Source: http://carreteros.org/legislaciona/nfinanciacion/ley8_1989/apartados/t_c.htm
Timestamp: 2020-04-06 10:00:14
Document Index: 257128936

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 54', 'artículo 32', 'artículo 5']

El proceso de ordenación de las tasas en la historia fiscal española no puede decirse que haya sido sencillo ni siquiera que se encuentre terminado. Ello se debe a causas complejas y sobradamente conocidas, derivadas de la génesis, características y peculiar función que estos tributos cumplieron en el sistema tributario, en la financiación de los Entes públicos dotados de cierta autonomía dentro de la estructura del Sector Publico e, incluso, en la política retributiva de los funcionarios públicos.
Posteriormente, el Real Decreto-ley 26/77, de 24 de marzo, suprimió una treintena de antiguas tasas o exacciones parafiscales, transvasó otras diez al régimen de precios o recursos propios de Organismos Autónomos y realizó algunas refundiciones.
También, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 30/85, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se han derogado otras diez antiguas exacciones o cánones parafiscales.
En esta misma línea de racionalización y simplificación del sistema de tasas hay que anotar la supresión en los últimos tiempos de una serie de ellas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como la supresión de las tasas judiciales por la Ley 25/86, de 24 de diciembre.
Por todo ello resulta conveniente afrontar la revisión de esta legislación, insertándola en el nuevo marco jurídico creado por la Constitución Española, de forma que las tasas puedan ocupar un lugar efectivo entre los ingresos no financieros de los Entes públicos, absolutamente concentrados en estos momentos más que en la figura del tributo en general, en la del impuesto. Solo de esta manera puede aspirarse a conseguir una estructura mas diferenciada de los ingresos públicos coactivos, que haga recaer sobre los beneficiarios directos de ciertos servicios y actividades públicos el coste de su prestación, en lugar de financiarlos con impuestos generales aplicables a todos los ciudadanos. Con esta asociación del principio básico de capacidad económica y del de equivalencia o beneficio para articular determinados tributos, se espera mejorar no solo la suficiencia del sistema en su conjunto sino los componentes de equidad y justicia del mismo, manteniendo al mismo tiempo el objetivo de contención de la presión fiscal individual presente en las leyes fiscales aprobadas en esta legislatura.
La presente Ley no se limita, sin embargo, a la regulación básica de las tasas en el conjunto de los ingresos tributarios, sino que aborda, también, la de los precios públicos: figura mal definida en nuestro ordenamiento y, sobre todo, insuficientemente regulada, respecto de la cual, con esa diferencia, cabria realizar prácticamente las mismas consideraciones expuestas respecto a la necesidad de acometer su reforma legislativa.
La distinción entre precio y tasa es una cuestión clásica de la Hacienda Publica, minimizada jurídicamente por la escasa significación de los ingresos procedentes del precio en el conjunto de los ingresos públicos. Sin embargo, tanto la tasa como el precio publico arrancan de un mismo supuesto de hecho como es que el Ente publico entrega directamente ciertos bienes o presta ciertos servicios por los que es posible obtener a cambio un ingreso. En ambos casos tendremos ingresos públicos, pero mientras que en el precio la relación que se establece es contractual y voluntaria para quien lo paga, en la tasa aparece la nota de coactividad propia del tributo y, consecuentemente, las exigencias propias del principio constitucional de legalidad para su creación y aplicación.
Resulta, por tanto, igualmente necesario acometer a nivel legal la regulación del régimen jurídico del precio publico y su delimitación con las tasas, ya que la teoría jurídica de la distinción entre ambas figuras se encuentra poco desarrollada en España a todos los niveles.
Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho publico, que se refieran, afecten o beneficien a los sujetos pasivos. Consciente la norma de que, en ciertos supuestos, pueden prestarse servicios o realizarse actividades que, por sus características, no implican las notas propias de la tasa, la delimitación o acotamiento del campo de la misma se efectúa con dos notas: la solicitud o recepción del presupuesto de la tasa debe ser obligatoria para el obligado a satisfacerla y, además, el servicio o actividad que se presta por parte del Ente publico no debe poder ser prestado por el sector privado (no puede existir concurrencia entre el sector publico y el sector privado). Cuando concurran en la prestación del servicio o realización de la actividad las dos notas comentadas (obligatoriedad y no concurrencia) estaremos ante una tasa. Por el contrario, si el servicio o actividad es susceptible de ser prestado por el sector privado o bien en su solicitud no existe obligatoriedad, estaremos ante el precio publico. También estaremos ante un precio publico cuando la actividad consista en la concesión de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio publico.
b) Flexibilizar legalmente la utilización de este instrumento de financiación publica, mediante la incorporación al régimen tributario general de los criterios de la legislación reguladora de las Haciendas Locales y de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de legalidad en materia tributaria.
La presente Ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de los siguientes recursos de Derecho publico:
Artículo 2. Delimitación del ámbito de aplicación de la Ley
c) Los recursos de las Cámaras de Comercio, Industria y navegación, que continuaran regulándose por su legislación especifica.
Artículo 3. Medidas presupuestarias
1. Los recursos regulados en esta ley correspondientes al Estado y sus Organismos autónomos, se ingresaran en las cajas del Tesoro Publico o en cuentas bancarias autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda.
4. El Ministro de Economía y Hacienda podrá proponer al Gobierno o al Ministro del ramo el establecimiento de ingresos de Derecho publico regulados en la presente Ley, por parte de aquellos Organos de la Administración del Estado, Organismos o Entes que no los apliquen, así como su actualización, cuando proceda.
Las autoridades, los funcionarios públicos, agentes o asimilados que de forma voluntaria y culpable exijan indebidamente una tasa o precio publico, o lo hagan en cuantía mayor que la establecida, incurrirán en falta disciplinaria muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran derivarse de su actuación.
Cuando adopten en la misma forma resoluciones o realicen actos que infrinjan la presente Ley y las demás normas que regulan esta materia, estarán obligados, además, a indemnizar a la Hacienda publica por los perjuicios causados.
Artículo 5. Servicios públicos esenciales
(Artículo derogado por la LEY 25/98)
(Artículo redactado de conformidad con la LEY 58/2003)
Artículo 7. Principio de equivalencia
Artículo 8. Principio de capacidad económica
Artículo 9. Fuentes normativas de las tasas
b) Por la presente Ley, por la Ley General Tributaria y la Ley General Presupuestaria, en cuanto no preceptuen lo contrario.
2. La presente Ley se aplicara supletoriamente respecto de la legislación que regula las tasas de las Comunidades Autónomas y las Haciendas Locales.
(Artículo redactado de conformidad con la LEY 25/98)
Artículo 11. Previsión presupuestaria
Artículo 12. Devolución
CAPITULO II. LA RELACION JURIDICO-TRIBUTARIA DE TASA
Podrán establecerse tasas por la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de Derecho publico consistentes en:
a) La participación como aspirantes en oposiciones, concursos o pruebas selectivas de acceso a la Administración Pública, así como en pruebas de aptitud que organice la Administración como requisito previo para el ejercicio de profesiones reguladas de la Unión Europea. (Texto introducido por la LEY 13/96)
m) El ejercicio de la potestad jurisdiccional a instancia de parte en los órdenes civil y contencioso-administrativo. (Texto introducido por la LEY 53/02)
n) La tramitación o expedición de licencias, visados, matriculas o autorizaciones administrativas. [Este apartado paso a ser el n de acuerdo con la LEY 53/02, con anterioridad y de acuerdo con la LEY 13/96 era el m (en la redacción inicial del artículo era el apartado a)]
Artículo 14. Aplicación territorial
Artículo 17. Responsables
Artículo 18. Exenciones y bonificaciones
(Apartado 5 redactado de conformidad con la LEY 4/2004)
(Apartados 1 a 4 redactados de conformidad con la LEY 25/1998)
CAPITULO III. GESTION Y LIQUIDACION DE LAS TASAS
Artículo 22. Gestión
Artículo 23. Autoliquidacion
Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidacion tributaria y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro, cuando así se prevea reglamentariamente.
TITULO III. PRECIOS PUBLICOS
(Disposición derogada por la LEY 25/98)
3. Los funcionarios públicos que, mendiando dolo o culpa grave, infrinjan lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior incurrirán en falta disciplinaria muy grave que, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran derivarse de su actuación, será sancionada con suspensión por plazo de cinco años y, en caso de reincidencia, con la baja definitiva del funcionario en el correspondiente cuerpo o escala o, en su caso, separación del servicio.
(Disposición derogada por el RDL 1/93)
QUINTA. Adaptación de la Ley Orgánica 11/83.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las tasas académicas y demás derechos a que se refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 54 de la Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, tendrán la consideración de precios públicos y se fijarán y regularán de acuerdo con lo establecido en el citado artículo.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1091/88, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, quedara redactado en los siguientes términos:
1. A los fines previstos en el artículo anterior, la Hacienda del Estado gozará, entre otras, de las prerrogativas reguladas en los artículos 71, 73, 74, 75, 111, 112 y 126 de la Ley General Tributaria.
2. Los mismos derechos asisten a los Organismos Autónomos del Estado. Cuando estos concurran con la Hacienda del propio Estado tendrán preferencia para el cobro los créditos de esta ultima".
SEPTIMA. Aplicación supletoria de la regulación de los precios públicos.
Lo dispuesto en el Titulo III de esta Ley será de aplicación supletoria respecto de la legislación que establezcan las Comunidades Autónomas y las Haciendas Locales sobre precios públicos en el ámbito de sus competencias.
OCTAVA. Modificación de la ley 30/85, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El artículo 5º, apartado 6º, de la Ley 30/85, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedará modificado en su redacción en los siguientes términos:
"m) las de matadero".
"Tampoco estará sujeta al impuesto la constitución de concesiones y autorizaciones administrativas, excepto las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar inmuebles o instalaciones en puertos y aeropuertos".
1. Las tasas, incluidas las de origen parafiscal y las denominadas exacciones parafiscales vigentes, continuaran exigiéndose, según las normas aplicables a la entrada en vigor de esta Ley, hasta que operen las previsiones contenidas en los artículos 10 y 26 de la misma.
2. Lo previsto en el apartado anterior será aplicable igualmente respecto de los precios de carácter publico actualmente vigentes.