Source: https://www.scribd.com/document/157062701/El-nexo-causal-y-el-dano-a-las-personas
Timestamp: 2017-07-27 12:46:55
Document Index: 243949905

Matched Legal Cases: ['artículo 1902', 'artículo 106', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 147', 'artículo 418', 'artículo 405', 'artículo 406', 'artículo 227', 'artículo 408', 'Artículo 418', 'Artículo 419', 'Artículo 420', 'Artículo 421', 'Artículo 422', 'artículo 582', 'Artículo 582', 'artículo 421', 'Artículo 147', 'artículo 617', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 152', 'artículo 147', 'artículo 149', 'artículo 150', 'Artículo 617', 'Artículo 621', 'artículo 147']

El nexo causal y el daño a las personas
El nexo causal y el daño a las personasUploaded by Ruperto Matas GutierrezRelated InterestsProximate CausePunishmentsCriminal LawJusticeCrime & JusticeRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: El nexo causal y el daños a las personasView MoreEl nexo causal y el daños a las personasCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCONCEPTO DE DAÑOS IMPLICACIONES LEGALES 1.SOBRE EL NEXO CAUSAL
Los requisitos de la responsabilidad por daños según el artículo 1902 del Código Civil son: una acción u omisión, culposa o negligente, un resultado dañoso y una relación de causalidad entre ambos. Se excluyen de responsabilidad los daños causados por fuerza mayor y aquellos que el ciudadano tengan el deber de soportar. Independientemente de la existencia de dolo, culpa, negligencia, o ausencia de estas (responsabilidad objetiva) debe existir un nexo causal. La existencia de un nexo causal es necesario también en la responsabilidad patrimonial objetiva de la administración, reconocida en el artículo 106.2 de la CE. La jurisprudencia del Tribunal Supremo utiliza distintas teorías de la causalidad para establecer la responsabilidad, según sea el caso concreto que se juzga. En el ámbito penal se toma como base la teoría de la equivalencia de las condiciones, desarrollándola y limitándola. Así en la sentencia de la Sala de lo Penal Roj: STS 6670/2010 se dice:
Es oportuno aludir a la doctrina de esta Sala recogida en la Sentencia de 09.05.2005 y reiterada en la más reciente de 15.01.2010, que analiza un supuesto que guarda cierta similitud con el caso presente. Así en la misma se señala que: " "En el estado actual de la Doctrina y de la Jurisprudencia, la determinación del nexo causal, a diferencia de los ámbitos laboral y civil, ha de hacerse con sujeción a criterios normativos y no estrictamente causales, de ahí que el nexo causal se integre en la tipicidad, por lo que de no apreciarse dicho vínculo la acción en concreto juzgada será atípica por irrelevante desde una perspectiva normativa.
En efecto, frente al inexorable y progresivo proceso de objetivación que vienen experimentando los Ordenamientos Civil y Laboral, el Derecho Penal sigue manteniendo una responsabilidad exclusivamente personal ya sea dolosa o culposa. Más aún, conforme a la Doctrina más reciente de la "imputación objetiva" seguida por esta propia Sala en sus Sentencias de 23 de mayo y 5 de Junio, ambas de 1.995 y 20 de Enero de 2.000 , entre otras, la atribución del resultado habrá de realizarse, tal y como señalamos ut supra de acuerdo a criterios normativos antes que causales. Se parte para ello de la afirmación del nexo causal basado en la teoría de la equivalencia de las condiciones para imputar luego el resultado en función de los criterios no excluyentes de: a) aumento de riesgo, b) fin de protección de la norma, c) causalidad adecuada, d) relevancia, de suerte que, como dijimos en nuestra sentencia de 20 de enero de 2.000, en el caso de actuación preponderante de terceros no cabe afirmar la imputación objetiva en la medida - y lo subrayamos que este evento no debe considerarse que realice y concrete el riesgo no permitido creado por el autor. Durante algún tiempo ni la Doctrina ni la Jurisprudencia distinguieron entre causación e imputación objetiva del resultado, derivando automáticamente la segunda de la primera, dando lugar con ello a la atribución del resultado al autor de la inicial conducta ilícita por la mera existencia de un nexo causal entre ellos. Posteriormente, la Sala II a fin de evitar los excesos de esta teoría procedente de combinar la teoría de la equivalencia de las condiciones con la vieja Doctrina felizmente superada del "versari in re ilicita", introdujo la teoría de la interrupción del nexo causal por accidente extraño, entendiendo por tal la conducta dolosa o incluso imprudente de un tercero o de la propia víctima. Así consideró que el nexo causal se interrumpe cuando el resultado no es consecuencia natural de la acción sino debido a un "accidente extraño". Esta Doctrina ampliamente desarrollada por la Jurisprudencia de la Sala II y de esta propia Sala ha dado lugar modernamente, dentro ya de la teoría de la imputación objetiva a la doctrina denominada "prohibición de regreso" por mor de la cual, ciertos riesgos se consideran no abarcados por el ámbito de protección de la norma, en concreto los causados por actos dolosos o imprudentes de un tercero. Es lo que esta Sala denominó en su Sentencia de 20 de Enero de 2.000 << actuación preponderante de terceros. Especial mención hemos de hacer de aquellos casos en los que, como ocurre en el supuesto de autos concurren a la causación de un resultado, de una parte, una acción voluntaria pero imprudente, y de otra, una previa omisión de un tercero. En tales casos, la cuestión a resolver es si ambas conductas de naturaleza distinta y, por tanto, de estructura típica dispar, han de considerarse causantes de igual resultado lesivo o si, por el contrario, sólo a una de ellas es imputable objetivamente dicho resultado.
Esta problemática especialmente compleja ha sido analizada profusamente por la Doctrina y la Jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo, especialmente en el ámbito de los accidentes automovilísticos. Los criterios, como veremos, varían aunque existe un punto común a todos ellos: la menor gravedad de las conductas omisivas. Así, para algún sector doctrinal, estos casos agrupados bajo la rúbrica de << comportamientos ambivalentes, según la terminología alemana, han de resolverse con sujeción a las normas del concurso de leyes y dentro del mismo, a tenor del principio de subsidiariedad, según el cual, la forma de ataque más grave y acabada al bien jurídico protegido << la acción, prevalece sobre la más leve de << la omisión, operando así una especie de absorción de la conducta más leve por la más grave (principio de consunción).
En la sentencia Roj: STS 836/2006 utiliza la causalidad adecuada Podemos leer lo siguiente:
El artículo 1.902 del CC configura un criterio de imputación de responsabilidad a partir de un daño causalmente vinculado a una acción u omisión negligente o culposa, que en el médico no se asocia al resultado sino al hecho de no haber puesto a disposición del paciente los medios adecuados al caso concreto, lo que se conoce como "lex artis ad hoc"; relación que se determina de una forma lógica, predecible y comprensible, dentro de la dificultad que normalmente supone establecer el nexo causal entre el comportamiento del agente y el daño acaecido, como uno de los presupuestos necesarios del que depende el nacimiento de la responsabilidad civil y, por tanto, la obligación de reparar el daño. Es lo que la doctrina jurisprudencial califica de causalidad adecuada o eficiente ( SS 14 de Julio y 6 de Septiembre de 2005 ) que exige, para anudar una responsabilidad al suceso lesivo, que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente valorada conforme a las circunstancias que el buen sentido impone en cada caso y que permite eliminar todas aquellas hipótesis lejanas o muy lejanas al nexo causal so pena de conducir a un resultado incomprensible o absurdo o de objetivar absolutamente la responsabilidad extracontractual en la que se sustenta la acción, lo que no es posible en un sistema que descansa en un principio culpabilístico, como es el que sanciona el artículo 1.902 del CC , que reclama la causación de un acto ilícito y la producción de un daño real que conecte con el desarrollo normal de las cosas, ni tan si quiera a través de la doctrina del resultado desproporcionado, con la que tampoco se objetiva la responsabilidad, sino que se atenúa la exigencia del elemento subjetivo para proteger de manera más efectiva la víctima, flexibilizando los criterios establecidos en materia de prueba, cuando éste no guarda proporción con la enfermedad o lesión que a una persona le lleva a requerir la asistencia médica y que no se produce normalmente si no es por la negligencia del facultati
Igualmente, se utiliza la causa eficiente en la responsabilidad por omisión, como hace la sentencia de la Sala de lo Contencioso Roj: STS 8176/2007, que dice:
En definitiva, todo ello determina la obligada apreciación de una omisión del deber de vigilancia imputable al Ayuntamiento, por lo que esa omisión ha de acarrear, cualquiera que sea el hecho - caída de la grúa o la del poste del tendido eléctrico- que se considere como causa eficiente de dicho siniestro, la responsabilidad del Ayuntamiento que consintió la ubicación y permanencia de ambos sin la vigilancia debida en función del riesgo que ello suponía para los usuarios de la vía pública y, en definitiva, en atención al principio de responsabilidad administrativa objetiva que consagra la Ley 30/1.992, en sus artículos 139 y siguientes, lo que determina la obligación por parte del Ayuntamiento de responder de las consecuencias derivadas de dicha omisión en cuanto que afectó a la integridad del recurrente que ha sufrido las gravísimas lesiones, que reflejamos con anterioridad y la sentencia reconoce, y que el actor valoró en su demanda en la cantidad de 150 millones de pesetas. Todo ello sin perjuicio de las posibles acciones que al Ayuntamiento correspondiera
También encontramos la causa como probabilidad cualificada en la sentencia Roj: STS 3534/2004, que dice:
Esta Sala tiene declarado que se requiere una cumplida demostración del nexo causal, porque el "cómo" y el "por qué" se produjo el accidente constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del evento dañoso (SS., entre otras, 13 de febrero y 3 de diciembre de 1.993, 27 diciembre de 2.002, 9 de julio y 26 de noviembre de 2.003), y aunque para tal demostración no son suficientes las meras conjeturas, deducciones o probabilidades (SS. 4 de julio de 1.998, 6 de febrero y 31 de julio de 1.999, entre otras), sin embargo en determinados casos se admite la posibilidad de que la certeza se resuelva mediante una apreciación de "probabilidad cualificada" (SS. 30 de noviembre de 2.001, 29 de abril de 2.002, 16 de abril de 2.003, entre otras). Asimismo viene entendiendo la jurisprudencia que la determinación del nexo causal debe inspirarse en la valoración de las conductas o circunstancias que el buen sentido señale en cada caso como índice de responsabilidad, dentro del infinito encadenamiento de causas y efectos (por todas, S. 16 de mayo de 2.001), y que no cabe considerar como no eficiente, la que, aun concurriendo con otras, prepare, condicione o complete la acción de la causa última (SS., entre otras, de 13 de febrero y 10 de noviembre de 1.999, 29 de diciembre de 2.000, 3 de diciembre de 2.002, 27 de marzo de 2.004). Por otro lado, y en la perspectiva ya del reproche subjetivo, cabe citar como ejemplo de síntesis jurisprudencial la Sentencia de 15 de septiembre de 1.998, que señala que la culpa extracontractual, sancionada en el art. 1.902, consiste no ya en la omisión de normas inexcusables o aconsejadas por las más vulgar experiencia, lo que constituiría imprudencia grave, sino también en el actuar no ajustado a la diligencia exigible según las circunstancias del caso, de las personas, tiempo, lugar y sector de la realidad social en el que se actúa; siendo profusa la doctrina de esta Sala (SS. 13 de abril, 3 de julio, 15 de septiembre de 1.998 y muchas otras) en las que se destaca la relevancia del sector el tráfico o entorno físico y social donde se proyecta la conducta. Aplicando la anterior doctrina jurisprudencial al motivo de que se trata se percibe un intento de someter a revisión casacional un tema fáctico sobre una base jurídica sustantiva (arts. 1.902 y 1.903 CC), lo que no resulta procedente, como dice para un caso similar la Sentencia de 23 de octubre de 2.000. Ello podría bastar para rechazar el motivo; sin embargo, con el ánimo de agotar la respuesta jurídica, y sin entrar en el
ámbito probatorio por no corresponder en casación, procede decir que la apreciación del juzgador de instancia, en cuanto entiende que el derrumbe del edificio litigioso tuvo como causa desencadenante, no como causa originaria y fundamental, la demolición del colindante, no contradice la doctrina de este Tribunal. No obsta que la causa desencadenante hubiera podido ser otra, ni que, de haber estado construido en condiciones el edificio desplomado, no se habría producido el derrumbe. En el caso, se declara acreditado como tal evento desencadenante los trabajos de la finca colindante. Tampoco obsta que se empleen las expresiones "muy probable" (fto. cuarto) y "razonablemente pueda pensarse" (fto. sexto), porque no hay "hipótesis alternativa", y la apreciación se ajusta a la doctrina del "juicio de probabilidad cualificada", que resulta plenamente reforzada por la amplia exposición de la prueba testifical que se hace en el fundamento sexto antedicho.
O como en la sentencia Roj: STS 20999/1992, referida al envenenamiento por aceite de colza, una correlación o asociación de sucesos muy significativa. Podemos leer lo siguiente:
En este contexto se debe considerar que existe una ley causal natural cuando, comprobado un hecho en un número muy considerable de casos similares, sea posible descartar que el suceso haya sido producido por otras causas. Tales condiciones son suficientes para garantizar una decisión racional del caso desde el punto de vista del Derecho Penal. Por el contrario resultan criterios claramente insuficientes el "común sentir" de las gentes ( STC 105/83) o la simple "posibilidad científico natural del nexo causal" postulada aisladamente en la Doctrina. Es indudable que los sentimientos, por generales que sean, no constituyen una fuente de racionalidad aceptable, así como que la "posibilidad científico natural" es un concepto que nada puede aportar a la solución del problema planteado dado que no explica cuales son las condiciones de la posibilidad, ni qué se debe entender por "posibilidad científico natural". Pero, ninguna de estas objeciones es decisiva. Para la determinación de una ley causal natural, al menos en el sentido del derecho penal(es decir, en la premisa mayor del silogismo), no es necesario-como se dijo-que se haya podido conocer el mecanismo preciso de la producción del resultado (en este caso la toxina que ha producido los resultados típicos) en tanto se haya comprobado una correlación o asociación de los sucesos y sea posible descartar otras causas que hayan podido producir el mismo.
Se establece también en la jurisprudencia la causalidad hipotética, evitar un resultado, en los delitos por omisión.
Tal como establece la sentencia Roj: STS 1208/2006 que dice:
La inacción, cuando estaba obligado a actuar en defensa del bien jurídico, equivale a la realización de un acto positivo, pues una hipotética acción esperada por la norma hubiera sido causa para la no producción del resultado. No se puede olvidar que la comisión por omisión se imputa un resultado lesivo a una persona, no por su conducta activa, sino por no haberlo impedido cuando habría ese deber (norma prohibitiva), resultando equiparable la realización activa del tipo penal. Esta equivalencia que tiene carácter esencial para la configuración de un delito impropio de omisión se debe apreciar cuando la omisión se corresponde valorativamente con el hecho positivo y posee un sentido social equivalente a la comisión activa del tipo. En los delitos de resultado dicha equivalencia no ofrece dificultades pues no se requiere, por regla general, una acción de cualidades especificas, siendo suficiente con la aptitud causal del comportamiento. En los delitos de omisión solo debe requerir una causalidad hipotética, es decir la comprobación de si la realización de la acción omitida hubiera evitado la producción del resultado con una seguridad rayana en la probabilidad
2. EL TRATAMIENTO MÉDICO Y QUIRURGICO EN LA JURISPRUDENCIA El artículo 147.1 establece que: El que, por cualquier medio o procedimiento,
causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.
La STC 2707/2012 realiza un resumen de la doctrina sobre que constituye tratamiento médico quirúrgico, citando la jurisprudencia previa, y dice:
En relación a la primera cuestión del delito de lesiones del art. 147,1 exige que la lesión sufrida requiera objetivamente para su sanidad, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Pero no es el tratamiento efectivamente recibido lo que convierte la lesión en delito, sino la objetiva necesidad de recibirlo para la sanidad. En este sentido la jurisprudencia señala que la necesidad objetiva de tratamiento se impone como criterio definidor de la exigencia típica, apreciada según la
lex certes, lo que excluye la subjetividad de su dispensa por un facultativo o de la propia víctima ( SS. 20.3.2002 , 27.10.2004 , 23.10.2008 , 17.12.2008 ). Como señala la STS. 27.7.2002 , el tratamiento ha de ser objetivamente necesario, y así, aunque éste no se aplique, podrá ser delito la causación de una lesión que necesite objetivamente de tratamiento, y no serlo una lesión a la que se aplicara tratamiento si éste no fuere objetivamente necesario en el caso, pues de otro modo quedaría a la decisión de la víctima la realización del tratamiento.
La primera asistencia que puede ser prestada por cualquier profesional titulado de la salud y el tratamiento médico quirúrgico deben ser objetivamente necesarios. Desde el punto de vista médico no existe problema con la definición de tratamiento. Los profesionales que atienden a la persona que acuda o sea trasladada a su consulta, la exploran, diagnostican y establecen un tratamiento, si procede. La atención puede ser inmediata o posterior a la lesión. Hay lesiones leves que no precisan tratamiento. Otras lo precisan, comenzando el mismo en el primer momento de la asistencia y continuando posteriormente. O se comienza posteriormente, como cuando se prescribe tratamiento antibiótico por una herida infectada. Obviamente, siempre puede haber una discusión médica sobre si el tratamiento era necesario o no.
En cuanto al concepto, de tratamiento en el Auto del Tribunal Supremo número Roj: ATS 7457/2002 se dice: “ En cuanto al concepto de tratamiento médico, que es el que permite distinguir en unas lesiones el delito de la falta, hemos dicho que se puede considerar todo sistema de curación o de intervención facultativa prescrita por un titulado en medicina con finalidad curativa, mientras que tratamiento quirúrgico, …. puede significar cualquier acto reparador de lesiones corporales que exija una actuación que incida directamente sobre la superficie del cuerpo humano. La doctrina de esta Sala ha reconocido que no es fácil distinguir entre tratamiento y vigilancia o seguimiento medico, en este sentido existen resoluciones en las que se considera tratamiento, aquél en el que se haya recurrido a medicamentos necesarios para controlar un determinado proceso posterior a una herida, siempre que el paciente pueda sufrir efectos secundarios que comporten un riesgo de perturbación no irrelevante para su salud. A estos efectos resulta indiferente que la actividad subsiguiente a la lesión la realice el propio medico, quede encomendada a un profesional sanitario o se imponga al propio paciente mediante la prescripción de
fármacos o la fijación de comportamientos o practicas a seguir ( STS de 16-2-1999 ).”
En cuanto al tratamiento quirúrgico, se considera tal la cirugía menor, siendo muy debatido el caso de las lesiones que precisan sutura. La STC 2707/212 lo resume de la siguiente manera:
“Pues bien en relación a los puntos de sutura, el acto de costura con que se reúnen los labios de una herida, precisa para restañar el tejido dañado y volverlo al estado que tenia antes de producirse la agresión, supone tratamiento quirúrgico, aunque se trate de cirugía menor ( SSTS. 1441/99 de 18.10 , 307/2000 de 22.2 , 527/2002 de 14.5 , 1447/2002 de 10.9 , 1021/2003 de 7.7 , 1742/2003 de 17.12 , /2004 de 30.6 , 979/2004 de 21.7 , 1363/2005 de 14.11 , 510/2006 de 9.5 , 468/2007 de 18.5 , 574/2007 de 30.5 ), precisándose para favorecer la soldadura de los tejidos es una operación susceptible de realizarse en un solo acto, lo que cura realmente es la permanencia del cosido ejerciendo esa acción a lo largo de cierto tiempo, de manera que la intervención facultativa mantiene su actividad terapéutica durante todo ese periodo, en el que la lesión resulta tratada quirúrgicamente, aun cuando debía hablarse de cirugía menor. Es cierto que los llamados puntos de aproximación son puntos que se pegan y se utilizan en las lesiones de poca profundidad y se pueden quitar por la misma persona lesionada. Por lo que dice la STS. 751/2007 de 21.9 , una herida en la ceja, para cuya curación se utilizó esta técnica de los puntos de aproximación, solo requirió una primera intervención sin tratamiento médico posterior, sancionándose como falta del citado art. 617.1. Otra cosa son los puntos de sutura, en los que hay un procedimiento de costura, que según reiterada doctrina de esta sala, constituye por sí solo un tratamiento quirúrgico, aunque únicamente lo sea de cirugía menor.”
3. EVOLUCION HISTORICA DEL DELITO DE LESIONES EN EL CODIGO PENAL ESPAÑOL. El Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre, era el Código Penal vigente antes de la instauración de la democracia, y la aprobación de la Constitución La regulación del delito de lesiones estaba recogida desde el artículo 418 al 427. No existía una definición genérica explicita de lo que es una lesión, sino múltiples situaciones o resultados lesivos, mencionados en los artículos 418, 419 y 420, que decían lo siguiente:
418. El que de propósito castrare o esterilizare a otro será castigado con la pena de reclusión menor. 419. La mutilación de órgano o miembro principal, ejecutada de propósito, será castigada con la pena de reclusión menor. Cualquiera otra mutilación se castigará con la pena de prisión menor. 420. El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro será castigado como reo de lesiones graves: 1.º Con la pena de prisión mayor, si de resultas de las lesiones quedare el ofendido imbécil, impotente o ciego. 2.º Con la de prisión menor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas, si de resultas de las lesiones el ofendido hubiere perdido un ojo o algún miembro principal, o hubiere quedado impedido de él, o inutilizado para el trabajo a que hasta entonces se hubiere habitualmente dedicado. 3.º Con la pena de prisión menor, si de resultas de las lesiones el ofendido hubiere quedado deforme o perdido un miembro no principal, o quedado inutilizado de él, o hubiere estado incapacitado para su trabajo habitual o enfermo por más de noventa días. 4.º Con la de arresto mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas, si las lesiones hubiesen producido al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días. Si el hecho se ejecutare contra alguna de las personas que menciona el artículo 405 o con alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 406, las penas serán la de reclusión menor, en el caso del número primero de este artículo; la de prisión mayor y multa de 5.000 a 25.000 pesetas, en el caso del número segundo; la de prisión mayor, en el caso del número tercero, y la de prisión menor, en el caso del número cuarto del mismo. No están comprendidas en el párrafo anterior las lesiones que el padre causare al hijo, excediéndose en su corrección.
Sin embargo, en el artículo 227, aparece el concepto de quebranto apreciable en la salud o la integridad corporal, en referencia a los trabajadores y las empresas, que se acerca a una definición general de una lesión. Se diferenciaban las lesiones graves (420 y 421), menos graves (422 y 423) y leves (582). No se diferenciaban las lesiones producidas voluntariamente, a propósito, de las causadas por imprudencia o negligencia.
Las faltas estaban reguladas en los artículos 582 y 583, de la siguiente manera:
582. Serán castigados con la pena de arresto menor los que causaren lesiones que impidan al ofendido trabajar de uno a quince días, o hagan necesaria por igual tiempo asistencia facultativa. 583. Serán castigados con las penas de cinco a quince días de arresto menor y reprensión privada: 1.º Los que causaren lesiones que no impidan al ofendido dedicarse a sus trabajos habituales, ni exijan asistencia facultativa. 7.º Los que en la riña definida en el artículo 408 de este Código constare que hubiesen ejercido cualquier violencia en la persona del ofendido, siempre que a éste no se le hubieren inferido más que lesiones menos graves y no fuere conocido el autor.
Se establecía un límite temporal de quince días para diferenciar el delito de la falta, lo cual no tenía mucho sentido ni médico ni jurídico. La Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, modificó, varios artículos, entre otros los siguientes:
Artículo 418. El que de propósito mutilare o inutilizare a otro de un órgano o miembro principal, la privare de la vista o del oído, le causare la anulación o una grave limitación de su aptitud laboral, una grave enfermedad somática o psíquica o una incapacidad mental incurable, será castigado con la pena de reclusión menor. Artículo 419. El que de propósito causare a otro la mutilación o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, la esterilidad o deformidad, será castigado con la pena de prisión mayor. Artículo 420. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado con la pena de prisión menor, siempre que las lesiones requieran para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. No obstante, el hecho descrito en el párrafo anterior podrá ser castigado con las penas de arresto mayor o multa de 100.000 a 500.000 pesetas, atendidas la naturaleza de la lesión y las demás circunstancias de aquél.
Artículo 421. Las lesiones del artículo anterior serán castigadas con las penas de prisión menor en sus grados medio a máximo: 1.º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas susceptibles de causar graves daños en la integridad del lesionado o reveladoras de acusada brutalidad en la acción. 2.º Si como resultado de las lesiones el ofendido hubiere quedado impotente, estéril, deforme o con una enfermedad somática o psíquica incurable, o hubiere sufrido la pérdida de un miembro, órgano o sentido, o quedado impedido de él. 3.º Si se hubiere empleado tortura. Artículo 422. El que se mutilare o el que prestare su consentimiento para ser mutilado, con el fin de eximirse del servicio militar o de un servicio público de inexcusable cumplimiento y fuere declarado exento de este servicio por efecto de la mutilación, incurrirá en la pena de prisión menor. Igual pena se impondrá al que con la finalidad y resultado antes previstos se causare a sí mismo cualquier otra inutilidad ose la produjera a persona distinta con su consentimiento.
El artículo 582, quedó de la siguiente manera:
Artículo 582. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que no precisare tratamiento médico o quirúrgico o sólo exigiere la primera asistencia facultativa, será castigado con la pena de arresto menor, salvo que se tratare de alguna de las lesiones del artículo 421. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de uno a quince días de arresto menor o multa de 25.000 a 100.000 pesetas. Cuando los ofendidos fuesen los ascendientes, el cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma permanente por análoga relación de afectividad, o los hijos menores, la pena será la de arresto menor en toda su extensión.
El cambio más significativo en ese periodo fue introducir la diferencia entre falta y delito de lesiones, estableciendo el delito por la necesidad de recibir tratamiento médico o quirúrgico, además de una primera asistencia, en lugar de por el límite temporal de más de quince días.
Además, se definió el tipo básico de lesiones de la siguiente manera: el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental. Sin embargo desapareció la distinción entre lesiones graves, menos graves y leves, estableciendo solo la distinción entre lesiones constitutivas de delitos y faltas. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, considerado el Código Penal de la democracia, vigente actualmente, regula el delito de lesiones en los artículos 147 y siguientes. Transcribo los que aluden a las lesiones:
Artículo 147. 1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. Con la misma pena será castigado el que, en el plazo de un año, haya realizado cuatro veces la acción descrita en el artículo 617 de este Código. 2. No obstante, el hecho descrito en el apartado anterior será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, cuando sea de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido. Artículo 149. 1. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. 2. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o incapaz, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o incapaz. Artículo 150.
El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años. Artículo 152. 1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado: 1. Con la pena de prisión de tres a seis meses, si se tratare de las lesiones del artículo 147.1. 2. Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149. 3. Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150. 2. Cuando los hechos referidos en este artículo se hayan cometido utilizando un vehículo a motor, un ciclomotor o un arma de fuego, se impondrá asimismo, y respectivamente, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o del derecho a la tenencia y porte de armas por término de uno a cuatro años. 3. Cuando las lesiones fueren cometidas por imprudencia profesional se impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de uno a cuatro años.
La regulación de las faltas se hace en el 617 y 619, que dicen lo siguiente:
Artículo 617. 1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión no definida como delito en este Código será castigado con la pena de localización permanente de seis a 12 días o multa de uno a dos meses. 2. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión será castigado con la pena de localización permanente de dos a seis días o multa de 10 a 30 días. Artículo 621. 1. Los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones previstas en el apartado 2 del artículo 147, serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses. 2. Los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona, serán castigados con la pena de multa de uno a dos meses. 3. Los que por imprudencia leve causaran lesión constitutiva de delito serán castigados con pena de multa de 10 a 30 días.
4. Si el hecho se cometiera con vehículo a motor o ciclomotor, podrá imponerse además la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de tres meses a un año. 5. Si el hecho se cometiera con arma podrá imponerse, además, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de tres meses a un año. 6. Las infracciones penadas en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
En resumen, el código vigente, aunque mejora la redacción del código penal previo, no modifica sustancialmente el tipo básico de lesión, mantiene una gran casuística y no establece la omisión como causa del delito Se restableció la distinción entre lesiones graves y menos graves, según el medio empleado y el resultado producido (147.2). El resto serían no lesiones o lesiones no definidas como delito (617.1) Sin embargo, si introduce explícitamente una mejor regulación de los delitos y faltas producidos por imprudencia o negligencia, así como del consentimiento, que se considera atenuante o eximente. Ruperto Matas Gutiérrez Médico
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