Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-42546-de-febrero-20-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_db4bbebeea57023ae0430a010151023a&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-20 08:24:56
Document Index: 30514843

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 3', 'artículo 99', 'artículo 3', 'artículo 50']

﻿ Sentencia 42546 de febrero 20 de 2013
SENTENCIA 42546 DE 20 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:SUSPENSIÓN DE CONTRATO LABORAL. NO OBSTANTE, NO SE ENCUENTRA CONSAGRADO EXPRESAMENTE EN LA LEY, COMO CAUSAL DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO EL MUTUO ACUERDO, SE PUEDE ENTENDER QUE EN RAZÓN DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO DE TRABAJO, QUE ES CONMUTATIVO, NADA IMPIDE QUE LAS PARTES ACUERDEN MUTUAMENTE LA SUSPENSIÓN DEL MISMO, PERO COMO UN DESARROLLO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS QUE EL EMPLEADOR CONCEDE A PETICIÓN DEL TRABAJADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, EMPLEADOR, DERECHO AL TRABAJO, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, TRABAJADOR, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO
Sentencia 42546 de febrero 20 de 2013
Rad.: 42546
Si bien es cierto este cargo no obstante su orientación por la vía directa, trae argumentaciones propias del sendero fáctico como la relativa a que la suspensión del contrato se dio por causa de la maternidad de la actora, lo cual no fue establecido en la sentencia gravada; también lo es que contiene una acusación jurídica autónoma en lo atinente a que:
“... continuó la relación contractual de trabajo una vez terminada la suspensión acordada bilateralmente, reanudando el contrato aparente, por lo cual no puede considerarse legalmente la terminación de un vínculo y la iniciación de otro diferente, sino la suspensión del contrato de trabajo, con la clara consecuencias que la misma ley prescribe, pues el artículo 46 del Decreto 2127/45 determina que: ‘La suspensión de los contratos de trabajo no implica su extinción...’; esto por expresa remisión del inciso segundo del parágrafo 2º del artículo 52 del D.R. 2127/45 modificado por el DL.797/49 art.1º”.
Esto permite a la Corte emitir un pronunciamiento de fondo, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.
Partiendo del supuesto no discutido en el cargo, de que los servicios prestados por la demandante a la entidad accionada fueron subordinados, se encuentra que el mutuo acuerdo a que llegaron las partes para suspender el contrato de prestación de servicios —hecho igualmente establecido en el fallo—, ha de entenderse necesariamente como la suspensión del contrato de trabajo, pues ello está en consonancia con la conclusión a la que se arribó en la decisión recurrida en casación atinente a que la actividad prestada por la demandante fue subordinada.
De manera que tal acuerdo en concreto, ha de mirarse como un actuar de las partes acompasado a la buena fe que debe regir todo convenio, de allí que en aplicación del artículo 46 del Decreto 2127 de 1945, según el cual “La suspensión de los contratos de trabajo no implica su extinción”, necesariamente ha de entenderse que la vinculación de los contendientes en este caso estuvo regida por un solo contrato de trabajo, pues según se vio en la norma transcrita, la suspensión no pone fin a los vínculos de esa naturaleza.
Se ha de advertir que no obstante que el artículo 44 ibídem no consagra expresamente como causal de suspensión del contrato de trabajo el mutuo acuerdo, es dable entender que en razón de la naturaleza del contrato de trabajo, que es conmutativo, nada impide que las partes acuerden mutuamente la suspensión del mismo, pero como un desarrollo de las licencias o permisos que el empleador concede a petición del trabajador.
Y es que obviamente, tal decisión bien puede decirse con toda lógica, que se atempera al caso de los permisos y licencias a que se refiere el numeral 4º del artículo 44 del Decreto 2127 de 1945; esto por cuanto que una licencia o un permiso, también en el caso de los trabajadores oficiales, requiere de la suma de las dos voluntades, vale decir, la del empleador y del trabajador, dado que debe provenir una solicitud del trabajador y el asentimiento del empleador, lo que da como resultado un mutuo acuerdo o mutuo consentimiento. Es la aquiescencia del empleador a una solicitud del trabajador. Naturalmente en este caso hubo suspensión del contrato, porque se interrumpió para la trabajadora la obligación de prestar el servicio y para la entidad, la de pagar los salarios.
En consecuencia, se equivocó el juzgador de segundo grado al concluir que existieron dos contratos de trabajo entre las partes en contienda, por lo que el cargo prospera.
Dada la prosperidad de esta acusación la Corte queda eximida de abordar el estudio de la primera que buscaba idéntico objetivo.
En sede de instancia se ha de advertir que aunque se observa en el folio 8, que entre el contrato número 2841 que finalizó el 30 de noviembre de 1996 y el 4327 que inició el 9 de diciembre de 1996 se presenta un bache de ocho días; y entre el contrato número 886 que finalizó el 30 de septiembre de 2000 y el 1591 que comenzó el 2 de octubre de 2000 hay un vacío de un día; y entre el contrato número 182 que finalizó el 22 de agosto de 2001 y el 1524 que empezó el 24 de agosto de 2001 hay una diferencia de 2 días, y entre el 1675 y el 2358 hay un espacio de 3 días, esta circunstancia no desvirtúa que se trata de una sola relación laboral, pues ha estimado la jurisprudencia de esta Sala que esos periodos de tiempo tan cortos entre un contrato y otro no pasan de ser interrupciones aparentes que no dan al traste con la existencia de una sola relación laboral (Sents. feb. 15/2011, rad. 40273 y 37803 de 24 de mayo de ese mismo año).
Así las cosas, se habrá de declarar la existencia entre las partes de un contrato de trabajo entre el 20 de noviembre de 1996 y el 30 de junio de 2003, con una suspensión entre el 12 de marzo y el 3 de junio de 2001, según acta de 1º de febrero de 2001 (fl. 233). El extremo inicial se fija de conformidad con la Sentencia C-579 de 1996, por medio de la cual la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 235 de la Ley 100 de 1993 y el inciso 2º del artículo 3º del Decreto 1651 de 1977, puesto que con anterioridad a esa fecha la demandante era considerada como funcionaria de la seguridad social.
Desde el 1º de julio de 2003, la demandante pasó a ser empleada pública en virtud de la escisión del Instituto verificada mediante Decreto 1750 de 2003, al servicio de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, pues su contrato fue cedido a esa entidad a partir del 1º de julio de 2003 y prestó servicios allí hasta el 10 de diciembre de ese año, como consta a folios 186 y 326.
En ese orden de ideas, dada la condición de empleada pública de la demandante al momento de la desvinculación, es la jurisdicción contencioso administrativa la competente para conocer de las pretensiones relativas al reintegro, cesantías y sus intereses, a la eventual reparación del perjuicio por la terminación de la relación, las vacaciones y prima de vacaciones, como también la indemnización moratoria y la indemnización consagrada en el ordinal 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Se procederá, entonces, a estudiar las otras pretensiones con fundamento de una parte, en las disposiciones legales, y de la otra, también en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Instituto y “Sintraseguridadsocial” para la vigencia 2001-2004 (fls. 113 a 182), de la cual es beneficiaria la demandante, con arreglo al artículo 3º que hizo extensivos sus beneficios a todos los trabajadores de la entidad demandada, esto para las acreencias causadas a partir del 2001.
Prima de servicios convencional desde el año 2001, (conforme al artículo 50 de la convención colectiva), asciende a la cantidad de $1’560.225,50.
Prima de navidad: Con arreglo a los artículos 11 del Decreto 3135 de 1968, modificado por el 1º del Decreto 3148 de 1968, y 51 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, durante todo el tiempo de servicios, corresponde al monto de $7’625.000,33.
En relación con esta prestación social ha sido criterio de la Corte que “El objetivo de esta dotación es que el trabajador la utilice en las labores contratadas y es imperativo que lo haga so pena de perder el derecho a recibirla para el período siguiente. Se deriva por tanto que a la finalización del contrato carece de todo sentido el suministro pues se reitera que él se justifica en beneficio del trabajador activo, más en modo alguno de aquel que se halle cesante y que por obvias razones no puede utilizarlo en la labor contratada (...)”. (Sent. abr. 15/98, rad 10400).
En consecuencia, se absolverá de esta súplica.
Reintegro por deducciones por retención en la fuente:
Al respecto tiene dicho la Sala: “En cuanto a la pretensión de que le sea devuelta la retención en la fuente correspondiente a cada uno de los cuatro contratos que suscribió con el municipio, hay que decir que se trataría de una cuestión de índole tributaria ajena a lo que propiamente constituye el objeto de este litigio, por no tratarse de un asunto de naturaleza laboral. (Sent. jun. 29/2001, rad. 15499). Se mantiene dicho criterio jurisprudencial, por lo que se absolverá al Instituto de esta pretensión.
Devolución de aportes a la seguridad social:
No aparece prueba de lo pagado por la actora por ese concepto.
No se precisó la norma que constituye su fuente y no aparece consagrada en la convención colectiva de trabajo.
Se liquidaron las acreencias laborales de la demandante, teniendo en cuenta los siguientes salarios respectivamente: $672.784 por el año 1996 (fls. 15 y 16); $810.000 por el año 1997 (fls. 20 a 22); $948.000 por el año 1998 (fls. 32 a 34); $1’090.500 por el año 1999 (fls. 35 a 37); $1’090.500 por el año 2000 (fls. 44 a 46); 1’054.150 por el año 2001 (fls. 56 a 58); $1’155.930 por el año 2002 (fl. 62); y $1’155.930 por el año 2003 (fls. 63 a 66).
Sin costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad del cargo segundo. Las de las instancias a cargo de la parte demandada vencida.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 17 de julio de 2009, en el proceso seguido por Martha Patricia Erazo Rico contra el Instituto de Seguros Sociales. En sede de instancia REVOCA el fallo de 30 de noviembre de 2007, del Juzgado Diecinueve de Descongestión Laboral del Circuito de Bogotá, y en su lugar, declara la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, con vigencia entre el 20 de noviembre de 1996 y el 30 de junio de 2003, con una suspensión entre el 12 de marzo y el 3 de junio de 2001. En consecuencia, condena al Instituto al pago de $1’560.225,50 por prima convencional de servicios y $7’625.000,33 por prima legal de Navidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Se absuelve de las demás pretensiones.