Source: http://noticiasbsas.blogspot.com/2014/02/
Timestamp: 2018-07-21 13:56:10
Document Index: 305975503

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 56', 'artículo 152', 'in fine', 'artículo 56', 'artículo 58', 'artículo 44', 'artículo 14']

Noticias judiciales Buenos Aires.: febrero 2014
Clarissa Antonini, denunciada.
En el día de ayer se presento denuncia penal contra Clarissa Antonini, la prevaricadora titular de la UFI Nro 2 de Florencio Varela.
La denuncia por incumplimiento de los deberes del funcionario público y encubrimiento, se radicó en la mesa general de entradas, a pesar de los esfuerzos de la mafia judicial para enervar el trámite.
Etiquetas: encubrimiento, trámite, UFI
Hoy, el vocero presidencial Alfredo Scoccimaro y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina fueron citados a declarar por “malversación de caudales públicos”.
Scoccimarro y Abal Medina, citados a indagatoria por malversación de fondos
La causa se abrió hace dos años, cuando los legisladores del PRO Cristian Ritondo y Daniel Presti los denunciaron por el polémico spot emitido en Fútbol para Todos. Allí, se le echaba la culpa al Gobierno porteño de no ser capaz de hacerse cargo del subte a pesar de tener los recursos.
El spot decía “Los problemas de financiamiento provienen de la suspensión del proceso de traspaso decidida por el gobierno de la Ciudad” y agregaba “El gobierno de la Ciudad tiene la obligación legal, los recursos nacionales y de los porteños para hacerse cargo del subte. Esto significa hacer obras, dar mantenimiento y garantizar que viajes tranquilo. Pero también solucionar los conflictos gremiales y asegurarte que puedas viajar. ¿Por qué no lo hace?”.
Al día siguiente, el macrismo contestó con un video en Youtube, en donde desmentía paso a paso las declaraciones del oficialismo. Pero el tema no quedó ahí.
Unos días después, los legisladores Ritondo y Presti presentaron una denuncia ante la Justicia federal, por “malversación de caudales públicos”. Entre sus argumentos, señalaron que “El Poder Ejecutivo Nacional utilizó fondos públicos –que debieron ser utilizados para otros fines comunes a la ciudadanía y evidentemente asignados presupuestariamente a otros conceptos– para realizar una publicidad cuyo objetivo fue emitir una opinión absolutamente subjetiva y propia del partido que preside la gestión actual” y agrega “A ese entender, a afectos de satisfacer fines que hacen a la defensa política propia, el Poder Ejecutivo Nacional utilizó fondos que pertenecen al estado argentino”.
Por el momento, se está ocupando el juzgado de Claudio Bonadío, que terminó la investigación a fines del año pasado. De esta forma, el juez citó a Rodrigo Rodríguez, ex subsecretario de Comunicación Pública de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Fernández Russo, a cargo de la subsecretaría de Comunicación y Contenidos de Difusión, Alfredo Scoccimarro, secretario de Comunicación Pública y vocero presidencial, y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.
Los funcionarios y ex funcionarios fueron citados a declarar el 20, 24, 26 y 28 de febrero respectivamente.
Etiquetas: oficialismo, proceso, recursos
Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba refutó la decisión del Tribunal de primera instancia y sobreseyó al ex presidente en la causa de Río Tercero, que lo tenía como principal imputado.
Menem fue sobreseído por la explosión en la fábrica militar de Río Tercero
La explosión en la fábrica militar, ocurrida en 1995, dejó un saldo de siete personas fallecidas.
La Cámara, presidida por Ignacio María Vélez Funes e integrada por José Vicente Muscará –juez subrogante- y Rafael Vaggione (en calidad de conjuez), resolvió por mayoría -con disidencia del Dr.- Vaggione- revocar el procesamiento de Carlos Saúl Menem dictado por el Juzgado Federal de Río Cuarto el 12 de agosto de 2013.
En su momento, el juez federal en primera instancia Carlos Arturo Ochoa había dispuesto el procesamiento del ex presidente Carlos Saúl Menem. Así, había considerado que “no puede negarse a esta altura que la maniobra de venta ilegal de material bélico no concluyó sólo con el contrabando, sino que, a raíz de haber quedado al descubierto, se llevaron a cabo otras actividades conexas que terminaron con la explosión intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, con el objeto de borrar cualquier rastro que pudiera vincular a funcionarios con el mentado contrabando”.
La defensa del ex presidente reposo en la prueba indiciaria, es decir en la capacidad de probar indicios que conecten al acusado con el hecho en cuestión. Así, el juez Vélez Funes, dictaminó “si bien el hecho a partir del cual el Juez infiere la participación de Menem podría justificar el inicio de una investigación y la correspondiente receptación de declaración indagatoria al imputado frente a la sospecha de su participación en la voladura de la F.M.R.T., como modo de ocultar los hechos de contrabando de armas que tuvo por probados la C.N.C.P., no alcanza, en modo alguno, para motivar una resolución de procesamiento”.
Y agrega: “ni la instrucción judicial, ni los órganos encargados de la acusación tanto pública como privada en cabeza del querellante, han podido aportar elemento alguno de prueba”.
Además, de Menem, también fue sobreseído el entonces jefe del Ejército Martín Antonio Balza, bajo el argumento de que “no ha resultado factible a la instrucción obtener otras constancias relativas a la participación de Martín Antonio Balza en el hecho, siendo que la prueba colectada no ofrece ningún dato relevante en torno a su responsabilidad para inculparlo”.
Etiquetas: Juzgado, militar fallecidas
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos citó para el 21 de abril próximo a representantes del Gobierno argentino y de los fondos buitres, en el marco de la disputa por el pago de la deuda en default.
La Corte de Estados Unidos citó al Gobierno argentino por la disputa con los fondos ‘buitre’
Luego de esa audiencia, la Corte norteamericana definirá si tratará o no el caso, vinculado con una presentación del fondo buitre Elliot, del multimillonario Paul Singer, sobre el pedido para poder embargar fondos de la Argentina depositados en bancos radicados en los Estados Unidos y en la sucursal del Banco Nación en Nueva York, según publicó este jueves el matutino Ámbito Financiero.
La Argentina estará representada en la audiencia por los abogados del Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, que podrán exponer puntualmente sobre el reclamo de Elliot pero también por una veintena más de demandas de tenedores de bonos impagos.
En esos fallos, se obliga al país a Argentina a pagar al contado 1.330 millones de dólares que reclaman Elliot y el resto de los fondos.
Los negociadores argentinos, enrolados en la Unidad de Renegociación de la Deuda -que maneja el exministro de Economía Hernán Lorenzino- creen que la cita del 21 de abril, en Washington, será la última oportunidad para convencer al máximo tribunal de Estados Unidos de tratar el caso.
De tener que recurrir a esta última iniciativa, la intención es pagarles a los fondos buitre con dineros públicos a través de terceros, que serían dos “fondos amigos” de la Argentina: el Gramercy y el Fintech.
Esos fondos le ofrecerían Singer comprarle su deuda en default al contado, con dinero que aportarían los propios bonistas que accedieron al canje.
Etiquetas: abogados, audiencia, fondos, reclamo
La Presidente recibió en la Casa de Gobierno el proyecto de reforma del Código Penal, elaborado por una comisión encabezada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Zaffaroni.
Cristina Kirchner recibió el proyecto de reforma del Código Penal
Al encuentro asistieron los integrantes de la comisión, los diputados Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo y María Elena Barbagelata y León Carlos Arslanian.
Cristina Fernández a su vez estuvo acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el ministro de Justicia, Julio Alak, en cuyo ámbito se desarrolló el proyecto de reforma de Ley elaborado por los miembros de Comisión que se creó a tal efecto en mayo de 2012.
La comisión fue creada a través del decreto 6782012, con el objeto de elaborar el proyecto de ley de reforma que contaba con un plazo de 180 días corridos a partir de la fecha de su constitución (7 de mayo de 2012), aunque el mismo podía ser ampliado a pedido de la comisión, la actualización e integración del Código Penal de la Nación.
Esta iniciativa constituye “un compromiso político asumido por el Gobierno nacional en procura de consolidar la institucionalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y las garantías individuales, para la presente y las futuras generaciones de argentinos”, se señaló en el decreto.
En los considerandos el decreto expresa que el Código Penal ha tenido múltiples reformas, lo que genera la introducción de numerosas modificaciones en el articulado tanto de su Parte General como de su Parte Especial.
También se menciona que “se sometió a consulta pública por espacio de tres meses el anteproyecto elaborado por la Comisión, tras lo cual se efectuaron modificaciones finales al texto y se recabó una extensa nómina de las personalidades y organizaciones adherentes, pese a lo cual el propósito reformador no pudo concretarse”.
Además indica que “subsiste la necesidad de emprender la labor de reforma penal integral, siendo un compromiso político asumido por el Gobierno Nacional en procura de consolidar la institucionalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y las garantías individuales, para la presente y las futuras generaciones de argentinos”.
Por último, aclara que “por ello se estima conveniente la creación de una Comisión que lleve a cabo el objetivo de reforma, actualización e integración de la legislación penal en un único cuerpo normativo”.
Etiquetas: diputados, presidente, proyecto
El Consejo de la Magistratura de Río Negro realizó su primer llamado a concursos en lo que va de 2014.
Se vienen los concursos en Río Negro
Se busca cubrir cargos de jueces, fiscales y secretarios. Hay tiempo hasta el próximo 28 de marzo para hacer las presentaciones.
El Consejo de la Magistratura rionegrino llevó a cabo su primer llamado para concursos para este año, a través de las resoluciones uno, dos, tres y cuatro mediante las cuales buscan incorporar nuevos jueces, fiscales y secretarios y, además, volver a ocupar algunos cargos que quedaron vacantes a raíz de renuncias y jubilaciones.
En torno a la primera circunscripción, los consejeros señalaron que se está buscando cubrir un cargo de secretario de la Cámara del Trabajo con asiento de funciones en la ciudad de Viedma y eventuales vacantes en la Primera Circunscripción Judicial de Secretario de Cámara y Secretario de Primera Instancia.
En tanto, en la segunda circunscripción judicial Un cargo de juez de la Cámara del Trabajo con asiento de funciones en la ciudad de General Roca; un cargo de agente fiscal con asiento de funciones en la ciudad de Río Colorado.
Un cargo de secretario de Familia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Familia y Sucesiones número 21 asiento de funciones en la ciudad de Villa Regina; un cargo de secretario de Familia del Juzgado Civil, Comercial, Minería, Familia y Sucesiones 31 asiento de funciones en la ciudad de Choele Choel; un cargo de secretario del Juzgado de Instrucción 2 con asiento de funciones en la ciudad de General Roca.
Un cargo de secretario del Juzgado de Instrucción 12 con asiento de funciones en la ciudad de General Roca y eventuales vacantes en la Segunda Circunscripción Judicial de juez de Cámara, juez de Primera Instancia, funcionarios del Ministerio Público, secretario de Cámara y secretario de Primera Instancia.
En la tercera circunscripción el llamado fue dirigido para cubrir un cargo de juez de la Cámara Segunda en lo Criminal con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche y eventuales vacantes en la Tercera Circunscripción Judicial de juez de Cámara, juez de Primera Instancia, funcionarios del Ministerio Público, secretario de Cámara y secretario de Primera Instancia.
Finalmente, en la cuarta circunscripción la llamada fue apuntada a cubrir un cargo de fiscal de Cámara Nro. 1 con asiento de funciones en la ciudad de Cipolletti y eventuales vacantes en la Cuarta Circunscripción Judicial de juez de Primera Instancia, Funcionarios del Ministerio Público, secretario de Cámara y secretario de Primera Instancia.
Etiquetas: Cámara, jueces, secretarios
En aquella sentencia la Corte determinó el alcance del derecho al aborto no punible, establecido en el artículo 86 del Código Penal. También, el tribunal “exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires a implementar protocolos hospitalarios a fin de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios de atención de los abortos no punibles”.
Etiquetas: gubernamentales, jurisdicciones, legales
El STJ de Corrientes aceptó el reclamo de una mujer que buscaba cobrar la pensión de su esposo difunto para acarrear menos gastos por la discapacidad de su hijo.
Inconstitucionalidad de leyes y decretos provinciales
Un Estado poco solidario
La solicitud había sido denegada en un principio porque el joven ya cobraba un sueldo estatal.
En los autos “Rojas, Alicia c/Estado de la Pcia. de Corrientes e Instituto de Previsión Social s/Acción Contencioso Administrativo”, los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes hicieron lugar al reclamo de una mujer que tenía un hijo minusválido y su marido, que cobraba una jubilación especial, había fallecido. Reclamaba cobrar la pensión que le correspondía.
En una instancia anterior, los jueces habían considerado que el reclamo no era válido porque el joven recibía un salario estatal. Pero los miembros del Máximo Tribunal provincial descartaron este argumento y decretaron la inconstitucionalidad de los artículos 56 y 58 de la ley provincial 4.917 y de las resoluciones del Instituto de Previsión Social correntino que impedían que la mujer acceda al beneficio.
En su voto, el juez Alejandro Chaín señaló que si bien las disposiciones legales dan la razón al Estado, “la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: 'Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente, es decir, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general del país. En esta indagación no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiere'”.
Por esto el magistrado resaltó que “entendemos que en el presente caso debemos aplicar el método deductivo, aplicando aquella regla prevista en la última parte del inciso b) del artículo 56 pues, la actora ha acreditado suficientemente la “minusvalía” de su hijo para poder acceder a la pensión solicitada, entendida esta como: “Discapacidad física o mental de alguien por lesión congénita o adquirida” según la Real Academia Española”.
El vocal señaló también que “con las constancias obrantes en los expedientes administrativos y judiciales aportados oportunamente, se ha demostrado que el hijo de la actora ha sido inhabilitado en los términos del artículo 152 bis inciso 2º del Código Civil y existiendo la minusvalía debe aplicarse el inciso b) in fine del artículo 56, autorizando la ley el otorgamiento de la pensión más allá de los 18 años de edad, sin requerir el cumplimiento de las condiciones establecidas en la primera parte del mismo inciso b) ni las exigidas por el artículo 58”.
“Solución que se halla debidamente justificada además, por su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, habida cuenta que, conforme el artículo 44 de la Constitución provincial el Estado debe asegurar y garantizar a las personas con discapacidad, por medio de acciones positivas, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, las leyes y esta Constitución, sancionando todo acto discriminatorio en perjuicio de los mismos”, entendió el miembro del STJ.
El integrante del Máximo Tribunal provincial también puso de manifiesto que “el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en su tercer párrafo establece que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”.
El sentenciante también puso de manifiesto que “el artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por ejemplo, reconoce a toda persona el derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.
Chaín recordó también que “no podemos soslayar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual la inconsecuencia o la falta de previsión no se supone en el legislador y, que reconoce como principio, que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto”.
“Máxime cuando la decisión versa sobre derechos alimentarios de carácter imprescriptible e irrenunciable, y que, como también tiene dicho el Alto Tribunal, en materia de previsión o seguridad social lo esencial es cubrir riesgos de subsistencia o ancianidad, por lo que no debe llegarse al desconocimiento de derechos sino con suma cautela”, completó el juez.
Rojas, Alicia c/Estado de la Pcia. de Corrientes e Instituto de Previsión Social s/Acción Contencioso Administrativo
Etiquetas: marido, previsión, Tribunal
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo de una cautelar solicitada por una médica colombiana para que se deje sin efecto la cancelación de su residencia precaria.
Foto: Blmurch
Los jueces sostuvieron que, como se había optado por la vía de amparo para efectuar el reclamo, “la inminencia de su decisión descartaban la existencia del perjuicio irreparable”.
Una médica de nacionalidad colombiana interpuso una acción de amparo a fin de que se evite su expulsión del país, debido a que se canceló su residencia precaria. En el marco de ese proceso, la mujer solicitó también una medida cautelar para que no sea expulsada de Argentina, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
La causa se inició cuando una delegación de la Dirección Nacional de Migraciones dictó una diposición por la que se denegó a la actora en la causa “Ocampo Arturo Diana Carolina c/ EN- DNM s/Amparo Ley 16.986” el beneficio de residencia temporaria en la categoría académica. En el mismo acto administrativo se le canceló la residencia precaria declarando irregular la permanencia en el país, se ordenó su expulsión y se le prohibió su reingreso por el término de cinco años.
El expediente administrativo siguió su curso, y el Director Nacional de esa dependencia estatal rechazó el recurso de reconsideración contra la disposición impugnada. La causa llegó a la justicia, donde en Primera Instancia se dio via libre para entender en el amparo, pero se rechazó la cautelar por entender que “la sumarísima vía elegida y la inminencia de su decisión descartaban la existencia del perjuicio irreparable que tornara ilusoria la futura sentencia”.
El recurso de apelación contra ese pronunciamiento llegó a conocimiento de los jueces Rogelio Vicenti, Marcelo Duffy y Jorge Morán, de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, quienes confirmaron la sentencia apelada.
Los integrantes de la Sala estuvieron en desacuerdo con lo manifestado por la amparista en cuanto a que, de mantenerse la decisión impugnada, en cualquier momento podía ser conducida por la fuerza pública a abandonar el país. Al respecto, opinaron que “la exigüidad de los plazos de la vía elegida por la actora debería permitir arribar a una sentencia definitiva en breve lapso”.
Esa circunstancia hacía caer “el peligro irreparable en la demora” e impedía “alterar el orden natural del proceso”. Por otra parte, los magistrados afirmaron que el art. 82 de la ley 25.871 “establece el efecto suspensivo de los recursos administrativos o judiciales”, cuestión que también impedía “la ejecución de la medida recurrida hasta tanto se resuelva la presentación efectuada en su sede y priva de sustento el agravio de la recurrente vinculado con el peligro de su inminente expulsión”.
De forma tal que la via escogida de amparo tenía los efectos necesarios para mantener la causa en ese estado, por lo menos hasta que haya una sentencia definitiva, lo que tornaba innecesaria la medida cautelar solicitada.
Ocampo Arturo Diana Carolina c/ EN- DNM s/Amparo Ley 16.986
Etiquetas: colombiana, perjuicio, residencia
Marche preso si no paga la cuota
Foto: Real Estate Photographer
Gracias a toda la fundamentación esgrimida por la magistrada a cargo de la causa, se concluyó que el pronunciamiento recurrido “ha brindado suficientes razones en sustento de su decisión por lo que la queja de la defensa luce indemostrada y por ello inadmisible”.
A., H. R. p.s.a. Infracción ley 13944 de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar ?Recurso de Casación
Etiquetas: asistencia, hijos, perjuicio
Por la causa Ciccone, el fiscal Jorge Di Lello le pedirá al juez de la causa Ariel Lijo que llame al vicepresidente Amado Boudou a declaratoria.
En la misma, el número dos del Gobierno Nacional está imputado por la incompatibilidad de sus acciones con el deber de funcionario público.
Según confirmaron fuentes judiciales, Di Lello elevaría a Lijo un extenso escrito en el que solicitará indagatorias y testimonios. Además se pediría declaraciones al fundador de la empresa Nicolás Ciccone, su hija Olga Beatriz, su marido Pablo Amato y su yerno Guillermo Reinwick. La lista de personas a las que el fiscal pedirá indagatoria incluye a Boudou, su socio Nuñez Carmona y su testaferro Alejandro Vanderbroele.
Allegados a la causa sostienen que el objetivo principal es que la causa no se demore en el tiempo como ocurrió con las coimas en el senado, en la que estuvo imputado el ex presidente Fernando De la Rúa y que finalmente fue absuelto de sus cargos.
En el 2010, Boudou intercedió ante la AFIP para solicitar una moratoria en beneficio de la empresa The Old Fund, que en ese tiempo poseía Ciccone y tenía una deuda millonaria con el fisco. The Old Fund era administrada por Vanderbroele, empleado de Nuñez Carmona, socio de Boudou.
A partir de la llegada de The Old Fund, manejada por el entorno de Boudou, Ciccone fue contratada por la Casa de la Moneda para imprimir los billetes de cien pesos, lo que despertó la sospecha del periodismo y finalmente se elevó a juicio con pruebas aportadas a la Justicia.
Etiquetas: AFIP, funcionario, presidente
El próximo 18 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 dará inicio al juicio oral por la causa que investiga el accidente de Once. Cabe recordar que el hecho producido el 22 de febrero del 2012 dejó un saldo de 51 víctimas fatales y 789 heridos.
Desde ese día, el tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini, comenzará a juzgar a 29 imputados, entre los cuales se destacan Sergio Claudio, Roque Ángel y Mario Francisco Cirigliano, dueños de Trenes de Buenos Aires (TBA), Juan Pablo Schiavi, ministro de Transporte al momento del incidente y Ricardo Jaime, predecesor de Schiavi en el ministerio de Transporte.
En la causa se investigan los delitos de descarrilamiento culposo, agravado por muerte, y defraudación, en perjuicio de 51 víctimas fatales y 789 lesionados. Está previsto que durante el transcurso del debate declaren alrededor de 250 testigos.
Etiquetas: delitos, descarrilamiento, Ministerio
A partir de febrero -ya finalizada la feria judicial- comienzan cuatro nuevos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, siendo los acusados ex oficiales que participaron en la retención y tortura de personas en centros clandestinos.
El primero empieza el 13 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, llevado adelante por el Tribunal en lo Criminal Federal Nº 4. El mismo lo integran los jueces Néstor Costabel, Horacio Barberis y Eduardo Carlos Fernández. El juicio es por los delitos cometidos por Gustavo Adolfo Cacivio, Néstor Norberto Cendón, Jorge Raúl Crespi, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis en el centro clandestino de detención conocido como “El Vesubio”. A los cinco se los investiga por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio de 204 víctimas.
Luego, se juzgará a partir del 14 de febrero a Lucio César Nast, Carlos Ulpiano Altamirano, José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Álcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ernesto Vallejo, Eduardo Dugour y Pedro Travagliante por crímenes cometidos en Santa Fe. Los jueces, que pertenecen al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, ya tienen el ofrecimiento de 152 que quieren testificar.
El tercero se inica el 17 de febrero en Mendoza, llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1. Entre los imputados por los delitos de lesa humanidad se encuentran los ex jueces federales Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Otilio Romano y otros 35 imputados. Los jueces son Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade.
Finalmente y también el 17 de febrero, en Tucumán, se juzgará a Luciano Benjamín Menéndez junto a Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge González Navarro y Alberto Carlos Lucena en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia.
Etiquetas: jueces, Tribunal, víctimas
Con 37 tipos de audiencias diferentes, se inició la implementación del nuevo código neuquino.
Neuquén estrenó su nuevo Código Procesal Penal
Hasta ahora predominaron las referidas a la evaluación de medidas de coerción” y “modificación y revisión de medidas cautelares o prisión preventiva” durante la feria judicial.
En enero de este año el Poder Judicial de Neuquén inició un proceso de cambio profundo en materia penal que tiene que ver con la puesta en marcha del Código Procesal Penal para la Justicia de aquella provincia.
Más precisamente el 14 de enero se hechó a andar el nuevo Código Procesal Penal. A casí un mes de su utilización desde el Poder Judicial provincial dieron cuenta de los tiempos y tipos de audiencia que implica el nuevo sistema.
En total son 37 tipos diferentes de audiencias en el nuevo Código Procesal Penal, en las que se desarrollaron hasta el momento se cumplieron los plazos que se estimaron en los meses previos a la puesta en marcha del sistema, explicaron desde el Superior Tribunal.
“La mayoría de las relacionadas con la etapa preparatoria del proceso demandó 45 minutos o menos, mientras que las impugnaciones fueron las que requirieron mayor tiempo. En todos los casos, las resoluciones de los jueces fueron orales y públicas tras la realización de un cuarto intermedio, principalmente cuando intervino un tribunal”, contaron.
Para describir la situación: “En las primeras dos semanas se realizaron hasta cinco audiencias diarias y, si bien la cantidad varía según la circunscripción judicial –la primera concentra gran parte de la actividad en estos primeros meses dado el mayor número de causas y hechos diarios a resolver-, los plazos del procesos se acortaron en forma significativa. Para resolver una prisión preventiva, los magistrados que intervinieron en las audiencias no necesitaron más que unos minutos para, tras breves cuartos intermedios, presentar su decisión de manera oral y pública”.
“Hasta el momento, cómo la actividad se limitó a las audiencias que pueden desarrollarse durante la feria, predominaron las referidas a la evaluación de medidas de coerción (art. 112, 113 y 116), modificación y revisión de medidas cautelares o prisión preventiva (art. 117 y 118), suspensión de juicio a prueba (art. 108), formulación de cargos (art. 133), procedimiento abreviado (art. 217 y 218), impugnación (art.245) y las previstas para la revisión, ejecución, sustitución o modificación de la pena”, dijeron.
La primera audiencia: 20 minutos
La primera audiencia que se hizo con el nuevo código en la provincia llevó unos veinte minutos y se resolvió un pedido de prisión preventiva. La jueza Ana Malvido presidió la primera audiencia de partes realizada según los parámetros que indican la ley 2784 (Código Procesal Penal) y las reglamentaciones complementarias.
Esa primera audiencia fue sobre Se una causa por homicidio (“Hermosilla Luis sobre homicidio”) donde se investiga la muerte de un joven en la localidad de Plottier ocurrido la semana pasada durante los festejos por el Gauchito Gil.
“El proceso comenzó con la convocatoria a la audiencia de Formulación de Cargos realizada por la Oficina Judicial de la I Circunscripción, tras el pedido formal de parte del Ministerio Público Fiscal. Así, desde el flamante organismo que en adelante gestionará toda la actividad administrativa y organizará las audiencias de los jueces, se llamó a las partes para realizar la audiencia a las 11.30 hs”, explicaron desde el poder judicial. “En sólo 20 minutos se resolvieron cuestiones y planteos que hasta hoy llevaban al menos 10 días”, consignaron desde el poder judicial neuquino.
Etiquetas: coerción, impugnación, procedimiento
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