Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321256L.html
Timestamp: 2019-03-25 05:38:33
Document Index: 147611937

Matched Legal Cases: ['artículo 547', 'artículo 62', 'artículo 811', 'artículo 1', 'artículo 222', 'artículo 15', 'artículo 105', 'artículo 180', 'artículo 115', 'artículo 180', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 115', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 251', 'artículo 15', 'artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 15', 'artículo 236', 'artículo 254', 'artículo 254', 'artículo 17', 'artículo 42', 'artículo 8', 'artículo 236']

as201321256L
Auto Supremo: Nº 256
Sucre: 14 de junio de 2013
Expediente: LP-82-11-S
Procesos : Nulidad de Contratos y Pago de Daños y Perjuicios
Partes: Omar Alejandro Asbun y Otros c/ Banco de Crédito de Bolivia S.A.
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fojas 1054 a 1056 y vuelta, interpuesto por el Banco de Crédito de Bolivia S.A., representado por Juan Carlos De La Via Pereira, Ronald Franco García y Omar Vargas Claure, contra el Auto de Vista Nº S - 258 de 20 de junio del 2007, cursante de fojas 997 a 998 y vuelta, emitido por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre nulidad de contratos y pago de daños y perjuicios, seguido por Omar Alejandro Asbun, Martha Clemencia Farah de Asbun y Fernando Asbun Gamarra, contra la entidad recurrente; la respuesta de fojas 1060 a 1061 vuelta; la concesión de fojas 1062; la resolución de Amparo Constitucional auto Nº 77 de 1 de marzo de 2011, emitida por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Garantías; los Autos Nº 499/2011, 162/2012 y 198/2012 pronunciados por la misma sala penal en ejecución de resolución, a través de los cuales se conmina a los ministros accionados al cumplimiento efectivo de la Resolución de Amparo Constitucional Nº 77/2011, establecen la competencia de los Magistrados Liquidadores y dejan sin efecto el Auto Supremo Nº 320 de 7 de octubre de 2011, los antecedentes del proceso, y:
ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Décimo en lo Civil y Comercial de la Ciudad de La Paz, pronuncio la Sentencia Nº 568 de 30 de noviembre de 2006, cursante de fojas 887 a 907 y vuelta, declarando probada la demanda de fojas 55 a 65 e improbadas las excepciones de fojas 340 a 346, disponiendo la nulidad de los contratos contenidos en las Escrituras Públicas Nº 732/1999 de 23 de noviembre, Nº 1261/2000de 12 de octubre y, Nº 84/2001 de 5 de marzo, con los efectos establecidos por el artículo 547 del Código Civil, recuperando el Banco de Crédito el derecho propietario del inmueble signado con el Nº 1580 de la calle México con todas las mejoras introducidas por la parte demandante, ordenando que por la oficina de Derechos Reales, se levanten todos los gravámenes y cargas inscritas sobre los bienes inmuebles otorgados en garantía por el demandante, ordenando la calificación de los daños y perjuicios en ejecución de sentencia, con costas
En grado de apelación, la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronuncio el Auto de Vista Nº S - 258 de 20 de junio de 2007, cursante de fojas 997 a 998 vuelta, a través del cual anuló la Resolución Nº 90 de 8 de marzo de 2007, de concesión del recurso de apelación, sin responsabilidad por ser excusable.
CONSIDERANDO II: Contra la resolución de alzada, el Banco de Crédito de Bolivia S.A. a través de sus representantes Juan Carlos De La Via Pereira, Ronald Franco García y Omar Vargas Claure, por memorial de fojas 915 a 921, recurrió de casación en la forma en base a los siguientes argumentos:
Señala que, por determinación del artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 811-I del Código Civil, el poder conferido para uno o más pleitos determinados, cualesquiera fueren sus términos, comprenderá la facultad de interponer y tramitar los recursos legales, ordinarios y extraordinarios, en cuyo mérito, si el recurso de apelación cumplió con sus requisitos, el tribunal de alzada, en aplicación del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, debió resolver el fondo de la causa; manifiesta que, por determinación del artículo 222 del Código adjetivo civil, la facultad de apelar se extiende a cualquier interesado a quien la sentencia le causare perjuicio, incluso a quien no fue parte del proceso, en cuyo mérito, se habría aplicado falsamente la ley al no haber ingresado a considerar sus pretensiones; acusa la violación del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial por el tribunal de alzada, por no ingresar a considerar el fondo de la apelación interpuesta por quien tenía la facultad para litigar, consecuentemente también para hacer uso de los recursos; indica que el tribunal ad quem no señaló la disposición legal en la que basó la determinación de considerar por no aperturada su competencia para conocer el fondo del recurso de apelación; señala que, el tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre su recurso de apelación, desconociendo lo establecido en el artículo 105 - 1) de la Ley de Organización Judicial en relación a su competencia.
Finaliza el recurso, solicitando al tribunal de casación, anule obrados hasta fojas 997, es decir, hasta el estado en que el Tribunal de alzada se pronuncie sobre el fondo de la apelación interpuesta.
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que, así interpuesto el recurso de casación en la forma, se ingresa a su consideración y análisis, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1961/2012 de 12 de octubre, la resolución Nº 77/2011 y Autos Constitucionales Nros. 119/013 y su complementario 126/013, pronunciados por el Tribunal de Garantías, estos dos últimos disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo Nº 263 de fecha 12 de octubre de 2012 y se pronuncie uno nuevo, por lo que se tiene:
De la revisión de obrados, se evidencia que, el auto de vista recurrido, a tiempo de anular la resolución Nº 90 de 8 de marzo de 2007, que concedió el recurso de apelación contra la sentencia, deducido por la parte demandada, fundamentó que el memorial de apelación de fojas 915 a 921, interpuesto por el Banco de Crédito de Bolivia S.A., representado por Omar Vargas Claure y Jorge Biggemann Tejero, fue suscrito únicamente por el primero de los representantes, sin considerar que la representación conferida, a efectos de interponer ese recurso, debió ser ejercida en forma conjunta, conforme expresamente lo establece los poderes cursantes de fojas 350 a 363, y 70 a 83, razón por la cual el recurso así interpuesto, habría sido deducido por quien no tenía la capacidad procesal válida para actuar independientemente en la realización de ese acto, por lo que no estando abierta la competencia del Tribual de alzada para considerar el fondo de la apelación, determinó la nulidad de la concesión del recurso de alzada.
Que, a fin de analizar la legalidad o no de la nulidad dispuesta y establecer si son o no evidentes las infracciones acusadas por el recurrente, corresponde puntualizar los siguientes aspectos:
De acuerdo al artículo 180 de la Constitución Política del Estado, el debido proceso se constituye en uno de los principios rectores de la jurisdicción ordinaria, y en rector de la administración de justicia, y se configura como derecho fundamental por disposición del artículo 115 de la Constitución Política del Estado.
El derecho a recurrir un fallo adverso ante un tribunal superior, imparcial e independiente es una de las garantías mínimas que conforman el debido proceso legal. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica.
Nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 180 parágrafo II reconoce y garantiza el derecho a la impugnación, de igual manera lo hacen los tratados internacionales que integran el bloque Constitucional, así, por ejemplo, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos De San José De Costa Rica.
Cuando existe alguna duda acerca de las condiciones en que debe entenderse o ejercerse un derecho fundamental, los tribunales deben inclinarse por la interpretación que mejor favorezca al contenido y a la protección de los derechos. Esta opción responde al principio pro homine, según el cual corresponde interpretar una regla concerniente a un derecho fundamental del modo más favorable para la persona, es decir, para el destinatario de la protección, en otras palabras el juzgador ha de preferir siempre la interpretación que más optimice un derecho fundamental.
Para el autor Bidart Campos, en términos generales este principio indica que el intérprete ha de seleccionar y aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, para su libertad, para el ejercicio de sus derechos, cualquiera sea la fuente que la suministre, ya sea interna o internacional. En efecto se trata de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos fundamentales, en virtud del cual, se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando esté en juego el ejercicio de un derecho fundamental, e inversamente, se debe acudir a la norma o interpretación más restringida cuando se trate de establecer restricciones al ejercicio de esos derechos.
En el ámbito procesal, se configura el principio favor actionis o pro actione, según el cual se impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo de la pretensión, de tal forma que los presupuestos procesales y los requisitos formales se interpreten y apliquen de modo flexible, atendiendo siempre a la finalidad del acto, de tal forma que el incumplimiento de estos no conlleve consecuencias desproporcionadas o excesivamente gravosas o perjudiciales.
Que sobre la nulidad procesal dictaminada por el Tribunal Ad quem, es necesario también realizar las siguientes consideraciones normativas y conceptuales para la problemática planteada:
Empezamos señalando que, de manera general, “proceso” es un conjunto sistematizado de actos concatenados entre sí, que se desenvuelven progresivamente con el objeto de llegar a una Sentencia. Al efecto, la ley procesal configura toda una arquitectura de proceso, detallando patrones de los actos a desarrollarse que servirán de modelo en un proceso dado, por lo que, a priori la ley concibe un presupuesto válido de actos procesales ejecutados de manera regular produciendo el efecto requerido que permite llegar a Sentencia.
El incumplimiento de algún requisito, forma o procedimiento en el acto procesal, dispuesto por el modelo legal, genera un vicio que no siempre es la misma en cada caso susceptible de obtener una sanción procesal diversa, entre los que se encuentra la nulidad procesal, que conforme la Sentencia Constitucional No. 1644/2004-R señala que "...la nulidad consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos, formas o procedimientos que la Ley procesal ha previsto para la validez de los mismos; a través de la nulidad se controla la regularidad de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso."
Reviste importancia la nulidad procesal, por el efecto que éste tiene en el transcurrir del proceso considerando los derechos y garantías que podrían verse afectados, situación que se amplifica cuando su aplicación emerge a instancia del juzgador, o sea de oficio.
Argumentando en relación a la nulidad de oficio, podemos indicar que, la procedencia hasta antes de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial estuvo marcada por la atribución del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada, que exigía la obligación a los Jueces y Tribunales de Alzada y casación, de revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, a objeto de verificar si los Jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, donde la sanción pertinente siempre era la nulidad de obrados; por lo cual ésta tarea asignada por ley, si bien guardo las formas establecidas en proceso, empero en muchos casos fue pretexto para emprender nulidades inconsistentes, soslayando derechos inherentes a las partes y contraviniendo los principios procesales al tema.
Con la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, y la vigencia de la Ley No. 025 del Órgano Judicial, los Tribunales y Jueces no tienen la misma facultad señalada en el artículo 15 de la Ley 1455, por cuanto restringe esta tarea fiscalizadora y limita su autoridad sancionatoria.
El artículo 17 parágrafo I) de la Ley No. 025 del Órgano Judicial señala: "La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley", al efecto, a los Tribunales aún les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado. La normativa no nos otorga condiciones fijas en las ocasiones en que el Juez tenga la facultad u obligación de proceder con nulidades de oficio, por las circunstancias procesales y legales en cada caso, sin embargo, que un Juez o Tribunal advierta una anomalía en el procedimiento no significa que esté facultado para declarar la nulidad aun sin solicitud de parte, sino más bien, obliga al juzgador partir de presupuestos legales, principios constitucionales y la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional, y por éste Tribunal Supremo de Justicia, para tomar decisiones que atañen al proceso.
Por lo que en función a ello, no podemos negar que nos encontramos en un escenario distinto al de la Ley Nº 1455, por lo que es menester partir del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria al tomar una decisión como es la nulidad procesal, en tal razón es necesario que los Jueces o Tribunales de Alzada o casación, que procedan con la revisión procesal de oficio, en principio deberán tomar en cuenta que la revisión de los actos, formas y procedimientos deben ser congruentes con la Resolución por el cual han abierto su competencia, entonces, el Juez o Tribunal superior debe limitarse a la revisión en lo pertinente a la concatenación de actos procesales que permitieron conocer dicha causa, observando la línea de actuados que ameritó el recurso, siendo amplia en los casos de apelación a Sentencia y casación y restringida en las demás impugnaciones.
Por otro lado, en caso de que la revisión permita visualizar vicios sobre los actos, formas o procedimiento, deberá compulsar los mismos a la luz de los principios procesales de especificidad, trascendencia, convalidación, conservación, protección y de finalidad del acto, compelido por la protección del derecho a la defensa, antes de aplicar una sanción anulatoria.
Sólo es pertinente proceder con la nulidad de oficio cuando la vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva; pues la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado.
Un primer punto de análisis, es la actividad revisora del Tribunal Ad quem, a éste entendido, podemos señalar que es evidente la permisión que otorgaba el artículo 15 de la abrogada Ley de Organización Judicial, enmarcada ahora en la vigente Ley Nº 25 del Órgano Judicial, artículo 17 parágrafo I) o Judicial, para la revisión de oficio del proceso radicado en esa instancia; sin embargo se debe observar que esa revisión no es amplia respecto a todos los actos que contiene el Proceso, pues se estaría perdiendo la objetividad del asunto por el cuál fue abierto su competencia, en la medida que cuestiones accesorias no pueden sobreponerse al objeto principal de la apelación.
A éste parecer el Tribunal de Alzada excedió el límite de su poder revisor y sancionador, anulando obrados hasta fojas 964, Resolución Nº 90/2007 de 8 de marzo, sin la observancia del artículo 251 parágrafos I y II del Código de Procedimiento Civil y los principios que rigen las nulidades procesales.
En el marco legal referido, resulta evidente en el caso concreto, que el tribunal de alzada haciendo uso de la facultad fiscalizadora prevista por el artículo 15 de la abrogada Ley de Organización Judicial, advirtió que el memorial de apelación deducida por el Banco de Crédito de Bolivia S.A., cursante de fojas 915 a 921, fue firmado solo por Omar Vargas Claure, como abogado y apoderado del Banco, y que en virtud al poder Nº 121/2002, de 4 de junio de 2002, otorgado por el Banco a favor de Omar Vargas Claure, la representación de éste debió ser ejercida conjuntamente con un apoderado tipo "E", concluyendo, que la presentación del referido recurso de apelación se hizo por quien no tenía la capacidad procesal para ello, tomando en cuenta que, desde la presentación del recurso de apelación hasta la presentación del memorial de fojas 926, a través del cual el Banco de Crédito, por medio de un apoderado tipo "E", dio por bien hecho el recurso de apelación, habría transcurrido más del término previsto por el artículo 220-I-1) del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual anuló la concesión del recurso de apelación.
De lo expuesto, se advierte que, evidentemente el memorial de apelación de fojas 915 a 921, interpuesto por el Banco de Crédito de Bolivia S.A., representado por Omar Vargas Claure y por Jorge Biggmann Tejero, fue suscrito sólo por el primero, en su condición de abogado y apoderado, a quien, según se evidencia de las fotocopias legalizadas del testimonio de poder Nº 121/2002, de fojas 70 a 83 vuelta, el Banco de Crédito de Bolivia S.A., le otorgó, representación, para actuar conjuntamente con un apoderado tipo "E" del Banco, para que, entre otras muchas facultades, puedan ordinarizar procesos ejecutivos y/o coactivos, interponer demandas ordinarias, promover procesos concursales, de oferta de pago y consignación, de quiebra, pudiendo demandar, responder demandas, oponer excepciones previas y perentorias, producir pruebas, pedir reposiciones, complementaciones, explicaciones y enmiendas, apelar en los efectos suspensivo, devolutivo y/o diferido. Es decir, la intervención individual de Omar Fausto Vargas Claure, en representación del Banco demandado, estaba específicamente determinada para ciertos actuados referidos esencialmente al trámite de procesos ejecutivos y coactivos, empero, para aquellos actos referidos a otros procesos como son los procesos ordinarios, la representación, por expresa determinación de la entidad mandante, debió ser conjunta con otro mandatario tipo "E". En consecuencia, resulta evidente que Omar Vargas Claure, al interponer en forma individual el recurso de apelación de fojas 915 a 921, no sujetó su representación a los términos del mandato conferido por el Banco demandado, en consecuencia, el Tribunal Ad quem al reparar en ese aspecto y establecer que el recurso fue interpuesto por quien no ejercía la suficiente representación, en principio actuó correctamente y no infringió los artículos 62 del Código de Procedimiento Civil y 811 parágrafo I del Código Civil, acusados por el recurrente, toda vez que estas disposiciones se refieren a los alcances o más propiamente dicho a las facultades que puede ejercer el representante y prevén que el mandato no sólo comprende los actos para los cuales ha sido conferido, sino aquellos que son necesarios para su cumplimiento; en cambio, la observación efectuado por el tribunal de alzada radica en la forma en que se ejerce la representación plural es decir en la forma en que los representantes del Banco debieron actuar, dada la pluralidad de representantes, quienes debieron sujetar su representación a la forma dispuesta por el representado.
No obstante lo manifestado precedentemente, este Tribunal advierte que el Tribunal de alzada interpretó de forma restrictiva los alcances y efectos de la ratificación hecha por el Banco mediante memorial de fojas 926 y vuelta, a través del cual el Banco por medio de sus representante legales -antes de que la apelación fuera rechazada o concedida- ratificó la apelación interpuesta a su nombre y solicitó que la misma sea concedida, habiendo entendido el Tribunal ad quem que al haber sido presentada dicha ratificación fuera del plazo previsto por el artículo 220 parágrafo I numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, no se validó la apelación interpuesta.
Al respecto corresponde señalar que, la ratificación es el acto por el cual el representado -por si o a través de su representante- hace suya la declaración de voluntad ejecutada por el representante en nombre del representado. Procede tanto cuando el representante obró sin poder, atribuyéndose una representación de que carece, como cuando excedió los límites del que se la ha conferido o las facultades de que estaba investido. En virtud a la ratificación, los efectos del acto ejecutado por el representante se refutan válidos desde el momento mismo en que se celebró, de ahí que la ratificación opere retroactivamente, considerándose por ello válido y existente el acto celebrado por el representante desde el momento mismo de su celebración.
En el marco de lo referido, de la revisión de obrados se evidencia que el recurso de apelación interpuesto por Omar Vargas Claure en representación de Banco demandado, fue presentado dentro el término previsto por el artículo 220 parágrafo I numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, en efecto, la diligencia de notificación cursante a fojas 913 de obrados, demuestra que el auto complementario de la sentencia de fojas 911, se notificó al Banco demandado el día martes 16 de enero de 2007 a horas 14:15, mientras que el recurso ordinario de apelación fue presentado el día jueves 18 de enero del mismo año a horas 11:05, así se desprende del cargo de recepción de la Secretaria del Juzgado 10º de Partido en lo Civil y Comercial de fojas 921, y gracias a la observación de realizada a la representación del Banco, memorial de fojas 922 a 923, por parte de la demandante, la entidad demandada mediante memorial de fojas 926 y vuelta, presentado el 5 febrero de 2007, antes del rechazo o concesión del recurso de apelación, el Banco de Crédito de Bolivia S. A., ratificó la apelación deducida en su representación por Omar Vargas Claure, primer suscribiente del recurso ordinario.
Por lo señalado precedentemente, se concluye que la interpretación realizada por el Tribunal de alzada respecto al efecto de la ratificación del recurso de apelación, no resulta siendo la interpretación que más favorece a la plena vigencia del derecho a la impugnación que le asiste a la parte recurrente, por el contrario la interpretación del tribunal ad quem resulta restrictiva y limitativa del principio pro actione, al impedir la continuación del proceso y la materialización del derecho recursivo, así como impedir la tutela judicial efectiva y plena. Por ello, resulta evidente que el tribunal de alzada en el caso concreto, al disponer la nulidad de obrados y anular el auto de concesión de la alzada extralimitó la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada y con ello afectó el derecho a recurrir de la parte recurrente y el debido proceso, en su componente del derecho a la impugnación, impidiendo que una resolución de primera instancia sea revisada por un juez o tribunal superior. Consiguientemente con la decisión asumida, el ad quem injustificadamente soslayó pronunciarse sobre el fondo de la impugnación contraviniendo lo establecido por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, y que hace a la aplicación de la causal de nulidad prevista por el artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil.
Es preciso dejar claro, que este Tribunal Supremo de Justicia, adopta una posición anulatoria no de oficio, sino en función al recurso de casación en la forma interpuesto por la entidad recurrente, ante la negativa del Tribunal de alzada de ingresar analizar el fondo de las apelaciones, con la correspondiente pertinencia y congruencia.
Por las razones expuestas, corresponde resolver el presente recurso, observando lo dispuesto en los artículos 271 numeral 3) en relación de la causal prevista en el artículo 254 numeral 4) todos del Código de Procedimiento Civil y artículo 17 parágrafo II) y III) de la Ley del Órgano Judicial.
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición Transitoria Octava, artículo 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista Nº 258/2007, de fojas 997 a 998 vuelta y dispone que el Tribunal de alzada sin espera de turno y previo sorteo, resuelva el recurso de apelación de fojas 915 a 921, con la pertinencia prevista por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. Sin responsabilidad por ser excusable.
Libro Tomas de Razón 256/2013