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Timestamp: 2020-06-04 23:01:23
Document Index: 35855848

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 38', 'artículo 13', 'artículo 142', 'artículo 162', 'artículo 141']

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Número de dictamen: 158/02
Consultante: Consejería de Educación y Cultura
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª C. F. D. P. en nombre y representación de su hijo menor de edad A. J. P. F., debida a accidente escolar.
Las peculiares características de estos alumnos con necesidades educativas especiales, claramente puestas de manifiesto en el informe del Director del Centro, en el que se alude a ocasionales episodios de agresividad contra sus compañeros, obligan a los funcionarios (profesores, educadores, terapeutas, trabajadores sociales, etc.) responsables de estos niños a adoptar especiales medidas precautorias que eviten incidentes como el presente, máxime cuando el niño es conocido en el Centro al haber estado matriculado en él desde hace varios años y haber protagonizado otros eventos semejantes.
PRIMERO.- Con fecha 14 de mayo de 2001 se recibe, en la entonces Consejería de Educación y Universidades, "comunicación de accidente escolar" ocurrido el 24 de abril anterior en el Colegio Público "Basilio Sáez" de Caravaca de la Cruz, en el que se relata cómo un alumno, de necesidades educativas especiales por hipoacusia bilateral profunda, se abalanzó sobre el niño Antonio J. P. F., que en aquella fecha cursaba tercero de Educación Primaria, y, sin mediar palabra, le arrebató las gafas pisándolas a continuación. En la misma comunicación se afirma que estos "arrebatos" suelen ser frecuentes en los niños sordomudos.
SEGUNDO.- La madre del menor afectado presenta escrito de solicitud de indemnización, fechado el 26 de abril de 2001, fundamentado en la responsabilidad patrimonial que a la Administración incumbe según los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LPAC), al que acompaña la siguiente documentación: a) factura de un establecimiento de óptica por un importe de 7.500 pesetas (45,08 euros); b) fotocopia del Libro de Familia acreditativo del parentesco entre la reclamante y el menor.
TERCERO.- Admitida a trámite la reclamación y designada instructora mediante Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Universidades de 14 de junio de 2001, aquélla solicitó el preceptivo informe del centro, que fue emitido el 20 de julio siguiente, ratificando el relato fáctico contenido en la inicial comunicación de accidente escolar, precisando que los hechos se produjeron saliendo el alumnado acompañado de sus profesores tutores por las escaleras de acceso al pabellón principal. Dicho informe se expresa en los siguientes términos:
"El alumno L. F. F., de 2º de Primaria, se abalanzó sobre el anteriormente mencionado y arrebatándole las gafas de forma imprevista, y sin mediar discusión ni palabras, las arrojó al suelo pisándolas a continuación. La rápida reacción, tanto de la tutora de L., como de los padres/madres que había esperando la salida del alumnado, no pudieron evitar dicho accidente.
L. F. F., es un niño (de etnia gitana huérfano de madre) de Necesidades Educativas Especiales, con Hipoacusia bilateral profunda, matriculado desde hace varios años en este Centro donde recibe su escolarización en base a que aquí recibe ayuda de Pedagogía Terapéutica y Logopedia, con un aprendizaje bilingüe (oral y lenguaje de signos), por lo que con una pérdida auditiva de más de 90 db, y llevando dos prótesis auditivas, manifiesta ciertas características como son:
- escasa integración socio-afectiva
- secuelas en personalidad
Lo que hace que a veces se vuelva agresivo contra sus compañeros u otros niños/as de distintos niveles de escolarización (siempre mayores que él). Siendo normal en personas de esta etiología, ya que se dan estos problemas de conducta por su propia frustración al no entender su entorno...Pero estas reacciones imprevisibles son propias de él, y así ha ocurrido otras veces...."
Finaliza el Director del Centro considerando que la reclamación debería ser estimada.
CUARTO.- Conferido, en fecha no acreditada en el expediente, trámite de audiencia a la reclamante, ésta no hizo uso del mismo al no comparecer ni aportar documentos ni formular alegaciones; tras lo cual, el 13 de mayo de 2002, fue formulada propuesta de resolución, en el sentido de estimar la solicitud por considerar que existe nexo causal entre los daños sufridos por el alumno y el funcionamiento del servicio público prestado por el centro público donde se produjo el accidente.
QUINTO.- Solicitado informe a la Dirección de los Servicios Jurídicos, es emitido con fecha 12 de junio siguiente, siendo favorable a la propuesta de resolución estimatoria.
En tal estado de tramitación V.E. dispuso la remisión del expediente al Consejo Jurídico en solicitud de Dictamen, mediante escrito que tuvo entrada el día 25 de julio de 2002.
El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP).
SEGUNDA.- Tramitación.
El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos, sin que se aprecien carencias formales. No obstante, debe recordarse la necesidad de que en el escrito de reclamación conste anotada la fecha de su presentación en un registro administrativo o en cualquiera de los lugares que enumera el artículo 38.4 LPAC, lo que no ocurre en el presente caso. Debe asimismo destacarse que se ha superado ampliamente el plazo máximo para resolver este tipo de procedimientos, que el artículo 13.3 RRP fija en seis meses.
La reclamación fue interpuesta dentro del plazo de un año a que se refiere el artículo 142.5 LPAC, habiendo sido formulada por persona que ostenta y acredita la representación legal del menor, conforme a lo dispuesto en el artículo 162 del Código Civil.
La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; en concreto, la actual Consejería de Educación y Cultura es competente para resolver el presente procedimiento, al tratarse de unos presuntos daños imputados al funcionamiento del servicio público regional de educación en el que se integra el Colegio Público "Basilio Sáez" de Caravaca de la Cruz.
TERCERA.- Sobre el fondo del asunto.
1) El sistema de responsabilidad patrimonial diseñado por los artículos 139 y siguientes LPAC ha sido calificado por la doctrina y la jurisprudencia como de carácter objetivo y directo, pudiendo acudir para la determinación de tales notas a numerosas sentencias del Tribunal Supremo y de diversos Tribunales Superiores de Justicia de Comunidades Autónomas. Según estas resoluciones judiciales las normas reguladoras de la figura de la responsabilidad patrimonial sólo imponen para configurarla que se acredite: a) la efectiva realidad de un daño; b) que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en relación directa e inmediata de causa-efecto, sin intervención extraña que pueda influir alterando el nexo causal; c) que no se haya producido fuerza mayor, única hipótesis excepcionante de la responsabilidad de la Administración
Respecto de este carácter objetivo y directo de la responsabilidad patrimonial ya ha tenido ocasión el Consejo Jurídico de pronunciarse en supuestos similares al presente, poniendo de manifiesto la evolución que el sistema ha ido siguiendo de modo que, actualmente, se puede afirmar que más que ante una responsabilidad objetiva absoluta, estamos frente a una responsabilidad fuertemente objetivada, y así lo ha considerado nuestro Tribunal Supremo en varias sentencias, entre las que podemos señalar la de 28 de octubre de 1998, en las que ha mantenido la tesis de la "causalidad adecuada", afirmando: "El concepto de relación causal a los efectos de poder apreciar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, se resiste a ser definido apriorísticamente con carácter general, puesto que cualquier acaecimiento lesivo se presenta normalmente no ya como el efecto de una sola causa, sino más bien, como el resultado de un complejo de hechos y condiciones que pueden ser autónomos entre si o dependientes unos de otros, dotados sin duda, en su individualidad, en mayor o menor medida de un cierto poder causal". El reconocimiento de esta "causa adecuada" obligará a determinar si la concurrencia del daño era de esperar en la esfera normal de los acontecimientos, porque el resultado se corresponda con la acción que lo originó, si es adecuado a ésta, si se encuentra en relación causal con ella y, por último, si sirve como fundamento del deber de indemnizar.
En este sentido el Consejo de Estado, en su Memoria de 1998, ha rechazado que la Administración tenga que asumir, con carácter general, el riesgo de los daños sufridos por los escolares en los recintos educativos y ha considerado que los mismos no le son imputables por no ser consecuencia del funcionamiento del servicio educativo aunque se hayan producido con ocasión de su realización. Niega que el servicio público pueda concebirse "como el centro de imputación automática de cualesquiera hechos que acaecen en el área material de aquél" y además rechaza que la "debida diligencia de los servidores públicos" incluya un "cuidado total sobre las personas que se encuentren en el servicio y las conductas, del tipo que sean, que se desarrollen dentro de él" (Dictamen núm. 289/94, de 7 de abril).
No obstante lo anterior, dicho Órgano Consultivo mantiene, respecto de los daños sufridos por alumnos en centros de educación especial, un tratamiento más exigente, al afirmar que las características de dichos centros obligan a la Administración a extremar su celo en la custodia de los alumnos (Dictámenes números 4.060/1996, de 19 de diciembre y 1.077/1996, de 9 de marzo, entre otros). En esta misma línea se manifiesta la doctrina legal de otros órganos consultivos autonómicos (Dictámenes números 183, 285, 294, 381, 409 y 461, del año 2000, del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y Dictamen número 75/2000 del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha). En el mismo sentido nuestros Dictámenes número 30/2002 y 107/2002, de 27 de febrero y 26 de junio de 2002 respectivamente.
Si bien dichos pronunciamientos lo son en relación a Centros de Educación Especial, nada impide trasladar sus razonamientos a supuestos como el presente en el que alumnos con necesidades educativas especiales se integran en las aulas con el resto de niños. Las peculiares características de estos alumnos, claramente puestas de manifiesto en el informe del Director del Centro, en el que se alude a ocasionales episodios de agresividad contra sus compañeros, obligan a los funcionarios (profesores, educadores, terapeutas, trabajadores sociales, etc.) responsables de estos niños a adoptar especiales medidas precautorias que eviten incidentes como el presente, máxime cuando el niño es conocido en el Centro al haber estado matriculado en él desde hace varios años y haber protagonizado otros eventos semejantes.
Como consecuencia de lo dicho, al considerar que sí existe nexo de causalidad entre la actuación de la Administración y el daño producido, entiende el Consejo Jurídico que procede estimar la reclamación de responsabilidad. Ahora bien, en ese caso, como la resolución implicaría la generación de un gasto para la Administración, con carácter previo deberán cumplimentarse las actuaciones que la normativa vigente exige en tales casos.
2) La anterior consideración no agota, a juicio del Consejo Jurídico, el total de cuestiones que ofrece el expediente tramitado, ya que del ordenamiento podrían derivarse otros aspectos relevantes, dignos de consideración, cuestiones éstas muy frecuentemente reiteradas en Dictámenes anteriores como consecuencia de consultas procedentes de la misma Consejería sobre asuntos sustancialmente semejantes al presente, a cuyas Consideraciones nos remitimos.
CUARTA.- Cuantía de la indemnización.
La cantidad reclamada no ha sido discutida en el expediente, habiendo sido acreditado su efectivo abono mediante la aportación de la correspondiente factura, por lo que el quantum indemnizatorio habrá de coincidir con lo reclamado más la correspondiente actualización.
PRIMERA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución que estima la reclamación de responsabilidad patrimonial, al quedar acreditada la relación de causalidad entre el daño sufrido por el alumno y la prestación del servicio público educativo.
SEGUNDA.- La indemnización ha de valorarse por el importe de los gastos efectivamente acreditados, con la actualización que corresponda, conforme determina el artículo 141 LPAC.
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