Source: https://supremo.vlex.es/vid/tarifa-portuaria-importes-pagados-ma-20776454
Timestamp: 2019-08-26 08:15:57
Document Index: 285926840

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 88', 'artículo 26', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70']

STS, 30 de Marzo de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 20776454
Número de Recurso: 876/2004
"LIQUIDACIONES DE LA TARIFA PORTUARIA. NULIDAD. DEVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES PAGADOS. Se trata de servicios que vengan exigidos por ninguna normativa, no pueden calificarse como prestaciones patrimoniales impuestas de carácter público, y, en consecuencia, siguen manteniendo en la nueva Ley, excepcionalmente, el carácter de precios privados, derivados de servicios prestados en régimen de derecho privado y no sometidos a la reserva de Ley. Ante la falta de regulación legal, al tiempo de su devengo y liquidación, de la tarifa cuestionada en las presentes actuaciones, se estima el presente recurso de casación. Se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por ""Agencia Marítima Condeminas Málaga, S.A."" contra la desestimación presunta del Ministerio de Fomento, confirmando la misma por ser conforme al ordenamiento jurídico. Sin costas. Se estima el recurso de casación, y se anula la sentencia recurrida y se declara la nulidad de las liquidaciones de la Tarifa portuaria T-3, con la consecuente devolución de sus importes a la parte recurrente, con los intereses legales; sin costas. "
En la Villa de Madrid, a treinta de Marzo de dos mil seis.
Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso de casación número 876/2004, interpuesto por la entidad "Agencia Marítima Condeminas Málaga, S.A.", representada por la Procuradora Doña Cayetana de Zulueta Luchsinger y asistida de Letrado, contra la sentencia, de fecha 11 de septiembre de 2003, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional -Sección Octava - en el recurso de dicho orden jurisdiccional número 912/2002, en el que se impugnaban las resoluciones presuntas de la Administración General del Estado y posteriores expresas de fechas 23 y 27 de enero de 2003, referente a liquidaciones de la Tarifa Portuaria T-3 por servicios prestados por la Autoridad Portuaria de Baleares, con posterioridad a la entrada en vigor, el 1 de enero de 2001, de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de orden social.
En el recurso contencioso administrativo número 912/2002, seguido ante la Sección Octava de la Sala de dicho orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional, se dictó sentencia, con fecha 11 de septiembre de 2003 cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de "Agencia Marítima Condeminas Málaga, S.A." contra la desestimación presunta del Ministerio de Fomento -resoluciones expresas de fechas 23 y 27 de enero de 2003-, confirmando la misma por ser conforme al ordenamiento jurídico. Sin imposición de costas".
Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal de la entidad "Agencia Marítima Condeminas Málaga, S.A.", se preparó el presente recurso de casación y, una vez tenido por preparado, se las emplazó para que pudieran hacer uso de su derecho ante esta Sala del Tribunal Supremo.
En definitiva, procede igualmente declarar inconstitucional el apartado 1 del art. 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del Estado y de la marina mercante, en su versión original, en la medida en que califica como «precios privados» a contraprestaciones por servicios portuarios que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público".).
Señalado para votación y fallo la audiencia del día 29 de marzo de 2006 , tuvo lugar en dicha fecha el referido acto procesal.
La cuestión se centra, pues, en determinar si los elementos esenciales de la liquidación se encuentran o no determinados en una disposición de rango legal, conforme al principio de reserva material de ley establecido en el artículo 31,3º CE. Como ya hemos señalado, la liquidación impugnada se practicó por servicios portuarios prestados tras la entrada en vigor de la Ley 14/2000, que introduce una nueva Disposición Adicional Vigésimo Segunda a la ley 27/1992 y da nueva redacción a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 62/97, de modificación de la Ley 27/1992 , clarificando los elementos de la tarifa y elevando el rango normativo de la regulación contenida en la Orden Ministerial de 30 de julio de 1998, de manera que su contenido en relación con la definición, estructura y elementos esenciales de las tarifas gozan de rango de Ley formal, y por tanto, no atacables en base a los argumentos esgrimidos por la parte actora.
Por tanto, tras la entrada en vigor de la citada Ley, las liquidaciones practicadas por servicios portuarios prestados después del 1 de enero de 2001 al amparo de la misma, no pueden ser anuladas por falta de cobertura legal de la Orden de 30 de julio de 1998, en los términos a que hacía referencia la Sentencia 185/95 del Tribunal Constitucional, y , puesto que éste es el único motivo de impugnación alegado por la parte actora, debe rechazarse el mismo sin entrar esta Sala a analizar otras cuestiones como la calificación que hace la propia Ley de las Tarifas en ella regulada.
En virtud de lo expuesto, procede desestimar el recurso interpuesto, en línea con la doctrina de esta Sala ya iniciada en las sentencias de fecha diecisiete de julio de 2002 (recursos 1480/2001 y 2265/2001) y 17 de septiembre de 2002 (recurso 1454/2001) entre otras , sin que proceda el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 14/2000 por los propios argumentos expuestos en la fundamentación jurídica de la presente sentencia".
La parte recurrente alega, en síntesis como motivo casacional, con fundamento en el artículo 88.1.d) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción , 29/1998, de 13 de julio, la infracción de la Constitución (artículos 9 y 31.3 ), la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos, la Ley General Tributaria (artículo 26.1), la ya citada Ley 14/2000 , la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 y la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2000 que anuló la Orden ministerial de 30 de julio de 1998 (reguladora de las tarifas aquí cuestionadas), con base en los siguientes y esquematizados argumentos:
Si esto es así, la única novedad legislativa de la Ley 14/2000 es la Disposición Transitoria Segunda, relativa al régimen transitorio aplicable a las tarifas por los servicios portuarios prestados por las Autoridades Portuarias a partir del 1 de enero de 2001; pero, en su intento de dar cobertura legal a la regulación tarifaria que ha sido declarada nula en innumerables resoluciones judiciales, se olvida de que la remisión que hace a la Orden ministerial de 18 de julio de 1998 carece de virtualidad, pues dicho Reglamento ha sido anulado por la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2000 ; y, en consecuencia, la comentada Disposición Transitoria resulta ineficaz e inaplicable. En definitiva, lo único que hace dicha Disposición Transitoria Segunda es confirmar, con su régimen transitorio, lo que antes se ha afirmado, es decir, que la Disposición Adicional Séptima únicamente es aplicable a las nuevas liquidaciones que sustituyen a las anuladas judicialmente.
Conferido trámite para contestación al Abogado del Estado, se opuso al recurso, alegando en síntesis: A la luz de la Ley 14/00, de 20 de diciembre , forzosa es la remisión a los muy acertados términos de los Fundamentos de Derecho Tercero a Quinto de la sentencia de instancia, que se dan aquí por reproducidos.
A los mismos, nos limitaremos a añadir que, además de con la Ley 14/00 , el recurso de adverso tropieza con el principio general de proscripción del enriquecimiento injusto (Pomponio: "iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et inturia fieri locupletiorem". Las Partidas: "ninguno debe obtener provecho torticeramente con daño de otro"), porque no otra es la finalidad que persigue. Ciertamente, que se le prestaron los servicios por ella requeridos, no lo cuestiona la parte; lo que pretende es, simplemente, que de su coste se haga cargo el Común. Y esto, dicho sea con el respeto que es debido, es demasiado pretender.
Corolario necesario de cuanto antecede es la improcedencia del planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad atendido que una Ley formal, ergo discutida en el Parlamento, La ley 14/00 , amen de contener la determinación de los elementos esenciales de la tarifa, regula cuanto concierne a su pago.
Procede, sin embargo, estimar el presente recurso de casación, porque, con abstracción de los argumentos apuntados por la parte recurrente, es evidente que, si se tiene en cuenta que la sentencia de 20 de abril de 2005 del Tribunal Constitucional , como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho de esta resolución, ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, al haberse calificado la tarifa T-3 como un precio privado cuando es así que, según la sentencia 185/1995 del mismo Tribunal Constitucional (y una ya reiterada jurisprudencia de este Tribunal Supremo), debe de ser reputada como un tributo y, en concreto, como una tasa, la liquidación o liquidaciones objeto aquí de controversia (giradas después del 1 de enero de 2001) carecen de predicamento, en cuanto contrarían el principio de reserva material de Ley (por falta de una adecuada cobertura de naturaleza legal), habida cuenta que:
La Disposición Adicional Sexta de la Ley 14/2000 , que añade una nueva Disposición Adicional, la Vigésimo Segunda, a la Ley 27/1992, modificada (sin tergiversar el alcance del citado artículo 70) por la Ley 62/1997 , viene a regular, en relación con el pago de las tarifas, los problemas referentes a su exigibilidad, su prescripción, la suspensión del servicio y la reclamación previa a la vía judicial civil, circunstancias todas ellas, en especial las dos últimas, que acreditan que dicha Disposición continúa considerando a las tarifas portuarias como un precio privado, en contra de lo declarado por el Tribunal Constitucional, al reputar, en definitiva, que las cuestiones que sobre ellas se planteen han de ser dilucidadas ante la Jurisdicción Civil (y no, como si de un acto administrativo o liquidación tributaria se tratara -como así es efectivamente-, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa).
Por otra parte, la Disposición Adicional Séptima de la Ley 14/2000 se refiere, exclusivamente, en contra de lo aducido por la parte recurrida, a la posibilidad de volver a liquidar, con efecto retroactivo, las tarifas portuarias, entre ellas la T-3, cuyas liquidaciones hubieran sido anuladas por los Tribunales. En efecto, en el apartado 1 de la Disposición se prevé la práctica de nuevas liquidaciones en los supuestos en que, por sentencias judiciales firmes, se haya declarado la nulidad de liquidaciones de tarifas por servicios portuarios efectivamente prestados a los usuarios con arreglo a la Ley 1/1966, de 28 de enero , sobre régimen financiero de los puertos españoles, modificada por la Ley 18/1985, de 1 de julio , como consecuencia de la declaración de nulidad de las disposiciones que establecieron sus cuantías. Y, en el apartado 2 de la mentada Disposición, se prevé, asimismo, que las tarifas por los servicios prestados a los usuarios por las Autoridades Portuarias con arreglo a las Órdenes ministeriales sobre tarifas por servicios portuarios dictadas tras la vigencia de la Ley 27/1992 , y antes o después de su modificación por la Ley 62/1997 , cuyas liquidaciones sean anuladas por sentencias judiciales firmes como consecuencia de la declaración de nulidad de dichas Órdenes, serán nuevamente exigidas a los usuarios que hayan recibido los correspondientes servicios, mediante la práctica de nuevas liquidaciones. En uno y otro supuesto se viene a hacer un análisis descriptivo de los diferentes elementos esenciales que deben tenerse en cuenta en el giro de esas nuevas liquidaciones, PERO, claramente, NO SÓLO NO se refieren a las liquidaciones tarifarias devengadas y a practicar a partir de la entrada en vigor de la Ley 14/2000, el 1 de enero de 2001, que es lo que acontece en el caso aquí examinado, SINO QUE TODAVÍA están haciendo referencia (en contra de lo que después, en su sentencia de 20 de abril de 2005 y, antes, en la 185/1995 ha declarado el Tribunal Constitucional) a las tarifas como si fueran precios privados, pues expresamente se indica, al final de la Disposición, que "para el cobro de tales derechos, que mantienen su definición de precios privados, no podrá utilizarse potestad administrativa de clase alguna y, singularmente, la vía de apremio".
Tampoco es aplicable al caso lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 14/2000, que da nueva redacción a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 62/1997 , de modificación de la Ley 27/1992, en el sentido de que: "Hasta que se produzca la entrada en vigor de la Ley que regule la libertad tarifaria y la modificación de los aspectos económico-financieros de los Puertos del Estado que de ella se deriven (acontecimiento que ha tenido lugar con la Ley 48/2003, de 26 de noviembre , de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general), resultará plenamente aplicable en cuanto a la definición, estructura y elementos esenciales de las tarifas lo dispuesto en esta Ley, en las demás Leyes reguladoras y en la Orden del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1998, por la que se establece el régimen de las tarifas por servicios portuarios prestados por las Autoridades Portuarias, cuya modificación sólo podrá hacerse por una norma con rango de Ley ... ". Y es que, en efecto, PRIMERO, la "Ley 14/2000", ni en el Capítulo III de su Título Primero, artículos 9 y siguientes, relativo a las tasas estatales, ni en sus Disposiciones Adicionales Sexta y Séptima, hace referencia a las tarifas portuarias que se devenguen y liquiden, como ocurre en el presente caso, a partir del 1 de enero de 2001 (cuando además continúan conceptuándolas como precios privados); SEGUNDO, "las demás Leyes reguladoras" de la tarifa T-3 objeto aquí de controversia no pueden ser más que la Ley 27/1992 y la que la modifica, 62/1997 (que son las únicas que se refieren, implícitamente, a través de las sucesivas Órdenes ministeriales de desarrollo, a esa Tarifa T-3, propiamente dicha), y, respecto a ellas, la sentencia de 20 de abril de 2005 del Tribunal Constitucional ya ha declarado que los preceptos, sobre todo el artículo 70. 1 y 2, de la primera de esas normas, que se refieren a la mencionada tarifa, son inconstitucionales y, por tanto, son nulas las liquidaciones que intenten basarse en ellos; TERCERO, la Orden de 30 de julio de 1998, que contiene el régimen específico de las tarifas portuarias, con un rango que, como todas las Órdenes que la precedieron, carece del pertinente carácter legal, impidiendo así su aplicación al caso, ha sido declarada nula de pleno derecho por la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2000 , confirmada, en casación, por la sentencia de esta Sección y Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2005 ; y, CUARTO, no resulta factible considerar que dicha Orden de 30 de julio de 1998 (ni la de la misma fecha por la que se determinan los límites máximos y mínimos de las cuantías de las tarifas) haya adquirido rango legal por mor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 14/2000 , pues, además de lo antes expresado y de que tal Disposición no convalida, como podría haber hecho, la mencionada disposición ministerial (sino que se limita a mencionar que la misma resultará aplicable, apartándose así de la técnica legislativa normal en casos semejantes, como ocurrió con el Decreto-Ley 2/1996 , que convalidó las tasas afectadas por la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 ), es evidente que no cabe tampoco entender que la Disposición Transitoria haya asumido su contenido, dándole la cuestionada naturaleza legal, habida cuenta que, en especial, la Orden de 30 de julio de 1998, que ha sido definitivamente anulada por las ya referidas Sentencias de la Audiencia Nacional y de este Tribunal Supremo, se está refiriendo (según su preámbulo) a las tarifas portuarias en su condición de precios privados y no de contraprestaciones de carácter público o de tributos (tasas), y, por ello, por más que se especifíque en su articulado la estructura y elementos esenciales de tales precios privados, ello no implica, después de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de abril de 2005 (que vino a reputar carentes de virtualidad, por infringir el principio de reserva material y formal de Ley, todas las Órdenes ministeriales derivadas de la remisión prevista en el artículo 70 de la Ley 27/1992 , modificada por la Ley 62/1997 ), que las tarifas (y, en concreto, la T-3) puedan ser reputadas, en las circunstancias del caso que aquí se analiza, como una propia contraprestación de carácter público, con el alcance que la sentencia de instancia y el Abogado del Estado pretenden atribuirle (sin que, en consecuencia, los argumentos de ilogicidad y de enriquecimiento injusto aducidos por éste último gocen de la pertinencia que al respecto se propugna).
STC 99/2003, 2 de Junio de 2003
STSJ Comunidad de Madrid 560/2013, 22 de Julio de 2013
Resolución nº R/0052/10, de July 28, 2010, de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia