Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-520-02.htm
Timestamp: 2019-06-25 04:10:43
Document Index: 383226838

Matched Legal Cases: ['Artículo 36', 'Artículo 252', 'artículo 36', 'artículo 252', 'artículo 36', 'artículo 191', 'artículo 20', 'artículo 36', 'artículo 252', 'artículo 36', 'artículo 252', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 252', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 252', 'Artículo 2']

C-520-02
“DECRETO NUMERO 2663 DE 1950
Artículo 36.- Son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre si en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma empresa entre si, mientras permanezcan en indivisión.”
“DECRETO NUMERO 410 DE 1971
Artículo 252.- En las sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por las obligaciones sociales. Estas acciones sólo podrán ejercitarse contra los liquidadores y únicamente hasta concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos.
En las sociedades por cuotas o partes iguales de interés las acciones que procedan contra los asociados, en razón de su responsabilidad por las operaciones sociales, se ejercitarán contra los liquidadores como representantes de los asociados, tanto durante la liquidación como después de consumada la misma, pero dichos asociados también deberán ser citados al juicio respectivo.”
El ciudadano Carlos Alberto Maya Restrepo solicita a esta Corporación que excluya del ordenamiento jurídico las expresiones “de personas”, “y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio”, “no” y “sólo”, contenidas las dos primeras en el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y las restantes en el inciso primero del artículo 252 del Código de Comercio, porque quebrantan el Preámbulo y los artículos 1°, 2°, 9°, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 58, 83, 93, 95, 228, 229, 230 y 333 de la Constitución Política.
“C. RAZONES PARA CONSIDERAR VIOLADA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA:
Por ello, a la luz de la nueva Constitución Política, y en respeto al derecho al trabajo(arts. 25 y 53), al derecho de igualdad (art.13), al derecho al debido proceso (art. 29), al derecho a la seguridad social y a la salud (arts. 48 y 49), a la garantía de los derechos adquiridos (art.58), al respecto por el principio de la buena fe (art.83), al deber de respetar los derechos ajenos y al no abuso de los propios (art.95), a la prevalencia del derecho sustancial (art.228), al acceso a la administración de justicia (art.229), al imperio de la Ley (art. 230), y a que la empresa como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones (art. 333), en concordancia con el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el art. 7º del Pacto Internacional de Derechos Económicos , Sociales y Culturales, aprobado por la Ley 74 de 1.968, y, con el art. 25 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José- aprobado por la Ley 16 de 1972, las expresiones “de personas” y “ y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio” del art. 36 del Código Sustantivo de Trabajo y, “no” y “sólo” del inciso primero del art. 252 de Código de Comercio, son violatorias del mandato del constituyente de 1.991.
No tiene sentido que las sociedades de responsabilidad limitada y de personas y sus asociados, responda solidariamente por los pasivos laborales, pero que a las sociedades anónimas se les otorgue el aval del Estado para que sus dueños no responda por los salarios y las prestaciones sociales de sus trabajadores, cuando ellas entran en situación de iliquidez o de liquidación, “ luego de que esos mismos accionistas fueron los que se beneficiaron con el desarrollo de la actividad de la sociedad y de las eventuales utilidades que hubiere podido obtener durante su vida activa, parte de las cuales debieron destinar a la conformación de los fondos necesarios para atender las obligaciones laborales y pensionales”.
“…El hecho de haber celebrado un contrato de fiducia no la exonera de la responsabilidad laboral. Surge la pregunta de si los socios pueden relegarse de dicha obligación. Se predica acá el principio legal de la solidaridad. La Corte Suprema de Justicia (Casación 9 de abril de 1.960 y de 28 de marzo de 1.969) indicó: “Al respecto no vale el argumento de que el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, al contemplar solo la responsabilidad solidaria de las sociedades de personas con sus miembros y de estos entre si, excluye de las de capital, puesto que si se creyó conveniente regular de manera especial en dicho estatuto tal aspecto de la responsabilidad, no fue con el ánimo de exonerar de la que incumbe a las sociedades anónimas, casi siempre con mayor suma de obligaciones laborales por su vasto radio de acción, sino porque esa materia está regulada en su integridad en el derecho comercial aplicable en lo pertinente a las obligaciones surgidas del contrato de trabajo, a falta de disposición expresa”, Son pues solidariamente responsables no solo la empresa sino sus socios. Claro surge una inquietud: si está en trámite liquidación obligatoria, las obligaciones a cargo de los socios surgen, según el artículo 191 de la Ley 222 de 1.995, cuando sean insuficientes los activos. Esto es cierto, pero no significa que desaparece la solidaridad porque el liquidador podrá ( deberá, dice el art. 191) exigir, mediante proceso ejecutivo contra los socios, el faltante del pasivo externo por cubrir, de acuerdo al respectivo tipo societario. Pero aquí no se agota el tema de la solidaridad, porque la Corte Suprema de Justicia (Sentencia de 10 de enero de 1.995) recuerda que según el artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo en el conflicto de leyes del trabajo y cualquiera otra se prefieren aquellas, luego no quedará solamente al arbitrio del liquidador la exigencia a los socios, sino que este derecho también es susceptible de ser ejercido por los trabajadores y extrabajadores, si el liquidador en el momento oportuno no lo hace”.
A su turno la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. CONCEJO (sic) DE ESTADO, con ponencia del Magistrado doctor AUGUSTO TREJOS JARAMILLO, en el negocio de radicación No. 1.307 del 15 de febrero del 2.001, ratifica la teoría de la “responsabilidad subsidiaria del Estado”, tema que recoge la H. CORTE CONSTITUCIONAL también ya mencionada sentencia de Sala Plena SU- 1023 del 26 de septiembre del 2.001.
Con todo respeto solicito a la H. CORTE CONSTITUCIONAL que en desarrollo de su propia competencia precise la violación de las normas superiores que endilgo a las disposiciones acusadas.”
La ciudadana Luz Ángela Muñoz Oviedo, actuando como apoderada del Ministerio de Desarrollo Económico, intervino en el proceso en defensa de las expresiones acusadas, como quiera que a su juicio los vocablos “de personas”, “y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio”, “no” y “sólo” contenidas en el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y en el inciso primero del artículo 252 del Código de Comercio, no quebrantan el Preámbulo y los artículos 1°, 2°, 9°, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 58, 83, 93, 95, 228, 229, 230 y 333 de la Constitución Política.
Alude a la limitación de la responsabilidad de los socios, como el medio que la sociedad anónima utiliza para estimular la inversión, debido a la fácil vinculación de inversionistas y suscripción de aportes, al punto que este tipo societario es el “instrumento típico de la economía moderna”.
Concluye que los grandes desarrollos empresariales no pueden concebirse sin este tipo societario, en el que se reúnen grandes y pequeños inversionistas, que, en ejercicio de su libertad contractual, arriesgan únicamente el monto de su aporte en una determinada actividad empresarial –se apoya en jurisprudencia de esta Corporación y del Consejo de Estado de las que transcribe apartes.
El ciudadano Jorge Pinzón Sánchez, actuando como Superintendente de Sociedades, interviene en el asunto de la referencia para solicitar que las expresiones “de personas”, “y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio”, “no” y “sólo” contenidas en el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y en el inciso primero del artículo 252 del Código de Comercio, sean mantenidas en el ordenamiento jurídico porque no quebrantan el Preámbulo, y los artículos 1°, 2°, 9°, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 58, 83, 93, 95, 228, 229, 230 y 333 de la Constitución Política.
Advierte previamente que el actor no hace un señalamiento expreso de las razones por las cuales los preceptos acusados infringen las normas constitucionales invocadas en la demanda “dejando este examen al criterio de la Honorable Corte”.
Estima que, consecuencialmente, la sociedad de responsabilidad limitada atiende reglas más estrictas en pro de la protección de terceros, “y se permite la estipulación expresa a cargo de todos o algunos de los socios de una responsabilidad mayor a la del monto de sus aportes, o de prestaciones accesorias o garantías suplementarias”,como quiera que este tipo de sociedad no cuenta con el respaldo patrimonial que poseen las sociedades colectivas, ni con los volúmenes de capital propios de las sociedades anónimas.
Considera que de las sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a las que alude el actor, no es dable deducir que el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo establece una responsabilidad solidaria de los accionistas, como quiera que esta disposición “consagra una responsabilidad excepcional que razonablemente tiene en cuenta el límite de responsabilidad de cada socio.”
Considera que las expresiones “de personas”, “y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio”, “no” y “sólo” contenidas en el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y en el inciso primero del artículo 252 del Código de Comercio, no quebrantan el Preámbulo y los artículos 1°, 2°, 9°, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 58, 83, 93, 95, 228, 229, 230 y 333 de la Constitución Política.
El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto 2834, recibido en la Secretaría de esta Corporación el 2 de abril del año en curso, interviene para solicitar que esta Corporación se abstenga de proferir sentencia de fondo, para decidir sobre la inconstitucionalidad de las expresiones “de personas”, “y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio”, “no” y “sólo” contenidas en los artículos 36 del Código Sustantivo del Trabajo y 252 del Código de Comercio, porque aunque el actor relaciona como violados los artículos 1°, 2°, 9°, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 58, 83, 93, 95, 228, 229, 230 y 333 de la Constitución Política, no expone la razón de la violación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, porque las expresiones “de personas”, “y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio”, “no” y “sólo” están contenidas en leyes de la República, esto es, los artículos 36 del Código Sustantivo del Trabajo y 252 del Código de Comercio.
Al respecto cabe recordar que reiterada jurisprudencia de esta Corporación[1] ha señalado la necesidad de que se cumplan en los procesos de inconstitucionalidad todos y cada uno de los requisitos establecidos por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991[2]. Se trata, como lo dijo la Corte al declarar exequible la norma citada, de “unos requisitos mínimos razonables que buscan hacer más viable el derecho [de participación política], sin atentar en ningún momento contra su núcleo esencial”[3].
Así, si un ciudadano demanda una norma, “debe cumplir no sólo formalmente sino también materialmente estos requisitos, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda”[4] que impide que la Corte se pronuncie de fondo. Téngase en cuenta, además, que el artículo 241 de la Constitución consagra de manera expresa las funciones de la Corte, dentro de las que señala que a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo; de acuerdo con esta norma, “no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal”[5].
El actor se limita a hacer una serie de consideraciones genéricas sobre los inconvenientes que en su concepto trajo para los trabajadores la expedición de la ley 50 de 1990 y la utilización de la figura jurídica de los “fideicomisos”, al tiempo que invoca y transcribe parcialmente algunas decisiones de tutela proferidas por la Corte en materia de solidaridad en el ámbito de las sociedades.
No sobra señalar que a pesar de la voluntad de la Corporación de interpretar la demanda y de buscar el sentido de afirmaciones del actor tales como que “no tiene sentido que las sociedades de responsabilidad limitada y de personas y sus asociados respondan solidariamente por los pasivos laborales, pero que a las sociedades anónimas se les otorgue un aval del estado para que sus dueños no respondan por los salarios y las prestaciones sociales de sus trabajadores, cuando ellas entran en situación de iliquidez o de liquidación...”, debe concluirse que éstas, además de confusas, no guardan relación con el texto de las normas acusadas y por tanto no puede entenderse que con ellas se haya formulado por el actor un cargo específico contra las mismas.
Por si quedara alguna duda al respecto, basta remitirse a la afirmación que el propio actor hace al final de su exposición sobre la ausencia en su escrito del concepto de violación de las normas acusadas cuando señala: “Con todo respeto solicito a la H. CORTE CONSTITUCIONAL que en desarrollo de su propia competencia precise la violación de las normas superiores que endilgo a las disposiciones acusadas.”(resalta la Corte).
Si bien la Corte debe tomar en cuenta el carácter democrático de la acción de constitucionalidad y la necesidad de adoptar un criterio pro actione en el examen de las demandas que le son presentadas[6], no puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulación de los cargos, ni de determinar por sí misma, como lo solicita en este caso el actor, el concepto de la violación de las normas que ante ella se acusan como infringidas, pues ésta es una carga mínima que se le impone al ciudadano para hacer uso de su derecho político a ejercer la acción de inconstitucionalidad.
“(...) la acción pública de inconstitucionalidad, si bien corresponde a un derecho político expresamente consagrado en la Constitución en cabeza de todo ciudadano (artículos 40, numeral 6, y 241 C.P.), cuyo objetivo consiste en preservar la vigencia efectiva de los principios y normas fundamentales merced a la participación directa del pueblo, no está exenta de una mínima responsabilidad de quien la ejerce, toda vez que no ha sido consagrada con el propósito de interferir sin motivo ni justificación la vigencia de la ley.
De allí que el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 haya establecido, como requisitos para la admisión de la demanda de inconstitucionalidad y para el fallo, cuando la Corte considere del caso seguir el proceso, ‘el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas’ y ‘las razones por las cuales dichos textos se estiman violados’.”[7]
Declararse INHIBIDA para pronunciarse en relación con las expresiones “de personas”, e “y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio” contenidas en el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, así como en relación con las expresiones “no” y “sólo”, contenidas en el inciso primero del artículo 252 del Código de Comercio, por ineptitud sustantiva de la demanda.
[2] Dice la citada norma: “Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda".
[6] Ver Sentencia C-1052 M.P. José Manuel Cepeda Espinosa.
[7] Sentencia C-630/96 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[8] Ver Sentencia C-380 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, reiterada en la Sentencia C-328 de 2001 M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett.