Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Marzo/00388-31311-2011-2009-0002.html
Timestamp: 2019-01-24 11:49:36
Document Index: 87030965

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 60', 'artículo 94', 'artículo 6', 'artículo 32', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 60', 'artículo 47', 'artículo 49', 'artículo 137', 'artículo 47', 'artículo 19', 'Artículo 24', 'artículo 21', 'artículo 47', 'artículo 21', 'artículo 47', 'Artículo 334', 'Artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 99', 'artículo 7', 'artículo 99', 'Artículo 2', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 7', 'artículo 99', 'artículo 19', 'artículo 47', 'artículo 6', 'artículo 47', 'artículo 99', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 32', 'artículo 4', 'artículo 32', 'artículo 4', 'artículo 32', 'artículo 47', 'artículo 32', 'artículo 126', 'artículo 32']

00388-31311-2011-2009-0002.html
EXP. Nº 2009-0002
La abogada Caterina Balasso Tejera, INPREABOGADO número 44.945, actuando en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil INVERSORA TURÍSTICA CARACAS, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 15 de septiembre de 1980, bajo el N° 2, Tomo 207-A Sgdo., cuyos Estatutos Sociales fueron modificados por última vez mediante asiento registrado el 18 de octubre de 2005, bajo el N° 72, Tomo 152-A Pro, interpuso en fecha 18 de diciembre de 2008 recurso contencioso administrativo de nulidad, contra el silencio administrativo producido en virtud del recurso jerárquico ejercido el 18 de marzo de 2008 ante el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA, contra la Providencia Administrativa N° 004/08 de fecha 10 de enero de 2008, que ratificó la Providencia Administrativa N° 036/07 del 13 de noviembre de 2007, ambas emanadas del Instituto del Patrimonio Cultural, a través de la cual se declara responsable a la empresa recurrente, por haber infringido el artículo 32 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, al intervenir ilícitamente los bienes que conforman el Complejo Arquitectónico y Paisajístico del Parque Nacional El Ávila.
El 28 de julio del mismo año, la abogada Enoy Celestina Guaquirima, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 104.929, consignó Oficio Poder con el cual acredita su carácter de Sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República.
En fecha 3 de marzo de 2010, se dio cuenta en Sala y por auto de igual fecha se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO y se fijó el tercer (3°) día de despacho para comenzar la relación.
En virtud de la designación realizada por la Asamblea Nacional en fecha 7 de diciembre de 2010, de la Doctora Trina Omaira Zurita, quien se juramentó e incorporó como Magistrada Principal de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09 de diciembre del mismo año, la Sala queda integrada de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Emiro García Rosas y Magistrada Trina Omaira Zurita.
En fecha 6 de abril de 2004, la Inversora Turística Caracas, S.A., presentó la Memoria Descriptiva y el Proyecto de Diseño de Interiores inherente al Hotel Humboldt. (Anexo J).
A través de Providencia Administrativa N° 052/06 del 11 de septiembre de 2006, el Instituto del Patrimonio Cultural inició un procedimiento administrativo contra la recurrente por la presunta ejecución de obras que constituirían intervenciones no autorizadas por dicho Instituto en el Conjunto declarado bien de interés cultural mediante la citada Resolución N° 011/2000. (Anexo O).
El día 3 de septiembre de 2007, se presentó el Informe elaborado por los Arquitectos María Victoria Herrera y Gregory Vertullo, producto de la visita de inspección practicada el día 31 de julio de 2007, en las instalaciones del Hotel Humboldt y del Teleférico de Caracas, así como a los espacios públicos, áreas sociales y de servicios adyacentes, los cuales forman parte del Conjunto Arquitectónico y Paisajístico “El Ávila”, conjuntamente con representantes de la Consultoría Jurídica del Conjunto Arquitectónico y Paisajístico “El Ávila”. (Folios 408 al 459 de la pieza 1 del expediente administrativo).
Que como resultado de dicho procedimiento el mencionado Instituto dictó la Providencia Administrativa N° 036/07 el 13 de noviembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.816 de fecha 22 de noviembre de 2007, mediante la cual luego de declarar responsable a la empresa Inversora Turística Caracas, S.A., por haber infringido el artículo 32 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural le impuso la sanción de “...multa por la cantidad de UN MIL (1.000) UNIDADES TRIBUTARIAS, equivalente en Bolívares calculado sobre la base del valor de la unidad tributaria para el año 2007, según el valor publicado en la Gaceta Oficial N° 38.603, de fecha 12 de enero de 2007...”. (Anexo Q).
Contra la referida decisión N° 036/2007, la sociedad mercantil accionante ejerció en fecha 13 de diciembre de 2007, el recurso de reconsideración. (Anexo R) y en respuesta a dicho recurso la Administración dictó la decisión contenida en la Providencia Administrativa N° 004 el 10 de enero de 2008, mediante la cual lo declaró sin lugar y en consecuencia, ratificó en todas y cada una de sus partes la Providencia Administrativa número 036/07, de fecha 13 de noviembre de 2007.(Anexo D).
La parte accionante interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad, contra el silencio administrativo producido en virtud del recurso jerárquico ejercido el 18 de marzo de 2008 ante el Ministro del Poder Popular Para la Cultura, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 004/08 de fecha 10 de enero de 2008, la cual declaró: “...SIN LUGAR el recurso de reconsideración interpuesto por la representante de la empresa Inversora Turística Caracas, S.A...” y en consecuencia, ratificó en todas y cada una de sus partes la Providencia Administrativa N° 036/07 del 13 de noviembre de 2007, ambas emanadas del Instituto del Patrimonio Cultural, las cuales se transcriben seguidamente:
“...REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 004/08
Corresponde a esta Autoridad decidir el recurso de reconsideración interpuesto por la ciudadana Iracelis Fernández Hernández, en su carácter de apoderada judicial de la empresa Inversora Turística, S.A., para lo cual observa:
En primer lugar la representante de la empresa Inversora Turística, S.A., afirmó que fue violado el principio de legalidad, por cuanto a tenor de lo previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos ‘En el caso del procedimiento administrativo iniciado mediante el acto de apertura N° 052/06 de (...) 11 de septiembre de 2006 resulta más que evidente el incumplimiento del trámite procedimental establecido en la Ley, siendo que entre la fecha del inicio del procedimiento y la reciente decisión definitiva del mismo, mediante el acto contenido en la Providencia Administrativa N° 036/07 no han mediado cuatro (4) meses, ni seis (6) meses, sino más de un (1) año’; lo cual constituye una transgresión ‘del principio de la confianza legítima de mi representada, actuando contra la seguridad jurídica que garantiza la predictibilidad de sus actuaciones, en consecuente violación de sus derechos constitucionales’; toda vez que ‘visto el transcurso del tiempo sin que se llevara adelantada actuación alguna dentro del ámbito temporal legalmente establecido, resultaba de suyo entender que había sido declarada su terminación’.
Por último arguyó la recurrente que le fue violado el principio de presunción de inocencia por cuanto ‘En el procedimiento administrativo que culminó mediante la Providencia Administrativa N° 036/07 no se demostró que mi representada hubiera estado ejecutando obra que constituyeran intervenciones que no hubieran sido autorizadas por el Instituto del Patrimonio Cultural, y por tanto, no se demostró que su conducta la hacía merecedora de la sanción que se ha pretendido imponerle, por lo que la misma era y es improcedente’.
(...) por todas las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Despacho de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con los artículos 8, 32 y 47 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y 7 de su Reglamento Parcial N° 1°, DECLARA SIN LUGAR el recurso de reconsideración interpuesto por la representante de la empresa Inversora Turística Caracas S.A. en consecuencia, ratifica en todas y cada unas de sus partes la Providencia administrativa número 036/07, de fecha 13 de noviembre de 2007...”. (Sic) (mayúsculas y negrillas del acto).
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 036/07
Siguiendo el anterior razonamiento, se observa que el Complejo Arquitectónico y Paisajístico ubicado en el Parque Nacional El Ávila está sometido a la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, específicamente por entrar dentro de la categoría de bienes a que hace referencia el artículo 6, numeral 2 eiusdem al haber sido declarado por el Instituto del Patrimonio Cultural Bien de Interés Cultural, lo que genera su sometimiento a la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (...)”.
PRIMERO: DECLARA responsable la empresa Inversora Turística Caracas, S.A., por haber infringido el artículo 32 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, al intervenir inicialmente los bienes que forman parte del Complejo Arquitectónico y Paisajístico ubicado en el Parque Nacional El Ávila, sin haber solicitado y obtenido previamente la autorización del Instituto del Patrimonio Cultural.
SEGUNDO: IMPONE a la empresa Inversora Turística Caracas S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en concordancia con lo estipulado en el artículo 1° de la Ley que establece el Factor Cálculo de Contribuciones, Garantías, Sanciones, Beneficios Procesales o de otra Naturaleza en Leyes Vigentes, una multa por la cantidad de UN MIL (1.000) UNIDADES TRIBUTARIAS, equivalente en Bolívares calculado sobre la base del valor de la unidad tributaria para el año 2007 (...), esto sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles, funcionariales y administrativas que puedan existir.
CUARTO: ACUERDA solicitar al Ministro de Finanzas una vez que el presente acto cause estado, la emisión de las planillas de liquidación de la multa impuesta por la presente Providencia Administrativa a la empresa Inversora Turística Caracas S.A., por la cantidad de treinta y siete millones seiscientos treinta y dos mil bolívares (Bs. 37.632.000,00) (...) todo de conformidad con lo previsto en el artículo 47 y 48 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.
QUINTO: ORDENA remitir copia certificada de la presente Providencia Administrativa al Ministerio Público a los fines de que continúe con las averiguaciones correspondientes a objeto de determinar la responsabilidad penal de la empresa Inversora Turística Caracas S.A., para que, de existir mérito suficiente, ejerza la acción penal correspondiente…”. (negrillas y mayúsculas del acto) (Sic).
1.- Violación al principio de Legalidad: Alegó que de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos aplicable a los procedimientos llevados a cabo por el Instituto del Patrimonio Cultural, el ámbito temporal del inicio, sustanciación y decisión de todos los procedimientos administrativos, y por ende también los llevados a cabo por el Instituto en referencia, se encuentra expresamente regulado, estando los entes administrativos obligados a seguir los parámetros establecidos por el legislador nacional.
Refirió que “...En el caso del procedimiento iniciado mediante el acto de apertura N° 052/06 de 11 de septiembre de 2006, notificado el 19 de septiembre de 2006, resulta más que evidente el incumplimiento del trámite procedimental establecido en la Ley, siendo que entre la fecha del inicio del procedimiento y la reciente decisión definitiva del mismo, mediante el acto contenido en la Providencia Administrativa N° 036/07 no han mediado cuatro (4) meses, ni seis (6) meses, sino más de un (1) año...”.
2.- Violación de la garantía al debido proceso: Sostuvo que “...el régimen de pruebas en sede administrativa está sometido al principio de legalidad de los medios probatorios, que impone el necesario respeto de los lineamientos establecidos en las leyes que disponen cada uno de ellos, en lo que atañe a las garantías particulares relativas a su evacuación, lo cual resulta inherente al derecho subjetivo de probar...”.
Por otra parte aseguró que “...mediante la decisión adoptada a través de la Providencia Administrativa N° 036/2007 se lesionó también la garantía al debido proceso de [Inversora Turística Caracas, S.A.] y en particular, su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, pues no se determinó cuáles eran las obras que supuestamente habían sido ejecutadas sin autorización y cuáles eran las que se habían estado ejecutando para el momento en que se inició el procedimiento administrativo que dio origen a la decisión en cuestión...”.
Añadió que “...se ha sostenido (...) que las ‘obras que presuntamente estaría ejecutando [Inversora Turística Caracas, S.A.], estaban descritas en el Informe de Inspección contenido en el expediente (v. gr. El informe supuestamente elaborado con base a la inspección preparatoria de 14 de julio de 2006) el cual, a renglón seguido se considera que no habría sido descargado como medio probatorio del procedimiento (Vid. capítulo III Consideraciones para Decidir de la Providencia Administrativa N° 036/2007)...”.
3.-Imposible o ilegal ejecución del acto impugnado: Aseguró en este sentido, que su representada se encuentra imposibilitada de ejecutar la orden contenida en la referida Providencia Administrativa N° 036/07 emanada del Instituto del Patrimonio Cultural y confirmada mediante el acto recurrido, ya que “...es de todos conocido, [que] en fecha reciente fue despojada de los bienes inherentes al contrato de operación del Sistema Teleférico-Hotel Humboldt que suscribió otrora con CORPOTURISMO...”.
4.- Solicitó por vía de control difuso de la constitucionalidad la desaplicación del artículo 47 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. En tal sentido indicó que la precitada norma fue la que sirvió de fundamento al Instituto del Patrimonio Cultural para adoptar la decisión contenida en la referida Providencia Administrativa N° 036/07, confirmada por vía del acto tácito objeto de impugnación y que dicha disposición es “...violatoria del principio de legalidad y tipicidad de las sanciones a que se contrae el artículo 49, numeral 6, en concordancia con el artículo 137 ambos de nuestra Carta Magna, por lo que también solicita[n] una vez más que, subsecuentemente, se declare la nulidad del acto recurrido...”.
5.- Vicio de Incompetencia: Requirió que subsidiariamente a la desaplicación del indicado artículo 47 por vía de control difuso de la constitucionalidad, se declare la nulidad el acto impugnado por estar viciado, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por haber emanado a su decir, de una autoridad manifiestamente incompetente.
En razón de lo expuesto solicitó se “...declare CON LUGAR el presente recurso, y en consecuencia, que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 004/08 emanada del Instituto del Patrimonio Cultural el 10 de enero de 2008, por ser éste el acto que quedó confirmado tácitamente (al no haber sido resuelto el recurso jerárquico interpuesto por nuestra representada) y por tanto, que se declare la nulidad de la Providencia Administrativa N° 036/07 emanada del Instituto del Patrimonio Cultural el 13 de noviembre de 2007, y publicada en Gaceta Oficial N° 38.816 de 22 de noviembre de 2007...”.
En fecha 20 de octubre de 2010 la abogada Ramona del Carmen Chacón Arias inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 63.720, actuando como sustituta de la Procuradora General de la República, acudió ante esta Sala a fin de presentar los alegatos de dicho organismo en el presente juicio, indicando lo siguiente:
Señaló también, que con respecto a la “...notificación de las inspecciones que supuestamente debe realizar el Instituto del Patrimonio Cultural, es necesario destacar que la Providencia Administrativa N° 012/05 instructivo que regula el Registro General del Patrimonio Cultural Venezolano y el Manejo de los Bienes que lo Integran de fecha 30 de junio de 2005, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.237 de fecha 27 de julio de 2005, establece:
“...Artículo 24. A los fines de la protección de los bienes inscritos en el Registro General del Patrimonio Cultural, el Instituto del Patrimonio Cultural podrá tramitar procedimientos administrativos a los fines de determinar la responsabilidad administrativa de los infractores de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, en el curso de los cuales podrá dictar las medidas anticipativas que considere necesarias para evitar posibles daños irreparables a los bienes registrados...”.
En relación a la supuesta violación del derecho a la defensa de la accionante agregó que en el presente caso, “...se da cumplimiento a la Notificación de Apertura del Procedimiento mediante Auto de Inicio Providencia Administrativa N° 052/06 de fecha 11 de septiembre de 2006, con notificación efectiva el 19 del mismo mes y año, luego de ello la empresa demandante consignó escrito de descargo el 03 de octubre de 2006, y se publica la Providencia Administrativa N° 036/07 de fecha 13 de noviembre de 2007 que resuelve el procedimiento administrativo...”. (Sic).
Por lo expuesto, precisó que la orden contenida en la Providencia Administrativa N° 036/07 no adolece del vicio en el objeto del acto por imposible ejecución física o material, por lo que dicha denuncia debe ser declarada sin lugar.
Así, a manera de ejemplo indicó que el hecho de realizar determinada construcción o modificación en un bien mueble o inmueble declarado patrimonio cultural, no constituye delito, pero sin embargo, sí constituye una infracción al artículo 21 de la Providencia Administrativa N° 012/05 contentiva del Instructivo que regula el Registro General del Patrimonio Cultural Venezolano y el Manejo de los Bienes que lo Integran, por lo que podría entonces sancionarse a aquél que realiza dicha intervención, con fundamento en el señalado artículo 47 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Es decir, “...el artículo 21 del Reglamento le da contenido o es el supuesto de hecho para la consecuencia jurídica prevista en la mencionada ley...”.
Sobre el vicio de incompetencia del cual presuntamente adolece el acto recurrido, que impuso la sanción de multa a la sociedad mercantil Inversora Turística Caracas, S.A., aseguró que “...la Providencia Administrativa denunciada en nulidad puede entenderse como una solicitud de sanción que realiza el Instituto del Patrimonio Cultural al hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, siendo este último quien impone la sanción a la persona que incurre en la infracción de ley...”.
Antes de entrar a decidir el fondo del recurso contencioso administrativo de nulidad planteado, advierte la Sala que la parte accionante en el Capítulo III del escrito recursivo, intitulado Del Acto Objeto de Impugnación, indica que si bien el recurso contencioso administrativo de nulidad planteado, está dirigido contra el acto contenido en la Providencia N° 004/08 emanada del Instituto del Patrimonio Cultural en fecha 10 de enero de 2008, cuyo contenido fue confirmado por vía del silencio administrativo producido en virtud del recurso jerárquico ejercido el 18 de marzo de 2008 ante el Ministro del Poder Popular para la Cultura, “...por vía de consecuencia se dirija también en contra de la Providencia Administrativa N° 036/07 [de fecha 13 de noviembre de 2007], confirmada, siendo lo que se ataca -en definitiva-la decisión contenida en ésta última...”.
Precisado lo anterior, corresponde a este Máximo Tribunal conocer de las denuncias expuestas y a tal efecto observa:
1.-La apoderada judicial de la sociedad mercantil Inversora Turística Caracas, S.A., en el escrito recursivo solicitó la desaplicación del artículo 47 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, por vía de control difuso de la constitucionalidad.
Refirió que el precitado artículo fue el que sirvió de fundamento al Instituto del Patrimonio Cultural para adoptar la decisión contenida en la referida Providencia Administrativa N° 036/07 de fecha 13 de noviembre de 2007, confirmada como se ha indicado, por vía del acto tácito objeto de impugnación.
“Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están, en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.”. (Resaltado de esta sentencia).
“…Artículo 47. Las demás infracciones esta Ley y a sus Reglamentos que no constituyan delito, serán sancionadas con multa de cinco mil (5000) a diez mil (10.000) días de salario mínimo urbano. La sanción será impuesta por el Ministerio de Hacienda, a solicitud del Instituto del Patrimonio Cultural…” (G.O. Extraordinario N° 4.623 de fecha 3 de septiembre de 1993).
“Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes”.
De manera semejante al citado caso, en esta oportunidad, de la simple lectura de la mencionada Providencia Administrativa N° 036/07 de fecha 13 de noviembre de 2007, esta Sala verifica que si bien la Administración impuso a la accionante la sanción de multa en cuestión, con base en el precitado artículo 47 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, dicha decisión estuvo fundamentada de manera concatenada en el artículo 99 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra el derecho fundamental a la Cultura y en los artículos 2, 6 y 8 de la Ley en referencia y en el artículo 7 de su Reglamento Parcial N° 1 (Decreto Presidencial N° 384 del 12 de octubre de 1994), disposiciones estas últimas dictadas por el Legislador Nacional para desarrollar el citado artículo 99 constitucional y que por su importancia se transcriben seguidamente:
“Artículo 2.- La defensa del Patrimonio Cultural de la República es obligación prioritaria del Estado y de la ciudadanía”.
“Artículo 6.- El Patrimonio Cultural de la República a los efectos de esta Ley, está constituido por los bienes de interés cultural así declarados que se encuentren en el territorio nacional o que ingresen a él quien quiera que sea su propietario”.
“Artículo 8.- El Instituto del Patrimonio Cultural tiene por objeto la identificación, preservación, rehabilitación, defensa, salvaguarda y consolidación de las obras, conjuntos y lugares a que se refieren los artículos 2° y 6° de esta Ley (...)”
“…Artículo 7.-El Instituto del Patrimonio Cultural por mandato de la Ley es un órgano de autoridad en el ejercicio de sus funciones y es un órgano de Dirección en la materia que comprende los bienes de interés cultural, por lo que es obligatoria su intervención y autorización en esta materia…”.
“...Conviene destacar que es obligación del legislador y del resto de los Poderes Públicos, hacer efectivo el Derecho Fundamental a la Cultura garantizado en el artículo 99 constitucional, en concordancia con el artículo 19 eiusdem (...). Así pues, conforme al entramado normativo que regula el patrimonio cultural, toda persona está impedida de intervenir sin la previa autorización del Instituto del Patrimonio Cultural , cualquiera de los bienes a que se refieren los artículos 2 y 6 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, implicando su incumplimiento la comisión de una infracción susceptible de ser sancionada a tenor de lo previsto en el artículo 47 la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, cuyo texto penaliza con multa de cinco mil (5.000) a diez mil (10.000) días de salario mínimo urbano, las conductas que constituyan inobservancias de dicha Ley, distintas a las tipificadas en los artículos 44, 45 y 46 y que a su vez no constituyan delito.
Siguiendo el anterior razonamiento, se observa que el Complejo Arquitectónico y Paisajístico ubicado en el Parque Nacional El Ávila está sometido a la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, específicamente por entrar dentro de la categoría de bienes a que hace referencia el artículo 6, numeral 2 eiusdem al haber sido declarado por el Instituto del Patrimonio Cultural Bien de Interés Cultural, lo que genera su sometimiento a la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural...”. (negrillas de esta decisión).
Conforme con lo anterior, reitera la Sala lo expuesto en la citada decisión de fecha 1° de julio de 2009, en la cual como se ha indicado, se desvirtuó la denuncia de violación al principio de legalidad, puesto que la aplicación de las sanciones previstas en el aludido artículo 47 además de estar fundamentadas en el mencionado artículo 99 constitucional, son consecuencia de las infracciones al ordenamiento que rige la materia, concretamente en el presente caso, a los aludidos artículos 2, 6 y 8 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y al artículo 7 de su Reglamento Parcial N° 1, los cuales también de manera concatenada, sirvieron de fundamento a la Providencia Administrativa N° 036/07 de fecha 13 de noviembre de 2007.
Este órgano jurisdiccional con respecto a este alegato, considera que el marco jurídico competencial acordado por el Legislador Nacional al Instituto del Patrimonio Cultural se definió con claridad al fundamentar la referida Providencia Administrativa N° 036/07 del 13 de noviembre de 2007, confirmada por la Providencia Administrativa N° 004/08 del 10 de enero de 2008 y ulteriormente por vía del silencio administrativo del Ministro del Poder Popular para la Cultura, pues tal y como fue reseñado anteriormente, del contenido de los citados artículos 2, 6 y 8 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y el artículo 7 de su Reglamento Parcial N° 1 de fecha 12 de octubre de 1994, surge con precisión el ámbito de competencia del Instituto del Patrimonio Cultural, siendo que de acuerdo a lo previsto concretamente en el artículo 8 eiusdem, a tal organismo corresponde la identificación, preservación, rehabilitación, defensa, salvaguarda y consolidación de las obras conjuntas y lugares a los que se refieren los artículos 2 y 6 del mismo cuerpo normativo y entre cuya enumeración se encuentran aquellos bienes que hayan sido declarados de interés cultural.
3.- Violación al Principio de Legalidad. Alegó que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos aplicable a los procedimientos llevados a cabo por el Instituto del Patrimonio Cultural, el ámbito temporal del inicio, sustanciación y decisión de todos los procedimientos administrativos, y por ende también los llevados a cabo por el Instituto en referencia, se encuentra expresamente regulado, estando los entes administrativos obligados a seguir los parámetros establecidos por el legislador nacional.
Agregó que, “...En el caso del procedimiento iniciado mediante el acto de apertura N° 052/06 de 11 de septiembre de 2006, notificado el 19 de septiembre de 2006, resulta más que evidente el incumplimiento del trámite procedimental establecido en la Ley, siendo que entre la fecha del inicio del procedimiento y la reciente decisión definitiva del mismo, mediante el acto contenido en la Providencia Administrativa N° 036/07 no han mediado cuatro (4) meses, ni seis (6) meses, sino más de un (1) año...”.
Por su parte, la representación de la República en relación al denunciado vicio de ilegalidad, indicó que aunque dicho acto (Providencia Administrativa N° 036/07), “...fue dictad[o] un (1) año después de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio a Inversora Turística Caracas, S.A., este hecho no afecta la validez del acto administrativo, en todo caso lo que puede acarrear es la responsabilidad del funcionario encargado del caso. Así las cosas el Instituto del Patrimonio Cultural no incurrió en el vicio de violación del principio de legalidad, por lo cual solicito sea declara, sin lugar la presente denuncia...”. (Sic).
“...el retardo evidenciado no es óbice para que la Administración en ejercicio de su potestad sancionatoria decidiera la averiguación e impusiera las sanciones a que hubiera lugar. En efecto, esta Sala en otras oportunidades ha precisado que nuestra legislación no contempla la nulidad de los actos emanados de la Administración cuando la decisión de los procedimientos se dicte de forma extemporánea, tal como ocurrió en el caso de autos.
De la transcripción parcial de los fallos indicados se desprende entonces, que el decaimiento de la potestad sancionatoria no puede producirse por el incumplimiento de los lapsos previstos en el procedimiento administrativo. En consecuencia, no es posible sostener como lo pretende la parte recurrente, que operó la caducidad del procedimiento sancionatorio, por haberse incumplido los términos del artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así se declara...”. (Vid sentencia de la SPA N° 00378 del 4/5/2010).
“Como ha precisado la Doctrina, la buena fe, como las buenas costumbres, constituye una vía de comunicación del Derecho con la Moral. El legislador en su labor de creación de normas jurídicas no puede prever todas las exigencias éticas de comportamiento, lo que puede generar que alguna conducta jurídicamente correcta, moralmente sea recusable. Es por ello que la buena fe, aparece como uno de los principios generales que sirven de fundamento al ordenamiento, informan la labor interpretativa y constituyen instrumento decisivo de integración de la labor hermenéutica en el Derecho. Asimismo, debe destacarse que este principio es aplicable a todas las relaciones jurídico administrativas, limitando el comportamiento de los sujetos que forman parte de ella, esto es, tanto para la Administración como para el administrado, quien debe actuar dentro de los límites de sus derechos y libertades.
La buena fe, significa confianza, seguridad y honorabilidad, se refiere a que una de las partes se entrega confiadamente a la conducta leal de otra en el comportamiento de sus obligaciones, fiado en que ésta no lo engañará. La buena fe significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá en un caso concreto sus efectos usuales, los mismos efectos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. (Vid. GONZALEZ PEREZ, Jesús, “El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo”, 2º Edición. Editorial Civitas. Madrid. 1989.)
Debe indicarse que la noción de buena fe en el ámbito jurídico no hace referencia a toda confianza psicológicamente cierta, sino sólo a aquella que además de existir en sentido psicológico, es válida en sentido jurídico por no encontrar en los usos sociales o en Derecho un límite”. (negrillas de esta sentencia) (Vid. sentencias Nros. 87 del 11 de febrero de 2004, 3.668 del 2 de junio de 2005 y 2.516 del 9 de noviembre de 2006).
Teniendo en cuenta lo expuesto en la cita anterior, en el caso planteado considera la Sala, que la Administración no violó el aludido principio ya que como se ha indicado, la recurrente con anterioridad a la emisión de la Providencia Administrativa N° 036/07 que puso fin al procedimiento iniciado el 11 de septiembre de 2006, estaba al tanto de las averiguaciones que adelantaba el Instituto del Patrimonio Cultural a los fines de establecer su responsabilidad acerca de la eventual infracción al artículo 32 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. De allí que del expediente se evidencia su participación en la Inspección efectuada en fecha 31 de julio de 2007 por funcionarios del mencionado Instituto en las instalaciones del Hotel Humboldt y del Sistema Teleférico, así como en sus áreas públicas, sociales y servicios adyacentes, los cuales forman parte del Conjunto Turístico y Paisajístico ubicado en el Parque Nacional El Ávila, detectándose en la referida visita, daños al patrimonio cultural (de lo cual se dejó constancia en Acta levantada en la misma fecha) producto de las intervenciones efectuadas por la citada empresa sin la autorización correspondiente derivada de su especial carácter como Bien de Interés Cultural que lo hace inalienable e imprescriptible en los términos expuestos en el citado artículo 4 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley”.
Las mencionadas exigencias conforme ha reiterado este Máximo Tribunal comportan la necesidad de notificar al interesado del inicio de un procedimiento en su contra; garantizarle la oportunidad de acceso al expediente; permitirle hacerse parte para presentar alegatos en beneficio de sus intereses; estar asistido legalmente en el procedimiento; así como promover, controlar e impugnar elementos probatorios; ser oído (audiencia del interesado) y, finalmente, a obtener una decisión motivada.
-Auto de Inicio del procedimiento en contra de la accionante, contenido en la Providencia Administrativa N° 052/06 del 11 de septiembre de de 2006, (debidamente notificada el 19 de septiembre de 2006) y orden de paralización inmediata de las obras que constituirían intervenciones no autorizadas por dicho Instituto en el citado Conjunto Arquitectónico. (Anexo O).
-Informe de fecha 3 de septiembre de 2007, de la visita de Inspección practicada en las instalaciones del Hotel Humboldt y del Teleférico de Caracas, así como a los espacios públicos, áreas sociales y de servicios adyacentes, los cuales forman parte del Conjunto Arquitectónico y Paisajístico El Ávila, el día 31 de julio de 2007, elaborado por los Arquitectos María Victoria Herrera y Gregory Vertullo. (Folios 408 al 459 de la pieza 1 del expediente administrativo).
-Providencia Administrativa N° 036/07 del 13 de noviembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.816 de fecha 22 de noviembre de 2007, mediante la cual se declaró responsable a la empresa recurrente por infracción del artículo 32 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, se le condena al pago de una multa de mil unidades tributarias (1.000 UT) y a la inmediata reconstrucción y restauración del Conjunto Arquitectónico en referencia. (Anexo Q).
- Providencia Administrativa N° 004 el 10 de enero de 2008, emanada del Instituto del Patrimonio Cultural, mediante la cual declaró: “...sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por la representante de la empresa Inversora Turística Caracas, S.A. En consecuencia ratifica en todas y cada una de sus partes la Providencia Administrativa número 036/07, de fecha 13 de noviembre de 2007...”.(Anexo D).
“...Me dirijo a usted en la oportunidad de notificarle que este Instituto del Patrimonio Cultural en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, realizará hoy una inspección a las instalaciones del Hotel Humboldt y del Teleférico de Caracas, así como a los espacios públicos, áreas sociales y de servicios adyacentes, los cuales forman parte del Conjunto Arquitectónico y Paisajístico “El Ávila” declarado como Bien de Interés Cultural.(...) A los efectos de realizar dicha inspección fueron designados los ciudadanos (...) por lo que solicito su colaboración y buenos oficios a los fines de que estos funcionarios tengan acceso a todas las instalaciones...”. (folio 119 de la pieza N° 1 del expediente administrativo).
A su vez, en el Informe (folios 401 al 406) y en el Acta levantada el 14 de julio de 2006 (folio 121), el personal técnico de dicho Instituto dejó constancia de que “...al llegar a las instalaciones del Hotel Humboldt (...) el guardia de seguridad apostado en la puerta del Hotel, quien se comunicó con la ciudadana Adriana Guevara, (...) permitió el acceso a las áreas sociales del Hotel e indicó que no tenía las llaves para accesar (...) a las habitaciones del Hotel (...). Posteriormente, el ciudadano Guillermo Morantes coordinador de seguridad de la empresa ‘ORIS’ (quien hizo retirar a los funcionarios del Hotel, comunicó al abog. Nelson Mora con el ciudadano Argenis Cordero, (...) quien informó que no iban a autorizar la práctica de la inspección por órdenes expresas de la consultora jurídica de Inversiones Turísticas Caracas, quien asumiría toda la responsabilidad de esa negativa originaria...”.
Por lo expuesto, este Máximo Tribunal considera que estando la recurrente en conocimiento de la declaratoria de Bien de Interés Cultural que pesaba sobre el Complejo en referencia, en lugar de negarse a la realización de la mencionada inspección, debió prestar su mejor colaboración a las autoridades del Instituto y así demostrar el cabal cumplimiento de sus obligaciones y apego al ordenamiento jurídico para la protección y defensa del patrimonio cultural y es por ello que no puede alegar ahora que se le ha impedido el ejercicio de su derecho a probar e intervenir en la referida inspección, pues dichas actuaciones, como ha expuesto esta Sala en su jurisprudencia, son practicadas por la Administración en ejercicio de su potestad de inspección y fiscalización, como seguidamente se refiere:
“...una de las características fundamentales de la potestad de inspección y fiscalización, resulta de su origen eminentemente normativo, pues ha de ser atribuida expresamente a la Administración, es decir, el ejercicio de dicha potestad no es el resultado de relaciones jurídicas, sino que por el contrario, ésta se traduce en un poder de intervención en la esfera jurídica de los administrados. En consecuencia, ante su ejercicio el ciudadano se encuentra en una especial situación de sujeción, pues como se ha indicado, con dicha actividad se persigue verificar el estricto cumplimiento de los requisitos que le sean impuestos por el ordenamiento jurídico. De allí que el particular que resulte inspeccionado no puede considerar cercenados sus derechos, pues como resultado de la referida especial situación de sujeción, existe el deber jurídico de soportar la verificación por parte de la Administración del cumplimiento del ordenamiento. (Vid Sent. de la SPA N° 01917 de fecha 28/11/07, caso: Lubricantes Güiria S.R.L.).
“...debe precisar en esta oportunidad la Sala, que el valor probatorio de las Actas de Inspección levantadas en ejercicio de las actuaciones inspectoras de la Administración, deriva fundamentalmente de la presunción de legalidad de todo acto administrativo. De allí que los hechos, actos o estados de cosas que se hagan constar en los referidos documentos deben tenerse como ciertos, salvo que otros medios de prueba desvirtúen lo allí documentado por el funcionario público competente, siendo entonces el acta de inspección un medio de prueba fundamentador pero no concluyente, a los efectos de las ulteriores decisiones administrativas que pudiesen producirse como resultado del ejercicio de la potestad sancionadora.
Así mismo, se ha de advertir que nada impide que los hechos expuestos en las Actas de Inspección puedan ser desvirtuados en el curso del procedimiento administrativo, a fin de enervar la decisión administrativa ulterior que pudiese producirse como resultado de un procedimiento administrativo sancionador iniciado precisamente, con fundamento en los datos, hechos o situaciones de las que se deja constancia en el acta levantada a tales efectos...”. (Vid, Sent. de la SPA N° 00619 del 13/5/2009).
“...Se pudo observar la demolición de la cubierta que conformaba el acceso al teleférico, la cual estaba compuesta por unas estructuras hexagonales dispuestas a modo de un gran diamante. Estas estructuras fueron demolidas durante los inicios de las obras ejecutadas por la Inversora Turística de Caracas. De este sector no se conoce ningún proyecto que se le haya consignado al IPC. La demolición de la plaza cubierta se debió a la instalación de una nueva estructura diseñada por los Arquitectos Ligia Gallardo y Sofía Piñeiro. Esta estructura afectó la imagen original del conjunto debido a que esta no guarda ningún tipo de relación con el diseño original (Ver fotos No. 28, 29 y 30, folios 446 y 447 de la pieza N° 1 del expediente administrativo).
“...Esta área es una de las más afectadas dentro del Complejo Arquitectónico y Paisajístico ‘En Ávila’, la cual originalmente era el que contenía todas las áreas sociales destinadas para el entretenimiento de los visitantes. Desde mediados del año 2002 se le han ido realizando una serie de intervenciones para lograr su cambio de uso, los cuales no corresponden al diseño original realizado por el Arq. Tomás Sanabria.
Estas intervenciones consisten en su mayoría en la demolición de estructuras y acabados originales del edificio (mármoles, granito natural y mosaicos vítreos) y de algunas obras murales, de gran importancia diseñadas por el artista Vallmitjana (...) La demolición de este mural, se debió a la inserción de un nuevo núcleo de circulación vertical compuesto por un módulo de ascensores, escaleras y pasillos adheridos de forma directa sobre la fachada Norte, en la cual se encontraba la obra muraría, perdiéndose las visuales desde el interior del edificio hacia el litoral central (...) Es importante resaltar que para la construcción del nuevo acceso al casino, además de la afectación del mural también se procedió a la demolición de los corredores cubiertos que articulaban los andenes de los sistemas teleféricos provenientes de Galipán y de Maripérez...” (Sic) (Subrayado del Informe) (Ver fotos No. 32, 34, 35, 36 y 37, folios 443 y 444 de la pieza N° 1 del expediente administrativo).
“...el recorrido se inició desde las áreas de servicios ubicadas a nivel del sótano (...) por medio de las cuales se accedió a la escalera de emergencia de la torre del hotel, con el objeto de ascender a la última planta (...) Al acceder a la última planta, la cual corresponde al bar mirador del hotel, éste se encontró en total abandono, observándose la apertura de algunos cerramientos de las terrazas exteriores permitiendo el ingreso de las corrientes de aire, además de la humedad que éstas proporcionan, lo cual generó la proliferación de hongos y líquenes al espacio interior.
(...) Entre las demás intervenciones que se han venido realizando durante la gestión de la concesión de ITC, son aquellas realizadas sin ningún tipo de proyecto y ejecutadas por personas que desconocen todo lo relacionado con la conservación y restauración de bienes patrimoniales gran parte de las obras ejecutadas dentro del hotel son realizadas y dirigidas por las personas que se encargan de la renta de los espacios del edificio, tales como las realizadas por la Sra. Ingrid Amaya, quien durante los preparativos de un evento que se realizó el día 11 de Junio de 2004, intervino diferentes espacios a partir de la demolición de revestimientos originales de los pisos de granito vaciado, para ser reintegrados de forma inadecuadas, además de la demolición de los revestimientos de los espejos de agua ubicados en los jardines exteriores, balaustres del pasillo, y de la chimenea de mampostería que se encontraba dentro del espacio del lobby...”. (Ver fotos No. 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 74, 75, 76, 77, 88 y 89, folios 422 al 436 de la pieza N° 1 del expediente administrativo).
“...Otras de las intervenciones relevantes realizadas dentro del Conjunto Humboldt, son aquellas construcciones realizadas a lo largo de la caminería de servicio, tales como son los módulos de sanitarios y de puestos de comida rápida, las cuales fueron insertadas sin tener en cuenta el diseño del espacio de la caminería de servicio y afectando la imagen del Conjunto Arquitectónico y Paisajístico...”. (Ver fotos No. 55, 56,57, 58, 59 y 60, folios 414 de la pieza N° 1 del expediente administrativo).
Por lo indicado, este Máximo Tribunal considera infundado el alegato expuesto por la accionante relativo a la posible preclusión de “...la oportunidad de que disponía el Instituto para sustanciar y decidir el procedimiento...”, pretendiendo desconocer bajo dicho argumento, la citada inspección practicada el 31 de julio de 2007 en su presencia y con su colaboración, pues como se ha dejado en evidencia, los funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural en esta visita dejaron constancia de las condiciones e intervenciones que efectivamente había venido realizando la empresa recurrente, sin haber presentado un proyecto de intervención integral al Conjunto Arquitectónico y Paisajístico ubicado en el Parque Nacional El Ávila y sin la debida autorización del Instituto del Patrimonio Cultural, siendo que las obras estaban siendo efectuadas sobre un bien de interés cultural, que a tenor del artículo 4 que rige la materia, por formar parte del Patrimonio Cultural de la República, es inalienable e imprescriptible. En consecuencia, la Sala debe desestimar el mencionado alegato. Así se declara.
Por otra parte, la apoderada judicial accionante aseguró que “...mediante la decisión adoptada a través de la Providencia Administrativa N° 036/2007 se lesionó también la garantía al debido proceso de [Inversora Turística Caracas, S.A.] y en particular, su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, pues no se determinó cuáles eran las obras que supuestamente habían sido ejecutadas sin autorización y cuáles eran las que se habían estado ejecutando para el momento en que se inició el procedimiento administrativo que dio origen a la decisión en cuestión...”.
Contrario a la anterior afirmación expuesta por la apoderada judicial de la accionante, esta Sala del análisis del expediente administrativo y de la lectura de la Providencia Administrativa N° 036/07 del 13 de noviembre de 2007, cuyo contenido es ratificado posteriormente por la mencionada Providencia Administrativa N° 004 de fecha 10 de enero de 2008 observa, que el Instituto del Patrimonio Cultural sí hace mención expresa a las obras que supuestamente habían sido ejecutadas sin autorización antes y al momento de iniciarse el procedimiento administrativo sancionatorio en referencia.
Es así, como en la mencionada Providencia Administrativa N° 036/07 se indican con precisión cuáles obras constituyen intervenciones al Conjunto Arquitectónico y Paisajístico ubicado en el Parque Nacional El Ávila (652 al 656 de la pieza N° 1 del expediente administrativo) y a tales efectos, se hace referencia a la visita de inspección practicada el día 31 de julio de 2007, por parte del personal técnico y jurídico designado por el Instituto del Patrimonio Cultural, por los representantes de la empresa Inversora Turística Caracas, S.A. y de la Guardia Nacional y a cuyo contenido ya se ha referido la Sala en líneas anteriores, en las que se mencionaron incluso algunas de las obras realizadas por la accionante que constituyeron intervenciones no autorizadas por el Instituto del Patrimonio Cultural, descritas detalladamente y acompañadas de su correspondiente registro fotográfico constantes el citado Informe de Inspección del 31 de julio de 2007.(folios 408 al 460 de la pieza N° 1 del expediente administrativo).
5.- Imposible o ilegal ejecución del acto. En relación a este alegato la representación judicial de la empresa recurrente aseguró que su representada se encuentra imposibilitada de ejecutar la orden contenida en la referida Providencia Administrativa N° 036/07 emanada del Instituto del Patrimonio Cultural y confirmada mediante el acto recurrido, ya que a su decir, “...es de todos conocido, [que] en fecha reciente fue despojada de los bienes inherentes al contrato de operación del Sistema Teleférico-Hotel Humboldt que suscribió otrora con CORPOTURISMO...”.
Al respecto, esta Sala considera necesario indicar que con anterioridad a la emisión del acto que puso fin al procedimiento en referencia, es decir, la tantas veces aludida Providencia Administrativa N° 036/07, el Instituto del Patrimonio Cultural dirigió comunicación a la empresa accionante el día 1° de agosto de 2007, (folio 396 de la pieza N° 1 del expediente administrativo) a los efectos de solicitarle lo siguiente:
“...se sirva remitir a este Instituto del Patrimonio Cultural, a la brevedad posible todos los planos de obras originales y nuevas, remodelaciones, e intervenciones en general, realizadas en cualquiera de los bienes integrantes del Complejo Arquitectónico y Paisajístico ubicado en el Parque Nacional ‘El Ávila’. (...) Incluyendo los correspondientes al proyecto de casino, de módulo vertical y de restaurantes, en sus diferentes versiones, así como los relativos al levantamiento realizado antes de las intervenciones.
Es menester señalarle que la presente solicitud, la realizamos con ocasión del procedimiento administrativo que este organismo ha iniciado en contra de la empresa Inversora Turística Caracas, S.A:, por la presunta infracción del artículo 32 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural....”.
En consecuencia, en opinión de este Máximo Tribunal resulta fuera de contexto que la sociedad de comercio Inversora Turística Caracas, S.A., alegue la supuesta desocupación de las instalaciones en referencia de que ha sido objeto, como excusa para no cumplir la orden de restauración que le ha sido ordenada, ya que en opinión de la Sala, la materia relativa al Patrimonio Cultural de la República es de estricto orden público e interés general y dada la declaratoria de Bien de Interés Cultural que pesa sobre el mencionado Complejo ubicado en el Parque Nacional El Ávila, dicha empresa se encuentra conminada a cumplir los postulados consagrados en la Ley que rige la materia, esto es, la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, razón por la que este órgano jurisdiccional desestima el mencionado alegato. Así se declara.
1.-IMPROCEDENTE la solicitud de desaplicación del artículo 47 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, por vía de control difuso de la constitucionalidad.
2.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la apoderada judicial de la sociedad mercantil INVERSORA TURÍSTICA CARACAS, S.A., contra el silencio administrativo producido con ocasión del recurso jerárquico ejercido ante el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA, contra la Providencia Administrativa N° 004/08 de fecha 10 de enero de 2008, que ratificó el contenido de la Providencia Administrativa N° 036/07 del 13 de noviembre de 2007, ambas emanadas del Instituto del Patrimonio Cultural, a través de la cual se declara responsable a la empresa recurrente, por haber infringido el artículo 32 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, al intervenir ilícitamente los bienes que conforman el Conjunto Arquitectónico y Paisajístico ubicado en el Parque Nacional El Ávila. En consecuencia, quedan FIRMES las citadas Providencias Administrativas emanadas del Instituto del Patrimonio Cultural impugnadas.
3.- ordena la publicación de este fallo en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con indicación en el sumario, del siguiente título:
“Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa que declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la apoderada judicial de la sociedad mercantil INVERSORA TURÍSTICA CARACAS, S.A., contra el silencio administrativo producido en virtud del recurso jerárquico ejercido el 18 de marzo de 2008 ante el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA, contra la Providencia Administrativa N° 004/08 que ratificó el contenido de la Providencia Administrativa N° 036/07 del 13 de noviembre de 2007, ambas emanadas del Instituto del Patrimonio Cultural, a través de la cual se declara responsable a la empresa recurrente, por haber infringido el artículo 32 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, al intervenir ilícitamente los bienes que conforman el Conjunto Arquitectónico y Paisajístico ubicado en el Parque Nacional El Ávila...”.
4.- PUBLÍQUESE el texto íntegro de esta decisión en la Página Web del Tribunal Supremo de Justicia.