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Timestamp: 2018-09-21 08:39:59
Document Index: 149624798

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 3', 'artículo 43', 'artículo 13', 'artículo 53', 'artículo 239', 'artículo 8', 'artículo 53', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 239', 'Artículo 43']

﻿ Sentencia T-69 de febrero 4 de 2010
SENTENCIA T-69 DE 04 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:DERECHO FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL DE LA MUJER EMBARAZADA. AUSENCIA DE COMUNICACIÓN SOBRE EL EMBARAZO AL EMPLEADOR CON ANTERIORIDAD AL PREAVISO DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O DEL DESPIDO NO HABILITA AL EMPLEADOR PARA DESVINCULAR A LA MUJER GESTANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL TRABAJADOR, PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON PREVIO AVISO, NOTIFICACIÓN DEL EMBARAZO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, PROTECCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA, PRESUNCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, DEBERES DEL EMPLEADOR, PROTECCIÓN REFORZADA DEL DERECHO AL TRABAJO, FUERO DE MATERNIDAD, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Sentencia T-69 de febrero 4 de 2010
SALA SÉPTIMA DE REVISION
Sentencia T-069 de 2010
Ref.: expedientes T-2.426.390 — T-2.422.019 — T-2.417.622 — T-2.422.761 y T-2.420.047
Acciones de tutela instauradas por Zaray Hurtado Murillo en contra de la secretaría del espacio público del municipio de Medellín y la Empresa Metropolitana para la Seguridad —Metroseguridad—; Carolina Giraldo Velásquez en contra de Servi-Autos Pereira; Olivia Margarita de Lima Caballero en contra de la Universidad del Magdalena; Madeleine Díaz Franco en contra de Colsalud EPS, Clínica Mar Caribe y Diana Carolina Moreno Rodríguez en contra de la Corporación El Minuto de Dios.
Bogotá, D.C., 4 de febrero de dos mil diez.
En el proceso de revisión de los fallos proferidos por: (i) el Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín, en el trámite de la acción de tutela incoada por Zaray Hurtado Murillo contra la secretaría del espacio público de Medellín y otro; (ii) el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira, en el trámite de la acción de tutela incoada por Carolina Giraldo Velásquez contra Servi-Autos Pereira; (iii) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta Sala Civil y Familia, en el trámite de la acción de tutela incoada por Olivia Margarita de Lima caballero contra la Universidad del Magdalena; (iv) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, en el trámite de la acción de tutela incoada por Madeleine Díaz Franco contra Colsalud EPS y, (v) el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Diana Carolina Moreno Rodríguez contra la Corporación Minuto de Dios.
Los expedientes T-2.426.390 – T-2.422.019 – T-2.417.622 – T-2.422.761 y T-2.420.047 fueron seleccionados y acumulados por presentar unidad de materia relacionada con la protección de la trabajadora embarazada, en el auto de la Sala de Selección número Diez de la Corte Constitucional, de 22 de octubre de 2009, para ser fallados en una sola sentencia.
1.1. Expediente T-2.426.390.
1.1.2. Hechos y argumentos de derecho.
1.1.2.1. Manifiesta la accionante que se vinculó a la Empresa Metropolitana para la Seguridad —Metroseguridad— mediante contrato de prestación de servicios, el 24 de enero de 2008. Dicho contrato se renovó varias veces, hasta tenerse como último, el contrato celebrado del 1º de febrero de 2009 a 30 de julio del mismo año.
1.1.2.2. Señala que en mayo de 2009, comunicó por escrito al empleador su estado de gravidez y adjuntó el respectivo certificado médico. Sin embargo, el día 30 de julio de 2009, fecha en la cual vencía el último contrato suscrito, recibió una carta en la cual se le comunicaba la terminación y la no renovación del contrato.
1.1.2.3. Afirma la peticionaria, que es desplazada por la violencia y que no cuenta con recursos económicos para su subsistencia, motivo por el cual solicita su reintegro a las labores que venía desempeñando, así como el pago de los salarios dejados de percibir y la indemnización por despido ilegal, toda vez que la empresa continúa desarrollando su objeto social en condiciones normales y con el mismo personal.
1.1.3. Contestación de la entidad accionada.
Admitida la solicitud de tutela, el Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín corrió traslado de la misma a la Secretaría del Espacio Público de Medellín y a la Empresa Metropolitana para la Seguridad —Metroseguridad—.
El subsecretario de la defensoría del espacio público y el gerente general de la Empresa Metropolitana para la Seguridad —Metroseguridad— contestaron conjuntamente la acción de tutela, y se opusieron a las pretensiones elevadas por la actora.
1.1.4. Sentencia de única instancia.
1.1.5.3. Escrito proferido por la subsecretaría de la defensoría del espacio público de Medellín, donde se notifica a la señora Zaray Hurtado la terminación del contrato de prestación de servicios suscrito con la Empresa Metropolitana para la Seguridad —Metroseguridad—, a partir del día 30 de julio del 2009.
Expediente 2.422.019.
1. 2.1. Solicitud.
1.2.2. Hechos y argumentos de derecho.
1.2.2.1. Señala la peticionaria que se vinculó laboralmente desde el 1º de enero de 2009 a la Empresa Servi-Autos Pereira, en virtud de un contrato de trabajo a seis meses, suscrito con la señora Elia Monroy Cifuentes, quien en ese momento era la propietaria de la mencionada empresa.
1.2.3. Contestación de la entidad accionada.
1.2.4. Sentencia de única instancia.
1. 2.5.2. Constancia expedida por Elia Monroy Cifuentes, en la cual certifica que Carolina Giraldo Velásquez se desempeña como tesorera de Servi-Autos Pereira, desde el día 01 de enero hasta el 30 de junio de 2009.
1.3. Expediente T-2.417.622.
1.3.1. Solicitud.
1.3.2. Hechos y argumentos de derecho.
1.3.2.2. Indica que el día 13 de enero de 2009, el doctor Jaime Morón Cárdenas, decano de la facultad en la cual prestaba sus servicios, le informó que para este año no seguiría vinculada con la universidad, debido a que el rector del alma mater había decidido realizar una restructuración en la facultad, lo cual implicaba un cambio en la planta del personal.
1.3.2.3. Explica que ante esta situación, dirigió un oficio al rector de la universidad, solicitando reconsiderar dicha determinación, toda vez que durante su vinculación había tenido un excelente desempeño laboral y, adicionalmente, se encontraba en estado de embarazo, del cual había informado en forma verbal al doctor Jaime Morón y a su jefe inmediato Alexander Daza Corredor.
1.3.2.4. Como respuesta, el rector de la Universidad del Magdalena, doctor Pedro Eslava Eljaiek, le manifestó que la razón para no prorrogar la orden de servicios era el vencimiento de la misma y la inexistencia de las causas que habían dado origen a su vinculación, mas no su estado de gravidez.
1.3.3. Contestación de la entidad accionada.
El decano de la facultad de ciencias empresariales y económicas, doctor Jaime Alberto Morón Cárdenas, indicó que en el acto de desvinculación con el cual resultó afectada la accionante, también se despidió a siete coordinadores académicos, un auxiliar administrativo y tres directores de programas, lo cual demuestra la trasparencia y objetividad de la restructuración de la nueva administración y desvirtúa que el despido hubiese sido provocado por el estado de embarazo de la demandante.
1.3.4. Sentencia de primera instancia.
1.3.5. Impugnación.
1.3.6. Sentencia de segunda instancia.
1.3.7. Pruebas documentales.
1.4. Expediente 2.422.761.
1.4.1. Solicitud.
1.4.2. Hechos y argumentos de derecho.
1.4.3. Contestación de la entidad accionada.
1.4.4. Sentencia de primera instancia.
Revisado el caso, el “a quo” precisó que la carta de preaviso en la que se le indicaba a la accionante que su contrato no sería prorrogado, no corresponde a la terminación de la relación laboral, pues esta se produce en términos efectivos el día 25 de mayo de 2009, es decir, cuando la entidad accionada ya tenía conocimiento del estado de embarazo de la peticionaria; por lo tanto es procedente aplicar el principio jurisprudencial de presunción de despido por maternidad o lactancia, máxime cuando tampoco se cumplió con el requisito legal de obtener autorización del inspector de trabajo para despedir a una trabajadora en embarazo.
1.4.5. Impugnación.
También reiteró que para cuando se tomó dicha decisión, no se tenía conocimiento del estado de gravidez de la peticionaria, lo cual se demuestra con la carta de no prórroga del contrato, en la que se puede verificar que Colsalud S.A. dio aviso conforme a lo previsto en el artículo 46 subrogado por la Ley 50 de 1990 en su artículo 3º.
1.4.6. Sentencia de segunda instancia.
1.4.7. Pruebas documentales.
1.5. Expediente 2.420.047.
1.5.1.Solicitud.
1.5.2.4. Señala que, si bien el proyecto en el cual se encontraba vinculada debía finalizar, este se prorrogó un poco más con ocasión del cierre y liquidación del mismo. Además estima que la Corporación Minuto de Dios pudo haberla ubicado en otra dependencia.
1.5.2.5. La accionante pretende se le reintegre a un cargo similar al que venía desempeñando, y se le cancelen los días de salario dejados de percibir hasta su reintegro, así como la licencia de maternidad.
1.5.3. Contestación de laa entidad accionada.
1.5.4. Sentencia de primera instancia.
Mediante fallo del veintidós (22) de abril de dos mil nueve (2009), el Juzgado Primero Penal Municipal de Bogotá denegó el amparo solicitado.
1.5.5. Impugnación.
1.5.6. Sentencia de segunda instancia.
2.2.1. Estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada. Reiteración de jurisprudencia.
De la misma manera, el artículo 43 de la Carta Política, no obstante señala la igualdad existente entre el hombre y la mujer, consagra a favor de esta cuando se encuentra en estado de maternidad, una protección reforzada al indicar que durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad (resaltado fuera de texto).
Los anteriores preceptos están desarrollados en diferentes Instrumentos Internacionales, como la declaración universal de derechos humanos(1), según la cual tanto la maternidad como la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales (art. 25, num. 2º).
Por su parte, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales(2) (art. 10, num. 2º) señaló a los Estados partes el deber de conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto, además de la concesión de licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social dentro de ese período.
De igual forma, en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer(3), los Estados partes se comprometieron a adoptar las medidas tendientes a impedir actos u omisiones contra las embarazadas y a asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, prohibiéndose el despido por motivo del embarazo e implementándose la licencia de maternidad, con sueldo pagado o prestaciones sociales similares, sin que implique pérdida del empleo, ni efectos contra la antigüedad y los beneficios sociales (art. 11, num. 2º, lit. a y lit. b).
En virtud de lo anterior, es decir, de la aplicación de los referentes internacionales y de la protección constitucional a la mujer, se ha consolidado que el amparo de quien se halle en estado de gravidez implica una estabilidad laboral reforzada, que conlleva la prohibición de ser despedida por razón del mismo(4), por ser un criterio discriminatorio que atenta contra el artículo 13 de la Carta y deviene en afectación de los derechos de quien está por nacer(5).
Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia 2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivos del embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, y sin la autorización de que trata el artículo siguiente. 3. La trabajadora despedida sin autorización de la autoridad tiene el derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios de (60) días fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiera lugar de acuerdo con el contrato de trabajo y, además, al pago de las doce (12) semanas de descanso remunerado de que trata este capítulo si no lo ha tomado.
1. Para poder despedir a una trabajadora durante el período de embarazo o los tres meses posteriores al parto, el empleador necesita la autorización del inspector del trabajo, o del alcalde municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario. / El permiso de que trata este artículo solo puede concederse con el fundamento en alguna de las causas que tiene para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en los artículos 62 y 63. Antes de resolver, el funcionario debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes 3. Cuando sea un alcalde municipal quien conozca de la solicitud de permiso, su providencia tiene carácter provisional y debe ser revisada por el inspector del trabajo residente en el lugar más cercano.
v) que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del niño que está por nacer(6)
En relación con el segundo requisito según el cual, el empleador debía tener conocimiento sobre el estado de embarazo de la trabajadora, este tribunal en Sentencia T-095 del 7 de febrero de 2008, magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto, tras considerar dicha exigencia como una carga que restringe la protección otorgada por la Constitución y al estimar que el legislador no contempló precepto alguno que exija que el estado de gravidez haya sido conocido por el empleador antes de la terminación del contrato sino que el despido se haya efectuado dentro del período del embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, amplió el ámbito de protección y concluyó que (...) un despido de la trabajadora embarazada —es decir— dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto – se presume que fue por causa o en razón del embarazo a menos que quepa aplicar las causales de despido con justa causa, asunto en el cual, se debe cumplir con las exigencias previstas en la legislación. Esta presunción opera también en relación con los contratos a término fijo que por prorrogarse de modo consecutivo se equiparan a contratos a término indefinido.
En tanto exista una relación laboral, cualquiera que ella sea, es predicable de la mujer embarazada el derecho a una estabilidad laboral reforzada, como una consecuencia del principio de igualdad, y por ende, su relación laboral no puede quedar ni suspendida ni anulada al punto de que se afecte su condición de mujer en estado de embarazo, toda vez que al margen del tipo de relación laboral que este operando, durante el período de embarazo la mujer es acreedora de un derecho especial de asistencia y estabilidad reforzada, que obliga, en el evento de ser despedida, a apelar a una presunción de despido por discriminación en razón del embarazo, siendo el empleador quien asuma la carga de la prueba que sustente el factor objetivo que le permita su despido de manera legal(7).
En efecto, independientemente del tipo de relación contractual vigente y sin distinción del tipo de empleador —público o privado—, la estabilidad laboral es predicable de todos los contratos, pues su finalidad es garantizar la protección de los derechos fundamentales de la mujer gestante, de la madre y del menor.
La jurisprudencia constitucional ha extendido esta protección a las mujeres vinculadas mediante contratos a término fijo, de labor u obra, en donde el solo hecho del vencimiento del plazo pactado no es motivo suficiente para convalidar la decisión del empleador de no renovar el contrato y que el vencimiento del plazo pactado no constituye por sí mismo una causal objetiva para legitimar la desvinculación(8)
Igualmente, manifiesta la Corte que si al momento de la expiración del contrato, las causas que le dieron origen subsisten, y si la trabajadora cumplió a cabalidad sus obligaciones, resulta preciso garantizar su renovación(9).
En este sentido, en la Sentencia T-458 de 2009(10), la Corte indicó:
En este orden de ideas, no solamente el Estado es responsable de proteger la vida y la salud de los asociados; estas garantías, como todos los derechos fundamentales, deben también ser resguardadas por los particulares, y se convierten por ello en su responsabilidad constitucional. Puede decirse entonces, que “la protección a la persona humana se concreta frente a los actos u omisiones tanto del estado como de los particulares”1.
Ahora bien, frente a la procedencia de la acción de tutela para garantizar la estabilidad laboral de una mujer en estado de embarazo y, su competencia para ordenar el pago de salarios dejados de percibir, ha de precisarse que, la misma solo opera en la medida de encontrarse amenazados o vulnerados derechos fundamentales de la mujer embarazada y del menor. En efecto, la Corte ha señalado que la tutela procede excepcionalmente como mecanismo transitorio siempre que se trate de proteger el mínimo vital de la futura madre, o de esta y del recién nacido, a pesar de existir otro mecanismo ordinario de defensa judicial.
2.2.5. Derecho a la no discriminación por razón de género con fundamento en los artículos 13 y 43 de la Constitución Política.
En el caso particular del periodo de gestación, desde el punto de vista biológico, solo es posible atribuirlo a la mujer. Por ello, existe una protección constitucional reforzada(11) para el disfrute pleno de la maternidad, sin olvidar que el hombre y la mujer están en igualdad de condiciones y pueden gozar de las mismas oportunidades. Así, cualquier discriminación causada por el estado de embarazo, es una violación al derecho a la igualdad por razón del género. El mismo artículo 53 de la Constitución ordena que en el estatuto del trabajo se dé protección especial a la mujer y a la maternidad.
La organización en cita insta a los Estados parte a crear mecanismos que otorguen las herramientas necesarias para procurar la igualdad real y efectiva de las mujeres en edad fértil, igualdad esta que para conseguirse requiere de la implantación de acciones afirmativas, tales como la seguridad del empleo durante el embarazo, la licencia de maternidad, el periodo de lactancia y sus beneficios, con el fin de que la especial protección de la mujer no se traduzca en una excepción a la igualdad de trato, sino en una condición para la no discriminación en el empleo (negrilla fuera de texto).
3. Los casos concretos.
3.1. Expediente T-2.426.390.
Según los hechos establecidos dentro del expediente, la accionante Zaray Hurtado Murillo se encontraba vinculada mediante contrato de prestación de servicios a la Empresa Metropolitana para la Seguridad —Metroseguridad—. Durante el desarrollo del contrato la peticionaria comunicó por escrito a su empleador su estado de embarazo, no obstante, al vencimiento del contrato le fue notificada la decisión de que el mismo no se renovaría.
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional(12) ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se desconoce el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades en las relaciones de trabajo, es decir, corresponde al juez constitucional determinar si la relación de carácter civil puede asimilarse a un vínculo laboral, verificando el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) el trabajador desempeña una actividad por sí mismo (actividad personal), (ii) la cual realiza de manera subordinada o dependiente del empleador, lo que se refleja en el cumplimiento de órdenes impartidas por este, relativas al modo, tiempo o cantidad de trabajo y (iii) recibe un salario como retribución del servicio prestado (CST, art. 23). Y finalmente, una vez demostrada la existencia de un vínculo de carácter laboral, se debe evaluar la procedencia de la protección a la estabilidad laboral reforzada.
A partir de lo expuesto, concluye la Corte que entre la peticionaria Zaray Hurtado Murillo y la Empresa Metropolitana para la Seguridad —Metroseguridad— se configuro una relación laboral, teniendo en cuenta que: (i) la accionante desempeñaba una actividad personal desarrollando actividades de control y vigilancia del espacio público; (ii) la labor realizada estaba subordinada a las órdenes impartidas por la empresa Metroseguridad y eran supervisadas por la subsecretaria del espacio público de Medellín; y (iii) los servicios personales prestados por la peticionaria eran remunerados. En consecuencia, en el presente caso existe una relación laboral en virtud de los lineamientos jurisprudenciales descritos.
En virtud de lo anterior, la Corte revocará la sentencia de instancia para en su lugar amparar el derecho de la accionante a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante y, en consecuencia, ordenará a la Empresa Metropolitana para la Seguridad —Metroseguridad— que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre a la señora Zaray Hurtado Murillo al cargo que venía desempeñando o a uno de semejante jerarquía, la afilie a ella y a su hijo por el primer año desde el nacimiento al sistema integral de seguridad social en salud así como le cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y la licencia de maternidad a que tiene derecho.
3.2. Expediente T-2.422.019.
La accionante Carolina Giraldo Velásquez celebró desde el 1º de enero de 2009 contrato de trabajo a seis meses con la señora Elia Monroy Cifuentes propietaria de la empresa Servi-Autos Pereira. Dicha empresa fue vendida el 23 de junio de 2009 al señor Jhon Freddy Pareja, quien le expresó a la peticionaria que no renovaría su contrato de trabajo.
Al respecto ha dicho la Corte(13) que la sustitución patronal es un fenómeno jurídico tendiente a amparar a los trabajadores contra una terminación intempestiva de los contratos de trabajo, a raíz del traspaso o mutación del dominio de una empresa. En ese sentido, es una relación que parte de la premisa según la cual al constatarse: (i) un cambio de empleador, (ii) la continuidad de la empresa, y (iii) la continuidad del trabajador deberá asegurarse la estabilidad laboral de este último, claro está, en ausencia de causa jurídica que motive su despido.
En la legislación colombiana, se estableció la sustitución patronal desde 1935 (art. 27 del D. 652 de tal año), reglamentario de la Ley 10 de 1934, que dijo: “Para los efectos de la ley que se reglamenta, se considerará como una misma empresa, la que haya conservado en sus líneas generales el mismo giro del negocio u ocupaciones con las variaciones naturales del progreso, ensanche o disminución, aun cuando hubiere cambiado de nombre, patrono o dueño”. Posteriormente, el inciso 3º del artículo 8º de la Ley 6ª de 1945 estatuyó que la sola sustitución del patrono no extingue los contratos de trabajo. Esta ley fue desarrollada por el Decreto 2127 de 1945 que en su artículo 53 definió la sustitución de patronos como “toda mutación del dominio sobre la empresa o negocio o de su régimen de administración sea por muerte del primitivo dueño, o por enajenación a cualquier título, o por transformación de la sociedad empresaria o por contrato de administración delegada o por otras causas análogas”. Posteriormente se expidió la Ley 64 de 1946 en el mismo sentido. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 67 indicó que “Se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones en el giro de sus actividades o negocios”, y es perentoria la determinación del artículo 68: “La sola sustitución de patronos no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes”. El profesor Guillermo González Charry al comentar este artículo dice que “El artículo 68 establece, siguiendo este criterio, que la sola sustitución de patronos no extingue, suspende o modifica los contratos de trabajo existentes; es decir, que lo que se ha querido establecer es una desconexión completa entre la suerte de los trabajadores y las operaciones financieras o mercantiles que puedan ocurrir en relación con la empresa. No siendo parte en la negociación, los trabajadores tampoco pueden ser sus víctimas. (Derecho del Trabajo, p. 231).
3.3. Expediente T-2.417.622.
3.4. Expediente T-2.422.761.
En relación con los contratos pactados a término fijo estima la Sala pertinente recordar que el cumplimento del plazo en un contrato con tales características no puede entenderse siempre como una terminación con justa causa de la relación laboral. Ha insistido la Corte en que si en el momento fijado para la expiración del contrato llegaren a subsistir las causas que le dieron lugar así como la materia objeto del mismo, resulta preciso garantizar su renovación(14). De ahí que para efectos de establecer si es posible dar por terminado un contrato de trabajo a término fijo por vencimiento del plazo, debe tenerse en cuenta que cuando la mujer trabajadora comprueba que su estado de gravidez se presentó durante la vigencia del contrato, es necesario garantizar su renovación.
Ahora bien, respecto al presupuesto según el cual se exigía que al momento del despido, el empleador supiera del estado de embarazo de la trabajadora porque ella se lo comunicó con anterioridad, la Sala considera que de conformidad con la jurisprudencia que se analizó, cumplir con la notificación del estado de embarazo ya no es necesario, puesto que esta corporación determinó que resultaba ser una exigencia probatoria, la cual coloca a las mujeres en una condición de inferioridad frente al empleador, porque se utiliza el argumento de no saber del embarazo y que el despido obedece a causas objetivas. Por esa razón, este tribunal Constitucional determinó que lo importante no es la comunicación al empleador sino la prueba de que el embarazo tuvo lugar encontrándose el contrato de trabajo vigente(15). Y frente a los contratos a término fijo señaló: La madre gestante debe comprobar que quedó embarazada antes del vencimiento del contrato a término fijo o por obra pero no resulta indispensable que lo haga con antelación al preaviso(16) (negrillas fuera del texto original)
3.5. Expediente T-2.420.047.
1. En el Expediente T-2.426.390, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Medellín, en el proceso de tutela adelantado por Zaray Hurtado Murillo contra la Empresa Metropolitana para la Seguridad —Metroseguridad—, para en su lugar CONCEDER la tutela del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada de la demandante.
2. ORDENAR a la Empresa Metropolitana para la Seguridad —Metroseguridad— que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre a la señora Zaray Hurtado Murillo al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al que la demandante venía desempeñando.
3. ORDENAR a la Empresa Metropolitana para la Seguridad —Metroseguridad que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia:
Afilie a la señora Zaray Hurtado Murillo y a su hijo durante el primer año de vida al sistema integral de seguridad social en salud.
Cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y la licencia de maternidad a que la ciudadana Zaray Hurtado Murillo tiene derecho.
4. En el Expediente T-2.422.019, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira, en el proceso de tutela adelantado por Carolina Giraldo Velásquez contra la empresa Servi-Autos Pereira, para en su lugar CONCEDER la tutela del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada de la demandante.
5. ORDENAR a la empresa Servi-Autos Pereira que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre a la señora Carolina Giraldo Velásquez al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al que la demandante venía desempeñando.
6. ORDENAR a la empresa Servi-Autos Pereira que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia:
7. ADVERTIR a Carolina Giraldo Velásquez para que en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del presente fallo debe instaurar acción ordinaria con el fin de establecer y reconocer la figura de la sustitución patronal respecto de la empresa demandada.
8. En el Expediente T-2.417.622, REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta y la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso de tutela adelantado por Olivia Margarita de Lima Caballero contra la Universidad del Magdalena, para en su lugar CONCEDER la tutela del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada de la demandante.
9. ORDENAR a la Universidad del Magdalena que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre a la señora Olivia Margarita de Lima Caballero al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al que la demandante venía desempeñando.
10. ORDENAR a la Universidad del Magdalena que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia:
11. En el Expediente T-2.422.761, REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, en el proceso de tutela adelantado por Madeleine Díaz Franco contra Colsalud S.A. Clínica Mar Caribe, para en su lugar CONCEDER la tutela del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada de la demandante.
12. ORDENAR a Colsalud S.A. Clínica Mar Caribe que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reintegre a la señora Madeleine Díaz Franco al cargo que venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al que la demandante venía desempeñando.
13. ORDENAR a Colsalud S.A. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia:
14. En el Expediente T-2.420.047, REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Primero Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá, en el proceso de tutela adelantado por Diana Carolina Moreno contra la Corporación El Minuto de Dios, para en su lugar CONCEDER la tutela del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada de la demandante.
15. ORDENAR a la Corporación El Minuto de Dios que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, reubique a la señora Diana Carolina Moreno en un cargo de semejante jerarquía al que venía desempeñando.
16. ORDENAR a la Corporación El Minuto de Dios que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia:
Magistrados: Jorge Ignacio Prtelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto.Salvamento de voto—Luis Ernesto Vargas Silva.
(4) Sentencia T-872 de septiembre 9 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(5) Sentencia T-1030 de diciembre 3 de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
(6) Cfr. Entre otras las sentencias: T-373 de 1998, T-426 de 1998, T-362 de 1999, T-879 de 1999, T-375 de 2000, T-778 de 2000, T-832 de 2000,T-352 de 2001, T-404 de 2001, T-206 de 2002, T-961 de 2002, T-862 de 2003, T-1138 de 2003, T-1177 de 2003, T-848 de 2004, T-900 de 2004, T-173 de 2005, T-176 de 2005, T-185 de 2005, T-291 de 2005, T-006 de 2006, T-021 de 2006, T-546 de 2006, T-589 de 2005, T-807 de 2006, T-1003 de 2006, T-1040 de 2006, T-354 de 2007, T-546 de 2007.
(7) Sentencia T-549 del 29 de mayo de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(8) Sentencia T -440 del 8 de mayo de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(9) Sentencia T-992 del 29 de septiembre de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(10) Sentencia T-458 del 9 de julio de 2009. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
(11) Artículo 43 de la Constitución Política: La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
(12) Entre otras sentencias T-992 del 29 de septiembre de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-291 del 31 de marzo de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-1138 del 27 de noviembre de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-501 del 20 de mayo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(13) Sentencia T-768 del 25 de julio de 2005. M.P. Jaime Araújo Rentería.
(14) Sentencia T-992 del 29 de septiembre de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(15) Sentencia T-095 del 7 de febrero de 2008. M.P. Huberto Antonio Sierra Porto.