Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-1223-de-noviembre-22-de-2001?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041c510f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-21 05:13:33
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Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 6', 'artículo 31', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 26', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 677', 'artículo 519', 'artículo 3', 'artículo 197', 'artículo 6', 'artículo 197']

﻿ SENTENCIA T-1223 DE NOVIEMBRE 22 DE 2001
SENTENCIA T-1223 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUS Y DE FAVORABILIDAD PENAL. VIGENCIA EN SITUACIONES CONSOLIDADAS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA CARTA POLÍTICA DE 1991.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA REFORMATIO IN PEJUS
Sentencia T-1223 de noviembre 22 de 2001
Sentencia T-1223 de 2001
Ref.: Exp. T-492.399
Acción de tutela instaurada por Roberto Mendoza Martín contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Jaime Araújo Rentería, Clara Inés Vargas Hernández y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión de los fallos emitidos, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección A, y, en segunda instancia, por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, dentro de la acción de tutela instaurada por Roberto Mendoza Martín contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
1.1. El juzgado 11 Superior de Bogotá, mediante providencia del 11 de marzo de 1988 (proceso 6096), condenó al señor Roberto Mendoza Martín, por el delito de homicidio agravado a la pena principal de 17 años de prisión y a las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas, así como a la suspensión de la patria potestad por tiempo igual a la pena principal, sin derecho a suspensión condicional de la sentencia ni a obtener el beneficio de la libertad provisional.
1.2. Apelada tal decisión, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante Sentencia del 3 de junio de 1988, reformó la sentencia condenatoria impugnada y aumentó en 1 año la pena principal inicialmente impuesta, al señor Mendoza Martín, quedando en definitiva una condena a pena privativa de la libertad de prisión por 18 años.
1.3. Posteriormente, en el año de 1994, contra el señor Mendoza Martín fue adelantado otro proceso penal por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas ante el Juzgado 35 Penal del Circuito de Bogotá, el cual concluyó con sentencia condenatoria de fecha 13 de octubre del mismo año, a 13 años de prisión como pena principal y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, por el mismo lapso.
1.4. Al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá correspondió la vigilancia de la pena impuesta por el Juzgado 35 Penal del Circuito, en contra del señor Mendoza Martín. Este detectó la existencia contra el citado ciudadano de la sentencia condenatoria penal del año de 1988, relacionada en los numerales 1º y 2º precedentes. Por ese motivo dispuso, mediante auto interlocutorio de fecha 17 de marzo de 1999, acumular las penas, con lo cual resultó una sanción a pena privativa de la libertad definitiva de 26 años de prisión y de 10 años a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas.
1.5. Contra el referido auto el señor Mendoza Martín interpuso recurso de apelación, el cual fue declarado desierto, a través de auto del 22 de abril de 1999, por sustentación extemporánea. Nuevamente impugnada tal decisión, fue confirmada integralmente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en auto del 9 de julio de 1999.
1.6. Por razón de lo antes establecido el señor Roberto Mendoza Martín purga actualmente su condena en la Cárcel Nacional "La Picota" de la ciudad de Bogotá.
2. La demanda de tutela y las pretensiones del actor.
El señor Roberto Mendoza Martín interpuso acción de tutela en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por la violación del principio constitucional de la no reformatio in pejus, consagrado en el artículo 31 de la Carta Política, al aumentar en un año la sentencia condenatoria inicialmente impuesta en su contra por el delito de homicidio agravado, a través de la resolución de un recurso de apelación. En su criterio, con dicho principio se "trata de proteger los intereses del condenado cuando existan aspectos de la providencia que éste querría discutir, para permitirle hacerlos (sic) sin correr el riesgo de verse desmejorado en la situación definida inicialmente".
3. Argumentos de defensa de la entidad accionada.
Respecto de lo afirmado por el accionante, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá sostuvo, en su defensa, que la normatividad vigente al momento de proferir el fallo actualmente acusado amparaba la decisión adoptada (D. 409/71, CPP, art. 197), toda vez que no tenía previsto el instituto de la prohibición de la reforma en perjuicio del procesado como apelante único, de manera que, el superior jerárquico tenía la obligación y la facultad de revisar la pena impuesta en el fallo de primera instancia pudiendo, si fuere del caso, aumentarla, disminuirla o adecuarla.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección A, mediante Sentencia del 21 de mayo de 2001, denegó el amparo solicitado por el actor, al no encontrar vulnerado el derecho al debido proceso a través del desconocimiento del principio constitucional de la no reformatio in pejus invocado por el actor, así como tampoco halló configurada vía de hecho alguna en la providencia acusada, con fundamento en las siguientes razones:
Ahora bien, en cuanto a la posible vulneración del principio de la no reformatio in pejus, aclaró que la providencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá —Sala Penal, no lo vulneró pues la misma fue proferida bajo la vigencia de la Constitución Nacional de 1886 y del Código de Procedimiento Penal (D. 409/71, art. 197 bis).
Por último, advirtió que el aumento de la pena definitivamente impuesta al actor se debió a una decisión adoptada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, al dosificar las penas privativas de la libertad impuestas al actor en virtud de dos procesos penales distintos, debiendo acumularlas en la cuantía de 26 años de prisión y 10 años de interdicción de derechos y funciones públicas.
El accionante impugnó la anterior decisión invocando en su favor la aplicación del contenido del artículo 6º del Código Penal, hoy vigente, según el cual “La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”, así como del artículo 31 superior que señala que “El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”. Por estas razones, del actor al evidenciar la violación de principios jerárquicos superiores, considera viable que a través de la tutela se le ampare el derecho invocado.
La Corte Constitucional, a través de esta Sala, es competente para revisar las anteriores providencias, proferidas dentro, del proceso de la referencia, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto de fecha 4 de septiembre de 2001, expedido por la Sala de Selección de Tutelas Número Nueve de esta corporación.
En el presente caso, la demanda de tutela incoada por el señor Roberto Mendoza Martín se dirige contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, del 3 de junio de 1988, que decidió el recurso de apelación presentado por el mismo en contra de la sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad que le impuso el Juzgado 11 Superior de Bogotá, el 11 de marzo del mismo año, por el delito de homicidio agravado, bajo el entendido de que se le agravó su situación al aumentarle un año en la condena a pena privativa de la libertad.
El actor denuncia en su escrito que la referida decisión desconoció los principios rectores de la no reformatio inpejus y de la favorabilidad de la ley penal, contenidos en la Carta Política de 1991.
Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior propuso como sustento de su defensa haber reformado la decisión sometida a su consideración, mediante recurso de apelación, con sujeción a la normatividad vigente (D. 409/71 —CPP, art. 197 bis—) ya que ésta le permitía como superior jerárquico, al momento de revisar la pena impuesta en el fallo de primera instancia, aumentarla, disminuirla o adecuarla sin límite. Así mismo, insistió en el hecho de que el principio de favorabilidad penal invocado por el actor no era aplicable en el caso concreto por cuanto su vigencia constituía una excepción a la regla general de la irretroactividad de la ley penal, predicable en forma exclusiva de la ley sustancial penal y no de la ley procesal penal.
Frente a esta situación fáctica y jurídica, los jueces de instancia en el proceso de tutela —El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección A y el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Cuarta—, negaron el amparo solicitado, por considerar que para la fecha en que el tribunal accionado aumentó la pena, éste se encontraba autorizado por la legislación vigente (D. 409/71) que le permitía modificar las providencias condenatorias penales recurridas sin limitación alguna. Adicionalmente, en sus fallos reiteraron el carácter residual de la acción de tutela y su improcedencia para atacar providencias judiciales, especialmente cuando existiendo otros medios de defensa judiciales, el actor deja de utilizarlos no obstante estar previstos en el ordenamiento jurídico, salvo cuando en aquellas se evidencia una vía de hecho.
3. Síntesis sobre el carácter excepcional de la acción de tutela contra las vías de hecho judiciales.
La Corte Constitucional al establecer los fundamentos generales de la doctrina constitucional sobre las vías de hecho judiciales que condicionan la procedibilidad de la tutela, reafirma aún más la naturaleza subsidiaria de la misma, pues sólo puede ser utilizada de manera excepcional (1) , cuando la providencia judicial vulnere o amenace los derechos fundamentales de las personas y no existan medios de defensa judicial que permitan contrarrestar la situación o existiendo éstos, no resulten idóneos para efectos de asegurar su protección (2) , o cuando sea indispensable hacer uso de la modalidad transitoria ante la evidencia de un perjuicio irremediable.
(1) A partir de la Sentencia C-543 de 1992 que declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
(2) Sentencia T-502 de 1999.
En ese orden de ideas, para la Corte la vía de hecho en general “constituye un abuso de poder, un comportamiento que se encuentra desvinculado de fundamento normativo alguno, un acto que traduce la negación, de la naturaleza reglada de todo ejercicio del poder constituido. La vía de hecho desconoce que en un Estado constitucional, a excepción del constituyente originario, todos los poderes son limitados y que esos límites vienen impuestos por la Carta Política y por la ley pues éstos desarrollan valores, principios y derechos que circunscriben los ámbitos del poder y que determinan los espacios correlativos de ejercicio de los derechos fundamentales" (3) .
(3) Sentencia T-533 de 2001.
Ahora bien, desde la perspectiva de la vía de hecho judicial el amparo de tutela que se otorga persigue corregir (4) la arbitrariedad y el abuso del poder en que incurre una autoridad judicial cuando profiere la decisión con desconocimiento de los principios, valores y demás mandatos constitucionales, en cuanto a partir de ello se genera una violación o amenaza de los derechos fundamentales de las personas cobijadas por esa actuación. El objetivo se convierte en recobrar la vigencia del ordenamiento jurídico de esa forma quebrantado, cuando no sea factible obtener tal reparación dentro de la misma instancia judicial, en donde la actuación irregular ha tenido lugar, o en la de un superior a través de los recursos legalmente establecidos con esa finalidad y restituir a los titulares de los derechos fundamentales en el ejercicio de los mismos.
(4) Sentencia T-094 de 1997.
Efectivamente, en un Estado social de derecho como el nuestro, sustentado en la eficacia de los derechos y de las libertades públicas de las personas, los jueces en sus decisiones deben someterse al "principio de legalidad'''' (5) . Apartarse de los parámetros que dicho principio les demarca para ajustar su actuación, podría concluir en decisiones arbitrarias y caprichosas (6) que permitirían a los jueces constitucionales erigidos en jueces de tutela entrar a revisarlas en aspectos sustanciales, a fin de constatar la existencia de situaciones irregulares configuradoras de una vía de hecho, dentro de los términos y requisitos establecidos en la jurisprudencia reiterada de esta Corte:
(5) Sentencia T-079 de 1993.
(6) Vid. Sentencia T-518 de 1995, entre otras.
"A este respecto, la Corte ha indicado que hay lugar a la interposición de la acción de tutela contra una decisión judicial cuando (1) la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable (defecto sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión (defecto fáctico); (3) el funcionario judicial que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo (defecto orgánico); y, (4) el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental). En criterio de la Corte "esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial" (7) . Revisadas las decisiones pertinentes, parece claro que, implícita o expresamente, cada vez que esta corporación confiere un amparo constitucional contra una sentencia judicial, lo hace fundada en uno de estos cuatro posibles defectos” (8) .
(7) Sentencia T-231 de 1994, antes citada.
En consecuencia, es equivocado pensar que la acción de tutela puede asumirse como un medio de defensa judicial paralelo al sistema de jurisdicciones y competencias ordinarias y especiales, procedimientos, acciones y recursos dispuestos por el ordenamiento jurídico para resolver los asuntos litigiosos que surjan en la vida jurídica de las personas y del mismo Estado (9) . En efecto, el propósito con el que fue creada permite una intervención extraordinaria y excepcional del juez constitucional en los asuntos de competencia de otros jueces, con el fin de armonizar la decisión judicial constitutiva de una vía de hecho y el ordenamiento constitucional vulnerado por la misma, mediante la aplicación directa de los mandatos constitucionales, en aras de la protección de la vigencia y supremacía de éstos al igual que de los derechos fundamentales de las personas.
(9) Vid. Sentencia C-543 de 1992.
De manera que, para la Corte cuando en el ordenamiento jurídico existe un medio de defensa judicial idóneo y apto para solicitar la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado con la acción u omisión de la respectiva autoridad, el amparo constitucional resulta improcedente. En efecto la Corte ha sostenido que "tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes" (10) . Por lo tanto, permitir que la acción de tutela tenga cabida con respecto de procesos en curso o ya finalizados en los cuales se tienen establecidos medios idóneos y aptos de defensa judicial, desconoce el mandato del artículo 86 superior y desnaturaliza la acción de tutela.
4. Vigencia de los principios de la no reformatio in pejus y el de la favorabilidad penal en situaciones consolidadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991.
4.1. Definición previa de los principios de no reformatio in pejus y de favorabilidad penal.
"La prohibición de la "reformatio in peius" o reforma peyorativa es un principio general del derecho procesal y una garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso (C.P., art. 29). Ella es consecuencia de la regla ínsita en la máxima latina "tantum devolutum quantum appelatum", en virtud de la cual se ejerce la competencia del juez superior. El ejercicio de las competencias judiciales radicadas en el juez superior y su límite, ambos, se suscitan y a la vez se limitan por virtud de la impugnación y las pretensiones que ella involucra.
La interdicción de la reforma en perjuicio del condenado constituye, igualmente, una garantía procesal fundamental del régimen de los recursos, a su vez contenido en el derecho de defensa y en el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Al superior no le es dable por expresa prohibición constitucional empeorar la pena impuesta al apelante único, porque al fallar ex officio sorprende al recurrente, quien formalmente por lo menos no ha tenido la posibilidad de conocer y controvertir los motivos de la sanción a él impuesta, operándose por esta vía una situación de indefensión. (...).
Además de limitar el poder punitivo del Estado, de garantizar la efectividad del derecho fundamental de defensa y de favorecer al condenado con la revisión de la sentencia dentro del único marco de las pretensiones solicitadas, la reformatio in peius extendida al plano penal, avala y garantiza la operancia del sistema acusatorio. En efecto, bajo la vigencia del sistema inquisitivo el juez desplegaba al mismo tiempo las facultades de investigación y decisión, correspondiéndole al superior amplias facultades de revisión en las instancias de apelación y, con mayor medida, en ejercicio del control de legalidad que supone la casación. El doble desempeño del juez en dicho sistema reunía en una sola las tareas de la acusación y de juzgamiento, con lo cual la imparcialidad y objetividad del fallador estaban en tela de juicio. La implantación del sistema acusatorio escinde definitivamente ambas funciones y restringe los poderes del juez en materia de investigación y acusación, las cuales corresponden primordialmente a la Fiscalía General de la Nación. La reformatio in pejus refuerza el carácter dispositivo y no “ex officio” del sistema acusatorio e impone a los cuerpos judiciales superiores límites en la esfera de su poder sancionatorio.
La separación entre los planos de la acusación y del juzgamiento explica la estrecha relación entre la prohibición del artículo 31 de la Carta y el derecho de defensa. Al proscribir el sistema acusatorio la indefensión, excluye igualmente toda posibilidad de reforma de la situación jurídica definida en primera instancia que no sea consecuencia de una pretensión frente a la cual, aquel en cuyo daño se produce tal reforma, no tenga ocasión de defenderse. (...)” (11) .
(11) Sentencia T-474 de 1992.
"Eso significa que la situación del apelante podría mejorarse pero jamás hacerse más gravosa, porque se considera, en virtud del principio en cuestión, que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable de la providencia que se recurre. No se puede desconocer que la apelación es un medio procesal mediante el cual, el sujeto afectado con una medida judicial se propone justamente controvertir los fundamentos en que se apoya la decisión para lograr que se mejore, al menos su situación jurídica, si no consigue que la medida se revoque en su integridad. Cuando el procesado es el apelante único de una sentencia de condena, es claro que su objetivo es lograr que se mejore su situación disminuyendo la pena, porque resulta contrario a toda lógica, que lo hiciera para agravar su propia situación. Por eso, en tal caso, el juez debe centrar su decisión exclusivamente en las pretensiones del recurrente, para resolver si son o no conducentes, ya que son ellas las que dan origen al pronunciamiento judicial, de suerte que en el peor de los casos, el recurso no puede desatarse aumentando la pena original" (12) .
(12) Sentencia SU-1722 de 2000.
Adicionalmente, la Constitución dentro de las garantías constitucionales que establece en materia penal, en el artículo 29 reconoce la vigencia del principio de favorabilidad, al señalar que la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Sobre este punto, la Corte ha manifestado que si bien es cierto que la doctrina y la jurisprudencia se han ocupado de dicho principio, especialmente para resolver conflictos de carácter temporal entre las leyes, también es cierto que el mismo "está esencialmente concebido para resolver conflictos entre leyes que coexisten de manera simultánea en el tiempo" (13) ; por lo tanto, "frente a la sucesión de leyes en el tiempo, el principio favor libertatis, que en materia penal está llamado a tener más incidencia, obliga a optar por la alternativa normativa más favorable a la libertad del imputado o inculpado" (14) .
(13) Sentencia T-438 de 1992.
(14) Sentencia C-300 de 1994.
Es de reiterar que el principio constitucional de favorabilidad en materia penal ya se encontraba reconocido constitucionalmente pues a él se refería el artículo 26 de la anterior Constitución Nacional de 1886. Adicionalmente, debe señalarse que actualmente se encuentra recogido en la legislación colombiana en el artículo 6º de la Ley 599 de 2000 (C.P.), haciéndose extensible expresamente para los condenados.
4.2. Vigencia de los mencionados principios constitucionales frente a situaciones fácticas consolidadas bajo un ordenamiento constitucional diferente.
En la aludida providencia se examinó el caso de una persona que demandó mediante acción de tutela al juez de segunda instancia'''' (15) dentro del proceso penal adelantado en su contra por el delito de hurto calificado y agravado, toda vez que al decidir la apelación formulada en contra de la respectiva sentencia condenatoria dictada en primera instancia (16) , aumentó la pena de 40 meses de prisión a 74 meses. Los hechos tuvieron lugar cuando aún no había entrado a regir la Carta Política de 1991 (7 de julio).
(15) Juzgado Penal del Circuito de Granada, Meta, por providencia dictada el 8 de marzo de 1991.
(16) Juzgado Promiscuo Municipal de Fuentedeoro, Meta, la decisión es del 19 de diciembre de 1990.
La Corte en dicha oportunidad consideró que las normas constitucionales —arts. 29 y 31— referidas a la vigencia de los principios del non bis in idem —a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho— y a la no reformatio in pejus —a que el superior no agrave la pena impuesta al condenado que sea apelante único— habían dado lugar a una situación especial de permisividad o favorabilidad frente a situaciones jurídicas ya consolidadas bajo otro ordenamiento constitucional, pero en efectos que permanecen en el tiempo, como era la ejecución de la condena penal; de tal manera que, los nuevos principios constitucionales debían proyectar a ella su vigencia. Por ello, sostuvo que "de persistir los efectos provenientes del pasado contrarios a sus dictados, habrán de tener inmediata conclusión de modo que los estados o fases supérstites sólo se gobiernen por las nuevas normas constitucionales". Y, en este orden de ideas, precisó:
Si las normas legales permisivas o favorables en materia penal pese a ser posteriores, se aplican de preferencia a las restrictivas o desfavorables (C.P., art. 29), a fortiori tendrán idéntico efecto las normas constitucionales que se refieran a esa misma materia. El constituyente ha considerado en este momento de la evolución humana que es una afrenta a los derechos humanos que la persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos y del mismo modo entiende que se reduce injustamente la esfera legitima de defensa del reo si se permite que el superior agrave la pena impuesta cuando sea apelante único. Al lado del efecto derogatorio que el nuevo orden constitucional produce respecto de las normas anteriores que le sean contrarias, cabe predicar un similar alcance revocatorio aplicable a las situaciones que pudieron legítimamente nacer al amparo de las normas entonces vigentes pero cuya prolongación o continuación bajo el actual marco constitucional encuentra una férrea oposición en sus preceptos, más aún cuando ellos refieren a las condiciones de validez de la privación de la libertad”. (Subraya la Sala).
El juez aquí designado, cuya actuación se cumplió en un momento anterior a la vigencia de las normas constitucionales favorables, no puede ni física ni jurídicamente hacerse cargo de asegurar que el penado pueda deducir el efecto favorable en que ellas se traducen. En cambio, sí corresponderá hacerlo a la autoridad judicial competente —juez de ejecución de penas y, en su defecto, al juez de primera instancia—, lo que se concretará excluyendo la doble penalización o el agravamiento de la pena impuesta al apelante único (C.P., arts. 29 y 31).
Por consiguiente, la Corte concluyó que los derechos fundamentales del actor a la no reformatio in pejus y al non bis in idem sólo podrían violarse en caso que el respectivo juez de ejecución de penas y medidas de seguridad se abstuviera de reconocer la situación de favorabilidad predicable a favor del actor como titular de esos derechos. Así las cosas, una posible vulneración constitucional de los mismos solamente podía evidenciarse a partir de la intervención de la autoridad judicial encargada de hacer efectivo el derecho y dependiendo lógicamente de su decisión".
Es claro que en el caso sub examine, la Sala Penal del Tribunal de Bogotá dentro del proceso penal adelantado en contra del actor, por el delito de homicidio agravado, al decidir la apelación por éste formulada como apelante único en contra de la sentencia condenatoria penal de primera instancia, aumentó en un año la pena principal de privación de la libertad lo que en concepto del actor desconoció los principios a la no reformatio in pejus y a la favorabilidad en materia penal (C.P., arts. 31 y 29).
"El respectivo Juzgado Superior y el Tribunal decidían, para la época en que se decidieron los fallos, de acuerdo con lo previsto por le (sic) Decreto 50 del 13 de enero de 1987, expedido con base en el artículo 1º de la Ley 52 de 1984 y de conformidad con el Código de Procedimiento Penal expedido por ese decreto, conforme a lo dispuesto por su artículo 677 "Aplicación del procedimiento anterior. El Código de Procedimiento anterior se aplicará a los procesos que para la vigencia de este decreto estén con auto de cierre de investigación ejecutoriado".
El Código de Procedimiento anterior al cual se refiere la mencionada disposición del Decreto 50, es el Decreto 409 del 27 de marzo de 1971, el cual en su libro lIl, capítulo lIl, esto es del artículo 519 al 565, reguló el trámite del juicio en los procesos con la intervención del jurado de conciencia.
Estaba vigente la Constitución Política de 1886 la cual, para este despacho, en muchísimos aspectos, era más técnica que la actual, en cuanto a Carta Política, porque no tuvo en su texto normas inherentes a los códigos de procedimiento, como la prohibición de la reforma en perjuicio o de la nulidad plena de pruebas obtenidas irregularmente, etc.; y el Código de Procedimiento Penal expedido por el Decreto 409 de 1971, también con el respeto por la opinión ajena, era mucho técnico como tal y no tenía previsto el instituto de la prohibición de la reforma en perjuicio del procesado como apelante único; el superior jerárquico tenía la obligación y la facultad de revisar la pena impuesta en el fallo de primera instancia y, si fuere el caso; aumentar, disminuir o adecuar la pena correspondiente.
Específicamente, en virtud del artículo 3º de la Ley 17 de 1975 se autorizó al superior jerárquico a la reforma de la pena en perjuicio del procesado como apelante único, pues introdujo a ese Código de Procedimiento Penal el artículo 197 bis cuyo texto es el siguiente: "Reformatio in pejus. El recurso de apelación otorga competencia al juez o tribunal de segunda instancia para decidir sin limitación alguna sobre la providencia impugnada".
Además, frente al planteamiento del actor en cuanto a la aplicación de la ley procesal en el tiempo agregó que por ser de orden público, de conformidad con el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil era de aplicación inmediata y regía el acto procesal iniciado dentro de su vigencia. De manera que la aplicación del principio de favorabilidad penal en la forma alegada por el actor, en su favor, no era admisible en el caso concreto "en cuanto su aplicación se circunscribe a una excepción a la regla general de la retroactividad de la ley penal, esto es la retroactividad por favorabilidad, el (sic) cual opera, en forma exclusiva para la ley sustancial penal y no para la procesal (...).
En este orden de ideas, para la Sala no resulta acertado concluir que con la actuación del tribunal accionado se produjo una violación de los principios de la reformatio in pejusy de favorabilidad en materia penal, que pueda tacharse como de vía de hecho, pues el primero de ellos y a partir del cual se alega la vulneración del segundo, fue incluido dentro del ordenamiento constitucional únicamente después de que el tribunal dictó la sentencia que decidió la apelación y con posterioridad a que ésta quedó ejecutoriada.
En otras palabras, la prohibición de agravar la pena al apelante único, como sucedió con el actor, no existía en el ordenamiento jurídico vigente, al momento en que el tribunal dictó el respectivo fallo de segunda instancia, en los términos ya expuestos, por lo tanto dicho tribunal no tenía por qué ajustarse a sus mandatos. La norma vigente y con base en la cual adoptó la decisión censurada era el artículo 197 bis del Código de Procedimiento Penal (D. 409/71), que establecía que "[e]l recurso de apelación otorga competencia al juez o tribunal de segunda instancia para decidir sin limitación alguna sobre la providencia impugnada". De ahí que, el tribunal accionado haya modificado sin límites la sentencia condenatoria que revisaba en apelación.
Como se pudo establecer en el apartado 4.2 de esta providencia, la jurisprudencia de la Corte desecha la tacha que de vía de hecho judicial pueda atribuirse a aquellas sentencias proferidas con sujeción a la normatividad vigente, pero en forma previa a la entrada en vigor de un ordenamiento constitucional que introduce principios y derechos con rango constitucional en forma novedosa. Se resalta esta situación ya que para la Corte la providencia que vulnere un principio vigente en la Constitución, como podría suceder con los antes aludidos, "queda de inmediato revestida de un defecto sustantivo de tal magnitud que origina una vía de hecho” (17) .
(17) Sentencia T-567 de 1998.
De manera que, la vulneración del derecho invocado por el actor no podía provenir a consecuencia del tránsito constitucional que incorporó nuevos principios aplicables a la situación jurídica vigente del actor, consistente en la ejecución actual de una pena privativa de la libertad en la cárcel La Picota, que pudiere hacer procedente el amparo de tutela. Una eventual vulneración de esos principios —no reformatio in pejus y de favorabilidad en materia penal— solamente podría darse por razón del alcance y contenido que adopte la decisión de la autoridad competente —juez de ejecución de penas y medidas de seguridad (CPP, art. 79 (18) ) frente a la solicitud que el actor efectúe para el reconocimiento de esa situación de favorabilidad que le otorga la Constitución Política de 1991 y de la cual es beneficiario como titular de derechos fundamentales.
(18) Ley 600 de 2000 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
1. CONFlRMAR las decisiones de tutela proferidas en el proceso de la referencia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección A, el 21 de mayo de 2001 y por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta, el 19 de julio del mismo año, por las razones establecidas en la parte motiva de este fallo.