Source: https://recull.creinsa.com/sentencia/11220
Timestamp: 2017-12-16 18:21:48
Document Index: 400380076

Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 285', 'artículo 1', 'artículo 105', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1']

En el asunto C‑200/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal), mediante resolución de 4 de abril de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de abril de 2016, en el procedimiento entre Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança SA e ICTS Portugal — Consultadoria de Aviação Comercial SA, Arthur George Resendes y otros
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Décima, Sentencia de 19 Oct. 2017, C-200/2016
En el asunto C-200/16,
ICTS Portugal - Consultadoria de Aviação Comercial SA,
- en nombre de ICTS Portugal - Consultadoria de Aviação Comercial SA, por el Sr. A.L. Santos, advogado;
- en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo y L. C. Oliveira, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. França y M. Kellerbauer, en calidad de agentes;
1. La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO 2001, L 82, p. 16).
2. Dicha petición se ha planteado en el marco de un litigio entre, por un lado, Securitas - Serviços e Tecnologia de Segurança SA (en lo sucesivo, «Securitas») y, por otro, el Sr. Arthur George Resendes y otros dieciséis antiguos trabajadores de ICTS Portugal - Consultadoria de Aviação Comercial SA (en lo sucesivo, «ICTS») e ICTS, en relación con la negativa de Securitas a reconocer que las relaciones laborales entre esos trabajadores e ICTS se transfirieron a Securitas en virtud de una transmisión de centro de actividad.
3. El considerando 3 de la Directiva 2001/23 tiene la siguiente redacción:
4. El considerando 8 de esta Directiva establece:
5. El artículo 1, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2001/23, establece:
6. De conformidad con el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2001/23:
7. A tenor del artículo 285 del Código do Trabalho (Código de Trabajo), aprobado mediante la Ley n.º 7/2009, de 12 de febrero de 2009:
8. La cláusula n.º 13 del convenio colectivo celebrado en 2011 entre la Associação de Empresas de Segurança Privada (en lo sucesivo, «AES»), la Associação Nacional das Empresas de Segurança (en lo sucesivo, «AESIRF») y, en particular, el Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas (en lo sucesivo, «STAD»), publicado en el Boletim do Trabalho e Emprego [Boletín de trabajo y empleo] n.º 17/2011 establece:
9. El Sr. Resendes y otras dieciséis personas, en su condición de trabajadores de ICTS, ejercieron hasta el 14 de julio de 2013 funciones de vigilancia en las instalaciones (puerto deportivo, puerto, muelle) de Portos dos Açores SA situadas en Ponta Delgada (Portugal), en virtud de un contrato celebrado entre ésta e ICTS.
10. En particular, tenían encomendada la misión de controlar las entradas y las salidas de personas y de mercancías, utilizando dispositivos de videovigilancia, según las modalidades que ICTS les precisó. Su empresario les facilitaba también uniformes y equipos radiofónicos.
11. El 17 de enero de 2013, Portos dos Açores convocó una licitación para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad preventiva en sus instalaciones de Ponta Delgada. El 17 de abril de 2013, el contrato fue adjudicado a Securitas.
12. Los trabajadores de ICTS sostienen, ante el órgano jurisdiccional remitente, que el 17 de junio de 2013 ICTS les indicó por escrito que, a raíz de la adjudicación del citado contrato a Securitas, con efecto a partir del 15 de julio siguiente, sus contratos de trabajo se transferirían a ésta.
13. El 14 de julio de 2013, un trabajador de ICTS, tras haber recibido de su empresario instrucciones en ese sentido, envió a un trabajador de Securitas el equipo de radio utilizado por los trabajadores de ICTS en las instalaciones de Portos dos Açores. Seguidamente, Securitas hizo entrega de ese equipo a Portos dos Açores.
14. Securitas comenzó a prestar sus servicios de vigilancia y seguridad el 15 de julio de 2013. Facilitó a los agentes de seguridad encargados de realizar dichos servicios el equipo de radio de su propiedad y uniformes idénticos con el logotipo de la empresa.
15. Securitas comunicó también al Sr. Resendes y a los otros dieciséis afectados que no formaban parte de su plantilla y que su empresario seguía siendo ICTS. En consecuencia, interpusieron recursos ante el Tribunal do Trabalho de Ponta Delgada contra Securitas e ICTS solicitando que se condenara a Securitas, o, con carácter subsidiario, a ICTS, a reconocer que dichos trabajadores forman parte de su plantilla y a pagarles sus salarios con los intereses de demora desde el 15 de julio de 2013 o, en el caso de tres de ellos, una indemnización por despido improcedente.
16. El citado órgano jurisdiccional estimó esos recursos. Consideró que se había producido una transmisión de centro de actividad entre las dos sociedades y que los contratos de trabajo de los antiguos trabajadores de ICTS habían sido transferidos a Securitas. Por lo tanto, calificó el despido de dichos trabajadores por Securitas de improcedente, y le condenó a readmitir a la mayoría de los afectados y a pagarles diversos créditos salariales e indemnizaciones.
17. Securitas interpuso recurso contra esa sentencia ante el Tribunal da Relação de Lisboa, que confirmó la resolución dictada en primera instancia.
18. Como consecuencia de ello, Securitas, interpuso recurso de casación ante el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal). Dicho órgano jurisdiccional desea saber, en esencia, si la sustitución de ICTS por Securitas, para la actividad de vigilancia y seguridad ejercida en las instalaciones de Portos dos Açores, a raíz de la adjudicación a Securitas de un contrato de servicios, está incluida en el concepto de «[transmisión] de empresa [o] de centro de actividad», en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2001/23.
19. En estas circunstancias, el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
3) ¿Es contrario al Derecho de la Unión relativo a la definición de transmisión de empresa o de centro de actividad derivada de la [Directiva 2001/23], el apartado 2 de la cláusula 13 del convenio colectivo celebrado entre la Associação de Empresas de Segurança Privada (AES), la Associação Nacional das Empresas de Segurança (AESIRF), el Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Actividades Diversas (STAD) y otras asociaciones sindicales, en la medida en que dispone que "no se incluye en el concepto de transmisión de empresa o de centro de actividad la pérdida de un cliente por parte de un operador por la adjudicación del servicio a otro operador"?»
20. Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 2016, se desestimó la solicitud del órgano jurisdiccional remitente de que se tramitara el presente asunto mediante el procedimiento acelerado previsto en el artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
21. Mediante sus dos primeras cuestiones, que es preciso examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que se incluye en el concepto de «[transmisión] de empresa [o] de centro de actividad», en el sentido de la citada disposición, una situación en la que el comitente ha resuelto el contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad de sus instalaciones celebrado con una empresa, y posteriormente ha celebrado, para la ejecución de dicha prestación, un nuevo contrato con otra empresa, que se niega a hacerse cargo de los trabajadores de la primera.
22. Con arreglo a su artículo 1, apartado 1, letra a), la Directiva 2001/23 se aplica a las transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión.
23. A este respecto, es necesario señalar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la Directiva 2001/23 es aplicable en todos los supuestos de cambio, en el marco de las relaciones contractuales, de la persona física o jurídica responsable de la explotación de la
empresa que contrae las obligaciones de empresario respecto a los empleados de la empresa. Por lo tanto, para que la Directiva 2001/23 se aplique, no es necesario que existan relaciones contractuales directas entre cedente y el cesionario, pudiendo también producirse la cesión a través de un tercero (véanse, en particular, las sentencias de 7 de marzo de 1996, Merckx y Neuhuys, C-171/94 y C-172/94, EU:C:1996:87, apartados 28 y 30, y de 20 noviembre de 2003, Abler y otros, C-340/0 1, EU:C:2003:629, apartado 39).
24. De ello se deduce que la inexistencia de vínculo contractual entre las dos empresas a las que se ha confiado sucesivamente la gestión de la vigilancia y seguridad de las instalaciones portuarias no permite llegar a la conclusión de que la Directiva 2001/23 es inaplicable.
25. Además, es preciso recordar que, con arreglo al artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 2001/23, la aplicabilidad de esta Directiva está supeditada asimismo al requisito de que la transmisión recaiga sobre «una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria».
26. Para determinar si concurre efectivamente este requisito, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho que caracterizan la operación en cuestión, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los edificios o los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Estos elementos deben apreciarse en el marco de una evaluación de conjunto de las circunstancias del caso y, por lo tanto, no pueden apreciarse aisladamente (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de noviembre de 2015, Aira Pascual y Algeposa Terminales Ferroviarios, C-509/14, U:C:2015:781, apartado 32 y jurisprudencia citada).
27. En particular, el Tribunal de Justicia ha considerado que, para apreciar las circunstancias de hecho que caracterizan la operación, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta el tipo de empresa o de centro de actividad de que se trate (sentencia de 26 de noviembre de 2015, Aira Pascual y Algeposa Terminales Ferroviarios, C-509/14, EU:C:2015:781, apartado 33).
28. De ello resulta que la importancia respectiva que debe atribuirse a los distintos criterios que determinan la existencia de una transmisión en el sentido de la Directiva 2001/23 varía necesariamente en función de la actividad ejercida, o incluso de los métodos de producción o de explotación utilizados en la empresa, en el centro de actividad o en la parte del centro de actividad de que se trate (sentencia de 26 de noviembre de 2015, Aira Pascual y Algeposa Terminales Ferroviarios, C-509/1 4, EU:C:2015:781, apartado 34).
29. El Tribunal de Justicia ha declarado a este respecto que, en un sector en el que la actividad se basa esencialmente en la mano de obra, la identidad de una entidad económica no puede mantenerse si el supuesto cesionario no se hace cargo de la mayor parte de su plantilla (sentencia de 26 de noviembre de 2015, Aira Pascual y Algeposa Terminales Ferroviarios, C-509/14, EU:C:2015:781, apartado 35).
30. En cambio, cuando la actividad se apoya fundamentalmente en el equipamiento, el hecho de que el nuevo empresario no se haga cargo de los antiguos trabajadores de una empresa para el desarrollo de dicha actividad, como ocurre en el litigio principal, no basta para excluir la existencia de una transmisión de una entidad que mantenga su identidad, en el sentido de la Directiva 2001/23. En efecto, una interpretación diferente iría en contra del objetivo principal de la Directiva, que es mantener los contratos de trabajo de los trabajadores del cedente, aun en contra de la voluntad del cesionario (sentencia de 26 de noviembre de 2015, Aira Pascual y Algeposa Terminales Ferroviarios, C-509/14, EU:C:2015:781, apartado 41).
31. Así pues, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la luz de lo expuesto y teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho que caracterizan la operación de que se trata en el litigio principal, si ésta debe considerarse o no transmisión de empresa en el sentido de la Directiva.
32. A tal efecto, le corresponderá, en particular, comprobar si ICTS transfirió a Securitas, directa o indirectamente, el equipo o bienes materiales o inmateriales, para el ejercicio de la actividad de vigilancia y seguridad en las instalaciones de que se trata.
33. Además, el citado órgano jurisdiccional deberá comprobar si Portos dos Açores puso tales elementos a disposición de ICTS y de Securitas. A este respecto, es preciso recordar que la circunstancia de que los elementos materiales indispensables para el desarrollo de la actividad de que se trata en el litigio principal y asumidos por el nuevo empresario no pertenecieran a su antecesor, sino que simplemente fueran puestos a su disposición por la entidad contratante, no puede excluir la existencia de una transmisión de empresa en el sentido de la Directiva 2001/23 (sentencia de 26 de noviembre de 2015, Aira Pascual y Algeposa Terminales Ferroviarios, C-509/14, EU:C:2015:781, apartados 38 y 39). Sin embargo, únicamente el equipamiento que se utilice en realidad para prestar los servicios de vigilancia, excluidas las instalaciones objeto de tales servicios, debe, en su caso, tenerse en cuenta para acreditar la existencia de una transmisión de una entidad que mantenga su identidad, en el sentido de la Directiva 2001/23 (sentencia de 29 de julio de 2010, UGT-FSP, C-151/09, EU:C:2010:452, apartado 31).
34. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las dos primeras cuestiones que el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el concepto de «[transmisión] de empresa [o] de centro de actividad» en el sentido de la citada disposición, una situación en la que el comitente ha resuelto el contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad de sus instalaciones celebrado con una empresa, y posteriormente, para la ejecución de tal prestación, ha celebrado un nuevo contrato con otra empresa, que se niega a hacerse cargo de los trabajadores de la primera, a pesar de que la segunda empresa ha recibido el equipo indispensable para realizar dicha prestación.
35. Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que es contrario una disposición nacional como la controvertida en el litigio principal, que establece que no está comprendida en el concepto de «[transmisión] de empresa [o] de centro de actividad», con arreglo al artículo 1, apartado 1, la pérdida de un cliente por parte de un operador por la adjudicación del servicio a otro operador.
36. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la simple pérdida de una contrata de servicios en beneficio de un competidor no revela, por sí sola, la existencia de una transmisión de empresa o de centro de actividad, en el sentido de la Directiva 2001/23 (sentencia de 11 de marzo de 1997, Süzen, C-13/95, EU:C:1997:141, apartado 16). Sin embargo, una disposición nacional que excluye con carácter general de ese concepto la pérdida de un cliente por parte de un operador debida a la adjudicación del servicio a otro operador no permite que se tomen en consideración todas las circunstancias de hecho que caracterizan la situación de que se trata.
37. En consecuencia, teniendo en cuenta, por un lado, la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, recordada en los apartados 26 y 27 de la presente sentencia y, por otro, el objetivo de la Directiva 2001/23, que, como se desprende de su tercer considerando, es proteger a los trabajadores en caso de cambio de empresario, en particular para garantizar el mantenimiento de sus derechos, procede considerar que el artículo 1, apartado 1, de la citada Directiva se opone a esa disposición nacional.
38. En tales circunstancias, procede responder a la tercera cuestión que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2001/23, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición
nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece que no está comprendida en el ámbito de aplicación del concepto de «[transmisión] de empresa [o] de centro de actividad» en el sentido del artículo 1, apartado 1, la pérdida de un cliente por un operador debida a la adjudicación de un contrato de servicios a otro operador.
39. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.