Source: http://docplayer.es/9199699-1-analisis-del-derecho-de-acceso-previsto-en-la-normativa-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal.html
Timestamp: 2018-11-12 19:26:40
Document Index: 250470187

Matched Legal Cases: ['Artículo 15', 'Artículo 27', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 24', 'artículo 25', 'in fine', 'artículo 18', 'artículo 27', 'Artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 16', 'Artículo 6', 'Artículo 18', 'artículo 27', 'artículo 25', 'in fine', 'Artículo 1']

1 Análisis del derecho de acceso previsto en la normativa de protección de datos de carácter personal - PDF
Download "1 Análisis del derecho de acceso previsto en la normativa de protección de datos de carácter personal"
Luz Páez del Río
1 WEBLOG LOPD 001 WEBLOG LOPD 1 1 ANÁLISIS DEL DERECHO DE ACCESO PREVISTO EN LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Particularidades del derecho de acceso a los ficheros de Videovigilancia Particularidades del derecho de acceso a las Historias Clínicas 7 2 EL DERECHO DE ACCESO A DATOS PERSONALES VERSUS EL DERECHO DE ACCESO A EXPEDIENTES, REGISTROS Y ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Especial referencia a la administración electrónica 13 1 Análisis del derecho de acceso previsto en la normativa de protección de datos de carácter personal El derecho de acceso es una parte o manifestación del derecho a la protección de datos de carácter personal consagrado en la Constitución Española como un derecho fundamental. El derecho de acceso es un derecho personalísimo que permite al interesado controlar sus propios datos que es, en definitiva, la finalidad del derecho a la protección de datos. Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre de 2000 [STC 292/2000]: << De todo lo dicho resulta que el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos.>> De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 1
2 diciembre, de protección de datos de carácter personal, artículos 15 1 y 27 2 respectivamente, los interesados tienen derecho a solicitar y obtener información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento. El contenido del derecho se concreta en el derecho a solicitar y obtener la siguiente información: si sus propios datos están siendo objeto de tratamiento el origen de dichos datos la finalidad del tratamiento de los datos que se esté realizando las comunicaciones que se han realizado de sus datos o que se prevé realizar Al ejercitar el derecho de acceso, el afectado podrá optar por recibir la información a través de uno o varios de los siguientes sistemas de consulta del fichero: Visualización en pantalla. Escrito, copia o fotocopia remitida por correo, certificado o no. Telecopia. Correo electrónico u otros sistemas de comunicaciones electrónicas. Cualquier otro sistema que sea adecuado a la configuración o implantación material del fichero o a la naturaleza del tratamiento, ofrecido por el responsable. El derecho de acceso solicitado debe ser atendido siempre salvo que exista alguna de las causas tasadas de denegación (art. 30 RDLOPD): 1 Artículo 15 LOPD: Derecho de acceso. 1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. 2. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos. 3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes. 2 Artículo 27 RDLOPD: Derecho de acceso. 1. El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. 2. En virtud del derecho de acceso el afectado podrá obtener del responsable del tratamiento información relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento. No obstante, cuando razones de especial complejidad lo justifiquen, el responsable del fichero podrá solicitar del afectado la especificación de los ficheros respecto de los cuales quiera ejercitar el derecho de acceso, a cuyo efecto deberá facilitarle una relación de todos ellos. 3. El derecho de acceso es independiente del que otorgan a los afectados las leyes especiales y en particular la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2
3 Cuando el derecho ya haya sido ejercitado en los doce meses anteriores a la solicitud salvo que se acredite un interés legítimo. Cuando así lo prevea una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa. Cuando una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa impida al responsable del fichero revelar a los afectados el tratamiento de datos a que se refiere el acceso. En caso de que no se disponga de datos del afectado, aunque habrá que comunicarle esta circunstancia. Asimismo, el derecho de acceso será denegado cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del afectado y no se acreditase la representación (art RDLOPD 3 ) y cuando la solicitud no cumpla las condiciones establecidas en el artículo 25 RDLOPD 4 (identificación del interesado mediante nombre y apellidos, copia del DNI o documento equivalente, acreditación de la representación en caso de que actúa a través de tercero y de la identidad del representante, petición concreta, dirección a efectos de notificación y, en su caso, documentación acreditativa de su petición) y no sea subsanada tras ser advertido de ello por el responsable del fichero (art RDLOPD) 5. 3 Art. 23 RDLOPD: Carácter personalísimo 3. Los derechos serán denegados cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del afectado y no se acreditase que la misma actúa en representación de aquél. 4 Artículo 25 RDLOPD: Procedimiento 1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable del fichero, que contendrá: Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica identificativa del afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente. El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica aplicable a la comprobación de datos de identidad por las Administraciones Públicas en los procedimientos administrativos. Petición en que se concreta la solicitud. Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso. 2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros. 3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos. ( ) 5 Artículo 24 RDLOPD: Condiciones generales para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 5. El responsable del fichero o tratamiento deberá atender la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición ejercida por el afectado aún cuando el mismo no hubiese utilizado el procedimiento establecido específicamente al efecto por aquél, siempre que el interesado haya utilizado un medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud, y que ésta contenga los elementos referidos en el párrafo 1 del artículo siguiente. 3
4 Igualmente, no procederá el derecho de acceso si los datos se encuentran bloqueados o cancelados 6 ya que estarán reservados para atender posibles responsabilidades legales o contractuales nacidas del tratamiento y a disposición únicamente de las administraciones públicas, jueces y tribunales. Resumen de las causas de denegación: Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del afectado y no se acreditase la representación (art RDLOPD) Cuando la solicitud no cumpla las condiciones establecidas en el artículo 25 RDLOPD y no sea subsanada tras ser advertido de ello por el responsable del fichero (art in fine RDLOPD) Cuando el derecho ya haya sido ejercitado en los doce meses anteriores a la solicitud salvo que se acredite un interés legítimo (art RDLOPD y 15.3 LOPD). Cuando así lo prevea una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa (art RDLOPD). Cuando una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa impida al responsable del fichero revelar a los afectados el tratamiento de datos a que se refiere el acceso (art RDLOPD). Cuando no se disponga de datos del afectado, aunque habrá que comunicarle esta circunstancia (art RDLOPD). 6 Art. 4.6 y 16 LOPD: Calidad de los datos y Derecho de rectificación y cancelación, respectivamente; y art. 5.1.b), 8.6 y 8.7 RDLOPD: Calidad de los datos Art. 4.6 LOPD: Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados. Art LOPD: La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. Art. 5.1b) RDLOPD: Cancelación: Procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en el uso de los datos. La cancelación implicará el bloqueo de los datos, consistente en la identificación y reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la supresión de los datos. Art. 8.6 y 7 RDLOPD: 6. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. No obstante, podrán conservarse durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado. Una vez cumplido el período al que se refieren los párrafos anteriores, los datos sólo podrán ser conservados previa disociación de los mismos, sin perjuicio de la obligación de bloqueo prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente reglamento. 7. Los datos de carácter personal serán tratados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, en tanto no proceda su cancelación. 4
5 Cuando los datos hayan sido cancelados (art. 4.6 y 16.3 LOPD, 31.2 RDLOPD) El plazo máximo para resolver la solicitud de acceso y comunicar al interesado si se le otorga o deniega (motivadamente) dicho acceso es de un mes desde la recepción de la solicitud. En caso de que se conceda el acceso solicitado, la información sobre sus datos puede facilitarse al interesado en la propia comunicación o, como máximo, dentro de los 10 días hábiles 7 siguientes a dicha comunicación (art. 29 RDLOPD 8 ). 1.1 Particularidades del derecho de acceso a los ficheros de Videovigilancia Los ficheros de videovigilancia presentan algunas particularidades en cuanto a la solicitud que debe contener, además de la identidad y demás circunstancias del solicitante, una imagen actualizada, y en cuanto al modo de facilitar o atender el derecho de acceso que puede facilitarse mediante escrito certificado en el que, con la mayor precisión posible y sin afectar a derechos de terceros, se especifiquen los datos que han sido objeto de tratamiento (art.5 9 de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de 7 Art. 6: Cómputo de plazos En los supuestos en que este reglamento señale un plazo por días se computarán únicamente los hábiles. Cuando el plazo sea por meses, se computarán de fecha a fecha. 8 Art. 29 RDLOPD: Otorgamiento del acceso 1. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición de acceso, el interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo. 2. Si la solicitud fuera estimada y el responsable no acompañase a su comunicación la información a la que se refiere el artículo 27.1, el acceso se hará efectivo durante los diez días siguientes a dicha comunicación. 3. La información que se proporcione, cualquiera que sea el soporte en que fuere facilitada, se dará en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos. Dicha información comprenderá todos los datos de base del afectado, los resultantes de cualquier elaboración o proceso informático, así como la información disponible sobre el origen de los datos, los cesionarios de los mismos y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron los datos. 9 Artículo 5 Instrucción 1/2006: Derechos de las personas. 1. Para el ejercicio de los derechos a los que se refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el/la afectado/a deberá remitir al responsable del tratamiento solicitud en la que hará constar su identidad junto con una imagen actualizada. El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley Orgánica y su normativa de desarrollo. 2. El responsable podrá facilitar el derecho de acceso mediante escrito certificado en el que, con la mayor precisión posible y sin afectar a derechos de terceros, se especifiquen los datos que han sido objeto de tratamiento. 3. El/la interesado/a al que se deniegue total o parcialmente el ejercicio de los derechos señalados en el párrafo anterior, podrá reclamar su tutela ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos. 5
6 sistemas de cámaras o videocámaras). Por tanto, se puede entender atendido el derecho de acceso mediante la entrega del certificado señalado no siendo necesaria la visualización de las imágenes por el afectado. Adicionalmente, según las circunstancias de cada caso, la visualización de las imágenes puede afectar el derecho a la protección de datos de terceros que también aparezcan en las imágenes (otras personas identificables). Estos ficheros también presentan particularidades en cuanto a su cancelación. En concreto, los datos (las imágenes) serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación (art de la Instrucción 1/2006). Es necesario recordar en este punto que la cancelación es el procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en el uso de los datos y que implica el bloqueo de los datos, consistente en la identificación y reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades. Transcurrido ese plazo de prescripción deberá procederse a la supresión de los datos (art. 5.1.b) 11 RDLOPD). Informe 0313/2008 del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos: <<A mayor abundamiento es preciso destacar que el plazo de un mes que en la Instrucción se establece para cancelar las imágenes, no es arbitrario, dado que se ha optado por seguir el mismo criterio que el fijado en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos, que en su artículo 8 señala que Las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación. Por otro lado la instrucción señala expresamente en el artículo 6 que los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación, quiere esto decir que una vez transcurrido dicho plazo las imágenes deberán de ser canceladas, lo que implica el bloqueo de las mismas pues así lo establece, la Ley Orgánica 15/1999 que en el artículo 16.3 señala que la cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.>> 10 Artículo 6 Instrucción 1/2006: Cancelación. Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación. 11 Art. 5.1 RDLOPD: Definiciones b. Cancelación: Procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en el uso de los datos. La cancelación implicará el bloqueo de los datos, consistente en la identificación y reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la supresión de los datos. 6
7 1.2 Particularidades del derecho de acceso a las Historias Clínicas El derecho de acceso a la historia clínica se regula de manera específica en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y presenta algunas particularidades en cuanto a su objeto, contenido y alcance respecto al régimen de la LOPD antes expuesto. Así, el derecho de acceso a la historia clínica tiene por objeto acceder a la documentación que obra en la historia e incluye el derecho a obtener copia de los datos que figuren en ella (art y 2 de la Ley 41/2002) 12. El acceso puede verse limitado 13 por: la existencia en la historia clínica de datos de terceras personas por tener interés terapéutico para el propio paciente. Estos datos de terceros incluidos en la historia clínica del paciente están protegidos por la normativa de protección de datos de carácter personal y la sanitaria, y por tanto debe garantizarse su confidencialidad. En consecuencia, en la información facilitada al paciente que ejercita su derecho de acceso a su historia clínica no se incluirán los datos de tales terceros. la existencia en la historia clínica de anotaciones subjetivas de los profesionales que han participado en su elaboración, es decir, de profesionales que han tratado al paciente, y que se oponen a que tales anotaciones sean conocidas por el paciente. Como puede observarse esta limitación no es absoluta puesto que sólo existirá si los profesionales se oponen a que se faciliten a los pacientes las anotaciones subjetivas que han incorporado a su historia clínica. En ambos casos por tanto, el derecho de acceso del paciente a su historia clínica tiene como límite el respeto de los derechos de los terceros, si bien el primer supuesto derecho a la confidencialidad de los datos de los terceros que figuren en la historia) es bastante más evidente y pacífico que el segundo (derecho de reserva a las anotaciones subjetivas de los profesionales sanitarios) puesto que la Ley 41/2002 no especifica qué debe entenderse por anotación subjetiva. Otra particularidad del derecho de acceso a la historia clínica es que puede ser ejercitado respecto a datos de terceras personas fallecidas (la normativa de protección de datos de 12 Artículo y 2 Ley 41/2002: Derechos de acceso a la historia clínica. 1. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos. 2. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente acreditada. 13 Artículo 18.3 Ley 41/2002: Derechos de acceso a la historia clínica. 3. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas. 7
8 carácter personal excluye esta posibilidad en el art. 2.4 del RDLOPD 14 ) si bien deben cumplirse una serie condiciones y restricciones previstas en el art de la Ley 41/ que el solicitante esté vinculado al fallecido por razones familiares o de hecho y que el fallecido no lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. cuando el acceso esté motivado por un riesgo para la salud del solicitante aquél se limitará a los datos pertinentes. No se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros. En todo caso, no se podrá facilitar información que afecte: o a la intimidad del fallecido o o a las anotaciones subjetivas de los profesionales perjudique a terceros Una vez más lo problemático en estos casos será determinar quién debe valorar estas circunstancias y cuándo concurren. En lo no previsto en la Ley 41/2002 respecto al derecho de acceso será de aplicación la normativa de protección de datos de carácter personal. 2 El derecho de acceso a datos personales versus el derecho de acceso a expedientes, registros y archivos administrativos El derecho de acceso previsto en la normativa de protección de datos de carácter personal es diferente en cuanto a su objeto, alcance, finalidad, contenido y requisitos del derecho de acceso previsto en la normativa reguladora del régimen y el procedimiento administrativo (acceso a expedientes, registro y archivos administrativos) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así lo establece la propia normativa de protección de datos al disponer en el artículo 27.3 RDLOPD que El derecho de acceso es independiente del que otorgan a los afectados las leyes especiales y en particular la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Sin ánimo de ser exhaustivo, en la siguiente tabla se describen algunas de las características diferenciadoras de uno y otro: 14 Art. 2.4 RDLOPD: Ámbito objetivo de aplicación 4. Este reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas. ( ) 15 Art Ley 41/2002: Derecho de acceso a la historia clínica 4. Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier caso el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. No se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros. 8
9 Aspecto Normativa reguladora Derecho de acceso LOPD LOPD, arts. 15, 17 y 18 RDLOPD, arts. 23 a 30 Derecho de acceso Ley 30/1992 Art. 35.A) Ley 30/1992 expedientes en tramitación. Art.35.H) y 37 Ley 30/1992, registros y archivos respecto de expedientes terminados. Arts. Relacionados: 84.1 (trámite de audiencia) y 135 (derechos del presunto responsable en procedimientos sancionadores) de la Ley 30/1992. Se regirán por sus disposiciones específicas el acceso a: archivos sometidos a normativa sobre materias clasificadas; documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes; archivos regulados por la legislación del régimen electoral; archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública; Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros de carácter público cuyo uso esté regulado por una Ley; documentos obrantes en los archivos de las Administraciones Públicas por parte de las personas que ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea legislativa de Comunidad Autónoma o de una Corporación Local; fondos documentales existentes en los Archivos Históricos (art Ley 30/1992). Objeto Solicitar y obtener información de En expedientes en 9
10 sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos (art LOPD y 27.1 RDLOPD) Alcance Acceso a los propios datos (art LOPD y 27.1 RDLOPD) tramitación: a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos (art. 35.A) Ley 30/1992). En expedientes terminados: acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren (art. 37 Ley 30/1992). Acceso a datos propios y de terceros siempre que exista interés legítimo (art. 37 Ley 30/1992). Requisitos, carácter, forma y límites Requisitos de la solicitud: comunicación dirigida al responsable del fichero, que contenga: a) Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su DNI u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación; b) Petición en que se concreta la solicitud; c) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante; d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso (art. 25 RDLOPD) Tiene carácter gratuito (art LOPD). Excepción: si el Conlleva el derecho a obtener copia o certificado de los documentos accedidos (art Ley 30/1992). Requisitos de la solicitud: petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias (art Ley 30/1992). Tiene carácter gratuito. Excepción: la obtención de copias o certificados de los documentos examinados puede implicar el previo pago de las exacciones que se hallen legalmente establecidas (art Ley 30/1992). 10
11 responsable ofreciera un procedimiento para hacer efectivo el derecho de acceso y el afectado exigiese que el mismo se materializase a través de un procedimiento que implique un coste desproporcionado, surtiendo el mismo efecto y garantizando la misma seguridad el procedimiento ofrecido por el responsable, serán de cuenta del afectado los gastos derivados de su elección (art RDLOPD) Límite: datos del propio interesado (art LOPD y 27.1 RDLOPD). Límites: En expedientes en tramitación: tener la condición de interesado (art. 35.A) Ley 30/1992). En terminados: expedientes (i) el acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas, está limitado a los propios interesados (art Ley 30/1992). (ii) El acceso a los documentos de carácter nominativo que no incluyan otros datos pertenecientes a la intimidad y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo. Excepción: que se trate de procedimientos sancionadores o disciplinarios (art Ley 30/1992). Causas denegación de (i) Cuando la solicitud sea formulada por persona distinta del afectado y no se acreditase la representación (art RDLOPD) (ii) Cuando la solicitud no cumpla las condiciones establecidas en el artículo 25 RDLOPD y no sea subsanada tras ser advertido de ello por el responsable del fichero (art in fine RDLOPD) (iii) peticiones que no afecten a la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos (art Ley 30/1992). (i) cuando prevalezcan razones de interés público, debiendo, en este caso, el órgano competente dictar resolución motivada (art Ley 30/1992) (ii) por intereses de terceros más dignos de protección, debiendo, en este caso, el órgano competente dictar 11
12 (iii) Cuando el derecho ya haya sido ejercitado en los doce meses anteriores a la solicitud salvo que se acredite un interés legítimo (art RDLOPD y 15.3 LOPD). (iv) Cuando así lo prevea una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa (art RDLOPD). (v) Cuando una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa impida al responsable del fichero revelar a los afectados el tratamiento de datos a que se refiere el acceso (art RDLOPD). (vi) Cuando no se disponga de datos del afectado, aunque habrá que comunicarle esta circunstancia (art RDLOPD). (vii) Cuando los datos hayan sido cancelados (art LOPD, 31.2 RDLOPD) resolución motivada (iii) cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en este caso, el órgano competente dictar resolución motivada. (art Ley 30/1992) (iv) Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo (art Ley 30/1992) (v) Los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado (art Ley 30/1992) (vi) Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando (art Ley 30/1992) (vii) Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial (art Ley 30/1992) Plazo para resolver Un (1) mes desde la recepción de la solicitud para resolver. Si la solicitud fuera estimada y el responsable no acompañase a su comunicación la información, el acceso se hará efectivo durante los diez (10) días (viii) Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria (art Ley 30/1992) Si el procedimiento está regulado en norma específica: el plazo será el que ésta indique, aunque no podrá exceder de seis (6) meses, salvo que una Ley o 12
13 hábiles siguientes a dicha comunicación. (art.29 RDLOPD). norma comunitaria establezca plazo mayor (art Ley 30/1992) Si no existe una regulación específica: el plazo máximo para resolver será de tres (3) meses desde que la solicitud tuvo entrada en el órgano competente para su tramitación (art b)) Vías de reclamación Reclamación del afectado ante la AEPD para la tutela de derechos (art. 18 LOPD, 29.1 RDLOPD). Plazo máximo de resolución 6 meses. Carácter del silencio administrativo: positivo. (art LOPD y 117 y ss RDLOPD) Carácter del silencio administrativo: positivo salvo Ley, o norma de derecho comunitario, que disponga otra cosa por razones imperiosas de interés general (art Ley 30/1992) Recurso administrativo (de alzada o reposición) y contencioso administrativo (art. 107 y ss. Ley 30/1992) Contra la Resolución que dicte la AEPD cabe recurso contenciosoadministrativo (art LOPD) 2.1 Especial referencia a la administración electrónica La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica (art. 1). Esta Ley abre por tanto la puerta a una nueva vía para ejercitar: el derecho de acceso a los datos personales regulado en la normativa de protección de datos de carácter personal (LOPD y RDLOPD fundamentalmente) cuando tal derecho se ejercita frente a una Administración pública obviamente. 13
14 el derecho de acceso a expedientes, registro y archivos administrativos regulado en la Ley 30/1992 con carácter general. La vía electrónica no altera el régimen jurídico de cada uno de estos derechos pero sí exige la adopción de las medidas necesarias para que quede garantizada la identificación, la autenticidad, la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad, y la conservación de los datos y servicios gestionados por esta vía (art. 1 Ley 11/2007) 16. Referencias: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. [arts.4.5, 4.6,15,17 y 18] Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. [arts. 5.1.b), 8.6, 8.7, 23 a 30] Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.[art. 6] Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.[art. 18] Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.[art. 35, 37, 42, 43, 84.1 y 107 y ss.] Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. [1] Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre de 2000 [STC 292/2000 Informe 0313/2008 del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos 16 Artículo 1 Ley 11/2007: Objeto de la Ley 1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica. 2. Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias. 14