Source: https://www.scribd.com/document/114559319/Explicaiones-Del-Libro-Quiroga-Lavie-Bueno
Timestamp: 2017-03-28 00:58:54
Document Index: 373813578

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo12', 'artículo 16', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 19']

BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoin1CAPÍTULO XII LOS PRESUPUESTOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL
“Aspiramos a que la Constitución invista fuerza normativa y la haga efectiva porque y cuando es una constitución democrática” Germán J. Bidart Campos “La Constitución no es sólo un instrumento jurídico, sinó también un instrumento político” Carlos Fayt
12.1.- El Estado de Derecho (remisión). La libertad y la igualdad constitucionales. La solidaridad. El concepto de “paz” como pauta de síntesis y marco de actuación de los derechos humanos de la tercera generación. El sistema constitucional irradia una formidable fuerza normativa hacia sus componentes, y ello con la clara finalidad de que la persona humana se instale en la organización política que determina y estructura, con un status acorde a su dignidad. Ya hablamos nosotros en capítulos anteriores del Estado de Derecho, vinculándolo esencialmente a este peculiar sistema. La razón propugnar de estas relaciones, radica en que solamente cuando el proceso político se someta a las normas de la constitución escrita, podremos considerarlo como vinculado eficientemente al contexto del Estado de Derecho. Y por supuesto, la otra idea es que esas normas escritas trasunten cuanto menos la idea del respeto pleno a la dignidad humana, y la alternancia en el ejercicio del poder por parte de sus detentadores. Cuando hablamos del sistema constitucional, no podemos menos que volver a este insumo esencial que resulta ser el Estado de Derecho, que tiene por particularidad la de despersonalizar el poder, que de este modo deja de ser ejercido en forma personal, para pasar a serlo a través de la norma jurídica.
Con ello queremos enfatizar que el Estado de Derecho permite que el poder sea ejercido a través de la ley. Ya sea dividiéndolo en tres estamentos de gestión (como lo hizo la primigenia Constitución de 1853), o acentuando las modalidades de control horizontales y verticales (tal el intento de la reforma constitucional de 1994). En todos esos supuestos se establece una base teórica para intentar controlar el principal germen del despotismo, que es la concentración del poder en una persona. En el contexto del Estado de Derecho el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y los órganos Extrapoder creados por la Constitución, han sido creados para ejercer sus funciones coordinadamente, controlándose recíprocamente, y particularmente por aquel (Judicial) que se encarga de determinar la constitucionalidad de las leyes y actos emanados de los restantes Poderes de Estado. En suma el marco del Estado de Derecho permite que en el sistema constitucional; decretos, leyes y sentencias despersonalicen las individualidades que los originan, y cobren eficacia como norma, independientemente de las personas que las originaron en las funciones gubernativas. Aún luego de lo ya expuesto, el sistema requiere para garantizar su eficacia respecto de las personas que lo integran, que el plexo de derechos, deberes, declaraciones y garantías determinados en la Constitución, se nutran en estándares valorativos, que ya hemos indicado en párrafos anteriores, vinculados al desarrollo generacional de los derechos humanos (libertad, igualdad, solidaridad,paz). Cierto es que el ser humano, en el ámbito del sistema constitucional, se encuentra condicionado por un conjunto de normas jurídicas a las que debe someterse. No es real que el sometimiento a la normatividad derivada de la fuerza jurígena de la Constitución restringe el uso de su preciada libertad, o desmedra el estándar de igualdad, quiebra la regla de la solidaridad, o más aún, anula la pauta de síntesis que implica la viabilización del valor “paz” En realidad, el complejo normativo impuesto por la Constitución tiene por objeto la realización de los derechos humanos, con el sentido que los valores antes indicados insuflan. Es decir, la normatividad acorde con las reglas constitucionales permite gozar de ámbitos de libertades limitadas, generando así los contextos de igualdad, solidaridad, e integrándose finalmente en el valor “paz”. Cierto es que todo dependerá de que se conserve el adecuado equilibrio
Observe el lector que no nos referimos aquí a la mera “ausencia de la guerra” al instar el vocablo propuesto. Aunque somos conscientes de que en los hechos tan altos fines generalmente se hallen “al fondo” de la agenda de los políticos. A no dudarlo que todo ello afianza una modalidad de adecuado goce y ejercicio de los restantes derechos individuales y sociales. la proyección social de los valores culturales. asegura los ámbitos valorativos a que hemos hecho referencia. en un modo de cooperación: • No violento
. podrían darse tres circunstancias conflictivas respecto de la armonía del sistema. que el juego armónico de las normas jurídicas a las que la población debe acatamiento. por parte de los estados. es un vehículo adecuado y trascendente para incardinarse al complejo normativo del sistema constitucional de la recuperación democrática. mediante la doctrina y práctica. a saber: 1. de los derechos de la tercera generación. El desborde de las personas contra la autoridad investida de legitimidad democrática (concepto de norma jurídica como dique o contención a la anarquía) 3. que invite a erradicar la violencia social y económica en las relaciones humanas. El desborde de la autoridad. pero si no aceptamos el sometimiento a la legalidad constitucional. sinó que intentamos arribar a un ideal de “armonía interior”. Ello pues el mismo se encuentra en un proceso de aceptación y reconocimiento por parte de la comunidad internacional. que se ejercería sin límites sobre los ciudadanos (concepto de norma jurídica como dique o contención de la tiranía o arbitrariedad) 2. Y creemos también que el valor “paz” al que nos venimos refiriendo a lo largo de este manual de enseñanza.3
que impone la regla de la razonabilidad. generando un posible avance de los poderosos frente a los débiles (concepto de norma jurídica como dique o contención del avasallamiento o explotación del hombre por el hombre) Sostenemos en consecuencia. la tutela integral de los usuarios y consumidores en el marco de la sociedad de consumo. Desborde de los individuos entre ellos. enfatizándose de este modo la tutela del medio ambiente. creemos que no podemos desentendernos de tan loable utopía. entre otros.
12. en un modo razonable. o mediante la publicación de una información. ya sea mediante la publicación de una información injustificada. En cuanto a su definición general. ellas han transitado desde una excesiva amplitud. pueblos y estados Que presente lucha a fin de intentar la abolición de la pobreza y la marginalidad Que tienda a arribar a la consecución del bienestar. en su vida privada o asuntos privados o en la vida o asuntos privados d su familia” Con relación a la posibilidad de definir el término en forma amplia.. Respecto de las articulaciones “posibles” del término. o se reducen a un listado de valores a los que puede ser aplicado el término “íntimo” o “personal”. que implique un uso de la libertad. lo podríamos definir como el derecho que tiene un individuo a que se le proteja de la intromisión injustificada.. la comisión Younger (Gran Bretaña.El marco de intimidad o privacidad como límite a la injerencia estatal. que equipara a la intimidad con el derecho a que a uno lo dejen “en paz”.4
No represiva entre personas. Los ámbitos de “lo público” y “lo privado” y su distinción
Hemos de coincidir aquí con la más calificada doctrina. la
. garantizador de los matices solidarios que la sociedad actual requiere
El ideal a alcanzar es demasiado poderoso para pretender abandonarlo porque la “pequeña” coyuntura actual pareciese tender a desarticularlo. en cuanto ha constatado que el concepto de intimidad difícilmente pueda ser definido en forma satisfactoria.. pero no exclusivo Respecto de la concepción restrictiva para definir el término. 1977) ha dicho que: “No creemos que se pueda lograr una definición legal exacta o satisfactoria del derecho a la intimidad. hemos de rescatar aquí la brillante formulación ofrecida por los magistrados norteamericanos Warren y Brandeis quienes siguiendo a Cooley (1888). ya sea mediante medios físicos directos.
a saber: 1. La publicación de asuntos privados que atenten contra las normas comunes de decoro 3. A partir de esta elaboración. y lo que sus vecinos. por imprecisa que sea. siguiendo a Quiroga lavié.5
vincularon al derecho que una persona posee a que lo dejen en paz. que justifica. 2. En consecuencia. va de suyo que el individuo conforma también una sociedad y en ese contexto. Podría entonces considerarse a la intimidad como la antítesis de lo público. la religión. podemos ahora decir que una definición práctica de la intimidad. y por lo tanto. la sexualidad. Apropiarse del nombre o aspecto exterior de una persona. ya que existe una diferencia entre lo que una persona puede considerar (subjetivamente) como privado. la exclusión de lo social como sentido prevalente de la regulación jurídica
Nosotros creemos. resulta necesaria y adecuada como pauta para entender el contexto que ella implica. Por otra parte. que el derecho a la intimidad
. la salud. Aún desde su aleccionadora formulación. se comenzó a admitir que invadir la vida privada de un individuo constituye un agravio que se refiere – cuanto menos –a cuatro tipos de intromisión que nada tienen en común entre ellos. en ese punto lindante a lo personalísimo. Dar una imagen falsa de una persona 4. La intromisión en la intimidad física e una persona. no puede válidamente aspirar a gozar de un marco total de intimidad. los asuntos legales y económicos personales del individuo. la familia. todas aquellas circunstancias relativas al hogar. El derecho francés sobre intimidad suele adoptar éste criterio. Asumimos con ello que la enunciación constitucional de la regla de intimidad otorga fundamento a la concepción individualista del derecho. o inclusive los medios de comunicación podrían considerar como tal. Volviendo a nuestra argumentación original. podemos indicar en éste punto que la idea de intimidad trasunta la de exclusión del resto de los individuos de lo estrictamente personal. la salud. creemos que vincular a la intimidad latamente con el “derecho a que a uno lo dejen en paz” resulta demasiado simplista.
la esfera de intimidad está regulada (primordialmente) por el art. propia de la autonomía del ser humano. razones pedagógicas y de orden práctico. la vida privada de la persona física. y el aislamiento de la persona. que merece respeto y protección. 19. nos llevan a seguir aquí la doctrina liderada por Bidart Campos. inherente y necesaria para desarrollar su vida sin entorpecimiento. que
. y sólo se admitirá que la intimidad ceda al interés público. 1° parte de la Constitución. Enseña Quiroga Lavié que sólo si media delito – la necesidad social de protegerse contra ellos – con el objeto de su probanza y mediando orden judicial o de comisiones investigadoras parlamentarias.6
es aquel que reivindica: • • • el respeto a la personalidad humana. Por el contrario. publicidades y perturbaciones innecesarias
por el cual todo individuo puede impedir que: • • • los aspectos privados de su vida sean conocidos por terceros. cuando este último se vea gravemente afectado. el sistema jurídico constitucional determina que la intimidad de una persona es una zona de intrínseca licitud. tomen estado público o sean sancionados por el Poder Estatal
Una vez enunciada la regla constitucional. innata. Sabemos que pueden edificarse sutiles diferencias entre intimidad y privacidad. irreductible para la intromisión de los restantes habitantes y el Poder Público En el derecho constitucional argentino. Aún así. quien unifica ambos términos integrando con ellos una zona de reserva personal. extraña al derecho. ella se torna en un contenido jusfundamental del sistema. lo íntimo de cada uno. a partir de las cuales la intimidad sería la esfera personal que está exenta de terceros y la intimidad estaría dada por la posibilidad irrestricta de realizar acciones privadas (inocuas para terceros) por más que se cumplan a la vista de los demás y que sean conocidas por éstos. no puede llevarnos a concluir que ese ámbito se constituye en una zona meta jurídica. Lo expuesto ratifica además el concepto de que la esfera de intimidad que la Constitución garantiza a cada persona. se podrá ingresar válidamente en el ámbito de la privacidad personal.
Allí Ferré indicó que en realidad votaría el artículo aunque propiciando una ligera modificación del mismo: quería que en vez de referirse al orden público. y no del norteamericano. que sindica como las que tienen aptitud para desordenar la pacífica convivencia de la población En consecuencia. están sólo reservadas a Dios. hemos de decir en primer término. 19. El texto final sustituyó la frase “a la moral y al orden público” por la locución “al orden y a la moral pública”. ya que es imposible someter al juzgamiento de los magistrados. discutió la norma del art. están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. que – como sabemos – se constituyó en fuente primordial de la Constitución de 1853. a las que bajo ciertas condiciones que luego explicaremos. por las importantes peculiaridades que el mismo aporta al sistema. indicando que la regla es que son las acciones públicas las que se encuentran sometidas al poder regulador del Estado Lo antes expuesto invita a distinguir entre el ámbito de lo público y el de lo privado. 1° parte de la ley fundamental en la sesión del 25 de abril de 1853. 1° parte del texto fundamental legisla explícitamente sobre las acciones privadas de los hombres. lo que fue apoyado por Zenteno y otros diputados.. Así. Sin embargo. consiguiendo la aprobación por unanimidad Por lo tanto el texto que bajó al recinto. y exentas de la autoridad de los magistrados” Nos detendremos en el análisis de este artículo. dado que sólo es posible poner bajo tal jurisdicción la violación d e la moral referida las acciones públicas de las personas. Nos enseña Sagues que en el derecho argentino es posible detectar tres tipos de conductas en orden a diferenciar lo privado de lo público. Expresa Sampay que con ello se corrigió una impropiedad filosófica. 19. indicaba que “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral y al orden público. que ha sido una traspolación del derecho francés. ni perjudiquen a un tercero. La comisión redactora de Santa Fe. se indicará” la moral y el orden público”. Gráficamente. las podemos esquematizar de este modo:
. el art.7
enuncia la regla general. expuesta en este modo: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública. la infracción de todas las leyes morales. ni perjudiquen a un tercero. las declara exentas de la autoridad estatal.
Y además se vinculan necesariamente al bien común. por poder comprometer:
1. podemos asegurar que nuestro sistema constitucional privilegia tal ámbito. por trascender a la persona que las realiza. lo que implica que pueden ser conocidas por los demás. ya que si nunca se exteriorizan. que principian y concluyen el quien las realiza (el mero pensar). la Constitución también impone su pleno respeto por parte del Estado y los particulares
Con lo dicho. y por tal razón. no afectan al bien común. no podrán ser conocidas ni por lo tanto. al orden público a la moral pública a terceros (por causarles daño)
Son regulables por el Estado.La Constitución impone su pleno respeto por parte del Estado y los particulares (no cabe otra solución. y aún pueden ser prohibidas por él si encuentra motivo suficiente para ello. sancionadas) Estos comportamientos sí trascienden la esfera del mero pensamiento. A partir de tal circunstancia. queremos realzar la importancia que para la edificación del sistema constitucional posee el resguardo de la privacidad o intimidad. 3. Al no afectar al orden o a la moral pública. al que ni el Estado ni los particulares
. 2. y el fabuloso logro institucional que implica haber llevado tal regla a la categoría de principio jusfundamental.8
ACCIONES DE LAS PERSONAS (reguladas por la Constitución) ACCIONES PRIVADAS Internas Externas
Son siempre acciones externas. • Son conductas íntimas de • las personas.
aún cuando sean conocidas públicamente. Y aquí es donde el sistema democrático hace su aporte. y no llegan a constituirse en ofensas. Existen conductas y situaciones que pueden llegar a terceros.. Estas conductas. declarar la religión que se profesa. Son ejemplos de estas conductas. El de la moral privada o personal. El de las actividades o abstenciones de la persona que no perjudiquen a terceros y cuyos efectos recaigan solamente sobre ella 2. porque la Constitución se refiere – cuando pretende poner a las acciones humanas al alcance de la ley y los magistrados – a aquellas que no ofenden. o el partido político al que se
. la costumbre de asistir o no a un templo. cuando hacen a características de esa realidad vivencial que es personal. Las acciones públicas.3.9
pueden acceder. Y ello está bien. pueden refugiarse en el contexto protector de la privacidad. Una sociedad pluralista debe soportar determinadas molestias. Y las acciones privadas.Las acciones privadas internas y externas. propias de la moral privada de cada uno: • • • el modo de vestir. que no se proyecta sobre lo que se ha considerado como la moral pública. pueden “molestar” a terceros. y son autorreferentes en sus efectos. la forma de peinarse o usar el cabello. Consideraciones acerca del orden público. que guardan relación con la convivencia. y ellos debieran tolerarlas. Decimos esto. Pero la Constitución ha sido más amplia en su espectro garantizador de las acciones privadas. la moral pública y el perjuicio a terceros.
12. una vez que han sido claramente delimitados sus dos campos afines: 1. sin llegar a ofender. Conflictos y diversas interpretaciones
No es del caso pretender – en función de lo ya expuesto – que la intimidad sólo merece protección en tanto y en cuanto no se exteriorice: “Las ideas no se matan” inmortalizó Domingo Faustino Sarmiento en su tránsito al exilio Chileno.
Consideramos por ello pertinente clarificar que entendemos por orden público. por haber sido ella la que prevalecía en 1853. Al referirnos al concepto de perjuicio a terceros. que sostiene que el concepto de moral pública se nutre de las costumbres sociales en un momento determinado.N. Ya argumentamos respecto de la diferencia entre molestias y perjuicios. al bien común. se lo emparentó al de moral católica. el mismo descarta toda modalidad de paternalismo o perfeccionismo por parte del Estado. ha de ser soportada por los habitantes. 19 C. pareciera ser que la directiva jusfundamental no presenta problemas interpretativos. Nosotros compartimos en este punto la postura mayoritaria. Debe quedar claro que tal como nosotros interpretamos el contexto protector del art. moral pública y perjuicio a terceros. • La expresión orden público se vincula entre nosotros a la idea de interés general o colectivo. dejará de merecer tutela constitucional si es que produce un daño a otros. disgusto. según su plan paternalista o perfeccionista. repugnancia o molestia a otros. la constitución le impone aquí un rol mucho más modesto. en tanto y en cuanto ellas acciones trasciendan las esferas de la moral privada y causen algo más que molestia. la moral pública o los derechos de los terceros. Entonces. y no con la simple regla mayoritaria. El orden público ha de relacionarse entonces con el pluralismo en la democracia.
. En realidad. la posible intromisión de la ley y los magistrados en las acciones privadas.. ya que desde algunos sectores. Concordamos con Bidart Campos en que el Estado no puede imponer coactivamente proyectos de vida autorreferentes. que implica tutelar que no se perjudiquen el orden. El concepto moral pública ha generado interrogantes en doctrina. y en suma.10
Lo antes expuesto nos convence de que la exteriorización del pensamiento no priva la actuación de la regla tutelar de la intimidad. Es ésta la posición que recogió la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia. interpretado como el bien de la sociedad en general y no de un sector en particular (aunque este sea mayoritario). ya que una acción perteneciente al ámbito de la privacidad.
N. 32) ofrece en el punto.
La elección del plan personal de vida autorreferente.11
Ello se reduce a considerar que el daño debe producirse a un bien jurídico razonablemente evaluado Creemos importante destacar aquí las directivas de interpretación que la CADH (art. 19 C. un listado (no exhaustivo) de conductas autorreferentes (son aquellas que empiezan y culminan sus efectos en la persona que las genera). so pretexto de imponer “manu militari” cierto modo de vida peculiar que no siempre es compartido por cada individuo al determinar su diagrama de vida personal. La sociedad democrática inhibe de vigor a tales difusas razones que esgrime el Estado autoritario para pretender avasallar la intimidad de las conductas autorreferentes. al indicar que los derechos de cada persona sólo pueden ser limitados por los derechos de los demás. terapia y medicación
. moralidad o progreso. es particularmente aleccionador el razonamiento de Germán Bidart Campos: no caben al respecto los peligros conjeturales. cuando no presupone daño a terceros La preservación de la propia imagen frente a terceros El control y manejo de los datos sensibles relativos a la persona El derecho ala identidad personal El consentimiento para la ablación de órganos del propio cuerpo con destino a trasplantes a favor de terceras personas. La negativa de las personas con discernimiento para someterse a terapias contra las cuales formula objeción de conciencia La elección del tipo de medicina. por la seguridad de todos y por las exigencias del bien común en una sociedad democrática. y su realización Objeción de conciencia. amparadas por la virtualidad del art. Tomaremos ahora de Germán Bidart Campos. ni las apelaciones vagas a standards genéricos de seguridad. En punto a evaluar eventuales conflictos de interpretación. 19 C. ni los daños imaginarios. Incluidas en la tutela constitucional que ofrece el art.N. o afectan a terceros ENUNCIACIÓN DE CONDUCTAS AUTORREFERENTES
Se encuentran centradas en el ámbito de la moral privada y por ende. y que no debieran ser acotadas por la ley o la voluntad de los magistrados si ellas no trascienden el ámbito de la autorreferencia.
de suerte que pueda perjudicar el derecho de los demás Detener al consumidor para prevenir el tráfico. sancionándolas precisamente sobre la base de tales presunciones. Puesta en crisis la constitucionalidad de la legislación penal que incriminaba este tipo de conductas. En el sonado caso Basterrica1.1986-D-550
. visitas carcelarias. o porque ella no es exteriorizable o no es llevada a cabo. nuestra jurisprudencia avaló la postura represiva. Petracchi y Bacqué) sostuvo su postura con los siguientes fundamentos: • • Legislando de tal forma. y no daños concretos a la comunidad a terceros..L. hasta el año 1986. 19 C. Si el Estado puede penar cualquier conducta que afecta a la moral individual.4. sea porque ésta no se ocupa de dicha conducta. implica castigar actos generadores de peligros potenciales o abstractos. Un supuesto que articula paradigmáticamente este conflicto es el que vincula el derecho a la intimidad y la tenencia de estupefacientes para el propio consumo. El criterio de la ley. t. se hace caso omiso a la protección a la intimidad que brinda el art. es tanto como
1 CSJN.N. La tenencia de drogas para el uso personal no interfiere el conjunto de valores y de reglas morales compartidos por la comunidad.12
12.Algunos supuestos paradigmáticos (tenencia de estupefacientes para el propio consumo.771 en cuanto incriminaba la tenencia de estupefacientes para el propio consumo y en forma privada. domicilio y papeles privados. intimidad y derecho informático)
El derecho a la intimidad personal suele entrar en conflicto con ciertas conductas. al legislar de ese modo. la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el art. 6° de la ley 20. estaría en realidad imponiendo una moral determinada. Publicada en L. En realidad la mayoría de la Corte (Belluscio. alegando que esa figura penal no establecía un nexo razonable entre la conducta que tipificaba y el daño que presume implican. sobre las que el Estado genera presunciones de peligro potencial hacia la sociedad.
sinó valores morales de la familia. son los encargados por la Constitución para determinar cuando una conducta privada posee entidad o aptitud para afectar la moral pública.13
utilizar a la persona humana como medio. ya que por el contrario. Aún así. Es nuestra convicción que el Estado no puede abarcar las acciones de los hombres que no interfieran en el entramado de la moral social o colectiva Es también posible que la intimidad genere conflictos con la dignidad de las personas en supuestos en que efectúan visitas a detenidos en
2 CSJN. sinó por el peligro potencial que ha creado la mera tenencia del estupefaciente. hay riesgos para la autodegradación y aún para la salud personal que una sociedad democrática debe tolerar. al fallar el caso Montalvo2. de la sociedad. y no los jueces. tan caro al sistema constitucional. Allí admite nuevamente la incriminación de la tenencia de estupefacientes para el propio consumo. nos sitúa en el criterio que sostiene la inconstitucionalidad de la incriminación de la tenencia de estupefacientes para el consumo personal. Los fundamentos de esta postura. Ello no implica que avalemos el consumo de estupefacientes. volviendo a su primitivo criterio. cambia esta posición. de la nación y hasta de la humanidad toda. 1991-C.80
. la Corte Suprema. para sostener el principio superior de la indemnidad de la privacidad. se basan en los siguientes argumentos: • La figura penal en cuestión protege no solo la salud pública. con su nueva composición de nueve miembros. La tenencia de estupefacientes siempre supone la trascendencia que resulta del hecho del tráfico (condición necesaria). llamada en doctrina “paternalista”. entendemos que toda adicción es enemiga del libre albedrío. lo que resulta inconcebible en el marco del Estado de Derecho En el año 1990. No se sanciona aquí al poseedor por su adicción. pag. Los legisladores. LL.
Nuestra personal percepción de la cuestión. el cual sería inconcebible si no hubiera tenedores consumidores. en dosis mínimas cuando ese consumo se realice en privado.
Implica la aptitud que todo habitante posee. ED. es correlativo al consagrado en el art. A su tiempo. de impedir que se ingrese o permanezca en su residencia o lugar de trabajo. y sin intimidaciones. destacando que debió haberse hecho lugar al amparo. que detectan la sustancia con sólo sentarse). nuestra Nación asumió modificar su sistema de requisas carcelarias. alojados en sillas. no abierto al público. por sostener que no había medios alternativos para la requisa. es el que involucra la protección del domicilio y los papeles privados. Aún así. Otro supuesto derivado de la tutela a la intimidad. en el caso de las mujeres. y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”
Este principio constitucional. pues en caso de persistir en su actitud. la Corte entendió en el caso “Arenas”3 que tales inspecciones no eran arbitrarias. Para que el consentimiento sea aceptable. Según los reglamentos de las penitenciarías nacionales. El art. sin su consentimiento.14
establecimientos carcelarios. Volveremos sobre el punto en el capítulo XXIII. En la actualidad. 19 a favor de la privacidad en general. ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3 CSJN . y debido a tal condena internacional (que puede llegar a tener mayor gravedad. el voto disidente del Juez Fayt sugirió que sí existían esos medios alternativos (detectores de los salones “VIP” de aeropuertos. 18 de la Constitución Nacional establece que:
“El domicilio es inviolable. el examen suele extenderse a las zonas genitales a fin de evitar el ingreso irregular de psicofármacos o drogas. pero con específica indicación constitucional. este debe ser prestado en forma expresa. T. cuando fue denunciada por la familia Arenas en función de tal hecho. y por lo tanto oponible contra particulares o funcionarios estatales. En realidad esta decisión disidente de la Corte preanunció la condena que ulteriormente mereció la República Argentina. como también la correspondencia epistolar y los papeles privados.136-700
. la Comisión Interamericana de derechos Humanos puede presentar el caso por ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
. Entrando ya en los derechos a la información. que permite que los habitantes puedan acceder a las constancias existentes en archivos de información sensible referida a su persona – y por ende – a controlar su veracidad.
12. Volveremos sobre el punto en el Capítulo XXIII.5. registros de computadoras. aunque tales excepciones deben estar indicadas en la ley.. El derecho informático (o la posibilidad que tienen las personas de registrar datos de otras) tiene una fuerte aptitud para ingresar en la esfera de intimidad de los habitantes. 18 C. estos supuestos no hacen más que resaltar la importancia del resguardo del presupuesto de la intimidad.). actualización.La seguridad jurídica. propio de la moral privada y que no interfiere con lo público o el ámbito de terceros. lo que se encuentra protegido por la garantía del art.N. etc. sobre el que nos explayaremos más adelante. correo electrónico. sin perjuicio de que ella sea o no propietaria de ellos. etc. Sembrando la semilla de respeto al pluralismo desde la garantización de lo íntimo de cada uno. ha incorporado un supuesto específico de tutela constitucional de la intimidad. que la Constitución Nacional expresamente consagra en beneficio de todas las personas que habitan nuestro suelo. rectificación y confidencialidad de tales datos sensibles. seguridad del Estado y de las personas.15
La Constitución ampara también a la correspondencia epistolar y a los papeles privados de una persona. admitiéndose la modificación de tales registros en caso de falsedad o desactualización. está vinculado a la intimidad de cada uno (agendas electrónicas. al regular al proceso de habeas data. Se ha sostenido que el proceso de averiguación de la comisión de delitos es justificativo de la violación de esa regla constitucional. Hoy podemos extender esa cobertura a las comunicaciones telefónicas. El derecho a realizar lo no prohibido y a no hacer lo permitido. ellos pueden hoy ser tutelados por el proceso de habeas data. discos. La reciente reforma constitucional de 1994. En suma. Respecto del derecho a la registración.
Ella constituye un deseo arraigado en la vida anímica de la persona humana. Podemos concluir de lo dicho que todo Derecho y todo Estado conforman
. Creemos nosotros importante destacar que la seguridad jurídica es un presupuesto insoslayable de los ordenamientos jurídicos que se consolidan como sistemas basados en la prevalencia del Estado de Derecho. También la propia convivencia internacional se halla ligada a la idea de seguridad.16
El tema de “la seguridad” es seguramente uno de los más amplia y asiduamente invocados en los sistemas constitucionales del fin del milenio. Lo que sucede es que cuando la democracia hace agua por todas partes. Enseña Perez Luño que la formación conceptual de la seguridad jurídica. con más espacios solidarios. Un vistazo rápido a cualquier periódico nos enfrenta a la inquietud urgente de sociedades y gobiernos para alcanzar la seguridad ciudadana. Y es que los sistemas económicos de exclusión social. En paz. acentuando la liberación de las desigualdades sociales. o la imprevisibilidad e incertidumbre a que cotidianamente está sometido en estas épocas de globalización. centran todos los esfuerzos de la clase política en conseguir la “seguridad del empleo” (o al menos. Es que ella. El contexto cultural que nos rodea. Pero acrisolada en sustratos de contención del sistema. no debe ser entendido por el lector como una invitación a falsas opciones (libertad o seguridad) que aquí no propugnamos ni proponemos. de ofrecerla). e instantancismo. la violencia postmoderna y la desazón del siglo que se va. como valor de síntesis. pero generada por un crecimiento en la sensación de las bondades de la democracia. en cuanto valor jurídico se engarza con la justicia (concebida como la adaptación del derecho a las necesidades de la vida social). En fin. concebida como docencia de vida. Y ello es lo que desde aquí proponemos: Un sistema constitucional pleno de seguridad. reflexionar sobre la seguridad jurídica al filo de la más profunda crisis por la que ha pasado hasta la fecha el sistema constitucional. la evoca constantemente. ha sido principalmente el fruto de las conquistas políticas de la sociedad. la solución no puede ser otra que más democracia. desde facetas variadas y heterogéneas. ya que el hombre y la mujer sienten terror ante la inseguridad de su existencia. acentuando las modalidades que más lo fortifican. Esto es: sublimar la libertad enmarcada por el derecho.
de políticas democráticas de seguridad) SEGURIDAD EXTERIOR SEGURIDAD INTERIOR
Su fin es el de preservar al Estado como entidad Refiere al mantenimiento del orden público local jurídica y el respeto de sus derechos en el (regulada por Ley 24. Ello significa que en el sistema constitucional argentino. o los totalitarismos. creemos en un sistema constitucional en el que la seguridad jurídica se engarza y encorseta a los valores del Estado de Derecho. a no hacer lo permitido. Sólo así la seguridad jurídica puede desentenderse de las propuestas manipuladoras de “siempre”. No nos interesa la seguridad jurídica que brindan los autoritarismos. Gráficamente: SEGURIDAD DEL ESTADO
(De allí deriva la posibilidad de realización por parte del Estado. que en el sistema constitucional. en aras del bien común. 19 C. la persona alcanza
.). que implica por lo general.059) concierto internacional (Regulada por Ley 23.17
por su mera existencia. etc. la regla es que la personas pueden hacer “todo”. Respecto de la posibilidad de realizar lo no prohibido y no hacer lo permitido. Estamos hablando allí. dictado de decretos de necesidad y urgencia. salvo lo prohibido por ley. Enseña Sagues que como consecuencia de esta tesis. puesto que dimana de los contenidos jusfundamentales impuestos por la Constitución.554)
Pero es rol del Estado. que por ello debe ser clara en el enunciado de derechos y obligaciones. estado de sitio. a contar con seguridad jurídica y a que se les brinde seguridad pública. En el contexto antes señalado podemos enunciar ahora que el propio Estado constitucional engendra competencias para garantizar su seguridad (declaración de guerra.. convirtiéndose en un valor jurídico insoslayable para el logro de los restantes de que el sistema está imbuido. es esa la enunciación del principio de “legalidad” que se deriva de la 2° parte del art. Queremos decir con lo expuesto.. pero nosotros aspiramos a más. y así lo impone la Constitución disponer las condiciones para que la ciudadanía pueda gozar de los siguientes derechos: a realizar lo no prohibido. de la seguridad del Estado. la seguridad jurídica resulta el presupuesto del derecho. diluir o al menos flexibilizar la libertad de las personas. sistemas de seguridad jurídica.N.
concebida como el disfrute sin riesgos ni sobresaltos de las prerrogativas que el sistema les concede. Ni aún cuando la
. Y de ello deriva el derecho de las personas a la seguridad jurídica.6. como lo son: por ejemplo. tanto desde una acción preventiva o ejecutiva por parte del Estado.
Podemos decir que sin la armónica correlación de los dos vectores antes indicados (seguridad del Estado y seguridad de las personas). el Estado dispone de modalidades preventivas o represivas para el mantenimiento del orden. implementando en consecuencia una democrática policía de seguridad
De lo expuesto deriva el derecho de las personas a la tranquilidad. pero no se puede dejar de hacer lo que la ley impone (lo obligatorio)
12. demandable ante los poderes públicos.18
un grado elemental de seguridad del que se deriva su derecho constitucionalÑ • A hacer lo permitido • A hacer (o no hacer) lo prohibido • A no hacer lo permitido La jurisprudencia de nuestra Corte Suprema ha ofrecido directivas que avalan el hecho de que lo prohibido puede emanar tanto de una ley como de un decreto.. es prácticamente imposible la actuación armónica del sistema. Es por ello que consideramos a la seguridad jurídica. deja en manos del Congreso la definición de ciertos temas. Pero no debemos olvidar aquí que ningún modo de represión justifica la violación de los derechos humanos. aunque el principio de reserva de ley. como otro de los presupuestos del adecuado funcionamiento del sistema constitucional. Por tal razón. concebido como aplicación del valor constitucional de seguridad. en el sentido de poder exigir: • • El correcto funcionamiento de las instituciones La realización de los valores que impone el sistema constitucional. los delitos o los impuestos. Existe – en suma – un derecho constitucional a no hacer lo permitido y lo prohibido. La seguridad concebida como “función jurídica”.La seguridad jurídica y la seguridad pública.
plena o sea. que irradie condiciones de seguridad. Luego de haber indicado los principales rasgos que hacen al concepto de seguridad jurídica en el sistema democrático. constituye sin duda alguna. resaltando para ello dos exigencias básicas: 1. Esto significa que los poderes públicos también deben someterse al principio de legalidad. Corrección funcional: que comporta la garantía de acatamiento y cumplimiento al derecho por todos sus destinatarios. El sometimiento de todos a la ley constitucional. o sea.
. clara. y regularidad de actuación en los órganos que deben aplicarlo. Pues en ese contexto. y en particular.. escrita. hemos de englobarlo como función pública. y perpetua. estricta. Corrección estructural: en cuanto garantía de disposición y formulación regular de las normas e instituciones que integran al sistema jurídico constitucional.7. Y no cubrir con violencia los evidentes resultados de su inacción En suma. manifiesta. debidamente tipificadora cuando se trata del establecimiento de conductas penalmente sancionables. con el principio de la eficacia del derecho. en cuanto estable) 2. la “represión” como modelo. Ello se sintetiza en una adecuada formulación del principio de legalidad (Ley promulgada. la clave de bóveda de la vigencia del Estado de Derecho y es por ello que la dimensión funcional de la seguridad enlaza en el sistema democrático. No dudamos que en este complicado fin de milenio prima la postura sofista de las descalificaciones ideológicas. es ni más ni menos que un patético espejo en que la sociedad sólo alcanza a ver reflejados sus fracasos en el área de la seguridad pública. en cuanto norma general y abstracta.19
represión tienda formalmente a protegerlos. la obligación por parte del Estado consiste en diagramar un sistema de protección de los derechos y los habitantes. previa.Seguridad jurídica en el Estado de Derecho. aquellas que descalifican a la posibilidad democrática de conseguir el valor de la seguridad jurídica. no retroactiva.
La seguridad deja así de ser concebida como una derivación de la existencia de libertades.20
Y los ataques más demoledores. Podemos a partir de la premisa señalada. sin la seguridad que ofrece la ley. a la irrefrenable inflación normativa. Encauzar la política estatal hacia la obtención de determinados bienes jurídicos vinculados con la libertad. se le adosa una tremenda inoperancia por parte de los detentadores del poder para conseguir su acatamiento. Así. igualdad. que el
. Suponer la existencia de un límite a la actividad del Estado. se han dado en el terreno fáctico. para pasar a ser condición de un sistema de libertades y derechos plenamente garantizados. en manos de la más sangrienta dictadura militar de que tuvo conocimiento la historia biográfica de nuestra Nación. una defensa frente a injerencias arbitrarias del poder público 2. llegando en la década del ’70. El siguiente paso es el resquebrajamiento del valor de la seguridad jurídica. Ello así. Coincidimos finalmente aquí con Perez Luño. sinó a través de ellas. sinó además a ampliar el ámbito operativo de la seguridad en el contexto del sistema constitucional Reivindicando a la seguridad jurídica como espacio fundamental de la democracia. presupuestos y no consecuencias de las libertades y derechos fundamentales. Ello permite no solamente superar la vieja contradicción entre libertad y seguridad. en cuanto ha sostenido que la seguridad es el cariz que la vida entera del hombre toma cuando se desenvuelve en un Estado de Derecho. Debemos entonces reivindicar en el actual tránsito de nuestro sistema constitucional la circunstancia de ser el orden y la seguridad jurídicas. En este ámbito los valores jurídicos que irradia la Constitución no se logran a costa de la seguridad y de la ley. solidaridad y paz de los ciudadanos En definitiva. resulta inconcebible la realización de los valores del sistema que la constitución ha establecido y delineado. o sea. pues sin seguridad jurídica. a conocer los sinsabores de su inexistencia. la ley del sistema democrático representa la garantía de la seguridad y de la libertad de los ciudadanos. debido al menoscabo de la propia vigencia del sistema. sostener que hemos vivido en nuestra alicaída república. se consiguen dos apreciables logros. Creemos con el jurista español. aproximadamente cincuenta años de deterioro en la seguridad jurídica. a saber: 1.
K. 1991. 3. cuyo objetivo es el de generar un marco de debate abierto y democrático entre alumnos y profesores. Mar del Plata. Madrid. 4. 1993. que podrá consultar con su profesor las respuestas a las mismas. Edit. son para motivar el espíritu crítico e investigativo del alumno. En (De autores varios) Garantías Constitucionales. Jiménez. y en ello radica la riqueza conceptual de este apartado. Universidad del Externado de Colombia. ya que en esta forma política. 1991. Ariel.
12. Antonio: La seguridad jurídica. Depalma. Buenos Aires. Edit. que el sistema constitucional argentino efectúa una clara distinción entre el ámbito de lo “público” y lo “privado”? Fundamente su respuesta. 1997. ¿Cómo vincula Ud. Miguel: Extraños diálogos políticos.) sobre la intimidad y cuestiones afines. 1. Eduardo: El “Habeas Data” en la reforma constitucional de 1994. al concepto de “seguridad jurídica” con el contexto del Estado de Derecho?
Anotaremos a continuación. Bogotá. 5. ¿Estima Ud. notas y concordancias Las preguntas que se formulan a continuación. 1990 3. ¿Considera Ud. Edit.21
alcance de la seguridad supone la realización plena de las garantías y los valores del Estado de Derecho. cierta bibliografía específica que consideramos de importancia a fin de profundizar en los contenidos del capítulo
1. Barcelona. Quiroga Lavié. Ekmekdjián. que el valor “paz” puede ser concebido como pauta de síntesis y marco de actuación de los derechos humanos de la tercera generación? 2. Suárez. Consejo General del Poder Judicial. Preguntas.
.8. coincide con lo que tiene que hacer. lo que el ciudadano puede hacer. Humberto: Derecho a la intimidad y objeción de conciencia. Edit. 2. Informe e la Comisión Calcutt (U. Ellas – por supuesto – no serán unívocas. Edit. Perez Luño.
Riquert. 19 C. los instrumentos internacionales engloban dentro de dicha concepción al derecho a no ser perturbado en la vida privada. Buenos Aires. en su artículo 3. Una norma similar a la anterior tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. en la vida familiar.
. a la luz de lo dispuesto en el art. Marcelo: Informática y Derecho Penal Argentino.
SEGURIDAD. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.b) La seguridad y la higiene en el trabajo. • La Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene una norma análoga a la recién estudiada. Sampay. expresa en su artículo 5 que “toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra. Edit. 7. El siguiente cuadro nos muestra las normas protectoras de la intimidad y la seguridad personales en los instrumentos internacionales jerarquizados constitucionalmente.
Respecto de las concordancias de este capítulo. asegura el derecho “. en su artículo 11.. Sociales y Culturales establece que “los • estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativos y satisfactorias que le aseguren en especial : .
El derecho a la seguridad en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional tiene recepción de la siguiente forma : En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre : En su artículo 1 se establece que “todo ser humano tiene derecho a. su familia. la Convención • Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racial. Edit. ellas vincularán lo expuesto.22
6.. el Pacto Internacional de Derecho Económicos.. Buenos Aires.
En lo referido al derecho a la intimidad de las personas.N. con ciertas regulaciones habidas en instrumentos internacionales jerarquizados por nuestra Constitución Nacional. en su artículo 17.. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo12 que “nadie será objeto de inferencias arbitrarias en su vida privada. En el ámbito laboral. Respecto de la protección de la persona contra cualquier acto de discriminación racial.a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad
INTIMIDAD. Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales. a su reputación y a su vida privada y familiar”. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias”. la seguridad de su persona”. y lo resuelto por nuestra jurisprudencia respecto de la constitucionalidad de la incriminación de la tenencia de estupefacientes para el propio consumo. y a la protección del domicilio y de la correspondencia. EL DERECHO A LA SEGURIDAD Y A LA INTIMIDAD EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES JERARQUIZADOS CONSTUCIONALMENTE. 1999. 1975. ni de ataques a su honra o as su reputación.. 19 de la Constitución Nacional. Arturo: La filosofía jurídica del Art. Ambos prevén la protección de la ley contra dichas injerencias. su domicilio o su correspondencia. y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.. AD-HOC.
El derecho a la protección de la intimidad del niño está protegido en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño. PETRACCHI. y el segundo se resolvió al fallar en autos “Montalvo” (1991).
El Dr. Aquí resumimos los argumentos
DISIDENCIA DEL DR. BELLUSCIO. grupo o institución”. Julio Oyhanarte y Eduardo Moline O’connor. Cavagna Martínez.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nosotros resumimos aquí los
DISIDENCIA DEL DR. en forma similar a las ya vistas. donde la Corte de nueve miembros cambia de criterio y declara la constitucionalidad de la punición. También se protege este derecho en el artículo 9. Carlos Fayt se remite a sus fundamentos ya vertidos en fallos análogos. Julio C.
LA TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES PARA USO PERSONAL EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA (El fallo “Montalvo”) El siguiente cuadro es un breve resumen de los argumentos esenciales vertidos por los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la legitimidad constitucional de la punición a la tenencia de estupefacientes para uso personal. Petracchi expone los siguientes argumentos : No basta que la conducta afecte de algún modo a terceros. sin perjuicio de remitirnos al fallo “Bazterrica”. Mariano A. en el artículo 3. Rodolfo Barra. Belluscio se remite también a fundamentos expuestos en otros • pronunciamientos.4
Ya indicamos en este capítulo cuáles fueron los fundamentos de la postura llamada “paternalista” para declarar constitucional la
VOTO DEL DR. Nosotros mostramos las posiciones vertidas en el caso “Montalvo”. donde el Tribunal de cinco miembros declaró inconstitucional la punición de lo que consideró una conducta autorreferente protegida constitucionalmente (art.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
EL Dr. o a la moral o el
4 La mayoría votante estaba compuesta por los Dres. Nazareno. Recordemos que aquí hubo dos virajes jurisprudenciales: el primero sucedió en 1986 cuando la Corte falló el caso “Bazterrica”. Veamos entonces cuáles fueron los principales argumentos de ambas posiciones y quiénes fueron sus sostenedores:
VOTO DE MAYORÍA.23
personal cometida por funcionarios públicos o por • cualquier individuo. FAYT.
El Dr. 19). por ser esta la jurisprudencia actual de nuestro alto Tribunal.). alegando que el consumidor de estupefacientes con su accionar crea un peligro potencial en la salud pública de la comunidad. y referente a los niños. Ricardo Levene (h.
No se sanciona al poseedor por su adicción.24
incriminación de la tenencia de estupefacientes para uso personal. de la sociedad. Los legisladores. el cual sería inconcebible si no hubiera tenedores consumidores.
. la tenencia de estupefacientes para uso personal queda fuera del ámbito de protección del art. Sólo podrá ser cuestionada si la presunción de peligro que subyace en dicho juicio resultara absolutamente irrazonable. La prevención penal de la tenencia. y no los jueces. en el cual expresa también : Que las acciones privadas de los hombres son aquellas que no interfieran con las acciones legítimas de terceras personas. expuestos en su disidencia (firmada en forma conjunta con el Dr. Caballero) en autos “Bazterrica” (1986) : La extensión del área de • defensa que prevé el art. 6 de la ley 20771) se sustenta en el juicio de valor efectuado • por el órgano constitucionalmente legitimado al efecto.• resulta en principio irrevisable. • El Estado no debe imponer ideales de vida a los individuos. La norma (art. Petracchi en el caso “Bazterrica” ya citado.N. 19 de la C. El consumidor no delinque. y desde ese punto de vista.N. Los repetimos aquí : La figura penal en cuestión protege no 7sólo la salud • pública. vertidos en el voto de mayoría en autos “Bazterrica” (firmados en forma conjunta con el Dr. podrá ser más o menos amplia según la importancia asignada al respectivo bien que se pretende proteger. Baqué) : Al penalizar la mera tenencia de estupefacientes para • consumo personal.. se castiga la creación de un riesgo. las acciones privadas originan consecuencias que puedan • dañar a terceros. sino sólo aquel que produzca un daño o peligro concretos a los bienes tutelados. sino por el peligro potencial que ha creado a la salud pública. sino ofrecerles libertad para que ellos elijan qué es lo conveniente. resultaría una irresponsabilidad de los gobiernos no instrumentar los medios necesarios para erradicar ése mal.N. orden públicos. No se sanciona al poseedor por su adición. que no dañen a otros. La tenencia de estupefacientes siempre supone la trascendencia que resulta del hecho del • tráfico (condición necesaria). pero sí delinque el traficante al incitar a terceros al consumo. de la nación y hasta de la humanidad toda. haciendo alusión a peligros potenciales y abstractos. 19 de la C. el voto del Dr. ya que su conducta es autorreferente. Si de algún modo. éstas quedan fuera del ámbito de protección del art. o que no lesionen sentimientos o valoraciones compartidos por un conjunto de personas en cuya protección está interesada la comunidad toda. 19 C. No se debe penalizar fundándose en características personales (al drogadicto). sinó valores morales de la familia. La punición no es un remedio efectivo para el flagelo de la droga. Es muy interesante también. sinó por el • peligro potencial que ha creado la mera tenencia del estupefaciente. son los encargados por la Constitución para determinar cuándo una conducta privada posee entidad o aptitud para afectar la moral pública. no resulta irrazonable la presunción de peligro que acarrea para la sociedad la mera tenencia de estupefacientes para uso personal. no es un remedio eficiente para el problema que plantean las drogas. ya que no cualquier efecto autoriza la intervención estatal. En consecuencia. y no a daños concretos. Por ello. Ante el grave peligro que representa el flagelo de la droga.
a la luz de lo expuesto............................................. las vinculaciones entre los valores libertad. solidaridad y paz con el contexto de actuación de los derechos humanos en el sistema constitucional:
............. Autoevaluación......................25
12.........9.. ............................................. Desarrolle............1........................................................................................ ...
............... ............................................. ......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................
5.................................... ...................................... ............................................................................................................................................................................... ¿Cuál es el ámbito de actuación de la seguridad jurídica en el contexto del Estado de Derecho?:
..................................................................................... Explique y caracterice el marco de intimidad que resguarda el artículo 19 de la Constitución Nacional........................................................26 ................. y la extensión que ha dado al mismo nuestra jurisprudencia:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ¿Como vincula la Constitución la tutela de la intimidad personal con el derecho informático?:
.......... Explique brevemente el concepto de “seguridad” concebido como “función jurídica”:
.......................................................................................................... ............................
4............................................................... ........................................................
2............................... ................................................................................................................................................................................................................... ........................ ................................................... ................................................... .... ....................................... ............... ......................
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