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Timestamp: 2016-12-07 22:09:25
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Corte Interamericana de Derechos Humanos « Derecho Globalizado
Corte Interamericana de Derechos Humanos	Posted on 27 de febrero de 2014 Actualizado enn 27 de febrero de 2014	Fuente: CorteIDH
La Corte Interamericana hizo pública la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del caso J. vs. Perú. En dicha sentencia, de fecha 27 de noviembre de 2013, la Corte rechazó la excepción preliminar presentada por Perú y declaró la responsabilidad del Estado en perjuicio de la señora J. (cuya identidad fue reservada) por la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial establecidos en la Convención Americana, así como de los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
El caso se refiere a la detención de la señora J., al ser acusada de estar vinculada al grupo armado Sendero Luminoso, y los registros domiciliarios realizados el 13 de abril de 1992 por parte de agentes estatales. En aquella ocasión la señora J. fue vendada, golpeada y “manoseada” sexualmente por parte de agentes policiales. Estos hechos fueron seguidos del traslado de la señora J. a la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) y su privación de libertad en dicho lugar sin control judicial durante 17 días. Asimismo, el caso se relaciona con una serie de afectaciones al debido proceso, en el marco del proceso penal seguido contra la víctima por supuestos delitos de terrorismo bajo la vigencia del Decreto Ley 25475. La señora J. fue absuelta en el mes de junio de 1993, tras lo cual salió de Perú. El 27 de diciembre de 1993 la Corte Suprema de Justicia, con jueces “sin rostro”, declaró nula la absolución disponiendo un nuevo juicio. Actualmente persiste en Perú un proceso abierto contra la señora J. con una orden de captura internacional.
I. Derechos a la libertad personal y a la protección del domicilio 1. La detención inicial de la señora J., su presentación ante un juez y la protección del domicilio
La Corte consideró que en el presente caso está demostrado que la señora J. no fue presentada ante un Juez por al menos 15 días, sin que consten en el expediente razones fundadas para demorar ese tiempo en someter la detención de la señora J. ante un juez. La Corte estimó que las medidas tomadas en el presente caso no fueron las “estrictamente necesarias”. En particular, la Corte resaltó que la suspensión de ciertos aspectos del derecho a la libertad personal no puede significar que las acciones estatales puedan anular los controles jurisdiccionales sobre la forma en que se llevan a cabo las detenciones. En consecuencia, la Corte consideró que la falta de presentación “sin demora” de la señora J. ante un juez no se justifica por la suspensión de garantías existente en el presente caso, por lo que fue arbitraria y por tanto el Estado violó el artículo 7, incisos 1, 3 y 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la Convención. (párr. 144)
La Corte consideró que no contó con elementos suficientes para desvirtuar el hecho que, de acuerdo al acta de registro correspondiente, la madre de J. autorizó la entrada de los funcionarios policiales a su vivienda y, por tanto, concluye que el allanamiento al domicilio de la señora J. en la calle Casimiro Negrón no violó el artículo 11.2 de la Convención. (párr. 147)
2. La notificación de las razones de la detención
La Corte sostuvo, respecto de la obligación de informar oralmente de las razones de la detención, que la señora J no tuvo ningún mecanismo a su alcance que le posibilite probar este hecho. El Estado, por su lado, sostuvo que la información de las razones de la detención sí se produjo. Al respecto, la Corte advirtió que la Fiscal del Ministerio Público en la audiencia pública señaló que “inform[ó] a cada una de las personas del motivo de la diligencia de intervención”. La Corte advirtió que la representante no controvirtió, de forma específica, dicho aspecto de la declaración en la audiencia pública o en ninguna otra etapa procesal. Por tanto, la Corte consideró que no cuenta con elementos suficientes para declarar que el Estado incumplió este extremo de la obligación contenida en el artículo 7.4 de la Convención. (párr. 150)
3. La falta de registro de la detención de la señora J.
La Corte advirtió que no existe claridad sobre dónde se encontraba J. entre el 28 y el 30 de abril, así como entre el 13 y el 15 de abril de 1992. Por tanto, sostuvo que la falta de registro de la detención de la señora J. en los períodos mencionados constituyó una violación de los derechos consagrados en el artículo 7, incisos 1 y 2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de este instrumento. (párr. 152)
4. La prisión preventiva de la señora J. entre el 30 de abril de 1992 y 18 de junio de 1993, así como la relación de ésta con el principio de presunción de inocencia
La Corte concluyó que debido a la ausencia de una motivación adecuada de la orden de prisión preventiva y las limitaciones legales establecidas en el Decreto Ley 25.475 que impedían evaluar la pertinencia de continuar con dicha prisión preventiva, el Estado violó el artículo 7, incisos 1 y 3 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. (párr. 165)
Asimismo, tomando en cuenta la aplicación de dicho decreto y la duración de casi un año y dos meses de la privación de libertad preventiva de la señora J. durante la primera etapa del proceso, la Corte declaró que el Perú violó el derecho a la presunción de inocencia de la señora J. consagrado en el artículo 8.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. (párr. 168)
5. El derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente sobre la legalidad de su detención
La Corte advirtió que la señora J. estuvo detenida hasta el 18 de junio de 1993, por lo que por diez meses y cinco días de su detención estuvo imposibilitada de ejercer el recurso de hábeas corpus, si así lo hubiese deseado, ya que se encontraba en vigencia el Decreto Ley 26.659, el cual es contrario a la Convención. Por tanto, la Corte consideró que a partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 26.659 el Estado violó el artículo 7.6 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de la señora J. (párr. 171)
II. Derecho a las garantías judiciales y el principio de legalidad
1. Garantías de competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales que conocieron el caso
La Corte no encontró ninguna razón para apartarse de su criterio constante, por lo cual consideró que el procesamiento de la señora J. por un fiscal y jueces “sin rostro” en la primera etapa del proceso en su contra constituyó una violación de su derecho a ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial previsto en el artículo 8.1 de la Convención. (párr. 186)
Si bien la Corte valoró los esfuerzos realizados por el Estado peruano desde 1997, advirtió que las violaciones al debido proceso verificadas ocurrieron antes que el Estado realizara la referida reforma legislativa, por lo cual la Corte concluyó que, en este caso, el Estado incumplió con las obligaciones que le impone el artículo 2 de la Convención Americana de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para garantizar el derecho ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial. (párr. 188)
Con base en las consideraciones anteriores, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 8.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de la señora J. (párr. 189)
2. Derecho a la defensa
La Corte sostuvo que conforme a la documentación que consta en el expediente, la defensa de señora J. sólo pudo conocer sobre los hechos por los cuales se le investigaba, las pruebas recogidas por el Estado o la calificación jurídica que se le daba a estos hechos el 28 de abril de 1992, cuando la Fiscalía presentó la denuncia penal en su contra, lo cual ocurrió después de que la señora J. ya había rendido su primera declaración. (párr. 200)
Por tanto, la Corte concluyó que, al no notificar formalmente a la señora J. de las razones de su detención y de los hechos que se le imputaban hasta el 28 de abril de 1992, el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 7.4 y 8.2.b de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora J. (párr. 201)
Asimismo, la Corte encontró demostrado que la señora J. no tuvo la posibilidad de reunirse en privado con su abogado y que cuando lo hizo fue bajo estricta supervisión de las autoridades estatales. La Corte consideró que el Estado no ha alegado que las restricciones al derecho a la defensa de la señora J. en la primera etapa del proceso en su contra se encontraran previstas legalmente. Por tanto, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 8.2, incisos c y d de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora J. (párrs. 206-207)
Adicionalmente, la Corte consideró que el artículo 13.c del Decreto Ley No. 25.475 aplicable al proceso de la señora J., impidió ejercer el derecho a interrogar a los testigos que intervinieron en la elaboración del atestado policial, sobre el cual se sustenta la acusación contra la presunta víctima. Por lo anterior, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 8.2.f de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de J. Del mismo modo, consideró que al haberse producido esta violación como consecuencia de la aplicación del artículo 13.c del Decreto 25.475, el Estado también incumplió el artículo 2 de la Convención. (párr. 210)
3. Derecho a la publicidad del proceso
En casos anteriores respecto del Perú, la Corte estableció que el Decreto Ley 25.475 infringe la garantía de publicidad del proceso. La Corte consideró que, de conformidad con el Decreto Ley 25.475, las audiencias llevadas a cabo en la primera etapa del proceso contra la señora J. fueron de carácter privado. Asimismo, resaltó que el acceso al expediente resultó limitado. Por tanto, la Corte concluyó que la aplicación, como regla general, del carácter privado del proceso seguido a la señora J. hasta la reforma legislativa en 2003, violó en perjuicio de la señora J. el artículo 8.5 de la Convención, en relación con el 1.1 y 2 del mismo instrumento, en tanto la violación se derivó de una norma jurídica vigente al momento de los hechos. (párrs. 219-220)
4. La ausencia de motivación y la presunción de inocencia en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de 27 de diciembre de 1993
La Corte constató que la sentencia de diciembre de 1993 no contiene más elementos fácticos o normativos que informen de la motivación del fallo. (…) Resaltó que dicha ausencia de motivación y fundamentación en la sentencia de la Corte Suprema generó que fuera imposible para la señora J. defenderse adecuadamente de forma que pudiera controvertirlo o recurrirlo para hacer valer la absolución dictada a su favor. (párr. 226)
La Corte consideró que la sentencia de 27 de diciembre de 1993 de la Corte Suprema de Justicia “sin rostro” incumplió el deber de motivación de las decisiones judiciales e infringió la presunción de inocencia de la señora J., en violación del artículo 8, incisos 1 y 2, de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. (párr. 229)
5. Alegadas violaciones al debido proceso respecto de la primera y segunda etapa del proceso penal en contra de la señora J.
5.1. Derecho a la presunción de inocencia
La Corte consideró que la presentación de la señora J. ante la prensa por la DINCOTE, donde fue señalada como miembro de Sendero Luminoso relacionada con la redacción de El Diario, así como las declaraciones de distintos funcionarios estatales, sin calificaciones o reservas en distintos momentos, fomentó una creencia en la sociedad peruana sobre su culpabilidad, cuando no ha sido condenada por los delitos por los cuales se le acusa, y ha prejuzgado la evaluación de los hechos por una autoridad judicial competente, por lo cual el Estado violó la presunción de inocencia de la señora J., consagrada en el artículo 8.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. (párr. 248)
Asimismo, la Corte consideró que en el curso del proceso abierto contra la señora J., ésta tendrá la posibilidad de impugnar las fuentes de prueba que sustentan su acusación, lo cual no ha ocurrido hasta ahora debido a que no se ha iniciado el juicio en dicho caso. Por tanto, la Corte consideró que no le corresponde pronunciarse sobre la presunta violación del artículo 8 de la Convención en cuanto a la presentación y valoración de las pruebas en la segunda etapa del proceso penal seguido en contra de la presunta víctima. (párr. 251)
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte consideró que las autoridades judiciales internas deberán tener en cuenta las consideraciones de esta Corte, en relación con las violaciones al debido proceso e integridad personal de la señora J., al momento de examinar la acusación actualmente vigente en contra de la señora J. La Corte notó que ello es acorde con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en su Sentencia, en el sentido de que la invalidez de una fuente de prueba puede derivar de que su obtención se haya llevado a cabo sin un estricto respeto de los derechos fundamentales. (párr. 252)
5.2. Garantía de non bis in ídem
La Corte advirtió que las conclusiones y determinaciones de los órganos nacionales o internacionales sobre la situación jurídica de la señora J. fueron hechas en el marco de procedimientos de distinta naturaleza, cuyo objeto y propósito no era la determinación de una violación del artículo 8.4 de la Convención Americana. Sin perjuicio de que constituyan opiniones válidas en cuanto a la calificación jurídica de la situación de la señora J., la Corte consideró que no son suficientes para permitir al Tribunal concluir, teniendo en cuenta los demás elementos probatorios aportados al expediente, que la sentencia absolutoria dictada a favor de la señora J. en junio de 1993 tiene carácter firme. Por tanto, la Corte concluyó que el Estado no violó el artículo 8.4 de la Convención, en relación con el 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora J. (párrs. 272-273)
III. Alegadas violaciones al principio de legalidad y de retroactividad
La Corte concluyó que la indeterminación y vaguedad en la descripción de las conductas supuestamente atribuibles a la señora J., así como la ausencia de conductas que encuadren dentro de todos los delitos por los cuales es procesada, han afectado la capacidad de la señora J. de ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. (párr. 294)
Sin perjuicio de ello, la Corte consideró que ello no constituyó un defecto de la norma legal como tal, sino de la formulación de las denuncias, autos de apertura de instrucción y acusaciones en el proceso contra la presunta víctima (tanto en la primera como en la segunda etapa), por lo cual no evidencia un problema del principio de legalidad sino una afectación al derecho a la defensa de la presunta víctima, quien debido a estas imprecisiones y ambigüedades se ha visto impedida de conocer los hechos concretos que se le imputan, las fechas de los mismos y demás información detallada, para así poder ejercer una defensa adecuada. Por tanto, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 8.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. (párr. 295)
IV. Derecho a la integridad personal y vida privada
1. Maltratos durante la detención inicial
La Corte encontró suficientemente acreditado que al momento de la detención inicial a la señora J. le vendaron los ojos, fue golpeada, manoseada sexualmente y que tras salir del inmueble de la calle Las Esmeraldas no fue llevada directamente a la DINCOTE sino que estuvo en un automóvil por un tiempo indeterminado mientras posiblemente se realizaban registros de otros inmuebles. Dicha determinación se basó en: (1) el contexto en la época de los hechos y la similitud de éste con los hechos relatados por la señora J.; (2) las declaraciones de la señora J. ante las autoridades internas; (3) las inconsistencias de la declaración de la fiscal del Ministerio Público; (4) el examen médico realizado a la señora J., y (5) la falta de esclarecimiento de los hechos por parte del Estado. Adicionalmente, la Corte recuerda que la detención de la señora J. se realizó sin que mediara orden judicial y sin que fuera sometida a control judicial por al menos 15 días. Resaltó que estas condiciones en las que se realizó la detención favorecen la conclusión de la ocurrencia de los malos tratos alegados por J. (párr. 354)
La Corte consideró que la violencia sexual de la cual fue víctima la señora J. por un agente del Estado y mientras estaba siendo detenida es un acto grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente. En relación con el artículo 5 de la Convención, la Corte consideró que dicho acto fue denigrante y humillante física y emocionalmente, por lo que pudo haber causado consecuencias psicológicas severas para la presunta víctima. (párr. 361)
Atendiendo al conjunto de las circunstancias del caso la Corte concluyó que los maltratos a los que fue sometida la señora J. al momento de su detención constituyeron una violación del artículo 5.2 que prohíbe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. (párr. 366)
La Corte consideró que la violencia sexual, cuyo ámbito es protegido por el derecho a la vida privada establecido en el artículo 11 de la Convención Americana, de la cual fue víctima la señora J. supuso una intromisión en los aspectos más personales e íntimos de su vida privada. (párr. 367)
Con base en lo anterior, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.1, 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 del mismo tratado y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura. Adicionalmente, la Corte advirtió que el Estado no ha investigado los hechos violatorios de los artículos 5 y 11 de la Convención Americana, lo que implica un incumplimiento del deber de garantizar la integridad personal así como la protección a la vida privada, así como del deber establecido en el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará y los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de la señora J.
2. Alegados maltratos sufridos durante la detención en la DINCOTE
La Corte advirtió que en ausencia de otras pruebas sobre los hechos específicos de este caso, en particular la declaración de la presunta víctima al respecto, el contexto por sí solo no es suficiente para establecer lo ocurrido. Por tanto, la Corte consideró que no cuenta con elementos suficientes para establecer que la señora J. sufrió los maltratos alegados por la Comisión como ocurridos durante el tiempo que estuvo detenida en la DINCOTE. (párr. 374)
La Corte ordenó al Estado cumplir con las siguientes medidas de reparación:
– Iniciar y conducir eficazmente la investigación penal de los actos violatorios de la integridad personal cometidos en contra de la señora J., para determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea.
– Otorgar a la señora J., por una única vez, la cantidad fijada en la Sentencia, por concepto de gastos por tratamiento psicológico o psiquiátrico, para que pueda recibir dicha atención en su lugar de residencia, en el supuesto de que la señora J. solicite dicha atención.
– Realizar las publicaciones indicadas en la Sentencia, en el plazo de nueve meses contado a partir de la notificación de la misma.
– Asegurar que en el proceso seguido contra la señora J. se observen todas las exigencias del debido proceso legal, con plenas garantías de audiencia y defensa para la inculpada.
– Pagar las cantidades fijadas en la Sentencia, por concepto de indemnizaciones por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos.
– Reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la suma erogada durante la tramitación del presente caso.
Nuevo caso contra Surinam
El 4 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el comunicado de prensa 9/14, mediante el cual informó que el 26 de enero presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso 12.639, Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam.
Según el comunicado, el caso se relaciona “con una serie de violaciones de los derechos de los miembros de ocho comunidades de los pueblos indígenas Kaliña y Lokono del Río Bajo Marowijne, en Surinam. Específicamente, por la continuidad de la vigencia de un marco normativo que impide el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, situación que continúa impidiendo al día de hoy que los pueblos Kaliña y Lokono reciban dicho reconocimiento con el fin de proteger su derecho a la propiedad colectiva.” La CIDH también señaló: “el Estado se ha abstenido de establecer las bases normativas que permitan un reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas Kaliña y Lokono. Esta falta de reconocimiento ha sido acompañada de la emisión de títulos de propiedad individuales a favor de personas no indígenas; el otorgamiento de concesiones y licencias para la realización de operaciones mineras en parte de sus territorios ancestrales; y el establecimiento y continuidad de tres reservas naturales en parte de sus territorios ancestrales.” Según la CIDH, las “violaciones del derecho a la propiedad colectiva derivadas de esta situación continúan hasta la fecha. Además, ni el otorgamiento de concesiones y licencias mineras y su continuidad; ni el establecimiento y permanencia hasta el día de hoy de reservas naturales, han sido sometidos a procedimiento alguno de consulta dirigido a obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos Kaliña y Lokono. Todos estos hechos han tenido lugar en un contexto de desprotección e indefensión judicial, debido a que en Surinam no existen recursos efectivos para que los pueblos indígenas puedan exigir sus derechos.”
La CIDH consideró que el caso “refleja una problemática estructural de falta de reconocimiento en la legislación interna de la personalidad jurídica y del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas en Surinam. Otro componente de esta problemática es la ausencia de recursos judiciales efectivos para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por otra parte, el presente caso plantea la manera en que los Estados deben hacer compatibles sus iniciativas y políticas en materia de protección ambiental, en particular, el establecimiento de reservas naturales, con los derechos de los pueblos indígenas.”
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Creative Ideas on the Future of the Court	Call for Papers: “Human Rights under Pressure: Exploring Norms, Institutions and Policies” Responder Cancelar respuesta	Introduce aquí tu comentario...