Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A153-08.htm
Timestamp: 2017-11-21 21:28:28
Document Index: 93814021

Matched Legal Cases: ['artículo 311', 'artículo 49', 'artículo 10', 'artículo 309', 'artículo 311', 'artículo 311', 'artículo 49']

Auto 153/08
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para conocer solicitud de aclaración de comunicado de prensa que dio a conocer sentencia SU.484/08
ACCION DE TUTELA-Legitimidad e interés/ACCION DE TUTELA-Se puede agenciar derechos ajenos
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA EN PROCESOS DE TUTELA-Formas de acreditar
SOLICITUD DE ACLARACION SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia
SOLICITUD DE ACLARACION SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia excepcional
ADICION DE FALLO DE TUTELA-Procedencia según artículo 311 del Código de Procedimiento Civil
SOLICITUD DE ACLARACION Y ADICION A SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia en sentencia SU.484/08 pues peticionarios no son parte dentro de los expedientes acumulados
Referencia: Solicitudes relacionadas con la sentencia SU-484 de 2008, elevadas por: Gilma López de Chaparro, Leoncia Delina Cortes Tusso, Rosa Piamonte, Gladys González de Abella, Jorge Enrique Celi Pérez, Luis Antonio Acosta, Martha Lilia Giraldo Gallego, Martha Lucía Jiménez, Yeimy Marcela González, Isabel González, Korina Medina T., Diva Guaquetá A., Irma Asseneth Aguilera Beltrán y Edith Hernández, José H. Sacristán, Amanda Stella Rodríguez de Cifuentes, Iliana Isolina Chavarro Buitarago, María Judith Suarez Montaño, Gloria Elba Guerrero, María del Carmen Cuervo León, María Marlen Aguirre Serna, Agustín Gómez Torres como apoderado judicial de Clara Eugenia Arteaga Díaz, Marisol Martínez Saavedra, Elsa Stella Cobos González y Nohora Elena Maldonado Veloza.
1. Gilma López de Chaparro y Leoncia Delina Cortes Tusso, solicitaron aclaración del comunicado No. 22 del 15 de Mayo de 2008, a través del cual se dio a conocer lo resuelto mediante la sentencia SU-484 de la misma fecha.
2. Rosa Piamonte, Gladys González de Abella, Jorge Enrique Celi Pérez, Luis Antonio Acosta, Martha Lilia Giraldo Gallego, Martha Lucía Jiménez, Yeimy Marcela González, Isabel González, Korina Medina T., Diva Guaquetá A., Irma Asseneth Aguilera Beltrán, Edith Hernández, María Marlen Aguirre Serna, solicitaron la aclaración y adición de la sentencia SU-484 de 2008, en su criterio, por cuanto se desconocieron normas laborales y derechos de orden convencional.
3. A su vez, Agustín Gómez Torres como apoderado judicial de Clara Eugenia Arteaga Díaz, Marisol Martínez Saavedra, Elsa Stella Cobos González y Nohora Elena Maldonado Veloza, fundamentó su petición de aclaración y adición del fallo en comento en que, no hay certeza respecto de cual es el régimen laboral que rige para los trabajadores de los centros hospitalarios San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, además de la vulneración de los derechos adquiridos en cuanto respecta a los salarios, a las prestaciones sociales y a la sanción pertinente por el no pago.
4. Jose H. Sacristán, Amanda Stella Rodríguez de Cifuentes, Iliana Isolina Chavarro Buitrago, María Judith Suárez Montaño, Gloria Elba Guerrero, solicitaron la reconsideración de la sentencia SU-484, por no encontrarse de acuerdo con lo resuelto en ella.
La Corte es competente para conocer de las presentes solicitudes de conformidad con lo establecido en los artículos 309 y 311 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991. Ahora bien, como quiera que Gilma López de Chaparro y Leoncia Delina Cortes Tusso, solicitan la aclaración del comunicado No. 22 emitido el 15 de Mayo de 2008, por medio del cual se dio a conocer lo resuelto en la sentencia SU-484, se entiende que tal petición alude a dicha providencia, por lo tanto esta Corte es competente.
2. Legitimidad e interés respecto de la Acción de Tutela
Sobre el particular el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la Acción de Tutela, establece:
“ Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por si misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
Se puede agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esta en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. ”
En la Sentencia T-526 de 1998[1] la Sala Octava de Revisión consideró que:
“nadie puede alegar como violados sus propios derechos con base en la supuesta vulneración de los derechos de otro u otros, pues de una parte el interés en la defensa corresponde a ellos, y de otra, la relación de vulneración o amenaza de derechos fundamentales, que constituye objeto de la tutela, debe ser directa y no transitiva ni por consecuencia”.” De la misma manera, la Sentencia T-899 de 2001 señaló:
“... la exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela, no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que obedece al verdadero significado que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo.” (Subrayado fuera del texto)
Como puede, entonces, observarse de lo establecido por la jurisprudencia y por el Decreto 2591 de 1991, la formas de acreditar la legitimación en la causa por activa en los procesos de amparo, son las siguientes: (i) la del ejercicio directo de la acción, (ii) la de su ejercicio por medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas), (iii) la de su ejercicio por medio de apoderado judicial (caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo), y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso.[2]
3. Improcedencia de la aclaración de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional
3.1 En varias oportunidades,[3] esta Corporación ha sostenido que una solicitud encaminada exclusivamente a precisar el contenido de una decisión judicial, es innecesaria cuando el contenido de dicha decisión es claro, o corre el riesgo de modificar sus alcances, alterar su contenido, reducir su espectro de acción o modificar las condiciones en que se concedió el amparo de tutela. En criterio de la Corte, dado que admitir lo contrario implicaría la producción de una nueva providencia judicial y la consecuente afectación de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en atención a la jurisprudencia constitucional, por regla general, la solicitud de aclaración de sentencias de la Corte Constitucional es improcedente.
En efecto, en el Auto 165 de 2007,[4] esta Corporación reiteró:
3.2 No obstante, cabe precisar que la jurisprudencia constitucional ha aceptado que en cumplimiento de lo indicado en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, de manera excepcional, procederá la aclaración de una sentencia en los términos señalados en dicha norma:[5]
Sobre la procedencia excepcional de la aclaración de una sentencia proferida por la Corte Constitucional, en el Auto 04 de 2000,[6] esta Corporación estimó:
3.3 De conformidad con lo expresado anteriormente, resulta claro que de manera excepcional, la aclaración de lo resuelto en una sentencia proferida por la Corte Constitucional, es procedente si:
(iii) Tales frases o conceptos deben estar contenidos en la parte resolutiva de la sentencia, o en su cuerpo, siempre y cuando influya directamente en ella.
4. La adición del fallo según lo establecido por el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil
El artículo 311 del Estatuto Procesal Civil dispone que la adición del fallo procederá cuando:
“ (…) la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término (…)”
5. La improcedencia de recursos contra las sentencias proferidas por la Corte Constitucional
El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deba surtirse ante la Corte Constitucional, dispone que "contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno".
Desconocieron este perentorio mandato legal, Jose H. Sacristán, Amanda Stella Rodríguez de Cifuentes, Iliana Isolina Chavarro Buitrago, María Judith Suarez Montaño y Gloria Elba Guerrero, al establecer que el fallo proferido por esta Corporación el pasado 15 de Mayo fue adverso a algunas de sus pretensiones, aún sin ser parte dentro de los expedientes acumulados.
6.1 En aplicación de lo expuesto anteriormente, para la Sala Plena de esta Corporación, las solicitudes antes relacionadas concernientes a la sentencia SU-484 de 2008 no reúnen los requisitos indicados al respecto en los fundamentos normativos de esta providencia.
6.2 En virtud de las consideraciones generales de esta providencia, esta Corte encuentra que dichas solicitudes son improcedentes. En primer lugar, respecto de las solicitudes de los numerales 1, 2 y 3 del acápite II, por cuanto los peticionarios, al no haber sido parte dentro de los expedientes acumulados, relacionados en el numeral segundo del acápite de antecedentes, no se encuentran legitimados por activa para elevar las solicitudes de aclaración y adición del fallo de marras, según lo normado por los artículos 309 y 311 del Estatuto Procesal Civil. En segundo lugar, con relación a la solicitud del numeral 4, por no proceder ningún recurso contra el fallo aludido.
Primero. RECHAZAR por improcedentes las solicitudes de aclaración, adición e impugnación de la sentencia SU-484 dictada por la Sala Plena el 15 de Mayo de 2008, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo. ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que dirija comunicación, informando lo resuelto en el presente auto, a los señores (as): Gilma López de Chaparro, Leoncia Delina Cortes Tusso, Rosa Piamonte, Gladys González de Abella, Jorge Enrique Celi Pérez, Luis Antonio Acosta, Martha Lilia Giraldo Gallego, Martha Lucía Jiménez, Yeimy Marcela González, Isabel González, Korina Medina T., Diva Guaquetá A., Irma Asseneth Aguilera Beltrán y Edith Hernández, José H. Sacristán, Amanda Stella Rodríguez de Cifuentes, Iliana Isolina Chavarro Buitrago, María Judith Suárez Montaño, Gloria Elba Guerrero, María del Carmen Cuervo León, María Marlen Aguirre Serna, Agustín Gómez Torres como apoderado judicial de Clara Eugenia Arteaga Díaz, Marisol Martínez Saavedra, Elsa Stella Cobos González y Nohora Elena Maldonado Veloza.
[1] M.P. Fabio Morán Díaz
[2] Cfr. T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[3] Autos A-165 de 2007, A-100 de 2007, A-018 de 2004, A-058 de 2002.
[5] Autos A- 001 de 2005, A-147 de 2004, A-050 de 2004, y A- 075A de 1999.