Source: http://proconsumer.org.ar/index.php/tematicas/retrospectiva/80-proconsumer/206-rio-negro
Timestamp: 2018-10-17 19:35:23
Document Index: 104788319

Matched Legal Cases: ['artículo 166', 'Artículo 174', 'artículo 173', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 41', 'Artículo 17', 'artículo 91', 'artículo 41', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 173', 'artículo 174', 'Artículo 173', 'artículo 173']

Rio Negro: Denuncia Penal
Miércoles, 17 Octubre 2018 Identificarse
FORMULA DENUNCIA, (Diciembre de 2001)
CARLOS ALBERTO CELESTE, en su carácter de consultor técnico de Proconsumer y la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), con domicilio en Panamá 1668 de Cipolletti; RICARDO NASIO, en su carácter de Presidente de la Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur – Proconsumer, con domicilio legal en Viamonte 885 Piso 2 de la ciudad de Buenos Aires; MARIO COLONNA y CARLOS ALBERTO PERALTA, en su carácter de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, con domicilio legal en Mitre 944 de General Roca; CARLOS ALBERTO SEGOVIA, en su carácter de representante de la "Corriente de Derehos Humanos", con domicilio en Belgrano 180 de Cipolletti; CARLOS ALBERTO GADANO, con domicilio en Pampa 1690 Piso 8 depto. A de Gral Roca; AURELIO VÁZQUEZ, en su carácter de Secretario General de la UNTER, con domicilio legal en Las Heras 242 de Vedima; EDUARDO ROSSO, en su carácter de Presidente del Bloque de Legisladores del Partido Justicialista de Río Negro, con domicilio en Dorrego 426 de Viedma; JULIO RODOLFO SALTO, en su carácter de Concejal de la Municipalidad de Cipolletti; JUAN CARLOS DEL BELLO, con domicilio en Tucumán 98 de Villa Regina; HUGO PIUCILL, con domicilio en Horacio Cruz 389 de S.C. de Bariloche; JUAN JOSÉ TEALDI, en su carácter de Secretario General del Partido Socialista Popular de Río Negro, con domicilio declarado en calle Boulevard Contín 554 Planta Alta de Viedma,; PABLO VICTORIO BOHOSLAVSKY, con domicilio en Vicente López 609 de Cipolletti; ALEJANDRO GORSKY, en su carácter de Concejal de la Municipalidad de General Roca, con domicilio en Isidro Lobo 30 de General Roca; JUAN CARLOS PAULETICH, en su carácter de Secretario General del SITRAJUR, con domicilio real en Chubut 752 de General Roca; OMAR RAÚL LEHNER, con domicilio en Guido 165 de Viedma; y DANIEL GOMEZ, en en su carácter de Secretario Geenral de la CTA de Río Negeo; con domicilio legal en Alem 640 de Cipolletti; todos ellos con el patrocinio letrado de los Dres. FEDERICO RAFFO BENEGAS, JUAN PABLO BOHOSLAVSKY y JOSÉ EDUARDO O´REILLY, quienes constituyen conjuntamente domicilio legal en calle Gadano N° 744 de la ciudad de General Roca y Panamá N° 1668 de la ciudad de Cipolletti.
Que en los términos del artículo 166 del Código de Procedimientos de la Provincia de Río Negro, venimos a formular la presente denuncia en contra del Sr. Horacio Yamandú Jouliá, en su calidad de Presidente de Energía Río Negro S.A. (ERSA) y contra cualquier otra persona que resultare penalmente responsable de los hechos que en el capítulo IV a VI analizaremos y enunciaremos como presuntos autores del delito de Administración Fraudulenta en Perjuicio del Estado (Artículo 174 inciso 5° del Código Penal en función del artículo 173 inciso 7° del precitado cuerpo legal).
La competencia surge de que los efectos de los hechos ilícitos denunciados se efectivizaron en la Provincia de Río Negro, lugar en donde se concretó el perjuicio económico; y que el domicilio legal de la ERSA se encuentra en la ciudad de Cipolletti, a la vez que el lugar donde el contrato en cuestión (contrato de abastecimiento de la TPC rubricado el 05/07/1996) fue ratificado mediante acta del directorio de ERSA aprobado en reunión celebrada en su sede social (sita en la ciudad de Cipolletti).
Antecedentes del suministro de energía eléctrica en el Territorio Nacional.
Resulta de fundamental importancia antes de enunciar los hechos, poner en conocimiento de Ud. a los efectos de una mejor comprensión, los antecedentes del suministro de energía eléctrica en el territorio nacional y en la Provincia de Río Negro.
Con anterioridad a la sanción de la ley 24.065, el sistema de generación, transporte y distribución de electricidad en el país, estaba en poder de las grandes empresas nacionales: Agua y Energía Eléctrica (AyE), S.E.G.B.A e Hidronor, algunas empresas o direcciones provinciales, cooperativas eléctricas y otras empresas municipales o sociedades de fomento.
Así es como se genera un tipo de organización donde la generación térmica interconectada a la red nacional, la generación hidráulica (excepto las centrales instaladas sobre los ríos Limay y Neuquén), el transporte y el despacho unificado de carga (DUC) del sistema integrado nacional (SIN) eran operados por Agua y Energía Eléctrica.
Las centrales de generación hidráulica de la Región Comahue y las líneas de muy alta tensión (LMAT), para transportar la energía a los grandes centros de consumo fueron construidas y explotadas por Hidronor S.A.
Por último, el proceso de distribución, generación térmica aislada y el mercado disperso, estaban bajo la órbita, en su gran medida, de Agua y Energía S.E. También, algunas Provincias y/o Municipios lo atendían por si mismos o por medio de un número significativo (600) de cooperativas.
El Gobierno de facto dispuso en el mes de diciembre de 1979 – por medio de la Resolución Conjunta N° 9/79 y 1332/79 de los Ministerios del Interior y de Economía, dar los primeros pasos para transformar el sector eléctrico, disponiendo la transferencia de los servicios de generación y distribución de energía de Agua y Energía a las Provincias respectivas, con el objetivo de lograr más tarde la privatización de los mismos.
En cumplimiento de aquellas resoluciones del Gobierno de facto – que se prosiguieron con los Gobiernos democráticos habidos desde 1983 – se llevó a cabo la transferencia de los servicios de la Empresa Nacional de Agua y Energía Eléctrica S.E., a las Provincias.
Más tarde, en 1991, se produce un cambio de gran magnitud que obedece también, a los designios de aquellas resoluciones, que eran la de lograr la privatización de los servicios de distribución, avanzándose más aun, pues la transferencia al sector privado nacional y transnacional alcanzó también a toda la generación (térmica, hidráulica, nuclear, no convencional, etc.) y el transporte en sus distintos niveles de tensión.
Evolución del sistema eléctrico en la Provincia de Río Negro.
A fines del siglo XIX y a comienzos del siguiente, en el Territorio Nacional de Río Negro, muy poco se había realizado en lo atinente a esta actividad, pero con el transcurrir de los años, los vecinos (habitantes) fueron satisfaciendo esta necesidad a través de organizaciones locales o de empresas privadas a las cuales se les había concesionado los servicios eléctricos.
No se encuentran antecedentes que indiquen algún tipo de vinculación entre una ciudad y otra. La forma de generación era a través de motores que utilizaban combustibles líquidos. No se prestaba el servicio durante las 24 horas del día, salvo en las ciudades mas importantes de la época.
En cuanto a la naturaleza jurídica de las prestadoras del servicio público de electricidad existían las de orden privado (concesionarios), estatales (municipales) y Cooperativas (de Capital Solidario).
Hacia fines de la década del 40 el Gobierno Nacional decide crear la Empresa de Agua y Energía Eléctrica, cuyo objetivo era el de absorber todas las pequeñas y aisladas prestadoras del servicio de electricidad, ejecutar las obras necesarias para que todas las localidades del territorio tuvieran este servicio, tendientes a lograr, cuando ello era posible, la integración zonal, regional y nacional. Además, tenía la responsabilidad de los estudios hídricos, inventariar todos los aprovechamientos, ya sea para uso de riego, eléctrico, o multipropósitos y ejecutar aquellas obras que permitiesen satisfacer la demanda de la población
En el año 1957, se provincializa el territorio nacional de Río Negro y se constituye la provincia homónima y toma bajo su jurisdicción, a través de la Dirección Provincial de Energía, los servicios aislados de la línea Sur, Viedma, General Conexa y otras pequeñas localidades que estaban en manos de Cooperativas, uniones vecinales y/o municipales. Cabe aclarar que la Constitución de la provincia, reconoce que la potestad de concesionar el servicio público de electricidad era municipal.
Por otro lado, en el Valle Medio y Alto Valle, Agua y Energía Eléctrica suscribía contratos de concesión con las distintas Municipalidades, acordando con ellas la calidad del servicio, las tarifas, promociones a los sectores de interés, las obras a ejecutar y como contrapartida le reconocía al poder concedente una tasa municipal sobre las entradas brutas, antes de los impuestos, que rondaba entre el 6% y el 7%.
También es preciso señalar que mediante la ley 16.774, el Gobierno de Facto crea la Empresa Hidronor S.A. y le otorga la facultad para que ejecute la obra diseñada y proyectada en su totalidad por Agua y Energía Eléctrica, denominada Complejo Chocón – Cerros Colorados, e impone para esta región la Tarifa Comahue.
En el año 1967, el Gobierno de Facto dicta la ley 17.004, mediante la cual se le otorga a Agua y Energía el carácter de jurisdicción nacional, se le impone la obligación de unificar las tarifas en todo el ámbito nacional y le reconoce a los poderes locales una contribución sobre las entradas brutas, que mas tarde – mediante el Decreto 404/67 – se fija en un 6% de los ingresos antes de los impuestos (sustituye y unifica la contribución mencionada en III.2.6.
En esa época, la Empresa Nacional de Agua y Energía, con una actividad creciente, extendía sus servicios en toda la República Argentina, en la medida que las Provincias y las Empresas locales y Direcciones de Energía así lo quisieran. De allí que hacia el año 1975 Agua y energía Eléctrica constituida como Sociedad del Estado por imperio de la ley 20.705, fue tomando la mayoría de los servicios en manos de Cooperativas (Generación de Río Colorado) y localidades desatendidas por las empresas locales.
A fines del año 1979, el Gobierno de Facto impone, tal lo anticipado en el punto III.1.5 la Resolución conjunta Nº 9 y 1332/79 de los Ministerios del Interior y de Economía respectivamente, la transferencia de los servicios de distribución en poder de Agua y Energía S.E., a las Provincias, para que estas procuren su privatización.
Concretar tal propósito en Río Negro, tuvo una demora de más de diez años, durante los cuales el Estado Nacional no ejecutaba las obras que la demanda requería, ni la Provincia quería asumir carga alguna, mientras no tuviere en su poder los servicios de distribución
La Provincia de Río Negro fue adaptando su organización para prestar el servicio que tarde o temprano tenía que recibir. Así es como transformó la vieja Dirección Provincial de Energía y Comunicaciones en la Administración Provincial de Energía (APE) y este a su vez se transformó previamente a receptar la distribución de los servicios eléctricos, en la Empresa de Energía Río Negro Sociedad del Estado (ERSE).
El 1° de Julio de 1991, ERSE asume los servicios de distribución eléctrica en todo el ámbito de la Provincia de Río Negro, salvo en las localidades de Río Colorado y San Carlos de Bariloche, que siguieron en manos de las Cooperativas del lugar.
Casi simultáneamente al momento de la toma de los servicios de distribución, la Secretaría de Energía del Estado Nacional y por imperio de la Ley de Emergencia Económica, dispone la implantación de un nuevo modelo a aplicar en los sistemas eléctricos (Resolución N° 38 del mes de agosto/91).
También se produce con ello lo que significó un grave perjuicio para la zona: la eliminación de la Tarifa Comahue. Se pierde así una ventaja diferencial propia por la naturaleza de esta zona, (no era ni privilegio ni subsidio) que le significó a ERSE soportar un incremento en su costo de compra de energía eléctrica de más del 50%.
Más tarde, la Ley Nacional Nº 24.065 establece un marco eléctrico al cual deberían integrarse todas las Distribuidoras Provinciales y las pautas básicas para la privatización de las mismas, bajo exclusiva decisión del Gobierno Nacional.
ERSE, cuyo capital accionario pertenecía totalmente a la Provincia de Río Negro, no tan sólo adoptó prolijamente al modelo que se le imponía, sino que desde su conducción se aceptó el desafío de incursionar en el Mercado a Término (Contrato con Generadoras en condiciones libremente pactadas), que se propiciaba desde la Secretaría de Energía de la Nación, a través de sus propias resoluciones, que iban resolviendo los problemas o inconvenientes que se presentaban y que atentaban contra el interés de las mismas. La consecuencia de ello fue el contrato con la Turbine Power Co. S.A. (TPC).
Más tarde, por razones que no vienen al caso mencionar, se dispone el llamado para el 19/3/1995 de un plebiscito a la población civil de la Provincia de Río Negro, para que opte por la privatización o no de la ERSE y otras Empresas u Organizaciones de propiedad del Estado Provincia. El resultado fue que una mayoría abrumadora optó por la no privatización.
No obstante dicho resultado, el Gobierno decide la privatización de la Empresa y para ello, la conducción actuante en aquel momento, mediados del año 1995, decide constituir la Empresa de Energía Río Negro S.A. (ERSA) quien asume todo el activo y pasivo de ERSE, imperando una continuidad perfecta de la gestión de los servicios de distribución y de la relación con los clientes, personal y proveedores.
Luego, mediante Ley 2902/95 y Decreto Reglamentario 1291/95, se crea el nuevo marco eléctrico Provincial, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento Nacional. Se constituye EdERSA (Empresa Distribuidora de Energía de Río Negro S.A.), se realiza el llamado a licitación Internacional para la venta del 90% de su paquete accionario y el otorgamiento a ella de un contrato de concesión de los servicios de distribución eléctrica, con exclusividad zonal por noventa y cinco (95) años a partir de la toma de posesión de los servicios de ERSA.
La fecha de iniciación de actividades de EdERSA coincidía con el momento de la toma de posesión de los adquirentes del 90% de su paquete accionario. EdERSA inicia, entonces sus actividades efectivamente a las doce horas del 30 de agosto de 1996.
DE LOS HECHOS - SU EVOLUCIÓN:
El actual ordenamiento eléctrico fue creado mediante la Ley Nacional número 24.065/92 que fue promulgada el 3 de Enero de 1992. Enmarca y define el alcance de las etapas de generación, transporte y distribución que integran el servicio de electricidad.
En lo que atañe específicamente a la presente denuncia, podemos mencionar como antecedentes relevantes a las siguientes disposiciones de la precitada norma legal:
El artículo 1° dispone que se caracteriza como servicio público al transporte y distribución de energía eléctrica. La actividad de generación, en cualquiera de sus modalidades, destinadas total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio eléctrico público será considerada de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada en las normas legales y reglamentarias que aseguren el normal desenvolvimiento del mismo. Este aspecto es importante, pues determina la naturaleza de las normas aplicables, y con ello la integración del tipo penal.
En lo atinente a la política general y agentes, el artículo 2° prescribe fijar los siguientes objetivos para la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad:
Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios.
Promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo.
Promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de electricidad.
Regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad, asegurando tanto que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables.
Incentivar el abastecimiento. Transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad fijando metodologías tarifarias adecuadas.
Alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución, asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible.
Respecto del transporte y distribución, el artículo 3° determina que el transporte y la distribución de electricidad deberán prontamente ser realizados por personas jurídicas privadas a las que el Poder Ejecutivo les haya otorgado las correspondientes concesiones de conformidad a las leyes 15.336 y 23.696 y de la presente ley.
En relación a los generadores, transportistas y grandes usuarios el artículo 4° ilustra que serán actores reconocidos del mercado eléctrico:
Generadores o Productores
A renglón seguido en sus artículos 5°, 6° y 7° define el rol de cada uno de los actores mencionados en el artículo 4°.
En el capítulo X concerniente a las tarifas, en sus artículos 40 a 49, establece los principios a los que se ajustaran las tarifas de los transportistas y distribuidores; la inclusión de un cuadro tarifario inicial y válido por cinco años, las pautas que regirán los subsiguientes períodos, la determinación del precio máximo que será determinado por el Ente Regulador, el ajuste de tarifas y las pautas de aplicación cuando surjan diferencias tarifarias.
Selección de Inversor Privado
En los primeros días del mes de febrero de 1993 el PODER EJECUTIVO DE RÍO NEGRO – Ministerio de Hacienda Obras y Servicios Públicos publica un AVISO mediante el cual "se invita a inversores privados interesados en la generación eléctrica mediante turbina a gas natural…". En el mismo aviso se explicitaba el siguiente "OBJETIVO: obtener adecuadas condiciones de compra que mejoren las existentes en el Mercado Eléctrico Mayorista y posibilitar reducir la tarifa al usuario final".
Resumen General y principio de ejecución del contrato firmado el 17/12/93:
Como corolario y consecuente con las pautas emergentes de la ley 24.065 del 3 de enero de 1992 y de su decreto reglamentario 1398/92 del 6 de agosto de 1992 (desregulación del mercado, búsqueda de competencia, alternativas de suministro, grados diferenciales de confiabilidad, etc.), la Empresa de Energía de Río Negro Sociedad del Estado (ERSE) que tomó los servicios de distribución de Agua y Energía eléctrica S.E. (AyE) el 1° de Julio de 1991, dispone a principios del año 1993 la búsqueda de interesados y más tarde la selección de un inversor privado para instalar una Central Térmica en el Departamento de General Roca y satisfacer la demanda de la empresa distribuidora, a cuyo fin se dispone el llamado a Concurso Público Especial.
El objetivo del llamado, era el de "obtener adecuadas condiciones de compra que mejorara las existentes en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)" y se hace expresa mención sobre la "transferencia de los activos de: a) las instalaciones de interconexión serán transferidas sin cargo a ENERGÍA RÍO NEGRO S.E. en la fecha de arranque y b) la Central Térmica al finalizar el contrato, en forma proporcional a la capacidad puesta a disposición".
Se confecciona el Pliego de Bases y Condiciones, elevándose a consideración previa para conocimiento y a los efectos pertinentes al: Señor GOBERNADOR de la Pcia. De Río Negro, Intendentes Municipales, Señor FISCAL DE ESTADO, Sr. Presidente de la COMISIÓN FISCALIZADORA, SEÑOR PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA, SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Se publica el llamado a concurso en todos los medios locales y en los de mayor tirada en el ámbito Nacional, donde se puntualiza la transferencia de los ACTIVOS. Mediante instrumentos labrados ante Escribano público se dejaron constancias fehacientes de todos los hitos fundamentales del concurso en cuestión y el 17/12/1993 se suscribe el contrato mediante el cual Turbine Power Co. S.A. se compromete a construir, montar una turbina a gas de 123.4 MW de potencia, ejecutar las obras de interconexión y compromete de abastecimiento eléctrico a la EdERSA, en las condiciones en él perfectamente establecidas.
El 15/2/1995, cuarenta y pico de días antes de lo proyectado, se hacen los primeros ensayos de la turbina y se pone en marcha la Central Térmica de generación, y se transfiere a la ERSE la instalación de interconexión en un todo de acuerdo a lo establecido en el pliego y en el contrato suscripto el 17/12/93. (ERSE toma la posesión de los bienes previstos a transferir).
El 16 de marzo de 1995 se inicia la marcha comercial de la Central TERMOROCA y la relación se desarrolla en un todo de acuerdo a lo previsto en el contrato: El costo de abastecimiento de TPC fue durante los primeros meses el 98% de lo que le hubiere costado de comprar igual cantidad al MEM (objeto del concurso) y se inicia el derecho de apropiación de la Central Térmica en función de la capacidad puesta a disposición abonada por la ERSE.
Concurso Público Especial de ERSE Nº 2/93
El 4/8/1993 mediante nota 403/SG/93 se ordena la apertura del Expediente "SELECCIÓN DE UN INVERSOR PRIVADO PARA CELEBRAR CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA CON LA INSTALACIÓN DE UNA CENTRAL TÉRMICA EN GENERAL ROCA", donde se radica toda la documentación de lo que luego sería el Concurso Público Especial Nº 2, que lleva el Número 75.360 LETRA P AÑO 1993. Copia de dicho expediente se adjunta a esta denuncia.
El Concurso Público Especial N° 2/93 fue adjudicado a la Empresa Turbine Power Co. S.A. (TPC), en un todo de acuerdo al objeto del llamado, a las condiciones del pliego emitido y previo dictamen de la Asesoría Letrada del Directorio de Energía Río Negro Sociedad del Estado de fecha 15/12/1993, fundamentado en todos los informes emitidos con anterioridad por los distintos profesionales de la ERSE de orden técnico, contractual, contable y financiero.
La turbina ofrecida por la TPC sería adquirida (y así sucedió) a GEC Alsthom Internacional, de tecnología líder en el mundo, de 123.4 MW de potencia nominal, con un rendimiento del 33.78% y un consumo de 10.100 BTU por cada kWh generado, según certificación emitida por la mencionada firma.
La participación societaria de la Empresa TPC era la siguiente:
Huancayo S.A. con una participación del 20%;
Material Overseas Investment Inc. con una participación del 40%; y
Carlos Eduardo Maria Oliva con una participación del 40%.
En la documentación que se acompaña se puede observar también que el Dr. Sergio QUATTRINI es apoderado de TPC y de cada uno de los socios que la integran.
Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica CAEE. – Conceptos relevantes
El 17/12/1993, en la ciudad de Cipolletti, entre la empresa de Energía Río Negro Sociedad del Estado (ERSE), en adelante la distribuidora y la empresa Turbine Power Co. S.A. (TPC), conjuntamente con HUANCAYO SAF, MATERIAL OVERSEAS INVESTMENTS INC. y Carlos Eduardo María OLIVA, en adelante el generador, se celebra el contrato en base al resultado del Concurso Público Especial Nº 2/93.
Como pautas generales y previas a su articulado, las partes establecen lo siguiente:
El Generador construirá a su exclusivo costo una Central Térmica de 123,4 MW de potencia instalada (I.S.O.), alimentada a gas, ubicada en la ciudad de General Roca, Departamento General Roca, Provincia de Río Negro, conforme al Anteproyecto correspondiente a la oferta.
El Generador venderá la energía eléctrica generada por la Central Térmica, de conformidad a los términos y condiciones que más adelante se detallan.
La Distribuidora comprará la totalidad de la curva de carga de todo su sistema de Distribución Interconectado al sistema nacional (considerar menos la generación propia existente y el futuro aprovechamiento hidráulico Salto Andersen) con la capacidad de la Central Térmica de el Generador, de conformidad a los términos y condiciones que más adelante se detallan, pudiendo en el tiempo aumentar la mencionada compra según las partes oportunamente acuerden. En el Capítulo 14.00 las partes acuerdan que el precio será el ofertado por la TPC o el 98% del costo que por igual suministro rija en cada momento en el MEM (anterior proveedor de ERSE y el referente preciso del mercado eléctrico).
La Distribuidora, proporcionalmente a la compra y pago de la capacidad puesta a disposición, adquiere (sin cargo) en propiedad a la finalización del plazo del contrato, la titularidad de parte del dominio de la Central Térmica de el Generador. La proporcionalidad referida se computará según la metodología prevista en el presente contrato, según lo comprometido en el punto 02.03, punto 04.01.(iv) y en un todo de acuerdo a la metodología definida en el Capítulo 14.00.
La Distribuidora adquiere en propiedad (sin cargo) en la fecha de arranque la titularidad de dominio de las instalaciones de interconexión construidas por el Generador, según lo comprometido por el generador en el punto 04.01 (v) y la metodología prevista en el presente contrato.
Propiedad de la Central TermoRoca: un derecho adquirido que luego se renuncia. uno de los hechos directamente vinculados con la presente denuncia – sus antecedentes
La pauta general establecida en el acápite IV.2.3.2.4, referido a la transferencia, sin cargo, de la propiedad mediante cesión de acciones de el Generador, están reguladas en varios pasajes del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Nº 2/93 y del CAEE. (contrato firmado por las partes el 17/12/1993). Parecería útil, para una cabal comprensión de la integración de la condición económica total que las partes habían acordado en ese contrato, transcribir lo que el pliego del concurso y el CAEE establecían sobre este punto en particular, que como veremos más adelante (el 5/7/96), no tan sólo fue eliminado, sin contrapartida alguna, como un derecho que se iba constituyendo con cada unidad (kW) que se compraba – lo cual constituye de por sí una cosa llamativa - sino que además se pagó una suma incomprensible y exorbitante por lo que ya era propiedad de la ERSE/ERSA o Provincia de Río Negro.
Cabe una aclaración previa: LA PROVINCIA iba adquiriendo la propiedad de la Central, es decir la titularidad de un ACTIVO libre de toda restricción, despojado totalmente de las deudas que podía tener la TPC. El 5/7/96, con la compra (injustificada a nuestro entender) del 7,5% de las acciones, lo que se adquiere es también DEUDA y la deuda de la TPC era al 31/12/95 superior a los CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES.
¿QUÉ DICEN LOS DOCUMENTOS FIRMADOS POR LAS PARTES SOBRE LA PROPIEDAD DE LA CENTRAL?
A) OFERTA DE TPC:
En la foja 132 del Expediente Nº 75.360 TPC declara que la oferta se ajusta íntegramente al PLIEGO, sus Anexos, a las circulares emitidas y a las demás disposiciones establecidas en los demás documentos suministrados por ERSE a los Interesados. En la foja 0151 de dicho Expediente y en el punto (24), respecto de la Transferencia de la Central afirma:
"TPC se ha comprometido en la Oferta en la OFERTA, Inter-alia, a transferir a ERSE, a la finalización de la vigencia del CONTRATO, la titularidad del dominio de la Central Térmica en forma proporcional de conformidad con la metodología definida en el CONTRATO, sin cargo, ni costo, ni gravamen de ninguna especie para ERSE, por los Precios de la Capacidad Puesta a Disposición y de Energía Eléctrica Entregada. De conformidad con el Numeral 19 de la Circular CPE # 2/CAbast/o1 emitida por ERSE, se deja constancia que, atento que TPC es una sociedad Anónima, la transferencia de la propiedad o copropiedad de la Central Térmica se implementará mediante la cesión de acciones en forma proporcional antes indicada, respecto de todos y cada uno de los diferentes tipos o clases de acciones que pudiera tener TPC a la finalización del CONTRATO (sic)".
Debemos destacar, que TPC afirma su convicción de transferir a la finalización del contrato la titularidad de la Central. OPTA por transferir las acciones representativas de derecho reconocido a LA DISTRIBUIDORA.
B) CONTRATO DEL 17/12/93 (CAEE):
Página 2/42 en definiciones generales del contrato:
LA DISTRIBUIDORA proporcionalmente a la compra y pago de la Capacidad Puesta a Disposición, adquiere en propiedad a la finalización del Plazo de Contrato la titularidad de parte del dominio de la Central Térmica de EL GENERADOR. La proporcionalidad referida anteriormente se computará según la metodología prevista en el presente.
Capítulo 01.00 DEFINICIONES - apartado 01.10 – hoja Nº 4/42:
Central Térmica: Es la instalación de generación de energía eléctrica de EL GENERADOR, que incluye el equipamiento auxiliar y el equipamiento instalado del lado de EL GENERADOR de la frontera de Interconexión.
Capítulo 02.00 OBJETO - apartado 02.03 - hoja Nº 7/42
EL GENERADOR se obliga a transferir sin cargo, a la finalización del Plazo del Contrato, la propiedad o copropiedad de la Central Térmica a LA DISTRIBUIDORA, con ajuste a la metodología definida en el Capítulo 14.00.
Capítulo 04.00 COMPROMISOS ESPECÍFICOS - apartado 04.01 punto (iv) - hoja Nº 8/42
EL GENERADOR acuerda y se compromete a:
….(iv) Transferir sin cargo a la finalización del Contrato la propiedad o copropiedad de la Central Térmica a LA DISTRIBUIDORA, en forma proporcional a la Capacidad Puesta a Disposición según la Curva de Carga de LA DISTRIBUIDORA, libre de gravámenes e impuestos, con ajuste a la metodología definida en el Capítulo 14.00.
Capítulo 14.00 TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD MEDIANTE CESIÓN DE ACCIONES DE EL GENERADOR – hoja 23 A 27/42
De este CAPITULO se realiza una apretada síntesis. En él se expresa que "AL FINALIZAR EL CONTRATO, A OPCIÓN DE EL GENERADOR, SERÁ TRANSFERIDA YA SEA LA PROPIEDAD DE LA CENTRAL TÉRMICA DE EL GENERADOR A LA DISTRIBUIDORA O ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE EL GENERADOR…." EN PROPORCIÓN A LA CAPACIDAD PUESTA A DISPOSICIÓN ABASTECIDA DURANTE TODO EL TIEMPO DE VIGENCIA, SIN CARGO, NI COSTO, NI PERSONAL DEPENDIENTE, LIBRE DE GRAVÁMENES DE CUALQUIER ESPECIE E IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y/O CUALQUIER OTRO TRIBUTO. El resto del CAPITULO trata de cómo se apropia LA DISTRIBUIDORA de la CENTRAL, en función del parámetro ya indicado y establece otras condiciones concordantes.
Es de destacar, ya que en realidad el contrato en tratamiento fue rescindido, lo que en él las partes habían acordado al respecto. El Punto 14.05 – hoja Nº 26/42, reza que "En caso de extinción del Contrato en circunstancias distintas al vencimiento del plazo detallado en el Capítulo 03.00…" se aplicará la valorización de las acciones según el método descrito. En definitiva proporciona también la propiedad a transferir gratuitamente a LA DISTRIBUIDORA en función del tiempo de vigencia del contrato.
Capítulo 20.00 CESIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONTRATO – hoja Nº 33/42
El punto 20.03 expresa: "LAS PARTES acuerdan que EL GENERADOR podrá disponer de sus derechos sobre la Central Térmica o sobre el presente Contrato, como instrumentos de garantía de financiación de sus inversiones, teniendo en cuenta que la titularidad de dominio de la Central Térmica debe ser transferida a LA DISTRIBUIDORA en forma proporcional de acuerdo a la metodología definida en el presente, al finalizar el Plazo del Contrato, libre de todo gravamen o derecho real.
Señor Fiscal: mayor claridad en la letra del Contrato y del Pliego es imposible de obtener. No existen dudas de que con el transcurrir del tiempo de vigencia del CAEE (contrato del 17/12/93), LA DISTRIBUIDORA se apropiaba del derecho de propiedad de la central, representado en acciones sobre la misma.
Y en realidad no la adquiría gratuitamente, sino que dicho concepto como el de la transferencia de las instalaciones de interconexión, debe entendérselo en el sentido de que el PRECIO PACTADO de compra de la demanda, la condición de comprar en exclusividad la misma, el volumen de compra, la garantía de cobro de lo vendido, el extenso plazo del Contrato, la nulidad del riesgo comercial, etc.; eran condiciones que contemplaban o justipreciaban la transferencia de todos los bienes indicados, libres de todo cargo y/o cualquier otro gasto.
Titularidad del dominio de las instalaciones de Interconexión: la distribuidora propietaria absoluta de las instalaciones, pero luego (el 5/7/96) inexplicablemente se desembolsan 2.5 millones de dólares sin causa. otro hecho directamente vinculado con la presente denuncia:
La pauta general indicada en el punto IV.2.3.2.5, en lo atinente a la transferencia, sin cargo, en la Fecha de Arranque, de la titularidad de dominio de las instalaciones de interconexión construidas por el Generador, se regía por las pautas establecidas en los documentos que a continuación se señalan y detallan:
¿QUÉ DICEN LOS DOCUMENTOS FIRMADOS POR LAS PARTES SOBRE LA PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXION?
OFERTA DE TPC:
En la Foja Nº 0151 del Expediente 75.360, respecto de las INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN TPC afirma: "TPC SE HA COMPROMETIDO EN LA OFERTA, INTER.-ALIA, A PROYECTAR, CONSTRUIR, INSTALAR Y TRANSFERIR LA PROPIEDAD A ERSE DE LA INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN DE 132 kV, PARA PONER A DISPOSICIÓN EL ABASTECIMIENTO COMPROMETIDO, SIN CARGO, NI COSTO, NI GRAVAMEN DE NINGUNA ESPECIE PARA ERSE, EN LA FECHA DE ARRANQUE. (SIC)"
CONTRATO DEL 17/12/93 (CAEE):
En la Sección 01.03 – hoja Nº 3/42 define que la Fecha de Arranque es la fecha que corresponde al primer día en que la Central Térmica genera energía eléctrica…"
En su sección 01.13 – hoja 4/42 y referidas a las instalaciones de interconexión, especifica que son todas las instalaciones del lado de la Distribuidora de la frontera de interconexión, necesarias para que la Distribuidora reciba la energía eléctrica entregada por la Central Térmica incluyendo: todo el equipamiento de medición; las líneas de transmisión y distribución y sus equipos asociados; transformadores y equipos asociados; equipos de maniobra, interruptores y seccionadores; dispositivos de protección y seguridad; y equipamiento de tele medición, prescindiendo de donde este instalado. La enunciación indicada precedentemente es meramente indicativa y no debe ser considerada taxativa..
En su sección 01.14 – hoja 5/42 define que a La Frontera de Interconexión como el punto físico donde la Central Térmica y el sistema de LA DISTRIBUIDORA están conectados. Este punto estará del lado de alta tensión del transformador de potencia de EL GENERADOR.
En el CAPITULO 04.00 COMPROMISOS ESPECÍFICOS – hoja Nº 7 y 8/42 EL GENERADOR acuerda y se compromete a: …(ii) Proyectar, construir, instalar, ensayar y transferir, en propiedad, a LA DISTRIBUIDORA las instalaciones de Interconexión, que sean necesarias para que la Central Térmica entregue la energía eléctrica generada, al Sistema de LA DISTRIBUIDORA.
En el CAPITULO 10.00 INTERCONEXIÓN - apartado 10.01 – hoja Nº 13/42, se establece puntualmente que EL GENERADOR será responsable de proyectar, construir, instalar, poseer y TRANSFERIR SIN CARGO a LA DISTRIBUIDORA, las instalaciones de interconexión y cualquier otro equipo, dispositivo o instalación que resulten necesarios para poder interconectar la Central Térmica al Sistema de Transporte Regional (132 kV / 66kV) de la Distribuidora para poder abastecer la curva de carga de la Distribuidora. La playa de maniobras forma parte de las instalaciones de interconexión y se ubicará según se defina en el proyecto.
Impuesto a los Sellos: un recurso exigible por la provincia de RÍO negro que se concede mas tarde:
El Pliego de Bases y Condiciones establecía que el impuesto a los sellos que tributa el Contrato de Abastecimiento (lo que luego sería el CAEE del 17/12/93) está a cargo en un 100% de EL GENERADOR.
En la Circular CPE # 2/CAbast/01 – punto (numeral) 47 que integra el Expediente 75.360, en la foja 126 del mismo, aclaraba:
"Se informa que se está tramitando la promulgación de un Decreto que contemplaría el pago en cuotas del tributo detallado. Para otros concursos de características similares al presente se resolvió el pago del Impuesto a los Sellos en diez cuotas anuales consecutivas, sin intereses, a partir de la fecha de firma del Contrato, valorizando el contrato a los precios vigentes de la energía eléctrica en oportunidad de cada pago".
En el texto de la OFERTA de TPC, en foja 0148 del Expediente 75.360, se afirma:
"Se deja constancia que, a los fines de formular la OFERTA, TPC ha tenido en consideración el informe emitido el 9 de noviembre de 1993 por la Delegación Zonal Capital de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Río Negro, que se acompaña a la presente como ANEXO 18.1, en donde consta la alícuota del Impuesto de Sellos que grava los distintos instrumentos objeto de la OFERTA y el CONTRATO, así como la alícuota de Impuestos sobre los Ingresos Brutos a la generación de energía. (sic)"
Continúa diciendo más adelante:
"En relación con el Numeral 47 de la Circular CPE # 2/CAbast/01 del ERSE, TPC hace reserva de abonar el Impuesto de Sellos correspondiente al CONTRATO en 10 (diez) cuotas anuales consecutivas, sin intereses, contadas a partir de la fecha de la firma del CONTRATO. (sic)".
El Decreto 1915 del 9/12/93, en su artículo 3º, el Señor Gobernador de la Provincia de Río Negro dispone el pago en diez (10) cuotas anuales.
Balance al 31/12/96 de TPC: En la nota Nº 11 del Balance indicado se expresaba que en el año 1993 el contrato con ERSE se encontraba gravado con el impuesto de sellos y en el párrafo siguiente expresa que "En virtud de lo establecido en la cláusula 2da. Inciso c) del acuerdo celebrado el 6 de Julio de 1996, ERSA se hace cargo de todo importe devengado o que se puediera devengar en concepto de impuesto de sellos. En los presentes estados se dio efecto a tal acuerdo".
En ese ejercicio se anuló una deuda contabilizada al 31/12/95 de 1,83 millones de pesos, lo que en consecuencia aumenta el patrimonio neto en esa suma más la que en el ejercicio ’96 no se contabiliza por la existencia del acuerdo del 5/7/96.
Como se verá en el Memorando de Entendimiento y en el Convenio Marco del 5/7/96, el derecho a favor de la Provincia (exigible con recargos y multas en parte), el Presidente de la ERSA con acuerdo del Directorio, Accionista y Gobernador de la Provincia de Río Negro, deciden no tan sólo eximir del pago del impuesto a los sellos de los nuevos contratos firmados, sino también condonar el impuesto que generado a favor del erario provincial, sin contrapartida alguna que lo justifique.
Otros temas que deberían ser investigados:
Siempre vinculado con las alteraciones esenciales de las condiciones logradas a través del llamado a concurso (CPE Nº 2 de ERSE), selección del Inversor y el contrato del 17/12/93 (todas ellas en perjuicio del erario público o de los intereses de los rionegrinos, ya sea en carácter de contribuyentes y/o usuarios del servicio eléctrico), caben mencionar algunos ítems más, que no sólo podrían llegar –eventualmente- a presentar entidad penal propia; sino también para demostrar que al tener ellos el mismo sentido (encarecimientos, concesiones, etc.) no será posible justificar la presencia de uno para compensar los efectos negativos de los otros.
Con ello pretendemos significar que bien podría haber sucedido que La Provincia otorgara un mayor precio pues obtenía un mayor grado de confiabilidad del servicio, o porque se apropió de otras instalaciones, o porque se desarrollaron otros negocios, etc. Sr. Fiscal: no hemos encontrado absolutamente nada que pudiera tener la cuantía suficiente como para avizorar siquiera una especie de mínima, minúscula o desproporcionada (aunque más no sea) contrapartida por las concesiones otorgadas.
Entonces, los hechos que serán enunciados para ser menos extensivos en la denuncia pero que están incorporados en la documentación que integra esta denuncia, son los siguientes:
Precio del Suministro:
Recuérdese lo antes indicado, que el precio acordado en el contrato del 17/12/93 era el ofertado por la TPC o el que surgía del 98% que por igual suministro hubiere costado en el MEM a LA DISTRIBUIDORA, el menor de ellos. Por ejemplo: si el precio ofertado por TPC era de 31 el MWh y en el MEM el precio era de 25, entonces el precio del contrato era para ese período el 98% de 25, es decir 24,5 $/MWh. Si el precio del MEM era igual a 40 $/MWh, el precio del contrato era el ofertado por TPC, es decir 31 $/MWh.
Con fecha 5/1/96 el Poder Ejecutivo Provincial emite el Decreto 21/96 que le otorgó, sin justificativo ni contrapartida alguna, un precio que no tan sólo se desvinculaba del precio del Precio del Mercado, sino que era cerca de un 40% más caro que el fijado en el contrato del 17/12/93. El precio que también fue una condición incorporada en el contrato que venimos a denunciar (el del 5/7/96) significó para los rionegrinos un desembolso, tal como puede observarse en la presentación judicial en la Cámara en lo CC y M de General Roca (Expte. Nº 106-CAD-01), del orden de los 35 millones de dólares en exceso.
Contratación de la Reserva Fría:
El Pliego original y el Contrato firmado el 17/12/93 establecía en la Sección 13.02 – 2º párrafo lo siguiente: "EL GENERADOR compromete sus mejores esfuerzos y garantiza mantener un factor de Disponibilidad Medio Anual mínimo de noventa (90) por ciento durante todos y cada uno de los años de Contrato y garantiza el abastecimiento de la totalidad de la Curva de Carga de LA DISTRIBUIDORA en todo instantes y en cualquier circunstancia de estado de la Central Térmica, para lo cual contará con los Contratos de Reserva Fría que resulten necesarios atento a que LA DISTRIBUIDORA no acepta expresamente que se respalde en el MEM (Mercado spot) en razón de que tal respaldo está condicionado a la disponibilidad del MEM (res. Nº 137/92 – punto 4.8). En ningún momento y en la medida que no se supere la Curva de Carga considerando el Factor de Apartamiento definido en la Sección 09.05 de admitirá que EL GENERADOR se respalde en el MEM (Mercado spot" (sic).
En el contrato del 5/7/96 este compromiso quedó al arbitrio de terceros ajenos a la Provincia y a la EdERSA, por lo que podría suponerse que difícilmente alguna vez se obligue a la TPC a contratar la reserva fría, a pesar de que en la OFERTA que presentó para el Concurso Público Nº 2 haya contemplado tal erogación. Como así fue con seguridad, este es un elemento más que fue concedido a la TPC sin contrapartida alguna.
Contratación de la Demanda:
El objetivo del contrato de abastecimiento era el de suministrar la demanda requerida por LA DISTRIBUIDORA. Para ello, en el contrato original se estableció que ella debía declarar la CURVA DE CARGA que necesitaría para el próximo período. Dicha curva de carga no podía contemplar una potencia mayor que la de 123.4 MW que era la capacidad máxima de la Central.
El grado de libertad que con dicha modalidad se tenía, fue eliminado en el contrato del 5/7/96, ya que a partir de allí LA DISTRIBUIDORA está obligada a comprar la curva REAL (no la declarada).
Potencia de la Central:
La potencia de la Central, en condiciones ISO, de acuerdo a certificación del fabricante, era de 123.4 MW. Esa potencia es la máxima que un generador puede vender al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), ya sea el "spot" y/o el a "término".
Al aumentarse artificiosamente la potencia de la Central a 125.3 MW, como se acuerda en el contrato del 5/7/96, también se aumenta, de igual forma (artificiosamente), el volumen a vender a LA DISTRIBUIDORA, el cual puede alcanzar la cantidad de 16.644 MWh más por año. Por lo tanto, de esa forma puede asegurase que si el precio del MWh al mes de dic/01 era de $ 35, el ingreso adicional máximo sería del orden de los $ 600 mil por cada año.
Convenio aclaratorio del contrato de abastecimiento de ENERGÍA ELÉCTRICA celebrado el 17 de diciembre de 1993
En función del tiempo de ejecución del contrato de abastecimiento y en atención a que la Secretaría de Energía de la Nación había introducido modificaciones en los Procedimientos para la programación de la operación, el despacho de cargas y el cálculo de precios, era necesario que la ERSE y la TPC acordaran algunas situaciones (naturales) que habían aparecido en el transcurso del tiempo y la metodología que asegurara el fiel cumplimiento de las condiciones del Contrato y, fundamentalmente, el objetivo de que nunca la DISTRIBUIDORA pagaría mayor costo que el del MEM.
Por eso el 9 de agosto de 1995, se suscribe un Convenio Aclaratorio del CAEE, donde se explicitan los PUNTOS ACORDADOS y el PUNTO CONTROVERTIDO PENDIENTE.
En definitiva, según las partes contratantes, había, por lo menos al 9 de agosto de 1995 un punto y sólo uno sin resolver. El único punto de conflicto no era importante económicamente, ya que se trataba de si se debía deducir a los efectos del cálculo del precio la tarifa fijada por CAMMESA en concepto de "RESERVA DE POTENCIA" y "SERVICIOS ASOCIADOS". Estos rubros los facturaba CAMMESA directamente a la DISTRIBUIDORA y por lo tanto ésta entendía que debía deducirlos del cálculo para definir el precio de la TPC.
TPC, por el contrario, no quería que se dedujesen, pero ello producía entonces la violación del objetivo contractual, el cual era precisamente que LA DISTRIBUIDORA no pagara por igual suministro más que el 98% del costo del MEM.
En el Convenio aclaratorio las partes acuerdan resolver esta diferencia en forma amistosa y en el menor plazo posible. Mientras tanto se aplicaba, en común acuerdo, el criterio de la ERSE.
reclamos de la generadora
En el punto anterior quedó explicitado, que las partes expresaron conjuntamente (en el convenio aclaratorio del 9 de agosto de 1995) que había un único tema en conflicto, de características minúsculas y producidas por cambios en los procedimientos fijados por CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.).
Nota del 31/08/1995
Esta es la primera sorpresa. Tan sólo 22 días después el Presidente de la TPC, utilizando la vía de comunicación no acostumbrada, envía al Señor Gobernador Dr. Horacio MASSACCESI una nota donde le requiere que arbitre las medidas tendientes a restablecer la ecuación económica – financiera del contrato, ya que la misma se había vulnerado en beneficio de LA DISTRIBUIDORA y perjudicando grave e irreparablemente la de TPC.
Sugestivamente se invoca en la misma nota que la presentación se efectuaba en atención al proceso de transformación en el cual se encontraba el ERSE, ya que era inminente su privatización.
El reclamo se fundamentaba en a) la evolución "fuera de lo esperado" de los precios de CAMMESA (MEM), ya que los mismos eran absurdamente bajos; b) aumento del costo del gas; c) disminución de los factores de nodo; d) Sobrecosto por falta de despacho y e) Menor recupero de crédito del IVA.
p align=justify>Señor Fiscal: como Usted observará, las razones esgrimidas correspondían todas a los naturales y/o inherentes riesgos de cualquier empresa. También podrá deducir que la presencia de tales motivos bajo ninguna circunstancia favorecía o beneficiaba a ERSE. Recuérdese que el precio acordado por las partes en el CAEE del 17/12/93 nunca podía superar el que ERSE hubiere pagado a su proveedor alternativo: EL MEM. Ese era el objetivo del llamado a Concurso y consecuentemente del Contrato con la TPC.
Nota del 12 de octubre de 1995 – Origina la confección del Expte 82060 de FISCALÍA DE ESTADO
En la nota del título, TPC ratifica su anterior del 31 de agosto, expresa la necesidad de encontrar una solución inmediata y urgente a la grave situación por la que atraviesa TPC y manifiesta que viene a formular concretamente una propuesta a los efectos de restablecer la ecuación económica financiera del contrato, la cual consiste en:
TPC se comprometía a instalar en la Central TermoRoca un sistema de ciclo combinado, dentro de los siguientes 4 años, con una potencia de 60 MW;
En ese plazo ERSE debería comprar anticipadamente energía eléctrica, abonando un 15% de facturación mensual, equivalente a un 15 de la energía eléctrica consumida en el período (compra anticipada de energía eléctrica);
Esas compras anticipadas devengaban un interés en términos reales del 3% anual sobre saldo;
La energía eléctrica comprada en forma anticipada por ERSE, le sería devuelta por TPC a partir del mes 49;
A partir del noveno año, TPC trasladaría a ERSE un 20% de la economía lograda por el Ciclo Combinado y;
La solicitud de TPC de que en forma urgente se realicen estudios conjuntos para definir una "banda tarifaria".
Con fecha 27 de Octubre de 1995, (fojas 131 hasta 138 del Expte 82060) en la nota Nº 385/GC/95 dirigida al Sr. Interventor del ERSE., firmada por el Gerente de Contratos y por el Gerente de Planeamiento de la precitada Empresa, se emite opinión sobre:
Nota del 31/8/95: Rechazan con argumentos absolutamente objetivos, precisos y contundentes las motivaciones que expusiera TPC en la nota antes indicada. También se da participación a la Asesoría Letrada de la Empresa, quien también con mucha robustez descarta que la alteración de la ecuación económica financiera sea responsabilidad de la ERSE y rechaza de plano que hubiere existido rentabilidad por parte de la ERSE (foja 149 a 156 del Expte. Nº FE 82060).
Permítasenos incorporar aquí una disquisición respecto del comportamiento que tuvo la entidad Bancaria que evaluó el negocio, y en función del resultado obtenido decidió otorgar a la TPC un crédito de por nada más ni nada menos que por 50 millones de dólares.
La TPC suscribió un Contrato de Línea de Crédito con Banco Galicia y Buenos Aires S.A., quien le otorgó en base al "BUSINESS PLAN" (plan de negocios con opinión escrita favorable del Operador) la suma de 50 millones de dólares.
El BUSINESS PLAN fue evaluado por el GALICIA CAPITAL MARKETS S.A., en su carácter de organizador del Contrato de línea de Crédito, teniendo en cuenta las condiciones del contrato firmado por la TPC con ERSE el 17/12/93, la OFERTA de la TPC y el Pliego de Bases y Condiciones.
También, como bien sabemos, los operadores y asesores financieros evalúan, previamente a dar un crédito como el aquí mencionado, las características del negocio, los antecedentes institucionales, económicos, financieros, documentales, etc. tanto de la empresa en sí misma (en este caso TPC), como de cada uno de los accionistas que la componen. En general, los accionistas avalan en forma personal y solidaria la devolución del crédito.
En cuanto a las características del negocio, en general, hacen un estudio de mercado para medir el riesgo comercial que la actividad bajo análisis pueda tener.
Todo el tratamiento que el GALICIA CAPITAL MARKETS S.A. en su carácter de organizador (y cada uno de los prestamistas) le dio a la línea de crédito y que le otorgó a TPC, afirma contundentemente, que el contrato firmado el 17/12/93 tenía condiciones razonables, aceptables y que permitirían un nivel de rentabilidad más que suficiente para amortizar el monto de los 50 millones de dólares prestados y pagar los intereses que el mismo devengaba.
Nota 12/10/95: Manifiestan que: a) los estudios preliminares indicarían la no conveniencia de la instalación de un ciclo combinado, dado que solamente podía asegurarse el repago de la inversión complementaria sólo cuando el precio del gas superara los dos dólares el millón de BTU (2 U$S/MMBTU); b) que la conveniencia del ciclo combinado se limitaba a una mayor potencia instalada, pues ello aseguraba mejor calidad de servicio y seguridad; c) que en general se aceptaban las condiciones para la instalación del ciclo combinado y; d) que era posible encontrar una banda tarifaria que compensara las variaciones del mercado. Dicha banda debía determinarse en función de las probabilidades de ocurrencia de las alteraciones de los precios en el MEM y aplicando una tasa razonable de descuento. (foja 139 a 147 Expte FE 82060)
Enviado que le fue el Expediente al Señor Fiscal, éste responde, mediante vista Nº 62522 del 7/11/95, define como "conveniente la preparación de un convenio que contemple los intereses de ambas partes concertando un marco tarifario en términos compatibles con el convenio vigente y viabilizando la propuesta de incorporación del ciclo combinado"
Firma del convenio adicional del contrato de abastecimiento de ENERGÍA ELÉCTRICA celebrado con fecha 17 de diciembre de 1993 – Compra anticipada de energía para el desarrollo del proyecto de ciclo combinado: Este convenio adicional (addendum) es firmado entre TPC y ERSE refleja todas las condiciones antes señaladas sobre la compra anticipada para la instalación del ciclo combinado. El otro elemento importante a contemplar es que el referido ADDENDUM se firmaba ad referéndum del Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro, sin cuya aprobación carecía de validez. Mediante Decreto Nº 1399 el Poder Ejecutivo aprueba el Convenio Adicional.
Decreto Nº 1399: El artículo 1º aprueba el convenio Adicional del 21/11/1995, pero el artículo 2º introduce un párrafo tremendamente equivocado. Dice el artículo 2º: Procédase a la confección de la banda tarifaria referida en la cláusula decimosexta del citado convenio a fin de adecuar la ecuación económica - financiera del contrato de abastecimiento.
Cambio de Gobierno: Cabe señalar que el 10 de diciembre de 1995, se produce el recambio del Gobierno Provincial, asumiendo en reemplazo del Dr. Horacio Massaccesi, el Dr. Pablo Verani como nuevo Gobernador de la Provincia de Río Negro.
Nota 064 del Presidente de ERSA: Mediante esta nota se solicita la inmediata derogación de los artículo 2º (reconocía prácticamente el reclamo de la TPC). Indicaba asimismo, que no había sido posible arribar a un acuerdo con la TPC, pues la banda tarifaria pretendida por ella se ubicaba entre un mínimo de 30,602 y un máximo de 31,1544 $/MWh y que la definida por ERSA se ubicaba entre los 25 y 25,5840 $/MWh.
El sexto (6º) párrafo de la nota en cuestión, el Presidente de la ERSA indicaba que el precio pretendido por la TPC, afectaba directamente el valor de la empresa que estaba en proceso de privatización. Que el monto de la reducción en el valor de sus acciones podía alcanzar hasta los 32 millones de pesos descontados a una determinada tasa de interés, operándose una transferencia por similar monto en beneficio de TPC, sin contrapartida ni causa que autorice semejante beneficio.
decreto 21/96 del 5 de enero de 1996:
A pesar de la nota 064 y contrariamente a lo peticionado, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro publica el Decreto indicado, donde le reconoce a TPC en forma unilateral y sin contrapartida una banda de precios que ubicaba al mínimo en 31,19 y un máximo en 32,2044 (superior inclusive del que requería previamente TPC). Cabe señalar que por imperio de la indexación de los precios de EE.UU., la banda se incrementó inmediatamente a 32,399 $/MWh (piso) a 33,454 $/MWh (techo)
Rechazo del decreto 21/96: En el seno de la empresa ERSA, mediante Nota 107/GC/96 se valuó prolijamente los efectos del decreto 21/96. Se determinó que por los 19 años restantes y en función de los datos conocidos en ese momento, el sobrecosto alcanzaba en términos nominales los 78.914.000 pesos. Se explicaba asimismo, cuales podían ser las fuentes de financiación: a) la rentabilidad de la empresa, en consecuencia se reducía el valor presente de la misma y b) la tarifa eléctrica, a través de trasladar a ella el sobrecosto, lo cual se contraponía a lo establecido en el artículo 41 inc. c) de la Ley 2902 y su decreto Reglamentario 1291/95 (ambos constituyen el marco Regulatorio eléctrico de la Provincia de Río Negro.
Impacto del Primer mes: La vigencia de la banda tarifaria significo más $ 500.000 de incremento en los ingresos de la TPC, entre el 5 al 31 de enero de 1996. Para hacer aun más notorio el salto, puede señalarse que ese mes el precio que se hubiera pagado con el contrato original (el 98% del precio fijado por CAMMESA) alcanzaba el valor de 23,14 $/MWh y los rionegrinos pagaron $ 32,40 MWh, lo que significo un cuarenta por ciento de incremento.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 6 de ERSA de fecha 19 de febrero de 1996: Se hace un análisis exhaustivo del Decreto 21/96 y se explican todos los perjuicios que ocasionaría su aplicación. El Directorio en pleno resuelve, en virtud de no aplicar el decreto 21/96, presentar su renuncia indeclinable a los cargo ejercidos.
NUEVO DIRECTORIO: El Poder Ejecutivo nombra al Dr. Horacio Yamandú Jouliá Presidente del nuevo directorio y a los Doctores Oscar Pandolfi y Hugo Epifanio como Directores. Como Síndicos nombra a los Contadores Silvio Mariasch y Néstor Martos, y al Dr. Enrique Palmieri.
Decreto 271/96: A fin de atenuar el brusco impacto del decreto 21/96, el PEP dicta el 271/96, bajando los precios de la banda tarifaria a partir del 1 de abril de 1996. La reacción de la TPC fue inmediata, natural y, hasta alguien podría decir, una nota acorde a la sinfonía que se estaba ejecutando. TPC solicitó como medida precautoria la suspensión de los efectos del decreto 271/96, entendiendo que dicha disposición constituía una decisión nula de nulidad absoluta e insanable atento, entre otros motivos, que: a) se encontraba viciada en su objeto; b) se apartaba de la finalidad de las normas que habían otorgado al Poder Ejecutivo Provincial facultades para intervenir originariamente en el conflicto entre LA DISTRIBUIDORA Y EL GENERADOR; c) transgredía lo dispuesto por el Decreto Nº 21/96 al revocar en forma unilateral el mismo, ya que el Decreto 21/96 se encontraba consentido y firme y, en consecuencia, violaba flagrantemente el derecho de propiedad de EL GENERADOR, garantizado por el Artículo 17 de la Constitución Nacional; y d) generaba enormes perjuicios económicos a EL GENERADOR. Además, EL GENERADOR expresó reserva del Caso Federal e interpuso recurso de revocatoria en los términos del artículo 91 de la Ley Provincial Nº 2938.
Memorando de Entendimiento: Con fecha 12 de Junio de 1996, es firmado en Buenos Aires un Memorando de Entendimiento, actuando el Dr. Horacio Yamandú Jouliá, en representación de ERSA y el Sr. Sergio QUATTRINI, en su carácter de Presidente de TPC y en el cual dejan sentadas las siguientes bases: Rescisión del contrato original de suministro de energía eléctrica del 17/12/93, fijación del precio de la energía, la venta por parte de los accionistas de TPC en 7,5 millones de dólares a ERSA de una participación accionaria del 7,5 %, en la cual se encuentra incluida lo ya adquirido por ERSA hasta la fecha de pago; asimismo ERSA abonará con el pago indicado la suma de U$S 2.500.000 más IVA, en compensación por las instalaciones de interconexión; el importe resultante del impuesto a los sellos devengados por el Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica del 17/12/93, al que pudiera resultar de este y de los acuerdos resultantes, quedaran a cargo de ERSA; ERSA reconoce adeudar a TPC la suma de $ 670.000 en concepto de diferencia de potencia más IVA., que se cancelarán con Certificados de la Deuda Pública Rionegrina (CEDERN).
También el precitado Memorando de Entendimiento, requerirá para su validez la aprobación del Directorio de ERSA y del Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro, la conformidad de la Secretaría de la Nación respecto de las mismas tarifas y que los nuevos precios no signifiquen una traslación a tarifas mayores al 5% sobre los actuales.
Acta de Directorio Nº 14: el 18 de Junio de 1996, el Directorio de Energía Río Negro S.A., conformado por los Dres. Horacio Yamandú Jouliá (en su carácter de presidente), Hugo Epifanio y Oscar Pandolfi, a la vez que el Dr. Enrique Palmieri y los Contadores Silvio Mariasch y Néstor Rubén Martos, dan por aprobado el Memorando de Entendimiento celebrado entre ERSA y TPC el 12 de junio de 1996.
Acta de Asamblea de Accionistas Nº 3: Con fecha 19 de Junio de 1996, se reúne la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, concurriendo el Sr. Gobernador de la Provincia de Río Negro – Dr. Pablo Verani, como representante del único accionista – el Estado Provincial – dándose por aprobadas todas las tratativas de entendimiento planteadas entre ERSA y TPC, que fueran plasmadas en el Memorando de Entendimiento del día 12 de Junio de 1996.
Decreto 870/96: Mediante el Decreto 870/96 el Poder Ejecutivo, ratifica el Memorando de Entendimiento llevado a cabo entre ERSA y TPC, con fecha 12 de Junio de 1996. Obsérvese que el Señor Gobernador no autoriza al Dr. Jouliá a firmar el Convenio Marco del 5/7/96 ni facultaba que la restricción de que el precio a acordar no debía superar el 5% del los vigentes en el mercado fuera olímpicamente obviada.
Con fecha 5 de Julio de 1996, se firma el Acuerdo Marco, entre ERSA, representada por el Dr. Juoliá y TPC, en el que convienen:
La rescisión del Contrato de Abastecimiento de energía Eléctrica, suscripto el 17/12/93 y del Convenio Adicional del CAEE. (ciclo combinado)
La transferencia por parte de ERSA a EdERSA, del Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica, suscripto entre ERSA y TPC con fecha 5/7/96.
Que ERSA abone a la Generadora la suma de U$S 2.500.000, más IVA., en compensación por las instalaciones de interconexión.
El pago por parte de ERSA a TPC de la suma de $ 670.000 más IVA. en Certificados de la Deuda Rionegrina, en concepto de "diferencia de potencia".
Que ERSA adquiera a los accionistas de TPC una participación del 7,5 % del capital accionario pagando por ello la suma de 7,5 millones de dólares estadounidenses.
Que ERSA asuma expresa e irrevocablemente el pago de la totalidad del Impuesto a los Sellos devengados (inclusive los vencidos a esa fecha) o que se puedan devengar en relación al CAEE del 17/12/93, al Convenio Adicional del CAEE, al Contrato de Abastecimiento del 5/7/96, al Convenio de Conexión y al Contrato de Compraventa de Acciones.
Nuevo contrato de abastecimiento: Con fecha 5 de Julio de 1996, se firma entre ERSA y TPC el nuevo contrato de Abastecimiento de energía Eléctrica, bajo las siguientes condiciones:
En la Sección 12.00 Facturación y Pago, se establecen los precios básicos de la energía y potencia escalonados en el tiempo. Comienza el 1/9/1996 con una base de 27.90 $/MWh y a partir del año 2.000 se clava hasta la finalización del contrato en 31,50 $/MWh.
Los precios básicos se actualizarán mediante la aplicación de dos factores: a) Variación del precio del Gas y b) la variación que opere el índice de Precios industriales de los Estados Unidos de América (PPI).
Contrato de compra venta de acciones: Con fecha 5 de Julio de 1996, se formaliza el Contrato de Compraventa de Acciones, mediante el cual ERSA, adquiere a OMRON TRADING CORPORATION, a MATERIAL OVERSEAS INVESTMENT INC. y el Sr. Carlos Eduardo Maria OLIVA FUNES, propietarios del 100 % de las acciones representativas del capital social en circulación de la TURBINE POWER CO. S.A., la cantidad de 1.125.000 acciones, no endosables, de un valor nominal de un peso ($ 1), equivalente al 7,5 % del capital social en circulación en la suma de dólares estadounidenses U$S 7.500.000 en la siguiente proporción: OMRON 3, 00 %, a MATERIAL OVERSEAS INVESTMENT INC. 3,75 % y al Sr. Carlos Eduardo María Oliva Funes el 0.75 %. (VER ANEXO I)
Liquidación de ERSA y Constitución y Privatización total de las actividades de ERSA:
El proceso de liquidación de ERSE y la constitución de ERSA, se lleva a cabo mediante la sanción de la ley 2.902 y el Decreto 1.291/95, vigentes a partir del mes de octubre de 1995, simultáneamente con los reclamos que había efectuado la Generadora ante ERSE. con fecha 31 de Agosto y 12 de Octubre de 1995. Lo destacable a tener en cuenta del mencionado marco legal eléctrico, es el artículo 41 inc c), el cual impone la condición de que el costo máximo de abastecimiento que la DISTRIBUIDORA estaba facultada a transferir a tarifa del usuario era el del Mercado Eléctrico Mayorista.
El artículo 63 de la Ley 2902/95 dispone la privatización total de las actividades de Energía Río Negro S.E. y el P.E. creará una o más Sociedades Anónimas, a las que se transferirían los activos de la mencionada Empresa en su totalidad y los pasivos, personal y contratos que determine.
Estas Sociedades serán titulares de las concesiones y autorizaciones que conforme la presente ley son requeridas para el ejercicio de las actividades cuya privatización se dispone en el precitado artículo.
El P.E. dentro de los treinta días de promulgada la presente ley, llamará a Concurso Público Internacional para la venta del 90 % del total de las acciones que conforman el capital de la o las Sociedades mencionadas en el párrafo precedente. El 10% restante se destinará a un programa de propiedad participada para el personal.
El artículo 63 del Decreto 1291/95, dispone la constitución de la Empresa Río Negro S.A., conforme al Estatuto Social que se adjunta como Anexo B, la cual iniciara sus actividades el 1° de Diciembre de 1995, aplicándose en forma provisoria el contrato de concesión de ERSE aprobado mediante Decreto 2179/92.
El Capital inicial y los gastos de constitución serán aportados por ERSE. Se transfiere la totalidad de los activos de ERSE a favor de ERSA.
También se transferirá a ERSA el pasivo de ERSE que la Asamblea Extraordinaria determine. Asimismo se transfieren a ERSA todos los contratos celebrados por ERSE y que se encuentran actualmente vigentes, que sin ser taxativos se enumeran en el anexo D. En dicho anexo se expone el CAEE del 17/12/93.
Decreto 530 del 30/4/96: El mencionado decreto se publica en el B.O. el 24/6/96 y mediante el cual: a) se constituye EdERSA, b) se llama a concurso Público Internacional, sin base, para la venta del 90% de sus acciones, c) se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público Internacional y d) se crea la Comisión de Admisión y Preadjudicación del Concurso mencionado, integrada por los miembros del Directorio de ERSA: Dres. H.Y. Jouliá, O. Pandolfi y H. Epifanio. Obsérvese que el Pliego Aprobado por el decr. 530/96 tiene fecha anterior al del contrato con la TPC del 5/7/96, inclusive del Memorandum de Entendimiento que se firmó el 12/6/96. Por lo que se colige que la privatización de la EdERSA se realizó teniendo en cuenta (además del decreto mencionado) circulares (firmadas por el propio Dr. Jouliá) que tienen menor jerarquía normativa al momento de la presentación de sobres que la de un Decreto. También podría plantearse la duda acerca de de cuáles elementos jurídicos tuvieron en cuenta los oferentes del paquete accionario de la EdERSA al momento de su valorización.
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL CONTRATO ORIGINAL DEL 17/12/93 Y EL VIGENTE DEL 05/07/96.-
A fin de facilitar su tarea, llevaremos a cabo un cuadro comparativo, del que surgirán, no sólo las graciosas concesiones a favor de TPC, si no también una serie de hechos innecesarios, irregulares y contrarios a la ley, avalados por el Presidente de ERSA y ratificados por el directorio en pleno de la precitada empresa, a la vez que por los Síndicos actuantes; por el Señor Gobernador de la Prov. de Río Negro en representación de la Provincia en su calidad de socia mayoritaria de dicha entidad y por último también por dicho funcionario mediante el decreto correspondiente que ratificaba todo lo actuado.
Objetivo Principal del Contrato de Abastecimiento.
Términos y condiciones del contrato de abastecimiento firmado el 17/12/93
Términos y Condiciones del Contrato del 5/7/96
El Objetivo del llamado a concurso para el montaje de una Central Térmica en el Dpto. Gral. Roca es el de "obtener adecuadas condiciones de compra que mejoren las existentes en el Mercado Eléctrico Mayorista y posibilitar reducir la tarifa al usuario final". (SIC)
No existen elementos que permitan indicar que el objetivo fundacional de la decisión se hubiere modificado. Al contrario, más tarde la Ley 2.902 y Decreto Reglamentario Nº 1.291 lo incorpora como condición de máximo valor a reconocer para la fijación de la tarifa de los usuarios de la Distribuidora (Art. 41 inc. c). Este principio fue violado.
El GENERADOR se obliga a poner a disposición de la Distribuidora una potencia máxima de 123,4 (ISO).
El GENERADOR se obliga a poner a disposición de la Distribuidora la potencia instalada de 125,3 MW.
Se desconocen las razones que pudieron modificar la potencia instalada de la Central TermoRoca. Es un dato no estandarizado, pero que posibilita ampliar la capacidad de venta (no de generación) en el mercado mayorista. Aumenta artificialmente los ingresos futuros de la Generadora en hasta los 600.000 dólares por año.
La DISTRIBUIDORA se obligaba a comprar toda la curva de carga declarada previamente hasta el máximo de la potencia de la Central.
La DISTRIBUIDORA se obligaba a comprar toda la curva de carga real hasta el máximo de la potencia de la Central.
En el primer contrato daba margen para la compra venta con el MEM y hasta una potencia máxima de 123,4 MW. En el del 5/7/96 la Distribuidora debía ajustar su compra a la demanda real y en base a una potencia máxima de 125,3.
Contempló mas tarde la ampliación de la Central en un 50% más de su potencia a través de la instalación de un ciclo combinado, trasladando en un 20% a LA DISTRIBUIDORA el mejor rendimiento del combustible.
Este contrato rescindió el del 17/12/93 y el Convenio adicional (ADDENDUM) del 21/11/95.
Elimina una mayor inversión en la provincia de Río Negro y los beneficios que con ello se lograban (20% de captación del mejor rendimiento; mejor Factor de Nodo, mayor confiabilidad, mayor potencia instalada, mayores impuestos, más fuentes de trabajo, etc.)
Precio de la Energía.-
La condición del precio era que el mismo sería en todo momento y durante toda la vigencia del contrato inferior al que se fije por igual suministro por el MEM (CAMMESA). Incluso existía un beneficio adicional del 2% cuando el precio pretendido arrojaba un valor superior al del MEM, pues se terminaba reconociendo el 98% del precio del MEM.
Se fija un precio para capacidad puesta a disposición y para la energía entregada, que durante este tiempo transcurrido siempre fue superior en el orden del 40 al 60% al que rigió en el Mercado Mayorista. Los estudios prevén que nunca será inferior al del MEM y que la diferencia se mantendrá a favor del Generador por todos los tiempos. esta modalidad eliminaba una referencia cierta del precio y posibilidades de DESVINCULACIÓN del contrato. se pierden grados de competencia
Se elimina el precio que fija en cada momento el MEM como tope del precio del contrato. Valuaciones realizadas aplicando distintas tasas de descuento y escenarios de PRECIOS DEL MEM determinaban que la transferencia del pueblo rionegrino, sin compensación de ninguna naturaleza, en favor de los inversores privados, asciende a un valor actual que ronda los 35 millones
Es notorio que resultaba totalmente innecesario rescindir el contrato original, por cuanto el Decreto 21/96 del 5 de enero de 1996 estaba fijando las pautas de la banda tarifaria. Aunque también cuestionable desde lo comercial y económico el decreto 21/96, lo cierto es que el contrato del 5/7/96 no tan sólo lo reivindica sino que se continúan realizando concesiones injustificadas y en palmario perjuicio para los rionegrinos, sin que luego de una intensa búsqueda se haya podido encontrar contrapartida válida alguna que justificara todas ellas o partes de ellas. Otros eran los motivos subyacentes que impulsaban la rescisión contractual.
Propiedad de la Central Térmica.-
La DISTRIBUIDORA adquiría la propiedad de la Central en proporción a la compra de la potencia puesta a disposición. Al cabo de 20 años se apropiaba sin otros cargos de la Central Térmica.
La DISTRIBUIDORA adquirió por la friolera suma de U$S 7.500.000 el 7,5% de las acciones de TPC. Cabe agregar que los 18 meses de vigencia que tuvo el contrato del 17/12/93 representan justamente un 7,5% del plazo del mismo (18 meses/20 años por 12 meses).
Puede afirmarse que la PROVINCIA pagó los siete millones y medio de dólares por algo que ya era suyo, en un todo de acuerdo al contrato del 17/12/93, y se pierde la posibilidad de adquirir con la compra futura parte de la Central.
En el Anexo 1 que se adjunta a la presente denuncia se amplía minuciosamente este punto referido a la compra de las acciones (a un precio desmesurado, por ellas en sí mismas, pero fundamentalmente porque en su gran proporción ya eran propias).
Este derecho a la propiedad, en parte ya devengado y otra gran proporción a adquirir en el 92.5% del tiempo pendiente del contrato del 17/12/93, tenía un valor positivo. Seguramente, si tal derecho se incorporaba en la venta del 90% del paquete accionario de la EdERSA, el valor del mismo hubiese sido, sin lugar a dudas, mayor que el obtenido.
Instalaciones de Interconexión.-
Las instalaciones de Interconexión de la Central con el sistema PROVINCIAL de transporte fueron proyectadas, diseñadas, instaladas y ensayadas por el GENERADOR, quien las transfirió gratuitamente a la ERSE al momento de la puesta en servicio de la Central (15/2/95)
La DISTRIBUIDORA (ERSA) compra en U$S 2.500.000 las instalaciones de interconexión señaladas en la celda anterior.
ERSA, es decir, el Erario Provincial, compra lo que ya le pertenecía a LA DISTRIBUIDORA y cuya transferencia se había perfeccionado el 15/2/95, momento de la puesta en servicio de la Central (arranque y ensayos) –art. 2.412 del C.Civ.)-
Señor Fiscal: Esas instalaciones eran propiedad de LA DISTRIBUIDORA, pues la fecha de su transferencia y posesión, era justamente la de la puesta en marcha (arranque) de la Central. Sin embargo, aunque se reitere el concepto, se pagan nuevamente o lo que es lo mismo, se compra lo que ya era de la Provincia. Este es un hecho que no puede ser soslayado bajo ningún aspecto, por ello lo venimos a denunciar.
Además, cabe preguntarse ¿Por qué se pagó 2,5 millones de dólares más IVA y no siete o un millón de dólares? ¿Cómo se supo que el valor reconocido - injustificadamente según nuestra interpretación – era el justiprecio de las instalaciones?¿Se hizo algún concurso de precios de mano de obra y materiales?¿Se contrataron peritos para que justipreciaran las instalaciones? ¡NO! Nada de eso se hizo y lógicamente sería llamativo que hoy aparezcan algunas de esas herramientas tan elementales para realizar cualquier desembolso de dineros públicos.
Impuestos a los Sellos.-
IMPUESTO A LOS SELLOS: El pliego del llamado a licitación y el Decreto 1915/93 dispusieron que el pago del impuesto estaba a cargo de TPC. En la misma oferta de la TPC se asumió tal compromiso.
El impuesto a los sellos del contrato de abastecimiento del 17/12/93 y todo aquel, lo que estuviere gravado por imperio del ACUERDO MARCO DEL 5/7/96, sería soportado por ERSA. Es decir el erario provincial; el pueblo rionegrino.
Se inhibe a la Provincia de percibir una suma que en total supera los cuatro millones de pesos ($ 4.000.000).
El Pliego de Bases y condiciones, la Oferta de la TPC y el decreto 1915 del 9/12/93, fueron claros instrumentos que ponían en cabeza del GENERADOR el cargo del 100% del impuesto a los sellos. El contrato del 5/7/96 lo eximió a TPC no tan sólo de los cargos pertinentes a los nuevos compromisos sino que también del pago de lo adeudado y de las cuotas que vencería durante los 7 años siguientes vinculados con el contrato del 17/12/93.
Diferencia de Potencia.-
Nada debía la DISTRIBUIDORA, por ningún concepto, menos aún por diferencia de potencia. Le había sido rechazada la pretensión mediante Convenio del 31/8/95
LA DISTRIBUIDORA (ERSA) reconoce adeudar bajo el concepto abstracto y genérico de diferencia de potencia la suma de 670.000 pesos a abonar en CEDERN.
El ERARIO PROVINCIAL (el pueblo rionegrino) le transfirió graciosamente, sin causa, la suma indicada a los accionistas de TPC.
Plazo del Contrato.-
El plazo del contrato vencía el 15 de marzo del 2015.
El vencimiento de este contrato se producirá el 31/08/2015.
Se amplía el plazo de vigencia del contrato.
Precio del Gas.-
El contrato preveía que el precio del gas no podía ser superior al que obtuviera LA DISTRIBUIDORA para iguales condiciones. Además el contrato original firmado por TPC con YPF, habiendo intervenido ERSE, fijó la cláusula de mejor condición durante toda la vigencia y la facultad de ERSE de licitar la compra del gas
Este contrato no contempla ningún elemento de control del precio del Gas.
Desaparece la facultad de LA DISTRIBUIDORA de adquirir por cuenta y orden de EL GENERADOR el gas consumido y la cláusula de mejor condición. Todo queda supeditado ahora a la buena voluntad de las partes. Más aún en el contrato actual se prevé explícitamente que los nuevos costos serán transferidos a la fórmula de actualización, sin limitación de ninguna naturaleza.
Omisión de Llamado a Concurso. La normativa infringida: UN CONTRATO FIRMADO EN LAS SOMBRAS:
Cabe recordar que el ERSE, a los fines de seleccionar un inversor privado que tuviera a su cargo la construcción de una Generadora Térmica, llamó a un Concurso Público Especial, resultando adjudicatario del mismo la TPC.
Pero hete aquí, que al rescindirse el contrato original se omitió llamar a un nuevo concurso o licitación en franca violación a lo dispuesto por el art. 98 de la Constitución Provincial y las leyes y decretos que lo reglamentan. Pero, la omisión del llamado a concurso no tan sólo alcanza a la compra del suministro eléctrico, sino también a la compra (injustificada) de las acciones de una generadora a un precio exorbitante.
Así, la Ley de Contabilidad de la Provincia de Río Negro dispone especialmente en su art. 23 los casos en que la Administración Pública puede recurrir a la contratación directa. Sin perjuicio que ninguno de los casos previstos coincide -ni aún remotamente- con el contrato rubricado en forma directa con la TPC en el año 1996; diremos que los funcionarios actuantes tampoco se "tomaron la molestia" de declarar la necesidad de contratar en forma directa, tal como lo exige la normativa vigente atento el carácter excepcionalísimo que presenta este tipo de procedimiento de selección del contratista.
Por su parte, el Reglamento de Contrataciones de la Provincia dispone (art. 15) con minucioso detalle los extremos que deben concurrir para que proceda la contratación directa, despejando aún más la posibilidad de que comprenda el CAEE rubricado por el Dr. Horacio J. Jouliá. Y hace especial hincapié en la necesidad de contar con dictámenes técnicos que avalen y aconsejen ese modo extraordinario de contratación.
La misma ERSE/ERSA poseía su propio Reglamento de compra de bienes y contrataciones de servicio – y venta de bienes, el que también ha sido claramente violentado.
"Las Sociedades del Estado se rigen predominantemente por el Derecho Privado en sus relaciones con terceros y fundamentalmente por el Derecho Público en sus relaciones con la Administración. Por ello en sus relaciones con terceros los actos que emiten y los contratos que celebran son, en principio privados concordantemente con la exclusión parcial, en nuestro criterio de la aplicabilidad de las leyes de Obras Públicas, Contabilidad y Procedimientos Administrativos".
"No obstante, sus actos y contratos serán públicos cuando, en la relación jurídica goce de facultades mas bien propias del Derecho Público que del Derecho Privado; así lo ha entendido la jurisprudencia que en sus casos, son convenciones de Derecho Público, en virtud de la interpretación que cabe hacer de las cláusulas del convenio y del reglamento de contrataciones ( CSJN 26/4/84, Gas del Estado, c/ Lindoro ICSA) y (Ferrocarriles Argentinos – E.F.A. – c/ Miro, Marta B. E.D. 109/475); id, 26/4/84," Gas del Estado, Soc. del Estado c/ Internacional Sales División General Electric Co.- 110 –610. Conforme Derecho Administrativo – Roberto Dormí – Ed. Ciudad Argentina – Pags. 478/479 – Punto 6.7.".
"La contratación directa es el procedimiento por el cual, el Estado elige directamente al contratista, sin concurrencia, puja u oposición de referentes".
"Es requisito general de legitimidad de todas la contrataciones directas que se realizan luego de una licitación pública fracasada o declarada desierta, que sean sobre las mismas bases y pliegos con los cuales se ha hecho el llamado originario, pues de lo contrario la Administración podría eludir el requisito de la licitación con solo considerar inconvenientes las propuestas presentadas en el acto licitatorio para que surgiera la facultad de contratar directamente. Con mayor razón se llegaría a la desnaturalización, si se admitiera la posibilidad en tales casos de contratar directamente bajo condiciones distintas a las que rigieron la licitación, pues desaparecería así toda posibilidad de concurrencia en igualdad de condiciones que es la finalidad fundamental del régimen de contrataciones instituidas por las normas vigentes. (C.N.Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/7/81, ED. 101 – 549, N°192).
"A la par de ello, tampoco se configurarían las excepciones a la licitación pública que deben ser interpretadas en forma estricta, entre las que podemos mencionar: el monto menor, la urgencia, trabajos adicionales, la reserva o secreto de Estado, capacidad especial, marca o privilegio, monopolio, escasez, la falta o ausencia de ciertos bienes, productos perecederos, reparaciones, contratos Inter. Administrativos, Licitación Pública desierta o fracasada por in admisibilidad de ofertas, etc."-
DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE DENUNCIA:
No cabe la mas mínima duda que la rescisión del contrato original fue un acto totalmente innecesario, habida cuenta que el motivo principal de las divergencias entre las partes, aunque inaceptable, cuestionable y altamente gravoso a los intereses de los rionegrinos – el precio de la energía – ya había sido fijado unilateralmente en el Decreto 21 del 5 de Enero de 1996, anterior al Memorandum de Entendimiento, por lo que la contratación directa implicó una alteración fundamental de las pautas establecidas en el pliego de condiciones del llamado a Concurso Especial Nº 2 del año 1993, también configuró un hecho absolutamente irregular, en razón de haberse omitido el correspondiente llamado a Concurso, el posterior contrato pactado entre el ERSE y TPC, resultando ERSA continuadora del ERSE y a la cual por la Ley 2.902/95 y Decreto Reglamentario 1.291/95, se le habrían transferido todos los contratos celebrados por esta Empresa, incluido el CAEE de fecha 17 de Diciembre de 1.993, que implicó lisa y llanamente la pérdida de derechos ya adquiridos – como ser la propiedad de las instalaciones de interconexión (que fueron recompradas en 2,5 millones de U$S), la adquisición de la propiedad de la Central Térmica al vencimiento del contrato, sin cargos de ninguna naturaleza y por último, imponer el pago del impuesto de sellos a cargo de ERSA (originalmente y de acuerdo a lo pactado a cargo exclusivo de la TPC), violaba expresas normas legales que indicaban lo contrario, todo ello, con el consiguiente perjuicio económico para una Sociedad del Estado Provincial y en beneficio de un tercero, la TPC.
Y a esta altura del relato de los hechos, cabe la formulación de los siguientes interrogantes: ¿existió alguna "RAZON de ESTADO" para aceptar semejantes concesiones?, ¿Concurrían conflictos jurídicos que justificaran la firma del contrato del 5/7/96 o el dictado del Decreto 21/96 y 271/96? ¿Y si existían, el contrato del 5/7/96 fue la forma debida de resolverlos?. Todo ello tiene respuesta en lo escrito hasta aquí:
El Convenio Aclaratorio del 9/8/95 concluía, y Usted lo puede comprobar con su lectura -pues lo acompañamos como prueba-, que existía un solo conflicto y que las partes estaban abocadas a encontrar su solución por la vía de CAMMESA: el precio de la potencia.
A escasos días de lo afirmado por los mismos titulares de la TPC en el convenio mencionado, aparecen los reclamos del quiebre de la ecuación económica – financiera del 31/8 y 12/10/95.
Dichos reclamos tuvieron respuestas a través de la propia ERSA, pues se creó un comisión ad-hoc, que dictaminó en forma precisa y contundente, lo cual fue luego aprobado por el Fiscal de Estado.
El decreto marco Regulatorio Eléctrico – Ley 2902 y decreto 1291/95 – habían transferido el contrato del 17/12/93 a la ERSA, empresa esta que fue creada para su privatización, por lo que no podría aducirse riesgo en cuanto a la alteración o conflictos insalvables de que tal contrato no pudiera transferirse a EdERSA, salvo que se demostrara que TPC tenía intenciones de actuar fuera de la ética empresaria y pusiera trabas en el proceso que debía asegurar eximición de cualquier conflicto, pues la presencia de ellos aumentaba el riesgo del negocio y por lo tanto desvalorizando las acciones que se querían vender (90% del paquete accionario de la EdERSA).
Podría aducirse también que una razón litigiosa llevó al Gobierno a conceder tamaños beneficios. Pero Usted debe saber que existe asentada y abundante jurisprudencia de la propia CSJN que indica que aún existiendo "litigios" contra la Administración Pública, ello no habilita bajo ninguna circunstancia otorgar concesiones.
Y finalmente destacamos que los hechos que nosotros venimos a denunciar están estrechamente vinculados a un servicio esencial, como es abastecer toda la demanda de energía eléctrica de la EdERSA vinculada al sistema nacional, en condiciones de cautiverio y monopolio. Esto último, que también viola uno de los principios del marco eléctrico vigente (propender a la competencia) está agravado pues el precio se fijó en forma arbitraria, en respuesta a un requerimiento de la TPC y en función de su propia ecuación financiera y no a los designios del mercado eléctrico mayorista. Recuérdese que en el contrato del 17/12/93, el precio tenía como referencia obligada y permanente el precio del MEM, e inclusive, el precio era siempre en todo momento y circunstancia menor que el del Mercado Electrico Mayorista.
LA RESPONSABILIDAD SOCIETARIA ARTICULADA CON LA PENAL:
Aún tratándose de una sociedad con participación estatal (la ERSA), el régimen jurídico disciplinario aplicable a los directores de la misma es el previsto en los arts. 255 y sgs., y arts. 184 y cces. de la Ley de Sociedades Comerciales (conf. art. 308 1er. párrafo de la L.S.C.). Ello deberá ser debidamente articulado con la letra del art. 173 inc. 7° del Código Penal: la "violación de deberes" a que hace referencia la norma penal citada, implica una remisión extrapenal a la ley comercial, ordenamiento éste que precisa los derechos, funciones y deberes de los administradores.
Primeramente diremos que el art. 59 de la L.S.C. impone a los directores de las Sociedades Comerciales un deber genérico de lealtad hacia los intereses que le son confiados: "los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión". Esta norma es complementada por el art. 274 de la L.S.C. que reza que: "los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del art. 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa".
Lo que pretendemos destacar de los textos legales transcriptos ut supra es el deber de lealtad que la ley comercial les impone a los directores en la gestión de los bienes sociales. La rúbrica del CAEE (5/7/1996) implicó una gravísima falta a sus deberes, lo que en términos penales significa haber cometido el delito de defraudación.
En la definición del delito que se viene a denunciar, juega un rol trascendental la violación de los deberes básicos de administración que impone la legislación vigente (L.S.C.): debiendo velar por una fiel administración de los bienes de la ERSA, se aceptó pagar $ 7,5 millones por acciones que ya eran de la Provincia de Río Negro, a un precio astronómico que no se sustenta con criterio de valuación de las empresas alguno, y se pagaron $ 2,5 millones por las obras de interconexión que, de acuerdo al contrato originario, ya eran de propiedad de la Provincia atento haberse acordado originariamente (17/12/93) su transmisión gratuita. Eso si que es tener conciencia del gravísimo perjuicio que se le estaba infligiendo a la ERSA, y con ello, a todos los rionegrinos.
También es importante recordar que el contrato se perfeccionó sin llevarse a cabo procedimiento de selección de contratista alguno. Ni siquiera se dictaminó la necesidad de contratación directa (para lo cual la normativa vigente exige la concurrencia de estrictos extremos): se violó el art. 98 de la Constitución Provincial y las normas legales y administrativas que la han reglamentado.
Ni siquiera podría alegarse que dichas generosas concesiones a favor de la TPC se aceptaron porque el Generador, por su parte, reconoció otro tanto a la Provincia. Todo lo contrario, como si fueran insuficientes los graciosos reconocimientos económicos que entendemos configuran el hecho denunciado (compra en $7,5 millones las acciones de TPC y pago de $2,5 millones las redes de interconexión); también aceptó una tarifa eléctrica muy superior a la comercializada en el Mercado Eléctrico Mayorista (aún contra lo dispuesto por el art. 41 inc. c de la ley 2902 y decr. 1291 ya vigentes en ese entonces). A tal punto la tarifa pactada era indebidamente excesiva, que la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de General Roca dictó en fecha 26/12/2001 una medida cautelar ordenando a la TPC y a la EdERSA a no trasladar un precio superior al que fije en todo momento el MEM.
Otro sería el grado de compromiso si, en uso de la facultad que concede el art. 274 último párrafo de la L.S.C., se hubiera protestado contra el contrato y dado inmediata intervención a Sindicatura, al mismo directorio, a la asamblea, a la autoridad competente o ejercida la acción judicial del caso. Todos consintieron el contrato.
Y dada la envergadura económica y trascendencia estratégica que representa el perfeccionamiento de un contrato de abastecimiento de energía para una empresa distribuidora, como director no podría abstraerse alegando desconocimiento del asunto. Es que había varias decenas de millones de pesos en juego como para no asirse responsablemente de la información, conocimiento y criterio suficientes para evaluar no ya la conveniencia, sino la criminalidad del contrato que finalmente se pactó.
Y a los Síndicos no pudo habérseles escapado como órgano social –pues es esa precisamente su función- lo ruinoso del contrato para la ERSA, y con ello para los intereses de los usuarios y rionegrinos.
De los últimos dos párrafos surge de modo manifiesto el ánimo que requiere el tipo penal. Es que pagar por las redes de interconexión que ya eran propias, y comprar las acciones de TPC que ya habían sido adquiridas por la Provincia, encima a un precio exorbitante; no puede sino reflejar el propósito de daño en la conducta del agente. ¿Qué puede haber motivado sino a los responsables a comprometer de ese modo tan gravoso a la Sociedad por ellos administrada?
No se trata de una apreciación subjetiva acerca del alcance del CAEE: no es admisible, bajo ningún punto de vista, que se paguen nuevamente las redes de interconexión y las acciones de la TPC que ya habían sido adquiridas por la ERSA. Más aún si, además de ello, le reconocen un precio de energía descomunal y se le exime de pagar más de U$S 4 millones en concepto de impuesto a los sellos. Todo ello, a través de una contratación directa y sin más. Siquiera han aparecido en toda esta búsqueda evaluaciones que indiquen la conveniencia de las colosales y gratuitas concesiones.
RESPONSABILIDAD DE HORACIO J. JOULIÁ:
No sólo es prioritariamente responsable por haber actuado en calidad de presidente de la ERSA, llevando adelante las negociaciones con la TPC, rubricando el memorando de entendimiento y luego el CAEE; lo cual obtura cualquier tipo de alegación relacionada con desconocimiento acerca de los alcances de los compromisos que estaba contrayendo; sino que también debe responder atento que en el mismo momento que pactaba un precio de compra de energía muy elevado (incluso infringiendo el límite impuesto por el art. 41 inc. c de la ley 2902 y de su decreto reglamentario); firmaba con la firma Energy Risk Management Ltd. un contrato de venta anticipada de regalías hidroeléctricas a un precio extremadamente menor que el valor de compra pactado con la TPC.
Esta operación con ERMLtd. ha sido objeto de denuncia ante la Fiscalía del Dr. Ricardo Falca con sede en Viedma (se adjunta dicha denuncia).
Con este dato pretendemos significar que Jouliá era consciente que el valor de energía pactado con TPC era ruinoso para ERSA (para los usuarios), pues él mismo la vendía a través de otra operación a un precio infinitamente menor. Este elemento despeja la posibilidad de que se argumente que los compromisos asumidos por ERSA respecto de la TPC (pago de $ 7,5 millones y $ 2,5 millones por las acciones y redes de interconexión que ya eran propias de la Distribuidora) tuvieron una justa contraprestación o un reconocimiento de un valor de compra de energía justo.
"Los hechos denunciados encuadran dentro de las normas estipuladas en los artículos 174 inciso 5° en función del artículo 173 inciso 7°. "La acción tipificada en el artículo 174 inciso 5° del Código Penal, se da en razón de la titularidad del bien que es objeto del delito. El delito se comete cuando el patrimonio ofendido es la Administración Pública en cualquiera de sus ramas, lo cual ocurre cuando la propiedad que el ataca pertenece a una Entidad que es persona de Derecho Público".
Y "Si bien el tipo penal habla de fraude, la doctrina está de acuerdo en que la remisión de la ley es a todas las formas defraudatorias (Artículo 173 del Código Penal), ya se las cometa por fraude, ya se utilice el abuso de confianza o de situaciones para defraudar a la Administración".
Es aquí donde destacamos nuevamente que, tal como se explicó acabadamente, el contrato del 5/7/96 otorgó a un tercero un beneficio injustificado, sin causa; pues ello constituye cabal prueba de la defraudación que venimos a denunciar.
"El perjuicio que en cada caso concreta la consumación de estas defraudaciones es el que directamente se causa a la propiedad de la Administración. El dolo requiere el conocimiento de la titularidad del patrimonio afectado por la defraudación". Conforme Carlos Creus – Derecho Penal Parte Especial Tº I – Págs.544/545. E. 1246/1251.
Permítasenos desarrollar brevemente un aspecto vinculado a la forma societaria de la ERSA, el bien jurídico protegido por las normas que sancionan el delito denunciado, y los perjuicios ocasionados por la firma del contrato de la TPC. Así, recuérdese que la ERSA (SA del Estado) era una sociedad cuya propiedad accionaria pertenecía en un cien por ciento al Estado Provincial. De heco, con posterioridad se privatizó (EdERSA). Además, operaba bajo un contrato de Concesión otorgada por el Estado Provincial y cuyas tarifas eran fijadas y aprobadas por el Poder Ejecutivo Provincial. A mayor abundamiento, diremos que la concesión trataba de un servicio esencial, como lo es la generación propia y la distribución, los cuales tenían la definición de Servicio Público.
Y si todo ello fuera insuficiente para concebir que la rúbrica del contrato de la TPC perjudicó al erario público, le recordamos al Sr. Fiscal que los 7,5 MM de U$S por la compra a los accionistas de la TPC del 7,5 % de las acciones de la misma y los 2,5 MM de U$S reconocidos por las instalaciones de interconexión fueron extraídos del erario público, toda vez que el adjudicatario del 90% del paquete accionario de la EdERSA tuvo que depositar esos fondos (precio por la compra de las acciones de la EdERSA) en una cuenta distinta de la Provincia de Río Negro. Esos fondos (cuyo destinatario era la propia Provincia de Río Negro), tal como puede Usted observar fueron depositados en una cuenta fiduciaria a favor de terceros, que, reiteramos, sin causa e injustificadamente se beneficiaron con la firma del Memorandum de Entendimiento (12/6/96), del Acuerdo Marco (5/7/96) y del Convenio de venta de acciones (5/7/96).
"En lo atinente al artículo 173 inciso 7° del Código Penal, el presupuesto de la acción típica es la de perjudicar los intereses confiados u obligar abusivamente al titular de ellos, violando los deberes que se originan en el ejercicio del poder que el agente ejerce".
"Se advierte, por consiguiente que es presupuesto del delito que el agente ejerza un poder sobre los bienes o intereses de otro, por disposición de la ley – como ocurre con los representantes legales".
"El poder ejercido puede ser la administración, que implica la facultad de disposición de los bienes".
"Por lo tanto, autor de este delito únicamente puede serlo el que maneja, administra, custodia los bienes interesados".
"Las acciones tienen que constituir una violación de los deberes del agente en sus funciones de manejo, administración, o custodia, en tal sentido puede decirse que el delito se conforma en una infidelidad defraudatoria".
"Los límites de esos deberes son los determinados por la ley, las disposiciones de la autoridad".
"Las violaciones pueden concretarse por medio de acciones no permitidas o ilícitas en un modo o por omisiones que enfrenten incumplimiento de los deberes, extensión que se afirma con la consideración de la circunstancia de que los intereses perjudicados tienen que ser los confiados al agente, que comprenden, además de los que le han sido entregados para cumplir con sus funciones, los que se han producido en relación con ellos en el transcurso de su función".
"Para redondear la tipicidad, la violación de los deberes tiene que haber originado cualquiera de estos resultados: perjudicar los intereses confiados, o haber obligado abusivamente al titular del patrimonio".
"El perjuicio es aquí cualquier menoscabo que sufra el patrimonio por la acción u omisión infiel del agente. En este caso el delito se consuma con la efectiva causación del perjuicio, o sea, cuando se ha producido la disposición económica que reduce el patrimonio".
"El tipo contiene un elemento subjetivo que asume una doble dirección: la acción que perjudica u obliga abusivamente tiene que haber sido encarada por el autor para lograr un lucro indebido para el o para un tercero, o sea, para convertir en su provecho o en el de un tercero el perjuicio patrimonial".
"Las direcciones del elemento subjetivo indican la exigencia del dolo directo, es decir, a sabiendas que violan sus deberes y que de ella puede resultar daño". Conforme Obra citada de las Págs. 517/521 – Punto G.
Si se lleva a cabo el proceso de subsunción – aún en esta etapa inicial del proceso – se podrá advertir que los hechos fácticos ampliamente detallados, se adecuan al tipo legal descrito en este capítulo y que su/s autor/es habida cuenta de la calidad de tal/es, no podía/n ignorar que los hechos que estaban llevando a cabo, eran innecesarios, totalmente irregulares y contrarios e expresas disposiciones legales y que como consecuencia de ello, estaban provocando un grave perjuicio económico a ERSA
OTROS ANEXOS:
Luego de leer todo este texto, parece apropiado adjuntar dos anexos complementarios, y que constituyen una especie de síntesis de los momentos o fechas más relevantes vinculadas con los hechos denunciados (ANEXO 2) y una apretada síntesis de los hechos denunciados (ANEXO 3).
Se ofrecen las siguientes pruebas:
Documental: Se adjuntan copias de los siguientes documentos:
Expediente Nº 75.360 – Letra P – Año 1993 del Registro de Energía Río Negro Sociedad del Estado, Extracto: "Selección de un inversor privado para celebrar un contrato de abastecimiento de energía con la instalación de una central térmica en general roca", total un mil cuatrocientos nueve (1409) folios numerados integrando seis (6) cuerpos.
Expediente Número 82060 – Letra F – Año 1995 del 13 de Octubre de la FISCALÍA DE ESTADO de la Provincia de Río Negro EXTRACTO: reclamo y PROPUESTA Turbine Power Co. S.A. en contrato con ERSE.
Acta de Directorio Nº 6 de ERSA del 19/2/1996.
Memorando de Entendimiento del 12 de junio de 1996.
Acta de Directorio Nro 14 de ERSA del 18 de julio de 1996.
ACTA Nro 3 de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de ERSA.
Decreto Nº 870 del 24 de junio de 1996.
ACUERDO MARCO del 5 de julio de 1996.
Contrato de Compra Venta de Acciones del 5 de julio de 1996.
CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA del 5 de julio de 1996.
Decreto 2061 del 9 de diciembre 1996.
Demanda presentada en autos "PROCONSUMER c/ PROVINCIA DE RÍO NEGRO y EdERSA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" (Expte. Nº 106-CADM-01) que tramita por ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de General Roca. También copia de la medida cautelar dictada en dichas actuciones en fecha 26/12/2002.
Copia de los Balances al 31 de diciembre de 1995 y 1996 de la TPC.
Copia de Denuncia formulada ante Fiscal Ricardo FALCA de la ciudad de Viedma por la operación de venta anticipada de regalías en especie (venta de energía eléctrica). Se agrega versión periodística y decreto 543 del 6 de mayo de 1996 y del expediente de la SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Actuación Nº 210022 Letra DG Año 1996 del 6 de mayo de 1996 EXTRACTO s/ratificación convenio, Provincia – Energy Risk Management Ltd., que incluye copia de la VISTA Nº 63416 del 6 de mayo de 1996 del Fiscal de Estado.
Crónicas periodísticas de los años 1996 y 2001/2.
El expte. caratulado "PROCONSUMER c/ PROVINCIA DE RÍO NEGRO y EdERSA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" (Expte. Nº 106-CADM-01) que tramita por ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de General Roca. Toda su prueba documental y la restante a producirse.
Expediente judicial vinculado a la denuncia formulada por Carlos Alberto Celeste y Carlos Alberto Gadano por la actuación indicada precedentemente Nº 210022 y Decreto 543 del 6 de mayo de 1996; presentada ante Dr. Ricardo FALCA el 19/04/2002 en la ciudad de Viedma.
Testimonial: Se cite a prestar declaración testimonial a la siguiente persona: Miguel Antonio SRUR, quien actuó como Presidente e Interventor de ERSE y Presidente de ERSA, desde fines de 1991 hasta el 19 de febrero de 1996.
FORMULA RESERVA:
Se formula expresa reserva de constituirse en parte querellante en las presentes actuaciones en el momento procesal oportuno.
Es por todo lo expuesto que solicito a VS.
Que tenga por interpuesta la presente denuncia.
Por presentada la prueba documental.
Se requiera la prueba que corresponda.
Se promueva la acción penal del caso.