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Timestamp: 2018-08-15 03:46:53
Document Index: 215064717

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 13']

Publicado en BOE n�m. 186 de 4 de agosto de 1976
Vigencia desde 24 de agosto de 1976. Esta revisi�n vigente desde 24 de agosto de 1976.
Al dirigirse España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles. Tal es el objeto de la amnistía de todas las responsabilidades derivadas de acontecimientos de intencionalidad política a de opinión ocurridos hasta el presente, sin otros límites que los impuestos por la protección penal de valores esenciales, como son la vida e integridad de las personas.
De otra parte, el complejo contenido de las leyes penales militares y la amplitud y variedad de los supuestos a que han sido aplicadas obligan a dictar normas que, sin menoscabo del espíritu de este Real Decreto-ley, armonicen el olvido y la total abolición del delito en que la amnistía consiste, con las facultades inherentes al Poder público que ha de velar en todo momento por la mejor organización y moral militar de las instituciones armadas.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de julio de 1976, en uso de la autorización conferida por el artículo 13 de la Ley Constitutiva de las Cortes, texto refundido aprobado por Decreto de 20 de abril de 1967, y oída la Comisión a que se refiere el apartado primero del artículo 12 de la citada Ley, dispongo:
1. Se concede amnistía por todos los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión comprendidos en el Código Penal o en leyes penales especiales no mencionadas en el apartado siguiente, en tanto no hayan lesionado la vida o la integridad de las personas o el patrimonio económico de la Nación a través del contrabando monetario, ya se hayan cometido dentro o fuera de España, siempre que la competencia para su conocimiento corresponda a los Tribunales españoles.
1. La amnistía otorgada dejará siempre a salvo la responsabilidad civil frente a los particulares, que podrá exigirse por el procedimiento que corresponda.
2. En todo caso, subsistirá el comiso del cuerpo y efectos del delito.
1. Las infracciones administrativas cometidas hasta la fecha señalada en el artículo 1 con la misma intencionalidad, quedan amnistiadas, con exclusión de las tributarias de cualquier tipo.
2. No será aplicable la amnistía al militar que hubiere causado baja en el servicio por resolución no judicial, si bien podrá solicitar, si no lo tuviere concedido, el haber pasivo a que hace referencia el artículo 8 de este Real Decreto-ley.
1. La amnistía se aplicará en cada caso por las autoridades judiciales correspondientes, con audiencia del Ministerio fiscal y a instancia de parte. Aunque no hubiere mediado ésta, la aplicación de la amnistía se hará de oficio en los procedimientos en tramitación y a los penados que estén cumpliendo condena.
2. La Administración aplicará la amnistía de oficio en los procedimientos administrativos en tramitación y a instancia de parte en cualquier caso.
1. Los Jueces y Tribunales decretarán, con sujeción a las normas procesales en vigor, la extinción de la responsabilidad criminal en las causas ya calificadas o sentenciadas y el sobreseimiento libre de las actuaciones en cuantos procedimientos se estén instruyendo por los delitos y faltas a los que se refiere el artículo 1 del presente Real Decreto-ley.
Acordada la aplicación de la amnistía, se ordenará de oficio la cancelación de los antecedentes penales a todos los efectos, aunque el condenado hubiere fallecido.
1. Contra las resoluciones judiciales y administrativas, dictadas en aplicación del presente Real Decreto-ley, podrán interponerse los recursos establecidos en la legislación vigente.
2. La resolución ministerial que ponga fin a la vía administrativa requerirá previo dictamen del Consejo de Estado, en caso de discrepancia, entre la propuesta de resolución y el informe de la Asesoría Jurídica.
Los militares a quienes sea aplicada la amnistía no serán por ello reintegrados en sus empleos ni carreras, de las que seguirán definitivamente separados, cuando hayan sido condenados a penas que produzcan la pérdida de empleo, separación del servicio o pérdida de plaza o clase; no obstante, tendrán derecho a percibir el haber pasivo que pueda corresponderles, con arreglo al empleo que tuvieren en la fecha que cometieron el delito amnistiado, pudiendo acogerse al sistema, de pensiones regulado por las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943.
1. Los funcionarios repuestos en su condición de tales por virtud de la amnistía serán reincorporados al servicio y obtendrán destino conforme a las normas en vigor, sin perjuicio de su derecho a pasar a otras situaciones.
2. Los funcionarios repuestos sólo tendrán derecho al percibo de haberes por el tiempo en que hubieren prestado servicio efectivo, si bien el tiempo en que estuvieron separados será computable a todos los efectos de antigüedad.
3. La amnistía de la pena accesoria militar de suspensión de empleo no comprenderá el efecto especial de pérdida de puestos ya producida dentro de su categoría con arreglo a las disposiciones administrativas aplicables.
Por los Ministerios respectivos se dictarán las normas complementarias precisas para la rápida y exacta aplicación del presente Real Decreto-ley.
No procederá indemnización ni restitución alguna en razón de las sentencias penales o resoluciones, penas o sanciones administrativas comprendidas en la amnistía.
A los efectos de este Real Decreto-ley se entenderán como militares los comprendidos en el artículo 13 del Código de Justicia Militar.
Dado en La Coruña a 30 de julio de 1976.
Redacción según Real Decreto-ley 19/1977, de 14 de marzo, sobre medidas de gracia. (BOE. núm. 65, de 17 de marzo de 1977).