Source: https://bastadetrata.wordpress.com/2010/01/28/basta-de-prostibulos-indiferencia-oficial-complicidades-y-trata-de-personas-se-exige-cumplimiento-del-deber-del-funcionario-publico/
Timestamp: 2017-10-18 05:28:02
Document Index: 360339549

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BASTA DE PROSTÍBULOS, INDIFERENCIA OFICIAL, COMPLICIDADES Y TRATA DE PERSONAS. SE EXIGE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DEL FUNCIONARIO PÚBLICO. | Basta de Trata de personas, esclavitud sexual o laboral.
« Es más que una cuestión de grave contaminación ambiental. Se llevan el dinero de las minas. La riqueza natural de Argentina se va para afuera, con la anuencia de nuestras autoridades. Buscamos las causas que hacen que se dediquen chicas que se sienten sin otra salida, o que provocan desigualdad, pobreza estructural o indigencia, empujando al ejercicio de la prostitución. Carta a la Ministro. Sin respuesta. Ahora Intentamos con el Sr. Juan Manzur. Asimismo insistiremos con el de minería, pese a los 2 años que no no recibe, desde que supo para qué.
Leyes 2004 »
BASTA DE PROSTÍBULOS, INDIFERENCIA OFICIAL, COMPLICIDADES Y TRATA DE PERSONAS. SE EXIGE CUMPLIMIENTO DEL DEBER DEL FUNCIONARIO PÚBLICO.
Les remito con autorización del Dr.Carlos José Díaz la denuncia que el mismo ha presentado contra el Estado Nacional. Alberto B. Ilieff.
SOLICITO HABILITACIÓN DE FERIA – DENUNCIA POR DISCRIMINACIÓN (ley 23.592) EN RESGUARDO DE DERECHOS HUMANOS DEBIDO A QUE DE MANERA ARBITRARIA SE TOLERA, Y “DA COBERTURA” A LA EXPLOTACIÓN DE PERSONAS A QUIENES SOMETEN A PROSTICUCIÓN, VIOLANDO LO DISPUESTO EN LA LEY 26.364 – SOLICITO DICTADO DE MEDIDA CAUTELAR – SOLICITO HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES.
Carlos José Díaz, abogado, T° 64, F° 816 del CPACF, DNI Nº 11.206.401, con domicilio en Lavalle 1388, casillero 1971 de Capital Federal, a V. S. respetuosamente me presento y digo:
*) Por cuestiones de URGENCIA -y en atención a que se encuentra en juego el derecho de personas sometidas a trata y discriminación- solicito se proceda a la habilitación de la presente feria judicial, al efecto de proveer lo que peticiono en la presente denuncia por discriminación.
I – OBJETO: Que vengo con el objeto de interponer denuncia por discriminación, debido a conductas que provocan la violación de derechos humanos. El derecho violado es el derecho que asiste a las personas víctimas de trata, cuya protección se encuentra previsto en la ley 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas, y asistencia a sus víctimas
En tal sentido, la presente denuncia se dirige contra:
el ESTADO NACIONAL – Poder Ejecutivo Nacional (en adelante PEN) con domicilio en Balcarce 50, de la ciudad de Buenos Aires, en atención a que resulta de su obligación, poner el plena vigencia lo previsto en la ley 26.364, y expresamente contra la Sra. Presidenta de la Nación, y/o Ministros y Funcionarios que resulten penalmente responsables.
Esta denuncia por discriminación persigue como finalidad, que:
La denunciada, adopte políticas públicas efectivas para que se de pleno cumplimiento a las leyes 23.592 y 26.364. (El texto completo de todas las leyes mencionadas en este artículo se encuentran al pié como comentarios para facilitar la comprensión).
II – HECHOS: Es de conocimiento publico, que en Argentina hay mujeres que -en épocas democráticas, también- son secuestradas y desaparecidas por redes de proxenetas y algunas han sido asesinadas.
Resulta imposible que las redes de proxenetas puedan ejercer su actividad, si no se encuentran involucrados los poderes políticos del estado.
La trata de personas, es la intención de explotar a la persona que es desplazada, independientemente que la persona haya dado su consentimiento para desplazarse o ser explotada.
La globalización del mercado del sexo, unida a la pobreza expone a millones de mujeres, niñas/os excluidas (la población más vulnerable) a riesgo cierto de ser víctimas de trata.
El sistema prostitucional esta relacionado con la pornografía, el turismo sexual, las líneas eróticas, los sex-shops, los anuncios y publicidades en los diarios de circulación masiva que promueven la prostitución, los programas televisivos que exponen a las mujeres como mercancía. Todo ello abunda en nuestros días por estas tierras, y van generalizando el “clima” propicio para “naturalizar” la prostitución.
Si se pretende un mundo sin prostitución -desde lo normativo así parece- no mediante la represión, entonces debemos de avocarnos a lograr sociedades y Estados capaces de generar puestos de trabajo y condiciones de vida dignas, vivienda, salud y educación para todas las personas -implicando ello la actividad de diferentes ministerios de diferentes jurisdicciones, mas allá que es responsabilidad de quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, implementar dichas actividades- y particularmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad social, a cuyo efecto deberá de haber permanentes campañas por los medios masivos de comunicación, que condenen la trata y el “consumo” de prostitución, y también en todos los colegios secundarios, para intentar evitar el inicio en tales practicas, de potenciales “consumidores”.
Conjuntamente con esto, debe de ser prohibido toda publicidad que de manera clara o encubierta, haga ofrecimiento “de prostitución”, prohibición que no se debe de limitar a la publicidad, sino también a programas en los medios masivos de difusión -la televisión básicamente- que sin pudor alguno y apoyados en una mal entendida libertad de prensa o difusión, no hacen otra cosa que denigrar a la mujer, y alientan el ejercicio de la prostitución. Recordemos que los medios masivos de comunicación, cumplen una función de interés público, y debe de pretenderse de ellos responsabilidad social.
Resulta imprescindible cambiar las ideas y las prácticas que instauran la desigualdad entre varones y mujeres, que significan para éstas mayor pobreza, menores recursos, descalificación, ser consideradas como objetos sexuales o como meras máquinas de reproducir seres humanos, condiciones éstas necesarias, para relaciones prostituidas, y que por estar tan arraigadas en la sociedad al punto que se encuentran “naturalizadas”, suceden sin mayor disimulo, y no se podrán desterrar sin una activa e intensa participación estatal, que hasta ahora no se nota.
Por eso se debe luchar contra la represión de las mujeres y demás personas en situación de prostitución y contra toda forma de promoción o facilitación de la prostitución, de trata y de explotación de la prostitución ajena, ya sea por parte de los estados, de “fiolos”, proxenetas, organizaciones mafiosas, medios de prensa -los medios de prensa que publicitan la prostitución, resultan ser un eslabón necesario para que la prostitución se concrete- u otras formas de publicidad, como el reparto de folletos en la vía pública, que en copia acompaño.
Por otro lado, se debe de entender, que la Policía -todas, la Federal y las provinciales- es parte del problema, ya que la practica de la explotación de personas sometidas a prostitución no podría llevarse adelante del modo en que se hace, sin la complicidad y protección de las fuerzas policiales.
Esto es, la prostitución -aunque está mal- en sí misma no es un delito; sí lo es explotar la prostitución de otras personas.
No se puede distinguir entre prostitución “libre” y “forzada”, ya que las situaciones de prostitución no se dan nunca en libertad; en todos los casos las mujeres sometidas a la prostitución son tratadas como mercancías.
Estar sometida a la prostitución no es contar con un trabajo.
La trata de personas, es un medio para proveer de mujeres al “mercado” de la prostitución, que se constituye sobre la base de la demanda de los “clientes” prostituyentes, la organización de las mafias y la complicidad del Estado.
La prostitución no es un contrato entre cliente y mujer en situación de prostitución, porque no se puede hablar de consentimiento -condición necesaria de todo contrato- ni de contrato, en condiciones de profunda desigualdad.
Las mujeres no “se prostituyen”, son prostituidas -sometidas- por clientes y proxenetas protegidos por -o asociados con- el Estado, compelidas por la necesidad económica, por la violencia material y simbólica, por costumbres e ideas contenidas en los mensajes culturales que consideran que las mujeres de todas las clases sociales son objetos disponibles para satisfacer “necesidades” de los varones también de todas las clases.
La relación entre cliente y mujer prostituida no es una relación laboral entre empleador y empleada ni entra dentro del campo del derecho del trabajo. Tampoco puede ser visto como una “locación de servicio”, ni como la actividad de una pequeña empresaria.
En la prostitución el comprador -prostituyente- obtiene derecho unilateral al uso sexual del cuerpo de una mujer. El “cliente” prostituyente le impone su cuerpo, su sexualidad y su placer a la mujer prostituida. El placer de ella no importa. No es un intercambio sexual recíproco.
Hechos que en cualquier trabajo se consideran acoso o abuso sexual, -los toqueteos, las violaciones, las insinuaciones verbales, los requerimientos sexuales indeseados- en la prostitución forman parte de la naturaleza misma de la actividad. ¿Cómo reclamarían las mujeres prostituidas contra el acoso sexual, el abuso o la violación? ¿Con qué parámetros se mediría?
Considerar la prostitución como un trabajo legitima la violencia y las desigualdades sociales y sexuales entre varones y mujeres.
La sexualidad es una parte fundamental e inescindible de la construcción de identidad. La identidad sexual está marcada por la masculinidad y la feminidad socialmente construida, es decir por la desigualdad jerárquica entre los sexos.
La prostitución daña a las mujeres de una manera muy distinta a la del trabajo, y produce daños físicos y psíquicos que algunos estudios comparan con los sufridos por quienes padecen una guerra.
Si prostituir menores de 18 años se considera un delito, ¿cómo puede convertirse en un trabajo y en una elección libre el día en que la mujer cumple 18 años? El trabajo infantil está prohibido (en nuestro país, antes de los 14 años), pero se promueve la preparación educativa de niñas y niños para sus futuros trabajos: escuelas técnicas, comerciales, de magisterio, etc.
Si la prostitución fuese un trabajo, ¿cómo se formaría a las niñas para el mismo? ¿Cuáles serían los cursos de aprendizaje? ¿secundarios con orientación servicio sexual? ¿Dónde y con quiénes se harían las prácticas? ¿Con los padres, con los tíos, con los maestros, con “practicantes” o voluntarios convocados para tal fin?
Considerar a la prostitución trabajo favorece la trata y la legalidad de la actividad de proxenetas y rufianes, al convertir la explotación sexual en un negocio legal, pero justamente como la explotación y el proxenetismo no son legales, el eventual contrato de trabajo que celebren una mujer prostituida y un proxeneta resulta ilegal por su objeto.
Sirve también para crear la ficción de un descenso en la tasa de desempleo, útil para mejorar la imagen de la actual fase del capitalismo, que se caracteriza por el carácter estructural de la desocupación y la exclusión social.
La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, de violación de los derechos de las humanas, de explotación sexual, institución fundamental en la construcción de una sexualidad basada en el dominio masculino y la sumisión femenina y en la cosificación de sus cuerpos. No es, por tanto, una expresión de la libertad sexual de las mujeres.
No se debe hacer distinción entre prostitución y trata forzada y voluntaria, ni entre prostitución infantil y adulta, ni diferenciar entre personas menores y mayores de 18 años.
Estas distinciones legitiman prácticas de explotación sexual, transformándolas en aceptables y permisibles. Utilizan una falsa idea de elección y consentimiento que no reconoce los condicionamientos sociales e individuales y el complejo proceso que lleva a una mujer a ejercer la prostitución y las diversas formas, sutiles o brutales, de coerción, y muy difíciles de demostrar.
Mujeres y niñas ingresan a la prostitución por necesidad económica, situaciones de abandono emocional o físico, de abuso y violencia, para ayudar a sus familias, mantener a sus hijos frente al abandono paterno, proporcionándoles además lo que la sociedad de consumo exige, para pagar sus estudios, reclutadas por un hombre que dice quererlas, o por un traficante o una “amiga”, o secuestradas por las redes de la prostitución.
Los prostíbulos pululan en todas partes del país -la ciudad de Buenos Aires en un buen ejemplo de ello- en muchas confitería, Púb, o wiskeria, “casas de masajes”, en casa modestas a lo largo de las rutas nacionales o provinciales, o en departamentos o locales de lujo. Ello a pesar de estar prohibidos por ley nacional y por la Convención contra la Trata de personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, suscripta y ratificada por nuestro país y vigente, que castiga la explotación de la prostitución ajena y la instalación de prostíbulos.
La respuesta estatal mas común es reprimir a las víctimas, en los burdeles o en la calle, y la policía utiliza el arresto de las mujeres prostituidas, los malos tratos, la amenaza y la coima, convirtiéndose en socia del proxenetismo.
Los grandes responsable de la explotación sexual de las/los mujeres y niñas/os, los jefes de las redes de prostitución, prácticamente no son perseguidos, ni los funcionarios, legisladores, empresarios, fiscales, comisarios o jueces que participan del negocio.
La actual ley 26.364, hace una protección velada del proxenetismo, al hacer desaparecer el delito si existiese consentimiento de la mujer de 18 años o mas edad.
Desde los derechos humanos, el negocio del proxenetismo es ilegal en si mismo y, por tanto, quienes lucran con la prostitución ajena o el trabajo esclavo o cualquier otra situación de trata de personas, son siempre delincuentes.
Los derechos de las víctimas y la preocupación por su defensa se encuentran incluidos en instrumentos legales internacionales como: La Declaración universal de los derechos humanos; El Pacto internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW; La convención sobre los derechos del niño CDN y su protocolo; La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los Trabajadores migratorios y sus familiares; La Convención sobre la esclavitud; El protocolo para modificar la Convención sobre la esclavitud; La Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las Instituciones y Prácticas análogas a la esclavitud; El Convenio sobre Trabajo Forzoso; El convenio para la represión de la Trata de Personas y de la explotación de la prostitución ajena; documentos de la OIT; el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, Foros Internacionales, como la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, La Conferencia Mundial de Derechos Humanos y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.; Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer.
III – INCONSTITUCIONALIDAD: Al efecto del debido análisis de la presente denuncia, dejo planteada la inconstitucionalidad del artículo 2º de la ley 26.364 en la referente a “cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta”, y en consecuencia se deberá de aplicar el mismo criterio previsto para las personas menores de 18 años, tal como al efecto dispone el artículo 3º “Existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad
sobre la víctima. El asentimiento de la víctima de trata de personas menores de DIECIOCHO (18) años no tendrá efecto alguno”. En consecuencia, para la existencia de trata, no debe de haber distingo entre personas menores o mayores de 18 años, y el criterio a aplicar es el previsto en el artículo 3º de la ley 26.364.
Por lo demás, también dejo también planteada la inconstitucionalidad por omisión del obrar del Poder Ejecutivo Nacional, al no dar efectivo cumplimiento a las medidas dispuestas en la ley 26.364, de los artículos: 1, 6, 7, 8, 9, y 18.
La Argentina a través de la Ley 25632 del año 2001, ha adherido a la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada Transnacional (conocida como el acuerdo Madre) y sus Protocolos Adicionales-Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y ha sancionado la Ley 26.364 del 9 de abril del 2008, “Prevención y Sanción de la Trata de personas y Asistencia a las Víctimas.
IV – PETICIONO EL DICTADO DE UNA MEDIDA CAUTELAR: Se deben de dictar medidas cautelares, cuando habiendo interferencias de entidad suficiente en la acción de hecho existente, es requerida como el medio adecuado, para el ejercicio de una tutela jurisdiccional.
“Genéricamente consideradas, atendiendo a su objeto, resultados, la manera en la cual se toman, y a sus características más peculiares, las medidas cautelares son actos procesales del órgano judicial adoptadas en el curso de un proceso de cualquier tipo o previo a él, a pedido del interesado o de oficio, para asegurar bienes o pruebas, mantener situaciones de hecho, o para seguridad de personas, o satisfacción de necesidades urgentes, como un anticipo que puede o no ser definitivo de los derechos y garantías de quienes las solicitan, y para hacer eficaces las sentencias de los jueces” (Conforme CNFed. Civ. Com. Sala III, causas 5908 del 21/10/88; 6706 del 24/11/89; 9.174 del 11/6/93; Podetti, J. R. Tratado de las Medidas Cautelares”. T° IV, pág. 33, N° 7, 2da. Edición).
La situación planteada, reviste el carácter de excepcional, y como consecuencia de ello, también excepcional deben de ser los remedios, proporcionados en tiempo adecuado, con el fin de dejar debidamente protegidos, los derechos hoy violados.
Porque en el marco de este tipo de medidas, resulta de su naturaleza, que el magistrado no debe de ocuparse del examen de certeza en relación a la existencia del derecho pretendido, y los hechos denunciados, sino solo de su verosimilitud.
Por ser plenamente verosímil el derecho invocado que asiste a quienes vivimos en nuestro país, a no sufrir discriminación ni trata de personas.
El juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otro que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual se agota su virtualidad.
Solicito entonces, que en forma inmediata, y de manera previa a todo traslado, se disponga en forma precautoria, una medida cautelar que ordene a la denunciada, de acuerdo a la modalidad que V. S. disponga, y sin que ello implique prejuzgamiento, arbitrar los medios pertinentes, para que de MANERA URGENTE proceda al…
Inmediato rescate de las personas sometidas a prostitución en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires -a cuyo efecto se deberá expresamente excluir al personal de la Policía Federal para realizar dichas tareas- y se le brinde la cobertura dispuesta para las víctimas en la ley 26.364, por lo que se debe de intimar al Poder Ejecutivo Nacional que brinde los medios pertinentes para tal fin.
V – HABILITACIÓN DE DÍA Y HORA INHÁBIL: Al efecto de dar cumplimiento a la medida cautelar solicitada, entiendo oportuno peticionar -y así lo hago- que se habilite día y hora para su dictado y hasta su efectivo cumplimiento, atento a que en caso de demora en dar cumplimiento a la medida solicitada, la misma se tornaría ineficaz, pues produciría ello, nuevo daño irreparable en las victimas.
VI – PRUEBA: Aporto la siguiente prueba:
a.1) Folletos que se entregan en la “vía pública” en la ciudad de Buenos Aires, o se colocan en los teléfonos públicos.
a.2) Publicaciones periodísticas (diarios).
VIII – PETITORIO: Por todo lo expuesto, solicito:
b) Se haga lugar a la habilitación de feria.
c) Se dicte la medida cautelar peticionada.
d) Se haga lugar a la habilitación de día y hora
e) Se me cite a ratificar la misma, y se disponga llevar adelante la correspondiente investigación, al efecto de dar pleno cumplimiento a las leyes, 23.592 y 26.364.
en 28 enero 2010 a 11:59 | Responder FILATINA
LEY 23592 – PENALIZACION DE ACTOS DISCRIMINATORIOS
BOLETIN OFICIAL, 05 de Septiembre de 1988.
Vigentes – GENERALIDADES
TEMA: DERECHOS HUMANOS – DISCRIMINACION – DISCRIMINACION RACIAL O RELIGIOSA – DISCRIMINACION POR MOTIVOS IDEOLOGICOS, POLITICOS O GREMIALES-DISCRIMINACION POR CONDICION ECONOMICA O SOCIAL-PROPAGANDA DISCRIMINATORIA-PENA-AGRAVANTES DE LA PENA.
*ARTICULO 5.- El texto señalado en el artículo anterior, tendrá una dimensión, como mínimo de treinta centímetros (30) de ancho, por cuarenta (40) de alto y estará dispuesto verticalmente. En el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado con la siguiente leyenda:”Frente a cualquier acto discriminatorio, usted puede recurrirá la autoridad policial y/o juzgado civil de turno, quienes tienen la obligación de tomar su denuncia.
FIRMANTES: PUGLIESE – MARTINEZ – BRAVO – MACRIS
en 28 enero 2010 a 12:05 | Responder FILATINA
Ley 26364. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Modificación Código Penal y Código Procesal Penal de la Nación.
Ley 26364 BO: 30/04/2008.
ARTÍCULO 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.
ARTÍCULO 2º – Trata de mayores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas mayores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta.
ARTÍCULO 3º – Trata de menores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación.
ARTÍCULO 4º – Explotación. A los efectos de la presente ley, existe explotación en cualquiera de los siguientes supuestos:
ARTÍCULO 5º – No punibilidad. Las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.
TÍTULO II. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS.
ARTÍCULO 6º – Derechos. Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a:
ARTÍCULO 7º – Alojamiento de las víctimas.
ARTÍCULO 8º – Derecho a la privacidad y reserva de identidad. En ningún caso se dictarán normas que dispongan la inscripción de las víctimas de la trata de personas en un registro especial, o que les obligue a poseer un documento especial, o a cumplir algún requisito con fines de vigilancia o notificación.
ARTÍCULO 9º – Representantes diplomáticos y consulares. Es obligación de los representantes diplomáticos y consulares de la Nación en el extranjero proveer a la asistencia de los ciudadanos argentinos que, hallándose fuera del país, resultaren víctimas de los delitos descriptos en la presente ley, y facilitar su retorno al país, si así lo pidieren.
TÍTULO III. DISPOSICIONES PENALES Y PROCESALES.
ARTÍCULO 10. – Incorpórase como artículo 145 bis del Código Penal, el siguiente: Artículo 145 bis:
ARTÍCULO 11. – Incorpórase como artículo 145 ter del Código Penal, el siguiente:
ARTÍCULO 12. – Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal, por el siguiente:
ARTÍCULO 13. – Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:
ARTÍCULO 14. – Serán aplicables las disposiciones de los artículos 132 bis, 250 bis y 250 ter del Código Procesal Penal de la Nación.
ARTÍCULO 15. – Sustitúyese el artículo 119 de la Ley Nº 25.871, por el siguiente:
ARTÍCULO 16. – Sustitúyese el artículo 121 de la Ley Nº 25.871, por el siguiente:
ARTÍCULO 17. – Deróganse los artículos 127 bis y 127 ter del Código Penal.
ARTÍCULO 18. – Presupuesto. El Presupuesto General de la Nación incluirá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
ARTÍCULO 19. – Reglamentación. Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de SESENTA (60) días contados a partir de su promulgación.
ARTÍCULO 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
– REGISTRADO BAJO EL Nº 26.364 – EDUARDO A. FELLNER. – JULIO CESAR C. COBOS. – Marta A. Luchetta. – Juan J. Canals
en 28 enero 2010 a 12:08 | Responder FILATINA
Desde: 07/05/2008 la Campaña “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución” reclama penas más severas
Repudian la ley 26364 contra la Trata de Personas.
niunvictimamas@gmail.com
en 28 enero 2010 a 12:28 | Responder FILATINA
Sancionada: Diciembre 17 de 2003. Promulgada de Hecho: Enero 20 de 2004. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: LEY DE MIGRACIONES – TITULO PRELIMINAR POLITICA MIGRATORIA ARGENTINA CAPITULO I – AMBITO DE APLICACION ARTICULO 1° — La admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas se rigen por las disposiciones de la presente ley y su reglamentación. ARTICULO 2° — A los fines de la presente ley se entiende por “inmigrante” todo aquel extranjero que desee ingresar, transitar, residir o establecerse definitiva, temporaria o transitoriamente en el país conforme a la legislación vigente. CAPITULO II – PRINCIPIOS GENERALES ARTICULO 3° – Son objetivos de la presente ley: a) Fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las bases estratégicas en materia migratoria, y dar cumplimiento a los compromisos intblica en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes; b) Contribuir al logro de las políticas demográficas que establezca el Gobierno Nacional con respecto a la magnitud, tasa de crecimiento y distribución geográfica de la población del país; c) Contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del país: d) Garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar; e) Promover la integración en la sociedad argentina de las personas que hayan sido admitidas como residentes permanentes; f) Asegurar a toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina de manera permanente o temporaria, el goce de criterios y procedimientos de admisión no discriminatorios en términos de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios bilaterales vigentes y las leyes; g) Promover y difundir las obligaciones, derechos y garantías de los migrantes, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, los compromisos internacionales y las leyes, manteniendo en alto su tradición humanitaria y abierta con relación a los migrantes y sus familias; h) Promover la inserción e integración laboral de los inmigrantes que residan en forma legal para el mejor aprovechamiento de sus capacidades personales y laborales a fin de contribuir al desarrollo económico y social de país; i) Facilitar la entrada de visitantes a la República Argentina para los propósitos de impulsar el comercio, el turismo, las actividades culturales, científicas, tecnológicas y las relaciones internacionales; j) Promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación; k) Promover el intercambio de información en el ámbito internacional, y la asistencia técnica y capacitación de los recursos humanos, para prevenir y combatir eficazmente a la delincuencia organizada trasnacional. TITULO I – DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EXTRANJEROS CAPITULO I – DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS ARTICULO 4° – El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. ARTICULO 5° – El Estado asegurará las condiciones que garanticen una efectiva igualdad de trato a fin de que los extranjeros puedan gozar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones, siempre que satisfagan las condiciones establecidas para su ingreso y permanencia, de acuerdo a las leyes vigentes. ARTICULO 6° – El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. ARTICULO 7° – En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria. ARTICULO 8° – No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria. ARTICULO 9° – Los migrantes y sus familiares tendrán derecho a que el Estado les proporcione información acerca de: a) Sus derechos y obligaciones con arreglo a la legislación vigente; b) Los requisitos establecidos para su admisión, permanencia y egreso; c) Cualquier otra cuestión que le permita o facilite cumplir formalidades administrativas o de otra índole en la República Argentina. La autoridad de aplicación adoptará todas las medidas que considere apropiadas para difundir la información mencionada y, en el caso de los trabajadores migrantes y sus familias, velará asimismo porque sea suministrada por empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones. La información requerida será brindada gratuitamente a los extranjeros que la soliciten y, en la medida de lo posible, en un idioma que puedan entender. ARTICULO 10. – El Estado garantizará el derecho de reunificación familiar de los inmigrantes con sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con capacidades diferentes. ARTICULO 11. – La República Argentina facilitará, de conformidad con la legislación nacional y provincial en la materia, la consulta o participación de los extranjeros en las decisiones relativas a la vida pública y a la administración de las comunidades locales donde residan. ARTICULO 12. – El Estado cumplimentará todo lo establecido en las convenciones internacionales y todas otras que establezcan derechos y obligaciones de los migrantes, que hubiesen sido debidamente ratificadas. ARTICULO 13. – A los efectos de la presente ley se considerarán discriminatorios todos los actos u omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición económica o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan, obstruyan, restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes. ARTICULO 14. – El Estado en todas sus jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o municipal, favorecerá las iniciativas tendientes a la integración de los extranjeros en su comunidad de residencia, especialmente las tendientes a: a) La realización de cursos de idioma castellano en las escuelas e instituciones culturales extranjeras legalmente reconocidas; b) La difusión de información útil para la adecuada inserción de los extranjeros en la sociedad argentina, en particular aquella relativa a sus derechos y obligaciones; c) Al conocimiento y la valoración de las expresiones culturales, recreativas, sociales, económicas y religiosas de los inmigrantes; d) La organización de cursos de formación, inspirados en criterios de convivencia en una sociedad multicultural y de prevención de comportamientos discriminatorios, destinados a los funcionarios y empleados públicos y de entes privados. ARTICULO 15. – Los extranjeros que sean admitidos en el país como “residentes permanentes” podrán introducir sus efectos personales, artículos para su hogar y automóvil, libres del pago de impuestos, recargos, tasas de importación y contribuciones de cualquier naturaleza, con los alcances y hasta el monto que determine el Poder Ejecutivo. ARTICULO 16. – La adopción por el Estado de todas las medidas necesarias y efectivas para eliminar la contratación laboral en el territorio nacional de inmigrantes en situación irregular, incluyendo la imposición de sanciones a los empleadores, no menoscabará los derechos de los trabajadores inmigrantes frente a sus empleadores en relación con su empleo. ARTICULO 17. – El Estado proveerá lo conducente a la adopción e implementación de medidas tendientes a regularizar la situación migratoria de los extranjeros. CAPITULO II – DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INMIGRANTES Y ATRIBUCIONES DEL ESTADO ARTICULO 18. – Sin perjuicio de los derechos enumerados en la presente ley, los migrantes deberán cumplir con las obligaciones enunciadas en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales adheridos y las leyes vigentes. ARTICULO 19. – Respecto de cualquier extranjero, la República Argentina podrá orientarlo con respecto a: a) El acceso a categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o actividades, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado; b) La elección de una actividad remunerada de conformidad con la legislación relativa a las condiciones de reconocimiento de calificaciones profesionales adheridas fuera del territorio; c) Las condiciones por las cuales, habiendo sido admitido para ejercer un empleo, pueda luego ser autorizado a realizar trabajos por cuenta propia, teniendo en consideración el período de residencia legal en el país y las demás condiciones establecidas en la reglamentación. TITULO II – DE LA ADMISION DE EXTRANJEROS A LA REPUBLICA ARGENTINA Y SUS EXCEPCIONES CAPITULO I – DE LAS CATEGORIAS Y PLAZOS DE ADMISION ARTICULO 20. – Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de “residentes permanentes”, “residentes temporarios”, o “residentes transitorios”. Hasta tanto se formalice el trámite correspondiente, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización de “residencia precaria”, que será revocable por la misma, cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta ciento ochenta (180) días corridos, pudiendo ser renovables hasta la resolución de la admisión solicitada, y habilitará a sus titulares para permanecer, salir y reingresar al territorio nacional, trabajar y estudiar durante su período de vigencia. La extensión y renovación de “residencia precaria” no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada. ARTICULO 21. – Las solicitudes de ingreso al país que se peticionen en el territorio nacional o en el extranjero, deberán formalizarse en las condiciones de la presente ley. ARTICULO 22. – Se considerará “residente permanente” a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una admisión en tal carácter. Asimismo, se considerarán residentes permanentes los inmigrantes parientes de ciudadanos argentinos, nativos o por opción, entendiéndose como tales al cónyuge, hijos y padres. A los hijos de argentinos nativos o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el territorio. ARTICULO 23. – Se considerarán “residentes temporarios” todos aquellos extranjeros que, bajo las condiciones que establezca la reglamentación, ingresen al país en las siguientes subcategorías: a) Trabajador migrante: quien ingrese al país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita, remunerada, con autorización para permanecer en el país por un máximo de tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples, con permiso para trabajar bajo relación de dependencia; b) Rentista: quien solvente su estadía en el país con recursos propios traídos desde el exterior, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier otro ingreso lícito proveniente de fuentes externas. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples; c) Pensionado: quien perciba de un gobierno o de organismos internacionales o de empresas particulares por servicios prestados en el exterior, una pensión cuyo monto le permita un ingreso pecuniario regular y permanente en el país. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples; d) Inversionista: quien aporte sus propios bienes para realizar actividades de interés para el país. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples; e) Científicos y personal especializado: quienes se dediquen a actividades científicas, de investigación, técnicas, o de asesoría, contratados por entidades públicas o privadas para efectuar trabajos de su especialidad. De igual forma, directivos, técnicos y personal administrativo de entidades públicas o privadas extranjeras de carácter comercial o industrial, trasladados desde el exterior para cubrir cargos específicos en sus empresas y que devenguen honorarios o salarios en la República Argentina. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples; f) Deportistas y artistas: contratados en razón de su especialidad por personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades en el país. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples; g) Religiosos de cultos reconocidos oficialmente, con personería jurídica expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que ingresen al país para desarrollar en forma exclusiva actividades propias de su culto. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples; h) Pacientes bajo tratamientos médicos: para atender problemas de salud en establecimientos sanitarios públicos o privados, con autorización para permanecer en el país por un año, prorrogable, con entradas y salidas múltiples. En caso de personas menores de edad, discapacitados o enfermos que por la importancia de su patología debieran permanecer con acompañantes, esta autorización se hará extensiva a los familiares directos, representante legal o curador; i) Académicos: para quienes ingresen al país en virtud de acuerdos académicos celebrados entre instituciones de educación superior en áreas especializadas, bajo la responsabilidad del centro superior contratante. Su vigencia será por el término de hasta un (1) año, prorrogable por idéntico período cada uno, con autorización de entradas y salidas múltiples; j) Estudiantes: quienes ingresen al país para cursar estudios secundarios, terciarios, universitarios o especializados reconocidos, como alumnos regulares en establecimientos educativos públicos o privados reconocidos oficialmente, con autorización para permanecer en el país por dos (2) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples. El interesado deberá demostrar la inscripción en la institución educativa en la que cursará sus estudios y, para las sucesivas renovaciones, certificación de su condición de estudiante regular; k) Asilados y refugiados: Aquellos que fueren reconocidos como refugiados o asilados se les concederá autorización para residir en el país por el término de dos (2) años, prorrogables cuantas veces la autoridad de aplicación en materia de asilo y refugio lo estime necesario, atendiendo a las circunstancias que determine la legislación vigente en la materia; l) Nacionalidad: Ciudadanos nativos de Estados Parte del MERCOSUR, Chile y Bolivia, con autorización para permanecer en el país por dos (2) años, prorrogables con entradas y salidas múltiples; m) Razones Humanitarias: Extranjeros que invoquen razones humanitarias que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial; n) Especiales: Quienes ingresen al país por razones no contempladas en los incisos anteriores y que sean consideradas de interés por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. ARTICULO 24. – Los extranjeros que ingresen al país como “residentes transitorios” podrán ser admitidos en algunas de las siguientes subcategorías: a) Turistas; b) Pasajeros en tránsito; c) Tránsito vecinal fronterizo; d) Tripulantes del transporte internacional; e) Trabajadores migrantes estacionales; f) Académicos; g) Tratamiento Médico; h) Especiales: Extranjeros que invoquen razones que justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial. ARTICULO 25. – Los extranjeros admitidos en el país como “residentes temporarios” o “residentes transitorios” podrán permanecer en el territorio nacional durante el plazo de permanencia autorizado, con sus debidas prórrogas, debiendo abandonar el mismo al expirar dicho plazo. ARTICULO 26. – El procedimiento, requisitos y condiciones para ingresar al país, según las categorías y subcategorías mencionadas, serán fijados en el Reglamento de Migraciones. Si por responsabilidad del organismo interviniente, los trámites demoraran más de lo estipulado, la Dirección Nacional de Migraciones deberá tomar todos los recaudos pertinentes a fin de evitar que los extranjeros, a la espera de la regularización de su residencia en el país, tengan inconvenientes derivados de tal demora. ARTICULO 27. – Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley, a condición de reciprocidad, los extranjeros que fueren: a) Agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en la República, así como los demás miembros de las Misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en virtud de las normas del Derecho Internacional, estén exentos de las obligaciones relativas a la obtención de una categoría migratoria de admisión; b) Representantes y delegados, así como los demás miembros y sus familiares de las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los Organismos Intergubernamentales con sede en la República o en Conferencias Internacionales que se celebren en ella; c) Funcionarios destinados en Organizaciones Internacionales o Intergubernamentales con sede en la República, así como sus familiares, a quienes los Tratados en los que la República sea parte eximan de la obligación de visación consular; d) Titulares de visas argentinas diplomáticas, oficiales o de cortesía. De no mediar Convenio o Tratado celebrado por la República, la admisión, ingreso, permanencia y egreso de los extranjeros contemplados en el presente artículo se regirán por las disposiciones que al efecto establezca el Poder Ejecutivo nacional. En los casos previstos en el presente artículo la Dirección Nacional de Migraciones se limitará al contralor de la documentación en el momento del ingreso o del egreso, dejando constancia en la misma del carácter del ingreso; de la fecha del egreso y del plazo de permanencia en la República. ARTICULO 28. – Los extranjeros incluidos en Acuerdos o Convenios de Migraciones suscriptos por la República Argentina se regirán por lo dispuesto en los mismos y por esta ley, en el supuesto más favorable para la persona migrante. El principio de igualdad de trato no se considerará afectado por la posibilidad que tiene el Estado, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes, de firmar acuerdos bilaterales de alcance general y parcial, que permitan atender fenómenos específicos, como el de la migración laboral fronteriza, ni por la posibilidad de establecer esquemas diferenciados de tratamiento entre los países que con la Argentina forman parte de una región respecto de aquellos países que resulten terceros dentro del proceso de regionalización, priorizando las medidas necesarias para el logro del objetivo final de la libre circulación de personas en el MERCOSUR. CAPITULO II – DE LOS IMPEDIMENTOS ARTICULO 29. – Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al Territorio Nacional: a) La presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada. El hecho será sancionado con una prohibición de reingreso por un lapso mínimo de cinco (5) años; b) Tener prohibido el ingreso, haber sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso, hasta tanto las mismas no hayan sido revocadas o se hubiese cumplido el plazo impuesto al efecto; c) Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más; d) Haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo, que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional; e) Tener antecedentes por actividades terroristas o por pertenecer a organizaciones nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por la ley 23.077, de Defensa de la Democracia; f) Haber sido condenado en la Argentina o tener antecedentes por promover o facilitar, con fines de lucro, el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el Territorio Nacional; g) Haber sido condenado en la Argentina o tener antecedentes por haber presentado documentación material o ideológicamente falsa, para obtener para sí o para un tercero un beneficio migratorio; h) Promover la prostitución; lucrar con ello; haber sido condenado o tener antecedentes, en la Argentina o en el exterior por haber promovido la prostitución; por lucrar con ello o por desarrollar actividades relacionadas con el tráfico o la explotación sexual de personas; i) Intentar ingresar o haber ingresado al Territorio Nacional eludiendo el control migratorio o por lugar o en horario no habilitados al efecto; j) Constatarse la existencia de alguno de los impedimentos de radicación establecidos en la presente ley; k) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la presente ley. En el caso del inciso a) el Gobierno Federal se reserva la facultad de juzgar a la persona en la República cuando el hecho pueda relacionarse con cuestiones relativas a la seguridad del Estado, a la cooperación internacional o resulte posible vincular al mismo o a los hechos que se le imputen con otras investigaciones sustanciadas en el Territorio Nacional. La Dirección Nacional de Migraciones, previa intervención del Ministerio del Interior, podrá admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, en el país en las categorías de residentes permanentes o temporarios, mediante resolución fundada en cada caso particular, a los extranjeros comprendidos en el presente artículo. CAPITULO III – DE LOS DOCUMENTOS ARTICULO 30. – Podrán obtener el Documento Nacional de Identidad, los extranjeros con residencia permanente o temporaria. ARTICULO 31. – Los solicitantes de refugio o asilo, con autorización de residencia precaria, podrán obtener su Documento Nacional de Identidad una vez reconocidos como “refugiados” o “asilados” por la autoridad competente. ARTICULO 32. – Cuando se trate de extranjeros autorizados en calidad de “residentes temporarios’’ el Documento Nacional de Identidad se expedirá por el mismo plazo que corresponda a la subcategoría migratoria otorgada, renovable conforme a las prórrogas que se autoricen. ARTICULO 33. – En los casos precedentes, en el documento identificatorio a otorgarse, deberá dejarse expresa y visible constancia de: a) La nacionalidad del titular; b) El carácter permanente o temporario de la residencia en el país; c) Actuación en la que se otorgó el beneficio y número de resolución; d) Plazo de la residencia autorizada y vencimiento. TITULO III – DEL INGRESO Y EGRESO DE PERSONAS CAPITULO I – DEL INGRESO Y EGRESO ARTICULO 34. – El ingreso y egreso de personas al territorio nacional se realizará exclusivamente por los lugares habilitados por la Dirección Nacional de Migraciones, sean éstos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, oportunidad y lugar en que serán sometidos al respectivo control migratorio. Se podrá autorizar la entrada al país de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en la ley y su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por la Argentina. ARTICULO 35. – En el supuesto de arribar una persona al territorio de la República con un documento extranjero destinado a acreditar su identidad que no cumpliera las condiciones previstas en la legislación vigente, y en tanto no se trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país, se procederá al inmediato rechazo en frontera impidiéndosele el ingreso al territorio nacional. Aquellos rechazos que se produjeran motivados en la presentación de documentación material o ideológicamente falsa o que contengan atestaciones apócrifas implicarán una prohibición de reingreso de cinco (5) años. Sin perjuicio de los procedimientos previstos en el presente artículo, el Gobierno Nacional se reserva la facultad de denunciar el hecho ante la Justicia Federal cuando se encuentren en juego cuestiones relativas a la seguridad del Estado, a la cooperación internacional, o resulte posible vincular al mismo o a los hechos que se le imputen, con otras investigaciones sustanciadas en el territorio nacional. Cuando existiera sospecha fundada que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio; y hasta tanto se corrobore la misma, no se autorizará su ingreso al territorio argentino y deberá permanecer en las instalaciones del punto de ingreso. Si resultare necesario para preservar la salud e integridad física de la persona, la autoridad migratoria, reteniendo la documentación de la misma, le otorgará una autorización provisoria de permanencia que no implicará ingreso legal a la República Argentina. Asimismo se comunicará a la empresa transportadora que se mantiene vigente su obligación de reconducción hasta tanto la autorización provisoria de permanencia sea transformada en ingreso legal. Si tras la corroboración se confirmara el hecho se procederá a la inmediata cancelación de la autorización provisoria de permanencia y al rechazo del extranjero. Las decisiones adoptadas en virtud de las previsiones contenidas en los párrafos primero y segundo del presente artículo sólo resultarán recurribles desde el exterior, mediante presentación efectuada por el extranjero ante las delegaciones diplomáticas argentinas o las oficinas en el extranjero de la Dirección Nacional de Migraciones, desde donde se harán llegar a la sede central de la Dirección Nacional de Migraciones. El plazo para presentar el recurso será de quince (15) días a contar del momento del rechazo. ARTICULO 36. – La autoridad migratoria podrá impedir la salida del país a toda persona que no se encuentre en posesión de la documentación necesaria, conforme a lo dispuesto por esta ley y su reglamentación. ARTICULO 37. – El extranjero que ingrese a la República por lugar no habilitado a tal efecto, o eludiendo cualquier forma de contralor migratorio, será pasible de expulsión en los términos y condiciones de la presente ley. CAPITULO II – DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL ARTICULO 38. – El capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable de todo medio de transporte de personas, para o desde la República, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, y las compañías, empresas o agencias propietarias, explotadoras o consignatarias de un medio de transporte serán responsables solidariamente de la conducción y transporte de pasajeros y tripulantes en condiciones reglamentarias. ARTICULO 39. – De igual forma y modo, los mencionados en el artículo anterior, serán responsables por el cuidado y custodia de los pasajeros y tripulantes, hasta que hayan pasado el examen de contralor migratorio y hayan ingresado en la República, o verificada la documentación al egresar. ARTICULO 40. – Al rehusar la autoridad migratoria el ingreso de cualquier persona, el capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable del medio de transporte y de las compañías, empresas o agencias, quedarán obligados a reconducirla a su país de origen o procedencia, o fuera del territorio de la República en el medio de transporte en que llegó, o en caso de imposibilidad, en otro medio dentro del plazo perentorio que se le fije, siendo a su cargo los gastos que ello ocasione. ARTICULO 41. – El capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable de un medio de transporte de personas al país, o desde el mismo o en el mismo, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, o la compañía, empresa o agencia propietaria, consignataria, explotadora o responsable, quedan obligados solidariamente a transportar a su cargo, en el plazo que se le fije, fuera del territorio argentino, o hasta el lugar de frontera, a todo extranjero cuya expulsión resuelva y su transporte disponga la autoridad migratoria, de conformidad con lo establecido en la presente ley. ARTICULO 42. – Los artículos precedentes no serán de aplicación en el supuesto de extranjeros que soliciten el status de refugio o asilo en el país; en estos casos, la obligación para las personas que describen los artículos 40 y 41 se reducirá a dar cuenta de inmediato de tal situación a la autoridad con competencia en materia de refugio y asilo. ARTICULO 43. – La obligación de transporte establecida en los artículos 40 y 41 se limitará a: a) Una (1) plaza por viaje, cuando la capacidad del medio de transporte no exceda de cincuenta (50) plazas en los medios internacionales aéreos, marítimos, fluviales o terrestres y en los de carácter interno, cuando la capacidad no exceda de treinta (30) plazas; b) Dos (2) plazas cuando la capacidad del medio de transporte fuera superior a la indicada para cada caso en el inciso a); c) Cuando la expulsión se motivara en fallas en la documentación de ingreso del extranjero detectadas al momento de controlar el mismo y debiera efectivizarse con custodia, la empresa de transporte utilizada para el ingreso deberá hacerse cargo de los pasajes de ida y vuelta del personal de custodia y de los viáticos que le correspondieran. En todos los casos deberá preverse expresamente el mecanismo de intereses que correspondiere. ARTICULO 44. – El límite dispuesto por el artículo anterior no regirá cuando las personas a transportar: a) Integren un grupo familiar; b) Deban ser transportadas por la misma compañía a la cual pertenece el medio en el que ingresaron; c) Sean de la nacionalidad del país de bandera o matrícula del medio en que se efectuará el transporte. ARTICULO 45. – Las obligaciones emergentes de los artículos 40, 41, 43 y 44 serán consideradas carga pública. ARTICULO 46. – El incumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Título y sus reglamentaciones, será sancionado por la Dirección Nacional de Migraciones con una multa cuyo monto será de hasta el triple de la tarifa en el medio de transporte utilizado desde el punto de origen hasta el punto de destino en territorio nacional, al valor vigente al momento de la imposición de la multa. En ningún caso las multas podrán ser inferiores al equivalente a mil doscientos diecinueve (1.219) litros de gasoil al precio subsidiado para transportistas o en ausencia de éste al más bajo del mercado para consumidor particular al día de la imposición de la multa; ni superiores al equivalente a treinta mil cuatrocientos ochenta y siete (30.487) litros de gasoil al precio subsidiado para transportistas o en ausencia de éste al más bajo del mercado para consumidor particular al día de la imposición de la multa. En caso de mora en el pago de la multa se devengarán los correspondientes intereses. ARTICULO 47. – La sanción será aplicada solidariamente al capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable del medio de transporte y a la compañía, empresa o agencia propietaria, explotadora, consignataria o responsable del mismo. El Ministerio del Interior, a propuesta de la Dirección Nacional de Migraciones, aprobará el nomenclador regulador del monto de las multas impuestas por infracciones a las previsiones del presente título. A tal efecto se tendrán en cuenta la naturaleza de la infracción, la condición jurídica del infractor, sus antecedentes y reincidencias en las infracciones a la presente ley o su reglamentación. La Dirección Nacional de Migraciones queda facultada a fijar la forma y modo de pago de las multas que se impongan en función de las previsiones de la presente ley. ARTICULO 48. – En los casos de incumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 40, 41, 43 y 44 de la presente, la autoridad de aplicación podrá disponer la interdicción provisoria de salida del territorio nacional, espacio aéreo o aguas jurisdiccionales argentinas, del medio de transporte correspondiente. La misma se hará efectiva por medio de la Policía Migratoria Auxiliar o la Autoridad Nacional con jurisdicción sobre el transporte. ARTICULO 49. – Podrán imponerse cauciones reales en efectivo o documentarias a las empresas, compañías o agencias propietarias, consignatarias, explotadoras o responsables de cualquier medio de transporte, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de reconducir o transportar que se dicten en virtud de lo dispuesto por la presente ley. ARTICULO 50. – La autoridad de aplicación establecerá el monto de las cauciones y las modalidades, plazos y condiciones de su prestación, así como los requisitos para su cancelación, devolución o percepción. TITULO IV – DE LA PERMANENCIA DE LOS EXTRANJEROS CAPITULO I – DEL TRABAJO Y ALOJAMIENTO DE LOS EXTRANJEROS ARTICULO 51. – Los extranjeros admitidos o autorizados como “residentes permanentes” podrán desarrollar toda tarea o actividad remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia, gozando de la protección de las leyes que rigen la materia. Los extranjeros admitidos o autorizados como “residentes temporarios” podrán desarrollarlas sólo durante el período de su permanencia autorizada. ARTICULO 52. – Los extranjeros admitidos o autorizados como “residentes transitorios” no podrán realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia, con excepción de los incluidos en la subcategoría de “trabajadores migrantes estacionales”, o salvo que fueran expresamente autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones de conformidad con lo dispuesto por la presente ley o en Convenios de Migraciones suscriptos por la República Argentina. Los extranjeros a los que se le hubiera autorizado una residencia precaria podrán ser habilitados para trabajar por el plazo y con las modalidades que establezca la Dirección Nacional de Migraciones. ARTICULO 53. – Los extranjeros que residan irregularmente en el país no podrán trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, con o sin relación de dependencia. ARTICULO 54. – Los extranjeros mantendrán actualizados ante la Dirección Nacional de Migraciones, por la vía y plazos que se indique en la reglamentación, los datos referidos a su domicilio, en donde se considerarán válidas todas las notificaciones. CAPITULO II – DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS DADORES DE TRABAJO, ALOJAMIENTO Y OTROS ARTICULO 55. – No podrá proporcionarse alojamiento a titulo oneroso a los extranjeros que se encuentren residiendo irregularmente en el país. Asimismo, ninguna persona de existencia visible o ideal, pública o privada, podrá proporcionar trabajo u ocupación remunerada, con o sin relación de dependencia, a los extranjeros que residan irregularmente. ARTICULO 56. – La aplicación de la presente ley no eximirá al empleador o dador de trabajo del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la legislación laboral respecto del extranjero, cualquiera sea su condición migratoria; asimismo, en ningún modo se afectarán los derechos adquiridos por los extranjeros, como consecuencia de los trabajos ya realizados, cualquiera sea su condición migratoria. ARTICULO 57. – Quien contrate o convenga con extranjeros que residan irregularmente en el país, la adquisición, venta o constitución de gravamen sobre bienes inmuebles, derechos o muebles registrables, o la constitución o integración de sociedades civiles o comerciales, deberá comunicarlo fehacientemente a la autoridad migratoria. ARTICULO 58. – Los actos celebrados con los requisitos formales inherentes a los mismos, aún cuando no se cumpliere con la exigencia del artículo anterior, serán considerados válidos. ARTICULO 59. – Quienes infrinjan las disposiciones establecidas en el artículo 55, primer párrafo de la presente, serán sancionados solidariamente con una multa cuyo monto ascenderá a veinte (20) Salarios Mínimo Vital y Móvil por cada extranjero al que se proporcione alojamiento a título oneroso. Quienes infrinjan las disposiciones establecidas en el artículo 55, segundo párrafo de la presente, serán sancionados solidariamente con una multa cuyo monto ascenderá a cincuenta (50) Salarios Mínimo Vital y Móvil por cada extranjero, carente de habilitación migratoria para trabajar, al que se proporcione trabajo u ocupación remunerada. El monto de la sanción a imponer será de cien (100) Salarios Mínimo Vital y Móvil cuando se proporcione trabajo u ocupación remunerada a extranjeros no emancipados o menores de catorce (14) años. La reincidencia se considerará agravante de la infracción y elevará el monto de la multa impuesta hasta en un cincuenta por ciento (50%). La Dirección Nacional de Migraciones mediando petición del infractor que acredite falta de medios suficientes podrá excepcionalmente, mediante disposición fundada, disponer para el caso concreto una disminución del monto de la multa a imponer o autorizar su pago en cuotas. A tal efecto se merituará la capacidad económica del infractor y la posible reincidencia que pudiera registrar en la materia. En ningún caso la multa que se imponga será inferior a dos (2) Salarios Mínimos Vital y Móvil. Facúltase al Ministerio del Interior a establecer mecanismos alternativos de sanciones a las infracciones previstas en el presente Título -De las responsabilidades de los empleadores, dadores de trabajo y alojamiento-, basadas en la protección del migrante, la asistencia y acción social. ARTICULO 60. – Las sanciones serán graduadas de acuerdo con la naturaleza de la infracción, la persona, antecedentes en la materia y en caso de reincidencia en las infracciones a la presente ley, las mismas serán acumulativas y progresivas. TITULO V – DE LA LEGALIDAD E ILEGALIDAD DE LA PERMANENCIA CAPITULO I – DE LA DECLARACION DE ILEGALIDAD Y CANCELACION DE LA PERMANENCIA ARTICULO 61. – Al constatar la irregularidad de la permanencia de un extranjero en el país, y atendiendo a las circunstancias de profesión del extranjero, su parentesco con nacionales argentinos, el plazo de permanencia acreditado y demás condiciones personales y sociales, la Dirección Nacional de Migraciones deberá conminarlo a regularizar su situación en el plazo perentorio que fije para tal efecto, bajo apercibimiento de decretar su expulsión. Vencido el plazo sin que se regularice la situación, la Dirección Nacional de Migraciones decretará su expulsión con efecto suspensivo y dará intervención y actuará como parte ante el Juez o Tribunal con competencia en la materia, a efectos de la revisión de la decisión administrativa de expulsión. ARTICULO 62. – La Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran deducir, cancelará la residencia que hubiese otorgado, con efecto suspensivo, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión y dispondrá la posterior expulsión, cuando: a) Con la finalidad de obtener un beneficio migratorio o la ciudadanía argentina se hubiese articulado un hecho o un acto simulado o éste hubiese sido celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiere presentado documentación material o ideológicamente falsa o adulterada; b) El residente hubiese sido condenado judicialmente en la República por delito doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de cinco (5) años o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos. En el primer supuesto cumplida la condena, deberá transcurrir un plazo de dos (2) años para que se dicte la resolución definitiva de cancelación de residencia, la que se fundamentará en la posible incursión por parte del extranjero en los impedimentos previstos en el artículo 29 de la presente ley. En caso de silencio de la Administración, durante los treinta (30) días posteriores al vencimiento de dicho plazo, se considerará que la residencia queda firme; c) El beneficiario de una radicación permanente hubiese permanecido fuera del Territorio Nacional por un período superior a los dos (2) años o la mitad del plazo acordado, si se tratara de residencia temporaria, excepto que la ausencia obedeciere al ejercicio de una función pública argentina o se hubiese generado en razón de actividades, estudios o investigaciones que a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones pudieran ser de interés o beneficiosa para la República Argentina o que mediara autorización expresa de la autoridad migratoria la que podrá ser solicitada por intermedio de las autoridades consulares argentinas; d) Asimismo será cancelada la residencia permanente, temporaria o transitoria concedida cuando se hayan desnaturalizado las razones que motivaron su concesión o cuando la instalación en el país hubiera sido subvencionada total o parcialmente, directa o indirectamente por el Estado Argentino y no se cumplieran o se violaren las condiciones expresamente establecidas para la subvención; e) El Ministerio del Interior podrá disponer la cancelación de la residencia permanente o temporaria y la expulsión de la República de todo extranjero, cualquiera sea la situación de residencia, cuando realizare en el país o en el exterior, cualquiera de las actividades previstas en los incisos d) y e) del artículo 29 de la presente. El Ministerio del Interior dispensará el cumplimiento de la cancelación prevista en virtud del presente artículo cuando el extranjero fuese padre, hijo o cónyuge de argentino, salvo decisión debidamente fundada por parte de la autoridad migratoria. Asimismo, dicha dispensa podrá ser otorgada teniendo en cuenta el plazo de permanencia, legal inmediata anterior a la ocurrencia de alguna de las causales previstas en los incisos a) a d) del presente artículo, el que no podrá ser inferior a dos (2) años, debiendo tenerse en cuenta las circunstancias personales y sociales del beneficiario. ARTICULO 63. – En todos los supuestos previstos por la presente ley: a) La cancelación de la residencia conlleva la conminación a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o la expulsión del Territorio Nacional tomando en consideración las circunstancias fácticas y personales del interesado, según lo establezca la Reglamentación; b) La expulsión lleva implícita la prohibición de reingreso permanente o por un término que en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años y se graduará según la importancia de la causa que la motivara. Dicha prohibición sólo podrá ser dispensada por la Dirección Nacional de Migraciones. ARTICULO 64. – Los actos administrativos de expulsión firmes y consentidos dictados respecto de extranjeros que se encuentren en situación irregular, se ejecutarán en forma inmediata cuando se trate de: a) Extranjeros que se encontraren cumpliendo penas privativas de libertad, cuando se hubieran cumplido los supuestos establecidos en los acápites I y II del artículo 17 de la ley 24.660 que correspondieren para cada circunstancia. La ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el Tribunal competente; b) Extranjeros sometidos a proceso, cuando sobre los mismos recayere condena firme de ejecución condicional. La ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente por el Tribunal competente; c) El procesamiento de un extranjero sobre el que pesa orden administrativa de expulsión firme y consentida, en cuyo caso no procederá el otorgamiento del beneficio de la suspensión del juicio a prueba o de medidas curativas, las que serán reemplazadas por la ejecución del extrañamiento, dándose por cumplida la carga impuesta al extranjero. ARTICULO 65. – Ningún extranjero o familiar suyo será privado de su autorización de residencia ni expulsado por el solo hecho de no cumplir una obligación emanada de un contrato de trabajo, a menos que el cumplimiento de esa obligación constituya condición necesaria para dicha autorización o permiso. ARTICULO 66. – Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente. ARTICULO 67. – La expulsión no menoscabará por sí sola ninguno de los derechos que haya adquirido el migrante de conformidad con la legislación nacional, incluido el derecho a recibir los salarios y toda otra prestación que le pudiere corresponder. ARTICULO 68. – El interesado deberá contar con oportunidad razonable, aún después de la partida, para reclamar lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que le pudieren corresponder, así como para cumplimentar sus obligaciones pendientes. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un migrante o un familiar suyo estarán a cargo de la autoridad de aplicación. Podrá exigírsele que pague sus propios gastos de viaje desde el puesto de salida hasta su lugar de destino, sin perjuicio de lo previsto en el Título III. ARTICULO 69. – A aquellos extranjeros a quienes se impidiere hacer abandono del país por disposición judicial, la autoridad de migración les concederá autorización de “residencia precaria”. CAPITULO II – DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ARTICULO 70. – Firme y consentida la expulsión de un extranjero, el Ministerio del Interior o la Dirección Nacional de Migraciones, solicitarán a la autoridad judicial competente que ordene su retención, mediante resolución fundada, al solo y único efecto de cumplir aquélla. Excepcionalmente y cuando las características del caso lo justificare, la Dirección Nacional de Migraciones o el Ministerio del Interior podrán solicitar a la autoridad judicial la retención del extranjero aún cuando la orden de expulsión no se encuentre firme y consentida. Producida tal retención y en el caso que el extranjero retenido alegara ser padre, hijo o cónyuge de argentino nativo, siempre que el matrimonio se hubiese celebrado con anterioridad al hecho que motivara la resolución, la Dirección Nacional de Migraciones deberá suspender la expulsión y constatar la existencia del vínculo alegado en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles. Acreditado que fuera el vínculo el extranjero recuperará en forma inmediata su libertad y se habilitará respecto del mismo, un procedimiento sumario de regularización migratoria. En todos los casos el tiempo de retención no podrá exceder el estrictamente indispensable para hacer efectiva la expulsión del extranjero. Producida la retención, se dará inmediato conocimiento de la misma al Juzgado que hubiere dictado la orden a tal efecto. ARTICULO 71. – Hecha efectiva la retención de un extranjero, la autoridad de aplicación, podrá disponer su libertad provisoria bajo caución real o juratoria que fijen en cada caso, cuando no pueda realizarse la expulsión en un plazo prudencial o medien causas que lo justifiquen. Dicha decisión deberá ser puesta en conocimiento del Juez Federal competente en forma inmediata. ARTICULO 72. – La retención se hará efectiva por los organismos integrantes de la policía migratoria auxiliar, los que alojarán a los detenidos en sus dependencias o donde lo disponga la Dirección Nacional de Migraciones, hasta su salida del territorio nacional. Cuando por razones de seguridad o por las condiciones personales del expulsado, se haga necesaria su custodia hasta el lugar de destino, la autoridad migratoria podrá disponerla y requerirla de la policía migratoria auxiliar. En caso de necesidad, podrá solicitar asistencia médica. ARTICULO 73. – Las personas, compañías, empresas, asociaciones o sociedades que solicitaren el ingreso, la permanencia o la regularización de la situación migratoria de un extranjero en el país, deberán presentar caución suficiente, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. TITULO VI – DEL REGIMEN DE LOS RECURSOS CAPITULO I – DEL REGIMEN DE LOS RECURSOS ARTICULO 74. – Contra las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones que revistan carácter de definitivas o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del interesado y contra los interlocutorios de mero trámite que lesionen derechos subjetivos o un interés legítimo, procederá la revisión en sede administrativa y judicial, cuando: a) Se deniegue la admisión o la permanencia de un extranjero; b) Se cancele la autorización de residencia permanente, temporaria o transitoria; c) Se conmine a un extranjero a hacer abandono del país o se decrete su expulsión; d) Se resuelva la aplicación de multas y cauciones o su ejecución. ARTICULO 75. – Podrán ser objeto de Recurso de Reconsideración los actos administrativos que resuelvan sobre las cuestiones enumeradas precedentemente. Dicho recurso se interpondrá contra los actos dictados por la Dirección Nacional de Migraciones y serán resueltos por ésta. En el caso de que el acto hubiese sido dictado por autoridad delegada, ésta será quien resuelva, sin perjuicio del derecho de avocación de la mencionada Dirección, salvo que la delegación hubiere cesado al tiempo de deducirse el recurso, supuesto en el cual resolverá el delegante. El Recurso de Reconsideración deberá deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de la notificación fehaciente del acto y ante el mismo órgano que lo dictó. ARTICULO 76. – La autoridad competente deberá resolver el Recurso de Reconsideración deducido, dentro de los treinta (30) días hábiles de su interposición. Vencido dicho plazo sin que hubiere una resolución al respecto, podrá reputarse denegado tácitamente, sin necesidad de requerir pronto despacho. ARTICULO 77. – El Recurso de Reconsideración lleva implícito el Recurso Jerárquico en Subsidio en el caso de decisiones adoptadas por autoridad delegada. Conforme a ello, cuando la reconsideración hubiese sido rechazada -expresa o tácitamente- las actuaciones deberán elevarse a la Dirección Nacional de Migraciones dentro del término de cinco (5) días hábiles, de oficio – supuesto de denegatoria expresa- o a petición de parte -supuesto de silencio-. Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida por la Dirección Nacional de Migraciones, el interesado podrá mejorar o ampliar los fundamentos del recurso. ARTICULO 78. – Los actos administrativos que resuelvan sobre las cuestiones enumeradas en el artículo 74, podrán también ser objeto del Recurso Jerárquico a interponerse ante la autoridad emisora del acto recurrido dentro de los quince (15) días hábiles de su notificación fehaciente, y será elevado de oficio y dentro del término de cinco (5) días hábiles a la Dirección Nacional de Migraciones. El Organismo citado deberá resolver el Recurso Jerárquico dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la recepción de las actuaciones. La interposición del Recurso Jerárquico no requiere la previa deducción del Recurso de Reconsideración. Si se hubiere interpuesto éste, no será indispensable fundar nuevamente el Jerárquico. ARTICULO 79. – Contra los actos dispuestos por la Dirección Nacional de Migraciones en los términos del Artículo 74, procederá a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o el recurso judicial pertinente. ARTICULO 80. – La elección de la vía judicial hará perder la administrativa; pero la interposición del recurso de alzada no impedirá desistirlo en cualquier estado a fin de promover la acción judicial, ni obstará a que se articule ésta una vez resuelto el recurso administrativo. ARTICULO 81. – El Ministro del Interior será competente para resolver en definitiva el recurso de alzada. ARTICULO 82. – La interposición de recursos, administrativos o judiciales, en los casos previstos en el artículo 74, suspenderá la ejecución de la medida dictada hasta tanto la misma quede firme. ARTICULO 83. – En los casos no previstos en este Título, serán de aplicación supletoria las disposiciones de la ley 19.549, el Decreto N° 1759/72 y sus modificaciones. ARTICULO 84. – Agotada la vía administrativa a través de los Recursos de Reconsideración, Jerárquico o Alzada, queda expedita la vía recursiva judicial. El plazo para la interposición del respectivo recurso, será de treinta (30) días hábiles a contar desde la notificación fehaciente al interesado. ARTICULO 85. – La parte interesada podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho, la cual será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados o, en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que exceda lo razonable para dictaminar. Presentado el pedido, el juez debe expedirse sobre su procedencia teniendo en cuenta las circunstancias del caso y, de entenderlo procedente, requerirá a la autoridad administrativa interviniente un informe acerca de las causas de la demora invocada, fijándole para ello un plazo. La decisión judicial será inapelable. Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo sin haber obtenido la resolución pertinente, el juez resolverá lo que corresponda con relación a la mora, librando -en su caso- la orden correspondiente a fin de que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo que se establezca de acuerdo con la naturaleza y complejidad del caso pendiente. ARTICULO 86. – Los extranjeros que se encuentren en territorio nacional y que carezcan de medios económicos, tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita en aquellos procedimientos administrativos y judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, al retorno a su país de origen o a la expulsión del territorio argentino. Además tendrán derecho a la asistencia de intérprete/ s si no comprenden o hablan el idioma oficial. Las reglamentaciones a la presente, que en su caso se dicten, deberán resguardar el ejercicio del Derecho Constitucional de defensa. ARTICULO 87. – La imposibilidad de pago de las tasas establecidas para la interposición de recursos no podrán obstaculizar el acceso al régimen de recursos establecido en el presente Título. ARTICULO 88. – La imposibilidad del pago de la tasa prevista para la interposición de los recursos, no será obstáculo para acceder al régimen recursivo previsto en el presente capítulo. ARTICULO 89. – El recurso judicial previsto en el artículo 84, como la consecuente intervención y decisión del órgano judicial competente para entender respecto de aquéllos, se limitarán al control de legalidad, debido proceso y de razonabilidad del acto motivo de impugnación. CAPITULO II – DE LA REVISION DE LOS ACTOS DECISORIOS ARTICULO 90. – El Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones podrán rever, de oficio o a petición de parte, sus resoluciones y las de las autoridades que actúen por delegación. Serán susceptibles de revisión las decisiones cuando se comprueben casos de error, omisión o arbitrariedad manifiesta, violaciones al debido proceso, o cuando hechos nuevos de suficiente entidad justifiquen dicha medida. CAPITULO III – DEL COBRO DE MULTAS ARTICULO 91. – Las multas que se impongan en virtud de lo dispuesto por la presente ley, deberán ser abonadas dentro del plazo, en el lugar, forma y destino que determine la reglamentación. ARTICULO 92. – Contra las resoluciones que dispongan la sanción, multa o caución, procederá el recurso jerárquico previsto en los artículos 77 y 78, o el judicial contemplado en el artículo 84 de la presente. Este último deberá interponerse acreditando fehacientemente el previo depósito de la multa o cumplimiento de la caución impuesta. ARTICULO 93. – Cuando las multas impuestas de acuerdo con la presente ley no hubiesen sido satisfechas temporáneamente, la Dirección Nacional de Migraciones, perseguirá su cobro judicial, por vía de ejecución fiscal, dentro del término de sesenta (60) días de haber quedado firmes. La certificación emanada de dicho organismo será título ejecutivo suficiente a tales efectos. La Justicia Federal será competente para entender en la vía ejecutiva. ARTICULO 94. – A los fines previstos en el artículo anterior, y en los casos en que deba presentarse ante jueces y tribunales, la Dirección Nacional de Migraciones tendrá personería para actuar en juicio. ARTICULO 95. – Los domicilios constituidos en las respectivas actuaciones administrativas serán válidos en el procedimiento judicial. CAPITULO IV – DE LA PRESCRIPCION ARTICULO 96. – Las infracciones reprimidas con multas, prescribirán a los dos (2) años. ARTICULO 97. – La prescripción se interrumpirá por la comisión de una nueva infracción o por la secuela del procedimiento administrativo o judicial. TITULO VII – COMPETENCIA ARTICULO 98. – Serán competentes para entender en lo dispuesto en los Títulos V y VI los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal o los Juzgados Federales del interior del país, hasta tanto se cree un fuero específico en materia migratoria. TITULO VIII – DE LAS TASAS TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS ARTICULO 99. – El Poder Ejecutivo nacional determinará los actos de la Dirección Nacional de Migraciones que serán gravados con tasas retributivas de servicios, estableciendo los montos, requisitos y modos de su percepción. ARTICULO 100. – Los servicios de inspección o de contralor migratorio que la Dirección Nacional de Migraciones preste en horas o días inhábiles o fuera de sus sedes, a los medios de transporte internacional que lleguen o que salgan de la República, se encontrarán gravados por las tasas que fije el Poder Ejecutivo al efecto. ARTICULO 101. – Los fondos provenientes de las tasas percibidas de acuerdo con la presente ley, serán depositados en el lugar y la forma establecidos por la reglamentación. TITULO IX – DE LOS ARGENTINOS EN EL EXTERIOR ARTICULO 102. – El gobierno de la República Argentina podrá suscribir convenios con los Estados en los que residan emigrantes argentinos para asegurarles la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de seguridad social que rijan en el país receptor. Dichos tratados deberán asimismo garantizar a los emigrantes la posibilidad de efectuar remesas de fondos para el sostenimiento de sus familiares en la República Argentina. El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios otorgados por la presente ley respecto de los súbditos de aquellos países que tengan establecidas restricciones para los ciudadanos argentinos allí residentes, que afecten gravemente el principio de reciprocidad. ARTICULO 103. – Todo argentino con más de dos (2) años de residencia en el exterior que decida retornar al país podrá introducir los bienes de su pertenencia destinados a su actividad laboral libre de derechos de importación, tasas, contribuciones y demás gravámenes, así como su automóvil, efectos personales y del hogar hasta el monto que determine la autoridad competente, hasta el monto y con los alcances que establezca el Poder Ejecutivo nacional. ARTICULO 104. – Las embajadas y consulados de la República Argentina deberán contar con los servicios necesarios para mantener informados a los argentinos en el exterior de las franquicias y demás exenciones para retornar al país. TITULO X – DE LA AUTORIDAD DE APLICACION CAPITULO I – AUTORIDAD DE APLICACION ARTICULO 105. – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección Nacional de Migraciones. ARTICULO 106. – Los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los inmigrantes y apoyarán a los sindicatos, organizaciones empresariales y a las organizaciones no gubernamentales que, sin ánimo de lucro, favorezcan su integración social, prestándoles ayuda en la medida de sus posibilidades. CAPITULO II – DE LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES ARTICULO 107. – La Dirección Nacional de Migraciones, será el órgano de aplicación de la presente ley, con competencia para entender en la admisión, otorgamiento de residencias y su extensión, en el Territorio Nacional y en el exterior, pudiendo a esos efectos establecer nuevas delegaciones, con el objeto de conceder permisos de ingresos; prórrogas de permanencia y cambios de calificación para extranjeros. Asimismo controlará el ingreso y egreso de personas al país y ejercerá el control de permanencia y el poder de policía de extranjeros en todo el Territorio de la República. ARTICULO 108. – La Dirección Nacional de Migraciones podrá delegar el ejercicio de sus funciones y facultades de la Dirección Nacional de Migraciones en las instituciones que constituyan la Policía Migratoria Auxiliar o en otras autoridades, nacionales, provinciales o municipales, las que actuarán conforme a las normas y directivas que aquella les imparta. CAPITULO III – DE LA RELACION ENTRE DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES CON OTROS ENTES Y ORGANISMOS ARTICULO 109. – Los Gobernadores de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de agentes naturales del Gobierno Federal, proveerán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la presente ley en sus respectivas jurisdicciones, y designarán los organismos que colaborarán para tales fines con la Dirección Nacional de Migraciones. ARTICULO 110. – Los juzgados federales deberán comunicar a la Dirección Nacional de Migraciones sobre las cartas de ciudadanía otorgadas y su cancelación en un plazo no mayor de treinta (30) días, para que ésta actualice sus registros. ARTICULO 111. – Las autoridades competentes que extiendan certificado de defunción de extranjeros deberán comunicarlo a la Dirección Nacional de Migraciones en un plazo no mayor de quince (15) días, para que ésta actualice sus registros. CAPITULO IV – DE LOS REGISTROS MIGRATORIOS ARTICULO 112. – La Dirección Nacional de Migraciones creará aquellos registros que resulten necesarios para el cumplimiento de la presente ley. CAPITULO V – DE LA POLICIA MIGRATORIA AUXILIAR ARTICULO 113. – El Ministerio del Interior podrá convenir con los gobernadores de provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio de funciones de Policía Migratoria Auxiliar en sus respectivas jurisdicciones y las autoridades u organismos provinciales que la cumplirán. ARTICULO 114. – La Policía Migratoria Auxiliar quedará integrada por la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Aeronáutica Nacional y la Policía Federal, las que en tales funciones quedarán obligadas a prestar a la Dirección Nacional de Migraciones la colaboración que les requiera. ARTICULO 115. – La Dirección Nacional de Migraciones, mediante la imputación de un porcentaje del p