Source: https://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=Consideraciones_generales_de_la_normativa_de_contrataci%C3%B3n_p%C3%BAblica
Timestamp: 2020-05-31 20:23:57
Document Index: 298408669

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 37', 'artículo 22', 'artículo 53', 'artículo 51', 'artículo 22', 'artículo 89', 'artículo 36', 'artículo 19', 'artículo 146', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 25', 'artículo 32', 'artículo 45', 'artículo 96', 'artículo 102', 'artículo 100', 'artículo 59', 'artículo 216', 'artículo 228', 'artículo 5', 'artículo 228', 'Artículo 1', 'artículo 36', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 47', 'artículo 89', 'artículo 131', 'artículo 133', 'artículo 255']

Consideraciones generales de la normativa de contratación pública - WikiCONTRATACION
Consideraciones generales de la normativa de contratación pública
2 2. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
2.1 2.1. Normas que integra
2.2 2.2 Normas que no integra
2.3 2.3. Normas que deroga
3 3. Cambios derivados de las directivas europeas
3.1 3.1. Presentación de las nuevas directivas europeas de contratación
3.2 3.2. Cambios generales en las nuevas directivas de contratación pública
3.2.1 3.2.1. Breve resumen
3.2.2 3.2.2. Evolución normativa europea de contratación pública
3.2.3 3.2.3. La contratación pública es una herramienta clave en la gestión pública
3.2.4 3.2.4. Principios generales de “toda” la contratación pública
3.2.5 3.2.5. Novedades en el ámbito subjetivo
3.2.6 3.2.6. Novedades en el ámbito objetivo: La nueva directiva de concesiones
3.2.7 3.2.7. Potenciar la participación de las PYMEs en la contratación pública
3.2.8 3.2.8. Criterios de valoración de ofertas. Más “calidad” y menos “precio”
3.2.9 3.2.9. Más procedimientos negociados con publicidad y mejor hechos
3.2.10 3.2.10. Nuevo procedimiento de adjudicación: Asociación para la Innovación
3.2.11 3.2.11. Más facturación electrónica
3.3 3.3. Cambios "electrónicos" en las nuevas directivas de contratación pública
3.3.1 3.3.1. ¿Porqué hay cambios electrónicos?
3.3.2 3.3.2. ¿Cuando serán exigibles las nuevas obligaciones electrónicas?
3.3.3 3.3.3. No será exigible en formato electrónico
3.3.4 3.3.4. Las comunicaciones electrónicas
3.3.5 3.3.5. La transmisión de anuncios en formato electrónico
3.3.6 3.3.6. Los pliegos de cláusulas en formato electrónico
3.3.7 3.3.7. Los catálogos electrónicos
3.3.8 3.3.8. Las subastas electrónicas
3.3.9 3.3.9. Los sistemas dinámicos de adquisición (SDA)
3.3.10 3.3.10. Las centrales de compras
4 4. Normas con rango de ley que afectan a la contratación pública
4.1 4.1. Ley de emprendedores
4.1.1 4.1.1. Nueva forma de acreditar los requisitos de aptitud
4.1.2 4.1.2. Se modifica el régimen de la clasificación
4.1.3 4.1.3. Nulidad de las ventajas para las empresas que hayan contratado previamente con la Administración Pública
4.1.4 4.1.4. La garantía definitiva se puede constituir mediante retención en el precio
4.1.5 4.1.5. Reducción del plazo para la devolución o cancelación de las garantías para las PYMES
4.1.6 4.1.6. Las Uniones de empresarios se pueden dar de alta en el R.O.L.E.C.E. (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado)
4.1.7 4.1.7. Reducción del plazo de demora en el pago para que el contratista pueda optar a la resolución contractual
4.1.8 4.1.8. Comprobación de los pagos a los subcontratistas
4.2 4.2. Ley de racionalización de la administración local
5 5. Normas actualmente en tramitación
7 7. Notas al pie
En esta página vamos a ir recopilando el marco normativo "actual" de la contratación pública y los cambios que se avecinan en el mismo.
Indica D. Juan Alfonso Santamaría Pastor (Catedrático de Derecho Administrativo - Universidad Complutense de Madrid) que [1] :
"La evolución acelerada de la normativa de contratos públicos ha seguido una senda de continuo incremento en extensión y complejidad, generando unos cuerpos legales enormes, confusos e inextricables en el que muy pocos saben orientarse.
Ello ha llevado a consecuencias disfuncionales sumamente graves: la creación de un ambiente de inseguridad jurídica, la eliminación virtual de la jurisprudencia como fuente de interpretación y de cobertura de lagunas y, sobre todo, la aparición de niveles crecientes de incumplimiento y desconocimiento de la normativa, con el riesgo asociado, para los gestores públicos, de ser imputados por supuestos delitos de prevaricación.
Y, en contrapartida, esta legislación no ha logrado un grado de consecución mínima de los objetivos que supuestamente ha perseguido: no ha conseguido crear un auténtico mercado único de compras públicas; no ha disminuido un ápice el nivel de corrupción; no ha logrado más que muy parcialmente la unificación de regímenes jurídicos; y, desde luego, no ha agilizado los procedimientos de contratación, sino todo lo contrario.
2. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
La regulación de la contratación pública en España se ha encontrado regulada hasta fechas recientes (hasta el día 9 de marzo de 2018) en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante,TRLCSP), cuya entrada en vigor se produjo el 16 de diciembre de 2011, al mes de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
El TRLCSP afecta al Sector público español, sector integrado por más de 20.600 organismos, instituciones y empresas, tanto del ámbito público estatal como del autonómico y local[2]. LaLey 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible[3] había autorizado al Gobierno a elaborar, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, un texto refundido en el que se integraran, debidamente Regularizados, Aclarados y Armonizados (R.A.A.), la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y las disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con rango de ley, incluidas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos.
Dicha habilitación había tenido su razón de ser en la evidente inseguridad jurídica. “La sucesión de leyes que han modificado por diversos motivos la Ley 30/2007 unido a la existencia de otras normas en materia de financiación privada para la ejecución de contratos públicos incluidas en otros textos legislativos, pero de indudable relación con los preceptos que regulan los contratos a los que se refieren, aconsejaban la elaboración de un texto único en el que se incluyan debidamente aclaradas y armonizadas, todas las disposiciones aplicables a la contratación del sector público”.[4]
Para José Antonio Moreno Molina (Catedrático de Derecho Administrativo - Universidad de Castilla - La Mancha)[5]: “El TRLCAP consta de 334 artículos distribuidos en 5 libros, por lo que se vuelve al mismo esquema del texto original de la LCSP, eliminando el Libro VI que introdujo la Ley 34/2010 para dedicarlo al “régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y los medios alternativos de resolución de conflictos”, disposiciones que se llevan ahora al Libro I del texto refundido. Asimismo, el TRLCSP incluye 31 disposiciones adicionales, 8 transitorias, 6 finales y 3 anexos.”
2.1. Normas que integra
2.2 Normas que no integra
LaLey 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y la seguridad, mediante la cual se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/81/CE.
2.3. Normas que deroga
En opinión del profesor José Antonio Moreno Molina : “la refundición es, pues, positiva, en cuanto dota de mayor seguridad jurídica, al confluir distintas disposiciones en un solo texto. Pero tiene el inconveniente de alterar la numeración de los artículos y, por tanto, introducir confusión en las citas jurisprudenciales y doctrinales”.Nota 6
3. Cambios derivados de las directivas europeas
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el
Y la otra cuestión era hasta hace poco ¿cuánto nos va a durar el vigente TRLCSP?. Porque se encontraban en tramitación los Proyectos de ley que pretenden incorporar al ordenamiento jurídico interno las tres nuevas directivas de contratación.
3.1. Presentación de las nuevas directivas europeas de contratación
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE
Aproximación a lo que de estos textos se ha derivado:
El proceso de licitación para las compañías será más simple, con un documento único europeo de contratación pública basado en declaraciones del propio empresario, lo que permitirá que sólo el adjudicatario deba proporcionar la documentación original.
Esto debe reducir la carga administrativa de las empresas en más de un 80 por ciento, según las estimaciones de la Comisión.
Las nuevas normas también incentivarán la división de los contratos en distintos lotes para facilitar la participación de las PYMEs.
Soluciones más innovadoras. Los eurodiputados han defendido con éxito la introducción de un procedimiento completamente nuevo para reforzar las soluciones innovadoras en la contratación pública. Las nuevas “asociaciones para la innovación” permitirán a las autoridades públicas abrir licitaciones para problemas específicos sin anticipar la solución de los mismos, lo que deja margen a la autoridad contratante y al licitador para que propongan ellos mismos los remedios.
3.2. Cambios generales en las nuevas directivas de contratación pública
3.2.1. Breve resumen
3.2.2. Evolución normativa europea de contratación pública
En el Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de marzo de 2014 apareció publicada la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública (esta noticia apareció publicada el día 28 de marzo de 2014 en el Observatorio de Contratación Pública y el día 29 de marzo de 2014 en la Comunidad de Contratación Pública (+ electrónica) del INAP Social, por cierto, dicha noticia fue el punto de arranque de la Comunidad de Contratación integrada en el INAP Social, que hasta la fecha, ha venido haciendo el seguimiento oportuno de esta transposición normativa.
Si bien el plazo de transposición expiró el pasado 18 de abril de 2016 y la transposición al ordenamiento jurídico interno fue tardía, resulta no sólo conveniente, sino fundamental conocer lo pormenores de esta normativa europea por distintos motivos en cuanto que son disposiciones que han inspirado la nueva normativa nacional:
Como todas las directivas es un acto legislativo que establece objetivos que todos los países de la Unión Europea deben cumplir. Si bien cada país deberá decidir individualmente cómo hacerlo, tiene un efecto directo sobre los Estados miembros, es decir, que transcurrido el plazo para su incorporación, los particulares podrán alegar estos derechos e invocar directamente normas europeas ante las jurisdicciones nacionales y europeas; de hecho, en nuestro país estos efectos directos se produjeron a partir de abril de 2016.
El legislativo nacional no pudo cumplir el plazo de transposición. De modo similar a lo que pasó en la anterior incorporación al ordenamiento nacional de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios que debía haber sido incorporada al ordenamiento jurídico español el 31 de enero de 2006 y lo fue, efectivamente, el 1 de mayo de 2008, es un hecho que la incorporación de la legislación adaptada al ordenamiento jurídico interno no se ha verificado antes del 18 de abril de 2016. Los Anteproyecto llegaron a ser objeto de dictamen por el Consejo de Estado pero, como sabemos, no había un Gobierno que pudiera remitir para su tramitación parlamentaria, todo ello derivado de la situación de interinidad en el ejecutivo durante casi todo el año 2016.
En el año 2007 se aprobó la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 11 de diciembre de 2007 por la que se modificaban las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos.
En el año 2009 se aprobó la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modificaban las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE.
Antes, en el año 2003, se había aprobado otra directiva que afecta transversalmente a toda relación con cualquier administración públicas, sea o no de contratación pública, la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999 por la que se estableció un marco común para la firma electrónica.
Además de estos actos jurídicos (directivas) de la Unión Europea que vinculan a los estados miembros en lo que a la contratación pública se refiere, hay otro tipo de actos jurídicos atípicos como las comunicaciones y los libros blancos y verdes.
Además de las directivas, la Comisión Europea ha formulado comunicaciones relativas a la contratación pública. Con esos actos jurídicos atípicos la Comisión Europea explícita su opinión sobre determinadas problemáticas europeas o internacionales. Su ámbito de aplicación es general, pero no tienen efecto vinculante.
Además de directivas y comunicaciones, la Comisión ha elaborado libros verdes sobre contratación pública. Un libro verde tiene por objetivo estimular una reflexión a nivel europeo sobre un tema concreto, invitando a las partes interesadas (organismos y particulares) a participar en un proceso de consulta y debate sobre las propuestas que presentan).
En definitiva, en el año 2014, se publicaron cuatro directivas que afectan a la contratación pública:
3.2.3. La contratación pública es una herramienta clave en la gestión pública
3.2.4. Principios generales de “toda” la contratación pública
La nueva directiva ha puesto énfasis en asegurar la garantía del cumplimiento del principio de transparencia en diversos momentos del proceso de contratación pública:
Cuando se publicitan ofertas de negocio con el Sector Público: “Para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato en la adjudicación de los contratos, los poderes adjudicadores deben estar obligados a procurar la transparencia necesaria para permitir a todos los licitadores estar razonablemente informados de los criterios y modalidades que se aplicarán en la decisión relativa a la adjudicación del contrato” y “los medios de información y comunicación electrónicos pueden simplificar enormemente la publicación de los contratos y aumentar la eficiencia y la transparencia de los procedimientos de contratación”.
Todos los contratos, no sólo los sometidos por su valor económico a la regulación que establecen las directivas, deberían cumplir esos principios porque sólo cumpliéndolos se logrará la consecución de la oferta económicamente más ventajosa.
Para los contratos por encima de un determinado valor existe una regulación armonizada, ¿pero qué pasa con los los contratos que no sobrepasan esos umbrales?, ¿cómo se gestionan? o ¿cómo se deberían de gestionar?.
La Comisión Europea en la Comunicación (2006/C 179/02) interpretativa de la Comisión sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública, expuso su interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) y propuso lo que consideraba las mejores prácticas para ayudar a los Estados miembros a obtener el máximo beneficio del mercado interior. La Comisión recomendaba y recomienda hacer en aquellos contratos no comprendidos en el ámbito de aplicación de las directivas de contratación lo siguiente:
Dar a la necesidad existente la publicidad adecuada (a través del perfil de comprador en Internet).
3.2.5. Novedades en el ámbito subjetivo
Respecto a las encomiendas de gestión, se precisan los requisitos que deben contemplarse para que se contraten a empresas públicas la realización de servicios, sin que queden sometidos a la aplicación de los procedimientos previstos en la directiva:
3.2.6. Novedades en el ámbito objetivo: La nueva directiva de concesiones
3.2.7. Potenciar la participación de las PYMEs en la contratación pública
La directiva se enfoca a potenciar la participación de las PYMEs en la contratación pública, ya que las instituciones de la Unión tienen claro que “las PYMEs son la columna vertebral de la economía de la UE y su prosperidad es un factor crucial para lograr más crecimiento”.
Algo que se va a imponer es la utilización generalizada de medios electrónicos. Según indica la directiva: “Los medios de información y comunicación electrónicos pueden simplificar enormemente la publicación de los contratos y aumentar la eficiencia y la transparencia de los procedimientos de contratación. Deben convertirse en el método estándar de comunicación e intercambio de información en los procedimientos de contratación, ya que hacen aumentar considerablemente las posibilidades de los operadores económicos de participar en dichos procedimientos en todo el mercado interior".
Para potenciar la licitación de las PYMEs, los contratos se tendrán que fraccionar en lotes, por regla general. En el año 2007 la Comisión Europea ya “animaba a sus entidades contratantes a subdividir los contratos en lotes cuando sea posible”. Si bien en la actual legislación nacional los lotes son excepcionales, la nueva directiva busca potenciar y dar ventajas a las PYMEs señalando que: “A tal efecto y para aumentar la competencia, procede animar a los poderes adjudicadores a, en particular, dividir grandes contratos en lotes. Esta división podría realizarse de manera cuantitativa, haciendo que la magnitud de cada contrato corresponda mejor a la capacidad de las PYME, o de manera cualitativa, de acuerdo con los diferentes gremios y especializaciones implicados, para adaptar mejor el contenido de cada contrato a los sectores especializados de las PYME o de acuerdo con las diferentes fases ulteriores de los proyectos”.
3.2.8. Criterios de valoración de ofertas. Más “calidad” y menos “precio”
3.2.9. Más procedimientos negociados con publicidad y mejor hechos
En consecuencia, habrá que tramitar más procedimientos negociados y hacerlo, como regla general, con publicidad.
3.2.10. Nuevo procedimiento de adjudicación: Asociación para la Innovación
3.2.11. Más facturación electrónica
3.3. Cambios "electrónicos" en las nuevas directivas de contratación pública
3.3.1. ¿Porqué hay cambios electrónicos?
En comparación con la Directiva existente, estas herramientas se han mejorado y aclarado con el fin de facilitar la contratación electrónica".
A nivel europeo se ponían a disposición del gestor esas herramientas electrónicas, porque la gestión electrónica de la contratación conllevaba y conlleva múltiples y evidentes ventajas:
“El uso de las comunicaciones electrónicas y el procesamiento electrónico de las transacciones por los poderes adjudicadores puede generar ahorros significativos y mejorar los resultados de la contratación, reduciendo a la vez despilfarros y errores.
La propuesta tiene por objeto ayudar a los Estados miembros a realizar el cambio a la contratación electrónica que permita a los proveedores participar en los procedimientos de contratación en línea en todo el mercado interior.
Para ello, la propuesta de Directiva establece la obligación de transmitir los anuncios en formato electrónico, poner la documentación de la contratación a disposición del público por medios electrónicos y adoptar una comunicación totalmente electrónica, en particular por lo que respecta a la presentación electrónica de ofertas o solicitudes, en todos los procedimientos de contratación en un período de transición de dos años.
Asimismo, racionaliza y mejora los sistemas dinámicos de adquisición y los catálogos electrónicos, herramientas de contratación completamente electrónicas que se adaptan especialmente a la contratación muy agregada que llevan a cabo las centrales de compras.
El instrumento de la contratación electrónica también permitirá a los poderes adjudicadores evitar, detectar y corregir los errores que se deben en general a una interpretación o comprensión incorrectas de las normas de contratación pública”.
En el proceso de elaboración de la nuevas Directivas y en lo que nos atañe, la contratación pública electrónica, se elaboraron dos libros verdes en relación a la contratación pública electrónica:
Libro Verde sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE de 18 octubre de 2010 y
Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE - Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente, de 27 de enero de 2011.
Como dice su Considerando 52º: “Los medios de información y comunicación electrónicos pueden simplificar enormemente la publicación de los contratos y aumentar la eficiencia y la transparencia de los procedimientos de contratación”. Añadiendo el Considerando 80º que: “..., la utilización de medios de información y comunicación electrónicos, y en particular la puesta a disposición de los operadores económicos, licitadores y candidatos por medios totalmente electrónicos de los pliegos de la contratación y la transmisión electrónica de las comunicaciones, lleva a una mayor transparencia y ahorro de tiempo”.
Por ello, continúa diciendo el Considerando 52º: "los medios electrónicos deben convertirse en el método estándar de comunicación e intercambio de información en los procedimientos de contratación, ya que hacen aumentar considerablemente las posibilidades de los operadores económicos de participar en dichos procedimientos en todo el mercado interior. Para ello, debe hacerse obligatoria:
la transmisión de anuncios en formato electrónico,
3.3.2. ¿Cuando serán exigibles las nuevas obligaciones electrónicas?
Desde el 18 de abril de 2016:
En subastas electrónicas, sistemas dinámicos de adquisición y catálogos electrónicos será obligatorio:
Transmisión de anuncios en formato electrónico,
Puesta a disposición del público por medios electrónicos de los pliegos de la contratación.
Desde el 18 de abril de 2017:
Lo anterior será obligatorio para las centrales de compras.
Desde el 18 de octubre de 2018:
En todo el sector público de la Unión Europea será obligatoria:
3.3.3. No será exigible en formato electrónico
evaluar electrónicamente o tratamiento automáticamente las ofertas
a utilizar los medios electrónicos tras la adjudicación del contrato
3.3.4. Las comunicaciones electrónicas
Las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la descripción de las ofertas utilizan formatos de archivo que no pueden ser procesados por otros programas abiertos o generalmente disponibles o están sujetas a un régimen de licencias de uso privativo y el poder adjudicador no pueda ofrecerlas para su descarga o utilización a distancia;
Los pliegos de la contratación requieren la presentación de modelos físicos o a escala que no pueden ser transmitidos utilizando medios electrónicos".
Cuando el uso de medios de comunicación no electrónicos sea necesario bien por una violación de la seguridad de dichos medios de comunicación electrónicos o para proteger información especialmente delicada que requiera un nivel tan alto de protección que no se pueda garantizar adecuadamente utilizando dispositivos y herramientas electrónicos de los que disponen en general los operadores económicos o de los que se pueda disponer a través de otros medios de acceso alternativos en el sentido del apartado 5".
En estos casos, es decir, cuando el medio electrónico no se usa como canal normal de comunicación, ésta se realizará por:
3.3.5. La transmisión de anuncios en formato electrónico
Siguen existiendo tres tipos de anuncios: de información previa (artículo 48), de licitación y de adjudicación de contratos.
Apartado 2º: “Los anuncios contemplados en los artículos 48 (de información previa), 49 (de licitación) y 50 (de adjudicación de contratos) se elaborarán, se enviarán por medios electrónicos a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea y se publicarán de conformidad con el anexo VIII.”
3.3.6. Los pliegos de cláusulas en formato electrónico
Quizá desde el 2011 ya sea obligatorio poner a disposición electrónicamente esos documentos contractuales, ya que, el artículo 37.1º de Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible sobre el impulso a la eficiencia en la contratación pública y financiación de la colaboración público-privada introdujo en el artículo 22.2º del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), los principios de la eficiencia en la contratación, estableciendo entre otros y ahora en tiempo verbal imperativo, que: "Los entes, organismos y entidades del sector público promoverán ... el acceso sin coste a la información, en los términos previstos en la presente Ley". Es decir, que si es obligatorio facilitar la documentación para que un licitador pueda ofertar y un poder adjudicador dispone obligatoriamente de una herramienta que permite hacerlo, quizá sea ya obligatorio facilitar los pliegos en formato electrónica.
En cualquier caso, con la nueva directiva y desde el 18 de abril de 2016, los documentos contractuales deberán ser puestos a disposición de los licitadores por medios totalmente electrónicos, ya que, su utilización “conlleva a una mayor transparencia y ahorro de tiempo”.
Desde el pasado 18 de abril de 2016, cualquier licitador podrá exigir la puesta a disposición de los documentos contractuales en los términos previstos en el artículo 53 que establece que:
“Los poderes adjudicadores ofrecerán por medios electrónicos un acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación a partir de la fecha de publicación del anuncio, de conformidad con el artículo 51, o a partir de la fecha de envío de la invitación a confirmar el interés. El texto del anuncio o de la invitación a confirmar el interés deberá indicar la dirección de internet en que puede consultarse esta documentación.
3.3.7. Los catálogos electrónicos
En el Considerando 55: “los catálogos electrónicos, que constituyen un formato para la presentación y organización de la información de forma común para todos los licitadores participantes que se presta al tratamiento electrónico” añadiendo en el Considerando 68 que “se están desarrollando constantemente nuevas técnicas electrónicas de compra, como los catálogos electrónicos. Añade el citado Considerando que estos catálogos..."contribuyen a incrementar la competencia y a racionalizar las compras públicas, en especial gracias al ahorro de tiempo y dinero. Deben establecerse, no obstante, algunas normas para garantizar que la utilización de las nuevas técnicas cumpla lo dispuesto en la presente Directiva, así como los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia. En particular, cuando se haya vuelto a convocar una licitación basada en un acuerdo marco o cuando se utilice un sistema dinámico de adquisición y existan suficientes garantías respecto a la trazabilidad, la igualdad de trato y la previsibilidad, los poderes adjudicadores deben estar autorizados a generar ofertas relacionadas con compras específicas sobre la base de catálogos electrónicos enviados previamente. De acuerdo con las normas aplicables a los medios de comunicación electrónicos, los poderes adjudicadores deben evitar obstáculos injustificados al acceso de los operadores económicos a los procedimientos de contratación pública en los que las ofertas deban presentarse en forma de catálogo electrónico y esté garantizado el respeto de los principios generales de no discriminación e igualdad de trato”.
Según dispone el artículo 22.3º de la Directiva: "Para garantizar la interoperabilidad de los formatos técnicos, así como de las normas de procesamiento y mensajería, especialmente en un contexto transfronterizo, se otorgarán a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 89, a fin de establecer el uso obligatorio de normas técnicas específicas, al menos por lo que respecta a la presentación electrónica de ofertas y solicitudes, los catálogos electrónicos y los medios para la autenticación electrónica" y según se lee en el Libro Verde sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE SEC(2010) 1214, y probablemente ese núcleo técnico que garantice la interoperabilidad de los formatos será PEPPOL.
La regulación del funcionamiento de los catálogos electrónicos está establecida en el artículo 36 de la Directiva, pudiendo destacarse que:
“Se puede exigir obligatoriamente a los licitadores:
Los poderes adjudicadores podrán exigir que las ofertas se presenten en forma de catálogo electrónico.
Incluso, los Estados miembros podrán hacer obligatoria la utilización de catálogos electrónicos en relación con determinados tipos de contratación.
Las ofertas presentadas en forma de catálogo electrónico podrán ir acompañadas de otros documentos que las completen.
Elaboración del catálogo electrónico.
Los catálogos electrónicos serán elaborados por los candidatos o licitadores de conformidad con las especificaciones técnicas y el formato establecidos por el poder adjudicador.
Los catálogos electrónicos cumplirán los requisitos aplicables a las herramientas de comunicación electrónicas, así como cualquier otro establecido por el poder adjudicador conforme al artículo 19.
Regulación del catálogo. Los poderes adjudicadores deben:
hacerlo constar en el anuncio de licitación o en la invitación a confirmar el interés cuando se utilice un anuncio de información previa como convocatoria de la licitación;
3.3.8. Las subastas electrónicas
Expresamente están excluidos del ámbito de la subasta electrónica “los contratos públicos de servicios y de obras que, al tener por objeto prestaciones de carácter intelectual, como la elaboración de proyectos de obras, que no se pueden pueda establecerse de manera precisa en los pliegos” y, por lo tanto,“no pueden clasificarse mediante métodos de evaluación automatizados”.
3.3.9. Los sistemas dinámicos de adquisición (SDA)
Antes se seguían los trámites del procedimientos abierto, ahora son los del procedimiento restringido.
Hay que precisar “claramente” que se trata de un sistema dinámico de adquisición.
Hay que indicar la ”cantidad estimada de compras previstas”.
Antes se presentaba una oferta indicativa, ahora, en la medida en se sigue el procedimiento restringido, se presenta una “solicitud para participar”.
Para evaluar las solicitudes hay un plazo máximo de 10 días hábiles. Antes el plazo era de 15 días y se podría prorrogar, esto ha desaparecido, ahora no se puede prorrogar el plazo de presentación de la solicitud de participación.
Aparece una nueva regulación, en el apartado 5º, en la medida en se trata de un procedimiento restringido, no abierto, como era antes:
“Durante todo el período de vigencia del sistema dinámico de adquisición, los poderes adjudicadores ofrecerán a cualquier operador económico la posibilidad de solicitar participar en el sistema en las condiciones expuestas en el apartado 2. Los poderes adjudicadores finalizarán su evaluación de estas solicitudes conforme a los criterios de selección en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su recepción. Dicho plazo podrá prorrogarse a quince días hábiles en casos concretos justificados, en particular si es necesario examinar documentación complementaria o verificar de otro modo si se cumplen los criterios de selección.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, mientras la convocatoria de ofertas para la primera contratación específica en virtud del sistema dinámico de adquisición no haya sido enviada, los poderes adjudicadores podrán ampliar el plazo de evaluación siempre que no se haya emitido ninguna convocatoria de ofertas durante el plazo de evaluación ampliado. Los poderes adjudicadores indicarán en los pliegos de la contratación la duración del plazo ampliado que se propongan aplicar.
3.3.10. Las centrales de compras
Las actividades de compra centralizadas: “Alguna de las formas de actividades siguientes, realizadas con carácter permanente:
a) la adquisición de suministros y/o servicios destinados a poderes adjudicadores;
b) la adjudicación de contratos públicos o la celebración de acuerdos marco de obras, suministros o servicios destinados a poderes adjudicadores”.
Las actividades de compra auxiliares: “Actividades consistentes en la prestación de apoyo a las actividades de compra, en particular en las formas siguientes:
a) infraestructuras técnicas que permitan a los poderes adjudicadores adjudicar contratos públicos o celebrar acuerdos marco de obras, suministros o servicios;
b) asesoramiento sobre la realización o la concepción de los procedimientos de contratación pública;
c) preparación y gestión de los procedimientos de contratación en nombre del poder adjudicador y por cuenta de este”.
La central de compras: “Un poder adjudicador que realiza actividades de compra centralizadas y, eventualmente, actividades de compra auxiliares”.
Aparecen expresamente las “obras” dentro del ámbito de la central de compras.
4. Normas con rango de ley que afectan a la contratación pública
4.1. Ley de emprendedores
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ha introducido importantes cambios en la actual normativa de contratación pública. María Antonia Jusdado resumió así los cambios que introducía dicha norma en la materia de contratación :
4.1.1. Nueva forma de acreditar los requisitos de aptitud
La Ley de Emprendedores añadió al artículo 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dos nuevos apartados:
"4. El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 se sustituya por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros.En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.
5. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones".
4.1.2. Se modifica el régimen de la clasificación
Modificó el artículo 65.1º del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, incrementado los límites para la exigencia de la clasificación empresarial:
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000,00 €.
contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000,00 €.- Como se sabe, con posterioridad a esta modificación, ha desaparecido la exigencia de Clasificación para contratos de servicios.
Además, la nueva redacción añade que "en el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el subgrupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato".
Se modificó el artículo 65.5º del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre: "las entidades del sector público que no tengan el carácter de Administración Pública podrán exigir una determinada clasificación a los licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en los supuestos del apartado 1 del artículo 65".
Y la Disposición Transitoria 4ª del TRLCSP quedó así: "El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán estos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros".
Posteriormente y a través de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público se introducen nuevas modificaciones en materia de Clasificación, aunque fue preciso su desarrollo reglamentario para su entrada en vigor a través del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.
4.1.3. Nulidad de las ventajas para las empresas que hayan contratado previamente con la Administración Pública
Aparece un nuevo apartado en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que declara nulas «d): "Todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Administraciones Públicas que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración»
El artículo 45 de la Ley Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización, refuerza la prohibición de discriminación en contra de contratistas en los procedimientos de contratación del siguiente modo:
"1. En sus procedimientos de contratación, los entes, organismos y entidades integrantes del sector público no podrán otorgar ninguna ventaja directa o indirecta a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.
2. Serán nulas de pleno derecho todas aquellas disposiciones contenidas en disposiciones normativas con o sin fuerza de Ley así como en actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano del sector público que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración".
4.1.4. La garantía definitiva se puede constituir mediante retención en el precio
Se modifica el artículo 96 apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que queda redactado de la siguiente forma:
"2. Cuando así se prevea en los pliegos, la garantía en los contratos de obras, suministros y 'servicios, así como en los de gestión de servicios públicos cuando las tarifas las abone la 'administración contratante, podrá constituirse mediante retención en el precio. En el pliego se fijará 'la forma y condiciones de la retención.
3. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos,'salvo que en el pliego se establezca lo contrario".
4.1.5. Reducción del plazo para la devolución o cancelación de las garantías para las PYMES
Se modifica el apartado 5 del artículo 102 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que queda redactado de la siguiente forma:
"5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100.
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) N.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses".
4.1.6. Las Uniones de empresarios se pueden dar de alta en el R.O.L.E.C.E. (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado)
Modifica el **artículo 59.1** del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con el siguiente tenor: "1. Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que estén interesados en formar las Uniones a las que se refiere el párrafo anterior podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia".
4.1.7. Reducción del plazo de demora en el pago para que el contratista pueda optar a la resolución contractual
Los apartados 6 y 8 del artículo 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, quedan redactados así:
"6. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen";
"8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro meses y seis meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo".
4.1.8. Comprobación de los pagos a los subcontratistas
Por último, se añade un nuevo artículo 228 bis, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre:
"Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas que participen en los mismos.
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos.»
Ley 14-2013 Emprendedores.pdf
4.2. Ley de racionalización de la administración local
Esta Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece sobre la contratación, contratación electrónica y las centrales de compras provinciales:
En el preámbulo: "Otra de las medidas adoptadas en la Ley es la de reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entidades equivalentes. Esto se lleva a cabo mediante la coordinación por las Diputaciones de determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes o la atribución a éstas de nuevas funciones como la prestación de servicios de recaudación tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, su participación activa en la elaboración y seguimiento en los planes económico-financieros o las labores de coordinación y supervisión, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de los procesos de fusión de Municipios.
/Artículo 1 número trece. Se modifica el artículo 36 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local , que queda redactado de la siguiente forma:
"1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades 22 Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:... g) La prestación de los servicios de Administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes."
Ley 27-2013 racionalización Ad Local.pdf
4.3. Ley de facturación electrónica. Sin perjuicio de la normativa europea citada (Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública), es preciso tener en cuenta la siguiente normativa nacional dictada hasta la fecha:
En lo básico, y a nivel muy sintético, toda esta normativa trae su causa en la necesidad de reducir la importante morosidad en la que incurre la Administración Pública en el cumplimiento de sus obligaciones. Dicho en otras palabras, y en los términos de la exposición de motivos de la Ley, el control informatizado y sistematizado de las facturas favorecerá un seguimiento riguroso de la morosidad a través de un indicador, el periodo medio de pagos, que visualizará el volumen de deuda comercial de las Administraciones y permitirá, llegado el caso, aplicar los nuevos mecanismos previstos la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que el control de la deuda comercial forma parte del principio de sostenibilidad financiera.
4.4. Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
Justificación: "En un contexto de estabilidad de precios y de salarios, carece de sentido que el precio regulado de una prestación sujeta a obligación de servicio público o el de un contrato público se indexe a la evolución de precios de bienes y servicios sin incidencia directa en el coste de dicha prestación o suministro".
Revisión de contratos de arrendamiento de inmuebles.
Artículo 4.6º. "Excepcionalmente, en los contratos de arrendamiento de inmuebles contemplados en la letra p) del apartado 1 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 14 de noviembre, las partes podrán, previa justificación económica, incorporar un régimen de revisión periódica y predeterminada para la renta. En tal caso, únicamente se podrá utilizar como índice de referencia para la revisión de la renta la variación anual del índice de precios del alquiler de oficinas, a nivel autonómico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de cada revisión, tomando como trimestre de referencia el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de revisión del contrato. En defecto de pacto expreso, no se aplicará revisión de rentas a los citados contratos".
Derogación: Se derogan también expresamente los artículos 90, 91 y 92 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
"El régimen de revisión de precios de los contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuyo expediente de contratación se haya iniciado antes de la entrada en vigor del real decreto al que se refiere el artículo 4 de esta Ley será el que esté establecido en los pliegos. A estos efectos, se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimiento negociado sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.
Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación al resto de contratos celebrados por organismos y entidades del sector público que se perfeccionen a partir de su entrada en vigor. Hasta que se publique el índice de alquiler de oficinas, previsto en el artículo 4 de esta Ley, cuando se pacte un régimen de revisión periódica y predeterminada en los contratos de arrendamiento de inmuebles en que sea parte el sector público perfeccionados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se aplicará el índice de precios de alquiler de la vivienda del Índice de Precios de Consumo del Instituto Nacional de Estadística, a nivel provincial.
Por lo que se refiere a los valores monetarios en cuya determinación interviene el sector público distintos a los referidos en los apartados anteriores, los regímenes de revisión periódica y predeterminada aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor del real decreto referido en el artículo 4 de la misma, si bien en las fórmulas las referencias a las variaciones de índices generales, tales como Índice de Precios de Consumo o el Índice de Precios Industriales, deberán sustituirse por el valor cero".
El apartado 5 del artículo 47 queda redactado como sigue: «5. En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma. El importe de ésta será de entre 1.000 y 15.000 euros determinándose su cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores. Las cuantías indicadas en este apartado serán actualizadas cada dos años mediante Orden Ministerial».
Se modifica el artículo 89. Procedencia y límites.
"1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo. No cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos. Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas por la Administración o por los usuarios.
Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 131, que queda con la siguiente redacción: «d) Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones posibles sobre las que deberá versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de actualización de costes durante la explotación de la obra, con referencia obligada a su repercusión en las correspondientes tarifas en función del objeto de la concesión. En todo caso, la revisión del sistema de retribución del concesionario contenida en los pliegos, deberá ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del Título III de esta Ley».
Se modifica el apartado 1 del artículo 133, que queda redactado en los siguientes términos: «1. De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. En cuanto a la revisión de tarifas, los pliegos de cláusulas administrativas deberán ajustarse a lo previsto en el Capítulo ll del Título III de esta Ley».
Se modifica el apartado 3 del artículo 255, que queda redactado del siguiente modo: «3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con el procedimiento que determine el pliego de cláusulas administrativas particulares y de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del Título III de esta Ley».
El desarrollo de esta Ley ha sido adoptado a través del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
Este reglamento, a través de sus artículos 9 y siguientes regulan las posibilidades de revisión de precios de los contratos sometidos al actual Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
4.5. Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. A través del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, se ha dado cumplimiento a lo establecido legalmente en cuanto a la necesidad de realizar adaptaciones en la estructura de la clasificación y su configuración en grupos, subgrupos y categorías, modificando lo establecido en el Reglamento General, así como las adaptaciones impulsadas por la Ley de facturación electrónica en materia de acreditación de solvencia la solvencia económica y financiera y de la solvencia técnica o profesional.
En fase de proyecto, Juan C. Romar Villar, editor del blog www.contratodeobras.com realizó este este resumen al proyecto de modificación:
Se hace exigible la clasificación para los contratos de obras cuyo valor estimado supere los 500.000 euros. Se elimina la exigencia de clasificación en los contratos de servicios sea cual fuere su importe. Cabe recordar que la no exigencia de clasificación en los contratos de servicios, no supone la eliminación de la posibilidad de que las empresas tramiten un expediente de clasificación como contratistas de servicio
En los contratos en que no es exigible la clasificación, ésta podrá emplearse sin embargo para acreditar la solvencia. Con este fin, los pliegos indicarán el grupo y/o subgrupo y categoría, por la cual se entenderá acreditada la solvencia.
De no acreditarse la solvencia con la clasificación optativa, habrán de acreditarse los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.
Con carácter supletorio, el RGLCAP establece, a partir de esta modificación, los requisitos y medios que, en defecto de lo indicado en los pliegos, operarán en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato (Art. 11, 4 y 5).
Respecto a la obtención y acreditación de la clasificación:
Se reajustan los umbrales de las distintas categorías que, además, pasan a denominarse mediante números crecientes (del 1 al 6 en los contratos de obras y del 1 al 5 en los de servicios) en función de sus respectivos umbrales.
Se establece una tabla de equivalencias entre las nuevas y las anteriores categorías. Éstas últimas continuaran surtiendo efectos hasta el 1 de enero de 2020, salvo en los grupos y subgrupos de servicios que se eliminan en la presente modificación (ver punto X), que surtirán efectos hasta el 1 de enero de 2016.
Se reajusta el patrimonio neto mínimo exigible para el acceso de las empresas a cada categoría de clasificación.
Se amplían el periodo (a 10 en obras y a 5 en servicios) durante el cual los trabajos son tenidos en cuenta como prueba de la experiencia. En servicios, se limita a cuatro el número de trabajos a considerar como experiencia computable para cada subgrupo solicitado.
Se modifica el modo por el que se determina la asignación de categoría.
En relación a los contratos de servicios, se reduce significativamente el número de subgrupos (pasando de 72 a 29), si bien también se establece una tabla de correspondencia entre subgrupos de clasificación y códigos CPV, con lo que los subgrupos suprimidos pasaran a integrarse en otros subsistentes.
Se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para actualizar, tanto la relación de subgrupos de clasificación como la correspondencia entre éstos y los códigos CPV en cada momento vigentes".
5. Normas actualmente en tramitación
Actualmente hay una norma en tramitación:
Proyecto de ley de contratos del Sector Público en transposición de las nuevas directivas de contratación pública.
BIBLIOGRAFÍA - PRESENTACIONES - FOROS
El nuevo proceso de reforma de la Legislación sobre contratos públicos impulsado por la Unión Europea. José Antonio Moreno Molina. Congreso sobre "Nuevos retos de la Contratación Pública. Cuenca, enero 2013.
"La constante e interminable reforma de la normativa sobre contratación pública" de D. Juan Alfonso Santamaría Pastor.Catedrático de Derecho Administrativo. Letrado de las Cortes Generales.
Las PYME en la futura normativa de contratación pública de Maria Pilar Batet, agosto de 2013.
Cambios "generales" que se avecinan con las nuevas directivas de contratación pública. Foro- INAP SOCIAL.
Novedades de las Nuevas Directivas sobre Contratación Púbica. José Antonio Moreno Molina. Congreso Internacional Sobre Contratación Pública. Cuenca, enero 2014.
Propuesta de nueva Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Ximena Lazo Vitoria. Congreso “Nuevos retos de la Contratación Pública” Cuenca, enero 2013.
El reparto del riesgo en la nueva Directiva de concesiones. Ximena Lazo Vitoria. Congreso Internacional Sobre Contratación Pública. Cuenca, enero 2014.
Comentarios a la nueva Directiva de Concesiones. Papilio Abogados, marzo 2014.
Comentarios a la Directiva 2014/24, general, de Contratación Púbica. Papilio Abogados, marzo 2014.
Comentarios a la Directiva 2014/25, Sectores especiales. Papilio Abogados, marzo 2014.
Transposición de las Nuevas Directivas sobre Contratación Pública, José Antonio Moreno Molina. Seminario del ObCP, Formigal, septiembre de 2014.
Comentarios a la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión - Guillermo González de Olano y José Alberto Navarro Manich. Revista Actualidad Jurídica Uría Menéndez nº 27.
La nueva Directiva Clásica de Contratación Pública - Ana María Sabiote Ortiz. Revista Actualidad Jurídica Uría Menéndez, nº 27.
La transposición de las nuevas Directivas de contratos: tendencias de reforma de la legislación contractual. Seminario Internacional sobre Contratación Pública. Pública. Madrid 15 y 16 de diciembre de 2014. Elena Hernáez.
7-TACP_Madrid_Elena_Hernaez.pdf
El Sistema de Recursos Contractuales en España a la luz de las Nuevas Directivas sobre contratación Pública. 'Seminario Internacional sobre Contratación Pública. Pública. Madrid 15 y 16 de diciembre de 2014. Juan José Pardo García-Valdecasas.'
5-Ponencia_pardo_garcia_valdecasas.pdf
La Reforma Comunitaria en materia de Contratos Públicos y su incidencia en la Legislación Española. Una visión desde la perspectiva de la integridad. M. Gimeno Feliu. Ponencia AEPDA. Madrid, febrero de 2015.
Prof. Gimeno Feliu-reforma comunitaria.pdf
La Nueva Directiva de Concesiones. Un largo viaje con final esperado. Francisco L. Hernández González. Ponencia AEPDA. Madrid, febrero de 2015.
Prof. Hernández González-concesiones.pdf
La Modificación de los Contratos en la Cuarta Generación de Directivas sobre contratación Pública. Isabel Gallego Córcoles. Ponencia AEPDA. Madrid, febrero de 2015.
Ponencia Prfa. Gallego Córcoles-modificaciones de contratos.pdf
COMENTARIO A LAS NUEVAS DIRECTIVAS EUROPEAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (I). Jerónimo Martínez García. Secretario General del Ayuntamiento de Toledo y Ana Isabel Elez Gómez. Jefa de Servicio de Contratación y Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha. Revista GABILEX - marzo de 2015.
El valor interpretativo de las nuevas directivas de Contratación Pública antes del vencimiento del plazo de transposición de José María Gimeno Feliu, Observatorio de Contratación Pública, 30 de marzo de 2015.
El Anteproyecto de nueva Ley de Contratos del Sector Público y su imprescindible aprobación. José Antonio Moreno Molina, Observatorio de Contratación Pública, 20 de abril de 2015.
La inminente adaptación de la Ley de Contratos del Sector Público a las nuevas Directivas comunitarias. Blog de Acal Consultores, 24 de marzo de 2015.
El CERMI plantea a Hacienda que la Nueva Ley de Contratos del Sector Público incorpore la dimensión social, 2 de abril de 2015.
Novedades introducidas en el anteproyecto de Ley de contratos del Sector Público, José María Gimeno Feliú, Observatorio de Contratación Pública, 18 de abril de 2015.
LAS NUEVAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU NECESARIA INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL. José Antonio Moreno Molina. GABILEX, mayo de 2015.
La nueva directiva europea de compras. A finales de octubre, previsiblemente, se votará la nueva directiva comunitaria de compras públicas con el cambio fundamental de la obligatoriedad del formato electrónico en un plazo determinado.
"Modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley de Emprendedores: al fin una simplificación de los procedimientos de contratación." de José Miguel Carbonero Gallardo. Contratación Administrativa Práctica, del 1 al 30 Sep. 2013, Editorial LA LEY. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados.
La trasposición de las nuevas directivas europeas sobre contratación pública al Derecho español José Antonio Moreno Molina, Jornadas de Contratación Pública, INAP- SOCIAL, Comunidad de Contratración, días 10 y 11 de noviembre de 2015.
La nueva normativa de desindexación de la economía española: las revisiones de precios. Pedro Guerreo Meseger. Jornada de Transparencia y Eficiencia. Escola Galega de Administración Pública. Santiago de Compostela 11 de marzo de 2016.
Informe de Tesera Hospitalidad relativo al “Análisis de las novedades legislativas de la Directiva 2014/23/UE de 26 de febrero de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la adjudicación de contratos de Concesión”.
DOCUMENTOS / INFORMES DE LA UNIÓN EUROPEA
Comunicación de la Comisión: EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Libro Verde sobre la modernización de la política de la contratación pública de la Unión Europea. Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente.
Comunicación de la Comisión: Acta del Mercado Único. Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza. «Juntos por un nuevo crecimiento».
Informe preliminar del Parlamento Europeo sobre la modernización de la contratación pública.
DOCUMENTOS / INFORMES DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS (ESPAÑA)
El CGPJ aprueba por unanimidad el informe al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, 11 de junio de 2015.
Dictamen 8/2015- Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Dictamen 9/2015 - Anteproyecto de Ley de Contratos de Sectores especiales: Agua, Energía, Transporte y Servicios Postales. Informe 17/2015, de 3 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, «Efectos de las Directivas de contratación pública en la regulación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, tras la conclusión del plazo de transposición. Posibilidades de desarrollo».
OTROS RECURSOS Vídeos:
Escola Galega de Administración Pública.I Seminario Internacional sobre transparencia administrativa e protección dos intereses financeiros da U.E. na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal
Reforma da normativa europea sobre contratación administrativa e transparencia na contratación por parte do sector público. José María Gimeno Feliú, 19 de marzo de 2014.
Escola Galega de Administración Pública. Xornadas sobre as novas directivas de contratación pública e a súa transposición.
A adaptación do Dereito español da contratación pública ás directivas europeas: balance e perspectivas. Juan José Lavilla Rubira, letrado das Cortes Xerai
Desafíos das CCAA ante o novo marco europeo de contratación pública. Isabel Torralba Mena, xefa do Gabinete de Estudos e Dereito Comunitario da Asesoría Xurídica Xeral
As novas directivas europeas de contratación pública e a Estratexia Europa 2020. José María Gimeno Feliú, catedrático de Dereito Administrativo da Universidade de Zaragoza.
O proceso de mellora permanente na contratación pública: experiencia do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais ante as novas directivas de contratación. Juan José Pardo García-Valdecasas, presidente do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais.
Transposición das novas directivas de contratación pública: similitudes e diferenzas respecto do marco vixente en España. Martín María Razquin Lizarraga, catedrático de Dereito Administrativo da Universidade Pública de Navarra.
A transposición das directivas 2014/23, 2014/24 e 2014/25: análise comparada no ámbito europeo e internacional. Santiago González-Varas Ibáñez, catedrático de Dereito Administrativo da Universidade de Alicante.
Jornada de contratación pública en la Diputación Provincial de Castellón. Francisco Blanco y José María Gimeno Feliu,
Escola Galega de Administración Pública. Jornada sobre Transparencia y Eficiencia en Contratación Pública. 11 de marzo de 2015.
La revisión de precios del contrato. Pedro Guerrero Meseguer. Subdirector General de Política Económica. Ministerio de Economía y Competitividad.
Congreso Nacional de Contratación Electrónica 2016.
FUTURO INMEDIATO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA Y LA UE. José Antonio Moreno Molina; Margarita Vento Torres; Miguel Ángel Bernal Blay; Jaime Domínguez-Macaya.
La constante e interminable reforma de la normativa sobre contratación pública" de D. Juan Alfonso Santamaría Pastor.Catedrático de Derecho Administrativo. Letrado de las Cortes Generales.
“Responsabilidad social, aún más en lo público”, artículo ubicado en www.cincodías.com
D.F. 32ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
Normas que integró el Texto Refundido
Obtenido de «http://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=Consideraciones_generales_de_la_normativa_de_contratación_pública&oldid=1467»
Se editó esta página por última vez el 22 mar 2018 a las 09:40.