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Timestamp: 2017-09-21 14:21:22
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 118', 'artículo 181', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 64', 'artículo 38', 'artículo 9', 'artículo 11']

Ley 6/2010, de 17 de junio, por la que se adoptan medidas urgentes para la reducción del déficit público (Vigente hasta el 08 de Junio de 2014).
Vigencia desde 23 de Junio de 2010. Esta revisión vigente desde 30 de Noviembre de 2012 hasta 08 de Junio de 2014
CAPÍTULO I. Medidas retributivas
Artículo 1 Modificaciones de la Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010
Artículo 2 Otro personal
CAPÍTULO II. Otras medidas de reducción y control del gasto
Artículo 3 Limitación del importe total de los gastos de las entidades del sector público autonómico
Artículo 4 Transferencias nominativas
Artículo 5 Contratos de colaboración público-privada y de concesión de obra pública
Artículo 6 Acuerdos marco
Artículo 7 Centrales de contratación
CAPÍTULO III. Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Artículo 8 Escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Disposición adicional primera Aplicación de las medidas retributivas
Disposición adicional segunda Indisponibilidad de créditos presupuestarios
Disposición adicional cuarta Suspensión de acuerdos
Disposición adicional quinta Extensión de las medidas retributivas de reducción salarial a las sociedades mercantiles públicas
Disposición adicional sexta Adecuación de conceptos retributivos
Artículo 8 derogado por la letra h) de la disposición derogatoria única del DLeg. [BALEARES] 1/2014, 6 junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos por el Estado («B.O.I.B.» 7 junio).
Apartado 4 del artículo 6 redactado por la disposición final segunda de la Ley [BALEARES] 13/2012, 20 noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias («B.O.I.B.» 29 noviembre)
Párrafo segundo del apartado 3 del artículo 7 derogado por la letra o) del apartado 1 de la Disposición derogatoria de la Ley [BALEARES] 7/2012, 13 junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible («B.O.I.B.» 23 junio)
Apartado 4 del artículo 6 introducido por la disposición final segunda del DLey [BALEARES] 7/2012, 15 junio, de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, y otras actividades («B.O.I.B.» 21 junio); téngase en cuenta que el DLey 7/2012 ha sido derogado por la letra c) de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 7/2013, 26 noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears («B.O.I.B.» 30 noviembre), el 28 de febrero de 2014.
La aprobación y la posterior convalidación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, determinan la necesidad de adoptar determinadas medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma para cumplir las disposiciones básicas contenidas en el citado Real Decreto-ley y, adicionalmente, complementar estas medidas comunes con otras íntimamente relacionadas con las anteriores y que, para la Administración del Estado, se establecen en ese mismo Real Decreto-ley, todo ello al efecto de un cumplimiento más estricto del principio de estabilidad presupuestaria, aplicable al conjunto de las administraciones públicas, sin perjuicio de que, en una próxima ley, estas medidas puedan completarse con otras de carácter tributario, con la intención de coadyuvar aún más al saneamiento de las finanzas públicas de la Comunidad Autónoma.
Así y todo, teniendo en cuenta que la nueva Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, exige que las comunidades autónomas establezcan, por medio de una ley, la escala autonómica aplicable al impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando menos a partir del 1 de enero de 2011, se incluye en la presente ley la mencionada escala autonómica, en los mismos términos establecidos en la disposición transitoria decimoquinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no-residentes y sobre el patrimonio, aplicable en defecto de ley autonómica, únicamente, al período impositivo de 2010.
Así pues, y sin perjuicio de la aplicación directa de las disposiciones del mencionado Real Decreto-ley que no precisan ninguna intervención normativa autonómica, como pueda ser, fundamentalmente, la relativa a las retribuciones básicas y pagas extraordinarias del personal al servicio del sector público desde el 1 de junio de 2010, lo cierto es que el cumplimiento del objetivo de reducción global del conjunto de retribuciones del sector público autonómico en un 5 %, en cómputo anual, a partir de la mencionada fecha, requiere la intervención del legislador autonómico al efecto de concretar la incidencia de este objetivo en la cuantía del resto de conceptos retributivos que se prevén en la vigente Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010. Adicionalmente, y por identidad de razón, se modifican también las retribuciones de los miembros del Gobierno de las Illes Balears, de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears y del resto de altos cargos de la Comunidad Autónoma, en un sentido similar al establecido en el Real Decreto-ley para los órganos superiores y directivos de la Administración del Estado.
De esta forma, mediante esta ley se modifican, en primer lugar, los preceptos correspondientes de la Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010, en materia de retribuciones, con la citada finalidad de conseguir el objetivo de minorar en un 5 % el conjunto global de las retribuciones del personal del sector público autonómico afectado por el mencionado Real Decreto-ley, incluido el personal docente y no docente de la Universidad de las Illes Balears, con efectos a partir del 1 de junio de 2010, y con un criterio de progresividad en su distribución interna. Esta reducción se hace extensiva, como ya se ha dicho antes, y en un mayor grado, a los miembros del Gobierno de las Illes Balears, a los miembros de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears y al resto de altos cargos, pese a la congelación retributiva que, desde hace unos años, se establecen, para estos colectivos, en las sucesivas leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, lo que también ha de afectar al personal laboral directivo que no sea alto cargo o asimilado, en la medida en que su retribución máxima no puede superar la retribución de los directores generales, en los términos que ya preveían el segundo párrafo del artículo 11.2 y el artículo 12.6 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010 en la redacción de dichos preceptos aplicable el 1 de enero de 2010.
En segundo lugar, se establece una disposición específica al efecto de incluir en el ámbito de estas medidas retributivas a cualquier otro personal que sea retribuido por la Comunidad Autónoma y cuya estructura retributiva no se adapte a las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Complementariamente a las medidas estrictamente retributivas, y de una forma análoga a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, para la Administración del Estado, se incluyen otras disposiciones normativas tendentes a disminuir el gasto del sector público de la Comunidad Autónoma y a controlar determinados contratos que pueden incidir en el equilibrio presupuestario. En este sentido, se declaran indisponibles determinados créditos presupuestarios relativos a transferencias nominativas a favor de entidades instrumentales del sector público autonómico, con la finalidad de que los estados de gastos o dotaciones de carácter no financiero para el año 2010 de dichas entidades se reduzca, con carácter general, un 5 %. Como consecuencia de ello, se establece igualmente la reducción equivalente de las dotaciones de carácter no financiero de estas entidades, incluso de las que no reciben transferencias nominativas, así como el destino que ha de darse al ahorro inherente a esta reducción. En esta misma línea de actuación, y mediante una disposición adicional de la ley, se declaran también indisponibles todos los créditos presupuestarios afectados por las medidas de reducción retributiva antes citadas, por las cuantías correspondientes a la disminución de gasto, y hasta el cierre del ejercicio 2010, con la finalidad de mejorar el resultado presupuestario y, con ello, el remanente de tesorería.
Asimismo, y con un fundamento similar al del artículo 16 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, se establece que antes de la aprobación del expediente correspondiente a la preparación de los contratos de colaboración público-privada y de concesión de obra pública de todos los entes integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma ha de incluirse un informe preceptivo y vinculante de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos. Este informe, a su vez, ha de emitirse teniendo en cuenta la eventual incidencia del contrato en el objetivo de estabilidad presupuestaria, a los efectos de la legislación de estabilidad presupuestaria aplicable y de acuerdo con los criterios establecidos por la Intervención General de la Administración del Estado en la elaboración del déficit en términos de contabilidad nacional. Adicionalmente, y en el marco de la racionalización técnica de la contratación, se regulan las líneas esenciales de los acuerdos marco y de las centrales de contratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los preceptos básicos que, en relación con tales instrumentos, se contienen en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
De acuerdo con estos objetivos, la ley se estructura en tres capítulos, seis disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El capítulo I (artículos 1 y 2) recoge todas las medidas en materia retributiva. Por su parte, el capítulo II (artículos 3 a 7) incluye el resto de disposiciones relacionadas con la disminución y el control del gasto del sector público autonómico, en los términos expuestos anteriormente. Y, finalmente, el título III, que contiene una única disposición (artículo 8), establece la escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas aplicable a los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2011.
Por lo que respecta a las disposiciones adicionales, éstas regulan determinados aspectos concretos que, a causa de su alcance o especificidad, no se incluyen en el articulado de la ley, como la disposición adicional relativa a la indisponibilidad de créditos antes citada; asimismo, cabe destacar también la disposición adicional por la que se establece que la efectividad de las medidas retributivas, aunque afectan a las retribuciones que se devenguen a partir del 1 de junio de 2010, pueda tener lugar a lo largo de las nóminas que hayan de satisfacerse entre la entrada en vigor de la ley y el 31 de diciembre de 2010. La disposición derogatoria no establece ninguna derogación específica, sin perjuicio de la derogación tácita de cualquier norma de rango legal o reglamentario que se oponga a la ley, y, para finalizar, las dos disposiciones finales se limitan, por una parte, a autorizar expresamente al Gobierno de las Illes Balears para que dicte las disposiciones que sean necesarias para desarrollar y ejecutar la ley, y, de otra, a fijar la fecha de entrada en vigor de la ley.
1. Se modifica el artículo 11 de la Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 11 Gastos del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y del resto de entes integrantes del sector público autonómico
1. De conformidad con los apartados dos y cinco del artículo 22 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, modificados por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, las retribuciones del personal funcionario, incluido el personal docente y el estatutario, y del personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y del resto de entes integrantes del sector público autonómico, incluidos los consorcios sometidos al ordenamiento autonómico, de conformidad con la delimitación que, a estos efectos, efectúan los apartados uno y nueve del artículo 22 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, antes citada, con excepción del personal eventual, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, han de regirse por las normas establecidas en los siguientes apartados.
a.4) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se ocupe, cuya cuantía anual, sin perjuicio de lo establecido en la letra f, deberá experimentar con carácter general un incremento del 0,3 % respecto de la aprobada para el ejercicio de 2009.
El complemento específico anual ha de percibirse en catorce pagas iguales de las que doce han de percibirse mensualmente y dos adicionales. A la paga adicional del mes de junio deberá aplicársele lo dispuesto en el apartado a.2) respeto del complemento de destino mensual o concepto equivalente a incluir en la paga extraordinaria del mes de junio de 2010.
b.3) Con efectos de 1 de junio de 2010, el complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto de trabajo que se ocupe, sin perjuicio de lo previsto en la letra f, deberá experimentar una reducción del 5 % respecto del vigente a 31 de mayo de 2010, excepto para el personal del grupo E o agrupaciones profesionales, al que ha de aplicarse una reducción del 1 % redondeándose los céntimos al alza.
El complemento específico anual ha de percibirse en catorce pagas iguales de las que doce han de percibirse mensualmente y dos adicionales. La paga adicional del mes de diciembre será del mismo importe mensual que el complemento específico mensual que corresponda a este período.
8. Todos los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los establecidos en este artículo o en las normas que lo desarrollen deberán experimentar la oportuna adecuación. Serán inaplicables en caso contrario las cláusulas o normas que se opongan al mismo.»
2. Se modifica el artículo 12 de la Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Artículo 12 Retribuciones de los miembros del Gobierno de las Illes Balears, de los altos cargos, del personal eventual y de los miembros de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears
1. Con carácter general y hasta el 31 de mayo de 2010, las retribuciones de los miembros del Gobierno y de los altos cargos a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, por la que se regula el Régimen de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como del personal eventual y de los miembros de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, no han de experimentar ningún tipo de incremento respecto de las retribuciones correspondientes al año 2009.
De acuerdo con ello, los contratos y el resto de instrumentos jurídicos que establezcan las retribuciones de estos cargos deberán experimentar la oportuna adecuación.»
3. Se modifica el apartado 4 del artículo 14 de la Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010, que pasa a tener la siguiente redacción:
«4. De acuerdo con el artículo 9.1, párrafo primero, de la Ley 5/1993, de 15 de junio, del Consejo Consultivo de las Illes Balears, los miembros del Consejo Consultivo deberán percibir el año 2010 una indemnización por asistencia a las sesiones que tengan lugar para el estudio y la elaboración de dictámenes a razón de 985,17 euros por sesión, hasta el 31 de mayo de 2010, y de 916,21 euros por sesión, a partir del 1 de junio de 2010.»
4. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010, que pasa a tener la siguiente redacción:
«1. El coste del personal docente y no docente de la Universidad de las Illes Balears, sin incluir los trienios ni los costes de la Seguridad Social a cargo del ocupador, es el que se indica a continuación:
En todo caso, los diversos complementos retributivos adicionales a favor del personal docente e investigador de la Universidad de las Illes Balears, a que se refiere el Decreto 19/2008, de 22 de febrero, que se devenguen a lo largo del año 2010 han de experimentar la misma variación porcentual que la que establece el artículo 11.2 de la presente Ley para el conjunto de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.»
A partir del 1 de junio de 2010, las retribuciones que, de acuerdo con la normativa vigente, haya de satisfacer la Administración de la Comunidad Autónoma, o cualquier entidad del sector público autonómico, incluso a título de pago delegado, que no se integren en las previsiones contenidas en los artículos 11 y 12 de la Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010, han de reducirse, para cada concepto retributivo a cargo de la Comunidad Autónoma, de manera que el conjunto de las retribuciones, para cada persona y en cómputo anual, se reduzca un 5 % respecto de las retribuciones devengadas hasta el 31 de mayo de 2010.
Otras medidas de reducción y control del gasto
1. Para el año 2010, el límite máximo de gasto de las entidades instrumentales del sector público autonómico que se relacionan a continuación, es el siguiente:
Entidad Euros
Ente público de Radiotelevisión de las Illes Balears 58.357.400
Agencia del Turismo de las Illes Balears 39.866.388
Agencia Balear del Agua i de la Calidad Ambiental 93.886.388
Instituto Balear de la Naturaleza 12.921.478
Instituto Balear de la Vivienda 85.388.189
Servicios Ferroviarios de Mallorca 116.042.902
Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears 6.609.025
Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales 20.838.404
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears 56.425.854
Puertos de las Illes Balears 55.917.209
Agencia de Cooperación Internacional de las Illes Balears 7.555.387
Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) 26.022.202
Espacios de Naturaleza Balear 11.525.971
Instituto Balear de la Juventud 1.628.147
Ferias y Congresos de Baleares, S.A. 7.562.623
ParcBit Desarrollo, S.A. 4.929.892
Instituto de Biología Animal, S.A. 6.735.927
Servicios de Mejora Agraria, S.A. 15.304.167
Servicios de Información Territorial de las Illes Balears, S.A. 1.494.474
CAIB Patrimonio, S.A. 7.536.345
Balears Innovación Telemática, S.A 8.955.365
Radio de las Illes Balears, S.A. 5.035.000
Televisión de las Illes Balears, S.A. 52.662.400
Gestión de Emergencias de las Illes Balears, S.A. 5.023.369
Multimedia de las Illes Balears, S.A. 2.070.097
Tranvía de las Illes Balears, S.A. 361.000
Fundación para el soporte y la promoción del deporte balear – illesport 10.681.090
Fundación para el Conservatorio de Música i Danza de las Illes Balears 3.042.847
Fundación Mateu Orfila de investigación en salud de las Illes Balears 4.067.009
Fundación para el Desarrollo Sostenible 3.093.785
Fundación Robert Graves 322.612
Fundación Teatro Principal de Inca 209.950
Fundación Baleares al Exterior 1.187.500
Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Illes Balears 9.480.433
Fundación para la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears 905.795
Fundación Caubet-CIMERA Illes Balears 1.635.179
Fundación Santuario de Lluc 150.100
Fundación Illes Balears para la Innovación Tecnológica 4.537.615
Las cuantías que se acaban de indicar se refieren a las previsiones iniciales a 1 de enero de 2010 de los correspondientes estados de dotaciones, de manera que dichas cuantías máximas han de modificarse por los importes que, en su caso, resulten de las modificaciones de tales estados debidamente autorizadas antes de la entrada en vigor de la presente ley.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, en el año 2010 se podrán llevar a cabo modificaciones de los estados de recursos y de dotaciones de dichas entidades en los términos previstos, con carácter general, en la normativa económico-financiera de la Comunidad Autónoma de aplicación.
1. Sólo se podrán autorizar gastos con cargo a las consignaciones presupuestarias correspondientes a transferencias nominativas no finalistas a favor de las entidades que se relacionan a continuación, hasta los límites cuantitativos siguientes:
Ente público de Radiotelevisión de las Illes Balears 57.957.400
Agencia del Turismo de las Illes Balears 39.686.388
Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental 7.238.630
Instituto Balear de la Naturaleza 12.071.477
Instituto Balear de la Vivienda 0
Servicios Ferroviarios de Mallorca 59.698.500
Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears 6.076.705
Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales 8.724.957
Fondo de Garantía Agraria i Pesquera de las Illes Balears 14.365.125
Puertos de las Illes Balears 3.729.931
Agencia de Cooperación Internacional de las Illes Balears 7.540.387
Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) 12.417.000
Instituto Balear de la Juventud 1.378.147
Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) 11.422.087
Universidad de las Illes Balears (UIB) 60.123.100
Ferias y Congresos de Baleares, S.A. 4.583.933
Instituto de Biología Animal, S.A. 6.240.067
Servicios de Mejora Agraria, S.A. 9.696.098
Servicios de Información Territorial de las Illes Balears, S.A. 1.221.343
Baleares Innovación Telemática, S.A. 0
Gestión de Emergencias de las Illes Balears, S.A. 5.017.526
Multimedia de las Illes Balears, S.A. 1.051.048
Carn Illa, S.A. 190.000
Fundación para el soporte y la promoción del deporte balear – illesport 10.596.347
Fundación para el Conservatorio de Música y Danza de las Illes Balears 2.864.847
Fundación Mateu Orfila de investigación en salud de las Illes Balears 158.668
Fundación para el Desarrollo Sostenible 2.993.785
Fundación Robert Graves 222.181
Fundación Teatro Principal de Inca 48.950
Fundación para la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears 859.795
Fundación Caubet-CIMERA Illes Balears 1.133.194
Fundación Santuario de Lluc 52.100
Fundación Illes Balears para la Innovación Tecnológica 41.454
Consorcio Escuela de Hostelería 2.465.470
Consorcio Fundación Pública Balears para la Música 2.050.299
Consorcio para el Fomento de la Lengua Catalana (COFUC) 1.182.750
Consorcio Agencia de Calidad Universitaria 191.900
Consorcio de La Gola 148.799
Consorcio para la Recuperación de la Fauna y Vida Silvestre 275.500
Consorcio Sistema de Observación Costanera de las Illes Balears (SOCIB) 1.353.479
Consorcio Centro Baleares Europa 1.785.050
Consorcio Turismo Joven de las Illes Balears 1.810.533
Consorcio Escuela Balear del Deporte (EBE) 3.797.362
Consejo Balear de Producción Agraria Ecológica 266.000
Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación 618.640
Fondo Menorquín de Cooperación 313.500
Fondo Pitiús de Cooperación 313.500
Las cuantías que se acaban de indicar se refieren a los créditos iniciales a 1 de enero de 2010 de los correspondientes estados de gastos, de manera que dichas cuantías máximas han de modificarse por los importes que, en su caso, resulten de las modificaciones de tales estados debidamente autorizadas antes de la entrada en vigor de la presente ley.
En todo caso, se podrán autorizar gastos con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a transferencias nominativas que estén codificadas como partidas finalistas.
2. Los créditos no autorizados como consecuencia de lo dispuesto en el apartado anterior quedarán en situación de indisponibilidad hasta el cierre del ejercicio presupuestario de 2010.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en el año 2010 se podrán llevar a cabo modificaciones de los estados presupuestarios de la Comunidad Autónoma en los términos previstos, con carácter general, en la normativa económico-financiera de aplicación.
1. Los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de todos los entes instrumentales que integran el sector público de la Comunidad Autónoma, incluidos los consorcios sometidos al ordenamiento autonómico, antes de aprobar el expediente correspondiente a la preparación de los contratos de colaboración público-privada o de concesión de obra pública, tipificados en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, deberán pedir un informe a la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos sobre las repercusiones presupuestarias y los compromisos financieros que implique el contrato y sobre la incidencia de éste en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, según lo previsto en el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre. Este informe será preceptivo y vinculante, y deberá tener en cuenta los criterios establecidos por la Intervención General de la Administración del Estado en la elaboración del déficit en términos de contabilidad nacional.
2. El órgano de contratación deberá proporcionar a la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos información completa sobre todos los aspectos financieros y presupuestarios del contrato, con inclusión de los mecanismos de captación de financiación y las garantías que prevea utilizar durante la vigencia del contrato, así como, en su caso, el documento de evaluación previa a que se refiere el artículo 118 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1. Uno o varios órganos de contratación del sector público autonómico podrán concluir acuerdos marco con uno o varios empresarios con el fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un período determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada.
2. En el caso de que el acuerdo marco haya de afectar a varios órganos de contratación, éstos designarán previamente, mediante un convenio, a uno de ellos, que deberá tener carácter de Administración pública a efectos de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, como órgano que ha de tramitar y resolver el procedimiento de licitación y adjudicación del acuerdo marco.
En el caso de que ninguno de los órganos de contratación tenga carácter de Administración pública a efectos de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, designarán previamente, mediante un convenio, a uno de ellos, que deberá tener, en caso de haber alguno, carácter de poder adjudicador, como órgano que ha de tramitar y resolver el procedimiento de licitación y adjudicación del acuerdo marco.
En todos estos casos, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 181.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el régimen jurídico aplicable al acuerdo marco será el régimen jurídico que sea aplicable a la contratación de la entidad adjudicadora designada para tramitar y resolver el procedimiento de licitación y adjudicación del acuerdo marco.
El convenio que firmen los órganos de contratación que, de forma conjunta, concluyan un acuerdo marco, así como dicho acuerdo, indicará la información relativa a los órganos de contratación que intervienen en el mismo y la financiación que asume cada uno de ellos.
3. En los casos en los que intervengan varios órganos de contratación, los contratos basados en el acuerdo marco se regirán por las normas aplicables al ente que adjudique el contrato derivado del acuerdo marco.
Apartado 4 del artículo 6 redactado por la disposición final segunda de la Ley [BALEARES] 13/2012, 20 noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias («B.O.I.B.» 29 noviembre)Vigencia: 30 noviembre 2012
1. Se autoriza la creación de una central de contratación en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de los demás entes que integran el sector público autonómico, incluidos los consorcios sometidos al ordenamiento autonómico, y de una central de contratación en el ámbito sanitario, para la centralización de la contratación de obras, servicios y suministros.
2. La creación de las centrales de contratación a que se refiere el apartado anterior se efectuará mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio o de la persona titular de la consejería competente en materia de salud, respectivamente, y previo informe de la persona titular de la dirección general competente en materia de patrimonio. Estos decretos determinarán los tipos de contratos y el ámbito subjetivo a que se extienden.
3. Las centrales de contratación se sujetarán, en la adjudicación de los contratos y acuerdos marco que celebren, a las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo.
Párrafo segundo del apartado 3 del artículo 7 derogado por la letra o) del apartado 1 de la Disposición derogatoria de la Ley [BALEARES] 7/2012, 13 junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible («B.O.I.B.» 23 junio)Vigencia: 24 junio 2012
4. Los consejos insulares y las entidades que integran la Administración local, incluidos los organismos autónomos y los demás entes públicos dependientes, así como la Universidad de las Illes Balears y el resto de instituciones y organismos públicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, podrán adherirse al sistema de contratación centralizada autonómica, para la totalidad de los suministros, servicios y obras incluidos en el mismo o únicamente para determinadas categorías de ellos. La adhesión requerirá la conclusión del correspondiente acuerdo con la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a través de la persona titular de la consejería competente en materia de patrimonio.
La escala autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas aplicable a los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2011 es la siguiente:
Base liquidable Cuota íntegra Resto de base liquidable Tipo aplicable
1. Las variaciones de las retribuciones que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 2, hayan de tener lugar a partir del 1 de junio de 2010 han de hacerse efectivas en las nóminas que se cierren y hayan de satisfacerse a partir de la entrada en vigor de esta ley, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad, de forma que el 31 de diciembre de 2010 se haya aplicado íntegramente la variación retributiva correspondiente al año 2010.
2. Asimismo, la disminución de la cuantía de las indemnizaciones que, a partir del 1 de junio de 2010, se devenguen por razón de la asistencia a las sesiones que tengan lugar para el estudio y la elaboración de dictámenes del Consejo Consultivo de las Illes Balears, se podrá hacer efectiva en el momento del pago de las indemnizaciones que hayan de abonarse a partir de la entrada en vigor de esta ley, de forma que el 31 de diciembre de 2010 se haya aplicado íntegramente la disminución que corresponda.
1. En el año 2010, y con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, no podrán autorizarse gastos a favor de la Universidad de las Illes Balears para la financiación de los gastos de personal docente y no docente por una cuantía superior a la establecida en la disposición adicional primera de la Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
2. En todo caso, y además de lo establecido en el artículo 4.2, se declaran indisponibles los créditos de los estados de gastos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears correspondientes a las partidas presupuestarias afectadas por el resto de medidas de reducción de gastos contenidas en los artículos 1 y 2 de esta ley, por la misma cuantía que resulte de la aplicación de estas medidas de reducción y hasta el cierre del ejercicio presupuestario de 2010.
1. Las entidades del sector público autonómico que se rigen por lo dispuesto en el capítulo IV del título II del texto refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, deberán modificar los estados de dotaciones y de recursos para adaptarlos a las disminuciones de las previsiones iniciales que resultan de los nuevos límites máximos de gasto y de transferencias nominativas no finalistas a que se refieren, respectivamente, los artículo 3 y 4 de la presente ley.
2. Estas modificaciones han de tramitarse de conformidad con lo establecido, con carácter general, en el artículo 64.3 del texto refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente Ley y, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2010.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y por lo que respecta a los incrementos retributivos previstos para el año 2010, se suspende la aplicación de los siguientes acuerdos:
1º El Acuerdo entre la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y las organizaciones sindicales CCOO, CSI-CSIF, UGT y USO de 18 de julio de 2008, publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 154, de 1 de noviembre de 2008, en cuanto a los complementos retributivos y a la homogeneización de los complementos específicos a que se refieren, respectivamente, los puntos 5 y 7 del citado Acuerdo, y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2010 de ratificación del Acuerdo relativo a la reprogramación de los puntos 5 y 7 del Acuerdo firmado entre la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y las organizaciones sindicales CCOO, CSI-CSIF, UGT y USO mediante el cual se determinan los criterios y las líneas generales del proceso negociador para la adopción de acuerdos en materia de función pública, en el ámbito de la Mesa Sectorial de Servicios Generales y del Personal Laboral para el período 2008-2011, publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 37, de 6 de marzo de 2010.
2º El Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 3 de julio de 2006, publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 189 ext., de 30 de diciembre de 2006, en cuanto a la retribución por incentivación a que se refiere el artículo 9 y la disposición transitoria primera del citado Acuerdo.
3º El Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 26 de mayo de 2008, publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 98, de 15 de julio de 2008, en cuanto al complemento de carrera profesional a que se refiere el punto 6 del citado Acuerdo.
4º El Acuerdo de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada de las Illes Balears de 8 de julio de 2008, publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 105, de 29 de julio de 2008, en cuanto a la paga extraordinaria de antigüedad de 25 años de servicio, la paga extraordinaria de 25 años al profesorado en régimen especial de trabajadores autónomos, el complemento ligado a la antigüedad y formación del profesorado, y la equiparación gradual de la remuneración con el personal docente público a que se refieren, respectivamente, los apartados segundo, tercero y el punto 1 del apartado cuarto del citado Acuerdo.
2. Durante los años 2010 y 2011, las entidades y los órganos competentes para suscribir estos acuerdos podrán negociar la reprogramación en el tiempo de los mencionados incrementos retributivos. En defecto de acuerdo, se entenderá que los acuerdos citados han de aplicarse a partir del año 2012, con el retraso correspondiente respecto de las previsiones inicialmente acordadas.
Las personas que, por razón de su cargo en la Administración de la Comunidad Autónoma o en alguna de sus entidades dependientes, formen parte de los órganos a los que corresponda negociar los convenios colectivos aplicables a las sociedades mercantiles integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma y afectadas por lo establecido en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, deben procurar, en el ejercicio de sus funciones en tales órganos, que la negociación colectiva contemple una reducción de las retribuciones del personal laboral no directivo de dichas sociedades equivalente a la reducción que, con efectos desde 1 de junio de 2010, se establece en el artículo 11 de la Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010 respecto del personal laboral no directivo integrado en el resto de entidades del sector público autonómico.
Una vez que se hayan cumplido efectivamente los objetivos de estabilidad presupuestaria del sector público de la Comunidad Autónoma establecidos en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y siempre que la legislación del Estado aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears lo permita, han de adoptarse las medidas que procedan para recuperar gradualmente el nivel retributivo de los conceptos retributivos afectados por las medidas de reducción contenidas en la presente Ley y sobre los que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tenga competencias normativas.
Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda y presupuestos, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución de cuanto se prevé en esta ley.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.