Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20013075
Timestamp: 2019-11-18 15:55:38
Document Index: 162921548

Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'artículo 102', 'artículo 250', 'artículo 13', 'artículo 102', 'artículo 95', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 102', 'artículo 132', 'artículo 102', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 102', 'artículo 95', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 102', 'artículo 95', 'artículo 102', 'artículo 250', 'artículo 95', 'artículo 2', 'artículo 102', 'artículo 95', 'artículo 11', 'artículo 92', 'artículo 132', 'artículo 102', 'artículo 137', 'artículo 95', 'artículo 92', 'artículo 2341', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 250', 'artículo 95', 'Artículo 95']

C-161 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020013075CC-SENTENCIAC161200820/02/2008CC-SENTENCIA_C_161__2008_20/02/2008200130752008SENTENCIA C-161/08 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Ineptitud sustantiva de la demanda Referencia: expediente D-6831
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTOD6831CONSTITUCIONALIDADWilson Palomo EncisoDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 95 (parcial) de la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal" y 102 (parcial) de la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"Identificadores20020013076true25736Versión original20013076Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 95 (parcial) de la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal" y 102 (parcial) de la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
DEMANDA de inconstitucionalidad contra los artículos 95 (parcial) de la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal" y 102 (parcial) de la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"
El demandante solicita a esta Corporación declarar la inexequibilidad de las expresiones "directamente", del artículo 95 de la Ley 599 de 2000, al igual que "sólo" y "directa, sus herederos, sucesores o causahabientes", del artículo 102 de la Ley 906 de 2004, por cuanto considera que las mismas desconocen los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 13 y 250, numeral 6°, de la Constitución Política. En opinión del actor, las expresiones acusadas son restrictivas y contrarias al texto del numeral 6° del artículo 250 superior, el cual se refiere al restablecimiento del derecho y la reparación integral a las víctimas del delito de manera general, sin hacer distinciones ni restringir la protección a algún tipo de víctima. De esta manera, al establecer el tipo de víctimas que puede ejercer la acción civil dentro del proceso penal, las expresiones impugnadas violan la Carta en los preceptos referidos.
Considera que el actor parte de un error conceptual en relación con los términos de víctima directa, sujeto pasivo del delito y perjudicado directo. De esta manera, después de hacer una extensa referencia al concepto de víctima, concluye que "pueden considerarse como víctimas del delito no sólo al sujeto pasivo del injusto o a sus sucesores o herederos, sino (…) a toda persona natural o jurídica y demás sujetos de derecho que sufran un daño directo con ocasión del injusto", de suerte que las disposiciones acusadas, lejos de reconocer como titular del derecho a la reparación únicamente al sujeto pasivo de la conducta punible y a sus causahabientes, establecen que todo aquel que haya sufrido un perjuicio directo a consecuencia del delito está legitimado para solicitar en el curso del proceso penal la indemnización de los perjuicios sufridos, por lo cual, en su opinión, las expresiones "directamente" y "directo" no limitan el concepto de víctima contenido en la Constitución y en la ley.
De otra parte, explica que si bien es cierto las disposiciones acusadas no permiten a la Fiscalía ni al Ministerio Público solicitar al juez de conocimiento la apertura del incidente de reparación integral en aquellos eventos en que el interés de la víctima sea meramente económico, tal situación no comporta limitación alguna del derecho de las víctimas a acceder a la reparación de los perjuicios sufridos con la conducta punible. El trato diferente, entonces, radicaría en que dichos organismos no pueden solicitar la iniciación del incidente en este último evento, mientras que en los demás están plenamente facultados para ello. Sin embargo, se trata -afirma- de una diferenciación que no resulta discriminatoria y, por ende, es constitucional, en tanto (i) responde a un interés pecuniario que impide el despliegue de la actividad de estas entidades cuando quiera que sólo esté en juego el interés particular; (ii) pretende impedir la indebida intromisión del Estado en la esfera privada del individuo, pues el Estado no puede forzar al perjudicado de una conducta punible a reclamar la reparación material de los perjuicios que haya sufrido; y (iii) " no comporta ninguna consecuencia negativa para el interés general de la sociedad que las conductas punibles sean adecuadamente sancionadas, ni restringe la posibilidad que la víctima, si lo desea, acuda a la jurisdicción penal para hacer valer su derecho a la reparación".
A juicio de la entidad que interviene, la Constitución Política no contiene una definición de víctima, como tampoco señala qué daños deben ser reparados, por lo cual el legislador cuenta con un amplio margen de configuración, en virtud del cual estableció la definición de víctima y quiénes son los titulares de la acción civil para efectos de reparación integral por daños causados con ocasión de conductas punibles, en las Leyes 599 de 2000 y 906 de 2004. Agrega que tales precisiones legales "buscan que el ejercicio de la acción civil sea viable, no solo formalmente, sino sustancialmente, logrando así que no se convierta la misma en una herramienta inútil, que por pretender hacer civilmente responsable del delito a sus autores frente a toda la sociedad que es víctima del mismo deja a los verdadera y directamente afectados en una situación precaria e injusta para lograr que se les resarzan los daños reales que han sufrido".
Concluyó que, si bien no aparecen en la demanda argumentos para sustentar la presunta vulneración del artículo 13 constitucional por los preceptos parcialmente demandados, el tratamiento diferente está "enderezado a obtener racionalmente una finalidad constitucionalmente admisible, con una consecuencia jurídica proporcionada -protección del valor superior de la justicia, de los derechos de las víctimas y aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo-", de manera que no configura una discriminación.
Mediante escrito recibido en la Secretaría General el 19 de julio de 2007, Karin Irina Kuhfeldt Salazar, actuando en calidad de Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, presenta intervención dentro del presente proceso, a fin de solicitar a esta Corporación (i) declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones acusadas del artículo 102 de la Ley 906 de 2004, por existir un fallo previo de inexequibilidad de dicha norma, y (ii) declarar la inexequibilidad de la expresión "directamente" contenida en el artículo 95 de la Ley 599 de 2000. Fundamentó las anteriores peticiones, en los argumentos que pasan a exponerse.
En relación con el artículo 102 del Código de Procedimiento Penal, este organismo considera que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por cuanto en sentencia C-516 de 2007, la Corte declaró inexequible el inciso 2° del artículo 102 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal). Expresa que, de conformidad con el comunicado de prensa, la expresión "directa", contenida, entre otros, en el artículo que ahora ocupa el análisis de la Corte, restringía de manera injustificada los derechos y garantías de las personas afectadas por el delito.
Ahora bien, respecto del artículo 95 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), la Defensoría del Pueblo estima oportuno seguir el precedente sentado en la sentencia antes referida, como quiera que "el problema que se plantea en torno a la expresión 'directamente' que se demanda en el presente proceso, es el mismo que, en esencia, originó la inconstitucionalidad de la expresión 'directa' contenida en algunos artículos de la Ley 906 de 2004". Por manera que, acogiendo los argumentos expuestos en la providencia antes mencionada, no existe una justificación constitucional admisible para hacer una distinción, respecto del derecho a la reparación integral, entre personas naturales y personas jurídicas en orden a establecer la condición de 'afectadas' por la comisión del injusto penal, lo cual se compadece con la jurisprudencia constitucional que ha expresado que el concepto de víctima no admite distinciones, de manera que debe tenerse por tal a cualquier persona que hubiere sufrido un daño, perjuicio o menoscabo derivado del hecho punible, sin importar si se trata de una persona física o jurídica.
"En consecuencia, la expresión 'directamente' contenida en el artículo 95 de la ley 599 de 2000, desconoce los derechos de acceso a la administración de justicia (arts. 229 y 250-6), igualdad (art. 13) y debido proceso (art. 29) reconocidos por la Constitución y debe por ello, ser declarada inexequible".
Esta Organización No Gubernamental interviene a través de comunicación suscrita por su presidente, señor Eduardo Carreño Wilches, la cual fue allegada a esta Corporación el 19 de julio de 2007. Los argumentos expuestos apuntan a mostrar la inconstitucionalidad del término "directamente" contenido en el artículo 95 de la Ley 599 de 2000, así como de la expresión "víctimas directas, sus herederos, sucesores o causahabientes" del artículo 102 de la Ley 906 de 2004, para lo cual consigna la argumentación que a continuación se sintetiza.
En su opinión, la Constitución Política ya reconocía unas garantías relativas al derecho a la reparación integral de las víctimas - intereses patrimoniales, y verdad y justicia- antes de la aprobación del Acto Legislativo No. 3 de 2002, por lo que considera poco claro el argumento del demandante, según el cual es dicho Acto (reformatorio de la Fiscalía General de la Nación) el elemento normativo de valor constitucional a partir del cual se fundamenta la protección a las víctimas y la reparación integral a los afectados con los delitos, pues el nuevo modelo de sistema procesal penal mixto de tendencia acusatoria no contiene una concepción determinada de reparación integral ni de víctima, lo que, en su parecer, hace que la interpretación del ciudadano Palomo Enciso resulte equivocada.
De otra parte, precisa que es necesario armonizar el concepto de víctima con lo preceptuado por el artículo 132 del propio Código de Procedimiento Civil para tener un adecuado entendimiento del mismo y del alcance del artículo 102 de dicho cuerpo normativo, por lo cual concluye que el cargo en relación con esta disposición no está llamado a prosperar por carecer de fundamentación suficiente. Así mismo, estima que el cargo esgrimido contra el artículo 95 del Código Penal, relativo al derecho a la reparación o indemnización económica o de responsabilidad meramente civil que se deriva del delito perpetrado, no está llamado a prosperar, "puesto que se trata, en todo caso, de perjuicios directos".
Por escrito radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 25 de julio de 2007, el ciudadano Alejandro Venegas Franco, en su condición de Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, interviene en el presente proceso y solicita la declaratoria de inexequibilidad de la expresión "directamente" contenida en el artículo 95 de la Ley 599 de 2000, así como del término "directa" del artículo 102 de la Ley 906 de 2004, no así de las expresiones "sus herederos, sucesores o causahabientes".
A fin de sustentar su petición, luego de realizar unas precisiones sobre el concepto de víctima, así como de sus derechos a la reparación integral en el Sistema Penal Acusatorio colombiano, observa que la expresión "directamente" del artículo 95 del Código Penal, limita injustificadamente el acceso a la administración de justicia de las personas, ya sean naturales o jurídicas, que tengan una pretensión indemnizatoria con ocasión del incidente de reparación integral. En relación con este punto, hace énfasis en que toda víctima, sin importar si el daño es inmediato o mediato, tiene derecho a un recurso efectivo.
Respecto del artículo 102 del Código de Procedimiento Penal, el actor señala que la expresión "directa" resulta igualmente inconstitucional, con base en los mismos argumentos esgrimidos arriba en torno al vocablo "directamente", en tanto que limita injustificadamente el acceso a la administración de justicia a aquellas personas que alegan tener el derecho a ser indemnizadas con ocasión de la comisión de una conducta punible. No obstante, encuentra que la expresión "sólo" no es inconstitucional, como quiera que la pretensión indemnizatoria es privada y no pública, de manera tal que el Estado no puede, de oficio, tomar el lugar de la víctima en este aspecto. En su parecer, además, dicha pretensión económica es voluntaria, como consecuencia de lo cual la iniciación del incidente de reparación integral se circunscribe a la esfera privada del perjudicado, como también lo es decidir si promueve la acción indemnizatoria dentro del proceso penal o si acude ante los jueces civiles para el efecto. Finalmente, la Universidad que interviene, considera que la regla que establece que los legitimados por activa son los herederos, sucesores o causahabientes, no presenta problemas de inconstitucionalidad, pues los derechos patrimoniales pueden ser transmitidos a los sucesores, herederos o causahabientes y estos últimos quedan legitimados para ejercer la pretensión económica en el incidente de reparación integral.
El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico, mediante escrito allegado a esta Corporación el 8 de agosto de 2007, manifiesta que la figura de la parte civil en el proceso penal no puede reducirse a los "directamente" afectados con la conducta punible "sino a todo aquel queDEMUESTRE ser afectado tanto económica como moralmente por el delito tanto en su esfera privada como pública." Por ello, afirma, las normas demandadas parcialmente deben ser declaradas inconstitucionales en tanto atentan contra el principio de participación en las decisiones que afectan a los individuos como a los grupos de personas naturales o jurídicas.
Según lo anterior, en parecer del ciudadano que interviene, la demanda contiene una comprensión errada de las disposiciones acusadas, pues "la demanda parte del entendido implícito de que solo pueden demandar los afectados 'directamente' y no es así, lo que la norma dice es que solo quedan legitimados para accionar aquellos que efectivamente puedan acreditar que hayan sido perjudicados por la acción delictiva (relación causa-efecto) ya que para aquellos que no son afectados por el delito, o como se dice los 'indirectamente perjudicados', no pueden hacerse parte". Al respecto señala que aquellas víctimas indirectas pueden hacer uso de la acción de responsabilidad civil extracontractual, sin que pueda afirmarse que queden sin vía jurídica para tramitar la pretensión indemnizatoria.
El ciudadano Mauricio Pava Lugo presentó escrito de intervención dentro del proceso de la referencia, en representación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con el fin de solicitar a esta Corporación (i) la declaratoria de cosa juzgada constitucional en relación con el inciso 2° del artículo 102 de la Ley 906 de 2004, y (ii) la declaratoria de inexequibilidad de la expresión "directamente" del artículo 95 de la Ley 599 de 2000.
Afirma que, si bien el legislador está legitimado para establecer normas que propugnen por la integridad de los procesos y en este caso específico "por excluir del ejercicio de la acción civil a aquellas personas jurídicas 'extrañas o ajenas' al delito y a sus consecuencias", estima, en armonía con la jurisprudencia constitucional, que restringir solo al sujeto pasivo del delito la posibilidad de constituirse en actor civil es inconstitucional, dada la amplitud del concepto de víctima contenido en la Carta Política, por lo cual deben estar legitimados todos aquellos que hayan recibido el daño como consecuencia del delito cometido, con independencia de que se trate o no del sujeto pasivo del mismo.
Con posterioridad, la Vista Fiscal hizo referencia al artículo 95 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) y señaló que la expresión "directamente" en éste contenido, incurre en la misma limitación ilegítima y discriminatoria que generó la declaratoria de inexequibilidad del inciso 2° del artículo 102 de la Ley 906 de 2004, por cuanto sólo reconoce el derecho a obtener la indemnización de los perjuicios derivados con la conducta punible a las personas jurídicas directamente perjudicadas, mientras que excluye a otros perjudicados con la conducta punible sin justificación alguna.
El ciudadano Wilson Palomo Enciso solicita a esta Corporación declarar la inexequibilidad de las expresiones "directamente", del artículo 95 de la Ley 599 de 2000, al igual que "sólo" y "directa, sus herederos, sucesores o causahabientes", del artículo 102 de la Ley 906 de 2004, por cuanto considera que las mismas vulneran los artículos 13 y 250.6 constitucionales.
En cuanto a la presunta vulneración al derecho a la igualdad, el demandante se limita a afirmar que "Los afectados están en libertad de elegir la vía que mejor les convenga según sus propias experiencias. Si bien el legislador es quien está llamado a determinar las competencias de los diferentes despachos o corporaciones, también lo es, que tal asignación de competencia está limitada por los postulados o derroteros trazados por el propio constituyente, al punto, que desviar la competencia a otros órganos atenta contra la carta magna y adolece de inconstitucionalidad".
Por otra parte, en lo que concierne a la vulneración del artículo 250.6 Superior, el demandante sostiene que "El Acto Legislativo no limitó la reparación integral a las víctimas directas o sujetos pasivos de las conductas punibles, por el contrario, ordena que con el concurso de la Fiscalía se de la reparación a todos y cada uno de los afectados. En este orden de ideas, son llamados a ser indemnizados, además del sujeto pasivo, todas aquellas personas que demuestren ser perjudicadas con el delito, sea afectado en forma directa o indirecta". Más adelante indica que "Si bien el artículo 95 de la ley 599 de 2000, dispone que son titulares de dicha acción, las personas naturales o sus sucesores, no excluyendo con ellos a los afectados indirectos, no sucede lo mismo cuando trata lo pertinente a las personas jurídicas, ya que en este caso, serán sólo aquellas lesionadas directamente las legitimadas a proponer el incidente, es decir, sobre quien recayó la acción o la omisión, dejando al margen todas aquellas lesionadas en forma indirecta, riñendo con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2 del acto legislativo No. 03 de 2002, el cual dispuso que son llamados a dicha reparación a través del proceso penal, todos los afectados sin hacer ninguna distinción". En pocas palabras, el demandante insiste en que la Constitución no distingue entre las diversas víctimas del delito.
Los intervinientes, por su parte, tienen opiniones divididas. En efecto, algunos sostiene que las normas acusadas deben ser declaradas conformes con la Constitución; otros, al igual que la Vista Fiscal, sostienen que en relación con el artículo 102 del C.P.P. la Corte debe proferir un fallo de cosa juzgada material, en tanto que la expresión "directamente" del artículo 95 del Código Penal debe ser declarada inexequible.
En el primer caso se está frente a la cosa juzgada formal es decir, "cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio"[1], o, cuando se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual[2]. Esta circunstancia hace que "no se pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado."[3]
En el segundo caso, por el contrario, se alude a la cosa juzgada constitucional en sentido material para precisar que la decisión de constitucionalidad no sólo tiene un alcance formal, esto es, que no recae únicamente sobre la disposición específica estudiada por la Corte, sino que "tiene también un alcance material, pues se proyecta sobre los otros textos legales que pudieran tener idéntico contenido normativo. La cosa juzgada constitucional alcanza así los contenidos mismos de la disposición jurídica, y opera tanto en las decisiones de exequibilidad como de inexequibilidad, cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un precepto."[4]
"Cuarto: Declarar INEXEQUIBLES las siguientes expresiones y segmentos normativos de la Ley 906 de 2004: "si el interés de la justicia lo exigiere" del artículo 11 literal h); "directa" de los incisos primero y segundo del artículo 92; "directo" del artículo 132; el inciso segundo del artículo 102; y el numeral 4° del artículo 137." (negrillas agregadas).
El demandante considera que la expresión "directamente", del artículo 95 de la Ley 599 de 2000, vulnera el derecho a la igualdad, por cuanto "Los afectados están en libertad de elegir la vía que mejor les convenga según sus propias experiencias. Si bien el legislador es quien está llamado a determinar las competencias de los diferentes despachos o corporaciones, también lo es, que tal asignación de competencia está limitada por los postulados o derroteros trazados por el propio constituyente, al punto, que desviar la competencia a otros órganos atenta contra la carta magna y adolece de inconstitucionalidad".
La Corte encontró que los supuestos cargos formulados por el demandante parten de un error conceptual respecto de lo que es víctima directa, sujeto pasivo del delito y perjudicado directo, lo que conduce al actor a llegar a una conclusión que no corresponde al contenido de la norma acusada, de manera que no se cumple con el requisito de certeza que se exige de los cargos que buscan desvirtuar la validez de una disposición legal. En efecto, esta Corporación en sentencia C- 516 de 2007, al momento de examinar algunas restricciones que establece la Ley 906 de 2004 a la intervención de las víctimas "directas", en el proceso penal, consideró que:
"En materia penal la idea de víctima "directa" se suele identificar con el sujeto pasivo de la conducta delictiva, o con la persona titular del bien jurídico que la norma tutela; es claro que un hecho delictivo trasciende esa esfera de afectación ocasionando perjuicios individuales o colectivos ciertos, reales y concretos a otros sujetos de derechos. En la teoría del daño civil se usa la categoría de "víctima directa" o "damnificado directo" para hacer referencia a la calidad en la cual se comparece a solicitar el resarcimiento de un perjuicio. Si se trata de la persona directamente afectada por el hecho generador del daño se considera "víctima o damnificado directo", en tanto que son víctimas o damnificados "indirectos" los herederos o los comuneros. (Art. 2342 del Código Civil).[5]
La regulación del artículo 92 excluye así a los perjudicados con el delito del derecho a obtener la garantía de reparación. Esta regulación es contraria a la concepción amplia de los derechos de las víctimas que ha adoptado la jurisprudencia de esta Corporación, que incluye como titulares de todas las prerrogativas que se derivan de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación a la víctimas o perjudicados que hubiese padecido un daño real, cierto y concreto. Es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que considera como perjudicados a la víctima directa y su familia. Y es restrictiva frente a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que desarrollan la tesis del carácter personal del perjuicio conforme a la cual para demandar reparación no se exige ningún otro requisito distinto al de que el demandante haya sufrido un perjuicio[6]. Esta regla se funda en el artículo 2341 del Código Civil que no limita la acción de responsabilidad únicamente a los parientes de la víctima (y mucho menos a la víctima directa), sino que da, al contrario, derecho de indemnización a "todo aquel a quien el delito o la culpa haya inferido daño[7]"
El hecho de que la concepción que contempla el artículo 92 examinado sea restrictiva frente a la más amplia que aplican las jurisdicciones civil y contencioso administrativa en materia de legitimidad para reclamar garantía en el pago de los perjuicios ocasionados por el delito, coloca en abierta desventaja a la persona que acude a la jurisdicción penal en procura de hacer efectivo su derecho a la reparación. Adicionalmente, la limitación que el artículo 92 introduce a los derechos de las víctimas o perjudicados con el delito de obtener garantía de reparación, es contraria al artículo 250 numeral 6° de la Constitución que prevé que el restablecimiento del derecho y la garantía de reparación integral se reconoce a los "afectados con el delito", expresión que incluye a víctimas directas y perjudicados que hubiesen sufrido un daño cierto como consecuencia del delito. ( negrillas agregadas).
Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad de la expresión "directamente", del artículo 95 de la Ley 599 de 2000, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (parcial ) Artículo 95 LEY_599_2000_24/07/2000
[6] En el caso de muerte de una persona, en fallo del 24 de junio de 1942 la Corte Suprema de Justicia enunció que tienen derecho a solicitar reparación "las personas que ya por vivir directamente del esfuerzo del muerto, ya por derivar utilidad cierta y directa de las actividades del fallecido, tienen el derecho, la personería, la acción para reclamar o pedir la indemnización de perjuicios, por que ellas directamente han sido perjudicadas" (C.S.J. Casación de junio 24 de 1942 , G.J. T. LIII, No. 1938, p.656). Así mismo el Consejo de Estado sostuvo que "la acción para reclamar los perjuicios por muerte pertenece a quien los sufra, sin consideración alguna al parentesco o a las reglas de la sucesión" (Fallo del 21 de febrero de 1985 , Exp. 3253). Este criterio es reiterado en fallo de junio 19 de 1989, Exp. 4678 que reconoció un perjuicio ocasionado a una persona por la pérdida de un auxilio económico originado en la muerte de quien le ayudaba.