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Timestamp: 2019-08-20 02:03:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'Artículo 42', 'artículo 267', 'artículo 91', 'artículo 18', 'artículo 42', 'artículo 91', 'artículo 267', 'artículo 267', 'artículo 94', 'artículo 42']

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25 oct. 2018 - En el asunto C-413/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Lietuvos ...
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena) de 25 de octubre de 2018 (*) «Procedimiento prejudicial — Contratos públicos de suministro de material y dispositivos médicos de diagnóstico — Directiva 2014/24/UE — Artículo 42 — Adjudicación — Margen de apreciación del poder adjudicador — Formulación detallada de las especificaciones técnicas» En el asunto C-413/17, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de Lituania), mediante resolución de 30 de junio de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de julio de 2017, en el procedimiento iniciado por «Roche Lietuva» UAB con intervención de: Kauno Dainavos poliklinika VšĮ, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena), integrado por la Sra. K. Jürimäe, Presidenta de Sala, y el Sr. E. Juhász (Ponente) y el Sr. C. Vajda, Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretario: Sr. A. Calot Escobar; habiendo considerado los escritos obrantes en autos; consideradas las observaciones presentadas: –
en nombre del Gobierno lituano, por los Sres. D. Kriaučiūnas y K. Dieninis, y la Sra. D. Stepanienė, en calidad de agentes; 1
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones; dicta la siguiente Sentencia 1
Esta petición ha sido presentada en el marco de un procedimiento iniciado por «Roche Lietuva» UAB, licitador rechazado en un procedimiento de adjudicación de un contrato público organizado por Kauno Dainavos poliklinika VšĮ, una policlínica pública situada en Kaunas (Lituania) (en lo sucesivo, «policlínica Dainava de Kaunas»), en lo relativo a las especificaciones técnicas de dicho contrato. Marco jurídico Derecho de la Unión
La Directiva 2004/18 fue derogada, con efectos desde el 18 de abril de 2016, por la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65), con arreglo al artículo 91, párrafo primero, de esta última Directiva. Conforme al tenor del considerando 74 de la Directiva 2014/24: «(74) Las especificaciones técnicas elaboradas por los compradores públicos tienen que permitir la apertura de la contratación pública a 2
la competencia, así como la consecución de los objetivos de sostenibilidad. Para ello, tiene que ser posible presentar ofertas que reflejen la diversidad de las soluciones técnicas, las normas y las especificaciones técnicas existentes en el mercado, incluidas aquellas elaboradas sobre la base de criterios de rendimiento vinculados al ciclo de vida y a la sostenibilidad del proceso de producción de las obras, suministros y servicios. Por consiguiente, al redactar las especificaciones técnicas debe evitarse que estas limiten artificialmente la competencia mediante requisitos que favorezcan a un determinado operador económico, reproduciendo características clave de los suministros, servicios u obras que habitualmente ofrece dicho operador. Redactar las especificaciones técnicas en términos de requisitos de rendimiento y exigencias funcionales suele ser la mejor manera de alcanzar este objetivo. Unos requisitos funcionales y relacionados con el rendimiento son también medios adecuados para favorecer la innovación en la contratación pública, que deben utilizarse del modo más amplio posible. Cuando se haga referencia a una norma europea o, en su defecto, a una norma nacional, los poderes adjudicadores deben tener en cuenta las ofertas basadas en otras soluciones equivalentes. La responsabilidad de demostrar la equivalencia con respecto a la etiqueta exigida ha de recaer en el operador económico. [...]» 5
El artículo 18, de esa Directiva, que lleva por título «Principios de la contratación», dispone en su apartado 1: «Los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada. La contratación no será concebida con la intención de excluirla del ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de restringir artificialmente la competencia. Se considerará que la competencia está artificialmente restringida cuando la contratación se haya concebido con la intención de favorecer o perjudicar indebidamente a determinados operadores económicos.»
El artículo 42 de la citada Directiva, que lleva por título «Especificaciones técnicas», establece: «1. Las especificaciones técnicas definidas en el anexo VII, punto 1, figurarán en los pliegos de la contratación. Las especificaciones técnicas 3
definirán las características exigidas de una obra, un servicio o un suministro. Esas características podrán referirse también al proceso o método específico de producción o prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material de las obras, suministros o servicios, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y los objetivos de este. [...] 2. Las especificaciones técnicas proporcionarán a los operadores económicos acceso en condiciones de igualdad al procedimiento de contratación y no tendrán por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de la contratación pública a la competencia. 3. Sin perjuicio de las normas técnicas nacionales obligatorias, siempre que sean compatibles con el Derecho de la Unión, las especificaciones técnicas se formularán de una de las siguientes maneras: a)
4. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no harán referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un operador económico determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal referencia se autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato en aplicación del apartado 3. Dicha referencia irá acompañada de la mención “o equivalente”. [...]» 7
El anexo VII de la Directiva 2014/24, titulado «Definición de determinadas especificaciones técnicas», establece, en su punto 1: «A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 1)
“Especificación técnica”: a)
Los artículos 2 y 23 y el anexo VI de la Directiva 2004/18 fueron transpuestos al Derecho lituano por los artículos 3 y 25 y el anexo 3 de la Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Ley lituana de contratación pública). En lo que respecta a la Directiva 2014/24, fue transpuesta por la Ley XIII-327, de 2 de mayo de 2017. Esta Ley entró en vigor el 1 de julio de 2017. Litigio principal y cuestión prejudicial
De los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, el 22 de junio de 2016, la policlínica Dainava de Kaunas publicó una licitación abierta titulada «Arrendamiento de material médico de diagnóstico de laboratorio y compra de servicios y de material que permita su buen funcionamiento». Esta licitación se dividía en trece lotes. El valor de la parte de la licitación controvertida en el litigio principal asciende a 250 000 euros.
El 4 de julio de 2016, Roche Lietuva alegó, en una reclamación, que las especificaciones técnicas establecidas en el anexo n.º 1 del pliego de condiciones de la licitación controvertida limitaban de forma injustificada la competencia entre proveedores debido a su elevada especificidad y a que en realidad estaban adaptadas a las características de los productos de determinados fabricantes de analizadores sanguíneos. Mediante decisión de 14 de julio de 2016, la policlínica Dainava de Kaunas modificó determinadas disposiciones de las especificaciones técnicas.
El 28 de diciembre de 2016, la policlínica Dainava de Kaunas retiró la licitación controvertida, a instancias de la Viešųjų pirkimų tarnyba (Oficina de Contratación Pública, Lituania), ya que esta constató la 6
violación de disposiciones aplicables distintas de las señaladas en la petición de decisión prejudicial. 14
En estas circunstancias, el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de Lituania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Deben interpretarse o entenderse las disposiciones de los artículos 2 y 23 de la Directiva 2004/18 y de su anexo VI (conjuntamente o por separado, pero sin limitarse a estas disposiciones) en el sentido de que, en el caso de que un poder adjudicador —una institución de asistencia sanitaria— pretenda adquirir suministros (equipos y materiales de diagnóstico médico) o derechos específicos sobre los mismos a través de un procedimiento de licitación a fin de poder realizar análisis por sí misma, su margen de apreciación incluye el derecho a establecer en las especificaciones técnicas únicamente los requisitos de dichos suministros que no describan aisladamente las características individuales operativas (técnicas) y de uso (funcionales) de los equipos y/o materiales, sino que definan los parámetros cualitativos de los análisis que deban efectuarse y el rendimiento del laboratorio analítico, cuyo contenido debe describirse
por separado en las especificaciones del procedimiento de licitación de que se trata?» Observaciones preliminares 17
El órgano jurisdiccional remitente se refiere, en su cuestión prejudicial, a determinadas disposiciones de la Directiva 2004/18. En lo que respecta a la aplicabilidad ratione temporis de esta Directiva, procede señalar que el anuncio de licitación controvertido en el litigio principal fue publicado el 22 de junio de 2016, es decir, con posterioridad a la fecha en la que se hizo efectiva la derogación de dicha Directiva, fijada el 18 de abril de 2016, con arreglo al artículo 91, párrafo primero, de la Directiva 2014/24.
Pues bien, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la directiva aplicable es, en principio, la que está en vigor en el momento en que el poder adjudicador elige el tipo de procedimiento que va a seguir y decide con carácter definitivo si tiene o no la obligación de convocar una licitación previa para la adjudicación de un contrato público (sentencia de 14 de septiembre de 2017, Casertana Costruzioni, C-223/16, EU:C:2017:685, apartado 21 y jurisprudencia citada).
De ello resulta que deben interpretarse las disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/24, con el fin de dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente. Sobre la cuestión prejudicial
A la vista de lo anterior, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, en qué medida, en virtud de los artículos 18 y 42 de la Directiva 2014/24, así como de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, un poder adjudicador, al establecer las especificaciones técnicas de una licitación relativa a la adquisición de suministros médicos, debe conceder
importancia a las características individuales de los aparatos o al resultado del funcionamiento de esos aparatos. 22
A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la resolución jurisdiccional que ha de adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. En efecto, en el marco del procedimiento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecido en el artículo 267 TFUE, las cuestiones relativas al Derecho de la Unión disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia únicamente puede negarse a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional a efectos de dicho artículo cuando no se cumple lo exigido por el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia sobre el contenido de la petición de decisión prejudicial o cuando resulta evidente que la interpretación o la apreciación de la validez de una norma de la Unión, solicitadas por el órgano jurisdiccional nacional, no guardan relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal o cuando el problema es de naturaleza hipotética (sentencia de 25 de julio de 2018, Confédération paysanne y otros, C-528/16, EU:C:2018:583, apartados 72 y 73 y jurisprudencia citada).
En cuanto al fondo, conforme al artículo 42, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2014/24, las especificaciones técnicas definidas 9
en el punto 1 del anexo VII de esta Directiva figuran en los pliegos de la contratación y definen las características exigidas de las obras, de los servicios o de los suministros. 26
Como ha declarado ya el Tribunal de Justicia, los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia revisten una importancia crucial en lo que se refiere a las especificaciones técnicas, debido a los riesgos de discriminación vinculados a la elección de estas, es decir, a la manera de formularlas (véase, en lo que respecta a la Directiva 2004/18, la sentencia de 10 de mayo de 2012, Comisión/Países Bajos, C-368/10, EU:C:2012:284, apartado 62).
El respeto de tales exigencias es más importante si cabe cuando, como en el presente asunto, las especificaciones técnicas que figuran en el pliego de condiciones de un contrato se formulan de forma particularmente detallada. En efecto, cuanto más detalladas son las especificaciones técnicas, mayor es el riesgo de que los productos de un determinado fabricante se vean favorecidos. 11
En efecto, según la jurisprudencia sobre contratos públicos de suministros, el hecho de no añadir la mención «o equivalente» después de la designación, en el pliego de condiciones, de un producto determinado no solamente puede disuadir de participar en la licitación a los operadores económicos que utilicen sistemas análogos al citado producto, sino que también puede obstaculizar las importaciones en el comercio transfronterizo de la Unión, al reservar el mercado exclusivamente a los proveedores que se propongan utilizar el sistema específicamente indicado (véase, en este sentido, el auto de 3 de diciembre de 2001, Vestergaard, C-59/00, EU:C:2001:654, apartado 22 y jurisprudencia citada).
Dicho lo anterior, procede señalar que el principio de proporcionalidad se aplica de forma particular en el sensible ámbito de la salud pública. En efecto, se desprende de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, para apreciar el respeto por un Estado miembro del principio de proporcionalidad en este ámbito, hay que tener presente que la salud y la 12
vida de las personas ocupan el primer puesto entre los bienes e intereses protegidos por el Tratado FUE y que corresponde a los Estados miembros decidir qué nivel de protección de la salud pública pretenden asegurar y de qué manera debe alcanzarse ese nivel. Dado que este nivel puede variar de un Estado miembro a otro, debe concederse a los Estados miembros cierto margen de apreciación (sentencia de 8 de junio de 2017, Medisanus, C-296/15, EU:C:2017:431, apartado 82 y jurisprudencia citada). 43
A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los artículos 18 y 42 de la Directiva 2014/24 deben interpretarse en el sentido de que dichas disposiciones no obligan al poder adjudicador, cuando establece las especificaciones técnicas de una licitación relativa a la adquisición de suministros médicos, a hacer que prevalezca, por principio, la importancia de las características individuales de los aparatos médicos o la importancia del resultado del funcionamiento de tales aparatos, pero exigen que las especificaciones técnicas, en su conjunto, respeten los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente evaluar si, en el litigio que debe resolver, las especificaciones técnicas controvertidas responden a dichas exigencias. Costas 13
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara: Los artículos 18 y 42 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, deben interpretarse en el sentido de que dichas disposiciones no obligan al poder adjudicador, cuando establece las especificaciones técnicas de una licitación relativa a la adquisición de suministros médicos, a hacer que prevalezca, por principio, la importancia de las características individuales de los aparatos médicos o la importancia del resultado del funcionamiento de tales aparatos, pero exigen que las especificaciones técnicas, en su conjunto, respeten los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente evaluar si, en el litigio que debe resolver, las especificaciones técnicas controvertidas responden a dichas exigencias. Firmas
STJUE C-6-15.pdf
STJUE asunto C-531-16
STJUE As. C 546-16
STJUE As. C-523-16 i C-536-16 AWS
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Informe "stjue c 413-17"