Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20019140
Timestamp: 2019-12-15 04:44:48
Document Index: 143370252

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 237', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 531', 'Artículo 86']

C-281 de 2013
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020019140CC-SENTENCIAC281201315/05/2013CC-SENTENCIA_C_281__2013_15/05/2013200191402013Sentencia C-281/13 (Bogotá D.C., mayo 15 de 2013) TERMINO DE PRESCRIPCION E INTERRUPCION Y SUSPENSION DEL TERMINO PRESCRIPTIVO DE LA ACCION PENAL- Inhibición para emitir un pronunciamiento de fondo CODIGO PENAL- Término de la prescripción de la acción penal CODIGO PENAL- Interrupción y suspensión del término de la prescripción de la acción penal DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Requisitos / DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Jurisprudencia constitucional sobre oportunidad procesal para definir la aptitud de la demanda En la Sentencia C-623 de 2008, reiterada, entre otras, en las Sentencias C-894 de 2009 y C-055 de 2013, este tribunal precisó la oportunidad procesal para definir la aptitud de la demanda en los siguientes términos: "Aun cuando en principio, es en el Auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5)"
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVOD9301CONSTITUCIONALIDADJulia Amparo Peña BuitragoPor la cual se expide el Código Penal.Identificadores20020019141true33507Versión original20019141Identificadores
Norma demandada: Por la cual se expide el Código Penal.
SentenciaC-281/13
(Bogotá D.C., mayo 15 de 2013)
TERMINO DE PRESCRIPCION E INTERRUPCION Y SUSPENSION DEL TERMINO PRESCRIPTIVO DE LA ACCION PENAL-Inhibiciónpara emitir un pronunciamiento de fondo
CODIGO PENAL-Término de la prescripción de la acción penal
CODIGO PENAL-Interrupción y suspensión del término de la prescripción de la acción penal
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia
En la Sentencia C-623 de 2008, reiterada, entre otras, en las Sentencias C-894 de 2009 y C-055 de 2013, este tribunal precisó la oportunidad procesal para definir la aptitud de la demanda en los siguientes términos: "Aun cuando en principio, es en el Auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5)"
Demanda de inconstitucionalidad: en contra de los artículos 83 (parcial) y 86 de la Ley 599 de 2000, "Por la cual se expide el Código Penal".
Actor: Julia Amparo Peña Buitrago.
La ciudadana Julia Amparo Peña Buitrago demandó la inconstitucionalidad de los artículos 83 (parcial) y 86 de la Ley 599 de 2010, cuyo texto -lo demandado con subraya- es el siguiente:
<Inciso modificado por el artículo 1 de la Ley 1426 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical legalmente reconocida, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años.
<Inciso adicionado por el artículo 1 de la Ley 1154 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte (20) años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad.
<Inciso modificado por el artículo 14 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores.
La prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada. <Inciso 1o. modificado por el artículo 6 de la Ley 890 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.
Por medio de Auto del 28 de septiembre de 2012 se inadmitió la demanda, por considerar que su concepto de la violación no satisfacía los mínimos argumentativos de certeza y pertinencia. El 5 de octubre de 2012, dentro del término previsto para ello, la ciudadana presentó corrección de su demanda, con el propósito de subsanar las deficiencias indicadas. Por medio de Auto del 23 de octubre de 2012, en razón del principiopro actione, se admitió la demanda en contra de los artículos 83 (parcial) y 86 de la Ley 599 de 2010.
2.2.1. La ciudadana Julia Amparo Peña Buitrago dirige su demanda contra los incisos 1 y 3 del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, por vulnerar los artículos 13, 29 y 93 de la Constitución Política, 1, 10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3.3. Intervención de la ciudadana Rosmary Velásquez Mendoza: inexequibilidad.
Considera que aún en el caso de admitir que la demanda, en razón del principiopro actione, satisface los mínimos argumentativos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, de todas maneras no está llamada a prosperar.
Pese a que en esta oportunidad se aluda a la igualdad y a la favorabilidad, laratio de la referida sentencia se mantiene incólume y es vinculante en este proceso, pues el acto mecánico de pretender equiparar la imputación, que es un acto estructural propio del proceso acusatorio, con la resolución de acusación, que se inscribe en un régimen penal diferente, no es dable ni posible.
4. Concepto del Procurador General de la Nación: inhibición y en subsidio exequibilidad.
"Aun cuando en principio, es en el Auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5)".
2.5. Al analizar el cargo planteado contra los incisos uno y cuatro del artículo 83 del Código Penal, este tribunal encuentra que la demanda incurre en una confusión grave, pues pretende equiparar las reglas sobre prescripción de la acción penal con las reglas sobre la prescripción, cuando ésta se ha interrumpido en el proceso. Asumir que los dos tipos de prescripción son el mismo, pese a su diferencia, para argumentar que el término mínimo de cualquier tipo de prescripción es de 3 años, resulta contrario a la propia realidad normativa. En materia de prescripción de la acción, las reglas previstas en el Código Penal, en especial en los incisos demandados del artículo 83, son las únicas aplicables. Y es que no es posible llegar a otra conclusión si se advierte los efectos de la Sentencia C-1033 de 2006, que declara inexequible, "a partir de la fecha de publicación de la Ley 906 de 2004", el artículo 531 de ésta, que pretendía establecer otro tipo de reglas. Por lo tanto, al haber una sola norma que regula el fenómeno, no es posible plantear, ni siquiera a partir del principio pro actione, que ésta pueda vulnerar el derecho a la igualdad o afectar el principio de favorabilidad en materia penal. Esta imposibilidad se debe a la falta de certeza de la demanda, que se dirige contra una norma que regula la prescripción de la acción, sobre el presupuesto de que ésta es equiparable o igual a la norma que regula la prescripción de la acción luego de haberse interrumpido en el proceso.
Inhibida Artículo 86 LEY_599_2000_24/07/2000