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Timestamp: 2017-02-24 01:25:56
Document Index: 152933830

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 161', 'artículo 47']

La Moncloa. 19/06/2015. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]
Madrid, viernes 19 de junio de 2015
REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regula la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS), respecto al período transitorio para la realización de los estudios aeronáuticos de seguridad.
REAL DECRETO por el que se crea la junta rectora de gestión de medios administrativos de los organismos autónomos Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Instituto de Estudios Fiscales, Instituto Nacional de Administración Pública y Centro de Estudios Jurídicos.
ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa de cooperación en materia de defensa.
ACUERDO por el que se autoriza el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo modificativo del Anexo I del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Serbia sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales y su aplicación provisional.
ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus Enmiendas, así como su ratificación, y su tramitación por el procedimiento de urgencia.
ACUERDO por el que se toma conocimiento de la retirada del Acuerdo Parcial de Cooperación, Prevención, Organización y Protección contra Riesgos Naturales y Tecnológicos Mayores.
ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2012 a la Norma de rendimiento de los revestimientos protectores de los tanques de carga de hidrocarburos de los petroleros para crudos.
ACUERDO por el que se toma conocimiento de las Enmiendas de 2013 al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado.
ACUERDO por el que se plantea conflicto positivo de competencias al Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con el Decreto de la Generalidad de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.
ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 424.526,56 euros para el abono de costas judiciales, y se concede un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por el importe y para la finalidad indicados.
ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Junta de Extremadura para el desarrollo de las acciones previstas en el proyecto Life+Naturaleza 10 NAT/ES/000582 "Lucha contra especies invasoras en las cuencas hidrográficas del Tajo y del Guadiana en la Península Ibérica, BIODIV".
ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del Acuerdo entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, por el que se modifica el Convenio de colaboración entre el suprimido Ministerio de Ciencia e Innovación, la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, en la selección y ejecución de proyectos de infraestructuras científicas cofinanciadas por el FEDER. "Construcción de edificios contenedores de los Institutos universitarios de investigación en los Campus de Cáceres y Badajoz de la Universidad de Extremadura", firmado el 29 de diciembre de 2010.
ACUERDO por el que se ratifican las autorizaciones provisionales para la suscripción de los Convenios de colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco, para el desarrollo de actividades de evaluación de tecnologías en el marco de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
ACUERDO por el que se autoriza la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Nacional de Administración Pública la convocatoria para la concesión de una beca INAP-Fulbright, de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América, para el curso académico 2016-2017.
ACUERDO por el que se autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social la modificación de los límites establecidos en el artículo 47.3 de la Ley General Presupuestaria para la tramitación de diversos expedientes de contratación de la gerencia de informática de la Seguridad Social.
ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el Acuerdo de 18 de julio de 2014, con base en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa la reprogramación de las anualidades de los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas, como consecuencia de dos nuevos programas tecnológicos de I+D para la Fragata F-110 y para el Vehículo de Combate sobre Ruedas VCR 8x8, así como por la reasignación de anualidades del Programa relativo al Helicóptero NH-90.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 35.000.000 de euros.
ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia en las obras del proyecto constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo: túneles urbanos y estación de Girona. Fase I. Importe: 1.561.957,38 euros IVA no incluido.
ACUERDO por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia por importe de 2.877.441,86 euros destinados a las obras de estabilización del deslizamiento surgido en la calzada izquierda del tronco de la autovía, del punto kilométrico 0+200 al punto kilométrico 0+400. Autovía del Mediterráneo. Tramo: Carchuna-Castell de Ferro. Provincia de Granada.
ACUERDO por el que se toma razón de determinadas actuaciones realizadas por el procedimiento de emergencia por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, SASEMAR, para la reparación de los daños ocasionados por el accidente del buque "Oleg Naydenov", por un importe de 9.636.360 euros.
REAL DECRETO por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática y de su Consejo General.
REAL DECRETO por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática y de su Consejo General.
ACUERDO por el que se resuelve el requerimiento formulado por el Ayuntamiento de Cuezva, para que se anule el Real Decreto 1299/2011, de 16 de septiembre, por el que se otorga a Trofagás Hidrocarburos, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Urraca".
ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por doña Catalina de la Caba Collado, contra el Real Decreto 1299/2011, de 16 de septiembre, por el que se otorga a Trofagás Hidrocarburos, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Urraca".
ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Asociación Cultural de Cuezva de San Marcos, contra el Real Decreto 1299/2011, de 16 de septiembre, por el que se otorga a Trofagás Hidrocarburos, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Urraca".
ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición formulado por don Rafael Cordón Aranda contra el Real Decreto 246/2013, de 5 de abril, por el que se otorga a la sociedad Oil and Gas Capital, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Leo".
ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición formulado por la Asociación Foro Ciudadano de la Región de Murcia, contra el Real Decreto 246/2013, de 5 de abril, por el que se otorga a la sociedad Oil and Gas Capital, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Leo".
ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición formulado por la Asociación Ecologistas en Acción de la Región Murciana, contra el Real Decreto 246/2013, de 5 de abril, por el que se otorga a la sociedad Oil and Gas Capital, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Leo".
ACUERDO por el que se resuelve el requerimiento formulado por el Ayuntamiento de Calasparra contra el Real Decreto 246/2013, de 5 de abril, por el que se otorga a la sociedad Oil and Gas Capital, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Leo".
ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición formulado por Izquierda Unida Verdes, Asamblea Local de Moratalla, contra el Real Decreto 246/2013, de 5 de abril, por el que se otorga a la sociedad Oil and Gas Capital, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Leo".
ACUERDO por el que se resuelve el recurso de reposición formulado por don Alfonso Sánchez Martín contra el Real Decreto 246/2013, de 5 de abril, por el que se otorga a la sociedad Oil and Gas Capital, S.L., el permiso de investigación de hidrocarburos denominado "Leo".
ACUERDO por el que se resuelven las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, formuladas por Unión de Distribuidores Electricidad, S.A., UDESA, y Electra de Santa Comba, S.L., solicitando se declare la responsabilidad patrimonial de la Administración y se le indemnice por los supuestos daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la aplicación del nuevo régimen retributivo establecido en el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato destinado a la ejecución del proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán, en el término municipal de La Unión (Murcia).
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de elaboración del proyecto y ejecución de las obras correspondientes al anteproyecto y adenda de la estación depuradora de aguas residuales de Ibiza, en los términos municipales de Ibiza, Sant Antoni de Portmany y Santa Eulària des Riu (Illes Balears).
ACUERDO por el que se resuelve y declara exento del cumplimiento parcial y temporal la prescripción sobre la ejecución y operatividad de las medidas compensatorias sobre la Red Natura 2000 establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de 19 de mayo de 2015 por la que se formula declaración de impacto ambiental, del proyecto de construcción de la presa de Mularroya, azud de derivación y conducción de trasvase, en los términos municipales de La Almunia de Doña Godina, Chodes y Ricla, Zaragoza, y actuaciones complementarias.
ACUERDO por el que se autoriza la segunda modificación de la encomienda de gestión a la empresa Transformación Agraria, Sociedad Anónima, del servicio de prevención y extinción de incendios forestales en los parques nacionales, centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales.
ACUERDO por el que se autoriza la contribución del Ministerio de Economía y Competitividad al trabajo de la OCDE en materia de gobierno corporativo en América latina, por importe de 75.000 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la aportación de 199.218 euros al Centro Bruegel, correspondiente a 2015.
REAL DECRETO por el que se nombra delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta a D. NICOLÁS FERNÁNDEZ CUCURULL.
REAL DECRETO por el que se nombra subsecretario del Ministerio de la Presidencia a D. FEDERICO RAMOS DE ARMAS.
REAL DECRETO por el que se concede el Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III al Excelentísimo Sr. ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a la Excelentísima Sra. ANGÉLICA RIVERA DE PEÑA, esposa del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
REMISIÓN A LAS CORTES DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA CON ESTADOS UNIDOS
Permite el despliegue permanente de una fuerza militar de respuesta a la crisis en la base aérea de Morón de la Frontera
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus Enmiendas, así como su ratificación, y por el que se solicita su tramitación por el procedimiento de urgencia.
El Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, con sus correspondientes anejos y canjes de notas, revisado por el Protocolo de Enmienda de 10 de abril de 2002 y por el II Protocolo de Enmienda de 10 de octubre de 2012, sirve de marco para la cooperación en materia de defensa entre ambos países, que a nivel multilateral se ve reforzada por ser ambos Estados miembros del Tratado del Atlántico Norte.
Primera solicitud en 2012
En el marco del citado Convenio de 1988, Estados Unidos solicitó en 2012 el despliegue temporal, por el plazo de un año, de quinientos infantes de marina y ocho aeronaves estadounidenses en la base aérea de Morón de la Frontera, cuya misión principal era la ejecución de operaciones de respuesta ante crisis, contingencias de ámbito limitado y operaciones logísticas para proteger sus instalaciones, personal y ciudadanos en regiones del norte y oeste de África. El Gobierno autorizó dicho despliegue temporal el 19 de abril de 2013.
De nuevo a solicitud de los Estados Unidos de América, el 7 de marzo de 2014 se renovó la autorización del citado despliegue temporal en dicha base aérea por el plazo de un año, con un incremento de efectivos a 850 infantes de marina, número que podría alcanzar los 1.100 durante las rotaciones de fuerzas por el solapamiento temporal de efectivos, y 17 aeronaves. A los cometidos de la fuerza se añadió el de adiestramiento y ejercicios bilaterales y multilaterales en Europa y África.
Atendiendo a la situación de inestabilidad internacional, en diciembre de 2014 Estados Unidos solicitó que el despliegue temporal en la base aérea de Morón de la Frontera de una fuerza militar de respuesta de crisis de los Estados Unidos continúe por un plazo indefinido y que se incrementen los niveles máximos de fuerza y aeronaves autorizados.
Enmienda al Convenio
A fin de acomodar dicho despliegue por tiempo indefinido, es preciso proceder a una enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa. En este sentido, el Consejo de Ministros autorizó el 23 de enero a los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, y de Defensa a negociar conjuntamente con los Departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos el correspondiente Protocolo de Enmienda.
El despliegue actual de la Fuerza de Respuesta a crisis en la Base Aérea de Morón de la Frontera se basa en una autorización que expiraba el pasado 19 de abril. Ante la imposibilidad de concluir antes de esa fecha las negociaciones para acordar la citada enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa y los eventuales trámites que incluyen la autorización parlamentaria para su ratificación, el Consejo de Ministros autorizó el pasado 17 de abril una nueva prórroga de un año.
El Tercer Protocolo de Enmienda, cuya remisión a las Cortes Generales hoy se autoriza, establece los términos y límites bajo los cuales España autoriza el despliegue de la Fuerza militar de respuesta de crisis estadounidense en la Base Aérea de Morón. El texto se refiere, específicamente, al artículo 2 del Convenio, que exige la autorización del Gobierno español para todas aquellas misiones que no sean de carácter bilateral o multilateral.
Avance en el fortalecimiento de relaciones
Este Protocolo representa un sustancial avance en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países en el ámbito de la defensa: por una parte, tiene como objetivo contribuir a la estabilidad y a la seguridad común en Europa, África y Oriente Próximo; por otra, la fuerza militar tendrá como misión fundamental la protección de los ciudadanos e instalaciones de los Estados Unidos de América y de España, así como de otros Estados miembros de la Alianza Atlántica, y el apoyo del adiestramiento conjunto bilateral y la cooperación para la seguridad regional.
El Protocolo modifica los niveles de fuerza y medios aéreos permanentes y temporales en la Base Aérea de Morón. Para el despliegue de estos últimos, se establece un sistema previo de consultas al más alto nivel entre los Ministerios de Defensa.
Tras haber autorizado el Consejo de Ministros la firma del III Protocolo de Enmienda el pasado día 29 de mayo, el día 1 de junio estaba prevista la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, en el curso de la cual iba a procederse a la misma. Debido a la imposibilidad de desplazarse a Madrid como consecuencia de un accidente, finalmente fue el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, quien lo ha firmado en Washington el miércoles pasado, día 17 de junio. Por parte de Estados Unidos lo hizo el vicesecretario de Estado.
Acuerdo Conjunto de Entendimiento de Defensa
En paralelo con el Tercer protocolo de Enmienda, el Ministerio de Defensa ha negociado un Acuerdo Conjunto de Entendimiento de Defensa en el que se desarrollan diversos aspectos relativos a la aplicación del anterior. Los ámbitos que aborda el documento son: adiestramiento y operaciones, interoperabilidad y cuestiones de especial interés local como las inversiones y disposiciones relativas a la contratación de personal. En concreto, respecto a las inversiones necesarias en materia de infraestructuras y obras en la Base Aérea de Morón de la Frontera para adaptar sus instalaciones al despliegue de la fuerza, se estima que ascenderán a unos veintinueve millones de dólares para los años 2015 y 2016. El coste será asumido íntegramente por los Estados Unidos de América. El Acuerdo fue firmado en Washington el pasado 9 de junio por el secretario general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa y el vicesecretario adjunto de Estados Unidos.
CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN Y ADECUACIÓN AMBIENTAL DE LA BAHÍA DE PORTMÁN EN LA UNIÓN (MURCIA)
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sacará a licitación el proyecto, por un importe de 59,5 millones de euros, para que las obras puedan dar comienzo antes de finalizar este año
El proyecto incorpora todas las medidas correctoras ambientales de acuerdo a la Declaración de Impacto Ambiental positiva publicada en el Boletín Oficial del Estado en febrero de 2011
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, sacará a licitación este proyecto, de manera inmediata, para que las obras puedan dar comienzo antes de finalizar este año, por un importe de 59.536.680 euros, distribuidos en cinco anualidades. El plazo de ejecución de la obra será de 46 meses.
Retirada de dos millones de metros cúbicos de estériles
El proyecto consiste en el dragado de estériles depositados en la bahía hasta retrasar la línea de orilla actual en 250 metros. Para ello se retirarán de la bahía unos dos millones de metros cúbicos de estériles, los cuales se trasladarán a la corta minera de San José, en la misma provincia y comunidad autónoma.
Con objeto de eliminar el material vertido en la bahía, regenerándola y devolviéndole sus valores ambientales, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente licitó en 2011 la ejecución de un proyecto, por 80 millones de euros. Ante irregularidades en el proceso de adjudicación, se desistió de esa actuación.
En 2014 se licitó concurso público para el otorgamiento de una concesión administrativa con la misma finalidad. La actuación que se pretendía llevar a cabo tenía un marcado componente medio ambiental ya que, no sólo se eliminaba el material que colmata actualmente la bahía, sino que, mediante procesos mecánicos, se separaba el mineral de hierro existente, disminuyendo de esta forma el residuo total generado.
Suponía, además, acometer un proyecto millonario sin coste para el ciudadano. La valorización de la citada fracción del residuo era la que permitía financiar la operación, sin coste para los Presupuestos Generales del Estado. Es necesario recordar que el presupuesto del proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán, con el que se retranqueaba la línea de orilla 250 metros, ascendía a 80 millones de euros.
El proyecto se sometió a concurrencia pública, garantizado la transparencia y la objetividad. Así, el proceso de licitación se inició con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 4 de abril de 2014 de la resolución anunciando la convocatoria. Se presentó una única oferta, la realizada por PORTMAN ARIA S.L.
El pliego de bases de la licitación establecía que en el plazo de tres meses, el seleccionado en el concurso, debería presentar una adenda al proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán con las modificaciones a introducir en aquel, para permitir la valorización del residuo y el proyecto de restauración ambiental.
A pesar de ello, el Ministerio muestra su compromiso con la regeneración de la bahía y su empeño en llevar a cabo la actuación, transformando la contaminación minera que actualmente sepulta la bahía en un recurso, con el fin de devolver a la zona su riqueza ambiental y paisajística con las máximas garantías tanto técnicas como medioambientales, en colaboración con la Comunidad Autónoma y con el Ayuntamiento de la Unión, y en el marco del estricto cumplimiento de la legalidad.
CONFLICTO DE COMPETENCIAS CON CATALUÑA POR LA DEMARCACIÓN DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES
El Consejo de Ministros ha acordado plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencias al Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con el Decreto de la Generalidad que modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.
El Decreto aprueba una modificación general de demarcación de los registros ubicados en Cataluña, con criterios propios para la supresión, reagrupación y modificación de distritos hipotecarios, incluyendo figuras nuevas e incorporando reglas sobre el funcionamiento de los registros, asuntos sobre los cuales la Comunidad Autónoma carece de competencias normativas de acuerdo con la Constitución y su Estatuto de Autonomía.
En materia de demarcación registral, Cataluña sólo tiene competencias ejecutivas, de forma que las demarcaciones registrales y notariales que determine habrán de respetar los criterios fijados por la legislación estatal, garantía de la unidad del sistema registral, tal y como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en repetidas ocasiones. En este caso, sin embargo, la demarcación establecida por la Generalidad no obedece a ninguna regla previamente determinada por el Estado en el correspondiente instrumento normativo.
El acuerdo solicita la invocación del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que, con la impugnación, se suspenda el Decreto y no se produzcan los perjuicios que de su puesta en marcha derivarían para la organización y funcionamiento de los registros citados.
AUTORIZACIÓN A ANDALUCÍA PARA FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo, por un importe máximo de 35.000.000 de euros.
La finalidad es refinanciar operaciones formalizadas con anterioridad por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía con el fin de mejorar sus condiciones financieras, sin que, por ello, las operaciones supongan un incremento del endeudamiento al final del ejercicio. La propia Comunidad Autónoma estima que, con la refinanciación, se conseguiría un alargamiento del plazo de vencimiento de la deuda, que actualmente vence en 2016 y 2017, reestructurándola en una operación con plazo de siete años.
Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2015. Andalucía deberá supeditar las operaciones de endeudamiento al cumplimiento del objetivo de deuda pública fijado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2014 para el año 2015, que es de un 19 por 100 del PIB regional.
APROBADA LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE IBIZA
Con un coste de 41,2 millones de euros, resolverá los problemas existentes en la actual estación depuradora por el mal funcionamiento del sistema de tratamiento y su falta de capacidad para tratar las cargas en la temporada estival
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de elaboración del proyecto y de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Ibiza (Illes Balears).
La nueva EDAR, ubicada en los términos municipales de Ibiza, Sant Antoni de Pormany y Santa Eularia des Riu, tendrá un coste de 41,2 millones de euros.
Esta actuación corregirá los problemas detectados en la actual estación depuradora derivados del mal funcionamiento del sistema de tratamiento y de su falta de capacidad para tratar las cargas en la temporada estival.
Además, también acabará con los problemas generados por las emanaciones de gases en el interior de las instalaciones y los problemas de vertido ocasionados en épocas de lluvia en el puerto deportivo, en la zona de la bahía de Ibiza.
Características de la nueva estación depuradora
Así, la nueva EDAR tendrá capacidad para depurar las aguas de la isla con una población de 90.000 habitantes, que pueden alcanzar los 150.000 en épocas vacacionales.
Los trabajos se completarán con la construcción de los colectores de impulsión hasta la nueva EDAR, del emisario terrestre para el vertido del agua tratada al mar; de una estación de bombeo con 5+1 grupos de bombeo y de la acometida eléctrica para realizar los suministros a la nueva EDAR y de bombeo.
Actuación prevista en el plan hidrológico de Baleares
Esta actuación, declarada de interés general, está prevista en el Plan Hidrológico de las Illes Balears, así como en el protocolo general, firmado en 2009, por el que se fijó el marco general de colaboración en el ámbito del saneamiento y depuración, dentro de la ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y depuración 2007-2015.
TOMA DE RAZÓN DE ACTUACIONES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL HUNDIMIENTO DE UN PESQUERO RUSO EN CANARIAS
El Consejo de Ministros ha tomado razón de las actuaciones realizadas por Salvamento Marítimo en relación con el hundimiento del pesquero ruso "Oleg Naydenov", ocurrido el pasado 14 de abril a unas 25 millas al sur de Gran Canaria. El importe autorizado es de 9,6 millones de euros y se corresponde con las labores realizadas hasta ahora en las tareas para minimizar el impacto ecológico del accidente.
El importe aprobado se corresponde, tanto con los gastos incurridos por las unidades de Salvamento Marítimo que participan en el dispositivo, como por la empresa contratada para la inspección del barco hundido a 2.700 metros de profundidad.
ACUERDO CON PORTUGAL SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA
El Consejo de Ministros ha autorizado un Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa de cooperación en materia de defensa.
En consonancia con la voluntad de España y Portugal de elevar y mejorar el nivel de la cooperación bilateral en el ámbito de la defensa, expresada en la Declaración Conjunta de Intenciones para el Refuerzo de la Cooperación en el Ámbito de Defensa, firmada por ambos ministros de Defensa el 20 de noviembre de 2012, en Madrid, el presente Acuerdo cumple un doble objetivo:
Por una parte, crea un nuevo marco jurídico para la cooperación en la materia, más acorde con el contexto actual de las relaciones hispano-lusas. En este sentido, se amplían de manera sustancial, tanto las áreas, como las modalidades, en que la cooperación bilateral podrá llevarse a cabo. Por ello, una vez entre en vigor el Acuerdo y, con él, el nuevo marco de la cooperación bilateral en defensa, quedará derogado el Protocolo de Cooperación entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el Ministerio de Defensa Nacional de la República Portuguesa, hecho en Lisboa el 26 de octubre de 1998, instrumento jurídico por el que dicha cooperación se rige en la actualidad.
Por otra parte, el Acuerdo consolida el Consejo Hispano-Luso de Seguridad y Defensa como instrumento de implementación de la cooperación militar entre ambos países
En este convenio se delimitan las áreas de la defensa en las que podrá llevarse a cabo la cooperación mutua. Cabe mencionar, entre otras, consultas sobre los nuevos desafíos y perspectivas de la Política de Defensa y de la Seguridad Cooperativa, análisis y propuestas sobre la realización de acciones comunes en el marco de operaciones humanitarias o de mantenimiento de la paz, y la gestión, formación, instrucción, adiestramiento e intercambio de personal militar y civil del Ministerio de Defensa y de sus Fuerzas Armadas.
La cooperación entre las partes se materializará, entre otros procedimientos, a través de reuniones y encuentros entre delegaciones de los Ministerios de Defensa sobre asuntos de interés mutuo, mediante la coordinación y organización conjunta de cursos, encuentros de expertos, participación en congresos, coloquios, seminarios, y el establecimiento de acuerdos para poner en marcha actividades en el ámbito tecnológico o de investigación.
Asimismo, los miembros de las Fuerzas Armadas y el personal civil de cualquiera de los dos Estados, así como sus dependientes, cuando se encuentren en el Estado receptor tendrán garantizada la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los nacionales de aquél y contarán con los mismos servicios de correos y telecomunicaciones que los nacionales de dicho Estado.
El Acuerdo, en suma, contribuirá de manera significativa a fortalecer y extender a nuevos ámbitos la cooperación en materia de defensa entre España y Portugal, cuyo ulterior desarrollo podrá llevarse a cabo mediante la celebración de acuerdos o protocolos específicos, conforme prevé el propio tratado.
RETIRADA DEL ACUERDO PARCIAL CONTRA RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS DEL CONSEJO DE EUROPA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma conocimiento de la retirada del Acuerdo Parcial de Cooperación, Prevención, Organización y Protección contra Riesgos Naturales y Tecnológicos Mayores.
Este Acuerdo Parcial de referencia es una plataforma creada por resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa para la cooperación en el campo de los grandes desastres naturales y tecnológicos entre Europa y el Sur del Mediterráneo. Su ámbito de competencia abarcaba el conocimiento, prevención, gestión de riesgos, análisis post-crisis y rehabilitación de los grandes desastres naturales y tecnológicos.
Los objetivos principales de este acuerdo eran reforzar y promover la cooperación entre los Estados miembros en un contexto multidisciplinario para garantizar una mejor prevención, la protección contra los riesgos y una mejor preparación en caso de catástrofes naturales y tecnológicas. La contribución de España a este Acuerdo se financiaba con cargo al presupuesto de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
Colisión de actuaciones
Existe actualmente colisión de actuaciones entre las previstas en el Acuerdo Parcial del Consejo de Europa y en el ámbito comunitario, al existir en la Unión Europea una fórmula de trabajo equivalente que permite reforzar la cooperación y que no supone para el Gobierno de España un desembolso presupuestario adicional.
La acción de la Unión Europea dentro del ámbito de la Protección Civil se ha desarrollado como consecuencia de la aplicación de diferentes decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo que establecieron la creación de un Mecanismo Comunitario de Protección Civil, como marco político general destinado a mejorar de manera permanente el nivel de preparación de los sistemas y servicios de protección civil, de su personal y de la población de la Unión Europea
Centro sin actividad alguna
Por otra parte, el Centro Europeo de Investigación de Técnicas de Información a la población en Situaciones de Emergencia (CEISE), actualmente integrado como Centro especializado en la investigación sobre temas de información al público en casos de emergencia en el ámbito científico y técnico del Acuerdo Parcial, hace más de cinco años que no ha desarrollado actividad alguna.
Por estas razones, y considerando que no está justificado el mantenimiento de la citada contribución al no diferenciarse la acción del Consejo de Europa con la ya establecida en el ámbito de la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicó al Consejo de Europa, a través de una carta el pasado 8 de mayo de 2015, la baja del citado Acuerdo a partir de 31 de diciembre 2015, con el fin de que la retirada surta efecto en el siguiente año financiero.
CREADA UNA JUNTA DE GESTIÓN DE MEDIOS ADMINISTRATIVOS DE CUATRO ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Son el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Instituto de Estudios Fiscales, Instituto Nacional de Administración Pública y Centro de Estudios Jurídicos
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea la Junta Rectora de Gestión de Medios Administrativos de los organismos autónomos Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Instituto de Estudios Fiscales, Instituto Nacional de Administración Pública y Centro de Estudios Jurídicos
Se trata de crear un órgano colegiado de carácter interministerial que realizará sus funciones en relación con los citados. La reforma persigue disminuir los recursos dedicados a las tareas de gestión administrativa que se realizan separadamente en cada centro de formación e investigación, lo que, además de ahorros evidentes, permitirá reforzar las actividades formativa, de investigación y de divulgación del conocimiento para las que fueron creados tales organismos.
La promoción de la investigación y de la formación técnica es un objetivo al que el Estado no puede renunciar y al que debe dedicar el mayor caudal de recursos posibles. Esta meta es la que busca este Real Decreto, al permitir optimizar gastos y dedicar los recursos de los centros a las actividades constitutivas de los mismos. Por ello, la creación de este órgano colegiado redundará en beneficio de los propios centros, así como de los investigadores, profesores y alumnos que trabajan o se forman en ellos; potenciando una investigación de calidad, que reforzará el nivel de excelencia y exigencia del que estos centros siempre han hecho gala.
Derivación del informe CORA
Las medidas contenidas en este proyecto derivan del informe CORA del 21 de junio de 2013. El informe constató que la estructura de determinados aspectos de la gestión de estos cuatro organismos de formación e investigación de la Administración General del Estado, concretamente los servicios de organización y mantenimiento de archivos y bibliotecas, de diseño de páginas web, de mantenimiento de aplicaciones horizontales, bibliotecas virtuales, publicaciones, plataformas de e-learning y otros servicios generales, presentan características similares, por lo que considera conveniente la integración de estas actividades.
Como medida principal incluida en esta norma, se crea la Junta Rectora de gestión de medios administrativos de los organismos autónomos Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Instituto de Estudios Fiscales, Instituto Nacional de Administración Pública y Centro de Estudios Jurídicos, con el carácter de órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de la Presidencia, a través de su Subsecretaría.
Cada uno de los centros cuya gestión administrativa se integra conservará su naturaleza jurídica y estructura, así como su actual adscripción funcional al departamento ministerial del que dependa, y sus especialidades formativas y de investigación.
Bajo la presidencia del titular de la Subsecretaría de Presidencia, componen la Junta Rectora los titulares de las Direcciones de los cuatro organismos. La Secretaría recaerá, de manera rotatoria por períodos anuales, en los titulares de las Secretarías Generales u órganos similares de los organismos.
La Junta Rectora tiene por misión esencial definir los criterios para que se efectúe una gestión compartida y cooperativa de recursos y servicios entre los organismos representados en ella para mejorar su eficacia, eficiencia y calidad a través de la promoción, aprobación, despliegue y evaluación de planes, proyectos y actividades comunes.
Se prevé un plazo de dieciocho meses para tramitar y aprobar la normativa reglamentaria que afecta a las funciones que se integrarían en el nuevo método de gestión.
MODIFICACIÓN DE PAGOS DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES Y AMPLIACIÓN A LA FRAGATA F-110 Y AL VEHÍCULO DE COMBATE 8X8
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el Acuerdo del 18 de julio de 2014, con base en lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa la reprogramación de las anualidades de los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas, como consecuencia de dos nuevos programas tecnológicos de I+D para la Fragata F-110 y para el Vehículo de Combate sobre Ruedas VCR 8x8, así como por la reasignación de anualidades del Programa relativo al Helicóptero NH-90.
Los citados Programas Especiales tienen unas características de financiación particulares que suponen la realización de continuas adaptaciones durante su desarrollo. En la actualidad, se van a iniciar dos nuevos Programas Especiales (Fragatas F-110 y VCR 8x8) y se reajustan los importes de las anualidades del programa de Helicópteros NH-90, que implican variaciones en las cuantías de los compromisos autorizados por el Consejo de Ministros en el año 2014.
El proceso de instrucción de una fragata es largo y complejo, con una duración estimada de diez años desde su concepción inicial hasta la construcción del primer buque, estimándose una vida operativa de 35 años. Este largo ciclo de vida obliga a incorporar nuevas tecnologías en sus sistemas para evitar obsolescencias tempranas.
El VCR 8x8 es un sistema de combate clave que permitirá dotar a las Brigadas Orgánicas Polivalentes (BOP,s) del Ejército de Tierra de la capacidad de adaptarse rápidamente a cualquier escenario de actuación futuro. Este vehículo de combate debe proporcionar a las unidades la potencia de fuego, movilidad, protección y proyección necesarios para todo tipo de escenarios, ya sea de alta, media o baja intensidad.
En el caso del programa del Helicóptero NH-90, en el ejercicio 2015 se ha puesto de manifiesto una menor necesidad por importe de 29.608.847,28 euros, que es necesario reprogramar al año 2018, manteniendo el coste total del programa.
MODIFICADA LA REGULACIÓN DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO DE AERÓDROMOS
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la legislación que regula la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos, respecto al período transitorio para la realización de los estudios aeronáuticos de seguridad
El Real Decreto amplía el plazo para la realización de los estudios aeronáuticos de seguridad que deben llevar a cabo obligatoriamente los gestores de los aeródromos civiles de uso público, según lo previsto en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1133/2010.
Ante la próxima flexibilización del régimen de provisión del servicio de información de vuelo (AFIS), conviene prorrogar el plazo transitorio previsto en la disposición transitoria del citado Real Decreto, ante su inminente terminación, el próximo 30 de junio, de modo que los gestores de los aeródromos de uso público no se vean obligados a la realización de actuaciones con importantes costes cuya exigibilidad en un futuro próximo es dudosa.
Además, se amplía su ámbito de aplicación a los aeródromos militares, adecuando la regulación a las necesidades operativas de la defensa nacional y excepcionando las exigencias derivadas de la certificación de los proveedores de servicios AFIS y de los proveedores de formación. Se entiende que, en todo caso, la supervisión ejercida por los distintos estamentos militares garantiza un nivel equivalente de seguridad y calidad en los servicios de tránsito aéreo.
El Real Decreto 1133/2010 regulaba la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS), habilitaba los mecanismos para que los gestores de los aeródromos civiles de uso público evaluaran si disponían de los medios necesarios para permitir la operación segura de aeronaves y les imponía la obligación de encargar la realización de estudios aeronáuticos de seguridad encaminados a determinar la necesidad y suficiencia de la prestación de servicios de navegación aérea y en particular del servicio de información de vuelo (AFIS) en su aeródromo.
MODIFICADA LA NORMATIVA QUE REGULA LOS TÍTULOS PROFESIONALES DEL SECTOR PESQUERO
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica la normativa que regula los títulos profesionales del sector pesquero, en la que se establecen las atribuciones profesionales correspondientes a cada título en los buques de pesca.
El nuevo Real Decreto solventa la laguna legal existente en el tratamiento de las atribuciones reconocidas históricamente a algunos titulados náutico-pesqueros, que les permitía ejercer, bajo determinadas circunstancias, el puesto de primer oficial de buques pesqueros, a profesionales con la titulación inmediatamente inferior a la necesaria para dicho ejercicio.
La modificación incorporada permitirá a los profesionales pesqueros continuar ejerciendo su trabajo con normalidad, en el mismo buque en el que lo viniesen haciendo habitualmente, dándoles así cobertura legal.
Se adapta, de esta manera, la norma al Convenio Internacional sobre formación, titulación y guardia para el personal de buques pesqueros de 2012, en el que se aceptan las situaciones de hecho anteriores a su entrada en vigor. De esta forma, se reconocen las atribuciones de los profesionales que ya desempeñaban el cargo de primer oficial, a la entrada en vigor del Convenio Internacional.
EXENCIÓN PARCIAL Y TEMPORAL DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS COMPENSATORIAS SOBRE LA RED NATURA 2000 EN LAS OBRAS DE LA PRESA DE MULARROYA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se resuelve y declara exenta del cumplimiento parcial y temporal la prescripción sobre la ejecución y operatividad de las medidas compensatorias sobre la Red Natura 2000 establecida en la resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de 19 de mayo de 2015 por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de construcción de la presa de Mularroya, azud de derivación y conducción del trasvase, en los términos municipales de La Almunia de Doña Godina, Chodes y Ricla (Zaragoza), y actuaciones complementarias.
Por razones de seguridad, se declara exenta del cumplimiento parcial y temporal -cumplimiento que, en todo caso, se tendrá que llevar a cabo posteriormente- de una condición de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de este proyecto con el fin de ejecutar las obras necesarias para alcanzar unos niveles de seguridad adecuados y conformes con la normativa sobre seguridad de presas y embalses, así como las obras necesarias para alcanzar la seguridad vial del tráfico usuario de la carretera nacional N-IIa.
Dicha condición establece que "no se podrán realizar actuaciones del proyecto que impliquen la alteración o la destrucción de nuevas superficies dentro de la ZEPA Desfiladeros del río Jalón hasta que no se encuentren ejecutadas y operativas todas las medidas compensatorias Red Natura 2000 que se establecen en esta Declaración de Impacto Ambiental".
Esta decisión afecta a menos del 0,16 por 100 de la superficie incluida dentro de la ZEPA Desfiladeros del río Jalón, dado que en ningún caso se exime al resto del proyecto y de las obras del cumplimiento de las condiciones establecidas en la DIA y, en particular, de la adopción de todas las medidas compensatorias establecidas para garantizar la protección global de la Red Natura.
La obra necesaria para el cuerpo de la presa no requiere ocupar nuevas superficies de la ZEPA; no así la ejecución de los elementos que proporcionan la seguridad requerida por la norma, el aliviadero lateral y la seguridad vial que si que afectarían aunque mínimamente la superficie protegida.
En concreto, para la construcción del aliviadero se ocuparían 3.717 m2, un 0,0013 por 100 de la superficie de la ZEPA, mientras que, para garantizar la seguridad vial de los usuarios de la carretera N-IIa haría falta ocupar 35.548 m2, un 0,15 por 100 de la superficie ZEPA.
Sector agrícola del bajo Jalón
Las obras de la presa de Mularroya, declaradas de interés general y previstas en el Plan Hidrológico Nacional, en el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro y en el Pacto del Agua de Aragón, tienen como objetivo mejorar la dotación de 26.000 hectáreas de regadío y la creación de 4.000 nuevas hectáreas, por lo que son claves para el mantenimiento del sector agrícola en el bajo Jalón. Además, se trata de un proyecto vital por el efecto directo que el sector primario tiene en la fijación de la población en el entorno rural, evitando la despoblación y el abandono del campo, como factor fundamental con gran repercusión pública a largo plazo.
Igualmente este proyecto permitirá asegurar el caudal de mantenimiento del río Grío, de acuerdo con su régimen estacional, así como incrementar la capacidad de laminación de las avenidas de la presa lo que permitirá reducir el riesgo de inundación de las poblaciones situadas aguas abajo del embalse.
El resto de las obras, entre las que se encuentran el azud de derivación en el río Jalón, el túnel de trasvase y la variante de la carretera autonómica A-2302, se acometerán cuando se hubieren ejecutado y estuvieren operativas todas las medidas compensatorias prescritas en la DIA.
APROBADOS LOS ESTATUTOS DE LOS COLEGIOS DE INGENIERÍA TÉCNICA E INGENIERÍA SUPERIOR INFORMÁTICA Y DE SUS RESPECTIVOS CONSEJOS GENERALES
El Consejo de Ministros ha aprobado los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica e Ingeniería Superior en Informática y de sus Consejos Generales. Estos Estatutos sustituyen a los actualmente en vigor, con el fin de adaptarlos a las Leyes sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, del 23 de noviembre de 2009 -más conocida por "Ley Paraguas"-, y de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley anterior -también conocida como "Ley Ómnibus"- del 27 de noviembre de 2009. Éstas normas buscan garantizar el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio realizados en el territorio español por prestadores establecidos en España o en otro Estado de la Unión Europea.
La regulación que se hace para ambas ramas de la Ingeniería en Informática (Superior y Técnica) es esencialmente igual, destacando los siguientes aspectos:
1.- Se define la Organización Colegial, integrada por el conjunto de todos los Colegios profesionales (que son de ámbito provincial), los Consejos autonómicos respectivos que, en su caso, pudieran constituirse y el Consejo General de los Colegios (único órgano de carácter suprautonómico. Todos ellos son corporaciones de derecho público, con estructura y funcionamiento interno democrático, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar plena.
2.- El Consejo General integra todos los Colegios existentes en España, ostenta la representación y coordinación superior de la organización colegial, y tiene como función principal la representación, defensa y promoción de la ingeniería en informática como profesión. El Consejo se compone de una Asamblea General (integrada por representantes de todos los colegios) y la Junta de Gobierno (elegida por la Asamblea).
3.- Los Estatutos establecen la organización que deben tener los Colegios, de conformidad con el siguiente organigrama básico:
Asamblea General: Es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio.
Junta de Gobierno: Es el órgano de administración y dirección, bajo la Asamblea y se elegirá democráticamente por los colegiados.
Presidencia o Decanato: La representación legal del Colegio corresponde a quien ostente la Presidencia o Decanato, quien asimismo preside la Asamblea General y la Junta de Gobierno.
4.- Como fines esenciales de los Colegios figuran los siguientes: a) ordenar el ejercicio de la profesión; b) representación y defensa de los intereses profesionales y defensa de los usuarios de los servicios profesionales; c) promover el progreso de la sociedad de la información y el conocimiento; d) defensa y promoción de la profesión.
5.- Los Estatutos simplifican procedimientos, reducen cargas administrativas y refuerzan la transparencia y las garantías de los usuarios. Así, se introducen mejoras como:
Ventanilla única: se configura como un punto de acceso electrónico único, a través del cual los profesionales podrán, de manera no presencial y de forma gratuita, realizar trámites como obtener información y formularios, colegiarse, darse de baja, entre otros.
Servicio de atención a los colegiados y consumidores o usuarios: Las organizaciones colegiales atenderán, en el ámbito de su competencia, las quejas presentadas por los colegiados. Asimismo, dispondrán de un servicio de atención a los consumidores que resolverá las quejas referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados.
Se establece la colegiación voluntaria, salvo previsión legal en contra, para el ingreso la incorporación al Colegio en cuyo ámbito territorial se resida o se realice la actividad profesional.
Se regula el visado colegial como un servicio que ofrece el colegio al profesional de comprobación de la identidad y habilitación profesional del autor de un trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados. Será de carácter voluntario, no comprenderá el control técnico del trabajo profesional y no tendrá un precio abusivo ni discriminatorio.
Se introduce la figura del precolegiado como aquel estudiante de la profesión de ingeniero en informática que colaboradora con la Corporación con un estatus jurídico particular a definir por el Colegio.
Se establece el régimen disciplinario, que se regirá por los Estatutos Generales, del Código deontológico si existiese, la Ley 30/92 y el Reglamento sobre la materia; se tipifican las infracciones y las sanciones y se fija el régimen de responsabilidad.
Los colegios estarán sometidos al principio de transparencia y deberán publicar una memoria anual sobre la gestión llevada a cabo.
MODIFICADOS LOS CONVENIOS ENTRE EL INSTITUTO CARLOS III Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA RED DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
El Consejo de Ministros ha autorizado las adendas a los convenios de colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco para el desarrollo de actividades de evaluación de tecnologías en el marco de la red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
El Instituto de Salud Carlos III aportará 555.000 euros a Andalucía, 700.000 euros a Aragón, 555.000 euros a Canarias, 555.000 euros a Cataluña, 555.000 euros a Galicia, 100.000 euros a Madrid y 555.000 euros al País Vasco. Esta actuación regula la cooperación entre el Instituto de Salud Carlos III y las Comunidades Autónomas que participan en la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones.
El objetivo es actualizar y desarrollar la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud para la elaboración de informes de evaluación de tecnologías sanitarias y de guías de práctica clínica que documenten y propongan iniciativas tendentes a disminuir la variabilidad no justificada de la práctica clínica.
MODIFICADO UN CONVENIO CON LA JUNTA Y LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA PARA CONSTRUIR LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS CAMPUS DE CÁCERES Y BADAJOZ
El Consejo de Ministros ha aprobado la adenda al acuerdo entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la Junta y la Universidad de Extremadura para la selección y ejecución de los proyectos de infraestructuras científicas financiadas con FEDER. Este acuerdo contempla la construcción de los edificios de los institutos universitarios de investigación en los campus de Cáceres y Badajoz.
El presupuesto total del proyecto es de 19,5 millones de euros de los que 15,5 millones se desembolsaron en concepto de anticipo de la ayuda FEDER y 3,8 millones, en concepto de préstamo del Ministerio de Economía y Competitividad a diez años. La adenda aprobada supone un incremento del 70 al 80 por 100 de la aportación de fondos europeos FEDER y, en consecuencia, una disminución del préstamo, que pasaría del 30 al 20 por 100. La modificación del convenio supone que el importe total elegible pase de 21,7 a 19,4 millones de euros.
AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA INAP-FULBRIGHT EN ESTADOS UNIDOS
Se trata de una beca de formación y perfeccionamiento profesional para el curso 2016-2017
La beca está destinada a funcionarios del subgrupo A1 de un Cuerpo o Escala adscrito a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas para obtener el grado de Máster en Administración Pública
El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto, con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la convocatoria para la concesión de una beca INAP-Fulbright, de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América, para el curso académico 2016-2017.
La Beca INAP-Fulbright tiene como finalidad contribuir a la formación académica y perfeccionamiento técnico-profesional de los funcionarios de carrera del subgrupo A 1 de un Cuerpo o Escala adscrito a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, siguiendo un programa de estudios establecido para la obtención del grado de Máster en Administración Pública u otra titulación equivalente en una universidad estadounidense.
La duración de la beca será de un curso académico y comenzará en 2016. En ningún caso podrá ser superior a doce meses, con fecha límite de finalización el 31 de diciembre de 2017.
De acuerdo con lo establecido en el borrador de la convocatoria, el importe máximo financiado por el INAP ascenderá a 62.500 euros y cubrirá unas asignaciones básicas (gastos de manutención, viaje, matriculación y otras tasas, libros, primera instalación o similares), asignaciones complementarias para eventuales acompañantes (viajes, manutención, un seguro médico y de accidentes) y los costes indirectos de la Comisión Fulbright por la gestión de la beca.
DESESTIMADOS NUEVE RECURSOS CONTRA DOS PERMISOS DE INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS
El Consejo de Ministros ha acordado desestimar nueve recursos interpuestos contra los permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Urraca" y "Leo", que comprenden áreas de las provincias de Burgos y Álava (permiso "Urraca") y las provincias de Albacete y Murcia ("permiso Leo").
Los recurrentes alegaron que los expedientes se han tramitado con total ausencia de información y participación públicas, se habían concedido sin la evaluación de impacto ambiental y el otorgamiento de los permisos infringía la legislación sectorial sobre el dominio público hidráulico.
En cuanto al permiso "Urraca", los recurrentes señalaban que las investigaciones a realizar afectan a parques naturales. Los recurrentes del permiso "Leo" señalan que éste vulneraba la Ley del Patrimonio Natural dada la proximidad a espacios declarados de Importancia Comunitaria y a Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), integrantes en la Red Natura 2000.
La desestimación está basada en que ni la Ley de 2006 que regula el acceso a los derechos de información y participación en materia de medio ambiente, ni del Convenio Aarhus, se desprende la obligación de los poderes públicos de facultar la participación en el procedimiento de otorgamiento de un permiso de investigación, ni tampoco el derecho del público en general (persona física o jurídica, asociaciones, organizaciones y grupos) a dicha participación.
Ausencia de evaluación de impacto ambiental
En cuanto a la ausencia de evaluación de impacto ambiental, se señala que el permiso otorga un mero título demanial, es decir, da exclusividad a su titular para investigar la existencia de hidrocarburos, pero no autoriza automáticamente ningún tipo de trabajo. De esta forma, no pueden desprenderse ni daños al medio ambiente, ni a la Red Natura, ni a la salud de las personas, puesto que tales daños se producirían, en su caso, por los trabajos específicos (sondeos, campañas sísmicas…) previstos en el programa de investigación del permiso, y son estas actuaciones las que deben venir precedidas de la evaluación de impacto ambiental.
Respecto a la vulneración de la legislación sobre dominio público hidráulico y los daños que puedan derivarse para la salud de las personas, se indica que los referidos efectos negativos potenciales (filtraciones y vertidos incontrolados de las aguas tóxicas y peligrosas) no pueden ser valorados cuando se otorga el permiso de investigación. Dichas repercusiones se valoran cuando se autorizan los trabajos específicos a realizar, momento éste en el que, en el seno del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, los efectos sobre el medio ambiente, las aguas y la salud podrán determinarse con precisión.
DESESTIMADAS LAS INDEMNIZACIONES PEDIDAS POR DOS EMPRESAS POR EL NUEVO RÉGIMEN RETRIBUTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO
El Consejo de Ministros ha acordado desestimar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por las empresas UDESA y Electra de Santa Comba, en las que solicitan sendas indemnizaciones por los daños producidos como consecuencia de las medidas adoptadas por el Real Decreto Ley de 12 de julio de 2013, por el que se adoptaron medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. El importe total de las indemnizaciones solicitadas asciende a 1.979.942 euros.
La grave situación financiera que el sistema eléctrico atravesaba durante el año 2012 y primera mitad del 2013 obligó al Gobierno a reconsiderar de forma global todos los elementos retributivos de dicho sistema, incluidos los relativos a la distribución eléctrica, para paliar la situación del déficit tarifario. Los reclamantes solicitaban ser indemnizados por la merma de la retribución recibida como consecuencias de las modificaciones antes expuestas.
Existen numerosas sentencias en las que se justifica la necesidad del Gobierno para adaptar a las circunstancias de cada momento el régimen económico aplicable a las empresas del sector energético.
El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 424.526,56 euros, para financiar un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el abono de costas judiciales.
La finalidad de citado suplemento de crédito es atender los gastos producidos por litigios y procedimientos en los que es parte el Estado, así como satisfacer indemnizaciones por parte de la Administración derivadas del funcionamiento de los servicios públicos.
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO CON SERBIA SOBRE RECONOCIMIENTO DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN
El Consejo de Ministros ha autorizado el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo modificativo del Anexo I del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Serbia sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales y su aplicación provisional.
Esta modificación incorpora la tabla de equivalencia entre los permisos serbios, que dejarán de ser válidos el 10 de junio de 2017, y los permisos de conducción españoles, y la tabla de equivalencia entre los permisos serbios que entraron en vigor el 1 de enero de 2011 y los permisos de conducción españoles.
Delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta
D. NICOLÁS FERNÁNDEZ CUCURULL
Nacido el 9 de julio de 1963 en Ceuta, es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas.
Ha sido subdirector y director de PROCESA (Sociedad Pública de Desarrollo de Ceuta), consejero de Fomento y de Economía y Hacienda del Gobierno de Ceuta. Fue senador por Ceuta en la VII, VIII y IX Legislaturas, además de presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado. En diciembre de 2011 volvió a ser nombrado subdirector de la Sociedad PROCESA, cuya dirección desempeñaba en la actualidad.
D. FEDERICO RAMOS DE ARMAS
Es Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado.
Ha sido abogado del Estado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y ante la Audiencia Nacional, y abogado del Estado-Jefe en la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue director general del Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid y viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Desde diciembre de 2011 era secretario de Estado de Medio Ambiente en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.