Source: https://www.grabatupleno.com/resolucion_del_defensor_del_pueblo_andaluz_en_cadiar_granada.html
Timestamp: 2019-01-20 09:55:41
Document Index: 123399559

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 55', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 53', 'artículo 70']

RESOLUCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ EN CADIAR (GRANADA) sobre grabar plenos
RESOLUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ FORMULADA EN LA QUEJA 11/1882 DIRIGIDA A AYUNTAMIENTO DE CÁDIAR (GRANADA) RELATIVA A GRABACIÓN, EN FORMATO AUDIOVISUAL, DE LOS PLENOS MUNICIPALES. IMPEDIMIENTOS PARA LA GRABACIÓN A PESAR DE ESTAR AUTORIZADO POR EL AYUNTAMIENTO. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN.
En esta Institución se tramitó en su momento la queja 09/1731, a instancias de D. ..., que acudió a nosotros al entender que, con una determinada actuación municipal, se había vulnerado el derecho constitucional recogido en el art. 20 CE, al no concedérsele a solicitud suya una autorización para la grabación de los plenos municipales de ese Ayuntamiento con objeto de ser posteriormente reproducidos en una página web dedicada a la información del municipio, de la que a su vez era, y es, administrador.
En aquel momento, analizado el escrito de D. ..., creímos conveniente admitir a trámite su queja y, en consecuencia, dar traslado de la misma a ese Ayuntamiento a fin de que nos informara al respecto. En respuesta a nuestra petición de informe, se nos dijo desde la Corporación Local que se había autorizado la grabación y difusión de las sesiones plenarias municipales, al mismo tiempo que se le recordaba a D. ... que debía asumir las obligaciones que se derivaban de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que entendimos que ese Ayuntamiento accedía a la pretensión del reclamante, dando así por concluidas nuestras actuaciones y archivando aquel expediente de queja.
Por el interés que representa para la presente queja, permítanos recordarle que, en concreto, el Acuerdo por el que se autorizaba a D. ... la grabación en los Plenos Municipales, y su posterior difusión en el portal web www.cadiar.com, fue adoptado por el Ayuntamiento Pleno de 28 de Mayo de 2009, al punto tercero del orden del día, y constaba con el siguiente tenor literal:
“Primero.- Autorizar al Señor Don ... como administrador y titular del registro del dominio cadiar.com, a la grabación de los Plenos y a difundir dicho material en la página web www.cadiar.com.
Segundo:- Que Don ..., como responsable de la grabación y responsable del posterior tratamiento de dichos datos, se encargue de disociar los datos de carácter personal, o en su caso, publicarlos con el consentimiento del afectado y por tanto asuma la obligación establecida en el artículo 10 de la LOPD obligado al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero, o en su caso con el responsable del mismo.
Tercero.- El Ayuntamiento de Cádiar como responsable del fichero, tomará las medidas legales oportunas, en el supuesto de que el responsable de la grabación no cumpla con lo previsto en la ley orgánica de protección de datos en cuanto a la protección de datos de carácter personal, que en ella se pueden difundir”.
Pues bien, el motivo de que nos dirijamos nuevamente a ese Ayuntamiento, es la reciente comparecencia de D. ..., mediante un nuevo escrito que en esta ocasión ha dado lugar a la presente queja, en el que nos expone, además de los antecedentes antes relatados sobre la queja 09/1731, lo siguiente:
“Pues bien, y este es el motivo de dirigirme a su Institución en esta ocasión, el día 29 de Marzo de 2011 se celebró un Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de Cádiar, al cual acudí como tengo por costumbre para realizar una grabación del mismo. A esta grabación acudí con una cámara fotográfica que permite grabar vídeos, además de con la grabadora de sonido que siempre utilizaba. Realizando la grabación por los dos medios.
Al finalizar el Pleno y antes de abandonar la Sala el Alcalde me preguntó si había tomado imágenes del Pleno y le respondí que sí.
Tanto el Alcalde como la Secretaria me indicaron que carecía de autorización para grabar imágenes, que el Pleno sólo me había autorizado a grabar el sonido y me preguntaron sobre la finalidad que pretendía dar a esas imágenes. Recomendándome que presentase una solicitud por escrito al Ayuntamiento.
El día 30 de Marzo de 2011 presenté una instancia en la que pedía un informe sobre las limitaciones en la grabación de los Plenos y su publicación. Informando que tan pronto como tuviese listo el video los publicaría en Internet. Salvo argumentación razonada del Ayuntamiento.
El día 31 de Marzo de 2011 recibí del Ayuntamiento de Cádiar un escrito en el que el Alcalde me recordaba que no tengo autorización para la grabación de imágenes de la sesión plenaria celebrada el 29 de Marzo de 2011. Y advirtiéndome que bajo ningún concepto puedo darle ningún tipo de difusión a las imágenes, hasta que el Ayuntamiento no se pronuncie sobre el mismo y que en caso contrario tomaría las medidas legales oportunas al respecto.
Reincidiendo el Alcalde ha vuelto a limitar mi derecho constitucional, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, y “a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión”.
En esta ocasión argumenta que no tengo autorización para grabar imágenes. Cuando lo cierto es que el día 7 de Fbrero de 2009 presenté un escrito en el Ayuntamiento de Cádiar en el que solicitaba “Sea autorizado el registro de los Plenos y/o eventos públicos de dicho ayuntamiento mediante elementos de captación de imágenes y/o sonidos”.
El día 9 de Junio de 2009 recibí notificación del acuerdo de Pleno del 28 de Mayo de 2009 en el que se acordaba “Autorizar al Señor Don ... como administrador y titular del registro del dominio cadiar.com, a la grabación de los Plenos y a difundir dicho material en la página web www.cadiar.com”.
Si antes D. (Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cádiar) limitó completamente mi derecho con respecto a los Plenos, esta vez los limita en lo que se refiere al medio de grabación y difusión. Puedo difundirlo pero no en vídeo. Obviando lo que el Pleno de manera unánime acordó. El Pleno acordó que pudiera realizar la grabación de las Sesiones Plenarias y difundirla por Internet. En ningún momento el Pleno, en su acuerdo, establecer ninguna limitación en cuanto al medio en que se tuvieran que realizar las citadas grabaciones, ni determina en que medio las tengo que realizar. (...)
Entiendo y solicito: Que desde el 31 de Marzo de 2011 (fecha del escrito del Ayuntamiento de Cádiar) tengo limitado mi derecho constitucional, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” y a “comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión.”
Que no debe limitarse la grabación de Sesiones Plenarias Públicas en referencia al medio utilizado para realizar las grabaciones. Ni tan siquiera suspenderse temporalmente, salvo que se den los supuestos previstos en el artículo 55 de la Constitución Española”.
De acuerdo con lo expone el D. ... en su nuevo escrito de queja, se desprende que a juicio de esa Alcaldía, el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de 28 de Mayo de 2009 al punto tercero del Orden del Día, únicamente confería al reclamante la autorización para la grabación en formato audio de los Plenos Municipales, así como para difundir dicho material en la página web www.cadiar.com. Sin embargo, se entendería que la autorización no sería extensible para la grabación de imágenes de los Plenos Municipales y para su posterior difusión en el portal web mencionado.
Centrado así el objeto de la presente queja, el análisis de las circunstancias puestas de manifiesto y de la normativa aplicable debe partir, en principio, de la literalidad del artículo 20 CE, pero también, especialmente, de la Jurisprudencia recaída en su interpretación, así como de los pronunciamientos recaídos por otros organismos, como la Agencia Española de Protección de Datos.
El primero de los artículos que, en consecuencia, debemos tener en cuenta de acuerdo con el orden de jerarquía preestablecido en nuestro Ordenamiento jurídico, es el artículo 20 CE, que establece en sus apartados 1, 2 y 4 lo siguiente:
El Tribunal Constitucional ha interpretado este precepto para puntualizar los derechos fundamentales que se contienen en el mismo. En este sentido, puede traerse aquí a colación, por guardar una íntima relación con el caso planteado en la presente queja, la Sentencia de 15 de Febrero de 1990, número 20/1990, según la cual:
En el mismo sentido, prosigue la Sentencia,
“... se pronuncia la Sentencia del Tribunal Constitucional 159/1986, al afirmar que “para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas”. Y recordando esta sentencia la doctrina expuesta en las que hemos citado anteriormente, insiste en que los derechos reconocidos por el art. 20, no sólo protegen un interés individual sino que son garantía de la opinión pública libremente formada, “indisolublemente ligada con el pluralismo político”.
El art. 20 CE ha sido también interpretado por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, si bien siempre partiendo de la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional.
Han sido varios los pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia en este sentido; así por ejemplo, puede citarse la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (STSJCV) nº 95/2003, de 2 de Eero de 2003, en la que se juzgaba la adecuación a derecho de un acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, relativo a grabación y difusión audiovisual de las sesiones de Pleno. En concreto, el tenor literal del acuerdo de la Comisión de Gobierno impugnado era el siguiente:
“I.–Realizar la retransmisión gratuita en directo mediante ondas de las sesiones plenarias, garantizando, en la medida de las posibilidades técnicas, su difusión a todos los vecinos del municipio.
II.–La grabación en vídeo, así como la difusión de la señal audiovisual de las sesiones del pleno del Ayuntamiento se encomiendan en exclusiva a los servicios municipales, bien mediante sus propios medios, bien mediante los que fueren precisos contratar para el cumplimiento de su función.
III.–No podrá acceder ni instalarse en el salón de sesiones del pleno municipal ningún dispositivo de grabación en vídeo o transmisión de señal audiovisual diferentes a los instalados por el propio Ayuntamiento. A solicitud de los medios de comunicación, se les facilitará copia del vídeo de las sesiones plenarias”.
Ha de recordarse –en primer término– que los artículos 14 y 20.1.d) de la Constitución Española señalan como derechos fundamentales –susceptibles de amparo, por consiguiente, conforme al artículo 53 del mismo texto constitucional–: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» y «1. Se reconocen y protegen los derechos: ... d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.». (...)
“En fin, diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional recaídos con posterioridad a la sentencia aquí recurrida no han venido sino a reiterar la doctrina que en ella se recoge. Cabe destacar en este sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional 56/2004 y 57/2004, ambas de 19 de Abril de 2004, y 159/2005, de 20 de Junio de 2005, que anulan determinados acuerdos gubernativos que prohibían el acceso de profesionales con medios de captación de imagen a las vistas celebradas en las salas de los tribunales de justicia, cuya doctrina es trasladable al caso que nos ocupa.”& amp; lt; /span>
Más recientemente, también el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, ha dictado Sentencia número 42/20090, de 27 de Enero de 2009, en la que ha enjuiciado la adecuación a derecho de una decisión verbal del Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Manises de no permitir la grabación a través de videocámaras del Pleno que se estaba celebrando, y contra la resolución de la misma Alcaldía que desestimó el recurso de reposición planteado frente a aquella denegación verbal.
Así las cosas, la sala debe concluir que la decisión del Alcalde, prohibiendo la grabación del pleno, es nula de pleno derecho por violar el derecho fundamental reconocido en el artº 20.1 .d de la Constitución”.
“Pues bien, respecto de la publicidad de las actividades municipales, el artículo 70 de la Ley reguladora de las Bases del régimen Local, en redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, dispone lo siguiente:(...).
De los datos facilitados por el reclamante en su nuevo escrito de queja, se desprende que el problema radica en que el Ayuntamiento considera que la autorización otorgada sólo lo era para la grabación sonora de los plenos, excluyéndose la imagen. Sin embargo, entendemos que dicha autorización, al no distinguir ni expresa ni tácitamente qué medios de grabación podían ser utilizados, y cuáles no, se refería a cualquier medio de los comúnmente utilizados en los medios de comunicación, como el sonido y la imagen. Esta conclusión se refuerza aún más, si se tiene en cuenta que la autorización del Ayuntamiento se hace en respuesta a una petición de D. ... en la que se solicitaba autorización para la captación de imágenes y/o sonidos.
RECOMENDACIÓN 2: para que, en adelante, se advierta a todos los participantes en el Pleno Municipal que las sesiones pueden ser grabadas en formato no sólo sonoro sino audiovisual, para su posterior difusión en medios de comunicación.