Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/higinio-guirado-notario-vicar-roquetas-457102
Timestamp: 2019-05-25 06:51:03
Document Index: 342404677

Matched Legal Cases: ['artículo 322', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 82', 'artículo 3', 'artículo 82']

Resolución de 13 de diciembre de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Higinio Pi Guirado, Notario de Vícar, contra la negativa de la titular del Registro de la Propiedad número 2 de Roquetas a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia. - Doctrina Administrativa - VLEX 457102
SUSTITUCION VULGAR: necesidad, en su caso, de acreditar su ineficacia (acta notarial u otros medios)
Si inicialmente esa doctrina se aplicaba a supuestos en los que junto a la designación nominal de unos herederos existía otra hecha cautelarmente por circunstancias -la institución, junto con unos hijos específicamente designados, de los demás que en el futuro pudiera tener el testador- pasó igualmente (Resolución de 16 de junio de 1901) a aplicarse al supuesto de designación hecha simplemente por circunstancias -la institución hecha a favor de los hijos de determinada persona-, pero partiendo de la base de que los que concurrían como tales a la partición acreditaban estar incluidos en el llamamiento. Incluso esa doctrina de la innecesariedad de probar hechos negativos llega a mantenerse en el supuesto de premoriencia de un heredero legitimario al señalar que no es preciso justificar que haya dejado descendientes que ostenten derecho a la legítima (Resolución de 3 de marzo de 1912)
De conformidad con el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, el Registrador debe proceder a la notificación de la calificación negativa del documento presentado, quedando desde entonces automáticamente prorrogado el asiento de presentación por un plazo de sesenta días contados desde la práctica de la última de las notificaciones que deban ser realizadas. Prórroga durante la cual, por aplicación de los artículos 17, 24 y 25 de la Ley Hipotecaria, no pueden ser despachados los títulos posteriores relativos a la misma finca, cuyos asientos de presentación, por tanto, han de entenderse igualmente prorrogados hasta el término de la vigencia, automáticamente prorrogada, del asiento anterior.
En la escritura calificada se inventariaron también fincas correspondientes a otro Registro de la Propiedad, inscribiéndose en el mismo, por lo que entiende que la segunda calificación ha de estar por lo ya calificado en el primer Registro, en consideración a que, si la misma es exponente, junto con el documento público, de la seguridad jurídica en general, sancionada en el artículo 9 de la Constitución española, y al quedar inscrita la adjudicación hereditaria, ya está bajo la salvaguardia de los Tribunales (artículo 1.3 de la LH), tal validez, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Ley, debe ser presupuesto de la calificación que efectúe el segundo Registro, sin que este parecer suponga un ataque directo al principio de territorialidad y calificación individual de cada Registrador, que seguiría incólume, máxime teniendo en cuenta que la Constitución española es prioritaria o preferente a la Ley y Reglamento Hipotecario como al resto del ordenamiento jurídico.
Que el obstáculo puesto en la calificación consiste en la exigencia de acreditación de un hecho negativo, por lo que entiende que certificar lo que no es, como prueba de hechos negativos, en caso de que sea posible, obliga a la exhaustividad heurística comprobando pericialmente todas las posibilidades positivas de lo que sí es, o de lo que sí puede ser, o bien a razonamientos probatorios indirectos por reducción al absurdo, o a la prueba por casos. Es relativamente fácil probar lo que sí es y algo más difícil probar lo que sí fue, pero resulta metafísicamente imposible, sólo por prueba directa, la certificación de lo que no es, y más imposible aún si cabe, llegar a la certeza de lo que no fue, salvo en casos con absurdos lógicos incontrovertibles.
Ante la extrema oscuridad cercana a la imposibilidad de la prueba de estos hechos, cabe citar varias antiguas resoluciones de este centro directivo (2 de diciembre de 1897; 11 de mayo de 1900; 26 de junio de 1901) que apoyan la postura del recurrente, y por ello, ante todos estos inconvenientes y para solucionar los problemas que la práctica jurídica generaba, el mismo Código Civil y esta Dirección General de los Registros y del Notariado, tratan de fijar o establecer otros criterios que solucionen aquellos, además de dar certeza a las adquisiciones hereditarias, orillando la dificultosa prueba de los hechos negativos (entre otros citaba la posible rescisión de la partición).
Los medios de calificación de que dispone el registrador se ciñen a los títulos presentados y al contenido de los asientos del Registro, y respecto de los tres instrumentos subsanatorios contemplados en la nota de calificación (testamento, acta de declaración de herederos abintestato o la especial del artículo 82 del Reglamento Hipotecario) no se estiman adecuados para probar circunstancias relativas al estado civil de las personas (inexistencia de hijos del hijo instituido heredero y premuerto a los testadores), pues eso sólo corresponde a las actas del Registro Civil, si bien con ellos sí que se estima posible cumplimentar y ratificar su eficacia probatoria.
La cuestión planteada en el presente recurso se concreta en determinar si ha de acreditarse -y no sólo a efectos registrales, habida cuenta de la ineludible obligación del Notario por razón de su función de control de legalidad-, la ineficacia del llamamiento como herederos sustitutos vulgares de los descendientes de quien había sido instituido en primer lugar, cuando éste premuere al testador sin descendencia, cuestión ésta, por cierto, suficientemente esclarecida desde hace tiempo por este Centro Directivo en las resoluciones citadas en los vistos y cuya doctrina sigue la acertada nota de calificación recurrida.
Una cosa es que los instituidos nominativamente como herederos en un testamento no tengan que acreditar, para adquirir los derechos inherentes a esa cualidad, que el testador no dejó a su fallecimiento otros herederos, y otra, bien distinta, que en una sustitución vulgar para el caso de premoriencia del instituido, si acaece éste, haya que probar la razón por la que el llamamiento a los sustitutos no tiene efectividad.
Que es doctrina con más de un siglo de antigüedad (en concreto a partir de la Resolución de 2 de diciembre de 1897), que ni el Código civil, ni la legislación especial, ni la Ley Hipotecaria exigen que la persona o personas instituidas nominativamente como herederos en un testamento acrediten, para adquirir los derechos inherentes a esa cualidad, que el testador no dejó a su fallecimiento otros herederos forzosos si el instituido o los instituidos reunían ese carácter, o que no dejó ningún heredero forzoso si el nombrado era una persona extraña, por cuya razón no han establecido procedimientos destinados a obtener la justificación de semejante circunstancia negativa.
Que no puede identificase aquella doctrina, relativa al supuesto de inexistencia de otras personas interesadas en la herencia que no sean las llamadas como tales en el título sucesorio -un hecho negativo que no es necesario probar-, con la posibilidad de prescindir en la partición de las que si han sido llamadas, pues la exclusión de éstas en la partición de la herencia exige la justificación de la falta de atribución a ellas de los derechos a los que han sido llamadas. Y no puede desconocerse que en una sustitución vulgar para el caso de premoriencia del instituido los sustitutos aparecen condicionalmente instituidos de suerte que, acreditado el cumplimiento de la condición que determina su llamamiento, la muerte del instituido, habrá que probar la razón por la que el mismo no tiene efectividad. Esta era la conclusión a que llegaba la Resolución de 21 febrero 1992 cuando expresaba que la sola consideración de la inseguridad que provocaría una tesis como la entonces propugnada por el recurrente en orden a la firmeza de la partición de este modo realizada, así como la evidente inadmisión en la esfera registral (regida por el principio de titulación fehaciente del hecho o acto inscribible -artículo 3 Ley Hipotecaria-) de un pretendido medio de prueba que se reduce a las manifestaciones de quienes invocan la condición debatida, bastaría para la desestimación del recurso; mas ésta viene además confirmada -se añadía- por el texto claro y categórico del artículo 82, párrafo tercero, del Reglamento Hipotecario cuando exige -más bien permite- acta de notoriedad para la determinación del extremo debatido.