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Timestamp: 2019-05-24 07:22:53
Document Index: 220792736

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12']

﻿ DECRETO 4089 DE 2007
DECRETO 4089 DE 25 DE OCTUBRE DE 2007
CONTENIDO:MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. ADOPTA EL MARCO TARIFARIO QUE FIJA LAS TARIFAS QUE PUEDEN COBRAR LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN Y/O ARBITRAJE, CONCILIADORES Y ÁRBITROS, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA REGULAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEROGA EL DECRETO 1000 DE 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORGANISMOS DE NOTARIADO Y REGISTRO, FUNCIÓN NOTARIAL, ORGANISMOS COMERCIALES, SOCIEDAD, PROCEDIMIENTO LABORAL
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1323 DE NOVIEMBRE 30 DE 2007, PG.743
DECRETO 4089 DE 2007
“Por el cual se adopta el marco que fija las tarifas para los centros de conciliación y/o arbitraje, conciliadores y árbitros, y se dictan otras disposiciones para regular el adecuado funcionamiento del sistema nacional de conciliación y arbitraje”.
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 4º, 9º y 41 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 93 de la Ley 23 de 1991,
Que el sistema de tarifas establecida en el Decreto 1000 de 2007 debe ser ajustado para que se mejore el acceso a la conciliación y el arbitraje de los ciudadanos y procure la sostenibilidad de los centros de conciliación y/o arbitraje;
ART. 1º—Tarifas máximas. Adoptar como tarifas máximas que podrán cobrar los centros de conciliación remunerados, los notarios y los conciliadores por la prestación del servicio de conciliación, tomando como base el valor de las diferencias objeto del conflicto las siguientes:
Cuantía Tarifa
Desde 0 y hasta $5.000.000 9 smdlv
De $5.000.001 hasta $7.500.000 13 smdlv
De $ 7.500.001 hasta $10.000.000 16 smdlv
De $ 30.000.001 en adelante 3,5%
PAR.—La tarifa máxima permitida para la prestación del servicio de conciliación será de treinta salarios mínimos mensuales vigentes (30 smmlv) en donde el sesenta por ciento (60%) corresponderá al conciliador y el cuarenta por ciento (40%) corresponderá al centro.
ART. 3º—Asuntos cuantía indeterminada. Cuando se trate de asuntos de cuantía indeterminada el valor será máximo de 14 smdlv. Así mismo, si en el desarrollo de la conciliación la cuantía de las pretensiones es determinada, se deberá liquidar la tarifa conforme a lo establecido en el artículo 1º del presente decreto.
ART. 4º—Encuentros adicionales de la audiencia de conciliación. Si las partes en conflicto y el conciliador de mutuo acuerdo realizan más de tres encuentros de la audiencia de conciliación, por cada encuentro adicional se podrá cobrar como máximo hasta un veinte por ciento (20%) liquidado sobre la tarifa inicialmente señalada, conforme a lo establecido en el artículo 1º del presente decreto.
ART. 5º—Aplicación del marco tarifario para conciliadores de centros de conciliación y notarios. Las tarifas establecidas en el presente decreto son de obligatorio cumplimiento para los conciliadores de los centros de conciliación. Los notarios cobrarán las tarifas correspondientes a los conciliadores de los centros de conciliación.
PAR.—Los centros de conciliación de las entidades públicas y los consultorios jurídicos de las facultades de derecho, así como sus conciliadores abogados, estudiantes y judicantes, deberán atender con prioridad a las personas a las que se refiere el parágrafo 1º del artículo 22 del presente decreto.
PAR.—Los funcionarios públicos que la ley habilita y autoriza para ser conciliadores en derecho, deberán atender con prioridad a las personas a las que se refiere el parágrafo 1º del artículo 22 del presente decreto.
ART. 9º—Registro de actas, control de constancias y archivo de los antecedentes de conciliación. Los centros de conciliación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán cobrar como máximo a los usuarios por el registro que realizan a las actas de conciliación, el control a las constancias que expida el conciliador y por el archivo y custodia de los antecedentes de las conciliaciones hasta el diez por ciento (10%) de un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) solamente en las conciliaciones que realicen los conciliadores a prevención.
ART. 10.—Aplicación de las tarifas para conciliación. Las tarifas reglamentadas en el presente decreto para la conciliación deberán ser cobradas al presentar la solicitud de conciliación, y salvo que los reglamentos internos de los centros de conciliación establezcan lo contrario, no son reembolsables para el solicitante. Las tarifas de conciliación no dependen del resultado de la misma.
ART. 11.—Gastos iniciales. Con la presentación de cualquier convocatoria a tribunal de arbitramento, la parte convocante deberá cancelar a favor del centro, los siguientes valores:
ART. 12.—Marco tarifario para centros de arbitraje, árbitros y secretario de tribunal de arbitramento. La tarifa máxima que pueden cobrar los centros de arbitraje de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, los árbitros y el secretario del tribunal de arbitramento por sus funciones, será como se establece a continuación:
Cuantía del proceso no superior a $6.000.000.00: 40 smdlv
Cuantía de $6.000.001 a $100.000.000.00: 13%
Cuantía de $100.000.001 a $300.000.000.00: 9%
Cuantía de $300.000.001 a $500.000.000.00: 8%
Cuantía de $500.000.001 a $1.000.000.000.00: 7%
Mayor a $1.000.000.001.00 6%
PAR. 1º—La anterior tarifa se distribuirá de la siguiente manera:
PAR. 2º—La anterior liquidación se efectuará sin perjuicio de las sumas adicionales que decrete el tribunal por protocolización y otros gastos que serán de cargo de las partes en la forma que determine el tribunal.
ART. 13.—Tarifas máximas para centros de arbitraje, árbitros y secretarios de tribunal de arbitramento. En ningún caso la tarifa por un arbitraje a que se refiere el artículo 12 del presente decreto podrá ser superior a los máximos establecidos a continuación:
Un árbitro. Mil ochocientos salarios mensuales legales vigentes (1.800 smmlv).
El centro de arbitraje. Quinientos cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (550 smmlv).
El secretario del tribunal de arbitramento. Novecientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (900 smmlv).
ART. 14.—Liquidación de las tarifas de arbitraje. Respecto de los trámites arbitrales de carácter legal e institucional, para efectos de la liquidación de la tarifa de arbitraje a que se refiere el artículo 12 del presente decreto, el tribunal de arbitramento se fundamentará para la liquidación de las tarifas en la cuantía de las pretensiones del conflicto, es decir, después de establecida la relación jurídica procesal, de admitida la demanda y materializada su contestación, y si fuere el caso, después de aceptada la demanda de reconvención y de contestada la misma.
ART. 15.—Asuntos de cuantía indeterminada. Los arbitrajes donde la cuantía de las pretensiones del conflicto sea indeterminada se asimilarán a los de mayor cuantía conforme a la ley y la distribución de la tarifa se efectuará de conformidad a lo establecido en los artículos 12 y 17 del presente decreto.
ART. 16.—Reliquidación de la tarifa de arbitraje. En los casos donde la cuantía de las pretensiones del conflicto sea aumentada en el desarrollo del arbitraje, se podrá liquidar la tarifa conforme a lo establecido en los artículos 12 y 17 del presente decreto.
ART. 17.—Tarifa de honorarios del árbitro único. En los casos donde el arbitraje se lleve a cabo con un solo árbitro, las tarifas aplicables serán las establecidas en los artículos 12 y 15 del presente decreto para el árbitro, la cual podrá aumentarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) de la tarifa liquidada.
ART. 18.—Aplicación del marco tarifario de arbitraje. Las tarifas establecidas en el artículo 12 del presente decreto son de obligatorio cumplimiento para los arbitrajes legales e institucionales.
ART. 19.—Aplicación de las tarifas para centros de arbitraje. Las tarifas para centros de arbitraje a que se refiere el presente decreto comprenden la utilización de toda la ayuda logística, técnica y física que ofrezca el centro en días hábiles y hasta por seis (6) meses, contados a partir de la instalación del tribunal de arbitramento. Si el funcionamiento del tribunal de arbitramento excede del término mencionado o requiere sesionar en días no hábiles, el centro de arbitraje podrá cobrar adicionalmente el reajuste que corresponda.
ART. 20.—Protocolización de expedientes de tribunales de arbitramento. En lo que respecta a bienes sujetos a registro, el tribunal de arbitramento ordenará la protocolización del expediente en la notaría del círculo que corresponda al lugar donde funcionó el tribunal, y la tarifa aplicable para los notarios será la de las normas vigentes para protocolización.
ART. 21.—Régimen tributario de la conciliación y el arbitraje. Las funciones que desarrollan los centros de conciliación y/o arbitraje, conciliadores, árbitros y secretarios de tribunales de arbitramento se sujetarán a las normas legales vigentes en materia tributaria.
ART. 22.—Función social de los centros de conciliación y notarios. Los centros de conciliación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, sus conciliadores y notarios, deberán adelantar semestralmente en forma gratuita, cuando se trate de audiencias sobre asuntos respecto de los cuales la ley exija el cumplimiento del requisito de procedibilidad, un número mínimo de trámites conciliatorios equivalentes al cinco por ciento (5%) del total de conciliaciones que tramitaron onerosamente realizadas durante el semestre inmediatamente anterior, siempre y cuando el interesado acredite los requisitos contemplados en el parágrafo 1º del presente artículo.
PAR. 1º—Requisitos para acceder a las conciliaciones gratuitas de los centros de conciliación, sus conciliadores y notarios. Tendrán prelación para acceder de forma gratuita al trámite conciliatorio a que se refiere el presente artículo, los interesados que residan en áreas definidas oficialmente como de estratos 1, 2 y 3 o en la zona rural, siempre que su capacidad económica no les permita acceder a los servicios de estos centros, conciliadores o notarios, o cumplir con cualquiera de las siguientes características:
— Pertenecer al Sisbén.
— Pertenecer a minorías étnicas, siempre y cuando su capacidad económica no le permita acceder a los operadores de la conciliación a los cuales se les autoriza una tarifa.
ART. 23.—Sanciones por violación de las tarifas de conciliación y arbitraje. Los centros de conciliación y/o arbitraje y notarías, que violen el marco tarifario que reglamenta el presente decreto serán investigados y sancionados con multa de hasta doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 smmlv) por el Ministerio del Interior y de Justicia.
Los conciliadores, árbitros y secretarios del tribunal de arbitramento y notarios, que violen el marco tarifario que reglamenta el presente decreto serán investigados por los centros de conciliación y/o arbitraje a los cuales pertenezcan y serán sancionados de acuerdo a lo establecido en su reglamento interno.
ART. 24.—Todos los centros de conciliación y/o arbitraje que hasta la fecha se encuentren autorizados para su funcionamiento por el Ministerio del Interior y de Justicia deberán adecuar las tarifas de sus reglamentos internos a lo establecido en el presente decreto para aprobación del Ministerio del Interior y de Justicia, sin perjuicio de la aplicación inmediata del presente decreto.
Estas tarifas se aplicarán a las solicitudes que sean radicadas con posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.
ART. 25.—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 1000 de 2007 y demás normas que le sean contrarias.