Source: http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39911
Timestamp: 2018-03-23 18:35:54
Document Index: 181747970

Matched Legal Cases: ['artículo 145', 'artículo 147', 'artículo 202', 'artículo 129', 'artículo 130', 'artículo 149', 'artículo 201', 'artículo 202']

(Texto publicado en BOE 6 de marzo de 2018)
La contratación pública, tal y como está concebida en el ámbito europeo y, consecuentemente, en nuestro país, no es ya únicamente un instrumento de abastecimiento de materias primas o de servicios en las mejores condiciones para los órganos de contratación sino que, además de esta función tradicional, la contratación publica queda concebida como una herramienta a través de la cual los poderes públicos profundizan en otras políticas estratégicas, como pueden ser políticas horizontales de carácter social, medioambiental y de fomento de la innovación. A este respecto, la Comisión Europea en su Comunicación COM (2015) 614 final, de 2 de diciembre de 2015, señala “La contratación pública representa una gran proporción del consumo europeo (casi el 20% del PIB de la UE)”, lo que pone de manifiesto el importante potencial de impulso de las líneas estratégicas que se adopten en la contratación para las políticas públicas de que se trate.
A nivel europeo, a lo largo de los años este tema ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a través de instrumentos del resto de instituciones de la Unión Europea, entre los que hay que mencionar el Libro Verde de la Comisión Europea sobre “La Contratación Pública: reflexiones para el futuro” de 1996 que ya contemplaba la inclusión de consideraciones de índole social en la contratación pública; igualmente la Comunicación de la Comisión COM(98) 143, titulada “La contratación pública en la Unión Europea”, hacía referencia a las sinergias de la contratación pública con otras políticas comunitarias sociales y medioambientales; también se puede mencionar la Comunicación de la Comisión Europea COM(2001) 566 sobre “La legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos”; la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales y la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, que recogían consideraciones de los documentos previos, la Comunicación de la Comisión COM(2009) 215 sobre “Contribución al desarrollo sostenible: el papel del comercio justo y de los sistemas no gubernamentales de garantía de la sostenibilidad comercial”; la Guía de la Comisión Europea del año 2010 “Adquisiciones sociales. Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas”; o el “Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE. Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente”, COM(2011) 15. Y, en la actualidad, el marco de la política económica europea parte de la Comunicación de la Comisión de 2010 denominada “Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.
El 26 de febrero de 2010, el Gobierno de España aprobó el “Plan extraordinario de inclusión social y lucha contra la pobreza”. En él se establecía, entre las medidas para el desarrollo del Tercer Sector en España, la “introducción de criterios sociales en la contratación pública” y se apelaba a la aprobación de un acuerdo del Consejo de Ministros que avanzara en esta línea.
Por su parte, el Programa Nacional de Reformas para el año 2017 recoge la necesidad de seguir luchando contra el desempleo y promoviendo la inclusión social. El Programa afirma: “La vía más efectiva para luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social es la creación de empleo y la inserción laboral. Por ello, un año más son prioritarias las reformas que promuevan la incorporación de los ciudadanos al mercado de trabajo, destacando en particular las políticas activas de empleo y de adecuación del capital humano. Además, en 2017 se llevarán a cabo actuaciones como la puesta en marcha de la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social; el Plan Integral de Apoyo a la Familia; la Estrategia Nacional Integral para las Personas sin Hogar o la elaboración de un mapa de recursos y prestaciones sociales”.
Y, concretamente, en relación con la discapacidad, el Programa recoge el “Seguimiento del Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad 2014-2020” así como medidas específicas en relación con empleo, educación, salud o promoción de la autonomía personal, entre otras.
En el ámbito de la adjudicación de contratos también se han incorporado previsiones específicas de carácter social. Así, la adjudicación de los contratos se lleva a cabo aplicando criterios de mejor relación calidad-precio que incluyen, entre los aspectos cualitativos sociales, el “fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato” (artículo 145). También en el ámbito de la adjudicación, los criterios de desempate de los pliegos recogen medidas de carácter social (artículo 147). Por su parte, el artículo 202 está dedicado a las condiciones especiales de ejecución de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden. Y se pueden mencionar igualmente otras medidas previstas en la nueva ley como la obligación de información por el órgano de contratación en relación con los requisitos relativos a las medidas sociales, la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad (artículo 129), o las medidas de protección recogidas en el artículo 130 dedicado a la subrogación en contratos de trabajo. El artículo 149.3 permite excluir ofertas anormalmente bajas derivadas de incumplimientos sociales. Se establece igualmente una obligación de especial seguimiento por el órgano de contratación del cumplimiento de las obligaciones sociales o laborales (artículo 201). Y el comercio justo queda reconocido en los artículos 127, 145 y 147, así como en el artículo 202 dedicados, respectivamente, a las etiquetas de las obras, bienes y servicios, a la adjudicación de contratos y a las condiciones especiales de ejecución.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministro de Hacienda y Función Pública y la Ministra de Empleo y Seguridad Social, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de marzo de 2018, dispongo: