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Timestamp: 2020-08-07 16:06:00
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BOE.es - Documento BOE-A-2019-4944
Documento BOE-A-2019-4944
«BOE» núm. 80, de 3 de abril de 2019, páginas 34560 a 34595 (36 págs.)
BOE-A-2019-4944
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/04/02/cnu384
1. De un lado establecer las bases de la concesión, seguimiento y justificación de las ayudas a infraestructuras de investigación y adquisición de equipamiento científico-técnico cuyos beneficiarios sean los organismos de investigación y de difusión de conocimientos y de infraestructuras de investigación definidos en el artículo 3 y el Anexo I, en el campo de sus actividades no económicas.
2. De otro lado establecer la normativa específica reguladora de los préstamos y anticipos reembolsables, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante Ley 38/2003, de 17 de noviembre). De este modo los préstamos y anticipos reembolsables que se otorguen al amparo de esta norma, se regirán por la presente orden, y en lo que no se establezca en la misma, se regirá por las prescripciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Conforme al artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se podrá aplicar la condición de beneficiario a los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamenten la concesión de la ayuda en nombre y por cuenta del beneficiario, en el supuesto de que se trate de una persona jurídica. Se consideran miembros asociados aquéllos que tengan con el beneficiario una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual, que se encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o en documento análogo de constitución.
2. Conforme al artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, podrán tener la condición de beneficiario las agrupaciones de personas jurídicas, tanto públicas como privadas, que puedan llevar a cabo proyectos en cooperación.
1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, (en adelante del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre), así como las que se establezcan en las convocatorias y en las resoluciones de concesión.
2. En el caso de ayudas cofinanciadas con los Fondos EIE, los beneficiarios deberán cumplir con la normativa específica que los regula, y, en todo caso, deberán:
a) El representante de la agrupación será el interlocutor ante la Administración, y canalizará con ésta las relaciones correspondientes en la forma que se determine en las convocatorias en cada una de las fases del procedimiento de concesión. El interlocutor deberá trasladar al resto de participantes todas las notificaciones o comunicaciones que el órgano concedente notifique a través de los medios electrónicos establecidos en la convocatoria. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al reintegro total de la ayuda concedida a esta entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de esta orden.
b) Los participantes responderán de las eventuales obligaciones de reintegro en relación con las actividades que se hayan comprometido a realizar. En caso de incumplimiento de dicha obligación todos los integrantes de la agrupación responderán solidariamente, hasta el límite de la ayuda que les hubiera sido concedida por su participación en el proyecto de acuerdo con el artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. De acuerdo con lo establecido en el anexo I sobre organismos de investigación y de difusión de conocimientos y de infraestructuras de investigación, cuando estas entidades lleven a cabo actividades económicas y no económicas, la financiación, los costes y los ingresos de sus actividades deberán contabilizarse por separado.
1. Podrán obtener la condición de entidad colaboradora, siempre que cumplan con los requisitos previstos en los artículos 12 y 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los organismos y demás entes de derecho público cuyo objeto social o actividad tenga relación directa con el sector al que se dirigen las subvenciones y que acrediten contar con los medios materiales y personales suficientes para desarrollar la actividad de entrega, distribución y comprobación exigibles.
2. Dichas entidades, con las que se formalizará, conforme al artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el correspondiente convenio de colaboración, podrán llevar a cabo, en todo o en parte, la gestión de las ayudas, o efectuar la entrega a los beneficiarios de los fondos recibidos.
Artículo 7. Actividades objeto de ayuda.
2. Las ayudas reguladas en esta orden financiarán, total o parcialmente, las actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico y Tecnológico, que comprenderán, entre otras, las siguientes actividades:
a) Trabajos necesarios para el diseño, estudio de viabilidad y planificación de las «Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares» (en adelante, ICTS).
b) Adquisición, montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de infraestructuras científico-técnicas, así como las acciones necesarias para la sostenibilidad, mejora y actualización de las ya existentes.
c) Adquisición, construcción o montaje, mejora o actualización, instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento científico-técnico necesario para la ejecución de la investigación de calidad, la mejora de los resultados e impacto científico, económico y social de la misma, así como para el propio funcionamiento de las infraestructuras de investigación existentes.
d) Acciones encaminadas a favorecer el acceso de investigadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación a infraestructuras científico-técnicas nacionales e internacionales.
e) Otras actividades contempladas en el subprograma estatal a que se refiere el artículo 1.
3. Las correspondientes convocatorias incluirán y en su caso desarrollarán una o varias de las actividades recogidas en el apartado anterior, mediante los instrumentos y modalidades de participación señalados en el Plan Estatal de I+D+i.
4. A los efectos de este artículo, se entenderá por actividades de I+D+i las definidas en el anexo II.
1. Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de la ayuda respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente. La solicitud, que se presentará en la forma que se determina en el artículo 15.1, irá acompañada de una memoria justificativa de la necesidad de la subcontratación para la consecución de los objetivos de la actuación objeto de ayuda.
1. Las ayudas podrán concederse bajo las modalidades de subvención, préstamo o anticipo reembolsable, o una combinación de las mismas.
2. Las convocatorias podrán establecer un límite o porcentaje máximo de ayuda para cada tipo de actuación y/o beneficiario.
3. Las cantidades concedidas podrán cubrir total o parcialmente la actividad que se incentiva, sin que en ningún caso, incluida la posible cofinanciación, se supere el coste real de la actividad financiada.
4. Excepcionalmente, cuando se prevea que el importe global de las solicitudes pudiera ser significativamente superior al importe global máximo destinado a las ayudas y no supusiera ninguna alteración de los requisitos o condiciones fijados, se podrá admitir la posibilidad del prorrateo entre los beneficiarios en el porcentaje que resultare del exceso entre lo solicitado y el importe global máximo destinado a las ayudas.
1. Las ayudas reguladas en esta orden podrán ser compatibles con la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, internacionales o de la Unión Europea, siempre que el importe conjunto de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supere el coste de la actividad financiada o no implique una disminución del importe de la financiación propia exigida al beneficiario, en su caso, para cubrir la actividad financiada.
1. La actividad objeto de ayuda se realizará, en cada actuación, dentro del periodo de ejecución que determinen las convocatorias o las resoluciones de concesión, teniendo en cuenta el objeto o la finalidad de la ayuda.
2. Las inversiones y gastos efectuados por el beneficiario podrán realizarse durante todo el periodo de ejecución para el que se conceda la ayuda, con las particularidades que establezcan las convocatorias o las resoluciones de concesión. El gasto y pago del informe de auditor a que se refiere el artículo 8. 2.19.º, podrán realizarse hasta que finalice el plazo de presentación de la documentación de justificación de la ayuda.
Artículo 14. Garantías.
1. Las ayudas reguladas en esta orden que adopten la forma de subvención y de anticipo reembolsable no precisarán de la constitución de garantías.
2. En el caso de préstamos, las entidades beneficiarias estarán exentas de la presentación de garantías salvo cuando su cuantía sea superior a 2.000.000 euros por proyecto. En estos casos las garantías se constituirán por un porcentaje que se establecerá en las convocatorias, y que en ningún caso será inferior al 25 por ciento de la ayuda concedida más los intereses financieros.
3. Los solicitantes propuestos para la concesión de la ayuda en la propuesta de resolución provisional o definitiva deberán constituir la garantía correspondiente al primer pago con anterioridad a la concesión. La aportación de los resguardos de constitución de las garantías no generará derecho subjetivo a la obtención de ayuda por el interesado, ni prejuzgará el contenido de la resolución de concesión, en su caso.
4. Las garantías se constituirán, a disposición del órgano concedente, a requerimiento de éste o del órgano instructor, según proceda, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, en las modalidades y con las características y requisitos que se determinen en las convocatorias, de los establecidos en el Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por el Real Decreto 161/1997, de 7 febrero, y en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 7 de enero de 2000 por la que se desarrolla el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, que aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
5. El plazo de presentación del resguardo de constitución de las garantías desde la notificación de su requerimiento se establecerá en las convocatorias.
6. La falta de presentación de las garantías ante el órgano competente en el plazo en que sean exigibles, tendrá alguno de los siguientes efectos:
a) Resolución desestimatoria del procedimiento de concesión cuando la garantía sea exigible con anterioridad a la concesión.
b) Pérdida definitiva del derecho al cobro, cuando se trate de libramientos posteriores a la concesión de la ayuda.
7. Procederá la ejecución de las garantías, cuando se acuerde el reintegro por el órgano competente, y este no sea debidamente satisfecho en el plazo previsto. La ejecución se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
8. Las garantías se cancelarán por tramos a medida que se vaya produciendo el reembolso del préstamo, a partir del momento en que el importe del préstamo todavía no rembolsado sea igual o menor al importe de la garantía. Las garantías se liberaran, por acuerdo del órgano concedente, en los siguientes casos:
a) Cuando se hayan reembolsado las cantidades adeudadas.
b) Cuando, tratándose de un préstamo, se hubiera producido la subrogación de la deuda viva del mismo por parte de una entidad financiera.
c) Cuando se hubieran constituido garantías con anterioridad a la concesión por un montante superior al establecido en el apartado 2 de este artículo o cuando se produzca la desestimación o el desistimiento expreso de la solicitud, se cancelará la parte constituida en exceso o la totalidad de la misma, según proceda.
d) Cuando se hubieran reintegrado las cantidades debidas en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 15. Comunicaciones electrónicas.
1. En aplicación del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015, de 1 de octubre), y en atención a la condición de personas jurídicas de los solicitantes y potenciales beneficiarios de las ayudas, las comunicaciones de todas las actuaciones que se realicen por los órganos competentes en el procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta orden, en el desarrollo de su ejecución, en su justificación y en la petición de informes de avance intermedio y en los eventuales procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se llevarán a cabo a través de medios electrónicos.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos integrantes del procedimiento de concesión de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva serán objeto de publicación, surtiendo ésta todos los efectos de notificación practicada.
3. Complementariamente, y por necesidades de confidencialidad vinculadas a la naturaleza de las actividades de I+D+i, las convocatorias podrán establecer la notificación por comparecencia de algunos de los trámites administrativos del procedimiento de concesión.
5. Las entidades solicitantes deberán estar previamente inscritas en el Registro y Administración de Entidades disponible en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Por su parte, las personas físicas que actúen como representantes legales o responsables científico-técnicos deberán estar previamente inscritas en el Registro Unificado de Solicitantes, disponible en la indicada sede electrónica.
Artículo 16. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos que señala el artículo 8.3 de dicha ley.
2. El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, efectuada por el órgano competente, cuyo texto completo deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto del mismo en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 17. Órganos competentes.
1. El órgano competente para la iniciación del procedimiento será la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y/o la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, en el ámbito de sus respectivas competencias.
2. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a las unidades de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y/o de la Agencia Estatal de Investigación, en el ámbito de sus competencias. Las convocatorias indicarán las unidades que, conforme a la normativa aplicable, resultan competentes en función del objeto de la ayuda. En convocatorias que deban ser iniciadas de forma conjuntas por más de un órgano, de conformidad con el apartado 1, podrá designarse un único órgano instructor.
3. Corresponde la resolución del procedimiento de concesión a la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y/o la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 18. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán en la forma y en el plazo establecido en cada convocatoria, y, cuando así proceda por la naturaleza de las actuaciones, se indicará el carácter abierto de la misma, conforme al artículo 59 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Se considerarán efectivamente presentadas aquellas solicitudes firmadas y registradas dentro de plazo, que incluyan, tanto el formulario, como el resto de información y documentos determinados en la convocatoria como parte integrante de la solicitud.
4. La solicitud deberá expresar el consentimiento u oposición para que el órgano instructor pueda comprobar o recabar de otros órganos, administraciones o proveedores de información, por medios electrónicos, la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o sobre otras circunstancias de los solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento. En caso de oposición, el solicitante deberá aportar los certificados o pruebas que al efecto le exija la convocatoria.
5. Se podrá admitir la sustitución de la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de los requisitos específicos establecidos en esta orden o en las convocatorias para adquirir la condición de beneficiario, o de los documentos requeridos en las convocatorias para cada tipo de ayuda, por una declaración responsable del solicitante, en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el solicitante deberá aportar declaración responsable expresa de no haber recibido subvenciones concurrentes o, en su caso, la relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que pudieran afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 12 de esta orden.
7. Si la solicitud, con el contenido al que se refiere el apartado 2 no reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 19. Instrucción del procedimiento.
a) La petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver o que sean exigidos por esta orden o por la convocatoria. A este respecto, las solicitudes podrán ser objeto de informes de valoración científico-técnica, y, en su caso, económico-financiera, que podrán realizarse por expertos independientes, nacionales o internacionales, o por comisiones técnicas de expertos, o por agencias de evaluación nacionales o internacionales, según determinen las convocatorias, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
b) La pre-evaluación de las solicitudes, que se hará siguiendo lo establecido en el segundo párrafo del artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en las convocatorias. En esta fase el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario. En todo caso, tal fase sólo podrá afectar a aquellos requisitos cuya concurrencia no requiera de ninguna valoración científica o técnica. En caso de que en esta fase se hubiera producido la exclusión de algún solicitante se le notificará tal extremo en la forma que determine la convocatoria.
c) La evaluación de las solicitudes de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.
Artículo 20. Evaluación y selección.
a) En el procedimiento de evaluación en una sola fase los solicitantes aportarán con la solicitud la información necesaria para evaluar la propuesta conforme a los criterios de evaluación que se establecen en el anexo III para cada tipo de actuación.
1.º Los solicitantes aportarán en la primera fase la documentación requerida en las convocatorias, cuyo formato podrá ser simplificado. Se podrá asimismo requerir una declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario, en los términos del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de su necesaria comprobación posterior.
2. La evaluación de solicitudes se realizará por comisiones de evaluación, mediante la comparación de las solicitudes conforme a los criterios establecidos, vistos, en su caso, los informes mencionados en el artículo 19.a).
3. El procedimiento de evaluación podrá contemplar, si así se prevé en la convocatoria, y como medio de prueba adicional de los criterios de evaluación previstos en el anexo III, la celebración de entrevistas presenciales o videoconferencias, cuando proceda, siempre que dichas actuaciones respondan a una convocatoria pública, y respeten el principio de igualdad de oportunidades. Cuando así lo determinen las convocatorias, la evaluación, en sus distintas fases, podrá desarrollarse en lengua inglesa en aquellos aspectos de índole técnica que lo requieran por la dimensión internacional de las ayudas.
4. Las comisiones de evaluación serán específicas para cada una de las modalidades de actuación indicadas en el Anexo III y serán designadas por el órgano concedente. Tendrán la siguiente composición:
d) Asimismo, contarán con un secretario/a sin la condición de miembro que será un funcionario/a de la Agencia Estatal de Investigación, que actuará con voz, pero sin voto.
5. En caso de evaluación en dos fases, la comisión previa, que evaluará la primera fase, estará constituida al menos por la presidencia o la vicepresidencia y dos vocales de la comisión de evaluación. Asimismo, contará con un secretario/a que actuará con voz, pero sin voto.
7. En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, el funcionamiento de la comisión de evaluación se regirá por lo establecido en sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015, de 1 de octubre).
8. El funcionamiento de las comisiones de evaluación será atendido con los medios personales, técnicos o presupuestarios asignados al órgano convocante, y no implicará incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros costes de personal al servicio del sector público.
Artículo 21. Criterios de evaluación de solicitudes.
Artículo 22. Propuesta de resolución.
b) Cuando corresponda, la relación de las solicitudes de reserva, ordenadas según su prelación, en los términos y a los efectos establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Con ocasión del trámite de audiencia, y cuando así lo prevea la convocatoria, podrá recabarse en el mismo acto la aceptación de la ayuda por los solicitantes seleccionados. En este caso y cuando las ayudas estén cofinanciadas con Fondos EIE, la notificación incluirá, para cada ayuda, la información prevista en la normativa específica de dichos Fondos que sea de aplicación. Asimismo, en los casos legalmente exigibles, se recabará la presentación de los justificantes o documentos requeridos que son de obligado cumplimiento para poder ser beneficiario. Dichos documentos serán especificados en cada convocatoria junto con los plazos para su presentación. Igualmente, podrá requerirse la constitución de las garantías que, en su caso, pudieran exigirse en virtud del artículo 14, en la forma y plazos establecidos en dicho artículo.
4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia en los casos previstos en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. Cuando resulte procedente y así se especifique en la convocatoria, el órgano instructor notificará a los solicitantes que hayan sido propuestos como beneficiarios tras el trámite de audiencia la propuesta de resolución definitiva para que, en el plazo de diez días hábiles, comuniquen la aceptación o desistimiento de la ayuda propuesta y, en los casos legalmente exigibles, aporten los justificantes o documentos requeridos y, en su caso, constituyan las garantías exigibles en virtud del artículo 14, si no lo hubieran hecho con anterioridad. Será de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 3 de este artículo.
Artículo 23. Reformulación de solicitudes.
Artículo 24. Resolución.
c) El presupuesto financiable, la modalidad y la cuantía de la ayuda concedida, así como la forma de pago.
4. Asegurando la observancia del principio de igualdad en el otorgamiento, el órgano concedente podrá dictar resoluciones de concesión parciales y sucesivas, sobre la totalidad de solicitudes presentadas, a medida que el órgano competente formule las correspondientes propuestas de resolución provisionales y definitivas parciales. En este caso, la convocatoria deberá establecer las medidas que garanticen dicho principio de igualdad en el otorgamiento.
5. La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en esta orden para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
Artículo 25. Modificación de la resolución.
b) Prórroga del plazo de ejecución de actividades de I+D+i objeto de ayuda, cuando se den circunstancias debidamente acreditadas, que hayan impedido la ejecución de la actividad en el plazo inicialmente previsto. No se autorizarán ampliaciones que excedan de la mitad de la duración inicial de la actuación.
c) Cambios en el investigador principal, el responsable científico-técnico o el equipo de investigación de la actuación objeto de ayuda, siempre que los propuestos cumplan los requisitos establecidos en las convocatorias.
d) Cambios en las características de las infraestructuras o equipamiento financiados, debido a la necesidad de introducir mejoras tecnológicas o por otras causas debidamente justificadas. Los cambios no podrán suponer una modificación sustancial del objetivo principal de la actuación.
3. No será necesaria autorización para los incrementos de hasta un 20 % en los conceptos susceptibles de ayuda que figuren en la resolución de concesión, que se compensen con disminución de otros, y siempre que no se altere el importe total de la ayuda.
Artículo 26. Pago.
2. Cada pago quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano gestor de que el beneficiario cumple todos los requisitos señalados en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Así mismo, los pagos podrán condicionarse a la presentación de la documentación que se exija en la convocatoria o en las resoluciones de concesión.
3. Cuando los pagos se realicen en varias anualidades, éstos estarán condicionados a la presentación de la documentación requerida para la justificación económica o a la presentación de los informes científico-técnicos de avance de la actuación y, en el caso de estos últimos, si así lo establece la convocatoria, a su valoración positiva.
5. El órgano concedente de la ayuda podrá acordar, como medida cautelar a raíz de la intervención de las autoridades de control competentes, nacionales o europeas, la retención del pago a la que se alude en el artículo 88.3 c) de Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dicha retención se realizará sobre las cantidades pendientes de abonar al beneficiario en el supuesto de indicios racionales de fraude y/o de la incorrecta obtención, destino o justificación de la ayuda percibida.
Artículo 27. Justificación científico-técnica y económica.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de las ayudas reguladas en esta orden se realizará mediante los procedimientos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su Reglamento de desarrollo y, en su caso, en la normativa aplicable de la Unión Europea.
a) Se podrá optar por la cuenta justificativa simplificada, con el contenido establecido en el artículo 75.b), c) y d) del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los supuestos previstos en los artículos 75.1 y 82.1 del citado reglamento, así como, cuando sea aplicable, en la disposición adicional undécima de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
b) En los demás casos, se podrá optar por la cuenta justificativa ordinaria prevista en el artículo 72 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o bien por la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor. Esta última se regirá por lo previsto en el artículo 74 del referido reglamento, y contendrá una memoria económica abreviada con el contenido de los apartados a), d), e) y g) del artículo 72.2 del mismo.
5. En el caso de que, en virtud de lo previsto en el artículo 25.2.a) de esta orden, se hubiera producido una sustitución del beneficiario, cada uno de ellos será el beneficiario de la ayuda en el periodo y por la cuantía que determinen, consideradas conjuntamente, las resoluciones de concesión y de modificación de la concesión, a la vista del presupuesto de gasto y de la actividad realizada en el momento de la sustitución. Cada beneficiario será responsable de la ejecución y justificación de la parte de la ayuda que le corresponda.
Artículo 28. Seguimiento o comprobación científico-técnica y análisis ex post de las actuaciones.
2. Así mismo con la información aportada por el beneficiario, a la que se alude en el apartado anterior, y la agregada de cada convocatoria, se realizará un análisis ex post del impacto de las actuaciones financiadas. A tal efecto, se podrá solicitar información adicional a los beneficiarios en cualquier momento, incluso después de finalizada la justificación de las actuaciones.
4. Los resultados negativos de los seguimientos o comprobaciones de las actuaciones financiadas podrán ser tenidos en consideración cuando el interesado solicite una nueva ayuda del Plan Estatal de I+D+i, con motivo de la valoración de los criterios de evaluación relativos al equipo de investigación o a la calidad de la propuesta.
Artículo 29. Actuaciones de comprobación y control económico.
1. El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como al control por la Intervención General de la Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas y, en su caso, por la Comisión Europea en virtud de lo establecido en la normativa relativa a la gestión de las ayudas financiadas con los fondos EIE, y a cualquier otra normativa aplicable.
3. La comprobación formal para la liquidación de la ayuda se realizará sobre las cuentas justificativas presentadas. Las facturas y justificantes de pago o documentos de valor probatorio análogo que sustenten dichos informes serán objeto de comprobación en el plazo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la normativa específica aplicable cuando se trate de ayudas financiadas con fondos EIE, sobre la base de una muestra representativa, a cuyo fin el órgano gestor podrá requerir a los beneficiarios la remisión de los justificantes que compongan dicha muestra, así como realizar los controles recogidos en cada uno de los planes anuales de actuación mencionados en el artículo 85 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 30. Reintegro y pérdida del derecho al cobro.
1. Procederá el reintegro de la ayuda percibida, así como de los intereses de demora correspondientes, en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y éste se regirá por lo dispuesto en el título II de la misma, y en el título III de su Reglamento de desarrollo, previo el oportuno expediente de incumplimiento.
2. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 31. Criterios de graduación de incumplimientos.
1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en esta orden de bases, en las resoluciones de convocatoria de ayudas, en la normativa europea, en su caso, y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que se establezcan en las correspondientes resoluciones de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y a la obligación de reintegrar ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de esta orden.
a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la ayuda, determinado a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación, será causa de reintegro total de la ayuda, y, en su caso, de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas determinado a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a los mismos y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
d) La falta de presentación de los informes de seguimiento intermedios o finales, así como la negativa u obstrucción del beneficiario a otras actuaciones de comprobación o control, como entrevistas presenciales o visitas, conllevará la devolución de las cantidades percibidas y no justificadas y, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.
e) La no aportación de las tres ofertas en los casos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en caso de tratarse de un beneficiario sometido a dicha normativa, significará la reducción de la ayuda en un importe equivalente al no justificado por este motivo y sin perjuicio de lo previsto por la normativa europea en aquellos casos que resulte de aplicación.
f) El incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida, en los términos del artículo 31.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de lo establecido en el artículo 5.3 de esta orden, será causa del reintegro parcial de hasta el 2% del importe asociado a dicho incumplimiento.
Artículo 32. Devolución voluntaria de remanentes no aplicados.
Artículo 33. Infracciones y sanciones.
Disposición adicional segunda. Regulación de las ayudas en forma de préstamos.
1. Los préstamos son una modalidad de ayuda consistente en la entrega al beneficiario de una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un período de tiempo determinado, adquiriendo aquel la obligación de devolución del capital más los intereses que se determinen en un plazo de tiempo y según un calendario de amortización establecidos.
2. Los beneficiarios de ayudas en forma de préstamos deberán tener capacidad de endeudarse, conforme a la normativa que les resulte de aplicación.
3. Las convocatorias establecerán las condiciones de los préstamos en cuanto a plazos de amortización, periodo de carencia, interés y condiciones de reembolso, incluida la posible subrogación, teniendo en cuenta lo que prevean las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.
4. La concesión de los préstamos estará condicionada a la constitución de las correspondientes garantías, en los términos regulados en el artículo 14.
5. En aplicación de lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las ayudas en forma de préstamos, en ausencia de otra normativa específica distinta de la indicada en los apartados anteriores, se regirán, en cuanto a su concesión, seguimiento y justificación, por las prescripciones de la citada ley, de su reglamento y de esta orden que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones.
Disposición adicional tercera. Regulación de las ayudas en forma de anticipos reembolsables.
3. Las convocatorias establecerán las condiciones de los anticipos reembolsables en cuanto a plazos de amortización, periodo de carencia, interés y condiciones de reembolso, incluida la posible subrogación, teniendo en cuenta lo que prevean las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.
5. Los organismos o entidades perceptores del anticipo reembolsable, en el caso de encontrarse sujetos a régimen presupuestario público, deben registrar el ingreso de la parte del anticipo garantizada por Fondos EIE, aplicado al capítulo 9 «Pasivos financieros» de su presupuesto. Las entidades perceptoras no sometidas a régimen presupuestario público, registrarán de acuerdo con los principios contables que les resulten de aplicación, el ingreso de los fondos cuya contrapartida es una deuda.
8. En aplicación de lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las ayudas en forma de anticipos reembolsables, en ausencia de otra normativa específica distinta de la indicada en los apartados anteriores, se regirán, en cuanto a su concesión, seguimiento y justificación, por las prescripciones de la citada ley, de su reglamento y de esta orden que resulten adecuadas a la naturaleza de estas operaciones.
Disposición adicional cuarta. Coordinación de convocatorias.
Disposición transitoria única. Convocatorias de ayudas del plan estatal de I+D+i que sustituya al vigente.
Madrid, 2 de abril de 2019.–El Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque Duque.
1. Definición de organismo de investigación y de difusión de conocimientos e infraestructuras de investigación: Se definen los organismos de investigación y de difusión de conocimientos como: toda entidad (por ejemplo, universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación, etc.) independientemente de su personalidad jurídica (de derecho público o privado) o su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos.
Se definen las infraestructuras de investigación como: Las instalaciones, los recursos y los servicios afines utilizados por la comunidad científica para llevar a cabo investigaciones en su sector respectivo. Esta definición abarca los bienes de equipo o instrumental científico, los recursos basados en el conocimiento, como colecciones, archivos o información científica estructurada, infraestructuras de carácter instrumental basadas en tecnologías de la información y la comunicación, como red, computación, programas informáticos y comunicaciones, o cualquier otra entidad de carácter único necesaria para llevar a cabo la investigación. Estas infraestructuras pueden encontrarse en un solo lugar o estar descentralizadas (una red organizada de recursos), de conformidad con el artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) no 723/2009 del Consejo, de 25 de junio de 2009, relativo al marco jurídico comunitario aplicable a los Consorcios de Infraestructuras de investigación europeas (ERIC) (DO L 206 de 8.8.2009, p.1.).
2. La condiciones que deben cumplir los organismos de investigación y de difusión de conocimientos y de infraestructuras de investigación para ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta orden son las siguientes:
3. Teniendo en cuenta que para los organismos de investigación e infraestructuras de investigación las ayudas reguladas en esta orden de bases solo financian actividad no económica, no se considerara que la entidad realiza actividad económica si se producen simultáneamente las siguientes circunstancias:
b) La actividad económica está relacionada directamente con el funcionamiento de la entidad o estrechamente vinculada a su principal uso o actividad no económicos.
d) La capacidad asignada cada año a las actividades económicas no supera el 20 por ciento de la capacidad anual total de la entidad de que se trate.
4.º El montaje de las propias infraestructuras de I+D+i, el apoyo técnico y soporte a la I+D+i, incluido el manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i.
7.º El desarrollo y preparación de propuestas para la participación en los programas y proyectos internacionales de I+D+i y de la Unión Europea, en particular del Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea (Horizonte 2020 y sucesivos).
c) Actividades no económicas de los organismos de investigación y de difusión de conocimientos y de infraestructuras de investigación: Se considera que las siguientes actividades suelen ser de naturaleza no económica:
1.º Las actividades primarias de los organismos de investigación y de difusión de conocimientos y de infraestructuras de investigación, en particular:
i. La educación para lograr más y mejor personal cualificado. Según la jurisprudencia y la práctica decisoria de la Comisión Europea, y tal como se expone en la Comunicación sobre el concepto de ayuda estatal y en la Comunicación sobre los Servicios de Interés Económico General (SIEG), la educación pública organizada dentro del sistema nacional de educación, financiada predominantemente o enteramente por el Estado y supervisada por este, puede considerarse una actividad no económica.
ii. La I+D+i independiente para mejorar los conocimientos y la comprensión cuando el organismo de investigación o la infraestructura de investigación emprenda una colaboración efectiva.
d) Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE): Incluyen en España, para el período 2014-2020, los cinco fondos estructurales: a los efectos de esta orden solo se consideran el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE).
f) Proyecto de I+D+i internacional: Proyecto que se lleva a cabo por el beneficiario o beneficiarios dentro de una actuación internacional, que ha sido objeto de una evaluación y selección por un comité internacional en el marco del Espacio Europeo de Investigación (Artículo 185 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ERAnets, «Joint Programming Initiatives»- JPI, «Joint Technology Initiatives»- JTI, Proyectos Importantes de Interés Común Europeo - PIICE, según los criterios establecidos en la Comunicación de la Comisión Europea 2014/C 188/02-, etc.) o de un acuerdo internacional en el que la parte española recibe la financiación a través de una ayuda en el marco de esta orden.
h) Investigación industrial: Investigación planificada o estudios críticos cuyo objeto es la adquisición de nuevos conocimientos y técnicas que puedan resultar de utilidad para la creación de productos, procesos, incluyendo la creación de componentes de sistemas complejos que sean necesarios para la investigación industrial, y la validación de tecnología genérica, salvo los prototipos.
j) Prueba de concepto: A los efectos de actuaciones que no constituyan ayuda de Estado, se definen como trabajos de demostración inicial destinados a verificar la viabilidad de un método, concepto o teoría, e identificar la ruta de desarrollo de dichos conceptos y su potencial explotación comercial en fases posteriores.
Modalidad I. Estudios de viabilidad, diseño, mejora y planificación de las ICTS y otras ayudas
1.1 Objetivos y metodología. Podrán valorarse, entre otros, los objetivos y relevancia de la propuesta sobre el diseño, el estudio de viabilidad o la planificación de las ICTS para la mejora de las capacidades de I+D+i de la misma y la colaboración con su entorno, incluido el tejido productivo, así como con otras ICTS, infraestructuras y organismos de investigación públicos o privados, tanto nacionales como internacionales; los planes de gestión y organización interna junto con la adecuada distribución de los recursos económicos previstos durante el periodo de la actuación; la metodología y el cronograma correctos para la consecución de los objetivos planteados y la adecuación del presupuesto de la actuación y su idoneidad en relación a los objetivos perseguidos y actividades a realizar.
1.2 Disponibilidad: Se podrán valorar la tipología y planificación de los accesos, el modelo de gestión de usos y usuarios y la mejora en el aprovechamiento de la infraestructura en proyectos de I+D+i nacionales o internacionales, así como, el grado de eficiencia en la asignación de recursos.
2. Impacto. Dentro de este apartado se tendrán en cuenta los siguientes subcriterios:
2.1 Impacto científico-técnico de la actuación propuesta, valorándose, entre otros, el rendimiento científico-técnico esperado, incluyendo aquellos resultados que permitan fortalecer la base del conocimiento científico-técnico de carácter disciplinar y transdisciplinar; el incremento potencial de la competitividad en I+D+i que la actuación permitiría sobre el estado, región o entidad solicitante. Se valorará el plan de publicaciones científico-técnicas, presentaciones y comunicaciones a congresos y otros foros principalmente internacionales; patentes y otros resultados incluidos en la propuesta, y en caso de que resulte pertinente, el plan de gestión de datos de investigación asociados a los resultados.
2.2 Impacto social y económico de los resultados, valorándose, entre otros, la difusión de los resultados a la sociedad y al tejido productivo y el acceso abierto. En aquellos casos que así lo requieran, se valorará la inclusión de la dimensión de género en la propuesta de investigación o el impacto asociado al ámbito de la discapacidad y otras áreas de inclusión social; las medidas destinadas a la valorización de la propuesta y el impacto de las actividades previstas en términos de empleo y generación de valor añadido o cualquier otro aspecto de permita ponderar el beneficio de las actividades propuestas para la sociedad.
2.3 Impacto en el uso, incluyendo el número de usuarios potenciales según su tipología (públicos y privados), intensidad de uso, contrataciones, etc.
Modalidad II. Grandes infraestructuras, infraestructuras de tamaño medio y otras ayudas
1. Calidad y viabilidad de la propuesta. Dentro de este apartado podrán tenerse en cuenta los siguientes subcriterios:
1.1 Objetivos y metodología: Podrán valorarse, entre otros, la calidad, originalidad, singularidad y adecuación de las infraestructuras propuestas a los objetivos científico-técnicos perseguidos, la relevancia y pertinencia de los mismos, y su adecuación al estado de la técnica; la calidad de la investigación, desarrollo e innovación realizada por el solicitante, incluyendo su liderazgo a nivel nacional e internacional, así como la contribución de la propuesta a las infraestructuras y equipamiento existentes en el estado, región o entidad solicitante y cuando sea pertinente el carácter multidisciplinar adoptado; la experiencia, contribuciones y relevancia de los resultados científico-técnicos de los investigadores, técnicos y personal de I+D+i incluidos en la propuesta, incluyendo su capacidad de liderazgo a nivel nacional y preferentemente internacional y de los grupos de investigación potenciales utilizadores del equipamiento; la planificación y adecuación de la metodología y cronograma para la consecución de los objetivos planteados; el interés y compromiso del estado, región o entidad solicitante en la actuación y la disponibilidad de infraestructuras idénticas o similares en el estado región o entidad solicitante en función de la disponibilidad de acceso de las mismas.
1.2 Presupuesto. Se valorarán los recursos económicos disponibles y la adecuación del presupuesto de la actuación y su idoneidad en relación a los objetivos perseguidos y actividades a realizar.
1.3 Disponibilidad: Se podrán valorar la tipología y planificación de los accesos, el modelo de gestión de usos y usuarios y la mejora en el aprovechamiento de la infraestructura en proyectos de I+D+i nacionales o internacionales, así como, el grado de eficiencia en la asignación de recursos y los conocimientos y experiencia de las personas que gestionarán dicho equipamiento.
2.1 Impacto científico-técnico de la actuación propuesta, valorándose, entre otros, el rendimiento científico-técnico esperado, incluyendo aquellos resultados que permitan fortalecer la base del conocimiento científico-técnico de carácter disciplinar y transdisciplinar y el incremento potencial de la competitividad en I+D+i que la actuación permitiría sobre el estado, región o entidad solicitante.
2.2 Impacto social y económico de los resultados, valorándose, entre otros, la difusión de los resultados a la sociedad y al tejido productivo y el acceso abierto; en aquellos casos que así lo requieran, se valorará la inclusión de la dimensión de género en la propuesta de investigación o el impacto asociado al ámbito de la discapacidad y otras áreas de inclusión social; las medidas destinadas a la valorización de la propuesta y el impacto de las actividades previstas en términos de empleo y generación de valor añadido o cualquier otro aspecto de permita ponderar el beneficio de las actividades propuestas para la sociedad.
Modalidad III. Equipamiento y otras ayudas
1. Calidad y viabilidad de la propuesta. Podrán valorarse, entre otros, la singularidad y adecuación del equipamiento científico-técnico para la consecución de los objetivos científico-técnicos perseguidos, así como la relevancia y pertinencia de los mismos; su adecuación al estado de la técnica y a los recursos disponibles, incluyendo el equipamiento idéntico o similar existente en la entidad solicitante o en el entorno y en función de la disponibilidad de acceso al mismo; el modelo de gestión de usos y usuarios propuesto; el ajuste del presupuesto de la actuación y su idoneidad en relación a los objetivos perseguidos y actividades a realizar, así como la planificación y adecuación de la metodología y cronograma para la consecución de los objetivos planteados.
2. Calidad y solidez de los equipos de investigación. Se valorará la experiencia del equipo, la relevancia de sus contribuciones y el número de investigadores o técnicos que utilizarán el equipamiento científico-técnico; la relevancia de la línea o líneas de investigación, actividades o proyectos de I+D+i a los que contribuirá el equipamiento en relación con el objeto de la actuación, así como los conocimientos y experiencia de las personas que gestionarán dicho equipamiento.
3. Impacto. Dentro de este apartado se tendrán en cuenta los siguientes subcriterios:
3.1 Impacto científico-técnico de la actuación propuesta, valorándose, entre otros, el rendimiento científico-técnico esperado, incluyendo aquellos resultados que permitan fortalecer la base del conocimiento científico-técnico de carácter disciplinar e interdisciplinar, la relevancia de sus aplicaciones y el incremento potencial de la competitividad en I+D+i que la actuación permitiría en la entidad solicitante o en el entorno.
3.2 Impacto social y económico de los resultados, valorándose, entre otros, la difusión de los resultados a la sociedad y al tejido productivo y el acceso abierto; en aquellos casos que así lo requieran se valorará la inclusión de la dimensión de género en la propuesta de investigación o el impacto asociado al ámbito de la discapacidad y otras áreas de inclusión social; el impacto de las actividades previstas en términos de empleo y generación de valor añadido o cualquier otro aspecto de permita ponderar el beneficio de las actividades propuestas para la sociedad.
3.3 Uso del equipamiento científico-técnico, valorándose el uso compartido del mismo y la potencial utilización del equipamiento por parte de otras instituciones y/o grupos de investigación.
Modalidad IV. Acceso a infraestructuras nacionales e internacionales y otras ayudas
1.1 Objetivos y metodología: Podrán valorarse, entre otros, la claridad, originalidad y pertinencia de los objetivos científico-técnicos perseguidos, incluyendo la correcta justificación de los mismos y su relevancia; la adopción de una metodología y cronograma correctos para la consecución de los objetivos planteados y la adecuación de los mismos al estado de la técnica. Adecuación del presupuesto de la actuación y su idoneidad en relación a los objetivos perseguidos y actividades a realizar.
1.2 Disponibilidad: Podrán valorarse, entre otros, la oferta de acceso a la infraestructura, nacional o internacional y el grado de eficiencia en la asignación de los recursos disponibles al acceso propuesto, así como el modelo de gestión de usos y usuarios.
2. Currículum vítae del investigador principal. Podrán valorarse, entre otros, la experiencia profesional adquirida durante la trayectoria investigadora o técnica del investigador principal, incluyendo la dirección y participación en proyectos de I+D+i públicos o privados; el liderazgo internacional, incluyendo la dirección y participación en proyectos de I+D+i internacionales; publicaciones, patentes y cualquier otro resultado de investigación o innovación. Se valorará la idoneidad y correspondencia entre los objetivos de la actuación y la experiencia y ámbito de especialización del investigador principal.
3.1 Impacto científico-técnico de la actuación propuesta, valorándose, entre otros, el rendimiento científico-técnico esperado, incluyendo aquellos resultados que permitan fortalecer la base del conocimiento científico-técnico de carácter disciplinar y transdisciplinar; el incremento potencial de la competitividad en I+D+i que la actuación permitiría sobre el estado, región o entidad solicitante. Se valorará el plan de publicaciones científico-técnicas, presentaciones y comunicaciones a congresos y otros foros principalmente internacionales; las patentes y otros resultados incluidos en la propuesta, y, en caso de que resulte pertinente, el plan de gestión de datos de investigación asociados a los resultados.
3.2 Impacto social y económico de los resultados, valorándose, entre otros, la difusión de los resultados a la sociedad y al tejido productivo y el acceso abierto; en aquellos casos que así lo requieran, se valorará la inclusión de la dimensión de género en la propuesta de investigación o el impacto asociado al ámbito de la discapacidad y otras áreas de inclusión social; las medidas destinadas a la valorización de la propuesta y el impacto de las actividades previstas en términos de empleo y generación de valor añadido o cualquier otro aspecto de permita ponderar el beneficio de las actividades propuestas para la sociedad.
el Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (Ref. BOE-A-2006-13371).