Source: https://www.slideshare.net/FUSADESORG/smvi-39990699
Timestamp: 2018-07-23 15:39:15
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Saber más VI Informe regional sobre acceso a la información pública y…
Saber más VI Informe regional sobre acceso a la información pública y las instancias de control y apelación
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es un informe regional que publica y difunde desde hace 6 años
la Alianza Regional por la Libre Expresión e Infor
mación. Estos informes buscan
recoger la diversidad de opiniones de los miembros que integran la red en base
a su experiencia y conocimiento en el ejercicio de la promoción, implementación
y defensa del derecho de acceso a la información pública.
1. 1 ÍNDICE Tema Página i. Presentación 3 ii. Introducción y Metodología del Trabajo 6 iii. Formato de Encuesta 7 El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación. 1.1. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Argentina 10 1.2. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Bolivia 13 1.3. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Brasil 16 1.4. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Chile 31 1.5. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Colombia 49 1.6. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Costa Rica 55 1.7. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Ecuador 58 1.8. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en El Salvador 66 1.9. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Guatemala 85 1.10. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Honduras 90
2. 2 1.11. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en México 95 1.12. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Nicaragua 108 1.13. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Paraguay 118 1.14. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Perú 125 1.15. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en República Dominicana 131 1.16. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Uruguay 139 1.17. El Acceso a la Información y las Instancias de Control y Apelación en Venezuela 148
3. 3 i. PRESENTACIÓN Moisés Sánchez Alianza Regional por la Libre Expresión e Información Secretario Ejecutivo SABER MÁS, es un informe regional que publica y difunde desde hace 6 años la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Estos informes buscan recoger la diversidad de opiniones de los miembros que integran la red en base a su experiencia y conocimiento en el ejercicio de la promoción, implementación y defensa del derecho de acceso a la información pública. La Alianza Regional es una red que reúne 23 organizaciones de 19 países, cuyo objetivo principal es fortalecer las capacidades y conocimientos de las organizaciones miembros para realizar intervenciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso a la información y libertad de expresión en sus países, en base a la colaboración y acción colectiva. En esta oportunidad, presentamos la sexta versión del Saber Más, que da cuenta del estado regional del derecho de acceso a la información pública desde el punto de vista del rol que han tenido las entidades de control y protección de este derecho, tales como las comisiones e institutos de información, defensorías del pueblo, entre otras. Asimismo, pretende recoger una visión del rol que han tenido las instancias de apelación, lo que es particularmente descriptivo en aquellos países que no tienen leyes de acceso a la información, o que no cuentan con este tipo de entidades rectoras. Este informe busca mostrar el estado de situación en Las Américas y los principales desafíos desde el punto de vista del funcionamiento de los órganos encargados de resolver los conflictos que se suscitan entre ciudadanos y las entidades públicas en la entrega de la información. El acceso a la información es un derecho humanos fundamental, que exige que existan garantías de una completa y oportuna respuesta a las solicitudes de los ciudadanos. Ello requiere un procedimiento rápido y eficaz para procesar las peticiones, y resolver los conflictos en caso de una respuesta negativa. Acá es donde el rol que tienen las distintas instancias de control y de apelación es clave para el efectivo amparo de este derecho, y su autonomía e independencia, la base que construye la confianza pública en los procesos de implementación de las leyes de acceso a la información o de exigibilidad de este derecho. Este Saber Más VI entrega, además, una visión actualizada del estado de la normativa de acceso a la información en cada uno de los países que considera
4. este informe, y una visión de los principales desafíos y oportunidades existentes a nivel de cumplimiento desde el punto de vista de las organizaciones que elaboraron los informes por país. Para ello se detiene en el análisis de los mecanismos institucionales de solución de conflictos, los procedimientos administrativos y judiciales existentes, los regímenes sancionatorios, y los principales temas de controversia que se han presentado. La amplitud y actualidad de este informe sin duda será una contribución al debate regional. Para concluir, queremos agradecer la participación de todas las organizaciones miembro que aportaron su análisis de la realidad local y específica. También de modo especial, queremos agradecer a los especialistas que participaron del Peer Review del informe: Haydeé Pérez de Fundar (México), Javier Castro de Fusades (El Salvador), y María José Poblete de Pro Acceso (Chile), quienes tuvieron la disposición para asumir esta tarea desde el inicio y aportaron su experiencia para enriquecer los resultados de este informe. 4 Muchas gracias.
5. Miembros de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información 5 1. Acción Ciudadana (AC) - Guatemala 2. Articulo 19 - Brasil 3. Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) - El Salvador 4. Asociación Nacional de la Prensa (ANP) - Bolivia 5. Asociación por los Derechos Civiles (ADC) - Argentina 6. Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo) - Uruguay 7. Comité por la Libre Expresión (C-libre) Honduras 8. Consejo Nacional de Periodismo (CNP) - Panamá 9. Espacio Público Venezuela 10. Fundación Democracia sin Fronteras - Honduras 11. Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) - Colombia 12. Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) - El Salvador 13. Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) - Nicaragua 14. Fundamedios - Ecuador 15. Fundar. Centro de Análisis e Investigación - México 16. Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) - Paraguay 17. Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) - Costa Rica 18. Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) -Perú 19. Participación Ciudadana (PC) - República Dominicana 20. Pro Acceso - Chile 21. Transparencia por Colombia - Colombia 22. Transparencia Venezuela Venezuela 23. Trust for the Americas - Estados Unidos de Norteamérica
6. 6 ii. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO Silvana Fumega Especialista en Políticas de Gobierno Abierto1 Sin un sistema confiable de revisión de las decisiones internas que toman los sujetos obligados, las leyes de acceso a la información podrían convertirse en letra muerta. Esto se debe a que, en ausencia de una entidad independiente que posea las facultades para revisar las decisiones tomadas, los solicitantes no se encuentran ejerciendo su derecho a acceder a la información sino tan sólo a que las oficinas publicas que tienen la información requerida en su poder consideren su pedido. Cabe aclarar que hay una variedad de mecanismos por los cuales ejercer el control y revisión, de acuerdo a lo que permiten los diferentes arreglos constitucionales y consensos políticos. Es necesario señalar que si bien cada uno de los modelos de control tiene sus méritos y desventajas2, la clave de una implementación efectiva de las leyes de Acceso a la Información Pública reside en la adecuación del modelo a la realidad para la cual ha sido diseñado. De todos modos, mas allá de la diversidad de modelos de control y revisión, distintos instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos destacan la necesidad de una revisión independiente en vía administrativa y una apelación judicial efectiva, entre ellos la Declaración de Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información del Comité Jurídico Interamericano y la Ley Modelo Interamericana. (Fumega, Scrollini et al. 20113) Debido a lo expuesto, el objetivo del informe SABER MAS VI es el de conocer la composición y funcionamiento (en las leyes como también en la práctica) de los órganos de apelación y control en cada uno de los países miembro de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Cada una de las organizaciones que conforman la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información ha guiado su relato por un cuestionario común (expuesto en la siguiente sección), el cual ha sido diseñado con el propósito de reflejar el accionar de los órganos garantes y las diferentes instancias de control (Comisiones de información, Defensorías u otro) y apelación en los regímenes de acceso a información pública en cada uno de los países de la región. 1 En particular las relacionadas con Acceso a la Información Pública y con Datos Abiertos Gubernamentales. (@Silvanavf) 2 Para mayor información ver también Capitulo 4 de Fumega, S.; Lanza, E; Scrollini, F. (2011) la Cultura del Secreto" Cainfo. Montevideo, Uruguay. 3 Fumega, S.; Lanza, E; Scrollini, F. (2011) la Cultura del Secreto" Cainfo. Montevideo, Uruguay.
7. 7 iii. FORMATO DE ENCUESTA Esta encuesta fue la herramienta utilizada para recolectar la información. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SUS INSTANCIAS DE CONTROL Y APELACIÓN Instrucciones para completar el cuestionario: El objetivo de esta propuesta es contar con un informe, desarrollado por cada una de las organizaciones que conforman la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, acerca del accionar de los órganos garantes y las diferentes instancias de control (Comisiones de información, Defensorías u otro) y apelación en los regímenes de acceso a información pública en la región. Para poder contar con relatos completos y comparables, es necesario que cada organización se ajuste a las preguntas del cuestionario a continuación. Cada una de las preguntas deberá ser respondida con un breve relato. El reporte debe ir acompañado de anexos (o notas al pie) que refieran a los datos y fuentes utilizadas que dan fundamento a lo expresado en el documento. País: Organización: Cuestionario: 1. Acceso a la Información Pública: ¿Existe una normativa (ley o decreto) que regule el ejercicio del derecho de acceso a la información pública (AIP) en su país? ¿Cuáles son las principales características y alcance de la mencionada normativa? (En especial, si existe reconocimiento constitucional del derecho; si cuenta con una institución garante; si dispone de una acción para el ejercicio de los derechos de que dispone; si establece sanciones al incumplimiento de la normativa) ¿Cuáles han sido los principales logros y/o retrocesos en materia de acceso a la información pública en su país, desde el último informe Saber Mas V? (septiembre 2013 al presente) 2. Procedimientos y órganos de control y apelación: Describa en líneas generales los mecanismos establecidos en la
8. normativa que regula el AIP y luego conteste a las preguntas mas específicas, a continuación, según corresponda con lo establecido en su país 8 2.1 Vía administrativa ¿Cuáles son los mecanismos administrativos de resolución de conflictos establecido por la normativa (ley o decreto) que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública (AIP) en su país? ¿Se contempla la revisión de la decisión por vía de apelación u otro recurso? Si fuera pertinente, incluya una breve reseña del organismo de control, su integración, modo de selección de sus autoridades, posición institucional y atribuciones ¿Qué grado de independencia tienen legalmente y qué grado tiene en la práctica? ¿Está facultado este organismo para revisar las resoluciones que en materia de AIP? De ser así, ¿cuál es el grado de acatamiento por parte de los sujetos obligados? ¿Disponen de mecanismos coercitivos? Incluya información sobre el número de casos, causales de reclamo, así como causales esgrimidas en caso que se niegue la información, resultados (en números absolutos y porcentajes. En lo posible desde la implementación de la ley/decreto) 2.2 Vía Judicial ¿Cuáles son los mecanismos judiciales de resolución de conflictos establecido por la normativa (ley o decreto) que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública (AIP) en su país? (indique si el Poder Judicial constituye la única instancia de resolución o si es una nueva instancia, luego de agotada en la vía administrativa) ¿Qué grado de independencia tiene el Poder Judicial en la práctica? ¿Está facultado este organismo para revisar las resoluciones que en materia de AIP? De ser así, ¿cuál es el grado de acatamiento por parte de los sujetos obligados? Incluya información sobre el número de casos, costo de los litigios, temas objeto de litigio, cuales son las causales esgrimidas causales esgrimidas en caso que se niegue la información, resultados (en números absolutos y porcentajes. En lo posible desde la implementación de la ley/decreto) 3. Sociedad Civil Desde la sociedad civil, ¿se han iniciado acciones ante el Órgano Garante/Poder Judicial? ¿Cuál fue el resultado? Si ha habido casos de denegación ante una apelación ante el órgano
9. 9 Garante o Poder Judicial? ¿cuáles fueron los motivos esgrimidos? 4. Otros Incluya la información que considere relevante (y que no haya sido incluida en las preguntas anteriores) sobre el desempeño/estructura de los Órganos Garantes/Poder Judicial en su país.
10. 1.1. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SUS INSTANCIAS DE CONTROL Y APELACIÓN EN ARGENTINA Asociación por los Derechos Civiles (ADC) Director Ejecutivo: Torcuato Sozio Directora Ejecutiva Adjunta: Eleonora Rabinovich Director de AIP y Privacidad: Ramiro Álvarez Ugarte 10 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En Argentina existen numerosas normas que regulan el derecho de acceso a la información pública debido a la división federal de la República Argentina. A nivel federal, la más relevante es el decreto 1172/03, que rige sólo en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. En términos constitucionales, el derecho de acceso a la información pública ha sido reconocido con base en la Constitución en numerosas ocasiones por los tribunales argentinos. Los casos más relevantes son ADC c. PAMI del 4 de diciembre de 2012 y el caso CIPPEC, sentencia del 26 de marzo de 2014. Ambos casos fueron resueltos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoció de manera amplia al acceso a la información pública como un derecho constitucional con las características en las que ha sido reconocido por el sistema interamericano de derechos humanos. En relación al ejercicio del derecho en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, el decreto 1172/03 prevé la posibilidad de reclamos administrativos y judiciales ante la negativa injustificada del acceso a la información pública. Asimismo, si bien el decreto 1172/03 establece un régimen de sanciones, el mismo hasta donde sabemos nunca se ha implementado de manera efectiva. En cuanto a los reclamos judiciales, si bien el decreto establece que la acción a emplear es el amparo por mora, los tribunales argentinos han reconocido de manera constante que la acción de amparo constitucional prevista en el artículo 43 de la Constitución argentina es la vía procesal idónea para cuestionar la violación del derecho de acceso a la información. o Los principales retrocesos y avances en materia de acceso a la información durante el último año en Argentina En líneas generales, ADC considera que es un retroceso la falta de sanción de una ley de acceso a la información pública. Como hemos señalado en numerosos informes, esta es una de las grandes deudas de la democracia argentina.
11. Por otra parte, en términos de logros, el caso CIPPEC previamente mencionado que fue litigado por la Asociación por los Derechos Civiles representó un reconocimiento adicional de la Corte Suprema al acceso a la información pública. Esta sentencia consolidó una jurisprudencia protectoria sumamente generosa con el derecho de acceso a la información. 11 PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y APELACIÓN o Vía administrativa El decreto 1172/03, que regula el ejercicio del derecho del acceso a la información publica en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, no es demasiado claro con relación a los mecanismos para el cuestionamiento de las negativas de acceso. En efecto, el artículo 14 de esta normativa se establece que ante casos de silencio será posible demandar judicialmente el pronunciamiento de la administración; el artículo 18 nombra a la autoridad de aplicación y el 19 habilita a la Oficina Anticorrupción para recibir denuncias. Las mencionadas denuncias ante la Oficina Anticorrupción pueden convertirse en reclamos administrativos (y conocemos de casos en donde ello ha ocurrido). Sin embargo, la práctica de la ADC en materia de acceso a la información ha optado históricamente por reclamos judiciales ante casos de negativas injustificadas. En cuanto a la aplicación, esta se encuentra centralizada en la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinetes de Ministros (dentro del Poder Ejecutivo Nacional). Se trata de un cargo político, sujeto a la discrecional elección del Presidente de la República. Es una subsecretaría, dependiente de otra secretaría en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Por lo tanto, no cuenta con ningún grado de independencia ni legalmente ni en la práctica. Esta Subsecretaria está teóricamente habilitada para pronunciarse sobre casos de denegación de acceso a la información, pero sus decisiones no son obligatorias para los sujetos obligados. Por ultimo, en cuanto a la información relacionada con el número de casos, causales de reclamo y otros datos, se carece de información. La única información disponible es la de los informes anuales oficiales de los años 20074 y 20085. 4 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/AccesoInfoPub/docs_de_interes/cont_institucionales/InformeAnualMD 2007.pdf 5 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/AccesoInfoPub/docs_de_interes/cont_institucionales/InformeAnualMD 2008.pdf
12. 12 o Vía Judicial Como ya señalamos con anterioridad, la vía judicial es- hasta donde sabemos-la vía preferida de reclamos por parte de los titulares del derecho de acceso a la información. El reclamo se canaliza a través del amparo constitucional, previsto en el artículo 43 de la Constitución. El Poder Judicial en Argentina tiene un razonable grado de independencia, especialmente en cuestiones vinculadas al acceso a la información donde- a nivel federal- hay una jurisprudencia generosa en este sentido. Asimismo, cabe destacar que, en general, las decisiones judiciales en materia de acceso a la información son acatadas por los sujetos obligados. SOCIEDAD CIVIL Desde la sociedad civil argentina se han iniciado numerosas acciones judiciales. Los casos más relevantes fueron los mencionados previamente, pero no son los únicos. Desde la ADC, por ejemplo, en los últimos años se han litigado numerosos casos que negaban el acceso a información a legisladores o que invocaban la ley de Protección de Datos Personales para negar el acceso a información pública. Los motivos esgrimidos varían y, en general, todas las excepciones al acceso previstas en el artículo 16 del decreto 1172/03 son invocadas para negar el acceso. Sin embargo, desde la ADC hemos detectado que una de las principales excepciones invocadas es aquella según la cual si la información contiene datos personales quien pide esa información debe demostrar tener un interés legítimo en la misma. Esta posición es sumamente problemática y fue objeto de un posicionamiento público de la ADC en su trabajo Un mal balance6. 6 http://www.adc.org.ar/2013/wp-content/uploads/2014/02/Un-Mal-Balance-PP-ADC-2013-09.pdf
13. 1.2. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SUS INSTANCIAS DE CONTROL Y APELACIÓN EN BOLIVIA Asociación Nacional de la Prensa (ANP) Director Ejecutivo: Juan León Cornejo Jefe de la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Expresión: Franz Chávez 13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En mayo de 2005, el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, promulgó el Decreto Supremo 28168, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional estudiaba una ley de acceso a la información. Las observaciones de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), así como de otras organizaciones sociales, develaron la falta de un verdadero interés gubernamental por aplicar procedimientos transparentes de acceso a la información en beneficio de los ciudadanos. El mencionado decreto supremo 28168 propone garantías al acceso a la información como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo. Asimismo, atribuye a las máximas autoridades de cada repartición pública la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la norma de acceso a la información. Esta misma normativa señala que la negativa indebida o la restricción en la atención de las solicitudes de información será sancionada por el Código Penal bajo la figura de incumplimiento de deberes, con una pena de privación de libertad de un mes a dos años. o Los principales retrocesos y avances en materia de acceso a la información durante el último año en Bolivia. En el último año, una Comisión de la Asamblea Legislativa actualizó el proyecto de ley de acceso a la información. De todos modos, uno de sus artículos prohíbe y limita el derecho de los ciudadanos. Estos limites se encuentran relacionados con las atribuciones de los funcionarios jerárquicos para atribuir el carácter reservado a determinada información. De esta manera, la ley termina perdiendo su esencia.
14. 14 PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y APELACIÓN o Vía administrativa El decreto vigente, anteriormente mencionado, expresa que en caso de negativa indebida, falta de respuesta o restricción ilegal al derecho a la información, el peticionario podrá acudir en queja ante la autoridad superior competente o el Defensor del Pueblo, o hacer uso de los recursos constitucionales, judiciales y administrativos vigentes en el ordenamiento jurídico. Del mismo modo, otorga al ciudadano la posibilidad acudir ante el Ministerio Público para la acción penal. En términos de autonomía, el Defensor del Pueblo posee independencia de los poderes. De todos modos, cabe señalar que su tarea está limitada a la presentación de denuncias y quejas públicas por privación de derechos de los ciudadanos, por lo tanto su influencia en el tema es menor. Es decir, el Defensor del Pueblo sólo representa una instancia de queja, como expresa el decreto. Por otra parte, hasta la fecha, el Ministerio Público aún mantiene pendiente su tarea de hacer cumplir la norma. De todos modos, a la actualidad, no se conoce de una denuncia ante esta instancia. o Vía Judicial Las instancias de reclamo comprenden (en orden) la autoridad superior de la entidad gubernamental, el Defensor del Pueblo y por ultimo el Ministerio uso de los recursos constitucionales, judiciales y administrativos vigentes en el ordenamiento jurídico pero no establece mayores precisiones. SOCIEDAD CIVIL En la práctica, los escasos intentos de obtener información según el procedimiento señalado en el decreto, terminaron en el olvido. En 2011, la ANP envió solicitudes de información a diferencias reparticiones del gobierno, pero las respuestas fueron escasas. Esto demuestra la urgencia de contar con una ley sólida en principios para beneficiar a los ciudadanos, en lugar de favorecer a los gobernantes de turno interesados en resguardar información de interés público. Al no existir legislación que regule el acceso a la información pública, no se cuenta con un Órgano Garante al que la sociedad civil pueda dirigirse para hacer valer el mencionado derecho. En el proyecto en estudio, hasta donde se conoce, no existe un órgano específico con esas funciones. De esa manera, se supone que las funciones de resolución de conflictos recaerían en el Poder Judicial.
15. En ese contexto y en el supuesto de que las funciones de órgano garante recaigan en el Poder Judicial, el temor desde la sociedad civil es la persistencia de la fuerte dependencia del poder político y, en última instancia, del gobierno. Eso implicaría un notable nivel de falta de garantías de ecuanimidad. Esto último se debe a que la experiencia del pasado inmediato muestra una creciente injerencia de parte del gobierno y del poder político en la toma de decisiones de la justicia, en cualquier ámbito y materia. 15
16. 1.3. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SUS INSTANCIAS DE CONTROL Y APELACIÓN EN BRASIL Articulo 19 Coordinadora Artículo 19 Brasil: Paula Martins Abogadas: Karina Quintanilha y Camila Marques Oficial de Acceso a la información: Joara Marchezini Voluntaria: Andrea Zamur 16 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA El acceso a la información en Brasil está regulado en la Ley nº 12.527, promulgada el 18 de noviembre de 2011. La Ley de Acceso a Información (LAI) entró en vigor 180 días después de su publicación, es decir, el 16 de mayo de 2012, marcando un importante paso en relación a la consolidación del ejercicio del derecho en el país. La ley es un reflejo legal de las previsiones constitucionales brasileñas que garantizan el acceso a la información como un derecho fundamental7: "Art. 5º Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquiera naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad en los siguientes términos: XIV está asegurado a todos el acceso a la información y protegido el secreto XXXIII todos tienen derecho a recibir de los órganos públicos informaciones de su interés particular, o de interés colectivo o general, que serán prestadas durante el plazo de la ley, sobre pena de responsabilidad, exceptuando aquellas cuyo secreto sea imprescindible para la seguridad de la sociedad y del Estado; La LAI debe ser aplicada en todas las esferas de la federación (Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios). Además, la LAI se aplica a todos los órganos públicos que componen la administración directa del Poder Ejecutivo y Legislativo, incluyendo a los Tribunales de Cuentas, el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como las instituciones autónomas relacionadas a los Estados como las autarquías, fundaciones públicas, empresas públicas, sociedades de economía mixta y otras entidades controladas directa o indirectamente por uno de los entes federativos8. Por último, la LAI también es válida para las entidades privadas sin fines lucrativos que reciban recursos públicos para realización de acciones de interés público, en lo referente a los valores recibidos9. 7 Articulo 5º, XIV y XXXIII, de la Constitución Federal Brasileña de 1988. 8 Art. 1º, de la Ley Brasileña de Acceso a la Información Pública. 9 Art. 2º, de la Ley Brasileña de Acceso a la Información Pública
17. La Ley brasileña establece que el acceso a la información será asegurado mediante la creación de un servicio de información a los ciudadanos (SIC), en los órganos y entidades del poder público, debiendo ubicarse en un local con condiciones apropiadas para atender y orientar el publico, informar acerca de la tramitación de los documentos, tramitar documentos y requerimientos de acceso a información10. La participación popular también debe ser incentivada, particularmente con la realización de audiencias y consultas públicas11. Asimismo, se ha determinado que en el plazo de sesenta días después de la entrada en vigor de la LAI, cada órgano o entidad de la administración federal directa e indirecta debería designar una autoridad interna para garantizar el cumplimiento de las normas de la Ley, monitorear y recomendar acciones para perfeccionar su implementación y orientar las unidades internas acerca de los dispositivos de la legislación12. Respecto a la transparencia activa y pasiva, la LAI también establece obligaciones para las entidades. La transparencia activa se refiere a los datos e informaciones que los órganos públicos deben obligatoriamente divulgar, aunque no existan demandas específicas para ello. La LAI presenta un listado de las informaciones mínimas en su articulo 8º, §1º, como por ejemplo el registro de las competencias y estructura organizacional, direcciones y teléfonos de las instituciones y horarios de atención al público, los registros de cualquier traspaso o transferencia de recursos financieros, las informaciones relativas a los procedimientos de licitación (incluso los avisos y los resultados de cada subasta), todos los contratos firmados por el órgano y las respuestas y preguntas más frecuentes de la sociedad. Por otro lado, la transparencia pasiva esta relacionada con la posibilidad de cualquier individuo elaborar un pedido de información a los órganos públicos de modo simple y eficiente, y siempre que esté en los estándares de la LAI, reciba la información requerida. Por ello, el pedido de información podrá ser presentado en los medios previstos en la Ley, como a través del Internet, debiendo contener la especificación de la información requerida y la identificación del ciudadano, estando prohibida la exigencia de justificación para el pedido de información13. La responsabilidad por el incumplimiento de la LAI recae sobre el funcionario. Las sanciones varían desde la suspensión hasta la posibilidad de responder ante la infracción de improbidad administrativa. La LAI establece algunas hipótesis de conducta ilícita del funcionario: (I) negarse a entregar la información pública, ya sea intencionalmente de modo incorrecto, incompleto o 17 10 Art. 9º, de la Ley Brasileña de Acceso a la Información Pública 11 Art. 9º, de la Ley Brasileña de Acceso a la Información Pública 12 Art. 40, de la Ley Brasileña de Acceso a la Información Pública. 13 Art. 10, de la Ley Brasileña de Acceso a la Información Pública.
18. impreciso o actuar de mala fe en el análisis de las solicitaciones de información; (II) utilizar indebidamente, substraer, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar u ocultar información; (III) acceder o permitir acceso indebido de otras personas a información secreta o personal; imponer secreto a una información para sacar provecho personal o de un tercero; (IV) ocultar información a la autoridad superior y otras posibilidades14. Por otra parte, la persona o entidad privada que tenga información pública y no cumpla lo que la LAI establece está sujeta a advertencia, multa, rescisión del vinculo con el poder público, suspensión temporal de participación en subastas y contratos públicos y declaración de no idoneidad hasta que sea promovida su rehabilitación/retorno15. No hay previsión legal para la creación de un órgano garante general e independiente del derecho de acceso a la información, con la competencia para fiscalizar y supervisar la implementación y aplicación de la LAI. La no existencia del órgano garante es un problema ya que él podría ejercer un control único y centralizado, aumentando su eficiencia y fuerza de actuación. La situación actual genera un monitoreo descentralizado, realizado por cada poder o esfera federativa. Esto constituye un obstáculo a la transparencia y a la estandarización de los servicios de acceso, dificultando aún más el control de la efectividad de la LAI por la población y la sociedad civil. o Los principales retrocesos y avances en materia de acceso a la 18 información durante el último año en Brasil. Desde el último informe Saber Más, los principales logros son la mayor reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública en los estados y municipios, así como la definición de las autoridades superiores de apelación para algunos órganos públicos. Como retrocesos, nuestro monitoreo indica que aunque los órganos públicos estén contestando más a los pedidos de información, frecuentemente la calidad de la respuesta es baja. En el nivel municipal, algunas organizaciones han recurrido al recurso judicial para obtener respuesta a los pedidos de información. En el análisis de la transparencia activa, observamos que el listado de los documentos clasificados como secretos y la información acerca de la participación social son los dos criterios que los órganos públicos menos han cumplido. 14 Art. 32, de la Ley Brasileña de Acceso a la Información Pública. 15 Art. 33, de la Ley Brasileña de Acceso a la Información Pública.
19. 19 PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y APELACIÓN o Vía administrativa La LAI prevé la posibilidad del recurso en caso de negación al acceso a la información. En este caso, el ciudadano puede apelar la decisión de no entrega de información a la autoridad jerárquicamente superior a la que ha dictado la decisión, en el plazo de diez días16. Sin embargo, en obediencia a las normas generales de la LAI, cada ente federativo debe elaborar una regulación específica para la aplicación de la ley en su territorio17. En el ámbito de la Administración Pública Federal, el decreto 7.724/2012 establece que si el acceso a la información es negado por segunda vez, el ciudadano tendrá el plazo de diez días para recurrir a la autoridad máxima del órgano al cual fue direccionado el pedido de información original18. Si este recurso no es satisfactorio, es posible acceder a la Contraloría General de la Unión (CGU), que es el órgano responsable por juzgar los recursos en la tercera instancia del Poder Ejecutivo Federal19, también en el plazo máximo de diez días. Existe aún la posibilidad de interponer un recurso a la Comisión Mixta de Reevaluación de las Informaciones (CMRI), órgano máximo para la decisión acerca de pedido de acceso a la información20 a nivel del ejecutivo federal. Además de las competencias relacionadas al juicio de los recursos dentro de la administración pública federal, la CGU tiene la función de: (I) realizar el monitoreo de la ley; (II) orientar a los órganos y entidades de este mismo poder en relación a los cumplimiento de las normas de la LAI; (III) velar por la correcta aplicación de la ley; y (IV) enviar al Congreso Nacional un informe anual acerca de la implementación de la ley. Por último, la CGU también es responsable por realizar campañas nacionales de sensibilización del derecho al acceso a la información y por promover la cultura de transparencia en la administración pública, así como por el entrenamiento de los funcionarios en relación al desarrollo de prácticas de transparencia. Inicialmente, las decisiones acerca de los recursos interpuestos a la CGU eran tomadas por el ministro-jefe del órgano. Posteriormente, el documento administrativo número 1.567/2013 ha determinado que el Ouvidor (Defensor/Ombudsman) General de la Unión fuera el responsable por la mayor parte de las decisiones, debiendo ser confirmada por el ministro-jefe de la CGU 16 Art. 15, caput, LAI 17 Art. 45, LAI. 18 Art. 21, p. único, Decreto 7.724/2012. 19 Art. 23, caput, Decreto 7.724/2012. 20 Art. 24, Decreto 7.724/2012.
20. 20 en tres hipótesis específicas para que sea válida21: Artículo 2º. Para que produzca efectos, la decisión del Ouvidor General de la Unión esta sujeta a confirmación del ministro jefe de la Contraloría General de la Unión cuando: I- se decide por la entrega parcial o total, siendo la autoridad recurrida el Ministro de Estado o de nivel jerárquico equivalente; II- se decide en posición contraria al entendimiento firmado por el Ministro-jefe de la Contraloría General de la Unión en decisión anterior; o III- se decide acerca de cuestiones relevantes del punto de vista económico, político, social o jurídico, que traspasen los intereses subjetivos de la causa Si bien a nivel del ejecutivo federal no se disponen de datos para evaluar el acatamiento por parte de los sujetos obligados, se han verificado casos en los que no se divulga la información aunque la CGU así lo dispusiera. Los mecanismos coercitivos de que dispone la CGU son los mismos establecidos en la Ley brasileña de acceso a la información pública. Hasta el aniversario de dos años de la Ley, ningún funcionario u órgano había recibido sanción. En cuanto a la autonomía, la Contraloría General de la Unión (CGU) posee status de ministerio y por lo tanto, independencia legal ante otros ministerios. Aún así, la CGU no tiene independencia financiera y sus recursos están cada vez más limitados. Además, la CGU es un órgano público de control interno de la administración pública, y no un órgano de control externo de la actuación de otros ministerios. En la práctica, hemos observado casos en que mismo después de decisión favorable al acceso a la información por parte de la CGU, el órgano público demandado se ha recusado a divulgar la información y no ha sufrido represalias. En términos de estadísticas, entre mayo de 2012, cuando la ley ha entrado en vigor, y el inicio de junio de 2014, 1.911 recursos han sido interpuestos a la Contraloría General de la Unión (CGU), de los cuales 1.709 ya fueron juzgados. Según los datos divulgados por la CGU acerca de las razones principales que fundamentaron la interposición de los recursos: 26, 27% fueron interpuestos bajo el entendimiento que la información recibida no correspondía a la información solicitada; 24,86% porque las informaciones concedidas por los órganos estaban incompletas; 12,61% debido la ausencia de justificación legal para la clasificación de las informaciones; 12,51% por que la justificación del secreto no fue informada o por ser considerada insatisfactoria; y 23,76% con base en otras situaciones22. 21 Art. 2º, del documento administrativo de la Contraloría General de la Unión número 1.567/2013. 22 Informaciones encontradas em el informe automático generado por el sitio web de la Contraloría General de la Unión acerca del período de mayo de 2012 hasta junio de 2014, disponible en: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Relatorios/Anual/RelatorioAnualRecursos.aspx (consultado en 12 de septiembre de 2014).
21. A junio de 2014, 299 decisiones de recursos juzgados por la CGU habían sido divulgados en su versión completa23. En virtud de la relevancia del CGU en el escenario nacional en relación a acceso a la información y la capacidad del impacto que sus ejemplos tienen para la aplicación de la LAI, ARTICLE 19 ha realizado un análisis detallado acerca de la actuación de este órgano en el juicio de los recursos de la tercera instancia, utilizando como base las decisiones que ya fueron publicadas. El principal enfoque del estudio fue el de determinar como la Contraloría General de la Unión ha interpretado las hipótesis de restricción al acceso a la información bajo el fundamento de la LAI y del decreto 7.224/2012. Se ha investigan incluso el grado de efectividad actual del derecho a la información al nivel del poder ejecutivo federal. Para ello, fueron seleccionadas 120 decisiones entre las 299 disponibles, cuyo tema era relacionado a la restricción del acceso a la información, considerando las interpretaciones de la CGU acerca de las normas legales que autorizarían una limitación al derecho a la información. Las 179 decisiones restantes hacen referencia a casos en los que no hay temáticas acerca de las restricciones mencionadas en la ley, cuyos contenidos están sistematizados en la figura 1. 21 Figura 1 ASUNTO CANTIDAD % Información solicitada fue dispuesta por el órgano demandado antes o durante la instrucción del recurso. 86 48% El Pedido de información no se contempla en el ámbito de la LAI 29 16,2% Innovación (alteración o ampliación) del pedido de información en la instancia de recurso. 16 8,9% Otros 12 6,7% Recurso provisto sin presentar debate acerca de restricción del acceso a la información 11 6,1% Recurso intempestivo presentado a la CGU 9 5% Información declarada inexistente por el órgano demandado, con presunción de veracidad por fe pública. 8 4,5% Información pertinente a órgano o entidad distinta a aquellos en que el pedido de información fue depositado. 6 3,4% Supresión de la instancia 2 1,1% Cabe destacar que los fundamentos contenidas en los asuntos mencionados en la figura 1 (por ejemplo, la de información declarada inexistente) también fueron utilizados en varios de los recursos analizados en el grupo de decisiones que 23 El archivo compilado de las decisiones de recurso en su versión integra disponible para download en el sitio web de la CGU en junio de 2014 contenía 302 decisiones, pero 3 de ellas estaban duplicadas.
22. contenía discusiones sobre las restricciones de acceso. No obstante, a diferencia de las decisiones incluidas en la figura 1, en este otro grupo de decisiones los fundamentos se relacionan con una limitación al acceso a la información. En relación al universo de las 119 decisiones concernientes a las restricciones de acceso, su resultado puede ser dividido en cinco categorías (figura 2): (i) decisiones por la no entrega del recurso, (ii) decisiones por entrega total, (iii) decisiones por entrega parcial, (iv) decisiones de desconocimiento del recurso, (v) declaraciones de perdida del objeto, (vi) extinción del proceso. 22 Figura 2 FUNDAMENTO DE LAS DECISIONES SIGNIFICADO CONSECUENCIA No entrega Recurso fue juzgado desfavorablemente No fue concedido el acceso a la información solicitada Entrega total Recurso fue juzgado favorablemente Fue concedido acceso integral a la información solicitada Entrega parcial Recurso fue juzgado de modo parcialmente favorable Fue concedido acceso parcial a la información solicitada No conocimiento del recurso Recurso no ha rellenado los requisitos mínimos de admisibilidad, no siendo admitido En general, no fue concedido el acceso a la información solicitada Declaración de perdida del objeto No hay motivos para el proseguimiento del recurso por la no necesidad superveniente da concesión de lo que fue demandado Acceso a la información puede o no ser concedido en momento anterior a la decisión, dependiendo del caso Extinción del proceso (sin juzgar el mérito) Processo finalizado sem apreciação da matéria sobre a qual versava o recurso Acceso a la información puede o no ser concedido en momento anterior a la decisión, dependiendo del caso
23. FUNDAMENTO DE LAS DECISIONES Observación: la categorí o se refiere a los recursos que contenían decisiones acerca de más de um pedido de información, cada uno con un resultado distinto (por ejemplo, no conocimiento de algunos pedidos y no proveimiento) 23 Figura 3 No proveimiento 65% No Extinción del proceso conocimiento 14% Declaración de perdida del objeto 4% proveimiento 8% 2% proveimiento parcial 4% Otros 3% No proveimiento proveimiento parcial proveimiento Declaración de perdida del objeto No conocimiento Extinción del proceso Otros Finalmente, el estudio ha constatado que hubo cambios de las decisiones de las instancias inferiores, incluidas en las situaciones de entrega total o parcial, en solamente 15 casos, es decir, 12% de las decisiones. En la investigación, se ha considerado como restricción al acceso a la información todos los argumentos utilizados como fundamento para negar la divulgación de una determinada información requerida. Con el objetivo de organizar el estudio, las restricciones fueron compiladas según su naturaleza en dos grupos, siendo estas restricciones materiales o formales. Las restricciones materiales se refieren a las hipótesis de secreto previstas en la ley brasileña como excepciones licitas a la norma de la publicidad de las informaciones. Son restricciones que reflejan el entendimiento internacional de que el derecho al acceso a la información no es absoluto, es decir, que puede ser limitado24 - desde que tales limitaciones tengan carácter excepcional, previsión legal y objetivos legítimos25, y que estén de acuerdo con 24 El Derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano = the inter-American legal framework regarding the right to access to information / Relatoria Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 30 diciembre 2009, pp. 12-14. 25 mienda objetivos como seguridad nacional, defensa y relaciones internacionales, seguridad pública, prevención, investigación y persecución de actividades criminales, privacidad, medio ambiente e intereses económicos y sociales.
24. el examen de necesidad y proporcionalidad, determinados en el articulo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo que se refiere a las restricciones formales, también previstas en la legislación, los fundamentos, por los cuales se permitiría la negación de información por los órganos y entidades demandados, se encuentran relacionados con particularidades del propio pedido de información y de su objeto. Son ejemplos de restricciones materiales26 las circunstancias en las que se permite la clasificación de información porque la misma es considerada imprescindible para la seguridad de la sociedad o del Estado, así como aquellas que ponen en riesgo la defensa y la soberanía nacional o la integridad del territorio nacional, aquellas informaciones que ponen en riesgo la vida, la seguridad o la salud de la población o aún las que ofrecen elevado riesgo a la estabilidad financiera, económica o monetaria del país 27 . Asimismo, se consideran restricciones materiales aquellas denegatorias que se apoyan en el secreto de justicia o secreto industrial28, o en virtud de la existencia de información personal que, si divulgada, podría causar un daño a la intimidad de la vida privada, honor e imagen de las personas, así como a las libertades y garantías individuales29. Por otro lado, las restricciones formales son las que se fundamentan en la negativa de acceso en virtud de los pedidos de información sean determinados como (I) genéricos; (II) no proporcionales o sin fundamento; o (III) que exijan trabajo adicional para el análisis, interpretación o consolidación de datos e informaciones, o servicio de producción y tratamiento de datos no sea de competencia del órgano o entidad, razones estas enumeradas en los tres incisos del articulo 13 del Decreto 7.724/201230. En este sentido, vale destacar un dato relevante del estudio: 67 decisiones de las 120, es decir 55,8% de las decisiones seleccionadas, hacen referencia a las restricciones de acceso con base en estas disposiciones31: 26 Vea el anexo I. 27 Art. 23, incisos I, III e IV, de la LAI. 28 Art. 22, de la LAI. 29 Art. 31, §1º, I, de la LAI. 30 Vea el Anexo I. 31 Ese número puede comprender decisiones en las que hubo un segundo o más argumentos de orden material que también se tuvieron en cuenta. 24
25. 25 Figura 4 Figura 5 Esa observación es relevante en la medida en que el uso elevado de restricciones formales puede también indicar su aplicación de manera indiscriminada, aprovechándose de su carácter subjetivo. Además, debido a que el principal pilar de sustento del derecho a la información entiende a la publicidad como concepto general y al secreto como excepción32, el empleo excesivo de esas excepciones en relación a información que debería ser consideradas públicas y aplicables de acceso, no se armoniza con espíritu de la LAI. De esas 67 decisiones, apenas 4, o aproximadamente 6% fueron reformadas por la CGU, siendo el pedido entregado o parcialmente entregado. 32 Art. 3º, I, de la LAI.
26. Con el objetivo de disminuir la discrecionalidad en la aplicación de esas restricciones formales y aumentar la seguridad jurídica, debe haber un esfuerzo para identificar una interpretación más precisa de cada una de ellas. A continuación (figura 6), algunos posicionamientos encontrados en decisiones de la CGU sobre su interpretación de cada una de las restricciones formales: 26 Figura 6 INTERPRETACIONES DE LA CGU SOBRE RESTRICCIONES FORMALES (i) Pedidos genéricos Para un pedido ser considerado suficientemente: "(i) el asunto del registro solicitado debe ser indicado de modo individual y con suficiente particularidad en cuanto al tiempo, lugar y evento, de forma que permita que el servidor del órgano o entidad que tenga familiaridad con el asunto pueda identificarlo de manera rápida y precisa; e (ii) de forma complementaria, debe ser indicada, de manera clara, la lista de los documentos que sirven de soporte a la información, con sus respectivas Alternativamente, la CGU aclara que es del artículo 12, III, del Decreto 7.724/2012 que se puede extraer la conceptualización del pedido genérico presente en el artículo 13, I, del mismo diploma. Así, un pedido será considerado específico si contiene aspectos de la información requerida como el ámbito temático, al cual también nos podemos referir 7.724/2012 sea aquella que proporcione un indicador de la información solicitada, suficiente para que haya una efectiva identificación de la (ii) Pedidos desproporcionale s o sin fundamento Desproporcionales: el análisis de la desproporcionalidad se refiere a un gran volumen o cantidad de informaciones contenidas en el cuerpo los casos en que la búsqueda de la información conlleva un perjuicio substancial a las actividades regulares desempeñadas por el órgano o entidad. Son casos en los cuales la Administración Pública se encuentra imposibilitada para atender la demanda en función del enorme volumen de tiempo y recursos necesarios a la efectiva entrega de la información. Sería el caso en que se solicitase acceso a un documento específico, pero en virtud de inexistencia de sistema informático o archivo eficiente en el ámbito de determinado órgano/entidad, fuese necesario realizar búsqueda manual en cerca de 500 cajas de archivo. La regla dice que la desproporcionalidad del pedido tiene relación con un fallo directo en la gestión de la información en el órgano/entidad. Luego, en teoría, la alegación de desproporcionalidad no debería prosperar a lo largo de los años, debiendo el órgano o entidad mejorar su gestión de información interna de modo que permita buscar de forma rápida y eficiente la información solicitada por la sociedad. Sin fundamento: el análisis de fundamento está relacionado con el sin fundamento sería aquel que solicitase objeto sobre el cual la encaja en esta categoría, por ejemplo, los pedidos en los cuales el disposición por la red instituci información deseada.
27. 27 INTERPRETACIONES DE LA CGU SOBRE RESTRICCIONES FORMALES (iii) Pedidos que exijan trabajos adicionales para análisis, interpretación o consolidación de datos e informaciones, o servicio de producción o tratamiento de datos que no sean de competencia del órgano o entidad. Que exijan trabajos adicionales para análisis: tal restricción está íntimamente relacionada al argumento de inexistencia de información, lo que demandaría un esfuerzo adicional por parte del órgano demandado para la producción de los datos solicitados. Según el artículo 15, §1º, III, del Decreto 7.724/2012, imposibilitado de proveer la información solicitada de manera inmediata, el órgano debe comunicar que no posee la información o que no tiene conocimiento de su existencia. La CGU ha acatad que la movilización del órgano/entidad impacte las actividades decidir sobre proveer o no la información, con excepción de situaciones en los términos de los artículos 41 y 42 del citado decreto que la información requerida es condición para tutela judicial o administrativa de derechos humanos. Que sean competencia de otro órgano: según el artículo 15, §1º, IV, del Decreto 7.724/2012, imposibilitado de proveer la información solicitada de manera inmediata, el órgano/entidad deberá indicar, en caso sepa, el órgano/entidad responsable de proveer la información. No siempre, de cualquier forma, la CGU respeta sus propias interpretaciones de las restricciones formales. De un modo general, hay una tendencia a la adopción de posturas más restrictivas. Un ejemplo común es la alegación de generalidad, cuando claramente hay indicadores suficientes para la identificación de la información. A veces también hay confusión en la aplicación de cada uno de los incisos del artículo 13 del Decreto 7.724/2014: el pedido es considerado genérico cuando como máximo podría ser considerado desproporcional. Además hay una frecuente falta de motivación satisfactoria en las decisiones para la aplicación de esas limitaciones no es poco común que la restricción formal sea citada sin que haya una explicación de su significado y del porqué, específicamente, hay una inclusión de aquel determinado caso concreto a la norma. Un análisis más profundo de la aplicación de las restricciones no es posible en este momento, pero será objeto de una futura publicación. o Vía Judicial La Constitución Federal brasileña de 1988, en su artículo 5º, XXXV, establece regla fundamental del ordenamiento jurídico, que prevé el derecho a demandar en la corte y recibir la prestación jurisdiccional correspondiente . El Poder Judicial puede, de esta forma, ser considerado una nueva instancia, tanto en lo que respectivo a la reforma de recursos administrativos en materia de acceso a la información, cuanto en relación a la resolución de conflictos relativos de la aplicación de la LAI, en el caso que sea activado por propuesta del interesado. Además, tratándose del proceso de pedido de información de un
28. procedimiento administrativo, no se puede hablar de existencia de cosa juzgada Derecho, solamente el Poder Judicial puede emitir decisiones que producen 28 33. En investigación realizada por ARTICLE 19, se analizaron 116 decisiones judiciales que llegaron a los siguientes tribunales: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justicia, TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5 y Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo, en el periodo comprendido entre el 16 mayo 2012 hasta el 30 septiembre 2013. Como consecuencia del análisis, se obtuvo la información de que 20 de esas 116 decisiones utilizaron la LAI para restringir el acceso a la información. De entre las sentencias analizadas, un total de 8 tuvieron como fundamento para la decisión las excepciones materiales previstas en la LAI. 7 de ellas negaron el acceso con base a remanente basó la negativa en el artículo 23, VIII (información que compromete De las 7 decisiones en las que se negó el acceso a la información con base en el inciso III, del artículo 23, 6 fueron promovidas por servidores públicos que demandaban que se retiren sus datos (nombre y salario principalmente) de páginas web de ayuntamientos municipales. Solo en un caso, el acceso a tales datos fue restringido por una decisión provisoria. En líneas generales, los jueces se basan en los principios de razonabilidad e proporcionalidad para la elaboración de sus decisiones, considerando desmedido el sacrificio de los derechos a la privacidad e intimidad de los servidores para satisfacción de otro derecho fundamental (transparencia y acceso a la información), lo que, en la visión de ellos podría generar un riesgo para la seguridad de los servidores públicos. La otra decisión que se basó en el mismo dispositivo de la LAI (artículo 23, III, LAI) es resultado de una acción promovida por un agente penitenciario que quería tener copia de sus jornadas de trabajo de los últimos 5 años. El secreto de los documentos, motivo para la primera negación, fue reiterado por un juez miembro del Supremo Tribunal de Justicia, que evaluó que la información era secreta por comprometer la seguridad del Estado. El veredicto que se basa en el inciso VIII, del artículo 23 LAI, se refiere a un mandato de seguridad denegado en primera instancia, con decisión mantenida, en que dos servidores públicos sospechaban haber sido denunciados en la notificación administrativa y entraron con pedido de información para conocer el autor de la denuncia y su contenido. La respuesta al pedido fue la de no entregar la información requerida por tratarse de información reservada. 33 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo, 4ª Edición. São Paulo: Saraiva, 2014, item 18.9.
29. Además de las decisiones judiciales que negaron acceso con base en las excepciones del artículo 23 LAI, analizamos 10 casos en que el acceso fue restringido con base en el artículo que protege el derecho a la privacidad (artículo 31 §1º, I, de la LAI) y 1 caso en que la negativa de acceso a la información se basó en el argumento de que trataba información relacionada a un procedimiento administrativo en curso (art. 7º, §3º, da LAI). En relación a las decisiones judiciales aquí analizadas que negaron acceso con base en la LAI, podemos concluir que, de una forma general fueron consecuencia de acciones promovidas por servidores públicos que tuvieron un carácter de interés individual. En su mayoría buscaban que se decrete el secreto de la información, como es el caso de protección de datos de los servidores públicos. En otros casos buscaban acceso a informaciones de procedimientos administrativos. A partir del análisis de esas decisiones podemos afirmar que el Poder Judicial ha hecho uso de las hipótesis de excepción al acceso previstas en la LAI, de forma que el argumentos de la seguridad aún es utilizado para restringir el acceso, como se observó en los casos relacionados a la publicación de los datos de los servidores públicos. Con todo, un análisis amplio de todas las decisiones encontradas en este estudio muestra una tendencia de Poder Judicial a garantir el acceso a la información cuando se requiere, aunque algunas cuestiones aún sean objeto de polémica. Hasta el momento ha habido pocos casos donde la excepción se sobrepone a la regla de que la información es pública. En este sentido, entendemos que el Poder Judicial ha buscado aplicar el derecho a la información, pero el debate sobre los límites de las excepciones a ese derecho aún necesita ser realizado para fortalecer la Ley de Acceso a la Información. 29 SOCIEDAD CIVIL Si bien no existe un órgano garante externo en el sistema brasileño, las organizaciones de la sociedad civil, con frecuencia, han recurrido a las instancias superiores de recurso y accionado ante el Poder Judicial. En los casos que las organizaciones accionaran ante la justicia en virtud de ausencia de respuesta, se han observado algunas resultados positivos a nivel municipal, aunque no sabemos si la calidad de la respuesta entregada en estos casos fue satisfactoria. Relativo a la CGU, entendemos que en general no hay una acción muy incisiva para exigir a los órganos públicos demandados. En los casos de denegación ante una apelación ante la CGU, los argumentos más comunes son el desconocimiento del objeto de apelación o razones administrativas.
30. 30 OTRAS CONSIDERACIONES Pasados dos años de la regulación de la Ley brasileña de acceso a la información, consideramos que si hubo un avance, pero esta implementación camina a pasos cortos y ya verificamos algunos retrocesos como la calidad de la respuesta o la clasificación de todos los documentos como secretos por razones discutibles. Estos puntos, entre muchos otros factores que podríamos citar, demuestran la necesidad de un órgano independiente que haga el monitoreo de la ley y la promueva en distintos niveles o esferas del gobierno. En la ausencia de este órgano, el poder judicial se postula como alternativa para forzar el cumplimiento de la ley. El agravante en esta situación es que considerando los tres poderes y los resultados de nuestro monitoreo, el poder judicial es el menos transparente y donde la ley encuentra más resistencia, ya sea en la transparencia activa o pasiva.
31. 1.4. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SUS INSTANCIAS DE CONTROL Y APELACIÓN EN CHILE Fundación Pro Acceso Presidente: Federico Allendes Directora Ejecutiva: María José Poblete Director de Estudios: Felipe Ibarra *agradecemos la colaboración del abogado Camilo Jara Villalobos 31 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Chile cuenta con una ley especial que establece un régimen de transparencia de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la vigencia el 20 de abril de 2009. Mediante el Decreto Supremo N° 13/2009 se aprobó su reglamentación. Anteriormente, mediante la reforma constitucional del año 2005 (ley N° 20.050), fue incluido en la carta fundamental el nuevo artículo 8° que incorporó al capítulo de bases de la institucionalidad el principio de probidad, indicando que: ones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés na En Chile el derecho de acceso a la información ha sido reconocido jurisprudencialmente entendido de manera implícita en la Constitución interpretación del Tribunal Constitucional a partir del año 2006 mediante la sentencia rol N° 634-2007, a Que el presente requerimiento índice en un derecho el de acceso a la información pública cuyo reconocimiento constitucional no merece duda a la doctrina de los 34. Lo fundamenta básicamente en a) por el hecho de ser Chile una República Democrática (artículo 4° de la Constitución Política); b) porque el derecho de acceder a información pública de parte de los órganos del Estado forma parte de la libertad de expresión (artículo 19 n° 12) y, 34 STC rol N° 643-2006. Cons. 9° y ss.
32. c; por lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución, en cuanto consagró los principios de probidad, transparencia y publicidad. Indica además, que acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Carta Fundamental aunque no de manera explícita- como un mecanismo esencial para la vigencia plena del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacía la ciudadanía. Al mismo tiempo, la publicidad de los actos de tales órganos, garantizada, entre otros mecanismos, por el derecho de acceso a la información pública, constituye un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas que, eventualmente, puedan resultar lesionados como consecuencia de una actuación o de una omisión proveniente de los 32 (Cons. 9° STC rol 634-2007). Sin embargo, tal reconocimiento varía el año 2011, fecha a partir de la cual el Tribunal Constitucional limita la existencia de un derecho de acceso a la información pública, indicando al respecto que la Constitución (artículo 8°), declaración genérica de publicidad de ciertos aspectos de la actuación de los órganos del Estado. No habla ni de acceso, ni de entrega, ni transparencia. No los descarta; pero tampoco cierra posibilidad al legislador. (Cons. 18°, STC rol 1990-11). Tampoco encontraría su reconocimiento en este artículo ( (Cons. 25° STC rol 1990-11). Las principales características y el alcance de la ley de transparencia se pueden resumir en los 5 puntos a continuación (en la siguiente sección se incluirán los otros puntos relacionados con el control y apelación): 1) Sujetos obligados. Son sujetos obligados por la Ley de Transparencia Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Gobiernos regionales, gobiernos locales, las Municipalidades, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Otros organismos del Estado, como la Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a disposiciones que la ley expresamente señale y a las de sus respectivas leyes orgánicas. También se aplicará a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que este tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio. Respecto de otros organismos del Estado, se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre asuntos que regulen el
33. principio de transparencia en la función pública, el derecho de acceso a la información y los procedimientos y excepciones a la publicidad. Quedan, además, excluidos aquellos organismos que no forman parte de la Administración del Estado, como son el Congreso Nacional, Poder Judicial (tribunales ordinarios y especiales y los demás que ejercen jurisdicción), el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales. Respecto de ellos, solamente resultarán aplicables aquellas disposiciones a las que la ley expresamente haga referencia y, se excluyen de la competencia del Consejo para la Transparencia en caso de infringir la ley. 2) Dimensiones de transparencia. La ley desarrolla el derecho de acceso a la información pública y la transparencia desde dos dimensiones: a) Derecho de acceso a la información, que se refiere a los requerimientos de acceso que pueden realizar cualquier persona a los organismos del Estado y servicios públicos, cumpliendo con los requisitos legales (art. 10 y ss LT); b) Transparencia activa, que corresponde a la obligación que tiene los organismos del Estado de publicar en sus respectivos sitios web, de manera permanente, accesible y actualizada la información institucional que la ley señala (art. 7 y ss). 3) Publicidad de la información. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación. También es pública, la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder los órganos de la Administración del Estados, cualquier sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento (art. 5° LT). La publicidad de la información queda sujeta a la existencia de causales de reserva, mediante las cuales -de manera justificada puede negarse la entrega de la información. 4) Principios del derecho de acceso a la información pública. La ley de transparencia reconoce los principios de relevancia, libertad de información, apertura o transparencia, máxima divulgación, divisibilidad, facilitación, no discriminación, oportunidad, control, responsabilidad y gratuidad (art. 11 LT). 5) Régimen de causales de reserva. La ley en su artículo 21 indica las causales de secreto o reserva por medio de las cuales la autoridad requerida puede negar total o parcialmente el acceso a la información. 33
34. 34 Estas son: Artículo 21: Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. 2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. 3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública. 4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país. 5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política. o Los principales retrocesos y avances en materia de acceso a la información durante el último año en Chile. 1) Modificaciones de la Ley de Transparencia. A propósito del proyecto que establece modificaciones a la ley de transparencia35, se incorporan una serie de cambios que apuntan a rectificar 35 Boletín de tramitación N° 7686-07
35. algunas normas de la Ley N° 20.285, reforzando: a) Perfeccionamientos normativos en Transparencia Activa; b) derecho de acceso a la información y notificación de terceros; c) perfeccionamiento normativo en materia de plazos de reserva o secreto; d) modificaciones normativos en procedimiento de amparos y reclamos ante el Consejo para la Transparencia; e) cambios en el procedimiento en el reclamo de ilegalidad; f) Reforzamiento del Consejo para la Transparencia; g) infracciones y sanciones establecidas en la Ley de Transparencia. De manera general, clarifica como sujetos obligados a las Corporaciones y asociaciones Municipales, que son instituciones que a lo largo de la historia de la Ley de Transparencia, se han opuesto a entregar información requerida, situación que fue zanjada en el mismo sentido que el proyecto por la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia y las Cortes. Agrega una regulación en materia de archivo de la información, de manera que los órganos de la administración del Estado estarían obligados a conservar y archivar la información pública y como debiese eliminarse si corresponde. Por otra parte, establece la obligación de publicar las declaraciones de patrimonio e intereses como parte del cumplimiento de normas de transparencia activa. Incorporaría dos nuevos recursos: de reposición y el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Regula además instancias alternativas de resolución de conflictos y el deber de colaboración de la administración pública con el Consejo para la Transparencia y la obligación de rendición de cuenta pública por este organismo. Una de las más relevantes y compleja ha sido la discusión en torno al acceso a los correos electrónicos de funcionarios públicos. En base a una serie de fallos del Tribunal Constitucional, el proyecto aborda el tema, indicado la procedencia de su acceso, pero con el cumplimiento copulativo de ciertos requisitos, a saber a) hayan sido enviados o recibidos a través de casillas electrónicas institucionales; b) que se hayan utilizado en el ejercicio de las funciones de autoridades, funcionarios y servidores públicos; c) se traten de resoluciones finales de los órganos de la Administración del Estados; de sus fundamentos; y, de los correos que sean su sustento o complemento directo o esencial, en cuanto la divulgación de estos últimos no implique la publicidad de las deliberaciones; y, d) exista un interés público en su divulgación. Deberá además, indicar de manera precisa, su materia y los demás datos necesarios para identificar los correos requeridos, como la época de emisión o recepción y emisores o destinatarios. Dicho acceso se hace además según el proyecto a instituciones como la Contraloría General de la República, al Banco Central, Ministerio Público, Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral. 35
36. Son aplicables las causales de reserva y se establece un procedimiento especial de acceso para determinar la procedencia o no de su revelación. 2) Consagración Constitucional del derecho de acceso a la información 36 pública. Con ocasión de varias sentencias del Tribunal Constitucional dictadas en los casos Servicio Civil-Fosis, Ubilla y Larroulet, sobre acceso a correos electrónicos (STC 1990-2011, 2153-2011, 2246-2012 respectivamente), se ha generado la necesidad de que se incorpore a la Constitución Política de la República: (i) que la transparencia es un principio que forma parte de las bases de la institucionalidad; (ii) que el acceso a la información pública es un derecho fundamental, incorporándolo como tal en el N°12 del artículo 19 de la Constitución Política. La base de esta necesidad se encuentra en los Considerandos 18 y 19 (STC 1990- ni de entrega, ni de transparencia. No los descarta; pero tampoco cierra posibilidad al legislador. Tampoco habla de información. De su parte, el Considerando 15 (STC 2153-2011) y 22 (STC 2246- tercer lugar, el acceso a la información no recae sobre todo lo que hacen o tienen los órganos del Estado, sino sólo sobre sus actos y resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. La Constitución no habla de información pública, a que tal información exista en un procedimiento administrativo o bien forme parte de los fundamentos de actos administrativos. Si la información que obra en poder del Estado no cumple con ambos requisitos, simplemente nadie puede acceder a ella. Este razonamiento restringe el derecho fundamental, imponiendo requisitos que alteran el contenido esencial del mismo y que se expresa por el principio de la máxima divulgación. El principio de máxima divulgación es aquel que consiste en que el Estado debe otorgar acceso a toda la información de que dispone, con las excepciones que se consideren y que, en la actualidad, son el funcionamiento del órgano, los derechos de las personas, la seguridad nacional y el interés nacional. Esta situación pone a Chile en un claro retroceso y también lo lleva a infringir las leyes internacionales y los compromisos políticos que el Estado de Chile ha asumido en el concierto internacional.
37. Por esta situación, se presentó, junto con el respaldo de la sociedad civil, un proyecto de ley36 que busca obtener el reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información pública. 3) Buenas prácticas en la elección de los consejeros del Consejo para la 37 Transparencia. En octubre de este año corresponde la designación de dos consejeros del Consejo para la Transparencia por parte de la Presidenta de la República, ratificados por el Senado, con ocasión de la conclusión del período de dos consejeros. El Consejo es un órgano autónomo, cuyo objeto es, por ley, promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información. Por ello, el organismo requiere de la mayor autonomía y los consejeros deben ser idóneos y contar con experiencia suficiente para que, en el ejercicio de sus funciones, fiscalicen a los órganos de la Administración del Estado. Dichas preocupaciones fueron manifestadas por algunas organizaciones de la sociedad civil a la Secretaría General de la Presidencia, mediante la presentación de una Guía de buenas prácticas a tener en cuenta para la elección de los próximos consejeros. Se propone que los candidatos deberán ser profesionales que cuenten con reconocido prestigio nacional o internacional y al menos cinco años de experiencia en la gestión pública, en la modernización del Estado, en la protección de los derechos humanos, de la libertad de expresión, del derecho de acceso a la información pública, de la vida privada, de los datos personales y/o en la protección del principio de transparencia. A la vez, con el objetivo de fortalecer la legitimidad social de la se deberá dar publicidad al perfil de los candidatos propuestos, de manera que la sociedad civil pueda manifestar su opinión, antes de que la nómina sea enviada al Senado. PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y APELACIÓN o Principales características La principal normativa relativa al AIP, es la Ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada en 2008 y vigente desde 2009. La ley consagra tanto un régimen de transparencia o publicidad activa, y uno de transparencia activa, o derecho de acceder a la información propiamente tal. La 36 Boletín N° 8805-07.
38. Ley 20.285 establece claramente tres planos de regulación en esta materia dependiendo del Poder del Estado que se trate37. En primer lugar, un régimen general para el Poder Ejecutivo denominado en Chile Administración del Estado-. La ley consagra que si un organismo público deniega los antecedentes solicitados o no responde dentro de 20 días, el solicitante está habilitado para recurrir mediante un recurso administrativo denominado Consejo para la Transparencia (CPLT). Contra un resolución del CPLT, la ley establece que el afectado puede presentar una acción judicial Apelaciones de Chile, dependiendo del domicilio. No existen recursos judiciales posteriores al reclamo de ilegalidad38. En segundo lugar, la ley establece que los otros Poderes del Estado, como el Congreso Nacional y el Poder Judicial están obligados a cumplir con los deberes de transparencia activa, no obstante son autónomos para establecer los mecanismos de reclamo en relación al AIP. La Cámara de Diputados no contempla en su Reglamento instancias para presentar solicitudes no deducir reclamos en materia de transparencia. El Senado establece en su normativa interna que se pueden presentar requerimientos de AIP ante el Secretario de la institución, y contra sus decisiones, se puede reclamar ante la Comisión de Ética y Transparencia, compuesta por senadores. Sobre el Poder Judicial, la Corte Suprema reguló mediante el Auto Acordado N° 253 de 2008 el AIP. En síntesis, los requerimientos de información deben dirigirse a la Dirección de Comunicaciones y en caso de disconformidad con la decisión, se puede reclamar Comisión de Transparencia del Poder Judicial, la cual está compuesta por magistrados de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones y autoridades administrativas del Poder Judicial39. En tercer lugar, está la regulación para los denominados Organismos con Autonomía Constitucional Banco Central, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Justicia Electoral y Tribunal Constitucional-. La Ley 20.285 señala sobre el AIP que en caso que alguno de estos organismos deniegue una solicitud de información, se debe ejercer contra ellos la acción judicial de 37 Román Cordero, Cristián. 2010. Ley de Transparencia y Órganos Autónomos. En: Letelier, Raúl y Rajevic, Enrique (Coordinadores). Transparencia en la Administración Pública. Santiago, Abeledo Perrot, pág. 364 38 No obstante que la Ley 20.285 no contempla recursos judiciales adicionales, en ocasiones se han impugnado sentencias de las Cortes de Apelaciones mediante recursos de Queja ante la Corte Suprema o acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 39 Jara Villalobos, Camilo. 2013. El Régimen de Transparencia de la Judicatura en Chile. En: Ansaldi, Octavio y Chandía, Sebastián (Editores). Estudios de Derecho de la Judicatura: Actas del 1er y 2do Congreso de Derecho de la Judicatura. Publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, pág. 49 38
39. reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. Esta acción requiere del patrocinio de una abogado y no tiene recursos posteriores. información e incluso amparos ante el Consejo para la Transparencia vía internet http://www.portaltransparencia.cl/. El portal no solo funciona en relación a la Administración Central del Estado, sino que algunos municipios, universidades públicas, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial se han integrado al mismo. 39 o Vía administrativa En el caso del Poder Ejecutivo o Administración, cuando se presenta una solicitud ante un organismo público y estos deniegan la información o no responden en 20 días, se pu Transparencia. Contra la decisión del CPLT, cualquiera de los afectados solicitante u organismo público- pueden presentar el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información del Administración del Estado. Está encabezado por un Consejo Directivo de cuatro miembros, los cuales son propuestos por el Presidente de la República y deben ser ratificados por el Senado por quórum de 2/3 de los senadores en ejercicio, y duran seis años en el cargo. Aunque el Consejo integra orgánicamente el Poder Ejecutivo, no depende de ningún Ministerio u otra dependencia. De acuerdo al artículo 33 de la Ley 20.285, el CPLT tiene las siguientes atribuciones: a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las sanciones en caso de infracción a ellas. b) Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley. c) Promover la transparencia de la función pública, la publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y el derecho de acceso a la información, por cualquier medio de publicación. d) Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y requerir a éstos para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a dicha legislación.
40. e) Formular recomendaciones a los órganos de la Administración del Estado tendientes a perfeccionar la transparencia de su gestión y a facilitar el acceso a la información que posean. f) Proponer al Presidente de la República y al Congreso Nacional, en su caso, las normas, instructivos y demás perfeccionamientos normativos para asegurar la transparencia y el acceso a la información. g) Realizar, directamente o a través de terceros, actividades de capacitación de funcionarios públicos en materias de transparencia y acceso a la información. h) Realizar actividades de difusión e información al público, sobre las 40 materias de su competencia. i) Efectuar estadísticas y reportes sobre transparencia y acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado y sobre el cumplimiento de esta ley. j) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado. k) Colaborar con y recibir cooperación de órganos públicos y personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia. l) Celebrar los demás actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. m) Velar por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado. De acuerdo al Tribunal Constitucional40, el CPLT integra el Poder Ejecutivo - Administración del Estado- aunque goza de autonomía legal respecto del Gobierno en funciones. De este modo, sus facultades alcanzan el AIP sobre la Administración, pero no sobre los demás Poderes del Estado (Congreso, Poder Judicial) ni los Órganos con Autonomía Constitucional. La autonomía legal respecto del Gobierno se ha verificado en la práctica, ya que el CPLT frecuentemente resuelve contra las decisiones del gobierno, incluso en casos polémicos, como la publicidad de los correos electrónicos. No obstante, debe advertirse que hace más de 20 años la política chilena está dominada por dos coaliciones políticas Nueva Mayoría y Alianza por Chile-, por lo cual los cuatro cargos del Consejo Directivo del CPLT son designados siguiendo criterios de equilibrio político en el sentido que dos consejeros son afines a cada una de las alianzas políticas, desde la creación del CPLT. Si, el CPLT al conocer amparos está facultado para revisar las decisiones de los organismos públicos de la Administración y tiene la facultad de ordenar p jefe del servicio público que no acate una decisión sobre AIP. Estos se exponen 40 Tribunal Constitucional. Sentencia de control de constitucionalidad del Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, rol 1051-2008, considerando 52
41. a sanciones de multas que van desde el 20% al 50% de su remuneración mensual. En la práctica, la mayoría de las sancione se han aplicado contra alcaldes de municipios, por infracciones a normas de transparencia activa. De acuerdo a la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, organismo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, las estadísticas sobre presentación de solicitudes de AIP a los organismos de la Administración Central (no incluye municipios, como tampoco otros Poderes del Estado ni Organismos con Autonomía Constitucional), son las siguientes: 41 2009: 24.680 solicitudes AIP (abril-diciembre)41 2010: 35.411 solicitudes AIP42 2011: 39.960 solicitudes AIP43 2012: 51.952 solicitudes AIP44 2013: 61.336 solicitudes AIP45 2014: 36.328 solicitudes AIP (hasta julio 2014)46 Total acumulado desde la entrada en vigencia de la Ley hasta junio 2014: 249.667 solicitudes de AIP. En relación a los amparos por denegación de AIP por parte de organismos públicos (incluye municipios), el Consejo para la Transparencia, no posee estadísticas desagregadas por causales de reserva o secreto, pero si tiene cifras sobre cantidad de ingresos, decisiones de fondo pronunciadas. DESPACHO TIPO DE DECISIÓN FINAL Total AÑO Aprueba desistimiento Decisión de fondo Decisión de inadmisibilidad 2009 10 146 119 275 41 Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia. Reporte Anual 2009 Estadístico de Solicitudes Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, pag 3 http://www.cdc.gob.cl/wp-content/ uploads/documentos/informes_estadisticos/Reporte_anual_2009.pdf 42 Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia. Reporte Anual 2010 Estadístico de Solicitudes Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, pag 3 http://www.cdc.gob.cl/wp-content/ uploads/documentos/informes_estadisticos/Reporte_anual_2010.pdf 43 Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia. Reporte Anual 2011 Estadístico de Solicitudes Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, pág 3 http://www.cdc.gob.cl/wp-content/ uploads/documentos/informes_estadisticos/Reporte_anual_2011.pdf 44 Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia. Reporte Anual 2012 Estadístico de Solicitudes Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, pág 3 http://www.cdc.gob.cl/wp-content/ uploads/documentos/informes_estadisticos/Reporte_anual_2012.pdf 45Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia. Informe Mensual Diciembre 2013 Estadístico de Solicitudes Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, pág 5 http://www.cdc.gob.cl/wp-content/ uploads/documentos/informes_estadisticos/Informe_estadistico-13.pdf 46 Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia. Informe Mensual Julio 2014 Estadístico de Solicitudes Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, pág 5 http://www.cdc.gob.cl/wp-content/ uploads/documentos/informes_estadisticos/Informe_estadistico-19.pdf
42. 42 2010 91 677 404 1172 2011 130 782 564 1476 2012 153 1053 643 1849 2013 182 972 996 2150 2014 (julio) 90 725 618 1433 TOTAL 656 4355 3344 8355 Fuente: Unidad de Reportes y Estadísticas-CPLT. De un total de 8355 amparos presentados desde abril de 2009 a julio de 2014, el 7,85% de los casos (656) se ha resuelto por desistimiento del reclamante, el 40,02% de los casos (3344) ha sido declarado inadmisible a tramitación y en el 52,12% de los casos (4355) el CPLT ha pronunciado una decisión de fondo. TIPO DECISIÓN DE FONDO Total AÑO Acoge Parcialmente lo Solicitado Acoge Totalmente lo Solicitado Rechaza lo Solicitado Rechaza por Improcedente 2009 37 80 29 0 146 2010 174 356 147 0 677 2011 221 449 112 0 782 2012 212 629 212 0 1053 2013 245 499 227 1 972 2014 144 380 201 0 725 (julio) TOTAL 1033 2393 928 1 4355 Fuente: Unidad de Reportes y Estadísticas-CPLT. Sobre las 4355 decisiones de fondo pronunciadas por el CPLT en el período abril 2009 a julio 2014, el 23,71% (1033 casos) a acogido parcialmente lo solicitado por los ciudadanos, 54,94% (2393) ha acogido íntegramente y ordenado entregar el total de la información solicitada, en el 21,30% de los casos (928) ha rechazado el amparo y en un caso ha rechazado el amparo por improcedente. o Vía Judicial La Ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que frente a los denegaciones de información de organismos públicos, existe el procedimiento administrativo de amparo ante el CPLT. Una vez agotada dicha instancia, tanto el ciudadano requirente como el organismo público tienen derecho a impugnar la decisión del CPLT ante las Cortes de Apelaciones del El Poder Judicial chileno es bastante independiente y no suele seguir los lineamientos de los gobiernos de turno. En los últimos años los Presidentes y
43. voceros de la Corte Suprema han enfrentado públicamente a los gobiernos por medidas destinadas a controlar al Poder Judicial. Las Cortes de Apelaciones, conociendo las acciones judiciales de reclamo de ilegalidad, están facultadas para revertir las decisiones del CPLT. Una vez que resuelve una Corte, el cumplimiento efectivo de la resolución depende del CPLT, el cual como señalamos, tiene la potestad de ordenar la realización de un procedimiento disciplinario administrativo al jefe del servicio público que no acate una decisión. No existen estadísticas oficiales en relación a la cantidad de reclamos de ilegalidad deducidos contra el CPLT ni tampoco sobre las causales de reserva o secreto específicas relacionadas a dichos casos. En 2012, a tres años y medio de vigencia de la Ley 20.285, la Fundación Pro Acceso contabilizó que de 62 reclamos de ilegalidad deducidos contra el CPLT ante las Cortes de Apelaciones, en 52 de ellos los Tribunales dieron la razón al CPLT confirmando la decisión de este en primera instancia47, o sea en el 83,33% de los casos 43 SOCIEDAD CIVIL Desde Fundación Pro Acceso hemos iniciado varias acciones en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que finalmente han sido zanjadas los distintos organismos en cada una de las instancias que correspondan (Consejo para la Transparencia, Cortes de Apelaciones, Tribunal Constitucional y Corte Suprema). 1.- Entrega de convenios de transmisión de datos personales. En el marco del estudio nacional de protección de datos personales 2012 que llevó a cabo la Fundación Pro Acceso, uno de los servicios públicos requeridos manifestó mantener contratos de transmisión de datos personales con empresas del rubro. Requerida dicha información, la institución se negó a entregarla, alegando la afectación de derechos de terceros, tras la oposición de tres de las cuatro instituciones respecto de las cuales había firmado un convenio. El servicio alegó además, la causal de reserva de afectación de derechos comerciales de dichas empresas y el secreto empresarial. Ante la negativa se presentó un amparo de acceso a la información pública ante el Consejo para la Transparencia48, quien desestimó los argumentos del órgano y de las recurridas. Presentada la ilegalidad ante la Corte de Apelaciones por el 47 Moisés Sánchez. Acceso a la Información en Peligro. Diario La Tercera, edición del 25 de septiembre de 2012 http://www.proacceso.cl/contenido_general/acceso_la_informaci_n_en_peligro 48 Decisión de amparo rol C1738-12. Sentencia Corte de Apelaciones rol N° 1444-13.
44. Servicio de Impuestos Internos, ésta también desestimó la causal y ratificó la decisión del Consejo49. 44 2.- Publicidad de correos electrónicos de funcionarios públicos. En este caso se requirió a la Subsecretaría los correos electrónicos enviados y recibidos desde y hacia cuentas de otros funcionarios públicos, enviados y recibidos desde y, que traten de materias propias del desempeño de las funciones públicas del Ministro Secretario General de la Presidencia, excluyendo cualquier e-mail que el Ministro un ate proyecto de ley); la Subsecretaría negó el acceso a la información, alegando las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y 2. Conociendo del amparo de acceso a la información pública (rol C1101-11), el Consejo desestimó la aplicación de alguna de las causales alegadas, ordenando la entrega de la información por parte de la Subsecretaría al requirente, con tacha de aquella información que dijera relación con la vida privada del emisor y receptor y de aquella que no tuviera relación con el desempeño de las funciones pública. La Subsecretaría General de la Presidencia y el Ministro Cristián Larroulet, por sí, presentaron un recurso de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 2496-12), con el objetivo de dejar sin efecto la decisión del Consejo; durante su tramitación se presentó además un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, respecto del artículo 5° inciso segundo de la Ley de Transparencia, en la parte que expresa información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o El Tribunal Constitucional expreso 4 criterios de interpretación que guiaron en principio su razonamiento: 1) Los funcionarios tienen derechos constitucionales, 2) El mandato de publicidad no es absoluto y sólo relativo respecto de ciertos asuntos, 3) La Constitución debe interpretarse a la luz del progreso tecnológico, 4) Los ministros de Estado y sus funciones. En relación con el primero de ellos, expresa el Tribunal que los funcionarios públicos son titulares de derechos fundamentales, existiendo excepcionales restricciones de derechos por parte del ordenamiento jurídico, que debe ser de alcance limitado (Cons.16° y ss). En cuando al mandato de publicidad, el Tribunal Constitucional indica que solo ciertos aspectos de las actuaciones de los órganos del Estado son públicos. Así, conforme a la constitución, serían los actos y resoluciones, sus fundamentos y procedimientos que utilicen. Todo lo anterior a propósito de la circunscripción que hace del mandato de publicidad que contempla el artículo 49 http://www.proacceso.cl/noticia/sii_deber_informar_convenios_para_transferir_datos_privados_y_pagos_ involucrados
45. información de terceros ajenos a un proceso no puede ser más que lo que consta en el expediente administrativo, hace referencia a que no basta que un documento sea solo electrónico para que sea una acto administrativo electrónico, sino que además es necesario la existencia de una firma (que en este caso debe ser firma electrónica simple o avanzada) y que además los correos electrónicos para ser públicos, debiesen constar en el expediente administrativos; agrega además, que no es un derecho absoluto puesto que debe respetar otros derechos que el ordenamiento jurídico establece. Por último, indica que la publicidad puede lograrse por otras vías que el legislador establezca. Agrega además que el artículo 8° de la Constitución no consagra un lo hace respecto la probidad. Termina agregando que el carácter de secreto o reservado de un acto, no es inmunidad o ausencia de control; además, lo anterior permitiría cautelar otros bienes jurídicos que la Constitución estima relevantes como la publicidad. En relación a la interpretación constitucional de ésta a la luz de la tecnología, indica la necesidad de conciliar aspectos tecnológicos con normas constitucionales. En cuanto a los Ministros y sus funciones, indican que siendo colaboradores directos e inmediatos del Presidente, en el caso del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, asesora directamente en el ejercicio de la función legislativa, al requerir correos de esa cartera, se estaría injiriendo además dentro de las funciones típicas del Presidente de la República, pero también las más sensibles (Cons.42). En relación con el fondo del requerimiento, esto es el caso concreto, el Tribunal Constitucional considera que los correos electrónicos es una comunicación privada y, por lo tanto, su publicidad vulneraría la garantía constitucional del artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, puesto que los correos tendrían un destinatario único. Por lo tanto, solo éste podría revisar su contenido; cabrían nes que se transmiten por canales cerrados, no por canales abiertos, y tienen emisores y destinatarios acotados. Por lo mismo, hay una expectativa razonable de que estén a cubierto de erior el Tribunal, indicando que lo que protege la garantía es la comunicación, no la naturaleza del contenido de la información o si se hace por aparatos financiados por el Estado, agregando que no existen normas constitucionales ni legales que puedan interpretarse para dejarlos al margen de esta garantía. Lo anterior es importante, porque se relaciona con el criterio interpretativo de restricción de derechos de los funcionarios públicos, los cuales no estarían exentos de esta protección. Agrega que las autoridades están para tomar las mejores decisiones y el uso de correo electrónico permite un flujo de información mayor, pero para lograr tal objetivo, es necesario contar con cierta confidencialidad, lo que toma 45
Sintesis informativa 01 04 2013
Fall 2011 2nd General Meeting
CalRotaract
Correio 684
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL. Voto Eletrônico.
Vocab Tomas And The Library Lady