Source: http://cij-uaz.net/lez/htm/590.htm
Timestamp: 2019-04-20 02:54:59
Document Index: 182327294

Matched Legal Cases: ['artículo 157', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 115']

Primero. En sesión ordinaria del Pleno celebrada el 7 de febrero de 2017, el L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se expide la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas.
Segundo. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva mediante memorándum 0378 de esa misma fecha, la Iniciativa de referencia fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis y dictamen correspondiente.
Tercero. El C. Gobernador del Estado justificó su Iniciativa en la siguiente:
A lo largo de la historia el término para referirse a las personas con discapacidad ha sufrido importantes cambios, los cuales han propiciado una evolución a un enfoque de derechos humanos y ya no a una perspectiva asistencialista.
En este sentido, debo comentar que a través de generaciones se ha observado que la forma equivocada en que la sociedad entiende la discapacidad, se refleja en términos que tienen connotaciones negativas y no tantas por su significado, sino por la forma en que estos son utilizados.
Esto explica tal vez la falta de sensibilidad en cuanto a la situación sociocultural que rodea a este sector, como los prejuicios y las conductas discriminatorias que existen en su contra, los cuales han terminado por favorecer estereotipos erróneos sobre las personas con discapacidad.
Así pues, los más recientes marcos normativos internacionales y nacionales nos llevan a proponer que persona con discapacidad es el término correcto, entendiendo que la discapacidad no solo es una deficiencia de carácter físico, intelectual o sensorial, sino que además es el resultado de una interacción con las barreras que le impone el entorno social, las cuales pueden impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.
Por otro lado, inclusión es un concepto que sustituye al de integración, entendiéndose por éste: el proceso dinámico y multifactorial, que posibilita a las personas con discapacidad a participar plenamente del desarrollo y bienestar social.
De esta manera, el marco normativo estatal que se propone, sufre una reestructura desde su título «Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas», adecuándola a la propia Convención sobre los Derechos de estas Personas y a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Asimismo, armonizando la legislación a los principios establecidos en la Ley General de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes y la propia Ley de la Entidad, con la finalidad de garantizar la protección de sus derechos.
Esta Ley Estatal da sustento a la creación del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá a su cargo la aplicación y vigilancia del marco normativo propuesto y quien coordinará a las instituciones públicas y a los organismos sociales para las personas con discapacidad, que persigan los fines que de esta normatividad se derivan.
La creación de este Instituto corresponde además a la más reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.
La propuesta de Ley Estatal, contempla también la creación de una asamblea consultiva que deberá integrarse por representantes de organizaciones de la sociedad civil, misma que tiene como objetivo servir de órgano de consulta permanente para el establecimiento de las políticas sociales en materia de discapacidad en el Estado, así como órgano coadyuvante para el desarrollo y evaluación de políticas públicas en la materia.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas, sustentada en lo previsto en la fracción I del artículo 157 quáter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, es competente para conocer, analizar y aprobar el instrumento legislativo que fuera remitido.
Segundo. Análisis de la Iniciativa.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece un cambio de paradigma, considerando a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y no como una enfermedad o carga [como lo hacía el modelo médico-rehabilitador], por lo que destaca la eliminación de barreras, tanto físicas como sociales, para el efectivo goce y ejercicio de los derechos.
Asimismo, el alto tribunal ha manifestado que «la vida de una persona con discapacidad tiene el mismo sentido que la vida de una persona sin discapacidad». Es decir, «tienen mucho que aportar a la sociedad», por lo que «deben ser aceptadas tal cual son». Con lo cual, se refuerza el hecho del reconocimiento de la diferencia como parte de la diversidad humana y, por consiguiente, de su inclusión en la sociedad. El objetivo es «rescatar las capacidades en vez de acentuar las discapacidades».
De igual forma, otro elemento que coadyuva a la realización de este principio, es el reconocimiento de la autonomía personal, es decir, de la posibilidad de las personas con discapacidad de actuar en los quehaceres de la vida sin ayuda de otras personas, o bien, dependiendo del grado de discapacidad, con la ayuda de algún tipo de apoyo personal o comunitario, sin que esto implique el desconocimiento de dicha autonomía, sino simplemente la compensación de las limitaciones que produce el entorno.
Las personas con discapacidad ejerzan progresivamente sus derechos, los Estados no sólo deben abstenerse de la realización de actos perjudiciales para tal fin, sino que deben adoptarse medidas para reducir las desventajas y otorgar un trato preferente y apropiado hacia esas personas, con la finalidad de conseguir los objetivos de la plena participación e igualdad en la sociedad para todas ellas.
En otro orden de ideas, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado publicada en diciembre del año 2000, contemplaba a la comisión para la integración social de las personas con discapacidad, como parte de la administración pública paraestatal, al entrar en vigor la Ley Orgánica de la Administración Pública de agosto de 2012, misma que abrogara el ordenamiento citado en el párrafo que antecede, se creó la subsecretaría de las personas con discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y se extinguió la referida comisión para la integración social de las personas con discapacidad.
Sin embargo, resultaba necesario fortalecer al ente encargado de la inclusión para las personas con discapacidad y a la vez, contar con un marco jurídico moderno, debidamente armonizado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, otros instrumentos internacionales y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el fundamento que a nivel internacional México está obligado a cumplir pues tiene carácter vinculante para nuestro País.
El 30 de marzo de 2007, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006, cuyos textos en español constan en la copia certificada adjunta.
La Convención mencionada fue enviada a la consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con la Declaración Interpretativa así como su Protocolo Facultativo, siendo aprobados por dicha Cámara, el 27 de septiembre de 2007, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre del mismo año.
En virtud de lo anterior, al ratificar esta Convención, México refrenda su compromiso a favor de la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro País.
Relacionado con lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero prohíbe la discriminación motivada por «discapacidad» o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de estas personas.
Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es reglamentar el mencionado artículo primero, establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, cerciorando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades; siendo también el marco legal de referencia y la base mínima a cumplir por parte de las entidades federativas y municipios.
En el ámbito local nuestra Constitución Política del Estado de Zacatecas en su artículo 21 prohíbe la discriminación por discapacidad y la Ley Estatal para la Integración al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad, es la norma donde se establecen sus derechos y se dictan los principios para promoverlos a fin de que este sector goce de una vida digna.
Cabe hacer notar, que nuestra Entidad ha sido pionero en el tema que nos ocupa, siendo el primer Estado que contó con una comisión estatal para la integración social de las personas con discapacidad y además, en el año de 1996 se aprobaba la primer Ley Estatal para la Integración al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad, la cual fuera abrogada por la Ley Estatal para la Integración al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad, misma que aún se encuentra en vigor. Es decir, que años antes de que México ratificara la Convención nuestra Entidad ya había recorrido un largo camino en la protección y asistencia de las personas con discapacidad.
Pero en una acción acertada, el actual Gobierno dio marcha atrás y revirtió el proceso de centralización al que se había sujetado al órgano estatal en la materia, lo anterior al entrar en vigor la actual Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
En ese orden de cosas, esta Asamblea Popular considera acertada la descentralización de este órgano que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual le permitirá, entre otros beneficios, obtener recursos de organismos, no solo nacionales sino también internacionales.
Aunado a lo anterior, coincidimos con el iniciante en que el término para referirse a las personas con discapacidad hoy debe verse y tratarse a partir de un enfoque de derechos humanos y no solo desde una perspectiva de corte asistencialista.
Bajo ese tenor, estimamos necesario que la nueva ley esté plenamente armonizada a la supracitada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la propia Ley General y al Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, éste último emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenamientos que nos proporcionan un contexto puntual y actualizado sobre el tópico en cuestión.
Para una mayor claridad de la valoración se expresó lo siguiente.
En términos generales se llevó a cabo una revisión integral a la Iniciativa y se procedió, en términos generales, a realizar las adecuaciones mencionadas enseguida:
-En primer término, se armonizaron sus disposiciones a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la propia Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, lo cual trajo consigo que se hiciera una reingeniería de sus Títulos y capítulos. Pero además, sin cambiar la esencia y espíritu del cuerpo normativo, se incluyen temas que son primordiales para el desarrollo e inclusión de este bloque social.
-Asimismo, se elaboró el dictamen sobre la base del modelo social de la discapacidad y el modelo de derechos humanos, los cuales reconocen a las personas con discapacidad como titulares de derechos.
-Estimando que el orden jurídico estatal por sí mismo evoluciona y ello propicia el desfase de un número considerable de preceptos y la Ley que abrogaremos no es la excepción, la Comisión Legislativa procedió a adminicular este nuevo instrumento legal con leyes generales y estatales. Muestra de lo anterior, es que por ejemplo, en materia de accesibilidad universal se toma en cuenta lo previsto en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como el Código Urbano.
De igual forma, se hace lo propio en tratándose de atribuciones relacionadas con el ejercicio del gasto, para lo cual establecemos que aplicará la Ley de Disciplina Financiera, tanto la que rige en todo el territorio nacional como la estatal.
-Antes de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, los organismos públicos descentralizados podían ser vigilados en el ejercicio del gasto por comisarios públicos. Ahora, el Instituto será vigilado por un órgano interno de control designado en los términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la ley estatal en la materia.
La evolución del concepto de las personas pertenecientes a este sector social es de suma importancia. Empero, consideramos más importante que esa evolución se manifieste en cambios en las estructuras de la Administración Pública Estatal y municipal. Las leyes, no son suficientes si no son acompañadas de transformaciones en el enfoque del Gobierno en su conjunto.
Las perspectivas de la inclusión, de la transversalidad, de la progresividad, de la eficiencia, es el hilo conductor de las políticas públicas que deberá generar una nueva norma jurídica.
Estamos frente a la actualización de las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad.
Esta actualización deberá estar acorde a la evolución que ya se tiene en el nivel federal al pasar de un enfoque de servicios a un enfoque de derechos.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se plantea como meta la inclusión de las personas con discapacidad a la vida cotidiana de todo pueblo en condiciones de normalidad, en las que ajustes razonables, sencillos y poco onerosos hacen la diferencia entre la marginación y la exclusión y participación activa de las personas con discapacidad en la vida de su comunidad.
Sin duda alguna, esta Ley responde a la imperiosa necesidad de armonización jurídica, sin embargo, para este poder, armonizar no significa copiar el modelo federal a nuestras estructuras administrativas, políticas y legales. Armonizar implica enriquecer nuestra visión de Estado con lo que en el ámbito federal le sirve a las personas.
Se requiere de la participación de la Administración Pública Estatal y municipal en su conjunto y de su coordinación para resolver los problemas que aquejan a las personas con discapacidad y hacer efectivos los derechos que la Ley le otorgarán una vez publicada en el Periódico Oficial.
Para esta Soberanía es esencial la coordinación inter e intrainstitucional para sumar esfuerzos en favor de la superación de la pobreza, la marginación y la discriminación en la que hasta hoy, aún viven las personas con discapacidad en nuestra Entidad.
La consecuencia lógica de lo anteriormente descrito, se establece en la siguiente premisa: Las entidades federativas, de acuerdo a sus atribuciones concurrentes definidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, en particular, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como la observancia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; tienen la obligación de realizar todas las acciones descritas en los anteriores ordenamientos nacionales e internacionales, que promuevan, protejan, respeten y garanticen, los derechos humanos de las personas con discapacidad, bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.
Ahora bien, la creación de un Instituto orientado a la atención e inclusión de las personas con discapacidad en su administración pública, tiene como objetivos los siguientes:
1. Crear un vínculo de colaboración y participación entre las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, con las dependencias y autoridades estatales, a fin de cumplir lo dispuesto en la Convención, en su artículo 4º, de lo contrario las organizaciones tendrían que recurrir a instancias nacionales, tales como el CONADIS para expresar y participar en la elaboración de acciones políticas encaminadas a la inclusión.
2. Actualmente la mayoría de las entidades federativas, sitúan las obligaciones determinadas por la Convención y la Ley General, a través del Sistema Estatal DIF, que responde principalmente a servicios de rehabilitación médica u ocupacional, sin considerar las barreras del entorno que impiden o limitan la interacción plena.
3. Al mantener las acciones de inclusión dentro del Sistema Estatal DIF, las entidades federativas omiten el modelo de empoderamiento a través de los derechos humanos y, por tanto, incurren en una deficiente interpretación de la Convención.
4. La inclusión de las personas con discapacidad, no puede limitarse a la gestión y entrega de ayudas técnicas o servicios de rehabilitación o terapia ocupacional, tiene que concentrarse en que todas las acciones de Gobierno consideren a las personas con discapacidad como sujetos de derechos.
Esta Soberanía estima que esta Ley constituye un avance en cuanto a la promoción, respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, cuyo único propósito consiste en atender sus necesidades vitales, por tal razón aprueba el presente Instrumento Legislativo en sentido positivo.
Artículo primero. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Zacatecas y tienen fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, otros Instrumentos Internacionales y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Tiene por objeto promover, proteger y garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
De manera enunciativa y no limitativa esta Ley reconoce a las personas con discapacidad, sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas estatales necesarias para su ejercicio.
Art. 2º La interpretación y aplicación de esta Ley será de conformidad con los derechos humanos reconocidos en los ordenamientos citados en el artículo anterior, atendiendo siempre los principios rectores, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas con discapacidad.
Art. 3º En lo no previsto expresamente en esta Ley, se aplicarán supletoriamente, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de Zacatecas, la Ley de Asistencia Social del Estado, la Ley de Servicios Integrales para el Desarrollo Infantil de Zacatecas, la Ley Estatal para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado y la Ley para Prevenir y Erradicar toda Forma de Discriminación en el Estado.
Art. 4º Los principios que deberán observarse en la planeación, diseño y ejecución de políticas públicas y, en lo que corresponda, en la administración, procuración e impartición de justicia, serán los siguientes:
I. Inclusión;
II. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
IV. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
V. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
VII. La accesibilidad universal;
VIII. El respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad;
IX. La igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad;
X. La equidad;
XI. La justicia social;
XII. Respeto a la integridad; y
XIII. La transversalidad de las políticas públicas en materia de discapacidad.
Art. 5º El lenguaje utilizado en la presente Ley, marca igualdad entre mujeres y hombres, por lo que las alusiones en la redacción incluyen a ambos géneros.
I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información, a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;
II. Ajustes razonables. Modificaciones y adaptaciones necesarias y suficientes que no representen una carga desproporcionada, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos;
III. Asistencia social. Conjunto de acciones tendientes a modificar, atender y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral de las personas con discapacidad, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva;
V. Comunicación. Se entenderá el lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana, la visualización de textos, sistema de escritura Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
VI. Dirección general. La dirección general del Instituto;
VII. Diseño universal. Diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Tal diseño no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten;
VIII. Educación especial. Conjunto de servicios, programas, orientación y recursos educativos especializados que con equidad social incluyente, respeto al principio del interés superior de la niñez y con perspectiva de género estarán a la disposición de las personas con discapacidad;
IX. Educación inclusiva. Es la educación que propicia la integración, permanencia, el aprendizaje y la participación de personas con discapacidad en el sistema de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos e incluye ajustes razonables;
X. Estenografía proyectada. Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales;
XI. Instituto. El Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas;
XII. Lengua de señas mexicana. Lengua a base de signos, señas y gestos, reconocida como patrimonio lingüístico de la comunidad sorda, con gramática propia y de igual validez en actos y hechos oficiales que el español;
XIII. Ley. La Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas;
XIV. Ley General. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
XV. Perro de asistencia o animal de servicio. Son aquellos que han sido certificados para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas con discapacidad, los cuales pueden ser: perros guía, de señalización de sonidos, de servicio psiquiátrico, de respuesta médica o de aviso, de asistencia en autismo, de terapia, entre otros;
XVI. Prevención. La adopción de medidas tendientes a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales;
XVII. Principio de no discriminación. Se entiende como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;
XVIII. Principio de igualdad de oportunidades. Este principio debe integrarse en el diseño y ejecución de todas las políticas públicas, el cual tiene carácter transversal e incide en la actuación de todos los poderes públicos. Es un proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad de oportunidades con el resto de la población;
XIX. Principio de participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Es un principio y un derecho el cual tiene por objeto lograr que las personas con discapacidad participen en la sociedad en sentido amplio y en la toma de decisiones que les afecten, a ser activas en sus propias vidas y en el seno de la comunidad. Para lograrlo, debe eliminarse cualquier tipo de visiones negativas de la discapacidad, y en su lugar, asumir una visión positiva e integral de las personas con discapacidad como titulares de derechos;
XX. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo, entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración a su familia y la sociedad;
XXI. Sistema de escritura Braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve a través del tacto; y
XXII. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, programas y acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a las personas con discapacidad con un propósito común, y basados en un esquema de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, horizontal y de fondo.
Art. 7º En el Plan Estatal de Desarrollo se establecerán objetivos, directrices y metas sobre el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.
Art. 8º Persona con discapacidad es aquella que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal que, al interactuar con diversas barreras, impida o limita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Art. 9º De manera enunciativa y no limitativa en esta Ley se reconocen los siguientes derechos humanos de las personas con discapacidad:
I. Igualdad y no discriminación;
II. Derecho a la vida;
III. Accesibilidad y vivienda;
IV. Movilidad personal;
V. Transporte público y medios de comunicación;
VI. Igual reconocimiento como persona ante la ley;
VII. Acceso a la justicia;
VIII. A ser protegido en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias;
IX. Libertad y seguridad de la persona;
X. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso;
XI. Protección de la integridad personal;
XII. Libertad de desplazamiento;
XIII. A vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad;
XIV. Respeto de la privacidad;
XV. Respeto del hogar y de la familia;
XVI. Educación;
XVII. Salud;
XVIII. Habilitación y rehabilitación;
XIX. Trabajo y empleo;
XX. Nivel de vida adecuado y desarrollo social;
XXI. Libertad de expresión, opinión y acceso a la información;
XXII. Participación en la vida política y pública;
XXIII. Participación en el deporte, recreación, cultura y turismo;
XXIV. Al goce de acciones afirmativas en la emisión de planes, programas y servicios públicos;
XXV. A ser incluido de manera preferente en los programas gubernamentales;
XXVI. Al respeto y convivencia, eliminando los prejuicios, estereotipos y otras actitudes discriminatorias;
XXVII. A tener acceso a información en formatos accesibles;
XXVIII. A la asistencia social en caso de ser necesario; y
XXIX. Los demás derechos que les reconozcan otros ordenamientos jurídicos.
Art. 10. Las personas con discapacidad en el Estado de Zacatecas gozarán de todos los derechos que establece el Orden Jurídico Mexicano, sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad.
Las medidas contra la discriminación por motivos de discapacidad tienen como finalidad prevenir, atender, corregir y sancionar que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que las demás personas, en una situación comparable, y consisten en la prohibición de conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo.
Las acciones afirmativas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad, en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas que les permitan la inclusión plena.
Será prioridad de dichas dependencias y entidades adoptar medidas de acción afirmativa para aquellas personas con discapacidad que viven discriminación múltiple, como son las mujeres, las personas con discapacidad severa y múltiple que les impide tener una vida independiente, las que viven en el área rural, en situación de abandono, de calle, o bien, no puedan representarse a sí mismas.
Art. 11. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir leyes, reglamentos y demás ordenamientos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Dichas medidas incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal, en el ámbito de sus competencias, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.
Acciones del Instituto en materia
Art. 12. Para asegurar la accesibilidad a las personas con discapacidad, el Instituto realizará las siguientes acciones:
I. Formular en coordinación con las dependencias y entidades de los tres órdenes de Gobierno, programas en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, la promoción de reformas legales y la certificación en materia de accesibilidad a instalaciones públicas y privadas;
II. Verificar, en el ámbito de su competencia, la aplicación de disposiciones legales o administrativas que garanticen la accesibilidad en las instalaciones públicas o privadas;
III. Promover que las personas con discapacidad que tengan como apoyo para la realización de sus actividades ordinarias, un perro de asistencia o animal de servicio tengan derecho a que éstos accedan y permanezcan con ellos en todos los espacios en donde se desenvuelvan. Queda prohibida cualquier restricción mediante la cual se impida el ejercicio de este derecho; y
IV. Promover acciones tendientes a facilitar el desplazamiento en los espacios laborales, comerciales, oficiales, recreativos, educativos y culturales, mediante la construcción de las instalaciones arquitectónicas apropiadas, de acuerdo con las recomendaciones del diseño universal.
Art. 13. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento, entorno urbano y espacios públicos en general, se contemplará, entre otros, lo siguiente:
II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros de asistencia o animal de servicio y otros apoyos; y
Art. 14. El derecho al libre desplazamiento en los espacios públicos abiertos y cerrados para las personas con discapacidad, tiene las finalidades siguientes:
III. Proteger y facilitar de manera solidaria, el disfrute de bienes y servicios al que todo ciudadano tiene derecho, en consecuencia:
a) Las concesiones del autotransporte de pasajeros del Estado, prevendrán cláusulas o apartados sobre la reserva de lugares que serán distinguidos con el símbolo internacional de accesibilidad, mismo que tendrá preferencia sobre los demás usuarios de este servicio;
b) Los inmuebles destinados para espectáculos públicos tales como teatros, cines, lienzos charros, plazas de toros o instalaciones provisionales que se usen con fines similares, reservarán en áreas preferentes, espacios adecuados y accesibles para personas con discapacidad. A estos lugares se les distinguirá igualmente con el símbolo internacional de accesibilidad. Los Ayuntamientos garantizarán y vigilarán el cumplimiento de estas disposiciones;
c) Los estacionamientos tendrán zonas preferentes con espacios suficientes, seguros y adecuados para vehículos en los que viajen personas con discapacidad, tanto en la vía pública, como en lugares de acceso público; y
d) Incluir en las disposiciones jurídicas y reglamentarias en materia de estacionamientos aplicable a centros comerciales, plazas, comercios, escuelas, mercados, hospitales, restaurantes, hoteles y todo aquel comercio que tenga estacionamientos para consumidores, se contemple 50% de descuento en las tarifas para personas con discapacidad.
Art. 15. Las barreras arquitectónicas en los inmuebles del servicio público estatal o municipal, deberán ser eliminadas o, en su caso, adaptadas para brindar el libre acceso a las personas con discapacidad. Será responsabilidad del titular de cada dependencia o entidad vigilar que los espacios cuenten con dichas especificaciones.
Convenios en materia
Art. 16. La Secretaría de Infraestructura celebrará convenios con los Ayuntamientos, con la finalidad de que las vialidades cuenten con la accesibilidad adecuada para personas con discapacidad.
Art. 17. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda de los sectores público o privado incluirán proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad.
El Ejecutivo del Estado, a través de las dependencias competentes, instrumentarán programas de vivienda especial, los cuales incluirán especificaciones necesarias en sus proyectos arquitectónicos. En este programa se otorgarán facilidades a las personas con discapacidad para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos, construcción o remodelación de vivienda.
Art. 18. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, adoptarán, entre otras, las medidas siguientes:
I. Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad a un costo asequible;
II. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible; y
III. Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas personas, capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad.
Art. 19. Las dependencias en materia de transporte público, tránsito y seguridad vial, promoverán el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, el acceso al transporte y las vialidades, para contribuir a su vida independiente, autonomía, desarrollo integral e inclusión plena, para lo cual, realizarán las siguientes acciones:
I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte público terrestre;
II. Promover entre los concesionarios de transporte público, la utilización de unidades adaptadas para personas con discapacidad, en cada una de las rutas de transporte urbano y suburbano;
III. Promover que en el otorgamiento de concesiones o permisos para prestar el servicio de transporte público en todas sus modalidades, se garantice a las personas con discapacidad que las unidades, instalaciones y bases, sean accesibles para el desplazamiento, espera, ascenso y descenso, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado;
IV. Proponer programas y campañas de educación vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público;
V. Vigilar que los concesionarios realicen las adecuaciones a las unidades de manera progresiva, hasta lograr que el total de los vehículos garanticen la accesibilidad, seguridad y comodidad del transporte a personas con discapacidad; y
VI. Incluir en las concesiones para el servicio de transporte público, la obligación de los concesionarios de otorgar hasta un 50% de descuento en las tarifas de pasaje del transporte público que realicen las personas con discapacidad.
El Ejecutivo del Estado implementará un programa de estímulos fiscales o de otra naturaleza a las empresas concesionarias del transporte público que realicen acciones que permitan el uso integral de sus servicios por parte de las personas con discapacidad.
Emisión del distintivo
Art. 20. Es competencia exclusiva del Instituto expedir el distintivo de identificación para vehículo y plaza de estacionamiento con el símbolo internacional de accesibilidad, a los vehículos que sean conducidos por personas con discapacidad o que les den servicio, a fin de que puedan hacer uso de los estacionamientos a ellos reservados.
Las autoridades en materia de transporte, tránsito y seguridad vial, de conformidad con la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado, su reglamento y demás disposiciones aplicables, sancionará a los conductores que ocupen los cajones destinados a las personas con discapacidad.
Asientos para personas
Art. 21. Cuando en las poblaciones no existan transportes adaptados para personas con discapacidad o existiendo no cubran todas las rutas necesarias, los prestadores del servicio público del transporte colectivo de pasajeros, en cada una de las unidades que utilicen, reservarán, por lo menos, un asiento por cada diez de los que tenga el vehículo, a efecto de que sean utilizados por pasajeros con discapacidad. Dichos asientos, deben cumplir los siguientes criterios:
I. Estar situados lo más cerca posible de la puerta de acceso del vehículo de que se trate, se identificarán con el símbolo internacional de accesibilidad, pudiendo ser utilizados por cualquier usuario, siempre y cuando no sea requerido por alguna persona con discapacidad;
II. Facilitar el acceso a las personas que utilizan perros de asistencia o animales de servicio y sus implementos, a los lugares públicos y privados con acceso al público, incluyendo el uso de transporte; y
III. Realizar programas de difusión y capacitación a conductores para sensibilizarlos en la atención a las personas con discapacidad.
Acceso a programación sin
imágenes denigrantes
Art. 22. Los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de la lengua de señas mexicana, que permitan a las personas con discapacidad las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación, la cual deberá evitar hacer uso de estereotipos e imágenes que denigren o promuevan la discriminación de las personas con discapacidad.
social favorable
Art. 23. Corresponde al órgano de comunicación social del Gobierno del Estado, diseñar, conducir e implementar las políticas de comunicación social con la participación de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad y no discriminación que las demás personas.
Art. 24. Las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, sin importar su tipo o grado de discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás personas. Este reconocimiento incluye la capacidad jurídica de goce y ejercicio.
Para asegurar el ejercicio de este derecho los órganos jurisdiccionales establecerán las medidas siguientes:
I. Reconocerán el derecho de audiencia y de opinar en todos los asuntos que les afecten;
II. Brindar un sistema de apoyos legales y sociales que las auxilien en la toma de decisiones cuando así lo requieran, sin que ello implique que se sustituyan en la voluntad de las personas con discapacidad, y sin que pierdan su derecho a la toma de decisiones; y
III. Establecer un sistema de salvaguardas que se implementará para asegurar que los facilitadores que proporcionen apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, no abusen o sustituyan la voluntad de las mismas.
Art. 25. Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones que las demás. En los procedimientos judiciales y administrativos en los que participen de forma directa o indirecta, tendrán derecho a recibir un trato digno, apropiado y en condiciones de igualdad.
Tienen derecho a recibir asesoría y representación jurídica de forma gratuita en los términos que establezcan las leyes en la materia. Si fuese sometido a procedimiento penal, civil, familiar o de cualquier otra índole, las autoridades deberán orientarlo jurídicamente, respetando el derecho a solicitar ajustes razonables durante todo el proceso y garantizar la accesibilidad a la información en los formatos que elijan.
En los casos en que se involucren niñas, niños y adolescentes, las instituciones de administración, procuración e impartición de justicia observarán el principio del interés superior del niño.
Art. 26. Las instituciones de procuración e impartición de justicia contarán con peritos especializados en los diversos tipos de discapacidades, apoyo de intérpretes en lengua de señas mexicana, de comunicación alternativa o aumentativa, así como especialistas en la elaboración y lectura de documentos en sistema de escritura Braille.
Art. 27. Las instituciones en materia de administración, procuración e impartición de justicia, realizarán acciones para la capacitación, actualización y sensibilización de su personal, que garanticen la atención desde el enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad.
Ajustes razonables de
Art. 28. El Ejecutivo del Estado, la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que los órganos y autoridades en materia de seguridad pública y de administración, procuración e impartición de justicia, realicen ajustes razonables y de procedimiento para lograr la accesibilidad, comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para la atención y respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
Derecho a vivir de forma independiente
y ser incluido en la comunidad
Art. 29. Las personas con discapacidad tienen derecho en igualdad de condiciones a vivir en la comunidad, con opciones iguales a los demás.
Las autoridades estatales y municipales adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho para las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando que las mismas:
I. Tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás personas y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; y
II. Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, para las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
Art. 30. Las instituciones encargadas de la educación pública y privada en el Estado garantizarán el derecho a la educación y el acceso a personas con discapacidad, prohibiendo cualquier forma de discriminación en planteles, centros educativos, centros de desarrollo infantil o por parte del personal docente o administrativo.
La educación que imparta y regule el Estado deberá considerarse con un enfoque inclusivo, contribuyendo al desarrollo de competencias para la vida.
Facultades de la Secretaría de Educación
en materia de discapacidad
Art. 31. Además de las facultades que le confiere la Ley General de Educación, la Ley General, la Ley de Educación del Estado y otras disposiciones, la Secretaría de Educación del Estado, tendrá las siguientes:
I. Diseñar, ejecutar, implementar y evaluar un sistema de educación inclusiva en todos los niveles educativos, que garantice la educación significativa de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas;
II. Aplicar modelos educativos innovadores y en permanente actualización que atiendan las distintas discapacidades, promoviendo y ejecutando programas de capacitación docente; además de generar las condiciones de accesibilidad en instituciones educativas, proporcionando los apoyos didácticos, materiales técnicos requeridos y cuenten con personal docente capacitado;
III. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y niños con discapacidad, gocen del derecho a la atención especializada en los centros de desarrollo infantil, guarderías públicas y en guarderías privadas mediante convenios de servicio;
IV. Garantizar que las niñas y niños con discapacidad no sean condicionados ni discriminados en su inclusión e integración a la educación inicial, preescolar, básica y media superior;
V. Incorporar docentes y personal con perfil apropiado para intervenir directamente en la inclusión educativa de las personas con discapacidad;
VI. Promover la utilización de la lengua de señas mexicana, el sistema Braille y otros modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación;
VII. Equipar los planteles y centros educativos con libros en Braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o especialistas en sistema Braille, equipos computarizados con tecnología para personas con discapacidad sensorial y todo lo necesario para lograr una educación con calidad;
VIII. Impulsar programas de formación de intérpretes, estenógrafos del español y demás personal especializado en la difusión y uso conjunto del español y la lengua de señas mexicana;
IX. Impulsar programas de investigación, preservación y desarrollo de la lengua de señas mexicana así como las otras formas de comunicación alternativa y aumentativa para todas las personas con discapacidad;
X. Promover que el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, incorpore lineamientos que permitan la investigación, el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal;
XI. Promover la inclusión de asignaturas en materia de discapacidad, en los contenidos curriculares de la formación básica, media y superior, de conformidad con la legislación aplicable;
XII. Garantizar en la infraestructura física y educativa del Estado, la adaptación necesaria a los planteles y centros educativos, tomando en consideración los criterios de accesibilidad, movilidad y facilidades arquitectónicas; y
Art. 32. En el Sistema Estatal de Bibliotecas, salas de lectura y servicios de acceso a la información de la Administración Pública Estatal, deberán incluirse, entre otros, los equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el sistema de escritura Braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permitan su uso a las personas con discapacidad.
Las bibliotecas de estantería abierta deberán facilitar su uso principalmente a aquellas que requieran movilizarse en silla de ruedas, aparatos ortopédicos, muletas u otros. Se deberá contar con un área determinada específicamente para personas con discapacidad visual, en donde se instalen cabinas que permitan hacer uso de grabadoras o lectura en voz alta.
Contará con el porcentaje de acervo en escritura Braille, en audio y estenógrafos de español para la comprensión de lenguaje para personas sordas, señalado por el Sistema Nacional de Bibliotecas.
Art. 33. El Sistema Estatal de Bibliotecas deberá contar con expertos y especialistas en el manejo y uso de lenguajes accesibles en sus diferentes tipos, para personas con discapacidad.
Art. 34. La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Zacatecas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad y precio asequible, para lo cual, realizarán lo siguiente:
I. Diseñar, desarrollar y evaluar el programa estatal de orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral o especializada, rehabilitación y habilitación de las diferentes discapacidades;
II. En coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, implementar programas de educación, capacitación, formación y especialización para la salud en materia de discapacidad, a fin de que los profesionales de la salud proporcionen a las personas con discapacidad una atención digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado;
III. Gestionar la obtención de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, que sean accesibles a las personas con discapacidad para su rehabilitación e inclusión;
IV. Proporcionar orientación y capacitación a las familias o a terceras personas que apoyan a las personas con discapacidad;
V. Proporcionar programas y atención a la salud de la misma diversidad y calidad que a las demás personas, considerando el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como programas de salud pública dirigidos a la población;
VI. Proporcionar los servicios de salud que se necesiten, específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades;
VII. Brindar servicios de salud a las personas con discapacidad, procurando el consentimiento libre e informado entre otras formas, mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y sus necesidades a través de la capacitación y la emisión de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado;
VIII. Incorporar de forma gratuita al seguro popular a las personas con discapacidad, de acuerdo con la legislación aplicable;
IX. Impedir que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud por motivos de discapacidad; y
X. Las demás disposiciones aplicables.
Art. 35. Las personas con discapacidad tienen derecho a la habilitación y rehabilitación, las cuales comprenden el conjunto de medidas médicas, psicológicas, sociales, educativas, deportivas, recreativas, laborales y ocupacionales, que tengan por objeto que las personas con discapacidad logren su máximo grado de vida independiente, capacidad física, mental, social, vocacional, la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida.
Art. 36. En el proceso de habilitación y rehabilitación participará la Secretaría de Salud del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, así como las instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil, las cuales promoverán la participación e inclusión de la comunidad en dicho proceso.
Art. 37. Hecha la detección y valoración de la discapacidad y su tipo, la atención médico-funcional estará dirigida a dotar de las condiciones precisas para su recuperación y seguimiento a aquellas personas que presenten una discapacidad, hasta conseguir el máximo de funcionalidad posible.
Art. 38. La rehabilitación se complementará con la prescripción, adaptación y mantenimiento de prótesis, órtesis así como la disponibilidad y conocimientos de otros elementos y tecnologías auxiliares para las personas con discapacidad.
Coordinación sobre habilitación
Art. 39. Las autoridades estatales en coordinación con las autoridades municipales, fomentarán conjuntamente con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, las actividades que comprende el proceso de habilitación y rehabilitación para llevarlo a sus comunidades y lograr el máximo grado de vida independiente de las personas con discapacidad.
Para lograr la inclusión social, autonomía y participación plena en la vida comunitaria de las personas con discapacidad, las autoridades estatales y municipales implementarán procesos, estrategias y actividades en coordinación con la sociedad civil, la comunidad y las familias.
Art. 40. Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, así como emprender un negocio en un mercado y en un entorno inclusivo y accesible.
Acciones afirmativas en
Art. 41. El Instituto y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con lo establecido en los artículos 5º y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promoverán el ejercicio del derecho al trabajo y para tal efecto, desarrollarán, entre otras, las siguientes acciones:
I. Fomentar la firma de convenios y acuerdos sobre generación de empleo, capacitación, formación y financiamiento para las personas con discapacidad, ante otras instancias del gobierno y organizaciones de la sociedad civil;
II. Impulsar la aprobación de leyes, reformas y reglamentos, según corresponda, sobre el ejercicio del derecho al trabajo, incluidas las relativas a la selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y condiciones generales de trabajo seguras y saludables;
III. Promover condiciones de trabajo justas y favorables, en particular a la igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo a igual valor, incluida la protección contra el acoso laboral;
IV. Promover que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sindicales en igualdad de condiciones;
V. Promover a través de los medios correspondientes, que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con los demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio;
VI. Implementar acciones tendientes a alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, en especial los relacionados con los servicios de colocación;
VII. Establecer, en coordinación con las Secretarías, de Finanzas, de Desarrollo Social, de Economía y del Campo, mecanismos de financiamiento, subsidio e inversión, para la ejecución de proyectos productivos y sociales, así como de autoempleo y cooperativas, destinados para las personas con discapacidad;
VIII. Promover su inclusión en igualdad de circunstancias, conocimiento y experiencia, realizando los ajustes razonables para asegurar su desarrollo y permanencia en las dependencias de la Administración Pública Estatal y municipal, hasta alcanzar, por lo menos, el 5% por ciento de la planta laboral;
IX. Promover medidas a efecto de que las obligaciones laborables no interrumpan el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad; y
X. Gestionar, en colaboración con autoridades estatales y municipales, el otorgamiento de incentivos fiscales y subsidios a las personas físicas o morales, que contraten personas con discapacidad, así como beneficios adicionales para quienes, en virtud de tales contrataciones, realicen adaptaciones, eliminen barreras arquitectónicas y rediseñen sus áreas de trabajo.
Art. 42. Las personas con discapacidad tendrán derecho a la capacitación, en términos de igualdad y equidad que les otorguen la certeza a su desarrollo personal y social. Para tal efecto, la Secretaría de Economía realizará las siguientes acciones:
I. Promover el establecimiento de políticas en materia de trabajo encaminadas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad;
II. Fomentar con el apoyo del Instituto, la firma de convenios y acuerdos de cooperación e información sobre generación de empleo, capacitación, adiestramiento y financiamiento para las personas con discapacidad, ante otras instancias del Gobierno y organizaciones de la sociedad civil;
III. Impulsar en coordinación con el Instituto la capacitación y adiestramiento de las personas con discapacidad, a través de:
a) La elaboración de programas estatales de empleo y capacitación para la población con discapacidad;
b) La implementación de programas para su incorporación a las fuentes de trabajo;
d) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional en el mercado laboral, apoyando la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
e) Promover el empleo en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que puedan incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;
f) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;
g) Garantizar a través de las Secretaría de Economía y el Instituto, que las empresas realicen los ajustes razonables para asegurar la contratación y su permanencia en el empleo;
IV. Realizar acciones permanentes orientadas a su incorporación a las fuentes ordinarias de trabajo o, en su caso, su incorporación a fuentes de trabajo o talleres protegidos, en condiciones salubres, dignas y de mínimo riesgo a su seguridad;
V. Capacitar en materia de discapacidad, a los sectores empresarial y comercial;
VI. Establecer en coordinación con el Instituto y las Secretarías de Finanzas, Economía, Desarrollo Social y del Campo, mecanismos de financiamiento, subsidio o inversión, para la ejecución de proyectos productivos y sociales, propuestos por las organizaciones;
VII. Gestionar en colaboración con el Instituto, el otorgamiento de incentivos fiscales, subsidios y otros apoyos a las personas físicas o morales, que contraten personas con discapacidad, así como beneficios adicionales para quienes, en virtud de tales contrataciones, realicen adaptaciones, eliminen barreras físicas y rediseñen sus áreas de trabajo; y
VIII. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos legales.
Art. 43. Se fomentará el empleo de las personas con discapacidad, mediante convenios que faciliten su inclusión laboral; éstos podrán consistir en subvenciones o préstamos para la adaptación de los centros de trabajo, la accesibilidad arquitectónica para la libre movilidad en centros de producción y la posibilidad de establecerse como trabajadores autónomos.
Art. 44. Las personas con discapacidad tienen derecho a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua en sus condiciones de vida.
Programas de desarrollo social para
Art. 45. La Secretaría de Desarrollo Social, con la colaboración del Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de la legislación aplicable, promoverán el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres, niñas y adultos mayores, a programas de desarrollo y protección social.
Acciones de la Secretaría de
Art. 46. La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad y el de sus familias a un mayor índice de desarrollo humano, así como a la mejora continua de sus condiciones de vida sin discriminación por motivos de discapacidad, para lo cual realizará las siguientes acciones:
I. Facilitar, a través de los servicios de información pública, el conocimiento de los derechos y prestaciones para las personas con discapacidad, así como las condiciones de acceso a las mismas, haciendo uso de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación;
II. Las políticas sociales orientadas a las personas con discapacidad, se aplicarán exclusivamente a éstos y a las personas de su entorno familiar;
III. Establecer medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad en todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza, en observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables en la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de Zacatecas;
IV. Establecer programas para la prestación de servicios de asistencia social para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, incluidos servicios de capacitación, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, los cuales se extenderán a las regiones rurales;
V. Promover la apertura de establecimientos especializados para la asistencia, protección y albergue para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación; y
VI. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de las personas con discapacidad.
Art. 47. Corresponde implementar al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia:
I. Acciones para la atención integral de las personas con discapacidad, en coordinación con otras instituciones, hasta lograr su máximo nivel de vida independiente;
II. Programas para la prestación de servicios de asistencia social para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, en igualdad de condiciones que las demás, incluidos servicios de capacitación, apoyos económicos y servicios de cuidados temporales, los cuales se implementarán en zonas rurales;
III. Acciones para la manutención y asistencia de personas con discapacidad en situación de abandono, marginación o con discapacidad en grado severo o múltiple que les impida tener una vida independiente, en igualdad de condiciones que las demás personas; y
IV. La coordinación con otras instancias y organizaciones de la sociedad civil con el objeto de mejorar las condiciones sociales, la vida autónoma y lograr la inclusión plena de las personas con discapacidad.
Centro de rehabilitación y sus unidades
básicas de rehabilitación
Art. 48. Son facultades del centro de rehabilitación y sus unidades básicas de rehabilitación:
III. Implementar programas de rehabilitación en las comunidades de extrema pobreza y difícil acceso;
IV. Canalización hacia organismos especializados, ya sea públicos o privados, de aquellos casos que, por características específicas de discapacidad, así lo requieran;
V. Dar atención en zonas rurales y de difícil acceso, así como diseñar, ejecutar e implementar un programa de rehabilitación basado en la participación comunitaria, con el apoyo y asesoría técnica de personal especializado;
VI. Elaborar un programa de prestación de servicios de acuerdo con las condiciones y necesidades de su región, el cual hará del conocimiento del Instituto; y
Derecho a la libertad de expresión, opinión
Art. 49. El Poder Ejecutivo del Estado y los municipios adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación, para lo cual, realizarán las siguientes acciones:
I. Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
II. Favorecer la utilización de la lengua de señas mexicana, el sistema de escritura Braille, modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;
III. Promover que los organismos e instituciones de los sectores privado y social que presten servicios al público, propicien que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;
IV. Promover a través del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y otros medios masivos de comunicación, la utilización de lenguas de señas y alentar a los medios de comunicación a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad; y
V. Promover la accesibilidad en páginas y sitios de Internet oficiales, con el fin de garantizar el acceso a la información para las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades.
Art. 50. Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida política y pública del Estado de manera plena y efectiva, en igualdad de condiciones como las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser electas.
Acciones afirmativas en materia
de derechos políticos
Art. 51. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el Poder Ejecutivo del Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán a las personas con discapacidad sus derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás, lo cual implica:
I. Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar por parte de las personas con discapacidad;
II. Proteger el derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones, referéndum y plebiscitos, sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública en todos los órdenes de Gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo, cuando proceda;
III. Garantizar la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar; y
IV. Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos.
Derecho a la participación en la vida cultural,
las actividades recreativas, deporte y turismo
deportiva, recreativa y turística
Art. 52. El Estado reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural, deportiva, de recreación y turística, adoptando todas las medidas pertinentes para asegurar que tengan acceso a material cultural, deportivo y recreativo en formatos accesibles, además de incluir medidas compensatorias que faciliten accesos de manera preferente.
Art. 53. El Poder Ejecutivo del Estado y los municipios promoverán, en el ámbito de sus respectivas competencias, que a las personas con discapacidad, se les brinden facilidades para desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio, sino también para el enriquecimiento de la sociedad en museos, teatros, cines, bibliotecas públicas, instalaciones deportivas y de recreación, entre otras.
Art. 54. La Secretaría de Educación, el Instituto de la Juventud del Estado, el Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde» y el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado, en coordinación con el Instituto, elaborarán programas específicos que fomenten la participación de las personas con discapacidad, los cuales incluirán la realización de encuentros deportivos, visitas guiadas, campamentos, talleres y cursos artísticos, en los que se utilizará lenguaje Braille, lengua de señas mexicana y sistemas aumentativos y alternativos.
Acciones en programa
Art. 55. El Instituto Zacatecano de Cultura «Ramón López Velarde» en coordinación con el Instituto, promoverá que en el programa sectorial de cultura se incluya la implementación de talleres de capacitación artística en las que se incluyan actividades para personas con discapacidad.
Art. 56. El Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, en coordinación con la Coordinación Estatal de Planeación, el Instituto y los municipios, elaborarán el programa estatal de deporte adaptado y paralímpico, el cual entre otros objetivos y metas establecerá:
I. Participar en mayor medida en las actividades deportivas generales a todos los niveles;
II. Brindar la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas a su condición, alentando a que se ofrezca en igualdad de condiciones la instrucción, formación y recursos adecuados;
III. Tener acceso en igualdad de oportunidades a las instalaciones deportivas y recreativas; y
IV. Las instituciones y organismos involucrados reconocerán en ceremonia pública el esfuerzo de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo, en igualdad de circunstancias y sin discriminación alguna.
Autoridades y atribuciones en materia de inclusión
Atribuciones del Ejecutivo del Estado en materia
de inclusión de personas con discapacidad
Art. 57. Son atribuciones del Ejecutivo del Estado, en materia de derechos de las personas con discapacidad, las siguientes:
I. Establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los ordenamientos señalados en el artículo primero de esta Ley, adoptando medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para hacer efectivos sus derechos;
II. Promover la difusión y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como de las disposiciones legales que los regulan;
III. Otorgar las facilidades necesarias a las organizaciones de la sociedad civil cuya finalidad sea lograr una mayor inclusión, en todos los ámbitos del desarrollo;
IV. Establecer y aplicar las políticas públicas a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad;
V. Planear, elaborar y operar programas en materia de prevención, habilitación, rehabilitación, igualdad de oportunidades y orientación para las personas con discapacidad, así como emitir las normas técnicas para la prestación de dichos servicios;
VI. Promover que en las zonas urbanas y rurales de nueva creación, se tomen en cuenta las necesidades de accesibilidad para personas con discapacidad tomando en cuenta los principios del diseño universal;
VII. Impulsar que las construcciones realizadas por los sectores público, privado y social, con fines de uso comunitario, adecuen sus instalaciones en términos de accesibilidad, observando las especificaciones que en la misma se contienen, a efecto de beneficiar a las personas con discapacidad;
VIII. Apoyar a las autoridades estatales y municipales que así lo soliciten, para la eliminación de barreras arquitectónicas en los diversos espacios urbanos;
IX. Impulsar el otorgamiento de preseas, becas, estímulos, en numerario o en especie, a las personas con discapacidad que se destaquen en las áreas laboral, científica, tecnológica, educativa, cultural, deportiva o de cualquier otra índole;
X. Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad en el Estado, de manera plena y autónoma;
XI. Concertar y coordinar la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil, en la elaboración y aplicación de políticas, planes, programas y legislación, con base en la presente Ley;
XII. Asignar en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado, las partidas correspondientes para la implementación y ejecución de la política pública destinada a las personas con discapacidad;
XIII. Propiciar el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones en favor de las personas con discapacidad, adecuen sus instalaciones en términos de accesibilidad, o de cualquier otra forma se adhieran a las políticas públicas en la materia, en términos de la legislación aplicable;
XIV. Fomentar la captación de recursos que sean destinados al desarrollo de actividades y programas en favor de las personas con discapacidad;
XV. Impulsar la adopción de acciones afirmativas orientadas a evitar y compensar las desventajas de las personas con discapacidad, para participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural;
XVI. Garantizar la transversalidad de las políticas públicas para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley les impone;
XVII. Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación y restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad; y
XVIII. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Instituto para la Atención e Inclusión de
las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas
Art. 58. El Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio legal en la ciudad de Zacatecas.
Art. 59. El Instituto tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover y fomentar la participación del sector público y el sector privado, en las políticas públicas, programas, estrategias y acciones, derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.
Art. 60. Son atribuciones del Instituto:
I. Promover los derechos de las personas con discapacidad, así como difundirlos con la finalidad de que hagan exigibles sus derechos;
II. Coadyuvar en el diseño de las políticas públicas que en materia de discapacidad se implementen en el Estado, captando propuestas a través de la consulta a organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad;
III. Crear, administrar y actualizar el padrón estatal de las personas con discapacidad, así como el relacionado con las organizaciones e instituciones dedicadas a la educación, habilitación y rehabilitación;
IV. Promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas, así como los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para la atención segura y accesible de la población con discapacidad;
V. Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre el desarrollo e inclusión social de las personas con discapacidad;
VII. Solicitar información a las instituciones públicas, sociales y privadas que le permitan el cumplimiento de sus atribuciones;
VIII. Difundir y dar seguimiento a las obligaciones contraídas con gobiernos e instituciones de otros Estados, así como con organismos federales, estatales y municipales relacionados con discapacidad;
IX. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación, colaboración y concertación, con organismos públicos y privados, que beneficien a las personas con discapacidad;
X. Suscribir convenios con los sectores productivos y empresariales, para que se otorguen descuentos, facilidades económicas o administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o privados, a las personas con discapacidad y sus familias;
XI. Promover la armonización de leyes y reglamentos estatales y municipales, respecto de las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, otros Instrumentos Internacionales, la Ley General y demás ordenamientos;
XII. Opinar sobre la viabilidad de colocación de rampas y cajones de estacionamiento, así como otros elementos de infraestructura que favorezcan la movilidad de las personas con discapacidad, apoyándose para ello en estándares internacionales;
XIII. Impulsar acciones en materia de habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad en los municipios, orientadas al desarrollo de su potencial productivo y su incorporación al desarrollo social;
XIV. Promover la inclusión, permanencia, aprendizaje y participación de las personas con discapacidad en todas las actividades educativas regulares y especiales;
XV. Establecer los mecanismos que promuevan la incorporación de personas con discapacidad en la administración pública, procurando en todo momento que se consideren los ajustes razonables que generen las condiciones de accesibilidad e igualdad de oportunidades;
XVI. Incidir para que las políticas públicas en materia de arte, cultura, turismo, deporte y recreación, sean consideradas con enfoque inclusivo, tomando en cuenta los principios internacionales de accesibilidad;
XVII. Observar las Normas Internacionales y las Oficiales Mexicanas a fin de garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad;
XVIII. Proponer que en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado, se incluyan recursos para que el propio Instituto y otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, cumplan con lo previsto en esta Ley;
XIX. Identificar oportunidades de inversión y realizar las gestiones necesarias para que se instalen en el Estado empresas que generen empleo con enfoque social, así como gestionar recursos nacionales e internacionales para la ejecución de programas y proyectos en su beneficio;
XX. Crear e impulsar programas que contemplen el otorgamiento de becas y otros estímulos económicos y en especie que posibiliten la inclusión de las personas con discapacidad y mejoren su calidad de vida;
XXI. Generar programas que contemplen la implementación de medidas compensatorias con el propósito de lograr la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos;
XXII. Promover la creación y asignación de apoyos económicos, en especie o ayudas técnicas para personas con discapacidad o sus familias;
XXIII. Presentar un informe anual de actividades; y
XXIV. Las demás que se establezcan en esta Ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.
Art. 61. Son órganos del Instituto:
Art. 62. La junta de gobierno del Instituto estará integrada por:
III. Secretaría técnica, que será quien encabece la dirección general del Instituto, quien participará con voz pero sin voto; y
Art. 63. Los miembros de la junta de gobierno tendrán derecho a voz y voto y sus cargos serán honoríficos. Designarán a la persona que los suplirá en sus ausencias, quienes deberán tener un nivel mínimo de subsecretario, director o su equivalente.
Art. 64. La junta de gobierno sesionará de forma ordinaria cada tres meses y de manera extraordinaria las ocasiones que sean necesarias para el eficaz desempeño del Instituto, previa convocatoria del presidente de la junta, el cual podrá delegar esta facultad en el secretario técnico.
Art. 65. La junta de gobierno con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, podrá convocar a otras dependencias o entidades públicas federales, estatales o municipales, así como a otros organismos privados o sociales, los que tendrán solo derecho a voz en la sesión o sesiones correspondientes, para tratar asuntos de su competencia.
Art. 66. Las sesiones de la junta de gobierno serán presididas por su presidente y en su ausencia, por la persona que él designe.
Art. 67. La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo el presidente, voto de calidad en caso de empate.
Art. 68. Además de las atribuciones establecidas en la Ley de las Entidades Públicas Paraestatales, la junta de gobierno tendrá las siguientes:
XI. Discutir y aprobar los requisitos y condiciones para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del Instituto cuando fuera notoria la imposibilidad práctica de su cobro, de conformidad con la legislación aplicable; y
Art. 69. El director general del Instituto será nombrado y removido por el Gobernador del Estado y deberá acreditar los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 19 de la Ley de las Entidades Públicas Paraestatales.
Art. 70. Además de las atribuciones que le confiere el artículo 20 de la Ley de las Entidades Públicas Paraestatales, el director general tendrá las siguientes:
XVIII. Impulsar políticas de promoción, fomento y difusión de la cultura de la integridad en el servicio público, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la ley estatal en la materia; y
Art. 71. El patrimonio del Instituto estará constituido por:
I. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos del Estado, así como los transferidos por el Gobierno Federal;
IV. Los ingresos que obtenga de los servicios y actividades propias de su objeto; y
Art. 72. El Instituto contará con un órgano interno de control, designado en los términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Constitución Política del Estado y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
Art. 73. Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por la Ley del Servicio Civil del Estado y demás disposiciones aplicables.
Objeto e integración de la asamblea consultiva
Art. 74. La asamblea consultiva para personas con discapacidad, es un órgano de asesoría y consulta, de participación ciudadana, conformación plural y carácter honorífico, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que incidan en el desarrollo de las personas con discapacidad.
La organización y funciones de la asamblea consultiva se establecerán en el reglamento de la Ley.
Art. 75. La asamblea consultiva estará integrada por:
I. Dos personas que serán expertos, académicos o investigadores, electos por convocatoria pública realizada en los términos del reglamento de la Ley o, en su caso, la convocatoria que emita la junta de gobierno del Instituto; y
II. Tres representantes de organizaciones estatales con enfoque de apoyo a personas con discapacidad, electos en los términos de la fracción anterior.
La asamblea consultiva será presidida por un representante electo de entre sus miembros.
Art. 76. Son atribuciones de la asamblea consultiva:
I. Proponer políticas en materia de discapacidad;
II. Ser un órgano coadyuvante para el desarrollo y evaluación de políticas públicas;
III. Contribuir a que las personas con discapacidad participen de manera activa en los programas de inclusión para las personas con discapacidad;
IV. Proponer al director general del Instituto, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de su objeto; y
V. Las demás que la presente Ley y el reglamento le confieran.
Políticas públicas municipales en materia
de inclusión de las personas con discapacidad
Políticas municipales en materia de apoyo a
personas con discapacidad y unidades
administrativas o enlaces municipales
Art. 77. En los Planes Municipales de Desarrollo se establecerán objetivos, directrices y metas sobre el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.
Art. 78. Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a lo enmarcado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán emitir programas municipales de desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.
Art. 79. Los Ayuntamientos del Estado contarán con unidades administrativas o enlaces municipales en materia de apoyo a personas con discapacidad, los cuales podrán conformarse de forma análoga al Instituto.
Dichas unidades mantendrán una coordinación permanente con el Instituto.
Art. 80. Además de las establecidas en la Ley Orgánica del Municipio del Estado, sus reglamentos y otros ordenamientos, son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de protección de las personas con discapacidad:
I. Formular y desarrollar programas municipales de atención a personas con discapacidad, cuyo objeto sea su bienestar integral;
II. Impulsar programas sobre accesibilidad universal en los términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Código Urbano, la presente Ley y otros ordenamientos aplicables;
III. Celebrar convenios de colaboración, coordinación o concertación en la materia, con los Gobiernos Federal y Estatal; así como con otros municipios de la Entidad y con organismos de los sectores social y privado, nacionales y extranjeros;
V. Promover que en los estacionamientos públicos existan los espacios necesarios para el ascenso o descenso de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley de Estacionamientos Públicos para el Estado y demás normas nacionales e internacionales vigentes;
VI. Gestionar y ejecutar ante las autoridades y empresas respectivas, la colocación de sistemas de comunicación accesibles, señalización de protectores para tensores de postes, cubiertas para coladeras y alertas en la construcción de obras en la vía pública y privada que faciliten el desplazamiento de las personas con discapacidad;
IX. Proporcionar asistencia psicológica y asesoría jurídica a través de los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia;
X. Integrar y actualizar los censos municipales de las personas con discapacidad, así como enviarlos al Instituto y otros organismos que lo soliciten. En el proceso de integración de esta información se deberá:
a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre la protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de su privacidad;
b) Cumplir con las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos, así como los principios éticos en la recopilación y el uso de estadísticas;
XI. Promover e implementar cursos de capacitación sobre esta materia;
XII. Realizar estudios socioeconómicos, investigaciones de campo y diagnósticos en materia de personas con discapacidad, con la finalidad de prestar una mejor atención y apoyo;
XIII. Operar los programas de atención y apoyo en materia de personas con discapacidad y, en lo que corresponda, en coordinación con el Instituto;
XIV. Promover campañas permanentes sobre el respeto de los derechos a las personas con discapacidad;
XV. Establecer en los programas de desarrollo urbano y obra pública, los ajustes razonables que permitan lograr la accesibilidad universal;
XVI. Contemplar la accesibilidad universal al emitir licencias y permisos relacionados con las diferentes acciones urbanísticas, de acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Código Urbano, la presente Ley y otros ordenamientos aplicables; y
XVII. Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Art. 81. Para los efectos de esta Ley, la prevención comprende tanto las medidas tendientes a evitar las causas que puedan ocasionar discapacidad, como las destinadas a evitar su progresión.
Art. 82. El Instituto en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud, la Coordinación Estatal de Planeación y las organizaciones de la sociedad civil con enfoque de apoyo a las personas con discapacidad, elaborarán el programa estatal de prevención de la discapacidad.
En su elaboración podrán participar dependencias y entidades estatales y municipales, así como organismos de la sociedad civil.
Art. 83. El programa estatal de prevención de la discapacidad será difundido para conocimiento de la sociedad y será evaluado anualmente por la junta de gobierno del Instituto. Contemplará las acciones de prevención en las áreas de salud, educación, trabajo, comunicación y otras, especialmente dirigidas a:
I. La promoción de la salud física y mental, principalmente evitando el uso indebido de las drogas, incluyendo el alcohol y el tabaco;
II. La prevención en accidentes de tránsito, de trabajo y enfermedades ocupacionales; y
III. El control higiénico y sanitario de los alimentos y de la contaminación ambiental, para evitar enfermedades y padecimientos que puedan generar discapacidad.
Art. 84. La Coordinación Estatal de Planeación en acuerdo con el Instituto y los municipios, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, generará un diagnóstico con el objeto de contar con información relacionada acerca de las condiciones de las personas con discapacidad.
La información será de orden público y tendrá como finalidad la formulación de planes, programas y políticas públicas. Además, desarrollará instrumentos estadísticos que proporcionen información e indicadores cualitativos y cuantitativos sobre todos los aspectos relacionados con la discapacidad.
La información que se genere deberá ser actualizada de manera periódica y sistemática, y ser difundida asegurando su accesibilidad para todas las personas con discapacidad. Esta información podrá ser consultada por medios electrónicos, magnéticos o impresos.
La información estadística se sujetará a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
Art. 85. El Gobierno del Estado otorgará estímulos, beneficios y reconocimientos a aquellas personas físicas o morales o instituciones que se hayan distinguido por su apoyo a las personas con discapacidad, así como a aquellas personas con discapacidad que por sus hechos y aptitudes hubieren contribuido al desarrollo de este sector, los cuales serán entregados en actos públicos con el propósito de promover dichas acciones.
Art. 86. La Secretaría de Infraestructura, las autoridades en materia de transporte, tránsito y vialidad, el Instituto y los Ayuntamientos, en los términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Código Urbano, la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado, la Ley Orgánica del Municipio del Estado y otros ordenamientos, en el ámbito de su competencia, conocerán y resolverán acerca de las infracciones.
Art. 87. Las infracciones a las disposiciones de esta Ley se sancionarán, según su naturaleza y gravedad, de la siguiente manera:
I. Multa de hasta cien unidades de medida y actualización diarias al momento de cometerse la infracción, la que podrá ser duplicada en caso de reincidencia;
V. Clausura definitiva, parcial o total, del establecimiento o inmueble.
Art. 88. Para aplicar una sanción se tendrán en consideración las siguientes circunstancias:
Art. 89. El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a las reglas siguientes:
I. Recibida una denuncia, la autoridad competente dispondrá la práctica, en su caso, de la inspección que corresponda para constatar la existencia de los hechos, debiendo efectuarse en un plazo no mayor de cinco días;
II. Efectuada la inspección, si resultaren ciertos los hechos denunciados, el presunto infractor será citado para que, en un plazo no menor de cinco días hábiles ni mayor de diez, contados a partir del día siguiente a la fecha en que le sea notificada la cita, comparezca por escrito, ofreciendo las pruebas idóneas que estime favorables a sus intereses y haciendo las alegaciones pertinentes. La citación se le hará por medio de oficio en el que se indicará la infracción que se le impute, así como los hechos en que la misma consista. El oficio se remitirá por mensajería rápida o correo certificado con acuse de recibo;
IV. Concluido el período probatorio o vencido el plazo indicado en el supuesto de que el presunto infractor no comparezca o no ofrezca pruebas, la autoridad emitirá resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles, determinando si se aplica o no la sanción.
Los plazos a que se refiere el presente artículo se computarán en días hábiles.
Art. 90. El cobro de las multas que impongan las autoridades competentes corresponderá a la Secretaría de Finanzas y a las tesorerías municipales, en el ámbito de sus competencias, mediante el procedimiento económico-coactivo previsto en la legislación fiscal aplicable.
Art. 91. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a la presente Ley, serán sancionados de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y otras disposiciones aplicables.
Las sanciones se impondrán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil a que hubiere lugar.
Art. 92. Las resoluciones dictadas con base en esta Ley, podrán ser impugnadas ante la misma autoridad que las emita a través del recurso de reconsideración.
Art. 93. El recurso de reconsideración se presentará por escrito, en el cual se precisarán los agravios que considere el recurrente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que éste tenga conocimiento de la resolución impugnada.
Art. 94. El recurso se resolverá sin más trámite que la presentación del escrito de impugnación y la vista del expediente que se haya integrado para dictar la resolución impugnada. La autoridad decidirá sobre el recurso en un plazo no mayor de quince días hábiles.
Art. 95. Cuando el recurso se interponga en contra de resolución que imponga una multa, el interesado, para obtener la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, acreditará haber garantizado el importe de la sanción ante la correspondiente autoridad fiscal, mediante fianza o depósito suficiente para cubrir el principal más los accesorios legales.
Art. 96. La interposición del recurso, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, dará efecto a la suspensión de la ejecución del acto que se reclame, hasta en tanto no sea resuelto.
Art. 97. La resolución que se dicte en el recurso de reconsideración, será impugnada ante el Tribunal Administrativo competente.
Art. 2º Se abroga la Ley Estatal para la Integración al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad, publicada en suplemento 2 al 89 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al 5 de noviembre de 2005.
Emisión de reglamento y estatuto
Art. 3º Dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, se deberá expedir el Reglamento de esta Ley y el Estatuto Orgánico del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas.
Los manuales o, en su caso, las reformas a los mismos, deberán publicarse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del citado estatuto orgánico.
Art. 4º Dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá quedar conformada la junta de gobierno.
Titular del organismo y derechos
Art. 5º El titular la subsecretaría de las personas con discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social podrá continuar en el encargo en carácter de director general del Instituto, hasta en tanto el titular del Poder Ejecutivo del Estado realice un nuevo nombramiento.
Los servidores públicos que a la entrada en vigor del presente Decreto formen parte de la subsecretaría de las personas con discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social, conservarán sus derechos laborales y de seguridad social.
Entrega-recepción de recursos
Art. 6º El Ejecutivo del Estado transferirá los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta actualmente la subsecretaría de las personas con discapacidad de la secretaría de desarrollo social, al Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas.
El proceso de entrega-recepción se llevará a cabo de acuerdo con la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Zacatecas, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios y demás disposiciones aplicables.
Constitución asamblea consultiva
Art. 7º Dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del reglamento, será constituida la asamblea consultiva para personas con discapacidad. El titular del Ejecutivo tomará la protesta correspondiente a sus integrantes.
Plazo para emitir programas
Art. 8º Dentro de un año siguiente a la vigencia de esta Ley, se publicará en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el programa estatal de prevención de la discapacidad y el programa estatal de deporte adaptado y paralímpico.
Art. 9º De acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Código Urbano, la presente Ley, las calles, parques, jardines, instalaciones y edificios públicos, serán adaptados de manera paulatina.
Para tal fin los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos municipales y los organismos públicos autónomos, contemplarán en los subsiguientes presupuestos de egresos, los recursos necesarios para la realización de dichas adaptaciones.
Art. 10. Si con motivo de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado u otros ordenamientos, las dependencias a que se refiere esta Ley cambien de denominación, se entenderán hechas o conferidas a las dependencias o unidades administrativas que resulten competentes conforme a las citadas reformas y los nuevos cuerpos normativos.
Art. 11. Se derogan las disposiciones que contravengan este Decreto.
Dado en la sala de sesiones de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, a los 6 días del mes de abril del año 2017. Diputado Presidente. Carlos Alberto Sandoval Cardona. Diputadas Secretarias. Guadalupe Isadora Santivañez Ríos y Ma. Guadalupe Adabache Reyes. Rúbricas.
Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los 19 días del mes de abril del año 2017. Gobernador del Estado de Zacatecas. Alejandro Tello Cristerna. Secretaria General de Gobierno. Fabiola Gilda Torres Rodríguez. Rúbricas.
136 35 03-mayo-2017 04-mayo-2017 LXII