Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/DERECHOS%20SEXUALES%20Y%20REPRODUCTIVOS%20DE%20LAS%20MUJERES.PHP
Timestamp: 2017-05-27 06:21:06
Document Index: 344331052

Matched Legal Cases: ['artículo 345', 'Artículo 124', 'artículo 34', 'artículo 123', 'artículo 124', 'artículo 32', 'artículo 122', 'artículo 32', 'artículo 122', 'artículo 123', 'artículo 124', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 23']

Inicio Comunicados Orden del día La Corte Funciones Reglamento interno Normatividad Principios Reguladores Directorio Magistrados actuales Magistrados anteriores Relatoría Secretaría General Salas de Revisión 2016 Consulta de Procesos Main Decisions DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES REPÚBLICA DE COLOMBIA
REFERIDAS A DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES
DEMANDADA - TEMA
1994-03-17 C-133/94
BARRERA CARBONELL D-386 Decreto
100 de 1980 (código penal), articulo 343. Aborto. Derecho del nasciturus.
Derecho a la autonomía procreativa. Exequible
1994-07-27 T-341/94
a la salud. Derecho a la familia. Derecho a la igualdad. Medio de defensa
judicial. Tratamiento de fertilidad. Copiloto de Avianca despedida. Negada
1997-01-23 C-013/97
GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO D-1336
Y OTRO Decreto
100 de 1980 (código penal) artículos 328, 345, 347 y 348. Penalización del
aborto. Exequibles
1997-02-26 C-087/97
MORÓN DÍAZ D-1396 Decreto
100 de 1980 (código penal) artículos 17, 72, 74, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 92,
100, 101, 109, 157, 324, 345 y 374 (parciales). Aborto en circunstancias
específicas. Exequibles e inexequibles.
1997-04-24 C-213/97
CIFUENTES MUÑOZ D-1475 Decreto
100 de 1980. (Código penal) artículo 345. Penalización del aborto. Estarse a
lo resuelto en la c-013/97
T-1104/00
NARANJO MESA T-298342
de petición. Sustracción de materia. Derecho a la vida e integridad personal
a la salud y a la seguridad social. Posibilidad de ser madre biológica.
Tratamiento contra la infertilidad. Hecho consumado. Negada
C-647/01
BELTRÁN SIERRA D-3292 Ley 599
de 2000. Artículo 124. Parg. Código penal. Aborto. Circunstancias de
atenuación punitiva. Exclusión y extinción de la punibilidad. Exequible
2001-07-03 T-689/01
CÓRDOBA TRIVIÑO T-430400
a la vida salud y seguridad pública. Improcedencia de la tutela en cuanto los
tratamientos de fertilidad están excluidos del plan obligatorio de salud.
Seguridad social y salud como derechos de segunda generación. Límites del
plan obligatorio de salud. Negada
2002-03-19 C-198/02
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ D-3664 Ley 599
de 2000. Art. 124. Parag. Código penal. Circunstancias de atenuación
punitiva. Aborto. Exclusión de responsabilidad. Identidad y consecutividad en
trámite legislativo. Comisión accidental de conciliación. Fundamentos.
Limites a su actuación. Exequible
2002-07-25 T-572/02
GERARDO MONROY CABRA T-570403
igualdad integridad física y confianza legítima. Solicitud suministro
medicamentos para tratamiento de infertilidad excluido del pos. Continuidad
en la prestación del servicio. Acción de repetición. Concedida
T-946/02
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 629410
Derecho a la salud y
seguridad social. Solicitud tratamiento de fertilidad e intervención
quirúrgica no incluidos en el pos. Otra opción para la conformación del
núcleo familiar. Negada
2003-06-19 T-512/03
T-382014
vida. Solicitud atención médica. Tratamiento de infertilidad no incluido en el
pos. Problema físico orgánico que impide la fecundación. Negada
2004-03-12 T-242/04
CÓRDOBA TRIVIÑO T-805290
dignidad humana integridad física. Solicitud tratamiento de fertilidad no
incluido en el pos. Ausencia de temeridad. Devolución dinero. Negada
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA D-4866
2004-09-16 T-901/04
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ T-926393
social en conexidad con el derecho a la vida digna de afiliada a quien le
diagnosticaron miomas uterinos pero para la intervención quirúrgica debe
someterse a un tratamiento no pos ordenado por médico tratante que la EPS
se niega a prestarle. Concedida
2005-05-24 C534/05
ANTONIO SIERRA PORTO D-5460
su llegada a la pubertad con los efectos jurídicos que ello comprende. Respecto
de la incapacidad absoluta. Integración normativa entre el artículo 34 del
código civil con las demás disposiciones demandadas y la expresión que
Configuración del legislador para determinar edad a partir de que se pueden obligar
las personas y alcance de la resolución de la corte. Inexequible e inhibida
2006-05-10 C-355/06
ARAUJO RENTERÍA Y CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ D-6122
Y OTROS Ley 599
de 2000 artículos 122 123 (parcial) y 124 modificados por el art. 14 de la
ley 890 de 2004; y 32 numeral 7 de la ley 599 de 2000 código penal. Aborto
sin consentimiento circunstancias de atenuación punitiva y ausencia de
responsabilidad penal. Casos en que no constituye delito. Los demandantes
consideran que las normas demandadas violan el derecho a la dignidad la
autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad establecidos
en el preámbulo los artículos 1° 11 12 13 15 16 42 43 49 y 93 numeral 2º de
la constitución política. Inexistencia de cosa juzgada material o formal
respecto de decisiones previas adoptadas por esta corporación. La cosa juzgada
material no puede ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia
sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente pues lo
contrario podría provocar inaceptables injusticias. Cuando existan razones de
peso que motiven un cambio jurisprudencial -tales como un nuevo contexto
fáctico o normativo- la corte constitucional puede apartarse de los
argumentos esgrimidos en decisiones previas e incluso también puede llegar a
la misma decisión adoptada en el fallo anterior pero por razones adicionales
o heterogéneas. La vida como un bien constitucionalmente relevante que debe
ser protegido por el estado colombiano y su diferencia con el derecho a la
vida. El derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha
titularidad como la de todos los derechos está restringida a la persona
humana mientras que la protección de la vida se predica incluso respecto de
quienes no han alcanzado esta condición. Para la corte el fundamento de la
prohibición del aborto radicó en el deber de protección del estado colombiano
a la vida en gestación y no en el carácter de persona humana del nasciturus y
en tal calidad titular del derecho a la vida. La vida y los tratados
internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de
constitucionalidad. De las distintas disposiciones del derecho internacional
de los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad no
se desprende un deber de protección absoluto e incondicional de la vida en
gestación. Los derechos fundamentales de las mujeres en la constitución
política colombiana y en el derecho internacional. Los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos
humanos y como tales han entrado a formar parte del derecho constitucional soporte
fundamental de todos los estados democráticos. De las normas constitucionales
e internacionales no se deduce un mandato de despenalización del aborto ni
una prohibición a los legisladores nacionales para adoptar normas penales en
este ámbito. El congreso dispone de un amplio margen de configuración de la
política pública en relación con el aborto. Límites a la potestad de
configuración del legislador en materia penal. El principio y el derecho
fundamental a la dignidad humana el derecho al libre desarrollo de la
personalidad la salud la vida y la integridad de las personas el bloque de
constitucionalidad la proporcionalidad y la razonabilidad como límites a la
libertad de configuración del legislador en materia penal. El aborto en el
derecho comparado. Inexequibilidad de la prohibición total del aborto de la
expresión "o en mujer menor de catorce años" del artículo 123 del
código penal así como de la disposición contenida en el artículo 124 del
código penal. Constitucionalidad del numeral 7 del artículo 32 del código
penal. El artículo 122 del código penal es exequible a condición de que se
excluyan de su ámbito las tres hipótesis que tiene carácter autónomo e
independiente ((i) cuando la continuación del embarazo constituya peligro
para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico; (ii) cuando
exista grave malformación del feto que haga inviable su vida certificada por
un médico; y (iii) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta
debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin
consentimiento abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo
fecundado no consentidas o de incesto). Exequible el artículo 32 numeral 7 de
la ley 599 de 2000; exequible condicionado el artículo 122 de la ley 599 de
2000; inexequible la expresión "o en mujer menor de catorce años.."
del artículo 123 de la ley 599 de 2000 e inexequible el artículo 124 de la
ley 599 de 2000 2007-08-03 T-605/07
ANTONIO SIERRA PORTO T-1582084
a la salud al libre desarrollo de la personalidad y a tener una familia de
afiliada a quien la entidad se niega a autorizarle la realización de una
intervención quirúrgica de infertilidad aduciendo que los tratamientos para
la infertilidad se encuentran excluidos del pos. Solicita se ordene autorizar
la cirugía obstructiva de las trompas de falopio y retiro de adherencias del
ovulo izquierdo. Protección del derecho a la salud por vía de la acción de
tutela. Los derechos sexuales y reproductivos desde el derecho internacional
de los derechos humanos y la jurisprudencia de la corte constitucional. Los
derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos reconocidos como tales
en diversos instrumentos internacionales así como en las conferencias
mundiales convocadas por las naciones unidas. Jurisprudencia constitucional
sobre la procedencia de la acción de tutela para reconocer prestaciones
comprendidas en la atención de la salud sexual y reproductiva excluidas del
pos. Supuestos facticos en los cuales la acción de tutela es el mecanismo
idóneo para obtener el tratamiento de infertilidad por parte de la EPS. En el
presente caso la tutela es procedente para ordenar la realización de la
cirugía prescrita. Requisitos jurisprudenciales para inaplicar disposiciones
por resultar contrarias a la constitución. Acción de repetición contra el
Fosyga. Concedida 2007-08-15 T-636/07
ANTONIO SIERRA PORTO T-1597440
a la salud, la protección sexual y reproductiva el respeto a la dignidad y el
libre desarrollo de la personalidad de afiliada beneficiaria que por causa de
embarazos que han terminado en aborto su médico le ordeno exámenes cariotipo
materno y cariotipo paterno que la entidad se niega a realizar aduciendo que
se trata de exámenes no incluidos en el pos. Solicita se ordene autorizar los
exámenes formulados. Protección del derecho constitucional a la salud por
acción de tutela. La protección del derecho a la salud incluye el derecho al
diagnóstico de conformidad con las reglas sentadas por la jurisprudencia
constitucional. Protección reforzada del derecho a la salud sexual y
reproductiva: en el ordenamiento jurídico interno y en el ámbito
internacional. Jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela
para reconocer prestaciones comprendidas en la atención de la salud sexual y
reproductiva excluida del pos. En el presente caso al abstenerse de practicar
la prueba prescrita por la médica tratante la entidad demandada desconoció el
derecho al examen diagnóstico y vulnero el derecho a la protección de la
salud sexual y reproductiva de la peticionaria. Acción de repetición contra
el Fosyga. Concedida 2007-11-09 T-946/07
CÓRDOBA TRIVIÑO T-1663073
a la salud y la seguridad social en conexidad con la vida digna de afiliada a
quien le fue diagnosticado dolor pélvico y alta sospecha de endometriosis por
lo que le formularon el procedimiento de laparoscopia operatoria que la
entidad se niega a autorizar aduciendo que se trata de un procedimiento
excluido del pos. Solicita se ordene autorizar el procedimiento formulado por
su médico tratante. El derecho a la salud y su ámbito de protección por vía
de tutela. Supuestos para la procedencia de la acción de tutela. Alcance de
la acción de tutela en relación con tratamientos de fertilidad. Requisitos
para autorización de procedimientos medicamentos o tratamientos excluidos del
pos. En el presenten caso la sala considera que se presentan los elementos
necesarios para ordenar el procedimiento requerido por la peticionaria.
Acción de repetición contra el Fosyga. Concedida 2009-05-28
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO T-1569183
Dignidad humana, libre desarrollo
de la personalidad y salud en conexidad con la vida. Solicita el esposo en
calidad de accionante se ordene a la eps realizar el procedimiento de
interrupción del embarazo de su esposa, y la práctica de una prueba
genética y patológica sobre el feto, para solucionar los problemas que
tienen los accionantes para concebir hijos, ante la negativa del centro
médico respectivo, se interpone acción de tutela. La corte debido a la relevancia del asunto y pese a encontrarse frente a un
hecho superado, decide fallar el caso. Después de la recaudación de los
informes relacionados con el cumplimiento de la sentencia c-355/06,
relativos a las causales de despenalización del aborto, la corte procede a
pronunciarse sobre: los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en
los casos de interrupción voluntaria del embarazo, haciendo alusión a los
requisitos para que los centros de salud procedan a realizar la
interrupción del embarazo; y sobre la relevancia del consentimiento en el
caso de las menores de 14 años. En relación con el decreto reglamentario 4444/06, se hace un llamado para
que la mujer gestante pueda acceder a los servicios de salud en condiciones
de calidad y seguridad, respetando siempre sus derechos fundamentales. Se realiza un seguimiento
jurisprudencial de la sentencia c-355-06. Se dictan lineamientos, para que las mujeres puedan tener un libre acceso
para ejercer su derecho a la interrupción del embarazo, siempre dentro de
las causales previstas en la sentencia para el efecto. Objeción de conciencia y
alcances. La corte señala cómo debe llevarse a cabo, bajo que parámetros y
sobre todo se aclara que no se podrá realizar objeción de conciencia de
manera colectiva, como tampoco lo podrán efectuar personas jurídicas. El poder vinculante de las sentencias
de constitucionalidad. En la
parte resolutiva la corte dicta dos órdenes especiales: la primera dirigida
al ministerio de la protección social, al ministerio de educación nacional,
a la procuraduría general de la nación y a la Defensoría del Pueblo, para
que diseñen y pongan en movimiento campañas masivas de promoción de los
derechos sexuales y reproductivos de la mujer; y la segunda, a la
superintendencia nacional de salud para que adopte medidas con el fin de
que las EPS e IPS cuenten con el personal idóneo y suficiente para atender
el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, y se abstengan de
incurrir en exigencias adicionales e inadmisibles. 2010-03-23 T-226/10
GONZÁLEZ CUERVO T-2456849
Y OTROS Salud,
vida, familia, derechos sexuales y reproductivos. Se acumulan expedientes por
unidad de materia. Los accionantes solicitan se ordene a las EPS accionada
autorizar en forma integral y en las oportunidades que se requiera,
desarrollar un programa de fertilidad que incluya todos los tratamientos
necesarios, estén o no incluidos en el pos. La sala realiza un estudio de los
antecedentes jurisprudenciales respecto de tratamiento de infertilidad, se
recuerda que la protección excepcional que ha otorgado esta corporación en la
realización de un tratamiento de fertilidad, tiene como objeto esencial sanar
o curar la causa que produce la infertilidad, por cuanto lo que se ataca es
la enfermedad que afecta la salud, la vida o la integridad física de la
mujer, en estos eventos se ha concedido el amparo, pero en los casos
estudiados lo que se pretende es producir la fertilidad de manera externa a
la protección solicitada, por lo tanto se decide negar la protección de los
derechos invocados. Niega
2010-04-30 T-310/10
VICTORIA CALLE CORREA T-2570939 Salud, vida digna,
salud sexual femenina. La accionante solicita se ordene a su EPS, autorizar
la cirugía ordenada por su médico tratante denominada ninfoplastia que
consiste en la reconstrucción de sus labios vaginales ya que su sufre de
hipertrofia de labios menores, dicha cirugía le ha sido negada por el
comité técnico científico por no encontrarse incluida en el pos, además el
comité considera que no se evidencia el objetivo funcional del
procedimiento. La sala realiza un recuento jurisprudencial sobre las
cirugías plásticas, en casos reconstructivos y estéticos, se constata que
las evaluaciones llevadas a cabo por el médico tratante y avaladas por el comité
técnico científico no permiten establecer con claridad si el problema del
accionante es una cuestión que afecta gravemente su salud, por lo tanto se
ordena realizar una nueva valoración médica, considerando en forma especial
la salud reproductiva y sexual de la accionante y en caso de que el
servicio sea requerido ordenar su práctica. Concede. 2010-05-03 T-311/10
T-2497064 Salud,
vida digna. El accionante solicita se autorice un tratamiento de
fertilización in vitro, que fue ordenado por su médico tratante como única
solución para poder procrear, la EPS accionada se ha negado a brindarle dicho
tratamiento por encontrarse excluido del pos. La sala se pronuncia sobre el
ámbito de protección por vía de tutela del derecho a la salud, los requisitos
constitucionales para la inaplicación de las exclusiones del pos, realiza
reiteración de jurisprudencia sobre el alcance de la protección
constitucional en relación con tratamientos de fertilidad, se recuerda que no
es obligación del estado garantizar la procreación a través de los planes
obligatorios de salud, sin embargo el juez de primera instancia concedió el
amparo sin verificar la naturaleza de la prestación reclamada y sin tener en
cuenta el perfil socio económico del accionante quien se encuentra en estrato
cinco, en todo caso se observa la carencia actual de objeto ya que el
tratamiento fue llevado a cabo
2010-07-22 T-585/10
ANTONIO SIERRA PORTO T-2597513 Salud,
vida digna. La accionante comenta que tiene un embarazo de alto riesgo por lo
que solicitó ante la institución hospitalaria accionada la interrupción del
mismo, sin embargo la entidad le da cita para dentro de meses y su situación
es cada vez más precaria. La sala se pronuncia sobre la carencia actual de
objeto, se recuerda la sentencia c-355 de 2006 y las tres circunstancias
específicas de interrupción de embarazo, los requisitos para proceder a la
interrupción voluntaria del embarazo y su desarrollo jurisprudencial, el
derecho fundamental de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo
como derecho reproductivo y las correlativas obligaciones de respeto y
garantía en cabeza del estado y los promotores y prestadores del servicio de
salud, las consecuencias de la suspensión provisional del decreto 4444 de
2006 “por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud
sexual y reproductiva” respecto de las obligaciones del estado y de los
prestadores y promotores del servicio de salud, se hace evidente que el juez
de primera instancia abuso de su posición y abandonó su rol de operador
jurídico ya que en lugar de solucionar el problema jurídico realizó reproches
sobre la vida sexual y reproductiva de la accionante, se concluye que el
hospital accionado actuó de manera negligente ya que no se verificó el
peligro en que se encontraba la accionante debido a su embarazo, vulnerándole
además el derecho al diagnóstico, debido a que hubo una modificación en los
hechos que originaron la acción hace que se este frente a una carencia actual
de objeto, se previene al hospital accionado para que en adelante cuente con
un protocolo de diagnóstico rápido para aquéllos eventos en que los
profesionales de la salud advierten la posibilidad de que se configure la
hipótesis de peligro para la vida o salud de la madre o en los que la mujer
gestante, se ordena a la superintendencia nacional de salud que adopte las
medidas indispensables con el fin de que las empresas promotoras de salud y
las instituciones prestadoras de salud cuenten con un protocolo de
diagnóstico rápido debiendo ser este protocolo integral
2010-08-19 T-644/10
ERNESTO VARGAS SILVA T-2644626 Salud,
vida digna, familia. A la accionante, su EPS le autorizó un tratamiento de
fecundación in vitro, sin embargo la entidad accionada decidió abruptamente
no continuar con la prestación del servicio, solicita se ordene reestablecer
la continuidad, y se autoricen los medicamentos, ayudas diagnósticas, e
intervenciones quirúrgicas. La sala se pronuncia sobre el régimen de
seguridad social en salud aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el derecho fundamental a la
salud, sus limitaciones y alcance excepcional de la acción de tutela con
relación a los tratamientos de fertilidad, las subreglas que ha establecido
la jurisprudencia constitucional para inaplicar el plan obligatorio de salud
del régimen contributivo cuando la prestación del servicio se requiere con
necesidad, la aplicación analógica al plan de atención en salud que se brinda
a los docentes estatales, debido a que se encontró probado que a la actora le
había sido autorizada e iniciada la fertilización asistida, por lo tanto se
ordena continuar con el tratamiento, incluyendo todos los exámenes y
medicamentos requeridos, por solo una vez más, no se autoriza el recobro
contra el Fosyga ya que Cosmitet Ltda., autorizó
directamente el tratamiento de fertilización in vitro, y asumió el gasto del
servicio de salud excluido del pos. Concedida.
Dignidad humana, integridad personal, libre desarrollo de
la personalidad. La acción de tutela es presentada por el padre de una menor
de 12 años, que resultó embarazada como producto de una relación sexual
sostenida con su novio, un joven menor de edad de dieciséis años. Cuando la
menor tenía catorce semanas de gestación fue a la E.P.S. Demandada y luego de
valoración médica se expidió un certificado en el cual se señaló que existía
riesgo en la salud emocional y física de la gestante, por presentar
frustración y depresión y por peligro de complicaciones obstétricas. Tras
valoración psiquiátrica por parte de un profesional no adscrito a la e.ps.,
se diagnosticó que la menor presentaba una reacción depresivo/ansiosa al
embarazo no deseado, determinando que la continuación del mismo afectaba la
salud mental de la menor. A las quince semanas de gestación la
gineco-obstetra vinculada a la I.P.S. Certificó que la continuación del
embarazo representaba un riesgo para la salud física, mental y social de la
menor, por enfrentar los múltiples riesgos. La menor formuló varias
solicitudes para que le fuera realizada la interrupción voluntaria del
embarazo, pero no obtuvo respuesta alguna, ni le fue practicado el
procedimiento requerido. En sede de revisión la sala tuvo conocimiento de que
la menor embarazada dio a luz, hecho que configuró la carencia actual de
objeto por la ocurrencia de un daño consumado, pero aun así, la sala analizó
a profundidad el caso para establecer la procedencia del resarcimiento de
daños y la declaratoria de posibles responsabilidades. Entre otras medidas,
se decidió condenar en abstracto a la E.P.S. A pagar el daño emergente y
todos los perjuicios causados a la menor, los cuales debe reparar en su
integridad. De la misma forma se le previno para que en adelante responda
oportunamente las solicitudes de IVE y se abstenga de exigir requisitos
adicionales a los fijados en la sentencia c-355/06de manera general, se
sientan las bases sobre la obligatoriedad de reservar la identidad de las
mujeres que interponen acción de tutela para exigir su derecho fundamental a
la IVE. 2012-08-10
En este caso 1280 mujeres interpusieron la acción de tutela
en contra del procurador general de la nación y las procuradoras delegadas
para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia
y para la función pública, planteando el asunto como un caso de violación del
derecho a la información. Específicamente, como un caso de vulneración de una
de las dimensiones de este derecho, cual es la de recibir información veraz e
imparcial. Las demandantes sostienen que los accionados han emitido de manera
continua y sistemática una serie de pronunciamientos que incluyen información
inexacta o tergiversada, relacionada con los derechos reproductivos de las
mujeres, lo que produce confusión y desinformación generalizada. Plantearon
además, violaciones o amenazas a otros de sus derechos fundamentales,
básicamente a los reproductivos o a aquellos relacionados con éstos. La sala
dividió sus consideraciones según los siete asuntos respecto de los cuales
las peticionarias estiman amenazados o violados sus derechos fundamentales,
así: 1º. Las órdenes de la sentencia t-388/09, 2º. Los efectos de la nulidad
interpuesta en contra del mismo fallo, 3º. La naturaleza de la AOE
(anticoncepción oral de emergencia) 4º. El carácter de derecho de la IVE
(interrupción voluntaria del embarazo) y las obligaciones de la
superintendencia de salud frente al mismo, 5º. Los efectos de la suspensión
provisional del decreto 444 de 2006 en relación con la objeción de conciencia
a la IVE, 6º. La existencia y alcance del derecho a la vida del nasciturus y
6º la inclusión del misoprostol en el pos. Se concede el amparo por la
violación y/o amenaza de los derechos fundamentales de las actoras al acceso
a los servicios de salud reproductiva, al libre desarrollo de la
personalidad, a la vida, a la salud física y mental, a la IVE y la
información en materia reproductiva y se ordena al procurador general de la
nación y a la procuradora delegada para los derechos de la infancia y la
adolescencia, hacer una serie de rectificaciones relacionadas con la forma de
referirse a las campañas ordenadas en la sentencia t-388/09y a la obligación
de la superintendencia de salud de remover obstáculos para el acceso al IVE.
Así mismo, se ordena modificar la posición oficial de la entidad respecto a
la AOE, modificar algunos apartes de las circulares 029 de 2011 y 021 de 2011
relacionadas a la objeción de conciencia a la IVE y, se ordena a la comisión
nacional de salud que levante la suspensión de la decisión acerca de la
inclusión del principio activo misoprostol en el pos y continuar su trámite
desde la etapa en la cual fue suspendido. 2014-03-11
C-131/14
D-9786
de inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la ley 1412 de 2010, por
medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve
la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de
Falopio como formas para fomentar la paternidad o la maternidad responsable.
Los demandantes cuestionan la norma acusada presentando la anticoncepción
quirúrgica como una opción válida para enfrentar la problemática del embarazo
de adolescentes, que afecta a todos los jóvenes en capacidad de procrear.
Aducen la violación de los artículos 13, 16, 42, y 45 de la constitución, al
igual que la de los artículos 7, 9, 10, 18 y 37 del código de infancia y
adolescencia, el 16 de la declaración universal de derechos del hombre, el
artículo 17 de la convención americana de derechos humanos, los artículos 1,
7 y 24 de la convención interamericana de derechos humanos y, el artículo 16
contra la mujer. La corte concluyó que la prohibición de practicar la
anticoncepción quirúrgica de los menores de edad es constitucional, porque es
el desarrollo de la facultad que la constitución otorgó al legislador para
regular la paternidad responsable y la protección de los niños. Precisó, que
en casos específicos de menores en situación de discapacidad mental severa y
permanente que estén en imposibilidad de otorgar en el futuro su
consentimiento libre e informado y de menores para quienes un embarazo
implica un riesgo inminente para su vida, el juez puede evaluar si autoriza
la práctica de anticoncepción quirúrgica a un menor, a solicitud de su
representante legal. Exequible. 2014-10-30
T-740/14
T-4395361
accionante, en representación de una hija menor de edad que presenta síndrome
de Down, instauró la acción de tutela en contra de la e.p.s. Coomeva,
alegando la vulneración del derecho constitucional de petición, en tanto
omitió dar respuesta a la solicitud relacionada con la autorización para
practicarle a la niña el procedimiento de esterilización quirúrgica
denominado ligadura de trompas. Precisó el actor que la entidad inicialmente
no respondió la solicitud, que posteriormente le exigió una autorización
judicial con la que ya contaba y que finalmente, le ofreció un tratamiento
alternativo que no correspondía al pretendido. Entre otros argumentos
esbozados por la accionada, estuvo el de no poder realizar el procedimiento
médico, por estar prohibido expresamente por la ley 1412 de 2010, por
tratarse de una menor de edad. La sala de revisión examinó la línea
jurisprudencial que ha construido la corte en torno a la procedibilidad de la
acción de tutela para ordenar la práctica de procedimientos de anticoncepción
definitivos en mujeres y menores en situación de discapacidad mental. También
revisó los estándares internacionales en relación con la posibilidad o no de
autorizar procedimientos de esterilización quirúrgica en menores en situación
de discapacidad, precisando las obligaciones en materia de garantía del
derecho al consentimiento informado, la autonomía de la personalidad y los
derechos sexuales y reproductivos de dicho grupo poblacional. Se concluye,
que no es procedente la acción de tutela para ordenar la práctica de la
intervención quirúrgica solicitada, porque no es permitido el procedimiento
de esterilización en la niña agenciada, en tanto es menor de catorce años,
además, porque no está incursa en ninguna de las causales excepcionales que
ponen en grave riesgo su integridad sexual y su autonomía personal, no existe
autorización judicial para mismo y, el padre tampoco agotó el procedimiento
ordinario establecido para la materia. Pese a lo anterior, encuentra la sala
que se requiere abordar el amparo de los derechos fundamentales de la niña,
debido a que puede estar en riesgo su integridad y autonomía personal. Se
concede la tutela de los derechos anteriormente precitados, además de los de
la salud sexual y reproductiva y al consentimiento libre e informado. Se
ordena a la E.P.S. Abstenerse de realizar cualquier procedimiento médico
invasivo que no consulte el consentimiento de la menor y que carezca de
autorización judicial según sea el caso y, prestar todos los servicios de
asesoría y acompañamiento psicológico y médico en materia de métodos de
planificación sexual y reproductiva de acuerdo a su situación de
discapacidad. Además de lo anterior, se imparten órdenes específicas al ICBF,
a la defensoría del pueblo y a la procuraduría general de la nación. 2015-12-10
permitir márgenes de discrecionalidad inadecuados que fomentan prácticas discriminatorias.
En ese orden, esta medida desconoce la obligación del Estado colombiano de
eliminar los estereotipos de género contemplada expresamente por la cláusula
de igualdad en la Carta Política y el bloque de constitucionalidad, razones
por las cuales, la Corte procedió a declarar la inconstitucionalidad del
vocablo acusado, por vulnerar el derecho a la salud de las víctimas de
violencia sexual y la obligación del Estado de garantizar servicios de salud
en condiciones de igualdad accesibles para todos, toda vez que la adopción
facultativa de un procedimiento estandarizado que busca garantizar la calidad
y los derechos de las víctimas de violencia sexual, genera una distinción
inadmisible en el acceso a los servicios de salud. A su vez, por violar el derecho
a la igualdad y el bloque de constitucionalidad, al configurar una
discriminación indirecta e interseccional en el acceso a servicios de salud
integrales accesibles, disponibles y de calidad para las mujeres víctimas de
violencia sexual, particularmente, para aquellas que pertenecen a grupos
vulnerables. Además, por no cumplir con la obligación del Estado de eliminar
estereotipos de género en el ámbito del acceso a los servicios de salud de
las mujeres víctimas de violencia sexual, la expresión acusada fue expulsada
del ordenamiento jurídico. No obstante, la Corte consideró que la
inexequibilidad simple del vocablo impugnado no es suficiente para superar la
inconstitucionalidad que se constató, pues una decisión simple de
inexequibilidad privaría al artículo 23 de la Ley 1719 de 2014 de coherencia
y significado y anularía su sentido: la provisión de atención integral y
gratuita a las víctimas de violencia sexual. Por esta razón, procedía dictar
una sentencia integradora sustitutiva, con el objeto de garantizar el derecho
a la igualdad de las víctimas de violencia sexual en la atención en salud. De
esta forma, moduló la decisión de inexequibilidad, llenando el vacío que
crea, sustituyendo la expresión excluida con la de “obligación”, para
ajustarse al contenido normativo de los artículos 13, 43, 49 y 93 de la
Constitución y al bloque de constitucionalidad. En consecuencia, en virtud de
esta modulación, todas las entidades de salud están en la obligación de
implementar el Protocolo y el Modelo de Atención integral en Salud para las
Víctimas de Violencia Sexual, que contendrá dentro de los procedimientos de
interrupción voluntaria del embarazo, la objeción de los médicos y la
asesoría de la mujer en continuar o interrumpir el embarazo.