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Timestamp: 2020-06-05 14:15:16
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BOE.es - Documento BOE-A-1981-25650
Documento BOE-A-1981-25650
CONVENCIÓN ÚNICA DE 1981 SOBRE ESTUPEFACIENTES, ENMENDADA POR EL PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES. NUEVA YORK, 8 DE AGOSTO DE 1975 (1)
(1) El texto de la Convención Única sobre Estupefacientes, enmendado por el Protocolo de 25 de marzo de 1972, fue establecido por el Secretario general, de conformidad con el artículo 22 del Protocolo.
1. De conformidad con el artículo 22 del Protocolo de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, hecho en Ginebra el 25 de marzo de 1972, el texto de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (más adelante llamada Convención Única), enmendada por ese Protocolo ha sido preparado por el Secretario general.
2. El presente documento comprende el texto de la Convención Única, enmendado por el Protocolo, que fue aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas para examinar enmiendas a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, celebrada en Ginebra del 6 al 24 de marzo de 1972,
3. El Protocolo de Modificación de la Convención Única (más adelante llamado protocolo de 1972) entró en vigor el 8 de agosto de 1975 de conformidad con el párrafo 1 de su artículo 18. Con respecto a cualquier Estado que ya sea parte en la Convención Única y que deposite ante el Secretario general un instrumento de ratificación o adhesión al Protocolo de 1972 después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo Instrumento de ratificación o adhesión, dicho Protocolo entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que aquel Estado haya depositado su instrumento (véanse los artículos 17 y 18 del Protocolo de 1972).
4. Todo Estado que llegue a ser Parte en la Convención Única después de la entrada en vigor del Protocolo de 1972 será considerado, de no haber manifestado ese Estado una intención diferente: a), parte en la Convención Única en su forma enmendada; b), parte en la Convención Única no enmendada con respecto a toda Parte en esa Convención que no esté obligada por el Protocolo de 1972 (véase el artículo 19 del Protocolo de 1972).
5. Para facilitar las referencias se han agregado notas al pie de página. Con respecto a los artículos 45 y 50 de la Convención Única que se refieren a «Disposiciones Transitorias» y «Otras Reservas», los textos de los artículos correspondientes del Protocolo de 1972 han sido reproducidos por completo en notas al pie de página.
CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES, ENMENDADA POR EL PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES
b) Por «cannabis» se entiende las sumidades, floridas o con fruto, de la planta de la cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe.
f) Por «hoja de coca» se entiende la hoja del arbusto de coca, salvo las hojas de las que se haya extraído toda la ecgonina, la pecaína o cualesquiera otros alcaloides de ecgonina.
n) Por «fabricación» se entiende todos los procedimientos, distintos de la producción, que permitan obtener estupefacientes, incluidas la refinación, y la transformación de unos estupefacientes en otros.
t) Por «producción» se entiende la separación del opio, de las hojas de coca, de la cannabis y de la resina de cannabis, de las plantas de que se obtienen.
u) Por «Lista I», «Lista II», «Lista III» y «Lista IV» se entiende las listas de estupefacientes o preparados que con esa numeración se anexan a la presente Convención, con las modificaciones que se introduzcan periódicamente en las mismas según lo dispuesto en el artículo 3.
ii) A la utilización en el país o territorio para la fabricación y preparación de estupefacientes y otras sustancias; o
iv) En poder de los farmacéuticos u otros distribuidores al por menor autorizados y de las instituciones o personas calificadas que ejerzan, con la debida autorización, funciones terapéuticas o científicas.
y) Por «territorio» se entiende toda parte de un Estado que se considere como entidad separada a los efectos de la aplicación del sistema de certificados de importación y de autorizaciones de exportación previsto en el artículo 31. Ésta definición no se aplica al vocablo «territorio» en el sentido en que se emplea en los artículos 42 y 46.
2. A los fines de esta Convención, se considerará que un estupefaciente ha sido «consumido» cuando haya sido entregado a una persona o Empresa para su distribución al por menor para uso médico o para la investigación científica, y la palabra «consumo» se entenderá en consecuencia.
Artículo 2 Sustancias sujetas a fiscalización.
1. Con excepción de las medidas de fiscalización que se limiten a estupefacientes determinados, los estupefacientes de la lista I estarán sujetos a todas las medidas de fiscalización aplicables a los estupefacientes en virtud de la presente Convención y, en particular, a las previstas en los artículos 4, c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 37.
2. Los estupefacientes de la lista II estarán sujetos a las mismas medidas de fiscalización que los de la lista I, salvo las medidas prescritas en el artículo 30, incisos 2 y S, respecto del comercio al por menor.
3. Los preparados distintos de aquellos de la lista III estarán sujetos a las mismas medidas de fiscalización que los estupefacientes que contengan, pero con respecto a dichos preparados no se exigirán las previsiones (artículo 19) ni las estadísticas (artículo 20) que no correspondan a los referidos estupefacientes, ni será necesario aplicar lo dispuesto por los artículos 28, inciso 2 c), y 30, inciso 1 b) ii).
4. Los preparados de la lista III estarán sujetos a las mismas medidas de fiscalización que los que contengan estupefacientes de la lista II, excepto que no será necesario aplicar, en su caso, las disposiciones del artículo 31, párrafo 1 b) y 3 a 15, ni, en lo que respecta a su adquisición y su distribución al por menor, las del artículo 34, apartado b), y que a los fines de las previsiones (artículo 19) y estadísticas (artículo 20), sólo se exigirá la información relativa a las cantidades de estupefacientes que se empleen en la fabricación de dichos preparados.
5. Los estupefacientes de la lista IV serán también incluidos en la lista I y estarán sujetos a todas las medidas de fiscalización aplicables a los estupefacientes que figuran en esta última lista y, además, a las siguientes:
a) Las Partes adoptarán todas las medidas especiales de fiscalización que juzguen necesarias en vista de las propiedades particularmente peligrosas de los estupefacientes de que se trata, y
b) Las Partes prohibirán la producción, fabricación, exportación e importación, comercio, posesión o uso de tales estupefacientes si a su juicio las condiciones que prevalezcan en su país hacen que sea este el medio más apropiado para proteger la salud y el bienestar públicos, con excepción de las cantidades necesarias únicamente para la investigación médica y científica, incluidos los experimentos clínicos con dichos estupefacientes que se realicen bajo la vigilancia y fiscalización de la Parte o estén sujetos a su vigilancia y fiscalización directas.
6. Además de las medidas de fiscalización aplicables a todos los estupefacientes de la lista I, el opio estará sometido a las disposiciones del apartado f) del párrafo 1 del artículo 19 y de los artículos 21 bis, 23 y 24, la hoja de coca a las de los artículos 26 y 27, y la cannabis a las del artículo 26.
7. La adormidera, el arbusto de coca, la planta de cannabis, la paja de la adormidera y las hojas de la cannabis estarán sujetos a las medidas de fiscalización prescritas en el apartado e) del párrafo 1 del artículo 19, en el apartado g) del párrafo 1 del artículo 20 y en los artículos 19, 20, 21 bis y 22 a 24; 22, 26 y 27, 22 y 26; 25 y 26, respectivamente.
a) Por los procedimientos de desnaturalización apropiados o por otros medios logren impedir que los estupefacientes utilizados puedan prestarse a uso indebido o producir efectos nocivos (artículo 3, inciso 3) y que sea posible en la práctica recuperar las sustancias nocivas, y
2. El Secretarlo general comunicará la notificación y los datos que considere pertinentes a las Partes, a la Comisión y, cuando la notificación proceda de alguna de las Partes, a la Organización Mundial de la Salud.
3. Cuando una notificación se refiera a una sustancia que no esté ya incluida en las listas I o II.
4. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que un preparado, dadas las sustancias que contiene, no se presta a uso indebido y no puede producir efectos nocivos (inciso 3), y que su contenido de estupefacientes no se puede recuperar con facilidad, la Comisión podrá, de conformidad con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, incluir este preparado en la lista III.
5. Si la Organización Mundial de la Salud comprueba que un estupefaciente de la lista I es particularmente susceptible de uso indebido y de producir efectos nocivos (inciso 3), y que tal susceptibilidad no está compensada por ventajas terapéuticas apreciables que no posean otras sustancias, sino los estupefacientes de la lista IV, la Comisión podrá, de conformidad con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, incluir este estupefaciente en la lista IV.
6. Cuando una notificación se refiera a un estupefaciente de las listas I o II o a un preparado de la lista III, la Comisión, sin perjuicio de las medidas previstas en el inciso 5, podrá, de conformidad con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, modificar cualquiera de las listas:
a) Transfiriendo un estupefaciente de la lista I a la lista II o de la lista II a la lista I, o
7. Toda decisión que tome la Comisión al aplicar este artículo será comunicada por el Secretario general a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, a los Estados no miembros que sean Parte en la Convención, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta. Dicha decisión entrará en vigor respecto a cada una de las Partes en la fecha en que reciba tal comunicación, y las Partes adoptarán entonces las medidas requeridas por esta Convención.
8. a) Las decisiones de la Comisión que modifiquen cualesquiera de las listas estarán sujetas a revisión por el Consejo, previa solicitud de cualesquiera de las Partes presentada dentro de un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación de la decisión. La solicitud de revisión será presentada al Secretario general junto con toda la información pertinente en que se base dicha solicitud de revisión.
b) El Secretario general transmitirá copias de la solicitud de revisión y de la información pertinente a la Comisión, a la Organización Mundial de la Salud y a todas las Partes y las invitará a que formulen sus observaciones dentro de un plazo de noventa días. Todas las observaciones que se reciban serán sometidas al Consejo para que éste las examine.
c) El Consejo podrá confirmar, modificar o revocar la decisión de la Comisión y la decisión del Consejo será definitiva. La notificación de la decisión del Consejo será transmitida a los Estados miembros de las Naciones Unidas, a los Estados no miembros Partes en la Convención, a la Comisión, a la Organización Mundial de la Salud y a la Junta.
9. Las decisiones de la Comisión adoptadas de conformidad con este artículo no estarán sujetas al procedimiento de revisión previsto en el artículo 7.
b) Para cooperar con los demás Estados en la ejecución de las disposiciones de la presente Convención, y
Artículo 5. Los órganos internacionales de fiscalización.
Las partes, reconociendo la competencia de las Naciones Unidas en materia de fiscalización internacional de estupefacientes, convienen en encomendar a la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social y a la Junto Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, las respectivas funciones que la presente Convención les asigna.
Artículo 6. Gastos de los órganos internacionales de fiscalización.
Los gastos de la Comisión y de la Junto serán sufragados por las Naciones Unidas en la forma que decida la Asamblea.
General: Las Partes que no sean Miembros de las Naciones Unidas contribuirán a dichos gastos con las cantidades que la Asamblea General considere equitativas y fije periódicamente, previa consulta con los Gobiernos de aquellas Partes.
Artículo 7. Revisión de las decisiones y recomendaciones de la Comisión.
Artículo 8. Funciones de la Comisión.
a) Modificar las listas según lo dispuesto en el artículo 3;
b) Señalar a la atención de la Junta cualquier cuestión que tenga relación con las funciones de la misma;
c) Hacer recomendaciones para la aplicación de las disposiciones de esta Convención y el logro de sus propósitos, y en particular recomendar programas de investigación científica e intercambio de información de carácter científico o técnico;
Artículo 9. Composición y funciones de la Junta.
1. La Junta se compondrá de trece miembros, que el Consejo designará en la forma siguiente:
b) Diez miembros elegidos de una lista de personas propuestas por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y por las Partes que no sean miembros de las Naciones Unidas.
2. Los miembros de la Junta habrán de ser personas que por su competencia, imparcialidad y desinterés, inspiren confianza general. Durante su mandato no podrán ocupar cargo alguno ni ejercer actividad que pueda redundar en detrimento de su imparcialidad en el desempeño de sus funciones. El Consejo, en consulta con la Junta, tomará todas las medidas necesarias para garantizar la total independencia técnica de la Junta en el desempeño de sus funciones.
4. La Junta, en cooperación con los Gobiernos y con sujeción a las disposiciones de la presente Convención, tratará de limitar el cultivo, la producción, la fabricación y el uso de estupefacientes a la cantidad adecuada necesaria para fines médicos y científicos, de asegurar su disponibilidad para tales fines y de impedir el cultivo, la producción, la fabricación, el tráfico y el uso ilícitos de estupefacientes.
5. Todas las medidas adoptadas por la Junta en virtud de la presente Convención serán las más adecuadas al propósito de fomentar la cooperación de los Gobiernos con la Junta y de establecer un mecanismo para mantener un diálogo constante entre los Gobiernos y la Junta que promueva y facilite una acción nacional efectiva para alcanzar los objetivos de la presente Convención.
Artículo 10. Duración del mandato y remuneración de los miembros de la Junta.
1. Los miembros de la Junta ejercerán sus funciones durante cinco años y podrán ser reelectos,
3. Cuando un miembro de la Junta deje de Asistir a tres periodos de sesiones consecutivas se considerará que ha renunciado.
4. El Consejo, a recomendación de la Junta, podrá destituir a un miembro de la Junta que no reúna ya las condiciones necesarias para formar parte de ella, conforme al párrafo 2 del artículo 9. Dicha recomendación deberá contar con el voto afirmativo de nueve miembros de la Junta.
6. Los miembros de la Junta percibirán una remuneración adecuada que fijará la Asamblea General.
Artículo 11. Reglamento de la Junta.
2. La Junta se reunirá con la frecuencia que crea necesaria para el buen desempeño de sus funciones, pero celebrará por lo menos dos reuniones anuales.
3. En las sesiones de la Junta el quórum será de ocho miembros.
Artículo 12. Funcionamiento del sistema de previsiones.
2. La Junta pedirá a los Gobiernos de los países y territorios a los que no se aplica la presente Convención, que faciliten sus previsiones de conformidad con lo dispuesto en la presente Convención.
3. Si un Estado no suministra las previsiones respecto de alguno de sus territorios en la fecha fijada, la Junta las establecerá en la medida de lo posible. La Junta establecerá dichas previsiones, en colaboración con el Gobierno interesado, siempre que esto sea factible.
4. La Junta examinará las prensiones, incluso las suplementarias y, salvo cuando se trate de necesidades para fines especiales, podrá pedir los datos que estime necesarios respecto de cualquier país o territorio en cuyo nombre se haya suministrado la previsión, para completarla o aclarar cualquier declaración que figure en ella,
5. La Junta, con miras a limitar el uso y la distribución de estupefacientes a la cantidad, adecuada necesaria para fines médicos y científicos y a asegurar su disponibilidad para tales fines confirmará lo más rápidamente posible las previsiones, incluso las suplementarias, o podrá modificarlas con el consentimiento del Gobierno interesado. En caso de desacuerdo entre el Gobierno y la Junta, ésta última tendrá derecho a establecer, comunicar y publicar sus propias previsiones, incluso las suplementarias.
6. Además de los informes mencionados en el artículo 15, la Junta publicará, en las épocas que determine, pero por lo menos una vez al año, la información sobre las previsiones que pueda, a su parecer, facilitar la aplicación de la presente Convención.
Artículo 13. Funcionamiento del sistema de información estadística.
2. La Junta examinará la información que reciba, para determinar si las Partes o cualquier otro Estado ha cumplido las disposiciones de la presente Convención.
Artículo 14. Medidas de la Junta para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención.
1. a) Si basándose en el examen de la información presentada por los Gobiernos a la Junta, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención, o de información transmitida por órganos u organismos especializados de las Naciones Unidas, o siempre que sean aprobadas por la Comisión, previa recomendación de la Junta, por otras organizaciones intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales internacionales que posean competencia directa en el asunto de que se trate y estén reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social con arreglo al artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas o que gocen de condición análoga por acuerdo especial del Consejo, la Junta tiene razones objetivas para creer que las finalidades de la presente Convención corren un grave peligro porque una Parte, un país o un territorio no ha cumplido las disposiciones de la presente Convención tendrá derecho a proponer al Gobierno interesado la celebración de consultas o a solicitarle explicaciones. Si aun cuando no hayan dejado de cumplirse las disposiciones de la Convención, una Parte, un país o un territorio se ha convertido en un centro importante de cultivo, producción, fabricación, tráfico o uso ilícitos de estupefacientes, o hay pruebas de que existe un riesgo grave de que llegue a serlo, la Junta tendrá derecho a proponer al Gobierno interesado la celebración de consultas. Sin perjuicio del derecho de la Junta a señalar a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión las cuestiones mencionadas en el apartado d), la solicitud de información y las explicaciones de un Gobierno o la propuesta de consultas y las consultas celebradas con un Gobierno en virtud del presente apartado se considerarán asuntos confidenciales.
c) La Junta, si lo considera necesario para evaluar una cuestión mencionada en el apartado a) supra, podrá proponer al Gobierno interesado la realización de un estudio al respecto en su territorio, por los medios que el Gobierno estime apropiados. El Gobierno interesado, si decide realizar ese estudio, podrá pedir a la Junta que ponga a su disposición los medios técnicos periciales y los servicios de una o más personas con la capacidad necesaria para prestar ayuda a los funcionarios del Gobierno en el estudio propuesto. La persona o personas que para ello proponga la Junta se someterán a la aprobación del Gobierno interesado. Las modalidades de ese estudio y el plazo dentro del cual debe efectuarse se determinarán mediante consulta entre el Gobierno y la Junta, El Gobierno comunicará a la Junta los resultados del estudio e indicará las medidas correctoras que considera necesario adoptar.
d) Si la Junta considera que el Gobierno interesado ha dejado de dar las explicaciones satisfactorias que se le han solicitado conforme al apartado a), o de adoptar las medidas correctivas que se le han pedido conforme al apartado b), o que existe una situación grave que requiere la adopción de medidas de cooperación en el plano internacional con miras a su solución, podrá señalar el asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión. La Junta deberá proceder así cuando los objetivos de la presente Convención corran grave peligro y no haya sido posible resolver satisfactoriamente el asunto de otro modo. La Junta deberá proceder del mismo modo si comprueba que existe una situación grave que requiere la adopción de medidas de cooperación internacional con miras a su solución y que el hecho de señalar esta situación a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión es el método más apropiado para facilitar esta cooperación; después de examinar los informes de la Junta y, en su caso, de la Comisión sobre el asunto, el Consejo podrá señalar éste a la atención de la Asamblea general.
2. La Junta, cuando señale un asunto a la atención de las Partes, del Consejo y de la Comisión en virtud del apartado d) del inciso 1, podrá, si ha comprobado que es necesario proceder así, recomendar a las Partes que cesen de importar drogas del país interesado, de exportarlas a él, o de hacer ambas cosas, durante un periodo determinado o hasta que la Junta quede satisfecha con la situación existente en ese territorio o país. El Estado interesado podrá plantear la cuestión ante el Consejo
3. La Junta tendrá derecho a publicar un informe sobre cualquier cuestión relacionada con las disposiciones de este artículo y comunicarlo al Consejo, el cual lo remitirá a todas las Partes. Si la Junta hace pública en dicho informe una decisión tomada en virtud de este artículo o cualquier información relacionada con el mismo, también incluirá los puntos de vista del Gobierno interesado, si éste lo solicitare.
Artículo 14 bis. Asistencia técnica y financiera.
En los casos en que lo estime pertinente, paralelamente a las medidas enunciadas en los párrafos 1 y 2 del artículo 14, o en su sustitución de ellas, la Junta, de acuerdo con el Gobierno interesado, podrá recomendar a los órganos competentes de las Naciones Unidas y a sus organismos especializados que se preste asistencia técnica o financiera, o ambas, a ese Gobierno con miras a darle apoyo en sus esfuerzos por cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud de la presente Convención, entre ellas las estipuladas o mencionadas en los artículos 2, 35, 38 y 38 bis.
Artículo 15. Informes de la Junta.
1. La Junta redactará un informe anual sobre su labor y los informes complementarios que considere necesarios. Dichos informes contendrán, además, un análisis de las previsiones y de las informaciones estadísticas de que disponga la Junta, y cuando proceda, una indicación de las aclaraciones hechas por los Gobiernos o que se les hayan pedido, si las hubiere, junto con las observaciones y recomendaciones que la Junta desee hacer. Estos informes serán sometidos al Consejo por intermedio de la Comisión, que formulará las observaciones que estime oportunas.
Artículo 16. Secretaría.
Artículo 17. Administración especial.
Artículo 18. Datos que suministrarán las Partes al Secretario general.
1. Las Partes facilitarán al Secretario general los datos que la Comisión pueda pedir por ser necesario para el desempeño de sus funciones, y en particular:
c) Los datos que pida la Comisión sobre los casos de tráfico ilícito, especialmente los datos de cada caso descubierto de tráfico ilícito que puedan tener importancia, ya sea por arrojar luz sobre las fuentes de que provienen los estupefacientes para dicho tráfico, o bien por las cantidades de que se trate o el método empleado por los traficantes ilícitos, y
Artículo 19. Previsiones de las necesidades de estupefacientes.
1. Las Partes facilitarán anualmente a la Junta, respecto de cada uno de sus territorios, del modo y en la forma que ella establezca y en formularios proporcionados por ella, sus previsiones sobre las cuestiones siguientes;
c) Las existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año a que se refieren las previsiones;
d) Las cantidades de estupefaciente necesarias para agregar a las existencias especiales;
e) La superficie de terreno (en hectáreas) que se destinará al cultivo de la adormidera y su ubicación geográfica;
f) La cantidad aproximada de opio que se producirá;
g) El número de establecimientos industriales que fabricarán estupefacientes sintéticos, y
h) Las cantidades de estupefacientes sintéticos que fabricará cada uno de los establecimientos mencionados en el apartado anterior.
2. a) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del artículo 21, el total de las previsiones para cada territorio y cada estupefaciente, excepto el opio y los estupefacientes sintéticos, será la suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d) del párrafo 1 de este artículo, más la cantidad necesaria para que las existencias disponibles al 31 de diciembre del año anterior alcancen la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1.
b) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del artículo 21, por lo que respecta a las importaciones, y el párrafo 2 del artículo 21 bis, el total de las previsiones de opio para cada territorio será la suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d) del párrafo 1 de este artículo, más la cantidad necesaria para que las existencias disponibles al 31 de diciembre del año anterior alcancen la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1, o la cantidad indicada en el apartado f) del párrafo 1 de este artículo si esta última es mayor.
c) Hechas las deducciones a que se refiere el párrafo 3 del artículo 21, el total de las previsiones de cada estupefaciente sintético para cada territorio será la suma de las cantidades indicadas en los apartados a), b) y d) del párrafo 1 de este artículo, más la cantidad necesaria para que las existencias disponibles al 31 de diciembre del año anterior alcancen la cantidad prevista, según lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 1, o la suma de las cantidades indicadas en el apartado h) del párrafo 1 de este artículo si esta última es mayor.
d) Las previsiones proporcionadas en virtud de lo dispuesto en los apartados precedentes de este párrafo se modificarán según corresponda para tener en cuenta toda cantidad decomisada que luego se haya entregado para usos lícitos, así como toda cantidad retirada de las existencias especiales para las necesidades de la población civil.
3. Cualquier Estado podrá facilitar durante el año previsiones suplementarias exponiendo las razones que justifiquen dichas previsiones.
5. Hechas las deducciones mencionadas en el párrafo 3 del artículo 21 y tomando en consideración, en la medida de lo posible, las disposiciones del artículo 21 bis, no deberán excederse las previsiones.
Artículo 20. Datos estadísticos que se suministrarán a la Junta.
b) Uso de estupefacientes para la fabricación de otros estupefacientes, de los preparados de la lista III y de sustancias a las que no se aplica esta Convención, así como de la paja de adormidera para la fabricación de estupefacientes.
e) Decomiso de estupefacientes y destino que se les da;
f) Existencias de estupefacientes al 31 de diciembre del año a que se refieren las estadísticas, y
g) Superficie determinable de cultivo de la adormidera.
2. a) Los datos estadísticos relativos a las cuestiones mencionadas en el párrafo 1, salvo el apartado d), se establecerán anualmente y se presentarán a la Junta a más tardar el 30 de junio del año siguiente al año a que se refieren.
3. Las Partes no estarán obligadas a presentar datos estadísticos relativos a las existencias especiales, pero presentarán separadamente datos relativos a los estupefacientes importados u obtenidos en el país o territorio con fines especiales, así como sobre las cantidades de estupefacientes retiradas de las existencias especiales para satisfacer las necesidades de la población civil.
Artículo 21. Limitación de la fabricación y de la importación.
e) La cantidad adquirida, dentro de los límites de las previsiones correspondientes, con fines especiales.
2. De la cuma de las cantidades indicadas en el párrafo 1 se deducirá toda cantidad que haya sido decomisada y entregada para usos lícitos, así como toda cantidad retirada de las existencias especiales para las necesidades de la población civil.
3. Si la Junta llega a la conclusión de que la cantidad fabricada o importada en un año determinado excede de la suma de las cantidades indicadas en el párrafo 1, hechas las deducciones prescritas por el párrafo 2 de ese artículo, todo excedente así determinado y que subsista al final del año se deducirá, el año siguiente, de las cantidades que hayan de fabricarse o importarse y del total de las previsiones, determinado en el párrafo 2 del artículo 19.
4. a) Si las informaciones estadísticas sobre importaciones y exportaciones (artículo 20) indicaren que la cantidad exportada a cualquier país o territorio excede del total de las previsiones relativas a dicho país o territorio, según se determina en el párrafo 2 del artículo 19, más las cantidades que figuren como exportadas y deducidos los excedentes según se determina en el inciso 3 de este artículo, la Junta podrá notificar este hecho a los Estados a que, a juicio de la Junta, deba comunicarse dicha información;
Artículo 21 bis. Limitación de la producción del opio.
1. La producción de opio de cualquier país o territorio se organizará y fiscalizará de tal modo que se asegure que, en la medida de lo posible, la cantidad producida en un año cualquiera no exceda de las previsiones de la cantidad de opio que se ha de producir, establecidas de conformidad con el apartado f) del párrafo 1 del artículo 19.
2. Si la Junta, basándose en la información que posea en virtud de las disposiciones de la presente Convención, concluye que una Parte que ha presentado unas previsiones de conformidad con el apartado f) del párrafo 1 del artículo 19 no ha limitado el opio producido dentro de sus fronteras a los fines lícitos conforme a las previsiones pertinentes y que una cantidad importante del opio producido, lícita o ilícitamente, dentro de las fronteras de dicha Parte, ha sido desviada al tráfico ilícito, podrá, después de estudiar las explicaciones de la Parte de que se trate, que le deberán ser presentadas en el plazo de un mes a partir de la notificación de tal conclusión, decidir que se deduzca la totalidad o una parte de dicha cantidad de la que se ha de producir y del total de las previsiones definidas en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 19 para el año inmediato en el que dicha deducción pueda realizarse técnicamente, teniendo en cuenta la estación del año y las obligaciones contractuales respecto de la exportación del opio. Esta decisión entrará en vigor noventa días después de haber sido notificaba a la Parte de que se trate.
3. Después de notificar a la Parte interesada la decisión adoptada conforme al párrafo 2 «supra» respecto de una deducción, la Junta consultará con esa Parte a fin de resolver satisfactoriamente la situación.
4. Si la situación no se resuelve en forma satisfactoria, la Junta, en su caso, podrá actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 14.
5. Al adoptar su decisión respecto a una deducción, de conformidad con el párrafo 2 «supra», la Junta tendrá en cuenta no sólo todas las circunstancias del caso, incluidas las que originen el problema del tráfico ilícito a que se hace referencia en dicho párrafo 2, sino también cualesquiera nuevas medidas pertinentes de fiscalización que puedan haber sido adoptadas por la Parte.
Artículo 22. Disposición especial aplicable al cultivo.
1. Cuando las condiciones existentes en el país o en un territorio de una Parte sean tales que, a su juicio, la prohibición del cultivo de la adormidera, del arbusto de coca o de la planta de la cannabis resulte la medida más adecuada para proteger la salud pública y evitar que los estupefacientes sean objeto de tráfico ilícito, la Parte interesada prohibirá dicho cultivo.
2. Una Parte que prohíba el cultivo de la adormidera o de la planta de la cannabis tomará las medidas apropiadas para secuestrar cualquier planta ilícitamente cultivada y destruirla, excepto pequeñas cantidades requeridas por la Parte para propósitos científicos o de investigación.
Artículo 23. Organismos nacionales para la fiscalización del opio.
1. Las Partes que permitan el cultivo de la adormidera para la producción de opio deberán establecer, si no lo han hecho ya, y mantener uno o más Organismos oficiales (llamados en este artículo, de ahora en adelante, el Organismo) para desempeñar las funciones que se le asignan en el presente artículo.
2. Dichas Partes aplicarán al cultivo de la adormidera para la producción de opio y al opio las siguientes disposiciones;
a) El Organismo designará las zonas y las parcelas de terreno en que se permitirá el cultivó de la adormidera para la producción de opio;
c) Cada licencia especificará la superficie en la que se autoriza el cultivo:
d) Todos los cultivadores de adormidera estarán obligados a entregar la totalidad de sus cosechas de opio al Organismo. El Organismo comprará y tomará posesión material de dichas cosechas, lo antes posible, a más tardar cuatro meses después de terminada la recolección.
e) El Organismo tendrá el derecho exclusivo de importar, exportar, dedicarse al comercio al por mayor y mantener las existencias de opio que no se hallan en poder de los fabricantes de alcaloides de opio, opio medicinal o preparados de opio. Las Partes no están obligadas a extender este derecho exclusivo al opio medicinal y a los preparados a base de opio.
Artículo 24. Limitación de la producción de opio para el comercio
2. a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 1, si una Parte que al 1 de enero de 1961 no producía opio para la exportación y desee exportar el opio que produce en cantidades que no excedan de cinco toneladas anuales, lo notificará a la Junta y le proporcionará con dicha notificación información acerca de:
i) La fiscalización que, de acuerdo con la presente Convención se aplicará al opio que ha de ser producido y exportado, y
iii) El nombre del país o países a los que espera exportar dicho opio; y el Consejo aprobará la notificación o podrá recomendar a la Parte que no produzca opio para la exportación.
4. a) Las Partes no importarán opio de ningún país o territorio, salvo el opio producido en el territorio de:
b) No obstante lo dispuesto en el apartado a) de este inciso, las Partes podrán importar opio, producido por cualquier país que haya producido y exportado opio durante los diez años anteriores al 1 de enero de 1961, siempre que dicho país haya establecido y mantenga un órgano u organismo de fiscalización nacional para los fines enunciados en el artículo 23, y aplique medios eficaces para asegurar que el opio que produce no se desvíe al tráfico ilícito.
Artículo 25. Fiscalización de la paja de adormidera.
a) No produzca opio de esa adormidera, y
3. Las Partes facilitarán acerca de la importación y exportación de paja dé adormidera los mismos datos estadísticos que se exigen para los estupefacientes en el apartado d) del inciso 1 y en el apartado b) del inciso 2 del artículo 20.
Artículo 26. El arbusto de coca y las hojas de coca.
1. Las partes que permitan el cultivo del arbusto de coca aplicarán al mismo y a las hojas de coca el sistema de fiscalización establecido en el artículo 23 para la fiscalización de la adormidera; pero, respecto del inciso 2 d) de ese artículo, la obligación impuesta al Organismo allí aludido será solamente de tomar posesión material de la cosecha lo más pronto posible después del fin de la misma.
Artículo 27. Disposiciones suplementarias referentes a las hojas de coca en general.
1. Las Partes podrán autorizar el uso de hojas de coca para la preparación de un agente saporífero que no contenga ningún alcaloide y en la medida necesaria para dicho uso, autorizar la producción, importación, exportación, el comercio y la posesión de dichas hojas.
2. Las Partes suministrarán por separado previsiones (artículo 19) e información estadística (artículo 20) respecto de las hojas de coca para la preparación del agente saporífero, excepto en la medida en que las mismas hojas de coca se utilicen para la extracción de alcaloides y del agente saporífero y así se explique en la información estadística y en las previsiones.
Artículo 28. Fiscalización de la cannabis.
Artículo 29. Fabricación.
1. Las Partes exigirán que la fabricación de estupefacientes se realice bajo el régimen de licencias con excepción del caso en que éstos sean fabricados por empresas estatales.
a) Ejercerán una fiscalización sobre todas las personas y Empresas que se dediquen a la fabricación de estupefacientes o participen en ella.
b) Someterán a un régimen de licencias a los establecimientos y locales en que dicha fabricación pueda realizarse, y
1. a) Las partes exigirán que el comercio y la distribución de estupefacientes estén sometidas a licencia, excepto cuando dicho comercio o distribución lo realice una Empresa o Empresas del Estado.
i) Fiscalizarán a todas las personas y Empresas que realicen o se dediquen al comercio o la distribución de estupefacientes, y
c) Las disposiciones de los apartados a) y b), relativas a licencias, no se aplicarán necesariamente a las personas debidamente autorizadas para ejercer funciones terapéuticas o científicas, y mientras las ejerzan.
a) Impedir que en poder de los comerciantes, los distribuidores, las Empresas del Estado o las personas debidamente autorizadas antes mencionadas, se acumulen cantidades de estupefacientes y paja de adormidera que exceda de las necesarias para el ejercicio normal de su comercio, habida cuenta de las condiciones que prevalezcan en el mercado;
b) i) Exigir recetas médicas para el suministro o despacho de estupefacientes a particulares. Este requisito no se aplicará necesariamente a los estupefacientes que una persona pueda obtener, usar, entregar o administrar legalmente en el ejercicio de sus funciones terapéuticas debidamente autorizadas;
4. Si una parte considera que tal medida es necesaria o deseable exigirá que el paquete, o la envoltura interior del estupefaciente lleve una doble banda roja, perfectamente visible. La envoltura exterior del paquete que contenga ese estupefaciente no llevará la doble banda roja.
6, Las disposiciones de los incisos 2 y 5 no se aplicarán necesariamente al comercio al por menor ni a la distribución al por menor de los estupefacientes de la Lista II.
1. Las Partes no permitirán a sabiendas la exportación de estupefacientes a ningún país o territorio, salvo;
a) De conformidad con las Leyes y Reglamentos de dicho país o territorio, y
3. Las Partes:
a) Ejercerán la fiscalización de las importaciones y exportaciones de estupefacientes, salvo cuando éstas sean efectuadas por una empresa o empresas del Estado, y
b) En dicha autorización se indicará el nombre del estupefaciente; la denominación común internacional, si la hubiere, la cantidad que ha de importarse o exportarse y el nombre y la dirección del importador y del exportador, y se especificará el período dentro del cual habrá de efectuarse la importación o la exportación.
c) La autorización de exportación indicará, además, el número y la fecha del certificado de importación (inciso 5) y de la autoridad que lo ha expedido.
7. a) Una vez efectuada la importación, o una vez expirado el plazo fijado para ella, el Gobierno del país o territorio importador devolverá el permiso de exportación, debidamente anotado, al Gobierno del país o territorio exportador;
9. Quedarán prohibidas las exportaciones dirigidas a un almacén de Aduanas, a menos que en el certificado de importación presentado por la persona o el establecimiento que solicita el permiso de exportación, el Gobierno del país importador declare que ha aprobado la importación para su depósito en un almacén de Aduanas. En ese caso, el permiso de exportación deberá especificar que la importación se hace con ese destino. Para retirar una expedición consignada al almacén de Aduanas será necesario un permiso de las autoridades en cuya jurisdicción esté comprendido el almacén y, si se destina al extranjero, se considerará como una nueva exportación en el sentido de la presente Convención.
12. Las autoridades competentes de un país o territorio que hayan permitido el tránsito de una expedición de estupefacientes deberán adoptar todas las medidas necesarias para impedir que se dé a la expedición un destino distinto del indicado en la copia del permiso de exportación que la acompañe, a menos que el Gobierno del país o territorio por el que pase la expedición autorice el cambio de destino. El Gobierno de ese país o territorio consideran todo cambio de destino que se solicite como una exportación del país o territorio de tránsito al país o territorio de nuevo destino. Si se autoriza el cambio de destino, las disposiciones de los apartados a) y b) del inciso 7 serán también aplicadas entre el país o territorio de tránsito y el país o territorio del que procedió originalmente la expedición.
13. Ninguna expedición de estupefacientes, tanto si se halla en tránsito como depositada en un almacén de Aduanas, podrá ser sometida a cualquier manipulación que pueda modificar la naturaleza del estupefaciente. Tampoco podrá modificarse su embalaje sin permiso de las autoridades competentes
14. Las disposiciones de los incisos 11 a 13 relativas al paso de estupefacientes a través del territorio de una Parte no se aplicarán cuando la expedición de que se trate sea transportada por una aeronave que no aterrice en el país o territorio de tránsito. Si la aeronave aterriza en tal país o territorio, esas disposiciones serán aplicadas en la medida en que las circunstancias lo requieran.
Artículo 32. Disposiciones especiales relativas al transporte de drogas en los botiquines de primeros auxilios de buques o aeronaves de las líneas internacionales.
1. El transporte internacional por buques o aeronaves de las cantidades limitadas de drogas necesarias para la prestación de primeros auxilios o para casos urgentes en el curso del viaje no se considerará como importación, exportación o tránsito por un país en el sentido de esta Convención.
2. Deberán adoptarse las precauciones adecuadas por el país de la matrícula para evitar el uso indebido de las drogas a que se refiere el inciso 1 o su desviación para fines ilícitos. La Comisión recomendará dichas precauciones, en consulta con las organizaciones internacionales pertinentes.
3. Las drogas transportadas por buques o aeronaves, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, estarán sujetas a las Leyes, Reglamentos, permisos y licencias del país de la matrícula, pero sin perjuicio del derecho de las autoridades locales competentes a efectuar comprobaciones e inspecciones o adoptar otras medidas de fiscalización a bordo del buque o aeronave. La administración de dichas drogas en caso de urgente necesidad no se considerará que constituye una violación de las disposiciones del apartado b) 1) del artículo 30.
Artículo 33. Posesión de estupefacientes.
Artículo 34. Medidas de fiscalización y de inspección.
a) Que todas las personas a quienes se concedan licencias en virtud de la presente Convención o que ocupen cargos directivos o de inspección en una Empresa del Estado establecida según lo dispuesto en esta Convención, tengan la idoneidad adecuada para aplicar fiel y eficazmente las disposiciones de las Leyes y Reglamentos que se dicten para dar cumplimiento a la misma;
b) Que las autoridades administrativas, los fabricantes, los comerciantes, los hombres de ciencia, las instituciones científicas y los hospitales lleven registros en que consten las cantidades de cada estupefaciente fabricado y de cada adquisición y destino dado a los estupefacientes. Dichos registros serán conservados por un período de dos años por lo menos. Cuando se utilicen talonarios (art. 30, inciso 2 b) de recetas oficiales, dichos talonarios se conservarán también durante un período de dos años por lo menos.
Artículo 35. Lucha contra el tráfico ilícito.
c) Cooperarán estrechamente entre sí y con las organizaciones internacionales competentes de que sean miembros para mantener una lucha coordinada contra el tráfico ilícito;
d) Velarán por que la cooperación internacional de los servicios apropiados se efectúe en forma expedita;
e) Cuidarán que cuando se transmitan de un país a otro los autos para una acción judicial, la transmisión se efectúe en forma expedita a los órganos designados por las Partes; este requisito no prejuzga el derecho de una Parte a exigir que se le envíen las piezas de autos por vía diplomática;
f) Proporcionarán, si lo consideran apropiado, a la Junta y a la Comisión por conducto del Secretario general, además de la información prevista en el artículo 18, la información relativa a las actividades ilícitas de estupefacientes dentro de sus fronteras, incluida la referencia al cultivo, producción, fabricación, tráfico y uso ilícitos de estupefacientes, y
g) En la medida de lo posible proporcionarán la información a que se hace referencia en el apartado anterior en la manera y en la fecha que la Junta lo solicite; si se lo pide una Parte, la Junta podrá ofrecerle su asesoramiento en su tarea de proporcionar la información y de tratar de reducir las actividades ilícitas de estupefacientes dentro de las fronteras de la Parte.
Artículo 36. Disposiciones penales.
1. a) A reserva de lo dispuesto por su constitución, cada una de las Partes se obliga a adoptar las medidas necesarias para que el cultivo y la producción, fabricación, extracción, preparación, posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra, venta, despacho de cualquier concepto, corretaje, expedición, expedición en tránsito, transporte, importación y exportación de estupefacientes, no conformes a las disposiciones de esta Convención o cualesquiera otros actos que en opinión de la Parte puedan efectuarse en infracción de las disposiciones de la presente Convención, se consideren como delitos si se cometen intencionadamente y que los delitos graves sean castigados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas de privación de libertad.
b) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido esos delitos, las Partes podrán en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además de declararlas culpables o de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postramiento, rehabilitación y readaptación social, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 38.
2. A reserva de lo dispuesto por su Constitución, del régimen jurídico y de la legislación nacional de cada Parte:
a) i) Cada uno de los delitos enumerados, en el inciso 1, si se comete en diferentes países, se considerará como un delito distinto;
b) i) Cada uno de los delitos enumerados en el párrafo 1 y en el inciso ii) del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre las Partes. Las Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro;
ii) Si una Parte, que subordine la extradición a la existencia de un tratado, recibe de otra Parte, con la que no tiene tratado, una solicitud de extradición, podrá discrecionalmente considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente a los delitos enumerados en el párrafo 1 y en el inciso ii) del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por el derecho de la Parte requerida;
iii) Las Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos enumerados en el párrafo 1 y en el inciso ii) del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo como casos de extradición entre ellas, sujetos a las condiciones exigidas por el derecho de la Parte requerida;
iv) La extradición será concedida con arreglo a la legislación de la Parte a la que se haya pedido y, no obstante lo dispuesto en los incisos i), ii) y iii) del apartado b) de este párrafo, esa Parte tendrá derecho a negarse a conceder la extradición si sus autoridades competentes consideran que el delito no es suficientemente grave.
3. Las disposiciones del presente artículo estarán limitadas por las disposiciones del derecho penal de la Parte interesada, en materia de jurisdicción.
4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará el principio de que los delitos a que se refiere han de ser definidos, perseguidos y castigados de conformidad con la legislación nacional de cada Parte.
Todo estupefaciente, sustancia y utensilio empleados en la comisión de delitos mencionados en el artículo 38 o destinados a tal fin podrán ser objeto de aprehensión y decomiso.
Artículo 38. Medidas contra el uso indebido de estupefacientes.
1. Las Partes prestarán atención especial a la prevención del uso indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, adoptarán todas las medidas posibles al efecto y coordinarán sus esfuerzos en ese sentido.
2. Las Partes fomentarán, en la medida de lo posible, la formación de personal para el tratamiento, posteriormente, rehabilitación y readaptación social de quienes hagan uso indebido de estupefacientes.
3. Las Partes procurarán prestar asistencia a las personas cuyo trabajo así lo exija para que lleguen a conocer los problemas del uso indebido de estupefacientes y de su prevención y fomentarán asimismo ese conocimiento entre el público en general, si existe el peligro de que se difunda el uso indebido de estupefacientes.
Artículo 38 bis. Acuerdos conducentes a la creación de Centros Regionales.
No obstante lo dispuesto en la presente Convención, no estará vedado a las Partes ni podrá presumirse que les esté vedado, adoptar medidas de fiscalización más estrictas o rigurosas que las previstas en la Convención y, en especial, que exija que los preparados de la Lista III o los estupefacientes de la Lista II queden sujetos a todas las medidas de fiscalización aplicables a los estupefacientes de la Lista I o aquellas que, a juicio de la Parte interesada, sean necesarias o convenientes para proteger la salud pública,
Artículo 40 (1). Idiomas de la Convención y procedimiento para su firma, ratificación y adhesión.
(1) Véanse párrafos 3 y 4 de la nota preliminar.
3. La presente Convención estará abierta, después de 1 de agosto de 1961, a la adhesión de los Estados a que se refiere el párrafo 1. Los instrumentos de adhesión serán depositados ante el Secretario general.
Artículo 41 (2). Entrada en vigor.
2. Con respecto a cualquier otro Estado que deposite un instrumento de ratificación o adhesión después de la fecha de depósito de dicho cuadragésimo instrumento, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
(2) Ibídem.
Artículo 42. Aplicación territorial.
Artículo 43. Territorios a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 31.
2. Dos o más Partes podrán notificar al Secretario general que. a consecuencia del establecimiento de una unión aduanera entre ellas, constituyen un solo territorio a los efectos de los artículos 19, 20, 21 y 31.
3. Toda notificación hecha con arreglo a los incisos 1 ó 2 de este artículo surtirá efectos el 1 de enero del año siguiente a aquél en que se haya hecho la notificación.
Artículo 44. Abrogación de los instrumentos internacionales anteriores.
1. Al entrar en vigor la presente Convención, sus disposiciones abrogarán y sustituirán entre las Partes las disposiciones de los siguientes instrumentos:
f) Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York) el 11 de diciembre de 1946, que modifica los Acuerdos, Convenciones y Protocolos sobre estupefacientes concertados en La Haya el 23 de enero de 1912, en Ginebra el 11 de febrero de 1925, el 19 de febrero de 1925 y el 13 de julio de 1931 en Bangkok el 27 de noviembre de 1931 y en Ginebra el 26 de junio de 1936, salvo en lo que afecta a esta última Convención;
g) Las Convenciones y Acuerdos mencionados en los apartados al a e), modificados por el Protocolo de 1946, mencionado en el apartado f);
h) Protocolo firmado en París el 19 de noviembre de 1948, que somete a fiscalización internacional ciertas drogas no comprendidas en la Convención del 13 de julio de 1931 para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes, modificada por el Protocolo firmado en Lake Success (Nueva York) el 11 de diciembre de 1946;
i) Protocolo para limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y la producción, el comercio internacional el comercio al por mayor y el uso del opio, firmado en Nueva York el 23 de junio de 1953, en caso que dicho Protocolo hubiera entrado en vigor,
2. Al entrar en vigor la presente Convención, el apartado b) del inciso 2 del artículo 36 abrogará y sustituirá, entre las Partes que lo sean también en la Convención para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas, firmada en Ginebra el 26 de junio de 1936 las disposiciones del artículo 9 de esta última Convención, pero esas Partes podrán mantener en vigor dicho artículo 9, previa notificación al Secretario general.
Artículo 45 (3). Disposiciones transitorias.
1. A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Convención (inciso 1 del artículo 41), las funciones de la Junta a que se refiere el artículo 9 serán desempeñadas provisionalmente por el Comité Central Permanente constituido con arreglo al capítulo VI de la Convención a que se refiere el apartado c) del artículo 44, modificada, y por el Órgano de Fiscalización constituido con arreglo al capítulo II de la Convención a que se refiere el apartado d) del artículo 44, modificada, según lo requieran respectivamente dichas funciones.
2. El Consejo fijará la fecha en que entrará en funciones la nueva Junta de que trata el artículo 9. A partir de esa fecha esta Junta ejercerá, respecto de los Estados Partes en los instrumentos enumerados en el artículo 44 que no sean Partes en la presente Convención, las funciones del Comité Central Permanente y del Órgano de Fiscalización mencionados en el inciso 1.
(3) A continuación se reproduce el texto del artículo 20 del Protocolo de 1972 (véase también párrafo 5 de la nota preliminar):
Artículo 20. Disposiciones transitorias.
1. A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18, las funciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes serán desempeñadas por la Junta constituida con arreglo a la Convención Única no modificada.
2. El Consejo Económico y Social fijará la fecha en que entrará en funciones la Junta constituida con arreglo a las modificaciones contenidas en el presente Protocolo. A partir de esa fecha la Junta así constituida ejercerá, respecto de las Partes en la Convención Única no modificada y de las Partes en los instrumentos enumerados en el artículo 44 de la misma que no sean Partes en el presente Protocolo, las funciones de la Junta constituida con arreglo a la Convención Única no modificada.
3. El periodo de seis de los miembros electos en la primera elección que se celebre después de ampliar la composición de la Junta de once a trece miembros expirará a los tres años, y el de los otros siete miembros expirará a los cinco años.
4. Los miembros de la Junta cuyos períodos hayan de expirar al cumplirse el mencionado periodo inicial de tres años serán designados mediante sorteó que efectuará el Secretarlo general de las Naciones Unidas inmediatamente después de terminada la primera elección.
Artículo 46. Denuncia.
1. Una vez transcurridos dos años, a contar de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención (artículo 41, inciso 1), toda Parte, en su propio nombre o en el de cualquiera de los territorios cuya representación internacional ejerza y que haya retirado el consentimiento dado, según lo dispuesto en el artículo 42, podrá denunciar la presente Convención mediante un instrumento escrito depositado en poder del Secretario general.
2. Si el Secretarlo general recibe la denuncia antes del 1 de julio de cualquier año o en dicho día, ésta surtirá efecto a partir de 1 de enero del año siguiente; y si la recibe después del 1 de julio, la denuncia surtirá efecto como si hubiera sido recibida antes del 1 de julio del año siguiente o en ese día.
3. La presente Convención cesará de estar en vigor si, a consecuencia de las denuncias formuladas según el inciso 1, dejan de cumplirse las condiciones estipuladas en el inciso 1 del artículo 41 para su entrada en vigor,
Artículo 47. Modificaciones.
1. Cualquier Parte podrá proponer una modificación da esta Convención. El texto de cualquier modificación así propuesta y los motivos de la misma serán comunicados al Secretario general quien, a su vez, los comunicará a las Partes y al Consejo. El Consejo podrá decidir:
2. Cuando una propuesta de modificación transmitida con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del inciso 1 de este artículo no haya sido rechazada por ninguna de las Partes dentro de loa dieciocho meses después de haber sido transmitida, entrará automáticamente en vigor. No obstante, si cual quiera de las Partes rechaza una propuesta de modificación, el Consejo podrá decidir, teniendo en cuenta las observaciones recibidas de las Partes, si ha de convocarse a una conferencia para considerar tal modificación.
Artículo 48. Controversias.
Artículo 49. Reservas transitorias.
d) El uso de la cannabis, de la resina de cannabis, de extractos y tinturas de cannabis con fines no médicos, y
a) Las actividades mencionadas en el inciso 1 se autorizarán sólo en la medida en que sean tradicionales en los territorios respecto de los cuales se formule la reserva y estuvieran autorizadas en ellos el 1 de enero de 1961.
c) Sólo se permitirá que fumen opio las personas inscritas a estos efectos por las autoridades competentes el 1 de enero de 1964.
a) Incluirá en el informe anual que ha de suministrar al Secretario general, de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del inciso 1 del artículo 18, una reseña de los progresos realizados en el año anterior con miras a la supresión del uso, la producción, la fabricación o el comercio mencionados en el inciso 1.
4. a) Si la Parte que formule una reserva a tenor de lo dispuesto en el inciso 1 deja de enviar:
ii) Las previsiones mencionadas en al apartado b) del inciso 3, dentro de los tres meses siguientes a la fecha fijada por la Junta, según lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 12;
b) Si la Parte no atiende dentro de este plazo la petición de la Junta o del Secretario general, la reserva formulada en virtud del inciso l quedará sin efecto.
5. El Estado que haya formulado reservas podrá en todo momento, mediante notificación por escrito, retirar todas o parte de sus reservas.
Artículo 50 (4). Otras reservas.
2. Al firmar, ratificar o adherirse a la Convención, todo Estado podrá formular reservas a las siguientes disposiciones de la misma:
3. Todo Estado que quiera ser Parte en la Convención, pero que desee ser autorizado para formular reservas distintas de las mencionadas en el inciso 2 del presente artículo o en el artículo 49, notificará su intención al Secretario general. A menos que dentro de un plazo de doce meses, a contar de la fecha de la comunicación dirigida a dichos Estados por el Secretario general, sea objetada por un tercio de los Estados que hayan ratificado la presente Convención o se hayan adherido a ella antes de expirar dicho plazo, la reserva se considerará autorizada, quedando entendido, sin embargo, que los Estados que hayan formulado objeciones a esa reserva no estarán obligados a asumir, para con el Estado que la formuló, ninguna obligación jurídica derivada de la presente Convención, que sea afectada por la dicha reserva.
(4) A continuación se reproduce el texto del artículo 21 del Protocolo de 1972 (véase también párrafo 5 de la nota preliminar):
Artículo 21. Reservas
1. Al firmar el Protocolo, ratificarlo o adherirse a él, todo Estado podrá formular reservas a cualquier enmienda en él contenida, a excepción de las enmiendas a los párrafos 6 y 7 del artículo 2 (artículo l del presente Protocolo), a los párrafos 1, 4 y 5 del artículo 9 (artículo 2 del presente Protocolo), a los párrafos i y 4 del artículo 10 (artículo 3 del presente Protocolo), al artículo 11 (artículo 4 del presente Protocolo), al artículo 14 bis (artículo 7 del presente Protocolo), al artículo 16 (artículo 8 del presente Protocolo), al artículo 22 (artículo 12 del presente Protocolo), al artículo 35 (artículo 13 del presente Protocolo), al apartado b) del párrafo 1 del artículo 36 (artículo 14 del presente Protocolo), al artículo 38 (artículo 15 del presente Protocolo) y artículo 38 bis (artículo 16 del presente Protocolo) (*).
2. El Estado que haya formulado reservas podrá en todo momento, mediante notificación por escrito, retirar todas o parta de sus reservas.
(*) Cabe señalar que todo Estado que desee formular reservas a una o varias enmiendas de conformidad con el artículo 21 del Protocolo de 1972 anterior debe primero pasar a ser parte en la Convención Única no enmendada (si no lo ha hecho ya) y después ratificar el Protocolo de 1972 o adherirse a él con sujeción a la reserva deseada.
Artículo 51. Notificaciones.
c) Las denuncias hechas conforme al artículo 46, y
Por el Secretario general: El Asesor Jurídico.
Alilprodina (3-aIil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).
Alfaprodina (alfa-1,3-dimetil-1-fenil-4-propionoxipiperidina),
Anileridina (éster etílico del ácido l-para-aminofenetil-4-fenil- piperidina-4-carboxílico).
Benzetidina (éster etílico del ácido l-(2-benziloxietil)-4-fenil- piperidina-4-carboxílico).
Betameprodina (beta -3-etil-l-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina).
Betametadol (beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol). Betaprodína (beta-l,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina). Cannabis y su resina y los extractos y tinturas de la cannabis.
Cotobemidona (4-meta-hidroxifenil-l-metil-4-propionilpiperidína)
Clonitazeno (2-para-clorbenzil-l-dietilamínoetil-5-nitrobenzimidazol).
Dextromoramida ( + )-4-(2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4- (l-pirrolidinil)-butill morfolino).
Diampromida (N-(2(metilfenetilamino) propill propionanilido).
Dietiltiambuteno (3-dietilamino-l,l-di-(2’-tienil)-l-buteno).
Dimenoxadoi (2-dimetilaminoetil-l-etoxi-l,l-difenilacitato).
Dimefeptanol (6-dimetilamino-4,4-difeníl-3-heptanol).
Dimetiltiambuteno (3-dimetilamino-l, 1 -di- (2’ -tienil)-l-buteno).
Butirato de dioxafetilo (etil 4-morfolino-2 2-difenilbutirato).
Difenoxilato (éster etílico del ácido l-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4-carboxílico).
Dipipanoma (4,4-difenil-6-piperidino-3-heptanona).
Ecgonina, sus ésteres derivados que sean convertibles en ecgonina y cocaína.
Etilmetiltiambuteno (3-etilmetilamino-l,l-di(2’-tienil) - 1 - buteno.
Etonitazena (l-dietilaminoetil-2-para-etoxibenzil-5-nitrobenzimidazol).
Etoxeridina (éster etílico del ácido l-12-(2-hidroxietoxi) etill- 4-fenilpiperidina-4-carboxílico).
Fenampromida (N - (-metil-2 -piperidinoetil) propionanilido).
Fenazocina (2’.-hidroxi-5,9-dimetil-2-feneti1-2,7-benzómorfán). Fenomorfán (3-hidroxi-N-fenetilmorfinán).
Fenoperidina (éster etílico del ácido l-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico).
Furetidina (éster etílico del ácido l-(2-tetrahidrofurfuriloxietil)-4-fenilpiperidina 4 carboxílico).
Hidromorfinol (14-hidroxidihídromorfina).
Hidroxipetidina (éster etílico del ácido 4-meta-hidroxifenil-1- l-metilpiperidina-4 carboxílico).
Isometadona (6-dimetiIamino-5-metil-4,4-difenil-3 - hexanona).
Levometorfan ((—)-3-metoxi-N-metilmorfinán).
Levomoramida ((— M-12-metil-4-oxo-3,3-difenil - 4 - (1-pirrolidinil) butill morfolino).
Levofenacilmorfán ((—)-3-hidroxi-N-fenacilmorfinán).
Levorfanol* ((—)-3-hidroxi-N-metilmorfinán).
Metazocina (2’-hidroxi-2.5,9-trimetil-6,7-benzomorfán).
Morferidína (éster etílico del ácido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico).
Morfina-N óxido,
Normetadona (6-dimetilamíno-4,4-difenil-3-hexanona).
Petidina (éster etílico del ácido 1-metil-4-feilpiperidina-4-carboxílico).
Piminodina (éster etílico del ácido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil) piperidina-4-carboxílico).
Proheptazina (1,3 dimetil-4-fenil-4-propionoxiazacicloheptano).
Racemetorfán ((+)-3 metoxi-N-metilmorfinán).
Racemoramida ((+)-4-(2-metíl-4-oxo-3,3-dífenil-4-(pirrolidinil) butill morfolino).
Trimeperidina (1,2 5-trimetil-4-fenil-4- propionoxipiperidina); y los isómeros, a menos que estén expresamente exceptuados, de los estupefacientes de esta lista, siempre que la existencia de dichos isómeros sea posible dentro de la nomenclatura química especificada en esta lista;
Dextropropoxifeno (( + ) -4- dimetilamino-3-metil-l,2 - difenil-2- propionóxibutano).
Dihidrocodelna.
Folcodina (morfolíniletilmorfina); y
1. Preparados de: Acetildihidrocodeína, codeína, dextropropoxifeno, dihidrocodeína, etilmorfina. folcodina y norcodeína, en los casos en que:
b) Su contenido de estupefaciente no exceda de 100 miligramos por unidad posológica y el concentrado no exceda del 2,5 por 100 en los preparados no divididos.
2. Los preparados de cocaína que no contengan más del 0,1 por 100 de cocaína calculado como base de cocaína y los preparados de opio o de morfina con un contenido de morfina no superior a 0,2 por 100 calculado como base anhidra y estén mezclados con uno o varios ingredientes más de tal modo que el preparado ofrezca muy poco o ningún peligro de abuso y de tal manera que el estupefaciente no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro para la salud pública.
4. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus: 10 por 100 de polvo de opio; 10 por 100 de polvo de raíz de ipecacuana, bien mezclados con 80 por 100 de cualquier otro ingrediente en polvo, que no contenga estupefaciente alguno.
5. Los preparados que respondan a cualesquiera de las fórmulas enumeradas en la lista y mezclas de dichos preparados con cualquier ingrediente que no contenga estupefaciente alguno.
Desomorfina (d ihidrodeoximorfina).
Las sales de todos los estupefacientes enumerados en esta lista, siempre que. sea posible formar dichas sales.
ESTADOS PARTE EN LA CONVENCION UNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES, ENMENDADA POR EL PROTOCOLO DE MODIFICACION DE LA CONVENCION ÚNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES, NUEVA YORK, 8 DE AGOSTO DE 1975 (1)
Alemania, República Federal de: 20 febrero de 1975 (*).
Argentina: 16 de noviembre de 1973 (*).
Australia: 22 de noviembre de 1972 (*).
Austria: 1 de febrero de 1978 (*).
Bahamas: 23 de noviembre de 1976 (*).
Bangla Desh: 9 de mayo de 1980 (*).
Barbados: 21 de junio de 1976 (*).
Benin: 6 de noviembre de 1973 (*).
Bolivia: 23 de septiembre de 1976 (AD).
Brasil: 16 de mayo de 1973 (*).
Canadá: 5 de agosto de 1976 (*).
Colombia: 3 de marzo de 1975 (*).
Costa de Marfil: 28 de febrero de 1973 (*).
Costa Rica: 14 de febrero de 1973 (*).
Chile: 19 de diciembre de 1975 (*).
Chipre: 20 de noviembre de 1973 (*),
Dinamarca: 18 de abril de 1975 (*).
Ecuador: 25 de julio de 1973 (*).
España: 4 de enero de 1977 (*).
Estados Unidos: l de noviembre de 1972 (*).
Fidji: 21 de noviembre de 1973 (*).
Filipinas; 7 de junio de 1974 (*)..
Finlandia; 12 de enero de 1973 (*).
Francia: 4 de septiembre de 1975 (*).
Guatemala: 9 de diciembre de 1975 (*).
Haití: 29 de enero de 1973 (*).
Honduras: 7 de septiembre de 1979 (*).
India: 14 de diciembre de 1978 (*).
Indonesia 3 de septiembre de 1976 (*).
Irak: 25 de septiembre de 1978 (*).
Irlanda: 16 de diciembre de 1980 (*).
Islandia: 18 de diciembre de 1974 (*).
Israel: l de febrero de 1974 (*).
Italia: 14 de abril de 1975 (*).
Japón: 27 de septiembre de 1973 (*).
Jordania: 28 de febrero de 1973 (*).
Kenia: 9 de febrero de 1973 (*).
Kuwait: 7 de noviembre de 1973 (*).
Lesotho: 4 de noviembre de 1974 (*).
Libia: 27 de septiembre de 1978 (*).
Luxemburgo: 13 de octubre de 1976 (*).
Malasia: 20 de abril de 1978 (*).
Malawi: 4 de octubre de 1973 (*).
Méjico: 20 de abril de 1977 (*).
Mónaco: 30 de diciembre de 1975 (*).
Níger: 28 de diciembre de 1973 (*).
Nigeria: 24 de junio de 1981 (AD).
Noruega: 12 de noviembre de 1973 (*).
Panamá: 19 de octubre de 1972 (*).
Papua Nueva Guinea: 28 de octubre de 1980 (*).
Paraguay: 20 junio de 1973 (*).
Perú: 12 de septiembre de 1977 (*).
Portugal: 20 de abril de 1979 (*).
Reino Unido: 20 de junio de 1978 (*).
República Árabe Egipto: 14 de enero de 1974 (*).
República Árabe Siria: 1 de febrero de 1974 (*).
República de Corea: 25 de enero de 1973 (*).
República Malgache: 20 de junio de 1974 (*).
República Sudafricana: 16 de diciembre de. 1975 (*).
República Unida Camerún: 30 de mayo de 1974 (*).
Ruanda: 15 de julio de 1981 (AD).
Rumania: 14 de enero de 1974 (*).
Santa Sede: 7 de enero de 1976 (*).
Senegal: 25 de marzo de 1974 (*).
Singapur: 9 de julio de 1975 (*).
Sri Lanka: 29 de junio de 1981 (*).
Suecia: 5 de diciembre de 1972 (*).
Thailandia: 9 de enero de 1975 (*).
Togo: 10 de noviembre de 1976 (*).
Tonga: 5 de septiembre de 1973.
Túnez: 29 de junio de 1976 (*).
Uruguay: 31 de octubre de 1975 (*).
Yugoslavia: 23 de junio de 1978 (*).
Zaire: 15 de julio de 1976 (*).
(AD) Adhesión.
(*) Ratificación o adhesión con respecto al Protocolo de 25 de marzo de 1972 a participación en la Convención después de entrar en vigor las enmiendas del Protocolo de 25 de marzo de 1972.
(1) El texto de la Convención Única sobre Estupefacientes, enmendado por el Protocolo de 25 de marzo 1972, fue establecido por el Secretario general, de conformidad con el artículo 22 del Protocolo.
Ver a continuación texto de las Declaraciones y Reservas hechas respecto a la Convención Única, sobre Estupefacientes hecha en Nueva York el 30 de marzo de 1961, y respecto al Protocolo de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes hecho en Ginebra el 25 de marzo de 1972:
DECLARACIONES Y RESERVAS A LA CONVENCION DE 1961
La República Argelina Democrática y Popular no aprueba el texto actual del artículo 42 que podría impedir la aplicación de la Convención en territorios «no metropolitanos».
La República Argelina Democrática y Popular no se considera obligada por las disposiciones del párrafo 2 del artículo 48, que prescribe que cualquier controversia será sometida necesariamente a la Corte Internacional de Justicia.
La República Argelina Democrática y Popular declara que en todos los casos será necesario un acuerdo entre todas las partes en una controversia para que sea sometida a la Corte Internacional de Justicia.
ARGENTINA (2 a)
Reserva al artículo 48, párrafo 2: La República Argentina no reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia.
(2 a) En una comunicación recibida por el Secretario general de 24 de octubre de 1979, el Gobierno de’ Argentina declaró que retiraba la reserva relativa al artículo 49 de la Convención. (Para el texto de esa reserva véase la Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas. «Treaty Series», vol. 520, pág. 355.)
[Con sujeción a reservas] a las que se hace referencia respecto de los apartados a), d) y e) del párrafo 1 del artículo 49 de la Convención, es decir con sujeción al derecho del Gobierno de la República Popular de Bangla Desh a permitir temporalmente en su territorio:
a) El uso, del opio con fines casi médicos;
d)’ El uso de la cannabis, de la resina de cannabis, de extractos y tinturas de cannabis con fines no médicos;
e) La producción, la fabricación y el comercio de los estupefacientes mencionados en los apartados a) y d) para los fines en ellos especificados.
BULGARIA (2 b)
Reserva respecto del inciso 2 del artículo 48
«La República Popular de Bulgaria no se considera obligada a aplicar las disposiciones del párrafo 2 del artículo 48, relativas a la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia.
Cualquier clase de controversia entre dos o más Partes en la Convención acerca de su interpretación y aplicación, que no pueda ser resuelta por negociaciones, sólo deberá someterse a la Corte Internacional de Justicia para su decisión en el caso de que las Partes en la controversia hayan dado su previo consentimiento para cada caso por separado explícitamente.»
(2 b) La reserva y la declaración que se reproducen fueron formuladas por el Gobierno de Bulgaria en el momento de la ratificación de la Convención, Para el texto de la reserva en la forma que fue formulada por el Gobierno de Bulgaria respecto a los mismos artículos en el momento de su firma, véase la Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, «Treaty Series*, vol 520, pág: 355.
«La República Popular de Bulgaria considera necesario subrayar que el texto del párrafo 1 del artículo 40, los párrafos 2 y 3 del artículo 12, el párrafo 2 del artículo 13, los párrafos 1 y 2 del artículo 14 y el párrafo 1 »b» del artículo 31 tiene carácter discriminatorio en la medida en que excluye de la participación a un cierto número de Estados. Esos textos son evidentemente incompatibles con él carácter de la Convención, que tiene por objeto unificar los esfuerzos de todas las Partes con miras a conseguir una reglamentación de las cuestiones que afectan a los intereses de todos los países en dicha esfera.»
«Declaro que mi firma de esta Convención Única está condicionada a que queda entendido que se permite al Estado Shan reservar el derecho de:
1) Permitir a los toxicómanos en el Estado Shan fumar opio por un período transitorio de veinte años, con efectos a partir de la fecha de la entrada en vigor de esta Convención Única.
2) Producir y fabricar opio para la finalidad arriba citada.
3) Suministrar una lista de consumidores de opio en el Estado Shan después de que el Gobierno del Estado de Shan haya completado la elaboración de esa lista referida’ al 31 de diciembre de 1963.»
El Gobierno de la República Socialista Soviética de Bielorrusia no se considerará obligado por tas disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 12, el párrafo 2 del artículo 13, los párrafos 1 y 2 del artículo 14 y el párrafo 1 b) del artículo 31 de la Convención Única sobre Estupefacientes en la forma en que se aplica a loe Estados que no están facultados a ser Partes en la Convención Única sobre la base del procedimiento estipulado en el artículo 40 de esta Convención.
La República Socialista Soviética de Bielorrusia estima esencial señalar a la atención el carácter discriminatorio del párrafo 1 del artículo 40 de la Convención Única sobre Estupefacientes, puesto que, de conformidad con sus términos, ciertos Estados no están facultados a ser Partes en dicha Convención, La Convención única se refiere a cuestiones que interesan a todos los Estados y tiene como objetivo aunar los esfuerzos de todos los países en la lucha contra el mal social de abuso de estupefacientes. Por consiguiente, la Convención debería estar abierta a todos los países. De conformidad con el principio de igualdad soberana de los Estados, ningún Estado tiene derecho a denegar a otros países la posibilidad de participar en una Convención de este tipo.
«El Gobierno de la República Socialista Checoslovaca no está obligado por las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del» artículo 12, el párrafo 2 del artículo 13, los párrafos 1 y 2 del artículo 14 y el párrafo 1 b) del artículo 31 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes en lo que se refiere a los Estados a los que se ha denegado la posibilidad de ser Partes en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, de conformidad con el procedimiento estipulado en el artículo 40 de dicha Convención.
La Convención Única reglamenta cuestiones relativas a los intereses de todos los Estados y tiene como finalidad unificar sus esfuerzos en la lucha contra un mal tan grande como el uso indebido de estupefacientes. Por consiguiente, de conformidad con el principio jurídico Internacional de la Igualdad de los Estados, ningún ‘Estado tiene derecho a impedir a otros Estados que participen en una Convención de esta clase en particular, por lo que la Convención Única sobre Estupefacientes tiene que estar abierta a todos los Estados.»
EGIPTO (3) (3 a)
Declaración formulada en el momento de la ratificación
«Queda entendido que la ratificación por la República Árabe Unida de esta Convención no significa en forma alguna un reconocimiento de Israel por el Gobierno dé la República Árabe Unida.
Además no originará relaciones de tratado entre la República Árabe Unida e Israel.»
(3) La siguiente comunicación fue recibida por el Secretario general el 21 de septiembre de 1966 del Gobierno de Israel, con referencia a la declaración arriba mencionada:
El Gobierno de Israel ha tomado nota del carácter político de la declaración formulada por el Gobierno de la República Árabe Unida en el momento de la transmisión del instrumento de ratificación. A Juicio del Gobierno de Israel, la Convención no es lugar adecuado para formular tales declaraciones políticas. El Gobierno de Israel, en lo que concierne al fondo de la cuestión, adoptará respecto del Gobierno de la República Árabe Unida una actitud de completa reciprocidad.»
(3 a) Retirada el 25 de enero de 1980.
El Gobierno de la República Francesa declara que se adhiere a esta Convención reservándose la posibilidad prevista en él párrafo 2 del artículo 44 respecto a que se mantenga en vigor el artículo 9 de la Convención para la supresión del tráfico ilícito en drogas nocivas, firmada en Ginebra el 26 de junio de 1936.
Respecto de los párrafos 2 y 3 del artículo 12, párrafo 2 del artículo 13. párrafos 1 y 2 del artículo 14 y párrafo 1 b) del artículo 31:
La República Democrática Alemana no se considera obligada por las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 12, el párrafo 2 del artículo 13, los párrafos 1 y 2 del artículo 14 y el párrafo 1 b) del artículo 31 de la Convención, en lo que se refiere a los Estados que no tienen oportunidad de ser partes en la Convención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.
Respecto del párrafo 2 del artículo 48:
La República Democrática Alemana no se considera obligada por la disposición del párrafo 2 del artículo 48 de la Convención, que establece la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y, con respecto a la competencia de la Corte Internacional de Justicia en las controversias relativas a la interpretación o la aplicación de la Convención, mantiene el punto de vista que en cualquiera de esos casos será necesario el consentimiento de todas las partes en la controversia para que se someta a la decisión de la Corte Internacional de Justicia.
Respecto del artículo 40:
La República Democrática Alemana considera que las disposiciones del artículo 40 de la Convención son incompatibles con el principio de que todos los Estados que sigan políticas de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas tendrán derecho a ser partes en convenciones que afecten a los intereses de todos los Estados.
Respecto del artículo 42:
La posición de la República Democrática Alemana sobre el artículo 42 de la Convención, en lo que se refiere a la aplicación de la Convención en territorios coloniales y otros territorios no autónomos, se rige por las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas obre la Concesión de Independencia a los países y pueblos coloniales (Res. 1514 IXV) de 14 de diciembre de 1960), que proclama la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones.
«1) El Gobierno de la República Popular Húngara acepta la disposición del párrafo 2 del artículo 48 con la reserva de que para que se someta cualquier controversia a la decisión de la Corte Internacional de Justicia será necesario el acuerdo de todas las partes en la controversia en cada caso individual.
2) En lo que respecta a los países a los que se ha denegado la posibilidad de ser partes, sobre la base de las disposiciones del artículo 40 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Gobierno de le República Popular Húngara no se considera obligado por los incisos 2 y 3 del artículo 12, el inciso 2 del artículo 13, los incisos 1 y 2 del artículo 14 y el apartado b) del inciso 1 del artículo 31.
La República Popular Húngara considera necesario declarar que las disposiciones del artículo 40 de la Convención Única sobre Estupefacientes, en virtud del cual ciertos Estados quedan excluidos de ser Partes en la Convención, están en contradicción con el principio de igualdad soberana de los Estados y perjudican los intereses que entraña la universalidad de la Convención.»
Con sujeción a las reservas a que se hace referencia en el artículo 49 1), a), b), d) y e) de la Convención, es decir, con sujeción al derecho del Gobierno de la India de permitir temporalmente en cualquiera de sus territorios:
a) El uso del opio con fines casi médicos,
b) El uso del opio para fumar,
d) El uso de la cannabis, de la resina de cannabis, de extractos y tinturas de cannabis para fines no médicos, y
e) La producción, la fabricación y el comercio de los estupefacientes mencionados en los apartados a), b) y d) «supra» para los fines en ellos especificados.
Como el Gobierno de la India no reconoce a las autoridades chinas nacionalistas como Gobierno competente de China, no puede considerar la firma de dicha Convención por un representante chino nacionalista como firma válida en nombre de China.»
Reserva formulada en el momento de la firma y confirmada en el momento de la ratificación
3) Con respecto el párrafo 3 del artículo 48, el Gobierno de Indonesia no se considera obligado por las disposiciones de ese párrafo que estipula un sometimiento obligatorio a la Corte Internacional de Justicia de cualquier controversia que no pueda resolverse conforme a lo dispuesto en el párrafo 1. El Gobierno de Indonesia mantiene la posición que para cualquier controversia que haya de someterse a la Corte Internacional de Justicia será necesario el acuerdo de todas las partes en la controversia en cada caso individual.»
(4) En su instrumento de ratificación el Gobierno de Indonesia retira la declaración formulada en el momento de la firma respecto de su intención de formular reservas con respecto al artículo 40 (1) y artículo 42 de dicha Convención. Para el texto de estas declaraciones correspondientes a los párrafos 1 y 2, véase la Recopilación del Tratado de las Naciones Unidas «Treaty Series», vol. 520, pág. 368.
«El Principado de Liechtenstein mantiene en vigor el artículo 9 de la Convención para la supresión del tráfico ilícito en drogas nocivas, firmada en Ginebra el 26 de junio de 1936.»
Habida cuenta de la igualdad desde el punto de vista del derecho público entre los Países Bajos, Surinam y las Antillas Neerlandesas el término «no metropolitano» mencionado en el artículo 42 de dicha Convención no tiene ya su significado original en lo que se refiere a Surinam y las Antillas Neerlandesas, y por consiguiente se considerará que significa «no europeo».
«... El Gobierno de la República Islámica del Pakistán permitirá temporalmente en cualquiera de sus territorios:
i) El uso del opio con fines casi médicos;
ii) El uso de la cannabis, de la resina de cannabis, de extractos y tinturas de cannabis con fines no médicos; y
iii) La producción, la fabricación y el comercio de los estupefacientes mencionados en los incisos i) e ii) «supra».»
«El Gobierno de la República Popular Polaca no se considera obligado por las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 12, el párrafo 2 del artículo 13, los párrafos 1 y 2 del artículo 14 y el apartado b) del párrafo 2 del artículo 31 de la Convención Única sobre Estupefacientes, y que concierne a los Estados a los que se niega la oportunidad de participar en dicha Convención.
En opinión del Gobierno de la República Popular Polaca es Inadmisible imponer obligaciones contenidas en las mencionadas disposiciones a Estados que, como consecuencia de otras disposiciones de la misma Convención, podrían verse privados de la oportunidad de adherirse a la misma.
La República Popular Polaca considera apropiado señalar a la atención el carácter discriminatorio del párrafo 1 del artículo 40 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, sobre cuya base se ha denegado a ciertos Estados la oportunidad de ser partes en esta Convención. La Convención Única trata de cuestiones de interés para todos los países en la lucha contra el peligro social que es el abuso de estupefacientes. Por consiguiente, la Convención debería estar abierta a todos los Estados, De conformidad con el principio de igualdad soberana de los Estados, ningún Estado tiene derecho a denegar a otro Estado cualquiera la oportunidad de participar en una Convención de ese tipo.»
a) La República Socialista de Rumania declara que no se considera obligada por las disposiciones del párrafo 2 del artículo 48, en virtud del cual cualquier controversia entre dos o más Partes Contratantes acerca de la interpretación o de la aplicación de la Convención que no haya sido resuelta por negociación o por cualquier otro medio, será sometida, a petición de una cualquiera de las Partes Contratantes, a la Corte Internacional de Justicia.
La República Socialista de Rumania considera que tales controversias sólo podrán ser sometidas a la Corte Internacional de Justicia con el consentimiento de todas las partes en la controversia en cada caso individual.
b) La República Socialista de Rumania no se considera obligada por las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 12, el párrafo 2 del artículo 13, los párrafos 1 y 2 del artículo 14 y el apartado b) del párrafo 1 del artículo 31. en la medida en que esas disposiciones se refieren a Estados que no son Partes en la Convención Única.
a) El Consejo de Estado de la República Socialista de Rumania considera que el mantenimiento del estado de dependencia de ciertos territorios a los que se aplican las disposiciones del artículo 32 y del párrafo 1 del artículo 46 está en desacuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y los documentos aprobados por las Naciones Unidas relativos a la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, lo que incluye la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional relativos a las Relaciones Amistosas y Cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2625 (XXV) de 1970, que proclama solemnemente la obligación de los Estados de promover la realización del principio de igualdad de derechos y de autodeterminación de los pueblos con objeto de poner fin sin demora al colonialismo.
b) El Consejo de Estado de la República Socialista de Rumania considera que las disposiciones del artículo 40 de la Convención están en desacuerdo con el principio de que los tratados multilaterales internacionales, cuyos fines y objetivos conciernen a la comunidad internacional en su totalidad, deberían estar abiertos a la participación de todos los Estados.
«La adhesión del Gobierno de la Arabia Saudita a la Convención Única sobre Estupefacientes no deberá ser interpretada en el sentido de que implique el reconocimiento del llamado Estado de Israel, ni la adhesión implicará en forma alguna la intención del Gobierno de la Arabia Saudita de entablar intercambios de ninguna clase de el mismo en cuestiones relativas a esta Convención.»
Con sujeción a tusa reserva respecto del artículo 48 de la Convención, en la forma estipulada en el párrafo 2 del artículo 50.»
El Gobierno de Ceilán notificó al Secretario general que, en relación con el artículo 17 de la Convención, se mantendrá la administración existente para la aplicación de las disposiciones de la Convención sin establecer una «administración especial» para ese fin.»
El Gobierno añadió que esto había de considerarse como una declaración y no como una reserva.
Suiza mantiene en vigor el artículo 9 de la Convención para la supresión del tráfico ilícito en drogas nocivas, firmada en Ginebra el 26 de junio de 1936.
El Gobierno de la República Socialista Soviética de Ucrania no se considerará obligado por las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 12, el párrafo 2 del artículo 13, los párrafos l y 2 del artículo 14 y el párrafo l b) del artículo 31 de la Convención Única sobre Estupefacientes en la forma en que se aplica a los Estados Unidos que no están facultados a ser Partes en la Convención Única sobre la base del procedimiento estipulado en el artículo 40 de esta Convención.
La República Socialista Soviética de Ucrania estima esencial señalar a la atención el carácter discriminatorio del párrafo 1 del artículo 40 de la Convención Única sobre Estupefacientes, puesto que de conformidad con sus términos ciertos Estados no están facultados a ser Partes en dicha Convención. La Convención Única se refiere a cuestiones que interesan a todos los Estados y tiene como objetivo aunar los esfuerzos de todos los países en la lucha contra el mal social de abuso de estupefacientes. Por consiguiente, la Convención debería estar abierta a todos los países. De conformidad con el principio de igualdad soberana de los Estados, ningún Estado tiene derecho a denegar a otros países la posibilidad de participar en una Convención de este tipo.
El Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se considera obligado por las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 12, el párrafo 2 del artículo 13, los párrafos 1 y 2 del artículo 14 y el párrafo 1 b) del artículo 31 de la Convención Única sobre Estupefacientes en la forma en que se aplica a los Estados que no están facultados a ser Partes en la Convención Única sobre la base de procedimiento estipulado, en el artículo 40 de esta Convención.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estima esencial señalar a la atención el carácter discriminatorio del párrafo 1 del artículo 40 de la Convención Única sobre Estupefacientes, puesto que de conformidad con sus términos ciertos Estados no están facultados a ser Partes en dicha Convención. La Convención Única se refiere a cuestiones que interesan a todos los Estados y tiene como objetivo aunar los esfuerzos de todos los países en la lucha contra el mal social de abuso de estupefacientes.
Por consiguiente, la Convención debería estar abierta a todos los países. De conformidad con el principio de igualdad soberana de los Estados, ningún Estado tiene derecho a denegar a otros países la posibilidad de participar en una Convención de este tipo.
«De conformidad con el párrafo 2 del artículo 50, el Gobierno de Papúa Nueva Guinea formula por la presente una reserva en relación con el párrafo 2 del artículo 48 que dispone que se someta una controversia a la Corte Internacional de Justicia.»
(Artículo 42 de la Convención)
Declaraciones formuladas en el momento de la ratificación o adhesión:
Australia. 1 de diciembre de 1967 «La Convención se aplicará a todos los territorios de cuya representación internacional ejerce Australia, a saber, los territorios de Papua, isla Norfolk, isla Christmas, islas Cocos (Keeling), islas Heard y MacDonald, islas Ashmore y Cartier, el Territorio Antártico Australiano y loe territorios en fideicomiso de Nueva Guinea y. Nauru.»
Francia. 19 de febrero La totalidad del territorio de la República Francesa.
India. 13 de diciembre de 1964 «La Convención se aplicará a Sikkim.»
Países Bajos. 16 de junio de 1965 «La Convención es ratificada por el Reino para Europa, Surinam y las Antillas Neerlandesas.»
Nueva Zelanda. 26 de marzo de 1963 «La Convención se aplicará a la síslas Cook (incluida Niue) y las islas Tokelau, que son territorios no metropolitanos cuya representación internacional ejerce Nueva Zelanda.»
Reino Unido. 2 de septiembre de 1964 «Se notificará más adelante al Secretario general lo relativo a la aplicación a los territorios no metropolitanos cuya representación internacional ejerce el Reino Unido. No existen casos en que no se requiera el consentimiento previo de un territorio no metropolitano.»
Estados Unidos de América. 25 de mayo de 1967 «La Convención aplicará a todas las zonas cuya representación internacional ejercen los Estados Unidos.»
Notificaciones formuladas con posterioridad a la ratificación o adhesión:
Reino Unido. 26 de enero de 1956 Antigua, Bahamas, Basutolandia. Protectorado de Bechuanalandia, Guyana británica, Honduras británica, islas Salomón británicas, Bruñei, islas Caimán, Dominica, islas Falkland, Fiji, Gambia, Gibraltar, islas Gilbert y Ellice, Granada, Hong Kong, Mauricio, Montserrat, Santa Elena. Santa Lucia, San Cristóbal-Nieves-Anguilla, San Vicente, Seychelles, Rhodesia del Sur, Swazílandia, Tonga, islas Turcas y Caicos, islas Vírgenes.
27 de mayo de 1965 Adén y Protectorado de Arabia Meridional.
3 de mayo de 1966 Barbados.
24 de junio de 1977 Islas del Canal e isla de Man.
DECLARACIONES Y RESERVAS AL PROTOCOLO DE 25 DE MARZO DE 1972
«Brasil quiere aprovechar esta oportunidad para reiterar la declaración que formuló en la ocasión apropiada en la reunión plenaria de la Conferencia de Negociación del Protocolo, del 6 al 24 de marzo de 1972, en el sentido de que las enmiendas al artículo 36 de la Convención no obligan a los Estados con leyes contrarias a la extradición de nacionales, que impiden conceder su extradición.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Protocolo, Brasil desea poner de manifiesto que no acepta la enmienda introducida por el artículo 1,º del Protocolo al párrafo 4 del artículo 2 ° de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes.»
«Con sujeción a uno reserva respecto a los incisos i), ii) y iii) del apartado b) del párrafo 2 del artículo de enmienda 14.»
EGIPTO (retirada el 25 de enero de 1980)
Queda entendido que la ratificación del presente Acuerdo no significa en modo alguno el reconocimiento de Israel por el Gobierno de la República Árabe de Egipto. Además no originara relaciones convencionales entre la República Árabe de Egipto e Israel.
«Con una reserva al artículo l.° (4) que modifica el artículo 2.° de la Convención Única.»
«El Gobierno de la India reserva su posición respecto a los artículos 5.°, 6.º, 9.º, 11 y 14 del citado Protocolo y no se considera obligado por las disposiciones de esos artículos» (5).
(5) En una nota recibida por el Secretario general el 14 de diciembre de 1978, el Gobierno de la India aclaró que la reserva formulada respecto al artículo 14 del Protocolo se refiere exclusivamente el párrafo 2 b) del artículo 38 de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes.
Esta adhesión, sin embargo, no significará en modo alguno el reconocimiento de Israel ni el establecimiento de relaciones con el mismo.
En el momento de la firma;
«... El Gobierno de Israel no procederá a la. ratificación del Protocolo basta que haya recibido garantías de que todos los Estados vecinos que tienen la intención de ser partes en el Protocolo lo harán sin reserva ni declaración, y que queda retirada la llamada reserva o declaración relativa a Israel y formulada por uno de los Estados vecinos de Israel en relación con su participación en la Convención Única de 1961, que fue citada en la reunión del Segundo Comité el 18 de marzo de 1972.»
En el momento de la ratificación;
«... El Gobierno del Estado de Israel, de conformidad con las facultades que le confiere la ley, decide ratificar el Protocolo, pero reserva al mismo tiempo todos sus derechos para adoptar respecto de las demás partes una actitud de completa reciprocidad.»
Al adherirse al Protocolo, el Gobierno del Estado de Kuwait se atiene al punto de vista de que su adhesión a dicho Protocolo no implica en modo alguno su reconocimiento de Israel, ni le obliga a aplicar las disposiciones de dicho Protocolo respecto a dicho país.
(6) En una comunicación recibida por el Secretario general el 26 de diciembre de 1973, el representante permanente interino de Israel en las Naciones Unidas formuló la siguiente declaración:
«El instrumento de aceptación del Gobierno de Kuwait del Protocolo contiene una declaración de carácter político respecto de Israel. A juicio del Gobierno de Israel no es éste el lugar apropiado para formular declaraciones políticas de esa dase, que están, además, en contradicción flagrante con los principios, objetivos y fines del Protocolo. Dicha declaración por tanto, no posee validez jurídica alguna.
«El Gobierno de Israel rechaza rotundamente esa declaración y procederá basándose en el supuesto de que carece de toda validez en cuanto a los derechos y obligaciones de cualquier Estado Parte en dichos tratados
«La declaración del Gobierno de Kuwait no puede afectar en modo alguno a las obligaciones de Kuwait referidas a cualesquiera otras obligaciones vinculantes para ese Estado en virtud del Derecho internacional general.
«El Gobierno de Israel, en lo que se refiere al fondo de la cuestión, adoptará respecto del Gobierno de Kuwait una actitud de completa reciprocidad.»
Una comunicación idéntica en esencia, «mutatis mutandi», fue recibida por el Secretario general del Gobierno de Israel el 11 de mayo de 1979 respecto de la declaración formulada en el momento de su adhesión por el Iraq.
De conformidad con las disposiciones del artículo 21, «Reservas», del Protocolo de modificación de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, aprobado en Ginebra el 25 de marzo de 1972, el Gobierno de México, al adherirse a ese instrumento internacional, formula una reserva explícita respecto de la aplicación de los artículos 5.º (enmienda del inciso 5 del artículo 12 de la Convención Única; 6 (enmienda de los párrafos 1 y 2 del artículo 14 de la Convención Única), y 11 (nuevo artículo 21 bis, Limitación de la producción de opio). Por consiguiente, por lo que se refiere a los artículos respecto de los cuales se formula esta reserva, México estará vinculada por los textos correspondientes de Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, en su forma original.
«Con una reserva respecto del artículo 36, párrafo 2, que aparece en el documento de 5 de mayo de 1972, firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá.»
La reserva dice lo siguiente:
«... Con la reserva expresa de que la enmienda que el artículo 14 del Protocolo introduce en el artículo 36. párrafo 2, de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes: a) No modifica los tratados de extradición en los que es parte la República de Panamá en forma alguna que pueda obligar a conceder la extradición de sus nacionales;
b) No requiere que la República de Panamá incluya en los tratados de extradición, que pudiera concluir en el futuro, ninguna disposición que obligue a conceder la extradición de sus propios nacionales, y c) No podrá interpretarse ni aplicarse de manera que origine una obligación por parte de la República de Panamá para conceder la extradición de ninguno de sus propios nacionales.
El Gobierno del Perú formula reservas respecto de la última parte del segundo párrafo del artículo 5.° del Protocolo que enmienda el párrafo 5 del artículo 12 dé la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, ya que considera que las facultades que en el mismo ge confieren a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) son incompatibles con sus funciones como órgano de coordinación de los sistemas nacionales de fiscalización y le atribuye funciones supranacionales de supervisión,
La República Socialista de Rumanía no se considera obligada por las disposiciones contenidas en el artículo 6.º en la medida en que esas disposiciones se refieren a Estados que no son parte de la Convención Única.
El Consejo de Estado de la República Socialista de Rumanía considera que las disposiciones del artículo 17 del Protocolo están en desacuerdo con el principio de que los tratados multilaterales internacionales cuyos fines y objetivos conciernen a la comunidad mundial en su totalidad deben estar abiertos a la participación de todos los Estados.
Con las reservas de que los artículos 9.º y 11 del Protocolo no se aplicarán en el territorio de la República Federal Socialista de Yugoslavia.
La presente Convención entró en vigor con carácter general el 8 de agosto de 1975, de conformidad con el artículo 18 del Protocolo de 27 de marzo de 1972.
La entrada en vigor para España es la de 3 de febrero de 1977. España es parte por haber ratificado el Protocolo de modificación hecho en Ginebra el 25 de marzo de 1972, con posterioridad a que éste entrase en vigor.
Madrid, 21 de octubre de 1981.‒El Secretario general Técnico, José Cuenca Anaya.
Fecha de disposición: 30/03/1961
Entrada en vigor: con carácter general el 8 de agosto de 1975 y para España el 3 de febrero de 1977.
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 21 de octubre de 1981.
la Lista I, por Orden SCO/1870/2008, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2008-11035).
la Lista I, por Orden de 7 de febrero de 2000 (Ref. BOE-A-2000-3354).
SE COMPLETA, por Acuerdo Internacional de 20 de diciembre de 1988 (Ref. BOE-A-1990-27152).
por Orden de 19 de octubre de 1990 (Ref. BOE-A-1990-26174).
Lista II, por Orden de 18 de febrero de 1982 (Ref. BOE-A-1982-4576).