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Timestamp: 2014-11-26 13:34:47
Document Index: 42292257

Matched Legal Cases: ['artículo 306', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 250', 'Artículo 308', 'artículo 250', 'artículo 308', 'artículo 306', 'artículo 316', 'artículo 342', 'artículo 250', 'artículo 2', 'artículo 250', 'artículo 92', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 29', 'artículo 29']

DERECHO PENAL COLOMBIA: Tutela en caso de EMILIO TAPIA. Tribunal Superior de Bogotá determina que el Ministerio Público no está facultado para solicitar medida de aseguramiento contra el imputado. El juez que acceda a ello desborda su competencia
Tutela en caso de EMILIO TAPIA. Sobre los roles de las partes e intervinientes en el proceso penal, el Tribunal Superior de Bogotá estableció las siguientes reglas:
(v). Si el Juez de Garantías impone una medida de aseguramiento a petición de un sujeto procesal diferente a la Fiscalía o la víctima, desborda el ámbito de su competencia. (vi). Cuando el Juez de Garantías impone una medida de aseguramiento privativa de la libertad a petición de un sujeto procesal distinto de la Fiscalía o la víctima, la privación de la libertad es irregular y mediante el hábeas corpus se puede recuperar el disfrute del derecho fundamental agraviado;
Radicación 11001220400020122704 00
Accionante Jorge Enrique Sanjuán Gálvez y Luis Hernando Ortiz Valero, Agentes Especiales del Ministerio Público
Accionado Juzgado 2º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá Derecho
Debido proceso y tutela judicial efectiva Decisión
Niega por improcedente I. ASUNTO:
1. Resolver la acción de tutela promovida por Jorge Enrique Sanjuán Gálvez y Luis Hernando Ortiz Valero, Agentes Especiales del Ministerio Público dentro del proceso penal seguido contra Emilio José Tapia Aldana, contra el Juzgado 2º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. II. FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN:
6. Contra lo resuelto por el juez de garantías de segunda instancia promueven el amparo los accionantes, porque la consideran violatoria de los derechos fundamentales del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. III. ACTUACIÓN PROCESAL:
8. Juzgado 2º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá: Aclaró que el Ministerio Público no solicitó al Juez de Garantías la corrección de la petición hecha por la Fiscalía General de la Nación, sino que fuera mas allá de lo pedido por el delegado fiscal e impusiera como medida de aseguramiento la detención preventiva del procesado en establecimiento carcelario, petición para la que no está facultado por ser atribución limitada a la Fiscalía, y excepcionalmente a la víctima en aquellos casos en los que el ente acusador no lo haga, de acuerdo con lo regulado en el artículo 306 de la Ley 906 de 2004. 9. La Fiscalía Tercera ante la Corte Suprema de Justicia advirtió que la Juez de segunda instancia restableció la estructura del proceso, el que fue quebrantado por (i) el pronunciamiento de la Juez de primera instancia, quien lo desconoció al permitir excesos en el rol atribuido al Ministerio Público, y (ii) por haber ordenado una medida privativa de la libertad solicitada por éste, desconociendo en quien recae la titularidad de la acción penal al desbordar lo pedido por la Fiscalía, más cuando la víctima -IDU- no reclamó la imposición de medida de aseguramiento. Igualmente, resaltó la colaboración del imputado con la administración de justicia.
10. Asimismo señaló que el Ministerio Público durante la audiencia no manifestó actuar en nombre de la víctima y, que además no realizó un juicio de proporcionalidad, ni demostró que la víctima estuviera expuesta a un peligro o amenaza real. 11. El apoderado de la víctima -Instituto de Desarrollo Urbano IDU-, advirtió que concurrió a la audiencia de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento, pero no pudo intervenir efectivamente en la misma, dado que el poder que se le había otorgado no obraba en las carpetas de la actuación. Señaló que la representación de víctimas no estaba habilitada para demandar medidas asegurativas, puesto que ello sólo es procedente en el evento en que lo hiciere el titular de la acción penal, esto es la Fiscalía.
12. El doctor Jesús Albeiro Yepes, apoderado de Emilio Tapia Aldana, solicitó negar la tutela, por cuanto la decisión del cinco (5) de septiembre no constituye una vía de hecho, al no presentar defecto sustantivo ni procedimental, puesto que el Ministerio público no puede sustituir la función investigadora y acusadora que la ley le ha asignado exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, de manera que no estaba legitimado para realizar solicitud de medida de aseguramiento, como tampoco para actuar como corrector de la labor del Fiscal. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:
13. Competencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 Fundamental y el inciso 1º del artículo 1º del Decreto 1382/00, es competente la Corporación para conocer en primera instancia de la solicitud elevada por los accionantes. 14. Problema Jurídico. Debe establecer la Sala si se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de Jorge Enrique Sanjuán Gálvez y Luis Hernando Ortiz Valero, Agentes Especiales del Ministerio Público dentro del proceso penal 110016000102201200105 NIN 168392 contra Emilio José Tapia Aldana, con la decisión de 5 de septiembre de 2012 proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá.
15. Discusión: Dado que los accionantes en la solicitud de amparo cuestionan una decisión judicial de segunda instancia, en primer lugar es menester analizar el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales; seguidamente, a partir de las funciones y roles que cumples las partes e intervinientes en el proceso penal, se determinará quién o quiénes están autorizados para solicitar medidas de aseguramiento contra los procesados. 16. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales: El artículo 86 de la Carta Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
17. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en señalar que es improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, en razón de que este mecanismo es de carácter eminentemente subsidiario y no ha sido establecido para remplazar o sustituir los procedimientos ordinarios existentes; salvo y en forma excepcional, cuando la actuación de la autoridad judicial constituya una vía de hecho. 18. En múltiples pronunciamientos la jurisprudencia constitucional ha considerado como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal esta afecte los derechos fundamentales; (v) que la parte actora identifique los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, habiendo alegado tal vulneración en el proceso judicial; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
20. De lo anterior se tiene que, para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo excepcional contra providencias judiciales, resulta imprescindible demostrar la existencia de un yerro de tal naturaleza que haga evidente la vulneración de un derecho fundamental, siempre y cuando concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de las causales específicas y/o vicios. 21. En el caso sub examine, los accionantes recurrieron a la acción de tutela reclamando la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, contra una providencia judicial emitida por una autoridad judicial de segunda instancia.
22. Alegan no disponer de otro mecanismo de defensa judicial que puedan hacer valer dentro de la actuación penal que se adelanta contra Emilio José Tapia Aldana, para reclamar la eventual violación a sus derechos fundamentales, porque la decisión contra la cual solicitan el amparo constitucional no procede recurso alguno. 23. Adicionalmente, señalan, la acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez porque fue interpuesta casi que en forma inmediata si se tiene en cuenta que la providencia judicial objeto de tutela fue proferida el 5 de septiembre de 2012. 24. Destacan los accionantes que la irregularidad procesal compromete gravemente los derechos fundamentales de los accionantes en su condición de Agentes Especiales del Ministerio Público dentro del proceso cuestionado. 25. Para establecer si resulta procedente el amparo reclamado, enseguida se pasa a exponer a quien corresponde (i). la titularidad de la acción penal, (ii). las características del modelo procesal de tendencia acusatoria, (iii). los sujetos facultados para solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, (iv). las funciones del Ministerio Público en el proceso penal, (v). la inexistencia de facultades para que el Ministerio Público impulse la imposición de una medida de aseguramiento a un imputado, (vi). las atribuciones del juez de garantías y, a título de conclusiones, (vii) reglas que se derivan del análisis presentado. 26. La acción penal: La Constitución Política, artículo 250, tiene previsto que la titularidad de la acción penal corresponde a la Fiscalía General de la Nación, y que en tal virtud está obligada y/o autorizada para cumplir variadas funciones:
Parágrafo 2º. Adicionado por el art. 2º, Acto Legislativo 006 de 2011. Atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente. 27. La norma superior establece de manera inequívoca que el ejercicio de la acción penal corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Con tal soporte, la jurisprudencia ha concluido que a la Fiscalía le corresponden las siguientes funciones[1]:
ii) Ya no corresponde a la Fiscalía, por regla general, asegurar la comparecencia al proceso de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento necesarias; ahora únicamente puede solicitar la adopción de dichas medidas al juez que ejerza las funciones de control de garantías, con la misma finalidad de asegurar la comparecencia de los imputados, así como para garantizar la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en particular de las víctimas. iii) la Fiscalía General de la Nación podrá imponer, en el curso de las investigaciones que realice, las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de comunicaciones. iv) El numeral 3 del nuevo artículo 250 constitucional asigna una función específica a la Fiscalía que no estaba prevista expresamente en el texto de 1991, a saber, la de “asegurar los elementos materiales probatorios”, para lo cual deberá garantizar la cadena de custodia mientras se ejerce la contradicción de tales pruebas. v) Se mantiene la función de la Fiscalía de acusar a los presuntos infractores del ordenamiento penal ante el juez de conocimiento de la causa respectiva.
vii) El numeral 6 del artículo 250 reformado señala que corresponde al juez de conocimiento de cada proceso adoptar las medidas judiciales necesarias para asistir a las víctimas del delito, disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados, a solicitud de la Fiscalía. viii) En el numeral 7 del artículo 250 reformado se mantiene en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la función de velar por la protección de las víctimas, los testigos y las demás personas que intervienen en el proceso penal, pero se adiciona a esta lista a los jurados, que ahora intervendrán en la función de administrar justicia en el ámbito criminal.
i) separación categórica en las etapas de investigación y juzgamiento; ii) rol del juez centrado en el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación jurídica de los hechos; iii) procedencia de actuación judicial solamente a petición de parte;
v) posibilidad de terminación anticipada del proceso, pese a la certeza de la ocurrencia de un delito, por aplicación del principio de oportunidad o porque hubo acuerdo entre las partes, pero siempre con control judicial material y formal de la decisión adoptada; vi) funciones judiciales del control de garantías y de conocimiento con clara distinción de dos roles para los jueces penales: el primero, a cargo de la protección de las garantías y libertades individuales en las etapas preliminares a la imputación y, el segundo, responsable de llevar adelante el juicio penal con todas las garantías procesales y sustanciales propias del debido proceso.
En algunas ocasiones… ha mencionado la imputación y la acusación[4] y en otras se ha referido a la indagación preliminar y la preparación como etapas intermedias[5]. Sin embargo, siempre ha dejado claro que el proceso penal gira en torno a las etapas de investigación y juicio, donde esta última cobra especial protagonismo en virtud de su carácter oral, público, con inmediación de las pruebas, contradictorio y concentrado (art. 250-4 CP). 30. El proceso se ha articulado a partir de la intervención de varios sujetos, así[6]:
El capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. 34. Más adelante, en el Libro II que trata sobre técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio, Título IV referido al régimen de la libertad y su restricción, se establece en el Capítulo III de las medidas de aseguramiento:
35. Enseguida, al momento de regular los requisitos exigidos para la imposición de una medida de aseguramiento, se destaca: Artículo 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
36. Cuando la medida de aseguramiento a imponer es privativa de la libertad, se debe tener en cuenta que la reserva judicial de la libertad fue reforzada en la reforma introducida en el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema penal, en la que se estableció que por regla general la imposición de medidas restrictivas de la libertad, deberá ser decretada solamente por el juez de control de garantías, ante quien la Fiscalía General de la Nación, deberá presentar la solicitud pertinente y solo en casos excepcionales, según lo establezca la ley, ese ente podrá realizar capturas sin orden judicial previa, que no obstante estarán sujetas a un control automático por parte del juez de control de garantías dentro de las treinta y seis horas siguientes (art. 250-1 C.P)[9].
38. Empece de lo anterior, la Corte Constitucional ha desarrollado una serie de criterios que permiten a la víctima tener legitimación para intervenir en el proceso penal más allá de lo que expresamente determinó el legislador. El Tribunal Constitucional tiene dicho que si bien la Constitución previó la participación de la víctima en el proceso penal, no le otorgó la condición de parte, sino de interviniente especial. La asignación de este rol particular determina, entonces, que la víctima no tiene las mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía, pero si tiene algunas capacidades especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso penal[10].
(vii). Derechos en relación con la aplicación del principio de oportunidad (sentencia C-209 de 2007); (viii). Derechos frente a la solicitud de preclusión del Fiscal, que se traducen en la posibilidad de hacer uso de la palabra para controvertir la petición del Fiscal, la posibilidad de solicitar la práctica de pruebas que muestren que sí existe mérito para acusar, o que no se presentan las circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de preclusión, y el ejercicio del derecho de apelación contra la sentencia que resuelve la solicitud de preclusión (sentencia C-209 de 2007);
40. Específicamente sobre el derecho de la víctima a solicitar la imposición de medida de aseguramiento contra el imputado, la corte Constitucional señaló que si bien en la Fiscalía recae la titularidad de la acción penal, al ejercer dicha acción no sólo representa los intereses del Estado sino también promueve los intereses de las víctimas. Sin embargo, ello no implica en el sistema colombiano que las víctimas carezcan de derechos de participación (artículos 1 y 2 C.P.) en el proceso penal. Estas pueden actuar sin sustituir ni desplazar al Fiscal. Según el propio artículo 250, numeral 7, de la Carta, la víctima actúa como interviniente especial[12]. 41. También destacó el Tribunal Constitucional que la víctima del delito no es un sujeto pasivo de protección por parte de la Fiscalía, sino un interviniente activo, constitucionalmente legitimado para hacer valer sus derechos dentro del proceso penal instaurado por el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004[13].
En segundo lugar, dado que el constituyente definió que la víctima podría intervenir a lo largo del proceso penal, es preciso tener en cuenta los elementos específicos de cada etapa procesal y el impacto que tendría la participación de la víctima en cada una de ellas. En ese contexto, es necesario resaltar que cuando el constituyente definió que la etapa del juicio tuviera un carácter adversarial, enfatizó las especificidades de esa confrontación entre dos partes: el acusador y el acusado, dejando de lado la posibilidad de confrontación de varios acusadores en contra del acusado. La oralidad, la inmediación de pruebas, la contradicción y las garantías al procesado se logran de manera adecuada si se preserva ese carácter adversarial. Por el contrario, la participación de la víctima como acusador adicional y distinto al Fiscal generaría una desigualdad de armas y una transformación esencial de lo que identifica a un sistema adversarial en la etapa del juicio. Por otra parte, el constituyente no fijó las características de las demás etapas del proceso penal, y por lo tanto delegó en el legislador la facultad de configurar esas etapas procesales. De lo anterior surge entonces, que los elementos definitorios de la participación de la víctima como interviniente especial en las diferentes etapas del proceso penal depende de la etapa de que se trate, y en esa medida, la posibilidad de intervención directa es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio.
8.5. Esta omisión genera además una desigualdad en la valoración de los derechos de la víctima, al dejarla desprotegida en circunstancias en las que deba acudirse urgentemente ante el juez competente para solicitar la adopción de una medida de protección o aseguramiento, o la modificación de la medida inicialmente otorgada. 8.6. Finalmente, esta omisión entraña el incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, en la medida que la deja desprotegida en circunstancias apremiantes o ante la omisión del fiscal en el cumplimiento de su deber de proteger a las víctimas y testigos de posibles hostigamientos o amenazas, y de solicitar las medidas necesarias para promover los fines previstos en el artículo 308 de la ley, los cuales guardan estrecha relación con los derechos de la víctima a la verdad y a la justicia. Por lo anterior, y por el cargo analizado, se declarará la exequibilidad del artículo 306, del artículo 316 y del artículo 342 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la víctima también puede acudir directamente ante el juez competente, ya sea el de control de garantías o el de conocimiento, según corresponda, a solicitar la medida respectiva.
47. Del mismo modo, en segundo término, cabe puntualizar que la presencia del Ministerio Público en el proceso penal no ha dejado de ser problemática, más si se tiene en cuenta que algunos críticos han reclamado por su inoperancia. Rememorando el proceso que concluyó con el Acto Legislativo 03 de 2002, la Corte Constitucional precisó[19]: Del anterior recuento esta Sala deduce que el parágrafo del artículo 250, adosado a la Constitución por el artículo 2º del Acto Legislativo 03 de 2002, es el resultado de una discusión planteada desde los orígenes del proceso de adopción de la reforma constitucional referida, y que giró en torno al papel de la Procuraduría General de la Nación en el desarrollo del nuevo sistema acusatorio del proceso penal. En un comienzo, la idea consistía en replantear las funciones del Ministerio Público en el proceso penal, ya que, tal y como se defendía en el proyecto presentado por el Gobierno, al otorgarse a los jueces de garantías el control de la legalidad de las medidas limitativas de derechos, la presencia del Ministerio Público dentro del esquema propuesto era innecesaria.
Se trata entonces, de una participación principal que no accidental, que se aprecia en todos los momentos del proceso, a punto de determinar, en el asunto en comento, que aún sin existir regulación expresa, la decisión de archivo de diligencias por parte de la Fiscalía debiera ser no sólo motivada sino también notificada tanto al Ministerio público como al denunciante. Es decir que, no obstante la determinación de la Fiscalía se fundara en una causal objetiva tan precisa como la inexistencia de delito, al reconocer el valor que en el proceso penal posee la presencia del Ministerio público, éste debía tener conocimiento de la misma, para que en caso de hallarla contraria a derecho o a los derechos fundamentales en juego, pudiera controvertirla e impugnarla. Los alcances de la intervención del Ministerio público en el proceso, no son sin embargo, determinables de un modo fijo. Así pudo constatarse en la sentencia C-210 de 2007, en la cual se estimó constitucional la limitación de la intervención del Ministerio público dispuesta en el art. 92 del C.P.P. para solicitar medidas cautelares en el proceso penal, únicamente a favor de menores de edad e incapacitados, víctimas de hechos punibles. Esta medida se encuentra exequible y no crea un trato desigual ilegítimo frente a las víctimas adultas, pues en este caso el llamado a proteger sus intereses, es, según la Constitución, la propia Fiscalía. La medida legal juzgada representa entonces una manifestación del poder de configuración legislativa, que además incluye una discriminación positiva[23] que por las características específicas de los sujetos a favor de quienes se crea[24], reclaman una protección especial, en este caso representada por la competencia atribuida al Ministerio público[25]. Ahora bien, las diferentes funciones del Ministerio público en el proceso penal no pueden ser interpretadas como piezas con las cuales se desvirtúa enteramente la fisonomía adversarial y acusatoria del procedimiento en cuestión. Porque como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en reciente pronunciamiento, el “Ministerio Público, como interviniente, tiene unas facultades limitadas en el curso del juicio oral, de acuerdo con las cuales únicamente cuando observe la manifiesta violación de garantías y derechos fundamentales puede solicitar el uso de la palabra ante el juez, y excepcionalmente, con el único propósito de conseguir el ‘cabal conocimiento del caso’, el Representante de la Sociedad también podrá interrogar a los testigos, de lo cual se desprende que no tiene derecho a contrainterrogar y menos a utilizar la técnica propia de este tipo de preguntas, pues aquella facultad no lo autoriza para suplir las deficiencias de las partes ni para introducir respuestas a interrogantes que fueran válidamente objetados entre ellas. Lo contrario sería permitirle que tome partido por una de las partes o se recargue y que en el juicio se desequilibre la igualdad que debe existir entre ellas”[26].
Las consideraciones que preceden permiten a la Corte concluir que el Ministerio público es a la vez un interviniente “principal” y “discreto” del proceso penal. Lo primero por cuanto desde la Constitución le ha sido reconocida una función de doble cariz consistente en velar por el respecto de los intereses de la sociedad, así como de los derechos humanos y de los derechos fundamentales afectos al proceso. Lo segundo, porque su participación debe someterse a los condicionamientos establecidos en la ley y precisados por la jurisprudencia, para no romper con los supuestos que en principio o tendencialmente articulan el sistema, relacionados con la igualdad de armas y el carácter adversarial del procedimiento. El ejercicio de sus funciones plantea por tanto el riguroso cumplimiento de la legalidad, así como la procura de los fines para los cuales desde tiempo atrás se le ha instituido como interviniente procesal, evitando desequilibrios y excesos a favor o en contra de alguna de las partes o intereses en disputa, con el despliegue de una actuación objetiva que en definitiva mejore las condiciones para que en el proceso se alcance una decisión justa y conforme a Derecho. 50. Adicionalmente, se ha destacado que tanto al Juez como al Ministerio Público les compete, en cumplimiento de sus roles, el deber de mantener la imparcialidad y evitar desequilibrios a favor o en contra de una de las partes, en tanto que a la víctima le asiste un interés por defender la acusación formulada por la Fiscalía y por esa vía obtener un fallo condenatorio. Así el Ministerio Público como interviniente principal pero discreto, debe velar por los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos de los sujetos procesales, evitando en todo caso desequilibrios y excesos a favor o en contra de una de las partes o intereses en disputa; en tanto que el juez, que cumple un rol activo en el proceso, debe, sin romper su imparcialidad, lograr tanto la justicia formal con la material, asegurando la protección efectiva de los derechos del procesado y de las víctimas[27].
51. Con precisión, en aras de eliminar equívocos, la jurisprudencia ha definido que las atribuciones del Ministerio Público no desvanecen la naturaleza adversarial del proceso por cuanto se trata de un interviniente “principal” pero a la vez “discreto”, que debe velar por los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos de los sujetos procesales, evitando en todo caso desequilibrios y exceso a favor o en contra de una de las partes o intereses en disputa[28].
53. Por el contrario, lo que sí se le impone al Ministerio Público, como obligación perentoria e ineludible, es la guardar “imparcialidad y evitar desequilibrios a favor o en contra de una de las partes”, dada su condición de “interviniente principal pero discreto”, porque en ejercicio del encargo constitucional debe evitar “en todo caso desequilibrios y excesos a favor o en contra de una de las partes o intereses en disputa”. 54. Adicionalmente, en el caso concreto, los representantes del Ministerio Público no pueden alegar que su intervención en busca de la imposición de una medida de aseguramiento contra el imputado, se hace como representante de las víctimas, porque en el presente asunto las víctimas tienen una vocería independiente, debidamente constituida, motivo que impide aceptar que éstas, paralela y simultáneamente, han conferido vocería a los Procuradores accionantes.
55. Al mismo tiempo, se debe destacar que la reserva judicial de la libertad fue reforzada en la reforma introducida en el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema penal, en la que se estableció que por regla general la imposición de medidas restrictivas de la libertad, deberá ser decretada solamente por el juez de control de garantías, ante quien la Fiscalía General de la Nación, deberá presentar la solicitud pertinente.
56. Lo anterior impone que el debate propuesto por los accionantes se examine desde la perspectiva del espíritu de la Carta Política y de los principios que guían el proceso penal, supuestos a partir de los cuales la libertad se erige en regla y su privación en excepción. Desde tales puntos de partida resulta insalvable entender que el Ministerio Público no tiene atribuciones que lo autoricen para reclamar -autónoma e independientemente- medidas que limiten los derechos fundamentales del procesado, de no ser por la manía de nuestro legislador de copiar a última hora disposiciones que se contraponen a todo el espíritu de una reforma, como ocurrió con el parágrafo primero transitorio del artículo 250 de la Constitución Política que dejó dentro del sistema acusatorio a la Procuraduría General de la Nación o Ministerio Público con las mismas funciones constitucionales que venía cumpliendo en el sistema inquisitivo, así la ley procedimental penal vigente (Ley 906 de 2004) diga lo contrario. 57. Y ello es así porque (i) la acción penal está en cabeza de la Fiscalía, (ii) el órgano persecutor junto con la víctima son los únicos que pueden reclamar ante el Juez de Garantías la imposición de una medida de aseguramiento contra el imputado, (iii) en el proceso penal el Ministerio Público es un interviniente principal, discreto, imparcial, sin excesos frente a las partes e intereses en disputa, de donde se sigue que (iv) el Ministerio Público desborda sus funciones y atribuciones cuando de manera autónoma e independiente promueve ante el Juez de Garantías la imposición de una medida de aseguramiento contra el imputado.
59. La anterior afirmación se obtiene no solo del papel que cumple en el proceso dicho interviniente, sino de preceptos legales específicos, como el artículo 92 de la Ley 906 de 2004, norma en la que al Ministerio Público se le legitima para solicitar medidas cautelares en el proceso penal, únicamente a favor de menores de edad e incapacitados, víctimas de hechos punibles[29]. 60. De lo anterior se sigue, con fundamento en las reglas de interpretación[30], que el Ministerio Público no fue autorizado -ni tampoco se le asignó competencia legal-, para solicitar en el proceso penal medidas cautelares diferentes a la indicada arriba.
62. Las atribuciones del juez de garantías: Las facultades del Juez de Control de Garantías están consagradas en la Constitución Política[31] y la ley procesal penal[32]. Resumidamente se puede decir que El juez de control de garantías es una institución que hace parte de la estructura básica de acusación y juzgamiento y tiene aplicación en los procesos penales como ámbitos de ejercicio del poder punitivo del Estado. Su función es muy importante, pues está encargado de velar por el respeto de las garantías constitucionales y legales que les asisten a los destinatarios de la acción penal y de controlar los abusos en que pueda incurrir la Fiscalía General de la Nación en su ejercicio[33].
65. En la audiencia preliminar prevista para que se solicite y decida sobre la imposición de medida de aseguramiento, se procede a petición del Fiscal (o de la víctima), porque es la autoridad requirente la que tiene los elementos de conocimiento que prevé el artículo 306, razón adicional para que no se haya previsto que tal tipo de peticiones estén en cabeza de otros sujetos procesales: La presentación, contradicción y evaluación de los elementos de conocimiento que prevé el artículo 306 no buscan establecer la responsabilidad del imputado, como sí lo hacen las pruebas, sino la procedencia de una medida de aseguramiento que incide en los derechos del imputado. La presentación de los elementos de conocimiento que fundamentan la medida de aseguramiento y la oportunidad de contradicción de éstos, constituyen una garantía de los derechos fundamentales, en especial del derecho de defensa, el cual como ya lo ha dicho la Corte, se puede ejercer desde el inicio mismo del proceso y a lo largo de cada una de sus etapas, por los cauces señalados en la ley. La presentación, contradicción y evaluación de los “elementos de conocimiento” que dispone el artículo 306 no es contraria al Acto Legislativo 03 de 2002 pues la norma acusada no permite el debate probatorio sobre la responsabilidad del acusado, en un momento anterior al del juicio oral sino que asegura las garantías procesales de la defensa en armonía con el artículo 29 de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Por lo tanto, permite el ejercicio de la contradicción sobre un aspecto del procedimiento penal anterior a lo que se debate en el juicio, es decir la necesidad de la medida de aseguramiento. Al constatar la Corte que la presentación, evaluación y contradicción de elementos de conocimiento en la audiencia de medida de aseguramiento no vulnera el Acto Legislativo 03 de 2002 ni el artículo 29 o los tratados de derechos humanos por el cargo analizado, la Corte lo declarará exequible en las expresiones acusadas[37].
66. Respecto de la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, la jurisprudencia ha indicado que Dentro de los criterios que la ley ha tenido en cuenta para que proceda la detención preventiva, y que la Corte consideró válidos constitucionalmente, son el interés a proteger, la gravedad de la conducta, la situación del procesado y el grado de convicción de que el imputado o el acusado sea el responsable de la conducta investigada, precisándose que esos criterios no deben operar de manera silogística o mecánica, ya que la ley debe permitirle al juez un margen de valoración para analizar circunstancias objetivas -exigencias fácticas y jurídicas- y subjetivas, tales como la personalidad, edad y condiciones socioeconómicas del imputado.
(v). Si el Juez de Garantías impone una medida de aseguramiento a petición de un sujeto procesal diferente a la Fiscalía o la víctima, desborda el ámbito de su competencia. (vi). Cuando el Juez de Garantías impone una medida de aseguramiento privativa de la libertad a petición de un sujeto procesal distinto de la Fiscalía o la víctima, la privación de la libertad es irregular y mediante el hábeas corpus se puede recuperar el disfrute del derecho fundamental agraviado,
78. No sobra señalar que si bien los hechos que han dado origen el proceso penal que cursa contra Emilio José Tapia Aldana, pueden resultar calificados por algunos como extremadamente reprochables por el daño causado, en todo caso es la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, la que valora la necesidad de reclamar la imposición de una u otra medida de aseguramiento, postura ante la cual el Juez o el Ministerio Público, en cumplimiento de sus funciones podrían presentar querellas penales o disciplinarias contra los delegados fiscales que eventualmente incumplan con sus obligaciones, según la valoración que tengan de lo ocurrido. 79. Como la Sala no observa que se haya producido la violación de derechos fundamentales alegada por los demandantes, amén de que los problemas jurídicos fueron resueltos por el juez accionado de acuerdo con criterios razonables, se procederá a declarar la improcedencia del amparo demandado.
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:
Luis Fernando Ramírez Contreras Ramiro Riaño Riaño Magistrado Magistrado