Source: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/cuestion-prioritaria-de-constitucionalidad/resoluciones/2011/decision-n-2011-192-qpc-de-10-de-noviembre-de-2011.115827.html
Timestamp: 2018-02-24 17:44:22
Document Index: 70800267

Matched Legal Cases: ['artículo 61', 'artículo 564', 'artículo 413', 'artículo 413', 'artículo 413', 'artículo 413', 'artículo 413', 'artículo 413', 'artículo 413', 'artículo 56', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 16', 'artículo 34', 'artículo 413', 'artículo 56', 'artículo 16', 'artículo 413', 'artículo 2312', 'artículo 2312', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 413', 'artículo 56', 'artículo 16', 'artículo 62', 'artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 56', 'artículo 56']

Consejo Constitucional - Decisión n° 2011-192 QPC de 10 de noviembre de 2011
Decisión n° 2011-192 QPC de 10 de noviembre de 2011
El Consejo Constitucional ha sido requerido el 6 de septiembre de 2011 por el Tribunal Supremo (sala de lo penal, Sentencia nº 4683, de 31 de agosto de 2011) en las condiciones previstas en el artículo 61-1 de la Constitución, de una cuestión prioritaria de constitucionalidad planteada por doña Ekaterina B., casada D., don Andriy M, don Steven D., doña Catherine D., doña Laurie D., doña Magali D., doña Morgan D., doña Romane D., doña ClaireAndrée C., viuda L., doña Émilie L., casada B., don Guillaume L., doña Sandrine L., casada A., doña Gisèle L., doña Julie L. , casada S., doña Sandrine L., don Alois B., don Martin S., doña Élodie L., don Éric L., doña Sandrine N., casada L., doña Évelyne L., doña Mahona L., doña Noa R., doña Pauline L., doña Caroline L., don Guillaume L., doña Pascale L., doña Sophie S., doña Odile S., doña Georgette P., don Frédéric L., don Christophe P., don Pierre P., don Gilles S., don Antoine S., don Gilbert E., don Matthieu E., don Claude E., doña Marine E., doña Isabelle E., don Jérôme E., don Édouard E. y doña Pierrette E., relativa a la conformidad de los artículos 4139 a 41312 del código penal, los artículos L. 23111 a L. 23128 del código de la defensa y del artículo 564 del código procesal penal con los derechos y libertades que la Constitución asegura.
Visto el Decreto legislativo n° 581067, de 7 de Noviembre de 1958, modificado, relativo a la ley orgánica sobre el Consejo constitucional;
Vistas las observaciones realizadas en nombre de doña Ekaterina B., casada D., don Andriy M, don Steven D., doña Catherine D., doña Laurie D., doña Magali D., doña Morgan D., doña Romane D., doña ClaireAndrée C., viuda L., doña Émilie L., casada B., don Guillaume L., doña Sandrine L., casada A., doña Gisèle L., doña Julie L. , casada S., doña Sandrine L., don Alois B. y don Martin S., por el letrado D. Olivier Morice, abogado del colegio de París, registradas los días 23 de septiembre y 11 de octubre de 2011;
Vistas las observaciones realizadas en nombre de la Federación de Establecimientos y Arsenales del Estado FEAE CFDT por la SCP H. MasseDessen y G. Thouvenin, registradas el 29 de septiembre de 2011;
Habiendo sido oídos en audiencia pública los Sres. letrados Olivier Morice, Louis Boré, Spinosi y de Montbrial, que representan a los recurrentes, la Sra. letrada Claire Waquet, en nombre de la SA DCN International y la Sra. letrada Hélène MasseDessen, en nombre de la Federación de Establecimientos y Arsenales del Estado FEAE CFDT y el Sr. letrado ThierryXavier Girardot, designado por el Primer Ministro, el 19 de octubre de 2011;
1. Considerando que, en virtud del artículo 413-9 del Código penal:
2. Considerando que, en virtud del artículo 413-9-1 del mismo Código:
3. Considerando que, en virtud del artículo 413-10 del mismo Código:
4. Considerando que, en virtud del artículo 413-10-1 del mismo Código:
5. Considerando que, en virtud del artículo 413-11 del mismo Código:
6. Considerando que, en virtud del artículo 413-11-1 del mismo Código:
7. Considerando que, en virtud del artículo 413-12 del mismo Código:
8. Considerando que, en virtud del artículo L.2311-1 del Código de la defensa:
9. Considerando que, en virtud del artículo L.2311-1 del mismo Código:
10. Considerando que, en virtud del artículo L.2312-2 del mismo Código:
11. Considerando que, en virtud del artículo L.2312-3 del mismo Código:
12. Considerando que, en virtud del artículo L.2312-4 del mismo Código:
13. Considerando que, en virtud del artículo L.2312-5 del mismo Código:
Para el cumplimiento de su misión, la Comisión, o su presidente –por delegación de ésta-, estará habilitada, no obstante lo dispuesto en los artículos 56 y 97 del Código procesal penal, a proceder a la apertura de los precintos de los elementos clasificados que le sean remitidos. La Comisión hará referencia a ello en el acta de la sesión. Los documentos serán restituidos por la Comisión a la autoridad administrativa en el momento de la transmisión de su dictamen.
14. Considerando que, en virtud del artículo L.2312-6 del mismo Código:
15. Considerando que, en virtud del artículo L.2312-7 del mismo Código:
16. Considerando que, en virtud del artículo L.2312-7-1 del mismo Código:
17. Considerando que, en virtud del artículo L.2312-8 del mismo Código:
18. Considerando que, en virtud del artículo 56-4 del Código procesal penal:
19. Considerando que, según los recurrentes, estas disposiciones, relativas tanto a las informaciones como a los lugares clasificados como secreto de la defensa nacional, vulneran el derecho a un proceso con todas las garantías y el principio de separación de poderes que figura en el artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789;
¾ SOBRE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES APLICABLES:
20. Considerando, de una parte, que en los términos del artículo 16 de la Declaración de 1789: “Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos, ni establecida la separación de los poderes, carece de Constitución”; que en virtud del artículo 5 de la Constitución, el Presidente de la República es el garante de la independencia nacional y de la integridad del territorio; que en los términos del párrafo primero del artículo 20: “El Gobierno determina y conduce la política de la Nación”; que el principio de separación de poderes se aplica en relación con el Presidente de la República y con el Gobierno; que el secreto de la defensa nacional forma parte de la salvaguarda de los intereses fundamentales de la Nación, refirmados por la Carta del medio ambiente, entre los cuales figuran la independencia de la Nación y la integridad del territorio;
21. Considerando, de otra parte, que el artículo 16 de la Declaración de 1789 implica el respeto del carácter específico de las funciones jurisdiccionales, las cuales no pueden ser usurpadas ni por el legislador, ni por el Gobierno, así como el derecho de las personas interesadas a ejercer un recurso jurisdiccional efectivo y el derecho a un proceso con todas las garantías; que, además, la persecución de los autores de las infracciones constituye un objetivo de valor constitucional necesario para la salvaguarda de derechos y principios de valor constitucional;
22. Considerando que, en virtud del artículo 34 de la Constitución, el legislador es el competente para fijar las reglas relativas a las garantías fundamentales reconocidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas, a las limitaciones impuestas a los ciudadanos en su persona o en sus bienes por la defensa nacional, a la determinación de los crímenes y los delitos, así como a las penas que les son aplicables y al procedimiento penal; que, tanto el principio de la separación de poderes como la existencia de otras garantías constitucionales le imponen (al legislador) la obligación de asegurar una conciliación que respete el equilibrio entre, de una parte, el derecho de las personas interesadas a ejercer un recurso jurisdiccional efectivo, el derecho a un proceso con todas las garantías, así como la persecución de los autores de las infracciones, y, de otra parte, las exigencias constitucionales inherentes a la salvaguarda de los intereses fundamentales de la Nación;
¾ SOBRE LAS INFORMACIONES CLASIFICADAS COMO SECRETO DE LA DEFENSA NACIONAL:
23. Considerando que el artículo 413-9 del Código penal define las informaciones que pueden ser clasificadas como secreto de la defensa nacional; que los artículos 413-10, 413-11 y 413-12 del dicho Código castigan la violación de este secreto; que los artículos L.2311-1, L.2312-1, párrafos 1º y 2º, L.2312-2, L2312-3, L.2312-4, párrafos 1º a 3º, L.2312-5, l2312-6, L.2312-7 y L.2312-8 del Código de la defensa determinan el papel de la Comisión consultiva del secreto de la defensa nacional en relación con el procedimiento de desclasificación y de comunicación de informaciones clasificadas; que los párrafos I y II del artículo 56-4 del Código procesal penal fijan las condiciones del acceso a las informaciones clasificadas con ocasión de los registros en lugares que estén identificados de manera precisa como lugares que contienen elementos cubiertos por el secreto de la defensa nacional y en lugares en los que se descubra que contienen elementos cubiertos por este secreto;
24. Considerando que, según los recurrentes, al privar al juez del poder y de los medios para apreciar la integralidad de los elementos determinantes para el desarrollo del proceso y al no prever un recurso jurisdiccional que permita a un juez realizar una apreciación sobre la naturaleza de las informaciones clasificadas, el legislador a vulnerado el artículo 16 de la Declaración de 1789;
.En lo que atañe al procedimiento de desclasificación y comunicación de informaciones clasificadas:
25. Considerando que, en virtud del artículo 413-9 del Código penal pueden ser objeto de una medida de clasificación los procedimientos, objetos, documentos, informaciones, redes informáticas, datos informatizados o ficheros cuyo acceso o divulgación sea susceptible de perjudicar a la defensa nacional o pudiera llevar al descubrimiento de un secreto de la defensa nacional; que los niveles de clasificación y las autoridades encargadas de definir las modalidades según las cuales se organice su protección serán determinados por Decreto, oído el Consejo de Estado; que, por otra parte, los artículos 413-10, 413-11 y 413-12 de dicho Código castigan la violación del secreto de la defensa nacional;
26. Considerando, en primer lugar, que, cuando un órgano jurisdiccional presenta una solicitud motivada instando a la desclasificación y a la comunicación de informaciones protegidas a la autoridad administrativa al cargo de la clasificación, esta última requiere inmediatamente a la Comisión consultiva del secreto de la defensa nacional; que esta Comisión emite un dictamen en el plazo de dos meses, a contar desde el requerimiento, tomando en consideración las misiones de servicio público de la justicia, el respeto a la presunción de inocencia y los derechos de la defensa, el respeto a los compromisos internacionales de Francia, así como la necesidad de preservar las capacidades de la defensa y la seguridad de su personal; que, con este fin, el presidente de la Comisión puede llevar a cabo todas las investigaciones que puedan resultar útiles y que los miembros de esta misma Comisión pueden acceder al conjunto de las informaciones clasificadas; que el dictamen, cuyo sentido puede ser favorable, favorable a una desclasificación parcial o desfavorable, es enviado a la autoridad administrativa; que dicha autoridad, en un plazo de 15 días desde la recepción del dictamen o desde la expiración del plazo de dos meses a contar desde el requerimiento a la Comisión, notifica su decisión al órgano jurisdiccional interesado, acompañada del sentido del dictamen; que, por otra parte, el sentido del dictamen es objeto de publicación en el Diario oficial de la República francesa;
27. Considerando, en segundo lugar, que en los términos del artículo L.2312-1 del Código de la defensa, la Comisión consultiva del secreto de la defensa nacional es “una autoridad administrativa independiente”; que se compone de cinco miembros, entre los cuales un presidente, un vicepresidente que le sustituye en caso de ausencia o de impedimento y un miembro, todos ellos elegidos por el Presidente de la República de entre una lista de seis miembros del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo o del Tribunal de Cuentas, elaborada conjuntamente por el vicepresidente del Consejo de Estado, el primer presidente del Tribunal Supremo y el primer presidente del Tribunal de Cuentas, un diputado, designado por el tiempo que dure la legislatura, por el Presidente de la Asamblea nacional, Un senador, designado por el Presidente del Senado después de cada renovación parcial de esta cámara; que el mandato de los miembros no parlamentarios de la Comisión es de seis años; que su mandato no es renovable; que solo cesarán en sus funciones en caso de impedimento constatado por la propia Comisión; que su autonomía de gestión administrativa y financiera está garantizada; que los ministros, las autoridades públicas y los agentes públicos no pueden oponerse a su acción por ningún motivo y deben adoptar todas las medidas que resulten útiles para facilitarla;
28. Considerando que, teniendo en cuenta las garantías de independencia conferidas a la Comisión así como las condiciones del procedimiento de desclasificación y de comunicación de informaciones clasificadas, el legislador ha realizado una conciliación que no resulta desequilibrada entre las exigencias constitucionales antes citadas; que, en consecuencia, las disposiciones del artículo L.2311-1, de los párrafos primero y segundo del artículo 2312-1, de los artículos L.2312-2 y L.2312-3, de los párrafos primero a tercero del artículo L. 2312-4, del artículo 2312-5 y de los artículos L.2312-6, L.2312-7 y L.2312-8 del Código de la defensa, así como las disposiciones de los artículos 413-9, 413-10, 413-11 y 413-12 del Código penal, no son contrarias a la Constitución;
.En lo que atañe al acceso a las informaciones clasificadas con ocasión de registros:
29. Considerando que las disposiciones del apartado I del artículo 56-4 del Código procesal penal prevén que el Primer ministro determine de manera limitativa los lugares identificados de forma precisa que contengan elementos cubiertos por el secreto de la defensa nacional; que esta lista, actualizada regularmente, sea comunicada a la Comisión consultiva del secreto de la defensa nacional así como al ministro competente en materia de justicia; que es puesta a disposición de cualquier magistrado interesado de manera segura; que de los trabajos parlamentarios se extrae que la expresión “lugar identificado de manera precisa” ha sido utilizada por el legislador en el sentido de no designar un edificio en su conjunto o una categoría de locales, sino una estancia claramente determinada; que el registro que se pretenda hacer en un lugar identificado de manera precisa que contenga elementos cubiertos por el secreto de la defensa nacional no está subordinado a ninguna autorización previa; que se castiga penalmente la acción de disimular informaciones no clasificadas tratando de beneficiarse de la protección vinculada al secreto de la defensa nacional;
30. Considerando que, en estas condiciones, al quedar subordinado el registro por un magistrado de un lugar identificado de manera precisa como lugar que contiene elementos cubiertos por el secreto de la defensa nacional a la presencia del presidente de la Comisión o de su representante y al excluir la posibilidad de que el magistrado pueda acceder al conocimiento de los elementos clasificados en el lugar, el legislador ha dotado al procedimiento de registro de garantías que permiten asegurar una conciliación que no resulta desequilibrada entre las exigencias constitucionales antes citadas; que, en consecuencia, las disposiciones del apartado I del artículo 56-4 del Código procesal penal, son conformes con la Constitución;
31. Considerando que las disposiciones del apartado II del artículo 56-4 del Código procesal penal definen el régimen jurídico de los registros en cuyo transcurso sean descubiertos incidentalmente elementos protegidos por el secreto de la defensa nacional; que en tal supuesto, el magistrado presente, o inmediatamente informado por el oficial de la policia judicial, da cuenta de ello al presidente de la Comisión; que el magistrado o el oficial de la policía judicial que hayan descubierto los elementos clasificados proceden al precintado de los mismos sin acceder a su conocimiento y los remiten o transmiten, por cualquier medio, al presidente de la Comisión que se asegura de su custodia; que, para dar cuenta de las operaciones relativas a los elementos clasificados, se redacta un acta que no se adjunta al expediente del proceso; que solo la Comisión, o su presidente por delegación de ésta, está habilitada para proceder a la apertura de los precintos de los elementos clasificados que le sean remitidos; que en tal caso, la Comisión ha de mencionarlo en el acta de la sesión; que, finalmente, los documentos son restituidos por la Comisión a la autoridad administrativa en el momento de la emisión de su dictamen;
32. Considerando que, como resultado del conjunto de estas disposiciones, los registros en lugares en los que se descubra que contienen elementos cubiertos por el secreto de la defensa nacional están cubiertos por las garantías adecuadas que permiten asegurar una conciliación que no resulta desequilibrada entre las exigencias constitucionales antes citadas; que, en consecuencia, las disposiciones del apartado II del artículo 56-4 del Código procesal penal, son conformes con la Constitución;
¾ SOBRE LOS LUGARES CLASIFICADOS COMO SECRETO DE LA DEFENSA NACIONAL:
33. Considerando, de una parte, que el artículo 413-9-1 del Código penal autoriza la clasificación de lugares a los cuales no pueda accederse sin que, en razón de las instalaciones o de las actividades que acojan, dicho acceso no suponga en sí mismo el conocimiento de un secreto de la defensa nacional; que prevé que la decisión de clasificación sea adoptada con una duración de cinco años mediante resolución del Primer ministro, publicada en el Diario oficial, previo dictamen de la Comisión consultiva del secreto de la defensa nacional; que, junto a ello, los artículos 413-10-1 y 413-11-1 castigan la violación de estas disposiciones relativas a los lugares clasificados;
34. Considerando, de otra parte, que tal y como se deriva de las disposiciones del artículo 56-4 del Código procesal penal, un registro en un lugar clasificado solo puede ser realizado por un magistrado en presencia del presidente de la Comisión; que este último puede estar representado por un miembro de la Comisión y asistido por cualquier persona autorizada al efecto; que el magistrado verifica ante la Comisión si el lugar en el que pretende efectuar un registro ha sido objeto de una medida de clasificación; que, en tal caso, el magistrado ha de indicar, de manera escrita y motivada, la naturaleza de la infracción o de las infracciones sobre las que versen las investigaciones, las razones que justifiquen el registro y su objeto, así como el lugar afectado por el mismo;
35. Considerando que el registro en un lugar clasificado está subordinado a una decisión de desclasificación temporal del lugar; que el presidente de la Comisión, requerido por una solicitud de desclasificación temporal de un magistrado, traslada un dictamen sobre dicha solicitud a la autoridad administrativa competente; que esta última da a conocer su decisión inmediatamente; que la desclasificación decretada por dicha autoridad solo es válida por el tiempo que duren las operaciones; que, en caso de desclasificación parcial, el registro solo puede realizarse en la parte del lugar que haya sido objeto de la decisión de desclasificación de la autoridad administrativa;
36. Considerando que, según los recurrentes, al admitir que todos los elementos probatorios que se encuentren en los lugares clasificados se benefician de la protección del secreto de la defensa nacional, y al subordinar los registros en estos lugares a una autorización de la autoridad administrativa, sin que pueda ejercerse ningún control jurisdiccional sobre la decisión que deniegue al magistrado el acceso a los lugares, el legislador a vulnerado el artículo 16 de la Declaración de 1789.
37. Considerando que la clasificación de un lugar tiene como efecto sustraer una zona geográfica definida de los poderes de investigación de la autoridad judicial; que (dicha clasificación) subordina el ejercicio de estos poderes de investigación a una decisión administrativa; que conduce a que todos los elementos probatorios, cualesquiera que sean, presentes en los lugares afectados le sean inaccesibles (a la autoridad judicial), en tanto no sea expedida esta autorización; que, por consiguiente, el legislador, al autorizar la clasificación de determinados lugares como secreto de la defensa nacional y al subordinar el acceso a los mismos de los magistrados, a efectos de registro, a una desclasificación temporal, ha llevado a cabo una conciliación que resulta desequilibrada entre las exigencias constitucionales antes citadas; que, por tanto, las disposiciones de los artículos 413-9-1, 413-10-1 y 413-11-1 del Código penal, las del tercer párrafo del artículo L.2312-1, las del párrafo cuarto del artículo L.2312-44, las del artículo L.2312-7-1 del Código de la defensa y, en consonancia con lo anterior, las palabras: “y a acceder a cualquier lugar clasificado”, que figuran en el segundo párrafo del artículo L.2312-5 de dicho Código, deben ser declaradas contrarias a la Constitución;
38. Considerando que, en los términos del segundo párrafo del artículo 62 de la Constitución: “Una disposición declarada inconstitucional en virtud del artículo 61-1 será derogada a partir de la publicación de la decisión del Consejo Constitucional o de una fecha posterior fijada en dicha decisión. El Consejo Constitucional determinará las condiciones y los límites en que serán susceptibles de revisarse los efectos producidos por la disposición”; que si, en principio, la declaración de inconstitucionalidad debe beneficiar al autor de la cuestión prioritaria de constitucionalidad y la disposición contraria a la Constitución no puede ser aplicable en las instancias en curso e partir de la fecha de la publicación de la decisión del Consejo Constitucional, las disposiciones del artículo 62 de la Constitución reservan a este último tanto el poder de fijar la fecha de la derogación y de retrasar sus efectos en el tiempo, como el poder de prever la revisión de los efectos que la disposición ha producido antes de la citada declaración; que, con el fin de permitir a la autoridad administrativa que extraiga las consecuencias de esta inconstitucionalidad, ha lugar a retrasar la fecha de la declaración de inconstitucionalidad al 1 de diciembre de 2011;
- el apartado III del artículo 56-4 del Código procesal penal;
- los artículos L.2312-1, párrafo 3, L.2312-4, párrafo 4, y el artículo L.2312-7-1 del Código de la defensa;
- en el segundo párrafo del artículo L.2312-5 del Código de la defensa, las palabras: “y a acceder a cualquier lugar clasificado”;
- los artículos 413-9-1, 413-10-1 y 413-11-1 del Código penal;
- los apartados I y II del artículo 56-4 del Código procesal penal;
- los artículos 413-9, 413-10, 413-11 y 413-12 del Código penal;
- las partes restantes de los artículos L.2312-1, L.2312-4 y L.2312-5 del Código de la defensa;
- los artículos L.2311-1, L.2312-2, L.2312-3, L.2312-6, L.2312-7 y L.2312-8 del Código de la defensa;
Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 10 de noviembre de 2011 en la que estaban presentes: don JeanLouis DEBRÉ, Presidente, don Jacques BARROT, doña Claire BAZY MALAURIE, los señores Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, doña Jacqueline de GUILLENCHMIDT y los señores Hubert HAENEL y Pierre STEINMETZ.