Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2019/11/08/para-exiliados-en-la-dictadura-inconstitucionalidad-de-la-normativa-que-redujo-al-25-el-monto-de-las-indemnizaciones/
Timestamp: 2020-02-25 03:01:10
Document Index: 365248466

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 16']

Para exiliados en la dictadura: Inconstitucionalidad de la normativa que redujo al 25% el monto de las indemnizaciones – AL DÍA | ARGENTINA
Para exiliados en la dictadura: Inconstitucionalidad de la normativa que redujo al 25% el monto de las indemnizaciones
Partes: Fernández María Cristina c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y DDHH s/ indemnizaciones – ley 24.043 – art. 3
Cita: MJ-JU-M-121275-AR | MJJ121275 | MJJ121275
Inconstitucionalidad de la normativa que modificó sustancialmente la manera de determinar el quantum del beneficio previsto en la Ley 24.043 en los casos de exilio forzado.
1.-Es inconstitucional la disposición contenida en el art. 1°, inc. b , de la Res. 670-E/2016 porque, en cuanto modificó el modo de determinar el quantum del beneficio previsto en la Ley 24.043 para los supuestos de exilio forzado, trasunta el despliegue de una facultad que exorbita las potestades reconocidas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la legislación vigente pues modifica sustancialmente la manera de determinar el quantum del beneficio previsto en la Ley 24.043, tal como fue aprobada por el Congreso de la Nación con el consiguiente menoscabo del derecho del beneficiario.
2.-Siendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Yofre de Vaca Narvaja’ reconoció a la peticionaria el beneficio previsto en la Ley 24.043 por el lapso en el que aquella demostró haber permanecido exiliada forzosamente del país, a partir de la equiparación indicada, quedaron comprendidos en el régimen de la ley citada los casos en los que se reclamó el mentado beneficio con sustento en el exilio forzoso de los peticionarios, inclusión que se consolidó posteriormente como doctrina inalterada del Tribunal.
3.-En el art. 4 de la Ley 24.043 se establece una única manera de determinar el quantum del beneficio allí previsto y para su cálculo el legislador no distinguió entre los diversos supuestos de hecho en que se encontraron quienes resultan acreedores del beneficio citado, sino que -por el contrario- fijó una misma suma diaria para todos, por lo cual cabe seguir el criterio hermenéutico según el cual, donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo.
Vistos los autos: “Fernández, María Cristina c/ EN – M Justicia y DDHH s/ indemnizaciones – ley 24.043 – art. 3”.
1°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso directo interpuesto por la actora contra la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, si bien le había concedido el beneficio previsto en la ley 24.043 por el período en el que aquella alegó haber permanecido exiliada forzosamente, aplicó la resolución 670-E/2016 del referido ministerio mediante la que se dispuso una reducción en el quantum del beneficio para los casos de exilio, con respecto al que arrojaría la liquidación sobre las pautas fijadas en el art. 40, primer párrafo, de aquella ley para las situaciones previstas expresamente en ella.
2°) Que para así decidir, la cámara -tras indicar que la actora había limitado su agravio a la inconstitucionalidad de la aludida resolución ministerial- recordó que la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico.
Asimismo, explicó que entre los fundamentos de la resolución cuestionada se había considerado “la falta de legislación en materia de ‘exilio forzado'”, así como la aplicación analógica .que de la ley 24.043 habían efectuado los tribunales para aquellos casos. En ese sentido, destacó que la autoridad de aplicación de dicha ley había establecido el quantum del beneficio para los supuestos de hecho a los que, por analogía, dicha norma se aplicaba jurisprudencialmente; así como que para ello, aquella había contemplado la irrefutable diferencia existente respecto de la afectación de derechos entre las situaciones fácticas previstas en el texto legal y los casos de exilio forzoso.
Por último, citó en apoyo de su posición el art.16 de la Constitución Nacional, a la par que señaló que el principio de igualdad no impedía al legislador contemplar en forma distinta situaciones que considerara diferentes, en tanto esa distinción no resultara arbitraria, ni importara una ilegítima persecución o un privilegio indebido, sino que obedeciera a una causa objetiva que diera fundamento a un tratamiento diverso.
3°) Que contra dicho pronunciamiento la actora interpuso el recurso extraordinario federal que fue concedido, en el que tacha de inconstitucional la resolución 670-E/2016 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Afirma que, al dictar dicha norma, esta cartera estatal se excedió en sus facultades, pues modificó lo dispuesto en el art. 4°, primer párrafo, de la ley 24.043 en relación con el monto a percibir, afectando así la integralidad del beneficio peticionado. Debido a ello, considera que la mencionada resolución vulnera el principio de división de poderes, así como su derecho a la igualdad, en tanto se le otorga un trato diferente a situaciones idénticas a la suya, que fueron resueltas favorablemente tanto en sede administrativa como judicial.
4°) Que el recurso extraordinario es admisible en los tt±rf6s en los que ha sido promovido, pues se encuentra controvertido el alcance de la ley 24.043, de naturaleza federal, y la decisión del superior tribunal de la causa es contraria a la pretensión que el apelante fundó en aquella (art.
14, inc. 3°, de la ley 48); a la par que la actora planteó la inconstitucionalidad de la resolución 670-E/2016 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Asimismo, cabe recordar que, en la tarea establecer la inteligencia de normas de derecho federal, Tribunal no se encuentra limitado en su decisión por de el los argumentos de las partes o del tribunal a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente le otorgue (Fallos:310:727; 319:2886 ; 323:1406 ; 328:1883; 330:3593; 333:2396 ; 339:609 y 340:1775 , entre muchos otros).
5°) Que para el examen de las cuestiones propuestas por la recurrente es necesario considerar, en primer término, que esta Corte en el precedente “Yofre de Vaca Narvaja” (Fallos: 327:4241) reconoció a la peticionaria el beneficio previsto en la ley 24.043 por el lapso en el que aquella demostró haber permanecido exiliada forzosamente del país. Al efecto, el Tribunal sostuvo -con arreglo a los fundamentos expuestos en el dictamen de la Procuración General de la Nación, a los que se remitió- que “a los fines de la ley, la detención es equiparable al ostracismo”; a la par que “corresponde desestimar el razonamiento que pretende excluir de las reparaciones este tipo de violación a los derechos humanos, so capa de una interpretación literal, porque tanto la intención del legislador como la ratio del texto legal indica que situaciones como las aquí examinadas quedan aprehendidas en la ley, más allá de las imprecisiones de su texto”. Finalmente, concluyó en que “se encuentra ínsito en el concepto de detención de la ley en análisis, el confinamiento obligado de toda una familia (.) en el recinto de una embajada extranjera y su posterior exilio”.
De esa forma, a partir de la equiparación indicada, quedaron comprendidos en el régimen de la ley 24.043 los casos en los que se reclamó el mentado beneficio con sustento en el exilio forzoso de los peticionarios; inclusión que se consolidó posteriormente como doctrina inalterada del Tribunal (conf. causas CSJ 1978/2005 (41-B)/CS1 “Bossarelli, Aldo Hugo c/ M° J. y DD. HH. – art. 3 ley 24.043 (resol. 331/02)”, sentencia del 28 de marzo de 2006; CSJ 228/2007 (43-P)/CS1 “Puchulu de Drangosch, Alicia Raquel c/ M° J y DDHH – art. 3° ley 24.043 – resol.1198/06 (ex.446.401/98)”, sentencia del 28 de octubre de 2008; CSJ 414/2008 (44-M)/CS1 “Morales, Raúl Héctor c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, sentencia del 29 de diciembre de 2009; CSJ 26/2008 (44-N)/CS1 “Nillni, David Horacio c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, sentencia del 16 de febrero de 2010; CSJ 952/2011 (47-C)/CS1 “Castro Coria, Nancy Orfelina c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/ art. 3 ley 24.043”, sentencia del 6 de noviembre de 2012; CSJ 248/2008 (44-B)/CS1 “Braguinsky, Gabriel Ernesto c/ MJ y DDHH”, sentencia del 10 de diciembre de 2013; CAF 12362/2008/CA2-CS1 “Matis, Luis Ernesto c/ M° J y DDHH – art. 3 ley 24043 – resol. 661/06 (ex 150219/05) s/ recurso directo”, sentencia del 3 de mayo de 2017 y CAF 75135/2016/1/RH1 “Britos, Clarisa Mariana c/ EN-M Justicia y DDHH s/ indemnizaciones – ley 24043 – art. 3″, sentencia del 4 de septiembre de 2018, entre muchas otras).
6°) Que, asimismo, debe observarse que en el art. 4° de la ley 24.043 se establece una única manera de determinar el quantum del beneficio previsto en aquella para los casos en los que se aplica. Esto es, para el cálculo de ese monto el legislador no distinguió, pudiendo hacerlo, entre los diversos supuestos de hecho en que se encontraron quienes resultan acreedores del beneficio citado, sino que -por el contrariofijó una misma suma diaria para todos aquellos comprendidos en dicho régimen normativo. En función de ello, cabe seguir en el sub lite el criterio hermenéutico utilizado reiteradamente por el Tribunal según el cual, donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo (Fallos: 294:74; 330:2304; 333:735 ; 336:844 y 337:567 ).
7°) Que, en ese marco, es menester examinar la disposición normativa impugnada en el sub lite. El art. 1°, inc. b, de la resolución 670-E/2016 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dispone que:”Se deberá computar por cada día de ‘exilio forzado’, a los efectos de su reconocimiento, el porcentual del VEINTICINCO POR CIENTO (251) sobre el importe que alcanza el beneficio por día, establecido por el artículo 40, primer párrafo, de la Ley N° 24.043 y sus modificatorias”.
Tal modificación persiguió sortear -como se afirma en los fundamentos de la decisión- “la desproporción presupuestaria que se generó al aplicar en forma mecánica y ‘directa el ‘quantum’ indemnizatorio previsto por el artículo 4°, primer párrafo de la Ley N° 24.043 y sus modificatorias a los supuestos de exilio forzado, en contraste con las erogaciones ocurridas por las situaciones de detención ilegal”.
8°) Que la sola lectura del artículo transcripto revela que lo allí dispuesto no constituye una mera instrucción interna para la administración (conforme la terminología empleada en su art. 1°) sino que aparece, en cambio, por su contenido y alcance, como una clara disposición normativa pues, en rigor, modifica un aspecto sustancial del régimen de la ley 24.043, como lo es la forma allí prevista para calcular el monto del beneficio de que se trata.
9°) Que, ahora bien, según lo indicado en los considerandos de la propia resolución, esta fue dictada en uso de las atribuciones conferidas por el art. 8° de la ley 24.043 y sus modificatorias, en concordancia con la disposición correspondiente de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones.
No obstante, es preciso destacar que en la primera de esas normas solo se indica que “El Ministerio del Interior será autoridad de aplicación de la ley y tendrá a su cargo el pago de las prestaciones que ella establece’, función que posteriormente fue trasladada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos demandado en el sub lite, al traspasársele los expedientes en tramite relacionados con el beneficio previsto en la ley 24.043 (conf.resolución conjunta 95/2000 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 7/2000 del Ministerio del Interior).
Como consecuencia de aquel precepto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo la tarea de determinar si quien peticiona el beneficio cumple, o no, con los requisitos establecidos en el régimen de la ley 24.043 para acceder a la prestación y, en su caso, la de efectuar el pago correspondiente según lo dispuesto en el texto legal. Empero, el hecho de que el aludido ministerio haya sido designado como autoridad de aplicación de la ley no lo autoriza -en ningún caso- a alterar los parámetros previstos en ella para determinar el monto del beneficio que corresponde otorgar en caso de exilio forzoso.
A su vez, tampoco la disposición correspondiente de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) constituye la fuente apropiada para sustentar la modificación introducida mediante la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impugnada en estos autos, pues esa norma legal no le asigna al efecto, expresa o implícitamente, competencia alguna. Además, aun Cuando entre las atribuciones conferidas a esa cartera ministerial sí se halla enumerada la de “Intervenir en la reforma y actualización de la legislación general”, no resulta admisible interpretar que tal directiva importa la potestad de fijar, por sí mismo, un método de cálculo del quantum del beneficio, distinto al previsto por el legislador.
Que, el principio republicano de división de poderes establece la existencia de tres poderes del Estado con funciones bien definidas, de manera que ningún departamento de gobierno pueda ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas expresamente o que deben considerarse conferidas por necesaria implicancia de aquellas (Fallos: 137:47). En consecuencia, en ese contexto de equilibrio, se observa que la disposición contenida en el art. 1°, inc.b, de la resolución 670-E/2016 trasunta el despliegue de una facultad que exorbita las potestades reconocidas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la ley vigente pues modifica sustancialmente la manera de determinar el quantum del beneficio previsto en la ley 24.043, tal como fue aprobada por el Congreso de la Nación con el consiguiente menoscabo del derecho de la actora.
Que, en tales condiciones, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 10, inc. b, de la resolución 670-E/2016 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En consecuencia, se impone revocar el fallo recurrido y disponer que se practique la liquidación correspondiente al beneficio solicitado por la actora de la manera prevista en el art. 4° de la ley 24.043 (art. 16 de la ley 48).
Por ello, oído el señor Procurador General interino, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto por la parte actora, se revoca la sentencia apelada y se declara la inconstitucionalidad del art. 1°, inc. b, de la resolución 670- E/2016 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debiendo practicarse la liquidación del beneficio legal con arreglo a lo establecido en el considerando 11 de la presente. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
JUAN CARLOS MAQUEDA – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO – RICARDO LUIS LORENZETTI – HORACIO ROSATTI
A fojas 136/141, María Cristina Fernández dedujo recurso de apelación -en los términos del artículo 3° de la ley n° 24.043- contra la resolución 2016-922-E-APN-MJ del 5 de octubre de 2016 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (v. fs.111/112) que, si bien le concedió el beneficio previsto en esa ley por el lapso durante el cual se exilió del país, le aplicó una reducción en el quantum según lo dispuesto en el artículo 10 de la resolución (MJyDDHH) 670/16.
En su presentación relató que, juntamente con su marido Jorge Luis Damonte, fueron perseguidos a causa de su militancia política y social. Dijo que su cónyuge fue secuestrado y permaneció detenido a disposición del Poder Ej ecuti va Nacional el 9 de noviembre de 1974 y luego trasladado a la delegación de la Policía Federal de Santa Fe para su posterior salida del país el 25 de julio de 1975 (fs. 37/38). Por su parte, manifestó que ella y sus hijos -P. D. y A. N. C. D.- fueron perseguidos, amenazados, sufrieron allanamientos y un atentado en su domicilio, motivo por el que decidió abandonar el país el 16 de octubre de 1975 junto con sus dos hijos menores de edad, al que retornó recién el 27 de agosto de 1984.
Señaló que a su esposo se le otorgó el beneficio de la ley n° 24.043 desde el 9 de abril de 1974 al 28 de octubre de 1983, extendiéndose luego por aplicación de la ley n° 26.564 desde el 16 de julio de 1972 al 26 de mayo de 1973 (v. fs.70/72) .
Sin embargo, denunció que cuando ella solicitó idéntico beneficio, se le redujo el quantum según lo dispuesto por la resolución (MJyDDHH) 670/16, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 4° de la ley n° 24.043.
Considera que dicho reglamento es inconstitucional pues viola el principio de división de poderes, de tutela judicial efectiva y las garantías de igualdad, propiedad, razonabilidad, así como la prohibición de regresividad.
A fojas 184/185, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala III) confirmó en todas sus partes la decisión recurrida.
Para así resolver, especificó que la actora limitó su agravio a la inconstitucionalidad de la resolución (MJyDDHH) 670/16 Y destacó que los fundamentos para su dictado dan cuenta del establecimiento -por parte de la autoridad de aplicación de la ley n° 24.043- del quantum indemnizatorio para supuestos de hecho que, si bien no están previstos en la literalidad de dicha norma, los tribunales aplican en forma analógica y, para ello, evalúan la irrefutable diferencia existente respecto de la afectación de derechos entre las situaciones fácticas previstas en el texto de la ley y aquellos casos de “exilio forzoso”.
En ese sentido, recordó que el Alto Tribunal ha sostenido que el artículo 16 de la Constitución Nacional solo requiere que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que les concede a otros en idénticas circunstancias, pero no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, en tanto la distinción no sea arbitraria, ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos, sino que obedezca a una causa objetiva que brinde fundamento a un tratamiento diferente.
Disconforme con lo resuelto, la actora dedujo el recurso extraordinario de fojas 189/195, que fue concedido a fojas 207, por encontrarse controvertido el alcance y la aplicación de la ley n° 24.043 y de la resolución (MJyDDHH) 670/16.
En líneas generales, cuestiona la sentencia por cuanto realiza una interpretación errónea del derecho y la jurisprudencia aplicable al caso puesto que, al mismo tiempo que ratifica un acto particular que reconoce el beneficio de la ley n° 24.043, convalida, de manera ilegítima, que se aplique un reglamento -la resolución (MJyDDHH) 670/16- que lo limita, restringe y desnaturaliza, por lo que pide que se declare su inconstitucionalidad.
A mi juicio, el recurso extraordinario es admisible pues se ha planteado la inconstitucionalidad de una resolución de un ministro del Gobierno Nacional y la decisión ha sido contraria a la pretensión de la apelante (artículo 14, inciso 3°, ley 48) .
Observo que, tal como ha quedado planteada la controversia, el tema a dilucidar radica en la validez constitucional del artículo 1°, inciso b), de la resolución 670/E/2016 MJyDDHH.
Dicho precepto establece que, a los efectos del reconocimiento de la compensación económica prevista en la ley n’ 24.043, por cada día de “exilio forzado” se deberá computar únicamente el veinticinco por ciento (25%) del importe diario fijado en el artículo 4′, primer párrafo, de esa norma.
A fin de examinar el planteo de inconstitucionalidad y discernir si la administración ha excedido su órbita de atribuciones, creo necesario dejar en claro que el cumplimiento del objetivo reparatorio perseguido por el Congreso Nacional al sancionar la ley n’ 24.043 no atañe únicamente a ese departamento de estado, sino también a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espiritu que anima a tales normas, siempre dentro del marco que exigen las diversas formas de la justicia (arg. Fallos: 302:363, considerando 5 y sus citas).
Ha señalado V.E.que la finalidad de la ley n’ 24.043 fue otorgar un resarcimiento económico a las personas privadas del derecho constitucional a la libertad, no en virtud de una orden de autoridad judicial competente, sino en razón de actos, cualquiera que hubiese sido su expresión formal, ilegítimos, emanados en ciertas circunstancias de tribunales militares o de quienes ejercían el Poder Ejecutivo de la Nación durante el último gobierno de facto (Fallos: 320: 1469) y destacó que “lo esencial no es la forma que revistió el acto de autoridad [ . ] sino la demostración del menoscabo efectivo a la libertad, en los diversos grados contemplados en la ley 24.043” (considerando 5′), pues ésta abarcó un amplio espectro de situaciones que incluyó desde el menoscabo más radical a la libertad y a la vida – actos atentatorios de derechos humanos que podían provocar lesiones gravísimas O la muerte- hasta un quebranto más atenuado (considerando 6′).
Sobre esa base, a fin de poder resolver acerca de la constitucionalidad de la resolución cuestionada, no resulta ocioso destacar que, según surge de sus fundamentos, los perjuicios efectivamente sufridos por el solicitante se diferencian sustancialmente de aquellos que soportaron una detención efectiva o fueron sometidos al régimen de la libertad vigilada por parte de las fuerzas de seguridad. Resulta admisible, entonces, que esa circunstancia, que se vincula con la razón del resarcimiento establecido sea considerada por la autoridad competente en la aplicación de la ley, al reglamentar su ejecución, en tanto se mantengan inalterables los fines y el sentido con que la ley fue sancionada y la interpretación extensiva de ella que la Corte realizó en Fallos:327:4241, y solo se establezcan limitaciones o distinciones que se ajusten al espíritu de la norma y sirvan, razonablemente a la finalidad esencial que ella persigue, sin rebasar el ámbito en que la interpretación es opinable y posible la solución entre varias alternativas.
Asimismo, es preciso recordar que, como ha dicho V.E., la garantía constitucional de la igualdad ante la ley no impide al legislador distinguir de manera diferente circunstancias que considere disímiles, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas, aunque su fundamento sea opinable (Fallos: 315:839, considerando 8′ y sus citas, entre muchos otros) .
Esa garantía, que establece el artículo 16 de la Constitución Nacional, “importa el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias” (cf. Fallos:16:118; 101:401 y muchos otros).
Con el dictado de la ley n° 24.043 y su reglamentación el legislador -en lo atinente al caso- buscó reparar el daño provocado a aquellas personas que sufrieron persecuciones o vi vieron situaciones injustas debido a actos o hechos del Gobierno Nacional.
Ahora bien, resulta innegable que dentro de aquellas circunstancias existieron diferencias respecto de la afectación de derechos entre los exiliados y los que estuvieron efecti vamente detenidos y aun de aquellos que sufrieron libertad vigilada, por lo que no resulta prima facie irrazonable ponderar la diversidad de situaciones y perjuicios sufridos por los reclamantes en relación con la índole de sufrimientos que debieron soportar a fin de fijar el monto de las indemnizaciones.
Es esta diferenciación lo que llevó al Ministerio, como autoridad de aplicación de la ley n° 24.043, a determinar el cálculo indemnizatorio para supuestos de hecho que, si bien no estaban previstos en la literalidad de la norma, los tribunales habían aplicado en forma analógica, sin que hasta entonces se hubieren analizado las diferencias existentes en cuanto a la afectación de derechos entre las distintas situaciones fácticas previstas en la ley y los casos de exilio forzoso.
Con la reglamentación que se cuestiona se dej ó de realizar de manera mecánica el cálculo para el otorgamiento de las indemnizaciones buscándose ciertos parámetros de razonabilidad para su concesión.
Para ello, la autoridad administrativa tuvo en cuenta los fundamentos que sostuvieron la sanción de la ley n° 26.913 para fijar la pensión del régimen reparatorio allí previsto, ante la carencia de una disposición legal expresa para justipreciar y fijar el beneficio o indemnización que corresponde por cada día de “exilio forzado”.
De este modo, se atendieron las pautas establecidas por V.E.en el sentido de que la interpretación y aplicación de las leyes requiere no aislar cada artículo sólo por su fin inmediato y concreto, sino que debe procurarse que todos se entiendan teniendo en cuenta los fines de los demás y considerárselos como dirigidos a colaborar, en su ordenada estructuración, para que las disposiciones imperativas no estén sujetas a merced de cualquier artificio dirigido a soslayarlas en perjuicio de quien se tuvo en mira proteger (Fallos: 294:223; 327:5649) En particular, el Tribunal ha expresado que no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (arg. Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453 ; 322:2189 ; 329:4007 , entre otros), sin que quepa atribuir a las normas un alcance que implique la tacha de inconsecuencia en el órgano del cual emanan (Fallos: 310:1689, entre otros).
Bajo este prisma, pienso que la interpretación efectuada por la resolución (MJyDDHH) 670-E/2016 respecto del alcance del beneficio regulado por la ley n° 24.043 en los casos de “exilio forzado”, no evidencia una repugnancia de tal magnitud con la citada ley que justifique su declaración de inconstitucionalidad, en el asentado entendimiento de que dicha declaración es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerada ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 302:457), y que exige que la contradicción de la norma con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424; 320:1166 ).
En mi parecer, entonces, la resolución (MJyDDHH) 670- E/2016 no ha alterado las disposiciones de la ley n° 24.043, sino que es consecuencia de una interpretación razonable que ha realizado la autoridad competente a los fines de su ej ecución dentro del marco constitucional, esto es, cuidando que, en su aplicación, ellas concuerden con los principios, derechos y garantías consagrados por nuestra Norma Fundamental (Fallos: 253:344; 261:36, entre otros).
Opino, por lo tanto, que corresponde confirmar la sentencia apelada.
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