Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A202-01.htm
Timestamp: 2018-12-15 11:18:16
Document Index: 362931888

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 17']

Auto 202/01
Referencia: expediente I.C.C. 315
Conflicto de competencia suscitado entre las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Bogotá, D. C., mayo treinta (30) de dos mil uno (2001)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, adopta la decisión que en derecho corresponde, frente al conflicto de competencias suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia, con ocasión de la acción de tutela promovida por MARIELA CARABALLO DE RODRIGUEZ.
1.- El 25 de octubre de 2000, ante la Secretaría General del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, MARIELA CARABALLO DE RODRIGUEZ presentó acción de tutela contra el Juzgado Tercero de Familia y la Sala de Familia de ese mismo Tribunal, por la decisión adoptada en un proceso consistente en declarar la cesación de los efectos civiles de su matrimonio.
2.- En la Secretaría General del Tribunal se efectuó el reparto de la demanda, correspondiéndole a un Magistrado de la Sala Penal de esa Corporación. Adelantado el trámite respectivo, la Sala de Decisión Penal dictó el fallo de rigor el 9 de noviembre de 2000, en el cual resolvió negar por improcedente la tutela impetrada.
3.- La accionante impugnó el fallo y mediante auto de 21 de noviembre de 2000, el Magistrado Sustanciador de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concedió la impugnación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
4.- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia de 16 de enero de 2001, puso de presente que la acción fue formulada con posterioridad al 12 de julio de 2000, fecha en la cual entró en vigencia el Decreto 1382 del mismo año, que en su artículo 1-2 dispone que "Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado". De modo que, argumento la Sala, "si la queja se dirigió contra lo decidido en el fallo proferido el catorce de julio de dos mil por el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá, que a la postre fue confirmado con una adición por la Sala de Familia del Tribunal Superior de esta ciudad el 19 de septiembre del mismo año, resulta obvio que por involucrar la acción a la mencionada Sala el conocimiento del amparo demandado correspondía a la Sala de Casación Civil de la Corte como superior funcional de aquella, y no a la Sala Penal del Tribunal de Bogotá que falló sin competencia para ello, lo que impone la declaratoria de nulidad del trámite para que se preserve el debido proceso dispuesto en el artículo 29 de la Constitución.” En consecuencia, la Sala resolvió: “Decretar la nulidad de lo actuado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a partir del auto proferido el 26 de octubre del 2000, con exclusión de las pruebas allegadas que mantendrán su validez.”, y, “Remitir el asunto por competencia a la Sala de Casación Civil de la Corte, a la que se propone colisión de competencia negativa en caso de no compartir la argumentación precedente.”
5.- Mediante providencia del 5 de marzo del 2001 la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, resolvió: “Inaplicar en el presente asunto el numeral 2 del artículo 1º del Decreto 1382 del 14 de julio de 2000, expedido por el Presidente de la República. En consecuencia se abstiene de avocar el conocimiento de la referencia”, por lo cual dispuso remitir el expediente a la Corte Constitucional. La Sala Civil argumentó: "Al tenor de lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política y 31 y 32 del Decreto Reglamentario de la acción de tutela, la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para conocer en primera o en única instancia, dichas acciones, por cuanto al carecer de superior jerárquico, desaparecería la posibilidad de impugnación lo cual conllevaría a la vulneración del debido proceso del solicitante o de los afectados con la decisión que pudiera adoptarse".
En este asunto planteado y puesto a consideración de la Corte, se trata de una controversia surgida entre dos Salas de la Corte Suprema de Justicia , las cuales si bien no tienen un superior jerárquico común, pertenecen a la misma Corporación.
El numeral 3 del artículo 17 de la ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia), al referirse a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, establece:
"Artículo 17. De la Sala Plena. La Sala Plena cumplirá las siguientes funciones:
"3. Resolver los conflictos de competencia en la jurisdicción Ordinaria, que no corresponda a alguna de sus salas o a otra autoridad judicial".
Existiendo, entonces, norma expresa que le atribuye competencia a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta el carácter estrictamente residual de la competencia de la Corte Constitucional en esta materia, se concluye que es la Sala Plena de aquella Corporación la competente para resolver el conflicto negativo de competencias planteado, atribución que no emerge de una relación jerárquica entre la Sala Plena y las Salas de Casación, pues como se ha señalado en el pasado, tal relación no existe2, sino que la competencia en este caso surge de la norma expresa en cita que se la confiere a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
En conclusión, la Corte Constitucional se inhibirá de conocer el caso de la referencia y ordenará remitir el expediente a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para lo de su cargo.
Primero. INHIBIRSE, por carecer de competencia, de resolver el conflicto de competencia suscitado entre las Salas de Casación Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, para conocer de la acción de tutela promovida por la señora Mariela Caraballo de Rodríguez en contra del Juzgado Tercero de Familia y la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Segundo. REMITIR el expediente a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3 del artículo 17 de la ley 270 de 1996, dirima el conflicto planteado.
Salvamento de voto al Auto 202/01
Referencia. expediente ICC - 315
Peticionario: Mariela Caraballo de Rodríguez.
2 Ver Auto 104/01, ICC-260, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Auto de abril 2 de 2001. ICC- 269, M.P. Luis Eduardo Montealegre Lynnet.