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Timestamp: 2019-08-24 00:49:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 72', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 128', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 5', 'artículo 128', 'artículo 85', 'artículo 155', 'Artículo 155', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 85', 'artículo 86']

Sentencia de Tutela nº 439/00 de Corte Constitucional, 14 de Abril de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43612804
Acción de tutela instaurada por H.J.A.G. contra la Administración Judicial.
En el proceso de revisión del fallo adoptado por el Juzgado 4º Laboral del Circuito de S. de Bogotá dentro de la acción de tutela instaurada por H.J.A.G. contra la Directora Ejecutiva de la Administración Judicial.
El 18 de enero de 1996, el doctor H.A. fue designado en interinidad como abogado asistente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se posesionó el 26 de enero de 1996 y ha venido desempeñando el cargo hasta la actualidad.
Según el Acuerdo 169 de 1995 del Consejo Superior de la Judicatura, el cargo de abogado asistente de la Corte Suprema se asimila en cuanto a requisitos, calidades y remuneraciones al de Magistrado del Tribunal de Distrito Judicial.
En septiembre de 1999 se estableció el derecho de bonificación por compensación para algunos empleados de la Rama Judicial, entre ellos los Abogados Asistentes de la Corte Suprema de Justicia porque se las equipara a Magistrados de Tribunal y a Magistrados Auxiliares. Expresamente indicó el parágrafo del artículo 1º del decreto 664 de 1999: "En todo caso para tener derecho a la bonificación por compensación de que trata el presente decreto, se deberán reunir los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para ejercer el cargo".
El peticionario de la tutela no fue incluido dentro del listado de los beneficiados y por tal razón elevó un derecho de petición ante la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, el 20 de septiembre de 1999. Entre los argumentos para sustentar la petición aparecen estos:
Administración de justicia.".
La Dirección Ejecutiva de la Administración de Justicia, mediante Resolución 2463 de 1999 no accedió al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación solicitada por H.A. con fundamento en el artículo 72 de la ley 2ª de 1984, el artículo 2° del decreto 2280 de 1989, en el artículo 3° numeral 1° del decreto 57 de 1993, del artículo 1° del Acuerdo 1 de 1993 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del decreto 664 de 1999 y del artículo 128 de la ley 270 de 1996.
Interpuesta reposición contra la resolución 2463 de 1999, la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, mediante Resolución 2764 de octubre de 1999 confirmó el acto recurrido, citando como argumento central lo establecido en el artículo 2º del Acuerdo 052 de 1994, que no había sido invocado en la primera Resolución.
El doctor H.A. considera que con esta actitud de la Administración Judicial se han violado: el principio de favorabilidad laboral por cuanto los requisitos exigidos para ocupar el cargo son posteriores al nombramiento luego no puede haber aplicación retroactiva, los derechos adquiridos y el principio de igualdad ante la ley. Por eso solicita que se ordene a la Directora Ejecutiva de la Administración Judicial que se le pague la bonificación por compensación a partir del 1º de septiembre de 1999 (cuando se estableció dicha bonificación), al igual que se está pagando a Magistrados de Tribunal.
Acta de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 18 de enero de 1996 que contiene la designación del doctor H.A.,
Acta de posesión del cargo,
Derecho de petición elevado a la Directora Ejecutiva,
Resolución 2463 de 25 de septiembre de 1999, de la Directora Ejecutiva de Administración Judicial.
Resolución 2764 de 28 de octubre de 1999 que no repuso la anterior.
El 8 de noviembre de 1999, el Juzgado 4° Laboral del Circuito de S. de Bogotá, negó por improcedente la acción de tutela. Indica el Juzgado que hay otro medio judicial para reclamar y que "Agréguese a lo dicho que del análisis realizado al escrito de tutela y del material demostrativo recaudado se deduce que con ocasión de esta acción de amparo nada se dijo en relación con el tema del mínimo vital del actor, por obvias razones, por la dignidad del cargo que viene ocupando el accionante".
El doctor H.J.A., Abogado Asistente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desempeña un cargo que se asimila al de Magistrado de Tribunal Superior (Acuerdo 169 de 1995 del Consejo Superior de la Judicatura), luego, en principio, tendría los mismos derechos a remuneración de dichos Magistrados (Además, expresamente el Acuerdo 01/93 señaló la equivalencia del régimen salarial). Hasta agosto de 1999 recibió igual salario al de los Magistrados de Tribunal y Magistrados Auxiliares, pero a partir de septiembre no se le reconoció la bonificación que se estableció mediante decreto 664 de 1999 y por tal razón instauró la tutela, considerando que en su caso se incurrió en una desigualdad salarial.
En numerosas oportunidades la Corte Constitucional se ha referido al tema del salario. En la sentencia T-102/95 se ordenó reajustar salarios de unos trabajadores en un equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para el año inmediatamente anterior a aquél en que se vaya a efectuar el reajuste; la sentencia caracterizó al salario como una deuda de valor, es decir que el salario encuentra su explicación en el principio valorativo, "Por ello el salario se debe traducir en un valor adquisitivo. Y si este desminuye, hay lugar a soluciones jurídicas para readquirir el equilibrio perdido".
Otro fallo muy importante es el SU-995/99. Integró el Convenio 95 de la OIT, referente al salario, en el bloque de constitucionalidad y consideró que la voz "salario" para la protección judicial a su pago cumplido, debe entenderse en todas las cantidades que tienen origen en la relación laboral y constituyen remuneración (primas, vacaciones, cesantías, horas extras). Adopta esta posición como reflejo de una concepción garantista. En España, en el Estatuto de los trabajadores, artículo 28, se establece: "El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor el mismo salario, tanto por salario base como por los complementos salariales, sin discriminación alguna por razón de sexo."
La inquietud que surge en el presente caso es si un Abogado Asistente de la Sala de Casación Penal, debe recibir el mismo salario de un Magistrado de Tribunal o de un Magistrado Auxiliar.
Que mediante tutela se pueda, en ocasiones, lograr un reajuste salarial se reconoció en la T-102/95. Además, en el fallo T-345/98, se habló del derecho a la igualdad salarial y a la acción positiva, de la siguiente manera: "...entre los empleados de la Secretaría de Educación se encontraban varios grupos de servidores públicos que venían siendo discriminados, y el deber de las autoridades distritales se extendía entonces a la puesta en marcha de una acción positiva, de una actuación especialmente favorable para los grupos hasta ahora discriminados...". En lo referente al derecho a la igualdad material ante la ley, la T-346/98, indicó: "Es relevante a nivel constitucional esta cuestión, porque si bién el derecho a la prima técnica es de origen legal, el derecho de todos sus titulares a ser tratados de forma igual en la cancelación de la obligación, es de origen constitucional y tiene la categoría de fundamental".
Por supuesto que la eficacia y la eficiencia son determinantes en este tema de la igualdad. En la T-143/95 se dijo sobre la eficiencia como elemento para apreciar en el principio de igualdad salarial:
En el caso de la presente tutela el problema radica en que el doctor H.A. no reúne aún, uno los requisitos que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia exige para su Magistrado de Tribunal Superior (8 años de experiencia profesional) y que la bonificación establecida en septiembre de 1999 no cobija a quienes no llenen tales requisitos. Surge entonces la pregunta: es factible que una norma establezca una diferenciación salarial entre quienes reúnen los requisitos para un puesto público y quienes no lo reúnen ?
Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades, de trato en el empleo y la ocupación;
Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el miembro interesado, previa consulta con las organizaciones representativas, de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan , y con otros organismos apropiados
Puede haber distinción de trato, al tenor del Convenio 111 de la OIT, pero esa distinción tiene que ser razonable y aparecer en norma válida, que solo vale hacia el futuro. Luego no se puede aplicar a situaciones acontecidas antes de la expedición de la norma.
"En los contratos administrativos se habla de la honesta equivalencia, buscándose en lo posible la igualdad entre las ventajas acordadas al concesionario y las cargas que se le imponen".La idea de la honesta equivalencia fue expuesta en Francia en 1910 por León Blum. Ver R.E.G.. "Distribución de los riesgos en la contratación administrativa" En desarrollo de ese principio el artículo 5º de la ley 80 de 1993 estableció que los contratistas "tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada ya que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato"El mismo concepto ha sido adoptado bajo la denominación ajuste por inflación, en materia tributaria y financiera.. Si esto se predica de materias sujetas a la autonomía contractual, con mayor razón debe mantenerse una honesta equivalencia, o justicia conmutativa, cuando se trata nada más y nada menos que de uno de los elementos integrantes del trabajo: el salario, puesto que el principio de la conmutatividad da vía a la cláusula REBUS SIC STANTIBUSREBUS SIC STANTIBUS: En tal situación. Condensa una doctrina alemana de mediados del siglo XIX contraria al principio PACTA SUNT SERVANDA..
En el derecho Anglosajón a pesar de la fuerte presencia de la autonomía de la voluntad, de la cual se desprende el concepto de que los desequilibrios no son suficientes para conducir a la invalidación de los contratos,Ver la compilación Restatemente Second on contracts, sección 208, comentarios C- y D-. sin embargo, a través de la jurisprudencia se reconoceIbidem, secciones 208 y 364. que hay contrato irrazonable cuando concurren la enorme diferencia en el poder de negociación y el grosero desequilibrio de las prestaciones; caso en el cual es válida la revisión de los contratos.Ver los siguientes casos: N.J.S., "E.D., Inc. v. J.", Nj, t. 50, p. 72; N.J.D.C., "T. v.W.", "NJ Sup", t. 113, p. 452; L., Unconscionability and the Code, en "University of Passadena Law Review", t. 115, p. 485-487.
Lo que no se puede hacer es darle efecto retroactivo a un señalamiento de adicionales requisitos porque en materia laboral la retrospectividad solo cabe para normas favorables al trabajador y no para normas restrictivas. La Corte ha dicho en la T-01/99 (M.P.J.G.H., que el alcance del principio de favorabilidad, en la Constitución se entiende como "...situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho...". Según dicho fallo:
Para el caso de esta tutela, es la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270/96, la que fija los requisitos para ser Magistrado y dicha ley principió a regir el 15 de marzo de 1996, luego no se aplica para las situaciones anteriores a tal fecha como es el caso del doctor H.J.A.G.. Según el artículo 128 de dicha ley para ser Magistrado de Tribunal se requiere "tener experiencia profesional por lapso no inferior a ocho años". Esa es la norma posterior a la Constitución de 1991. Claro que en la misma Ley 270 de 1996 se señaló en el artículo 85 numeral 9º, como función de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura "señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley" luego es valido, por ejemplo, que el Consejo Superior de la Judicatura con posterioridad a la Ley 270 de 1996, explique la "experiencia profesional" y señale equivalencias, pero, se repite, estas disposiciones rigen para el futuro no para situaciones jurídicas consolidadas.
Antes de la vigencia de la Constitución de 1991, se predicaba respecto a los Magistrados de Tribunal (y cargos equivalentes) el artículo 155 de la anterior Constitución:
"Artículo 155. Para ser Magistrado de los Tribunales Superiores se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado titulado, tener más de treinta años de edad y, además, haber desempeñado en propiedad, por un período no menor de cuatro años, alguno de los cargos de Magistrado de Tribunal de Distrito, J. Superior o de Circuito, J. especializado de igual o superior categoría, Fiscal de Tribunal o Juzgado Superior, o Magistrado de Tribunal Administrativo; o haber ejercido durante cinco años por lo menos, la abogacía con buen crédito, o enseñado Derecho en un establecimiento público durante el mismo tiempo (Artículo 2º del Acto Legislativo Nº 1 de 1947)."
En uno de los Actos Administrativos que negaron la bonificación al doctor A. se cita el Acuerdo 052 de 1994, del Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, el cual en su artículo 2º señaló requisitos para concursar al cargo de Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial y de lo Contencioso-Administrativo, lo hizo de la siguiente manera:
Tener definida la situación Militar, para varones.
Tener título de Abogado otorgado por Universidad reconocida oficialmente.
No haber sido excluido de la profesión de Abogado o suspendido en su ejercicio por término superior a tres (3) meses continuos o discontinuos dentro de los cinco (5) años anteriores.
No haber sido destituido de cargo público, suspendido en su desempeño por tercera vez, dentro de los cinco años anteriores.
No encontrarse dentro de las causales constitucionales o legales de inhabilidad o incompatibilidad.
Acreditar experiencia profesional por lapso no menor de ocho (8) años.
La experiencia mínima exigida para los cargos en concurso deberá ser adquirida con posterioridad al título de Abogado.
Este Acuerdo 52 de 1994, en primer lugar es anterior al artículo 85 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, y, en segundo lugar, tuvo por objetivo convocar un concurso de méritos para conformar el Registro Nacional de Elegibles para esos dos cargos de Magistrado de Tribunal Superior y de lo Contencioso-Administrativo; no de Magistrado Auxiliar ni para Abogados Asistentes, en este caso particular de la Corte Suprema de Justicia, porque sencillamente éstos no ingresan por concurso, son de libre nombramiento y remoción, no tienen que estar en lista de elegibles, luego la Directora Ejecutiva de la Administración Judicial se equivocó al invocar dicho Acuerdo como aplicable a Magistrados Auxiliares o Abogado Asistente de la Corte Suprema de Justicia, y, con base en esta equivocación negarle la bonificación al doctor H.J.A..
La Corporación ha reconocido que el principio a salario igual trabajo igual tiene rango constitucional, pero ha dicho que los reajustes (salarial y pensional) con motivo de la aplicación del principio de igualdad corresponde hacerlos a otra jurisdicción, diferente a la constitucional, aunque cabe la tutela como mecanismo transitorio siempre y cuando haya un perjuicio irremediable.
De acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 86 del Estatuto Superior, la tutela presenta como características fundamentales la de ser un mecanismo inmediato o directo para la debida protección del derecho constitucional fundamental violado; y la de ser subsidiaria, esto es, que su implementación solamente resulta procedente a falta de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediableCfr. Corte Constitucional. Sentencias Nos. T-001/92, T-003/92, T-007/92 y T-404/92, entre otras..
Y sobre el perjuicio irremediable en la T-225/93 M.P.V.N.M.. se precisó:
Es indudable que en el caso del doctor H.A. el perjuicio ha sucedido porque a sus similares se les pagó la bonificación y a él no; que hay apremio para solucionar la discriminación porque el orden justo ha sido afectado y esto implica un pronto remedio, luego se dan tres de los cuatro requisitos para el perjuicio irremediable. Quedaría por averiguar si un funcionario que recibe un salario relativamente alto, está en situación grave cuando no se le reconoce una bonificación. Se responde así: como lo dijo la Corte el perjuicio también puede ser moral, o sea, el perjuicio irremediable no se mide solamente por la cantidad de dinero recibido. Hay otros factores como la dignidad, puesto que "las personas trabajan fundamentalmente para tener unos ingresos que les permita vivir en condiciones humanas y dignas" (T-102/95). Inclusive, tratándose de algo tangible como es el mínimo vital, se dijo en la SU-995/99:
"[Los incrementos salariales, que en cualquier momento y de acuerdo con distintos criterios puede fijar el Gobierno] pueden tornarse útiles o indispensables para atender a las necesidades de los trabajadores, golpeados por el proceso inflacionario, o para restablecer condiciones económicas de equilibrio en áreas de la gestión pública en las que ellas se hayan roto por diversas razones" Corte Constitucional Sentencia C-710 de 1999. M.P.J.G.H.G...
Que esta valoración cualitativa está íntimamente ligada a la dignidad humana, es la proyección actual de la jurisprudencia. Veamos:
En la T-790/98 (M.P.A.B.S.) se desarrolló el concepto de que el derecho al trabajo debe ir acompañado de condiciones dignas y justas, al ubicar la dignidad como parámetro básico del derecho al trabajo.
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 8 de noviembre de 1999 por el Juzgado 4º Laboral de S. de Bogotá y en su lugar CONCEDER la tutela como mecanismo transitorio en el sentido de ORDENAR que a partir del presente mes de abril del 2000 y en adelante se incluya dentro de la retribución mensual del doctor H.J.A. la suma correspondiente a la bonificación por compensación; con la condición de que dentro del término de cuatro meses a partir del presente fallo el peticionario inicie la correspondiente acción contencioso-administrativa, si es que aún no lo ha hecho.
Sentencia nº 25000-23-25-000-2000-03177-01(4591-04) de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 2 de Febrero de 2006
Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº de 10 de Diciembre de 2012