Source: https://es.scribd.com/document/73356396/servidumbre-de-transito
Timestamp: 2017-02-19 18:38:08
Document Index: 361245815

Matched Legal Cases: ['artículo 175', 'artículo 45', 'artículo 57', 'artículo 116', 'artículo 119', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'Artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 241', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 905', 'artículo 6', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 793', 'artículo 879', 'artículo 905', 'artículo 116', 'artículo 119', 'artículo 2519', 'artículo 905', 'artículo 57', 'artículo 175', 'artículo 45', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 682', 'artículo 682', 'artículo 682', 'artículo 905', 'artículo 564', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 6', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905', 'artículo 905']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNews & MagazinesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseAhora, según lo disponen los artículos 888 y 897 del Código Civil, las servidumbres pueden ser naturales, que provienen de la situación natural de los predios; voluntarias, constituidas por la propia decisión del hombre, y legales, que se imponen por voluntad del legislador. Estas últimas, pueden tener como destino el uso público o la utilidad de los particulares. Así, al margen de las relaciones entre vecinos, la ley puede imponerle a la propiedad privada la carga de entregar un parte mínima y razonable de su predio para el uso, goce y disfrute de la tierra, en beneficio de otro predio de dominio particular. Dentro de las denominadas servidumbres legales, la de tránsito fue concebida como un instrumento jurídico para autorizar el ingreso a un predio de propiedad privada para que otra persona diferente al dueñ pueda ejercer los derechos derivados del dominio y la libertad de empresa sobre otro predio. Como su nombre lo indica, la servidumbre de tránsito consiste en imponer el deber jurídico al predio sirviente de permitir el acceso de personas, animales o maquinaria en beneficio del predio dominante para comunicarlo con la vía pública. Este privilegio para el predio dominante conlleva, adicionalmente, el derecho de construir obras y adecuar la franja de terreno a utilizar para el eficiente tránsito que se requiere. Son ampliamente conocidas las servidumbres de tránsito y transporte en beneficio del propietario del título minero (artículo 175 del Código de Minas), de tránsito para construcción de oleoducto y transporte de petróleo (artículo 45 del Código de Petróleos), de transporte para la construcción de infraestructura de servicios públicos (acueducto, energía y gasoducto: artículo 57 de la Ley 142 de 1994), de paso de ganado para abrevaderos (artículo 116 Código de Recursos Naturales) o la denominada de transporte de agua (artículo 119 del Código de Recursos Naturales). Y, la típica servidumbre de tránsito, la que se
. a pesar de que la norma acusada se refiere a las condiciones materiales del bien dominante.19. pues resulta demasiado gravosa para hacer efectiva la función social de la propiedad del titular del fundo dominante. la Sala encuentra que la condición de destitución “total” de comunicación con el camino público para que pueda imponerse la servidumbre de tránsito no es necesaria para garantizar el núcleo esencial del derecho a la propiedad del titular del predio sirviente. al paso de permitir el uso de una franja de terreno para hacer efectiva la servidumbre de tránsito. además de lo anterior. En tal contexto. sin que ello signifique una valoración subjetiva o caprichosa de dicha condición. En consecuencia. resulta más adecuado retirar del ordenamiento jurídico la expresión que limita al aplicador jurídico a evaluar la total incomunicación del predio como requisito fundamental para acceder a la servidumbre de tránsito. la Sala declarará su exequibilidad por los cargos analizados en esta sentencia. esto es. según las voces del artículo 905 del Código Civil. es claro que los derechos del propietario del predio sirviente no quedan desprotegidos ni se anula su núcleo esencial. deja de lado el análisis de los derechos que se encuentran en conflicto. En efecto. Pero. De esa forma la autoridad competente puede analizar objetiva y racionalmente si la comunicación del predio solicitante es adecuada y suficiente para lograr su explotación. 22. a declarar la inexequibilidad de la expresión “toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil. el dueño del predio sirviente tiene derecho a recibir el valor correspondiente más la indemnización de los perjuicios que pudieran causarle. se declarará la exequibilidad condicionada de la norma acusada. ya que se estatuye a cargo del beneficiario correspondiente la obligación de pagar indemnización de perjuicios con el objeto de resarcir los daños causados. En efecto. sino también por la situación de los derechos en conflicto que deben armonizarse y ponderarse en el caso concreto. en el entendido que el aplicador jurídico debe ponderar los derechos que existan sobre los predios dominante y sirviente. pues la imposición de servidumbres de tránsito requiere del análisis de las circunstancias concretas que se determinan no sólo por las condiciones de ubicación y explotación de los predios sirviente y dominante. En vista de que la ley no puede aislar la existencia de derechos en conflicto y que sólo se ajusta a la Constitución el hecho de que las autoridades administrativas y judiciales encargadas de definir la procedencia de la servidumbre de tránsito los ponderen.En relación con el resto del artículo 905 del Código Civil. tal y como se explicó en precedencia.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 905 del Código Civil. notifíquese. Cópiese. salvo la expresión “toda” que se declara INEXEQUIBLE. cúmplase y archívese el expediente. comuníquese.
. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. por los cargos analizados en esta sentencia y en el entendido que se deben ponderar los derechos existentes sobre el predio dominante y sirviente.
gozar y disponer el bien. principios o derechos de mayor peso constitucional. que no sólo impide al funcionario competente valorar el tipo de comunicación que tiene el inmueble enclavado. logra preservar el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada que resulta limitado. en esta oportunidad no puede aplicarse la regla de prevalencia del interés general sobre el particular. desconoce que el derecho a la propiedad supone el derecho-deber jurídico de usar. como un asunto que rebasa el interés subjetivo y alcanza un interés social. como se explicó en esta sentencia. pues la imposición de servidumbres de tránsito requiere del
. en el entendido que el aplicador jurídico debe ponderar los derechos que existan sobre los predios dominante y sirviente. a pesar de que la norma acusada se refiere a las condiciones materiales del bien dominante. En efecto. la expresión “toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil. porque en aras de proteger el derecho a la propiedad del titular del predio sirviente. sino que impide la imposición de la servidumbre legal. lo cierto es que la garantía de uso. SERVIDUMBRE DE TRANSITO-Requisitos para que pueda imponerse/SERVIDUMBRE DE TRANSITO-Para determinar su procedencia las autoridades deben ponderar los derechos que existan sobre los predios dominante y sirviente/SENTENCIA CONDICIONADA-Aplicación En relación con el resto del artículo 905 del Código Civil. protege derechos y motivos de mayor peso constitucional. En efecto. a pesar de que. Por consiguiente. disfrute y explotación idónea y adecuada de la tierra. sacrifica valores. deja de lado el análisis de los derechos que se encuentran en conflicto. Con mayor razón si el contexto general de la regulación de la servidumbre de tránsito. la Sala declarará su exequibilidad por los cargos analizados en esta sentencia.Texto completo
SERVIDUMBRE DE TRANSITO-Exigencia de que el predio dominante se halle destituido de “toda” comunicación con el camino público es inconstitucional La norma acusada no es proporcional en sentido estricto. que compensa con indemnización los daños causados.
sino como parte esencial del mismo. pues si bien puede ampliar o restringir la zona de penumbra del derecho. de acuerdo con la naturaleza de los bienes. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DERECHO A LA PROPIEDAD-Límites que deben tenerse en cuenta cuando se restringe dicho derecho Si bien es cierto que la delimitación de la función social de la propiedad privada corresponde al legislador dentro de marcos razonables y proporcionados. su clase y la utilización de los mismos. también lo es que no puede afectar su núcleo esencial de tal forma que deje sin sentido la protección constitucional del derecho. En tal virtud. el legislador puede limitar en mayor o en menor medida el espectro de protección del derecho de dominio. de tal suerte que dicha finalidad de la propiedad privada incide o hace parte del derecho subjetivo y no es una mera delimitación externa del mismo. En vista de que la ley no puede aislar la existencia de derechos en conflicto y que sólo se ajusta a la Constitución el hecho de que las autoridades administrativas y judiciales encargadas de definir la procedencia de la servidumbre de tránsito los ponderen. sino también por la situación de los derechos en conflicto que deben armonizarse y ponderarse en el caso concreto. para hacer prevalecer
. SERVIDUMBRE DE TRANSITO-Concepto SERVIDUMBRE DE TRANSITO-Características PREDIO ENCLAVADO-Concepto SERVIDUMBRE COACTIVA DE PASO-Concepto SERVIDUMBRE DE TRANSITO-Derecho civil comparado DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA-Alcance de la función social La función social de la propiedad privada en el marco del Estado Social de Derecho no fue plasmada como un límite al derecho.análisis de las circunstancias concretas que se determinan no sólo por las condiciones de ubicación y explotación de los predios sirviente y dominante. se declarará la exequibilidad condicionada de la norma acusada.
en algunos casos. lo cual muestra que es necesario analizar la totalidad del artículo
. pero sin que ello signifique autorización para dejar sin efectos la garantía constitucional mínima e irreductible del derecho. no corresponde a la Corte Constitucional determinar el sentido de las disposiciones legales. por lo que conforma una proposición jurídica completa. sino que también debe estudiarse si es necesaria para el uso y goce del predio y la consecuencia económica que ello genera. esto es. no lo es menos que tiene una relación inescindible con el contenido integral de la norma acusada.intereses generales o por motivos de utilidad pública o para exigir el deber de solidaridad. en su integralidad. señala la forma cómo debe interpretarse la ley y cómo no debe hacerse. sino que. UNIDAD NORMATIVA-Integración Si bien es cierto el texto impugnado tiene capacidad para producir efectos jurídicos suficientes y autónomos. En tal virtud. esto es. debe fijar la interpretación legal que resulta autorizada constitucionalmente. la Corte no sólo “debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control”. De hecho. Dicho en otras palabras. existen algunas circunstancias en las que la Corte Constitucional señala la interpretación última de la ley (sentencias interpretativas e integradoras y de tutela cuando excluye interpretaciones de la ley que violan derechos fundamentales). porque ello es propio de los jueces ordinarios. el análisis de la procedencia de la servidumbre de tránsito no sólo está limitada a la precisión sobre el tipo de comunicación con el camino público. por regla general. DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA-Núcleo esencial METODO DE PONDERACION-Casos en que se aplica PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Método de aplicación SENTENCIA INTERPRETATIVA O CONDICIONADA-Supuestos en que procede CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD INTERPRETACION LEGAL-Alcance excepcional EN MATERIA DE
A pesar de que. la expresión acusada tiene sentido lógico y razonable si se interpreta en su contexto. además.
I. Jaime Araujo Rentería. el traslado al Procurador. Mediante auto del 6 de febrero de 2007. el Magistrado Ponente resolvió admitir la demanda de la referencia. Humberto Antonio Sierra Porto. ordenar la fijación en lista. contenido en el artículo 905 del Código Civil. ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes. C. Manuel José Cepeda Espinosa. en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad. Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández. comunicar la admisión de la demanda al Ministerio del Interior y de Justicia e invitar a
. dieciocho (18) de julio de dos mil siete (2007) La Sala Plena de la Corte Constitucional. Marco Gerardo Monroy Cabra. el ciudadano Jaime Arturo Fonseca Triviño demandó la expresión “destituido de toda”. se integra la unidad normativa con todo el artículo 905 del Código Civil. Jaime Córdoba Triviño..
Referencia: expediente D-6671 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 905 (parcial) del Código Civil. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D. En consecuencia. Actor: Jairo Arturo Fonseca Triviño Magistrado Ponente: Dr. conformada por los magistrados Rodrigo Escobar Gil -quien la preside-.impugnado.
en especial. Después de describir el panorama internacional y nacional sobre la regulación de las servidumbres. La demanda El demandante considera que la norma acusada vulnera el Preámbulo y los artículos 13. pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre. por la interposición de otros predios. el demandante hizo un recorrido por la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Suprema de Justicia. el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito. en aquellos casos en los que este gravamen se adopta como voluntaria y no legal. 1. el actor sostiene que los funcionarios encargados de hacer exigibles las servidumbres en Colombia deben tener claro que. en la cual se indica la importancia de la servidumbre para el desarrollo laboral y personal de los afectados y las diferencias entre las servidumbres legales y voluntarias.la Academia Colombiana de Jurisprudencia. puedan acceder a una servidumbre idónea para su explotación. en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio. Para apoyar esa conclusión.
. de acuerdo con la regulación legal. el demandante concluye que deben considerarse fondos cerrados aquellos que tienen una salida insuficiente para su explotación agrícola o industrial y no sólo aquellos que no tienen ninguna comunicación con un camino público. 25 y 333 de la Constitución. por las siguientes razones: La expresión acusada impide que aquellos predios cuya única salida es peatonal o mediante caminos de herradura. 2. Si un predio se halla destituido de toda comunicación con el camino público. y resarciendo todo otro perjuicio”. este derecho real no sólo se obtiene con los requisitos establecidos para las legales sino que pueden constituirse con la voluntad de los propietarios. Norma demandada A continuación se transcribe el texto integral del artículo 905 del Código Civil y se resalta y subraya el aparte impugnado:
Artículo 905. Por esta razón.
De otra parte. Por esta razón. en relación con el cargo por violación del derecho a la igualdad. En tal virtud. el juicio de constitucionalidad debe efectuarse mediante la confrontación directa entre la norma acusada y la Constitución y no la interpretación eventual que de ella hacen los operadores jurídicos. por consiguiente. no en forma directa. En este mismo sentido. en cuanto propietarios de predios con determinadas características que. tal y como lo ha advertido esta Corporación. aclaró que. pues se
. por lo general. en tanto que impide la explotación adecuada y eficiente de la tierra a quienes tienen dificultades de comunicación con los caminos públicos.Según criterio del demandante. el interviniente dijo que la presunta discriminación a que hace referencia la demanda “se origina. 3. sino indirectamente. mediante apoderado. vulnera el derecho a la iniciativa privada y a la libre empresa porque no pueden ser explotados ni utilizados para crear empresa por personas que. resulta inconstitucional. “no le corresponde a la Corte velar. en el tratamiento que se da a las personas. dijo que la expresión acusada consagra un claro caso de desigualdad de oportunidades frente a la ley. la demanda manifiesta que la imposibilidad de imponer servidumbres necesarias a favor de algunos predios. De otra parte. esa disposición debe ser declarada exequible por las siguientes razones: En primer lugar. porque los funcionarios aprecien bien los hechos que se someten a su consideración… los errores de hecho o de interpretación de una norma no la hacen inconstitucional”. no son permanentes”. son de escasos recursos económicos. muestra un trato discriminatorio que afecta el derecho al trabajo y. además. concluye que no se puede hablar de violación del principio a la igualdad ni que sea irrazonable la diferencia de trato entre los predios que tienen alguna forma de comunicación y los que no lo tienen. A su juicio. el hecho de que la ley permita que algunos propietarios de predios puedan explotar económicamente su predio porque tienen comunicación con caminos públicos e impida a otros que lo hagan al no permitirles obtener una salida eficiente. Intervenciones Ministerio del Interior y de Justicia Dentro de la oportunidad legal prevista. el Ministerio en comento intervino en el presente asunto para justificar la constitucionalidad de la norma acusada. por la vía del control de constitucionalidad.
considera que la demanda no presenta cargos de inconstitucionalidad ni argumentos específicos que confronten la norma acusada con la Constitución. Por esa razón. puesto que debe entenderse que la servidumbre de tránsito no sólo se establece en favor de los fondos que carecen de todo acceso a la vía pública. Edgardo José Maya Villazón. si no se acoge esa petición. el Procurador dijo que. Finalmente. Los argumentos centrales en que se apoya el Ministerio Público para llegar a esas conclusiones son: En primer lugar. los cargos expuestos por el demandante carecen de fundamento fáctico y. de acuerdo con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 2 de septiembre de 1936. la
. con el fin de solicitar que la Corte se declare inhibida para conocer de la demanda de la referencia. 4. Y. “solicitará a la Corte Constitucional realizar una interpretación de la demanda que permita el análisis de la disposición acusada. Concepto del Ministerio Público El señor Procurador General de la Nación. contrario a lo solicitado por el demandante. a la luz de los cuestionamientos presentados por el actor. el alcance que se le debe dar al artículo 905 del Código Civil desborda su entendimiento puramente literal que presenta el demandante. por consiguiente. el Ministerio del Interior y de Justicia manifestó que.comparan inmuebles que no son iguales. “en el entendido de que la servidumbre legal de tránsito consagrada en el artículo 905 del Código Civil no solo (sic) en beneficio de los predios que no tienen acceso alguno a la vía pública. sostiene que. pues se limita a transcribir apartes de sentencias y a exponer razones generales por las que considera que la disposición demandada debe ser retirada del ordenamiento jurídico. Con base en ese supuesto. con el fin de obtener un pronunciamiento de mérito”. a la Corte Constitucional no le corresponde complementar las normas jurídicas que se someten a su examen ni incluir frases para adecuar la ley a las necesidades de los ciudadanos. deben desestimarse. el Ministerio Público afirma que. En tal sentido. sino también a favor de aquellos cuya salida no permiten su explotación adecuada”. en virtud del principio pro actione. intervino dentro de la oportunidad procesal prevista. De todas maneras. sino también a los que no tienen más que una salida insuficiente para su explotación. de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia. solicita la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión demandada del artículo 905 del Código Civil.
25 y 333 de la Constitución. una interpretación distinta desconocería que el Estado Social de Derecho y la función social de la propiedad exigen que los titulares de la tierra la exploten y usen racionalmente de manera que preste un servicio a su titular y a la colectividad. a su juicio. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución. ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una disposición que hace parte de una ley. el Ministerio del Interior y de Justicia dijo que la expresión acusada no viola la Constitución. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Competencia de la Corte. la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 905 (parcial) del Código Civil. en tanto que los inmuebles que tienen alguna forma de
. Problema jurídico 2. Además. significa que la ley discrimina a los propietarios de esos inmuebles. que regula una de las condiciones para establecer la servidumbre de tránsito en beneficio del predio que no tiene ninguna comunicación con el camino público. El demandante sostiene que esa expresión viola los artículos 13. ni ejercer el derecho al trabajo de la tierra. la Procuraduría considera que la servidumbre lleva implícito el concepto de solidaridad social que “se traduce en el deber social de contribuir a través de la explotación racional del inmueble al bienestar de la comunidad y a la defensa del medio ambiente.
II. a su juicio. Ello. 1. ni adelantar actividades económicas productivas sobre los fondos de su propiedad. Se demanda la expresión “destituido de toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil. Por su parte. por cuanto no los pueden explotar adecuadamente. Así. sino también de aquellos cuya salida no permite una explotación adecuada.servidumbre de tránsito no sólo debe otorgarse a favor de los predios que no tienen acceso a la vía pública. obligación que ninguna persona puede atender si no cuenta con los elementos indispensables para que ello ocurra”. porque impide que aquellos predios que tienen salidas precarias al camino público puedan acceder a la servidumbre de tránsito.
por lo que su ejercicio no puede estar sometido a estrictas formalidades ni a requisitos especiales que dificulten el acceso a la justicia para defender la Constitución y hacer eficaz la democracia participativa. pues entre los intervinientes y el demandante existe una discrepancia respecto del sentido del artículo 905 del Código Civil. es contraria a la Constitución. De igual manera. Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de indicar que la acción pública de inconstitucionalidad desarrolla los derechos de los ciudadanos a participar en la conformación. la demanda es inepta. no susceptibles de comparación. puesto que la servidumbre de tránsito también se establece en favor de los fundos que tienen sólo una salida insuficiente para la explotación de ellos. como lo plantea el Ministerio Público. la iniciativa privada y la igualdad del titular del predio servido. la declaratoria de constitucionalidad condicionada de la disposición acusada. la inhibición de esta Corporación por ausencia de cargos de inconstitucionalidad en la demanda y. su entendimiento literal. 3. ii) en caso de esta Corporación entre a estudiar de fondo el problema jurídico planteado. la Corte estudiará: i) si los planteamientos de la demanda constituyen razones suficientes para iniciar el debate constitucional o si. Así las cosas. en segundo lugar. la propiedad. son diferentes y. en primer lugar. en primer lugar. en especial. en tanto que si bien la norma se ajusta a la disposición. en cuanto limita la servidumbre únicamente a los inmuebles sin comunicación de ninguna clase con el camino público. Para resolver el problema jurídico planteado.
. según la cual sólo procede imponer la servidumbre de tránsito cuando el predio servido carece de toda comunicación con el camino principal. por consiguiente. si es necesario integrar la unidad normativa para entender el problema jurídico planteado.comunicación con el camino público y los que no lo tienen. Finalmente. consideró que el alcance que se le debe dar al artículo 905 del Código Civil desborda su entendimiento puramente literal que presenta el demandante. debe analizar cuál es el alcance de la expresión acusada y. resulta contrario a la función social de la propiedad. iii) la Sala debe estudiar si la correcta interpretación de la norma acusada viola el derecho al trabajo. el Ministerio Público solicitó. Demanda en debida forma y principio pro actione 4. la cuestión que debe resolver la Corte en esta oportunidad se circunscribe a determinar si la condición señalada en la norma acusada. ejercicio y control del poder político (artículos 40 y 229 de la Carta).
pertinentes y suficientes. ciertas. El cargo es claro cuando se presentan argumentos comprensivos y consecuentes con lo solicitado. necesida o actualidad doctrinari. indeterminados. En este mismo sentido. en cuanto a este último requisito. el artículo 2° del Decreto 2067 de 199. pues las discusiones puramente legales y las solicitudes dirigidas a constatar la vigencia o aplicabilidad de la ley no son admisibles en el proceso de constitucionalidad. Como se vio en el resumen de los antecedentes de esta providencia. 5. específicas. abstractos y globales' que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. la Corte ha explicado que el cargo de inconstitucionalidad “no se satisface con la exposición de cualquier tipo de razones o motivos. esto es. cuando se genera un verdadero debate constituciona. Especialmente. sino que es necesario que éstas sean 'claras. o implícit. Finalmente. iv) los motivos por los cuales se estima que las disposiciones constitucionales han sido infringidas. pues este tipo de limitación sólo procede si el fundo está totalmente incomunicado o enclavado.No obstante. De esta forma. los cargos son suficientes cuando la demanda está dirigida a desvirtuar la presunción de constitucionalidad de la ley. A juicio de la demanda. pues “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política. pues es una carga procesal razonable que busca racionalizar su uso e impedir el control de constitucionalidad oficioso de todas las leyes. y no sobre una deducida por el actor. indirectos. resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos 'vagos. iii) las razones por las que la Corte Constitucional es competente para conocer la demanda y. el cargo de inconstitucionalidad es pertinente cuando presenta argumentos de constitucionalidad congruentes con lo solicitado. la demanda plantea la inconstitucionalidad de una expresión legal cuya lectura literal señala a las autoridades que tienen a su cargo resolver las solicitudes de servidumbres de tránsito. la interpretación literal de la
. Por ello. dispuso que una demanda de inconstitucionalidad se entiende presentada en debida forma cuando señala: i) las normas que se acusan como inconstitucionales. Las razones de inconstitucionalidad son específicas cuando el actor explica por qué la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta. el deber de evaluar si el predio solicitante tiene algún tipo de comunicación con la vía principal. ii) las normas superiores que se consideran vulneradas. la Corte ha dicho que no prosperan las acusaciones cuyo fundamento es el análisis de convenienci. lo anterior no impide que el legislador señale condiciones de procedencia formal de esta acción. Los motivos de impugnación son ciertos cuando la demanda recae sobre una proposición normativa real y existent.
o tampoco si ejerce el control de constitucional sobre textos normativos que no coinciden con la praxis ni con su aplicación generalizada y dominante por parte de las corte. si no tiene claro el sentido de las disposiciones legales que deben compararse con las normas superiores que se acusan como infringida. como lo ha advertido esta Corporación en múltiples oportunidades. Es cierto. que a esta Corporación no le corresponde señalar la hermenéutica de la ley. aunque es cierto afirmar que la administración de justicia se organiza a partir de la separación de jurisdicciones y. también es cierto que. tal y como lo expone el demandante. De esta forma. como lo exponen el interviniente y el Ministerio Público. 6. de un lado. por regla general. la conclusión a la que llega no lo es. la expresión demandada puede tener un alcance distinto al que de la interpretación literal se deriva y. se impondría una lectura más amplia de la disposición que permitiría acceder a la servidumbre en casos en los que la comunicación sea tan precaria que impide el ejercicio del derecho al trabajo. Ahora bien. Nótese que el demandante plantea una discusión que efectivamente se deriva de la interpretación literal de la expresión que impugna. por lo que podría pensarse que la demanda no busca la confrontación de la norma impugnada con la Constitución sino definir una manera de entender la ley. entonces. la interpretación última de la ley le corresponde a las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa y a la Corte Constitucional la interpretación última de la Constitución. el control de constitucionalidad de la ley tiene una incidencia normativa indiscutible porque esta Corporación no podría salvaguardar la integridad de la Constitución. tal y como se lo ordena el artículo 241 de la Carta. ni cuando en un mismo texto
. de otro. lo cual no le corresponde a esta Corporación y. 25 y 333 de la Constitución. es igualmente cierto que para ejercer la función atribuida a esta última se requiere el entendimiento racional. puesto que claramente se observa que el artículo 905 del Código Civil exige como requisito fundamental para imponer la servidumbre de tránsito. por lo tanto. A pesar de que el argumento expuesto parte de una permisa correcta. la libertad de empresa y la explotación adecuada de la tierra. que la redacción literal de las condiciones para tener derecho a exigir la imposición del gravamen objeto de estudio es absoluta e imperativa. debía declararse inhibida para conocer el presente asunto. En efecto. la destitución de “toda” comunicación del predio dominante con el camino público. por lo que. lógico y práctico de la ley cuyo control de constitucionalidad debe ejercer. desde el punto de vista constitucional y al retirar del ordenamiento jurídico la expresión “destituido de toda” impugnada.expresión acusada es contraria a los artículos 13. lo cual genera un debate de inconstitucionalidad porque se discute el ejercicio del derecho al trabajo y a la utilización de la tierra como instrumento de producción con función social.
Por consiguiente. restringidas y necesarias. no corresponde a la Corte Constitucional determinar el sentido de las disposiciones legales. esta Corporación ha dicho que la correcta interpretación de la facultad que le otorga el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991. esto es. corresponderá a situaciones excepcionales. La Sala considera necesario definir cuál debe ser la disposición normativa objeto de pronunciamiento en esta oportunidad. Unidad normativa 8. en algunos casos. en el sentido de integrar la unidad normativa en la sentencia. pues si bien es cierto el demandante impugnó una expresión legal que origina debate y tiene relevancia constitucional.legal encuentra normas conformes y otras contrarias a la Constitució. lo cual se plantea en forma clara y suficientemente contundente para concluir que existen cargos de inconstitucionalidad contra esa disposición. señala la forma cómo debe interpretarse la ley y cómo no debe hacerse. Por esa razón. pues debe quedar clara la diferencia entre el control de constitucionalidad oficioso y el que se adelanta por vía de acción en el que la
. porque ello es propio de los jueces ordinarios. 7. En tal virtud. existen algunas circunstancias en las que la Corte Constitucional señala la interpretación última de la ley (sentencias interpretativas e integradoras y de tutela cuando excluye interpretaciones de la ley que violan derechos fundamentales). también es cierto que la expresión “toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil no tiene un sentido propio sino que requiere de su lectura contextual para entender el cargo formulado en la demanda. en primer lugar. se analizará si es necesario integrar la unidad normativa con el texto íntegro del artículo 905 del Código Civil. a juicio de la Sala. En múltiples oportunidade. En consecuencia. ni cuando el texto legal es inconstitucional no por lo que dice sino por lo que deja de decir. además. sino que. entre otras razones. esto es. esta Corporación iniciará su análisis con el estudio del alcance del texto normativo acusado. ni podría proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados con la aplicación concreta de la le. Para ello. por regla general. esta Sala debe emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión impugnada. las acusaciones de la demanda generan un debate constitucional sobre la interpretación literal del texto legal acusado. cuando se presenta una inconstitucionalidad por omisió. se reitera que. a pesar de que. En este orden de ideas. la Corte no sólo “debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control. debe fijar la interpretación legal que resulta autorizada constitucionalmente.
mantengan la capacidad para producir efectos jurídicos y conserven un sentido útil para la interpretación y aplicación normativa. Por ello. esta Corte ha establecido que para que se incorpore al proceso de constitucionalidad normas no demandadas. también procede la integración de la unidad normativa. para resolver los cargos de inconstitucionalidad formulados contra fragmentos normativos. que lo acusado presente un contenido comprensible como regla de derecho. De esta forma. por ende. presenta serias dudas de constitucionalidad
En cuanto a la primera condición. pues “las expresiones aisladas carentes de sentido propio que no producen efectos jurídicos solas o en conexidad con la disposición completa de la cual hacen parte. En este sentido. se requiere la presencia de condiciones. se preserva la seguridad jurídica y el principio de obligatoriedad normativa según el cual toda regla de derecho es imperativa y de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios y. que los apartes normativos que no son demandados y. perdería todo sentido la permanencia en el orden jurídico”. la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que. para entenderla y aplicarla. resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusad. ii) En aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. no tiene un
contenido deóntico claro o unívoco. la Corte dijo que en aquellos casos en los que “la disposición se encuentra en relación inescindible de conexidad con los apartes demandados. susceptible de ser cotejado con los postulados y mandatos constitucionale. a primera vista. De un lado. de suerte que en caso de que la Corte decidiera declarar inexequibles los apartes acusados.competencia del juez constitucional está circunscrita a las normas demandadas en debida forma por los ciudadanos. y iii) Cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores. individualmente. no son objeto de pronunciamiento de la Corte. es indispensable tener en cuenta dos aspectos. la Corte ha precisado que. de manera que. debe producir los efectos jurídicos que consagra. De otro lado. mientras se encuentre en el ordenamiento jurídico. no son constitucionales ni inconstitucionales. en especial.
. que ha sintetizado en los siguientes términos:
“i) Cuando se demanda una disposición que. porque conforman unidad normativa.
por lo que conforma una proposición jurídica completa. la expresión acusada tiene sentido lógico y razonable si se interpreta en su contexto.9. pueden tener como destino el uso público o la utilidad de los particulares. Alcance de la expresión “destituido de toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil 10. Así las cosas. Dicho en otras palabras. la ley puede imponerle a la propiedad privada la carga de entregar un parte mínima y razonable de su predio para el uso. sino que también debe estudiarse si es necesaria para el uso y goce del predio y la consecuencia económica que ello genera. el análisis de la procedencia de la servidumbre de tránsito no sólo está limitada a la precisión sobre el tipo de comunicación con el camino público. en el presente caso. Es. se tiene que el actor impugnó la constitucionalidad del segmento “toda” contenido en el artículo 905 del Código Civil. En consecuencia. al margen de las relaciones entre vecinos. Nótese que si bien es cierto el texto impugnado tiene capacidad para producir efectos jurídicos suficientes y autónomos. debe servirle a otro inmueble que pertenece a otro propietario. El artículo 793 del Código Civil se refiere a las servidumbres como una limitación válida del derecho de dominio y el artículo 879 de esa misma codificación las define como el “gravamen impuesto sobre un predio. constituidas por la propia decisión del hombre. por sus condiciones naturales. esto es. las servidumbres pueden ser naturales. en beneficio de otro de distinto dueño o de una entidad sea de derecho público o privado”. la de tránsito fue concebida como un instrumento jurídico para autorizar el ingreso a un predio de propiedad privada para que
. de ahí que éstas constituyen limitaciones al derecho de dominio que generan derechos reales accesorios porque siempre se ejercen sobre bienes inmuebles y se imponen a los predios y no a los propietarios de los mismo. no lo es menos que tiene una relación inescindible con el contenido integral de la norma acusada. en su integralidad. Como lo advertía Josserand. las servidumbres generan “relaciones jurídicas entre dos feudos. voluntarias. se integra la unidad normativa con todo el artículo 905 del Código Civil Servidumbre de tránsito. y legales. que se imponen por voluntad del legislador. Estas últimas. lo cual muestra que es necesario analizar la totalidad del artículo impugnado. De hecho. Así. que provienen de la situación natural de los predios. según lo disponen los artículos 888 y 897 del Código Civil. Dentro de las denominadas servidumbres legales. Ahora. entonces. la servidumbre una carga que la ley o la naturaleza imponen a un predio que. goce y disfrute de la tierra. en beneficio de otro predio de dominio particular.
la servidumbre de tránsito consiste en imponer el deber jurídico al predio sirviente de permitir el acceso de personas. 11. ii) que el predio estuviera totalmente incomunicado por la interposición de otros predios. por ser una carga discontinua. de paso de ganado para abrevaderos (artículo 116 Código de Recursos Naturales) o la denominada de transporte de agua (artículo 119 del Código de Recursos Naturales). cuyo interés está centrado en la adecuada y eficiente utilización de la naturaleza. de transporte para la construcción de infraestructura de servicios públicos (acueducto. las legislaciones no han sido
. animales o maquinaria en beneficio del predio dominante para comunicarlo con la vía pública. porque requiere un hecho del hombre en intervalos de tiempo.otra persona diferente al dueñ pueda ejercer los derechos derivados del dominio y la libertad de empresa sobre otro predio. a saber: i) que el predio que pretende ser dominante carezca de toda comunicación con el camino público. pues no debe olvidarse que el artículo 2519 del Código Civil señala que este gravamen se extinguen por falta de uso por 20 años. Esta servidumbre es. en virtud de lo dispuesto en el artículo 905 del Código Civil. son tres las condiciones para que pueda imponerse la servidumbre onerosa de tránsito para predios enclavados. iii) que la comunicación con el camino público sea indispensable para el uso y beneficio del predio. aún en contra de la voluntad del propietario del predio sirvient. el derecho de construir obras y adecuar la franja de terreno a utilizar para el eficiente tránsito que se requiere. aunque la comunicación fuera insuficiente. es fácil concluir que la lectura literal de la disposición parcialmente acusada permite la servidumbre de tránsito sólo en beneficio de un predio que está desprovisto de toda comunicación con el camino público. además de lo indicado para las servidumbres legales. energía y gasoducto: artículo 57 de la Ley 142 de 1994). aparente porque está continuamente a la vista. De este modo. Ahora bien. se impone a favor o para la utilidad de los particulares. Entonces. Como su nombre lo indica. En relación con el concepto de bienes “enclavados”. no habría lugar a imponer el gravamen. Y. perpetua y rebasa el ámbito personal del propietario porque se adhiere al predio y se impone sin importar quién es el dueño. pues sólo mediante esta imposición puede hacerse útil y productivo. ineficiente o demasiado gravosa por los costos que genera. adicionalmente. Son ampliamente conocidas las servidumbres de tránsito y transporte en beneficio del propietario del título minero (artículo 175 del Código de Minas). La servidumbre de tránsito para predios enclavados se caracteriza. la que se reconoce en favor de los predios enclavados. de tránsito para construcción de oleoducto y transporte de petróleo (artículo 45 del Código de Petróleos). la típica servidumbre de tránsito. entonces. Este privilegio para el predio dominante conlleva. regulada en el artículo 905 del Código Civil que se ha demandado parcialmente en esta oportunidad.
pues mientras nuestro Código Civil lo entiende como aquel desprovisto de “toda” comunicación con la vía pública. el deseo de un propietario de bienes raíces. para hacer cesar el 'embotellamiento' que sufre”. el concepto de heredad o finca enclavada en forma muy similar al artículo 905 de nuestra normativa civil. lo cual contó con todo el respaldo y la opinión favorable de la doctrina especializada. en el artículo 682 del Código Civil. bien industrial. únicamente el estado de necesidad es constitutivo del estado de enclavamiento. bien agrícola. que inicialmente reguló. también. de su propiedad (artículo 682). Por ello. o requiriera gastos excesivos…el paso debe ser necesario para la explotación de la finca
. o sea. sería improductivo y contrario a la finalidad social de la propiedad. a pesar de que esa precisión fue inicialmente introducida por la jurisprudencia francesa.unánimes. la legislación francesa. cuya pendiente rápida hace naturalmente imposible el paso de los caballos y bestias destinadas a su explotación. inaccesible para las carretas. cuyo paso. o por un camino muy estrecho. Entonces. la primera condición para que exista dicha servidumbre se requiere demostrar que “el fundo supuestamente enclavado carezca de salida a la vía pública o por lo menos que no tenga más que una salida insuficiente para la explotación. fue modificado por la ley de agosto 20 de 1881 para ampliar la noción no sólo para que los predios sin ninguna salida a la vía pública puedan acceder a la servidumbre sino también aquellos cuya salida es insuficiente para su adecuada explotación. la experiencia en el derecho comparado se muestra más amplia porque parte del supuesto de que un terreno sin comunicación adecuada con las vías públicas. Josserand dijo que “el enclavamiento es la situación de un fundo que no tiene salida a la vía pública o que tiene una salida insuficiente para su utilización… su situación es intolerable y le quita todo o casi todo su valor si no interviene el legislador para mejorarla. En efecto. o solamente una salida insuficiente. de una ventaja particular no bastaría para justificar por su parte una demanda de paso a título de enclavamiento. Así. en el caso de un terreno que solamente tenga una salida que da sobre un río. En el mismo sentido. Planiol y Ripert explicaron respecto del artículo 682 del Código Civil francés:
enclavadas. por ejemplo. ello a cambio de una indemnización. Así. la legislación adecuó el significado desde el año 1881. de simple comodidad. mediante lanchas. balsas o puentes ofrecería graves peligros o inconvenientes. de aquellas fincas que no tienen salida alguna a la vía pública. La salida se considera insuficiente cuando presenta graves dificultades que solamente podrían vencerse realizando obras excesivas y de un costo fuera de toda finca separada de la vía pública por un declive.
pues no sólo su redacción es clara sino que. no sólo cuando un predio no tenga salida. la doctrina entiende que “podrá exigirse la constitución de esta servidumbre [la de paso]. De hecho. Así las cosas. inadecuado o demasiado gravoso para explotarlo agrícola. ap. como se dijo en precedencia. por lo demás. no existe regla legal precisa que matice la exigencia perentoria de la incomunicación total del inmueble como condición sine qua non para acceder a la servidumbre de tránsito. tiene. y por la que tenía comunicación con la vía pública. en el derecho civil comparado resulta usual entender que la servidumbre de tránsito puede imponerse a favor de los predios totalmente incomunicados o de aquellos que a pesar de que tienen acceso a la vía pública ese medio es ineficiente. un acceso inadaptado o insuficiente para las necesidades agrícolas o industriales del fundo. la interpretación literal del artículo 905 del Código Civil Colombiano muestra que la servidumbre de tránsito sólo puede imponerse en favor de los fundos que carecen de todo acceso a la vía pública. El Código Civil italiano regula la “servidumbre coactiva de paso” como aquella que se impone “cuando un fundo es cerrado (circundado por fundos ajenos) y no tiene salida a la vía pública ni se la puede procurar sin excesivo dispendio o dificultad. falta el supuesto legal de la necesidad estricta. a diferencia de los códigos civiles a que se hizo referencia. en aquella parte del fundo sirviente por donde el acceso sea más breve y menor el daño inferido. industrial o comercialmente. o aun no estando completamente cercado. sino también cuando tenga una salida insuficiente. Al respecto resulta interesante recordar al
. 1 y 1952)… El trazado del pasaje debe establecerse con el criterio general de la máxima utilidad con el menor agravio. 1051. 12. No obstante lo anterior.Igualmente. haciendo referencia al artículo 564 del Código Civil Español. incluso mediante un paso subterráneo. pero no cuando funde su pretensión tan sólo en la incomodidad de la salida que tiene… ha de fundarse en una necesidad real y no ficticia ni artificiosa. de la cual era anexo o dependencia. si el Tribunal de instancia declara que el propietario aisló intencionalmente su finca. pues como regla de interés público frente a la propiedad privada es el favorecimiento estatal de la explotación idónea de la tierra. a pesar de que se constataba la inconveniencia de la interpretación literal de esa disposición. por lo que. y no se lo puede adaptar (interclusión relativa). disgregándola de otra suya. el propietario de él tiene derecho a la constitución de una servidumbre de paso sobre un fundo vecino (arts. la doctrina colombiana manifestó que así debía leerse en razón a la claridad de la regla legal. es decir. y si es del caso (para actuar precisamente este criterio).
De estas palabras. Que la servidumbre legal de tránsito existe no sólo a favor de los fundos que carecen de todo acceso a la vía pública sino también de los que no tienen más que una salida insuficiente para la explotación de ellos. Chacón. que no es dado al juez. entre otras cosas.tratadista nacional Fernando Vélez cuando advirtió:
“De acuerdo con la letra del artículo 905. en utilidad de otro fundo. la servidumbre legal de tránsito no
puede establecerse sino a favor de los predios destituidos de toda comunicación con el camino público. a gravar su dundo con dicha servidumbre. a su tenor literal. sin que haya que hacer distinción alguna entre explotación agrícola o explotación industrial o explotación minera. basándose en meras interpretaciones. 27). el objeto de la servidumbre legal de tránsito
No obstante lo anterior y. la Corte Suprema de Justicia profirió un fallo paradigmático en el que. teniendo en cuenta. concluyó:
“Del artículo 905 del C. Que la servidumbre legal no se constituye por título distinto del hecho mismo de
. 3. en razón a que la interpretación literal de esa norma conduciría a dificultades prácticas inevitables. siguiendo el ejemplo del legislador francés. obligar a un propietario. aunque sea muy mala e insuficiente para la explotación del fundo. Mientras se realiza esta aclaración. puede deducirse. etc.C. que siendo claras no deben desatenderse a pretexto de consultar el espíritu de la ley (art. que tenga comunicación con el camino. juzgamos que el criterio del juez debe apreciar los casos que se le presenten. como lo hace el sr. No tenga absolutamente ninguna comunicación con la vía pública… Sería conveniente que en nuestro código. pueden sacarse las siguientes conclusiones:
1. se aclare el artículo 905 en el sentido en que se aclaró el 682 del código francés. 2. En una palabra: la servidumbre indicada sólo puede establecerse a favor de predios que por cualquiera circunstancia como un derrumbamiento. Que en la conveniencia social de la explotación del predio dominante encuentra dicha servidumbre su fundamento y al propio tiempo sus límites.
Función social de la propiedad. en especial. iniciativa privada. Se deduce claramente de lo expuesto que las servidumbres legales limitan los derechos de contenido patrimonial. cuando es el caso. encuentra sustento constitucional no sólo en el carácter social de los derechos de contenido económico (artículos 58 y 333 de la Constitución). con su decisión. es evidente que la expresión destituido de “toda” comunicación con el camino público contenida en el artículo 905 del Código Civil impone al funcionario competente para evaluar la idoneidad de la servidumbre de tránsito que evalúe si el predio sirviente tiene o no comunicación con un camino público. pues sólo es posible obligar al dueño de una heredad a que dé salida por ella a un fundo que no tenga ningún tipo de comunicación con el camino público. que el legislador impone con las servidumbres.la incomunicación. porque es la ley la que directamente la establece y es en consecuencia preexistente a toda determinación judicial. En efecto. Ponderación de derechos en conflicto y preservación del núcleo esencial. cuyo alcance fue precisado en precedencia. todos con protección y garantía constitucional. De este modo. esta Corporación ha dicho en anteriores oportunidade. en tanto que implican la imposición legal de una carga en favor de un predio ajeno y aún en contra de la voluntad del propietario del inmueble que tiene el deber jurídico de soportarla. la igualdad y. en especial a la propiedad privada. hasta el punto de que la necesidad o no necesidad de acudir a la justicia para el ejercicio efectivo de ella sólo depende de la situación de hecho existente: si el titular del derecho no necesita modificar los hechos existentes para conformarlos a su derecho. sino también en los
. disponer y crear medios económicos con fines de lucro. sino que existe de pleno derecho. lo cual podría afectar derechos constitucionales del propietario del predio que solicita la servidumbre y el interés público que supone la explotación eficiente de la propiedad privada. viola los derechos a la libertad de empresa. carece de interés la intervención de los jueces que. En este orden de ideas. la libertad de empresa y de iniciativa privada. gozar. también es cierto que el ejercicio de esas facultades no implica la simple satisfacción de intereses individuales sino la preservación los intereses de la colectividad. que la restricción al libre ejercicio de los derechos económicos y. nada le agregan ni le quitan a ese derecho. tales como el de la propiedad privada. Entonces. un cambio en la situación de hecho preexistente…
13. sino que simplemente determinan. 14. entonces. la propiedad del titular del predio servido. a pesar de que es cierto que la Constitución protege esos derechos económicos que se entienden como poderes para utilizar una cosa. ahora corresponde a la Sala averiguar si la norma acusada.
15. la función social de la propiedad privada constituye parte esencial del ejercicio de estos derechos. el legislador no sólo está autorizado para restringir el derecho de propiedad: aquel también puede imponerle cargas o gravámenes necesarios para su adecuado ejercicio”. sino como parte esencial del mismo.deberes ciudadanos de solidaridad y colaboración con el Estado en la búsqueda de la realización de los fines propios del Estado Social de Derecho (artículos 1º. superado el concepto individualista de los derechos y libertades económicas. determinar la finalidad de la limitación legal del derecho es un asunto fundamental en el control de constitucionalidad. como de derechos subjetivos de particulares que entran en conflicto en cada caso concreto. el carácter social de la propiedad hace parte inescindible del contenido del derecho y de su condición de ejercicio como una obligación socia. cuya evolución ha sido presentada en forma completa y reiterada por esta Corporación para el derecho de domini. sino también para hacer efectivos derechos de particulares cuando estos dependen de la intervención del titular. muestra que ese derecho ha sido concebido en forma diferente. la jurisprudencia constitucional ha advertido que “en aras de garantizar que la propiedad cumpla la función social encomendada por la Carta. De ahí que. en tanto que en las situaciones de interés colectivo la regla constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular (artículo 1º) juega
. no sólo respecto del constitucionalismo clásico. 2º y 95 de la Carta). puede apuntar indistintamente a la supresión de ciertas facultades. por lo que “la configuración legal de la propiedad. En este contexto. al obligado ejercicio de algunas obligaciones De esta forma. entonces. solidaria y con utilidad social que le son propios. De todas maneras. En otras palabras. Por ello. la regulación sistemática de la propiedad privada en la Constitución de 1991. la función social de la propiedad privada en el marco del Estado Social de Derecho no fue plasmada como un límite al derecho. sino de la concepción inicial de la función social de la propiedad como mecanismo legítimo para restringir el derecho. puesto que. de tal suerte que dicha finalidad de la propiedad privada incide o hace parte del derecho subjetivo y no es una mera delimitación externa del mismo. sino de acción para la defensa efectiva del interés colectivo. en la actualidad. a su ejercicio condicionado o. las restricciones a los derechos de contenido económico pueden provenir tanto de intereses de superior jerarquía. en ciertos casos. el derecho a la propiedad no sólo puede limitarse por motivos de utilidad pública o por razones de interés general. Por lo tanto. su ejercicio no sólo implica el deber de abstención del Estado y de los particulares (con esta visión se garantiza el derecho si no hay intervención). pues su consagración implicó replantear su contenido para situarlo al lado de la motivación colectiva. Así pues.
la carga impuesta bien podía favorecerle al propio titular o bien podía ceder frente a otro de la misma naturaleza y de esta forma podía intercambiarse por su equivalente económico. esta Corporación ha encontrado ajustados a la Constitución varios casos en los que a pesar de que el legislador impuso restricciones al derecho a la propiedad privada no afectó su núcleo esencial. esa regla no sólo no tiene relevancia sino que no resulta útil para resolverlos porque el juez constitucional se encuentra en frente de derechos de igual jerarquía normativa y. por ejemplo. De ahí que se trata de proteger el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada. de acuerdo con la naturaleza de los bienes. mientras que en el caso de conflicto entre derechos cuya eficacia es horizontal. debe entrar a armonizarlos. al mismo tiempo. la sentencia C-491 de 2002 declaró la exequibilidad de una norma del Código de Policía que autoriza a los alcaldes exigir a los particulares la construcción de una obra cuando
. pues se consagra como compensación de esa limitación el pago de una indemnización. En tal virtud. aún cuando el titular no lo ejerza. en otra oportunidad agregó que el legislador no puede desconocer que “el mínimo de goce y disposición de un bien se mantiene. Precisamente por esas razones. que produzcan utilidad económica en su titular. Así. si bien es cierto que la delimitación de la función social de la propiedad privada corresponde al legislador dentro de marcos razonables y proporcionados. puedan protegerse aquellas facultades o actuaciones necesarias para que se reconozca y ejerza el derecho. por consiguiente. esta Corporación ha señalado que “lo constituye el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de goce y disposición. En la misma línea. su clase y la utilización de los mismos. de tal forma que se garantice la filosofía social en la que está concebido y. también lo es que no puede afectar su núcleo esencial de tal forma que deje sin sentido la protección constitucional del derecho. pero sin que ello signifique autorización para dejar sin efectos la garantía constitucional mínima e irreductible del derecho.un papel preponderante. En el mismo sentido. en sentencia C-189 de 2006. el legislador puede limitar en mayor o en menor medida el espectro de protección del derecho de dominio. En consecuencia. en tanto que consideró válido entender que si la propiedad privada es un derecho de contenido patrimonial. de modo que se impida que el legislador limite el derecho hasta el punto de hacerlo impracticable o se dificulte su ejercicio más allá de lo razonable y proporcional. pues si bien puede ampliar o restringir la zona de penumbra del derecho. para hacer prevalecer intereses generales o por motivos de utilidad pública o para exigir el deber de solidaridad. En relación con el concepto de núcleo esencial del derecho a la propiedad. esta Sala declaró la exequibilidad de una norma que prohíbe la venta de tierras ubicadas en zonas declaradas por el gobierno como parques naturales.
en tanto que su deterioro también perjudicaba al propietario. con motivo de la decisión del caso en concreto. entrar a definir las condiciones de prevalencia temporal del uno sobre el otro. derivadas de la función social que las caracteriza. procurar armonizar los distintos derechos y principios. la Corte recurre al conocido juicio de ponderació. con los que se busca establecer criterios objetivos y verificables para evaluar si la limitación de un derecho se justifica constitucionalmente y si la restricción constituye una forma de afectación de su núcleo esencial que se encuentra prohibida en la Carta. debe introducirse una cláusula de excepción en cuanto al carácter normativo de la regla jurídica. declaró la exequibilidad de varias disposiciones de la Ley 793 de 2002 que consagró varias causales de extinción del dominio de bienes cuando provienen de la ilicitud. excede los límites de ejercicio razonable y proporcional del derecho. el juicio de ponderación conduce a que en un caso concreto se le otorgue primacía jurídica a un principio frente a otro.
. En efecto. la Corte dijo que con la ponderación se busca establecer “un modelo de preferencia relativa condicionada a las circunstancias especificas de cada caso. Así. Como puede advertirse. corresponde a un típico control de límites que si bien se realiza con el respeto de la libertad de configuración normativa del legislador. procede la aplicación de los métodos de ponderación. sea o no de rango constitucional. es posible que una regla entre en contradicción con la vocación normativa de un principio. en anterior oportunidad. 16. de manera que le compete al legislador y a los operadores jurídicos. es decir. Así las cosas. como lo ha advertido esta Corporación en reiteradas oportunidades. la solución deba ser exactamente la misma. en casos en los que se presenta conflicto de derechos o principios constitucionales. en el ámbito de sus competencias. el juicio de constitucionalidad respecto de las restricciones legales a la propiedad privada y a las libertades patrimoniales. debe adelantarse seria y decididamente porque es un instrumento para controlar excesos legales. en dicha situación y dado el mayor peso que se reconoce a los principios en el ordenamiento jurídico. Así. De otro lado. por el contrario. entonces. sin que ineludiblemente en todas las hipótesis de conflicto. cuando surjan conflictos entre ellos. para averiguar si la limitación al derecho a la propiedad resulta constitucionalmente válida porque hace parte de la función social que le corresponde. a la que expresamente se refiere el artículo 58 de la Constitución. la jurisprudencia constitucional ha dicho qu. La sentencia C-740 de 2003. o si. y cuando ello no sea posible.los muros de un antejardín o la facha de una casa se encuentran en mal estado. con el cual se busca efectuar el control a los excesos legislativos y a la arbitrariedad de las medidas restrictivas de derechos constitucionales. pues dependerá de las circunstancias fácticas y jurídicas que se hagan presente en cada asunto.
Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr. la jurisprudencia ha definido que la verificación debe recaer no solo sobre el hecho de que la norma logre una finalidad legítima. 'Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si. la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera.En tal caso. así:
adelantar sobre este tipo de disposiciones que introducen límites a los derechos fundamentales. En otras palabras. según el cual corresponde al juez constitucional analizar si la medida restrictiva busca un objetivo constitucionalmente válido. entonces es desproporcionada y. el análisis de idoneidad de la medida restrictiva está dirigido a averiguar si aquella es suficientemente apta o adecuada para lograr el fin que se pretende conseguir. debe ser declarada inconstitucional
Para el análisis de proporcionalidad en estricto sentido se requiere determinar si la medida objeto de control de constitucionalidad no sacrifica valores. Ahora. es pertinente averiguar si la medida es proporcional en sentido estricto. si es adecuada y necesaria para lograr la finalidad buscada y si es proporcional stricto sensu. para analizar si la limitación de un derecho que se establece para proteger otro resulta constitucionalmente admisible se ha utilizado el principio de proporcionalidad. Una vez examinados los dos requisitos anteriores. Así. desde una perspectiva constitucional. Por consiguiente. en consecuencia. Además. el estudio de necesidad busca indagar si “la medida ordenada debe corresponder a la alternativa menos gravosa para el logro del fin buscado dentro del abanico de opciones con un nivel de efectividad probable semejante. si la medida sometida al control de constitucionalidad es adecuada para conseguir un objetivo constitucionalmente válido. la aplicación del principio de proporcionalidad supone la valoración de los intereses en juego y la
. por ejemplo. A su turno. principios o derechos que tengan un mayor peso que el que se pretende garantizar. La Corte explicó la aplicación del principio de proporcionalidad. la jurisprudencia ha explicad que se pueden aplicar diferentes formas de ponderar según la materia de que se trate y la naturaleza de los derechos en conflicto. se requiere que sea ponderada o proporcional en sentido estricto. para que dicha restricción sea constitucional. sino que también debe establecerse si la limitación era necesaria y útil para alcanzar tal finalidad. o si aquella restringe gravemente un derecho fundamental.
De hecho. Y. pues es lógico inferir que un bien que no tiene comunicación con las vías públicas no puede ser adecuadamente explotado o usado. la limitación objeto de estudio no sólo se justifica constitucionalmente porque fue constituida para hacer efectivo el derecho a la propiedad plena del predio que por sus condiciones se encuentra en franca desventaja para su uso o explotación económica. es claro que mientras el primer y tercer objetivos de la servidumbre de tránsito se ubican en la dimensión subjetiva del derecho a la propiedad privada que exige al Estado la garantía y protección para su ejercicio. En segundo lugar. sino que. tanto del titular del predio sirviente como del dominante. sino porque la adecuada utilización de la tierra representa un asunto de interés social y de utilidad pública. en el caso concreto. por lo que se trata de una intervención del Estado en beneficio de la propiedad privada de quien. para garantizar la eficacia de todos los derechos e intereses protegidos constitucionalmente. esa disposición potencia la visión social de la propiedad. atendiendo a la prevalencia del interés general y a la función social que se impone a la propiedad privada. De esta forma. el grado de afectación y la forma cómo deben ceder. con la referencia a la total incomunicación del predio sirviente como condición necesaria para que la autoridad competente imponga la servidumbre de tránsito se pretende proteger el derecho de dominio del propietario del predio sirviente de la intromisión del Estado y de los particulares en el ámbito de ejercicio de ese derecho. En consecuencia. el segundo objetivo está relacionado con la dimensión social o colectiva de la propiedad privada. Por consiguiente. en anteriores oportunidades. existen restricciones a su ejercicio que se adecuan perfectamente a la Constitución en el Estado Social de Derecho. busca facilitar la utilización (uso y disfrute) del inmueble que no tiene ningún tipo de comunicación con el camino público. a saber: en primer lugar. pues la obligación social para el titular del derecho consiste en usar y explotar la tierra para que ésta tenga una trascendencia económica o para su disfrute extrapatrimonial. por las condiciones propias del predio. en tercer lugar. de tal forma que se busca que dicho gravamen solamente sea reconocido en situaciones excepcionales y para la defensa del derecho a la propiedad del titular del predio dominante. En el asunto objeto de análisis se tiene que la servidumbre de tránsito para bienes enclavados tiene tres objetivos constitucionalmente válidos. pues sólo de esta forma se puede definir. 17. los objetivos que desarrolla el legislador con la regulación de la
. no suprime la garantía reconocida por la Constitución al derecho de dominio.determinación clara de la relevancia constitucional de los bienes jurídicos en tensión. no tiene la posibilidad de ejercerla en forma plena. con lo que se afecta el interés colectivo que implica la correcta utilización de la tierra. esta Corporación dij que la imposición de este tipo de gravámenes.
la protección constitucional a este derecho no sólo implica la defensa del ejercicio de potestades y facultades derivados del mismo (uso. como se explicó. resulta contrario a la función social de la propiedad privada. es también un deber social que se impone.servidumbre de tránsito objeto de estudio se ajustan perfectamente al espíritu social de la propiedad privada consagrado en la Constitución de 1991. usar y gozar del bien. Cuando un bien no puede explotarse adecuadamente. el Estado debe intervenir no como una facultad discrecional de la autoridad competente. a pesar de que es pertinente y válido constitucionalmente que el Estado intervenga para facilitar el derecho a usar y disfrutar del bien enclavado. goce y disfrute). tal y como está regulada en la norma parcialmente acusada en esta oportunidad. grado de dificultad o costo de la vía existente. como la falta de comunicación con la vía pública. la Sala encuentra que la condición de destitución “total” de comunicación con el camino público para que pueda imponerse la servidumbre de tránsito no es necesaria para garantizar el núcleo esencial del derecho a la propiedad del titular del predio sirviente. un predio total o parcial. De hecho. sin que pueda considerarse la idoneidad. sino por inconvenientes naturales del predio. esa no es adecuada ni suficiente para explotar. la exigencia legal relativa a que la servidumbre de tránsito sólo puede imponerse cuando el predio dominante se encuentra totalmente incomunicado con la vía pública. Por el contrario. sino también la vigilancia del efectivo cumplimiento de los deberes y obligaciones a cargo del titular. pues en casos en los que a pesar de que el predio cuenta con una vía de acceso. no consagra una medida idónea y necesaria para lograr todos los objetivos propuestos. según el cual la Nación podría declarar extinguido el derecho de dominio sobre predios rurales que no son explotados. no lo es que esa intervención sólo resulte obligatoria cuando el inmueble colindante está totalmente incomunicado con la vía principal. En tal virtud. además de lo anterior. la Sala considera que la servidumbre de tránsito. sino en forma impositiva para exigir la eficacia de la función social de la propiedad. pero gravemente incomunicado es básicamente improductivo y. 18. el uso adecuado del inmueble no es solamente una decisión individual y autónoma del propietario. Pero. según las
. De hecho. En efecto. no por voluntad del propietario o de los titulares de derechos reales sobre él. sino del interés social o colectivo que implica la adecuada y correcta explotación de la tierra. pues resulta demasiado gravosa para hacer efectiva la función social de la propiedad del titular del fundo dominante. impide la adecuada explotación del bien. En efecto. 19. la condición legal de que exista destitución “total” con la vía pública. Un ejemplo claro de esta imposición se encuentra en el artículo 6º de la Ley 200 de 1936. desconoce la función social de la propiedad no sólo desde el punto de vista subjetivo del titular del predio sirviente que no puede ejercer plenamente su derecho. pues. como tal.
indudablemente. no acoge la propuesta formulada por la Procuraduría General de la Nación en el sentido de condicionar la exequibilidad de la disposición acusada. Entonces. sino que impide la imposición de la servidumbre legal. como se explicó en esta sentencia. el dueño del predio sirviente tiene derecho a recibir el valor correspondiente más la indemnización de los perjuicios que pudieran causarle. la expresión “toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil. este efecto del fallo constitucional sólo puede proferirse
. sacrifica valores. En efecto. De todas maneras. En este mismo sentido. una de las cuales resulta ajustada a la Constitución y otra u otras repugnan a ella. Como se vio en precedencia. Con mayor razón si el contexto general de la regulación de la servidumbre de tránsito. lo cierto es que la garantía de uso. En tal contexto. como ampliamente lo ha explicado esta Corporación. La primera. que compensa con indemnización los daños causados. como un asunto que rebasa el interés subjetivo y alcanza un interés social.voces del artículo 905 del Código Civil. 20. en esta oportunidad no puede aplicarse la regla de prevalencia del interés general sobre el particular. las sentencias interpretativas o condicionadas proceden cuando de la interpretación directa y cierta de la disposición acusada resultan dos o más normas jurídicas. a pesar de que. ya que se estatuye a cargo del beneficiario correspondiente la obligación de pagar indemnización de perjuicios con el objeto de resarcir los daños causados. Por consiguiente. disfrute y explotación idónea y adecuada de la tierra. porque. gozar y disponer el bien. que no sólo impide al funcionario competente valorar el tipo de comunicación que tiene el inmueble enclavado. sino también a favor de aquellos cuya salida no permiten su explotación adecuada”. por lo que deberá declararse inexequible. desconoce que el derecho a la propiedad supone el derecho-deber jurídico de usar. la Sala precisa que. en el entendido “de que la servidumbre legal de tránsito consagrada en el artículo 905 del Código Civil no solo (sic) en beneficio de los predios que no tienen acceso alguno a la vía pública. porque en aras de proteger el derecho a la propiedad del titular del predio sirviente. la expresión “toda” del artículo 905 del Código Civil es contraria a la Constitución. principios o derechos de mayor peso constitucional. es claro que los derechos del propietario del predio sirviente no quedan desprotegidos ni se anula su núcleo esencial. al paso de permitir el uso de una franja de terreno para hacer efectiva la servidumbre de tránsito. protege derechos y motivos de mayor peso constitucional. por dos razones. Decisiones a tomar 21. logra preservar el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada que resulta limitado. la Corte considera que la norma acusada no es proporcional en sentido estricto.
III. 22. De esa forma la autoridad competente puede analizar objetiva y racionalmente si la comunicación del predio solicitante es adecuada y suficiente para lograr su explotación. a declarar la inexequibilidad de la expresión “toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil. En vista de que la ley no puede aislar la existencia de derechos en conflicto y que sólo se ajusta a la Constitución el hecho de que las autoridades administrativas y judiciales encargadas de definir la procedencia de la servidumbre de tránsito los ponderen. En efecto. deja de lado el análisis de los derechos que se encuentran en conflicto. sin que ello signifique una valoración subjetiva o caprichosa de dicha condición. resulta contraria a la Constitución. DECISION
. sino también por la situación de los derechos en conflicto que deben armonizarse y ponderarse en el caso concreto. Por ello. unas conformes a la Carta y otras no. la Sala declarará su exequibilidad por los cargos analizados en esta sentencia. En relación con el resto del artículo 905 del Código Civil. resulta más adecuado retirar del ordenamiento jurídico la expresión que limita al aplicador jurídico a evaluar la total incomunicación del predio como requisito fundamental para acceder a la servidumbre de tránsito. En consecuencia. existiendo sólo una interpretación que se deriva de la norma acusada no procede su condicionamiento sino el retiro del ordenamiento jurídico de la expresión que. pues una sentencia interpretativa no puede hacer decir lo que la norma no dice: su objetivo es limitar la hermenéutica de la norma sólo a aquella o aquellas válidas constitucionalmente. pues la imposición de servidumbres de tránsito requiere del análisis de las circunstancias concretas que se determinan no sólo por las condiciones de ubicación y explotación de los predios sirviente y dominante. se declarará la exequibilidad condicionada de la norma acusada. la interpretación directa y literal de la norma impugnada muestra que únicamente puede imponerse la servidumbre de tránsito cuando el predio dominante se encuentra destituido de “toda” comunicación con el camino público. Luego. en el entendido que el aplicador jurídico debe ponderar los derechos que existan sobre los predios dominante y sirviente. en el asunto objeto de estudio. La segunda razón por la que no procede el fallo condicionado. por su carácter absoluto. está relacionada con la técnica constitucional. a pesar de que la norma acusada se refiere a las condiciones materiales del bien dominante. pues sencillamente se le daría un sentido a la disposición que ella no consagra. Sin embargo. esto es. no sería correcto indicar que la expresión “destituido de toda comunicación” debe entenderse como destituido de algún tipo de comunicación con la vía pública.cuando del propio texto normativo se infieren diferentes hermenéuticas. tal y como se explicó en precedencia.
salvo la expresión “toda” que se declara INEXEQUIBLE. administrando justicia. cúmplase y archívese el expediente. la Corte Constitucional. Cópiese. notifíquese.En mérito de lo expuesto.
. por los cargos analizados en esta sentencia y en el entendido que se deben ponderar los derechos existentes sobre el predio dominante y sirviente. comuníquese.
RESUELVE Declarar EXEQUIBLE el artículo 905 del Código Civil. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.
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