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Timestamp: 2019-10-16 04:40:14
Document Index: 15011446

Matched Legal Cases: ['artículo 169', 'artículo 35', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 35', 'artículo 24', 'artículo 276', 'artículo 277', 'artículo 18', 'artículo 35', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 13', 'artículo 24', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 24', 'artículo 67', 'artículo 24', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 277', 'artículo 72', 'artículo 247', 'artículo 4', 'artículo 76', 'artículo 51', 'artículo 70', 'artículo 23', 'artículo 277', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 4', 'artículo 70', 'in fine', 'artículo 4']

Registro Oficial. AGOSTO14 de AGOSTO del 2001 Suplemento
Martes 14 de Agosto del 2001
REGISTRO OFICIAL No. 389
\n 1706 Deléganse atribuciones\n al señor ingeniero Pedro Pinto Rubianes, Vicepresidente\n Constitucional de la República, mientras dure la ausencia\n del país del Presidente Constitucional de la República,\n doctor Gustavo Noboa Bejarano, en la ciudad de Lima, República\n del Perú.
\n 112-2001-TP Deséchase la demanda de inconstitucionalidad\n formulada contra el Reglamento de Tramitación de Quejas\n de la Función Judicial
113-2001-TP Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad formulada contra los decretos ejecutivos\n Nros 1089 y 1090
114-2001-TP Deséchase la demanda de inconstitucionalidad\n de la Ley No 2000-33 de Creación de la Universidad\n Particular" San Gregorio de Portoviejo".
115-2001-TP No admitese la acción planteada\n por Milton Marcelo Bustos Quistial, por improcedente
116-2001-TP Declárase la inconstitucionalidad\n de la resolución adoptada en la información sumaria\n seguida en contra del señor Cabo Edgar Manuel Sotelo Subía.
117-2001-TP\n No admítese\n el amparo interpuesto por Jorge Bolívar Coronel\n Alvarez, por improcedente
118-2001-TP Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase el recurso propuesto por el\n Dr. Hugo Victoriano Carrión Cueva.
\n 165-2001 Marcelo Ernesto Leiva\n Torres en contra de Piedad Lilia Santillán Bonilla.
167-2001 Terencia Margarita Plaza Solís\n viuda de Zurita en contra de José Pincay Fernández\n y otra.
168-2001 Jaime Enrique Flores Pesantez\n en contra de María Elena Arcentales.
169-2001 Carlos Luis Londa Méndez en contra\n de Bolívar Cía de Seguros del Ecuador S.A. 22.
175-2001\n Mercedes\n Carvajal Idrovo en contra de César Molina Portilla.
\n ORDENANZA MUNICIPAL:
\n -\n Cantón Atacames:\n Que oficializa\n la bandera\n \n
N0 1706
En ejercicio de la facultad que le confiere\n el artículo 169 de la Constitución Política\n de la República,
ARTICULO UNICO. - Mientras dure la ausencia del país\n del Presidente Constitucional de la República, doctor\n Gustavo Noboa Bejarano, en la ciudad de Lima, República\n del Perú, del 27 al 29 de julio de 2001, delégase\n al señor ingeniero Pedro Pinto Rubianes, Vicepresidente\n Constitucional de la República, el ejercicio de las atribuciones\n a las que se refieren los artículos 153, 171, 180, 181\n y 182, de la Constitución Política de la República.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de julio del 2001.
Nro. 112\n - 2001 - TP
En el caso signado con el Nro. 025 -\n 2000 - TC
ANTECEDENTES: Luis Hernán Muñoz Pasquel, en\n su condición de Presidente de la Federación Nacional\n de Asociaciones Judiciales del Ecuador, formula la demanda de\n inconstitucionalidad del Reglamento de Tramitación de\n Quejas de la Función Judicial expedido mediante resolución\n del Consejo Nacional de la Judicatura el 23 de febrero de 1999\n y publicado en el Registro Oficial No. 157 del 26 de marzo de\n 1999.
Señala que violenta el artículo 35 numerales\n 4 y 7 de la Constitución Política del Estado en\n lo referente a los derechos de los trabajadores que de conformidad\n con dichas normas son irrenunciables y la remuneración\n es inembargable, pero dicho reglamento contiene en sus literales\n b) y c) sanciones de multas y suspensiones temporales sin derecho\n a remuneración del trabajador lo cual contradice al texto\n constitucional que tiende a garantizar que el trabajador tenga\n medios para subsistir y mantener a su familia.
En dicho reglamento se habla de un funcionario conocido como\n 'Presidente de la Comisión de Quejas", el cual no\n existe dentro de la Ley Orgánica del Consejo Nacional\n de la Judicatura. La Constitución Política del\n Estado en su artículo 23 numeral 27 reconoce y garantiza\n el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones,\n mientras que el artículo 24 numeral 11 señala que\n "ninguna persona podrá ser distraída de su\n Juez competente ni juzgada por tribunales de excepción\n o por comisiones especiales que se creen para el efecto",\n es evidente la contradicción, tomando en cuenta al Código\n de Procedimiento Penal en el que se señala que: "nadie\n puede ser juzgado sino por los Jueces competentes determinados\n por la Ley".
En otros de sus artículos este reglamento habla de\n la remoción o destitución a los funcionarios que\n cometan faltas graves en el cumplimiento de sus deberes, pero\n la causal de dicha sanción es sobre un tipo abierto, contradiciendo\n al artículo 24 No. 1 que señala que "nadie\n podrá ser juzgado por un acto u omisión que al\n momento de cometerse no esté legalmente tipificado como\n infracción penal, administrativa o de otra naturaleza.\n . .
Añade que dicho reglamento permite la apelación\n solo en el caso de la sanción de destitución o\n de remoción, pero la Comisión de Recursos Humanos\n podría cometer errores como cualquier otra institución\n al momento de dictar una resolución la cual no sería\n susceptible de apelación contrariando el artículo\n 23 numeral 3 de la Constitución, ya que no puede existir\n un debido proceso si no existen los mecanismos para reclamar\n una decisión violatoria de los derechos de carrera judicial.
La Primera Sala del Tribunal Constitucional al avocar conocimiento\n de la causa en calidad de Comisión, dispone que se corra\n traslado con la demanda al señor Director Ejecutivo del\n Consejo Nacional de la Judicatura.
El doctor Galo Pico Mantilla, Presidente del Consejo Nacional\n de la Judicatura, Director Ejecutivo encargado de este órgano\n judicial contesta esta demanda manifestando que el Reglamento\n de Tramitación de Quejas no atenta contra la Constitución,\n sino que más bien desarrolla sus preceptos para hacer\n efectiva la responsabilidad de los servidores judiciales y para\n evitar la corrupción. En la misma Constitución\n se establece en su articulo 120 que no habrá dignatario,\n autoridad, funcionario ni servidor público exento de responsabilidad\n por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por\n sus omisiones. Esta norma se encuentra desarrollada ampliamente\n en la Ley Orgánica de la Función Judicial, al hablar\n de una correcta administración de justicia para combatir\n la inmoralidad en los órganos judiciales, así el\n artículo 13 numeral 1 señala faltas que serán\n sujetas a sanción como la mala conducta notoria o falta\n de probidad del servidor judicial, y la falta grave en el cumplimiento\n de sus deberes. Esta facultad de sancionar, le corresponde el\n Consejo Nacional de la Judicatura como órgano judicial\n encargado de la gestión administrativa y del control disciplinario\n de la Función Judicial con potestad para sancionar las\n faltas tipificadas en el numeral 1 del artículo 13 de\n la Ley Orgánica de la Función Judicial e imponer\n las sanciones que prevé este artículo,
El Reglamento de Tramitación de Quejas no contraría\n ningún precepto de la Carta Política, ni de la\n ley, sino que por el contrario desenvuelve y desarrolla los preceptos\n y garantías constitucionales y las normas legales para\n su plena y efectiva aplicación.
Dice que la demanda es incongruente por cuanto se refiere\n a la inconstitucionalidad de los artículos 5, 12, 17,\n 18, 20 y 22 del reglamento, pero no tiene fundamentos de hecho\n y derecho e incumple el requisito del artículo 19 de la\n Ley del Control Constitucional, ya que lo expuesto no fundamenta\n la inconstitucionalidad de todo el cuerpo normativo como se pretende.
Señala también que la garantía constitucional\n del numeral 4 del artículo 35 de la Carta Política,\n se refiere a las estipulaciones contractuales por las que un\n trabajador renuncie a sus derechos, o los disminuya, o los altere.\n Las normas del reglamento impugnado no son "estipulaciones\n contractuales", sino disposiciones imperativas que nacen\n de la potestad de la autoridad pública para imponer una\n regla de aplicación general en desarrollo de la ley. -\n La garantía laboral según la cual la remuneración\n es inembargable, en nada contraria con la sanción de suspensión\n temporal del servidor judicial que hubiese cometido la falta,\n por más que pierda su remuneración que es una consecuencia\n lógica y Justa que deriva de dicha falta.
El Reglamento de Quejas no infringe el precepto del numeral\n 11 del articulo 24 de la Constitución Política,\n porque esas normas hacen referencia al "Presidente de la\n Comisión de Quejas", que es un delegado para las\n gestiones procesales de sustanciación y no tiene facultad\n para juzgar, ya que de conformidad con la ley y dicho reglamento,\n le corresponde al Consejo Nacional de la Judicatura, a través\n de su Comisión de Recursos Humanos o del Pleno del Organismo.
Acota que tanto las faltas como las sanciones a los servidores\n judiciales se encuentran tipificadas en la ley, por lo tanto\n es falso que se atente al principio de legalidad al que se refiere\n el artículo 24 de la Constitución.
Por otra parte señala que el reglamento no dispone\n la ejecución inmediata de la sanción, el articulo\n 12 lo que impone es una medida precautelar necesaria y lógica\n para evitar que el servidor judicial que haya sido sancionado\n vuelva a cometer otra falta.
Que el Tribunal es competente para conocer y resolver el presente\n caso, de conformidad con lo que dispone el artículo 276,\n número 1, de la Constitución;
Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n incidir en la resolución de la causa por lo que se declara\n su validez;
Que los peticionarios demandan la inconstitucionalidad del\n Reglamento de Tramitación de Quejas de la Función\n Judicial publicado en el Registro Oficial 157 de 26 de marzo\n de 1999 y reformado por resolución publicada en el Registro\n Oficial 218 de 23 de junio de 1999, con el informe favorable\n del Defensor del Pueblo, el que corre en folios 9 y 10 del proceso,\n por lo que se encuentran legitimados para interponer esta acción\n constitucional, de conformidad con el artículo 277 número\n 5 de la Constitución y el artículo 18 letra e)\n de la Ley del Control Constitucional;
Que en la demanda se señala que el mencionado reglamento\n viola el articulo 35 de la Constitución en sus numerales\n 4 y 7, pues el articulo 5 establece sanciones de multa y suspensión\n temporal sin derecho a remuneración. El articulo 35 de\n la Constitución numeral 4 establece la irrenunciabilidad\n de los derechos de los trabajadores, señalando que será\n nula toda estipulación que implique renuncia, disminución\n o alteración; en la norma impugnada se establecen "sanciones\n disciplinarias", es decir, la multa o suspensión\n temporal sin sueldo se darían únicamente en el\n caso de que el funcionario corneta infracciones disciplinarias\n que deban sancionarse de esa forma, de acuerdo a su gravedad.\n No cabria a titulo de respetar el principio constitucional señalado,\n dejar a un funcionario sin sanción por una falta cometida.\n La irrenunciablidad de los derechos laborales se establece para\n evitar abusos de la parte fuerte del contrato laboral, en este\n caso del empleador, porque la legislación laboral de acuerdo\n a los principios constitucionales, es intuitiva de los derechos\n del trabajador, pero de aquellos derechos que le asisten por\n el cumplimiento de sus obligaciones. El artículo impugnado\n impone sanciones por no cumplir precisamente con las obligaciones\n disciplinarias que tiene un funcionario;
Que el numeral 7 del artículo 35 establece: "La\n remuneración del trabajador será inembargable,\n salvo para el pago de pensiones alimenticias. Todo lo que debe\n el empleador por razón del trabajo, constituirá\n crédito privilegiado de primera clase, con preferencia\n aun respecto de los hipotecarios". Lo establecido en los\n literales b) y e) del artículo impugnado no tiene ninguna\n relación con este principio constitucional, pues la inembargabilidad\n se establece contra posibles ejecuciones de obligaciones contraídas\n por el trabajador, o cuando siendo el obligado el empleador éste\n tiene pendiente el pago de las remuneraciones a sus trabajadores,\n es decir, en el caso de que se ordene el embargo de bienes del\n trabajador o del empleador, deberá respetarse la remuneración\n como medio de subsistencia del trabajador. Tampoco es el caso\n de una falta que merece ser sancionada, porque en ese caso no\n se está embargando la remuneración como resultado\n de una obligación contraída por el funcionario\n sino que se está aplicando una sanción por una\n falta cometida;
Que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Consejo\n Nacional de la Judicatura establece entre las atribuciones de\n la Comisión de Recursos Humanos, en el literal f), la\n imposición de sanciones a los jueces, funcionarios y empleados\n judiciales. Con esta finalidad, el artículo 17 del Reglamento\n de Tramitación de Quejas establece que el Presidente de\n la Comisión de Quejas se encargará de sustanciar\n y conducir la investigación, y una vez evaluadas las pruebas,\n remitirá la misma para que sea resuelta por la Comisión\n de Recursos Humanos;
Que los artículos 18 y 20 del mencionado reglamento\n contienen normas de procedimiento dentro de la investigación\n que se realiza por parte de la Comisión de Quejas; y,\n el articulo 22 señala que concluida la investigación\n "el órgano distrital comisionado resolverá\n la queja, o elevará el expediente con un informe a la\n Comisión de Recursos Humanos, si las infracciones denunciadas\n son de aquellas que pudieren ser sancionadas con remoción\n o destitución. La Comisión de Recursos Humanos\n resolverá la queja, por los méritos del proceso,\n dentro del plazo de quince días";
Que se observa entonces que la Comisión de Quejas es\n un órgano de trámite, el que dirigirá la\n investigación, pero quien resuelve es el órgano\n distrital comisionado o la Comisión de Recursos Humanos,\n por lo tanto, no se está creando un tribunal especial\n que juzgue como dice el escrito de demanda, a través del\n Reglamento de Quejas se establece un órgano que tramite\n la investigación, para que con su informe el órgano\n encargado de imponer la sanción de acuerdo a la Ley Orgánica\n del Consejo Nacional de la Judicatura proceda a resolver;
Que el artículo 13 de la Ley Orgánica de la\n Función Judicial en el literal a) establece entre las\n atribuciones de la Corte Suprema de Justicia la de destituir\n a los funcionarios en caso de faltas graves en el cumplimiento\n de sus deberes o mala conducta notoria, o por abandono del cargo\n por más de ocho días; el articulo 8 del reglamento\n impugnado establece: "Por mala conducta notoria o por faltas\n graves en el cumplimiento de sus deberes o por inasistencia al\n trabajo por más de ocho días consecutivos, podrán\n ser destituidos...", por lo tanto el reglamento no está\n tipificando la infracción, ésta se encuentra ya\n tipificada en la ley; además, la misma Ley Orgánica\n de la Función Judicial establece los deberes (articulo\n 7) y las prohibiciones (articulo 10). Al establecer sanciones\n por faltas graves en el cumplimiento de los deberes, no hay un\n tipo abierto, pues esos deberes están especificados en\n la ley, por lo que el mencionado articulo no viola el principio\n establecido en el artículo 24 No. 1 de la Constitución\n como dice el demandante;
Que el artículo 12 del reglamento impugnado establece\n que son apelables las resoluciones de destitución y remoción;\n los peticionarios alegan que esto es inconstitucional porque\n violenta el principio de igualdad ante la ley. Primeramente hay\n que señalar que el articulo 18 de la Ley Orgánica\n del Consejo Nacional de la Judicatura establece: "De las\n Resoluciones que expida la Comisión de Recursos Humanos,\n sobre separación por incapacidad o inhabilidad, remoción\n y destitución de funcionarios y empleados, el afectado\n podrá apelar, dentro del término de cinco días\n de notificado para ante el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura";\n es decir, el reglamento únicamente repite una disposición\n legal, y, como se observa, esta apelación concede la referida\n ley para los casos de separación por incapacidad o inhabilidad,\n remoción y destitución de funcionarios y empleados;
Que el artículo 12 del reglamento impugnado no tiene\n que ver con el principio de igualdad ante la ley, no existe discriminación\n alguna en el hecho de conceder recursos para unos casos y no\n para otros, no se está impidiendo que determinadas personas\n apelen, se limita la apelación para determinadas sanciones;\n además no todas las infracciones tienen la misma gravedad\n ni las mismas causas, por lo tanto no existe inconstitucionalidad\n de la norma del artículo 12 del Reglamento de Tramitación\n de Quejas;
Que la disposición analizada anteriormente tampoco\n violenta el articulo 23 numeral 27 de la Constitución,\n pues para imponer las sanciones establecidas se prevé\n un procedimiento de investigación previo, proceso dentro\n del cual el funcionario involucrado deberá presentar los\n justificativos del caso. Tampoco se viola el derecho a la defensa\n pues el articulo 19 del reglamento establece la obligación\n de notificar al investigado para que éste comparezca,\n por lo que no existe violación del articulo 24 numeral\n 10 de la Constitución'
Que se impugna el articulo 12 del reglamento porque se dice\n que las resoluciones de destitución y remoción\n según ese artículo son de ejecución inmediata\n ya que mientras se apela de ellas el funcionario debe dejar de\n laborar. El mencionado artículo reformado por la Resolución\n del Consejo Nacional de la Judicatura publicada en el Registro\n Oficial 218 Suplemento de 23 de junio de 1999, establece lo siguiente:\n "Mientras se tramita la apelación el recurrente dejará\n de laborar desde el momento de la notificación con la\n resolución de remoción o destitución".\n Esta disposición no violenta la norma constitucional del\n artículo 24 numeral 7, referente a la presunción\n de inocencia de una persona; si luego de haberse llevado a cabo\n el procedimiento legal se concluye imponiendo una sanción\n (de remoción o destitución) de la cual incluso\n se puede apelar no existe fundamento jurídico válido\n para afirmar que se atenta contra la presunción de inocencia\n Por otra parte, las resoluciones administrativas deben ejecutarse\n aunque se interponga apelación de ellas, puesto que gozan\n de la presunción de legitimidad. El Estatuto del Régimen\n Jurídico de la Función Ejecutiva establece en el\n artículo 67 lo siguiente: "Los actos administrativos\n se presumen legítimos y deben cumplirse desde que se encuentren\n firmes o se hayan ejecutoriado". El articulo 120 del mismo\n cuerpo legal establece: "La interposición de cualquier\n recurso... no suspenderá la ejecución del acto\n impugnado, pero a quien competa resolverlo podrá suspender\n de oficio o a instancia de parte la ejecución del acto\n recurrido, en caso que dicha ejecución pudiera causar\n perjuicios de imposible o difícil reparación".\n Por lo tanto, no es posible cambiar, a través de un reglamento\n como el impugnado, una característica que tiene el acto\n administrativo por su misma naturaleza, cual es la de gozar de\n presunción de legitimidad;
Que en la demanda se pide la declaratoria de inconstitucionalidad\n del Reglamento de Tramitación de Quejas de la Función\n Judicial, pero en los argumentos señalados no existe suficiente\n fundamentación como para resolver sobre la inconstitucionalidad\n de todo el cuerpo normativo, por ello el Tribunal debe circunscribirse\n al análisis de los artículos expresamente señalados\n por el demandante; y,
1. Desechar la demanda de inconstitucionalidad formulada contra\n el Reglamento de Tramitación de Quejas de la Función\n Judicial, en los términos de esta resolución.
.2. Publicar en el Registro Oficial. - Notifíquese.
f.) Dr. Marco Morales Tobar, Presidente.
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con siete votos a favor correspondientes\n a los doctores Oswaldo Cevallos, Luis Chacón, René\n de la Torre, Carlos Helou, Luis Mantilla, Hernán Salgado\n y Marco Morales; dos votos salvados de los doctores Guillermo\n Castro y Hernán Rivadeneira, en sesión de veinticuatro\n de julio del dos mil uno. - Lo certifico.
f) Dr. Fausto Garcés Pástor, Secretario General.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - Es fiel copia del original. - Quito,\n a 7 de agosto del 2001. - f) El Secretario General.
VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES GUILLERMO CASTRO DAGER Y HERNÁN\n RIVADENEIRA JATIVA
CASO No. 025 - 2000 - TC
Nos apartamos del criterio de la mayoría por las siguientes\n - consideraciones:
El Reglamento de Tramitación de Quejas de la Función\n Judicial, en el articulo 5, literales b) y c), que se refieren\n a sanciones pecuniarias a los servidores judiciales, atenta en\n contra del principio de integridad de la remuneración,\n constante en convenios internacionales y, particularmente en\n el articulo 35, numerales 4 y 7, de la Constitución, en\n virtud de que el goce de la remuneración es un derecho\n adquirido e inembargable, tanto más cuanto las multas\n señaladas cercenan en el primer caso (literal b) el 50%\n de los ingresos mensuales; y, en el segundo caso (literal c)\n podría dejarse sin remuneración hasta por 90 días;\n lo cual es inhumano.
2. - A partir de la vigencia de la Ley Orgánica del\n Consejo Nacional de la Judicatura, se establece un trámite\n especial para las sanciones disciplinarias a los funcionarios,\n a través de la Comisión de Recursos Humanos; sin\n embargo en el reglamento impugnado se establece una "Comisión\n de Quejas", (Arts. 17, 18, 20 y 22) lo cual contraría\n lo dispuesto en el artículo 24, numeral 11, de la Constitución.
3. - Existe también una inconstitucionalidad en el\n artículo 12 del reglamento, al producirse una clara discriminación\n para quienes no son sancionados con la destitución o remoción,\n pues ellos no tienen derecho al recurso de apelación y\n se aplica un criterio de severidad para faltas menos graves,\n lo cual es un contrasentido. Esta norma violaría, entonces\n los artículos 23, numeral tercero, que se refiere a la\n igualdad ante la ley; y, el 24, numeral 10, sobre el ejercicio\n del derecho a la defensa en cualquier estado o grado del proceso.
f) Dr. Guillermo Castro Dager, Vocal.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. - Es fiel copia del original. - Quito,\n a 7 de agosto del 2001. - f) El Secretario General.
Nro. 113\n - 2001 - TP
En el caso signado con el Nro. 004 -\n 2001 - TC y 007 - 2001 - TC (acumulados). -
ANTECEDENTES: El doctor Jorge González Moreno, previo\n el informe favorable del Defensor del Pueblo, demanda la inconstitucionalidad\n por consideraciones de forma y de fondo de los decretos ejecutivos\n N0 1089 y 1090, publicados en la Edición Especial N0 1\n del Registro Oficial de 30 de diciembre del 2000, por los que\n se elevan los precios de los derivados del petróleo, incluyendo\n el gas licuado.
Señala el peticionario que, sin tomar cmi cuenta la\n difícil situación económica del pueblo,\n se han aumentado de forma ilegítima e indebida los precios\n de los derivados de los hidrocarburos, atentando contra la vida\n del pueblo, no le permiten una vida digna y decorosa, privándole\n de los medios de subsistencia, aumentando la pobreza y no promoviendo\n su progreso económico, lo que hace inconstitucionales\n a los decretos impugnados, vulnerándose los derechos humanos\n consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre\n de 1948, en su preámbulo y en su articulo 25, principios\n ratificados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,\n Sociales y Culturales, en especial su artículo 3, preceptos\n que son parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, de\n conformidad con el articulo 163 de la Constitución, añadiendo\n que se violan las normas contenidas en los artículos 3,\n 23, 24, número 13, 35, 37, 42 al 46, 47, 55, 56, 63, 66,\n 67, 84, 86, 97, números 3, 4, 11 y 20, del texto constitucional,\n además de los artículos 242, 243 y 247 de la Constitución,\n haciendo presente que el Ecuador es un Estado Social de Derecho,\n y, en la especie, el Gobierno ha elevado el precio de los derivados\n del petróleo por razones fiscales y sin sustento técnico\n respecto de los costos de producción, en contra del dueño\n del petróleo, que es el pueblo ecuatoriano, rechazando\n que exista algún subsidio en la materia, pues estos bienes\n no le pertenecen al Estado o a los gobernantes y que, de estimarse\n que existe tal subsidio, éste solo se debe eliminar para\n los sectores de mayores ingresos. En materia de forma, expone\n su duda sobre la constitucionalidad del Gobierno y, por ende,\n de los decretos impugnados, que los estima no motivados.
La Primera Sala del Tribunal Constitucional al. avocar conocimiento\n de la causa, en calidad de Comisión, dispone que se corra\n traslado con la demanda al señor Presidente Constitucional\n de la República y a los señores ministros de Energía\n y Minas y de Economía y Finanzas, para que de contestación.
El Ministro de Economía y Finanzas, al dar contestación,\n expone, en primer término, que la suscripción de\n decretos es competencia privativa del Presidente de la República\n y que, en lo principal, los decretos dictados por parte del Jefe\n del Estado se fundamentan en el articulo 72 de la Ley de Hidrocarburos,\n de acuerdo con lo previsto en los artículos 119, 260 y\n 171, números 1 y 5, de la Constitución, complementados\n por el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, señalando\n que las normas constitucionales que fundamentan a la demanda\n son principios x' no preceptos concretos de la Constitución,\n además de otros no aplicables al caso, sobre los que no\n se ha demostrado una relación de causa y efecto entre\n los decretos y las normas constitucionales supuestamente violadas.\n Respecto del Decreto 1090, hace presente que la producción\n nacional no cubre el consumo interno y la importación\n del faltante se realiza a un costo cinco veces mayor, cuyo subsidio\n suma ciento setenta millones de dólares. Añade\n que el decreto general se lo dicta para garantizar el cumplimiento\n de la ley en ejercicio 'de la facultad administrativa del Presidente\n de la República, de conformidad con el número 5\n del articulo 171 de la Constitución, insistiendo que los\n decretos impugnados no han sido dictados por el ministerio a\n su cargo.
Por su parte, el Presidente de la República en lo principal\n reitera lo señalado por el Ministro de Economía\n y Finanzas.
En el caso 007 - 2001 - TC, las peticionarias Paulina Muñoz\n Samaniego, Marcela Benavides Galárraga, Margarita Saltos\n Galarza, Pilar Parra López, voceras y miembros del Frente\n de Mujeres de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Ruth Peñafiel,\n representante de la mujer de la Conaie, y la hermana Elina Guarderas,\n representante de las Comunidades Cristianas de Marcopamba, con\n el informe favorable del Defensor del Pueblo, demandan la inconstitucionalidad\n de los decretos N0 1089 y 1090. argumentando que la política\n económica del Gobierno vulneran la libre autodeterminación\n política y económica del pueblo ecuatoriano, así\n como sus derechos económicos, sociales y culturales, los\n 'que son estimados violatorios de la Constitución y de\n instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos\n Económicos, Sociales y Culturales, la Convención\n sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación\n contra las Mujeres y las Niñas y la Convención\n de Belém do Pará, el Pacto de San José y\n la Declaración de los Derechos del Niño, entre\n otros, agravando la situación de pobreza del pueblo ecuatoriano,\n fundamentando su demanda en la violación de las disposiciones\n contenidas en los artículos 3, número 4, 16, 17,\n 18, 23, número 21), 37 y 42 de la Constitución.
La Primera Sala del Tribunal Constitucional al avocar conocimiento\n de la causa, cmi calidad de Comisión dispone que por existir\n identidad objetiva esta causa se acumule al caso 004 - 200 1\n - TC.
Que, el Tribunal es competente para conocer y resolver el\n presente caso, de conformidad con lo que dispone el articulo\n 276, número 1, de la Constitución;
Que, los peticionarios demandan la inconstitucionalidad de\n los decretos ejecutivos N0 1089 y 1090, publicados en la Edición\n Especial N0 1 del Registro Oficial de 30 de diciembre del 2000,\n por vicios de fondo y forma, con el informe favorable del Defensor\n del Pueblo, el que corre a fojas 17 y 18 del proceso 004 - 2001\n - TC y a fojas 10 del proceso 007 - 2001 - TC, por lo que se\n encuentran legitimados para interponer esta acción de\n inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 277,\n número 5, de la Constitución y el articulo 18,\n letra e, de la Ley del Control Constitucional;
Que, en primer término, este Tribunal hace presente\n que el Decreto Ejecutivo N0 1090, mediante el que fija el precio\n de venta mii público del gas licuado de petróleo\n de uso doméstico en el precio equivalente del cilindro\n con quince kilos de gas licuado de petróleo en dos dólares\n fue reformado por el Decreto Ejecutivo N0 1222, publicado en\n Registro Oficial N0 267 de 15 de febrero del 2001, por lo que\n este Tribunal no se puede pronunciar sobre una norma derogada\n y, por tanto, inexistente dentro del ordenamiento jurídico\n nacional;
Que, respecto del Decreto Ejecutivo N0 1089, a través\n del cual se establecen los precios de venta en los terminales\n y depósitos operados por Petrocomercial para los derivados\n de hidrocarburos, el precio de venta a público de la gasolina\n extra, gasolina de pesca artesanal y el diesel, el Tribunal realiza\n las siguientes consideraciones;
Que, el articulo 72 de la Ley de Hidrocarburos, sustituido\n por la Ley N0 44, publicada en Registro Oficial N0 326 de 29\n de noviembre de 1993 y rectificada por la fe de erratas publicada\n en Registro Oficial N0 344 de 24 de diciembre de 1993, establece\n que los precios de venta al consumidor de los derivados de los\n hidrocarburos serán regulados de acuerdo al reglamento\n que para el efecto dictará el Presidente de la República;
Que, de conformidad con la disposición legal citada\n en el considerando precedente, el Presidente de la República\n expidió, mediante el Decreto Ejecutivo N0 432 de 24 de\n mayo del 2000. publicado en el Suplemento del Registro Oficial\n N0 85 de 25 de mayo del 2000, el Reglamento para la Regulación\n de los Precios de los Derivados de Hidrocarburos;
Que, formalmente, el impugnado Decreto N0 1089 es válido\n desde que ha emanado de la autoridad competente y modifica una\n norma de igual rango jerárquico, como es el Decreto N0\n 432, que contiene el Reglamento para la Regulación de\n los Precios de los Derivados de Hidrocarburos, y que fija los\n precios de dichos bienes de acuerdo con lo dispuesto en el articulo\n 72 de la Ley de Hidrocarburos, en ejercicio de la potestad reglamentaria\n del Presidente de la República contenida en el artículo\n 171, número 5, de la Constitución;
Que, respecto de la alegada inconstitucionalidad de fondo\n del Decreto No 1089, como lo señalan los accionantes,\n los recursos naturales no renovables entre los que se cuentan\n los hidrocarburos, son aquellos denominados bienes nacionales\n de uso público por el Código Civil, sobre los que\n el Estado no ejerce derecho de dominio o de propiedad, pues son\n de la Nación toda, con las características de inalienabilidad,\n imprescriptibilidad e inembargabilidad, tal como lo establecen\n los artículos 247 de la Constitución y 1 de la\n Ley de Hidrocarburos, y al encontrarse fuera del comercio jurídico\n privado, la relación entre el Estado y estos bienes demaniales\n se deriva del ejercicio de potestades públicas de administración\n y aprovechamiento;
Que, el mencionado articulo 247 de la Constitución\n señala la obligación del Estado de explotar dichos\n recursos naturales en función de los intereses nacionales\n no hace relación al precio de venta al consumidor, sino\n a su exploración y explotación racionales, en tanto\n en cuanto, mientras el bien se encuentre en el yacimiento es\n un bien de dominio público o bien nacional de uso público;
Que, una vez explotados o extraídos del subsuelo, los\n derivados de los hidrocarburos, entre los que se cuenta la gasolina,\n no se encuentran dentro del comercio jurídico público\n sino privado, por lo que pueden ser objeto de apropiación\n por parte de los particulares con las limitaciones establecidas\n por el ordenamiento jurídico, como es el caso de la fijación\n de sus precios de venta al consumidor;
Que, mediante el impugnado Decreto No 1089, el Presidente\n de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere\n el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos, se ha limitado\n a fijar los precios de venta a nivel de terminal, que incluyen\n los costos de refinación, comercialización interna\n e importación además del impuesto al valor agregado,\n y el porcentaje máximo sobre el que puede fluctuar el\n precio de venta al público de la gasolina extra, de pesca\n artesanal y del diesel;
Que, este Tribunal no identifica vulneración directa\n de las declaraciones de derechos económicos, sociales\n y culturales contenidas tanto cmi la Constitución como\n en instrumentos internacionales vigentes por parte del Decreto\n N0 1089 (que contiene la mencionada fijación de precios\n de determinados derivados de hidrocarburos) como son el derecho\n al trabajo, a la salud, el derecho preferente de grupos vulnerables,\n la seguridad social, la cultura, a la educación, los derechos\n colectivos de los pueblos indígenas, u otros como los\n deberes de los ciudadanos, los derechos individuales o civiles\n y políticos, o al debido proceso, ni afecta, de modo general,\n a la vigencia de los derechos humanos, como lo señalan\n los peticionarios; y,
1. Desechar la demanda de inconstitucionalidad, de forma y\n de fondo, formulada contra los decretos ejecutivos N0 1089 y\n 1090, en los términos de esta resolución.
2. Publicar en el Registro Oficial. - Notifíquese.
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada con ocho votos a favor correspondientes\n a los doctores Guillermo Castro, Oswaldo Cevallos, Luis Chacón,\n René de la Torre, Carlos Helou, Luis Mantilla, Hernán\n Salgado y Marco Morales; un voto salvado del doctor Hernán\n Rivadeneira, en sesión de veinticuatro de julio del dos\n mil uno. - Lo certifico.
TRIBUNA CONSTITUCIONAL. - Es fiel copia del original. - Quito.\n a 7 de agosto del 2001. - f) El Secretario General.
Casos Nros. 004 - 2001 - TC y 007 - 2000 - TC
VOTO SALVADO DEL DR. HERNÁN RIVADENEIRA JÁTIVA
Me aparto del criterio de la mayoría, en base a los\n siguientes fundamentos:
1. El artículo 247 de la Constitución establece\n que los recursos naturales no ' renovables, como los hidrocarburos,\n de donde se obtienen los derivados, "serán explotados\n en función de los intereses nacionales"; los mismos\n que se refieren al beneficio social, de toda la población\n del país. Si los derivados del petróleo (gasolinas\n y gas licuado) no son accesibles a la mayoría de ecuatorianos,\n los cuales en aproximadamente el 80% son pobres, no se estaría\n cumpliendo con este propósito constitucional, pues al\n aumentarse el precio de los combustibles, se encarece el poder\n adquisitivo o se impide el acceso a estos bienes que son también\n indispensables para lograr un nivel de vida digno.
2. Las razones gubernamentales para el incremento del precio\n de los combustibles no están vinculadas al bien común,\n a los criterios de beneficio social y colectivo, sino exclusivamente\n a intereses fiscalistas; más aún si se toma en\n cuenta que tales precios no tienen tampoco relación con\n los costos promedio de producción, pues de lo que se trata\n es de solucionar un déficit fiscal resultante de las erradas\n políticas económicas y de llegar a los precios\n internacionales.
3. Tanto el Decreto 1089 como el No. 1090 carecen de fundamentación\n o motivación jurídica y técnica, se sustentan\n en simples conveniencias coyunturales y permiten un mayor empobrecimiento\n de la población: por tanto, violan varios preceptos constitucionales,\n como los constantes en los artículos 3, numerales 2, 4,\n 5; 23, 24, 37, 42 y siguientes, 47, 63, 86; 97, numerales 3,\n 4 y 11; 242, 243 y 247.
Nro. 114\n - 2001 - TP
En el caso signado con el Nro. 005 -\n 2001 - TC
ANTECEDENTES: La doctora Elsa Alarcón Soto, previo\n el informe favorable del Defensor del Pueblo, demanda la inconstitucionalidad\n por consideraciones de forma, de la totalidad de la Ley N0 2000\n - 33 de Creación de la Universidad Particular San Gregorio\n de Portoviejo, publicada en el RO. No. 229 de 21 de diciembre\n del 2000 y, por el fondo, de la letra a) del articulo 4 de la\n Ley N0 2000 - 33.
En cuanto al fondo, señala la peticionaria que la letra\n a) del artículo 4 de la ley impugnada establece que el\n patrimonio de, la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo\n se constituye por los activos y pasivos que en la actualidad\n corresponden a la extensión de la Universidad Laica Vicente\n Rocafuerte de Guayaquil en Portoviejo, vulnerando el derecho\n de propiedad reconocido en el número 23 del articulo 23\n de la Constitución, pues los activos o pasivos a los que\n hace referencia la mencionada disposición de la ley son\n de propiedad de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, de los\n que no se le puede privar sin mediar indemnización y previo\n el proceso legal.
En cuanto a la forma, argumenta la accionante que la ley impugnada\n vulneró el artículo 76 de la Constitución\n al crear una universidad sin previo informe favorable del Consejo\n Nacional de Educación Superior y se violó el artículo\n 171, número 4, pues el Presidente de la República\n no sancionó la ley, pues el proyecto de ley fue aprobado\n por el Plenario de las Comisiones Legislativas en 1995 y, el\n 27 de mano de aquel año, el Presidente de la República\n lo objetó totalmente.
Por último, manifiesta que la primera disposición\n transitoria de la ley hace creer que los bienes que se expropian\n han provenido de una asignación estatal a la 1 Universidad\n Laica Vicente Rocafuerte, hecho que no es aceptado y que incluso\n en ese evento el Congreso no podía expropiarlos y hace\n presente que la extensión de esta universidad se encuentra\n en funcionamiento, pues el Consejo Universitario no ha resuelto\n su supresión.
La Primera Sala del Tribunal Constitucional al avocar conocimiento\n de la causa, en calidad de Comisión, dispone que se corra\n traslado con la demanda al señor Presidente del Congreso\n Nacional para que de contestaron.
El Presidente del Congreso Nacional, al dar contestación,\n expone que la ley impugnada fue tratada y aprobada por el Congreso\n y su promulgación operó de conformidad con el artículo\n 153 de la Constitución vigente, pues el Presidente de\n la República no lo objetó o sancionó dentro\n de los diez días subsiguientes desde que lo recibió,\n por lo que no existe inconstitucionalidad de forma. Respecto\n de la alegada inconstitucionalidad de fondo, hace presente que\n la letra a) del articulo 4 de la Ley impugnada, de conformidad\n con la primera disposición transitoria, se refiere a los\n bienes adquiridos por las asignaciones que el Estado ha entregado\n a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, de conformidad con\n lo señalado en el artículo 51, inciso segundo,\n de la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas y la\n letra m) del artículo 70 de la Ley de Educación\n Superior, por lo que no es violatoria del número 23 del\n artículo 23 de la Constitución.
Que, el Tribunal es competente para conocer y resolver el\n presente caso, de conformidad con lo que dispone el artículo\n 276, número 1, de la Constitución;
Que, la doctora Elsa Alarcón Soto demanda la inconstitucionalidad\n de la Ley N0 2000 - 33 por vicios de forma y del artículo\n 4, letra a, de dicho cuerpo normativo por vicios de fondo, con\n el informe favorable del Defensor del Pueblo, el que corre a\n fojas 20 y 21 del proceso, por lo que se encuentra legitimada\n para interponer esta acción constitucional, de conformidad\n con el artículo 277, número 5, de la Constitución\n y el articulo 18, letra e, de la Ley del Control Constitucional;
Que, la impugnada Ley 2000 - 33, en su trámite de formación,\n fue aprobada en segundo debate el 16 de mano de 1995, siendo\n remitido el proyecto al Presidente de la República mediante\n oficio de 17 de mano de 1995, proyecto que fue objetado totalmente\n por el Jefe de Estado el 27 de los mismos mes y año, es\n decir, dentro del plazo de diez días señalados\n en el articulo 69 de la Codificación Constitucional publicada\n en Registro Oficial N0 183 de 5 de mano de 1993;
Que, en la especie, el Congreso Nacional frente al proyecto\n de ley aprobado y objetado totalmente por el Presidente de la\n República aplicó la disposición constitucional\n contenida en el artículo 153 de la Codificación\n Constitucional vigente que, en su inciso tercero, señala\n que si "el Presidente de la República objetare totalmente\n el proyecto, el Congreso podrá volver a considerarlo solamente\n después de un alío, contado a partir de la fecha\n de la objeción. Transcurrido este plazo, el Congreso podrá\n ratificarlo en un solo debate, con el voto de las dos terceras\n partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al\n Registro Oficial para su promulgación";
Que, el día 13 de diciembre del 2000, conforme al citado\n artículo 153 de la Constitución citado en el considerando\n precedente, - el Congreso Nacional procedió a ratificar\n el proyecto original que contenía el proyecto de Ley de\n Creación de la Universidad Particular "San Gregorio\n de Portoviejo", con las dos terceras partes del total de\n legisladores, luego de lo cual dispuso su promulgación\n en el Registro Oficial como Ley N0 2000 - 33;
Que, el Legislador, tanto a la hora de aprobar el proyecto\n de ley en comento y remitirlo al Presidente de la República\n para su sanción u objeción, como a la de pronunciarse\n sobre la objeción total que respecto de este proyecto\n realizó el Jefe del Estado, ratificando el proyecto original\n luego de transcurrido el año de espera, lo hizo al amparo\n de las normas constitucionales vigentes al momento de cumplir\n los respectivos pasos dentro del procedimiento de formación\n de la ley, en la especie, la vigente Ley N0 2000 - 33;
Que, por lo señalado en los considerados precedentes,\n no se identifica inconstitucionalidad por vicios de forma respecto\n de la impugnada Ley N0 2000 - 33 de Creación de la Universidad\n Particular "San Gregorio de Portoviejo";
Que, adicionalmente, la accionante impugna la letra a) del\n artículo 4 de la Ley N0 2000 - 33 por estimarla inconstitucional\n en su contenido, la misma que establece que el patrimonio de\n la Universidad Particular "San Gregorio de Portoviejo"\n se constituye, entre otros, por los activos y pasivos que, "en\n la actualidad, corresponden a la extensión de la Universidad\n Laica "Vicente Rocafuerte" de Guayaquil en Portoviejo";
Que, los activos a los que hace relación la disposición\n citada en el considerando precedente se entiende, en atención\n a la primera disposición transitoria de la ley impugnada,\n respecto de "aquellos adquiridos por las asignaciones que\n el Estado ha entregado a la Universidad Laica "Vicente Rocafuerte"\n de Guayaquil, de conformidad con lo señalado en el articulo\n 51, inciso segundo de la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas,\n los mismos que se adjudican como contribución estatal\n a la universidad que se crea en virtud de esta ley";
Que, en atención a lo señalado en el considerando\n que antecede, este Tribunal estima necesario hacer presente que\n el texto que da origen a la Ley 2000 - 33 fue ratificado por\n el Congreso Nacional el 13 de diciembre del 2000 y publicada\n la ley en el Registro Oficial de 21 de diciembre, esto es, de\n manera posterior a la derogación de la Ley de Universidades\n y Escuelas Politécnicas de conformidad con lo señalado\n en la disposición final de la Ley de Educación\n Superior, publicada en el Registro Oficial N0 77 de 15 de mayo\n del 2000, norma que no es de trámite de creación\n de la universidad, por lo que no es aplicable la décimo\n octava disposición transitoria de la Ley de Educación\n Superior;
Que, las universidades cuentan con un patrimonio, de conformidad\n con el artículo 70 de la Ley de Educación Superior,\n el que incluye los bienes de su propiedad y los activos entregados\n por asignación estatal, y cuya disposición está\n sujeta a las limitaciones establecidas en el Capitulo XI de la\n citada ley:
Que, de conformidad con el articulo 75 de la Constitución,\n las universidades públicas y privadas son personas jurídicas\n autónomas sin fines de lucro, y en virtud de su personalidad\n jurídica son sujetos de derechos, entre ellos, el ejercicio\n del derecho de propiedad sobre sus bienes;
Que, los activos se componen tanto de bienes corporales como\n incorporales, sobre lo que es susceptible el ejercicio del derecho\n de propiedad reconocido por la Constitución ecuatoriana\n en sus artículos 23, número 23, y 30, en cualquiera\n de sus formas y mientras cumpla su función social, es\n decir, dentro de los limites y sujeto a las limitaciones que\n se establecen en la ley, tal como se señala en los artículos\n 618 y 619 del Código Civil;
Que, dentro de las restricciones y privaciones del dominio\n deben quedar claramente diferenciadas las figuras de la confiscación\n y la requisición respecto de la expropiación, siendo\n la primera una figura prohibida por la Constitución ecuatoriana,\n claramente distinguida del comiso como sanción penal,\n y la segunda como medida facultada en situaciones de excepción\n como es la declaratoria del estado de emergencia nacional;
Que, en la especie, la disposición contenida en el\n artículo 4, letra a, de la Ley 2000 - 33, no implica limitación\n o restricción del dominio sobre los activos de la Universidad\n Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil en su extensión\n de Portoviejo, sino su privación para que éstos\n formen parte del patrimonio de la Universidad Particular San\n Gregorio de Portoviejo;
Que, de conformidad con la Constitución, la única\n forma en que el Estado, a través de sus instituciones\n como es el Congreso Nacional de acuerdo con la letra a) del artículo\n 118 del texto constitucional, puede privar del dominio de sus\n bienes a las personas es por medio del ejercicio de su potestad\n expropiatoria, para el cumplimiento de los fines de orden social\n determinados en la ley, de conformidad con lo dispuesto en el\n articulo 33 de la Constitución;
Que, en el Ecuador no se excluye la posibilidad de que el\n órgano legislativo ejerza potestad exprop