Source: http://seguridadjuridicayprobidad.blogspot.com/
Timestamp: 2017-01-21 08:33:20
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 29', 'artículo 32', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 33', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 31', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 24', 'Artículo 13', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 60', 'artículo 20', 'artículo 24', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 32', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 209', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 81', 'artículo 24', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 20', 'artículo 39', 'artículo 267']

Seguridad Jurídica y Probidad
Mayo 24 de 2007. Seminario sobre Urbanismo, Medio Ambiente y Segurídad Jurídica. "Construir Ciudad: Un Compromiso del Gobierno, los Constructores y la Ciudadanía".
http://www.semana.com/wf_InfoEvento.aspx?IdEvn=110
Control Fiscal y Seguridad Jurídica Gubernamental
El Instituto de Seguridad Jurídica y Probidad, ISP, fue creado en el 2006 por un grupo de profesionales con el objetivo de conformar una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y de interés general, para impulsar acciones académicas, de investigación y de asistencia técnica. El ISP ha vinculado a diversas personalidades que tienen la disposición de colaborarle en el desarrollo de sus actividades.
El grupo inicial del ISP fue conformado por Iván Darío Gómez Lee, Andrés Chávez Pinzón y Martha Penen Lastra.. En torno a los proyectos del Instituto se convocaron destacados académicos, como: Antonio Hernández Gamarra, Juan Camilo Restrepo Salazar, Luis Bernardo Flórez Enciso, Bernardo Gaitán Mahecha y Germán Silva García, su actual Director Ejecutivo. En el 2007 se han vinculando otros representativos profesionales, de los ámbitos empresarial, gubernamental y universitario.Con este grupo plural se cumplen los objetivos fundamentales de interdisciplinaridad y diversidad, en las ideas y en el pensamiento, en torno a un propósito común, fomentar la Seguridad Jurídica y la Probidad. Las personas que tengan afinidad con los objetivos del ISP pueden solicitar su vinculación al mismo.
- Propiciar entornos socio-políticos de estabilidad, respeto y seguridad entre los sectores público y privado, para el cumplimiento de sus compromisos y la creación de redes de confianza para respetar las reglas comúnmente aceptadas.
- Investigar y aplicar prácticas que tiendan a combatir la corrupción, a mejorar y actualizar la contratación, la gestión, el control y situaciones de riesgo bajo parámetros de transparencia, probidad, eficiencia y eficacia.
- Contribuir como centro de pensamiento e investigación para la formulación de propuestas que ayuden al mejoramiento de la seguridad jurídica y la probidad gubernamental, en medio de la diversidad de saberes.
- Propender para que la gestión pública realizada por las entidades o por los particulares se desarrolle con eficiencia, eficacia y economía, en un marco de respeto a los derechos y deberes, dentro de un orden económico y social justo
El destacado grupo de participantes que hoy conforman y asesoran al ISP ha definido como prioridades las siguientes:
CONSTRUIR ACUERDOS DE PRODUCTIVIDAD Y ESTABILIDAD: Para que los sectores económicos, agremiaciones y empresas tengan seguridad en sus relaciones con el gobierno y concilien sus intereses.
DESARROLLAR INVESTIGACIONES: Para propiciar prácticas de transparencia, eficiencia y efectividad que incentiven la confianza entre los actores sociales, públicos o privados
CONTRIBUIR AL EJERCICIO DEL CONTROL: Para que se cumplan adecuadas acciones de veeduría, monitoreo, observación y control a la gestión pública.
ASESORAR PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN: Para impulsar el desarrollo tecnológico, productivo y el buen gobierno corporativo.
ACCIONES COTRA LA CORRUPCION: Para sensibilizar a los ciudadanos sobre el daño colectivo que produce la corrupción e impulsar acciones efectivas contra ese flagelo.
CREAR ESPACIOS DE ANÁLISIS: Para fomentar el estudio de temas relacionados con la Seguridad Jurídica y la Probidad, en seminarios, foros, mesas de trabajo y publicaciones.
Fundamentos de la Seguridad Jurídica y la Probidad
- La Seguridad Jurídica propicia un escenario serio y estable que genera condiciones para el desarrollo económico, para garantizar los derechos e impulsar el normal cumplimiento de las reglas en los contratos. Los estudios y estadísticas internacionales demuestran que dentro de este marco, los países desarrollados han logrado mayores niveles de crecimiento económico equitativo, que en los sistemas de inestabilidad normativa y de corrupción.
- Los factores que deterioran la Seguridad Jurídica y la Probidad son principalmente: a. Permanentes modificaciones normativas y las regulaciones antitécnicas. b. La inestabilidad ocasionada por algunos cambios de gobierno, cuando se generen persecuciones a los contradictores, populismos o posturas extremas; que alteran tanto el equilibrio de las reglas democráticas como la estabilidad en los derechos. C. La corrupción que concede ventajas o privilegios indebidos a determinados grupos o individuos de la sociedad, son factores que alteran el equilibrio en las relaciones sociales y que puede afectar la Seguridad Jurídica y la Probidad Gubernamental.
- Existe un ambiente que propicia la Seguridad Jurídica cuando hay un reconocimiento liberal y democrático del derecho a la propiedad y de los bienes sociales, para que los individuos se relacionen fluidamente en el mercado, y a la vez, se puedan ocupar en actividades de beneficio colectivo.
- Un ambiente de Seguridad Jurídica tiene como premisa el facilitar el acceso público a la información y a otros bienes públicos, para que éstos se puedan procesar, organizar y utilizar en condiciones de igualdad. La importancia de la predictibilidad del Estado radica en la posibilidad de anticipar la gestión del mismo, para incentivar acciones públicas y privadas, sin privilegios a ningún sector.
En el marco de todo lo anterior, el ISP tiene como objetivo el propiciar entornos de estabilidad, respeto y seguridad, entre el sector público y privado, así como la creación de redes de lucha contra la corrupción, de confianza y de respeto a las reglas generalmente aceptadas. Consultemos para recibir información de nuestras próximas actividades.
MECANISMOS DE SELECCIÓN EN LA NUEVA LEY DE CONTRATACIÓN
(Abreviada, Directa y Concurso de Méritos)
El presente estudio se ocupa de realizar una primera aproximación conceptual a los mecanismos de selección: abreviada, directa y por concurso de méritos, previstos en la Ley 1150 de 2007, por la cual se modifica parcialmente la Ley 80 de 1993. Ciertamente, el pasado 16 de julio fue sancionada la nueva ley, sin embargo, el proceso de reforma aún no culmina, como quiera que en esta oportunidad el Congreso explícitamente le difiere al Ejecutivo el desarrollo y regulación de diversos asuntos, por la vía del reglamento. Precisamente uno de los roles que cumplirán la academia y los expertos en estas semanas con sus análisis, es ilustrar a los redactores de los decretos, para que ponderen diversos, asuntos al momento de expedir tal reglamento.
En el presente estudio preliminar se tratan los siguientes temas: I. El impacto jurídico de la nueva ley y dentro de éste acápite; su objeto, las reglas de su vigencia, sus derogatorias y los decaimientos parciales o totales de los decretos reglamentarios vigentes. II. Las nuevas modalidades de selección a saber: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. Por último, unas conclusiones. Como se podrá apreciar, este artículo más que un aporte dogmático, es una ayuda para que empecemos a comprender la reforma, de la cual, de una vez se puede decir, que desde el punto de vista procedimental es trascendental para la prácticas de la contratación, y por lo tanto, una regulación, divulgación e implementación errada, incrementará los riesgos y la inseguridad jurídica para los operadores contractuales, funcionarios y contratistas.
Sobre esta iniciativa ratifico lo que escribí para la revista Semana el pasado 7 de abril, reformar la Ley 80 de 1993 es una batalla inaplazable, al cabo de un lustro la misión para la eficiencia y la transparencia en la contratación se acerca a cumplir tales propósitos; pero, cambiar la ley no es suficiente, paralelamente se debe continuar en la formación ética de contratistas y funcionarios, así, mientras llega el momento en que los Colombianos apropiemos una cultura de mayor respeto por los bienes públicos, como un activo colectivo de las futuras generaciones, las acciones de rendición de cuentas, las veedurías y las sanciones ejemplarizantes a los corruptos no pueden declinar ni un instante.
I.	EL IMPACTO JURÍDICO DE LA NUEVA LEY
1.	Objeto de la Ley
El artículo 1º al establecer el objeto de la ley, además de referirse sobre modificaciones a la Ley 80 de 1993, señala que tiene la finalidad de dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. En este sentido ¿Cuál es realmente el campo de aplicación? Se aprecian dos impactos jurídicos de la nueva ley, a saber:
1.1.	Normas que inciden directamente en la Ley 80 de 1993, en forma expresa o tácita
Hay unas normas que inciden directamente en forma expresa en la Ley 80 de 1993 porque la derogan o porque modifican sus disposiciones, por ejemplo, la derogatoria del numeral 1º del artículo 24 y la del artículo 29; o por ejemplo la modificación al parágrafo del artículo 32.
Hay otras disposiciones que inciden directamente en la Ley 80 de 1993 pero en forma tácita, en donde debe ser el interprete quien realice el ejercicio intelectual de señalar que la nueva ley tiene efectos en la Ley 80 de 1993, como por ejemplo, el artículo 4º del proyecto relacionado con la distribución de riesgos en los contratos estatales, que tendrá efecto en las disposiciones vigentes sobre equilibrio económico.
1.2.	Normas que inciden en toda la contratación con recursos públicos sin importar el régimen contractual de la entidad estatal
En la nueva Ley, hay disposiciones que claramente resultan aplicables a toda la actividad contractual, no sólo a las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993. En términos generales, de la lectura del encabezado de la Ley 1150 de 2007, así como del artículo 1º de la misma, se encuentra que la finalidad de dicha disposición legal, es la de regular toda contratación que se realice con “recursos públicos”, sin importar el régimen contractual de la entidad estatal.
Lo anterior se deduce, del citado artículo 1º en concordancia con el artículo 13, éste último referido a que “todas” las entidades, que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional a la Ley 80 de 1993, aplicarán los principios de la función administrativa y de gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades .
Otro artículo de esta especie de disposiciones sería por ejemplo el artículo 3º, sobre la contratación pública electrónica, que además guarda relación con la Ley del SICE (Ley 598 de 2000), el cual es un sistema de información aplicable a toda la contratación con recursos públicos; corresponderá al interprete establecer; si su carácter es general, es decir, si son aplicables a las entidades o a los sujetos, que tienen regímenes de derecho privado.
Así las cosas, la nueva ley tiene un alcance amplio en la medida que por un lado, no sólo aplica para entidades Ley 80 de 1993 sino que impacta a aquellas que tengan un régimen excepcional y por otro lado, en la medida que entidades o personas naturales contraten con recursos públicos.
Como la ley no señaló expresamente para cuales son las normas generales, ojala que al preparar el Decreto compilador, se tenga el cuidado de precisar las normas generales a la contratación en sentido amplió, y luego los de la Ley 80 de 1993 o contratación estatal en sentido estricto. Cabe señalar que en ésta nueva dimensión legal de la Ley de Contratación, se le da identidad a dos categorías contractuales. De una parte, se sintoniza la ley con esa categoría que identificó el Consejo de Estado desde el 2001, cuando sostuvo en una providencia de Ricardo Hoyos, que existe otra categoría de la contratación, la de la Contratación Estatal en sentido amplio, bajo un criterio orgánico subjetivo. Igualmente con la Ley 1150 de 2007 se le da cabida a la categoría contractual que con ocasión del concepto que en la Contraloría General de la República hicimos para analizar la venta de Telecom, inicialmente a Telmex y luego a Telefónica; identificamos que hay un género de la contratación, y es aquella que se realiza con recursos públicos a la cual la denominamos como Contratación Pública Fiscal, apelando a un criterio material y objetivo, sometido siempre a los principios constitucionales de la gestión fiscal que conforman los artículos 267 y 268 Superiores . Criterio que adopta el lineamiento de la Corte Constitucional cuando valora la exequibilidad de la Ley 598 de 2000, que crea un mecanismo de vigilancia para toda la contratación con recursos públicos .
2.	Vigencia de la Ley
En el artículo 33 se expresa que la regla general respecto a la vigencia de la ley, 6 meses después de promulgada, sin embargo hay 3 excepciones previstas en los artículos 6º, 9º y 17. Así, en la regla general como quiera que la ley fue sancionada el pasado 16 de julio de 2007 , ésta entrará a regir en la mayoría de sus articulados el 16 de enero de 2008.
En cuanto a las excepciones a la regla general de entrada en vigencia, la primera está dada por la vigencia inmediata del artículo 9º, referido al procedimiento de la audiencia de adjudicación, la revocatoria del acto de adjudicación por inhabilidad o incompatibilidad o por obtención de medios ilegales y, el evento de contratación directa con el segundo proponente, al declarar la caducidad de un contrato con ejecución superior al 50% salvo los de concesión.
La segunda excepción, también de entrada en vigencia inmediata es la del artículo 17 relativo al debido proceso, a la facultad de imponer multas y a la declaratoria de incumplimiento por la administración. Este último asunto con un carácter retroactivo, es decir, a contratos en ejecución al entrar en vigencia la nueva ley; modalidad de aplicación de una ley contractual que vulnera el principio de seguridad jurídica y de dudosa constitucionalidad.
La tercera excepción a la regla general de vigencia es el artículo 6º referido a la verificación de las condiciones de los proponentes y al Registro Único de Proponentes (RUP), que entra a regir 18 meses después de promulgada. Ello significa que durante un año se aplicarán los nuevos criterios de selección objetiva, pero, referidas al RUP, con las limitantes que hoy día tiene.
Ahora bien, respecto a los efectos de la Ley 1150 de 2007 para los contratos cuya ejecución se prolongue en el tiempo, una vez entre a regir aquella, el artículo 31 establece el régimen de transición de los actuales procesos contractuales. Señala que los contratos en ejecución seguirán sometidos a las normas que estaban vigentes, al momento de la iniciación de tales procedimientos contractuales. Norma que reitera las disposiciones del Código Civil y las Leyes 57 y 153 de 1887 en esta materia. Con lo anterior se da plena aplicación al principio de seguridad jurídica.
3.	Derogatorias y decaimientos parciales o totales de Decretos Reglamentarios
3.1.	Asuntos básicos
Es imposible que de llegar a señalarse que se derogan todos los decretos reglamentarios de la Ley 80 de 1993, se pueda saber cuales están derogándose. Ello como quiera que muy pocos decretos reglamentarios determinan de manera explícita en su encabezado, que reglamentan la Ley 80 de 1993, por ello, es necesario hacer ejercicios de interpretación.
En materia de derogatorias, para todos es conocido, que una norma puede ser derogada de manera total o parcial y, en forma expresa o tácita. De otra parte el decaimiento de un acto administrativo (decreto reglamentario) es una situación distinta a la derogatoria. Este último fenómeno se produce cuando las disposiciones legales o reglamentarias que le sirven de sustento (normas derogadas expresa o tácitamente de la Ley 80), desaparecen del ordenamiento jurídico. Este fenómeno se ha explicado en reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado.
Es obvio que a la nueva ley no le correspondía referirse a la derogatoria expresa de decretos reglamentarios, dado su nivel normativo superior. Así, se tendrán situaciones de derogatoria y decaimiento, total o parcial de decretos que tendrá que definir, los operadores jurídicos al aplicar las normas, o el Gobierno Nacional cuando expida el reglamento de la nueva ley. Me aproximaré a algunas de esas situaciones de derogatoria o decaimiento, en los decretos reglamentarios de la nueva ley.
3.2.	Decaimiento total de Decretos
Hay un grupo de decreto como el 2503 de 2005, para los cuales es indiscutible su total decaimiento e inaplicabilidad. Este Decreto se refiere a la adquisición de bienes ofrecidos en las bolsas agropecuarias o agroindustriales, y que, desde las facultades normativas en las cuales se fundamenta, en este caso hace referencia explicita al literal k), inciso o 1º el artículo 24 de la ley 80 de 1993, que queda derogado expresamente. Aquí no hay discusión alguna sobre su decaimiento o inaplicabilidad.
Igual caso sucedería con Decretos como el 969 de 2006 sobre la definición de bienes para la defensa y seguridad nacional, que pese a que su fundamento normativo no es una norma que se deroga con la nueva ley; por su contenido normativo si decae, ya que está regulando expresamente el literal i), numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
3.3.	Decaimiento parcial
En este segundo escenario tenemos algunas disposiciones como por ejemplo, el Decreto 2170 de 2002 en su artículo 11º, que establece un procedimiento para el literal a), numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 que es derogado expresamente, presentará su decaimiento e inaplicabilidad parcial, respecto de normas como la citada. Idéntica situación se da con la excepción prevista en el parágrafo 1º, artículo 1º del Decreto 2434 de 2006, que está referida a la no publicidad de procesos, cuya cuantía sea el 10% de la menor cuantía prevista en el literal a), numeral 1º, artículo 24 de la Ley 80 que como es derogado, hace esa disposición del decreto inaplicable por decaimiento.
3.4.	Derogatoria del Decreto 855 de 1994
De otra parte, la situación del Decreto 855 es especialísima frente a otros decretos, dado que como es conocido por todos, ésta norma tuvo como origen el parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el cual imponía la obligación al Gobierno Nacional de Reglamentar aquella ley. Teniendo en cuenta que la Ley 1150 de 2007 traerá su propio reglamento en materia de procedimientos de selección, (ahora es el parágrafo transitorio del articulo 2º de la nueva ley); en el evento que ese nuevo decreto reglamentario no haga una derogatoria expresa del Decreto 855 de 1994, en su integridad, dado el origen especial de este ultimo decreto, éste se entenderá derogado por el nuevo reglamento, es decir, si el 855 no se derogare expresamente, operará su derogatoria tácita.
3.5.	Impacto o efectos en disposiciones de decretos reglamentarios, sin que se produzca su decaimiento
Cosa distinta sucede con un decreto como el 660 de 2007, dado que éste reglamenta parcialmente la Ley 1089 de 2006, que regula la adquisición de bienes y servicios destinados a la defensa y seguridad nacional. Por tanto, el fundamento normativo de este decreto es otra ley. Sin embargo como la nueva ley de contratación regula el tema de defensa y seguridad nacional, en materia de contratación, y le introduce nuevos conceptos a esa materia entre otras cosas significativas, y que serán enunciados más adelante, la nueva ley y su reglamento pueden llegar a tener un efecto directo de derogatoria tácita al Decreto Reglamentario 660, e incluso, podría tener alcance sobre el contenido de la Ley 1089 de 2006. En un evento así ocurriría el fenómeno de la derogatoria, más no del decaimiento.
3.6.	Asuntos autónomos de otros reglamentos
Se presenta otra situación con varias disposiciones como por ejemplo, en el Decreto 2170 de 2002, en artículos distintos al 11º ya citado, que reglamentan otros asuntos de la Ley 80 de 1993 y que no son derogados ni afectados por la nueva ley. De esta manera en temas de consultas de precios al SICE , el manejo del anticipo en cuentas conjuntas , o la participación de veedurías ciudadanas . El mismo Decreto 3512 de 2003 reglamentario de la Ley 598 de 2002 que creó al SICE, no se vería afectado por los reglamentos de la Ley 1150 de 2007.
Por todo lo anterior, sería muy importante que el momento de expedir el reglamento de la Ley 1150 de 2007, se señalen de manera expresa los decretos reglamentarios y cada una de las disposiciones de éstos, que se derogan; ojala, se den a la tarea de derogar todos los decretos reglamentarios y condensar la totalidad de los asuntos reglamentarios útiles y convenientes, anteriores a la nueva ley; que además sean compilados en un solo decreto, es decir, que exista un solo reglamento homologo al decreto que compilará las disposiciones de estatus legal.
II.	LAS NUEVAS MODALIDADES DE SELECCIÓN
Con la Ley 80 de 1993 se presentaban dos modalidades de selección.
1.	Licitación publica y concurso de méritos
2.	Eventos de contratación directa.
Los decretos reglamentarios de la Ley 80 de 1993 a su vez, establecían distintas situaciones para los eventos de contratación directa, lo cual, nos llevaba a sostener que en la contratación directa había una modalidad llamada contratación directa – directa, para aquellos casos de cuantía que representara el 10% de la menor cuantía.
También vale la pena mencionar que el concurso de méritos según la Ley 80 de 1993, venía a ser un procedimiento idéntico al de la licitación pública, lo que cambiaba era el nombre, cuando el objeto del contrato consistía en estudios y trabajos técnicos, intelectuales o especializados. De ahí que fueran asimilables en la Ley 80 de 1993 los procesos de licitación pública y concurso de méritos. Con la nueva ley, esta situación cambia sustancialmente como se verá más adelante.
La nueva categorización de la Ley 1150 de 2007 es una modificación relevante y quizá la más importante de la nueva ley, desde el punto de vista de procedimientos En materia de modalidades de selección, la Ley 80 traía la licitación pública o el concurso de méritos como el procedimiento aplicable por excelencia. Con la nueva ley respecto de los mecanismos de selección, se pueden apreciar los siguientes cambios sustantivos:
1.	Se mantiene la licitación pública como la regla general, pero paradójicamente, se introducen tres nuevos trámites generales para la selección del contratista, no es lógico que se diga que la licitación es la regla general. Bajo esos parámetros puede ser la excepción, debido a que la se encuentran cerca de 20 excepciones a la licitación.
2.	Al concurso de méritos se le da autonomía e identidad como procedimiento especial, distinto al de la licitación; numeral 3º, artículo 2º de la nueva ley.
3.	Se crea por la nueva ley una nueva modalidad de selección, la selección abreviada, así mismo, se le definen unas causales predeterminadas y unos casos; artículo 2º, numeral 2º.
4.	Se mantiene la contratación directa pero las causales se restringen dado que se pasa de 13 a 9. El numeral 1º del artículo 24 Ley 80, que iba desde la letra a) hasta la m), es decir, 13 literales, se deroga expresamente.
5.	Como ya se anoto, se le da identidad legal a la contratación de entidades estatales con régimen de derecho privado, señalando expresamente en la nueva ley, que deben cumplir los principios constitucionales previstos en los artículos 209 y 267, así como se someten además al régimen de incompatibilidades e inhabilidades de la Ley 80 de 1993. Artículo 13 de la nueva ley.
A continuación realizó algunos cometarios a esas situaciones:
1.	Licitación Pública
Dado que el propósito de este estudio no es el de analizar la licitación pública, se harán sobre esta modalidad unos comentarios muy puntuales. El proyecto de ley no modifica la definición que como tal trae el parágrafo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el cual al tenor señala: “Es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable”. La única mención que hace al respeto es lo relativo a la presentación de la oferta, la cual según la Ley 1150 de 2007, podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa. Según las condiciones que el Gobierno Nacional fije en el reglamento.
Otros asuntos relevantes son la gratuidad en la participación del proceso licitatorio y la posibilidad de unificar el contenido de los pliegos de condiciones.
2.	Selección Abreviada
2.1.	Causales
Como se verá a continuación, el numeral 2º, artículo 2º de la nueva ley determina unas causales de Selección Abreviada, a saber las siguientes:
a. “La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.
Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos”.
Esta causal es nueva y está directamente relacionada con la subasta inversa, la cual como un asunto novedoso a comentar. Ésta es entendida como un proceso dinámico de negociación de precios “on line” entre proveedores preseleccionados para conseguir una parte del negocio. Es una manifestación del B2B (Business to Business). Se trata de un nuevo sistema de negociación en el que, en cierto modo, desaparece la relación personal con el cliente para convertirla en una negociación a través de internet. Se denominan subastas inversas (La subasta electrónica también se conoce como negociación electrónica, bajasta, subasta inversa o puja por Internet.) porque, en contra del sistema tradicional, gana el lote el que menor precio oferte. Las subastas electrónicas han tenido un crecimiento del 75% del año 2000 al año 2003 habiéndose implantado en numerosos sectores productivos: automoción, energía, aeroespacial, contratación pública, entre otros .
En este caso, será el reglamento el que acabe de precisar esta modalidad de contratación, ya que como está la definición, caben los marcadores de tablero seco y los vehículos camperos.
b. “La contratación de menor cuantía (…)”.
Esta causal de selección abreviada, se establece tendiendo en cuenta como factor el presupuesto anual de la entidad, el cual está determinado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). En una aproximación con los salarios vigentes del 2007, así serían las cuantías.
Presupuesto Anual de la Entidad	Valor	Menor Cuantía	Valor
Superior o igual a 1.200.000 SMLM	Superior o igual a $520.440.000.000	Hasta 1.000 SMLM	$433.700.000
Superior o igual a 850.000 SMLM e inferior a 1.200.000 SMLM	Entre $520.440.000.000 y $368.645.000.000	Hasta 850 SMLM	$368.645.000
Superior o igual a 400.000 SMLM e inferior a 850.000 SMLM	Entre $368.645.000.000
y $173.480.000.000	Hasta 650 SMLM	$281.905.000
Superior o igual a 120.000 SMLM e inferior a 400.000 SMLM	Entre $173.480.000.000 y $52.044.000.000	Hasta 450 SMLM	$195.165.000
Inferior a 120.000 SMLM	Inferior a $52.044.000.000	Hasta 280 SMLM	$121.436.000
Al compararlo con el régimen actual en las cuantías, se aprecia que varias entidades presentarían únicamente pequeñas variaciones en la cuantía límite para la licitación pública, especialmente para los rangos más altos. Para las entidades con presupuestos bajos, si hay un aumento considerable del monto para llegar a la licitación.
El punto de análisis será entonces el procedimiento aplicable a lo que se ha llamado coloquialmente la mínima cuantía. Todo parece indicar que será precisamente por vía del decreto reglamentario como se van a establecer esos procedimientos simplificados. Dicho en otras palabras, seguramente existirá un procedimiento abreviado ordinario y otro simplificado, como aquel que llamamos en la doctrina mínima cuantía. Cabe anotar, que el mecanismo de contratación de la llamada mínima cuantía, es decir, el contrato sin formalidades plenas u orden, fue derogado expresamente por la Ley 1150 de 2007. Hasta el momento no hemos encontrado en la exposición de motivos ni en los asesores de la reforma, una explicación a esa derogatoria.
c. “Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 100 de 1993 y en la ley 1122 de 2007, la celebración de contratos para la prestación de servicios de salud. El reglamento interno correspondiente fijará las garantías a cargo de los contratistas. Los pagos correspondientes se podrán hacer mediante encargos fiduciarios”. Esta causal es similar a la existente en la Ley 80 de 1993, agrega el tema de las garantías y los encargos fiduciarios.
d. “La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en cuyo caso la entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial.”
De conformidad con el literal d), numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, la entidad deberá iniciar la contratación por la vía abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaratoria de desierta del proceso inicial. Es decir, se impone un plazo perentorio vencido el cual se pierde la oportunidad de acudir a este medio.
Aquí también vale la pena comentar que la causal referida a la falta de voluntad de participación, prevista en el. Literal h), numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 desaparece, dado que siempre se ha entendido que es la misma causal, tiene el mismo efecto que la declaratoria de desierta.
e. “La enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995.
La enajenación de los bienes que formen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), se hará por la Dirección Nacional de Estupefacientes, observando los principios del articulo 209 de la Constitución Política y la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las recomendaciones que para el efecto imparta el Consejo Nacional de Estupefacientes.
El Reglamento deberá determinar la forma de selección, a través de invitación publica de los profesionales inmobiliarios, que actuaran como promotores de las ventas, que a su vez, a efecto de avalúos de los bienes, se servirán de avaluadores debidamente inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores y quienes responderán por sus actos solidariamente con los promotores.
Los bienes serán enajenados a través de venta directa en sobre cerrado o en pública subasta. La adjudicación para la venta directa deberá hacerse en audiencia publica, en donde se conozcan las ofertas iniciales y se efectué un segundo ofrecimiento, frente al cual se adjudicara el bien a quien oferte el mejor precio. En la subasta publica, de acuerdo con el reglamento definido para su realización, el bien será adjudicado al mejor postor.
La venta implica la publicación previa de los bienes en un diario de amplia circulación nacional, con la determinación del precio base. El interesado en adquirir bienes deberá consignar al menos el 20% del valor base de venta para participar en la oferta.”
La Ley 226 de 1995 es aquella que se aplica a la enajenación total o parcial a favor de particulares de acciones o bonos propiedad del Estado o de la participación en el capital social de cualquier empresa estatal, en desarrollo del mandato del artículo 60 Superior. La Corte Constitucional en la Sentencia C- 392 de 1996 declaró exequible el artículo 20 de esta ley, que permite la aplicación de las normas de contratación administrativa para la enajenación accionaria entre órganos estatales y para la venta de activos estatales distintos a las acciones o bonos.
Precisamente, el Gobierno Nacional viene adelantando un plan de renovación y utilización de activos de la administración pública con el fin de impulsar acciones para la adecuada utilización de los bienes inmuebles por parte de las entidades públicas y su eventual venta pública en aplicación de la Ley 708 de 2001.
Como quiera que en el numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 no estaba prevista la enajenación de bienes del Estado en criterio jurídico de la Contraloría General de la República era que según el monto que arrojara la valoración de un bien, debía seguirse, o no, el procedimiento de licitación pública. Con la nueva previsión legal de enajenación de bienes del Estado queda claro que ahora en ningún caso la enajenación de activos será por licitación.
De la lectura del procedimiento para la enajenación de bienes, la venta por subasta es facultativa, y en general lo son también todos los mecanismos de derecho privado; siempre y cuando en el proceso de enajenación se garantice la transparencia, la eficiencia y la selección objetiva. Estoy seguro que la Contraloría General de la República (CGR) mantendrá inquebrantable el criterio jurídico que fije como Director Jurídico de esa entidad (2002 – 2006), según el cual la venta de activos sin que exista concurso lesiona el principio de economía y pone en riesgo al funcionario que adelanta tal operación, de incurrir en un detrimento al patrimonio público. Es decir, en la enajenación de bienes del Estado, el medio de selección abreviada no puede implicar contratación directa a dedo. Ustedes recordarán que ese fue el concepto de la CGR con el cual la Junta Directiva de Telecom se vio obligada a realizar la venta de la empresa a través de un sistema de concurso abierto. Gracias a esa subasta el mayor valor que recibió el Estado Colombiano por esta venta ascendió a US 622.000.000 . En este sentido los últimos incisos de este numeral, señalan que puede existir venta directa, pero a través de sobres cerrados o en pública subasta con audiencia pública, con la previa publicación del precio base en un diario de amplia circulación
f. “Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas.” Esta causal estaba prevista en la Ley 80 de 1993 como directa, no tiene modificación alguna.
g. “Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta, con excepción de los contratos que a titulo enunciativo identifica el articulo 32 de la ley 80 de 1993”.
De una parte, no se modifica el campo de aplicación de la Ley 80 1993 para las sociedades de Economía mixta que tengan participación igual o inferior al 50%, quienes no se someten a esta ley según su artículo 2º numeral 1º literal a). De otra parte, en este acápite de la ley, aparentemente se mantiene el mismo sentido normativo del literal m, numeral 1º del artículo 24 Ley 80 de 1993. Los actos y contratos cuyo objeto directo sean actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales estatales y sociedades de economía mixta, excepto los contratos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. (Contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato de concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública).
Sin embargo, otra norma de la Ley 1150 de 2007, el artículo 14, entra a excluir a la gran mayoría de Empresas Industriales y Comerciales, Sociedades de Economía Mixta , de la aplicación de las normas de contratación estatal al someterlas a las disposiciones legales y reglamentarias de sus actividades económicas y comerciales. El artículo citado señala: “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que se encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados , caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. El régimen contractual de las empresas que no se encuentren exceptuadas en los términos señalados en el inciso anterior, será el previsto en el literal g) del numeral 2º del artículo 2º de la presente ley”.
Como se puede apreciar, con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 en la práctica se exceptúan de la Ley 80 de 1993, todas las empresas y sociedades; las cuales pueden someterse a las disposiciones legales y reglamentos propios de sus actividades económicas y comerciales.
h. “Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la ley, incluida la atención de los respectivos grupos familiares, programas de atención a población desplazada por la violencia, programas de protección de derechos humanos de grupos de personas habitantes de la calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico y sostengan enfrentamiento violentos de diferente tipo, y población en alto grado de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que requieran capacitación, resocialización y preparación para el trabajo, incluidos los contratos fiduciarios que demanden.” Esta causal es nueva, y es concebida para facilitar procesos de paz, reinserción y ayuda a desplazados.
i. “La Contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional”.
En lo concerniente a esta causal, teniendo en cuenta que dentro de las causales de la contratación directa, se encuentra una similar, más no idéntica, hay que precisar dos situaciones:
La causal de selección abreviada esta dada cuando se trata de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional. En cambio cuando se trata de bienes y servicios en el sector Defensa y en el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS que necesiten reserva para su adquisición, evento en el cual se adelantará un proceso de contratación directa.
Cabe aquí recordar que el Sector Defensa Nacional está integrado por el Ministerio de Defensa Nacional y todas sus entidades adscritas y vinculadas . A su vez, el Decreto 4579 de 2006, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2007, se ocupa de definir el concepto de gastos reservados así: “Son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes.
Igualmente, son gastos reservados los que se realicen para expedir nuevos documentos de identificación para garantizar la identidad de cobertura de los servidores públicos que ejecuten actividades de inteligencia y contrainteligencia. Se podrán realizar gastos reservados para la protección de servidores públicos vinculados a actividades de inteligencia, contrainteligencia y sus familias. Los gastos reservados podrán realizarse dentro y fuera del país y se ejecutarán a través del presupuesto de funcionamiento o inversión. Se distinguen por su carácter de secreto y porque su programación, control y justificación son especializados”.
La Ley 1097 de 2 de noviembre de 2006 por la cual se regulan los gastos reservados, en su artículo 1º adopta la misma definición del Decreto 4579 de 2006. Aquella, señala que todos los organismos del Estado que realicen actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes y en general todos aquellos que realicen actividades descritas como gastos reservados están autorizados para ejecutarlos. Ahora bien, respecto a la contratación establece que las erogaciones que se ejecuten con cargo a gastos reservados que de conformidad con el concepto del ordenador del gasto no puedan ser ejecutadas por los canales ordinarios, no se sujetarán a las normas y procedimientos previstos en el Estatuto de Contratación Estatal y que por el contrario, se someterán al procedimiento especial que por decreto adoptará el Gobierno Nacional dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esa ley, en el que se fijen cuantías y niveles de autorización.
De acuerdo con lo anterior, se entendería que al implementarse la Ley 1150 de 2007, la contratación de bienes y servicios en el Sector Defensa y el DAS que requieran reserva para su adquisición, se llevará a cabo bajo el procedimiento de contratación directa.
2.2.	Otros casos o Criterios de Selección Abreviada
Pareciera que en esta nueva ley hay un fenómeno de creación de casos o criterios de selección abreviada, adicionales a las causales ya explicadas, dado por el texto de la primera parte del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 que señala lo siguiente: “La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentara la materia”.
Se infiere de este texto normativo que habrá otros casos de selección abreviada adicionales a las causales ya explicadas. Si ello va a ser así, ¿Está dentro de la capacidad configurativa de un decreto reglamentario llegar a tipificar causales no previstas en la ley? En principio sí. Cabe aquí recordar la llamada mínima cuantía que fue dada por el Decreto 855 de 1994 y precisada por el Decreto 2170 de 2002, esta modalidad de selección la creo el reglamento. Es entonces probable, que se creen nuevas situaciones de contratación abreviada por cuenta del reglamento. Para el Gobierno Nacional en todo caso hay un punto de riesgo o incertidumbre en la expedición del reglamento por el antecedente de la suspensión provisional de algunos artículos del Decreto 2170 de 2002.
2.3.	Principios y Procedimientos aplicables al Proceso de Selección Abreviada.
La Ley 1150 de 2007 no regula el procedimiento determinado, se limita a dar unas pautas generales difiriendo al Gobierno Nacional la reglamentación de ese procedimiento, tal cual sucedió en su momento con el Decreto 855 de 1994 frente a la Ley 80 de 1993. Resulta oportuno señalar que no se puede hacer uso de la selección abreviada hasta tanto el Gobierno Nacional expida el reglamento respectivo, según el parágrafo transitorio del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. De manera especial se señala que se deben observar los principios de transparencia, economía y responsabilidad conforme lo estipula el parágrafo 2º, numeral 2º del artículo 3º de la nueva ley. También allí se reitera el principio de selección objetiva y el cumplimiento estricto a las reglas que se fijan en los pliegos de condiciones, conforme el numeral 3º, parágrafo 2º, artículo 2º. Cabe recordar que el artículo de selección objetiva contemplado en la Ley 80 de 1993 , no será aplicable, como quiera que es derogado expresamente y reemplazado por otra disposición.
La entidad debe justificar previamente los fundamentos jurídicos que soportan la selección abreviada, parágrafo 1º artículo 2º.Se planeta la publicidad de todos los procedimiento y actos como regla general, numeral 1º parágrafo 2º artículo 2º. No se puede exigir el pago de valor alguno por el derecho a participar. No obstante se pueden cobrar copias conforme al Código Contencioso Administrativo, parágrafo 4º artículo 2º Ley 1150 de 2007.
Para la menor cuantía de la selección abreviada, es principio general, la convocatoria pública; se podrán utilizar mecanismos de sorteo en audiencia pública, para definir el número de participantes en el proceso de selección cuando los interesados sean en número mayor a 10. En este orden de ideas, en las demás causales de selección, no se pueden hacer sorteos. Teniendo en cuenta que los pliegos van a ser gratuitos, se presentará en las licitaciones números considerables de propuestas.
Para la selección respecto a la adquisición o suministro de bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización; hay tres reglas específicas: a. No serán aplicables los artículos 2º y 3º de la Ley 816 de 2003 que estimula la industria colombiana. Ello puede vulnerar el principio de igualdad. b. El Gobierno Nacional tendrá la facultad de estandarizar las condiciones generales de los pliegos de condiciones y los contratos. Al respecto: i) no se observa regulación alguna respecto a los contratos de obra. ¿Acaso no están incluidos? y c. La posibilidad de realizar subastas inversas o compras por catalogo derivados de acuerdos marco de precios
3.	Concurso de Méritos
Actualmente, la Ley 80 de 1993 en el parágrafo de su artículo 30 hace mención al concurso público, señalando que este es aquel procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria cuyo objeto consiste en realizar estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados. Esta definición es derogada expresamente por el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007.
Bajo esta perspectiva, la Ley 80 de 1993 establecía un solo procedimiento para la selección del contratista, que puede ser a través de la licitación o del concurso, según se trate del objeto del contrato que se pretenda celebrar, así, se le denominaba concurso a la selección de consultores, pero la esencia del procedimiento era la misma.
El concurso de méritos, ha sido definido como aquel en el cual se evalúan todos y cada uno de los requisitos y capacidades que debe reunir un aspirante a ocupar un cargo en la administración , tales requisitos y capacidades las podrá definir el legislador o, en su caso, el manual de personal y funciones que dicte cada entidad . Para la Corte, en términos generales, el concurso público es el mecanismo apto para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, pueda apreciar el mérito de quienes aspiran a un cargo, con el fin de escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, sin tener en cuenta aspectos subjetivos, de preferencias o animadversiones y de toda influencia política, económica o de otra índole , constituyéndose así en un instrumento suficiente para preservar el derecho al trabajo (artículos 25 y 53 superiores) y de acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad (artículos 40 y 13 ibídem), lo mismo que para garantizar el cumplimiento de los principios que gobiernan la función y el servicio público (artículo 209 constitucional).
Como se ve el numeral 3º, artículo 2º de la nueva ley, le da identidad al concurso de méritos como modalidad de selección y le abre espacio para que sea cambiada sustancialmente su regulación, así: a. Se aplicará para la selección de consultores o proyectos; b. Se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación; c. Si se opta por el sistema de precalificación, la conformación de la lista se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando criterios de experiencia, capacidad intelectual, capacidad organizacional, entre otros; d. Según lo fije el reglamento las propuestas podrán ser presentadas en forma anónima, ante un jurado plural e impar.
La definición que trae la nueva ley para el contrato de consultoría es muy general como se pudo apreciar, ya que se refiere a la selección de consultores o proyectos. Obviamente que esta definición debe complementarse con aquella que está en la Ley 80 de 1993, numeral 2º del artículo 32 norma vigente. De otra parte, respecto del procedimiento a seguir en la modalidad de concurso de méritos, como se vio, el efecto de esta norma, es el de darle autonomía a tal modalidad de contratación; tal y como sucedía con el Decreto Ley 222 de 1983. Así, una primera consecuencia del numeral 3º, artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, es que si se analiza esta norma, en concordancia con el numeral 1º del artículo 2º de esa ley, y el artículo de derogatoria, se entiende que el proceso licitatorio y el concurso de méritos, son hoy procedimientos distintos que se excluyen como quiera que la norma señala: “La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2º, 3º y 4º del presente artículo”. En este sentido, el contrato de consultoría sin importar su cuantía, se llevará a cabo por otra modalidad de selección distinta a la licitación pública.
Esta hipótesis se confirma con la derogatoria expresa de la segunda parte del parágrafo del artículo 30 Ley 80 de 1993. El apartado cuyo texto es derogado era el siguiente: “Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará concurso y se efectuará también mediante invitación pública”.
Una segunda consecuencia es que el texto del numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 estipula dos procedimientos para la escogencia: uno concurso abierto y otro, por el sistema de precalificación. Agrega la ley que para este último caso, que la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, entre otros. Con estas dos modalidades de concurso de méritos se da paso a la aplicación de procedimientos homólogos en consultoría como los que utilizan el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
4.	Contratación Directa
Como lo señale al comienzo, la nueva ley reduce las causales de contratación directa de 13 a 9. Vale la pena destacar que creó una nueva causal, pasa 5 causales de contratación directa a selección abreviada, y desagregó una causal vigente, como quiera que separa las causales de contratos de prestación de servicios y de ciencia y tecnología de la ley 80 de 1993, haciendo de esta última causal, una autónoma en la nueva ley. Por último, suprimió una causal del ordenamiento jurídico.
4.1.	Causales
Las nuevas y únicas causales de contratación directa serán las siguientes según el numeral 4º del artículo 2º de la nueva ley:
a. “Urgencia manifiesta”.
Respecto a esta causal no se presento ninguna modificación.
b. “Contratación de empréstitos”. Respecto a esta causal no se presento ninguna modificación.
c. “Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones deri¬vadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los con¬tratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente artículo.
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, dise¬ños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal.
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales”.
De la lectura del actual literal c), numeral 1º, artículo 24, Ley 80 de 1993 se concluye que no existían condiciones ni restricciones en su aplicación. Contrario sensu, el literal c), numeral 4, artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece como requisito general para la celebración de un contrato interadministrativo, por medio del proceso de selección de contratación directa, que las obligaciones derivadas de éste tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora según se encuentre previamente establecido en la ley o en el reglamento.
Por otro lado, se encuentran dos excepciones en lo que respecta a las instituciones de educación superior públicas. La primera, hace referencia a que éstas no podrán celebrar contratos interadministrativos por el proceso de contratación directa cuando se trate de un contrato de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuya ejecución este a cargo de ellas mismas. Es decir, que dichas instituciones educativas podrán ser las ejecutoras de los mencionados contratos en el evento de que participen en procesos de licitación pública o de selección abreviada, nunca por contratación directa.
La segunda excepción hace referencia a la inaplicación de los principios de función pública, al deber de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993, cuando el régimen de una institución de educación superior pública no sea el de la Ley 80 de 1993, evento en el cual, tanto la celebración como la ejecución se pueden realizar conforme a las normas específicas de tales entidades.
Una institución de educación superior es un establecimiento en el cual se ofrece el servicio de educación correspondiente al nivel que le sigue a la educación media, y es por razón de su origen se clasifican en estatales u oficiales, privadas y de economía solidaria . De tal manera que la mención que se hace en el literal que se analiza, hace referencia a las estatales u oficiales.
De otra parte, la Ley 1150 de 2007 dispuso que cuando la entidad pública ejecutora o el subcontratista requieran celebrar un contrato para cumplir con las actividades derivadas del principal, no se podrán vincular a personas que hayan participado en la elaboración de estudios, diseños o proyectos que dieron origen a éste. Por último, hay que señalar que la nueva ley exceptúo de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro celebrado por las entidades estatales respecto a los contratos interadministrativos que puedan llegar a celebrar las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, la nueva ley no preciso situaciones ni requisitos especiales más si.
El artículo 10 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el literal que se analiza, establece que las cooperativas, las asociaciones conformadas por entidades territoriales y en general los entes solidario de carácter público estarán sometidos a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y participarán en igualdad de condiciones los particulares. Este artículo derogaría el parágrafo del artículo 2º de la Ley 80 de 1993.
d. “La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten reserva para su adquisición”.
Según lo analizado en la causal de selección abreviada, ésta es nueva, debido a que reviste características totalmente diferentes e independientes.
e. “Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas”.
Esta clase de contratos son siempre intuitu personae, es decir, se celebran con la persona que mayor idoneidad tiene para el cumplimiento del objeto o finalidad propuesta por la entidad. El literal d), numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 hace referencia al “desarrollo directo”; en el texto que se propone menciona simplemente “desarrollo”, desaparece la alusión directa.
El Decreto – Ley 591 de 1991 por el cual se regulan las modalidades especificas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas, fue derogado expresamente por el artículo 81 de la Ley 80 de 1993, con la excepción de los artículos 2º, 8º, 9º, 17 y 19 .
f. “Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se refieren las leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren con entidades financieras del sector público”.
Esta causal no estaba prevista en la Ley 80 de 1993, por lo que es una novedad. Hace referencia a los contratos que celebren las entidades territoriales cuando inician un acuerdo de reestructuración de pasivos. g. “Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado”.
Respecto a ésta causal, la introducción que se hace es a la expresión “en el mercado”, situación que en un futuro va a ser certificada por las Cámaras de comercio.
h. “Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”.
En lo tocante con la prestación de servicios, de conformidad con el actual literal d), numeral 1º, artículo 24 de la Ley 80 de 1993 éste siempre ha generado reflexión; por cuanto algunos académicos consideran que sólo hace referencia a personas naturales, no jurídicas.; otros por el contrario otros, consideran que se aplica a ambas. De la lectura del literal h, numeral 4º del artículo 2º de la nueva ley, se encuentra que la coma (,) introducida, se convierte en el hito que dirime la discusión, de tal manera que la contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión se podrá realizar con personas tanto naturales como jurídicas y; los contratos para la ejecución de trabajos artísticos sólo se podrán celebrar con personas naturales.
Así las cosas, con la modificación introducida en la Ley 1150 de 2007, se fortalece la contratación de personas jurídicas.
i. “El arrendamiento o adquisición de inmuebles”. Respecto a esta causal no se encuentra modificación alguna.
Visto el panorama, desde el punto de vista cuantitativo, se puede decir que las 6 causales que dejarán de ser de contratación directa son las siguientes:
1.	La menor cuantía establecida en el literal a), numeral 1º artículo 24 Ley 80 de 1993, paso a ser causal de contratación por selección abreviada.
2.	La declaratoria de desierta de la licitación o concurso previsto en el literal g) numeral 1º artículo 24 Ley 80 de 1993, paso a ser causal de contratación por selección abreviada.
3.	La adquisición de productos de origen o destinación agropecuarios contemplada en el literal k) numeral 1º artículo 24 Ley 80 de 1993, paso a ser causal de contratación por selección abreviada.
4.	Los contratos de entidades promotoras de salud previstos en el literal l) numeral 1º artículo 24 Ley 80 de 1993, pasaron a ser causal de contratación por selección abreviada.
5.	Los Contratos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta contemplados en el literal m), numeral 1º, del artículo 24 Ley 80 de 1993, pasaron a ser causal de contratación por selección abreviada, o régimen de derecho privado como se analizó.
6.	La no presentación de propuestas o falta de voluntad de participación contemplada en el literal h) numeral 1º artículo 24 Ley 80 de 1993, fue suprimida del ordenamiento jurídico Colombiano, dado que es el mismo evento de declaratoria de desierta de licitación.
En este orden de ideas, resulta importante mencionar que se presentan otras modificaciones a regímenes normativos especiales:
a). El artículo 16, el cual establece que las entidades del sector defensa, se entienden exceptuadas de la Ley de Contratación. b). Por otro lado, en lo tocante a las entidades incluidas en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, se encuentran las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales (artículo 10), las Corporaciones Autónomas Regionales (artículo 24), el Fondo Nacional para el Desarrollo FONADE (artículo 26). c). Ahora bien, en tratándose de la contratación con organismos internacionales, el artículo 20 ha dispuesto que se aplicará la Ley de Contratación, cuando la cooperación supere el 50% de la contrapartida nacional, de tal manera que quedarán excluidos aquellos contratos en los cuales las sumas sean iguales o inferiores al 50%. d). De otra parte, en lo que tiene que ver con la contratación de mínima cuantía (10% de la menor cuantía), fue derogado el contrato sin formalidades plenas (parágrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993), no aplica para el RUP, no aplica para pólizas y será materia de reglamento en la selección abreviada.
III.	CONCLUSIONES FINALES
1.	La reforma a la Ley 80 de 1993 y a la contratación es mas procedimental que sustantiva. No por ello poco importante, los procedimientos y las buenas prácticas son también asuntos esenciales. No se puede soslayar que se están creando una serie de pautas, especificidades y trámites, que son relevantes, pero que harán más compleja y riesgosa la actividad contractual.
2.	En la Contraloría General de la República durante 4 años me correspondió ser testigo de los buenos propósitos que tenia esta iniciativa legislativa. Frente al texto final aprobado, la Ley 1150 de 2007 traza una brecha profunda a la incertidumbre, cuando le da al reglamento amplio margen y discresionalidad. Así, es una valiosa oportunidad en la defensa del patrimonio público y la probidad, que controlada no se convertirá en amenaza. En esta materia, como en ninguna otra, se debe cuidar que el principio de eficiencia, no menoscabe principios esenciales como la publicidad, la economía, la moralidad y la efectividad.
3.	El decreto reglamentario que se vaya a promulgar, en la medida que sea cuidadoso con la técnica jurídica e integral, será un aporte a la seguridad jurídica. De lo contrario, se creará un amplio espacio de incertidumbre, poco conveniente para la transparencia y la eficacia. Es recomendable incluso que paralelo al decreto reglamentario, el Gobierno Nacional produzca un Manual de Contratación, como se hace en otros países.
4.	Como lo señale en un escrito que me publicó la Revista Semana “De aprobarse la reforma a la Ley 80 de 1993, habrá un impacto importante en las prácticas de la contratación pero no suficiente. Paralelamente, continuar en la formación ética de contratistas y funcionarios.; mientras llega el momento de adquirir una mayor cultura de respeto por lo público, como un bien colectivo de las futuras generaciones, con todos los billones del erario que maneja la contratación, las de acciones de rendición de cuentas, de veedurías y de sanciones ejemplarizantes a corruptos, no pueden declinar” .
5.	Somete expresamente a toda entidad estatal que tenga un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de contratación, a la aplicación de los principios constitucionales de la función administrativa y de la gestión fiscal, previstos en la artículos 209 y 267 de la Carta, a saber igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficiencia, equidad y valoración de los costos ambientales. Igualmente, se dispone que a dichas entidades estatales de regímenes excepcionales se les aplicarán las inhabilidades e incompatibilidades previstas para la contratación estatal. Este se constituye en un avance muy importante en aplicación del principio de selección objetiva y probidad en la contratación.
6.	En síntesis, la Ley 1150 de 2007 nos sitúa en los tres campos de la contratación estatal que ya en mi libro había planteado a saber:
a.)	Contratación Estatal en sentido estricto, es decir, aplicando la Ley 80 de 1993 y demás normas que la complementan.
b.)	Contratación Estatal en sentido amplio, sometida a regímenes especiales, para lo cual se emplea un criterio orgánico funcional
c.)	Contratación pública fiscal, en aplicación del artículo 267 de la Carta, para lo cual se toma como criterio el manejo de dineros/bienes públicos.
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