. Por su parte, la coaccionada Volkswagen manifestó que la antigüedad de la unidad y la cantidad de kilómetros recorridos que tenía la misma justificaba un descuento mayor al establecido en la sentencia recurrida. Como es sabido, la actuación de alzada posee dos límites. Uno referido a la consideración de los agravios, que es el ámbito de su actuación jurisdiccional y responde al principio tantum devolutum quantum apellatum y otro a las posibilidades de su contenido. El recurso entonces esta liminarmente determinado por los agravios proferidos, o lo que es lo mismo, el agravio es la medida de la apelación. En lo que atañe al segundo límite de la potestad del tribunal de revisión, el mismo tiene vinculación con la actividad previa del impugnante; ya que el contenido del recurso debe encontrarse enmarcado dentro de la esfera subyacente previamente delimitada, que tiende a la determinacion del thema decidendum (conf. CNCom. esta Sala, in re, “Molinos Río de la Plata S.A.c/ Baratella Delfin” del 19/06/1990 entre tantos otros). De este modo, efectuar la valoración de un argumento no esgrimido en la anterior instancia, implicaría exceder los límites que determina concretamente el CPr. 277, dado que no es admisible que en la alzada se decida dejando de lado el contenido de la relación procesal como ha sido trabada en los escritos constitutivos del proceso. Consecuentemente, lo desarrollado por la actor a con relación a la no aplicación del decreto reglamentario, siendo que no fue un tema oportunamente propuesto a la Sra. Juez de la anterior Instancia, será desestimado sin necesidad de realizar mayores precisiones. En lo que respecta al porcentaje de descuento que fijó la Sra. Juez a quo sobre el valor del rodado, juzgo que las críticas desarrolladas por ambas partes no han de prosperar. Por un lado, no puede desconocerse que efectivamente el bien -a pesar de las fallas que generaron que el mismo no estuviera en óptimas condiciones como ordena la ley- igualmente
8. pudo ser utilizado en cierta medida por la actora. Prueba de ello es la cantidad de kilómetros (más de 99.000 kms.) que transitara en sólo dos años (desde su compra hasta la promoción de la demanda). Sobre tales premisas, siendo que el estado general de la unidad es bueno (ver lo indicado por el perito ingeniero mecánico a fs. 737) estimo prudente la detracción del 30% sobre el valor actual de un vehículo nuevo de similares características al que oportunamente adquiriera Bandagro S.A. Máxime, cuando ninguna de las apelantes produjo pruebas sobre el punto (vgr. tasaciones, pedido de informes, etc). Por lo expuesto, se rechazan los agravios. ii) Respecto a la indemnización concedida en concepto de privación de uso, nuestro Máximo Tribunal ha dicho que la sola privación del automotor afectado a un uso particular produce por sí misma una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria, que debe ser resarcida como tal (conf.Corte Suprema, Fallos 319:1975 ; 320:1567; 323:4065 ). La privación del uso del vehículo es un daño emergente presumido en cuanto a las erogaciones para el transporte que debe hacer el damnificado ante la imposibilidad de utilizar su propio medio (en esta orientación, ver CNCom. esta Sala, in re, “Vazquez Bourgeois Natalia c/ Peugeot Citroen Argentina S.A. s/ ordinario” del 20/05/2011 y sus citas). Sin embargo, frente a la ausencia de prueba específica sobre la cuantía del daño de que se trata, la pauta para establecer el resarcimiento debe ser ponderada con criterio estricto. En tal sentido, cabe recordar también que la imposibilidad del uso del automotor conlleva, al mismo tiempo, la eliminación de distintos gastos (vgr. combustibles, lubricantes, estacionamiento, peajes, desgaste de neumáticos, de piezas mecánicas, etc.), todo lo que determina una compensatio lucri cum damno que no puede dejar de ser valorada, aún de oficio, para no gravar indebidamente la situación del responsable, quien debe pagar sólo por el perjuicio efectivamente sufrido por el damnificado (conf. CNCom. esta Sala, in re, “Mediterráneo Cargo S.R.L. c/ Ford Argentina S.C.A. y otros s/ ordinario” del 14/09/2012). En función de lo precedentemente expuesto, concluyo que es adecuada la indemnización fijada en la anterior Instancia ($5.000) (conf. art.165 CPr). Por ello, se desestiman los agravios en estudio. iii) La accionante se agravió porque la anterior sentenciante no admitió la restitución de los gastos de inscripción del vehículo, patentes, seguro y de los service obligatorios que se realizaran en el concesionario codemandado a fin de mantener la garantía concedida. Más allá de destacar que la queja en estudio se presenta como una mera disconformidad con lo oportunamente resuelto, en donde no se señala con la suficiencia y seriedad debida los errores en que pudo haber incurrido el órgano jurisdiccional, a todo evento agregaré que coincido con la solución arribada en la anterior instancia, razón por la cual la queja no se admitirá. Como señaló la Sra. Juez a quo los gastos cuya restitución se pretende han sido consecuencia del uso que le dio la accionante a su vehículo. Repárese, por ejemplo, que el costo de los servicios mecánicos obligatorios responde a la utilización del automotor, a tal punto que, si la actora -o su socio- no hubiera podido usar el bien, tales intervenciones no habrían debido llevarse a cabo. De igual modo, en el caso del pago de la póliza del seguro, se ha dicho que aún durante el tiempo en que el vehículo quedó detenido para ser reparado, el interés asegurable permanece en cabeza de la actora, siendo ello lo que justifica que se haga cargo de las primas correspondientes (conf. CNCom. Sala D, in re, “Giorgi, Carlos Camilo c/ Ford Argentina S.A.” del 12/03/2009). iv) En cuanto a los gastos de escribanía en que incurrió la accionante para acreditar los desperfectos que padeció con su automotor, juzgo que corresponde admitir el agravio y, consecuentemente, condenar a las accionadas a su restitución. Ello por cuanto, como fue demostrado, éstas no le entregaron en su oportunidad las constancias de las reparaciones que se efectuaron sobre la unidad cada vez que sufría los desperfectos que motivaron esta litis.De allí que las actuaciones notariales que solicitó la actora a fin de intentar acreditar las fallas que padeció su vehículo no se presentan como un gasto excesivo, desproporcionado o injustificado de acuerdo a los antecedentes del caso. Obsérvese -como ejemplo de esto último- el silencio que mantuvieron las defendidas frente a las
9. primeras comunicaciones que realizara la accionante sobre los problemas que surgieron en el uso del bien adquirido (ver copias de las cartas documento enviadas a fs. 36 y 39 cuya autenticidad fue reconocida y copia de la nota remitida a Espasa a fs. 38). Las sumas aquí reconocidas, generarán intereses calculados de acuerdo a la tasa activa en pesos que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días, desde la fecha en que fueron abonadas las facturas correspondient es (ver copias a fs. 139/141 cuya autenticidad fue demostrada a fs.441, fs. 516 y fs. 526) y hasta su efectivo pago. Con tal alcance se admite la queja. VI) Finalmente, respecto al agravio de la coaccionada Volkswagen Argentina S.A. referido al modo en que se impusieron las costas de la anterior instancia, siendo que las demandadas resultaron sustancialmente vencidas, por aplicación del principio de la derrota objetiva reconocido en el artículo 68 del CPCC, juzgo correcto que éstas carguen con las costas. Así, no advirtiéndose en la especie elementos que me permitan válidamente apartarme del principio general invocado, el agravio expresado en tal sentido será rechazado. VII. Atento la forma en que se decide, las costas de esta Instancia serán distribuidas en el orden causado. Como corolario de todo lo expuesto, si mi criterio es compartido, propongo al Acuerdo: i) rechazar los recursos de fs. 1029 y fs. 1031; ii) admitir parcialmente el de fs. 1025; iii) confirmar en lo principal que decide la sentencia dictada a fs. 1009/1020; modificándola únicamente con el alcance que surge del punto V.iv) del presente pronunciamiento; y iv) distribuir las costas de esta instancia en el orden causado. He concluido. Por análogas razones las Doctoras Ana I.Piaggi y María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero adhieren al voto que antecede. Con lo que se terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Jueces de Cámara. Es copia fiel del original que corre a fs. del Libro de Acuerdos Comercial Sala B. JORGE DJIVARIS SECRETARIO Buenos Aires, Mayo 19 de 2014.- Y VISTOS: Por los fundamentos del acuerdo que precede, se resuelve i) rechazar los recursos de fs. 1029 y fs. 1031; ii) admitir parcialmente el de fs. 1025; iii) confirmar en lo principal que decide la sentencia dictada a fs. 1009/1020; modificándola únicamente con el alcance que surge del punto V.iv) del presente pronunciamiento; y iv) distribuir las costas de esta instancia en el orden causado. Regístrese por Secretaría, notifíquese a las partes y oportunamente comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada 15/13 y devuélvase. MATILDE E. BALLERINI ANA I. PIAGGI MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO