Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1152-05.htm
Timestamp: 2017-10-23 04:21:18
Document Index: 70627216

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C-1152-05
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 20 del Decreto Ley 1295 de 1994, “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”.
Demandante: Ricardo Alvarez Cubillos.
Bogotá, D. C., once ( 11 ) de noviembre de dos mil cinco ( 2005 ).
Ricardo Alvarez Cubillos, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6 y 241-5 de la Constitución Política, solicita a esta Corporación que declare inconstitucional el artículo 20 del Decreto Ley 1295 de 1994, “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”.
Se transcribe a continuación el texto del artículo 20 del Decreto Ley 1295 de 1994, “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”, tal y como aparece publicado en el Diario Oficial No. 41.405 del 24 de junio de 1994.
El ciudadano Ricardo Alvarez Cubillos solicita a la Corte que declare inconstitucional el artículo 20 del Decreto 1295 de 1994, por considerarlo contrario al artículo 150, numerales 2 y 10 de la Carta Política.
Agrega que con la expedición de la norma acusada, el Gobierno Nacional modificó el artículo 218 del Código Sustantivo del Trabajo, violándose de esta forma el artículo 150-2 superior, por cuanto las facultades le fueron otorgadas “única y exclusivamente para reglamentar la organización de la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales y no para modificar el Código Sustantivo del Trabajo” y, además, “por mandato constitucional, la atribución de modificar los códigos sería de competencia exclusiva del Congreso Nacional”.
En lo que concierne al numeral 10 del artículo 150 de la Carta Política, indica que le fueron otorgadas precisas facultades al Presidente de la República para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales y “no para generar nuevos requisitos para reconocer los derechos prestacionales de los trabajadores que hubiesen sufrido las consecuencias de una enfermedad o de un accidente de trabajo”. Como fundamento de la demanda el actor menciona lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C- 452 de 2002.
En este orden de ideas, la forma de liquidar las prestaciones derivadas del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional, así como el salario de liquidación de las mismas, establecidos en el artículo 218 del C.S.T. rigió para los trabajadores afiliados al Instituto hasta la vigencia del decreto 3170 de 1964. Al respecto concluye el apoderado del ISS: “Por consiguiente se equivoca el demandante cuando reclama su vigencia para los asegurados al sistema de seguridad social integral, propio de la ley 100 de 1993 y de todos los decretos que la reglamentan y complementan”.
Señala que, de conformidad con la Ley 100 de 1993, era necesario que el Decreto Ley estableciera el ingreso base de liquidación para las prestaciones económicas, adaptándolas al sistema de seguridad social integral diseñado por la mencionada ley, ya que el decreto 3170 de 1964 se encontraba desactualizado. Agrega que la norma acusada no creo nuevos requisitos para reconocer un derecho, sino que desarrolla exclusivamente lo relacionado con el ingreso base para liquidar una prestación “aspecto íntimamente relacionado con la forma de administración del sistema”.
Señala que “compete al Congreso tomar la decisión de que una normatividad determinada tenga o no el carácter de Código, en consecuencia, también compete al Congreso hacer que una normatividad que antes pertenecía a un Código ya no lo sea más, es decir, que sólo el Congreso tiene la facultad de descodificación de una norma”. En tal sentido “El mismo Congreso al expedir la Ley 100 de 1993 descodificó lo relacionado con el Régimen de Riesgos Profesionales para consignarlo en la Ley 100 de 1993 sin llegar a convertirlo en un Código nuevamente”.
Agrega que “el artículo 218 del Código Sustantivo del Trabajo se encuentra incólume, porque aquellas innovaciones que trajo el Decreto-Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002, se hace más viable y más claro el ingreso base de liquidación de las prestaciones económicas a los trabajadores, para que exista igualdad de condiciones tanto en el sector público y privado respecto de la normatividad del Sistema General de Riesgos Profesionales”.
Agrega que el Presidente de la República contaba con facultades para expedir la norma acusada por cuanto se trata de un cambio más favorable, que abarca a todos los trabajadores y que se ajusta a la Constitución de 1991. Al respecto trae a colación la sentencia C- 077 de 1997.
En cuanto a la vulneración del artículo 150-10 superior, expresa que este cargo tampoco debe prosperar ya que no se está prohibiendo expedir normas que afecten el contenido de un determinado Código. Expedir un Código resulta ser sustancialmente distinto a modificar un artículo contenido en el mismo. De hecho, el decreto 1295 de 1994 no modificó el Código Sustantivo del Trabajo por cuanto “la Ley 100 de 1993 derogó todas las prestaciones patronales especiales y las convirtió en prestaciones a cargo del sistema incluyendo las que a riesgos profesionales se refieren”.
Analizando la norma en concreto, indica la Vista Fiscal que la norma de facultades extraordinarias en ningún momento hace referencia a la determinación de la base de liquidación para las prestaciones económicas mencionada en la norma demandada. Por el contrario, el precepto se limita a habilitarlo para “organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”. De tal suerte que no competía al Gobierno Nacional regular el ingreso base de liquidación para las prestaciones económicas para accidentes de trabajo y enfermedad profesional, por no estar este aspecto dentro de las facultades a él concedidas en los numerales 2 y 11 del artículo 150 de la Carta Política.
VI. COMPETENCIA Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
De igual manera, en diversas oportunidades[1] la Corte ha considerado que el exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Presidente de la República constituye un vicio de competencia, que se proyecta sobre su contenido material, motivo por el cual es considerado un vicio de fondo no sujeto al término de caducidad de un año para las acciones públicas de inconstitucionalidad por vicios de trámite.
El ciudadano Ricardo Alvarez Cubillos plantea que el Presidente de la República se excedió en el ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas mediante el artículo 139-11 de la Ley 100 de 1993, ya que al establecer el ingreso base para liquidar las prestaciones económicas causadas por accidente de trabajo y enfermedad profesional, vulneró las siguientes disposiciones superiores:
a. El artículo 150-10, ya que le fueron otorgadas precisas facultades al Presidente de la República para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, en tanto que el Gobierno Nacional “introduce un nuevo mecanismo para cancelar el monto de las prestaciones económicas a que pudiera tenerse derecho en el Sistema General de Riesgos Profesionales”.
b. El artículo 150-2, pues modificó el artículo 218 del Código Sustantivo del Trabajo para lo cual carecía de competencia por cuanto las facultades le fueron otorgadas “única y exclusivamente para reglamentar la organización de la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales y no para modificar el Código Sustantivo del Trabajo” y, además, “por mandato constitucional, la atribución de modificar los códigos sería de competencia exclusiva del Congreso Nacional”.
2. Examen de constitucionalidad del artículo 20 del Decreto Ley 1295 de 1994
El ciudadano Ricardo Alvarez Cubillos alega que con la expedición del artículo 20 del decreto 1295 de 1994, mediante el cual se regula el ingreso base para liquidar las prestaciones económicas a que tiene derecho un trabajador por concepto de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el Presidente de la República se excedió en el ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas mediante el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, por cuanto no sólo estableció nuevos requisitos para reconocer los mencionados derechos prestacionales de los trabajadores, sino que, además, modificó algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.
El Ministerio Público, por el contrario, considera que el Presidente de la República se excedió en el ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas mediante el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, por cuanto aquéllas sólo fueron conferidas para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, mas no para regular lo referente a las prestaciones sociales causadas por enfermedad profesional o accidente de trabajo. El concepto se basa en la sentencia C- 452 de 2002.
La Corte considera necesario examinar si, dada la expedición de la Ley 776 de 2002, “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”, el artículo 20 del Decreto Ley 1295 de 1994[2] se encuentra o no vigente.
Como lo señaló esta Corporación en sentencia C- 250 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, debido a que mediante fallo C- 452 de 2002[3], M.P. Jaime Araujo Rentería, se declararon inexequibles varias disposiciones relativas a la organización del Sistema General de Riesgos Profesionales, por exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias, el Congreso de la República expidió la Ley 776 de 2002. No obstante, la mencionada ley no derogó la totalidad del Decreto Ley 1295 de 1994, sino tan sólo algunas de sus disposiciones. Así, el artículo 1º. de la mencionada ley prescribe:
“ARTÍCULO 1o. DERECHO A LAS PRESTACIONES. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la presente ley.” (negrillas agregadas).
Si bien la Ley 776 de 2002 modificó, entre otros aspectos, el monto de la pensión de invalidez derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, tal y como lo señaló la Corte en la sentencia C- 252 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, al igual que aquél de la pensión de sobrevivientes y, así mismo y de manera expresa, modificó los artículos 15, los literales a ) y b ) del artículo 32, 33, y 88 del Decreto Ley 1295 de 1994, también lo es que no se introdujo cambio alguno en el ingreso base de liquidación que servirá para liquidar las prestaciones económicas que se causen por efecto de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional; es decir, el subsidio por incapacidad laboral, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario.
Las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Presidente de la República al Presidente de la República, reguladas por el artículo 150-10 superior, han sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de esta Corporación[4], siempre insistiendo en el carácter excepcional y restrictivo que presentan las mismas, y que sirven de fundamento para su interpretación, en razón a que su otorgamiento conlleva una alteración del reparto de ordinario de competencias normativas entre el Congreso y el Ejecutivo.
Así, las facultades deben ser (i) solicitadas expresamente por el Gobierno Nacional, no pudiendo por tanto el Congreso trasladar por iniciativa propia ninguna de sus funciones legislativas al Presidente de la República[5]; de igual manera, (ii) se debe cumplir con un supuesto de hecho, en el sentido de que la cesión de la potestad legislativa debe tener como motivo la existencia de un presupuesto de hecho habilitante, cual es que “la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje”; (iii) las facultades deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara; (iv) que no se soliciten ni se confieran para expedir códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas y leyes marco y para decretar impuestos, pues para éstos asuntos la competencia es exclusiva y excluyente del Congreso; (v) que las facultades se otorguen con carácter temporal, hasta por el término de seis meses; y, (vi) que las facultades sean precisas.
En cuanto a que las facultades otorgadas al presidente de la República deben ser “precisas”, significa que la ley de delegación debe indicar de manera precisa la materia cuya regulación es cedida. En cuanto al carácter expreso, se refiere a la imposibilidad de que el Presidente asuma competencias que no están establecidas en el texto de la ley de facultades, so pretexto de que éstas se deducen o están insitas, por lo que no puede entenderse que existen facultades implícitas. Por tanto, se encuentran prohibidas las delegaciones de facultades tácitas o en blanco.
Ahora bien, la Corte ha sostenido que el régimen restrictivo del otorgamiento de facultades extraordinarias persigue diversos objetivos constitucionales. Al respecto, recientemente en sentencia C- 734 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil, esta Corporación consideró que tales propósitos son los siguientes:
De igual manera, la Corte ha sido enfática en afirmar que las facultades extraordinarias deben ser precisas, de tal suerte que “al Congreso le asiste la obligación ineludible de establecer en forma clara, cierta, específica y determinable el campo normativo sobre el cual debe actuar el Presidente de la República. Y al Gobierno, la obligación de ejercer la facultad legislativa transitoria dentro de los límites o parámetros fijados en el acto condición que otorga la delegación, debiendo restringir la actividad normativa estrictamente a las materias allí descritas.”[6]. (negrillas no son del texto original)
Además, la Corte en la sentencia C- 895 de 2001 indicó, que “Dichas facultades deben ser precisas, lo que significa que, además de necesarias e indispensables para el logro de determinado fin han de ser puntuales, ciertas, exactas, ejercidas bajo estrictos criterios restrictivos. El requisito de precisión hace imperativo que en la ley de facultades se exprese de manera clara y delimitable el objeto de las mismas. Por tal razón, no se configura el exceso en su uso cuando pueda establecerse una relación directa de índole material entre los temas señalados por el legislador ordinario y las disposiciones que adopte el Jefe de Estado en desarrollo de la excepcional habilitación legislativa”.
Con fundamento en lo anterior, ha considerado la Corte, que el ejercicio del control de constitucionalidad sobre el ejercicio de las facultades extraordinarias, ha descartado una interpretación extensiva o analógica, afirmándose su naturaleza excepcional y restrictiva que elementos que las identifican, labor que debe ser cautelosa para no vaciar de contenido o hacer nugatorio el ejercicio de esa función exceptiva[7].
El anterior requisito fue recordado recientemente en sentencia C-895 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández pues, “según la Corte, el que las facultades deban ser precisas “significa que, además de necesarias e indispensables para el logro de determinado fin han de ser puntuales, ciertas, exactas, ejercidas bajo estrictos criterios restrictivos.” (Subrayado fuera de texto)”[8].
La Corte ha sido enfática en señalar, que la precisión de claridad y especificidad de las facultades extraordinarias, implica que estas no pueden ser vagas e indeterminadas puesto que ello indicaría una habilitación en blanco al Ejecutivo equivalente a una renuncia inaceptable del Congreso a ejercer la función legislativa que el constituyente le ha confiado[9].
4. Análisis de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993
“11. Dictar las normas necesarias para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores”. (negrillas agregadas ).
Con base en esta norma el Gobierno Nacional procedió a expedir el Decreto Ley 1295 de 1994, “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”.
La Corte en la sentencia C- 516 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, consideró que el Sistema de Riesgos Profesionales se caracteriza por los siguientes elementos:
“está compuesto por entidades de carácter público y privado; es administrado por el ISS y otras entidades aseguradoras de vida, debidamente autorizadas; está destinado a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, para lo cual fija las prestaciones económicas y las prestaciones asistenciales a que tienen derecho los trabajadores en uno y otro caso; todos los trabajadores deben estar afiliados, y esa afiliación se hace a través de los empleadores, quienes son los encargados de pagar las cotizaciones respectivas, de acuerdo a la clase de riesgo en que se encuentren.
En relación con el contenido y el alcance de la norma legal habilitante consagrada en el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, la Corte se pronunció en la sentencia C- 452 de 2002[10], M.P. Jaime Araujo Rentería, en los siguientes términos:
Precisamente el legislador ordinario otorgó facultades extraordinarias al ejecutivo para regular lo concerniente a la “administración” del Sistema de Riesgos Profesionales por cuanto dentro del libro III de la ley 100 de 1993 dedicado a regular el Sistema General de Riesgos Profesionales no se trató ningún aspecto relacionado con la administración del sistema y esta es la razón de ser de las facultades; que a diferencia de los otros dos Sub-sistemas, si previó el legislador ordinario lo concerniente a su administración en la forma como quedó expresada al analizar el contexto del término administración para el legislador ordinario en la ley de facultades”.
5. Examen sobre la constitucionalidad del artículo 20 del Decreto Ley 1295 de 1994
“Artículo 20. Ingreso base de liquidación.
Una vez confrontadas la disposición acusada y la norma legal habilitante, teniendo además en cuenta el precedente jurisprudencial sentado en la sentencia C- 452 de 2002[11], M.P. Jaime Araujo Rentería, comparte la Corte el concepto del Ministerio Público, en el sentido de que el Gobierno Nacional, mediante la expedición del artículo 20 del decreto ley 1295 de 1994, se excedió en el ejercicio de las facultades extraordinarias, ya que la delegación legislativa se concedió, de manera precisa y clara, únicamente para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales y no para regular un aspecto diferente como el de carácter sustantivo referente al ingreso base que servirá para liquidar las prestaciones económicas causadas por efectos de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, es decir, el ingreso base que se empleará para efectos de reconocer y cancelar el subsidio por incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario.
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 20 del Decreto Ley 1295 de 1994, “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”.
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA C-1152 DE 2005
El Presidente de la República no excedió las facultades extraordinarias al regular el ingreso base de liquidación para liquidar las prestaciones económicas, en tanto que la determinación de esas prestaciones económicas para accidente de trabajo o para enfermedad profesional hace parte esencial de la organización y “administración” del Sistema General de Riesgos Profesionales. Administrar el Sistema General de Riesgos Profesionales requiere que “normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de enfermedades y accidentes” tal y como se indica expresamente en el art. 139-11 de la ley 100, la norma habilitante, y en este orden de ideas precisar un concepto como el ingreso base de liquidación para poder reconocer prestaciones económicas por accidentes y enfermedades es perfectamente compatible con las relaciones que debe existir entre ley habilitante y Decreto ley.
La relación entre ley de facultades extraordinarias y decretos leyes no es, no puede ser, igual a la que se establece entre ley y decretos reglamentarios en tanto que el decreto ley no se limita a “desarrollar” la ley de facultades extraordinarias se trata de una potestad legislativa que tiene un límite de contenido expresado en la ley pero que no tiene como cometido implementar o hacer efectivo un mandato legal a la manera de los decretos reglamentarios.
La sentencia acoge el cargo según el cual con la expedición del artículo 20 del decreto 1295 de 1994, mediante el cual se regula el ingreso base para liquidar las prestaciones económicas a que tiene derecho un trabajador por concepto de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el Presidente de la República se excedió en el ejercicio de las facultades extraordinarias que fueron conferidas mediante el numeral 11 del art. 139 de la ley 100 de 1993 para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
“Artículo 20 Ingreso base de liquidación.
Administrar el Sistema General de Riesgos Profesionales requiere que “normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de enfermedades y accidentes” tal y como se indica expresamente en el art. 139-11 de la ley 100, la norma habilitante, y en este orden de ideas precisar un concepto como el ingreso base de liquidación para poder reconocer prestaciones económicas por accidentes y enfermedades es perfectamente compatible con las relaciones que debe existir entre ley habilitante y Decreto ley.
La Corte fundamenta la inconstitucionalidad en una extralimitación del Presidente en la regulación de una materia que no tiene relación con la delegada en la ley. La argumentación que se plantea se trae a colación el requisito de que la ley de facultades extraordinarias sea expresa y precisa de manera que el decreto ley no puede versar sobre competencias que no están establecidas directamente en el texto de la ley de facultades y que no se puede utilizar la materia delegada como un pretexto para deducir o establecer delegaciones tacitas.
a) No obedece a lógica alguna afirmar que las materias o contenidos de los decretos leyes deben estar “establecidos en el texto de la ley de facultades”. De manera tal que el decreto-ley sólo puede contener temas, instituciones, procedimientos, requisitos que “expresamente” estén escritos en la ley de facultades. Se trataría de un criterio de enunciación exhaustiva y detallada sobre lo que debe contener el decreto ley. Las delegaciones de un tema permiten que se haga una relación de otros asuntos, no expresa y literalmente indicadas en la ley pero entre los cuales existe una relación directa.
c) La precisión de las leyes de facultades extraordinarias impide que haya una delegación tacita, pero esto hay que entenderlo de manera coherente; tacita aquí significa que no pueden crearse decretos leyes que versen sobre contenidos que tengan cualquier tipo de relación con la materia delegada, pero si se permite la delegación tacita, o sobre aspectos no expresamente indicados siempre que en la ley de facultades extraordinarias exista una relación de género o especie, entre ley y Decreto ley. Esto es lo más sensato y ordinario, un tema general se entrega al ejecutivo y este mediante uno o varios decretos leyes desarrolla cada uno de los subtemas que se contienen en el género en que consiste la ley de facultades extraordinarias.
En el caso que nos ocupa no puede exigirse que el texto de la ley 100 art. 139-11 se diga expresamente que “se delega la competencia de establecer el monto del ingreso base de liquidación para liquidar las prestaciones económicas propias del sistema general de riesgos profesionales”. Es una exigencia desproporcionada exigirle al Congreso que en su ley de delegación llegue a extremos de detalle como los que se expresan como reparos de inconstitucionalidad en la sentencia.
Ahora bien no toda relación de conexidad es válida para fundamentar un decreto ley, se requiere que esta relación sea necesaria y que el decreto ley sea consecuencia de la materia delegada. Esto debe determinarse en el caso concreto. La decisión de declarar inconstitucional el decreto ley 1295/94 en su artículo 20 parece estar fundada en una tesis según la cual la delegación contenida en ley de facultades extraordinarias “no puede hacerse a materias o temas, sino a contenidos expresos o literales contenidos en la ley.
Otro aspecto que fundamenta este salvamento de voto es lo relativo a que el contenido del art. 20 decreto ley 1295/94, fue objeto de expresa remisión por el Congreso de la República. En efecto la ley 776 de 2002 se remite al contenido del D-ley 1295/94 y expresamente lo hace “a las prestaciones económicas a las que se refiere el decreto 1295/94” dentro de las que se encuentran el art. 20 demandado. La ley 776 de 2002 modificó algunos aspectos y se remitió en su contenido al decreto ley.
[1]. Ver entre otras, sentencia C- 1177 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C- 734 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[2]. La Corte ha examinado el Decreto Ley 1295 de 1994 en los siguientes fallos: C-046/96; C- 189/96; C- 773/98; C- 331/99; C- 164/00; C-013/02; C- 452/02; C- 453/02; C- 582/02 y C- 250/04
[3].Con salvamentos parciales de voto de los Magistrados Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Manuel José Cepeda Espinosa.
[4]. Entre muchas otras, C- 164/00; C- 271/00; C- 429/00; C- 727/00; C- 1316/00; C- 1493/00; C- 503/01; C- 921/01; C-1252/01; C- 483/03; C- 691/03; C- 306/04 y C- 349/04.
[5]. Sentencia C- 734 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[7] Ver entre otras sentencias la C.306 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[8] Ver sentencia C-097 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[9] Ver sentencias C-097 de 2003 “ “ “ “ “ y C-734 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[10]. Con salvamentos parciales de voto de los Magistrados Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Manuel José Cepeda Espinosa.
[11]. Con salvamentos parciales de voto de los Magistrados Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Manuel José Cepeda Espinosa.