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Timestamp: 2019-10-18 11:59:35
Document Index: 59590348

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 188', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 1']

﻿ DECRETO 900 DE MAYO 29 DE 2017
DECRETO 900 DE 29 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:LEY DE ORDEN PÚBLICO. LEY 418 DE 1997. ESTABLECE CLARAMENTE LA SITUACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL EN LA QUE QUEDARÁN LOS MIEMBROS DE FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, EJÉRCITO DEL PUEBLO -FARC-EP- QUE DEJAN LAS ARMAS, AL TÉRMINO DE LAS ZONAS VEREDALES TRANSITORIAS DE NORMALIZACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, LEY PENAL, INTERVINIENTES EN EL DERECHO ADUANERO, ORDEN PÚBLICO, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, LEY DE JUSTICIA Y PAZ, POLÍTICA DE PAZ, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, INTERVINIENTES EN EL DERECHO TRIBUTARIO, ORGANISMOS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, INTERVINIENTES EN LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ, CONFLICTO ARMADO INTERNO, ZONAS DE UBICACIÓN TEMPORAL, DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA
DECRETO-LEY 900 DE 2017
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas par el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2016 “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, y
Que el artículo 22 de la Constitución Política dispone que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, así mismo el artículo 188 ibídem, dispone que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos;
La finalidad perseguida con el uso de las facultades extraordinarias se cumple en este caso, ya que a través del trámite legislativo especial, por muy expedito que pueda ser, no se alcanzan a tener a tiempo las disposiciones previstas en el presente decreto-ley, en especial y con mayor urgencia, las referidas a la suspensión de las órdenes de captura expedidas a que hayan de expedirse contra los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley concentrados en las zonas de ubicación temporal, cuando requieran ausentarse temporalmente de las mismas durante el tiempo de atención de citas o emergencias para atención en salud y calamidades domésticas debidamente informadas ante el representante de enlace de la oficina del Alto Comisionado para la Paz;
Que el parágrafo 2º del artículo 8º de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 1738 de 2014, y a su vez modificada por la Ley 1779 de 2016, establece que: “Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz”;
Que según el mencionado parágrafo, respecto de la suspensión de las órdenes de captura “para tal efecto, el Gobierno Nacional comunicará a las autoridades señaladas el inicio, terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos y certificará la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de dichos grupos armados organizados al margen de la ley. Las partes acordarán mecanismos de verificación conjunta de los acuerdos, diálogos o acercamientos y de considerarlo conveniente podrán acudir a instituciones o personas de la vida nacional o internacional para llevar a cabo dicha verificación”;
Que respecto de dicha medida consagrada por el legislador, la honorable Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia de Constitucionalidad C-048 de 2001 expresando que la suspensión de las órdenes de captura es una limitación a la aplicación de la ley penal, en lo que respecta el cumplimiento de medidas de aseguramiento y ejecución de penas, entre otras, que no exime de responsabilidad penal, sino que paraliza la acción de la fuerza pública en relación con la búsqueda de las personas cuya privación de la libertad fue judicialmente ordenada;
Que en efecto, agregó la honorable Corte Constitucional en dicha oportunidad, estas disposiciones consagran la suspensión de las órdenes de captura que se hubieren proferido dentro de la investigación de cualquier tipo de delito (i) como una medida excepcional (ii) que opera de manera temporal (iii) y que está sometida a la existencia de un acuerdo previo entre el gobierno y las organizaciones al margen de la ley a quienes se les hubiere reconocido carácter político en un proceso de paz (iv) Este mismo mecanismo ya había sido adoptado por el legislador extraordinario en los procesos de paz adoptados con grupos guerrilleros que se reincorporaron a la vida civil, lo cual demuestra que este instrumento puede resultar idóneo para la terminación del conflicto armado en Colombia y para obtener la paz;
Que mediante Resolución Presidencial 216 del 3 de agosto de 2016, se impartieron órdenes o la fuerza pública para la realización de los procedimientos para la ubicación, reconocimiento, delimitación y definición de las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), los campamentos y las sedes del mecanismo de monitoreo y verificación y se dictaron otras disposiciones;
Que según el “Acuerdo para facilitar la ejecución del cronograma del proceso de dejación de armas alcanzado mediante acuerdo del 23 de junio de 2016”, suscrito en La Habana, República de Cuba, el 20 de agosto de 2016, del Acuerdo Final, respecto a los integrantes de las FARC-EP que vayan a participar en el proceso de dejación de armas, se aplicara la suspensión de la ejecución de órdenes de captura conforme a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 418 de 1997 modificada por el artículo 1º de la Ley 1779 de 2016. La suspensión se producirá desde el inicio del desplazamiento a las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), suspensión que se mantendrá durante dicho desplazamiento y hasta la culminación del proceso de dejación de armas o hasta que el gobierno lo determine en caso de que se incumpliera lo establecido en el acuerdo de dejación de armas;
Por otro lado, la reincorporación a la vida civil es definida por el Acuerdo Final como un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considera los intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes lo habitan y, de la misma forma, al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local;
La suspensión de los efectos de las órdenes de captura contra los miembros de las FARC-EP constituye una medida de seguridad jurídica que facilita el paso a la reincorporación y por lo tanto el tránsito a la legalidad. La suspensión de las órdenes de captura que puedan tener los hombres y mujeres con tales compromisos facilitará su concurrencia a las diligencias pertinentes de los mecanismos judiciales y extrajudiciales del SIVJRNR;
ART. 1º—El artículo 8º de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 1º de la Ley 1779 de 2016, se adicionará con un parágrafo transitorio 3A y un parágrafo transitorio 3B, del siguiente tenor literal:
“PAR. TRANS. 3A.—Una vez terminadas las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y los puntos transitorios de normalización (PTN), como zonas de ubicación temporal, según lo acordado en el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se mantendrán suspendidas la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros de dicha organización que han estado concentrados en dichas zonas, que además se encuentren en los listados aceptados y acreditados por el Alto Comisionado para la Paz, previa dejación de armas, hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la jurisdicción especial para la paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones o condenas existentes en su contra;
ART. 2º—El presente decreto-ley rige a partir de su promulgación.