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Timestamp: 2018-07-22 12:46:16
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Matched Legal Cases: ['Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 35', 'Artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 1', 'artículo 3', 'Artículo 36', 'artículo 92', 'Artículo 92', 'artículo 78', 'artículo 80', 'artículo 83', 'Artículo 78', 'Artículo 70', 'Artículo 76', 'Artículo 78', 'artículo 76']

17.1: El Sistema de Penas [124081] | Derecho Penal I (UMA) | Unybook
17.1: El Sistema de Penas (2016)
17.1: El Sistema de Penas
Tema 17 Parte 1
Tema 17 1 El Sistema de Penas Teoría del sistema de penas: Partiendo de una determinada teoría de la pena, hay que encontrar una definición y una determinación de los instrumentos concretos (consecuencias jurídicas) a través de los que implementar los fines de la pena con arreglo al fundamento y los principios legitimadores de ésta.
Asimismo, se debe realizar una tipología y clasificación de penas acordes con el fundamento, fines y principios legitimadores de la teoría de la pena.
La aplicación y determinación de la pena se basan en reglas de concreción de la clase y cuantía de la pena a imponer en un caso concreto, en atención a la teoría de la pena, y a partir de la pena prevista en abstracto para la infracción penal cometida.
En la ejecución de la pena se tienen en cuenta reglas sobre cumplimiento de la pena concreta impuesta (posee especial trascendencia para el Derecho Penitenciario).
Clasificación de las penas: La clasificación clásica la establece Carrara en atención al bien jurídico. Se distinguen: · Penas capitales (vida).
· Penas aflictivas (integridad física): se distinguen a su vez en directas o positivas (corporales) e indirectas o negativas (impedimento u obstaculización de libertad).
· Penas infamantes (honor).
· Penas pecuniarias (patrimonio).
Las penas según el bien jurídico sobre el que recaen se clasifican en: penas privativas de libertad, penas privativas de otros derechos, y multas.
Artículo 32 CP: Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código, bien con carácter principal bien como accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.
Las penas, por su posición funcional o autonomía, se distinguen en: · Penas principales: están previstas de modo expreso en el marco penal abstracto.
· Penas accesorias: no previstas están de modo expreso en el marco penal abstracto. Sólo son imponibles junto a pena principal.
Las penas, según su gravedad, naturaleza y duración, se clasifican en: penas graves, penas menos graves, y penas leves.
Artículo 33 CP: Son penas graves: a) La prisión permanente revisable.
Son penas menos graves: a) La prisión de tres meses hasta cinco años.
Son penas leves: a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.
Artículo 33.5 CP: La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya.
Artículo 35 CP: Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este Código.
Pena de muerte: Artículo 15 CE: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra.
Se abole definitivamente la pena de muerte en virtud de la Ley Orgánica 11/1995, que estipula: Exposición de Motivos: El artículo 15 de la Constitución española proclama que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral y dispone la abolición de la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra. Tal excepción para determinados delitos cometidos en tiempo de guerra ha sido materializada por la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, por la que se aprueba el Código Penal Militar. No obstante, como tal excepción constitucional, no resulta obligada e imperativa sino que el legislador dispone de plena libertad para abolirla.
Artículo 1: Queda abolida la pena de muerte establecida para tiempo de guerra.
Esta Ley Orgánica no modifica la Constitución (ni podría hacerlo), por lo que la pena de muerte podría ser reintroducida en nuestro ordenamiento para tiempos de guerra.
Breve historia española: Respecto a las penas corporales, la tortura fue abolida en España formalmente en 1811. En la Constitución de 1812 se proclamaba: “No se usará nunca el tormento ni los apremios”.
En cuanto al garrote español, el Decreto CXXVIII de las Cortes de Cádiz (año 1812) abolió la pena de horca y la sustituyó por la de garrote. La anulación de la Constitución y de las leyes emanadas por las Cortes de Cádiz trajo consigo el retorno a la horca como método habitual, quedando el garrote reservado a los nobles y el fusilamiento a las ejecuciones militares. El Código Penal de 1822 recupera la exclusividad del garrote en ejecuciones civiles. Durante el periodo 1822 1824 se vuelve al restablecimiento de la horca, y finalmente desde 1832 el garrote fue el único método de ejecución. Una Ley del año 1900 establece la pena de muerte por garrote únicamente en la prisión.
Los últimos ajusticiados en garrote en España fueron Salvador Puig Antich y Heinz Chez, ambos en el año 1974.
Prisión permanente revisable: Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2015: La reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad (asesinatos especialmente graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad) en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, éste puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos.
La pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de “pena definitiva” en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión.
Se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio.
Artículo 36 CP: La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92. La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse: a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.
La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código. Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. En cualquier caso, cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma: a) Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código.
Artículo 92 CP: El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo.
La suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años. El plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado. Son aplicables las normas contenidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 80 y en los artículos 83, 86, 87 y 91. El juez o tribunal, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al artículo 83, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas, o el alzamiento de las mismas. Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada.
Artículo 78 bis CP: Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento: a) de un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años.
En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido: a) Un mínimo de veinticinco años de prisión, en los supuestos a los que se refieren las letras a) y b) del apartado anterior.
Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de cumplimiento para el acceso al tercer grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y dos años de prisión en el de la letra c) del apartado primero. En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido un mínimo de veintiocho años de prisión, en los supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y cinco años de prisión en el de la letra b) del apartado primero.
Resumen: · Permisos de salida: tras 8 años de cumplimiento o tras 12 si se trata de terrorismo.
· Acceso al tercer grado: tras 15 años o tras 20 si se trata de terrorismo; tras 18, 20, 22, 24 o 32 años en casos de concursos.
· Revisión: tras 25 años o tras 28 años si se trata de terrorismo; tras 35 años en caso de concursos.
Artículo 70.4 CP: La pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión de veinte a treinta años.
En la prisión permanente revisable, el cumplimiento de los requisitos no garantiza la excarcelación (el tribunal decide).
Se plantea la posible vulneración del principio de legalidad, en virtud de la seguridad jurídica.
Artículo 76 CP: 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo será: a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.
Artículo 78 CP: 1. Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 76 la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal sentenciador podrá acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias.
Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, y atendiendo a la suma total de las penas impuestas, la anterior posibilidad sólo será aplicable: a) Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena.
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