Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-18429-1998-00241-de-enero-26-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_9d22e5c7b7450016e0430a0101510016&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-12-06 17:46:22
Document Index: 257471758

Matched Legal Cases: ['artículo 185', 'artículo 106', 'artículo 171', 'artículo 55', 'artículo 115', 'artículo 362']

﻿ Sentencia 18429 de enero 26 de 2011
SENTENCIA 18429 DE 26 DE ENERO DE 2011
CONTENIDO:LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL CONSTITUYE UN RIESGO PROPIO DE LA ACTIVIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA. SE INDICA QUE LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA CONSTITUYE UN RIESGO PROPIO DE LA ACTIVIDAD QUE DICHOS SERVIDORES PÚBLICOS ORDINARIAMENTE DESPLIEGAN, RIESGO QUE SE CONCRETA, POR VÍA DE EJEMPLO, EN LOS EVENTOS EN LOS CUALES TIENE LUGAR EL DECESO O LA OCURRENCIA DE LESIONES COMO CONSECUENCIA DE COMBATES, EMBOSCADAS, ATAQUES DE GRUPOS SUBVERSIVOS, DESARROLLO DE OPERACIONES DE INTELIGENCIA, ENTRE OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE OPERACIONES O DE MISIONES ORIENTADAS A LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES QUE CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE CONCIERNE PERSEGUIR A LA FUERZA PÚBLICADE ALLÍ QUE CUANDO EL RIESGO SE CONCRETA, AL ESTADO EN PRINCIPIO NO RESULTA JURÍDICAMENTE VIABLE ATRIBUIRLE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL ALGUNA EN SEDE JUDICIAL, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES SE DEMUESTRE QUE LA LESIÓN O LA MUERTE DEVIENEN COMO CONSECUENCIA DEL ACAECIMIENTO DE UNA FALLA EN EL SERVICIO O DE LA MATERIALIZACIÓN DE UN RIESGO EXCEPCIONAL AL CUAL SE HAYA VISTO SOMETIDO EL MILITAR PROFESIONAL AFECTADO, RIESGO DE MAYOR ENTIDAD QUE AQUEL AL CUAL SE HAYAN VISTO EXPUESTOS SUS DEMÁS COMPAÑEROS EN EL DESARROLLO DE LA MISIÓN ENCOMENDADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA VIDA, DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, MUERTE, EXCLUSIÓN DEL RIESGO ASEGURABLE, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, AGENTE DE POLICÍA, ACTIVIDAD PELIGROSA, TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL
Sentencia 18429 de enero 26 de 2011
Rad.: 66001-23-31-000-1998-00241-01(18429)
Dra. Gladys Agudelo Ordoñez
Actor: María Doris Henao y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa- Policía Nacional
Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil once
Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia de 24 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en cuanto en ella se decidió lo siguiente:
“Se deniegan las pretensiones de la demanda (folio 86, cuaderno 5).
1. El 27 de abril de 1998, los actores(1), mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por la muerte violenta del agente Efrén Murillo Rodríguez, en hechos ocurridos el 21 de mayo de 1996, en la Vereda Sirguía Baja, jurisdicción del Municipio de Belén de Umbría, Departamento de Risaralda.
Según los hechos de la demanda, el agente Murillo Rodríguez, quien llevaba 16 años al servicio de la Policía Nacional y al momento de su muerte se desempeñaba como Secretario de la Subestación de Policía del Corregimiento de Santa Ana, Municipio de Guática, Departamento de Risaralda, recibió una comunicación del Comandante del Tercer Distrito de Belén de Umbría mediante la cual se lo convocaba a una reunión de Secretarios que se realizaría en dicho lugar con el Jefe de Asuntos Disciplinarios, el 21 de mayo de 1996.
Manifestaron que el corregimiento de Santa Ana era considerado zona roja, por la presencia activa de grupos subversivos. Señalaron que el 8 de mayo de 1996, un comando perteneciente a la guerrilla asaltó por segunda vez dicho corregimiento, incursión que dejó como resultado un policía y un subversivo muertos y varios insurgentes heridos. Entre los agentes que repelieron el ataque se encontraba Efrén Murillo Rodríguez.
El 21 de mayo de 1996, el citado agente, en cumplimiento de la orden impartida por el Comandante del Tercer Distrito de Belén de Umbría, se desplazó al citado municipio sólo, sin arma de dotación oficial y sin que se le hubiere prestado algún tipo de protección por parte de sus superiores, a pesar de la presencia permanente en la región de grupos subversivos. Después de asistir a dicha reunión, retornó en motocicleta a la Subestación de Policía del Corregimiento de Santa Ana, en compañía del agente Gustavo Ladino, siendo interceptados a la altura de la Vereda Sirguía Baja por cinco integrantes de un grupo subversivo, quienes los asesinaron con arma de fuego.
Tales hechos configuraron una falla en la prestación del servicio imputable a la entidad demandada, por cuanto la “Policía Nacional, Departamento de Policía Risaralda, Distrito de Belén de Umbría le ordenó trasladarse del Corregimiento de Santa Ana —Guática— al Municipio de Belén de Umbría, sin ninguna protección especial, a pesar de la certeza de la presencia de grupos guerrilleros y sin evaluar que 13 días antes, el Agente Murillo junto con otros compañeros había repelido un ataque de la subversión” (folio 20, cuaderno 1).
Aseguraron que, según un informe de la Policía Nacional, el Comandante del Tercer Distrito de Belén de Umbría manifestó que la muerte de los citados agentes obedeció a retaliaciones de la guerrilla por los hechos ocurridos el 7 de mayo de 1996, en el Corregimiento de Santa Ana, jurisdicción del Municipio de Guática. En consecuencia, la entidad demandada deberá responder por los perjuicios causados a los actores con ocasión de la muerte del agente Efrén Murillo Rodríguez (folios 16 a 28, cuaderno 1).
Por concepto de perjuicios morales, los actores solicitaron una suma equivalente, en pesos, a 2000 gramos de oro para cada uno; por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los actores solicitaron las sumas que llegaren a acreditarse de conformidad con las tablas utilizadas por el Consejo de Estado para tal efecto (folio 22, cuaderno 1).
2. Mediante auto de 15 de mayo de 1998, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda y ordenó notificar el auto admisorio a la entidad enjuiciada, la cual se opuso a las pretensiones formuladas por los actores y solicitó la práctica de pruebas (folios 29, 47 a 52, cuaderno 1).
La demandada manifestó que el agente Murillo Rodríguez fue asesinado por grupos subversivos que operaban en la región, situación que configuró una causal de exoneración de responsabilidad como lo es el hecho exclusivo de un tercero. Sostuvo que la Policía Nacional reconoció y pagó a los beneficiarios de la víctima las indemnizaciones por muerte a las que tenían derecho, de tal suerte que no es posible pretender en este caso un nuevo pago (folios 47 a 52, cuaderno 1).
3. Vencido el período probatorio y fracasada la audiencia de conciliación, el 18 de noviembre de 1999 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al representante del Ministerio Público para que rindiera concepto (folios 45, 46, 61, 62, 65, cuaderno 1).
La parte actora solicitó que se acogieran las pretensiones de la demanda, por cuanto las pruebas aportadas al proceso demuestran la responsabilidad de la entidad enjuiciada por la muerte del agente Efrén Murillo Rodríguez (folios 75, 76, cuaderno 1).
La entidad demandada solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda en consideración a que los actores fueron indemnizados con el pago de las prestaciones a las que tenían derecho con ocasión de la muerte del agente Efrén Murillo Rodríguez, de tal suerte que no procede en este caso reconocer nuevamente una indemnización de perjuicios, pues ello implicaría un doble pago por los mismos hechos. Adicionalmente, señaló que el agente fallecido ingresó voluntariamente a prestar servicio a la Institución, razón por la cual estaba en la obligación de asumir los riesgos inherentes a dicha profesión (folios 66 a 74, cuaderno 1).
El Ministerio Público guardó silencio (folio 77, cuaderno 1).
Mediante sentencia de 24 de marzo de 2000, el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda, por estimar que en el sub judice no se configuró falla alguna del servicio, pues se demostró en el plenario que fue el agente asesinado el que omitió las medidas de seguridad del caso, sin dejar de lado el hecho de que la víctima estaba en la obligación de asumir los riesgos propios de su profesión. A juicio del a quo, la víctima murió en ejercicio de funciones propias del cargo y no “aparece en el plenario prueba alguna que pruebe que el daño se produjo por una conducta irregular o ilegal de la administración, o prueba que se presentó “una anormalmente deficiente prestación de un servicio” (folios 78 a 86, cuaderno 5).
El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia anterior a fin de que fuera revocada y se procediera, en su lugar, a dictar sentencia condenatoria, por estimar que de acuerdo con el material probatorio obrante en el proceso, se encontraba acreditada la falla del servicio de la entidad demandada por la muerte del agente de la Policía Nacional Efrén Murillo Rodríguez, pues dicha entidad exigió la presencia de los Secretarios de Policía de cada Comando en el Municipio de Belén de Umbría, obligándolos a desplazarse hasta ese sitio sin contar con medidas de protección, a sabiendas de que en la región operaban grupos insurgentes y que días antes de los hechos había tenido lugar un enfrentamiento militar entre fuerzas del orden y grupos guerrilleros, en el cual participó el agente asesinado repeliendo el ataque de los insurgentes.
Señaló en la alzada, que el hecho de que la víctima haya tenido que desplazarse en bus, vestido de civil y sin arma de dotación alguna, es indicativo de que el agente asesinado se encontraba en condiciones ostensiblemente desiguales frente al ataque de la guerrilla, lo cual evidencia la negligencia de la demandada en el desplazamiento del uniformado, por no haber adoptado medida de seguridad alguna, evidenciándose una clara falla en la prestación del servicio, pues su muerte causó un daño antijurídico a los actores, que no tenían por qué soportar, de tal forma que la entidad enjuiciada deberá responder por los perjuicios que tal hecho produjo a sus seres queridos (folios 88 a 90, cuaderno 5).
III. Trámite de Segunda Instancia
Mediante auto de 5 de mayo de 2000, el Tribunal Administrativo de Risaralda concedió el recurso de apelación formulado por los actores y, mediante auto de 14 de julio siguiente, el recurso fue admitido por el Consejo de Estado (folios 92, 97, cuaderno 5).
El 15 de agosto de 2000, el despacho corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (folios 106, 107, cuaderno 5).
La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio (folio 121, cuaderno 5).
La demandada pidió que se confirmara la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda en consideración a que la muerte del agente Murillo Rodríguez obedeció a la concreción de un riesgo inherente a su profesión. Además, su muerte fue causada por un tercero, configurándose en este caso la presencia de una causa extraña como lo es el hecho exclusivo de un tercero, circunstancia que la exime de responsabilidad por los hechos que se le imputan. Adicionalmente, sostuvo que la Policía Nacional, mediante Resolución 5931 de 4 de diciembre de 1996, modificada por la Resolución 245 de 11 de marzo de 1997, reconoció a los familiares de la víctima, la suma de $ 24’060.758,88, por concepto de indemnización por muerte, así como la suma de $ 16’040.505,92, por concepto de cesantías definitivas y una pensión mensual post-morten de $ 491.076, de lo cual se infiere que los perjuicios causados por la muerte del agente Efrén Murillo Rodríguez ya fueron reparados (folios 101 a 106, cuaderno 5).
Traslado de pruebas.
Además de las pruebas aportadas al plenario, los actores pidieron que se trasladara el proceso administrativo por muerte Nº 0228, adelantado por la Policía Nacional. A su turno, mediante oficio de 7 de septiembre de 1998 (folio 13, cuaderno 2), el Departamento de Policía de Risaralda manifestó que el citado proceso no reposaba en los archivos de la Institución; sin embargo, dicha entidad remitió copias del expediente radicado con el Nº 0227, el cual correspondería al proceso penal adelantado por la muerte del agente Murillo Rodríguez (cuaderno 3). No obstante ello, al examinar el citado expediente, observa la Sala que éste no corresponde a proceso penal alguno, sino al proceso administrativo por muerte que adelantó dicha Institución cuyo traslado solicitó el demandante. En consecuencia, la Sala podrá valorar las pruebas allí contenidas porque obran en copia auténtica, ya que fueron remitidas por el Departamento de Policía de Risaralda mediante oficio remisorio de 7 de septiembre de 1998, además éstas fueron practicadas por la propia entidad demandada.
En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado, en otras ocasiones, que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán ser valoradas en el primer proceso(2). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que en tales casos resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(3).
Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia de 24 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
De acuerdo con el material probatorio válidamente practicado en el proceso, se tiene lo siguiente:
a. El 21 de mayo de 1996 perdió la vida el agente de la Policía Nacional Efrén Murillo Rodríguez. Así lo acreditan el registro civil de defunción proveniente de la Notaría Única del Círculo de Belén de Umbría (folio 6, cuaderno 1), el acta de levantamiento (folio 1, cuaderno 3) y el protocolo de la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, Seccional Risaralda, en la cual se estableció como causa de muerte: “shock neurogénico debido a laceración cerebral, cerebeloso y de tallo cerebral y hemorragia subaracnoidea producidas por proyectil de arma de fuego” (folio 4, cuaderno 3).
De conformidad con lo anterior, no hay duda de que el hecho dañoso del cual se derivan los perjuicios cuya indemnización se solicita, se encuentra debidamente acreditado.
b. En cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodeó la muerte del agente Murillo Rodríguez, obran las siguientes pruebas:
El 18 de mayo de 1996, el Comandante del Tercer Distrito del Municipio de Belén de Umbría, Departamento de Risaralda, dirigió a todas las Unidades de Policía el poligrama Nº 189, en el cual se convocó a los Secretarios del Distrito a una reunión:
“Señores comandantes se servirán ordenar presentación base distrito día 210596 08:00 horas secretarios investigación y disciplina cada unidad fin realizar reunión con jefe asuntos disciplinarios. Deben traer informativos adelantan cada unidad” (folio 127, cuaderno 3).
El 21 de mayo de 1996, el Director Operativo de la Policía Nacional remitió el siguiente informe al Comandante de la Policía de Risaralda:
“A las 12:00 horas, Municipio de Belén de Umbría, fueron muertos los Agentes Murillo Rodríguez Efrén y Ladino Campiño Gustavo Alonso, traje de civil, en servicio, se movilizaban en moto particular, sin armamento. Los policías habían asistido a una reunión sobre “Secretarios de Asuntos Disciplinarios” para corregir fallas en procesos, siendo asesinados cuando regresaban a su sitio de trabajo” (folio 2, cuaderno 3).
A su turno, el Comandante del Tercer Distrito del Municipio de Belén de Umbría, remitió al Comandante del Departamento de Policía de Risaralda, el siguiente informe:
“Comedidamente me permito informar a mi Coronel, que el día de hoy, siendo las 9:30 horas aproximadamente, en la vía que de la Vereda Puente Umbría conduce al Corregimiento de Santa Ana, en el sitio Sirguía Bajo, fueron muertos con arma de fuego los agentes Murillo Rodríguez Efrén (…) adscrito a la Estación de Policía Santa Ana; Agente Ladino Campiño Gustavo (…), adscrito a la Estación de Policía Mistrató.
“Los mencionados se dirigían hacia el Corregimiento de Santa Ana, luego de asistir a reunión programada por la Oficina de Asuntos Disciplinarios del Departamento la cual fue aplazada. Se desplazaban en motocicleta Suzuki FR-80 color rojo, de placa YKA- 82 de propiedad del segundo de los nombrados.
“Luego de recibir la información de que habían dos personas muertas en la mencionada vía, me trasladé hasta el lugar de los hechos a verificar la misma, ya que según información de la Estación de Taparcal, que se habían comunicado con el señor Coronel Perdomo, Comandante del Puesto de mando ubicado en el corregimiento, se me confirmó que al parecer habían sucedido varios disparos y que habían dos sujetos muertos.
“Realicé el desplazamiento con las respectivas medidas de seguridad llegando hasta Puente Umbría en vehículo, y de ahí continuamos a pie con el personal, adoptando las medidas de seguridad correspondientes ya que el sitio es frecuentado por la subversión y podría tratarse de un señuelo para una emboscada. Llegué hasta el lugar de los hechos y allí se encontraba personal del Ejercol, que tenía acordonado el sector, ya que según versiones ellos escucharon varias detonaciones y como se encontraban en la zona procedieron a verificar el origen de las mismas. En el lugar, sobre la vía se halló la motocicleta roja, y en una orilla de la carretera se observaron manchas de sangre que conducían hacia un cafetal; siguiendo las mismas, aproximadamente a quince metros fue hallado el cuerpo del señor agente Ladino Campiño Gustavo Alonso (…) presentaba cuatro impactos con arma de fuego al parecer revólver y pistola, en diferentes partes del cuerpo. El cuerpo del agente Murillo Rodríguez Efrén, se encontraba aproximadamente a 100 metros de la carretera por entre el cafetal, a orillas de la Quebrada Sirguía, quien presentaba nueve impactos con arma de fuego al parecer revólver y pistola, en diferentes partes del cuerpo.
“Analizando el lugar de los hechos (boscoso y propicio para una emboscada) y la situación de orden público que allí se presentaba, se procedió a realizar un croquis con la posición de los cuerpos, el vehículo y una descripción detallada del área, con los medios que tenía a mi alcance. En razón a que los cuerpos sin vida de los policiales llevaban casi cinco horas en dicho lugar, y analizando lo anteriormente expuesto, procedí a levantar los mismos y trasladarlos a la morgue del municipio de Belén de Umbría, donde se realizó el correspondiente levantamiento por parte de la Fiscalía Seccional 32 de esta localidad. Por la premura del procedimiento, por la seguridad del personal y por la carencia de medios, no se tomaron pruebas técnicas en el lugar de los hechos del doble homicidio.
“Los vehículos utilizados para el desplazamiento fueron de servicio particular, ya que la Nissan 22-028 se encuentra fuera de servicio, por tal motivo nos desplazamos con radios portátiles, y debido a la topografía del terreno, se hace muy limitada la comunicación con mucha interferencia, por lo cual se dificultaba la comunicación para cumplir alguna orden de mis superiores. En el lugar se hallaron vainillas de calibre 9 mm. 38 y 32 largo (…).
“Se estableció posteriormente, por versiones de testigos, que se trata efectivamente de una emboscada realizada a los policiales por cinco delincuentes subversivos, que desde tempranas horas se encontraban cerca del lugar de los hechos, en retaliación a los hechos ocurridos el día siete del mes en curso en el Corregimiento de Santa Ana, donde murió un subversivo en la frustrada incursión y según información, de allí trasladaron tres heridos más, de los cuales dos fallecieron posteriormente” (folios 22 a 24, cuaderno 3).
El señor Nelson Henao Vargas rindió declaración en el proceso contencioso administrativo y sostuvo que:
“Se desplazó a la población de Belén de Umbría (…) cuando llegó a un sitio que se llama el tiqueteadero, estaba saliendo la gente despavorida de las casas y había una moto pequeña de color blanca y roja tirada junto al barranco, yo paré y me bajé y pregunté qué pasaba, cuando me dijeron que la guerrilla había matado a dos policías que iban en la moto (…) la gente comentaba ahí que había sido el Comandante Camilo, que por represalia por el ataque guerrillero que había ocurrido 14 días antes en Santa Ana o sea en mayo 7 de 1.996 y que por eso habían asesinado a los agentes de la Policía (…) la guerrilla que había en esos momentos en el tiqueteadero como que era bastante conocida de la gente de ese lugar, lo mismo que los guerrilleros, ya que la mayoría eran de esa zona y la gente comentaba ahí que uno de ellos le decía al Comandante, Comandante ahí vienen dos policías y ahí mismo dizque dio la orden de que dispararan (…) De la presencia guerrillera en la zona de Santa Ana se tuvo conocimiento más o menos en 1986 que hubo una toma guerrillera al Corregimiento de Santa Ana, donde murieron un civil e hirieron a varios, de esa fecha para acá comenzó a hacer presencia guerrillera por esa región de Santa Ana, Travesías, la presencia de ellos era esporádica hasta que se asentó definitivamente en Travesías, conformándose la mayoría de ellos de la misma zona (…) y la presencia de la guerrilla en esa zona siguió latente hasta nuestros días, prueba de ello fue la muerte de Clímaco Navarro, alcalde de este Municipio, en el Corregimiento de Travesías el 25 de mayo de 1997 (…) Yo lo que tengo conocimiento es que el Agente Efrén Murillo después de recibir las órdenes del superior se desplazó en la buseta que sale del corregimiento de Santa Ana hacía la población de Belén, pasando por la zona del conflicto, Travesías, Sirguía, y a la vuelta el Agente Murillo se transportaba en una moto FR 80, color blanca y roja de propiedad del agente Ladino que lo transportaba hasta el Corregimiento de Travesías, por lo que venían solos, no venían acompañados por ninguna patrulla policial, venían en sudaderas y sin armas de dotación (…) (folios 17, 18, cuaderno 2).
En el mismo sentido rindió versión en el proceso la señora Nora de Jesús Hoyos de Cano (folio 19, cuaderno 2).
Por su parte, la señora Aleyda del Socorro Suárez manifestó:
“El Agente Murillo vivió once años en Santa Ana (…) él era el Secretario de Policía de Santa Ana, eso por allá ha sido declarado zona roja, el 7 de mayo mataron al agente Uribe en un enfrentamiento (…) en esos días amenazaban que iban a entrar otra vez, amenazaban también a las señoras de los policías, esto me consta porque yo soy esposa de un agente y a nosotros no nos dejaban salir después de las cinco de la tarde, y nos tocaba ir a dormir en casa diferente, nos tocó pedir posada, esto fue mucho tiempo, entonces el 21 de mayo de 1.996 mandaron al agente Murillo a Belén a una reunión de secretarios, él salió en la buseta de las siete de la mañana (…) él se regresó con el compañero Ladino, él lo traía en la moto como hasta Travesías. Él, armas creo que no llevaba y viajó en la buseta vestido de civil sin la compañía de ningún compañero (…) yo me imagino que iba de civil porque eso era zona roja y además era porque estaba ordenado viajar de civil por seguridad (folio 20, cuaderno 2).
Por despacho comisorio librado al Tribunal Administrativo de Nariño rindió declaración el Teniente Coronel Mariano Jaimes Niño, quien manifestó lo siguiente:
“Yo, para la época me desempeñaba como Comandante Operativo de Risaralda, la actividad que desarrollaba cada policial está basada en su responsabilidad y el personal no debe acatar ninguna orden cuando se encuentre contraviniendo alguna norma o vaya contra su vida. Las medidas preventivas que cada uno debe tener de acuerdo al lugar donde trabaja porque no es lógico que a cada miembro de la Policía se le coloque otros dos policías para que lo cuiden (…) este caso fue algo fortuito, toda vez que el lugar donde sucedieron los hechos existe presencia subversiva y al personal de agentes el Comandante de Distrito de Belén los había solicitado a la Base a una reunión. La decisión que tomaron los policías de coger esa vía fue la de ellos mismos, toda vez que existe otra vía que no tenía peligro. En el momento que llegué al lugar de los hechos fue lo primero que averigüé por qué se habían venido por esta ruta y me manifestaron los demás agentes que lo habían hecho a su voluntad porque es más corto y porque solo también existía información de subversión en forma esporádica. Extrañamente los demás agentes de la Policía de otros municipios cogieron por la vía o ruta que menos peligro ofrecía. Que existe negligencia de los Comandos, lo único que uno puede hacer en estos casos es estarlos previniendo y que ellos mismos tomen sus medidas de seguridad, en la Estación durante su servicio, en su casa y en los recorridos. Todo policía sabe los peligros que corremos por el hecho de estar en la Policía Nacional, por lo tanto como dije antes, no es lógico ubicar una estación de policía frente a otra para cuidar a los que están de servicio, no hay otro organismo que cumpla esta función, nos toca a cada uno de nosotros prestar un servicio a la comunidad en forma decidida y a la vez cuidar la vida de nosotros mismos. Preguntado por el despacho.— En la ruta por la cual se desplazaba el agente Efrén Murillo Rodríguez, hay presencia guerrillera.— Contestó: Sí, si hay presencia guerrillera, en ese momento era el punto más complicado de orden público que estaba ocurriendo en Risaralda, en varias ocasiones habían habido enfrentamientos con el Ejército y hostigado la Estación de Policía de Santa Ana, además los agentes de la Policía eran los que estaban más cerca de esta situación porque laboraban en ese Distrito. Preguntado por el despacho.— Los superiores de los agentes de la Policía que acudieron a la cita impartieron algunas instrucciones a los mismos a efectos de evitar riesgos provenientes de la subversión. Contestó: El Comandante de Distrito había dado la orden de ir a su Unidad para impartir instrucción sobre investigaciones porque ellos eran los encargados de adelantar las investigaciones disciplinarias, pero esa reunión no se concretó porque no asistieron las personas que iban a dictar la charla y es lógico que el Comandante ordenó regresarse a sus unidades bajo sus medidas de seguridad y bajo el conocimiento que cada uno tiene sobre su responsabilidad, reconociendo que la ruta Belén- Santa Ana, Guática era la más complicada por el orden público que se presentaba en esa época. Pienso que ellos cogieron esa ruta por llegar más rápido, más no por lo que los guerrilleros los estuvieran esperando, parece que en un cruce los reconocieron como policías, los alcanzaron en una moto y los asesinaron unos kilómetros más adelante” (folios 28 a 31, cuaderno 2).
En el curso de las actuaciones administrativas adelantadas por la Policía Nacional rindió versión la señora Gladys Yosmen del Socorro Grajales Hoyos, quien sostuvo que el día de los hechos se encontraba en su casa y que a eso de las diez de la mañana aproximadamente escuchó que pasaba por la carretera una motocicleta. A los pocos instantes, según su dicho, sintió varios disparos y observó a unas personas que salieron corriendo hacia arriba (folio 29, cuaderno 3). A su turno, el señor Ancísar Mejía Ramírez manifestó que ese día se dirigía hacia el Municipio de Santa Ana, en compañía de Ramiro de Jesús Ramírez, cuñado del agente Gustavo Alonso Ladino Campiño, con el propósito de dar con el paradero de éste último, pues se encontraba desaparecido al igual que el agente Murillo Rodríguez. Señaló que durante el trayecto se encontraron con un retén del Ejército Nacional, donde se les informó que no podían seguir ya que había dos cadáveres en la carretera, percatándose que se trataba de los agentes mencionados (folio 37, cuaderno 3).
Las pruebas reveladas muestran que el agente de la Policía Nacional Efrén Murillo Rodríguez, quien para la época de los hechos se desempañaba como Secretario de la Subestación de Policía del Corregimiento de Santa Ana, jurisdicción del Municipio de Guática, Departamento de Risaralda, fue citado por el Comandante del Tercer Distrito de Belén de Umbría, con el propósito de celebrar en dicho lugar una reunión con todos los Secretarios de Unidad, pues debían tratar varios asuntos disciplinarios.
En cumplimiento de la orden impartida, el 21 de mayo de 1996, el citado agente se desplazó en horas de la mañana en bus hacia el Municipio de Belén de Umbría, Departamento de Risaralda, con el propósito de asistir a la reunión para la cual fue convocado, pero ésta no se realizó debido a que algunas de las personas que pretendían intervenir en ella no pudieron asistir a la misma. En consecuencia, el agente Murillo Rodríguez emprendió retorno en horas de la tarde hacia el Corregimiento de Santa Ana, en una motocicleta particular conducida por el agente Gustavo Alonso Ladino Campiño, siendo emboscados por un grupo de guerrilleros cuando se movilizaban por la Vereda Sirguía Baja, Jurisdicción del Municipio de Belén de Umbría.
Se encuentra demostrado, asimismo, que la zona en la cual fueron emboscados los agentes asesinados era zona roja, por la presencia activa de grupos subversivos, los cuales habrían cometido el crimen como represalia a los hechos ocurridos 15 días atrás, en el Corregimiento de Santa Ana, cuando un grupo de insurgentes trató de tomarse la citada población, acción que fue repelida por la Fuerza Pública y en la que participó el agente Efrén Murillo Rodríguez, cuyo enfrentamiento dejó un saldo de tres guerrilleros muertos y varios heridos.
También se acreditó que para el desplazamiento del citado agente no se implementó medida alguna de seguridad por parte de sus superiores, prueba de ello es que la víctima se movilizó inicialmente en bus hacia el Municipio de Belén de Umbría, vestido de civil y sin arma de dotación alguna, y el retorno lo hizo en las mismas condiciones, pero esta vez se transportó en una motocicleta particular conducida por el agente Ladino Campiño, quien también fue citado a la reunión de Secretarios.
Los hechos mencionados, los cuales se encuentran debidamente acreditados de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, evidencian que el ataque del cual fue víctima el agente de la Policía Nacional Efrén Murillo Rodríguez, obedeció claramente a la falta de medidas de seguridad y protección por parte de los superiores del uniformado asesinado, habida consideración de que la víctima fue convocada a una reunión de Secretarios de Policía que se realizaría en el Municipio de Belén de Umbría, pero no se le suministró medida alguna de seguridad, lo cual no admite justificación, toda vez que la zona por la cual tenía que movilizarse el agente citado se encontraba altamente convulsionada por el orden público, debido a la presencia activa de grupos subversivos y porque previamente a los hechos se habían presentado fuertes combates entre la Fuerza Pública y miembros de la guerrilla, en los cuales participó el agente Murillo Rodríguez defendiendo la población de Santa Ana.
Nótese que tanto los informes de policía como las declaraciones de quienes rindieron versión en el proceso, dieron cuenta de la difícil situación de orden público que se vivía en la región en la cual fue asesinado el agente Murillo Rodríguez, circunstancia que le imponía a la demandada la obligación de tomar medidas de seguridad para el desplazamiento del agente asesinado ante la alta probabilidad de que se presentara un atentado en su contra, como en efecto ocurrió.
Bajo esas circunstancias, no resultan atendibles las razones esgrimidas por el Teniente Coronel de la Policía Nacional, Mariano Jaimes Niño, quien para la época de los hechos se desempañaba como Comandante Operativo de Risaralda, al señalar que el agente asesinado era el único responsable de los hechos, por cuanto éste, teniendo la posibilidad de desplazarse por otra ruta que no ofrecía peligro para su seguridad, escogió aquella en la cual fue emboscado y asesinado por miembros de la guerrilla.
En efecto, lo dicho por el citado oficial carece por completo de respaldo probatorio, ya que ninguna prueba indica que se le hubiere hecho a la víctima tal advertencia, mucho menos que se le hubiere conminado a desplazarse por la ruta a la cual alude el Teniente Coronel Jaimes Niño, pero particularmente porque no existe prueba alguna en el plenario sobre la presencia de una vía alterna para dirigirse hacia el Municipio de Belén de Umbría, al igual que tampoco es posible asegurar categóricamente que la ruta mencionada por el oficial no ofreciera riesgo o peligro para la seguridad de los uniformados. Pero aún en el evento de que fuese cierto el hecho de que existía una ruta alterna para desplazarse hacia el citado municipio, no debe perderse de vista que toda esa región se encontraba altamente convulsionada por el orden público, tal como se desprende de las diferentes declaraciones rendidas en el proceso y de los informes de la Policía Nacional, lo cual no garantizaba en manera alguna que la víctima no hubiese sido atacada igualmente por los antisociales.
Y si bien los miembros de la Fuerza Pública están en la obligación de implementar sus propias medidas de seguridad para proteger su vida, como lo señaló el Teniente Coronel Jaimes Niño, lo cierto es que en el caso del agente Murillo Rodríguez, la obligación de la demandada no podía limitarse exclusivamente a que la víctima adoptara sus propias medidas de seguridad, por la difícil situación de orden público que se vivía en esa zona del Departamento de Risaralda, pues debe recordarse que a escasos días de los hechos la guerrilla intentó tomarse el Corregimiento de Santa Ana, produciéndose un enfrentamiento armado con miembros de la Fuerza Pública que dejó algunos subversivos muertos y otros heridos.
Cabe destacar que si bien la muerte del agente Murillo Rodríguez fue perpetrada por un tercero, como lo sostiene la entidad demandada, tal hecho se pudo haber evitado si se hubieran tomado las medidas de seguridad y protección necesarias, pues la complicada situación de orden público en esa zona del país a escasos días del ataque del que fue víctima el agente Murillo Rodríguez, hacían presagiar que un hecho de esa naturaleza podría presentarse, con mayor razón aún cuando la víctima participó en la defensa del Corregimiento de Santa Ana durante un ataque de la guerrilla, como se dijo anteriormente.
Cabe señalar que la jurisprudencia del Consejo de Estado(4) ha sostenido que las causales eximentes de responsabilidad como la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho exclusivo de un tercero o la culpa también exclusiva de la víctima, conforman un conjunto de eventos que impiden la imputación, jurídicamente hablando, de la responsabilidad de la Administración por hechos constitutivos de daño, de tal suerte que para su configuración se hace necesario la presencia de 3 elementos: a) la irresistibilidad; b) la imprevisibilidad; c) la exterioridad respecto del demandado.
La irresistibilidad consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad, es decir, el daño debe resultar inevitable para que pueda hablarse de la configuración de una causa extraña. A su turno, la imprevisibilidad se refiere a aquella situación que no es posible prever anticipadamente, es decir, que el hecho causante del daño no resulte imaginable antes de su ocurrencia, pero también cuando a pesar de haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino. Finalmente, la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada(5).
En el sub lite y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, es dable sostener que la muerte del agente de la Policía Nacional Efrén Murillo Rodríguez pudo haberse evitado, si la demandada hubiera implementado las medidas de seguridad necesarias para protegerle la vida, pues no resulta explicable que la víctima hubiera tenido que desplazarse completamente desprotegida por un lugar considerado de alto riesgo, pero además porque, debido a la difícil situación de orden público en la zona, lo más prudente hubiera sido que se postergara la citada reunión de trabajo para la cual fue convocado el agente Murillo Rodríguez. En todo caso, las condiciones adversas imperantes en la zona a las que se ha hecho alusión a lo largo del proceso, tornaban previsible un posible ataque contra miembros de la Fuerza Pública, particularmente si éstos se encontraban en total estado de indefensión, como era el caso del agente asesinado.
De otro lado, no debe perderse de vista que el agente Murillo Rodríguez llevaba más de diez años al servicio de la Policía Nacional del Corregimiento de Santa Ana, razón por la cual, como lo sostuvo uno de los testigos que declaró en el proceso, éste habría sido identificado por los insurgentes, ya que varios de ellos eran oriundos de la región y conocían a los miembros de la Fuerza Pública que prestaban servicio en el citado corregimiento.
La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal de los miembros de la Fuerza Pública constituye un riesgo propio de la actividad que dichos servidores públicos ordinariamente despliegan, riesgo que se concreta, por vía de ejemplo, en los eventos en los cuales tiene lugar el deceso o la ocurrencia de lesiones como consecuencia de combates, emboscadas, ataques de grupos subversivos, desarrollo de operaciones de inteligencia, entre otras actuaciones realizadas en cumplimiento de operaciones o de misiones orientadas a la consecución de los fines que constitucional y legalmente concierne perseguir a la Fuerza Pública; de allí que cuando el riesgo se concreta, al Estado en principio no resulta jurídicamente viable atribuirle responsabilidad extracontractual alguna en sede judicial, salvo en aquellos casos en los cuales se demuestre que la lesión o la muerte devienen como consecuencia del acaecimiento de una falla en el servicio o de la materialización de un riesgo excepcional al cual se haya visto sometido el militar profesional afectado, riesgo de mayor entidad que aquel al cual se hayan visto expuestos sus demás compañeros en el desarrollo de la misión encomendada(6) (se subraya).
No puede desconocerse que existen zonas del país en las cuales el orden público permanece en constante alteración, circunstancia que entraña riesgos, particularmente para los miembros de la Fuerza Pública encargados de patrullar y vigilar a lo largo y ancho el territorio nacional, actividad que como tal resulta inherente al ejercicio de las funciones propias de su profesión; sin embargo, en el caso particular, el daño sufrido por los actores con ocasión de la muerte del agente Murillo Rodríguez no fue consecuencia del riesgo que voluntariamente éste asumió cuando ingresó a prestar servicio a la Policía Nacional, el cual estaba en la obligación de soportar en su condición de miembro de la Fuerza Pública, sino por la omisión de las medidas de prevención, protección y seguridad a cargo de los mandos superiores del agente asesinado, circunstancia que facilitó o allanó el camino para que los antisociales lo emboscaran y lo acribillaran.
En ese orden de ideas, no hay duda de que la entidad demandada debe responder por los perjuicios causados a los actores con ocasión de la muerte violenta del agente de la Policía Nacional Efrén Murillo Rodríguez, toda vez que se encuentra acreditado en el plenario que ésta fue consecuencia de una falla en la prestación del servicio.
Previo a establecer el monto de los perjuicios causados a los demandantes por la muerte del agente Efrén Murillo Rodríguez, es menester anotar que, según la entidad demandada, los actores ya fueron indemnizados por ese hecho, pues mediante Resolución 5931 de 4 de diciembre de 1996, modificada por la Resolución 245 de 11 de marzo de 1997, la Policía Nacional reconoció a los familiares de la víctima la suma de $ 24’060.758,88, por concepto de indemnización por muerte, así como la suma de $1 6’040.505,92, por concepto de cesantías definitivas y una pensión mensual post-morten de $ 491.076, de tal suerte que en el evento de que llegare a ser condenada en este caso, dicha situación comportaría un doble pago.
En relación con el punto anterior, cabe destacar que la Sala no comparte las razones esgrimidas por la demandada en torno a que una posible condena del Estado por el homicidio del agente Murillo Rodríguez implicaría un doble pago a cargo de la Administración, habida cuenta de que las sumas de dinero que ésta sufragó a los familiares de la víctima corresponde a la liquidación de las prestaciones sociales a las que tenían derecho por la muerte del uniformado, producto de la relación laboral de la víctima con la Policía Nacional, mientras que los perjuicios reclamados por los actores, con la formulación de la demanda de reparación directa, tienen como fundamento la responsabilidad extracontractual del Estado, por una falla en la prestación del servicio imputable a la entidad demandada, de tal suerte que el primer pago no excluye al segundo, pues obedecen a distintas fuentes como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación(7).
Por la muerte del agente Efrén Murillo Rodríguez concurrieron al proceso: María Doris Henao Vargas, cónyuge supérstite, Andrea Juliana y Juan Sebastián Murillo Henao, hijos, según se desprende de la demanda y del poder debidamente conferido a su apoderado (folios 1, 16 a 28, cuaderno 1).
Se encuentra acreditado que Efrén Murillo Rodríguez contrajo matrimonio con María Doris Henao Vargas, de cuya relación son hijos Andrea Juliana y Juan Sebastián Murillo Henao, según los registros civiles de matrimonio y de nacimiento provenientes de la Notaría del Círculo de Balboa y de Belén de Umbría, Departamento de Risaralda, en su orden (folios 3 a 5, cuaderno 1).
Acreditado el parentesco de los demandantes con el occiso, se infiere, aplicando las reglas de la experiencia, que los actores tenían un nexo afectivo importante con la víctima, que determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos, y que, por lo tanto, éstos sufrieron un profundo dolor y pesar con la muerte violenta del agente de la Policía Nacional Efrén Murillo Rodríguez. Pueden considerarse suficientes, entonces, las pruebas del parentesco aportadas al proceso para tener demostrado el daño moral reclamado por los demandantes.
Los actores solicitaron, por concepto de perjuicios morales, una suma equivalente, en pesos, a 2000 gramos de oro para cada uno de ellos (folio 22, cuaderno 1).
Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del seis de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad(8).
De conformidad con lo antes expuesto y teniendo en cuenta la magnitud e intensidad del daño sufrido por los actores con ocasión de la muerte violenta del agente Efrén Murillo Rodríguez, el cual se encuentra plenamente acreditado en el proceso, la Sala condenará a la demandada a pagar la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para María Doris Henao Vargas, Andrea Juliana Murillo Henao y Juan Sebastián Murillo Henao, a cada uno de ellos.
Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los actores solicitaron que se condenara a la entidad demandada a pagar la suma que resultare acreditada en el proceso, teniendo en cuenta el salario que devengaba la víctima al momento de su muerte, más un 25% por concepto de prestaciones sociales. Al resultado que llegare a obtenerse deberá deducírsele un 25%, porcentaje que se supone la víctima destinaba para su sostenimiento personal. Para calcular el monto del perjuicio reclamado, deberá utilizarse las tablas de supervivencia (folio 22, cuaderno 1).
Los actores manifestaron que la víctima devengaba la suma $ 332.703 al momento de su muerte, ingresos que se encuentran debidamente acreditados en el proceso (folios 7, 50, cuaderno 1).
Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (valor del salario devengado por la víctima al momento de su muerte) multiplicada por el índice de precios al consumidor del mes anterior a la sentencia proferida por la Sala, dividido por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual ocurrieron los hechos.
La suma anterior será incrementada en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, para un total de $ 1’242.676. A dicho valor se le deducirá un 25%, porcentaje que se presume la víctima destinaba para sus gastos personales, para un total de $ 932.007. El 50% de la suma anterior, esto es $ 466.003, será el valor con el cual se liquidará la indemnización debida y futura reclamada por la cónyuge supérstite, mientras que el otro 50% se dividirá entre dos, correspondiente al número de hijos de la víctima, esto es, $ 233.001, suma con la cual se liquidará la indemnización debida y futura de cada uno de los hijos.
Para María Doris Henao Vargas (cónyuge supérstite)
Indemnización debida.
Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 21 de mayo de 1996, hasta la fecha de esta sentencia, para un total 174,3 meses.
Indemnización futura.
Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta la vida probable de María Doris Henao, pues ella era mayor que Efrén Murillo Rodríguez. De conformidad con las tablas de supervivencia se estimó la vida probable de María Doris en 41,10 años, para un total de 493,2 meses, teniendo en cuenta que ella tenía 37 años de edad cuando murió su esposo. A los 493,2 meses deberá restársele 174,3 meses, los cuales ya fueron indemnizados, para un total de 318,9 meses.
Sumados los valores de la indemnización debida y futura se obtiene un valor total de $ 202’823.654
Para Andrea Juliana Murillo Henao.
Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 21 de mayo de 1996, hasta el 16 de febrero de 2010, fecha en la cual Andrea Juliana cumplió la edad de 25 años, si se tiene en cuenta que ella nació el 16 de febrero de 1985, según el registro civil de nacimiento, visible a folio 4 del cuaderno 1, para un total de 164,8 meses.
Para Juan Sebastián Murillo Henao.
Comprende el período transcurrido desde la fecha de los hechos, 21 de mayo de 1995, hasta la fecha de esta sentencia, para un total 174,3 meses.
Comprende el período transcurrido desde el día siguiente de esta sentencia, hasta que Juan Sebastián cumpla la edad de 25 años, esto es, 27 de noviembre de 2018, puesto que nació el 27 de noviembre de 1993, según el registro civil de nacimiento (folio 5, cuaderno 1), para un total de 93,9 meses.
Sumados los valores de la indemnización vencida y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene un valor total de $ 81’243.747
Finalmente, la Sala se abstendrá de condenar en costas, por cuanto del material probatorio allegado al proceso no se observa la configuración de los supuestos establecidos por el artículo 171 del CCA(9)., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
1. REVÓCASE la sentencia de 24 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda; en su lugar.
2. DECLÁRASE responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por la muerte del agente Efrén Murillo Rodríguez, ocurrida el 21 de mayo de 1996, en la Vereda Sirguía Baja, jurisdicción del Municipio de Belén de Umbría, Departamento de Risaralda.
3. CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para María Doris Henao Vargas, Andrea Juliana Murillo Henao y Juan Sebastián Murillo Henao, a cada uno de ellos.
4. CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero:
Para María Doris Henao Vargas, la suma de doscientos dos millones ochocientos veintitrés mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos ($ 202’823.654) c/te.
Para Andrea Juliana Murillo Henao, la suma cincuenta y ocho millones seiscientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y nueve pesos ($ 58’685.599) m/cte.
Para Juan Sebastián Murillo Henao, la suma de ochenta y un millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y siete pesos ($ 81’243.747) m/cte.
5. ABSTIÉNESE de condenar en costas.
6. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo de Risaralda cumplirá los dictados del artículo 362 del CPC.
Magistrados: Gladys Agudelo Ordoñez (E)—Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez.
1 Al proceso concurrieron las siguientes personas: Carmen Lucía Correa Hurtado, Andrea Juliana y Juan Sebastián Murillo Henao.
2 Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.
3 Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789
4 Ver sentencia de 26 de mayo de 2010, Sección Tercera, expediente 18.800.
5 Nota original en la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, expediente 16.530.
6 Sección Tercera, sentencia de 7 de octubre de 2009, expediente 17.884
7 Ver, entre otros, sentencia de 22 de marzo de 2007, expediente 16.051; sentencia de 22 de abril de 2009, expediente 16.745, Sección Tercera.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros – William Alberto González y otra.
9 Art. 171.—Modificado. Ley 446 de 1998, art. 55. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.