Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=CorteConstitucional/20009549
Timestamp: 2020-02-28 07:43:21
Document Index: 336314446

Matched Legal Cases: ['artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 133', 'Artículo 133', 'artículo 40', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 174']

200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020009549CC-SENTENCIAC1212200121/11/2001CC-SENTENCIA_C_1212__2001_21/11/2001200095492001Sentencia C-1212/01 INHABILIDADES- Regulación por legislador INHABILIDADES- Definición Las inhabilidades o inelegibilidades son impedimentos establecidos por el constituyente o por el legislador, que restringen el acceso a la función pública de personas que, a su juicio, carecen de las cualidades requeridas para ejercerla. Así mismo, se consideran "como hechos o circunstancias antecedentes, predicables de quien aspira a un empleo que, si se configuran en su caso en los términos de la respectiva norma, lo excluyen previamente y le impiden ser elegido o nombrado. INHABILIDADES- Finalidad La finalidad de establecer inhabilidades radica en garantizar los principios de moralidad, idoneidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de la función pública, entendida ésta como "el conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos y, de este modo, asegurar la realización de sus fines". Dado que dicha función se dirige a la atención y satisfacción de intereses generales, resulta razonable que se exija a las personas que aspiran a ejercerla, poseer cualidades suficientes que garanticen su desarrollo con arreglo a los principios mencionados. Así pues, a través de las inhabilidades se busca asegurar la excelencia en el ejercicio de la función pública, a través de personas idóneas y con una conducta intachable. INHABILIDADES -Limitación en principio justificada INHABILIDADES -Restricción de derechos fundamentales /INHABILIDADES -Regulación legislativa razonable y proporcional /LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN INHABILIDADES -Límites Dado que las inhabilidades restringen los derechos fundamentales señalados, su regulación debe adecuarse a un estricto criterio de razonabilidad y proporcionalidad, pues si bien el legislador goza de cierta discrecionalidad para consagrarlas, esa facultad de configuración normativa no es absoluta, puesto que no pueden limitar injustificada ni excesivamente los referidos derechos. Que la inhabilidad deba ser razonable significa que, siendo una medida adoptada por el legislador para alcanzar un fin legítimo, cual es la designación de personas idóneas y con antecedentes disciplinarios intachables para garantizar el correcto cumplimiento de la función pública, aquélla no puede ser arbitraria sino objetivamente justificable. Por consiguiente, debe existir una correspondencia adecuada entre el medio adoptado y la referida finalidad. Que sea proporcional implica que no puede ser excesiva en procura de alcanzar el fin buscado, es decir, que sea estrictamente necesaria para conseguirlo o que exista una relación justa o mesurada entre la causal de inelegibilidad adoptada y la finalidad que se pretende al impedir el nombramiento de la persona incursa en ella. NOTARIO -Prestación de servicio público /NOTARIO -Régimen laboral aplicable NOTARIO -Función pública NOTARIO -Particular que presta servicio público Los notarios no son, en sentido subjetivo, servidores públicos, así objetivamente ejerzan la función de dar fe pública de los actos que requieren de su intervención. Son, en cambio, particulares que prestan en forma permanente la función pública notarial, bajo la figura de la descentralización por colaboración. SERVICIO NOTARIAL -Notas distintivas Las principales notas distintivas del servicio notarial, tal como se expuso en sentencia, son: (i) es un servicio público, (ii) de carácter testimonial, iii) que apareja el ejercicio de una función pública, (iv) a cargo normalmente de los particulares en desarrollo del principio de descentralización por colaboración y (v) a los cuales se les otorga la condición de autoridades. INHABILIDADES -Diversidad de orígenes y fines PENA Y MEDIDA DE SEGURIDAD IMPRESCRIPTIBLE -Prohibición en materia penal INHABILIDADES -Sanción disciplinaria /INHABILIDADES PARA NOTARIO -Funcionarios o empleados de rama judicial o Ministerio Público, y por falta disciplinaria fueron destituidos /INHABILIDADES PARA NOTARIO -Funcionarios o empleados de rama judicial o Ministerio Público, y por falta disciplinaria fueron suspendidos por segunda vez por falta grave /INHABILIDADES PARA NOTARIO -Funcionarios o empleados de Rama judicial o Ministerio Público, y por falta disciplinaria fueron sancionados tres veces DESTITUCION -Definición Consiste, en palabras de la Corte, en "la privación del cargo público que realiza la autoridad disciplinaria competente como consecuencia de un procedimiento que demuestra una grave responsabilidad disciplinaria." SERVIDOR PUBLICO -Imposición de sanciones y responsabilidad DERECHO DISCIPLINARIO -Finalidad INHABILIDADES -Faltas disciplinarias graves o varias leves INHABILIDADES PARA NOTARIO -Destitución de cargo público por falta grave La destitución del cargo por incurrir en una falta grave, indica la falta de cualidades suficientes del sancionado, que a su vez impide el cumplimiento de la función notarial bajo los principios de moralidad, idoneidad, probidad, transparencia e imparcialidad, pues ese hecho demuestra la irresponsabilidad del candidato en el manejo de los asuntos que le fueron confiados. Resulta razonable que la persona sancionada con la destitución esté inhabilitada para desempeñarse como notario, toda vez que dichos antecedentes cercenan la credibilidad depositada en él por parte del Estado y la comunidad, y se desatiende el interés general allí comprometido. INHABILIDADES PARA NOTARIO -Intemporalidad INHABILIDADES -Establecimiento legislativo de otras intemporales INHABILIDADES -Intemporalidad La consagración de inhabilidades con una vigencia indefinida no viola la Constitución, siempre y cuando la medida adoptada se adecue a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y con ellas no se restrinjan ilegítimamente los derechos fundamentales de quienes aspiran a acceder a la función pública. NOTARIO -Credibilidad y confianza por régimen de inhabilidades INHABILIDADES PARA FUNCION NOTARIAL -Propósito moralizador Referencia: expediente D-3543
JAIME ARAUJO RENTERIAD3543CONSTITUCIONALIDADLuis Alfonso Acevedo PradaDemanda de inconstitucionalidad contra los numerales 6 y 7 del artículo 133 del Decreto 960 de 1970Identificadores20020009550true21174Versión original20009550Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 6 y 7 del artículo 133 del Decreto 960 de 1970
7.Quienes hayan sido destituidos de cualquier cargo público por faltasgraves."
Concluye la interviniente que las disposiciones acusadas no lesionan el derecho de acceder a cargos públicos, ya que para ser Notario se requiere que el aspirante sea "una persona sin tacha, inmaculado en su vida profesional, privada y pública, puesto que es quien va a dar fe pública, certeza y veracidad de los documentos y actos que se someten a su consideración, entonces aquella persona que ha sido sancionada disciplinariamente en razón de sus propias funciones, ¿qué credibilidad otorga a los usuarios del servicio Estas son razones suficientes para demostrar que determinado ciudadano no reúne las exigencias previstas para desempeñar un cargo de tal envergadura."
Así pues, a través de las inhabilidades se busca asegurar la excelencia en el ejercicio de la función pública, a través de personas idóneas y con una conducta intachable toda vez que, como lo ha sostenido la Corte,"fue propósito esencial del Constituyente de 1991 establecer un régimen rígido de inhabilidades, incompatibilidades y limitaciones para el ejercicio de los cargos públicos, con la fijación de reglas que determinen los requisitos y condiciones personales y profesionales necesarios para su acceso, a fin de que dicho ejercicio sea resultado de decisiones objetivas acordes con la función de buen servicio a la colectividad que garanticen que el desempeño del cargo público por parte de la persona a quien se designa o elige, tenga como resultado un adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo."[4]
"…aunque la Carta faculta al Legislador para supeditar el ejercicio de funciones y cargos públicos a condiciones y requisitos, para esta Corte cualquier limitación a los derechos consagrados en los artículos 13 y 40-7 Superiores debe consultar los valores, principios y derechos de la Carta, so pena de profundizar la desigualdad social mediante la negación del núcleo esencial de tales derechos, los cuales tienen además incidencia en el ejercicio del derecho al trabajo. La exigencia de requisitos o condiciones excesivas, innecesarias o irrazonables para aspirar a ejercer un cargo o función pública, violaría el contenido esencial de los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, a escoger y ejercer profesión u oficio y a participar efectivamente en el ejercicio del poder político"[6].
"…los notarios no desarrollan únicamente un servicio público, como podría ser el transporte o el suministro de electricidad, sino que ejercen una actividad, que si bien es distinta de las funciones estatales clásicas, a saber, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, no puede ser calificada sino como una verdadera función pública. En efecto, el notario declara la autenticidad de determinados documentos y es depositario de la fe pública, pero tal atribución, conocida como el ejercicio de la "función fedante", la desarrolla, dentro de los ordenamientos que han acogido el modelo latino de notariado, esencialmente en virtud de una delegación de una competencia propiamente estatal, que es claramente de interés general.
Esta función de dar fe es además claramente de interés general por cuanto establece una presunción de veracidad sobre los documentos y los hechos certificados por el notario, con lo cual permite un mejor desarrollo de la cooperación social entre las personas, en la medida en que incrementa la seguridad jurídica en el desenvolvimiento de los contratos y de las distintas actividades sociales…"[9]
Debe aclararse que la norma acusada, como lo hace el numeral 6° impugnado, hace referencia a una sanción disciplinaria y no penal, ya que alude a la destitución del cargo como consecuencia de unafalta grave, la cual es de carácter eminentemente disciplinario.
En segundo lugar, la norma parcialmente acusada no establece ningunapena sino determinadas inhabilidades o impedimentos para acceder al cargo de notario originadas en una sanción disciplinaria, por lo que no le asiste razón al actor cuando afirma que dichas inhabilidades vulneran el artículo 28 superior, pues este precepto solamente se refiere a las "penas y medidas de seguridad imprescriptibles". En efecto, las disposiciones impugnadas se limitan a consagrar requisitos que debe cumplir quien aspire a desempeñar el cargo de notario, los cuales permiten depurar el ejercicio de la función fedante y garantizar la buena marcha de la misma. Como ya se dijo, no sólo es legítimo sino necesario que, dada la naturaleza de su cargo, los notarios estén sujetos a un exigente régimen de inhabilidades con el que se garantice el ejercicio de su función bajo los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad.
Con fundamento en lo anterior, se puede concluir que las inhabilidades bajo estudio, entendidas como requisitos que debe cumplir quien aspira a acceder al cargo de notario, tienen un propósito moralizador del Estado y de la función notarial, lo cual justifica la intemporalidad en su aplicación. Así pues, con la vigencia indefinida de tales inhabilidades se busca atender y satisfacer el interés general, en vez de castigar ilimitadamente al funcionario, como considera el actor. En este sentido, es aplicable lo dicho por la Corte en reciente pronunciamiento, respecto de los alcaldes:"la exigencia del legislador a los aspirantes al cargo de alcalde de lo que se podría denominar 'una hoja de vida sin tacha', especialmente desde la perspectiva penal, no puede mirarse como una sanción irredimible, sino como lo que es, una garantía a la sociedad de que el comportamiento anterior al ejercicio del cargo fue adecuado y no perturbará el desempeño del mismo, así como que el interés general se verá protegido y podrá haber tranquilidad ciudadana acerca de la idoneidad, moralidad y probidad de quien ejercerá en propiedad el referido cargo."[16]
"(L)a preexistencia de condenas por delitos, concebida como causa de inelegibilidad para el desempeño de cargos públicos sin límite de tiempo, no desconoce el principio plasmado en el artículo 28 de la Constitución -que prohibe la imprescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad-, puesto queel objeto de normas como la demandada, más allá de castigar la conducta de la persona, radica en asegurar, para hacer que prevalezca el interés colectivo, la excelencia e idoneidad del servicio, mediante la certidumbre acerca de los antecedentes intachables de quien haya de prestarlo. Bajo el mismo criterio, se aviene a la Constitución la exigencia de no haber sido sancionado disciplinariamente, ni suspendido o excluido del ejercicio profesional.
DeclararEXEQUIBLES los numerales 6° y 7° del artículo 133 del Decreto 960 de 1970.
Exequible (numeral 6,7 ) Artículo 133 DECRETO_960_1970_20/06/1970
Aclaraciónde voto a la Sentencia C-1212/01
Así, pues, en el caso de los empleos públicos que hayan de ser desempeñados en los departamentos y municipios -tal acontece con los personeros en estas últimas entidades territoriales-, es el legislador el llamado a consagrar las reglas pertinentes sobre la materia"[19].
"[…] debe reconocer la Corte, como lo ha hecho en anteriores pronunciamientos, que la facultad constitucional asignada al legislador para establecer las causales de inhabilidad e incompatibilidad en el ejercicio de cargos públicos,ha de tener su norte en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que gobiernan la actividad legislativa para evitar que se contraríen los principios y derechos reconocidos por la Constitución Política a todos los habitantes del territorio nacional. Al respecto señaló esta Corporación:
Si la inhabilidad proviene del hecho de que la persona ha cometido un delito, es obvio que materialmente se trata de una pena, pues como efecto del delito que le es imputable, la persona es privada del goce de un derecho fundamental, como es el derecho de acceder a una función pública. Si la privación de un derecho constitucional como consecuencia de la comisión de un delito, no constituye materialmente una pena, ¿entonces qué es, desde el punto de vista constitucional, una pena
6- La situación es empero distinta cuando la inhabilidad deriva de la comisión de un delito. En efecto, una inhabilidad imposibilita a una persona a ejercer una función pública, a la cual en principio tendría acceso, en virtud del artículo 40 de la Carta, que literalmente señala que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los cargos y funciones públicas. Ahora bien, como consecuencia de la inhabilidad, la persona es privada de ese derecho, ya sea en forma temporal o definitiva. En tales circunstancias, si la inhabilidad proviene del hecho de que la persona ha cometido un delito, es obvio que materialmente se trata de una pena, pues como efecto del delito que le es imputable, la persona es privada del goce de un derecho fundamental, como es el derecho de acceder a una función pública (CP art. 40). Y eso para nosotros es materialmente una pena, aun cuando así no sea denominada por el Legislador. Y es que no puede llegarse a otra conclusión, pues si la privación de un derecho constitucional como consecuencia de la comisión de un delito, no constituye materialmente una pena, ¿entonces qué es, desde el punto de vista constitucional, una pena
"11. La Constitución señala que "en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles" (C.P. art. 28). De la interpretación sistemática de este precepto y de las disposiciones de los artículos 122 y 179-1 y 9 de la Carta, puede concluirse que la prohibición de la imprescriptibilidad de las penas, no cobija a las inhabilidades que el mismo Constituyente ha instituido,así éstas tengan carácter sancionatorio." (resaltado fuera de texto) Sentencia C-038/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
"23-Es claro que la inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber cometido un delito constituye una pena, pues así la define con precisión el ordinal 3º del artículo 42 del Código Penal, que dice que la interdicción de derechos y funciones públicas es una pena accesoria cuando no se establezca como principal." (resaltado fuera de texto)
8- Una pregunta surge naturalmente del anterior análisis: ¿qué importancia tiene que califiquemos una inhabilidad como una pena, y no como un requisito para acceder a un cargo Y la respuesta es obvia. Si una determinada inhabilidad es una pena, ella está sujeta a las garantías del derecho penal, y en especial a la prohibición de que existan penas imprescriptibles (CP arts. 28 y 29). El interrogante es entonces si la inhabilidad perpetua prevista por las normas acusadas desconoce o no esa prohibición constitucional.
16- Las consideraciones precedentes son plenamente aplicables al presente caso, pues las disposiciones acusadas establecen una inhabilidad temporal a aquellas personas que hayan cometido ciertas faltas disciplinarias. Ahora bien, en numerosas ocasiones, esta Corte ha señalado que las garantías penales se proyectan,mutatis mutandi, en el campo disciplinario[21]. Debe entonces concluirse que también están prohibidas las sanciones disciplinarias perpetuas, y por ello es inconstitucional que la ley establezca una inhabilidad temporal derivada de la comisión de una determinada falta disciplinaria.
17- La anterior conclusión es aún más clara por un típico argumentoa fortiori. En efecto, si la Constitución prohíbe que se establezcan inhabilidades perpetuas derivadas de la comisión de delitos, con mayor razón debemos concluir que la Carta impide también que la ley consagre inhabilidades intemporales derivadas de la comisión de una falta disciplinaria, por la sencilla razón de que las faltas disciplinarias suelen ser menos graves que los delitos. No resultaría entonces lógico admitir la existencia de inhabilidades perpetuas por faltas disciplinarias, si hemos concluido (Cf puntos 9 a 15 de este salvamento) que la Carta prohíbe las inhabilidades perpetuas derivadas de hechos punibles.
[1]Sent. C-194/95, reiterada en la C-617/97, ambas con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo.
[2]Sent. 483/98 M.P. José Gregorio Hernández.
[3]Sentencias C-631/96 y C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[4]Sent. C-380/97 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[5]Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. Sent. 12 de agosto de 1982, M.P. Manuel Gaona Cruz.
[6]Sent. C-537/93 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[7]Sent. C-617/97 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[8]A diferencia de las normas citadas, el artículo 1° del decreto 960/70 señala expresamente que "el notariado es unafunción pública que implica el ejercicio de la fe pública o notarial. La fe pública o notarial otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el Notario y a lo que este exprese respecto de los hechos percibidos por él en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos que la ley establece."
[9]Sent. C-741/98 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[11]La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Consulta del 25 de febrero de 1998, C.P. Javier Henao Hidrón, Rad. No. 1.085, acogiendo este criterio, señaló que "sus especiales características, apartan al notario de la noción genérica de servidores públicos".
[12]Sent. C-255 de 1997.M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[13]Sent. C-417/93, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[14]Sent. C-280/96, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[15]M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[16]Sent. C-952/01 M.P. Alvaro Tafur Galvis
[17]Sent.C-111/98 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[18]Sentencia C-408 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[19]Sentencia C-483 de 1998; M.P. José Gregorio Hernández Galindo (En esta sentencia, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del literal a. del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, según el cual "No podrá ser elegido personero quien: a) Esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, en lo que le sea aplicable". La Corte estudió en esa oportunidad el tema relativo al ámbito y a los límites de la competencia del Congreso de la República en materia de incompatibilidades e inhabilidades de los servidores de las entidades territoriales).
[20]Ver sentencias C-111 de 1998, C-209 de 2000 y C-952 de 2001.
[21]Ver, por ejemplo, entre otras, las sentencias T-438/92 , C-195/93, y C-280 de 1996.