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Timestamp: 2019-07-24 05:38:22
Document Index: 184452046

Matched Legal Cases: ['artículo 293', 'artículo 316', 'artículo 331', 'artículo 2', 'artículo 291', 'artículo 3', 'artículo 291', 'artículo 322', 'artículo 322', 'artículo 322']

(2015/02) Decreto por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 10 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinac. (Cerrado): Top (16 ideas) – Espacio de participación de la Junta de Castilla y León
Status finalizada (16)
Pues bien, debería incluirse el deber de que tales servicios técnicos y jurídicos estén compuestos por personal funcionario (no laboral), de tal manera que se garantice su total independencia e imparcialidad (que es precisamente lo que da sentido al régimen funcionarial), pues en la emisión de tales informes, determinantes del contenido y pronunciamiento de las licencias urbanísticas, se están ejerciendo funciones de control de la actividad de los administrados, que necesitan ser desempeñadas con la objetividad, imparcialidad e independencia que proporciona el estatuto funcionarial. Así lo ha dicho, además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por ejemplo en su Sentencia 901/2013, de 29 de mayo: "Aquellos puestos de trabajo cuyas funciones o cometidos exterioricen una actividad de la Administración que tenga una directa trascendencia para la situación jurídica de otros sujetos de derecho (ajenos o no a su organización), y en la que por ello sean relevantes esas notas de objetividad, imparcialidad e independencia, habrán de ser necesariamente encomendados a personal funcionarial". Y, concretamente con respecto a la actividad consistente en emitir informes en los procedimientos de concesión de licencias urbanísticas, también lo ha dicho el TSJ de Andalucía en Sentencia 75/2014, de 16 de enero: "(...) resplandece la necesidad de garantizar su objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, respecto a la recién creada plaza de arquitecto , y anteriores arquitectos técnicos, ya que sus funciones no son sólo y exclusivamente de carácter técnico, sino que incluyen labores de inspección, redacción o participación en proyectos, informes de licencias, controles..., todo lo cual está en directa conexión con los derechos de los administrados".
Además, para que esta obligación tenga aplicación práctica y no quede en una mera declaración de intenciones, el deber de que los informes técnicos y legales sean emitidos por funcionarios debería venir acompañado de una consecuencia lógica, cual es que aquéllos informes elaborados por personal laboral (que no tiene esas notas de absoluta independencia e imparcialidad necesarias) sean considerados siempre de signo positivo, para evitar así que el administrado se vea perjudicado por una incorrecta gestión del personal por parte de los Ayuntamientos/Diputaciones, pues es un principio general del Derecho Administrativo que el incumplimiento de la Administración no puede suponer un perjuicio para el interesado.
La sugerencia es por lo tanto que el apartado 5 del artículo 293 contenga un segundo párrafo que diga algo de este tenor:
"Estos informes previos habrán de ser emitidos por personal que reúna la condición de funcionario según el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril. En caso de ser emitidos por personal que no reúna tal condición, tales informes previos se considerarán siempre emitidos favorablemente al solicitante de la licencia urbanística".
Pues bien, debería incluirse el deber de que tales servicios técnicos y jurídicos estén compuestos por personal funcionario (no laboral), de tal manera que se garantice su total independencia e imparcialidad (que es precisamente lo que da sentido al régimen funcionarial), pues en la emisión de tales informes, determinantes del contenido y pronunciamiento…
Ahora bien, en los Bienes de Interés Cultural, así como en los edificios catalogados con grados de protección altos (integral, o estructural en determinados casos), muchas veces su propio régimen no permite rehabilitaciones denominadas de tipo total o integral, aunque efectivamente las actuaciones de rehabilitación y consolidación que sí se permiten tengan el mismo efecto renovador de las condiciones del edificio que una rehabilitación llamada "integral" tendría en edificios no BICs ni catalogados.
Excluir la aplicación del artículo 316.3 por el simple hecho de que los edificios sean integrantes del Patrimonio Cultural no parece acorde al espíritu de la norma, y además supone un agravio comparativo con respecto al resto de edificios que no se ve compensado de ningún otro modo.
La sugerencia sería añadir un inciso final en tal sentido, por ejemplo:
"No obstante, en edificios declarados Bien de Interés Cultural, o que estén en proceso de declaración, así como aquellos catalogados con nivel de protección integral, el plazo citado en el apartado 1 podrá empezar a contar de nuevo cuando se ejecuten intervenciones de rehabilitación que no sean de tipo integral si éstas no estuvieran permitidas en razón de su nivel de protección, siempre que el resultado de tales intervenciones sea, a efectos de seguridad estructural, idéntico al de una rehabilitación integral en edificios no sometidos a tal régimen de protección".
Ahora bien, en los Bienes de Interés Cultural, así como en los edificios catalogados con grados de protección altos (integral, o estructural en determinados casos), muchas veces su propio régimen no permite rehabilitaciones denominadas de tipo total o integral, aunque efectivamente las actuaciones de rehabilitación y consolidación…
El artículo 331 del RUCYL regula la venta forzosa ante el determinados incumplimientos.
En el apartado 1 se dice que en el procedimiento de venta forzosa, el adjudicatario del concurso tendrá la condición de beneficiario de la expropiación.
".., el vendedor forzoso tendrá la condición de expropiado y la valoración recogida en el acuerdo de aplicación del régimen de venta forzosa, el mismo régimen que el justiprecio expropiatorio, a todos los efectos".
Si la referencia procedimental es, por lo tanto, la expropiación forzosa regulada en la Ley de 16 de diciembre de 1954, es lógico que el resto de sujetos y materias presentes en un expediente de venta forzosa gocen de los mismos derechos y deberes que en un procedimiento expropiatorio. Concretamente, que el propietario tenga la condición de expropiado a todos los efectos,…
En los citados artículos se hace mención al concepto INTEGRAL, refiriéndose como tal a la definición dada por el Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (CTE). Pues bien, dicho término INTEGRAL ya no existe el CTE, puesto que ha sido suprimido por las modificaciones introducidas en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (LRRRU) en su Disposición final undécima.
Por otra parte, la LRRRU, también modifica en su Disposición final tercera la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, la consideración de edificación en intervenciones sobre los edificios existentes. Antes del a modificación del CTE, se definía como integral (rehabilitación) cuando se cumplían todos los fines señalados en el derogado artículo 2.4
Llegado a este punto, es conveniente precisar que se entiende por integral, aplicado por ejemplo a rehabilitación.
Por otra parte, la…
Dentro del artículo dedicado al régimen general de las licencias urbanísticas (artículo 291), podría incluirse un apartado destinado a favorecer la puesta en valor del Patrimonio Cultural en desuso, mediante la posibilidad de que los Ayuntamientos, excepcionalmente y siempre que se garantice la seguridad de las personas, permitan exceptuar determinadas normativas sectoriales que impidan actuaciones de rehabilitación de bienes integrantes del patrimonio cultural que se encuentren en situación de desuso (especialmente cuando, precisamente, esa situación de desuso sea debida a la imposibilidad de cumplir con toda la normativa sectorial a causa del régimen especial de protección e intervención en estos bienes).
En efecto, los bienes culturales inmuebles son, en la mayoría de las ocasiones, arquitectónicamente inmodificables (por la protección que se les dispensa) y tienen una configuración espacial y/o arquitectónica que ha quedado obsoleta (debido a que las actividades para los que fueron pensados ya no resultan rentables para la iniciativa privada (por no haber demanda suficiente), o directamente ya no existen. Es el caso de muchos teatros, conventos, casas de guarda, cocheras de ferrocarriles, bodegas, etc..
Esa protección arquitectónica de una configuración espacial poco aprovechable para usos y actividades más actuales y rentables dificulta enormemente su rehabilitación para la implantación de las mismas en tales bienes culturales, y en muchas ocasiones lleva a su caída en desuso y consiguiente deterioro o expolio, por lo que se consigue un efecto distinto al pretendido con la protección cultural, y contraria al espíritu de rehabilitación y regeneración urbana que inspira esta modificación del RUCYL.
Esta propuesta en favor de la puesta en valor y la rehabilitación rentabilizadora del patrimonio cultural, y está en consonancia con los instrumentos internacionales en la materia. Por ejemplo, la Carta de Venecia de 1964, que dice que "la conservación de los monumentos se ve siempre favorecida por su utilización en funciones útiles a la sociedad"; la Declaración de Ámsterdam de 1975, que aboga por "atribuir a los edificios las funciones que, respetando en todo su carácter, respondan a las condiciones de vida actual y garanticen así su supervivencia"; o la Convención de Granada de 1985, en la que España, entre otros, se comprometió a "favorecer la utilización de los bienes protegidos, teniendo en cuenta las necesidades de la vida
contemporánea, y la adaptación, cuando ello resulte apropiado, de los edificios antiguos a nuevos usos". Además es conforme a la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas estatal (que es Ley Básica) pues la misma tiene entre sus fines (artículo 3.j): "favorecer la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico o cultural".
"Si el único impedimento para la rehabilitación y puesta en valor de un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León fuese la imposibilidad del mismo de cumplir con determinada normativa sectorial aplicable, el Ayuntamiento, excepcionalmente, de manera motivada y siempre que quede debidamente garantizada la seguridad de las personas, podrá otorgar una licencia urbanística excepcionando la aplicación de la normativa sectorial que impida la rehabilitación y puesta en valor del bien cultural al que se refiera, siempre que se cuente con el informe favorable previo del servicio territorial de Cultura competente".
Dentro del artículo dedicado al régimen general de las licencias urbanísticas (artículo 291), podría incluirse un apartado destinado a favorecer la puesta en valor del Patrimonio Cultural en desuso, mediante la posibilidad de que los Ayuntamientos, excepcionalmente y siempre que se garantice la seguridad de las personas, permitan exceptuar determinadas normativas sectoriales que impidan actuaciones de rehabilitación de bienes integrantes del patrimonio cultural que se encuentren en situación de desuso (especialmente cuando, precisamente, esa situación de desuso sea debida a la imposibilidad de cumplir con toda la normativa sectorial a causa del régimen especial de protección e intervención en estos…
Con esta nueva situación, nos podemos encontrar que una obra mayor puede ser…
La necesidad de acceso a bases de datos existentes generadas en los registros de las ITE, IEE o las certificaciones energéticas.
En particular al tramitarse esta planificación vía planificación…
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, recuerdo que, en materia económica, el Gobierno está metido en una especie de “estafa piramidal” (los últimos préstamos obtenidos lo son, no para amortizar la deuda pública, sino exclusivamente para abonar sus intereses); este extremo de penuria duradera que afecta de manera particular a los vecinos inmersos en las actuaciones de este nuevo Título VIII, no puede ser marginado.
En la Exposición de Motivos de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, se habla como de un añadido al deterioro de las viviendas, “la carencia de recursos de sus habitantes, dramáticamente agravada en los últimos años”. Y aunque en los artículos 454 y ss algo se tiene en cuenta, pienso que no es suficiente.
El conjunto del Decreto, por el que se modifica el RUCyL, lo veo bien adaptado, consecuente con la Ley 7/2014, con su contenido y su espléndida Exposición de motivos. A ver cuanto dura. Quizás en los últimos tiempos esa…
	Art. 175.4: la publicación tras la aprobación por silencio sigue siendo posible, pero se arbitra la intervención de la Consejería para evitar pasadas experiencias de publicación directa de actos que realmente no habían sido aprobados por silencio.
	Art. 288.a) 2º y 314 bis.1.a) 3º: las canalizaciones y tendidos de distribución de energía y telecomunicación quedan sometidos al régimen de declaración responsable
	Art. 467: la voluntad del legislador de Castilla y León es integrar las actuaciones R+R+R en la práctica urbanística, y por tanto de evitar el surgimiento de una planificación sectorial separada, que sería posible al amparo de la Ley estatal 8/2013.
	Art. 80.1.a) 4º: el inciso “las normas de protección que procedan” se suprime porque estas ya no forman parte de la ordenación general, sino de la ordenación detallada (lo que implica sobre todo cambios procedimentales). Ver art. 92.2.c) y…
El artículo 322.5 del RUCYL dice que "Asimismo, el incumplimiento de las órdenes de ejecución faculta al Ayuntamiento para elevar el límite máximo del deber de conservación hasta el 75 por ciento del coste de reposición de la construcción correspondiente, previa tramitación de procedimiento con audencia al interesado".
Esta elevación del límite del deber de conservación tiene un carácter innegable y netamente punitivo, por lo que, si se quiere evitar un "bis in idem" sancionador, constitucionalmente prohibido, debe establecerse la imposibilidad de que este artículo 322.5 se compatibilice con otras sanciones por infracciones urbanísticas previstas en el Reglamento. Es decir, que se opte por una o por otra, pero en ningún caso por ambas.
"Si el Ayuntamiento opta por la elevación del límite legal de conservación prevista en este apartado, no podrá incoar procedimiento sancionador alguno por una infracción urbanística con el mismo objeto".
Esta elevación del límite del deber de conservación tiene un carácter innegable y netamente punitivo, por lo que, si se quiere evitar un "bis in idem" sancionador, constitucionalmente prohibido, debe establecerse la imposibilidad de que este artículo 322.5 se compatibilice con otras sanciones por infracciones urbanísticas previstas en el Reglamento. Es decir,…
Sería deseable establecer con la Dirección General del Catastro la coordinación para que los planes especiales incorporen como base de la ordenación la documentación catastral acorde a los nuevos formatos (FXCC) que permite identificar espacialmente los usos y en especial agregar sobre estos datos homogeneizados el resto de datos necesarios sobre eficiencia energética, accesibilidad,... y que permitirá su relación con los datos de las certificaciones energéticas, ITE, IEE. En el caso de no existir se debería exigir en un primer momento la elaboración de esta documentación y establecer los procedimientos de colaboración entre administraciones locales y la DGC para que la documentación pudiera ser compartida y válida.
Sería deseable establecer con la Dirección General del Catastro la coordinación para que los planes especiales incorporen como base de la ordenación la documentación catastral acorde a los nuevos formatos (FXCC) que permite identificar espacialmente los usos y en especial agregar sobre estos datos homogeneizados el resto de datos necesarios sobre eficiencia energética, accesibilidad,... y que permitirá su relación con los datos de las certificaciones energéticas, ITE, IEE. En el caso de no existir se debería exigir en un primer momento la elaboración de esta documentación y establecer los procedimientos de colaboración entre administraciones locales y la DGC para que…
-. La obligación de aportar un anexo, en donde se definan y delimiten cada uno de los ámbitos espaciales homogéneos en los que se divide el término municipal, en referencia al art. 24.1 a), del Texto refundido de la Ley del suelo estatal (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio) y al Real Decreto 1492/2011,…
En relación a los límites ya establecidos en anteriores normativas se evaluara con el fin de incentivar la protección de los edificios y conjuntos…
La norma sigue generando incertidumbre, al igual que las anteriores, al dar pasos hacía un procedimiento reglado a través de planes especiales de regularización sin solventar los problemas de fondo como es el que dicha planificación y "¿gestión?" en suelo rústico no transforma sus derechos o deberes urbanísticos. No es fácil de explicar el cambio que produce en la situación de una parcela dicha "regularización".
La excepcionalidad de que los planes especiales modifiquen la ordenación general, el establecimiento del régimen de usos es uno de ellos, no contempla el del art. 146 bis.
Estás actuaciones encontrarían más acomodo en procedimientos que aceptaran la transformación real del suelo fuera del suelo rústico, siempre que la clasificación del suelo lo permitiera (Suelo urbanizable de asentamiento irregular), y donde se pudieran establecer los procedimientos que se apuntan en la ley y reglamento, pero encontrando el adecuado equilibrio que no permitiera considerarse como un beneficio para los propietarios.
La autorización de usos residenciales vivienda en…