Source: http://inviertoyahorro.com/actuales832.html
Timestamp: 2020-08-08 05:14:15
Document Index: 401482690

Matched Legal Cases: ['artículo 110', 'artículo 41', 'Artículo 41', 'artículo 245', 'artículo 15', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 31', 'artículo 7', 'artículo 27', 'in fine']

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, modifica el impuesto sobre sociedades de puertos del Estado y Autoridades Portuarias. aprueba nueva moratoria para el sector del transporte público de mercancias y discrecional de viajeros en autobús y de modificación de las moratorias del Real Decreto-ley 8/2020, 11/2020 y 21/2020, comentado en la guía de fiscalidad y tributación del inversor y ahorrador de invierto y ahorro.
2020 3P - REAL DECRETO-LEY 27/2020 Y LEY DE ARAGÓN 1/2020
Última actualización de este artículo: 8 de julio de 2020.
1.-REAL DECRETO LEY 26 2020: IMPUESTO SOCIEDADES AUTORIDADES PORTUARIAS, MORATORIA TRANSPORTE Y OTRAS MEDIDAS
En el Boletín Oficial del Estado de 8 de julio de 2020 se publica el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, en el que se aprueban las medidas que se exponen a continuación con entrada en vigor desde el 9 de julio de 2020.
1.1.-IMPUESTO SOB RE SOCIEDADES: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020 que no hayan concluido a 9 de julio de 2020, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades:
1.1.1.-Exenciones: Autoridades Portuarias y Puertos del Estado
A) Modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades:
-Se suprime la mención entre las entidades parcialmente exentas del 9.3 LIS a las Autoridades Portuarias al modificar la anterior redacción en la que se incluía a “Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las Comunidades Autónomas, así como las Autoridades Portuarias” por una nueva redacción en la que ahora se incluye a “Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las comunidades autónomas”. Además se modifica el artículo 110.1 LIS (relativo al régimen de las entidades parcialmente exentas) para suprimir la referencia a las Autoridades Portuarias.
B) Modificaciones en el texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante:
-Asimismo, también con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020, que no hayan concluido a 9 de julio de 2020, se modifica el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para dar una nueva redacción al artículo 41 que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 41. Régimen tributario. Las autoridades portuarias y Puertos del Estado quedan sometidas al mismo régimen tributario que corresponde al Estado, sin perjuicio de la aplicación a las autoridades portuarias del régimen general en el Impuesto sobre Sociedades y a Puertos del Estado del régimen de entidades parcialmente exentas en dicho Impuesto, a cuyo efecto los ingresos por la prestación de servicios comerciales tendrán la consideración de ingresos procedentes de explotaciones económicas. El régimen tributario del dominio público portuario será el mismo que el establecido para el dominio público marítimo-terrestre.»
-Además se añade un nuevo apartado 3 bis al artículo 245 relativo a las bonificaciones de las tasas de actividad y utilización.
1.1.2.-Gastos no deducibles y deducciones de las Autoridades Portuarias
Se añade una nueva letra n) al artículo 15 LIS para regular un nuevo supuesto que no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible:
«n) Los que sean objeto de la deducción establecida en el artículo 38 bis de esta ley, incluidos los correspondientes a la amortización de los activos cuya inversión haya generado el derecho a la mencionada deducción.»
Y simultáneamente se aprueba un nuevo artículo 38 Bis LIS para regular nuevas deducciones en la cuota por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (principalmente en infraestructuras y servicios).
1.2.-MORATORIAS PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCIAS Y DISCRECIONAL DE VIAJEROS EN AUTOBÚS
1.2.1.-Moratoria temporal en el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías
Se establece en favor de las personas jurídicas y los autónomos, cuya actividad empresarial incluya la realización de transporte público de viajeros o de mercancías, una moratoria sobre el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías, incluyendo el transporte de carbón de centrales térmicas, de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, que estuvieran vigentes a 9 de julio de 2020, en aquellos casos en que experimenten dificultades financieras, en la forma indicada más adelante, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
No será de aplicación la moratoria en el supuesto de aquellos autobuses vinculados a la prestación de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general en el marco de un contrato con una Administración Pública o sujetos a obligaciones de servicio público, en el 9 de julio de 2020. A tales efectos, las personas jurídicas y autónomos deberán presentar al acreedor una declaración responsable de no estar vinculados a la prestación de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general en los términos señalados.
1.2.2.-Definición de dificultades financieras
La acreditación de la reducción de los ingresos o la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos. Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 40% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho. En este último caso, la solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.
a) El préstamo, leasing o renting cuya moratoria se solicita habiendo sido objeto de impago total o parcial de alguna de sus cuotas desde antes del 1 de enero de 2020, a 9 de julio de 2020 se encuentre en mora.
1.2.3.-Solicitud de la moratoria
Los autónomos y personas jurídicas que puedan acceder a esta moratoria podrán solicitar al acreedor un periodo de moratoria de hasta un máximo de seis meses desde el 9 de julio de 2020 en el pago del principal de las cuotas de los contratos detallados previamente.
La solicitud podrá presentarse desde el 9 de julio de 2020 hasta el final del plazo fijado en el punto 10 de las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre las moratorias legislativas y no legislativas de los reembolsos de préstamos aplicadas a la luz de la crisis de la COVID 19 (EBA/GL/2020/02) o hasta las ampliaciones de dicho plazo que, en su caso, pudieran establecerse.
1.2.4.-Concesión y efectos de la moratoria
-Una vez que el autónomo o persona jurídica realice su solicitud y acredite la existencia de dificultades financieras mediante la aportación de la documentación requerida, el acreedor o arrendatario procederá a la aplicación de la moratoria, formalizando la novación de conformidad con las reglas generales. No obstante, la inscripción de la ampliación del plazo inicial tendrá plenos efectos, en su caso, frente a los acreedores intermedios inscritos, aunque no cuente con el consentimiento de estos. Los efectos de la moratoria se extenderán a los avalistas, sin necesidad de que la consientan o puedan oponerse a ella, manteniéndose inalterada su posición jurídica.
-La moratoria conllevará la suspensión de los pagos del principal de las cuotas del contrato durante el plazo solicitado por el deudor o arrendatario y desde la fecha de la solicitud y entrega de la documentación, permaneciendo inalterado el resto del contenido del contrato inicial, pudiendo optar el beneficiario de la moratoria por que el importe de lo aplazado se abone mediante:
a) La ampliación del plazo de vencimiento en un número de cuotas equivalente a la duración de la moratoria, o
b) La redistribución de las cuotas sin modificación del plazo de vencimiento y sin alterar el tipo de interés aplicable.
-El principal cuyo pago se aplaza durante la aplicación de la moratoria devengará los intereses ordinarios establecidos en el contrato inicial.
-Cuando el contrato ya haya sido objeto de alguna moratoria, legal o convencional, con una duración un plazo inferior a 6 meses, el deudor o arrendatario podrá beneficiarse de la moratoria prevista en este capítulo durante el tiempo restante hasta alcanzar un total de 6 meses.
-Las personas jurídicas beneficiarias no podrán distribuir beneficios, hacer devoluciones de capital, recomprar acciones propias o retribuir el capital en forma alguna hasta que haya finalizado la moratoria.
-La moratoria en el pago del principal de las cuotas no será aplicable a sujetos o contratos distintos de los regulados en el presente Real Decreto-ley 26/2020.
-Una vez aplicada la moratoria el acreedor o arrendador, cuando se trate de una entidad supervisada por el Banco de España, comunicará a este su existencia y duración. Los importes que serían exigibles al deudor o arrendatario de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos.
1.3.-MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020
-Se prorroga de forma automática hasta el 30 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social sobre suministro de electricidad en la vivienda habitual de consumidores vulnerables.
-Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual o de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales: Se amplía el plazo para solicitar la moratoria al indicarse que los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley podrán solicitar la moratoria del acreedor hasta el 29 de septiembre de 2020.
-Cuando la entidad financiera conceda, simultánea o sucesivamente, una moratoria legal (artículos 13.3, 14 y 15 de este real decreto-ley 8/2020) y una moratoria convencional (artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 19/2020), el acuerdo de moratoria convencional suscrito con el deudor recogerá expresamente el reconocimiento de la moratoria legal, suspendiéndose los efectos de la moratoria convencional hasta el momento en el que finalice aquella.
1.4.-MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 11/2020
-Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual (artículo 2 RDLey 11/2020). Se reconoce la prórroga extraordinaria de seis meses para los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos para aquellos que finalice el periodo de prórroga obligatoria (artículo 9.1 LAU) o el periodo de prórroga tácita (artículo 10.1 LAU), hasta el 30 de septiembre de 2020 (antes alcanzaba hasta el día en que hubieran transcurrido dos meses desde la finalización del estado de alarma).
-Plazo para solicitar la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda (artículo 4 RDLey 11/2020). La moratoria que puede solicitar la persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, a la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor (entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2) se amplía su plazo al reconocer que la solicitud podrá presentarse hasta el 30 de septiembre de 2020 (antes en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020).
-Plazo para solicitar la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria. El plazo, para solicitar la suspensión por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, se amplía hasta el 29 de septiembre de 2020 (antes el plazo previsto era de hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma)
-Concesión de la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria. Se suprime el párrafo que establecía que “Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva a restablecerse plenamente la libertad deambulatoria, no podrán formalizarse los instrumentos notariales a que se refiere el apartado 2. No obstante, ello no suspenderá la aplicación de la moratoria, que deberá aplicarse automáticamente, se haya formalizado o no aún dicha suspensión en el instrumento correspondiente.” Y se añade que cuando la entidad financiera conceda, simultánea o sucesivamente, una moratoria legal (artículos 24.2 y 25 Real Decreto-ley 11/2020) y una moratoria convencional (artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 19/2020), el acuerdo de moratoria convencional suscrito con el deudor recogerá expresamente el reconocimiento de la moratoria legal, suspendiéndose los efectos de la moratoria convencional hasta el momento en el que finalice aquella.
-Ampliación del plazo de mantenimiento de los suministros básicos. La regulación que excepcionalmente, regulaba que mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual se amplía para indicarse que se extiende hasta el 30 de septiembre de 2020.
1.5.-MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 21/2020
Infracciones y sanciones. Se añaden tres nuevos apartados, 4, 5 y 6, al artículo 31 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para habilitar a los funcionarios de Inspección de Trabajo en relación con el cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 21/2020.
También se aprueban las siguientes medidas:
-Se establece que el programa «Gran Premio de España de Fórmula 1» tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Disposición adicional tercera).
-Se adoptan determinadas medidas en el sector del transporte aéreo (Capítulo II y VII así como varias disposiciones adicionales y finales), en el sector del transporte marítimo incluyendo algunos aspectos sobre tasas y aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito portuario (Capítulo III y D.F Quinta), en el sector del transporte ferroviario (Capítulo IV), en el ámbito del transporte por carretera incluyendo regulación sobre visado de las autorizaciones de transporte por carretera y la prórroga de la validez del certificado de inspección técnica periódica de los vehículos cuya fecha de próxima inspección estuviera comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020 (Capítulo V y D.F.Séptima) y medidas en el ámbito de la vivienda relativas a la colaboración entre Administraciones Públicas y la iniciativa privada y a los planes estatales de vivienda (Capítulo VI).
-Se modifica el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
-Se modifica el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.
2.-VALORACIÓN REAL DECRETO-LEY 26/2020
-Nueva moratoria hipotecaria sector transporte. Considerando comprensible la extensión de la normativa sobre moratoria hipotecaria al sector del transporte, dado el impacto que ha provocado en este sector la COVID-19, sigue existiendo, no obstante, una duda a resolver sobre esta normativa: ¿Nuestro sistema constitucional ampara la redistribución, por Real Decreto-ley, de la riqueza? Los diferentes Reales Decreto-ley publicados con motivo de la COVID-19 aprueban normas que determinan un perjuicio patrimonial para unas partes (arrendadores, entidades financieras, operadores de comunicaciones electrónicas, etc), en beneficio de otras partes contractuales (arrendatarios, prestatarios…) sin ninguna compensación a las primeras. Así la Ley atribuye un beneficio a una parte contractual, no contra los Presupuestos Generales del Estado, sino contra el patrimonio individualizado de las otras partes contractuales, dando por lo tanto a unos lo que, en principio pertenece a otros, sin compensación alguna y haciendo recaer el peso de la solidaridad impuesta solo sobre una parte en lugar de ser costeado por el sector público.
-MORATORIA Y OTROS MEDIDAS SOBRE ARRENDAMIENTOS. Moratoria y otras medidas sobre alquileres aprobadas con motivo situación sanitaria Coronavirus / COVID-19.