Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/43620489
Timestamp: 2020-01-20 20:13:45
Document Index: 27979547

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 42', 'artículo 27', 'artículo 74', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 153', 'artículo 152', 'artículo 152', 'artículo 74', 'Artículo 150', 'artículo 74', 'artículo 15', 'artículo 92', 'artículo 217', 'artículo 60', 'artículo 33', 'artículo 84', 'artículo 42']

Sentencia de Constitucionalidad nº 872/03 de Corte Constitucional, 30 de Septiembre de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43620489
Decreto 1799 de 2000. Arts. 27 y 42. Proceso de evaluacion y clasificacion para ascenso de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. Reserva de documentos que contienen informacion y juicios de valor de las condiciones personales y profesionales, de las sesiones y decisiones motivadas. Acceso a documentos publicos y oficiales. Hojas de vida. Derecho a la verdad. Sometimiento a reserva de ley estatutaria. Democracia participativa. Principio de publicidad, proporcionalidad y razonabilidad. Existencia de objetivo constitucionalmente legitimo. Exequibles e inexequibles.
Sentencia citada en: 137 sentencias, 11 artículos doctrinales, una disposición normativa
''Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas''.
El principio de proporcionalidad comprende tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El primero se refiere a que toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; el segundo, que la medida legislativa debe ser lo más benigna posible con el derecho intervenido, entre todas aquellas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto, y la tercera, alude a que la intervención en el derecho fundamental intervenido deben compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares y para la sociedad en general. Otros autores como C.H., prefieren referirse a la ''interdicción de exceso y de defecto'', la cual estaría compuesta a su vez por dos subprincipios: el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto, dentro de las cuales se consideran implícitas las exigencias establecidas por el subprincipio de idoneidad.
El principio de razonabilidad, en tanto que límite a la actividad del legislador, implica la exclusión de toda decisión adoptada de manera manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir, apartándose de los designios de la recta razón. Para autores como T., la noción de razonabilidad puede ''permitir al juez ejercer un cierto control sobre la finalidad de los actos particulares o de las autoridades públicas frente a una regla general que éstas han establecido''.
La Corte observa que la imposición de la reserva legal sobre los documentos referidos en el artículo 27 del decreto 1799 de 2000 no es absoluta por cuanto se dispone que el evaluado los conocerá, disposición que tiene como finalidad que el servidor público que disienta de las anotaciones que figuran en su hoja de vida, pueda manifestar su desacuerdo y ejercer su derecho de defensa, de conformidad con los procedimientos que aparecen regulados en el Capítulo V de la mencionada normatividad, bajo la rúbrica ''Reclamos''.
En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, el ciudadano A.U.M. solicitó a la Corte declarar inexequibles los artículos 27 y 42 del Decreto 1799 de 2001 ''Por el cual se dictan las normas sobre evaluación y clasificación para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y se establecen otras disposiciones."
''Por el cual se dictan las normas sobre evaluación y clasificación para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y se establecen otras disposiciones"
El ciudadano C.R.O., actuando en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia rindió concepto, en el cual manifiesta que las normas acusadas no quebrantan los principios establecidos en la Constitución ni atentan "contra el marco jurídico, democrático y participativo que dice el preámbulo de la Carta pues las normas establecidas en el texto de que hacen parte las normas acusadas, le dan la oportunidad al evaluado de formular los reparos que estime convenientes, lo colocan dentro de un régimen de garantías, y el propio proceso de evaluación debe ceñirse a varios principios, indicados precedentemente como el de favorabilidad, el de legalidad, el debido proceso, la publicidad y la imparcialidad entre otros."
La ciudadana A.L.G.G., actuando en representación del Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corte la declaratoria de exequibilidad de los artículos acusados.
La ciudadana S.M.P.A., obrando en calidad de apoderada especial del Ministerio de Defensa Nacional, interviene en el proceso con el fin de defender la constitucionalidad de las normas demandadas parcialmente.
La ciudadana O.L.G.G., Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría interviene en el trámite de este proceso con el fin de fundamentar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas.
El ciudadano J.M.C.U., decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, interviene dentro del trámite de este proceso con el fin de defender la constitucionalidad de las normas acusadas.
''Artículo único. Por Secretaría General de esta Corporación, ofíciese a la Señora Ministra de Defensa Nacional para que en el término de tres (3) días hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, se sirva enviar a este Despacho un informe detallado sobre los siguientes aspectos y remitir la siguiente documentación:
De conformidad con el artículo 27 del Decreto 1799 de 2000, ¿qué informaciones suelen incluirse en los documentos elaborados por las autoridades evaluadoras y revisoras?
Con base en la misma disposición legal ¿de qué naturaleza son los juicios de valor sobre las condiciones personales y profesionales de los oficiales y suboficiales evaluados?.
¿En los aludidos documentos figuran las investigaciones penales y disciplinarias que se adelantan contra los evaluados por violaciones a los derechos humanos, así como la etapa procesal en la que se encuentran?.
En los documentos elaborados por las autoridades evaluadoras y revisoras ¿aparecen datos sobre las operaciones militares en las cuales ha participado el evaluado, así como el resultado positivo o negativo de las mismas?
De conformidad con el artículo 42 del Decreto 1799 de 2000, los miembros de la Junta Clasificadora, al momento de tomar una decisión ¿conocen que el oficial o el suboficial está siendo investigado penal o disciplinariamente por violaciones a los derechos humanos, así como la etapa procesal en la que se encuentran las mismas?.
Usualmente ¿qué tipo de informaciones se consignan en las actas de la Junta Clasificadora?.
Al momento de adoptar una decisión referente a un ascenso, ¿los miembros de la Junta Clasificadora conocen que contra el oficial u suboficial, cuyo desempeño profesional se examina, está siendo investigado penal o disciplinariamente por violaciones a los derechos humanos, así como la etapa procesal en la que se encuentran las mismas?.
Formulario 1. Información básica de oficiales y suboficiales.
Formulario 2. Programa personal de desempeño en el cargo.
Formulario 3. F. de vida.
De conformidad con el artículo 27 del Decreto 1799 de 2000, ¿ Qué informaciones suelen incluirse en los documentos elaborados por las autoridades evaluadoras y revisoras?
Con base en la misma disposición legal ¿De qué naturaleza son los juicios de valor sobre las condiciones personales y profesionales de los oficiales y suboficiales evaluados?
¿En los aludidos documentos figuran las investigaciones penales y disciplinarias que se adelantan contra los evaluados por violaciones a los derechos humanos, así como la etapa procesal en la que se encuentran?
En los documentos elaborados por las autoridades evaluadoras y revisoras ¿Aparecen datos sobre las operaciones militares en las cuales ha participado el evaluado, así como el resultado positivo o negativo de las mismas? .
Si aparecen, teniendo en cuenta que en el formulario No.3, F. de vida, se registran de manera oportuna, ordenada, clara y concreta las actuaciones y desempeños significativo de carácter positivo o negativo del personal evaluado, que fundamentan y respaldan los juicios de evaluación.
De conformidad con el articulo 42 del Decreto 1799 de 2000, los miembros de la Junta Clasificadora, al momento de tomar una decisión ¿ Conocen que el oficial o el suboficial está siendo investigado penal o disciplinariamente por violaciones a los derechos humanos, así como la etapa procesal en la que se ,encuentran las mismas?
Usualmente ¿Qué tipo de informaciones se consignan en las actas de la Junta Clasificadora?
En las A.s de Junta Clasificadora se consignan las decisiones tomadas por las mismas, de acuerdo con las Funciones y Atribuciones descritas en los artículos 44 al 47 del Decreto 1799 de 2000, así:
Al momento de adoptar una decisión referente a un ascenso, ¿Los miembros de la Junta Clasificadora conocen que en contra del oficial o suboficial, cuyo desempeño profesional se examina, está siendo investigado penal o disciplinariamente por violaciones a los derechos humanos, así como la etapa procesal en la que se encuentran las mismas.
M. General ARCESIO BARRERO AGUIRRE
J. del Estado M. Conjunto de las Fuerzas Militares (E)
''2003 Año del fortalecimiento de las Operaciones Conjuntas''
Los cargos de inconstitucionalidad planteados en la demanda.
El ciudadano A.U.M. demanda en acción pública de inconstitucionalidad la totalidad de los artículos 27 y 42 del decreto 1799 de 2000 "Por el cual se dictan normas sobre evaluación y clasificación para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares", con fundamento en los siguientes cargos:
Las normas demandadas restringen el ejercicio del derecho fundamental de acceso a documentos públicos, y por ende, el legislador violó la reserva de ley estatutaria.
Las normas legales demandadas vulneran los principios constitucionales de democracia participativa, publicidad, acceso a documentos públicos y petición.
El principio general: la publicidad de los documentos oficiales.
Al respecto, la Constitución de 1991 consagra a la democracia participativa como uno de los principios fundamentales del Estado colombiano. De allí que, en consecuencia, en su artículo 74 establezca, como regla general, que las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, y que únicamente por voluntad del legislador y de manera excepcional, algunos de aquellos estarán sometidos a reserva. En tal sentido, uno de los propósitos de los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente fue aquel de desterrar la llamada ''cultura del secreto'', característica de sociedades de tendencia antidemocrática en las cuales no existe publicidad de los actos de las autoridades públicas, ya que toda información en poder del Estado es reservada, salvo algunas excepciones.
''DERECHO A LA INFORMACIÓN.
Es deber de las personas suministrar al Estado información veraz y oportuna sobre las materias que interesan al conglomerado social''. Gaceta Constitucional núm. 129, A. sesión plenaria, jueves 6 de junio de 1991, p. 4.
Esta clara interdependencia entre el modelo de democracia participativa y el derecho fundamental de acceso a los documentos públicos ha sido acogida por la jurisprudencia de esta Corte. Así, en sentencia C- 038 de 1996, con ponencia del Magistrado E.C.M., esta Corporación consideró lo siguiente:
''En realidad, no sería posible en ningún sistema excluir una instancia o momento de control social y político. Inclusive, se reitera, el modelo de la publicidad restringida, lo contempla, pues dictado el fallo se levanta la reserva que hasta entonces amparaba la investigación. Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera ''participar en la conformación, ejercicio y control del poder político'' (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho; sin ella, sus instituciones mutan de naturaleza y dejan de existir como tales.'' ( subrayado fuera de texto )
Más recientemente, en sentencia C-891 de 2002, con ponencia del Magistrado J.A.R., la Corte enfatizó la relación existente entre el sistema democrático de gobierno y el principio de publicidad de los documentos públicos:
''Pues bien, en procura de la materialización del derecho a participar en las decisiones que afectan o puedan llegar a afectar los legítimos intereses y derechos de los habitantes del país, le corresponde a las entidades estatales suministrarle a las personas oportunamente toda la información que no goce de reserva constitucional o legal; advirtiendo sí, que esta información oficial debe ser completa, consistente, coherente, verificable, comparable, contextualizada, diáfana y siempre oportuna. Desde luego que el derecho a la información así servido se convierte en poderoso instrumento de reflexión-acción tanto individual como colectiva, en el entendido de que las autoridades estatales, a más de esa información, deben asumir la promoción, creación y fomento de las condiciones idóneas a la discusión pública de los temas pertinentes; recordando a la vez que la participación ciudadana en esos ámbitos de discusión constructiva supone el recíproco respeto de los criterios expuestos por los interlocutores institucionales y privados, pero no pasivamente, sino reedificando mutuamente sobre la comprensión de lo ya examinado y depurado de manera concertada, a tiempo que la diferencia y pluralidad de opiniones actualizan su poder constructivo en el suceso democrático.'' ( subrayado fuera de texto ).
La jurisprudencia del Consejo de Estado Consejo de Estado sentencia del 21 de mayo de 1976, con ponencia del C.C.G.P.: ''En un régimen de democracia participativa como el que nos rige, la participación ciudadana no se reduce al derecho a intervenir por medio del sufragio en la constitución de los poderes públicos; además de ello, los ciudadanos tienen la facultad de ejercer una vigilancia sobre la conducta pública de los agentes del Estado y el derecho a controvertir o discutir privada o públicamente las actuaciones y las decisiones de los gobernantes y en general de todos los órganos investidos de autoridad pública. En desarrollo de este principio general del derecho constitucional que constituye como un supuesto esencial de nuestro régimen político, la Constitución colombiana prescribe la responsabilidad de los funcionarios, en los términos que defina la ley ( Art. 62 ) por infracción de aquélla y de ésta, ya sea por extralimitación de funciones o por omisión en su ejercicio ( Art. 20 ); correlativamente la propia Constitución les confiere a los particulares la facultad de formular denuncias y quejas contra los funcionarios ( Art. 102 ) y les reconoce la libertad de expresar sus opiniones, sin excluir las que puedan formarse sobre los actos del Gobierno o de la administración pública, y sobre la conducta de sus agentes. Naturalmente el ejercicio de tales facultades y derechos requiere, como presupuesto básico, que la actividad pública no se desarrolle secretamente o bajo el sigilo sino que como pública que es, así se ejercite y de esta forma quede constancia de ella. Se entiende que en un sistema totalitario o absolutista de gobierno el calificativo de pública aplicado a la actividad sólo tenga el sentido de lo atinente a la ''res pública'', pero bajo un régimen democrático y representativo y reconoce y garantiza la libertad, ese calificativo adquiere además otra dimensión: la de aquello que debe y puede ser conocido por todos, por el público. Estas consideraciones le permiten a la Sala afirmar que en la Constitución colombiana está ínsito el principio general según el cual la actividad de los órganos del Estado no es reservada, ni secreta y que, por lo tanto, los ciudadanos salvo excepción constitucional o legal, tienen acceso a todos los documentos o instrumentos en donde conste su ejercicio''. ( subrayado fuera de texto )
y autores extranjeros como L.A. de Laubadère, T. de droit administratif, Tomo I, París, 1994, p. 664.
, L.J.L., V. une démocratie administrative : du refus d'informer au droit d´être informé, París, R.D.P. 1980.
y G.Y.G., L'administration au grand jour, París, R.I.D.C., J., 1983. también han subrayado en sus obras la importancia que representa el acceso a los documentos públicos para el mantenimiento de una sociedad democrática.
En tal sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13.1 dispone que ''Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección''. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su dictamen consultivo OC-05 de 1985, conceptuó lo siguiente:
''El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole..." Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictamen consultivo del 13 de noviembre de 1985, OC-5 de 1985, Serie A, párr. 69.
. ( subrayado fuera de texto ).
''La falta de participación de la sociedad en el conocimiento de información que los afectaría directamente impide el desarrollo amplio de sociedades democráticas exacerbando posibles conductas corruptas dentro de la gestión gubernamental y promoviendo políticas de intolerancia y discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones'' Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe del año 2001 de la Relatoría de la CIDH para la Libertad de Expresión, Capítulo III, párrafo 14.
Así mismo, en el ámbito del sistema americano de protección de los derechos humanos, existen algunos documentos que consagran obligaciones en materia de acceso a documentos públicos, calificadas en términos de la doctrina anglosajona como soft law S., M.N. International law, Cambridge, CUP, 1997, p. 120.
, es decir, disposiciones flexibles, adoptadas en el seno de organizaciones internacionales, a veces por amplias mayorías, que constituyen directivas de comportamiento dirigidas a los Estados y que además sirven como criterio auxiliar de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos. En tal sentido, en la ''Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión'', adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108° período ordinario de sesiones en octubre de 2000, y que constituye un texto fundamental para la interpretación del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, dispone lo siguiente:
''PREÁMBULO
El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.'' ( negrillas y subrayado fuera de texto )
''Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección''. ( subrayado fuera de texto ).
Cabe asimismo resaltar, que aunque cada uno de estos derechos humanos resulta ser distinto en cuanto a su contenido y alcance, todos ellos apuntan hacia una misma dirección, cual es hacerle frente al fenómeno de la impunidad, que ha sido definido en el texto del ''Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad'', de la siguiente manera:
''Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas''. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, ''Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad'' Ginebra, 1997.
''Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro...'' OEA/Ser.L/V/II.71 doc. 19, rev. 17 de noviembre de 1986, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1985, Washington, 1986.
De igual manera, el derecho a conocer la verdad presenta una faceta subjetiva en cuanto a que, independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima. Incluso, para autores como R.M. el derecho que tienen las víctimas y sus familiares a conocer la verdad de lo ocurrido ''integra hoy derecho internacional consuetudinario'' R.M., ''Amnistías e indultos recientes a la luz del derecho internacional'', en Procesos de impunidad de crímenes de lesa humanidad en América Latina, 1989-1991, Bogotá, 1991, p. 404.
. La garantía de esta faceta individual del derecho a conocer la verdad, pasa asimismo porque las víctimas y sus familiares puedan acceder a los documentos públicos en los cuales reposen las informaciones sobre la comisión de estos crímenes.
Las excepciones: las justificaciones constitucionales a la imposición de reservas sobre documentos públicos.
Esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha precisado que con el fin de determinar si cierto asunto es susceptible de ser tramitado mediante el procedimiento legislativo calificado consagrado en el artículo 153 Superior, es necesario establecer si mediante él se regula total o parcialmente una de las materias enunciadas en el artículo 152 de la Constitución. Sobre este aspecto, la Corte se pronunció en sentencia C-251 de 1998, con ponencia de los Magistrados J.G.H. y A.M.C., en los siguientes términos Esta posición fue reiterada en la sentencia C-261 de 2001, M.P.A.B.S.. En esta oportunidad la Corte declaró la exequibilidad de la Ley 553 de 2000 "por la cual se reforma el capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 de 30 de noviembre, Código de Procedimiento Penal", en cuanto no se incurrió en vicio constitucional por haber sido tramitada por ley ordinaria y no como ley estatutaria.
En efecto, para el caso específico de la regulación de derechos fundamentales, en reiteradas oportunidades la Corte ha precisado que no todo aspecto que se relacione de una u otra forma con un derecho fundamental necesariamente debe incorporarse en la ley estatutaria que ha de desarrollarlo o complementarlo.En sentencia C-251 de 1998 la Corte señaló: En materia de derechos fundamentales, la Corte reitera que no todo posible vínculo entre la norma de una ley y uno cualquiera de los derechos fundamentales de orden constitucional repercute en la indispensable calificación de aquélla como estatutaria. En el mismo sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-013 de 1993, C-311, C-313, C-408 y C-425 de 1994, C-582 de 1996, C-498 de 1998, C-620 de 2001. Esta Corte, en sus inicios, se pronunció mediante sentencia C-013 de 1993, con ponencia del Magistrado E.C.M. de la siguiente manera:
''(...) las leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto desarrollarlos y complementarlos. Esto no supone que toda regulación en la cual se toquen aspectos relativos a un derecho fundamental deba hacerse por vía de ley estatutaria. De sostenerse la tesis contraria, se vaciaría la competencia del legislador ordinario. La misma carta autoriza al Congreso para
Esta línea jurisprudencial fue conservada en sentencia C-313 de 1994, con ponencia del Magistrado C.G.D., como se anota a continuación Esta posición ha sido reiterada a lo largo toda la jurisprudencia constitucional; ejemplo de ello son, entre otras, las siguientes sentencias: C-408 de 1994, C-582 de 1996, C-498 de 1998, C-646 de 2001 y C-523 de 2002.
Las anteriores posiciones han servido de base para el desarrollo de toda una sólida doctrina relacionada con la reserva material establecida en el artículo 152 de la Constitución, mediante la cual se han desarrollado los criterios para determinar si un asunto está o no sometido a la reserva de ley estatutaria. La jurisprudencia de esta Corte ha considerado dentro de estos criterios, el hecho de que la regulación de un derecho fundamental sea en "forma íntegra, estructural o completa" Sentencia C-620 de 2001, M.P.J.A.R..
Además, como se ha explicado a lo largo de esta providencia el artículo 74, que consagra el derecho al acceso a documentos públicos, autoriza que se establezcan excepciones por medio de la ley, sin que se especifique un tipo especial de ley. El decreto 1799 de 2000, fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de la potestad legislativa Constitución Política, Artículo 150 -Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 10. Revestir hasta por seis meses, al presidente de la república de precisas precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara (...).
que le atribuye la Constitución para expedir decretos con fuerza de ley, en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 de 2000. Así las cosas, la reserva allí consagrada es válida en la medida en que la establece una norma con rango, fuerza y valor de ley, cual es el decreto en cuestión.
En un Estado democrático el derecho fundamental de acceso a los documentos públicos puede conocer algunas limitacionesEmmanuel Decaux, La Convention Européenne des Droits de l'Homme. C. article para article, París, 1994, p. 456.
. De allí que, no toda información que repose en los archivos de las entidades oficiales pueda ser difundida, entregada o consultada por todas las personas. En Colombia, estas excepciones al principio de publicidad de los documentos públicos, en virtud del artículo 74 constitucional, únicamente pueden ser impuestas por el legislador; no obstante, este último no goza de un margen de maniobra ilimitado, ya que sólo puede restringir el ejercicio del derecho fundamental de acceso a documentos públicos si la imposición de la reserva se orienta a proteger un objetivo constitucionalmente legítimo y si la medida resulta ser proporcional y necesaria Ver al respecto, L.A.H.G., Libertad de expresión y acceso a la información pública, Lima, Comisión Andina de Juristas, 2002, p. 186; L.A.P.S., El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, Madrid, E.. M.A.P., 1989, p. 109; Foundation for Human Rights and Center for National Security Studies, In the Public Interest: Security Services in a Constitutional Democracy, Helsinki, 1998 y J.P.O.B. y C.C.L., El derecho a acceso a información pública, Chile, p. 8.
Sobre el particular, la Corte en sentencia C-038 de 1996, con ponencia del Magistrado E.C.M., consideró lo siguiente:
''Se colige de lo expuesto, que la publicidad como principio constitucional que informa el ejercicio del poder público, se respeta cuando se logra mantener como regla general y siempre que la excepción, contenida en la ley, sea razonable y ajustada a un fin constitucionalmente admisible. La medida exceptiva de la publicidad, igualmente, deberá analizarse en términos de razonabilidad y proporcionalidad, como quiera que ella afecta, según se ha anotado, un conjunto de derechos fundamentales'' ( subrayado fuera de texto ).
Sobre el particular, la Corte en sentencia T-073A/96, con ponencia del Magistrado V.N.M. consideró lo siguiente:
''Se tiene, pues, que el proceso de evaluación se ajusta a preceptos legales preestablecidos, los cuales tienen por objeto, como es natural en toda institución y particularmente en las Fuerzas Armadas, el disponer de elementos de juicio suficientes para tomar decisiones en cuanto a la disposición del personal, su promoción, la asignación de cargos o funciones específicas y, en última instancia, la conveniencia de su permanencia o no en ella''. ( subrayado fuera de texto ).
Al respecto cabe señalar que en los términos del mencionado decreto, el principio del debido proceso consiste en que toda evaluación debe basarse en hechos concretos y en las condiciones demostradas por el evaluado, y además, ''en ningún caso se tienen en cuenta los cargos proferidos contra el personal mientras no hayan sido resueltos o fallados definitivamente, sin perjuicio que la iniciación de las investigaciones sean registradas en el folio de vida''. En cuanto al principio de publicidad señala esta normatividad que ''Toda autoridad evaluadora tiene el ineludible deber de dar a conocer al evaluado los documentos de evaluación dentro de los plazos fijados por este decreto''.
Pues bien, el proceso de evaluación y clasificación de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares se integra por diversas fases, las cuales deben ser agotadas de manera consecutiva. En un primer momento se recopila la información, que según el decreto 1799 de 2000 debe ser ''válida, confiable y significativa'', acerca del desempeño personal y profesional del funcionario público. Acto seguido, el superior jerárquico debe anotar en el formulario núm. 3 los hechos que afecten al subalterno en cuanto a sus indicadores de desempeño profesional. Luego se llevará a cabo una valoración sobre las anotaciones, con el fin de establecer unos niveles de calidad; finalmente, se verificarán las actuaciones del evaluado con la valoración de los indicadores emitida por el evaluador en el formulario núm. 3 y se realizará la clasificación en la lista que corresponda.
De conformidad con las pruebas recaudas en el curso del presente proceso se tiene que el formulario núm. 1 sobre ''información básica'', contiene lugar y fecha de nacimiento, estado civil, número y edad de los hijos, el grado, arma, cuerpo y especialidad del servidor público. Así mismo, se deben detallar los cursos, especialidades militares y civiles adquiridas, tiempo al mando de tropa, los cargos principales y adicionales desempeñados, la aptitud psicofísica, así como las situaciones administrativas pendientes de carácter penal y disciplinario.
En el formulario núm. 2, según el decreto 1799 de 2000, debe aparecer el programa personal de desempeño en el cargo. En esencia, es un instrumento de la fase de obtención de información, concertado entre el evaluado y el evaluador, según se trate de las funciones del cargo principal o de funciones adicionales. Al respecto la Corte pudo constatar que en el mencionado formulario titulado ''Programación personal de desempeño en el cargo'', aparecen plenamente identificados el evaluado y el evaluador. A renglón seguido, se deben detallar las funciones y responsabilidades del cargo, los objetivos y logros a alcanzar, las adiciones, modificaciones al programa y/o funciones adicionales, así como la enumeración de los objetivos y logros alcanzados.
Sobre el particular, cabe señalar que, de conformidad con el informe rendido a esta Corporación el día 26 de agosto de 2003, por el M. General A.B.A., J. del Estado M. Conjunto de las Fuerzas Militares ( e ), en el formulario núm. 3 ''F. de vida'', sí aparecen datos sobre las operaciones militares en las cuales ha participado el evaluado, así como el resultado positivo o negativo de las mismas ya que ''en el formulario No.3 F. de vida, se registran de manera oportuna, ordenada, clara y concreta las actuaciones y desempeños significativos de carácter positivo o negativo del personal evaluado, que fundamentan y respaldan los juicios de evaluación''.
Un examen del formulario núm. 4 evidencia que este documento público titulado ''Evaluación y clasificación de oficiales y suboficiales'', contiene los datos personales del servidor público, su tiempo de mando, la identificación plena del evaluador, unos indicadores de la labor profesional del militar Condiciones personales, ética militar, condiciones profesionales, ejercicio del mando, competencia administrativa, desempeño del cargo, responsabilidad como evaluador y revisor y cultura física.
, las respectivas calificaciones que van desde deficiente hasta excelente, y finalmente, la sustentación de la evaluación de cada indicador.
En lo que concierne a la naturaleza jurídica de estos documentos públicos contentivos de la evaluación de los miembros de la fuerzas militares, el Consejo de Estado ha insistido en que no ostentan carácter decisorio ni ponen fin a ninguna actuación administrativa, y por ende, no están sometidos a ninguna clase de control judicial. Así, en sentencia del 5 de abril de 2001, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del C.A.A.M., consideró lo siguiente:
''En primer lugar la Sala estima desacertada la declaratoria de caducidad de la acción promovida en contra de los actos contentivos de la evaluación eventual practicada al actor, de su clasificación en lista 3 y de los pronunciamientos de la Junta Clasificadora de Oficiales Subalternos sobre los recursos interpuestos por el Subteniente A.M., ya que dichas actuaciones, como lo ha reiterado esta Corporación, no ostentan carácter decisorio ni ponen fin a ninguna actuación administrativa, por lo tanto no son pasibles de control de legalidad por esta jurisdicción; vale decir, no son demandables, por constituir actos de trámite.'' ( subrayado fuera de texto ). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2001, Consejero ponente: A.A.M.. actor: R.D.A.. demandado: Nación - Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
En efecto, en el formulario núm. 3 ''folio de vida'' aparecen datos sobre las operaciones militares en las cuales ha participado el evaluado, así como el resultado positivo o negativo de las mismas. De allí que, dada la situación de conflicto armado que vive el país, la divulgación de esta información puede poner en grave peligro la vida e integridad física del evaluado.
Respecto a las informaciones que aparecen registradas en las hojas de vida de los funcionarios públicos, la Corte en sentencia C- 038 de 1996 con ponencia del Magistrado E.C.M. consideró lo siguiente:
''Las hojas de vida, tienen un componente personal elevado, de suerte que así reposen en archivos públicos, sin la expresa autorización del datahabiente, no se convierten en documentos públicos destinados a la publicidad y a la circulación general. En todo caso, la persona a que se refiere el sistema examinado, en los términos del artículo 15 de la C.P., tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella y que reposen en dicho archivo.'' ( subrayado fuera de texto ).
Al respecto, en un fallo anterior de tutela, la Corte había considerado que incluso existían informaciones tan íntimas de los funcionarios públicos que ni siquiera podían ser incluidas en sus respectivas hojas de vida, como quiera que estos datos podían llegar a ser conocidos por un número indeterminado de personas que trabajan en la institución castrense. En efecto, en sentencia T-073A/96 con ponencia del Magistrado V.N.M., esta Corporación se pronunció al respecto en los siguientes términos:
''En virtud de lo anterior, y así se hará saber en la parte resolutiva de esta Sentencia., el mayor R.H. está en la obligación de mantener en reserva el contenido de los informes sicológicos de los accionantes, los cuales, como se ha dicho, no pueden ser divulgados a terceros ni ser incluidos en las hojas de vida de los peticionarios. Pero, se recalca, el acto de dar a conocer la información recabada por parte de la sicóloga al legítimo interesado, en este caso al mayor R.H., no implica divulgar la intimidad de los accionantes ni, por tanto, violar el secreto profesional.'' ( subrayado fuera de texto ).
Al respecto, la Corte en sentencia C-108 de 1995 con ponencia del Magistrado V.N.M., se refirió a ciertas reservas legales existentes durante el proceso de selección de funcionarios del INPEC, en los siguiente términos:
''El artículo 92 dispone que las pruebas que se aportan durante el proceso de selección son reservadas y sólo pueden ser conocidas por los empleados responsables del proceso. Cosa distinta es que los resultados pueden ser conocidos por todos los aspirantes. Como no se trata de un proceso disciplinario, sino de un proceso de selección, no encuentra la Corte inexequibilidad alguna en la norma; se trata de una medida universalmente aceptada en los procesos de selección, y la reserva es apenas un mínimo razonable de autonomía necesaria para la independencia de los seleccionadores y una protección, también, a la intimidad de los aspirantes.'' ( subrayado fuera de texto ).
El segundo presupuesto es de orden material porque introduce en el enjuiciamiento de las intromisiones del Estado en la esfera de los derechos fundamentales los valores que trata de salvaguardar la actuación de los poderes públicos y que precisan gozar de la fuerza constitucional suficiente para enfrentarse a los valores representados por los derechos fundamentales restringidos. Así pues, el principio de proporcionalidad requiere que toda limitación a los derechos fundamentales tienda a la consecución de fines legítimos N.G.-CuellarS., Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal, Madrid, 1995.
Al respecto, cabe señalar que la doctrina europea ha venido considerando, desde principios de los años sesenta, y posteriormente seguida por diversos tribunales constitucionales de ese continente Muy especialmente, el Tribunal Constitucional español, en los siguientes fallos: STC 66/95; STC 207 /96 y 49 /1999.
, que el principio de proporcionalidad comprende tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El primero se refiere a que toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; el segundo, que la medida legislativa debe ser lo más benigna posible con el derecho intervenido, entre todas aquellas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto, y la tercera, alude a que la intervención en el derecho fundamental intervenido deben compensar los sacrificios que ésta implica para sus titulares y para la sociedad en general. Otros autores como C.H., prefieren referirse a la ''interdicción de exceso y de defecto'', la cual estaría compuesta a su vez por dos subprincipios: el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto, dentro de las cuales se consideran implícitas las exigencias establecidas por el subprincipio de idoneidad Ver al respecto, los trabajos de C.H. en el Coloquio de Colonia-Berlín- Munich de 1961, citados en la obra de C.B.P., El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2003, p. 35.
Por su parte, el principio de razonabilidad, en tanto que límite a la actividad del legislador, implica la exclusión de toda decisión adoptada de manera manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir, apartándose de los designios de la recta razón Sobre el contenido del principio de razonabilidad, ver P. ''Le raisonnable et le déraisonnable en droit'', APD, 1978, p. 36.
Ahora bien, frente a la preocupación que planteó el ciudadano en el sentido de que los procesos de evaluación de los oficiales y suboficiales eran ajenos al adelantamiento de investigaciones penales y disciplinarias por violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, cabe precisar que tanto en el formulario núm. 1 ''Información básica oficiales y suboficiales'' como en el núm. 3 ''F. de vida'', las autoridades evaluadoras están en la obligación legal de dejar constancia del inicio de las mencionadas investigaciones, es decir, constituyen datos objetivos que alimentan el proceso de evaluación periódico de los miembros de las Fuerzas Militares, y por ende, deben ser tomados en consideración al momento de emitir los juicios de valor sobre el desempeño profesional de estos servidores públicos.
De conformidad con el artículo 217.3 constitucional ''La ley determinará el sistema de reemplazos en las fuerzas militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario que les es propio''.
Técnicamente, la clasificación consiste en elaborar cinco listas de los servidores públicos, según la evaluación obtenida, constituyéndose en un instrumento que mide el desempeño profesional de los mismos. Para tales efectos, se prevé la conformación de una Junta Clasificadora, organismo encargado de ratificar o modificar las clasificaciones anuales y efectuar aquellas para ascenso, la cual estará conformada por el Segundo Comandante de la Fuerza Quien actúa como Presidente de la Junta Clasificadora.
; dos oficiales superiores del escalafón regular Quienes se desempeñan como vocales.
y un oficial superior del escalafón regular. Este servidor público actúa como secretario de la Junta Clasificadora.
Pues bien, de conformidad con los literales g ), h ), i ) y j ) del artículo 60 del decreto 1799 de 2000, la Junta Clasificadora constituye una primera instancia en el proceso de clasificación para ascenso de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. En efecto, el mencionado órgano presenta ante la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional las respectivas clasificaciones para ascenso. Acto seguido, esta segunda Junta aprueba o modifica la clasificación, dejando constancia escrita de los hechos que motivaron la decisión. Una vez aprobada la clasificación para ascenso por la Junta Asesora, el oficial que reúna los requisitos, puede ser propuesto ''de acuerdo a lo establecido por la ley''. Al mismo tiempo, la clasificación del personal de suboficiales es presentada al Comando de la Fuerza respectiva, el cual la puede aprobar o modificar dejando constancia escrita de las razones que motivaron la decisión. Finalmente, de conformidad con el artículo 33 del decreto 1790 de 2000, el ascenso de los oficiales de las Fuerzas Militares es realizado mediante un decreto expedido por el Gobierno Nacional, en tanto que aquel de los suboficiales lo realiza ''el Ministro de Defensa Nacional o los comandos de las respectivas fuerzas cuando en ellos se delegue, de acuerdo con las normas del presente Decreto'', mediante una orden administrativa de personal. De tal suerte que, si bien la Junta Clasificadora no constituye la última instancia decisoria del largo y complejo proceso de ascenso de un miembro de las Fuerzas Militares, las decisiones que se adopten en su seno marcan, sin lugar a dudas, un claro derrotero sobre la decisión final de quienes deben ser o no ascendidos y por qué motivos o razones.
''ARTICULO 44.- FUNCIONES. La junta clasificadora tiene las siguientes funciones:
Clasificar para ascenso los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.
Ratificar o modificar la clasificación anual en los siguientes casos:
Cuando se falle un reclamo en favor del evaluado.
Cuando existan diferencias evidentes entre las anotaciones del folio de vida y la evaluación.
Cuando se clasifique anualmente en forma errónea o injusta.
Cuando se presenten otros hechos no conocidos en el periodo de evaluación.
Determinar la clasificación anual definitiva únicamente cuando existan evaluaciones y clasificaciones parciales dentro de un periodo.
Notificar oportunamente sus decisiones a los interesados.
Analizar y recomendar acciones para optimizar el proceso de evaluación.
Asesorar al mando en la toma de decisiones para la óptima administración del talento humano.
Proponer reformas y resolver consultas referentes al presente decreto.
Elaborar estadísticas necesarias para efectos de identificar las fortalezas y debilidades del proceso evaluativo.
En el segundo, cuando se trata de clasificación para ascenso, la Sección B del Capítulo IV ''Consecuencias derivadas de la clasificación'', dispone lo siguiente:
Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en sentencia del 3 de diciembre de 1993, con ponencia del C.R.S.F., conceptuó lo siguiente:
''La aprobación por parte del Senado de la República, es requisito indispensable para lograr que los ascensos militares que confiere el Gobierno y a que se refiere el art. 173 numeral 2° de la Constitución Nacional produzcan plenos efectos jurídicos. La aprobación, por el Senado, deberá producirse necesariamente con posterioridad al acto por medio del cual el Gobierno confiera el grado. La decisión del gobierno y la del Senado que la apruebe son requisitos esenciales y concurrentes y constituyen el acto administrativo complejo que dispone el ascenso. Si la Constitución, y la ley o el reglamento exigen, para asumir el mando de determinada Unidad el ascenso militar, éste deberá cumplirse en forma indicada en el literal anterior''. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, sentencia del 3 de diciembre de 1993, Consejero Ponente: Doctor R.S.F..
Al respecto, cabe señalar que el actual régimen legal de clasificación para ascenso de los miembros de la Policía Nacional, no establece ninguna clase de reserva sobre las actas de la Junta Clasificadora. En efecto, el decreto núm. 1800 del 14 de septiembre de 2000 ''Por el cual se dictan normas para la evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional'', en su Título III ''De la Clasificación'', no prevé reserva alguna sobre los mencionados documentos públicos, a pesar de que la Policía Nacional, si bien es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, al igual que sucede con las Fuerzas Militares, es una institución organizada verticalmente, de manera piramidal y basada en el principio del mando.
Aunado a lo anterior, el derecho comprado ofrece argumentos constitucionales importantesLuciano P.A. y J.A.S.P., Derecho Administrativo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, 1992.
. Así por ejemplo, el Tribunal Supremo español, en sentencia del 28 de marzo de 1977, consideró que no guardaba relación alguna con la seguridad nacional, ni afectaba el mando ni la organización militar, una decisión del Ministerio del Ejército, la cual había dispuesto la baja de un militar en la Escuela de Estado M.. En tal sentido, esta instancia jurisdiccional argumentó que ''pese al interés que estas decisiones puedan tener para el Ejército, no es posible elevar de rango ese interés hasta el punto de entender que su conservación o desaparición afecte o menoscabe la defensa nacional'' Tribunal Supremo español, sentencia del 28 de marzo de 1997, Ar. 1416.
. Posteriormente, en sentencia del 26 de abril de 1980 Tribunal Supremo español, sentencia del 26 de abril de 1980, Ar, 4841., esa Corporación estimó que existían normas sobre el funcionamiento de la institución castrense que eran de naturaleza organizativa, y que por ende, el conocimiento sobre la aplicación de las mismas no afectaba, en absoluto, la defensa nacional.
''1 ) Cuando exista en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.
3 ) Cuando exista en su contra resolución de acusación o convocatoria al consejo de guerra o suspensión provisional o en el ejercicio de funciones o atribuciones.''
Al respecto, la Corte en sentencia C-426 de 2002, con ponencia del Magistrado R.E.G. estimó que la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, procedía en los siguientes casos:
''Teniendo en cuenta el objeto fundamental y las circunstancias de orden legal que reglamentan y condicionan su ejercicio, es válido afirmar que la acción de nulidad presenta las siguientes características: (i) se ejerce exclusivamente en interés general con el fin de salvaguardar el orden jurídico abstracto; (ii) por tratarse de una acción pública, la misma puede ser promovida por cualquier persona; (iii) la ley no le fija término de caducidad y, por tanto, es posible ejercerla en cualquier tiempo; (iv) procede contra todos los actos administrativos siempre que, como se dijo, se persiga preservar la legalidad en abstracto -la defensa de la Constitución, la ley o el reglamento''.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE la expresión ''las sesiones decisorias de la junta clasificadora tienen carácter reservado'' del artículo 42 del decreto 1799 de 2000 e INEXEQUIBLES las expresiones ''y las decisiones tomadas'' y ''así como los documentos en que ellas consten'' del mismo artículo.
Se trata de documentos públicos y en consecuencia los ciudadanos deberían tener acceso a ellos, ya que la administración pública es transparente; los ''arcana imperi'', del imperio romano desaparecieron en el Estado de derecho. En el Estado de derecho los documentos reservados no pueden tener una reserva a perpetuidad pues en algún tiempo, más cercano,, que lejano los ciudadanos deben saber como actúan los funcionarios públicos y la administración pública.
Teniendo los ciudadanos el derecho fundamental de petición y por su mediación, la de obtener los documentos; al establecer el carácter reservado de ellos, no sólo se les está limitando sino que se les está privando de ese derecho. La privación de un derecho atenta contra el núcleo esencial del derecho fundamental y en nuestro sistema constitucional ni siquiera en los estados de excepción se puede privar de un derecho fundamental. Lo único que permite nuestra Constitución es la limitación, pero no la privación del derecho.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 18452 de 14 de Febrero de 2006
Auto de Corte Suprema de Justicia - nº 1100131030241999-29982-01 de 4 de Mayo de 2004
Sentencia nº 25000-23-26-000-1998-02371-01 de Consejo de Estado - Sección Tercera, de 30 de Enero de 2013