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Timestamp: 2017-10-17 03:43:52
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 8', 'Artículo 71', 'artículo 5', 'artículo 142', 'artículo 106', 'artículo 139', 'artículo 141']

Sentencia T.S.J. Madrid 371/2010, de 31 de marzo. Responsabilidad patrimonial. Mutuas de Accidentes de Trabajo. Indemnización. Desestimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Madrid 371/2010, de 31 de marzo
Responsabilidad patrimonial por defectuosa asistencia sanitaria: accidente de trabajo que le produce a la recurrente un esguince de tobillo derecho. Secuelas de poliomelitis. Inexistencia de relación de causalidad entre la lesión sufrida (patología traumática sufrida por esguince) y los problemas físicos posteriores de la actora.
En MADRID, a treinta y uno de marzo de dos mil diez.
Vistos por la Sala, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso-administrativo número PROCEDIMIENTO ORDINARIO 201/2007, interpuesto por el Procurador Don José Manuel Díaz Pérez, en nombre y representación de Doña Clara, contra la desestimación presunta de la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial que había presentado el día 23/10/2006, ante CYCLOPS, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 126. Ha sido parte en calidad de demandada la Mutua MIDAT-CYCLOPS, representada por la procuradora Doña Concepción Calvo Meijide y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por el Letrado de sus Servicios Jurídicos.
Primero.-Comienzan las actuaciones judiciales con el escrito de interposición del recurso que presenta la representación procesal de la parte actora ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el día 13/03/07. Una vez que fue repartido a esta sección Cuarta se dictó la providencia de 14/03/07 en la que se acordaba oír a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la competencia para conocer del recurso. El 18/04/07 la Sala dicta un auto declarando su falta de competencia para conocer del recurso y acordando la remisión de las actuaciones al juzgado central de lo contencioso administrativo. Repartido el recurso al juzgado número 3 y personada en forma la recurrente, se dictó la providencia de 26/09/07 acordando tener por interpuesto el recurso, por personada y parte a la recurrente y requerir a la Administración demandada para que remitiera el expediente administrativo. El 6/11/07 el Letrado de la Administración de la Seguridad Social solicitó que se le tuviera por personado y parte en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, mientras que el 6/11/07 la procuradora de MIDAT CYCLOPS, que se había subrogado en los derechos y obligaciones de CYCLOPS, presentó un escrito al que acompañaba el expediente administrativo debidamente foliado. Mediante la providencia de 7/11/07 se acordó tener al Instituto Nacional de la Seguridad Social -INSS- por personado y parte y poner el expediente a disposición de la actora para que, en el plazo previsto en la ley, formalizara su demanda, así como tener por personada y parte a la Mutua en calidad de demandada.
Segundo.-El día 13/12/2007 se presentó el escrito de demanda en el que, después de referir los hechos y alegar los fundamentos que se consideraron oportunos, terminaba la parte actora solicitando que se dictara sentencia estimando la pretensión ejercitada, declarando la responsabilidad de la Mutua CYCLOPS y condenándola a indemnizarle por los daños y perjuicios ocasionados en la suma de 60.212,69 euros, así como al pago de las costas procesales. Del escrito de demanda y del resto de las actuaciones se dio traslado a la representación de la Mutua demandada quien, el día 26/02/08 presentó su escrito de contestación solicitando la desestimación del recurso y que se declare la improcedencia de las cantidades indemnizatorias que se interesan. El 23/05/08 el Letrado de la Administración de la Seguridad Social presenta un escrito de contestación en el que solicita que el juzgado se declare incompetente para conocer del recurso, subsidiariamente que se declare su falta de legitimación pasiva y subsidiariamente que se desestime el recurso interpuesto por la actora. En fecha 2/07/08 el Juzgado dicta un auto en el que acuerda fijar la cuantía del recurso en 60.212,29 euros y recibirlo a prueba.
Tercero.-El 28/07/08 la parte actora presentó un escrito proponiendo como medios de prueba la documental aportada con su demanda e informes periciales, la Mutua demandada propuso la práctica de prueba documental y pericial y el INSS documental. Mediante la providencia dictada el 18/11/08 se acuerda declarar pertinentes todos los medios de prueba propuestos, salvo la pericial de la actora al no haber sido planteada en forma. Oídas nuevamente las partes y el Ministerio Fiscal el Juzgado dicta el auto de 9/02/09 en el que acuerda declarar su falta de competencia para conocer del recurso, ordenando la remisión de las actuaciones a la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Recibidos los autos en la Sala y personadas en forma las partes. El 16/07/09 se resuelve, desestimándolo, el recurso de súplica que había interpuesto la representación de la actora contra la denegación de la prueba pericial que había propuesto en el Juzgado.
Cuarto.-El día 13/01/10 se dictó una diligencia de ordenación declarando concluido el período probatorio y concediendo a la actora el plazo previsto en la ley para que formulara sus conclusiones. El 3/02/10 fue presentado el escrito de la actora, en el que insistía en todo lo manifestado en su demanda y ampliando la reclamación a 116.131,69 euros. El 26/02/10 presentó la representación de MIDAT CYCLLOPS las suyas insistiendo en la oposición y el veintidós anterior lo había hecho el Letrado de la Administración de la Seguridad Social. Con fecha 3/03/10 se dictó una providencia acordando señalar para votación y fallo la audiencia del día 23/03/10 en la que, previa deliberación, se aprobó la presente sentencia.
Primero.-A la vista del expediente administrativo y de las manifestaciones realizadas por las partes en este proceso se consideran acreditados los hechos, relevantes para resolver las cuestiones planteadas en el recurso, siguientes: Doña Clara, quien tenía antecedentes de poliomelitis con secuelas a nivel del miembro inferior derecho, hipotiroidismo y hepatitis C, prestando sus servicios laborales para la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., sufrió un accidente el día 24/11/2004 que le produjo un esguince en el tobillo derecho; recibió asistencia médica de la lesión en la entidad CLINSSA donde se le realizó una radiografía y se le diagnosticó esguince de tobillo derecho, grado I-II, y se le realizó inmovilización con tensoplast, analgésicos, hielo local y protector gástrico, siendo finalmente remitida a la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo CYCLOPS, actualmente MIDAT CYCLOPS, donde fue dada de baja laboral y se le prescribe revisión en una semana; el día 2/12/2004 es dada de alta con tobillera al considerar el personal médico de la Mutua que no presentaba ni dolor ni tumefacción; el 30/03/05 vuelve a consulta y manifiesta que presenta un dolor persistente en la zona de los músculos tibiales y extensor de los dedos del miembro inferior derecho, se realiza un TAC y se la pauta tratamiento para el dolor; el 11/04/05 se reciben los resultados del TAC en los que no se aprecian lesiones en estructuras óseas ni a nivel articular del tobillo derecho, ni se identifican hallazgos reseñables en las partes blandas; el 13/04/05 el personal de la Mutua le da el alta laboral; el 20/04/05 Doña Clara acude a la Mutua y presenta un informe del Hospital Ramón y Cajal en el que se le diagnostica una probable distrofia del simpático refleja grado I, por lo que se decide practicarle un gammagrafía ósea; el 28/04/05 se recibe el resultado de la gammagrafía donde se concluye que presenta alteraciones de perfusión compatible con la poliomelitis, observándose un incremento de perfusión distal patológico en la zona distal de la tibia derecha y captación patológica en el estudio estático tardío en probable relación con lesión ósea postraumática, sin poder descartar osteocondritis, por lo que se le da nuevamente de baja laboral; el 11/05/05 acude de nuevo a la consulta y con el resultado de la resonancia magnética que se le había realizado, donde se aprecia una tendinitis aquilea y una lesión osteocondral sin evidencias de insstabilidad que afecta al pilón tibial anterior; se le realizan más adelante nuevas resonancias de control que evidencian la inexistencia de clínica en el tendón de Aquiles del miembro inferior derecho; en la resonancia realizada el 27/06/05, en el Hospital Pío XII, se aprecia que persiste el engrosamiento del tendón aquíleo en relación con patología inflamatoria crónica y disminución del edema óseo tibial con evolución favorable; el 7/09/05 es dada de alta; el 7/11/05 recibe tratamiento médico de urgencia al haber ingerido varios comprimidos de Lexatin, precisando tratamiento psiquiátrico; el 17/05/06 acude nuevamente a consulta con dolores en el pie derecho; el 21/07/06 el Hospital Ramón y Cajal emite un informe en el que se recoge la existencia de tendinitis crónica aquilea, osteocondritis crónica afectando al pilón tibial anterior y a la articulación tibio-astragaliana, espondiloartrosis y gonartrosis; el 21/11/06 el Instituto Nacional de la Seguridad Social dicta una resolución declarando el carácter común de la incapacidad sufrida desde el 18/05/06; Doña Clara recurre ante la jurisdicción social y el Juzgado de lo Social número ocho desestima el recurso y no admite que la incapacidad se hubiera derivado de un accidente de trabajo; el 23/10/2006 presenta una reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial al considerar que los problemas que ha sufrido en su miembro inferior derecho se derivan del defectuoso tratamiento realizado a la lesión sufrida el 24/09/04; el 30/03/09 el INSS dicta resolución en la que se declara a Doña Clara en situación de incapacidad permanente absoluta para toda profesión y oficio por enfermedad común consistente en secuelas de poliomelitis en miembros inferiores, tendinitis crónica en MID, espondiloartrosis, gonartrosis y trastorno adaptativo con sintomatología crónica. Llegamos con ello a este recurso contencioso administrativo en el que la parte actora sostiene que se dan todos los requisitos para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial. La Mutua demandada opone la prescripción de la acción y subsidiariamente, solicita que se desestime el recurso al no existir relación de causalidad entre la lesión sufrida el 24/09/04 y el tratamiento dispensado a la misma, que fue correcto, y el resto de los problemas de diferente naturaleza que ha venido padeciendo la actora. El INSS opone su falta de legitimación pasiva, la prescripción de la acción y en cuanto al fondo del asunto la inexistencia de relación de causalidad.
Segundo.-Respecto de la falta de legitimación pasiva opuesta por el Instituto Nacional de la Seguridad Social debemos señalar que se ajusta a la interpretación que viene manteniendo la jurisprudencia en esta materia, doctrina expuesta con detalle en la sentencia de la Sección 4.ª de la Audiencia Nacional, de fecha 1 de septiembre de 2008, en la que podemos leer:"...En cuanto al fondo, el Consejo de Estado en el dictamen n.º 1.869/2005, emitido en un expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial en el que también se reclama por presunta mala praxis sanitaria de una Mutua de Accidentes de Trabajo, ha expresado lo siguiente: "Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su calidad de entidades privadas dotadas de personalidad jurídica propia, son responsables directas de los perjuicios derivados de la asistencia sanitaria que prestan a los empleados de las empresas asociadas. Lo cual es corroborado por el Reglamento de colaboración de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, cuyo artículo 2 define da las Mutuas como asociantes de empresarios dotadas de personalidad jurídica que se constituyen con el objeto de colaborar en la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales "con la responsabilidad mancomunada de sus miembros". El artículo 8 precisa que "la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados se extenderá a todas las obligaciones que legal o contractualmente alcancen a la Mutua cuando ésta no las cumpliera a su debido tiempo, sin que los estatutos de la entidad puedan establecer ninguna limitación a tal respecto". Por tanto, la Mutua responde directamente y en su defecto lo hacen mancomunadamente los empresarios asociados, pudiendo el que se considere perjudicado dirigirse a la Administración sólo en caso de insolvencia de aquella y para las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo. El Consejo de Estado fue consultado sobre un asunto que presentaba identidad de razón con el presente y en su dictamen 2.872/2001, de 25 de octubre de 2001, se expresó en los siguientes términos: "La actividad a la que se achaca el origen de las lesiones ha sido llevad a cabo por una de estas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y por tanto, por una entidad privada, lo que excluye la presente vía de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. En ningún momento el Tribunal supremo considera que los daños que pudiesen haber nacido de la prestación de servicios en dichas Mutuas pudiesen imputarse, como responsable, a la Administración General del Estado como consecuencia de la relación de tutela entre el Ministerio de Trabajo y las citadas Mutuas". Por consiguiente, en el asunto objeto de la presente consulta procede llegar a la misma conclusión y desestimar la reclamación, en cuanto que la responsabilidad derivaba de la asistencia sanitaria prestada por las Mutuas corresponde a las propias Mutuas." Como vemos la resolución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no establece la incompetencia de la Administración, sino que desestima la reclamación por no resultar la Administración Central responsable, en fundamentación válida, y tal carencia de responsabilidad ha sido ya mantenida por esta Sala en el Fundamento de derecho tercero de la misma sentencia de 28 de mayo de 2008, en doctrina aquí aplicable, que argumentaba: "TERCERO Tal como señala la sentencia de instancia, es al orden contencioso administrativo al que corresponde conocer del presente contencioso, y de otra parte atendido que la pretensión se dirige contra el titular del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, que ha desestimado a virtud de silencio la pretensión de responsabilidad patrimonial, atendida su cuantía, la competencia es de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, acorde en consecuencia con lo actuado. Dicho lo anterior, que es conforme a derecho, ha de precisarse que las competencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con las Mutuas se recogen en el art. 71.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Artículo 71. Competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1. Corresponden al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las facultades de dirección y tutela sobre las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social conforme a lo establecido en el apartado 2 c) art. 5. (...).El citado artículo 5 establece: " Competencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de otros Departamentos ministeriales" 1. Las funciones no jurisdiccionales del Estado en materia de Seguridad Social que no sean propias del Gobierno se ejercerán por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las que puedan corresponder, en el ámbito específico de sus respectivas áreas, a otros Departamentos ministeriales. 2. Dentro de las competencias del Estado corresponden al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en relación con las materias reguladas en la presente ley, las siguientes facultades: a) Proponer al Gobierno los reglamentos generales para su aplicación. b) El ejercicio de la potestad reglamentaria no comprendida en el apartado anterior. c) El desarrollo de las funciones económico-financieras de la Seguridad Social, a excepción de las encomendadas en la Ley General Presupuestaria y disposiciones concordantes al Ministerio de Hacienda o, en su caso, a otros órganos a los que dicha ley otorgue competencias específicas en la materia, y de dirección y tutela de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como de las entidades que colaboren en la gestión de la misma, pudiendo suspender o modificar los poderes y facultades de los mismos en los casos y con las formalidades y requisitos que se determinen reglamentariamente. d) La inspección de la Seguridad Social a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 3. Por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se organizarán en forma adecuada los Servicios e Instituciones que hayan de llevar a cabo los oportunos estudios jurídicos, sociológicos, económicos y estadísticos de la Seguridad Social, así como los de simplificación y racionalización de las operaciones y trámites administrativos que exijan su desarrollo y aplicación. 4. El ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en relación con la Seguridad Social corresponderá a los órganos y servicios determinados en esta ley, en sus disposiciones de aplicación y desarrollo o en las orgánicas del Ministerio. Como vemos entre las facultades que ostenta el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no figura que sea responsable del seguimiento de la calidad de la prestación sanitaria ni de la actuación de los profesionales médicos contratados por las Mutuas, respuesta consecuente al hecho de tratarse de entidades privadas no integradas en la estructura organizativa de la Administración que, como bien recoge la propuesta de resolución desestimatoria del recurso de alzada, folios 134 a 137 del expediente, responden directamente de obligaciones como la de autos, y en su defecto mancomunadamente los empresarios asociados, acorde con el R.D. 1993/1995, de 7 de diciembre...", sin que la Administración de la Seguridad Social resulte responsable de la prestación asistencial de MIDAT-CYCLOPS al estar en un supuesto ajeno a la relación de tutela.
En segundo lugar, respecto de la prescripción de la acción opuesta al amparo del artículo 142.5 de la LRJAP y PAC, ha de tenerse en cuenta que tanto en los informes médicos obrantes en el expediente administrativo como en el realizado en sede judicial, como en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid, se reconoce y afirma que la fecha de curación definitiva de la lesión sufrida el 24/11/04 fue el 7 de septiembre de 2005, por lo que al haberse interpuesto la reclamación el 23/10/06 habría transcurrido en exceso el plazo previsto en el precepto y, en consecuencia, se habría producido la prescripción alegada. No obstante como quiera que la actora sostiene que todas las secuelas posteriores, incluso hasta la declaración de la incapacidad permanente absoluta, se derivan del accidente de 2004 y de la defectuosa asistencia médica prestada, entendemos que procede entrar a considerar las alegaciones de fondo esgrimidas en la demanda.
Tercero.-El artículo 106.1 de la Constitución dispone que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, esta previsión constitucional tiene su desarrollo normativo en el artículo 139 de la LRJAP y PAC establece: "1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas...", normativa que ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por nuestros Tribunales, en los que se ha elaborado una doctrina constante que se recoge, entre otras, en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 8.ª, el día 30 de Septiembre de 2003, en la que recoge igualmente la doctrina elaborada por el Tribunal Supremo, en los siguientes términos: "...Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas han sido concretados en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, por todas, la sentencia de 28 de enero de 1999 señala que: "Un examen sucinto de los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, permite concretarlos del siguiente modo: a) El primero de los elementos es la lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente. b) En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo. c) El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la Administración, implica una actuación del poder público en uso de potestades públicas. d) Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado". "Por último, además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente (así en sentencias de 14 de mayo, 4 de junio, 2 de julio, 27 de septiembre, 7 de noviembre y 19 de noviembre de 1994, 11 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1619/92, fundamento jurídico cuarto y 25 de febrero de 1995, al resolver el recurso de casación 1538/1992, fundamento jurídico cuarto, así como en posteriores sentencias de 28 de febrero y 1 de abril de 1995) que la responsabilidad patrimonial de la Administración, contemplada por los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado...". En supuestos de reclamación por responsabilidad patrimonial derivada de atención sanitaria, la doctrina anterior se recoge en sentencias como la dictada por la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el 9/12/08, donde se pronuncia en los siguientes términos:"... el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial no impide que para su exigencia, como señala la sentencia de 7 de febrero de 2006, sea imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido. A tal efecto, la jurisprudencia viene modulando el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, rechazando que la mera titularidad del servicio determine la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier consecuencia lesiva relacionada con el mismo que se pueda producir, lo que supondría convertir a la Administración en aseguradora universal de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, siendo necesario, por el contrario, que esos daños sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración. (Ss. 14-10-2003, 13-11-1997). La concepción del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial que se mantiene por la parte recurrente no se corresponde con la indicada doctrina de esta Sala y la que se recoge en la sentencia de 22 de abril de 1994, que cita las de 19 enero y 7 junio 1988, 29 mayo 1989, 8 febrero 1991 y 2 noviembre 1993, según la cual: "esa responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar" (en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-10-2003). Debiéndose precisar que, cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, la jurisprudencia viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva mas allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la Lex Artis como modo de determinar cual es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. Así, la sentencia de 14 de octubre de 2002, por referencia a la de 22 de diciembre de 2001, señala que "en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las secuelas padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente resuelta la incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en el citado artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, redactado por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no vino sino a consagrar legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado en este precepto."...".
A la vista de esta doctrina debemos determinar si ha quedado suficientemente acreditada la existencia de relación de causalidad entre el tratamiento médico prestado por la Mutua demandada y las diversas afecciones que ha ido sufriendo la actora con posterioridad. En este apartado sólo dispone la Sala de dos informes médicos uno obrante en el expediente administrativo y otro practicado en sede judicial. En ambos se afirma de forma categórica que no existe relación causa efecto entre el tratamiento prestado al esguince de tobillo sufrido el año 2004 y las afecciones posteriores descritas por la demandante. Así en el dictamen pericial que obra en estos autos se concluye que "...La enferma presenta un cuadro clínico complejo multifactorial, incluida unas secuelas de polio en miembro inferior derecho, lo cual perfectamente justifica la sintomatología por tendinitis del tendón de Aquiles que se evidencia en los estudios de RMN, TAC y gammagrafía, que meses después se realizaron. 7. No existe nexo de unión entre la patología traumática sufrida por esguince, y las lesiones descritas posteriormente, compatibles con la evolución de la polio, pues ninguna de las pruebas realizadas así lo hacen ver...", mientras que en otros puntos de su dictamen explica que la atención prestada a la paciente fue adecuada y se ajustó a los protocolos de actuación en urgencias de este tipo de patología, que el tratamiento implantado es correcto para el diagnóstico establecido y se ajustaba a los protocolos de tratamiento de esguince de tobillo establecidos internacionalmente, que la evolución de la lesión fue favorable y desaparecieron los síntomas iniciales y concluyendo:"...8 La enferma fue tratada y estudiada siempre adecuadamente, realizando pruebas de todo tipo y realizando tratamientos y seguimientos adecuados y exhaustivo...". Esta opinión resulta corroborada por el informe que obra en el expediente administrativo e incluso por la sentencia del juzgado de lo social que recogió la fecha de sanidad definitiva de las secuelas derivadas del accidente, así como resolvió que las lesiones incapacitantes de la actora no derivaban de aquél. Circunstancia por cierto igualmente apreciada por el INSS en su resolución de incapacidad. Frente a ello la actora únicamente opone su opinión discrepante, exponiendo las dudas que le plantean las afirmaciones del perito, pero tales dudas o discrepancias no proceden sino de parte interesada y sin conocimientos en medicina, por lo que la única prueba relevante que puede ser valorada por la Sala excluye de forma clara la existencia de relación de causalidad.
DESESTIMAMOS EL RECURSO INTERPUESTO POR el Procurador Don José Manuel Díaz Pérez, en nombre y representación de Doña Clara, contra la desestimación presunta de la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial que había presentado el día 23/10/2006, ante CYCLOPS, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 126, actualmente MIDAT-CYCLOPS. Cada parte abonará las costas procesales causadas a su instancia en la tramitación de este recurso.
Esta resolución es firme al no caber frente a ella recurso ordinario de clase alguna.