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Timestamp: 2017-07-27 13:09:09
Document Index: 222481865

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 137', 'artículo 84', 'artículo 149', 'artículo 84', 'artículo 160', 'artículo 149', 'artículo 84', 'artículo 7', 'artículo 64', 'artículo 57', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64']

DECRETO LEY 4/2014, de 22 de julio, por el que se establecen medidas urgentes para adaptar los convenios, los acuerdos y los instrumentos de cooperación suscritos entre la Administración de la Generalidad y los entes locales de Cataluña a la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
R Parlamento 775/X de 26 Ago. (validación del DL 4/2014 de 22 Jul., medidas urgentes para adaptar convenios, acuerdos e instrumentos de cooperación suscritos entre Administración y entes locales de Cataluña a disposición adicional) Ocultar / Mostrar comentarios Véase la Res. [CATALUÑA] 775/X del Parlamento de Catalunya, de validación del D. ley 4/2014, 22 julio, por el que se establecen medidas urgentes para adaptar los convenios, los acuerdos y los instrumentos de cooperación suscritos entre la Administración de la Generalidad y los entes locales de Cataluña a la disposición adicional novena de la Ley del Estado 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local («D.O.G.C.» 29 agosto).
Véase la Res. [CATALUÑA] 775/X del Parlamento de Catalunya, de validación del D. ley 4/2014, 22 julio, por el que se establecen medidas urgentes para adaptar los convenios, los acuerdos y los instrumentos de cooperación suscritos entre la Administración de la Generalidad y los entes locales de Cataluña a la disposición adicional novena de la Ley del Estado 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local («D.O.G.C.» 29 agosto).
El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, actúa como garante de la autonomía municipal, de acuerdo con el mandato del artículo 137 de la Constitución, y ordena al legislador -estatal y autonómico, sin distinción- que otorgue competencias propias a los entes locales en las materias que en éste se recogen. Es, pues, el ámbito material indispensable que la Ley 7/1985, de 2 de abril, considera que tiene que prestar el ente local.La aplicación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en Cataluña se tiene que entender favorable a la autonomía local, al bloque constitucional de competencias y a las previsiones del Estatuto de autonomía de Cataluña. En este sentido, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, el artículo 84 del Estatuto de autonomía de Cataluña no desplaza o impide el ejercicio de la competencia estatal en materia de bases de régimen local establecida en el artículo 149.1.18 de la Constitución, de forma que se produce una superposición entre ambas previsiones, la estatal básica y la estatutaria autonómica, lo cual se traduce en la vigencia de lo que establece el artículo 84 del Estatuto de autonomía de Cataluña y de la normativa de despliegue de éste con rango de ley.
Aun así, las modificaciones sustanciales de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, ha incorporado, han motivado la interposición de numerosos recursos de inconstitucionalidad, entre los cuales se encuentra el núm. 2006/2014 presentado por parte de la Generalidad de Cataluña, que manifiesta un escenario que se aparta del respeto constitucional y estatutario por parte de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y una inseguridad en los efectos de esta norma en el ordenamiento jurídico catalán.
Los antecedentes expuestos son necesarios para explicar la finalidad de este Decreto ley en cuanto que hay que regular el procedimiento para adaptar los convenios, los acuerdos y los instrumentos de cooperación a que hace referencia la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, dado que en muchos de estos instrumentos de cooperación, el objeto material son competencias de los entes locales que pueden resultar afectados por los artículos 7, 25 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y las disposiciones adicional decimoquinta y transitorias primera, segunda y tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, entre otros.
III. Este Decreto ley se dicta al amparo del título competencial recogido en el artículo 160 del Estatuto de autonomía de Cataluña, que atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de régimen local, con respecto al principio de autonomía local, de acuerdo con lo que establece el artículo 149.1.18 de la Constitución, para la determinación de las competencias y de las potestades propias de los municipios y de los otros entes locales, en los ámbitos especificados en el artículo 84 del Estatuto de autonomía de Cataluña, así como las relaciones entre las instituciones de la Generalidad y los entes locales.
Esta incertidumbre se ha puesto de manifiesto también en el hecho de que el Gobierno del Estado se vio obligado a hacer públicas algunas notas explicativas sobre la aplicación práctica de la ley. Entre ellas, una nota publicada en fecha 5 de marzo de 2014, en la cual el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hacía mención del régimen de las competencias propias, de la delegación de competencias y del alcance y requisitos previstos en el artículo 7.4. Y también se ha manifestado en una numerosa actividad normativa en el ámbito autonómico, como son el Decreto ley 7/2014, de 20 de mayo, de Andalucía; el Decreto ley 1/2014, de 27 de marzo, de Castilla y León; el Decreto ley 1/2014, de 27 de junio, de Murcia o la Ley 5/2014, de 27 de mayo, de Galicia.
El artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña regula el decreto ley, siendo el que lo caracteriza el hecho de que se trata de una norma que supone una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes por el Parlamento, de forma que su ejercicio resta sometido a la exigencia que concurran un conjunto de requisitos que legitimen esta actuación del Gobierno.
El primer requisito que se exige es la concurrencia del presupuesto que habilita el Gobierno para dictarlo, es decir, que se dé el caso de una necesidad extraordinaria y urgente. El segundo requisito que prevé el Estatuto de autonomía de Cataluña, se refiere al contenido, en el sentido que el decreto ley no puede tener por objeto las materias que, de acuerdo con el citado precepto estatutario, quedan excluidas de este tipo de norma. Y el último requisito se refiere a la exigencia que el decreto ley sea validado expresamente por el Parlamento de Cataluña, si quiere mantener su vigencia más allá de los treinta días subsiguientes a su promulgación.
Este Decreto ley determina como llevar a cabo las previsiones contenidas en la disposición adicional novena de la Ley estatal, respecto de los convenios y acuerdos que afectan al ejercicio de competencias y servicios municipales a los que se refiere esta disposición que haya suscrito la Generalidad de Cataluña con las entidades locales, teniendo en cuenta que a día de hoy, son muchos los instrumentos de esta naturaleza que están pendientes de adaptación.
El Decreto ley articula unos mecanismos concretos y determinados a afrontar, dentro del plazo establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, la preceptiva adaptación de los convenios, los acuerdos y el resto de instrumentos de cooperación, como son la incorporación, mediante adenda, de la cláusula de garantía que dispone el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la emisión de un informe previo a la aprobación de la adenda por parte del departamento competente en materia de tutela financiera de los entes locales o los datos concretos que tienen que figurar en la citada adenda.La situación extraordinaria encuentra su fundamento, también, en el hecho de que las previsiones de las disposiciones que regulan el Decreto ley objeto de informe afectan directamente al ámbito de las finanzas de la Generalidad de Cataluña, en la medida que el objetivo principal de la adenda que se incorpora en el articulado del Decreto ley es contener una cláusula de garantía de cumplimiento de las obligaciones financieras o de compromisos de pago consistente al autorizar la Administración del Estado para aplicar retenciones en las transferencias que le corresponden en Cataluña por aplicación de su sistema de financiación.
El elemento temporal se constituye en un factor clave que justifica el recurso al decreto ley como norma reguladora. En este sentido, la necesaria adaptación de los convenios y acuerdos de cooperación firmados que se hayan suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, viene dada por la misma norma estatal que exige la adaptación antes del 31 de diciembre de 2014. A lo cual se tiene que sumar los efectos inmediatos y graves que se prevén en caso de que no se cumplan las previsiones legales: estos instrumentos de cooperación restarán sin efecto.Precisamente, la necesidad de disponer de una norma que dé respuesta a situaciones críticas y no deseables, sobre todo por la posible afectación negativa que puede tener sobre la prestación de servicios públicos, algunos tan relevantes de naturaleza prestacional como es la salud, la educación o los servicios sociales, provocadas por la pérdida inmediata de eficacia de los instrumentos de cooperación, justifica la aprobación del Decreto ley.
La regulación contenida en este Decreto ley cumple los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad que se exigen para la utilización de este instrumento normativo, previstos en el artículo 64.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña, para establecer las normas necesarias para regular el procedimiento para la adaptación de los convenios, los acuerdos y el resto de instrumentos de cooperación ya suscritos.
Finalmente, desde la perspectiva de los límites materiales que el Gobierno de la Generalidad tiene que respetar a la hora de dictar un decreto ley y que se enumeran en el mismo apartado 1 del artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, restan excluidas como objeto de regulación de este tipo de norma las materias que expresamente se menciona. El hecho de que la materia objeto del Decreto ley sea establecer la adaptación de los convenios, acuerdos y del resto de instrumentos de cooperación ya suscritos entre la Generalidad de Cataluña y las entidades locales permite concluir que, dado que el Decreto ley no incide en las materias mencionadas sino que clarifica un procedimiento para llevar a cabo la aplicación de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, la materia que regula no está incluida entre las vedadas por el artículo 64.1 del Estatuto de autonomía de Cataluña.
La parte dispositiva del Decreto ley consta de cuatro artículos y una disposición final, los cuales regulan el procedimiento para la adaptación de los convenios, acuerdos y otros instrumentos de cooperación suscritos entre la Administración de la Generalidad y los entes locales.
Objeto Este Decreto ley tiene por objeto regular el procedimiento para adaptar los convenios, los acuerdos y el resto de instrumentos de cooperación ya suscritos, en fecha 31 de diciembre de 2013, entre la Administración de la Generalidad y los entes locales de Cataluña, que lleven aparejado cualquier tipo de financiación destinada a satisfacer el ejercicio de competencias delegadas o competencias distintas de las propias y de las delegadas, que prevé la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
Adaptación de convenios, acuerdos y resto de instrumentos de cooperación En ejecución de lo que prevé la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, los convenios, los acuerdos y el resto de instrumentos de cooperación ya suscritos en el momento de la entrada en vigor de aquella norma, entre la Generalidad de Cataluña y los entes locales de Cataluña, que lleven aparejado cualquier tipo de financiación destinada a satisfacer el ejercicio de competencias delegadas o competencias distintas de las propias y de las delegadas, se adaptarán, antes del día 31 de diciembre de 2014, a lo que dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, de la forma en que se establece en los artículos siguientes.
Adaptación de convenios, acuerdos y resto de instrumentos de cooperación en que se financien competencias delegadas.
2. Previamente a la aprobación de esta adenda será preceptivo el informe del departamento de la Generalidad de Cataluña competente en materia de tutela financiera de los entes locales, que solicitará el departamento competente en la materia objeto del convenio, acuerdo o instrumento. Este informe se tiene que emitir en el plazo de 15 días desde la recepción de la solicitud.
3. En el supuesto de que la delegación se hubiera instrumentado mediante norma, con rango de ley o de reglamento, no es de aplicación lo que prevé este Decreto ley.
Adaptación de convenios, acuerdos y resto de instrumentos de cooperación en que se financien competencias distintas de las propias y de las delegadas.
Si el ente local aprecia un riesgo, será preceptivo el informe del departamento de la Generalidad de Cataluña competente en materia de tutela financiera de los entes locales, que solicitará el departamento competente en la materia objeto del convenio, acuerdo o instrumento. Este informe es vinculante y se tiene que emitir en el plazo de 15 días desde la recepción de la solicitud.
Este Decreto ley entra en vigor el día siguiente de haber sido publicado en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.