Source: http://www.convenciondiscapacidad.es/Noticias_HTML/Noticia_201.html
Timestamp: 2017-10-20 15:57:00
Document Index: 212104230

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 13', 'artículo 8', 'Artículo 150', 'artículo 34', 'artículo 145', 'Artículo 118', 'Artículo 17']

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INFORME SOBRE CONTENIDOS SOCIALES Y DE DISCAPACIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE 19/10/2016, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA DE 18/10/2016, SOBRE LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES, DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MEDIOAMBIENTALES EN LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL
La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, requiere a los Estados adoptar medidas efectivas para garantizar en la ejecución de los contratos el cumplimiento de los compromisos sociales legal y convencionalmente establecidas, en su artículo 18.2, regula los principios básicos de la contratación pública, lo que denota la importancia que se confiere al tema. Además de este mandato general imperativo, se alude expresamente a los aspectos sociales en la definición del objeto de los contratos (Art. 62); en los motivos de exclusión de contratistas (Art. 57); como criterios de adjudicación (Art. 67); y como condición de ejecución (Art. 70).
En base a ello, esta Instrucción se dirige a los órganos de contratación de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha para que avancen en la inclusión de cláusulas sociales en los contratos que celebren.
Su finalidad es, por una parte, establecer criterios homogéneos de actuación entre todos ellos y, por otra, de servir de guía sobre los requisitos legales que deben cumplirse para su inclusión en aquellos contratos respecto de los cuales no se establece la obligatoriedad de hacerlo pero que, por su objeto, sean susceptibles de incorporar este tipo de cláusulas.
Se consideran cláusulas sociales todas aquellas que se incorporen referentes a materias de política social, ética o ambiental como son: la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, el fomento de la estabilidad en el empleo, la inserción laboral de personas con discapacidad, la accesibilidad, la seguridad y salud laboral, la formación profesional, el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas y la inclusión de requerimientos medioambientales.
El Art. 7 establece una serie de cláusulas sociales de obligatoria inclusión, que son, en síntesis y en lo más relevante para nuestros intereses, las siguientes:
La obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales.
Los órganos de contratación definirán las prescripciones técnicas, en la medida de lo posible y salvo casos debidamente justificados, teniendo en cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o de diseño para todas las personas, tal como son definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013 , de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. En estos supuestos, deberán indicar expresamente dicha circunstancia en los pliegos de prescripciones técnicas.
En los supuestos de adquisición de productos y servicios tecnológicos de información y comunicación, los pliegos de prescripciones técnicas incluirán los aspectos necesarios que garanticen el hecho de que los productos o servicios son accesibles también para las personas con discapacidad.
Que en la determinación del presupuesto máximo de licitación del contrato se han tenido en cuenta las cotizaciones, honorarios y salarios del personal, según el convenio colectivo que resulte de aplicación.
La obligación de que los bienes y servicios objeto del contrato hayan sido producidos o se desarrollen respetando las normas socio laborales vigentes en España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo.
La obligación de la empresa adjudicataria de cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo y de integración laboral.
La obligación de la empresa adjudicataria de acreditar mediante declaración responsable, que las personas trabajadoras adscritas a la ejecución de ese contrato cumplen con lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, el cual dispone que: “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales”.
La igualdad entre mujeres y hombres y aplicación de un Plan de Igualdad cuando por Ley estén obligadas a ello.
La obligación de la empresa adjudicataria de adoptar medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de género entre las personas adscritas a la ejecución del contrato.
La obligación de la empresa adjudicataria de cumplir durante la vigencia del contrato y respecto del personal adscrito a su ejecución, del principio de igualdad de oportunidad de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, en razón de discapacidad.
La obligación de la empresa de cumplir la normativa en materia de empleo que establece como colectivos prioritarios en el acceso al empleo, las personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con responsabilidades familiares, personas con discapacidad o en situación de exclusión social e inmigrantes, tal y como establece el Real Decreto Legislativo 3/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.
La obligación de la empresa adjudicataria de cumplir la normativa en materia de la accesibilidad e inclusión social de personas con personas con discapacidad, en especial el Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con personas con discapacidad y de su inclusión social.
La obligación de la empresa adjudicataria de atender, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, las necesidades de movilidad de las personas con discapacidad en los vehículos que se integren en el servicio objeto del contrato.
La obligación de la empresa adjudicataria de cumplir la normativa sobre accesibilidad universal y diseño para todos contenida, fundamentalmente, en el Código Técnico de la Edificación, en el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones; y demás normativa estatal, autonómica y local que resulte de aplicación (Específicamente para contratos de servicios de redacción de proyectos de obras).
Cumplimiento de la cuota de reserva.
El artículo 8 se ocupa de esta cuestión.
1. Al amparo de lo previsto en la disposición adicional cuarta del TRLCSP, los órganos de contratación establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que aprueben la obligación de las empresas licitadoras de presentar, entre la documentación general acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, una declaración responsable, cuando sea exigible en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de que al día de presentación de proposiciones cuentan en su plantilla con un número de personas con discapacidad igual o superior al dos por ciento de la misma. La acreditación del cumplimiento de la referida obligación, en el caso de resultar adjudicatarios, se efectuará mediante la presentación, ante el órgano de contratación, de un certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y cuántos de éstos son trabajadores discapacitados. En el caso de que las empresas estuvieran exentas de la citada obligación, la acreditación del cumplimiento se realizará mediante la presentación del certificado de excepcionalidad en vigor expedido por el Servicio Público de Empleo competente y declaración responsable sobre del cumplimiento de las medidas alternativas realizadas durante la vigencia del mencionado certificado.
Inclusión de criterios sociales en la fase de adjudicación.
El capítulo III se ocupa de esta cuestión.
Para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa los órganos de contratación podrán atender a criterios relacionados con características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones técnicas del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, siempre que dichos criterios se encuentren directamente vinculados con el objeto del contrato. Esto se contempla además en el Artículo 150 TRLCSP.
Criterios de desempate (Art. 10).
Aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
Empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
En los contratos relativos a prestaciones de carácter social y asistencial, podrá atribuirse preferencia a las ofertas presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.
Los órganos de contratación, podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares cualquier otra cláusula que establezca la preferencia en la adjudicación de contratos a favor de determinadas empresas o entidades, siempre que esta posibilidad esté contemplada en la normativa sectorial que resulte de aplicación (A título de ejemplo puede citarse la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (artículo 34).
Se podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato.
Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (Artículo 118 del TRLCSP).
Condiciones especiales de ejecución:
Incorporar la perspectiva de género.
La obligación de la nueva empresa que resulte adjudicataria de subrogarse en los contratos de las personas trabajadoras que la empresa que cesa en la prestación del servicio hubiera adscrito a la realización del mismo, debiendo respetar los derechos económicos y laborales que las mismas tuviesen reconocidos.
Prohibición a la empresa adjudicataria de celebrar contratos por una duración inferior a 20 horas semanales.
Causas específicas de resolución.
Abonar a cualquiera de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato salarios y/o cantidades inferiores a los que correspondan según el convenio colectivo que resulte de aplicación.
El impago a cualquiera de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato de la totalidad los salarios y cantidades adeudadas por la empresa contratista, cuando dicho impago sea por tiempo igual o superior a dos meses.
El incumplimiento del deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato.
El impago de las cuotas que corresponda abonar por la empresa contratista a la Seguridad Social.
Supervisión continua (Art. 14.2).
Se supervisará, con la periodicidad que así se establezca en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos que celebren, que deberá ser al menos con carácter trimestral, el cumplimiento de las obligaciones impuestas.
Artículo 17. Reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción.
La Disposición adicional decimoctava de la Ley 1/2016, de 22 de abril, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016 establece la obligación de los órganos de contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos de reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, suministros y gestión de servicios públicos, o de determinados lotes de los mismos, a centros especiales de empleo y a empresas de inserción reguladas en la citada Ley 44/2007, o reservar la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que al menos el 30 por ciento de los empleados de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Asimismo establece que el importe anual de los contratos reservados será como mínimo del 6 por ciento del presupuesto total adjudicado en el ejercicio inmediatamente anterior en las áreas de actividad que se determinen. De conformidad con lo establecido en dicha disposición adicional, mediante acuerdo de Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de hacienda, se concretarán las áreas de actividad susceptibles de esta reserva y las condiciones mínimas para garantizar su cumplimiento.
Se incluye en Anexo I, cláusulas sociales susceptibles de ser incluidas en la fase de preparación de los contratos, y en Anexo II, posibles cláusulas a incluir como condiciones especiales de ejecución.