Source: https://abogados.enmalaga.net/2013/01/abogados-que-amenazan-por-carta.html
Timestamp: 2019-11-22 02:12:17
Document Index: 2572013

Matched Legal Cases: ['artículo 208', 'artículo 5', 'artículo 34', 'Artículo 205', 'artículo 199', 'artículo 68', 'artículo 71', 'artículo 18', 'artículo 41']

Abogados en Malaga: Abogados que amenazan por carta
Abogados que amenazan por carta
¿Vale todo en las redes sociales? Esta monografía realiza un un análisis crítico sobre la responsabilidad civil cuando se produce la vulneración del derecho al honor. Entre nosotros, la Agencia Española de Protección de Datos, principalmente desde el año 2007, ha realizado una importante labor en defensa de los derechos de los ciudadanos a que sus datos no circulen por internet sin su consentimiento, aunque ha centrado su objetivo en impedir no tanto que los datos no estén contemplados en la páginas de internet, sino en que los buscadores, en especial «Google» no indexara en sus búsquedas esos datos Diputación de Málaga que en situaciones como la analizada, se extreme al máximo el cumplimiento de los deberes legales, por corresponderse con derechos de los interesados, impidiendo que se traslade la carga a los ciudadanos por falta de medios de la administración, y adoptando cuantas actuaciones puedan realizarse para su suplencia y cumplimiento. El carácter técnico-informático de la prueba electrónica no justifica, en mi opinión, la aplicación automática de un sistema de valoración de prueba tasada.
Por su parte el Comité de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra en julio de 2011 adoptó una Observación General en la que mencionaba que «Los Estados partes deberían tener en cuenta la medida en que la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, como Internet y los sistemas de difusión electrónica de la información en tecnología móvil, han cambiado sustancialmente las prácticas de la comunicación en todo el mundo». Sin embargo, dado que WhatsApp no está sometido a ningún tipo de supervisión, los menores de catorce años pueden darse de alta y proporcionar una multitud de datos, como su nombre, su fotografía o su localización geog ráfica , sin ningún tipo de requisito adicional. La injuria se define en el artículo 208 como la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Es en este punto donde Whatsapp flojea, dado que es, a día de hoy, virtualmente imposible demostrar la autenticidad e integridad de un mensaje de Whatsapp debido a vulnerabilidades de seguridad de la propia aplicación, lo que imposibilita acreditar la cadena de custodia.
En consecuencia, «los usuarios pueden compartir esas imágenes con otras personas o llevar a cabo una identificación, autenticación/verificación o categorización para acceder a información adicional sobre la persona, conocida o desconocida, que se encuentra delante de ellos»0. Recientemente el Ministerio del Interior reforzó la lucha contra el cibercrimen mediante la creación de una nueva Unidad Central de Investigación de delitos Tecnológicos que, entre otras cuestiones, ya se encarga de perseguir las actividades delictivas en las redes sociales. En cualquier caso, y dejando a salvo exigencias de deontología profesional de comunicaciones entre letrados, la existencia de un acto de comunicación permite en principio a cualquier de los intervinientes la aportación a un procedimiento judicial de dicha comunicación. A pesar de todo ello, según datos de la propia Agencia, las reclamaciones sobre «derecho al olvido» han aumentado en 2011 un ochenta por ciento en relación con las reclamaciones presentadas en el año 2010.
Por el contrario, y respecto de quienes no lo hagan por esta vía sino en papel, será el funcionario correspondiente de las oficinas de apoyo quien lo digitalizará y convertirá en copia auténtica. Para ello, a la vez que no hay inconveniente en reconocer que es práctica común en las empresas el mantener comunicaciones internas a través del correo electrónico, el fax u otras tecnologías, se tiene en cuenta también que en el presente caso no consta que estén amparadas por firma electrónica avanzada las comunicaciones que se dicen mantenidas entre las dos partes en litigio, siendo posible su manipulación”. Si tienes dudas, contacta conmigo haciendo click aquí.
La inexistencia de medios alternativos, menos gravosos que permitan su investigación o esclarecimiento. Y en Málaga se ha aprobado una denominada popularmente «ley de Geolocalización» que permite solicitar datos de geolocalización para investigaciones policiales, sin necesidad de una orden judicial de por medio y bajo motivos de mera sospecha. Segundo.- La libertad de expresión nos lleva a pensar que todo vale. "Todo se está digitalizando y pronto las comunicaciones se harán únicamente por la vía digital, como ya ocurre en países como Alemania, Reino Unido o Finlandia", añade Hurtado. Un ejemplo que podemos analizar en cuanto a la calificación de las injurias es el supuesto de que en un foro de acceso público se manifieste una opinión personal sobre el carácter homosexual de una persona, condición reconocida socialmente como digna de respeto, pero tratándose de una expresión tenida en el concepto público como afrentosa debe considerarse como un insulto por el menoscabo de la fama de esa persona. se recuerda que, como dice la STC 173/2011, de 7 de noviembre "... La injuria puede cometerse imputando hechos poco edificantes o formulando juicios de valor deshonrosos, tanto verbalmente como por escrito, incluso a través de representaciones gráficas (es el caso de las caricaturas, por ejemplo).
Tanto es así que incluso los contratos se celebran a través de este medio, lo que ha traído como consecuencia el haber dejado a un lado a la figura del tercero de buena fe creada por la Ley de Internet para dar validez a los contratos celebrados telemáticamente (que buenas ideas de negocio se vieron en su día y que el devenir frustró). Sin duda, España ha sido pionera en un sistema normativo revolucionario que ahora disfrutamos en toda Europa y que miran con envidia otros países como Estados Unidos, cuyos modelos de negocio “gratuitos” se sostienen gracias a una explotación masiva de los datos personales de los usuarios por parte de empresas multimillonarias gracias a una legislación mucho menos protectora de la privacidad de los ciudadanos. En relación a los menores de edad, debe entenderse que puede n interponer la acción de cesación 68 : l os representantes legales del menor, cuyos derechos hayan sido lesionados ; las i nstituci ones públicas o privadas de protección del menor , o las a sociaciones que tengan relación con los menores por lo que ostenten un interés legítimo en su protección, como Asociaciones contra la pornografía infantil.
Sucesivos autos ponen de manifiesto que la grabación de una conversación que tiene lugar entre dos personas y que uno de los intervinientes desea conservar para tener constancia fidedigna de lo tratado entre ambos, no supone una invasión de la intimidad. Lo que la legislación no soluciona, lo hacen los tribunales. El compromiso con la búsqueda constante de la calidad en la docencia, la necesidad de asegurar que nuestros estudiantes adquieren las competencias y conocimientos comprometidos en la memoria verificada y un proceso de reflexión continua sobre el desarrollo y la ejecución del Grado en Derecho, recientemente acreditado, son factores que están en el contenido genético de estas Jornadas y que se alinean con los objetivos y exigencias que se derivan del EEES. Pero, ¿cuál debe prevalecer? A priori, ninguno.
Algo esperanzadora es, en esta línea la labor que está desarrollando la Unión Europea en la línea que indica el documento de la Unión Europea conocido como el «Programa de Estocolmo. Una cuestión nada fácil, pero que más de una vez el Tribunal Constitucional ha conseguido descifrar a través de un planteamiento muy claro: tendrán consideración de vejatorias las opiniones innecesarias para la finalidad del mensaje que se pretende comunicar. Durante la presentación de este informe sobre el impacto de las redes sociales en el trabajo y sus implicaciones jurídicas, el presidente de, Salvador, ha recordado la necesidad de que se llegue a una política de desconexión que respete el derecho de los trabajadores a descansar en su tiempo libre. La mujer cuestionó la licitud de tales medios de prueba alegando que habían sido obtenidos vulnerando su derecho fundamental a la privacidad.
La desidia de las Administraciones Públicas, o al menos de algunas de ellas, en el desarrollo de las previsiones de la Ley 11/2007 y su Reglamento, y, sobre todo, la falta de capacidad económica y técnica de muchas Administraciones, son algunas de las razones que explican por qué ese marco normativo no cumplió, sin embargo, su objetivo y que permiten asimismo entender por qué motivo el legislador estatal ha dado ahora un significativo paso adelante al imponer a la Administración un funcionamiento íntegramente electrónico, lo que, a su vez, conlleva como consecuencia inmediata para los ciudadanos, especialmente según veremos para determinados sujetos, la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración. Y no es así. Salidas Profesionales Esta formación ofrece un amplio campo de salidas laborales que pasan por el ejercicio profesional en gestoras, despachos de abogados especializados, abogacía, empresas online, comercio electrónico, empresas de cualquier sector productivo o por emprender un proyecto propio de derecho tecnológico. El apartado o) del citado artículo 5 recoge la definición de «persona identificable» y considera como tal «toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social».
No tanto en el supuesto en que se ha elegido este medio, pues a la hora de hacerlo se habrá indicado ese aspecto. Y además se tendrá el cuenta las circunstancias del que lo dice y del que lo recibe. -Sentencia de 16 de octubre de 2.015, Audiencia Provincial de Granada, Sección 4ª. Y cuando la crisis haya pasado, reflexionar e informar sobre las causas para que el mismo incidente no vuelva a repetirse o estar preparados por si vuelve a suceder. El efecto amplificador de Internet y la alarma social provocada obliga a preguntarse ¿está dotado realmente nuestro sistema legal de los mecanismos necesarios para reaccionar ágilmente frente estos comportamientos? No cabe duda que la sentencia del Tribunal Supremo constituye en sí misma una excelente noticia. Estonia también ha legislado de modo similar. ¿Y cuál es la función del notario en estos casos? Es evidente que los notarios no pueden convertir una comunicación electrónica en documento público, pero es cierto que pueden autorizar ciertas actas en las que, como dice el reglamento, se limiten a consignar “los hechos y circunstancias que presencien o les consten”.
Asimismo, debe tenerse también mucho cuidado al atribuir a alguien conductas delictivas, aun cuando se haga con un lenguaje de lo más correcto: la SAP Barcelona 372/2012, de 26 de abril, consideró que debía seguir la tramitación de una causa originada por unos comentarios en Twitter en que se acusaba a una persona de delitos de corrupción urbanística. El progresivo y acelerado avance tecnológico y la expansión paralela de las redes sociales, sin duda, está moldeando el comportamiento social de las generaciones más longevas y conforma de forma inextricable el de las más jóvenes. A este respecto hay que señalar varias cuestiones. Lo que supone, desde todo punto de vista, una carga exorbitante e injustificada para el ciudadano, pasando ya no sólo de notificar en el domicilio de éste a que éste tenga que acceder al “domicilio electrónico” de la Administración para ser notificado, sino y lo que es más grave, sin garantías de que no se producirá la eficacia del acto sin haberse podido enterar de la notificación. A estos efectos, se considerará velocidad suficiente la utilizada de manera generalizada para acceder a Internet por los abonados al servicio telefónico fijo disponible al público con conexión a la red mediante pares de cobre y módem para banda vocal».
Con respecto al correo electrónico por Internet y a la telefonía por Internet: el servicio de Internet utilizado». Admitida la querella, he iniciado el cauce judicial, el procedimiento que regula la LECrim., se contiene en su Título IV, artículos 804 a 815. Ed. Dicha sentencia se basa en que existen elementos probatorios, en este caso, correos electrónicos, que demuestran que se negoció individualmente el clausulado con el cliente, con pleno conocimiento de las repercusiones de dicho clausulado por parte de este. De ahí que el juez, incluso cuando el correo es auténtico y un perito ha demostrado que, efectivamente, se transmitió de una cuenta a otra, deba aplicar las reglas de la sana crítica en lugar de considerarlo prueba plena, que es lo que ocurriría si ese supuesto emisor o receptor del mensaje lo hubiera reconocido ya de entrada como auténtico. De hecho, es común la resistencia de las Constituciones a las reformas (la idea de la «rigidez» constitucional), por lo que en la práctica se ha acudido con frecuencia, en ocasiones anteriores, a otras vías para atender estas nuevas necesidades puestas normalmente de manifiesto por la doctrina o por la práctica.
Concretamente, el artículo 34 de Estatuto de Autonomía de Andalucía señala que «Se reconoce el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías y a participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación, mediante los medios y recursos que la ley establezca». Será necesario estudiar si el ordenador desde el que se ha enviado es de uso privado o pueden acceder terceros, si estaba en casa o en la oficina o en un cibercafé, si tiene claves de acceso o no las tiene, si se ha enviado desde un ordenador o desde un dispositivo móvil… y cualquier otro elemento que pueda tener relevancia a la hora de considerar que una determinada persona ha sido, ciertamente, emisora o receptora de un determinado mensaje. como despacho orientado a la Red y a quienes operan con estos elementos, ofrece a sus clientes un asesoramiento integral en todas las especialidades jurídicas afectadas con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legalidad vigente y el establecimiento de garantías apropiadas en las relaciones con terceros. No me hablen ya pues, en 2017, de criterios de interpretación jurídica o falta de medios (¿qué medios?, ¿se han inventariado/presupuestado?). Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses.
Es decir, cuando una resolución judicial dice “Está probado que X” esto debe ser entendido como “Hay elementos de juicio suficientes (en el expediente) a favor de X”, donde el juez (o el magistrado, según el caso) es quien toma la decisión racional acerca de la existencia o inexistencia de elementos de juicio suficientes para aceptar “X” como verdadera. Actualmente ha habido dos hechos que vuelven a cuestionar si estas pruebas deben ser admitidas. La mención a señalar el lugar donde se encuentra el archivo "original", con lo que esto tiene de extraño hablando de bits, sería coherente con lo dispuesto en el 265.2 LEC: " (Artículo 205 C.P). Si considera que pudiera haber sido víctima de este delito por Facebook, sepa que en cualquier caso esta red social dispone de un botón para denunciar abusos. -Los correos electrónicos aportados policialmente estuvieron fuera del control judicial y no hubo contradicción de las partes afectadas. Así, se prevé el funcionamiento electrónico de estos órganos de manera similar a la de los órganos colegiados, pretendiendo que sean más frecuentes y ahorrando costes de desplazamientos.
En el delito de injuria vemos dos elementos constitutivos: Resumen y breve comentario a la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: La sentencia del Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso de casación interpuesto por contra la sentencia de la Audiencia Nacional, y en su virtud, casó y anuló dicha resolución, dictando nueva sentencia conforme a derecho. Y así, considero que de esa Disposición Final deriva claramente que tanto el “derecho” de las personas físicas a comunicarse electrónicamente como la “obligación” de otras personas jurídicas o funcionarios, son mandatos jurídicos condicionados y asimétricos, o aplazados al gusto de cada administración hasta el 2 de Octubre de 2018. En ambos supuestos el Código Penal aclara que la gravedad de la pena depende de factores como por ejemplo que se haga publicidad. ¿Sabes qué información compartes, queriendo y sin querer, en redes sociales y a través de concursos, publicaciones, etc? Nuestra huella digital es casi imborrable, aunque ya está admitido el ‘borrado’ o ‘derecho al olvido’ en Google en Europa. La última, la revelación de mensajes privados. Pero con las modificaciones que sufrió el Código Penal, así como la evolución de la jurisprudencia en la práctica, transformo en el dolo genérico, es decir, el conocimiento y voluntad de realizar el elemento objetivo del injusto sin tener ninguna finalidad aparente o específica. Las plataformas favoritas son Facebook y Twitter.
Si te encuentras en una situación similar y necesitas saber qué eficacia tendrá el presentar un email en un juicio puedes ponerte en manos de abogados profesionales que te asesoren y orienten acerca de tu caso personal La aportación de correos electrónicos en el caso Urdangarín ha puesto de manifiesto el valor probatorio que este tipo de comunicaciones puede llegar a tener frente a un tribunal. La Agencia se ocupó de ello y, en una Resolución de fecha 23 de noviembre de 2011 indicó que “La AEPD entiende que, en el actual estado de la tecnología -al margen de las mejoras técnicas que quepa introducir sobrevenidamente (sic.)- la adopción del protocolo de la industria denominado “robots.txt” es un método válido para atender las solicitudes de los ciudadanos que, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo IV del Título III del Reglamento de desarrollo de la LOPD han ejercitado su derecho de cancelación o de oposición ante un boletín o diario oficial, al considerar que existen motivos que justifican la cesación del tratamiento consistente en permitir la indexación de sus datos publicados en una determinada edición” La “broma” puede salir muy cara.
En otras palabras, «la posibilidad de identificar a una persona ya no equivale necesariamente a la capacidad de poder llegar a conocer su nombre y apellidos». Y para la Unión Europea, «dado que la conservación de datos se ha acreditado como una herramienta de investigación necesaria y eficaz para aplicar la ley en diferentes Estados miembros, en particular en asuntos de gravedad como la delincuencia organizada y el terrorismo, es necesario garantizar que los datos conservados se pongan a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante un determinado período de tiempo, con arreglo a las condiciones establecidas en la presente Directiva». Eso sí, sin embargo, la persona ofendida debe interponer la querella correspondiente porque no son delitos que se puedan perseguir de oficio. Un aspecto fundamental de la injuria y la calumnia es su carácter de delito privado, es decir, necesitan la denuncia expresa de la víctima y su personación en el proceso para que pueda investigarse y dar lugar a un eventual juicio. Esta generalización es, a nuestro parecer, una condición indispensable para que la Administración Pública llegue a ser verdaderamente moderna, esto es, acorde con nuestro tiempo. Este constituiría el límite entre libertad de expresión y derecho al honor., co-creador del protocolo TCP/IP y que es considerado como uno de los creadores de internet, en un artículo publicado en el New York Times, el pasado día 4 de enero de 2012 señalaba que «la tecnología es un facilitador de derechos, no un derecho en sí mismo» y habría que restringir la consideración de derecho humano a consideraciones como la libertad de expresión o la libertar de acceso a la información, pero éstos no deben estar ligados a ninguna tecnología en particular en un momento determinado].
Por ello, es frecuente hallar advertencias de los administradores webs en la que manifiestan no estar de acuerdo con todas las opiniones vertidas en su entorno. Por ejemplo, si concurre el agravante de publicidad, el castigo se eleva a multa de entre seis y catorce meses. Sánchez cree que es especialmente importante reforzar la libertad de expresión en internet ante esas posibles reformas para garantizar que los límites no tengan más importancia que el propio derecho. Ahí veo yo que cojean estos servicios. Con esa afirmación muchos empleados públicos argumentan una de las excusas más recurridas para manifestar su resistencia a la implantación de la administración electrónica, a la que se suman otras como la proximidad de la jubilación o el (voluntario) desconocimiento. De tal modo, que a efectos de conocer si es hábil o no un día concreto para la presentación telemática de escritos se atenderá exclusivamente al calendario del registro electrónico, es decir, el de la localidad donde radique el órgano o unidad al que esté adscrito. Así, y después de este esbozo de algunos de los principales debates respecto el derecho frente las nuevas tecnologías de la información, sin duda alguna, Internet y las redes sociales son una experiencia maravillosa que nos ha permitido romper barreras de comunicación en todo el mundo; sin embargo, han traído consigo distintos acertijos regulatorios que representan un reto no menor para el derecho para preservar los valores de las democracias contemporáneas.
Además de que los correos electrónicos certificados refuerzan el valor probatorio de las comunicaciones, también sirven para reducir costes. El Tribunal Constitucional ha reiterado que la Constitución no ampara "el derecho al insulto", la libertad de expresión no protege el empleo de apelativos injuriosos utilizados con fines de menosprecio (SSTC 105/1990 FJ 8; 85/1992, FJ 4; 240/1992, A diferencia de lo que sucede con la presentación presencial, en cuyo caso el plazo para resolver comienza en el momento en que tiene entrada en el órgano competente, en la presentación a través del registro electrónico, a mi juicio equivocadamente, lo hace –en todo caso- cuando se presenta en el mismo. El mapa del estado de Internet Lo cierto es que Internet no tiene igual consideración y trato en todos los países del mundo. Lo primero que hay que tener claro es, siempre, lo que no hay que hacer. QUE DIFERENCIAS HAY ENTRE INJURIAS Y CALUMNIAS Muchos de nosotros utilizamos la expresión “injurias y calumnias” de forma habitual ¿Os habéis preguntado que diferencias hay entre injurias y calumnias ? pensador Como comentaba es el uso de injurias y calumnias conjuntamente es muy frecuente, hasta yo mismo la he utilizado sin darme cuenta más de una vez.
La rápida propagación de esta información negativa, que se realiza de forma exponencial, entra en colisión con la lentitud, en muchos casos, de los procedimientos legales existentes para combatirlos. Como señala el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (el “Informe CORA”), se trata de tener una Administración Pública moderna, transparente, ágil, libre de solapamientos, duplicidades y libre de gastos innecesarios. A todo lo cual se dedicará una atención concreta. Esto parece implicar que la copia auténtica corresponde conseguirla a quien está obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, ya que habrá de presentar la documentación en ese modo. Es reversible, pues en cualquier momento anterior a la resolución el órgano competente para su tramitación puede acordar continuar con la tramitación ordinaria. En cuarto lugar, el Tribunal considera también ilícita la obtención de los datos relacionados con la cuenta de correo electrónico atribuida a y sus conexiones desde una dirección IP determinada porque en la sentencia recurrida: -No se tomó en cuenta los dictámenes periciales informáticos aportados. "... Si bien encontramos las mismas o parecidas condiciones que en el caso de Facebook o Twitter, se suma el hecho de que es muy posible que enlacemos imágenes que proceden de una página web o incluso de un blog, y puede que no tengamos derecho suficiente para hacerlo (supuestos de Copyright), por lo que tenemos que ir con especial cuidado.
Sea para conseguir la indemnización correspondiente para el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, sea para conseguir algún tipo de acción reparatoria (por ejemplo, la publicación de la sentencia o la publicación de una rectificación pública) o sea, en su caso, para perseguir penalmente los hechos si incluso son constitutivos de delito, la persona ofendida debe iniciar la correspondiente acción judicial. Y la automatización del marketing será imprescindible para la mejora de nuestra productividad. Son de sobra conocidos los casos de determinadas personas con proyección pública que han sido objeto de comentarios vejatorios de todo tipo, pero no son los “famosos” –si se nos permite la expresión- los únicos que sufren esta situación, ya que cualquier persona –incluso sin estar presente en las redes- puede ser víctima potencial de esta moderna modalidad de escarnio público. Asimismo, indican que «la interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional.
Esta solución, aunque pudiera satisfacer en parte los intereses de los particulares que recurrían, no deja de ser insatisfactoria, ya que no afecta a la propia existencia de los datos en la red, sino a dificultar que se encuentren. -STS, Sección 1ª, de fecha 24 de marzo de 2.015. Y es que… hay que reconocerlo… no resulta nada cómodo utilizar estos sistemas. Google y el derecho al olvido ¿Qué se considera injuria? Es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. De otro lado, la Newsletter del INAP nos informa que la mayoría de los funcionarios exceden los cincuenta años. El director del otro medio, y dicen que propietario aparente, pues sotto voce se dice que su dueño real es un partido político que se dice de izquierdas, y que aspira a gobernar España con sólo 90 diputados, se mantuvo en su postura, más chulo que un ocho, y la AEPD curiosamente varió de criterio, diciendo que tenía que acudir al derecho de rectificación, regulado por la Ley Orgánica 2/1984…, tras medio año de instrucción del expediente, que las cosas de palacio van despacio.
Y aquí es donde el Tribunal incorpora la doctrina preferente de las libertades de la comunicación, pues interpreta que sólo tendrán consideración de "vejatorias" las opiniones "innecesarias para el fin de la información pública en atención al cual se garantiza constitucionalmente su ejercicio" (STC 165/1987, FJ 1, de modo que términos objetivamente insultantes pueden ser considerados "necesarios" y, por ello, constitucionalmente protegidos. Así, la SAP Valladolid 224/2012, de 17 de mayo, entiende que los insultos considerados socialmente como más reprobables son injurias con carácter vejatorio, como apreció en un caso en el que fueron difundidos por Tuenti y por Messenger. El objetivo de formación de este curso es realizar un análisis general e introductorio, desde una perspectiva jurídica, sobre las principales materias afectadas por el uso de internet y la posición que ocupan los ciudadanos, empresas, prestadores y demás sujetos, con especial referencia a las redes sociales. Cabe también la posibilidad de aportar al juicio un peritaje informático que acredite ya de entrada la autenticidad de los correos electrónicos, a fin de disuadir a la otra parte de una eventual impugnación y, con ello, facilitar ese efecto de “prueba plena” que resulta tan deseable conseguir.
¿Qué hemos de saber para desenvolvernos por las redes sociales? Puede afirmarse sin temor al error que ha nacido una sociedad que se desarrolla íntegramente en el mundo virtual. Para ello, habría exigido amenazadoramente a una compensación económica como contravalor de la información que podía proporcionar acerca del estado de las investigaciones policiales sobre su caso, información de la que disponía por razón de su oficio, lo que desconocían los mencionados receptores de la oferta. La calumnia no es otra cosa que la atribución de un delito a una persona cuando el autor de la afirmación miente a sabiendas o no está del todo seguro de la veracidad de sus palabras (lo que se denomina actuar, en términos legales, con temerario desprecio hacia la verdad). Muchos son los comentarios, calificaciones y opiniones doctrinales que se han desplegado en relación con las virtudes y defectos de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas (“LPAC”).
En este articulo se analiza porqué es importante la privacidad, qué cambios introducen las nuevas tecnologías en relación con el tratamiento de nuestros datos personales, cual es la percepción de los ciudadanos y como avanzar para conseguir un ecosistema sostenible en el que mejore la confianza entre las personas y los diferentes agentes que intervienen en nuestra privacidad. Por tanto, al tratarse de meras reproducciones o copias, estos soportes no demuestran de forma irrefutable de su contenido que dicha reproducción es fiel reflejo del documento original, es decir, que es auténtica. Hoy en día pareciera que dicho principio se ha hecho a un lado ante la insistencia de ciertos sectores por regular los contenidos vertidos en el espacio cibernético provocando censura y vigilando a aquellos usuarios que publican contenidos que “perturban” el orden público. Los únicos trámites de ese procedimiento son los siguientes: – Inicio (de oficio o a solicitud del interesado). Su uso, cada vez más extendido, lleva asociado un número creciente de aspectos legales que han requerido un esfuerzo interpretativo y, en algunos casos, la revisión de la normativa en cuestión. Será también responsable civil solidario junto con el ofensor, la persona física o jurídica propietaria del medio de comunicación a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria. Se tratará de saber si, con todo ello, se puede ir acercando hasta dejar claro que coincidieron a la hora de enviar o recibir el correo o que, aplicando las reglas de la sana crítica, resulte la opción más plausible.
Pero el derecho importante en ese caso era el derecho a ganarse la vida, no el derecho a un caballo. Además el abogado, generalmente, no muestra gran interés por la innovación y ve más las desventajas de una crisis de reputación que las ventajas de la presencia en las redes sociales. Veamos algunos ejemplos. La pena general para el delito de injurias recogida por el Código Penal es de muna multa de tres a seis meses sin embargo, existen agravantes que, de producirse, endurecerán dicha pena. Como consecuencia de que actualmente el ordenamiento jurídico no ofrece una protección jurídica eficaz, va a ser fundamental sensibilizar y formar tanto a los menores como a los padres o tutores, para concienciarles acerca de los peligros que implica el uso de la red y de las posibilidades de las que disponen en cas o de que sufran cualquier intromisión a sus derechos. Obviamente, en el caso de las personas físicas citadas, sólo cuando intervengan precisamente en el ejercicio de dicha actividad profesional. El expediente electrónico En relación con el expediente, entiendo que es preciso hacer referencia a varias cuestiones claves: remisión del mismo, autenticación, acceso al expediente y archivo del expediente.
En buena lógica, y por mucho que intentemos interpretar restrictivamente el aplazamiento de los términos de la Disposición Final, lo electrónico es un sistema que no consiente el despiece, y además las normas hay que interpretarlas en sentido lógico. La INJURIA consiste en la DESHONRA (afecta al honor de una persona ) o DESCREDITO (afecta el honor objetivo lo que la gente piensa de ella). En esa hipótesis, por tanto, y aunque realmente haya existido descubrimiento y relevación de secretos empresariales este delito (tipificado en el artículo 199 CP) no se podría probar. Así, en torno a los servicios de la socie dad de la información destacan la L ey de S er vicios de la S ociedad de I nformación y de C omercio E lectrónico y la L ey de M edidas para el I mpulso de la S ociedad de la I nformación . El uso de medios electrónicos está extendido desde hace años en prácticamente todas las organizaciones y la Administración no debía quedarse atrás. En el mismo artículo se habilitaba al Gobierno para que, en el plazo de cuatro meses, mediante Real Decreto estableciera las condiciones de acceso a banda ancha dentro de este servicio universal. En ella, los individuos interactúan siguiendo pautas de conducta perfectamente homologables con las que se producen en el mundo físico.
A su vez, ambas materias y de forma muy particular la segunda de ellas, resultan cuanto menos criticables en alguno de sus aspectos en la nueva regulación, como son a mi juicio, el distinto momento en que comienza a contar el plazo para la Administración en el supuesto de tratarse de solicitudes presentadas por registro electrónico y los peligros de las notificaciones mediante el punto de acceso general electrónico, especialmente en los procedimientos iniciados de oficio. Pongamos por ejemplo, que alguien dice en una red social que otra persona le ha sido infiel a su mujer. En esta misma línea, el artículo 68, en cuanto a la subsanación y mejora de las solicitudes, especifica que si se trata de una de las personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración y presenta presencialmente la solicitud la Administración le requerirá para que la subsane electrónicamente, considerando que la fecha de presentación será la de la subsanación. Por tanto, no le es exigible a la libertad de expresión “una prueba de la verdad o diligencia de averiguación”. Previsión que se reitera en el artículo 71.
De nada sirve obligar a alguien a comunicarse electrónicamente si la Administración destinataria de la obligación no ha puesto los medios electrónicos para ello, pues sería una obligación imposible y como tal, no podrían derivarse consecuencias negativas para aquél. La reparación del daño causado: Las consecuencias económicas del delito Además de las consecuencias penales anteriormente descritas consistentes en multa, prisión e inhabilitación, el responsable de los delitos de injuria o calumnia está obligado a reparar el daño causado mediante una compensación económica a favor del ofendido, es la llamada ‘responsabilidad civil‘. Si bien se tratan de condiciones de uso muy parecidas a las anteriores, una de sus particularidades es que la licencia que les otorgamos sobre nuestros derechos de autor (imágenes) seguirá vigente incluso cuando dejemos de usar sus servicios. Por ello, en la mayoría de los casos será necesario acudir a pruebas periciales, como el informe de un ingeniero informático sobre el origen y la no alteración de su contenido. En asuntos con menos medios económicos, hemos tenido que hacer uso del email impreso en papel como prueba, so pena de su falta de validez, si bien la misma se puede ver complementada con otros medios de prueba de los que se hagan uso en el juicio, siendo la declaración de testigos de mayor importancia, a efectos de hacer valer, al menos como indicios, dichos emails impresos. El principal problema de esta aplicación es que, a pesar de presentarse como un servicio de mensajería instantánea, funciona como una red social , que permite crear grupos, enviar imágenes, vídeos e información.
Concienciar sobre la seguridad en Internet es una nueva batalla que hay que librar cada día. ¿Cómo defiendo mi honor vulnerado en internet? A- La vía pre-jredes sociales 1024 x 768udicial: 1º.- Requerir a la persona que está vulnerando mi honor, que retire los comentarios ofensivos y que se retracte públicamente de sus palabras. En caso de negativa a la eliminación el responsable de la página pudiera ser condenado con multas. 'Derecho al olvido' El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo pública el 13 de mayo de 2014 una sentencia que establece, como ya venía aplicando la Agencia en sus resoluciones, que el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea y que las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre. ¿Es necesario saber si un dentista tuvo algún adeudo con el banco para determinar qué tan capaz es o no en su desempeño profesional? ¿Es indispensable conocer si algún educador fue multado por conducir en estado de ebriedad en sus años de juventud? En materia penal la situación se vuelve algo todavía más complicada, pues aunque el Estado debería garantizar la reinserción de un ex convicto a la sociedad después de cumplir su condena, esto se complica cuando al momento de escribir el nombre de esa persona en un buscador, lo más probable es que éste arroje resultados sobre su historial delictivo, lo que nos lleva a ponderar entre sí es más relevante proteger el derecho al olvido (y con ello al honor) de esa persona o si es más importante garantizar el acceso a la información de la sociedad para conocer sobre los antecedentes de un ex convicto que ya pagó una pena.
En Europa, en los últimos años, hemos podido asistir a una creciente garantía del derecho de acceso a internet. Pero demos un paso adelante y miremos con lupa lo que la Ley nos dice sobre el calendario de implantación de relaciones electrónicas. La futura Ley de Herederos Digitales prevé, entre otras cosas, dar pie a la creación de un registro de voluntades digitales, que tendrá carácter administrativo (adscrito al Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña) y que permitirá la inscripción de los herederos digitales sin necesidad de acudir al notario para designarlos a través del correspondiente testamento. Así, para los propietarios de páginas webs que incorporen contenido vertidos por usuarios que contengan Injurias, lo recomendable es que adicionen en las condiciones de uso de las mismas, la advertencia legal de que los contenidos que incorporan los usuarios no están gestionados, ni modificados, ni seleccionados por el propietario de la web, así como tampoco están seleccionados los propios usuarios, todo ello con el fin de evitar que se utilicen medios lícitos de comunicación de la Injuria, a través de las redes sociales, como conducto idóneo para proferir Injurias.
Actuar con honestidad y sinceridad. “…ni la prueba en cuestión es la misma -prueba videográfica, con imágenes pero sin sonido en el caso de autos, y grabación electrónica de voz en el de referencia-, ni las circunstancias concurrentes guardan ningún relación. Sobre la definición que se ofrece de los medios de prueba la norma procesal define, por ejemplo, qué debe entenderse por documento público a los efectos de prueba en el proceso: “1º Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales. Nuestros Desafíos Legales se alinean, precisamente, con esta misión: pretenden fomentar el debate público especializado, conectar profesionales y publicar eBooks recopilatorios de información de calidad para compartirla en la red. De otro lado, es fundamental que el interesado pueda tener acceso electrónico al expediente de tales características, pero la ley nada prevé en cuanto a que deba estar diseñado de tal modo que lo haga en exclusiva -no sólo al expediente que le afecta- sino además que no pueda tener acceso a aquella parte que pueda ser confidencial. Un comentario que hace algunas décadas fuese tremendamente ofensivo, hoy día podría pasar por irrelevante.
Y ello a pesar del esfuerzo que las distintas agencias reguladoras, entre ellas la Agencia Española de Protección de Datos, están realizando en orden a intentar resolver los nuevos problemas que plantea internet con los instrumentos, ya más consolidados, que se han venido utilizando para la protección de datos. Si se limita a aportar una impresión en papel del correo, poca eficacia podrá obtener si la otra parte lo impugna diciendo, por ejemplo, que el contenido de esa impresión –fácilmente manipulable- no corresponde con el correo adicional. L os derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos recogidos en los artículos 18.1 y 18. Internet, y concretamente, los foros y las redes sociales, se han convertido en lugares propicios para que, determinadas personas, insulten, vejen y humillen a terceros, y es que muchos creen que en la Red todo es posible y que la libertad de expresión da derecho a vulnerar el derecho al honor de terceras personas. Las Administraciones Públicas y, por extensión, todos los entes prestadores de “servicios públicos”, ya que tanto la LPA como la LRJ son normas aplicables al “sector público” – y ya la “SP” del acrónimo LAESP se refería a un ámbito de aplicación superior al de las AAPP-, debemos garantizar aquéllos derechos y cumplir con las obligaciones inherentes al contenido de los mismos, así como al resto del articulado de la nueva ley de procedimiento.
"Los ciudadanos tienen que tener derecho a acceder a internet. "Si está reforzado en la Constitución, a la hora de aplicar la LPI tendrán que tener en cuenta el derecho constitucional y el corte de acceso deberá ser debidamente justificado". Así que por sus frutos los conoceréis.” La teoría del árbol envenenado tiene excepciones. Cuando no se pudiere deducir la autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, esto es, no consta que sea auténtico, pero tampoco inauténtico, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica. United States, Concluía que «era razonablemente previsible que las instalaciones con las que cuenta un organismo estatutario con cargo a los fondos públicos no podían ser utilizadas en exceso con fines personales». La cuestión que se plantea es si siendo lícito para el imputado aportar en el marco del proceso penal, los mensajes de correo electrónico mantenidos con terceras personas, para exonerarse a sí mismo o para implicar a terceros en los hechos investigados, es igualmente válida la aportación a la causa de aquéllos cuya información puede implicar la vulneración del derecho de defensa de los imputados. Debe garantizar la seguridad de su información mediante una configuración adecuada de su perfil y utilizando contraseñas adecuadas. Otro hecho reciente 0/08/201 fue el descubrimiento por dos ‘hackers’ españoles de la posibilidad de cambiar el emisor de un mensaje en los whatsapp, que implica una pérdida de confianza en este sistema como prueba en un juicio.
No obstante, la realidad es que existen importantes lagunas jurídicas , tal vez debidas a l hecho de que en Internet “no es posible poner puertas al campo”. Ni la transmisión de la noticia o reportaje ni la expresión de la opinión puede sobrepasar, respectivamente, el fin informativo o la intención crítica pretendida, dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, debiendo prevalecer en tales casos la protección del derecho al honor ” Las expresiones usadas en posibles delitos contra el honor en internet o en otros medios deben desacreditar al afectado ante colaboradores, socios o trabajadores y constituir un menosprecio claro y una clara afrenta a su honor. Se deben introducir sistemas transparentes de trabajo, eliminando la dependencia específica de las personas para realizar las diferentes tareas: cualquier persona puede hacer cualquier trámite electrónico, es indiferente su memoria y su capacidad, dado que el trámite es siempre exactamente igual. Tiempo al tiempo. Esto explica el título del post: La Prueba Electrónica Envenenada. Para evitar estos inconvenientes se han previsto mecanismos jurídicos, tanto en el orden civil como en el penal.
El resultado de que se den todos estos elementos, es la lesión de unos derechos y garantías constitucionales, amparados en el artículo 18 de nuestra Carta Magna, esto son el derecho al honor, intimidad y propia imagen. Por lo que se refiere a las notificaciones electrónicas, el artículo 41 de la LPAC dispone que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía, y detalla, a continuación, su régimen jurídico. No obstante, el legislador, consciente de las dificultades que entraña la puesta en práctica de las disposiciones sobre Administración electrónica, ha establecido un tiempo para que éstas sean de aplicación efectiva. Archivos anexos. Una vez determinada la antijuricidad del hecho, nos corresponde analizar las circunstancias que lo rodean, siendo en este caso haber sido vertidas en la red. La frontera entre uno y otro concepto es el emitir descalificaciones que dañan la fama de la persona y que no aportan nada, ni denuncian una situación, ni entran por tanto en la crítica. Saquemos conclusiones y vemos lo que nos dice a medias el legislador.
Es innegable que el mundo actual está inmersos en una intensa fase de cambios causados por la rápida evolución de la tecnología, que han transformado en pocos años la sociedad que conocíamos. -STS 342/2013, 17 de abril. Además, el 60% de las líneas se situaban en el tramo de velocidad media (entre 2 Mb y 10 M, no incluido), con un coste superior, también de la mejor oferta, en un 11,5 % a la media de la UE. “Poca cosa”, pensarán algunos. ¿Nos garantiza esto que una persona ha enviado un correo a otra? No necesariamente: si pensamos en un ordenador situado en una oficina abarrotada de personas, no resulta imposible que un compañero de trabajo envíe un mail desde la cuenta de otro. Junto con la jurisprudencia, también sería posible que estos eventuales nuevos derechos tuvieran acogida en tratados y convenios internacionales que, dadas las características transnacionales de estas nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, aparecen como un medio especialmente idóneo. Pero, ¿qué es una injuria? Según el código penal es “la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. Basta detenerse un momento y pensar: en las pasadas navidades, ¿cuántas felicitaciones hemos recibido por medio de las postales tradicionales, y cuántas a través de las nuevas “redes sociales”? Y como ocurriría con cualquier forma de comunicación, por estos medios, no sólo se felicita la navidad, sino que puede realizarse una oferta comercial, celebrarse un contrato, o cometerse un delito.
No solo para quien busca obtener una reparación de su propia estima y del reconocimiento público de su propia dignidad —derecho al honor—, sino también para la propia sociedad, obligada a convivir con unas conductas merecedoras de un severo reproche pero que, por esta dilación, gozan de una «aparente» impunidad. Y además se tendrá el cuenta las circunstancias del que lo dice y del que lo recibe.
Si fuera necesario realizar cualquier otro trámite distinto de los anteriores, ya no sería posible continuar con la tramitación simplificada y habría que pasar a la tramitación ordinaria. También «Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación de centros comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otros puntos de acceso público», y «Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que puede reportar, especialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas». Nuestros Desafíos Legales se alinean, precisamente, con esta misión: pretenden fomentar el debate público especializado, conectar profesionales y publicar eBooks recopilatorios de información de calidad para compartirla en la red. Principios de Derecho de Internet se estructura sobre un Capítulo Preliminar y tres "Partes", precedidas por un Prólogo y una Introducción General.