Source: https://es.scribd.com/doc/32086167/La-excepcion-de-falta-de-personeria
Timestamp: 2017-01-23 02:35:30
Document Index: 204496199

Matched Legal Cases: ['artículo 347', 'artículo 46', 'artículo 333', 'artículo 33', 'artículo 43', 'artículo 405', 'artículo 151', 'artículo 3451', 'artículo 712', 'artículo 47', 'artículo 48']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArtículosPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseExcepción de falta de personería Por Osvaldo Alfredo Gozaíni1. El ámbito de la excepción El artículo 347 inciso 2º del Código Procesal establece como excepción dilatoria la falta de personería en el demandante y en el demandado o sus representantes. La causa que la propicia es la ausencia de capacidad civil para estar en juicio; o que se carezca de representación suficiente. En consecuencia, son varias las cuestiones que merecen ser analizadas: a) El punto de partida es el significado de la voz "personería"; b) Luego, determinar el alcance de la capacidad civil para estar en juicio, porque c) la capacidad procesal es distinta de la civil, y pareciera que es a ésta la que debe referirse el código. d) Finalmente, lo que se interpreta por representación suficiente. 2. ¿Que quiere decir personería? Personero es quien se constituye como procurador para entender o solicitar negocios ajenos. Personería es el cargo o ministerio del personero, que en el orden jurídico se relaciona con la personalidad, la que a su vez, se vincula con la capacidad y la representación legal. Además, la calidad o la condición (ya veremos a cuál de ellas se refiere la norma) se articula con la calidad de parte, de modo tal que el problema se suscita con quien pide en su propio nombre y necesita para ello de capacidad civil para estar en juicio; o de quien lo plantea en representación de otro, en cuyo caso habrá que resolver la suficiencia del mandato conferido y su posibilidad de realización jurídica. Las excepciones del código tienen en cuenta esta diferencia, pues mientras la falta de personería, pretende denunciar que no existe capacidad civil para estar en juicio o la insuficiencia de representación; la falta de acción tiene por objeto poner de manifiesto que no media legitimación procesal, es decir, la circunstancia de no ser el actor o el demandado, las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre la que verse el proceso. No es desconocido que nuestro código adoptó en esta materia, las formas y modalidades de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, donde el concepto se relaciona con la personalidad, es decir, con las condiciones necesarias para ser parte. Pero en nuestro sistema puede ocurrir que a pesar de tener capacidad no se pueda adquirir la constitución de "parte" en el proceso. Precisamente, la mayor confusión existente entre legitimación y capacidad es el nexo que se quiere trabar con el concepto de parte, asignándole a éste un carácter sustancial, o vinculado con la pertenencia del derecho subjetivo que, en realidad, nada tiene que ver. En todo caso, la capacidad para ser parte proviene de normas materiales, en el sentido de capacidad de goce o disfrute; pero la capacidad para obrar depende de los presupuestos procesales. En principio, las personas físicas son las únicas que tienen capacidad suficiente para actuar en juicio, porque las personas jurídicas deben hacerlo a través de sus representantes legales. El Código Civil entiende capaces a aquellos que tienen aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones; pero el derecho procesal toma en cuenta apenas parcialmente este presupuesto. Digamos que se acepta la "posibilidad de actuar" antes que el ejercicio pleno, es decir, consigna una especie de reconocimiento general que se subordina a la inexistencia de otros requisitos que determinen la inhabilitación. La incapacidad es la excepción, y en el proceso judicial, queda solapada por la representación legal; con ello se demuestra que la legitimatio ad causam (relación directa entre quien pide con el derecho que invoca como propio) no guarda conexiones con la titularidad en el ejercicio de la acción. En principio, son incapaces: 1) los menores de 21 años de edad, a no ser que estuviesen emancipados, o actuaren en defensa de derechos laborales propios u obtenidos con su trabajo personal; 2) los dementes declarados en juicio y los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito; 3) los concursados, salvo
para las actuaciones tendientes a conservar los derechos individuales que el síndico no actúe; 4) los condenados a pena privativa de la libertad por más de tres años. Una calidad similar que impide la actuación directa en juicio, aun teniendo capacidad (limitada o restringida), ocurre con los inhabilitados, cuyos derechos se representan a través de tutores o curadores. La capacidad debe subsistir durante todo el proceso, de manera que si se pierde en el curso del trámite operan otras figuras, tales como la sucesión procesal y la representación adecuada, entre otras. En síntesis, la personería tiene dos facetas que no se vinculan entre sí. Por un lado se refiere a la capacidad para constituirse en parte; y por otro, a la representación que asignan quienes son incapaces, o los que teniendo capacidad, invisten a otro en su mandatario. 3. Capacidad Una de las cuestiones más difíciles de conciliar es la relación entre quien plantea una pretensión ante la justicia estatal, y ésta le reclama que acredite la titularidad del derecho (legitimatio ad causam) para darle entrada al proceso judicial. Una vez definido el interés que moviliza la presentación ante la jurisdicción, nos encontramos ante un nuevo avatar. No basta ser "dueño" del derecho subjetivo, ni alcanza con fundar adecuadamente el "interés" que se reclama. Para postular es preciso, además, tener capacidad para hacerlo, de manera que por esa aptitud tendrá posibilidades de actuar como lo pretende. La idoneidad para ser sujeto de derechos es diversa de la condición para disfrutarlos, porque bien puede una persona ser capaz de derecho, pero no de hecho, lo que significa ser titular de un atributo jurídico, pero no poder reclamarlo si no intervienen sus representantes capaces. Este tipo de capacidad -dice Palacio- "supone, por lo tanto, la aptitud legal de ejercer los derechos y de cumplir los deberes inherentes a la calidad de parte o peticionario. De allí que, así como la capacidad para asumir tales calidades constituye un reflejo de la capacidad jurídica genéricamente considerada, la capacidad procesal viene a reeditar, en el ámbito del proceso, los principios que el derecho privado contiene en materia de capacidad de obrar o de hecho" (1). Sin embargo, tal afirmación no se plasma en la realidad, porque no existe tal fusión entre la capacidad requerida para estar en juicio y la que surge del derecho civil (2). El derecho sustancial comúnmente establece la capacidad como regla y la incapacidad como excepción. La capacidad define la personalidad jurídica, lo que puede llevar a decir que "toda capacidad implica un reconocimiento legal (y en este sentido es una legitimación) y que toda legitimación implica una aptitud, una habilidad (una capacidad, en suma)" (3). El término se clarifica cuando se aprecia que a partir del concepto deben distinguirse dos grandes ámbitos en los cuales se desenvuelve la idea de capacidad: por un lado, lo que se denomina tradicionalmente capacidad de derecho, que significa la idoneidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, o bien, capacidad de goce o capacidad para ser titular de derechos, según las preferencias de cada uno de los autores que han tratado el tema; por otro lado, se infiere el concepto de capacidad de ejercicio o capacidad de obrar, que supone la facultad de poder ejercitar el propio sujeto esos derechos y deberes de los cuales es titular. De esta manera podríamos hablar de una capacidad civil, dada por la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones, y de una capacidad procesal que se determina por la cualidad de exigir el cumplimiento de esas atribuciones que ostenta. Por este punto de vista, la legitimación haría a la primera de las configuraciones, en tanto que la calidad de parte, a la restante. Sin embargo ello sería propio, por ejemplo, para el derecho italiano, donde se indica que "tienen capacidad para estar en juicio las personas que tienen el libre ejercicio de los derechos que en él se hacen valer" (art. 75, Código Procesal Civil), de modo tal que coincide la capacidad de derecho material con la capacidad asignada por el derecho procesal. Pero en nuestro sistema tal similitud no es posible, toda vez que la legitimación es un concepto procesal diferente de la legitimación civil.
Palacio Lino E., Derecho Procesal Civil, tomo III, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1979, pág. 32 Aunque es preciso anotar que, en el pensamiento de Palacio, la capacidad procesal debe ser claramente diferenciada de la legitimación procesal. Mientras la primera habilita para actuar en un número indeterminado de procesos, con prescindencia de las concretas relaciones o estados jurídicos que en ellos se controvierten; la segunda se refiere a la idoneidad especialmente atribuida para pretender o para contradecir con respecto a la específica materia sobre la que versa el proceso (ob. cit., pág. 32). 3 Barrios de Angelis, Dante, Introducción al estudio del proceso, editorial Depalma, Buenos Aires, 1983, pág. 119. Asimismo, Gozaíni, Osvaldo Alfredo, La legitimación en el proceso civil, editorial Ediar, Buenos Aires, 1996, pág. 116.
Ello se observa nítidamente en el carácter complementario que tiene la legitimación respecto a la capacidad. Es más, hasta resulta errado pensar en una legitimación civil, pues lo propio es hablar de una capacidad de disfrute. Ahora bien, si la capacidad procesal no se identifica con la capacidad civil, ¿qué referentes le encontramos en tanto las normas procesales son instrumentales de las que constituyen el derecho de fondo? y de este modo ¿deben articularse con la capacidad civil?. La explicación puede partir de un encuentro en el derecho sustantivo que no se da en el derecho procesal. La capacidad de obrar y la capacidad jurídica son, en el derecho de fondo, aspectos de una misma realidad. Por eso cuando se necesitan ejercitar a través de la pretensión (o la resistencia u oposición) la ley adjetiva pide que se tengan ciertas cualidades con relación a momentos diversos que sufre el proceso. Ellas asientan, básicamente, en la legitimación ad processum que, son los presupuestos necesarios para la efectiva constitución de la litis. De estas cualidades surge el verdadero contexto de la legitimación procesal y se comprende porque tiene solamente carácter instrumental, sin posibilidad alguna de remitirlo a categorías del derecho de fondo. De todos modos es preciso afirmar que el cumplimiento eficaz del acto procesal exige la capacidad prevista por las normas materiales para cada situación en particular. Con este razonamiento podemos concluir que la capacidad procesal no tiene categoría ni jerarquías propias sino en relación con lo que obtiene del derecho sustancial. Las reglas han de perfilarse a partir de las disposiciones materiales, y la legitimación dependerá de los demás presupuestos instrumentales, sin perjuicio que sean reservadas ciertas capacidades especiales para el trámite procesal. En definitiva, si bien la persona puede tener legitimación para obrar en una causa, ella misma quizás no tengan la capacidad requerida para estar en juicio. Mientras en la legitimación el tema vincula relaciones entre sujetos, y entre el sujeto con el interés que quiere tutelar; en la capacidad referimos a una aptitud legal señalada a través de disposiciones materiales. Por eso mismo, también, la legitimación para obrar se plantea como una excepción distinta, comúnmente llamada "falta de acción", que aun teniendo proximidades, es diferente a la que analizamos en este trabajo. 4. La capacidad procesal La excepción dilatoria de falta de capacidad civil para estar en juicio es un aspecto de la falta de personería. Sin embargo, toda la excepción se denomina "falta de personería", pero ella es viable: a) cuando se la funda en la carencia de capacidad civil de los litigantes para estar en juicio, o b) en la insuficiencia de la representación invocada. Empero, por esta vía no se podrá denunciar la ausencia de legitimación procesal, es decir, la circunstancia de que el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para sumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre la que versa el proceso. Ello está previsto en el art. 347 inciso 3º. Así se argumenta que, dos son las causales susceptibles de condicionar la admisibilidad de la excepción de falta de personería: la ausencia de capacidad procesal en el actor o en el demandado, y la falta, defecto o insuficiencia de la representación -necesaria o voluntaria- de quienes comparecen al proceso en nombre de aquéllos (CNCiv.,Sala D, 1993/10/27, "Rodríguez, Horacio R. c. Cátedra, Guillermo M.", La Ley, 1994-B, 419 DJ, 1994-2-474) (4). La falta de capacidad es un vicio subsanable, y por lo tanto, puede corregirse el defecto a través de los conferimientos de representación (legal, no voluntaria) o mandato pertinentes. En consecuencia, son impedimentos absolutamente conexos con el derecho material, porque de estas normas se toma la capacidad civil que el código procesal contempla. También el juez, de oficio, puede rechazar la demanda por falta de capacidad civil -absoluta o relativa(art. 34 inciso 5º ap. b), tolerando de la parte el recurso de reposición o la apelación directa o en subsidio. A su vez, el actor puede impugnar por las mismas vías una capacidad mal atribuida a una persona que se la tiene por parte, siendo inhábil para ello.
También se ha dicho que, las causales de admisibilidad de la excepción de falta de personería son la ausencia de capacidad procesal en el actor o el demandado y la falta, defecto o insuficiencia de la representación, necesaria o voluntaria, de quienes comparecen al proceso en nombre de aquéllos. Tales extremos no concurren si el ejecutante expresamente aclaró al promover la demanda que, ante la falta de ratificación de la gestión de negocios invocada respecto de los cónyuges que firmaron la escritura, actuaba por derecho propio (CNCiv., Sala A, 1997/04/21, "Serra, Aurelio y otros c. Bauleo, Natalio", La Ley, 1997-D, 176.
En todos los supuestos, la decisión no hace cosa juzgada sobre el fondo del problema, sino que posterga la investidura como parte, hasta que se acredite debidamente tal presupuesto de admisión. 4.1 La representación de quienes carecen de capacidad La falta de capacidad procesal (rectius: de postulación) puede suplirse -o integrarse- con el instituto de la representación necesaria. Es el caso típico de los padres que asumen el derecho de pedir ante la incapacidad ocasional de sus hijos menores de edad. En otros supuestos, quienes no tienen capacidad para estar en juicio confieren representaciones legales a otros que, por ese acto, se constituyen en agentes portadores de la cualidad de postulación (v.gr.: representantes de las personas jurídicas). Mientras que la concurrencia al proceso acompañada de un abogado de confianza o conferido por el Estado, no supone casos de integración de la capacidad ausente; tan solo ejemplifica el derecho de representación voluntaria a través de las reglas del mandato o del patrocinio jurídico. En el medio se ubican situaciones muy particulares que merecen un tratamiento singular, en la medida que no se encuentra alterada la capacidad civil para estar en juicio sino la facultad para disponer del derecho que en el proceso se va a debatir (v.gr.: caso del concursado o quebrado; e incluso, el caso de los menores adultos que tienen una incapacidad transitoria sujeta, de algún modo, a una condición suspensiva que sucederá con el paso del tiempo). Por estas características, la representación que vincula a los problemas de legitimación, o más correctamente, a los presupuestos procesales, son de tres tipos: a) La representación legal que la ley asigna para sustituir la falta transitoria de capacidad civil (v.gr.: menores de edad, tutores, curadores, etc.); b) La representación necesaria que deben aplicar las personas jurídicas debidamente organizadas y reconocidas estatutariamente por los órganos del Estado. Se extiende el modismo, para los casos de administradores de masas concursales y hereditarias; c) La representación voluntaria, en la cual una persona que tiene capacidad para actuar prefiere designar a otro para que en su nombre invoque y desarrolle los actos a que él tiene derecho. Como se advierte, no es un caso de suplencia o integración de una capacidad ausente, sino de formas de presentarse al proceso. Se rige por las normas sustantivas pertinentes y, una vez instalado en el juicio, ha de acreditarse adecuadamente la representación. Señala Serra Domínguez, a quien seguimos en esta clasificación, que "las tres clases de representación presentan notas comunes y una esencial diferencia en cuanto a su función: "a) el representante debe ser en todo caso capaz procesalmente, ya que de lo contrario no podría completar en forma alguna la posible incapacidad de su representado. "b) el representado actúa en nombre ajeno un derecho igualmente ajeno. El actuar en nombre ajeno lo diferencia de la parte, y explica que las consecuencias procesales y materiales de su actuación repercutan, salvo supuestos excepcionales, en la persona del representado. Parte es el representado, nunca el representante, quien sin embargo puede asumir determinadas responsabilidades procesales por los actos que realice siempre que le sean personalmente imputados. "c) La principal nota distintiva de las tres clases de representación que justifica su tratamiento separado es que mientras en los dos primeros supuestos, representación legal y necesaria, la representación suple la falta de capacidad procesal del representado y posibilita a éste su presencia en el proceso; en cambio, en la representación voluntaria forzosamente deben existir sujetos capaces procesalmente: la parte representada y el representante instrumental. Ello implica importantes diferencias en el tratamiento procesal de dichas instituciones, ya que mientras el voluntariamente representado puede asumir personalmente la dirección del proceso, removiendo a su representante, la persona jurídica puede cambiar su representante necesario, pero no ponerse en su lugar; y el representado legalmente carece, en principio, de facultades para designar a su representante, quien deja de serlo tan pronto el representado adquiere capacidad procesal" (5). 4.2 La representación legal La representación de un derecho que no resulta propio se debe demostrar en forma preliminar al otorgamiento del pase al contradictorio. Es decir, el derecho de ser titular de un derecho se debe acreditar; y la representación de ese derecho también, pero de una manera formal. En el otro caso, la verificación es de contenido sustancial. Por eso, uno refiere a la legitimación en la causa y se excepciona por la falta de acción; y otro se vincula con la personería suficiente, y es objeto de la defensa dilatoria que estudiamos.
Serra Domínguez, Manuel, Precisiones en torno a los conceptos de parte, capacidad procesal, representación y legitimación, en Revista Justicia, editorial Bosch, Barcelona, 1987, pág. 306.
El art. 46, bajo el rótulo de justificación de la personería, dice: "La persona que se presente en juicio por un derecho que sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deber acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste. "Si se invocare la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el juez considere atendible las razones que se expresen podrá acordar un plazo de hasta veinte (20) días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada. "Los padres que comparezcan en representación de sus hijos, no tendrán obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el juez a petición de parte o de oficio, los emplazare a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren". La norma requiere, en su primer párrafo, que se acredite el "carácter", tal como pide por su parte la L.E.C. española. El párrafo siguiente admite la interposición de una causal justificativa en la demora de verificación; y la última parte exonera a los padres (antes también al marido que representaba a su mujer) de toda prueba del vínculo a excepción de que surjan dudas en el juez que entiende en la causa, o lo pida la contraparte. Obviamente, el precepto no se vincula a la legitimación, como sí ocurre en España y mereció la crítica aciaga de casi toda la doctrina de ese país. En los fallos se lee que, existe el impedimento procesal de la falta de personería si quien invoca la representación de una de las partes no acompaña los instrumentos que acreditan dicha representación o son ellos insuficientes o defectuosos; trátase de una excepción dilatoria y, por ello, no impide que la pretensión del actor pierda eficacia una vez obviados los defectos que adolecía. En suma, no afecta al derecho material invocado, postergando sólo la oportunidad de un pronunciamiento sobre aquél (CNCiv., Sala A, 1988/02/18, "Consorcio de Propietarios Pueyrredón 1751/53/55 c. Consorcio de Propietarios Pueyrredón 1741/43/45", La Ley, 1988-D, 10). La capacidad que la norma señala refiere a la aptitud intrínseca del sujeto para obrar dentro del proceso asumiendo por sí, o en representación de otro el interés jurídicamente relevante que otorga la legitimación. a) La capacidad de los menores Los menores de 21 años de edad para estar en juicio necesitan la representación de sus padres, o de quienes ejerzan la representación legal. Esta es la regla, pero se admiten numerosas excepciones de acuerdo con la edad o la condición que tenga el interesado. Por ejemplo, en el caso de menores adultos (entre 14 y 21 años) pueden asumir representación de sus propios intereses si tienen autorización de quien ejerce la patria potestad, o del juez en caso de disenso. La habilitación paterna o judicial es diferente de la asistencia jurídica y de la misma representación, pues se trata de cubrir una ausencia de capacidad que impide obrar por sí en un asunto de interés particular. Esta habilitación para el proceso no supone que el menor actúe solo sino a través de un tutor especial que al efecto se designa. Otra excepción la constituye el menor que actúa en defensa de sus derechos laborales o para tutelar los bienes adquiridos en virtud de su oficio o profesión, aunque el límite de edad para el supuesto parte desde los 18 años. No requiere aquí de tutor ad litem, al estar salvaguardada la seguridad de sus actos mediante el control del Ministerio Pupilar y el patrocinio letrado obligatorio. Por último, los menores adultos no necesitan de la habilitación de sus padres o judicial, gozando en consecuencia de capacidad procesal plena, en los siguientes casos: i) En los juicios civiles o penales derivados de los contratos de trabajo celebrados para desarrollar cualquier actividad permitida, o en la que tenga un título profesional habilitante; ii) Cuando revistieren la condición de imputados en un proceso penal; iii) En los procesos laborales tienen la misma aptitud que la normalmente exigida, pudiendo entregar cartas de apoderamiento y celebrar acuerdos conciliatorios o de similares consecuencias; iiii) Para intervenir en los procesos relacionados con actos que el menor puede cumplir sin autorización de sus padres (disposiciones de última voluntad y reconocimiento de hijos extramatrimoniales); iiiii) Para requerir autorización judicial para contraer matrimonio o requerir la emancipación por edad (6). Además de estas circunstancias que admiten la capacidad procesal del menor, promedia el instituto de la emancipación por edad o por matrimonio que otorgan una ampliación considerable de los actos jurídicos que pueden celebrar.
Palacio, ob. cit., pág. 38.
Se ha dicho, entre otros casos que, no corresponde rechazar la demanda, por falta de personería del actor, pese a haber sido deducida días después de cumplir éste 21 años por un apoderado designado antes de ello por la madre en ejercicio de la patria potestad, si en el juicio se procura una prestación alimentaria, la demandada no opuso excepción de falta de personería y el actor ratificó en el curso del proceso lo actuado por el apoderado (CNFed. Contenciosoadministrativo, Sala I, 1987/09/08, "Cabral de Bazán, María F. c. Gobierno nacional -Cdo. en Jefe del Ejército", La Ley, 1987-E, 481 (37.839-S). Los conflictos donde pueden obrar sin problemas de habilidad son: i) los que versen sobre actos de disposición relativo a bienes adquiridos a título oneroso o gratuito, siempre que tuvieran autorización judicial para resolver el destino de los recibidos en éste último carácter o exista acuerdo entre cónyuges; ii) los relacionados con la administración de los bienes adquiridos por cualquier título, tengan o no contenido patrimonial. La representación legal que mencionamos permite presentar en el proceso a los padres en conjunto o separadamente, sin que deban acreditar el vínculo familiar. En el supuesto de colisión entre los intereses del padre o la madre con los del hijo no emancipado, aparece la suplencia que el juez decide a través de la designación de un tutor ad litem. No obstante, si el juicio se desarrollara en condiciones tales que permaneciera oculto el disenso familiar, si el hijo alcanzada la mayoría de edad ratifica lo actuado por sus padres, desaparece la causa de nulidad. b) Los incapaces e inhabilitados Los incapaces de hecho y los inhabilitados judicialmente concurren al proceso a través de sus tutores o curadores respectivos. En ambos casos no se trata de sustituir una capacidad inexistente con la capacidad del representante, sino de asistir al interesado (como sujeto activo o pasivo del juicio) de la adecuada representación que la ley exige para dotar de regularidad y eficacia al litigio emprendido. La sentencia judicial que declara la inhabilitación debe especificar el alcance que tiene la curatela dispuesta, pues la incapacidad que sigue a este pronunciamiento se circunscribe, por vía de principio, a los actos de administración y disposición patrimonial, sin afectar los derechos que mantienen para contradecir las decisiones tomadas por sus representantes legales en desmedro de sus intereses o ejercidos más allá de las facultades judicialmente predispuestas. Son ejemplos de este tipo las personas inhabilitadas por ebriedad consuetudinaria; uso de estupefacientes que disminuya las facultades de racionalidad; dementes y pródigos. c) Los condenados a prisión efectiva Toda persona que deba concurrir a juicio civil y se encuentre condenada a sufrir la pena de prisión efectiva (es decir, que no se ejecuta condicionalmente) pierde su capacidad normal, afectando sus derechos de patria potestad, administración y disposición de sus bienes. No obstante, podría hipotéticamente actuar en los conflictos que incidan en sus relaciones personales de familia (v.gr.: divorcio, filiación, etc.), o en las emergentes de su propia condición (v.gr.: ejecución de honorarios promovida por quien fuera su abogado). En algunas situaciones particulares, se ha resuelto que corresponde hacer lugar a la excepción de falta de personería opuesta por el Estado nacional contra la demanda promovida por tres condenadas a más de tres años de prisión alojadas en el Servicio Penitenciario Federal, toda vez que no les fue designado curador, debiendo subsanarse la personería y luego dar vista al defensor oficial (CS, 2000/03/14, "López Pérez, Viviana y otras c. Provincia de Buenos Aires y otro", La Ley, 2001-B, 604). d) Concursados y quebrados La indisponibilidad patrimonial que padecen los sujetos que se encuentran en concurso civil o comercial, y el desapoderamiento consecuente de bienes que en ellos sucede, tanto como en los procesos que se declara la quiebra, derivan en la incapacidad de las personas físicas que tendrían que intervenir. En su lugar actúa el síndico y la administración de los bienes se convierte en una masa patrimonial que pertenece a un núcleo común que es el concurso o la quiebra. 5. La representación necesaria
Cuando la persona que actúa en el proceso no presenta un interés que le sea propio sino ajeno, y lo ejerza por representación (art. 46 párrafo primero), tendrá que acreditar documentalmente la personería <<carácter>> que invoca. Está en claro que la justificación requerida es para la representación y no respecto al derecho de fondo, de manera que a tenor de corresponder el citado artículo 46 con el artículo 333 ("Con la demanda, reconvención y contestación de ambas en toda clase de juicios, deber acompañarse la prueba documental ..."), podemos clasificar los documentos a presentar liminarmente en: a) aquéllos destinados a verificar la concurrencia de los presupuestos procesales de admisión de la demanda, y b) los instrumentos -materiales- acompañados como prueba del derecho de fondo que se quiere defender . Por ejemplo, se sostiene que el art. 24 del decreto-ley 8204/63, reconoce a las libretas de familia el carácter de instrumentos públicos por lo que crean la presunción legal de la verdad de su contenido en los términos prescritos por el Código Civil. De ahí que con la agregación de la misma en autos, hubiera bastado para considerar adecuadamente justificada la personería invocada por la esposa en el escrito inicial, y por tanto, innecesario emitir pronunciamiento sobre la excepción de falta de personería opuesta por el marido, salvo en lo referente a las costas, sobre las que decidió el juez, quien las impuso por su orden (CNCiv., Sala C, 1979/11/06, "R.T. de I., D. N. c. I., E. L.", La Ley, 1980-A, 319). 5.1 El caso de las personas jurídicas La distinción trazada entre entidades morales sin capacidad procesal y representación necesaria que les otorga legitimación ad processum, sirve para demostrar cómo operan las reglas del proceso, que admiten la calidad de "parte legítima" a una de estas agrupaciones. No pretendemos ingresar en la polémica sobre la capacidad material de las personas jurídicas, que de hecho estaría reconocida en las leyes sustantivas de nuestro país, y en particular por el artículo 33 del Código Civil. Inclusive, agrega Palacio, "la capacidad procesal de las personas jurídicas se halla reconocida por los arts. 41 y 42 del Codigo Civil, el primero en tanto autoriza a esos entes para <<intentar en la medida de su capacidad de derecho, acciones civiles o criminales>>, y el segundo en tanto prevé que aquéllos pueden ser demandados <<por acciones civiles>>" (7). Sin embargo, la cuestión adjetiva se presenta como un aspecto de la representación antes que de la acreditación del derecho subjetivo o, preferentemente, del interés para obrar. Obsérvese, por ejemplo, que la legitimación conferida en el actual amparo constitucional previsto en el artículo 43 de la carta fundamental, se otorga a las asociaciones de protección de los llamados derechos de incidencia colectiva (intereses difusos) que se encuentren registradas conforme a la ley; indicando, en consecuencia, que no se trata de acreditar el fumis bonis juris sino la calidad que tienen como persona hábil para representar dicho interés colectivo o masificado. El tráfico jurídico actual aprisiona muchas manifestaciones adicionales de estas formas asociativas. No son únicamente las sociedades tradicionales e inscriptas las que asumen representaciones de intereses específicos, sino también, otras modalidades como los sindicatos, partidos políticos, alianzas estratégicas, uniones transitorias de empresas, entidades deportivas, asociaciones vecinales, comunidades de propietarios, entre muchas más. En cada una, la actuación ante la justicia difumina la titularidad del derecho, pero lo concreta cuando se establece la representación. La personalidad jurídica de ellas difiere de las personas físicas, en las que puede señalarse un tiempo de permanencia o de terminación; en las personas jurídicas depende de la forma estatutaria y de la regularidad de su constitución. Por eso, al analizar la capacidad procesal de las entidades debe atenderse tanto su posibilidad de actuar como actores y demandados. Sobre todo esta última, en la medida de que una estructura informal podría utilizarse abusivamente, desconociendo en perjuicio del actor o de terceros, la obligación que se les denuncia. Obsérvese como el artículo 405 inciso 3º del Código Procesal reafirma esta tendencia a tener una "representación adecuada" en el proceso, cuando establece que pueden ser citados a absolver posiciones "los representantes de las personas jurídicas, sociedades, o entidades colectivas, que tuvieren facultad para obligarlas". El sentido de la excepción de falta de personería radica en evitar tramitar un litigio con quien no representa a la parte, la que podría, en consecuencia, verse sustraída de la eventual sentencia a dictarse por no haber participado en el juicio. Por ejemplo, el administrador designado en forma, pero no inscripto, sí vincula a la sociedad conforme a los arts. 58 y 157 de la ley de sociedades, por lo que la defensa interpuesta
Palacio, ob. cit., pág. 22.
carece de sentido(CNCom., Sala A, 1986/05/27, "Aprovisionamientos, S. R. L. en: Avícola Moro, S. A. c. Dobarro, Manuel y otro", La Ley, 1986-D, 595 - DJ 986-2-1001). Las situaciones que se pueden considerar, a los fines de la procedencia de la excepción de falta de personería podríamos resumirla en circunstancias puntuales como las siguientes: a) Deficiencia de los poderes. Se ha dicho que, si el decidir la excepción planteada radica en determinar la validez del poder esgrimido en nombre de una sociedad, no cabe sino calificar aquélla como de falta de personería (art. 347, inc. 2°), aun cuando su planteo haya consistido en negar facultades al interventor en una sociedad para conferir en nombre de filiales con personería jurídica propia (CNFed. Contenciosoadministrativo, Sala III, 1981/03/04, "Cap Yunquery, S. A.", BCNFed., marzo 981-19, núm. 37). b) Fusión o absorción: El cambio de nombre de una sociedad que ha otorgado mandato no autoriza a oponer la excepción de falta de personería, puesto que se trata del mismo ente societario que ha modificado sólo su denominación (CNCom., Sala A, 1993/12/26, "Citibank N. A. c. Carluccio, Carlos A.", JA, 1994-III-423). Además, se argumenta que es improcedente la excepción de falta de personería opuesta contra el apoderado del banco accionado, pues la circunstancia de haber mediado fusión del banco otorgante del primigenio mandato a favor de quien luego lo sustituyó, no importa causal de cesación del mandato otorgado (CNCom., Sala A, 2000/08/30, "Glujowsky, León c. Banco Mercantil Argentino", La Ley, 2000-F, 984 [43.227-S] DJ, 2001-1-451). Se agrega que la desestimación de la defensa opuesta contra el apoderado del banco accionado con fundamento en que la citada entidad no habría sido conferente del poder acompañado, sino que lo fue un letrado que a su vez poseía apoderamiento del banco, pues dado que no fue controvertido la facultad de éste para sustituir el mandato que le fuera otorgado, no existe necesidad de ratificación en los términos del art. 1942 del Código Civil (fallo antes citado). c) Administración de la sociedad: Como principio general el administrador no puede incoar o contestar demandas a nombre de la sucesión, salvo autorización unánime de los herederos, la que no puede salvarse con la mera autorización judicial y corresponde, por consiguiente, acoger la defensa de falta de acción basada en la carencia de personería de la sucesión actora (CS, 1982/04/29, "Bengolea, Santiago c. Provincia de Buenos Aires", La Ley, 1982-D, 461). La falta de autorización de los propietarios, exteriorizada en la pertinente asamblea y con las mayorías respectivas, para que el administrador inicie acción judicial representando al consorcio, no puede ser suplido por la autorización otorgada al administrador en el reglamento de copropiedad, puesto que la misma se refiere exclusivamente a la representación del consorcio ante las "autoridades judiciales y administrativas", aspecto vinculado con su "personería", pero no obviamente a su legitimación sustancial (CNCiv., Sala B, 1981/03/05, "Consorcio de Propietarios Pueyrredón 2366/68 c. Kodner, Isaac", JA, 981-IV-344). 5.2 El Ministerio Público En el proceso civil la actuación del Ministerio Público es residual y con finalidades muy precisas, pero en algunos casos, su presencia en calidad de "parte" es ineludible, tal como sucede cuando el Estado ocurre como actor o demandado. A veces, la participación se refiere a la fiscalización del orden público como en el artículo 151 que dice: "En los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio solo se dará vista a los representantes del Ministerio Público en los siguientes casos: 1. Luego de contestada la demanda o la reconvención; 2. Una vez vencido el plazo de presentación de los alegatos; 3. Cuando se planteare alguna cuestión vinculada a la representación que ejercen. En este caso, la vista será conferida por resolución fundada del juez". Debe aclararse que son representantes del Ministerio Público el agente fiscal y el asesor de menores. A ellos se refiere este artículo, pues cuando en un juicio actúan el defensor de menores y los defensores de pobres y ausentes, lo hacen como representantes de parte interesada y no como meros intervinientes con función de vigilancia, ya sea, en el caso del agente fiscal, en las cuestiones de estado que se ventila en un juicio de divorcio o de nulidad matrimonial, o en el caso del asesor de menores e incapaces, coadyuvando como representante promiscuo (8). En la provincia de Buenos Aires, la legitimación para actuar que confiere este dispositivo colisiona con las normas que organizan la misma composición del cuerpo oficial, pues en estas se permite la intervención a requerimiento de los jueces de la causa, lo que ha sido declarado impertinente por la Suprema Corte provincial ( 9). En el orden federal, al Estado lo representa la Procuración del Tesoro de la Nación, mientras que en la provincia de Buenos Aires, la función le corresponde a la Fiscalía de Estado.
Gozaíni, ob. cit., pág. 130. SC Buenos Aires, 1980/10/21, ED, 92-820.
En ambos casos, el Código Civil les asigna calidad de personas jurídicas de carácter público (art. 33 inciso 1º), prescindiendo de la relación jurídica que al proceso los lleve; situación que se proyecta a las demás administraciones estatales con autarquía y autonomía funcional. Los planteos de legitimación que suelen ocurrir asientan más en equivocaciones de las partes al elegir el ente demandado que por cuestiones de capacidad, propiamente dichas. Si fuera una universidad pública la accionada y se nominara en la demanda (art. 330 inciso 2º) como sujeto pasivo a una Facultad que la integra, se manifiesta la confusión. No existe incapacidad del órgano, sino imposibilidad de asumir calidad de parte por no ser el "justo contradictor", a pesar de estar emplazado en el derecho e interés que produce el conflicto. Una vez mas, queda demostrada la distancia entre legitimación y capacidad. 5.3 La administración del sucesorio En consonancia con el artículo 3451 del Código Civil se establece que ningún heredero tiene la administración de los bienes de la herencia, debiendo para ello designarse un administrador acordado entre los sucesores o, en su defecto, fijado por el juez (art. 709, Código Procesal). Al administrador le compete realizar todos los actos conservatorios de los bienes, y excepcionalmente puede retener fondos o disponer de ellos con el objeto de pagar los gastos normales de la función que cumple. La impersonalidad de la herencia yacente requiere de un representante para los juicios que debieran iniciarse o en los que fuera demandada. Natural sería que el susodicho administrador tuviera la calidad de representante procesal, sin embargo, el artículo 712 limita las facultades al indicar que "cuando no mediare acuerdo entre los herederos, el administrador podrá ser autorizado por el juez para promover, proseguir o contestar las demandas de la sucesión. Si existieren razones de urgencia, podrá prescindir de dicha autorización, pero deberá dar cuenta al juzgado de esa circunstancia en forma inmediata". Por tanto si la demanda se deduce por el administrador permite la excepción de falta de personería, tanto por la ausencia de facultades, como por no haber acreditado la calidad que invoca al promover el acto. La iniciación del proceso sucesorio tiene mayores reconocimientos: cualquier heredero, el cónyuge supérstite, los legatarios, e inclusive los acreedores del causante. Mientras que la condición de sujeto pasivo presenta algunas particularidades. Si un solo sucesor se presenta a contestar una demanda, no puede dar lugar al impedimento procesal de falta de personería, si quien lo hace es único heredero, pues hay identificación plena entre la persona y lo que se transmite. En cambio, no es así cuando existen varios herederos, porque entre ellos es preciso el acuerdo de voluntades para unificar la personería o la presentación de todos. Estos últimos, no podrán deducir la petición sin que haya mediado intimación previa a los herederos conocidos para que acepten o repudien la herencia (art. 3314, Código Civil). Además, han de esperar cuatro meses desde el fallecimiento de la persona que se quiera abrir la sucesión para lograr la aptitud necesaria que habilite el trámite incoado. Recién cubiertos estos requisitos los acreedores podrán por sí, requerir la asignación de las providencias pertinentes. "El fin perseguido por la ley es impedir que, con el objeto de perseguir los honorarios correspondientes a la iniciación del sucesorio, los profesionales puedan actuar desaprensivamente promoviendo innecesaria y apresuradamente el proceso" (CNCiv., Sala F, 1984/10/26, inédito). Si la herencia fuera vacante, sea por no haberse presentado los herederos o los que habiéndolo hecho no acreditan la calidad de tales, corresponde designar representante (curador ad litem) a un agente de la autoridad encargada de recibir las herencias vacantes, quien desde ese momento ser parte (art. 733, Código Procesal). Vemos en el sistema como se otorga participación en el proceso a quien no tuvo que ver con relación jurídica alguna precedente, o con derecho subjetivo que le permita obtener una potestad sobre los bienes. Pero como subyacen intereses públicos superiores y una finalidad correspondida con el bienestar general, se admite al Estado a través de sus representantes asuma la posición de parte interesada. Ello así aunque el Estado no sea en sentido técnico un heredero o un sucesor -así lo destaca Vélez en la nota al art. 3588 del Código Civil-, pues la ley equipara para lograr que los derechos y obligaciones del causante no queden sin nadie que los tutele. El curador ad litem designado es parte principal. 6. La representación voluntaria La persona capaz de hecho y de derecho puede resolver su presentación en juicio a través de otros que lo representen. La autonomía de la voluntad le permite decidir la intervención directa o la delegación a un
tercero que, a tales fines, estará regido jurídicamente por las disposiciones del contrato de mandato (arts. 1869 y ss. del Código Civil). Otra cosa es la asistencia jurídica por la cual quien pueda ser o constituirse en parte procesal debe concurrir bajo el patrocinio de abogado, o confiriendo a éste la representación en el proceso. Cuando al litigio se accede por la vía del mandato, el representante debe acreditar las facultades que se le confieren en el instrumento que lo acuerda. El análisis que se concreta es sobre la personería, y no sobre la capacidad para hacerlo (tanto del que lo otorga como del mandatario), de modo tal que al juez le corresponde controlar la regularidad del documento, sus límites y extensiones; y a la contraparte alegar, en su caso, la excepción de falta de personería. Cualquier defecto intrínseco del contrato de mandato debe denunciarse por otra vía que permita pronunciarse sobre la nulidad del acto jurídico. En cambio, la intervención de abogados agrega a la justificación del carácter con que se actúa, la demostración de estar matriculado en la jurisdicción donde deba prestar asistencia. El artículo 47 del Código Procesal indica: "Los procuradores o apoderados acreditar n su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder. "Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte, podrá intimarse la presentación del testimonio original". 6.1 Presentación en juicio de los poderes La norma transcripta precedentemente obliga al mandatario y al abogado a que acrediten el título justificativo de su actuación. De no hacerlo, se podrá deducir la excepción de falta de personería. La mención expresa a la "personalidad" no debe confundirse con "legitimación", como vimos ocurre en la ley española, sino a los documentos que habilitan la actuación en nombre del titular del interés jurídicamente relevante. La presentación en juicio de los poderes reconoce una pequeña diferencia según se trate de instrumentos que asignan aptitud para obrar especialmente para un juicio, o se trate de apoderamientos genéricos que involucran diversos tipos de actividades (habitualmente administrativas y judiciales). En el primer caso, deber acompañarse el título original con copias debidamente rubricadas por el letrado para su conocimiento por las partes; en tanto que en los poderes generales, basta agregar la copia en número suficiente para incorporar al expediente y dar los traslados que correspondan. Pero no es posible tener por acreditada en legal forma la personería de aquél que presenta una copia simple, sin firmar, de un poder especial para un solo juicio; aunque por aplicación del principio de que todas las nulidades procesales son relativas, si el tribunal no ordenó el desglose, y la contraparte no lo solicitó oportunamente, queda convalidado el vicio (en rigor, la irregularidad) y saneada la justificación de la personalidad procesal. Se confirma con el artículo 48 del régimen ritual, la distancia entre legitimación y personería, cuando se permite que, ante la urgencia de realizar actos procesales el abogado pueda presentarse sin acreditar los títulos que justifican su actuación. Dice la norma: "Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, podrá ser admitida la comparecencia en juicio de quien no tuviere representación conferida...". Los procuradores o apoderados deberán acreditar su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes siendo evidente que ante la falta de cumplimiento de la disposición transcripta ha de tenérselos por no presentados; lo contrario implicaría acordar un plazo mayor no previsto por la ley con la consiguiente demora del trámite del litigio y en indudable perjuicio de la contraparte. En todos los casos, una vez aceptada la personería del representante y consentido que quien pidió por otro está realmente habilitado para hacerlo, ninguna duda hay en cuanto a la improcedencia de llamar a juicio al representado con el fin de integrar una litis, ya que está integrado, precisamente, por él, aunque a través de una persona que por la ley o un contrato esta facultada para obligarlo. Una actitud en contrario supone confundir la calidad de parte con la legitimación ad causam; o también, personería con titularidad del interés para obrar. 6.2 La personería a través de la representación por abogados Existen dos modalidades que relacionan el ejercicio de la profesión legal (abogados, procuradores y escribanos) con la asistencia jurídica que prestan a sus clientes.
En el primero, dice Palacio, "el análisis comparativo de la legislación procesal vigente permite comprobar la existencia de dos sistemas extremos, caracterizados por la separación o por la unificación totales de las profesiones de abogado y procurador, y de un sistema intermedio o ecléctico, según el cual es admisible el ejercicio acumulativo de ambas profesiones" "El sistema de la separación ha sido adoptado por las leyes francesas, inglesas y españolas. De acuerdo con los regímenes legales vigentes en esos países, mientras el abogado (avocat en Francia; barrister en Inglaterra y abogado en España) tiene como única función la consistente en asistir a las partes, exponiendo verbalmente o por escrito las razones que aquéllas pueden argüir en apoyo de sus derechos; el procurador (avou‚, solicitor y procurador, respectivamente), tiene a su cargo la representación de las partes, estándole particularmente encomendado el cumplimiento de los actos de impulso procesal y la confección de los escritos" "...En lo que atañe al segundo grupo de sistemas citados, gran parte de la legislación moderna adhiere a aquél en cuya virtud el poder de postulación procesal corresponde, como principio general, a los auxiliares de las partes, de manera tal que estas últimas no pueden comparecer personalmente y deben formular sus peticiones por intermedio de un abogado o procurador" (v.gr.: Alemania, Italia, y la provincia de Santa F‚, en nuestro país, entre algunos otros) (10). En cada modismo está bien delineado el problema de la legitimación e interés en actuar de quien pretende la tutela de un derecho al que accede de buena fe, o en la creencia de estar por el mismo asistido; y la representación que cuenta para el derecho de postulación. La jurisprudencia ha dicho que, el planteo de nulidad de actuaciones fundado en la falta de personería del letrado del causante pertenece al ámbito del derecho procesal -y no al derecho de fondo- y es susceptible de ser subsanada expresa o tácitamente, del modo y la forma como lo postula el ordenamiento ritual vigente (CNCiv., Sala G, 1998/02/19, "Alvarez, Gabriel c. Eduardo E. Ribet S. A.", La Ley, 1999-E, 564 - DJ, 2000-1-293). Esta separación permite diferir al abogado las cuestiones que él presente como dificultades para el acceso. Por ejemplo, sería procedente oponerse -a través de la excepción de falta de personería- a la actuación de un letrado que no se encuentra matriculado en la jurisdicción donde quiere intervenir; o no tiene aún el título habilitante; o cuenta con un poder insuficiente. Hay casos que se pueden resumir con el siguiente esquema: a) Sustitución del poder: Si la extensión del mandato permite sustituir facultades, debe rechazarse la excepción de falta de personería si quien carecía de aptitud para demandar, en virtud de la ley de procuración, sustituyó su poder a favor del profesional que demandó (CNCiv., Sala B, 1978/04/25, "Kornetz de Saslavsky, Rosalía D. y otros c. Cicala, Vicente H. y otra", ED, 80-657). b) Suspensión en la matrícula: La suscripción de un escrito en donde se sustenten o controviertan derechos por un profesional suspendido en la matrícula por falta de pago de la cuota anual al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, no acarrea el desglose sin más o la invalidez de la actuación, sino la intimación a los representados a subsanar la deficiencia en la personería resultante de haberse presentado como mandatario judicial un abogado que actuó en las condiciones apuntadas (CNCiv., Sala B, 1996/07/11, "Hary, Juan P. y otro, suc.", La Ley, 1996-E, 294). A ello se agrega el fundamento expuesto, al sostener que si bien los abogados y procuradores sólo están legitimados para intervenir como apoderados en tanto estén inscriptos en la matrícula o colegio profesional respectivo, la circunstancia de encontrarse suspendido quien ha firmado el escrito de demanda en tal carácter, no significa que deba tenerse a ésta por no presentada, pues la falta de personería es un vicio esencialmente subsanable (CNCiv., Sala C, 1994/11/08, "Beehive Trading Company c. Russo y Barberi, S.", La Ley, 1995-B, 416. - DJ, 1995-2-393). Criterio que se repite al manifestarse que, si quien firmó como letrado apoderado estaba suspendido en la matrícula en los términos previstos por el art. 53 de la ley 23.187, y, consecuentemente, no podía en ese momento ejercer la profesión de abogado ni actuar como mandatario judicial, debe fijarse un plazo para que se subsane el defecto y exigir el cumplimiento de la firma de letrado, procediéndose del modo establecido en el art. 57 del Código Procesal, pues la falta de personería atribuida al profesional es un vicio esencialmente subsanable (CNCiv., Sala C, 1995/08/22, "Haddad, Hilda V. c. Romano de Sanese, Irma", La Ley, 1996-A, 257). c) Abogado/Escribano: Se ha indicado que, la circunstancia de que en el sello utilizado por el apoderado de la parte, además del título, de abogado, ostente el de escribano, no puede dar base sólida a la denuncia de falta de personería, toda vez que el hecho de que se posea título de escribano no implica -sin más- el ejercicio de la profesión notarial (CNCiv., Sala A, 1990/09/25, "Berner, Raúl c. Digrazia", La Ley, 1991-A, 449). 7. Efectos de la admisión de la excepción de falta de personería El efecto de la admisión de la excepción dilatoria de falta de personería -no perentoria- no es el rechazo de la demanda, sino el expresamente previsto en el art. 354, inc. 4º del Código Procesal, es decir la fijación de
Palacio, ob. cit., págs. 130/131.
un plazo durante el cual la parte vencida en el incidente debe subsanar el defecto de su personería, bajo apercibimiento de tenérselo por desistido del proceso (CNCiv., Sala C, 1986/06/23, "Consorcio de propietarios Acevedo 348/50/60/62 c. Luz de Puzzi, Luciana y otro", La Ley, 1986-E, 62). Sin embargo, por aplicación del principio procesal que tiene a todas las nulidades como relativas, también se ha sostenido que, la falta de personería es subsanable en cualquier tiempo, de modo tal que debe aceptarse la documentación que tiene por objeto acreditar la representación del mandatario (CNCiv., Sala C, 1994/04/27, "Ruiz de Vigil c. Consorcio de Propietarios", 38.393-S, La Ley, 1995-C, 670). En todo caso, si luego de opuesta la excepción de falta de personería ésta es subsanada, quedará acreditada pero se le impondrán las costas al que lo hizo tardíamente (CNCiv., Sala C, 1996/02/15, "Banco de Crédito Argentino c. Mambretti A. H.", La Ley, 1996-D, 851 (38.825-S). No obstante, también esta conclusión se debate, pues otros sostienen que, corresponde que las costas sean soportadas en el orden causado si la documentación tenida en cuenta para decidir el rechazo de la excepción de falta de personería fue incorporada al proceso con posterioridad a la deducción de aquella defensa, aun cuando los instrumentos mentados sean de fecha anterior a su interposición (CNFed. Contenciosoadministrativo, Sala I, 1979/08/23, "Giuliani Hnos., S. A.", BCNFed., ag. 979, 12, núm. 34). Debe ser notificada personalmente o por cédula, en los términos del art. 135 del Código Procesal, la resolución que concede un plazo para subsanar la falta de personería. 8. Resolución desestimatoria La falta de personería es un vicio de la representación y de la capacidad procesal para estar en juicio, situaciones ambas que son posibles de saneamiento y que impiden atraparlas en un concierto demasiado formalista. Por eso, para resolver la excepción de falta de personería se debe estar a los términos del poder otorgado, pero dándole la amplitud suficiente para que el apoderado pueda cumplir en el pleito su cometido con los menores inconvenientes (CNCiv., Sala A, 1996/10/15, "Versace S.P.A., Gianni c. Virtus S. A.", La Ley, 1997-C, 604 - DJ, 1997-2-356). En este sentido, la regularidad de la escritura de poder otorgada por un apoderado del mandante no requiere la transcripción del documento habilitante si ese mandato consta, a su vez, en el registro del mismo escribano, bastando al respecto la mención del folio y del año del correspondiente protocolo. Ello por cuanto ninguna disposición legal obliga al escribano a detallar con indicación precisa y concreta todos los pormenores de la documentación exhibida, pues el art. 1003 del Código Civil sólo le exige que exprese que se le han presentado los poderes y documentos habilitantes y los anexe a su protocolo, requisitos cuyo cumplimiento determina la improcedencia de la excepción de falta de personería opuesta (CNFed. Civ. y Com., Sala II, 1995/06/23, "Edesur S. A. c. Unilan S. A.", La Ley, 1997-C, 736). Ahora bien, la idoneidad de los títulos exhibidos ante el escribano se presume, pero ello no obsta a la procedencia de la excepción de falta de personería si del poder cuya copia obra en autos no surge que los comparecientes estuvieran investidos de la autoridad suficiente para otorgarlo. El estudio del poder es el límite para desestimar la excepción, teniendo en cuenta que como todo instrumento público, debe diferenciarse el aspecto formal del contenido intrínseco. En este sentido, no es admisible la excepción de falta de personería deducida en razón de que los poderes traídos "carecen de la firma puesta en cada una de las fojas", ya que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1001 del Código Civil, la escritura pública debe ser "autorizada al final por el escribano", en cuya consecuencia la firma del notario corresponde que lo sea únicamente al cierre del acto, y no en todos y cada uno de los folios en que éste se instrumenta, a los fines de su efectiva legalización (CNCiv., Sala B, 1978/08/15, "La Salvia, Carlos A. y otro c. Cantalupi, Jorge G. y otro", La Ley, 1979-A, 571 (35.006-S). De igual manera, el simple error material de la omisión de una consonante al consignar el apellido del apoderado en el testimonio del poder, cuando además es de difícil escritura, resulta excusable y por tanto no es suficiente para fundar la excepción de falta de personería (CNCiv., Sala B, 1983/02/10, "Gómez, Rodolfo S. c. Rossi, Juan C. y otro", ED, 106-654). También se ha dicho que, el hecho de que juntamente con la escritura de otorgamiento de poder por parte del consorcio actor no se haya acompañado copia del acta que confiere carácter de administradora a quien invoca su representación, no constituye fundamento para el acogimiento de la excepción de falta de personería, pues de acuerdo al art. 1003 del Código Civil se cumplen las formalidades legales mediante las declaraciones efectuadas por el notario en tal sentido (CNCiv., Sala C, 1994/11/08, "Consorcio Vidal 2046/48 c. Ekudale S. A.", La Ley, 1995-B, 122. - DJ, 1995-1-934). Además, si de acuerdo con lo dispuesto por el art. 353, inc. 4°, la falta de personería es un vicio subsanable, va de suyo que también debe serlo la omisión de cumplir un nuevo recaudo formal como lo es la falta de legalización del poder (CNCiv., Sala E, 1981/08/26, "Suárez, Rubén A. c. Marsatelli, Rubén D.", ED, 982282).
También tiene igual resultado cuando, las meras diferencias en el nombre de los apoderados, o el error en el número de documento de identidad del mandatario de la actora, carecen de entidad para fundamentar la excepción de falta de personería (CNCiv., Sala F, 1994/05/26, "Krean S. A. c. Yosco, Francisco H.", DJ, 1995-1316). Finalmente, tratándose de un instrumento público otorgado en el extranjero, sus formas y solemnidades son regidas por las leyes del lugar de origen (arts. 12 y 950, Código Civil), por lo que desde esta perspectiva resulta inadmisible la excepción de la falta de personería invocada si el excepcionante ni siquiera ha invocado que la forma en que el instrumento se expidió hubiera violado las leyes del lugar de celebración (CNFed. Civ. y Com., Sala I, 1985/10/25, "Información y Publicaciones, S. A. c. Dercoem, S. A.", La Ley, 1986-B, 359 - DJ, 986-II-54).
Leer más sobre este usuarioEfectos Del DivorcioRecetas Ricas y Saludables Metodo GabrielVarias Cormillot Cuestion de PesoCesion de Boleto de Compra VentaPresupuestos procesales y derecho de acciónPrueba científicaPresupuestos procesales y derecho de acción
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulLa excepción de falta de personería por nancyvanesaInsertarDescargaIntereses Types, School Work, Study Guides, Notes, & QuizzesLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
RelacionadoLas Excepciones en El Proceso Civil Guatemalteco IIpor FELIPEZ12Caducidad o Perención de Instancia - JAVIER BARRAZA - FABIANA SCHAFRIKpor ParavicoAPUNTES PROC LABORALpor Ricardo Tunamanual de derecho procesal civil lino enrique palaciopor mikichonMemorial de Excepcion de Prescripcion Variospor Claudia GarcíaGuia de Estudio (Procesal Civil)por zarigueya28MEMORIAL DE EXCEPCIÓN DILATORIA DE litispendenciapor Luis Alfredo Aspuac Zamora4Derecho Procesal Laboralpor Fernando CastilloDEMANDAS LABORALESpor Werner Eliu Godìnez LòpezCausas de Anulación de Obrados y Causas de Improcedencia ...PABLO H. RUIZ DURANpor Paravico20257470-LAS-EXCEPCIONES-PROCESALES[1]por Juan Ma Muñoz ArriagaGuia Práctica para Jóvenes Abogadospor drroccoDerecho Derecho Procesal Laboral Guatemalteco.pdfpor Vosbeli AlonzoContestacion en Sentido Negativo.por Alma MoratayaContestacion de Demanda Laboral Con Excepcion de Falta de Legitimacion Pasivapor gilmarcitoquispeRECURSOS ADMINISTRATIVOSpor Beita PadillaProcesal Laboralpor papayaresEscrituras Para Prontuario de Notariadopor naomisaESCRITO DE EXCEPCIONESpor Chicho SdbCodigo Procesal Civil Comentado Argentino - PDFpor Federico BobrovskyJUICIO DE REIVINDICACIÓNpor Leonardo Ismael Saldarriaga EspinozaEscrito de Pliego de Posiciones 406por Miguel Angel TorresCurso de Derecho Procesal Civilpor cesaritoqueridoJUICIOS SUMARIOSpor lencho1978Derecho Procesal Penal Completopor WWW_UNICAMENTELUISCodigo Procesal Civil y Comercial de La Nacion Comentadopor Marco Fabrizio DuranteMODELO DE ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBASpor chacovatolawPliego de Posiciones Confesionalpor Jose IbarraSimilar to La excepción de falta de personeríaLas Excepciones en El Proceso Civil Guatemalteco IICaducidad o Perención de Instancia - JAVIER BARRAZA - FABIANA SCHAFRIKAPUNTES PROC LABORALmanual de derecho procesal civil lino enrique palacioMemorial de Excepcion de Prescripcion VariosGuia de Estudio (Procesal Civil)MEMORIAL DE EXCEPCIÓN DILATORIA DE litispendencia4Derecho Procesal LaboralDEMANDAS LABORALESCausas de Anulación de Obrados y Causas de Improcedencia ...PABLO H. RUIZ DURAN20257470-LAS-EXCEPCIONES-PROCESALES[1]Guia Práctica para Jóvenes AbogadosDerecho Derecho Procesal Laboral Guatemalteco.pdfContestacion en Sentido Negativo.Contestacion de Demanda Laboral Con Excepcion de Falta de Legitimacion PasivaRECURSOS ADMINISTRATIVOSProcesal LaboralEscrituras Para Prontuario de NotariadoESCRITO DE EXCEPCIONESCodigo Procesal Civil Comentado Argentino - PDFJUICIO DE REIVINDICACIÓNEscrito de Pliego de Posiciones 406Curso de Derecho Procesal CivilJUICIOS SUMARIOSDerecho Procesal Penal CompletoCodigo Procesal Civil y Comercial de La Nacion ComentadoMODELO DE ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBASPliego de Posiciones ConfesionalLecciones de Derecho Procesal Civil - Adolfo Alvarado VellosoMEMORIAL de INTERPOSICION de EXCEPCIONES PREVIAS Incompetencia Por Razon de Cuantia, Demanda Defectuosa, y Falta PersonalidadLa excepción de falta de personería