Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/2002/nov/20021121.html
Timestamp: 2020-02-28 00:48:48
Document Index: 58103904

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 93', 'artículo 61', 'artículo 25', 'artículo 61', 'artículo 25', 'artículo 61', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 25', 'artículo 61', 'Artículo 61', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 27', 'artículo 16', 'artículo 9', 'artículo 8', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 20', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 1', 'artículo 113', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 8', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 19', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 25', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 21', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 1927', 'artículo 71', 'Artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 105', 'Artículo 105', 'artículo 73', 'artículo 97', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'artículo 94', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 93', 'artículo 49', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'artículo 90', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'artículo 100', 'artículo 100', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'artículo 102', 'artículo 106', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 60', 'artículo 376', 'artículo 376', 'artículo 376', 'artículo 262', 'artículo 378', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 376', 'artículo 222', 'artículo 115']

Gaceta Parlamentaria, año IV, número 1135, jueves 21 de noviembre de 2002
Gaceta Parlamentaria, año VI, número 1135, jueves 21 de noviembre de 2002
Programa Económico para el año 2003: Criterios Generales de Política Económica,
Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, Miscelánea fiscal y Ley Federal de Derechos
De la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se someterá a consideración del Pleno el jueves 21 de noviembre de 2002.
Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera; y una fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del senador Roberto Pérez de Alva Blanco, del grupo parlamentario del PRI.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Dr. Alberto Manuel Ortega Venzor, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de España.
De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código de Comercio (firma electrónica).
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado José Luis Romero Hicks, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Pujals Fuentes, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República Federal de Alemania.
De la Comisión de Gobernacion y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso a ciudadanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas de Estados Unidos de América.
De la Comisión de Salud, de su reunión plenaria realizada el miércoles 30 de octubre de 2002.
De la Comisión de Salud, de su vigesimoquinta sesión plenaria extraordinaria, realizada el miércoles 6 de noviembre de 2002.
De la Comisión de Seguridad Social, a su reunión extraordinaria de trabajo, que se efectuará el jueves 21 de noviembre, a las 8:30 horas.
De la Comisión de Marina, a la reunión de trabajo de la Subcomisión de Dictamen Legislativo de la Ley Orgánica de la Armada de México, que se realizará el jueves 21 de noviembre, a las 9 horas.
De la Comisión de Desarrollo Social, a la reunión de trabajo de la Subcomisión de Análisis Legislativo, el jueves 21 de noviembre, a las 12 horas.
De la Comisión de Equidad y Género, a su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras dependencias del Ejecutivo federal, para tratar el tema del Presupuesto con perspectiva de género, el jueves 21 de noviembre, a las 17 horas.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, a la reunión que realizará el jueves 21 de noviembre, a las 17 horas.
De la Comisión del Distrito Federal, a la sesión que sostendrá con el secretario de Seguridad Pública local, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, el viernes 22 de noviembre, a las 9 horas.
De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, a su reunión plenaria, el martes 26 de noviembre, a las 16:30 horas.
De la Comisión de Reforma Agraria, al panel de discusión y análisis El presupuesto que el campo necesita, que se llevará a cabo el martes 3 de diciembre, a las 16 horas.
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, QUE SE SOMETERA A CONSIDERACION DEL PLENO EL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2002.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos noventa y cinco diputados, a las diez horas con veintiún minutos del martes diecinueve de noviembre de dos mil dos, la Presidenta declara abierta la sesión.
Desde su curul la diputada Hortensia Aragón Castillo solicita información en relación con el dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo veinticinco de la Ley General de Educación, en virtud de que no aparece en el orden del día. La Presidenta aclara que en la propuesta de orden del día de la presente sesión enviada por la Junta de Coordinación Política no estaba incorporado el dictamen referido.
Desde sus respectivas curules hacen comentarios al respecto los diputados: Martí Batres Guadarrama, Silvia Álvarez Bruneliere, Hortensia Aragón Castillo y Enrique Meléndez Pérez. La Presidenta informa de los diputados que han solicitado la palabra para este asunto; solicita autorización para tratarlo después de la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, y comunica que queda sin resolver el apartado de dictámenes de primera lectura del orden del día.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.
A solicitud de la Presidencia y de conformidad con el acuerdo relativo al sistema electrónico para el registro de asistencia, a las diez horas con treinta y nueve minutos la Secretaría informa del registro de trescientos noventa y siete diputados y ordena el cierre del sistema.
Por indicaciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al acuerdo aprobado por el Pleno relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
La Presidenta informa que en el Salón de Recepción se encuentra el ciudadano licenciado Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y designa una comisión para introducirlo al Salón de Sesiones y acompañarlo hasta el lugar que le ha sido asignado.
Se concede la palabra al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de exponer la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil tres, así como los Criterios Generales de Política Económica.
Para fijar la posición de su respectivo partido político o grupo parlamentario, se concede la palabra a los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México; Gregorio Urías Germán, del Partido de la Revolución Democrática; Julio Castellanos Ramírez, del Partido Acción Nacional;
Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul
y Guillermo Hopkins Gámez, del Partido Revolucionario Institucional.
En la primera ronda de preguntas y respuestas, con derecho de réplica, se concede la palabra a los diputados: Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo; José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México; Rosalinda López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Humberto Muñoz Vargas, del Partido Acción Nacional; y Miguel Arizpe Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, a quienes en su oportunidad da respuesta el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Ejercen su derecho de réplica los diputados: Víctor Antonio García Dávila; José Antonio Arévalo González; Rosalinda López Hernández; Abelardo Escobar Prieto, en lugar del diputado Humberto Muñoz Vargas; y Miguel Arizpe Jiménez.
En la segunda ronda de preguntas y respuestas, con derecho de réplica, se concede la palabra a los diputados: Félix Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo; Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México; Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática;
Raúl Martínez González, del Partido Acción Nacional; y Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, del Partido Revolucionario Institucional, a quienes en su turno da respuesta el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Ejercen en su momento su derecho de réplica los diputados: Félix Castellanos Hernández; Francisco Agundis Arias; Tomás Torres Mercado; José Carlos Borunda Zaragoza, en lugar del diputado Raúl Martínez González;
y Víctor Manuel Gandarilla Carrasco.
Para dirigir un mensaje final a la Asamblea, se concede la palabra al licenciado Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público.
La Presidenta dirige unas palabras para agradecer la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, al final de las cuales solicita a la comisión designada acompañarlo cuando desee retirarse del Salón de Sesiones.
La Presidenta informa de los diputados registrados para hablar sobre el dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo veinticinco de la Ley General de Educación, y comunica que la Mesa Directiva está sopesando incorporarlo en el orden del día de la sesión del jueves veintiuno de noviembre de dos mil dos, en primera lectura.
Desde sus curules hacen comentarios al respecto los diputados Eduardo Rivera Pérez y Ramón León Morales. La Presidenta hace aclaraciones e instruye a la Secretaría a dar lectura a los artículos ochenta y ocho y noventa y tres del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
También desde sus curules comentan el asunto los diputados: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en dos ocasiones; Martí Batres Guadarrama, en dos ocasiones; Ramón León Morales, en tres ocasiones; Eduardo Rivera Pérez, en dos ocasiones; Miguel Bortolini Castillo, en dos ocasiones; Silvia Álvarez Bruneliere, en dos ocasiones; Enrique Meléndez Pérez, en tres ocasiones; Diego Cobo Terrazas; Hortensia Aragón Castillo, en dos ocasiones; Cuauhtémoc Cardona Benavides; Cutberto Cantorán Espinosa; Fernando Pérez Noriega; José Manuel del Río Virgen; Juan Nicolás Callejas Arroyo; Jorge Luis García Vera; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, quien pregunta si obra en poder de la Mesa Directiva el dictamen firmado por la mayoría de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, y la Presidenta responde afirmativamente; Augusto Gómez Villanueva; José Narro Céspedes; Óscar Romeo Maldonado Domínguez; y Luis Alberto Pazos de la Torre.
La Presidenta comenta que la Mesa Directiva formulará el orden del día de la sesión del jueves veintiuno de noviembre y que en su momento la someterá a consideración del Pleno, a fin de que puedan señalarse adiciones o modificaciones; informa que, en atención a una excitativa solicitada por la diputada Hortensia Aragón Castillo y formulada por la Presidencia, los Secretarios de la Mesa Directiva enviaron los oficios respectivos a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, por lo que existe una excitativa pública ratificada por documental escrito; y señala que en reunión de Mesa Directiva se discutirá si es de incluirse o no el dictamen de referencia para primera lectura en la próxima sesión. La Asamblea, en votación económica, considera suficientemente discutido el asunto.
Para referirse al nonagésimo segundo aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, se concede la palabra a los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social; Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista; Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo; María Teresa Campoy Ruy Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional; y J. Melitón Morales Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
Dos invitaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal: A la ceremonia cívica conmemorativa del nonagésimo segundo aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
A la ceremonia cívica conmemorativa del octogésimo aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados. Transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidencia clausura la de hoy a las dieciséis horas con cinco minutos, citando para la próxima que tendrá lugar el jueves veintiuno de noviembre de dos mil dos, a las diez horas.
México, DF, a 7 de noviembre de 2002.
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó la propuesta del senador Héctor Astudillo Flores, con punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
"Primero. Solicitamos a la Cámara de Diputados que disponga incrementar la partida presupuestal específica que incluya recursos suficientes para avanzar en el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas en un 100 por ciento, esto es, que en el año 2003 el Presupuesto de Egresos contemple 2 mil millones de pesos para el fondo indígena.
Segundo. Exhortamos al Gobierno Federal para que en términos de la reforma constitucional, en materia de derecho y cultura indígena, aplique los recursos de este fondo indígena en los propósitos establecidos en el apartado B del artículo 2 constitucional específicamente en todo lo que se refiere al mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos indígenas del país. Asimismo, que las instituciones federales correspondientes encargadas de operar los recursos de este fondo, presenten un programa que se publique a más tardar el 31 de marzo de 2003, en el que se especifiquen las acciones federales, estatales, municipales, así como de los pueblos y comunidades indígenas beneficiadas."
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó propuesta del senador Ricardo Gerardo Higuera, con punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
"Primero.- El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal la modificación de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que pueda responder, en tiempo y forma a las situaciones de emergencia de los desastres naturales.
Segundo.- Esta soberanía solicita a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto del año 2003 se considere una asignación significativa para la protección civil y, de manera específica, para el Fondo de Desastres Naturales."
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se aprobó el dictamen de las Comisiones de Educación y Cultura; Ciencia y Tecnología; y Hacienda y Crédito Público; con punto de acuerdo que a continuación se transcribe: "Primero.- Con base en los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se instruya a las Comisiones de Educación y Cultura; Ciencia y Tecnología; y Hacienda y Crédito Público, del Senado de la República, para que mediante trabajo en conferencia con las comisiones legislativas análogas de la Cámara de Diputados, valoren y analicen la pertinencia de crear un fondo para la equidad y el fortalecimiento de la educación pública superior, con base en los proyectos de desarrollo institucional de las universidades públicas.
Segundo.- Con base en el artículo 93 constitucional y de los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 53, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones de ambas Cámaras convoquen al Ejecutivo federal y a las autoridades de las universidades públicas de los estados de la Federación, a reuniones de trabajo para establecer los criterios y determinar prioridades, estimaciones presupuestales y procedimientos de asignación, así como los métodos de fiscalización con base en la evaluación, autoevaluación y las metas establecidas en sus programas de desarrollo institucional.
Tercero.- Con base en los artículos 71, fracción II, 72 y 74, fracción IV, constitucionales, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el proyecto resultante deberá presentarse en el primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, como iniciativas a la Ley de Coordinación Fiscal, al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2003. Como resultado del trabajo se propondrá una iniciativa de modificaciones a las leyes conducentes para este propósito.
Cuarto.- Para garantizar la permanencia de estos recursos durante el tiempo necesario y restituir satisfactoriamente la capacidad financiera de las universidades públicas de los estados de la Federación en términos de equidad, se propone integrar este fondo en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación." Atentamente
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XVIII AL ARTICULO 61 DE LA LEY ADUANERA Y UNA FRACCION IX AL ARTICULO 25 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A CARGO DEL SENADOR ROBERTO PEREZ DE ALVA BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Me permito informar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Roberto Pérez de Alva Blanco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera y una fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
México, DF, a 14 de noviembre de 2002.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera; y se adiciona una fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al valor Agregado.
El suscrito senador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera y una fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con la siguiente:
El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene la regla genérica en materia de exenciones, al disponer en su primer párrafo que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes.
De lo anterior se infiere, que las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, podrán establecer, entre otras medidas, exenciones, correspondiéndole a la legislación secundaria establecer las condiciones y los términos a los que deberá supeditarse la figura de que se trate.
Por otro lado, es de mencionarse que tanto la doctrina como la legislación, son coincidentes en la necesidad y conveniencia de que se otorguen ciertos beneficios fiscales a determinados sectores de la población en función de su actividad, de la finalidad que persiguen con la misma, del destino de los bienes que utilizan, etc; es decir, atendiendo a criterios sociales, económicos, políticos, educativos, culturales, científicos, humanitarios, de salud, de bienestar general, etc, entre otros.
En este sentido, es de considerarse que uno de dichos sectores que precisa del otorgamiento legal de beneficios de corte fiscal, es el educativo, dentro del cual, en forma especial, se ubican los maestros y los padres de familia cuyos hijos forman parte, en su calidad de educandos, de las instituciones de enseñanza que integran el sistema educativo de nuestro país.
En la actualidad, es frecuente que tanto maestros como padres de familia o personas interesadas se vean beneficiados al recibir donativos, y en otras ocasiones se vean en la necesidad de efectuar la compra, respecto de bienes que por su naturaleza, características, composición o utilidad, son considerados o pueden llegar a serlo, como material de gran utilidad en las instituciones de enseñanza del sistema de educación pública, y que por proceder del exterior al momento de ser introducidos a territorio nacional, deben de ser sometidos al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley Aduanera y demás ordenamientos legales aplicables.
Es de suma importancia fortalecer las formas para permitir que mediante apoyos fiscales importen material que sea de utilidad para la ardua labor de enseñanza de los diferentes planteles educativos públicos, exentándolos del pago del impuesto a la importación.
En tal virtud, el propósito de la presente iniciativa es establecer la figura de la exención del pago de impuestos a la importación de mercancías efectuada por personas físicas (maestros, padres de familia o terceros interesados) o morales, que por su naturaleza, características, composición, uso o función, puedan destinarse, o sean susceptibles de hacerlo a la enseñanza que imparten las diversas instituciones de educación pública de nuestro país.
Considerando que la finalidad de esta iniciativa es apoyar y alentar la impartición de la enseñanza que realiza el Estado. mediante el otorgamiento de beneficios fiscales y administrativos que faciliten la internación de bienes que puedan utilizarse en la enseñanza pública, se precisa simplificar los mecanismos legales aplicables a la importación de las mercancías que quedarán bajo el amparo de la exención propuesta.
Como contrapartida y a efecto de asegurar que la mercancía que se importe bajo esta exención se destine a la finalidad que la justifica, se impone la obligación de que la institución pública educativa que será beneficiada con la mercancía de que se trate, presente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cinco días siguientes a su importación legal, la documentación comprobatoria de que se han iniciado los trámites legales para que los bienes que han recibido se incorporen al patrimonio de la Federación o de la entidad federativa de que se trate, dependiendo del ámbito educativo del que forme parte la citada institución.
Para efecto de lo dispuesto en los párrafos que anteceden, se precisa destacar que en el diseño de la forma oficial de declaración antes mencionada, se deberá contemplar un apartado en donde aparezca la referencia a la autoridad educativa, federal o estatal, que con su firma de visto bueno, avale y constate la veracidad del destino que se le dará a los bienes importados bajo esta exención, a fin de que no haya duda sobre esta circunstancia. Esto supondrá que quien vaya a efectuar materialmente la importación de esas mercancías, deberá recabar previamente al acto de importación, la firma de la mencionada autoridad a fin de que al ser presentada esta forma oficial ante las autoridades aduaneras que intervengan en el despacho aduanero, se acredite que se cumplirá con el destino respectivo
Derivado de lo anterior, y bajo la aplicación de un principio de certeza y seguridad jurídicas, tanto en beneficio de la autoridad como de los importadores, se propone que sea la propia autoridad aduanera la que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determine las fracciones arancelarias, oyendo previamente a las Secretarías de Economía y de Educación Pública, que podrán ser objeto de importación bajo la exención propuesta, lo que permitirá tanto a autoridades como a importadores conocer previamente el tipo de mercancías que por sus características, condiciones, composición, naturaleza, especificaciones o peculiaridades de uso, sean susceptibles de importarse al amparo de la exención que se pretende.
Adicionalmente, en la identificación de las fracciones arancelarias antes indicadas, deberán precisarse las medidas de regulación y restricción arancelarias que deberán ser satisfechas para cada una de ellas, a fin de que con la oportunidad debida el importador de las mercancías de mérito obtenga la documentación correspondiente para efectos de su despacho aduanero, siendo indispensable que a la par se determine el volumen de importación que para cada fracción podrá efectuarse.
De esta forma, mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se tendrá acceso a la información antes señalada, que permita fácilmente la internación a territorio nacional de las mercancías que quedarán beneficiadas por la exención que se plantea.
Considerando que las mercancías que se importen bajo la exención propuesta generan otro tipo de cargas fiscales como es el caso del impuesto al valor agregado, se consideró también la posibilidad de extender el beneficio hacia el régimen aplicable a ese tipo de créditos fiscales.
En este sentido se estimó viable fijar las condiciones especiales que deberá cumplir el importador, en los términos antes señalados, y a la par, proponer la reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
En tal sentido, se propone adicionar una fracción IX a su artículo 25, por ser la norma legal que contiene la figura de las exenciones de este impuesto derivadas de la importación de bienes o servicios, con lo que el importador de las mercancías a las que se refiere la iniciativa que se propone, quedaría también exento del pago del impuesto al valor agregado.
Por lo anterior, me permito someter a la consideración del Senado de la República, la presente
Artículo Primero.- Se adiciona una fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera para quedar como sigue:
Artículo 61.- No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancías. I. a XVII.....
XVIII.- Las que importen personas físicas o morales, adquiridas en el extranjero por donación o compraventa, que se destinen a fines de enseñanza a cargo de instituciones públicas del sistema educativo nacional, siempre que se utilicen exclusiva y permanente para este fin y las mercancías pasen a formar parte del patrimonio de la Federación o de las entidades federativas, dependiendo del ámbito del que forme parte la institución pública de enseñanza destinataria, dentro de los cinco días siguientes a su importación. Quienes importen mercancías al amparo de esta exención no tendrán la obligación de estar inscritos en el Padrón de Importadores; deberán cumplir con las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias; así como con las demás formalidades y obligaciones propias del despacho aduanero, en lo que sea procedente; no será necesario que utilicen los servicios de agente o apoderado aduanal.
La institución pública de enseñanza que reciba la mercancía deberá presentar ante las autoridades aduaneras que hayan intervenido en su despacho aduanero, la documentación comprobatoria de que, en los términos de la legislación aplicable, se han iniciado los trámites correspondientes para que dicha mercancía pase a formar parte del patrimonio de la Federación o de la entidad federativa de que se trate, según el caso. Esta obligación deberá cumplirse dentro de los cinco días siguientes a la importación de la mercancía de que se trate.
Para efectuar la importación a que se refiere esta fracción, el importador deberá llenar la forma oficial de declaración que autorice exclusivamente para este fin la Secretaría, en lugar del pedimento de importación, y solicitar a la autoridad aduanera que practique el reconocimiento aduanero, con la finalidad de que constate que se trata de mercancías que se destinarán a instituciones públicas de enseñanza. Dicha forma oficial deberá contener, previo al despacho aduanero, la firma de visto bueno o autorización de la autoridad educativa que corresponda, para justificar el requerimiento de la mercancía como útil para la enseñanza pública, y sin este requisito no será procedente su despacho.
La Secretaría determinará mediante reglas, previa opinión de las Secretarías de Economía y de Educación Pública, las fracciones arancelarias que describan las mercancías que podrán ser importadas bajo el amparo de esta exención, el valor máximo que deberán tener las mercancías que pretendan importarse en los términos antes señalados, así como los montos máximos autorizados, indicando las medidas de regulación y restricción no arancelaria que deberán satisfacerse para su legal importación. La institución pública de enseñanza que reciba la mercancía importada bajo la exención a que se refiere esta fracción solamente podrá utilizarla para los fines de enseñanza a los que se haya destinado.
El Reglamento definirá los requisitos que deberá contener la forma oficial de declaración, pero en todo caso comprenderá un campo para ser llenado por la autoridad educativa competente que autorice o avale la necesidad de la mercancía a importar para ser destinada a la enseñanza de la institución educativa a la que se destine.
Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción IX al artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 25.- No sé pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes: I. a VIII. ...
IX. Las de mercancías que se destinen a fines de enseñanza a cargo de instituciones públicas del sistema educativo nacional, importadas en los términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley Aduanera, siempre que se cumpla con las condiciones y requisitos ahí señalados. La forma oficial de declaración que autorice la Secretaría deberá comprender la referencia a esta fracción para acreditar que se trata de importación de mercancías exentas del pago de impuestos al valor agregado.
Primero.- El presente decreto entrará en vigor a los seis meses siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispondrá de un plazo de seis meses a partir de la publicación del presente decreto para que publique las fracciones arancelarias que podrán ser importadas bajo el amparo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley Aduanera, el valor máximo que deberán tener las mercancías que pretendan importarse en los términos antes señalados los montos máximos que podrán importarse y la referencia al cumplimiento de medidas de regulación y restricción no arancelarias.
Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispondrá de un plazo de seis meses a partir de la publicación del presente decreto, para diseñar, autorizar e imprimir la forma oficial de declaración que deberá ser utilizada en las importaciones de mercancías que se realicen al amparo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley Aduanera.
Cuarto.- El Ejecutivo federal, dentro de los seis meses siguientes a la publicación del presente decreto, emitirá las disposiciones reglamentarias que definan los requisitos que deberá contener la forma oficial de declaración para importar mercancías al amparo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley Aduanera.
Quinto.- En lo que no se oponga al presente decreto serán aplicables las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas reguladoras de las importaciones de mercancías y de su despacho de--2001.
Sen. Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica)
México, DF, a 1 de noviembre de 2002.
En atención a su oficio No. D.G.P.L. 58-II-0-321 de fecha 8 de octubre último, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar No. 112.-565 signado por el C. Lic. Francisco Márquez Aguilar, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que da contestación al punto de acuerdo por el que se solicitó información sobre las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional ante el incremento de las importaciones provenientes de los Estados Unidos de América, presentado por el diputado Martín Gerardo Morales Barragán.
México, DF, a 25 de octubre de 2002.
Me refiero a su atento oficio No. SEL/300/804/02, de fecha 9 de octubre del año en curso, mediante el cual se informa a la Sagarpa de algunos requerimientos que la H. Cámara de Diputados demanda a las Secretarías de Agricultura y de Economía, mediante un punto de acuerdo que el día 8 del actual se aprobó en la sesión ordinaria de dicha Cámara legislativa. En lo que compete a la Secretaría de Agricultura, me permito informar a usted lo siguiente:
Acuerdo Primero.- En el caso de porcinos para sacrificio, esta Secretaría ha instrumentado un procedimiento que permite dar seguimiento de los animales importados, desde el punto de ingreso hasta su lugar de destino en un rastro tipo inspección federal (TIF) autorizado por esta dependencia para sacrificio, procedimiento sustentado con la responsiva de un médico veterinario verificador que da fe del proceso de importación, sacrificio y comercialización.
Acuerdo Tercero.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria, dependiente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), realiza la inspección, toma de muestra y certificación del 100% de las importaciones, tanto de animales como de productos y subproductos de origen animal, para su uso o consumo por éstos. Asimismo, en estas acciones se ha permitido la presencia de observadores pertenecientes a la Confederación Nacional Ganadera (CNG) en el proceso de inspección y certificación en los puntos de ingreso del país.
Sin otro particular, al tiempo que me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, le envío un cordial saludo.
Lic. Francisco Márquez Aguilar (rúbrica)
Coordinador General de Política Sectorial de la Sagarpa
México, DF, a 31 de octubre de 2002.
C. Diputada Federal
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente le acompaño copia del oficio número DGF/144 de fecha 23 del mes en curso, suscrito por el C. Hugo C. González Gutiérrez, director general del Fondo Nacional de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil, así como la copia de conocimiento que en el mismo se cita, relativo a la solicitud de declarar al municipio de Janos, del estado de Chihuahua, zona de desastre en virtud de la sequía que se presentó en esa entidad.
México, DF, a 23 de octubre de 2002.
Por instrucciones de la Lic. María del Carmen Segura Rangel, coordinadora general de Protección Civil, me permito enviarle copia de conocimiento para la diputada federal Hortencia Enríquez Ortega, del escrito de contestación al documento de fecha 19 de septiembre del año en curso, suscrito el C. Marcos Durán Miranda, presidente del Comisariado Ejidal de Janos, Chihuahua, mediante el cual solicita de manera urgente se declare zona de desastre a ese municipio, en virtud de la sequía que se presentó en esa entidad, y se otorguen los apoyos correspondientes con cargo al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracción VI, del Reglamento Interior de esta Secretaría.
Hugo C. González Gutiérrez (rúbrica)
México, DF, a 18 de octubre de 2002.
C. Marcos Durán Miranda
Me refiero a su atento escrito de fecha 19 de septiembre del año en curso, mediante el cual solicita de manera urgente, se declare zona de desastre a ese municipio, en virtud de la sequía que se presentó en esa entidad, y se otorguen los apoyos correspondientes con cargo al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Sobre el particular, me permito informarle lo siguiente: Con fecha 3 de junio de 2002, el C. gobernador del estado de Chihuahua solicitó la emisión de la declaratoria de desastre natural, en virtud de la escasa precipitación pluvial, principalmente en los meses de mayo a noviembre de 2001, anexando a dicha solicitud, el dictamen técnico de la Comisión Nacional del Agua (CNA), conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Fonden (ROF) vigentes.
Derivado de lo anterior, esta Secretaría emitió la declaratoria de desastre natural correspondiente, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de junio del presente. Es importante señalar que en dicha declaratoria se incluye al municipio de Janos, el cual ha sido considerado para recibir apoyo con cargo al Fonden.
Con fecha 6 de septiembre del año en curso, la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF), autorizó recursos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la CNA por hasta 115.5 millones de pesos (mdp) y 106.4 mdp, respectivamente, mismos que se encuentran en proceso de radicación al Fideicomiso Público Estatal de Chihuahua.
Con los recursos solicitados por la Sagarpa, se dotará a los productores agrícolas de semillas de granos básicos (maíz, frijol y avena), fertilizantes, plaguicidas y otros insumos aplicables a la siembra, en tanto que a los productores pecuarios se les dotará de forrajes, alimentos balanceados, granos forrajeros y elementos minerales.
Por lo que corresponde a los solicitados por la CNA, se atenderán 95 acciones en el estado, de las cuales 57 corresponden a localización e incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento y 38 a fuentes ya existentes (infraestructura hidráulica). Derivado de lo anterior, esta Dirección General del Fonden recomienda que mantenga contacto con la autoridad municipal, toda vez que el representante de ese municipio será el encargado de gestionar el otorgamiento de recursos ante el Comité Técnico del Fideicomiso Público estatal o ante la dependencia ejecutora del programa u obra de apoyo para la atención de los daños.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para el desahogo de cualquier duda o aclaración del caso que nos ocupa.
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Artículo Unico: Se reforma el artículo 9º en su fracción VII; se adicionan los artículos 2º con una fracción III bis, el 4º con un párrafo, el 7º con una fracción VIII bis y el artículo 8º con una fracción IX bis de la Ley General de Asentamientos Humanos para quedar como sigue:
Artículo 2º.- ... I. ...........
III bis. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena: aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. La conciencia de su identidad étnica es un criterio fundamental para determinar quiénes se aplican las disposiciones de esta ley relativas a las comunidades indígenas. Artículo 4º.- ...
En términos de lo dispuesto en la fracción V del apartado "B" del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consideran de interés público los programas para mejorar las condiciones de las comunidades integrantes de un pueblo indígena y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para ampliar la infraestructura urbana y la cobertura de los bienes y servicios sociales básicos, previa consulta y de acuerdo a la planeación y participación de las propias comunidades integrantes de un pueblo indígena.
Artículo 7º.- ... VIII bis. Promover programas especiales de mejoramiento y desarrollo urbano en las comunidades integrantes de un pueblo indígena, en coordinación con las entidades federativas y los municipios.
Los programas a que se refiere el párrafo anterior deberán hacerse en consulta con las comunidades integrantes de un pueblo indígena y, en su caso, incorporando sus recomendaciones y propuestas. Artículo 8º.- ...
............ IX bis. Convenir con la Federación y con los municipios que corresponda, la formulación y ejecución de programas especiales de mejoramiento y desarrollo urbano en comunidades integrantes de un pueblo indígena. Tales programas se realizarán en consulta con la comunidad indígena respectiva y con su participación en la ejecución y serán parte de los planes o programas estatal y municipales de desarrollo urbano, en términos de la legislación estatal en la materia. Artículo 9º.- ...
................ VII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros municipios, con las comunidades integrantes de un pueblo indígena, y con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población, especiales de mejoramiento urbano en comunidades indígenas y los demás que de éstos deriven. .............
Unico.- Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 14 de noviembre de 2002.
Sen. Lydia Madero García (rúbrica)
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
México, DF, a 14 noviembre de 2002.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Artículo Unico.- Se expide la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 1º.- La presente ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta ley y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.
Artículo 2º.- Las disposiciones de esta ley se aplicarán en toda la República en el ámbito federal y, en lo conducente, a los organismos constitucionales autónomos. La interpretación de sus disposiciones, para efectos administrativos, corresponderá a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Los preceptos contenidos en el Capítulo II y demás disposiciones de esta ley serán aplicables, en lo conducente, para cumplimentar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aceptadas estas últimas por el Estado mexicano, en cuanto se refieran a pago de indemnizaciones.
La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior, en su caso, deberá llevarse a cabo por la dependencia, entidad u organismo constitucional autónomo que haya sido declarado responsable; lo mismo deberá observarse para el cumplimiento de los fallos jurisdiccionales de reparación. Será la Secretaría de Relaciones Exteriores el conducto para informar de los cumplimientos respectivos, tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según corresponda.
Artículo 3º.- Se exceptúan de la obligación de indemnizar, de acuerdo con esta ley, además de los casos de fuerza mayor, los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa del Estado, así como aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento.
Artículo 4º.- Los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los personales y morales, habrán de ser reales, evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas, y desiguales a los que pudieran afectar al común de la población.
Artículo 5º.- El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, propondrá a la Cámara de Diputados el monto de la partida presupuestal que, en términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, deberá destinarse para cubrir las erogaciones derivadas de responsabilidad patrimonial de los Poderes de Unión, así como de las entidades y organismos a que el mismo se refiere.
En la fijación de los montos de las partidas presupuestales deberán preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior, según lo dispuesto en el artículo 8º de la presente ley.
Artículo 6º.- El monto absoluto que se fije en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación destinado al concepto de responsabilidad patrimonial del Gobierno Federal, deberá ajustarse anualmente en una proporción igual al incremento promedio que se registre en dichos presupuestos, salvo que exista una propuesta justificada de modificación presupuestal diferente a la regla general antes prevista.
Artículo 7º.- El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, conjuntamente con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, podrá autorizar el traspaso de los montos presupuestales asignados a las diferentes dependencias o entidades de la Administración Pública Federal para responsabilidad patrimonial, cuando por la naturaleza de la actividad administrativa de las mismas, sea pertinente y se justifique ante las autoridades competentes.
Artículo 8º.- Las indemnizaciones fijadas por autoridades administrativas o jurisdiccionales que excedan del monto máximo presupuestado en un ejercicio fiscal determinado serán cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, según el orden de registro a que se refiere el artículo 19 de la presente ley, sin perjuicio del pago de intereses por demora que como compensación financiera se calculen en términos de esta ley y del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 9º.- La obligación de indemnizar los daños que sean consecuencia de la actividad administrativa del Estado y que los particulares no tengan el deber jurídico de soportar se extiende a las funciones y actos materialmente administrativos que realicen los poderes federales Legislativo y Judicial. Igualmente, la obligación indemnizatoria del Estado comprende los daños derivados de la actividad administrativa irregular que se realice en el ámbito de los tribunales federales administrativos.
La obligación de indemnizar deberá ajustarse a los términos y condiciones que establezcan las leyes orgánicas respectivas y en lo no previsto se estará a lo dispuesto por esta ley, en lo que resulte aplicable.
Artículo 10.- La presente ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado. A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; el Código Fiscal de la Federación; el Código Civil Federal, y los principios generales del derecho.
Artículo 11.- Las reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado notoriamente improcedentes se desecharán de plano. A quien promueva una reclamación notoriamente improcedente o que sea declarada infundada por haberse interpuesto sin motivo, se le impondrá una multa de veinte a ciento veinte días de salado mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. La multa será impuesta, sin trámite alguno, por la instancia ante quien, se haya presentado la reclamación.
Si con motivo de una impugnación posterior se determinara que la reclamación de indemnización debe ser admitida a trámite, se iniciará el procedimiento a que se refiere el Capítulo III de esta ley.
Las dependencias o entidades tendrán la obligación de denunciar ante el Ministerio Público a toda persona que directa o indirectamente participe, coadyuve, asista o simule la producción de daños con el propósito de acreditar indebidamente la responsabilidad patrimonial del Estado o de obtener alguna de las indemnizaciones a que se refiere esta ley.
Artículo 12.- La indemnización deberá pagarse en moneda nacional, de acuerdo a las modalidades que establece esta ley, sin perjuicio de que pueda convenirse con el interesado su pago en especie o en parcialidades cuando no afecte el interés público.
Artículo 13.- Las indemnizaciones se fijarán conforme a las siguientes modalidades, que se establecen de acuerdo con el nivel de ingresos de los interesados: a) Para quienes demuestren tener ingresos mensuales que sean de cuatro o menos salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, y cumplidos los requisitos que prevé esta ley, corresponderá la reparación integral consistente en el pago del daño emergente, lucro cesante o perjuicio, resarcimiento por daño personal y moral;
b) Para quienes no se encuentren en la hipótesis anterior, corresponderá una reparación equitativa consistente en el pago del daño emergente, resarcimiento por daño personal y moral, y
c) En los casos en que la autoridad administrativa o la jurisdiccional determinen, de acuerdo con los elementos que hayan tenido a la vista en los respectivos procedimientos, que la actuación del servidor público causante de la lesión patrimonial reclamada resulta manifiestamente deficiente o ilegal; o bien, que la actuación de la Administración Pública Federal hubiese sido realizada por debajo de los estándares promedio de funcionamiento de la actividad administrativa de que se trate, la indemnización deberá corresponder a la prevista en este artículo como reparación integral, independientemente del ingreso económico del reclamante. Artículo 14.- El monto de la indemnización por daños y perjuicios materiales se calculará de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley de Expropiación; el Código Fiscal de la Federación; la Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables, debiéndose tomar en consideración los valores comerciales o de mercado.
Artículo 15.- Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma: I. En el caso de daños personales o muerte:
a) A los reclamantes cuyos ingresos mensuales sean de cuatro o menos salarios mínimos, generales diarios vigentes en el Distrito Federal elevados al mes, corresponderá una indemnización equivalente a ocho veces la que fijen las disposiciones conducentes de la Ley Federal del Trabajo para riesgos de trabajo.
b) A quienes no se encuentren en la hipótesis anterior, corresponderá una indemnización equivalente a seis veces la que fijen las disposiciones conducentes de la Ley Federal del Trabajo para riesgos de trabajo.
c) Además de la indemnización prevista en los dos incisos anteriores, el reclamante o causahabiente tendrá derecho a que se le cubran los gastos médicos que en su caso se eroguen, de conformidad con la propia Ley Federal del Trabajo para riesgos de trabajo.
II. En el caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en su caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos por el Código Civil Federal, tomando igualmente en consideración la magnitud del daño. La indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir no excederá del equivalente a 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por cada reclamante afectado.
Para el cálculo de los montos de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, las autoridades tomarán también en cuenta el nivel de ingreso familiar del afectado.
Artículo 16.- La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo con la fecha en que sucedieron los daños o la fecha en que hayan cesado éstos cuando sean de carácter continuo, sin perjuicio de la actualización de los valores al tiempo de su efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.
Artículo 17.- A las indemnizaciones deberán sumarse, en su caso, y según la cantidad que resulte mayor, los intereses por demora que establece el Código Fiscal de la Federación en materia de devolución morosa de pagos indebidos, o el pago del interés legal que determina el Código Civil Federal. Los términos para el cómputo de los intereses empezarán a correr: a) 15 días después de que quede firme la resolución administrativa o jurisdiccional que ponga fin al procedimiento reclamatorio en forma definitiva, para quienes tengan derecho a la reparación integral, y
b) 180 días después de que quede firme la resolución administrativa o jurisdiccional que ponga fin al procedimiento reclamatorio en forma definitiva, para quienes tengan derecho a la reparación por equidad. Artículo 18.- Las indemnizaciones deberán cubrirse en su totalidad de conformidad con los términos y condiciones dispuestos por esta ley y a las que ella remita. En los casos de haberse celebrado contrato de seguro contra la responsabilidad, ante la eventual producción de daños y perjuicios que sean consecuencia de la actividad administrativa del Estado, la suma asegurada se destinará a cubrir el monto equivalente a la reparación integral o de equidad debida, según sea el caso. De ser ésta insuficiente, el Estado continuará obligado a resarcir la diferencia respectiva. El pago de cantidades líquidas por concepto de deducible corresponde al Estado y no podrá disminuirse de la indemnización.
Artículo 19.- Las resoluciones o sentencias firmes deberán registrarse por la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal responsable, mismas que deberán llevar un registro de indemnizaciones debidas por responsabilidad patrimonial, que será de consulta pública, a fin de que, siguiendo el orden establecido según su fecha de emisión, sean indemnizadas las lesiones patrimoniales cuando procedan de acuerdo con la presente ley.
Artículo 20.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública Federal se iniciarán de oficio o por reclamación de parte interesada.
Artículo 21.- La parte interesada podrá presentar indistintamente su reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, o bien, ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Artículo 22.- Las reclamaciones de indemnización por responsabilidad de la Administración Pública Federal que se presenten ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o bien que deriven del conocimiento de una queja o denuncia ante dicho organismo, podrán ser turnadas a las dependencias o entidades presuntamente relacionadas con la producción de las lesiones reclamadas, y serán resueltas de acuerdo con el procedimiento establecido en esta ley.
Artículo 23.- El procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, además de lo dispuesto por esta ley, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en la vía administrativa, y a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, en la vía jurisdiccional.
Artículo 24.- La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa, o por la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, no presupone por sí misma derecho a la indemnización.
Artículo 25.- La lesión patrimonial que sea consecuencia de la actividad administrativa deberá acreditarse ante las instancias competentes, tomando en consideración los siguientes criterios: a) En los casos en que la causa o causas productoras del daño sean identificables, la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa irregular imputable al Estado deberá probarse fehacientemente.
b) En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la generación de la lesión reclamada, deberá probarse a través de la identificación precisa de los hechos relevantes para la producción del resultado final, mediante el examen riguroso tanto de las cadenas causales autónomas o dependientes entre sí como las posibles interferencias originales o sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada. Artículo 26.- La responsabilidad del Estado deberá probarla el reclamante que considere lesionado su patrimonio, por no tener la obligación jurídica de soportarlo. Por su parte, al Estado corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios irrogados al mismo; que los daños no son consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; que los daños derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, o bien, la existencia de la fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad patrimonial.
Artículo 27.- Las resoluciones o sentencias que se dicten con motivo de los reclamos que prevé la presente ley deberán contener, entre otros elementos, el relativo a la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público o actividad administrativa y la lesión producida y, en su caso, la valoración del daño causado, así como el monto en dinero o en especie de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación. Igualmente, en los casos de concurrencia previstos en el Capítulo IV de esta ley, en dichas resoluciones o sentencias se deberán razonar los criterios de imputación y la graduación correspondiente para su aplicación a cada caso en particular.
Artículo 28.- Las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante recurso de revisión en vía administrativa, o bien, directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Artículo 29.- El derecho a reclamar indemnización prescribe en un año, mismo que se computará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial, o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo. Cuando existan daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción empezará a correr desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
En el caso de que el particular hubiese intentado la nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa o jurisdiccional y ésta hubiese procedido, el plazo de prescripción para reclamar indemnización se computará a partir del día siguiente de la fecha de emisión de la resolución administrativa o de la sentencia definitiva, según la vía elegida.
Artículo 30.- Los reclamantes afectados podrán celebrar convenio con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de dar por concluida la controversia, mediante la fijación y el pago de la indemnización que las partes acuerden. Para la validez de dicho convenio se requerirá, según sea el caso, la aprobación por parte de la contraloría interna o del órgano de vigilancia correspondiente.
Artículo 31.- En caso de concurrencia acreditada en términos del artículo 25 de esta ley, el pago de la indemnización debida deberá distribuirse proporcionalmente entre todos los causantes de la lesión patrimonial reclamada, de acuerdo con su respectiva participación. Para los efectos de la misma distribución, las autoridades administrativas o jurisdiccionales tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de imputación, mismos que deberán graduarse y aplicarse de acuerdo con cada caso concreto: a) A cada entidad deben atribuirse los hechos o actos dañosos que provengan de su propia organización y operación; a las entidades de las cuales dependan otra u otras entidades sólo se les atribuirán los hechos o actos dañosos cuando las segundas no hayan podido actuar en forma autónoma; a las entidades que tengan la obligación de vigilancia respecto de otras sólo se les atribuirán los hechos o actos dañosos cuando de ellas dependieran el control y supervisión total de las entidades vigiladas;
b) Cada entidad responderá por los hechos o actos dañosos que hayan ocasionado los servidores públicos que les estén adscritos;
c) La entidad que tenga la titularidad competencial o la del servicio público y que con su actividad haya producido los hechos o actos dañosos responderá de los mismos, sea por prestación directa o con colaboración interorgánica;
d) La entidad que haya proyectado obras que hayan sido ejecutadas por otra responderá de los hechos o actos dañosos causados, cuando las segundas no hayan tenido el derecho de modificar el proyecto por cuya causa se generó la lesión patrimonial reclamada. Por su parte, las entidades ejecutoras responderán de los hechos o actos dañosos producidos, cuando éstos no hubieran tenido como origen deficiencias en el proyecto elaborado por otra entidad, y
e) Cuando en los hechos o actos dañosos concurra la intervención de la autoridad federal y la local, la primera deberá responder del pago de la indemnización en forma proporcional a su respectiva participación, quedando la parte correspondiente de la entidad federativa a lo que su propia legislación disponga. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades federativas respecto de la materia que regula la presente ley.
Artículo 34.- En el supuesto de que las reclamaciones deriven de hechos o actos dañosos producidos como consecuencia de una concesión de servicio público por parte de la Administración Pública Federal, y las lesiones patrimoniales hayan tenido como causa una determinación del concesionante que sea de ineludible cumplimiento para el concesionario, el Estado responderá directamente.
En caso contrario, cuando la lesión reclamada haya sido ocasionada por la actividad del concesionario y no se derive de una determinación impuesta por el concesionante, la reparación correrá a cargo del concesionario y, de ser éste insolvente, el Estado la cubrirá subsidiariamente.
Artículo 35.- En los casos de concurrencia de dos o más dependencias y entidades en la producción de las lesiones patrimoniales reclamadas, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, oyendo la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá conocer y resolver acerca de la distribución de la indemnización.
Cuando una dependencia o entidad presuntamente responsable reciba una reclamación que, de acuerdo con el artículo 21 de esta ley, suponga concurrencia de agentes causantes de lesión patrimonial, deberá remitirla a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para los efectos mencionados en el párrafo anterior.
Artículo 36.- El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares cuando, previa substanciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se determine su responsabilidad, y que la falta administrativa haya tenido el carácter de infracción grave. El monto que se exija al servidor público por este concepto formará parte de la sanción económica que se le aplique.
La gravedad de la infracción se calificará de acuerdo con los criterios que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Además, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: los estándares promedio de la actividad administrativa, la perturbación de la misma, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional y su relación con la producción del resultado dañoso.
Artículo 37.- El Estado podrá, también, instruir igual procedimiento a los servidores públicos por él nombrados, designados o contratados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, cuando le hayan ocasionado daños y perjuicios en sus bienes y derechos derivado de faltas o infracciones administrativas graves. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes aplicables en la materia.
Artículo 38.- Los servidores públicos podrán impugnar las resoluciones administrativas por las que se les imponga la obligación de resarcir los daños y perjuicios que el Estado haya pagado con motivo de los reclamos indemnizatorios respectivos, a través del recurso de revocación, o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo 39.- La presentación de reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado interrumpirá los plazos de prescripción que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos determina para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos, los cuales se reanudarán cuando quede firme la resolución o sentencia definitiva que al efecto se dicte en el primero de los procedimientos mencionados.
Artículo 40.- Las cantidades que se obtengan con motivo de las sanciones económicas que las autoridades competentes impongan a los servidores públicos, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se adicionarán, según corresponda, al monto de los recursos previstos para cubrir las obligaciones indemnizatorias derivadas de la responsabilidad patrimonial de los Poderes de la Unión, de las entidades y organismos.
Primero.- La presente ley entrará en vigor el 1 de enero del año 2004.
Segundo.- Se derogan el artículo 33 y el último párrafo del artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y el artículo 1927 del Código Civil federal.
Tercero.- Los asuntos que se encuentren en trámite en las dependencias, entidades y organismos, o en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, relacionados con la indemnización a los particulares derivada de las faltas administrativas en que hubieren incurrido los servidores públicos, se atenderán hasta su total terminación de acuerdo con las disposiciones aplicables a la fecha en que inició el procedimiento administrativo correspondiente.
CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO DR. ALBERTO MANUEL ORTEGA VENZOR, PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Dr. Alberto Manuel Ortega Venzor, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Dr. Alberto Manuel Ortega Venzor, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO DR. EDUARDO SOJO GARZA ALDAPE PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
DE LA COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CODIGO DE COMERCIO (FIRMA ELECTRONICA)
A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial, correspondientes a la LVIII Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de reformas y adiciones al Código de Comercio en materia de firma electrónica, presentada el 15 de mayo de 2002 por el diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que, en ejercicio de la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en los artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes
Primero. En sesión celebrada en esta H. Cámara de Diputados el día 15 de mayo de 2002, los CC. secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de la mencionada iniciativa. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio y Fomento Industrial".
Segundo. Mediante oficio número CCFI/001520/
2001, de fecha 17 de mayo de 2002, se dio cuenta a los integrantes de la comisión del contenido de la mencionada iniciativa.
Tercero. La iniciativa establece que en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2000 se sentaron las bases para la regulación de las transacciones electrónicas en nuestro país; sin embargo, existen todavía algunos aspectos que quedaron pendientes y que deben ser resueltos a la brevedad posible.
Cuarto. La iniciativa establece que la elaboración de la legislación sobre la firma electrónica es decisiva para regular operaciones que ya se están dando en la práctica y para instrumentar mecanismos indispensables ya ordenados por las leyes, tales como el comercio electrónico, las facturas, la norma oficial de conservación, el padrón de proveedores del Gobierno Federal, el negocio, la red de comunicaciones, Tramitanet (trámites administrativos por medios electrónicos) y declaración de impuestos.
Quinto. El día 24 de septiembre de 2002, la Comisión de Hacienda y Crédito Público envió a la Mesa Directiva de esta H. Cámara el oficio mediante el cual declina la iniciativa motivo del presente dictamen, por lo que, a partir de ese momento, esta Comisión es la única competente para conocer de este asunto.
Primero. Con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.
Segundo. Que la Comisión de Comercio y Fomento Industrial trabajó durante casi un año en la elaboración de esta iniciativa, con la participación de los especialistas en el tema, las cámaras e incluso el Poder Ejecutivo, entre los que se encuentran el doctor Raymundo Peralta, del Banco de México; el doctor Vicente Guerrero Rojo, administrador general de Tecnología de la Información del SAT; el actuario Alejandro Sibaja, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el licenciado Luis Manuel Mejan Carrer, del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, el matemático Ignacio Mendivil Gutiérrez, de Seguridata; la licenciada Adriana Montejano González, del Centro de la OCDE para México y América Latina; el ingeniero Luis Enrique Galavis, de la Canaco Ciudad de México; el ingeniero Oscar Robles Garay, el licenciado Arturo Azuara Flores y la licenciada Adriana Ibarra, de Nic México; el licenciado Daniel Olvera Pomar, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática; el licenciado José Antonio Franco Oropeza, del Bancomext; el licenciado José María Abascal Zamora, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la Organización de las Naciones Unidas; la licenciada Adriana Landa Zamudio, de la Secretaría de Economía; la licenciada Emma Riestra, de Cx Networks; el ingeniero Fernando Rojas Castañeda, de Alestra; el licenciado Alfredo Reyes Krafft, de BBVA Bancomer; la licenciada Flor María Cuéllar Meléndrez, del gobierno de Guanajuato; la licenciada Graciela Gutiérrez Garza, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática e IBM, la doctora Natalia Volkow Fernández y la licenciada Guillermina González Durán, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; la licenciada Silvia Barredo Prieto y el licenciado Ernesto Velásquez Zendejas, de Alestra; el licenciado Ricardo Zermeño González, de Select-IDC; la licenciada Jannet León Rojas, de la Asociación Mexicana para el Comercio Electrónico; el licenciado Joel Gómez Treviño, de la Academia Mexicana de Derecho Informático; el licenciado José Niño de la Selva, de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano y notario 77 de la Ciudad de México; la licenciada Ligia González Lozano, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática e IBM; el licenciado Luis Manuel Ramírez Perches, de la Cámara de Comercio de Guadalajara; el licenciado Luis Vera Vallejo, de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, AC (AMITI), y de la Asociación Mexicana de la Industria Publicitaria y Comercial en Internet, AC (AMIPCI), así como de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, AC (Anade); el licenciado Philippe Bienvenu Martín del Campo, de la Asociación de Banqueros de México y del Grupo Impulsor de la Legislación en Materia de Comercio Electrónico; el licenciado Rafael Domínguez García, de Cecoban; el licenciado Hugo Murillo Zermeño y el licenciado Salomón Vargas García, del Colegio de Corredores Públicos y corredores públicos números 23 y 35, respectivamente; el licenciado José Luis Ayala M., de Acerita; el licenciado Ramón López Castro, del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles; el ingeniero Reynaldo Treviño Cisneros, de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia; el licenciado Jorge Navarro Isla, del Instituto Tecnológico Autónomo de México; el licenciado Roberto Domínguez Jaime, de Hewlett Packard; el licenciado Sergio de Alva Rodríguez, de la AMPII y de Goodrich, Riquelme y Asociados; el licenciado Sergio Rodríguez, de Backer & Mckenzie; el licenciado Jesús Orta Martínez, de la Secretaría de Economía; el maestro Noe A. Riande Juárez, del Tribunal Superior de Justicia; el licenciado Cristos Velasco San Martín, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática; el doctor Manuel Galán Medina y el licenciado Eduardo Gómez Alcázar, del Banco de México; el licenciado José Alberto Balbuena Balbuena, de la Procuraduría Fiscal de la Federación; el ingeniero Horacio Tinoco Fernández de CAAAREM; y la licenciada Alejandra Latapí Renner, del Consejo Coordinador Empresarial.
Tercero. Que para la elaboración de esta iniciativa se tomaron las siguientes consideraciones: a) Adoptar básicamente la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), ya que reúne las experiencias y los estudios de todos los países del mundo, al amparo de la referida Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
b) Se deberán reconocer, sumar y hacer congruentes los esfuerzos y logros que ya existen en nuestro medio, a fin de obtener un proceso ágil y económico.
c) Deberá cuidarse no crear instancias burocráticas pesadas y costosas que, a la postre, hagan inoperante el sistema o supongan una carga presupuestal mayor para el pueblo de México.
d) Fundamentalmente, la tarea de la ley será la de hacer aparecer la figura del prestador de servicios de certificación quien, como tercero confiable, estará investido de la facultad de validar, por su probidad y su tecnología, aprovechando estas instancias que mencionaba, el proceso de emisión, identificación y atribución de firmas electrónicas. Cuarto. Que esta iniciativa de reformas y adiciones al Código de Comercio cuenta con el aval de toda la comunidad que se encuentra relacionada con la llamada economía digital, por lo que permitirá que el comercio electrónico se desarrolle con la indispensable seguridad jurídica de las partes, lo cual facilitará a compradores y vendedores su uso y aplicación, pero sobre todo permitirá a todos nuestros comerciantes micros, pequeños y medianos interactuar con otros actores en el mundo, dado el proceso indudable de globalización económica en que vivimos, lo cual evitará grandes fraudes en el empleo de los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología o en la llamada Internet.
Quinto. Que esta iniciativa ha sido armonizada con las normas internacionales vigentes y, al mismo tiempo, con el orden jurídico nacional, a efecto de que nuestro país cuente con una legislación que permita a los particulares interactuar con otros países, dada la nueva realidad de la economía globalizada en que vivimos, pero que, al mismo tiempo, genera mayor seguridad jurídica en los acuerdos y contrataciones comerciales.
Sexto. Que esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial analizó la posibilidad de crear una nueva ley en materia de firma electrónica, que tendría un carácter de aplicación general; sin embargo, se consideró que, constitucionalmente, esta unidad legislativa no tiene las facultades necesarias para formular un ordenamiento legal con esas características, aunado a que generar nuevos ordenamientos genera confusión en la comunidad, por lo que se optó por reformar y adicionar el Código de Comercio, complementando las reformas comprendidas en el decreto del 29 de mayo de 2000 para actualizar el México de hoy.
Séptimo. Que, dentro de una de las reuniones con los expertos, los participantes advirtieron un problema de definición: establecer si los bancos prestarían servicios de certificación y bajo qué reglas. Debido a lo importante de esta definición y toda vez que en el momento no se contaba con los elementos necesarios para tomar una determinación, se propuso en la iniciativa el siguiente texto: "Artículo 104. La Secretaría coordinará y actuará como autoridad certificadora, y registradora, respecto de los prestadores de servicios de certificación, previstos en este Capítulo.
Sin perjuicio de lo previsto en la legislación aplicable al sistema financiero mexicano, las instituciones que lo integran deberán observar las disposiciones del presente Capítulo." Posteriormente, se tuvieron algunas reuniones con el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, en las cuales participaron el licenciado Juan Antonio García Villa, subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y al Comercio Exterior; la licenciada Rocío Ruiz Chávez, subsecretaria de Comercio Interior; el licenciado Gerónimo Gutiérrez Fernández, secretario técnico de Comunicación, Planeación y Enlace; el licenciado Sergio Carrera, Director General de Fomento al Comercio Interior, y el licenciado Hugo Ricardo de la Rosa, director general de Normatividad Mercantil; por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: el licenciado Juan Carlos Tamayo Pino, procurador fiscal de la Federación; el licenciado Luis Urrutia Corral, subprocurador de Asuntos Financieros; el licenciado José Alberto Balbuena Balbuena, director general de Proyectos Normativos; y el licenciado Manuel Guerrero, encargado del Despacho de la Dirección General Adjunta de Análisis de Legislación Financiera; por el Banco de México: el doctor Jesús Marcos Yacamán, subgobernador; el doctor Manuel Galán Medina, director de Sistemas Operativos de Pagos; el licenciado Eduardo Gómez Alcázar, gerente de Disposiciones al Sistema Financiero, y el licenciado Dionisio Alfredo Meade García, asesor de la Junta de Gobierno; y por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial: el diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, el licenciado Luis Fernando Barbosa Sahagún y la licenciada Christiane Dayán Reveles. De estas reuniones, se acordó eliminar el segundo párrafo del artículo 104 y adicionar un artículo 105, para quedar de la siguiente manera: "Artículo 105. Para la prestación de servicios de certificación, las instituciones financieras y las empresas que les prestan servicios auxiliares o complementarios relacionados con transferencias de fondos o valores se sujetarán a las leyes que las regulan, así como a las disposiciones y autorizaciones que emitan las autoridades financieras." Sin embargo, y toda vez que en el proceso de dictamen fue añadido otro artículo, el 104 pasó a ser 105 y así sucesivamente.
Octavo. Que el día 8 de mayo de 2002, fue presentada por el diputado Miguel Barbosa Huerta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Firma y Comercio Electrónicos, Mensajes de Datos y Servicios de la Sociedad de Información. Esta iniciativa puede ser dividida en tres partes, una que se refiere al comercio electrónico en general, otra a la firma electrónica y una tercera que se refiere a las sociedades de la información. Si bien esta iniciativa fue elaborada únicamente por el diputado promovente, tomando como base la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico de España, denota un esfuerzo notable por adoptar sus disposiciones al sistema jurídico mexicano.
Después de haber realizado una extensa revisión de esta iniciativa, los miembros de esta Comisión consideraron que, por lo que se refiere a la parte de comercio electrónico, éste ya se encuentra regulado en el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2000. Por lo que se refiere a las disposiciones en materia de firma electrónica, éstas ya se encuentran incorporadas en su generalidad en este proyecto de dictamen; sin embargo, se incorporaron algunas figuras, dada su alta aportación al comercio electrónico, de ahí que la iniciativa trabajada por los miembros de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial haya quedado enriquecida por los planteamientos de la iniciativa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Y por lo que hace a los servicios de las sociedades de la información, y toda vez que se considera un tema de vital importancia para nuestro país y que las propuestas que hace el diputado Barbosa Huerta ya fueron presentadas ante todos los expertos que colaboran en esta Comisión, quienes consideraron que éstas debían ser estudiadas a fondo, serán revisadas a fin de hacerles algunas adecuaciones para eventualmente aprobarlas.
Esta iniciativa y la que se dictamina tienen algunas similitudes. Entre las más importantes se encuentran la equiparación, en cuanto a su validez, de la firma electrónica y la autógrafa; el establecimiento de un "organismo de control", que en ambas propuestas es la Secretaría de Economía; y la regulación de las entidades de certificación, que serán las que almacenen, verifiquen y registren la creación de las firmas electrónicas, el grado de responsabilidad de estas entidades y su obligación de ser acreditadas por el "organismo de control".
Noveno. Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta unidad dictaminadora somete ante esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de firma electrónica.
Unico: Se reforman los artículos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114. Se adicionan los artículos 89 bis, 90 bis, 91 bis, 93 bis. Se adicionan los Capítulos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto al Título Segundo, denominado "Del Comercio Electrónico", correspondiente al Libro Segundo, todos del Código de Comercio, para quedar de la siguiente manera:
En los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Para efecto del presente Código, se deberán tomar en cuenta las siguientes definiciones: Certificado: Todo mensaje de datos u otro registro que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de firma electrónica.
Destinatario: La persona designada por el emisor para recibir el mensaje de datos, pero que no esté actuando a título de intermediario respecto a dicho mensaje.
Firma Electrónica Avanzada o Fiable: Aquella firma electrónica que cumpla los requisitos contemplados en las fracciones I a IV del artículo 97.
En aquellas disposiciones que se refieran a firma digital, se considerará ésta como una especie de la firma electrónica.
Intermediario: En relación con un determinado mensaje de datos, se entenderá toda persona que, actuando por cuenta de otra, envíe, reciba o archive dicho mensaje o preste algún otro servicio respecto a él.
Titular del Certificado: Se entenderá a la persona a cuyo favor fue expedido el certificado. Artículo 89 bis. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un mensaje de datos.
Artículo 90. Se presumirá que un mensaje de datos proviene del emisor si ha sido enviado: I. Por el propio emisor;
III. Por un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que opere automáticamente. Artículo 90 bis. Se presume que un mensaje de datos ha sido enviado por el emisor y, por tanto, el destinatario o la parte que confía, en su caso, podrá actuar en consecuencia, cuando: I. Haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el emisor, con el fin de establecer que el mensaje de datos provenía efectivamente de éste, o
II. El mensaje de datos que reciba el destinatario o la parte que confía resulte de los actos de un intermediario que le haya dado acceso a algún método utilizado por el emisor para identificar un mensaje de datos como propio. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará: I. A partir del momento en que el destinatario o la parte que confía haya sido informado por el emisor de que el mensaje de datos no provenía de éste, y haya dispuesto de un plazo razonable para actuar en consecuencia, o
II. A partir del momento en que el destinatario o la parte que confía tenga conocimiento, o debiere tenerlo, de haber actuado con la debida diligencia o aplicado algún método convenido, que el mensaje de datos no provenía del emisor. Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro método de verificación de la identidad del emisor, se presumirá que se actuó con la debida diligencia si el método que usó el destinatario o la parte que confía cumple los requisitos establecidos en este Código para la verificación de la fiabilidad de las firmas electrónicas.
Artículo 91. Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el momento de recepción de un mensaje de datos se determinará como sigue: I. Si el destinatario ha designado un sistema de información para la recepción de mensajes de datos, ésta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho sistema de información;
III. Si el destinatario no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar cuando el mensaje de datos ingrese en un sistema de información del destinatario. Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el sistema de información esté ubicado en un lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje de datos conforme al artículo 94.
Artículo 91 bis. Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo el control del emisor o del intermediario.
Artículo 92. En lo referente a acuse de recibo de mensajes de datos, se estará a lo siguiente: I. Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el emisor solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, pero no se ha acordado entre éstos una forma o método determinado para efectuarlo, se podrá acusar recibo mediante:
1. Toda comunicación del destinatario, automatizada o no, o
2. Todo acto del destinatario que baste para indicar al emisor que se ha recibido el mensaje de datos.
III. Cuando el emisor haya solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, excepto que:
i) El emisor no indicó expresamente que los efectos del mensaje de datos están condicionados a la recepción del acuse de recibo, y
ii) No ha recibido el acuse de recibo en el plazo solicitado o acordado o, en su defecto, dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del negocio, entonces el emisor podrá dar aviso al destinatario de que no ha recibido el acuse de recibo solicitado o acordado y fijar un nuevo plazo razonable para su recepción, contado a partir del momento de este aviso. Cuando el emisor reciba acuse de recibo del destinatario, se presumirá que éste ha recibido el mensaje de datos correspondiente;
IV. Cuando en el acuse de recibo se indique que el mensaje de datos recibido cumple los requisitos técnicos convenidos o establecidos en ley, se presumirá que ello es así. Artículo 93. Cuando la ley exija la forma escrita para los actos, convenios o contratos, este supuesto se tendrá por cumplido tratándose de mensaje de datos, siempre que la información en él contenida se mantenga íntegra y sea accesible para su ulterior consulta, sin importar el formato en el que se encuentre o represente.
Artículo 93 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 de este Código, cuando la ley requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho respecto a un mensaje de datos: I. Si existe garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma, y
II. De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser mostrada a la persona a la que se deba presentar. Para efectos de este artículo, se considerará que el contenido de un mensaje de datos es íntegro si éste ha permanecido completo e inalterado independientemente de los cambios que hubiere podido sufrir el medio que lo contiene, resultado del proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido será determinado conforme a los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del caso.
Artículo 94. Salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el emisor tenga su establecimiento y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente artículo: I. Si el emisor o el destinatario tienen más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente o, de no haber una operación subyacente, su establecimiento principal, y
II. Si el emisor o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual. Artículo 95. Conforme al artículo 90, siempre que se entienda que el mensaje de datos proviene del emisor, o que el destinatario tenga derecho a actuar con arreglo a este supuesto, dicho destinatario tendrá derecho a considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al que quería enviar el iniciador, y podrá proceder en consecuencia. El destinatario no gozará de este derecho si sabía o hubiera sabido, de haber actuado con la debida diligencia, o de haber aplicado algún método previamente acordado, que la transmisión había dado lugar a un error en el mensaje de datos recibido.
Se presume que cada mensaje de datos recibido es un mensaje de datos diferente, salvo que el destinatario sepa, o debiera saber, de haber actuado con la debida diligencia, o de haber aplicado algún método previamente acordado, que el nuevo mensaje de datos era un duplicado.
La firma electrónica se considerara avanzada o fiable si cumple por lo menos los siguientes requisitos: I. Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al firmante;
IV. Respecto a la integridad de la información de un mensaje de datos, es posible detectar cualquier alteración de ésta hecha después del momento de la firma. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre de cualquier otra manera la fiabilidad de una firma electrónica, o presente pruebas de que una firma electrónica no es fiable.
Artículo 99. El firmante deberá: I. Cumplir las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica;
III. Cuando se emplee un certificado en relación con una firma electrónica, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado, con su vigencia, o que hayan sido consignadas en el mismo, son exactas.
Artículo 100. Podrán ser prestadores de servicios de certificación, previa acreditación ante la Secretaría: I. Los notarios públicos y corredores públicos;
III. Las instituciones públicas, conforme a las leyes que les son aplicables. La facultad de expedir certificados no conlleva fe pública por sí misma; así, los notarios y corredores públicos podrán llevar a cabo certificaciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en papel, archivos electrónicos, o en cualquier otro medio o sustancia en el que pueda incluirse información.
Artículo 101. Los prestadores de servicios de certificación a los que se refiere la fracción II del artículo anterior contendrán en su objeto social las actividades siguientes: I. Verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identificación electrónica;
IV. Cualquier otra actividad no incompatible con las anteriores. Artículo 102. Los prestadores de servicios de certificación que hayan obtenido la acreditación de la Secretaría deberán notificar a ésta la iniciación de la prestación de servicios de certificación dentro de los 45 días naturales siguientes al comienzo de dicha actividad. A) Para que las personas indicadas en el artículo 100 puedan ser prestadores de servicios de certificación, se requiere acreditación de la Secretaría, la cual no podrá ser negada si el solicitante cumple los siguientes requisitos, en el entendido de que la Secretaría podrá requerir a los prestadores de servicios de certificación que comprueben la subsistencia del cumplimento de los mismos:
III. Contar con procedimientos definidos y específicos para la tramitación del certificado, y con medidas que garanticen la seriedad de los certificados emitidos, la conservación y consulta de los registros;
B) Si la Secretaría no ha resuelto respecto a la petición del solicitante, para ser acreditado conforme al artículo 100 anterior, dentro de los 45 días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por concedida la acreditación. Artículo 103. Las responsabilidades de las entidades prestadoras de servicios certificación deberán estipularse en el contrato con los firmantes.
Artículo 104. Los prestadores de servicios de certificación deben cumplir las siguientes obligaciones: I. Comprobar, por sí o por medio de una persona física o moral que actúe en nombre y por cuenta suyos, la identidad de los solicitantes y cualesquiera circunstancias pertinentes para la emisión de los certificados, utilizando cualquiera de los medios admitidos en derecho, siempre y cuando sean previamente notificados al solicitante;
III. Informar, antes de la emisión de un certificado, a la persona que solicite sus servicios de su precio, de las condiciones precisas para la utilización del certificado, de sus limitaciones de uso y, en su caso, de la forma en que garantiza su posible responsabilidad;
IV. Mantener un registro de certificados, en el que quedará constancia de los emitidos y figurarán las circunstancias que afecten la suspensión, pérdida o terminación de vigencia de sus efectos. A dicho registro podrá accederse por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y su contenido público estará a disposición de las personas que lo soliciten. El contenido privado estará a disposición del destinatario y de las personas que lo soliciten cuando así lo autorice el firmante, así como en los casos a que se refieran las reglas generales que al efecto establezca la Secretaría;
1. La identidad del prestador de servicios de certificación;
2. Que el firmante nombrado en el certificado tenía bajo su control el dispositivo y los datos de creación de la firma en el momento en que se expidió el certificado;
3. Que los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha en que se expidió el certificado;
4. El método utilizado para identificar al firmante;
5. Cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los cuales puedan utilizarse los datos de creación de la firma o el certificado;
6. Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de la responsabilidad indicada por el prestador de servicios de certificación;
7. Si existe un medio para que el firmante dé aviso al prestador de servicios de certificación de que los datos de creación de la firma han sido de alguna manera controvertidos, y 8. Si se ofrece un servicio de terminación de vigencia del certificado.
Artículo 105. La Secretaría coordinará y actuará como autoridad certificadora, y registradora, respecto de los prestadores de servicios de certificación, previstos en este Capítulo.
Artículo 106. Para la prestación de servicios de certificación, las instituciones financieras y las empresas que les prestan servicios auxiliares o complementarios relacionados con transferencias de fondos o valores se sujetarán a las leyes que las regulan, así como a las disposiciones y autorizaciones que emitan las autoridades financieras.
Artículo 107. Serán responsabilidad del destinatario y de la parte que confía, en su caso, las consecuencias jurídicas que entrañe el hecho de que no hayan tomado medidas razonables para: I. Verificar la fiabilidad de la firma electrónica, o
i) Verificar, incluso en forma inmediata, la validez, suspensión o revocación del certificado, y
ii) Tener en cuenta cualquier limitación de uso contenida en el certificado. Artículo 108. Los certificados, para ser considerados válidos, deberán contener: I. La indicación de que se expiden como tales;
VI. La fecha y hora de la emisión, suspensión y renovación del certificado;
VIII. La referencia de la tecnología empleada para la creación de la firma electrónica. Artículo 109. Un certificado dejará de surtir efectos para el futuro en los siguientes casos: I. Expiración del periodo de vigencia del certificado, el cual no podrá ser superior a dos años, contados a partir de la fecha en que se hubieren expedido. Antes de que concluya el periodo de vigencia del certificado, podrá el firmante renovarlo ante el prestador de servicios de certificación;
IV. Por haberse comprobado que, al momento de su expedición, el certificado no cumplió los requisitos establecidos en la ley, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe, y
V. Resolución judicial o de autoridad competente que lo ordene. Artículo 110. El prestador de servicios de certificación que incumpla las obligaciones que se le imponen en el presente Capítulo, previa garantía de audiencia, y mediante resolución debidamente fundada y motivada, tomando en cuenta la gravedad de la situación y reincidencia, podrá ser sancionado por la Secretaría con suspensión temporal o definitiva de sus funciones. Este procedimiento tendrá lugar conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 111. Las sanciones que se señalan en este Capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores.
Artículo 112. Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que procedan conforme a esta ley. Incluso, en los procedimientos instaurados se podrá solicitar a los órganos competentes la adopción de las medidas cautelares que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte.
Artículo 113. En el caso de que un prestador de servicios de certificación sea suspendido, inhabilitado o cancelado en su ejercicio, el registro y los certificados que haya expedido pasarán, para su administración, a otro prestador de servicios de certificación que para tal efecto señale la Secretaría mediante reglas generales.
Artículo 114. Para determinar si un certificado o una firma electrónica extranjeros producen efectos jurídicos, o en qué medida los producen, no se tomará en consideración cualquiera de los siguientes supuestos: I. El lugar en que se haya expedido el certificado o en que se haya creado o utilizado la firma electrónica, y
II. El lugar en que se encuentre el establecimiento del prestador de servicios de certificación o del firmante. Todo certificado expedido fuera de la República Mexicana producirá los mismos efectos jurídicos en la misma que un certificado expedido en la República Mexicana si presenta un grado de fiabilidad equivalente a los contemplados por este Título.
Primero. El presente decreto comenzará su vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro del plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Economía emitirá las reglas generales a que se refieren las presentes disposiciones.
Tercero. En lo que se refiere al artículo 102, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de las reglas generales a que se refiere el artículo anterior, el plazo de 45 días a que se refiere el mismo, será de 90 días.
Cuarto. Por lo que se refiere al artículo 106, el Banco de México, en el ámbito de su competencia, regulará y coordinará a la autoridad registradora central, registradora y certificadora, de las instituciones financieras y de las empresas mencionadas que presten servicios de certificación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 30 de octubre de 2002.
Diputados: Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (rúbrica), Presidente; José Ramón Mantilla y González de la Llave (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Reyes Antonio Silva Beltrán (rúbrica), Francisco Agundis Arias, secretarios; José Bañales Castro, Orlando Alfonso García Flores (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jaime Salazar Silva (rúbrica), Francisco Javier Ortiz Esquivel (rúbrica), María Teresa Tapia Bahena (rúbrica), Jorge Urdapilleta Núñez (rúbrica), Carlos Nicolás Villegas Flores (rúbrica), Samuel Yoselevitz Fraustro (rúbrica), Francisco Luis Treviño Cabello (rúbrica), Miguel Castro Sánchez, Elías Dip Rame (rúbrica), María Luisa Domínguez Ramírez (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Jaime Hernández González (rúbrica), Julián Luzanilla Contreras, Hermilo Monroy Pérez (rúbrica), Manuel Payán Novoa, Roberto Ruiz Angeles, Jorge Schettino Pérez (rúbrica), Adolfo Zamora Cruz (rúbrica), Miroslava García Suárez, Rafael Servín Maldonado, Gregorio Urías Germán, Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica).
DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO LICENCIADO JOSE LUIS ROMERO HICKS, PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el licenciado José Luis Romero Hicks, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano licenciado José Luis Romero Hicks, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 13 noviembre de 2002.
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Graciela Cuevas Barrón (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), María Teresa Gómez Mont y Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenso Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Leyva Acevedo (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo, Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica, abstención), Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO JOSE ANTONIO PUJALS FUENTES, PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José Antonio Pujals Fuentes, pueda aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, que le confiere el Gobierno de dicho país.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:
Artículo Unico.- Se concede permiso al ciudadano José Antonio Pujals Fuentes, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, que le confiere el Gobierno de dicho país.
Diputados: Armando Salinas Torre (rúbrica), Presidente; José Antonio Hernández Fraguas (rúbrica), secretario; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco (rúbrica), secretario; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), secretario; Manuel Añorve Baños (rúbrica), José Francisco Blake Mora (rúbrica), Tomás Coronado Olmos (rúbrica), Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), Graciela Cuevas Barrón (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), María Teresa Gómez Mont y Urueta (rúbrica), Federico Granja Ricalde (rúbrica), Lorenso Rafael Hernández Estrada (rúbrica), Efrén Leyva Acevedo (rúbrica), Jaime Mantecón Rojo, Miguel Angel Martínez Cruz (rúbrica), Rodrigo David Mireles Pérez (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Germán Arturo Pellegrini Pérez (rúbrica), José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez (rúbrica), Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), David Augusto Sotelo Rosas (rúbrica), Ricardo Torres Origel (rúbrica), Néstor Villarreal Castro (rúbrica), Roberto Zavala Echavarría (rúbrica).
DE LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A CIUDADANOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
En oficio fechado el 31 de octubre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores, remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Adolfo Alberto Gutiérrez Félix, Raquel Herminia Rodríguez Brayda-Chapa, Graciela Torres González, José Heriberto Lugo Guajardo, Francis Michaelle Soto Macías, Gerardo Villarreal Rivas, Emma Lorena Solano Noriega, Benjamín Antonio Ayala Morales, Julio César Sánchez Rojas, Diana Citlalli Granados Díaz, Guillermo Meléndez Castro, Suzanne Elizabeth Bond Ortiz de la Peña, Martha Graciela Pineda Trejo y Julio César García Aguilar, para que puedan prestar servicios de carácter administrativo en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 7 de noviembre de 2002, se turnó a la Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional y segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Adolfo Alberto Gutiérrez Félix, para que pueda prestar sus servicios como asistente en la Sección Consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Raquel Herminia Rodríguez Brayda-Chapa, para que pueda prestar sus servicios como asistente de embarques en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Graciela Torres González, para que pueda prestar sus servicios como oficinista comercial en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano José Heriberto Lugo Guajardo, para que pueda prestar sus servicios como empleado de oficina del Departamento de Agricultura en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Artículo Quinto.- Se concede permiso a la ciudadana Francis Michaelle Soto Macías, para que pueda prestar sus servicios como operadora telefónica en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Gerardo Villarreal Rivas, para que pueda prestar sus servicios como empleado de oficina del Departamento de Sistemas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Emma Lorena Solano Noriega, para que pueda prestar sus servicios como secretaria en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
Artículo Octavo.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Benjamín Antonio Ayala Morales, para que pueda prestar sus servicios como empleado de la Sección de Visas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo Noveno.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Julio César Sánchez Rojas, para que pueda prestar sus servicios como auxiliar de correo en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Décimo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Diana Citlalli Granados Díaz, para que pueda prestar sus servicios como asistente consular en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Artículo Undécimo.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Guillermo Meléndez Castro, para que pueda prestar sus servicios como encargado de mantenimiento en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Duodécimo.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Suzanne Elizabeth Bond Ortiz de la Peña, para que pueda prestar sus servicios como asistente administrativa en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Artículo Décimo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana mexicana Martha Graciela Pineda Trejo, para que pueda prestar sus servicios como empleada de oficina del Departamento de Agricultura en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Artículo Décimo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Julio César García Aguilar, para que pueda prestar sus servicios como asistente de Visas en la Embajada de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 8 noviembre de 2002.
DE LA COMISION DE SALUD, DE SU REUNION PLENARIA REALIZADA EL MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2002
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día miércoles treinta de octubre del año dos mil dos, acuden a la vigésima cuarta sesión ordinaria en el salón B del restaurante Los Cristales, del Palacio Legislativo de San Lázaro, los miembros de la Comisión de Salud de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, para el desahogo del siguiente orden del día: 1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de dictamen.
5. Asuntos generales. 1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.
Se realiza el registro de asistencia, encontrándose presentes los diputados: Dr. Rafael Orozco Martínez (PAN), Dr. Juan Alcocer Flores (PAN), Lic. Santiago López Hernández (PRI), Dr. Héctor Esquiliano Solís (PRI), CP Magdalela Núñez Monreal (PRD), Dr. Luis Miguel Santibáñez García (PAN), Lic. José Socorro Velázquez Hernández (PRI), Dra. María de las Nieves García Fernández (PRI), Lic. Policarpo Infante Fierro (PRI), Dr. Francisco López Brito (PAN), Dr. Neftalí S. Escobedo Zoletto (PAN), Dr. Eduardo A. Leines Barrera (PRI), CD Dr. Francisco J. Cantú Torres (PAN), Lic. Felipe Olvera Nieto (PAN), Dr. Manuel Wistano Orozco Garza (PAN), TS Ma. Luisa Araceli Domínguez Ramírez (PRI), Tec. Julieta Prieto Fuhrken (PVEM), Dr. Pedro Miguel Rosaldo Salazar (PRD), Ing. Federico Granja Ricalde (PRI), Dr. Arturo León Lerma (PRI) y la Profa. Olga M. Uriarte Rico (PRI).
En virtud de que se encuentran presentes veintidós diputados de un total de treinta, se declara que existe quórum, por lo tanto, se continúa con el desahogo del orden del día.
La diputada María Eugenia Galván Antillón solicita la dispensa de la lectura y aprobación del orden del día, toda vez que fue enviado oportunamente, por lo que lo somete a consideración del pleno.
La diputada María Eugenia Galván Antillón informa que el acta de la sesión anterior correspondiente al día 25 de septiembre del año dos mil dos fue enviada con la debida anticipación a cada uno de los diputados miembros de la Comisión para su correspondiente revisión, por lo que lo somete a consideración del pleno omitir la lectura del acta y aprobación de la misma.
4.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de dictamen. La diputada Eugenia Galván somete a consideración del pleno de la Comisión dos asuntos correspondientes a: Primera Subcomisión "Administración de Salud".
Coordinadora: Dip. María de las Nieves García Fernández.
Expediente 49.
Registro sanitario de medicamentos iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Salvador Escobedo Zoletto, del PAN. 17 de julio de 2002. Con relación a este asunto, la diputada Ma. de las Nieves García Fernández expresó que por la mañana de este día se reunió la Primera Subcomisión, la discusión fundamental en el artículo 376 de la Ley de Salud, fue con relación a los requisitos de temporalidad sobre el registro sanitario de varios productos, medicamentos, insumos para la salud, médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, etcétera. La diputada María de las Nieves García cree que se enriqueció mucho el anteproyecto de dictamen por la revisión y discusión de esta ley no sólo con respecto a la temporalidad sino también para el registro sanitario de insumos y las pruebas que deben pasar.
Posteriormente, lee cómo queda el artículo 376 mencionando que: entonces requieren registro sanitario, los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los contengan, equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 de esta ley, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas.
El registro sólo podrá ser otorgado por la Secretaría de Salud, éste tendrá una vigencia de cinco años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 378 de esta ley. Dicho registro podrá prorrogarse por plazos iguales a solicitud del interesado, en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias.
Si el interesado no solicitara la prórroga dentro del plazo establecido para ello o bien cambiara o modificara el producto o su materia prima sin previa autorización de la autoridad sanitaria, ésta procederá a cancelar o revocar el registro correspondiente.
Para los efectos del registro a que se refieren los párrafos anteriores, el Ejecutivo, a través de la Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, establecerá los requisitos, pruebas y demás requerimientos que deberán cumplir los medicamentos, insumos para la salud y demás productos y substancias que se mencionan en dichos párrafos.
Dentro de los transitorios, el tercero es al que se hace modificación, revisión y análisis y ése es el que se permite leer.
Dentro de los transitorios el tercero: "Tercero.- Los titulares de los registros sanitarios de insumos para la salud otorgados por tiempo indeterminado, deberán someterlos a revisión para obtener la renovación del registro, de conformidad con el calendario que al efecto establezca la Secretaría
"La Secretaría deberá vigilar que el calendario de renovaciones permita asegurar que dentro de un plazo de cinco años a partir de la fecha de publicación de este instrumento, se hayan revisado y, en su caso, renovado la totalidad de los registros otorgados por tiempo indeterminado. La renovación se otorgará únicamente cuando la Secretaría haya constatado la seguridad y eficacia terapéutica de los insumos para la salud, sometidos a renovación de conformidad a las disposiciones sanitarias vigentes, en caso contrario, las autorizaciones otorgadas para tiempo indeterminado, se entenderán como revocadas para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar". La diputada María Eugenia Galván Antillón somete a consideración del pleno el dictamen con las modificaciones leídas por la diputada María de las Nieves García Fernández.
Aprobado por mayoría, con un total de 18 votos. Expediente 55.
Asignación de recursos para personas con VIH/sida.- Proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la asignación de recursos suficientes para la atención de las personas infectadas por el VIH/sida, presentada por la diputada María Elena Chapa Hernández, a nombre de integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fecha 26 de septiembre de 2002. Punto de Acuerdo "Primero.- Se solicite al Ejecutivo federal que se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la asignación etiquetada de Recursos Suficientes para la Atención a las Personas Infectadas por el VIH/sida, a las dependencias de la administración pública que integran el sector salud y a las instituciones de seguridad social, con la finalidad de que puedan hacer frente al desabasto de medicamentos y a la falta de acceso a la atención médica de pacientes afectados.
"Segundo.- Se solicite al Ejecutivo federal instruya a las dependencias del sector salud para que en todos los niveles de gobierno se brinde atención a los enfermos de sida e infectados con VIH, a través de un fondo emergente de 200 millones de pesos.
"Tercero.- Se invite a comparecer ante la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y a su homólogo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, así como al secretario de Salud, a efecto de que informen sobre las medidas que tales dependencias están llevando a cabo para hacer frente a la pandemia que el VIH/sida representa, así como respecto de la atención a quienes la padecen y cómo se está proporcionando." Con relación a este punto, la diputada María de las Nieves García Fernández comenta que se debe hacer la revisión semántica con relación a los recursos suficientes y después a los 200 millones de pesos que se requieren, y luego con relación a las comparecencias para que fueran atendidos por el sector salud los trabajadores que terminan de tener seguridad social, la Secretaría de Salud captará a estas personas para darles tratamiento.
El diputado Eduardo Abraham Leines Barrera coincide con lo expresado por la diputada María de las Nieves García y solicita estipular en el cuerpo del punto de acuerdo que la meta es llegar a 300 millones de pesos.
El diputado Rafael Orozco Garza expresa que en el mes de mayo se dieron de baja mil 119 enfermos de sida, de la atención en el Seguro Social, y se tiene información de que la Secretaría de Salud ya se hizo cargo de estos pacientes y para él la intención del punto de acuerdo perdería la vigencia de urgencia. Pero sí deberían ver al futuro, qué es lo que se tiene que hacer para darle vigencia y viabilidad al punto de acuerdo. Su propuesta sería que se replanteara el punto de acuerdo para darle vigencia y darle futuro en el próximo Presupuesto del 2003.
El diputado José Socorro Velázquez Hernández sugiere que le pongan dos palabras adicionales que le parece resuelven el asunto: que se diga "cuando menos" para que no baje de ahí y para arriba pues todo lo que se pueda en función de las disponibilidades presupuestales.
El diputado Juan Alcocer Flores tiene la misma opinión de sus antecesores de que simplemente se elimine la cantidad, porque de cualquier manera van a revisar el Presupuesto de la Federación, ya en uno o dos meses y ahí podrían hacer la recomendación y el cabildeo con el Ejecutivo federal.
El diputado Héctor Esquiliano Solís cree que habría que exhortar a la Comisión de Programación y Presupuesto y de Hacienda, que dieran el suficiente recurso para poder llegar a la cantidad que se requiere para la atención de estos enfermos.
La diputada María Eugenia Galván Antillón somete a votación el punto de acuerdo repitiendo las correcciones: se agrega "cuando menos" en el artículo 2º del punto de acuerdo; en el 1º se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la comparecencia poner el orden de acuerdo al artículo 3º; entonces se elimina el artículo 3º.
La diputada María de las Nieves García Fernández hace una petición para invitar al comisionado federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, posiblemente en una reunión extraordinaria del pleno de la Comisión. En cuanto a la iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación sugiere que los asesores de la Comisión de Salud la revisen y comenten con la Comisión de Puntos Constitucionales antes de que pase al Pleno de la Cámara y 3º es que llegó una excitativa para sacar la iniciativa de Ley sobre Investigación, Fomento, Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano y que por la situación orgánica de la Cámara con relación a las excitativas no va a quedar otra más que apresurarse a sacarla.
El diputado Juan Alcocer Flores propone que las tres subcomisiones que componen la Comisión de Salud sesionaran conjuntamente para tratar temas de enorme importancia que en el rezago están remitidas a la Tercera Subcomisión que él coordina, y que estas reuniones fueran con mayor frecuencia.
La diputada María Luisa Araceli Domínguez Ramírez comenta que aparte de la iniciativa presentada por el diputado Pedro Miguel Rosaldo y la iniciativa que tienen, existe la presentada por el diputado Alberto Amador, sobre el derecho a la alimentación y que está próxima a enviar para conocerla.
Al diputado José Socorro Velázquez le parece que la Comisión de Salud ha sido una de las más constantes y de las más productivas de la Cámara, por lo que sugiere resolver los asuntos en los que ya tienen coincidencias y dejen pendientes los asuntos en los que tengan diferencias.
El diputado Federico Granja Ricalde sugiere que como está el periodo ordinario, se reúnan en cualquier momento y aprobarán los dictámenes trabajados para irlos sacando antes de Navidad, porque luego sería más difícil por los tiempos.
La diputada María Eugenia Galván Antillón, después de escuchar las sugerencias de los diputados, para trabajar las iniciativas pendientes de dictamen, pone a consideración la propuesta del diputado Juan Alcocer, en el sentido de reunirse en sesión de trabajo el próximo martes.
El diputado Salvador Escobedo Zoletto, después de revisar la iniciativa que presenta el diputado Alberto Amador Leal cree que el gasto para una iniciativa de esa magnitud es excesivo para los recursos de la Cámara, cree que es suficiente con que la pasen en simple fotocopia y en la Gaceta. Para no ejercer gastos de esa magnitud.
Finalmente se informa que el pasado 16 de octubre del año en curso, se llevó a cabo una reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Salud; Agricultura y Ganadería; Especial de Ganadería; y Especial Sur Sureste, con los industriales de la leche y funcionarios federales, en el salón zona C del restaurante Los Cristales; se entrega la actualización del cuadro que contiene los asuntos turnados a esta Comisión y se les informa que el próximo 27 de noviembre del año en curso, se llevará a cabo la vigésima quinta reunión plenaria de la Comisión de Salud a las 14:00 horas (salón por confirmar).
La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón agradece la presencia de todos los diputados y los cita para la próxima reunión plenaria del día 27 de noviembre, en virtud de que se han tratado todos los asuntos del orden del día, da por concluida la sesión siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos del día 30 de octubre del año dos mil dos.
Diputados: María Eugenia Galván Antillón (rúbrica), Presidenta; Eduardo Abraham Leines Barrera (rúbrica), secretario; Rafael Orozco Martínez (rúbrica), secretario; Adela del Carmen Graniel Campos (rúbrica), secretaria; Héctor Esquiliano Solís (rúbrica), secretario.
DE LA COMISION DE SALUD, DE SU VIGESIMOQUINTA SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA, REALIZADA EL MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2002
Acta de la vigésimoquinta sesión plenaria (extraordinaria); 6 de noviembre de 2002
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciocho horas del día miércoles seis de noviembre del año dos mil dos, acuden a la vigesimoquinta sesión (extraordinaria) en el salón E del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, los miembros de la Comisión de Salud de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, para el desahogo del siguiente orden del día: 1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
5. Asuntos generales. 1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
Se realiza el registro de asistencia, encontrándose presentes los diputados: Dr. Rafael Orozco Martínez (PAN); Dr. Héctor Esquiliano Solís (PRI); Dr. Luis Miguel Santibáñez García (PAN); Lic. José Socorro Velázquez Hernández (PRI); Dra. María de las Nieves García Fernández (PRI); Lic. Policarpo Infante Fierro (PRI); Dr. Francisco López Brito (PAN); Dr. Neftalí S. Escobedo Zoletto (PAN); Dr. Eduardo A. Leines Barrera (PRI); Tec. Julieta Prieto Fuhrken (PVEM); Dr. Pedro Miguel Rosaldo Salazar (PRD); Dr. Arturo León Lerma (PRI); QFB Adela del C. Graniel Campos (PRD); Periodista Víctor Antonio García Dávila (PT); Dr. Carlos A. Valenzuela Cabrales (PAN); Dr. Juvenal Vidrio Rodríguez, (PAN); y Arcelia Arredondo García (PAN).
En virtud de que se encuentran presentes dieciocho diputados de un total de treinta, se declara que existe quórum, por lo tanto, se continúa con el desahogo del orden del día.
La diputada María Eugenia Galván Antillón solicita la dispensa de la lectura y aprobación del orden del día, toda vez que fue enviado oportunamente, por lo que somete a consideración del pleno.
La diputada María Eugenia Galván Antillón informa que el acta de la sesión anterior correspondiente al día 30 de octubre del año dos mil dos fue enviada con la debida anticipación a cada uno de los diputados miembros de la comisión para su correspondiente revisión, por lo que somete a consideración del pleno omitir la lectura del acta y la aprobación de la misma.
Participación del Lic. Ernesto Enríquez Rubio, comisionado federal para la Protección de Riesgos Sanitarios.
El Lic. Ernesto Enríquez contesta los cuestionamientos de los diputados que entre otras cosas preguntaron las siguientes:
La diputada María Eugenia Galván Antillón pregunta al comisionado por qué en el decreto de origen se creó como desconcentrado y no como descentralizado, siendo que las facultades de vigilancia deberían ser lo más independientes posibles, sobre todo con relación al sector salud, que también vigila.
El diputado José Socorro Velázquez Hernández expresa que el diputado Leines Barrera y él, presentaron una iniciativa para que se insertara en la Ley General de Salud el fundamento legal para la existencia de la comisión, que ya existía por decreto presidencial; sin embargo, consideran, y lo platicaron en su oportunidad con el licenciado Enríquez Rubio, que era importante que la existencia de la comisión tuviera el fundamento legal en la propia Ley General de Salud, para darle una mayor fuerza y una permanencia total. El diputado José Socorro Velázquez solicita a la Mesa Directiva de la comisión que se ordene al equipo técnico la preparación de un anteproyecto de dictamen, a fin de discutirlo en la subcomisión que preside la diputada María de las Nieves García y ya, en su caso, pasarlo al pleno de la comisión para su discusión y aprobación.
El Lic. Juan Ramón Herrera Pedroza manifiesta que la observación que hace el comisionado es bastante clara, en cuanto a la distribución de competencias, pero el problema se da en que esas funciones que están otorgadas a otros organismos, a otras instituciones de la misma Secretaría crean una traslapación de funciones, porque no se habla de dos autoridades diferentes, sino que dentro de la misma autoridad existe la misma facultad otorgada a dos órganos distintos dependientes, ambos, de la Secretaría de Salud.
De igual forma el Lic. Juan Ramón Herrera menciona que el cuestionamiento más importante de los tres últimos numerales que vienen en la iniciativa es ver si los diputados de la Comisión de Salud son o no la vía adecuada para tratar en la Ley General de Salud algo que es meramente administrativo u organizacional del mismo organismo desconcentrado y pregunta que si las cuestiones organizacionales no serán tema de reglamento, más que dentro de la misma Ley General, que es una ley marco.
El comisionado contesta los cuestionamientos, mencionando entre otras cosas que la primera razón por la que la comisión se creó como organismo desconcentrado es porque sí hay cuestionamientos de los actos de autoridad del desconcentrado, en el descentralizado; y segundo, porque iniciar un organismo de este tipo, planteando toda una nueva relación laboral con los trabajadores al servicio del Estado, sólo son apartado B los trabajadores de las secretarías de Estado, única y exclusivamente. No entran todos los organismos públicos descentralizados, que son apartado A. Habla de decisiones que tienen una trascendencia enorme, la Comisión por un acto de autoridad baja un programa de televisión en el momento. La Comisión ahora sanciona todo, que no haya publicidad de tabaco o que haya tales medidas en alcohol o que tal producto salga al mercado o no salga al mercado.
El comisionado Ernesto Enríquez dice que al revisar la iniciativa que presentaron los diputados, ésta comprende la totalidad de las facultades actuales de la Comisión, más facultades que el Ejecutivo en una primera etapa no previó y que son facultades de regulación en materia de manejo de hemoderivados, trasplantes y tejidos, así como de servicios de salud. Menciona que cuando el secretario de Salud conoció la iniciativa, la acogió con beneplácito, porque el decreto del Ejecutivo en origen, lo que eran servicios de salud, no estaban comprendidos como fiscalización de la Comisión. La Secretaría de Salud quiere como política diferenciar dos cosas. Lo que es prestación de servicios, que debe descentralizarse y de hecho esta prácticamente descentralizado o a los estados, o a organismos públicos como son los institutos nacionales de salud, para que la Secretaría conserve únicamente las facultades de rectoría y dentro de las facultades de rectoría, la básica es el control de riesgos sanitarios, concentrada en una sola autoridad y no dispersa como estaba, entre ellas hemoderivados, servicios de salud y trasplantes. De igual forma menciona que la Ley General de Salud establece que la materia sanitaria, la política sanitaria y la regulación sanitaria, es facultad exclusiva de la Federación, que podrá convenirla mediante acuerdos con los estados; lo primero que hizo la Comisión, fue convenir cuáles de las atribuciones de la Comisión iban a ejercer directamente los estados y cuáles seguiría ejerciendo la Comisión. Los estados en forma recurrente, empezaron a observar a la Comisión que estaba creada por el Ejecutivo y estaba bien creada, pero que la Ley General de Salud, si bien Ley Reglamentaria del Cuarto Constitucional, no es una ley federal, sino es una ley general que distribuye competencias entre la Federación y los estados, a diferencia de una ley federal.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de dictamen. Expediente 49.
Registro sanitario de medicamentos. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Salvador Escobedo Zoletto, del PAN. 17 de julio de 2002.
Con relación a este expediente, los diputados asistentes expresan entre otras cosas lo siguiente: Al diputado José Antonio Arévalo le gustaría que se incluyera que aparte de revisar que si se cambia o se modifica el producto, también se tendría que verificar el fabricante de la materia prima. Propone que cuando se cambie de fabricante de la materia prima, se tendría que hacer una nueva prueba y que estos fabricantes deben estar validados por la Secretaría de Salud. Con relación al 376, en la página 13 dice: "... los medicamentos que no requieren someterse a pruebas de disolución o de bioequivalencia son...", cree que faltó incluir lo que son los jarabes y suspensiones que tampoco necesitan pruebas de bioequivalencia.
El comisionado Ernesto Enríquez Rubio contesta que los jarabes finalmente son soluciones también, lo que pasa es que tienen azúcar en buena cantidad, pero la suspensión sí requiere pruebas. Hay suspensiones que requieren pruebas de bioequivalencia, porque no están disueltas, están suspendidas en partículas de equis tamaño que a su vez tienen que disolverse en el tubo digestivo para poder absorberse. De igual forma, explica que hay alguna referencia que no es exactamente correcta, cuando habla de los medicamentos similares, "no existen en la legislación mexicana medicamentos similares". La autoridad sanitaria requiere un calendario para que vayan caducando los registros, esto se puede dar por una norma general y se puede hacer muy fácilmente. Propone que se diga: Todos los que están otorgados caducarán en el plazo máximo de cinco años. Así, el laboratorio que quiera mañana se apersona con la autoridad sanitaria y pide que se le hagan las pruebas tiene cinco años. La propuesta es que quien quiera vender medicamentos en México tiene que tener o una planta en México o tiene que tener una fábrica, un laboratorio que responda por él; y por último, considera pertinente la modificación del término proceso porque en la Ley General de Salud, proceso es todo, es producción, en términos industriales proceso es la manufactura y la Ley General de Salud expresamente define como proceso a todo, hasta la venta en anaquel, entonces sí sería algo inmanejable porque entonces el requisito de planta será hasta por poner una farmacia.
La diputada María de las Nieves García Fernández expresa que el artículo 222 dice: "La Secretaría otorgará el registro sanitario de los medicamentos cuando se demuestre su eficacia, seguridad y calidad y se tengan instalaciones en el territorio nacional con licencia sanitaria de fábrica o laboratorio de medicamentos y productos biológicos para ser humano". En la revisión sugiere que en lugar de decir proceso, pudiera decir elaboración, y considera que es muy importante poder meter y hacer una moción cuando estén en la segunda lectura.
El diputado José Socorro Velázquez está totalmente de acuerdo con lo que propone la diputada, nada más que por cuestiones de técnica legislativa, no cree que sea lo más ortodoxo que discutiendo una reforma al 376 metan una modificación al 222. La diputada María Eugenia Galván Antillón agradece la presencia del comisionado y propone que se estudie y si se puede, se modifique la exposición de motivos con las coincidencias planteadas y en segunda lectura se expresen los términos en que salga según la lectura para que se anote "de y hasta cinco años", y se modifique el texto actual para los fabricantes de materia prima; finalmente pregunta quiénes están de acuerdo en que se tomen las observaciones de la exposición de motivos y mañana inclusive, se pueda ver para hacer el trámite procesal para que quede el proceso muy nítido favor de manifestarlo.
Aprobado por unanimidad. Expediente 57.
Programas y obras de los hospitales del Niño y la Mujer. Proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Salud invite a un representante de la Secretaría de Salud y a uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de conocer a detalle los programas y las obras de los hospitales del Niño y la Mujer, a cargo del gobierno del estado de Puebla, presentada por la diputada María Luisa Araceli Domínguez Ramírez, a nombre de integrantes del grupo parlamentario del PRI. 26 de septiembre de 2002. El diputado Policarpo Infante Fierro comenta que se requiere más información y, ya que se tenga, poder dictaminar finalmente si es procedente el punto de acuerdo que va al Pleno.
El diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, coincide con el diputado Policarpo Infante en que este asunto se debe desechar. Cree que, de inicio, lo que se tiene que hacer es pedirle a la Comisión de Presupuesto que valore si esto tiene proyecto o no y que si hay dinero que le asigne lo que requiere.
La diputada María de las Nieves García Fernández, con relación a este asunto, expresa que no se clarifica si se está hablando de obras y de programas, no da a entender que es obra nueva ni nada y en cuanto a la consideración de presupuestos, todos los estados de la República hacen su POA, su Programa Operativo Anual, y lo envían a la Secretaría de Salud federal desde el mes de septiembre. Entonces, no se sabe siquiera si los administrativos de la Secretaría de Salud en Puebla están hablando de esto mismo, en conclusión no está claro el punto, no esclarece para cuál es mantenimiento, para qué es obras nuevas; en conclusión, no se puede dictaminar.
El diputado Eduardo Abraham Leines expresa que este punto de acuerdo se debería ventilar en el Congreso local de Puebla, para que ese Congreso local le pida a su secretario de Salud y por ende, al secretario de Salud, Dr. Julio Frenk, la información necesaria de esto; por lo pronto, sugiere se deseche este dictamen.
El diputado Rafael Orozco explica que al final se pide más presupuesto, pero que no saben si el presupuesto es el que la Secretaría de Salud esté planteando para el estado de Puebla, o el mismo gobierno de Puebla que esté planteando para hacer inversiones en ese estado.
La diputada María Eugenla Galván Antillón pide al licenciado Herrera Pedroza tome nota de estas opiniones y, en su momento, lo presentará ya para aprobarlo, posiblemente para el mes que entra.
Expediente 50. Protección de la salud del pueblo mexicano. Acuerdo por el que solicita se realicen acciones pertinentes a fin de garantizar el derecho a la protección de la salud del pueblo de México. Presentada por el Congreso de Chihuahua con fecha 7 de agosto de 2002. Aprobado. Expediente 63.
Etiquetado de productos alimenticios. Iniciativa que reforma los artículos 114, 115, 210 y 212 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, a nombre de integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 17 de octubre de 2002. Después de que el Lic. Juan Ramón Herrera explica y lee lo que el diputado proponente de la iniciativa menciona en su exposición de motivos y en los artículos que se reforman, los diputados asistentes mencionaron entre otras cosas que:
El diputado Neftalí Salvador Escobedo dice que toda esta normatividad la hace la Secretaría de Economía, lo que haría es que la Secretaría de Salud, en lo único que tendría injerencia es en el aspecto nutricional de los alimentos y las bebidas no alcohólicas y ya todo lo que implique comercialización, como hasta la fecha lo sigue haciendo, sería atribución de la Secretaría de Economía. La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad sanitaria, denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contraetiquetas deberán corresponder a las especificaciones autorizadas o establecidas por la Secretaría de Salud de conformidad con las disposiciones aplicables y responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin modificarse. Para tal efecto, se observará lo señalado en la fracción 62 del artículo 115, que es donde lo especifica.
También propone que puede haber otro párrafo que le sugirió el licenciado Ernesto Enríquez, el cual dice:
En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o veladamente, indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, signos, síntomas, ni aquellos que recuerden datos anatómicos o fisiológicos.
Y, por último, en los transitorios, en el segundo, recomiendan que no sea de plazo de tres meses, sino de dos años, porque las normas oficiales mexicanas se están renovando cada dos años. Con esta iniciativa se contribuirá a dos cosas: una, a que los industriales sean más cautos en lo que ponen en las etiquetas y más verídicos; y dos, a lo mejor no de inicio, pero sí con el tiempo, la gente empezará a ver lo que tienen los alimentos.
El diputado Eduardo Abraham Leines Barrera menciona que vio con muy buenos ojos esta iniciativa y siente que sus demás compañeros de la fracción igualmente. Porque también trataron de agregar al cuarto constitucional en la exposición de motivos, las causas de desnutrición en México y en todo el mundo.
El diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar propone que este dictamen se podría adelantar con todas las modificaciones que hizo el diputado Neftalí Escobedo y, de ser así, que lo pasaran a firmar para que se apruebe.
La diputada María Eugenia Galván Antillón solicita que quienes estén de acuerdo con la propuesta del diputado Rosaldo Salazar lo manifiesten.
Finalmente, se entrega la actualización del cuadro que contiene los asuntos turnados a esta comisión y se les informa que el próximo 13 de noviembre del año en curso se llevará a cabo la vigesimosexta reunión plenaria de la Comisión de Salud a las 18 horas (salón por confirmar) y que el día martes se llevarán a cabo las reuniones de subcomisiones.
La diputada Presidenta María Eugenia Galván Antillón agradece la presencia de todos los diputados y, en virtud de que se han tratado todos los asuntos del orden del día, da por concluida la sesión, siendo las veinte horas con quince minutos del 6 de noviembre del año dos mil dos.
Diputados: Ma. Eugenia Galván Antillón (rúbrica), Presidenta; Eduardo Abraham Leines Barrera (rúbrica), secretario; Rafael Orozco Martínez (rúbrica), secretario; Adela del Carmen Graniel Campos (rúbrica), secretaria; Héctor Esquiliano Solís, secretario.
A su reunión extraordinaria de trabajo, que se efectuará el jueves 21 de noviembre, a las 8:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las reuniones anteriores.
4. Análisis, discusión y, en su caso, votación de anteproyectos de dictamen pendientes de trámite legislativo.
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Dictamen Legislativo de la Ley Orgánica de la Armada de México, que se realizará el jueves 21 de noviembre, a las 9 horas, en las instalaciones de la Comisión, ubicadas en el edificio D, cuarto piso.
Dip. César Patricio Reyes Roel
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Análisis Legislativo, el jueves 21 de noviembre, a las 12 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
A su reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras dependencias del Ejecutivo federal, para tratar el tema del Presupuesto con perspectiva de género, el jueves 21 de noviembre, a las 17 horas, en la zona C del restaurante Los Cristales.
A la reunión que realizará el jueves 21 de noviembre, a las 17 horas, en el salón Protocolo (edificio A, piso principal), con motivo de la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda G.
A la sesión que sostendrá con el secretario de Seguridad Pública local, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, el viernes 22 de noviembre, a las 9 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
A su reunión plenaria, el martes 26 de noviembre, a las 16:30 horas, en el salón Mezanine Sur, de Xicoténcatl 9, colonia Centro.
Dip. Juan Alcocer Flores
Al panel de discusión y análisis El presupuesto que el campo necesita, que se llevará a cabo el martes 3 de diciembre, a las 16 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).