Source: https://e-justice.europa.eu/content_mutual_recognition_of_protection_measures_in_civil_matters-352-ee-es.do?member=1
Timestamp: 2020-08-09 18:47:33
Document Index: 311826443

Matched Legal Cases: ['artículo 1055', 'artículo 475', 'artículo 378', 'artículo 1055', 'artículo 1055', 'artículo 5']

Reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil - Estonia
Pueden aplicarse medidas de protección en materia civil en virtud del artículo 1055, apartado 1, de la Ley relativa al Derecho de obligaciones, que dispone que, si se produce un daño antijurídico permanente o existe un riesgo de que se produzca un daño antijurídico, la víctima o la persona que corra el riesgo puede exigir que se ponga fin al comportamiento que provocó el daño o que se evite el riesgo provocado por dicho comportamiento. En caso de lesiones físicas, daños a la salud, vulneración de la intimidad o de cualquier otro derecho de la personalidad, pueden aplicarse medidas como la prohibición al autor del agravio de acercarse a la víctima (por medio de una medida cautelar), de residir en la misma vivienda y de comunicarse con ella, entre otras medidas similares. El artículo 475, apartado 1, párrafo 7, del Código de Enjuiciamiento Civil establece el procedimiento para la aplicación de medidas de protección en materia civil, según el cual la aplicación de órdenes de alejamiento y de otras medidas similares para la protección de los derechos de la personalidad se rigen por las disposiciones del capítulo 55 y de los artículos 544 a 549, que establecen con mayor precisión el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares. Con arreglo al artículo 378, apartado 1, párrafo 3, y los artículos 546 y 551, apartado 1, del Código de Enjuiciamiento Civil, las medidas de protección en materia civil también pueden aplicarse para garantizar la realización de un acto o como medidas cautelares en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria.
De conformidad con el artículo 1055, apartado 1, de la Ley relativa al Derecho de obligaciones, se puede solicitar que se prohíba al autor del agravio acercarse a otras personas (orden de alejamiento), residir en la misma vivienda o comunicarse con ellas, entre otras medidas similares. Por tanto, las medidas de protección de los derechos de la personalidad que pueden aplicarse no se enumeran de manera taxativa en la mencionada Ley y puede solicitarse la aplicación de otras medidas adecuadas y necesarias en función de las circunstancias específicas.
No existen estadísticas relativas al período medio de aplicación de las medidas. En Estonia, pueden aplicarse muchas medidas de protección de la intimidad y de los derechos de la personalidad durante un período de hasta tres años, con arreglo al artículo 1055 de la Ley relativa al Derecho de obligaciones. Según el análisis de la jurisprudencia relativa a las medidas cautelares realizado por el Tribunal Supremo en 2008, los órganos jurisdiccionales por lo general aplicaron medidas cautelares durante un período de hasta tres años.
El Reglamento n.º 606/2013 se refiere a las medidas de protección en materia civil. Pero no es de aplicación a las medidas de protección previstas por el Reglamento n.º 2201/2013. Para que se pueda aplicar una medida de protección en materia civil, no es necesario que el acto ilícito haya sido cometido contra la persona en situación de riesgo. Es suficiente con que el comportamiento anterior del demandado haga pensar que causará lesiones a la víctima o vulnerará sus derechos de la personalidad. La lista de medidas de protección en materia civil que figura en la mencionada Ley no es taxativa. De ser necesario, pueden aplicarse medidas de protección adecuadas que no figuran en la legislación para remediar una situación particular.
La persona que corre el riesgo de sufrir un daño o la persona perjudicada puede solicitar la aplicación de una medida de protección en un procedimiento independiente o conjuntamente con otra demanda. Para que se aplique una medida de protección, la persona en situación de riesgo debe presentar una solicitud ante un tribunal regional. El tribunal tramita la solicitud en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Antes de aplicar la medida de protección, el tribunal oye a la persona contra la cual se solicita la medida de protección y a la persona en cuyo interés se llevan a cabo las actuaciones. De ser necesario, el tribunal también oye a personas que tengan una relación estrecha con las personas mencionadas anteriormente, a las autoridades municipales rurales o urbanas o a la autoridad policial del lugar de residencia de dichas personas.
Las solicitudes presentadas ante el tribunal deben redactarse en estonio y cumplir los requisitos estipulados en los artículos 338 y 363 del Código de Enjuiciamiento Civil. Deben escribirse a máquina o con letra clara. De ser posible, también deben entregarse las copias electrónicas de los escritos procesales presentados por escrito. Los mandatarios, los notarios, los agentes judiciales, los administradores concursales, los organismos de la administración nacional y local y otras personas jurídicas deben presentar los documentos ante el tribunal por vía electrónica, a menos que exista un motivo válido para presentarlos de otra forma. En una orden ministerial promulgada por el ministro competente en la materia se establecen normas más precisas para la presentación de documentos electrónicos ante los órganos jurisdiccionales, el formato exigido y la lista de documentos que deben presentarse a través del portal. Al presentar los documentos por escrito y los correspondientes apéndices, las partes del proceso deben proporcionar la cantidad de copias necesarias de dichos documentos para notificar a las demás partes del proceso.
Para interponer una demanda o recurrir una resolución en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, debe abonarse una tasa de 50 EUR. Para solicitar la aplicación de una medida cautelar, debe abonarse una tasa de 50 EUR.
Con arreglo a la legislación de Estonia, las partes del proceso no necesitan contar con representación ante los órganos jurisdiccionales para solicitar la aplicación de medidas de protección en materia civil.
Quien las deba cumplir una resolución relativa a una solicitud de aplicación o modificación de una medida cautelar o de otra medida de protección de los derechos de la personalidad pueden interponer un recurso por escrito ante un tribunal de apelación a través del tribunal regional que dictó la resolución recurrida. El recurso debe interponerse en un plazo de quince días desde la fecha de notificación de la resolución. El plazo para recurrir resoluciones vence a los cinco meses de dictarse la resolución en el marco de un procedimiento contencioso o de jurisdicción voluntaria, a menos que la ley disponga lo contrario. Si las circunstancias cambian, el órgano jurisdiccional puede cancelar o modificar la medida cautelar u otra medida de protección de los derechos de la personalidad. Antes de cancelar o modificar la medida, el órgano jurisdiccional oirá a las partes del proceso. Las resoluciones relativas a la aplicación de medidas cautelares u otra medida de protección de los derechos de la personalidad se notifican a la persona afectada y a la persona beneficiada por la medida en cuestión.
Las resoluciones relativas a las medidas de protección han de ejecutarse desde el momento en que se notifican al obligado (la persona que provoca el riesgo).
El agente judicial ejecuta las resoluciones en virtud de las cuales se dictan medidas de protección. En general, la persona en situación de riesgo informa al agente judicial sobre el incumplimiento de la medida de protección. Si se ordena la medida de protección antes de que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre los derechos de visita, estos pueden establecerse teniendo en cuenta las medidas de protección que se hubiesen aplicado. En su análisis de 2008 de la jurisprudencia relativa a las medidas cautelares, el Tribunal Supremo consideró que, si la persona en situación de riesgo y la persona que supone el riesgo viven (o trabajan) cerca uno del otro, resulta más apropiado establecer medidas relativas a la comunicación entre ellas y que las prohibiciones (medidas de protección) podían consistir, principalmente, en una lista de acciones prohibidas.
En Estonia, los órganos jurisdiccionales son competentes para aplicar medidas de protección. Con arreglo al artículo 5, el tribunal regional que aplicó la medida de protección es competente para expedir un certificado relativo a dicha medida. Para que pueda expedirse un certificado, debe presentarse una solicitud ante un tribunal regional. La información de contacto de los órganos jurisdiccionales de Estonia está disponible en este sitio web.
Para invocar una medida de protección dictada en otro Estado miembro, el interesado debe contactar al agente judicial con competencia en el lugar de residencia o domicilio del deudor o de los bienes del deudor. El agente judicial incoa el procedimiento de ejecución a instancias de la persona en situación de riesgo y sobre la base de un título ejecutorio. La información de contacto de los agentes judiciales puede consultarse en el sitio web de la Cámara de Agentes Judiciales y Administradores Concursales.
De ser necesario, el agente judicial con competencia para ejecutar una medida de protección dictada en otro Estado miembro puede modificar dicha medida. El agente judicial con competencia en el lugar de residencia o domicilio del deudor o de los bienes del deudor es competente para ejecutar una medida de protección dictada en otro Estado miembro. La información de contacto de los agentes judiciales puede consultarse en el sitio web de la Cámara de Agentes Judiciales y Administradores Concursales.
La solicitud de denegación del reconocimiento o de ejecución de medidas de protección dictada en otro Estado miembro debe presentarse ante el órgano jurisdiccional con competencia en el lugar de residencia del deudor o que conozca del procedimiento de ejecución. La información de contacto de los órganos jurisdiccionales de Estonia está disponible en este sitio web.
Estonio e inglés.