Source: https://elminuto.cl/ministerio-del-interior-presenta-una-querella-criminal-por-trafico-ilicito-de-migrantes/
Timestamp: 2019-08-25 05:10:33
Document Index: 65070763

Matched Legal Cases: ['artículo 411', 'artículo 411', 'artículo 411', 'Artículo 411', 'artículo 260', 'artículo 5', 'artículo 3']

Ministerio del Interior presenta una querella criminal por "Tráfico ilícito de migrantes". |
Ministerio del Interior presenta una querella criminal por “Tráfico ilícito de migrantes”.
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA, presenta una querella criminal en contra de TODOS LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES como autores, cómplices o encubridores del delito de TRAFICO ILEGAL DE MIGRANTES, previsto y sancionado en el artículo 411 bis del Código Penal, en grado de consumado, y de cualquier otro ilícito que se determine durante el transcurso de la investigación, en base a los argumentos de hecho y de derecho que a continuación pasamos a exponer:
La aerolínea LAW comenzó a operar en nuestro país en enero del año 2016, y desde ese entonces se ha dedicado en interrumpidamente al transporte de pasajeros por vía aérea desde y hacia Chile, teniendo como ciudades de destino aquellas que se detallaran en el cuerpo de esta presentación Esta aerolínea funciona bajo la razón social de Latín American Wings S.A. Fue constituida el 18 de junio de 2015, comenzando sus operaciones (como ya se dijo) en enero de 2016. Su RUT es el 76.464.521-9 y se encuentra domiciliada en calle Apoquindo 3076, oficina 1101, comuna de Las Condes.
La aerolínea cuenta con un hangar ubicado en calle Omar Page N° 2085, comuna de Pudahuel (que, en estricto rigor, es de propiedad de una filial de Latín American Wings S A., Llamada Latín American Wings SpA). EI giro de la compañía, según la escritura social, “será el transporte aéreo de pasajeros, carga y correo en aeronaves propias, arrendadas o tomadas en léase, la realización de vuelos comerciales regulares y charters nacionales o internacionales…”
Para realizar sus operaciones, la empresa cuenta con 4 aviones Boeing clásicos 737-300, de los cuales uno esta certificado, mientras que los otros tres se encuentran en proceso de certificación e implementación. EI avión en operación es, específicamente, un Boeing 737-3G7, cuya matrícula es CC-ADZ y tiene una capacidad máxima de 148 pasajeros. Asi mismo, es menester recalcar que la aerolínea arrienda el Certificado de Operador Aéreo (AOC) 2 a la empresa Chile Jet S.A., quien provee a LAW del certificado antedicho y del a\Lion con el cual actualmente realiza sus operaciones. EI fundamento de este contrato de arrendamiento radica en que era la única vía que permitía a LAW operar en Chile mientras se encontraba en trámite la obtención de su propio AOC, el cual se habría otorgado definitivamente a la aerolínea el 31 de diciembre de 2016.
Los socios originales de Latín American Wings S.A., y que continúan siéndolo hasta la fecha, son los siguientes: (i) Asesorías E Inversiones Krebo Limitada, RUT 76.050.754-7, con una participación del 60%,Comercial Frese Limitada, RUT 77.417.290-4, con una participación del 20% y Asesorías E Inversiones Flandres Limitada, RUT 76.282.892-9, con participación del 20%.
Ahora bien, en virtud de todo expuesto, y dado que es precisamente el arriendo del AOC el que permitió a LAW operar durante todo el año 2016, es que:
1.De estos 3 aviones que se encuentran en proceso de certificación e implementación, se ha podido recabar, hasta el momento, información de dos de ellos: el primero es un Boeing 737-33R, matrícula CC-ARQ, inscrito en el Conservador de Aeronaves teniendo a LAW como explotador. La segunda aeronave es un Boeing 737-300, matrícula CC-AQL
2.Este certificado acredita que el operador posee capacidad profesional y la organización necesaria para garantizar la operación de aeronaves en condiciones seguras para las actividades aeronáuticas.
Resulta necesario referirse brevemente a ChileJet, la parte arrendadora. Esta empresa ocupa como razón social “Chilejet S.A.”, su RUT es 76.257.943-K y fue constituida con fecha 18 de octubre de 2012. Según su escritura de constitución,su giro es “el transporte aéreo de pasajeros, carga y correo en aeronaves propias,arrendadas o tomadas en lease; La realización de vuelos comerciales regulares y charters nacionales o internacionales, la prestación de servicios de operador aeronáutico por cuenta propia o de terceros…”.
La aerolínea Latin American Wings S.A. tiene como destinos las siguientes ciudades:
Conforme a los antecedentes recabados, y que se aportarán en el transcurso de la investigación, la aerolínea realiza semanalmente cuatro vuelos a Punta Cana y dos a Puerto Príncipe.Pues bien, después de sentado un panorama general acerca de la constitución y funcionamiento de Latin American Wings SA, cabe referirse a la relación entre las actividades propias del giro de esta línea aérea y el arribo masivo de inmigrantes haitianos a nuestro país. En primer lugar, resulta necesario señalar que la aerolínea ha realizado hacia la ciudad de Santiago un total de 125 vuelos entre enero y octubre del año 2016, de los cuales 122 transportaban pasajeros haitianos, arribando a Chile un total de 13.924 haitianos, y saliendo del territorio nacional.
En segundo lugar, se debe aludir a cómo son contactados y/o captados los ciudadanos haitianos que ingresan a Chile. Para estos efectos, ciudadanos haitianos que se encuentran en Chile compran pasajes para enviarlos a sus familiares y amigos que aún están en Haití, puesto que es más barato de esta forma que adquirir los boletos en sus países de origen. Incluso, resulta aún más económico comprar pasajes desde Punta Cana hacia Santiago, dada la difícil situación económico-social que atraviesa Haití, lo cual es un hecho público y notorio.
De este modo, existe un flujo importante de haitianos que viajan hacia Santo Domingo (distante a aproximadamente 360 kilómetros de Puerto Príncipe)para posteriormente dirigirse a Punta Cana) (que queda a unos 190 km. de la capital Santo Domingo) y abordar así un vuelo de LAW hacia Santiago cuyo stickets son comprados y enviados por haitianos que ya se encuentran en Chile.
En consonancia con el movimiento migratorio descrito en el párrafo anterior, la aerolínea LAW ha ofrecido paquetes que incluyen el traslado de pasajeros desde Santo Domingo hacia Punta Cana para posteriormente abordar sus vuelos hacia Santiago. En efecto, a agosto del año 2016 un pasaje entre Punta Cana y Santiago costaba $500.000, mientras que por $600.000 se incluía el traslado vía terrestre de los pasajeros entre Santo Domingo y Punta Cana, lugar desde el cual parten los vuelos hacia Santiago Los tickets aéreos son comprados en agencias de viaje ubicadas en la comuna de Santiago.
Específicamente, hay una ubicada en una galería comercial en calle Catedral Nº 1083 y otra en la intersección de Alameda esquina Paseo Ahumada. A ellas concurre un sinnúmero de ciudadanos haitianos buscando la oferta de pasajes más económica para permitir el ingreso de sus familiares y amigos a territorio chileno.Además, según información proporcionada por ciudadanos haitianos que recién arribaron a Chile vía LAW, compraron pasajes de ida y vuelta a Chile,siendo que muchos de ellos llegan a nuestro país con el ánimo de residir en él deforma definitiva.En tercer lugar, cabe hacer presente a 8.8. ciertos datos que dan cuenta del actuar doloso de los querellados en lo que respecta al ingreso ilegal de haitianos a Chile. En este sentido, ya se mencionó que las operaciones de la aerolínea permitieron el ingreso a territorio nacional de 13.924 haitianos.
En estricta relación con esto, ha aumentado ostensiblemente ¡a cantidad de ciudadanos haitianos que han ingresado al país, pues según información entregada por el Departamento de Extranjería y Policía Internacional del Aeropuerto, dependiente de la Policía de Investigaciones de Chile, sólo desde enero de este año hasta, aproximadamente, fines de agosto, han ingresado 26.000 ciudadanos haitianos sin residencia el territorio nacional, siendo que entre los meses de enero del año 2013 y diciembre del 2015, ingresaron 19.162. Vale decir, en un lapso de tiempo de 8 meses se registró un aumento del 35% de haitianos sin residencia en el país, respecto de la cantidad de haitianos que entraron a Chile en un periodo de 23 meses. Así, tal como S.S. podrá colegir, el explosivo aumento del número de ciudadanos haitianos sin residencia en Chile coincide con el ingreso de LAW al mercado aeronáutico. Esta información es congruente con el hecho, constatado por funcionarios del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, de que los aviones de LAW parten desde Santiago hacia sus ciudades de destino con un número muy reducido de pasajeros, regresando a Chile al tope de su capacidad.Con esto, cabe concluir que la gran mayoría de los ciudadanos haitianos que ingresan a Chile vía LAW, aduciendo su calidad de turistas, realmente lo hacen con fines de residencia, de manera que su calidad estatus de estancia en el país no se condice con la que arguyen al momento de ingresar al territorio nacional.
De esta forma, a partir del relato de los hechos, S.S. podrá apreciar que éstos son subsumíbles en el tipo penal establecido en el artículo 411 bis del Código Penal. Quienes resulten responsables de estos hechos facilitan la entrada ilegal de migrantes a nuestro país mediante la venta de tickets aéreos (que son vendidos en agencias de viaje ubicadas en el centro de Santiago, tal como se expuso anteriormente), sabiendo o no pudiendo sino saber que la inmensa mayoría de estos ciudadanos ingresan a Chile con fines de residencia. Además,se debe considerar que el estatuto de ingreso de un haitiano al territorio de la república es el señalado en la ley, por cuanto no requieren visa especial para su ingreso. Es decir, los agentes de ¡a querellada, en conocimiento de esta situación,sabiendo de las restricciones para ingresar a Chile, teniendo en consideración el límite temporal y la justificación patrimonial para dicha estadía, ofrecen el ingreso al territorio nacional a personas cuyo propósito es diferente al señalado por los querellados a la autoridad migratoria chilena.
Por otro lado, el ánimo de lucro se configura con las ganancias obtenidas a partir de la venta de los ticket aéreos, los cuales permiten, como se dijo, facilitar el ingreso ilegal de migrantes a Chile. Sumado a esto, debe tenerse en cuenta que algunos haitianos que ya se encontraban en Chile compraron pasajes de ida y vuelta para sus familiares y/o amigos en Haití (siendo que éstos viajaban a Chile con ánimo de residencia y no de turismo), de modo que se desconoce el paradero y ei uso que se le habrá dado al dinero correspondiente al pasaje de vuelta.El principio de ejecución Es un hecho no controversial, conforme a información pública, que esta línea aérea realiza estas operaciones asociadas al art 411 bis, a través de agencias de viaje ubicadas en la comuna de Santiago. De esta forma, el principio de ejecución, consistente en el primer eslabón de la realización de la conducta típica de facilitación del ingreso ilegal de migrantes tiene lugar en estas agencias,Lo cual justifica la interposición de esta querella ante V.S.El derecho. Los hechos descritos anteriormente constituyen ei delito de TRÁFICO DE MIGRANTES, previsto y sancionado en el artículo 411 bis del Código Penal, el que se transcribe a continuación:”Artículo 411 bis.—Tráfico de migrantes.
El que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ¡legal al país de una persona que no sea nacional o residente, será castigado con reclusión menor en su grado medio 8 máximo y multa de cincuenta a cienunidades tributarias mensuales.La pena señalada en el inciso anterior se aplicará en su grado máximo si se pusiere en peligro la integridad física o salud del afectado.Si se pusiere en peligro la vida del afectado o si éste fuere menor de edad, la pena señalada en el inciso anterior se aumentará en un grado.Las mismas penas de los incisos anteriores, junto con la de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo, se impondrá si el hecho fuere ejecutado, aun Sin ánimo de lucro, por un funcionario público en el desempeño de su cargo o abusando de él. Para estos efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 260″.Asimismo, y de conformidad a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos contra el Tráfico ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas promulgada y publicada en Chile con fecha 16 de febrero de 2005, se entiende por Tráfico Ilícito de Migrantes lo siguiente:
Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación de¡a entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero otro beneficio de orden material. Por “entrada ¡legal” se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor; Por “documento de identidad o de viaje falso” se entenderá cualquier documento de viaje o de identidad:
Elaborado o expedido de forma espuria o alterado materialmente por cualquiera que no sea ¡a persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre de un Estado; o Expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción o coacción o de cualquier otra forma ilegal; 0 Utilizado por una persona que no sea su titular legítimo”. El tráfico ilícito de migrantes es un fenómeno que afecta a todas las regiones y a Ia mayoría de los países del mundo, y aunque las rutas utilizadas por los traficantes pueden cambiar, este delito presupone invariablemente el traslado de un país más pobre a otro más rico, siendo un elemento característico de su comisión el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de personas migrantes o de sus aspiraciones por lograr una mejor calidad de vida en el país de destino.
Por otro lado, y tal como se señala en el preámbulo del Protocolo mencionado, la preocupación internacional por el tráfico de migrantes ha aumentado de forma correlativa al sostenido aumento de los movimientos migratorios a nivel mundial. En efecto, este instrumento internacional señala como prioridad la protección de los migrantes, así como la necesidad de elevar al máximo los beneficios — y no ¡os perjuicios —que la migración podría reportar al migrante en cuestión, para lo cual resulta relevante la tipificación y persecución de conductas tendientes a Ia instrumentalización de los migrantes en desmedro delos derechos que les son inherentes. Es en virtud de este marco jurídico —internacional que el Estado de Chile se ha visto en la necesidad politico — criminal de prevenir y reprimir conductas atentatorias contra la seguridad en el tráfico migratorio y los derechos de los migrantes, máxime si se considera que el flujo migratorio hacia nuestro país ha aumentado significativamente con el paso de los años, como se expondrá posteriormente en este escrito. Así, y en cumplimiento desus obligaciones internacionales, el Estado de Chile promulgó la Ley Nº 20.507que tipifica los delitos de tráfico ilegal de migrantes y trata de personas, y es justamente en virtud del cumplimiento de estas obligaciones y de la aplicación dela reciente normativa nacional sobre la materia que esta autoridad estatal interviene interponiendo la presente querella.En definitiva, se observa entonces que en la especie concurren los elementos tipicos del delito en cuestión, dado que (existe una faci!itación de la entrada ilegal el país de personas no nacionales ni residentes, entrada ¡legal que se configura con el ingreso de los referidos ciudadanos no con fines de turismo,sino que de residencia, y existe un ánimo de lucro que se genera con la venta de pasajes de ida y vuelta.
Por todas estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el párrafo Segundo del adículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 7.912, Ley Orgánica del Ministerio del Interior, esta autoridad, en cumplimiento de sus obligacione dirigidas a la mantención del orden público y la seguridad interior del Estado, se encuentra facultado para deducir querellas criminales en los siguientes casos:
Cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito hubieren alterado elorden público, impidiendo o perturbando gravemente ¡a regularidad de las actividades empresariales, laborales, educacionales o sociales o el funcionamiento de los servicios públicos o esenciales para la comunidad, o bien impidiendo o limitado severamente a un grupo de personas el legítimo goce o ejercicio de uno o más derechos, libertades o garantías reconocidos por la Constitución Política de la República;
b) cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en conjunto con otros simiiares y próximos en el tiempo, hubieren afectado ¡a seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de ¡a misma especie. En caso alguno podrán considerarse comprendidos en esta letra las faltas, Ios cuasí delitos, los delitos de acción privada, ni los incluidos en los Párrafos 2 y 5 del Título III; Párrafos 5, 7 y 8 del Título IV; Párrafos 2 bis, 3, 5 y 7 del Título VI; todos los del Título VII, salvo los de los Párrafos 5 y 6; los de los Párrafos 2, 4, 6 y 7 del Título VIII; los de los Párrafos 7 y 8 del Título IX, y los del Título X, todos del Libro Segundo del Código Penal, y (. . .) ”En cuanto a las exigencias descritas en la letra a) del artícuio 3 del DFL 7.912,entendemos que en este caso los ilícitos cometidos importan una seria vulneración a la legislación y política migratoria del Estado de Chile, así como a garantías constitucionaimente reconocidas y ios derechos humanos de personas migrantes, protegidos en diversos tratados internacionales suscritos por Chile,tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo contra el Tráfico ilícito de migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Trasnacionai,la Convención sobre la Protección de Trabajadores Migratorios y sus Familias,entre otras.
Instrumentos que son vinculantes para todos los órganos del Estado,En virtud del artículo 5º de la Constitución Política de la República.En consideración a lo anterior, todos los hechos descritos en la presente querella, revisten el más alto nivei de gravedad, haciéndose extensivo al conceptode orden y seguridad pública, justificando la participación de la autoridad que representamos en la presente causa.En este sentido, cabe destacar que en la historia de la Ley 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se desarrollan las distintas aristasa cerca del concepto que comprende, para el legislador, la seguridad pública; por un lado, se entiende que tiene por finalidad la disminución de la violencia,especialmente en aquellos casos constitutivos de ilícitos de carácter penal; por otro lado, se destaca la impedancia que tiene también como protección al individuo, entendiendo que “la importancia de la seguridad pública es que protege la existencia de condiciones básicas y garantías mínimas para el desarrollo humano; resguarda un núcleo vital que para que sea posible el ejercicio de los demás derechos, y la sociedad puede funcionar normalmente. Lo que permite vivir a las personas sin caer en el temor, es la conciencia de que cuentan con garantías suficientes frente al riesgo y la amenaza; saber que los derechos no pueden ser fácilmente atropellados y que en caso de que alguno sea vulnerado,se pueda recurrir a servicios policiales y judiciales para que termine la amenaza ose repare el daño y se sancione al culpable”.
En otras palabras, la seguridad pública apunta al conjunto esencial de derechos fundamentales para que las personas puedan convivir en comunidad sin miedo,para poder alcanzar la plenitud en la vida social, otorgando garantías suficientes e que frente al riesgo y la amenaza se puede recurrir a los servicios policiales y judiciales cuando alguno de sus derechos son vulnerados.Por su parte, el orden público ha sido definido como “un sitial muy importánte en la normalidad de la vida cotidiana de la sociedad, en todas sus distintas dimensiones, vinculándose como requisito, el normal desenvolvimiento institucional, y por cierto jurídico, del país”En el caso de marras, el traslado de personas migrantes, burlando la legislación nacional sobre la materia, vulneró severamente los derechos fundamentales de los miles de ciudadanos haitianos transportados por la aerolínea LAW,específicamente el reconocimiento de su dignidad humana, al ser cosificados e instrumentalizados, aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes y de sus deseos de contar con una mejor vida para ellos mismos y su familia con el espurio objeto de obtener ganancias ilegitimas, sabiendo además que las condiciones de vida de los migrantes en un país extraño, a si como sus posibilidades de inserción en la sociedad, son altamente precarias y difíciles(respectivamente), tal como lo demuestra la experiencia nacional y comparada.Así, todo lo anterior constituyen hechos de máxima gravedad que no sólo representan infracciones a la legislación penal vigente, sino que además atentan contra las normas y política migratoria del Estado de Chile, lo que constituye una afectación interna del orden y la seguridad pública.Junto con ello, cabe tener presente que frente a un delito de tráfico de migrantes,estos presupuestos de legitimación concurren, toda vez que se trata de un delito de carácter piuriofensivo, donde, por una parte protege intereses colectivos como el orden socioeconómico y el control de flujos migratorios; de igual forma resguarda intereses individuales, como la dignidad de las personas, el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, entre otros.
En cuanto a la habilitación contenida en la letra b) del art. 3º letra a) del DFL7.912, cabe destacar que según las cifras recientes entregadas por el Departamento de Extranjería y Migración, nuestro país se ha convertido en un destino para la migración internacional, existiendo un aumento significativo en los últimos treinta años, pasando del 07% registrado en el año 1982 al 2,3% en elaño 2014 del total de la población. Estas cifras encuentran su concretización empírica en la discusión suscitada en la prensa, en los medios de comunicación social y en las redes sociales en los últimos días, plataformas a través de las cuales se ha debatido acerca del fenómeno de la inmigración en nuestro país.Este escenario ha traído consigo que ciertas personas vean en esta población migrante una posibilidad para traficar migrantes de manera ilegal, existiendo una aumento significativo de este tipo de ilícito en el último tiempo, para así obtener un lucro ilegítimo proveniente de un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la población migrante.
De esta forma, y dado el explosivo aumento que el flujo migratorio ha tenido en los últimos años, es que es dable sostener que esta situación ha generado un alto impacto en la opinión pública, y que existe un temor justificado de la población migrante de ser víctima de delitos de la misma especie.Además, los hechos que fundamentan la interposición de esta querella no constituyen un caso aislado, sino que se enmarcan en una prosecución de hechos delictivos tendientes a instrumentalizara la población migrante bajo el interés lucrativo de terceros; hipótesis que en la legislación nacional han generado la tipificación de los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas en los arts.411 bis y siguientes del Código Penal. Esta reiteración de delitos de la misma índole, de carácter permanente y sostenida en el tiempo, ha afectado la seguridad pública y expone a la población migrante a ser víctima de delitos de la misma especie, lo que fuerza la intervención de este Ministerio en ia persecución y represión de estos deiitos.En ese orden de ideas, la autoridad ha decidido intervenir interponiendo una querella en esta causa, a fin de resguardar las políticas migratorias adoptadas por el Estado de Chile y de evitar la subordinación de un grupo de personas a los intereses espurios e inescrupulosos de terceros.
De este modo se configuran, los presupuestos señalados en el artículo 3“ a),letras a) y b) del D.F_L Nº 7912, atendido al gran impacto que tienen los delitos denunciados para el orden y la seguridad pública, lo que legitima a este Ministerio para intervenir mediante la interposición de la presente querella. Fiscalía Centro Norte indicaron que “la causa está en investigación con diligencias en curso y aún no sido formalizada”.
Fuentes de la PDI dicen que en las últimas semanas se ha detectado también el ingreso de ciudadanos haitianos vía Lima. Según las cifras de la JAC, Peruvian Airlines movilizó en enero pasado a 2.004 pasajeros en dos rutas (Lima–Santiago y Punta Cana–Santiago), de los cuales 1.180 viajaron hacia Chile y 767 desde Santiago hacia los dos destinos mencionados.
“Según datos de Clapes UC, si entre 2009 y 2013 los inmigrantes representaban entre el 1,3% y el 1,4% del empleo total, en 2017 alcanzaron al 2,1%. Eso equivale a cerca de 200 mil personas”.
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