Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/actos%20y%20procedimiento%20administrativo/31/PUB
Timestamp: 2020-08-04 06:11:13
Document Index: 316808339

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'in fine', 'artículo 221', 'artículo 216', 'artículo 244', 'Artículo 66', 'artículo 115', 'artículo 21']

actos y procedimiento administrativo - 4 | CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia
Tema: actos y procedimiento administrativo
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ROJ: STS 1813/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1813
Nº Recurso: 3450/2019
Resumen: Recurso de casación contra sentencia que declara firme, por extemporáneo, el recurso interpuesto contra resolución que declara la pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida mediante Convenio Específico de Colaboración. Estimación. En el ámbito del régimen jurídico subvencional, el artículo 44 LJCA resulta plenamente aplicable en aquellos supuestos en que la relación jurídica establecida entre la Administración Pública otorgante de la subvención y la Administración Pública beneficiaria de la misma, ambas Administraciones Públicas actúan en calidad de Administración Pública, como acontece cuando el conjunto de obligaciones contraídas para la ejecución de la actividad subvencionada, y, específicamente, la acción de reintegro deriva de un Convenio de Colaboración firmado entre Administraciones Públicas, siendo improcedente, en estos casos, la interposición de recursos administrativos, en la medida que sólo cabe la formalización del requerimiento; y no resulta aplicable cuando una de las Administraciones asume en la relación jurídico-administrativa entablada entre la Administración otorgante de la subvención y la Administración beneficiaria, una posición semejante o asimilable a la de un particular. En el presente caso, si bien era procedente el requerimiento previo, sin embargo la Administración recurrente interpuso recurso de reposición siguiendo la ilustración contenida al pie de la resolución recurrida.
ROJ: STS 2032/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2032
Nº Recurso: 2134/2019
Resumen: La Sala fija como jurisprudencia que: 1.- El tratamiento de datos efectuado por una empresa en el marco de su actividad mercantil no puede considerarse comprendido en el supuesto de exclusión de la protección de datos por tratarse de actividades exclusivamente personales o domésticas, aunque el servicio prestado por la empresa consista en facilitar una relación entre personas físicas.2.- La grabación de la voz asociada a otros datos como el número de teléfono o su puesta a disposición de otras personas que pueden identificar a quien pertenece ha de considerarse un dato de carácter personal sujeto a la normativa de protección del tratamiento automatizado de los mismos.3.- Los intereses comerciales de una empresa responsable de un fichero de datos han de ceder ante el interés legítimo del titular de los datos en la protección de los mismos, pues en ningún caso puede prevalecer una actividad de ocio frente a la protección de datos personales en relación con un tratamiento informático de los mismos. El carácter privado sólo se puede predicar de la relación entre el bromista y el embromado, pero no de la actividad de la empresa que facilita la aplicación y efectúa el tratamiento de los datos. El interés de ésta no es única ni principalmente el proporcionar un medio de ocio, sino el beneficio comercial que es, sin duda alguna legítimo, pero no puede prevalecer sobre la protección de los datos de las personas afectadas.
ROJ: STS 2025/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2025
Ponente: ISAAC MERINO JARA
Nº Recurso: 4692/2017
Resumen: El sujeto pasivo del IBI puede discutir la valoración catastral del inmueble, base imponible del impuesto, para obtener su anulación, en supuestos en los que concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas, análogas o similares a la modificación por sentencia firme de la clasificación urbanística del suelo afectado, incluso en los casos en los que la valoración catastral ha ganado firmeza en vía administrativa. A efectos catastrales, los suelos urbanizables sin planeamiento de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica. En el ámbito del IBI, la revisión de liquidaciones firmes como consecuencia de la necesidad de que el suelo, para ser urbano, cuente con desarrollo urbanístico establecido por instrumento urbanístico apto debe efectuarse por los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la LGT, lo cual no se ha realizado en el presente caso, en el que se pretende la devolución del IBI correspondiente a las liquidaciones firmes, sin que los contribuyentes hubiesen impugnado en plazo las liquidaciones tributarias.
ROJ: STS 1880/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1880
Nº Recurso: 4950/2017
Resumen: Impuesto sobre bienes inmuebles Exención de un inmueble destinado a residencia de personas de la tercera edad propiedad de una entidad acogida al régimen fiscal especial previsto para las entidades sin ánimo de lucro citado previsto en de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. Devolución como ingresos indebidos, de los importes en su día liquidados y abonados en concepto de tales impuestos, por los ejercicios no prescritos. Ha lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de instancia, dictada en apelación por el TSJ de Madrid, y se confirma la apelada. Por un lado, resulta indiscutido que para los ejercicios en cuestión la actora y apelada en la instancia había comunicado a la Administración tributaria su opción por el régimen fiscal previsto para las entidades sin fines lucrativos; y, por otro, de ello tenía conocimiento el Ayuntamiento de Ciempozuelos antes de girar las liquidaciones.
ROJ: STS 1882/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1882
Nº Recurso: 3446/2017
Resumen: No se puede solicitar la devolución de las liquidaciones cuya firmeza se ha consentido sin seguir el mandato de lo dispuesto en el artículo 221 LGT (procedimiento para la devolución de ingresos indebidos) y, particularmente, lo dispuesto en su apartado 3, en cuya virtud cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley.
ROJ: STS 2031/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2031
Nº Recurso: 4958/2019
Resumen: Sanción en materia de protección de datos de carácter personal. Desestimación. El tratamiento de datos efectuado por una empresa en el marco de su actividad mercantil no puede considerarse comprendido en el supuesto de exclusión de la protección de datos por tratarse de actividades exclusivamente personales o domésticas, aunque el servicio prestado por la empresa consista en facilitar una relación entre personas físicas. La grabación de la voz asociada a otros datos como el número de teléfono o su puesta a disposición de otras personas que pueden identificar a quien pertenece ha de considerarse un dato de carácter personal sujeto a la normativa de protección del tratamiento automatizado de los mismos. Los intereses comerciales de una empresa responsable de un fichero de datos han de ceder ante el interés legítimo del titular de los datos en la protección de los mismos.
ROJ: STS 2024/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2024
Nº Recurso: 4325/2017
Resumen: El devengo del ICIO se produce en el momento de iniciarse materialmente la construcción, instalación y obra que exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. No después y, desde luego, no está condicionada a la previa comunicación de dicho comienzo. Es decir, tratándose de la liquidación provisional a cuenta lo que importa es el inicio de la obra, sucediendo lo mismo con respecto a la liquidación definitiva: el legislador se ha fijado, exclusivamente, en su finalización, sin exigir nada más. El cómputo del plazo para girar la liquidación definitiva no se demora hasta que se comunique la finalización de la obra, construcción e instalación al Ayuntamiento. No se condiciona a ello, ni se supedita a cualquier otra circunstancia. La mera finalización de la construcción, instalación u obra, automáticamente, determina que el día en que ello se produzca se inicie el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria a comprobar la base imponible autoliquidada en el impuesto, teniendo en cuenta su coste real y efectivo para practicar la liquidación definitiva, al margen de la fecha del visado del certificado de finalización de las obras e independientemente de que la finalización de las obras sea conocida formalmente por la Administración.
ROJ: STS 1859/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1859
Nº Recurso: 67/2018
Resumen: Recurso contra la falta de ejecución de los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 27 de julio de 2016 y de 5 de octubre de 2017, relativos a indemnización por no haber sido nombrada jueza sustituta en un período de tiempo de 65 días en determinadas localidades. Estimación. La recurrente tiene derecho a que el Consejo General del Poder judicial proceda a la ejecución de sus resoluciones por si propio, adoptando las medidas necesarias para el abono de las indemnizaciones que procedan de conformidad con sus propias resoluciones, que sólo a él le obligan, no al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, debe pues el Consejo General del Poder Judicial adoptar cuantas actuaciones y trámites sean precisos para la ejecución inmediata de sus actos firmes, por sí o por el Ministerio de Justicia; ello en el bien entendido de que en todo caso sería el propio Consejo el responsable de la ejecución de la presente sentencia y a quien procedería dirigir, si ello resultase preciso, los requerimientos derivados de un incidente de ejecución.
ROJ: STS 1860/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1860
Nº Recurso: 424/2018
Resumen: Archivo diligencia informativa. Desestimación del recuro. Por un lado, por desviación procesal, ya que el objeto del recurso es el archivo de las diligencias informativas abiertas a consecuencia de su escrito de denuncia contra la actuación del titular del mencionado Juzgado de Instrucción nº 5 de Coslada, y, sin embargo, la mayor parte de las alegaciones que el recurrente formula en su demanda así como el petitum que formula se refieren a la actuación policial previa a su puesta a disposición judicial. Por otro lado, y en cuanto a la actuación del titular del Juzgado, las quejas relativas a la forma de desarrollar la puesta a disposición judicial que finalizó con la decisión de mantener la prisión preventiva, son materia jurisdiccional y, por tanto, cuestiones ajenas a la competencia del Consejo. En cuanto a las alegaciones por desatención del titular del Juzgado a las quejas del recurrente y a su actitud desconsiderada a su persona, no se aprecia el menor indicio de actuación contraria a derecho por parte del titular del juzgado.
ROJ: STS 1919/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1919
Nº Recurso: 5453/2017
Fecha: 19/06/2020
Resumen: Artículo 66.1.c) de la Ley 38/1992. Exención a favor de los vehículos automóviles afectos efectiva y exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler. Exención de tipo "rogada". Alcance de las facultades de comprobación. El artículo 115.3 LGT, al aplicar las facultades de regularización de la situación tributaria, sin necesidad de revisión de oficio, a actos provisionales de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales,como esa exención, se refiere a la posibilidad de comprobación por la Administración de los requisitos establecidos tanto en la norma tributaria sustantiva, como en la normativa de desarrollo. Comprobación y exigencia de la tarjeta de transporte. Remisión a la STS de 27 de febrero de 2018, casación 914/2017. El mero incumplimiento formal no puede acarrear la automática pérdida de la exención o del tipo reducido en el impuesto si, pese a ello, se acredita que los productos sometidos al mismo han sido destinados a los fines que dan derecho a la ventaja fiscal. La tarjeta de transporte es un requisito formal cuyo incumplimiento no puede comportar la automática pérdida de la exención. Además, la Directiva 2006/123/CE suprimió el requisito de la autorización administrativa para realizar tal actividad. La Sala de instancia debió de valorar la incidencia del artículo 21 de la Ley 25/2009 para no respaldar la revocación de un beneficio fiscal cuando el requisito de la tarjeta no es condicionante del beneficio fiscal.