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Timestamp: 2018-05-25 16:34:45
Document Index: 382956749

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 46', 'artículo 5', 'artículo 32', 'artículo 32']

El TITULO III (artículos 26 al 34) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, trata De los bienes muebles.
La Administración del Estadoconfeccionará, en colaboración con las demás Administraciones competentes, el Inventario General de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español que tengan singular relevancia, que no hayan sido declarados de interés cultural.
Las Administraciones competentes podrán recabar, de los titulares de derechos sobre los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español,
el examen de los mismos, así como las informaciones pertinentes para su inclusión, -si procede-, en dicho Inventario.
Los propietarios y los demás titulares de derechos reales sobre bienes muebles que tengan notable valor
podrán presentar, ante la Administración competente, solicitud debidamente documentada para iniciar el procedimiento para la inclusión de dichos bienes en el Inventario General. La resolución deberá recaer en un plazo de 4 meses.
Los propietarios o poseedores de los bienes muebles que reúnan el valor y características que se señalen reglamentariamente, quedan obligados a comunicar a la Administración competente la existencia de estos objetos, antes de proceder a
su venta o
transmisión a terceros.
o el comercio habitual de bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español, que deberán, además, formalizar ante dicha Administración un libro de registro de las transmisiones que realicen sobre aquellos objetos.
La organización y el funcionamiento del Inventario General se determinarán por vía reglamentaria; ya se aplicarán las siguientes normas a los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español incluidos en el Inventario General:
a) La Administración competente podrá inspeccionar su conservación.
b) Sus propietarios y, -en su caso-, los demás titulares de derechos reales sobre los mismos, están obligados
a permitir su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada,
y a prestarlos, con las debidas garantías, a exposiciones temporales que se organicen por los Organismos a que se refiere el artículo 6º de esta Ley. No siendo obligatorio realizar estos préstamos por un período superior a un mes por año.
Véase R.D. 111/1986, 10 enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985: arts. 22 y 25.
c) La transmisión por actos
inter vivos o
así como cualquier otra modificación en la situación de los bienes deberá comunicarse a la Administración competente y anotarse en el Inventario General.
Los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español podrán ser declarados de interés cultural. Tendrán tal consideración los bienes muebles contenidos en un inmueble que haya sido objeto de dicha declaración y que ésta los reconozca como parte esencial de su historia.
Los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventario General que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse
por título oneroso
ni cederse a particulares
ni a entidades mercantiles.
Dichos bienes sólo podrán
ser enajenados o
cedidos al Estado,
a entidades de Derecho Público
o a otras instituciones eclesiásticas.
Los bienes muebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español no podrán
ser enajenados por las Administraciones Públicas,
salvo las transmisiones que entre sí mismas éstas efectúen y lo dispuesto en los artículos 29 y 34 de esta Ley.
Los bienes a que se refiere este artículo, los bienes del Patrimonio Histórico Español, serán imprescriptibles. En ningún caso se aplicará a estos bienes lo dispuesto en el artículo 1.955 del Código Civil.
Pertenecen al Estado los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español que sean exportados sin la autorización requerida por el artículo 5º de esta Ley. Dichos bienes son
inalienables e
Los actos conducentes a la total recuperación de los bienes ilegalmente exportados corresponden a la Administración del Estado.
Cuando el anterior titular acreditase
sustracción previa del bien ilegalmente exportado,
podrá solicitar su cesión del Estado, obligándose a abonar el importe de los gastos derivados de su recuperación, y, en su caso, el reembolso del precio que hubiere satisfecho el Estado al adquirente de buena fe.
Se presumirá
sustracción del bien ilegalmente exportado
cuando el anterior titular fuera una Entidad de derecho público.
Los bienes recuperados y no cedidos serán destinados a un centro público, previo informe del Consejo del Patrimonio Histórico.
La autorización para la exportación de cualquier bien mueble integrante del Patrimonio Histórico Español estará sujeta a una tasa establecida de acuerdo con las reglas vigentes en R.D. 111/1986, 10 enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985: arts. 46 a 51.
Apartado 4 del artículo 46 introducido por R.D. 64/1994, 21 enero («B.O.E.» 2 marzo).
3. La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español dictaminará estas solicitudes. A tal efecto podrá acordar, cuando las circunstancias lo aconsejen, que los bienes cuyo permiso de exportación se solicita sean depositados en un establecimiento para su examen. Dicha Junta podrá exigir al solicitante que acredite documentalmente su propiedad sobre el objeto o que está autorizado por su propietario para la venta o exportación del mismo.
La Administración del Estado podrá autorizar la salida temporal de España, en la forma y condiciones que reglamentariamente se determine, de bienes muebles sujetos al régimen previsto en el artículo 5º de esta Ley. En todo caso deberá constar en la autorización
garantías de la exportación.
Los bienes así exportados no podrán ser objeto del ejercicio del derecho de preferente adquisición.
Los bienes muebles cuya importación
haya sido realizada legalmente
y esté debidamente documentada,
de modo que el bien importado quede plenamente identificado, no podrán ser declarados de interés cultural en un plazo de diez años a contar desde la fecha de su importación.
Transcurrido el plazo de 10 años, dichos bienes quedarán sometidos al régimen general de la presente Ley 16/1985, salvo que sus poseedores soliciten a la Administración del Estado prorrogar esta situación por igual plazo, y aquella sea concedida oído el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.
Número 2 del artículo 32 redactado por Ley 50/1998, 30 diciembre («B.O.E.» 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Véase R.D. 111/1986, 10 enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985: art. 46.
Los bienes muebles que posean alguno de los valores señalados podrán ser declarados de interés cultural antes del plazo de 10 años si
su propietario solicitase dicha declaración
y la Administración del Estado resolviera que el bien enriquece el Patrimonio Histórico Español.
Siempre que se formule solicitud de exportación (salvo lo previsto en el artículo 32), la declaración de valor hecha por el solicitante será considerada oferta de venta irrevocable en favor de la Administración del Estado que, de no autorizar dicha exportación, dispondrá de un plazo de 6 meses para aceptar la oferta y de 1 año a partir de ella para efectuar el pago que proceda.
La negativa a la solicitud de exportación no supone la aceptación de la oferta, que siempre habrá de ser expresa.
El Gobierno podrá concertar con otros Estados la permuta de bienes muebles de titularidad estatal pertenecientes al Patrimonio Histórico Español por otros de al menos igual valor y significado histórico. La aprobación precisará de informe favorable de
las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando
y de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.
Legislación Oposiciones Patrimonio Histórico Español
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