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Timestamp: 2018-09-25 07:53:38
Document Index: 23987318

Matched Legal Cases: ['artículo 265', 'artículo 29', 'artículo 39', 'artículo 8', 'artículo 115', 'artículo 30', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 18', 'artículo 39', 'artículo 12']

﻿ RESOLUCIÓN 1487 DE 2003
RESOLUCIÓN 1487 DE 11 DE MARZO DE 2003
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA ADELANTAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. DEROGA LAS RESOLUCIONES 134 DE 1995 Y 24 DE 1998.
RESOLUCIÓN 1487 DE 2003
“Por la cual se reglamenta el procedimiento para adelantar investigaciones administrativas en el Consejo Nacional Electoral y se derogan las resoluciones 134 de 1995 y 24 de 1998”.
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 265 numeral 5º de la Constitución Política y 39 de la Ley 130 de 1994,
Que el artículo 29 de la Constitución Política determina:
“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias a cada juicio”.
Que el artículo 39 de la Ley 130 de 1994, atribuye a esta corporación la facultad de sancionar con la imposición de multas, a los partidos o movimientos políticos, candidatos y toda persona natural o jurídica, que previa investigación administrativa, se compruebe que ha infringido las disposiciones consagradas en la citada ley.
Se entenderán aplicables a las investigaciones adelantadas por esta corporación las garantías y principios señalados en la Constitución, el Código Contencioso Administrativo, y en la Ley 734 de 2002;
“...La potestad reglamentaria no excluye la facultad que tienen las autoridades que cumplen funciones administrativas para expedir actos de carácter general, los cuales buscan cumplir con las funciones encomendadas por la Constitución y la ley. De ahí que las autoridades tienen una facultad de regulación administrativa subordinada a la ley y a los reglamentos, a través de la cual pueden expedir actos administrativos de carácter general para ejecutar la ley. En efecto, en relación con el artículo 8º de la Resolución 23 de 1996, norma demandada en anterior oportunidad, entre otras, por la misma razón que ahora ocupa la atención de la Sala, esta Sección Quinta dijo:
“... Si el Consejo Nacional Electoral corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre encuestas de opinión política, le corresponde también determinar, prudentemente, los medios adecuados para ejercer esa función, en armonía con las disposiciones de que deriva.
Ahora bien, la potestad de reglamentar la ley es distinta de la facultad de expedir actos administrativos de carácter general. La primera es sólo atribución del Presidente de la República, claro que con la participación del ministro del ramo o del director del departamento administrativo correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución y se ejerce mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes, cuando sea necesario para que las leyes puedan ser ejecutadas; en tanto que, para ejercer determinadas funciones en cumplimiento para expedir actos administrativos de carácter general.
Así pues, el consejo Nacional Electoral no ha hecho más que cumplir su atribución de velar por el cumplimiento de disposiciones sobre encuestas de opinión política, y entre éstas el artículo 30 de la Ley 130 de 1994, y para ello expidió el artículo 8º de la Resolución 23 de 7 de marzo de 1996, que es, ciertamente, un acto de carácter general;
Que en lo no previsto en esta resolución, se aplicarán en lo compatible las normas del Código Contencioso Administrativo, así como las demás garantías consagradas en el régimen disciplinario vigente, en el Procedimiento Civil y en el de Procedimiento Penal;
El Consejo Nacional Electoral en mérito a lo expuesto,
ART. 1º—La presente resolución se aplicará a las investigaciones administrativas que adelante el Consejo Nacional Electoral, tendientes a verificar el estricto cumplimiento de las normas contenidas en la Ley 130 de 1994.
El Consejo Nacional Electoral en observancia de lo anterior, podrá sancionar a los partidos, movimientos, candidatos y a otras personas, según la gravedad de la falta cometida.
ART. 2º—Las actuaciones administrativas sancionatorias materia de esta resolución, se regirán por los principios de legalidad, debido proceso, derecho de defensa, economía procesal, celeridad, eficacia y eficiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo tercero del Código Contencioso Administrativo.
ART. 3º—El Consejo Nacional Electoral iniciará las investigaciones administrativas de oficio, o a solicitud de parte, una vez evaluadas, en cada caso, la seriedad y veracidad de la información, como de la queja presentada por cualquier persona.
ART. 4º—Al presidente del Consejo Nacional Electoral le corresponde repartir los asuntos materia de investigación administrativa, conforme al plan de trabajo y reparto que determine dicha corporación en pleno.
PAR.—En el evento de existir varias quejas o informaciones sobre el mismo asunto, y coincidiendo éstas total o parcialmente, podrá darse acumulación dentro de una sola investigación administrativa, la que adelantará el magistrado sustanciador de acuerdo con el plan de reparto y trabajo.
ART. 5º—El magistrado sustanciador podrá iniciar indagación preliminar, una vez efectuado el reparto. Si existen los suficientes elementos de juicio que permitan identificar al sujeto y la conducta tipificada, presentará dentro de los tres (3) meses siguientes un proyecto de resolución motivada a la Sala mediante el cual se ordenará la apertura de la investigación administrativa.
PAR.—El magistrado sustanciador podrá ordenar la práctica de pruebas que considere pertinentes, dentro de este término, para efectos de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
ART. 6º—El Consejo Nacional Electoral dará por terminada la actuación administrativa y ordenará el archivo del expediente en cualquier etapa del proceso investigativo, en que se compruebe que el hecho objeto de investigación no existió o no está tipificado en la Ley 130 de 1994, que el investigado no lo cometió o por muerte de éste.
ART. 7º—La resolución que ordene la apertura de la investigación administrativa o su archivo, se notificará de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, a aquellas personas que resulten directamente afectadas con tal decisión, y contra la misma no procederá recurso alguno.
ART. 8º—La investigación administrativa deberá adelantarse durante el término de tres (3) meses, prorrogables por tres (3) meses más, según la complejidad de la investigación, contados a partir de la notificación de la resolución de apertura.
En el evento de acumulación por quejas o información posterior, el plazo de la investigación administrativa se podrá ampliar, empezándose a contar nuevamente a partir del auto que ordene la acumulación, en los términos del párrafo anterior.
ART. 9º—Luego de la notificación de la apertura de la investigación y practicadas las pruebas, cuando a ello haya lugar, el expediente regresará al despacho para que el magistrado sustanciador formule, mediante resolución motivada pliego de cargos al investigado o disponga el archivo definitivo de las actuaciones.
ART. 10.—(Modificado).* Cuando obren documentos y pruebas suficientes en el expediente que envía del Fondo nacional de financiación de partidos y campañas electorales al Consejo Nacional Electoral y que permitan la formulación de cargos, la corporación, mediante resolución motivada, evaluará el mérito de las pruebas y podrá en la misma resolución abrir investigación y formular pliego de cargos.
*(Nota: Modificado por la Resolución 3531 de 2008 artículo 1º del Consejo Nacional Electoral)
ART. 11.—La resolución que formule pliego de cargos deberá contener:
1. Breve resumen sobre el hecho u omisión que se investiga por violatorio de las normas electorales.
2. La orden de practicar de pruebas que se consideran conducentes, o la valoración de las mismas, cuando ya obren dentro del expediente.
3. Verificación sobre la existencia de sanciones administrativas anteriores sobre el investigado, impuestas por el Consejo Nacional Electoral.
4. En la parte resolutiva se consignarán los cargos que se le formulen al investigado.
5. Relación de las normas presuntamente violadas.
6. La posible sanción.
ART. 12.—La resolución que formula pliego de cargos deberá ser notificada personalmente al investigado, de conformidad con el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, a partir de la cual, tendrá un término de quince (15) días hábiles para pronunciarse frente a los cargos formulados.
Dentro de este término, el investigado podrá solicitar la práctica de pruebas o aportarlas. De igual manera, podrá acceder al expediente contentivo de la investigación, el que permanecerá durante dicho término a su disposición en la subsecretaría del Consejo Nacional Electoral.
PAR. 1º—La resolución que niega la práctica de pruebas solicitadas, será susceptible del recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación personal, o a la desfijación del edicto.
PAR. 2º—La notificación de los actos que exigen la formalidad del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, se efectuará por conducto de los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores de los diferentes niveles o por los demás funcionarios comisionados para tal efecto. Si no es posible la práctica de la notificación personal se procederá a realizar la notificación por edicto tal como lo señala el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 13.—En todo caso, el magistrado sustanciador podrá decretar la práctica de pruebas de oficio, en cualquier etapa de la investigación administrativa.
Dicho magistrado, también tendrá la facultad de comisionar para la práctica de pruebas.
ART. 14.—El término para la práctica de las pruebas decretadas, de oficio o a solicitud del investigado, no será mayor de treinta (30) días, ni menor de diez (10) días. Los términos inferiores a treinta (30) días podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.
ART. 15.—Si el investigado no presenta por escrito la respuesta a los cargos, la subsecretaría de la corporación deberá dejar constancia en este sentido.
ART. 16.—Una vez practicadas las pruebas, cuando haya lugar a ellas, el expediente pasará al despacho del magistrado sustanciador, quien dispondrá de un término de veinte (20) días hábiles para elaborar el proyecto de resolución.
ART. 17.—La decisión sancionatoria deberá contener por lo menos lo siguiente:
2. Análisis de las pruebas.
3. Análisis de las normas jurídicas vulneradas.
4. Valoración de los descargos y alegaciones presentadas por el investigado.
5. Fundamentación jurídica de la decisión.
6. Criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción.
ART. 18.—Los miembros del Consejo Nacional Electoral tomarán la decisión frente al proyecto de resolución presentado por el magistrado sustanciador. Si la corporación lo aprueba, esta decisión será notificada al investigado, de acuerdo con lo consagrado en el Código Contencioso Administrativo y, será susceptible de recurso de reposición interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
Si el proyecto de resolución presentado por el magistrado sustanciador no es aprobado, el presidente del Consejo Nacional Electoral asignará la elaboración de la nueva ponencia al magistrado que habiendo aprobado la ponencia mayoritaria le siga en orden alfabético, para que elabore el proyecto de fallo conforme a la decisión mayoritaria, el que será presentado en la siguiente sesión.
ART. 19.—La resolución que pone fin al proceso será notificada personalmente al investigado o a su defensor, y será susceptible de recurso de reposición.
ART. 20.—Vencido el término para interponer el recurso de reposición sin que se haya hecho uso de éste, la decisión quedará en firme y agotada la vía gubernativa.
ART. 21.—En el evento de que se interponga recurso de reposición contra el fallo proferido, le corresponderá al magistrado sustanciador del acto que impuso la sanción, proyectar la resolución que decide dicho recurso, para la aprobación de la Sala Plena, en el término de 15 días hábiles prorrogables por otro término igual, en caso de que fuere necesario la práctica de pruebas.
Si el proyecto de fallo fuere desaprobado por la Sala, se procederá conforme al inciso segundo del artículo 18 de esta resolución.
ART. 22.—Contra la resolución que decide el recurso de reposición no procede recurso alguno, quedando la decisión en firme y agotada la vía gubernativa.
ART. 23.—Una vez ejecutoriada la resolución que impone la multa, la subsecretaría del Consejo Nacional Electoral, dentro de los cinco (5) días siguientes, realizará requerimiento escrito al sancionado, para que éste cancele inmediatamente el valor de la sanción impuesta, informándole el destino de la misma.
ART. 24.—Vencido el término otorgado al sancionado en la resolución, sin que se hubiese realizado el pago respectivo, de acuerdo con la certificación expedida por la oficina de pagaduría de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la subsecretaría del Consejo Nacional Electoral remitirá el expediente administrativo a la oficina de cobros coactivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se realice el cobro correspondiente.
ART. 25.—De conformidad con el literal a) del artículo 39 de la Ley 130 de 1994, el Consejo Nacional Electoral durante los primeros quince (15) días de cada año calendario, reglamentará las sumas mínima y máxima dentro de las cuales se impondrán las sanciones de que trata la presente resolución.
ART. 26.—Las multas impuestas por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo con lo establecido en la presente resolución, serán destinadas al Fondo nacional de financiación de partidos y campañas electorales, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 12 de la Ley 130 de 1994.
ART. 27.—Las decisiones tomadas por la corporación dentro del procedimiento señalado en la presente resolución requerirán para su aprobación de las dos terceras partes de sus miembros.
ART. 28.—Para efectos de la legitimación en la causa, por pasiva, los investigados podrán actuar por sí mismos o por conducto de apoderado.
En caso de que la resolución de formulación de cargos no pudiere ser notificada personalmente, el Consejo Nacional Electoral procederá a la designación de apoderados de oficio para que mediante la presentación de los descargos respectivos lleven a cabo la defensa técnica del investigado.
PAR.—Los defensores de oficio a que se refiere este artículo serán integrantes de consultorios jurídicos acreditados por las diferentes facultades de derecho de las universidades del país, previo convenio efectuado entre éstas y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
ART. 29.—Trimestralmente la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, enviará al Consejo Nacional Electoral un informe detallado sobre el recaudo por concepto de las multas por violación de la Ley 130 de 1994.
ART. 30.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga las resoluciones 134 de 1995 y 24 de 1998.