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Timestamp: 2019-11-15 20:47:46
Document Index: 35810940

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 65', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 43', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 9']

D. Germán Rodríguez Conchado.
D. José Ramón Varela Puga. D. Julio Plomo González.
D. Ángel Luis Rebolledo Varela. D. Carlos Freire Estévez.
Da. Susana Martínez Portabales
En Santiago de Compostela, reunido el Comité Gallego de Disciplina Deportiva en sesión plenaria celebrada el día 24 de abril de 1998, resolvió el recurso número 419, interpuesto por D. Xenaro Barreiro Ferro, en representación del Furia Athletic Club contra la resolución de 23 de octubre de 1997 del Comité de Apelación de la Federación Gallega de Fútbol y,
PRIMERO.- Por medio de escrito de fecha 7 de noviembre de 1997, entrada en este Comité Gallego de Disciplina Deportiva, D. Xenaro Barreiro Ferro, en representación del Furia Athletic Club interpuso recurso contra la resolución de 23 de octubre de 1997 del Comité de Apelación de la Federación Gallega de Fútbol desestimatoria de su impugnación del acuerdo de la Federación notificado por escrito de 9 de octubre de 1997 sobre denegación de licencias.
SEGUNDO.- Admitido a trámite el recurso por providencia de 19 de noviembre, se requirió al Presidente de la Federación Gallega de Fútbol a fin de que, por quien procediese, se remitiera el expediente e informe sobre la reclamación presentada, providencia que fue cumplimentada por el Secretario General mediante escrito de 28 de noviembre, entrada en el Comité el día 1 de diciembre, declarándose concluso el expediente por providencia de 2 de diciembre en la que, designándose ponente a D. Ángel Luis Rebolledo Varela, se puso de manifiesto a los interesados para su vista por plazo de diez días.
TERCERO.- Por providencia de 16 de diciembre, y con suspensión del plazo para dictar resolución, se acordó requerir a la Federación Gallega de Fútbol a fm de que, por quien corresponda, se emitiera informe sobre la existencia o no de competición de fútbol femenino organizado por la Federación Gallega de Fútbol, así como de la resolución que hubiese podido adoptar el Comité Jurisdiccional, providencia que fue debidamente cumplimentada mediante escrito de 17 de diciembre de 1997, entrada en el Comité Gallego de Disciplina Deportiva el mismo día.
CUARTO.- A la vista de lo manifestado en el escrito de 17 de diciembre, y documentación acompañada, con fecha 9 de enero se dicta nueva providencia para mejor proveer requiriéndose a la Federación Gallega de Fútbol para que, por quien corresponda, se emita informe o certificación sobre la norma o acuerdo de la Asamblea que ampara el Campeonato femenino celebrado en la provincia de Pontevedra así como remisión de la documentación obrante en la Federación entregada por el Furia Athletic Club en relación con las licencias. La providencia fue cumplimentada por escrito de fecha 14 de enero, entrada en este Comité el día 15. Por providencia de 18 de enero de 1998 se puso de manifiesto el expediente a las partes sin que se hubiesen realizado alegaciones.
Ha sido ponente D. Ángel Luis Rebolledo Varela.
PRIMERO.- Se alza el recurrente contra la resolución de 23 de octubre de 1997 del Comité de Apelación de la Federación Gallega de Fútbol, por la que el mismo se declara incompetente por razón de la materia para el conocimiento de una reclamación contra la denegación de unas licencias a unas jugadoras al entender que la competencia correspondía al Comité Jurisdiccional. Por otra parte, el club recurrente se limita a solicitar de este
Comité que se reconozca el derecho de las jugadoras implicadas a jugar al fútbol, tanto en la resolución del Comité de Apelación como en el texto literal del recurso, sin embargo, como se indica a continuación, en realidad se está debatiendo una cuestión de mucho mayor calado que un simple problema de competencia de órganos federativos para resolver una reclamación contra la denegación de la concesión de licencias pues el motivo originario para denegar las licencias no es otro, en último término, que la condición de mujeres de las deportistas a quienes, en el caso concreto, se les ha negado la posibilidad de jugar al fútbol con sus compañeros varones, esto es, en un equipo mixto. Quiere con ello indicarse que, tal y como ya sucedió en la resolución de este Comité Gallego de Disciplina Deportiva de 24 de julio de 1996, aunque con unos supuestos fácticos distintos y no asimilables, en el presente caso no se trata solamente y en abstracto de determinar si es contraria a Derecho la resolución del Comité de Apelación de declararse incompetente y remitir la cuestión al Comité Jurisdiccional, sino de resolver si en un acto producido dentro del mundo deportivo gallego se han vulnerado derechos fundamentales de las deportistas a quienes se les denegó la licencia y, en concreto, si ha existido una discriminación por razón de sexo constitucionalmente rechazable.
Ese y no otro es el objeto del recurso sobre el que este Comité Gallego de Disciplina Deportiva ha de pronunciarse.
SEGUNDO.- Obviamente el problema planteado tiene una especial importancia y trascendencia pues la resolución que se dicte, aunque resolviendo un caso concreto, ha de recoger cuál es la posición del Comité Gallego de Disciplina Deportiva sobre la participación de las mujeres deportistas en competiciones tradicionalmente organizadas en un planteamiento exclusivamente masculino y si es o no discriminatorio no permitir equipos mixtos, lo que ha llevado al Comité a completar el expediente por sucesivas providencias para mejor proveer a la vista de los documentos en cada momento aportados, pues ya ha de indicarse desde ahora que la resolución no puede ser dictada sobre la base de planteamientos abstractos y generales sobre el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo contrapuestos a determinados usos deportivos, ni tan siquiera sobre la base de las opiniones personales de los miembros que componen el
Comité Gallego de Disciplina Deportiva, sino con sujeción estricta al principio de legalidad y a la luz de la doctrina emanada del Tribunal Constitucional en la interpretación seguida del artículo 14 de nuestra Carta Magna, es decir, desde un planteamiento estrictamente jurídico, aunque inmerso dentro de la realidad social, para lo cual juegan un papel fundamental los hechos concretos debatidos pues, sobre ellos y no otros, ha de resolverse la concurrencia o no de discriminación.
TERCERO.- Los hechos, tal y como constan en el expediente una vez completado en lo que se ha considerado imprescindible para tener todos los elementos relevantes, son los siguientes:
1.- El Furia Athletic Club, con domicilio social en Valga, provincia de Pontevedra, solicitó la tramitación ante la Federación Gallega de Fútbol de las licencias de las jugadoras Da. Diana Rey, Da. Rosa Pardal y Da. Rebeca Viñas como integrantes del equipo con sus compañeros varones para participar en el Campeonato Regional de Cadetes (deportistas nacidos en 1982-83), grupo XIV, temporada 1997-1998. Solicitadas las licencias y durante su tramitación participaron en los encuentros celebrados en las tres primeras jornadas de los días 7, 14 y 21 de septiembre con sus compañeros varones sin que conste la existencia de incidente alguno, si bien en la jornada correspondiente al día 28 ya no se les permitió jugar. Consta en el expediente, remitido por la Federación en su escrito de 14 de enero, que las deportistas tenían las correspondientes autorizaciones de sus padres o tutores, certificados médicos que acreditan que no padecen ninguna imposibilidad física para practicar deportes, así como informes emitidos por D. José Rodríguez Fructuoso de 26 de septiembre de 1997, psicólogo infantil escolar; D. Andrés Castaño, maestro de educación primaria, licenciado en pedagogía y entrenador de fútbol-sala femenino; D. Miguel Cancio Álvarez, de 25 de septiembre de 1997, sociólogo y D. Carlos Allones Pérez, profesor del departamento de sociología y ciencia política de la Universidad de Santiago, todos ellos expresando el parecer de concurrencia de una discriminación injustificada por razón de sexo.
2.- Las licencias fueron denegadas por la Federación Gallega de Fútbol mediante escrito de fecha 9 de octubre de 1997 dirigido al Presidente del Furia Athletic Club en que, textualmente, se dejaba constancia de lo siguiente: "adjunto se devuelven sin haber surtido efecto alguno en esta Territorial, las Licencias Cadetes de las jugadoras presentadas a despacho, ya que esta Federación Gallega de Fútbol no contempla la participación de Equipos Mixtos en las Competiciones de las Categorías de referencia y superiores".
3.- Por medio de escrito de 14 de octubre, el Furia Athletic Club presentó recurso ante el Comité de Apelación de la Federación Gallega de Fútbol solicitando se permita la alineación de las jugadoras tal y como lo venían haciendo en las tres primeras jornadas, esto es, con sus compañeros varones, petición en la que implícitamente habría que considerar incluida su pretensión de que se expidieran las licencias en los términos instados para jugar, sin distinciones por razón de sexo, en un equipo mixto.
4.- El Comité de Apelación de la Federación Gallega de Fútbol dicta resolución el 23 de octubre de 1997. En ella, considerando que la falta de despacho de las licencias de las jugadoras no es materia disciplinaria, se declara incompetente para resolver la reclamación, previniendo al Furia Athletic Club para que use de su derecho ante el Comité Jurisdiccional de la Federación Gallega de Fútbol, ello sin perjuicio de que por el propio Comité de Apelación se dé traslado de la reclamación directamente a dicho Comité Jurisdiccional.
5.- Recurrida la resolución ante este Comité Gallego de Disciplina Deportiva, el Furia Athletic Club concreta su petición en que se reconozca el derecho de Da. Diana Rey, Da. Rosa Pardal y Da. Rebeca Viñas a jugar al fútbol por entender que no existe ningún elemento legal que lo impida. No se pide en el recurso que tal derecho le sea reconocido en el sentido de jugar al fútbol con sus compañeros varones, es decir, en un equipo mixto pero, obviamente, tal es su pretensión y así es entendida por este Comité que tiene las facultades necesarias para la interpretación del suplico del recurso.
6.- En el informe inicial remitido por el Comité de Apelación, con fecha 26 de noviembre, el mismo se ratifica en su decisión, afirmando expresamente que no ha entrado en el fondo de la cuestión, sobre si existió 0 no discriminación por razón de sexo, limitándose a declararse incompetente por razón de la materia y que dio traslado de la reclamación ante el Comité Jurisdiccional, sin perjuicio de concederle al Furia Athletic Club el preceptivo recurso ante el Comité Gallego de Disciplina Deportiva.
7.- El Comité Jurisdiccional de la Federación Gallega de Fútbol, según certifica el 17 de diciembre de 1997 el Secretario de la Federación, ha desistido de emitir resolución a la espera de la que pueda dictar este Comité Gallego de Disciplina Deportiva. Por otra parte, y con la misma fecha, el mismo Secretario, D. Ramón de Llano Márquez, emite una certificación en la que literalmente se deja constancia de lo siguiente: "que en la actual Temporada, mil novecientos noventa y siete/mil novecientos noventa y ocho, se celebra el Campeonato Regional de Fútbol-Femenino, organizado oficialmente por esta Federación Gallega de Fútbol, en la que participan seis equipos, y comunicado a todos los estamentos por medio de la Circular número diez, de fecha diez de octubre de mil novecientos noventa y siete, y que se acompaña al presente certificado". Tal circular tiene su origen, según certifica el Secretario de la Federación el 14 de enero de 1998, en un acuerdo de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 24 de julio de 1997 que facultaba al Presidente de la Federación a fin de que, y dentro de las consultas establecidas al efecto, se pudiese efectuar el Campeonato Femenino a petición de varios Clubes en la actual temporada 1997-1998. De ello ha de destacarse lo siguiente:
a) La circular es de fecha 10 de octubre, estando prevista la celebración de la primera jornada el día 16 de noviembre.
b) El campeonato de cadetes había comenzado en septiembre, habiendo jugado ya las deportistas los encuentros de los días 7, 14 y 21.
c) Cuando se presenta la solicitud de las licencias todavía la Federación no había organizado ningún Campeonato femenino, ni cuando deniega las licencias el 9 de octubre tal campeonato existía pues aunque estaba prevista la posibilidad de su existencia tras el acuerdo de la Asamblea General de 24 de julio de 1997 todavía no se había llevado a efecto.
CUARTO.- Sobre la base de tales hechos, previamente ha de pronunciarse este Comité Gallego de Disciplina Deportiva sobre su propia competencia para el conocimiento del recurso, aunque sea de manera breve y tan sólo para destacar la existencia de un nuevo marco legal que supone modificación del criterio anteriormente sustentado y, en este sentido, la no conformidad a Derecho de la resolución recurrida. En efecto, con anterioridad a la Ley 11/1997, de 22 de agosto, xeral do deporte de Galicia, la denegación de una licencia, como mantuvo este propio Comité en sus resoluciones de 2 de febrero y 24 de julio de 1996, no era materia disciplinaria conforme a la Ley 10/1990, de 15 de octubre, de Deporte, Decreto 258/1994, de 29 de julio, por el que se creó el Comité Gallego de Disciplina Deportiva y el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva y en consecuencia, dentro de la Federación Gallega de Fútbol, donde estatutariamente le corresponde al Comité Jurisdiccional las reclamaciones en esta materia, el Comité de Apelación era incompetente. Sin embargo, conforme al Derecho vigente, el artículo 65 a) de la Ley 11/1997, en vigor desde el 5 de septiembre de 1997, establece expresamente que se entiende por cuestiones disciplinarias la "concesión de licencias", es decir, que cuando e19 de octubre de 1997 por la Federación se deniegan las licencias, tal denegación constituía, por mandado legal, disciplina deportiva o materia disciplinaria. Por ello, el Comité de Apelación no era incompetente y debió de haber entrado a resolver el fondo del asunto y, en este aspecto, el recurso interpuesto por el Furia Athletic Club debe ser estimado.
QUINTO.- La estimación del recurso en el extremo reseñado obliga a este Comité entrar a resolver sobre el fondo de la cuestión debatida, esto es, si es contraria o no a Derecho la denegación de las licencias a las jugadoras Da. Diana Rey, Da. Rosa Pardal y Da. Rebeca Viñas para participar en la competición de fútbol en la categoría cadetes en un equipo mixto con sus compañeros varones y para ello es necesario precisar un hecho de trascendencia: la Federación Gallega de Fútbol, más que probablemente forzada por los acontecimientos, acabó poniendo en ejecución su acuerdo de 24 de julio de 1997 organizando una competición de fútbol femenino en la provincia de Pontevedra, a la que pertenece territorialmente el Furia Athletic Club de Valga. Los términos iniciales del debate han sufrido en consecuencia una modificación importante: de un planteamiento sobre si la Federación Gallega de Fútbol tenía o no la obligación de expedir las licencias y permitir que las deportistas implicadas jugaran al fútbol en competición oficial se pasa a si es discriminatorio y contrario al principio de igualdad que las mujeres se vean obligadas por la Federación a jugar en una competición exclusivamente femenina separada de la masculina. Ese es el problema que en último término el Furia Athletic Club y la Federación Gallega de Fútbol plantean y soslayando complicaciones jurídicas de índole procedimental que pudieran impedir resolver sobre el fondo del asunto, y que no serían comprensibles para las interesadas que no recibirían respuesta de fondo a su pretensión como ya sucedió ante el Comité de Apelación, este Comité entiende que, dados los hechos, en este caso concreto, el recurso debe ser estimado y no por vulneración del principio de igualdad sino al apreciar discriminación por razón de sexo en la decisión de la Federación Gallega de Fútbol.
En efecto, el punto de partida, obviamente, no puede ser otro que el artículo 14 de la Constitución en su doble vertiente de consagrar el principio de igualdad ("los españoles son iguales ante la ley") y, sobre todo, la prohibición mucho más taxativa y perentoria de introducir o aceptar "discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social". La discriminación por razón de sexo ha sido una constante en la historia de nuestro país hasta la Constitución de 1978 y, como ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia 128/1987, la expresa exclusión de la discriminación por razón de sexo halla su razón concreta, como resulta de los mismos antecedentes parlamentarios del artículo 14 de la Constitución y es unánimemente admitido por toda la doctrina científica, en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferioridad en que, en la vida social y jurídica, se había colocado a la población femenina no siendo necesario, ante el cúmulo de datos y pruebas, hacer referencia a tales dificultades. A mayor abundamiento, ha de tenerse presente que la Convención de Nueva York de 1979, que forma parte del ordenamiento jurídico interno español (arts. 96.1 de la Constitución y 1.5 del Código Civil), se aprueba con virtualidad de derogar "todas las formas de discriminación de la mujer", precisándose en dicho instrumento que "la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad y del respeto a la dignidad humana". Su articulo 1 es terminante: "A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera".
Es obvio, pues, que existe un derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo sobre el que podría plantearse si la Federación Gallega de Fútbol está obligada a respetar pues siendo la Federación una entidad de Derecho privado (art. 28.1 Ley 11/1997) en conflicto con un particular, podría entenderse que el articulo 14 de la Constitución es inmediata y plenamente aplicable sólo a las relaciones entre el poder público y los ciudadanos, pero no en las relaciones o controversias entre particulares, como puede ser la articulación de una competición deportiva distinguiendo una entre hombres y otra entre mujeres. Pero con independencia de que no se trata solamente y en puridad de una controversia entre particulares, desde el momento en que, en este aspecto, la Federación ejerce funciones delegadas y como poder público (art. 28.3 Ley 11/1997) desde el momento que tiene la competencia exclusiva en la organización de competiciones oficiales atribuida por los Poderes Públicos, la tesis seria difícil de sostener en su pureza a la vista de la jurisprudencia constitucional que sostiene la aplicación de los principios constitucionales incluso entre particulares (SSTC, entre otras, 177/1988, 241/1988, 129/1989, 126/1990, 184/1991), y aunque es cierto que no faltan sentencias que afirman que el principio de igualdad no se impone a los sujetos privados, el Tribunal Constitucional salva siempre "las discriminaciones contrarias al orden público constitucional". Y así la STC 108/1989 cuando dice que "el respeto de la igualdad ante la Ley se impone a los órganos del poder público, pero no a los sujetos privados, "cuya autonomía está limitada sólo por la prohibición de incurrir en discriminaciones contrarias al orden público constitucional, como son, entre otras, las que expresamente se indican en el art. 14 CE" (en el mismo sentido STC 183/1989).
Así pues la Federación Gallega de Fútbol viene obligada a respetar el principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo lo cual supone que cualquier deportista, sea hombre o mujer, tiene derecho a practicar el fútbol federado y en las competiciones organizadas por la Federación como se deriva del artículo 43 de la Constitución, siendo obligación de la Federación organizar las competiciones y elaborar los programas de promoción general de su actividad deportiva (art. 32.f de la Ley 11/1997 y 6 del Decreto 228/1994, de 14 de julio, regulador de las Federaciones Deportivas Gallegas) en condiciones que permitan la participación de los ciudadanos y ciudadanas gallegos allí donde se encuentren dentro de nuestra Comunidad Autónoma. Por ello no puede ser calificada sino de desafortunada la razón recogida por la Federación Gallega de Fútbol en su escrito de 9 de octubre de 1997 cuando consigna como razón para denegar las licencias que "La Federación Gallega de Fútbol no contempla la participación de equipos mixtos en las Competiciones de Categoría de referencia (cadetes) y superiores" pues tal motivación, como dice el recurrente y los profesionales que con sus informes le apoyan, no puede sino calificarse de discriminatoria, ilegal, constitucional y socialmente reprochable pues es negar, ab initio, que una mujer, por el hecho de serlo, no puede dedicarse a la práctica del fútbol en competiciones oficiales organizadas por una Federación a la que el propio Ordenamiento Jurídico le ha concedido la facultad exclusiva de organizarlas. En este sentido, solicitando el club recurrente Furia Athletic Club que se reconozca el derecho de Da. Diana Rey, Da. Rosa Pardal y Da. Rebeca Viñas a jugar al fútbol dentro de las competiciones organizadas por la Federación Gallega de Fútbol el recurso no puede sino ser estimado.
SEXTO.- La Federación Gallega de Fútbol, no obstante, ha dado un paso adelante y debido a la situación producida por la reclamación Furia Athletic Club ha dado eficacia a su acuerdo de la Asamblea de 24 de julio de 1997 y organizado una competición de fútbol femenino en la provincia de Pontevedra a través de su delegación en tal provincia. Es cierto que como se dice en la propia circular de 10 de octubre "con carácter excepcional", frase nuevamente reprochable en cuanto lleva implícita la anormalidad de la existencia de una competición femenina de fútbol, salvo que se interprete que es una solución transitoria ante la admisibilidad futura de los equipos mixtos lo que no parece el caso, pero excepcional o no, es lo cierto que existe una competición oficial en la que podrían participar Da. Diana Rey, Da. Rosa Pardal y Da. Rebeca Viñas, eso sí, competición femenina frente a una competición exclusivamente masculina en un deporte históricamente considerado masculino pero ya simplemente deporte. Y la pregunta no es otra que si es contrario al principio de igualdad y discriminatoria por razón de sexo no tanto la existencia de las dos competiciones sino la prohibición federativa de que las mujeres se adscriban y jueguen en equipos que participan en la competición masculina, es decir, se establezca una situación imperativa de trato diferente por el simple hecho de ser hombre o mujer. El club recurrente considera que es inconstitucional, así como los profesionales que lo apoyan con sus informes quienes aducen razones de diverso fundamento que, aunque matizadamente, son compartidas por este Comité.
En efecto, el planteamiento jurídico de la cuestión, sin entrar en grandes debates y razonamientos complejos, ha de partir necesariamente de las ponderadas alegaciones jurídicas consignadas por el profesor Cancio Álvarez en su informe pero, sin embargo, no es tan sencillo como se plantea por él pues ha de atenderse a la doctrina sentada por nuestro Tribunal Constitucional en la interpretación del significado, contenido y alcance del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo recogido en el artículo 14 de la Carta Magna según la cual la infracción del derecho a la igualdad no puede valorarse aisladamente. Como derecho relacional, su infracción requiere inexcusablemente como presupuesto la existencia de una diferencia de trato entre situaciones sustancialmente iguales, Y así, desde la sentencia 22/1981, el Tribunal Constitucional (SSTC 209/1988 y 128/1994), siguiendo la pauta que ya aparece en la sentencia de 23 de julio de 1968 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha configurado un concepto relativo y no absoluto del principio de igualdad que entraña la ponderación de si existe alguna justificación objetiva y razonable de la aparente desigualdad o de la claudicación de la igualdad en el caso concreto siendo de resaltar la doctrina de la sentencia 90/1995 en el sentido de que:
"En reiteradas ocasiones este Tribunal ha declarado que no toda desigualdad de trato legal respecto de la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el artículo 14 de la Constitución, sino tan sólo aquellas desigualdades que introduzcan una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que ofrezcan una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, por tanto, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una fundamentación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas, por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es necesario para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, "que las consecuencias jurídicas que deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos" (STC 176/1993, fundamento jurídico 2°). Por lo que, en resumen, se ha dicho que "el principio de igualdad no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida por el legislador" (STC 110/1993 (RTC 1993/110), fundamento jurídico 4°., y las que en ella se citan)".
Por su parte, la sentencia 106/1994 afirma que el principio de igualdad, en la ley o en la aplicación de la ley, es vulnerado cuando se produce un trato desigual, carente de justificación objetiva y razonable por parte del poder público al que aquélla se imputa siendo igualmente doctrina constitucional que "la discriminación sobreviene cuando hay una distinción de trato carente de justificación objetiva y razonable: lo que conculca el principio constitucional consagrado en el artículo 14 es precisamente la desigualdad irrazonable"; "ante situaciones no disímiles, la norma debe ser idéntica para todos, comprendiéndolos en sus disposiciones y previsiones con la misma concesión de derechos (SSTC 10-11-1981, 10-3-1983 y 10-7­1985)".
Parece pues claro que, como se afirmaba en nuestra resolución de 24 de julio de 1996, no basta la existencia de una competición masculina o femenina para hacer un reproche de contravención del principio de igualdad. Lo que no es admisible bajo ninguna perspectiva constitucional es la existencia de una única competición de fútbol en la que se permita la participación exclusiva de los hombres y que las mujeres estén excluidas de una práctica deportiva federada pues, como ya se pronunció este Comité en la citada resolución de 24 de julio de 1996, si existe una única competición de fútbol, y lo era cuando en septiembre las jugadoras fueron alineadas en el Furia Athletic Club, no es ni masculina ni femenina; es competición en la que no se puede impedir la participación de una mujer porque la Federación no tiene alternativa. Pero existiendo dos competiciones, una masculina y otra femenina, en principio no contraría el principio de igualdad siempre que, tal y como dice el Tribunal Constitucional, exista una razón objetiva y proporcionada que justifique un trato que, el último término, no deja de ser desigual y que sólo está permitido ante situaciones desiguales, razonabilidad en la distinción de trato entre hombres y mujeres que realiza la Federación Gallega de Fútbol organizando dos competiciones separadas que puede apreciarse en su existencia, tanto en el significado usual de la consideración de algo como "razonable", esto es, aceptable supuestas ciertas creencias sociales en un momento histórico dado como en el significado conscientemente aceptado por el Tribunal Constitucional, como en la Sentencia 49/1982 que, utilizando una expresión luego reproducida muchas veces, identificó la razonabilidad con la conformidad "con ciertos criterios y juicios de valor generalmente aceptados".
Desde esta perspectiva del principio de igualdad la decisión de la Federación Gallega de Fútbol de no permitir equipos mixtos y organizar separada e imperativamente dos competiciones, una masculina y otra femenina, aparece dotada de la razonabilidad constitucionalmente exigida pues, en último término, y dificultades organizativas aparte, responde a criterios y juicios de valor generalmente aceptados en el caso concreto, que en la práctica del fútbol la intervención de las mujeres es secundaria y en cierto sentido anecdótica, o de que en los deportes existen competiciones masculinas y femeninas con sus propias marcas como ya sustentaba el Comité de Apelación de la Federación Gallega de Fútbol en su resolución que dio lugar a la de este Comité de 24 de julio de 1996, sentir social cuya existencia no se puede negar y de la cual es reflejo directo la posición de la Federación Gallega de Fútbol y la lucha individual y contra corriente mantenida por el Furia Athletic Club.
SÉPTIMO.- Es evidente que este Comité Gallego de Disciplina Deportiva, acomodando la fundamentación jurídica de la resolución de 24 de julio de 1996 al caso presente aunque se trate de supuestos diversos y con elementos diferenciadoras, admitiendo el hecho de una realidad social que es la asumida por la Federación Gallega de Fútbol y teniendo presente la consideración tradicional del fútbol podría terminar aquí su razonamiento con la desestimación del recurso. Ahora bien, ello significaría obviar que en el presente caso, dadas las edades de las deportistas implicadas, no sólo está en juego el principio de igualdad, que fue sobre lo que se resolvió en la resolución de 24 de julio de 1996, sino también el de discriminación por razón de sexo, y que no constituyó elemento esencial ni ratio decidendi en la anterior resolución, lo que obliga a tener en cuenta la doctrina de las sentencias del Tribunal Constitucional 661/1996, 50/1991, 75/1983 y 209/1988 de que el principio de igualdad no postula ni como fm ni como medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la diferencia de trato mientras que las prohibiciones de discriminación, en cambio, imponen como fm y generalmente como medio la parificación de trato legal, de manera que sólo pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica lo que implica la necesidad de usar en el juicio de legitimación constitucional un canon mucho más estricto y que implica un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad. Es decir, como dice la STC 81/1982, en torno al art. 14 de la Constitución existen dos grados de exigencia en la justificación de cualquier diferenciación de trato, según estemos en aquellos casos que quedan genéricamente dentro del principio general de igualdad o, por el contrario de "aquellos otros casos en que el factor diferencial es precisamente uno de los típicos que el art. 14 concreta para vetar que puedan ser base de la diferenciación" y en los cuales la carga de la justificación "se torna aún más rigurosa".
Ello supone que, tratándose de establecer una desigualdad por razón de sexo, la razonabilidad en el sentido expuesto que necesariamente debe existir, sin embargo, por sí sola no es suficiente cuando lo que se está produciendo es el acentuamiento de situaciones de inferioridad, como decía la STC 128/1987, de determinados grupos sociales definidos, entre otras características, por el sexo y, cabe afirmar en la mayoría de las veces, por la condición femenina, y colocados en posiciones de desventaja por razones que resultan de tradiciones y hábitos profundamente arraigados en la sociedad y dificilmente eliminables. Y es más, el Tribunal Constitucional no sólo se muestra especialmente riguroso en la justificación del trato desigual por razón de sexo, sino que incluso en la sentencia 50/1991 da a entender que el mandato antidiscriminatorio del art. 14 es inexcepcionable, de modo que la utilización de uno de los rastos que en él se mencionan como criterio de diferenciación ni siquiera debería dar lugar a "un examen estricto" sino a la simple constatación de la absoluta prohibición constitucional, siendo de resaltar la expresa doctrina de la STC 16/1995 al declarar que "el sexo es uno de los factores de discriminación que por contrarios a la esencial dignidad de la persona estima inadmisibles el art. 14 de la Constitución en línea con los numerosos tratados internacionales suscritos por el Estado español en la materia, y de ahí que se haya venido exigiendo una justificación reforzada cuando la diferencia de trato pretenda basarse en esa sola consideración. Este examen riguroso, aplicable (...) con situación de inferioridad de la mujer", a su desigual punto de partida" (STC 3/1983), es un objetivo constitucionalmente planteado en la actuación de los poderes públicos, en orde a la consecución de las condiciones de igualdad que propugna el artículo 9.2 de la Constitución", y es que, en efecto, el art. 9.2 impone a los poderes públicos (y a la Federación Gallega de Fútbol, ejerce en este extremo funciones delegadas) promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea reales y efectivas, removiendo todos los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud facilitando a todos los ciudadanos su participación en la vida política, económica, cultural y social.
Igualmente la STC 229/1992 al afirmar que "a diferencia del principio genérico de igualdad, que no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige la razonabilidad de la diferencia normativa de trato, la prohibición de discriminación entre los sexos implica un juicio de irrazonabilidad de diferenciación establecido ya ex Constitutione que impone como fm y generalmente como medio de parificación ( ..) No obstante el carácter bidireccional de la regla de parificación entre los sexos, no cabe desconocer que han sido las mujeres el grupo víctima de tratos discriminatorios, por lo que, la interdicción de la discriminación implica también, en conexión además con el art. 9.2 CE, la posibilidad de medidas que traten de asegurar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La consecución del objetivo igualatorio entre hombres y mujeres permite el establecimiento de un "derecho desigual desigualatorio" (sic, por "igualatorio"), es decir, la adopción de medidas reequilibradoras de situaciones sociales discriminatorias preexistentes para lograr una sustancial y efectiva equiparación entre las mujeres, socialmente desfavorecidas, y los hombres".
Bajo esta perspectiva, no ya del principio de igualdad y de la razonabilidad del trato desigual sino de la prohibición de discriminación por razón de sexo, la pregunta es si está justificada y fundamentada la existencia con carácter imperativo de una competición masculina y femenina de fútbol en la categoría de cadetes, para jóvenes de 14 ó 15 años sobre la premisa de que las dos son en la provincia de Pontevedra pues, como se afirmó en la resolución de 24 de julio de 1996, lo que no se puede es obligar a una deportista a desplazarse de provincia. Es de tener en cuenta que, efectivamente, en este caso particular son jóvenes, con un grado relevante de desarrollo fisico e intelectual, inmersos en un sistema educativo mixto desde temprana edad en el cual la cultura deportiva constituye un papel ciertamente importante como sistema de integración de valores sociales; que se trata de la práctica de un deporte aficionado en un ámbito territorial determinado y, realmente, no es fácil encontrar razones no sólo "reforzadas" que justifiquen el diferente trato, sino simplemente razones que expliquen el paso atrás que en relación con el fin de conseguir la igualdad de sexos en una sociedad de valores tradicionales supone el impedir al Furia Atlhetic Club alinear en su equipo a tres mujeres.
Desde luego no lo fundamenta las distintas condiciones que respecto del triunfo en el encuentro puedan producir el hecho de que en un equipo participen mujeres con condiciones fisicas diferentes a los hombres pues como dice D. José Rodríguez Fructuoso en su informe el equipo que las alinea conoce la hipotética reducción de sus posibilidades, y si bien ello no resuelve los problemas técnicos de una adecuada organización del campeonato desde un punto de vista estrictamente deportivo no olvidemos que estamos en la categoría de cadetes, fútbol aficionado en el que lo fundamental o esencial no es la competición en sí misma sino la participación deportiva y el fomento del deporte en general. Tampoco lo puede fundamentar que en la tradición del fútbol no existan equipos mixtos o en las dificultades de organización de una competición de estas características, pues tampoco las mujeres tenían acceso al ejército o al interior de las minas y para las SSTC 216/1991 y 229/1992 ello no fue obstáculo para considerar discriminatoria la distinción. En realidad, a juicio de este Comité, difícilmente se puede encontrar otra justificación a la diferenciación por razón de sexo que en el caso concreto se produce respecto de las jugadoras Da. Diana Rey, Da. Rosa Pardal y Da. Rebeca Vmas que el hecho de ser mujeres y a una sociedad con valores sexistas que la Federación Gallega de Fútbol como entidad, y con independencia de sus dirigentes, como parte de esa sociedad, en cierta medida no deja de asumir pues de recordar que la competición comienza con un único campeonato masculino y sólo cuando surge la evidencia del problema se pone en marcha el campeonato femenino "como medida excepcional".
Tampoco, a juicio de este Comité puede servir de fundamento para el diferente trato las diferencias fisicas. Aparte de que si existiera una única competición el argumento sería irrelevante pues no se les podría impedir jugar, el mismo ha sido históricamente utilizado de manera reiterada como un elemento fundamental de discriminación y debe ser rechazado. La diferente constitución hsica y las mayores o menores habilidades carecen de relevancia dentro del fútbol aficionado a los 14 ó 15 años y dentro de 1a edad escolar, siendo los propios clubes quienes habrán de seleccionar qué jugadores alinean y la propia realidad marcará en nivel de aceptación de las jugadoras, pero un eventual riesgo hsico mayor que en los hombres no puede implicar una actitud protectora de una Federación Deportiva pues es de recordar que tal protección ha sido el fundamento último durante décadas de un tratamiento de la mujer sobre una premisa de incapacidad y una joven de 15 años, y mucho más si está respaldada y autorizada por sus representantes legales, tiene el suficiente grado de discernimiento para tomar sus propias decisiones en determinados ámbitos, tal y como le reconoce la Ley Orgánica 1/1996 de Protección del Menor, y en el ámbito deportivo, en deportes que no son propiamente de riesgo como es el fútbol, la eventualidad de lesiones ha de ceder ante el principio de no discriminación por razón de sexo.
En suma, tratándose de fútbol aficionado, en edades significativas en cuanto a desarrollo fisico e intelectual este Comité Gallego de Disciplina Deportiva, salvo prejuicios sexista o tradición en el mundo del fútbol no ve como coordinar, en este caso, concreto la negativa a la concesión de las licencias en los términos solicitados por Da. Diana Rey, Da. Rosa Pardal y Da. Rebeca Viñas con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional sobre la prohibición de discriminación por razón de sexo y por lo que es obligado entender que no es contrario al principio de igualdad, como se afirmaba en la resolución de 24 de julio de 1996, que la Federación Gallega de Fútbol organice dos competiciones, una masculina y otra femenina en la que voluntariamente se integren las mujeres, pero sí es discriminatorio imponer a Da. Diana Rey, Da. Rosa Pardal y Da. Rebeca Viñas un modelo de competición separada. Por todo ello, el recurso ha de ser estimado en esta petición.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, EL PLENO DEL COMITÉ RESUELVE: que con estimación del recurso:
a) Se declara la no conformidad a derecho de la resolución de 23 de octubre de 1997 del Comité de Apelación de la Federación Gallega de Fútbol declarando que es competente para conocer las reclamaciones contra las denegaciones de licencias deportivas.
b) Se reconoce el derecho de las jugadoras Da. Diana Rey, Da. Rosa Pardal y Da. Rebeca Viñas a jugar fútbol federado en las competiciones cadetes organizadas por la Federación Gallega de Fútbol y, en consecuencia, la obligación de ésta de despachar las licencias denegadas si cumplen los requisitos reglamentariamente exigidos prescindiendo de la circunstancia del sexo, sin perjuicio del derecho de la Federación a fomentar la práctica de actividad deportiva diferenciada por sexos cuando así sea demandado por los integrantes de la Federación.
Contra esta resolución cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la misma.
Da Susana Martínez Portabales, Secretaria del Comité Gallego de Disciplina Deportiva:
Que en el Pleno de dicho Comité en sesión celebrada el día 24 de abril de 1998 en la ciudad de Santiago de Compostela, acordó la referida resolución, lo que le notifico a Vd. en su condición de parte interesada para su debido cumplimiento.
Santiago de Compostela, 24 de abril de 1998