Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A162-00.htm
Timestamp: 2017-11-23 22:12:46
Document Index: 273372509

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 374', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 1']

A162-00
Auto 162/00
Referencia: expediente I.C.C.-168
Ruth Cuervo Cuervo
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil (2000)
1° La peticionaria de la referencia interpuso acción de tutela contra el Alcalde Municipal de Tunja (Boyacá) por considerar que dicha autoridad vulneró el derecho de petición al no dar respuesta a una solicitud de pago de acreencias laborales.
2° La acción fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual, a través de providencia del 10 de octubre del presente año, resolvió declararse incompetente para conocer de la tutela en referencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1°, numeral 3° del Decreto 1382 de 2000, entendiendo que, como lo dispone esta norma, al estar dirigida la acción contra una autoridad del orden municipal, el juez competente es el municipal y, en consecuencia, no podía asumir el conocimiento de dicho asunto. Por ello, resolvió remitir el expediente a la Oficina Judicial de Tunja para que ésta efectuara el correspondiente reparto al juez municipal.
3° Surtida la anterior remisión, correspondió conocer del proceso al Juzgado Primero Penal Municipal de Tunja, el cual, mediante providencia de octubre 18 del año en curso, considerando que el Decreto 1382 de 2000 es un decreto reglamentario y que, por lo tanto, no podía modificar las normas del Decreto 2591 de 1991 sobre competencia para conocer de las acciones de tutela, inaplicó el artículo 1°, numeral 3° de este acto administrativo y, en consecuencia, remitió el expediente al Tribunal de origen, proponiendo una colisión negativa de competencia en el caso de que aquel no se considerase competente.
4° La Sala de Decisión Primera del Tribunal Administrativo de Boyacá, en providencia del 19 de octubre de 2000, decidió proponer un conflicto negativo de competencias. Para tal efecto, remitió el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
5° La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en decisión de octubre 26 de 2000, resolvió abstenerse de conocer el conflicto de competencias, como quiera que el tribunal competente en estos casos es la Corte Constitucional, en su calidad de máximo juez de la jurisdicción constitucional. En consecuencia, remitió el expediente a la Corte Constitucional.
2° En el presente caso, el conflicto de competencias que se plantea se origina entre jueces de distinta jurisdicción respecto de los cuales no existe superior jerárquico común –el Juzgado Primero Penal Municipal de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá-, razón por la cual esta Corporación es la competente para dirimirlo.
3° A partir de lo anterior, teniendo en cuenta los motivos que originaron el referido conflicto, cabe destacar también que esta misma Sala, al resolver sobre situaciones análogas a la que se plantea, amparada en la excepción de inconstitucionalidad (C.P. art. 4), ha venido inaplicando el artículo 1° numeral 3° del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, por considerar que el mismo contraviene lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991. Al respecto, ha dicho la Corte:
“Siendo ello así surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación del Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículo 374 a 379).[2]”
Pues bien, siguiendo el criterio de interpretación adoptado por la Corte, el citado artículo 1° numeral 3° del Decreto 1382 de 2000 tampoco es aplicable al caso presente, en cuanto que, como se anotó, el mismo modifica lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, restringiendo irrazonablemente el derecho de acceso a la administración de justicia. En realidad -lo ha dicho esta Corporación-, la norma aplicable para efectos de determinar la competencia en sede de tutela es el citado artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, según el cual, “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.”
4º Así las cosas, teniendo en cuenta que en el presente caso la acción fue interpuesta inicialmente ante el juez competente, esto es, ante la autoridad donde tuvo lugar la presunta violación de los derecho invocados, esta Corporación ordenará al Tribunal Administrativo de Boyacá dar trámite a la acción de tutela de la referencia.
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política, NO APLICAR el artículo 1º, numeral 3º del Decreto 1382 de 2000.
SEGUNDO. Resolver el presente conflicto indicando que el Tribunal Administrativo de Boyacá es competente para conocer el proceso de tutela de la referencia.
TERCERO. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá, para lo de su competencia.
[2] Autos de Sala Plena de septiembre 26 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra)