Source: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32006R1198
Timestamp: 2018-01-17 09:55:17
Document Index: 191504700

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 5', 'artículo 274', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 53', 'artículo 46', 'artículo 81', 'artículo 19', 'artículo 48', 'artículo 58', 'artículo 63', 'artículo 51', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 38', 'artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 26', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 4', 'artículo 58', 'artículo 4', 'artículo 101', 'artículo 47', 'artículo 87', 'artículo 51', 'artículo 97', 'artículo 85', 'artículo 49', 'artículo 67', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 66', 'artículo 69', 'artículo 96', 'artículo 56', 'artículo 49', 'artículo 78', 'artículo 67', 'artículo 226', 'artículo 61', 'artículo 78', 'artículo 67', 'artículo 61', 'artículo 226', 'artículo 67', 'artículo 70', 'artículo 90', 'artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 87', 'artículo 14', 'artículo 88', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 12', 'artículo 93', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 41', 'artículo 40', 'artículo 33', 'artículo 44', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 25', 'artículo 3']

REGLAMENTO (CE) N o 1198/2006 DEL CONSEJO
El desarrollo de la flota pesquera comunitaria debe regularse de conformidad con las decisiones que adopten el Consejo y la Comisión en virtud del capítulo II del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (4).
El objetivo de la política pesquera común debe ser la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y de la acuicultura, en el contexto de un desarrollo sostenible que tenga en cuenta los aspectos medioambientales, económicos y sociales de manera equilibrada.
La política pesquera común regula las actividades de conservación, gestión y explotación de los recursos acuáticos vivos, incluida la acuicultura, así como la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, siempre que tales actividades se ejerzan en el territorio de los Estados miembros o en aguas comunitarias o las lleven a cabo buques pesqueros comunitarios o nacionales de los Estados miembros.
De conformidad con el artículo 33, apartado 2, del Tratado, hay que tener en cuenta la naturaleza específica de la actividad pesquera, resultante de la estructura social del sector y de las diferencias estructurales y naturales entre las diversas regiones que participan en las actividades pesqueras.
El componente de desarrollo sostenible de la política pesquera común se integró en las normas que rigen los Fondos Estructurales a partir de 1993. Conviene continuar su aplicación en un contexto de desarrollo sostenible a través del Fondo Europeo de Pesca (en lo sucesivo, «el FEP»).
Dado que el objetivo principal del presente Reglamento, a saber, el desarrollo sostenible de la política pesquera común, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros debido a los problemas estructurales a los que se enfrenta el sector pesquero y a los limitados recursos financieros de los Estados miembros en una Unión ampliada, y por consiguiente puede lograrse mejor a nivel comunitario mediante una multifinanciación comunitaria centrada en las prioridades pertinentes, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
La política pesquera común y, por lo tanto, el FEP, deben incorporar las prioridades de la Comunidad en materia de desarrollo sostenible, definidas en las conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000 y de Gotemburgo de 15 y 16 de junio de 2001.
La programación debe asegurar la coordinación del FEP con los otros fondos dirigidos al desarrollo sostenible y con los Fondos Estructurales y demás fondos comunitarios.
Las actividades del FEP y las operaciones que este contribuye a financiar deben ser compatibles con las otras políticas comunitarias y respetar la legislación comunitaria.
La acción de la Comunidad debe complementar la llevada a cabo por los Estados miembros o tratar de contribuir a su realización. Con el fin de garantizar un valor añadido significativo, conviene reforzar la cooperación. Esta cooperación, que tendrá plenamente en cuenta las normas y prácticas nacionales de los Estados miembros, concierne a las autoridades regionales, locales y otras instancias públicas, así como a otros organismos pertinentes, incluidos los responsables en materia de medio ambiente y de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, los interlocutores económicos y sociales y demás organismos competentes. Todos ellos deberán estar asociados a la preparación, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las intervenciones.
De conformidad con el artículo 274 del Tratado, los Estados miembros cooperarán con la Comisión para garantizar el cumplimiento de los pincipios de buena gestión financiera. Con este fin, el presente Reglamento especifica las condiciones que permiten a la Comisión ejercer sus responsabilidades en materia de ejecución del presupuesto general de la Unión Europea.
Para que las actividades del FEP sean efectivas y transparentes, es necesario definir con precisión las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comunidad. Tales responsabilidades deberán especificarse en cada etapa de la programación, el seguimiento, la evaluación y el control. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión, la ejecución y el control de las intervenciones competen, en primer lugar, a los Estados miembros.
Los artículos 2 y 3 del Tratado establecen la eliminación de desigualdades y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
La Comisión debe establecer un desglose indicativo de los créditos de compromiso disponibles, de acuerdo con un método objetivo y transparente que asegure una concentración importante en las regiones incluidas en el objetivo de convergencia.
Los créditos disponibles en virtud del FEP deberán revisarse aplicando un porcentaje a tanto alzado para fines de programación.
Con el fin de potenciar el efecto multiplicador de los recursos comunitarios, favoreciendo tanto como sea posible la participación de fuentes privadas de financiación, y de tener en cuenta más adecuadamente la rentabilidad de las operaciones, conviene diversificar las formas de intervención del FEP y modular los porcentajes de intervención para promover el interés comunitario, incitar a la utilización de recursos financieros diversificados y limitar la participación del FEP, incentivando la utilización de formas de intervención adecuadas.
Para responder a la necesidad de simplificación y descentralización, debe llevarse a cabo la programación y gestión financiera únicamente sobre los programas operativos y los ejes prioritarios, al haberse suprimido el complemento de programación y el marco comunitario de apoyo.
Conviene simplificar el sistema de programación. Para ello las actividades del FEP deberán adoptar la forma de un único programa operativo por Estado miembro, con arreglo a su estructura nacional. El ejercicio de programación cubrirá el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.
La adopción por el Consejo de planes de recuperación plurianuales y de planes de gestión es una prioridad absoluta y deberá ir acompañada de planes de ajuste del esfuerzo pesquero en virtud del FEP.
La no renovación de un acuerdo de pesca entre la Comunidad y un tercer país o la reducción sustancial de las oportunidades de pesca en virtud de un acuerdo internacional o de cualquier otro acuerdo deberá asimismo ser objeto de planes de gestión del esfuerzo pesquero plurianuales destinados a adaptar la flota pesquera comunitaria a la nueva situación.
Conviene establecer también disposiciones relativas al ajuste del esfuerzo pesquero en el contexto de la adopción de medidas de urgencia por parte de los Estados miembros o la Comisión, tal como se establece en los artículos 7 y 8 del Reglamento (CE) no 2371/2002.
Tambien conviene establecer disposiciones relativas al ajuste del esfuerzo pesquero en el contexto de la adopción de planes nacionales de desmantelamiento que formen parte de las obligaciones establecidas en los artículos 11 a 16 del Reglamento (CE) no 2371/2002.
Procede ajustar la flota pesquera comunitaria a fin de adaptarla a los recursos disponibles.
También conviene establecer disposiciones de apoyo a las inversiones a bordo, en particular para atender a la necesidad de reestructurar la flota pesquera comunitaria ayudando a los pescadores y propietarios de buques a reemplazar los motores por otros nuevos de igual o menor potencia.
Además, deben establecerse disposiciones específicas para abordar el carácter específico de la pesca costera artesanal.
Es necesario adoptar medidas socioeconómicas que acompañen la reestructuración de las flotas pesqueras comunitarias.
Conviene fijar las normas de concesión de indemnizaciones y compensaciones financieras a los pescadores y a los propietarios de buques pesqueros, en caso de paralización temporal de la actividad pesquera.
Es esencial para el sector pesquero lograr un equilibrio sostenible entre los recursos acuáticos y su explotación, teniendo debidamente en cuenta el impacto ambiental. Por consiguiente, es necesario adoptar medidas adecuadas no solo para la preservación de la cadena alimentaria sino también para la acuicultura y la industria de transformación.
Es conveniente fijar normas detalladas para la concesión de ayudas a la acuicultura, a la pesca interior y a la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, garantizando al mismo tiempo la viabilidad económica de estos sectores. Para ello, es necesario fijar un número limitado de objetivos prioritarios de intervención y concentrar la ayuda estructural para la acuicultura y para la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura en las microempresas y en las pequeñas y medianas empresas, concediendo prioridad a las microempresas y a las pequeñas empresas.
El FEP debe apoyar también medidas de interés público de mayor alcance que las medidas que emprenden normalmente las empresas privadas.
Procede establecer medidas de acompañamiento de la política pesquera común, en particular para reducir su impacto socioeconómico mediante la aplicación de estrategias de desarrollo local para un desarrollo sostenible de las zonas pesqueras.
Atendiendo a la diversidad de situaciones y regiones en el seno de la Comunidad, la política de desarrollo de las zonas pesqueras debe formar parte de un enfoque integrado basado en una estrategia territorial apropiada y adaptada al contexto local, estar tan descentralizada como sea posible, promover la participación de agentes locales, basarse en un planteamiento ascendente, permitir las operaciones de pequeña escala y garantizar una amplia participación del sector privado.
A través de la asistencia técnica, el FEP debe apoyar la realización de evaluaciones, estudios e intercambios de experiencias, con objeto de facilitar la aplicación del programa operativo y de promover planteamientos y prácticas de carácter innovador en el marco de una ejecución simplificada y transparente.
La ejecución de las intervenciones del FEP por parte de los Estados miembros mediante gestión compartida deberá ofrecer garantías suficientes en cuanto a las modalidades y la calidad de la aplicación, los resultados de la intervención y su evaluación, así como en lo que se refiere a la buena gestión financiera y a su control.
La eficacia y los efectos de las actividades del FEP dependen asimismo de que se mejore y refuerce la evaluación. Es necesario precisar las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en este ámbito, así como las normas que garanticen la fiabilidad de la evaluación.
Para que la cooperación funcione realmente y promover de manera adecuada las intervenciones comunitarias, conviene que la información y la publicidad sean lo más amplias que sea posible. Las autoridades responsables de la gestión de las intervenciones deberían encargarse de ello y de mantener informada a la Comisión de las medidas adoptadas.
Procede establecer límites máximos de contribución pública por actividad.
También procede establecer límites máximos a la contribución del FEP en relación con el gasto público total por eje prioritario.
Para garantizar una aplicación eficaz y apropiada, es necesario especificar las obligaciones de los Estados miembros en materia de gestión y control, certificación de gastos y prevención, detección y corrección de las irregularidades e infracciones de la normativa comunitaria. Por lo que se refiere a la gestión y el control, deben establecerse, en particular, los procedimientos mediante los cuales los Estados miembros ofrezcan garantías de la existencia y funcionamiento correcto de estos sistemas.
Los Estados miembros deberán adoptar las medidas oportunas que garanticen el funcionamiento correcto del sistema de gestión y control. Para ello, conviene designar para cada conjunto de ayudas una autoridad de gestión, una autoridad de certificación y una autoridad de auditoría y especificar sus respectivas competencias. Dichas competencias se referirán fundamentalmente a la buena ejecución financiera, la organización de la evaluación, la certificación del gasto, la auditoría y el cumplimiento del Derecho comunitario. Deben preverse reuniones regulares entre la Comisión y las autoridades nacionales interesadas para supervisar la ejecución de la intervención.
Procede especificar que el Comité de seguimiento sea un órgano nombrado por el Estado miembro, a fin de que garantice la calidad de la aplicación del programa operativo.
Es fundamental para el seguimiento disponer de indicadores y de informes anuales de ejecución, que deberán definirse mejor para que reflejen de manera fiable el desarrollo y la calidad de la aplicación del programa operativo.
Sin perjuicio de las competencias de la Comisión en materia de control financiero, conviene reforzar la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en este ámbito.
Conviene simplificar las normas y los procedimientos por los que se regulan los compromisos y los pagos, de forma que se garantice la liquidez del sistema. En este sentido, una prefinanciación del 7 % de la contribución del FEP contribuirá a agilizar la aplicación del programa operativo.
Además de la suspensión de pagos cuando se observen deficiencias graves en los sistemas de gestión y control, deben establecerse medidas que permitan al ordenador delegado interrumpir los pagos cuando existan pruebas que indiquen deficiencias significativas en el funcionamiento de dichos sistemas y a la Comisión realizar deducciones de los pagos si el Estado miembro de que se trate no hubiera aplicado todas las medidas restantes de un plan de acción corrector.
Con el fin de garantizar la buena gestión de los recursos comunitarios, es necesario mejorar las previsiones y la ejecución del gasto. Para ello, conviene que los Estados miembros remitan periódicamente a la Comisión sus previsiones de utilización de los recursos comunitarios, y que los retrasos en la ejecución financiera den lugar a reembolsos del anticipo y liberaciones automáticas.
Deben simplificarse los procedimientos de cierre y ofrecer a los Estados miembros que lo deseen la posibilidad de cerrar parcialmente su programa operativo en lo que respecta a las operaciones concluidas, según el calendario que hayan establecido; debe establecerse el marco adecuado de actuación al respecto.
Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5), a través del procedimiento de gestión establecido en el artículo 4 de la Decisión. No obstante, en determinados casos y en aras de la eficacia, el procedimiento consultivo establecido en el artículo 3 de dicha Decisión resulta más adecuado.
Conviene definir disposiciones transitorias que permitan preparar la nueva programación a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y que garanticen que la ayuda a los Estados miembros no quede interrumpida a la espera de la adopción del programa operativo con arreglo al presente Reglamento.
«sector pesquero»: sector de la economía que incluye todas las actividades de producción, transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura;
«pescador»: cualquier persona que ejerza una actividad de pesca profesional a bordo de un buque de pesca en actividad, reconocida por el Estado miembro;
«buque pesquero»: cualquier buque en el sentido del artículo 3, letra c), del Reglamento (CE) no 2371/2002;
«acuicultura»: la cría o cultivo de organismos acuáticos con técnicas encaminadas a aumentar, por encima de las capacidades naturales del medio, la producción de los organismos en cuestión; estos serán, a lo largo de toda la fase de cría o cultivo y hasta el momento de su recogida inclusive, propiedad de una persona física o jurídica;
«zona de pesca»: una zona a orillas del mar o de un lago, incluidas las lagunas o los estuarios de ríos, con un nivel significativo de empleo en el sector pesquero;
«microempresa, pequeña y mediana empresa»: microempresa, pequeña o mediana empresa tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (6);
«programa operativo»: documento único elaborado por el Estado miembro y aprobado por la Comisión, que contiene un conjunto coherente de ejes prioritarios que deberán lograrse con la intervención del FEP;
«programación»: proceso de organización, toma de decisiones y financiación, efectuado en varias etapas, destinado a ejecutar, sobre una base plurianual, la actuación conjunta de la Comunidad y de los Estados miembros para lograr los objetivos prioritarios del FEP;
«eje prioritario»: cada una de las prioridades de un programa operativo, que incluya un grupo de medidas relacionadas entre sí y cuyos objetivos específicos sean cuantificables;
«medida»: conjunto de operaciones dirigidas a la ejecución de un eje prioritario;
«operación»: todo proyecto seleccionado atendiendo a los criterios establecidos por el Comité de seguimiento y ejecutado por uno o varios beneficiarios, y que permite lograr los objetivos del eje prioritario a que se refiere;
«beneficiario»: la persona física o jurídica que sea el último receptor de la ayuda pública;
«gasto público»: toda contribución pública a la financiación de operaciones que tenga su origen en el presupuesto del Estado, de las administraciones regionales y locales o de las Comunidades Europeas y todo gasto similar. Toda contribución a la financiación de operaciones que tenga su origen en el presupuesto de organismos de Derecho público o de asociaciones de una o varias administraciones regionales o locales u organismos de Derecho público que actúen de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (7), se considerará contribución pública;
«objetivo de convergencia»: el objetivo de la actuación en favor de los Estados miembros y regiones menos desarrollados de acuerdo con el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999 (8);
«objetivo no de convergencia»: el objetivo que abarque a los Estados miembros y las regiones que no puedan acogerse al objetivo de convergencia tal como se define en la letra n);
«organismo intermedio»: todo organismo o servicio de carácter público o privado que actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión o de certificación o que desempeñe competencias en nombre de tal autoridad en relación con los beneficiarios que ejecuten las operaciones;
«irregularidad»: toda infracción de una disposición del Derecho comunitario que provenga de un acto u omisión de un agente económico y que tenga, o que pueda tener, por consecuencia causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión Europea al cargarle un gasto injustificado.
apoyar la política pesquera común a fin de asegurar la explotación de los recursos acuáticos vivos y apoyar la acuicultura para aportar la sostenibilidad necesaria en los planos económico, social y medioambiental;
promover un equilibrio sostenible entre los recursos acuáticos vivos y la capacidad de pesca de la flota pesquera comunitaria;
promover un desarrollo sostenible de la pesca interior;
potenciar la competitividad de las estructuras de explotación y el desarrollo de empresas económicamente viables en el sector de la pesca;
fomentar la protección y mejora del medio ambiente y de los recursos naturales cuando exista una relación con el sector pesquero;
4. De acuerdo con sus competencias respectivas, la Comisión y los Estados miembros garantizarán la coordinación de las intervenciones del FEP y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) establecido por el Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo (9), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC) y otros instrumentos financieros comunitarios.
las autoridades regionales, locales y otras autoridades públicas competentes;
los interlocutores económicos y sociales;
cualquier otro organismo pertinente.
1. El presupuesto comunitario atribuido al FEP se ejecutará en el marco de la gestión compartida entre los Estados miembros y la Comisión, de conformidad con el artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (10), a excepción de la asistencia técnica prevista en el artículo 46, apartado 1, del presente Reglamento, que será ejecutada por la Comisión mediante gestión directa.
la Comisión comprobará la existencia y el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros, de conformidad con los artículos 70 y 73;
la Comisión interrumpirá o suspenderá la totalidad o parte de los pagos de conformidad con los artículos 88 y 89, en caso de deficiencia en los sistemas de gestión y control nacionales, y aplicará cualquier otra corrección financiera necesaria, de conformidad con los procedimientos descritos en los artículos 98 y 99;
la Comisión comprobará el reembolso de la prefinanciación y procederá a la liberación automática de los compromisos presupuestarios de conformidad con el artículo 81, apartado 2, y con los artículos 90 a 94.
para los Estados miembros cuya RNB media per cápita (PPA) durante 2001-2003 sea inferior al 40 % de la media de la UE-25: el 3,7893 % de su PIB,
para los Estados miembros cuya RNB media per cápita (PPA) durante 2001-2003 sea igual o superior al 40 % e inferior al 50 % de la media de la UE-25: el 3,7135 % de su PIB,
para los Estados miembros cuya RNB media per cápita (PPA) durante 2001-2003 sea igual o superior al 50 % e inferior al 55 % de la media de la UE-25: el 3,6188 % de su PIB,
para los Estados miembros cuya RNB media per cápita (PPA) durante 2001-2003 sea igual o superior al 55 % e inferior al 60 % de la media de la UE-25: el 3,5240 % de su PIB,
para los Estados miembros cuya RNB media per cápita (PPA) durante 2001-2003 sea igual o superior al 60 % e inferior al 65 % de la media de la UE-25: el 3,4293 % de su PIB,
para los Estados miembros cuya RNB media per cápita (PPA) durante 2001-2003 sea igual o superior al 65 % e inferior al 70 % de la media de la UE-25: el 3,3346 % de su PIB,
para los Estados miembros cuya RNB media per cápita (PPA) durante 2001-2003 sea igual o superior al 70 % e inferior al 75 % de la media de la UE-25: el 3,2398 % de su PIB,
más allá, el nivel máximo de transferencia se reducirá en 0,09 puntos porcentuales del PIB por cada incremento de 5 puntos porcentuales de la RNB media per cápita (PPA) durante 2001-2003 en relación con la media de la UE-25.
la importancia del sector pesquero del Estado miembro;
el nivel necesario de ajuste del esfuerzo pesquero;
el nivel de empleo en el sector pesquero,
la gestión y adaptación de la flota pesquera comunitaria y, en particular, la adaptación del esfuerzo y la capacidad de pesca a la luz de la evolución de los recursos pesqueros, la promoción de métodos de pesca que respeten el medio ambiente y un desarrollo sostenible de las actividades de pesca;
el desarrollo sostenible del sector de la acuicultura;
el desarrollo sostenible de la transformación y comercialización de productos pesqueros y de la acuicultura;
el desarrollo sostenible de la pesca interior;
el desarrollo sostenible de las zonas de pesca, incluidos los criterios para la definición de las zonas objetivo prioritarias;
la competitividad de sector pesquero, incluida la mejora de su estructura y organización y del entorno de trabajo;
la preservación de los recursos humanos en el sector pesquero, en particular mediante la mejora de las cualificaciones profesionales, asegurando el empleo sostenible y reforzando la posición y la función de las mujeres;
la protección y mejora del medio acuático relacionado con el sector pesquero.
el cumplimiento de los requisitos en materia de inspección y control de las actividades pesqueras y de recogida de datos e información sobre la política pesquera común;
el abastecimiento de productos pesqueros y el desarrollo de actividades pesqueras fuera de las aguas comunitarias.
la coherencia con los principios de la política pesquera común y el plan estratégico nacional, a fin de alcanzar en particular un equilibrio estable y duradero entre la capacidad y las posibilidades de pesca;
el fomento de un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas, el empleo y los recursos humanos, así como la protección y la mejora del medio ambiente;
una distribución apropiada de los recursos financieros disponibles entre los ejes prioritarios y, en particular, cuando proceda, un nivel adecuado de financiación para las operaciones a que se refiere el capítulo I del título IV (Eje prioritario 1: medidas de adaptación de la flota pesquera comunitaria);
la promoción de las operaciones que contribuyan a la estrategia de Lisboa;
la promoción de las operaciones que contribuyan a la estrategia de Gotemburgo y, en particular, las que fomentan la consideración de la dimensión medioambiental en el sector de la pesca;
la mejora de la situación de los recursos humanos en el sector de la pesca por medio de operaciones encaminadas a aumentar el nivel y la diversidad de las cualificaciones profesionales, desarrollar la formación permanente y mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad;
el fomento de las operaciones con elevado valor añadido mediante el desarrollo de las capacidades de innovación que aporten altos niveles de calidad y estén a la altura de las necesidades de los consumidores en materia de productos de la pesca y de la acuicultura;
la contribución a la mejora del abastecimiento del mercado comunitario de productos de la pesca y la acuicultura y al desarrollo sostenible de dicho mercado;
la promoción, durante las distintas fases de la ejecución del programa operativo, del equilibrio entre hombres y mujeres en el sector de la pesca por medio de operaciones destinadas, en particular, a reducir la segregación por motivos de sexo en el mercado laboral;
la promoción de un desarrollo integrado sostenible de las zonas de pesca potenciando sus capacidades inherentes y mejorando la calidad de vida;
la mejora, cuando proceda, de las capacidades institucionales y administrativas orientadas a la gobernanza de la política pesquera común y la aplicación eficiente del programa operativo.
una síntesis de la situación en los ámbitos de actuación que puedan optar a la ayuda, en la que se especifiquen los puntos fuertes y las carencias;
una descripción y motivación, por una parte, de los ejes prioritarios elegidos, teniendo en cuenta la parte correspondiente del plan estratégico nacional y los principios orientativos establecidos en el artículo 19, y, por otra, de los efectos previstos a la luz de la evaluación ex ante contemplada en el artículo 48;
los objetivos específicos de cada eje prioritario. Cuando los objetivos lo permitan, se cuantificarán utilizando un número limitado de indicadores y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. Los indicadores deben permitir evaluar los progresos con respecto a la situación de partida y la pertinencia de los objetivos específicos fijados para cada eje prioritario;
una breve descripción de las principales medidas previstas para instrumentar los ejes prioritarios;
información sobre la complementariedad con las medidas financiadas por el FEADER, los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, cuando proceda;
un plan de financiación que conste de dos cuadros que muestren por separado, cuando proceda, las asignaciones destinadas al objetivo de convergencia y las destinadas al objetivo no de convergencia:
un cuadro presentará un desglose anual del importe de la asignación financiera total prevista para la contribución del FEP,
otro cuadro especificará, para todo el período de programación y para cada eje prioritario, el importe de la asignación financiera prevista para la contribución comunitaria y para las contribuciones públicas nacionales, el índice de contribución del FEP a cada eje prioritario y el importe asignado a la asistencia técnica;
las disposiciones de ejecución para el programa operativo, que contendrán:
la designación por el Estado miembro de las autoridades y organismos establecidos en el artículo 58,
una descripción de los sistemas de evaluación y seguimiento y de la composición del Comité de seguimiento establecido en el artículo 63,
los datos del organismo competente encargado de la recepción de los pagos efectuados por la Comisión y del organismo u organismos responsables de efectuar los pagos a los beneficiarios,
la definición de los procedimientos de movilización y de circulación de los flujos financieros, a fin de garantizar su transparencia,
los elementos destinados a garantizar la información y la publicidad del programa operativo a que se refiere el artículo 51,
la descripción de los procedimientos acordados entre la Comisión y el Estado miembro para el intercambio de datos informatizados con vistas al cumplimiento de los requisitos en materia de pago, seguimiento y evaluación establecidos en el presente Reglamento;
información sobre la aplicación del artículo 8.
ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero, en los casos en que estos formen parte de:
los planes de recuperación indicados en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 2371/2002,
las medidas de urgencia indicadas en los artículos 7 y 8 del Reglamento (CE) no 2371/2002,
la no renovación de un acuerdo de pesca entre la Comunidad y un tercer país, o una reducción importante de las posibilidades de pesca en virtud de un convenio internacional u otro tipo de acuerdo,
planes de gestión indicados en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 2371/2002,
medidas indicadas en los artículos 9 y 10 del Reglamento (CE) no 2371/2002,
planes nacionales de desmantelamiento que formen parte de las obligaciones establecidas en los artículos 11 a 16 del Reglamento (CE) no 2371/2002 sobre el ajuste de la capacidad de la flota pesquera comunitaria;
ayudas públicas a la paralización temporal, de conformidad con el artículo 24, apartado 1, inciso vii);
inversiones a bordo de los buques pesqueros y selectividad, de conformidad con el artículo 25;
ayudas públicas a la pesca costera artesanal, de conformidad con el artículo 26;
compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria, de conformidad con el artículo 27;
ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración, de conformidad con las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado para el salvamento y la reestructuración de empresas en crisis (11).
mediante el desguace del buque pesquero;
mediante su reconversión, bajo pabellón de un Estado miembro y su registro en la Comunidad para actividades no relacionadas con la pesca;
mediante su reconversión para crear arrecifes artificiales. Los Estados miembros se asegurarán de que dichas operaciones vayan precedidas de la correspondiente evaluación de impacto ambiental y de que contribuyan a los objetivos indicados en el artículo 38, apartado 2, letra a).
el precio del buque pesquero en el mercado nacional o su valor de seguro;
el volumen de negocios del buque pesquero;
la edad del buque pesquero y su arqueo expresado en GT o potencia motriz expresado en kW.
doce meses, prorrogable por hasta doce meses, en el contexto de los planes de ajuste del esfuerzo pesquero mencionados en el artículo 21, letra a), inciso i),
tres meses, cuando se trate de las medidas de urgencia de los Estados miembros a las que se refiere el artículo 8 del Reglamento (CE) no 2371/2002, en el contexto de los planes de ajuste del esfuerzo pesquero contemplados en el artículo 21, letra a), inciso ii),
seis meses, cuando se trate de las medidas de urgencia de la Comisión a que se refiere el artículo 7 del Reglamento (CE) no 2371/2002, en el contexto de los planes de ajuste del esfuerzo pesquero contemplados en el artículo 21, letra a), inciso ii),
seis meses, prorrogable por hasta seis meses, en el contexto de los planes de ajuste del esfuerzo pesquero contemplados en el artículo 21, letra a), inciso iii),
ocho meses, en el contexto de los planes de ajuste del esfuerzo pesquero contemplados en el artículo 21, letra a), inciso iv), y de los planes de gestión adoptados a escala nacional en el marco de las medidas de conservación comunitarios, y cuando dichos planes establezcan reducciones graduales del esfuerzo pesquero,
tres meses, en el contexto de los planes de salvamento y de reestructuración contemplados en el artículo 21, letra f), durante el período de sustitución de los motores,
seis meses, en caso de catástrofe natural, vedas de caladeros decididas por los Estados miembros por razones de salud pública, u otro acontecimiento excepcional no resultante de medidas de conservación de los recursos.
en los buques que se definen en el artículo 26, apartado 1, la potencia del nuevo motor sea igual o inferior a la del motor antiguo;
en los buques cuya eslora total no supere los 24 metros y no estén contemplados en la letra a), la potencia del nuevo motor sea inferior en un 20 % como mínimo a la del motor antiguo;
en los buques de arrastre cuya eslora total supere los 24 metros, la potencia del nuevo motor sea inferior en un 20 % como mínimo a la del motor antiguo, el buque sea objeto de un plan de salvamento y de reestructuración tal como se indica en el artículo 21, letra f), y opte por un método de pesca que consuma menos combustible.
que permitan la conservación a bordo de las capturas cuyo descarte ya no esté autorizado;
que formen parte de proyectos relativos a la preparación o experimentación de nuevas medidas técnicas, por un período limitado que será establecido por el Consejo o la Comisión;
que reduzcan el impacto de la pesca en las especies no comerciales;
que reduzcan el impacto de la pesca en los ecosistemas y los fondos marinos;
con vistas a la protección de las capturas y de los artes de los depredadores salvajes, incluso mediante cambios de material de partes del arte de pesca, siempre que no aumente el esfuerzo pesquero ni se perjudique a la selectividad de los artes de pesca y se adopten todas medidas adecuadas para evitar que se produzcan daños físicos a los depredadores.
el buque pesquero en cuestión sea objeto de un plan de ajuste del esfuerzo pesquero, tal como se indica en el artículo 21, letra a), inciso i), esté modificando su método de pesca y esté abandonando la pesquería en cuestión para trasladarse a otra en la que el estado de los recursos permita el ejercicio de las actividades de pesca, o
el nuevo arte sea más selectivo y se ajuste a criterios y prácticas medioambientales reconocidos, más estrictos que las obligaciones reglamentarias existentes en el marco de la normativa comunitaria.
garantizar que se ajuste a los nuevos requisitos técnicos en materia de selectividad estipulados en la legislación comunitaria. La ayuda podrá seguir concediéndose hasta la fecha en que dichos requisitos se conviertan en obligatorios o, con carácter excepcional, durante un corto período después de esta fecha, que podrá establecerse en la normativa comunitaria correspondiente;
reducir el impacto de la pesca en las especies no comerciales.
1. A efectos del presente artículo, se entenderá por «pesca costera artesanal» la pesca practicada por buques pesqueros de eslora total inferior a 12 metros que no utilicen los artes de arrastre mencionados en el cuadro 3 del anexo I del Reglamento (CE) no 26/2004 de la Comisión, de 30 de diciembre de 2003, relativo al registro comunitario de la flota pesquera (12).
mejorar la gestión y el control de las condiciones de acceso a determinadas zonas pesqueras;
fomentar la organización de la cadena de producción, transformación y comercialización de productos pesqueros;
fomentar la adopción de medidas de carácter voluntario para reducir el esfuerzo pesquero con fines de conservación de los recursos;
fomentar la utilización de innovaciones tecnológicas (técnicas de pesca más selectivas que vayan más allá de las obligaciones en virtud de la legislación comunitaria o innovaciones con el fin de proteger los artes y las capturas de los depredadores) que no aumenten el esfuerzo pesquero;
mejorar las aptitudes profesionales y la formación en el ámbito de la seguridad.
la diversificación de actividades con objeto de promover la pluriactividad de los pescadores;
la mejora de las aptitudes profesionales, en particular de los pescadores jóvenes;
planes de reciclaje profesional en áreas distintas de la pesca marítima;
la salida anticipada del sector pesquero, incluso a través de la jubilación anticipada;
la compensación no renovable a los pescadores que hayan trabajado como pescadores a bordo de un buque durante al menos doce meses, siempre que el buque pesquero en el que hubieran trabajado los beneficiarios se haya sometido a la paralización definitiva de las actividades pesqueras en el sentido del artículo 23. Esta compensación será reembolsada pro rata temporis en caso de que el beneficiario vuelva a ejercer la profesión de pescador en un plazo inferior a un año tras el cobro de la compensación.
medidas de inversión productiva en acuicultura;
medidas hidroambientales;
medidas de salud pública;
medidas de sanidad animal.
6. Por lo que se refiere a las operaciones contempladas en el anexo II de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (13), solo se concederá la ayuda cuando se haya facilitado la información prevista en el anexo IV de dicha Directiva.
diversificación hacia nuevas especies o producción de especies con buenas perspectivas de mercado;
establecimiento de métodos de acuicultura que reduzcan sustancialmente las consecuencias negativas o mejoren los efectos positivos sobre el medio ambiente en comparación con las prácticas normales en el sector de la acuicultura;
apoyo a actividades tradicionales de acuicultura que contribuyan a preservar y desarrollar el tejido económico y social y a la protección del medio ambiente;
apoyo a la adquisición de equipos para proteger las explotaciones de los depredadores salvajes;
las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, y
las empresas no contempladas por la definición del artículo 3, letra f), con menos de 750 empleados o con un volumen de negocios inferior a 200 millones EUR.
formas de explotación acuícola que incluyan la protección y mejora del medio ambiente, de los recursos naturales y de la diversidad genética, así como la gestión del paisaje y las características tradicionales de las zonas acuícolas;
la participación en el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales creado por el Reglamento (CE) no 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (14);
una acuicultura ecológica en el sentido del Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (15);
una acuicultura sostenible compatible con las obligaciones específicas en el ámbito del medio ambiente que resulten de la designación de zonas Natura 2000 con arreglo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (16).
pérdida de ingresos sufrida;
costes adicionales resultantes de la aplicación de métodos hidroambientales;
necesidad de contar con ayuda financiera para llevar a cabo el proyecto;
las desventajas específicas o los gastos de inversión en unidades situadas dentro o cerca de zonas Natura 2000.
con arreglo al apartado 2, letra a), sobre la base de una cantidad máxima por hectárea de la zona de la empresa a la que se apliquen las obligaciones hidroambientales;
con arreglo al apartado 2, letra c), durante un máximo de dos años durante el período de reconversión de la empresa a la producción ecológica;
con arreglo al apartado 2, letra d), durante un máximo de dos años posteriores a la fecha de la decisión de designación de zona Natura 2000 y únicamente para unidades de acuicultura existentes con anterioridad a dicha decisión.
durante un período superior a cuatro meses consecutivos, o
cuando las pérdidas sufridas a consecuencia de la suspensión de la cosecha se cifren en más del 35 % del volumen anual de negocios de la empresa en cuestión, calculado sobre la base del volumen de negocios medio de la empresa durante los tres años anteriores.
El FEP podrá contribuir a la financiación del control y la erradicación de enfermedades en la acuicultura, de conformidad con la Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (17).
1. A efectos del presente artículo, se entenderá por «pesca interior» la pesca efectuada con fines comerciales por buques que faenen exclusivamente en aguas interiores o mediante otros artes utilizados en la pesca en hielo.
la mejora de las condiciones de trabajo;
la mejora y seguimiento de las condiciones higiénicas y de salud pública o la calidad de los productos;
la producción de productos de alta calidad para mercados altamente especializados;
la reducción del impacto negativo en el medio ambiente;
una mejor utilización de especies poco aprovechadas, subproductos y residuos;
la producción o comercialización de nuevos productos, la aplicación de nuevas tecnologías o el desarrollo de métodos innovadores de producción;
la comercialización de productos procedentes esencialmente de los desembarques locales y de la acuicultura.
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, y
acciones colectivas;
la protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas;
los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos;
el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción;
modificaciones para la reconversión de buques pesqueros.
contribuir de forma sostenible a mejorar la gestión o conservación de los recursos;
promover métodos o artes de pesca selectivos y reducir las capturas accesorias;
recoger del lecho marino las artes de pesca perdidas para combatir la pesca fantasma;
mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad;
contribuir a la transparencia de los mercados de los productos de la pesca y la acuicultura, incluida su trazabilidad;
mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos;
desarrollar, reestructurar o mejorar las zonas de producción de la acuicultura;
invertir en equipos e infraestructuras de producción, transformación o comercialización, incluidos los de tratamiento de residuos;
mejorar las aptitudes profesionales o el desarrollo de nuevos métodos y herramientas de formación;
promover la cooperación entre científicos y profesionales del sector;
trabajar en red e intercambiar experiencia y mejores prácticas entre organizaciones dedicadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y otras partes interesadas;
contribuir a los objetivos establecidos para la pesca costera artesanal en el artículo 26, apartado 4, del presente Reglamento;
mejorar la gestión y el control de las condiciones de acceso a las zonas de pesca, en particular elaborando planes locales de gestión aprobados por las autoridades nacionales competentes;
crear organizaciones de productores reconocidas en virtud del Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura (18), reestructurarlas y aplicar sus planes de mejora de la calidad;
realizar estudios de viabilidad en relación con la promoción de asociaciones con terceros países en el sector de la pesca.
la construcción o instalación de elementos fijos o instalaciones móviles destinados a proteger y desarrollar la fauna y la flora acuáticas, o
la rehabilitación de aguas interiores, incluidas las zonas de desove y las rutas de migración para las especies migratorias, o
la protección y mejora del medio ambiente en el marco de Natura 2000 cuando afecten directamente a las actividades pesqueras, excluidos los costes operativos.
la mejora de las condiciones de desembarque, transformación, almacenamiento en los puertos y subasta de los productos pesqueros y de la acuicultura;
el abastecimiento de combustible, hielo, agua y electricidad;
el mantenimiento de los buques pesqueros o de los equipos de reparación;
la construcción, modernización y ampliación de muelles para mejorar las condiciones de seguridad en el momento del embarque o desembarque;
la gestión informatizada de las actividades pesqueras;
la mejora de las condiciones de seguridad y de trabajo;
el almacenamiento y la transformación de los residuos;
medidas para reducir los descartes.
2. Las acciones no podrán dirigirse a marcas comerciales ni hacer referencia a países o zonas geográficas específicas, excepto en el caso de productos reconocidos de conformidad con el Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (19).
la realización de campañas regionales, nacionales o transnacionales de promoción de productos de la pesca y la acuicultura;
la oferta al mercado de especies excedentarias o infraexplotadas, que normalmente sean objeto de descartes o carentes de interés comercial;
la aplicación de una política de calidad de los productos de la pesca y la acuicultura;
la promoción de productos obtenidos mediante métodos respetuosos con el medio ambiente;
la promoción de productos reconocidos en virtud del Reglamento (CE) no 510/2006;
la certificación de calidad, incluida la creación de etiquetas y la certificación de productos capturados o producidos de forma inocua para el medio ambiente;
las campañas dirigidas a mejorar la imagen de los productos de la pesca y la acuicultura y la del sector pesquero;
probar, en condiciones próximas a las condiciones reales del sector productivo, la viabilidad técnica o económica de una tecnología innovadora con el fin de adquirir y divulgar conocimientos técnicos o económicos de la tecnología en cuestión;
permitir la realización de pruebas sobre planes de gestión y de asignación del esfuerzo pesquero, incluido, en su caso, el establecimiento de zonas de veda, con objeto de evaluar las consecuencias biológicas y financieras, y la repoblación experimental;
desarrollar y probar métodos para mejorar la selectividad de los artes de pesca, reducir las capturas accesorias, los descartes o el impacto medioambiental, en particular en el fondo marino;
probar otros tipos de técnicas de gestión pesquera.
mantener la prosperidad social y económica de estas zonas y ofrecer valor añadido a los productos de la pesca y la acuicultura;
mantener y promover el empleo en las zonas de pesca, a través del apoyo a la diversificación o la reestructuración económica y social de las zonas que se enfrentan a dificultades socioeconómicas debido a la evolución del sector de la pesca;
promover la calidad del medio costero;
3. Las zonas de pesca seleccionadas para la ayuda serán de tamaño limitado y, como norma general, serán más pequeñas que las de nivel NUTS 3 de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas en el sentido del Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) (20). La zona deberá ser suficientemente coherente desde un punto de vista geográfico, económico y social.
baja densidad de población, o
actividades pesqueras en declive, o
pequeños municipios dedicados a la pesca.
consolidar la competitividad de las zonas de pesca;
reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la promoción del turismo ecológico, siempre que estas actividades no den lugar a un aumento del esfuerzo pesquero;
diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero;
ofrecer valor añadido a los productos de la pesca;
ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca;
proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico;
restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes naturales o industriales;
promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de pesca, principalmente a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas prácticas;
adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de desarrollo local;
contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos.
evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de naturaleza general, relativos a la acción del FEP;
medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del FEP y al público en general, incluidas las medidas de información;
medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias en toda la Comunidad;
establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de gestión, seguimiento, inspección y evaluación;
mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las prácticas en este ámbito;
constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación transnacional y transregional y difundir la información.
impacto global del FEP en los objetivos establecidos en el artículo 4 del presente Reglamento;
impacto de los ejes prioritarios incorporados al programa operativo.
6. La evaluación será realizada por asesores independientes de las autoridades contempladas en el artículo 58. Los resultados de las mismas se harán públicos, salvo oposición explícita de la autoridad responsable de la evaluación, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (21).
informará a beneficiarios potenciales, organizaciones del sector pesquero, organizaciones profesionales, interlocutores económicos y sociales, organismos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres y organizaciones no gubernamentales interesadas, incluidas las organizaciones medioambientales, de las posibilidades que ofrezca el programa y de las modalidades y normas de acceso a la financiación;
informará a los beneficiarios del importe de la contribución comunitaria;
informará al público en general del papel desempeñado por la Comunidad en los programas operativos y de los resultados obtenidos.
75 % del gasto público cofinanciado por el FEP en regiones con derecho en virtud del objetivo de convergencia con sujeción a lo dispuesto en los siguientes apartados 7, 8 y 9;
50 % del gasto público cofinanciado en regiones sin derecho en virtud del objetivo de convergencia con sujeción a lo dispuesto en los siguientes apartados 7, 8 y 9.
las normas sobre subvencionabilidad establecidas en el apartado 4 contemplan la subvencionabilidad de tales gastos;
se demuestre el gasto mediante documentos contables con valor de prueba equivalente al de las facturas;
cuando se trate de contribuciones en especie, la cofinanciación del FEP no será superior al gasto subvencionable total, excluido el valor de tales contribuciones.
el impuesto sobre el valor añadido, excepto el impuesto sobre el valor añadido no recuperable cuando sea costeado de forma efectiva y definitiva por un beneficiario, excepto las personas que no son los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 4, apartado 5, párrafo primero, de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios-Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (22);
los intereses deudores, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 8;
la adquisición de terrenos por un coste superior al 10 % del total de los gastos subvencionables de la operación de que se trate;
que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que otorgue a una empresa o a un organismo público ventajas indebidas, o
que se derive de un cambio en la naturaleza de la propiedad de uno de los elementos de la infraestructura o del cese o traslado de una actividad productiva.
el cumplimiento del principio de separación de funciones entre dichos organismos y en el seno de cada uno de ellos;
unos procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado en el marco del programa operativo;
unas normas para verificar el funcionamiento de los sistemas;
unos sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoría adecuada;
unos procedimientos de comunicación y seguimiento en relación con las irregularidades y la recuperación de los importes indebidamente abonados.
una autoridad de gestión para gestionar el programa operativo;
una autoridad de certificación a fin de certificar las declaraciones de gastos y las solicitudes de pago antes de su envío a la Comisión;
una autoridad de auditoría, independiente desde el punto de vista funcional de las autoridades de gestión y de certificación, responsable de verificar el funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control.
garantizará que la selección de las operaciones para su financiación se realiza de conformidad con los criterios aplicables al programa operativo y que dichas operaciones se atienen a las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia, durante todo el período de ejecución;
comprobará que se ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de los servicios objeto de cofinanciación, que se han efectuado realmente los gastos declarados por los beneficiarios y que éstos cumplen las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia; las verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas se realizarán por muestreo, de acuerdo con las normas de aplicación que adoptará la Comisión de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 101, apartado 3;
garantizará que se dispone de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos contables relacionados con cada una de las operaciones correspondientes al programa operativo, y que se procede a la recopilación de los datos sobre la ejecución necesarios para la gestión financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorías y la evaluación;
garantizará que las evaluaciones de los programas operativos a que se refieren los artículos 48 y 49 se llevan a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47;
establecerá procedimientos que garanticen que se dispone de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87;
se asegurará de que la autoridad de certificación y la autoridad de auditoría disponen de toda la información necesaria sobre procedimientos y comprobaciones realizados en relación con el gasto a efectos de certificación y de auditoría, respectivamente;
elaborará y remitirá a la Comisión, tras su aprobación por el Comité de seguimiento, los informes de ejecución anual y final;
garantizará el cumplimiento de los requisitos de información y publicidad establecidos en el artículo 51.
certificará que:
los gastos declarados se atienen a las normas nacionales y comunitarias aplicables en la materia y han servido para financiar operaciones previamente seleccionadas a tal fin, de conformidad con los criterios aplicables al programa, y en cumplimiento de las disposiciones nacionales y comunitarias;
se asegurará de que la información recibida sobre los procedimientos y comprobaciones realizados en relación con el gasto e incluidos en las declaraciones de gastos constituyen una base adecuada para la certificación;
tomará nota, a efectos de certificación, de los resultados de las auditorías llevadas a cabo por la autoridad de auditoría o bajo su responsabilidad;
llevará registros contables en soporte electrónico del gasto declarado a la Comisión;
mantendrá una cuenta de los importes recuperables y de los importes retirados debido a la cancelación de toda o parte de la contribución a una operación. Los importes recuperados antes de la clausura de un programa operativo y que deban ser restituidos al presupuesto general de la Unión Europea a raíz de correcciones financieras introducidas de conformidad con el artículo 97 se deducirán del siguiente estado de gastos.
asegurarse de que se realizan auditorías para comprobar el funcionamiento eficaz del sistema de gestión y control del programa operativo;
garantizar que las auditorías de las operaciones se basan en una muestra representativa que permita verificar el gasto declarado;
presentar a la Comisión, en el plazo de nueve meses a partir de la presentación del programa operativo, una estrategia de auditoría en la que figuren los organismos que vayan a llevar a cabo las auditorías mencionadas en las letras a) y b), el método que vaya a aplicarse, el método de muestreo utilizado para las auditorías de las operaciones, así como una planificación indicativa de las auditorías a fin de garantizar que los principales organismos sean auditados y que las auditorías se distribuyan de forma equilibrada a lo largo del período de programación;
garantizar que la autoridad de gestión y la autoridad de certificación reciban toda la información necesaria sobre las auditorías y controles efectuados;
a más tardar el 31 de diciembre de cada año, de 2008 a 2015:
presentar a la Comisión un informe anual de control que recoja las conclusiones de las auditorías realizadas durante el período de doce meses anterior que termine el 30 de junio del año de que se trate en el marco de la estrategia de auditoría del programa operativo y en el que comunicará todas las deficiencias observadas en los sistemas de gestión y control del programa. El primer informe que se presente antes del 31 de diciembre de 2008 abarcará el período del 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2008. La información correspondiente a las auditorías llevadas a cabo en el período posterior al 1 de julio de 2015 se incluirá en el informe final de control que debe respaldar la declaración de cierre a que se refiere la letra f),
emitir un dictamen, basado en los controles y auditorías realizados que se hayan realizado bajo su responsabilidad, sobre si el sistema de gestión y control funciona efectivamente para ofrecer garantías razonables de que los estados de gastos presentados a la Comisión son correctos y de que, en consecuencia, pueden darse garantías suficientes de que las transacciones conexas son legales y regulares,
presentar, cuando se requiera según el artículo 85, una declaración de cierre parcial que analice la legalidad y la regularidad de los gastos de que se trate;
presentar a la Comisión, a más tardar el 31 de marzo de 2017, una declaración de cierre en la que se determine la validez de la solicitud de pago y la legalidad y regularidad de las operaciones conexas cubiertas por la declaración final de gastos, que deberá sustentarse en un informe final de control.
estudiará y aprobará los criterios de selección de las operaciones objeto de financiación en un plazo de seis meses a partir de la aprobación del programa operativo y aprobará toda revisión de dichos criterios atendiendo a las necesidades de programación;
examinará los resultados derivados de la ejecución, en particular, el logro de los objetivos fijados en relación con cada eje prioritario y las evaluaciones intermedias contempladas en el artículo 49;
estudiará y aprobará los informes de ejecución anual y final previstos en el artículo 67 antes de que sean remitidos a la Comisión;
será informado del informe anual de control y de cualquier observación pertinente que la Comisión pueda efectuar tras el examen del mismo;
a iniciativa de un Estado miembro, podrá ser informado de la información escrita transmitida a la Comisión, tal como se recoge en el artículo 16, apartado 1;
podrá proponer a la autoridad de gestión cualquier revisión o examen del programa operativo que permita lograr los objetivos del FEP establecidos en el artículo 4, o mejorar su gestión, incluida la financiera;
estudiará y aprobará cualquier propuesta de modificación del contenido de la decisión de la Comisión relativa a la contribución del FEP.
los progresos realizados en la ejecución del programa operativo y las prioridades en relación con sus objetivos específicos y verificables, cuantificando, siempre que sea posible, los indicadores mencionados en el artículo 20, apartado 1, letra c), en relación con cada eje prioritario;
todo cambio de la situación general que tenga consecuencias directas en la ejecución de la intervención, en particular, cambios socioeconómicos significativos, cambios de las políticas nacionales, regionales o sectoriales y, en su caso, sus efectos sobre la coherencia entre la asistencia del FEP y la procedente de otros instrumentos financieros;
la ejecución financiera del programa operativo, desglosando el objetivo de convergencia del de no convergencia para cada eje prioritario:
el gasto efectuado por los beneficiarios incluido en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión y la contribución pública correspondiente,
el total de los pagos obtenidos de la Comisión y la cuantificación de los indicadores financieros contemplados en el artículo 66, apartado 2, y
el gasto efectuado por el organismo responsable de los pagos a los beneficiarios;
las medidas adoptadas por la autoridad de gestión y por el Comité de seguimiento a fin de garantizar la calidad y la eficacia de la ejecución, en particular:
las medidas de evaluación y seguimiento, incluidas las disposiciones sobre recopilación de datos,
una síntesis de los problemas más importantes surgidos durante la ejecución del programa operativo y de las medidas que se han tomado para hacerles frente, incluidas las adoptadas a raíz de los comentarios realizados en virtud del artículo 69, apartado 2,
el empleo dado a la asistencia técnica;
las medidas adoptadas para garantizar la publicidad del programa operativo;
el uso de la ayuda que haya quedado, a raíz de la supresión a que se refiere el artículo 96, apartado 2, a disposición de la autoridad de gestión o a otra autoridad pública durante el período de ejecución del programa operativo;
los casos en que se haya detectado una modificación sustancial con arreglo al artículo 56;
los problemas significativos relativos al cumplimiento de la legislación comunitaria, que se hayan encontrado al ejecutar el programa operativo y las medidas adoptadas para hacerles frente.
un resumen de las actividades del FEP por Estado miembro, incluyendo un desglose por Estado miembro de los créditos comprometidos y pagados, así como de la utilización de la asistencia técnica por parte de la Comisión y los Estados miembros;
una evaluación de la coordinación del FEP con los Fondos Estructurales y el Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural;
los resultados de las evaluaciones contempladas en el artículo 49 tan pronto como estén disponibles;
en el momento de presentar el cuarto informe anual y de nuevo cuando se presente el informe sobre el último año de programación, un resumen de las auditorías y sistemas de gestión y control establecidos por los Estados miembros y llevados a cabo en nombre de la Comisión, así como un resumen de los resultados de las auditorías sobre la asistencia del FEP efectuadas por el Estado miembro y, en su caso, de las correcciones financieras aplicadas.
garantizar que los sistemas de gestión y control del programa operativo se establezcan de conformidad con los artículos 57 a 61 y funcionen eficazmente;
prevenir, detectar y corregir las irregularidades y recuperar los importes indebidamente abonados, junto con los intereses de demora, cuando proceda. Comunicarán dichas irregularidades a la Comisión, manteniéndola informada de los progresos realizados en la aplicación de los procedimientos administrativos y judiciales.
las autoridades de gestión y de certificación y los organismos intermediarios;
la autoridad de auditoría y de cualquier otro organismo que lleve a cabo auditorías bajo su responsabilidad.
en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción del informe, si el dictamen mencionado en el primer párrafo no contiene reservas y si la Comisión no formula observaciones;
si el dictamen contiene reservas, en el momento en que la Comisión confirme que se han llevado a efecto medidas correctoras respecto de los principales elementos de los sistemas y que se han retirado las correspondientes reservas, y si la Comisión no formula observaciones en un plazo de tres meses a partir de la fecha de dicha confirmación.
el importe resultante de aplicar a la contribución pública consignada en el estado final de gastos certificado por la autoridad de certificación bajo cada eje prioritario y para cada objetivo de convergencia y no de convergencia, el porcentaje de cofinanciación comunitaria establecido con arreglo al plan de financiación vigente para dicho eje prioritario y para dicho objetivo;
el importe de la ayuda comunitaria, abonada o debida a los beneficiarios con respecto a cada eje prioritario y para cada objetivo. Este último importe deberá ser especificado por el Estado miembro en la última declaración de gastos certificada por la autoridad de certificación con respecto a cada eje prioritario y para cada objetivo.
la Comisión deberá haber recibido una solicitud de pago y una declaración de gastos de conformidad con el artículo 78;
la Comisión no deberá haber abonado, durante todo el período, más del importe máximo de la ayuda del FEP, conforme a lo dispuesto en el plan de financiación vigente para cada eje prioritario y para cada objetivo;
la autoridad de gestión deberá haber enviado a la Comisión el debido informe anual de ejecución más reciente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, apartados 1 y 3;
la Comisión no deberá haber presentado un dictamen motivado como consecuencia de un incumplimiento, según se prevé en el artículo 226 del Tratado, por lo que respecta a la operación u operaciones para las cuales se ha declarado el gasto en la solicitud de pago en cuestión.
una declaración de gastos en relación con las operaciones mencionadas en el apartado 1;
una declaración de cierre parcial de conformidad con el artículo 61, apartado 1, letra e), inciso iii).
a más tardar el 31 de marzo de 2017, el Estado miembro haya remitido una solicitud de pago que incluya los siguientes documentos:
una solicitud de pago del saldo y una declaración de gastos de conformidad con el artículo 78,
el informe final de ejecución del programa operativo, incluida la información prevista en el artículo 67,
una declaración de cierre de conformidad con el artículo 61, apartado 1, letra f), y
la Comisión no haya presentado un dictamen motivado como consecuencia de un incumplimiento, según se prevé en el artículo 226 del Tratado, por lo que respecta a la operación u operaciones para las cuales se ha declarado el gasto en la solicitud de pago en cuestión.
la fecha de aceptación del informe final de conformidad con el artículo 67, apartado 4;
la fecha de aceptación de la declaración de cierre mencionada en el apartado 1, letra a), inciso iii).
un período de tres años a partir del cierre de un programa operativo;
un período de tres años a partir del año en que haya tenido lugar el cierre parcial, por lo que respecta a los documentos relativos a los gastos y las auditorías sobre las operaciones mencionados en el apartado 2.
cuando en un informe de un organismo de auditoría nacional o comunitario consten pruebas que indiquen deficiencias significativas en el funcionamiento de los sistemas de gestión y control, o
cuando el ordenador delegado realice comprobaciones complementarias tras las informaciones que hayan llegado a su conocimiento que le adviertan de que una declaración de gastos certificada guarda conexión con una irregularidad grave que no ha sido corregida.
cuando se observe una deficiencia grave en el sistema de gestión y control del programa operativo que afecte a la fiabilidad del procedimiento de certificación de los pagos y con respecto a la cual no se hayan adoptado medidas correctoras, o
cuando el gasto consignado en una declaración de gastos certificada guarde conexión con una irregularidad grave que no haya sido corregida, o
cuando un Estado miembro haya cometido una infracción grave con respecto a las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 70.
la parte del compromiso presupuestario en relación con la cual se haya presentado una solicitud de pago, pero cuyo desembolso haya sido interrumpido o suspendido por la Comisión el 31 de diciembre del segundo año siguiente al año del compromiso presupuestario, tal como se establece en el artículo 90, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 89. Cuando el problema que originó la interrupción o la suspensión se haya resuelto, la norma de liberación automática se aplicará a la parte del compromiso presupuestario afectada;
la parte del compromiso presupuestario en relación con la cual se haya presentado una petición de pago, pero cuyo desembolso haya sido limitado, en particular, por la falta de recursos presupuestarios;
la parte del compromiso presupuestario en relación con la cual no haya sido posible presentar una petición de pago aceptable por causas de fuerza mayor que afecten seriamente a la ejecución del programa operativo. Las autoridades nacionales que aleguen causas de fuerza mayor deberán demostrar sus repercusiones directas sobre la ejecución de la totalidad o de una parte del programa operativo.
que existe fallo grave en los sistemas de gestión y control del programa que supone un riesgo para la contribución comunitaria ya abonada en favor de este;
que el gasto incluido en una declaración de gastos certificada es irregular y no ha sido corregido por el Estado miembro antes de la incoación del procedimiento de corrección previsto en el presente apartado;
que un Estado miembro no ha cumplido con sus obligaciones en virtud del artículo 96 antes de la incoación del procedimiento de corrección previsto en el presente apartado.
La aplicación de una corrección financiera por parte de la Comisión no afectará a la obligación del Estado miembro de proceder a la recuperación a que se refiere el artículo 96, apartado 2, y a la recuperación de la ayuda estatal según lo previsto en el artículo 87 del Tratado y en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 del Tratado CE (23).
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o la modificación, incluida la supresión total o parcial, de las intervenciones aprobadas por la Comisión de conformidad con los Reglamentos (CEE) no 4028/86 (24), (CE) no 3699/93 (25), (CE) no 2468/98 (26) y (CE) no 2792/1999 del Consejo (27), o con cualquier otra legislación que les sea aplicable a 31 de diciembre de 2006, que seguirá por tanto aplicándose a dichas intervenciones desde esa fecha hasta su conclusión.
2. No obstante lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, el artículo 32, apartado 4, y el artículo 37, apartado, 1 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (28), los importes parciales comprometidos para intervenciones cofinanciadas por el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), establecido por el Reglamento (CE) no 1263/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativo al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (29), y aprobadas por la Comisión entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2006, con respecto a las cuales no se hayan remitido a la Comisión las declaraciones de gastos realmente efectuados, ni el informe final de ejecución, incluidos los balances de ejecución contemplados en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) no 366/2001 de la Comisión (30), ni la declaración contemplada en el artículo 38, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) no 1260/1999, dentro del plazo de 15 meses posterior a la fecha final de subvencionabilidad del gasto establecido en la decisión por la que se concede la contribución del IFOP, serán liberados automáticamente por la Comisión a más tardar seis meses después de dicho plazo, y darán lugar a la devolución de los importes indebidamente pagados.
(6) DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
(8) DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.
(9) Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, relativo a la financiación de la política agrícola común (DO L 209 de 11.8.2005, p. 1.)
(11) DO C 244 de 1.10.2004, p. 2.
(12) DO L 5 de 9.1.2004, p. 25.
(14) DO L 114 de 24.4.2001, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 196/2006 de la Comisión (DO L 32 de 4.2.2006, p. 4).
(15) DO L 198 de 22.7.1991, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 780/2006 de la Comisión (DO L 137 de 25.5.2006, p. 9).
(16) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. Directiva modificada en último lugar por el Reglamento (CE) no 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(17) DO L 224 de 18.8.1990, p. 19. Decisión modificada en último lugar por la Decisión 2006/53/CE (DO L 29 de 2.2.2006, p. 37).
(18) DO L 17 de 21.1.2000, p. 22. Reglamento modificado en último lugar por el Acta de adhesión de 2003.
(19) DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
(20) DO L 154 de 21.6.2003, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1888/2005 (DO L 309 de 25.11.2005, p. 1).
(22) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/18/CE (DO L 51 de 22.2.2006, p. 12).
(23) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Acta de adhesión de 2003 [el título del Reglamento (CE) no 659/1999 ha sido adaptado para tener en cuenta la renumeración de los artículos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea con arreglo al artículo 12 del Tratado de Amsterdam. La referencia original era el artículo 93 del Tratado].
(24) Reglamento (CEE) no 4028/86 del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativo a acciones comunitarias para la mejora y la adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la acuicultura (DO L 376 de 31.12.1986, p. 7). Reglamento derogado por el Reglamento (CEE) no 2080/93 (DO L 193 de 31.7.1993, p. 1).
(25) Reglamento (CE) no 3699/93 del Consejo, de 21 de diciembre de 1993, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos (DO L 346 de 31.12.1993, p. 1). Reglamento derogado por el Reglamento (CE) no 2468/98 (DO L 312 de 20.11.1998, p. 19).
(26) Reglamento (CE) no 2468/98 del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos. Reglamento derogado por el Reglamento (CE) no 2792/1999 (DO L 337 de 30.12.1999, p. 10).
(27) Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 485/2005 (DO L 81 de 30.3.2005, p. 1).
(28) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 173/2005 (DO L 29 de 2.2.2005, p. 3).
(29) DO L 161 de 26.6.1999, p. 54.
(30) Reglamento (CE) no 366/2001 de la Comisión, de 22 de febrero de 2001, relativo a las disposiciones de aplicación de las intervenciones definidas por el Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo (DO L 55 de 24.2.2001, p. 3).
Para todas las medidas enumeradas en el título IV, los límites de la contribución pública concedida a una operación (A) y, en su caso, los límites de la contribución de los beneficiarios privados (B), serán los indicados en el cuadro que sigue, expresados en porcentaje de los gastos subvencionables totales, resultantes de la suma de (A) + (B).
Regiones incluidas en el objetivo de convergencia e islas griegas periféricas
Regiones no incluidas en el objetivo de convergencia
para las regiones cubiertas por el objetivo de convergencia, las islas griegas periféricas y las regiones no cubiertas por el objetivo de convergencia, iguales o superiores al 60 % (B ≥ 60 %), y
para las regiones ultraperiféricas, iguales o superiores al 50 % (B ≥ 50 %).
La autoridad de gestión determinará si las operaciones relativas:
al artículo 37 (acciones colectivas), al artículo 38 (medidas dirigidas a proteger y desarrollar la fauna y la flora acuáticas), al artículo 39 (puertos de pesca, lugares de desembarque y fondeaderos) y al artículo 41 (proyectos piloto) corresponden al grupo 1 o al 3,
al artículo 40 (desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción) y al artículo 33, apartado 2, párrafo primero (inversiones en instalaciones de pesca interior) corresponden al grupo 1 o al 4,
al artículo 44 (medidas subvencionables para el desarrollo sostenible de zonas de pesca) corresponden al grupo 1, 2, 3 o 4.
interés colectivo frente a interés individual,
beneficiarios colectivos frente a beneficiarios individuales (organizaciones de productores u organizaciones que representan al sector),
acceso público a los resultados de la operación frente a propiedad y control privados,
(1) Respecto de las operaciones a que se refiere el artículo 25, apartado 3, las tasas B para el Grupo 2 se aumentarán en un 20 %. Las tasas A se reducirán en consecuencia.
(2) Respecto de las operaciones a que se refiere el artículo 26, apartado 2 (inversiones, en el sentido del artículo 25, a bordo de buques de pesca costera artesanal), las tasas B para el Grupo 2 podrán reducirse en un 20 %. Las tasas A se incrementarán en consecuencia.
(3) Respecto de las operaciones a que se refieren los artículos 29 y 35 cuando se lleven a cabo por empresas no cubiertas por la definición del artículo 3, letra f), con menos de 750 empleados o con un volumen de negocios inferior a 200 millones EUR, las tasas B se aumentarán en las regiones cubiertas por el objetivo de convergencia, con la excepción de las islas griegas periféricas, en un 30 %, y en las regiones no cubiertas por el objetivo de convergencia, en un 20 %. Las tasas A se reducirán en consecuencia.