Source: https://www.opositatest.com/examen/mostrar/11408
Timestamp: 2020-01-20 12:28:21
Document Index: 33184834

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 15', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 88', 'artículo 84', 'artículo 116', 'artículo 123', 'artículo 135', 'artículo 5', 'artículo 35', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 32', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 11', 'artículo 18', 'artículo 90', 'artículo 127', 'artículo 139', 'artículo 142', 'artículo 153', 'artículo 159', 'artículo 156', 'artículo 172', 'artículo 177', 'artículo 185', 'artículo 195', 'artículo 225', 'artículo 319', 'artículo 325', 'artículo 556', 'artículo 383', 'artículo 27', 'artículo 1216', 'artículo 317', 'artículo 390', 'artículo 432', 'artículo 252', 'artículo 253', 'artículo 248', 'artículo 234', 'artículo 243', 'artículo 432']

Test 2017 LAJ TL
Convocatorias anteriores Examen Letrados de la Administración de Justicia Promoción Interna (OEP 2016)
Test 2017 de la oposición LAJ TL
Aquí puede ver el test del primer ejercicio de la convocatoria de Letrados de la Administración de Justicia Turno Libre del año 2017
Este test fué realizado de manera oficial en la fecha 2017-12-16
Repasa el examen tipo test correspondiente a la Convocatoria de LAJ TL de 2017
1. Los empleados de recaudación y administración de fondos del Estado, pueden realizar la profesión mercantil en su provincia o distritos donde ejercieren su profesión:
a. En las materias o actividades que no sean objeto de su actividad.
b. Previa autorización de compatibilidad.
c. En ningún caso, salvo que recauden por asiento.
d. Si la ejercitasen a través de otro.
2. La inscripción del empresario individual en el Registro Mercantil:
a. Sólo es obligatoria en el caso del naviero.
b. Es voluntaria o potestativa en todos los casos
c. Es obligatoria para actuar en el tráfico jurídico mercantil.
d. Es indiferente, pudiendo aprovecharse de sus efectos legales.
3. Conforme al artículo 38 i) del Código de Comercio, los principios contables:
a. Han de ser aplicados de forma estricta.
b. Cuando así lo declare la entidad auditora de forma motivada.
c. Cuando así lo exprese la entidad auditoria y bajo su responsabilidad.
d. En caso de que no alteren la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa.
4. Según el artículo 15 del Código de Comercio los comerciantes extranjeros podrán ejercer en España el comercio, en lo que se refiere a su capacidad para contratar:
a. Si son comunitarios, con observancia de las normas de la Unión Europea.
b. Con sujeción a las normas españolas.
c. De conformidad a las convenciones y tratados de una antigüedad de más de 10 años.
d. Con sujeción a las leyes de su país.
5. Los libros de los empresarios deberán ser conservados:
a. Durante tres años desde el último asiento.
b. Durante cinco años desde la extinción de la actividad.
c. Durante diez años desde el cese en el cese en la actividad mercantil.
d. Durante seis años a partir del último asiento.
6. En las sociedades de capital, el Consejo de Administración, además de por el Presidente o quien haga sus veces:
a. Podrá convocarse a iniciativa de la mayoría absoluta de los socios en todo caso.
b. Podrán convocarlo la mayoría absoluta de los socios si el presidente del Consejo no lo hubiese hecho en un mes.
c. Podrán convocarlo la mitad de los administradores si el Presidente no lo hiciese por si mismo en dos meses.
d. Podrá ser convocado a instancia de los administradores en un tercio si previa petición al presidente este no lo hiciese en un mes.
7. La convocatoria de la Junta general ordinaria en una Sociedad Anónima sin página web debe hacerse mediante anuncio:
a. Publicado en el Boletín del Registro Mercantil Central y un anuncio en dos diarios, con antelación de 1 mes.
b. Publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de más circulación con antelación de 1 mes.
c. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico de circulación, con antelación de 15 días.
d. Publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil provincial, en dos diarios, con una antelación de 2 meses.
8. Los acuerdos tomados en una Junta en la Sociedad Anónima podrán ser impugnados:
a. Los que se opongan a los Estatutos o lesionen los derechos de los socios.
b. En caso de que los acuerdos lesiones el interés social en beneficio de uno o varios socios.
c. La invalidez de uno o varios votos o el computo erróneo de los emitidos en cualquier supuesto.
d. En todo caso, por insuficiencia de la información facilitada por la sociedad.
9. Las cooperativas deberán inscribirse, a través de las personas designadas en la escritura de constitución:
a. En el plazo de dos meses en el Registro Mercantil.
b. En el plazo de dos meses en el Registro Mercantil y uno más en el Registro de Sociedades Cooperativas.
c. En el plazo de un mes en el Registro de Sociedades Cooperativas.
d. En el plazo de un mes en el Registro de Cooperativas y dos más en el Registro Mercantil
10. La escritura de constitución de la Sociedad Anónima en la fundación sucesiva:
a. Deberá otorgarse ante fedatario en el plazo de un mes pero no se establece plazo para presentarla al Registro.
b. Deberá otorgare en tres meses e inscribirse en un mes.
c. Debe otorgarse en el mes siguiente a la junta e inscribirse en el Registro Mercantil en dos meses desde su otorgamiento.
d. Deberá otorgarse en el plazo de dos meses desde la junta constitutiva e inscribirla en el Registro Mercantil en otros dos meses.
11. Las aportaciones no dinerarias en las Sociedades Anónimas deberán ser valoradas:
a. Por un perito designado por los socios por mayoría.
b. Por tres peritos designados por el fedatario que autorizó la escritura.
c. Por uno o varios peritos designados por el Registrador Mercantil.
d. Por un experto independiente nombrado por el fedatario que autorice la escritura de constitución.
12. Las acciones sin voto en las Sociedades Anónimas:
a. No pueden limitarse estas acciones en cuanto al número y sus titulares tienen derecho a idéntico dividendo que los titulares de acciones ordinarias.
b. No pueden ser por un importe nominal superior a la mitad del capital desembolsado y tendrán derecho al dividendo anual mínimo o variable según Estatutos y después al mismo dividendo que los demás.
c. No tiene limitación respecto al mínimo y sólo tienen derecho al beneficio sobre el dividendo mínimo.
d. No pueden ser por un importe nominal no superior a la mitad del capital desembolsado y tendrán derecho a la mitad del dividendo.
13. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 28/1998 de Ventas a Plazos de Bienes Muebles, los Jueces y Tribunales:
a. Con carácter general y por circunstancias familiares podrán señalar nuevos plazos o alterar los convenidos, determinando, en su caso, el recargo en el precio por los nuevos aplazamientos de pago.
b. Con carácter excepcional y por justas causas apreciadas discrecionalmente podrán señalar nuevos plazos o alterar los convenios, determinando, en su caso, el recargo en el precio por los nuevos aplazamientos de pago.
c. Tendrán facultades moderadoras de las cláusulas penales pactadas entre las partes para el caso de incumplimiento por parte del vendedor.
d. No tendrán facultades moderadoras de las cláusulas penales pactadas para el caso de incumplimiento por parte del comprador.
14. El artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que no son objeto de propiedad intelectual:
a. Los informes forenses.
b. Los programas de ordenador.
c. Explicaciones de cátedra.
d. Los dictámenes de organismos públicos.
15. Según el art. 62.2 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, las personas físicas o jurídicas que pretendan desarrollar en territorio español la actividad de franquiciadores deberán comunicar:
a. El inicio de su actividad en el plazo de un mes desde su inicio al Registro Mercantil
b. La constitución de la sociedad franquicia en el plazo de un mes desde su constitución al Registro de Franquiciadores.
c. El inicio de su actividad en el plazo de tres meses desde su inicio al Registro de Franquiciadores.
d. La constitución de la sociedad franquicia en el plazo de tres meses al Registro Mercantil
16. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 19/1985 de 16 de julio, Cambiaría y del Cheque, cuando el endoso contenga la mención "para cobranza" en este caso:
a. El tenedor no podrá ejercer todos los derechos derivados de la letra de cambio, al no poder endosar ésta.
b. El tenedor podrá endosar ésta a cualquier título o valor.
c. Las personas obligadas, sólo podrán invocar contra el tenedor las excepciones que pudieran alegarse contra el endosante.
d. La autorización contenida en el endoso de apoderamiento cesará por la muerte del mandan o por su incapacidad sobrevenida.
17. A tenor del artículo 20.3 de la Ley 30/1995, 8 noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de:
a. Tres meses desde la recepción de la declaración del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la producción del siniestro.
b. Dos meses desde la recepción de la declaración del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los treinta días a partir de la producción del siniestro.
c. Dos meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los treinta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.
d. Tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.
18. En virtud del artículo 20.4 de la Ley 30/1995, 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, la indemnización consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado:
a. En el 20%; no obstante, transcurridos dos años desde la recepción de la declaración del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 50%.
b. En el 50%; no obstante, transcurridos dos años desde la recepción de declaración del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20%.
c. En el 20%; no obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 5%.
d. En el 50%; no obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20%.
19. El artículo 1 de la Ley 19/1985 Cambiaría y del Cheque, determina que la letra de cambio deberá contener:
a. El mandato puro y simple de pagar una suma determinada en cualquier moneda extranjera no admitida a cotización oficial.
b. La denominación de letra de cambio inserta en el mismo título expresada en cualquier idioma.
c. El nombre del que emite la letra, denominado emisor.
d. El nombre de la persona que ha de pagar, denominada librado.
20. En virtud de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Cambiaría y del Cheque, las acciones cambiarías prescriben:
a. A los tres años, las acciones contra el aceptante, contados desde la fecha del libramiento, o de la fecha en que se le hubiere dado traslado de la demanda interpuesta contra él.
b. A los seis meses, las acciones de unos endosantes contra los otros y contra el librador a partir de la fecha en que el endosante hubiere pagado la letra, o de la fecha en que se le hubiere dado traslado de demanda interpuesta contra él.
c. Al año, las acciones de unos endosantes contra los otros a partir de la fecha del protesto, o de la fecha en que se le hubiere emplazado judicialmente.
d. A los seis meses, las acciones del tenedor contra los endosantes y contra el librador, contado desde la fecha de protesto o de la fecha en que hubiere emplazado judicialmente.
21. Conforme el artículo 84 de la Ley de contrato de Seguro, el tomador del seguro de vida podrá designar beneficiario:
a. En una posterior declaración escrita ante Notario, sin necesidad de comunicación al asegurador, pero debe ser inscrita en el Registro de Contratos de Seguros.
b. Únicamente en la póliza y solo se podrá modificar en testamento, con necesidad de consentimiento de asegurador.
c. En una anterior declaración escrita o en testamento, con necesidad de consentimiento del asegurador.
d. En la póliza, en una posterior declaración escrita comunicada al asegurador o en testamento, sin necesidad de consentimiento del asegurador.
Tema 17, Derecho Mercantil - LAJ TL
22. El artículo 116 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria regula que en el expediente de exhibición de libros de contabilidad, si la persona obligada a la exhibición se negara injustificadamente, será requerida:
a. Por el Letrado de la Administración de Justicia, a instancia del solicitante, para que lo haga y se abstenga de reiterar el quebrantamiento, con apercibimiento de multa y de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
b. Por el Tribunal, de oficio, para que lo haga y se abstenga de reiterar el quebrantamiento, con apercibimiento de frustración de la ejecución.
c. Por el Letrado de la Administración de Justicia, de oficio, para que lo haga y se abstenga de reiterar el quebrantamiento, con apercibimiento de un delito de frustración de la ejecución.
d. Por el Tribunal, a instancia del solicitante, para que lo haga y se abstenga de reiterar el quebrantamiento, con apercibimiento de multa y de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
23. Según lo regulado en el artículo 123 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en el expediente de nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor de una entidad, será resuelto:
a. Por el Letrado de la Administración de Justicia por medio de decreto, que dictará en el plazo de cinco días a contar desde la comparecencia, remitiendo testimonio al Registro Mercantil.
b. Por el Tribunal por medio de auto, que dictará en el plazo de cinco días a contar desde la comparecencia remitiendo testimonio al Registro Mercantil.
c. Por el Letrado de la Administración de Justicia por medio de decreto, que dictará en el plazo de diez días a contar desde la comparecencia, remitiendo testimonio al Notario.
d. Por el Letrado de la Administración de Justicia por medio de decreto, que dictará en el plazo de diez días a contar desde la declaración de concurso para dictar resolución, remitiendo testimonio al Registro Mercantil.
Tema 18, Derecho Mercantil - LAJ TL
24. A tenor del art. 137 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en la tramitación del expediente de nombramiento de perito en los contratos de seguros:
a. No será preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.
b. Únicamente será preceptiva la intervención de Abogado.
c. Será preceptiva la intervención de Abogado y Procurador para el caso que el interés económico del expediente supere los 6.000 euros.
d. En todo caso, será preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.
25. Conforme a lo establecido en el art. 135 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, incoado el expediente por robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio, el Letrado de la Administración de Justicia acordará el anuncio de la incoación del expediente en el BOE y además acordará:
a. El anuncio de la incoación del expediente en un periódico de gran circulación del Estado y dispondrá la prohibición cautelar de negociar o transmitir los valores.
b. La prohibición cautelar de negociar o transmitir los valores objeto del expediente.
c. El anuncio de la incoación del expediente en un periódico de gran circulación en su provincia y dispondrá la citación de quien pueda estar interesado en el expediente.
d. El anuncio de la incoación del expediente en un periódico de gran circulación del Estado y dispondrá la citación de quien puede estar interesado en el expediente.
26. De conformidad con el artículo 135 de la Ley sobre Jurisdicción Voluntaria, celebrada la comparecencia en el expediente por robo, hurto extravío o destrucción de titulo valor:
a. El Tribunal dictará sentencia sobre la prohibición de negociar o transmitir los valores, de la suspensión del pago del capital, intereses o dividendos.
b. El Tribunal dictará auto sobre la prohibición de negociar o transmitir los valores, de la suspensión del pago del capital, intereses o dividendos.
c. El Letrado de la Administración de Justicia dictará acuerdo gubernativo sobre la prohibición de negociar o transmitir los valores, de la suspensión del pago del capital, intereses o dividendos.
d. El Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto sobre la prohibición de negociar o transmitir los valores, de la suspensión del pago del capital, intereses o dividendos.
27. De conformidad con el art. 98 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público, las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollen actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestaciones, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta son:
a. Sociedades mercantiles estatales.
b. Organismos autónomos estatales.
c. Entidades públicas empresariales.
d. Autoridades administrativas independientes.
28. El artículo 5.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público, hace referencia a "las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo" lo que constituye la definición legal de:
a. Cargo público.
b. Órgano administrativo.
c. Competencia administrativa.
d. Persona jurídico pública.
29. La creación de un órgano colegiado interministerial de la Administración General del Estado con competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos y cuyo Presidente tenga rango superior al de Director General, se realiza mediante:
a. Orden del Ministerio de la Presidencia.
b. Orden ministerial conjunta de los Ministerios implicados.
d. Real Decreto del Consejo de Ministros.
30. En relación con la capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, diga cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:
a. Únicamente tienen capacidad de obrar las personas físicas.
b. Tienen capacidad de obrar sin necesidad de que lo declare expresamente una ley, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
c. Tienen capacidad de obrar los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, la tutela o curatela.
d. Tienen capacidad de obrar los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate.
31. En los supuestos de estimación de una solicitud del interesado por silencio administrativo, la resolución expresa posterior (resolución tardía) de la Administración pública:
a. Nunca puede dictarse una resolución expresa posterior una vez producido el silencio.
b. Nunca los actos tácitos por silencio administrativo vinculan los actos expresos posteriores de la Administración pública.
c. Deberá ser confirmatoria de la estimación por silencio administrativo.
d. Podrá ser denegatoria de la solicitud.
32. Cuando una norma reguladora de un determinado procedimiento administrativo no fije el plazo máximo para dictar y notificar la resolución administrativa expresa, éste será de:
b. Cinco meses.
33. Diga cuál de los siguientes supuestos constituye una causa de anulabilidad de los actos de la Administración Pública
a. Los actos que tengan un contenido imposible.
b. Los actos que incurran en desviación de poder.
c. Los actos que lesionen derechos y libertades fundamentales susceptibles de amparo constitucional.
d. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
34. De acuerdo con la regulación de la revisión de oficio de los actos administrativos de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, dicta cuál de las siguientes proposiciones es la correcta:
a. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen, cuando constituya dispensa o exención del cumplimiento de las leyes.
b. Las Administraciones Públicas podrán, en el plazo de cuatro años, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no han sido recorridos en el plazo, en los supuestos previstos en el art. 47.1.
c. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo los actos administrativos favorables para los interesados que sean anulables conforme al art.48, previa declaración de lesividad adoptada en el plazo de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
d. Las Administraciones Públicas podrán adoptar la declaración de lesividad para el interés público una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo, pudiendo ser tal declaración objeto de recurso por parte del interesado.
35. Contra un acto firme en vía administrativa:
a. No cabe la interposición de ninguna clase de recurso administrativo o jurisdiccional al haber ganado firmeza el acto.
b. Puede interponerse recurso extraordinario de revisión por causas tasadas y dentro de un determinado plazo fijado por la ley.
c. Siempre cabe interponer recurso potestativo de reposición.
d. Sólo se puede formular recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
36. De acuerdo al artículo 35 de la Constitución Española:
a. La ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
b. Los trabajadores y empresarios tienen derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo.
c. Los poderes públicos deberán desarrollar una política orientada al pleno empleo.
d. Todos los españoles tienen derecho a la libre elección de profesión u oficio.
37. Conforme al art. 86 del Estatuto de los Trabajadores en relación a la duración y vigencia de los convenios colectivos:
a. Durante la vigencia del convenio colectivo, no será posible su revisión.
b. Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, sin que en ningún supuesto se puedan establecer varios periodos de vigencia dentro de un mismo convenio para las distintas materias reguladas en el mismo.
c. Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación.
d. Un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, perderá vigencia automáticamente, aplicándose de manera supletoria el Estatuto de los Trabajadores.
38. El contrato de trabajo en prácticas, de acuerdo con el art. 11 del Estatuto de los Trabajadores:
a. La retribución del trabajador deberá ser, al menos del 75% del salario mínimo interprofesional.
b. Deberá celebrarse en el plazo de tres años siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, o de cinco años cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad.
c. Tendrá una duración mínima de un año y una máxima de tres años.
d. Podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, o de certificado de profesionalidad.
39. Según el Estatuto de los Trabajadores, los menores de edad:
a. Los menores de dieciséis años y mayores de catorce podrán trabajar solo en casos excepcionales siempre que no suponga peligro para su salud ni para su formación profesional y humana, previo permiso de la autoridad laboral.
b. Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma independiente, tienen capacidad para contratar, por sí mismos, la prestación de su trabajo.
c. A partir de los 16 años podrán realizar horas extraordinarias con consentimiento de sus representantes legales.
d. Los menores de 18 no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo respecto a los que se establezcan limitaciones a su contratación conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en las normas reglamentarias aplicables.
40. Conforme al art. 26 del Estatuto de los Trabajadores:
a. El salario en especie en ningún, excepto las relaciones laborales de carácter especial reguladas en el art. 2 del Estatuto de los Trabajadores, podrá superar el treinta por ciento de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.
b. El salario en especie en ningún caso, excepto las relaciones laborales de carácter especial reguladas en el art.2 del Estatuto de los Trabajadores, podrá superar el veinte por ciento de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.
c. El salario en especie en ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial reguladas en el art. 2 del Estatuto de los Trabajadores, podrá superar el treinta por ciento de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.
d. El salario en especie en ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial reguladas en el art. 2 del Estatuto de los Trabajadores, podrá superar el veinte por ciento de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.
41. El Fondo de Garantía Salarial, conforme al art. 33 del Estatuto de los Trabajadores, abonará a los trabajadores el importe de los salarios debidos por insolvencia o concurso del empresario, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan:
a. Hasta el límite del resultado de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, excluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento veinte días.
b. Hasta el límite del resultado de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional diario, excluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento cincuenta días.
c. Hasta un límite del resultado de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento veinte días.
d. Hasta el límite del resultado de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento cincuenta días.
42. En caso de mora en el pago del salario:
a. Sólo se devengarán intereses si se hubiera pactado en el contrato de trabajo.
b. Únicamente se devengarán intereses si así se establece en el convenio colectivo de aplicación.
c. El interés por mora será el interés legal del dinero.
d. El interés por mora será el diez por ciento de lo adeudado.
43. ¿Cuál de las siguientes no es causa de despido objetivo de las previstas en el Estatuto de los Trabajadores?
a. Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
b. La falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables.
c. La ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su coloración efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un periodo de prueba no podrá alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento.
d. Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
44. De acuerdo con el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:
a. Al menos a la mitad de la plantilla de la empresa, cualquiera que fuere el número de trabajadores.
b. Veinte trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
c. Diez trabajadores, en empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
d. El cinco por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
45. Señale la regla aplicable al supuesto de suspensión del contrato por excedencia conforme al art. 46 del Estatuto de los Trabajadores:
a. En caso de excedencia forzosa por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, deberá solicitarse el reingreso dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
b. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de seis meses tiene derecho a que se le reconozca posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años
c. En caso de excedencia forzosa no se computará la antigüedad de su vigencia.
d. Podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito municipal mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.
46. Se constituirá un comité de empresa conjunto, conforme al art. 63 del Estatuto de los Trabajadores:
a. Sólo en aquellos casos en los que esté previsto en el Convenio Colectivo de aplicación, y se denominará comité ínter-centros.
b. No está prevista en el Estatuto de los Trabajadores la posibilidad de constitución de un comité de empresa conjunto.
c. Siempre que una empresa tenga dos o más centros de trabajo en la misma provincia.
d. En las empresas que tengan en la misma provincia o municipios limítrofes, dos o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen los 50 trabajadores, pero que en su conjunto lo sumen.
47. La duración del mandato de los delegados de personal y de los miembros del comité de empresa será de:
b. 4 años.
48. Tiene la consideración de accidente de trabajo, conforme al art. 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social:
a. Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado, pero acontezcan al ir o al volver del lugar de trabajo.
b. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
c. Todos los ocurridos en tiempo y lugar de trabajo.
d. Sólo los ocurridos en el desarrollo por el trabajador de funciones propias de su grupo profesional.
49. Conforme a la regulación contenida en el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social:
a. Únicamente son grados de incapacidad permanente: incapacidad total, absoluta y gran invalidez.
b. En todo caso, para acceder a cualquier prestación de incapacidad permanente, será necesario cumplir el requisito general de estar afiliado y en alta en el Régimen de Seguridad Social o en situación asimilada a la de alta en el momento del hecho causante.
c. Será necesario, en todo caso, para tener derecho a una prestación de incapacidad, haber cubierto el periodo mínimo de cotización establecido legalmente, salvo que aquella sea debida a accidente, sea o no laboral, o a enfermedad profesional
d. Cuando el beneficiario de una prestación de incapacidad permanente, en la fechad el hecho causante tenga sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco y treinta y ocho años y seis meses de cotización y reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social, tendrá derecho a optar entre la prestación por incapacidad o la jubilación.
50. Diga cuál de los siguientes tratados internacionales recoge la disposición final de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que se formulan las garantías que impiden cualquier destrucción, restricción ilegítima o menoscabo de los derechos fundamentales:
a. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006.
b. El Pacto Internacional de derecho civiles y políticos de 1966 y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966
c. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles de 1984.
d. La Convención sobre los derechos del niño de 1989.
51. Diga qué órgano es el encargado de asegurar el régimen de ejecución forzosa de una sentencia condenatoria de un Estado miembro dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos:
a. La Comisión de la Unión Europea.
b. No existe ningún órgano específico previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, dependiendo dicho régimen únicamente de l libre arbitrio del Estado condenado.
c. El Comité de Ministros del Consejo de Europa.
d. El Parlamento Europeo.
52. De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Decisión es:
a. Un acto unilateral no vinculante de las Instituciones europeas.
b. Un acto obligatorio en todos sus elementos.
c. Un acto típico de Derecho derivado al no estar en la nomenclatura de su art. 288
d. Un instrumento que forma parte del Derecho complementario de la Unión Europea.
53. ¿Puede ser invocada una Directiva de la Unión Europea por un Estado miembro contra un particular, a pesar de no haber sido transpuesta a su Derecho nacional?
a. Únicamente cuando se aplique el principio de subsidiaridad.
b. Nunca, ya que las Directivas de la Unión Europea sólo poseen efecto directo vertical.
c. Sólo si contiene disposiciones incondicionales, suficientemente claras y precisas.
d. Siempre, al poseer un efecto directo completo en el Derecho nacional.
54. Diga, en relación con el juez español como juez comunitario, cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:
a. Siempre le corresponde al Tribunal de Justicia Europeo interpretar las disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales en el procedimiento prejudicial.
b. Siempre le corresponde al Tribunal de Justicia Europeo pronunciarse sobre la compatibilidad de normas de Derecho interno con el Derecho de la Unión.
c. El Tribunal de Justicia Europeo es competente para proporcionar al juez español todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que pueda permitirle apreciar la compatibilidad entre ambos derechos para dirimir el asunto del que esté conociendo.
d. El juez español no puede dejar sin aplicación una norma de derecho nacional contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo si ha sido derogada o declarada inconstitucional.
Tema 8, Organización y estructura de la Administ...
55. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, ¿cuál de los siguientes servicios no forma parte del contenido que, al menos, ha de disponer una sede judicial electrónica a disposición de los usuarios?
a. La carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia.
b. Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos competentes.
c. La carta de derechos y deberes de los profesionales ante la justicia.
d. La carta de servicios y la carta de servicios electrónicos.
56. El punto de acceso general de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia es creado y gestionado por:
a. La Consejería de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia.
b. De forma conjunta por el Ministerio y las Comunidades Autónomas a través de un órgano colegiado.
d. El Consejo General del Poder Judicial para asegurar la coordinación.
57. Conforme al artículo 32 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación de un escrito en un registro electrónico, en un día inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá realizada:
a. En el día de la presentación, excepto que se trate de un festivo de carácter nacional.
b. En la primera hora del día hábil siguiente en todo caso.
c. En el día de la presentación, pues el registro funciona los 365 días del año.
d. En la primera hora del día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
58. ¿En qué consiste el Principio de intervención mínima en Derecho Penal?
c. Que el Derecho Penal debe aplicarse ante el mínimo ataque de cualquier clase existente contra bienes jurídicos.
d. Que para la aplicación del Derecho Penal es necesario en todos los casos la existencia de una infracción de carácter administrativo.
59. El error de tipo consiste en:
a. Exclusión del dolo respecto del hecho subjetivo.
c. No exige exclusión respecto ningún elemento, objetivo o subjetivo del hecho.
d. Es necesario la exclusión de ambos elementos, subjetivo y objetivo.
60. Conforme al artículo 31 bis del Código Penal es posible atenuar a la persona jurídica la pena a imponer cuando:
a. Cuando la responsabilidad recaiga sobre el Estado.
b. No es posible en ningún caso.
c. Cuando no sea posible determinar la autoría de la persona física.
d. Las circunstancias establecidas para eximir de responsabilidad a la persona jurídica sólo se han acreditado parcialmente.
61. Conforme al artículo 31 quáter del Código Penal, ¿cuál de los siguientes supuestos se considera circunstancia atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas?
a. Haber procedido una vez dictada sentencia firme condenatoria a reparar o disminuir el daño causado.
b. Haber procedido después de conocer que el procedimiento se dirigía contra ella a confesar su participación en los hechos.
c. A las personas jurídicas es imposible aplicarles circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal.
d. Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas nuevas y decisivas que sean determinantes para esclarecer las responsabilidades penales de los hechos.
a. Pueden resultar más gravosas y de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido.
b. Pueden resultar de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido.
c. Pueden resultar más gravosas que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido.
d. No pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido.
63. Conforme al artículo 11 del Código Penal, ¿cuándo se equipara la omisión a la acción?
a. Cuando exista una específica obligación de actuar basada exclusivamente en el Derecho Administrativo.
b. Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
c. Cuando no exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
64. ¿Cuál de las siguientes circunstancias se considera como eximente de la responsabilidad penal?
a. La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento.
b. La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o a disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.
c. El que obre impulsado por miedo insuperable.
65. Conforme al artículo 18 del Código Penal, ¿cuándo se castiga la provocación del delito?
b. Excepcionalmente cuando concurra un acto contra la propiedad.
c. Sólo en los casos de delincuencia organizada.
d. Sólo en los casos que la ley lo prevea.
66. En caso de suspensión de ejecución de las penas privativas de libertad que no superen los dos años, el plazo será de:
a. De dos a cinco años.
b. Uno a tres años.
c. De seis a ocho años.
d. Seis meses a un año.
67. Conforme al artículo 90 del Código Penal, los requisitos necesarios para conceder la libertad condicional:
a. Encontrarse clasificado en segundo grado; haber extinguido la mitad de la condena impuesta, sin necesidad de observar buena conducta.
b. Encontrarse clasificado en segundo grado; siendo indiferente el tiempo de extinción de la condena.
c. Encontrarse clasificado en tercer grado; haber extinguido la cuarta parte de la condena impuesta y observar buena conducta.
d. Encontrarse clasificado en tercer grado; haber extinguido tres cuartas partes de la condena impuesta y observar buena conducta.
68. De las siguientes medidas de seguridad, ¿cuál se considera como privativa de libertad?
69. ¿Cuál de las siguientes se considera una pena privativa de libertad?
c. Las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles y mercantiles.
d. La localización permanente.
70. Conforme al artículo 127 quáter del Código Penal, ¿cuándo es posible acceder al decomiso de los bienes que se encuentran a nombre de terceras personas?
a. Nunca puede decomisarse los bienes puestos a nombre de terceras personas.
b. Exclusivamente cuando el tercero, titular de los mismos, los hubiera comprado ante Notario y Registrador.
c. Sólo podrá procederse al decomiso cuando el procedimiento penal se dirija contra los terceros titulares de los bienes.
d. Cuando el tercero, salvo prueba en contrario, pudiera haber conocido o tenía motivos para conocer el origen ilícito de los bienes o que le eran transferidos para evitar su decomiso.
71. A la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos le corresponde entre sus funciones:
a. La tramitación de las cuentas y depósitos judiciales.
b. Identificación, búsqueda, localización y reparación de efectos, bienes, instrumentos y ganancias del delito, radicados dentro o fuera del territorio nacional.
c. Recuperación y Gestión de activos procedentes de delitos cometidos exclusivamente en el extranjero.
d. Que el producto de la gestión de los bienes localizados revierta exclusivamente en el Ministerio de Justicia para la dotación de infraestructura entre sus miembros.
72. Se considera reo de asesinato del artículo 139 del Código Penal el que matare a otro concurriendo alguna de las siguientes circunstancias:
a. Reincidencia.
b. Premeditación.
c. Abuso de confianza.
d. Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
73. Solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, de conformidad con el artículo 142.2 del Código Penal:
a. El delito de homicidio imprudente cometido por imprudencia grave utilizando instrumentos peligrosos.
b. El delito de homicidio imprudente cometido por imprudencia profesional grave.
c. El delito de homicidio imprudente cometido por imprudencia menos grave utilizando arma de fuego.
d. El delito de homicidio imprudente cometido por imprudencia grave utilizando vehículo a motor.
74. La pena del delito de malos tratos sin causar lesión del artículo 153.1 CP, cuando la víctima sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, se impone en su mitad superior, según el número 3 del mismo artículo, en uno de los siguientes supuestos:
a. Si la víctima es menor de edad.
b. Si el delito se comete en el domicilio de la víctima.
c. Si la víctima y el agresor tienen hijos menores.
d. Si la víctima y el agresor conviven.
75. De conformidad con el artículo 159 del Código Penal, la manipulación de genes humanos con alteración del genotipo no es punible:
a. Si fuera realizada para la selección de raza.
b. Si fuera realizada para la eliminación de enfermedades graves.
c. Si fuera realizada para fines docentes.
d. Si fuera realizada por imprudencia grave.
76. De conformidad con el artículo 156 del Código Penal, el consentimiento de las lesiones que exime de responsabilidad criminal en los supuestos de cirugía transexual realizada por facultativo, ha de ser prestado:
a. Por el representante legal con audiencia del Ministerio Fiscal en los casos de menores de 16 años.
b. Por el menor de edad mayor de 16 años con consentimiento de su representante legal.
c. Por el representante legal con audiencia del Ministerio Fiscal en los casos de personas que carezcan absolutamente de aptitud para prestar el consentimiento.
d. Únicamente por el mayor de edad con aptitud para prestarlo de forma válida, libre, consciente y expresamente emitida.
77. Será castigado con las penas establecidas en el artículo 172 ter del CP el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:
a. La infligiera un trato degradante.
b. Haga que terceras personas se pongan en contacto con ella, mediante el uso indebido de sus datos personales.
c. La lesione o maltrate levemente.
d. La insulte o difame en su presencia.
Tema 21, Derecho Penal - LAJ TL
78. ¿Qué circunstancia constituye agravación específica del delito de trata de seres humanos previsto en el nº1 del artículo 177 bis CP, según el párrafo 4 del mismo artículo?
a. Cuando las víctimas sean del mismo sexo.
b. Cuando las víctimas sean de la misma nacionalidad.
c. Cuando las víctimas sean de la misma raza.
d. Cuando las víctimas sean especialmente vulnerables por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o sean menores de edad.
79. Comete un delito de exhibicionismo previsto y penado en el artículo 185 CP:
a. El que solicite favores de naturaleza sexual a menores de edad.
b. El que hiciere ejecutar a una persona actos de exhibición obscena ante menores de edad.
c. El que determine a una persona a ejercer la prostitución con violencia o intimidación.
d. El que difundiere material pornográfico entre menores de edad.
80. De conformidad con el artículo 195.3 del Código Penal, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a cuatro años:
a. El que, pudiendo hacerlo, sin riesgo propio ni de tercero, no socorriere a persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave que haya sido víctima de accidente fortuito.
b. El que, impedido de prestarlo, no demandare con urgencia el auxilio ajeno para prestar socorro a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave.
c. El que, pudiendo hacerlo, sin riesgo propio ni de tercero, no socorriere a persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave.
d. El que, pudiendo hacerlo, sin riesgo propio ni de tercero, no socorriere a persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave que haya sido víctima de accidente debido a la imprudencia del que omite el auxilio.
81. Comete delito de sustracción de menores previsto y penado en el artículo 225 bis del Código Penal:
a. El progenitor que induzca a su hijo menor a infringir el régimen de custodia establecido por la autoridad judicial o administrativa.
b. El que, sin ser familiar, indujere a un menor de edad a que abandone el domicilio familiar.
c. El progenitor que sin causa justificada traslade a un hijo de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con el que convive habitualmente.
d. El que, sin ser familiar, retenga a un menor sin comunicación alguna a los progenitores.
82. Se considera reo de estafa, de conformidad con el art. 248.2.a) del Código Penal:
a. El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
b. El que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, las infrinja excediéndose del ejercicio de las mismas, causando perjuicio al patrimonio administrado.
c. El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.
d. El que, en perjuicio de otro, se apropiare para sí o para tercero, de dinero, efectos, o cualquier otra cosa mueble, que hubiera sido confiado en virtud de título que produzca obligación de devolverlo.
83. El que, en perjuicio de sus acreedores realice cualquier acto de disposición patrimonial que impida la eficacia de un procedimiento ejecutivo o de apremio judicial iniciado, comete delito de:
a. Estafa procesal, previsto y penado en el art. 250.1.7º del Código Penal.
b. Alteración de precios en concursos y subastas públicas, previsto y penado en el art. 262 del Código Penal.
c. Frustración de la ejecución, previsto y penado en el art. 257.1.2º del Código Penal.
d. Insolvencia Punible, previsto y penado en el art. 259.1 del Código Penal.
84. En el art. 264.2 del Código Penal se impone la pena de dos a cinco años y multa de tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, al que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave, borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesible datos o programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a. Si se hubiera cometido por precio o recompensa.
b. Si se hubiera cometido en el marco de una organización criminal.
c. Si se hubiera cometido por funcionario público.
d. Si se hubiera cometido por profesional informático.
85. Conforme al art. 315.1 del Código Penal, cometen delito contra los derechos de los trabajadores:
a. Los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impiden o limiten el ejercicio de libertad sindical o el derecho de huelga.
b. Los que empleen o den ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo.
c. Los que den ocupación simultánea a la totalidad de los trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, en empresas de menos de 10 trabajadores.
d. Los que empleen o den ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo.
86. En los delitos sobre la ordenación del territorio tipificado en el artículo 319 del Código Penal la pena de multa imponer a los promotores, constructores o técnicos directores será:
a. De 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al cuádruple del montante de dicho beneficio.
b. De 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al quíntuplo del montante de dicho beneficio.
c. De 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al duplo del montante de dicho beneficio.
d. De 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio.
87. Indique cuál de las siguientes circunstancias no integran el subtipo de maltrato animal contemplado en el art. 337.2 del Código Penal:
a. Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida animal.
b. Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.
c. Hubiera mediado premeditación.
d. Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal.
88. En relación a los tipos penales de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente tipificados en el artículo 325 del Código Penal, señale cuál de estas afirmaciones es la correcta:
a. Si se hubiera creado un grave perjuicio para la salud de las personas se impondrá siempre la pena de prisión superior en grado.
b. Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
c. Si se hubiera creado un grave perjuicio para la salud de las personas se impondrá la pena de prisión en su mitad superior no siendo posible imponer la pena superior en grado.
d. En caso de perjudicarse gravemente el equilibrio de los sistemas naturales se impondrá la penal de prisión de uno a tres años.
89. En relación a los delitos contra la salud pública contemplados en el Capítulo III del Título XVII del Libro Segundo del Código Penal señale la afirmación correcta:
a. La condena por Jueces y Tribunales Extranjeros por delitos contra la salud pública producirá los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.
b. La condena por Jueces y Tribunales Extranjeros por delitos contra la salud pública no producirá los efectos de reincidencia.
c. La condena por Jueces y Tribunales Extranjeros por delitos contra la salud pública producirá los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español y previa solicitud de cancelación expresa del interesado en ambos casos.
d. La condena por Jueces y Tribunales Extranjeros por delitos contra la salud pública producirá siempre los efectos de reincidencia con independencia de su firmeza.
90. Señale la respuesta correcta respecto a la negativa a someterse a las pruebas de detección de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas:
a. Es un delito que se consuma sólo en caso de producirse un accidente de tráfico o de efectuar el conductor requerido una maniobra irregular.
b. Constituye un delito de desobediencia a la autoridad del artículo 556 del Código Penal.
c. Es un delito que se consuma sólo en caso de que el conductor requerido presente síntomas evidentes de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas.
d. Constituye un delito contra la seguridad vial del artículo 383 del Código Penal.
91. A efectos penales en el delito de falsedades lo que se entiende por documento público viene definido:
a. En el artículo 27.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
b. En el artículo 1216 del Código Civil y en el artículo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
c. En el artículo 390 del Código Penal como los documentos autorizados por un notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la Ley.
d. En el Título IV de la Constitución al regular el Gobierno y la Administración.
92. En los delitos de malversación, el artículo 432 del Código Penal se remite a otros tipos delictivos regulados en otros preceptos, señale la opción correcta:
a. El delito de administración desleal del artículo 252 y el delito de apropiación indebida del artículo 253, ambos del Código Penal.
b. El delito de estafa del artículo 248 y el delito de hurto del artículo 234, ambos del Código Penal.
c. Sólo se remite al delito de extorsión del artículo 243 cuando la autoridad o funcionario público pretenda sustraer los caudales o efectos públicos a cargo de otra autoridad o funcionario público.
d. El artículo 432 no se remite a ningún otro precepto sino que lo regula tipificándolo como la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones.