Source: http://derechopedia.pe/explore/derecho-constitucional/158-el-proceso-de-amparo-alcances,-dilemas-y-perspectivas
Timestamp: 2017-08-19 11:08:12
Document Index: 390492051

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 38', 'Artículo 53', 'Artículo 101', 'Artículo 69', 'Artículo 295', 'Artículo 200', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 25', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 44', 'Artículo 59']

La referencia de contexto respecto a que poco más del 70% de la carga del Tribunal Constitucional peruano se refiera a procesos de amparo , puede darnos una idea de la importancia de este proceso constitucional, cuyo punto de partida precisamente consiste en la premisa de restituir un estado de cosas, generado por una afectación, a la situación anterior a la vulneración de un derecho fundamental. Sobre esta idea base se construye el sentido jurídico constitucional de este proceso iusfundamental, cuya legitimidad reside en su estrecha vinculación al concepto de Estado Democrático y Social de Derecho y a su expresión más uniforme de defensa de los derechos fundamentales: el Estado constitucional.
En el mismo sentido, no podemos referirnos al proceso de amparo sin dejar de hacer referencia al contexto interpretativo que el mismo ofrece en nuestro ordenamiento constitucional, el cual ha superado in extenso una concepción procedimental de este tipo de proceso para que asumamos una concepción material extensiva del mismo, en cuanto la autonomía procesal que identifica esta herramienta, desde su génesis en la visión alemana de la Verfahrensautonomie de Lechner , pueda explicarnos cuál es la percepción de sentido amplio que identifica este tipo de procesos constitucionales, que en muchos casos de la jurisprudencia constitucional parece invadir los ámbitos del principio de legalidad y congruencia procesal y sin embargo, utiliza una herramienta de suyo implícita respecto a los derechos fundamentales, cual es la exigencia de tutela urgente.
El proceso de amparo- enfaticemos- identifica hoy un concepto amplio de tutela y naturalmente referirnos a procesos de connotación amplia puede generar dificultades polisémicas, en la medida que precisamente esa amplitud de protección significa la esencia material del amparo, mas a su vez también implica el mayor campo de dificultades que esta herramienta iusfundamental ofrece, pues a partir de una interpretación constitucional en sentido amplio , el supremo intérprete de la Constitución, ha considerado la definición de diversas figuras procesales que recogen dos ámbitos de acción: de un lado, la exigencia propia de tutela urgente que demandan los procesos constitucionales y de otro lado, la facultad material de establecer estándares jurisprudenciales, cuyo sentido de dirección es la consolidación de una real jurisdicción constitucional, en la cual la base normativa es apenas el punto de partida para una real consolidación de los derechos fundamentales, si por tales entendemos el insumo vital que identifica a un Estado constitucional.
El proceso de amparo nace, con mayores rasgos de organicidad, en México, sobre las bases de la Constitución de Yucatán del 31 de marzo de 1841 , Carta que sucede a su vez a la Constitución de 1836 y sus 7 leyes. Era necesario, para el constituyente mexicano, atisbar a efectuar un adecuado control constitucional y ello resultaba mejor afianzado desde la inclusión de la herramienta del amparo en la propia Carta Fundamental. En propiedad, sin embargo, es la Constitución de 1857 el cuerpo de leyes que otorga al amparo la calidad de garantías individuales y un procedimiento para su protección.
Los criterios de consolidación sobre la existencia del Estado constitucional en el cual prevalecen la ponderación sobre la subsunción y los principios logran imponerse a las reglas , entre otros caracteres centrales, han venido siguiendo una ruta de afianzamiento desde el modelo de Estado de Derecho, que hoy puede denominarse el de un Estado constitucional, en el cual la Norma Fundamental resulta vinculante, mas advirtamos que ello resulta insuficiente per se, en tanto asegurar la defensa de los derechos fundamentales, exige un modelo de Estado en el cual los procesos constitucionales deriven en una vivificación de estos derechos, frente a los cuales existe un contenido constitucionalmente protegido, inatacable para el legislador, el cual realiza la tesis del antes denominado contenido esencial del derecho fundamental.
Y solo en el Estado constitucional puede realizarse este aserto pues mientras las reglas han de resolverse bajo esquemas subsuntivos y han de ser entendidas como mandatos definitivos, los principios han de ser advertidos como mandatos de optimización y han de resolverse bajo esquemas de ponderación. A este segundo orden, corresponde aquello que Zagrebelsky denomina “El Derecho por principios”.
El tema ha sido superado con rangos de larga data: a pesar del protagonismo de la Cámara de los Lores hasta el año 2009 en Inglaterra, y no obstante que el legislador dispone de la herramienta de la creación de la ley para garantizar, también, una tutela de los derechos fundamentales, y más aún, conferidas mayores potestades a la Administración para que inclusive en forma colegiada , se promueva la defensa de los derechos fundamentales vía control difuso, son en realidad los jueces los reales depositarios de la dimensión material de la jurisdicción constitucional, en cuanto es propiamente la potestad judicial la que desarrolla una función revisora del contexto probatorio de un caso, a partir de las alegaciones de las partes, pero al mismo tiempo, emitida la decisión final, existe una función de coerción, en tanto un mandato judicial debe ser cumplido, y si el mismo no es acatado, la ejecución y sus variados apercibimientos, representan una efectivización del mandato judicial.
En nuestro ordenamiento constitucional, el amparo es contemplado como garantía individual con la Constitución de 1933 , la cual entendía que el habeas corpus resultaba un proceso amplio y como tal, protegía también los derechos que hoy son objeto de protección por el proceso de amparo.
La Carta Constitucional de 1979 perfecciona la defensa de los derechos fundamentales dividiendo los campos de acción del habeas corpus y el amparo.
En el mismo sentido, la Norma Fundamental de 1993 asume una definición técnicamente más amplia para centrar el ámbito de acción del proceso de amparo tanto en acciones como omisiones, lo cual en la práctica jurisprudencial ha implicado inclusive un tipo de protección preventiva, superando la concepción de que solo debía evaluarse el ámbito de determinación de una acción agresora y de su legitimidad o ilegitimidad.
La precisión respecto a normas legales, ha sido objeto de desarrollo infraconstitucional por el artículo 3 del Código Procesal Constitucional en cuanto a que las normas autoaplicativas son objeto del proceso de amparo por su condición de normas de directa aplicación. Por el contrario, las normas heteroaplicativas, es decir, aquellas que aún necesitan reglamentación, no son susceptibles de ser impugnadas en la vía de los procesos constitucionales de la libertad. La lógica es clara: si la norma exige reglamentación, no despliega aún sus efectos en forma integral y por tanto, no puede considerarse constituida una agresión ni una amenaza real, tangible, cierta e inmediata.
En relación a las resoluciones judiciales emanadas de procedimiento irregular, el aporte del caso Apolonia Collca es relevante pues dicha ejecutoria disgrega sobre el concepto de proceso regular. Remarca que la concepción de los jueces respecto a los procesos de amparo contra resolución judicial, aludía a que si un determinado proceso había sido desarrollado con estándares regulares ceñidos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, entonces no podía concebirse un amparo de esta naturaleza.
En consecuencia, el desarrollo jurisprudencial del proceso de amparo ha sido importante para afianzar los supuestos normativos establecidos por la Constitución y el Código Procesal Constitucional, a lo cual debe sumarse un importante número de precedentes vinculantes- hoy 48- en su gran mayoría relacionados con procesos de amparo, los cuales a pesar del cuestionamiento y consenso que los mismos han generado , constituyen reglas importantes de la aplicación procedimental del amparo.
En los procesos constitucionales de la libertad, el Poder Judicial representa los primeros bastiones de defensa de los derechos fundamentales, y solo vía recurso de agravio constitucional, en caso de sentencias denegatorias , es competente el Tribunal Constitucional. Advertimos aquí un importante efecto de racionalidad en el conocimiento de causas pues solo lo desestimatorio sube al Tribunal y ya no hay exigencia de que vuelva a revisar el supremo intérprete aquello que el Poder Judicial resolvió favorablemente.
Los procesos de control normativo son de conocimiento exclusivo del Tribunal Constitucional y son resueltos en instancia única, en razón de que compete, en estos casos, un control constitucional de la normatividad que afectaría el principio de supremacía normativa de la Constitución, contemplado por el artículo II del Título preliminar del Código Procesal Constitucional relativo a los fines de los procesos constitucionales, en este caso, los referidos a control normativo. .
Los artículos 1 a 24 del Código Procesal Constitucional fijan las disposiciones generales de los procesos de hábeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, destacando, entre otros items, la finalidad de los procesos constitucionales , en cuanto a la pretensión de que las cosas sean repuestas al estado anterior a la violación del derecho.
Un avance relevante de las restricciones a los procesos constitucionales ha sido el establecimiento de causales de improcedencia, contempladas en el artículo 5 de la norma acotada .
El desarrollo jurisprudencial de estas exclusiones o causales de improcedencia ha sido importante pues junto al efecto tutelar del amparo, trabaja, de igual forma, el efecto de racionalización que debe estimar el juzgador constitucional, a fin de otorgar tutela solo a aquellas causas que lo ameriten, para en efecto limitar un alto número de pretensiones constitucionales, cuyo objeto central, en muchos casos, es la prórroga del debate en cuarta instancia, circunstancia que el propio sistema interamericano ha prohibido a través de la fórmula Heck .
¿Cómo determinamos los niveles de afectaciones elevadas, medias y débiles? Creemos que aquí reviste suma importancia la construcción jurisprudencial de estándares y si ellos son fijados por los jueces constitucionales habilitados por su calidad de órganos que emiten decisiones vinculatorias, entonces habrá de trabajarse dos supuestos siempre relevantes para la jurisprudencia: respeto por el principio de igualdad y predictibilidad de las decisiones judiciales .
3.2. Ausencia de etapa probatoria
Igualmente destaca la figura de ausencia de etapa probatoria , institución que encuentra su expresión justificatoria en la exigencia de que la causa constitucional de amparo no sea sometida al amplio debate probatorio de las causas ante la jurisdicción ordinaria, en atención a la condición de tutela urgente que este tipo de proceso exige, condición de urgencia que sí encuentra una justificación en el sistema interamericano .
Si bien creemos que la función saneadora del órgano de segunda instancia debe evitar las decisiones de nulidad , a juicio nuestro, esta situación debe ser de suma excepcionalidad en un proceso constitucional, pues contradice los fines de la tutela urgente. Los jueces constitucionales, al desarrollar función revisora, solo deben confirmar o revocar una decisión previa. Ello optimiza los procesos constitucionales de la libertad.
Por otro lado, la prevalencia de las sentencias constitucionales constituye, bajo las condiciones determinadas por los actuales procesos constitucionales de la libertad, la clave de bóveda de la jurisdicción constitucional, en tanto ésta desarrolla una función revisora de las decisiones de la justicia ordinaria. Ésta es una competencia infraconstitucional que explica la importancia determinante de las decisiones de los jueces constitucionales, aspectos que por cierto no han estado exentos de cuestionamientos desde la jurisdicción ordinaria, en tanto de acuerdo a los cánones establecidos, podríamos eventualmente señalar que es viable, desde la perspectiva procedimental de este artículo, que una decisión de una Sala de la Corte Suprema de la República, en materia penal, civil, contenciosa, entre otras, pueda ser revisada por un juez constitucional de primera instancia.
Este ítem debe ser matizado con la extraordinaria importancia del principio self restraint, o de autolimitación, el cual exige ser trabajado intensamente. Por el contrario, una ley de límites a las potestades interpretativas del Tribunal Constitucional representa, a juicio nuestro, un paso hacia atrás que debe ser evitado.
Los derechos protegidos por el amparo son enunciados por el artículo 37 del Código Procesal Constitucional y al respecto, es importante hacer un ejercicio de contrastación con el artículo 2 de nuestra Carta Fundamental, el cual enuncia igualmente otro conjunto de derechos fundamentales protegidos.
La conclusión liminar a que llegamos es que advertimos un efecto de progresividad en el ámbito de protección de los derechos fundamentales, pues no hacemos una distinción, como en el modo español, entre derechos protegidos o no por la jurisdicción constitucional , y por tanto todo aquel derecho con relevancia iusfundamental, es objeto de protección por la jurisdicción constitucional peruana.
Entre dichos derechos innominados que han pasado a la condición de reconocidos por el ordenamiento constitucional tenemos, según Sosa Sacio , los siguientes: el derecho a la objeción de conciencia (STC 895-2001-AA/TC, caso Rosado Adanaqué); derecho a la verdad (STC 2488-2002-HC/TC, caso Villegas Namuche); derecho al libre desarrollo de la personalidad (STC 007-2007-PI/TC, caso Colegio de Abogados del Callao); derecho al agua (STC 6546-2006-PA/TC, caso Zúñiga López); y derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (STC 2432-2007-PHC/TC, caso Rolando Apaza).
En idea congruente con el aserto anterior, los derechos no protegidos porel proceso de amparo han sido precisados por el artículo 38 de la norma infraconstitucional sobre dos rubros definidos:
Aquellos derechos que no gozan de sustento constitucional directo;
Sobre este aspecto, la STC 1417-2005-AA/TC, caso Anicama Hernández, nos brinda una noción de sustento constitucional directo en el sentido de una protección material que trasciende el solo carácter normativo de fijación de un derecho fundamental, para conformar el denominado bloque de constitucionalidad. Por consiguiente, aquel derecho que no haya sido establecido ni tampoco conserve un sentido de protección que justifique su inclusión en el ámbito de protección de los derechos fundamentales, no merecerá protección en sede de derechos fundamentales.
Aquellos derechos que no están referidos a los aspectos constitucionalmente protegidos del derecho fundamental.
De la misma forma, la STC 1417-2005-PA/TC , desarrollando una propuesta de Medina Guerrero, fija una importante distinción respecto de los derechos no protegidos, en cuanto si la controversia constitucional no se refiere a los aspectos constitucionalmente protegidos del derecho en cuestión, entonces no hay posibilidad de tutela.
3.6. Plazos para la interposición de los procesos de amparo
Los plazos para la interposición de los procesos de amparo son de suma importancia pues se trata de causales de prescripción y no de caducidad, conforme ha determinado nuestra jurisprudencia constitucional.
Los procesos de amparo contra resolución judicial exigen un plazo menor - 30 días- en consideración a la exigencia de que realmente la cosa juzgada, en sentido formal, quede afianzada, dados los efectos de seguridad jurídica que implican las decisiones jurisdiccionales que resulten consentidas o ejecutoriadas.
Ahora bien, si bien es cierto que la cosa juzgada, o res iudicata, resulta una institución que exige un sentido material fuerte, a su vez ha sido desarrollada por el supremo intérprete de la Constitución, la figura de la cosa juzgada constitucional , que en concreto implica que no hay cosa juzgada en el sentido tradicional si una sentencia del Poder Judicial desconoce un precedente vinculante. En dicho caso, no es procedente aplicar plazo alguno para la interposición de una demanda que invoque la cosa juzgada constitucional, propuesta que en su momento fue criticada severamente por el Poder Judicial por los márgenes de inseguridad jurídica que representaban procesos cuyo término de impugnación, ya se había vencido en exceso.
En cuanto a las afectaciones a particulares, siguiendo la doctrina de la Drittwirkung , o también de eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre privados , el término es de 60 días, un plazo superior al de amparos contra resoluciones judiciales.
3.7. Ejecución de sentencia en los procesos de amparo
El ámbito de la ejecución de sentencia en los procesos de amparo conlleva importantes aspectos de efectivización de los derechos fundamentales con contenido patrimonial.
3.8. Represión de actos homogéneos
Respecto a la represión de actos homogéneos , la normativa procedimental infraconstitucional ha establecido los términos de esta figura bajo la premisa clave de que si existe una afectación sustantivamente similar a aquella ejecutada en el proceso principal, no corresponde la interposición de un nuevo proceso de amparo, sino que en ese mismo proceso, debe producirse la restitución inmediata que esa afectación denunciada involucra.
Jurisprudencialmente ha determinado el Tribunal Constitucional que la represión de actos homogéneos amplía el ámbito de protección del amparo y delega en el juez de ejecución, la responsabilidad de determinar la represión del nuevo acto lesivo.
Sin perjuicio de lo expresado, importantes controversias ha generado la dilucidación de los alcances del nuevo acto represivo, por cuanto, por ejemplo, las reincorporaciones laborales en los procesos de amparo, han generado como cuestión a definir si la negativa del empleador a la incorporación en planillas laborales del demandante, constituye o no un nuevo acto lesivo, a partir de la fundamentación de que el proceso de amparo, como cuestión principal, ha reconocido la afectación del derecho al trabajo.
Ha de continuar la dicotomía sine die entre el derecho de petición y su sucedáneo, el derecho de acción, de un lado, y del otro, el efecto de necesaria racionalización de las causas constitucionales por parte de los jueces de los derechos fundamentales. Esta situación se refleja en que no más de un estimado de 16% de procesos constitucionales, merece decisión estimatoria. Ello implica 2 atingencias: que no existe un uso adecuado de la vía de los derechos fundamentales, y que se produce un problema de congestión respecto de aquellos procesos que en forma justificada sí exigen tutela de urgencia.
Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Sala Constitucional de Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Profesor Visitante de la Universidad de Medellín, Colombia. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque, Perú. Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional por su participación en los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales, Montevideo, Uruguay, 2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American University, Washington D.C., EE.UU., 2009. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Vid. Memoria del Tribunal Constitucional de Perú 2009. p. 88. El equivalente de amparos fue 71.41%
RODRIGUEZ PATRON, Patricia. La libertad del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su Derecho procesal. Revista Española de Derecho Constitucional. Nro. 62. Mayo- agosto 2001. p. 129
Los principios de interpretación constitucional- unidad de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, función integradora y de fuerza normativa de la Constitución- constituyen el insumo interpretativo más relevante, diseñado a partir de, entre otras, la STC 5854-2005-PA/TC F.J 12, caso Lizana Puelles.
Constitución de Yucatán de 1841. Artículo 53.
Constitución de 1857. Artículo 101.
Vid PRIETO SANCHIS, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Publicado en anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 2001.
ZAGREBLESKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Editorial Trotta. España, 1995. p. 109.
Con la Constitutional Reform Act de 2005, que entró en vigencia el 31 de julio de 2009, se independizan las funciones hasta entonces judiciales del Parlamento británico para dar lugar a la Suprema Corte del Reino Unido. En otros términos, desde su creación en 1706, el Parlamento ejerció funciones de tribunal supremo de apelación.
Vid STC 3741-2004-AA/TC F.J. 50, caso Salazar Yarlenque. Establece, vía precedente vinculante, la obligación de los tribunales y órganos colegiados de la Administración Pública de aplicar control difuso.
Constitución de 1993. Artículo 69
Constitución de 1979. Artículo 295.
Constitución de 1993. Artículo 200
Código Procesal Constitucional. Artículo 3. Procedencia frente a actos basados en normas
STC 3179-2004-AA/TC. F.J. 23. Caso. Apolonia Collca.
Vid FIGUEROA GUTARRA, Edwin. Precedentes vinculantes: ¿consolidación normativa o restricciones a las facultades interpretativas de los jueces? GACETA CONSTITUCIONAL No. 45. Setiembre 2011. p. 281-307.
Vid STC 02748-2010-PHC/TC. Caso Alexander Mosquera. F.J.15.
Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 1.- Finalidad de los Procesos
Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 5
STC 0575-2006-PA/TC caso Fernando Salmón
4. Al Tribunal no le es ajeno que en la aplicación del derecho ordinario se puedan afectar los derechos fundamentales. Por ello aplicando la denominada "fórmula Heck", empleada por el Tribunal Constitucional Federal alemán o la denominada "fórmula de la cuarta instancia" utilizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos sostenido que
La estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional (...); sólo en caso de la violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el Tribunal Constitucional (...) entrar a conocer el asunto (...). [L]os procesos de subsunción normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal Constitucional Federal, siempre y cuando no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del significado de un derecho fundamental, especialmente en lo que respecta a la extensión de su ámbito de protección, y cuando su significado material también sea de alguna importancia para el caso legal concreto. (BverfGE 18, 85 –sentencia del 10 de junio de 1964–) [STC 09746-2005-PHC/TC, Fund. Jur. N.º 4].
Sobre el aserto doctrinario de tratar los iguales como iguales y a los desiguales, y las previsiones de discriminación positiva, o diferenciación, la cual es permitida, y discriminación negativa, la cual es rechazada por arbitraria.
La confianza del justiciable en el sentido de que, fijado un precedente, el nuevo caso ha de ser resuelto en modo similar al anterior, si las condiciones son sustantivamente similares, beneficia y fortalece la confianza en los jueces.
Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 9. Ausencia de etapa probatoria
Convención Americana. Artículo 25.
Ellas generan que el caso sea revisado nuevamente por el Juez A-quo a efectos de emitir nuevo pronunciamiento, para subsanar la nulidad establecida. Esto genera dilaciones indebidas que no son propias de los procesos de la jurisdicción constitucional.
La intención de un proyecto de ley presentado en el año 2006 por el congresista Antero Flores Araoz aludía a establecer limitaciones expresas a las facultades decisorias del Tribunal Constitucional, prohibiéndole sentencias interpretativas. Por lo tanto, solo podría pronunciarse el Tribunal Constitucional por una decisión estimatoria o desestimatoria. Bajo este razonamiento, regresaba nuestro país al tipo de órgano constitucional kelseniano de 1919.
Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 37. Derechos protegidos
No todos los derechos fundamentales en España tienen la tutela del amparo. El amparo constitucional solo está restringido a determinados dd.ff., contemplados en los artículos 14 a 29 de la Constitución española, es decir, libertades públicas y derechos humanos, además de la protección de la objeción de conciencia.
SOSA SACIO, Juan Manuel. Proceso de amparo. Gaceta Jurídica. Lima, 2008. p. 45
Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 38. Derechos no protegidos
STC 1417-2005-AA/TC, caso Anicama Hernández
STC 1417-2005-PA/TC. Caso Anicama Hernández
Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 44. Plazo de interposición de la demanda
STC 1049-2003-AA/TC. Caso ETESELVA S.R.L. FJ. 7
STC 006-2006-PC/TC. Caso Casinos Tragamonedas
ODrittwirkung der Grundrechte. Una definición aproximada sería “ Eficacia ante terceros de los derechos fundamentales”
STC 976-2001-AA/TC Caso Llanos Huasco
Código Procesal Constitucional de 2004. Artículo 59. Ejecución de Sentencia
STC 5033-2006-PA/TC. Caso Víctor Roca Vargas.
Situación que le conferiría todos los derechos laborales al demandante. Sin embargo, la restitución debe ser propia respecto a la plaza de trabajo mas no así respecto al reconocimiento de los derechos laborales de una planilla.
Memoria del Tribunal Constitucional de Perú 2009. p. 89. El porcentaje señalado- 16%- corresponde al año 2008.