Source: http://www.parthenon.pe/publico/administrativo/medidas-concretas-para-que-la-seguridad-privada-apoye-a-la-policia-nacional-en-la-lucha-contra-la-delincuencia-a-proposito-de-los-robos-a-agencias-bancarias/
Timestamp: 2019-09-16 02:57:56
Document Index: 285158932

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 3', 'artículo 4']

14 diciembre, 2016	por Cristhiam León Orosco
Los primeros días de octubre de este año, en una reunión formal con algunas empresas de seguridad que operan en el Perú, el actual Ministro del Interior planteó que las empresas de seguridad privada, con su capacidad operativa, apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia[1]. Se planteó la figura de la alerta temprana como un mecanismo frente a la comisión de delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. En dicha reunión, los representantes de las empresas participantes señalaron que a nivel nacional existen 100 mil agentes con plena capacidad operativa para apoyar a la Policía y que “los centros de control de las empresas de seguridad, con pleno control de las cámaras de seguridad externa, podrían jugar un rol clave para apoyar a la Policía”.
Han pasado casi tres meses y la cantidad de robos con uso de armas cometidos contra agencias bancarias sigue en aumento. Por un lado, la Asociación de Bancos del Perú – ASBANC sostiene que durante este año ha sido 39 asaltos, mientras que el Escuadrón de las Águilas Negras de la PNP sostiene que son 62, es decir, 3 robos por mes. Casi el 50% de dichos delitos se han producido en Lima. Según indican en el año 2015 solo se produjeron 3 robos en Lima y en el 2014 ninguno[2].
En este contexto, este artículo pretende realizar un breve análisis desde el enfoque de la seguridad privada, su relación con la seguridad pública y qué medidas específicas pueden implementarse a corto plazo para reducir la comisión de este tipo de delito.
Al 31 de octubre de 2016 existen un total de 854 empresas especializadas de seguridad privada autorizadas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC para funcionar como tales, en una o varias de las modalidades previstas en la Ley Nº 28879 “Ley de servicios de Seguridad privada”, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
Modalidades autorizadas para prestar el servicio de seguridad privada Número de empresas especializadas de seguridad autorizadas
Prestación de servicios de vigilancia privada 760
Prestación de servicios de protección personal 41
Prestación de servicios de tecnología de seguridad 39
Prestación de Servicios de consultoría y asesoría en seguridad privada 10
Prestación de servicios de transporte de dinero y valores 4[3]
Fuente: www.sucamec.gob.pe – Empresas de seguridad privada autorizadas. Elaboración Propia.
Como se aprecia, el 80% de autorizaciones son para la modalidad de vigilancia privada. Es el sector que ha crecido de manera sostenida en estos años. En el 2013 solo había 420 empresas autorizadas. La modalidad que ha tenido un auge importante es la de tecnología de seguridad tomando en cuenta que en el año 2013 no habían más de 5 empresas. De otro lado, la modalidad que ha mantenido la misma cantidad de empresas es la de transporte de dinero y valores, recién este año se autorizó a otra empresa bajo esta modalidad[4].
Por otra parte, la cantidad de agentes de seguridad privada registrados en la SUCAMEC también ha crecido. Al mes de octubre de 2016 se tiene un total de 80, 689 agentes (de los cuales casi 2111 agentes, aproximadamente, laboran en la modalidad de transporte de dinero y valores), si se compara con el año 2013, donde solo habían 43.000, aproximadamente.
En la coyuntura política actual, tanto a nivel nacional e internacional, con más frecuencia las cuestiones jurídicas de la seguridad van a jugar un papel cada vez más importante. La complejidad de las regulaciones y de las políticas en materia de seguridad, tanto pública y privada, ha tomado mayor relieve desde un punto de vista jurídico, y ello ha sido evidente en los últimos cambios normativos emitidos durante los dos últimos años en el Perú[5].
Efectivamente, los cambios en la nueva ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil (Ley Nº 30299, publicado el 22 de enero de 2015, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2016-IN, publicado el 6 de julio de 2016), y en la Nueva Ley de Servicios de Seguridad Privada (Decreto Legislativo Nº 1213, publicado el 24 de setiembre de 2015[6], el cual entrará en vigencia cuando se publique su reglamento, en tanto ello, aún se encuentra vigente la Ley Nº 28879), así como la creación de un organismo supervisor y fiscalizador (Organismo Técnico Especializado, fiscalizador y sancionador como la SUCAMEC, creada mediante Decreto Legislativo Nº 1127 en diciembre de 2012, han configurado un tejido normativo aplicable a personas naturales y jurídicas, públicas o privadas[7] que realizan actividades reguladas.
¿Cómo pueden apoyar las empresas de seguridad a la Policía Nacional contra la delincuencia?
La Ley de Seguridad Privada, Ley Nº 28879, se aprueba el año 2006, después de 5 años recién se aprueba su Reglamento, Decreto Supremo Nº 013-2011-IN. Ambas normas aún vigentes, únicamente indican que la Policía Nacional del Perú, de manera excepcional, puede requerir apoyo, colaboración y auxilio en el ejercicio de sus funciones al personal operativo de las empresas de seguridad. Las empresas, al respecto, han alegado que la obligación es para el agente de seguridad en casos muy excepcionales pero no para ellas, por ello dentro de sus políticas el tema del apoyo a la Policía Nacional no ha estado en su agenda.
Recién en setiembre de 2015, se aprueba el Decreto Legislativo N 1213 que contiene dentro de sus ejes principales el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de los servicios de seguridad privada. En su artículo 35.1 se establece de manera expresa y clara que “Las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de seguridad privada, tienen el deber de desarrollar e impulsar mecanismos de alerta temprana para la prevención del delito, en apoyo a las actividades de la Policía Nacional del Perú y las municipalidades”[8]. Si bien este Decreto Legislativo aún no se encuentra vigente, dado que aún no se aprueba su Reglamento, sus artículos 1, 2, 3, 23, 35, 36 y 39 entraron en vigencia a partir del 25 de septiembre de 2015, dado que la segunda disposición complementaria final de éste así lo establece.
Asimismo, el citado Decreto incorpora en su artículo 3.2 el Principio de Complementariedad y Coordinación, según el cual “la seguridad privada es complementaria a la función de la Policía Nacional del Perú y coadyuva a los fines de la seguridad ciudadana. El desarrollo de servicios de seguridad privada no otorga al personal que los realiza el carácter de autoridad pública”. Por su parte, el artículo 3.3 prevé el Principio de Colaboración, es decir, “las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, reguladas por el presente decreto legislativo, tienen el deber de colaborar con la Policía Nacional del Perú, en situaciones de comisión de un delito o una falta o cuando se afecte la seguridad ciudadana”.
Como se ha indicado, tanto el artículo 3 y 35 de dicho Decreto se encuentran vigentes, dado que la segunda disposición complementaria final de éste así lo establece. En virtud a ello, hay que indicarle al Ministro que su planteamiento en estricto es una obligación de las empresas de seguridad y su personal operativo.
Por ende, hay un marco legal vigente que debe cumplirse, y, por tanto, debería determinase cómo concretar este mecanismo de alerta temprana, de modo que este sector de la seguridad privada apoye en la lucha contra la delincuencia, fundamentalmente a través de los agentes de seguridad que protegen las agencias bancarias, del personal de seguridad que traslada el dinero y valores, desde y hasta los bancos y cajeros automáticos, y de las empresas de seguridad autorizadas para prestar el servicio de alarmas y video vigilancia en dichos lugares.
En este mecanismo de alerta tempana debe definirse su alcance, cuál será el rol de las empresas y su personal, más allá del deber de informar a la Policía Nacional cuando se observa la comisión de un delito, dado que ello supondrá una logística y recursos que no deben afectar la normal prestación de servicios de seguridad por parte de los agentes de seguridad en sus horas de destaque. Asimismo, hay que considerar que no son autoridad pública y tienen como límite las competencias que por ley le corresponde a la Policía Nacional. Hay experiencias al respecto en Latinoamérica sobre este modelo que el Ministerio del Interior debe evaluar a fin de implementarlo a corto plazo.
Implementar medidas mínimas de seguridad para las entidades del sistema financiero
La normativa que regula la seguridad física en las oficinas de las agencias bancarias a la fecha recae en la Resolución Ministerial Nº 0689-2000-IN/1701 “Requisitos Mínimos Obligatorios de Seguridad que deben adoptar las instituciones cuyo control ejerce la SBS”, de fecha 2 de junio del año 2000.
Por ello, a fin de actualizar estos requisitos y para que la SUCAMEC asuma el control y supervisión de la seguridad física en las oficinas de las agencias bancarias, en el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 1213 se incluyó el artículo 40, según el cual las “Medidas Mínimas de Seguridad para las entidades del sistema financiero son aquellas disposiciones de carácter preventivo que adoptan obligatoriamente las entidades del sistema financiero señaladas en el artículo 41, orientadas a proteger la vida e integridad física de las personas y a dar seguridad al patrimonio público o privado que se encuentra en sus oficinas. El contenido de las medidas mínimas de seguridad, se regula en el Reglamento de medidas mínimas de seguridad para las entidades del sistema financiero”[9].
En base a ello, el 20 de enero de 2016 se conformó e instaló la Comisión para elaborar el proyecto de “Reglamento de medidas mínimas de Seguridad para las entidades del sistema financiero”, la cual estuvo conformada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el Banco Central de Reserva y la SUCAMEC, quien la presidió. Este proyecto de reglamento (el cual fue presentado el 28 de marzo de 2016 al Ministerio del Interior, y pre publicado el 8 de abril de 2016 en el Diario Oficial El Peruano”) incorporó disposiciones que facilitaban y viabilizaban la efectiva adopción de medidas mínimas de seguridad en las oficinas de las entidades del sistema financiero; las cuales, actúan como medidas de prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos contra las personas o bienes que se encuentren en ellas. Este proyecto fue socializado y se organizó mesas de trabajo para recoger los aportes de ASBANC, Federación Nacional de las Caja Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, empresas bancarias, cajas rurales, cajas municipales y cooperativas de ahorro y crédito, entre otros.
Las principales medidas mínimas de seguridad propuestas -que deberían adoptar las entidades del sistema financiero en sus oficinas, entre otras- son las siguientes:
Medidas mínimas de seguridad sobre vigilancia privada
Contar como mínimo con un personal de seguridad que preste el servicio de vigilancia privada dotado con chaleco antibalas, un pulsador inalámbrico de alarmas en mano y un equipo de comunicación.
El personal de seguridad que preste el servicio de vigilancia privada debe realizarlo de forma permanente y exclusiva, desde el proceso de ingreso a las oficinas al inicio y durante la atención al público, hasta el click here proceso de cierre de las oficinas.
El personal de seguridad que preste el servicio de vigilancia privada tiene como función la protección de la oficina de la entidad financiera y portará en la mano el pulsador inalámbrico.
Medidas mínimas de seguridad sobre sistema de alarmas
Contar con un sistema de alarma silente contra incendios, robos u otros delitos que se encuentre en conexión permanente con una central de monitoreo que tenga capacidad de reportar la comisión de robos u otros delitos. El sistema de alarma debe ser sonoro cuando no haya personal laborando en la oficina de la entidad del sistema financiero. La central de monitoreo debe estar interconectada con la Policía Nacional del Perú y otras autoridades pertinentes, que reporte en forma oportuna, la ocurrencia de los robos u otros delitos que ocurran en las oficinas de las entidades del sistema financiero. Sin perjuicio de la interconexión mencionada, de manera excepcional y de acuerdo a los protocolos internos de las entidades del sistema financiero se pueden filtrar las señales de las falsas alarmas que se transmiten a la Policía Nacional del Perú, a fin de reducir el desplazamiento incensario de ésta.
La central de monitoreo debe funcionar de manera permanente e ininterrumpida.
Las entidades del sistema financiero deben contar con un plan de mantenimiento anual y un certificado de operatividad vigente de los sistemas de alarmas.
Medidas mínimas de seguridad sobre video vigilancia
Contar con un sistema de video vigilancia (circuito cerrado de televisión -CCTV) propios o de empresas especializadas. Las grabaciones de las cámaras de seguridad deben facilitar la identificación de las personas y de las actividades que se desarrollan en las oficinas de las entidades del sistema financiero.
El sistema de video vigilancia debe mantener un registro actualizado de las imágenes, a fin de garantizar su correcto funcionamiento. El referido registro debe señalar la operatividad y días de grabación.
El CCTV debe contar con cámaras de ubicación fija que registren adecuadamente los lugares de acceso al público, del personal que labora en la oficina de la entidad del sistema financiero, las ventanillas de atención al público y las zonas en las cuales se realiza el abastecimiento de los cajeros automáticos, siempre que no se vulnere la información utilizada para realizar las operaciones de los clientes y usuarios.
El sistema de video vigilancia debe registrar y mantener un archivo electrónico actualizado de las imágenes, por lo menos con 30 días de grabación, en medio magnético o digital. La entidad del sistema financiero debe establecer e implementar procedimientos, para asegurar el adecuado resguardo del archivo de imágenes señalado en el presente Reglamento, y asegurar su disponibilidad en caso sea solicitado por la autoridad competente. Si dentro de ese plazo se promoviera alguna acción de investigación policial, fiscal o judicial, la obligación de mantener las grabaciones subsiste en tanto duren los procesos correspondientes, respecto de todos los documentos relacionados al caso materia de investigación.
Las cámaras de vigilancia deben encontrarse operativas de forma permanente durante las veinticuatro horas del día y los 365 días del año, incluyendo los días feriados.
Las entidades del sistema financiero deben entregar a solicitud de las autoridades competentes las grabaciones de videos registrados, en el caso de presunta comisión de un hecho delictivo, las cuales deben garantizar la confidencialidad de la identidad de las personas que hacen entrega de esta información, lo cual es preservado mediante el procedimiento de cadena de custodia establecido por cada entidad del sistema financiero.
Las imágenes y audios deben ser registrados de conformidad con la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y sus normas complementarias.
Medidas mínimas de seguridad sobre transporte y custodia de dinero y valores
El servicio de transporte y custodia de dinero y valores debe ser realizado por empresas de transporte, custodia y administración de numerario (ETCAN), las cuales deben contar con la autorización de la SUCAMEC para realizar la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero y valores.
Para realizar el abastecimiento de los cajeros automáticos, se deben otorgar facilidades de parqueo a los vehículos de transporte y custodia de dinero y valores, así como establecer perímetros de seguridad con accesos restringidos al público, siguiendo el procedimiento establecido por cada entidad del sistema financiero.
Solicitar y mantener fichas de identificación del personal de seguridad que presta el servicio de transporte y custodia de dinero y valores en la entidad del sistema financiero. Las referidas fichas deben estar actualizadas con los nombres, apellidos, documento nacional de identidad, firmas y fotografías del personal de seguridad que presta el citado servicio, las cuales deben contar con un soporte físico o electrónico.
El Jefe o Supervisor de Seguridad Física o quien haga sus veces designa en cada una de las oficinas de las entidades del sistema financiero a una persona encargada de solicitar los carnés de identidad del personal de seguridad que presta el servicio de transporte y custodia de dinero y valores durante el abastecimiento de los cajeros automáticos.
Excepcionalmente, en caso de que en determinados ámbitos geográficos las entidades del sistema financiero no puedan contratar a las Empresas de Transporte de Caudales y Numerarios (ETCAN), las cuales deben contar con la autorización de la SUCAMEC para realizar la prestación del servicio de transporte y custodia de dinero y valores, las entidades del sistema financiero pueden realizar directamente el traslado y custodia de dinero y valores con el apoyo de los empleados capacitados para tal fin, con el resguardo de personal policial armado.
El Decreto Legislativo Nº 1213, en su artículo 35, prevé el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de los servicios de seguridad privada. La Policía Nacional del Perú, a través de las comisarías, y las Municipalidades, a través de las Gerencias de Seguridad Ciudadana o los órganos que hagan sus veces, desarrollarán e impulsarán mecanismos de alerta temprana para la prevención, control y persecución del delito. Para esta tarea se debe promover la participación efectiva de las empresas especializadas y el personal que brindan servicios de seguridad privada, de acuerdo al artículo 35 de dicho Decreto. A ello se suman, entre otros, los principios orientadores de la seguridad privada, tanto el Principio de Complementariedad y Coordinación así como el Principio de Colaboración, previstos en el artículo 3, ambos artículos vigentes.
Deben emitirse las disposiciones que faciliten y viabilicen la efectiva adopción de las medidas mínimas de seguridad en las oficinas de las entidades del sistema financiero señaladas en el numeral 3.2, a fin de prevenir y reducir los riesgos, peligros o delitos contra las personas o bienes que se encuentren en ellas, para tal efecto, el Ministerio del Interior debe evaluar la aprobación del proyecto de “Reglamento de medidas mínimas de seguridad para las entidades del sistema financiero”, proyecto que fue presentado a dicho Ministerio por parte de la Comisión integrada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el Banco Central de Reserva y la SUCAMEC, conformada precisamente para elaborar dicha propuesta.
[1] Reporte Periodístico de Andina, titulado “Impulsan colaboración entre Policía y sector privado para fortalecer la seguridad”. Publicado el 5 de octubre de 2016. Ver: www.andina.com.pe
[2] Diario Gestión. Publicado el 5 de diciembre de 2016.
[3] A dicha fecha, las 4 empresas autorizadas son:
COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.
ETDV G4S LOGISTICA & TECNOLOGIA PERU S.A.
SMART SECURITY S.A.C
[4] Los artículos 6, 20 y 8 de la Ley Nº 28879 definen los conceptos de las modalidades de vigilancia privada, tecnología de seguridad y transporte de dinero y valores, respectivamente.
[5] Ver: https://seguridadyderecho.wordpress.com/2016/09/13/codigo-de-conducta/
[6] Mediante Ley N° 30336, publicada el 1 de julio de 2015, el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, por un plazo de noventa (90) días calendario. En ese marco se emitió el Decreto Legislativo Nº 1213, cuyo reglamento aún está pendiente de aprobación por el Ministerio del Interior.
[8] Se define la alerta temprana como un “instrumento de prevención de conflictos basado en la aplicación sistemática de procedimiento estandarizados de recogida, análisis y procesamiento de datos relativos a situaciones potencialmente violentas destinado a alertar a los centros de decisión política para la adopción a tiempo de medidas con las que evitar el estallido del conflicto, o bien su extensión e intensificación”. Ver: SUCAMEC “Informe de seguridad Privada en el Perú 2016”. Pág. 14. En: http://www.ppps.dcaf.ch/sites/default/files/uploads/Seguridad-Privada-en-el-Peru-Sucamec-2016.pdf
[9] De acuerdo al artículo 4 “Personas jurídicas que deben adoptar medidas mínimas de seguridad”, del Decreto Legislativo Nº 1213 “Las personas jurídicas que deben adoptar medidas mínimas de seguridad son las siguientes: Las empresas bancarias, empresas financieras, cajas rurales de ahorro y crédito, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas municipales de crédito popular, cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público y entidades de desarrollo a la pequeña y micro empresa, que cuenten con resolución de autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones”.
Escrito por Cristhiam León Orosco
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado de la Maestría en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico. Especialista legal en contrataciones públicas, con más de 10 años en la administración pública. Capacitador acreditado por OSCE en materia de contratación pública Ex Gerente de la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada de la SUCAMEC (agosto de 2013 a setiembre de 2016). Observador de la Asociación del Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoCA), con sede en Ginebra – Suiza. Asimismo, publica diversos artículos en la siguiente dirección web: https://seguridadyderecho.wordpress.com