Source: http://caracas.tsj.gob.ve/decisiones/2007/julio/1725-20-1835-2007-.html
Timestamp: 2017-02-23 14:04:10
Document Index: 77383096

Matched Legal Cases: ['artículo 456', 'artículo 80', 'artículo 455', 'artículo 452', 'artículo 458', 'artículo 80', 'artículo 277', 'Artículo 452', 'artículo 458', 'artículo 80', 'artículo 277', 'artículo 257', 'artículo 366', 'artículo 452', 'artículo 366', 'artículo 366', 'artículo 452', 'artículo 452', 'artículo 452', 'artículo 364', 'artículo 366', 'artículo 452', 'artículo 457', 'artículo 457', 'artículo 80']

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES ACUSADO: Rafael Ángel Molina Ramírez, titular de la cédula de identidad Nº V-10.180.930, Venezolano, nacido en Caracas el 18 de Julio de 1974, de 32 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Albañil, hijo de María Concepción Ramírez (F) Y Ángel Rafael Ramírez (F), residenciado en el Barrio José Félix Ribas, Zona 2, Calle el Baute, Callejón San Benito, Casa S/N, Municipio Sucre Petare.
DEFENSA: Martizay Rojas, Defensora Pública Nonagésimo Quinta (95) de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
FISCAL: Yureima Figuera, Fiscal Tercera del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas: VICTIMAS: Nelsy María Blanco Pérez y Omar Alfredo Arguello. CAPITULO I
Siendo la oportunidad a que se contrae el último aparte del artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, entra esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a dictar sentencia en el presente proceso y lo hace en la siguiente forma:
El 22 de mayo de 2007, se dictó auto mediante el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto el 18 de abril de 2007, por la abogada Yuraima Figuera, actuando en su carácter de Fiscal Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en contra de la sentencia definitiva dictada el 15 de marzo de 2007, por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Juicio de este Circuito Judicial Penal, cuyo texto íntegro fue publicado el 29 de marzo del mismo año, y mediante la cual absolvió al ciudadano Rafael Ángel Molina Ramírez, titular de la cédula de identidad Nº 10.180.930, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado en grado de continuidad y Porte Ilícito de Arma de Fuego, sancionados en los artículos 458 en relación con el último aparte del artículo 80, y 277, todos del Código Penal, respectivamente. El 19 de julio de 2007, se llevó a efecto la audiencia a que se contrae el primer aparte del artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal, a la cual comparecieron la Representante del Ministerio Público así como la Defensa del acusado de autos, quienes ratificaron el contenido del escrito contentivo del recurso de apelación así como del escrito de contestación al mismo.
La abogada Yuraima Figuera, en su carácter de Fiscal Tercera del Ministerio Público de la Conscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y recurrente, fundamentó el recurso de apelación en la falta e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, conforme a lo preceptuado en el artículo 452.2 del Código Orgánico Procesal Penal, en los siguientes términos: “…(omissis)…Yo, YURAIMA FIGUERA, actuando en mi carácter de Fiscal Tercera del Ministerio Público de la Conscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,…(omissis)…procedo a interponer RECURSO DE APELACION, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Vigésimo Cuarto en Funciones de Juicio de esta Circunscripción Judicial, en fecha 15 de marzo de 2007,… de la causa seguida en contra del ciudadano MOLINA RAMIREZ RAFAEL ANGEL,…(omissis)…por la comisión de uno de los delitos contra la propiedad, ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACION y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 80, en su segundo párrafo y artículo 277 todos del Código Penal, asistido por la Defensora Pública Nº 95 Dra. EITHMAR DIB NUÑEZ, en tal sentido procedo a exponer los fundamentos en los que sustento el presente recurso, lo cual hago en los términos siguientes: DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION el presente Recurso se interpone en tiempo hábil, dentro del término de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha del pronunciamiento del Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 172,432,452 numeral 2° y 453 del Código Orgánico Procesal Penal, y contado los días de despacho que dio el Tribunal siendo procedente y ajustado a derecho la interposición del mismo contra la decisión dictada por el supra mencionado …(omissis)…DE LAS INFRACCCIONES Y VICIOS EN LOS CUALES HA INCURRIDO EL TRIBUNAL DECIDOR 1.1) Artículo 452, numeral 2° del Código Orgánico Procesal Penal: Falta, e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia… Observa esta Representación Fiscal, que el tribunal de juicio no fundamento de una manera adecuada su decisión del porque decide absolver al ciudadano RAFAEL MOLINA, alegando que simplemente hay una contradicción en los testigos y no valora la prueba documental, como lo es la experticia balística a la cual la juez no valoro por que no fue realizada conforme a lo establecido en el articulo 339 del Código Orgánico Procesal Penal, como prueba anticipada, esto no es una motivación a los fines de absolver a un acusado, donde el tribunal de juicio debió valorarlo debido a que la misma se evacuo en el juicio oral, para su lectura, aunado además que hay sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que las pruebas incorporadas para su lectura pueden valorarse. No por el simple hecho que no se haya realizado conforme a la prueba anticipada puede dejarse de valorar que la Juez en su motivación alega que existe una contradicción en la declaración de los testigos, cosa que llama mucho la (sic) atención, ya que en el párrafo anterior traigo a colación las frases más importantes de las victimas, donde queda demostrado la acción desplegada por el acusado…(omissis)…Por otro lado, el Tribunal de Juicio, hace su motivación alegando que no quedo demostrado quien le causo las lesiones al acusado MOLINA RAFAEL, causa mucha extrañeza a esta representación Fiscal, ya que en el juicio Oral y publico no se debatía esta situación, simplemente el Ministerio Público acuso al referido acusado por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACION y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 458 en relación con el artículo 80, en su segundo párrafo 99 y artículo 277 todos del Código Penal, delitos estos que considera esta representación del Ministerio Público que deben ser sancionados cuando se infringe dichas normas. En cuanto al dicho de los funcionarios de la policía no motiva sus dichos para así lograr absolver al acusado de ilogicidad manifiesta en la motivación: alegando que los testigos se contradicen, cosa que llama poderosamente la atención, ya que los mismos no se contradicen, toda vez que según el acta del debate el ciudadano Arguello manifestó que al momento de sucederle el hecho no había alguna otra persona que la haya manifestado que la habían robado, y esto fue así, toda la ciudadana Nesli informo que ella se dirigió al lugar donde se encontraba el ciudadano ARGUELLO, minutos después, no significa esto que las victimas se hayan contradicho. PETITORIO. Con fundamento al razonamiento ante expuesto, solicito con todo respeto a los ciudadanos Jueces integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de esta Circunscripción Judicial, que el presente recurso sea declarado ADMISIBLE, así como las pruebas ofrecidas y posteriormente de conformidad a lo previsto en el articulo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, sea declarado CON LUGAR, y en consecuencia anule la sentencia impugnada, ordenando la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un juez en el mismo Circuito Judicial, distinto al que decidió la sentencia absolutoria a favor del ciudadano RAFAEL ANGEL MOLINA…(omissis)…”.
El 26 de abril de 2007, la abogada Martizay Rojas, Defensora Pública Nonagésimo Quinta (95) de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su condición de defensora del ciudadano Rafael Ángel Molina Ramírez, dio contestación al recurso de apelación interpuesto por la Representante del Ministerio Público, en los siguientes términos:
“…(omissis)…Yo abogada MARIZAI ROJAS GUTIERREZ, Defensora Pública Penal Nonagésima Quinta (95°), adscrita a la Unidad de Defensa Pública Penal de esta misma Circunscripción Judicial, asistiendo en esta acto al ciudadano RAFAEL ANGEL MOLINA RAMIREZ,…(omissis)…procediendo en este acto en estricto apego al contenido del artículo 257 Constitucional, y dando cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, procedo en beneficio de la igualdad de las partes y el derecho a la defensa, a dar contestación al recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida en fecha 15/03/07, donde se dictó Sentencia Absolutoria de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal, al no haber podido enervar el Principio de Presunción de Inocencia del cual se encuentra amparado mi defendido. En tal sentido, procedo a contestar…(omissis)…UNICO DESCARGO Deviene a la contestación, al dual, disperso, exiguo y narrativo recurso, esgrimido por la Vindicta Pública al momento en que interpone el presente recurso…(omissis)…Es Ineludible para esta Defensa, no asombrarse con lo explanado por el Ministerio Público cuando manifiesta que la juez que emitió la Sentencia no fundamentó de manera adecuada su decisión,…(omissis)…ahora bien, el Ministerio Público alega que la decisión recurrida encuadra en el artículo 452 numeral 2 de la Ley Adjetiva Penal, Falta, ilogicidad manifiesta en la motivación de la Sentencia….Sólo es necesario leer la Decisión del Tribunal A-quo, para percatarse de lo ajustada a derecho que actuó la Juez al emitir la presente sentencia Absolutoria en Juicio oral y Público; es imperativo dejar constancia que el Ministerio Público no promovió, y muchos menos pudo traer a los funcionarios aprehensores del presente procedimiento, parece mentira, pero como es posible que el fiscal del proceso no promueva a los funcionarios aprehensores en un procedimiento de un supuesto Robo Agravado, donde supuestamente existían dos víctimas y además fue lesionado mi defendido; resulta inverosímil e ilógico que no hubo manera en el Juicio Oral y Público de determinar cómo efectivamente ocurrió la aprehensión del ciudadano Molina Rafael, es aquí donde crece la duda de la juez al no tener como determinar verdaderamente la manera en que ocurrieron los hechos y mucho menos cuando la misma expone que no se puede determinar cómo aparece éste lesionado y nadie sabe como ocurrió, lamentablemente No trajo el Ministerio Público y mucho menos fueron promovidos los funcionarios Aprehensores actuantes en este caso, (Negrillas y subrayado de la Defensa) aunado a ello la Vindicta Pública tampoco trajo al Juicio Oral y Público a los Expertos en Balística quienes practicaron Reconocimiento Técnico y restauración de Caracteres…(omissis)…La no violación al debido proceso y más aún, la no violación a garantías de rango Constitucional, necesariamente deben ser garantizados por los jueces a quienes corresponde en esta fase controlar el cumplimiento de principios y garantías; y en este caso, corresponde al juez de Juicio, en Juicio Oral y Público, quien debe garantizar que se cumpla con las formalidades del acto; así como de la Actividad Probatoria, para poder decidir con lo debatido y probado y emitir su fallo conforme a ello, garantizando que no se produzca violación al debido Proceso y menos violación de una garantía fundamental; obligatoriamente la juez tiene que decidir conforme a la Ley; apegado a las formas y condiciones previstas en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal, leyes, y al no poder de manera clara verificar la existencia de todos los elementos que integran el tipo penal por el cual fue juzgado el ciudadano Molina Rafael necesariamente debe ser decretada su absolución, al no comprobarse de manera alguna su participación en el hecho punible por el cual fue acusado y llevado a juicio; decisión que en efecto hizo la Juez al termino del juicio oral y público, y que además fue grabado a solicitud de este defensa mediante la cual declaró SENTENCIA ABSOLUTORIA, conforme lo establecido en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal. Es evidente que el Ministerio Público NO trajo la actividad Probatoria Ofrecida al terminó de la Audiencia Preliminar, no aporto los Funcionarios aprehensores y más grave aún con los Órganos de prueba presentados, evacuados no pudo determinar como ocurrieron los hechos y menos la participación de mi defendido en los mismos, por lo que la Juez ajustada a derecho acogió los alegatos de la defensa en cuanto al Principio del INDUBIO PRO REO, la duda razonable y el Principio de Presunción de Inocencia que jamás pudo ser desvirtuado por la Vindicta Pública…(omissis)…Es el caso que, conforme a las normas anteriormente trascritas se trasluce claramente, que la juez al momento de emitir la Sentencia Absolutoria, motivo y valoro cada una de ellas, razonando el porque valoro una prueba, así como y porque fundamento su decisión, siendo explicativa y claramente narrativa la determinar porque acogió la sentencia que hoy se apela, por falta de motivación, como se hace evidente la presente Sentencia dictada en tiempo hábil, fundamentada con razonamientos jurídicos, legales, jurisprudenciales y doctrinarios debe ser confirmada por los magistrados que conocerán del presente recurso de apelación que carece de fondo jurídico. Es innegable lo ajustado a derecho que actuó la Juez de Instancia en valorar y decretar SENTENCIA ABSOLUTORIA, y consecuentemente ABSOLVER al ciudadano MOLINA RAMIREZ RAFAEL ANGEL, conforme a lo establecido en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal, acordando su Libertad Plena, garantizando no solo la estabilidad jurídica imperante en nuestro país, sino que también resguardó el derecho al debido proceso de mi patrocinado. Finalmente, es poco lo que se puede alegar al pretendido de la parte apelante en este acto, ya que el principio cuestionado opera de pleno derecho a favor de quien lo alega, por ello, pido a los Honorables Magistrados no estimen el pretendido y reafirme el fallo de la Juez de Instancia, por estar ajustado a derecho, y consecuencialmente decrete sin lugar el recurso…(omissis)…”.
Observa este Órgano colegiado, que la recurrente argumenta en su escrito de apelación, como motivo de impugnación, el establecido en el numeral 2 del artículo 452, del Código Orgánico Procesal Penal, con lo cual pretende, en el caso que se declare con lugar, se anule la sentencia impugnada y se ordene a otro Juzgado de Juicio que realice un nuevo juicio, es por ello que esta Sala hace las siguientes consideraciones:
Único motivo alegado por el Ministerio Público: Falta e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. Aduce con fundamento en el artículo 452.2 del Código Orgánico Procesal Penal, que el Tribunal de Juicio no fundamentó adecuadamente la sentencia recurrida, ya que simplemente alega que hay contradicción en los testigos y no valora la prueba documental referida a la experticia balística aduciendo que la misma no se realizó como prueba anticipada. Asimismo alegó, que la recurrida indica que no quedó demostrado quien le causó las lesiones al ciudadano Molina Rafael, lo cual no era objeto de juicio. Alegó igualmente que la recurrida no motivó el dicho de los funcionarios de policía para absolver al acusado. Por otra parte, señaló la Representante del Ministerio Público, que existe ilogicidad en la motivación de la sentencia cuando se estableció que los testigos se contradijeron cuando a criterio de la recurrente ello no se verificó.
Analizados los planteamientos de la Representante de la Fiscalía del Ministerio Público para recurrir el fallo de primera instancia, se hacen las siguientes observaciones:
En primer lugar, considera esta Alzada, reproducir algunos conceptos sobre lo que es la motivación del fallo y la ilogicidad manifiesta en la motivación, para lo cual se inserta a titulo ilustrativo, algunos criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia.
Así, nuestro Máximo Tribunal en Sala de Casación Penal, en sentencia Nº 323 del 27 de junio de 2002, ha expresado en reiterada jurisprudencia que: “…Motivar un fallo implica explicar la razón en virtud de la cual se adopta una determinada resolución y es necesario discriminar el contenido de cada prueba, confrontándola con las demás existentes en autos, además en cada caso concreto las exigencias de la motivación es particular. Así, será más rigurosa en algunos juicios cuyas complejidades y actividad probatoria obligan al juez efectuar un análisis más meticuloso…”.
Cabe agregar que la citada Sala en sentencia Nº 80, de 13 de febrero de 2001, indicó que la motivación del fallo se logra: “...a través del análisis concatenado de todos los elementos concurrentes en el proceso, a fin de que las decisiones que se adopten no aparezcan como producto del descuido, arbitrariedad o capricho del sentenciador…”.
Por otra parte, en sentencia Nº 206 de 30 de abril de 2002, estableció que la motivación no es más que una función propia del órgano judicial, que tiene:
“...como norte la interdicción de la arbitrariedad, permitiendo constatar los razonamientos del sentenciador, necesarios para que el acusado y las demás partes, conozcan las razones que le asisten, indispensables para poder ejercer con propiedad los recursos y, en fin, para poder determinar la fidelidad del juez con la ley…”.
En cuanto a la ilogicidad, ha establecido la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 154, de 13 de marzo de 2001, que se configura cuando la motivación de la sentencia:
“...carece de lógica o se discurre sin acierto por la falta de los modos propios de expresar el conocimiento…”.
La citada Sala ha establecido igualmente en sentencia de 30 de abril de 2002, en el expediente Nº 02-042, con Ponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, que:
“…Con la ilogicidad quiso referirse a lo ilógico de la sentencia porque carece de lógica o discurre sin acierto por la falta de los modos propios de expresar el conocimiento…”.
Ha señalado el autor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, en su texto Comentario al Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:
“…La motivación de la sentencia en el tipo de juicio oral escogido por el legislador para el Código Orgánico Procesal Penal, o sea del de oralidad plena…requiere como elemento fundamental la descripción detallada del hecho que el tribunal da por probado y la calificación, la apreciación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y las penas que se impongan, tienen que ser coherentes con el hecho que se da por probado…Entonces, si no hay correspondencia entre el hecho que el tribunal da por probado y tales circunstancias, entonces el tribunal habrá incurrido en la contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación…Si por otro lado, la sentencia no contiene una verdadera descripción del hecho que se da por probado sino que contiene expresiones conceptuales provenientes de elementos normativos de los tipos penales…entonces la sentencia es omisa e incurre en falta de motivación, pues el órgano jurisdiccional tiene la obligación de explicar los hechos…En general…deberán ser considerados vicios de la sentencia penal, posibles de los recursos de apelación y casación con fundamento en el numeral 2 del artículo 452, los siguientes:…La inmotivación, bien por omisión o por contradicción, oscuridad o falta de precisión de los hechos que el tribunal debe dar por probados, con quebrantamiento del numeral 3 del artículo 364. f) La incongruencia, cuando los hechos que se den por probados no se correspondan con los que hayan sido objeto del proceso o no haya correspondencia entre los primeros y el dispositivo del fallo, sin que el tribunal ofrezca explicación de estas circunstancias en la sentencia, pudiendo en estos casos haber violación de los artículos 363 y 364, numerales 2, 3, 4 y 5...” Teniendo presente estas consideraciones jurisprudenciales y doctrinales, observa esta Alzada, que en el caso sub exámine, la recurrida estableció que:
“…es difícil configurar la conducta del hoy acusado ante el presupuesto planteado en virtud de no poder verificarse que el acusado de autos intento (sic) cometer el robo en contra de los ciudadanos NELSY MARIA BLANCO PEREZ Y OMAR ARGUELLO en virtud de las contradicciones en las incurrieron los testigos al deponer en el juicio oral y publico, entiende esta Juzgadora que aunque fueron momentos distintos al ser expuesto para ser reconocido la ciudadana Nelsy Blanco señalo (sic) haber conversado con el ciudadano OMAR ARGUELLO y este por su parte indico (sic) no haber conversado con persona alguna…”.
Al respecto, considera esta alzada que el análisis realizado por la recurrida respecto a la contradicción en la cual incurrieron las víctimas cuando depusieron en el juicio oral y público, en modo alguno se refiere a la participación del acusado en el delito imputado, sin embargo dicho argumento fue utilizado por el a quo para absolver al acusado de autos, bajo la óptica de que, según su criterio “…las victimas (sic) debieron haberse visto cuando tenían al acusado ya esposado en la acera porque las dos refrieren haber estado en el sitio, haber visto al acusado y solo una de ellas –Nelsy Blanco- informó a los funcionarios que el ciudadano del taxi no tenia nada que ver porque éste se lo solicitaba y a preguntas formuladas por esta Juzgadora al señor Omar Arguello de si había conversado con alguna otra persona manifestó que no…”.
No obstante lo anterior, la recurrida posteriormente estableció “…que en el transcurso del presente juicio se acredito (sic) que el día 09-05-06 fue detenido el ciudadano RAFAEL ANGEL MOLINA RAMIREZ, en la Avenida San Martín por haber sido reconocido por la víctima ciudadana NELSY MARIA BLANCO y el ciudadano OMAR ARGUELLO como la persona que intento (sic) despojarles de sus pertenencias a la primera en la sede del distrito número tres de Sanidad ubicado en San Martín y al segundo en dicha avenida en las adyacencias de la prefectura San Juan mientras tripulada su vehículo taxi y que al aprehendido por el funcionario David Clemente este se percato que el sujeto se encontraba herido en una de sus piernas…”.
Asimismo, cabe destacar que la sentencia apelada dejó sentando “…que las pruebas obtenidas por el Ministerio Público, fueron insuficientes a los fines de enervar o destruir la presunción de inocencia que enmatilla al hoy acusado en la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO FRUSTRADO EN GRADO DE CONTINUIDAD Y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO previstos y sancionados en los artículos 458 en relación con el ultimo aparte de los artículos 80, 99 y 277 respectivamente, todos del Código Penal, ya que aunque las victimas (sic) señalaran al hoy acusado RAFAEL ANGEL MOLINA RAMIREZ, como el autor responsable del hecho creo (sic) duda a esta Juzgadora la forma en que ocurrieron los mismos y la forma en que se produjo su detención, por lo que necesariamente deberá esta Juzgadora dictar sentencia ABSOLUTORIA de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del código orgánico procesal penal…”.
La sentencia en cuestión se limita a indicar las contradicciones de los testimonios de las víctimas, sin realizar un análisis minucioso de los mismos para llegar a la verdad procesal. La doctrina y la jurisprudencia han asentado que una vez analizadas y confrontadas entre si las declaraciones de los testigos y con respecto a los demás medios probatorios, el juzgador puede desechar lo falso y acoger lo verdadero; pero para ello, como antes se afirmó debe hacerse un análisis minucioso de cada una de las pruebas recibidas en la audiencia, no como en el caso de autos que lo que consta en la sentencia es la indicación de las contradicciones de los testimonios rendidos en el juicio oral y público por las víctimas, sin tomar en cuenta la concordancia de sus dichos. En cuanto a este punto, ha manifestado la jurisprudencia que todos los medios de prueba presentados deben ser analizados y comparados entre sí, a fin de determinar lo que demuestran cada uno de ellos por individual y en conjunto, teniendo que dejar constancia de los elementos que se acogen y de los que se desechan, motivando una u otra razón.
Por todo lo anteriormente expuesto, lo procedente y ajustado a derecho en el caso subjudice, es DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada Yuraima Figuera, en su carácter de Fiscal Tercera del Ministerio Público de la Conscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ello por considerar que el fallo recurrido carece de motivación, de conformidad con lo establecido en el artículo 452.2 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia y a tenor de lo establecido en el encabezamiento del artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara la NULIDAD de la sentencia recurrida y se ordena la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un Juez distinto al que pronunció el fallo hoy anulado. Y así también se decide. Corolario de lo precedentemente acordado y vista la nulidad decretada a la sentencia pronunciada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Juicio de este Circuito Judicial Penal, lo procedente y ajustado a derecho es restablecer la situación jurídica en la que se encontraba el acusado Rafael Ángel Molina Ramírez, al momento de la apertura del debate contradictorio y siendo que el mismo se encontraba privado de libertad para ese entonces, se ordena su captura, debiendo el Tribunal de Juicio que le corresponda conocer la presente causa por vía de distribución realizar todo lo necesario para lograr la captura del referido acusado, a fin de celebrarse el correspondiente acto del debate oral. Y así se decide.
DISPOSITIVA Por todos los razonamientos expuestos, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, dicta los pronunciamientos siguientes: Primero: DECLARA LA NULIDAD, conforme a lo preceptuado en el encabezamiento del artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, de la sentencia definitiva publicada el 29 de marzo de 2007, de las audiencias celebradas el 27 de febrero, 6, 13 y 15 de marzo de 2007, por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Juicio de este Circuito Judicial Penal, quien absolvió al ciudadano Rafael Ángel Molina Ramírez, por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de continuidad y porte ilícito de arma de fuego, sancionados en los artículos 458 en relación con el último aparte del artículo 80, y 277, todos del Código Penal, ello por considerar que el fallo recurrido carece de toda motivación, de conformidad con lo establecido en los artículos 173, 191, 452.2, todos del Código Orgánico Procesal Penal.
Segundo: REPONE la causa al estado de que un Tribunal de Juicio de este Circuito Judicial Penal, distinto al Juzgado Vigésimo Cuarto de Juicio, celebre nuevamente el juicio oral y público, una vez se produzca la detención del acusado de autos.
Tercero: Como consecuencia de la nulidad decretada y siendo que el acusado de autos se encontraba privado de libertad para el momento de la apertura del debate, se ordena su captura, debiendo el Tribunal de Juicio que le corresponda conocer la presente causa por vía de distribución realizar todo lo necesario para lograr la captura del acusado a fin de celebrar el debate oral.
Regístrese, diarícese y déjese copia de la presente decisión, remítase la presente causa a la Unidad de Distribución de Expedientes Penales de este Circuito Judicial Penal, a fin de que sea remitido a un Tribunal de Juicio de este mismo Circuito Judicial Penal, distinto al Juzgado Vigésimo Cuarto de Juicio. Remítase copia certificada de la presente decisión al referido Tribunal.
MARÍA ANTONIETA CROCE ROMERO
(PONENTE) EL JUEZ, EL JUEZ,
JUAN CARLOS ESPÍN ÁLAVAREZ CÉSAR SÁNCHEZ PIMENTEL EL SECRETARIO,
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo que antecede. EL SECRETARIO,
Exp: Nº 1835-07
MAC/CSP/JCE/da.