Source: https://doga.vlex.es/vid/ley-4-2016-4-632434501
Timestamp: 2019-08-20 01:59:41
Document Index: 160976098

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 25', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 2', 'Artículo 11', 'artículo 14', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 2', 'Artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 21', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 27', 'artículo 34', 'Artículo 36', 'artículo 5', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 23', 'artículo 40', 'artículo 27']

LEY 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público. - DOGA. Diario Oficial de Galicia - Legislación - VLEX 632434501
Sección 1ª. Funciones de asesoramiento en derecho - arts. 6 a 9
Sección 2ª. Funciones de representación y defensa en juicio - arts. 10 a 14
Sección 3ª. Funciones en materia de derecho de la Unión Europea y constitucional - arts. 15 y 16
Sección 4ª. Asistencia jurídica en la elaboración de las disposicionesde carácter general - arts. 17 a 19
Sección 5ª. Defensa de funcionarios/as, autoridades y empleados/as públicos/as - arts. 20 a 27
Sección 6ª. Ejercicio de la acción popular - art. 28
Sección 7ª. Otras funciones - arts. 29 a 43
Norma citada en: 7 sentencias, un artículo doctrinal, 17 disposiciones normativas
La Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia se encuentra actualmente regulada por la Ley 7/1984, de 28 de junio, de regulación provisional de los servicios jurídico-contenciosos, y, a nivel reglamentario, por el Decreto 343/2003, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia. También la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico, recoge, en su disposición adicional octava , que la asistencia jurídica a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, a sus organismos autónomos y a los órganos estatutarios, salvo, respecto de estos últimos, que sus normas reguladoras establezcan lo contrario, corresponde al personal funcionario integrante de la escala de letrados de la Xunta de Galicia.
Esta ley tiene por objeto la regulación de la asistencia jurídica a la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y a su sector público.
A efectos de esta ley, se entiende por asistencia jurídica el asesoramiento en derecho y la representación y defensa en juicio en todo tipo de procesos judiciales, ante órganos administrativos y en procedimientos arbitrales.
No se entenderá por asistencia jurídica, a efectos de la presente ley, las funciones de carácter técnico-jurídico consistentes en la instrucción de procedimientos administrativos, elaboración de memorias y estudios, informes administrativos, propuestas de resolución de reclamaciones, recursos y requerimientos y actuaciones similares desarrolladas por el personal de los órganos y unidades administrativas dependientes de la Administración y entidades del sector público de acuerdo con sus funciones, sin perjuicio de que, para el ejercicio de estas funciones, los órganos competentes puedan solicitar de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia o de las asesorías jurídicas de ella dependientes el asesoramiento en derecho que proceda.
Artículo 2 Ámbito de la asistencia
La asistencia descrita en el artículo anterior será prestada por la Asesoría Jurídica General a la Administración general de la Comunidad Autónoma y al sector público autonómico de acuerdo con lo establecido en esta ley.
La asistencia se prestará a la Administración general de la Comunidad Autónoma, a sus organismos autónomos, así como a los órganos estatutarios, siempre que, en este último caso, sus disposiciones reguladoras no dispongan lo contrario.
Cuando la asistencia jurídica a las entidades indicadas en el apartado anterior no sea prestada por la Asesoría Jurídica General o asesorías jurídicas dependientes de la misma, los servicios jurídicos de la entidad que la desarrollen deberán respetar las directrices y criterios de interpretación emanados de aquélla.
Artículo 3 La Asesoría Jurídica General
La Asesoría Jurídica General, con rango de dirección general, es el órgano directivo de la Administración general de la Comunidad Autónoma al cual corresponde, en relación con el ámbito descrito en el artículo 2, la dirección, coordinación e inspección de la asistencia jurídica.
En cumplimiento de sus funciones de asesoramiento en derecho, representación y defensa en juicio y como garantía de la defensa del interés público, la Asesoría Jurídica General disfruta de autonomía funcional en su relación con los órganos asistidos.
La Asesoría Jurídica General dependerá, de acuerdo con lo indicado en el artículo 25 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, del órgano superior que determine la estructura orgánica aprobada por la Xunta de Galicia.
Artículo 4 Ejercicio de funciones de asistencia jurídica
Artículo 5 Autoprovisión dentro del sector público y contratos de asistencia jurídica con medios externos
La asistencia jurídica se considera una prestación de interés público que debe realizar la Administración general de la Comunidad Autónoma y su sector público acudiendo a los medios personales de que disponga y, en particular, a la Asesoría Jurídica General.
Para las prestaciones de asistencia jurídica sólo podrá acudirse a la contratación externa cuando la autoprovisión no resulte viable, por no poder ser adecuadamente satisfechas por la Asesoría Jurídica General las necesidades que se pretenden cubrir, por la insuficiencia, carencia o inadecuación de los medios de que dispone, en los términos establecidos en la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico.
A los efectos indicados, con carácter previo a la tramitación de procedimientos de contratación de cualquier naturaleza que tengan por objeto la asistencia jurídica con medios externos, el órgano proponente lo comunicará a la Asesoría Jurídica General, que deberá emitir informe preceptivo sobre la posibilidad de asumir ella la prestación, previa formalización, en su caso, del acuerdo previsto en el artículo 2.
En cualquier caso, la Asesoría Jurídica General, para velar por la unidad de doctrina dentro del sector público autonómico y la coordinación, en relación con las prestaciones de asistencia jurídica que sean objeto de contratación, deberá supervisar y prestar asistencia en el proceso de contratación y en la ejecución de las prestaciones.
CAPÍTULO IIFunciones de asistencia jurídica de la Asesoría Jurídica General
Sección 1ª Funciones de asesoramiento en derecho Artículos 6 a 9
Artículo 6 Formas de ejercicio
Artículo 7 Carácter de los informes o dictámenes
Los informes o dictámenes tendrán carácter facultativo y no vinculante, excepto que alguna disposición legal o reglamentaria así lo establezca.
Las actuaciones administrativas que se aparten del criterio de los informes deberán ser motivadas.
Artículo 8 Dictámenes de carácter preceptivo
Los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones con fuerza de ley.
Los previstos en la legislación de contratos del sector público.
Los previstos en la legislación de subvenciones.
Los expedientes sobre declaración de lesividad de los actos propios, con carácter previo a su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Cualquier otro asunto para cuya resolución las disposiciones vigentes exijan como preceptivo un informe jurídico de la asesoría jurídica.
Artículo 9 Contenido de los informes o dictámenes
Sección 2ª Funciones de representación y defensa en juicio Artículos 10 a 14
Artículo 10 Representación y defensa
La representación y defensa en juicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma, de sus organismos autónomos, así como de los órganos estatutarios, siempre que sus disposiciones reguladoras no dispongan lo contrario, ante toda clase de órganos judiciales corresponde a los/las letrados/as de la Xunta de Galicia, de acuerdo con la distribución de funciones que se establezca en las disposiciones orgánicas de la Asesoría Jurídica General.
En casos excepcionales y previo informe de la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General, la persona titular de la consejería de la que dependa el órgano o entidad asistida podrá autorizar, mediante resolución motivada, que la representación y defensa en juicio sea asumida por un abogado/a o procurador/a, que actuará bajo la supervisión de la Asesoría Jurídica General.
Para que los/las letrados/as de la Xunta de Galicia puedan asumir la representación y defensa de las restantes entidades del sector público no incluidas en el apartado 1, será necesaria la formalización del acuerdo recogido en el artículo 2.
Artículo 11 Especialidades procesales
La Administración general de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos, entidades públicas instrumentales y órganos estatutarios tendrán las mismas especialidades procesales que el Estado, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de autonomía y en la legislación estatal aplicable.
De conformidad con lo previsto en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas, o en la norma que la sustituya, en los procesos seguidos ante cualquier jurisdicción en que sean parte la Administración general de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos, así como las entidades públicas instrumentales y órganos estatutarios cuya representación y defensa corresponda a los/las letrados/as de la Xunta de Galicia, las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal se entenderán directamente con el/la letrado/a de la Xunta de Galicia en la sede del gabinete jurídico correspondiente, o por los medios informáticos habilitados a tal fin. De acuerdo con lo expresado en la legislación estatal citada, serán nulos los actos de comunicación procesal que no se practiquen conforme a lo dispuesto en este artículo.
Conforme a lo dispuesto en la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, o norma que la sustituya, los/las letrados/as de la Xunta de Galicia tienen la representación de la Administración general de la Comunidad Autónoma, de sus organismos autónomos y del resto de las entidades pertenecientes al sector público autonómico y órganos estatutarios cuya defensa corresponda a los/las letrados/as de la Xunta de Galicia, sin necesidad de procurador.
La Administración general de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos, las entidades públicas instrumentales y órganos estatutarios, de conformidad con lo previsto en el citado texto legal, estarán exentos de la obligación de constituir depósitos, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previstos en las leyes.
La tasación de las costas en que haya sido condenada la parte que actúe en el proceso en contra de la Administración general de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos, entidades públicas instrumentales, órganos estatutarios o personas defendidas por los/las letrados/as de la Xunta de Galicia se regirá, en cuanto a sus conceptos e importe, por las normas generales, con inclusión, en su caso, de los correspondientes a las funciones de procuraduría.
En los procesos civiles que se dirijan contra la Administración general de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos, entidades públicas instrumentales y órganos estatutarios cuya representación y defensa corresponda a los/las letrados/as de la Xunta de Galicia, el/la letrado/a de la Xunta de Galicia podrá elevar consulta ante la Dirección General de la Asesoría Jurídica General y, en este caso, será aplicable, en cuanto a la suspensión del curso de los autos, lo previsto en el artículo 14 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, o en la norma que la sustituya.
Para el conocimiento y resolución de los procesos civiles en que sean parte la Administración general de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos, entidades públicas instrumentales y órganos estatutarios, serán en todo caso competentes, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, o en la norma que la sustituya, los juzgados y tribunales que tengan su sede en Santiago de Compostela, como capital de la Comunidad Autónoma, y en las capitales de provincia. Esta norma se aplicará con preferencia a cualquier otra norma sobre competencia territorial que pueda concurrir en el procedimiento. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los supuestos exceptuados en la normativa procesal estatal.
Artículo 12 Ejercicio y disposición de acciones
El ejercicio de acciones judiciales en nombre de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos requerirá acuerdo previo del Consejo de la Xunta de Galicia.
En los supuestos de urgencia, el ejercicio de acciones podrá ordenarse mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General, previa iniciativa del órgano interesado, con posterior ratificación del Consejo de la Xunta de Galicia. En caso de que el Consejo de la Xunta de Galicia no proceda a tal ratificación, se entenderá que existe un desistimiento de la acción ejercida.
No será necesario el acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia para ejercer la reconvención en los procesos civiles. En estos supuestos bastará con la resolución de la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General, que dará cuenta al órgano superior del que dependa, de acuerdo con la estructura orgánica aprobada por la Xunta de Galicia.
No será necesario el acuerdo previo del Consejo de la Xunta de Galicia para que se persone el/la letrado/a de la Xunta de Galicia en la fase de instrucción de los procesos penales en que la Administración general de la Comunidad Autónoma o sus organismos autónomos puedan resultar perjudicados. Esta personación podrá ser ordenada por la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General, previa iniciativa del órgano interesado.
Asimismo, tampoco será necesario el acuerdo previo del Consejo de la Xunta de Galicia para ejercer exclusivamente la acción civil en cualquier fase de los procesos penales.
Se requerirá acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia para la presentación del escrito de acusación salvo en los casos de urgencia, en los cuales se observará lo previsto en el apartado 2.
Los/las letrados/as de la Xunta de Galicia no podrán realizar actos de disposición de la acción procesal sin la autorización del Consejo de la Xunta de Galicia, adoptada a propuesta razonada de la consejería o entidad interesada y previo informe de la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia.
Artículo 13 Ejecución de sentencias
Corresponde la ejecución material de sentencias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que legalmente proceda, al órgano que en el momento de la ejecución resulte competente por razón de la materia sobre la cual verse el litigio, sin perjuicio de que los/las letrados/as de la Xunta de Galicia puedan ser requeridos por aquél a efectos de la formulación de actuaciones procesales o incidentes de ejecución.
Cuando la complejidad del asunto así lo requiera, el órgano al que corresponda ejecutar la sentencia podrá solicitar el asesoramiento o la emisión de informe jurídico sobre las medidas que la ejecución requiera.
En la fase de ejecución de sentencias, la Asesoría Jurídica General promoverá cuantas iniciativas favorezcan la defensa y protección de los intereses públicos.
Artículo 14 Actuaciones en procedimientos arbitrales y en otras reclamaciones extrajudiciales
Sección 3ª Funciones en materia de derecho de la Unión Europea y constitucional Artículos 15 y 16
Artículo 15 Funciones en materia de derecho de la Unión Europea e internacional
Corresponde a la Asesoría Jurídica General el asesoramiento jurídico en materia de derecho de la Unión Europea y derecho internacional, el seguimiento de la normativa comunitaria y la realización de estudios en dicha materia, de acuerdo con lo que se disponga en las normas que aprueben la estructura orgánica de la Asesoría Jurídica General.
Igualmente, le corresponde la representación y defensa de la Administración autonómica, así como el asesoramiento ante los órganos y organismos internacionales o supranacionales en que ésta sea parte, en cualquier procedimiento jurisdiccional, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
Artículo 16 Funciones en materia de asuntos constitucionales
Corresponde a la Asesoría Jurídica General el desempeño de las siguientes funciones en materia de asuntos constitucionales, de acuerdo con lo que se disponga en las normas que aprueben la estructura orgánica de la Asesoría Jurídica General:
La representación y defensa ante el Tribunal Constitucional en todos los procedimientos previstos en la legislación vigente.
La preparación de los requerimientos de incompetencia que formule la Xunta de Galicia y dar respuesta a los que le hayan sido formulados.
El asesoramiento en derecho de las actuaciones dirigidas a la solución negociada o a la prevención de la conflictividad constitucional y en las que afecten a su ámbito de competencias, todo ello sin perjuicio de las funciones que sobre estas materias corresponden a otros órganos.
Asesorar en el seguimiento de la normativa del Estado o de otras comunidades autónomas a efectos del cumplimiento del bloque de constitucionalidad y, en especial, de la distribución de competencias derivada del mismo.
Sección 4ª Asistencia jurídica en la elaboración de las disposicionesde carácter general Artículos 17 a 19
Artículo 17 Racionalización, simplificación y mejora de la calidad normativa
Artículo 18 Participación en la elaboración de las normas
En el marco de lo establecido en el artículo anterior, y para contribuir al objetivo de cumplir el principio de calidad normativa, en todas sus iniciativas normativas, los órganos asistidos solicitarán la colaboración de la Asesoría Jurídica General, que se desarrollará, en particular, mediante la asistencia de los/las letrados/as de la Xunta de Galicia a los órganos competentes para su elaboración, tramitación y participación en las comisiones encargadas de la redacción de los anteproyectos.
Asimismo, los órganos competentes podrán solicitar de la Asesoría Jurídica General el estudio y elaboración de anteproyectos de disposiciones de carácter general, con la colaboración del órgano asistido.
Los/las letrados/as velarán en estas actuaciones por la aplicación de las directrices de técnica normativa aprobadas por el Consejo de la Xunta de Galicia.
Artículo 19 Adaptación de la regulación vigente a los principios de racionalización, simplificación y mejora de la calidad normativa
Sección 5ª Defensa de funcionarios/as, autoridades y empleados/as públicos/as Artículos 20 a 27
Artículo 20 Defensa de funcionarios/as, autoridades y empleados/as públicos/as
Los/las letrados/as de la Xunta de Galicia asumirán, en los términos previstos en esta ley, la asistencia, representación y defensa de los/las funcionarios/as, autoridades o personal al servicio de la Administración y entidades asistidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, cuando éstos puedan ser parte en procedimientos ante cualquier orden jurisdiccional, cualquiera que sea su posición procesal y siempre que dicho procedimiento se suscite en virtud de actos u omisiones en el ejercicio legítimo de su función o cuando cumplan orden de la autoridad competente.
Lo dispuesto en esta sección no afectará de ninguna forma al derecho de los/las afectados/as a designar un abogado/a en ejercicio de su elección. La opción por la defensa por un/una abogado/a en ejercicio no impedirá la solicitud posterior de asistencia por letrado/a de la Xunta, siempre que se renuncie a la defensa de aquél o aquélla.
De existir contratos de seguros que cubran las prestaciones a las que se refiere este artículo, tomados por la Administración general de la Comunidad Autónoma o por su sector público, en los que su personal tenga la condición de asegurado, la defensa o asistencia del/de la letrado/a de la Xunta de Galicia se prestará cuando así lo solicite la persona interesada y manifieste su conformidad la secretaría general técnica de la consejería u órgano competente de la entidad en que aquéllos presten sus servicios.
Artículo 21 Concesión de la autorización
Para que los/las letrados/as de la Xunta de Galicia puedan asumir la asistencia, defensa o representación de los/las funcionarios/as, autoridades o personal al servicio de la Administración autonómica o entes asistidos será preceptiva la autorización de la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General.
La autorización se otorgará, tras la solicitud del/de la funcionario/a, autoridad o personal afectado, y previa petición fundada en la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 20.1 de esta ley, formulada por el titular de la secretaría general técnica de la consejería u órgano competente de la entidad en que aquéllos presten o prestaban sus servicios en el momento de suceder los hechos. Con dicha solicitud deberán aportarse cuantos documentos reciban las personas solicitantes del juzgado o tribunal ante el que se tramita el procedimiento, así como cualquier otro documento o antecedente que figure en los archivos del órgano y que pueda tener relación directa con dicho procedimiento.
Para conceder la asistencia jurídica regulada en el apartado 1 del presente artículo, la Asesoría Jurídica General valorará, con carácter previo, la posible contraposición de intereses entre la persona solicitante de asistencia y la Administración autonómica o, en su caso, su coincidencia, atendiendo a factores tales como la especial afección de la Administración autonómica respecto de los bienes jurídicos protegidos, la posible relación con la defensa de los derechos fundamentales o la apariencia de actuación legítima por parte de la autoridad, funcionario/a o personal afectado.
En los casos de urgencia en la prestación de la asistencia, la valoración se efectuará de forma sumaria y, en su caso, se otorgará la actuación para las concretas actuaciones de que se trate, sin perjuicio, en todo caso, del posterior análisis de la situación y de la posible no renovación o revocación de la autorización de acuerdo con lo establecido en esta ley.
En los supuestos en que, por la existencia de secreto de diligencias sumariales para las partes personadas, no se puedan conocer los datos necesarios para valorar la concesión de la asistencia letrada se suspenderá, por resolución de la dirección general, el plazo para resolver el procedimiento de concesión de la autorización. El procedimiento continuará cuando la persona interesada comunique a la dirección general el levantamiento del secreto.
Se entenderá que existen los elementos para la concesión de la autorización en los casos en los cuales se solicite una asistencia derivada de agresiones físicas, verbales o amenazas contra funcionarios/as, autoridades o personal, excepto resolución motivada que justifique el rechazo en el caso concreto.
El procedimiento para la concesión de la autorización deberá resolverse en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud por la persona interesada, salvo cuando la urgencia de la situación requiera que se otorgue la autorización en un plazo menor, de acuerdo con lo indicado en el artículo 21.4.
La decisión de la persona titular de la dirección general agotará la vía administrativa.
En caso de falta de resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada su solicitud a efectos de la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo, salvo en los casos en que se solicite una asistencia derivada de agresiones físicas, verbales o amenazas contra el personal docente, sanitario o el que tenga encomendadas funciones de vigilancia o inspección, en que la solicitud se entenderá estimada.
Artículo 23 Asunciones de gastos
Artículo 24 Denegación de la autorización
La autorización a la que se refiere el artículo 21 se denegará:
Cuando de los antecedentes remitidos se deduzca que el procedimiento no deriva de actos u omisiones realizados en el ejercicio legítimo de las funciones inherentes al puesto de trabajo; cuando no exista apariencia de actuación legítima por parte de la autoridad, funcionario/a o personal afectado; o cuando se hubiese actuado en cumplimiento de órdenes que constituyen una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de la ley o de cualquier otra disposición general.
Cuando se aprecie la existencia de intereses contrapuestos entre la Xunta de Galicia, organismos o entidades públicas cuya representación desempeñen legal o convencionalmente los/las letrados/as de la Xunta de Galicia y la autoridad, funcionario/a o empleado/a.
Cuando en un mismo procedimiento pueda asumirse la defensa de varias autoridades, funcionarios/as o empleados/as y se aprecie la existencia de intereses contrapuestos entre ellos, la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General decidirá lo que considere procedente para la asistencia, defensa y representación de los mismos.
Artículo 25 Revocación de la autorización
La autorización ya concedida podrá ser revocada por la Dirección General de la Asesoría Jurídica General cuando se aprecien de forma sobrevenida las circunstancias señaladas en el artículo anterior.
En los casos de revocación en que la Administración autonómica ya se hubiese personado en el procedimiento, la defensa de la posición de la Administración se encomendará a un letrado de la Xunta de Galicia diferente del que prestaba aquella asistencia letrada.
Artículo 26 Indemnización en los casos de denegación de la autorización
Siempre que la asistencia jurídica sea solicitada de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley y ésta sea denegada, la persona interesada, si finalmente resulta absuelta, o el asunto es desestimado, archivado o sobreseído o, en su caso, resultan íntegramente estimadas sus pretensiones con carácter de firmeza, podrá solicitar en concepto de indemnización especial, que correrá por cuenta de la consejería o entidad en que prestaba servicio en el momento de producirse los hechos, el reintegro de los gastos de defensa y representación, siempre que tales servicios hubiesen sido procesalmente obligados y salvo que resultasen cubiertos por la condena en costas a la parte contraria. Tal resarcimiento, de darse, se calculará y reconocerá teniendo en cuenta los criterios de honorarios para costas y juras de costas de las tablas aprobadas por el colegio profesional de la provincia donde se desenvolvió el proceso.
El órgano competente de la consejería o entidad en el que la persona interesada prestaba sus servicios, en los supuestos de denegación de la autorización por la existencia de intereses contrapuestos, podrá acordar, cuando así se solicite y se aprecien razones justificadas, la asunción provisional por la Administración de los gastos de representación y defensa indicados en el apartado 1 en que incurra la persona interesada, y con el límite en él establecido. Este adelanto no podrá producirse en los supuestos de denegación de la autorización por no derivar el procedimiento de actos u omisiones realizados en el ejercicio legítimo de las funciones inherentes al puesto de trabajo, por no existir apariencia de actuación legítima por parte de la autoridad, funcionario/a o personal afectado, o cuando se hubiese actuado en cumplimiento de órdenes que constituyen una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de la ley o de cualquier otra disposición general.
Artículo 27 Compensación de gastos en determinados supuestos
Sección 6ª Ejercicio de la acción popular Artículo 28
Artículo 28 Ejercicio de la acción popular
Sección 7ª Otras funciones Artículos 29 a 43
Artículo 29 Asistencia a órganos colegiados
Los/las letrados/as de la Xunta de Galicia asistirán, en ejercicio de su función consultiva, a las mesas de contratación, juntas, comisiones y demás órganos colegiados de la Administración o entidades asistidas en que, conforme a las disposiciones vigentes, sea precisa su intervención, o cuando así sea requerida.
La intervención de los/las letrados/as deberá limitarse, excepto disposición expresa en contrario, al asesoramiento en derecho en el cumplimiento de la legalidad vigente en la adopción de acuerdos y en la actuación de dichos órganos.
Artículo 30 Comunicación con el Consejo Consultivo de Galicia
Artículo 31 Verificación de documentos
Corresponde a los/las letrados/as de la Xunta de Galicia declarar la suficiencia, con carácter de acto administrativo, de los documentos justificativos de los poderes o facultades de los que actúen en representación de otros, y deberán expresar concretamente su eficacia en relación con el fin para el que hayan sido presentados.
Las solicitudes de bastanteos de los poderes o facultades formuladas por particulares tendrán que ser resueltas y notificadas en el plazo máximo de diez días, contados desde cuando se hubiese presentado la documentación completa. En caso de no ser resueltas en tal plazo, podrá entenderse desestimada tal solicitud.
Los actos de los/las letrados/as de la Xunta de Galicia que declaren la invalidez, la insuficiencia de los documentos presentados para acreditar la personalidad o la representación de una persona por otra o que, en definitiva, desestimen la solicitud de verificación formulada podrán ser impugnados por la persona interesada en alzada. La resolución del recurso corresponderá a la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General, y pondrá fin a la vía administrativa.
Artículo 32 Prevención de la corrupción
CAPÍTULO IIIPrincipios de colaboración entre los órganos asistidos yla Asesoría Jurídica General
Los órganos asistidos deberán prestar a la Asesoría Jurídica General la colaboración precisa para la mejor realización de sus fines.
En particular, los órganos asistidos deberán remitir a la Asesoría Jurídica, a la mayor brevedad posible, cualquier comunicación recibida de órganos jurisdiccionales.
La Asesoría Jurídica remitirá, con la urgencia que el caso requiera, a los órganos de la Administración interesada en los procesos las comunicaciones recibidas de órganos jurisdiccionales, especialmente cuando ordenen alguna actuación por parte de la Administración, y prestará la colaboración que sea precisa a estos efectos.
CAPÍTULO IVOrganización de la Asesoría Jurídica General
Artículo 34 Nombramiento y funciones de la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General
La dirección, coordinación e inspección de la asistencia jurídica, tanto consultiva como contenciosa, regulada en esta ley, corresponde a la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General.
La persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General se designará entre funcionarios pertenecientes a la escala de letrados/as de la Xunta de Galicia. También se podrá designar entre los/las funcionarios/as públicos/as del subgrupo A1 pertenecientes a cuerpos o escalas de la Administración pública que tengan expresamente encomendadas funciones de asesoramiento jurídico, así como de defensa y representación de la Administración en juicio, o bien entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional.
Durante el desempeño de su cargo la persona titular de la dirección general estará habilitada para ejercer las funciones de letrado/a de la Xunta de Galicia y, en particular, podrá firmar como tal los escritos procesales.
Corresponde a la persona titular de la dirección general garantizar el principio de unidad de criterio en el ejercicio de las funciones de asistencia jurídica. A estos efectos le corresponde:
Fijar los criterios generales de interpretación del ordenamiento jurídico, con el fin de homogeneizar las actuaciones de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de las entidades de su sector público.
Impartir a los/las letrados/as de la Xunta de Galicia las órdenes y las instrucciones particulares o generales que sean convenientes para el servicio y para el ejercicio de sus funciones.
La persona titular de la dirección general podrá reservarse el conocimiento de cualquier asunto consultivo o contencioso, o de cualquier materia o conjunto de ellas, así como disponer la actuación conjunta o individual de los/las letrados/as en determinados asuntos o categorías de ellos, por razones de coordinación, reparto o distribución del trabajo, o por la naturaleza o complejidad de las materias, cualquiera que sea la unidad a la que estuviese orgánicamente atribuido el conocimiento del asunto.
Artículo 35 Estructura orgánica de la Asesoría Jurídica General
Para el desempeño de sus funciones, la Asesoría Jurídica General se estructura en gabinetes centrales, gabinetes jurídicos territoriales y asesorías jurídicas de las consejerías, organismos y entidades en que así se disponga, de acuerdo con las disposiciones orgánicas que apruebe la Xunta de Galicia.
Los citados gabinetes y asesorías jurídicas dependerán jerárquica y funcionalmente de la Asesoría Jurídica General, sin perjuicio de su integración orgánica en las consejerías, delegaciones territoriales o entidades en que desempeñen sus servicios.
Asimismo, dependerá jerárquica y funcionalmente de la Asesoría Jurídica General la Asesoría Jurídica del Servicio Gallego de Salud, integrada por letrados/as de la Xunta de Galicia, sin perjuicio de su especialización y prestación de servicios en el organismo.
La Xunta de Galicia aprobará la estructura orgánica de la Asesoría Jurídica General de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 16/2010, determinará los distintos órganos que de ella dependen, así como las competencias y funciones de los gabinetes y de las asesorías jurídicas determinadas en los puntos anteriores, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 34.5 de la presente ley.
Artículo 36 Relación de puestos de trabajo
Para la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, todos/as los/las letrados/as y personal administrativo de la Asesoría Jurídica General se incluirán en una única relación de puestos de trabajo, con independencia de la consejería, delegación territorial o entidad en que desempeñen sus servicios.
Esta relación de puestos de trabajo dimensionará adecuadamente los efectivos asignados a la Asesoría Jurídica General y a los órganos que dependen de ella para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de esta ley, y adscribirá, además de a los titulares de los órganos, el número de puestos de letrado/a que se determine.
CAPÍTULO VLos/las letrados/as de la Xunta de Galicia
Artículo 37 Escala de letrados de la Xunta de Galicia
El ejercicio de las funciones de asistencia jurídica de competencia de la Asesoría Jurídica General corresponde al personal funcionario perteneciente a la escala de letrados de la Xunta de Galicia, integrada en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma, subgrupo A1, prevista en el apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia.
La denominación que le corresponde en exclusiva a los/las letrados/as será la de letrado o letrada de la Xunta de Galicia, y no podrá ser utilizada tal denominación u otra que induzca a confusión por ningún otro personal dependiente de la Administración general de la Comunidad Autónoma o de su sector público.
El ingreso en la escala de letrados de la Xunta de Galicia se efectuará de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de oposición entre personas con la licenciatura o grado en Derecho.
Las pruebas selectivas de ingreso deberán basarse en un temario que exigirá conocimiento de todas las ramas del derecho, con especial énfasis en las materias de derecho civil, derecho procesal, derecho constitucional y autonómico y derecho administrativo, combinarán de forma equilibrada los ejercicios teóricos y prácticos, y deberán ser evaluadas de acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad.
Artículo 38 Dependencia jerárquica y funcional
Los/las letrados/as de la Xunta de Galicia, cualquiera que sea el órgano en que desempeñen sus servicios, están sujetos a la dependencia jerárquica y funcional de la Asesoría Jurídica General.
Corresponde a la consejería, delegación territorial, organismo o entidad en que los/las letrados/as de la Xunta de Galicia presten sus servicios la provisión de los medios materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Artículo 39 Actuación profesional
Los/las letrados/as de la Xunta de Galicia quedan habilitados por el hecho de su nombramiento y toma de posesión para la realización de las funciones que les corresponden tanto ante la Administración general y su sector público como ante los juzgados y tribunales de cualquier orden jurisdiccional.
En sus actuaciones procesales los/las letrados/as de la Xunta de Galicia llevarán un distintivo que los acredite como tales, que será aprobado por orden de la persona titular de la consejería competente en materia de justicia.
Los/las letrados/as de la Xunta de Galicia desarrollarán sus funciones en defensa de los derechos e intereses de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.
Los/las letrados/as de la Xunta de Galicia tienen garantizada su autonomía funcional respecto de los órganos y entidades asistidos.
Artículo 40 Puestos de trabajo con funciones de asistencia jurídica
Artículo 41 Habilitación temporal en puestos de trabajo correspondientes a la escala de letrados
Cuando los puestos de trabajo correspondientes a la escala de letrados/as se encuentren vacantes y, teniendo en cuenta las necesidades de servicio, no puedan ser cubiertos por personal funcionario de la escala, podrán ser desempeñados, excepcionalmente y de manera temporal, conforme a los sistemas de provisión temporal regulados por la normativa de función pública, por funcionarios/as de carrera de la Comunidad Autónoma con título de licenciado/a o graduado/a en Derecho y pertenecientes al subgrupo A1.
Esta provisión requerirá informe previo y motivado de la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General. En ningún caso esta habilitación temporal y excepcional supondrá la adquisición de derechos de integración orgánica en la escala de letrados/as.
En los casos indicados en el apartado anterior, una vez provista la plaza, la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General dictará resolución de habilitación y señalará las funciones asignadas a los/las letrados/as que podrá realizar la persona designada.
Las habilitaciones podrán ser revocadas discrecionalmente por la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General, lo que conllevará el cese en el puesto de trabajo. Asimismo, la habilitación cesará cuando sea provista la plaza por letrado/a de la Xunta de Galicia.
Artículo 42 Habilitación a personal funcionario que preste sus servicios en puestos de trabajo de los órganos asistidos
Para la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General podrá habilitar, para el ejercicio de concretas y determinadas funciones de asistencia jurídica correspondientes a la escala de letrados/as de la Xunta de Galicia, personal funcionario licenciado o graduado en Derecho que preste sus servicios en puestos de trabajo de los órganos asistidos y cuyas funciones ordinarias y especialización técnica estén relacionadas con las materias respecto de las cuales se efectúa la habilitación.
Esta habilitación requerirá la conformidad del órgano asistido. El/la funcionario/a habilitado/a de acuerdo con este precepto mantendrá su puesto de trabajo y dependencia orgánica, si bien actuará bajo la dependencia funcional de la Asesoría Jurídica General en lo relativo única y exclusivamente al desempeño de las funciones de asistencia jurídica asignadas, que se desarrollarán de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
Las habilitaciones previstas en este artículo podrán ser revocadas discrecionalmente por la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica General.
Disposición adicional primera Uso de la lengua gallega
Se fomentará la implantación y utilización de los medios electrónicos que faciliten la relación de la Asesoría Jurídica General con el resto de órganos de la Administración autonómica y de otras administraciones, principalmente con la Administración de justicia, con el objeto de simplificar los trámites y reducir los plazos de las comunicaciones, para facilitar un funcionamiento más eficaz de las instituciones.
La Asesoría Jurídica General utilizará medios electrónicos para remitir a los órganos y entidades asistidos las comunicaciones recibidas de los órganos jurisdiccionales.
Disposición adicional tercera Negociación con las organizaciones sindicales
Disposición adicional cuarta Modificaciones presupuestarias, transferencias y habilitaciones de créditos
Disposición final primera Modificación de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico
Artículo 23. Contratación transparente y que fomente la competencia
2. Los órganos de contratación, la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia y los órganos competentes para resolver el recurso especial referido en el artículo 40 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público le notificarán a la Comisión Gallega de la Competencia cualquier hecho, del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, que pueda constituir infracción de la legislación de defensa de la competencia. En particular, comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación
Disposición final segunda Modificación de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia
c) Cuando hubiese sido resuelta por distintas administraciones públicas de Galicia con criterios jurídicos contradictorios
4. Cuando la realización de un determinado anteproyecto legislativo, de una propuesta legislativa o de reforma estatutaria o de un concreto informe requiera información o asesoramiento técnico especializado, podrá solicitarse la asistencia de personal funcionario de otros cuerpos del sector público autonómico
Se faculta al Consejo de la Xunta de Galicia para aprobar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente ley.
Asimismo, el Consejo de la Xunta de Galicia aprobará, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en el artículo 27.1 de la Ley 16/2010, la estructura orgánica de la Asesoría Jurídica General y determinará los distintos órganos que de ella dependen, así como sus competencias y funciones.
Santiago de Compostela, cuatro de abril de dos mil dieciséis