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Timestamp: 2018-01-17 01:10:32
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 9', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 24']

Dos caminos para la independencia
Linea de tiempo Constitución 1814
En 1808, España estaba ocupada por el ejército francés; los monarcas españoles, en conflictos familiares disputándose la Corona, fueron obligados por Napoleón Bonaparte a abdicar en su favor. El pueblo español rechazó tal hecho en abierta rebelión armada.
El Ayuntamiento de la Ciudad de México —integrado por prominentes criollos, en forma destacada, Juan Francisco de Azcárate y Lezama y Francisco Primo de Verdad y Ramos—, propuso la reunión de una junta de los órganos de poder público instituidos —incluyendo la Audiencia, los tribunales y ayuntamientos que eran, todos juntos, considerados como las Cortes de Nueva España—, que reconociera la autoridad del virrey y reasumiera la soberanía en tanto se liberara España y regresara el monarca legítimo. Después de dos meses de tensas discusiones, el virrey se dio a la tarea de preparar tal junta. Españoles y autoridades civiles y eclesiásticas, que vieron en esta reunión un paso para la Independencia, decidieron actuar: el virrey fue destituido, aprehendido y embarcado a España; los miembros del Ayuntamiento fueron encarcelados. Francisco Primo de Verdad murió en prisión.
Este primer intento legalista y fallido de obtención de la Independencia provocó que los criollos novohispanos conspiraran en Valladolid y en Querétaro durante 1810. Simultáneamente, otro grupo de mexicanos había escogido el camino de aceptar la autoridad de la Junta Central, que se formó en defensa de la soberanía hispana, y lograr a través de la reunión de ésta, compuesta por patriotas liberales, la autonomía dentro de la legalidad y sin rompimiento con España.
La Junta Central de Gobierno en Cádiz, formada por patriotas españoles, asumió la soberanía en ausencia del rey cautivo en Francia y dirigió la lucha armada por la Independencia. El 22 de enero de 1809 expidió un decreto que reconocía a las colonias americanas como parte integrante de la monarquía con derecho a enviar representantes a las Cortes Constituyentes que se instalaron en forma solemne el 24 de septiembre de 1810.
La diputación mexicana estuvo integrada por diecisiete miembros, todos ellos criollos distinguidos que buscaban la autonomía por la vía de las instituciones y rechazaban unirse al movimiento insurgente. Su participación fue destacada, pues se incluyó en el texto de la Constitución la propuesta, del diputado coahuilense Miguel Ramos Arizpe, de establecer diputaciones provinciales, y la condena al racismo.
La “Constitución Política de la Monarquía Española” fue jurada en España el 19 de marzo de 1812. Establece la igualdad de los españoles de ambos hemisferios y de las provincias peninsulares y de ultramar; la soberanía nacional; la separación de poderes; la monarquía limitada por las Cortes electas; la sujeción del monarca a la ley; la necesidad del refrendo del ministro respectivo para dar validez a los actos reales. Declaró derechos humanos en el título relativo a los tribunales y a la administración de justicia, como limitaciones a las facultades del rey de las Cortes, la libertad de prensa y la supremacía de la Constitución.
Fue promulgada y jurada en la Nueva España el 30 de septiembre de 1812. No se aplicó lo relativo a la libertad de prensa, que favorecía a los insurgentes, pero las diputaciones provinciales fueron electas e instaladas. A su regreso al trono, Fernando VII abrogó la Constitución y restableció la monarquía absoluta. El decreto respectivo se conoció en la Nueva España el 11 de agosto de 1815. El virrey Calleja reinstaló el régimen colonial tradicional y disolvió las diputaciones.
Como consecuencia del triunfo en España de la revolución liberal de 1820 dirigida por el general Rafael de Riego, Fernando VII se sujetó el 7 de marzo a los preceptos de la Constitución. El virrey Juan Ruiz de Apodaca la juró el 31 de mayo de 1820, y las diputaciones quedaron nuevamente instaladas. La Constitución de Cádiz estaba vigente al consumarse la independencia y permaneció así durante los primeros meses de la vida independiente.
Miguel Ramos Arizpe fue figura central de la delegación mexicana. Presentó, el 7 de noviembre, una memoria sobre las Provincias Internas de Oriente. En ella destacó la estructura administrativa de las mismas, mediante la cual estaban sujetas a autoridades diversas, invariablemente distantes y con desconocimiento de los problemas. Ramos Arizpe concluyó la necesidad de establecer una Junta Superior Gubernativa de las cuatro Provincias Internas de Oriente, y juntas en cada una de las provincias, a las que llamó “Diputaciones Provinciales”, quedando así acuñado el término que usaría después la Constitución de Cádiz. El origen del federalismo mexicano asumido en 1824 está inspirado en sus propuestas.
Uno de los aspectos más destacables de la actuación de los representantes de la Nueva España en el Constituyente de Cádiz, fue la defensa que hicieron de la igualdad racial; aunque las Cortes finalmente impusieron restricciones a los individuos pertenecientes a las “castas”. La oposición firme de la delegación mexicana fue la primera condena de la discriminación racial de que se tiene noticia en un Congreso Constituyente.
Influencia de la Constitución de Cádiz
La Constitución de Apatzingán adoptó el sistema de elección indirecta en tres etapas que estableció Cádiz. La Constitución de 1824 toma de ella la estructura de su capitulado, los derechos humanos repartidos en el texto y el sistema electoral que quedó como base de los mexicanos hasta 1857. Las constituciones posteriores y nuestra Constitución vigente recogen el refrendo ministerial, la figura de los legisladores suplentes y la Comisión Permanente que actúa durante los recesos en las sesiones de las Cámaras basados en instituciones similares que creó Cádiz. Asimismo, la Constitución de Cádiz sembró la idea de supremacía constitucional y de defensa de la Constitución al facultar a las Cortes para conocer de toda infracción a la Ley Suprema y a todo español para reclamarla.
El constitucionalismo de la Independencia
Cuando comenzó la Guerra de Independencia, Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el grito libertario aún lanzó vivas al rey a Fernando VII, pero denunciando la injusticia y el mal gobierno colonial. Hidalgo proclamó la primera declaración de los Derechos Humanos en México en el decreto dado en la ciudad de Guadalajara, 6 de diciembre de 1810:
Artículo 1. Que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad, dentro del término de diez días, so pena de muerte, la que se les aplicará por transgresión de este artículo.
Artículo 2. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos, respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que á los indios se les exija.
El movimiento comenzó con la idea de autonomía, que no implicaba la separación de la Corona española. Esta idea fue defendida por Ignacio López Rayón, quien fue secretario de Hidalgo y autor de un documento titulado Elementos Constitucionales, en el que proclamó la independencia de “América” y donde hacía residir la soberanía, aunque ésta emanara del pueblo en el monarca español, quien la ejercería a través de la Junta Suprema Nacional Americana. La idea de autonomía (gobierno propio pero dentro del Imperio Español) se planteó con el propósito de atraer al movimiento a los criollos prominentes que rechazaban la violencia, permanecían fieles a la Corona e incluso algunos participaron en la elaboración de la Constitución de Cádiz. Cuando los primeros caudillos, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende fueron vencidos, Ignacio López Rayón y José María Morelos y Pavón dieron continuidad al movimiento, convencidos de la necesidad de fincar la independencia en instituciones que le dieran fundamento.
Fue José María Morelos quien definió no sólo el sentido real de la Independencia, sino un ideario auténticamente nacional y una base programática inspirada en las demandas sociales del momento, a través de los Sentimientos de la Nación. Tanto en este documento, como en la Constitución de Apatzingán se declaró la independencia absoluta de España.
El Congreso de Chilpancingo y los Sentimientos de la Nación
Morelos, convencido de la necesidad de institucionalizar la independencia en un Estado, convocó un Congreso Constituyente. El 13 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, se instaló solemnemente.
Al día siguiente Morelos dio lectura a los Sentimientos de la Nación, un rico ideario político, ético y social que habría de orientar los trabajos del Congreso.
El 6 de noviembre se promulgó el “Acta solemne de la declaración de independencia de la América Septentrional” y casi un año después, el 22 de octubre, se promulgó la Constitución de Apatzingán, denominada “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”.
La integración del Congreso
El Congreso estuvo integrado por diputados electos en las provincias controladas por los insurgentes y algunos otros nombrados por Morelos para representar aquellas que permanecían bajo el dominio español.
Eran hombres de amplia cultura y la mayor parte con estudios de derecho: Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante, José Manuel de Herrera, José María Sotero Castañeda, quienes más adelante mostraron sus talentos. El Congreso trabajó en circunstancias muy difíciles acompañando a las huestes insurgentes en sus acciones militares y padeciendo la inseguridad y las inclemencias del tiempo.
Morelos elaboró un extraordinario documento en que reflejó cual era el sentir de quienes en la nación buscaban la independencia y tenían claras las bases del Estado que se quería edificar, dados a conocer en Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813: los Sentimientos de la Nación.
Destacan en él las ideas y los principios éticos básicos de la existencia política y las bases sobre las cuales se edificaría el Estado Mexicano: como principios fundamentales se asentaron:
5. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judicial eligiendo las provincias sus vocales, y estos a las demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad.
Todas las instituciones se fundan en la soberanía popular. La nación mexicana se declara soberana.
Se define la soberanía como “la facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad” (Artículo 2); la soberanía es “por su naturaleza imprescriptible, inalienable e indivisible” (Artículo 3); el gobierno se instituye “para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad...”; por tanto los ciudadanos tienen “el derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera” (Artículo 4).
La parte más original del capítulo dedicado a la soberanía es la exigencia del respeto exterior y el señalamiento del derecho internacional asentada en el artículo 9:
Esta disposición fija una idea fundamental en el pensamiento político mexicano. Nace de los anhelos de independencia y libertad que inspiraron la Constitución y se proyecta en una tradición invariable del pueblo mexicano de respeto entre las naciones y condena a la intervención de una en los asuntos de otra. Es original, trascendente y no tiene paralelo: es única en los textos constitucionales de la época.
Sobresale el principio de primacía de la ley para gobernantes y para gobernados: “La ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común” (Artículo 18). “La sumisión de un ciudadano a la ley que no aprueba no es un comprometimiento de su razón ni de su libertad: es un sacrificio de la inteligencia particular a la voluntad general” (Artículo 20).
Establece que el derecho de sufragio para la elección de diputados pertenece sin distinción de origen étnico a todos los ciudadanos en quienes concurran los requisitos que prevenga la ley con lo que se les otorgaba el derecho al voto tanto a los indígenas marginados, a los africanos sometidos a la esclavitud y a las castas sujetas al ostracismo social.
El pueblo delega el ejercicio de su soberanía en “órganos públicos o poderes”, que deben estar separados con el propósito de evitar el abuso del poder por un solo hombre, como sucedía bajo la monarquía. Por tanto, de la soberanía se deriva la división de poderes: “Tres son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar las leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares”. “Estos tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial no deben ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación” (Artículos 11 y 12).
Se establece un gobierno nacional centralizado. El Congreso es el órgano supremo, integra a los otros dos poderes que le quedan supeditados: el Supremo Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia. Con Apatzingán nace la idea del Estado Mexicano.
Es notable el reconocimiento expreso de los fines del Estado:
Artículo 24: “la felicidad del pueblo y de cada uno de sus ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos, y el único fin de las avocaciones políticas”.
Es también una disposición única en la época y excepcional en los textos constitucionales.
La Constitución de Apatzingán es el primer texto constitucional de México en incorporar una declaración de derechos humanos, si bien ya otros documentos de nuestra historia política, que le habían servido de antecedente, iniciaron la tarea de construir un gobierno sustentado en la idea de igual dignidad de todo ser humano.
Establecía que los derechos humanos deben ser reconocidos y respetados. El gobierno era el instrumento del pueblo para que éste gozara de sus derechos imprescriptibles e inalienables de igualdad, seguridad, propiedad y libertad.
El Congreso se reunió cuando Morelos estaba en lo más alto de sus éxitos militares y le dio el nombramiento de “Generalísimo” con el tratamiento de “alteza”, que el cura declinó para adoptar el más modesto de Siervo de la Nación.
De igual manera, el Congreso le entregó el Ejecutivo que, de acuerdo con la Constitución, compartía con José María Liceaga y José María Cos.
Sin embargo, a raíz de las derrotas sufridas por el jefe insurgente en Valladolid y Puruarán (1813-1814) las circunstancias cambiaron: el Congreso reclamó para sí la máxima autoridad y asumió los supremos poderes desposeyendo a Morelos del Ejecutivo y del mando militar. Morelos, profundamente respetuoso de las leyes, se sometió a tales decisiones.
Poco después, acosado por la reacción militar española, el Congreso en plena retirada fue custodiado por Morelos, a quien se le devolvió el mando. El jefe insurgente se sujetó siempre a la autoridad del Congreso, aun a costa de su seguridad personal.
Su actitud de obediencia a las leyes y a las instituciones facilitó su captura por parte del ejército realista, su juicio y posterior fusilamiento el 22 de diciembre de 1815. Tal fue su respeto por la Constitución y las leyes.