Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1622
Timestamp: 2017-10-21 01:27:48
Document Index: 354333320

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 73', 'artículo 2', 'artículo 41', 'artículo 11', 'artículo 18', 'artículo 73', 'artículo 135', 'artículo 18', 'artículo 73', 'artículo 135', 'artículo 73', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 135', 'artículo 73', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 32', 'artículo 65', 'artículo 130', 'artículo 17', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 3']

CELEBRADA EL MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2015.
La del Congreso del Estado de Chihuahua, remite proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20, 23 y 41 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia.
La del Congreso del Estado de Baja California, remite los siguientes proyectos de decreto:
Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Adquisiciones.
Del Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Cámara de Senadores, con la que remite el Informe de su participación, conjuntamente con la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, en la Segunda Reunión Interparlamentaria Argentina-México.
De la Diputada Juana Bonilla Jaime, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 8 de junio de 2015.
Del Diputado Alejandro Carbajal González, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de junio de 2015.
Dos comunicaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, con las que remite puntos de acuerdo.
Diecinueve oficios, de los congresos de los estados, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes.
INTERVENCIONES DE LOS LEGISLADORES.
Proyecto de decreto que reforma el numeral III y se recorren los subsecuentes del artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 5, 32 y 130, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 y se agrega un título décimo tercero a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de población desplazada.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte, en materia de contaminación por residuos en zonas federales.
Uno, en relación con el anuncio de la Secretaría de Educación Pública, de suspender indefinidamente el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en la educación básica y media superior.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: (11:43 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.
Señor Presidente, hay una asistencia de 36 ciudadanos legisladores. Hay quórum.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 3 de junio de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pasamos al siguiente,
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua, un proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 20, 23 y 41 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió del Congreso del Estado de Baja California, un proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: También del Congreso del Estado de Baja California, se recibió un proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Cámara de Senadores, con la que remite el Informe de su participación, conjuntamente con la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, en la Segunda Reunión Interparlamentaria Argentina-México, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de mayo del año en curso, en Buenos Aires, Argentina.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación de la Diputada Juana Bonilla Jaime, por la que se informa su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 8 de junio de 2015.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Asamblea ha sido enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibió una comunicación del Diputado Alejandro Carbajal González, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1º de junio de 2015.
Único.- Se concede licencia al Diputado Alejandro Carbajal González, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1º de junio del año 2015.”
Al no haber quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, se concede licencia al Diputado Alejandro Carbajal González, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de junio del año en curso.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se recibieron dos comunicaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, con las que remite puntos de Acuerdo alcanzados durante la reunión de trabajo llevada a cabo el 13 de mayo en San Quintín, Baja California; y sus informes, primero y segundo, de actividades.
Informo a la Asamblea que se han recibido diversos votos aprobatorios de los congresos estatales al proyecto de Decreto de reformas constitucionales, en materia de justicia para adolescentes.
Solicito a la Secretaría dé cuenta con la recepción de los votos recibidos.
La Secretaria Diputada Rocío Reza Gallegos: Se va a realizar el escrutinio de votos recibidos, señor Presidente.
Señor Presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los Congresos de los Estados de: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, al proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, en materia de justicia para adolescentes.
En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de los 19 votos aprobatorios del proyecto de Decreto de referencia.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Les solicito ponerse de pie para la declaratoria de aprobación.
A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adolescentes.
Se remite al Diario Oficial de la Federación para su aplicación.
Aun cuando no está previsto en el Reglamento, esta Mesa Directiva considera que deberán intervenir, ante el interés de algunos grupos parlamentarios, hasta un orador u oradora por cada grupo parlamentario en orden descendente. ¿Les parece?
¿El grupo parlamentario del PRI tiene interés en participar?
Don Daniel Amador Gaxiola, de bombero. Adelante, don Daniel.
Justicia para adolescentes, en orden descendente.
No, bueno, pero aquí el grupo parlamentario posiciona primero y así ya lo determiné.
¿El grupo parlamentario del PAN tiene interés en participar?
Adelante, Senador Juan Carlos Romero Hicks.
¿El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática?
Adelante, Senadora Angélica de la Peña.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes, señoras y señores.
Creo que iniciamos esta sesión de manera muy honrosa, hemos dado un paso importante en el Congreso Permanente que hoy se constata a partir de la declaratoria en términos del artículo 135 constitucional, de una reforma muy importante para la adolescencia de nuestro país.
El lograr que el inciso c), de la fracción XXI del artículo 73, sea reformado y adicionado para que el Congreso de la Unión tenga la facultad para legislar, en una ley nacional, para crear el Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes Infractores, es realmente trascendental.
Tendremos que trabajar durante estas semanas, meses, para que en el próximo periodo ordinario de sesiones de la próxima Legislatura, garanticemos una ley nacional que unifique en una sola ley, en un solo Decreto, un sistema que hoy tenemos disperso, un sistema que tenemos, también hay que decirlo, en muchos estados de la República contradictorio con el artículo 18 constitucional, que regresa en muchos aspectos al sistema tutelarista o al sistema mixto, y no va acorde a garantizar el debido proceso legal para adolescentes que se presume han infringido las leyes penales.
México dio un avance muy importante en 2006 al reformar el artículo 18 constitucional; sin embargo, en ese entonces no se pudo lograr unificar en un solo sistema para que derogara de manera estructural, de manera radical, el sistema tutelarista que imperaba, entonces, irregular, violatorio de los derechos humanos, violatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño, y me parece que el gran salto que se da en la Constitución, en ese entonces, como un primer paso a lograr, es un sistema garantista en el sistema penal, en este caso para adolescentes infractores. Un sistema especializado más benigno, puntualmente, mucho más acorde a la edad, tomando consideración de la reinserción social, el que tiene que gozar de todos sus derechos humanos y, sobre todo, la responsabilidad del Estado para que esto se pueda lograr.
Crear un nuevo sistema significa tener autoridades especializadas en cada una de las etapas, desde la procuración de justicia, desde el Ministerio Público o la Fiscalía Especializada y, por supuesto, también en los lugares en donde tienen que estar, como dice la Constitución en su artículo 18, solamente como último recurso cuando se ha comprobado que están involucrados, que han cometido una infracción de manera grave a los ordenamientos penales.
Hoy tenemos que lograr, con esta ley, que hoy se inicie el camino para su discusión y su próxima promulgación, con la declaratoria de esta reforma constitucional, necesariamente también unificar cómo deben ser las sanciones de privación de libertad, cuáles deben ser las medidas alternativas a la privación de libertad y cuál tiene que ser la responsabilidad de la asistencia social en el caso de quienes son personas menores de 12 años y quiénes tendrían qué recibir un tratamiento distinto a la privación de libertad de adolescentes entre 12 y menos de 14 años de edad.
Nos parece que vamos a poder discutir, de manera puntual, cómo tiene que trabajar el Estado mexicano para resarcir los derechos, sobre todo de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de riesgo, como lo hemos constatado con muchos hechos deleznables, en donde se ven involucrados como víctimas, pero también como victimarios, personas menores de 18 años de edad.
Creo que el paso que estamos hoy determinando en esta sesión de la Comisión Permanente al hacer esta declaratoria, necesariamente, y lo tengo que decir de manera puntual, también significa un éxito compartido de todos los grupos parlamentarios.
La discusión que dimos en el Senado de la República, particularmente quiero reconocer el trabajo del Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, al Senador Burgos, que con toda diligencia garantizó que estos trabajos culminaran en esta reforma constitucional, que después con el aval puntual, pertinente, siempre comprometido de la Cámara de Diputados, y se inició el proceso hacia lograr lo que hoy ya es del conocimiento público, 19 congresos locales han aprobado esta reforma constitucional y hoy se hace la declaratoria en términos, insisto, del artículo 135 constitucional.
El mejor mensaje que podemos dar para adolescentes que infringen las leyes penales, es justamente ahora instalar los trabajos que permitan que distintas organizaciones especializadas y defensoras de derechos humanos, distintos funcionarios y funcionarias que son especialistas en el Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores: jueces, magistrados, defensores, etcétera, puedan ser consultados para que retomemos de ellos también las mejores experiencias y podamos concretar esta ley nacional.
Y enhorabuena para el país y para los derechos de las y los adolescentes en México.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora de la Peña.
¿El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista tiene interés en participar?
¿El grupo parlamentario del Partido del Trabajo?
Adelante, Diputada Gil.
Cuando cerca del 2003 se empiezan a discutir, o probablemente en el 2002, las reformas especiales de justicia para niños y adolescentes, había un gran debate entre aquellos sistemas que se centran en la tutela, en el cuidado y la sobreprotección de los niños, y que la vieja escuela de las políticas públicas consideraba que no existía un fenómeno criminal entre los adolescentes.
Para aquellos que nos atrevimos a hablar de un sistema especial de justicia para adolescentes se nos trataba como abusadores de niños, abusadores de adolescentes, y bueno, ya hasta por ser de izquierda, hasta de comeniños.
La realidad es que el día de hoy, en esta declaratoria que nos permite expedir la ley nacional de justicia para adolescentes, y que tiene como objetivo la creación de autoridades especializadas en materia de niños y adolescentes para su procesamiento en el tema de la impartición de justicia, la verdad es que tiene como fondo el fortalecimiento de un sistema jurídico que respete los derechos humanos de los adolescentes y los niños menores de edad, conocidos en situaciones de conflicto, y que finalmente tiene un reconocimiento: que hay un fenómeno criminal entre los adolescentes, pero que es un fenómeno criminal distinto.
En efecto, los niños y adolescentes en este país requieren tutela, pero también requieren un sistema jurídico especializado para ser tratados cuando cometan infracciones o delitos.
Como muchos de ustedes recuerdan, ha sucedido en mi estado, en Chihuahua, donde un grupo de niños y adolescentes jugando al secuestro deciden segar la vida de uno de estos niños, y que, finalmente, hoy la sociedad no solamente chihuahuense, sino en el país, sale a clamar para que haya castigo a estos niños que son malos.
El tema es: ¿quién decide quién es malo y quién es bueno? El tema es: ¿quién decide y quién estudia el fenómeno criminal de los adolescentes que tiene que ver no solamente con problemas socioeconómicos, sino que también tiene que ver con problemas sociales y del desgaste del tejido social de este país?
¿Quién da respuesta a estos adolescentes para poderlos llevar por el buen camino, si ustedes quieren ponerlo en esa frase, o para rehabilitarlos en un sistema de justicia que no los lleve a escuelas del crimen?
Yo recuerdo que en los inicios de esta discusión se decía que los tribunales para menores no eran más que eso, escuelas del crimen, donde los jóvenes iban y aprendían todas las mañas, para que dada su situación económica, su situación social, iban a salir inmediatamente a delinquir.
Parecía, entonces, que todos estos jóvenes y adolescentes que estaban marcados solamente por el nacimiento, solamente por la pobreza y solamente por este círculo vicioso, donde parecía que el sistema los expulsaba por falta de educación y por falta de oportunidades estaban destinados a la delincuencia y al fracaso.
Esta reforma constitucional viene a acabar con esta creencia. Y acabar con esta creencia en la idea de que, en efecto, hay que tratar jurídicamente los asuntos de delitos de adolescentes y jóvenes, pero que también es posible, con el respeto a los derechos humanos y sin tutela, haciendo a los niños y a los adolescentes responsables por sus actos, en un proceso también educativo y de formación que no tendría que llevar a cabo el Estado, pero que así lo hará, que hay una salida alterna y que éste, el fenómeno criminal de los adolescentes, puede ser atendido.
Hay una ley que se ha discutido en ambas Cámaras, esta ley tiene todavía deficiencias para tratar el tema criminal de los adolescentes; pero nos congratulamos de esta reforma a los artículos 18 y 73 de la Carta Magna, que nos permitirá, finalmente, poder abrir a discusión y reconocer que entonces sí en estos pequeños detalles, y debo de coincidir, estamos avanzando a la modernidad.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Se concede el uso de la palabra al Senador Arturo Zamora, del grupo parlamentario del PRI.
El Senador Arturo Zamora Jiménez: Distinguidas y distinguidos legisladores:
Este tema que hoy se ha compartido, de acuerdo a los comentarios de la Senadora Angélica de la Peña y de la Diputada Lilia Aguilar, son temas muy sensibles porque, precisamente, se refieren a una de las partes fundamentales de nuestra sociedad, que son la niñez y la juventud de los mexicanos.
Es una parte muy importante el hecho de que se haya construido en las comisiones de ambas Cámaras, donde participaron las comisiones correspondientes, para elaborar un proyecto que pudiese armonizar un tema que venía postergándose desde hace muchos años.
Seguramente que muchos de nosotros cuando éramos jóvenes y adolescentes, y cuando incluso tuvimos la oportunidad de acceder a las aulas, estábamos en ese tiempo en el debate de la llamada imputabilidad o inimputabilidad en razón de la edad de las personas que entraban en conflicto con la norma.
Recordamos, nosotros, aquellos principios de Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, que establecía la proporcionalidad de las penas, y así una evolución muy importante en el ámbito de la criminología que aportó, siempre, pues una serie de disposiciones legales que fueron aplicadas, muchas de estas veces, transgrediendo de manera irremediable los derechos elementales, los derechos fundamentales, los derechos esenciales y, por tanto, los derechos humanos de muchos niños y de muchos jóvenes, de acuerdo a la perspectiva de esas legislaciones, que apenas se estaba construyendo un modelo que pudiera tener una respuesta ante la ofensa social de comportamiento, que muchos de ellos se podían dar de manera directa, y otros en los que, desafortunadamente, participaban de manera indirecta, los menores de edad.
La dinámica de la sociedad que hoy nos lleva y nos ha llevado al análisis permanente del andamiaje jurídico penal, en las reformas que se han hecho dotando al Poder Ejecutivo de mejores y mayores instrumentos, tenía un pendiente, y el pendiente era, precisamente, lo que hoy constituye esta declaratoria de constitucionalidad, de lo que el Constituyente Permanente ha venido avalando por mayoría de 19 legislaturas, dando carta de naturaleza a lo que disponen los artículos 18 y 73 de la Constitución General de la República, lo cual dará paso, precisamente, para que todas las entidades de la República, en su oportunidad, lleven a cabo el proceso de armonización de normas que tienen, precisamente, los límites que se han venido construyendo debido a los esfuerzos que se han realizado en el ámbito convencional y en el ámbito constitucional de nuestro país.
Por esa razón es muy afortunado el hecho de que se lleve a cabo ese proceso de abrogación a una ley federal de justicia que sancionaba de manera intensa a los jóvenes que estaban en conflicto con la norma, para entrar en una etapa completamente diferente que permita, precisamente, que haya tratamientos de prevención, que haya tratamientos que bajo la óptica del trabajo social, bajo la óptica sociológica, bajo la óptica de la familia, de lo que la sociedad requiere en sus futuras generaciones, se tenga un planteamiento jurídico donde tanto las entidades federativas, el Distrito Federal y la propia Federación den el tratamiento más adecuado a todas y cada una de las personas que entren, precisamente, en conflicto con la sociedad.
Nosotros consideramos que es muy importante ahora la parte complementaria. Viene un trabajo secundario, hay 180 días a partir de lo que se establece en la propia ley, en los artículos transitorios, para construir, precisamente, bajo una óptica, con los límites de los parámetros que nos ofrece el respeto a los derechos humanos, pero también bajo la óptica de: qué tipo de justicia queremos tener hacia el futuro para que se garanticen los derechos de todos los mexicanos, que son los valores que están también tutelados en la propia norma penal.
Estos valores, que son, entre otros, la vida, la libertad y el patrimonio, no son otra cosa que bienes jurídicos que tenemos que proteger como Estado mexicano, pero que también cuando estos derechos han sido transgredidos a través de conductas, de acciones o de comisiones imprudentes o intencionales de jóvenes que entran en conflicto con la ley, tenemos que estar conscientes que la prioridad es que el tratamiento jurídico y el tratamiento psicológico, sociológico y de otra naturaleza que se incorporan en esta reforma, sean los adecuados para que se evite la reincidencia o la reiteración, dicho de una manera más técnica, y el respeto a los derechos de los menores en conflicto con la ley.
En suma, de lo que se trata es que tengamos leyes meramente preventivas que eviten, por un lado, el daño a la sociedad por la comisión de delitos y que garanticen, por otro lado, la incorporación de los jóvenes en conflicto con la ley a todo lo que le ofrece nuestra sociedad.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Antes de pasar al siguiente tema, informo a la Asamblea que se recibió el voto aprobatorio del Congreso del Estado de Puebla, al Decreto que reforma diversas disposiciones del artículo 73 constitucional, en materia justicia para adolescentes, cuya declaratoria y aprobación acabamos de concluir, con ese voto se reúnen 20 aprobaciones.
En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, para presentar a nombre de los Diputados Alejandro Rangel Segovia y Carmen Julieta Torres Lizárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de Decreto que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El Diputado Fernando de las Fuentes Hernández: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores:
En años recientes, se han incrementado de manera considerable los reclamos y existencias de millones de consumidores mexicanos frente a la creciente actividad productiva y empresarial y los procesos de apertura de nuestra economía, condición que obliga a la necesidad de contar con una normatividad que impidan lagunas jurídicas que provocan inequidad y agravios en perjuicio de la población. De ahí la necesidad de ajustar la legislación en materia de consumo y de derechos de los consumidores, tomando como base la experiencia y resultados de la declaración vigente.
En este contexto, la presente iniciativa propone disposiciones que, con base en la experiencia y particularidades en el comportamiento del mercado regulen aquellos aspectos que afectan los intereses y derechos de la población consumidora, sobre todo la que se ubica dentro de segmentos de mayor vulnerabilidad social.
Dentro de las causas que más frecuentemente agravian a los consumidores destacan las relativas a: restricción del concepto de “proveedor”; vulnerabilidad de las previsiones relativas a información comercial y publicidad engañosa; inconsistencia del concepto y definición de “casas de empeño” e inconsistencia en el concepto de reincidencia en la violación de los derechos de la población consumidora.
Sin duda, una de las causas de indefensión que más agravia a millones de consumidores se deriva de la interpretación errónea de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que dispone: “Quedan exceptuadas de la disposiciones de esta ley, los servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo, los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil y los servicios que presten las sociedades de información crediticia”.
Lo anterior ha generado la interpretación de que los servicios que se prestan en consultorios médicos o de otra naturaleza como pueden ser de ingeniería, arquitectura, contabilidad etc., quedan excluidos del ámbito protector de la ley lo que ha generado la impunidad en la mala práctica de dichos servicios, en cuyos casos, se condena a millones de consumidores agraviados a intentar vías jurisdiccionales para las que no tienen capacidad de respuesta.
En tal virtud, se propone reformar el artículo 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de evitar que las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor sean aplicables a quienes prestan cualquiera de los servicios indicados, independientemente de las acciones legales adicionales que sean conducentes.
Otra de las prácticas más nocivas y depredadoras en las relaciones de consumo, se refiere a la información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.
La presente iniciativa propone que los productos y servicios que ofrecen al consumidor se acrediten mediante una certificación correspondiente, que son ciertas o veraces.
Por ello, se propone reformar el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objeto de garantizar a los consumidores, que la información comercial o publicidad con que se comercializan los productos a que se refiere el presente apartado, son veraces, con lo mismo, se evita que sean objeto de agravios económicos y la vulnerabilidad de su salud.
En lo que respecta a la protección de los derechos de los consumidores que realizan actos de consumo con las casas de empeño constituidas como instituciones de asistencia privada, se ha dicho que la intención del legislador respecto a la actual definición de casas de empeño constituidas como instituciones de asistencia privada no persiguen lucro, lo que es totalmente erróneo, a partir del concepto de lucro, que no significa otra cosa más que utilidad, la cual tienen con creces, pues de otra manera no contarían con capacidad de respuesta para dirigir sus utilidades a distintos fines.
Por ello, se propone reformar el artículo 65 Bis, para evitar la restricción o suspensión de los derechos de los consumidores que celebran actos de consumo con casas de empeño constituidas como instituciones de asistencia privada.
Por último, sobre el tema de la reincidencia, implica la reiteración de la intervención de violentar la norma, y en consecuencia, el discernimiento de su calificación temporal, lo que es indebidamente aprovechado por quienes reinciden usufructuando la temporalidad establecida por la ley.
Se ha encontrado que muchos reincidentes acaban por trasmutar su naturaleza comercial o de plano recurren a su extinción una vez que, con su reincidencia, obtienen enriquecimientos indebidos en perjuicio de los consumidores.
Bajo esa premisa, se propone reformar el artículo 130 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con el fin de frenar la reiteración de la intención de violentar la norma en perjuicio de la población consumidora.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Diputada Rocío Reza Gallegos, a nombre del Diputado Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Diputada Rocío Reza Gallegos: Con la venia de la Presidencia. Señoras y señores legisladores:
A nombre de mi compañero, el Diputado José Guillermo Anaya Llamas, presento a consideración del Congreso de la Unión esta iniciativa para regular el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado mexicano.
El uso de la fuerza como medio para alcanzar la seguridad y la justicia, es un monopolio exclusivo del estado que en México, está establecido el artículo 17 de nuestra Carta Magna, que tácitamente expresa: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.
A ello corresponde esta facultad exclusiva de las fuerzas del Estado. El uso de la fuerza por parte de las instancias competentes de la Federación, estados y municipios, no es señal de ninguna manera de un Estado autoritario; en realidad, es una de las bases de un país democrático que pretende preservar el orden y proteger a las personas.
En el plano internacional, este hecho es claramente expuesto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en la Sentencia del caso “Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador”, observa que:
“…la amenaza delincuencial, subversiva o terrorista invocada por el Estado como justificación de las acciones desarrolladas puede, ciertamente, constituir una razón legítima para que un Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en casos concretos. Sin embargo, la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar, tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos…”
Por nuestra parte, en un caso tan emblemático como el de Atenco en 2006, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pusieron atención en el particular. El máximo órgano jurisdiccional, en ejercicio de su hoy derogada facultad investigativa, se pronunció de forma unánime por “emitirse criterios que direccionen a futuro la actuación de las autoridades en cuanto al uso de la fuerza pública”.
Y en ese particular, el ombudsman nacional en su Recomendación General 12 del 26 de enero de 2006, exhortó a diversos funcionarios para que existiera capacitación, evaluación y equipamiento necesarios para el uso de la fuerza, así como la necesidad de una investigación seria cuando existan lesiones graves o pérdida de la vida derivadas del mismo, pero fundamentalmente, de que se “Tomen las medidas necesarias para que se incorporen en las leyes y los reglamentos respectivos, el Código de Conducta y los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego”.
Por un lado, la falta de homogeneidad en los criterios, y por otro, la jerarquía jurídica reducida y su bajo grado de publicidad hacen que el bien jurídico que pretende tutelar el derecho del uso de la fuerza carezca de positividad, y mientras hay corporaciones que cuentan con estándares de excelencia, hay otras que son más laxas, o inclusive, no cuentan con esos criterios. En el derecho a la seguridad, no pueden existir policías de primera, segunda o tercera, así como no hay ciudadanos de primera, segunda o tercera, así como no hay ciudadanos de primera, segunda o tercera.
En la legislación secundaria federal, y en concreto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal, existen apenas un par de dispositivos que tocan el tema del uso de la fuerza, abriendo la posibilidad de que Municipios y Estados en el ámbito legislativo, y los tres niveles de gobierno en lo administrativo, regulen esta materia con amplia discrecionalidad.
¿Para qué se necesita una regulación uniforme del uso de la fuerza en México?
Fundamentalmente, se persiguen los siguientes objetivos:
Primero. Proteger la dignidad humana de las personas.
Segundo. Asegurar y fomentar el papel de los agentes del Estado autorizados para el uso de la fuerza.
Tercero. Respetar la autonomía de estados y municipios, así como el Poder Ejecutivo de la Federación al establecer estándares mínimos no limitativos.
Cuarto. Cumplir con la obligación implícita de la suscripción de un instrumento internacional, de incorporarlo a la legislación y a la actuación gubernamental internas.
Señoras y señores legisladores: Acción Nacional considera necesario brindar a las fuerzas del orden un marco jurídico adecuado, nítido y eficaz para que cumplan con su cometido, en aras de resguardar la seguridad e integridad de las personas, y que también proteja los derechos fundamentales de la sociedad en general, y en caso necesario, propiciar que el Estado pueda ejercer su potestad de hacer el uso de la fuerza pública en forma legítima y sin abusos, con el propósito también de resguardar el orden y la paz públicas, ya que la democracia no está peleado con el orden.
Esta iniciativa que hoy se presenta para su posterior dictamen, cumple con este objetivo primordial que es perfeccionar nuestro marco legal segundario para el uso legítimo de la fuerza pública por parte del Estado mexicano, y preservar las libertades fundamentales de todos los mexicanos frente a posibles amenazas de regresión y de autoritarismo.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Diputada Amalia García Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 11 constitucional, en materia de población desplazada.
La Diputada Amalia García Medina: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros.
Quiero recordar que hace unos cuantos días recibimos en una sesión especial al Presidente de Colombia, hicimos no solamente una gran recepción, un gran reconocimiento al Presidente Santos, sino que aquí se aplaudió con un gran entusiasmo el informe que él dio y que quiso compartirnos sobre lo que han hecho en Colombia, con un reto gigantesco que han afrontado en relación con los desplazados.
Y aquí nos dio a conocer lo que hoy ya es una ley, la Ley de Reparación del Daño a Víctimas de la Violencia del Narcotráfico, pero esta ley está dirigida específicamente a atender a los desplazados.
¿Qué nos dijo el Presidente Santos?
Y aquí, insisto, lo aplaudimos, le reconocimos además que han afrontado retos y nos vimos en el espejo de Colombia, y nos hemos visto no solamente en su problemática, sino también en las respuestas que han ido construyendo.
Lo que dijo es que, a partir de esta ley y la decisión del Estado colombiano, se ha hecho justicia a 500,000 desplazados, medio millón de desplazados; pero además, señaló que las víctimas, puesto que él subrayaba que los derechos de las víctimas implicaban que tenía que garantizárseles la verdad, su derecho a la verdad; que tenía que garantizárseles la reparación del daño, y que además tenían derecho a la justicia.
Él señalaba que esa acción hacia 500,000 personas, hombres y mujeres colombianos, familias colombianas, era apenas el inicio, porque él reconoció que las víctimas de desplazamiento en Colombia eran 6 millones de personas, una cifra impresionante, 6 millones de personas, pero la decisión fue afrontar esto, asumirlo y reconocerlo.
En el caso de nuestro país, ya existe un enorme compromiso porque hemos firmado como nación, como país, como gobierno, distintos instrumentos internacionales.
Qué dice, por ejemplo, el párrafo dos de los Principios Rectores del Representante del Secretario General de la ONU para Desplazados Internos, dice: “Son desplazados internos aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
Es decir, está hablando de desplazados internos, las Naciones Unidas, y no se trata, hay que subrayarlo aquí, de refugiados; porque los refugiados son aquellos que cruzan una frontera; en el caso de los desplazados internos, se trata de aquellos que se mueven, que tienen que salir forzados por las circunstancias dentro del propio territorio nacional.
¿Y qué significa para los gobiernos este desplazamiento?
Significa ni más ni menos que puesto que no han cruzado una frontera, les asisten todos los derechos a ellos, pero también al gobierno todas las obligaciones para darles protección y asistencia, y el gobierno está obligado a brindarles protección, asistencia, tal como lo está haciendo el gobierno colombiano, y como lo han hecho otros. No solamente el gobierno mexicano está obligado a brindar protección y asistencia a los desplazados, sino que se han firmado instrumentos internacionales que obligan al gobierno mexicano, ahí están los Convenios de Ginebra, los protocolos facultativos, la Declaración de Cartagena, y yo subrayaría la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, agrega personas desplazadas que son, insisto, aquellos que están aquí.
Ya desde 2002, imagínense, hace 13 años, por invitación del propio gobierno mexicano hubo aquí una presencia, un representante especial para desplazados internos de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, realizó una visita a nuestro país, hace 13 años, el 28 de agosto de 2008, y observó las causas de desplazados aquí en nuestro país.
En ese momento el gran tema de debate era los desplazados en Chiapas, por distintas causas, por conflictos internos, también hemos tenido desplazados como lo señaló este propio representante especial de desplazados de Naciones Unidas, por disputas por la tierra, por intolerancia religiosa y, por supuesto, por tráfico de drogas, ya lo señalaba desde 2002.
De tal manera, que a trece años lo que hoy tenemos es una situación extremadamente compleja, difícil, pero obligaciones del Estado mexicano.
Yo quiero señalar que hace poco, en un estudio que se acaba de dar a conocer por el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos que tiene su sede en Ginebra, sobre México, señalaba que en México existían, documentado por este Centro y señalaban que no eran cifras definitivas, al menos 281 mil desplazados internos debido a la violencia ligada al tráfico de drogas, a la violencia por los grupos del crimen organizado, pero que era fundamental que el gobierno mexicano reconociera esté desplazamiento interno.
Es por ello que requerimos asumir este gran problema, también hay que subrayar que en este informe se señalaba, se trata de las peores cifras de desplazamientos forzados en una generación, lo que pone de manifiesto nuestro fracaso absoluto para proteger a civiles inocentes.
A finales de 2014, también se señalaba, en informes que han hecho expertos, que habían alrededor de 7 millones de desplazados internos en el Continente Americano, 7 millones de desplazados internos y esto iba a la alza, por supuesto quien lo ha documentado plenamente es Colombia, nosotros no solo debemos documentarlo, sino que debemos reconocerlo, se debe reconocer y visibilizar a quienes son víctimas, pero al mismo tiempo tienen derechos y debe existir la obligación del gobierno mexicano de brindarles protección y asistencia.
El artículo 1o. de la Constitución, que es un artículo que mencionamos con frecuencia y del cual nos sentimos muy orgullosos, orgullosas, porque pone en el centro la obligación de respetar los derechos humanos, nos tiene que llevar a un siguiente paso.
Y por eso, por lo tanto, propongo una adición al artículo 11 constitucional, que es un artículo que trata de la movilidad, del derecho a entrar y salir de la República Mexicana, que nos asiste a todas y todos los mexicanos del derecho a viajar por nuestro territorio, y de mudar de residencia, pero habla aquí del derecho, no por causas forzadas.
Y por eso creo que en el artículo 11 constitucional, tenemos que agregar como parte de esta movilidad, también aquella que se da forzada por las circunstancias.
De tal manera que la propuesta de adición es la siguiente:
El Estado, con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y en los términos que disponga la Ley en la materia, garantizará la seguridad y restitución de sus derechos a las personas que por los efectos de, o para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, sean desplazadas de su lugar de residencia dentro del país.
De tal manera que en nuestra Constitución demos un paso adicional, una Constitución Garantista, nuestra Carta Magna, para que tal como se está haciendo en otros países en nuestro propio continente, los desplazados sean visibilizados y en nuestra propia Ley Suprema tengan establecido el derecho a contar con respaldo y asistencia por parte del Estado mexicano.
Tiene la palabra el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte, en materia de contaminación por residuos en zonas federales.
Traigo a la consideración de esta Asamblea, estimados colegas, una iniciativa que seguramente no pudiera ser evaluada en mayor calado, de mayor transcendencia.
Sin embargo, encuentro más de dos razones para su justificación:
La primera, como cada año, el día 5 de junio, y derivado de una resolución de la Asamblea General de la ONU, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, pero quizás esto pudiera tener un efecto más protocolario y de recuerdo, pero de poca conciencia.
La propuesta que yo les traigo es un aspecto con un sentido práctico cotidiano.
Miren, el Congreso da oportunidades, muchas, y seguramente para algunos también, el de la información educativa o cultural de otros lugares.
Yo he tenido oportunidad de ver como en Brasil, o en Costa Rica, o en Chile, hay una conciencia ya en progreso de respeto al entorno y al medio ambiente, definitivamente incorporándose a la cultura cotidiana a las personas.
Y para algunos quienes transiten por vías de comunicación terrestre, por carretera, es penoso ver en el derecho de vía los basureros que tenemos, pero no solo eso, los cauces y los ríos en zonas urbanas son auténticos muladares. Denme licencia de decirlo así, son auténticos basureros.
El Congreso modificó algunas disposiciones de la Ley de Ingresos, para dar oportunidad a la inversión en infraestructura hidráulica, esto es extracción de aguas del subsuelo, compensar los derechos generados por la disposición de aguas nacionales o las descargas de residuos en vaso receptores de la nación, diciendo: No me pagues el derecho, pero invierte en infraestructura.
La propuesta que yo les traigo es bastante sencilla, pero quisiera que dejaran en su mente, si pueden tener un sentido de futuro en esta disposición.
Cuando la ley es administrativa sin limitación, no funciona nuestro medio cultural, se va yendo a medios punitivos, es decir, te doy como autoridad y como Estado, te impongo el deber de tutelar los derechos de los menores de la familia, etcétera, pero sin el marco del derecho familiar y tu convencimiento propio no te da, tengo que castigarte por la inobservancia de esa regla.
La realidad que les comento, está cotidianamente a la vista, tenemos las carreteras nacionales hechas basureros auténticos; y los cauces, ríos y arroyos de igual manera.
Este es un pendiente que no nos van a cobrar en el futuro, se está cobrando ya, es penoso, por eso la propuesta es adicionar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, pero también las de Aguas Nacionales y la de Caminos, Puentes y Autotransporte, para empezar a castigar, el que no aventemos las latas en la carretera, empecemos con la sanción pecuniaria, y a pelo digo un aspecto cultural, porque al cruzar la línea fronteriza hacia el norte, no veo que se tire una colilla de cigarro, o una lata de cerveza o el envase de una fritura.
Esa es la propuesta, así de simple, pero para no trascender al terreno competencial de la autoridad municipal o de la autoridad estatal, bueno lo que sí es competencia del Congreso Federal son: vías generales de comunicación, Aguas Nacionales y también está Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, esa es la propuesta.
Cuando menos coloquemos el asunto en el debate, si no llega la fortuna de las lluvias, en temporada de lluvias pasamos por auténticos basureros en los ríos y en los arroyos, que va a ser del patrimonio que podemos transferirles, de auténtico valor, a nuestros hijos.
Incorpore, señor Presidente, el texto de la propuesta íntegra al Diario de los Debates, en virtud a que no la he desarrollado en sus términos.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Torres Mercado. Como lo solicita, que se incorpore el documento al Diario de los Debates. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Vamos a hacer una pausa, sin que se paren de sus escaños, sobre el contenido de un acuerdo que están construyendo los grupos parlamentarios.
Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva acordó realizar un debate pactado en relación al tema de la evaluación del Servicio Profesional Docente.
El tema se abordará con la lectura de un Acuerdo que suscriben los grupos parlamentarios, se hará un debate en el que hablarán los grupos parlamentarios en orden progresivo. Los oradores que deseen rectificar hechos o referirse a alusiones, tendrán el uso dela palabra en los términos del Acuerdo para normar estas sesiones y del Reglamento del Congreso.
Las proposiciones inscritas en la sesión de hoy sobre este asunto se turnarán a la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente.
Doy lectura al Acuerdo.
“Acuerdo de la Comisión Permanente en relación con el anuncio de la Secretaría de Educación Pública, de suspender indefinidamente el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en educación básica y media superior.
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia por el pleno respeto al estado de derecho en nuestro país, para cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por velar que todas las instituciones del Estado mexicano cumplan con su responsabilidad.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exige a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y a las instituciones de educación pública de las entidades federativas, que no suspendan el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en educación básica y media superior, y a que cumplan a cabalidad el mandato establecido en la Ley del Servicio Profesional Docente y con las fechas difundidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Salón de la Comisión Permanente, a 3 de junio del año 2015”.
Es el Acuerdo que alcanzaron los grupos parlamentarios con este asunto.
Vamos a abrir el debate en orden progresivo. Vamos a respetar las reglas del debate del Acuerdo que nos dimos en esta Comisión Permanente, para poder regular el proceso legislativo, el proceso parlamentario y las reglas que prevé nuestro Reglamento del Congreso.
No es un debate pactado limitativo, es amplio, se habla de que es debate pactado, porque ya acordamos el contenido de un acuerdo.
Las proposiciones con punto de Acuerdo que de manera abundante se presentaron sobre este tema por los grupos parlamentarios, serán turnadas a la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente para su desahogo, de acuerdo a nuestra norma y de conformidad con el Acuerdo.
¿Quedó perfectamente claro, verdad?
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza.
La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros legisladores:
En Nueva Alianza hemos sido congruentes con nuestra vocación primordial de defender la calidad de la educación, así lo hemos manifestado y del mismo modo hemos actuado.
Promovimos y acompañamos la reforma educativa con el propósito de lograr una educación de calidad con equidad, velando por el interés superior de la niñez y respetando en todo momento los derechos de los trabajadores de la educación.
En ese sentido, y en congruencia con el Acuerdo ya señalado, consideramos que las razones por las cuales la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente decidió posponer el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior, debemos acompañarlo, no solamente con este Acuerdo en donde la exigencia se expresa por todos los grupos parlamentarios, sino que debe ampliarse la información de todas las autoridades competentes.
Ahondar en la explicación dará certeza a la ciudadanía de que la reforma educativa está en marcha, y a quienes deseen ingresar u obtener alguna promoción, también deberán ser debidamente informados. Transparencia y legalidad son principios indisociables a la toma de decisiones en un gobierno democrático.
En mi grupo parlamentario hemos sostenido que la evaluación es un medio, no el fin de la reforma educativa. Por ello hemos reiterado continuamente la necesidad de que se otorguen a los maestros y maestras, información amplia y suficiente en torno a los alcances, criterios, herramientas metodológicas e instrumentos que habrían de utilizarse en las evaluaciones.
Y sin menoscabo de este Acuerdo, quiero precisar una fecha. Fue apenas el 20 de mayo pasado cuando la Coordinación General del Servicio Profesional Docente y la SEP pusieron a disposición de los candidatos a docentes de educación básica y educación media superior, el sitio web Evaluación Docente, en el que se incluyen recursos de apoyo a los sustentantes en los procesos de evaluación que habrían de realizarse a nivel nacional durante los meses de junio y julio de 2015.
Por lo tanto, el Acuerdo que aquí hemos aprobado tiene que llevarse a cabo, pero acompañado de esa información más precisa a los docentes, porque pugnamos por una evaluación integral y no punitiva que considere todos los componentes del sistema educativo nacional y otorgue a los docentes los elementos necesarios para enfrentar con éxito los procesos de evaluación.
Si bien las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior son un factor importante para la concreción de los objetivos de la reforma educativa, lo es también la autonomía en la gestión escolar de las escuelas, la adecuada infraestructura de los centros educativos, la atención prioritaria en las escuelas normales, así como un sistema de formación continua y profesionalización docente.
Para lograr estos fines planteados en la reforma educativa, es primordial tener en cuenta todos estos factores, ya que sólo mediante la conjunción de los mismos es como podremos conseguir los resultados que nos está exigiendo la sociedad.
Si bien es cierto que el comunicado en mención generó confusión, consideramos indispensable se haga pública toda la información pertinente no solamente a la ciudadanía, sino a los maestros y maestras en particular, con la finalidad de que el proceso de recalendarización o cumplimiento en el calendario de las mismas, se desarrolle bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad.
Es indispensable por lo tanto que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, propicien esas condiciones para generar certeza y confianza tanto en los destinatarios de las evaluaciones como entre la sociedad.
En el artículo 3o. constitucional, se establecen claramente las atribuciones que se confieren al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con relación al diseño y realización de las mediciones que corresponden a componentes, procesos o resultados del Sistema Nacional de Evaluación, así como para generar y difundir información, y con base en los resultados de la evaluación emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad en la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.
En nuestra calidad de representantes populares, hacemos un llamado respetuoso para que todos recordemos cuál es el objetivo primordial de la reforma educativa: elevar la calidad de la educación de los niños mexicanos. Por lo tanto, la evaluación deberá darse en las fechas en que fueron establecidas.
Y reiteramos, la reforma educativa va, y va con un compromiso reiterado acompañado de ese compromiso de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos sumamos obviamente a este Acuerdo y respetamos lo que en él se establece, pero exhortamos a todas las autoridades a que informen adecuadamente a los maestros y a las maestras al momento del proceso de la evaluación. Solamente así tendremos la certeza y la confianza de que lo que estamos haciendo corresponde a aquello que aprobamos todos en la reforma educativa.
En uso de la palabra el Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
El Diputado Danner González Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia
En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Carlos Marx escribió: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se repiten, para decirlo de alguna manera, dos veces”.
Pero se le olvidó agregar: la primera como tragedia, la segunda como farsa.
En este gobierno de Enrique Peña Nieto, se concretó el segundo ciclo de las llamadas reformas estructurales que comprenden la energética, la de telecomunicaciones, laboral, hacendaria, fiscal y educativa, que complementaron al primer ciclo de estas reformas que iniciaron en los años 80’s del siglo pasado.
Si en el gobierno de Miguel de la Madrid la serie de modificaciones calaron en la estructura económica, social, política y jurídica del Estado mexicano, ocasionando tragedia, rezago, ingobernabilidad y desdicha, hoy las reformas estructurales no son más que farsa, simulación y mentira. Estas reformas han hecho agua.
Con el comunicado del viernes pasado, por parte de la Secretaría de Educación, para suspender indefinidamente las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior, en términos cuantitativos no se aplicarán exámenes a 150 mil maestros para ver si son dignos de estar frente al aula o no. Y también se cancelan las pruebas a 300 mil profesores que se tenían previstas para febrero y marzo del próximo año.
Pero los agravios y las agravantes en términos cualitativos son aún mayores. La Secretaría de Educación Pública no hace su tarea, tal vez porque no hay un auténtico modelo educativo, los estándares no existen. ¿Se podría entonces evaluar a un profesor en abstracto?
Por si fuera poco, la reforma educativa tampoco ha cumplido con el objetivo del artículo 25 constitucional, en razón de que no se ha alineado con una adecuada planeación democrática del Estado.
Se incumple con el mandato de evaluar a los docentes. Se muestra con ello el grado de incongruencia de un gobierno federal que ha pregonado sus reformas estructurales, pero que al momento de aplicarlas da marcha atrás de manera sustancial en ésta que ha sido la joya de la corona de la reforma educativa: la evaluación a los profesores.
La credibilidad está por los suelos. Cuánta falta hace al frente de la Secretaría de Educación Pública un hombre de la talla de don Jaime Torres Bodet, cuyo legado y pensamiento era claro, y cito: “No sólo de pan vive el hombre, y no sólo con aulas prefabricadas se forma la educación de un pueblo. Más importante que el aula es el profesor”.
En Movimiento Ciudadano nos unimos al reclamo de que se evalúe a los docentes para garantizar una calidad educativa en los educandos, pero también expresamos la necesidad de que en la Secretaría de Educación Pública haya una mujer o un hombre que conozca los entresijos de la educación, no solamente los entresijos políticos, sino los académicos.
A este país, compañeras y compañeros, le hace falta una refundación. Esta administración federal necesita un golpe de timón.
Los Secretarios de Estado cometen faltas, son incapaces en sus labores, incurren en actos de conflicto de intereses y nadie les pide la renuncia.
El mismo Presidente ha sido señalado por conflictos de interés y no pasa nada, es pura simulación. Bien haría el titular el Ejecutivo Federal en esta hora crítica del país, en pedir la renuncia a todo su Gabinete, como sucedió recientemente en Chile, y llamar a un gobierno de reconstrucción nacional en donde mexicanos de primera, que los hay desde luego en la academia, entiendan que sobre todas las cosas debe estar la grandeza de México.
Bien harían también los partidos que en el seno del Pacto por México construyeron en complicidad con el partido en el gobierno, en sumarse al llamado que hemos hecho para construir un periodo extraordinario y en apoyar temas que los ciudadanos demandan en las sociedades democráticas, como es la revocación de mandato. Ese es el tema de fondo.
Se medra con la educación de los mexicanos porque no pasa nada si se compromete el futuro de los niños y de los jóvenes.
Se da al traste con la reforma educativa que los partidos tradicionales construyeron porque nadie les exige cuentas ni les pasa factura de sus actos.
Vamos entrándole al tema de fondo, compañeras y compañeros legisladores, sometamos a todo al gobierno federal a examen y que los ciudadanos manden. Démosles a los ciudadanos la posibilidad de revocar el mandato a alcaldes, gobernadores y al mismo Presidente de la República.
Pongámonos los Diputados y Senadores también a examen. No nos vayamos a casa hasta concluir las tareas. No construyamos encendidas demandas que se convierten en farisaicas, pero que a la hora de convocar a los grandes temas nacionales en este Congreso, se vuelven farisaicos porque se diluyen los temas o porque se hace una discusión como ésta sólo por tratarse del fragor de un proceso electoral, cuando todos los días vemos con pesar, con mucho pesar, cómo se les desploman sus magnas reformas.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Danner González.
En uso de la palabra, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la Diputada Lilia Aguilar Gil.
Pareciera esta una comedia de equivocación. El problema es que todos los que se han equivocado están del mismo lado.
El Comunicado 129, que por cierto tiene esta extensión, así nada más de cortito, es el que ha iniciado todo este debate.
El Comunicado 129 que dice solamente: “Que la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública informa, con motivo de nuevos elementos a considerar, de los cuales no se menciona ninguno, en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, quedan suspendidas indefinidamente las fecha publicadas para su realización”. Así nada más.
Esto evidentemente ha traído una voraz imagen de críticas, y luego, además la comedia de equivocaciones donde viene a participar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que a través del comunicado ha dicho que no está de acuerdo, que no está de acuerdo y que se están violentando los derechos de 400 mil aspirantes que ya estaban registrados; pero más aún, que se están violentando los derechos de los niños y las niñas que en este tema van a salir perjudicados, porque estos son los números de la educación en este país: 6 de cada 10 aspirantes a convertirse a profesor no son aptos para enseñar; 7 de cada 10 jóvenes mexicanos leen un texto sin comprenderlo; 7 de cada 10 jóvenes realizan operaciones de matemáticas que no saben aplicar en la vida cotidiana, y 1 de cada 10 alumnos, con el mejor aprovechamiento en México, no supera al 10 por cierto peor de Canadá. Esta es la realidad.
Y entonces vienen las preguntas, y las preguntas son:
¿A qué obedece tan explicativo Comunicado 129?
¿Es que estamos haciendo caso a grupos de poder o a grupos de choque?
¿Es que está secuestrado, entonces, el Estado mexicano, el Presidente, en sus grandes reformas? Que ayer tuvo que salir a decir que las reformas iban, porque esto, en efecto, pone en duda sobre en qué se aplicarán o no las reformas que él ha llamado necesarias y transformadoras.
Entonces, a pesar de que sale a decir que las reformas van, cuando le solicitan que hable sobre ésta, la suspensión del Sistema Nacional de Evaluación, dice que “Emilio Chuayffet es quien dará las respuestas a este tema”.
El Acuerdo al que ha llegado esta Comisión Permanente, es casi decir que se apliquen las leyes que nosotros mismos hemos emitido. Es un llamado para el cumplimiento al estado de derecho.
Lo que yo diría es que debimos de haber sido más contundentes y haber hecho un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que se reestablezca la evaluación.
Es decir, si estamos evadiendo el tema, si creemos que no cae en las atribuciones del Secretario de Educación, si tenemos dudas de la naturaleza de la suspensión, si creemos que debemos ampliar la información y llamar al INEE, todo esto puede suceder al mismo tiempo; pero esta Comisión Permanente no puede actuar timoratamente, por decir lo menos.
Nosotros tenemos que enfrentar y debatir los problemas nacionales, y este es uno de ellos. Quiere decir, entonces, que los grupos de poder o de choque, o que no sabemos quién ha determinado que ésta, la gran reforma del Presidente Peña Nieto, ya no va, porque la suspensión indefinida no habla ni del proceso electoral, no habla absolutamente de las motivaciones y no habla de los porqués.
La Coordinación Nacional que ha emitido este Comunicado 129, por cierto, del cual no tenemos certeza de que pueda suspender ni parcial, ni de manera definitiva la evaluación, rompe con el artículo 7o. de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que determina: “Que en materia de servicio para la educación básica y media superior, corresponde al instituto definir los procesos de evaluación”.
Es por eso que el Instituto Nacional ha dicho que ellos han cumplido con absolutamente todas las condiciones y características que deberían de cumplir.
Durante la aprobación de esta reforma en la Cámara de Diputados, el PT, y con esto termino, defendió los derechos laborales del magisterio, porque dijimos con mucha claridad, que esto más que una reforma educativa, parecía una reforma laboral para crearles un régimen especial a los maestros.
Sin embargo, reconocimos que el sistema de evaluación era uno de los pocos elementos salvables de esta reforma.
Hoy hacemos un llamado al restablecimiento de la evaluación, porque no podemos ir en contra, ni del interés superior de los niños y las niñas, ni tampoco del interés de México, que debe de estar basado, si no en todo, en mucho, en el sistema de educación y en una educación de calidad.
Entonces, que sirva este no como un discurso para discutir, sino para ponernos de acuerdo en que tenemos que llamar al restablecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
En uso de la palabra el Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El Diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor Presidente. Y con su venia, con la venia de la Asamblea.
Miren, en este tema, un servidor ha expresado reiteradamente, y seguramente coincidimos, de los derechos humanos que recoge la Constitución Política de nuestro país, instrumentos internacionales, de los que forma parte nuestro país. El derecho humano, seguramente más democrático, sin duda es el de la educación.
Las libertades son posibles a partir de tener una concepción de la vida y del mundo.
De los que estamos aquí, muchos, y pudiera en ello, aunque no sea mi práctica, sí jactarme que sin la educación, sin haber acudido a la Primaria J. Jesús González Ortega, liberal, federalista, de pronto pasado por las plumas de los que hacen en los documentos de la historia de este país, no estaría aquí, como no estarían muchos.
No va a haber otro instrumento en el tema de la desigualdad y de la violencia, de la inseguridad, y no habrá mejor inversión, a mediano y a largo plazo, que el de la educación.
Por eso en el Partido Verde celebramos y nos sumamos a este Acuerdo político reflejado, precisamente, en el resolutivo, en el que con cuidado, con puntualidad, y como siempre lo hace bien el señor Presidente de esta Comisión Permanente y del Senado, para hacer una exhortativa, para hacer una exhortativa: Apliquemos la ley.
La ley tiene 2 dimensiones, ¡eh!, y tampoco sin ingenuidad para nadie: una es la parte formal y legislativa, que le toca a estos cuerpos que hacen leyes; pero la otra, es la del mundo fáctico, la de la realidad, la de la aplicación.
El asunto es como de justicia penal o de seguridad pública. Todos los instrumentos que el Estado mexicano pida, pero hay una parte que no tiene alcance, si no es el debate, en la parte operativa, no lo tiene el Congreso.
Entonces, miren, todos tenemos experiencia política y por eso estamos aquí. Algunos más, menos, también en la Administración Pública, no hay un ejercicio político ni administrativo plano, sin obstáculos.
Quien ha leído sobre la posibilidad de la ley y su aplicación, también conoce que hay principio de oportunidad.
Por eso, en esta modificación de marco, como el de justicia penal, y en este caso educativa, que hay que decirlo, la primera iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal al que se antepuso una, en materia laboral, en ejercicio de facultad preferente, quien presidía el Ejecutivo Federal. La primera iniciativa del Presidente de la República.
Pero hay que también mencionarlo, fue enviada en el marco de un entendimiento político nacional. Si no, no hubiera pasado, y ahí fueron las fuerzas políticas más importantes representadas en el Congreso.
Yo creo que hay aquí una postura unánime, que vamos a compartir y compartimos plenamente. Hay que hacer, hay que hacer ese exhorto. Hay principios de oportunidad. Fue un conjunto de leyes en materia educativa, no fue la única, ésta es la que mide el servicio profesional docente, y tiene como propósito, justamente se dijo aquí bien, regular los verbos sustantivos de esta reforma: ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente.
De manera que, por lo que toca al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, reconocemos la decisión política, de la exhortativa que debe ser, ni más ni menos que la que establece un principio de legalidad, para el presidente municipal, de allá de Valparaíso, Zacatecas, o para el Congreso mexicano, hacer solo lo que la ley le permite u ordena.
Pero también vale la pena, y es para los actores, decía la Diputada Lilia Aguilar, y se lo plagio, pero no lo registre como alusión, en todo caso me desisto de ella, señor Presidente, de que hay que hacer un llamado a la civilidad y al respeto a la ley.
El gobernado si no atiende al principio de legalidad, no debe hacer lo que la ley le prohíbe. Y ahí tenemos que hacernos un llamado.
Concluyo, señor Senador Presidente de esta Comisión Permanente, diciendo que la circunstancia electoral puede ser circunstancia de oportunidad para la aplicación, pero no circunstancia para el demérito del liderazgo nacional, ni tampoco del titular de la Secretaría de Educación Pública.
En todo caso, que nos dé margen al debate, pero con una adición, en el que debemos proponer y entender todos.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado Torres Mercado.
En uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Qué bueno que esta Comisión Permanente se ha manifestado en favor de algo que no deberíamos tener necesidad de hacer, que es pedir como cuerpo colegiado que se respete la ley.
Especialmente una ley en la cual, por lo menos los que estamos aquí, participamos tanto en el cambio constitucional como en las leyes reglamentarias. Algunos votamos en contra de varios de estos temas, pero sin duda alguna, ya es una ley que está en firme y es una ley que, como tal, debiera de cumplirse, sin mayores dudas ni mayores preocupaciones.
Desafortunadamente, el Comunicado 129, ya lo mostraba la Diputada, un comunicado de no más de cinco líneas, el Comunicado 129 que emitiera un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con esta redacción que leeré a ustedes: “La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y la Secretaría de Educación Pública informa, y es el comunicado, con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de educación básica y media superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.
Y esto, pues nos enteramos el pasado 29 de mayo. Con estas cinco líneas, el gobierno de la República, a través de este órgano desencontrado, pues echa para atrás de manera indefinida uno de los temas, yo creo que más importantes y más trascendentes, no solo que ha hecho este Congreso, sino algo que tanto venía cacareando en los últimos tres años, desde el Presidente de la República hasta todo el gobierno federal: la reforma educativa. Por el gran consenso que tuvo, por saber que tenemos un gravísimo problema en términos de calidad de la educación.
Y me parece que especialmente cuando hablamos del tema de evaluación, no me tocó escuchar a nadie en los debates o en campo, en Guerrero, de los padres de familia, o incluso de los maestros, decir que no eran buenas las evaluaciones.
La verdad es que ese tema tuvo tan alto consenso que, cuando hicimos la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, todos los que hoy la conforman pasaron por unanimidad. Y esa ley reglamentaria fue votada con la mayor cantidad de votos por parte de todos los integrantes, tanto de la Cámara de Diputados como por el Senado de la República.
Entonces la pregunta es: ¿Qué pasó?
Por qué, de buenas a primeras, después de estos avances, después de tanto cacareo, después de tanta fanfarria que se le había echado a este tema, de pronto, de buenas a primeras, un órgano desconcentrado nos manda un comunicado, del cual no sabemos nada adicional. Pues un comunicado que pareciera ser, pues un elemento de esos etéreos que generan grandes irrupciones en el proceso político; pero no se sabe si es la posición firme, oficial, definitiva de parte del titular de la Secretaría. No se sabe siquiera si es la posición del Presidente de la República. Porque lo que dijo ayer en la entrevista fue, “pregúntenle al Secretario”. En lugar de él tener una posición puntual sobre este tema.
Entonces, compañeros, que bueno que estemos de acuerdo en pedir que se cumpla con la ley; pero me parece que lo que estamos obligados es exigirle al Secretario de Educación Pública que se presente en las comisiones de este cuerpo colegiado, de la Comisión Permanente, para que nos explique cuál es la posición.
Si esto es indefinido, porque si es indefinido, compañeros y compañeras, esto afecta a 13 millones 500 mil alumnos en toda la República. Poco más de, son 90 mil 500 escuelas primarias; 400 mil personas que estarían inscritos para este proceso de evaluación y que no se puede patear la lata, compañeros y compañeras, pidiendo información y pensando que esto va pasar el tiempo.
El 14 de junio, domingo de la semana que viene, es la fecha que está estableciendo el calendario electoral y lo mínimo que tendríamos que estar exigiendo es que ese calendario se mantenga, que se restablezca ese calendario.
De tal manera, compañeros y compañeras, que los planteamientos que nosotros estamos poniendo como posición del Partido de la Revolución Democrática, y que son, pues la columna vertebral de los distintos puntos de Acuerdo que hemos planteado, son que se restablezca el punto de Acuerdo; que venga el Secretario de Educación, Emilio Chuayffet; y que no solamente se quede como una posición de escondidas, de no dar la cara, y en un tema en el que pareciera ser solamente brincar el proceso electoral.
Y también, precisamente porque el proceso electoral no podemos ignorar que está en medio, sería importante que viniera el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong.
Lo que es terrible, compañeros y compañeras, es que se negocie la ley. Y pareciera ser que la ley, es lo que hoy se ve en este país, se puede negociar al libre arbitrio del gobierno federal y, obviamente, en este caso, en detrimento de la calidad de educación de muchos millones de niños y niñas mexicanos.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador, por su casi puntualidad en el tiempo otorgado.
En el uso de la palabra el Senador Juan Carlos Romeros Hicks, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con la venia de la Presidencia. Distinguidos legisladores:
“El miedo congela a las sociedades; es enemigo de las libertades”
Y hoy lo que tenemos, es una medida donde el gobierno ha sucumbido para no respetar el estado de derecho, diría Gabriel Zaid: “para tener estado de chueco”.
Cuando un funcionario protesta al cargo, empeña su palabra, su dignidad y su oficio para cumplir y hacer cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen; hoy estamos frente a un escenario muy lamentable de un intento de contra reforma educativa.
El gobierno federal ha sucumbido al chantaje y a la extorsión, y no es garante de la legalidad.
Estos procesos confunden la dignidad de la política; confunden la sensatez con la flaqueza, y la prudencia con la debilidad.
Repasemos el camino.
2 de diciembre, se anuncia el Pacto por México.
10 de diciembre, se turna la primera gran reforma en la parte educativa a San Lázaro.
19 de diciembre, llega a la Cámara de los Senadores.
El 20, se aprueba con correcciones.
El 21, regresa a San Lázaro.
Pasa al Constituyente Permanente.
26 de febrero de 2013, se promulga la reforma.
Y después, hasta el 11 de septiembre, trabajamos en leyes reglamentarias: La Ley General del Servicio Profesional Docente; la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y los cambios a la Ley General de Educación.
Y luego el año pasado llegamos al 5 de diciembre, con la promulgación de una gran cantidad de personas de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.
Incorporamos contribuciones: El derecho a la educación de calidad que hoy lo quieren desdeñar; el que la evaluación fuera obligatoria y tuviera consecuencias; el que pudieran los padres de familia y los maestros tener participación en el ámbito educativo; y un Sistema Nacional de Evaluación, dándole autonomía al INEE.
Construimos, entonces, una reforma o un principio de reforma.
Y aquí quiero hacer un paréntesis para reconocer a la enorme cantidad de maestros, la parte principal, la que con polvo, sudor y lágrimas todos los días se levanta temprano, llega a clase, construye el proyecto educativo, se involucra en procesos de formación continua, y que hoy tenemos que reconocer el monumento a todos ellos.
Pero la semana pasada, a pesar de que el Presidente Peña había reconocido el 15 de mayo que esta era la gran reforma, porque además fue la primera que le dio la vuelta completa de Constitución a leyes secundarias, un comunicado de un párrafo de 33 palabras, sin fundar y motivar, atenta contra la reforma.
Claro, es nula al pleno derecho, estamos dándole importancia, es un boletín.
En el diálogo en la reforma platicamos que esto no podía ser un desconcentrado, debería ser un descentralizado.
Pregunta: ¿Fue consultado algún gobernador? No.
¿Algún Secretario de Educación del Estado de cualquiera de las entidades? Tampoco.
¿Fue informado algún liderazgo del Congreso de la Unión? Tampoco.
Nos enteramos por el periódico.
No es posible que frente a esto y después de ese momento, el gobierno lo único que ha hecho es el autismo.
No ha habido una sola palabra verbal o escrita entorno a este asunto.
Al día siguiente, el sábado en la tarde, el órgano autónomo constitucional corrige el tema y les informa que se han equivocado, que es contra la Constitución, contra las leyes secundarias.
Hay una invasión de atribuciones y hay unas consecuencias lamentables: 400 mil personas para seis concursos ya convocados para primer ingreso y promoción laboral.
¿Dónde está el respeto a estas personas?
El daño está hecho, se atenta contra el estado de derecho, se ofende a la niñez, a los maestros que sí están con la reforma, a los padres de familia, a los directores; y quieren una contrarreforma educativa.
El propio gobierno demerita su tarea y la imagen internacional está por los suelos, lo habíamos presumido y no estamos cumpliendo.
Leamos el New York Times, cualquier medio internacional.
Estamos frente, entonces, a un gobierno asustado, pasmado, debilitado, burlado, cerca de la ilegalidad, con falta de sensibilidad académica y falta laboral.
¿Y por qué se asusta?
Son unas personas respetables que han inventado que vamos contra derechos laborales.
No hay un derecho laboral conculcado y hay un criterio patrimonialista en donde se quiere dar a entender que la persona que ocupa una plaza es el dueño de la plaza.
Ese concepto es denunciar política del siglo pasado, la persona ocupa la plaza con dignidad y está sujeta a una evaluación.
En Oaxaca, por ejemplo, el año anterior había 70 mil personas en la Sección 22, este año abrieron con 81 mil 300, porque la Secretaría de Gobernación les concedió, fuera de la norma, 11 mil 300 plazas.
Y en estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, han impedido estas evaluaciones, impidieron el censo para conocer y verificar la información educativa y se estima que en esos estados tenemos decenas de miles de comisionados de personas que no están cumpliendo, este es el contraste, la parte menor que no se ha venido atendiendo.
Y bloquean carreteras, toman gasolineras, hoy tomaron el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca.
Y ahora en un acto terrorista, asaltan las oficinas del Instituto Nacional Electoral y se roban 13 mil boletas.
Federico Reyes Heroles ayer escribía sobre estos hechos.
Se violenta el mandato constitucional; se lanza una señal clarísima a nivel nacional en contra del estado de derecho; se premia a la violencia y se ratifica la extorsión.
Nada hay en el país que se salve de esta fórmula degradada y degradante en un régimen de convivencia: las minorías violentas son intocables.
Se premia a una cloaca donde los dineros públicos son manejados, ya no digamos por la opacidad, sino por ilegalidad, etcétera.
Junto con esto, también hay que reconocer que para que esto sea una reforma educativa, necesitamos no solamente cumplir la ley, necesitamos avanzar en una segunda generación de reformas, y pido que nos escuche el gobierno y todos los partidos:
Revisar el modelo educativo.
Revisar el modelo educación normal.
Darle participación a la propia sociedad.
Infraestructura, financiamiento y tocar el tema de educación superior.
Nosotros venimos no ha comentar, venimos a exigir que se cumpla el calendario, que se restablezca el estado de derecho.
Y este pronunciamiento, en el que estamos de acuerdo, es claramente insuficiente, implican que vengan los funcionarios a rendir cuentas y que el gobierno no se niegue a esa rendición.
Y tiene que ser el Secretario de Educación Pública y el Secretario de Gobernación, y que le demos oportunidad a la Junta de Gobierno del INEE para que haga también sus propias consideraciones.
El señor Secretario de Educación Pública no quiere venir porque no puede o porque no quiere aparecer, pues que el Presidente de la República tome nota y haga las decisiones conducentes, y lo mismo con la Secretaría de Gobernación.
Aquí estuvo el Subsecretario Miranda, y el 24 de marzo, en las comisiones del Senado, se comprometió a acatar la ley.
Nosotros creemos que en política se puede escuchar todo, pero tiene dos límites: uno, principios; y dos, legalidad.
Hoy queremos un gobierno fuerte, no queremos un gobierno timorato, no queremos un gobierno autista.
Si ya nos clavaron la reforma fiscal, no vamos a permitir que nos entierren la reforma educativa.
Y aquí hay Senadores como Javier Lozano, y hay legisladores que han tenido el arrojo y el valor para entender que en este país la ley nos protege a todos, no nos restringe.
Hoy lo que queremos es apostar a la siguiente generación.
Venimos a exigir que se cumpla el calendario, que se acate el estado de derecho, que comparezcan los funcionarios, que tratemos a los maestros con dignidad y que no sacrifiquemos principio alguno.
Ese es el tamaño del país que queremos.
Ese es el tamaño de los sueños.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Con qué propósito, Senador Lozano?
El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Señor Presidente, para alusiones personales, si es tan amable.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, Senador, el Senador que acaba de exponer dijo que usted actuó con arrojo, salvo que quiera aclararnos que no actuó así.
El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Más bien para precisar a qué se refiere con ese arrojo.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, Senador Lozano, para alusiones personales.
El Senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos.
Miren, sí quiero hacer un comentario muy puntual sobre lo que implica esta decisión unilateral, cobarde, ingenua, de parte de la Secretaría de Educación Pública al suspender indefinidamente la evaluación magisterial.
Cuando aprobamos aquí todas las reformas estructurales, cuando emprendimos el camino de las reformas estructurales, sabíamos que íbamos a enfrentar una gran cantidad de resistencias antes, durante y después de las reformas; sabíamos que íbamos a romper inercias.
Sabíamos que había factores reales de poder, grupos de poder muy fuertes que se opondrían a todas estas iniciativas, muchas de ellas largamente postergadas por falta de voluntad política, muchas otras por la mezquindad política de no querer acompañar a un Presidente que las habría presentado en otro momento para no darle un trofeo, pensando entonces en la próxima elección.
Ya hubiera querido Felipe Calderón una oposición tan responsable en el Congreso, como la que tiene hoy Enrique Peña Nieto. Y no nos arrepentimos de haber actuado con esa seriedad porque México necesita esas reformas, insisto, sabíamos que íbamos a enfrentar estas resistencias.
¿Acaso es novedad la forma de actuar de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? En serio, ¿salieron de la nada repentinamente?
¿No llevan décadas chantajeando, extorsionando, presionando, actuando con absoluta impunidad, saliéndose con la suya? Es un modus operandi, y me atrevo a decir, un modus vivendi.
Que esa es una minoría, porque bien lo dijo mi compañero Romero Hicks.
Mi reconocimiento y mi respeto a la enorme mayoría de buenos maestros que hay en México y que dedican su vida a la enseñanza, y que están en las aulas y no en las calles.
Pero esa minoría es una minoría de más violenta, que pisotea la ley todos los días con absoluta impunidad.
Y esa minoría es la que ahora viene a ponerle condiciones al Estado mexicano, no digo al gobierno, al Estado mexicano, porque aquí nos está desafiando a todos. Es el colmo.
Y en lugar de ponerlos en su lugar se están doblegando ante ellos, eso no se vale. Y se están doblegando de la manera más cobarde, no solamente dando dinero, que es de los mexicanos, se están doblegando entregando la más importante de nuestras reformas estructurales, que es la reforma educativa, y que en el corazón de esa reforma educativa está, precisamente, la calidad de la misma.
Y para hablar de calidad necesitamos hablar de una evaluación para ingresar al sistema, para crecer en el sistema, para mantenerse.
Cómo es posible que este chantaje llegue al grado de decir: “Se suspende esa evaluación”. Y luego no contentos con el oscuro aviso que dan en viernes por la tarde, pensando además a la antigüita: “Suelta el boletín en la tarde, una cosa muy escueta se pierde con el fin de semana, ya ves que son bien brutos todos”.
Yo nunca había visto la unanimidad que estoy advirtiendo, no solamente en el Congreso, en la sociedad y su conjunto, por una medida tan torpe como ésta.
Claro que exigimos, no exhortamos, no es un llamado a misa, no es discrecional, exigimos que den marcha atrás a esa unilateralidad de decisión, de suspender la evaluación de la educación.
Claro que se tiene que mantener, claro que tiene que venir el Secretario de Educación Pública, o lo que queda de él, a este Congreso, a esta Comisión Permanente, a explicar qué demonios quiso hacer con esa decisión.
Si hay que salvar las elecciones el próximo domingo, el proceso, yo estoy de acuerdo, hagamos lo necesario para que se transcurra en términos de civilidad y orden, de paz pública, pero no entregando así el equipo, eso no se vale.
Así como acompañamos al Presidente en sus iniciativas para sacar adelante las reformas lo vamos a acompañar para enfrentar a estos cobardes grupos de poder.
Porque ya están pidiendo ahora, después de los desmanes de ayer, después de que les entregaron todo, están pidiendo ahora que se cancele completamente la reforma educativa, que se abrogue completamente esta reforma e incluso que se libere a 4, que dicen, que son presos políticos.
Son unos malditos secuestradores de niños inocentes, sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, que los tuvieron ahí en cautiverio en las condiciones más inhumanas que se puede uno imaginar.
Presos políticos, mangos, vulgares delincuentes.
Termino simplemente diciendo: Felicito a esta Comisión Permanente por la posición tan fuerte que estamos tomando, de exigir al gobierno que no dé marcha atrás en la evaluación de la educación.
Créanme, esto no es de política, no es de elecciones, esto es por nuestro país.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Javier Lozano.
El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Lo apunto, y una vez que concluyan las intervenciones de los grupos, ya hay una lista para hechos que daré a conocer, y en ese momento tendrá usted su derecho de intervenir, siempre y cuando me sitúe cuál hecho quiere rectificar, no ahorita, sí, porque eso de para hechos es la fórmula para entender por cualquier motivo, pero hay que precisar qué hechos se quiere rectificar o qué dicho, debiera ser así.
En uso de la palabra el Senador Daniel Amador Gaxiola.
El Senador Daniel Amador Gaxiola: Gracias, señor Presidente.
El grupo parlamentario del PRI ratifica su compromiso con la implementación de la reforma educativa para garantizar el derecho a una educación de calidad de todos los niños y jóvenes.
Los Senadores del PRI estamos a favor de hacer de la educación la fuerza transformadora que mejore el bienestar de los mexicanos.
La determinación de la SEP de suspender indefinidamente el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes en la educación básica y media superior, no significa claudicar en la implementación de la reforma educativa. La suspensión no es cancelación de la evaluación.
Lo más fácil en estos momentos sería descalificar al gobierno por tomar una decisión que, sin lugar a dudas, resulta compleja.
Como legisladores de la República, la decisión de la SEP nos preocupa y nos ocupa; pero más que pedir renuncias o escenarios para el linchamiento, los Senadores del PRI nos pronunciamos por pedir mayor información de los elementos que fueron tomados en cuenta.
No nos queda la menor duda del compromiso del gobierno federal por implementar la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión.
Mientras entidades como Oaxaca y Sonora eran omisas en realizar las adecuaciones legislativas que ordenaba la reforma educativa, el gobierno de la República se esforzó por concretar la reforma.
De hecho, en abril del 2014, el gobierno federal interpuso controversias constitucionales contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo de diversas entidades, entre ellas Oaxaca y Sonora, precisamente porque iban en contra del espíritu de la reforma educativa.
En este debate hay quienes carecen de autoridad moral para cuestionar las decisiones del gobierno.
Algunos de los que hoy se escandalizan con la suspensión de la evaluación formaron parte o apoyaron a un gobierno anterior que instrumentó de rodillas la política educativa del país. Otros votaron en contra de las leyes secundarias defendiendo intereses políticos y gremiales.
El PRD votó en contra de las leyes secundarias porque, según ellos, atentaban contra los derechos laborales de los maestros.
Independientemente de las causas que motivaron al gobierno a suspender la evaluación, este hecho confirma que la complejidad en la instrumentación de la reforma educativa, es un proceso de largo alcance y trascendencia, en el que se deben de considerarse una inmensa gama de factores.
La implementación de la reforma educativa no se da en el vacío, sino que se encuentra relacionada con otros elementos políticos y sociales.
Por lo anterior, estamos a favor de solicitar a la SEP un informe en el que nos explique sus razones.
Por otro lado, también hay que decir que la reforma educativa ha tenido avances importantes que no debemos soslayar.
La evaluación, si bien es una parte importante de la reforma, no es la única, a través del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial realizado por el INEGI, se han identificado las carencias, los retos y los problemas de casi 240 mil escuelas, 24 millones de alumnos y 1.8 millones de trabajadores de la educación.
La operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Educativo, mejorará el destino y transparencia de los 307 mil millones de pesos que se destinan al rubro de servicios personales.
Hoy existen 3.5 veces más escuelas de tiempo completo que cuando comenzó la administración; de 6 mil escuelas de este tipo, pasamos a más de 23 mil, además, la mitad de nuestras escuelas de tiempo completo ofrecen alimentación gratuita.
Se han entregado gratuitamente más de 6 millones de paquetes de útiles a estudiantes con severas carencias.
Por primera vez en nuestra historia, concursaron más de 160 mil personas por el ingreso a la docencia, así como para ejercer cargo de director en planteles de tipo medio superior.
Con el propósito de reducir la brecha digital entre familias y comunidades del país con mayores carencias, se entregaron en 2013, 240 mil equipos de cómputo portátiles para alumnos de 5º y 6º de primaria, en Colima, Sonora y Tabasco, y en el ciclo actual, 709 mil tabletas para alumnos del mismo grado en las tres entidades mencionadas, más el Estado de México, Puebla y el Distrito Federal.
Así como el Diputado Rangel, en la reforma educativa todos coincidimos en mejorar la calidad de la educación, y para esto, necesariamente se tiene que mejorar al magisterio nacional, las condiciones de su formación, ingreso, promoción, permanencia, así como la evaluación de las realidades que circundan su desempeño.
En síntesis, en corto tiempo, el Estado ha recuperado la rectoría de la política educativa, una cuestión fundamental que había sido olvidada en el pasado.
Los Senadores del PRI estamos convencidos de que la función docente debe reunir las cualidades personales y competencias profesionales que permitan promover el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
No tengamos la menor duda que la implementación de la reforma educativa va a continuar con el concurso de todos los actores involucrados, y que al final logrará su objetivo de mejorar la calidad de la educación con equidad.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Daniel Amador Gaxiola.
Voy a leer los nombres de los integrantes de esta Comisión Permanente que han pedido intervenir para rectificación de hechos: la Senadora Angélica de la Peña Gómez, el Diputado Fernando Rodríguez, el Diputado Alejandro Rangel Segovia, el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, la Diputada Lilia Aguilar Gil, el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, el Senador Armando Ríos Piter y el Senador Roberto Gil Zuarth.
Anotamos a la Diputada Amalia García.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores:
Entiendo que la Permanente el día de hoy ha hecho un trabajo importante, en donde se han expresado las voluntades políticas de todos los grupos parlamentarios para presentarnos un punto de Acuerdo con dos puntos claramente consensuados, para darle una salida a un problema, a una discusión, a un debate, a un reclamo, ni más ni menos provocado por el Comunicado 129, del 29 de mayo de este año, de la Secretaría de Educación Pública, ya comentada.
Nos parece que está bien que logremos el consenso con estos dos puntos, con este resolutivo, pero me parece que nos quedamos cortos. Estamos, y hay que decirlo, y deberíamos decirlo con toda puntualidad, sin eufemismos, que estamos frente a una violación a la Constitución, no solamente en las leyes reglamentarias. Lo que hizo la Secretaría de Educación pública fue violentar, a través de ese Comunicado 129, violentar la Constitución, y permítanme decirlo, eso es gravísimo.
Yo no veo, y con todo respeto, que pueda entender, es algo que se da, siempre protege a las instituciones por parte de los grupos que forman parte en su militancia partidaria de esas instituciones, puedo entender eso, pero me parece que hay que decir a las cosas como son.
Y además, qué curioso, son reformas a la Constitución, reformas a leyes y diseños de otras, justamente emprendidas en esa Legislatura, y como Cámara de Origen en el Senado, estos que estamos aquí, incluyéndome a mí, votamos por esas leyes, votamos por esa reforma constitucional que discutimos nosotros, que trabajamos muchísimo, sin que finalmente modifique el artículo 3o. de nuestra Constitución, y que hoy no podemos quedarnos callados como que no pasa nada.
Porque además, otra de las funciones del Congreso de la Unión, de los parlamentos, además de revisar las leyes, de diseñar las leyes, también es garantizar y exigir que se cumplan las leyes.
Somos el vigilante de que las leyes que emanan del Parlamento se cumplan, y entonces pues sí, es un consenso los dos puntos, pero se queda en corto.
Ahora bien, qué es lo que observo, y me permito decirlo con mucha puntualidad, ¿qué hay de tras? Ya dije, hay una ilegalidad, hay inconstitucionalidad, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre sus potestades tendría que estar ahorita presentando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente una solicitud de inconstitucionalidad, una revisión de la violación a la Constitución en la que ha incurrido la Secretaría de Educación Pública, de manera particular, y por supuesto el gobierno federal en lo general, pero además con toda la envestidura de ser ni más ni menos que el responsable de que como Estado mexicano se garanticen los tratados internacionales que México ha aprobado, y aquí también se está violentando un tratado internacional que es la Convención sobre Derechos de la Niñez, que además establece como uno de sus principios rectores, de sus derechos humanos el interés superior de la niñez, que debe de estar por encima de cualquier otro interés, por más legítimo que sea, hoy vemos que no es así.
Entonces estamos frente a un asunto de ilegalidad.
No hay transparencia en lo que se decidió, quedó, efectivamente como aquí mencionamos, en un fin de semana, medio oculto, todos nos sorprendimos, y entonces no sabemos por qué motivo se decide suspender, todo mundo especula, que es por una presión de la CNTE, y hay que decirlo de manera puntual, y entonces el gobierno debería de decirnos qué fue lo que motivó que se suspendieran los procesos de la calendarización acordada con la Secretaría de Educación Pública con toda la pertinencia y con todo el tiempo posible para poder concretar este calendario.
No hay objetividad, no; ¿cuál es la razón?, ¿a qué se debe?
No tenemos absolutamente ninguna información, y por supuesto nos preocupa, y con esto termino, y muchas gracias por la paciencia, señor Presidente, termino mencionando que lo que tenemos que hacer efectivamente es, y estoy de acuerdo con la propuesta de que vengan las autoridades y nos digan, ya sé, va a pasar la elección, y resulta que el lunes, van a decir, no, bueno, sí, va otra vez; pero, qué barbaridad, qué cosa; el gobierno federal sea rehén de quienes parecen ser motivados por otros intereses, pero menos por el que deberían ser motivados cuando están frente a una profesión como es la docencia.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.
En uso de la palabra el Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional.
El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Gracias, Senador Presidente.
No quiero que mis palabras se interpreten como un agravio personal contra nadie. Sin embargo, la honestidad intelectual me obliga a decir las cosas con toda claridad.
Me parece un enorme cinismo que el PRI venga a esta tribuna a decir, y cito textualmente: “que el Estado ha recuperado la rectoría en materia educativa”.
Eso era lo que queríamos precisamente con la reforma educativa que se aprobó en diciembre del año 2012.
La primera gran reforma de este sexenio, la primera gran reforma del tan traído y llevado Pacto por México que justamente, entre otras cosas, incluía la evaluación obligatoria, ya se ha dicho, para el ingreso, permanencia y promoción en el servicio público docente.
Hoy vemos que eso que se convirtió en un mandato constitucional, este gobierno violando la Constitución y las leyes lo ha convertido en una decisión opcional de política pública. Es decir, ahora resulta que el Secretario de Educación Pública toma decisiones que la ley no le permite; es decir, está violando el principio de legalidad.
Sólo por eso el Secretario de Educación Pública ya merecería no solamente la renuncia, sino que le hiciéramos un juicio político por violar la Constitución y tomar decisiones que la ley no le faculta.
Esta ominosa decisión de suspender las evaluaciones obligatorias a los maestros de este país supone una capitulación del gobierno del Presidente Peña Nieto frente a los violentos, frente a este grupo de chantajistas que toda su vida han vivido precisamente violando la ley, llenando de miedo a la autoridad, y al mismo tiempo, así, manteniendo esos privilegios y esas prebendas a costa del futuro de los niños de México, y ya se ha dicho también en esta tribuna, nadie ha salido, nadie por parte del gobierno federal ha salido a darnos una explicación. Ayer el Presidente tuvo un evento en el Estado de México diciendo que se han llevado a cabo grandes reformas en este sexenio.
Bueno, pues la primera gran reforma ya estás suspendida por ese mismo gobierno, y ni siquiera el Presidente nos dio una explicación, porque además lo primero que habría que preguntarnos es, a cambio de qué se tomó esta decisión; uno podría inferir que se hizo para que hubiera una paz social, para que hubiera tranquilidad, para que los violentos de la CNTE nos dejaran llevar a cabo, graciosamente, nos concedieran el favor de llevar a cabo las elecciones; bueno, ni siquiera eso está garantizado.
Hoy vemos, según declaraciones del Presidente del Instituto Nacional Electoral, que hay 12,000 secciones electorales en riesgo en este país, la gran mayoría de ellas por amenazas de grupos como la CNTE o la CETEG, hoy vemos que el aeropuerto de Oaxaca está tomado por la CNTE.
Es decir, esta decisión de suspender las evaluaciones no solamente fue una decisión absurda, no solamente fue una decisión ilegal e inconstitucional, sino además, fue una decisión de una enorme torpeza política, porque ni siquiera consiguió el objetivo que el propio gobierno se había planteado, felicidades al PRI y al gobierno por esta gran decisión que ahora vemos que lo único que está generando es mayor indignación por parte de los padres de familia, mayor indignación por parte de los grupos organizados de la sociedad civil, mayor indignación por parte de los ciudadanos, y además, lo que únicamente vemos también, es que se hayan empoderado y fortalecido a esos grupos violentos, que después de esta decisión no solamente ha garantizado paz social, sino que se han hecho fuertes, y hoy siguen llevando a cabo estos actos violentos y estos actos de chantaje.
Y, termino, señor Presidente, diciendo que casualmente los tres estados que presentan en todos los índices educativos peor desempeño, que son Michoacán, Guerrero y Oaxaca, son los tres estados en donde la CNTE, ante la cual el gobierno capitula, es más fuerte.
Es decir, seguirle dando la razón y seguirle dando privilegios y prebendas a la CNTE significa seguir condenando a los jóvenes de Guerrero, Michoacán y Oaxaca a un futuro de empleos mal pagados, es seguirlos condenando a la inmigración a Estados Unidos; es seguirlos condenando a que no tengan oportunidades de desarrollo, eso, eso es lo que está logrando este gobierno al capitular de esta manera ante los chantajes de los violentos de las CNTE.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputado, tiene usted un grupo de Senadores que simpatizan con usted, señor Diputado.
En uso de la palabra el Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Partido Revolucionario Institucional.
El Diputado Alejandro Rangel Segovia: Gracias, señor Presidente.
Nadie en su sano juicio habría de suponer o de esperar que la reforma educativa sería un proceso sencillo, como tampoco nadie en su sano juicio y en su buen entender, debería estar elevando la voz y estigmatizando por una parte del proceso que tiene una integralidad tan grande como ya la ha explicado el Senador de mi partido que me antecedió en el uso de la voz, pero a lo cual habría que agregar otros significativos avances que esta reforma educativa ha podido llevar a cabo, y sí es verdad, todos debemos celebrar que el Presidente Enrique Peña Nieto haya tenido la paciencia, la sapiencia y la habilidad de sentar a todas las expresiones políticas de antemano para ser el gran listado que este país necesitaba, habida cuenta de la reformas que otros antes no pudieron llevar a una mesa de análisis de discusión y de puestas de acuerdos.
Ese fue el inicio, ese es el primer avance que tenemos que registrar cuando se hace un alto en el camino para verificar la estrategia más contundente, para verificar si los pasos y las técnicas que se están llevando a cabo para las evaluaciones, en este caso, son las correctas; para saber si lo censos que ya se hicieron son también los que nos deben seguir marcando la ruta que se sigue.
Una pausa en el camino siempre será una medida también inteligente, también que nos brinde un espacio de promoción y de mejor pensamiento.
No tengamos ninguna duda, los procesos de ingreso, promoción y de permanencia en educación básica y de media superior seguirán adelante por mandato constitucional, y de las leyes correlativas, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.
Condenamos los hechos violentos, y que ya se han referido aquí con insistencia, y valoramos a todos aquellos profesores, decenas de miles de ellos que ya estaban adecuadamente preparándose para sus evaluaciones, y que están a la espera y que exigen su evaluación para ellos y para quienes no han querido prepararse.
Veamos la integralidad y los avances de la reforma educativa, antes de estos lances quijotescos, lapidarios e inquisidores.
Se estableció la negociación única entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, otros no habían podido hacerlo.
La transformación educativa ha implicado 18 foros regionales y 3 nacionales, recibiéndose 15 mil propuestas para la reforma del modelo educativo, sí, si estamos revisando el modelo educativo.
El Programa de Escuelas Dignas en los dos años precedentes, ha beneficiado a casi 11 mil centros de enseñanza, con un presupuesto de 8 mil millones de pesos.
El programa de la reforma educativa que ideó el Presidente de la República, inicio operaciones en este ciclo escolar, con un presupuesto de más de 7 mil 500 millones de pesos, para poner directamente en manos de los directores y padres de familia, el manejo de los recursos que fortalezcan la autogestión escolar, atendiendo a 20 mil planteles.
De las más de 6 mil escuelas, se han entregado 3 mil dispositivos electrónicos periféricos para alumnos con capacidades diferentes, 8 y medio millones de libros de texto gratuitos y materiales de nueva generación, han sido proporcionados.
Se diseñó, como ya he dicho, una política educativa nacional para la consolidación de la formación cívica y ética, que sexenios anteriores le habían arrebatado a las aulas y a los planteles de este país.
Con la participación de los padres de familia que ahora son legalmente reconocidos como agentes educativos, se ha instalado el Consejo Nacional de Participación Social y los respectivos en estados y planteles.
En estos últimos, tenemos ya 200 mil de los 240 mil consejos escolares, y podría seguir la larga lista de avances concretos, registrados por los profesores y padres de familia y sociedad en general, de lo cual deberíamos hablar y sentirnos orgullosos también.
La reforma educativa no está cancelada, es un todo, es un proceso, si urge que aceleremos el paso y quien diga que está cancelada, que se está faltando a la Constitución, no solo miente, obra de mala fe y pretende confundir a la población, a unos días del proceso electoral.
Basándose en una sola pausa de sus partes, los grupos parlamentarios del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados, seguimos convencidos de la necesidad de la reforma, pues la aprobamos en su momento, con mucha decisión, sin titubeos que otros sí tuvieron, con la integridad y la integralidad necesarias, con la administración eficiente del tiempo necesario, pues hay partidos que nos acompañaron en esa votación, pero que su compromiso con la calidad educativa, ha decaído.
No podemos presumir la misma convicción de otras expresiones, que ahora si vienen a exigir que se lleve a cabo ese proceso de evaluación, cuando lo habían desdeñado en sus intervenciones, cuando aprobamos la propia Reforma Educativa.
Hoy aquí han pasado voces de partidos que acusan al gobierno federal de abandonar su compromiso por la reforma educativa, primero deberían voltear hacia sus propias administraciones, como en Oaxaca y Guerrero, donde han claudicado a favor de los poderes facticos, concluyo señor Presidente, o peor aún, se han colocado en tela de duda sobre su verdadera actuación en las movilizaciones por todos conocidas.
Les dijera Sor Juana Inés de la Cruz: “Hombres y partidos necios que acusáis, sin razón, sin ver que son la ocasión de lo mismo que culpáis”.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Esa décima es muy nueva.
En uso de la palabra la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para ratificar hechos, ojala nos sitúe de qué hechos.
La Diputada Lilia Aguilar Gil: Y rectificaré algunos, señor Presidente.
Primero, iniciaré con lo que ha dicho un Senador del PRI en esta tribuna, dice que esta suspensión indefinida, no significa claudicar. ¿Entonces qué significa? Recular, echarse para atrás, ceder a las presiones de sabrá Dios quién, pero que nos explique.
Se ha dicho en esta tribuna que necesitamos pedir más información, hablando de comunicados, yo le recomendaría a los legisladores, que se lean el comunicado número 20 del INEE, donde viene explicado, no solamente por qué esta suspensión violenta la Constitución y la ley, sino además dice porque también violenta los derechos de todos aquellos ciudadanos que ya eran parte de este proceso de evaluación.
Más aun, yo hago una alusión a quien me antecedió en la palabra, Diputado del PRI, que ha dicho que está medida no violenta la Constitución, a que venga y nos explique cómo no la violenta., porque el mismo INEE, ha dicho: que sí que la violenta, no solamente la reforma educativa, sino también las mismas atribuciones que tiene el propio Secretario, dicen: hay que pedir información y luego vemos, a ver si viene el Secretario de Educación, es decir, la República se nos está viniendo abajo, y nosotros espéreme tranquilos, despacio, porque entonces necesitamos primero analizar la situación en la que estamos.
La verdad es que esa no es la actitud que debiese de tomar está Comisión y creo que nunca me imaginé que iba a coincidir con el Senador Lozano, pero en efecto, se está violentando el bienestar de los mexicanos como una moneda de cambio Senador, tiene usted razón, quedan golpeados dos elementos básicos:
Primero.- El elemento que camina, el único elemento que camina hacia una calidad de educación de esta reforma, porque yo lo digo y lo sostengo, está fue una reforma laboral, en el tema magisterial y tenía como elementos salvables, está la evaluación.
Segundo.- Evidentemente queda el sospechosísimo del que todo mundo ha hablado aquí, se está cediendo ante la CNTE, o se está acordando con el SNTE, y entonces aquí la gran pregunta que parece pertinente es: está cediendo este gobierno de la República a grupos de choque y de violencia, que aquellos que están en la calle tratando de expresar algo, no pueden resolverlo con política y lo hacen deteniendo las reformas que tanto han cacareado, que la política resuelva la política, pero no pueden detener de las pocas cosas que han hecho, ni la paz, ni la tranquilidad que se esperaba con este comunicado escueto del que ya todo mundo hemos hablado.
El día de ayer se tomaron las instalaciones del INE en varios estados se robaron, o se despojó del INE de papelería Electoral, entonces qué es lo que está sucediendo ¿No les funciono el trato? Esas son las cosas que deberían de estar respondiendo los Priistas en esta tribuna.
El Secretario de Educación, de un plumazo, violó no solamente un principio de legalidad de derecho, sino también la Constitución, nosotros hemos dicho, que este Sistema de Evaluación debe de ser transparente, democrático, basado en el mérito, sin tintes políticos, que evalúan capacidades y no compadrazgos, y sabemos que también hay disgusto en algunos maestros democráticos o que no pertenecen a los sindicatos, porque muchos gobernadores y lo han dicho diversos Diputados, han utilizado este sistema de evaluación y la propia reforma, para ir tras maestros que no coincidan con gobernadores de todos los tintes políticos, eso es lo que la reforma debería de arreglar.
Yo termino con una reflexión, aquí se habla de todo lo bueno que se ha hecho en el tema educativo, se dice que se han hecho 18 foros, que se han repartido algunas tabletas, que se dan materiales de texto gratuito. ¿No es esa la obligación del estado? ¿No es? ¿Entonces qué demonios está haciendo el Secretario de Educación? Lo que ésta reforma educativa debería hacer, es acabar con los terribles números que tenemos frente al mundo.
Según el Foro Económico Mundial, México se ubica en el sitio 102 de 124 en eficiencia de educación primaria, los estudiantes mexicanos, y con esto termino, se ubican en el rango 63 de mejores oportunidades de crecimiento sobre 102. Y la calidad educativa en este país no ha mejorado en este sexenio y se encuentra en el 102 de 124.
No vengan aquí a echarse culpas, es responsabilidad de todos, PRI, PAN, PRD, PT, Partido Verde, así que no vengamos a echarnos la bolita, ni a defender lo indefendible. Que nos expliquen por qué se detuvo la evaluación, que se vuelva a aplicar esta evaluación y que nos diga la verdad. ¿Está tomado o no está tomado este país? Y que venga y lo hable el Secretario, porque para eso sirven las comparecencias.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los integrantes del “Congreso de Partidos Verdes en América, Casos de Éxito”, invitados por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en ambas Cámaras del Congreso mexicano, del Senador Carlos Puente Salas, el Senador Gerardo Flores Ramírez y el Diputado Tomás Torres Mercado.
Quiero expresar un saludo a los excelentísimos:
Adamou Garba. Presidente del Partido Verde de Niger.
Papa Meissa. Presidente de la Federación Democrática de los Ecologistas de Senegal.
Horacio Enrique Rivero y Marcelo Enrique López. Integrantes de la Iniciativa Verde por Buenos Aires.
André Moreira Fraga. Vicepresidente del Partido Verde en Salvador de Bahía, Brasil.
Fabiano Lima da Silva Carnevale. Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Verde de Brasil;
Jean Cloutier Chairman. Amigos de la Tierra en Quebec. “Friends of the Earth in Quebec”;
Alejandro Iván San Martín Bravo. Consejero General del Partido Ecologista Verde de Chile.
Antonio Navarro. Senador del Partido Alianza Verde de Colombia.
Carlos Ramón González Merchan. Integrante del Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Verde de Colombia.
Fernando Salazar Riveros. Miembro de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde de Colombia.
José Antolin Polanco Rosa. Presidente del Partido Socialista Verde de la República Dominicana;
Minerva Altagracia Gómez Rodríguez. Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Verde de la República Dominicana.
Matilde Bajan. Coordinadora del Movimiento Verde por Guatemala;
Alex González Castillo. Presidente del Partido Alternativa Verde del Perú.
Flor María Hurtado Valdez. Secretaria General del Partido Alternativa Verde del Perú.
Alejandro Aguilera. Secretario General Adjunto del Movimiento Ecológico de Venezuela.
Manuel Joel Díaz Capdevilla. Secretario General Nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela.
Agradecemos su presencia, nuestro reconocimiento a ustedes. Les deseamos éxito en los trabajos del Congreso. Felicidades, señores.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Bueno, por fin, el Gobierno del Enrique Peña Nieto pudo unir a la sociedad, lástima que haya sido en su contra, hasta el PRI y el Partido Verde le están pidiendo al gobierno que dé marcha atrás en esta medida desastrosa, confesión de parte de su fracaso en la interrupción política con la disidencia. Un acto además ingenuo, porque en lugar de resolver el problema, nada más complicó más las cosas.
Fue un acto de logofagia, el gobierno de la república se tragó sus palabras, presumía las reformas y ésta que es la reforma más noble, la reforma educativa, ésta es a la que da marcha atrás. Se tragó sus palabras. ¿Qué tiene ahora qué presumir? ¿Quién les cree, ya no sólo el “Mexican Moment”, etcétera, el “Saving Mexico”? Está aniquilando lo que decían que era su legado, de una manera, además, insisto, por demás desastrosa, con rectoría lamentable.
Porque además la verdad es que la educación pública es evidentemente el tema doble. ¿Por qué? Porque tenemos un tremendo problema de calidad educativa, en un país con las desigualdades que tiene México, con más de la mitad de la población en la pobreza, la educación pública es un instrumento fundamental irremplazable, esencial de la equidad social; es el elemento que iguala, es la posibilidad para la gente con menos recursos que puedan escalar socialmente, es el derecho de los niños de escasos recursos a tener educación de calidad, eso es lo que estamos peleando. Porque una educación de calidad mediocre a quien más perjudica es a los que menos tienen, éste es su elemento de movilidad social, eso es fundamental, éste es el proyecto. Por eso, para los que somos de izquierda esto es irrenunciable.
Hay quienes prefieren quedar bien con la clientela, yo prefiero defender el proyecto, defender la posibilidad de un proyecto de equidad social que tenga la educación pública como un motor de movilidad para que la gente que tiene escasos recursos tenga instrumentos para salir adelante en una situación adversa.
Por eso la claudicación de Peña Nieto, por eso la claudicación de este gobierno es absolutamente lamentable, reprobable, y qué bueno que al menos en eso estemos todos de acuerdo, incluso los del partido del Presidente, para que esto no pase.
Pero, ¿para qué estamos aquí? Veamos el centro, entremos al tema de fondo. Aquí tenemos un acto de suicidio asistido para el Secretario de Educación Pública, ya Emilio Chuayffet es un zombi, es un Secretario zombi, lo mataron en la reforma más importante, lo dejaron fuera, en algo que hay que decirlo, él no era el que operaba políticamente la reforma educativa, ese tema lo tomó la Secretaría de Gobernación y son conocidas las reuniones de Luis Miranda con la disidencia, y la verdad es que Luis Miranda los trató, no sé si pensando que los iba a afiliar al PRI o pensando que él iba a ser el próximo Secretario de la Sección 22 o no sé qué. Pero en lugar de resolver el problema, Luis Miranda y la Secretaría de Gobernación engordaron el problema y ahora estamos en un verdadero conflicto, porque la verdad es que les dio todo, efectivamente ya se dieron los datos, hay más plazas que no entraron por concurso y la reforma educativa obligaba a que hubiera concurso para nuevas plazas, para que hubiera al menos un pequeño requisito académico, ése tampoco se cumplió, les dio dinero, les dio plazas, etcétera. Y hoy nos tenemos amenazando abierta y explícitamente el proceso electoral, que yo voy a decir, los mexicanos tienen la libertad de decidir si votan, si se abstienen o anulan su voto, esa es la libertad que tenemos que decidir.
Lo que no podemos permitir es que alguien por la fuerza le impida a cualquier mexicano ejercer ese mismo derecho, abstenerse a votar o anular su voto. Eso es lo que no podemos admitir, y eso es lo que está en la discusión.
Y entonces la verdad es que voy a votar a favor de este punto de Acuerdo, pero nos quedamos cortos. Debemos ya pedir la comparecencia de Chuayffet si es que quiere venir todavía, por su amigo el que ya es prácticamente muerto en vida, a que venga a definir cómo es que tiró la parte fundamental de la reforma educativa, pero también el que engordó el problema, porque seguramente la decisión política se tomó en otro lado.
Que venga el Secretario de Gobernación a hacerse cargo de la desastrosa actuación de Luis Miranda en este problema, porque seguramente la decisión política se tomó en otro lado.
Yo me acuerdo, una vez que estaban en reforma, que estaban diciendo: no los vayan a tocar, déjenlos ahí porque estamos negociando y acordando, etcétera.
Y cada vez han sido más fuertes y han engordado, insisto, el problema.
Defendamos la reforma educativa, que además hay que decirlo: miren, la reforma constitucional fue extraordinaria, muy buena reforma constitucional.
En la reforma a las leyes secundarias más o menos porque se hicieron concesiones, más de cien cambios a la ley de profesionalización docente, más de cien cambios que fueron acordados con los disidentes, que luego los disidentes los desconocieron.
Y ahí se hizo un paso atrás dándoles la operación de la evaluación a los gobernadores, a las Secretarías de Educación Pública de los estados, cosa así.
Pero a pesar de eso, de que bajó el nivel de la constitucional a la secundaria, era importante apoyar porque se buscaba una evaluación no punitiva, y así quedó, no punitiva, al grado de que hay tres evaluaciones. Después de la evaluación hay formación además gratuita para que, si el maestro falla en algún aspecto, en ese aspecto sea formado y pueda pasar su examen. Y si en tres evaluaciones reprueba, va a ser re adscrito, es decir, no va a haber sanción a nadie y a nadie se le va a correr.
Y termino con esto. La verdad es que la reforma educativa no le ha tocado un pelo a nadie, no ha corrido a nadie, no ha despedido a nadie y quedó una evaluación no punitiva, sino de diagnóstico y de superación.
Así quedó, pero ha servido de bandera para sacarle y para chantajear, y han tenido éxito porque se han topado con un gobierno débil, un gobierno que no ha puesto la educación de los mexicanos en los más pobres al principio, y la verdad es que es vergonzosa esa actitud porque en lugar de resolver el problema, lo hicieron más grande, están envalentonados y ahora tenemos este problema desastroso.
Que vengan a comparecer. Votaré por esto. Es una resolución light. Fue el acuerdo posible. Vamos por más. Tienen que dar la cara.
Los hechos o los dichos a los que quiero referirme, que primero motivaron mi intervención, fueron los dichos del Senador Javier Lozano, que me parece que abren la necesidad de algunas consideraciones y que, después de escuchar a otros compañeros Legisladores, me parece que nos llevan a una reflexión profunda.
Decía el Senador Lozano: la CNTE es la causante de esto.
Yo quiero fijar mi posición. Sin duda alguna han evidenciado miembros de la CNTE, especialmente en el caso de Guerrero con la CETEG, que en esta intención de boicotear las elecciones están cayendo en actos de violencia que de ninguna manera se pueden apoyar, de ninguna manera podríamos respaldar que alguien quiere impedir especialmente el derecho de que se realicen las elecciones.
Es decir, se tiene que aplicar la ley a la CNTE, sin duda alguna, o por lo menos de aquellos actores que están incurriendo en actos violentos.
Dicho eso, y ésa es la posición que tengo en lo personal, pues me parece que quedarnos con la idea de que esto tiene que ver solamente con la CNTE, es pecar de miopía, pero peor aún, sería avalar implícitamente algo que me parece que tiene más trasfondo.
Y una vez que escuché a los compañeros legisladores del PRI, pues me parece que hay que hacernos algunas preguntas:
¿Por qué el Presidente Peña Nieto, por qué el gobierno federal después de venir cacareando la reforma educativa tantas veces, tantos meses, tantos años como uno de los grandes éxitos, de pronto con este pequeño párrafo de cinco líneas, decide enfrentar un enorme costo político en su imagen?
Porque ésa es la verdad. Esto significa algo que cuestiona no solamente la reforma educativa por parte de la opinión nacional o incluso internacional, sino pone en duda qué tanto el gobierno federal quiere realmente implementar la de telecomunicaciones, la reforma en materia de competencia, etcétera.
Otra pregunta que tendríamos que hacernos, y por eso creo que no hay que pecar de ingenuidad, y por eso hay que exigir que venga el titular de Gobernación, no solamente el de Educación Pública, es el por qué esta apuesta del gobierno federal a cinco días de que se lleve a cabo el proceso electoral, o a una semana.
Compañeras y compañeros, porque el problema de la educación, y así lo debatimos cuando hicimos las reformas, no es solamente la CNTE, es la relación de la autoridad con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
¿O acaso solamente la CNTE vendía plazas? ¿O acaso solamente la CNTE era la que avaló esta relación clientelar con el poder a nivel de los gobiernos de los estados?
No, compañeros, el problema es la relación de la CNTE y el SNTE con el gobierno. Por eso cuando escuché a mi compañero de Comisión y Secretario de la Comisión que presido, Senador Daniel Amador Gaxiola, cuando dice que el Estado ha recuperado la rectoría del sector educativo, aguas con esa declaración, compañeros, porque tal vez lo que está diciendo el compañero Gaxiola es que el gobierno quiere recuperar la relación con el Magisterio.
Y ése es un problema superior porque lo que puede haber en medio de esta decisión son votos del sindicato para el PRI. Es una recuperación de una relación que fue distorsionándose durante décadas para dejarnos en la peor condición como sistema educativo.
Y ahí, compañeros y compañeras, pues yo creo que no hay que tragarnos un anzuelo fácil. Sí hay que condenar la violencia sin duda alguna, sí hay que condenar a aquéllos que quieren boicotear el proceso electoral, pero no hay que dejar pasar que el PRI venga aquí a apoyar un punto de Acuerdo en el cual se convoque algo, y que de pronto lo que esté ocultando es una negociación política a cambio de votos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Por eso queremos que venga el Secretario de Educación Pública. Por eso queremos que venga el Secretario de Gobernación.
Compañeros y compañeras, éste es uno de los temas más preocupantes de la historia reciente. Pareciera ser menor y tal vez por eso se quiso ocultar solamente en ese párrafo.
Posiblemente la decisión del gobierno a unos días de enfrentar el proceso electoral sea: le apostamos a las reformas, le apostamos a una reforma educativa. Pareciera ser que es demasiado difícil implementarla. Regresemos al modelo tradicional que inventamos. Y que también dicho sea de paso, el panismo mantuvo durante doce años: la relación clientelar, la relación corrupta, la relación en que las plazas se dan al compadre, se dan al amigo, se dan al cuate político, en lugar de dárselas al que por meritocracia mejor puede dar la educación a los niños y a las niñas.
Por eso, compañeros y compañeras, exigiremos que la semana que viene no solamente venga el Secretario de Educación Pública, sino que esté presente el Secretario de Gobernación.
Si en medio de este tema, compañeros y compañeras, está la política electoral, eso saldrá a la luz pública, pero habremos de exigirnos, compañeros y compañeras, que por tratarse de la educación de los niños y las niñas de México, haya renuncias en el Gabinete que medie en este tema.
En uso de la palabra el Senador Roberto Gil Zuarth.
El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:
Es una triste metáfora que se reviva a Sor Juana Inés de la Cruz, una de las más destacadas escritoras del siglo de oro de la literatura en español, para justificar la sepultura de la reforma educativa, para justificar el atropello a los derechos de millones de educandos a saber, conocer y aprender. Es una triste metáfora que se invoque la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz para justificar este atropello.
Ya se le ha hecho recurrente, ya es una práctica recurrente del PRI, un pretexto, una coartada, echarles la culpa a los gobiernos anteriores; decir que el gobierno anterior, los gobiernos del PAN no hicieron o no quisieron.
Llevan ya 3 años, la mitad de la administración, con los ojos puestos en el espejo retrovisor. Pero, ¿saben qué pasa cuando un conductor va con los ojos puestos en el espejo retrovisor? Que es incapaz de ver los obstáculos del camino, y es incapaz de ver hacia dónde va. Ya llevan la mitad de la administración, señores legisladores del PRI, ya no vale ese pretexto, ya no vale esa coartada.
La responsabilidad de la conducción del país, por mandato popular, es de ustedes. Ya no pueden encontrar justificación o consuelo en lo que hicieron otras administraciones.
Pero déjenme refrescarles la memoria, déjenme refrescarles la memoria. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue creado en una administración de Acción Nacional, en el año de 2002.
Los procesos de evaluación y el principio de calidad fueron introducidos por un gobierno del PAN, el gobierno anterior, vía administrativa, en efecto, porque ustedes, las bancadas del PRI, nunca pusieron aptitud y disposición a construir una reforma de estado, como sí lo hizo Acción Nacional en esta legislatura.
Ustedes cuestionaron la alianza por la educación, la cuestionaron en cientos de puntos de Acuerdo en el Congreso de la Unión, y en consecuencia, no le pueden echar la culpa a las administraciones anteriores.
De hecho, les quiero recordar, que en 2012, la OCDE celebró los avances en materia de evaluación y calidad educativa, la OCDE en un informe que decía: “Que era el camino correcto, pero que faltaban las reformas legales, reformas legales constitucionales que Acción Nacional les dio en esta legislatura sin pretextar absolutamente nada.
En consecuencia, los esfuerzos por la calidad educativa empezaron en administraciones panistas, a pesar, y muy a pesar de ustedes.
Nosotros, como gobierno, tomamos determinaciones responsables. Y déjenme traer a la memoria el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, porque eso los pinta con total, con total claridad.
Cuando Acción Nacional, cuando el gobierno del Presidente Felipe Calderón toma la determinación de Luz y Fuerza del Centro, vinieron presiones, vinieron chantajes, vinieron condicionamientos, manifestaciones e intentos de colapsar el orden público.
¿Qué hizo el gobierno de la república? Mantenerse firme en su decisión.
¿Qué hacían las bancadas del PRI? Recibían, entre aplausos, en el Congreso de la Unión, al líder del Sindicato Mexicano de los Electricistas.
Es como si nosotros ahorita estuviéramos celebrando la oposición de los sindicatos, y específicamente de la coordinadora, la reforma educativa. Nosotros no hacemos eso, porque pensamos por el bien del país; nosotros resistimos, aplicamos la ley, y esa es una gran diferencia entre la forma de conducción política entre ustedes y nosotros.
Aquí dicen, aquí dicen que no se suspende o no se cancela la evaluación educativa, simplemente dicen que se pospone, y con eso quiere justificar la legalidad de su decisión.
Quiero recordarles que la reforma que aprobamos deposita en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la responsabilidad de conducir los procesos de evaluación, no en la SEP.
Y la ley dice claramente. “Que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el que establece los lineamientos y las fechas de los concursos”.
Y lo único que tiene que hacer la SEP, conforme a la ley, es aplicar los lineamientos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En consecuencia, no puede disponer de la fecha que estableció el INEE.
No es facultad de la Secretaría de Educación Pública determinar la fecha de realización de los procesos de evaluación, sino que esa es una facultad legalmente establecida a favor del INEE. Acaban ustedes de aceptar la franca violación a la constitución y a la ley. Como decimos los abogados: “Frente a confesión de parte, relevo de pruebas”.
Pero no solamente pecan de ilegalidad, ahora también pecan de ingenuidad, señor Presidente, y con esto termino.
Se está diciendo por ahí que esto es una táctica estratégica del gobierno de la república para sortear las elecciones, para que vayamos a un domingo electoral sin sobre saltos.
Es ingenuo, porque si ese es, si ese fue el acuerdo que motivó la posposición del proceso de evaluación, les vieron la cara.
Como lo ha dicho el Diputado, es absolutamente claro, que no le cumplieron la palabra, y en consecuencia, la intención de sabotear las elecciones sigue vigente. Pero no solamente eso. Déjenme hacerles 3 preguntas.
¿Qué les hace pensar que después del domingo la coordinadora va a cambiar su actitud frente a la reforma educativa?
¿No se dan cuenta de que ya mostraron debilidad, y lo más probable es que los chantajistas doblen su apuesta?
¿Qué les hace pensar que van a poder mostrar autoridad después de que se doblegaron frente al chantaje?
Un gobierno, concluyo, señor Presidente, un gobierno con autoridad no es aquel que usa más la fuerza, sino aquel que usa la razón para gobernar, la razón de la ley, la razón de la ley que no se negocia, la razón de la ley que no se somete a chantaje alguno.
En el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo, al igual que todos mis colegas, Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados que me han antecedido en el uso de la palabra en esta tribuna, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde, también como ya lo hizo mi colega el Diputado Tomás Torres, celebramos el consenso construido esta mañana, o este mediodía, en esta Comisión Permanente, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las entidades federativas para que no suspendan el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los entes en la educación básica y media superior, y que se cumpla a cabalidad con el mandato establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente, y con las fechas difundidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Celebro también la vehemencia con la que han venido a expresar sus reflexiones los distintos compañeros y compañeras, porque se trata, sin duda alguna, de un tema de la vital importancia para nuestro país, el de la educación con calidad.
Algunos compañeros que me antecedieron aquí hablaron, por ejemplo, incluso hicieron referencia a indicadores, yo quiero citar muy brevemente algunos, que son los que nos preocupan al grupo parlamentario del Partido Verde, y es ese problema que se muestra en las evaluaciones internacionales, por ejemplo, en las hechas o las llevadas a cabo por la OCDE, en la que, de manera, yo diría desafortunada, nuestros estudiantes, nuestras niñas, niños y jóvenes están teniendo resultados todavía poco favorables. Muy concretamente me refiero al caso, en el caso de matemáticas, donde el 55 por ciento de nuestros estudiantes no alcanzan el nivel de competencia básico; en comprensión de lectura, estamos hablando del 41 por ciento de nuestros estudiantes que no alcanzan el nivel de competencia básica, y en ciencias, es el 47 por ciento.
Entonces, tenemos que celebrar que todos los grupos parlamentarios, este día, estén de acuerdo en la importancia de seguir adelante con esta reforma que construimos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, se trata de un tema que va a ayudar a México a salir adelante, a alcanzar mejores niveles de desarrollo.
Pero también yo celebro la vehemencia, y quiero hacer referencia a que celebro, más bien, esa rectificación de posturas, que también he venido escuchando esta mañana, porque hoy aquí ha habido quienes se han expresado a favor de la evaluación educativa, e incluso hubo quien dijo: “Que no recuerda quién se haya opuesto al tema de la evaluación educativa”.
Yo recuerdo que hubo compañeros que tristemente trataban de frenar esta discusión en el Senado de la República.
Yo recuerdo, y no me dejará mentir el Presidente de la Comisión de Educación, cuando en una madrugada, en el Centro Banamex hubo algunos colegas que afanosamente trataban de poner obstáculos a la discusión, en el Pleno del Senado de la República, de esta muy importante reforma educativa.
Estamos de acuerdo en que hay que exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las entidades federativas, para que sigamos adelante con este importante elemento de la reforma educativa, que es la evaluación del Servicio Profesional Docente.
Con esa misma vehemencia que han venido expresar aquí, yo le pediría a todos los actores de los grupos parlamentarios, que también se dirijan a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados, para que no importando el color del partido del cual emanen esos titulares, le pongan todos los kilos, como se dice coloquialmente, para impedir que un grupúsculo de delincuentes traten de hacer encallar a este importante reforma; para que ese grupúsculo, que en su momento algunos apoyaron, que en su momento nos invitaron a sentarnos a discutir con ellos, porque deben recordar también, todos los grupos parlamentarios, que este Senado de la República acordó, en algún momento, que nos sentáramos a platicar con los maestros, un momento bastante complicado, en el cual tuve no sé si decir el privilegio de conducir esas reuniones con los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, unas pláticas, que lamentablemente no nos llevaron a ningún lado y que sí acreditaron las malsanas intenciones de estas gentes, para hacernos encallar este importante esfuerzo.
Yo le pido, a quienes en su momento los han apoyado, a quienes en su momento incluso los han traído a este Senado de la República, a que hoy miren para adelante, y con esa firmeza que expresaron hoy aquí a favor de la evaluación educativa, lo hagan aquí, en sus estados y por todos los rincones del país.
Es lo que México necesita.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Gerardo Flores.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Amalia García Medina.
La Diputada Amalia García Medina: Me dice aquí, mi muy querido y estimado amigo Fernando Belaunzarán: Duro, Amalia.
Bueno, yo lo quiero hacer, es una reflexión. Sobre todo porque ante esta decisión que ha tomado el gobierno de la República, es una decisión. Estamos ante una situación de hechos, no es algo que se dará a futuro.
Ya se suspendió la evaluación, para el ingreso, promoción y permanencia de trescientos y tantos mil docentes.
Creo que es pertinente, que tomando y yo lo tomaría textualmente, ese comunicado del gobierno de la República, donde señala que: “se suspende indefinidamente esta evaluación, por la existencia de nuevos elementos a considerar en el proceso”
Por lo menos desde mi muy punto personal y particular punto de vista, creo que, más allá del momento electoral, que es un momento, por supuesto importante.
También me parece que sería pertinente, que tomáramos esta decisión, que ya se tomó, para ir mucho más allá. Para ir más lejos.
Creo que no es de ninguna manera aceptable, que cuando se habla de la evaluación y el proceso de evaluación, prácticamente todas las intervenciones, y son las que aquí yo he escuchado y escuché en el pasado, se refieran a los docentes. Me parece que eso no es ni lo justo, que en eso podríamos tener diferencias, pero no es lo adecuado.
Y mi pregunta es: ¿Si se va hacer la evaluación, en qué momento se está planteando hacer la evaluación de las condiciones de formación, de los propios docentes? No estoy hablando de los niños, de los jóvenes, estoy hablando de las condiciones de formación de los docentes.
¿En qué condiciones están las escuelas normales?
¿Qué respaldo se está dando, para que cuando hablemos del proceso de evaluación, evaluemos como están las escuelas normales?
¿Cómo están las escuelas normales rurales?
¿Cómo está y que apoyo hay, por ejemplo, para la Universidad Pedagógica Nacional?
Tendríamos que partir, de hacer una evaluación en su conjunto, de todo el sistema educativo del país. No es, y yo no acepto, y por eso mi voto, y lo quiero decir con toda claridad, en la discusión muy intensa que se dio sobre estas reformas, fue un voto considerando que no podíamos poner en el centro de la calidad educativa, sobre la cual yo estoy absolutamente de acuerdo, tiene que haber calidad educativa, el centrarnos exclusivamente en evaluar a los docentes, sin evaluar las condiciones de formación de esos docentes, tenemos que ir al fondo.
Y lo digo con toda responsabilidad. Igual que varios de mis colegas aquí, fui gobernadora, y sabemos las deficiencias que hay y los requerimientos y la exigencia que hay y la necesidad, de recursos para la preparación de los maestros.
Si tomamos la decisión solo al final de esa ruta, y evaluamos y decimos que fallan y que reprobaron; pero no evaluamos que pasa antes, quienes estamos fallando somos nosotros. No es la manera acertada de ir a tomar una decisión.
Y yo pongo solamente algunas consideraciones, algunos temas aquí.
Por ejemplo, ¿en qué condiciones está la infraestructura, los apoyos materiales para el desempeño de la labor docente? ¿En qué condiciones están?
Si hay escuelas que no tienen laboratorios, carecen de los laboratorios. Bueno, ya no hablemos de la infraestructura de necesidad de sanitarios, de que haya piso de cemento y no de tierra. Solamente para señalar eso.
Pero para la formación de los docentes, una vez que ya egresaron, creo que la evaluación no puede ser, ni debe ser, evaluar que reprueban, sino cuánto se está invirtiendo para la formación continua.
Y yo les quiero dar el dato. Saben cuántos se está invirtiendo para la formación continua de cada docente de educación básica, 363 pesos por cada docente.
¿Esto habla de congruencia con la calidad educativa? Es inaceptable. Para tener formación continua y calidad, la decisión no es, a los que reprueben vamos a correrlos. Y ya no habrá promoción y habrá permanencia, sino cuántos se está destinando a su formación.
Eso es un asunto sustancial y esencial, y creo que tendríamos que ir entonces, al fondo del problema. Me preocupa y lo digo con toda claridad.
Y voy a concluir, acercarme a concluir.
Que en los recortes que se han hecho este año, pues se le recortaron más de 9 mil millones de pesos a la Secretaría de Educación.
¿Ésta es la prioridad que le damos a la educación? Un recorte de más de 9 mil millones de pesos.
No es así como se respalda la educación de ninguna manera.
Y reitero las visitas, muy honorables que hemos tenido aquí. Tuvimos al Presidente de Finlandia. En Finlandia, toda la educación de todos los niveles, absolutamente toda la educación, es pública y es gratuita. Pero se le da en el presupuesto la prioridad que se requiere, para la formación de los docentes, desde las escuelas normales, hasta la formación profesional, lo que equivaldría a la Universidad Pedagógica Nacional y a la formación continua y a la actualización, es decir, se le da la prioridad.
Y creo que poner en el centro, solamente señalar a los docentes y si no vemos el contexto integral en el que se da es inadecuado.
Termino, señalando lo siguiente: es pertinente que se haga una evaluación integral y que se cumpla con lo que ya se señala, que la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que dice que esa evaluación debe ser integral, obligatoria y periódica, evaluando y considerando el contexto social, material, los recursos financieros destinados para esto, los procesos de formación y actualización continua; y la Ley General del Servicio Profesional Docente, también establece la necesidad de ver los sistemas de formación, actualización y desarrollo profesional.
La pregunta es: ¿en estos casi dos años de reformas, en este ámbito, en este contexto integral, qué se ha hecho desde el gobierno de la República y qué se ha hecho desde el Congreso de la Unión y la propia Cámara de Diputados en la votación del presupuesto?
También nosotros tenemos que ser evaluados. Y tenemos que ponernos en un contexto integral, para que la educación sea de gran calidad, pero viendo no solamente a los docentes; que en todo caso son producto, de la gran deficiencia que hay en la formación de los propios docentes y tenemos que empezar por el principio.
Por eso, a lo que llamamos es, a que eso sea lo que revisemos, y que a la Secretaría de Educación, se la llame a que nos informe qué ha hecho, para tomar las medidas, termino con esto, integrales para garantizar calidad educativa que requiere este país, calidad educativa de la educación pública que debe seguir existiendo en nuestro país.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Diputada Amalia García.
Finalmente, el Diputado Danner González, del Partido Movimiento Ciudadano.
Hemos escuchado un debate profuso con cifras de la nobleza de la Reforma educativa y de lo grande que es la Secretaría de Educación a la hora de ejercer sus recursos.
Yo digo han de vivir en otro país, porque en el país en el que yo vivo los resultados de la fiscalización superior de la cuenca pública 2013, que implementó la Auditoria Superior de la Federación, señala lo siguiente.
La Secretaría de Educación gastó 839 millones en 240 mil laptops que, por cierto, unas no funcionan y otras se entregaron en planteles que no tienen acceso a Internet.
Gastó de forma irregular 312 millones de pesos en cuatro contratos para digitalizar y ordenar documentos.
Incurrió en irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, donde pagó durante todo 2013 a maestros adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Sección 23, aunque en la página de transparencia dichas comisiones aparecen sin goce de sueldo, el monto erogado fue de 43 millones 139 mil pesos.
En el programa de escuelas de tiempo completo, del que aquí se ha hablado, en 2013 hubo un subejercicio de 65.6 del importe asignado, es decir, que más de la mitad del dinero transferido a los estados, bajo este concepto, no fue ejercido de manera correcta en dicho programa que ha sido uno de los programas más publicitados, y que hay que decirlo, si se ejercieran los recursos de manera adecuada, sería uno de los programas más nobles de cualquier gobierno.
Parece, entonces, que en este país se tiene el síndrome del Peter Pan, es el país del nunca jamás, porque nunca jamás pasada nada.
Venimos aquí y hablamos de someter a evaluación a los maestros y no va a pasar nada porque es en medio del proceso electoral.
Yo hablé hacer rato de someternos todos a evaluación, y de que abramos un nuevo periodo extraordinario, y que pongamos a discusión el tema de la revocación de mandato, que le entremos todos, no pasa nada.
El problema de este país es que las mayorías que se asumen como mayorías monolíticas e imperturbables, no están dispuestas a cambiar una coma de lo que hacen y construyen juntos en este Congreso.
Hoy hemos visto cómo el PRI y el PAN se debaten y discuten entre lo que hicieron o no hicieron, cuando durante los dos últimos años fueron capaces de construir consensos sobre estas reformas estructurales y caminaron juntos, no aceptaron contrapesos.
Hemos escuchado aquí, por ejemplo, llamados para respetar el estado de derecho.
A qué nivel hemos llegado de postración en este país ante los poderes fácticos que la Comisión Permanente del Congreso debe llamar para respetar el Estado de derecho.
Hemos escuchado hablar del autismo del gobierno, de los logros de las escuelas de tiempo completo cuando se tienen cinco promociones de responsabilidad administrativa, sancionatoria, contra la SEP.
Andan hoy muy adjetivadores, muy constructores de epítetos por todos lados, pero se desvían del tema, no diluyamos este debate.
Por supuesto, yo también pido que comparezca y estoy de acuerdo que comparezca el Secretario de Educación, el Secretario de Gobernación, pero tenemos que poner a toda la administración pública a examen, incluidos nosotros los Senadores y los Diputados.
Es el colmo del cinismo que este debate se vaya a quedar en un mero derecho de pataleo.
Miren, ayer los panistas empezaron, escuchaba yo en los medios, pidiendo la renuncia del Secretario de Educación.
Hoy, en medio de que la política, es el arte de lo posible, se ha quedado en pedir que comparezca, pasando el 7 de junio se les va a olvidar.
Vamos a pensar en México.
Yo he escuchado aquí al Senador Javier Lozano, que dijo que habían acompañado al Presidente de la República en sus reformas, pero que ante la actitud que han tomado no pueden seguirlo acompañando, hoy ya no son amiguitos.
¡Qué creen! Se los chamaquearon.
Seguramente pasando las elecciones se van a volver a juntar, porque es lo que hacen siempre, construir mayorías monolíticas en el Congreso.
Y les adelanto, se los van a volver a chamaquear.
“Cancelar o suspender no significa claudicar”, dicen acá, son verbos poderosos, precisamente eso es lo que no debemos hacer, claudicar; no podemos claudicar en aras de intereses de grupo, cuando la prioridad es México.
No podemos claudicar cuando lo que está pasando es que se está hipotecando el futuro de los niños y los jóvenes de México.
Hace ya varios años se decía que nuestro país tenía un bono demográfico, pues hoy el bono demográfico se está convirtiendo en pagaré, y es un pagaré que vamos a pagar durante varias generaciones y, sobre todo, lo harán nuestros hijos y nuestros nietos, lo van a hacer porque la población económicamente activa ha estancado ya, concluyo con esto, Presidente, sus índices de educación básica, media y superior.
Vamos a convertir este bono demográfico en un pagaré si no somos capaces de que en nuestras escuelas haya más que laptops donde no hay Internet.
Que haya maestros que no van a dar clase y, sobre todo, que haya Senadores y Diputados, funcionarios de administraciones públicas federales y locales, que no están dispuestos, al igual que los maestros, que algunos maestros, a someternos a examen.
Vamos todos a someternos a examen.
Esa es la propuesta y el llamado en el que tenemos que pensar el día de hoy.
Hagámoslo por México.
Hagámoslo por el futuro de los niños y los jóvenes.
Senador Lozano, sonido en su escaño, ¿con qué propósito, Senador?
El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Por alusiones personales, Presidente.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Por qué no lo hace desde su escaño. Adelante.
El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Desde aquí lo voy a hacer.
Mire, lo que ocurre es que quien me antecede en el uso de la palabra aludió a una expresión que yo hice en cuanto a que habíamos acompañado los Diputados y Senadores de Acción Nacional las iniciativas del Presidente Peña Nieto, por considerar que eran importantes, relevantes y trascendentes, necesarias para el país, y que ya hubiéramos querido que Felipe Calderón tuviese una oposición como la que hoy tiene Enrique Peña Nieto en este Congreso, porque han sido posibles estas reformas.
Y dijimos que así como lo acompañamos para aprobar las reformas, no podíamos acompañarlo para violar esas mismas reformas.
La verdad es que no, no, sí tuvo capacidad, nos encontramos con una oposición mezquina que ustedes encabezaron indiferente, frívola, así o más claro.
Y quien quiso chamaquear a las autoridades electorales fue Movimiento Ciudadano al querer imponer una candidatura como la de Marcelo Ebrard sin fundamento legal.
Que no hablemos aquí de chamaquear a nadie, estamos hablando con absoluta seriedad un tema verdaderamente crítico.
Y qué bueno que la Comisión Permanente, por unanimidad, está haciendo este llamado.
No es un exhorto esta exigencia al gobierno de la República que continúe conforme al calendario y lineamientos del INEE con la evaluación magisterial.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Lozano.
No habiendo orador u oradora pendientes de hacer uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra concluido.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Dado que fue un debate largo, voy a dar lectura al Acuerdo antes de someterlo a votación.
Es el contenido del Acuerdo.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo del cual se dio lectura.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el pronunciamiento del Acuerdo referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.
Como se informó al inicio, las propuestas sobre este tema, hablo de las proposiciones con punto de Acuerdo, se turnarán a la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente.
Solicito a la Secretaría dé cuenta con dichas proposiciones.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy cuenta con las proposiciones:
Una, de los Senadores y Diputados del Partido Acción Nacional, que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar con los procesos de ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior.
Una, de la Senadora Mónica Arriola Gordillo, que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar las razones que motivaron la suspensión de la evaluación obligatoria de los docentes en servicio y para el ingreso.
Una, de la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del PT, que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a comparecer para que explique la suspensión de la evaluación del Servicio Profesional Docente.
Una, de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a dejar sin efecto la decisión de suspender indefinidamente las fechas del proceso de evaluación.
Una, de los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que solicita la comparecencia del licenciado Emilio Chuayffet Chemor en relación a la suspensión de la evaluación docente.
Una, de los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina y Lourdes Amaya Reyes, del grupo parlamentario del PRD, que solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe con los avances y pendientes por la implementación de los Decretos de reformas constitucionales y legales en materia de evaluación educativa.
Y una, del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que solicita información a dependencias del gobierno federal sobre la implementación de la reforma educativa y la comparecencia del Secretario de Educación Pública.
Esta Presidencia reitera su turno a la Segunda Comisión.
Compañeras legisladoras y legisladores: Las iniciativas y proposiciones de la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los grupos parlamentarios informarán lo que deseen mantener, como lo permite el Acuerdo. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.
Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el próximo miércoles 10 de junio a las 11:00 horas, en este recinto.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1622