Source: https://www.ceconsulting.es/covid19/
Timestamp: 2020-06-06 05:17:49
Document Index: 266112286

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 167', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 365', 'artículo 257', 'Artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 83', 'artículo 29']

COVID-19: Impacto en el tejido empresarial español | CE Consulting
Guías Prácticas para la gestión empresarial de la crisis. ¡Descúbrelas!
La seguridad y la salud de todos los ciudadanos es lo primero. Esa es la realidad, como lo es también que el impacto de la situación generada por el COVID-19 sobre las empresas españolas es todavía difícil de estimar. El tejido empresarial español debe estar preparado para responder ante cualquier escenario. Para facilitarte la toma de decisiones, hemos abierto este espacio dedicado en exclusiva a las medidas que el gobierno está poniendo en marcha en apoyo de la empresa española, así como cualquier otra información relacionada que consideremos de tu interés.
>> COVID-19: Respuesta de CE Consulting en el escenario actual
Medidas mercantiles y otras
Órdenes por las que se aprueban las medidas referentes a las distintas fases del plan de desescalada
Las Fases 0, 1 y 2 de la desescalada pueden consultarse a través de estos enlaces:
El Gobierno ha aprobado un plan de desescalada en cuatro fases que supone la transición de nuestro país a la nueva normalidad
El plan completo puede consultarse a través de estos enlaces:
Plan para la Transición hacia una nueva normalidad,
Anexo I: Panel de indicadores integral,
Anexo II: Previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional establecidas en el estado de alarma,
Orientaciones para mejorar la protección y seguridad en el entorno laboral
Desde CE Consulting, siendo conscientes de que la vuelta a la actividad empresarial va a estar condicionada por la necesidad de adecuar las condiciones precedentes a nuevas prescripciones relacionadas con hacer del entorno laboral un ámbito más seguro y capaz de responder por sí ante contingencias que afecten a la salud, hemos elaborado unas orientaciones que te ayuden a tomar decisiones y a su formalización técnica y organizativa.
Así, en este documento presentamos las líneas más generales del nuevo panorama de exigencia respecto a la posibilidad de entender el espacio laboral como un espacio más saludable, higiénico, seguro y preventivo. Además de un pequeño compendio de aproximaciones técnicas y herramientas que comienzan a estar disponibles para la mejora de estos requerimientos, que se van a hacer cada vez más habituales en nuestro entorno.
Intereses de demora en aplazamientos COVID-19
Ampliación – de tres a cuatro meses – del plazo en el que no se van a devengar intereses de demora para todas las solicitudes de aplazamientos COVID-19.
Presentación de la declaración de IS de 2019
El Impuesto sobre Sociedades (IS) de 2019 se debe presentar en los 25 días naturales siguientes a los 6 meses desde la finalización del periodo impositivo al que se refiere la declaración de IS.
Aquellas sociedades con ejercicio social igual al año natural y que se acojan a los nuevos plazos de formulación y aprobación de cuentas anuales (puedes consultarlos en el apartado «Plazos procesales y administrativos») deberán presentar e ingresar la declaración de IS de 2019 en el plazo voluntario que abarca desde el 1 al 25 de julio de 2020.
Si a la finalización del plazo voluntario de presentación e ingresos de IS de 2019 (25 de julio o el que proceda en caso de ejercicio social distinto al año natural), las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas, la declaración de IS se realizará con las cuentas anuales disponibles. A estos efectos, el RD-Ley 19/2020, establece qué se entiende por cuentas anuales disponibles:
IMPORTANTE: Se concreta que no se devengará recargo único (del 5%,10%, 15%, 20%)por presentación de declaración extemporánea del art.27 de la LGT.
el plazo de los 6 meses de que dispone Hacienda para comprobar y devolver (sin intereses) la cantidad solicitada (o comprobada en su caso), se contará a partir de la finalización del 30 de noviembre de 2020 (plazo establecido para la presentación de la nueva autoliquidación de IS).
Si la cantidad a devolver es consecuencia de un ingreso efectivo en la autoliquidación que se presentó en primer lugar, se devengarán intereses de demora sobre dicha cantidad desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario (25 de julio o el que proceda en caso de ejercicio social distinto al año natural) hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
En el RD se matiza que:
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el desempleo
Es una medida temporal y con período de aplicación desde el 23 de abril y hasta el 31 de julio de 2020, que consiste en la aplicación del 0% de IVA a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes relacionados en el Anexo del RDL 15_2020 (ejemplo: mascarillas, guantes, gafas de protección, etc. ) y siempre que el destinatario de dichas entregas, sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social que tienen exención de IVA en sus prestaciones de servicios y/o entregas de bienes.
Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas por los suministradores de este material sanitario, sin que se vea limitado el derecho a la deducción del IVA por el quien realiza la entrega del material sanitario.
Rebaja al 4% de IVA con efectos desde el 22 de abril de 2020
Libros, periódicos y revistas digitales (entregados por vía electrónica), así como los elementos complementarios que se entreguen conjuntamente con el libro, periódico o revista con precio único. Entre otros, las cintas magnetofónicas, discos, videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares que constituyan una unidad funcional con el libro, periódico o revista, perfeccionando o completando su contenido.
Se exceptúan, de esta rebaja de IVA y, por tanto, seguirá aplicándose el 21% de IVA a:
Los discos y cintas magnetofónicas que contengan exclusivamente obras musicales y cuyo valor de mercado sean superior al del libro, periódico o revista con el que se entreguen conjuntamente.
Impuesto sobre Sociedades: opción extraordinaria de cambio en la modalidad de pagos fraccionados
Esta medida no es aplicable a los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios.
Se limitan los efectos de la renuncia tácita a la aplicación de módulos en el 2020 (en IRPF e IVA)
Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva de IRPF y de la cuota trimestral en régimen simplificado de IVA en el 2020
Procedimientos tributarios: Extensión de los plazos de vigencia determinados por los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 11/2020
Con RD-Ley 15/2020, de 21 de abril, se extienden al 30 de mayo de 2020, cualquiera que sea la fecha de inicio del plazo (antes o después del 18 de marzo de 2020):
Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes y
Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido y/o se inicien con posterioridad al 18 de marzo de 2020.
No computa el período comprendido desde el 14 de marzo de 2020, hasta el 30 de mayo de 2020, para interponer recursos de reposición o reclamaciones administrativas y se aplicará:
Se arbitra la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación a la obtención de la financiación a que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020 (línea de avales para empresas y autónomos), exigiéndose para ello los siguientes requisitos:
Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento de la concesión de la financiación. Este requisito se incumple por la falta de ingreso de las deudas transcurrido el plazo de un mes desde la finalización del plazo voluntario de presentación de la autoliquidación
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores conlleva el inicio del periodo ejecutivo al finalizar el plazo voluntario.
Normas sobre la disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad ocasionados por el COVID-19
Vía Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo, se adoptó la medida excepcional, de poder hacer efectivos por sus partícipes y/o asegurados los derechos consolidados de los planes de pensiones, de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social, siempre que se cumplan los siguientes condicionantes y requisitos a cumplir por el partícipe/asegurado del plan de pensiones.
Y ahora, vía RD-Ley 15/2020, de 21 de abril, se determinan las normas para disponer de los derechos consolidados en planes de pensiones, y entre las que cabe destacar los documentos a aportar a la entidad gestora de fondos de pensiones, en los supuestos recogidos para la disponibilidad excepcional de los planes de pensiones:
Real Decreto-ley 11/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
Aplazamiento de la presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones correspondientes al 1ºT de 2020 y, en su caso, las correspondientes al mes de marzo y abril de 2020
El plazo de presentación e ingreso de declaraciones, autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca con posterioridad al 15 de abril y hasta el día 20 de mayo de 2020 (es decir, las correspondientes al 1ºT de 2020 y, en su caso, las correspondientes al mes de marzo y abril de 2020), vence en las siguientes fechas en función del volumen de operaciones del declarante en el año 2019:
Si el volumen de operaciones declarado en el resumen anual de IVA de 2019 fue inferior a 600.000€:
El plazo de presentación e ingreso se extiende al 20 de mayo de 2020
El plazo para domiciliar se extiende al 15 de mayo de 2020.
Si el volumen de operaciones declarado en el resumen anual de IVA de 2019 fue igual o superior a 600.000€:
El plazo de presentación e ingreso se mantiene para el 20 de abril de 2020.
El plazo para domiciliar se mantiene para el 15 de abril de 2020.
La ampliación de plazo de 1 mes no es aplicable a:
los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra de negocio,
los grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia de su volumen de operaciones.
a presentación de declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se aprueba el código aduanero de la Unión y/o por su normativa de desarrollo.
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito fiscal y económico para hacer frente al COVID-19.
Vía RD-Ley 7/2020, de 12 de marzo (publicado en BOE de 13 de marzo), se reguló la posibilidad de aplazar el ingreso del pago a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones, no siendo extensible a las declaraciones aduaneras.
Ahora, con el actual RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo (publicado en BOE de 31 de marzo) se regula el aplazamiento a los ingresos que procedan de declaraciones aduaneras, tal que:
Este aplazamiento no resulta aplicable a las cuotas del IVA de la importación que se liquiden conforme al artículo 167.Dos, segundo párrafo, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA.
Se concretan vía RD -Ley 11/2020, de 31 de marzo, los plazos a tener en cuenta en el ámbito tributario en el espacio temporal que va desde el 14 de marzo de 2020 (Entrada en vigor del RD 463/2020 de declaración del estado de alarma) hasta el 30 de abril de 2020. Indicándose que el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará a los siguientes supuestos:
Aquellos supuestos en los que se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes (a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada) y dicho plazo no ha finalizado el 13 de marzo de 2020, y a
Aquellos supuestos en los que a fecha 13 de marzo de 2020, no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación.
Ejemplo: Para un acto o resolución notificado el 15 de marzo de 2020, el plazo de un mes para recurrirlo (o interponer reclamación) empieza a contar el 30 de abril de 2020.
Esta ampliación de plazo también aplica a los recursos y/o reclamaciones a interponer ante las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Se concreta que la suspensión de plazos regulado en artículo 33 del RD-Ley 8/2020, de 17 marzo, (ver publicación en el Blog CE sobre plazos) es de aplicación las actuaciones, trámites y procedimientos (que se rijan bien por la LGT, bien por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) y que sean realizados y tramitados por Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
Disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad ocasionados por el COVID-19
De manera excepcional, se podrán hacer efectivos por sus partícipes y/o asegurados los derechos consolidados de los planes de pensiones, de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social, siempre que se cumplan los siguientes condicionantes:
Requisitos a cumplir por el partícipe/asegurado del plan de pensiones:
En este supuesto, el importe de los derechos consolidados disponible no puede ser superior a los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo.
En este supuesto, el importe de los derechos consolidados disponible no puede ser superior a los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público.
En este supuesto, el importe de los derechos consolidados disponible no puede ser superior a los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Los importes deben ser acreditados por los partícipes de los planes de pensiones que soliciten la disposición de sus derechos consolidados y su reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.
En todo caso, el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones, es decir, se tendrá en cuenta en la Renta del año 2020 como rendimiento del trabajo.
Plazo para hacer efectivos los derechos consolidados de los planes de pensiones:
De 6 meses a contar desde el 14 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del RD 463/2020 de declaración de estado de alarma).
Si bien, el Gobierno, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, podrá ampliar este plazo para solicitar el cobro de los planes de pensiones, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situación derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Ampliaciones de plazos para determinados procedimientos y actos
Se concretan vía RD -Ley 11/2020, de 31 de marzo, las siguientes matizaciones:
Se flexibilizan los plazos para:
el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo.
el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento.
alegaciones y aportación de documentos, datos, etc., con transcendencia tributaria, por parte del contribuyente, tanto con la Administración tributaria Estatal como con la Dirección General del Catastro.
La ampliación de plazos se concreta en el siguiente calendario:
Plazos anteriores al 18 de marzo del 2020
Plazos que inciden a partir del 18 de marzo de 2020
Se extienden hasta el 20 de mayo de 2020 (salvo que sea mayor el otorgado por norma general, en cuyo caso prevalece)
Las medidas son para todos los obligados tributarios, ya sean particulares, empresas (sociedades, empresarios individuales, profesionales) y cualquiera que sea su volumen de facturación.
No se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias que mantienen su calendario habitual.
Recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos
Se entenderán, a los solos efectos del cómputo de los plazos de prescripción (art. 66 LGT), notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de abril de 2020.
El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación (en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la LGT), si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.
Todas las declaraciones – liquidaciones y autoliquidaciones con plazo hasta el 30 de mayo de 2020
Entre otras obligaciones tributarias, a destacar: modelo 111, modelo 115, modelo 123, modelo 130
Aplazamiento hasta 6 meses.
Los 3 primeros meses, sin intereses.
Blog CE 18/03/2020
Con relación al nuevo paquete de medidas económicas y sociales aprobado por el Consejo de Ministros y que se recogen en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Blog CE 13/03/2020
La primera batería de medidas fiscales y laborales que el Gobierno ha aprobado para hacer frente al impacto económico del coronavirus.
No es posible aplicar exoneraciones en las cotizaciones de empresas sometidas a ERTEs vinculados al COVID-19 sin cumplir el requisito de suministrar por medios electrónicos los datos relativos a inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, así como los referidos a la cotización y recaudación.
Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se someten al mismo régimen que las entidades de derecho público pertenecientes al sector público estatal en lo relativo al régimen aplicable a la formulación y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019.
Se modifica el artículo 3 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario con el fin de realizar una precisión terminológica, y el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, al objeto de incorporar las necesarias referencias al Instituto Social de la Marina.
Se asegura, la coherencia temporal de la suspensión de los procedimientos en materia de inspección laboral con el nuevo escenario normativo y se dispone el reconocimiento como accidente de trabajo de las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios y que, en el ejercicio de su profesión, hayan contraído COVID-19 durante cualquiera de las fases de la pandemia.
En el caso de las explotaciones con más de un titular se pueda contratar proporcionalmente a más trabajadores a efectos de poder quedar incluido en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
Se ajusta la prestación por desempleo de los artistas en espectáculos públicos, ello con la finalidad de aclarar que es el propio acceso extraordinario a la prestación el que responde a la crisis sanitaria del COVID-19, sin que corresponda a los artistas acreditar que su situación concreta de falta de actividad deriva de la misma. Igualmente, se elimina el requisito de encontrarse en el periodo de inactividad voluntaria, suprimiendo el coste que ello supondría para el trabajador y simplificando la tramitación y reconocimiento de la prestación, siendo posible suspender el cobro de la prestación, para realizar trabajos por cuenta propia o ajena, y reanudarlo después.
Comunicación de Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en relación a la prestación por cese de actividad para autónomos
Tras las fases de desescalada que se produce desde hoy lunes 4 de mayo de 2020, hay varias actividades que ya comienzan a realizar su trabajo, entre ellos autónomos que tenían solicitado el cese de actividad extraordinario afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Protección por desempleo a las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas.
a) En el supuesto de que la empresa en la que prestan servicios haya adoptado la decisión de suspender el contrato o reducir la jornada como resultado de los procedimientos regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, las personas trabajadoras afectadas podrán beneficiarse de las prestaciones por desempleo.
d) Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que no hubieran podido reincorporarse a la misma como consecuencia del COVID-19 y careciesen del período de ocupación cotizado necesario para obtener la prestación por desempleo, tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo, con un límite máximo de 90 días. El mismo derecho tendrán quienes durante la situación de crisis derivada del COVID-19 agoten sus prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes para el reconocimiento de un nuevo derecho.
La gestión del cese de actividad corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
– Será de aplicación un interés del 0,5 %.
– Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso anteriormente señalados.
– El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades.
– La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente resolución.
El aplazamiento a que se refiere el presente artículo será incompatible con la moratoria regulada en el artículo anterior. Las solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de los que también se haya solicitado la citada moratoria se tendrán por no presentadas, si al solicitante se le ha concedido esta última.
La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de una declaración responsable, firmada por la persona empleadora, respecto de las cuales se haya producido la disminución total o parcial de servicios. En el supuesto de extinción del contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de carta de despido, comunicación del desistimiento de la empleadora o empleador, o documentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.
La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del 70% a la base reguladora (La base reguladora diaria de la prestación estará constituida por la base de cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causante, dividida entre 30), y no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En el caso de pérdida parcial de la actividad, la cuantía del subsidio indicada se percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora.
Cuando fueran varios los trabajos desempeñados, la cuantía total del subsidio será la suma de las cantidades obtenidas aplicando a las distintas bases reguladoras correspondientes a cada uno de los distintos trabajos el porcentaje del 70%, teniendo dicha cuantía total el mismo límite previsto en el apartado anterior. En el caso de perdida parcial, se aplicará la misma regla.
El subsidio extraordinario por falta de actividad será compatible con las percepciones derivadas de las actividades por cuenta propia o por cuenta ajena, incluido su alta como empleada del hogar siempre que la suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto de actividades no sea superior al SMI.
Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma y no contarán con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio.
El Servicio Público de Empleo Estatal establecerá en el plazo de un mes, a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el procedimiento para la tramitación de solicitudes, que determinará los formularios, sistema de tramitación (presencial o telemático) y los plazos para su presentación
Afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado.
Las solicitudes se presentarán telemáticamente por cada cuenta de cotización por las que se solicita la moratoria.
Esta moratoria no será de aplicación si se ha acogido a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor debido al Covid-19.
Las solicitudes presentadas por las empresas, o por los trabajadores por cuenta propia, que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones, recargos e intereses correspondientes.
Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar los servicios esenciales, siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestas sus servicios o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública.
Durante la permanencia del estado de alarma, el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que vinieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo de 2020, no se verá afectado por la suspensión del contrato y reducción de jornada que tengan su causa en las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación también a los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a 14 de marzo de 2020.
Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo.
El Real Decreto Ley 9/2020 de 27 de marzo establece que no se podrán realizar extinciones de contrato ni despidos por causas objetivas motivados por el coronavirus.
La medida estará en vigor desde el 28 de marzo hasta la vigencia del estado de alarma y sus posibles prorrogas.
Se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.
Derecho a la adaptación y reducción de jornada
Aplicación adaptación de la jornada:
La empresa y el trabajador deberán de llegar a un acuerdo para adaptarse a la situación pudiendo ser:
Es un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores, que tiene que justificarlo.
Aplicación reducción de la jornada:
Reducción especial de la jornada de trabajo por guarda legal de un menor de 12 años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, con reducción proporcional a su jornada.
Podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario, siempre que sea justificado y razonable y proporcionado ante la situación de la empresa.
Quien ya tuviera concedido esta reducción podrá anularla o cambiar los términos de la misma temporalmente durante esta situación.
Deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación
En otro caso, trabajadores por cuenta propia o autónomos cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior
Medida de carácter excepcional y limitada para un mes, a contar desde la fecha de estado de alarma (14 de marzo) o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma.
Los periodos de aislamiento o contagio de todas las personas trabajadoras a causa del virus COVID-19
Aplicable tanto a trabajadores por cuenta propia como a trabajadores por cuenta ajena.
Estar en situación de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social
La duración será determinada por el parte de baja por aislamiento y el alta correspondiente
El día de baja será establecido en el día que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, aún cuando el parte de baja se expida con posterioridad
Prolongación del periodo de actividad en contratos fijos discontinuos
Medidas específica para los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
Aplicable a aquellas empresas, excluidas las del sector público, con actividad productiva en los meses de febrero a junio, incluidos.
Bonificación del 50% en dichos meses en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores
Mantener en situación de alta durante dichos meses a los trabajadores con contratos fijos discontinuo
La medida estará en vigor desde el 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020.
La aplicación será para todo el territorio nacional, excepto para las Islas Baleares y Canarias que se acogerán, durante los meses de febrero y marzo, a la bonificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre.
20 preguntas frecuentes sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad
Las preguntas más frecuentes sobre la nueva prestación extraordinaria por cese de actividad publicada en el RDL 8/2020.
El ERTE por causa de fuerza mayor
COVID-19: Guías Prácticas
Guía sobre el ERTE por causa de fuerza mayor y las medidas adoptadas por el gobierno en relación a los expedientes temporales en la crisis del coronavirus.
Son muchas las empresas que están planteándose un ERTE como forma de paliar los efectos que el coronavirus está teniendo en el tejido empresarial español y por ello desde CE Consulting queremos resolver las dudas más frecuentes.
Coronavirus: medidas laborales
Incluidas en el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico del coronavirus.
Medidas fiscales y laborales en relación al coronavirus
Blog CE 10/03/2020
Pautas incluidas en la legislación española sobre la implementación del teletrabajo.
Especialidades aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, durante el desconfinamiento.
Continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del Covid-19 aquellas empresas y entidades que contarán con un ERTE por fuerza mayor, que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020.
Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19, aquellas empresas, desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020.
También deberán comunicarlo al Servicio Público de Empleo Estatal de las variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, de los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo, para la regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación.
Los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción iniciados tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 30 de junio de 2020 les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las siguientes particularidades:
La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo del apartado 1.
Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se inicie tras la finalización de un expediente temporal de regulación de empleo por fuerza mayor derivado del Covi-19 la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de finalización de este.
Los expedientes de este tipo vigentes hasta la fecha seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.
Seguirán vigentes hasta el 30 de junio las siguientes medidas:
Seguirán percibiendo las prestaciones las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello, o no hubiesen percibido prestación por desempleo precedente
No computa el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
Será de aplicación también para aquellas que tengan la condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.
Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor derivado del Covid-19.
La Tesorería General de la Seguridad Social exonerará, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020, a las empresas y entidades acogidas al ERTE total por fuerza mayor derivada del Covid-19, siempre que, a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta en la Seguridad Social. Si las citadas empresas y entidades tuvieran cincuenta o más, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.
A las empresas y entidades que se acojan a un ERTE parcial por fuerza mayor quedarán exoneradas en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:
Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados desde ese reinicio, la exención alcanzará el 85 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 70 % en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores o asimilados en alta a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más, la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45 % de la aportación empresarial devengada en junio de 2020.
Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45 % de la aportación empresarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores o asimilados a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más, la exención alcanzará el 45 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 30 % de la aportación empresarial devengada en junio de 2020.
El compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, se entenderá por tal, la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla.
Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes. No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo. En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.
Novedades relacionadas con el proceso de desescalada
Con la fase de desescalada las empresas que estuviesen aplicando las medidas de suspensión o reducción de jornada pueden renunciar a las mismas, de manera total o parcial, respecto de parte o la totalidad de la plantilla, y de forma progresiva según vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor.
¿Qué deberán comunicar las empresas?
Bastará con comunicar a la autoridad laboral la renuncia a la medida autorizada o comunicada, ante una recuperación integra la actividad, y a trasladar a la entidad gestora de las prestaciones la situación de afección y desafección de cada una de las personas trabajadoras, de modo que el expediente de regulación temporal de empleo sirva para garantizar un tránsito no traumático hacia una normalidad futura en la que las medidas coyunturales hayan dejado de ser necesarias.
Tramitación y abono de prestaciones por desempleo/adaptación de jornada
Las empresas que hayan realizado ERTE tendrán que realizar una solicitud colectiva ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo para iniciar la prestación contributiva por desempleo de sus trabajadores afectados.
Se comunicará de forma individualizada por cada uno de los centros de trabajo afectados y debe incluir:
La comunicación deberá remitirse en el plazo de 5 días desde la solicitud del expediente (supuestos de fuerza mayor), o desde la fecha de la notificación a la autoridad laboral competente. Si la solicitud se produjo con anterioridad al 27 de marzo – entrada en vigor del RD 9/2020 – los cinco días contarán desde esta fecha.
Las empresas que no realicen la solicitud colectiva tal como especifica el RD 9/2020 de 27 de marzo incurrirán en una infracción grave.
Fecha de efecto de las prestaciones por desempleo
Supuestos de fuerza mayor: fecha del hecho causante.
En el caso de suspensión del contrato o reducción de jornada provocados por la causa prevista de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19, la fecha de efecto habrá de ser, en todo caso, coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada.
Contratos temporales: interrupción del cómputo de duración máxima
La suspensión de los contratos temporales (formativos, de relevo, interinidad, etc) supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido.
Limitación de la duración de los ERTE basados en causas derivadas de la crisis del COVID-19
Expedientes temporales de regulación autorizados al amparo de las causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Aplicable tanto a los ERTE con resolución expresa como a los resueltos por silencio administrativo
Darán lugar a las sanciones correspondientes:
Las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos.
La solicitud de medidas, en relación al empleo, que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.
El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones y la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas.
Suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor
Empresas que se acogen a estas medidas debido a que tienen actividades incluidas en la declaración de estado de alarma o bien que, debido al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria
Solicitud de la empresa acompañada de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, con la correspondiente documentación acreditativa.
Comunicación de la solicitud a los trabajadores o representantes de los mismos.
Exoneración de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social
Mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa.
Exoneración del 100% a empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social, a 29 de febrero de 2020.
Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más en situación de alta en la Seguridad Social, a fecha 29 de febrero de 2020, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.
Suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
En el caso que no exista representantes de los trabajadores, estará integrado por lo sindicatos más representativos del sector, de no ser posible por 3 trabajadores de la empresa, y deberá estar constituida en el plazo de 5 días.
El periodo de consultas no excederá de un plazo de 7 días.
Todo trabajador tendrá derecho a la prestación por desempleo, independientemente de si alcanza la cotización mínima necesaria para ello.
No computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo siempre que su causa inmediata sean las citadas circunstancias extraordinarias.
Limitación a la aplicación de los ERE
No se les aplicarán las especialidades previstas a aquellos iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo y basados en las causas previstas en el mismo.
Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID-19.
Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el Real decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.
Son muchas las empresas que están planteándose un ERTE como forma de paliar los efectos que el coronavirus está teniendo en el tejido empresarial español y por ello desde CE Consulting queremos resolver sus dudas más frecuentes.
Qué tiene que saber un trabajador sobre los ERTES que vengan dados por fuerza mayor debido a la situación por coronavirus.
Formulación de Cuentas Anuales y Junta General Ordinaria: Nuevos plazos
«La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio de 2020(1), reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante, lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente.» (artº 40.3)
(1) El RDL modificado, en su redacción anterior, decía: “… queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. …”
«La junta general ordinaria, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, se reunirá necesariamente dentro de los dos meses (2) siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.» (artículo 40.5)
(2) El RDL modificado, en su redacción anterior, decía: “La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales”.
Obsérvese que trata de la formulación y de la Junta General Ordinaria, pero sobre la auditoría, no dice, ni cambia nada. de este modo, recordamos que:
“En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante la vigencia del mismo, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma” (artículo 40.4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo)
Debido a la situación de Estado de Alarma se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales.
En el orden jurisdiccional penal: la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, o con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores, y, en fase de instrucción, las que el juez acuerde como inaplazables.
En el resto de órdenes jurisdiccionales: la interrupción no será de aplicación a la protección de los derechos fundamentales de la persona, ni a las autorizaciones judiciales para la entrada en domicilios, para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico, ni a medidas de protección del menor.
La duración del estado de alarma es de 15 días naturales, desde su entrada en vigor en el BOE, esto es desde el 14 de marzo hasta el 28 de marzo, ambos inclusive, sin perjuicio de la/s prórroga/s que pudieran sucederse.
Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, que se reanudarán el día 29 de marzo (momento en el que pierde vigencia el RD 463/2020, de 14 de marzo), o sus posibles prórrogas.
Por ejemplo: desde el 14 de marzo se interrumpe el plazo de un mes para interponer un recurso de reposición, o el plazo para pagar una multa.
La suspensión de términos e interrupción de plazos se aplica a todo el sector público, que comprende (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas):
No se interrumpirán los plazos en los procedimientos y resoluciones si éstos vienen referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma
El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (cuya duración legal es de 15 días) o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Los operadores de comunicaciones electrónicas deberán conceder a sus abonados, previa solicitud de estos, un fraccionamiento y, en consecuencia, aplazamiento lineal durante seis meses y sin devengo de intereses de demora ni prestación de garantía, de la deuda correspondiente a las facturas presentadas al cobro desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 , y sus prórrogas, y, en todo caso, hasta el 30 de junio de 2020, ambos inclusive.
La moratoria convencional suscrita entre el deudor y su entidad financiera al amparo de un acuerdo marco sectorial, que podran tener por objeto toda clase de préstamos, créditos y arrendamientos financiero, podrá acordar, sin perjuicio del devengo de los intereses pactados en el contrato de préstamo inicial, que el importe de lo aplazado se abone mediante:
Arrendamientos de vivienda habitual. Criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación.
Que el arrendatario o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre afectado por una circunstancia que implique una reducción de ingresos, por:
Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda, no alcance el límite de cinco veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual, que para 2020 es de 537,84 €)
Que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos* resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar**.
Se entenderá por «gastos y suministros básicos» el coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario, referidos al periodo de un mes.
Se entenderá por «unidad familiar» la compuesta por la persona que adeuda el arrendamiento, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.
En caso de ser varios los titulares en un mismo contrato de alquiler,* será obligatorio que todos ellos formalicen el contrato de préstamo con la Entidad de crédito como prestatarios. (* Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.)
No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica, a los efectos de obtener estas ayudas, cuando el arrendatario o cualquiera de miembros de la unidad familiar sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Se exceptúa:
Para titulares de vivienda que acrediten su no disponibilidad por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.
En caso de desempleo: certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria u órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
En todo caso: declaración responsable del arrendatario* relativa al cumplimiento de los requisitos.(* incluido en el modelo de solicitud del anexo I de esta Orden)
Junto con estos documentos se presentará la solicitud del préstamo (ya incluye la declaración responsable, conforme al modelo del anexo I de la Orden).
Cancelación: El arrendatario podrá realizar la cancelación total o amortización anticipada, sin gastos ni comisiones. La cancelación o amortización anticipada, total o parcial, se producirá de manera inmediata en el supuesto en el que se satisfaga, respectivamente, la totalidad o parte del importe del préstamo, ya se realice el pago por el arrendatario o por las Administraciones públicas competentes en materia de vivienda o protección social.
Los préstamos deberán ser solicitados por el arrendatario ante la Entidad de crédito, con el modelo de solicitud, antes del 30 de septiembre de 2020 y deberán formalizarse antes del 31 de octubre de 2020. (Mediante orden ministerial, estos plazos podrán prorrogarse hasta el 30 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020, respectivamente).
Al formalizar el préstamo, la Entidad de crédito deberá cumplimentar el formulario previsto en el anexo II y remitirlo al ICO verificando el cumplimiento de los requisitos de los arrendatarios.
Pago de las ayudas al arrendador.
Causas del reintegro de las ayudas.
Si el préstamo estuviera pendiente de abonarse, en todo o en parte, se cancelará el abono de las cantidades pendientes y el arrendatario deberá proceder a la amortización anticipada del préstamo.
En todo caso, se exigirá al arrendatario el reintegro de los gastos e intereses satisfechos por el préstamo; a cuyo importe se aplicará el interés de demora.
Anexo I Formulario de solicitud de préstamo y Anexo II Formulario de concesión del préstamo
Real Decreto - Ley 16/2020, de 29 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la administración de Justicia
Causas legales de disolución (de sociedades de capital)
Pérdidas del presente ejercicio 2020: no se tomarán en consideración, al solo efecto de determinar la causa de disolución legal*
Pérdidas del ejercicio 2021: si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de DOS meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.
Todo lo anterior, sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con el presente Real Decreto-Ley.
Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. El art 363 e) dice que “la sociedad de capital deberá disolverse:
Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.”
Medidas procesales concursales
Durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. (…)
Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal (…)
Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor que tuviere homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo (…)
Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. (…)
Arrendador: grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda. MORATORIA AUTOMÁTICA
Nota: a diferencia del caso del arrendador gran tenedor o empresa o entidad pública de la vivienda, ahora no dice que “deberá ser aceptada por el arrendador”.
Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (declaración del estado de alarma), o por órdenes dictadas por la Autoridad competente.
Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital. (1)
La reducción de actividad: se acreditará inicialmente con una declaración responsableen la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.
La suspensión de actividad: se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria u órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
El arrendatario que se haya beneficiado del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, sin reunir los requisitos exigidos, será responsable de los daños y perjuicios producidos, y de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, además, de otras responsabilidades a que pudiera dar lugar.
Medidas que afectan a las cooperativas
A. Fondo de Promoción y Educación de las Cooperativas: flexibilidad temporal de su uso.
Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento. El Fondo deberá ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 % de los resultados de libre disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía, y en un plazo máximo de 10 años.
Durante la vigencia del estado de alarma, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la aplicación del Fondo de Educación o Promoción, cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales. La asunción excepcional de esta competencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020 (cuando la protección de la salud de los socios de la cooperativa exija celebración virtual de la Asamblea General y ésta no sea posible por falta de medios adecuados o suficientes).
A estos exclusivos efectos, el Fondo de Formación y Promoción Cooperativo que haya sido aplicado conforme lo anterior, no tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa.
Nota: “no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 13.3 y 19.4 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas”.
B. Prórroga del plazo para cumplir el requisito de calificación de «Sociedad Laboral»
Premisa: para obtener la calificación de «Sociedad Laboral», la mayoría de su capital social deber propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido, y en la que ningún socio sea titular de acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social.
Salvo que la sociedad laboral se constituya inicialmente por dos socios trabajadores con contrato por tiempo indefinido, y tanto capital social como derechos de voto estén distribuidos al cincuenta por ciento. En este caso, en el plazo máximo de 36 meses deben ajustarse a los límites antes dichos.
Normativa actual: con carácter extraordinario y exclusivamente para las sociedades laborales constituidas durante el año 2017, el plazo de 36 meses se prorroga por 12 meses más.
Aplazamiento de las cuotas de los préstamos concedidos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
La causa de los periodos de inactividad o reducción del volumen de ventas o facturación debe ser la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Esta disminución de facturación debe impedir o dificultar el cumplimiento de las obligaciones de pago.
Que los prestatarios no se encuentran en situación concursal y estén al corriente de todas sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social al momento de formular la solicitud de aplazamiento.
Que en el momento de la entrada en vigor del estado de alarma, los prestatarios estuviesen al corriente del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos concertados.
Podrán ser objeto de aplazamiento:
Las cuotas que se hallen pendientes de pago y cuyo vencimiento se haya producido o se produzca en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020.
El aplazamiento quedará automáticamente ampliado a las sucesivas cuotas hasta dos meses después de la finalización del estado de alarma, salvo solicitud expresa del interesado.
Las cuotas aplazadas podrán ser abonadas antes del fin del periodo de vigencia del respectivo préstamo.
Las cuotas aplazadas no podrán entenderse capitalizadas y, por tanto, devengar nuevos intereses ordinarios.
Condiciones para la concesión de los aplazamientos:
El interesado deberá formular declaración responsable donde conste, al momento de solicitar el correspondiente aplazamiento, que se encuentra en una situación económica desfavorable como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, que le ha originado períodos de inactividad o reducción en el volumen de las ventas o facturación que le impida o dificulte cumplir con sus obligaciones de reembolso derivadas del correspondiente préstamo concertado con IDAE, incluyendo no encontrarse en situación concursal.
Se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que desarrolle actividades de reaseguro de crédito y de caución a partir de 2020
Las condiciones básicas del reaseguro aceptado por el Consorcio de Compensación de Seguros serán las siguientes:
Modalidades de la cobertura. Las comunes en el mercado de reaseguro, que permitan complementar con rapidez y eficacia la cobertura directa que las entidades aseguradoras de estos ramos ofrecen a las empresas por ellas aseguradas, contribuyendo a dar seguridad a las transacciones económicas.
Condiciones económicas las fijará el Consorcio con el objetivo de procurar el equilibrio financiero del acuerdo a largo plazo.
Objeto y vigencia temporal. La cobertura podrá aplicarse, a partir del día 1 de enero de 2020, a las operaciones de seguro, que sean llevadas a cabo por entidades aseguradoras autorizadas en el ramo de crédito con un volumen de operaciones significativo, y cuyos asegurados estén domiciliados en España. Su vigencia temporal se mantendrá en tanto subsistan las razones de interés general que justificaron su adopción y por un periodo mínimo de dos años.
Refuerzo del aval concedido por la Compañía Española de Reafinanciamiento SA (CERSA)
La línea de avales podrá liberarse hasta el 31 de diciembre de 2020. En todos los casos las condiciones de los avales se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros.
Moratoria en el pago de cuotas de préstamos y créditos
Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse la plena libertar deambulatoria, no podrán formalizarse instrumentos notariales, no obstante ello no suspendera la aplicación de la moratoria, que se aplicará automáticamente, se haya formalizado o aun no la suspensión en escritura pública.
Será obligacion unilateral de la entidad financiera acreedora la formalización de la escritura pública o póliza en la que se documente la suspensión de las obligaciones contractuales o ampliación de plazos, sin que dicha suspensión compute a los efectos establecidos en la Ley 5/2019 de Crédito Inmobiliario.
Los derechos arancelarios por la intervención notarial de las pólizas en las que se formalice la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria se bonificarán en un 50 % con un límite mínimo de 25 euros y máximo de 50 euros. Los derechos arancelarios relativos a la suspensión temporal de las obligaciones contractuales de préstamos hipotecarios se fijan en 6 euros. En todo caso serán abonados por el acreedor.
Medidas relativas a los arrendamientos de vivienda habitual
Situaciones de vulnerabilidad: definida por la concurrencia de los siguientes requisitos:
Más un incremento de:
0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar o por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
(El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. Para el 2020 está fijado en 537,84 €)
Declaración responsable del deudor sobre cumplimiento de los requisitos exigidos.
La imposibilidad de aportar algún documento se suplirá con una declaración responsable justificando los motivos, debiendo aportar el documento no facilitado en un mes desde la finalización del estado de alarma.
Presupuestos base:
Arrendatario en situación de vulnerabilidad
Plazo de la solicitud: en el plazo de TRES MESES* (inicialmente, en el RD-L 11/2020 era de un mes) desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley * cambio introducido por el RDL-16/2020
Comentario: pese a la redacción del encabezado del artículo, la aplicación de la moratoria no es automática ya que requiere de una solicitud del arrendatario.
Arrendador: NO grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda: MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL Y TRANSITORIA DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES
Arrendador NO empresa o entidad pública de vivienda o gran tenedor
Plazo de la solicitud: en el plazo de TRES MESES* (inicialmente, en el RD-L 11/2020 era de un mes) desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley.* cambio introducido por el RDL-16/2020
El arrendador comunicará al arrendatario, máximo en 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento que acepta o posibles alternativas. Si no aceptare ningún acuerdo el arrendatario podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación.
Consecuencias de la aplicación indebida de la moratoria y de las ayudas públicas
Arrendatarios de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad con problemas transitorios para el pago del alquiler
Hacer frente a la dificultad en la devolución de ayudas transitorias de financiación contraídas por hogares vulnerables.
Hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo suscrito para el pago de la renta.
Nuevo "Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, programa de personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables"
Sustituye al “Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual»
Sesiones de los órganos de gobierno y administración: Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia, o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes
Juntas de socios o accionistas o Asambleas de asociados: Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por video o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.
Acuerdos de los órganos de gobierno y de administración: podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano.
No obstante, será válida la formulación de las cuentas hecha durante el estado de alarma, pudiendo hacer su verificación contable dentro del plazo legal o acogiéndose a la prórroga prevista en este RD-L, (dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma).
Propuesta de aplicación de resultados: si ya han formulado las cuentas, y convocan ahora, podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta.
Para ello, el órgano de administración deberá justificarlo con base a la situación creada por el COVID-19, y acompañar escrito del auditor de cuentas en el que este indique que no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta.
Si ya han formulado las cuentas, y ya han convocado, el órgano de administración podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado, para someter una nueva propuesta a la aprobación de una junta general que deberá celebrarse dentro del plazo legalmente previsto para la celebración de la junta general ordinaria.
Igualmente debe justificar la nueva propuesta y acompañar escrito del auditor
Depósito de cuentas: La certificación del órgano de administración a efectos del depósito de cuentas se limitará, en su caso, a la aprobación de las cuentas anuales, presentándose posteriormente en el Registro Mercantil certificación complementaria relativa a la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.
El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real (que garanticen el cumplimiento de la función notarial).
Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación.
El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice.
En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice.
Excepcionalmente, durante el año 2020:
El consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional.
Si la convocatoria ya se hubiese publicado, se podrá prever cualquiera de estos supuestos en un anuncio complementario que habrá de publicarse al menos cinco días naturales antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta.
si la junta se hubiese constituido válidamente en dicho lugar, podrá continuarse en el mismo día en otro lugar dentro de la misma provincia
si la junta no pudiera celebrarse, la celebración de la misma en ulterior convocatoria podrá ser anunciada con el mismo orden del día que la junta no celebrada, con al menos cinco días de antelación a la fecha fijada para la reunión. Junta que podrá celebrarse por vía exclusivamente telemática
A estos efectos, serán válidos los acuerdos del consejo de administración y los acuerdos de la Comisión de Auditoría cuando sean adoptados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los consejeros dispongan de los medios necesarios para ello, y el Secretario reconozca su identidad, lo cual deberá expresarse en el acta y en la certificación de los acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social.
Si se lleva a cabo una nueva propuesta de resultados, su justificación por el órgano de administración y el escrito del auditor deberán hacerse públicos, tan pronto como se aprueben, en la página web de la entidad y en la de la CNMV.
Medidas relativas a Inversiones Extranjeras
(se modifica la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales)
Artículo 7 bis, apartado 1: Suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España.
Se consideran inversiones extranjeras directas en España todas aquellas inversiones como consecuencia de las cuales el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se participe de forma efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad, siempre que concurra una de estas circunstancias:
Que se realicen por residentes de países de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio cuya titularidad real corresponda a residentes de países de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio.
Refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME. Los beneficiarios de concesiones de préstamos a proyectos industriales otorgados por la SGIPYME podrán solicitar modificaciones del cuadro de amortización del mismo durante el plazo de 2 años y medio contados desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; siempre y cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 haya provocado periodos de inactividad del beneficiario, reducción en el volumen de sus ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor.
Se concede una línea de avales para que las entidades bancarias puedan ofrecer financiación a personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión del COVID-19. Dicha financiación será sin intereses ni gastos y con un plazo de devolución de 6 años, prorrogable 4 años más y un importe máximo de 6 mensualidades de renta que se ha de destinar al pago de la renta del arrendamiento.
Creación de un programa de ayudas al alquiler de vivienda habitual para personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión del COVID-19 a fin de contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 para la devolución de los prestamos anteriormente referenciados. La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 €/mes y de hasta el 100% de la renta o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito para el pago de la renta de la vivienda habitual.
Creación de un programa de ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables con el objeto de facilitarles una solución habitacional inmediata.
Ampliación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler incorporando un nuevo supuesto que posibilite destinar las ayudas a la compra de viviendas con objeto de incrementar el parque público de viviendas.
Autorización para transferir anticipadamente a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y de Melilla los fondos comprometidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en los convenios suscritos para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 así como para la disposición inmediata de los fondos aún no comprometidos para la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, en aplicación del nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de los préstamos o créditos sin garantía hipotecaria vigentes contratados por persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas del deudor principal, que podrán exigir que el acreedor agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión. La suspensión de las obligaciones contractuales surtirá efectos desde la solicitud del deudor al acreedor, acompañada de la documentación requerida.
Al igual que en la moratoria de los préstamos hipotecarios, la aplicación de la suspensión no requerirá acuerdo entre las partes para que surta efectos, ni novación contractual alguna y surtirá efectos desde la solicitud del deudor al acreedor, acompañada de la documentación requerida. Duranta la suspensión el acreedor no podrá exigir el pago de la cuota o intereses, sin que proceda el devengo de intereses ordinarios ni de demora. Esta suspensión tendrá una duración de tres meses, ampliables mediante acuerdo de Consejo de Ministros.
Tendrán la consideración de préstamos hipotecarios los contratados para la adquisición de vivienda habitual, inmuebles afectos a la actividad económica y viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor hipotecario persona física, propietario y arrendador haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma.
Personas en situación de desempleo o empresario o profesional, entendiendo por éstos a las personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%.
Que el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles más los gastos y suministros básicos de la vivienda habitual (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, servicios de telecomunicación fija y móvil y contribuciones a la comunidad de propietarios) resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar (la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita).
Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda cuando este esfuerzo se haya multiplicado por, al menos, 1,3.
El Real Decreto define estas medidas como excepcionales y las vincula a la duración del estado de alarma.
En el caso de los autónomos con condición de consumidor vulnerable – a la que está vinculada la percepción del bono social – las medidas establecidas en el Real Decreto se extinguirán:
Cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas y en ningún caso más de 6 meses desde su devengo.
Esto no implica que el consumidor pierda la posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
La empresa comercializadora está obligada a indicar al consumidor, en la última factura emitida antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de dicho vencimiento. Tras este vencimiento, el consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora y éste podrá, alternativamente, contratar su suministro con un comercializador en mercado libre.
Quién puede acogerse a estas medidas:
Renegociación con las compañías de suministros:
Autónomos que estén dados de alta en en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable.
Suspensión de las facturas:
Autónomos que acrediten su condición mediante su alta en el RETA o asimilable.
Pequeñas y medianas empresas que cumplan la definición del Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea.
Percepción del bono social:
Trabajadores autónomos que tengan derecho a la prestación por cese de actividad o por reducción de su facturación en, al menos, un 75% respecto al promedio del semestre anterior, tal como se estableció en el RD 8/2020, de 17 de marzo.
Deberán acreditar las circunstancias mencionadas en el punto anterior con fecha posterior a la entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de marzo.
Deberán, además, cumplir los requisitos de renta establecidos para ser considerados consumidores vulnerables
Suspensión temporal del suministro.
Modificación de contratos por una oferta alternativa, siempre con la misma compañía comercializadora.
Cambios de potencia o peaje:
Aún si se hubieran modificado voluntariamente en los últimos 12 meses
Aunque no se haya visto afectado por cambios en la estructura de peaje de acceso o de cargo
Si la empresa tiene autorización para la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso (art. 5.3.4.º del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre) para la solicitud de cambios de potencia y peaje no necesitará la resolución de la DG de Política Energética y Minas, aunque sí deberán notificar las solicitudes realizadas.
Estas medidas no podrán conllevar, en ningún caso, cargos por penalización.
El titular del punto de suministro podrá solicitar a su comercializador:
La modificación del caudal diario contratado,
La inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un consumo anual inferior,
La suspensión temporal del contrato de suministro
Cambio de escalón de peajes,
Reducción de caudal contratado en productos de capacidad de salida,
Anulación de los productos de capacidad de salida y suspensión temporal de contratos de acceso de duración indefinida, sin restricciones.
Los ahorros producidos por los menores pagos de peaje que supongan la aplicación de esta medida deberán ser repercutidos íntegramente por el comercializador al titular del punto de suministro.
Todas estas modificaciones se realizarán sin repercutir coste alguno sobre el comercializador o el consumidor.
Los consumidores tendrán 3 meses para solicitar la reactivación de los suministros suspendidos, nuevas modificaciones en el contrato o en los parámetros técnicos del mismo:
En el caso del suministro energético, los que tengan autorización para la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso deberán notificar la solicitud de nuevo a la DG de Política Energética y Minas.
En el caso del gas, se podrá solicitar el incremento de caudal o cambio de escalón de peajes del Grupo 3 sin ninguna limitación temporal o coste alguno.
Tanto la reactivación como las modificaciones tendrán que ser realizadas en un plazo máximo de 5 días naturales.
No repercutirán coste alguno, excepto si:
En suministro energético:
Se incrementa la potencia contratada por encima del umbral que ya se tenía previamente la estado de alarma
Proceden pagos por supervisión de instalaciones cedidas
Es necesario el cambio de los equipos de medida, los pagos ya previstos en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre
En suministro gasístico:
Si tras la suspensión temporal del contrato de acceso, es necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un cierre previo y puesta en seguridad de la instalación, podrá repercutirse el abono de derechos de alta o de acometida.
En el caso de que la nueva modificación de potencia no supere el umbral contratado antes del inicio del estado de alarma, tampoco se aplicará lo dispuesto en el artículo 83.5 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Los consumidores podrán suspender el pago de las facturas (energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización) que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación.
Las comercializadoras quedarán eximidas de la obligación de abonar el peaje de acceso de las facturas aplazadas a la empresa distribuidora hasta que el consumidor abone la factura completa.
Las comercializadoras de gas también quedan eximidas de abonar el término de conducción del peaje de transporte y distribución de las facturas aplazadas hasta el abono completo por parte del consumidor.
Además, se establece que las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización queden eximidos – en las facturas cuyo pago haya sido suspendido por esta medida – de:
Del Impuesto Especial de la Electricidad
Del Impuesto Especial de Hidrocarburos
Los consumidores deberán identificar claramente el titular del punto de suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS).
Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras la información relativa a los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, de aquellos que han solicitado la suspensión del pago.
Las comercializadoras de gas natural deberán comunicar a las distribuidoras o transportistas la información relativa a los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado la suspensión del pago.
Las cantidades adeudadas se regularizarán a partes iguales en las facturas emitidas por comercializadoras y distribuidoras correspondientes a los periodos de facturación en los que se integren los siguientes seis meses.
Los autónomos y empresas que se cojan a la suspensión de la facturación no podrán cambiar de comercializadora mientras no hayan completado la regularización.
Los autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 serán considerados consumidores vulnerables en su vivienda habitual y como tales tendrán acceso al bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos.
Además de acreditar el cese de actividad o la pérdida de ingresos, para ser considerado consumidor vulnerable – y acceder por tanto al bono social -la renta conjunta de la unidad familiar debe ser igual o inferior a:
Solicitud del bono social:
Comunicar al comercializador de referencia vía correo electrónico el modelo de solicitud definido en el Anexo IV del RD.
Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro. En caso de unidad familiar, copia de cada uno de los miembros con obligación de poseer dicho documento.
Acreditación de cese de actividad o pérdida de ingresos debido al COVID-19.
El cese se acreditará mediante certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la Comunidad Autónomo, en base a la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
La comercializadora deberá remitir al titular un correo electrónico confirmando la recepción de la solicitud.
Debe tenerse en cuenta que si el contrato de suministro de la vivienda habitual está a nombre de la persona jurídica, deberá cambiarse la titularidad del contrato, pues el bono social debe solicitarse para la persona física.
El Real Decreto, en relación con los suministros, establece además:
El acceso a la línea de avales establecida en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o cualquier otra línea de avales que se habilite con este fin específico, a las comercializadoras de electricidad y gas, a los distribuidores de gases manufacturados y GLP canalizado, y a los distribuidores de electricidad y gas natural. La cantidad avalada se corresponderá con aquella en la que hayan disminuido los ingresos como consecuencia de las medidas adoptadas.
La autorización de valores límite superiores de determinadas características de los carburantes, siempre que respeten el límite máximo para verano y el límite máximo para inverno.
Un periodo excepcional, comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2020, durante el que se podrá comercializar gasolinas cuya presión de vapor y destilado estén comprendidos entre el límite mínimo de verano y el límite máximo de inverno.
Ayudas por importe de 15 millones de euros para compensar parte de los costes de los servicios audiovisuales.
El consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia. Si la convocatoria ya se hubiese publicado, se podrá prever cualquiera de estos supuestos en un anuncio complementario que habrá de publicarse al menos cinco días naturales antes de la Junta.
En el supuesto de que las medidas impuestas por las autoridades públicas impidiesen celebrar la junta general en el lugar y sede de la convocatoria y no pudiese hacerse el anuncio complementario, se prevén distintas opciones de traslado de asistentes o de nueva convocatoria. Así como como asistencia telemática o voto anticipado por medios de comunicación a distancia
Excepcionalmente, serán válidos los acuerdos del consejo de administración y los acuerdos de la Comisión de Auditoría adoptados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple.
Asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo.
Otras medidas: ITP-AJD escrituras novación de hipotecas
Entrada en vigor. Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». (18 marzo 2020)
Resumimos las principales medidas adoptadas en materia financiera y aprobadas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo
En este artículo, te resumimos las medidas de protección social que se han tomado para mitigar los efectos de la crisis del coronavirus.
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