Source: https://www.scribd.com/document/115538960/PonenciaCamaras-HiramMelendezJuarbe-4-Diciembre
Timestamp: 2017-02-23 07:45:17
Document Index: 403578649

Matched Legal Cases: ['Artículo\t2', 'Artículo\t2', 'Artículo\t4', 'Artículo\t21', 'Artículo\t24', 'Artículo\t19', 'Artículo\t8']

PonenciaCamaras HiramMelendezJuarbe 4 Diciembre
BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoin Comentarios	sobre	propuesto	“Reglamento	de	Seguridad	y	Monitoreo	Electrónico”	Hiram	A.	Meléndez	Juarbe*	Habrá	que	comenzar	por	mencionar	dos	puntos	de	partida	que,	presumo,	todos	tenemos	en	común:	primero,	a	todos	nos	interesa	atender	el	tema	de	la	seguridad	pública	en	el	Recinto	y,	segundo,	también	valoramos	ciertos	principios	sociales	y	constitucionales	como	el	derecho	a	la	intimidad,	la	libertad	de	expresión	y	la	libertad	académica.	Pero	hasta	ahí	probablemente	llega	el	consenso,	pues	también	habrá	que	definir	con	más	precisión	en	qué	consisten—y	cómo	se	relacionan—	conceptos	tales	como	seguridad,	intimidad	y	expresión.	El	reglamento	propuesto	encierra	una	visión	muy	particular	sobre	estos	temas	en	controversia,	y	esboza	mecanismos	concretos	para	adelantarla.	Visión	que	muchos	en	la	comunidad	académica	y	jurídica	no	compartimos.	A	la	luz	de	ello,	esta	ponencia,	tiene	tres	objetivos:	en	primer	lugar,	examinar	críticamente	las	premisas	jurídicas	y	de	política	pública	que	encierra	dicho	reglamento	y	proponer	premisas	alternas	con	las	que	debemos	abordar	el	problema.	Segundo,	identificar	algunas	disposiciones	específicas	que	deben	ser	reevaluadas.	Y,	en	tercer	lugar,	sugerir	un	abordaje	reglamentario	que,	por	distanciarse	sustancialmente	del	Reglamento	propuesto,	requerirá	probablemente	la	elaboración	de	uno	nuevo,	por	lo	que	no	bastará	meramente	enmendarle.	*	Catedrático	Asociado	Escuela	de	Derecho	Universidad	de	Puerto	Rico.	Comentarios	preparados	para	Vistas	Públicas	sobre	Propuesta	de	Reglamento	de	Seguridad	y	Monitoreo	Electrónico	para	el	Recinto,	4	de	diciembre	de	2012,	Anfiteatro	Núm.	1,	Facultad	de	Educación.	Agradezco	a	Zoán	Tanís	Dávila,	estudiante	de	segundo	año	de	la	Escuela	de	Derecho	de	la	UPR,	por	su	investigación	y	colaboración	en	la	preparación	de	este	escrito.	1	I.	El	Derecho	a	la	Intimidad	y	la	Seguridad	Pública	en	el	Contexto	Universitario	El	propuesto	reglamento	abraza	dos	entendidos	muy	populares	que	debemos	abandonar	de	inmediato:	El	primer	entendido	es	una	noción	muy	limitada	de	lo	que	constituye	el	derecho	a	la	intimidad,	asociándole	exclusivamente	con	aquello	que	guardamos	en	secreto	o	con	lo	que	pertenece	a	un	espacio	privado	fuera	de	la	vista	de	otros.	Puesto	de	otra	manera,	es	la	idea	de	que	con	relación	a	lo	que	hacemos	en	público	(en	una	plaza,	en	la	playa,	en	un	parque,	o	incluso	en	un	colegio	electoral)1,	no	tenemos	un	derecho	a	la	intimidad.	A	esa	noción	le	llamaré	lo	“público	de	lo	público”	y	está	relacionada	con	la	problemática	idea	de	que	sólo	tenemos	un	derecho	a	la	intimidad	sobre	aquellas	instancias	en	que	alberguemos	una	“expectativa	razonable	de	intimidad”.	El	segundo	entendido	muy	común,	pero	igualmente	equivocado,	es	la	idea	de	que	la	seguridad	pública	solo	se	puede	adelantar	a	expensas	del	derecho	a	la	intimidad.	Es	decir,	que	en	todo	caso	será	necesario	sacrificar	la	seguridad	pública	si	queremos	preservar	nuestro	derecho	a	la	intimidad	e,	igualmente,	si	queremos	un	ambiente	seguro	no	lo	podremos	lograr	a	menos	que	veamos	un	sacrificio	correlativo	a	nuestros	derechos	civiles.	El	“trade	off”	es	falso,	y	quien	plantee	la	1	Esa	posibilidad	fue	discutida	recientemente	en	vista	oral	ante	el	Tribunal	Supremo,	véase,	Lo	público	de	lo	público:	un	argumento	que	no	debe	estar	disponible,	Derecho	al	Derecho,	5	de	abril	de	2012,	http://derechoalderecho.org/2012/04/05/publicodelopublic/	2	situación	como	un	juego	de	suma	cero,	manifiesta	una	preferencia	por	(no	la	necesidad	de)	ese	sacrificio.	Veamos	estos	dos	asuntos.	A. El	Derecho	a	la	Intimidad:	Lo	público	de	lo	público2	Nuestra	Constitución	establece	el	punto	de	partida.	Nos	dice	que	“La	dignidad	humana	es	inviolable”	y	que	“Toda	persona	tiene	derecho	a	protección	de	ley	contra	ataques	abusivos	a	su	honra,	a	su	reputación	y	a	su	vida	privada	o	familiar”.3	La	interrelación	de	estas	disposiciones	ha	llevado	al	Tribunal	Supremo	a	enfatizar	tres	principios	fundamentales:	(1)	que	la	protección	al	derecho	a	la	intimidad	opera	ex	propio	vigore	(es	decir,	que	no	depende	de	una	ley	para	viabilizar	una	causa	de	acción	en	los	tribunales);4	(2)	que	(contrario	a	disposiciones	constitucionales	que	normalmente	limitan	la	actividad	del	gobierno)	el	derecho	constitucional	a	la	intimidad	en	Puerto	Rico	se	puede	vindicar	frente	a	personas	privadas;5	y	(3)	que	el	derecho	a	la	intimidad	en	nuestra	Constitución,	en	términos	generales,	es	más	amplio	que	su	contraparte	en	la	Constitución	de	los	Estados	Unidos	(lo	que	el	Tribunal	ha	llamado	una	”factura	más	ancha”).6	Tengo	dudas	sobre	este	último	principio,	como	cuestión	de	realidad	empírica,	pues	el	Tribunal	no	siempre	provee	2	Sobre	este	tema	he	escrito	anteriormente.	Hablar	en	privado,	80grados,	16	de	septiembre	de	2011,	http://www.80grados.net/hablar-­‐en-­‐privado/;	Lo	público	de	lo	público:	un	argumento	que	no	debe	estar	disponible,	Derecho	al	Derecho,	5	de	abril	de	2012,	http://derechoalderecho.org/2012/04/05/publicodelopublic/;	La	Constitución	en	Ceros	y	Unos:	Un	Acercamiento	Digital	al	Derecho	a	la	Intimidad	y	la	Seguridad	Pública,	77	Rev.	Jur.	UPR	45	(2008);	Privacy	in	Puerto	Rico	and	The	Madman’s	Plight:	Decisions,	9	Georgetown	J.	Gen.	&	L.	1	(2008).	3	Véase	Const.	ELA	art.	II,	§§	1,	8.	4	E.L.A.	v.	Hermandad	de	Empleados,	104	D.P.R.	436,	440	(1975);	Arroyo	v.	Rattan	Specialties	Inc.,	117	D.P.R.	35,	64	(1986).	5	E.L.A.	v.	Hermandad	de	Empleados,	104	D.P.R.	436,	440	(1975);	Rattan,	117	D.P.R.	35,	64;	Colón	v.	Romero	Barceló,	112	D.P.R.	573,	576	(1982)	(monetary	damages);	Sucn.	De	Victoria	v.	Iglesia	Pentecostal,	102	D.P.R.	20,	30	(1974).	6	E.L.A.	v.	Hermandad	de	Empleados,	104	D.P.R.	436,	440	(1975);	Figueroa	Ferrer	v.	E.L.A.,	107	D.P.R.	250,	258-­‐59	(1978);	Arroyo	v.	Rattan	Specialties	Inc.,	117	D.P.R.	35,	60	(1986).	3	la	protección	más	generosa	a	ese	derecho	(particularmente	en	cierto	tipo	de	casos)	y	más	recientemente	ha	mostrado	una	actitud	minimalista	en	su	interpretación.7	Ahora	bien,	e	independientemente	de	estas	tres	normas	doctrinales,	el	Tribunal	es	muy	poco	claro	en	cuanto	al	contenido	sustantivo	del	derecho	a	la	intimidad:	¿qué	actividades	protege?,	¿por	qué?,	¿en	qué	contextos?	Son	todas	preguntas	sin	una	buena	contestación.	Tal	vez	encontramos	alguna	coherencia	si	encajonamos	la	jurisprudencia	del	Tribunal	en	segmentos	separados,	a	base	del	tipo	de	problemas	que	enfrentemos:	(1)	Un	grupo	de	casos	evalúa	el	problema	especial	de	registros	y	allanamientos	(instancias	en	que	el	Estado	interviene	con	la	intimidad	de	un	individuo	en	el	contexto	de	su	actividad	investigativa	y	policíaca).8	(2)	Un	segundo	grupo	considera	la	protección	a	decisiones	y	relaciones	interpersonales	que	son	fundamentales	a	la	vida	de	una	persona	(como	el	matrimonio,	aborto,	relaciones	íntimas,	relaciones	familiares,	e	incluso	protección	a	la	tranquilidad	en	el	hogar	contra	estorbos	y	piquetes).9	7	Pueblo	v.	Díaz	Medina,	2009	TSPR	138,	res.	el	27	de	agosto	de	2009.	Véase	mi	análisis	de	este	caso	en	Registros,	intimidad	y	tecnología:	Pueblo	v.	Díaz	Medina,	Derecho	al	Derecho,	3	de	septiembre	de	2009,	http://derechoalderecho.org/2009/09/03/registros-­‐intimidad-­‐y-­‐tecnologia-­‐pueblo-­‐v-­‐diaz-­‐ medina/	8	Const.	PR	Art	II.	§	10	("No	se	violará	el	derecho	del	pueblo	a	la	protección	de	sus	personas,	casas,	papeles	y	efectos	contra	registros,	incautaciones	y	allanamientos	irrazonables.	No	se	interceptará	la	comunicación	telefónica.	Sólo	se	expedirán	mandamientos	autorizando	registros,	allanamientos	o	arrestos	por	autoridad	judicial,	y	ello	únicamente	cuando	exista	causa	probable	apoyada	en	juramento	o	afirmación,	describiendo	particularmente	el	lugar	a	registrarse,	y	las	personas	a	detenerse	o	las	cosas	a	ocuparse.	Evidencia	obtenida	en	violación	de	esta	sección	será	inadmisible	en	los	tribunales.")	9	Por	ejemplo,	Sterzinger	v.	Ramírez,	116	D.P.R.	762,	779	(1985);	García	Santiago	v.	Acosta,	104	D.P.R.	321,	324-­‐25	(1975);	Belk	Arce	v.	Martínez,	146	D.P.R.	215,	226-­‐28	(1999);	Figueroa	Ferrer	v.	E.L.A.,	107	D.P.R.	250	(1978);	Pueblo	v.	Duarte,	109	D.P.R.	596	(1980);	Pueblo	v.	Najul	Bez,	111	D.P.R.	417	(1981),	114	D.P.R.	493	(1983);	Pérez	Vega	v.	Procurador,	148	D.P.R.	201	(1999);	Salva	v.	Torres,	2007	TSPR	10;	Sucn.	De	Victoria	v.	Iglesia	Pentecostal,	102	D.P.R.	20	(1974);	Gayetano	Lasso	v.	Iglesia	Pentecostal,	129	D.P.R.	219	(1991);	E.L.A.	v.	Hermandad	de	Empleados,	104	D.P.R.	436	(1975).	Véase,	Hiram	Meléndez	Juarbe,	Privacy	in	Puerto	Rico	and	the	Madman’s	Plight,	supra	nota	al	calce	2.	4	(3)	Una	tercera	serie	de	casos	(muy	diversos)	tiene	que	ver	con	instancias	en	que	se	reclama	derecho	a	la	intimidad	cuando	individuos	o	el	gobierno	interfieren	con	el	flujo	de	información	personal	deseado	por	una	persona.	Este	tercer	tipo	de	casos	incluye,	a	modo	de	ejemplo,	protecciones	contra	(a)	el	uso	de	polígrafo	en	el	empleo;10	(b)	la	apropiación	de	la	imagen	de	una	persona	sin	su	permiso;11	(c)	la	recopilación,	divulgación	y	acceso	a	información	personal;	12	y	(d)	la	grabación	con	cámaras	de	vigilancia	en	el	lugar	del	empleo,13	entre	otras.14	Pero	aun	cuando	podamos	identificar	estos	tres	grandes	grupos	de	asuntos	que	han	llegado	a	los	tribunales,	es	difícil	percibir	en	la	jurisprudencia	principios	unificadores	que	precisen	en	qué	consiste	este	derecho	a	la	intimidad.	Y	es	que,	en	cierto	sentido,	no	puede	ser	de	otra	manera.	Nuestras	concepciones	de	lo	que	constituye	íntimo	y	privado	son	altamente	contextuales,	históricamente	contingentes	y	variables:	sería	imposible	exigir	uniformidad	perfecta	cuando	hablamos	de	conceptos	polisémicos,	complejos	y	multidimensionales.	Y	ante	esa	indeterminación	en	torno	a	lo	que	constituye	“lo	privado”,	“lo	íntimo”,	al	escoger	qué	10	Arroyo	v.	Rattan	Specialties,	Inc.,	117	D.P.R.	35	(1986).	11	Vigoreaux	Lorenzana	v.	Quizno’s	Sub,	Inc.,	2008	TSPR	38,	2008	WL	668228	(P.R.);	López	Tristani	v.	Maldonado	Carrero,	2006	TSPR	143,	2006	WL	2635837	(P.R.);	Colón	v.	Romero	Barceló,	112	D.P.R.	573,	576	(1982).	12 Sobre	recopilación,	véase,	Noriega	v.	Hernández	Colón,	122	D.P.R.	650	(1988);	Noriega	v.	Hernández	Colón,	130	D.P.R.	919	(1992).	Sobre	divulgación	de	información	véase	Rodríguez	v.	Scotia	Bank,	113	D.P.R.	210	(1982);	General	Electric	v.	Concessionaries,	Inc.,	118	D.P.R.	32	(1986);	Chévere	v.	Levis,	150	D.P.R.	525	(2000);	Ramos	Vélez	v.	Int’l	Reporting	Servs.,	1994	P.R.	Sup.	LEXIS	5,	págs.	*9-­‐ 10	(1994);	Rullán	v.	Fas	Alzamora,	2006	TSPR	5,	2006	WL	146231	(P.R.).	Con	relación	al	acceso	de	información	personal	en	manos	del	gobierno,	véase,	Pueblo	v.	Torres	Albertorio,	115	DPR	128,	134-­‐ 35	(1984)	(acceso	a	record	criminal	tras	absolución);	López	Vives	v.	Policía	de	Puerto	Rico,	118	D.P.R.	219	(1987).	13	Vega	Rodríguez	v.	Telefónica	de	Puerto	Rico,	156	D.P.R.	584,	609-­‐10	(2002).	14	Vocero	v.	E.L.A.,	131	D.P.R.	356	(1992)	revocado	por,	El	Vocero	v.	Puerto	Rico,	113	S.Ct.	2004	(1993);	Fulana	de	Tal	y	Sutana	de	Cual	v.	Demandado	A,	138	D.P.R.	610	(1995).	5	sentido	le	damos	a	este	derecho	debemos	recurrir	a	valores	morales	y	políticos	más	profundos.	No	hay,	en	fin,	una	regla	maestra	que	nos	diga	si	una	u	otra	situación	es	privada	o	no.	Dependerá	mucho	del	contexto.15	El	sentido	que	le	demos	al	contexto	tiene	mucho	que	decir:	después	de	todo,	podemos	concebir	como	privada	una	comunicación	que	se	da	entre	un	médico	y	su	paciente	(porque	valoramos	la	confidencialidad	en	ese	contexto	para	facilitar	la	confianza	y	apertura	en	el	trato	médico),	por	ejemplo,	pero	no	necesariamente	si	esa	misma	comunicación	se	da	entre	desconocidos.	También,	puedo	encontrar	apropiado	revelar	cierta	información	en	el	transcurso	de	una	transacción	bancaria,	mientras	que	no	sería	apropiado	revelar	a	mis	estudiantes	esa	misma	información	en	el	contexto	del	salón	de	clases	(porque	le	damos	un	valor	al	contexto	del	salón	de	clases	que	puede	ser	incompatible	con	divulgar	esos	detalles).	Es	decir,	que	las	reglas	sociales	que	adoptamos	para	determinar	cuándo	cierto	flujo	de	información,	o	cuándo	cierta	observación	es	apropiada	o	no,	dependerá	de	la	aplicación	de	ciertos	valores	y	principios	políticos	y	sociales	importantes	en	determinados	contextos.	Como	debe	resultar	evidente	a	esta	audiencia,	el	contexto	universitario	trae	consigo	una	serie	de	valores	y	consideraciones	particulares	(especialmente	nociones	sobre	libertad	académica	y	libertad	de	expresión)	que	inciden	sobre	el	sentido	del	derecho	a	la	intimidad,	en	privado	y	en	público,	y	por	ende,	sobre	las	reglas	que	deben	definir	el	modo	de	transmisión	de	información	en	este	espacio.	15	Helen	Nissenbaum,	Privacy	as	Contextual	Integrity,	79	Wash.	L.	Rev.	119	(2004);	HELEN	NISSENBAUM,	PRIVACY	IN	CONTEXT:	TECHNLOGY,	POLICY	AND	THE	INTEGRITY	OF	SOCIAL	LIFE	(2009);	Daniel	Solove,	Conceptualizing	Privacy,	90	CALI.	L.	Rev.	1087	(2002).	6	Podrá	sugerirse	que	la	diferencia	entre	estos	contextos,	y	lo	que	da	sentido	sustantivo	al	derecho	a	la	intimidad,	está	relacionado	con	el	conocido	estándar	de	“expectativa	razonable	de	intimidad”.16	Es	decir,	que	sólo	tenemos	un	derecho	a	la	intimidad	allí	donde	alberguemos	esa	“expectativa”	siempre	que	sea	“razonable”.	El	Reglamento	propuesto	incluye	un	criterio	parecido	a	este	al	decir	en	su	Artículo	2	que	“no	se	colocarán	cámaras	en	áreas	en	las	que,	por	su	naturaleza,	se	tenga	una	marcada	expectativa	de	intimidad	como	habitaciones	de	hospedajes,	baños	vestidores	u	otros”.	Este	criterio	tiene	dificultades	obvias.	La	primera	dificultad,	señalada	por	múltiples	académicos17	y	más	recientemente	por	la	Jueza	Sotomayor	en	el	Tribunal	Supremo	Federal,18	es	que	al	definirse	el	contenido	de	un	derecho	individual	sobre	la	base	de	una	“expectativa”	social,	ese	derecho	se	verá	reducido—en	una	especie	de	espiral	descendiente—	en	la	medida	en	que	la	sociedad	se	acostumbre	a	cierta	intromisión	con	aquello	que	antes	se	entendía	privado.	Es	decir,	que	en	la	medida	que	avances	tecnológicos	nos	acostumbren	a	cierta	transparencia,	nuestra	expectativa	de	intimidad	dejará	de	ser	“razonable”,	y	por	lo	tanto	no	protegida	por	el	derecho.	Si	bien	antes	podíamos	tener	una	expectativa	de	que	nuestra	información	personal	se	mantendría	privada,	y	por	tanto	fuera	del	alcance	del	Estado,	hoy	día	esa	expectativa	es	mucho	menor	tomando	en	cuenta	que	una	búsqueda	en	Google	o	Facebook	revela	tanto	sobre	nosotros;	lo	cual	implicaría	que	nuestro	derecho	a	la	intimidad	queda	en	la	nada—si	es	que	nos	dejamos	llevar	por	este	criterio	circular.	16	Katz	v.	US,	389	U.S.	347	(1967);	Kyllo	v.	US,	533	U.S.	27	(2001).	17	DANIEL	SOLOVE,	THE	DIGITAL	PERSON	200-­‐202	(2004).	18	United	States	v.	Jones	565	U.	S.	____	(2012)	(Opinión	Concurrente,	Sotomayor).	7	En	parte	por	esta	razón	—subrayo,	sólo	en	parte—	es	que	resulta	insuficiente	plantear	que	no	podemos	quejarnos	de	que	se	observe	y	grabe	lo	que	hacemos	en	público	bajo	el	argumento	de	que	no	hay	expectativa	de	intimidad	en	lo	público.	Es	posible	que	las	expectativas	cambien	con	la	tecnología,	pero	los	principios	constitucionales	que	limitan	a	las	instituciones	públicas	deben	ser	más	duraderos.	Así,	resultaría	inconcebible	pensar	que	hoy	importan	menos	las	preocupaciones	manifestadas	hace	41	años	por	la	Comisión	de	Derechos	Civiles	de	Puerto	Rico,19	sólo	porque	hoy	esa	vigilancia	es	más	fácil	y	común.	El	impacto	de	esa	vigilancia	sobre	nuestros	intereses	constitucionales,	particularmente	en	el	contexto	universitario,	es	tan	real	entonces	como	ahora.	De	ahí	la	advertencia	de	la	Jueza	Sotomayor	hace	dos	años,	a	la	que	hice	referencia	hace	unos	minutos.	En	United	States	v.	Jones,	un	caso	donde	el	Tribunal	Supremo	declaró	inconstitucional	el	uso	de	GPS	en	el	vehículo	de	un	sospechoso	para	observar	su	comportamiento,	sin	orden	judicial,	dice	la	Jueza	en	Opinión	Concurrente:	“puede	que	sea	necesario	reconsiderar	la	premisa	de	que	un	individuo	no	tiene	una	expectativa	razonable	de	intimidad	con	relación	a	información	voluntariamente	divulgada	a	terceras	personas…	Este	acercamiento	no	encaja	bien	con	la	era	digital,	pues	la	gente	revela	una	gran	cantidad	de	información	sobre	ellos	mismos	a	otras	personas	en	el	transcurso	de	actividades	mundanas.	La	gente	revela	los	números	de	teléfono	que	marcan	o	envían	por	mensaje	de	texto	a	sus	proveedores	de	servicio	celular;	los	enlaces	(URLs)	de	las	páginas	que	visitan	y	las	direcciones	de	email	con	las	que	interactúan	son	compartidas	a	sus	proveedores	de	servicio	de	internet;	y	los	libros,	víveres	y	medicinas	que	compran,	a	vendedores	en	línea.”20	La	segunda	gran	deficiencia	del	mencionado	criterio	de	“expectativa	razonable”,	es	que	va	acompañado	de	la	noción	ya	mencionada	de	que	lo	único	que	19	Comisión	de	Derechos	Civiles,	El	Uso	de	Cámaras	de	Televisión	con	Propósitos	de	Vigilancia	en	el	Recinto	de	Rico	Piedras	de	la	Universidad	de	Puerto	Rico,	2	de	agosto	de	1971,	1971-­‐CDC-­‐020.	20	United	States	v.	Jones	565	U.	S.	____	(2012)	(Opinión	Concurrente,	Sotomayor).	8	está	protegido	por	el	derecho	a	la	intimidad	es	aquello	que	queremos	mantener	guardado	o	secreto,	fuera	de	la	vista	de	otros.	Pero,	aunque	inicialmente	esta	noción	nos	parezca	intuitiva,	es	una	concepción	muy	limitada	y	equivocada	que	tenemos	que	abandonar.	Como	he	planteado	en	otros	escritos,	el	derecho	a	la	intimidad	está	muy	relacionado	con	principios	constitucionales	importantes,	que	tienen	una	dimensión	externa	o	expresiva;	tales	como	(1)	la	libertad	de	expresión;	(2)	el	derecho	a	sostener	relaciones	íntimas;	(3)	la	democracia	y	los	procesos	deliberativos;	y	(4)	el	anonimato.21	Ello,	porque	una	forma	de	articular	el	derecho	a	la	intimidad	tiene	que	ver	con	nuestra	capacidad	de	decidir	cómo,	cuándo	y	bajo	qué	circunstancias	vamos	a	proyectar	a	terceros	elementos	importantes	de	nuestra	identidad.	Y	es	que	decidir	cómo	nos	vamos	a	proyectar	a	otros	es	importante	por	un	sinfín	de	razones:	una	de	ellas	tiene	que	ver	con	la	capacidad	(y	la	necesidad)	que	tenemos	de	forjar	relaciones	y	cohesión	entre	personas,	moderando	el	flujo	de	información	de	contexto	a	contexto,	para	crear	vínculos	interpersonales	más	o	menos	profundos.	Lo	que	divulgamos	al	mundo	y	lo	que	guardamos	en	secreto,	forma	parte	del	mismo	intento	de	forjar	nuestra	identidad	frente	a	otros	y	relacionarnos	(aun	cuando	reconozcamos	las	múltiples	influencias	sociales	que	inciden	sobre	nuestra	identidad).	Es	aquí—en	la	formación	de	relaciones	personales—que	el	derecho	a	la	intimidad	y	la	libertad	de	asociación22	tienen	un	vínculo	muy	sólido.	21	Hiram	Meléndez	Juarbe,	La	Constitución	en	Ceros	y	Unos…,	supra	nota	2.	22	Roberts	v.	United	States	Jaycees,	468	U.S.	609,	618	(1984)	(“[the	Constitution	affords]	the	formation	and	preservation	of	certain	kinds	of	highly	personal	relationships	a	substantial	measure	of	sanctuary	from	unjustified	interference	by	the	State.”)	FERDINAND	DAVID	SCHOEMAN,	PRIVACY	AND	SOCIAL	FREEDOM	(1992)	9	Pero	más	relacionado	con	el	problema	que	nos	atañe,	esta	dimensión	externa	o	expresiva	del	derecho	a	la	intimidad	incluye	prominentemente	el	derecho	a	permanecer	anónimo,	pues	el	anonimato	es	una	manera	de	controlar	cómo	nos	proyectamos	a	los	demás	(más	específicamente,	es	una	manera	de	controlar	si	acaso	vamos	a	proyectar	o	no	nuestra	identidad).23	Según	Alan	Westin:	[el	anonimato]	ocurre	cuando	el	individuo	se	encuentra	en	lugares	públicos	o	realiza	actos	públicos	pero	aún	busca,	y	encuentra,	libertad	de	ser	identificado	y	vigilado…	El	conocimiento	o	el	miedo	de	que	se	esté	siendo	observado	sistemáticamente	en	lugares	públicos	destruye	el	sentimiento	de	tranquilidad	y	libertad	que	[las	personas]	buscan	en	espacios	abiertos.24	Como	he	dicho	antes,	“[c]uando	el	derecho	y	la	tecnología	limitan	nuestra	habilidad	de	controlar	nuestra	identidad	en	público,	la	falta	de	anonimato	puede	producir	un	efecto	disuasivo	(“chilling	effect”)	perjudicial	a	la	diversidad	y	riqueza	del	discurso.	Así,	la	democracia	puede	verse	amenazada.”25	Este	potencial	efecto	disuasivo	no	se	da	en	el	vacío.	Nadie	puede	olvidar	la	triste	historia	de	persecución	política	en	nuestro	país	facilitada	por	mecanismos	rudimentarios	de	vigilancia	gubernamental.	Mecanismos	de	vigilancia	que,	aunque	todavía	sentimos	sus	poderosos	efectos	y	consecuencias,	palidecen	ante	la	ubicuidad	de	dispositivos	contemporáneos	de	recopilación	de	datos	(incluyendo	imágenes	y	video),	junto	a	mecanismos	sofisticados	de	almacenaje	y	análisis	de	esa	información.	23	El	derecho	a	permanecer	anónimo	es	un	elemento	central	de	la	Primera	Enmienda,	según	reconocido	por	el	Tribunal	Supremo	de	Estados	Unidos	en	múltiples	ocasiones	frente	a	intentos	gubernamentales	por	identificar	a	sujetos	que	prefieren	no	divulgar	su	identidad.	Talley	v.	California,	362	U.S.	60	(1960);	McIntyre	v.	Ohio	Elections	Comm.,	514	U.S.	334	(1995);	Watchtower	Bible	v.	Village	of	Stratton,	536	U.S.	150	(2002).	24	ALAN	WESTIN,	PRIVACY	AND	FREEDOM	31	(1967)	25	Hiram	Meléndez	Juarbe,	La	Constitución	en	Ceros	y	Unos…,	supra	nota	2.	10	Así,	el	derecho	a	la	intimidad,	el	anonimato	y	la	libertad	de	expresión	son,	pues,	alas	del	proverbial	pájaro.	“Y	es	que	proteger	el	derecho	a	la	intimidad	aún	en	público	implica	fortalecer	valores	políticos	importantes	como	la	libertad	de	expresión	(en	la	medida	en	que	el	derecho	a	la	intimidad	nos	permite	controlar	el	despliegue	de	nuestras	identidades—controlando	qué	rasgos	de	nuestra	identidad	retenemos,	cuáles	divulgamos	y	cómo	lo	hacemos,	es	decir,	controlando	el	flujo	de	nuestra	información)	y	el	anonimato	(la	libertad	de	no	ser	comprendidos	y	conocidos	en	espacios	abiertos,	especialmente	en	tiempos	como	éstos	de	vigilancia	universal).…	Por	lo	que	tener	cierto	control	sobre	esa	información	ya	divulgada— cómo	y	por	dónde	fluye	la	misma—es	importante	para	mantener	esas	relaciones	personales.”26	Consistente	con	lo	anterior,	si	bien	el	Tribunal	Supremo	de	Puerto	Rico	ha	consagrado	el	criterio	de	expectativa	de	intimidad	como	uno	importantísimo,	este	no	es	ni	ha	sido	el	único	disponible.	En	ocasiones	ha	reconocido	un	derecho	a	la	intimidad	relacionado	con	el	control	de	la	imagen	pública	de	un	individuo,	bajo	la	rúbrica	del	llamado	“derecho	a	la	propia	imagen”.27	Así	también	el	Tribunal	ha	reconocido	el	derecho	de	empleados	a	no	ser	grabados	por	cámaras	de	video	en	el	lugar	del	empleo	a	no	ser	que	el	patrono	(público	y	privado)	cumpla	con	ciertas	salvaguardas	procesales.	En	este	último	caso,	Rodríguez	v.	Telefónica	de	Puerto	Rico,28	resolvió	que	aún	en	público	existe	un	derecho	constitucional	a	la	intimidad	que,	junto	a	la	protección	relacionada	a	la	dignidad	humana,	obliga	a	quien	graba	26	Hiram	Melendez	Juarbe,	Hablar	en	Privado	supra	nota	2.	27	Vigoreaux	Lorenzana	v.	Quizno’s	Sub,	Inc	2008	T.S.P.R.	38;	Bonilla	Medina	v.	Partido	Nuevo	Progresista,	140	D.P.R.	294	(1996);	Colón	v.	Romero	Barceló,	112	D.P.R.	573	(1982).	28	156	DPR	584	(2002)	11	por	cámaras	de	vigilancia	a	“darle	previa	notificación	a	los	empleados	de	su	implantación,	excepto	en	casos	en	que	circunstancias	apremiantes	lo	requieran.”	Esta	notificación	incluirá:	“(a)	el	tipo	de	vigilancia	a	utilizarse;	(b)	la	naturaleza	de	los	datos	a	obtenerse;	(c)	la	frecuencia	con	que	habrá	de	usarse	el	medio	de	vigilancia;	(d)	sus	especificaciones	técnicas;	(e)	el	lugar	donde	se	instalará	el	sistema	de	vigilancia;	(f)	la	localización	del	equipo	de	monitoreo;	(g)	el	grupo	de	empleados	que	ha	de	ser	observado,	y	(h)	el	mecanismo	administrativo	disponible	para	canalizar	las	quejas	de	los	empleados	sobre	el	particular.”	Todo	esto	debe	estar	consagrado	en	“una	política	clara	y	adecuada	sobre	el	uso,	la	disposición	y	el	acceso	a	la	información	recopilada,	la	cual	se	les	informará	a	los	empleados…	y	no	se	deberá	instalar	un	sistema	de	videograbación	de	empleados	en	áreas	en	las	cuales,	por	su	naturaleza,	el	empleado	tenga	una	marcada	expectativa	de	intimidad	tales	como	los	baños,	las	duchas	y	los	vestidores	(locker	rooms).”29	Así	pues,	no	podemos	caer	en	el	espiral	descendiente	de	la	expectativa	razonable	de	intimidad	porque	hay	un	interés	social	importante	en	proteger	estos	elementos	expresivos	del	derecho	a	la	intimidad	que	están	relacionados	con	la	libertad	de	expresión,	libertad	de	asociación	y	el	anonimato.	Ahora	bien,	y	como	adelanté	hace	un	rato,	cuando	hablemos	del	derecho	a	la	intimidad	el	contexto	será	muy	importante;	por	lo	que	no	podemos	abstraernos	del	hecho	de	que	nos	situamos	en	el	contexto	universitario.	Y	es	por	esto	que	la	Comisión	de	Derechos	Civiles,	en	el	estudio	previamente	citado,	enfatizó	que	cualquier	decisión	sobre	el	uso	de	cámaras	en	el	Recinto	debe	tomar	en	cuenta	el	efecto	que	puedan	tener	éstas	sobre	la	libertad	de	conciencia,	pensamiento	y	29	Id.	12	expresión	como	elementos	centrales	a	la	búsqueda	del	conocimiento,	que	es	la	misión	central	de	la	Universidad.30	En	este	sentido,	no	podríamos	pensar	en	un	derecho	a	la	intimidad	para	el	contexto	universitario	si	no	incluimos	junto	al	entramado	de	principios	y	valores	expresivos,	a	la	libertad	académica.	Algunos	componentes	de	la	libertad	académica	se	encierran	en	la	Declaración	de	Principios	sobre	Libertad	Académica	y	Permanencia	de	la	American	Association	of	University	Professors	de	1940,	que	nos	habla	de	la	libertad	de	investigación	tanto	de	profesores	y	estudiantes,	la	libertad	en	la	cátedra	y	la	libertad	expresiva	de	académicos	como	ciudadanos	en	el	foro	público	más	amplio.31	Asimismo,	el	Tribunal	Supremo	de	Estados	Unidos	le	ha	reconocido	como	componente	central	de	la	Primera	Enmienda	el	expresar	que	“Teachers	and	30	Comisión	de	Derechos	Civiles,	supra	nota	19,	pág.	492-­‐493.	31	Véase	Declaración	de	Principios	sobre	Libertad	Académica	y	Permanencia	de	la	American	Association	of	University	Professors	de	1940,	http://www.aaup.org/aaup/pubsres/policydocs/contents/1940statement.htm	1.	Teachers	are	entitled	to	full	freedom	in	research	and	in	the	publication	of	the	results,	subject	to	the	adequate	performance	of	their	other	academic	duties;	but	research	for	pecuniary	return	should	be	based	upon	an	understanding	with	the	authorities	of	the	institution.	2.	Teachers	are	entitled	to	freedom	in	the	classroom	in	discussing	their	subject,	but	they	should	be	careful	not	to	introduce	into	their	teaching	controversial	matter	which	has	no	relation	to	their	subject.	Limitations	of	academic	freedom	because	of	religious	or	other	aims	of	the	institution	should	be	clearly	stated	in	writing	at	the	time	of	the	appointment.	3.	College	and	university	teachers	are	citizens,	members	of	a	learned	profession,	and	officers	of	an	educational	institution.	When	they	speak	or	write	as	citizens,	they	should	be	free	from	institutional	censorship	or	discipline,	but	their	special	position	in	the	community	imposes	special	obligations.	As	scholars	and	educational	officers,	they	should	remember	that	the	public	may	judge	their	profession	and	their	institution	by	their	utterances.	Hence	they	should	at	all	times	be	accurate,	should	exercise	appropriate	restraint,	should	show	respect	for	the	opinions	of	others,	and	should	make	every	effort	to	indicate	that	they	are	not	speaking	for	the	institution.	13	students	must	always	remain	free	to	inquire,	to	study	and	to	evaluate,	to	gain	new	maturity	and	understanding;	otherwise	our	civilization	will	stagnate	and	die.”32	Así	pues,	la	libertad	académica	exige	que	la	Universidad	fomente	y	cree	condiciones	para	un	discurso	público	vigoroso,	y	este	interés	tiene	que	verse	reflejado	en	cualquier	versión	del	derecho	a	la	intimidad	para	el	entorno	universitario.	Un	sistema	de	vigilancia	en	el	campus	universitario	que	atente	contra	los	principios	que	sustenten	al	derecho	a	la	intimidad	para	el	escenario	universitario	(es	decir,	principios	de	libertad	de	expresión	y	asociación,	anonimato	y	libertad	académica),	no	será	recomendable,	pues	representará	el	fracaso	de	la	Institución	en	crear	condiciones	propicias	para	realizar	su	misión	universitaria.	Ahora	bien,	nada	de	esto	debe	interpretarse	como	un	impedimento	para	que	una	Universidad	establezca	mecanismos	necesarios	para	garantizar	la	seguridad	de	la	comunidad	universitaria,	incluyendo	la	posibilidad	de	instalar	tecnologías	de	vigilancia.	Después	de	todo,	como	he	dicho,	es	misión	fundamental	de	la	Universidad	garantizar	condiciones	para	el	discurso	público	como	parte	de	cualquier	entendido	razonable	de	libertad	académica.	Estas	condiciones	deberán	incluir,	además,	garantías	de	seguridad	y	tranquilidad	en	el	campus	que	propendan	al	ejercicio	de	estos	derechos	y	la	delimitación	de	ciertos	parámetros	necesarios	para	que	ese	discurso	sea	posible.	El	detalle	está	en	lograr	un	balance	entre	proveer	esas	32	Sweezy	v.	New	Hampshire,	354	U.S.	234,	250	(1957).	Véase	también,	Keyishian	v.	Board	of	Regents,	385	U.S.	589,	603	(1967)	(“Our	Nation	is	deeply	committed	to	safeguarding	academic	freedom,	which	is	of	transcendent	value	to	all	of	us,	and	not	merely	to	the	teachers	concerned.	That	freedom	is	therefore	a	special	concern	of	the	First	Amendment,	which	does	not	tolerate	laws	that	cast	a	pall	of	orthodoxy	over	the	classroom.”)	14	condiciones	de	seguridad	sin	que	se	menoscaben	los	derechos	fundamentales	descritos.33	B. El	Sacrificio	entre	Seguridad	e	Intimidad	Lo	anterior	nos	lleva	al	segundo	entendido	antes	mencionado	que	debemos	también	superar:	la	idea	de	que	la	seguridad	sólo	se	puede	adelantar	a	expensas	de	los	derechos	civiles,	en	este	caso	la	intimidad	(ampliamente	concebida).	Como	he	escrito	en	otra	parte	“la	mayor	parte	del	tiempo,	sacrificar	la	intimidad	en	el	nombre	de	la	seguridad	es	el	resultado	de	la	ansiedad	pública	y	del	miedo	generalizado”.34	Pero	no	tiene	que	ser	así,	por	dos	razones	principales.	En	primer	lugar,	a	un	nivel	conceptual,	como	bien	plantea	Jeremy	Waldron,	podemos	manejar	una	concepción	de	seguridad	más	amplia	que	no	se	limite	sólo	a	la	seguridad	física,	sino	una	concepción	de	seguridad	que	presuponga	el	disfrute	de	nuestra	libertad.35	Es	decir,	cuando	hablemos	de	seguridad	debemos	plantearnos	el	tipo	de	seguridad	que	queremos	garantizar,	o	seguridad	para	qué.	Y	si	pensamos	en	seguridad	como	un	concepto	estrictamente	vinculado	a	la	seguridad	material,	ignoramos	un	sentido	de	seguridad	al	que	también	damos	importancia—la	seguridad	para	poder	ejercer	nuestros	derechos	civiles.	En	segundo	lugar,	y	tal	vez	más	importante,	el	“trade	off”	entre	seguridad	e	intimidad	es	falso	por	razones	prácticas.	Porque	cuando	se	seleccionan	e	implementan	tecnologías	para	adelantar	intereses	de	seguridad,	a	veces	pensamos	33	Para	una	elaboración	reciente	de	estos	balances	complejos	en	el	contexto	académico,	véase	ROBERT	POST,	DEMOCRATIC	EXPERTISE	AND	ACADEMIC	FREEDOM:	A	FIRST	AMENDMENT	JURISPRUDENCE	FOR	THE	MODERN	STATE	(2012)	34	Hiram	Meléndez	Juarbe,	La	Constitución	en	Ceros	y	Unos…,	supra	nota	2.	35	Jeremy	Waldron,	Safety	and	Security,	85	Neb.	L.	Rev.	454	(2006)	15	que	esa	tecnología	tiene	una	naturaleza	inalterable	que	necesariamente	implicará	ese	sacrificio	a	libertades.	Ese	es	un	error.	En	la	mayor	parte	de	los	casos	la	tecnología	podrá	alterarse	y	modificarse,	estructurando	su	uso	“de	manera	que	se	respeten	ciertos	valores	constitucionales	(como	la	intimidad)	a	través	de	la	integración	de	estos	objetivos	políticos	…	a	través	de	un	diseño	tecnológico	sensible.”	En	fin,	que	“no	debemos	ignorar	el	rol	de	la	tecnología	como	instrumento	de	política	pública”.36	***	Considerando	todo	lo	anterior,	incluyendo	los	valores	constitucionales	antes	discutidos,	será	aconsejable	que	cualquier	sistema	de	vigilancia	electrónica	esté	tecnológicamente	diseñado	(y	legalmente	reglamentado)	de	modo	que	se	provean	las	condiciones	que	sean	necesarias	para	garantizar	tanto	seguridad	física	y	material	como	seguridad	en	el	ejercicio	pleno	de	nuestros	derechos	civiles	en	el	Recinto,	particularmente	el	derecho	a	la	intimidad	ampliamente	concebido,	en	su	relación	con	la	libertad	de	expresión,	asociación,	anonimato	y	la	libertad	académica.	En	este	sentido,	cualquier	sistema	deberá	configurarse	de	modo	que	se	minimicen	los	riesgos	de	abuso	y	cualquier	efecto	disuasivo	a	la	expresión	que	representa	la	vigilancia.	Así,	en	términos	generales,	el	acceso	al	material	grabado	debe	estar	limitado	a	personas	que	no	levanten	en	la	comunidad	universitaria	suspicacia	ni	sospecha	razonable	de	ese	abuso	(para	minimizar	el	riesgo	de	un	efecto	disuasivo	a	la	expresión);	acceso	que	deberá	sólo	lograrse	bajo	términos	y	condiciones	que	36	Hiram	Meléndez	Juarbe,	La	Constitución	en	Ceros	y	Unos…,	supra	nota	2.	16	reduzcan	estos	riesgos	y	que	se	encuentren	claramente	definidos,	no	solamente	en	un	reglamento,	sino	también	en	la	tecnología	misma.	Iguales	principios	deben	regir	el	alcance,	ubicación	y	especificaciones	técnicas	del	equipo,	así	como	el	almacenaje	y	duplicación	del	video	grabado.	Asimismo,	el	uso	del	material,	es	decir	los	propósitos	para	los	cuales	los	vídeos	podrán	utilizarse,	deberá	estar	estrictamente	relacionado	con	las	condiciones	de	seguridad	necesarias	para	el	ejercicio	de	libertades	que	la	Universidad	debe	proveer.	II.	El	Reglamento	Propuesto	El	propuesto	“Reglamento	de	Seguridad	y	Monitoreo	Electrónico	del	Recinto	de	Rio	Piedras	de	la	Universidad	de	Puerto	Rico”	del	14	de	mayo	de	2012,	plantea	la	incorporación	de	vigilancia	electrónica	en	el	Recinto,	mediante	un	sistema	de	cámaras	que	capture	imágenes	sin	audio;	y	que	será	instalado	en	“áreas	comunes	y	espacios	públicos”.	El	concepto	de	“áreas	comunes”	se	define	con	aquellos	“predios	del	Recinto	de	Río	Piedras…	donde	no	existe	una	expectativa	de	intimidad,	incluyendo,	pero	no	limitándose	a	estacionamientos,	entradas,	salidas.”	Además,	como	se	dijo	anteriormente,	el	Artículo	2	establece	que	“no	se	colocarán	cámaras	en	áreas	en	las	que,	por	su	naturaleza,	se	tenga	una	marcada	expectativa	de	intimidad”.	Aclarándose	por	el	Artículo	4	que,	en	aquellos	casos	en	que	las	cámaras	puedan	grabar	dentro	de	residencias	privadas,	“dichas	imágenes	se	limitarán	a	aquellas	que	pueden	ser	captadas	a	simple	vista”	(lo	cual,	en	el	contexto	de	la	jurisprudencia	constitucional,	equivale	a	todo	aquello	que	pueda	ver	una	persona	sin	la	ayuda	de	17	tecnología	que	aumente	sus	sentidos,	siempre	que	lo	haga	desde	un	punto	de	observación	legítimo).	Las	cámaras	capturarán	imágenes	sin	audio	durante	las	24	horas	del	día,	los	siete	días	de	la	semana	y	se	colocarán	avisos	“por	perímetros”,	no	en	lugares	específicos,	indicando	las	áreas	bajo	vigilancia.	El	lugar	desde	donde	se	manejará	este	sistema	se	designa	como	el	Centro	de	Operación	de	Seguridad	Electrónica	(COSE),	cuyos	empleados—nos	asegura	el	Reglamento—se	comportarán	“de	manera	profesional,	ética	y	legal”	y	estará	restringido	al	público	en	general.	La	supervisión	y	acceso	al	Centro	estará	a	cargo	de	un	determinado	grupo	de	empleados	del	personal	adscrito	a	la	“División	de	Seguridad	y	Manejo	de	Riesgos”	del	Recinto,	quienes	a	su	vez	responderán	directamente	al	Rector	o	Rectora.	Este	personal	estará	a	cargo	de	identificar	e	informar	inmediatamente	sobre	todo	incidente	donde	la	vida	o	la	propiedad	estén	en	inminente	peligro	y	de	toda	acción	constitutiva	de	violación	a	la	reglamentación	universitaria.	Además,	estará	encargado	de	mantener	un	récord	cronológico	en	el	cual	se	reportarán	detalladamente	todos	los	incidentes	con	fecha,	nombre	del	empleado	que	monitorea,	nombre	de	los	oficiales	que	intervinieron	e	información	de	la	o	las	personas	afectadas.	De	igual	forma,	entre	sus	responsabilidades	se	encuentra	el	almacenamiento	y	disposición	de	las	grabaciones	electrónicas	cuyo	contenido	tendrá	carácter	de	confidencialidad.	Las	grabaciones	serán	preservadas	por	30	días	y	de	no	hacerse	ningún	reclamo	sobre	ellas	se	destruirán.	Varias	personas	pueden	solicitar	duplicados	del	video.	18	(a)	Cualquier	estudiante,	miembro	del	personal	universitario	o	visitante	que	sea	parte	de	una	investigación	judicial	o	administrativa,	o	cualquier	funcionario	del	Recinto	que	lo	requiera	para	un	proceso	administrativo,	podrá	solicitar	formalmente	un	duplicado.	(Art	18).	(b)	Además	cualquier	persona	puede	solicitar	un	duplicado	dentro	de	20	días	de	haber	ocurrido	un	incidente	constitutivo	de	delito	(en	que	haya	estado	en	juego	la	vida	o	propiedad);	petición	que	será	evaluada	por	el	Asesor	Legal	del	Rector	o	Rectora	(Artículo	21(d)),	quien	debe	emitir	una	recomendación	a	la	Rectora	en	30	días	sobre	si	se	entrega	el	duplicado	o	no.	El	Reglamento	no	especifica	qué	criterios	se	utilizarán	para	evaluar	dichas	solicitudes.	Sí	sabemos	que,	en	la	eventualidad	de	que	se	conceda,	“el	solicitante	…	utilizará	el	[duplicado]	exclusivamente	para	los	propósitos	indicados	en	su	solicitud	y	no	divulgará	a	terceros	el	contenido	del	Duplicado,	salvo	que	sea	necesario	como	parte	de	una	investigación	y/o	procedimiento	adjudicativo	administrativo	o	judicial”	(Artículo	24).	(c)	Asimismo,	el	COSE	podrá	preparar	duplicados	motu	proprio	para	básicamente	cualquier	fin:	“con	el	propósito	de	asistir	al	Recinto	en	una	investigación,	procedimiento	adjudicativo	administrativo	o	judicial”…	no	solamente	cuando	ocurra	algún	incidente	en	que	peligre	la	vida	o	propiedad,	sino	cuando	ocurren	incidentes	indicativos	de	que	“se	está	incurriendo	en	una	conducta	constitutiva	de	violación	a	las	normas	del	[Reglamento	General	de	la	UPR],	las	leyes	y	reglamentos	del	Estado	Libre	Asociado	y/o	las	leyes	federales”.	(Artículo	19).	Es	decir,	el	COSE	puede	retener	una	grabación	indefinidamente	(“hasta	que	culmine	la	investigación”)	cuando	se	planteen	violaciones	de	cualquier	índole:	desde	19	infracciones	de	tránsito	y	otras	violaciones	menores,	hasta	las	más	graves.	Cabe	señalar	que	el	Reglamento	no	establece	un	requisito	de	notificación	a	la	persona	observada	y	sobre	quien	se	ha	realizado	el	duplicado.	De	haber	alguna	reclamación	sobre	violación	al	derecho	de	intimidad,	la	persona	afectada	podrá	hacer	una	querella	en	la	oficina	del	Asesor	Legal	del	Rector	o	Rectora,	quien	remitirá	un	informe	con	sus	recomendaciones	a	la	Rectora.	La	Rectora	emitirá	una	determinación	sobre	el	incidente,	aunque	el	reglamento	no	nos	dice	bajo	qué	criterios	decidirá.	Como	se	puede	percibir,	el	propuesto	Reglamento	levanta	preocupaciones	serias,	desde	el	punto	de	vista	de	la	obligación	de	la	institución	de	proveer	las	condiciones	que	sean	necesarias	para	garantizar	tanto	la	seguridad	física	y	material	como	la	seguridad	en	el	ejercicio	pleno	de	nuestros	derechos	civiles	en	el	Recinto,	particularmente	el	derecho	a	la	intimidad	ampliamente	concebido,	en	su	relación	con	la	libertad	de	expresión,	asociación,	anonimato	y	la	libertad	académica.	Quiero	adelantar	que	un	Comité	constituido	por	diversos	componentes	de	la	comunidad	de	la	Facultad	de	la	Escuela	de	Derecho	de	la	UPR	presentará	un	informe	evaluando	con	más	detalle	aspectos	problemáticos	de	esta	propuesta.	No	puedo	entrar	en	consideraciones	específicas,	pero	sí	puedo	expresar	que	muchas	personas	en	la	Facultad	han	mostrado	preocupación	en	torno	a	(1)	la	vaguedad	y	alcance	en	los	conceptos	operacionales	básicos	del	Reglamento,	(2)	indeterminación	en	cuanto	a	los	criterios	a	utilizarse	para	determinar	dónde	se	colocarán	las	cámaras,	(3)	la	falta	de	garantías	y	mecanismos	específicos	para	atajar	el	riesgo	de	utilización	discriminatoria	del	sistema,	(4)	deficiencias	en	el	proceso	para	solicitar	duplicados	y	20	presentar	querellas	y	(5)	ausencia	de	disposiciones	que	reglamenten	el	entrenamiento	y	capacitación	de	los	empleados	del	COSE,	entre	otras	cosas.	Brevemente	me	dedicaré	a	subrayar	aquellos	aspectos	problemáticos	de	los	elementos	que	acabo	de	señalar.	Primero,	en	cuanto	a	la	localización	de	las	cámaras,	no	hay	delimitación	específica	de	las	áreas	en	que	podrán	instalarse	(ni	mecanismo	procesal	para	ello),	más	allá	del	criterio	de	“expectativa	razonable	de	intimidad”,	que	ya	he	cuestionado.	Habrá	que	especificar	si	las	cámaras	podrán	colocarse	en	el	interior	de	facilidades	como	bibliotecas,	salones	de	clase,	oficinas	y	laboratorios,	por	ejemplo,	o	si,	en	cambio,	se	limitarán	a	estacionamientos	y	otros	lugares	donde	empíricamente	se	haya	demostrado	alta	incidencia	criminal.	Segundo,	se	desprende	de	la	propuesta	que	todo	el	sistema	administrativo	detrás	de	la	operación	del	sistema,	y	todas	las	incidencias	importantes	relativas	al	acceso	al	material,	uso	y	disposición	del	mismo,	está	centralizado	en	instancias	de	decisión	administrativas	que	responden	directamente	a	Rectoría	(el	COSE,	la	DSMR,	el	Asesor	Legal),	sin	consideración	alguna	a	la	necesidad	de	que	el	sistema	opere	con	la	transparencia	necesaria	para	que	la	comunidad	se	sienta	en	la	confianza	de	que	puede	realizar	su	gestión	académica	y	expresiva	en	el	Recinto	sin	temor	a	represalias	por	el	ejercicio	de	sus	derechos	constitucionales.	La	opacidad	permea	todo	el	Reglamento.	Los	tímidos	esfuerzos	para	brindar	cierta	transparencia	son	patentemente	insuficientes.	Por	ejemplo,	la	directriz	de	que	se	colocarán	avisos	públicos	indicando	el	área	general	(por	perímetros)	en	que	se	encuentran	cámaras,	lejos	de	constituir	una	notificación	real	tiene	el	potencial	de	crear	mayor	21	incertidumbre	en	torno	a	los	lugares	bajo	vigilancia,	incrementando	el	efecto	disuasivo	que	tanto	se	ha	comentado.	Asimismo,	la	promesa	de	un	proceso	Kafkiano	e	indefinido	para	que	una	persona	obtenga	duplicados	de	videos,	con	mordaza	para	que	no	se	divulgue	luego	de	obtenido,	además	de	falta	de	transparencia	plantea	problemas	constitucionales	relativos	a:	(1)	el	derecho	a	acceso	a	la	información	en	manos	del	gobierno	(que	en	Puerto	Rico	es	parte	del	derecho	a	la	libertad	de	expresión) 37 y	(2)	potenciales	problemas	de	censura	previa,	en	la	medida	que	constituye	una	prohibición	absoluta	a	comunicar	información	(un	video)	que	puede	ser	de	alto	interés	público	y	por	lo	cual	tenemos	un	derecho	constitucional	a	divulgarlo.38	Tercero,	es	preocupante	la	cantidad	y	diversidad	de	objetivos	por	los	cuales	se	puede	utilizar	el	sistema.	El	propuesto	Reglamento	nos	dice	en	su	Artículo	8	que	no	se	utilizará	para	“evaluar	la	efectividad	o	nivel	de	productividad	de	los	empleados”.	Pero	como	ya	señalé,	deja	completamente	abierta	la	posibilidad	de	que	se	utilice	para	todo	tipo	de	fin	administrativo	y	ante	cualquier	tipo	de	violación	de	ley.	Es	decir,	se	nos	plantea	la	necesidad	de	vigilancia	por	cámaras	como	una	herramienta	para	atender	el	problema	de	la	seguridad	pública	(lo	cual	habrá	que	estudiar	si	como	cuestión	empírica	este	tipo	de	mecanismo	es	efectivo),	pero	la	propuesta	trasciende	por	mucho	ese	objetivo	y	nos	coloca	ante	la	amenaza	de	que	se	active	un	proceso	de	vigilancia	particularizada	ante	la	más	insignificante	infracción	37	Soto	v.	Secretario	de	Justicia,	112	D.P.R.	477	(1982);	López	Vives	v.	Policía,	118	D.P.R.	219	(1987);	Hiram	Guadalupe	v.	Saldaña,	133	D.P.R.	42	(1993);	Torres	v.	Policía,	143	D.P.R.	783	(1997);	Ortiz	v	Bauermeister,	2000	T.S.P.R.	145;	Angueira	v.	Junta	de	Libertad	Bajo	Palabra,	2000	T.S.P.R.	2,	2000	T.S.P.R.	103;	Nieves	Falcón	v.	Junta	de	Libertad	Bajo	Palabra,	2003	T.S.P.R.	129	38	Véase	por	ejemplo,	Bartnicki	v.	Vopper,	532	U.S.	514	(2001).	22	administrativa,	sin	aviso	al	objeto	de	la	investigación.	Es	una	bazuca	para	matar	un	mosquito.	Y	que	quede	claro,	no	puede	defenderse	el	abarcador	alcance	del	Reglamento	con	la	idea	de	que,	después	de	todo,	las	leyes	están	para	cumplirse	en	toda	su	extensión.	No	es	cierto.	Todas	las	leyes	se	elaboran	con	plena	consciencia	de	que	hay	un	margen	saludable	de	infracción.	No	hay	ni	puede	haber	obediencia	perfecta.	Todos	hemos	violado	alguna	ley	menor	en	algún	momento	de	nuestras	vidas,	y	los	aparatos	del	Estado	operan	bajo	esa	premisa.	Con	esa	tolerancia	cotidiana,	el	Estado	manifiesta	respeto	a	la	libertad	individual	y	presume	que	tomamos	decisiones	diarias	sobre	cómo	reaccionar	al	derecho.	Además,	es	imposible	conocer	todas	y	cada	una	de	las	normas	que	nos	rigen,	por	lo	que	una	expectativa	de	obediencia	perfecta	es	irrazonable.	La	idea	de	la	obediencia	perfecta	y	de	la	vigilancia	perpetua	en	busca	de	esa	obediencia,	nunca	ha	sido	premisa	de	nuestro	sistema	político.	Las	deficiencias,	como	se	puede	ver,	son	estructurales	e	ideológicas,	y	no	pueden	atenderse	con	enmiendas	puntuales.	Debemos	reconceptualizar	este	esfuerzo	por	completo,	si	es	que	se	decide	que	los	riesgos	de	un	sistema	de	vigilancia	como	el	propuesto	se	justifican	a	la	luz	de	la	probabilidad	real	de	atajar	el	problema	de	la	criminalidad	en	el	Recinto.	Termino	con	algunas	sugerencias	generales	de	ese	ser	el	caso.	23	III.	Empezar	otra	vez	La	primera	recomendación	es	que	debemos	enmarcar	este	problema	en	su	contexto	más	amplio.	El	tema	de	la	vigilancia	electrónica	en	la	Institución	no	se	limita	a	las	cámaras	de	video.	Somos	usuarios	de	diversos	sistemas	de	información	en	los	que	se	registra	nuestra	conducta:	desde	correo	electrónico,	pasando	por	la	navegación	en	internet	en	las	computadoras	del	Recinto,	el	historial	de	usuarios	del	sistema	de	bibliotecas,	hasta	la	hora	de	llegada	y	salida	en	vehículos	de	motor	registrados	en	el	nuevo	sistema	de	estacionamientos.	Honestamente,	las	cámaras	de	video	deben	ser	la	menor	de	las	preocupaciones	a	la	luz	de	este	contexto.	Existe	en	la	Universidad	una	“Política	Institucional	sobre	el	Uso	Aceptable	de	los	Recursos	de	la	Tecnología	de	la	Información	en	la	Universidad	de	Puerto	Rico”,	Cert.	Núm	35	(2007-­‐2008),	que	se	preocupa	por	lo	que	el	título	sugiere:	el	“uso	aceptable”	de	esos	recursos.	Pero	le	dedica	muy	poca	atención,	si	alguna,	a	las	preocupaciones	que	hemos	manejado	en	esta	ponencia.	Por	ejemplo,	en	el	Artículo	VI(B),	eufemísticamente	titulado	“Consciencia	sobre	la	Privacidad	y	la	Seguridad”,	la	Política	establece	que	(la	enumeración	en	corchetes	es	mía):	“La	Universidad	reconoce	el	derecho	del	usuario	a	la	privacidad	y	la	seguridad	[1]	y	se	hará	responsable	de	tomar	las	medidas	razonables	para	proteger	la	seguridad	de	los	recursos	de	tecnología	de	la	información	asignados	a	los	usuarios	individuales.	[2]	La	información	personal	del	usuario	se	mantendrá	en	un	ambiente	seguro;	y	solamente	accederán	a	la	misma	los	empleados	autorizados	que	necesiten	la	información	para	realizar	su	trabajo.	[3]	Si	surgiera	la	necesidad	de	intervenir	con	el	derecho	a	la	privacidad	de	alguna	persona	durante	el	curso	de	alguna	investigación	sobre	el	uso	inapropiado	de	los	recursos	de	información	o	de	tecnología,	la	Universidad	deberá	seguir	los	procedimientos	legales	vigentes	al	hacerlo.	Los	usuarios	deberán	seguir	los	procedimientos	adecuados	de	seguridad	para	ayudar	a	mantener	la	seguridad	del	equipo,	los	sistemas,	las	aplicaciones	y	las	cuentas.	Estos	procedimientos	se	24	encuentran	disponibles	en	el	Sistema	o	en	la	Oficina	de	Sistemas	de	Información	del	recinto	(OSI)	”	La	imprecisión	en	torno	a	los	derechos	de	privacidad	se	refleja	en	el	texto	que	sigue	al	corchete	[2],	toda	vez	que	no	se	precisa	qué	constituye	un	“ambiente	seguro”,	quién	es	un	“empleado	autorizado”	y	cuál	es	el	acceso	“necesario”	para	“realizar	su	trabajo”.	Tampoco	hay	límite	en	cuanto	a	cuál	es	el	tipo	de	trabajo	que	justificaría	tener	acceso	a	la	información	privada.	¿Hay	categorías	de	empleados	que	deben	estar	excluidos	del	acceso?	Por	ejemplo,	¿empleados	de	seguridad?	¿Tienen,	o	deben	tener	acceso,	los	contratistas	independientes?	¿Cuáles?	Tampoco	quedan	claras	las	circunstancias	que	justifican	“la	necesidad	de	intervenir”	con	el	derecho	a	la	privacidad,	en	el	texto	identificado	en	el	corchete	[3].	Tampoco	se	especifica	cuáles	procedimientos	legales	serán	necesarios	para	lograr	acceso	a	la	información	privada.	¿Es	necesaria	intervención	judicial?,	¿se	trata	de	procesos	administrativos	internos?	¿Cuáles?	En	fin,	que	el	problema	es	muchísimo	más	amplio	y	actualmente	no	existe	un	cuerpo	reglamentario	que	especifique	el	catálogo	de	derechos	sustantivos	y	procesales	que	protejan	a	los	usuarios	de	los	sistemas	de	información	en	la	Universidad.	Hace	un	tiempo	me	reuní	con	el	Comité	de	Asuntos	Claustrales,	el	cual	tiene	la	encomienda	de	revisar	este	asunto	(Certificación	Senado	Académico	Núm.	51,	2008-­‐2009).	Pero,	por	sus	implicaciones	e	importancia,	me	parece	que	este	es	un	tema	que	debe	ser	objeto	de	un	proceso	más	amplio	que	comprenda	a	todos	los	componentes	de	la	comunidad	universitaria,	como	ocurre	actualmente	con	el	Reglamento	bajo	consideración.	25	El	segundo	planteamiento	general	es	que	cualquier	mecanismo	que	se	seleccione	para	la	operación	de	un	sistema	como	el	propuesto,	debe	tener	en	su	centro	a	la	comunidad	universitaria	en	su	totalidad,	y	no	sólo	a	su	dimensión	gerencial.	Quiero	ser	claro	en	esto:	hay	muchas	razones	por	las	cuales	la	comunidad	en	general	debe	estar	integrada	en	las	etapas	cruciales	de	la	gobernanza	universitaria.	Pero	el	problema	de	la	vigilancia	nos	presenta	razones	adicionales	y	especiales	por	las	cuales	la	comunidad	debe	tener	una	función	particular.	En	la	medida	en	que	un	sistema	de	vigilancia	sin	garantías	de	confiabilidad	puede	afectar	la	calidad	de	las	dinámicas	participativas	y	discursivas	en	el	campus	(por	el	potencial	efecto	disuasivo),	es	necesario	que	cualquier	sistema	sea	percibido	como	legítimo	por	la	comunidad	y	estar	estructurado	(legal	y	tecnológicamente)	para	sustentar	esas	garantías	de	confiabilidad.39	En	nuestro	contexto	actual,	estas	garantías	deben	ser	de	dos	clases:	(1)	sustantivas	y	(2)	procesales.	En	cuanto	a	las	sustantivas,	deberá	especificarse	con	rigor	criterios	concretos	y	específicos	que	atiendan	las	preocupaciones	constitucionales	y	de	política	pública	antes	señaladas.	Sin	que	se	entienda	como	una	enumeración	taxativa,	estos	criterios	deben	incluir	(a)	áreas	concretas	en	las	que	no	podrán	colocarse	cámaras	(como	salones,	interior	de	oficinas,	baños,	recámaras,	etc.),	(b)	los	objetivos	específicos	por	los	que	se	puede	utilizar	el	material	grabado,	y	las	consecuencias	de	usarlo	indebidamente,	(c)	derechos	de	acceso	público	a	los	videos	que	se	almacenen,	en	determinadas	circunstancias,	(d)	las	razones	y	circunstancias	concretas	en	las	que	de	confianza.	39	Agradezco	al	colega	Luis	Muñiz	Argüelles	por	traer	a	mi	atención	la	centralidad	de	esta	necesidad	26	se	crearán	duplicados	y	el	tiempo	máximo	de	retención	de	videos	(incluyendo	la	posibilidad	de	retención	por	razones	de	preservación	histórica),	(e)	avisos	detallados	sobre	la	localización	de	las	cámaras,	entre	otras	cosas.	Igualmente	importantes	son	las	garantías	procesales.	Me	detengo	en	una	propuesta	específica.	La	única	manera	en	que	la	comunidad	ostentará	la	mencionada	confianza	es	si	esa	misma	comunidad	tiene	la	oportunidad	de	participar	significativamente	en	etapas	cruciales	del	manejo	de	ese	sistema	(siempre	que	la	participación	no	impida	su	eficiencia).	No	habrá	efecto	disuasivo	en	la	comunidad	(o	habrá	menos)	si	sabemos	que	el	vigilante	está	siendo	observado.	Estas	fases	críticas	que	requieren	participación	son:	(a)	la	localización	de	las	cámaras,	(b)	la	decisión	de	realizar	duplicados	de	videos	y	(c)	el	acceso	a	los	videos	archivados.	Así,	deberá	crearse	un	Comité	multisectorial	que	incluya	a	los	componentes	gerenciales,	de	seguridad	y	académicos	en	el	Recinto.	Este	Comité,	con	el	consejo	de	elementos	de	seguridad	del	Recinto,	deberá	crear	un	mapa	identificando	específicamente	los	lugares	en	los	que	se	ubicarán	las	cámaras.	Asimismo,	determinará	el	tipo	de	equipo	a	ser	utilizado	y	se	asegurará	que	su	potencia	y	funcionalidad	no	trascienda	lo	necesario	(por	ejemplo,	se	asegurará	que	no	estén	capacitadas	para	captar	sonido,	o	que	no	sean	susceptibles	de	ser	actualizadas	con	tecnología	de	reconocimiento	facial).	Este	mapa	podrá	ser	revisado	periódicamente,	o	a	petición	de	unidades	particulares	del	Recinto,	pero	en	ningún	caso	podrán	añadirse	cámaras	que	no	consten	en	ese	mapa.	El	mapa,	además,	deberá	hacerse	público	a	la	comunidad	universitaria.	Si	bien	es	cierto	que	su	accesibilidad	puede	frustrar	algún	elemento	de	efectividad,	esa	es	sencillamente	una	realidad	con	la	que	27	tenemos	que	vivir.	Confiar	que	la	comunidad	universitaria	no	utilizará	esa	información	para	la	comisión	de	delitos	no	es	un	riesgo,	es	un	deber.	Igualmente,	este	Comité	tendrá	una	función	crucial	en	la	determinación	de	realizar	duplicados	de	videos	así	como	autorizar	su	acceso	y	revisión.	Obviamente	habrá	que	calibrar	su	composición,	números	de	votos	necesarios,	quórum,	mecanismos	de	consulta	dentro	del	Comité	(por	ejemplo,	prescindiendo	de	un	requisito	de	reuniones	presenciales),	para	que	se	garantice	un	balance	entre	agilidad	en	la	toma	de	esa	decisión	y	participación	efectiva	de	la	comunidad.	Aquí	el	diseño	tecnológico	será	crucial:	es	deseable	elaborar	un	sistema	en	que	el	acceso	a	este	material	sólo	sea	logrado	cuando	concurran	un	número	determinado	de	contraseñas,	o	llaves	físicas.	Como	cuestión	de	hecho,	una	buena	parte	del	manejo	del	sistema	informático	en	la	Comisión	Estatal	de	Elecciones	opera	de	esta	manera	(con	balance	partidista),	con	el	resultado	de	que—aun	con	sus	defectos—tenemos	un	sistema	electoral	generalmente	confiable.	Asimismo,	se	deben	especificar	circunstancias	extremas	en	las	que	una	situación	de	urgencia	permita	a	la	Rectora	ordenar	la	duplicación	y	examen	de	un	material;	decisión,	que	pensaría,	debe	ser	revisable	en	un	periodo	corto	de	tiempo	por	ese	Comité.	Asimismo,	el	Comité	deberá	poder	sugerir	un	protocolo	especial	para	la	desactivación	de	cámaras	para	el	caso	de	piquetes,	manifestaciones	y	otras	instancias	de	protesta	pública.	Un	sistema	con	garantías	procesales	y	sustantivas	similares	a	las	que	he	mencionado	tenderá	a	crear	un	ambiente	propicio	en	la	comunidad	para	el	ejercicio	adecuado	de	nuestras	libertades	civiles	y	para	el	cumplimiento	cabal	con	nuestros	28	deberes	académicos.	El	derecho	a	la	intimidad	e	intereses	expresivos	germanos	(libertad	de	expresión,	asociación,	anonimato	y	libertad	académica)	no	son	necesariamente	incompatibles	con	el	objetivo	institucional	de	proveer	condiciones	de	seguridad	en	el	campus.	Estos	intereses	son	interdependientes,	y	esa	relación	debe	reflejarse	tanto	en	el	código	tecnológico	que	se	seleccione	como	en	el	cuerpo	de	reglas	pertinente.	El	Reglamento	propuesto	no	logra	estos	balances	correctamente	por	lo	que	no	puedo	endosarle.	Sus	deficiencias	van	desde	su	conceptualización	más	básica	hasta	la	implementación	específica,	razón	por	la	que	es	imposible	recomendar	enmiendas	particulares.	Hay	que	empezar	de	nuevo.	♠	29	More From This UserSkip carouselHMJ_privacidadDerechos de Autor 2do Sem Distribucion de ClasesAssignments With LinksSpeech to Legal Aid Students September 2013Lecturas Teoría_1erSem_2013-2014.pdfDistribución de Clases_Agosto2013Distribución de Clases_Agosto2013Ley 22 (238){2A5FC94B-9AF5-45C3-A29B-F39E64FB001F}.doc{AA9B0D19-B5D9-4BB9-AA96-8FCE81C390DD}.doc50 profesores de derecho 238.pdfP de la S238.docxBorrador nuevo Artículo V - rev j.pdfP_del_S_367.pdf141645102-Carta-al-Gobernador.pdf2013 tspr 53-22013tspr46.pdfResolucion TSPR y Votos.pdfSentencia.pdfCAPR_Cam.pdfCAPR_Sen.pdfPS 1 - Ponencia del CA final.pdfMaría Inés Delannoy De Jesús, Sin Licencia Para Amar, 69 Rev Jur UPR 1281 (2000)CC-2008-1010 Ex Parte AAR (Completa)L_39_12
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