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Timestamp: 2020-02-25 10:44:52
Document Index: 56184270

Matched Legal Cases: ['artículo36', 'artículo 106', 'artículo 106', 'artículo 98', 'artículo 105', 'artículo 88', 'artículo 37', 'artículo 234', 'artículo 58', 'artículo31', 'artículo 66', 'artículo 318', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 183', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 39', 'artículo 46', 'artículo192', 'artículo 248', 'artículo 270', 'artículo 274', 'artículo 320', 'artículo 337', 'artículo 381', 'artículo 385', 'artículo 445', 'artículo 515', 'artículo 22', 'artículo 515', 'artículo 570', 'artículo 570', 'artículo 570', 'artículo 571', 'artículo 576', 'artículo 579', 'artículo 576']

PREÁMBULO LEY ORGÁNICA 5/2010, DE 22 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DELCÓDIGO PENAL
A todos los quela presente vieren y entendieren. Sabed:
Que las CortesGenerales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.
La evoluciónsocial de un sistema democrático avanzado como el que configura la Constitución españoladetermina que el ordenamiento jurídico esté sometido a un proceso constante derevisión. La progresiva conquista de niveles de bienestar más elevados no esconcebible, en un marco jurídico de respeto a los derechos fundamentales, sinun paralelo avance en materia de libertad y de seguridad, pilaresindisolublemente unidos del concepto mismo de Estado de Derecho.
En estecontexto, la presente reforma se enmarca en la confluencia de variascoordenadas que explican tanto su relativa extensión como la variedad decuestiones que en ella se abordan.
Por un lado,España tiene contraídas obligaciones internacionales, especialmente en elámbito de la armonización jurídica europea, que exigen adaptaciones -a veces deconsiderable calado- de nuestras normas penales. Por otro, la experienciaaplicativa del Código ha ido poniendo en evidencia algunas carencias odesviaciones que es preciso tratar de corregir. Y, en fin, la cambianterealidad social determina el surgimiento de nuevas cuestiones que han de serabordadas. Sin olvidar que los numerosos y en ocasiones acelerados cambiosintroducidos en la arquitectura original del texto de 1995 han producidoalgunos efectos de distorsión o incongruencia necesitados de corrección.
A todo ellotrata de dar respuesta esta Ley, en los términos que siguen.
En materia decircunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se ha consideradoconveniente otorgar carta de naturaleza legal a la circunstancia atenuante dedilaciones indebidas. Se exige para su apreciación que el retraso en latramitación tenga carácter extraordinario, que no guarde proporción con lacomplejidad de la causa y que no sea atribuible a la conducta del propioimputado. De esta manera se recogen los elementos fundamentales de lajurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha construido esta circunstancia comoatenuante por analogía.
De conformidadcon los principios que orientan la reforma, se procede a la modificación del artículo36. De esta forma, para los casos de penas privativas de libertad superiores acinco años, la exigencia de cumplimiento de al menos la mitad de la condenaantes de poder obtener la clasificación en tercer grado se establece en el casode delitos cometidos contra la libertad e indemnidad sexual de menores de treceaños, delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos deterrorismo, así como los delitos cometidos en el seno de una organización ogrupo criminal. Esta modificación, que se estima conveniente para estos gruposde delitos de extrema gravedad, se considera por el contrario innecesaria comorégimen general respecto de todos los delitos sancionados con penas de prisiónsuperiores a cinco años. Por esta razón se elimina el automatismo hasta ahoravigente, introduciendo un mecanismo más flexible que permita a los jueces ytribunales adecuar la responsabilidad criminal a la gravedad del hecho y a lapersonalidad del delincuente. Así, la remodelación del llamado periodo de seguridadgarantiza la primordial finalidad constitucional de la pena, laresocialización, sin que por otra parte ello comporte detrimento alguno en lapersecución por el Estado de otros fines legítimos de la misma.
Es notorio, sinembargo, que en determinados supuestos de especial gravedad ese efectorehabilitador de la pena se ve dificultado, en la medida en que ésta no resultasuficiente o adecuada para excluir un elevado riesgo de reincidencia.
La opcióninocuizadora, que se traduciría en la prolongación ilimitada y/o indiscriminadade la privación de libertad, choca obviamente con principios elementales delDerecho Penal que la Constituciónampara. Se hace necesario, por tanto, para tales casos de especial gravedadexpresamente previstos, contemplar otras soluciones que, sin cejar en elesfuerzo rehabilitador que debe seguir inspirando el tratamiento penitenciario,permitan conciliar las referidas exigencias constitucionales con otros valoresno menos dignos de tutela, como son la seguridad y la libertad del resto de losciudadanos, potenciales víctimas del delincuente no rehabilitado que el sistemapenitenciario devuelve a la sociedad. Agotada, pues, la dimensión retributivade la pena, la peligrosidad subsistente del sujeto halla su respuesta idónea enuna medida de seguridad.
Por ello lapresente Ley introduce, mediante la modificación parcial y una levereordenación del Título IV del Libro I del Código Penal, una nueva medidadenominada libertad vigilada, que se inserta naturalmente en el régimen generalde dichas medidas de seguridad, algunas de las cuales se integran y refunden enese concepto común (artículo 106).
Así, la libertadvigilada es una medida de seguridad que el Tribunal impone, de manerafacultativa o preceptiva, según la propia norma señala en cada caso, y cuyocontenido se concreta en una serie de limitaciones, obligaciones, prohibicioneso reglas de conducta, aplicables separada o conjuntamente, dentro de losmárgenes de duración específicos que en su caso resulten de la parte especialdel Código, tendentes no solo a la protección a las víctimas, sino también a larehabilitación y la reinserción social del delincuente, objetivo que presidetoda la reforma. Y que puede modificarse, ya en fase de ejecución, atendiendo ala evolución del sujeto y mediante un sencillo trámite que se caracteriza porun reforzamiento de la garantía de contradicción, que alcanza incluso a lasvíctimas que no sean parte en el proceso.
La novedad sustancialque incorpora la libertad vigilada es que resulta aplicable no sólo cuando elpronóstico de peligrosidad del individuo se relaciona con estados patológicosque han determinado su inimputabilidad o semiinimputabilidad, sino tambiéncuando la peligrosidad deriva del específico pronóstico del sujeto imputable enrelación con la naturaleza del hecho cometido, siempre y cuando el propiolegislador así lo haya previsto de manera expresa. En estos casos, tal y comoresulta del nuevo artículo 106.2, la medida no se establece, por obviasrazones, con carácter alternativo a la pena de prisión o para su ejecuciónprevia a ésta, sino que se impone en sentencia junto a la pena privativa delibertad para su ejecución posterior a la excarcelación, y se hará o no efectivajustamente en función de ese pronóstico de peligrosidad, formulado cuando seacerca dicho momento extintivo de la pena y reconsiderado después con cadenciacomo mínimo anual (artículo 98.1).
Es importantedestacar que en la concreción del contenido de la libertad vigilada y en sueventual sustitución, modificación, suspensión o cesación, intervienen tanto elJuez de Vigilancia Penitenciaria, debidamente informado por los serviciospenitenciarios, como el Juez o Tribunal sentenciador al que corresponde hacerejecutar lo juzgado. Precisamente este último, por haber juzgado, conoce conmayor detalle determinadas circunstancias del caso concurrentes con elpronóstico penitenciario del sujeto, que pueden resultar determinantes para laelección de la medida o medidas en que ha de concretarse la libertad vigilada.Su duración, en fin, se mantiene en general en un máximo de cinco años, que esel que establecía hasta ahora el Código para las medidas de seguridad noprivativas de libertad que se refunden bajo el concepto de libertad vigilada,pero a ello se añade, ciertamente pensando en esta nueva modalidadpostpenitenciaria, la posibilidad de que el propio Código Penal la extiendahasta los diez años (artículo 105.2), como, de hecho, esta misma Ley disponepara los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y de terrorismo.
En esta línea deevolución de la respuesta jurídico-penal hacia fórmulas más operativas y mejoradaptadas a las actuales necesidades y demandas sociales, la secular carenciade penas alternativas a las penas cortas de prisión del sistema español hamotivado que en esta reforma se haya optado por otorgar un mayor protagonismo ala pena de localización permanente. Con este objetivo, se le confiere una mayorextensión y contenido, si bien se ha pensado que inicialmente, aunque convocación de futuras ampliaciones, su ámbito de aplicación se reduzca al marcode la sustitución de las penas privativas de libertad. A tal efecto se articulael correspondiente módulo de conversión en el artículo 88.
A la inversa, lalocalización permanente, en los supuestos en los que está prevista como penaprincipal, puede ser el instrumento adecuado para combatir con mayor rigor yeficacia los supuestos de reiteración de faltas que han generado una especialinseguridad ciudadana en los últimos tiempos. A estos efectos, constituyendo unlímite axiológico infranqueable la asociación a las faltas de penas de carácterleve, y descartado por tanto el recurso a la genuina pena de prisión, unarespuesta proporcionada y disuasoria puede ser el cumplimiento excepcional dela localización permanente en centro penitenciario en régimen de fin de semanay días festivos. Se trata de ofrecer una mayor dureza en la respuesta frente ala reiteración de la infracción que sea al tiempo compatible con la naturalezaleve de la sanción, evitando el efecto desocializador del régimen decumplimiento continuado que caracteriza a la pena de prisión propiamente dicha.
Como aclara lanueva redacción dada al artículo 37, serán los concretos preceptos del LibroIII los que den al Juez la posibilidad de acudir a este régimen excepcional decumplimiento. La presente reforma opta por restringir su aplicación a lasfaltas reiteradas de hurto por un doble motivo. Por una parte, se trata delsupuesto que, sobre todo en los núcleos urbanos más importantes, ha generado lamayor preocupación ciudadana y es el que a día de hoy realmente requiere laadopción de esta medida. Por otro, la restricción de esta modalidad delocalización permanente a un supuesto puntual permitirá aprovecharadecuadamente los recursos disponibles en el sistema penitenciario.
La reiteraciónse hace depender del número de faltas cometidas, ya haya recaído condena portodas ellas en un solo proceso o en procesos distintos. En los casos de faltasde hurto no juzgadas que superen los 400 euros de importe, será de aplicaciónel párrafo final del artículo 234 y la conducta habrá de ser considerada comodelito.
Para solucionarlos problemas interpretativos surgidos acerca de cuál es el procedimiento penaldonde debe abonarse el tiempo de prisión provisional sufrido por un imputadoque al mismo tiempo está cumpliendo una pena de privación de libertad impuestaen otra causa, se procede a la modificación del artículo 58 para dejar claroque en esos supuestos solamente será de abono el tiempo de prisión realmentesufrido en la liquidación de condena referente a la pena que esté cumpliendo.
Se regula demanera pormenorizada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sonnumerosos los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuestapenal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figurasdelictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente(corrupción en el sector privado, en las transacciones comercialesinternacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos,blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos...).Esta responsabilidad únicamente podrá ser declarada en aquellos supuestos dondeexpresamente se prevea.
Para la fijaciónde la responsabilidad de las personas jurídicas se ha optado por establecer unadoble vía. Junto a la imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre opor su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder derepresentación en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellasinfracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debidocontrol sobre sus empleados, naturalmente con la imprescindible consideraciónde las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar una lecturameramente objetiva de esta regla de imputación.
Se deja claroque la responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse conindependencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal dela persona física. En consecuencia, se suprime el actual apartado 2 del artículo31.
En este ámbitose concreta un catálogo de penas imponibles a las personas jurídicas,añadiéndose -respecto a las hasta ahora denominadas consecuencias accesorias(disolución, suspensión de actividades, clausura de establecimientos...), lamulta por cuotas y proporcional y la inhabilitación para obtener subvenciones yayudas públicas, para contratar con las Administraciones Públicas y para gozarde beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social. Se opta en estepunto por el sistema claramente predominante en el Derecho comparado y en lostextos comunitarios objeto de transposición, según el cual la multa es la penacomún y general para todos los supuestos de responsabilidad, reservándose laimposición adicional de otras medidas más severas sólo para los supuestoscualificados que se ajusten a las reglas fijadas en el nuevo artículo 66 bis.Igualmente, se tiene en cuenta el posible fraccionamiento del pago de lasmultas que les sean impuestas a las personas jurídicas cuando exista peligropara la supervivencia de aquellas o la estabilidad de los puestos de trabajo,así como cuando lo aconseje el interés general. Además, se regulan taxativamentelos supuestos de atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas,entre los que destacan la confesión de la infracción a las autoridades, lareparación del daño y el establecimiento de medidas eficaces para prevenir ydescubrir los delitos que en el futuro puedan cometerse con los medios o bajola cobertura de la persona jurídica.
En esteapartado, al objeto de evitar que la responsabilidad penal de las personasjurídicas pueda ser burlada por una disolución encubierta o aparente o por sutransformación, fusión, absorción o escisión, se contienen previsionesespecificas donde se presume que existe la referida disolución aparente oencubierta cuando aquélla continúe con su actividad económica y se mantenga laidentidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, trasladándose enaquellos casos la responsabilidad penal a la entidad o entidades en que setransforme, quede fusionada o absorbida y extendiéndose a la entidad oentidades a que dé lugar la escisión.
De singularimportancia resulta la transposición de la Decisión Marco2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de losproductos, instrumentos y bienes relacionados con el delito. Como se recoge enel instrumento internacional, el principal objetivo de la delincuenciaorganizada es el beneficio económico y, en consecuencia, el establecimiento denormas comunes relativas al seguimiento, embargo, incautación y decomiso de losproductos del delito es objetivo prioritario para conseguir una eficaz luchacontra aquella.
Por ello, se hacompletado la regulación existente del comiso encomendando a los jueces ytribunales acordarlo respecto de aquellos efectos, bienes, instrumentos yganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de unaorganización o grupo criminal, o bien cuando se trate de delitos de terrorismo,con independencia de si estos últimos se cometen en el seno de una organizacióno grupo terrorista, tal y como se prevé en la Decisión Marco2002/475/JAI del Consejo, sobre la lucha contra el terrorismo. Para facilitarla medida, se establece una presunción de procedencia de actividades delictivascuando el valor del patrimonio sea desproporcionado con respecto a los ingresoslegales de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos enel seno de la organización o grupo criminal. Asimismo, se faculta a los juecesy tribunales para acordar el comiso cuando se trate de un delito imprudente quelleve aparejado en la Leyla imposición de una pena privativa de libertad superior a un año.
En el ámbito dela prescripción del delito, con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica,se ha optado por una regulación detallada del instituto que ponga fin a lasdiferencias interpretativas surgidas en los últimos tiempos. Para llevar a caboesta tarea, se ha prestado especial atención a la necesidad de precisar elmomento de inicio de la interrupción de la prescripción, estableciéndose queésta se produce, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando elprocedimiento se dirija contra persona determinada que aparezca indiciariamentecomo penalmente responsable. Para entender que ello ocurre se requiere, cuandomenos, una actuación material del Juez Instructor.
Del mismo modo,se ha considerado necesario abordar el problema de los efectos que para lainterrupción de la prescripción puede tener la presentación de denuncias oquerellas y para ello se opta por suspender el cómputo de la prescripción porun máximo de seis meses o dos meses, según se trate de delito o falta, desdedicha presentación siempre que sea ante un órgano judicial y contra una personadeterminada. Si el órgano judicial no la admite a trámite o no dirige elprocedimiento contra la persona denunciada o querellada, continúa el cómputo deprescripción desde la fecha de presentación. También continuará el cómputo sidentro de dichos plazos el Juez no adopta ninguna de las resoluciones citadas.
Elreplanteamiento del régimen procesal de la prescripción en los términosexpuestos aconseja también revisar algunos aspectos de su regulaciónsustantiva. La impunidad debida a la prescripción de ciertos delitos castigadoscon penas de no excesiva gravedad (estafas, delitos urbanísticos, por ejemplo,o algunos delitos contra la Administración Pública), cuyo descubrimiento einvestigación pueden sin embargo resultar extremadamente complejos y dilatados,ha redundado en descrédito del sistema judicial y en directo perjuicio de lasvíctimas. En este sentido, se opta por elevar el plazo mínimo de prescripciónde los delitos a cinco años, suprimiendo por tanto el plazo de tres años quehasta ahora regía para los que tienen señalada pena de prisión o inhabilitacióninferior a tres años.
Lasmodificaciones en materia de prescripción del delito se completan con ladeclaración de la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo que hubierencausado la muerte de una persona. El fundamento de la institución de laprescripción se halla vinculado en gran medida a la falta de necesidad deaplicación de la pena tras el trascurso de cierto tiempo. La reforma sefundamenta en este punto en que tal premisa no puede cumplirse frente aconductas delictivas que presentan las características del tipo mencionado.
Como respuestaal fenómeno cada vez más extendido de la compraventa de órganos humanos y alllamamiento de diversos foros internacionales a abordar su punición, se haincorporado como infracción penal la obtención o el tráfico ilícito de órganoshumanos, así como el trasplante de los mismos. Ya en el año 2004 la Organización Mundialde la Saluddeclaró que la venta de órganos era contraria a la Declaración Universalde Derechos Humanos, exhortando a los médicos a que no realizasen trasplantessi tenían sospechas de que el órgano había sido objeto de una transacción.Recientemente, en la Cumbreinternacional sobre turismo de trasplantes y tráfico de órganos celebrada enmayo de 2008, representantes de 78 países consensuaron la denominada Declaración de Estambul,en donde se deja constancia de que dichas prácticas violan los principios de igualdad,justicia y respeto a la dignidad humana debiendo ser erradicadas. Y, aunquenuestro Código Penal ya contempla estas conductas en el delito de lesiones, seconsidera necesario dar un tratamiento diferenciado a dichas actividadescastigando a todos aquellos que promuevan, favorezcan, faciliten o publicitenla obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o su trasplante. Eneste marco, se ha considerado que también debe incriminarse, con posibilidad demoderar la sanción penal en atención a las circunstancias concurrentes, alreceptor del órgano que, conociendo su origen ilícito, consienta en larealización del trasplante.
Dentro de losdelitos de torturas y contra la integridad moral, se incrimina la conducta deacoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en elmarco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que losufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. Con ello quedaríanincorporadas en el tipo penal todas aquellas conductas de acoso producidastanto en el ámbito de las relaciones jurídico privadas como en el de lasrelaciones jurídico-públicas.
Igualmente, alhilo de la proliferación, durante la última década, de conductas acosadoras enla esfera de la vivienda, se sanciona también el acoso inmobiliario. Con ellose pretende tutelar el derecho al disfrute de la vivienda por parte depropietarios o inquilinos frente a los ataques dirigidos a obligar a unos o aotros a abandonarla para así alcanzar, en la mayoría de los casos, objetivosespeculadores. Distintos pronunciamientos judiciales habían venido poniendo demanifiesto las dificultades que para la represión de estas conductas sederivaba de la ausencia hasta el momento de una específica regulación penal deeste fenómeno.
El tratamientopenal unificado de los delitos de trata de seres humanos e inmigraciónclandestina que contenía el artículo 318 bis resultaba a todas lucesinadecuado, en vista de las grandes diferencias que existen entre ambosfenómenos delictivos. La separación de la regulación de estas dos realidadesresulta imprescindible tanto para cumplir con los mandatos de los compromisosinternacionales como para poner fin a los constantes conflictosinterpretativos.
Para llevar acabo este objetivo se procede a la creación del Título VII bis, denominado De la trata de sereshumanos. Así, el artículo 177 bis tipifica un delito en el queprevalece la protección de la dignidad y la libertad de los sujetos pasivos quela sufren. Por otro lado, resulta fundamental resaltar que no estamos ante undelito que pueda ser cometido exclusivamente contra personas extranjeras, sinoque abarcará todas las formas de trata de seres humanos, nacionales otrasnacionales, relacionadas o no con la delincuencia organizada.
En cambio, eldelito de inmigración clandestina siempre tendrá carácter trasnacional,predominando, en este caso, la defensa de los intereses del Estado en elcontrol de los flujos migratorios.
Además de lacreación del artículo 177 bis, y como consecuencia de la necesidad de dotar decoherencia interna al sistema, esta reestructuración de los tipos ha requeridola derogación de las normas contenidas en los artículos 313.1 y 318 bis. 2.
En el ámbito delos delitos sexuales, junto al acrecentamiento del nivel de protección de lasvíctimas, especialmente de aquellas más desvalidas, ha de mencionarse lanecesidad de trasponer la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografíainfantil. Resulta indudable que en los casos de delitos sexuales cometidossobre menores el bien jurídico a proteger adquiere una dimensión especial porel mayor contenido de injusto que presentan estas conductas. Mediante lasmismas se lesiona no sólo la indemnidad sexual, entendida como el derecho a noverse involucrado en un contexto sexual sin un consentimiento válidamenteprestado, sino también la formación y desarrollo de la personalidad ysexualidad del menor. Por ello se procede a la incorporación, en el Título VIIIdel Libro II del Código Penal, del Capítulo II bis denominado De los abusos y agresionessexuales a menores de trece años. Por otra parte, la extensión dela utilización de Internet y de las tecnologías de la información y la comunicacióncon fines sexuales contra menores ha evidenciado la necesidad de castigarpenalmente las conductas que una persona adulta desarrolla a través de talesmedios para ganarse la confianza de menores con el fin de concertar encuentrospara obtener concesiones de índole sexual. Por ello, se introduce un nuevoartículo 183 bis mediante el que se regula el internacionalmente denominado child grooming,previéndose además penas agravadas cuando el acercamiento al menor se obtengamediante coacción, intimidación o engaño.
En el ámbito delas figuras de prostitución y pornografía infantil, la traslación de la Decisión Marco anuestro ordenamiento determina la necesidad de tipificar nuevas conductas. Esel caso de la captación de niños para que participen en espectáculospornográficos, que queda incorporada a la regulación en el artículo 189.1. Lomismo sucede con la conducta de quien se lucra con la participación de losniños en esta clase de espectáculos, cuya incorporación se realiza en el apartado1.a) del artículo 189. En relación al delito de prostitución, se incorpora laconducta del cliente en aquellos casos en los que la relación sexual se realicecon una persona menor de edad o incapaz.
Para completarel elenco de normas destinadas a otorgar mayor protección a los menores, seconsidera adecuado crear la pena de privación de la patria potestad oinstituciones análogas previstas en la legislación civil de las ComunidadesAutónomas que se incluye en el catálogo de penas privativas de derechosprevistas en el artículo 39, fijándose su contenido en el artículo 46. Estanueva pena tendrá el carácter de principal en los supuestos previstos en el artículo192 y el de pena accesoria de acuerdo a lo establecido en los artículos 55 y 56,cuando los derechos derivados de la patria potestad hubieren tenido unarelación directa con el delito cometido.
En el marco delos denominados delitos informáticos, para cumplimentar la Decisión Marco2005/222/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemasde información, se ha resuelto incardinar las conductas punibles en dosapartados diferentes, al tratarse de bienes jurídicos diversos. El primero,relativo a los daños, donde quedarían incluidas las consistentes en dañar,deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o programasinformáticos ajenos, así como obstaculizar o interrumpir el funcionamiento deun sistema informático ajeno. El segundo apartado se refiere al descubrimientoy revelación de secretos, donde estaría comprendido el acceso sin autorizaciónvulnerando las medidas de seguridad a datos o programas informáticos contenidosen un sistema o en parte del mismo.
Entre lasestafas descritas en el artículo 248 del Código Penal, cuyo catálogo en sumomento ya se había acrecentado con los fraudes informáticos, ha sido precisoincorporar la cada vez más extendida modalidad consistente en defraudarutilizando las tarjetas ajenas o los datos obrantes en ellas, realizando conello operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.
El sistema decualificaciones o agravantes específicas propio de la estafa ha venidoplanteando problemas interpretativos en la praxis, pues da lugar a que sesuperpongan dobles valoraciones jurídicas sobre unos mismos elementos del hecho,cosa que es particularmente evidente cuando se trata de la modalidad de uso decheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio -que,además, puede confundirse con alguna modalidad de falsedad documental- que son,a su vez, instrumento y materialización del engaño, y no algo que se sume alardid defraudatorio, por lo cual su valoración separada es innecesaria.
En el delito dealzamiento de bienes se han agravado las penas en los supuestos en que la deudau obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora seauna persona jurídico-pública, así como cuando concurran determinadascircunstancias entre las que destaca la especial gravedad, en función de laentidad del perjuicio y de la situación económica en que deje a la victima o asu familia.
El agravamientopenológico operado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en elámbito de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial haevidenciado una cierta quiebra de la necesaria proporcionalidad de la pena enel caso de conductas consistentes en la venta a pequeña escala de copiasfraudulentas de obras amparadas por tales derechos, máxime cuandofrecuentemente los autores de este tipo de conductas son personas ensituaciones de pobreza, a veces utilizados por organizaciones criminales, quecon tales actos aspiran a alcanzar ingresos mínimos de subsistencia. Por ello,añadiendo un párrafo segundo al apartado 1 del artículo 270 y modificando elapartado 2 del artículo 274, para aquellos casos de distribución al por menorde escasa trascendencia, atendidas las características del culpable y lareducida cuantía del beneficio económico obtenido por éste, siempre que noconcurra ninguna de las circunstancias de agravación que el propio Código Penalprevé, se opta por señalar penas de multa o trabajos en beneficio de lacomunidad. Además, en tales supuestos, cuando el beneficio no alcance los 400euros la conducta se castigará como falta.
Teniendo comoreferente la Directiva2003/06 del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones coninformación privilegiada y la manipulación del mercado, se han llevado a caboreformas en el campo de los delitos relativos al mercado y los consumidores.Así, se incorpora como figura delictiva la denominada estafa de inversores,incriminando a los administradores de sociedades emisoras de valores negociadosen los mercados de valores que falseen las informaciones sobre sus recursos,actividades y negocios presentes o futuros, y de ese modo consigan captarinversores u obtener créditos o préstamos.
Del mismo modo,se castiga la difusión de noticias o rumores sobre empresas donde se ofreciesendatos falsos para alterar o preservar el precio de cotización de un instrumentofinanciero y la conducta de quienes utilizando información privilegiadarealicen transacciones u órdenes de operación que proporcionen o puedanproporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o elprecio de instrumentos financieros, o para asegurar, en concierto con otraspersonas, el precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivelanormal o artificial, así como el concierto para asegurarse una posicióndominante sobre la oferta o demanda de un instrumento financiero.
Otro de losaspectos importantes de la reforma es la transposición de la Decisión Marco2003/568/JAI, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado. Laidea fuerza en este ámbito es que la garantía de una competencia justa yhonesta pasa por la represión de los actos encaminados a corromper a losadministradores de entidades privadas de forma similar a lo que se hace através del delito de cohecho. Porque con estos comportamientos, que exceden dela esfera de lo privado, se rompen las reglas de buen funcionamiento delmercado. La importancia del problema es grande si se repara en la repercusiónque pueden tener las decisiones empresariales, no solo para sus protagonistasinmediatos, sino para otras muchas personas. Obviamente, las empresas públicaso las empresas privadas que presten servicios públicos serán sometidas a ladisciplina penal del cohecho obviando, por voluntad legal, la condición formalde funcionario que ha de tener al menos una de las partes.
Se haconsiderado conveniente tipificar penalmente las conductas más graves decorrupción en el deporte. En este sentido se castigan todos aquellos sobornosllevados a cabo tanto por los miembros y colaboradores de entidades deportivascomo por los deportistas, árbitros o jueces, encaminados a predeterminar o alterarde manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro ocompetición deportiva, siempre que estas tengan carácter profesional.
Los delitossobre la ordenación del territorio y el urbanismo son objeto de reforma envarios aspectos. De un lado, se modifica la rúbrica del Capítulo I del TítuloXVI del Libro II, en la que se explicita, junto a la ordenación del territorio,el urbanismo como objeto de tutela. De otro lado, se introducen mejoras. Así,se amplía el ámbito de las conductas típicas a las obras ilegales oclandestinas de urbanización, ya que éstas pueden tener un mayor impacto sobreel territorio que las de mera construcción o edificación, a las que ademássuelen preceder. A fin de evitar la consolidación de los beneficios del delitopor parte del infractor, se perfecciona el sistema en lo que respecta a la penade multa, estableciéndose, junto a la ya existente previsión de multa porcuotas diarias, la imposición de multa proporcional para aquellos casos en queel beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante dela aplicación de aquella. Además, se concreta que en todo caso se dispondrá elcomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean lastransformaciones que hubieren podido experimentar.
Respecto deldelito de prevaricación urbanística, se completa el ámbito de los objetos sobrelos que se puede proyectar la conducta prevaricadora con la inclusión de los instrumentos deplaneamiento, así como la de los proyectos de parcelación yreparcelación. Y, como venía siendo demandado por la doctrina, se otorga rangotípico a la ocultación de actos ilícitos observados por la inspección y a laomisión de inspecciones que tuvieran carácter obligatorio. En todos estossupuestos, se agravan las penas en correspondencia con la gravedad de este tipode conductas, suprimiéndose además en el artículo 320 la alternatividad entrela pena de prisión o multa a fin de evitar que los funcionarios y responsablespúblicos tengan un tratamiento privilegiado.
Lasmodificaciones en los delitos contra el medio ambiente responden a la necesidadde acoger elementos de armonización normativa de la Unión Europea eneste ámbito. De conformidad con las obligaciones asumidas, se produce unaagravación de las penas y se incorporan a la legislación penal española lossupuestos previstos en la Directiva 2008/99/CE de 19 de noviembre, relativa a laprotección del medio ambiente mediante el Derecho penal.
Se perfeccionatécnicamente el artículo 337, eliminando el requisito del ensañamiento, quedificultaba de manera notable la aplicación del precepto, al objeto de dotar deuna mayor protección a los animales domésticos o amansados frente a los malostratos que ocasionen su muerte o menoscaben gravemente su salud.
En el ámbito delos delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Socialse ha producido un endurecimiento de las penas al objeto de hacerlas másadecuadas y proporcionales a la gravedad de las conductas. Se prevé asimismoque los jueces y tribunales recaben el auxilio de los servicios de la Administración Tributariapara la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil.
En lo querespecta al fraude de subvenciones, se unifica con respecto al delito fiscal lacuantía para considerar delictivos los hechos y se establece que para ladeterminación de la cantidad defraudada se tomará como referencia el añonatural, debiendo tratarse de subvenciones obtenidas para el fomento de lamisma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintasAdministraciones o entidades públicas.
En materia detráfico de drogas se producen algunos reajustes en materia de penas, deconformidad con las normas internacionales, en concreto la Decisión Marco2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimientode disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penasaplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. De acuerdo con loscriterios punitivos marcados por dicha norma armonizadora, se refuerza elprincipio de proporcionalidad de la pena reconfigurando la relación entre eltipo básico y los tipos agravados de delito de tráfico de drogas. Las numerosasagravaciones específicas que contiene el Código Penal en esta materia -tambiénde acuerdo con la pauta europeasiguen asegurando dentro de la nueva escalapunitiva una respuesta efectiva frente a aquellas conductas que realmenteexigen una reacción especialmente firme.
Asimismo, seacoge la previsión contenida en el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo,de 25 de octubre de 2005, en relación con la posibilidad de reducir la penarespecto de supuestos de escasa entidad, siempre que no concurra ninguna de lascircunstancias recogidas en los artículos 369 bis, 370 y siguientes.
Del mismo modo,se precisa más adecuadamente la agravante de buque, en la que veníandetectándose algunos problemas de interpretación, añadiéndose el término embarcacióna fin de permitir la inclusión de otros tipos de embarcaciones habitualmenteutilizadas en estos delitos, como, por ejemplo, las semirrígidas.
En la búsquedade una mayor proporcionalidad en la respuesta jurídico penal a determinadasconductas de peligro abstracto, concretamente en el ámbito de los delitoscontra la seguridad vial, se ha considerado conveniente reformar los artículos379 y 384 en un triple sentido. En primer lugar se equipara la pena de prisiónprevista para ambos delitos, al entender que no existe razón de fondo quejustifique la diferencia en la respuesta punitiva. Por otra parte, se eliminala actual disyuntiva entre la pena de prisión y la de multa y trabajos enbeneficio de la comunidad, estableciéndose los tres tipos de penas comoalternativas. De este modo se concede un mayor grado de arbitrio al Juez a lahora de decidir sobre la imposición de cualquiera de las tres penas previstas,permitiendo reservar la pena de prisión, como la de mayor gravedad, parasupuestos excepcionales. De otro lado, superando el sistema actual en el queúnicamente se prevé para el caso del delito del artículo 381, se introduce unnuevo artículo 385 bis en el que se establece que el vehículo a motor ociclomotor utilizado en los hechos previstos en el Capítulo se consideraráinstrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.
Por último, enlos supuestos de imposición de la pena de prisión, tratándose de los delitoscontenidos en los artículos 379, 383, 384 y 385, se concede a los jueces lafacultad excepcional de rebajarla en grado atendiendo a la menor entidad delriesgo y a las demás circunstancias del hecho enjuiciado.
También se hanabordado reformas en ámbitos como el de la falsificación de certificados, a laque se ha de añadir, en todas sus modalidades, la de documentos de identidadque se ha transformado en una práctica intolerablemente extendida. Por razonesfácilmente comprensibles, la intervención penal se extiende al tráfico dedocumentos de identidad falsos, así como a las mismas conductas realizadas enrelación con documentos de identidad pertenecientes a otro Estado de la Unión Europea o deun tercer Estado si el objetivo es utilizarlos en España.
Las tarjetas decrédito o débito requieren también su propia tutela frente a la falsificación,a cuyo fin se describe específicamente esa conducta referida a ellas o a loscheques de viaje. La comprobada frecuencia con la que estas actividadesdelictivas se descubren como propias de organizaciones criminales obliga alestablecimiento de las correspondientes previsiones represoras. La tutela penalse extiende a su vez al tráfico con esos instrumentos falsos y a su uso ytenencia en condiciones que permitan inferir su destino al tráfico, aunque nose haya intervenido en la falsificación.
En los delitosde cohecho se han producido importantes cambios dirigidos a adecuar nuestralegislación a los compromisos internacionales asumidos, en concreto, alConvenio Penal sobre la corrupción del Consejo de Europa de 27 de enero de 1999y al Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículok.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos decorrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeaso de los Estados miembros de la Unión Europea.
Con base en loestablecido en dichos convenios se precisaba una adaptación de las penas, puesse exige que al menos en los casos graves se prevean penas privativas delibertad que puedan dar lugar a la extradición. A ello se suma la convenienciade extender el concepto de funcionario para que alcance también al funcionariocomunitario y al funcionario extranjero al servicio de otro país miembro de la Unión Europea.
A través de las LeyesOrgánicas 3/2000 y 15/2003 se incorporó a nuestro Código Penal el delito decorrupción de funcionario público extranjero en las transacciones comercialesinternacionales, en cumplimiento del Convenio de la Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económico (OCDE) de Lucha contra la Corrupción de AgentesPúblicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Pese aello, lo cierto es que la configuración del tipo penal presenta deficienciasque demandan una nueva reforma que, de manera definitiva, acomode nuestroDerecho interno a los términos del Convenio, lo que obliga a dar una nuevaredacción al artículo 445 para que así quepa, de una parte, acoger conductas decorrupción que no están suficientemente contempladas en la actualidad, así comoregular con precisión la responsabilidad penal de personas jurídicas queintervengan en esa clase de hechos.
El devenir delos pronunciamientos jurisprudenciales ha demostrado la incapacidad del actualdelito de asociación ilícita para responder adecuadamente a los diferentessupuestos de agrupaciones u organizaciones criminales.
En primer lugar-y de ello da prueba la escasa aplicación del vigente artículo 515 del CódigoPenal, fuera de los casos de bandas armadas u organizaciones terroristas- laconfiguración de dicho delito como una manifestación de ejercicio abusivo,desviado o patológico del derecho de asociación que consagra el artículo 22 de la Constitución, noresponde ni a la letra ni al espíritu de esta norma. El texto constitucionaldeclara la ilegalidad de las asociaciones que persigan fines o utilicen mediostipificados como delito; de donde desde luego no es forzoso deducir quecualquier agrupación de personas en torno a una actividad delictiva puedaconceptuarse como asociación, y menos aún asimilarse al ejercicio de un derechofundamental, como sugiere la ubicación sistemática de la norma penal.
Lasorganizaciones y grupos criminales en general no son realmente asociacionesque delinquen, sino agrupaciones de naturaleza originaria e intrínsecamentedelictiva, carentes en muchos casos de forma o apariencia jurídica alguna, odotadas de tal apariencia con el exclusivo propósito de ocultar su actividad ybuscar su impunidad. Adicionalmente hay que apuntar que la inclusión de lasorganizaciones terroristas en el artículo 515 del Código Penal había generadoproblemas en el campo de la cooperación internacional por los problemas quepara el cumplimiento del requisito de doble incriminación suponía lacalificación de la organización terrorista como asociación ilícita.
A sabiendas,precisamente, de la polémica doctrinal surgida en torno a la ubicación sistemáticade estos tipos penales, se ha optado finalmente, en el propósito de alterar lomenos posible la estructura del vigente Código Penal, por situarlos dentro del TítuloXXII del Libro II, es decir, en el marco de los delitos contra el orden público.Lo son, inequívocamente, si se tiene en cuenta que el fenómeno de lacriminalidad organizada atenta directamente contra la base misma de lademocracia, puesto que dichas organizaciones, aparte de multiplicarcuantitativamente la potencialidad lesiva de las distintas conductas delictivasllevadas a cabo en su seno o a través de ellas, se caracterizan en el aspectocualitativo por generar procedimientos e instrumentos complejos específicamentedirigidos a asegurar la impunidad de sus actividades y de sus miembros, y a laocultación de sus recursos y de los rendimientos de aquéllas, en lo posibledentro de una falsa apariencia de conformidad con la Ley, alterando a tal fin elnormal funcionamiento de los mercados y de las instituciones, corrompiendo lanaturaleza de los negocios jurídicos, e incluso afectando a la gestión y a lacapacidad de acción de los órganos del Estado.
La seguridadjurídica, la vigencia efectiva del principio de legalidad, los derechos y laslibertades de los ciudadanos, en fin, la calidad de la democracia, constituyende este modo objetivos directos de la acción destructiva de estasorganizaciones. La reacción penal frente a su existencia se sitúa, por tanto,en el núcleo mismo del concepto de orden público, entendido éste en la acepciónque corresponde a un Estado de Derecho, es decir, como núcleo esencial depreservación de los referidos principios, derechos y libertadesconstitucionales.
Hay que recordartambién que la jurisprudencia relativa al delito de asociación ilícita, asícomo la que ha analizado las ocasionales menciones que el Código Penal vigentehace a las organizaciones criminales (por ejemplo, en materia de tráfico dedrogas), requiere la comprobación de una estructura con vocación depermanencia, quedando fuera por tanto otros fenómenos análogos muy extendidosen la sociedad actual, a veces extremadamente peligrosos o violentos, que noreúnen esos requisitos estructurales. La necesidad de responder a esta realidadconduce a la definición, en paralelo con las organizaciones, de los que estaLey denomina grupos criminales, definidos en el nuevo artículo 570 terprecisamente por exclusión, es decir, como formas de concertación criminal queno encajan en el arquetipo de las citadas organizaciones, pero sí aportan unplus de peligrosidad criminal a las acciones de sus componentes.
La estructura delas nuevas infracciones responde a un esquema similar en ambos casos,organizaciones y grupos, si bien por un lado las penas son más graves en elcaso de las primeras, cuya estructura más compleja responde al deliberadopropósito de constituir una amenaza cualitativa y cuantitativamente mayor parala seguridad y orden jurídico, y por otra parte su distinta naturaleza exigealgunas diferencias en la descripción de las acciones típicas.
Así, en el casode las organizaciones criminales, el nuevo artículo 570 bis tipifica primerolas conductas básicas de constitución, dirección y coordinación, distinguiendosegún se trate de cometer delitos graves u otras infracciones criminales(incluida la reiteración de faltas), y en un segundo nivel punitivo sitúa lasactividades de participación o cooperación, a las que se anuda una respuestapenal inferior, agregando en fin agravaciones específicas en función de lascaracterísticas de la organización y el tipo de delitos que tiene por objeto.
Los gruposcriminales se contemplan en el artículo 570 ter, equiparándose las conductas deconstitución de los mismos con la financiación de su actividad o la integraciónen ellos, pero siempre distinguiendo la respuesta punitiva a partir de lagravedad de las infracciones criminales que tratan de cometer, en términosanálogos a los que rigen para las organizaciones, y con similares agravacionesen razón de las características del grupo.
Según se haadelantado, otra de las importantes novedades que introduce la presente Ley esuna profunda reordenación y clarificación del tratamiento penal de lasconductas terroristas, incluyendo entre ellas la propia formación, integracióno participación en organizaciones o grupos terroristas, al tiempo que seincorporan algunas novedades que dan cumplimiento a las obligacioneslegislativas derivadas de la Decisión Marco 2008/919/JAI.
El tratamientode estas organizaciones y grupos se desplaza a un nuevo capítulo VII del TítuloXXII, aprovechando a tal fin el artículo 571, cuyo contenido se traslada al 572,lo que permite constituir con aquel una sección primera dedicada a dichasorganizaciones y grupos, para mantener en la segunda los actuales delitos deterrorismo. Así, se sitúan las organizaciones y grupos terroristas -por obviasrazones de proximidad conceptual, en los términos y por las razones yaexpuestas- a continuación de las organizaciones y grupos criminales, al tiempoque se unifica en un mismo capítulo del Código Penal la reacción penal contratodas las manifestaciones de terrorismo.
En atención a lagravedad intrínseca de la actividad terrorista, considerada como la mayoramenaza para el Estado de Derecho, así como a la peculiar forma de operar dedeterminados grupos o células terroristas de relativamente reciente desarrolloen el plano internacional, cuyo grado de autonomía constituye precisamente unfactor añadido de dificultad para su identificación y desarticulación, se opta-a diferencia del esquema adoptado en el capítulo anterior para las otrasorganizaciones y grupos criminalespor equiparar plenamente el tratamientopunitivo de los grupos terroristas al de las organizaciones propiamente dichas,manteniendo en este punto la misma respuesta penal que hasta ahora había venidodando la jurisprudencia.
De conformidadcon la pauta marcada por la citada Decisión Marco, al artículo 576 se añade unnúmero 3 que amplía el concepto de colaboración con organización o grupoterrorista, asimilándoles conductas que hasta el presente han planteado algunasdificultades de encaje legal: así se ofrece la oportuna respuesta punitiva a laactuación de los grupos o células -e incluso de las conductas individualesquetienen por objeto la captación, el adoctrinamiento, el adiestramiento o laformación de terroristas. En la misma línea apuntada por la normativaarmonizadora europea, se recogen en el primer apartado del artículo 579 lasconductas de distribución o difusión pública, por cualquier medio, de mensajeso consignas que, sin llegar necesariamente a constituir resolucionesmanifestadas de delito (esto es, provocación, conspiración o proposición parala realización de una concreta acción criminal) se han acreditado como mediosinnegablemente aptos para ir generando el caldo de cultivo en el que, en uninstante concreto, llegue a madurar la decisión ejecutiva de delinquir, sibien, tal y como exigen la Decisión Marco y el Convenio del Consejo de Europa sobreterrorismo, tales conductas deberán generar o incrementar un cierto riesgo decomisión de un delito de terrorismo.
Por su parte, elartículo 576 bis, que había quedado vacío de contenido tras su derogación por la Ley Orgánica 2/2005 de 22 de junio, pasa ahora arecoger la tipificación expresa del delito de financiación del terrorismo, queademás se completa, siguiendo la línea normativa trazada en materia de blanqueode capitales, con la inclusión de la conducta imprudente de los sujetosespecialmente obligados a colaborar con la Administración enla prevención de dicha financiación.
Para concluireste apartado, y de acuerdo con las consideraciones que en su lugar serealizaron, se ha previsto la aplicación a estos sujetos de la nueva medidapostpenitenciaria de libertad vigilada por un tiempo de cinco a diez años, queno obstante puede quedar excluida cuando, tratándose de un solo delito aisladoy no grave, cometido por un delincuente primario, quede a juicio del Tribunalacreditada la falta de peligrosidad del autor.
Las normas dedesarrollo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como laratificación por España de otros instrumentos de Derecho InternacionalHumanitario, entre los que destacan la Convención de 18 de septiembre de 1997 (Tratadode Ottawa) sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción ytransferencia de minas antipersonas y sobre su destrucción, la Convención sobre laseguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado de 9 dediciembre de 1994, el Segundo Protocolo de 26 de marzo de 1999 de la Convención de La Haya de 1954, sobreprotección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y el ProtocoloFacultativo de 25 de mayo de 2000 de la Convención de 1989, sobre los derechos del niño,relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, han puestode relieve la necesidad de adecuar los delitos contra la comunidadinternacional.
Es de destacarla especial protección penal dispensada a mujeres y niños en conflictos armadoscastigándose expresamente a quienes atenten contra la libertad sexual de una personaprotegida cometiendo actos de violación, esclavitud sexual, prostitucióninducida o forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otraforma de agresión sexual y, a aquellos que recluten o alisten a menores de 18años o los utilicen para participar directamente en dichos conflictos.
Por último, seprocede a la creación de un nuevo delito de piratería dentro del Títulodedicado a los delitos contra la comunidad internacional. La razón de ser deesta reforma radica en la necesidad de dar respuesta a la problemática de loseventuales actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima yaérea, y se conforma recogiendo los postulados del Convenio de Montego Bay de10 de diciembre de 1982 sobre el Derecho del mar y de la Convención sobre lanavegación marítima firmado en Roma el 10 de marzo de 1988.
Finalmente,entre las reformas que se realizan con ocasión de esta modificación del CódigoPenal figura también -en la línea de protección de las víctimas de delitos quela caracteriza- la introducción de una tutela civil específica de los derechosde éstas. No infrecuentemente, en los últimos tiempos han accedido a laprogramación de los medios de comunicación autores de infracciones penalescondenados por sentencia firme que llegan a hacer ostentación de la conductacriminal perpetrada, difunden datos manifiestamente falsos sobre la misma yobtienen además con ello un lucro económico injustificable. Talescomportamientos atentan contra la dignidad de quienes han sufrido las consecuenciasde esos actos y de sus allegados, que son sometidos a una nueva experienciatraumática derivada de esta invasión pública de su honor e intimidad. Dadas laslimitaciones que caracterizan al Derecho penal, se ha considerado que la víaidónea para responder adecuadamente a este fenómeno consiste en articular unaacción civil eficaz que, en el marco de la Ley Orgánica 1/1982, permita a las víctimasactuar frente a este tipo de conductas instando su cese, el resarcimiento deldaño moral causado y la evitación de todo enriquecimiento injusto derivado deesta intromisión ilegítima. Además, a fin de reforzar la tutela, se ha optadopor legitimar para la acción al Ministerio Fiscal, en tanto que defensor de losderechos de los ciudadanos.