Source: http://documentoshistoria.blogspot.com/2009/04/ley-organica-del-estado-de-1967-1-de.html
Timestamp: 2017-12-13 15:00:26
Document Index: 55247653

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 21', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 10', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 10', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 60', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 61', 'Artículo 66', 'Artículo 4', 'Artículo 10']

Documentos de Historia de España: Ley Orgánica del Estado de 1967 (1 de enero de 1967)
Ley Orgánica del Estado de 1967 (1 de enero de 1967)
Ley Orgánica del Estado de 1967
(1 de enero de 1967)
A lo largo de seis lustros, el Estado nacido cl 18 de julio de 1936 ha realizado una honda labor de reconstrucción en todos los órdenes de la vida nacional. Nuestra legislación fundamental ha avanzado al compás de las necesidades patrias consiguiendo, gracias a su paulatina promulgación, el arraigo de las instituciones, al tiempo que las ha preservado de las rectificaciones desorientadoras que hubieran sido consecuencia inevitable de toda decisión prematura.
Artículo 4.- El Movimiento Nacional, comunión de los españoles en los Principios a que se refiere el Artículo anterior, informa el orden político, abierto a la totalidad de los españoles y, para el mejor servicio de la Patria, promueve la vida política en régimen de ordenada concurrencia de criterios.
Artículo 5.- La bandera nacional es la compuesta por tres franjas horizontales: roja, gualda y roja; la gualda, de doble anchura que las rojas.
Artículo 7.- Corresponde, particularmente, al Jefe del Estado:
Artículo 9.- El Jefe del Estado necesita una ley, o, en su caso, acuerdo o autorización de las Cortes, a los fines siguientes:
Artículo 10.- El Jefe del Estado estará asistido por el Consejo del Reino, para:
Artículo 12.- La tutela de las personas reales menores de edad llamadas a la sucesión o del Rey incapacitado, será aprobada por las Cortes a propuesta del Consejo del Reino. La designación ha de recaer en persona de nacionalidad española que profese la religión católica y es incompatible con el ejercicio de la Regencia, de la Presidencia del Gobierno o de la Presidencia de las Cortes.
Artículo 15.- El Presidente del Gobierno cesará en su cargo:
I. En caso de fallecimiento del Presidente del Gobierno o en los supuestos de los apartados b), c) y d) del Artículo anterior, asumirá interinamente sus funciones el Vicepresidente o Vicepresidentes por el orden que se establezca, o si no hubiese Vicepresidente, el Ministro que designe el Jefe del Estado.
Artículo 18.- Los miembros del Gobierno cesarán en sus cargos:
c) A petición propia, cuando haya sido aceptada la dimisión por el Jefe del Estado, a propuesta del Presidente del Gobierno.
Artículo 19.- El Presidente y los demás miembros del Gobierno, antes de tomar posesión de sus cargos, prestarán ante el Jefe del Estado juramento de fidelidad a éste, a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino, así como de guardar secreto de sus deliberaciones.
Artículo 22.- El Consejo Nacional estará constituido por los siguientes Consejeros:
1. Cuatro elegidos entre sus miembros por los procuradores en Cortes representantes de la Familia.
2. Cuatro elegidos entre sus miembros por los procuradores en Cortes representantes de las Corporaciones locales.
3. Cuatro elegidos entre sus miembros por los procuradores en Cortes representantes de la Organización Sindical.
Artículo 23.- Para el cumplimiento de los fines señalados en el Artículo 21, el Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
Artículo 24.- El Consejo Nacional funcionará en Pleno y en Comisión Permanente con arreglo a lo que disponga su Ley orgánica.
Artículo 25.- El Presidente del Gobierno, por su condición de Jefe Nacional del Movimiento por delegación del Jefe del Estado, ejercerá la Presidencia del Consejo Nacional y de su Comisión Permanente, asistido del Secretario General, en quien podrá delegar las funciones que estime convenientes.
Artículo 26.- El Secretario General será designado por el Jefe del Estado a propuesta del Presidente del Gobierno. El cargo de Secretario General tendrá las incompatibilidades que señalen las Leyes.
Artículo 28.- Una Ley orgánica establecerá las normas que regulen el Consejo Nacional.
Título V. La Justicia
Artículo 29.- La Justicia gozará de completa independencia. Será administrada en nombre del Jefe del Estado, de acuerdo con las leyes, por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles y responsables con arreglo a la Ley.
Artículo 30.- Todos los españoles tendrán libre acceso a los Tribunales. La Justicia será gratuita para quienes carezcan de medios económicos.
Artículo 31.- La función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en los juicios civiles, penales, contencioso-administrativos, laborales y demás que establezcan las Leyes, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en la Ley orgánica de la Justicia, según su diversa competencia.
Artículo 33.- La alta inspección de la Justicia corresponde al Presidente del Tribunal Supremo, el cual será designado entre juristas españoles de reconocido prestigio.
Artículo 34.- Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por algunas de las causas y con las garantías prescritas en las Leyes.
Artículo 36.- Las autoridades y organismos de carácter público, así como los particulares, están obligados a prestar a los Juzgados y Tribunales el auxilio necesario para el ejercicio de la función jurisdiccional.
Artículo 37.- Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público, garantizan la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional.
Artículo 38.- Una Junta de Defensa Nacional, integrada por el Presidente del Gobierno, los Ministros de los Departamentos militares, el Jefe del Alto Estado Mayor y los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, propondrá al Gobierno las líneas generales concernientes a la seguridad y defensa nacional. A esta Junta de Defensa Nacional podrán ser incorporados los Ministros o Altos Cargos que, por el carácter de los asuntos a tratar, se considere conveniente.
Artículo 39.- Un Alto Estado Mayor, dependiente del Presidente del Gobierno, será el órgano técnico de la Defensa Nacional, con la misión de coordinar la acción de los Estados Mayores de los tres Ejércitos.
Artículo 43.- Todas las autoridades y funcionarios públicos deben fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino y prestarán, antes de tomar posesión de sus cargos, el juramento correspondiente.
Artículo 44.- Al Tribunal de Cuentas del Reino corresponde, con plena independencia, el examen y comprobación de las cuentas expresivas de los hechos realizados en ejercicio de las Leyes de Presupuestos y de carácter fiscal, así como las cuentas de todos los organismos oficiales que reciban ayuda o subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y de sus Organismos autónomos, y realizar las demás funciones que le señale su Ley orgánica.
II. Las Corporaciones municipales y provinciales, órganos de representación y gestión del Municipio y la Provincia, respectivamente, serán elegidas por sufragio articulado a través de los cauces representativos que señala el Artículo 10 del Fuero de los Españoles.
Artículo 47.- El Estado promueve el desarrollo de la vida municipal y provincial, protege y fomenta el patrimonio de las Corporaciones locales y asegura a éstas los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Artículo 48.- El régimen de la Administración local y de sus Corporaciones, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos anteriores y las garantías exigidas por el bien común en este orden, vendrá determinado por la Ley.
Artículo 49.- Las Cortes españolas serán inmediatamente informadas del nombramiento de nuevo Gobierno y de la sustitución de cualquiera de sus miembros.
Artículo 50.- Además de su participación en las tareas legislativas, compete a las Cortes, en relación con el Jefe del Estado:
Artículo 51.- El Gobierno podrá someter a la sanción del Jefe del Estado disposiciones con fuerza de ley con arreglo a las autorizaciones expresas de las Cortes.
Artículo 52.- Salvo el caso previsto en el Artículo anterior y los comprendidos en el apartado d) del Artículo 10 de esta Ley y en el 13 de la Ley de Cortes, el Gobierno no podrá dictar disposiciones que, de acuerdo con los Artículos 10 y 12 de la Ley de Cortes, deban revestir forma de ley.
Artículo 53.- El Presidente del Gobierno y los Ministros informarán a las Cortes acerca de la gestión del Gobierno y de sus respectivos Departamentos y, en su caso, deberán responder a ruegos, preguntas e interpelaciones que se hicieren reglamentariamente.
Artículo 55.- El Tribunal de Cuentas del Reino, en el ejercicio de su función fiscalizadora, deberá poner en conocimiento del Gobierno y de las Cortes, a través de las correspondientes memorias e informes, la opinión que le merezcan los términos en que hayan sido cumplidas las Leyes de Presupuestos y las demás de carácter fiscal, conforme a lo prevenido en la Ley que regula esta obligación y asimismo en todos aquellos casos en que, por su excepcional importancia, considere que debe hacer uso de esta facultad.
Artículo 56.- Sólo el Jefe del Estado puede pedir dictamen al Consejo del Reino.
Artículo 57.- Corresponde al Jefe del Estado decidir, conforme a las leyes, las cuestiones de competencia entre la Administración y los Jueces o Tribunales ordinarios y especiales y las que se produzcan entre el Tribunal de Cuentas y la Administración o entre dicho Tribunal y los demás Tribunales ordinarios y especiales.
Título X. El recurso de Contrafuero
Artículo 60.- Podrán promover recurso de contrafuero:
I. El Consejo del Reino solicitará dictamen acerca de la cuestión planteada por el recurso de contrafuero a una Ponencia presidida por un Presidente de Sala del Tribunal Supremo de Justicia e integrada por:
1. Un Consejero Nacional;
2. Un Consejero Permanente de Estado;
3. Un Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y
4. Un Procurador en Cortes, designados por la Comisión Permanente de las instituciones respectivas y, en el caso del Tribunal Supremo, por su Sala de Gobierno.
Dicho dictamen se elevará al Consejo del Reino con expresión de los votos particulares, si los hubiere.
Artículo 63.- En el supuesto de que la Comisión Permanente de las Cortes advirtiera vulneración de los Principios del Movimiento o demás leyes fundamentales, en un proyecto o proposición de ley dictaminado por la Comisión correspondiente de las Cortes, expondrá su parecer, en razonado escrito, al Presidente de las Cortes, dentro de los ocho días siguientes a la publicación del dictamen en el «Boletín Oficial» de éstas, quien lo trasladará a la Comisión que lo hubiere dictaminado para que someta a nuevo estudio el proyecto o proposición de ley de que se trate. Entretanto, se suspenderá su inclusión en el orden del día del Pleno o, en su caso, será retirado del mismo.
Artículo 64.- La resolución que anule por contrafuero el acto legislativo o disposición de carácter general del Gobierno que haya sido objeto de recurso, obligará a la inmediata publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la nulidad acordada, con el alcance que en cada caso proceda.
II. Si el Consejo Nacional entendiera que dicho motivo existe, procederá a entablarlo en la forma prevista en el Artículo 61. En caso contrario, así como en el de quedar desestimado dicho recurso, la ley podrá ser sometida a referéndum, y después de su promulgación no podrá ser objeto de recurso de contrafuero.
Artículo 66.- Una Ley especial establecerá las condiciones, la forma y los términos en que haya de promoverse y sustanciarse el procedimiento a que dé lugar el recurso de contrafuero.
Segunda.- Al constituirse la próxima legislatura de las Cortes entrarán en vigor las modificaciones introducidas por la disposición adicional tercera del texto originario de la presente Ley («Boletín Oficial del Estado», núm. 9, de 11 de enero de 1967) en los Artículos 2, 6 y párrafo 5 del 7 de la Ley de Cortes, y seguidamente las operadas en el Consejo del Reino según la nueva redacción del Artículo 4 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado establecida en la disposición adicional cuarta del citado texto originario.
Tercera.- Con las salvedades previstas en la precedente disposición transitoria, la presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su promulgación.
Cuarta.- En el plazo de cuatro meses a contar desde la promulgación de la presente Ley, se publicarán los textos refundidos de las Leyes fundamentales, en los que se recogerán las modificaciones a que se hace referencia en las disposiciones adicionales del ya citado texto originario de la presente Ley, previo dictamen del Consejo del Reino y deliberación del Consejo de Ministros.
Quinta.- El Gobierno, en el plazo más breve posible, presentará a las Cortes los proyectos de ley y dictará las disposiciones conducentes a la debida ejecución de la presente Ley.
Segunda.- La presente Ley tiene el carácter de Ley fundamental definido en el Artículo 10 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado.