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Timestamp: 2020-07-14 05:48:23
Document Index: 131685949

Matched Legal Cases: ['artículo 451', 'artículo 125', 'artículo 1', 'artículo 120', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 28']

Art. 125 (la corrupción es un delito formal no requiere dolo dirigido a tal fin).
Basta idoneidad de los actos y no que sucedan resultados.
Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, causa nro. 9754 (Registro de Presidencia 35.147) caratulada: “M., A. A. s/ recurso de casación”, y su acollarada número 9850 (Registro de Presidencia 35.173) caratulada: “H., F. A. y H., C. E. s/ recurso de casación”, rta. 16 de agosto 2011.
En la ciudad de La Plata, sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, a los 16 días del mes de agosto de dos mil once, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini (artículo 451 del Código procesal Penal) con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la presente causa nro. 9754 (Registro de Presidencia 35.147) caratulada: “M., A. A. s/ recurso de casación”, y su acollarada número 9850 (Registro de Presidencia 35.173) caratulada: “H., F. A. y H., C. E. s/ recurso de casación” conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY–VIOLINI.
En lo que interesa destacar, el Tribunal en lo Criminal número 3 de Mercedes condenó a A. A. M. a veinte años de prisión, como autor responsable de los delitos de corrupción de menores (dos hechos) y estupro –en la modalidad de delito continuado- en concurso real entre sí; y a F. A. y C. E. H. a dieciocho años de prisión para cada uno de ellos, como autores responsables del delito de corrupción de menores reiterada (dos hechos) en concurso real, con accesorias legales y costas en todos los casos.
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Particular de M. (fs. 57/68vta) y la Defensora Oficial por F. A. y C. E. H. (fs. 54/58 vta de la acollarada) interpusieron recursos de casación:
El primero denunció, por un lado, absurda valoración probatoria para tener por acreditada la materialidad ilícita y la autoría de M. en el hecho de corrupción del que resultó víctima L. D. V., al no haberse demostrado haber mediado acceso carnal entre su pupilo y aquél; y por el otro, errónea aplicación de los artículos 40 y 41 del Código Penal, desde que los daños ocasionados a las víctimas J. G. V. y S. C. no pueden ser puestos sólo en cabeza de su defendido, ya que los mismos también tuvieron relaciones sexuales con otras personas.
De su parte, la segunda, se agravió por el déficit en la descripción del cuerpo del delito, manifestando que no se detalló en la primera cuestión del veredicto los actos circunstanciados en modo tiempo y lugar que puedan encuadrar en la figura de corrupción de menores.
Luego, cuestionó el valor adjudicado a las declaraciones testimoniales de los menores L. E. y G. J. V..
Planteó la falta de acreditación del elemento subjetivo del artículo 125 del Código Penal, argumentando que los mellizos V. declararon que iban en busca de “los H.” por su propia decisión, no habiéndose acreditado el dolo directo por parte de sus defendidos que exige dicha figura legal.
Por último se agravió del monto de pena impuesto, ponderándose en la segunda cuestión de la sentencia, agravantes que no fueron tratadas en la quinta cuestión del veredicto.
Concedidos los recursos y radicados (fs. 78), con debida noticia a las partes (fs. 79/82vta) con trámite común y convocadas las mismas a la audiencia de informes (fs. 91), la desistieron, presentando memoriales sustitutivos.
La Defensora, en representación de F. A. y C. E. H. (fs. 95/100 vta) mantuvo expresamente el recurso deducido a favor de sus asistidos y agregó:
Violación a la imparcialidad del juzgador, defensa en juicio y debido proceso en la valoración de agravantes, al ponderar el daño psíquico causado a los menores V., cuando el Ministerio Público Fiscal no había solicitado aumentativas para sus pupilos.
En el tratamiento de atenuantes, absurdo por omisión de cuestiones esenciales, cuando no se valoraron para sus asistidos la vulnerabilidad social y la dificultad de obtener un trabajo, siendo que las mismas habían sido solicitadas por la defensa.
Por último, falta de motivación en el monto de pena impuesto, considerándolo excesivo, cuando fueron valoradas dos atenuantes y una agravante (con la salvedad anterior).
De su parte, el abogado defensor de M. (fs. 111) se remitió en su totalidad a los agravios vertidos en su presentación originaria; y el Fiscal (fs. 106/110) postuló el rechazo de ambos recursos en su totalidad.
El tribunal tuvo por probado que, en el transcurso del año 2.005, en circunstancias en que un grupo de menores, cuyas edades oscilaban los diez y quince años de edad, y entre los que se encontraban los mellizos G. J. V. y L. D. V., acudían a la plaza Belgrano, de Luján, frente al Santuario, para vender estampitas y pedir monedas, dicha situación de exposición y necesidad era aprovechada por varios mayores (entre los que se encontraban los imputados de autos), quienes a cambio de unos pocos pesos, el regalo de alguna prenda, un paseo o una simple hamburguesa, lograban que los menores accedieran a mantener relaciones sexuales con ellos, además de ser tocados en sus partes pudendas, para satisfacción de los intervinientes.
Que mediante esas prácticas aquellos sujetos fueron corrompiendo a los menores, que mantenían relaciones de esa índole con otras personas, además de los encausados, y de hecho, en la promiscua sucesión de contactos íntimos, las referidas víctimas contrajeron sífilis.
Se tuvo igualmente por afamado, que la menor V. S. C., cuando contaba con trece años de edad -esto es en el transcurso del año 2.002- conoció a un varón mayor de cincuenta, quien se propuso seducirla, llevándola de paseo en un cuatriciclo, donde comenzó a tocarle los pechos, ofreciéndole, luego, unos pesos a cambio de mantener relaciones sexuales en su casa, a lo que la menor accedió, siendo para ella su primera vez, y a este encuentro le sucedieron muchos otros -acudiendo la niña al domicilio varias veces a la semana-, recibiendo diez pesos cada vez, o en ocasiones ropa, zapatillas y alimentos.
El primer motivo de agravio traído por la defensa de F. A. y C. E. H., en cuanto denuncia que no se encuentran descriptos los actos circunstanciados en modo, tiempo y lugar, argumentando que no se pudo advertir en qué consistió la conducta reprochada a sus asistidos, no progresa.
Si bien por la índole de los delitos en trato, es difícil determinar el lugar determinado y la fecha exacta en que sucedieron, de la descripción fáctica realizada en la primera cuestión del veredicto, y que vengo de reseñar, surge claramente cuál fue la conducta endilgada a los imputados.
Existió para la defensa la posibilidad de colocarse en una posición capaz de resistir las acusaciones.
Por su parte el Ministerio Público Fiscal circunscribió la base fáctica que llevó al juicio en ejercicio de la acción, y en la que se encuentran los elementos que configuran el tipo de corrupción de menores por el que se los condena, sobre el que el tribunal juzgó y respecto del cual no se impidió a los imputados ejercer su derecho a producir, durante el debate, prueba favorable a sus intereses y rebatir la practicada por la parte acusadora, ni se los sorprendió con la condena (artículos 18 de la Constitución Nacional; 15 de la Constitución Provincial; 210, 448, 451, 456 y 460 del Código Procesal Penal).
Tampoco merece atendibilidad el planteo que trajo la defensa de A. A. M. en torno a la absurda valoración probatoria respecto a la autoría de éste en orden a los delitos de corrupción del que resultó víctima L. D. V., como lo es el concerniente a la autoría de F. A. y C. E. H. en los hechos de corrupción por los que vienen condenados, y cuya defensa se agravió del valor probatorio asignado a los dichos de las víctimas, invocando ambos recurrentes el artículo 1° del Código Procesal Penal.
El derecho a la presunción de inocencia se vulnera cuando se condena a alguna persona sin pruebas o valiéndose de pruebas obtenidas ilícitamente.
Por lo demás, la presunción de inocencia implica las siguientes consecuencias: a) Que inicialmente debe presumirse la inocencia de toda persona acusada, en tanto tal presunción -de naturaleza «iuris tantum»- no haya sido desvirtuada; b) Que, en principio, únicamente pueden servir para desvirtuar dicha presunción las pruebas practicadas en el juicio oral, con las debidas garantías legales y constitucionales, bajo los principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción ; c) Que corresponde a las partes acusadoras la carga de la prueba (el acusado no tiene que probar su inocencia); d) Que la valoración de las pruebas es controlada por la Sala y e) Que el tribunal sentenciador deberá motivar suficientemente el pronunciamiento.
La declaración de la víctima es una actividad probatoria hábil, en principio, para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia.
Partiendo del hecho de que el testigo-víctima no es exactamente un tercero ajeno a los hechos objeto de enjuiciamiento, en el proceso penal es válida su testifical, que estará sujeto a la apreciación controlada del tribunal de primera instancia.
Dicha peculiaridad ha determinado que la jurisprudencia del TSE que sigue la Sala venga sentando determinados criterios o cautelas que debe tener en cuenta el tribunal de audiencia a la hora de valorar dichas declaraciones.
Siendo conocidos los tres requisitos tradicionalmente exigidos por esta Sala para valorar la prueba testifical de la víctima -de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud por corroboración a través de elementos periféricos y persistencia en la incriminación-, en el caso de los delitos contra la integridad sexual y dado el ámbito de clandestinidad en el que suelen producirse, que en muchas ocasiones convierte a dicha declaración en prueba dirimente, resulta particularmente relevante lo fijado en sentencias como la STS nº 142/2.005, de 11 de Febrero, que ha añadido a tal contenido:
“Conviene decir que, como siempre que nos hallamos ante el problema de medir la eficacia probatoria de alguna prueba consistente en declaraciones prestadas ante el propio Tribunal que las preside y ha de valorarlas, en estos casos ha de prevalecer, como regla general, lo que la Sala de instancia decida al respecto, consecuencia de las exigencias propias del principio de inmediación procesal”.
Por otras palabras, el control con la máxima capacidad de rendimiento se detiene ante la impresión lograda a través de la inmediación intransferible de los jueces de audiencia.
Puede ocurrir que de esos tres elementos alguno o algunos de ellos, en todo o en parte, no sea favorable a la credibilidad del testimonio de la víctima y, sin embargo, el órgano judicial conceda validez como prueba de cargo a tal testifical. Por esto tiene aquí singular importancia la existencia de una motivación concreta y suficientemente desarrollada al respecto.
El tribunal de instancia realiza un exhaustivo análisis de todos los datos concurrentes, sobre los que hace cabalgar las incriminatorias declaraciones de las víctimas, en razonada fundamentación que permite rechazar la denuncia de arbitrariedad que les adjudican los recursos.
Nada, absolutamente nada hay en la imputación de los menores que refleje la existencia de móviles espurios.
El tribunal de audiencia expresó que nada, si quiera un centenar de testigos, pudo haber sido más elocuente que la presencia de los mellizos V. en la Sala, desde su aspecto físico (delgados, de largos cabellos, cuidadosamente recogidos en forma de colita, luciendo llamativas vinchas, con las uñas notoriamente largas –en uno de ellos pintadas con esmalte) modales suaves y su forma de expresarse-, resultando inevitable para quienes allí estaban, relacionar su imagen y comportamiento con el tipo de delito del que habían resultado víctimas.
Peinados, colitas y vinchas a un lado, las pruebas pertinentes serias y decisivas que se analizan demuestran la corporización de los delitos puestos en cabeza de los imputados.
En efecto. G. J. V., refirió, y el tribunal estimó, que iba a la plaza a pedir monedas y allí conoció a C. H., quien una vez lo llevó a la confitería “Berlín”, al baño del fondo y tuvieron relaciones sexuales “por atrás”, después lo hacía realizarle sexo oral; que esto sucedió en reiteradas oportunidades, la última en su domicilio en el barrio La Loma; que con el hijo de aquél, Emanuel, también lo hizo, del mismo modo, en “Berlín”, pero sólo unas pocas veces; que a veces ellos no les daban nada y otras era por plata, tenía trece o catorce años de edad.
Continuó declarando que con “A.” (M.) se conoció en la plaza, el imputado lo pasaba a buscar en su camioneta y llevaba en dirección al barrio Ameghino, que tanto en el trayecto cuanto al llegar allí le hacía sexo oral al conductor a cambio de unos pocos pesos; que comenzó a ir a la plaza desde que tenía diez años de edad, su mamá sabía que hacían, luego le daban el dinero a ella.
Preguntado para que diga si usaban profilácticos, respondió que cuando mantenía sexo anal ninguno de “los H.” los empleaba; se refería a H. padre como “C., y a su hijo por “E.”, cuando ambos son los nombres de este último, ya que el progenitor se llama Fernando Aníbal.
Ante la solicitud del fiscal de que señalara en la audiencia a estos imputados, el tribunal de audiencia percibió de modo evidente un punto de inflexión en el estado anímico del menor, quien agachó la cabeza y repitió un par de veces “… no los quiero mirar…me hace mal mirarlos…”.
Su hermano, L. D. V., declaró en el juicio, y el “a-quo” ponderó, que conoció a C. y F. H. en la referida plaza, a la que concurría a pedir monedas; y a A. –M.- también de allí pero además lo veía en el barrio San Jorge; que este último los subió a la combi y a un cuatriciclo, y, si bien inicialmente, en forma súbita y espontánea negó haber mantenido relaciones sexuales, refiriendo que una vez lo subió a su pierna y lo manoseó, afirmó, por el contrario, haber mantenido relaciones sexuales con “C. y F.” H. – señalando que con el segundo lo hizo en la casa de éste, una o dos veces, y con el primero una sola, refiriendo que eran padre e hijo.
Elizabeth Karina V., madre de los mellizos, aseguró, y el tribunal de audiencia estimó, que sus hijos le habían referido varias veces haber tenido relaciones vía anal y oral con los H., y “A.” M., expresando que “L.” tuvo relaciones con este último, que él mismo le reconoció haber tenido con aquél sexo oral varias veces en la camioneta.
Ante las contradicciones existentes entre la versión brindada por L. V. en la audiencia, y lo que había declarado ante el Juez de Menores –a quien reconoció haber mantenido relaciones sexuales con M.- como por las diferencias existentes con lo declarado por su progenitora en el juicio, se realizó un careo entre la misma y su hijo, reconociendo el menor, finalmente, con voz apagada, haber dicho lo que su progenitora dijo que dijo en clara correspondencia con los hechos probados.
Pero ello no es todo, a fs. 120/121 se encuentra incorporada –sin disenso- la juramentada de J. C. M., quien declaró que L. V., con quien solía estar en la plaza, le confesó que mantuvo sexo con “A.” a cambio de dinero, agregando que el imputado de mentas le entregaba diez pesos.
La prueba se robustece con el informe elaborado por los peritos del Tribunal de Menores, Graciela Garcerón y Susana H. Dioné, (fs. 20/21) que recogió expresiones de los mellizos acerca de los sometimientos por parte de un tal “Negro”, que cuidaba autos en Mc. Donald´s y con su hijo “Carlitos”, nombrando un bar “Berlín” y una persona llamada “A.”, incluyendo detalles sobre la camioneta blanca y el dinero que se les daba a cambio de las actividades sexuales, y las relaciones con el cuida- coches en su casa del barrio La Loma.
El perito Psicólogo Mario Luis Perreti, consignó en su presentación (fs. 510/514) que G. V. confirmó que concurrió a la casa de un hombre grande junto a su hermano en diez o quince oportunidades y era accedido carnalmente por unos peso, existiendo mención concreta que este mismo manejo lo hacía con su hermano mellizo; G. amplió su exposición reconociendo que con “A.” pasaba lo mismo dentro de la camioneta, ocurriendo también más de diez veces por una retribución de entre diez y quince pesos.
En suma, la abundante prueba en la que el tribunal de grado residencia su convicción incriminatoria, clara, suficiente y adecuadamente razonada, hace que estos agravios decaigan (artículos 8.2 de la CADH.; 55 y 125, primer párrafo, del Código Penal; 210, 448, 451 y 459 del Código Procesal Penal).
Con la limitación que impone el recurso de las defensas, la significación jurídica endilgada a los hechos probados resulta ser derivación razonada del derecho vigente.
El hecho cometido por M. cuya víctima resultó V. S. C., constituyó un hecho único, conformado por la iniciación a la niña en su primera relación sexual, por el aprovechamiento por parte del imputado de la inexperiencia de ésta, en razón de la marcada diferencia de edad entre ambos, lo que fue debidamente encuadrado en la figura del artículo 120 del Código Penal.
Por otro lado, los hechos cometidos por los tres imputados tuvieron idoneidad para pervertir, desviar y afectar la salud sexual de sus víctimas, que padecieron, por prolongado tiempo, los aberrantes y torcidos actos reseñados en el veredicto.
A través de las declaraciones ponderadas, entre las que a vanguardia se ubican las de las creíbles víctimas, como también la apreciación volcada por la licenciada Verónica Carina Delorenzo, psicóloga, quien trató a G. J. V. e informó que la sintomatología que presentaba el joven en el área sexual sería una secuela directa de experiencias de manipulación y vejación sexual a las que había sido expuesto en forma sistemática y recurrente (fs. 229), se sustentan los hechos que solventan la figura y el dolo que la defensora de los imputados H. argumenta como faltante, recreando la relación existente y el sometimiento de los menores por parte de los tres imputados.
Las probanzas referidas, de las que forma convicción cargosa el juzgador, ilustran la entidad corruptora de las conductas de los encartados a través de la depravada relación sostenida con las víctimas, y que refleja sin lugar a dudas el dolo de corromper que contiene la figura.
La recurrente, intenta exculpar a sus defendidos argumentando –sin sentido- que los mellizos V. manifestaron concurrir voluntariamente a los encuentros con padre e hijo H., y digo sin sentido, ya que por un lado, la figura contemplada en el artículo 125 del Código Penal, da por configurado dicho delito aunque mediare el consentimiento de la víctima.
La figura del artículo 125 del Código Penal es un delito formal de simple actividad y atiende al peligro que para la víctima entraña el acto corruptor con independencia de sus resultados siendo necesario que los actos sean idóneos, como lo fueron, para tales fines, o imprescindibles para su comprobación que el sujeto pasivo se halla corrompido.
No huelga recordar que el actual ordenamiento suprimió el dolo específico, sobre cuya base se montara el agravio, siendo el mismo genérico, y consistente en la consciente y voluntaria actuación del autor en procura de la depravación de la víctima (conf. Enrique A. Gavier “Delitos contra la integridad sexual”, editorial Marcos Lerner, Córdoba, página 71).
El caso se encuentra ubicado en la acción de promover la corrupción mediante el desarrollo de las acciones de los tres imputados y que teniendo en cuenta la edad de las víctimas, resultaron aberrantes, perversas y prematuras.
Por lo expuesto, el planteo de que el dolo no existió resulta una petición de principio, ya que las circunstancias comprobadas de la causa autorizan la conclusión opuesta.
Los hechos probados han dejado marcadas y profundas huellas deformantes en su psiquismo, torciendo el sentido natural, biológico y sano de su sexualidad, al propender a la alteración antinatural de las condiciones en que el acto sexual se realiza en sí mismo, como consecuencia de la prédica prematura en una sexualidad aún no desarrollada, y la iniciación en prácticas puramente lujuriosas y depravadas, con entidad para producir una degradación en la formación de la personalidad de las víctimas (cfr., en lo pertinente, Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, editorial Tea, Buenos Aires, 1.963, Tomo III, página 306 y siguientes y sus citas de S.C.B.A., caso “Vargas” del 1° de septiembre de 1.959 en Acuerdos y Sentencias, 1.959-III-120 y S.C. Tucumán, en La Ley Tomo 10 página 1.118 con cita de Vincenzo Manzini; Edgardo Donna, "Delitos contra la integridad sexual", editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2.001 pag.132).
Es por ello que los recursos en este tramo resultan improcedentes (artículos 125, primer párrafo del Código Penal; 210, 448, 451, 456 y 459 del Código Procesal Penal).
Mientras el fiscal consideró agravante –para M.– la condena que registra y el daño psíquico a los menores V., el tribunal expresó en el tratamiento de la quinta cuestión del veredicto que coincidía con las defensas en cuanto se opusieron a la segunda mensura en razón de tratarse de una doble valoración.
Después, se ingresa en una fundamentación auto contradictoria, por la inconciliable oposición de términos que, al unísono afirman y niegan la circunstancia.
Tan ello es así, que el tribunal de primera instancia expresa que aún cuando se esté de acuerdo con las defensas en no invocar como una circunstancia agravante independiente el daño psíquico a las víctimas varones, tampoco debe perderse de vista que en los términos de los artículos 40 y 41 del Código Penal es un dato insoslayable.
Es más, el catálogo de baremos reaparece en la sentencia con quebrantamiento de los principios de imparcialidad, legalidad y debido proceso, e incluye la pluralidad de víctimas, el sometimiento de cada una, las consecuencias que les trajo aparejadas y los motivos que llevaron al delito.
Luego, corresponde excluir del juicio de individualización la extensión del daño mencionado como los demás factores que ingresan oficiosamente en la sentencia y, en consecuencia, adecuar las penas.
Por otro lado, la vulnerabilidad y falta de trabajo invocadas como circunstancias atenuantes por parte de la defensa de los imputados H. fueron motivadamente descartadas por el “a quo”, cuando en la cuarta cuestión del veredicto expresó, que al margen de no haberse demostrado mínimamente la pretendida vulnerabilidad, esa eventual situación socialmente precaria no guarda la menor relación con el tipo de delito por el que los imputados fueron juzgados.
La exclusión de agravantes impone adecuar las penas. Como un reenvío a jueces hábiles para que sustancien y decidan la cuestión es una dilación evitable, postulo asumir competencia positiva considerando justo se la fije en dieciséis años de prisión para A. A. M., como autor responsable de los delitos de corrupción de menores (dos hechos) y estupro –en la modalidad de delito continuado- en concurso real entre sí; y a F. A. y C. E. H. a catorce años de prisión, para cada uno de ellos, como autores responsables del delito de corrupción de menores reiterada (dos hechos) en concurso real, con accesorias legales y costas en todos los casos (artículos 14.5 del PIDCyP; 12, 19, 29 inciso 3º, 40, 41, 55, 120 y 125 del Código Penal; 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
Por lo que a esta primera cuestión, y la propuesta de retribuir la labor cumplida en esta Sede por el doctor Franco Rossello con un 25% de la suma fijada en la sentencia de primera instancia (artículo 28, parte final, del Decreto 8904/77), con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos y condenar a A. A. M. a dieciséis años de prisión, como autor responsable de los delitos de corrupción de menores (dos hechos) y estupro –en la modalidad de delito continuado- en concurso real entre sí; y a F. A. y C. E. H. a catorce años de prisión, para cada uno de ellos, como autores responsables del delito de corrupción de menores reiterada (dos hechos) en concurso real, con accesorias legales y costas en todos los casos; y regular los honorarios del doctor Franco Rossello en un 25% de la suma fijada en la sentencia de primera instancia (artículos 8.2.h. de la CADH.; 14.5 del PIDCyP.; 12, 19, 29 inciso 3°, 40, 41, 55, 120 y 125, primer párrafo, del Código Penal; 210, 448, 451, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 28, parte final, del Decreto 8904/77). ASÍ LO VOTO.
I.- HACER LUGAR parcialmente a los recursos interpuestos.
II.- CONDENAR a A. A. M. a dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, como autor responsable de los delitos de corrupción de menores (dos hechos) y estupro –en la modalidad de delito continuado- en concurso real entre sí.
III.- CONDENAR a F. A. H. a catorce años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, como autor responsable del delito de corrupción de menores reiterada (dos hechos) en concurso real.
IV.- CONDENAR a C. E. H. a catorce años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, como autor responsable del delito de corrupción de menores reiterada (dos hechos) en concurso real.
V.- REGULAR los honorarios del doctor Franco Rossello en un 25% de la suma fijada en la sentencia de primera instancia.
Rigen los artículos 8.2.h. de la CADH.; 14.5 del PIDCyP; 12, 19, 29, inciso 3°, 40, 41, 55, 120 y 125, primer párrafo, del Código Penal; 210, 448, 451, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 28, parte final, del Decreto 8904/77.
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