Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-36203-de-abril-7-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_b816bb3bbbf70100e0430a0101510100&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-25 22:44:36
Document Index: 85136520

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 205', 'artículo 205', 'artículo 205', 'artículo 453', 'artículo 292', 'artículo 453', 'artículo 530']

﻿ Auto 36203 de abril 7 de 2011
AUTO 36203 DE 07 DE ABRIL DE 2011
CONTENIDO:DEMANDA DE CASACION. LAS RAZONES QUE HAN DE JUSTIFICAR LA ADMISIÓN DISCRECIONAL DE LA DEMANDAS NO SIEMPRE PUEDEN CONFUNDIRSE CON EL DESARROLLO DE LOS CARGOS CONCRETOS QUE SE FORMULEN CONTRA EL FALLO DE SEGUNDO GRADO POR ALGUNA DE LAS CAUSALES DE CASACIÓN, PUES SI SE REFUNDIERA EN UNO SOLO EL RAZONAMIENTO ENCAMINADO A OBTENER DE LA CORTE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA CON AQUEL QUE SUSTENTA EL CARGO PROPIAMENTE DICHO, NO EXISTIRÍA NINGUNA DIFERENCIA ENTRE LA CASACIÓN DISCRECIONAL Y LA CASACIÓN ORDINARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE CASACIÓN, CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN, CASACIÓN POR VÍA ORDINARIA
Auto 36203 de abril 7 de 2011
Ante todo, es preciso señalar que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para emprender el estudio formal de la demanda de casación, pues el numeral 1º del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal de 2000, en asocio con el 205, inciso tercero, y 213 del mismo estatuto, le asignan dicha función.
2. Presupuestos de la casación por vía discrecional y carga argumentativa que le corresponde al demandante.
Vale destacar, que en el presente asunto solamente procede la casación discrecional, en los términos del inciso 3º del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, toda vez que no se cumple el presupuesto de la punibilidad para que proceda la casación por la vía ordinaria, pues la pena máxima prevista en el tipo penal por el que fueron sancionadas las procesadas Olga Saavedra de Bocanegra e Inés Prada de Varela es de 8 años (C.P., art. 453, sin la modificación que introdujo el art. 14 de la L. 890/2004, por razón de la época de la comisión de los hechos y la fecha de entrada en vigencia del Código de Procedimiento Penal de 2004 en el Distrito Judicial de Ibagué)(2).
Es así que de la lectura del escrito surge nítida la primera gran falencia que padece la demanda de casación: el apoderado judicial de las procesadas Prada de Varela y Saavedra de Bocanegra no advirtió que solamente podía recurrir por la vía discrecional según lo previsto en el inciso 3º del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000); por lo tanto, dejó de fundamentar la necesidad de la admisión del escrito con el fin de obtener el desarrollo de la jurisprudencia o la protección de los derechos fundamentales que hubieren sido transgredidos en el trámite ordinario del proceso, únicos motivos por los que podría ser acogida su demanda, correspondiéndole a la Corte decidir, en ejercicio de la discrecionalidad que la ley le otorga —y, en todo caso, antes de abordar el estudio de los requisitos de admisibilidad del cargo— si acepta el escrito de demanda o lo rechaza.
Lo anterior significa que las razones que han de justificar la admisión discrecional de la demandas no siempre pueden confundirse con el desarrollo de los cargos concretos que se formulen contra el fallo de segundo grado por alguna de las causales de casación, pues si se refundiera en uno solo el razonamiento encaminado a obtener de la Corte la admisión de la demanda con aquel que sustenta el cargo propiamente dicho, no existiría ninguna diferencia entre la casación discrecional y la casación ordinaria(3).
En otras palabras, no basta —como en este caso— la postulación y desarrollo de las causales de casación para enseñar a la corporación por qué debe admitir el escrito, sino que esto último debe abordarse antes de emprender la fundamentación de la invocación que configura la causal de casación seleccionada.
Ello implica que el estudio acerca del aspecto formal de la demanda se efectuará a posteriori, siempre y cuando previamente la Corte haya arribado —con apoyo en el discurso del impugnante, en este caso inexistente— a la conclusión que es necesario tramitar, por excepción, el recurso extraordinario para la protección de las garantías fundamentales o con miras a desarrollar la jurisprudencia(4).
Si se tratare del primero de los propósitos reseñados, esto es, la protección de las garantías fundamentales, el demandante en casación está obligado a desarrollar una argumentación lógica, dirigida a evidenciar el desacierto, siendo necesario, por una parte, que identifique con precisión la garantía que estima vulnerada e indique las normas constitucionales que la contienen y, por la otra, que demuestre su violación en la sentencia, a través del quebrantamiento de la estructura básica del proceso o la violación de un derecho fundamental.
Y si la casación discrecional se intenta para desarrollar la jurisprudencia, al censor le es exigible mencionar en la demanda si con la impugnación de la sentencia de segunda instancia persigue que la Corte unifique posturas conceptuales, actualice la doctrina o aborde un tópico aún no desarrollado, precisando en todo caso la manera en que la decisión solicitada tiene la utilidad simultánea de brindar solución al asunto y, al mismo tiempo, servir de guía a la actividad judicial.
Ninguna de estas exigencias se cumple con solamente enunciar principios orientadores del derecho penal o adobar el planteamiento casacional con expresiones referidas a derechos fundamentales, las cuales constituyen verdadero lugar común, sino que es necesario consultar y desarrollar los precisos presupuestos que llevan a acudir a dicho instituto, y diferenciarlos de aquellos que permiten el recurso extraordinario de casación cuando se aborda conforme a los términos del inciso 1º del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal de 2000.
Por lo tanto, no se cumple con una debida fundamentación del instituto excepcional a través de argumentos propios de una casación ordinaria, menos aún si —como aquí ocurre, según se verá enseguida— lo que denotan no es nada distinto de una discrepancia con la apreciación probatoria del fallo, sin llegar a demostrar ningún yerro relevante y trascendente, de acuerdo con los lineamientos que la jurisprudencia de la Sala ha decantado de tiempo atrás respecto de cada una de las causales de casación y sus modalidades.
Desde ya la corporación anticipa su conclusión en el sentido de que inadmitirá la demanda formulada, toda vez que su postulación se aparta de forma ostensible de los lineamientos reseñados en precedencia, y su desarrollo incumple el presupuesto de debida fundamentación que rige este recurso extraordinario.
3.1. Falta de precisión y claridad en el discurso casacional.
Los yerros reseñados surgen sin dificultad desde la lectura desprevenida del escrito de demanda. No solamente el libelista yerra de manera inexcusable al acudir a la casación ordinaria cuando ha debido cumplir las exigencias de la discrecional, sino que, además, la sustentación del recurso de casación resulta ostensiblemente confusa, imprecisa y falta de claridad, motivo por el cual tampoco logra demostrar ninguno de los vicios de apreciación que pregona.
De entrada, el desarrollo argumentativo de la demanda se aprecia poco claro, en la medida en que por todas partes se observan frases e ideas inconexas y erráticas que impiden distinguir con claridad entre los argumentos de la sentencia y los propios de casacionista, falencia que a la Sala no le está permitido corregir por expresa prohibición del principio de limitación.
3.2. Indefinición de la norma sustancial vulnerada.
Por otra parte, el razonamiento surge incoherente y por lo mismo llamado al fracaso, pues el demandante ni siquiera atina a identificar con precisión cuál es la norma sustancial violada, ya que al lado de la mención del artículo 453 de la Ley 599 de 2000 (fraude procesal), de manera incomprensible reseña que para que se configure dicho comportamiento “no debe olvidarse que en términos de la teoría del delito se exige que el sujeto activo destruya, suprima o oculte total o parcialmente documento público” (pág. 6 de la demanda). E insiste en la inconsistencia reseñada (pág. 17 de la demanda) al asegurar que las procesadas fueron condenadas por la conducta punible de que trata el artículo 292 del Código Penal (destrucción supresión u ocultamiento de documento público).
Y ni siquiera la mención del artículo 453 del Código Penal es exacta, porque sostiene que dicho artículo fue modificado por el 11 de la Ley 890 de 2004 (pág. 5 del escrito de demanda), incremento punitivo que de manera expresa excluyeron tanto el fiscal acusador de segundo grado como el sentenciador. De allí que el casacionista no advirtiera que la vía de casación era la excepcional y no la ordinaria, lo cual lo condujo al yerro de postulación atrás reseñado.
Por lo demás, su argumentación desconoce todos los lineamientos que ha decantado la jurisprudencia de la Corte sobre la manera de desarrollar los vicios de apreciación probatoria que pregona.
3.3. Concepto del error de hecho y exigencias argumentativas para abordar en casación el falso raciocinio y el falso juicio de identidad.
La vía de ataque seleccionada, le permite a la corporación recordar que el desconocimiento de las reglas de apreciación probatoria deben orientarse en esta sede como violación indirecta de la ley sustancial y se refieren a los denominados errores de hecho, los cuales se configuran a través del falso juicio de identidad, yerro consistente en la distorsión o alteración de la expresión fáctica del elemento probatorio; del falso juicio de existencia, el cual se concreta cuando el sentenciador declara un hecho demostrado con base en una prueba inexistente u omitir la apreciación de una allegada de manera válida al proceso, y del falso raciocinio, al cual puede llegar el juzgador a causa de la fijación de premisas ilógicas o irrazonables por desconocimiento de las pautas de la sana crítica, esto es, las reglas del sentido común, la experiencia, la ciencia o la lógica.
Es así que, como consecuencia de alguno de los yerros de apreciación reseñados, el juzgador termina por aplicar indebidamente, excluir o interpretar de forma equivocada una norma sustancial; es por eso, precisamente, que se dice que la violación de la norma sustancial es indirecta: porque a ésta se llega previo un dislate probatorio.
En lo que tiene que ver con las exigencias argumentativas, la jurisprudencia de la Sala ha dicho que “cuando la censura se funda por los senderos de la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso raciocinio, el casacionista, con el fin de cumplir con el presupuesto anteriormente señalado, debe indicar cuál fue la ley de la lógica, el principio de la ciencia y/o la máxima de la experiencia vulnerada, de qué manera lo fue y su incidencia en la parte dispositiva de la sentencia”.
“Recuérdese también que, cuando el reproche se apoya en la nomenclatura anteriormente mencionada, surge indispensable que el censor enseñe y demuestre el vicio que le enrostra al juzgador, habida cuenta que la simple discrepancia de criterios no constituye yerro para ser atacado en esta sede, puesto que el juzgador goza de libertad para justipreciar los medios de prueba, solo limitado por los postulados que informan la sana crítica”.
“En lo atinente a la trascendencia del error en la apreciación probatoria, necesario es que el casacionista tenga para ese efecto todos los medios de prueba que sustentaron el juicio de condena, en la medida en que si el mismo resulta inane, la sentencia permanecerá incólume”.
“Por último, con el objeto de integrar la proposición jurídica completa, el libelista debe señalar cómo el error en la apreciación de las pruebas condujo a aplicar una norma que no era la llamada a gobernar el asunto o, a excluir otra que sí dirimía el objeto litigioso desde el plano del juicio de derecho”(5).
Resulta pertinente hacer énfasis en que el censor tiene el deber de evitar que el alegato casacional se convierta en el enfrentamiento entre su personal apreciación probatoria y la del juzgador, en razón de que esta última, gracias a que llega a esta sede amparada por la doble presunción de acierto y legalidad, prevalece ante la del sujeto procesal.
En otras palabras, la sola formulación en la demanda de casación de una apreciación probatoria —por muy viable y ajustada que esta sea— no es por sí misma suficiente para demostrar un dislate en la valoración del sentenciador, como no sea —insiste la corporación— que venga acompañada de un razonamiento encaminado a acreditar de manera fehaciente los particulares supuestos de la equivocación invocada.
Y, cuando el reproche se orienta por vía del falso juicio de identidad, el recurrente debe tener en cuenta cada una de las formas en que dicho yerro se manifiesta, pues sus características particulares le imponen, a la vez, la demostración de sus elementos configurativos. Así, el sentenciador puede incurrir en esta clase de equivocación “(1) porque le hace agregados [a la prueba] que no corresponden a su texto (distorsión por adición), (2) porque omite tener en cuenta aspectos importantes de la misma (distorsión por cercenamiento), y (3) porque altera su texto (distorsión por transmutación)”(6). Este es un yerro de carácter objetivo contemplativo, el cual recae sobre el contenido o expresión fáctica de la prueba y se resume en el conocido aforismo, según el cual, a la prueba se le hace decir lo que materialmente no dice.
En tal supuesto, ha dicho la Sala, el casacionista debe acreditar mediante la comparación de lo que dice el medio probatorio y la concreción que de su texto hiciera la sentencia, en qué consistió el desacierto de los juzgadores de instancia y cómo este repercutió en el sentido del fallo, es decir, deberá acreditar que sin la existencia del yerro denunciado, la situación jurídica del procesado hubiese sido sustancialmente opuesta.
3.4. Indebida fundamentación del cargo.
3.4.1. Falso raciocinio.
Pues bien, salta a la vista que el discurso del demandante no logra demostrar ninguno de los presupuestos del yerro de falso raciocinio, toda vez que se limita a afirmar que no existe prueba directa de la responsabilidad de las procesadas y a reprochar que —según su personal apreciación probatoria— de los elementos de juicio obrantes en la actuación no se puede fundar un juicio de condena.
Con esta clase de razonamiento el libelista omitió identificar, como era su deber, cuáles fueron las reglas de la sana crítica empleadas por el juzgador y, al mismo tiempo, demostrar cómo este las aplicó de manera errónea, cuál era la máxima que debió aplicar y cómo con la corrección del yerro el fallo necesariamente ha de mutar su sentido.
El casacionista incurre en el error común de limitar su discurso a oponer su propia apreciación de la prueba a la del sentenciador, la cual llega a esta sede amparada por la doble presunción de acierto y legalidad: por lo tanto no demuestra de qué manera el ad quem erró al exponer que: i) ‘cuando el demandante y demandado actúan de consuno muy probablemente lo hacen en perjuicio de otros acreedores’ (fl. 27, cdno. de la sentencia); ii) que dadas las relaciones de amistad y cercanía entre Inés Prada de Varela con la familia de Olga Saavedra de Bocanegra aquella debía conocer de la muerte del esposo de esta última, así como del correspondiente juicio de sucesión (fl. 26), o bien iii) que si el deseo de Saavedra de Bocanegra era cumplir con la deuda lo esperado era que expresara que el bien afectado con medida cautelar pertenecía a la masa sucesoral y no a ella misma (fl. 28).
En cambio, el togado considera que no hay prueba de que Prada de Varela conociera de la muerte del esposo de Saavedra de Bocanegra ni del proceso de sucesión y que, como lo afirman dos deponentes, la intención de las mencionadas era la de ejercer, la primera, sus derechos como acreedora y, la segunda, sus deberes como deudora, razonamiento que —insiste la corporación— no pasa de configurar un regular argumento de instancia.
3.4.2. Yerros en la configuración del aprueba indiciaria.
El impugnante consigue aumentar aún más la incoherencia del discurso casacional —si ello fuera posible— al insinuar presuntos yerros en la configuración de los indicios por el juzgador. No obstante, la mera enunciación de su inconformidad, la oposición a la apreciación judicial de sus personales interpretaciones de la prueba, todo ello en el marco de una redacción confusa y difícilmente comprensible, le impiden al libelista cumplir con los rigurosos lineamientos que la Sala ha fijado de tiempo atrás cuando de atacar los indicios en sede de casación se trata.
Dígase entonces, a manera de ilustración, que la construcción de la prueba indiciaria no puede atacarse en esta sede extraordinaria de cualquier manera; por ello, esta colegiatura ha precisado que para dichos efectos, al censor le corresponde:
“informar si la equivocación se cometió respecto de los medios demostrativos de los hechos indicadores, la inferencia lógica , o en el proceso de valoración conjunta al apreciar su articulación, convergencia y concordancia de los varios indicios entre sí, y entre estos y las restantes pruebas, para llegar a una conclusión fáctica desacertada”.
“De manera que, si el error radica en la apreciación del hecho indicador, dado que necesariamente este ha de acreditarse con otro medio de prueba de los legalmente establecidos, necesario resulta postular si el yerro fue de hecho o de derecho, a qué expresión corresponde, y cómo alcanza demostración para el caso”.
“Y si el error se ubica en el proceso de inferencia lógica, ello supone partir de aceptar la validez del medio con el que se acredita el hecho indicador, y demostrar al tiempo que el juzgador en la labor de asignación del mérito suasorio se apartó de las leyes de la ciencia, los principios de la lógica o las reglas de experiencia, haciendo evidente en qué consiste y cuál es la operancia correcta de cada uno de ellos, y cómo en concreto este es desconocido”.
“Si lo pretendido es denunciar error de hecho por falso juicio de existencia de un indicio o un conjunto de ellos, lo primero que debe acreditar el censor es la existencia material en el proceso de medio con el cual se evidencia el hecho indicador, la validez de su aducción, qué se establece de él, cuál mérito le corresponde, y luego de realizar el proceso de inferencia lógica a partir de tener acreditado el hecho base, exponer el indicio que se estructura sobre él, el valor correspondiente siguiendo las reglas de experiencia, y su articulación y convergencia con los otros indicios o medios de prueba directos”.
“Además, dada la naturaleza de este medio de prueba, si el yerro se presenta en la labor de análisis de la convergencia y congruencia entre los distintos indicios y de estos con los demás medios, o al asignar la fuerza demostrativa en su valoración conjunta, es aspecto que no puede dejarse de precisar en la demanda, concretando el tipo de error cometido, demostrando que la inferencia realizada por el juzgador indicando los postulados de la sana crítica, y acreditando que la apreciación probatoria que se propone en su reemplazo, permite llegar a conclusión diversa de aquella a la que arribara el sentenciador, pues no trata la casación de dar lugar a anteponer el particular punto de vista del actor al del fallador, ya que en dicha eventualidad primará siempre este, en cuanto la sentencia se halla amparada por la doble presunción de acierto y legalidad, siendo carga del demandante desvirtuar con la demostración concreta de haberse incurrido en errores determinantes de violación en la declaración del derecho”.
“Es en este sentido que el demandante debe indicar en qué momento de la construcción indiciaria se produce, si en el hecho indicador o en la inferencia por violar las reglas de la sana crítica, para lo cual ha de señalar qué en concreto el medio demostrativo del hecho indicador, cómo hizo la inferencia el juzgador, en qué consistió el yerro, y qué grado de trascendencia tuvo este por su repercusión en la parte resolutiva del fallo”(7).
Surge nítido que ninguno de los requerimientos argumentativos referidos cumple el impugnante en el presente caso, motivo por el cual el reproche referente a la conformación de la prueba indirecta está llamado al rechazo.
3.4.2. Falso juicio de identidad.
Y en lo que respecta a esta clase de yerro de apreciación, se presenta igualmente clara la falta de sustento del reproche por parte del recurrente y lo desatinado del escasísimo razonamiento que con dificultad se alcanza a entrever.
En efecto, el censor dice que los testimonios de Luz Mery Arias Fernández, Jaime Eduardo del Río Montoya y Jair Pulecio Zapata “no fueron recepcionados en el proceso, se desconocen quienes son”. Al mismo tiempo, asegura que el sentenciador incurrió en violación indirecta de la ley sustancial “poniéndole a decir a la declaración rendida por Luz Mery Arias Fernández, Jaime Eduardo del Río Montoya y Jair Pulecio Zapata, cuando brillan por su ausencia”.
Por el contrario, agrega el recurrente, los declarantes Héctor William Núñez y Ramón Ricardo González “verifican la existencia de la obligación y las circunstancias de cómo se cancelaron las mismas, que eran deudas de la sociedad conyugal”.
Del incomprensible y escaso discurso planteado por el demandante, se hace evidente la violación de varios de los principios que orientan la casación: en primer lugar, la ostensible falta de desarrollo del razonamiento, lo que desconoce el deber de claridad, precisión y suficiencia en la fundamentación del cargo. Así, el recurrente omite el deber de identificar qué es lo que dice materialmente la prueba, cómo y dónde el juzgador tergiversó su contenido (si por cercenamiento, por adición o por transmutación), y de qué manera el yerro es trascendente para modificar el sentido del fallo a favor de las acusadas.
Por otra parte, el censor desconoce el concepto del yerro de apreciación probatoria que pretende sustentar y, por lo mismo, infringe el principio de autonomía de las causales de casación. El aserto anterior encuentra apoyo en que si, como lo sostiene el libelista, los testimonios “no fueron recepcionados en el proceso y se desconocen quienes son”, no se entiende lógicamente cómo el sentenciador pudo haber distorsionado su contenido. Así, el impugnante no se percata de que el falso juicio de identidad supone necesariamente admitir la existencia de la prueba y su valoración, pues naturalmente solo en la medida en la prueba que obre en la actuación puede ser alterada materialmente en su contenido.
Por si fuera poco lo anterior, el impugnante incurre en dos equivocaciones más igualmente trascendentes: i) enuncia el yerro de falso juicio de identidad al desarrollar el falso raciocinio (pág. 10, demanda) y ii) desconoce la realidad procesal, pues basta la revisión de las diligencias para constatar que las declaraciones de los aludidos Arias Fernández, del Río Montoya y Pulecio Zapata son visibles a folios 85 al 88 del primer cuaderno original.
Con todo, si a la Corte le fuera permitido pasar por alto todas las falencias reseñadas, de todos modos no encuentra de qué manera el sentenciador desconoció la identidad de dichas declaraciones, las cuales se refieren al conocimiento de los deponentes respecto de Ramón Ricardo González.
Por último, la corporación tiene que decir que la afirmación del apoderado judicial de las procesadas, en el sentido de que los declarantes Héctor William Núñez y Ramón Ricardo González “verifican la existencia de la obligación y las circunstancias de cómo se cancelaron las mismas, que eran deudas de la sociedad conyugal” no tiene ninguna idoneidad para demostrar el falso juicio de identidad pregonado, pues no es más que una personal apreciación carente de aptitud para derribar la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia.
De estos últimos testimonios, el demandante reprocha que el sentenciador no los tuviera en cuenta (crítica que, una vez más, configura violación al principio de autonomía de las causales de casación, pues más se parece a un razonamiento de falso juicio de existencia) y, por lo tanto, no advirtiera que demostraban la existencia de las obligaciones en cabeza de Olga Saavedra de Bocanegra. Una vez más el libelista insiste en desconocer la realidad procesal, pues es suficiente con observar las decisiones de instancia para evidenciar que en verdad fueron consideradas, solamente que el juzgador no les concedió el mérito que le hubiera convenido a los intereses defensivos.
Lo anterior surge nítido cuando el a quo apreció que el hecho de que “unos declarantes corroboran la existencia de la obligación a favor de Prada de Valencia, etc., no son más que distractores que utiliza la defensa tratando de desviar la atención de la justicia, ya que el meollo del asunto y del cual deriva responsabilidad penal en cabeza de las acusadas en calidad de coautoras del delito de fraude procesal radica en que Olga Saavedra de Bocanegra e Inés Prada de Varela ocultaron el señor Juez Quinto Civil del Circuito de Ibagué que el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 350-39251 era inembargable…” (fl. 303, cdno. ppal.).
Y aún cuando es cierto que el juez de primer grado no detalló la identidad de los testigos a los que hacía alusión, también lo es que no cabe duda de que se trata de los mismos que el casacionista estima omitidos (y, al mismo tiempo, alterados en su identidad), pues son estos los que, según dice, pregonan la existencia de la obligación a cargo de la procesada Saavedra de Bocanegra.
Así pues, el confuso desarrollo del cargo de violación indirecta de la ley sustancial por vía del falso raciocinio y falso juicio de identidad, en cuyo sustento aparece entremezclada la personal apreciación del demandante con censuras distintas a las seleccionadas y que, al mismo tiempo, desconoce la realidad procesal, no es idóneo para demostrar un yerro de apreciación probatoria ostensible y trascendente.
Los razonamientos precedentes son más que suficientes para concluir que las evidentes falencias de debida postulación y argumentación de que adolece el cargo formulado hacen que el escrito de demanda deba ser inadmitido.
Por último, se advierte que del estudio del proceso no se vislumbra violación de derechos fundamentales o garantías de los sujetos procesales que amerite el ejercicio de la facultad oficiosa de índole legal que al respecto le asiste a la Sala para asegurar su protección.
INADMITIR la demanda de casación presentada por el apoderado de las procesadas Olga Saavedra de Bocanegra e Inés Prada de Varela.
Cópiese, notifíquese, devuélvase al juzgado penal del circuito de origen y cúmplase.»
(2) El último de los comportamientos imputados a las procesadas tuvo lugar el 13 de septiembre de 2004; así mismo, la Ley 906 de 2004 y, por consiguiente, la 890 del mismo año, entraron en vigencia en el Distrito Judicial de Ibagué el 1º de enero de 2007, conforme así lo estableció el artículo 530 del Código de Procedimiento Penal de 2004.
(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 28 de abril de 2010, radicación 33318.
(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ibíd.
(5) Auto de 13 de febrero de 2008, radicación: 26017.
(6) Auto de 27 de mayo de 2003, radicado 19.812.
(7) Sentencia de casación del 2 de agosto de 2001, radicación 12062, reiterada en auto de 6 de marzo de 2008, rad. 28539.