Source: https://1library.co/document/q05rnwly-sentencias-condenatorias-interamericana-institucion-preventiva-enunciada-organico-integral.html
Timestamp: 2020-08-06 01:07:35
Document Index: 101820870

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 62', 'artículo 424', 'artículo 425', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 41', 'artículo 61', 'artículo 46', 'artículo 45', 'artículo 62', 'artículo 64', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'artículo 177', 'artículo 534', 'artículo 534', 'artículo 77', 'artículo 851']

Las sentencias condenatorias de la corte interamericana de derechos humanos, casos Tibi y Suárez Rosero y su impacto en la institución de la prisión preventiva enunciada en el código orgánico integral penal del Ecuador
DEL TÍTULO DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y
JUZGADOS DE LA REPÚBLICA
LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASOS TIBI Y
SUÁREZ ROSERO, Y SU IMPACTO EN LA INSTITUCIÓN DE
LA PRISIÓN PREVENTIVA ENUNCIADA EN EL CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR.
DR. JOHNNY AYLUARDO SALCEDO MSc.
VÍCTOR DANIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ÁNGEL EDUARDO FIGUEROA INDACOCHEA
CARÁTULA ... I TABLA DE CONTENIDOS... II DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y SESIÓN DE DERECHO DE AUTOR ...VI AGRADECIMIENTO ...VII
1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. ... 7
1.7. OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. ... 9
1.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN. ... 9
1.9. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN ... 9
1.10. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. ... 10
1.11. HIPÓTESIS GENERAL. ... 10
1.12 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ... 11
CAPÍTULO II ... 12
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ... 12
2.1. ANTECEDENTES REFERENCIALES Y DE INVESTIGACIÓN ... 12
2.2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. ... 16
2.2.1 NORMATIVA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ... 16
2.2.1.1 LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ... 16
2.2.1.2 LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS COMO PARTE DE LA NORMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS. ... 18
2.2.1.3 .LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS. ... 22
2.2.2.3 PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS ... 26
2.2.3 LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ... 31
2.2.3.1 TIPOS DE FUNCIONES EN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ... 33
2.2.3.2 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS ... 34
2.2.4 LA PRISIÓN PREVENTIVA ... 35
2.2.4.1 LA PRISIÓN PREVENTIVA PRINCIPIOS, FINALIDAD Y REGULACIÓN. .. 38
2.2.4.2 LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SU EVOLUCIÓN EN LA NORMATIVA ECUATORIANA ... 42
2.2.5 LOS PROCESOS CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO EN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ... 45
2.2.5.1 EL CASO ROSERO VS ECUADOR: ANÁLISIS Y RESUMEN ... 47
2.2.5.2 EL CASO TIBI VS ECUADOR: ANÁLISIS Y RESUMEN ... 51
2.3. MARCO LEGAL. ... 55
2.3.1 NORMATIVA INTERNACIONAL VIGENTE. ... 55
2.3.1.1 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ) ... 56
2.3.1.1.1 ARTÍCULO 7.- EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. ... 58
2.3.1.1.2 ARTÍCULO 1.- LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS ... 63
2.3.1.1.3 ARTÍCULO 2.- EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES EN EL DERECHO INTERNO ... 65
2.3.2 LA CONSTITUCIÓN VIGENTE EN LOS CASOS TIBI Y ROSERO... 69
2.3.3. LA CONSTITUCIÓN DE 2008. ... 72
2.3.4 EL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN LOS CASOS TIBI Y ROSERO ... 75
2.3.5 EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL VIGENTE EN LOS CASOS TIBI Y ROSERO ... 77
2.3.6 EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL... 77
2.4. MARCO CONCEPTUAL ... 79
2.4.1. DERECHOS DEL HOMBRE ... 79
2.4.2. VIOLACIÓN DE DERECHOS ... 79
2.4.3. INTERPOL ... 80
2.4.7. RATIONE MATERIAE DE LA CORTE INTERAMERICANA ... 82
2.4.8. PRISIÓN PREVENTIVA ... 84
2.4.9. CADUCIDAD DE PRISIÓN PREVENTIVA... 85
2.4.10 CONVENCIÓN. ... 85
2.4.11 SEGURIDAD JURÍDICA Y DEBIDO PROCESO ... 86
CAPÍTULO III ... 89
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ... 89
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ... 89
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA ... 90
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. ... 92
3.4 TRATAMIENTO A LA INFORMACIÓN-PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. ... 92
3.4.1 ENCUENTAS ... 92
3.4.2 ENTREVISTADOS ... 103
CAPÍTULO IV ... 114
LA PROPUESTA ... 114
4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA ... 114
4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ... 114
4.3. OBJETIVO GENERALES DE LA PROPUESTA ... 115
4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA ... 115
4.5. HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA ... 115
4.6. LISTADO DE CONTENIDOS Y FLUJO DE LA PROPUESTA ... 116
4.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA... 116
4.8. IMPACTO/PRODUCTO/ BENEFICIO OBTENIDO ... 117
4.9 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ... 117
CONCLUSIONES ... 117
RECOMENDACIONES ... 118
CATEDRÁTICO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
Que la presente tesis titulada “LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASOS TIBI Y SUÁREZ
ROSERO, Y SU IMPACTO EN LA INSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
ENUNCIADA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL DEL ECUADOR”, desarrollada por VÍCTOR DANIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y ÁNGEL EDUARDO FIGUEROA INDACOCHEA, ha sido elaborado bajo esta dirección, respondiendo a los requisitos de fondo y de forma que exigen los respectivos reglamentos e instructivos. Por ello autorizo su presentación y su sustentación.
Guayaquil, 12 de agosto de 2015
Los conceptos, expresiones e ideas vertidos en la presente tesis, y en general en todo su contenido son de exclusiva responsabilidad de los autores. “La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Graduación, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la “UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL” según lo establecido por la ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y Normatividad Institucional vigente.
Los autores de esta tesis expresan sus más sinceros agradecimientos a nuestro tutor Dr. Johnny Ayluardo, por su colaboración dentro del proceso de investigación. Se agradece su dedicación, disponibilidad, paciencia, empatía y ayuda brindada en el camino de este largo proceso.
Se agradece a nuestros entrevistados, en especial al Abg. Kleber Franco Aguilar MsC. Juez Provincial de la Sala Multicompetente de Corte de Justicia de Santa Elena y al Abg. William Aguilar MsC. coordinador de la Unidad de Flagrancia de Guayaquil, quienes con su valiosa e incalculable ayuda desinteresada, nos brindaron información relevante, próxima, pero muy cercana a la realidad de nuestras necesidades.
A todos ellos, desde siempre nuestros agradecimientos.
Dedicamos este proyecto de tesis a Dios y a nuestros padres. A Dios porque ha estado con nosotros en cada paso que damos, cuidándonos y dándonos fortaleza para continuar.
Víctor Daniel Rodríguez dedica este trabajo a mis padres Marjorie y Daniel, a mi hermana Daniela, a mi esposa Cecibel y a mi hijo Daniel Isaac quienes me brindan ánimo, apoyo, alegría y fortaleza para seguir adelante.
Ángel Eduardo Figueroa dedica este trabajo a mi madre Edith, quien a lo largo de mi vida ha velado por mi bienestar y educación siendo mi apoyo en todo momento. Depositando su entera confianza en cada reto que se me presentaba sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y capacidad.
A mi esposa Mélida y a mis hijos que han sido mi inagotable fuente de energía para continuar en esta ardua tarea de la vida, por su apoyo incondicional y sobre todo su amor y paciencia.
La presente investigación denominada, “Las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Tibi y Suárez Rosero, y su impacto en la institución de la prisión preventiva enunciada en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador”.
El actual trabajo nace de la necesidad de determinar el alcance y efectos jurídicos que tienen en la Constitución de la República del Ecuador y resto de normativas, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Tibi y Suárez Rosero.
El objetivo general de esta investigación científica es la determinación de las influencias que contienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los cambios realizados en la ley penal interna, por lo cual a través del método científico hipotético deductivo, explicativo correlacional y transversal, se procedió a realizar un estudio teórico, doctrinario y jurisprudencial que nos permitió establecer la existe de una justificación de los hechos ocurridos basados en una ley en vigencia por parte de abogados y su desconocimiento de los Derechos Humanos que han evolucionado para una aplicación efectiva en la actualidad.
Cuando cursamos los estudios de derecho en la ULVRG, se nos asignó un trabajo en la materia penal y al estar realizando la investigación encontramos trabajos documentados en los que pudimos observar que muchos países sudamericanos son condenados ante el Sistema Interamericano por arbitrariedad judicial en la aplicación de la Prisión Preventiva, fue así como también pudimos observar que nuestro país no era la excepción.
Por lo cual, se identificó, que el Ecuador ha sido varias veces sancionado por no garantizar de forma adecuada las normas de debido proceso, principalmente lo referido a la aplicación de la prisión preventiva, la misma que a pesar de ser una institución jurídica trascendental, no fue provista de un limitación en cuanto a su alcance, lo que llevó a que su ejecución sea arbitraria en aquella época. Por tanto, es necesario saber en qué forma generan cambios en la normativa interna de nuestro país, en base a casos emblemáticos que contienen rangos o criterios jurisprudenciales fundamentales para la toma de decisiones judiciales.
Adicionalmente, dentro del primer capítulo se determina los objetivos generales y específicos que se desean cumplir con el desarrollo de la presente investigación.
Asimismo, dentro del capítulo tercero desarrollamos la metodología cuantitativa, empleando el método hipotético deductivo y el tipo transversal, además se describen las técnicas que empleamos como son las encuestas y las entrevistas, lo cual permitió plantear la conclusión y recomendación de la propuesta, siendo esta la elaboración de un Documento histórico y crítico de las sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Tibi y Suárez Rosero, contra el Estado Ecuatoriano, determinando el impacto en la normativa de la prisión preventiva en el Código Orgánico Integral Penal a fin de impedir su vulneración.
En el capítulo cuarto, la propuesta mencionada en el párrafo anterior, se encuentra planteada bajo un adecuado linealmente y orden, por ello es necesario enfocar el camino a cumplir mediante la determinación de objetivos, los cuales serán una guía para llevar a cabo el plan de para la inserción de la materia de Derechos Humanos, es decir para lograr la finalidad de la investigación y problemática jurídica planteada.
Las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Tibi y Suárez Rosero, y su impacto en la institución de la prisión preventiva enunciada en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador.
Ecuador suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969, es decir, desde el primer día de partida de dicha normativa internacional y fue ratificada por el Ecuador el 21 de octubre de 1977, encontrándose vigente desde el 27 de octubre de 1977.
De tal forma, se originó el reconocimiento de competencia del Estado ecuatoriano:
El 24 de julio de 1984 reconoció la vigencia de los artículos 45 y 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mediante Decreto No. 2768, de 24 de julio de 1984, publicado en el Registro Oficial No. 795 del 27 del mismo mes y año,
Ecuador reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los Derechos Humanos establecidos en la citada Convención, en los términos previstos en el parágrafo 2 de dicho artículo.
De acuerdo con lo prescrito en el parágrafo 1 del artículo 62 de la Convención, antes mencionada, el Gobierno del Ecuador declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención.
Este reconocimiento de competencia se hace por plazo indeterminado y bajo condición de reciprocidad. El Estado ecuatoriano se reserva la facultad de retirar el reconocimiento de estas competencias cuando lo estime conveniente. (Convención Americana sobre Derechos Humanos , 1969)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del Estatuto. (Corte IDH, 1979)
La Constitución de la República del Ecuador actual en su artículo 424, párrafo segundo, establece que “La Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos
Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público” (Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20-X-2008), el tratado de San José, al cual nos referimos, entra en esta normativa interna, es decir, prevalece sobre cualquier norma interna; además, de acuerdo al principio de jerarquía de las leyes de Kelsen, que se encuentra reflejado en el artículo 425, expresa: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; [….]”
(Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, 20-X-2008).
Como podemos deducir la plena vigencia de la declaración de San José y la competencia voluntaria a esta jurisdicción supranacional de someter a nuestro Estado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha marcado un gran camino para nuestro país.
Los ciudadanos en forma personal o en forma colectiva haciendo uso de sus derechos, luego de procesos internos han acudido hasta la instancia supranacional de la CIDH.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sentenciado al Estado ecuatoriano por violación a la Declaración Americana de los Derechos Humanos, condenándolo así en casos contenciosos, de medidas provisionales, supervisión de cumplimento, sentencias de fondos reparatorios entre otras.
En las sentencia contra el Estado no solo se ordena pagar fondos reparatorios sino también tomar correctivos en las leyes internas o en la estructura estatal en los órganos policiales, jurisdiccionales, administrativos entre otros.
El caso Tibi vs Ecuador, fue emblemático y creó jurisprudencia para la región, siendo uno de los derechos vulnerados por parte del Estado, el no tener una prisión preventiva con límite, que sirva como camisa de fuerza entre la función del Estado de ser el encargado de impulsar las acciones de infracciones de carácter público y el derecho de los imputados y/o acusados para limitar la medida cautelar de la prisión preventiva, si el Estado no cumplía con el tiempo de privación de la libertad sin perjuicio de que su causa siga sustanciándose.
La prisión preventiva, fue incorporada al Código Penal ya derogado, luego de los casos señalados que analizaremos en el desarrollo de la investigación, sin embargo al nacer de una resolución de un órgano supranacional, pretendió ser reformado como proyecto de ley presentado por una diputada Social Cristiana, pero que luego se ratificó los límites para la prisión preventiva tanto para los delitos sancionados con prisión como los sancionados con reclusión, dado que es una exigencia de la CIDH que debe normase un tiempo para la prisión preventiva y que el Estado en ese tiempo debió movilizar el aparato judicial para conseguir la sentencia, de no hacerlo esta debe ser declarada con caducidad y el reo obtener su libertad por negligencia del Estado para juzgarle en el tiempo límite de la prisión preventiva, de tal forma el gobierno de turno ha modificado el Código Orgánico de la Función Judicial y ha creado unidades de coordinación de audiencias para que se cumpla el desarrollo de las causas hasta la sentencia y evitar que no opere la caducidad de la prisión preventiva .
CAMPO: Derecho Internacional, Derecho Constitucional, Derecho Penal Internacional, Derecho Penal Interno, Derechos Humanos.
ASPECTO: Impacto en el derecho penal ecuatoriano de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tibi y Suárez Rosero, por no limitarse el tiempo de la prisión preventiva por el Estado ecuatoriano.
Tiempo: año 2014.
Espacio: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi/ Ecuador y Caso Suarez Rosero/ Ecuador
Encontramos justificación por ser un tema de vigencia, dado que el actual gobierno ha realizado un sinnúmero de cuestionamientos a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a la provisión de Fondos por parte de los Estados Unidos, sin ser ese país firmante del pacto de San José; es decir, no está adherido a la Corte.
Desde el punto penal se justifica por cuanto las diferentes sentencias, resoluciones, disposiciones y sugerencias dadas por la Corte al Estado ecuatoriano, han obligado a los legisladores y gobernantes en diferentes épocas, realizar cambios notables a la normativa interna e institucional, originando la necesidad de modernizar el Estado y una asimilación de la globalización de los Derechos Humanos.
La justificación más valedera para nuestra investigación es poder extraer de las dos sentencias la obligación de adecuar las normas pertinentes, a fin de que no se opongan a los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, ni a la Constitución de la República del Ecuador, como en efecto se incorporó al Código Orgánico Integral Penal, pues antes de las indicadas sentencias no existía un tiempo límite en la prisión preventiva así como los efectos que las mismas procuraron en las leyes y en la conducta de los jueces para poner al Estado a punto de las exigencias de un órgano supranacional, al cual nos adherimos en forma voluntaria y que al cumplir las distinciones aportamos a la construcción de un órgano interamericano de justicia, lo que traerá seguridad jurídica a los habitantes del territorio.
Partimos del concepto de sistematizar, organizar saberes, para nuestra investigación sistematizaremos el problema a través de preguntas que surgen de la formulación del problema y la determinamos de la siguiente forma.
¿Vamos a indagar los procesos en contra del Estado ecuatoriano, dados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
¿Quiénes han demandado o presentado demandas contra el Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
¿Por qué causas han presentado demandas contra el Estado ecuatoriano, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
¿Cuántas sentencias contra el Estado ecuatoriano ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
¿Qué cambios ha generado en la legislación e institucionalización las sentencias contra del Estado ecuatoriano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
¿Cuáles son los cambios en el derecho penal interno, producto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
¿Cómo han impactado en la colectividad, los cambios en el derecho penal, venidos como producto de las sentencias contra el Estado ecuatoriano, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
¿Esto generó un cambio de conducto en los jueces?
1.7. OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN.
Analizar las sentencias contra el Estado ecuatoriano dictaminadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Suárez Rosero y Tibi, y cómo ellas generaron cambios legales, en la normativa de la prisión preventiva.
1.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Determinar la evolución histórica en la normativa penal de la prisión preventiva.
Estudiar la caducidad de la prisión preventiva y su incidencia en la libertad de las Personas Privadas de la Libertad
Legales: La investigación se encuadra en el derecho procesal penal.
Temporal: En relación al tiempo que acontecieron los casos Tibi y Suárez Rosero Vs/ Ecuador, analizaremos, ubicando el tiempo en que se dieron estos proceso de Derechos Humanos en la CIDH, limitando a la realidad socio jurídica y normativas del aquel tiempo para proyectarnos en la incidencia de estos hechos al tema investigado.
En relación al tiempo de estudio de la figura jurídica de la prisión preventiva la analizaremos hasta enero de 2014, que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal y cómo se ha aplicado la prisión preventiva y la caducidad de la misma en este periodo de tiempo.
Documento histórico de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Tibi y Suárez Rosero, contra el Estado ecuatoriano.
Determinando el impacto en la normativa de la prisión preventiva en el Código Orgánico Integral Penal.
1.11. HIPÓTESIS GENERAL.
1.12 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable independiente Definición conceptual Indicador
Documento histórico de las
Variable Dependiente Definición conceptual Indicador
El principio democrático y el Estado Constitucional de Derechos y Justicia que contiene nuestra Constitución en el artículo 1, implican: “(…) la idea de sometimiento de todos los poderes públicos [del Estado] a los valores y principios absolutos sin cuyo respeto, cualquier régimen político podría ser caracterizado como arbitrario e ilegitimo: estos son los Derechos Humanos” (Chavez & Montaña, 2011, pág. 17).
Los jueces asumen un papel fundamental en la creación del derecho; ya no son los operadores mudos de la Ley o la boca muda de la Ley, sino que son realmente las personas que argumentan, interpretan y crean derecho.
De esta forma, el Estado Constitucional de Derechos y Justicia no está referido únicamente a la legislación nacional, sino que necesariamente, incluye las normativas internacionales de Derecho Humanos.
En consecuencia, para que ello sea una realidad, es necesario el sometimiento del Estado al derecho internacional [Tratados y Convenios Internacionales], y por lo tanto, al cumplimiento de las sentencias internacionales, dentro de las cuales se encuentran las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
relativos a los Derechos Humanos en los Estados americanos. Estas facultades interpretativas las ejerce la Corte Interamericana mediante las llamadas Opiniones Consultivas.
Las sentencias de la Corte Interamericana como sentencias emanadas de un tribunal internacional o transnacional, son de obligatorio cumplimiento por los Estados parte y se deben ejecutar directamente por y en el Estado concernido, evidentemente sin que haga falta para ello ningún procedimiento de pase en el derecho interno o exequatur. En este sentido la Convención Americana es muy clara, ya que incluso establece expresamente, dentro de su art. 68 que “la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el
Estado” (Convención Americana sobre Derechos Humanos , 1969).
Dentro de las sentencias de la CIDH hay las medidas de modificación de leyes y las medidas generales de modificación de Constituciones.
Para nuestro estudio analizaremos dos casos:
El caso Suárez Rosero Vs Ecuador.
El día de su detención el señor Suárez fue interrogado en presencia de agentes policiales y por tres fiscales, no contó con la presencia de un abogado defensor, y cinco días después de su detención le permitieron ver a su abogado, esto fue el 28 de junio de 1992.
En el proceso que se realizó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se comprobó que el señor Suárez Rosero fue incomunicado por 36 días sin una orden de autoridad competente, lo cual constituyó una detención arbitraria.
Por la incomunicación a que fue sometido al señor Iván Suárez Rosero, con el mundo exterior y, particularmente con su familia, le permitió a la Corte concluir, que el señor Suárez Rosero estuvo sujeto a tratos crueles, inhumanos y degradantes, más aun cuando quedó demostrado que esta incomunicación fue arbitraria. Esta incomunicación fue realizada en violación a la normativa interna del Ecuador, y que durante todo este tiempo de incomunicación no estuvo separado de los presos condenados, todos estos antecedentes dio a concluir que Suárez fue sometido a trato cruel, inhumano y degradante.
El señor Suárez Rosero había estado en detención preventiva por aproximadamente tres años y nueve meses, por el excesivo tiempo que estuvo en prisión, se concluyó que se violó el artículo 8 de la CADH lo cual, en opinión de la Corte Interamericana Derechos Humanos, viola los principios de libertad e inocencia.
El señor Suárez Rosero, fue detenido en forma ilegal y arbitraria, incomunicado durante 36 días sin ser puesto a disposición de juez competente, no tuvo acceso a un recurso judicial efectivo, se le violaron las garantías judiciales y fue sometido a tortura, trato cruel, inhumano y degradante.
marzo de 1996, que tomara las medidas necesarias para asegurar que el Sr. Iván Suárez Rosero fuera puesto en libertad inmediatamente, así fue liberado el 29 de abril del 1996. (Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35).
Caso Tibi Vs Ecuador.
El señor Daniel David Tibi, de nacionalidad francesa, fue arrestado el 27 de septiembre de 1995, se dedicaba al comercio de piedras preciosas y arte ecuatoriano. Cuando se encontraba conduciendo su vehículo por las calles de Quito, agentes de la Interpol lo detuvieron y lo trasladaron a la ciudad de Guayaquil donde estuvo recluido y detenido ilegalmente por aproximadamente veintiocho meses, y fue liberado un 21 de enero de 1998.
El señor Daniel Tibi fue detenido en la ciudad de Quito sin orden judicial. En el marco de la operación antinarcóticos “Camarón” fue arrestado el señor Eduardo García León, que en su
declaración indicó que era Daniel Tibi quien le suministraba la droga para su distribución.
El señor Daniel Tibi afirmó desde el principio que era inocente de los cargos que se le imputaban y aun así fue torturado, golpeado, quemado y asfixiado en reiteradas ocasiones para de esta manera obligarlo a confesar su participación en este caso de narcotráfico.
En el momento de su detención al señor Tibi se le incautaron bienes de su propiedad valorados en un millón de francos franceses, y que en el instante de recobrar su libertad no le fueron devueltos.
Se ha demostrado que el señor Tibi permaneció en detención preventiva durante dos años, tres meses y tres semanas, lo que no constituye un plazo razonable de prisión sin condena. Si la detención fue ilegal o arbitraria desde su origen como en el caso del señor Tibi, ningún plazo sería razonable.
Asumiendo que existen sospechas razonables suficientes de la comisión de un delito por parte del acusado, es obligación del Estado demostrar que esas sospechas han aumentado para justificar la duración de la detención, es decir, que se debió realizar un análisis periódico de la necesidad y legitimidad de la medida, situación que no se presentó en el caso del señor Tibi.
Y aun cuando existan sospechas suficientes para mantener la prisión preventiva, el Estado debe demostrar que ha tenido una diligencia especial en la investigación del caso, diligencia que ha estado ausente en el presente caso. (Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114)
2.2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL.
2.2.1 NORMATIVA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los tratados y convenios internacionales a estudiarse en la presente tesis, serán los que contengan garantías de tipo penal, siendo: a) Declaración Universal de los Derechos Humanos, b) Convención Americana sobre Derechos Humanos, c) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
2.2.1.1 LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Conferencia de las Naciones Unidas en la cual redactan la Carta de las Naciones Unidas y nace la ONU (Organización de Naciones Unidas) el 24 de octubre de 1945, es así como, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba y proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de Diciembre de 1948. Tras este acto histórico:
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción (Asamblea General, 1948).
Los pactos son unos de los frutos más notables del esfuerzo de la ONU por precisar, desarrollar y sobre todo dotar de eficacia jurídica directa a los derechos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Ya en 1951 la Asamblea General decidió que esta labor de profundización y especificación debería bifurcarse en dos convenios diferentes:
Uno sobre derechos civiles y políticos, y
Otro sobre derechos económicos sociales y culturales.
Los dos pactos fueron finalmente aprobados el 16 de Diciembre de 1966.
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la "Carta de las Naciones Unidas", la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables.
Reconociendo que, con arreglo a la "Declaración Universal de Derechos Humanos", no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto. (Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 1966)
A través de estos pactos la comunidad internacional se compromete a promover la emancipación humana no solo en el ámbito socio-económico y si no también en el político.
2.2.1.2 LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS COMO
PARTE DE LA NORMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS.
En 1945, en la ciudad de México se celebró Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz, y emitió la resolución VIII donde recomendó un tratado para prevenir y reprimir las amenazas y actos de agresión contra los países de América. (OEA, 1945).
Por tanto, la Conferencia, surge dentro del contexto de “preocupación por los derechos humanaos para diferentes estratos de las sociedades humanas, atendiendo a la preocupación de tipo global muy vinculada con el ejercicio del sistema democrático de gobierno en oposición al totalitarismo” (Figueroa, 2012).
Asimismo, en el año 1948, en la ciudad de Bogotá-Colombia se realizó la Novena Conferencia Internacional Americana, se suscribió la carta de la OEA y se adoptó en la resolución XXX la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como un instrumento meramente declarativo y de carácter no obligatorio. Así también, se aprobó la resolución XXXI en la cual se recomendó que el comité Jurídico Interamericano elabore un proyecto de Estatuto para la creación y funcionamiento de la Corte Interamericana, destinada a garantizar los derechos del hombre (CIDH, 1948).
En el año de 1965, se reunió en la ciudad de Rio de Janeiro la segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, donde se reformó el Estatuto de la CIDH con la cual se amplió y fortaleció sus atribuciones y facultades para cumplir eficazmente la promoción del respecto de los Derechos Humanos (CIDH, 1965).
Es así que en 1967, se reunió en Buenos Aires, Argentina, y se suscribió el Protocolo de Buenos aires en la tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, su objetivo fue reformar la Carta de la OEA y se elevó a la Comisión a la categoría de órgano de la OEA (OEA, 1967).
Del 7 al 22 de noviembre de 1969, se realizó en San José, Costa Rica la Conferencia Interamericana Especializada sobre Derechos Humanos, su objetico fue la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José de Costa Rica". Antes de esta adopción existía una estructura institucional del sistema de protección internacional de los Derechos Humanos que se basaba en instrumentos de naturaleza declarativa es a raíz de esta adopción y entrada en vigor de la Convención en el año 1978 que llega a su culminación la evolución normativa del sistema. Ya no lo hará sobre instrumentos de naturaleza declarativa si no que lo hará sobre instrumentos que tendrán una base convencional y obligatoria (Convención Americana sobre Derechos Humanos , 1969).
Con la adopción en 1969 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los países americanos muestran su compromiso en la región por hacer valer sus Derechos Humanos.
El artículo 1 numeral 1 establece que: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna
Los Estados Partes se comprometen a adoptar normas internas, el artículo 2 de la Convención determina que:
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. (Convención Americana sobre Derechos Humanos , 1969)
Los Estados partes se obligan para el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales que están contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, ya sea por la vía legislativa u otros medios.
Para la protección de los derechos y libertades se ha determinado la existencia de dos órganos para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de la Convención: a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ambos órganos se consagra la gran importancia de una seguridad jurídica global que beneficie a todos los ciudadanos sin condición alguna, es por ello que:
El artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es la piedra
angular sobre la cual descansa el sistema de derechos y libertades de dicho
permea en el objeto y fin del tratado y, consecuentemente, en el entendimiento que deben tener todos los operadores jurídicos (nacionales e internacionales) para lograr
la plena efectividad de los derechos y libertades que contiene (Ferrer & Pelayo, 2012).
2.2.1.3 .LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES DE DERECHOS
La DUDH ha sido la base para el surgimiento de un conjunto de Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos. La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada “Carta
Internacional de Derechos Humanos”. (Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 1966)
Los tratados y convenios tienen como objetivo primordial la reafirmación del desarrollo y protección de los derechos garantizados por la Declaración Americana y la Convención Americana; los tratados prohíben los siguientes actos:
Restablecimiento de la pena de muerte en los países que la han abolido
Tortura o trato cruel, inhumano o degradante
Violencia física, sexual o psicológica y discriminación contra la mujer
mecanismos de protección. La mayoría de los Estados también ha adoptado constituciones y otras leyes que protegen formalmente los Derechos Humanos fundamentales. Si bien los tratados internacionales y el derecho consuetudinario forman la columna vertebral del derecho internacional de Derechos Humanos, otros instrumentos, como declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo. El respeto por los Derechos Humanos requiere el establecimiento del Estado de derecho en el plano nacional e internacional.
2.2.2 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la CIDH; es un órgano autónomo y principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA); tiene su sede en Washington DC.
De acuerdo al artículo 41 de la CADH, la Comisión tiene las siguientes funciones:
1. Concientizar a los Estados, en cuanto a los Derechos Humanos. Para cumplir esta función se la realiza a través de conferencias, publicaciones, comunicaciones, entre otros.
2. Hacer recomendaciones a los gobiernos integrantes de la OEA, estas puede ser específicas y generales.
3. Otra función de la CIDH, es preparar informes y estudios. Se deberá preparar por parte de la Comisión un informe anual acerca de las violaciones y también cuando no hubo vulneración de los derechos. Así también, los estudios que tratan sobre la situación de los derechos en países determinados.
4. El requerir a los Estados que se le provea información como por ejemplo: datos generales como el índice de alfabetización, salud y pobreza.
5. Debe organizar y celebrar visitas, conferencias, seminarios y reuniones con representantes de gobiernos, instituciones académicas, entidades no gubernamentales y otros, con el objetivo principal de divulgar información y fomentar el conocimiento amplio de la labor del sistema interamericano de Derechos Humanos.
7. Solicita a los Estados Partes que adopten medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas, estas son solicitadas a la Corte.
8. Presentar casos ante la Corte y comparecer ante la misma en sus procesos. 9. Solicitar opiniones consultivas a la Corte.
10. Recibir y examinar comunicaciones de que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de derecho humanos.
Este órgano examinara las peticiones donde se aleguen violaciones de derechos contenidos en la Convención Americana cuando el Estado la ha ratificado, pero cuando los Estados no lo han ratificado aun, se podrá decir que se ha violado los derechos contenidos en la Declaración Americana.
2.2.2.1 RELATORÍAS
Para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los Estados partes, la CIDH ha creado relatorías que tienen las funciones especiales, en nuestro caso la relatoría de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.
2.2.2.2 QUIÉNES PUEDEN PROMOVER LA ACTUACIÓN DE LA CORTE
En el artículo 61.1 la CADH (1969) establece que: “Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte”
Por tanto, las víctimas de violaciones de Derechos Humanos no pueden presentar denuncias directamente ante la Corte, pero sí que pueden presentarlas [cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 46 CADH] ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, únicamente respecto de los Estados que han ratificado la Convención Americana y la han reconocido con anterioridad la competencia de la corte, la cual podrá, si lo considera oportuno, someter el caso denunciado ante la Corte si antes no se llega a alguna de las demás soluciones contempladas en los artículos 49 a 51 de la CADH.
Lamentablemente, hay casos en los que los derechos humanos son mermados, por falta de protección, o por violación u obstaculización de su ejercicio, no solo referente a derecho humanos colectivos, sino a determinados:
De tal modo, los derechos humanos son fundamentales no solo a nivel internacional sino nacional, es por ello que se da la facultad a quienes se le haya violentado su derecho a acudir a instancias internacionales cuando las nacionales no hayan resarcido el daño.
Así, al recibir la Comisión una petición en la que se alegue vulneración de derechos que se consagra en la Convención, se emitirá un informe que puede incluir las siguientes recomendaciones al Estado:
Suspender los actos violatorios de derechos
Repara los daños ocasionados producto de la violación de derechos
Investigar y sancionar a las personas que resultaren responsables. Implantar cambios en el ordenamiento legal
Requerir la adopción de otras medidas
Además, se deberá seguir los siguientes lineamientos para presentar la denuncia:
Antes de presentar una denuncia por violación de Derechos Humanos, ante instancias internacionales, se exige, como regla general, el agotamiento de los recursos judiciales internos establecidos en el Estado, esto significa que el Poder Judicial emitió una decisión de última instancia.
Hay determinados órganos de vigilancia y control (como por ejemplo, el Relator especial de la ONU contra la Tortura) ante los que es posible acudir sin necesidad de agotar los recursos judiciales internos.
Las leyes internas del Estado Parte no han determinado el debido proceso para proteger los derechos que sean violado.
Los organismos y mecanismos que exigen el agotamiento de la vía jurisdiccional interna, suelen contemplar, sin embargo, la posibilidad de acudir, como excepción, ante ellos, cuando la vía interna se muestre ineficaz o se pueda prolongar injustificadamente.
Y cuando a la persona que se le ha violado su derecho no se le ha permitido el acceso a los recursos internos o no se le ha permitido agotarlos.
Los recursos judiciales internos que se deberán agotar son aquellos que sean adecuados y efectivos:
El recurso judicial es adecuado, cuando su interposición protege el derecho que se ha violado. Por ejemplo cuando hay una desaparición forzosa el recurso adecuado es el recurso de exhibición personal o habeas corpus.
El recurso judicial es efectivo cuando es capaz de obtener el resultado para el cual fue creado, por ejemplo: el recurso no es efectivo cuando el Estado no ha asegurado su debida aplicación por parte de las autoridades judiciales o cuando retardo injustificado en la decisión. (Sistema de Peticiones y casos. Folleto informativo, 2012, pág. 11)
ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) es necesario actuar con abogado (y en ocasiones, es necesaria incluso la intervención de otros profesionales, como los procuradores, en España).
Quienes carezcan de recursos económicos suficientes para sufragar los costes de un proceso judicial, deben informarse sobre los mecanismos establecidos en su país para litigar gratuitamente.
3) Elección del mecanismo de denuncia a utilizar
Una vez agotada la vía interna (agotando todos los recursos procedentes en dicha vía) o si nos encontramos en uno de esos casos excepcionales en los que no se exige el agotamiento de los recursos internos, hay que decidir a qué mecanismo internacional acudir.
a) Determinación de los mecanismos de denuncia aplicables
Debe estudiarse cuáles son los mecanismos de denuncia realmente aplicables o disponibles en cada caso teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
Naturaleza del derecho vulnerado, debiendo tenerse en cuenta que para determinadas violaciones de Derechos Humanos se han adoptado mecanismos específicos de supervisión y, en su caso, denuncia (por ejemplo, Comités o Relatores especiales sobre derechos específicos) y que; sin embargo, para otros tipos de violaciones de Derechos Humanos no se ha establecido ningún procedimiento específico de denuncia más allá de los mecanismos genéricos de denuncia y supervisión (tales como, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros).
esos órganos específicos contemplan la posibilidad de actuar ante denuncias individuales, porque no siempre es así.
Lugar y tiempo en que se producen las violaciones de Derechos Humanos que se pretenden denunciar. Este factor debe tenerse en cuenta, por ejemplo, para determinar si un determinado Estado había firmado un determinado Tratado de Derechos Humanos que, en principio pudiera resultar de aplicación, en el momento de producirse la violación de derechos que se pretende denunciar.
Para el estudio de los mecanismos internacionales disponibles, en cada caso, resulta de utilidad la Tabla de Derechos Humanos.
b) Elección del mecanismo a utilizar de entre los disponibles
Cada uno de los posibles mecanismos de denuncia e intervención en materia de Derechos Humanos tiene sus ventajas y desventajas por lo que resulta necesario informarse sobre las ventajas e inconvenientes que ofrecen los diferentes mecanismos susceptibles de ser utilizados en cada caso.
Para la elección del mecanismo a utilizar deben de tomarse en consideración, entre otros, los siguientes factores:
Posibilidad de actuar a partir denuncias individuales.
Coste económico aparejado (algunos procedimientos requieren la intervención de abogado y otros, como los de Naciones Unidas, no).
Posibilidad de obtener una reparación a través del mecanismo utilizado.
Plazos (algunos procedimientos están sujetos a plazos y otros no están sujetos a un plazo concreto). (Preparación y presentación de Denuncias de Violación de Derechos Humanos, s.f.)
2.2.3 LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un órgano judicial de la OEA, goza de autonomía y su sede es en San José de Costa Rica.
La Corte analizará y emitirá una sentencia debidamente fundamentada, cuando la comisión somete un caso a este.
Ecuador suscribió la CADH desde el primer día de partida dicha normativa, así como se indica en la declaración a continuación:
Declaración hecha al firmar la Convención:
artículo 45 y en el párrafo 2 del artículo 62 de la citada Convención, cuyo texto es el siguiente:
2.2.3.1 TIPOS DE FUNCIONES EN LA CORTE INTERAMERICANA DE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos funciones específicas en el sistema regional:
La función jurisdiccional, a través de la cual evalúa la responsabilidad de los Estados, respecto a situaciones que sean planteadas como infracciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. El instrumento regional prescribe que sólo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Estados partes de la Convención, están facultados para someter a consideración del organismo un caso y para que pueda ser tramitada una controversia contra un Estado, éste debe haber reconocido o reconocer la competencia expresamente de la Corte, para todos los casos o bien bajo la condición de reciprocidad, por un período específico de tiempo o para una situación particular.
La función Consultiva, la cual el organismo ejerce según lo preceptuado en el artículo 64: "Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los Derechos Humanos en los Estados Americanos. Asimismo, podrán consultarla, en los que les compete a los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, numeral 2, la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.
2.2.3.2 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS
En la presente nos referimos a las “sentencias” propiamente dichas de la Corte
Interamericana; es decir, a aquellas dictadas por este Tribunal en el ejercicio de su competencia contenciosa, ello es, relativas a los casos de víctimas de violación de los Derechos Humanos reconocidos en la Convención Americana. Estas sentencias son básicamente de cuatro tipos: (i) sobre excepciones preliminares; (ii) sobre el fondo; (iii) sobre reparaciones; y (iv) sobre interpretación de sentencias. Nos referiremos fundamentalmente a los efectos y a la ejecución de las sentencias sobre (ii) el fondo y (iii) sobre reparaciones.
Las sentencias dictadas por la Corte Interamericana son definitivas e inapelables.
(Artículo 67 CADH). Por lo cual, una vez dictadas, estas sentencias devienen en firmes, por lo que adquieren el carácter de cosa juzgada material y formal, lo cual a su vez les da el carácter de sentencias ejecutorias a los fines de su obligatorio cumplimiento y ejecución por el Estado condenado ( Artículo 68.1 CADH).
1. Los efectos entre las partes
La cosa juzgada de las sentencias de la Corte Interamericana surte sus primeros efectos inmediatos y directos frente las partes del proceso. Ellas son: el Estado demandado y condenado; las víctimas; y la Comisión Interamericana. Por lo cual, cada una de estas partes del proceso ante la Corte Interamericana y en particular, el Estado y las víctimas, son los destinatarios directos de los efectos jurídicos de las sentencias.
2. Los efectos generales
proceso. En efecto, las sentencias de la Corte Interamericana establecen interpretaciones auténticas de la Convención Americana (y de otros tratados de Derechos Humanos), las cuales pasan a formar parte integrante de la Convención misma, ya que en lo sucesivo ésta debe ser leída conforme a la interpretación establecida en dichas decisiones.
2.2.4 LA PRISIÓN PREVENTIVA
El término “prisión” proviene del latín prehensio-onis, que significa "detención" por la fuerza
o impuesta en contra de la voluntad.
En ocasiones se confunden los términos prisión y cárcel; sin embargo, este último concepto es anterior en tiempo ya que con él se designó histórica y técnicamente al edificio en que se alojaba a los procesados, mientras que “presidio, prisión o penitenciaría” es un lugar destinado a sentenciados o condenados a una pena de privación de la libertad.
El Dr. Walter Guerrero Vivanco (2002) refiere que la prisión preventiva es aquella “que puede ordenar el juez de instrucción, de policía, de derecho, en los enjuiciamientos por delitos pesquisables de oficio, cuando se encuentran reunidos los requisitos del artículo 177 del Código Procedimiento Penal [hoy artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal]”
(Vivanco, 2001, pág. 334).
El tratadista Fenech (1984) menciona que:
El Dr. Jorge Zavala Baquerizo señala:
Como un acto proveniente del titular del órgano jurisdiccional penal que procede cuando se cumplen determinados presupuestos expresamente señalados por la ley, y que tiene por objeto privar de la libertad a una persona, de manera provisional hasta tanto subsistan los presupuestos que la hicieron procedente o se cumplan con determinadas exigencias legales tendientes a suspender los efectos de la institución. (Zavala Baquerizo, 2004, pág. 220)
Al respecto la Comisión Andina de Juristas señala que:
La libertad personal es un derecho fundamental que solo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por autoridad competente (excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales y las leyes. (Comisión de Juristas, 2000, pág. 369)
El autor ecuatoriano García Falconí (2002), define a la prisión preventiva como:
Una medida de carácter cautelar personal, que se aplica con el fin de garantizar la investigación de la comisión de un delito y el mantener la inmediación del imputado con el proceso, pero debiéndose tener en cuenta que son personas que gozan de la presunción de inocencia (Falconí, 2002 ).
susceptible de dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general.
De esta manera, si no aplicamos este concepto, estaremos ante una medida de carácter ilegal que se encuentra prohibida tanto a nivel nacional como internacional, pues hay que hacer hincapié que el debido proceso debe basarse en la práctica auténtica de los principios fundamentales de la libertad e igualdad, ya que la enunciación de esas palabras por si solas no son suficientes, si no van emparejadas con la praxis.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice: “Es la que sufre el procesado durante la sustanciación del juicio.” (RAE, 2000, pág. 1669)
La Corte Suprema de Justicia del Ecuador en el año de 1999, señaló: “Prisión preventiva es el hecho material de privación de la libertad de una persona sindicada, ordenada por el juez competente”(Justicia, 1999).
Por su parte, el (Cabanellas, 2008), define a la prisión preventiva como:
La que durante la tramitación de una causa penal se dispone por resolución de juez competente, por existir sospecha contra el detenido por un delito de cierta gravedad al menos y por razones de seguridad, para evitar su fuga u ocultación.
2.2.4.1 LA PRISIÓN PREVENTIVA PRINCIPIOS, FINALIDAD Y REGULACIÓN.
Principios de la institución de la prisión preventiva.-
El nuevo marco constitucional que rige no solo a nuestro país sino a la mayoría de estados con similares sistemas normativos, cada vez y con mayor frecuencia va generando acorde al desarrollo de las modernas teorías de derecho en general y de manera específica al moderno derecho penal, una serie de principios rectores que viabilizan de manera plena la vigencia de derechos fundamentales establecidos a favor de sus ciudadanos; estos principios, generalmente de carácter básico, están orientados a regular la mayoría de instituciones procesales creadas para el efecto.
Dentro del contexto expuesto tenemos que esta nueva regulación constitucional vigente en nuestro país, recoge los principios básicos que deben presidir la institución procedimental de la prisión preventiva, así tenemos que:
Jurisdiccionalidad, esto es que la prisión preventiva tiene carácter procesal ya que solo puede adquirir vigencia dentro de un proceso penal y, fundamentalmente, no puede provenir de ninguna otra autoridad, sino única y exclusivamente por la orden escrita de Jueza o Juez de Garantías Penales competente para disponerla.
Excepcionalidad, este principio o característica está representada como contraria a la regla general, regla está que garantiza la libertad individual sin restricción alguna y de conformidad con el marco constitucional, consecuentemente, una institución procesal como la prisión preventiva que se opone a la mencionada regla, constituye una excepción, en cuanto ésta -la prisión preventiva- sólo procederá en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas por la ley.
puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional, es decir se convierte en una decisión emanada desde el órgano jurisdiccional por el Juez de Garantías competente y de última ratio, ya que prioritariamente se buscará afectar los derechos constitucionalmente garantizados a favor del justiciable con cualquiera de las medidas menos gravosas, además de que el Juzgador deberá interpretar las normas que regulan esta institución de manera restrictiva a favor de la libertad. Es por ello y dentro de este contexto que la Constitución ha previsto que “la jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.”
Finalidad de la prisión preventiva.-
La prisión preventiva tiene como finalidad de acuerdo a lo estipulado en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal garantizar la comparecencia a juicio de una persona procesada, este es el fundamento para poder interponerla ya que se priva de libertad con el objeto de que la persona no pueda sustraerse de la justicia ni pueda perjudicar la investigación procesal.
Es por ello que, Ferrajoli, analizó la finalidad partiendo de la justificación de la prisión preventiva
En razón de la peligrosidad del individuo para la sociedad, en tanto defensa social y prevención, o bien solo el peligro procesal puede justificarla como medida cautelar excepcional. Es clara la postura de la doctrina y jurisprudencia más moderna en tanto que solo los peligros procesales pueden justiciarla (Ferrajoli, 1995, pág. 549).
En cuanto a la doctrina clásica, representado por Beccaria, se “determinó que por el peligro de fuga no se puede justificar en la pena esperada, sino el ciudadano tendría realmente
En cuanto a jurisprudencia internacional, la Comisión Interamericana, consideró dentro de su informe 2 /97, que existen justificaciones dependiendo de:
La presunción de que acusado ha cometido un delito, es decir en base a la presunción de culpabilidad como requisito sine qua non para continuar la medida restrictiva de la libertad.
Peligro de fuga, en cuanto a la seriedad de la eventual severidad de la pena, impidiendo la fuga para eludir la acción de justicia.
Por necesidad de investigar y posibilidad de colusión, principalmente cuando el acusado ha impedido, demorado o conspirado con otros para evitar el desarrollo de la investigación preprocesal y procesal (Comisión Interamerica de Derechos Humanos , 2013).
Por todo lo expuesto, el Dr. Falconce, indicó que
Regulación de la Prisión Preventiva.-
Al señalar la Constitución de la República en su artículo 77 numeral 1 que: “ la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente (…)”, significa que tal medida cautelar de carácter personal solo puede dictarse en contra del procesado por excepción, pues la presunción de inocencia es una garantía constitucional básica del proceso penal, que constituye un criterio normativo del derecho constitucional, que orienta al derecho penal sustantivo y adjetivo, descartando toda normativa que implique una presunción de culpabilidad y establezca la carga al procesado de probar su inocencia.
Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por el país sostienen que “La prisión preventiva no debe ser la regla general (…)” Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966, art 9 numeral 3). Así también, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la Libertad (Reglas de Tokio), regla Sexta No. 1 destaca que “En el procedimiento penal solo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso (…)” (Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad,
2.2.4.2 LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SU EVOLUCIÓN EN LA NORMATIVA
La prisión preventiva es una institución heredada del sistema inquisitivo, medida cautelar a través de la cual se intenta garantizar la comparecencia del imputado a juicio, es decir, su función principal es asegurar el normal desarrollo del proceso que terminará en la posible aplicación de una pena privativa de libertad.
Resulta necesario e ilustrativo para el estudio que venimos desarrollando, realizar una breve reseña histórica constitucional y legislativa de la prisión preventiva en el Ecuador.
En el caso ecuatoriano, nuestro Código de Procedimiento Penal del año 1983, ya establece a la prisión preventiva como una medida para evitar la fuga del sindicado o que se estropee el proceso penal, por lo que existe la figura de la detención y de la prisión preventiva. En el primero de los casos la detención no podrá exceder de cuarenta y ocho horas, y dentro de este término, de encontrarse que el detenido no ha intervenido en el delito que se investiga, inmediatamente se lo pondrá en libertad. En caso contrario, se iniciará el respectivo proceso penal, y si procede, se dictará por parte del Juez en el proceso penal y el respectivo auto de prisión preventiva.
Constitución 1998 | Asamblea de Sangolquí
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