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Timestamp: 2019-01-17 21:33:11
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Matched Legal Cases: ['artículo 466', 'artículo 469', 'artículo 467', 'artículo 468', 'artículo 214', 'artículo 9', 'artículo 55', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'artículo 58', 'artículo 407', 'artículo 432', 'artículo 1185', 'artículo 1196', 'artículo 60', 'artículo 1196', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 74', 'artículo 59', 'artículo 1196', 'artículo 59', 'artículo 63', 'Artículo 62']

TRATAMIENTO NORMATIVO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO VENEZOLANO - PDF
TRATAMIENTO NORMATIVO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO VENEZOLANO
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Domingo Valenzuela Pereyra
1 TRATAMIENTO NORMATIVO DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO VENEZOLANO Hermes Harting R. Profesor de Derecho Civil y Romano A ) CONCEPTO Los derechos de la personalidad son derechos subjetivos, extrapatrimoniales, que no poseen un contenido económico, y que están referidos al sujeto considerado en sí mismo. B) OBJETO En relación a las cosas sobre las cuales se ejercen los derechos de la personalidad existen diversas teorías de las cuales enunciaremos sucintamente las siguientes: 1. TEORIA DEL DERECHO SOBRE LA PERSONA El postulado fundamental de esta teoría estriba en la consideración de la persona como objeto de los derechos de la personalidad. Tal aseveración resulta incongruente, al establecer una confusión como consecuencia de la consideración unilateral de la persona en calidad de sujeto-objeto de tales derechos. Así, la consideración de cualquier sujeto, involucraría la posesión de elementos intrínsecos, derivados de su naturaleza (ejm.: la vida), constituidos en objetos pasibles de tutela jurídica (derecho a la vida) por provenir de la persona. En este sentido la pauta fundamental se basamenta en la concepción del sujeto como objeto del derecho ( potestas in se ipsum ).
2 134 HERMES HARTING R. 2. TEORIA DE MESSINEO Para este autor el objeto de los derechos de la personalidad, radica en los atributos esenciales de la personalidad, los cuales son elementos separados de aquélla, que por ende ostentan una propia naturaleza y requieren un especial tratamiento. Así, por ejemplo, la vida es un atributo esencial de la personalidad. No obstante, a nuestro entender, tal tesis no resulta totalmente satisfactoria, debido a la indisolubilidad de los elementos, persona y personalidad, lo que determina la unidad de la personalidad, sus atributos esenciales, y la persona, e intrínsecamente la consideración del ser como objeto de derecho. 3. CRITERIO DE LA ESENCIA Este criterio, en sentido de punto de vista proveniente de nuestra elaboración, se fundamenta en la concepción de la existencia, intangible, de la esencia del sujeto de derecho, con independencia de la persona como tal ente. Cada persona posee una esencia, y los elementos que constituyen el filero íntimo del ente (esencia), no se pueden confundir con la persona. A los efectos de lo expuesto anteriormente es menester señalar que la esencia de la persona tiene relevancia en el plano físico y en el plano moral, lo cual supone representación de ciertos factores que conforman el fuero interno o intrínseco del ser en el ámbito físico o moral. Así, la vida constituye una representación en el plano físico igual que la integridad corporal, en su condición de derechos de la personalidad. Representación de la esencia en el plano moral serían, por ejemplo, el honor, el derecho a la intimidad. C) CARACTERES DE LOS DERECHOS D E L A PERSON ALIDAD 1. EXTRAPATRIMONIALES Por cuanto no tienen un contenido económico, no se pueden apreciar en dinero.
3 DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 135 Sin embargo, es menester aludir a la circunstancia de que la lesión a un derecho de la personalidad determina como consecuencia ineluctable la obligación, para el agente del daño, de reparar el mismo, la cual ostenta un contenido económico. Así, el atentado a la vida de una persona, legitima a la víctima para intentar una acción tendiente a la reparación económica del daño; y al mismo tiempo, el Estado, como garante de la seguridad, puede incoar de oficio, un proceso al agente del daño. 2. INDISPONIBILIDAD La indisponibilidad consiste en que los derechos de la personalidad, no se pueden crear, modificar, transmitir, reglamentar ni extinguir por la simple voluntad de los particulares, sino en tanto y en cuanto la Ley lo permita. De tal modo, una persona no podría vender o enajenar su libertad, porque la libertad como derecho de la personalidad es indisponible. Igualmente una persona a través de una relación trabada con otra no podría modificar el contenido de su libertad, ni tampoco extinguirla, ni transmitirla, porque la libertad no se puede transferir, puesto que nace, como todos los derechos de la personalidad, con el ser humano. 3. IMPRESCRIPTIBLES Los derechos de la personalidad ni se adquieren por usucapión., ni se pierden por prescripción extintiva. De esta forma, la permanencia, por ejemplo, de una persona en prisión durante 30 años, no significa que su libertad ha prescrito, porque la libertad como derecho de la personalidad, no se pierde por prescripción extintiva. En el mismo sentido los derechos de la personalidad no se adquieren por usucapión, ya que nacen conjuntamente con el ser humano. 4. IRRENUNCIABLES Esta característica es una derivación de la indisponibilidad. En efecto, la limitación o prohibición del poder de dis
4 136 HERMES HARTING R. posición, ínsita a tales derechos, configura como necesaria secuela la irrenunciabilidad de los mismos. 5. ABSOLUTOS Los derechos de la personalidad sugieren en los miembros de la colectividad el deber jurídico de respetarlos, y por ende no infringir las normas que los consagran. De tal modo se erigen en derechos cuyo valor es de carácter ERGA OMNES (frente a toda la comunidad). D) N O M EN CLATU RA: Está referida al estudio de cada uno de los derechos de la personalidad. I. DERECHOS SOBRE LA PARTE FISICA A. El derecho a la identidad. B. El derecho a la vida. C. El derecho a la integridad corporal. A) EL DERECHO A L A IDENTIDAD Comprende, necesariamente, el estudio de 3 figuras: 1. Nombre. 2. Seudónimo. 3. Sobrenombre. 1. EL NOMBRE CIVIL Es un signo o símbolo a través del cual se expresa la identidad de una persona.
5 DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 137 Contenido del nombre civil: a) El nombre primario o nombre individual, que comúnmente se tilda de nombre de pila. b) El nombre familiar, que se conoce comúnmente como apellido. Determinación del nombre civil A. Nombre individual o primario: De acuerdo con el ordenamiento jurídico venezolano, el nombre de pila es determinado por el declarante o presentante, en el momento de la presentación o declaración del nacimiento, ante el funcionario de estado. Así cuando el declarante se presenta ante el funcionario del estado civil a fin de informarle acerca del suceso acaecido, es decir, el nacimiento de determinado niño, en tal instante aquél debe conferir el nombre de pila al citado niño y dejar constancia de tal hecho en la Partida de Nacimiento, en consonancia a lo estatuido en la norma contenida en el artículo 466 del Código Civil vigente. Si se tratare de un expósito, la persona qué lo encontrase deberá presentarlo dentro de los tres días siguientes, a la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio, y en el acto de la presentación también deberá otorgarle nombre. Si no quisiere conferírselo, entonces lo hará el funcionario del estado civil, en virtud de lo pautado por el artículo 469 EIUSDEM. B. Nombre familiar o apellido: Para los efectos del apellido, debemos distinguir la clase de filiación del niño: 1. Filiación legítima; es decir, un niño procreado en matrimonio. 2. Filiación natural. 1) En el supuesto de filiación legítima el apellido del niño estará formado por el apellido del padre y a continuación de éste, el apellido de la madre, o sea, que el niño nacido como consecuencia de un matrimonio, ostenta como apellido el de sus padres. Así lo preceptúa el artículo 467 del Código Civil venezolano. A esta situación se asimila el caso del hijo legitimado.
6 138 HERMES HARTING R. 2) En el supuesto de filiación natural: El hijo es presentado normalmente por la madre, en tal caso el apellido que tendrá el niño, será únicamente el de la madre. Si se hace mención en la partida de nacimiento al padre, esta mención es extraña al acto, y no produce ningún efecto, según lo establecido en los artículos 222 y 224 del vigente Código Civil en concordancia con el artículo 468 EIUSDEM. Si el niño natural es presentado por el padre, tal acto equivale a un reconocimiento, acorde a lo estatuido en la norma ínsita en el artículo 214 del Código Civil. En tal supuesto el niño ostentará el apellido del padre. Si el niño natural es reconocido por ambos padres simultáneamente o sucesivamente, ostentará como apellido únicamente el del padre, por lo cual en la práctica podrá distinguirse del hijo legítimo o legitimado, pero no del reconocido por cualquiera de los padres. 3) En el supuesto del hijo adulterino, de acuerdo a lo prescrito por nuestro Código Civil (Art. 225), la madre a pesar de la existencia del impedimento no dispensable para contraer matrimonio, en el momento de la concepción, y su posterior permanencia siempre tendrá derecho para reconocerlo. Por ende, el hijo que se encontrase en tal circunstancia, podrá ostentar el apellido de soltera de la madre, independientemente de que tal acto constituiría la evidente afirmación de la existencia de un adulterio con las subsecuentes consecuencias penales y civiles. El hijo adulterino no puede ser reconocido por el padre hasta la oportunidad de cesación del impedimento, aun cuando este último no lo afecte a él sino a la madre. Consideramos imprescindible hacer referencia al proyecto de Ley de reforma parcial del Código Civil, en lo atinente a la igualdad de derechos de la mujer en el matrimonio y la familia, introducido a las Cámaras Legislativas del Congreso de la República en mayo de 1976, el cual establece la posibilidad para el padre de reconocer el hijo adulterino, sin necesidad de aguardar la extinción o cesación del impedimento no dispensable para contraer matrimonio, posibilitando igualmente al hijo a los fines de intentar la acción de inquisición de la paternidad ilegítima sin verse constreñidos a esperar la ya citada cesación del impedimento (artículos 220-A y 225 del proyecto de Ley de reforma parcial del Código Civil).
7 DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 139 Cambios de nombre: El planteamiento radica en la consideración del cambio de apellido o nombre de pila, por la simple voluntad del interesado. En relación al nombre de pila, debemos manifestar que en principio nuestra legislación no permite tal cambio, a menos que se tratare de un extranjero, cuya propia ley nacional lo permita, y ello en virtud de la aplicación del principio de la personalidad de la ley. Dicho principio regula a los nacionales de un país, en cuanto a su estado y capacidad independientemente del territorio donde se encuentran. Nuestro Código Civil lo acoge indirectamente en el artículo 9. Sin embargo, a partir de la promulgación de la Ley sobre adopción (junio de 1972) se consagró el novedoso principio de permisión del cambio de nombre de pila del adoptado a solicitud del adoptante. Esto supone el cumplimiento de una serie de requisitos que son los siguientes: 1. El adoptado debe ser soltero. 2. Debe ser menor de 18 años, para la fecha de solicitud de la adopción. 3. Si el adoptado tiene 12 años se requiere su consentimiento. 4. El consentimiento del adoptado debe ser puro y simple, es decir, no sujeto a ninguna condición. 5. Que el consentimiento sea prestado libre y personalmente. 6. Que el consentimiento conste en un instrumento auténtico, es decir, otorgado ante un juez u otro funcionario que ostente facultad para darle fe pública. Todos estos requisitos están enunciados en el artículo 55 de la L ey de Adopción. En relación al cambio de apellido, la Legislación venezolana, en principio, no lo permite de una manera directa; la excepción remite al caso de los extranjeros cuya Ley nacional lo hubiese instituido. Sin embargo, la precitada Ley sobre Adopción, establece el cambio de apellido al pautar como obligación legal, que
8 140 HERMES HARTING R. el adoptado llevará el apellido del adoptante (Artículo 53). Tal obligación es común a la adopción plena y simple. En el supuesto de adopción conjunta efectuada por cónyuges no separados legalmente de cuerpos, el adoptado podrá utilizar, además del apellido del varón adoptante, el apellido de la mujer adoptante. En el supuesto de adopción individual efectuada por mujer casada o viuda, el adoptado llevará el apellido de soltera de la adoptante, a menos que el marido, o los descendientes o ascendientes de aquél en caso de muerte o incapacidad del mismo, consientan en que el adoptado lleve el apellido de casada de la adoptante, o a juicio del Tribunal existan causas justificadas para imponerle el de casada. Los consentimientos exigidos, al igual que en el cambio de nombre de pila deben constar en instrumentos auténticos, ser puros y simples, y prestados libre y personalmente. (Artículo 54 Ley sobre Adopción). 2. EL SEUDONIMO Consiste en un nombre falso, utilizado generalmente por un artista o persona que actúa en medio con relevancia pública para identificarse. El derecho al seudónimo se adquiere por el uso constante y prolongado del mismo. Esto significa que, en principio, se puede accionar contra alguien que utilice un seudónimo ajeno, aun cuando tal derecho no se encuentre suficientemente reglamentado en nuestra legislación, por lo cual, los logros en este campo son de orden eminentemente jurisprudencial. 3. EL SOBRENOMBRE No ostenta relevancia jurídica alguna, consistiendo en un apelativo, un apodo, que se agrega al nombre. Carece por completo de protección jurídica en nuestra legislación.
9 DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 141 B) EL DERECHO A L A VIDA Este derecho está consagrado en la Constitución Nacional, artículo 58, según el cual el derecho a la vida es inviolable. Ninguna Ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. Desde el punto de vista histórico, la pena de muerte fue abolida en Venezuela en el año de 1864, época de auge de la Revolución Federal, la cual, basada en principios modernos y humanitarios, en orden a la nueva concepción sustentada por la escuela clásica del derecho penal, decretó tal abolición en la Carta Federal de aquel año. Ya por el año de 1849 se había abolido la pena de muerte en relación a los delitos políticos. 1. LEGISLACION PENAL A los efectos de sancionar la violación del derecho a la vida, el legislador penal ha tipificado en condición de delitos el homicidio y el aborto. En relación al primero el Código Penal consagra cuatro tipos: A. Homicidio intencional: Establecido en el artículo 407 del Código Penal. Este se tipifica, como lo indica la misma palabra, porque existe dolo, es decir, intención del agente del daño de asesinar a la víctima. B. Homicidio voluntario: Está tipificado por el hecho negativo de que no hay intención de matar, pero la muerte de la víctima sobreviene por una imprudencia, negligencia, impericia en la profesión, arte o industria por parte del agente del daño, o por inobservancia de los reglamentos. Su fundamento es, la culpa. Preceptuado en el Art. 411 del Código Penal. C. Homicidio preterintencional: Se tipifica por el hecho de que el homicidio, como tal, supera a la intención del agente del daño. La intención del ofensor es lesionar, no causar la muerte (Art. 412, encabezamiento Código Penal).
10 142 HERMES HARTING R. D. Homicidio concausal: Se caracteriza porque la muerte de la víctima se produce por circunstancias que son ajenas a la voluntad del homicida. El Legislador penal alude a circunstancias preexistentes desconocidas del ofensor, o causas imprevistas o independientes de su hecho. (Art. 412, Aparte único, Código Penal). En relación al aborto el Código Penal establece tres tipos: A. Aborto provocado: En él existe un elemento fundamental, el consentimiento de la mujer. No importa quién realiza el aborto, lo que interesa es que la mujer consienta en que se le practique el mismo. En tal supuesto se sanciona a la mujer y su cómplice (provocador del aborto). Este delito se encuentra tipificado en el artículo 432 del Código Penal. B. Aborto procurado: El elemento fundamental que tipifica este tipo de aborto es la falta de consentimiento de la mujer; en este caso es el tercero el que provoca o procura el aborto de la mujer contra la voluntad de ésta, por lo cual la mujer no está incursa en la acción penal, sino el que procura el aborto de aquélla (Art. 434, Código Penal). C. Aborto terapéutico: Se produce cuando para salvar la vida de la mujer, la única forma de hacerlo es a través de la práctica del aborto. Este aborto lo practica el facultativo como fin para salvar la vida de la parturienta, por ende carece de sanción (Art. 435, aparte final). En relación a este tipo de aborto es conveniente señalar que, hay legislaciones europeas que no lo permiten, basadas en el primigenio interés de salvar la criatura. No hay necesidad de consultarlo a la familia, porque es una cuestión de carácter legal. En este punto manifestamos nuestra avenencia con el-principio sustentado por nuestro legislador patrio, fundamentado en consideraciones de carácter familiar, puesto que en orden al principio rector de la institución de la familia, la mujer como madre desempeña una función de incontestable signifi-
11 DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 143 cadón. Por tal razón la conservación de su vida ostenta prioridad frente a la del feto. 2. LEGISLACION CIVIL En este campo la violación del derecho a la vida se traduce en la reparación del daño material, a través del dispositivo legal contenido en el artículo 1185 del Código Civil, conjuntamente con la obligación de reparación del daño moral, instituto consagrado en el artículo 1196 EIUSDEM. Los legitimados activos, pasibles de concesión de indemnización, como reparación por el dolor sufrido por la muerte de la víctima, son los parientes, afines o cónyuge de aquélla. C. Derecho a la integridad corporal: De acuerdo a lo establecido por el constituyente en el artículo 60, ordinal tercero, nadie podrá ser incomunicado ni sometido a torturas, o a otros procedimientos que causen sufrimiento físico o moral. Es punible todo atropello físico o moral inferido a persona sometida a restricciones de su libertad. En esta norma, se concede protección a la integridad de la persona en dos aspectos: el físico y moral, por lo cual se prohíbe la tortura física o moral, y al mismo tiempo se prohíbe la incomunicación, lo cual tiene su origen en la Constitución Federal de 1864 que consagró el derecho de todo ciudadano a no ser incomunicado, con independencia del hecho punible cometido. La prohibición de tortura es más antigua, ya que se originó en la primera Constitución venezolana, es decir, la Constitución de Sin embargo, es conveniente aclarar, que si se ha respetado a medias la prohibición de la incomunicación, nunca se ha logrado el respeto absoluto de la prohibición de la tortura. Porque desde nuestra era republicana, a partir de 1811, hasta períodos muy cercanos, la tortura física y moral han sido procedimientos utilizados por los gobiernos dictatoriales como instrumentos de represión. En la mayoría de los países latinoamericanos, esta misma disposición, que ostenta los mismos efectos y el mismo contenido, ha sido violada tanto por los gobiernos dictatoriales, como por algunos gobiernos democráticos. La causa radica en la con
12 144 HERMES HARTING R. traposición de intereses en relación a la seguridad entre el Estado y los particulares; por tal razón existe en todo Estado, independientemente del tinte que sea, los órganos de seguridad, cuya función primordial es el mantenimiento del orden constitucional, pero en cuyo ejercicio muchas veces por desidia, dolo o ignorancia se viola lo que es obligación mantener y defender. Legislación penal: En el Código Penal se encuentra tipificada la lesión personal (Arts. 415 a 422). Con respecto a este delito, el legislador penal establece diferentes sanciones, de acuerdo con la gravedad de la lesión. Así, las lesiones en orden objetivo, se clasifican en: gravísimas, graves, menos graves, leves y levísimas. Las lesiones gravísimas (Art. 416) se producen cuando el hecho dañoso origina enfermedad mental o corporal, la cual puede ser incurable, o la pérdida de algún sentido, algún miembro, de la palabra, de la capacidad de engendrar (impotencia generandi), o de algún desfiguramiento. Igualmente se considera lesión gravísima el hecho cometido contra mujer encinta que le ocasionare el aborto. Las lesiones graves (Art, 417) se producen cuando el hecho dañoso origina inhabilitación permanente de algún sentido o de un órgano, dificultad permanente de la palabra o alguna cicatriz notable en la cara o si ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida o producido alguna enfermedad mental o corporal que dure veinte días o más, o si por un tiempo igual queda la dicha persona incapacitada de entregarse a sus ocupaciones habituales, o en fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta, causa un parto prematuro. Las lesiones menos graves (Art. 415) se originan en el sufrimiento físico, perjuicio a la salud o perturbación en las facultades intelectuales, como consecuencia del hecho dañoso. Las lesiones leves (Art. 418) se originan como consecuencia de haber producido el hecho dañoso, enfermedad que requiere asistencia médica por menos de diez (10) días o incapacidad para ejercer ocupaciones habituales por igual tiempo. Las lesiones levísimas (Art. 419) se originan cuando el hécho dañoso no ha producido enfermedad que requiera asis
13 DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 145 tencia médica ni incapacidad para el ejercicio de las ocupaciones habituales. El legislador penal en relación a la protección del derecho a la integridad corporal también ha instituido la figura delictiva de la Sevicia, referida al perjuicio o peligro de la salud que se pudiere causar por parte del representante legal, guardador, vigilante o preceptor a la persona sometida a la autoridad, guarda, vigilancia o educación de áquel (Arts. 441 a 443). Legislación civil: A. Los efectos de la reparación económica inherente a la violación del derecho a la integridad corporal, el Código Civil vigente, en el artículo 1196, consagra la figura del daño moral, cuya fijación por el órgano judicial procede a petición de la víctima. DERECHOS CORRESPONDIENTES A LA PARTE MORAL A ) DERECHO A L A LIBERTAD El constituyente ha consagrado en el artículo 60 diversos tipos de libertades. De ellas aludiremos en primera instancia a: 1. Libertad personal: Ostenta un tratamiento constante y extenso en la Constitución Nacional, en el artículo 60, ordinales uno (1) al diez (10) con excepción del ordinal tercero (3), ya que éste se refiere a la integridad corporal. De todos ellos, quizás el más importante sea el ordinal primero que reza: Nadie podrá ser preso o detenido, a menos que sea sorprendido in fraganti, sino en virtud de orden escrita del funcionario autorizado para decretar la detención, en los casos y con las formalidades previstas por la L e y... Se puede observar que la primera consecuencia de la libertad personal a través de esta disposición legal, es una prohibición concreta: nadie puede ser preso, nadie puede ser detenido, a menos que exista una orden emanada de un funcio
14 146 HEEMES HAETING R. nario competente, el cual, en principio es el Juez, o sea, el Organo Judicial. Tal es la premisa del ordinal primero del artículo 60, con la excepción del sorprendido in fraganti. En el supuesto de comisión de hecho punible, las autoridades de policía ostentan la potestad de adoptar las medidas provisionales, de necesidad o urgencia indispensables para asegurar la investigación del hecho y el enjuiciamiento de los culpables. Esta es la consagración, en el ordenamiento jurídico venezolano de la figura de la detención preventiva por parte de las autoridades de policía, o sea, que dichas autoridades pueden practicar detenciones provisionales, porque la finalidad es asegurar al presunto culpable por una parte, y por la otra investigar los hechos. Luego el constituyente establece el plazo de duración de la detención preventiva, y el término de duración de la investigación al estatuir en el citado artículo 60, ordinal 1: La ley fijará (mandato para el legislador) el término breve y perentorio en que tales medidas deberán ser comunicadas a la autoridad judicial; y establecerá además el plazo para que ésta prevea, entendiéndose que han sido revocadas y privadas de todo efecto, si ella no las confirma en el referido plazo. Tal cuestión involucra en un sentido un mandato para el Legislador, concretado en la ineluctable sanción de un instrumento legal que fije el plazo en el cual dichas medidas deben ser comunicadas al Juez, y en otro sentido el establecimiento de un término para que éste provea, o entendiéndose que las medidas han sido revocadas y privadas de todo efecto, si la autoridad judicial, no las confirma en el referido plazo. Un análisis del ordinal primero del artículo 60 de la Constitución Nacional, determinaría las siguientes etapas: 1. Desde el momento en que la autoridad policial practica una detención, comienza a correr un plazo para que aquella investigue los hechos. Tal investigación origina una figura que se llama EL SUM ARIO. 2. El Sumario es la primera etapa del proceso judicial y está constituido por todas aquellas actuaciones que corresponden a la investigación de los hechos, las circunstancias que puedan influir en la calificación de los delitos, el asegu
15 DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 147 ramiento de los presuntos culpables y los objetos activos y pasivos de la perpetración (consumación). 3. Las autoridades de policía competentes para instruir el proceso penal son los órganos de Policía Judicial, vale decir: de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74-A del Código de Enjuiciamiento Criminal. A. El Cuerpo Técnico de Policía Judicial. B. Los órganos competentes de las Fuerzas Armadas de Cooperación. C. Las autoridades que las leyes del tránsito señalen en materia de su competencia. D. La Dirección de Extranjeros, conforme a las leyes que regulen su competencia. 4. Desde el momento en que alguna de estas autoridades tiene conocimiento de la perpetración de un hecho que está dentro de su competencia, comienza la primera etapa, que es la formación del Sumario. Si se ha practicado una detención preventiva, entonces el presunto culpable no puede estar en manos de las autoridades de policía, por un tiempo mayor de ocho (8) días, contados a partir de la fecha de la detención: lo anterior supone que el enunciado plazo de ocho (8) días es el término que tiene la autoridad instructora de policía para remitir las actuaciones que conformen el Sumario, conjuntamente con el presunto reo al Organo Judicial. El citado plazo de ocho (8) días consta en la disposición transitoria sexta de la Constitución Nacional, ya que el mandato legislativo determinado por el constituyente aún no ha sido cumplido. Por tal razón se ha ocurrido provisionalmente desde hace más de quince (15) años a la disposición transitoria sexta de la Constitución Nacional. La precitada disposición igualmente sanciona un plazo de noventa y seis horas (96), o sea, 4 días, que en circunstancias graves y complejas, puede exceder 96 horas más, o sea, en definitiva ocho (8) días para decidir el órgano judicial sobre la detención de la persona. En el supuesto de que una persona haya sido detenida durante más de 8 días por las autoridades de policía, sin haber sido puesta a disposición del Juez, o que encontrándose en esta última condición hubiesen transcurrido más de 8 días sin
16 148 HERMES HARTING R. decisión alguna emanada del Organo Judicial, procede un recurso, establecido en la disposición transitoria quinta (5) de la Constitución Nacional, que tuvo su origen en Inglaterra en el año 1679, y se conoce como recurso de H ABEAS CORPUS. La garantía constitucional no sería eficaz si el particular afectado por la violación de su derecho no contase con un procedimiento a los fines de hacer valer aquél. Así nace este recurso, con legimitación por cualquier ciudadano en virtud de su carácter de acción popular. Recurso de Habeas Corpus: Tiene como fundamento que ninguna persona puede ser detenida, sin una orden escrita del funcionario judicial y a pesar de que han transcurrido casi 300 años de su fundamento sigue siendo el mismo. Su origen en el Derecho inglés: El evitar la detención arbitraria, por lo cual se estableció la necesidad de orden escrita del funcionario judicial. Aun existiendo tal orden, si la detención era ilegal, contraria a Derecho, también procedía el recurso. Así, el recurso de Habeas Corpus se erige en vigilante del estricto cumplimiento de los lapsos pautados por el constituyente, atinentes a detención preventiva y decisión del órgano judicial instructor del proceso penal. El recurso de Habeas Corpus se tramita mediante solicitud, dirigida por cualquier persona al Juez de Primera Instancia en lo Penal, dando detalle de la detención de la persona de que se trate. Recibida la solicitud, el Juez de Primera Instancia ordenará al funcionario, bajo cuya disposición se encuentra la persona agraviada, que informe en un lapso de veinticuatro (24) horas acerca de los indicios que han determinado la privación o restricción de la libertad de la persona de cuyo recurso se trate. Desde el momento en que el Organo Judicial recibe la contestación del funcionario, tiene un plazo de 72 horas para decidir. La decisión dictada por el Juez tiene que ser consultada con el Superior, pero desde el momento en que el Juez de Primera Instancia decida el recurso, ya la persona enjuiciada debe ser puesta en libertad, independientemente de que ese recurso se consulte con el Juez Penal Superior, el cual
17 DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 149 tiene un plazo de setenta y dos (72) horas a partir del momento en que recibe la consulta para dictar decisión. Otros derechos constitucionales inherentes al aspecto general de la libertad son: 1. Libertad de transitar por el Territorio de la República, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley (Art. 64). 2. Libertad de profesar la religión que se estime conveniente, de acuerdo a la conciencia de la persona (Art. 65). 3. Libertad de expresión a los efectos de las ideas propias y difundirlas (Art. 66). 4. Libertad de asociación, con fines lícitos (Art. 70). 5. Libertad de reunirse pública o privadamente (Art. 71). 6. Libertad de trabajo (Art. 84). Para estos derechos la protección constitucional se determina a través de un recurso especial que se llama Recurso de Amparo. El procedimiento para la tramitación del Recurso de Amparo no está reglamentado por ley alguna, a pesar de que el constituyente lo sancionó en el texto constitucional. Por ende, para solicitar dicho recurso, es menester acogerse en esta materia a los principios doctrinales, los cuales otorgan competencia a la Corte Suprema de Justicia, como el máximo Tribunal de la República, para conocer y decidir acerca del citado recurso. Basta entonces una solicitud introducida ante la Corte Suprema de Justicia denunciando la violación de cualquiera de las libertades enunciadas anteriormente y sus correspondientes disposiciones legales para que dicho organismo resuelva sobre el particular. Legislación penal: El tratamiento penal a la violación del derecho a la libertad, está constituido por la existencia y sanción de delitos contra las libertades políticas (Art. 167-C. Penal), contra la libertad de cultos (Arts. 168 a 173 eiusdem), contra la libertad individual (Arts. 174 a 183 eiusdem), contra la libertad de trabajo (Arts. 192 a 194 eiusdem).
18 150 HERMES HARTING R. Legislación civil: Se consagra la reparación económica del daño moral causado como consecuencia de la privación o restricción de la libertad (Art C. Civil). B) DERECHO A L HONOR Está consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 59, según el cual toda persona tiene derecho a ser protegida contra los perjuicios a su h on or... Legislación penal: El tratamiento se verifica a través de dos figuras punibles: difamación e injuria: 1. Difamación: Se produce cuando se imputa a una persona un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación (Art. 444 C. Penal). El legislador penal, es amplio en el tratamiento de la difamación, porque no solamente se determina el hecho punible a través de una comunicación de tipo oral, sino también mediante escritos o dibujos publicados o expuestos a la vista del público. 2. Injuria: Se produce cuando comunicándose una persona con otras, estando juntas o separadas, ofendiere el honor, reputación o decoro de una persona (Art. 446 C. Penal). Así, en la injuria no se trata de imputar un hecho que expone al desprecio público, sino referido al honor de una persona. Legislación civil: Como consecuencia de la violación del derecho al honor, surge la obligación de reparación económica a través del artículo 1196 del Código Civil venezolano (Daño Moral). C) DERECHO A L A IN TIM ID AD Consagrado por el constituyente en el artículo 59. Nadie puede ser ofendido ni en su honor, ni en su reputación, ni en su vida privada.
19 DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 151 La intimidad, que es un derecho de carácter genérico, ostenta una serie de derechos especiales: 1. Secreto de la correspondencia: Establecido en el artículo 63 de la Constitución Nacional, consiste en considerar inviolable cualquier correspondencia cerrada o abierta, la cual no podrá ser ocupada sino por la autoridad judicial y previo el cumplimiento de las formalidades legales. El Código Penal tipifica como delito la violación del secreto de correspondencia (Arts. 186 a 189), mientras que el Código Civil sanciona tal violación con la obligación de indemnización del daño moral, aludido con anterioridad. 2. Escritos confidenciales: En este supuesto se trata de obra inédita, la cual no se puede divulgar sin autorización del autor. Este derecho a los escritos confidenciales ostenta el mismo tratamiento que el utilizado para proteger el secreto de la correspondencia. Pero aparte de ello existe una ley especial denominada Ley sobre el Derecho de Autor, que regula de una manera especial todo lo concerniente a los escritos confidenciales. 3. Inviolabilidad del domicilio: Este derecho está referido a la consideración del hogar doméstico como algo inviolable, y que para los efectos de penetrar en el mismo, las autoridades de policía necesariamente deben estar provistos de una orden o autorización judicial. De no existir ésta, no se puede proceder al allanamiento de morada, a menos que se trate de impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley, las decisiones dictadas por los Tribunales. Tal derecho se encuentra preceptuado en la Constitución Nacional, Artículo 62. En cuanto al derecho a la palabra hablada y la imagen, a pesar de reconocerse su existencia como inherentes al sujeto, y por ende pasibles de protección, en nuestro ordenamiento jurídico aún no se ha establecido tratamiento legal para los mismos.