Source: http://hrfbolivia.blogspot.com/2008/
Timestamp: 2017-06-23 05:18:55
Document Index: 20782379

Matched Legal Cases: ['Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 111', 'Artículo 131', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 19']

HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA: 2008
HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA demanda la inmediata liberación del periodista Jorge Melgar Quete, secuestrado por funcionarios del Ministerio de Gobierno.La detención irregular, que incumplió todas las garantías constitucionales del debido proceso, se produjo en la localidad de Riberalta (Beni) a las 4:15 de la madrugada de ayer, por encapuchados vestidos de negro que se movilizaban en dos vehículos con vidrios oscuros. De acuerdo al testimonio de las hijas de Jorge Melgar, el operativo fue violento e incluyó golpizas contra el periodista, su esposa, hermana e hijos. Los familiares fueron enmanillados y una niña de diez meses fue amordazada para acallar su llanto.A través del viceministro de gobierno, Rubén Gamarra, el Poder Ejecutivo admitió haber detenido a Jorge Melgar bajo la acusación de terrorismo, aduciendo que éste habría participado en las manifestaciones de pobladores riberalteños que tomaron instituciones públicas entre los meses de agosto y septiembre.Contrariamente, testimonios de los familiares señalan que Melgar había denunciado y mostrado imágenes de cómo el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, reclutó y pagó a pobladores de Riberalta para trasladarlos a Pando, en días previos a los trágicos enfrentamientos que tuvieron lugar en ese departamento el pasado 11 de septiembre.HRF-BOLIVIA manifiesta su alarma por el deterioro de la protección a los derechos humanos en el país, particularmente de las garantías al debido proceso y a la libertad de prensa, y exhorta a la comunidad internacional a un pronto repudio de esta grave situación.Links de prensa:Amordazaron a periodista que denunció "plan del Gobierno"Fuerzas de seguridad secuestran a periodistaGobierno sigue con la “cacería” y captura a un periodista en Riberalta Publicado por
En los últimos días, HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA ha dirigido varios comunicados urgentes exhortando al presidente de la república, Evo Morales Ayma, a desactivar la espiral de violencia y confrontación mediante la vía del diálogo, la desmovilización de los grupos de choque y evitando medidas represivas como la militarización o el Estado de Sitio.Haciendo oídos sordos a éstos y otros llamados, el gobierno de Bolivia se ha empeñado en polarizar al país utilizando un lenguaje de confrontación, movilizando a grupos violentos, reprimiendo a la población civil, instruyendo la persecución judicial de líderes de oposición y callando ante la amenaza de intervención militar del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.Esta política de terror derivó en 16 muertos y un centenar de heridos, además de un número no confirmado de desaparecidos, y continuó el viernes 12 de septiembre con la declaración de Estado de Sitio en Pando, que ocasionó la suspensión de las garantías constitucionales y produjo el fallecimiento de otro compatriota, ametrallado por fuerzas militares en el aeropuerto de Cobija, capital de ese departamento.La declaración de Estado de Sitio se produjo en momentos en que el gobernador de Tarija, Mario Cossío, llegaba a la sede de gobierno en representación del Consejo Nacional Democrático (CONALDE), para concertar con el Poder Ejecutivo una agenda de diálogo. Traicionando las esperanzas de reconciliación que ese encuentro había despertado entre los bolivianos, el gobierno central decidió utilizar nuevamente el recurso de la violencia.Posteriormente, el gobierno central ha agravado la situación al impedir la llegada de una comisión de observadores de la Unión Europea y de ayuda humanitaria hasta Cobija. De igual manera, los oficiales militares a cargo del Estado Sitio se han negado a recibir a comisiones de pobladores de esa ciudad, que buscaban entablar conversaciones para impedir cualquier choque entre las Fuerzas Armadas y la población civil.HRF-BOLIVIA alerta a la opinión pública nacional e internacional sobre los efectos que podrían tener estas medidas represivas, que lejos de pacificar al país pueden enardecer aún más los ánimos y desencadenar un enfrentamiento civil generalizado, con gravísimas consecuencias.Al presidente de la república, Evo Morales Ayma, le recordamos que es suya la principal responsabilidad por el derramamiento de sangre vivido en los días pasados y en los eventuales hechos de violencia que pudieran desatarse en las jornadas por venir. Asimismo, le indicamos que esa responsabilidad podría ocasionar su juzgamiento ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.Expresamos nuestro rotundo repudio a expresiones vertidas por el primer mandatario y por el viceministro de coordinación con los movimientos sociales, Sacha Llorenti, quienes señalaron que la prioridad para el gobierno es la recuperación de las instituciones públicas tomadas por manifestantes autonomistas en varios departamentos. Muy por el contrario, consideramos que la prioridad absoluta en esta y cualquier otra circunstancia es la preservación de la vida humana.A la ONU, OEA, Unión Europea y muy especialmente a la Cumbre de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) a reunirse el próximo lunes en Santiago de Chile, les recordamos la responsabilidad internacional que les compete en la protección de los derechos humanos, les demandamos imparcialidad y comunicación con todos los actores del conflicto, y los exhortamos a realizar un firme llamado al gobierno boliviano para que éste retorne al camino del diálogo, el respeto al Estado de Derecho y la unidad nacional.Santa Cruz, 13 de septiembre de 2008cc.Human Rights Foundation-Nueva York (Thor Halvorssen)Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Santiago Canton)Organización de los Estados Americanos (José Miguel Insulza)Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sergio García Ramírez)Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (Alexander V. Bischoffshausen)Parlamento Europeo- Human Rights Unit (Geoffrey Harris)Parlamento Europeo- Subcommittee on Human Rights (Hélène Flautre)Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Louise Arbour)Comisionado del Consejo Europeo para los Derechos Humanos (Thomas Hammarberg)Bertrand Russell Peace Foundation -Fundación para la Paz (Ken Coates)Organización Internacional por la libertad de religión: Christian Solidarity Worldwide (David Atkinson)Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (Nicolás Bolaños Geyer)Comité Cubano para los Derechos Humanos (Ricardo Bofill)Parlamento del Reino Unido - House of Lords (Lord Avebury)
I. Descripción de los hechosEl día lunes 2 de junio de 2008 a horas 07:45 en la ciudad de Sucre, cuando salía de su casa junto a su esposa para llevar a su hija de seis años al colegio, Roberto Lenin Sandóval López fue golpeado y luego secuestrado por seis personas vestidas de negro y plomo, algunas encapuchadas y armadas, que habían descendido de una vagoneta Cherokee y otro vehículo blanco.Sandoval López, de 37 años, es jefe de logística de la campaña electoral de la candidata a prefecta de Chuquisaca Savina Cuellar (candidata opositora del Gobierno de Evo Morales) y miembro de la “Juventud Conciencia de Chuquisaca”, organización cívico-regional opositora del Gobierno de Morales desde los asesinatos perpetrados por fuerzas militares contra la población civil de Sucre el 25 de noviembre de 2007 (http://hrfbolivia.blogspot.com/2007/11/no-mas-muertos.html).Su es­po­sa, Ninoska Da­za, inmediatamente denunció el hecho ante la fis­cal de Dis­tri­to de Chuquisaca, la sra. Ana Ma­ría Lía, quien orde­nó se realice una in­ves­ti­ga­ción sobre el caso. Durante el secuestro, la esposa de Sandóval había alcanzado a identificar la placa de circulación 1148-KSS de uno de los vehículos captores, la cual se supo correspondía a un ve­hí­cu­lo del Mi­nis­te­rio de Go­bier­no.A me­dia tar­de, el Di­rec­tor Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), co­ro­nel Adol­fo Espino­za, no aportó con más detalles del hecho y se limitó a decir que el hecho estaba siendo investigado. “Te­ne­mos di­fe­ren­tes hi­pó­te­sis, pe­ro no que­re­mos ade­lan­tar­nos”, afirmó. Finalmente, a las 20:00 horas, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, reconoció la detención sin orden judicial de Roberto Lenin Sandóval López e informó que Sandoval estaba siendo trasladado por tierra desde Sucre a La Paz en los dos vehículos de ese ministerio enviados a la capital chuquisaqueña con efectivos de Inteligencia, quienes habían actuado de manera muy “eficiente” contra Sandóval, por cometer “intento de magnicidio”.Según el ministro Rada, Sandóval López habría participado, en su calidad de activista de “Juventud Conciencia de Chuquisaca”, en las manifestaciones que se registraron en Sucre el pasado 6 de mayo, donde fueron agredidos verbalmente los ministros de Defensa, Walker San Miguel, y de Justicia, Celima Torrico. En aquella oportunidad, los jóvenes opositores destruyeron también la ventana de un automóvil oficial, mientras que uno de los agentes de seguridad desenfundó su arma como medida de prevención, al ser asediado por los manifestantes.Asimismo, Sandóval habría participado de los enfrentamientos del pasado 24 de mayo en la misma ciudad, cuando un grupo de jóvenes universitarios se enfrentó a militares, primero, y, luego, a campesinos seguidores del presidente Morales, a quienes condujeron a la plaza principal de la ciudad, donde los despojaron de sus ropas, los maltrataron y los obligaron a insultar al mandatario.A su vez, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, afirmó que, al día siguiente de la detención, se imputaría formalmente a Sandóval López la comisión de seis delitos: sedición, desacato, terrorismo, organización criminal, tentativa de homicidio y atentado contra altos dignatarios de Estado.II. Violaciones de derechos humanosa) Violación de los derechos que precautelan la libertad físicaLa detención arbitraria y sin orden judicial del activista Roberto Lenin Sandóval López, por parte del Ministerio de Gobierno, viola los principales instrumentos internacionales de derechos humanos en el mundo. Así, por ejemplo, viola, entre otros, los artículos 9, 10, 11 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establecen:Artículo 9Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.Artículo 10Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.Artículo 111. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.Artículo 131. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.De igual manera la detención arbitraria y sin orden judicial del activista Roberto Lenin Sandóval López, por parte del Ministerio de Gobierno de Bolivia, viola los artículos 9, 12, 14, 18, 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 5, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen:Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.Artículo 8. Garantías Judiciales1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.b) Violación del derecho a la libertad de expresiónAsimismo, la detención arbitraria por parte del Ministerio de Gobierno del activista opositor al Gobierno de Morales, Roberto Lenin Sandóval López, por haber participado de manifestaciones y protestas abiertamente opositoras al Gobierno, viola el artículo 19 párrafos primero y segundo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece:I. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.II. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.En ese sentido, la actuación del Ministerio de Gobierno también es contraria a los principios establecidos en la Declaración Conjunta de 2000 de los Tres Relatores de la Libertad de Expresión del Mundo (Abid Hussain, Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU; Freimut Duve; Representante sobre la Libertad de Prensa de la OSCE; y Santiago Canton, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA), a saber:Los ataques tales como homicidios, secuestros, hostigamiento de y/o amenazas a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, así como la destrucción material de instalaciones de comunicaciones, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información al público.Los Estados están obligados a adoptar medidas adecuadas para poner fin al clima de impunidad. Entre otras cosas, deben asignar recursos y atención suficiente para prevenir los ataques a periodistas y otras personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, investigar esos ataques cuando se producen, enjuiciar a los responsables e indemnizar a las víctimas.Sobre esa misma línea de principios, la detención arbitraria de Roberto Lenin Sandóval López y la acusación de delitos como “sedición, desacato, organización criminal y atentado contra altos dignatarios de Estado”, típicos delitos de desacato, viola el Principio 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.Asimismo, la detención denunciada contraviene los principios establecidos en el preámbulo y el principio 1 de la misma Declaración: “Preámbulo: […] La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental. […] la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión […]. Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.III. VíctimasLa víctima directa de la violación de derechos humanos es el Roberto Lenin Sandóval López, de 37 años, jefe de logística de la campaña electoral de la candidata a prefecta de Chuquisaca Savina Cuellar y miembro de la “Juventud Conciencia de Chuquisaca”, organización cívico-regional opositora del Gobierno de Morales. Por su parte, las víctimas indirectas son su esposa Ninoska Da­za y su hija de 6 años que presenciaron las agresiones y consecuente detención arbitraria. IV. ResponsableEl responsable por la detención arbitraria de Roberto Lenin Sandóval López es el Ministerio de Gobierno en las personas del Ministro de Gobierno Alfredo Rada Vélez y del Viceministro de Régimen Interior Rubén Gamarra, quienes ordenaron la detención arbitraria. V. Reacción del Estado y otras reaccionesEl ministro Alfredo Rada sostuvo: “Se trata de un trabajo eficiente de los organismos de inteligencia de seguridad del Estado, que fue realizado en vehículos estatales que portaban matrículas de seguridad”. Posteriormente, explicó que Sandóval fue trasladado por vía terrestre hasta La Paz y luego conducido hasta las dependencias del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), con fines investigativos. El CEIP, dependiente de la Dirección Nacional de Inteligencia, inició las pesquisas con tres fiscales, cuyas identidades no fueron reveladas. El ministro Rada aseguró que los agentes del CEIP seguirán con el seguimiento y detenciones a otros sospechosos para dar con el paradero de los responsables de los bochornosos hechos de Sucre del mes pasado.El viceministro Rubén Gamarra afirmó que Sandóval tiene antecedentes penales, es conocido con el alias de ‘Bebito’ y fue detenido en tres oportunidades en La Paz. La primera vez el 7 de junio de 1995 por tentativa de homicidio. Luego acusado de estafa y el 15 de enero de este año con fines de investigación.(Fuente: http://www.eldeber.com.bo/2008/imprimir.php?id=080603004858)El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, sostuvo que el accionar contra Roberto Sandoval atenta los derechos de cualquier persona, sea quien sea. “A nadie se lo puede meter a un auto sin que haya una denuncia formal en su contra, un requerimiento formal para luego iniciar cualquier proceso”.El presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Gonzalo Porcel, junto a tres diputados nacionales y la senadora Tomasa Yarhui, se presentaron en el Ministerio Público, donde denunciaron que el secuestro de Sandoval forma parte de varios hechos consecuentes de los incidentes del 24 de mayo, a través de los cuales, según Porcel, está el MAS.El presidente del Concejo Municipal de Sucre, Fidel Herrera, denunció que todo lo que está sucediendo en Sucre está siendo digitado por instancias nacionales, y que si no se esclarece el hecho “podría desatarse una ola de violencia política antes de las elecciones prefecturales”.La alcaldesa de Sucre, Haydeé Nava, dijo que el Gobierno continúa “trasgrediendo la norma de forma abrupta, porque sólo para algunos no existe la ley; para unos es permitido quemar ánforas, bloquear y secuestrar mientras que para nosotros no”.(Fuente: http://www.lostiempos.com/noticias/03-06-08/03_06_08_nac8.php)