Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-721-de-septiembre-18-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_cd6256117aad016ae0430a010151016a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-14 19:00:20
Document Index: 355364269

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 16', 'Artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 80', 'artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 21', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 10']

﻿ Sentencia T-721 de septiembre 18 de 2012
SENTENCIA T-721 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES EN EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. LA EXIGENCIA DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL IMPIDE TRASLADARLE AL TRABAJADOR LOS EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS A LOS ACTORES DEL SISTEMA. POR ESO LA ARP ES LA LLAMADA A RECONOCER Y PAGAR LAS PENSIONES DE INVALIDEZ DE ORIGEN PROFESIONAL QUE LES RECLAMEN SUS AFILIADOS, SIN QUE ELLO LES IMPIDA, POSTERIORMENTE, REPETIR CONTRA EL EMPLEADOR INCUMPLIDO. LA DESAFILIACIÓN AUTOMÁTICA POR MORA SIN SEGUIMIENTO A LOS PRECEPTOS DEL DEBIDO PROCESO, Y MIENTRAS ESTÉ VIGENTE LA RELACIÓN LABORAL Y EXISTA AFILIACIÓN PREVIA A UNA ARP, VULNERA EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA Y EL DERECHO A LA PRESTACIÓN CONTINUA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. LAS ARP NO PUEDEN DEJAR RESPONDER POR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y ASISTENCIALES OPONIENDO PRETEXTOS DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA NI NINGUNA OTRA DISCREPANCIA NO IMPUTABLE AL TRABAJADOR QUE CUMPLE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A TALES BENEFICIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, DERECHOS DEL TRABAJADOR, EMPLEADOR, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN DE INVALIDEZ, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP, PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES
Sentencia T-721 de septiembre 18 de 2012
Ref.: Expediente T- 3435346
A través de apoderado judicial, el señor José Lizardo Galeano Olaya(1) promovió acción de tutela contra José Ricardo Segura Arévalo, ARP Positiva Compañía de Seguros S.A. (en adelante, ARP Positiva) y la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales a la vida, la protección especial de las personas con discapacidad, el mínimo vital y el debido proceso administrativo.
1.1. En abril de 2008, el actor, de 43 años y padre de dos hijos menores, empezó a trabajar como operario de la construcción con el ingeniero José Ricardo Segura, quien estaba realizando una obra de edificación para la compañía Sáenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles S.A.
1.2. José Ricardo Segura se comprometió a pagarle al demandante un salario mínimo, con el correspondiente subsidio de transporte. En salud lo afilió al Seguro Social en liquidación; en riesgos profesionales, a la ARP Positiva y, en pensiones, a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección.
1.3. El 3 de septiembre de 2008, cuando el accionante estaba realizando labores de excavación en un caisson (pozo de cimentación), sufrió un accidente de trabajo, debido a que una piedra le cayó directamente en el cráneo.
1.4. El señor Galeano ingresó por urgencias a la Clínica del Country, debido a“caída de 10 metros de altura por aplastamiento con objeto pesado”. Posteriormente, fue remitido a la Clínica Palermo, donde comenzó el tratamiento médico que requería antes de someterse a una neurocirugía. El 29 de febrero de 2009 fue recluido en la Clínica Retornar Ltda., donde le generaron varias incapacidades por trastorno mental no especificado, “debido a lesión, disfunción cerebral y enfermedad física”.
1.5. ARP Positiva envió al actor a la junta regional de calificación de invalidez de Cundinamarca, que dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 68.10 %, y determinó que la invalidez se había estructurado el 1º de abril de 2009.
1.6. Obtenida la calificación, el demandante le solicitó a la ARP Positiva el reconocimiento de su pensión de invalidez. Esta la negó, porque un día antes de que ocurriera el accidente de trabajo, es decir, el 2 de septiembre de 2008, el empleador había reportado una novedad de retiro, desvinculando al actor del sistema de riesgos profesionales. Sobre el particular, indicó la Resolución 1559 de 2010 que: “(...) el interesado tiene como último empleador a José Ricardo Segura, quien en nuestros sistemas registra como última relación laboral con afiliación de fecha 24 de abril de 2008 y hasta el pago del ciclo correspondiente al mes de agosto de 2008, del cual se canceló solo un día con novedad de retiro, es decir, que en el momento en que se accidentó el señor Galeano, esto es el 3 de septiembre del año 2008, no se encontraba afiliado al sistema de riesgos profesionales”.
1.7. La decisión fue apelada, pero la ARP confirmó la inviabilidad del reconocimiento pensional, a través de la Resolución 3400 de 2010. En esa ocasión, advirtió que el empleador reportó el retiro del trabajador el 2 de septiembre y que, luego, transcurridos cuatro días desde la fecha del siniestro, canceló el aporte correspondiente a todo ese mes. Así las cosas, reiteró que el señor Galeano no estaba cubierto por el sistema cuando ocurrió el accidente de trabajo, es decir, el 3 de septiembre de 2008.
1.8. Ante la negativa de la ARP, el demandante le reclamó su pensión a la administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección. Esta negó la pensión el 21 de noviembre de 2011, porque “según lo dictamina la Ley 100 y el Decreto 1295 de 1994, los eventos de origen profesional quedan a cargo de la administradora de riesgos profesionales y en caso de no tener cobertura será de cargo del empleador”. Tal decisión fue confirmada el 4 de enero de 2012.
1.9. Por último, el accionante refirió que no tiene seguridad social desde octubre de 2009, que en 2011 sufrió una recaída, pues tiene la presión arterial alta, y que todo esto, aunado a que su condición de discapacidad mental no le permite valerse por sí mismo, lo ha sumido en una situación económica y médica precaria, al punto de que ha sido su hermana quien ha asumido los gastos y tratamientos médicos que ha requerido desde 2008.
2. La pretensión de amparo.
2.1. Con base en lo expuesto, el abogado del accionante solicitó que se amparen los derechos fundamentales a la vida en conexidad con la protección especial de las personas con discapacidad y el mínimo vital de su prohijado, como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2.2. En consecuencia, pidió que se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del señor Galeano, “desde la fecha en que fue reclamada, el 3 de mayo de 2009, o desde que se estructuró la invalidez, el 6 de noviembre de 2009(2)”. De manera subsidiaria, pidió que se le garantice al actor la prestación del servicio de salud, correspondiente a los tratamientos, medicamentos y hospitalizaciones a los que tiene derecho, teniendo en cuenta su estado de invalidez.
3. El fallo de tutela de primera instancia.
3.1. El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá negó el amparo solicitado, mediante providencia del 30 de enero de 2012. El a quo estimó que la acción era improcedente, porque el actor contaba con otro mecanismo de defensa judicial para hacer valer sus derechos, no presentó pruebas contundentes de que estos se hubieran vulnerado, y porque, en todo caso, no es claro quién es el responsable de las prestaciones sociales derivadas de la pérdida de su capacidad laboral.
4. Respuesta de ARP Positiva.
4.1. ARP Positiva respondió la acción de tutela el 2 de febrero de 2012. En el escrito, la apoderada de la entidad reiteró los argumentos de las resoluciones que negaron el derecho pensional, insistiendo en que el demandante no estaba afiliado al sistema de riesgos profesionales en la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo.
5.1. El apoderado del demandante apeló el fallo de primera instancia, porque el juez a quo no tuvo en cuenta las pruebas que demostraban que el accidente sufrido por el señor Galeano y que le causó una discapacidad sensorial ocurrió mientras trabajaba para José Ricardo Segura, estando afiliado a la ARP Positiva, y habiendo cotizado 183.3 semanas de pensión en la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección.
6. El fallo de tutela de segunda instancia.
6.1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia, en síntesis, porque no es función del juez de tutela definir quién es el responsable de la pensión de invalidez que reclama el actor. Aseguró que, de todas formas, no se probó la presencia de un perjuicio irremediable que ameritara desplazar las competencias de los jueces ordinarios en esta materia.
— Copia de comunicación del 5 de septiembre de 2008, mediante la cual el ingeniero Ricardo Segura, empleador del demandante, le solicita a la Previsora Vida S.A., la investigación del accidente ocurrido el 3 de septiembre de 2008(3).
— Copia de la comunicación del 8 de septiembre de 2008, mediante la cual José Ricardo Segura le solicita Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir, “la rectificación del pago hecho el 2 de septiembre de 2008 en la Plantilla 2286439 del señor Galeano Olaya”(4).
— Copia de comunicación del 8 de septiembre de 2008, mediante la cual José Ricardo Segura le solicita a Salud Total EPS “la rectificación del pago hecho el 2 de septiembre...”(5).
— Copia de comunicación del 9 de septiembre de 2008, mediante la cual José Ricardo Segura le solicita a Previsora Vida y/o ISS administradora de riesgos profesionales “la rectificación del pago hecho el 2 de septiembre...(6)”.
— Copia de los “comprobantes de pago por afiliado”, expedidos por la empresa enlace operativo, según los pagos realizados por José Ricardo Segura Arévalo, a favor de José Lizardo Galeano, desde junio de 2008 hasta octubre de 2009(7).
— Copia de las resoluciones 1559 del 19 de marzo de 2010 y 03400 del 16 de mayo de 2010, mediante las cuales la ARP Positiva niega la pensión de invalidez reclamada por el accionante(8).
— Copia del concepto médico sobre la rehabilitación integral del accionante, emitida por la ARP Positiva(9).
— Copia de la comunicación del 4 de enero de 2011, firmada por la jefe del departamento de beneficios y pensiones del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, mediante la cual se reconoce el derecho a la devolución de saldos de la cuenta individual del accionante “teniendo en cuenta que el origen de la invalidez es un accidente de trabajo y, por lo tanto, no procede el reconocimiento de la invalidez”(10).
— Copia de la comunicación del 21 de noviembre de 2011, firmada por la jefe del departamento de beneficios y pensiones del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, mediante la cual negó el reconocimiento de la pensión de invalidez reclamada por el accionante, porque “los eventos de origen profesional quedan a cargo de la administradora de riesgos profesionales(11).
— Informe para presunto accidente de trabajo del empleador o contratante, expedido por la ARP del Seguro Social el 3 de septiembre de 2009(12).
— Reporte del estado de cuenta del afiliado, expedido por el Fondo de Pensiones Obligatorias Protección S.A. el 5 de enero de 2012(13).
8. Actuaciones realizadas en el trámite de revisión.
8.1. En el trámite de revisión constitucional, el magistrado sustanciador requirió a José Ricardo Segura y a la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección para que, en su calidad de accionados, se pronunciaran sobre los fundamentos fácticos y jurídicos de la acción de tutela instaurada por José Lizardo Galeano.
8.2. En escrito del 16 de agosto de 2012, la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección indicó:
— Las administradoras de fondos de pensiones solo son responsables de las prestaciones económicas que se deriven de las contingencias de invalidez, vejez y muerte de origen común, no de las de origen profesional, como la que sufrió el accionante.
— Lo pretendido a través de la acción de tutela está a cargo del sistema general de riesgos profesionales.
8.3. Por su parte, ARP Positiva refirió que el señor José Lizardo Galeano Olaya tiene como último empleador a José Ricardo Segura y que, en el sistema, registra la última relación laboral con afiliación 24 de abril de 2008 y hasta el pago del ciclo correspondiente al mes de agosto del mismo año, del cual se canceló solo un día con novedad de retiro. Esto quiere decir que, cuando ocurrió el accidente de trabajo —el 3 de septiembre de 2008— el actor no estaba afiliado al sistema de riesgos profesionales.
— El retiro lo hace el empleador por internet o en el punto de atención, “marcándose el estado como INACTIVO para el trabajador desde el día de la recepción y hasta el día anterior a la fecha de esta novedad, hasta cuando operaría la cobertura”.
— La novedad se aplica si se cumplen las siguientes condiciones:
iv) El período de cotización es igual al mes actual o inmediatamente anterior a la fecha de pago;
vi) En el último período de pago marca la novedad en la casilla correspondiente dispuesta por el sistema de recaudo establecido por el Gobierno Nacional (Planilla Integrada PILA). Una vez ingresa el pago se aplica la novedad, lo que se refleja en el estado de afiliación del trabajador como inactivo.
— De otro lado, aportó el soporte documental de retiro del trabajador, notificado por el empleador a través del pago efectuado en el sistema de recaudo, al indicar tal novedad en la casilla correspondiente. Señaló que, una vez emitida la misma a Positiva Compañía de Seguros S.A., esta afectó el estado de afiliación del trabajador, quedando inactivo.
— Por último, refirió que reconoció el origen profesional de la pérdida de la capacidad laboral del accionante, y que expidió 56 órdenes de servicios con el fin de atenderlo y de brindarle la atención médica y farmacéutica integral que requirió.
8.4. El señor José Ricardo Segura respondió, a través de apoderada, que la desafiliación del señor Galeano se originó en un error involuntario de la persona encargada de realizar la liquidación y el pago de aportes a la seguridad social de sus empleados, debido a que hacía poco tiempo se había implementado el pago por planilla electrónica.
Después de realizar unas consideraciones relativas a las obligaciones de las ARP en casos de accidente de trabajo, el empleador finalizó su intervención informando que sobre los hechos objeto de la acción de tutela cursan dos procesos ordinarios ante la jurisdicción ordinaria laboral(14).
2.1. A través de la acción de tutela, el señor José Lizardo Galeano pide que se amparen sus derechos fundamentales a la vida, la protección especial de las personas con discapacidad, el mínimo vital y el debido proceso, los cuales habrían sido vulnerados por su empleador, José Ricardo Segura Arévalo; la ARP Positiva y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección, al no haberle reconocido su pensión de invalidez, a pesar de que sufrió un accidente de trabajo que le hizo perder el 68.10% de su capacidad laboral.
2.2. Frente a lo pretendido, los accionados refirieron:
— ARP Positiva, que la pensión de invalidez debe ser asumida por el empleador del accionante, teniendo en cuenta que lo desafilió del sistema de riesgos profesionales el 2 de septiembre de 2008, un día antes de que ocurriera el accidente de trabajo.
La administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, que la pensión del actor debía ser reconocida por su administradora de riesgos profesionales, porque perdió su capacidad laboral en un evento de origen profesional.
— José Ricardo Segura, que la desafiliación del señor Galeano obedeció a un error involuntario de su asistente administrativa, que fue subsanado una vez fue advertido.
2.3. En contexto, la tarea de la Sala consistirá en determinar, primero, si la acción de tutela es formalmente procedente para estudiar la viabilidad de la pensión de invalidez, teniendo en cuenta que los jueces de instancia negaron el amparo porque el actor contaba con otro mecanismo de defensa judicial para reclamar su derecho; no probó que la tutela fuera necesaria para evitar un perjuicio irremediable y porque no hay certeza sobre cuál de los accionados es el llamado a asumir la pensión.
2.4. Agotado el análisis de procedibilidad formal, la Sala examinará la responsabilidad que habría tenido cada uno de los accionados en la eventual vulneración de los derechos fundamentales del señor José Lizardo Galeano, a raíz de la negativa a reconocerle su derecho pensional.
Esa situación, leída a la luz de las disposiciones que regulan el reconocimiento de la pensión de invalidez, implica que el fondo de pensiones accionado no tiene ninguna responsabilidad en el asunto objeto de revisión, ya que no hace parte de las entidades que están obligadas a “prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan”(15).
2.5. Para resolverlo, la Sala estudiará los siguientes aspectos.
3.1. Dado el carácter subsidiario de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha restringido la posibilidad de discutir el reconocimiento y pago de prestaciones sociales por esa vía a situaciones excepcionales, en las que exigir el agotamiento de los medios ordinarios de defensa equivale a imponerle al peticionario una carga desproporcionada desde la perspectiva de sus derechos fundamentales.
Como regla general, se espera que el interesado formule su pretensión en los escenarios procesales especialmente diseñados por el legislador para dirimir las controversias de esa naturaleza, es decir, ante la jurisdicción ordinaria laboral o ante la jurisdicción administrativa, según el caso.
Sin embargo, la Corte ha admitido que la tutela opere como mecanismo principal de protección cuando la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales comprometidos con la negativa del derecho pensional no pueda lograrse a través del proceso laboral o administrativo.
3.2. Esta corporación ha insistido en que la aptitud de los mecanismos judiciales ordinarios para resolver de manera efectiva los problemas jurídicos relativos al reconocimiento y pago de derechos pensionales debe establecerse a partir de una evaluación exhaustiva del panorama fáctico que sustenta la pretensión de amparo.
Por eso, ha supeditado la revisión del requisito de subsidiariedad de las tutelas instauradas para reclamar prestaciones sociales al examen de las circunstancias particulares del accionante(16).
La edad, el estado de salud, las condiciones económicas y la forma en que está integrado el grupo familiar de quien reclama el amparo constitucional son algunos de los aspectos que deben valorarse para establecer si su pretensión puede ser resuelta a través de los mecanismos ordinarios, o si, en realidad, las dilaciones y complejidades que caracterizan esos procesos judiciales podrían conducir a que la amenaza o la vulneración iusfundamental denunciada se prolongara de manera injustificada(17).
3.3. La Corte ha identificado dos escenarios en los que debe presumirse la falta de idoneidad de los medios ordinarios de protección consagrados para reclamar derechos pensionales: cuando la prestación es reclamada por un sujeto de especial protección constitucional —condición que la Corte le ha reconocido a los niños, a las personas de la tercera edad, a los disminuidos físicos y sensoriales, a las madres cabeza de familia, a las personas desplazadas por la violencia y a quienes se encuentran en situación de extrema pobreza(18)—, o ante la inminente estructuración de un perjuicio irremediable(19).
En cualquiera de esos casos, el debate pensional adquiere relevancia constitucional, lo cual permite la intervención del juez de tutela, bien sea para conceder el amparo de manera definitiva, en atención a la situación de debilidad manifiesta del peticionario, o transitoria, para que evitar que el accionante sufra un perjuicio irremediable mientras el derecho pensional es definido por el juez competente.
Eso implica, de entrada, que esas solicitudes son formuladas por personas en situación de vulnerabilidad, que han visto reducida su capacidad de trabajo debido a sus limitaciones físicas o mentales, y que, en esa medida, son destinatarios de la protección especial que la Carta Política consagra a favor de las personas en circunstancias de debilidad manifiesta.
3.5. Lo descrito hasta acá permite concluir que, frente a pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de pensiones de invalidez, la acción de tutela procede cuando es la única vía para evitar que el demandante sufra un perjuicio irremediable, o cuando su situación de vulnerabilidad permite prever que los medios judiciales ordinarios no resolverán su petición de manera eficaz y oportuna.
Por último, el juez de tutela deberá considerar que la pensión de invalidez está ligada a la satisfacción de otros derechos fundamentales y que, por eso, su definición en la jurisdicción constitucional puede ser trascendental para evitar las graves repercusiones a las que podría verse sometida una persona en situación vulnerable, si tuviera que resignar sus pretensiones al trámite de un proceso ordinario.
4.1. El papel que cumple la pensión de invalidez dentro del conjunto de prestaciones que creó la Ley 100 de 1993 para amparar a la población frente a las contingencias de la vejez, la invalidez y la muerte está vinculado a la protección que merecen quienes quedan desprovistos de los ingresos básicos para garantizar sus necesidades y las de sus familias, tras sufrir una enfermedad o un accidente que les hizo perder su capacidad laboral.
4.2. Esa pérdida de la capacidad laboral puede producirse en eventos de origen común o profesional. La Ley 100 de 1993 consideró que cada caso ameritaba un tratamiento distinto y, por eso, sujetó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a un marco normativo diferente, ligado al origen del evento que causó la contingencia.
Con ese objetivo, el Decreto-Ley 1295 de 1994 incorporó las definiciones de accidente de trabajo y enfermedad profesional, estableció las prestaciones que se derivan de cada una de esas contingencias —entre ellas, la pensión de invalidez— los requisitos para acceder a tales prestaciones y las responsabilidades que asumen, en esos casos, cada uno de los actores que participan en el SGRP.
4.3. El accidente de trabajo, que es el que interesa para efectos de resolver el caso concreto, fue definido como aquel suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, durante la ejecución de órdenes del empleador y durante el traslado desde la residencia al lugar de trabajo, o viceversa, y que le produce al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o la muerte(20).
Sin embargo, tal definición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-858 de 2006(21), porque el Presidente de la República no tenía competencia regular aspectos sustanciales del SGRP.
Ante el vacío jurídico, los actores del SGRP acudieron a la definición incorporada en la Decisión 584 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones(22). Finalmente, la Ley 1562 de 2012, que modificó el sistema de riesgos laborales y dictó disposiciones en materia de salud ocupacional, determinó que es accidente de trabajo todo aquel suceso repentino que i) sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte; ii) se produce ante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y las horas de trabajo; iii) se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador; iv) ocurrido durante el ejercicio de la función sindical y v) el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales(23).
4.4. Los derechos de los trabajadores que son víctimas de un accidente de trabajo y las obligaciones correlativas que deben asumir sus empleadores y las administradoras de riesgos profesionales en esos casos fueron regulados, también, por el Decreto 1295.
De acuerdo con el decreto, los trabajadores que sufran un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tienen derecho a recibir dos tipos de prestaciones: asistenciales y económicas. Las primeras incluyen la atención médica, quirúrgica y farmacéutica; servicios odontológicos, de hospitalización y de diagnóstico y tratamiento; el suministro de medicamentos y la rehabilitación física y profesional, así como las prótesis, órtesis y los gastos de traslado que sean necesarios para prestar tales servicios(24).
4.5. Ahora bien, ¿Quién es el llamado a asumir dichas prestaciones? La respuesta a ese interrogante exige, primero que todo, aclarar el objetivo que persiguen el sistema general de seguridad social y el sistema general de riesgos profesionales en relación con la protección efectiva de los trabajadores frente a las contingencias que puedan ocurrirles mientras desempeñan sus actividades laborales.
En esa dirección, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que el sistema integral de instituciones, normas y procedimientos consignado en la Ley 100 de 1993 fue diseñado con la aspiración de hacer realidad los atributos de obligatoriedad e irrenunciabilidad que la Carta Política le arrogó a la seguridad social, en su doble dimensión de servicio público y derecho fundamental.
De ahí que, en su preámbulo, la Ley 100 haya vinculado el funcionamiento del sistema integral de seguridad social al “cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”(25).
Esa pretensión de cobertura integral, la convicción de que el derecho a la seguridad social es un componente indefectible del derecho a la dignidad humana y la necesidad de materializar los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad a los que alude la Constitución condicionan el reconocimiento de los beneficios asistenciales y económicos previstos en los regímenes generales de pensiones, salud y riesgos profesionales a favor de aquellos que “tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema”(26).
4.6. El Decreto 1295 de 1994 incorporó esos criterios al establecer, en su artículo 34, que todo afiliado al SGRP que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o que se incapacite, invalide o muera a causa de estos tiene derecho a que se le presten los servicios asistenciales y se le reconozcan las prestaciones económicas del caso. También, al incluir dentro de las funciones de las entidades administradoras de riesgos profesionales las de garantizarles a sus afiliados la prestación de los servicios de salud y el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas a las que tienen derecho(27).
Sobre las prestaciones asistenciales, indicó el artículo 5º que: i) los servicios de salud que demande el afiliado deben ser prestados a través de su entidad promotora de salud, a menos que tengan relación directa con la atención del riesgo profesional, caso en el cual estarán a cargo de la ARP correspondiente; ii) los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de medicina ocupacional deben ser prestados por las administradoras de riesgos profesionales y iii) la atención inicial de urgencia podrá ser prestada por cualquier institución prestadora de servicios de salud, con cargo al SGRP.
Sin embargo, dichas normas fueron declaradas inexequibles por esta corporación, a través de la Sentencia C-452 de 2002(28), debido a que el ejecutivo no había sido facultado para regular aspectos sustanciales del SGRP.
El fallo, cuyos efectos fueron diferidos para que el Congreso expidiera una nueva legislación sobre la materia, fue el origen de la Ley 776 de 2002, “por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales”.
4.7. La Ley 776 ratificó que las entidades administradoras de riesgos profesionales son responsables del reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un evento de origen profesional. De hecho, el parágrafo 2º del artículo 1º advirtió que dichas prestaciones deben ser asumidas por la administradora a la que estaba afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, al momento de requerir la prestación. Además, responsabilizó a la administradora de riesgos profesionales en la cual se hubiere presentado un accidente de trabajo de “las prestaciones derivadas de este evento, tanto en el momento inicial como frente a sus secuelas, independientemente de que el trabajador se encuentre o no afiliado a esa administradora”(29).
Para los efectos del caso, debe destacarse, también, el artículo 9°, que considera inválidos a quienes pierden el 50% o más de su capacidad laboral por una causa de origen profesional, de acuerdo con el manual único de calificación de invalidez vigente a la época de la calificación(30).
Y el artículo 10, que indica que el afiliado al SGRP tiene derecho a las siguientes prestaciones, desde el mismo día en el que se define su invalidez:
4.8. Lo primero que puede concluirse a partir del anterior recuento normativo es que las entidades administradoras de riesgos profesionales son las llamadas a garantizar que los trabajadores que sufren un accidente o una enfermedad de origen profesional reciban los beneficios que el SGRP contempló a favor suyo, incluida la pensión de invalidez, cuyo reconocimiento se pretende en este caso.
Esta corporación ha explicado, en varias oportunidades, cuál es la naturaleza y cuáles son los efectos de la relación que existe entre los empleadores y las administradoras de riesgos profesionales con las que contratan la protección de sus trabajadores en riesgos laborales. Sobre el particular, expuso la Sentencia C-453 de 2002(31):
“El legislador acoge en esta materia la teoría del riesgo creado en la que no se toma en cuenta la culpa del empleador sino que se establece una responsabilidad objetiva por cuya virtud resulta obligado a reparar los perjuicios que sufre el trabajador al desarrollar su labor en actividades de las que el empresario obtiene un beneficio.
En ese orden de ideas las entidades administradoras de riesgos profesionales, bajo un esquema de aseguramiento, en el que las cotizaciones o primas, que el empleador entrega al sistema por cada uno de los trabajadores afiliados, generan una mutualidad o fondo común, con el cual se financian las prestaciones anotadas, deben ocuparse de brindar a los trabajadores la prestación de los servicios de salud que requieran, así como asumir el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas establecidas en el Decreto Ley 1295 de 1994 —incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario—, al tiempo que deben realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos profesionales, y promover y divulgar programas de medicina laboral, higiene industrial, salud ocupacional y seguridad industria” (resalta la Sala)(32).
4.9. El catálogo de responsabilidades que el gobierno y el legislador le asignaron a los empleadores en su rol de actores del SGRP responde, efectivamente, a esa dinámica: el empleador contrata un seguro con una ARP, realiza las cotizaciones de manera oportuna y se encarga de la prevención de los riesgos, de conformidad con lo que le exigen, sobre el particular, el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002. La ARP, por su parte, se obliga a reconocer las prestaciones asistenciales y económicas que el trabajador requiera cuando se produzca el riesgo asegurado, es decir, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional.
En efecto, el decreto identificó como características del SGRP que i) todos los empleadores deben afiliarse; ii) que la afiliación de los trabajadores independientes es obligatoria para todos los empleadores y que iii) las cotizaciones están a cargo de los empleadores(33). Más adelante, advirtió que los empleadores deben efectuar las cotizaciones obligatorias al SGRP durante la vigencia de la relación laboral(34) y, por último, aterrizó dichos mandatos responsabilizando al empleador del pago de “la totalidad de la cotización de los trabajadores a su servicio y del traslado del monto de las cotizaciones a la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente, dentro de los plazos que para el efecto señale el reglamento”(35).
Tal esquema de responsabilidades ha sido respaldado por la Corte en varios fallos de tutela(36). Se destacan, por ejemplo, la Sentencia T-556 de 2003(37), que se refirió el tema al examinar el caso de un trabajador que no fue reubicado tras sufrir un accidente de trabajo. Antes de evaluar lo concerniente a la reubicación, la Corte verificó que la ARP le hubiera prestado al accionante los servicios asistenciales que requirió. Con ese fin, recordó que las ARP son el elemento central del SGRP, debido a que se especializan en administrar los aportes del empleador para garantizar que el trabajador reciba los servicios de salud y las prestaciones económicas a las que tiene derecho.
Más tarde, a propósito de la tutela que interpuso un grupo de trabajadores debido a que su ARP les suspendió la afiliación unilateralmente, la Corte reiteró que la prioridad del SGRP es asegurar la continuidad en la prestación del servicio de seguridad social. En esa perspectiva, la Sentencia T-176 de 2011(38) advirtió que, una vez afiliado el trabajador al SGRP, la ARP queda obligada a cubrir todas las contingencias que sufra.
4.10. Lo dicho hasta acá da cuenta de que los debates sobre la eventual responsabilidad en el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas contempladas por el SGRP a favor de los trabajadores que sufren un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o cualquier otra contingencia de las amparadas por el sistema, deben resolverse desde una perspectiva afín con la categoría de derecho fundamental que la Constitución le reconoce a la seguridad social, con el principio de continuidad que le es intrínseco y con el esquema de aseguramiento que diseñaron el gobierno y el legislador para hacer realidad las garantías de integralidad, oportunidad y eficacia hacia las que apunta el sistema.
A estos supuestos se sujeta el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que se origina en un evento de origen profesional, a la cual tiene derecho el peticionario desde el mismo día en el que se define su invalidez, en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 776 de 2002(39).
5.1. La promesa de oportunidad y efectividad en el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas que hacen parte del SGRP es posible cuando el empleador cumple con las dos cargas a las que el Decreto 1295 de 1994 supeditó el aseguramiento: la afiliación al sistema y el traslado periódico de los recursos que permiten que el mismo cuente con una fuente de financiación permanente. Eso explica que la norma haya incluido dichas obligaciones de afiliación y cotización en su artículo 4º, al identificar las características del SGRP.
5.2. Las innumerables controversias que han promovido los trabajadores para remediar la situación de desamparo a la que quedan expuestos cuando sus empleadores no los afilian al SGRP o no pagan oportunamente las cotizaciones se han resuelto a partir de esas premisas.
5.3. Para establecer en qué momento comienza la cobertura del SGRP basta con acudir al literal k) del artículo 4º del Decreto 1295 de 1994. Allí se establece, de forma expresa, que “la cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente al de la afiliación”. Al tenor del parágrafo del artículo 13 del decreto, dicha afiliación se realiza mediante el diligenciamiento del formulario respectivo, y la aceptación por parte de la ARP, en los términos que determine el reglamento.
Eso implica que el empleador debe afiliar al trabajador al SGRP —diligenciando el respectivo formulario— un día antes de que este comience a realizar sus actividades laborales. Esta es la única forma de garantizarle su protección inmediata frente a cualquier riesgo que pudiera sufrir una vez comience a desempeñar sus labores.
5.4. La Sentencia T-321 de 2010(40) dio cuenta de lo importante que es realizar dicha afiliación oportunamente. El fallo revisó el caso de un trabajador que fue afiliado al SGRP dos días después de que inició sus labores. Ese mismo día, el de la afiliación, sufrió un accidente de trabajo que le causó graves lesiones. Días después, falleció.
La Corte verificó que el trabajador fallecido no tenía cobertura del SGRP el día que sufrió el accidente de trabajo, por una razón imputable a su empleador. Por eso, decidió que era este quien debía asumir la pensión de sobreviviente reclamada por los familiares de la víctima, pero de forma transitoria, mientras estos promovían el proceso ordinario correspondiente. Además, teniendo en cuenta las particularidades del caso, advirtió que los empleadores deben responder por las contingencias que sufran sus trabajadores en el lapso que transcurre desde la fecha en que comienzan a trabajar y aquella en la que se hace efectiva la afiliación, es decir, el día siguiente a aquel en el que se diligencia el formulario de ingreso a la ARP(41).
5.5. Las precisiones que incluyó el Decreto 1295 de 1994 acerca del trámite que antecede la afiliación al SGRP contrastan con su silencio sobre la forma de realizar la desafiliación. No hay, en efecto, ninguna norma que indique qué pasos debe agotar el empleador antes de desafiliar a un trabajador ni ninguna disposición que vincule a las ARP con la tarea de verificar si la desafiliación del sistema obedece, realmente, a que la relación laboral terminó. Tampoco se ocuparon de ese tema la Ley 776 de 2002 ni la nueva ley de riesgos laborales (L. 1562/2012), expedida recientemente.
5.6. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el artículo 16 del Decreto 1295 de 1994 autorizó expresamente a las ARP para que desafiliaran automáticamente a los trabajadores del SGRP, cuando sus empleadores dejaran de pagar dos o más cotizaciones periódicas. Además, dispuso que, en esos casos, la responsabilidad en el cubrimiento de los riesgos profesionales quedaría a cargo del respectivo empleador.
La norma estuvo vigente 10 años. Durante ese tiempo, las ARP contaron con un aval para trasladarles a los empleadores su responsabilidad en el cubrimiento del pago de los riesgos profesionales por el solo hecho de la mora, desafiliando al trabajador de manera unilateral, incluso, sin informarle a él ni al empleador cotizante sobre la desafiliación(42).
5.7. Dicho criterio, que no fue uniforme, varió paulatinamente a favor de la protección del trabajador(43). Sin embargo, fue modificado de manera definitiva cuando la Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones del artículo 16 que permitían la desafiliación automática en caso de mora, a través de la Sentencia C-250 de 2004(44).
— Las consecuencias jurídicas del incumplimiento en la afiliación deben ser distintas a las del incumplimiento en la cotización. Desafiliar al trabajador en caso de mora vulnera su derecho a la continuidad en la seguridad social.
5.8. Las obligaciones de afiliación y cotización al SGRP están en cabeza de los empleadores, pero su contenido es completamente distinto. La afiliación es obligatoria desde que comienza la relación laboral y se realiza mediante el diligenciamiento del formulario de afiliación y la aceptación de la entidad administradora. En cambio, la cotización implica que el empleador debe pagar una tarifa periódica a la ARP, según su actividad económica, el índice de lesiones incapacitantes y el cumplimiento de las políticas y programas de salud ocupacional.
Ahora bien, de acuerdo con el Decreto 1295 de 1994, la falta de afiliación expone al empleador a drásticas sanciones económicas, incluyendo la de asumir directamente el siniestro que se presente. El incumplimiento de dos o más cotizaciones periódicas, por su parte, genera tres consecuencias distintas: i) sanciones legales para el empleador, ii) la desafiliación automática del trabajador y iii) la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales queda a cargo del empleador(45).
5.9. La Corte explicó que la segunda consecuencia de la mora, la de la desafiliación automática, obliga al trabajador a reclamarle su protección al empleador incumplido, que es lo mismo que ocurre cuando este ni siquiera lo afilió al SGRP.
La corporación concluyó que la sanción de la mora solo debe operar entre las partes involucradas—la ARP acreedora y el empleador incumplido—mediante un proceso sancionatorio sujeto al control y vigilancia del Estado.
— La desafiliación al SGRP debe estar precedida de unas actuaciones mínimas, equivalentes a las que se exigen para la afiliación, que aseguren un debido proceso básico.
5.10. El otro argumento que condujo a declarar inexequible la posibilidad de desafiliar a los trabajadores del SGRP unilateralmente, cuando el empleador hubiera dejado de pagar dos o más cotizaciones periódicas, tuvo que ver con la necesidad de proteger el debido proceso, en aquellos trámites que determinan la correcta y continua prestación de un servicio público. En este punto, la Corte destacó dos aspectos.
Primero, los precedentes constitucionales que supeditaban cualquier afectación del derecho a acceder a un servicio público a un debido proceso básico y los que criticaban la desafiliación automática, cuando se producía sin que el trabajador fuera informado al respecto o a pesar de que la ARP siguió recibiendo los pagos con los intereses moratorios correspondientes(46).
“Es decir, para la afiliación al sistema de riesgos profesionales se deben surtir los siguientes pasos: (1) la existencia de la relación laboral; (2) el diligenciamiento por parte del empleador de un formulario de afiliación; (3) la aceptación de la entidad administradora del riesgo; y, (3) [sic] el pago de las cotizaciones. Por consiguiente, la desafiliación también debe estar precedida de determinadas actuaciones mínimas con connotaciones jurídicas : (1) la terminación de la relación laboral; y (2) la información inmediata del empleador a la ARP de tal circunstancia, para que se produzca la desafiliación correspondiente. Pues, recuérdese el viejo principio en derecho de que las cosas se deshacen como se hacen” (resalta la Sala).
— Desafiliar al trabajador del SGRP, mientras está vigente la relación laboral y exista afiliación previa a una ARP, vulnera el principio de confianza legítima.
5.11. Para finalizar, la Corte advirtió que el trabajador no tiene por qué sufrir las consecuencias de un incumplimiento del que no es responsable y que no puede predecir, sobre todo, cuando el hecho de estar inmerso en una relación laboral le permite confiar legítimamente en que está amparado frente a cualquier riesgo profesional.
“(...) La Corte Constitucional comparte lo que expresa la Sala Laboral sobre la improcedencia de la desafiliación automática al sistema de riesgos profesionales. Sin embargo, para la Corte Constitucional, la desafiliación al sistema de riesgos profesionales estando vigente la relación laboral y existiendo afiliación previa a una ARP, también es inconstitucional, pues, como se ha dicho, si se trata de una obligación entre el empleador y la ARP, en la que no es parte el trabajador, y, por el contrario, éste confía en que si existe una relación laboral, goza del amparo del riesgo profesional, de una parte, y de la otra, que es el Estado quien está obligado a dirigir, controlar y vigilar el sistema, y a obligar a las administradoras y a los empleadores a cumplir sus obligaciones constitucionales. Es decir, el incumplimiento del que no es responsable el trabajador, no puede conducir a avalar de algún modo la posibilidad de que esta desafiliación se produzca” (subrayado del original, resaltado de la Sala).
5.12. Lo expuesto revela que las normas relativas a la organización, la administración y el funcionamiento del sistema general de riesgos profesionales no sujetaron el trámite de desafiliación a un procedimiento previo –—como sí lo hicieron con la afiliación—a pesar de los graves perjuicios a los que puede quedar expuesto el trabajador cuando es desvinculado antes de que su relación laboral concluya.
6.1. De conformidad con lo advertido en el acápite correspondiente a la formulación del problema jurídico, la Sala Novena de Revisión deberá establecer si la ARP Positiva vulneró los derechos fundamentales del accionante, José Lizardo Galeano, al negarle su pensión de invalidez porque su empleador lo retiró del SGRP un día antes de que sufriera el accidente de trabajo que le hizo perder su capacidad laboral.
6.2. Antes, la Sala deberá verificar si tal asunto podía ser sometido a consideración del juez de tutela, a pesar de que la posibilidad de debatir derechos pensionales en este escenario está a reservada a situaciones excepcionales, en las que la negativa de la pensión compromete derechos fundamentales que no pueden protegerse de manera efectiva, a través de los mecanismos ordinarios de defensa.
6.3. Primero que todo, se tendrá en cuenta que los fallos objeto de revisión coincidieron en declarar la petición de amparo improcedente, dada la posibilidad de dirimir el derecho pensional en su escenario natural, el proceso ordinario. El juez de primera instancia adujo que no había claridad sobre quién era el llamado a reconocer la prestación reclamada y, el de segundo grado, que la discusión superaba el ámbito de competencias del juez constitucional. Este último advirtió, además, que no se demostró la inminente configuración de un perjuicio irremediable.
6.4. Sobre el particular, resulta imperativo recordar que la procedencia formal de las tutelas que buscan el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez debe constatarse a partir del estudio de las circunstancias particulares del actor, es decir, del análisis de sus condiciones materiales de subsistencia, de la estructura de su grupo familiar, de su edad, su estado de salud y, en fin, de todos aquellos aspectos que permitan inferir que el proceso ordinario no protegerá, de manera eficaz y expedita, los derechos fundamentales comprometidos con la negativa de la pensión.
6.5. Analizada en ese contexto la pretensión del accionante, la Sala encuentra ineludible su estudio a través de la acción de tutela. Primero, porque el actor padece graves quebrantos de salud, derivados del accidente de trabajo que sufrió en septiembre de 2008. Segundo, porque esa situación le ha impedido acceder, desde entonces, a los recursos económicos con los que suplía sus necesidades básicas y las de su familia —de la que hacen parte su compañera y sus dos hijos menores— y que ahora, dada su condición de invalidez, requiere de manera urgente para pagar sus tratamientos y medicamentos.
6.6. En esa dirección, vale la pena recordar que la acción de tutela se interpuso, precisamente, con ese objetivo: lograr un amparo transitorio—ya está en curso el respectivo proceso ordinario—para evitar un perjuicio irremediable que el actor asoció a dos aspectos: su situación de debilidad manifiesta y el tiempo que invirtió su familia reclamándoles a los demandados la pensión de invalidez, sin haber obtenido un resultado efectivo.
6.7. Sorprende a la Sala que la jurisprudencia reiterada de esta corporación acerca de los criterios que determinan la procedencia formal de las tutelas impetradas para obtener una pensión no disuada a los jueces constitucionales de actuaciones como la verificada en este caso, en las que la viabilidad del amparo se descarta de plano ante la existencia de otros medios procesales de defensa.
En este caso, los jueces de instancia fueron totalmente indiferentes a ese compromiso, pese a que no hacía falta un mayor esfuerzo probatorio para verificar la situación de vulnerabilidad del accionante y demostrar su diligencia en la búsqueda de protección de sus derechos constitucionales por vías distintas a las de la acción de tutela. Sobre todo, la Sala encuentra censurable que la decisión de improcedencia se haya apoyado en la falta de pruebas sobre la posible estructuración de un perjuicio irremediable, a pesar de que, ante una duda al respecto, el deber del juez no es otro que el de desplegar la actividad probatoria que estime conveniente para confirmar o descartar la versión del demandante(47).
6.8. De todas maneras, esto no era necesario en el caso concreto, en el que un simple examen de los documentos anexados con el escrito de amparo habría bastado para dar por demostrado lo que, paradójicamente, los jueces de instancia extrañaron: las pruebas irrefutables de que el accionante es una persona vulnerable, merecedor de un tratamiento diferencial positivo que proteja sus derechos fundamentales de manera inmediata.
En efecto, con la tutela se allegaron la evaluación neuropsicológica que se le practicó en 2009(48), las resoluciones mediante las cuales ARP Positiva le negó el derecho pensional reclamado(49) —en las que reconoce que señor Galeano perdió el 68.10% de su capacidad laboral en un evento de origen profesional— y el concepto médico de rehabilitación integral, expedido en septiembre de 2011, en el que la especialista de medicina laboral de la misma entidad certifica que el paciente “persiste con desorientación, apraxia viso motora y construccional, concretismo y déficit de atención” y recomienda que continúe recibiendo terapias ocupacionales(50).
6.9. Como se anticipó, el señor Galeano instauró la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que tiene derecho, tras haber perdido el 68.10% de su capacidad laboral, debido al accidente que sufrió el 3 de septiembre de 2008, mientras desempeñaba sus labores como ayudante de construcción en una obra dirigida por su empleador, el ingeniero José Ricardo Segura.
Esclarecido ese tema, la Sala descartó la responsabilidad de la administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección en la vulneración constitucional alegada(51). Por eso, circunscribió su tarea de revisión a constatar la eventual vulneración de los derechos fundamentales del accionante por cuenta de ARP Positiva y José Ricardo Segura.
6.10. Ahora, en este punto, y en aras de precisar el alcance del estudio que efectuará la Sala, resulta pertinente reiterar que el derecho a la pensión de invalidez de origen profesional surge automáticamente, una vez que tal invalidez ha sido definida, sin necesidad de que el interesado acredite otra condición en particular, ni de que se decidan las eventuales responsabilidades del trabajador, del empleador o de terceros en la ocurrencia del riesgo(52).
Eso implica que, al margen de cualquier consideración sobre la conducta de quienes obran como accionados en este trámite, la revisión constitucional no puede perder de vista que el señor Galeano tiene un derecho cierto a recibir su pensión, dado que sufrió un accidente de trabajo que le disminuyó su capacidad laboral en un 68.10%, según lo dictaminado por la Junta Regional de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, el 6 de noviembre de 2009(53).
6.11. La Sala examinará la procedencia material del amparo atendiendo a esa conclusión, y a que el debate sobre la viabilidad del derecho pensional reclamado entraña una discusión relativa a la vigencia de la cobertura que otorga el SGRP. Así las cosas, seguirá los siguientes pasos para dirimir la controversia. Primero, sintetizará las circunstancias fácticas del caso. Después, reiterará las conclusiones a las que llegó al estudiar las obligaciones de los actores del SGRP en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y los requisitos a los que debe sujetarse la desafiliación del sistema. Por último, contrastará unos y otros para definir quién es el llamado a reconocer la pensión de invalidez reclamada.
6.12. De conformidad con lo expuesto en la tutela, en los escritos de contestación, y en las pruebas recaudadas en el trámite constitucional, las siguientes son las circunstancias relevantes para resolver de fondo la acción la tutela:
— El accionante y el señor José Ricardo Segura celebraron un contrato verbal de trabajo el 23 de abril de 2008. En consecuencia, el empleador afilió al actor a salud, pensiones y riesgos profesionales(54).
— El 2 de septiembre de 2008, la asistente administrativa del empleador llevó a cabo la liquidación y el pago de los aportes de seguridad social correspondientes a ese mes. Por un error involuntario, reportó una novedad de retiro a la ARP Positiva, al diligenciar el formulario del señor Galeano. En la contestación de la tutela, el empleador le atribuyó dicho error a que hacía poco tiempo se había implementado el pago por planilla electrónica.
— El 3 de septiembre de 2008, el señor José Lizardo Galeano fue víctima de un accidente de trabajo. El empleador le reportó el accidente a ARP Positiva, mediante comunicación del 5 de septiembre, con el objeto de que iniciara la investigación pertinente(55).
— El 9 de septiembre, el empleador le solicitó a la ARP “la corrección del pago hecho el 2 de septiembre de 2008 en la planilla N° 2286439 al señor Galeano Olaya José, ya que por error humano de la persona que realiza los pagos lo retiró, confundiéndolo con otra persona. Sin embargo, realizamos el pago para la respectiva rectificación con 30 días en la planilla 2386882, para así seguirle brindando el servicio”(56). Las pruebas aportadas al expediente dan cuenta de que, en efecto, el empleador hizo un nuevo aporte a la ARP accionada, a nombre del señor Galeano, el 8 de septiembre de 2008(57).
— El empleador siguió realizando los aportes de seguridad social del accionante hasta septiembre de 2009, incluyendo los correspondientes al sistema general de riesgos profesionales.
— La ARP positiva envió al actor a la Junta Regional de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, que le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 68.10%, el 6 de noviembre de 2009.
— El 19 de marzo de 2010, la ARP Positiva negó la pensión de invalidez reclamada por el actor, porque su empleador canceló los aportes al SGRP hasta el ciclo correspondiente al mes de agosto de 2008, “del cual se canceló solo un día con novedad de retiro, es decir, que en el momento en que se accidentó el señor Galeano, esto es el 3 de septiembre del año 2008, no se encontraba afiliado al sistema de riesgos profesionales”.
6.13. A continuación, la Sala precisará las conclusiones a las que llegó en la parte motiva de esta sentencia, al estudiar las obligaciones de los actores del SGRP frente al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, y al pronunciarse sobre la necesidad de que la desafiliación del sistema esté precedida de un trámite que garantice el debido proceso:
— El SGRP funciona bajo la lógica de un sistema de aseguramiento. En ese marco, el empleador tiene la carga de la afiliación y del pago oportuno de las cotizaciones al sistema. El asegurador, que no es otro que la entidad administradora de riesgos profesionales, se obliga a atender cualquier contingencia que sufra el trabajador —el asegurado— debido a sus actividades laborales.
— La atención que brinda el sistema incluye la garantía en la prestación de los servicios de salud y en el reconocimiento de las prestaciones económicas contempladas en el Decreto 1295 de 1994. Tal atención debe ser oportuna, continua e integral, porque su propósito es proteger eficazmente al trabajador, frente a las eventualidades que menoscaban su salud y su capacidad económica.
— La pensión de invalidez hace parte de las prestaciones económicas que el SGRP consagra a favor del trabajador. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 776 de 2002, el afiliado tiene derecho a obtenerla “desde el mismo día en que se define su invalidez”.
— La pensión de invalidez, como las demás prestaciones que hacen parte del SGRP, se apoya en un régimen de responsabilidad objetiva. Eso quiere decir que debe ser reconocida, independientemente de cualquier controversia sobre la responsabilidad en la afiliación o en la ocurrencia del accidente de trabajo.
— La exigencia de continuidad en el servicio de seguridad social impide trasladarle al trabajador los efectos de cualquier discusión sobre el incumplimiento de las obligaciones asignadas a los actores del sistema. Por eso, de cualquier modo, la ARP es la llamada a reconocer y pagar las pensiones de invalidez de origen profesional que les reclamen sus afiliados, sin que ello les impida, posteriormente, repetir contra el empleador incumplido, para obtener el reembolso de los recursos que tuvo que pagar por su causa.
— De acuerdo con el Decreto 1295 de 1994, la cobertura del SGRP se inicia el día calendario siguiente a la afiliación. Esta, a su vez, se realiza cuando el empleador diligencia el correspondiente formulario.
— Ninguna norma establece cuál es el límite final de la cobertura. No existe, tampoco, ninguna disposición que condicione el trámite de la desafiliación.
— No obstante, el artículo 16 del Decreto 1295 de 1994 autorizó desafiliación automática del trabajador, cuando el empleador dejara de pagar dos o más cotizaciones periódicas.
— En un principio, la jurisprudencia apoyó esa medida. Más tarde, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional coincidieron en afirmar que la desafiliación por mora no podía realizarse de manera automática, sin antes garantizar que el empleador y, sobre todo, el trabajador, se enteraran de la medida.
— Esta corporación declaró inexequible la desafiliación automática por mora, a través de la Sentencia C-250 de 2004. La decisión se apoyó en tres argumentos: i) desafiliar al trabajador unilateralmente, en caso de mora, vulnera su derecho a la prestación continua de la seguridad social; ii) la desafiliación al SGRP debe estar precedida de unas actuaciones mínimas, que respeten el debido proceso y iii) desafiliar al trabajador del SGRP, mientras esté vigente la relación laboral y exista afiliación previa a una ARP, vulnera el principio de confianza legítima.
6.14. No hacen falta mayores consideraciones para concluir que ARP Positiva era la responsable de reconocer y pagar la pensión de invalidez y todas las demás prestaciones asistenciales y económicas a las que tenía derecho el accionante por el solo hecho de haber perdido su capacidad laboral en un accidente de origen profesional. Al menos, mientras la eventual responsabilidad del empleador en la desafiliación se dirimía en las instancias judiciales correspondientes.
Lo cierto es que la discusión sobre el presunto error al realizar los aportes, sobre si se reportó o no la novedad de retiro y sobre el momento en que terminó la cobertura del SGRP no tenía por qué afectar la prestación de los servicios de salud que el accionante requirió una vez sufrió su accidente de trabajo, ni el pago de sus incapacidades, ni el reconocimiento de su pensión, a la cual tenía derecho una vez que su invalidez fue definida. Sobre todo, cuando el ordenamiento jurídico es tan claro acerca de la responsabilidad ineludible e inmediata que tienen las ARP en esa materia(58).
6.15. Antes de terminar, la Sala debe reconocer que el problema jurídico fue dilucidado a partir del esquema de funciones que el SGRP le asignó a cada uno de los actores que lo integran y de los precedentes constitucionales que han privilegiado la garantía de continuidad en la prestación del servicio público de seguridad social sobre cualquier tipo de divergencia que pueda surgir entre los encargados de satisfacerla. ¿Cuál era, entonces, la relevancia de revisar el marco normativo y jurisprudencial que rige la cobertura del SGRP?
6.16. El vacío jurídico verificado en esta ocasión respecto de la desafiliación del SRGP es preocupante desde una óptica constitucional. La ausencia de una regulación juiciosa de las condiciones a las que debe sujetarse un trámite de estas características redunda, de manera sumamente grave, en perjuicio de los trabajadores, pues en la medida en que no participan en las cotizaciones, no tienen forma de enterarse si son beneficiarios o no de la cobertura.
Interrogada sobre ese aspecto, la ARP demandada refirió que lleva a cabo la desafiliación del sistema una vez que el empleador retira al trabajador, por Internet o en el punto de atención, “marcándose el estado como INACTIVO para el trabajador desde el día de la recepción y hasta el día anterior a la fecha de esta novedad, hasta cuando operaría la cobertura”. Después, al concluir su exposición sobre las condiciones que preceden la afiliación señaló que “la cobertura de la administradora opera hasta el día en que queda en firme la novedad de retiro en la base de datos de afiliados”(59).
6.17. Es esta, entonces, la oportunidad para insistir en que la desafiliación unilateral del SGRP está proscrita del ordenamiento jurídico, no por una disposición legal expresa, sino a raíz del juicio que emitió en ese sentido esta corporación, al realizar el control de constitucionalidad de las expresiones del artículo 16 del Decreto 1295 de 1994 que permitían la desafiliación automática en casos de mora.
Es pertinente recordar que, en aras de precisar el alcance de su decisión, la Corte advirtió de manera puntual que la desafiliación automática no solo es inconstitucional cuando la ARP la efectúa sin antes notificar al respecto al empleador y al trabajador, sino también, cuando ocurre “estando vigente la relación laboral y existiendo afiliación previa a una ARP”, básicamente, porque “el incumplimiento del que no es responsable el trabajador no puede conducir a avalar de ningún modo la posibilidad de que la desafiliación se produzca”(60).
Tal juicio, incluido en la parte considerativa de la mencionada Sentencia C-250 de 2004, tuvo el grado de especificidad suficiente para ser considerado precedente vinculante(61) en las actuaciones judiciales y administrativas relativas al reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y asistenciales del SGRP. Una actuación coherente con ese mandato y con los demás preceptos normativos y jurisprudenciales que privilegian los derechos del trabajador sobre cualquier discrepancia entre los actores del sistema general de seguridad social era lo que se esperaba de ARP Positiva, en lugar de la dilación inexcusable a la que sometió el derecho pensional del peticionario.
1. REVOCAR la sentencia proferida el catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012) por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó, en segunda instancia, el fallo del treinta (30) de enero de dos mil doce (2012), mediante el cual el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá declaró improcedente el amparo invocado por el señor José Lizardo Galeano Olaya y, en su lugar, CONCEDER de manera transitoria la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital.
2. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a ARP Positiva Compañía de Seguros que, en un término de ocho (8) días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, reconozca y pague la pensión de invalidez reclamada por el peticionario, desde la fecha en que solicitó su reconocimiento. Esta protección transitoria permanecerá vigente hasta que la autoridad judicial competente decida de fondo las acciones ordinarias instauradas por el actor.
3. ORDENAR a ARP Positiva Compañía de Seguros el reconocimiento de todas las prestaciones asistenciales que requiera el accionante, mientras la autoridad judicial competente resuelve los procesos ordinarios impetrados por el señor Galeano.
(1) En adelante, el demandante, el accionante, el actor o el peticionario.
(2) En realidad, la administradora de riesgos profesionales ARP Positiva determinó que la invalidez del accionante se estructuró el 1º de abril de 2009, no el 6 de noviembre, como refiere el apoderado.
(3) Folio 71 del cuaderno principal.
(4) Folio 72 del cuaderno principal.
(5) Ibídem. Folio 73 del cuaderno principal.
(6) Ibídem. Folio 75 del cuaderno principal.
(7) Folios 85-100 del cuaderno principal.
(8) Folios 33-41 del cuaderno principal.
(9) Folios 42-44 del cuaderno principal.
(10) Folios 52 y 53 del cuaderno principal.
(11) Folio 51 del cuaderno principal.
(12) Folios 57-59 del cuaderno principal.
(13) Folios 54-56 del cuaderno principal.
(14) En su escrito, el accionado afirmó: “Así mismo, manifiesto que respecto a los hecho objeto de la acción de tutela de la referencia, en la actualidad cursan dos procesos ordinarios ante la jurisdicción ordinaria laboral, los cuales se identifican así: - Expediente Rad. 0115/2012; Proceso Ordinario Laboral de José Lizardo Galeano contra ARP Positiva Compañía de Seguros S.A., Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y José Ricardo Segura Arévalo. -Expediente Rad. No. 0762/2011; Proceso Ordinario Laboral de José Lizardo Galeano y otros contra Saenz Ruiz Cadena Ingenieros Civiles S.A. y José Ricardo Segura Arévalo
(15) Artículo 1º Decreto 1295 de 1994.
(16) El artículo 6° del Decreto 2191 de 1991 consagra la improcedencia de la acción de tutela cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y ordena apreciar la existencia de dichos medios en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias del solicitante. La Corte Constitucional ha reiterado que, cuando se busca amparo del derecho a la seguridad social en su faceta prestacional, el examen de las circunstancias particulares del accionante es la única vía para establecer si el conflicto planteado trasciende el nivel puramente legal para convertirse en un problema de carácter constitucional. Al respecto, puede consultarse la Sentencia T-043 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(17) La Corte ha llamado la atención sobre la importancia de que dichas circunstancias sean examinadas, también, al realizar el análisis material de la acción de tutela. Al respecto, señala la sentencia T-093 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas): “(...) el reconocimiento de una pensión adquiere relevancia constitucional cuando: a.) del conjunto de condiciones objetivas en las cuales se encuentra el accionante, por ejemplo, su edad avanzada, su estado de salud, su precaria situación económica, se concluye que se encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta; b.) se verifica la grave afectación del derecho fundamental a la seguridad social y de otros de derechos fundamentales como la vida digna, la salud, el mínimo vital y el debido proceso; y c.) se constata la afectación de principios constitucionales como el principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la ley, el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal o el principio de irrenunciabilidad de los beneficios económicos establecidos en las normas que dan contenido prestacional al derecho a la seguridad social”.
(18) Cfr. Sentencias T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araújo), T-888 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas) y T-979 de 2011 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza).
(19) La eventual configuración de un perjuicio irremediable se establece verificando su inminencia, su gravedad y la necesidad de adoptar medidas urgentes para superar el daño. Sobre el particular, puede consultarse la Sentencia T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
(20) Decreto 1295 de 1994, artículo 9º.
(21) M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esa ocasión, la Corte Constitucional advirtió que la competencia que la Ley 100 de 1993 le dio al Presidente de la República para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales no incluía la posibilidad de unificar definiciones ni determinar el contenido normativo del accidente de trabajo. Como dicha definición constituía un aspecto sustancial de suma relevancia para el ejercicio de los derechos a la salud y a la seguridad social, expulsó la norma del ordenamiento.
(22) Decisión 584 de 2004, artículo 1º, literal n).
(23) Ley 1562 de 2012, artículo 3º.
(24) Decreto 1495 de 1994, artículo 5º.
(25) Ley 100 de 1993.
(26) Ley 100 de 1993, artículo 1°, numeral 1°.
(27) Decreto 1295 de 1994, artículo 80, literales d) y e).
(28) M.P. Jaime Araújo Rentería. El fallo declaró inexequibles el artículo 36 (incapacidad temporal), el artículo 37 y sus parágrafos (monto de las prestaciones económicas por incapacidad temporal), los artículos 39 (reincorporación al trabajo en caso de incapacidad temporal), 40 y su parágrafo (incapacidad permanente parcial), el inciso 2º del artículo 41 (declaración de la incapacidad permanente parcial), el artículo 42 y su parágrafo (monto de la incapacidad permanente parcial), los artículos 45 (reincorporación del trabajador tras una incapacidad permanente parcial), 46 (estado de invalidez), 48 y sus parágrafos (monto de la pensión de invalidez), los artículos 49 (muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales), 50 (monto de la pensión de sobrevivientes en el SGRP), 51 (monto de las pensiones), 52 y su parágrafo transitorio (reajuste de las pensiones), artículos 53 (devolución de saldos e indemnización sustitutiva) y 54 (auxilio funerario) del Decreto 1295 de 1994.
(29) Decreto 1295 de 1994, artículo 1°, parágrafo 2°.
(30) Además, el artículo 9° establece ciertas reglas sobre la calificación de la invalidez, e indica que el costo del dictamen será a cargo de la administradora de riesgos profesionales, sin que ello impida al empleador o al trabajador acudir directamente ante dichas juntas.
(32) La Sentencia C-453 de 2002 resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la expresión del artículo 9º del Decreto 1295 de 1994 que impedía calificar como accidente de trabajo los que ocurrieran durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a aquellos eventos en los que el transporte era suministrado por el empleador. Con el propósito de determinar la exequibilidad de la norma, la Corte estudió la naturaleza y los propósitos del sistema general de riesgos profesionales y lo vinculó con la teoría del riesgo creado y la responsabilidad objetiva a la que se hace referencia en el aparte citado. Sobre este tema puede revisarse, también, la Sentencia C-425 de 2005 (M.P. Jaime Araújo), que declaró inexequible el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 776 de 2002, según el cual, la existencia de patologías anteriores no daba lugar a aumentar el grado de incapacidad ni las prestaciones que correspondan al trabajador. También, la sentencia C-1141 de 2008 (M.P. Humberto Sierra) que, al declarar exequible la regulación del monto de la incapacidad permanente parcial, prevista en el artículo 7° de la Ley 776 de 2002, reiteró que el SGRP descansa sobre el principio de responsabilidad objetiva, y que “las eventuales prestaciones que se deben al trabajador por el acaecimiento de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional que alteren en forma negativa su salud, no dependen del reconocimiento de grado alguno de culpa por parte del empleador sino que, al contrario, surgen de una obligación objetiva de reparación que, igualmente, surge del beneficio que reporta al empleador el trabajo subordinado”.
(33) Decreto 1295 de 1994, artículo 4°, literales c), d) y h).
(34) Decreto 1295 de 1994, artículo 16.
(35) Decreto 1295 de 1994, artículo 21. Además de las obligaciones relativas a la afiliación y a la cotización oportuna de los aportes, la norma encargó a los empleadores de procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo; de programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional de la empresa; de notificar a la entidad administradora a la que se encuentre afiliado los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; de registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al comité paritario de salud ocupacional o vigía ocupacional correspondiente y de informar a la entidad administradora de riesgos profesionales a la que está afiliado, las novedades laborales de sus trabajadores, incluido el nivel de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y sus retiros.
(36) En este punto, la Sala se referirá a dos fallos cuya ratio decidendi tiene que ver, específicamente, con las estrictas obligaciones que adquieren las administradoras del riesgos profesionales dentro del régimen de riesgos profesionales regulado en el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002. Sobre el esquema de aseguramiento que caracteriza el SGRP y la responsabilidad que cumplen las ARP dentro del mismo pueden consultarse, además, las sentencias T-555 de 2006 (M.P. Humberto Sierra); T-904 de 2007 (M.P. Jaime Araújo); T-642 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao) y T-552 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt), entre otras.
(37) M.P. Clara Inés Vargas.
(39) A diferencia de lo que ocurre en el sistema general de pensiones, el reconocimiento de la pensión de invalidez en el marco del sistema de riesgos profesionales no está sujeto al requisito de un número mínimo de semanas de cotización. En estos casos, la administradora de riesgos profesionales tiene la obligación de cubrir las prestaciones asistenciales y económicas a que hubiere lugar por la ocurrencia del riesgo amparado, a partir del día siguiente a la afiliación, como lo estipula la Ley 776 de 2002. Así lo advertido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sobre el particular, puede revisarse, por ejemplo, la sentencia 30021 del 20 de noviembre de 2007 (M.P. Eduardo López Villegas).
(40) M.P. Nilson Pinilla.
(41) La fórmula que la Corte Constitucional aplicó en este caso para proteger los derechos fundamentales de los familiares del trabajador fallecido responde a lo preceptuado por el Decreto 1295 de 1994 y es coherente con lo que ha decidido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al examinar este tipo de situaciones límite, en las que el trabajador sufre un siniestro de origen profesional una vez ingresa a trabajar. Sobre el particular, puede revisarse la Sentencia 32105 del 26 de agosto de 2008 (M.P. Isaura Vargas), que estudió el caso de un trabajador que falleció el mismo día en que comenzó a trabajar como vigilante de una línea férrea, en el turno de las seis de la tarde. Como la afiliación al SGRP se había llevado a cabo ese mismo día, el incidente no alcanzó a quedar cubierto por el sistema. La Sala Laboral confirmó que la empresa empleadora era la que debía asumir el pago de la pensión de sobrevivientes reclamada por la compañera y los hijos del trabajador fallecido.
(42) La jurisprudencia apoyó esa posibilidad en algunos casos. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia expuso, por ejemplo, en sentencia 20185 de 2003 (M.P. Luis Gonzalo Toro), que una vez que el empleador incurriera en mora, la responsabilidad en el cubrimiento del pago de los riesgos profesionales empezaba a correr a su cargo, y no de la ARP, y que dicho fenómeno operaba, incluso, sin necesidad de que la ARP dictara acto alguno acogiéndose a la desafiliación automática, ni de que le comunicara tal situación al afiliado o a la entidad cotizante. Más tarde, en sentencia 22149 de 2004 (M.P. Gustavo Gnecco) la Sala advirtió que no era viable permitir el pago inoportuno de las cotizaciones al SGRP, porque tal posibilidad propiciaba la crisis del sistema. Por eso, confirmó que las prestaciones reclamadas en el caso concreto debían ser asumidas por el empleador y no por la ARP accionada, pese a que esta recibió las cotizaciones adeudadas el mismo día en el que ocurrió el accidente de trabajo. Por último, vale la pena destacar la Sentencia T-771 de 2003, que le ordenó a un empleador reconocerle la pensión de invalidez a un trabajador de manera transitoria, teniendo en cuenta que este había sido desafiliado automáticamente del SGRP antes de sufrir un accidente de trabajo, debido al incumplimiento del empleador en el pago de varias cotizaciones.
(43) En efecto, la Sentencia C-250 de 2004 cita varios casos en los que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia advirtieron sobre el peligro que implicaba para el trabajador la aplicación literal y mecánica del artículo 16 del Decreto 1295 de 1994. Los fallos citados antes dan cuenta de que dicha posición no era uniforme y que, en realidad, la decisión adoptada en la Sentencia C-250 de 2004 fue clave para conciliar las posiciones que existieron hasta entonces sobre la posibilidad de desafiliar automáticamente al trabajador del SGRP cuando el empleador incurría en mora.
(44) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(45) Artículo 16, Decreto 1295 de 1994.
(46) La Sentencia C-250 de 2004 destaca, en particular el fallo 17118 de 2002 (M.P. Francisco Escobar Enríquez), que criticó la manera como la desafiliación automática perjudicaba al trabajador excluido del sistema. En dicho fallo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó: “frente a una medida tan rigurosa, lo mínimo que se impone para que sea jurídicamente eficaz es que los afectados se enteren de ellas en forma adecuada, a fin que den las explicaciones que estimen necesarias, formulen objeciones o en general adopten las medidas conducentes a remediarla. Pues no es aceptable, verbigracia, que el afiliado conozca su desprotección ante el siniestro, cuando la administradora le niegue los derechos que reclame o, lo que es peor, no se entere nunca debido a su muerte, y los familiares derecho habientes se vean en una situación de desamparo o de litigio”.
(47) Sobre este tema, puede revisarse la Sentencia T- 600 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao), en la que se establece, de manera enfática, que la oficiosidad del juez es un criterio determinante para lograr la garantía efectiva de los derechos fundamentales del peticionario, que es el principal objetivo de la acción de tutela. Además, el fallo explicó que la facultad de pedir informes a la autoridad accionada respecto de la solicitud de amparo, consagrada en el Decreto 2591 de 1991, y la consecuencia jurídica de la presunción de veracidad de los hechos narrados por el accionante se sustentan, precisamente, en necesidad de alcanzar dicho propósito. La providencia indica que “la oficiosidad del juez de tutela en materia probatoria es una herramienta para esclarecer los hechos cuando existan dudas razonables acerca de estos y de las pruebas aportadas por las partes, sin que con ello se libere de la carga probatoria a quien alega la vulneración o amenaza a un derecho fundamental, sino que se trata de recordar al juez que sus decisiones deben basarse en hechos plenamente demostrados, para lograr así decisiones acertadas y justas que consulten con la realidad procesal”.
(48) Folios 26 y 27 del cuaderno principal.
(49) Folios 33-41 del cuaderno principal.
(50) Folios 42 y 43 del cuaderno principal.
(51) Supra 2.4.
(52) Sobre el particular, señala el artículo 10 de la Ley 776 de 2002: “Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso: a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación; b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación; c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%)”.
(53) El dictamen no fue incorporado al expediente. No obstante, fue citado por la ARP demandada, en la Resolución 1559 de 2010, que negó la pensión de invalidez reclamada por el accionante.
(54) A la modalidad del contrato laboral y a la fecha en que se formalizó el mismo hizo referencia el señor José Ricardo Segura, al contestar, en el trámite de revisión, la acción de tutela formulada en su contra. Folio 67 del cuaderno 3.
(55) Folio 71 del cuaderno principal.
(56) Al expediente fue aportada la copia de la respectiva solicitud (fl. 75, cdno. ppal.). Es preciso aclarar que, en realidad, también se allegaron copias de las comunicaciones que el empleador le remitió en la misma fecha al Fondo de Pensiones Porvenir y a Salud Total EPS, anunciándoles la rectificación del pago realizado el 2 de septiembre de 2008 a nombre de José Lizardo Galeano, ya que la persona que realiza los pagos lo retiró.
(57) Así lo demuestran el informe de aportantes allegado por ARP Positiva (fl. 33, cdno. 3) y la relación de novedades del sistema de autoliquidación de aportes, allegado por el accionante (folio 69 del cuaderno principal).
(58) Cfr. Sentencias T-321 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla); T-1047 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt) ; T-176 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza) y T-805 de 2011 (M.P. María Victoria Calle). Sobre el tema, además, resulta preciso recordar que el reconocimiento de los beneficios asistenciales y económicos contemplados en el Sistema General de Seguridad Social está sujeto al cumplimiento del principio de eficiencia, al que la Corte Constitucional le ha dado una lectura precisa, asociada a la necesidad de asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de seguridad social. Sobre el particular, expuso esta corporación en la Sentencia T-654 de 2006 (M.P. Humberto Sierra) que “la eficiencia debe ser una característica de la gestión. La gestión implica una relación entre el sistema de seguridad social y sus beneficiarios. La gestión exige una atención personalizada en torno a los derechos y necesidades de los usuarios y una sensibilidad social frente al entramado normativo para que el beneficiario no quede aprisionado en un laberinto burocrático. (...) Por consiguiente, es deber de los funcionarios del Estado concretar con prontitud en hechos positivos los derechos de la seguridad social. El impulso procesal le corresponde a las entidades gestoras, porque no se trata de una administración rogada”.
(59) Supra 8.3.
(60) Cfr. Sent. C-250 de 2004.
(61) La Corte ha definido la ratio decidendi de sus sentencias como aquel conjunto de razones incluidas en la parte motiva que “constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido específico, o sea, aquellos aspectos sin los cuales sería imposible saber cuál fue la razón determinante por la cual la Corte Constitucional decidió en un sentido, y no en otro diferente, en la parte resolutiva”. Sobre el particular, pueden verse, entre otras, las sentencias T-772 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba) y, recientemente, la T-110 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas).