Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-17-abril-2008-ministerio-de-justicia-1019743
Timestamp: 2016-10-23 18:44:33
Document Index: 2890004

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 255', 'artículo 327', 'artículo 112', 'artículo 255', 'artículo 255', 'artículo 19', 'artículo 54', 'artículo 255', 'artículo 255', 'artículo 254']

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Valerio Pérez de Madrid Carreras, notario de Castro del Río, contra la negativa de la registradora de la propiedad de dicha población a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca
RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Valerio Pérez de Madrid Carreras, notario de Castro del Río, contra la negativa de la registradora de la propiedad de dicha población a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Valerio Pérez de Madrid Carreras, notario de Castro del Río, contra la negativa de la registradora de la propiedad de dicha población a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por don Valerio Pérez de Madrid Carreras, Notario de Castro del Río, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de dicha población, doña Marta Albert Sánchez, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca.
Mediante escritura autorizada por el Notario de Castro del Río don Valerio Pérez de Madrid Carreras el 21 de diciembre de 2007, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba otorgó carta de pago y cancelación de determinada hipoteca. En dicha escritura se hace constar que conforme al artículo 45.I.B).18 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, está exenta en cuanto al gravamen gradual de la modalidad «Actos Jurídicos Documentados».
Dicha escritura fue presentada telemáticamente el 27 de diciembre de 2007 en el Registro de la Propiedad de Baena, y fue objeto de la siguiente calificación:
«Notificación Registral Fehaciente de Asiento de Presentación.
Marta Albert Sánchez, Registrador de Registro de la Propiedad Castro del Río, certifica que el asiento de presentación abajo indicado quedó extendido en el lugar y fecha que se expresan.
N.º Entrada: 1088.
N.º Protocolo: 949/2007...
Presentante: Valerio Pérez de Madrid Carreras.
Asiento: 1425 Diario: 29.
Fecha Presentación: 27/12/2007.
El título presentado se encuentra en la situación establecida por el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.
Este documento ha sido firmado con forma electrónica reconocida por Marta Albert Sánchez..., a día cuatro de Enero del año dos mil ocho.»
La indicada notificación fue realizada el mismo día 4 de enero al Notario autorizante de la escritura de forma telemática con firma electrónica reconocida de la funcionaria calificadora.
Frente a dicha comunicación, el Notario interpuso recurso que causó entrada en el Registro de la Propiedad de Castro del Río el 15 de enero de 2008. Los argumentos del recurrente se pueden sintetizar del modo que sigue: a) El presente recurso tiene por objeto que la Registradora cumpla con la doctrina emanada de esta Dirección General, tanto en relación con la calificación del título como en relación con la práctica del asiento de presentación; doctrina que es vinculante; b) La simplicidad de la calificación impugnada no se corresponde con las exigencias que en materia de calificación registral se exponen en la Resolución de 28 de septiembre de 2007 (B.O.E. de 23 de octubre) -que se transcribe-; c) Es posible que el Registrador califique, a efectos de inscripción, la exención de un acto según la legislación fiscal y, en consecuencia, proceda a la inscripción; así resulta de la doctrina vinculante de la Resolución de 23 de abril de 2007 (B.O.E. de 1 de junio) -que también se transcribe parcialmente-.
La Registradora emitió su informe el mediante escrito de 24 de enero de 2008 y remitió el expediente a este Centro Directivo, en el que causó entrada el día 29 de enero. En dicho informe alega que en el presente supuesto no ha existido propiamente calificación registral sino un acto previo, como es la notificación fehaciente del asiento de presentación que no puede ser objeto de recurso.
Vistos los artículos 18 del Código de Comercio; 18, 19 bis, 254, 255, 259, 274, párrafo noveno, décimo del artículo 327 de la Ley Hipotecaria; 54, 55, 58, 59, 74 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; artículo 112 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre; 196 y 249 del Reglamento Notarial; y las Resoluciones de 21 de diciembre de 1987, 4 y 5 de mayo y 28 de octubre de 2005, 1 de marzo de 2006, 31 de enero, 23 de abril, 4 de junio, 9, 10, 11 y 12 de julio, 28 y 29 de septiembre de 2007 y 16 de febrero y 7 de abril de 2008, entre otras.
1. Plantea este recurso una cuestión ya abordada por este Centro Directivo en las Resoluciones que se citan en los vistos, especialmente la de 7 de abril de 2008, cuya doctrina es la que ha de seguirse ahora para resolverla.
a) La primera circunstancia que debe resaltarse, dado el contenido del acto recurrido, es que nos encontramos ante una auténtica calificación. Aunque la registradora aluda en su acto al hecho de que se notifica la práctica del asiento de presentación añadiendo que «El título presentado se encuentra en la situación establecida por el artículo 255 de la Ley Hipotecaria» (según el cual «se suspenderá la calificación y la inscripción u operación solicitada y se devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que se satisfaga» el correspondiente impuesto), sin embargo no por ello el acto recurrido deja de ser una calificación susceptible de ser impugnada. Cuestión distinta es que ésta adolezca de defectos formales o sustantivos.
Lo anterior tiene una especial trascendencia en el supuesto analizado, pues la registradora denomina a su escrito como «Notificación Registral Fehaciente de Asiento de Presentación», si bien añade -por la simple cita del artículo 255 de la Ley Hipotecaria- que suspende la calificación e inscripción, ese acto está huérfano de los mínimos elementos exigidos por la Ley (párrafo segundo del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria).
Comenzando por el primero de los requisitos, la calificación -la notificación de su decisión de suspender la calificación e inscripción del título- carece de una mínima motivación o, más propiamente, de una motivación suficiente. Ya ha tenido ocasión este Centro Directivo -por todas, Resoluciones de 4 de mayo y 28 de octubre de 2005 y las citadas en su vistos- de analizar la razón de ser e importancia de la motivación; los requisitos mínimos de la misma, esto es, que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal, sino que es preciso justificar la razón por la que ese precepto es de aplicación y la interpretación que del mismo efectúa el funcionario calificador, ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma; igualmente, se ha señalado que esa motivación, aun cuando pueda ser sucinta (artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin embargo ha de ser suficiente y, por último, las consecuencias de una motivación insuficiente.
Pues bien, resulta patente la insuficiencia de una mínima motivación que especifique, al menos, cuál es la razón que funda que la registradora considere que el artículo 255 de la Ley Hipotecaria le ampara en su decisión de, sin más, suspender el plazo de calificación e inscripción; y, todo ello, dejando en este momento al margen que su proceder contraría la constante doctrina de esta Dirección General que es vinculante para esa funcionaria. En suma, falta una mínima concreción del argumento de la registradora que explique su entendimiento y aplicación al caso concreto del artículo 255 de la Ley Hipotecaria; por último, tomando en consideración la radicalidad de los efectos producidos por esa calificación respecto del título presentado, como mínimo, debería haber motivado de una manera adecuada su decisión.
Por ello los artículos 254 y, esencialmente, el 255 de la Ley Hipotecaria deben interpretarse en un sentido favorable al administrado, lo que impide que puedan ser admitidas calificaciones como la ahora recurrida, pues implicaría, sin más, que cuando nuevamente se presente el título acompañado de la autoliquidación y pago o declaración de no sujeción o exención, sería cuando la registradora calificaría el título pudiendo esgrimir nuevos defectos que, perfectamente, puede hacer valer al tiempo de su presentación. Lo expuesto, asimismo, beneficia la agilidad del tráfico y su seguridad pues el otorgante del título o cualquier interesado en su inscripción podrá conocer la totalidad de los defectos que afectan a éste, sin necesidad de esperar a nuevas y sucesivas decisiones del funcionario calificador. De ese modo, y para el supuesto de que el legitimado activamente discrepara de la decisión adoptada, podría recurrirla en momento oportuno imprimiendo al tráfico la necesaria agilidad sin merma o afección a las causas que fundan los artículos 254 y 255 de la Ley Hipotecaria.
Y por idéntica razón en la Resolución de 31 de enero de 2007, tras recordar en qué consistieron las reformas introducidas en el procedimiento registral por las Leyes 24/2001, de 27 de diciembre y 24/2005, de 18 de noviembre, se afirmaba que «el carácter unitario que ha de tener la calificación (cfr. artículos 258.5 de la Ley Hipotecaria y 127 de su Reglamento), según la doctrina reiterada de esta Dirección General, exige que se incluyan en ella todos los defectos existentes en el documento, por lo que no es admisible someter dicho titulo a sucesivas calificaciones parciales, de suerte que apreciado un defecto (aunque sea la falta de liquidación fiscal al amparo de lo previsto en los artículos 254 y 255 del Reglamento Hipotecario -cfr. Resolución de 1 de marzo de 2006-) no se entre en el examen de la posible existencia de otros en tanto aquel no sea subsanado.
3. Por último, respecto de la necesidad de liquidación del impuesto correspondiente a que alude la calificación impugnada, es cierto que el artículo 254 de la Ley Hipotecaria exige para la práctica de los asientos en el Registro de la Propiedad la previa justificación del pago de los impuestos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda. Pero, como ya señalara la Resolución de este Centro Directivo de 21 de diciembre de 1987 y han recordado recientemente las de 23 de abril y 9, 10, 11 y de julio de 2007, así como las de 16 de febrero y 7 de abril de 2008, la adecuada interpretación de este precepto implica que el Registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, ha de decidir también si se halla sujeta o no a impuestos. La valoración que haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde en cuanto tal la competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; sin embargo, será suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la Administración Tributaria ratifique la no sujeción, bien para suspenderla en caso negativo en tanto no se acredite adecuadamente el pago, exención, prescripción o incluso la no sujeción respecto del impuesto que aquél consideró aplicable. Entender el precepto debatido de otro modo, esto es, afirmar que el Registrador, al solo efecto de decidir la inscripción, no puede apreciar por sí la no sujeción fiscal del acto inscribible, supondrá una multiplicación injustificada de los trámites pertinentes para el adecuado desenvolvimiento de la actividad jurídica registral, toda vez que habría de suspenderse el despacho de cualquier documento principal o complementario, en tanto no apareciese debidamente justificado el pago, la exención, prescripción o no sujeción respecto de todos y cada uno de los Impuestos existentes en el sistema tributario vigente.
Madrid, 17 de abril de 2008.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.