Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510451.html
Timestamp: 2019-03-20 17:38:20
Document Index: 330308937

Matched Legal Cases: ['artículo 228', 'artículo 169', 'artículo 398', 'artículo 396', 'artículo 3', 'artículo 342', 'artículo 3']

as201510451
AUTO SUPREMO Nº 451/2015-RRC
Expediente : Santa Cruz 22/2015
Parte imputada : Hans Henry Rivero Terrazas
Por memorial presentado el 30 de enero de 2015, cursante de fs. 972 a 976, Hans Henry Rivero Terrazas, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 25 de 6 de noviembre de 2014, de fs. 954 a 956, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y José Remberto Bazoalto Medrano contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2 y 3) del Código Penal (CP).
a) Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 17/2013 de 19 de septiembre (fs. 901 a 910 vta.), el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Hans Henry Rivero Terrazas, autor y culpable de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndole la pena de treinta años de presidio, más el pago de trescientos días multa a razón de Bs. 2.- por día, más costas y daños civiles a calificarse en ejecución de Sentencia.
b) Contra la mencionada Sentencia, el imputado formuló recurso de apelación restringida (fs. 918 a 930 vta.), resuelto por el Auto de Vista 25 de 6 de noviembre de 2014 (fs. 954 a 956), emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el citado recurso, lo que motivó la interposición del recurso de casación.
Del memorial del recurso de casación (fs. 972 a 976) y del Auto Supremo 233/2015-RA de 1 de abril (fs. 989 a 990 vta.), dictado en el caso de Autos, se extrae el siguiente motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente señala que el Tribunal de alzada, no respondió de manera fundamentada a cada uno de los motivos de su apelación restringida: 1) Vulneración del derecho a un juez imparcial e independiente y no prejuiciado; 2) La Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas legales; 3) La Sentencia se fundamentó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba art. 370 inc. 6) del CPP, argumentando que no es un Tribunal de segunda instancia, que no le corresponde valorar la prueba, no obstante de ello, en su cuarto considerando indica que estudiaron minuciosamente los datos del proceso elevados en originales, llegando a determinar que el Tribunal de Sentencia procedió de forma correcta y conforme a derecho para sustentar la condena; obviando ejercer el control de logicidad (reglas de la sana crítica) al que se encuentra obligado; contradiciendo de esta manera la jurisprudencia penal sentada en los Autos Supremos 141/2006 de 22 de abril, 431/2005 de 15 de octubre, 251/2012 de 17 de septiembre, 286/2013 de 22 julio, 317/2003 de 13 de junio y 341/2006 de 28 de agosto, viciando de nulidad su resolución y vulnerando su derecho a la defensa.
El recurrente solicita se declare fundado su recurso de casación disponiendo que el Tribunal de alzada pronuncie nuevo Auto de Vista.
Mediante Auto Supremo 233/2015-RA de 1 de abril, cursante de fs. 989 a 990 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por el imputado para su análisis de fondo.
Concluido el juicio oral, el Tribunal Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictó Sentencia condenatoria en contra del recurrente, por la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP, imponiéndole la pena de treinta años de presidio, sin derecho a indulto en el Centro de Rehabilitación de Santa Cruz, el pago de costas y daños civiles a calificarse en ejecución de sentencia y trescientos días multa a razón de Bs. 2.- por día; al haber arribado entre otras conclusiones, que al no existir testigo presencial del hecho, a raíz de las declaraciones del propio imputado y del hermano de la víctima Liliana Bazoalto, ésta se encontraba casada con el imputado Henry Rivero desde el 28 de febrero de 2011, concibiendo un hijo, cuya relación de pareja según otras atestaciones no era buena, que viajaron a España dejando al niño al cuidado de la abuela, a la vuelta el padre exigió a la víctima su regreso bajo la amenaza de irse con el niño a otro país y que no lo volvería a ver, a su retorno luego de un año, la víctima colocó varios negocios, sin contar con el apoyo de su esposo que sólo dormía, discutía, exigía dinero, era serio y nada sociable, la celaba en reuniones familiares, llegó a sacarla de su entorno, le causaba molestia que la víctima prestase dinero a sus hermanos y que fuera a atender a su madre enferma de cáncer; es así, que entre reconciliaciones la víctima fue a vivir con su esposo a un condominio sólo por dos semanas, llegó a separarse por una afirmación efectuada por el imputado a la muerte de su suegra, firmó un documento pre desvinculatorio camino al divorcio; meses después el imputado se enteró que la víctima tenía otra pareja, no obstante la llamaba a deshoras de la noche para fastidiarla; aspectos que desvirtúan lo afirmado por el imputado de que hace dos años se encontraban separados y que sólo los unía una buena relación por causa de su hijo y que recién se enteró de la otra pareja de la víctima en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), pretendiendo hacer ver que no existía móvil alguno que lo incriminara.
De la prueba producida en juicio, el Tribunal arribó a la conclusión que la víctima no tenía enemigos ni otra persona sospechosa que haya tenido interés de que pierda la vida y por el acta de levantamiento de cadáver que afirmó que se encontraba dentro de su automóvil sentada recostada hacia el volante donde se encontró un cordón verde con el que habría sido estrangulada, siendo la causa de muerte asfixia mecánica por estrangulación con cuerda; asimismo, el reporte de llamadas indicó que hubo comunicación con el imputado por causa de su hijo a horas 03:00 de la mañana siendo escuchado por Marcelo Eguez, indicando que su hijo se encontraba internado en una clínica y que llevara dinero, por lo que la víctima tomó su cartera, salió de inmediato hacia el garaje y subió a su automóvil, es así que a horas 04:00 de la mañana cuando no había transeúntes era propicio para descargar su ira y furia contenida, producto de una obsesión y resentimiento; y, si bien el número de celular pertenece a otra persona, para el Tribunal de Sentencia, no impide que fue usado por el imputado, por la forma y antecedentes al ver su relación matrimonial quebrantada optó por quitarle la vida a la víctima para dar fin a la relación hostil que el imputado propició debido a su temperamento, carácter y personalidad típico de un hombre obsesivo, manipulador y controlador que en su momento no supo comprenderla y apoyarla, sino se encargó de hacerle la vida un calvario como se desprende de las atestaciones de cargo, considerando además que el imputado no aparecía hasta que se manifestó diciendo que estaba en la Tomás de Leszo, resistiendo abrir la puerta, y que en su declaración ante la interrogante de las lesiones en su mano las atribuyó a que ayudó a freír un pescado y le había dado un puñete a su cuñado y un policía, afirmación desvirtuada mediante examen médico forense, que la data fue de noventa y seis horas producidas por la acción de calor y puede ser ocasionada por la fricción de una cuerda.
Asimismo, en la recolección de indicios materiales, se encontró un par de zapatos con barro y asocian que el vehículo donde fue hallada la víctima estaba estacionado en un charco de agua; sin embargo, al no haberse practicado el peritaje no se tiene certeza de ello. Adicionalmente, el Tribunal afirmó que el hecho fue planificado, ya que la víctima y acusado contrajeron matrimonio el 28 de febrero de 2004 y la esposa murió el 28 del mismo mes de 2011, además de hallarse documentos de dos movilidades (que se encontraban inicialmente en casa de la víctima) en el interior del dormitorio donde vivía el imputado, adecuando así su conducta al delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252 incs. 2) y 3) del CP.
El imputado al amparo de los arts. 407, 408, 370 incs. 1), 4), 5) y 6), 169 y 130 del CPP, denunció entre otros agravios, los siguientes:
i) La vulneración al derecho al juez imparcial e independiente, exponiendo que fue condenado de manera injusta, por lo que supuestamente es y no por lo que hizo, afirmó que no se tomó en cuenta las contradicciones de los testigos, citando el Considerando Tercero de la Sentencia y la presentación del extracto de llamadas, donde no se determinó que existiera las llamadas a altas horas de la noche; además, de que el número era de otra persona no así del apelante, cuestionó porqué no se llamó a declarar al propietario del celular, tomándose como verdad absoluta las afirmaciones de Marcelo Eguez, quien también fue arrestado con fines investigativos, quien incurrió en contradicciones en tiempo lugar y espacio, tampoco se consideró que la vecina de la víctima manifiesta que ésta se encontraba desmayada, no muerta. Afirmó que tecnológicamente demostró que llamó a la víctima a horas 8:00 para recoger a su hijo, por lo que acusó al Tribunal de parcialidad, ya que se dictó sentencia existiendo dudas y contradicciones, haciendo referencia a la prueba “No. 27” (sic), aseguró que las llamadas con la víctima no tenían larga duración y que se trataban de su hijo, haciendo hincapié sobre las llamadas realizadas el día del hecho, concluyó que no existe prueba documental pericial, ni testifical que acredite su conexión de manera lógica y armónica, por lo que asevera que se vulneró el derecho al juez imparcial, independiente y prejuiciado, como garantía del debido proceso citando el art. 120 de la Constitución Política del Estado (CPE), incurriéndose en un defecto absoluto previsto por el inc. 3) del art. 169 del CPP, además de otra normativa legal; señaló que se hizo abuso del interrogatorio practicado, inobservando el art. 351 del CPP e invocó el Auto Supremo 341 de 28 de agosto de 2006.
ii) Denunció que la Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente a juicio o incorporados por su lectura en vulneración a las normas, citando el inc. 4) del art. 370 del CPP y refiriéndose a los fundamentos de hecho, observó que se limitó a consignar las declaraciones en su contra de testigos que son amigos personales de la familia de la víctima, cuestionando las declaraciones de Remberto Bazoalto Medrano; que en cuanto a la quemadura interrogó porqué no se llamó a declarar a la señora del lugar, observó también la prueba pericial “No. 20” (sic) consistente en el certificado médico forense donde se indicó que la quemadura data de noventa y seis horas; es decir, cuatro días atrás cuando el examen fue realizado el 2 de marzo de 2011 y los hechos acontecieron el 28 de febrero; en consecuencia, sería imposible que hubiera participado del crimen, cuestionando también lo afirmado por el médico forense en audiencia y las declaraciones de Liliana Karina Zambrana Terán, quien ingresó al correo electrónico de la víctima que se encontraba conectada, sin practicarse un peritaje al respecto, cuestionando las declaraciones de Jhonny Marcelo Sempertegui Ramirez, Marcelo Eguez Melgar acusando a este último de que miente y que pretende involucrarlo induciendo en error al Tribunal, haciéndole ver como una persona que molestaba a la víctima y la hostigaba, también cuestionó las declaraciones de Genoveba Patricia Huerta de Urioste, acusando en este acápite la vulneración del principio de contradicción y la comunicación previa y detallada de la acusación en contra de su persona.
iii) Afirmó que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba incurriendo en el inc. 6) del art. 370 del CPP, adujo que la valoración de la prueba debe ser en base a las reglas de la sana crítica y citó el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, acusó que la Sentencia efectuó inferencias no acordes a esas reglas citando algunos párrafos de la misma.
iv) Por último, señaló que existe inobservancia de las reglas previstas para deliberación y redacción de la sentencia de acuerdo al inc. 10) del art. 370 del CPP, ya que fue suspendida incumpliéndose los arts. 358 y 361 del CPP, sin que los miembros del Tribunal expongan los fundamentos de su decisión, ni votaron, vulnerando el principio del juez natural, hecho insubsanable.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista de 6 de noviembre de 2014 y previa síntesis de la alzada, cita del Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003 y referencia al principio de la libertad probatoria, interpretación del art. 407 del CPP y al delito de asesinato, respecto a los puntos apelados señaló que con relación al inc. 5) del art. 370 del CPP, el Tribunal de Sentencia resolvió adjudicar credibilidad a los testigos de cargo del Ministerio Público y la parte querellante así como a los informes médicos forenses, habiendo considerado la verosimilitud a las atestaciones de cargo, rodeadas de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le dotan de aptitud probatoria y refleja la real existencia del hecho sometido a juzgamiento.
Asimismo, con relación a los defectos previstos en los incs. 1), 4), 5), 6) y 10) del art. 370 del CPP, afirmó que los defectos no fueron demostrados con ningún medio probatorio, y que tampoco se citó disposiciones legales consideradas vulneradas, constando únicamente el acta de juicio donde evidenció que se llevó a cabo dentro de los parámetros legales, de acuerdo a procedimiento y que durante la tramitación del proceso las diligencias fueron de su conocimiento, aseverando que no se vulneró sus derechos y garantías constitucionales, por lo que el Tribunal de alzada consideró que el Tribunal de Sentencia actuó y fundó la Sentencia en conformidad a las disposiciones que corresponden al delito acusado en un debido proceso, resguardando los derechos y garantías del imputado de acuerdo a los arts. 115, 116 y 117 de la CPE y el art. 6 del CPP y que el Fiscal actuó en cumplimiento a los arts. 11, 12, 13, 16 y 21 del CPP y el inc. 5) del art. 370 del CPP, afirmando que se calificó y adecuó el accionar antijurídico del acusado a los alcances del art. 252 incs. 2) y 3) del CP.
Añadió que las pruebas ofrecidas fueron incorporadas al juicio oral por su lectura, actuando el Tribunal de Sentencia de acuerdo a las reglas de la sana crítica y los arts. 124, 171 y 173 del CPP, que del análisis de la Sentencia impugnada se extrae que se sustentó en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio, en base a medios probatorios que hacen mayor fuerza legal y que generan en el Tribunal convicción sobre la responsabilidad penal del imputado, concluyendo que el Tribunal de Sentencia valoró las pruebas de cargo, sin que el imputado haya producido pruebas de descargo, durante el juicio prueba suficiente para destruir la presunción de inocencia y permitir con certeza plena e incontrastable sobre la pretensión punitiva del proceso, mediante el método de libre valoración racional y científica, de acuerdo a las reglas de la sana critica, la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo global e intelectual aspectos y elementos, sin incurrir en ninguno de los defectos previstos por el art. 370 del CPP, resultando de ese análisis la plena responsabilidad penal del imputado Hans Henry Rivero Terrazas, en el hecho acusado por Asesinato y que el Tribunal de Sentencia al imponer la pena procedió correctamente.
III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS POR EL RECURRENTE
Este Tribunal admitió el recurso interpuesto por el imputado, abriendo su competencia a objeto de verificar la posible contradicción del Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados y en definitiva establecer si los agravios planteados tienen mérito o no, labor para la cual es pertinente recordar que el recurrente centra sus agravios en que los motivos de su apelación no fueron respondidos de manera fundamentada en el Auto de Vista recurrido; a cuyo efecto invoca los Autos Supremos 141/2006 de 22 de abril, 431/2005 de 15 de octubre, 251/2012 de 17 de septiembre, 286/2013 de 22 de julio, 317/2003 de 13 de junio y 341/2006 de 28 de agosto.
Para dicho fin se procederá a identificar el fundamento de los precedentes invocados, para luego realizar algunas consideraciones de orden doctrinal y normativo respecto a la temática que se denuncia y que será parte del fundamento del presente Auto, y finalmente, ingresar al análisis concreto del recurso.
III.1. Verificación de existencia de contradicción.
Con relación a la impugnación efectuada en casación, el recurrente, invocó el Auto Supremo 141/2006 de 22 de abril, en un caso de Homicidio y Tentativa de homicidio, donde inicialmente se absolvió al imputado, apelada esta determinación el Tribunal de alzada declaró procedente el recurso, anuló la Sentencia en su totalidad y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, recurrido de casación, al evidenciarse que éste carece de fundamentación respecto a los puntos apelados, fue dejado sin efecto en base a la siguiente línea doctrinal: “Que el Tribunal de Apelación debe circunscribir su resolución a los puntos apelados o en su caso advertir el defecto absoluto; en ambos casos debe fundamentar cada punto con argumentos que soporten toda la resolución; los puntos apelados y los defectos absolutos limitan la competencia del Tribunal de Alzada; mientras que el fundamento es la descripción del hecho y explicación de derecho de las relaciones existentes en cada punto de impugnación. Que el Tribunal de Apelación al circunscribir su competencia a los puntos impugnados o a los defectos absolutos, los mismos deben encontrarse con el fundamento respectivo, obligación que debe cumplir ineludiblemente, la falta de uno de ellos en la resolución emitida por el Tribunal de Alzada vulnera los principios de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso. Que los defectos absolutos no son susceptibles de convalidación, no así los defectos relativos los mismos que se encuentran claramente identificados en los artículos 169 y 170, respectivamente, del Código de Procedimiento Penal; cuando son detectados en la resolución motivo de impugnación, cada uno de ellos necesariamente debe llevar el fundamento pertinente”.
Por otro lado, invocó la aplicación del Auto Supremo 431/2005 de 15 de octubre, pronunciado dentro de un proceso de Falsedad Material, Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Estafa y Manipulación Informática, en el que se dictó sentencia condenatoria por los delitos de Falsedad Material e Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado y absolutoria de los delitos de Manipulación Informática y Estafa, apelada la sentencia, el Tribunal de alzada dictó Auto de Vista anulando totalmente la sentencia y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal, fallo que recurrido de casación, se evidenció que incurrió en falta de fundamentación, por lo que fue dejado sin efecto, emitiéndose la siguiente doctrina legal: “Que el Tribunal de Apelación se encuentra constreñido a circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados que delimitan su competencia, tal cual señalan los artículos 396 inciso 3) y 398 del Código de Procedimiento Penal, caso contrario se estarían resolviendo aspectos fuera del contexto legal y de los puntos impugnados; situación en la cual el Tribunal de Apelación estaría actuando sin competencia, con lo que provoca retardación de justicia. El Tribunal de Apelación al ejercer el control jurisdiccional, está ejercitando también el control constitucional como establece el principio de la supremacía de la norma constitucional incurso en el artículo 228 de la Constitución Política del Estado con relación al artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal que señala que constituyen defectos absolutos ‘Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes’; en consecuencia, resulta de mayor relevancia que el Tribunal de Alzada cometa uno o más defectos absolutos, cuando es el llamado por la Constitución Política del Estado y la Ley, a que el proceso penal se desarrolle con una efectiva tutela judicial, siendo además sus resoluciones debidamente fundamentadas. La competencia del Tribunal de Apelación se encuentra delimitada por los puntos cuestionados en la apelación restringida como enseña el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal y por los defectos absolutos que violan los derechos y garantías previstos en artículo 396 inciso 3) del citado código adjetivo; debiendo en consecuencia el Tribunal de apelación dictar una nueva resolución fundada cumpliendo la presente Doctrina Legal”.
También citó el Auto Supremo 251/2012 de 17 de septiembre, emitido dentro de un proceso por Delitos contra la Salud Pública, Lock-out, Huelgas y Paros ilegales y Atentados contra la Libertad de Trabajo, donde inicialmente se dictó sentencia absolutoria, apelado este fallo el Tribunal de alzada declaró procedentes los recursos, anuló totalmente la Sentencia y dispuso la reposición del juicio, dando origen a los recursos de casación, es así que al evidenciar la falta de fundamentación en la resolución, fue dejado sin efecto, emitiéndose la siguiente doctrina legal aplicable: “El debido proceso, considerado como instrumento jurídico de protección de otros derechos, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen dentro del marco de los valores de justicia e igualdad, conforme lo disponen los arts. 115 parágrafo II, 117 parágrafo I, 137 y 180 de la Constitución Política del Estado, en la que se reconoce su triple dimensión como garantía, derecho y principio; se vulnera, cuando el poder sancionador del Estado se aplica arbitrariamente, sin el cumplimiento de un proceso en el cual se respeten los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes, infringiendo en consecuencia el principio de legalidad y la seguridad jurídica, respecto a la normativa constitucional, conforme el cual, el ejercicio de potestades debe obligatoriamente sujetarse a la Ley. Siendo componente del debido proceso, el derecho a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, es exigencia constitucional que toda resolución debe ser fundamentada y motivada en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado en apego al principio de congruencia, que fija el limite al poder discrecional del juzgador”.
El Auto Supremo 286/2013 de 22 de julio, pronunciado dentro de un caso sobre Violación de Niño, Niña o Adolescente, se emitió sentencia absolutoria, apelada que fue, por Auto de Vista se declaró su improcedencia confirmando la Sentencia, contra dicha determinación se interpuso recurso de casación, llegando a evidenciarse que el Auto de Vista no efectuó un control sobre el proceso lógico del Juez de Sentencia en su razonamiento y en la valoración de la prueba, además de incurrir en una falta de fundamentación al momento de resolver aspectos apelados en infracción del art. 124 del CPP; consecuentemente, fue dejado sin efecto en base a la siguiente doctrina legal: “I. Toda Resolución judicial debe estar debidamente fundamentada, lo que obliga a todo juzgador a exponer todos los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones, exigencia que no solo responde a un mero formalismo de estructura, sino que al margen de ello, responde al cumplimiento de deberes esenciales del juez, que a su vez implica el respeto a los derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales. Así, la garantía del debido proceso, en el ámbito de sus presupuestos, exige que toda resolución sea debidamente fundamentada, por cuanto, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no solo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante la referida garantía que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en uno o en otro sentido, aspecto que corresponde ser estrictamente verificado por el tribunal de apelación respecto de la sentencia que fue impugnada en este sentido por el querellante. La exigencia de la debida motivación de las resoluciones judiciales también alcanza con mayor relevancia y exigibilidad a las resoluciones pronunciadas en grado de apelación, siendo imprescindible que estas resoluciones también sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan con relación a los aspectos cuestionados, a objeto de que se permita concluir que sus conclusiones son el resultado de una correcta y objetiva valoración de los antecedentes, no estando permitido suplir esta motivación con argumentos evasivos o hacer alusión a que el juez de la causa obró conforme a derecho simplemente, debiendo asimismo resolver todos los aspectos apelados en el recurso de apelación. II. El sistema judicial de valoración de la prueba penal vigente en el país otorga a los jueces y tribunales de sentencia la libre valoración de las pruebas; sin embargo, esta libre valoración de ningún modo puede ser arbitraria y, por lo mismo, debe ser ejercida de conformidad a criterios lógicos-objetivos, explicada además de manera racional, por lo que la conclusión a la que arriba el juzgador en la sentencia debe estar constituida por inferencias razonables, deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan determinando, pues la conclusión sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad penal del procesado debe derivar de elementos verdaderos y suficientes, no pudiendo constituir una sentencia materialmente justa ni formalmente correcta aquella que derive de premisas falsas o a través de la utilización arbitraria de la fuente de convencimiento, constituyendo una falsa motivación el caso de extraer un cargo delictuoso o bien la absolución de una persona procesada a través de una arbitraria o sesgada valoración de prueba que manifiestamente no contiene esa certidumbre. Así, si bien la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la sentencia quedan fuera de la competencia de los tribunales de apelación, está sin embargo sujeto a impugnación y control judicial en vía de apelación el proceso lógico seguido por el juez de la causa en su razonamiento, siendo posible al tribunal de apelación realizar bajo este aspecto un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por la Ley procesal penal, a fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana crítica en la motivación de la sentencia, verificando si se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia, control jurídico que de ninguna manera implica vulnerar el principio de intangibilidad de los hechos, ni efectuar una valoración ex novo de las pruebas producidas en juicio. Considerando que la valoración de la prueba y de los hechos es de competencia privativa del Juez o Tribunal de Sentencia, por ser ellos quienes se encuentran presentes en la producción de la prueba, el tribunal de apelación debe circunscribir su análisis y control a si la valoración, apreciación y conclusiones obtenidas de las pruebas por parte del Juez o Tribunal de Sentencia, responden a un procedimiento lógico, razonable, valorativo o teleológico; en caso de establecer que la valoración o apreciación de la prueba fue efectuada con infracción de las reglas jurídicas que regulan la forma y contenido de la motivación o que los juicio vertidos sobre las pruebas no responden al procedimiento descrito precedentemente, deberá cumplir con la obligación de explicar y exponer los motivos o razones jurídicas que justifiquen la infracción de las reglas de apreciación que se deduzcan. Al respecto, también corresponde precisar que, naturalmente, el control jurídico que debe desarrollar el Tribunal de Apelación sobre la valoración y apreciación de las prueba, así como la motivación de las razones que llevan a la conclusión de dicho control en alzada, deberá ser efectuado de manera legítima, es decir, deberá realizarse y fundarse respectivamente, en elementos de prueba que sean objetivamente verificables en los antecedentes del proceso y no fundarse en presunciones subjetivas del Tribunal”.
Por otro lado, invocó la aplicación del Auto Supremo 317/2003 de 13 de junio, pronunciado dentro de un proceso sobre Falsedad Ideológica y Material, Uso de Instrumento Falsificado, Peculado, Incumplimiento de Deberes y Encubrimiento, donde inicialmente se dictó sentencia condenatoria, que siendo apelada, fue dejada sin efecto en lo relativo a la condena de los procesados; y con la facultad conferida por el art. 413 del CPP, dicta nueva sentencia, contra dicha determinación se interpuso recursos de casación, que al advertirse vicios absolutos en la nueva sentencia donde se consideró inadecuadamente el principio de subsunción en los hechos motivo de imputación, anulando lo substancial y fondo, al no guardar coherencia y simetría necesaria entre los razonamientos esbozados en los considerandos y la parte dispositiva, el Auto de Vista fue dejado sin efecto, emitiendo como doctrina legal aplicable: “Que de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguiente aspectos: anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente. Conclusivamente, "En aquellos supuestos en que el Tribunal de alzada se incline por anular parcialmente la sentencia del Juez o Tribunal de Sentencia, sea por la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; por mandato del primer y segundo periodo del art. 413 de la Ley Procesal Penal, deberá indefectiblemente indicar el objeto concreto de nuevo juicio y remitir obrados a otro Juez o Tribunal para la reposición del mismo, en el marco de las garantías procesales, constitucionales y supranacionales que establecen los instrumentos internacionales".
Finalmente invocó la aplicación del Auto Supremo 341/2006 de 28 de agosto, pronunciado dentro de un proceso sobre Tráfico de Sustancias Controladas, donde se dictó sentencia condenatoria, que fue apelada y por Auto de Vista se declaró la improcedencia de los recursos, contra este fallo se planteó recursos de casación, donde fue dejado sin efecto al evidenciar que se incurrió en vicios el procedimiento con defectos absolutos en alzada al producirse prueba afectando la esencia del proceso acusatorio, destruyendo el equilibrio del juicio oral público y contradictorio y que garantiza a las partes en conflicto el sometimiento a un juez imparcial, al haberse dispuesto la introducción de prueba por su lectura, por el presidente del Tribunal, asumió un rol activo en el juicio, ejercitando funciones propias de la acusación, extremo que conforme a la previsión del art. 169 constituye un defecto absoluto no susceptible de convalidación, habiéndose emitido la siguiente doctrina legal: “A diferencia del sistema inquisitivo que giraba en torno a la investigación, el eje del sistema acusatorio es el juicio público, oral y contradictorio, donde el proceso penal se concibe como la contienda entre dos sujetos procesales -defensa y acusador- ubicadas en un mismo plano de igualdad, al final del cual, como resultado del debate oral y dinámico, el tercero imparcial que es el juez, tomará una decisión. El juicio concebido como la base del sistema acusatorio y como el momento prioritario del debate probatorio, es el escenario donde se han de ofrecer y practicar las pruebas, de tal forma que se garantice la inmediación de las pruebas con el juez y se asegure así su imparcialidad, en virtud a que el juicio permite que la decisión sea producto del debate entre dos partes iguales -acusador y defensa -, sustentado en las pruebas de parte, cuya valoración integral fundamentara el decisorio. Nuestra legislación adjetiva penal, regula implícitamente la separación entre actos de investigación acusación y actos de juzgamiento, los cuales son exclusivos y excluyentes. Por principio general, el Fiscal no puede decidir con autoridad judicial sobre cuestiones que afecten los derechos fundamentales de los intervinientes, ni el Juez puede inmiscuirse en la investigación o acusación produciendo pruebas de oficio. Para garantizar el cumplimiento del principio de imparcialidad, previsto en el artículo 3° de la Ley 1970, ningún precepto de ese Código confiere a los jueces iniciativa en materia probatoria. Por el contrario, como una manifestación concreta del principio acusatorio introducido a la legislación nacional, el artículo 342 de la referida norma adjetiva penal, estipula que ‘En ningún caso el juez o Tribunal podrá... producir prueba de oficio.’ El principio de imparcialidad, propio de los sistemas de corte acusatorio, importa que el juez no tenga facultades probatorias autónomas, puesto que, si tuviese atribución para producir pruebas de oficio, se dejaría de lado uno de los pilares fundamentales de nuestro régimen de enjuiciamiento, que se traduce en la categórica separación entre actos de investigación y acusación y actos de juzgamiento, lo que evita en definitiva, que el juez predisponga el rumbo del proceso, como podría suceder si dirige o reorienta el destino final del asunto a través de su injerencia en el tema probatorio. Además de la norma prevista en el artículo 3º del Código de Procedimiento Penal, diversos tratados consagran la garantía de ser juzgado por un Tribunal competente, independiente e imparcial, así los artículos 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ello, a efecto de que los titulares del órgano jurisdiccional ejerciten la independencia del Poder Judicial, tanto externa como interna, y que opera como garantía para los justiciables, asegurando la realización de un juicio objetivo, imparcial y neutral del juzgador frente al caso concreto; por ello, el juez o Tribunal no puede producir prueba de oficio, aunque haya sido ofrecida por las partes”.
III.2. Consideraciones doctrinales y normativas.
III.2.1. La fundamentación como elemento del derecho al debido proceso.
Este Tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado que la CPE, reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que, la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el Juez o Tribunal al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.
Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319 de 4 de diciembre de 2012, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez de Sentencia; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.
Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder a todos los puntos denunciados.
En esa línea, el Auto Supremo 050/2013-RRC de 1 de marzo de 2013, precisó que: “(…) cuando se plantea la violación del debido proceso por falta de motivación en los fallos, y consecuente existencia de defecto absoluto en el proceso, es necesario demostrar que los fundamentos y alcances de la decisión cuestionada son incomprensibles, por: i) La ausencia absoluta de motivación, situación que concurre cuando no son expresados en ella los fundamentos de hecho y derecho en las que se apoyan; ii) Una motivación deficiente, incompleta o sesgada, que se presenta cuando se deja de analizar aspectos de relevancia en el proceso, o se los analiza en forma precaria o parcial; iii) Una motivación ambivalente, que se presenta cuando los argumentos expuestos en ella son conducentes al absurdo o contradictorios entre sí; iv) Incomprensión del contenido del texto por el empleo de palabras o frases que no pueden ser entendidas o por la existencia de omisiones que originan juicios que manifiestan duda y que esta incomprensión esté relacionada con los elementos que determinan la calificación jurídica de los hechos”.
En la exposición de los agravios identificados y que fueron objeto de admisión, para su respectivo análisis de fondo, se tiene que el recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, no respondió de manera fundamentada a cada uno de los motivos de su apelación restringida, referidos a: i) La vulneración del derecho a un juez imparcial e independiente y no prejuiciado; ii) La Sentencia se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas legales; iii) La Sentencia se fundamentó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba art. 370 inc. 6) del CPP, argumentando que no es un Tribunal de segunda instancia, que no le corresponde valorar la prueba, no obstante de ello, en su cuarto considerando indica que estudiaron minuciosamente los datos del proceso elevados en originales, llegando a determinar que el Tribunal de Sentencia procedió de forma correcta y conforme a derecho para sustentar la condena, obviando ejercer el control de logicidad (reglas de la sana crítica) al que se encuentra obligado.
Al respecto, de la revisión del Auto de Vista recurrido, se tiene que el Tribunal de alzada de forma general, señaló según se desprende del acápite II.3. de la presente Resolución, que con relación al inc. 5) del art. 370 del CPP, el Tribunal de Sentencia, otorgó credibilidad a los testigos de cargo del Ministerio Público y la parte querellante, así como a los informes médicos forenses; adicionalmente, en cuanto a los incs. 1), 4), 5), 6) y 10) del art. 370 del CPP, afirmó que los defectos no fueron demostrados, que no se citó disposiciones legales vulneradas, constando únicamente el acta de juicio donde evidenció que se llevó a cabo dentro de los parámetros legales, de acuerdo a procedimiento y que durante la tramitación del proceso las diligencias fueron de su conocimiento, aseverando que no se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales, que el Tribunal de Sentencia actuó y fundó la Sentencia en conformidad a las disposiciones que corresponden al delito acusado en un debido proceso, resguardando los derechos y garantías del imputado de acuerdo a los arts. 115, 116 y 117 de la CPE y 6 del CPP y que el Fiscal actuó en cumplimiento a los arts. 11, 12, 13, 16, 21 y el inc. 5) del art. 370 del CPP, cuestionados por el apelante, aseverando que se adecuó el accionar antijurídico del imputado a los alcances del art. 252 incs. 2) y 3) del CP, que las pruebas ofrecidas fueron incorporadas al juicio oral por su lectura, concluyendo que el Tribunal de Sentencia actuó de acuerdo a las reglas de la sana crítica y los arts. 124, 171 y 173 del CPP, y que del análisis de la sentencia impugnada, extrajo que se sustentó en hechos existentes y debidamente acreditados en la audiencia de juicio, en base a medios probatorios que generaron en el Tribunal convicción sobre la responsabilidad penal, por lo que arribó que el Tribunal de Sentencia valoró las pruebas de cargo suficientes para destruir la presunción de inocencia y permitir con certeza plena e incontrastable sobre la pretensión punitiva del proceso, mediante el método de libre valoración racional y científica, de acuerdo a las reglas de la sana critica, la lógica y el sentido común, uniendo en este trabajo global e intelectual aspectos y elementos, sin incurrir en los defectos previstos por el art. 370 del CPP.
No obstante de ello, se debe tener en cuenta que la expresión de agravios no se limitó a simples epígrafes acusando la vulneración de normas, ya que el apelante en ese entonces, ahora recurrente, formuló su alzada en base a los motivos resumidamente expuestos en el acápite II.2; de los cuales se advierte que el recurrente cuestionó varios aspectos vinculados al contenido de la prueba judicializada en el acto de juicio, sin merecer una respuesta completa de parte del Tribunal de alzada que se limitó a la cita de las normas legales denunciadas afirmando que no fueron infringidas, sin dar respuesta a los argumentos vertidos en cada uno de los motivos de apelación, realizando aseveraciones genéricas sin explicar qué razones las respaldan; en consecuencia, es evidente que el Tribunal de alzada no respondió de manera fundamentada a cada uno de los motivos de su apelación restringida, desconociendo que el fundamento constituye una obligación ineludible que debe contener toda resolución que garantice el acatamiento de unos de los elementos constitutivos del debido proceso y de la tutela judicial que debe hacer efectiva cada tribunal en el proceso penal, sin desconocer que su competencia se halla delimitada respecto a los puntos cuestionados en la apelación restringida en conformidad al art. 398 del CPP, otorgando al impetrante una respuesta fundamentada y sustentada sobre el porqué de la determinación asumida, fundamentación de la que carece el Auto de Vista cuestionado, inobservando también la exigencia constitucional en sujeción a los parámetros especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado en apego al principio de congruencia, precautelando el cumplimiento del art. 124 del CPP; que haga entendible su contenido.
En ese marco, al no haber procedido de esa forma el Tribunal de apelación, incurrió en contradicción con los Autos Supremos 141/2006 de 22 de abril, 431/2005 de 15 de octubre, 251/2012 de 17 de septiembre, 286/2013 de 22 de julio, que por la glosa efectuada en el presente fallo, establecieron doctrina legal relativa a la obligación que tiene el Tribunal de apelación de pronunciarse fundadamente respecto a los puntos impugnados a través de la apelación, con la debida exposición de las razones y fundamentos que sustenten la decisión; dejándose constancia que este Tribunal no advierte contradicción con los Autos Supremos 317/2003 de 13 de junio y 341/2006 de 28 de agosto, al estar referidos a cuestiones diferentes a lo resuelto en el presente caso de autos.
Por las razones expuestas, este Tribunal llega a la conclusión de que el Tribunal de apelación no obró correctamente a momento de emitir la resolución de la alzada, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto la Resolución impugnada.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Hans Henry Rivero Terrazas, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 25 de 6 de noviembre de 2014 de fs. 954 a 956, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.
En aplicación del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.