Source: https://es.scribd.com/document/57019609/PROYECTO-De-LEY-Juicio-Por-Jurados
Timestamp: 2017-11-22 15:05:26
Document Index: 95238697

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 417', 'artículo 452', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 22', 'ARTÍCULO 3', 'Artículo 34', 'Artículo 34', 'ARTÍCULO 4', 'Artículo 338', 'Artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 338', 'Artículo 338', 'artículo 47', 'artículo 51', 'Artículo 338', 'artículo 47', 'Artículo 338', 'artículo 338', 'ARTÍCULO 5', 'Artículo 342', 'Artículo 342', 'ARTÍCULO 6', 'Artículo 368', 'ARTÍCULO 7', 'Artículo 368', 'Artículo 371', 'Artículo 371', 'Artículo 371', 'Artículo 375', 'ARTÍCULO 8', 'Artículo 448', 'Artículo 448', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'Artículo 2']

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Descripción: Proyecto de Ley de Modificación del CPP Pcia. Bs. As. e instauración del juicio por jurados
Proyecto de Ley de Modificación del CPP Pcia. Bs. As. e instauración del juicio por jurados
ARTÍCULO 1.- Modifícanse los artículos 1, 20, 106, 202, 210, 335, 369, 450, 452, 453 y 481 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, los que quedan redactados de la siguiente manera: “Art. 1. Juez natural. Juicio previo. Principio de inocencia. Nom bis in idem. Inviolabilidad de la defensa. Favor rei.- Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia, sin perjuicio de la intervención del pueblo en la administración de justicia a través del juicio por jurados, y competentes según sus leyes reglamentarias; ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de este Código; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Es inviolable la defensa de las personas y de los derechos en el procedimiento.En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al imputado. La inobservancia de una regla de garantía establecida en beneficio del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio.-“ “Art. 20 El Tribunal de Casación de la Provincia conocerá: 1. En el recurso de casación que se interponga contra las sentencias de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en materia criminal. 2. En la impugnación del veredicto de culpabilidad y sentencia dictados en el procedimiento de juicio por jurados. 3. En la acción de revisión de sentencias de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en materia criminal y en el veredicto de culpabilidad y sentencia dictados en el procedimiento de juicio por jurados.”
“Art. 106 Motivación. Las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo sanción de nulidad. Esta regla no regirá respecto del veredicto en el juicio por jurados. Los decretos deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando este Código o la ley lo disponga.-“ “Art. 202. Nulidades de orden general. Se entenderá siempre prescripta bajo sanción de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes: 1. Al nombramiento, capacidad y constitución del Juez, Tribunal o Tribunal de Jurados. 2. A la intervención del Ministerio Público en el proceso y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria. 3. A la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 4. A la intervención, asistencia y representación de las partes civiles, en los casos y en la forma que este Código establece.” “Art. 210. Valoración. Para la valoración de la prueba sólo se exige la expresión de la convicción sincera sobre la verdad de los hechos juzgados, con desarrollo escrito de las razones que llevan a aquella convicción. Esta regla rige para cualquier etapa o grado de los procedimientos, a excepción del veredicto del Jurado en aquellas causas donde rija dicho sistema de enjuiciamiento.” “Art. 335.- Contenido de la requisitoria: El requerimiento fiscal deberá contener, bajo sanción de nulidad, los datos personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo; una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho; los fundamentos de la acusación; y la calificación legal. Asimismo deberá especificar si en virtud del hecho atribuido, éste deberá ser juzgado por Tribunal, Juez Correccional o por tribunal de jurados.
El requerimiento podrá indicar alternativamente aquellas circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no resulten demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la correcta defensa del imputado.” “Art. 369.- Contenido.- El Secretario, Prosecretario o Auxiliar Letrado, levantará un acta del debate, bajo sanción de nulidad. El acta contendrá: 1.- El lugar y fecha de la audiencia con mención de las suspensiones ordenadas. 2.El nombre y apellido de los Jueces, Fiscales, Defensores y mandatarios. 3.- Las condiciones personales del imputado y de las otras partes. 4.- El nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes, con mención del juramento y la enunciación de los otros elementos probatorios incorporados al debate. 5.- Las instancias y conclusiones del Ministerio Público Fiscal y de las otras partes. 6.- Otras menciones prescriptas por la ley o las que el Presidente ordenare hacer, o aquellas que solicitaren las partes. 7.- Las firmas de los miembros del Tribunal, del Fiscal, Defensores, mandatarios y Secretario, que previamente la leerá a los interesados. 8- En los casos de juicio por jurados, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos que anteceden en cuanto resulte compatible, se dejará constancia de: 1°) El nombre y apellido de los miembros del jurado 2°) Las instrucciones para el veredicto en los términos establecidos en el art. 371 bis.” “Art. 450Resoluciones recurribles. Además de los casos
especialmente previstos, podrá deducirse el recurso de casación contra las sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo
criminal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 417 del C.P.P. Asimismo, podrá deducirse respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocatorios de los de primera instancia siempre que pongan fin a la acción, a la pena, o a una medida de seguridad o corrección, o imposibiliten que continúen; o denieguen la extinción o suspensión de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso de que se haya sostenido la extinción de la acción penal. También podrá deducirse respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución. No procederá el recurso de casación contra el veredicto de no culpabilidad dictado por el tribunal de jurados.” “Art. 452 Recurso del ministerio Público Fiscal.- El Ministerio Público Fiscal podrá recurrir: 1.- De la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la condena del imputado, excepto en el caso de veredicto de no culpabilidad dictado por el tribunal de jurados que, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del art. 450, resulta irrecurrible. 2.- De la sentencia condenatoria, cuando se haya impuesto una pena privativa de la libertad inferior a la mitad de la requerida. 3.- Del sobreseimiento. 4.- En los supuestos de los artículos 448 y 449, pero en ningún caso en relación a un veredicto de no culpabilidad dictado por el tribunal de jurados.” “Art. 453 El particular damnificado podrá recurrir en los mismos casos previstos por el artículo 452 para el Ministerio Público Fiscal. A su respecto se aplicarán también las limitaciones a la legitimación para recurrir establecidas en los incs. 1° y 4° del artículo anterior.”
“Art. 481. Cuando el Ministerio Público Fiscal recurra a favor del imputado, lo hará en las mismas condiciones que la defensa. El actor civil, el civilmente demandado, el citado en garantía y el particular damnificado, podrán recurrir con los requisitos y límites previstos en este Código. El impugnante no puede recurrir de los puntos que le hayan sido resueltos favorablemente, o en el caso de que la cuestión a que se refiere el recurso, aún en el supuesto de ser fallada favorablemente para el que la deduce, no modificaría la solución que se la haya dado por el Inferior. La sentencia de la Corte no puede perjudicar a los que intervienen en el juicio sin ser recurrentes o recurridos.” ARTÍCULO 2.- incorpórese al Libro I Título III, Capítulo II Sección Primera del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el Artículo 22 bis, que queda redactado de la siguiente manera: “Art. 22 bis: El tribunal de jurados. Estará integrado por doce jurados titulares y seis suplentes y deberá reflejar los diversos sectores existentes en la comunidad. Serán de competencia del tribunal de jurados los delitos previstos en los arts. 79, 80, 119 –a excepción de los acuñados en el primer y último párrafo-, 124, 125,125 bis,142 bis, 144 ter, 165 y 170 del Código Penal y los que con ellos concurran según las reglas de los arts. 54 y 55 de aquel ordenamiento. El tribunal de jurados establecido en el presente artículo, en la medida en que está integrado por habitantes de la Provincia quienes tienen a su cargo el dictado del veredicto, no constituye un tribunal colegiado ni un juez o tribunal letrado de los aludidos por los arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial.” ARTÍCULO 3.- incorpórense al Libro I Título III, Capítulo II Sección Cuarta del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el Artículo 34 bis, que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 34 bis: El procedimiento por jurados atraerá todos los casos no abarcados expresamente en el art. 22 bis, en los supuestos en que resulten de aplicación las reglas de conexidad establecidas en el presente
Código. La presente disposición no resultará aplicable a imputados sujetos al fuero de la responsabilidad penal juvenil, respecto de los cuales regirán exclusivamente las normas del referido fuero. ARTÍCULO 4.- incorpórense al Libro III Título I, Capítulo I del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el Artículo 338 bis, 338 ter, 338 cuater, 338 quinquíes, 338 sexsies, que quedan redactados de la siguiente manera: “Artículo 338 bis: En la ocasión del primer apartado del artículo 338, y en los casos del artículo 22 bis, el tribunal de jurados estará compuesto por un magistrado integrante del Tribunal en lo Criminal del artículo 22, que actuará como su Presidente, y doce jurados titulares y seis suplentes. Su integración, funcionamiento y demás extremos estarán regidos por los artículos siguientes. Quienes resulten designados miembros del jurado percibirán, en carácter de compensación por su tarea, una suma de dinero equivalente a 10 jus. A tales efectos, la Suprema Corte de Justicia dispondrá de una partida especial que estará prevista en el presupuesto correspondiente. Los empleadores deberán conservar a sus dependientes en sus cargos mientras estén en actividad como integrantes del jurado y mantener su situación laboral (comprensiva de todos los derechos emergentes del vínculo) como si hubieran prestado servicios durante ese lapso. Los gastos de transporte y manutención serán resarcidos inmediatamente, para lo cual deberá preverse una partida específica. Cuando sea el caso, con imputación a la misma partida, el tribunal arbitrará las medidas necesarias para disponer el alojamiento de los miembros del jurado.” "Artículo 338 ter - Condiciones exigidas: Ser jurado es una carga pública obligatoria y es un derecho de todos los ciudadanos que habitan de la Provincia de Buenos Aires que tengan capacidad al efecto. Para ser miembro de un jurado se deberán reunir las siguientes condiciones: a) Ser argentino nativo o naturalizado con no menos de cinco años de ciudadanía. b) Tener entre 18 y 65 años de edad. c) Entender plenamente el idioma nacional. d) Estar domiciliado en el departamento judicial del tribunal competente. e) Haber completado los estudios primarios y no haber sido condenado por sentencia firme
por el delito de falso testimonio.f) Gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo. "Artículo 338 cuater - Impedimentos: "No podrán ser miembros del jurado: a) Quienes se desempeñen en cargos públicos en los Poderes Ejecutivo y Legislativo o en los entes públicos descentralizados y quienes ejerzan la magistratura u otras funciones en el Poder Judicial o el Ministerio Público.b) Los integrantes de las fuerzas de seguridad, defensa y/o del Servicio Penitenciario.c) Los abogados, escribanos y procuradores.d) Quienes se encuentren alcanzados por las situaciones del artículo 47.e) Los condenados por delito doloso mientras no hubiera transcurrido el plazo del artículo 51 del Código Penal."Artículo 338 quinquies - Excusación y recusación de los jurados: Los miembros elegidos y las partes podrán producir excusaciones y recusaciones, a cuyo respecto el órgano jurisdiccional interviniente, una vez obtenido el número de treinta y seis candidatos a los fines de integrar el tribunal, lo hará saber a las partes en forma inmediata y las citará a una audiencia que tendrá lugar veinte días después o en el día inmediato hábil siguiente, si el término cayera en día inhábil o feriado. El secretario del tribunal informará a los jurados sobre la naturaleza de la función que les ha sido asignada; los deberes y responsabilidades del cargo, de las condiciones exigidas y los impedimentos para ser jurado y de las penalidades previstas para los sobre delitos los vinculados con tal desempeño. que, Posteriormente, indagará inconvenientes prácticos
eventualmente pudieran tener para cumplir su función y les notificará del régimen de compensación por su tarea previsto en la ley y arbitrará las medidas necesarias para comunicar a los respectivos empleadores de los jurados sobre su condición de tales y las previsiones legales al respecto. A la audiencia concurrirán las partes y formularán sus objeciones en cuanto a la intervención de las personas sorteadas, pudiendo hacer uso el Ministerio Público, el particular damnificado y la Defensa de ese derecho sin expresar motivo alguno en relación a cuatro personas, respectivamente. En caso de existir varios acusados, sus respectivos defensores deberán actuar de mutuo acuerdo para indicar los candidatos que recusan sin alegación de
causa. De no mediar acuerdo, se decidirá por sorteo el orden en que pueden formular la recusación, hasta que se agote el cupo de recusables. El particular damnificado deberá unificar su personería con el fiscal quien decidirá sobre el particular, pero si éste no admitiera alguna recusación que formulara aquél podrá alegar al respecto sosteniendo sus razones el Presidente decidirá.En cuanto a los restantes miembros del jurado, se les podrá recusar con expresión de causa y decidirá al respecto el Presidente por resolución motivada.En todos los casos, la resolución será pronunciada en forma inmediata.Las causales de recusación de los miembros sorteados para integrar el jurado estarán sujetas a las reglas que rigen las condiciones e impedimentos para serlo y a las determinaciones del artículo 47 con especial dirección a velar por la imparcialidad y la independencia, procurándose excluir a aquéllos que hubieran manifestado preopiniones sustanciales respecto del caso o que tuvieran interés en el resultado del juicio, o sentimientos de afecto u odio hacia las partes o sus letrados. Si la causal fuera conocida luego de iniciados los debates podrá ser planteada siempre que se lo hiciera en forma inmediata y el Presidente evaluará sobre su procedencia, pudiendo, si se tratara de una causal grave de parcialidad o falta de independencia de uno de los miembros del jurado, excluirle y aún dejar sin efecto el juicio. En el caso de apartamiento de un miembro titular, asumirá el primer suplente de los seis designados, los cuales deberán estar presentes en los debates desde sus inicios.-" Serán motivos especiales de excusación de los miembros del jurado: a) Haber actuado como miembro de un jurado en los últimos doce meses anteriores a la designación.b) Tener un impedimento o motivo legítimo de excusación, que será valorado por el Presidente con criterio restrictivo. " "Artículo 338 sexies - Integración de las listas de candidatos: La lista de personas que integrarán el jurado será determinada por sorteo entre los miembros del padrón electoral correspondiente a los partidos del Departamento Judicial que entienda en el caso. A tales fines, antes del 31 de diciembre de cada año, la Suprema Corte de Justicia requerirá a la Secretaría Electoral de La Plata el citado padrón y lo distribuirá inmediatamente a todos los tribunales criminales de la Provincia.
El sorteo será público, se hará inmediatamente que la causa ingrese a la competencia del tribunal en lo criminal conforme reza el artículo 338 y su resultado se hará conocer a las partes. Cuando se trate de casos de mucha repercusión pública o de permanente y sostenida difusión y tratamiento por los medios de prensa, tele-radiodifusión y análogos, las partes podrán proponer al Presidente que la integración del jurado se constituya con ciudadanos de otro departamento judicial. De su decisión no habrá recurso pero el agraviado podrá dejar su protesta dentro del plazo de 3 días de notificado, la que valdrá como reserva de recurrir en casación en relación a la sentencia del juicio." En la audiencia del art. 338 quinter, resueltas las excusaciones o recusaciones que se hubiesen planteado respecto a los candidatos a integrar el tribunal de jurados, se establecerá su integración definitiva –conforme lo previsto en el art. 22 bis- también por sorteo practicado por el secretario del Tribunal competente entre los candidatos que mantengan esa calidad. ARTÍCULO 5.- incorpórese al Libro III Título I, Capítulo II Sección que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 342 bis. El debate ante el tribunal de jurados se regirá por las disposiciones de este capítulo con las siguientes modificaciones: Inc. 1°: El juez del Tribunal ejercerá el poder de policía y disciplina y las demás facultades atribuidas al órgano jurisdiccional en los Capítulos II, III y IV del presente Título, en cuanto sea compatible con el juzgamiento por tribunal de jurados. El juez informará a los miembros del jurado que a partir del juramento que deberán prestar al efecto quedan en situación de incomunicados y que no podrán comentar el caso ni escuchar o leer o ver noticias sobre el caso a decidir hasta la emisión del veredicto. Seguidamente, el jurado elegirá un Presidente de entre sus miembros y comenzará su labor. El juez no podrá, bajo pena de nulidad, interrogar a testigos, peritos e intérpretes y el incumplimiento de esta prohibición constituirá falta grave. Asimismo, deberá mantener una estricta imparcialidad y criterio amplio al decidir acerca de la producción e incorporación de prueba ofrecida o solicitada Primera
del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el Artículo 342 bis,
por las partes, procurando no interferir en la estrategia de las partes en el abordaje del caso. Inc. 2°: El Juez del Tribunal dispondrá la lectura de las actuaciones cuya incorporación se hubiera dispuesto en los términos del art. 338. La lectura de todas o algunas de ellos podrá omitirse, cuando con la conformidad de las partes, aquélla pudiere ser suplida por la entrega de copias a los integrantes del jurado. Inc. 3°: Bajo ningún concepto los integrantes del jurado podrán conocer las constancias de la investigación penal preparatoria, excepto las incorporadas al debate de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior. Los integrantes del jurado tampoco podrán interrogar a los imputados, testigos o peritos. Inc. 4° Si fuera necesaria la realización de actos fuera de la sala de audiencias, se arbitrarán los medios para la concurrencia de los jurados o, si por la naturaleza del acto esto no fuere posible, para la filmación de la totalidad de lo ocurrido durante su producción con el fin de su posterior exhibición a los jurados en la sala de audiencia al continuarse con el debate público. La violación a cualquiera de las reglas previstas en el segundo párrafo del inc. 1º, y en los incs. 2º y 3º, acarreará la nulidad del debate.” ARTÍCULO 6.- incorpórense al Libro III Título I, Capítulo II Sección que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 368 bis Discusión final ante el Tribunal de jurados. Terminada la recepción de las pruebas, las partes presentarán oralmente sus conclusiones frente a los jurados, proponiendo su veredicto. El fiscal, el particular damnificado y el defensor del imputado, podrán replicar al solo efecto de refutar argumentos adversos a su postura que antes no hubieran sido discutidos. La última palabra siempre le corresponderá al defensor del imputado En lo demás, en tanto resulte compatible con el procedimiento establecido ante el tribunal de jurados, rige el artículo anterior.” ARTÍCULO 7.- incorpórense al Libro III Título I, Capítulo IV del Código segunda
del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el Artículo 368 bis,
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el Artículo 371 bis, 371 ter, 375 bis, los que quedan redactados de la siguiente manera:
“Artículo 371 bis. Instrucciones para el veredicto. El Juez del tribunal, una vez clausurado el debate, informará al jurado sobre su deber de pronunciar un veredicto en sesión secreta y continua, las cuestiones técnicas relevantes y las normas que rigen la deliberación. Previamente y sin concurrencia de los jurados, el Juez del tribunal celebrará una audiencia con los letrados de las partes, a quienes informará sobre el tenor de las instrucciones y escuchará propuestas al respecto. En esta oportunidad se determinará también si los jurados deben ser instruidos, en particular, respecto a la concurrencia de alguna causal o causales de justificación, inculpabilidad o cualquier otra circunstancia que de verificarse impongan el dictado de un veredicto de no culpabilidad. En tal caso, las instrucciones acerca de tales cuestiones deberán elaborarse de modo que puedan ser comprendidas por los miembros del jurado. En el mismo acto, el Juez del Tribunal decidirá en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los jurados, sin perjuicio de que las partes dejen constancia en el acta que el secretario labrará al efecto, de sus disidencias u oposiciones para el caso de interposición de recursos contra el fallo. Si durante la deliberación los integrantes del jurado tuviesen dudas sobre el alcance de las instrucciones en cualquiera de sus aspectos, lo harán saber al juez del tribunal por escrito y se repetirá el procedimiento provisto en los dos párrafo precedentes para su aclaración.” "Artículo 371 ter: Deliberación del Jurado: Una vez finalizado el debate y los alegatos y recibidas las instrucciones, pasarán a deliberar en sesión secreta y continua en la que únicamente deberán estar la totalidad de sus miembros bajo pena de nulidad, discutiendo los temas contenidos en las instrucciones que entregará el Juez del Tribunal y votando las siguientes cuestiones esenciales por la afirmativa o por la negativa respecto de cada hecho materia de acusación y de cada imputado: a) ¿Está probado o no el hecho material de la acusación? b) ¿Es culpable o no culpable el imputado? Si se resolviera negativamente la primera cuestión no se tratará la segunda. Para un pronunciamiento de culpabilidad se requerirá el voto afirmativo de ocho miembros del jurado acerca de los interrogantes planteados.
En caso de no alcanzarse ninguna de las mayorías mencionadas respecto a los interrogantes planteados en a) y/o b), se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres veces y de mantenerse la situación, se absolverá al acusado. La sesión terminará cuando se obtenga un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad al que no podrá incluir ningún otro aditamento o aclaración. Los miembros del jurado tendrán obligación de denunciar ante el Juez del Tribunal por escrito, a través del presidente del jurado, sobre cualquier tipo de presiones, influencias o inducciones que hubiesen recibido para emitir su voto en un sentido determinado Cuando se hubiera arribado a un veredicto, el presidente del jurado lo comunicará inmediatamente al Juez del Tribunal quien convocará al jurado íntegro a la Sala de audiencias. El presidente del Jurado leerá el veredicto de viva voz y el Juez del Tribunal declarará al imputado culpable o no culpable, de acuerdo al resultado del mismo. Con ello se dará por terminada la actuación del jurado. Cuando el veredicto fuera de no culpabilidad se ordenará la libertad del imputado y la cesación de las restricciones impuestas, o la aplicación de las medidas de seguridad resueltas oportunamente.” “Artículo 375 bis La sentencia en el caso del juicio por jurados se
ajustará a las reglas establecidas en los artículos anteriores, con la siguiente modificación: en lugar de los fundamentos de la decisión sobre los hechos probados y la culpabilidad del imputado contendrá la trascripción del veredicto del jurado. Cuando el veredicto hubiese sido condenatorio, el Juez del Tribunal dictará la sentencia que corresponda en la que se determinará: 1°) la calificación legal del delito, que no podrá exceder el hecho materia de acusación, ni producir indefensión para el imputado 2°) la concurrencia de atenuantes y agravantes que incidan en la individualización de la pena cuando hubieren sido discutidas o el Tribunal las encontrare pertinentes, en este último caso siempre que fueran en favor del imputado. 3°) la determinación de las demás consecuencias jurídicas que correspondan Rigen, en lo que no resulten modificadas por las normas precedentes, las causales de nulidad previstas para la sentencia en los procedimientos sin jurados.”
ARTÍCULO 8 .- incorpórese
Título IV, Capítulo I
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el Artículo 448 bis, que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 448 bis. – El recurso de casación contra el veredicto y
sentencia dictado en el marco del procedimiento del juicio por jurados podrá ser interpuesto exclusivamente por los siguientes motivos: 1°) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. 2°) Inobservancia de las normas que este Código establece bajo pena de nulidad, siempre que, con excepción de los casos de nulidad absoluta, el recurrente haya reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hecho protesta de recurrir en casación. 3°) La inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros; 4°) La arbitrariedad de la decisión que rechace medidas de prueba, de modo que se hubiera cercenado el derecho de defensa en juicio y condicionado la decisión del jurado; 5°) Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión. 6°) Cuando nuevos hechos o elementos de prueba, por sí solos o en relación a los producidos en el juicio, evidencien y manifiesten que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió. Serán motivos especiales de casación los incluidos en los incs. 1° a 8° del art. 467 del presente Código, en la medida y con el alcance que, a criterio del tribunal del recurso, resulten compatibles con la naturaleza del procedimiento de juicio por jurados. 7°) Serán motivos especiales de casación aquellos reclamos debidamente fundados relativos a graves irregularidades que hayan afectado el proceso de deliberación y decisión del jurado. Los agravios de están índole deberán señalar específicamente –bajo sanción de inadmisibilidad- de qué modo la grave irregularidad esgrimida habría incidido en la validez de la deliberación y decisión y evidenciar que, como consecuencia de ello, el veredicto de culpabilidad no resulta compatible con la garantía del debido proceso y el derecho a un juicio justo.”
ARTÍCULO 9.Ley. ARTÍCULO 10 .- De forma. Autorizase al Poder Judicial a efectuar las modificaciones
presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la presente
FUNDAMENTOS La Constitución Nacional consagra el juicio por jurados en los artículos 24, 75,
inciso 12, y 118. Así, en el capítulo correspondiente a declaraciones, derechos y garantías, establece en el art. 24: “El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”; por su parte el art. 75 inciso 12 determina, como una facultad del Congreso, “Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados”; finalmente, y en relación a las atribuciones del Poder Judicial, el art. 118 reza: “Todos los juicio criminales ordinarios, que no se deriven del despacho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego de que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio”. Esta propuesta pretende dar cumplimiento a la manda constitucional habilita a este cuerpo legislativo provincial a regular en la materia. La instauración del juicio por jurados –al menos en ciertos delitosdemocratizará indudablemente la administración de justicia en materia penal, habilitando la participación popular en la deliberación y decisión en un número en principio limitado de causas de materia criminal y adoptando la decisión que
correspondiente en lo que concierne a la aplicación o no de consecuencias penales de gravedad. La institución cuya implantación se propone insuflará, sin duda alguna, prestigio a la justicia penal provincial –que ha merecido cuestionamientos en ciertos casos- en la medida en que la intervención del pueblo dotará de legitimidad democrática y republicana indiscutible a sus pronunciamientos, amén de constituirse –de tal guisa- en un mecanismo para cumplir con el mandato preambular de “afianzar la justicia”. Por otra parte, la limitación inicial respecto de los delitos que serán objeto de este sistema de enjuiciamiento que ya rige desde hace mucho tiempo en las legislaciones más avanzadas del mundo, halla sustento en la intención de que el impacto presupuestario que implica la reforma sea prácticamente nulo y, por otra parte, permitir que el legislador pueda incorporar sucesivamente nuevas figuras penales en la medida que tanto la adaptación de los operadores y la estructura judicial lo permitan, sin afectar el normal funcionamiento del actual sistema. La presente propuesta ha tenido en cuenta, básicamente, los proyectos de ley sobre la materia presentados por la señora Presidente de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner durante su desempeño como Senadora; por el ex Presidente de la Nación, Dr. Néstor Carlos Kirchner –cuyo prematuro fallecimiento resulta una herida en el corazón del pueblo argentino que nunca cicatrizará por completo- girado en el año 2004 y en el elaborado en el ámbito de esta Legislatura provincial bajo la impronta del distinguido jurista e impulsor del instituto, doctor Héctor Granillo Fernández. Teniendo en cuenta, principalmente, tales antecedentes, se ha optado por un sistema de listado taxativo de delitos a ser juzgado por jurados, excluyendo asimismo a los imputados sujetos al fuero de la responsabilidad penal juvenil en razón de las normas específicas que rigen dicha materia. Se propone la instauración del sistema de jurado popular puro de 12 miembros, al estilo anglosajón, en el entendimiento de que es el que mejor consulta la plena participación a los habitantes de la provincia en la justicia penal. Al respecto, lo creemos preferible al escabinado, por estimar que el jurado mixto (integrado por legos y técnicos) no resulta conveniente por el riesgo de que el juez técnico imponga sus pareceres por sobre los legos, desvirtuando así la finalidad democrática y republicana del instituto.
Se regula todo lo relativo a la composición, deliberación y decisión del jurado en los artículos correspondientes del proyecto, con criterios amplios en cuanto a su integración y compensación económica por su tarea. Asimismo, se establecen disposiciones específicas que tutelen el secreto y transparencia del proceso de deliberación y decisión del jurado para garantizar el debido proceso y derecho a un juicio justo que ampara a todo acusado. El objeto sobre el que habrá de versar el veredicto del jurado será fijado por las instrucciones proporcionadas por el Presidente del Tribunal, en las que deberán dilucidarse las cuestiones jurídicas puestas a consideración a fin de ilustrar a los jurados respecto a los criterios que podrían ser relevantes a fin de llegar al veredicto de “culpable” o “no culpable” En cuanto al régimen recursivo, la naturaleza del método de apreciación de la prueba -íntima convicción- inherente al jurado popular condiciona el diseño del recurso contra el veredicto de culpabilidad y la consecuente sentencia de condena. Ello así en tanto es de la esencia del jurado que no se explicitan los fundamentos en los que se sustenta su decisión. Como bien afirma Raúl Zaffaroni “…es obvio que, cuando se trata de jurados, la valoración debe hacerse conforme a la íntima convicción. Esta es una de exigencia del propio sistema de jurado popular, porque sería un sistema
juicio directo del pueblo, equivalente a una forma plebiscitaria en lo legislativo…tratándose de un tribunal técnico, no es admisible la íntima convicción del tribunal. El tribunal técnico no ejerce una soberanía directa, sino una representación republicana, y cualquier autoridad que ejerce una función republicana está obligado a hacerlo en forma racional, de modo que el desempeño de esa función pueda ser controlado públicamente. Un proceso penal es un "asunto público" en que el ciudadano tiene derecho a participar por si o por sus representantes y, como es lógico, si los jueces resuelven "en conciencia", se trataría de decisiones en las que nadie podría participar porque no podrían controlar el criterio que las guía…". (Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina, pág. 161).
Sin embargo, ello no implica “a priori” que el juicio por jurados resulte incompatible con derecho al recurso contra la condena y la pena establecidos en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (por todos, arts. 8. 2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto sus regulaciones dejan un margen de discrecionalidad a cada Estado parte en la medida en que las regulaciones internas no desvirtúen el derecho consagrado en tales instrumentos con jerarquía constitucional. Así las cosas, se trata de establecer un régimen recursivo amplio, sin ritualismos ni formalidades vacuas pero limitado en cuanto al objeto susceptible de impugnación a todo aquello que no caiga en el ámbito de la íntima convicción de los jurados populares. El presente proyecto pretende, en esta ríspida cuestión, superar esta pretendida tensión entre el derecho a la revisión amplia y la íntima convicción. Ello –necesariamente- implicará modificar en cierto sentido la concepción doctrinaria dominante en la materia. Sobre esta problemática, un jurista de nota como Julio B. J. Maier a quien no puede atribuirse un pensamiento ajeno al estricto respeto a las garantías en materia penal asevera que el derecho al recurso del condenado “significa, básicamente, el ‘derecho a lograr un nuevo juicio’ cuando mediante el recurso se comprueba que la condena, por fallas jurídicas en el procedimiento, en la percepción directa de los elementos de prueba por parte del tribunal que la dictó, o incluso, por fallas en la solución jurídica del caso, no puede ser confirmada como intachable (regla de la doble conforme) y, por ende, no se sostiene frente al recurso” (“Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos” , pág. 720). El mismo autor afirma categóricamente que “No sería contraria a nuestra Constitución una ley procesal que, admitiendo el jurado clásico, permitiera resolver las cuestiones de hecho afirmándolas o negándolas, sin exponer públicamente los motivos de la decisión” (op. cit. pág. 485). En definitiva, en aquellos aspectos de la condena que no admiten un escrutinio revisor directo por encontrarse abarcados por la íntima convicción de los
jurados, se propone una vía recursiva que permita evidenciar que el proceso que condujo a esa decisión presenta alguna falla o defecto grave que resulta incompatible con el debido proceso y el derecho a un juicio justo (“fair trail”). Asimismo, existiría una amplio campo para cuestionar por vía indirecta la íntima convicción del jurado si se controvirtieran las instrucciones que el juez técnico le haya impartido, las cuales –claro está- podrían abarcar tanto cuestiones probatorias (ej: denegar una exclusión probatoria) como jurídicas (inteligencia y alcance de determinadas causas de justificación, por caso, la legítima defensa). En cambio, aquellas cuestiones referidas a la aplicación del derecho por el juez técnico en la “sentencia” en sentido estricto (una vez dictado el veredicto de culpabilidad por el jurado popular) podrían atacarse por la vía de un recurso de casación clásico (en cuanto a que se trataría de reclamos sobre cuestiones estrictamente jurídicas) pero “ordinarizado” en el sentido de alivianarlo de los recaudos formales y criterios ritualistas que –por la práctica forense- podrían terminar por detraerle todo su potencial rendimiento, poniéndole en contradicción con el derecho al recurso convencionalmente reconocido. Cabe aquí indicar que, si se quiere a modo de compensación por ciertas limitaciones en cuanto al objeto recurrible, se prevé la irrecurribilidad del veredicto de no culpabilidad. En definitiva, con pleno convencimiento de que resulta oportuna la introducción del juicio por jurados en nuestra provincia es que pongo a consideración el presente proyecto de ley.
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