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Timestamp: 2017-01-18 10:05:55
Document Index: 269617609

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'in fine', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 4', 'Artículo 10', 'e contrario', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 55', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 59', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 46', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 34', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'artículo 140', 'IN FINE', 'IN FINE', 'in fine', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4']

⭐CO SIDERA DO: Que la libertad de empresas, comercio e industria es un derecho consagrado en la Constitución de la República;
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Vanesa María Cristina Álvarez Villalba
1 Ley General de Defensa de la Competencia, o EL CO GRESO ACIO AL En ombre de la República Ley o CO SIDERA DO: Que la libertad de empresas, comercio e industria es un derecho consagrado en la Constitución de la República; CO SIDERA DO: Que es función del Estado proteger y garantizar efectiva y eficientemente el goce de las prerrogativas constitucionales, con el auxilio de medidas administrativas y disposiciones legales adecuadas; CO SIDERA DO: Que el proceso competitivo en los mercados debe ser regulado en orden a conseguir la eficiencia económica, teniendo como fin último garantizar el bienestar de los consumidores; CO SIDERA DO: Que dado el proceso de apertura comercial y globalización de las economías que tiene lugar actualmente y ante la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA), el Estado dominicano debe contar con un instrumento jurídico moderno, acorde con esta realidad económica, que respalde debidamente sus relaciones comerciales internacionales y los intereses de los sectores productivos de la República Dominicana, en un ambiente de libre y leal competencia; CO SIDERA DO: Que en ausencia de una política de competencia efectiva las empresas ya establecidas en el mercado dominicano pudiesen realizar actos anticompetitivos que limitasen la entrada al mercado de nuevos productos o empresas, reduciendo los beneficios de la apertura comercial lograda a través de los acuerdos de libre comercio; CO SIDERA DO: Que las empresas exportadoras pueden abusar de su posición dominante en diferentes mercados internacionales, incluyendo el mercado relevante de la República Dominicana, en detrimento de la competencia y del bienestar de los consumidores dominicanos; CO SIDERA DO: Que se necesita crear un ambiente que propicie la competencia en los mercados locales de bienes y servicios para lograr que la entrada en vigencia del DR- CAFTA promueva la reducción de precios, el uso eficiente de los recursos productivos y, en consecuencia, mejores condiciones de vida de los dominicanos.2 LEY GE ERAL DE DEFE SA DE LA COMPETE CIA TÍTULO I DE LA LIBRE Y LEAL COMPETE CIA CAPÍTULO I DISPOSICIO ES GE ERALES Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto, con carácter de orden público, promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores y usuarios de estos bienes y servicios en el territorio nacional. Artículo 2.- Del principio fundamental. Principio de Unidad de Ordenamiento. La presente normativa reconoce el derecho constitucional a la libre empresa, comercio e industria, compatible con la eficiencia económica, la competencia efectiva y la buena fe comercial. En tal sentido, este ordenamiento es de observación general y de orden público en todo el territorio nacional y aplicable a todas las áreas de la actividad económica, quedando en consecuencia, todos los agentes económicos sujetos a sus disposiciones, en la forma prevista por el presente ordenamiento; esto es, de manera principal para todos los agentes económicos y de manera supletoria, para los agentes económicos regulados por leyes sectoriales que contengan disposiciones en materia de competencia. Artículo 3.- Ámbito. La presente ley se aplicará a todos los agentes económicos, sean éstos personas físicas o jurídicas, sean de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, que realicen actividades económicas en el territorio nacional. Será aplicable asimismo: a) Los acuerdos, actos o conductas, incluidas las derivadas de una posición dominante, que se originen fuera del territorio de la República, siempre y cuando produzcan efectos restrictivos a la competencia en el territorio nacional; b) Los actos, contratos y disposiciones administrativas que tengan por efecto restringir la competencia. Párrafo.- No entran en el ámbito de la presente ley los convenios colectivos de trabajo amparados en el Código de Trabajo de la República Dominicana. Artículo 4.- Definiciones. A los efectos de la presente ley se entenderá por:3 a) Acuerdo: Todo intercambio de voluntad expresado a través de un contrato o convenio, sea expreso o tácito, escrito u oral, susceptible de alinear el comportamiento competitivo de agentes económicos competidores; b) Agente Económico: Toda persona o grupo de personas, físicas o jurídicas que participan en la actividad económica; c) Competencia Efectiva: Es la participación competitiva entre agentes económicos en un mercado, a fin de servir una porción determinada del mismo, mediante el mejoramiento de la oferta en calidad y precio en beneficio del consumidor; d) Consumidor Razonable: Es un consumidor informado, conocedor de sus derechos, que espera recibir a cambio de lo que paga por un bien o servicio con determinadas características, de acuerdo a la información o publicidad que recibe o de conformidad con lo establecido en los contratos que suscribe; e) Libre Competencia: Es la posibilidad de acceder a los mercados, a ofertar bienes y servicios, dada la inexistencia de barreras artificiales creadas al ingreso de potenciales competidores; f) Mercado Relevante: El ramo de la actividad económica y la zona geográfica correspondiente, definido de forma que abarque todos los bienes o servicios sustituibles, y todos los competidores inmediatos, a los que el consumidor podría acudir a corto plazo si una restricción o abuso diera lugar a un aumento significativo de los precios; g) Posición Dominante: El control del mercado relevante que disfruta un agente económico, por sí o conjuntamente con otros, y que le brinda el poder de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva o le permita actuar en dicho mercado con independencia del comportamiento de sus competidores, clientes o consumidores. La posesión de una posición dominante en el mercado o su incremento, por sí solo, no constituye una violación a la presente ley; h) Práctica Concertada: Todo comportamiento de hecho entre agentes económicos competidores voluntariamente dirigido a anular la competencia entre ellos. CAPÍTULO II DE LOS ACUERDOS, DECISIO ES Y PRÁCTICAS CO TRARIAS A LA LIBRE COMPETE CIA Y DEL ABUSO DE POSICIÓ DOMI A TE SECCIÓ I DE LOS ACUERDOS, DECISIO ES Y PRÁCTICAS CO TRARIAS A LA LIBRE COMPETE CIA Artículo 5.- De las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos. Quedan prohibidas las prácticas, los actos, convenios y acuerdos entre agentes económicos4 competidores, sean éstos expresos o tácitos, escritos o verbales, que tengan por objeto o que produzcan o puedan producir el efecto de imponer injustificadamente barreras en el mercado. Se incluyen dentro de las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos las siguientes conductas: a) Acordar precios, descuentos, cargos extraordinarios, otras condiciones de venta y el intercambio de información que tenga el mismo objeto o efecto; b) Concertar o coordinar las ofertas o la abstención en licitaciones, concursos y subastas públicas; c) Repartir, distribuir o asignar segmentos o partes de un mercado de bienes y servicios señalando tiempo o espacio determinado, proveedores y clientela; d) Limitar la producción, distribución o comercialización de bienes; o prestación y/o frecuencia de servicios, sin importar la naturaleza de los mismos; y, e) Eliminar a competidores del mercado o limitar su acceso al mismo, desde su posición de compradores o vendedores de productos determinados. SECCIÓ II DEL ABUSO DE LA POSICIÓ DOMI A TE Artículo 6.- Del abuso de posición dominante. Quedan prohibidas las conductas que constituyan abusos de la posición dominante de agentes económicos en un mercado relevante susceptibles de crear barreras injustificadas a terceros. Se incluyen dentro de los abusos de posición dominante las siguientes conductas: a) Subordinar la decisión de venta a que el comprador se abstenga de comprar o de distribuir productos o servicios de otras empresas competidoras; b) La imposición por el proveedor, de precios y otras condiciones de venta a sus revendedores, sin que exista razón comercial que lo justifique; c) La venta u otra transacción condicionada a adquirir o proporcionar otro bien o servicio adicional, distinto o distinguible del principal; d) La venta u otra transacción sujeta a la condición de no contratar servicios, adquirir, vender o proporcionar bienes producidos, distribuidos o comercializados por un tercero; e) La negativa a vender o proporcionar, a determinado agente económico, bienes y servicios que de manera usual y normal se encuentren disponibles o estén ofrecidos a terceros; y cuando no existan, en el mercado relevante, proveedores alternativos disponibles y que deseen vender en condiciones normales. Se exceptúan aquellas acciones de negativa a negociar, por parte del agente económico, cuando exista5 incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del cliente o potencial cliente, o que el historial comercial del cliente o potencial cliente demuestre un alto índice de devoluciones o mercancías dañadas, o falta de pago, o cualquier otra razón comercial similar; f) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros sin que exista alguna razón comercial que lo justifique. Artículo 7.- Calificación de una conducta anticompetitiva. La calificación de una conducta empresarial como anticompetitiva estará sujeta a las siguientes condiciones: 1. Las conductas enumeradas en el Artículo 5 de esta ley serán prohibidas, siempre que sean ejecutadas o planificadas entre competidores que actúan concertadamente, salvo que ellas sean accesorias o complementarias a una integración o asociación convenida que haya sido adoptada para lograr una mayor eficiencia de la actividad productiva o para promover la innovación o la inversión productiva; 2. En la evaluación de las imputaciones de abuso de posición dominante, se examinará la contribución o reducción de dicha conducta a la eficiencia económica, mediante el análisis del efecto neto de dicha conducta; es decir, si sus efectos anticompetitivos superan los efectos pro-competitivos, o de incremento de la eficiencia económica o viceversa. Párrafo I.- A tales fines, corresponde a quien persigue una sanción demostrar el efecto anticompetitivo de la conducta, mientras al agente económico investigado le corresponde demostrar posibles efectos pro-competitivos o de eficiencia económica. Párrafo II.- Asimismo, la parte actuante deberá presentar indicios que demuestren la capacidad individual o colectiva de los sujetos investigados para crear barreras injustificadas a terceros en el mercado. Párrafo III.- A los efectos de establecer la capacidad individual o colectiva de los sujetos investigados para crear barreras injustificadas a terceros en el mercado, se deberá comprobar que aquéllos tienen una posición individual o colectiva dominante sobre el mercado relevante. Párrafo IV.- La obtención de una posición dominante en el mercado o su incremento, por sí sola, no constituye una violación a la presente ley. SECCIÓ III DEL MERCADO RELEVA TE Y DE LA DETERMI ACIÓ DE LA POSICIÓ DOMI A TE6 Artículo 8.- Mercado relevante. Para determinar el mercado relevante, deberán ser considerados los siguientes elementos: a) Identificación del producto o servicio cuyo mercado relevante se va a determinar; b) Identificación del área geográfica correspondiente; c) La probabilidad efectiva de sustituir el bien o servicio de que se trate por otro suficientemente similar en cuanto a función, precio y atributos, de origen nacional o extranjero, para ser contemplados por los consumidores como sustitutos razonables, en el tiempo y costo requerido para efectuar la sustitución, por considerarlos con el suficiente grado de intercambiabilidad; d) El costo de distribución del bien o servicio, sus insumos más importantes, sus complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y del extranjero, teniendo en cuenta los fletes, seguros, aranceles y cualquier otra medida que afecte su comercio, así como las limitaciones impuestas por otros agentes económicos y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde otros lugares; e) La sustitución de la demanda, en particular, el costo y la probabilidad de que suplidores de otros productos o servicios que no son sustituibles, en principio, desde el punto de vista de la demanda, pues no son similares a la oferta del bien a sustituir, puedan fácilmente pasar a producir y ofrecer productos o servicios que por igual satisfagan la demanda de los consumidores; es decir, que los consumidores puedan acudir a otros mercados alternos de productos y servicios, que produzcan resultados suficientes para satisfacer su demanda de bien o servicio; y, f) Las restricciones normativas nacionales o internacionales que limiten el acceso de los consumidores a fuentes alternativas de abastecimiento o el de los proveedores a clientes alternativos. Artículo 9.- De la determinación de posición dominante. Para determinar si una empresa o un conjunto de ellas tienen posición dominante en el mercado relevante, conforme la definición que aparece en el Artículo 4 de esta ley, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia deberá considerar los siguientes elementos: a) La existencia de barreras a la entrada al mercado, así como la naturaleza y magnitud de tales barreras; b) La participación en el mercado y el poder de fijar precios unilateralmente, o de restringir de forma sustancial el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar dicho poder; c) Participación de mercado en términos porcentuales (cuota de mercado) de los demás participantes del mercado;7 d) Las posibilidades de acceso de los demás participantes del mercado a fuentes de insumos; y, e) La relación concurrencial y el comportamiento reciente de los participantes. CAPÍTULO III DE LA COMPETE CIA DESLEAL Artículo 10.- Cláusula General. Se considera desleal, ilícito y prohibido, todo acto o comportamiento realizado en el ámbito comercial o empresarial que resulte contrario a la buena fe y ética comercial que tengan por objeto un desvío ilegítimo de la demanda de los consumidores. Artículo 11.- Listado Enunciativo de Actos de Competencia Desleal. Sin que la presente lista sea limitativa, se consideran actos de competencia desleal: a) Actos de engaño. La utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, publicidad engañosa, la omisión de la verdadera información o cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a sus destinatarios; b) Actos de confusión. Todo acto que se preste para crear confusión con la actividad, los productos, los nombres, las prestaciones, el establecimiento y los derechos de propiedad intelectual de terceros; En particular se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero. c) Actos de comparación indebida. La comparación pública de actividades, prestaciones, productos, servicios o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero cuando la comparación se refiera a extremos que no sean objetivamente comprobables o que siéndolo contengan afirmaciones o informaciones falsas o inexactas. No es de aplicación la presente norma respecto de aquellas informaciones, expresiones o mensajes que por su naturaleza sean percibidas por un consumidor razonable como subjetivas y que reflejan sólo una opinión no sujeta a comprobación; d) Actos de imitación. La imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un agente económico competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado;8 e) Actos violatorios del secreto empresarial. La apropiación, divulgación o explotación sin autorización de su titular de secretos empresariales o industriales; f) Incumplimiento a normas. Sin perjuicio de las disposiciones y medidas que fuesen aplicables conforme a la norma infringida, constituye competencia desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva resultante del incumplimiento de una norma legal o técnica directamente relevante a la actividad, los productos, los servicios o el establecimiento de quien incumple la norma, o la simple infracción de normas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial. En estos casos la ventaja debe ser significativa y generar un perjuicio a los competidores como consecuencia directa de la infracción cometida por el agente económico; g) Actos de denigración. La propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones comerciales de un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes; h) Inducción a la infracción contractual. La inducción intencional a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal, cuando siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas. Artículo 12. Acciones contra las conductas de competencia desleal. La aplicación de las disposiciones relativas a las conductas previstas en esta sección no podrá condicionarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal. En caso de infracción a las normas de competencia desleal establecidas en esta sección los afectados podrán acudir directamente por ante el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, actuando en sus atribuciones civiles y comerciales, sin necesidad de agotar la vía administrativa y en ejercicio de las acciones establecidas en el Artículo 55 de la presente ley. Sin embargo, si los afectados decidieren iniciar el respectivo procedimiento administrativo, de conformidad con las disposiciones de esta ley, no podrán demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubieren podido sufrir como consecuencia de prácticas prohibidas, sino hasta después que la resolución definitiva del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia haya sido emitida. CAPÍTULO IV9 DE LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA DE LA COMPETE CIA Artículo 13.- De las facultades para promover la simplificación de trámites. Los entes reguladores de la administración pública central, autónoma y descentralizada, así como las autoridades municipales velarán para que en el cumplimiento de sus funciones no se establezcan trabas o interferencias indebidas a los particulares, que puedan obstaculizar su derecho a la libre empresa y competencia. Párrafo I.- Los trámites se sustentarán en la presunción de veracidad de la información y documentación entregada por los ciudadanos, salvo disposición legal en contrario. Párrafo II.- Los trámites administrativos deberán estar acompañados de un idóneo mecanismo de control posterior, así como de sanciones aplicadas con rigor a quienes violen la confianza dispensada por la administración pública. Párrafo III.- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia podrá recomendar iniciativas para promover la simplificación de trámites administrativos. Párrafo IV.- Por reglamento se establecerán los derechos de los administrados y la simplificación y racionalización de los trámites para evitar que estos se conviertan en barreras de acceso al mercado. Artículo 14.- De la revisión de actos jurídicos estatales contrarios a la libre competencia. Sin menoscabo de las facultades otorgadas a otras entidades públicas, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia podrá dirigir un informe público a la autoridad respectiva, sugiriendo la adopción de las medidas correctivas sobre los posibles efectos contrarios a la competencia, de las leyes, reglamentos, ordenanzas, normas, resoluciones y demás actos jurídicos emanados de los poderes públicos, cuyo objeto o efecto, inmediato o mediato, sea limitar o menoscabar arbitrariamente la libre empresa, obstaculizando la competencia. Artículo 15.- Tratamiento de las ayudas estatales. El Estado no adoptará ni mantendrá, respecto de las empresas públicas ni de aquellas a las que otorgare delegaciones por cualquier forma contractual, ninguna medida que pudiere crear injustificadamente barreras al mercado o que genere la posibilidad de competir deslealmente en el mercado. Párrafo.- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia examinará los efectos sobre las condiciones de competencia de los subsidios, ayudas estatales o incentivos otorgados a empresas públicas o privadas, con cargo a los recursos públicos y procederá, si fuere el caso, a solicitar a los poderes públicos, mediante un informe de recomendación motivado, la supresión o modificación de tales subsidios, así como la adopción de las demás medidas conducentes al restablecimiento de la competencia. TÍTULO II10 DE LAS AUTORIDADES ACIO ALES DE DEFE SA DE LA COMPETE CIA CAPÍTULO I DE LA COMISIÓ ACIO AL DE DEFE SA DE LA COMPETE CIA Artículo 16.- Creación de la Comisión. Se crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), como un organismo descentralizado del Estado con personalidad jurídica, plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y patrimonio propio e inembargable. Tendrá plena independencia administrativa, técnica y financiera y estará vinculado orgánicamente a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Ejercerá sus funciones con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico establecido por la presente ley y sus reglamentos y será fiscalizado por la Contraloría General de la República. Párrafo.- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tendrá autonomía jurisdiccional para dictar sus resoluciones por la vía administrativa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. Artículo 17.- Objetivo. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene como objetivo promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los mercados de productos y servicios, mediante la ejecución y aplicación de las políticas y legislación de competencia y el ejercicio de sus facultades investigativas, de informe, reglamentarias, dirimentes, resolutivas y sancionadoras. Artículo 18.- Exención impositiva. La Comisión estará exenta del pago de todos los impuestos nacionales, municipales, gravámenes, tasas, arbitrios y contribuciones en general que pudieran recaer sobre los actos o negocios jurídicos que realice. Artículo 19.- Domicilio. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tendrá su sede en Santo Domingo de Guzmán y podrá establecer oficinas en cualquier parte del territorio nacional. Artículo 20.- Relación con otros entes reguladores de mercado. Los actos administrativos destinados a dictar reglamentos o a resolver procesos administrativos sancionadores planteados ante otros entes reguladores del mercado diferentes a la Comisión, siempre que estén relacionados con el objeto de esta ley, deberán ser enviados a la Comisión para su examen junto con la documentación que los respalda. Párrafo I.- El ente regulador deberá formular su consulta al Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, vía el Director Ejecutivo. El Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia deberá responder mediante oficio, en un plazo de quince (15) días después de haber recibido la consulta, con una opinión motivada de carácter público y no vinculante en la que podrá incluir recomendaciones específicas al ente regulador actuante. En caso de vencimiento del plazo señalado, sin haberse recibido dictamen de la Comisión, el ente regulador en cuestión, podrá entender que se ha aceptado tácitamente su decisión.11 Párrafo II.- En el caso de que una parte interesada someta directamente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia una denuncia por práctica anticompetitiva, que de conformidad con la legislación vigente sea de la competencia jurisdiccional de un organismo sectorial, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia deberá responder, mediante oficio debidamente motivado, refiriendo la parte interesada al organismo sectorial competente. Párrafo III.- En los casos señalados en los párrafos precedentes, tanto la Comisión como el ente regulador actuante, deberán aplicar de manera principal, el derecho de la competencia establecido en normativa especial que rige al ente regulador actuante y con carácter supletorio, en el caso de que la primera resulte silente, oscura o ambigua, se aplicará la normativa prevista en la presente legislación general. Artículo 21.- Del financiamiento de sus operaciones. Las actividades y operaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia serán financiadas con las siguientes fuentes de recursos: a) Derechos de tramitación de procedimientos; b) Recursos provenientes de la cooperación técnica internacional; c) Presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos; y, d) Recursos provenientes de las sanciones previstas en el Artículo 59 de esta ley. Artículo 22.- Remuneración. Los miembros del Consejo Directivo, el Director Ejecutivo, así como todos los funcionarios y empleados de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia devengarán salarios competitivos con los del mercado, para funcionarios de calificación similar en el mercado privado, nunca inferior al promedio de las instituciones descentralizadas y autónomas encargadas de regular mercados. Párrafo.- Los miembros del Consejo Directivo, el Director Ejecutivo, así como todos los funcionarios y empleados de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tendrán seguridad en sus puestos e ingresarán al régimen de Servicio Civil y Carrera Administrativa a fin de garantizar dicha seguridad. Artículo 23.- ormas de conducta. Ningún funcionario o empleado de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia podrá revelar información confidencial obtenida en el ejercicio de sus funciones. La revelación de tales informaciones será sancionada con el cese de las funciones de dicho empleado, sin perjuicio de las acciones civiles o penales en su contra. Párrafo I.- Ningún funcionario o empleado de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, mientras esté en el ejercicio de su cargo, podrá recibir pago alguno por ningún concepto de empresas reguladas por el presente ordenamiento. Dicha prohibición se12 extenderá por el período de un (1) año posterior al abandono del cargo para los miembros del Consejo Directivo y para el Director Ejecutivo. Párrafo II.- Serán prohibidos los contactos informales o individuales entre las partes interesadas y el personal de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia, sobre temas pendientes de resolución por el organismo. Toda comunicación o contacto de la Comisión con los interesados tendrá un carácter formal y las decisiones o actos de la Comisión serán accesibles a los interesados o sus representantes, ya sea participando en reuniones o conociendo las actas respectivas, en la forma en que lo reglamente la Comisión. Artículo 24.- Impedimentos posteriores a la cesación del cargo. Los miembros del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no podrán ser empleados ni prestar servicios, en ninguna categoría o modalidad, en las empresas que hayan sido objeto de investigación bajo su responsabilidad, así como las empresas asociadas, filiales o subsidiarias de ésta, por un período de un (1) año luego de dejar de pertenecer a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En caso de incumplimiento de esta disposición, se aplicará a la empresa empleadora una penalidad por incumplimiento no menor de un dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos del año fiscal anual precedente. Si se tratare de una empresa que no hubiere alcanzado un año de operaciones, la penalidad por incumplimiento se calculará sobre su ingreso bruto anualizado, estimado en base a lo que hubiere ingresado durante el período que haya estado operando. Artículo 25.- Conformación. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estará conformada por dos niveles de autoridad; Consejo Directivo, el nivel de decisión y la Dirección Ejecutiva, el nivel instructor. CAPÍTULO II DEL CO SEJO DIRECTIVO Artículo 26.- Integración y Designación. El Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, estará integrado por cinco (5) miembros nombrados por el Congreso Nacional de una propuesta de diez (10) candidatos presentada por el Poder Ejecutivo de la manera siguiente: a) Cinco (5) candidatos serán presentados al Senado de la República para una elección de tres (3) miembros que, en el primer período de funcionamiento de la Comisión, durarán en sus funciones dos (2) años; y, b) Cinco (5) candidatos serán presentados a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, para una elección de dos (2) miembros que durarán en sus funciones, desde el mismo primer período de funcionamiento de la Comisión, cinco (5) años. Párrafo I.- La renovación de los Directores de la Comisión se hará parcialmente cada tres (3) años para un período de cinco (5) años en funciones. Es decir, se nombrarán a tres (3) y13 a dos (2) directores sucesivamente, en la misma forma establecida en este artículo de la ley, a más tardar un mes después de haberse vencido la fecha de los respectivos nombramientos. Párrafo II.- Los miembros del Consejo Directivo durante el período para el cual fueren designados tendrán el carácter de inamovibles, con la salvedad de lo previsto en el Artículo 28 de esta ley. El Presidente del Consejo será escogido de entre sus miembros mediante votación efectuada por los mismos directores, según procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley y los estatutos de la Comisión. Artículo 27.- Calificación de los miembros del Consejo Directivo. Para ser miembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es necesario reunir los siguientes requisitos: a) Ser dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; b) Tener más de 25 años de edad; c) Ser profesional del derecho, la economía, las ciencias administrativas o finanzas, con estudios especializados en alguna de las siguientes disciplinas: derecho de la competencia, regulación económica, análisis económico de la ley, finanzas corporativas, resolución alternativa de conflictos o arbitraje internacional; d) Tener experiencia creíble por más de cinco (5) años en alguna de las áreas anteriormente señaladas o en el ejercicio empresarial; y, e) No desempeñar ningún cargo o empleo de cualquier naturaleza con excepción de la actividad docente. Artículo 28.- Incompatibilidades de los miembros del Consejo Directivo. No podrán ser designados como Presidente o miembro del Consejo Directivo: a) Los miembros del Congreso Nacional; b) Los miembros activos del Poder Judicial; c) Los que desempeñaren cargos o empleos remunerados en cualesquiera de los organismos del Estado o de las municipalidades, ya sea por elección popular o mediante nombramiento, salvo los cargos de carácter docente; d) Quienes tengan vínculo de consanguinidad hasta el cuarto (4to.) grado, inclusive; o vínculo de afinidad hasta el segundo (2do.) grado, inclusive; con el Presidente o Vicepresidente de la República, con los Magistrados Miembros de la Suprema Corte de Justicia o con los miembros directivos de los entes reguladores del mercado; e) Tener militancia política activa;14 f) Las personas que hayan sido declaradas en cesación de pago o en quiebra, así como aquéllas contra las cuales estuvieren pendientes procedimientos de quiebra; g) Aquellas personas declaradas legal o judicialmente incapaces; o, h) Aquellas personas que se encuentren en situación de conflicto de interés en razón del ejercicio de sus actividades profesionales o económicas. Artículo 29.- Remoción de los miembros del Consejo Directivo. Los Miembros titulares de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, podrán ser removidos o sustituidos en sus funciones, en cualquiera de los casos siguientes: a) Cuando por cualquier causa no justificada debidamente, hubieren dejado de concurrir a seis (6) sesiones ordinarias al año; b) Cuando por incapacidad física no hubieren podido desempeñar su cargo durante seis (6) meses; c) Por condenación definitiva a pena criminal; d) Cuando se demostrare negligencia manifiesta en el cumplimiento de sus funciones o en el caso de que, sin debida justificación, dejaren de cumplir las obligaciones que les corresponden, de acuerdo con la ley, los reglamentos y las decisiones del Consejo Directivo; y, e) Cuando fueren responsables de actos u operaciones fraudulentas, ilegales o evidentemente opuestas a los fines e intereses de la institución. Párrafo.- En los casos en que, por algún motivo de los expuestos en este artículo resulte necesario remover o sustituir a uno o más miembros del Consejo Directivo, el Poder Ejecutivo presentará al hemiciclo que haya elegido al miembro titular, una terna, por cada miembro a sustituir, para que proceda a la elección del miembro sustituto. Artículo 30.- Quórum. El Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sesionará válidamente con la totalidad de sus miembros y las decisiones se tomarán por mayoría simple. En caso de no existir consenso, el director con voto disidente deberá dejar fundamentada su decisión. Artículo 31.- De las facultades del Consejo Directivo. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia podrá, a través de su Consejo Directivo: a) Divulgar el contenido de esta ley y sus reglamentos; b) Asegurar el cumplimiento del objetivo y disposiciones de la presente ley, por las empresas, las demás dependencias del Estado y la sociedad en su conjunto;15 c) Celebrar audiencias para la comparecencia, con derecho de participación en los debates y formulación de pedimentos, de los presuntos responsables, denunciantes y perjudicados por la comisión de conductas sancionadas por la presente ley, así como para la audición de testigos y peritos, a fin de recibirles declaración y ordenar careos; d) Acceder a los lugares objeto de inspección con el consentimiento de los ocupantes o mediante orden judicial, la que será solicitada por el Consejo Directivo ante el juez competente, y deberá realizarse con el auxilio del Ministerio Público, conforme el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. En tal diligencia se deberá autorizar el secuestro si hubiere la necesidad de ello. El juez competente deberá resolver la petición en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas; e) Proponer la adopción de medidas cautelares y correctivas que juzgue necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos y disposiciones de la presente ley; en tal sentido, conceder autorizaciones a la Dirección Ejecutiva para que practique diligencias probatorias, exámenes de documentos privados de empresas, allanamientos y cualquier otra medida que ésta solicite en el curso de una investigación administrativa o para el aseguramiento de pruebas, conforme las disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal; f) Solicitar al juez competente las medidas cautelares que estime pertinentes. La petición deberá ser resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas; g) Conocer de las solicitudes de revocación de las medidas cautelares y correctivas ordenadas por la Dirección Ejecutiva, a petición de parte; h) Requerir a los agentes económicos e instituciones del Estado información y documentación necesarias, incluyendo libros de actas, registros contables e informaciones estadísticas, de conformidad con el Artículo 46 de la presente ley; i) Dirimir, de acuerdo a los principios y normas de la presente ley y sus reglamentos, en resguardo del interés público, los diferendos entre empresas, y entre empresas y sus clientes o usuarios, en la materia regida por este ordenamiento; j) Dictar resoluciones reglamentarias de carácter general y de carácter especial en las materias de su competencia, así como para el buen funcionamiento administrativo de la Comisión; k) Imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas previstas en la presente ley y decretar la suspensión de los actos infractores; así como, ordenar las medidas e imponer obligaciones contra el agente económico o persona sancionada, a los fines de corregir la distorsión en el mercado y restaurar la competencia; l) Dictaminar el inicio del procedimiento de consulta pública de los proyectos de reglamento de la presente ley, conforme lo establecido en la reglamentación;16 m) Pronunciar dictámenes no vinculantes solicitados por otros entes reguladores del mercado, de conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 20 de la presente ley; n) Realizar actividades de abogacía de la competencia en la gestión que desempeñan órganos y entidades del Estado, a través de la emisión de informes de recomendación establecidos en los Artículos 14 y 15 de la presente ley. Asimismo, efectuar acciones de defensa y promoción de la competencia durante los procesos de formación de leyes u otros instrumentos normativos, en materia económica y comercial y otras materias cuyos efectos puedan incidir en la competencia, a través de los mecanismos establecidos en esta ley; o) Proponer al Poder Ejecutivo las políticas nacionales de promoción y defensa de la competencia; en particular aquellas medidas y acciones que tengan por objeto facilitar la entrada al mercado de nuevos competidores, incluyendo desburocratizar y modernizar la administración pública y mejorar el entorno económico para un mejor desempeño de los agentes económicos; p) Representar a la República Dominicana en la negociación de acuerdos, convenios y tratados internacionales sobre defensa de la competencia, en coordinación con la autoridad encargada de la conducción general de tales negociaciones y previa delegación expresa del Presidente de la República; q) Recomendar la adhesión de la República Dominicana a los acuerdos, convenios y tratados internacionales sobre defensa de la competencia; r) Recomendar o adoptar, según el caso, las normas y medidas necesarias para la aplicación y cumplimiento en la República Dominicana de los acuerdos, convenios y tratados internacionales relativos a la defensa de la competencia; s) Concluir acuerdos de cooperación internacional con instituciones homólogas para asegurar la consecución de los objetivos de la presente ley; t) Promover la cooperación relacionada con los objetivos de la presente ley, a nivel nacional, regional e internacional; u) Preparar y someter al Poder Ejecutivo ternas para la selección del Director Ejecutivo; v) Diseñar las políticas y aprobar los estatutos, reglamentos y manuales organizativos y de funciones de la institución; w) Fijar las remuneraciones de los miembros del Consejo Directivo, del Director Ejecutivo, los subdirectores y del personal técnico, conforme lo establecido en el Artículo 22 de esta ley;17 x) Aprobar y firmar los contratos en los que participe la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que excedan los niveles de aprobación del Director Ejecutivo; y) Nombrar y remover funcionarios y técnicos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, previa recomendación de la Dirección Ejecutiva; z) Resolver sobre las correcciones disciplinarias, recusaciones e incompatibilidades y sobre la incapacidad para el desempeño del cargo y el incumplimiento de las funciones de los miembros del Consejo Directivo y del Director Ejecutivo; aa) bb) Crear, a solicitud del Director Ejecutivo, las dependencias, departamentos o unidades del organismo, que se requieran para su buen funcionamiento, según lo dispuesto en el Artículo 34 de esta ley; Aprobar y divulgar la memoria anual de las actividades de la Comisión; cc) Aprobar el presupuesto anual del organismo y los estados financieros; y, dd) Ejecutar cualesquiera otras funciones que le sean señaladas por esta ley, su reglamentación u otras leyes. Artículo 32.- De las facultades del Presidente del Consejo Directivo. Son atribuciones del Presidente del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia: a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo, y determinar los asuntos a ser incorporados en la agenda, a partir de los que le someta el Director Ejecutivo; b) Supervisar la correcta ejecución de las resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo; c) Mantener el buen orden y gobierno de la Comisión; d) Ejercer la representación legal de la institución y delegarla total o parcialmente en la persona que autorice; e) Suscribir los contratos que se requieran para el desarrollo de las actividades de la Comisión y que, conforme a los reglamentos y estatutos, correspondan al nivel de aprobación del Consejo Directivo; f) Ejercer funciones de jefatura en relación al personal de la Comisión; g) Resolver las cuestiones no asignadas al pleno del Consejo Directivo; y,18 h) Cualquier otra función que le sea delegada por el Consejo Directivo. CAPÍTULO III DE LA DIRECCIÓ EJECUTIVA Artículo 33.- Funciones. La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un Director Ejecutivo nombrado por el Poder Ejecutivo de una terna presentada por el Consejo Directivo, quien tendrá la función principal de instruir y sustanciar los expedientes; administrar y coordinar las actuaciones operativas y ser fedatario de los actos oficiales de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Además, el Director Ejecutivo tendrá, entre otras, las funciones siguientes: a) Investigar y actuar de oficio en los casos en que existan indicios en el mercado de violación a la presente ley; b) Recibir las denuncias de parte interesada; c) Presentar al Consejo Directivo las acusaciones públicas para la imposición de sanciones administrativas sobre las prácticas, actuaciones, conductas y demás asuntos que le atribuye esta ley; d) Realizar estudios, trabajos y otras actividades de investigación y divulgación, con el fin de inducir una cultura de la competencia entre los agentes económicos del país; e) Proponer al Consejo Directivo medidas y acciones que tengan por objeto facilitar la entrada al mercado de nuevos competidores; desburocratizar y modernizar la administración pública y mejorar el entorno económico para un mejor desempeño de los agentes económicos; f) Realizar estudios e investigaciones en los sectores económicos para analizar el grado de competencia de los mismos, así como la existencia de prácticas restrictivas de la competencia, y sus respectivas recomendaciones; g) Mantener relaciones de cooperación con organismos extranjeros homólogos; h) Solicitar y administrar en nombre de la Comisión el auxilio de la fuerza pública, en los casos que proceda; i) Hacer las veces del secretario en las sesiones del Consejo y en tal sentido levantar actas de las reuniones y preparar proyectos de resolución a la firma de los miembros del Consejo; j) Expedir copias de las actas, decisiones y documentos que estén bajo su custodia o que estén depositados por ante el Consejo, con la aprobación de su Presidente;19 k) Dirigir, coordinar y controlar los asuntos administrativos de las diferentes dependencias técnicas y administrativas de la Comisión, así como prestarles apoyo en el ejercicio de sus funciones; l) Elaborar y someter a la aprobación del Consejo el plan de trabajo, programas y proyectos, así como el presupuesto anual de operaciones de la Comisión; m) Administrar los recursos económicos y financieros de la Comisión; n) Presentar a la consideración del Consejo, tantas veces como sea requerido, informe escrito sobre las actividades realizadas y la evaluación del desarrollo de los programas y operaciones administrativas de la Comisión; o) Recomendar al Consejo Directivo el nombramiento y destitución del personal de la Comisión; p) Elaborar la memoria anual de las labores de la institución y presentarla al Consejo Directivo; q) Redactar y conservar los documentos de interés de la Comisión; r) Llevar los registros, custodiar y conservar todos los expedientes y documentos de la Comisión; y, s) Realizar cualquier otra función establecida en la presente ley, o que le fuere asignada mediante reglamento o que le encomiende el Consejo Directivo. Artículo 34.- De la estructura organizativa de la Dirección Ejecutiva. Para garantizar el buen desempeño de sus funciones, la Dirección Ejecutiva contará con las siguientes dependencias básicas: a) Una Subdirección de Defensa de la Competencia, responsable de las acciones pertinentes para la aplicación de esta ley en materia de Libre Competencia y Competencia Desleal, incluyendo las investigaciones que sean de lugar; b) Una Subdirección de Promoción de la Competencia, responsable de la evaluación del marco regulatorio vigente, respecto de medidas y disposiciones restrictivas de la competencia, así como de presentar propuestas para la adopción de normas, políticas y disposiciones que promuevan la competencia; c) Un Departamento de Estudios Económicos y de Mercado; d) Un Departamento Administrativo y Financiero; y, e) Un Departamento Legal.20 Párrafo I.- La Dirección Ejecutiva podrá solicitar al Consejo Directivo la creación de otras unidades administrativas que requiera para el mejor desenvolvimiento de sus actividades, solicitud que deberá estar debidamente motivada. Párrafo II.- El Director Ejecutivo y los Subdirectores estarán sujetos a los mismos requisitos de calificación y a las incompatibilidades para desempeñar el cargo que los miembros del Consejo Directivo. TÍTULO III PROCEDIMIE TO DE APLICACIÓ DE LA LEY CAPÍTULO I PROCEDIMIE TO ADMI ISTRATIVO SECCIÓ I DEL I ICIO DEL PROCEDIMIE TO ADMI ISTRATIVO Artículo 35.- Jurisdicción de la Comisión acional de Defensa de la Competencia. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia conocerá, en sede administrativa, exclusiva y privativamente de las reclamaciones y controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la presente ley, así como cualquier otra que determinen otras leyes. Artículo 36.- Del inicio de las investigaciones. Para la investigación, prevención, control y sanción de los actos prohibidos por la presente ley, la Dirección Ejecutiva actuará, de oficio o a petición de parte con interés legítimo, de conformidad con el presente procedimiento y lo que se establezca en la reglamentación complementaria. Toda denuncia o investigación de oficio de las conductas prohibidas por esta ley tendrá carácter público. Párrafo.- Cualquier persona con interés legítimo puede formular una instancia motivada ante la Dirección Ejecutiva, la que iniciará expediente cuando se observen indicios racionales, basados en los principios y normas de la presente ley, que sustancien la existencia de la denuncia. Artículo 37.- De las denuncias de parte interesada. La denuncia se hará por escrito ante la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y el denunciante deberá señalar al presunto responsable y deberá describir en que consiste la práctica o violación de la ley y el daño o perjuicio que se le ha causado o se le pueda causar en un futuro, incluyendo en el escrito de denuncia los elementos que configuren el tipo de práctica anticompetitiva y los argumentos que demuestren que el denunciante ha sufrido o puede sufrir un daño o perjuicio económico sustancial. Párrafo I.- El denunciante podrá someter la evidencia que sustenta su denuncia por ante la Dirección Ejecutiva la cual tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de su presentación, para pronunciarse sobre su procedencia. Si la denuncia fuera declarada procedente, la Dirección Ejecutiva instruirá las investigaciones. Mostrar más
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