Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32533
Timestamp: 2018-01-16 15:10:52
Document Index: 179325099

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Sentencia C-116 de 2008 Corte Constitucional
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 de la Ley 472 de 1998 (parcial), "Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones."
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, los ciudadanos Nelly Julieth Arias Escobar y Néstor Ricardo Ortiz Lozano demandaron la inconstitucionalidad parcial del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, "Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones."
El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas."
Los demandantes empiezan por señalar que la nueva concepción del Estado, de acuerdo con la cláusula "Social de Derecho", hizo que éste asumiera un nuevo compromiso con la sociedad en relación con la garantía de los derechos del individuo; dicho compromiso se manifiesta, entre muchos otros ámbitos, en el establecimiento de acciones a través de las cuales los miembros de la comunidad pueden exigir la protección de intereses, ya no particulares, sino compartidos por una pluralidad de individuos.
- En primer lugar, estiman que el hecho de que se limite la posibilidad de acudir a las acciones de grupo a la circunstancia de que éste se encuentre conformado por al menos 20 personas, comporta una vulneración de los artículos 1 y 2 constitucionales, ya que constituye una medida discriminatoria que condiciona a un "guarismo" la posibilidad de ejercer la acción, en contravía de los mandatos de la Carta que buscan facilitarle a los individuos las herramientas necesarias para hacer efectivas las garantías establecidas en el Texto Superior.
- En segundo término, a juicio de los demandantes, el aparte acusado es inconstitucional por cuanto de acuerdo con el artículo 88 de la Carta estas acciones tienen operancia cuando quiera que se presente un daño que se le cause a un "número plural de personas", por lo que debe entenderse que, de acuerdo con el mandato constitucional, esta acción podrá ejercerse cuando se reúnan dos o mas individuos que han sufrido un daño, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos para el efecto.
Pero además, a su juicio, el constituyente no estableció que el legislador estuviera facultado para limitar a su arbitrio el ejercicio de la acción y, en esa medida, estiman que el aparte acusado modifica "la naturaleza y la esencia de esta herramienta colectiva (…) cambiando la noción que se tiene de grupo, que es entendido como la reunión de dos o más individuos que en estas condiciones sufren un perjuicio (…)."1
En este orden de ideas, en su sentir, el aparte acusado "margina a las personas que por circunstancias especiales no cumplen con el número arbitrariamente impuesto por el legislador, y perpetúa su situación de desigualdad"2. De esta manera, la norma establece una diferencia de trato entre aquellos que logren conformar un grupo de 20 personas y quienes no, ya que mientras los primeros pueden acudir a la acción de grupo y solucionar su conflicto a través de un trámite expedito, los segundos deberán ejercer las acciones individuales para ver satisfechas sus pretensiones, a través de procesos que suelen ser mucho más extensos en el tiempo.
En este escenario, sostienen que aplicado el test de razonabilidad a la diferenciación impuesta por el legislador en este asunto -lo que implica establecer (i) que exista un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual; (ii) la validez de ese objetivo a la luz de la Constitución y (iii) la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido-, se concluye que ésta vulnera el principio de igualdad; ello por cuanto, en primer lugar, no existe relación alguna entre la medida adoptada por el legislador y "la pretendida reserva de las acciones de grupo, para la protección de grupos de especial entidad, o para la indemnización de daños de importantes repercusiones sociales (fin constitucional)"3 y, en segundo término, porque su inclusión no era necesaria para la consecución de un objetivo o fin de rango constitucional.
El interviniente resalta el hecho de que en estas acciones se involucran intereses individuales o particulares, lo que -en su criterio- implica que "los criterios de regulación deber ser los ordinarios", salvo en lo relacionado con la forma de integrar el grupo y la manera de hacer efectiva la reparación a cada uno de sus miembros aspectos que -a su juicio-, "sí deben ser regulados de manera especial".
En relación con el objeto de la presente demanda, sostiene que de acuerdo con la definición que se consigna en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la expresión grupo hace referencia a una "pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, material o mentalmente considerado". En ese entendido, estima que no resulta arbitrario que el legislador haya dispuesto que para poder ejercer la acción de grupo, éste deba estar conformado por al menos 20 personas, ya que se trata de un limite mínimo que se muestra razonable y que de ninguna manera resulta discriminatorio.
A su juicio, no es posible "convertir a la acción de grupo en una nueva especie de acción de tutela, pues su espíritu busca es proteger derechos colectivos y no derechos individuales"4; bajo tal consideración, afirma que el límite puesto por el aparte acusado resulta lógico y congruente con lo que puede considerarse como un grupo, razón por la cual solicita que se declare la exequibilidad de la norma demandada.
Para el interviniente, a partir de un criterio de interpretación restrictivo de la libertad de configuración legislativa en esta materia, al legislador no le era dable limitar la posibilidad de ejercer la acción de grupo al hecho de que este último estuviera conformado por al menos veinte (20) personas, ya que el texto constitucional se refiere a un número plural, expresión que de acuerdo con el Diccionario de Real Academia de la Lengua Española, significa "el de la palabra que se refiere a dos o más personas o cosas".
Refiere que en los antecedentes legislativos de la norma acusada, se encuentra que el legislador decidió limitar el ejercicio de la acción estableciendo un requisito numérico, por considerar que existen casos en los cuales "el número de victimas no demanda una atención o protección especial, exigiendo un mínimo de veinte (20) personas para la procedencia de la acción"5; lo anterior permite concluir, en criterio del interviniente, que la única motivación que tuvo el legislador para establecer el limite señalado fue el hecho de considerar que algunos conflictos no merecen la protección judicial prevista en el artículo 88 constitucional, por lo que deben acudir a la justicia ordinaria para el efecto. En este punto, destaca además el hecho de que a pesar de que durante el procedimiento legislativo se hizo referencia en múltiples oportunidades a las class action del derecho anglosajón, el legislador colombiano no consideró que el ejercicio de estas acciones no está sujeto a la conformación de un grupo con un número mínimo de integrantes.
Pero, adicionalmente, para el interviniente la norma demandada viola la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. En efecto, para fundamentar este punto, sostiene que las acciones de grupo ya existían en nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991. Así por ejemplo, tanto en el Estatuto del Consumidor (art. 36, Decreto 3466 de 1982) como en la Ley 45 de 1990 (art. 76), el legislador estableció acciones de tipo indemnizatorio que han sido calificadas por la doctrina como "especies de las acciones de grupo" y respecto de las cuales no se estableció ningún tipo de exigencia en torno al número de personas que deben conformar la parte activa de la litis, por lo que una disposición como la que ahora es objeto de juicio de constitucionalidad, comporta una vulneración del carácter progresivo de los derechos sociales al limitar en mayor medida el ejercicio de estas acciones en comparación con sus precedentes legislativos. Sobre el particular, resalta el hecho de que, de acuerdo con las actas de las discusiones que se sostuvieron en la Asamblea Nacional Constituyente, la voluntad del constituyente de 1991 fue que el legislador, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 88 de la Carta, hiciera un desarrollo progresivo de las acciones de grupo6.
Al parecer de la intervención del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el aparte acusado no comporte una vulneración del principio de igualdad, puesto que la exigencia de la conformación de un grupo por un determinado número de personas, no se relaciona con el establecimiento de ventajas o prerrogativas a favor de cierto grupo y en detrimento de otro, ya que opera de la misma manera para todos las personas sin importar sus condiciones particulares; así, por ejemplo, un grupo de veinte (20) personas de escasos recursos tiene la misma posibilidad de acudir a la acción de grupo que otro que está integrado por personas de mayores ingresos.
A su juicio, la norma acusada tampoco vulnera el artículo 84 constitucional, según el cual "Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.", toda vez que la exigencia en cuanto a la integración del grupo es precisamente una reglamentación general, por lo que mal podría endilgarse a ella la violación del mandato superior.
Sin embargo, afirma que la Corte Constitucional sí ha establecido unos criterios de interpretación de las normas que regulan lo referente a la legitimación activa para la presentación de las acciones de grupo, por lo que puede afirmarse que esta Corporación, en particular en la sentencia C-898 de 2005, "ya construyó una línea de interpretación específica"7 en torno a este tema.
No obstante lo anterior, a su juicio, los pronunciamientos de la Corte han llevado a que "los temores que sobre la igualdad en el acceso a la justicia surgían respecto a los grupos vulnerables [se relativizaran], pues aunque continúa manteniéndose la vocación solidaria y de economía procesal que inspiran a la acción de grupo, tales pretensiones no resultan ser barreras para el uso del instrumento ni el reclamo de los derechos constitucionales para los grupos de las características anotadas".
Bajo tal consideración, interpretaciones de la norma como las efectuadas por los demandantes ya no son de recibo, en razón de los diversos pronunciamientos constitucionales sobre la materia, por lo que en este nuevo escenario la exigencia hecha por el legislador no se muestra arbitraria ni caprichosa, pues no establece un tratamiento injusto para aquellos grupos que tengan dificultades para asociarse. De esta manera, concluye que "la Corte ha dejado sin piso la vigencia del inciso demandado, por lo que las hipótesis planteadas por los demandantes han sido superados por la hermenéutica."
Vista su exposición, el Procurador estima que dada la interpretación que se ha dado al inciso acusado, la Corte podría emitir una sentencia condicionada que diese continuidad al precedente. Sin embargo, señala que en aras de preservar la seguridad jurídica y mantener una sola interpretación de la norma, se opte por la inexequibilidad de la disposición acusada, de tal manera que en lo tocante con la determinación de la legitimación por activa de las acciones de grupo, únicamente sea aplicable el inciso primero del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, según el cual, ésta puede interponerse por "un número plural o un conjunto de personas".
Para tales efectos, resulta conveniente recordar, inicialmente, que a través del citado artículo se aborda el tema de la procedencia de las acciones de grupo, regulando la materia en tres incisos, que si bien guardan la natural correspondencia temática, cada uno cuenta con un contenido jurídico autónomo e independiente. (i) En el primer inciso, se delimita el campo de acción de las acciones de grupo, al prever que "Las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas." (ii) En el inciso segundo se determina su finalidad, disponiendo que "La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios". Finalmente, (iii) en el inciso tercero se define lo referente a su titularidad e integralidad, al señalar que "El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas."
Cabe recordar que en esa oportunidad, se demandaba la inconstitucionalidad del artículo 46, con el argumento de que el mismo limitaba "el alcance de las acciones de grupo en la medida que no todos los demandantes buscan una sentencia condenatoria, sino declarativa o de ejecución"; acusación que sólo es predicable del inciso segundo que precisamente dispone que "La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios". En ese contexto, la Sentencia C-215 de 1999 limitó el análisis de constitucionalidad del artículo al cargo formulado y, por tanto, al contenido de su inciso segundo, rechazando la acusación bajo la consideración de que la ley puede definir como objeto de la acción de grupo el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios, por cuanto tal definición es concordante con el diseño constitucional de la acción.
La intención inequívoca de la Corte, de circunscribir el juicio de inconstitucionalidad al inciso segundo del artículo 46 de la ley 472 de 1998, se advierte no solo a partir del sentido del cargo y de los argumentos que fueron vertidos en el citado fallo, sino también en el hecho de que en las consideraciones, la Corte hizo expresa referencia al "inciso acusado" y no al artículo acusado. En la sentencia se dijo al respecto:
"Para la Corte, el inciso acusado no hace más que desarrollar el contenido del inciso segundo del artículo 88 de la Carta Fundamental, según el cual la ley "regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas", que es lo que la doctrina ha definido como las acciones de grupo, cuyo objeto no es otro que el especificado en el precepto demandado: obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios por los daños producidos a un derecho o interés colectivo.
Por ende, no es viable el cargo formulado, pues el actor desconoce la naturaleza de la acción de grupo, cual es la definida en el artículo 46 de la Ley 472 de 1998, en consonancia con el artículo 88 de la Constitución." (Subrayas y negrillas fuera de texto).
Sobre la cosa juzgada aparente, esta Corporación ha señalado que la misma se configura cuando la declaratoria de exequibilidad de una norma no encuentra respaldo argumentativo en la parte motiva de la providencia, por carecer de la más mínima fundamentación jurídica8. Según la Corte, "la absoluta falta de toda referencia, aun la más mínima, a las razones por las cuales fue declarada la constitucionalidad de lo acusado"9 implica que la decisión adoptada no puede hacer tránsito a cosa juzgada, aun cuando en la parte resolutiva se hubiera declarado exequible un determinado contenido normativo, debiéndose entender respecto de éste, que su vinculación al fallo obedece a un error de atención por parte del órgano de control constitucional. En estos casos, frente al precepto formalmente declarado exequible, pero respecto del cual no existe ningún análisis en la sentencia, debe concluirse que no se presenta el fenómeno jurídico de la cosa juzgada constitucional, pudiendo ser objeto de una nueva demanda y un nuevo pronunciamiento de constitucionalidad.
Ciertamente, con posterioridad a la Sentencia C-215 de 1999, el artículo 46 de la ley 472 de 1998 fue objeto de un nuevo pronunciamiento en la ya citada Sentencia C-569 de 2004. Aun cuando en esa oportunidad se acusaba también la totalidad del artículo, la Corte, luego de precisar que los efectos de cosa juzgada constitucional derivados de la Sentencia C-215 de 1999 sólo eran predicables del inciso segundo, asumió el estudio de la demanda y restringió el juicio de inconstitucionalidad al inciso primero, al encontrar que los cargos estaban dirigidos exclusivamente contra su contenido normativo y no contra el contenido del inciso tercero. Bajo esos supuestos, después del respectivo análisis de constitucionalidad, la Corte adoptó las siguientes decisiones: (i) frente al inciso segundo, "ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-215 de 1999…"; (ii) respecto del inciso primero, "Declarar EXEQUIBLE la expresión ‘Las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas’ e INEXEQUIBLE la expresión ‘Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad’ "; (iii) en relación con el inciso tercero, "Inhibirse, por ausencia de cargo de constitucionalidad…".
En el caso bajo examen, los demandantes le solicitan a la Corte que declare inexequible la expresión "el grupo estará integrado al menos por veinte personas", contenida en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 472 de 1998. Aducen que dicha expresión resulta violatoria de la dignidad humana y de los derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en cuanto condiciona el ejercicio de la acción de grupo a la circunstancia de que el grupo se encuentre conformado por al menos veinte personas, lo cual desborda el propósito perseguido por el Constituyente del 91, de prever que las acciones de grupo puedan ser promovidas cuando se cause un daño a un número plural de personas, es decir, a dos o más individuos.
Por su parte, el Procurador General de la Nación sostiene que podría optarse por una constitucionalidad condicionada de la norma a la luz de la interpretación que se le ha dado al inciso acusado, pero en aras de preservar la seguridad jurídica, estima que una mejor decisión sería declarar la inexequibilidad de la disposición acusada, de tal manera que en lo relativo a la determinación de la legitimación por activa de las acciones de grupo, únicamente se tenga en cuenta el inciso primero del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, en virtud del cual, ésta puede interponerse por "un número plural o un conjunto de personas".
De acuerdo con los anteriores planteamientos, le corresponde a la Corte definir si la norma impugnada, al disponer que "el grupo estará integrado al menos por veinte personas" establece una limitación inconstitucional al ejercicio de la acción de grupo, contraria a la dignidad humana y a los derechos a la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
Esta Corte se ha referido a las acciones colectivas, populares y de grupo, destacando que las mismas "constituyen mecanismos de participación social instituidas a favor del ciudadano para defender y representar intereses comunitarios con una motivación esencialmente solidaria"10. También ha subrayado la Corporación11, que tales acciones son un elemento clave del modelo de Estado constitucional adoptado por la Carta del 91 y de su sistema de garantías, no solo por estar íntimamente relacionadas con dos de sus principios fundantes: la solidaridad y la dignidad humana (C.P. art. 1°), sino además, por coadyuvar al propósito de protección de los derechos de la persona y de los grupos, que, precisamente, comporta un fin esencial del Estado (C.P. art. 2°).
Y es que el Constituyente del 91, sin abandonar el propósito de protección de los derechos de la persona, que continúa siendo fundamento y base del ordenamiento político (C.P. arts 1º y 5º), en un esfuerzo por superar las limitaciones del individualismo egoísta propio del modelo del estado liberal clásico, y amparada en el principio de solidaridad, se propuso promover el reconocimiento de los intereses jurídicos de orden colectivo o difuso, diseñando mecanismos judiciales especiales, como las acciones populares y de grupo, con el propósito claro de garantizar que la protección de los mencionados intereses sea real y efectiva.
Bajo esa orientación, la nueva Constitución Política le hace un reconocimiento expreso a tales acciones en dos de sus disposiciones. En el artículo 88, al delegar en el legislador la facultad expresa para regular "las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos… y "las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares"; y en el artículo 89 que establece que fuera de las acciones directamente diseñadas por la Carta, "la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas."
Tratándose de la institución de las acciones de grupo, objeto del presente pronunciamiento, la jurisprudencia constitucional, apoyada en los artículos 88 de la Carta y 3° de la Ley 472 de 1998, ha sostenido que éstas se "originan en los daños ocasionados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única, para obtener la respectiva reparación y que a pesar de referirse a intereses comunes, se pueden individualizar en relación con el daño cuya indemnización se persigue"12. En esos términos, ha puntualizado la Corte13 que la acción de grupo pretende resarcir el perjuicio ocasionado "a un número importante de personas"14 -un grupo-, en cuanto todas ellas resultaron afectadas por un daño originado en circunstancias comunes, lo que justifica un trato procesal unitario. En las acciones de grupo la responsabilidad es entonces tramitada colectivamente, en cuanto se trata de reclamar los daños ocasionados a un número importante de ciudadanos, pero las reparaciones concretas son en principio individualizadas, ya que, por su intermedio, lo que se ampara es el daño subjetivo de cada uno de los miembros del grupo.
Dentro de su objetivo de coadyuvar a la realización del derecho de acceso a la administración de justicia, la importancia de las acciones grupo radica en permitir la disminución de los costos de los litigios, pues abren la posibilidad para que éstos sean divididos entre todas las personas afectadas. Ello facilita "que pretensiones que, si fueran reclamadas individualmente, serían económicamente inviables, debido a su escaso valor, puedan ser reclamadas colectivamente, ya que, a pesar de poder ser modestas e incluso insignificantes individualmente, dichas pretensiones adquieren un significado económico importante al ser agrupadas, lo cual justifica su acceso y decisión por el aparato judicial"15.
En lo que corresponde a las características de la acción de grupo, la Corte ha destacado en diferentes fallos las siguientes: "i) No involucran derechos colectivos. El elemento común es la causa del daño y el interés cuya lesión debe ser reparada, que es lo que justifica una actuación judicial conjunta de los afectados; ii) En principio, por tratarse de intereses individuales privados o particulares, los criterios de regulación deben ser los ordinarios; iii) Los mecanismos de formación del grupo y la manera de hacer efectiva la reparación a cada uno de sus miembros sí deben ser regulados de manera especial, con fundamento en la norma constitucional, atendiendo a las razones de economía procesal que inspiran su consagración en ese nivel."16
Conforme a lo anterior, la acción de grupo se constituye en: (i) Una acción indemnizatoria, por cuanto tiene por objeto la reparación de los daños ocasionados por la vulneración de derechos de carácter subjetivo susceptibles de valoración patrimonial; y (ii) en una acción de carácter principal, que procede a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial para obtener la reparación del daño sufrido, pues precisamente el artículo 88 de la Constitución y la Ley 472 de 1998 señalan que la misma puede instaurarse "sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización de perjuicios".
En punto al objeto de las acciones de grupo, la Corte ha abordado el tema a partir de la distinción constitucional entre éstas y las acciones populares, haciendo "énfasis en el carácter reparatorio de las acciones de grupo, a partir de la constatación de un daño ocasionado, ya sea sobre intereses particulares o colectivos, pero cuyos efectos se radican en las personas individualmente consideradas".17 En este contexto, ha señalado la jurisprudencia que, aun cuando las acciones de grupo y las acciones populares tienen la misma naturaleza jurídica: son acciones colectivas, se distinguen, entre otros aspectos, en su finalidad y en los derechos e intereses protegidos. (i) En su finalidad, en la medida que, mientras la acción popular tiene un propósito esencialmente preventivo, la acción de grupo cumple una función reparadora o indemnizatoria. Ello significa que para promover la acción popular no se requiere que exista un daño sobre el interés protegido, mientras que la acción de grupo se hace efectiva una vez ocurrido el daño, pues precisamente busca su reparación18. (ii) En cuanto a los derechos e intereses protegidos, pues en tanto la acción popular busca amparar esencialmente una categoría de derechos e intereses, los derechos e intereses colectivos, la acción de grupo se proyecta sobre todo tipo de derechos e intereses, sean éstos colectivos o individuales, pues lo que persigue es la indemnización de los perjuicios provenientes de la afectación de un interés subjetivo, causado a un número plural de personas19. Así lo precisó la Corte en la Sentencia C-1062 de 2000, al condicionar la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, que restringía el objeto de protección de las acciones de grupo, a que los daños por indemnizar derivaran "de la vulneración de derechos e intereses colectivos". La Corte declaró exequible dicha disposición, bajo el entendido "de que con su interpretación y aplicación no se excluyan los demás derechos subjetivos de origen constitucional o legal, cualquiera que sea su naturaleza, como derechos igualmente amparables por las acciones de clase o de grupo". Sustentó la Corporación su decisión, afirmando:
"Como se ha dejado sentado, la naturaleza de la acción de clase o de grupo es esencialmente indemnizatoria de los perjuicios provenientes de la afectación de un interés subjetivo, causados a un número plural de personas por un daño que se identifica en el hecho vulnerante y en el responsable. De restringir el ejercicio de esa acción a una determinada categoría de derechos, se produciría una restricción consecuencial de los alcances resarcitorios que con ellas se pretenden lograr, con abierto desconocimiento del propósito de la norma superior al establecer que "también regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas"20
Refiriéndose también al objeto de las acciones de grupo, la jurisprudencia constitucional ha destacado que la Constitución del 91 no distingue como sí lo hace la doctrina, entre intereses colectivos e intereses difusos, quedando comprendidos los dos tipos de intereses en el concepto de "intereses colectivos" (C.P. art. 88). En la Sentencia C-215 de 1999, al tratar el tema de la naturaleza de las acciones populares y al objeto de su protección, la Corte descartó cualquier interpretación restrictiva a partir de dicha distinción, e indicó que las acciones populares protegían igualmente intereses difusos e intereses colectivos. En ese contexto, ha explicado este Tribunal que en el constitucionalismo colombiano, la distinción importante es entre intereses o derechos colectivos indivisibles, que "se caracterizan por el hecho de que se proyectan de manera unitaria a toda una colectividad, sin que una persona pueda ser excluida de su goce por otras personas"21, los cuales son protegidos a través de las acciones populares; y los llamados derechos o intereses colectivos divisibles e individualizables, que "hacen referencia a una comunidad de personas más o menos determinada gracias a las circunstancias comunes en que se encuentren respecto de un interés que les fue afectado"22, cuya protección corresponde a las acciones de grupo.
La aludida distinción es entonces relevante, pues a partir de ella se define y delimita el objeto de las acciones populares y de las acciones de grupo, en el sentido de que a las primeras les corresponde proteger los intereses colectivos con objeto indivisible o derechos colectivos en sentido estricto, mientras que las segundas amparan los intereses colectivos con objeto divisible e individualizable23.
De esa manera, es menester concluir que las acciones de grupo pretenden reparar el daño ocasionado a los derechos subjetivos de un número plural de personas que establece la ley para ser consideradas como un grupo, en la medida en que todas ellas fueron afectadas por un evento lesivo común, que amerita un tratamiento procesal unitario. En la acción de grupo, si bien la determinación de la responsabilidad es tramitada conjuntamente, las reparaciones concretas son en principio individualizadas, puesto que lo que se protege es el daño subjetivo de cada uno de los miembros del grupo.24
El tema sobre la titularidad en las acciones de grupo ha sido abordado por la Corte en algunos de sus pronunciamientos, teniendo en cuenta dos aspectos principales: (i) el amplio margen de configuración normativa reconocida al legislador para regular el ejercicio de dichas acciones, y (ii) los límites de la prefiguración constitucional establecida por el propio artículo 88 de la Carta, que expresamente atribuye su ejercicio a un "número plural de personas".
En ese contexto, esta Corporación ha entendido la noción de grupo, fundamentalmente, a partir de lo previsto sobre la materia en el artículo 46 de la Ley 472 de 1998 y demás normas concordantes. Conforme ya se mencionó, dicha norma regula el tema de la procedencia de las acciones de grupo, a través de tres incisos, que si bien guardan la natural correspondencia temática, cada uno cuenta con un contenido jurídico autónomo e independiente. (i) En el primer inciso, reproduce en forma idéntica el contenido del artículo 3° de la citada ley, que define las acciones de grupo como: "…aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas." (ii) En el inciso segundo determina la finalidad de tales acciones, disponiendo que "La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios". Finalmente, (iii) en el inciso tercero, objeto de la presente demanda, regula lo referente a la titularidad e integralidad en la acción de grupo, al señalar que "El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas."
No sobra repetir que el artículo 46 de la Ley 472 de 1998 ya ha sido materia de estudio en sede del control abstracto de constitucionalidad, con la claridad que si bien su inciso tercero no se encuentra vinculado directamente a un pronunciamiento de fondo, la Corte sí ha fijado una línea de interpretación en torno a su contenido normativo, es decir, sobre la expresión: "El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas."
La primera oportunidad en la que la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 46 de la citada Ley 472 de 1998, fue entonces en la Sentencia C-215 de 199925, donde se establecieron los criterios determinantes en la interpretación constitucional de las acciones de grupo, en cuanto a su naturaleza, características, finalidad, diferencia con las acciones populares, entre otros aspectos. Según quedó establecido en apartado anterior, entre otras decisiones, la sentencia declaró la constitucionalidad del artículo impugnado en su totalidad, aun cuando el análisis de constitucionalidad se circunscribió al contenido del inciso segundo (2°).
Posteriormente, dicho artículo fue objeto de un nuevo juicio de constitucionalidad y la Corte se pronunció sobre el contenido de su inciso primero (1°) mediante la Sentencia C-569 de 2004.26 Esta vez se demandaba la interpretación que el Consejo de Estado venía haciendo sobre "la preexistencia del grupo", en el sentido de considerar que el grupo como entidad, debía existir antes de la ocurrencia del hecho dañino y, por tanto, era presupuesto de procedibilidad de la acción de grupo. Quien en esa oportunidad acusaba la inconstitucionalidad del aludido precepto, consideraba que el alcance fijado por el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa no se deducía del texto de la norma, desconociendo los principios de legalidad e igualdad material y el propio diseño constitucional de la acción de grupo (C.P. art. 88).
En el mencionado fallo, la Corte le dio la razón al demandante declarando inexequible la expresión: "Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad", contenida, tanto en el inciso primero (1°) del artículo 3° como en el inciso primero (1°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, de los cuales se desprendía la interpretación sobre la preexistencia del grupo acogida por el Consejo de Estado. En conclusión, en el mencionado fallo, la Corte estimó que era inconstitucional la exigencia legal de la preexistencia del grupo al momento de la ocurrencia del daño, como requisito de procedibilidad de la acción de grupo. Al respecto, explicó la Corte en el mencionado fallo:
"El análisis precedente ha mostrado que la exigencia legal de la preexistencia del grupo a la ocurrencia del daño, como requisito de procedibilidad de la acción de grupo, constituye un requisito desproporcionado, que desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia y riñe con la naturaleza y finalidad de las acciones de grupo, por las siguientes razones: En primer término, esta exigencia es desproporcionada, ante la imposibilidad de verificar una adecuación entre su inclusión en los artículos 3 y 46 de la ley 472 de 1998 (medio) y la pretendida reserva de las acciones de grupo para la protección de grupos de especial entidad, o para la indemnización de daños de importantes repercusiones sociales (fin constitucional); y ante la innecesariedad de su inclusión para la consecución de dichos fines constitucionales, y la existencia de otros medios, como diseñar e incluir otros requisitos de procedibilidad, que permitieran satisfacer en mayor medida y con menor desmedro del régimen constitucional de las acciones de grupo, la finalidad constitucional perseguida.
Finalmente, el requerimiento de que el grupo debe preexistir al daño desconoce la naturaleza y finalidad de las acciones de grupo: reparar los perjuicios causados a un número plural de personas (CP art. 88), bajo la idea de que el objeto protegido por dichas acciones es un interés de grupo divisible (CP art. 89) que predetermina las condiciones para definir el grupo: no caracterizado según un principio de organización, y en ocasiones compuesto por personas de difícil identificación y determinación (grupo abierto)".
Finalmente, en la Sentencia C-898 de 2005,27 a propósito de una demanda presentada contra varias disposiciones de la Ley 472 de 1998, la Corte se refirió al contenido del inciso tercero (3°) del artículo 46. Aun cuando en esa oportunidad dicho inciso no fue acusado ni vinculado a la parte resolutiva de la sentencia, la reciprocidad existente entre éste y las normas acusadas, permitió que la Corte, en la parte motiva del fallo, se refiriera al alcance de su contenido normativo, avalando la interpretación que del mismo venía realizando el Consejo de Estado luego de proferida la Sentencia C-569 de 2004.
En efecto, con ocasión de la decisión adoptada por la Corte en la citada Sentencia C-569 de 2004, el Consejo de Estado28, en distintos pronunciamientos sobre la materia, venía desarrollando una línea uniforme de interpretación sobre el alcance del inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, en el sentido de considerar que la exigencia allí prevista, de que "El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas", aun cuando es un presupuesto procesal, no es un requisito exigible para el momento de la presentación de la demanda sino para su admisión, pues la demanda puede ser presentada por cualquiera de los afectados individualmente con el daño, quien a su vez se entiende que representa a los demás integrantes del grupo afectado.
"Así mismo que en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo de Estado, luego de dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el número mínimo aludido no puede entenderse tampoco como una limitante para la presentación de la demanda pues no es indispensable la concurrencia de todos ellos al momento de dicha presentación, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, ‘en la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder’. El Consejo de Estado ha advertido que si bien la acción puede ser interpuesta por una persona esta debe actuar en relación con el daño causado a un grupo no inferior de 20 personas y que la demanda debe, en todo caso establecer los criterios que permitan la identificación del grupo afectado."
3. Que en el auto admisorio el juez deberá valorar la procedencia de la acción de grupo en los términos de los artículos 3º y 47 de la Ley, y en el mismo auto, además de disponer su traslado al demandado por el término de diez (10) días, deberá ordenar que se informe a los miembros del grupo a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz, habida cuenta que serían los eventuales beneficiarios (art 53). Significa lo anterior, que luego de haberse señalado en la demanda los nombres de por lo menos veinte de los integrantes del grupo, o de señalar los criterios para identificarlos, y luego de valorada por el juez a partir de los mandatos constitucionales y legales la procedencia de la acción respecto del grupo, el juez convocará a los integrantes del mismo que no se hayan hecho presentes al proceso a través de un medio masivo de comunicación.29
4. En relación con la integración del grupo, concretamente el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, señala que cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y la voluntad de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas30.
El argumento esbozado por este Tribunal para declarar la exequibilidad de la disposición que regula la legitimación en la causa por activa se construyó a partir de una consideración básica: el principio de efectividad de los derechos, que es un claro desarrollo del artículo 2º de la Carta, según el cual, es deber del Estado asegurar "la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". El citado fallo indicó sobre el punto:
"Los citados preceptos establecen, de una parte, la titularidad de la acción de grupo en cabeza de las personas naturales y jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual, y agrega que el Defensor del Pueblo y los Personeros podrán, igualmente, interponer dichas acciones en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión; de otra, dispone que en el caso de que la demanda no haya sido promovida por el Defensor del Pueblo, se le notificará el auto admisorio de la demanda con el fin que intervenga en aquellos procesos en que lo estime conveniente.
En ese sentido, lo que hace la Ley 472 de 1998 en los preceptos acusados, es facultar al Defensor del Pueblo y a los personeros, dada la naturaleza de sus funciones, para interponer acciones de grupo en nombre de aquellas personas que, o bien se lo soliciten o que se encuentren en situación de indefensión o desamparo, sin que por ello se esté quebrantando precepto alguno de la Constitución. Por tal razón, los cargos son improcedentes, pues a contrario sensu de lo afirmado por el demandante, lo que persiguen los artículos acusados es la garantía y efectividad de los derechos y de los mecanismos de protección de estos."
Dentro de este contexto, es importante destacar que en la Sentencia C-1062 de 2000, esta Corte tuvo oportunidad de precisar i) que "la acción de clase o de grupo se configura a partir de la preexistencia de un daño que se busca reparar pecuniariamente y en forma individualizada, por todos aquellos que se han visto afectados", y ii) que su ejercicio "está sometido a unos requisitos sustanciales específicos, en cuanto a la legitimación activa y pasiva de la acción, la determinación de la responsabilidad que se pretende determinar y el objeto que pretende proteger". Expuso la Corte al respecto, en la misma providencia anotada, que legitimación activa en las acciones de grupo radica en "las personas que se han visto afectadas en un interés jurídico", obligadas a "compartir la misma situación respecto de la causa que originó los perjuicios individuales y frente a los demás elementos atribuibles a la responsabilidad". Esto último entendido en el sentido de que "el hecho generador del daño sea idéntico, que ese hecho haya sido cometido por el mismo agente, o sea referido a un mismo responsable, y que exista una relación de causalidad entre el hecho generador del daño y el perjuicio por el cual el grupo puede dirigir la acción tendiente a la reparación de los perjuicios sufridos".
A partir del alcance que la jurisprudencia constitucional le ha fijado al inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, lo que le falta por definir a la Corte en este juicio, es si exigir un número mínimo de veinte (20) de personas para la admisión de la demanda en una acción de grupo, conforme lo prevé el aparte normativo acusado, constituye una exigencia contraria a la Constitución, concretamente, a los derechos de igualdad y acceso a la administración de justicia, por tratarse de un número exagerado, que desborda el concepto de "número plural de personas" previsto por la propia Carta para las acciones de grupo (C.P. art. 88).
Inicialmente, debe destacar esta Corporación, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, que, en virtud de la cláusula general de competencia prevista en el artículo 150 de la Carta Política, el legislador esta plenamente habilitado para regular los distintos procesos judiciales, incluido el que desarrolla las acciones de grupo, pudiendo establecer cada una de las actuaciones que en ellos han de surtirse, los términos procesales, los recursos ordinarios o extraordinarios, la oportunidad para interponerlos, los efectos en los que se conceden, y, en general, para señalar las distintas reglas y procedimientos que rigen el debido proceso o las denominadas formas propias del juicio, en todos los campos del derecho.31 Adicionalmente, el artículo 88 del mismo ordenamiento Superior contiene un mandato expreso al legislador, especial y específico, cual es el de diseñar las particularidades procesales de las acciones de grupo según el modelo preconstituido por la Carta.32
De este modo, es claro que el legislador cuenta con un amplio margen de potestad de configuración normativa para regular todo lo relacionado con el ejercicio de las acciones de grupo, en particular para regular lo referente a la noción del "grupo", que es precisamente un presupuesto de este tipo de acciones, encontrándose limitado únicamente por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas que adopte al respecto.
En efecto, en el propósito de propender por la defensa de los derechos de orden colectivo para la satisfacción de necesidades comunes, uno de los motivos que llevó al Constituyente del 91 a consagrar las acciones colectivas, y en particular las acciones de grupo, fue la necesidad de establecer un mecanismo procesal idóneo para obtener la reparación de daños moderados infringidos a sectores amplios de la población, como es el caso de los consumidores, y cuyo reclamo resultaría dispendioso y difícil por la vía de las acciones ordinarias y a través del reclamo individual. Los antecedentes en la Asamblea Nacional Constituyente no dejan duda sobre este particular. Así, por ejemplo, en la presentación de la ponencia sobre los derechos colectivos ante la Plenaria, el delegatario Guillermo Perry hizo claridad sobre el punto, al señalar que la finalidad de las acciones colectivas era servir de medio de reparación de un daño colectivo "suficientemente grande como para que pueda ser tramitado a través de una acción judicial…". El punto fue explicado por el citado delegatario en los siguientes términos:
"La propuesta original de la subcomisión que estudio el tema fue la de hacer un artículo muy sucinto que enunciara los principales derechos de los consumidores que han sido materia de convenios internacionales en esta materia, como son los derechos a la información veraz y completa, los derechos a la defensa, a que no haya atentados contra la salud y la seguridad de los ciudadanos e los artículos, bienes y servicios que se ponen a su disposición en el mercado, los derechos a la representación, y otra serie de derechos como la capacidad de indemnización del daño colectivo, a través de los cuales una acción ante los tribunales podría condenar a un determinado productor o suministrador de bienes o servicios por un daño colectivo que él inflingió [a] un gran número de personas de manera similar y que de ninguna manera se justificaría que fueran objeto de acciones jurídicas independientes, porque no habría la posibilidad de que cada uno de los consumidores afectados llevara a cabo por su cuenta ese tipo de acción , por eso la acción de clase o la acción de grupo de manera muy preferencial se aplica a estos casos, en donde el daño colectivo es suficientemente grande como para que pueda ser tramitado a través de una acción judicial, y una vez establecido se siga de allí la indemnización a cada uno de los afectados."33 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
También en la Sesión Plenaria del 10 de junio de 1991, el Constituyente Jesús Pérez González Rubio reiteró que las acciones colectivas encuentran su justificación en cuanto instrumento procesal para obtener la reparación de "un perjuicio gigantesco", que adquiere tal dimensión cuando se suman todos los afectados, pertenecientes a sectores amplios de la población como lo son los consumidores. Destacó al respecto:
"También quiero relievar la circunstancia de que, refiriéndose a los consumidores del daño colectivo que se les cause a ellos o a los usuarios deberá ser indemnizado en los términos que señale la ley, los consumidores van a tener un instrumento para actuar a favor de la calidad de los productos, será el mejor instrumento para controlar la calidad más allá de otros que en términos de laboratorios, etc., pueda prever la ley, y es un instrumento para que los consumidores puedan reclamar por la cantidad el producto que se dice vender y que en muchos casos no corresponde su contenido al enunciado en el empaque.
Es entonces, Señor Presidente, un instrumento para que los pequeños perjuicios que individualmente se les causan a los consumidores, que terminan siendo un perjuicio gigantesco cuando se suman todos ellos, pueden tener un instrumento jurídico para hacerse valer ; desde el punto de vista social es una medida de incalculable alcance." 34 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Acorde con la voluntad constituyente, la propia jurisprudencia constitucional ha destacado, conforme ya se mencionó en el apartado 3 de las consideraciones de esta Sentencia, que en el caso concreto de las acciones de grupo, el interés protegido está determinado por un daño individual pero que se infringe, en condiciones uniformes, "a un número importante de personas", siendo este último aspecto lo que le confiere relevancia social al hecho y explica a su vez que el conflicto sea resuelto por la vía de un proceso colectivo y preferente, como es precisamente el de la acción de grupo.
Al respecto ha señalado la jurisprudencia que la finalidad de tales acciones es permitir a un grupo de individuos afectados por un acontecimiento masivo, en circunstancias iguales, interponer una sola acción con fines de reparación, lo que conduce a una mayor eficiencia en términos de números de procesos, pruebas y representación jurídica, además de un crucial efecto de economía procesal que se traduce en la reducción del desgaste del aparato judicial y su contribución en la lucha contra la congestión de la administración de justicia35.
"Las anteriores razones son suficientes para explicar por qué un Estado social de derecho fundado en el principio de solidaridad como el colombiano (CP art. 1º) reconoce e institucionaliza las acciones de grupo; pero ese hecho no altera las características del interés protegido, que sigue siendo un daño individual pero que ocurrió, en condiciones semejantes, a un número importante de personas, lo cual confiere relevancia social a la situación y justifica que sea tramitada por un proceso colectivo y preferente, como la acción de grupo. Por ello, ciertos sectores de la doctrina caracterizan a las acciones de grupo como aquellas que protegen intereses "accidentalmente colectivos", puesto que son daños individuales, pero que por su trascendencia y sus rasgos comunes son tramitados por un instrumento procesal colectivo. En cambio, según estos doctrinantes, los intereses "esencialmente colectivos" son los derechos o intereses colectivos o difusos, que corresponden a intereses supraindividuales e indivisibles, como el medio ambiente, que son protegidos en nuestro país por las acciones populares36".37
Conforme con el propósito perseguido por el Constituyente, la faculta expresa otorgada por el artículo 88 de la Carta al legislador, para regular "las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas", no puede interpretarse en el sentido de que la norma le impone al legislador una restricción para desarrollar lo referente a la noción del "grupo", sobre la base de que el mismo debe conformarse a partir del daño ocasionado a más de dos individuos. Por el contrario, en la medida en que el interés protegido por la acción de grupo está determinado por un daño individual pero que debe causarse a un número importante de sujetos, la expresión "a un número plural de personas", utilizada por la norma Superior citada, permite una interpretación amplia de la noción del "grupo". Por ello, la exigencia de un mínimo de veinte personas para darle trámite a la acción de grupo es una medida que se inscribe en el ámbito de la facultad de configuración normativa reconocida por la disposición citada y, además, la misma es razonable en cuanto es consecuente con el interés jurídico que se busca proteger a través de dicha acción: los derechos homogéneos de un grupo amplio de personas.
Así las cosas, la exigencia establecida en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, según la cual "El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas", no viola la Constitución Política ni afecta los derechos de igualdad, debido proceso y acceso a la justicia, al estar acorde con los propósitos que busca la implementación de las acciones de grupo, entre otros, proteger a quienes han sido víctimas de daños masivos de carácter moderado y a la necesidad de tutelar derechos e intereses colectivos en forma ágil, sin que se elimine la opción de acudir a las acciones individuales indemnizatorias. No obstante, en el entendido que la medida no precisa el momento procesal en el cual debe ser aplicada, es necesario excluir la interpretación que lleva a exigir como requisito para formular la demanda en una acción de grupo, su presentación por un número mínimo de veinte personas, ya que basta que un miembro del grupo actúe en su nombre y establezca los criterios para su identificación.
De este modo, no sobra reiterar, la exigencia de que "El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas", aun cuando es un presupuesto procesal, no es un requisito exigible para el momento de la presentación de la demanda sino para su admisión, siendo en esta instancia donde el juez debe entrar a decidir sobre la procedencia de la acción.
En ese orden de ideas, invocando el principio de conservación del derecho38 y la doctrina del derecho viviente39, se declarará exequible el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, en el entendido de que para la legitimación activa en las acciones de grupo no se requiere conformar un número de veinte personas que instauren la demanda, pues basta que un miembro del grupo que actúe a su nombre señale en ella los criterios que permitan establecer la identificación del grupo afectado, siendo ésta la interpretación que adecua la norma al Estatuto Superior.
1 Folio 8 del cuaderno No.1.
2 Folio 6 del cuaderno No.1.
3 Folio 9 del cuaderno No.1.
4 Folio 35 del cuaderno No. 1.
5 Gaceta del Congreso No. 198 de 1996.
6 Sobre el tema, el interviniente cita apartes de la discusión publicada en la Gaceta Constitucional No. 77.
7 Folio 82 del cuaderno No.1.
8 Sobre la doctrina constitucional de la cosa juzgada aparente, se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-700 de 1999, C-430 de 2001, C-774 de 2001, C-030 de 2003, C-036 de 2003 y C-569 de 2004.
9 Sentencia C-700 de 1999. En el mismo sentido también se pueden consultar las Sentencias C - 492 de 2000 y C-569 de 2004.
10 Sentencia C-622 de 2007, la cual a su vez hace referencia a la Sentencia C-215 De 1999.
11 Al respecto se pueden consultar las Sentencias C-215 de 1999, C-1062 de 2000, C-459 de 2004 y C-569 de 2004, entre otras.
12 Sentencia C-215 de 1999.
13 Sentencia C-569 de 2004.
14 Sentencia Ibídem.
15 Sentencia C-569 de 2004.
16 Sentencia C-215 de abril 14 de 1999.
17 Sentencia C-569 de 2004.
18 Sobre el tema relacionado con las diferencias entre las acciones populares y de grupo a partir de su finalidad, se pueden consultar, entre otras, las sentencias SU-067 de 1993, T-244 de 1998, T-046 de 1999, C-215 de 1999, C-1062 de 2000 y C-569 de 2004.
19 Sobre el tema se pueden consultar las Sentencias C-215 de 1999, C-1062 de 2000 y C-569 de 2004. En la sentencia C-1062 de 2000, la Corte condicionó la constitucionalidad del artículo 55 de la ley 472 de 1998, en la medida en que dicha disposición restringía el objeto de protección de las acciones de grupo, a que los daños por indemnizar derivaran "de la vulneración de derechos e intereses colectivos". La Corte declaró exequible esa disposición, pero en el entendido "de que con su interpretación y aplicación no se excluyan los demás derechos subjetivos de origen constitucional o legal, cualquiera que sea su naturaleza, como derechos igualmente amparables por las acciones de clase o de grupo".
20 Sentencia C-1062 de 2000.
21 Sentencia C-569 de 2004.
22 Sentencia Ibídem.
23 Sobre el tema se pueden consultar las Sentencias C-215 de 1999, C-1062 de 2000 y C-569 de 2004.
24 C- 569 de 2004.
25 M. P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.
26 M. P. Rodrigo Uprimny.
27 M. P. Álvaro Tafur Galvis.
28 Sobre el tema se pueden consultar, entre otros, los siguientes pronunciamientos del Consejo de Estado, en sede de acciones de grupo: Auto del 4 de septiembre de 2003, expediente número AG 0031, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera y Auto del 30 de septiembre de 2004, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Radicación número: 25000232500020040002801.
29 C- 898 de 2005.
30 C- 898 de 2005.
31 C-252 de 2001.
33 Ponencia sobre los derechos colectivos; ponentes: Guillermo Perry, Iván Marulanda, Jaime Benítez, Angelino Garzón, Tulio Cuevas y Guillermo Guerrero. Gaceta Constitucional N° 46, p.22. Sesión plenaria del 10 de junio de 1991 (0610) pp. 2-3.
35 Sentencias C-1062 de 2000 y C-569 de 2004.
36 La distinción es propuesta por el jurista brasileño Barbosa Moreira, citado por Ferrer Mac-Gregor. Acción de amparo… Op-cit, p 14.
37 Sentencia C-569 de 2004.
38 En virtud del cual la Corte ha precisado que "no puede excluir una norma legal del ordenamiento jurídico, por vía de la declaración de inexequibilidad, cuando existe, por lo menos, una interpretación de la misma que se aviene con el texto constitucional. De ser así, el juez de la Carta se encuentra en la obligación de declarar la exequibilidad de la norma legal condicionada a que ésta sea entendida de acuerdo con la interpretación que se concilie con el estatuto superior. Con esto, se persigue, esencialmente, salvaguardar, al menos, algunos de los posibles efectos jurídicos de la disposición demandada, de manera que se conserve, al máximo la voluntad del legislador". C- 499 de 1998 y C- 038 de 2006.
39 En la Sentencia C-557 de 2001 la Corte hace una clara exposición sobre la doctrina del derecho viviente y el papel preponderante que para la misma tiene la jurisprudencia y la doctrina especializada.