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Timestamp: 2019-08-17 12:41:57
Document Index: 209172334

Matched Legal Cases: ['artículo 268', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 256', 'in fine', 'artículo 262', 'artículo 12', 'artículo 19', 'in fine', 'in fine']

Derecho Societario de Julio Rougès: EL DIRECTORIO 26-5-2015
EL DIRECTORIO 26-5-2015
La ley de sociedades emplea la expresión "órgano" en diversas disposiciones (artículos 10, inciso 8; 11, inciso 2; 68; 73; 77, inciso 3; 84; 102; 166, inciso 3; 294, inciso 9; 303, inciso 1), siguiendo una corriente que, originada en Alemania y enraizada en el derecho público, hizo fortuna en el derecho continental y en nuestra doctrina vernácula.
El Código de Comercio de 1889 encuadraba la relación de los directores con la sociedad en las reglas del mandato (artículos 36, 337, 338 y 346), al igual que el Código Civil (arts. 1677, 1681, 1682, 1683). La influencia de la doctrina continental y la insuficiencia de las normas decimonónicas para reglar las cuestiones a que da lugar la actuación del directorio, determinaron que la teoría del órgano adquiriese un creciente predicamento. La obra de GERVASIO COLOMBRES[7] la despojó de todo ingrediente institucionalista, concibiéndose a los órganos -no sólo el directorio- a la luz de la postura kelseniana: siendo el sujeto colectivo un centro de imputación de derechos, el órgano de administración no es más que la persona o conjunto de ellas a las que, cuando actúan en la esfera de sus atribuciones o en ocasión de sus funciones, el ordenamiento jurídico general -normas obligatorias dictadas por la autoridad constitucional y legalmente habilitada para hacerlo- y el ordenamiento parcial (el propio estatuto de la persona jurídica), les atribuyen virtualidad para que sus actos se consideren propios de la sociedad.
La actuación de los administradores, para ser considerada de la sociedad e imputable a ella, no debe resultar notoriamente extraña al objeto social (art. 58 de la ley 19.550). Esto será así, con mayor o menor intensidad y con mayor o menor latitud en la interpretación de los alcances del objeto social, en todo ordenamiento jurídico, aun habiéndose abandonado la doctrina del “ultra vires”: para que la actuación de un individuo o de un conjunto de individuos sea reconocible como perteneciente a la sociedad, el acto al menos en su exterioridad, debe generar una apariencia a favor de terceros, que determine su tutela por el derecho.
Esta vinculación con el objeto social deriva del carácter contractual de la sociedad: cuando la actuación de los administradores exorbita en forma manifiesta los límites de aquél, no puede reputarse que exista una voluntad de la sociedad expresada a través de su órgano competente, y por ende esos actos materiales no pueden generar obligaciones para el ente.
En primer lugar, el carácter de representante legal del Presidente está reconocido en forma expresa por la ley (artículo 268). Como representante legal, supletoriamente se le aplican las reglas del mandato (art. 1870 del Código Civil). No nos parece convincente sostener -para diferenciar al órgano del representante- que en la figura del órgano no hay dualidad desde el punto de vista jurídico entre la persona o personas que actúen por el sujeto de derecho y éste, porque las manifestaciones de voluntad y los actos de los primeros se consideren formulados y efectuados por el último. Exactamente lo mismo ocurre en cualquier representación legal o convencional: los actos del tutor en la esfera de sus facultades, se consideran realizados por el pupilo; los negocios jurídicos celebrados por el apoderado, se entienden realizados por el poderdante, quien asume el carácter de parte sustancial. Precisamente lo que define a la representación -legal o convencional- es eso: que los actuado por el representante dentro de sus poderes de representación se imputa a la órbita jurídica del representado. No por ello es aceptable que se considere al órgano una "parte" de la sociedad, como si fueran los brazos o el cerebro del sujeto de derecho. Tal asimilación está teñida de un difuso aunque inadvertido biologismo, cual si la persona jurídica fuese una especie de "superhombre" compuesta de "órganos" -en definitiva, seres humanos- que ejecutan su voluntad, sus decisiones y realizan sus actos
En segundo término, el directorio, en cuanto administrador de la sociedad, cumple funciones que si las realizara una persona física por otra persona física, nadie dudaría en calificar de mandato[8]. Aunque no cumpla funciones de representación -tales funciones están confiadas al presidente (art. 268) u otros directores si el estatuto así lo autoriza- no hace a la esencia del mandato que sea representativo (art. 1890 del Código Civil).
De todos modos, la teoría orgánica puede decirse que impregna a toda la ley de sociedades, desde su artículo 1°, pues la organización no puede ser entendida sino jurídicamente, despojándola de toda relación con el concepto de organización empresaria (que muy probablemente no existe, o existe en forma embrionaria en el momento de la constitución, que es el estadio aprehendido por el artículo 1°, cuando define a la etapa fundacional de la sociedad, es decir al propio contrato). La sociedad está organizada, cuando en su estructura jurídica interna cuenta con órganos que cumplen determinadas funciones en forma diferenciada; los deberes y atribuciones de estos órganos están determinados por el conjunto de normas legales y contractuales que enmarcan y definen la estructura del ente.
En términos generales, el directorio tiene por función adoptar decisiones relativas a las actividades de la sociedad, que no supongan una modificación en la estructura de la organización económica que subyace a la sociedad[9], ni en su estructura jurídica. No puede realizar actos que impliquen, de facto, un cambio del objeto social o una reforma del contrato, ni le está permitido efectuar los actos que la ley reserva a la asamblea. Tampoco es de competencia del directorio la realización de actos que puedan modificar las condiciones de existencia o funcionamiento de la sociedad: absorción de otra empresa, venta de un establecimiento, venta del fondo de comercio, enajenación de una proporción importante de los activos no corrientes, emisión de debentures, etc.[10]
Determinar qué actos están comprendidos en la administración en las situaciones claramente regladas por la ley, no ofrece mayores dificultades. Mas la administración societaria comprende actos de disposición jurídica de bienes[11], en cuanto tengan por objeto la conservación del patrimonio social y de su potencialidad para generar utilidades. Verbi gratia, la venta de un inmueble será un acto de administración societaria, si la sociedad tiene por principal objeto y actividad la compraventa inmobiliaria; o la construcción para la venta de departamentos. En cambio, la misma venta será un acto de disposición, si se enajena el fundo en el que la firma desarrolla su principal actividad, o si el mismo es el único inmueble de la sociedad, o representa una proporción sustancial del activo.
Discernir, en casos concretos, cuándo un acto de disposición en su sentido civil comporta un acto de administración societaria constituye una cuestión que depende de la envergadura económica de la sociedad, del carácter del acto habitual o extraño al giro comercial de la firma, de la proporción del activo o del pasivo que las operaciones involucren, etcétera. Lo que no puede hacer el órgano de administración es disponer del fondo de comercio o hacienda o de una parte importante de aquélla[12].
Nuestra ley -acertadamente en este aspecto- es menos reglamentarista que otras legislaciones en cuanto a las exigencias para ser director. En otras latitudes se imponen diversos requisitos, no siempre justificables a la luz de la actual tendencia a limitar el campo de acción de las normas imperativas a lo estrictamente vinculado con el orden público, entendido éste -siguiendo la clásica definición de Baudry Lacantinerie- como el conjunto de principios a los que una comunidad considera ligada su existencia. Así, en distintos países y a lo largo de la evolución histórica de la sociedad anónima se han establecido diversas condiciones:
1) De residencia[13]. Con mayor amplitud, la LSC sólo exige que la mayoría absoluta de los directores tenga su domicilio real en la República, y que todos constituyan en nuestro país un domicilio especial (art. 256).
2) De edad[14]. Nuestra ley no contiene restricciones, pudiendo hacerlo los estatutos. En nuestra experiencia profesional no hemos hallado disposiciones estatutarias de esa índole.
3) Carácter de accionista. La ley actual, a diferencia del derogado art. 336 del Código de Comercio -que imponía la elección de directores entre los socios- establece que no es obligatoria la calidad de accionista (artículo 256); lo cual ha sido explicado en la Exposición de Motivos porque "la capacidad técnica no depende de la titularidad del capital"; y pues "la experiencia nacional y extranjera impone en nuestro medio esta innovación, que se obvió hasta ahora con el préstamo de acciones para fingir la titularidad exigida por la ley" [15].
Como dice Martorell[16], citando a Bollini Shaw, aun en los ordenamientos que mantienen la obligatoriedad del carácter de accionista, la norma puede soslayada por vía de la participación de sociedades de inversión en el capital social de la sociedad en cuestión, pues designarán a sus representantes, que pueden ser no accionistas de la sociedad participada.
La garantía no puede consistir en acciones de la propia sociedad (art. 222 LSC); pero no existe, a nuestro juicio, ningún obstáculo para que el director caucione títulos de sociedades controlantes, controladas o vinculadas[17], ya que la norma del art. 222 -situado a continuación de las disposiciones que vedan o restringen la adquisición de sus acciones por la propia sociedad (arts. 220 y 221)- está orientada a evitar el desmedro del patrimonio social que deriva de una garantía sobre acciones de la misma sociedad, las cuales, en caso de verse severamente descapitalizada la firma por el accionar u omitir doloso o negligente de los directores, verán disminuido su valor en idéntica proporción que el daño causado.
Es una hipótesis excepcional, dado que la misión primordial de la sindicatura es fiscalizar al directorio (art. 294, inc. 1º), lo que excluye -en principio, y salvo los supuestos previstos en la ley- que el fiscalizador nombre al fiscalizado.
El sustento legal de la posibilidad de otorgarles derecho de voto, es lo dispuesto por el art. 228 in fine establece: "Además, gozarán de los derechos que el estatuto les reconozca expresamente"[18]
El voto acumulativo es una institución típica del derecho norteamericano[19]. A diferencia de nuestra ley, el sistema norteamericano no limita el ejercicio del voto acumulativo a un tercio de las vacantes a llenar.
"El Estatuto no puede derogar este derecho, ni reglamentarlo de manera que dificulte su ejercicio, pero se excluye en el supuesto previsto en el artículo 262". [20]
"El directorio no podrá renovarse en forma parcial o escalonada si de tal manera se impide el ejercicio del voto acumulativo". [21]
El voto acumulativo es una forma especial de designar directores o integrantes del consejo de vigilancia, tendiente a posibilitar a la minoría, bajo ciertas condiciones y con tenencias accionarias suficientes, una participación en la gestión del órgano de administración, y así propender a evitar que las mayorías gobiernen despóticamente la sociedad.
No caben dudas de que en una sociedad de capitales la mayoría, como tal, debe tener los derechos inherentes a ese carácter. Justifica esa preeminencia, la circunstancia de haber sido la que, en principio, ha invertido mayores capitales. Pero ese esquema simple requiere diversas precisiones, pues por distintos motivos, la dinámica de la vida societaria conduce a situaciones de predominio en la gestión que no tienen su exacto correlato en la cuantía del capital representado. En las sociedades abiertas, el absentismo de gran parte de los accionistas en las reuniones de asambleas, frecuentemente determina que la "mayoría" asamblearia no sea otra cosa que una fuerte minoría; en las sociedades cerradas, la virtual imposibilidad de los accionistas minoritarios de realizar sus tenencias por un precio representativo de su participación proporcional en el patrimonio de la sociedad, suele convertir a socios controlantes en los virtuales "dueños" de la firma. Por otra parte, el órgano de actuación permanente es el directorio. La asamblea, por la forzosa discontinuidad de sus reuniones, difícilmente pueda contrarrestar la decisiva gravitación en la suerte de la sociedad que tiene el órgano de administración. Esa influencia decisiva del directorio en la marcha de los negocios sociales conduce a que los accionistas que no tienen representación en aquél, en la práctica carezcan de relevancia en la distribución interna del "poder" en la firma. De no arbitrarse medios legales para balancear de alguna manera el peso desproporcionado de las mayorías -peso más que directamente proporcional a la participación social- carecerían los accionistas minoritarios de todo control efectivo.
La fórmula[22] para determinar el número de votos necesarios para obtener la elección de los directores deseados es:
La fórmula responde al más elemental sentido común: serán necesarios más votos si el total de votos computables es mayor, y si se pretende colocar más directores por la minoría (nunca más de un tercio, art. 263). Se necesitarán menos votos cuanto más directores se elijan, pues por la mecánica del voto acumulativo, el que ejercita ese derecho multiplica sus votos por el número de vacantes a llenar.
x = (1.000 x 1) + 1 /(6 + 1) = 144 votos; es decir, el 14,4 %
* Si el número de vacantes a cubrir es de tres directores titulares, el número mínimo de votos para elegir un director, sobre un total de 100 votos, será de 26 votos[23]
* Si las vacantes a llenar son seis, para elegir dos directores se necesitarán 30 votos[24]. (Como las acciones no pueden tener fracciones de voto, será necesario contar con treinta votos.)
* Si las vacantes a llenar son nueve, para elegir tres directores se necesitarán 31 votos[25]
b) Se declaró la nulidad de una decisión asamblearia que había resuelto la reducción de los miembros del directorio, cuando un accionista había notificado su voluntad de ejercer el voto acumulativo (in re "Cerámica Milano S.A.", sala A de la Cámara Nacional en lo Comercial, fallo del 21 de Julio de 1974).
c) Se invalidó lo que la Cámara calificó -o descalificó- como "burda e infantil maniobra", a la actitud de la mayoría, que hizo renunciar a los directores electos por su grupo, aceptándose las renuncias en la misma reunión asamblearia que decidió revocar ad nutum a los directores nombrados por voto acumulativo, para proceder, también en la misma asamblea, a reducir el número de directores y elegir nuevamente a los renunciantes (CNCom., sala D, Diciembre 21-1983, "Saunier R. c/ La Casa de las Juntas S.A.".[26]
d) Otro ardid de las mayorías, anterior a la ley 22.903, era transferir sus tenencias accionarias a prestanombres que actuaban como minorías ficticias, para superar a las verdaderas minorías en la elección de directores en el tercio de las vacantes reservadas para la utilización del sistema. El nuevo art. 263 exige que los votos que representen el sistema ordinario o plural -con los que deben llenarse los 2/3 del órgano de administración- reúnan al menos la mayoría absoluta de los votos presentes.
Sin embargo, el texto de la ley 22.903 en un aspecto ha empeorado la redacción de L.S.C.: la ley 19.550 establecía que la remoción de los directores elegidos por voto acumulativo sólo era procedente, cuando incluya a todos los directores, salvo los casos de los arts. 264 y 276 (remoción con causa). Esta previsión legal fue eliminada –probablemente por inadvertencia, puesto que la intención de la reforma fue tornar operativo el instituto del voto acumulativo, no reducir su campo de aplicación ni su efectividad- pero debe entenderse que está vedada la remoción sin causa de los directores electos por voto acumulativo, cuando no comprende a todos los miembros del directorio.
Son frecuentes las maniobras de la mayoría para, disminuyendo el número de directores, dificultar o imposibilitar a la minoría el efectivo y exitoso ejercicio del voto acumulativo. Reaccionando contra esas prácticas, la jurisprudencia ha entendido:
Habitualmente, lo que perjudicará a las minorías será la reducción del número de integrantes del directorio, ya que menguará sus posibilidades de designar un director que represente sus intereses.
Pero también el aumento del número de directores puede lesionar sus expectativas: si se decide, por ejemplo, mutar la composición del directorio de tres a cinco integrantes, o de seis a ocho directores, las minorías sólo podrán designar por voto acumulativo a un director o a dos, respectivamente. Mas en el primer caso, sólo podrán obtener la designación de un quinto del directorio (dado que dos directores sería más de un tercio), y en el segundo, su máxima expectativa será designar a un cuarto (2/8).
Se admita el carácter contractual de la relación entre el director y la sociedad -posición que compartimos- o se parta de cualquier otra premisa, el cúmulo de obligaciones y responsabilidades inherentes a tal condición no puede surgir sin una causa fuente que le dé nacimiento (artículos 499 y concordantes del Código Civil), que en todos los casos, deberá ser una manifestación de voluntad (art. 944 del Código Civil). Como tal, puede ser expresa (aun verbal, art. 917 C.C.) o tácita (art. 918); en este último caso, el desempeño del cargo será una inequívoca manifestación de voluntad, aunque no medie un acto formal de asunción.
Una vez aceptado tácita o expresamente el cargo, sin rechazar el nombramiento, "la falta de injerencia o participación en las actividades sociales demuestra una evidente negligencia en el desempeño de la actividad directiva ya que ello acarrea un desconocimiento de la marcha de los negocios sociales y la simultánea delegación de facultades en otras personas que a su vez posibilita el accionar fraudulento en perjuicio de los intereses de la sociedad; intereses por los que aquéllos no pueden dejar de velar, por ser deber de los directores el controlar la totalidad de la gestión empresaria" [27]; siendo “función de cualquiera integrante del órgano de administración de una sociedad de responsabilidad limitada, aun cuando no haya actuado en los hechos que motivan la calificación de conducta, el control de la totalidad de la gestión empresaria. La alienidad en la administración social demuestra una conducta que debe ser reprochada, pues persistió una mínima obligación de vigilancia del regular desenvolvimiento de la empresa[28].
El director es reelegible y su designación revocable exclusivamente por la asamblea (art. 256). Si el nombramiento se efectuó por clases (art. 262), corresponde su remoción a una asamblea especial de la clase (art. 250).
El directorio debe aceptar la renuncia del director en la primera reunión que celebre después de presentada siempre que no afectare su funcionamiento regular y no fuere dolosa o intempestiva, lo que deberá constar en el acta pertinente. De lo contrario, el renunciante debe continuar en sus funciones hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie (art. 259).
La renuncia no requiere formalidades especiales, pudiendo efectuarse en el curso de una reunión de directorio; ni es necesario que esté fundada. Los únicos requisitos son que no afecte el funcionamiento regular del directorio y no sea dolosa o intempestiva.
La renuncia sólo produce efectos a partir de que es aceptada por la sociedad[29]; pudiendo hasta tanto ello ocurra ser retractada (art. 875 del Código Civil). Aceptada, debe inscribirse en el Registro Público de Comercio (art. 60).
En caso de ser el directorio unipersonal, la renuncia del director único afectaría el normal funcionamiento del órgano (art. 259), por lo que debe convocar a una asamblea ordinaria, para que se pronuncie sobre su dimisión, y continuar en el ínterin desempeñando sus funciones (arts. 234, inc. 2 y 259). Si la renuncia obedeciere a imposibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo, y existiere previsión estatutaria sobre la figura del director único suplente (art. 258), éste deberá asumir hasta tanto se pronuncie la asamblea; en el supuesto de no estar previsto un suplente, el síndico deberá designar el reemplazante (art. 258).
La revocabilidad es de orden público[30], ya que "el estatuto no podrá suprimir ni restringir la revocabilidad en el cargo" (art. 256).
Pese a que el art. 234, inc. 2º) sólo se refiere a la "remoción" de los directores, debe entenderse que la revocación –que es una hipótesis de remoción sin invocación de causa- resulta también de competencia de la asamblea ordinaria.
La ley 24.522 eliminó la calificación de conducta.
De conformidad con dicho cuerpo normativo (artículos 235, 236 y concordantes de la LCQ):
3) Los condenados con pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública; los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades (en todos los casos, hasta después de diez años de cumplida la condena).
La reclusión o prisión por más de tres años llevan inherente como accesoria la inhabilitación absoluta (artículo 12 del Código Penal), uno de cuyos efectos es la incapacidad para obtener cargos públicos (artículo 19, inciso 3, C.P.), con lo cual el espectro de delitos inhabilitantes para el ejercicio de la sindicatura es considerablemente más amplio que los ilícitos descriptos en la enumeración.
La ley otorga legitimación al síndico para demandar la remoción judicial del director incurso en la causal de inhabilitación o incompatibilidad, facultad que lleva implícita la facultad de solicitar la intervención -aunque sea parcial- del órgano de administración. De este precepto, de lo dispuesto por el art. 102 in fine (el síndico puede demandar la remoción judicial de los liquidadores por justa causa) y de las obligaciones, atribuciones y responsabilidades impuestas por los arts. 251, 294, 296 y 297, extrae NISSEN la conclusión de que dicho funcionario está legitimado para demandar la remoción de los directores en los casos de actuación de los directores violatoria de la ley o de los estatutos, y por ende peticionar la intervención judicial, como medida cautelar. Compartimos su posición, con la siguiente salvedad: dado que el control que ejerce la sindicatura es de legalidad, no de mérito de la gestión empresaria, sus facultades para solicitar la remoción de los directores deben limitarse a los supuestos en que la violación a la ley o a los estatutos aparezca clara y manifiesta, y la colisión con el derecho de la conducta o situación del director, sea evidente sin necesidad de apreciación de cuestiones de hecho. En un sentido amplio, el director negligente o imprudente incumple los deberes genéricos impuestos por el art. 59, mas en cuanto no resulte una actuación contraria a la ley -en sentido estricto- el síndico no tiene legitimación para demandar la remoción, ni para impugnar la asamblea que decida no removerlo.
2-2) Como la hipotética calidad de director de la persona jurídica se ejercería por intermedio de una persona física, cabe respecto de ésta dos posibilidades: o es director o no lo es de la sociedad-directora. En ambos supuestos, se presentan problemas casi insolubles de conflictos de obligaciones y responsabilidades:
* Si es director de la sociedad administradora, debe actuar con lealtad (art. 59) en relación con ambas sociedades: como director de la sociedad directora; y ejerciendo orgánicamente el directorio de la sociedad administrada. El conflicto de intereses -previsto en la ley como una hipótesis excepcional (art. 272)- es, en este caso, virtualmente la regla. Puede darse la paradójica situación que la persona física que ejerce el directorio como órgano de la sociedad directora, quede situado en la encrucijada de ser fiel a ésta, o a la sociedad dirigida, y en cualquiera de los casos, ser responsabilizada por alguna de las dos.
* La ley atribuye responsabilidades solidarias e ilimitadas a los directores por incumplimiento de sus deberes, por violación de la ley, el estatuto y el reglamento, y en general, por los perjuicios que ocasionare a la sociedad por dolo o culpa (arts. 59 y 274). Al ser director una persona jurídica, asumiría una responsabilidad solidaria e ilimitada con otra sociedad, pudiendo quedar comprometido seriamente el patrimonio de los accionistas de la sociedad directora, por actuaciones cumplidas en el seno de otra sociedad.
Uno de los motivos explicados por HALPERIN de la previsión del art. 30 -las sociedades por acciones solamente pueden ser socias de sociedades por acciones- fue evitar que asumieran responsabilidades solidarias e ilimitadas. Igualmente, los límites a las participaciones (art. 31) apuntan a preservar el objeto social y la capacidad autónoma de gestión de la sociedad participante. En este caso, la responsabilidad solidaria e ilimitada podría dar lugar a la quiebra de la sociedad directora, solución abiertamente contraria a lo querido por el legislador.
Quizás se objete a lo expuesto, con la reflexión práctica de que eso es lo que ocurre actualmente cuando la sociedad controlante designa en el directorio de la controlada a sus propios directores, o a empleados o mandatarios. Pero hay una diferencia: en este caso, no hay dudas que el director-persona física tiene obligaciones de lealtad con la controlada, y debe responder en caso de que falte a sus deberes. En cambio, si el director es la persona jurídica -probablemente también controlante interno de derecho o de hecho (art. 33)- la persona física -integrante de la sociedad directora- quedará sujeta a obligaciones por esencia incompatibles.
La distinción tiene importancia, porque las previsiones de la ley 24.522 respecto de la extensión de la quiebra, parten de la premisa implícita de que el controlante es “interno”; es decir, que se trata de un accionista. Ello es así, pues siempre el legislador ha supuesto que una sociedad sólo puede ejercitar derechos dentro de otra sociedad como accionista, no como director. Sería más problemático extender la quiebra a una sociedad directora que no sea accionista, aunque las posibilidades de desviar el interés social de la dirigida son iguales o mayores siendo administrador que socio.
Según VANASCO (res. gral. 5/77), no es admisible designar como directora de una sociedad anónima a una persona jurídica. Igual es la opinión de FARGOSI[31], distinta de la de OTAEGUI[32]
No obstante, los directores deben rendir cuentas de su gestión a la asamblea ordinaria, la que debe convocarse anualmente dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio (art. 234 in fine), y presentar en ese lapso temporal a la asamblea la memoria, el balance general, estado de resultados y distribución de ganancias (art. 234, inc. 1º).
Cuando el ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico-administrativas por parte de uno o más directores, frente a lo reducido o la inexistencia de ganancias imponga la necesidad de exceder los límites prefijados, sólo podrán hacerse efectivas tales remuneraciones si fuesen expresamente acordadas por la asamblea de accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los puntos del orden del día (art. 261)[33]
El art. 261 hace referencia a las funciones técnico-administrativas en sus párrafos segundo y cuarto. El párrafo segundo contempla las de carácter permanente, a diferencia del párrafo cuarto, que sólo menta las funciones técnico-administrativas, sin ningún aditamento. El tenor literal de la ley, y la realidad misma, permiten diferenciar las funciones permanentes de las transitorias, de lo que surgiría -comparando ambos textos- que las funciones técnico-administrativas referidas en el cuarto párrafo son las no permanentes, ya que son tratadas en forma conjunta con las "comisiones especiales", cuya naturaleza es, por definición, transitoria.
En consecuencia, únicamente para estas funciones especiales sería aplicable el cuarto párrafo del art. 261; esto es, que la asamblea autorice un pago igualmente especial, pese a lo reducido o la inexistencia de ganancias.
La regla del art. 261, apenas sancionada, no fue recibida con simpatía en los medios “empresarios”[34], pero no cabe ninguna duda de que tiende a proteger a los accionistas minoritarios y su derecho a las utilidades, frente a la difundida práctica de los mayoritarios de “retirar” sus ganancias –o incluso a costa del patrimonio social- por la vía la fijación de elevados honorarios a los directores[35].
1- Porque deja abierta la puerta a exceder los límites prefijados "por el ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico-administrativas por parte de uno o más directores frente a lo reducido o inexistencia de ganancias", si así lo decide la asamblea de accionistas, incluyendo el asunto como uno de los puntos del orden del día (art. 261).
Ya expresamos que las funciones técnico administrativas a que refiere el párrafo cuarto del art. 261 deben ser no permanentes –de lo contrario, carecería de sentido la previsión del 2° párrafo de dicha disposición- pero los tribunales con frecuencia han diluido la regla, decidiendo que la ganancia es reducida cuando la inversión de sólo su 25 % “no basta para la contratación de comisiones especiales”; de lo cual infieren que el porcentaje legal del 25 % puede ser excedido cuando su importe no alcance para la retribución de los directores, concluyendo que “quien solicita la reducción hasta ese 25 % debió haber demostrado en autos que el 25 % de las ganancias según memoria y balance del ejercicio en cuestión era suficiente para obtener el concurso de personas aptas para desempeñar las tareas y comisiones que cumplían los directores”[36] .
De esa forma se perpetúa la desprotección de los accionistas, y la interpretación cuestionada conduce al siguiente absurdo: si las ganancias son reducidas o inexistentes –lo que no necesariamente supone un mal desempeño de los directores[37], pero no constituye, por cierto, presunción de brillantez; ni siquiera de que sean “personas aptas”, como virtud que gratuitamente les reconoce el fallo- el límite queda desvirtuado y reducido a la inoperancia. Tal método de exégesis con toda razón ha sido descalificado en los términos de la doctrina de la arbitrariedad por la Corte Suprema de la Nación, en innumerables precedentes[38]. No puede aceptarse una hermenéutica que lleva a la futilidad de la disposición legal, en orden a su finalidad tutelar. De generalizarse esa incorrecta doctrina judicial, se estará enviando a los “operadores jurídicos” –es decir, a los directores e indirectamente a las mayorías por ellos designados- una señal inequívoca: no cometan la ingenuidad de confeccionar balances que arrojen ganancias suficientes, de modo que rija el límite del art. 261 de la L.S.. Según algunos jueces, si las ganancias son pequeñas o inexistentes, no existe ningún límite cuantitativamente serio a su retribución.
3- En los casos de más flagrante violación de la ley -falta de convocación de asamblea o inexistencia de balance- los minoritarios se ven obligados a solicitar al directorio o incluso judicialmente la convocatoria (art. 236); o si, reunida la asamblea, adopta una decisión violatoria de lo normado por el art. 261 L.S.C., solamente cabe a las minorías impugnar la decisión (art. 251). Pese a que el juicio es sumario (art. 15), todos sabemos que la sentencia definitiva, por buena que sea la voluntad de los jueces, se dictará después de varios años.
Este cuadro de desventuras para el accionista minoritario –que es el principal destinatario, en los hechos, de los preceptos que protegen su derecho al dividendo- en un país tan lleno de “excelencias", que no se entiende por qué la mayor parte de las sociedades no arrojan nunca ganancias significativas, o de arrojarlas, no se distribuyen dividendos; sólo podrá ser revertido si se refuerza, como corresponde, la buena doctrina, y se acuerda a la excepción contenida en el cuarto párrafo del art. 261 a la regla prevista en el segundo párrafo, el exacto y limitado valor que debe tener como todo apartamiento de los principios generales: su alcance debe ser aprehendido desde una óptica restrictiva (exceptio est strictissima interpretationis).
La ley no dispone nada sobre el particular, por lo que, en ausencia de previsión estatutaria o asamblearia, la distribución deberá efectuarse por partes iguales, ya que, así como responden solidariamente frente a terceros, a la sociedad y a los accionistas por el incumplimiento de sus deberes (arts. 59 y 274), correlativamente deben participar en igual medida en la remuneración fijada globalmente[39]
Teniendo en cuenta la realidad “premoderna” de nuestras sociedades, las palabras de la Exposición de Motivos parecen extraídas de las obras de Berle y Means[40], o pensadas teniendo como molde abstracto las corporaciones norteamericanas, no las firmas argentinas. Sólo así puede comprenderse que se aluda a la “dificultad material de la intervención y contralor efectivos por los accionistas”, cuando en la praxis cotidiana, los accionistas mayoritarios -cuando no son directores- “adoptarán las decisiones necesarias para el manejo de la empresa sin requerir autorización alguna”; y “en las sociedades de mayores dimensiones existirá una organización gerencial sólo parcialmente prevista en la ley y el contrato social” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS)[41]. Problema distinto -y que requiere una adecuada solución, no brindada íntegramente por ningún ordenamiento- es la dificultad de los accionistas minoritarios para evitar que sus derechos sean burlados por la mayoría accionaria a través del órgano de administración, pero ése no es, precisamente, el problema tenido en miras por la ley, sino la supuesta dificultad de todos los accionistas -aun los mayoritarios- de controlar a los administradores. Ese problema, cuando las tenencias accionarias no están atomizadas, es inexistente: si los administradores no satisfacen las expectativas -fundadas o infundadas- y aun los caprichos de los accionistas controlantes de la sociedad, pronto serán removidos y sustituidos por otros que reúnan las condiciones que exijan las mayorías[42]. La omisión de la doctrina societaria argentina en describir esta realidad es sorprendente, teniendo en que gran parte de quienes escriben las obras especializadas son o han sido asesores de empresas.
En el régimen de la ley 19.550, anterior a la reforma del año 1983, los contratos debían corresponder a la actividad principal de la sociedad, y pactarse idénticas condiciones que las que la sociedad podría obtener con terceros; el interesado debía poner la cuestión en conocimiento del resto del directorio y de la sindicatura, absteniéndose de intervenir en la deliberación. Si aquellos negocios jurídicos no correspondían a la actividad normal de la sociedad, sólo podían ser celebrados previa autorización de la asamblea, resultando nulas de nulidad absoluta todas las contrataciones celebradas en infracción de la ley. [43]
Cuando el director tuviere un interés contrario al de la sociedad, debe hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en la responsabilidad del art. 59 (art. 272)[44]
Más allá de lo difícil que resulta otorgar efectividad a las normas para inducir conductas adecuadas -problema que excede el ámbito de la ley de sociedades y aun del derecho- no hay dudas que los autores de la ley no quisieron que se convirtiera en letra muerta, ni que en su aplicación concreta se vierta desvirtuada y reducida a la inoperancia. Esto tiene una importancia vital para una correcta interpretación de los preceptos y de las conductas que en aquéllos encuadran, pues una inteligencia de las normas que las desvirtúa y torna inoperantes equivale a prescindir de la ley, y las sentencias que así lo hacen son descalificables con sustento en la doctrina de la arbitrariedad[45].
Como los directores son electos por la mayoría, recayendo su designación en los propios accionistas mayoritarios, o en parientes, amigos o ambas cosas, o personas allegadas al grupo de control, las acciones sociales de responsabilidad rara vez son promovidas. Los fallos dictados sobre la materia en gran parte de los casos, corresponden a procesos falenciales en los que el síndico acumuló las acciones concursal y social de responsabilidad[46]
Expondré mi postura contraria a la de la mayoría.
Dentro de los principios generales, todo daño causado por dolo o culpa es indemnizable (arts. 1068 del Código Civil)[47]. Pese a ello, la mayor parte de los autores nacionales ha entendido que las acciones individuales de responsabilidad no pueden fundarse en el perjuicio –al que que califican de indirecto- derivado de la disminución del patrimonio de la sociedad, sino en daños directos causados a los accionistas y terceros[48].
Significa que, con la interpretación que cierra el camino a las acciones individuales, al menos en tres casos aunque existan daños considerables al patrimonio del socio –no debemos olvidar que la participación del accionista en el patrimonio social integra sus propios bienes personales, inclusive a los fines tributarios (art. 22, inc. h, tercer párrafo de la ley 23.966, T.O. por decreto 218/97, modificado por leyes 25.063 y 25.239) [49]-, ciertos afectados no podrán resarcirse de los perjuicios que les fueron causados:
2.1.2. Tampoco estarán legitimados en los casos de quitus –cualesquiera sea el valor de sus tenencias y de su participación[50]- si una asamblea ordinaria (art. 234) decidió el “perdón” de los directivos, y los hechos u omisiones de los directores, por graves que sean, son de gestión empresaria[51], y no violaciones a la ley o al estatuto.
Por cierto que, en sentido lato, toda conducta negligente es contraria a la ley[52] o al estatuto (art. 59 de la L.S.C.), pero el sentido del precepto que autoriza la renuncia, es posibilitarla cuando no existan violaciones a normas específicas, sino a deberes genéricos de diligencia.
2.1.3. Previsiblemente, la asamblea que decida la renuncia resolverá que no existe violación a la ley o al estatuto. En tal caso, se ha interpretado que el accionista disconforme debe impugnar la decisión en el término fijado por el art. 251 de la L.S.C.[53], con lo que se ve reducido enormemente su plazo para accionar.
Los resultados disvaliosos que se señalaron ut supra deben constituir, en una primera línea de análisis, una fuerte presunción de que la exégesis cuestionada es incorrecta. Los intérpretes no deben tolerar las soluciones manifiestamente injustas, si es posible admitir otras posibilidades hermenéuticas de mérito opuesto[54]:
3.1. En primer lugar, ¿por qué el daño derivado del menoscabo –en ocasiones la volatilización- del patrimonio social es calificado como indirecto? Se trata de una afirmación dogmática, tantas veces descalificada por la Corte Suprema de la Nación con sustento en la doctrina de la arbitrariedad.[55]
Supongamos que el o los accionistas perjudicados tienen como único patrimonio relevante las acciones de una sociedad que es llevada a la insolvencia (aunque no quiebre ni se concurse) por sus directores. No es dudoso que sufrirán una pérdida considerable, que puede traducirse en su ruina personal. Los derechos de los accionistas sin duda alguna componen su patrimonio (art. 2312 del Código Civil) y merecen la protección no sólo legal, sino constitucional de la garantía de la propiedad (art. 17, C.N.)[56].
3.3. Una de las causales más frecuentes de descalificación de sentencias, es cuando la solución alcanzada desvirtúa y torna inoperante la finalidad de las normas en juego[57].
En primer lugar, es elogiable que se reconozca en un cuerpo normativo –encuadrado dentro de la delegación legislativa otorgada por la ley 25.414, invocando el art. 76 de la Constitución Nacional- un derecho adicional a los accionistas minoritarios. Doblemente encomiable es que se admita que “la adecuada protección de los inversores (entiéndase en este contexto, accionistas minoritarios) es un objetivo deseable para atraer capitales financieros al país y elevar así la tasa de crecimiento de la economía”[58].
Desechamos una exégesis de la ley que conduzca a un resultado tan palmariamente disvalioso[59].
Siguiendo a OTAEGUI[60], el problema de la responsabilidad del socio por el detrimento del patrimonio de la sociedad es de añeja data. El art. 1725 del Código Civil, que dispone “Todo socio debe responder a la sociedad de los daños y perjuicios que por su culpa se la hubiere causado y no puede compensarlos con los beneficios que por su industria o cuidado le hubiese proporcionado en otros negocios”; y el art. 415 del Código de Comercio, que establecía que el socio que sin consentimiento escrito de sus compañeros aplicase los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de tercero, sería obligado a traer a la masa todas las ganancias resultantes. Las pérdidas o daños, si los hubiere, pesarían exclusivamente sobre él. Estas pautas fueron mantenidas por el art. 54 de la ley 19.550.
* La responsabilidad de los directores -y extensivamente, de los controlantes administradores de hecho- puede ser renunciada por la asamblea, si esa responsabilidad no es por violación de la ley, el estatuto o el reglamento (art. 275)[61]. Si bien el administrador de hecho no puede votar las decisiones atinentes a su responsabilidad (art.. 241 de la L.S.C.),, y su voto contrario al interés social puede invalidar el acto colegiado (art. 248), lo cierto es que el controlante -administrador de facto- votará, y procurará evitar por todos los medios la promoción de las acciones de responsabilidad.
* La mayor parte de la doctrina considera que el socio disidente con la asamblea que decide no promover la acción de responsabilidad, y pretende promover por su cuenta la acción social de responsabilidad, debe impugnar la decisión asamblearia, lo cual obliga al accionista a litigar a la vez contra la sociedad y el accionista mayoritario-director de facto.
* La sociedad –controlada por el “administrador de hecho”- puede no adoptar ninguna decisión de accionar contra el mismo. Si bien los socios minoritarios pueden solicitar la convocatoria de la asamblea, el solo hecho de
[3]En los cuales el manejo efectivo de las empresas está en manos de dinastías.
[7] “La teoría del órgano en la sociedad anónima”.
[8] ( ) En tal sentido, es habitual -casi la regla- que los estatutos contengan el facultamiento al órgano de administración para realizar todos los actos previstos en los arts. 9 del decreto ley 5965/63 y 1881 del Código Civil.
[9] CABANELLAS DE LAS CUEVAS, “Derecho Societario. Parte General, T. 4,. Los Organos Societarios”, págs 62, 249, Ed. Heliasta, 1996.
[10] HALPERIN, “Sociedades Anónimas”, Ed. 1974, págs. 427 y ss.
[11] OTAEGUI, "Administración Societaria", págs. 54 y ss., Ed. Abaco, 1979.
[12] ( ) OTAEGUI, "Administración Societaria", págs. 91-92, Ed. Abaco, 1979; HALPERIN, "Sociedades Anónimas", págs. 428-429, Ed. Depalma, 1974; SASOT BETES-SASOT, "Sociedades Anónimas. El órgano de administración", pág. 456, Ed. Abaco, 1980; etc.).
[13] ( ) Ley de sociedades anónimas de Brasil.
[14] ( ) La ley francesa de 1966 fijaba un límite de 75 años, y el número de administradores con 70 o más años no podía exceder el tercio del total. En Inglaterra, el límite se fijó en 60 años, a menos que los estatutos lo permitieran expresamente o la asamblea lo liberase de esa limitación.
[15] ( ) Exposición de Motivos, capítulo II, Sección V, párrafo IX, punto 5.
[16] ( ) Sociedades Anónimas, pág. 306, Ed. Depalma, 2ª edición, 1994.
[17] ( ) En contra, MARTORELL, "Sociedades Anónimas", pág. 310.
[18] ( ) ZALDIVAR, en sus "Cuadernos de Derecho Societario", T. II, 2ª parte, págs. 274 y 281; y SASOT BETES-SASOT ("Sociedades Anónimas. El Organo de Administración", pág. 71), admiten la posibilidad de que el estatuto les otorgue derecho de voto para la designación de uno o más directores.
[19] ( ) En Estados Unidos, diversos estados lo prevén, inclusive en algunos casos con rango constitucional (HALPERIN, "Sociedades Anónimas", pág. 379). El Model Business Corporation otorga a cada accionista con derecho a voto, la posibilidad de acumular sus votos dando a un candidato tantos votos como resulten de multiplicar el número de directores por el número de sus acciones, o a distribuir estos votos de acuerdo con los mismos principios entre cualquier número de candidatos.
[20] Si bien no puede reglamentarlo de forma que impida su ejercicio, es lícito que el estatuto prevea la designación de sólo un director, aunque de esa forma se impida el ejercicio del voto acumulativo.
[21] Por ejemplo, un directorio de 6 miembros que se renueve por tercios.
[22] BAKER-CARY, "Corporation cases and materials", third edition, Brooklin, 1959, pág. 207, citado por JULIO CESAR OTAEGUI en "Administración Societaria", Ed. Abaco, 1979, pág. 234.
[23] x = 100 x 1 + 1 = 26
[24] 100 x 2 + 1 = 29,57 = 30.
[25] 100 x 3 + 1 = 31
[26] "Se ha violado la norma del art. 263, si cinco de los siete miembros del directorio -todos ellos representantes de un grupo mayoritario- presentan la renuncia a su cargo, siendo ésta aceptada por la asamblea, que además decide remover a los dos restantes (uno de los cuales elegido por el sistema de voto acumulativo) y acto seguido resuelve reducir a cinco el número de los miembros del directorio y vuelve a elegir para esos cargos a los cinco renunciantes, impidiendo a la accionante elegir por el sistema de acumulación de votos al removido director por quien ella votó"
[27] CNCom., sala C, Febrero 28-994, "Tucson S.A. s/ Quiebra", La Ley, 1994-E, nº 92.696, pág. 407, considerando IV., con cita de CNCom., sala B, 25/8/78, "Anahí Coop. de Seguros Ltda. s/ Quiebra"; idem, sala A, 9/3/79, "Farmacia Palace S.R.L. s/ Quiebra; sala C, Febrero 27/12/90, "Mecoya S.A. s/ Quiebra" y sus citas.
[28] CNCom., sala C, Noviembre 28-994, "Constructora Spinillo S.R.L. s/ Quiebra", La Ley, 1995-C, pág. 398, nº 93.324.
[29] HALPERIN, "Sociedades Anónimas", pág. 401.
[30] HALPERIN, "Sociedades Anónimas", pág. 404; SASOT BETES-SASOT, obra citada, pág. 192. La Exposición de Motivos de la ley 19.550 expresa que "la revocabilidad es de la esencia de la designación, que el estatuto no puede suprimir ni restringir".
[31] "Apostilla en torno a la personalidad de las personas jurídicas", RDCO, 1977, p. 733
[32] "Administración societaria", pág. 186 a 193).
[33] La norma concuerda con el principio del art. 71, que cuando los administradores, directores o síndicos sean remunerados con un porcentaje de las ganancias, la asamblea podrá disponer en cada caso su pago aun cuando no se cubran las pérdidas anteriores.
[34] Por una vulgarización del término alentada por sus beneficiarios, se suele llamar “empresarios” a los directivos bien pagados de sociedades, aunque no sean accionistas y no corran absolutamente ningún riesgo empresario. Son ellos los interlocutores permanentes de las autoridades económicas; son ellos quienes formulan declaraciones –críticas o laudatorias- a los medios de prensa, y no es de extrañar que su voz sea oída con mayor atención que la de los accionistas minoritarios, que aún en sociedades al borde de la extinción o concursadas, deben soportar las elevadas remuneraciones de esos “empresarios”, a costa del patrimonio social.
[35] Como destaca GUILLERMO MATTA Y TREJO en un artículo titulado "Reflexiones en torno al derecho de información en la sociedad anónima moderna", La Ley, 25 de Noviembre de 1.996, "la deficiente política de dividendos que aplica la mayoría de las sociedades argentinas ha sido mejorada en los últimos tiempos, pero aún es egoísta. Esta política es consecuencia de...(que) el grupo de control recibe generalmente compensación a su capital invertido, vía honorarios y sueldos por los cargos que ocupan sus miembros en la administración, circunstancia que les hace apoyar magras distribuciones de dividendos, única renta que por su inversión reciben los accionistas extraños".
[36] CNCom., Sala A, 12/10/198, “Zubia, Emeterio c. Forjagro, S. A.” La Ley, 1982-A, 457
[37] Los resultados insuficientes o negativos pueden derivar de factores exógenos.
[38] La aplicación inadecuada de una norma, que la desvirtúa y vuelve inoperante, equivale a decidir contra o con prescindencia de sus términos, y genera una Sentencia Arbitraria (CSN 301:865; 278:35 y sus citas; 294:363; 301:108; 304:289; Fallos, 194:363, -La Ley, 1976-C, 454-; 301:108; 305:2040 -La Ley, 1984-B, 196-; Abril 1-986 "Sniafa S.A. s/ Concurso -incidente de verif. de crédito por Jerónimo, Alberto y otros"; Marzo 12-987, "Sasetru S.A. s/ Quiebra -Incidente de verificación promovido por Van Vracen, Enrique", La Ley, 1987-C, págs. 176/177; Fallos, 307:933; CSN, Julio 30-991, "Vargas, Carlos R. c/ Entel y Caja Nacional de Ahorro y Seguro", L.L. del 19/11/91, pág. 5, Nº 89.915, La Ley, 1991-E, 432; CSN, Septiembre 7 de 1993, "Maldonado, Jorge R. c/ Valle, Héctor y otro", La Ley, 1993-E, pág. 462/463, Nº 91.823; CS, Julio 28-994, "Consultores Asociados S.A. c/ Municipalidad de Cipolleti", La Ley, 6 de Abril de 1.995, pág. 6, nº 93.032; CS, Octubre 4-994, "Castro, Susana B. c/ Amadeo Quiroga Transportes S.A.", La Ley, 13 de Marzo de 1.995, pág. 6, nº 92.945).
[39] ( ) En tal sentido, ver El Derecho, 52-482 (CNCom., sala D, 9 de Agosto de 1973)
[40] BERLE, Junior y Gardner C. MEANS, "The modern corporation and private property", Commerce Clearing House, N.Y., 1932.
[41] CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO, “Derecho Societario”, Parte General, Tomo 4, “Los órganos societarios”, pág. 210, Ed. Heliasta, 1996.
[42] Reproducimos las palabras de CABANELLAS DE LAS CUEVAS (obra citada, págs. 211 y 21) porque en ninguna otra obra de autores argentinos hemos visto descripto con el realismo de este autor lo que sucede en nuestras sociedades:
[43] En un caso que me tocó actuar interponiendo un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, nuestro tribunal cimero resolvió –al revocar un fallo de la Corte Suprema de Tucumán que rechazaba la demanda- que “corresponde dejar sin efecto la sentencia que consideró que el contrato celebrado entre las partes era nulo de nulidad absoluta, por aplicación del art. 271, 2ª y 3ª parte de la ley de sociedades, pues al considerar que la doble función cumplida por el actor excedía la normal actividad de las empresas demandadas, incurrió en la contradicción con la lógica más elemental y el sentido común”.(CS, 27-8-93, “Di Donato, Roberto F. c. Inmsol S. A. y otro”, JA, 1994-II-66).
[44] Concuerda con los arts. 241 y 248. El principio es que todos los socios directores deben subordinar su interés al interés social
[45] Fallos, 301:865; 278:35 y sus citas; 294:363; 301:108; 304:289); Fallos, 194:363, -La Ley, 1976-C, 454-; 301:108; 305:2040 -La Ley, 1984-B, 196-; Abril 1-986 "Sniafa S.A. s/ Concurso -incidente de verif. de crédito por Jerónimo, Alberto y otros"; Marzo 12-987, "Sasetru S.A. s/ Quiebra -Incidente de verificación promovido por Van Vracen, Enrique", La Ley, 1987-C, págs. 176/177; Fallos, 307:933; CSN, Julio 30-991, "Vargas, Carlos R. c/ Entel y Caja Nacional de Ahorro y Seguro", L.L. del 19/11/91, pág. 5, Nº 89.915, La Ley, 1991-E, 432; CSN, Septiembre 7 de 1993, "Maldonado, Jorge R. c/ Valle, Héctor y otro", La Ley, 1993-E, pág. 462/463, Nº 91.823; CS, Julio 28-994, "Consultores Asociados S.A. c/ Municipalidad de Cipolleti", La Ley, 6 de Abril de 1.995, pág. 6, nº 93.032; CS, Octubre 4-994, "Castro, Susana B. c/ Amadeo Quiroga Transportes S.A.", La Ley, 13 de Marzo de 1.995, pág. 6, nº 92.945).
[46] CNCom., sala C, Febrero 28-994, "Tucson S.A. s/ Quiebra", La Ley, 1994-E, págs. 400-409, nº 92.696, con cita de CNCom., sala B, 25/8/78, "Anahí Coop. de Seguros Ltda. s/ Quiebra"; idem, sala A, 9/3/79, "Farmacia Palace S.R.L. s/ Quiebra; sala C, Febrero 27/2/90, "Mecoya S.A. s/ Quiebra" y sus citas; CNCom., sala C, Noviembre 28-994, "Constructora Spinillo S.R.L. s/ Quiebra", La Ley, 1995-C, pág. 398, nº 93.324).
[47] “Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades” (art. 1068 C.C.).
[48] HALPERIN “Sociedades Anónimas” (2ª Edición, actualizada por JULIO CESAR OTAEGUI), Ed. Depalma, pág. 557, y los fallos allí citados; idem, MARTORELL, “Los directores de sociedades anónimas”, Ed. Depalma, 1994, pág. 420).
[49] "Cuando se trate de acciones que no coticen en bolsa, se computarán al valor patrimonial proporcional que surja del último balance..."
[50] Pueden incluso ser mayoritarios, pero con acciones de voto simple; o mayorías que, por su ausencia del país, ignoraban la convocatoria en el Boletín Oficial (art. 238), y las decisiones se adoptaron en segunda convocatoria (art. 243).
[51] “Administración Societaria”, Ed. Abaco, 1979, pág. 391.
[52] En rigor, todo accionar dañoso -por dolo o culpa (arts. 1096 y concs. del Código Civil)- implica la violación del principio “alterum non laedere”.
[53] CNCom., sala B, 15/12/89, “Barbará, Alfredo y otra c/ Maryland S.A. y otros”, ED, 141-127, citado por OTAEGUI en la actualización de la obra de HALPERIN referida anteriormente, pág. 558).
[54] Fallos, 271:130, entre muchos otros.
[55] Fallos, 293:28, 294:410, 294:449, 299:341; 302:1033, etc.;"Carmen Tarcila Prado", Fallos, 297:63; "Reboul de Martínez M. c/ Errecalde, Angela E.", Fallos, 297:305; "Dagir c/ Di Leone", Fallos, 297:346; "Rosito y Ballines", Fallos, 298:317; "Taberna c/ S.A. Mercedes Benz Argentina y otro", Fallos, 299:341; "Trovato y otro", Fallos, 300:539; "Bizzi c/ Fiat Concord", Fallos, 300: 676; "Montanares y otro c/ Y.P.F.", Fallos, 301:265, etc.
[56] C.S.N., Fallos, 145:307, in re "Bourdié c/ Municipalidad de Capital".
[57] Fallos, 194:363, ‑La Ley, 1976‑C, 454‑; 301:108; 305:2040 ‑La Ley, 1984‑B, 196‑; Abril 1‑986 "Sniafa S.A. s/ Concurso ‑incidente de verif. de crédito por Jerónimo, Alberto y otros"; Marzo 12‑987, "Sasetru S.A. s/ Quiebra ‑Incidente de verificación promovido por Van Vracen, Enrique", La Ley, 1987‑C, págs. 176/177; Fallos, 307:933; CSN, Julio 30‑991, "Vargas, Carlos R. c/ Entel y Caja Nacional de Ahorro y Seguro", L.L. del 19/11/91, pág. 5, Nº 89.915, La Ley, 1991‑E, 432; CSN, Septiembre 7 de 1993, "Maldonado, Jorge R. c/ Valle, Héctor y otro", La Ley, 1993‑E, pág. 462/463, Nº 91.823; CSN, Julio 28‑1994, "Consultores Asociados S.A. c/ Municipalidad de Cipolleti", La Ley, 6 de Abril de 1.995, pág. 6, nº 93.032; CS, Febrero 6‑1997, "Pergamino Coop. de Seguros Ltda. c/ Macchie, Carlos G. y otra", La Ley, Suplemento de Derecho Constitucional, 5 de Diciembre de 1.997, pág. 68, nº 96.445; CS, 4 de Mayo de 2000, considerando 9, “Amadeo de Roth, Angélica I.”, La Ley, Suplemento de Jurisprudencia Penal, 23 de Febrero de 2001, págs. 2 y ss., n° 101.567; “López Cabañas, Omar A. c. Ika Renault, S. A.” Fallos, 301-108; CS, 1979/08/15, “Fueguel, Néstor A. c. Grimberg Meyer”, La Ley, 1980-A, 267; CS, 1984/09/04, “Brezca, Raúl o Brezca y Kizon, Raúl c. Barzani, Rosa y otra”, La Ley, 1984-D, 536; etc.).
[58] Considerandos del decreto.
[59] Corte Suprema de la Nación, Fallos, 271:130; idem, Abril 7-992, in re "Monastirsky, Salomón y otro c/ Falcone, Sergio y otro", La Ley, 1992-E, pág. 711; nº 403; 3 de Marzo de 1991, in re "Zamparo, Vilma c/ Provincia del Chaco", publ. en La Ley, 1991-E, pág. 866, Nº 292).
[60] “Concentración Societaria, pág. 446.
[61] En rigor, todo accionar dañoso -por dolo o culpa (arts. 1096 y concs. del Código Civil)- implica la violación del principio “alterum non laedere”. Por esa razón, la “violación de la ley” debe ser entendida en un sentido amplio, comprensivo de las hipótesis de abuso del derecho (art.1071 del Código Civil); inversamente, las renuncias -que, decididas por los accionistas mayoritarios en la asamblea, afectan a todos los socios, deben ser interpretadas restrictivamente, teniendo en cuenta que el principio que la obligatoriedad de las decisiones y su oponibilidad a los minoritarios (art. 233) constituyen reglas que, si bien son propias del derecho societario, excepcionan el principio general más amplio del derecho “res inter allios acta nocere non potest” (art. 1195 del Código Civil)
Publicado por Julio Rougès en 4:09
Anónimo 4 de julio de 2014, 19:34
Doctor, disculpe que lo moleste, las notas del examen del 2do parcial no fueron subidas al sistema el día de hoy, por lo tanto no tenemos forma de saber si debemos recuperar su materia o no, y el lunes ya inician las vacaciones, por lo cual na facultad no abrirá hasta dentro de dos semanas. Le agradecería si puede por este medio publicar las mismas prontamente así tenemos más tiempo para estudiar. Muchas gracias.