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Timestamp: 2018-04-19 17:30:19
Document Index: 290446633

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 87', 'artículo 23', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 86', 'artículo 172', 'artículo 32', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 72', 'artículo 73', 'artículo 86', 'artículo 71', 'artículo 87']

Discusión del Pleno del Congreso de los Diputados sobre la proposición de ley de IU
Sesión plenaria núm. 122 celebrada el martes, 22 de noviembre de 2005
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Orgánica) . . 6596
La señora García Suárez presenta, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, esta proposición de ley que modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 29 de junio, del Régimen Electoral General. Inicia su intervención agradeciendo la presencia en la tribuna de los representantes de la Propuesta Ciudadana en Defensa del Voto Secreto, verdaderos impulsores de esta iniciativa. Cree que esta proposición va a dar satisfacción, si es aprobada, puesto que la finalidad de esta iniciativa es dar respuesta a un derecho constitucional que todos los ciudadanos deberíamos tener, pero que por el momento está vedado al colectivo de personas invidentes en nuestro país. El artículo 23 de la Constitución recoge el derecho de sufragio libre y secreto. Además los artículos 68 y 69 de la Carta Magna reconocen que el voto es un instrumento de expresión de la voluntad popular que para ser realmente libre debe ser un acto personal y secreto. Sin embargo, en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se vulneran estos preceptos. Este artículo es contradictorio con el acto personal y secreto del ejercicio del voto, puesto que contempla el voto asistido por persona de confianza, pero quiere aclarar que no plantean crear unas papeletas especiales para personas invidentes, pues como ha informado la Junta Electoral, eso precisamente no garantizaría el voto secreto, y además introduciría otros problemas, como podría ser la necesidad de traductores. Por ello, para garantizar el secreto de todos, tanto videntes como invidentes, debemos utilizar las mismas papeletas para votar. En otros países europeos esto es ya una realidad. Si hoy se aprueba esta proposición de ley, estaremos dando respuesta no solamente a una reivindicación del colectivo de invidentes, sino logrando la igualdad que propugna nuestra Constitución.
En turno de fijación de posiciones interviene los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición CanariaNueva Canarias; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Grau i Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vera Pro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Torres Vela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se aprueba por 305 votos a favor y una abstención.
El señor PRESIDENTE: Da comienzo la sesión correspondiente al martes 22 de noviembre de 2005. En primer lugar, toma en consideración de proposiciones de ley, del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, permítanme saludar a los representantes de de entidades en defensa del voto secreto que hoy nos acompañan y que son los verdaderos impulsores de esta iniciativa. Sin ellos, hoy no estaríamos debatiendo esta proposición de ley, igual que debatimos en su momento una proposición no de ley. Esta proposición de ley sin duda nos va a dar satisfacción, sobre todo si es aprobada finalmente, como esperamos. Deseo que cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios puesto que la finalidad de esta iniciativa, de esta proposición, es dar respuesta a un derecho constitucional que todos los ciudadanos deberíamos tener, pero que por el momento está vedado al colectivo de personas invidentes de nuestro país. El artículo 23 de la Constitución recoge el derecho de sufragio libre y secreto. Además, los artículos 68 y 69, también de la Constitución, reconocen que el voto es un instrumento de expresión de la voluntad popular que, para ser realmente libre, debe ser un acto personal y secreto. Sin embargo, en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se vulneran, a nuestro entender, estos preceptos. Este artículo es contradictorio con el acto personal y secreto del ejercicio del voto, puesto que contempla, señorías, algo que se llama voto asistido por persona de confianza.
Señorías, a pesar de que estamos seguros de que la intención que subyace en este apartado de la ley es de carácter garantista o incluso si quieren de protección in extremis del derecho de sufragio de los electores que por su situación no pueden elegir por sí mismos la papeleta, pensamos que introduciendo este sistema de ayuda, de confianza, lo que se consigue es una vulneración de un derecho constitucional. Esta no es la mejor solución para respetar ese derecho. Son varias las razones que sustentan este argumento. Primero, a nuestro entender, el concepto de persona de confianza es subjetivo y de difícil aplicación en una cuestión tan delicada como es la ideológica y que yo me atrevería incluso a catalogar de pasional, ya que la expresión de la opinión, como todos sabemos, es algo que intentamos tener en la más absoluta intimidad, si es posible, o como mínimo que nadie nos obligar a ello. Pensamos que tener que confiar en otra persona para poder ejercer el derecho a votar de forma secreta, como todos los demás ciudadanos y ciudadanas, es un atropello. Además esta propuesta de la Loreg no resuelve todas las situaciones que se pueden dar como consecuencia de la imposibilidad de ejercer el derecho al voto, ya que por el hecho de que una persona sea invidente no se puede presuponer que comparta su vida con alguien que goce de su absoluta confianza. Es más, no estamos diciendo que no puedan tener personas de su absoluta confianza, el problema está en que incluso nadie puede garantizar que esas personas se encuentren precisamente en aquellos momentos en el lugar de residencia de la persona invidente o cercano a ese lugar.
Por otra parte, creemos que vulnera los derechos porque trata a todos los discapacitados por igual cuando la realidad es variada. Es cierto, y así lo reconocemos y lo contemplamos en la proposición, que pueden producirse situaciones extremas en las que una persona ciega no pueda ejercer el derecho a voto de manera totalmente libre por encontrarse en una situación de gran dependencia. En esos casos no negamos que la fórmula del artículo 87 de la Loreg pudiera mantenerse de manera residual para asegurar todas las variables y situaciones que pueda haber, pero que la gran mayoría de personas discapacitadas, ciegas, en la sociedad tecnológica en la que vivimos, no puedan ejercer el derecho al voto secreto como cualquier persona más es hoy injustificable y difícil de argumentar. No podemos olvidar los avances técnicos existentes y las posibilidades de integración y respeto a la diversidad que se han abierto gracias al trabajo realizado por el conjunto de la sociedad, por los poderes públicos, por las asociaciones y por las fundaciones en defensa de la igualdad de derechos. El reconocimiento de los derechos humanos va más allá de las condiciones personales, físicas o sociales y nos iguala a todos en las cuestiones básicas y fundamentales. La clave del problema y la razón que justifica nuestra iniciativa parlamentaria es que sea posible un derecho constitucional para todas las personas por igual.
Podríamos, y así lo haremos si esta iniciativa supera la toma en consideración, discutir cómo se debe desarrollar ese derecho y por tanto cuál va a ser el sistema o sistemas que se deban implantar. Nosotros proponemos uno en esta iniciativa, pero sin duda puede haber varios. Estamos abiertos a cualquier propuesta y nuestra idea de hoy es simplemente hacer algo que no por simple deja de ser importante, es trascendente, es abrir un debate e iniciar un trámite parlamentario. ¿Para qué? Para avanzar hacia el cumplimiento de los preceptos que estipula la Constitución en sus artículos 23, 68 y 69. Lo que no nos parece correcto es dar largas una vez más a una reforma electoral que está totalmente justificada y que simplemente pone de manifiesto una disfunción democrática, algo realmente crudo, que es que hoy los ciegos votan a ciegas, no votan con garantías democráticas. Son ellos, el colectivo, los que están reclamando ese derecho, lo que nos debería enorgullecer porque es un síntoma de deseo de participación, de implicación completa en la sociedad. Es una reivindicación con un gran calado democrático y nuestro deber como representantes públicos es responder también democráticamente a este deseo y a esta petición. La sociedad evoluciona y avanza, aunque en ocasiones nos parezca que se experimentan retrocesos, pero la realidad es que en nuestra sociedad los derechos civiles, sociales y humanos por suerte son cada vez más irrenunciables y deben avanzar al mismo ritmo para todas las personas, con independencia de su situación, porque con ello obtenemos sociedades cohesionadas y que comparten valores. Señorías, lo contrario nos lleva a la segregación, a la exclusión y a la falta de identificación con un modelo social.
Estamos a punto, señorías, de debatir la futura ley para la autonomía personal, conocida también como la ley de la dependencia, una ley que abordará muchas de las necesidades de las personas con dependencia del tipo que sea. Sin embargo, tenemos un colectivo, integrado por un elevado número de ciudadanos y ciudadanas, que viven de forma autónoma, integrados en centros de trabajo ordinario, jóvenes estudiando en la Universidad que no pueden ejercer libremente un derecho tan básico, tan participativo y con una trascendencia democrática tan importante como es votar. Esto no nos parece lógico.
Señorías, debo explicar que el Pleno del Congreso ya se ha pronunciado sobre esta materia en dos ocasiones, que seguramente todos ustedes recordarán, una el día 29 de septiembre de 2004 y otra el 8 de marzo de 2005. En ambos casos fueron proposiciones no de ley, presentadas por otros grupos y que nosotros también apoyamos, en las que se instaba al Gobierno a actuar en este sentido. El problema, señorías, es que hasta la fecha —y ya han transcurrido bastantes meses de la segunda ocasión y muchos más de la primera— el Gobierno no ha planteado ninguna propuesta para responder a estas iniciativas. El 8 de marzo, en la última proposición no de ley, aprobamos todos los grupos que en esta legislatura se abordaría este problema y que para las próximas elecciones municipales fuera una realidad el cumplimiento del derecho del voto secreto para el colectivo de personas ciegas. Por eso, señorías, no podemos dejar escapar la oportunidad que tenemos de nuevo con esta proposición, esta vez de ley; su aprobación ha de ser una realidad y debemos iniciar un trámite parlamentario que lleve a esta modificación.
Nuestra proposición de ley plantea unas reformas de la Loreg, y rápidamente voy a mencionar los artículos para que quede constancia: el punto 1 del artículo 86, el 87, los puntos 2 y 3 del artículo 172, el punto 1 del artículo 32, el punto 2 del artículo 70, el punto 4 del artículo 71, el artículo 72 y el punto 2 del artículo 73. Con estas reformas pretendemos establecer de manera efectiva varias cuestiones. Primero, el carácter secreto del voto, un principio general de obligatoriedad de los poderes públicos de garantizar la accesibilidad del voto a todos los discapacitados, el carácter de cláusula residual que antes comentaba —la aplicación excepcional y restringida del sistema de voto asistido por persona de confianza en el caso en que la adaptación sea del todo imposible— y un modelo de voto accesible a los invidentes a través del sistema Braille.
Mi grupo parlamentario y las entidades defensoras del voto secreto adelantamos —lo hago también en nombre de ellas— que cualquier otro sistema o sistemas que garanticen el carácter personal y secreto del voto será de nuestro agrado. Nosotros hemos creído por diferentes motivos que el mejor sistema, y por eso lo hemos presentado, es el Braille. Lo hemos querido porque puede adoptarse modificando lo menos posible el modelo vigente de papeletas de votación, porque es el más económico de todos los hoy posibles, porque reúne los requisitos de secreto y accesibilidad y porque es el método de lectura y escritura de los invidentes. Tengo que aclarar, porque sé que lleva a confusión, que estamos planteando incluir el lenguaje Braille en las papeletas normales de votación, no estamos planteando crear unas papeletas especiales para las personas invidentes, ya que, como todas SS.SS. deben conocer y ha informado de manera muy correcta la Junta Electoral en sus resoluciones, eso precisamente no garantizaría el voto secreto y generaría otros problemas como podría ser la necesidad de traductores. La clave está en que, para garantizar el secreto del voto de todas las personas, tanto de las que vemos como de las que no ven, debemos utilizar las mismas papeletas y sobres para votar. Esta es la clave.
Quisiera añadir solamente que no estamos planteando nada que no sea ya una realidad en otros países. Aunque no seamos pioneros porque en Alemania, Suecia y Francia es una realidad, seríamos uno de los países europeos que llevaría adelante una de las reivindicaciones de la mayoría de los invidentes de toda Europa.
Para acabar, quiero volver a reiterar que la participación en las elecciones generales, las autonómicas o las municipales es una pieza fundamental en el funcionamiento de la democracia. El proceso electoral es el instrumento que debe garantizar la máxima concordancia entre los gobernantes, representantes, y los gobernados, representados. El colectivo de invidentes espera de nosotros que cumplamos nuestro papel. Ellos desean de manera responsable, y yo considero que admirable, cumplir con el suyo. Por eso, señorías, si hoy aprobamos esta iniciativa estaremos no solamente dando respuesta a una reivindicación del colectivo de invidentes, sino cumpliendo la igualdad que proclama la Constitución y dando respuesta a una petición que no tiene en estos momentos ninguna razón para no ser respondida por esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora García.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Fijación de posiciones? (Pausa.)
En primer lugar, Grupo Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar a los representantes de organizaciones invidentes, gracias a los cuales por tercera vez vamos a ver este tema en el Congreso, y manifestar el apoyo de Chunta Aragonesista a esta proposición de ley de Izquierda Verde— Izquierda Unida.
Esta propuesta es un paso más pues se han aprobado sendas iniciativas en el Congreso, el año anterior en la Comisión Constitucional y a comienzos de este mismo año una proposición no de ley de varios grupos parlamentarios en este mismo Pleno del Congreso. Creemos desde Chunta Aragonesista que el disfrute por los discapacitados, y en concreto de los ciegos, de los mismos derechos y garantías en los procesos electorales que el resto de los ciudadanos, en concreto el derecho a la privacidad del voto, es una cuestión compleja pero necesaria que los poderes públicos de los Estados democráticos deben abordar y tratar de resolver inmediatamente, pero es que en este caso ya hemos cubierto muchas etapas en este proceso de toma de decisiones. Existe una demanda social clara; hay distintas soluciones técnicas que, como ha dicho la representante de Izquierda Verde, ya se están aplicando en países europeos, como pueden ser Francia, Suecia, Alemania, etcétera; hay también un requerimiento unánime por parte de la Cámara al Gobierno; hay un coste económico asumible para el Estado. Por tanto, no podemos aceptar que se demore esta actuación y entendemos que se debería actuar en consecuencia para que este objetivo se cumpla y esta iniciativa también tenga el respaldo unánime de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: A usted, señor Labordeta. Señor Rodríguez.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley que presentó el Grupo de Iniciativa per Catalunya— Izquierda Verde. Lo vamos a hacer porque compartimos que la Ley Electoral debe de ser modificada siempre que se trate de garantizar la seguridad, la libertad y la privacidad en la emisión del voto, uno de los argumentos fundamentales que nos llevó a nosotros a intentar la reforma de la Ley Electoral en relación con los residentes ausentes. En este caso se trata de un grupo, dentro del conjunto del Estado español, afortunadamente más reducido, sin embargo, un grupo importante desde el punto de vista del derecho a la igualdad, a la autonomía en cuanto a su actuación y, por supuesto, como en todos los casos de ciudadanos, derecho a la libertad y al secreto en la emisión del voto. Por eso las propuestas que se hacen de modificación de la Ley Orgánica del Régimen General de 1985 pasan por una serie de modificaciones, todas ellas suficientemente contrastadas desde el punto de vista técnico, que van desde la aplicación del método de lectura y escritura, el llamado método Braille, hasta otro tipo de instrumentos tecnológicos basados en grabaciones o en informaciones de carácter global que serían facilísimamente utilizables en este contexto.
Hasta ahora se da una contradicción entre lo que es el voto secreto, en el caso de los invidentes, y la necesidad perentoria e inevitable de ser acompañados por personas que pueden ser o no de su confianza. Sin embargo, aunque sean personas de su confianza, el hecho en sí de tener el derecho a poder emitir el voto con total privacidad es algo que debe de tener preeminencia absoluta. Por eso, vamos a dar nuestro voto favorable a esta modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y lo hacemos conscientes de que no puede haber exclusiones ni marginalidad ni casos excepcionales a la hora de emitir el voto, sobre todo cuando estamos ya en una sociedad suficientemente avanzada, desde el punto de vista tecnológico, para que no tenga que ser así.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez. Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a votar favorablemente esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, porque hemos mantenido siempre esta postura. Hace 20 años, en 1985, cuando se aprobó la Ley Electoral General, se planteó este tema, del que se habló —se ha recordado aquí— en los artículos 86 y 87, quiero recordar. El artículo 86 es el que garantiza el voto secreto en todo proceso electoral y el artículo siguiente recoge la excepcionalidad de que de quien tenga algún defecto físico que le impida, bien la elección de la papeleta, bien su introducción en el sobre correspondiente, puede ser acompañado de una persona de confianza. En esa línea hace 20 años se buscó la solución a la limitación de este segmento del electorado, que puediera ser acompañado por persona de confianza. Nosotros hemos dado siempre por bueno, aceptando un principio de subjetividad, que una persona entienda quién de su entorno inmediato, familiar o partidista, merece su confianza, sobre todo en el sector de los invidentes. Quisiéramos también que esos principios de garantías democráticas se extendieran a cualquier persona que tenga una limitación física que le impida saber, con plenas garantías y al cien por cien de su satisfacción, que lo que está eligiendo en el material electoral corresponde a sus deseos. De aquí la causa fundamental de nuestro voto afirmativo.
Como esta iniciativa tuvo su entrada en julio del año pasado, esperamos que si es aceptada a trámite, se hagan las correcciones pertinentes de adecuación, porque en el artículo 71 se habla de los gobiernos civiles, que hace tiempo que han desaparecido del ordenamiento administrativo español; existen las delegaciones del Gobierno, las subdelegaciones o las juntas electorales provinciales y locales que son las que tienen que entender de estas cuestiones. Hechas esas adaptaciones y yendo al fondo de la iniciativa, mostramos nuestra conformidad con la misma y la votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones. Grupo Vasco, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente, para manifestar, como los portavoces que me han precedido, el voto afirmativo de nuestra formación a esta proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida.
No voy a reiterar las razones esgrimidas por nuestro grupo en ocasiones anteriores en debates de iniciativas con el mismo contenido, en aquellos casos a través del señor Olabarría, puesto que son razones que constan en el «Diario de Sesiones» de forma reiterada, tanto en la proposición encabezada por Convergencia i Unió, que se aprobó en su momento en comisión, como después en las iniciativas del Grupo Mixto, señor Labordeta, y de mi propio grupo, que culminaron con una aprobación en marzo pasado en el Pleno. Se trata de una cuestión de igualdad y de justicia, de la que solemos hablar una y otra vez en esta Cámara, y creo que ya es hora de ir concretando este asunto. No vale, como se ha esgrimido en algunas ocasiones, que se deba esperar a una reforma más amplia de la Loreg para enfrentar este tema, creemos que hay un consenso lo suficientemente establecido como para que se pueda hacer una modificación puntual de la ley. Repito que ya son demasiadas iniciativas; de hecho, después de tantas aprobaciones en el mismo sentido, la presentación de este asunto una vez más —presentación de justicia— chirría considerablemente. Parece que los goznes de la democracia necesitan un cierto engrase porque, a pesar de que este Congreso una y otra vez ha solicitado medidas en este sentido, es necesario que por enésima ocasión se vuelva a presentar una iniciativa de este tipo.
Creemos que ya ha pasado la fase de posible estudio por parte del Gobierno para presentar un proyecto, porque desde la última iniciativa que se aprobó, que fue en marzo, han pasado ocho meses y todavía seguimos esperando a ver si el Gobierno dice a o b sobre el asunto. Por lo tanto, la propuesta que hace el grupo de Izquierda Unida es correcta y oportuna. Vamos a empezar a echar a rodar todo esto porque vemos que, si no, ningún momento va a parecer adecuado para el Ejecutivo. Aparte de esas adaptaciones temporales que ha mencionado el portavoz de Coalición Canaria, básicamente la propuesta que se hace es técnicamente correcta y, salvo por ese tipo de pequeños ajustes, puede ser perfectamente válida para esa modificación de la Loreg, que se podría tramitar rápidamente. Reitero una vez más que votaremos a favor, tal y como lo hemos venido haciendo hasta la fecha en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban. Por Esquerra Republicana, el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, señorías, intervengo muy brevemente en nombre del Grupo de Esquerra Republicana para señalar que coincidimos con lo dicho por nuestros compañeros que me han precedido; de hecho, ya anunciamos nuestro voto favorable a la proposición que ha presentado nuestra compañera Carme García, de Iniciativa per Catalunya Verds. Coincidimos plenamente con lo que ha manifestado y con lo que nos propone. Se trata de profundizar en el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad, en este caso de las personas invidentes. Entendemos que la bonanza de lo reivindicado es coherente con nuestra posición como grupo parlamentario; de hecho, hace unos meses ya presentamos una proposición no de ley, que fue aprobada en la Comisión Constitucional, que instaba al Gobierno a fomentar el uso del sistema Braille en las administraciones públicas. También apoyamos y felicitamos al compañero Jordi Xuclá, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que presentó una proposición no de ley justamente en ese sentido, instando al Gobierno a la modificación de la ley a fin de superar esta contradicción que supone no poder ejercer el voto tal como debe ser, es decir, en secreto.
Esta propuesta de los compañeros de Iniciativa per Catalunya Verds se añade a esta voluntad, a esta corriente de opinión compartida por todos los grupos parlamentarios, de hacer posible que se salve esta contradicción. Ya es hora de que procedamos a la modificación del artículo 87 de la actual ley orgánica que regula el comportamiento electoral para hacer accesible el voto secreto a los ciudadanos que por dificultades naturales no pueden ejercerlo, tal como mandata la misma Constitución. Ciertamente, ha habido muchas entidades y asociaciones, algunas de las cuales hoy están presentes en este hemiciclo, que han empujado, reivindicado y presionado, tal como debe hacer la sociedad civil organizada, para que el Parlamento se pronuncie; es más, instamos al Gobierno a no demorar más esta demanda, repito, compartida por el resto de grupos parlamentarios.
En cada una de las convocatorias de las contiendas electorales algunos ciudadanos se ven obligados a buscar el amparo de la Junta Electoral porque creen vulnerados sus derechos, pero normalmente esta se desentiende, puesto que no puede acogerse a la legislación. Es evidente que estamos ante un déficit de carácter legislativo que ya no puede demorarse más.
No quisiera extenderme más puesto que, tal y como he manifestado al principio, los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han expuesto ya los mismos argumentos. Habrá que buscar una fórmula que permita aunar lo reivindicado con los criterios de carácter técnico y quizás económico, pero esto es importante y estamos convencidos de que durante el trámite legislativo sabremos encontrar una fórmula que permita resolver la contradicción que todos queremos salvar con la funcionalidad. Habrá que ver cómo lo han resuelto otros Estados ya que tenemos ejemplos distintos, pero estamos convencidos de que sabremos encontrar la fórmula más correcta. Ha habido dos proposiciones no de ley que ya ser discutieron el pasado año y esta propuesta la traen nuestros compañeros de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Mientras tanto, hubo un compromiso del Gobierno, pero, como por una causa o por otra esto se demora, no podemos esperar más. Por tanto, o damos luz verde a esta propuesta Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds o el Gobierno manifiesta que dentro de pocos días nos trae la solución, porque no puede existir una parálisis en ese sentido y que los perjudicados vean cómo sus derechos no son reconocidos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardá.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Grau.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Me alegra que el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds haya mantenido esta proposición de ley desde julio del año pasado, que no la haya dejado decaer y haya aprovechado el tirón que han representado todos los compromisos que ha adquirido esta Cámara. Como ha recordado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) es la tercera vez que se debate esta materia en la Cámara. Se debatió en Comisión una propuesta de mi compañero el señor Xuclà, en concordancia con el programa electoral, que lógicamente generó una proposición no de ley que también fue aprobada por consenso en Comisión, y después existen las iniciativas presentadas aquí por el Grupo Vasco y por el Grupo Mixto. En ambos casos hubo consenso de todos los grupos y consideramos que desde el 29 de septiembre de 2004 hasta abril de este año ha habido tiempo más que suficiente para cumplir el compromiso del Gobierno de resolver la reforma de esta ley. Entonces se recordó la necesidad de buscar una solución en esta legislatura, se rebatió con propiedad la carestía del sistema y que la preservación de derechos justificaba el establecimiento de este sistema para invidentes. Entonces se reiteró que existían más de 21.000 firmas a favor de la ley y estaban presentes las asociaciones para oír de esta Cámara que se adelantaba en este asunto; hoy también están presentes —aprovecho para saludarles y agradecerles su presencia— y espero que esta vez encontremos una solución definitiva. Si nuestro grupo no ha dicho que no a ninguna de las iniciativas anteriores, si no hemos negado la mayor, nos corresponde ahora dar curso a este proyecto de ley que hoy se nos presenta. Creemos, señorías, que hasta hoy no se han dado los pasos suficientes para encontrar solución a este problema. No es menos importante recordar que cada vez que se trata en esta Cámara se ha obtenido el consenso necesario para que el Gobierno actuara en consecuencia. Conocemos la dificultad de implementación de esta medida, pero en los diferentes debates se ha tenido en consideración y ha prevalecido, incluso con el apoyo del partido en el Gobierno, la necesidad de llevarla a cabo. Hubiese sido lógico que estas iniciativas anteriores hubiesen tenido eco en el seno del Gobierno de España para darle una solución, que la proposición de ley hubiera partido del Gobierno con el posterior debate de la Cámara. La realidad no ha sido así, y hoy nuevamente nos encontramos votando sobre este tema. Hoy se nos presenta a votación una proposición de ley que esperamos se tome en consideración, en la que todos los grupos podamos participar y que con nuestra aportación hallemos el consenso necesario. Nuestro grupo parlamentario considera que ya se han dado suficientes argumentos para esperar una propuesta del Gobierno, de manera que fuésemos los diputados los que la corroboráramos. Hubiera sido una propuesta ortodoxa. No quiero restar ningún reconocimiento a la propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda UnidaIniciativa per Catalunya Verds que hoy se nos somete a votación. Reitero mi agradecimiento por haber mantenido viva esta proposición de ley, cuando fue presentada en julio del año pasado, para que hoy podamos debatirla. No es argumento suficiente invocar la necesidad de una reforma global de ley para incluir esta votación para los invidentes. Es un derecho que hay que asumir y hay que dárselo ya. En opinión de nuestro grupo, el voto accesible para los invidentes, que garantice su carácter secreto y personal, se encuentra amparado en los artículos 23.1, 68 y 69 de nuestra Constitución. Tampoco se puede retrasar la votación de los invidentes a la espera de la implantación de sistemas electrónicos. Aunque estamos a favor de su implantación en el futuro, no podemos obviar la necesidad de poner en práctica las papeletas para invidentes. Seguramente, la solución de la vía electrónica será bastante más asequible, pero no dudamos de que las papeletas se utilizarán aún por mucho tiempo. Por ese motivo, daremos nuestro voto favorable a esta proposición de ley, y a ver si se cumple ese dicho de que a la tercera va la vencida.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Grau. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Vera.
El señor VERA PRO: Gracias, señor presidente.
La señora García Suárez decía al inicio de su intervención que le gustaría que todos los grupos votásemos favorablemente su propuesta de reforma. A mi grupo no le costaría votar a favor de esa iniciativa porque comparte el espíritu que la impulsa. Señor presidente, a todos nos preocupa este asunto y a nuestro grupo le gustaría que quedara resuelto cuanto antes en la legislación electoral, pero de verdad que no entiendo a qué viene en estos momentos su presentación. No alcanzo a ver cuál es el verdadero interés del grupo proponente.
Como ya se ha recordado, no es la primera vez que abordamos este tema en la presente legislatura. La primera vez fue en la Comisión Constitucional ante una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por el señor Xuclá, y, en el mes de marzo, se vio en este Pleno entre las proposiciones de no de ley presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y por el Grupo Parlamentario Mixto, y aprobamos por unanimidad el siguiente texto: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previo diálogo con las asociaciones más representativas del colectivo, estudie y a lo largo de esta legislatura impulse una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General a los efectos de incorporar a la misma las modificaciones necesarias para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho a votar sin discriminación y en condiciones de igualdad, a fin de facilitar su participación en los procesos electorales, y en particular el derecho a la privacidad de las personas invidentes en el momento de efectuar su voto y el derecho a la accesibilidad a las papeletas electorales mediante el alfabeto Braille u otro método que garantice el secreto del voto de las personas invidentes. Este fue el acuerdo que firmamos todos los grupos en el mes de marzo. Siendo este el acuerdo al que llegamos, no me parece oportuno ni razonable que uno de los grupos partícipes de aquel consenso presente en el día de hoy una iniciativa proponiendo unas reformas que todos, por unanimidad, encargamos que estudiase y que propusiese el Gobierno. Me parece sencillamente incoherente, tanto más cuanto que fue precisamente en aquel debate la portavoz de Izquierda Unida, la señora García Suárez, quien manifestó: Ahora sí, con esta enmienda, estamos dando un paso adelante, refiriéndose al acuerdo al que acabo de dar lectura. Sinceramente, yo hoy esperaba escuchar aquí las razones de peso que han llevado al Grupo de Izquierda Unida a romper el consenso que alcanzamos en aquella ocasión y que tan favorable acogida tenía entonces de la señora García Suárez, pero las que he oído no me convencen. Decir que han pasado cuatro meses, no me parece convincente. No han dado, a mi juicio, ninguna razón convincente, tan solo que es un asunto que les llena de preocupación (también al Grupo Parlamentario Popular) y que hay que resolver con urgencia.
Señorías, sabemos que estamos ante un asunto serio, tan serio como todo aquello que afecta a las personas con discapacidad. Es un asunto serio que nos preocupa a todos y también es un asunto extraordinariamente complejo pues a nadie se le puede escapar las dificultades de todo orden, tanto formales como técnicas, que conllevaría la introducción sin más del alfabeto Braille en el proceso electoral, como bien se puso de manifiesto en el debate del pasado mes de marzo. Dada esa complejidad y precisamente por ella, acordamos encargarle al Gobierno la correspondiente propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. De hecho, está solicitada en la Comisión Constitucional la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, señora Fernández de la Vega, para que informe sobre las gestiones y los trabajos realizados por el Gobierno para cumplir los acuerdos adoptados por el Pleno de la Cámara a los que antes me he referido. Por ello insisto en que me parece extemporánea la proposición de ley presentada por Izquierda Unida. Desconocemos los verdaderos motivos que les han llevado a mantener viva esta iniciativa rompiendo el consenso alcanzado tanto en la Comisión Constitucional como en el Pleno de esta Cámara.
Señora García Suárez, usted nos decía en aquel debate del mes de marzo que su grupo tenía viva una proposición de ley con los mismos planteamientos y que esperaba que no llegara al hemiciclo para no tener que defenderla. Siendo esto así, ¿por qué no han esperado a traerla a esta Cámara, dándole tiempo al Gobierno para que nos presentara sus trabajos? Me parece que es incoherente. Quizás eso se podría esperar del Grupo Parlamentario Popular, pero no de uno de los grupos que da soporte a este Gobierno. ¿Se imaginan ustedes lo que hubieran dicho si fuera el Grupo Parlamentario Popular el que hubiera presentado esta iniciativa? Nos hubieran acusado de todo, nos hubieran dicho de todo y por su orden. Por cierto, que lo que he dicho sobre posturas incoherentes es válido para todos los grupos que han manifestado su posición favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley porque absolutamente todos los grupos participaron, como era deseable, de aquel consenso, un consenso que innecesariamente hoy puede quedar maltrecho. Sinceramente, no entiendo que lo que a todos nos parecía bien en el mes de marzo ahora no nos valga. Y, finalmente, ahora nos queda por ver lo que va a hacer el Grupo Parlamentario Socialista. Sería esperpéntico que apoyaran esta iniciativa por no contrariar a su socio parlamentario. No sé, señor Torres Vela, qué ganarían ustedes con ello pues aquí quien va a quedar malparado es su Gobierno. Si votan favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley y le endosan al Gobierno un texto articulado (el que presenta esta iniciativa) querrá decir que su grupo parlamentario no se fía de su propio Gobierno o, lo que es peor, que conocen y saben que su Gobierno no está haciendo los deberes y que por tanto está incumpliendo un mandato de esta Cámara. Tendría gracia, señor presidente, que al final el único grupo que le esté otorgando al Gobierno socialista el beneficio de la duda fuese el Grupo Popular. A lo mejor va a resultar que hasta cuando queremos darle un margen de confianza al Gobierno socialista —bien es verdad que por cumplir un acuerdo alcanzado por todos los grupos, un mandato unánime de esta Cámara— también nos pudiésemos quedar solos. Al Grupo Parlamentario Popular le gustaría una vez más poder ser coherente con la palabra dada y con los acuerdos que en su momento alcanzamos en esta Cámara. En todo caso, lo que no se nos puede pedir es que confiemos en el Gobierno cuando ni su propio Grupo Parlamentario confía en él, y encima que puedan decir ustedes que el Partido Popular pone trabas a que se facilite la participación de los invidentes en los procesos electorales. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres Vela.
El señor TORRES VELA: Señor presidente, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la toma en consideración de esta proposición de ley formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El objetivo de la proposición de ley, el fondo de lo que hoy debatimos es garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio por parte de las personas con discapacidad, incluidas los invidentes, que es el colectivo al que sustancialmente va dirigida la propuesta de reforma. Hay que comenzar diciendo que no es la primera vez que se suscita este debate en esta Cámara. Si mis notas no me engañan, se planteó ya en la V Legislatura, en la VI, en la VII y digamos que en esta legislatura se ha convertido ya en un clamor. Ha habido varias proposiciones no de ley, una de CiU, que permitió un consenso al que se ha referido el señor Vera y que compartimos, que se aprobó el 21 de septiembre de 2004 en la Comisión Constitucional; otra de Esquerra Republicana de Cataluña y otra del Grupo Vasco (EAJ-PNV). En todas ellas se venía a instar al Gobierno a que, tras el diálogo con las asociaciones representativas del colectivo de invidentes, se proceda a la modificación de la Loreg para incorporar a la misma todas las reformas necesarias que permita a las personas con discapacidad ejercer en condiciones de igualdad su derecho a voto.
Es verdad que deberíamos superar la ansiedad. Señor Vera, le puedo reconocer que puede ser razonable —y desde mi punto de vista lo es— decir que podíamos haber esperado a que el Gobierno diese cumplimiento a la proposición no de ley, máxime cuando estamos hablando de muy pocos meses. La propuesta se aprobó en marzo y todos sabemos que la Dirección General de Política Interior tiene constituido un grupo de trabajo sobre accesibilidad y procesos electorales en el que están integrados representantes de la dirección general, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la Oficina del Censo Electoral, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de Correos y Telégrafos, junto a organizaciones sociales representativas —que era el mandato de esta Cámara— de los colectivos afectados, como son el Cermi y la ONCE. Este grupo de trabajo está funcionando desde el 1 de julio de 2004, inmediatamente después de la aprobación de la ley; grupo de trabajo que ya ha realizado diversos estudios y que incluso planteó algunas innovaciones cuando la campaña electoral para la ratificación de la Constitución Europea.
Esta iniciativa nos llega aquí y ahora y debemos pronunciarnos en este momento. Quiero anunciar a todos que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar que sí a la toma en consideración de esta proposición de ley. Vamos a votar que sí porque, como ya hemos reiterado en los debates anteriores, compartimos el fondo de sus objetivos, que no es otro que la ampliación de derechos, en este caso la igualdad de sufragio y la garantía del secreto del voto a colectivos en los que las soluciones técnicas contempladas en la legislación vigente pueden parecer insuficientes, y la ampliación del derecho de ciudadanía a más colectivos es el mejor itinerario del camino de la democracia. Vamos a decir que sí porque lo contempla nuestro programa electoral, que en el capítulo sobre la discapacidad como prioridad política se propone reformar la legislación electoral para garantizar el derecho al sufragio para las personas con discapacidad. Y vamos a decir que sí para trasladar a todos estos colectivos —y aquí está la Plataforma por el voto secreto, a la que saludo— que se sienten preocupados por este asunto y que reclaman la ampliación de sus derechos, que el Grupo Socialista, las Cortes Generales, todos queremos darles una respuesta. Es un sí, por tanto, a abordar una solución al problema de fondo, no es un sí exactamente a la propuesta concreta de solución que se contiene en esta proposición de ley.
Le agradezco, señora García, que haya manifestado en su presentación la apertura de su grupo a contemplar otras posibilidades como soluciones, no solo por lo que ha dicho el señor Mardones con relación a los gobernadores civiles; esta solución no se contempla en las elecciones al Parlamento Europeo o lo que me parece más grave, tiene algún déficit importante en materia de garantías para el conjunto del proceso electoral. Vamos a votar que sí a la toma en consideración de esta proposición de ley, pero quiero dejar clara nuestra posición, que es abordar esta reforma en el marco de la subcomisión que hemos propuesto constituir junto al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y que aprobó el conjunto de la Cámara el pasado 19 abril; subcomisión que espero que, cuando lo apruebe la Mesa de la Cámara, se pueda constituir en este periodo de sesiones y en la que abordemos esta reforma como el conjunto de las reformas que hay planteadas.
Permítanme que aproveche la ocasión para reiterar la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante la reforma de la Loreg. Hemos de hacerlo porque en estos momentos se han presentado en la Cámara numerosas iniciativas de reforma, dos proposiciones de ley de los parlamentos autonómicos, cuatro proposiciones de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, así como numerosas proposiciones no de ley tanto en Pleno como en Comisión. Sabemos que los programas electorales de las distintas fuerzas políticas representadas en esta Cámara y en concreto la del partido al que represento, proponen modificaciones sustanciales de la Ley electoral. Baste hablar en nuestro caso de la posibilidad de apertura de las listas electorales, de la elección directa de alcalde o la garantía de los debates en televisión; o en el caso de Izquierda Unida, un cambio estructural del sistema en lo relativo a la proporcionalidad de los resultados electorales. Este cúmulo de iniciativas nos lleva a fijar unos principios mínimos que nos permitan afrontar colectivamente este debate. Ya los abordé en el Pleno del 19 de abril y hoy los reitero. El primero viene de la consideración que tengamos de la Ley Electoral General. Para nosotros es una ley nuclear del sistema político. Es una ley cuasi constitucional, no solo por su carácter de orgánica, sino porque fija las reglas de la competición política democrática y en consecuencia avala la legitimidad de los resultados electorales, lo que permite que sea aceptado por todos. No está demás recordar que fue aprobada por una amplísima mayoría de esta Cámara y que así lo han sido también sus reformas. Esto nos debe llevar a considerar que cualquier propuesta de reforma ha de ser el resultado de un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas y, por supuesto, que el contenido de la reforma mejore el ejercicio del derecho al voto y las garantías y transparencia del proceso electoral. Esto nos lleva a dos consideraciones. Primero, que las reformas han de ser profundamente estudiadas y meditadas, y segundo, que el procedimiento para llevarlas a efecto concite el apoyo de una amplia mayoría. Por ello, hemos propuesto la creación de la subcomisión, cuyo objetivo es recabar la información que resulte necesaria y suficiente para elaborar un informe con el que encarar las iniciativas parlamentarias de reforma de la Loreg con el suficiente consenso de todas las fuerzas parlamentarias.
Llegado a este punto permítanme una reflexión sobre el consenso, con la que quiero terminar mi intervención. En los últimos días estamos hablando mucho del consenso, también de la transición española en la que éste se practicó mucho y bien, pero a veces se olvida su significado más profundo, que es que el consenso significa transacción. El consenso no puede ser invocado permanentemente como derecho a vetar los deseos reformistas de amplios sectores de la sociedad española, sea en los estatutos de autonomía, en la Ley Orgánica de Educación o en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El consenso no puede ser el argumento para el inmovilismo. Si se hubiese utilizado así no les quepa la menor duda de que no habría salido tan bien la transición española. Hace unos días nos lo recordaba uno de los políticos de la transición, el que fuera ministro en los gobiernos de Unión de Centro Democrático, don Alberto Oliart. Con sus palabras quiero terminar: Lo esencial para que haya consenso —decía Oliart— es, como decía Jean Monnet, que ante un problema no se sienten las partes que discuten unas enfrente de otras, sino que se ponga el problema a uno de los lados de la mesa y enfrente se sienten todos juntos a intentar resolverlo. Y lo más importante es que sean todos, repito, todos los afectados por el problema los que se sienten juntos. Esto es lo que queremos hacer con la propuesta de la subcomisión para la reforma de la Loreg: situar los problemas que los deseos de reforma plantean y abordar juntos las posibles soluciones; en este caso, sobre la garantía del secreto de voto para las personas con discapacidad. Con ese espíritu va el Grupo Parlamentario Socialista a la subcomisión. Espero que este sea el espíritu de todos los que asistamos a ella.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.