Source: https://es.scribd.com/doc/207859135/Ley-Nacional-Salud-Mental-26657-pdf
Timestamp: 2016-02-06 18:51:40
Document Index: 299260290

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 16', 'artículo 34', 'artículo 38', 'artículo 30', 'artículo 152', 'Artículo 152', 'artículo 144', 'artículo 482', 'Artículo 482']

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f) Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. Derechos de las personas con padecimiento mental
ARTICULO 7° — El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos: a) Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada.
ARTICULO 4° — Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental.
Capítulo IV. a acceder a sus antecedentes familiares. Ambito de aplicación
ARTICULO 6° — Los servicios y efectores de salud públicos y privados. ARTICULO 5° — La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad. a partir del acceso gratuito. lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado. otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe. cualquiera sea la forma jurídica que tengan. fichas e historias clínicas. legales e ilegales. promoviendo la integración familiar. d) Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente. su genealogía y su historia. igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios. h) Derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada. c) Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. g) Derecho del asistido. e) Derecho a ser acompañado antes.
Capítulo III. un familiar.•
d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. deben adecuarse a los principios establecidos en la presente ley. que menos restrinja sus derechos y libertades. con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud. su abogado. Las personas con uso problemático de drogas. o allegado que éste designe. tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. laboral y comunitaria. sus grupos de pertenencia. b) Derecho a conocer y preservar su identidad. durante y luego del tratamiento por sus familiares. las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión.
i) Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Se orientará al reforzamiento. basado en los principios de la atención primaria de la salud. j) Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten.
. técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. obras o servicios que luego sean comercializados. ARTICULO 9° — El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial. terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. enfermería. ARTICULO 10. Modalidad de abordaje
ARTICULO 8° — Debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. p) Derecho a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar de actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios. l) Derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad. que impliquen producción de objetos. restitución o promoción de los lazos sociales. trabajo social. k) Derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación. — Por principio rige el consentimiento informado para todo tipo de intervenciones. tutores o representantes legales. según las normas del consentimiento informado. con las únicas excepciones y garantías establecidas en la presente ley. siendo reconocido siempre como sujeto de derecho. n) Derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable. m) Derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente.
Capítulo V. o) Derecho a no ser sometido a trabajos forzados. incluyendo las alternativas para su atención. que en el caso de no ser comprendidas por el paciente se comunicarán a los familiares. Se incluyen las áreas de psicología. psiquiatría. y de todo lo inherente a su salud y tratamiento.
ARTICULO 14. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de su salud integral.
Capítulo VI. centros de capacitación socio-laboral. comunitario o social.
. o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. en coordinación con las áreas de educación. hospitales de día. — La prescripción de medicación sólo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias. — Los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones. desarrollo social. para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes. así como otras prestaciones tales como casas de convivencia. contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares. Del equipo interdisciplinario
ARTICULO 13. salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente. servicios para la promoción y prevención en salud mental. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda. trabajo y otras que correspondan. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. implementen acciones de inclusión social. — La internación debe ser lo más breve posible. en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. por conveniencia de terceros. y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar. allegados y con el entorno laboral y social. — La Autoridad de Aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción. La indicación y renovación de prescripción de medicamentos sólo puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática.
Capítulo VII. — La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo. atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos. laboral y de atención en salud mental comunitaria. emprendimientos sociales. cooperativas de trabajo. debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental. ARTICULO 12. Debe promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco de abordajes interdisciplinarios. ARTICULO 15. para lo cual se deben desarrollar políticas específicas.ARTICULO 11. servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional. hogares y familias sustitutas.
— En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese su identidad. comunicando dicha situación al órgano de revisión creado por esta ley. — La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios. En todos los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por más de SESENTA (60) días corridos. debe realizar las averiguaciones tendientes a conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que la persona tuviese o indicase. y sólo
. si la internación continúa teniendo carácter voluntario o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria. debidamente comprobado por autoridad judicial. con los requisitos y garantías establecidos para esta última situación. — El consentimiento obtenido o mantenido con dolo. en colaboración con los organismos públicos que correspondan. o el incumplimiento de la obligación de informar establecida en los capítulos VII y VIII de la presente ley. dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas. En caso de que la prolongación de la internación fuese por problemáticas de orden social. uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra. ARTICULO 19. c) Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda. harán pasible al profesional responsable y al director de la institución de las acciones civiles y penales que correspondan. el juez deberá ordenar al órgano administrativo correspondiente la inclusión en programas sociales y dispositivos específicos y la externación a la mayor brevedad posible. con la firma de al menos dos profesionales del servicio asistencial donde se realice la internación. debe cumplir con los siguientes requisitos:
Sólo se considera válido el consentimiento cuando se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación. ya sea por el estado de salud de la persona o por efecto de los medicamentos o terapéuticas aplicadas. o esclarecer su identidad. El juez debe evaluar. ARTICULO 17. en un plazo no mayor de CINCO (5) días de ser notificado. La institución debe brindar colaboración a los requerimientos de información que solicite el órgano de revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley. ARTICULO 18. diagnóstico interdisciplinario e integral y motivos que justifican la internación. y se considerará invalidado si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde. la institución que realiza la internación.ARTICULO 16. b) Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y el entorno familiar. a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible. ARTICULO 20. — La persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión creado en el artículo 38 y al juez. En tal caso deberá procederse como si se tratase de una internación involuntaria. — Toda disposición de internación.
externación o permisos de salida son facultad del equipo de salud que no requiere autorización del juez. c) Denegar. — La internación involuntaria debidamente fundada debe notificarse obligatoriamente en un plazo de DIEZ (10) horas al juez competente y al órgano de revisión. debe hacerse constar:
a) Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley. que no tengan relación de parentesco. b) Requerir informes ampliatorios de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos. El mismo deberá ser informado si se tratase de una internación involuntaria. debiendo agregarse a las CUARENTA Y OCHO (48) horas como máximo todas las constancias previstas en el artículo 20. ARTICULO 23. El defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento. El equipo de salud está obligado a externar a la persona o transformar la internación en voluntaria. El juzgado deberá permitir al defensor el control de las actuaciones en todo momento. el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. amistad o vínculos económicos con la persona. ARTICULO 22. b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento. El juez en un plazo máximo de TRES (3) días corridos de notificado debe:
a) Autorizar. en cuyo caso debe asegurar la externación de forma inmediata. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo. Si no lo hiciera.
ARTICULO 21. el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla. siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento. con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas. tiene derecho a designar un abogado.podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 20. c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera. uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra. tendientes a evaluar si existen los supuestos necesarios que justifiquen la medida extrema de la internación involuntaria y/o. — El alta. Para que proceda la internación involuntaria. cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 16 apenas cesa la situación de riesgo cierto e
. o voluntaria ya informada en los términos de los artículos 18 ó 26 de la presente ley. — La persona internada involuntariamente o su representante legal. en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria. además de los requisitos comunes a toda internación.
— Habiendo autorizado la internación involuntaria. ARTICULO 26. La sola comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo de salud de tal responsabilidad si la situación irregular persistiera. por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos.592. el juez debe solicitar informes con una periodicidad no mayor a TREINTA (30) días corridos a fin de reevaluar si persisten las razones para la continuidad de dicha medida. Dicho procedimiento se
. sobre cualquier sospecha de irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a personas bajo tratamiento o limitación indebida de su autonomía. — Transcurridos los primeros SIETE (7) días en el caso de internaciones involuntarias. 22. los integrantes. — A los efectos de garantizar los derechos humanos de las personas en su relación con los servicios de salud mental. las internaciones realizadas en el marco de lo previsto en el artículo 34 del Código Penal. y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente. ARTICULO 25. Queda exceptuado de lo dispuesto en el presente artículo. el juez deberá pedir al órgano de revisión que designe un equipo interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos. ya sea ambulatoria o en internación. 23. dará parte al órgano de revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley.inminente. y podrá en cualquier momento disponer su inmediata externación. En el caso de niños. — En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces. En caso de diferencia de criterio. El rechazo de la atención de pacientes. — Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. ARTICULO 27. el juez. — Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios. a fin de obtener una nueva evaluación. además se procederá de acuerdo a la normativa nacional e internacional de protección integral de derechos. niñas y adolescentes. neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes. A tal efecto los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. ARTICULO 24. será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23. Si transcurridos los primeros NOVENTA (90) días y luego del tercer informe continuase la internación involuntaria. 24 y 25 de la presente ley. 21. optará siempre por la que menos restrinja la libertad de la persona internada. ARTICULO 29. públicos o privados. se debe proceder de acuerdo a lo establecido por los artículos 20. ARTICULO 28. profesionales y no profesionales del equipo de salud son responsables de informar al órgano de revisión creado por la presente ley y al juez competente.
para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde con los principios.
Capítulo IX. en particular para los que se desempeñen en servicios públicos de salud mental en todo el país. debe promover espacios de capacitación y actualización para profesionales. la que debe establecer las bases para un Plan Nacional de Salud Mental acorde a los principios establecidos. — En forma progresiva y en un plazo no mayor a TRES (3) años a partir de la sanción de la presente ley.
Capítulo VIII. ARTICULO 33. ARTICULO 32. Tanto el servicio o institución de procedencia como el servicio o institución de destino. dentro de un lapso de NOVENTA (90) días de la sanción de la presente ley. Autoridad de Aplicación
ARTICULO 31. en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones. Si se trata de derivaciones con internación. Derivaciones
ARTICULO 30. debe procederse del modo establecido en el Capítulo VII de la presente ley. y al momento del ingreso de cada uno de los trabajadores al sistema. ARTICULO 34. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio. cuando no hubiese consentimiento de la persona. — La Autoridad de Aplicación debe desarrollar recomendaciones dirigidas a las universidades públicas y privadas.podrá realizar bajo reserva de identidad y contará con las garantías debidas del resguardo a su fuente laboral y no será considerado como violación al secreto profesional. — La Autoridad de Aplicación debe promover. — Las derivaciones para tratamientos ambulatorios o de internación que se realicen fuera del ámbito comunitario donde vive la persona sólo corresponden si se realizan a lugares donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar. Asimismo. políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente ley. a partir del área específica que designe o cree a tal efecto. Debe promoverse la difusión y el conocimiento de los principios. haciendo especial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados internacionales en derechos humanos y salud mental. Los traslados deben efectuarse con acompañante del entorno familiar o afectivo de la persona. derechos y garantías reconocidos y las responsabilidades establecidas en la presente ley a todos los integrantes de los equipos de salud. el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10 %) del presupuesto total de salud. — El Ministerio de Salud de la Nación es la Autoridad de Aplicación de la presente ley. están obligados a informar dicha derivación al Organo de Revisión. el desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados.
en un plazo no mayor a los NOVENTA (90) días corridos a partir de la sanción de la presente. tiempo de internación. del Ministerio Público de la Defensa. ARTICULO 36. y otros datos que considere relevantes. Organo de Revisión
ARTICULO 38. de los profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio. b) Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por razones de salud mental. así como todo el desarrollo de la política en salud mental. en coordinación con los ministerios de Educación. existencia o no de consentimiento. Desarrollo Social y Trabajo. debe promover la adecuación de la cobertura en salud mental de las obras sociales a los principios establecidos en la presente ley. — Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos de la sanción de la presente ley.
Capítulo X. situación social y familiar. ARTICULO 40. Dicho censo debe reiterarse con una periodicidad máxima de DOS (2) años y se debe promover la participación y colaboración de las jurisdicciones para su realización. — La Autoridad de Aplicación.ARTICULO 35. — Son funciones del Organo de Revisión: a) Requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos. Empleo y Seguridad Social. discriminando datos personales. deberá contener mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria. sexo. Dichos planes. y estará integrado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación. — La Autoridad de Aplicación. debe desarrollar planes de prevención en salud mental y planes específicos de inserción socio-laboral para personas con padecimiento mental. de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. situación judicial.
. ARTICULO 39. de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud. ARTICULO 37. la Autoridad de Aplicación debe realizar un censo nacional en todos los centros de internación en salud mental del ámbito público y privado para relevar la situación de las personas internadas. en coordinación con la Superintendencia de Servicios de Salud. en particular de organizaciones de usuarios y familiares de los servicios de salud mental. — El Organo de Revisión debe ser multidisciplinario. — Créase en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa el Organo de Revisión con el objeto de proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. en el ámbito público y privado.
h) Realizar recomendaciones a la Autoridad de Aplicación. económica y financiera de la Nación para la implementación de la presente ley. sosteniendo espacios de intercambio. c) Asesoramiento para la creación en cada una de las jurisdicciones de áreas específicas para la aplicación de políticas de salud mental. b) Cooperación para la realización de programas de capacitación permanente de los equipos de salud. g) Hacer presentaciones ante el Consejo de la Magistratura o el Organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la conducta de los jueces en las situaciones en que hubiera irregularidades. Dichos convenios incluirán:
a) Cooperación técnica. pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de irregularidades y eventualmente.
.c) Evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario. con participación de las universidades. j) Promover y colaborar para la creación de órganos de revisión en cada una de las jurisdicciones. d) Controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la presente ley.
Capítulo XI. apelar las decisiones del juez. en particular en lo atinente al resguardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental. e) Informar a la Autoridad de Aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes. k) Controlar el cumplimiento de la presente ley. las que actuarán en coordinación con la Autoridad de Aplicación nacional de la presente ley. a efectos del cumplimiento eficiente de sus funciones. Convenios de cooperación con las provincias
ARTICULO 41. i) Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a garantizar los derechos humanos. l) Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas en procesos de declaración de inhabilidad y durante la vigencia de dichas sentencias. — El Estado nacional debe promover convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo de acciones conjuntas tendientes a implementar los principios expuestos en la presente ley. capacitación y coordinación. f) Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares.
procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible.
. C. COBOS.914. Estrada. — Derógase la Ley 22. ARTICULO 43. previa información sumaria. — REGISTRADA BAJO EL Nº 26. que requieran asistencia en establecimientos adecuados aunque no justifiquen la declaración de incapacidad o inhabilidad. Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. FELLNER. A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AñO DOS MIL DIEZ. — Enrique Hidalgo. — Incorpórase como artículo 152 ter del Código Civil: Artículo 152 ter: Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. EN BUENOS AIRES. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Disposiciones complementarias
SALUD PUBLICA Decreto 1855/2010 Promúlgase la Ley Nº 26.657 — JULIO C. ARTICULO 46. No podrán extenderse por más de TRES (3) años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan. A pedido de las personas enumeradas en el artículo 144 el juez podrá. — Juan H. — La presente ley es de orden público. disponer la evaluación de un equipo interdisciplinario de salud para las personas que se encuentren afectadas de enfermedades mentales y adicciones. ARTICULO 45. — EDUARDO A.Capítulo XII. — Sustitúyese el artículo 482 del Código Civil.657. el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 482: No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones. ARTICULO 44. quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO.
. — Juan L. — Aníbal D. Fernández. comuníquese.657 cúmplase.Bs. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. publíquese. 2/12/2010 POR TANTO: Téngase por Ley de la Nación Nº 26. dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
. As. Manzur.
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