Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-41449-de-diciembre-4-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f25205d1e3700004e0430a0101510004&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-26 09:17:54
Document Index: 410431929

Matched Legal Cases: ['artículo 177', 'artículo 69', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 90', 'artículo 177', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 194', 'artículo 67', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 306']

﻿ Sentencia 41449 de diciembre 4 de 2013
SENTENCIA 41449 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:SUSTITUCIÓN PATRONAL. EXISTE SUSTITUCIÓN PATRONAL CUANDO HAY CAMBIO DE UN EMPLEADOR POR OTRO Y CONTINUIDAD DE LA EMPRESA Y DE LOS SERVICIOS DEL TRABAJADOR MEDIANTE EL MISMO CONTRATO LABORAL. DE ESA MANERA, ES NECESARIO QUE PERSISTA EL MISMO GIRO DE LOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES Y QUE LOS EMPLEADOS SIGAN LABORANDO DESPUÉS DEL CAMBIO COMO LO ESTABAN HACIENDO. LA ACREDITACIÓN DE LOS SUPUESTOS QUE CONFIGURAN DICHA SUSTITUCIÓN NO REQUIERE PRUEBA AD SUSTANTIAM ACTUS, POR ENDE, EL JUEZ PUEDE ESTABLECERLA POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS PROBATORIOS POSIBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, EMPLEADOR, SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR
Sentencia 41449 de diciembre 4 de 2013
Rad.: 41449
SL 850-2013
Acta Nº 40
Bogotá, D. C., cuatro de diciembre de dos mil trece.
Se resuelve el recurso de casación interpuesto por el señor Juan Heriberto Arévalo Cervantes, contra la sentencia del 19 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, en descongestión, dentro del proceso adelantado por el recurrente contra el Nuevo Colegio del Prado y sus propietarios Carlos Ernesto Oeding Arroyo y la sociedad Inversiones Oeding Limitada.
Ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, Juan Heriberto Arévalo Cervantes demandó al Nuevo Colegio del Prado y sus propietarios Carlos Ernesto Oeding Arroyo y la sociedad Inversiones Oeding Limitada, para que le fueran reconocidas y pagadas las “mesadas pensionales de jubilación causadas con posterioridad a la sustitución patronal operada cuando los demandados adquirieron la propiedad del plantel denominado Colegio del Prado, a cuyo servició (sic) laboró al demandante por más de 20 años, y le cambiaron el nombre por Nuevo Colegio del Prado”.
En lo que rigurosamente concierne al recurso extraordinario, el actor basó las súplicas en que fue pensionado por el Colegio del Prado, como aparece en el acta de conciliación de fecha 29 de agosto de 1985; que ante el incumplimiento reiterado del plantel educativo, inició, en varias ocasiones, diferentes procesos ejecutivos; que para el año de 1999, “cuando el Colegio del Prado había sido registrado con el nombre de Nuevo Colegio del Prado y su propiedad traspasada por Proandina Ltda., al señor Carlos Oeding Arroyo y la sociedad Inversiones Oeding Limitada, en nombre de Juan Arevalo (sic) Cervantes presenté nueva demanda ejecutiva contra el Nuevo Colegio del Prado y sus nuevo propietarios”, y que tanto el juzgado de conocimiento como el Tribunal, se abstuvieron de proferir mandamiento de pago contra dichos demandados.
Carlos Ernesto Oeding Arroyo y la sociedad Inversiones Oeding Limitada, al contestar el escrito inaugural del proceso, se opusieron a la prosperidad de las súplicas y formularon la excepción de inexistencia de la obligación.
Fue proferida el 17 de octubre de 2006, adicionada mediante providencia del 18 de octubre siguiente, y con ella el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, absolvió a los demandados de todas y cada una de las pretensiones incoadas por el promotor de la litis. Sin costas
IV. La sentencia del tribunal
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el accionante, con la sentencia aquí acusada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en descongestión, confirmó la sentencia proferida por el juzgador de primera instancia. Condenó en costas al recurrente.
Primeramente, el juzgador centró su análisis en establecer “si hubo o no sustitución patronal entre el Colegio del Prado y el Nuevo Colegio del Prado con sus nuevos propietarios, de tal manera que se pueda concretar si este último plantel educativo debe asumir el pago de la pensión del demandante”.
Para tal fin, el Tribunal copió apartes de la sentencia del 27 de agosto de 1973, dictada por esta corporación y en la que se estableció cuándo hay sustitución de empleadores, y sostuvo que “resulta perentorio indicar que le correspondía al demandante procesalmente demostrar el supuesto fáctico que alega en su libelo, esto, siguiendo los lineamientos de la carga de la prueba que consagra el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que aplicamos analógicamente al caso en cuestión, y es precisamente aquí donde empieza a flaquear la teoría del caso que propone el actor porque no trajo prueba alguna a estas diligencias que entreguen noticias de que el Colegio del Prado hubiere sido registrado como Nuevo Colegio del Prado, por el contrario, la prueba documental recogida en juicio denota que estos dos colegios son estamentos educativos de distintos arraigo, pues el primero obtuvo su licencia de funcionamiento para básica secundaria desde noviembre 20 de 1990 y para básica primaria desde el 18 de octubre de 1965 (folio 28), lo que no pasó con el Nuevo Colegio del Prado que obtuvo licencia de funcionamiento mediante Resolución 305 de 1994 (folios 163 y 164), por consiguiente y ante la falta probatoria de lo esencial por parte del demandante, ello llevará al traste la prosperidad de sus reclamos, dadme la prueba y os daré el derecho reza el sabio aforismo romano, y he aquí, en este proceso, una demostración fehaciente de un ausentismo probatorio que corrobore la tesis planteada con la demanda, que naturalmente, hizo fenecer sus objetivos”.
Lo interpuso el promotor del proceso con el objeto de que se case el fallo del Tribunal “REVOCÁNDOLO y, en su lugar, obrando la Honorable Corte Suprema de Justicia en función de instancia, condene a los demandados a reconocer y pagar al demandante las mesadas pensionales de jubilación causadas con posterioridad a la sustitución patronal operada cuando los demandados adquirieron la propiedad del plantel denominado Colegio del Prado, a cuyo servicio laboró durante más de veinte (20) años; derecho a dichas mesadas, indexadas y con los intereses moratorios correspondientes y hasta que el jubilado viva, que le corresponde de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 69, en armonía con lo dispuesto en el art. 67 del Código Sustantivo del Trabajo”.
Con ese propósito formuló un cargo, que con vista en la réplica se decidirá a continuación.
Por la vía indirecta, acusa la aplicación indebida de los artículos 67 y 69 numeral 3 del Código Sustantivo del Trabajo.
Como errores evidentes de hecho relaciona:
“a) No dar por establecido, estándolo, que se produjo la sustitución de empleadores, ya que hubo cambio de estos, con subsistencia de la identidad del establecimiento, en cuanto este no sufrió variaciones esenciales en el giro de las actividades educacionales a que se dedica (C.S.T., art. 67).
b) No dar por establecido, estándolo, que el demandante tiene derecho a que el nuevo empleador asuma el pago de todas las mesadas pensionales exigibles con posterioridad a la sustitución y hasta que viva, ya que el citado derecho a la pensión nació con anterioridad a la sustitución (C.S.T., art. 69, numeral 3)”.
Como probanzas mal apreciadas, enuncia los documentos en los que constan las licencias de funcionamiento de los colegios, y la certificación expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico.
Como elementos de juicio no contemplados relaciona la carta del 5 de febrero de 1974, dirigida por el actor al administrador del Colegio del Prado (folio 5); la partida de bautismo (folio 377); copia del acta de conciliación del 29 de agosto de 1985; certificación de matrícula de persona natural, expedida por la Cámara de Comercio de Barranquilla, a nombre del demandado Carlos Ernesto Oeding Arroyo; copia auténtica de la primera copia de la escritura pública 1445 del 20 de agosto de 1998, de la Notaría Novena del Círculo de Barranquilla; copia del certificado de tradición y libertad de folios 169 a 172; proyecto de creación del Nuevo Colegio del Prado (folios 176 a 296), y las copias auténticas de los mandamientos de pago (folios 21,22, 23, 37 a 39).
En lo que respecta a las licencias de funcionamiento de cada uno de los colegios, asevera el recurrente que el Tribunal se equivocó en su apreciación, pues “Ciertamente, el Colegio del Prado, que fue de propiedad de la familia Blanco Jimenez (sic), luego de la sociedad Industrias Metalicas (sic) y Agropecuarias de los Andes Ltda. (véanse certificaciones), fue traspasado por esta sociedad a Carlos Ernesto Oeding Arroyo y Sociedad Inversiones Oeding Ltda., quienes agregando el adjetivo nuevo al antiguo nombre, registraron la entidad como Nuevo Colegio del Prado. Afirmamos que siendo dos establecimientos distintos, conservaron la identidad en el desarrollo de sus actividades, como consta en los referidos certificados de licencia de funcionamiento; siendo la sede de ambos el edificio situado en la Carrera 62 Nº 75-156”.
Más adelante, se refiere a la prueba no valorada por el juzgador así:
a) La carta de fecha febrero 5 de 1974, dirigida por el actor al administrador del Colegio del Prado, Rafael Blanco Jiménez, con la cual acompaña la partida de bautismo, con el propósito de que se haga efectivo el beneficio que le corresponde de pensión jubilatoria (folio 5). La partida de bautismo obra en el expediente a folio 377.
b) La copia de acta de conciliación de fecha 29 de agosto de 1985, surtida en el Juzgado 5° Laboral del Circuito de Barranquilla, obrante a folio 16 del expediente, en que consta que “El representante del Colegio del Prado reconoce que el señor Juan Heriberto Arévalo Cervantes es jubilado de dicho colegio desde hace varios años y que para la fecha se le están adeudando las mesadas de jubilación causadas a su favor desde febrero 16 de 1984 hasta agosto 30 de 1985, ascendiendo el valor de la pensión al valor del salario mínimo mensual (…) Igualmente se compromete dicho Colegio del Prado, por intermedio de su representante legal, Dr. Armando Blanco Dugand, a continuar pagándole la pensión de jubilación al señor Juan Heriberto Arévalo Cervantes en forma puntual todos los 29 de cada mes, siendo el valor actual de la pensión (1985) $13.558,oo m/l. El apoderado del señor Juan Heriberto Arévalo Cervantes manifiesta que (…) acepta tal acuerdo conciliatorio. El señor juez, en vista de que las partes han llegado a un acuerdo conciliatorio, le importe su aprobación, advirtiendo a las partes que la presente acta hace tránsito a cosa juzgada, conforme a los arts. 20 y 73 del C.P.L.” Firman: El juez Wilfrido Antonio Rodado Noriega. El apoderado del demandante, Dr. Pedro Ahumada Avila (sic). El apoderado del Colegio del Prado, Dr. Armando Blanco Dugad. El secretario, Jose (sic) J. Lascano Nieto”.
c) La certificación de matrícula de persona natural, expedida por la Cámara de Comercio de Barranquilla, “a nombre del demandado Carlos Ernesto Oeding Arroyo, propietario del Nuevo Colegio del Prado, situado en la Carrera 62 Nº 75-166, la misma dirección donde funcionó el Colegio del Prado, cuando fue de propiedad de la familia Blanco Jimenez (sic) y después de Proandina Ltda., (Folio 2) y a folio 3 y 4 obra el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Inversiones Oeding Limitada, cuyo gerente es el señor Carlos Ernesto Oeding Arroyo, cuya oficina funciona en el mismo edificio del Nuevo Colegio del Prado, en la Cra. 62 Nº 65-166”.
d) La copia auténtica de la primera copia de la escritura pública 1445, de fecha agosto 20 de 1998, de la Notaría Novena del Círculo de Barranquilla, “por medio de la cual el señor “Cesar (sic) Augusto Arroyo Serrano en su condición de gerente de la sociedad denominada “Proandinas Limitada”, transfiere a título de venta real y efectiva a favor de la sociedad Inversiones Oeding Limitada”, compradora, el pleno derecho de dominio y posesión que aquella ejercía sobre el inmueble situado en la Cra. 62 Nº 75-156, de la ciudad de Barranquilla, por la suma de 380 millones de pesos. (Folios 165 a 168)”.
e) La copia del certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, “sobre la matricula (sic) inmobiliaria: 040-19615, en relación con el inmueble situado en la Cra. 62 Nº 75-1 56, que fue de propiedad de Blanco Jimenez (sic) María del Socorro, luego de sus herederos, los hermanos Blanco Jimenez (sic), posteriormente de la sociedad Proandinas Ltda., y ahora, a partir de la Escritura 1445 de 20 de agosto de 1998, anotación en el registro 25, en que consta la adquisición en propiedad de Inversiones Oeding Ltda., cuyo gerente es el señor Carlos Ernesto Oeding Arroyo (folio 169 a 172)”.
f) El proyecto de creación del Nuevo Colegio del Prado (folios 176 a 296), “En el acápite “5. Plano y descripcion de la planta fisica (sic)”, a folio 202, se lee lo siguiente: “El Nuevo Colegio del Prado funcionará en la misma planta física donde viene funcionando el “Colegio del Prado”, mediante convenio interinstitucional, establecido entre los respectivos representantes legales”. A folio 259, se lee lo siguiente: “La matricula” (sic) “La matrícula es un contrato bilateral suscrito de una parte por la familia (padre, acudiente y alumno) y otra por el colegio (…) mediante el cual el padre o acudiente y el alumno aceptan cumplir íntegramente los planes y programas del “Colegio del Prado” (sic) del alumno “Se considera alumno del Colegio Prado (sic) aquel que ha sido matriculado conforme a las disposiciones legales (…)” <El alumno del Colegio del Prado tiene derechos y deberes (…)>”.
g) Las copias auténticas de los mandamientos de pago “dictados por los Juzgados 5° Laboral (folios 21, 22 y 23) contra Colegio del Prado y en favor de Juan Heriberto Arévalo Cervantes; Juzgado 7° Laboral (Folios 37, 38 y 39) contra Colegio del Prado y sociedad Industrias Metalicas (sic) y Agropecuarias de los Andes “Agroandina” o <Proandina Ltda., representada por Cesar (sic) Arroyo Serrano y a favor de Juan Arévalo Cervantes>”.
Concluye el recurrente que del análisis de la probanza en precedencia se puede establecer “fácilmente que el demandante obtuvo el reconocimiento de su pensión de jubilación a cargo del Colegio del Prado, de 29 de agosto de 1985, fecha en que se firmó la conciliación entre el demandante y el Colegio del Prado; que el 2 de diciembre de 1994, se concedió por la Secretaria (sic) Departamental de Educación licencia para el funcionamiento del Nuevo Colegio del Prado, de propiedad de Carlos Ernesto Oeding Arroyo, con lo cual se produjo la sustitución de empleador, es decir, el cambio de Colegio del Prado por el Nuevo Colegio del Prado, con el cual siguió subsistiendo la identidad del establecimiento, “en cuanto a este (sic) no ha sufrido variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios”; que el derecho a la jubilación del demandante nació antes de la sustitución del empleador, por tanto las pensiones mensuales que se hicieron exigibles después de diciembre de 1994, y hasta que viva el demandante deben ser cubiertas por el Nuevo Colegio del Prado, por su propietario Inversiones Oeding Ltda., y su representante legal Carlos Ernesto Oeding Arroyo”.
Al confutar el cargo la parte opositora, en suma, aduce que no existe yerro alguno del juez de segundo grado, habida cuenta que lo que acredita la prueba es que tanto el Colegio del Prado, como el Nuevo Colegio del Prado, tienen propietarios diferentes, frente a los cuales no ha operado sustitución de empleadores.
Sea lo primero advertir que aunque la demanda de casación no es propiamente un modelo a seguir, lo cierto es que los diferentes desatinos que afloran pueden ser superados por la Corte en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
Por ejemplo, el alcance de la impugnación exhibe varios dislates; así, se pide la casación del fallo del Tribunal y, al tiempo, su revocatoria, lo que es ilógico, en tanto casada la sentencia ella desaparece del espectro jurídico y mal puede revocarse un fallo anulado.
También ha indicado la Corte en múltiples fallos que el alcance de la impugnación debe contener la indicación de lo que se debe casar, es decir, la parte de la sentencia acusada que debe quebrarse, o la manifestación sobre la totalidad de la misma, conforme a las circunstancias del caso; además, se debe señalar la actividad de la Corte en sede de instancia, o sea, precisar si el fallo de primera instancia debe confirmarse, revocarse o modificarse; y, en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como reemplazo.
Sabido es que el recurso de casación se desenvuelve en las fases de estudio de la legalidad del fallo gravado y la de anulación —en su caso— del mismo, procediendo la Corte como tribunal de instancia a proveer sobre lo principal de la litis. Pero esta segunda parte no puede realizarse si el recurrente no ha suministrado el alcance de la impugnación, es decir, no ha expuesto a la Corte si se persigue confirmación, revocatoria o modificación de la sentencia de primera instancia, deviniendo entonces en incompleto o ineficaz tal alcance.
Sin embargo, por vía de interpretación del escrito con el que se sustenta el recurso no se encuentra mayor dificultad para entender que el demandante aspira a obtener que una vez revocado el fallo del a quo se condene a la parte demandada de conformidad con lo pedido en el libelo genitor.
No sobra anotar que, aunque en la mayoría de los casos la duda pueda desvanecerse por vía de interpretación de la demanda extraordinaria, hay otros en que esa solución no es posible, de manera que lo recomendable es el cumplimiento cabal de ese requisito que exige el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Pese a lo precedente, como ya se dijo, esta falencia puede superarse, al entender que lo pretendido por el recurrente es la casación total de la sentencia recurrida, para que en sede de instancia esta corporación revoque la de primer grado y, en su lugar, se acceda a las súplicas imploradas en el escrito inaugural del proceso.
Hechas las anteriores precisiones, vale recordar, como quedó dicho cuando se hizo el itinerario procesal, que la sala sentenciadora adujo que “resulta perentorio indicar que le correspondía al demandante procesalmente demostrar el supuesto fáctico que alega en su libelo, esto, siguiendo los lineamientos de la carga de la prueba que consagra el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que aplicamos analógicamente al caso en cuestión, y es precisamente aquí donde empieza a flaquear la teoría del caso que propone el actor porque no trajo prueba alguna a estas diligencias que entreguen noticias de que el Colegio del Prado hubiere sido registrado como Nuevo Colegio del Prado, por el contrario, la prueba documental recogida en juicio denota que estos dos colegios son estamentos educativos de distintos (sic) arraigo, pues el primero obtuvo su licencia de funcionamiento para básica secundaria desde noviembre 20 de 1990 y para básica primaria desde el 18 de octubre de 1965 (folio 28), lo que no pasó con el Nuevo Colegio del Prado que obtuvo licencia de funcionamiento mediante Resolución 305 de 1994 (folios 163 y 164), por consiguiente y ante la falta probatoria de lo esencial por parte del demandante, ello llevará al traste la prosperidad de sus reclamos, dadme la prueba y os daré el derecho reza el sabio aforismo romano, y he aquí, en este proceso, una demostración fehaciente de un ausentismo probatorio que corrobore la tesis planteada con la demanda, que naturalmente, hizo fenecer sus objetivos”.
La disconformidad del recurrente con la sentencia que fustiga, gira en torno a que la prueba denunciada sí acredita que hubo una sustitución de empleadores entre el Colegio del Prado y el Nuevo Colegio del Prado.
Pues bien, esta corporación aborda el estudio de la acusación de la siguiente manera:
1. Sobre el alcance del artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo y los requisitos para que opere la sustitución de empleadores.
En la labor hermenéutica de la Corte, en decisión del 5 de marzo de 2009, radicación 32.529, la Sala expuso:
“(…) tal como surge, entre muchas otras, de la sentencia de esta Sala proferida el 16 de abril de 1956, antes aludida y que el censor cita en su apoyo, el entendimiento que de tiempo atrás le ha dado la jurisprudencia de esta Sala al artículo 67 que se denuncia como violado, es, sin desconocer su tenor literal, que uno de los requisitos para que opere la sustitución de empleadores es la continuidad de la “empresa”, entendida esta en los términos del artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, como una unidad de explotación económica; de ahí que esa norma aluda al giro de las actividades o negocios.
Así se desprende de lo que explicó en la sentencia del 24 de julio de 1987, a la que pertenecen los siguientes apartes:
“Según el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo, hay sustitución de patronos cuando se produce el fenómeno de cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios. Sobre esta institución dijo el Tribunal Supremo del Trabajo en sentencia del 17 de julio de 1947 que ‘para que la sustitución exista se requiere que se opere un cambio de patrón por cualquier causa, principalmente por mutación del dominio de la empresa o de su administración; que haya continuidad en el desarrollo de la operaciones del establecimiento y también en los servicios que presten los asalariados. Es decir, que continúe el mismo giro de los negocios o actividades, como antes, y que los trabajadores sigan laborando después del cambio como lo venían haciendo con anterioridad a él. Deben reunirse, pues, tres elementos: Cambio de patrono, continuidad de la empresa y continuidad del trabajador; solo así se entiende que existía continuidad también de la relación de trabajo’. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 18 de febrero de 1963 se dijo que la ‘transmisión de dominio de la empresa de un patrón a otro, evento en que el sustituido desaparece, es una de las causas del fenómeno, pero no exclusiva, ya que no solo la enajenación de la empresa conduce a la sustitución, sino cualquier otro título, como el simple cambio en el régimen de administración”.
Y en la del 13 de febrero de 1991, radicación 4101, adoctrinó:
“(…) Para que se produzca la sustitución patronal la jurisprudencia ha reiterado que tres son las condiciones esenciales, a saber:
1. El cambio de un patrono por otro.
2. La continuidad de la empresa o identidad del establecimiento.
3. Continuidad de servicios del trabajador mediante el mismo contrato de trabajo”.
2. Análisis de la plataforma probatoria para verificar si existió sustitución de empleadores.
Del estudio objetivo de las pruebas controvertidas por el recurrente, esta corporación encuentra lo siguiente:
1) Las licencias de funcionamiento de cada uno de los colegios, obrantes a folios 28, 163 y 164 del cuaderno del juzgado.
Estas probanzas acreditan con plena certeza la similitud de la finalidad de los establecimientos, es decir, la de prestar el servicio de educación; que obtuvieron las autorizaciones para su funcionamiento a través de resoluciones y fechas diferentes; que el Colegio del Prado fue de propiedad de “herederos de María del S. Blanco Jiménez” y que luego cambió a propiedad de Industrias Metálicas y Agropecuarias de los Andes Ltda. “Agroandina Ltda.”; y que Carlos Oeding Arroyo es el propietario del Nuevo Colegio del Prado.
2) La carta de fecha 5 de febrero de 1974 y la partida de bautismo, a la verdad en nada esclarecen los hechos controvertidos, ni con esas probanzas es dable acreditar la sustitución de empleadores.
3) El acta de conciliación y las copias de los mandamientos de pago librados en contra del Colegio del Prado, consignan claramente que este establecimiento educativo aceptó que el actor era su pensionado, así como el compromiso de continuarle pagando en forma oportuna las mesadas pensionales.
4) También fueron denunciados: la certificación de matrícula de persona natural, expedida por la Cámara de Comercio de Barranquilla, a nombre del demandado Carlos Ernesto Oeding Arroyo, propietario del Nuevo Colegio del Prado, situado en la Carrera 62 Nº 75-166, la misma dirección donde funcionó el Colegio del Prado, cuando fue de propiedad de la Familia Blanco Jiménez y después de Proandina Ltda.; el certificado de existencia y representación legal de la Sociedad Inversiones Oeding Ltda., cuyo gerente es el señor Carlos Ernesto Oeding Arroyo, en donde aflora que su oficina funciona en el mismo edificio del Nuevo Colegio del Prado, en la Cra. 62 Nº 65-166; copia auténtica de la primera copia de la escritura pública 1445, de fecha agosto 20 de 1998, de la Notaría 9ª del Círculo de Barranquilla, por medio de la cual el señor César Augusto Arroyo Serrano, en su condición de gerente de la sociedad denominada Proandina Limitada, transfiere a título de venta real y efectiva a favor de la sociedad Inversiones Oeding Limitada, compradora, cuyo representante es el señor Carlos Oeding Arroyo, el pleno derecho de dominio y posesión que aquella ejercía sobre el inmueble situado en la Cra. 62 Nº 75-166, de la ciudad de Barranquilla, lugar donde está ubicado el Nuevo Colegio del Prado y lo estuvo el Colegio del Prado; y el proyecto de creación del Nuevo Colegio del Prado, en el que consta que esta institución “funcionará en la planta física donde viene funcionando el <Colegio del Prado>”.
Del estudio minucioso del elenco probatorio se infiere que efectivamente entre el Colegio del Prado y el Nuevo Colegio del Prado, cuyo propietario es el señor Carlos Ernesto Oeding Arroyo, e Inversiones Oeding Limitada, sociedad representada también por el señor Carlos Oeding Arroyo, sí existió una sustitución de empleadores, en la medida en que a las claras corroboran en todo el significado de esta figura.
Nótese que del conjunto de los elementos de juicio aflora que subsistió la identidad del establecimiento educativo, que no sufrió variaciones esenciales en el giro de sus actividades; es decir, que con el registro y cambio de nombre del Nuevo Colegio del Prado hubo una continuidad en el desarrollo de las operaciones del establecimiento educativo Colegio del Prado, reitérese, característica fundamental y que interesa para que se presenten las consecuencias jurídicas de la sustitución de empleadores.
Memórese lo asentado en sentencia del 18 de abril de 1958, “en lo que se refiere a la sustitución patronal, el fenómeno jurídico que se opera consiste en los cambios que hayan podido suscitarse en la fisonomía jurídica de la parte empleadora. Cambios que pueden presentarse por venta de la empresa, por arrendamiento de la misma, por transformación de su organización jurídica”, cambios que fueron los que efectivamente se presentaron en el asunto bajo estudio, pues así se desprende de las diferentes probanzas.
Es de anotar que para efectos de acreditar los supuestos que configuran la sustitución de empleadores el ordenamiento jurídico no prevé prueba ad sustantiam actus, por lo que le es dable al juzgador establecerla por cualquiera de los medios probatorios posibles. Aquí, las pruebas estudiadas apuntan todas, con total certeza, a que operó la mencionada sustitución de empleadores.
En verdad, son tan evidentes los yerros en la valoración probatoria, que no hay más que decir, para que el ataque salga avante.
Como quedó dicho en la esfera casacional entre el Colegio del Prado y el Nuevo Colegio del Prado, cuyo propietario es el señor Carlos Ernesto Oeding Arroyo, e Inversiones Oeding Limitada, sociedad representada también por el señor Carlos Oeding Arroyo, hubo una sustitución de empleadores, que de acuerdo con el documento obrante a folios 171 a 296, titulado “Proyecto de creación del nuevo colegio del prado”, es dable deducir que operó a partir de enero de 1995, puesto que desde entonces comenzó en funcionamiento el Nuevo Colegio del Prado.
Igualmente, de la documental que reposa a folios 16 a 35, se puede inferir que para el momento de la sustitución de empleadores el actor era pensionado del Colegio del Prado, y que la mesada pensional correspondía al salario mínimo legal vigente.
Pues bien, a la luz de lo estatuido en el numeral 3 del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo, “en los casos de jubilación, cuyo derecho haya nacido con anterioridad a la sustitución, las pensiones mensuales que sean exigibles con posterioridad a esa sustitución deben ser cubiertas por el nuevo patrono, pero este puede repetir contra el antiguo”.
Al punto, en sentencia del 28 de julio de 2009, radicación 32.859, la Sala sostuvo:
“En lo que respecta al reconocimiento de las mesadas pensionales del actor con posterioridad a la sustitución, la Sala sigue lo ya enseñado en sentencia del 25 de mayo de 1999, expediente 11803, y más recientemente en sentencia del 31 de mayo de 2006, radicación 28335. En la primera providencia se dijo, que:
“(…) En tratándose de la sustitución de empleador las pensiones de jubilación tienen regulación especial. La locución “nuevo patrono” que se emplea en el ordinal tercero del artículo 69 no puede entenderse en sana lógica referida de manera restringida a quienes al momento de la sustitución tienen la calidad de trabajadores, sino que es obvio que por su indiscutible sentido proteccionista y por la referencia normativa expresa, comprende a los jubilados, así estos como es lógico se hayan retirado de la empresa, pues de lo contrario sería muy fácil desconocer impunemente los derechos de jubilación exigibles después de la enajenación o del negocio jurídico que origina la sustitución, contrariando el propósito de la norma que es su justa e inequívoca salvaguarda, sin perjuicio eso sí de que el nuevo empleador pueda repetir contra el antiguo”.
Así las cosas, les corresponde al señor Carlos Ernesto Oeding Arroyo, en su condición de propietario del establecimiento de comercio denominado Nuevo Colegio del Prado (folios 2 y 162) y a Inversiones Oeding Limitada, sociedad representada también por el señor Carlos Oeding Arroyo, (folios 3 y 4) asumir la pensión de jubilación del actor, que otrora venía reconociendo el Colegio del Prado, a partir del 1º de enero de 1995, en cuantía equivalente al salario mínimo, con la posibilidad de repetir lo pagado contra los antiguos propietarios del mencionado Colegio del Prado.
Ahora bien, como la parte demandada no propuso la excepción de prescripción y al no ser posible declararla de oficio, según las voces del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al juicio laboral por así permitirlo el 145 del estatuto adjetivo del trabajo, efectuada la liquidación correspondiente, la condena a 30 de noviembre de 2013, asciende a $94.116.900,oo, de acuerdo al siguiente cuadro:
Entonces se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se dispondrá declarar que entre el Colegio del Prado y el Nuevo Colegio del Prado, de propiedad del señor Carlos Ernesto Oeding Arroyo y la sociedad e Inversiones Oeding Limitada, representada por Carlos Oeding Arroyo, operó una sustitución de empleadores, a partir del 1º de enero de 1995, por lo que éstos últimos asumirán la carga pensional del señor Juan Heriberto Arévalo Cervantes, desde dicha fecha, con la posibilidad de repetir contra el antiguo empleador.
Sin costas en el recurso de casación, las de las instancias, a cargo de la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 19 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, en descongestión, dentro del proceso adelantado por el recurrente contra el Nuevo Colegio del Prado y sus propietarios Carlos Ernesto Oeding Arroyo y la sociedad Inversiones Oeding Limitada.
En sede de instancia, REVOCA el fallo de primer grado dictado el 17 de octubre de 2006, complementado mediante providencia del 18 de octubre siguiente y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR que entre el Colegio del Prado y el Nuevo Colegio del Prado, de propiedad del señor Carlos Ernesto Oeding Arroyo e Inversiones Oeding Limitada, representada por Carlos Oeding Arroyo, operó una sustitución de empleadores, a partir del 1º de enero de 1995.
SEGUNDO: DECLARAR que el señor Carlos Ernesto Oeding Arroyo, en su condición de propietario del establecimiento de comercio denominado Nuevo Colegio del Prado, e Inversiones Oeding Limitada, representada por Carlos Oeding Arroyo, deben asumir la carga pensional del señor Juan Heriberto Arévalo Cervantes, desde el 1º de enero de 1995, con la posibilidad de repetir contra el antiguo empleador Colegio del Prado.
TERCERO: CONDENAR al señor Carlos Ernesto Oeding Arroyo, en su condición de propietario del establecimiento de comercio denominado Nuevo Colegio del Prado y a Inversiones Oeding Limitada, sociedad representada también por el señor Carlos Oeding Arroyo, a reconocer y pagar al señor Juan Heriberto Arévalo Cervantes, la suma de $94.116.900,oo, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: CONDENAR al señor Carlos Ernesto Oeding Arroyo, en su condición de propietario del establecimiento de comercio denominado Nuevo Colegio del Prado y a Inversiones Oeding Limitada, sociedad representada también por el señor Carlos Oeding Arroyo, a reconocer y pagar al señor Juan Heriberto Arévalo Cervantes, a partir del primero de diciembre del 2013 una mesada pensional equivalente a $589.500,oo, junto con las mesadas adicionales, la cual se reajustará anualmente de conformidad con la ley.
QUINTO: DECLARAR no probada la excepción de inexistencia de la obligación.
SEXTO: Costas como se indicó en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese.
Magistrados: Carlos Ernesto Molina Monsalve—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.