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Timestamp: 2017-04-29 16:26:41
Document Index: 38283215

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 9', 'artículo 34', 'artículo 19', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 24', 'artículo 45', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 40', 'artículo 100']

Ley 1/1996, de 23 de abril, de modificación del artículo 45 de la Ley 2/1989 de 22 febrero, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Publicado en BOIB núm. 60 de 16 de Mayo de 1996 y BOE núm. 48 de 25 de Febrero de 1997
Vigencia desde 17 de Mayo de 1996
Preámbulo La lengua conocida históricamente y científicamente como lengua catalana, es una de las lenguas románicas o neolatinas nacidas por la evolución del latín en función del abundante uso oral y escrito que del mismo hicieron los pueblos sucesivamente integrados en lo que fue el Imperio Romano.
El modelo de multilingüismo adoptado por la Constitución gira en torno al concepto de lengua oficial y al respecto, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional proclamada a partir de la Sentencia 82/1986, de 26 de junio, una lengua es oficial cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos.
En aplicación del artículo 9.1 de esta Ley 3/1986, de 29 de abril, se procedió a dictar el Decreto 100/1990, de 29 de noviembre, por el que se regula el uso de las lenguas oficiales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, mediante el cual se ordena y sistematiza el uso de la lengua catalana oralmente o por escrito, en las actividades administrativas.
En la Sentencia 46/1991, de 28 de febrero, el Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse sobre la exigencia de una determinada capacitación lingüística para el acceso a la función pública en una Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales (en concreto, se refiere esta sentencia al contenido del artículo 34 de la Ley 17/1985, de 23 de julio, del Parlamento de Cataluña, en el que se exigía, de manera general, una capacitación lingüística al personal que quisiera ingresar al servicio de la Administración Pública catalana).
El análisis de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional señala que es posible la exigencia de unos conocimientos orales y escritos mínimos a todo el personal al servicio de una Administración Pública radicada en una Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales. Además, insiste el supremo intérprete de la Constitución que esta exigencia es compatible con las bases estatales dictadas por el artículo 19 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, aplicables a todas las administraciones públicas y concluye, definitivamente, que la exigencia de conocimientos lingüísticos no es discriminatoria para aquellas personas que no conocen la lengua catalana ni es, tampoco, un requisito contrario al principio de mérito y capacidad que establece el artículo 103 de la Constitución (fundamento jurídico II de la Sentencia) puesto que, en interpretación del mismo, señala el Tribunal Constitucional que ese artículo 103 impone la carga, a todo aspirante a una plaza en la Administración Pública, de acreditar su capacidad, conocimientos e idoneidad y de este modo, la exigencia del conocimiento del idioma oficial, debiéndose tener en cuenta, en cada caso, que el nivel y dominio de la lengua a exigir serán adecuados a la actividad a desempeñar en el seno de la Administración y en el contexto social en el que vaya a desarrollarse la función pública a fin de ajustarse al principio de eficacia que se demanda de toda Administración Pública y sin olvidar, en ningún caso, que una aplicación desproporcionada sí podría ser inconstitucional por discriminatoria.
Establecida y expuesta cuál es la doctrina jurisprudencial sobre la materia, corresponde ahora entrar en el examen de cuál ha sido el tratamiento que la normativa específica reguladora de la función pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares le ha dado a esta concreta cuestión.
El Decreto 100/1990, de 29 de noviembre, que, en desarrollo de la Ley de normalización lingüística, regula el uso de las lenguas oficiales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, encargó al Gobierno para que, a propuesta de la consellería competente en materia de personal, fijase los criterios de clasificación de los puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de acuerdo con los niveles de conocimientos de catalán necesarios para ocuparlos (artículo 24.1) y que, en todas las bases de las convocatorias para la selección de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, funcionarios o contratados, en propiedad o con carácter temporal, inclusive las de promoción interna, hay que incluir la práctica obligatoria de un ejercicio de catalán o su acreditación, según el caso, con el objetivo de valorar y asegurar que el nivel de conocimiento del aspirante corresponde al nivel obligatoriamente asignado a cada puesto, además de su consideración como mérito en todos los casos, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Los que superen las pruebas selectivas y no hayan acreditado los conocimientos de catalán necesarios quedan obligados a la realización de los cursos que con esta finalidad se lleven a cabo, de acuerdo con el artículo 25, y a presentar el correspondiente certificado de aprovechamiento (artículo 26, apartados 1 y 2).
Dicho contexto permanece inalterable hasta la publicación del Decreto 27/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma que dedica un capítulo de su articulado (el capítulo IX) a la regulación de la lengua propia de esta Comunidad Autónoma en lo que se refiere al ingreso del personal al servicio de la Administración.
El artículo 40.2 del citado Reglamento establece que: «Si el personal comprometido a asistir a este curso o cursos dejaba de asistir a ellos sin causa justificada, se considerará falta, a efectos de la aplicación del régimen disciplinario regulado en el capítulo V (artículos 96 a 103), título V, de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la función pública de esta Comunidad Autónoma y la gravedad o levedad de esta falta se calificará con arreglo a los criterios contenidos en el artículo 100 de la precitada Ley 2/1989».