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Timestamp: 2020-02-18 09:53:01
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Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 7', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 51', 'artículo 152', 'artículo 148', 'artículo 150', 'artículo 147', 'artículo 7', 'artículo 49', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 149', 'artículo 149']

BOE.es - Documento BOE-A-2016-5194
Documento BOE-A-2016-5194
«BOE» núm. 131, de 31 de mayo de 2016, páginas 35824 a 35847 (24 págs.)
BOE-A-2016-5194
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 9888-2007, promovido por el Presidente del Gobierno contra la totalidad de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano. Han sido parte la Generalitat Valenciana y las Cortes Valencianas y ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer de este Tribunal.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal, el día 21 de diciembre de 2007, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, presentó escrito de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano.
a) Se inicia recordando que la Ley de régimen económico valenciano ha declarado expresamente en su exposición de motivos que el propósito perseguido con su promulgación es el de que sea «el primer paso en la recuperación del Derecho foral valenciano, con el objetivo y la intención de poder desarrollar en el futuro un Código de Derecho foral valenciano que englobe las distintas leyes sectoriales que se promulguen». En este sentido, ya en el art. 1 de la Ley se afirma que la regulación del régimen económico matrimonial valenciano «se lleva a cabo desde la recuperación del derecho foral civil valenciano y su pertinente desarrollo y adaptación a los valores y principios constitucionales, así como a las nuevas demandas sociales». Y con esta misma finalidad la Disposición final segunda dispone que «el Código civil, en todas las materias regidas en esta ley, tendrá vigencia, con carácter de derecho supletorio, en defecto de la presente ley, la costumbre, los principios generales del ordenamiento jurídico valenciano, en materia económica matrimonial, y la doctrina jurisprudencial civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana».
El legislador valenciano pretende amparar la recuperación de los antiguos fueros en el art. 49.1.2 EAV, en relación con el art. 7 y la disposición transitoria tercera del texto estatutario. Así también resulta de su exposición de motivos: «[D]e esta manera, el derecho civil alumbrado en el ejercicio de la competencia del art. 49.1.2 del Estatuto entronca incuestionablemente con el que fuera nuestro derecho foral civil, del que se separa sólo en aquello en lo que se debe dar respuesta a las exigencias más urgentes de nuestra sociedad y en lo que exige el respeto a los valores y principios de nuestra Constitución, la cual opera, precisamente, desde esos mismos principios y valores, como causa irrenunciable de la reintegración a los valencianos del que fue su derecho foral civil, llenando así con esa actualizada y constitucionalizada reintegración, una parte del contenido de la competencia que en el artículo 49.2 del Estatuto de Autonomía reconoce en exclusiva a la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 y la Disposición Transitoria Tercera de ese mismo texto legal.» En idéntico sentido se pronuncia la disposición final primera al proclamar que «la presente ley se dicta al amparo de la competencia que el artículo 49.1.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana atribuye a la Generalitat, para conservar, modificar y desarrollar el derecho foral civil valenciano, recuperando su contenido en lo concerniente al régimen económico matrimonial en plena armonía con la Constitución y la realidad social y económica valenciana, tal y como preceptúan el artículo siete y la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto de Autonomía».
b) Para la Abogacía del Estado, la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007 rompe con la pacífica interpretación del art. 149.1.8 CE, en cuya virtud las Comunidades Autónomas sin Derecho foral compilado sólo tienen competencia para legislar las costumbres derivadas de los antiguos fueros que hayan subsistido. Interpretación que la Generalitat aceptó la primera vez que ejerció de forma inmediata la competencia sobre Derecho civil con la Ley 6/1986, de 15 diciembre, de arrendamientos históricos valencianos. En su preámbulo ya reconocía que, tras la abolición del Derecho foral por los Decretos de nueva planta, «en la práctica habitual y cotidiana quedaron al menos vestigios o retazos del antiguo régimen foral, en buena medida amparados por el sistema de libertad de pactos y de formas que históricamente ha caracterizado el derecho castellano». Fue por tanto la Comunidad Valenciana la que aceptó que su competencia sobre Derecho foral civil exigía acreditar la subsistencia de una costumbre derivada de los antiguos fueros. Sin embargo, tras la promulgación de la reforma de su Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 1/2006, de 10 abril), en el que se atribuye competencia exclusiva para la conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano (artículo 49.1.2), ha considerado que la competencia autonómica derivada del precepto estatutario no sólo tiene como presupuesto la vigencia de un derecho consuetudinario en el momento de entrar en vigor de la Constitución, sino que su contenido se extiende al desarrollo de las materias reguladas en los Fueros del Reino de Valencia que deben armonizarse con los principios y valores constitucionales. Para el representante del Gobierno de la Nación es evidente pues, que, a través de la modificación estatutaria, lo que se ha pretendido es forzar una diversa interpretación del art. 149.1.8 CE, sin que tal objetivo haya sido alcanzado, porque, en todo caso, cualquier ley civil valenciana queda sometida a la Constitución y a la doctrina constitucional sobre el art. 149.1.8 CE.
Por lo demás, recuerda que el término «desarrollo» del art. 149.1.8 CE solamente permite legislar sobre «instituciones conexas con las ya reguladas en la Compilación dentro de una actualización o innovación de los contenidos de ésta» y no ilimitadamente (SSTC 88/1993, 156/1993 y 127/1999) y, por consiguiente, la conclusión que ha de alcanzarse es clara: las competencias autonómicas en materia de Derecho civil exigen la existencia y vigencia efectivas del Derecho foral, incluido el consuetudinario, pues no se puede conservar, modificar o desarrollar aquello que no es una realidad normativa reconocible.
c) Los estatutos de autonomía están jerárquicamente subordinados a la Constitución Española, según resulta de sus arts. 147.2 d) y 161.1 a) y del 27.2 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Por tanto, dado que no pueden ampliar sus competencias, más allá de lo permitido en la norma fundamental, se insta a llevar a cabo una interpretación constitucionalmente respetuosa del art. 7 y de la disposición adicional tercera EAV, cuando aluden a la recuperación de los Fueros del histórico Reino de Valencia. En tal sentido, la Abogacía del Estado sostiene que el art. 7.1 EAV es un precepto competencialmente neutro, que no atribuye competencias a la Generalitat, sino que establece un principio de actuación conforme a la Constitución Española que habrá de informar el ejercicio de las competencias autonómicas. Idéntica interpretación conforme debe hacerse de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana, que alude a la recuperación y actualización de la «normativa foral del histórico Reino de Valencia» y lo hace «en los términos establecidos por este Estatuto», es decir, por el art. 49.1.2 EAV, y «al amparo de la Constitución Española», esto es, con plena sujeción al art. 149.1.8 CE. En definitiva, el art. 7 y la disposición adicional tercera EAV presuponen una competencia que no se amplía y que se remite al art. 49.1.2 EAV, es decir, a la competencia exclusiva sobre la «conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano», con el contenido y alcance antes expresado. Por último, recuerda lo dicho en la STC 31/2010, FJ 76, a propósito del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y afirma la que la competencia estatal del art. 149.1.8 CE es «invulnerable» al legislador estatutario.
d) Sentado lo anterior, y recordando que el Decreto de nueva planta promulgado el 29 de junio de 1707 supuso la definitiva abolición y derogación de los fueros de Valencia –que nunca se recuperaron, a diferencia de lo ocurrido en otros territorios– el representante del Gobierno de la Nación concluye que tras casi tres siglos de vigencia del Derecho civil común en aquella Comunidad Autónoma, el Derecho civil valenciano que pueda estar vigente es exclusivamente de carácter consuetudinario, y vinculado esencialmente a costumbres de carácter agrario o pesquero, además de los arrendamientos históricos. Por ello, aunque la opinión doctrinal mayoritaria admite la posibilidad de recuperar esas costumbres, rechaza sin embargo la «recuperación romántica o indiscriminada» del Derecho foral valenciano. Así pues, la razón de la impugnación de la de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007 radica en que no refleja una realidad consuetudinaria efectivamente existente, como condición constitucional imprescindible, sino que la crea ex novo, sin conexión alguna con sus usos vigentes, tratando además de resucitar prácticas ya abandonadas por haber sido formalmente derogadas.
e) Finaliza sus argumentos en defensa de la inconstitucionalidad de la totalidad de la Ley de régimen económico matrimonial valenciano recordando que, dado que la competencia legislativa civil en este caso la ostenta de manera exclusiva el Estado, aunque la norma valenciana se limitara tan sólo a reproducir exacta y fielmente la norma estatal, sería inconstitucional. Es más, el riesgo de esta práctica legislativa adquiere una especial intensidad cuando concurre el vicio de incompetencia material de la Comunidad Autónoma, «porque si la reproducción de normas estatales por Leyes autonómicas es ya una técnica peligrosamente abierta a potenciales inconstitucionalidades, esta operación se convierte en ilegítima cuando las Comunidades Autónomas carecen de toda competencia para legislar sobre una materia (STC 35/1983). En este sentido, cumple recordando lo declarado por este Tribunal en su STC 10/1982 (FJ 8) y más recientemente recogido en las SSTC 62/1991 [FJ 4, apartado b)] y 147/1993 (FJ 4), es decir que la simple reproducción por la legislación autonómica, además de ser una peligrosa técnica legislativa, incurre en inconstitucionalidad por invasión de competencias en materias cuya regulación no corresponde a las Comunidades Autónomas».
f) Como antes avanzamos, el escrito de dirige un segundo reproche de inconstitucionalidad directamente a los arts. 27.2 y 39 de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007, que regulan la inscripción en el Registro civil de determinados actos, pues no sólo carecen de conexión alguna con una costumbre que derivada de los antiguos fueros subsista en la Comunidad Valenciana, sino que inciden en el título «ordenación de los registros e instrumentos públicos» (art. 149.1.8 CE) que es, en todo caso, materia reservada al Estado.
2. Mediante providencia de 17 de abril de 2008, el Pleno, a propuesta de la Sección Primera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y a las Cortes Valencianas, al objeto, de que, en el plazo de 15 días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Se dispuso tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que produce la suspensión establecida en el art. 30 LOTC, comunicándolo a los Presidentes del Gobierno y al de las Cortes Valencianas. Por último, se ordenó publicar la formalización del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
5. Por escrito registrado el día 30 de abril, el Director General de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, en su representación y defensa, puso de manifiesto la previsión de que no pudiera presentarse el escrito de alegaciones en el plazo de quince días inicialmente conferido, en atención a la complejidad de la cuestión planteada y a la carga de trabajo que pesa sobre el indicado órgano de la Administración autonómica y, por ello, solicitó la concesión de una prórroga por el máximo legal, siendo atendida dicha petición por providencia de este Tribunal de 8 de mayo de 2008, por la que se prorrogó en ocho días más el plazo concedido por la anterior providencia de 17 de abril de 2008, a contar desde el día siguiente al de expiración del ordinario.
Posteriormente, subraya que ya el art. 3 EAV de 1982, reconocía a la Generalitat Valenciana competencia exclusiva sobre la conservación, modificación y de desarrollo del Derecho civil valenciano en idénticos términos al Estatuto de Galicia (art. 27.4) y del Estatuto de Cataluña (art. 9.2) e, incluso, en materia de Derecho civil contenía alguna peculiaridad no compartida con aquellos, como fue considerar los bienes de herencias intestadas, cuando el causante ostentara la condición política de valenciano, al describir la composición del patrimonio de la Generalitat en su artículo 51.I c). Pero es que, yendo más allá, para el Letrado del Parlamento autonómico no se debe olvidar que el propio Tribunal Constitucional, bajo la vigencia del anterior Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana de 1982, reconoció la existencia de un Derecho civil valenciano y la indubitada competencia que la Generalitat Valenciana «para legislar sobre instituciones que han tenido una configuración consuetudinaria específica en su ámbito territorial» (STC 121/1992, de 28 de septiembre).
La reforma estatutaria de 2006 asume la constitucionalidad de la recuperación y plena actualización del Derecho civil foral y, por consiguiente, no puede llevarse a cabo una «interpretación reduccionista» de la competencia autonómica en materia de Derecho civil que la limite a normas consuetudinarias. En opinión del representante de las Cortes Valencianas, en el actual art. 49.1.2 a) EAV figura ahora la competencia exclusiva de la Generalitat para la «conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano», y la disposición transitoria tercera EAV, la reafirma, señalando que «la competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano se ejercerá, por la Generalitat, en los términos establecidos por este Estatuto, a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución española». Por consiguiente, la incorporación del término «foral» en el nuevo art. 49.1.2 EAV de 2006 despeja definitivamente todas las dudas sobre la plena capacidad legislativa en materia foral, y zanja, de una vez por todas, el debate doctrinal acerca de la expresión «allí donde existan» (art. 149.1.8 CE). A partir de este momento, ya no cabe interpretar el derecho civil autonómico referido sólo a la entrada en vigor de la Constitución Española, sino también a cualquier momento anterior, aunque en 1978 se encontrara derogado. Concluye recordando que la reforma del Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana de 2006, por la que se asumió competencia exclusiva en legislación civil valenciana, no ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad y si legislar supone innovar, esta posibilidad debe reconocerse no sólo a las comunidades autónomas que compilaron su propio derecho civil, sino a todas aquellas en las que su Estatuto de Autonomía haya recogido dicha competencia legislativa, quedando siempre reservadas al Estado las materias que excluye el propio art. 149.1.8 CE de la acción legislativa autonómica.
Finaliza afirmando la constitucionalidad de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007 no sólo en virtud del marco estatutario, sino también de la doctrina constitucional sobre las «instituciones conexas» dado que, a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera, se ha procedido a actualizarla para adecuarla a los mandatos constitucionales (SSTC 88/1993 y 156/1993).
Constituida la Comisión bilateral de cooperación, se acordó, en fecha 8 de junio de 2007, iniciar negociaciones para resolver exclusivamente las discrepancias sobre los arts. 15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48 de la Ley de régimen económico matrimonial valenciano, no cuestionando, como posteriormente harían en el recurso, si están acreditadas las costumbres sobre el régimen económico matrimonial propio de los valencianos, sino que se parte en todo momento de la tesis de las «instituciones conexas» desarrollada por el Tribunal Constitucional en su doctrina sobre el ejercicio de la competencia legislativa en materia civil y, aunque es cierto que cita la STC 121/1992, relativa al Derecho civil valenciano y la conexión del desarrollo de esta competencia con la existencia de costumbres propias, lo hace de forma tangencial.
Tras mantener diversas reuniones para alcanzar un acuerdo sobre los preceptos en conflicto, en la fase final de la negociación (reunión de la Comisión bilateral de 20 de noviembre de 2007), la Abogacía del Estado decide plantear recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley de las Cortes Valenciana 10/2007, basándose en la doctrina emanada de la STC 121/1992, según la cual, sólo la existencia probada de una costumbre vigente habilita al legislador valenciano para el ejercicio de la competencia para la «conservación, modificación y desarrollo» de su Derecho civil foral (ex art. 149.1.8 CE).
En consecuencia, debe anudarse a la patente falta de lealtad institucional la inadmisión, por extemporáneo, del recurso de inconstitucionalidad en todo aquello que exceda de los concretos preceptos que fueron objeto de discusión en la Comisión bilateral. En tal sentido, se recuerda que el plazo ordinario de tres meses para la interposición del recurso de inconstitucionalidad del art. 33.1 LOTC resulta legalmente prorrogado a nueve meses cuando se plantean ante la Comisión bilateral de cooperación «las discrepancias» mantenidas respecto de la ley, disposición o acto con fuerza de ley a impugnar [art. 33.2 b) LOTC], con la finalidad de que pueda producirse un acuerdo que evite el posible recurso. Ahora bien, la prórroga no se extiende a aquellas materias o preceptos que no son objeto de negociación, a las que debe aplicarse el plazo general y, en caso, de que posteriormente se incluyan en el recurso, inevitablemente debe ser considerado parcialmente extemporáneo.
b) Seguidamente, dentro ya del bloque denominado «aspectos sustantivos», se lleva a cabo, en primer lugar, una breve introducción histórica sobre la evolución del Derecho civil foral valenciano, desde su abolición en el año 1707 hasta nuestros días, para concluir que, aun reconociendo la evidente ausencia de una compilación de normas forales valencianas en el momento de aprobar la Constitución, la reivindicación de la recuperación de tal cuerpo legal ha sido una constante histórica.
c) A continuación, se procede a un detallado análisis sobre el ejercicio de la competencia autonómica en materia de derecho civil foral, que puede resumirse básicamente en las siguientes ideas: en primer lugar, la competencia en legislación civil fue delegada por el Estado a favor de la Generalitat (art. 150.2 CE), primero a través de la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencia de competencias de titularidad estatal a la Comunidad Autónoma Valenciana, cuyo fin fue equiparar a esta Autonomía con las del art. 151 y disposición transitoria segunda CE, y después fue asumida plenamente por mediante la Ley Orgánica 5/1994, de 5 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana. En segundo término, esa competencia «trae causa … de lo prevenido en el citado art. 149.1.8 CE», tal y como proclamó la STC 121/1992, FJ 1, y por consiguiente, tenía por objeto tutelar la foralidad civil valenciana. Sin embargo, la posición expresada en esa misma STC 121/1992, FJ 1, de que la competencia autonómica en materia civil «no puede estimarse referida sino al Derecho consuetudinario que, tras la abolición de los Fueros y hasta nuestros días, subsistiera en el territorio de la Comunidad Autónoma» es inasumible desde un punto de vista técnico-jurídico, por dos razones: ante todo, porque las costumbres forales fueron derogadas, como los mismos fueros, en 1707. En consecuencia, a partir de entonces las costumbres que han observado los valencianos son costumbres primero de Derecho castellano y después de Derecho común, de suerte que no puede sostenerse con rigor que en la actualidad estén vigentes costumbres forales. A ello hay que añadir que la simple conversión de esas costumbres en normas legales chocaría con la limitación de su ámbito territorial, de imprecisa y difícil fijación, pues lo normal es que los usos sean locales y no uniformes, así como también con la competencia exclusiva e indelegable del Estado para regular la aplicación y eficacia de las normas jurídicas de acuerdo con el art. 149.1.8 CE.
En segundo lugar, la doctrina de la STC 121/1992 encorseta el contenido de las leyes valencianas en términos incompatibles con el ejercicio constitucional y estatutario de la competencia civil, conduciendo a su vaciado e inutilidad, porque es obvia la inexistencia de leyes civiles valencianas posteriores a la de arrendamientos históricos, a la que se refirió la citada STC 121/1992. Frente a ello, el Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana de 2006 pretende «el reconocimiento de la Comunidad Valenciana como Nacionalidad Histórica por sus raíces históricas, por su personalidad diferenciada, por su lengua y cultura y por su Derecho civil foral». Los arts. 7.1, 49.1.2 y disposición transitoria tercera EAV de 2006 parten del contenido de los fueros vigentes al tiempo de su abolición, en el año 1707, para dotar así de sentido a esa competencia previamente transferida (Ley Orgánica 12/1982) y luego asumida (Ley Orgánica 5/1994), respetando siempre, eso sí, los valores y principios constitucionales y estatutarios. De manera que la Ley Orgánica 5/1994 habría derogado la Ley Orgánica 12/1982 «por innecesaria», pues la citada Ley Orgánica 5/1994 también había modificado la disposición adicional tercera EAV de 1982, en el sentido de descalificar las competencias como transferidas para darles a todas un carácter plenamente estatutario. Para enfocar correctamente este recurso el representante de la Generalitat considera esencial advertir que la competencia legislativa de la Generalitat en materia de Derecho civil no deriva de la aplicación del art. 149.1.8 CE, sino de la transferencia llevada a cabo por la Ley Orgánica 12/1982, tal como reconoce el propio Tribunal Constitucional en su STC 121/1992. En definitiva —se argumenta—, la finalidad de la reforma radica en que la Generalitat pueda ejercer su competencia para legislar Derecho civil valenciano como si no hubiera existido abolición, aunque ello suponga llevar a cabo una reinterpretación del bloque de la constitucionalidad.
e) Por último, agrupados bajo el epígrafe «otros aspectos sustantivos contenidos en el recurso interpuesto contra la Ley 10/2007», la Abogacía de la Generalitat responde a los concretos reproches de inconstitucionalidad que se realizan a la Ley impugnada.
Por todo ello, solicita en primer lugar, la inadmisión en su totalidad del recurso presentado, por cuanto la cuestión competencial, tal y como se plantea, no fue objeto de negociación previa en el seno de la Comisión bilateral de cooperación entre la Administración general del Estado y la Generalitat Valenciana. Subsidiariamente, que se inadmita parcialmente por extemporaneidad, con respecto al resto de los preceptos distintos a los indicados en el acuerdo de la Comisión bilateral de cooperación prevista en el art. 33.2 LOTC y se desestime el recurso de inconstitucionalidad contra los arts.15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48 de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007. Por último, también de manera subsidiaria, se solicita que se desestime el recurso de inconstitucionalidad presentado frente al texto completo de la Ley de régimen económico matrimonial valenciano, declarando su conformidad al ordenamiento constitucional y estatutario.
1. El Presidente del Gobierno impugna la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano, por considerar que incurre en un doble motivo de inconstitucionalidad. En primer lugar, uno de naturaleza competencial, derivado del origen de la norma, al invadirse la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil derivada del art. 149.1.8 CE, desoyendo la doctrina establecida en la STC 121/1992, de 28 de septiembre, que limita el ámbito de la competencia asumible por la Comunidad Valenciana en la materia al «Derecho consuetudinario que, tras la abolición de los Fueros, haya subsistido» Es más, se vulneraría el art. 149.1.8 CE, aunque la norma valenciana se limitara a reproducir exacta y fielmente la norma estatal. El segundo reproche de inconstitucionalidad se dirige contra los arts. 27.2 y 39 de la Ley de régimen económico matrimonial valenciano, que regulan la inscripción en el Registro civil de determinados actos, pues no sólo tal materia carece de conexión con costumbre alguna subsistente en la Comunidad Valenciana, sino lo que todavía es más grave, incide en el título «ordenación de los registros e instrumentos públicos», donde nunca puede entenderse que tenga competencia legislativa una Comunidad Autónoma con derecho civil propio, pues es una materia reservada al Estado, en todo caso y sin excepción (art. 149.1.8 CE).
Los representantes de la Generalitat y de las Cortes valencianas niegan uno y otro reproche y defienden la plena constitucionalidad de la Ley impugnada, apoyándose en los argumentos que han quedado detalladamente expuestos en los antecedentes 7 y 8 de esta resolución. Especialmente, la Generalitat defiende que el calificativo «foral» incluido en el art. 49.1.2 y en la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana (EAV) tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, para referirse al Derecho civil valenciano, resulta esencial para el entendimiento y resolución de este litigio, por ser el que justifica la plena recuperación del derecho histórico Reino de Valencia, contenido en sus antiguos Furs. Por su parte, la representación de las Cortes Valencianas ahonda en la patente falta de lealtad institucional, que conllevaría a la inadmisión, por su extemporaneidad, del recurso de inconstitucionalidad, en todo aquello que exceda de los concretos preceptos que fueron objeto de discusión en la Comisión Bilateral. Por último, se subraya el significado de la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencia a la Comunidad Valenciana de competencias en materia de titularidad estatal y en el respeto a doctrina de la STC 121/1992 que ya afirmaba que la competencia legislativa de la Generalitat en materia de Derecho civil no deriva de la aplicación del art. 149.1.8 CE, sino de la transferencia llevada a cabo por la Ley Orgánica 12/1982.
La argumentación esgrimida debe compartirse. Como expresamente señala el art. 33.2 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y como también ha afirmado este Tribunal, en los supuestos en que se acuda al trámite conciliatorio previo contemplado en el citado precepto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el marco de la discrepancia o controversia es el que se establece «en el acuerdo sobre iniciación de las negociaciones, que es objeto de publicación oficial y se comunica al Tribunal Constitucional. Es este acuerdo, por tanto, el que desempeña una función de delimitación del contenido de un eventual recurso de inconstitucionalidad posterior» [SSTC 8/2012, de 18 de enero, FJ 2 a); 182/2013, de 23 de octubre, FJ 2 a); 34/2014, de 27 de febrero, FJ 2 a), y 197/2015, de 24 de septiembre, FJ 2 c)].La identificación de los preceptos conflictivos que realiza el acuerdo de la correspondiente Comisión bilateral de cooperación exigido por el art. 33.2 LOTC, limita el ámbito objetivo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante la constatada imposibilidad de solucionar satisfactoriamente la cuestión controvertida. Ello implica que el objeto del presente recurso quede circunscrito a los 11 preceptos mencionados en el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración general del Estado-Generalitat Valenciana de 8 de junio de 2007 (resolución de 8 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, publicada en el «BOE» de 21 de junio), pues respecto al resto, el recurso es extemporáneo, resultando dicho defecto insubsanable al haber transcurrido ya los plazos de impugnación de la norma establecidos en los apartados 1 y 2 del art. 33 LOTC.
Por ello no es posible admitir a trámite la presente impugnación en los términos expresados en el suplico del escrito de interposición del recurso, limitándola a los arts. 15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48 de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007,
b) También, con carácter previo al enjuiciamiento del fondo, resulta necesario determinar la vigencia de la controversia competencial en los términos en que ha sido planteada, a la vista de las modificaciones operadas en la Ley que es objeto del presente recurso. En efecto, durante la tramitación de este procedimiento, la Ley de régimen económico matrimonial valenciano ha sido objeto de reforma en virtud de la Ley 8/2009, de 4 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de determinados preceptos de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano. En ésta, concretamente, se derogaron los arts. 30, 37, 47 y 48, y se modificaron tanto el último párrafo del preámbulo, como los arts. 15.2, 17.2, 27.2, 33.1, 39, 42.2 y 46. Dicha Ley 8/2009 entró en vigor al día siguiente de su publicación en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana», por lo que, habiendo sido publicada el 10 de noviembre de 2009, entró en vigor el 11 de noviembre de 2009, como precisa la propia disposición final segunda de la Ley de modificación.
Según el legislador autonómico, si bien la entrada en vigor de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007 de 2007 había demostrado que constituía un instrumento jurídico adecuado para instaurar novedades importantes en la regulación del régimen económico matrimonial valenciano, también se constataba la conveniencia de reconsiderar determinados aspectos puntuales, insistiendo el Preámbulo que se modifica «con el fin de contribuir a una mayor claridad normativa y dotar de mayor seguridad a los operadores jurídicos y a los principales destinatarios de la norma, esto es, los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunidad Autónoma valenciana. Con la modificación de la Ley de régimen económico matrimonial valenciano se pretende mantener el mismo espíritu que ésta tenía, es decir, la prospectiva de elaborar un Código de Derecho civil foral valenciano».
Del análisis de la Ley 8/2009, de 4 de noviembre, se observa que las reformas que se operan en el texto legislativo original de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007 de 2007, se pueden estructurar en cuatro grandes bloques. Como indica el preámbulo, por un lado, se modifican los arts. 15.2, 17.2, 27.2 y 46 de la Ley de régimen económico matrimonial valenciano para remitir al Código civil (CC) –o a la legislación del Estado con carácter general– la regulación de la prescripción de la acción para reclamar el pago de la compensación por trabajo doméstico, el régimen de caducidad de la acción para instar la anulabilidad del acto dispositivo sobre la vivienda habitual de la familia efectuado por el cónyuge titular sin el consentimiento del otro o sin la correspondiente autorización judicial, el régimen de oposición de la carta de nupcias o capitulaciones matrimoniales frente a terceros y la atribución de los bienes poseídos por los cónyuges cuando no se pueda acreditar a cuál de ellos pertenecen.
3. El Abogado del Estado refiere la presente cuestión a la vulneración, por parte del legislador autonómico, de su competencia en materia de derecho civil. El reproche, en este sentido, se dirige contra la totalidad de la Ley de régimen económico matrimonial valenciano, al entender que la materia legislada posee un carácter marcadamente civil, y la Comunidad Autónoma valenciana no puede invocar su competencia para «conservarla, desarrollarla o modificarla» (ex art. 149.1.8 CE), por no haber formado nunca parte de su derecho civil propio.
Las partes coinciden en el encuadramiento material de los preceptos impugnados, que se insertan en el ámbito relativo al régimen económico matrimonial, y cuya pertenencia a la materia civil no se discute. El ámbito material en el que deben incardinarse las normas cuestionadas es, por tanto, el relativo a derecho civil, por ser ésta la materia directamente afectada, tal y como queda, asimismo, confirmado por la remisión que el preámbulo de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007 realiza al art. 149.1.8 CE. Por tanto, los preceptos de referencia para la resolución de este conflicto son los arts. 149.1.8 CE y 49.1.2 EAV. Según el primero, «[e]l Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: … Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial». Por su parte, el art. 49.1.2 EAV dispone que «[l]a Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: … Conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano».
Las provincias valencianas –al y como las denomina el preámbulo del Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana– accedieron a la autonomía por la vía regulada en el art. 143 CE (STC 81/1993, de 8 de marzo, FJ 2). El legislador estatutario de 1982 estableció la asunción por la Generalitat Valenciana con carácter exclusivo de la competencia en materia de «conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Valenciano» (art. 31.2 EAV), adecuándose al marco constitucional por medio de la disposición transitoria primera EAV que remitía a una futura Ley Orgánica de transferencia o delegación del ejercicio efectivo de la competencia anunciada. Posteriormente el art. 1 de la Ley Orgánica 12/1982 dispuso:
«Por la presente ley, el Estado, de acuerdo con el artículo 152, 2 (sic, quiere decir ciento cincuenta, dos), de la Constitución, transfiere a la Comunidad Autónoma Valenciana todas aquellas competencias correspondientes a materias de titularidad estatal comprendidas en el Estatuto de la Comunidad Valenciana que excedan de las competencias configuradas en el artículo 148 de la Constitución, de acuerdo con los siguientes criterios:
b) La potestad legislativa sobre tales materias, en cuanto no se encuentre reservada al Estado por la Constitución, podrá ser ejercida por la Comunidad con toda la amplitud prevista en el artículo 150 de aquélla.»
«El desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat procurará la recuperación de los contenidos correspondientes de los Fueros del histórico Reino de Valencia en plena armonía con la Constitución y con las exigencias de la realidad social y económica valenciana. Esta reintegración se aplicará, en especial, al entramado institucional del histórico Reino de Valencia y su propia onomástica en el marco de la Constitución Española y de este Estatuto de Autonomía.»
«La competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano se ejercerá, por la Generalitat, en los términos establecidos por este Estatuto, a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución Española.»
El análisis de la eficacia de tales normas debe comenzar por recordar la posición de los Estatutos de Autonomía en el sistema de fuentes y la posibilidad de éstos de interpretar o regular las competencias reservadas al Estado por el art. 149.1 CE. Para ello resulta «forzoso partir de la obviedad de que el Ordenamiento español se reduce a unidad en la Constitución. Desde ella, y en su marco, los Estatutos de Autonomía confieren al Ordenamiento una diversidad que la Constitución permite, y que se verifica en el nivel legislativo, confiriendo a la autonomía de las Comunidades Autónomas el insoslayable carácter político que le es propio» (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 4). Ciertamente, los Estatutos deben «interpretar necesariamente la Constitución al ejercer la función atributiva de competencias a la correspondiente Comunidad Autónoma que la Constitución le[s] reconoce» en el artículo 147.2 d), aunque, de acuerdo con la posición de subordinación a la Constitución, «es obvio que esa posible regulación normativa estatutaria no puede en ningún caso quebrantar el marco del art. 149.1 CE» (STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 10, precisamente a propósito del Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana 2006). El Estatuto, no es una «norma atributiva de las competencias del Estado», ni «tampoco es norma de ejercicio de las competencias estatales previstas por el art. 149.1 CE»; por eso «en caso de hacer alguna precisión sobre el alcance de éstas, su constitucionalidad pasa por el respeto de dos límites: el primero, de carácter positivo, consiste en que dicha precisión se ‘haga para favorecer la mayor concreción de las competencias autonómicas que se correlacionan con’ las competencias estatales que puedan presentar problemas de delimitación; y el segundo, de carácter negativo, reside en que la precisión estatutaria ‘no impida el despliegue completo de las funciones propias de la competencia estatal regulada en el art. 149.1 CE de que se trate. Sólo si se satisfacen estas exigencias, tal modo de proceder resultará acorde a la Constitución’ (STC 247/2007, FJ 10)» (STC 30/2011, de 16 de marzo, FJ 8).
Si bien las previsiones estatutarias pueden de algún modo contribuir a interpretar otras normas de ese mismo Estatuto (interpretación sistemática, prevista en el art. 3.1 del Código civil), y perfilar las competencias reservadas al Estado en el art. 149.1 CE, de acuerdo con su función primordial consagrada en el art. 147.2 d) CE, lo que no pueden hacer en modo alguno es negar o impedir con ello el ejercicio de las competencias propias y exclusivas del Estado, según ese mismo art. 149.1 CE. Estas competencias son indisponibles para el legislador estatutario, como poder constituido que es (STC 247/2007, FFJJ 8 a 10). Precisamente por la subordinación de los Estatutos a la Constitución, «el Estatuto de Autonomía, al igual que el resto del ordenamiento jurídico», es el que «debe ser interpretado siempre de conformidad con la Constitución» (SSTC 247/2007, FJ 6; y 18/1982, de 4 de mayo, FJ 1, y 31/2010, FJ 3).
Aclarado lo anterior, una primera aproximación a los preceptos del Estatuto revela que no contienen norma alguna atributiva de competencias. Más bien, presuponen esa atribución, al tomar como premisa de su mandato «las competencias de la Generalitat» (artículo 7.1) y «competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano» (disposición transitoria tercera). Y ese otro lugar no puede ser más que el art. 49.1.2 EAV, ubicado en el título IV rubricado «las competencias».
El art. 7.1 y la disposición transitoria tercera EAV llaman a los poderes públicos valencianos a ejercer su competencia legislativa en materia de Derecho civil foral valenciano, pero siempre, y así se enfatiza en ambos preceptos, «en el marco de la Constitución Española y de este Estatuto de Autonomía» (art. 7.1 EAV) o «en los términos establecidos por este Estatuto» y «al amparo de la Constitución Española» (disposición transitoria tercera EAV). Es decir que la recuperación y actualización de los antiguos fueros no autoriza al legislador autonómico a exceder la competencia en materia de legislación civil que el art. 149.1.8 CE permite a las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio, más allá del cual se encuentra la competencia indisponible del Estado.
Hemos de afirmar que la Comunidad Valenciana ha asumido estatutariamente la competencia en materia de «conservación, modificación y desarrollo» de su Derecho civil foral (art. 49.1.2 EAV) y que el calificativo «foral» incluido en la reforma estatutaria referido al Derecho civil foral valenciano (arts. 49.1.2 y disposición transitoria tercera EAV), no puede alterar el techo competencial del art. 149.1.8 CE. Por iguales motivos, debe considerarse irrelevante que la norma estatutaria haya antepuesto el término «desarrollo» al de «modificación», pues no estamos en presencia de fases legislativas cronológicamente ordenadas, sino de finalidades emprendidas con la tarea legislativa. En último lugar, hay que subrayar que ni la Ley Orgánica 12/1982, ni otros principios informadores de la actuación de los poderes públicos autonómicos contenidos en el Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana (en concreto en su art. 7.1 y disposición transitoria tercera) permiten modificar o superar ese ámbito permitido por el art. 149.1.8 CE.
a) La expresión «allí donde existan» referida a los derechos civiles forales o especiales, como presupuesto indispensable para ejercer la competencia legislativa ex art. 149.1.8 CE alude a la previa existencia de un Derecho civil propio (SSTC 28/2012, de 1 de marzo, FJ 3; y 81/2013, de 11 de abril, FJ 4). Una preexistencia que no debe valorarse además con referencia a cualquier coordenada temporal, como se pretende desde la Comunidad Autónoma, sino muy precisamente «al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución» (STC 121/1992, de 28 de septiembre, FJ 1) o «a la entrada en vigor de la Constitución» (SSTC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1; y 31/2010, de 28 de junio, FJ 76), sin que sea lícito, remontarse a cualquier otro momento anterior. Ahora bien, y como también tuvimos ocasión de señalar precisamente en relación con la Comunidad Valenciana, «[el]l amplio enunciado de esta última salvedad (‘derechos civiles forales o especiales’) permite entender que su remisión alcanza no sólo a aquellos derechos civiles especiales que habían sido objeto de compilación al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución, sino también a normas civiles de ámbito regional o local y de formación consuetudinaria preexistentes a la Constitución» y que «tras la abolición de los Fueros y hasta nuestros días, subsistiera en el territorio de la Comunidad Autónoma, siendo notoria la inexistencia de toda regla escrita que, antes de la Ley hoy impugnada, ordenara en dicho ámbito cualquier instituto civil de modo especial respecto al Derecho común» (STC 121/1992, FJ 1). Y en el mismo sentido nos hemos pronunciado en la STC 182/1992, FJ 3, aunque ésta en relación con la Comunidad Autónoma de Galicia.
b) El contenido de esa competencia está siempre vinculado a la «conservación, modificación y desarrollo» de ese Derecho civil foral o especial previamente existente. De modo pues que como dijimos en la STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1, los concretos términos empleados por la Constitución («conservación, modificación y desarrollo») son los que «dan positivamente la medida y el límite primero de las competencias así atribuibles y ejercitables y con arreglo a los que habrá que apreciar -como después haremos- la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas en tal ámbito dictadas por el Legislador autonómico». Y esta doctrina se ha reiterado igualmente en las SSTC 156/1993, de 6 de mayo, FJ 1 a); 31/2010, de 28 de junio, FJ 76, y 4/2014, de 16 de enero, FJ 4 e).
c) Por lo que se refiere a cualquier institución jurídico civil, haya sido recogida por norma positiva o consuetudinaria, hay que señalar que, para el ejercicio de la competencia legislativa, la acreditación de su existencia en el momento de entrada en vigor de la Constitución Española se erige en presupuesto indispensable. Por tanto, no cabe más que volver a afirmar lo declarado en la STC 121/1992, FJ 2: «la existencia de un especial régimen consuetudinario para determinados arrendamientos rústicos en el actual territorio de la Comunidad Autónoma valenciana se constituye en auténtico presupuesto ex art. 149.1.8 CE para el válido ejercicio de la competencia conferida por el art. 31.2 del Estatuto de Autonomía y que dicha competencia solo podrá ejercerse en la medida en que tal régimen consuetudinario sea efectivamente reconocible sobre el objeto ordenado, hasta la adopción de la Ley hoy impugnada, por la costumbre». La reforma del Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana producida en el año 2006, no permite modificar esta interpretación que impone la letra de la norma constitucional.
Es preciso advertir, también, que una interpretación razonada y no arbitraria del art. 149.1.8 CE solamente permite reiterar y no rectificar la doctrina de la STC 121/1992, y, en consecuencia, entender, en una interpretación de acuerdo con la Constitución Española, que el art. 7.1 y la disposición transitoria tercera EAV, se refieren a las normas forales cuya aplicación siga perdurando en ese territorio autonómico. Dicho de otra manera, el art. 149.1.8 CE permite entender que la garantía de foralidad se extiende no sólo a aquellos derechos civiles especiales que habían sido objeto de compilación al tiempo de entrada en vigor de la Constitución Española, sino también a normas civiles de ámbito regional o local y de formación consuetudinaria preexistentes a aquel momento. Conviene destacar, además, que el respeto constitucional proclamado en el art. 149.1.8 CE alcanza también al sistema de fuentes normativas establecido en cada uno de los Derechos forales, pues así se dispone expresamente en la norma constitucional citada («y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto en este último caso, a las normas de Derecho foral o especial»). En el caso de la Comunidad Autónoma Valenciana, como ya pusimos de manifiesto, la costumbre es susceptible de legislarse, de tal modo que el ejercicio de la competencia legislativa autonómica, el derecho consuetudinario pasa a ser Derecho legislado.
5. Es innegable la consideración del Derecho consuetudinario como fuente del ordenamiento «siempre que no sea contraria a la moral y al orden público, y que resulte probada» (art.1.1 CC). Esta constatación origina que, ya desde ahora, debamos afirmar que el hecho de que la Comunidad Autónoma valenciana haya asumido el desarrollo legislativo de sus instituciones civiles (EAV), permite que reglas de su ordenamiento que quedaron cristalizadas en normas consuetudinarias puedan llegar a convertirse en normas legales en virtud del ejercicio de tal competencia. Sin embargo, la cuestión planteada en el presente recurso no ha de centrarse en la competencia de Valencia para legislar sus costumbres -para lo que indudablemente posee competencia-, sino en determinar si las instituciones jurídicas que pretende convertir en norma legal, es decir, en derecho escrito legislado, pertenecen o no a su derecho consuetudinario.
6. Aplicando la doctrina de la STC 121/1992, resulta que la validez de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007 depende de que la Comunidad Autónoma pueda acreditar la existencia de reglas consuetudinarias que en materia de régimen económico matrimonial existieran en vigor a la entrada en vigor de la Constitución Española, como sucedió en el caso de los arrendamientos rústicos, o bien otra institución civil diferente a la regulada pero «conexa» con ella, de manera que pueda servir de base para apreciar un «desarrollo» de su Derecho civil propio.
Según la STC 88/1993, si la «conservación» permite –por lo que a la Comunidad Valenciana interesa– «la formalización legislativa de costumbres efectivamente vigentes en el propio ámbito territorial» (FJ 2), y la modificación, añadimos ahora, presupone esa norma anterior que es la que se reforma o modifica, el «desarrollo», por su parte, habilita para «una ordenación legislativa de ámbitos hasta entonces no normados por aquel Derecho, pues lo contrario llevaría a la inadmisible identificación de tal concepto con el más restringido de ‘modificación’» (FJ 3). Cabe pues, continúa aquella Sentencia, «que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil foral o especial regulen instituciones conexas con las ya reguladas en la Compilación [entiéndase aquí, ya vigentes como costumbre] dentro de una actualización o innovación de los contenidos de ésta según los principios informadores peculiares del Derecho foral» pero sin que ello «signifi[que], claro está, en consonancia con lo anteriormente expuesto, una competencia legislativa civil ilimitada ratione materiae dejada a la disponibilidad de las Comunidades Autónomas, que pugnaría con lo dispuesto en el art. 149.1.8 C.E., por lo mismo que no podría reconocer su fundamento en la singularidad civil que la Constitución ha querido, por vía competencial, garantizar» (loc. cit.). Esta doctrina ha sido igualmente reiterada en las SSTC 156/1993, 31/2010 y 4/2014, ya citadas.
Por último, no basta la posible conexión entre los antiguos y derogados Furs del Reino de Valencia y las instituciones económico-matrimoniales reguladas en la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007, pues lo que debe probarse es la pervivencia de las costumbres que le sirven de punto de conexión. A este respecto, a diferencia de lo sucedido con los arrendamientos históricos, no se ha acreditado la vigencia de tales costumbres [STC 121/1992, FJ 2 a)], como le correspondía hacer de conformidad con nuestra doctrina (SSTC 121/1992, FJ 2, y 182/1992, FJ 3). No se olvide que de acuerdo con el art. 1.3 del Código civil, dedicado a las «Fuentes del derecho», «[l]a costumbre sólo regirá… siempre que… resulte probada». Y no es la primera vez que este Tribunal acude al título preliminar del Código civil para reconocer instituciones generales de nuestro ordenamiento, como la buena fe (STC 198/1988, de 24 de octubre, FJ 2) o el fraude de ley.
En este sentido, hay que subrayar que el Derecho civil –sea el común o el foral– es eminentemente un derecho creado por y para los particulares, que resuelve los problemas que puedan surgir en sus relaciones privadas. Es el derecho de la autonomía de la voluntad por antonomasia que surge como máxima expresión de la libertad y, por ello, es un ordenamiento conformado en su mayor parte por normas de carácter dispositivo, es decir, primero rigen los pactos y subsidiariamente la norma legal.
1.º Declarar inconstitucionales y nulos los arts. 15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano, con los efectos previstos en el fundamento jurídico 8.
2.º Declarar igualmente inconstitucionales y nulos por conexión con lo dispuesto en el apartado primero de este fallo, el resto de artículos y disposiciones de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano con los efectos previstos en el fundamento jurídico 7.
Dada en Madrid, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.
Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 9888-2007 interpuesto contra la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, del 20 marzo, de régimen económico matrimonial valenciano
La modificación del año 2006 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana ha alterado sustancialmente la competencia de esta comunidad autónoma en materia civil, pues (i) en general para todas las competencias, el art. 7.1 dirige un mandato a la Generalitat para «la recuperación de los contenidos correspondientes de los Fueros del histórico Reino de Valencia»; (ii) específicamente en materia civil, la disposición transitoria tercera realiza de manera expresa una consagración de la «competencia exclusiva» sobre el «Derecho civil foral valenciano», ejercida «a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza al amparo de la Constitución Española»; y (iii) en el art. 49.1.2 reconoce la competencia de la Comunidad para la «[c]onservación, desarrollo y modificación» del Derecho civil valenciano, ahora calificado reiteradamente a lo largo del nuevo de Estatuto de Autonomía (en las seis ocasiones en que aparece) como «foral», frente a ninguna en el texto originario.
La opinión mayoritaria en que se funda la Sentencia, sin embargo, parte de la suposición de que la situación competencial de la Comunitat Valenciana en materia de Derecho civil es exactamente la misma que con anterioridad a la modificación del año 2006, a pesar de que en el primitivo Estatuto de Autonomía no se hacía referencia alguna al Derecho foral histórico. Para sustentar esta posición afirma que la disposición transitoria y el artículo séptimo carecen de relevancia alguna desde el punto de vista competencial. Considera, en suma, que el único artículo relevante a efectos competenciales es el citado artículo 49.1.2 (que, por cierto, también incluye por vez primera la palabra «foral»).
A mi juicio resulta del todo imposible desconocer la importancia que tiene en materia competencial la citada disposición transitoria (que, recordemos, invoca la «competencia exclusiva» en materia civil), el artículo séptimo, y, en su conjunto, la apelación a la normativa foral histórica del Reino de Valencia, reiterada persistentemente en el nuevo Estatuto. Mantener que las referidas disposiciones carecen de relevancia competencial alguna implica, a mi juicio, una trivialización de la modificación del Estatuto de Autonomía y, en último término, del Estatuto en sí y de la normativa foral histórica cuya recuperación se ordena en el marco del ejercicio de la competencia en Derecho civil de la Generalitat. Por no salirme de las referencias al Código civil felizmente gratas (al menos en este caso) a la opinión mayoritaria, debo recordar que una norma capital en la interpretación de los contratos, unánimemente considerada aplicable también a cualquier proposición jurídica, y por ende, a las normas, establece que si una cláusula admite diversos sentidos deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. Con la interpretación que sustenta la opinión mayoritaria la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía se limitaría a dirigir un evanescente mandato al legislador para que al desarrollar el Derecho civil trate de armonizarlo con el contenido de los antiguos fueros. Este mandato, aparte de estéril, no tendría sentido, habida cuenta del carácter consuetudinario al que la propia opinión mayoritaria reduce el alcance del Derecho civil valenciano.
El texto de la referida disposición transitoria, en relación con el artículo 7.1 del Estatuto de Autonomía, hace prevalecer sin lugar a dudas la interpretación de que en ella se trata de la recuperación de la normativa histórica de la Comunidad Valenciana vinculada a los antiguos fueros (no se opone a ello la discutible opinión mayoritaria según la cual Valencia ha estado ausente de la «cuestión foral»), y así se deduce también del devenir histórico de su aprobación.
El Tribunal Constitucional comprueba (FJ 10) que, «[d]e acuerdo con el art. 5 EAC ‘[e]l autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana, que el presente Estatuto incorpora y actualiza al amparo del artículo 2, la disposición transitoria segunda y otros preceptos de la Constitución’». A juicio de los recurrentes en aquel proceso, esto «supone recabar para el Estatuto de Autonomía una facultad de actualización de los derechos históricos y, con ella, de asunción de competencias por los cauces que la Constitución ha reservado a los territorios forales en su disposición adicional primera.» Pues bien, el Tribunal Constitucional afirma que «[t]anto los derechos históricos como las instituciones seculares y la tradición jurídica de Cataluña invocados por el precepto son únicamente aquellos de los que deriva el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat en relación con el derecho civil … Se trata, pues, de derechos históricos en un sentido bien distinto del que corresponde a los derechos de los territorios forales a que se refiere la disposición adicional primera de la Constitución. Y ello porque se refieren a derechos y tradiciones de Derecho privado o, en el ámbito del Derecho público, al derecho que la disposición transitoria segunda de la Constitución ha querido atribuir a los territorios que en el pasado hubieran plebiscitado Estatutos de autonomía […] Sólo de manera impropia podría entenderse que tales derechos históricos son también, jurídicamente, fundamento del autogobierno de Cataluña …». (Resaltado mío).
La Sentencia termina haciendo una interpretación constitucional del art. 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), con arreglo al cual este «no es contrario a la Constitución interpretado en el sentido de que su inciso ‘en los derechos históricos del pueblo catalán’ no remite al contenido de la disposición adicional primera de la Constitución ni es fundamento jurídico propio del autogobierno de Cataluña al margen de la Constitución misma, y así se dispondrá en el fallo.»
A mi juicio, esta objeción carece de valor por las siguientes razones: (i) El concepto general de actualización de los derechos históricos, una vez admitido por la jurisprudencia constitucional, carece de sentido alguno en el marco del Derecho privado si no se entiende que puede referirse a sistemas no vigentes en el momento de la entrada en vigor de la Constitución, pues para los que se hallaban vigentes en esta fecha no cabe hablar de actualización o recuperación de derechos históricos, sino simplemente de conservación de sistemas vigentes; (ii) la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido efectivamente diciendo que los derechos forales o especiales reconocidos por el artículo 149.1.8 CE solo son aquellos vigentes al momento de la entrada en vigor de la Constitución; sin embargo, esta afirmación se ha hecho siempre con el carácter de obiter dictum, pues los casos resueltos se refieren a instituciones la controversia acerca de las cuales no versaba sobre el momento de su vigencia, sino únicamente sobre su valor como Derecho civil foral o especial o su conexión con el Derecho foral; o a costumbres en las cuales, por su naturaleza de normas fundadas en la repetición consciente de conductas como obligatorias, la vigencia se confunde con la existencia; (iii) entender que una frase tan genérica como «allí donde existan», utilizada por el artículo 149.1.8 CE exige el dato de la vigencia efectiva del Derecho foral o especial en el momento de la entrada en vigor de la Constitución, que es la tesis que propugna la opinión mayoritaria en que se funda la sentencia, tiene su fundamento, a mi juicio, en una concepción restrictiva de los Derechos civiles territoriales, entendidos como realidades históricas residuales que deben conservarse provisionalmente o «por ahora» en los territorios donde «subsistan», como decía en su redacción original el Código civil. No parece necesario esforzarse en demostrar que esta concepción residual no es la que mantiene la Constitución, que habla de una manera amplia de la legislación en materia de «derechos forales o especiales» como competencia ordinaria de determinadas Comunidades Autónomas y reserva al Estado concretas materias que son las que verdaderamente se considera necesario mantener frente a estos derechos en el ámbito de su competencia exclusiva; (iv) tratándose de los derechos históricos por antonomasia, es decir, de los pertenecientes en el ámbito del Derecho público al País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, resulta una evidencia histórica que no todos los derechos reconocidos en este ámbito territorial estaban vigentes en el momento de la entrada en vigor de la Constitución, pues el concierto económico para Guipúzcoa y Vizcaya se restauró prácticamente de forma contemporánea a la Constitución, tras un largo periodo de supresión, y otros derechos históricos, como la existencia de una policía propia en el País Vasco, se remontan a realidades históricas anteriores.
Como es sabido, una vez reconocido el sistema de Derecho civil foral o especial como fundamento de las competencias civiles de la comunidad autónoma, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sigue un criterio muy amplio para determinar el alcance de sus competencias normativas, fundado en los principios constitucionales de «desarrollo» y «modificación».
Esta jurisprudencia se basa en algunos puntos capitales: (i) «El término ‘allí donde existan’ a que se refiere el art. 149.1.8 CE, al delimitar la competencia autonómica en la materia, ha de entenderse más por referencia al Derecho foral en su conjunto que a instituciones forales concretas» (STS 88/1993, FJ 3, entre otras); (ii) «La Constitución permite, así, que los Derechos civiles especiales o forales preexistentes puedan ser objeto no ya de ‘conservación’ y ‘modificación’, sino también de una acción legislativa que haga posible su crecimiento orgánico y reconoce, de este modo, no sólo la historicidad y la actual vigencia, sino también la vitalidad hacia el futuro, de tales ordenamientos preconstitucionales» (STS 88/1993, FJ 3, entre otras); (iii) «[L]as competencias autonómicas para ‘desarrollar’, en lo que aquí interesa, el propio Derecho civil pueden dar lugar a la actualización y crecimiento orgánico de este y, en concreto, a la regulación de materias que, aun ausentes del texto originario de la Compilación, guarden una relación de conexión suficiente con institutos ya disciplinados en aquella o en otras normas integrantes del propio ordenamiento civil.» (STC 156/1993, FJ 6, entre otras).
Pero lo que me importa subrayar aquí es que no comparto el criterio según la cual el criterio de conexión opera como límite para el desarrollo y modificación de los derechos forales o especiales (reconozco que hasta ahora es el mantenido por la jurisprudencia constitucional), aunque soy consciente de mi absoluta soledad en la actual composición del Tribunal, habida cuenta de la contundencia con que el criterio de un desarrollo limitado del Derecho foral o especial –emparentado con la que he llamado concepción residual– se mantiene en la argumentación desarrollada por la opinión mayoritaria incorporada a la sentencia (que se refleja, por ejemplo, en el párrafo primero del fundamento jurídico 6).
Madrid, a veintiocho de abril de dos mil dieciséis.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Firmado y rubricado.
DICTADA en el Recurso 9888/2007 (Ref. BOE-A-2008-6998).
DECLARA la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48 con los efectos previstos en el fj 8 y la inconstitucionalidad y nulidad del resto de artículos y disposiciones de la Ley con los efectos previstos en el fj 7 (Ref. BOE-A-2007-8279).