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Timestamp: 2018-10-16 05:58:06
Document Index: 164414814

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 60', 'artículo 145', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 48', 'artículo 93', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 26', 'artículo 3']

Corte suprema de justicia sala de casación laboral carlos ernesto molina monsalve magistrado Ponente sl 729 2013 Radicación N° 51992 Acta N° 33
Radicación N° 51992
Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013).
En cuanto al memorial obrante a folio 59 del cuaderno de la Corte, téngase como sucesor procesal del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy en liquidación a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, en armonía con el artículo 60 del C.P.C., aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social, por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y S.S.
Como fundamento de tales pedimentos, argumentó que su esposo José Vicente Hernández Herrera era afiliado al Instituto de Seguros Sociales, quien falleció el 24 de febrero de 2007 por causas de origen no profesional; que en calidad de cónyuge supérstite del causante, reclamó la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada mediante la resolución del ISS No. 013310 de 2008, bajo el argumento de que dicho afiliado “a pesar de haber cotizado 98 semanas en el transcurso de los últimos 3 años anteriores a su muerte, alcanzó a cotizar únicamente 606 semanas entre la fecha del cumplimiento de sus veinte años y la fecha de su deceso, lo que significó para el Seguro Social, que el señor HERNANDEZ HERRERA no cumpliera con la fidelidad mínima con el sistema”; que en subsidio el ISS le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes por valor de $6.032.442,oo, que deberá descontarse del retroactivo pensional adeudado; y que el Instituto demandado no tuvo en cuenta las semanas cotizadas en el año 1995, lo cual hubiera llevado a completar más del 19% de la fidelidad con el sistema.
En su defensa sostuvo que el causante acreditaba 606 semanas cotizadas durante toda su vida laboral, de las cuales si bien tenía 98 en los tres (3) años anteriores al momento de su deceso, no se cumple con el requisito de la fidelidad al sistema, por no tener el mínimo de cotizaciones entre la fecha en que arribó a los 20 años de edad y la data de la muerte, equivalentes al 20% del tiempo transcurrido en ese período, pues sólo ostenta un 17.76%, teniendo derecho la cónyuge demandante a recibir únicamente la respectiva indemnización sustitutiva que se otorgó con la resolución No. 013310 de 2008 por la suma de $6.032.442,oo.
El Juez Segundo Adjunto del Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, puso fin a la primera instancia con la sentencia que data del 26 de marzo de 2010, en la que declaró que la demandante en su condición de cónyuge del afiliado JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ HERRERA, tenía derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a partir del 25 de febrero de 2007, en cuantía equivalente al salario mínimo legal, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, y condenó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagarle las sumas de $20.253.739,oo por mesadas causadas hasta el 31 de marzo de 2010, y $895.875,oo por concepto de indexación de los valores adeudados. Declaró probadas las excepciones de improcedencia del cobro de los intereses moratorios y compensación, y no demostrados los demás medios exceptivos, e impuso las costas del proceso a la parte vencida que lo fue el Instituto demandado en un 100%.
El ad quem, comenzó por decir, que son hechos indiscutidos que “el señor José Vicente Hernández Herrera falleció el día 24 de febrero de 2007, contando con 606 semanas de cotización de las cuales 98 corresponden a los 3 últimos años anteriores de la muerte (fls. 15/16), con lo cual se acredita que la normatividad aplicable frente a los requisitos necesarios para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003” que exige además de tener el afiliado 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años que anteceden al deceso, una fidelidad al sistema equivalente al “veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento”. Que el afiliado fallecido no cumplió en vida con el requisito de la fidelidad al sistema, por cuanto sólo alcanzó un porcentaje del 17,76%.
Atacó la sentencia recurrida de violar la ley sustancial, por la vía directa y en el concepto de aplicación indebida, respecto de los artículos “1, 2, 3, 6, 8, 14 y 17 de la Ley 153 de 1.887, 12 de la Ley 797 de 2003, 46 de la Ley 100 de 1993, 45 de la Ley 270 de 1996 y 16 del Código Sustantivo del Trabajo”.
Igualmente, no es materia de cuestionamiento en la esfera casacional, que la cónyuge demandante elevó al ISS solicitud de pensión de sobrevivientes el día 13 de diciembre de 2007, la cual le fue negada mediante la resolución No. 013310 del 27 de mayo de 2008, obrante a folios 15 y 16 del cuaderno del Juzgado, por no tener el causante cumplido uno de los requisitos del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, correspondiente al de la fidelidad, ya que sólo acredita un 17.76% de fidelidad de cotización al Sistema de Pensiones, entre el 25 de septiembre de 1941 fecha en la que cumplió 20 años de edad y la data de la muerte 24 de febrero de 2007, cuando requería en ese período el equivalente al 20% de cotización.
“(…..) la nueva composición de la Sala, por mayoría de sus miembros, en sentencia de 20 de junio de 2012 rad. N° 42540, frente a una prestación de sobrevivientes pero cuyos argumentos resultan aquí plenamente aplicables, varió su criterio en lo referente a los efectos que debe surtir la declaratoria de inexequibilidad de una determinada disposición en materia de seguridad social, que haya impuesto un requisito que el juez de la Carta encuentra contrario a preceptos superiores por ser abiertamente regresivo.
“(…..) El principio de progresividad y no regresividad está consagrado, tanto en la Constitución Política de 1991 (artículo 48), como en el “Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC)”, ratificado por Colombia, el cual debe tenerse en cuenta por virtud de lo establecido en el artículo 93 superior, a la hora de interpretar los derechos y deberes constitucionales.
El artículo 12 de la Ley 797 de 2003, estipuló que, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el afiliado además de haber cotizado cincuenta (50) semanas en los tres años anteriores a su muerte, tuviera una fidelidad al sistema de seguridad social, consistente en haber cotizado el 20% (Sentencia C-1094 de 2003) “del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento”.
“(…..) la perspectiva con la que ha de mirarse la normativa pensional y su aplicación en un caso concreto no puede reducirse, a la escueta construcción de un silogismo lógico en el que, dada una premisa mayor de la norma formal vigente, en la cual se contiene un supuesto fáctico, si la premisa menor coincide con el hecho subsumido en la ley, deba hacerse efectiva la consecuencia que en abstracto la regla predica. Ahí está la razón por la cual el legislador tiene en cuenta valores y principios sociales que permitan dotar de justicia a la norma jurídica que la Constitución le ha encargado crear.
“Es más, remitiéndose esta Corporación a las fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo, incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo OIT no se oponen a la aplicación de la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT que (resalta y subraya la Sala)”.
Incluso debe indicarse que el Pacto de San José que contempla el compromiso de los Estados de lograr progresivamente la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, impone una estructura programática en torno al citado derecho, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 26 contempla el compromiso
Esas, entre otras razones, obligan a que el juzgador asuma un visión amplia, en la que la aplicación mecánica de la norma dé paso a la realización de los principios mínimos fundamentales, que se encuentran plasmados en la Constitución Política, que garantizan la seguridad social y la imposibilidad de su menoscabo, lo que respalda la Ley 100 de 1993, que en su artículo 3º, no sólo dispone su ampliación, sino su progresividad…..”.
Por las razones expuestas, el Tribunal no debió exigir el requisito de fidelidad al sistema –que, por lo dicho, es una condición regresiva-, y en consecuencia debió mantener la decisión del a quo”.
De las costas del recurso extraordinario, serán a cargo del Instituto recurrente por no haber salido avante la acusación, además que el cargo obtuvo réplica, las cuales se fijan en la suma de seis millones de pesos moneda corriente ($6.000.000,oo).