Source: https://www.iberley.es/legislacion/decreto-27-may-1955-reglamento-bienes-entidades-locales-12440908
Timestamp: 2019-02-22 16:28:39
Document Index: 100661829

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 303', 'Artículo 18', 'artículo 63', 'artículo 66', 'artículo 312', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 71', 'artículo 67', 'artículo 311', 'artículo 303', 'artículo 66', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 42', 'artículo 2', 'artículo 96', 'artículo 85', 'artículo 189', 'artículo 7', 'artículo 94', 'artículo 117', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 117', 'artículo 108', 'artículo 117', 'artículo 76']

Decreto de 27 de May de 1955 (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales) | Iberley
DECRETO de 27 de mayo de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades locales. - Boletín Oficial del Estado de 14-07-1955
Fecha de entrada en vigor: 14/07/1955
Órgano Emisor: Gobierno De La Nación
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número 195
Fecha de Publicación: 14/07/1955
07/07/1986 (Vigente)
En cumplimiento de ese mandato se ha redactado el Reglamento de Bienes de las Entidades locales en el que, con técnica jurídica depurada y moderna, se desarrollan los vitales aspectos concernientes a la administración, conservación y rescate de los Patrimonios de Municipio y Provincias, que constituyen supuestos fundamentales para sanear y robustecer sus respectivas Haciendas, mediante preceptos que, por piedra vez en la historia legislativa española, precisan las adecuadas conceptuaciones de los bienes, lo requisitos para su adquisición, custodia y tutela, la formación del inventario y el registro, el deslinde, reivindicación y defensa, el aprovechamiento y disfrute con especial tratamiento del relativo a los bienes comunales, al salvaguardia de enajenaciones y más concretamente de cesiones que menoscaban el Patrimonio, y el desahucio por la vía administrativa, cuya regulación, absolutamente nueva, representan notorio avance en el prevalecimiento del interés público, sin perjuicio de la justa indemnización a los particulares, y será un dispositivo de máxima eficacia para llevar a cabo, con la rapidez que reclaman, los planes de urbanización y las instalaciones de servicios.
En su virtud, de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Estado, a propuesta del Ministerio de la Gobernación, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Se aprueba el texto del Reglamento de Bienes de las Entidades locales, que a continuación se inserta.
Dado que en Madrid a veintisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y cinco.
El Ministerio de la Gobernación,
TITULO PRIMERO. De los bienes
2. En los actos de gestión de su Patrimonio, las Corporaciones se ajustarán a las leyes vigentes, a los preceptos de este Reglamento y a las normas que dictare el Ministerio de la Gobernación.
1. Los bienes de las Entidades locales se clasificarán en bienes de dominio público serán de uso o de servicio público.
2. los bienes de domino público serán de uso o de servicio público.
3. Los patrimoniales podrán ser de propio o comunales, en los Municipios y Entidades locales menores, y únicamente de propios en las Provincias.
1. Son bienes de uso público municipal o provincial los de pertenencia del Municipio o de la Provincia, respectivamente, destinados directamente al uso público, como los caminos, puentes, canales, paseos, calles, plazas, parques, aguas y fuentes públicas.
2. Los inmuebles adquiridos, voluntariamente o por expropiación para rechazar planes de ordenación urbana, tendrán la consideración de bienes de uso público a partir del momento en que se perfecciones la transmisión aunque sus edificaciones no estuvieren demolidas y continuaren ocupadas por los antiguos dueños, arrendatarios o precaristas, si las mimas construcciones o las superficies sobre las que se levantaren hubieren de quedar destinadas a alguno de los usos a que se refiere el párrafo anterior.
1. Son bienes de servicio público los destinados directamente al ejercicio de funciones cuya titularidad corresponda al Municipio o a la Provincia como los siguientes:
a) Casas consistoriales y Palacio provincial mataderos, mercados, lonjas, alhondigas, pósitos, escuela, cantinas, restaurantes y, en general, los demás edificios adscritos a la presentación de servicios municipales o provinciales;
b) museos, monumentos artísticos e históricos, campos de deportes, piscinas, teatros, cines y frontones.
c) asilos, hospicios, albergues, hospitales, laboratorios, casas de socorro, centros de desinfección, evacuatorios, lavaderos y cementerios; y
d) parques de vehículos y de extinción de incendios, elementos de transporte terrestre, marítimo fluvial, subterráneo y aéreo estaciones, puertos y aeropuertos, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la presentación de servicios públicos o administrativos.
2. También tendrán la consideración de bienes de servicio público los montes catalogados de propiedad provincial.
1. Son bienes patrimoniales los que pertenecen a las Entidades locales, en régimen de Derecho privado, por no estar destinados directamente al uso público, o al ejercicio de funciones municipales o provinciales.
2. Los bienes patrimoniales serán:
a) de propios, cuando pudieren constituir fuente de ingresos de naturaleza jurídica privada para el erario de la Entidad local; y
b) comunales, cuando su aprovechamiento y disfrute corresponde exclusivamente a la comunidad de vecinos.
Los bienes de dominio público, mientras conservaren este carácter incluso las fincas expropiadas a que hace referencia el párrafo 2 del artículo 3º de este Reglamento, y los comunales no estarán sujetos a tributación del Estado.
1. Se clasificarán como bienes de propios las parcelas de terreno propiedad de las Entidades locales que, por su reducida extensión, forma regular o emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado.
2. Se conceptuarán parcelas no utilizables aquellas porciones de terreno propiedad de las Entidades locales que, por su reducida extensión forma irregular o emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado.
3. Para declarar un terreno parcela no utilizable se requerirá expediente de calificación jurídica, en la forma que previene el artículo siguiente y con la excepción que señala su párrafo 3.
4. Se considerarán efectos no utilizables todos aquellos bienes que, por su deterioro, depreciación o deficiente estado de conservación resultaren inaplicables a los servicios municipales o al normal aprovechamiento, atendida su naturaleza y destino aunque los mismo no hubieren sido dados de baja en el Inventario.
1. Para alterar la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales será preciso expediente en el que se demuestre la conveniencia del cambio de afectación, total o parcial al uso servicio o aprovechamiento de que se tratare.
2. El expediente deberá ser resuelto, previa información pública durante un mes, por la Corporación local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el "Quórum" que señala en el artículo 303 de la Ley.
3. No será necesario expediente de calificación jurídica cuando la alteración derivare expresa o implícitamente de los actos administrativos dictados con iguales o mayores solemnidades que las señaladas en los dos párrafos anteriores y, en especial, de planes de proyectos de ordenación urbana, obras o servicios en los que hubiere recaído aprobación del Ministerio de la Gobernación o de las Comunidades de Servicios técnicos de Urbanismo.
4. Se entenderá, además, producida la afectación de bienes a un uso o servicio público o comunal, sin necesidad de acto formal cuando:
a) la Entidad adquiriera por usucapión, con arreglo al Derecho civil el dominio de una cosa que viniere estando destinada a un uso o servicio público o comunal; o
b) se utilizaren durante veinticuatro años bienes de propios en uso o servicio público o comunal, o siendo bienes comunales durante el mismo período de tiempo fueren objeto de uso o servicio públicos.
5. Se entenderá, asimismo, producida, sin necesidad de acto formal, desafectación de los bienes de domino público y de los comunales, que se convertirán en nienes de propios, cuando hubieren dejado de utilizarse durante veinticuatro años en el sentido de la afectación pública o comunal.
CAPÍTULO SEGUNDO. Del Patrimonio de la Entidades locales
Las Entidades locales tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer de todas clases y ejercitar las acciones y recursos procedentes en defensa de su Patrimonio.
1. La adquisición de bienes a título lucrativo no estará sujeta a estricción alguna.
2. No obstante, si la adquisición llevare aneja alguna condición o modalidad onerosa, sólo podrán aceptarse los bienes previo expediente en el que se acredite que el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere.
La adquisición de bienes a título oneroso exigirá, además del cumplimiento de los preceptos del Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales, los requisitos siguientes:
a) de inmuebles, informe previo pericial y acuerdo de la Corporación;
b) de valores mobiliarios, autorización del Ministerio de la Gobernación, previo informe del de Hacienda, y si consistiere en acciones de una Sociedad Mercantil, la autorización no podrá extenderse a más del 50 por 100 de total de aquéllas salvo cuando mediaren las formalidades para la constitución de Empresa mixta o municipalización o provincialización de servicios; y
c) de bienes cuyo valor estuviere en función de su carácter histórico o artístico, informe previo del Ministerio de Educación Nacional, cuando aquel excediere del 1 por 100 del Presupuesto de la Corporación o de 200.000 pesetas en todo caso.
Si los bienes se hubieren adquirido bajo condición o modalidad de su afectación permanente a determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando durante treinta años hubieren servido al mismo y dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público.
SECCIÓN SEGUNDA. Ordenación urbana y Patrimonio municipal
Con el fin de prevenir, encauzar y desarrollar la expansión urbana de las poblaciones mayores de cincuenta mil habitantes o capitales de Provincia y para facilitar los planes de ordenación urbana, los respectivos Ayuntamientos habrán de constituir Patrimonios municipales de suelo.
La adquisición de terrenos destinados a acrecer el Patrimonio municipal y la enajenación de los patrimoniales estarán sujetas a los planes generales de ordenación y a los programas de actuación consiguientes.
Los bienes de propios que resultaren incluidos en los planes generales de ordenación urbana afectos al Patrimonio municipal del suelo.
CAPÍTULO TERCERO. Conservación y tutela de los bienes
SECCIÓN PRIMERA. Del Inventario y registro de los bienes
Las Corporaciones Locales estarán obligadas a formar Inventario que comprenda los bienes patrimoniales pertenecientes a la respectiva Entidad y los de dominio público que fueren edificios o tuvieren carácter mueble.
En el Inventario se reseñarán, por separado, según su naturaleza agrupándolos a tenor de los siguientes epígrafes:
1º Inmuebles,
2º Derechos reales,
3º Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
4º Valores mobiliarios, créditos y derechos de carácter personal de la Corporación.
5º Vehículos
6º Semovientes,
7º Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados.
8º Bienes y derechos revertibles.
Artículo 18º-
2. A continuación se dejará espacio en blanco para consignar las variaciones que se produjeren en el curso del ejercicio y la cancelación de los asientos.
a) nombre con que fuere conocida la finca, si tuviere alguno especial;
b) naturaleza del inmueble;
c) situación con indicación concreta del lugar en que radicare la finca vía pública a que diere frente y número que en ella correspondiera, en las urbanas, y el paraje, con expresión del polígono y parcela catastral, si fuere posible, en las rústicas;
d) linderos;
e) superficie;
f) en los edificios, características, noticia sobre su construcción y estado de conservación;
g) clase de aprovechamiento en las fincas rústicas;
h) naturaleza de dominio público o patrimonial, con expresión de su se trata de bienes de uso público, de propios o comunales;
i) título en virtud del cual se atribuyere a la Entidad;
j) signatura de la inscripción en el Registro de la Propiedad, en caso de que fuere inscribible;
k) destino y acuerdo que lo hubiere dispuesto;
l) derechos reales constituidos a su favor;
m) derechos reales de gravamen de la finca;
n) derechos personales constituidos en relación con la misma;
ñ) fecha de adquisición;
o) costo de la adquisición, si hubiere sido a título oneroso, y de las inversiones efectuadas en mejoras;
p) valor que correspondería en venta al inmueble; y
q) frutos y rentas que produjere.
Artículo. 20.-
a) naturaleza;
b) inmueble sobre que recayere;
c) contenido del derecho;
d) título de adquisición;
e) signatura de la inscripción en el Registro de la Propiedad;
f) costo de la adquisición, si hubiere sido onerosa;
a) descripción en forma que facilite su identificación;
b) indicación de la razón de su valor artístico, histórico o económico; y
a) número de los títulos;
b) clase;
c) organismo o entidad emisora;
d) serie y remuneración;
e) fecha y adquisición;
f) precio de la misma;
g) capital nominal;
h) valor efectivo;
i) frutos y rentas que produjere; y
Al inventarse los créditos y derechos personales de la Corporación se expresarán:
a) el concepto;
b) el nombre del deudor;
d) título de adquisición; y
b) tracción mecánica, animal o manual;
b) número de cabezas;
El Inventario de los bienes muebles no comprendidos en los artículos anteriores los describirá sucintamente en la medida necesaria para su individualización.
1. Bajo el epígrafe de "Bienes y derechos revertibles", se reseñarán, con el detalle suficiente según su naturaleza, y sin perjuicio de las remisiones a otros epígrafes y números del Inventario, todos aquellos cuyo dominio o disfrute hubiere de revertir o consolidarse en la Entidad llegado cierto día o al cumplirse o no determinada condición, de modo que sirva de recordatorio constante para que la Corporación ejercite oportunamente las facultades que de correspondieren en relación con los mismos.
2. Se relacionarán en esta parte del Inventario entre otros bienes, los cedidos por la Corporación condicionalmente o a plazo, las concesiones y los arrendamientos otorgados sobre bienes municipales o provinciales.
1. Siempre que fuere posible, se levantarán planos de planta y alzado de edificios, y parcelarios que determinen gráficamente la situación, lindero y superficie de los solares, parcelas no edificadas y de las fincas rústicas, con referencia en éstas a vértices de triángulos de tercer orden o topográficos o a puntos culminantes y fijos del terreno.
2. En todo caso se obtendrán fotografías, debidamente autenticadas, de los bienes muebles históricos, artísticos o de considerable valor económico.
1. Todos los documentos que refrendaren los datos del Inventario, y en especial los títulos de dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, se archivarán con separación de la demás documentación municipal.
2. Al inventariar cada uno de los bienes, se consignará, como último dato, la signatura del lugar del Archivo en que obrare la documentación correspondiente.
1. Con sujeción a las normas contenidas en esta Sección, se formarán inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a Fundaciones y Establecimientos con personalidad propia e independiente, si la legítima representación o patronato correspondiere a las Corporaciones locales.
2. De los expresados inventarios quedará, en todo caso, un ejemplar en el Establecimiento respectivo, otro en las oficinas centrales de la Corporación y otro en el Gobierno civil, como adicional al general de la Entidad local correspondiente.
Los Inventarios serán autorizados por el Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente, y una copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá al Gobierno civil.
2. En las relaciones de bienes inventariables de Establecimiento que dependan de la Corporación y sirvan de base para formar el Inventario general, habrá de proceder a la firma del Secretario al del Director o Administrador del respectivo Establecimiento.
1. La rectificación del Inventario se verificará anualmente y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa.
El Ayuntamiento pleno y la Diputación provincial serán los órganos competentes, en sus respectivas esferas, para acordar la aprobación del Inventario ya formado, su rectificación y comprobación.
En el libro de Inventarios y balances se reflejarán anualmente los bienes, derechos y acciones de la Entidad local y sus bienes alteraciones, así como la situación del activo y pasivo, para determinar el verdadero Patrimonio en cada ejercicio económico.
1. Las corporaciones locales deberán inscribir en el Registro de la propiedad sus bienes y derechos reales.
2. Será suficiente, a tal efecto, certificación que, con relación al Inventario aprobado por la respectiva Corporación, expida el Secretario con el visto bueno del Alcalde.
3. Si no existiera título inscribible de dominio, se estará a lo dispuesto en los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 303 de su Reglamento.
4. Los Registradores de la Propiedad, cuando conocieren la existencia de bienes de Entidades locales no inscritos debidamente, se dirigirán al Presidente de la Corporación, recordándole el cumplimiento de lo dispuesto por el párrafo 1 del presente artículo, y si en el plazo de tres emes no se hubiere presentado título suficiente para la inmatriculación e inscripción, lo pondrán en conocimiento del Jefe provincial del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento para que provea lo procedente.
SECCIÓN SEGUNDA. Administración
1. Los valores mobiliarios de carácter patrimonial se custodiarán en la Caja de Caudales, bajo la responsabilidad de los tres claveros.
2. cuando la Corporación lo acordare, el depósito de valores mobiliarios podrá efectuarse en Establecimientos bancarios en los que tuviere intervención el Estado.
Conforme a los preceptos de la legislación especial de montes, los Ayuntamientos y Diputaciones tendrán facultad para administrar los de su propiedad y realizar los servicios de conservación y fomento.
1. Corresponde a las Corporaciones locales la repoblación forestal, ordenación y mejora de los montes de su pertenencia, estén o no declarados de utilidad pública, con la intervención de la Administración forestal del Estado en los planes y trabajos.
2. Si para el cumplimiento de tales fines precisaren las Corporaciones auxilios o colaboración del Estado, podrán establecer con este o con las Entidades públicas que ejerzan sus funciones forestales los acuerdos que fueren convenientes.
3. Las entidades locales poseedoras de montes, declarados o no de utilidad pública, despoblados en superficie igual o superior a cien hectáreas, deberán proceder, con sus propios recursos, o acudiendo a los convenios indicados, a la repoblación de la cuarta parte de dicha superficie, conforme a las normas, en los períodos y salvo las excepciones que determinare el Ministerio de Agricultura.
4. Si no lo hiciesen, a pesar de l ayuda del Estado, este podrá efectuar por su cuenta la repoblación a que viniere obligada la Entidad local, concediendo a la misma opción para adquirir la propiedad del monte formado, mediante el reintegro, con o sin interés, del capital intervenido y deducción hecha, en su caso, de la parte concedida como subvención o reservándole una participación en las masas arbóreas creadas, con arreglo al valor del suelo.
1. La repoblación de toda clase de montes de las Entidades locales podrá también realizase mediante consorcio con particulares, fueren o no vecinos del Municipio en cuyo térmico radicaren y actuaren individualmente o asociados.
2. La iniciativa de formación de un consorcio para la repoblación podrá provenir de la Entidad propietaria de los bienes, de la Administración forestal o de lo particulares.
3. La solicitud de los particulares de formación de un consorcio solo podrá ser desestimada por la Corporación si adoptare acuerdo de emprenderla, directamente, en el plazo máximo de un año y afectará a la vez, los medios económicos adecuados.
4. La repoblación se realizará de conformidad con las condiciones técnicas que señalare la Administración forestal y bajo su inspección facultativa.
5. La distribución de los productos del monte se efectuará entre la Entidad propietaria y los particulares consorciados con la de aquélla a lo que le produjeren los terrenos con anterioridad a la repoblación.
6. El consorcio entre las Entidades locales y los particulares deberá formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad, sin cuyos requisitos carecerá de eficacia.
1. El aprovechamiento de la caza en los bienes de propios o comunales podrá ser explotado con arreglo a lo establecido en el Reglamento de contratación de las Corporaciones locales o en la legislación especial APRA casos concretos.
2. Las zonas indicadas, cuya caza se adjudicare mediante licitación anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, serán de consideración a todos los efectos de al Ley de caza, como terreno acotado, sin necesidad de tablillas, hitos o mojones.
1. Podrá ser objeto de explotación, en beneficio propio, o de concesión, la pesca de las aguas de partencia de las Entidades locales.
2. Para ello se requerirá la previa autorización de la Dirección general de Montes, Caza y Pesca Fluvial, a quien competerá, después de obtener los informes que estimare necesarios aprobar las condiciones a que hubiere de sujetarse el aprovechamiento.
3. Las zonas dadas en explotación serán acotadas y ostentarán, con ponderada profusión, tablillas indicadoras para su perfecta demarcación y conocimiento del público.
4. Las Corporaciones locales otorgarán las autorizaciones y concesiones con sujeción al Reglamento de Contratación y a lasprescripciones generales del La Ley Especial de Pesca.
5. La concesión o arrendamiento de cotos fluviales de pesca no conferirá otros derechos sobre las aguas, cauces o márgenes que el exclusivo de pescar con los utensilios y en la forma y época que estableciere el pliego de condiciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las Corporaciones locales observarán en la administración de su Patrimonio las disposiciones e instrucciones de orden técnico de los diversos órganos de la Administración del Estado en materia de su competencia, para el mejor aprovechamiento u otros bienes, cualquiera que fuere su naturaleza.
Las cuentas de la Administración del Patrimonio se formarán, rendirán y fiscalizarán del modo dispuesto en la Ley de Régimen local, Reglamento de Haciendas locales e Instrucciones de Contabilidad de las Corporaciones locales.
SECCION TERCERA. Del deslinde, reivindicación y defensa de bienes
1. Las corporaciones locales tendrán la facultad de promover y ejecutar el deslinde entre los bines de su pertenencia y los de los particulares cuyos límites aparecieren imprecisos o sobre los que existieren indicio de usurpación.
2. Los duelos de terrenos colindantes con fincas pertenecientes a las Entidades locales, o que estuvieren enclavadas dentro de aquellas, podrán reclamar su deslinde.
1. El deslinde consistirá en practicar las operaciones técnicas de comprobación y, en su caso, de rectificación de situaciones jurídicas plenamente y, en su caso, de rectificación de situaciones jurídicas plenamente acreditadas.
2. dichas operaciones tendrán por objeto delimitar la finca a que se refieran y declara provisionalmente la posesión de hecho sobre la misma.
1. Las corporaciones locales promoverán el deslinde de los montes públicos catalogados, de su partencia, que se practicará con arreglo a las disposiciones especiales que lo regulan.
2. Salvo la excepción del párrafo anterior, las Corporaciones municipales y provinciales se regirán por este Reglamento para practicar el deslinde de sus fincas, cualquiera que fuere la naturaleza y características de estas.
El expediente de deslinde se iniciara mediante acuerdo y habrá de contener los siguientes documentos:
a) título de propiedad, y si se tratare de bienes patrimoniales, inscripción en el registro.
b) Informaciones posesorias que, en su casi, se hubieren platicado;
c) Actos de reconocimiento referentes a la posesión a favor de la Entidad local de los bienes que se tratare de deslindar;
d) Cuantos otros datos sirvieren para comprobar el dominio, procedencia extensión y demás circunstancias del inmueble
e) Informe técnico acerca del reconocimiento del mismo sobre el terreno; y
f) Sucinta Memoria en la que, con referencia a los precedentes indicados, se justificare la necesidad o conveniencia del deslinde.
1. Si como resultado de la justificación documental a que alude el artículo anterior, la Corporación acordara practicar el deslinde, lo notificará a los dueños de las fincas colindantes.
2. El anuncio de deslinde expresará los datos necesarios para la identificación de cada finca, fecha, hora y lugar en que hubiere de empezar, y se publicará setenta días antes del fijado para iniciar las operaciones en el "Boletín Oficial" de la Provincia donde el predio radicare.
1. Tendrán la conceptualización de titulares quienes ostentaren el dominio pleno sobre la finca objeto del deslinde o de las colindantes.
2. Los que sólo tuvieren el aprovechamiento en cualquiera de sus formas no habrán de ser notificados, excepto cuando existiere separación de dominio útil y del directo, en cuyo caso se habrá de citar a los dueños de ambos.
3. De igual modo se procederá en el supuesto del usufructuario y del nudo propietario.
1. los interesados podrán presentar ante la Corporación cuantos documentos estimaren conducentes a la prueba y defensa de sus derechos, hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones.
1. En la fecha señalada dará comienzo el apeo, al que asistirán un técnico con título de facultativo adecuado y los prácticos que, en su caso, hubiere designado la Corporación.
a) lugar y hora en que principie la operación;
b) nombre, apellidos y representación de los concurrentes;
d) dirección y distancias de las líneas perimetrales;
e) situación, cabida aproximada de la finca y nombres especiales si los tuviere;
f) manifestaciones u observaciones que se formularen; y
6. Concluido el deslinde se incorporará al expediente el acta o actas levantadas y un plano, a escala, de la finca objeto de aquel.
1. Contra el acuerdo aprobatorio del deslinde cabrá recurso contencioso administrativo si se adujeran infracciones de procedimiento, y ante la jurisdicción ordinaria, cuando se alegare lesión de los derechos de propiedad o servidumbre.
2. No se admitirán interdictos en las cuestiones que se suscitaren sobre el estado posesorio de las fincas de las Entidades locales, mientras se encuentren en estado de deslinde.
Una vez que el acuerdo de aprobación del deslinde fuere firme, se procederá al amojonamiento, con intervención de los interesados.
1. Las Corporaciones locales podrán recobrar por sí al tendencia de sus bienes de domino público en cualquier tiempo.
2. Cuando se tratare de bienes patrimoniales, el plazo para recobrarlos será de un año, a contar del día siguiente a la fecha en que se hubiera producido la usurpación, y transcurrido ese tiempo procederá la acción correspondiente ante los tribunales ordinarios.
3. La recuperación en vía administrativa requerirá acuerdo previo de la Corporación, al que se acompañarán los documentos acreditativos de la posesión, salvo que se tratare de repeler usurpaciones recientes.
Las Corporaciones locales podrán ejecutar en vía administrativa el deslinde y reivindicación de los bienes situados fuera del término de su jurisdicción, mediante exhorto a la Entidad en cuyo territorio radicaren, para que, por su mediación, se desarrollaren los actos correspondientes.
CAPÍTULO CUATRO. Disfrute y aprovechamiento de los bienes
SECCIÓN PRIMERA. Utilización de los bienes de dominio público
1. La utilización de los bienes de dominio público se regirá por las disposiciones de esta sección.
2. El uso de los bienes de servicio público se regirá, ante todo, por las normas del Reglamento de Servicios de las Entidades locales, y subsidiariamente por las del preste.
3. Las normas del Reglamento de Servicios serán, asimismo, de preferente aplicación cuando la utilización de bienes de uso público fuere solo la base necesaria para la presentación de un servicio público municipal o provincial.
a) general, cuando no concurran circunstancias singulares; y
b) especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por peligrosidad, intensidad del uso o cualesquiera otra semejante.
2º. Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.
3º. Uso normal, el que fuere conforme con el destino del domino público a que afecte.
4º. Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino.
El uso común general de los bienes de dominio público se ejercerá libremente con arreglo a la naturaleza de los mismos, a los actos de afectación y apertura al uso público y a las Leyes, reglamentos y demás disposiciones generales.
1. El uso común especial normal de los bienes de dominio público podrá sujetarse a licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los efectos de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter general.
2. Las autorizaciones se otorgarán directamente, salvo si, por cualquier circunstancias se limitase el número de las mismas, en cuyo caso lo serán por licitación, y si no fuere posible, porque todos los autorizados hubieren de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo.
3. No serán transmisibles las licencias que se refieran a las cualidades personales del sujeto o cuyo número estuviere limitado, y las demás, lo serán o no según se previera en las Ordenanzas o Reglamentos.
a) el uso privativo de bienes de dominio público; y
2. Las concesiones se otorgarán previa licitación, con arreglo a los artículos siguientes y al Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales.
En toda concesión sobre bienes de dominio público se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare, y sin perjuicio de las que se juzgaren convenientes constarán éstas:
1º. Objeto de la concesión y límites a que se extendiere.
2º. Obras e instalaciones que, en su caso, hubiere de realizar el interesado.
3º. Plazo de la utilización, que tendrá carácter improrrogable, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de Contratación.
4º. Deberes y facultades del concesionario en relación con la Corporación y las que ésta contrajera.
5º. Si mediante al utilización hubieren de presentarse servicios privados destinados al público tarifables las que hubieren de regirlos, con descomposición de sus factores constitutivos, como base de futuras revisiones.
6º. Si se otorgare subvención, clase y cuantía de la misma, plazos y formas de su entrega al interesado.
7º. Canon que hubiere de satisfacerse a la Entidad local, que tendrá el carácter de tasa, y comportará el deber del concesionario o autorizado de abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los mismos o al uso general o servicio al que estuvieren destinados.
8º. Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio utilizado y, en su caso, las obras que construyere.
9º. Reversión o no de las obras e instalaciones al término del plazo.
10º. Facultad de la Corporación de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que se causaren, o sin el cuando no procediere.
11º. Otorgamiento de la concesión salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
12º. Sanciones en caso de infracción leve, grave o muy grave de sus deberes por el interesado.
13º. Obligaciones del concesionario de abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición de la Administración, dentro del plazo, los bienes objeto de la utilización y el reconocimiento de la potestad de aquella para acordar y ejecutar por si el lanzamiento.
Serán nulas las concesiones que se otorgaren sin las formalidades que se establecen en los artículos siguientes y para lo no dispuesto por ellos, en el Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales.
1. Cuando alguna persona, por propia iniciativa, pretendiere una ocupación privativa y normal de dominio público deberá presentar una Memoria explicativa de la utilización y de sus fines y justificativa de la conveniencia y de la normalidad de aquellos respecto del destino del dominio que hubiere de utilizarse.
2. La Corporación examinar la petición, y teniendo presente el interés público, la admitirá a trámite o la rechazará.
1. Admitida en principio, la conveniencia de la ocupación, la Corporación encargará a sus técnicos la redacción del proyecto correspondiente, o convocará concurso de proyectos durante el plazo mínimo de un mes y en la forma dispuesta por el Reglamento de Contratación.
a) adquirir el proyecto mediante pago de cierta suma;
b) obligar al que resultare adjudicado de la ejecución del proyecto a pagar el importe del mismo; o
c) derecho de tanteo sobre la adjudicación, a tenor de lo preceptuado en el párrafo 2 del Art. 71.
El proyecto redactado por la Corporación o por particulares contendrá los siguientes datos y documentos y los demás que determinare aquélla:
a) Memoria justificativa
b) Planos representativos de la situación, dimensiones y demás circunstancias de la porción de dominio público objeto de ocupación;
c) Planos de detalle de las obras que, en su caso, hubieren de ejecutarse;
d) Valoración de la parte de dominio público que se hubiere de ocupar, como si se tratare de bienes propiedad privada;
f) Pliego de condiciones, en su caso, para la realización de las obras; y
g) Pliego de condiciones que hubieren de regir para la concesión con arreglo al artículo 63.
En el supuesto de que se hubiere convocado concurso de proyectos, la Corporación elegida, con arreglo a las bases del mismo, el que fuere más conveniente a los intereses públicos podrá introducir las modificaciones que se considerase oportunas.
1. Si el concurso otorgare alguno de los beneficios a que se refieren los apartados b) y c) del párrafo 2 del artículo 66, el proyecto elegido será tasado contradictoriamente por peritos nombrados, uno por la Corporación y orto por el adjudicatario y si mediare discordia, la resolverá el jurado provincial de Expropiación.
2. En la tasación se incluirán los gastos materiales de toda especie que ocasionare la redacción del proyecto, así como los honorarios del facultativo que lo hubiere redactado, con arreglo a las tarifas que los rigieren o, en su defecto, a lo que fuere uso y costumbre para trabajos semejantes incrementado por el interés de dicha valoración al 4 por 100, desde su presentación por un 10 por 100 y por los gastos de tasación.
1. Aprobado por la Corporación el proyecto que, redactado por ella o por particulares hubiere de servir de base a la concesión se convocará licitación para adjudicarlo.
2. Podrá tomar parte en la licitación cualquier persona, además de los representadores de proyectos en el concurso previo si se hubiere celebrado.
3. La garantía provisional consistirá en el 2 por 100 del valor del dominio público objeto de ocupación, y además del presupuesto de las obras que, en su caso, hubieren de realizarse.
4. El período de reclamaciones a que se refiere el artículo 312 de la Ley se sustituirá por una información pública, durante treinta días, del proyecto que hubiere de servir para la concesión y de las bases de la licitación.
5. Si el proyecto proveyere subvención al concesionario, la licitación versará, ante todo, sobre al rebaja en el importe de aquella.
6. En otro caso y en el igualdad en la baja:
a) si mediante la ocupación no hubieren de efectuase presentaciones privadas al público o no fueran tarifables, la licitación se referirá a la mejora en el canon anual, debido a la Entidad por el dominio público ocupado y, en caso de empate, sobre reducción del plazo de la concesión; o
b) si la ocupación hubiere de servir de base para efectuar prestaciones privadas al público y fueren tarifables, la licitación versará sobre el abaratamiento de las tarifas- tipo señaladas en el proyecto y para e caso de empate, sucesivamente a cada uno de los extremos a que se refiere el apartado anterior.
7. Los licitadores presentarán en plicas separadas sus propuestas sobre cada uno de los extremos que sucesivamente comprendiere la licitación a tenor de los párrafos 5 y 6 indicando en el sobre cual de ellos se refiere para limitar la apertura a los que fueren relevantes.
1. El peticionario inicial a que se refiere al artículo 65 tendrá derecho de tanteo si participare en la licitación u entre su propuesta económica y al que hubiere resultado elegida no existiere diferencia superior a un 10 por 100.
2. El propio derecho corresponderá en iguales circunstancias al titular del proyecto que hubiere resultado elegido en el concurso previo de proyectos que hubiere resultado elegido en el concurso previo de proyectos de haberse celebrado si en las bases del mismo se le otorgare como premio tal derecho a tenor de lo previsto en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 66.
4. Si hicieren uso del derecho de tanteo las personas a que se refieren los párrafos 1 y 2 se otorgará, de las dos, a quien hubiere presentado la propuesta mas económica y si existiere empate entre ambas se resolverá por pujas a la llana en la forma dispuesta en la norma cuarta del articulo 34 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales, partiendo de la base de la propuesta sobre la que se ejercitare el indicado privilegiado.
5. En el acta de la licitación hará constar si se hizo uso o no del derecho de tanteo.
La concesión será otorgada por el Ayuntamiento pleno o por la diputación provincial según la Corporación titular de los bienes.
1. La garantía definitiva que habrá de constituirse el adjudicatario de la concesión, dentro del plazo de los quince días siguientes a la notificación consistirá en el 3 por 100 del valor del dominio público ocupado y, en su caso, del presupuesto de las obras que hayan de ejecutarse.
3. En el plazo de quince días el concesionario deberá abonar el valor de tasación del proyecto si lo ordenaren las bases de la licitación o hubiere obtenido la adjudicación en virtud de lo dispuesto por el párrafo 1 en relación con el 4 del artículo 71.
4. Constituida la garantía definitiva y en su caso, pagando o consignando el valor del Proyecto, se formalizará la concesión con arreglo al capítulo IV del reglamenten de Contratación de las Corporaciones locales.
Cuando se pretendiere una ocupación anormal de bienes de dominio público, se procederá con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 a 72, con las modificaciones siguientes:
a) la Memoria de los artículos 67 y 67 habrá de justificar la conveniencia pública de la utilización respecto del uso normal del dominio;
b) en la valoración del dominio público que se hubiere de ocupar conforme al artículo 67 se justificará, asimismo, por separado el daño y el perjuicio que la ocupación hubiere de ocasionar al uso normal;
c) la garantía provisional para tomar parte en la licitación será del 2 por 100 de la anterior valoración y del presupuesto de las obras que en su caso hubieren de efectuarse, y
d) la garantía definitiva será del 5 por 100 sobre las anteriores bases.
SECCIÓN SEGUNDA. Utilización de los bienes patrimoniales
1. El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión del uso de bienes patrimoniales habrá de realizarse por subasta cuando el precio estipulado excediere de la cifra señalada en el apartado f) del artículo 311 de la Ley o cuando, sin alcanzar dicha cuantía la duración de la cesión fuere superior a cinco años.
3. Se requerirá el "quórum" del artículo 303 de la Ley:
a) Para el arrendamiento y las demás cesiones de uso de bienes comunales; y
b) siempre que el plazo excediere de cinco años o el precio del 10 por 100 del presupuesto ordinario de ingresos en la Entidad local.
1. Las concesiones locales que, bajo cualquier título y en fincas de su partencia, tuvieran cedidas viviendas a sus funcionario por razón de los servicios que presten, darán por terminada la ocupación cuando, previa instrucción de expediente, se acredite que están incursos en alguna de las siguientes causas:
a) excedencia por matrimonio;
b) excedencia voluntaria que rebase los dos años sin haberse producido la reincorporación;
c) destitución; y
d) todas las que, según el artículo 66 del Reglamento de Funcionarios de Administración local, por extinguir la relación de empleo determinen la baja de aquellos en el escalón.
2. Corresponderá a la Corporación acordar y ejecutar por si misma el desahucio.
SECCIÓN TERCERA. Del aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales
2. Sólo cuando tal disfrute fuere impracticable, se adoptará una de las formas siguientes:
a) aprovechamiento peculiar, según costumbre, o reglamento local; o
3. Si estas modalidades no resultaren posible, se acudirá a la adjudicación mediante precio.
Cada forma de aprovechamiento se ajustará, en su detalle, a las reglamentaciones locales o normas consuetudinarias tradicionalmente observadas, o a las que, cuando fuere procedente apruebe el Ministerio de la Gobernación, en cada caso oído el Consejo de Estado.
La explotación común o cultivo colectivo consistirá en el disfrute general y simultáneo de los bienes por quienes ostenten en cada momento la cualidad de vecino o cabeza de familia.
1. La adjudicación por dotes o suertes, se hará a los vecinos y cabezas de familia en proporción directa al número de personas que tengan a su cargo e inversa de su situación económica.
2. Estas adjudicaciones se regularán por acuerdo municipal adoptando con el "Quórum" señalado en el Art. 303 de la Ley.
1. La adjudicación mediante precio habrá de ser autorizada por el Gobierno civil y se efectuará por subasta pública en la que tendrán preferencia sobre los forasteros, en igualdad de condiciones los postores vecinos o cabezas de familia residentes en el término municipal.
2. Podrá acudirse al concierto directo en el supuesto que previene el párrafo 4 del artículo 4º del Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales,
3. El producto se destinará a servicios en utilidad de los que tuvieren derecho al aprovechamiento, sin que pueda detraerse por la Corporación más que un 5 por 100 del importe.
En el caso extraordinario y previo acuerdo municipal adoptado por las dos terceras partes de Concejales, podrá fijarse una cuota anual que deberán abonar los vecinos u cabezas de familia por la utilización de los lotes que se les adjudiquen para compensar estrictamente los gastos que se originaren por la custodia, conservación, administración e incremento de los bienes.
1. Cuando por su naturaleza o por otras causas los bienes no hubieren sido aprovechados comunalmente durante más de diez años aunque en alguno de ellos existieran actos aislados de disfrute podrán ser desprovistos de carácter de comunales y considerados de propios, mediante el procedimiento que señala el artículo 8º y previo dictamen favorable del Instituto Nacional de Colonización.
2. Si tales bienes no fueren susceptibles de otra utilización más adecuada, a inicio de la Jefatura del Distrito Forestal, deberán ser arrendados para su aprovechamiento agrícola, en el que tendrán preferencia los vecinos o cabezas de familia el Municipio.
Para la formación de los planes de ordenación y aprovechamiento de los bienes comunales se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 42.
Corresponderá al Ayuntamiento pleno la aprobación de los planes generales para la distribución y aprovechamiento de los bienes comunales y a la Comisión municipal permanente la aplicación de aquellos y de las Ordenanzas reguladoras del disfrute, así como la resolución de las incidencias que con motivo de éste se produjeren.
1. El derecho al aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales en cualquiera de sus modalidades, corresponderá simultáneamente a los vecinos y a los cabezas de familia, sin distinción de sexo, estado civil, naturaleza y nacionalidad.
2. No obstante, los Ayuntamientos y Juntas vecinales que vinieron ordenando el disfrute de montes comunales mediante concesiones periódicas de suertes o cortas de madera, según costumbre o reglamentación local tradicionalmente observadas, podrán exigir para participar en los aprovechamientos, determinadas condiciones de vinculación, arraigo, permanencia o edad.
3. La aplicación excepcional de dichas peculiaridades se atendrá a los siguientes requisitos:
a) fijación de las mimas y de la cuantía máxima de las suertes o lotes en Ordenanzas especiales, según establecen los artículo s109, 110 y 121 h) de la Ley; y
b) aprobación de aquellas por el Ministerio de la Gobernación, previo dictamen del Consejo de Estado.
1. Las fincas que, en cumplimiento de su misión adquiera el Instituto Nacional de Colonización, podrán ser adjudicadas, total o parcialmente, a los Ayuntamientos de los respectivos términos municipales donde radicaren, siempre que lo soliciten, en los dos supuestos siguientes:
a) cuando la extensión integra del precio o la porción del mismo que se otorgue sea apta para el establecimiento de huertos familiares aunque la instalación de éstos requiera la previa realización de obras o mejoras determinadas; y
b) cuando las características agrónomas de la finca o de parte de ella, o las circunstancias sociales del Municipio y las necesidades del vecindario requieran que se confiera a éste el disfrute comunal de la totalidad o parte del inmueble.
2. Juntamente con las fincas podrá el Instituto adjudicar a los respectivos Ayuntamientos edificio para ser destinados a los servicios municipales.
3. El valor de adquisición de la finca o parte de ella que se adjudique al Ayuntamiento y el de las mejoras que realice el Instituto, así como los intereses correspondientes, se reintegrarán a este Organismo por la Corporación adjudicataria en el número de anualidades no superior a veinticinco, que para cada caso señale el Consejo nacional de Colonización.
4. En tanto el Ayuntamiento no satisface al Instituto el total importe de dichas cantidades continuará atribuido a éste el dominio del inmueble y le corresponderá la aprobación de las normas que para el disfrute de los huertos familiares o para la ordenación del aprovechamiento comunal dicte el ayuntamiento pudiendo adoptar aquel Organismo cuantas medidas estime oportunas para evitar o corregir la infracción de dichas normas.
5. La falta de pago de cualquiera de las anualidades de reintegro, así como toda actuación del Ayuntamiento que directa o indirectamente interfiera o desconozca las facultades que con arreglo a estas normas correspondan a Instituto o que entorpezca o enerve su ejercicio podrá dar lugar a que éste revoque la concesión, imponiendo a la Entidad municipal las sanciones que señala el apartado d) del artículo 2º del Real Decreto- Ley de 9 de Marzo de 1928, sin que se descuente en ningún caso al Municipio el diez por ciento que el aludido precepto facultan.
6. Con el fin de subvencionar a los Ayuntamientos en los casos en que por su situación económica así se estime procedente, el Ministerio de la Gobernación incluirá en su presupuesto la consignación necesaria.
Las fincas que se adjudiquen a los Ayuntamientos, en el supuesto a que se refiere el apartado a) del párrafo 1 del artículo anterior, tendrán el carácter de bienes comunales, y lo s huertos quien en las mismas se establezcan quedarán, desde la adjudicación definitiva de aquellas, sujetos a las normas generales que rijan respecto de estas unidades de explotación y a lo que, en cuanto a ellas no se opongan, acuerde la Corporación.
Cuando el Instituto nacional de Colonización adquiera fincas para acoger poblaciones trasladadas como consecuencia de la ejecución de obras públicas, el producto de la enajenación o expropiación de los bienes municipales de todas clases que resulten afectados se aplicará a los fines previstos en el párrafo 2 del artículo 96 de la Ley de Expropiación forzosa del 16 de diciembre de 1954.
1. Parte de los bienes comunales podrá ser destinada a estos fines:
a) formación de un Coto escolar para recreo, enseñanza experimental y aprovechamiento en su caso de los alumnos que concurran a las Escuelas nacionales y municipales;
b) formación de un Coto municipal de previsión para auxiliar a los habitantes necesitados del término en sus adversidades económicas.
2. El Instituto nacional de Colonización al hacer la adjudicación de las finas a los Ayuntamientos señalará la extensión que de ellas haya de ser destinada a dichos Cotos sociales.
3. En cuanto al régimen de ambos Cotos, se estará a lo previsto en el artículo 85.
1. Las Corporaciones municipales podrán ejercer el derecho de tanteo en las subastas de pastos sobrantes de dehesas boyales y montes de común aprovechamiento dentro de los cinco días siguientes al en que se hubiere celebrado la licitación con estas condiciones:
a) que acuerden la adjudicación en la máxima postura ofrecida por los concurrentes; y
2. Los Ayuntamientos podrán acogerse a dichos beneficios respecto de los mismos bienes calificados de propios, con sujeción a los planes dasocráticos y previa autorización de la Jefatura del Distrito Forestal.
Las Corporaciones que ejerciten el derecho de tanteo respecto al aprovechamiento de sus montes habrán de comunicar a la Dirección General de Administración local, en el plazo de cinco días hábiles los siguientes datos:
a) volumen del aprovechamiento, precio de adjudicación u fin a que se destina;
b) si la explotación ha de ser directa o por contrato; y
c) si las maderas o leñas resultantes han de dedicarse a su propio consumo o a la venta.
1. En los bienes de carácter forestal que, circunstancialmente y para favorecer su restauración arbórea, admitieren trabajos de descuaje y roturación, podrá autorizarse el aprovechamiento agrícola en estas condiciones:
1º Que la autorización sea temporal y se obtenga con ella la efectiva restauración y mejora arbórea del predio.
2º Que el cultivo se efectúe en forma directa por los autorizados o por quienes con ellos convivan en su domicilio.
3º Que el aprovechamiento sobre cualquier parcela a favor del mismo usufructuario no exceda de cinco años.
CAPÍTULO QUINTO. Enajenación
Los bienes de dominio público y los comunales, mientras conserven su respectivo carácter, serán inalienables, imprescriptibles e inembargables.
1. Los bienes inmuebles de propios no se podrán enajenar, gravar ni permutar sin autorización del Ministerio de la Gobernación, previo informe del de Hacienda, cuando su valor exceda del 35 por 100 del Presupuesto ordinario.
2. Tampoco podrán cederse gratuitamente sino a Entidades o a Instituciones públicas, para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, y previa autorización del Ministerio de la Gobernación.
3. Se exceptúan de la aprobación ministerial las cesiones autorizadas por leyes especiales.
4. No obstante, toda enajenación, gravamen, permuta o cesión gratuita de bienes inmuebles de propios que no requiera aprobación del Ministerio de la gobernación, deberá ser puesta en conocimiento del mismo.
5. No procederá la cesión gratuita cuando fuere posible atender a las finalidades de que se trate manteniendo al Entidad local del dominio o condominio de los bienes o constituyendo sobre ellos algún derecho real.
1. En todo caso, la cesión gratuita de bienes requerirá acuerdo favorable de las dos terceras partes del número legal de miembros de que componga la Corporación, previa instrucción de expediente con arreglo a estos requisitos:
a) Justificación documental por la propia Entidad o Institución solicitante de su carácter público y memoria demostrativa de que los fines que persigue han de redundar de manera evidente y positiva en beneficio de los habitantes del término jurisdiccional;
b) Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de que los bienes se hallen debidamente inscritos en concepto de propios de la Entidad local;
c) Certificación del Secretario de la Corporación en la que conste que los bines figuran en el Inventario aprobado por al Corporación con la antedicha calificación jurídica;
d) Informe del Interventor de fondos en que se pruebe no haber deuda pendiente de liquidación con cargo al Presupuesto ordinario no a los extraordinarios, si existieren;
e) Certificación del Registro de la Propiedad de que los bienes fueron adquiridos a título gratuito, o que, de haberlo sido a título oneroso, han transcurrido treinta años desde la fecha de adquisición.
f) Dictamen suscrito por técnico que asevere que los bienes no se hallan comprendidos en ningún plan de ordenación, reforma o adaptación, no son necesarios para la Entidad local ni es previsible que lo sean en los diez años inmediatos; y
g) Información pública por plazo no inferior a quince días.
2. La cesión de solares al Instituto Nacional de la Vivienda para construir viviendas de renta reducida revestirá normalmente la forma de permuta de los terrenos por el número equivalente de aquellas que hubieren de edificarse y, cuando esto no fuere posible, la cesión gratuita no precisará el cumplimento de los requisitos d) y e) del párrafo precedente.
1. Todas las cesiones de bienes patrimoniales quedarán sujetas a estas condiciones:
a) que los fines para los cuales se hubieren otorgado se cumplan en el plazo máximo de cinco años; y
b) que su destino se mantenga durante los treinta siguientes.
2. Transcurridos uno u otro plazo sin que se hubieren cumplido las citadas condiciones, los bienes revertirán automáticamente de pleno derecho al Patrimonio de la Entidad cedente con sus pertenencias y accesiones.
1. Las enajenaciones de bienes propios y los de dominio público desafectados del uso o servicio público en forma legal, y autorizadas conforme al artículo 189 de la Ley y 95 de este Reglamento, habrán de realizarse por subasta pública.
2. se exceptúa la enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario, previo expediente que acredite la necesidad de efectuarla y la equivalencia que acredite la necesidad de efectuarla y la equivalencia de valores.
En cualquier supuesto, las enajenaciones de bienes cuyo valor exceda del 10 por 100 del Presupuesto ordinario de ingresos deberán ser acordadas con el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho, y en su caso, de la mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación.
1. Las parcelas no utilizables a que alude el artículo 7º, serán enajenadas por venta directa al propietario o propietarios colindantes o permutados con terrenos de los mismos.
2. Si fueren varios los propietarios colindantes, la venta o permuta se hará de forma que las parcelas resultantes se ajusten al más racional criterio de ordenación del suelo, según dictamen técnico.
3. Si algún propietario se negara a adquirir la parcela que le correspondiere, la Corporación podrá expropiarse su terreno del modo dispuesto para la regulación de solares, a cuyo efecto será preceptivo, cada caso, el dictamen técnico pertinente.
1. No implicarán enajenación del Patrimonio municipal a favor de braceros vecinos o cabezas de familia, aunque el disfrute de éstos haya de durar más de diez años, ni las que se otorgaren a los mismos para plantar arbolado en superficies no catalogadas como de utilidad pública.
2. Dichas concesiones habrán de ser acordadas por el Ayuntamiento pleno con el voto favorable de las dos terceras partes de sus componentes y no tendrán eficacia hasta que se hayan hecho constar en escritura pública y ésta sea inscrita en el Registro de la Propiedad.
3. Los concesionarios se harán en su caso, dueños del arbolado que cultivan, y durante los cinco primero años podrán acotar las parcelas plantadas para preservarlas de los ganados.
4. Si esta acotación perjudicare los aprovechamientos comunales y hubiera reclamaciones de vecinos o cabezas de familia, quedará en suspenso la concesión hasta que recaiga nuevamente sobre ella acuerdo del Ayuntamiento pleno.
A las enajenaciones o gravámenes que se refieran a monumentos, edificios u objetos de índole artística o histórica, habrá de preceder, además de la autorización del Ministerio de la Gobernación, informe del Ministerio de Educación Nacional.
Será requisito previo a toda la venta y permuta de bienes patrimoniales o de dominio público, desafectados del uso o servicio público en forma legal, la valoración técnica de los mismos que acredite, de modo fehaciente, su justiprecio, sin prejuicio de los demás trámites y de la autorización del Ministerio de la Gobernación, cuando proceda.
1. Si se tratare de enajenar o pignorar láminas o valores mobiliarios, las corporaciones de Hacienda, que la concederá o denegará, visto el dictamen de la Dirección general del al Deuda y Clases Pasivas.
2. A tal efecto, el expediente se remitirá, por conducto de la Delegación de Hacienda y con su informe, al indicado Ministerio.
Para la enajenación de efectos no utilizables se observarán únicamente las formalidades que determinan el Reglamento de Contratación de las Corporaciones locales.
La extinción de los derechos constituidos sobre bines de dominio público o comunales de las Entidades locales, en virtud de autorización, concesión (cualquier otro título y de las ocupaciones a que hubieren dando lugar, se efectuará por las Corporaciones, en todo caso, por vía administrativa mediante el ejercicio de sus facultades coercitivas previa indemnización o sin ella, según proceda, con arreglo a derecho.
1. La expropiación forzosa de fincas rústicas o urbanas, terrenos o edificios, producirá la extinción de los arrendamientos y de cualesquiera otros derechos personales relativos a la ocupación de las mismas.
2. Se entenderán comprendidas en el supuesto anterior las expropiaciones que tengan por objeto alguno de los enunciados por los artículos 129, 145 y 287 de la Ley, o la nueva instalación, mejora o ampliación de servicios propios a cargo de la Entidad.
La competencia y el procedimiento para disponer el desahucio, fijar la indemnización y llevar a cabo el lanzamiento tendrán carácter administrativo y sumario, y la competencia exclusiva de las Corporaciones locales impedirá la intervención de otros Organismos que no fueren los previstos en el presente Título, así como la admisión de acciones o recursos por los Tribunales ordinarios.
1. Desde el momento en que se acordare la expropiación de la finca la Corporación local se abstendrá de establecer o continuar con los ocupantes cualquier relación arrendaticia en forma expresa y de iniciativa con quienes no ostenten aquella condición.
2. Tampoco se podrían reconocer o convalidar de manera tácita situaciones de hecho creadas antes o después de comenzar la expropiación.
3. Quienes no fueren titulares del derecho extinguido no podrán plantear ninguna cuestión previa relacionada con la calificación del local que ocuparen.
1. La fijación del importe de la indemnización se podrá tramitar simultáneamente con la expropiación del dominio del inmueble, pero el desalojo, salvo consentimiento del propietario, no podrá afectarse hasta que se haya abonado o depositado el valor del justiprecio.
2. Excepcionalmente podrán las Corporaciones locales anticipar la fecha de desocupo de la finca, y en este supuesto quedarán subrogadas en las obligaciones de los ocupantes respecto del propietario hasta que se efectúe la expropiación del derecho de éste.
1. El importe de la indemnización por la extinción del derecho a la ocupación de una finca minorará el justiprecio del dominio de la misma, de modo que la suma de ambos conceptos no excederá, en ningún caso, del justiprecio que correspondería a la propiedad libre de derechos a ocuparla.
2. El titular del contrato de precario y el mero ocupante carecerán de derecho a indemnización por la extinción de su posesión.
3. Los ocupantes en concepto de subarriendo o de cualquier otro derivado del titular del derecho a la ocupación solo serán indemnizados por la extinción del suyo si lo pretendieran, y en todo caso, con cargo a la indemnización debida al titular principal, en la proporción que señale la Ley o entre ambos se acordare, y en su defecto, la Corporación consignará la cantidad litigiosa en la Caja de la Entidad local o en la General de Depósitos y remitirá las partes a la jurisdicción ordinaria para dilucidar su respectivo derecho.
La competencia meramente administrativa para fijar la indemnización excluye la intervención de todo Organismo o Tribunal de la Jurisdicción ordinaria y en particular de la Junta de Estimación que establece el artículo 94 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
1. Para fijar la indemnización se intentará una avenencia con los interesados o sus representantes legales, a cuyo efecto se les requerirá para que en término de diez días, contados a partir de la notificación, formulen proposición sobre la cuantía de aquella y el plazo necesario para desalojar.
3. La indemnización que la Corporación y el titular del derecho a ocupación convinieren libremente por agencia no podrá exceder del duplo que resulte de aplicar las normas de los apartados a) y b), según corresponda, del párrafo 2 del artículo 117.
4. La Corporación, al formular el requerimiento a que alude el párrafo 1 advertirá, además, al titular de la ocupación, y en su persona a todos los que les afecte, que deben desalojar la finca en el plazo de cinco meses, a contar desde la notificación.
Cuando no se llegare a una avenencia se fijará el importe de la indemnización con arreglo al procedimiento de los artículos 29, 30, 31, 34 y 35 de la Ley de Expropiación forzosa.
1. Fijado el importe de la indemnización, los arrendatarios y, en general, los titulares de derechos personales relativos a la ocupación del predio, vivienda o local de negocio deberán desalojarlos dentro del término que reste hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo 4 del artículo 115.
2. Transcurrido dicho término sin que se hubiere fijado el importe de la indemnización, la Corporación podrá también ejecutar el desahucio, previa consignación en la Caja de al Entidad local o en la General de Depósitos de la cantidad respectiva con arreglo a las siguientes normas:
a) en las viviendas, la equivalencia de un año de alquiler, más una cantidad igual al importe de un mes de renta, según el promedio de los últimos tres años, por cada anualidad o fracción de vigencia del contrato, incrementado todo ello con el 3 por 100 de afección; y
b) si se tratare de local de negocio, se duplicarán los porcentajes anteriores, y como resguardo de los daños y perjuicios que pudieran originarse, se depositará otra cantidad que no exceda del doble ni sea inferior a lo que resulte por el derecho arrendaticio.
3. Los ocupantes que carezcan de derecho a indemnización deberán desalojar el predio, vivienda o local de negocio, previo requerimiento, en el mismo plazo que señala el párrafo 4 del artículo 115.
1. Agotado el plazo para desocupar el predio, vivienda o local de negocio sin que se efectuare, la Corporación, si estuviere fijada la indemnización, la depositará en la Caja de la Entidad local o en la General de Depósitos, y si no lo estuviere, consignará las cantidades procedentes según el párrafo 2 del artículo 117.
2. Verificado el depósito, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días desaloje el predio, vivienda o local.
3. En el caso de que la indemnización se hubiera fijado por avenencia, el incumplimiento del plazo de desalojo se producirá la resolución de la misma.
1. Si a pesar del requerimiento que se dirigiere a quienes ocuparen dentro de los respectivos plazos, la Corporación procederá, por sí, a efectuar el desahucio por vía administrativa.
2. Dentro de los ocho días siguientes a la expropiación del plazo concedido según el artículo anterior sin que el interesado hubiere desalojado el predio, vivienda o local de negocio, el Presidente de la Corporación le apercibirá de lanzamiento en el término de otros cinco.
Las reclamaciones que hubieren deducirse por los ocupantes frente a los actos de la Corporación que afecten al procedimiento; se tramitarán en vía administrativa y serán susceptibles de recurso contencioso- Administrativo, con arreglo a la Ley de Régimen local.
Desde el momento en que se acuerde la expropiación de un inmueble, los Tribunales no admitirán interdictos ni acciones judiciales, directa ni indirectamente relacionados con cualquier cuestión posesoria, promovidos por los arrendatarios, o, en general, ocupantes, siempre que se justifique la Corporación local ha depositado o abonado el importe de la indemnización o consignado las cantidades correspondientes según el Art. 117 y en caso de haberse admitido aquellos procedimientos se archivarán las actuaciones tan pronto se acredite el pago o deposito.
1. Las Corporaciones locales podrán expropiar los derechos de arrendamiento y cualquiera otros personales relativos a la ocupación de bienes de propios para destinar los terrenos, viviendas o locales a alguno de los fines indicados en el párrafo 2 del artículo 108.
2. Será título suficiente para la expropiación el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento pleno o la Diputación provincial, previo expediente en el que se acredite la necesidad del predio, local o vivienda para ser destinado a alguno de los objetos a que se refiere el párrafo anterior.
3. Serán de aplicación los artículos 109 y siguientes de este Reglamento.
4. Cuando la Corporación dispusiere de otros predios, viviendas o locales podrá ofrecerlos a los desahuciados, sin que proceda la indemnización a que se refiere el artículo 117, pero si, respecto a los locales, el abono de los daños y perjuicios.
1. Las Corporaciones locales podrán resolver, por si y en vía administrativa, los contratos de arrendamiento y cualesquiera otros derechos personales constituidos en fincas de su pertenencia a favor de sus funcionarios por relación de empleo, en los casos a que se refiere el artículo 76.
2. No procederá el abono de indemnización alguna.
3. El procedimiento de desahucio y lanzamientos se desarrollará a tenor de lo dispuesto en los artículos 119 a 121.
Las Corporaciones locales podrán resolver por sí en vía administrativa los contratos de arrendamiento de viviendas protegidas, casas baratas, de renta limitada y similares de su propiedad en los mismos casos y forma previstos para las del Instituto Nacional de la vivienda.
El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.
Se derogarán expresamente cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en este Reglamento con relación a los bienes de las Entidades locales.
Para todo lo no previsto en el Título I, regirán las normas de Derecho público y privado aplicables a la Administración general del Estado.
Cuantos beneficios se reconocen a los bienes de las Entidades locales, serán de aplicación desde el momento en que entre en vigor este Reglamento.
Los preceptos del Título I y II del presente Reglamento, se aplicarán a todos los expedientes en curso, y para cuantos trámites deban efectuarse a partir de su publicación.
La formación del Inventario, como previene este Reglamento, deberá quedar terminada dentro de tres años.
En el plazo de un año, las Corporaciones locales podrán revisar los deslindes de sus bienes practicados con posterioridad a la promulgación de la Ley de Bases de 17 de julio de 1945, si la aprobación de los mismos no hubiere sido precedida de información pública.
Fecha: 1986-07-07
07/07/1986 Última Redacción
desde 14/07/1955 hasta 01/01/1970