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Timestamp: 2019-09-20 05:22:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 57', 'artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27']

BOE.es - Documento BOE-A-1999-10363
Documento BOE-A-1999-10363
Ley 4/1999, de 24 de marzo, reguladora de los Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
«BOE» núm. 110, de 8 de mayo de 1999, páginas 17398 a 17403 (6 págs.)
BOE-A-1999-10363
https://www.boe.es/eli/es-cb/l/1999/03/24/4
Conózcase que la Asamblea Regional de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2. o del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 4/1999, de 24 de marzo, reguladora de los Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El artículo 36 del Estatuto de Autonomía para Cantabria dispone que: «corresponde a la Comunidad Autónoma la creación y estructura de su propia Administración Pública, dentro de los principios generales y normas básicas del Estado».
El apartado 2 del artículo 1 de esta Ley contempla la existencia de los organismos públicos, en calidad de organismos instrumentales diferenciados de la propia Administración de la Comunidad Autónoma, que deberán ser regulados por una ley específica.
De otro lado, el propio Estatuto de Autonomía, en su artículo 37, prevé también, de manera más directa, la existencia de «organismos y entidades que se establezcan» para ejercer funciones administrativas.
Y el apartado 3 del artículo 57, dispone categóricamente que «la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá constituir empresas públicas como medio de ejecución de las funciones que sean de su competencia».
En este sentido el apartado 1 del artículo 4 de la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas, contempla las entidades autónomas de la Comunidad y las Empresas Públicas Regionales.
Se dispone, por tanto, de título competencial y de exigencia estatutaria y legal, para instar una ley que regule la que ha sido llamada «Administración Institucional» completando así, con la futura Ley de Comarcas, el marco legislativo básico para ordenar el conjunto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
Y para ello se ha adoptado como modelo la propia Ley del Estado de 14 de abril de 1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en concreto su Título III, y no para hacer una transposición de la misma, sino por el elemental sentido de poner el máximo de armonía y coherencia al conjunto del ordenamiento jurídico, buscando, como es obvio, el máximo de claridad y seguridad jurídica en la regulación de las instituciones del autogobierno.
Artículo 1. Creación y actividades propias de los organismos públicos.
La Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con la legislación básica del Estado, podrá crear organismos públicos que tengan por objeto la realización de actividades de ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o prestación, como de contenido económico reservadas a la Comunidad Autónoma, cuyas características justifiquen su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional, con el régimen y requisitos establecidos en la presente Ley.
Artículo 2. Dependencia y adscripción.
Los organismos públicos de la Comunidad Autónoma dependen de ésta y se adscriben directamente, o por medio de otro organismo público, a la Consejería competente por razón de la materia, a través del órgano que en la ley de creación se determine.
Artículo 3. Personalidad jurídica y potestades.
Artículo 4. Clasificación y adscripción de los organismos públicos.
Artículo 5. Aplicación de los principios generales de la Administración Pública.
b) Las Entidades Públicas Empresariales se regirán igualmente por los criterios establecidos para la Administración Pública en la referida Ley de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin perjuicio de las peculiaridades contempladas en el Capítulo III de la presente Ley en consideración a la naturaleza de sus actividades.
CAPÍTULO II Los organismos autónomos
Artículo 7. Nombramiento de los titulares de los órganos.
El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se regirá por las normas aplicables para el nombramiento de los Secretarios generales y Directores generales contenidas en la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración.
1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigna la legislación específica.
Respecto de su patrimonio propio, podrán adquirir, a título oneroso o gratuito, poseer, arrendar bienes y derechos de cualquier clase, incorporándose el patrimonio de la Comunidad Autónoma los bienes que resulten innecesarios para el cumplimiento de sus fines.
1. Los contratos que celebren los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, por las demás normas básicas del Estado vigentes en cada momento, por las reglas sobre contratación contenidas en la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración, y en sus normas de desarrollo.
Artículo 11. Régimen presupuestario El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero será el establecido por la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas.
Los organismos autónomos están sometidos a un control de eficacia, que será ejercido por la Consejería a la que estén adscritos, sin perjuicio del control establecido al respecto por la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas. Dicho control tendrá por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados.
Artículo 13. Actos y resoluciones.
A los actos y resoluciones de los órganos de los organismos autónomos les serán aplicables las reglas correspondientes contenidas en la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración.
Artículo 14. Impugnaciones y recursos.
Contra los actos y resoluciones dictados por los órganos de los organismos autónomos procederá recurso de alzada ante el Consejero del Departamento al que esté adscrito el organismo.
Artículo 15. Funciones y régimen general.
Artículo 16. Ejercicio de potestades administrativas.
1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales, sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que, en los Estatutos, se les asigne expresamente esta facultad.
3. Los bienes y derechos que la Administración de la Comunidad Autónoma adscriba a las entidades públicas empresariales conservarán su calificación jurídica originaria y únicamente podrán ser utilizados para el cumplimiento de sus fines. Las entidades públicas empresariales ejercerán cuantos derechos y prerrogativas relativas al dominio público se encuentran legalmente establecidas, a efectos de la conservación, correcta administración y defensa de dichos bienes. La adscripción y reincorporación de los mismos al Patrimonio de la Comunidad Autónoma será acordada por la Consejería de Economía y Hacienda, de conformidad con la Ley de Cantabria 7/1986, de 22 de diciembre, de Patrimonio, y demás leyes que resulten aplicables.
1. Los contratos que celebren las entidades públicas empresariales, se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, por las demás normas básicas del Estado vigentes en cada momento, por las reglas sobre contratación contenidas en la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración, y en sus normas de desarrollo.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero de las entidades públicas empresariales será el establecido en la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas.
1. Las entidades públicas empresariales están sometidas a un control de eficacia que será ejercido por la Consejería de Economía y Hacienda, directamente o a través, en su caso, por el organismo público al que estén adscritas, sin perjuicio del control establecido al respecto por la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas. Dicho control tendrá por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados.
2. El control del cumplimiento de los compromisos que, en su caso, hubiere asumido la entidad pública en un convenio o contrato-programa, corresponderá además a la Comisión de seguimiento regulada en el propio convenio o contrato-programa,yalaConsejería de Economía y Hacienda.
Artículo 22. Impugnaciones y recursos.
1. La creación de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales se efectuará por ley del Parlamento.
Artículo 24. Estatutos.
1.º Sus fines y objetivos.
3.º La composición y los criterios para la designación de su presidente y de los restantes miembros.
En el caso de las entidades públicas empresariales, los Estatutos también determinarán los órganos a los que se confieran el ejercicio de potestades administrativas.
Artículo 25. Plan inicial de actuación.
El Plan inicial de actuación del organismo público, que será aprobado por el Gobierno a propuesta del titular de la Consejería a la que haya de adscribirse, deberá contar con el informe previo favorable de las Consejerías de Presidencia y de Economía y Hacienda, y su contenido incluirá, en todo caso, los siguientes extremos:
Artículo 26. Modificación y refundición.
3. En todos los casos de refundición de organismos, el proyecto de ley deberá acompañar el proyecto de Estatutos y el Plan inicial de actuación en la forma prevista en los artículos anteriores de este capítulo.
Artículo 27. Extinción y liquidación.
2. La norma correspondiente, que decrete la extinción, establecerá las medidas aplicables al personal del organismo afectado en el marco de la legislación reguladora de dicho personal. Asimismo, determinará la integración en el patrimonio de la Comunidad Autónoma de los bienes y derechos que, en su caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo, para su afectación a servicios de la Administración de la Comunidad o adscripción a los organismos públicos que procedan conforme a lo previsto en las disposiciones reguladoras del Patrimonio de la Comunidad ingresándose en la Hacienda Pública de la misma el remanente líquido resultante, si lo hubiere.
CAPÍTULO V Recursos económicos y bienes adscritos
2. Las entidades públicas empresariales deberán financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones y con los recursos económicos comprendidos en las letras a), b), e) y g) del apartado anterior.
Disposición adicional única. Sociedades mercantiles públicas.
Las sociedades mercantiles públicas se regirán íntegramente por ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en las que sea aplicable la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que implique ejercicio de autoridad pública.
Disposición transitoria única. Adaptación de los organismos autónomos y las demás entidades de Derecho público a las previsiones de esta Ley.
1. Los organismos autónomos y las demás entidades de Derecho público existentes en la actualidad, continuarán rigiéndose por la normativa vigente a la entrada en vigor de esta Ley, hasta tanto se proceda a su adecuación.
Palacio del Gobierno Regional, 24 de marzo de 1999.
Publicada en el BOCT, extraordinario, núm. 3, de 26 de marzo de 1999.
SE MODIFICA la disposición adicional única y SE AÑADE la segunda, por Ley 10/2001, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1377).
DE CONFORMIDAD con los arts. 36 y 37 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1982-635).
EN RELACIÓN con la Ley 2/1997, de 28 de abril (Ref. BOE-A-1997-15061).