Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/feb/20160216-I.html
Timestamp: 2019-10-19 04:20:57
Document Index: 191421174

Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 77', 'artículo 41', 'artículo 14', 'artículo 107', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 34', 'ARTÍCULO 34', 'artículo 34', 'artículo 22', 'artículo 34', 'artículo 36', 'artículo 115', 'artículo 121', 'artículo 151', 'artículo 36', 'artículo 121', 'artículo 34', 'artículo 115', 'artículo 151', 'Artículo 121', 'artículo 124', 'Artículo 151', 'artículo 62', 'artículo 6', 'artículo 12']

Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4469-I, martes 16 de febrero de 2016
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno se retire la siguiente iniciativa, presentada el pasado 4 de noviembre 2015 y turnada a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Seguridad Social.
Que reforma el artículo los artículos 33 de la Ley General de Educación y 201 de la Ley del Seguro Social.
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno que se retire la siguiente iniciativa, presentada el pasado 14 de octubre y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos:
• Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación, a fin de mejorar la educación especial.
A efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.
Para su conocimiento, remito a ustedes copia del calendario de sesiones del segundo periodo ordinario del primer año de la Sexagésima Tercera Legislatura, aprobado en sesión celebrada en esta fecha.
México, DF, a 2 de febrero 2016.
Primero. Se establece el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de febrero de 2016.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo que establece el último párrafo del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito enviar el documento denominado “Evolución de la actividad recaudatoria 2015 y Programas y presupuesto 2016” que contiene la siguiente información:
• Informe sobre la evolución de los ingresos tributarios del gobierno federal durante 2015.
• Los principales programas que ejecutará este órgano desconcentrado y la información relacionada con el presupuesto correspondiente al ejercicio 2016.
Licenciado Aristóteles Núñez Sánchez
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de participaciones a las entidades federativas correspondiente a enero de 2016, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a enero de 2015.
Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número SNM/ 007/ 2016, el licenciado Andrés Chao Ebergenyi, subsecretario de Normatividad de Medios de esta secretaría, envía los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al sexto bimestre del ejercicio fiscal de 2015, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.
Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de RTC, así como a los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal que la Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral.
Sobre el particular, me permito enviarle el informe de utilización de tiempos oficiales, así como el informe de los programas y las campañas de comunicación social del gobierno federal, ejercidos al sexto bimestre del ejercicio fiscal de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.
Medios 1 Medios 2 Medios 3
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-2-250, signado por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/409/2016, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a realizar las inspecciones y visitas de supervisión periódicas que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes y ejerciten las acciones legales que correspondan para la regulación de los servicios que prestan los establecimientos de asistencia social que así lo requieran.
En atención al oficio SELAP/300/2891/15, de fecha 17 de diciembre de 2015, suscrito por el licenciado Felipe Salís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2015, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
“Único. La honorable Cámara de Diputados, respetuosamente, exhorta, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de las entidades federativas para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa y, cuando sea necesario, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social, realicen las inspecciones y visitas de supervisión periódicas que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los albergues e instituciones público y privadas dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de niñas, niños y adolescentes y ejerciten las acciones legales que correspondan para la regulación de los servicios que prestan los establecimientos de asistencia social que así lo requieran.”
Al respecto me permito acompañar oficio D.G.J.E.1.205.000.00/041/2016, suscrito por el doctor. José Manuel Herrera Paredes, encargado de la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
México, DF, a 2 de febrero de 2016.
Hago referencia al oficio UCVPS/326/2016, del 13 de enero del año en curso, recibido el 18 del mismo mes y año, a través del cual solicita la opinión respecto del punto de acuerdo derivado de la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2015, el cual a la letra señala:
Sobre el particular, mediante oficio D.G.J.E. 1.205.000.00/019/2016, del 18 de enero del presente año, se solicitó a la maestra Nelly Montealegre Díaz, Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, manifestara en términos de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto Orgánico del SNDIF las acciones realizadas respecto del punto de acuerdo que nos ocupa. En atención a lo anterior, mediante oficio número PFPNNA/253.000.00/0003/2016, la Procuraduría Federal de referencia, señaló:
Al respecto, como bien se destaca en el dictamen del punto de acuerdo en referencia, corresponde a esta Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) a través de la Dirección General de Autorización, Registro, Certificación y Supervisión de Centros de Asistencia Social, en el ámbito de su competencia, y en coordinación con las Procuradurías de Protección de las entidades federativas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 112, 113 y 122, fracción XIII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), supervisar el debido funcionamiento de los Centros de Asistencia Social (CAS), aunado a lo establecido en los artículos 57 al 60 de su Reglamento; por lo que el Sistemas Nacional para el Desarrollo Integral de lo Familia (SNDIF) y en específico esta PFPNNA ha realizado, entre otras acciones, lo siguiente:
1. Atendiendo y compartiendo la preocupación por la protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), el SNDIF modificó su Estatuto Orgánico ‘poro integrar dentro de la estructura de la PFPNNA una Dirección General para la autorización, registro, certificación y supervisión de los Centros de Asistencia Social.
2. Durante el pasado 5 y 6 de diciembre de 2015, el SNDIF realizó la tercera Reunión Nacional de Titulares de los Sistemas Estatales DIF, a la cual se convocó no sólo a los titulares, sino también se contó con la presencia de las y los directores generales estatales, así como las y los procuradores de protección de NNA (defensa del menor y la familia) de las entidades federativas.
En dicha reunión se presentó la estructura de la Procuraduría Federal y en específico las áreas que la integran, entre ellas la concerniente a regulación de los centros de asistencia social, se tuvo la oportunidad de platicar en lo general con todas las entidades federativas y en lo particular con alguna de ellas, coincidiendo en que esta instancia debe ser un ente que apoye para la creación de reglas e instrumentos de operación generales de los centros, que estandaricen, instrumenten y ejecuten las procuradurías locales, así como federal con la coadyuvancia de las mismas, entre ellas la supervisión.
3. Se presentó una ruta y cronograma de un plan de trabajo para la firma de convenios de colaboración que versarán sobre los siguientes puntos con relación a la materia:
a. Requisitos mínimos para la autorización, registro y certificación de los CAS;
b. Mecanismos o procedimientos para autorizar el funcionamiento de los CAS;
c. Diseño de indicadores y conformación del Registro Nacional de los CAS, con la información que proporcionan las procuradurías locales;
d. Reporte e informes semestrales, trimestrales, etcétera;
e. Protocolo de actuación para la supervisión de los CAS;
f. Coordinación interprocuradurías;
g. Modelo Único de Certificación de CAS y el personal que labora en los mismos, entre otros.
Todo ello de conformidad con lo establecido por la LGDNNA.
4. Asimismo, para dar cumplimiento a la normatividad aplicable dentro del plazo establecido en el artículo 5o. transitorio del Reglamento de la LGDNNA, que a la letra dice:
“Quinto. Los lineamientos, acuerdos, protocolos, metodologías y demás disposiciones administrativas de carácter general que deban emitir conforme a la Ley y este Reglamento, y que no se haya fijado un plazo determinado para su emisión, deberán ser expedidos dentro del plazo de ciento ochenta días naturales contado a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.”
Se estableció un plan de trabajo y cronograma para el 2016, que incluye reuniones de trabajo con las procuradurías de protección de las entidades a fin de consensuar los mecanismos e instrumentos, así como su ejecución, al margen de que surja la necesidad urgente de alguna visita de supervisión y sin menos cabo de su ejecución, en el inter de su establecimiento y la operación de las demás tareas que implican de manera integral la regulación en la operación de los CAS.”
Encargado de la Dirección General Jurídica y Enlace Institucional
En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-6-0203, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/416/2016, suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita hacer públicos los resultados de los estudios realizados a las semillas transgénicas que están siendo importadas al país, así como los parámetros utilizados para presumir que el consumo humano de estas semillas no generan daños a la salud.
México, Ciudad de México, a 8 de febrero de 2016.
En atención al oficio SELAP/UEL/311/2408/15, de fecha 2 de diciembre de 2015, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 18 de noviembre del 2015, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
“Primero...
”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que haga públicos los resultados respecto de los estudios realizados a las semillas transgénicas que están siendo importadas al país, así como los parámetros o indicadores utilizados para presumir que el consumo humano de estas semillas no generan daños a la salud.”
Al respecto me permito acompañar oficio CGJC/1/OR/88/2016, suscrito por el licenciado Leonardo Menes Solís. Coordinador General Jurídico y Consultivo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Con fundamento en los artículos 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis de la Ley General de Salud; 2°, inciso C, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 18, fracción II, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y en atención a su oficio número UCVPS/1832/2015, mediante el cual solicita la opinión de esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris o Comisión Federal), respectó al Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a esta Cofepris a que haga públicos los resultados respecto de los estudios realizados a las semillas transgénicas que están siendo importadas al país, así como los parámetros o indicadores utilizados para presumir que el consumo humano de estas semillas no generan daños a la salud, le comento que:
Esta Comisión Federal es encargada de emitir las autorizaciones sanitarias para la comercialización e importación para su comercialización de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), para lo cual realiza caso por caso le evaluación de los posibles riesgos que el uso o consumo humano de estos organismos pudiera representar a la salud humana, con base en estudios fundamentados científica y técnicamente, que elaboran los interesados, de confinidad con el capítulo III Estudio y Evaluación del Riesgo, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y Titulo Tercero de las Autorizaciones de su Reglamento.
Asimismo le informo que esta Cofepris publica en su página electrónica
http://www.Cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/OGMS/Lista.aspx la lista de los OGMs que cuentan con autorización, especificando los siguientes rubros:
• Compañía;
• Nombre, identificación del evento y características conferidas;
• Organismo receptor;
• Organismos donantes;
• Genes introducidos, y,
Coordinador General Jurídico Consultivo
En respuesta del oficio número DGPL 63-II-2-375, signado por la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar DG.510.11/ 0705/ 2016, suscrito por el ciudadano Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo donde se solicita difundir la existencia y objetivos de la Red Mundial de Ciudades Amigables, promovida por la Organización Mundial de la Salud, así como impulsar y orientar su incorporación a dicha red, en favor de las personas adultas mayores.
Titular de Enlace Legislativo
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación
Me refiera a su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 095/ 16, por el cual remitió el punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a difundir entre las dependencias homólogas de las entidades federativas y los municipios la existencia y los objetivos de la Red Mundial de Ciudades Amigables, promovida por la Organización Mundial de la Salud, así como de evaluarlo oportuno a impulsar y, en su caso, orientar su incorporación a dicha red para que se establezcan las políticas y acciones necesarias a fin de promover la adaptación de comunidades y ciudades amigables con las personas adultas mayores.
Al respecto, adjunto copia simple del oficio número SJ/ 0037/ 2016, signado por el licenciado Jorge Luis Castillo Quintal, subdirector jurídico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, mediante el cual se da contestación al punto de acuerdo de referencia.
Por medio del presente escrito y en atención del oficio numero DG.510.11/ 0445/ 2016, de fecha 26 de enero de 2016, donde comunica a esta institución que con motivo de la sesión celebrada el 19 de enero de 2016, la Comisión Permanente del Congreso dela Unión aprobó el acuerdo que a la letra dice:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a difundir entre las dependencias homólogas de las entidades federativas y los municipios la existencia y los objetivos de la Red Mundial de Ciudades Amigables, promovida por la Organización Mundial de la Salud, así como, de evaluarlo oportuno, a impulsar y, en su caso, orientar su incorporación a dicha red para que se establezcan las políticas y acciones necesarias a fin de promover la adaptación de comunidades y ciudades amigables con las personas adultas mayores.
Por lo expuesto, este instituto, dentro de las facultades y obligaciones que le otorga la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, tomará las acciones correspondientes a efecto de difundir entre las dependencias homólogas de las entidades federativas y los municipios el objetivo del acuerdo citado, encaminado a la adaptación de una ciudad o comunidad en favor de las personas adultas mayores a fin de integrar una perspectiva que otorgue prioridad a este sector de la población en la planificación de las políticas públicas que llevan a cabo dichas entidades, invitándolos a integrarse a la Red Mundial de Ciudades Amigables.
Licenciado Jorge Luis Castillo Quintal (rúbrica)
México, a 28 de enero de 2016.
Por instrucciones del gobernador constitucional del estado de México y en atención a su oficio número DGPL 63-11-1-0268, mediante el cual informa que en sesión celebrada en fecha 15 de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó el punto de acuerdo siguiente: “Único.- la Cámara de Diputados exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como a los titulares de los Gobiernos de Veracruz, Oaxaca, estado de México, Guerrero y Michoacán para que, de manera coordinada, fortalezcan las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en zonas rurales del país, y de sus demarcaciones territoriales, respectivamente”; respetuosamente me permito manifestar lo siguiente:
La Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado de México, como instancia encargada de planear, coordinar, dirigir y evaluar la política en materia de desarrollo social, tiene como uno de sus objetivos fundamentales vincular prioridades, estrategias y recursos para elevar el nivel de vida de las mujeres mexiquenses, vistas éstas como un núcleo poblacional vulnerable de la entidad.
Por otra parte, es de señalar que el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social como organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, tiene como objeto la planeación, coordinación, operación y evaluación de políticas y programas para la mujer y adultos mayores, a fin de promover su bienestar social. En esa tesitura, para cumplir con dichos fines, tiene a su cargo la operación de programas de apoyo social, cuya finalidad radica en mejorar las condiciones de vida de las mujeres, acercándoles apoyos a zonas rurales y marginales, tales como los siguientes:
1. Programa Mexiquense por una Vida Libre de Violencia, tiene por objeto la atención integral a mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas; del cual se destacan las siguientes acciones:
a) Unidades de Atención a Mujeres, sus Hijas e Hijos en situación de violencia. Están ubicadas en 27 regiones del estado de México, teniendo como objetivo brindarles atención jurídica y psicológica.
b) Línea Sin Violencia 018001084053 y Línea contra la Trata 018008324745, líneas telefónicas disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
c) Operación y administración de 5 refugios para mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia en los municipios de Toluca, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Jocotitlán y Nezahualcóyotl.
d) Centros de reeducación para agresores o personas que ejercen violencia de género.
2. Programa Futuro en Grande, tiene como propósito favorecer la ingesta de alimentos de las mujeres menores de 20 años en estado de gestación o madres de uno o más hijos e hijas, que viven en condición de pobreza multidimensional en su dimensión alimentaria en el estado de México, a través de la entrega mensual de una canasta alimentaria; así como apoyar a las beneficiarias con cursos de capacitación para el trabajo, atendiendo a los 125 municipios del estado de México.
3. Programa Mujeres que Logran en Grande, tiene como propósito disminuir las condiciones de pobreza multidimensional de las mujeres de entre 18 y 59 años de edad que habitan en el estado de México, mediante la transferencia en efectivo y capacitación de las beneficiarias.
Es importante destacar que los programas antes descritos, son operados en toda la demarcación territorial de la entidad, incluidas desde luego, zonas rurales, con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres mexiquenses.
Toluca de Lerdo, México, a 2 de febrero de 2016
Vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura
Por instrucciones del doctor Eruviel Ávila Vi llegas, gobernador constitucional del estado de México, y en atención a su oficio número D.G.P.L.63-II-7-281, mediante el cual informa que en sesión celebrada el pasado 15 de diciembre de 2015 la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó el siguiente punto de acuerdo:
“Segundo. Se exhorta respetuosamente a los 37 titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y al jefe del Gobierno del Distrito Federal, para que por su conducto instruyan a las instancias locales de administración, procuración e impartición de justicia, a garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, mediante la existencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados; considerando que para la identificación y capacitación del personal que preste dichos servicios pueden coordinarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.”
Al respecto, me permito hacer de su apreciable conocimiento que el gobierno del estado de México, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, dependencia encargada de velar por la legalidad y por el respeto a los derechos de los ciudadanos en la esfera de su competencia, para asegurar a la sociedad mexiquense la debida protección de su integridad física y patrimonial, mediante la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, en los casos en que se al necesario salvaguardar los derechos de las personas indígenas, se solicita a la Dirección Servicios Periciales el personal especializado en la materia, a fin de garantizar el principio de igualdad ante la ley.
Por otra parte, el Instituto de la Defensoría Pública, como órgano desconcentrado de la Consejería Pública del Ejecutivo Estatal, encargado de operar, coordinar, dirigir y controlar la defensoría pública del estado de México, cuenta con tres defensores públicos especializados en las lenguas indígenas mazahua y otomí; asimismo, con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas indígenas, se contempla la coordinación con el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas el Estado de México y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la designación de intérpretes y traductores en el dialecto que se requiera.
Por cuanto hace al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, organismo descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y cuyo objeto es definir, ejecutar y evaluar las políticas de atención enfocadas a los pueblos indígenas de la entidad, cuenta con la intérpretes traductores, 4 mazahuas, 4 otomíes y 2 nahuas, certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas los cuales han apoyado en las solicitudes de colaboración con designación de intérpretes, garantizando así el acceso a la justicia de la población indígena.
(Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.)
Por instrucciones del licenciado Miguel Márquez Márquez, Gobernador Constitucional del estado de Guanajuato, y en respuesta al oficio número DGPL-63-II-7-281, través del cual comunica la aprobación del acuerdo, que en su artículo segundo señala:
«Segundo. Se exhorta respetuosamente a los 31 titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que por su conducto instruyan a las instancias locales de administración, procuración e impartición de justicia, a garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, mediante la existencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados; considerando que para la identificación y capacitación del personal que preste dichos servicios pueden coordinarse con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.»
En Guanajuato estamos convencidos de que toda acción de política pública debe centrarse en la persona y en sus familias, por ello, realizamos programas y proyectos que tienen como eje rector el bienestar y desarrollo integral de las personas y familias que viven en ciudades y localidades, procurando siempre su armonía con el medio ambiente y su cultura, en este sentido se reconoce como parte la cultura indígena como pilar del mexicanismo, a través del Programa Interinstitucional de Fortalecimiento a las Culturas y Lenguas Indígenas.
Impulsamos el uso de la lengua y la cultura originaria, mediante el equipamiento de cuarenta escuelas y la formación de 47 docentes de lengua y cultura. Al beneficiar a 5 mil 927 alumnos indígenas ubicados en los municipios de Acámbaro, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, León, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Tierra Blanca y Victoria.
Asimismo, promovimos la profesionalización de 32 docentes de la comunidad Misión de Chichimecas a través del Diplomado de interculturalidad bilingüe en la región etnolingüística chichimeca de Guanajuato, con una aportación federal de 500 mil pesos.
También con el afán de preservar las lenguas se han traducido y difundido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales (traducción en lengua materna chichimeca jonaz) y Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el estado de Guanajuato, (traducción en lengua materna otomí). Dichas publicaciones se pueden consultar en la página indioenasoto.com, así como encontrar información relevante de la población indígena del estado de Guanajuato.
Y se cuenta con la existencia del Programa de Derechos Indígenas a cargo de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Ejercicio Fiscal 2016, a través del cual se establecen importes a pagar por concepto de los servicios que presten intérpretes y traductores a integrantes de pueblos indígenas, garantizando a la población indígena en los procesos en donde éstos intervengan, la existencia de intérpretes o traductores debidamente capacitados y remunerados.
Guanajuato, Guanajuato, a 27 de enero de 2016.
“Únete, Guanajuato. Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”
Sea propicio este medio para enviarle un cordial saludo, así como para informarle que en atención al oficio DGPL.63-11-8-0207, se determinó remitir a los institutos de salud pública en el estado, así como instruí al interior del organismo público denominado Servicios de Salud del Estado de Querétaro para que se realicen dentro del ámbito de sus respectivas competencias las acciones pertinentes para dar cumplimiento al exhorto difundiendo los beneficios que derivan del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica a fin de que el personal de salud y la población en general tengan conocimiento de que toda mujer embarazada que necesite asistencia por emergencia obstétrica debe ser atendida de manera inmediata y gratuita, en cualquier establecimiento , hospitalario.
Doctor Alfredo Gobera Farro (rúbrica)
Hago referencia a su oficio número DGPL 63-II-7-397 de fecha 20 de enero de 2016, a través del cual, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace el conocimiento sobre el punto de acuerdo número PA-2016LXIII-245 a la Procuraduría Federal del Consumidor, solicitando una opinión, y en el cual señala:
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el ámbito de sus atribuciones, mantenga las acciones necesarias para evitar la práctica de avisos y engaños por pare de las casas de empeño a la población.
Con la finalidad de dar oportuna respuesta, se comenta lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 24 de la Ley Federal de Protección al consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Ahora bien, en el artículo 1 del ordenamiento se encuentran establecidos los principios cásicos en las relaciones de consumo, entre los que destacan los siguientes:
II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger;
III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como los riesgos que representen;
IV. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios;
V. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; y
VI. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir las disposiciones la ley, sean garantes de los derechos del consumidor.
Así las cosas, esta Procuraduría realiza las acciones necesarias para promover y proteger los derechos de las y los consumidores.
Por otra parte, respecto del punto de acuerdo debemos señalar que la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento, de conformidad con la fracción III del artículo 6o. del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, es el área encargada de aplicar la normatividad para organizar y operar el registro público de contratos de adhesión; motivo por el cual atiende las solicitudes de registro obligatorio de los modelos de contratos de adhesión de mutuo interés y garantía prendaria.
El registro obligatorio de los modelos de contratos de mutuo interés y garantía prendaria se encuentra establecido dentro de los lineamientos de la norma oficial mexicana NOM-179-SCFI-2007 (Servicios de mutuo interés y garantía prendaria), publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de noviembre de 2007. En el punto 2 del citado ordenamiento legal, en el rubro de campo de aplicación, se indica; “La presente NOM es de observancia general en la República Mexicana y es aplicable a todas aquellas personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.”
Por lo anterior, la prerrogativa de certeza legal del consumidor en los actos jurídicos de esta naturaleza se encuentra determinado por la obligatoriedad del registro de contrato de adhesión con el que los proveedores del ramo económico comercializan el servicio.
El acto de registro del modelo de contrato de adhesión de mutuo interés y garantía prendaria se cumple al tiempo que el proveedor solicita la adhesión al contrato tipo que ésta procuraduría ofrece a los proveedores, contrato tipo que por estar alineado a lo estipulado en la Ley Federal de Protección al Consumidor, y la NOM-179-SCFI-2007, prevé el cumplimiento a la normatividad correspondiente y por lo tanto el registro de esa solicitud al Registro Público de Contratos de Adhesión como modelo de contrato debidamente registrado; o en su defecto, también cumple, cuando el proveedor somete, ante esa Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento, el estudio correspondiente de un modelo de contrato de adhesión (vía dictamen), con la finalidad de obtener el registro del mismo, situación que sólo se logra cuando el proveedor comprueba que cumple con todas las disposiciones legales.
El mencionado ejercicio de control de modelos de contratos de adhesión, ya sea mediante la utilización del modelo de contrato tipo o a través de la revisión de los contratos vía dictamen, aunado a la obligatoriedad del registro de este tipo de contratos, ofrece al público consumidor la certeza jurídica dentro de la relación de consumo, ya que los modelos de contratos de adhesión registrados en el Registro Público de Contratos de Adhesión cumplen con las disposiciones legales vigentes en materia de protección al consumidor.
Adicionalmente a lo expuesto, mediante reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor (artículos: 65 Bis al 65 Bis 7), publicadas en el Diario Oficial de la Federación 16 de enero de 2013, se condicionó la operación de las casas de empeño a la inscripción de éstas en el Registro Público de Casas de Empeño; procedimiento de inscripción que se encuentra también. Dentro de las atribuciones de esa Dirección General, de conformidad con la fracción XVII del artículo 6o. del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor.
Mediante las referidas reformas, Procuraduría tiene, entre otras, la atribución de verificar que las casas de empeño transparenten sus operaciones, colocando la debida publicidad en sus establecimientos, a fin de que mediante una pizarra o medio electrónico informativo, den a conocer a los consumidores sobe los términos y condiciones en los contratos, así como el costo diario totalizado y consto mensual totalizado, mismos que se deben de expresar en tasas de interés sobre el monto de lo prestado.
Entre otras acciones se tienen como objetivos constatar que los prestadores del servicio de mutuo con interés informen, las siguientes:
• El porcentaje del préstamo conforme al avalúo de la prenda
• El precio por gramo para el empeño de metales preciosos
• El monto total a pagar en intereses, cargos y comisiones
• Los derechos y condiciones del procedimiento para la comercialización de la prenda
• Los requisitos y condiciones para el refrendo y procedimiento para la comercialización de la prenda
• Cantidad de refrendos a los que tiene derecho el consumidor
• Ramo de prendas aceptadas
• Que el contrato utilizado para las transacciones comerciales se encuentre registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor
En este orden de ideas, el consumidor se encuentra protegido en su esfera jurídica mediante la operación de los Registros Públicos de Contratos de Adhesión y de Casas de Empeño en los términos antes descritos. En consecuencia a lo antes expuesto, sendas atribuciones a cargo de esa Dirección General, en su cumplimiento, tiene la finalidad de generar seguridad y certidumbre jurídica en los consumidores dentro de las relaciones de consumo en materia de préstamos con interés y garantía prendaria.
Por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus atribuciones en materia de verificación, a través del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia a Casas de Empeño, vigila que las prácticas comerciales que llevan a cabo los prestadores del servicio de mutuo con interés y garantía prendaria, se ajusten a los dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-179-SCFI-2007(Servicios de mutuo con interés de garantía prendaría).
En ese sentido, durante el ejercicio 2016 a nivel nacional se han realizado las siguientes acciones:
• 534 visitas de verificación a casas de empeño,
• 91 establecimientos sujetos a procedimiento administrativo por infracción a Ley y NOM-179-SCFI-2007,
• 82 establecimientos fueron sujetos suspensión,
• 221 básculas y balanzas verificadas, de las cuales se han inmovilizado 5 por presentar diferencias de peso en perjuicio del consumidor.
Entre los principales incumplimientos detectados se encuentra:
• No exhibir precios montos totales a pagar.
• No contar con contrato de adhesión registrado ante Profeco.
• No acreditar la inscripción en el Registro Público de Casas de empeño.
• Ostentar leyendas que inducen a error 6 confusión al proveedor (prestamos avalados por Profeco).
• No utilizar el contrato registrado en la prestación de los servicios.
• No indicar el ramo de prendas aceptadas.
En este sentido, debemos señalar que el Programa de Verificación y Vigilancia a Casas de Empeño 2016, comprenden acciones que se reforzaran en los periodos o temporadas de mayor demanda de los servicios, iniciando a partir del 8 de enero por el termino de las festividades decembrinas y compras del día de reyes, en lo que se conoce como la cuesta de enero, hasta el 29 de enero de 2016, y la segunda etapa a partir del mes de julio por la temporada vacacional y regresos a clases, aunado a lo anterior, se realizan acciones de verificación en atención a las denuncias ciudadanas cuando así correspondan.
Finalmente, en caso de que la Procuraduría Federal del Consumidor detecte que algún proveedor de bienes o servicios cometa violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se actuará con base en el marco jurídico aplicable, para proteger los derechos de las y los consumidores e imponer las sanciones económicas correspondientes.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi alta y distinguida consideración.
Licenciado Rafael Ochoa Morales (rúbrica)
Subprocurador Jurídico en funciones de Procurador Federal del Consumidor
con fundamente en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor
Se ha recibido el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la prevención, atención y erradicación del feminicidio y la recomendación que se hace a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, en relación al otorgamiento irrestricto de las órdenes de protección así como la aplicación efectiva de los protocolos de investigación con perspectiva de género.
Hago de su conocimiento que todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial, ya atienden el tema: “Juzgando con perspectiva de género” en el pleno ejercicio de su independencia, juzgan conforme a la ley y en cuanto a hacerlo con perspectiva de género deben sujetarse a las normas relativas.
Por otra parte, se creó la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Durango, como unidad de apoyo para la administración de justicia, cuyo objetivo es dar seguimiento al programa institucional que permita la consolidación de la perspectiva de género en las políticas del Poder Judicial del estado, mediante acciones positivas que incidan en la cultura organizacional, promoviendo la igualdad y la no discriminación, para que se considere la perspectiva de género, dentro del marco normativo nacional e internacional.
Por otra parte, me permito informar a usted que el gobierno del estado de Durango ha creado un Centro de Justicia para las Mujeres en donde se ofrece servicios para mujeres víctimas de violencia: atención psicológica, jurídica y médica. En este espacio, se encuentra adscrito un juzgado especializado en la materia con la finalidad de que la mujer duranguense pueda contar una atención integral cuando se encuentre ante situaciones que vulneren su integridad.
Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Victoria de Durango, Dgo., a 20 de enero de 2016.
Doctor J. Apolonio Bancourt Ruiz (rúbrica)
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
CS-LXIII-I-2P-41
POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ÚNICO . Se reforma el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 9 de febrero de 2016.
Senador Luis H. Hernández Fuentes (rúbrica)
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
La suscrita, senadora Ninfa Salinas Sada, integrante del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de incentivos para la captación de agua pluvial, al tenor de la siguiente
La existencia del ser humano, como parte de la naturaleza, es parte de un ciclo. No se puede entender el ciclo de la vida, sin hacer conciencia del ciclo del agua.
Nuestro planeta está cubierto en un 70 por ciento de agua, sin embargo, se habla de la escasez progresiva del recurso.
Esto se debe a que dos terceras partes de agua en nuestro planeta, es salada, mientras solo un tercio es dulce.
Los problemas de insuficiencia en el servicio de agua potable se deben principalmente, a dos factores:
1. Contaminación, y
Esto respecto solo al agua potable. Sin embargo, el ser humano consume grandes cantidades de agua para otras actividades, como servicios sanitarios, limpieza, y desafortunadamente, ante la falta de sistemas de tratamiento o reciclaje de agua, en estos servicios se destina agua para consumo humano, agravando la situación de escasez.
El consumo diario promedio de agua por habitante recomendado para las grandes ciudades, es de 150 litros por día, sin embargo, tan solo en la Ciudad de México, cada habitante consume entre 360 y 380 litros diarios.1
Lo anterior ha resultado en que, de los 653 mantos acuíferos en el país, anualmente 106 se encuentran sobreexplotados. Ante este escenario el agua de lluvia representa un recurso potencial en calidad y cantidad, para dar respuesta a los problemas de escasez de agua, inundaciones y sobre explotación.
El territorio mexicano se divide en trece regiones hidrológico-administrativas, RHA, formadas por agrupaciones de cuencas, consideradas las unidades básicas de gestión de los recursos hídricos. En su división se respetan los límites municipales, para facilitar la integración de la información socioeconómica. Las cuencas del país se encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas que a su vez se agrupan en las 13 RHA mencionadas.2
Nota: El dato de disponibilidad natural total en millones de metros cúbicos, es de 458 mil. Para los años 1950, 1960, 1980. 1990, 2000 y 2010, los datos de población fueron interpolados al 31 de diciembre a población de cada año, con base en datos censados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi. Para los años 1995 y 2005 también se realizó la interpolación al 31 de diciembre, pero con base en datos del conteo Inegi. Fuente: Conagua. Sub dirección General de Programación. Elaborado a partir de datos de: Inegi. Censos y Conteos de población. Conagua. Subdirección General Técnica.3
El Consejo Nacional de Población ha realizado estudios que estiman que durante 2012 y 2030 la población del país se incrementará en 20.4 millones de personas. Se estima además, que para 2030 aproximadamente 75.2 por ciento de la población habite zonas urbanas. Esto evidentemente generará un incremento en la demanda del recurso hídrico.
La disponibilidad natural media per cápita de agua a nivel nacional disminuirá de 4,090 metros cúbicos anuales por habitante (con la que se contaba en 2010), a 3 mil 815 para 2030. En algunas regiones hidrológico-administrativas del país, el agua renovable per cápita alcanzará en 2030 niveles inferiores a los mil metros cúbicos por habitante, lo que se califica como una condición de escasez grave. Tomando como base las estimaciones para 2030, la sobreexplotación de los mantos acuíferos provocará el hundimiento del terreno, generará que se tengan que perforar pozos cada vez más profundos, además de graves afectaciones a los ecosistemas.
Anualmente México recibe, proveniente del agua de lluvia, aproximadamente mil cuatrocientos ochenta y nueve mil millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a una piscina de un kilómetro de profundidad, y de extensión similar al tamaño de la Ciudad de México. Se estima que más del dos terceras partes (71.6 por ciento) se evapora y regresa a la atmósfera. Un 22.2 por ciento se incorpora a ríos y arroyos, el 6.2 por ciento se infiltra al subsuelo y llega a los acuíferos.5
Los niveles de precipitaciones se concentran entre los meses de junio y septiembre, en los que llueve cerca de 45 días. El total de lluvia anual es de 750 milímetros por metro cuadrado. Lamentablemente, cada año se desaprovechan más del 90% del agua de lluvia que podría ser captada y utilizada para cubrir necesidades básicas.
El panorama presenta dos importantes puntos que debemos focalizar: 1) Una importante demanda de agua, con tendencia a incrementarse drásticamente. 2) Un recurso de suma valía que literalmente “nos cae del cielo”. La misma naturaleza ha proporcionado recursos que pueden ayudarnos a enfrentar con sustentabilidad el futuro.
En un supuesto de tener una superficie de captación de agua, de 86.8 metros cuadrados, con la estimación de 750 milímetros por precipitación pluvial anual (750 milímetros.lm2 x 86.8 metros cúbicos2), obtenemos como resultado una recolección de 65, 100 mm. Si a este valor le aplicamos el factor de pérdidas de 10 por ciento (65 mil 100 x 0.9=58 mil 590) obtenemos de lluvia 58.5 metros cúbicos equivalente a 58 mil 590 litros al año.
Con un consumo calculado, según recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, de 200 litros diarios para una casa (58 mil 590 sobre 200), el agua almacenada puede cubrir el consumo de 292 días, lo que supone un ahorro de 40 por ciento del consumo total.
Es decir, en una superficie de 100 metros cuadrados, con una lluvia promedio de 100 milímetros por metro cuadrado, se reciben 10 mil litros de agua. Si bien, esto no se puede captar en su totalidad, un sistema de captación puede ayudar a satisfacer importantes necesidades en un hogar.
Hay elementos a considerar:
- El agua de lluvia cubre solo una parte de nuestra demanda.
- Hay mayor disponibilidad del recurso pluvial en unas áreas del país que otras:
- Es complicado guardar el agua captada, por todo un año.
Estos aspectos constituyen áreas de oportunidad y no se oponen a los objetivos fundamentales de esta iniciativa. Recordemos que nuestro país es parte de un ecosistema único, un ecosistema mundial, atender esta propuesta puesta sumar en mucho al cuidado de nuestro medio ambiente.
Toda medida dirigida al cuidado del medio ambiente tiene un efecto exponencial. Tal como se observa, el uso de agua proveniente de lluvia, representa un ahorro considerable, en el consumo de agua potable y la promoción de la cultura para el cuidado del medio ambiente.
En el diseño de la política pública, está presente el reconocimiento de la importancia del recurso pluvial, es así que en el Plan Nacional de Desarrollo, en su apartado Plan Nacional Hídrico 2014-2018, línea estratégica 2.1.7. Fomento de la construcción de drenaje pluvial sustentable, se menciona:
Se fortalecerán las capacidades para desarrollar, construir y operar proyectos de drenaje pluvial sustentable en zonas urbanas y rurales, ya que el incremento de eventos hidrometeorológicos con mayor intensidad y o duración y el alto grado de impermeabilización que se ha alcanzado en las localidades urbanas debido a la construcción de viviendas, infraestructura diversa y el pavimentado de las calles, entre otros factores, hace que la concentración del agua de lluvia sea superior a la capacidad de desalojo de los drenajes actuales.
Es así como, se reconoce que a través del desarrollo de acciones tendientes a la recolección, encause y aprovechamiento del agua proveniente de lluvia, además de prevenir problemas de inundaciones en las ciudades, se pueden cubrir necesidades básicas en momentos y regiones de escasez.
La finalidad de esta iniciativa es incentivar el aprovechamiento del agua pluvial para su reuso en las viviendas, conjuntos habitacionales y edificaciones industriales, comerciales y de servicios.
Su objeto consiste en autorizar deducciones de las inversiones cuando sean para la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en el mismo inmueble.
Mediante la propuesta se pretenden estimular una cultura de respeto al medio ambiente y sus recursos naturales, a través del cuidado y aprovechamiento del agua pluvial.
El agua de lluvia es tan valiosa y útil como el agua potable.
En este sentido, se debe considerar que el artículo 22 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, considera prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales derivados de la Ley de Ingresos de la Federación, en su fracción III “El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua”. Si bien en este caso, lo que se pretende es obtener recursos del presupuesto público, la presente iniciativa persigue impulsar inversiones productivas privadas a favor del cuidado del medio ambiente y el uso sustentable de nuestros recursos naturales, que tengan beneficios económicos y culturales como lo son:
De aprobarse esta iniciativa, y con el aprovechamiento y reuso del agua pluvial, el ahorro del agua potable contribuiría a:
La iniciativa que se presenta, consiste en otorgar beneficios fiscales para las personas morales; para las personas físicas con actividad empresarial o profesional; los arrendatarios; para quienes obtienen ingresos por la venta o traspaso del inmueble, incluyendo incentivos para los fideicomisos que se dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento; y, de manera general, incentivos para cualquier contribuyente que realice obras, instale equipos, sistemas o instrumentos para la captación de agua pluvial para reuso en los mismos inmuebles.
Para tal efecto se proponen las siguientes modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta:
• Se adiciona una fracción XIV al artículo 34 para autorizar deducciones del 100 por ciento de los activos físicos invertidos en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en los mismos inmuebles donde las personas morales o las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, desarrollan sus actividades.
• Se modifica el párrafo tercero de la fracción III del artículo 36 a efecto de autorizar la deducción de las inversiones en casas de recreo, cuando sean para la captación de agua pluvial y cuyo destino sea el reuso en el mismo inmueble.
• Se adiciona una fracción VII al artículo 115 para autorizar a las personas que obtienen ingresos por arrendamiento, deducir las inversiones en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial para el reuso en los mismos inmuebles.
• Se modifica la fracción II del artículo 121 para autorizar deducir el importe de las inversiones realizadas en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en los mismos inmuebles, cuando se vendan o traspasen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables; y
• Se adiciona una fracción IX al artículo 151 para que, además de las deducciones que se les autorizan en la propia Ley, se permita a cualquier persona física residente en el país incluir como deducciones personales las inversiones en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en el inmueble donde el contribuyente tenga su domicilio.
Proponer el uso de beneficios fiscales estimula el cuidado del medio ambiente, toda vez que cualquier gasto realizado para el uso sustentable de un recurso natural como lo es el agua, constituye una inversión.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Único. Se modifica el párrafo tercero de la fracción III del artículo 36; y la fracción II del artículo 121; y se adiciona una fracción XIV al artículo 34; una fracción VII al artículo 115 y, una fracción IX al artículo 151, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
XIV. 100 por ciento para las obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en los mismos inmuebles.
Las inversiones en casas de recreo solo serán deducibles cuando tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en el mismo inmueble.
VII. Las inversiones en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en los mismos inmuebles.
Artículo 121. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán efectuar las siguientes deducciones:
II. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, así como las realizadas para la capacitación de agua pluvial, cuando se enajenen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Estas inversiones no incluyen los gastos de conservación. El importe se actualizará en los términos del artículo 124 de esta Ley.
Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales
IX. Las inversiones en obras, instalaciones, equipos, sistemas e instrumentos que tengan como finalidad la captación de agua pluvial cuyo destino sea el reuso en el inmueble donde el contribuyente tenga su domicilio.
1 Conagua. Cuidemos y valoremos el agua que mueve a México, página 24. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Contenido/Documentos/carrera_agua_2 015.pdf.
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_ content&view=section&id=6&Itemid=300004
2 Estadísticas del Agua en México, Edición 2011. Capítulo 2. Situación de los Recursos Hídricos, p. 18. Disponible en
http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Contenido/Documentos /SINA/Capitulo _2.pdf
3 Conagua. Atlas del agua en México 2012, página 30. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/Conagua07 /Noticias/SGP-36-12.pdf
4 Conagua. Atlas del agua en México 2012, página 28. Disponible en
http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Noticias/SGP-36-12.p df
5 Semarnat, Conagua, Estadísticas del Agua en México, Edición 2013, páginas 9-16. Disponible en
http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Noticias/SGP-2-14Web .pdf
6 Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional Hídrico 2014-2018. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/PN H 2014- 2018.pdf
7 Con datos de Conagua, en promedio anual entre 100 y 106 mantos acuíferos son sobre explotados por el máximo de su capacidad. Estadísticas del Agua en México, Edición 2011. Capítulo 2. Situación de los Recursos Hídricos, p. 18. Disponible en http://www.conagua.gob.mx/Conagua07 /Contenido/Documentos/SINA/Capitulo_2.pdf
Salón de Sesiones del honorable Senado de la República, a los 2 días del mes de febrero del año 2016.
Senadores: Ninfa Salinas Sada, Víctor Hermosillo Celaya, Luz María Beristáin Navarrete (rúbricas).
Palacio Legislativo de San lázaro, a 16 de febrero de 20l6.
Con fundamento en lo estableado en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral I del artículo 6 y el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal, a partir del16 de febrero hasta el 28 de marzo del año en curso.