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Timestamp: 2017-12-11 04:12:43
Document Index: 140019841

Matched Legal Cases: ['Artículo 42', 'Artículo 40', 'Artículo 5', 'Artículo 13', 'Artículo 6', 'Artículo 27']

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FALSEDADES Y CONTRADICCIONES DE LA CAMPAÑA OFICIAL IMPUGNACIONES LEGALES DEL CONTRATO CON ARATIRÍ
01.02.2014 13:48
Comunicado de prensa Montevideo, 29 de enero de 2014.
Utilizando fondos públicos, el gobierno nacional ha emprendido una campaña de propaganda en defensa del proyecto minero de Aratirí y la ley de minería de gran porte (19.126) que lo beneficia en forma directa, quebrando la neutralidad que debe mantener el estado uruguayo ante cualquier emprendimiento privado y confundiendo a la población sobre sus propósitos.
Se están falseando, entre otras, informaciones sobre los posibles aportes económicos de Aratirí, sobre el empleo y la restauración de las áreas afectadas por este tipo de minería. Se autorizan proyectos de extracción de oro y cobre que no cumplen los requisitos exigidos por la Dinama y que ponen en riesgo áreas consideradas como reservas hídricas del país.
Por la ley 19.126, el IRAE se aplica sobre la renta efectiva y no la renta presunta, habilitando el traslado de costos para no declarar ganancias. Así, por el Artículo 42 de esta ley no se consideran actividades mineras el uso de terminales especializadas al interior de un puerto, lo que permite trasladar costos hacia la terminal portuaria que es propiedad de la misma empresa.
El Artículo 40 de la misma ley permite que los costos de prospección, exploración y los estudios de impacto ambiental anteriores a la firma del contrato puedan ser considerados pérdidas en los balances económicos de la empresa. La ley dispone asimismo que el Canon se descuente del Adicional del IRAE, lo que equivale a ceder a la empresa el 100% del valor del mineral.
Si el aporte de impuestos fuera realmente de USD 450 millones, como ha dicho recientemente el ministro Kreimerman, al descontar la inversión que, según la minera, será de más de USD 3.000 millones, en los primeros 8 (ocho) años Aratirí no pagará un solo peso de impuestos.
A lo anterior debemos agregar los impuestos que no le cobrarán a Aratirí: Impuesto al Patrimonio, IVA, IMESI y los aranceles de importación y exportación, así como la energía eléctrica provista por la UTE con el proyecto de la regasificadora. Esta inversión la pagaremos todos los uruguayos para venderle energía subsidiada a Aratirí por un tercio de la tarifa residencial.
Como resultado, el aporte económico de Aratirí será nulo o negativo.
Fuera de los dos a tres años de la obra inicial, se beneficiarán directamente unos mil trabajadores con sus sueldos y los comercios locales durante los 12 años de vida del proyecto. Esto implicará, al mismo tiempo, el desplazamiento de un número mayor de productores familiares y trabajadores rurales que no podrán volver a una zona que quedará irreversiblemente devastada.
El Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión, adonde irían los aportes económicos de la minería para las generaciones futuras, es entonces una cáscara vacía sin base real.
Mientras la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) emite decenas de cedulones de prospección para la búsqueda de oro, hierro, cobre y otros minerales en las cuencas de los arroyos Casupá y El Soldado, afluentes del Río Santa Lucía, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) propone que esa zona rural del departamento de Lavalleja sea declarada reserva hídrica con vistas al abastecimiento de agua de la zona metropolitana.
El Plan de Acción para la Protección del Agua en la Cuenca del Santa Lucía declaró "reserva de agua potable" la cuenca hidrológica del Arroyo Casupá. Para asegurar la disponibilidad de agua, OSE se plantea la ejecución de dos embalses complementarios a Paso Severino en el tercio superior del Santa Lucía: uno en el Arroyo Casupá y otro en el Arroyo El Soldado.
Para saber lo que puede significar la explotación metalífera en la zona basta remontarse aguas arriba hasta el Arroyo Chamamé, un afluente del Casupá, y observar los cráteres y las pilas de estériles abandonadas por la empresa Orosur en la Mina Crucera. La actividad consistió en extraer y llevarse el mineral para separar el oro en Minas de Corrales.
La Autorización Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente decía que la explotación se realizaría en 5 (cinco) años, pero llevó un año y medio, sin realizar reparaciones ambientales de ningún tipo. Estas pequeñas explotaciones sirven a Orosur para prolongar la vida útil de sus instalaciones de separación de oro con cianuro en Rivera, donde las minas están prácticamente agotadas.
La explotación de minas metalíferas a cielo abierto en yacimientos de baja concentración, como los que posee nuestro país, es una actividad meramente depredadora. No proporciona ingresos económicos ni fuentes laborales duraderas y destruye el ambiente natural de tierras fértiles e irrigadas capaces de proveer alimentos y agua en forma sustentable.
Por último, ante la reiteración por el gobierno nacional de la intención de firmar un contrato con la empresa Aratirí para llevar a cabo su proyecto de extraer a cielo abierto el hierro del yacimiento de Valentines, advertimos que se estarían violando disposiciones constitucionales y legales, así como el procedimiento de evaluación ambiental de estos proyectos, razón por la cual iniciaremos las acciones legales que corresponden para impedir o revocar dicho acto.
La ley 19.126 está siendo cuestionada por inconstitucional ante la Justicia pero, a su vez, la firma de un contrato ahora se haría sin la reglamentación de aspectos fundamentales de esa ley, tales como las mejores prácticas mineras del Artículo 5° o el plan de cierre del Artículo 13° y sin que se haya presentado la Auditoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto prevista en el Artículo 6°. Además, previo a esa firma y de acuerdo con el Artículo 27° de la misma ley, Aratirí debería gestionar un aval bancario u otra garantía por el 5% de la inversión.
No están dadas entonces las condiciones mínimas requeridas para la aceptación de proyectos de esta índole. Por esta razón, el Movimiento Uruguay Libre se encuentra abocado a una campaña de información transparente y a la recolección de firmas para que el pueblo decida, que la ciudadanía se pronuncie a través de un plebiscito nacional sobre una actividad extractiva que implica graves consecuencias económicas, sociales y ambientales para el país.