Source: https://urbanistica91.com/2010/02/12/jurisprudencia-de-requerimiento-de-legalizacion-improcedente/
Timestamp: 2020-06-07 01:41:37
Document Index: 15123169

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Requerimiento de legalización improcedente – Urbanistica91
Requerimiento de legalización improcedente
Sentencia Tribunal Superior de Justicia Extremadura núm. 270/2003 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Unica), de 21 febrero.
SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Intervención en la edificación y uso del suelo: protección de la legalidad urbanística: obras y usos realizados sin licencia o sin ajustarse a licencia: existencia: improcedencia: patrimonio histórico: informe preceptivo y autorización sectorial: iglesia: postestad de intervención respecto a un bien declarado: suspensión de obras que no afectan directamente al bien inventariado sino a su entorno: solar que no está delimitado dentro del entorno del monumento: suspensión de obras improcedente.
El TSJ de Extremadura estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena contra una Resolución de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura de 23-03-2000, por la que se había acordado la suspensión de unas obras.
En Cáceres a veintiuno de febrero de dos mil tres.
Visto el recurso contencioso administrativo número 920 y 1390 de 2000 acumulados, promovido por la Procuradora de los Tribunales Doña Pilar Simón Acosta, EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA (Badajoz), en sustitución de la mercantil “UNIPROVIEX, S.L.”, siendo demandada la JUNTA DE EXTREMADURA, representada y defendida por el Sr. Letrado de su Gabinete Jurídico, recurso que versa sobre: Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, de 23 de marzo de 2000, por la que se acordaba la suspensión de las obras que se estaban ejecutando en la calle Ramón y Cajal, esquina a Calle de Ánimas del referido Municipio. Cuantía indeterminada.
PRIMERO Por la mercantil Uniproviex SL se presentó escrito mediante el cual interesaba se tuviera por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acto que ha quedado reflejado en el encabezamiento de esta sentencia, y por resolución de 18 de julio de 2001, se acuerda la sustitución procesal del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena en calidad de actor iniciado por la referida mercantil y la acumulación de los recursos 920/2000 y 1.390/2000.
SEGUNDO Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entregó el expediente administrativo a la representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo, sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando suplicando se dictara una sentencia por la que se estime el recurso con imposición de las costas a la parte demandada; y dado traslado de la demanda a la parte demandada de la Administración para que la contestase, evacuó dicho trámite interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de las costas a la parte actora. Por medio de Otrosí se solicitó el recibimiento del recurso a prueba por las partes.
TERCERO Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron las declaradas pertinentes por la Sala, obrando en los ramos separados de las partes, declarándose concluso este período, se pasó al de conclusiones, donde las partes evacuaron por su orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma, señalándose día para la votación y fallo del presente recurso, llevándose a efecto en el fijado.
Siendo Ponente para este trámite el Ilmo. Sr. Magistrado Presidente Don WENCESLAO OLEA GODOY, que expresa el parecer de la Sala.
PRIMERO Se impugna en este proceso por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), en sustitución de la mercantil «UNIPROVIEX, S.L.», la legalidad de la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, de 23 de marzo de 2000, por la que se acordaba la suspensión de las obras que se estaban ejecutando en la calle Ramón y Cajal, esquina a Calle de Ánimas del referido Municipio; en tanto se emitiese el informe preceptivo y vinculante de la Administración Regional por afectar dichas obras a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, declarada «Monumento» incluido en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de Extremadura; se suplica en la demanda se anule la mencionada resolución, se deje sin efecto la suspensión de las obras y se condene a la Administración Autonómica a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. A tales pretensiones se opone el Sr. Letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura que considera la resolución ajustada a Derecho, suplicando su confirmación con la desestimación del proceso.
SEGUNDO Las actuaciones que se revisan traen causa de la licencia que con efectividad 2 de agosto de 1999, fue concedida por la Alcaldía del Municipio recurrente a la mercantil antes mencionada para la construcción en el solar a que se ha hecho referencia en el anterior fundamento, de un edificio con plazas de garaje, en sótano; local comercial, en planta baja; y viviendas en las cuatro plantas y «castillete». El solar se encuentra situado en una calle de escasa anchura que le separa de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción que, según resulta de la misma resolución que se revisa -no hay constancia directa en el expediente-, es Bien Inventariado del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Iniciadas las obras se reciben varias denuncias basadas en su pretendida ilegalidad ante la Administración Autonómica y se dicta la resolución que se revisa, ordenando la suspensión cautelar de las obras hasta que se solicitase el informe preceptivo y vinculante de la Administración Autonómica; potestad que se dice ejercida al amparo de lo establecido en el artículo 36 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/1999, de 29 de marzo (RCL 1999, 1567 y LEXT 1999, 128), de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, a cuyo tenor «La Consejería de Cultura y Patrimonio impedirá los derribos y suspenderá cualquier obra o intervención no autorizada en un bien declarado». Frente a esa decisión entiende la asistencia jurídica de la Corporación recurrente que se le han sustraído competencias en materia de urbanismo, de protección de los intereses del vecindario y se le han ocasionado perjuicios en cuanto ha venido a sustituir al promotor de las obras.
TERCERO A la vista de esas actuaciones es lo cierto que ya los propios términos literales del precepto antes transcrito se aviene mal con la actuación de la Administración Autonómica porque las potestades de intervención que en el mismo se autorizan lo son con relación a «un bien declarado» expresamente y es indudable que la obra de autos no afectaba directamente al bien «inventariado» sino a su entorno, al que, en definitiva, se difiere el debate como resulta de las alegaciones de las partes. Y en este sentido es necesario comenzar por declarar que no es de recibo, como en la demanda se sostiene, que la Ley Autonómica protectora del Patrimonio Autonómico (RCL 1999, 1567 y LEXT 1999, 128) se estuviese aplicando retroactivamente, contrariando la irretroactividad que se establece en el artículo 9 de la Constitución (RCL 1978, 2836); por el hecho de que la licencia se concedió antes de la entrada en vigor de la Ley, ya que se otorga por resolución de la Alcaldía de 12 de mayo de 1999 y la Ley no entra en vigor hasta el «día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura» (Disposición Final Tercera), publicación que se hizo el Diario de fecha 22 de ese mismo mes y año; porque es lo cierto que en cuanto a la adopción de esa medida cautelar protectora del Patrimonio la podía ejercitar la Administración desde la entrada en vigor de la Ley sobre cualquier supuesto en que fuese procedente, es decir, con la entrada en vigor de la norma se legitimaba la potestad aunque, y es a lo que parece quiere referirse la retroaccion, afecte a bienes declarados con anterioridad -no se olvide que la misma Ley hace declaraciones directamente, como por ejemplo en la Disposición Adicional Primera-, solución bien distinta de si la declaración se hace al amparo de las previsiones de la Ley y con posterioridad al otorgamiento de las licencias y, obviamente, de la entrada en vigor de la Ley. Queda pues excluida la nulidad del acto por suponer una aplicación retroactiva de la Ley.
CUARTO Mayores problemas ofrece la legalidad de la medida atendiendo a la condición del inmueble a proteger, la Iglesia antes mencionada, como se insinúa en la demanda y se aduce en las actuaciones administrativas. En efecto, con un mayor rigor y claridad que la Ley Estatal (RCL 1985, 1547 2916), la Ley Autonómica protectora del Patrimonio (RCL 1999, 1567 y LEXT 1999, 128) distingue entre varias categorías de los bienes que lo integran, en concreto: 1.- Los Bienes de Interés Cultural, que requieren declaración expresa (artículo 7) y cuyo régimen de protección esta reforzado (artículo 7), debiendo ser inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural (artículo 12); 2.- Los Bienes Inventariados, a que se dedica el Capitulo II de la Ley y que el artículo 17 contrapone a los anteriores; estos segundos requieren su inclusión en el Inventario del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura Y. 3.- Los restantes bienes del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, a que se refiere el Capítulo III y que deberán ser inscritos en un Registro creado al efecto (artículo 21). En cuanto al «régimen de protección, conservación y mejora» de este Patrimonio, a que dedica el Legislador Autonómico el Título II, se establecen normas concretas de actuación en los bienes declarados, siendo el Capítulo II el referido a los bienes inmuebles que en su Sección Segunda hace expresa referencia a los «monumentos». Pues bien, es en el artículo 38, incluido en esta Sección, cuando el Legislador hace especial referencia al «entorno de los monumentos» conceptuado como «el espacio circundante que puede incluir: inmuebles, terrenos edificables, suelo, subsuelo trama urbana y rural espacios libres y estructuras significativas que permitan su percepción y comprensión cultural y, en casos excepcionales, por los no colindantes y alejados, siempre que una alteración de los mismos pueda afectar a los valores propios del bien de que se trate, su contemplación, apreciación o estudio». Ahora bien, el entorno del «monumento», no tiene una delimitación genérica de tal forma que la Administración pueda actuar en su defensa en función de las concretas peculiaridades que concurran ante cualquier actuación que pudiera considerarse lo altera, sino que muy al contrario, exige el Legislador que en la declaración «se concretarán exactamente los términos respecto al entorno del monumento a proteger… se delimitará en la correspondiente resolución y gozará de la misma protección que el bien inmueble de que se trate» (artículo 38 1º, párrafo segundo). En suma y por lo que al caso de autos se refiere, no es que, como entiende la Administración Regional, la existencia de un Bien Patrimonial legitime la actuación en su entorno, sino que la misma declaración de Monumento, en concreto, comporta una delimitación de su entorno que tiene el mismo régimen de protección; no se protege el entorno por el Monumento, sino que en la protección de éste ya va incluido y delimitado y con el mismo régimen de protección. Y si ello es así, no se aduce por la Administración Autonómica que el concreto solar donde se ejecutaban las obras estuviese delimitado como entorno de la Iglesia, por lo que no podía actuarse las potestades de protección. Y es que, en definitiva, de la mera colocación sistemática de la protección del entorno, y de los términos empleados por los artículos 37 y siguientes de la Ley, se viene a concretar que el entorno es consustancial al «Monumento», como una categoría de los Bienes de Interés Cultural (artículo 6) que requiere declaración expresa; pero no se contempla esa protección para el menor grado de intervención que comportan los Bienes Inventariados, la que goza la Iglesia de autos. Y a esa mi conclusión se llega por la vía de la aplicación de la Ley (Estatal) 16/1985, de 25 de junio (RCL 1985, 1547 2916), del Patrimonio Histórico Español que en su artículo 19 condiciona las obras en el entorno sólo respecto de los «Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural».
QUINTO Se hace referencia también en la fundamentación de la resolución que se revisa a las exigencias que se imponen en el artículo 138 a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485), vigente en nuestra Comunidad al momento de las actuaciones, por aplicación de la Ley Autonómica 13/1997, de 23 de diciembre (RCL 1998, 711 y LEXT 1998, 45), Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura, precepto que impone que «las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto: a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados». Es manifiesto que dicho precepto no habilita a la Administración Autonómica a ejercer las potestades de suspensión de las obras; en primer lugar, porque desde el punto de vista urbanístico y habiendo otorgado el Ayuntamiento la licencia, era a éste a quien compete haber adaptado las obras a lo en ella establecido, y si lo dispuesto en ella no era conforme al planeamiento, procedería haber promovido su anulación; porque desde la óptica urbanística era el planeamiento a considerar y en ese ámbito las potestades autonómicas son, en su caso, subsidiarias de las locales. Pero además, es manifiesto que el precepto se refiere a la concreta obra a ejecutar, no a la posibilidad de acometer o no la edificación, que le da el Plan, de tal forma que esas normas directas no hacen referencia a ello porque ya el Plan habrá de valorar la posibilidad de edificación.
SEXTO Consecuencia de lo expuesto es que procede dejar sin efecto la suspensión acordada y, en consecuencia, procede examinarse la pretensión indemnizatoria que se acciona en la demanda. En este sentido, queda constancia en autos, y no se niega de contrario, que la suspensión de las obras ha ocasionado que el Ayuntamiento procediera a permutar el solar de autos a la empresa titular de la licencia por otro terreno, abonando para alcanzar la compensación la cantidad de 17-281-122 pesetas más otra cantidad de 35-577-651 pesetas en concepto de gastos soportados, pretendiendo la Corporación ser resarcida en esas cantidades. La pretensión no puede ser acogida en la forma pretendida; ya de entrada, porque la mera calificación jurídica del negocio como «permuta» permite concluir que lo realizado por la Corporación es adquirir la propiedad del solar de autos en equivalencia de lo que se comprometía a entregar a la anterior propietaria y titular de la licencia. Consecuencia de ello es que la adquisición del solar con la licencia compensaban esas cantidades abonadas en la permuta, de tal forma que si la Corporación Local es en la actualidad, y en virtud de ese negocio conmutativo, propietaria del solar, y con la licencia consolidado el derecho a edificar, el perjuicio sólo puede estar referido a la demora que comporta la suspensión y alzamiento, si esta sentencia adquiere firmeza, y a esos concretos perjuicios -a los que no ha de ser ajeno el incremento de la construcción y sus instalaciones que legitiman la obra- deberá alcanzar la condena que habrá de determinarse, a falta de acuerdo entre las partes, en trámites de ejecución de sentencia.
SEPTIMO No se aprecian temeridad o mala fe a los efectos de una concreta imposición de costas a ninguna de las partes de conformidad con lo prevenido en el art. 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (RCL 1998, 1741).
Por la potestad que nos confiere la Constitución Española (RCL 1978, 2836.
Estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Doña Pilar Simón Acosta, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA (Badajoz) contra la resolución de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura mencionado en el primer fundamento; debemos anular y anulamos el referido acto por no estar ajustado al Ordenamiento Jurídico y, en su consecuencia, se deja sin efecto la orden de suspensión de las obras a que se refieren las actuaciones condenando a la Administración Autonómica a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados conforme a lo razonado en el fundamento sexto de esta sentencia; todo ello sin hacer expresa condena en cuanto a las costas procesales.
RJCA 2002738
Sentencia Tribunal Superior de Justicia La Rioja núm. 63/2002 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Unica), de 11 febrero
Recurso contencioso-administrativo núm. 2640/2000.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús Miguel Escanilla Pallas.
AUTOPISTAS: Construcción: licencia municipal: obras y servicios anexos: grandes obras de ordenación del territorio: licencias municipales no necesarias: servicio de interés general: sustitución del sistema de comunicación interna de la autopista por una nueva red de telecomunicaciones por cable de fibra óptica: paralización improcedente.
El Ayuntamiento de Rodezno (La Rioja) dictó Resolución de fecha 03-07-2000, por la que se ordenaba la inmediata suspensión de obra por carecer de licencia municipal.El TSJ estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto, anulando la Resolución impugnada, declarando el derecho a ejecución de la obra sin necesidad de licencia municipal.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, Ilmos. Sres. compuesta por los Magistrados D. Valentín de la Iglesia Duarte, que la preside, D. Jesús Miguel Escanilla Pallás y D. José Luis Díaz Roldán, pronuncia en nombre del Rey y bajo ponencia del Magistrado Ilmo. Sr. D. Jesús Miguel Escanilla Pallás, la siguiente
SENTENCIA NUM. 63
PRIMERO Mediante escrito presentado en fecha 7 de julio de 2000 se interpuso ante esta Sala y a nombre de la compañía mercantil Autopista Vasco-Aragonesa (CESA), Recurso Contencioso-Administrativo contra la Resolución del Ayuntamiento de Rodezno (La Rioja), de fecha 3 de julio de 2000, por la que se ordenada al recurrente la inmediata suspensión de la obra por carecer de licencia municipal.
SEGUNDO Admitido a trámite dicho recurso se recabó el correspondiente expediente administrativo, recibido el cual se confirió traslado a la parte recurrente para que formulara su demanda, como así lo hizo mediante escrito presentado el día 15 de noviembre de 2000 exponiendo en él los hechos propios del caso y articulando los fundamentos jurídicos que reputaba aplicables al mismo, para terminar con unos pedimentos del tenor literal siguiente: «… dicte Sentencia estimatoria de nuestras pretensiones de que el acto administrativo dictado y recurrido sea declarado nulo de pleno Derecho y se restablezca la situación jurídica individualizada de nuestra representada, con la consiguiente condena en costas a la Corporación municipal demandada».
TERCERO Trasladada la demanda al representante procesal de la Administración demandada, evacuó el trámite de contestación, oponiéndose a ella en los términos de hecho y de derecho que entendió oportunos y solicitando finalmente se dictase Sentencia por la que con desestimación del Recurso Contencioso-Administrativo, declarase plenamente ajustada a derecho el acto impugnado, todo ello con expresa imposición de las costas causadas en esta contienda a la sociedad recurrente.
CUARTO Habiéndose recibido el pleito a prueba, se unió a los autos la practicada, tras lo que se acordó la presentación de conclusiones escritas que fueron formuladas, en su momento, por ambas partes, tras lo cual el día 29 de enero de 2002 se reunió de nuevo la Sala, formada por los Magistrados que figuran en el encabezamiento, para la votación y fallo del asunto.
QUINTO En la tramitación del proceso se han observado las prescripciones legales.
PRIMERO Es objeto de la presente impugnación jurisdiccional lo ajustado o no a Derecho de la Resolución del Ayuntamiento de Rodezno (La Rioja), de fecha 3 de julio de 2000, por la que se ordenada al recurrente la inmediata suspensión de la obra por carecer de licencia municipal.
SEGUNDO La cuestión ha sido resuelta por sentencia de 27 de octubre de 2001 (RJCA 2001, 1308) (Ponente Ruiz de Palacios Villaverde) que establece la empresa recurrente alega que no es preceptivo el uso de licencia de obras -trámite que se esgrime inexistente en el acto administrativo recurrido y que actúa como presupuesto justificativo de la intervención del municipio demandado- cuando se trata de actuaciones en obra pública de interés general y de obligado cumplimiento en cuanto implica el mantenimiento de los sistemas de seguridad y control de la autopista y en concreto cita la normativa particular de Autopistas (Ley 8/1972, de 10 de mayo [RCL 1972, 878; NDL 2545] de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, artículo 31, así como el Decreto 215/1973, de 21 de enero (RCL 1973, 281; NDL 2550) por el que se aprobó el Pliego de Cláusulas Generales, cláusulas núms. 87 y 83 y demás normativa reglamentaria. Al margen de lo anterior, se entiende que ampara la actitud de la demandante la Ley 25/1988, de 29 de julio (RCL 1988, 1655, 2268), de Carreteras, artículo 12.
Asimismo, se invoca a su favor la normativa urbanística, comenzando por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, artículo 242.3. También, el Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio (RCL 1978, 1986; ApNDL 13922), por el que se aprueba el Reglamento Disciplina Urbanística, artículo 3.1. Asimismo, la Ley 10/1998 (RCL 1998, 1708 y LLR 1998, 154), de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR), artículo 180 y ss.
Por último, la mercantil recurrente solicita al amparo de lo previsto en la Ley de la Jurisdicción de 1998 (RCL 1998, 1741), artículo 31.2, la condena a la Administración local demandada al pago de los daños y perjuicios sufridos por la recurrente con motivo de la paralización de las obras que se decretó.
TERCERO Como tiene declarado la doctrina más autorizada del Derecho Administrativo la licencia es un acto administrativo reglado, autorizativo del ejercicio de derechos, con la existencia, precisamente por su intercesión, de un control previo del cumplimiento de la legalidad protectora del interés público general tal como queda reflejado en la normativa «ad hoc», que corresponda.
De lo anterior no cabe sino colegir que los intereses que persigue el iter que envuelve singularmente a esta tipología de actos operan en la bipolaridad de todo procedimiento administrativo y su vinculación al Derecho o, como se quiera entender, al ordenamiento jurídico: de una parte, permitiendo a la Administración ejercer un control como depositaria de potestades superiores que persiguen garantizar y, en su caso, defender el interés general; y, de otra parte, en el plano del administrado que mediante el derecho al procedimiento administrativo que éste ostenta, ante una eventual resolución denegatoria o restrictiva del derecho solicitado, le permite el acceso al control de la legalidad mediante la motivación que la resolución administrativa, inexcusablemente, debe contener.
En el supuesto de autos se suscita el requerimiento de licencia que realiza una administración local a una empresa en el ejercicio de su potestad de control sobre una actividad de realización de obras que, a su juicio, no cuentan con singularidad alguna -obras de interés general- que le permitan prescindir de la autorización municipal que la licencia entraña.
CUARTO Refiriéndonos específicamente a las autopistas, la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado (en adelante, XE) las define como aquellas carreteras especialmente proyectadas, construidas y señalizadas como tales para la exclusiva circulación de automóviles, sin acceso a la misma de las propiedades colindantes, sin cruce cualesquiera otra vía y con separación de las distintas calzadas existentes para la conducción en carriles de distinto sentido.
Pero antes de profundizar en aspectos puntualmente alegados por las partes, debemos dejar claro dos conceptos que surgen a colación del pleito, a saber: «urbanismo» y «ordenación del territorio», los cuales, según la doctrina y jurisprudencia, son diferentes. Mientras que el primero, tiende a garantizar la ordenación y desarrollo del espacio físico horizontal y vertical de la aglomeración urbana, para acomodarla al modelo ideal predefinido, es decir, se encuentra más asentado en el plano ejecutivo; el segundo, se ocupa de los criterios que resultan la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de cada sociedad (Carta Europea de Ordenación del Territorio, Ministros de los Estados miembros 23 de mayo de 1983), con el objetivo reconocido por diversas normativas de las comunidades autónomas patrias -entre las que cabe destacar la LOTUR, artículo 25- de conseguir una adecuada relación entre población, territorio, actividades, servicios e infraestructuras.
Así lo ha corroborado el Tribunal Supremo en diversas sentencias, entre las que podemos destacar la de 28 de septiembre de 1990 (RJ 1990, 7297), 17 de mayo de 1993 (RJ 1993, 3488), 11 de octubre de 1994 (RJ 1994, 7810), 5 de marzo de 1997 (RJ 1997, 1662).
Para esta Sala resulta evidente que en el supuesto de autos no nos encontramos ante una licencia urbanística de las que se tratan en la LOTUR, Título VII, Capítulo 1, sino ante una obra que aborda una obra cuya naturaleza, características y beneficios, exceden con mucho de lo que podría ser una obra de exclusivo alcance municipal.
QUINTO La invocada por la actora LCE, en su artículo 12, dice textualmente: «Las obras de construcción, reparación o conservación de carreteras estatales por constituir obras públicas de interés general, no están sometidas a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el art. 84,l b) Ley 7/1985 de 2 abril (RCL 1985, 799, 1372; ApNDL 205), reguladora de las Bases de Régimen Local». Es decir, y recurriendo a la normativa de cita, la Ley 7/1985 de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Capítulo II, Actividades y Servicios, art. 84,1 b) [«Las Corporaciones locales podrán intervenir la actividad de los Ciudadanos a través de los siguientes medios: … b) sometiendo a previa licencia y otros actos de control preventivo», no sería necesario el recurso, no se requeriría en el presente caso licencia alguna].
La propia LCE, artículos 38 y 39, establece las reglas que debe respetar el planeamiento urbanístico y territorial en relación a la zona de protección (dominio público -8 metros-, servidumbre -25 metros- y afección -100 metros-) que presupone toda red arterial: «1. Toda actuación en una red arterial se establecerá previo acuerdo entre las distintas Administraciones públicas interesadas de forma coordinada con el planeamiento urbanístico vigente. (…) 2. A tal efecto, deberán utilizarse los procedimientos legalmente establecidos para asegurar la colaboración y coherencia de actuaciones en una red arterial en materia de inversión y de prestación de servicios. (…) 3. A falta de acuerdo, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, podrá aprobar la ejecución de las actuaciones necesarias en los tramos de una red arterial que formen o puedan formar parte de la red estatal de carreteras» (ambos artículos deben concordarse con lo previsto en el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre [RCL 1994, 2641], por el que se prueba el Reglamento de Carreteras del Estado, artículo 42).
Pero conviene señalar que la sustitución del sistema de comunicación interna de la autopista por una nueva red de telecomunicaciones de cable de fibra óptica permitirá mejorar el servicio y solucionar problemas actuales derivados de las inclemencias climatológicas y la excesiva intensidad del tráfico, etcétera, concurriendo, además, el interés público adicional -que cuenta con la anuencia de la Dirección General de Carreteras que aprobó mediante resolución el proyecto de obra- de la posibilidad de utilizar alguna de las canalizaciones instaladas en la autopista por compañías prestadoras de servicios de telecomunicaciones por cable, pues no debe obviarse, como acertadamente recuerda la defensa actora, que las telecomunicaciones, han sido declaradas por la Ley 11/1998, de 24 de abril (RCL 1998, 1056, 1694), General de Telecomunicaciones, servicio de interés general (artículo 2).
Lo anterior debe conectarse con la manifestación que realiza la Orden del 25 de mayo de 1999 (RCL 1999, 1468), del Ministerio de Fomento, en virtud de la cual se pone de manifiesto que un desarrollo desordenado de las redes de telecomunicaciones podría producir graves perjuicios medioambientales y urbanísticos (de donde surge el concepto de ordenación del territorio), y que una manera de evitar dicho impacto es la utilización compartida de infraestructuras existentes en el dominio público viario, en reconocimiento de que tales perjuicios no se causan o se mitigan sensiblemente en tal ámbito.
A la vista de ello, resulta aplicable la doctrina jurisprudencial de la Sala 3ª del Tribunal Supremo que declara exentas de licencias municipales a las grandes obras de ordenación del territorio, v. gr. sentencias de 3 de diciembre de 1982 (RJ 1982, 7774), 20 de febrero de 1984 (RJ 1984, 1078), 28 de mayo de 1986 (RJ 1986, 4471), 17 de julio de 1987 (RJ 1987, 7524), 24 de abril de 1992, 28 de septiembre de 1990, 11 de octubre de 1994 (RJ 1994, 7810), 5 de marzo de 1997 (RJ 1997, 1662) y 29 de mayo de 1997 (RJ 1997, 4052), 28 de septiembre de 2000 (RJ 2000, 7322), entre otras; tales como autopistas, áreas de servicios, pistas de aterrizaje, conducción de agua para abastecimiento a una región, túneles, etc., por las razones antes vistas.
Por todo lo anterior, procede estimar el presente recurso contencioso-administrativo.
SEXTO Solicita, asimismo, la parte demandante en su escrito de formulación de la demanda que en virtud de lo previsto en la Ley de 1.a) presente Jurisdicción (RCL 1998, 1741), artículo 31.2 (también podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda), se reconozcan los daños y perjuicios sufridos por ella al haberse suspendido la ejecución del acto administrativo y no haber podido ejecutar la obra según el plan primitivamente trazado.
Se configura así la petición del reconocimiento de una suerte de responsabilidad pública, en este caso municipal, a la que la Sala no puede acceder, pues debemos recordar una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 20 de febrero de 1989 [RJ 1989, 2526], 14 de octubre de 1984 [RJ 1984, 2948] y 13 de septiembre de 1996 [RJ 1996, 6436]), donde se señala que no toda anulación de los actos o disposiciones de la Administración da lugar a una indemnización de daños y perjuicios, así como nuestra opinión vertida en el Fundamento de Derecho Tercero de este pronunciamiento sobre la función de la licencia en nuestro ordenamiento jurídico; y siendo coherente con ella, no podemos declarar que los importes de los daños y perjuicios soportados por la actora ante la no ejecución de su proyecto deban ser costeados por la Administración local demandada, ya que ella, dada la postura de la empresa demandante, no tiene la posibilidad de fiscalizar el proyecto de la obra y ver si se ajusta a la legalidad y, subsiguientemente, penalizar tal actuación supone que la Administración local, que aquí no ha mantenido -pensamos- una postura temeraria o de mala fe, por actuar en defensa de lo que cree es un justo interes en general, asuma una repercusión desproporcionada.
Por todo lo cual, no podemos conceder tal pretensión instrumentada en segundo lugar por la recurrente.
SEPTIMO Al no apreciarse los motivos enumerados en el artículo 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción, no se hace imposición expresa de las costas a ninguna de las partes en el proceso.
Que debemos estimar y estimamos el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto a nombre de la de la compañía mercantil Autopista Vasco-Aragonesa CESA contra el acto la sin idos impugnado en este proceso; y con estimación parcial de pretensiones de la demanda, declaramos su derecho a ejecución de la obra sin necesidad de licencia municipal, acceder a la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la inejecución del proyecto.
Así, por esta nuestra Sentencia -de la que se llevará literal testimonio a los autos- y definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Que formula el Magistrado don Valentín de la Iglesia Duarte, Presidente de la Sala, a la Sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo número 264/2000.
PRIMERO La Sentencia de la que, en cuanto a su fundamentación y fallo, discrepa este Magistrado parte de la tesis de la innecesariedad de licencia municipal para realizar las obras de excavación, entubado y cableado de fibra óptica, a través de la mediana de la carretera, que viene llevando a cabo la empresa concesionaria Autopista Vasco-Aragonesa, CESA, aquí impugnante del Decreto de la Alcaldía que dispuso la paralización inmediata de las obras que dentro del término municipal se realizan sin licencia; y, esto, con expresa invocación del artículo 198.1 de la Ley 10/1998, (RCL 1998, 1708 y LLR 1998, 154) de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR), precepto legal autonómico que sustituye al anulado artículo 248 del Texto Refundido 1992 de la Ley del Suelo (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) y que coincide con el 29.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística (RD 2187/1978, de 23 de junio [RCL 1978, 1986; ApNDL 13922]), texto normativo igualmente vigente como reglamento de ejecución de la Ley Autonómica a tenor de la disposición final primera de ésta.
SEGUNDO Desde luego, no cabe aceptar que la innecesidad de licencia municipal para tales obras se haga derivar del hecho de que éstas formen parte del concepto de «ordenación del territorio», y no respondan propiamente al de «urbanismo», pues, aparte de que tal distinción es más doctrinal y jurisprudencial que legal, y sin otro respaldo en el ordenamiento jurídico que el que pueda extraerse de determinadas Leyes sectoriales (así, de Puertos, de Aguas, de Carreteras, …), no existen declaración administrativa de calificación ni elemento fáctico alguno que fuercen a encuadrar esas concretas obras en aquel primer concepto de obras para la «ordenación del territorio».
TERCERO Y, por supuesto, tampoco existe norma alguna concreta que venga a autorizar la exclusión de licencia para la ejecución de obras como las de referencia. Antes, al contrario, la tesis de que la entidad concesionaria de la Autopista A-68 no precisa de licencia municipal del respectivo Ayuntamiento para llevar a cabo las de excavación y entubado para cableado de fibra óptica a lo largo de la mediana de la carretera, queda terminantemente desautorizada por las disposiciones de los artículos 179.2 de la precitada Ley Autonómica 10/1998 («E estarán sujetos igualmente a previa licencia los actos de USO del suelo…, tales como…, los movimientos de tierras, …») y 19 del Reglamento de Disciplina Urbanística.
Y queda también desmentida por los artículos 183 de la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, en cuanto que ese artículo sujeta a licencia municipal también los actos de uso del suelo promovidos por las Administraciones Públicas, con la única excepción de las obras públicas de interés autonómico, y los 7 al 9 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en los que se contemplan los actos de edificación y uso del suelo (descritos en su artículo 1) promovidos por el Estado o entidades de derecho público que administran bienes estatales, sujetándolos expresamente a licencia municipal, sin hacer distinción alguna sobre la naturaleza o carácter público o privado de los bienes que hayan de ser objeto de las obras, pues en ambos casos es igualmente indispensable la previa licencia municipal, la cual será, bien la ordinaria, conforme a los artículos 1.83.1 de la LOTUR (Ley Autonómica 10/1998) y 7.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, bien la «especial» que se regula en los artículos 183.2 de la LOTUR («… cuando razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan…», se acordará la remisión al Ayuntamiento del proyecto de obra, para que en el plazo de un mes comunique la conformidad o disconformidad del mismo con el planeamiento en vigor) y 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística, en análogo sentido respecto de obras promovidas por órganos del Estado o entidades de derecho público que administren bienes estatales. Pero sin que en ningún caso, y con las únicas excepciones de las obras públicas de interés autonómico (artículo 183.1 LOTUR) y de las que afecten directamente a la Defensa Nacional (artículo 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística), cuya suspensión está regida por preceptos específicos (el del artículo 9.2 del Reglamento), puedan la Administración del Estado o las entidades de Derecho Público realizar sin licencia u orden de ejecución municipal actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo.
En este sentido se ha pronunciado la sentencia del Tribunal Supremo (entonces Sala 4ª) de 30 de julio de 1986 (RJ 1986, 7052), reiterando similar doctrina contenida en las en ella citadas de 25 septiembre y 18 diciembre de 1981, 23 noviembre de 1983 (RJ 1983, 6086) y 30 marzo (RJ 1984, 2541) y 13 diciembre de 1984 (RJ 1984, 6694).
Si tal es la legalidad que se impone a todas las obras que ejecuten las Administraciones Públicas, con mayor razón no cabrá sustraer de la exigibilidad de licencia a las que realicen los particulares, cual la concesionaria recurrente, por más que operen sobre el dominio público del Estado.
CUARTO Siendo la expuesta la normativa general de aplicación al caso enjuiciado, tampoco puede entenderse excepcionada la precisión de la previa licencia por las específicas disposiciones de la legislación sectorial sobre carreteras del Estado hasta el punto de encontrarse en ésta, como hace la sentencia en discordia, la cobertura legal de su inexigibilidad.
En efecto, al disponer el artículo 12 de la vigente Ley de Carreteras (Ley 25/1998, de 29 de julio [RCL 1988, 1655, 2268]) que «Las obras de construcción, reparación o conservación de carreteras estatales por constituir obras públicas de interés general no están sometidas a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1, b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local», precepto que textualmente se reproduce en el artículo 42.1 de su Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994, 2 de septiembre [RCL 1994, 2641]), excepciona ciertamente de la necesidad de licencia municipal a aquellos actos, los de construcción, de reparación o de conservación de las Carreteras del Estado, pero sólo a los de esta naturaleza y alcance, por lo que no cabe entender excluida también de la exigencia las obras complementarias y las sucesivas que puedan llevarse a cabo en una carretera ya construida. En este sentido, pero con referencia a puertos, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 enero 1997 (RJ 1997, 294).
Y tampoco se extrae tal inexigibilidad de licencia municipal de la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 42 del Reglamento General de Carreteras, por cuanto el mismo está referido estrictamente a las obras dichas de construcción, reparación o conservación de carreteras estatales que se realicen en ejecución del Plan de Carreteras del Estado, así como a «aquellas otras que se puedan acordar por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente por razones de urgencia o excepcional interés público». Disposición esta última que, por no tener apoyatura en norma con rango de Ley, resulta de dudosa legalidad, pero que en cualquier caso, tampoco amparara a las obras objeto del proceso en cuanto que no constan acordadas por el Ministerio de Fomento, sino simplemente autorizadas -como no podía ser menos- por la Dirección General correspondiente.
QUINTO Como consecuencia de cuanto queda expuesto los trabajos ejecutados en la Autopista A-68 estaban necesitados de la licencia municipal correspondiente, siendo ajustada a Derecho la orden de la Alcaldía decretando la paralización de las que se vienen efectuando sin dicha autorización.
El fallo a emitir, en consecuencia, debió haber sido el siguiente: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Autopista Vascoaragonesa, CESA contra decreto de paralización ordenado por la Alcaldía.
RJCA 20001809
Sentencia Tribunal Superior de Justicia Comunidad Foral de Navarra (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Unica), de 15 junio 2000
Recurso contencioso-administrativo núm. 1152/1997.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Pueyo Calleja.
ADMINISTRACION LOCAL: Competencias.COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Administración Local.SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Protección de la legalidad urbanística: suspensión de los efectos de licencia: órgano competente: Ayuntamiento: improcedencia: concedida por Concejo: competencia de Concejo.
El Tribunal Administrativo de Navarra dictó Resolución, en 21-3-1997, estimatoria parcialmente del recurso de alzada interpuesto contra Acuerdo del Ayuntamiento de Larraun sobre requerimiento de paralización de obras.El TSJ desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto.
En Pamplona, a quince de junio de dos mil.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los Ilustrísimos Señores Magistrados expresados, los autos del recurso contencioso-administrativo núm. 1152/1997 interpuesto contra la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra de fecha 21-3-1997 por el que se estima parcialmente el recurso de alzada núm. 877/1992 interpuesto por don Marcos E. Z. contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Larraun, sobre requerimiento de paralización de obras, en los que han sido partes como demandante el Ayuntamiento de Larraun, representado por el Procurador señor O. y defendido por el Abogado señor P., y como demandados la Comunidad Foral de Navarra representada y defendida por su Asesor Jurídico y don Marcos E. Z. representado por el Procurador señor E. y defendido por el Abogado señor G. M., venimos en resolver en base a los siguientes
PRIMERO Interpuesto el recurso contencioso-administrativo y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley de la Jurisdicción (RCL 1956, 1890 y NDL 18435), se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba suplicando se dictase sentencia estimatoria de sus pretensiones.
SEGUNDO El Abogado de la parte demandada contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dictase sentencia desestimatoria por la que se confirmase el acto recurrido.
TERCERO Por auto que consta en el procedimiento se acordó el recibimiento a prueba del recurso, con el resultado que consta en autos.
CUARTO Habiendo quedado el recurso pendiente de señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera así se verificó, como obra en autos, teniendo lugar el día 15-6-2000.
PRIMERO A través de este recurso contencioso-administrativo se impugna la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra de fecha 21-3-1997 por el que se estima parcialmente el recurso de alzada núm. 877/1992 interpuesto por don Marcos E. Z. contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Larraun sobre requerimiento de paralización de obras.
SEGUNDO La demanda debe ser desestimada por las siguientes razones:
1.-El actor fundamenta su pretensión de nulidad de la resolución impugnada sobre la base de entender nula la licencia de obras concedida por el Concejo de Arruitz que ejecutaba el señor E., y cuyas obras ordenó paralizar el actor; pero olvida el actor que lo que se impugna es la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra de fecha 21-3-1997 por el que se estima parcialmente el recurso de alzada núm. 877/1992 interpuesto por don Marcos E. Z. contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Larraun de fecha 9-6-1992 sobre requerimiento de paralización de obras, y no la licencia de obras en cuya virtud se ejecutaban las obras que ordenó paralizar.
2.-El deslinde competencial entre municipios y concejos es materia propia de laLey Foral 6/1990 (RCL 1990, 1749 y LNA 1990, 158) de la Administración Local de Navarra; así se debe reseñar:
-respecto a las competencias de los municipios: establece el artículo 29 de la Ley Foral 6/1990 que los municipios de Navarra tienen las competencias, potestades y prerrogativas que la legislación general reconoce a todos los del Estado. Tendrán asimismo las competencias que, en materias que corresponden a Navarra, les atribuyan las leyes de la Comunidad Foral. Y el artículo 30 señala 1. El municipio puede delegar en los concejos, si éstos aceptan la delegación, la realización de obras o la prestación de servicios relativos a la competencia de aquél, cuando afecten a los intereses propios de tales concejos de forma que se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana. En ningún caso serán delegables a los concejos las competencias urbanísticas. Por lo tanto los Ayuntamientos de Navarra ejercen con total plenitud, y en los términos de la legislación estatal y autonómica correspondiente, idénticas competencias en materia de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística que los del resto del Estado Español (de conformidad al artículo 25.2 d de la Ley 7/1985: LBRL [RCL 1985, 799, 1372 y ApNDL 205]).
-respecto a los Concejos el artículo 39 de la citada Ley Foral establece que: 1. Corresponde a los órganos de gestión y administración de los concejos el ejercicio de las competencias relativas a las siguientes materias: c) El otorgamiento de licencias urbanísticas conforme al planeamiento, previo informe preceptivo y vinculante del Ayuntamiento.
Así debe concluirse que los municipios y los concejos son entidades locales distintas con personalidad jurídica propia (artículo 7 y artículo 37 de la Ley 6/1990 de la Administración Local de Navarra) que articulan sus relaciones utilizando técnicas de cooperación y colaboración, que les permitan obtener una mayor eficacia y rentabilidad en su gestión (artículo 59 de la citada Ley Foral).
3.-De lo anterior debe concluirse que mientras la competencia para otorgar la licencia corresponde a los Concejos, la competencia para ejercitar la disciplina urbanística (en que se debe incluir la paralización de obras) es competencia del Ayuntamiento.
Ahora bien en el presente caso se trata de la suspensión de los efectos de una licencia concedida por el Concejo y en este caso el competente (distinto sería el caso de ejecución de obras que carecen de licencia) para ordenar la suspensión de los efectos de la licencia es el propio órgano que la otorgó, a través del procedimiento legalmente previsto (en aquel entonces el recogido en el artículo 186 de laLey del Suelo [RCL 1976, 1192 y ApNDL 13889]) pudiendo, eso sí, el Ayuntamiento instar al Concejo la suspensión de los efectos de la licencia concedida a cuyo amparo se realizan las obras instando su paralización, y contra su resolución podría articular el Ayuntamiento los medios de impugnación legalmente previstos contra los actos administrativos.
Pero en este caso (de existencia de licencia concedida por el Concejo) no tiene el Ayuntamiento competencia para ordenar la paralización de las obras, máxime fundado en la nulidad de la licencia (que no ha sido declarada y que en este procedimiento no puede resolverse al respecto puesto que no se impugna aquí el acto de concesión o de revisión administrativa de la misma, sino la Resolución del TAN que anula el acto administrativo originario impugnado: la orden de paralización de las obras dictada por el Ayuntamiento) sin perjuicio de que el vicio alegado, si así lo considera conveniente el actor, pueda ser objeto de revisión, en su caso y conforme a Derecho, a través de los procedimientos legalmente establecidos (que no es evidentemente el de una orden de paralización de obras ejecutadas al amparo de una licencia concedida por otro órgano).
4.-Por ello debe concluirse que la Resolución del TAN es conforme a derecho cuando declara nulo el acto de paralización de obras dictado por el hoy actor por haberse dictado el acto por órgano manifiestamente incompetente.
TERCERO En consecuencia, y en base a los fundamentos expuestos, se debe desestimar el recurso contencioso-administrativo planteado, toda vez que el acto impugnado se estima ajustado a Derecho.
CUARTO Dados los términos del artículo 131 de la Ley Jurisdiccional (RCL 1956, 1890 y NDL 18435) no se aprecia temeridad ni mala fe, por lo que no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en este procedimiento.
En atención a los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho expuestos, en nombre de Su Majestad el Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo Español, nos confiere la Constitución (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875) y vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de especial y general aplicación al caso de autos
Que desestimando como desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Larraun representado por el Procurador señor O. y defendido por el Abogado señor P. contra la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra de fecha 21-3-1997 por el que se estima parcialmente el recurso de alzada núm. 877/1992 interpuesto por don Marcos E. Z. contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Larraun sobre requerimiento de paralización de obras, debemos declarar y declaramos la mencionada resolución ajustada a Derecho, y todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas.
Notifíquese esta resolución conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635 y ApNDL 8375), expresando que contra la misma no cabe recurso.
PUBLICACION.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Francisco Javier Pueyo Calleja en el día de su fecha, estando constituida la Sala en Audiencia Pública de lo que como Secretario de la misma doy fe.
RJCA 2000268
Sentencia Tribunal Superior de Justicia Comunidad Foral de Navarra núm. 3/2000 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Unica), de 13 enero
Recurso contencioso-administrativo núm. 919/1996.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Felipe Fresneda Plaza.
LICENCIAS MUNICIPALES: De obras: caducidad: procedimiento: doctrina jurisprudencial; improcedencia.SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Obras realizadas sin licencia o sin ajustarse a licencia: orden de suspensión y requerimiento de legalización: licencia otorgada: orden improcedente.
El Tribunal Administrativo de Navarra dictó Resolución, en 1-4-1996, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra anterior Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ayegui, de 6-9-1993, relativo a suspensión de obras, requerimiento de legalización e incoación de expediente sancionador.El TSJ estima el recurso contencioso-admninistrativo interpuesto y anula las resoluciones recurridas.
En Pamplona, a trece de enero de dos mil.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los Sres. Magistrados expresados, los autos del recurso número 919/1996, promovido contra la resolución de 1 de abril de 1996 del Tribunal Administrativo de Navarra por el que se desestimaba el recurso de alzada núm. 729/1994 interpuesto contra el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ayegui de fecha 6 de septiembre de 1993 contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 19 de enero de 1994, sobre suspensión de obras de cierre de la finca y requerimiento para derribo o solicitud de licencia de legalización, siendo en ello partes: como recurrente don Antonio S. A., representado y dirigido por el Letrado señor A. I.; y como demandado el Gobierno de Navarra, representado y dirigido por su Asesor Jurídico.
PRIMERO.-La representación procesal de la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo contra resolución expresada en el encabezamiento.
SEGUNDO.-Reclamado el expediente administrativo, de conformidad con el artículo 61 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 (RCL 19561890 y NDL 18435), y una vez que fue remitido éste, con lo que se tuvo por personada y parte a la Administración de los autos recurridos, se dio traslado a la parte recurrente para que formulara la demanda, lo que hizo en término legal, alegando, esencialmente la ilegalidad del acuerdo por el que se suspenden las obras de cierre del inmueble de su propiedad, por cuanto la suspensión acordada, al entender que la resolución municipal suspensiva, llevada a efecto por resolución municipal de 6 septiembre 1993, no se ajusta a Derecho, ya que existe licencia de vallado de fecha 13 octubre de 1984, cuya caducidad no había sido declarada por la Administración Municipal.
TERCERO.-La representación procesal de la parte demandada contestó a la demanda, alegando la legalidad del acuerdo recurrido, por los propios argumentos expresados por el Tribunal Administrativo de Navarra.
CUARTO.-Las partes solicitaron el recibimiento del juicio a prueba, habiéndose acordado de conformidad con lo solicitado, y practicado la que consta en las actuaciones.
QUINTO.-Se formuló por las partes el escrito de conclusiones prevenido en el artículo 78 de la LJCA.
PRIMERO.- Se plantea en el presente recurso jurisdiccional, la impugnación del acuerdo del Tribunal Administrativo de Navarra de fecha 1 de abril de 1996 por el que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto frente a resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ayegui de fecha 6 de septiembre de 1993, relativo a suspensión de obras de finca, requerimiento de legalización de obras, e inicio de expediente sancionador.
Como hechos más relevantes para la resolución del presente procedimiento se ha de aludir a los siguientes:
1º. En fecha 13 de octubre de 1984 fue concedida por resolución del Ayuntamiento de Ayegui licencia de vallado para cierre de inmueble al actor, conforme al proyecto que a tal efecto se presentó por dicho actor.
2º. Estando las obras en curso de ejecución, se requirió al demandado por resolución de 8 de julio de 1986 para que ajustara las obras al plano que al efecto se aporta por entender que las referidas obras se ubicaban sobre terreno de propiedad municipal.
3º. El actor ejercitó las pertinentes acciones ante la jurisdicción ordinaria en orden a obtener la declaración de que el inmueble es de su propiedad, culminando el procedimiento con sentencia del Juzgado de Estella de 15 de octubre de 1991 por la que se declara el inmueble sobre el que se realizaba la obra propiedad del recurrente.
4º. Tras la expresada sentencia recayó acuerdo por el que el recurrente cedía un terreno triangular y el Ayuntamiento construía el muro que había sido paralizado por la resolución municipal citada anteriormente.
5º. El actor en espacio distinto al que había sido objeto del procedimiento civil antes expresado procedió al cierre del inmueble ajustándose a la licencia obtenida con anterioridad en el año 1984.
6º. Es la realización del expresado cierre el que da lugar a la resolución del Ayuntamiento de fecha 6 de septiembre de 1993, suspendiendo las obras de vallado por entender que las mismas no se ajustan a las ordenanzas municipales.
SEGUNDO.- Se contrae así el presente procedimiento a determinar si las obras realizadas y paralizadas por la resolución recurrida de fecha 6 de septiembre de 1993, se pueden realizar con base en la licencia concedida en fecha 1984. Entiende el recurrente que tal licencia es la de 13 octubre de 1984, cuya caducidad no había sido declarada formalmente, o si, por el contrario como entiende la resolución recurrida tal licencia debe entenderse extinguida por el no uso o realización de la actividad constructiva que dicha licencia amparaba.
Sobre el particular el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de marzo de 1998 (RJ 19982470), que la caducidad de la licencia no opera por el simple transcurso del tiempo, requiriendo en todo caso una declaración formal de caducidad. En el mismo sentido la de 16 de abril de 1997 (RJ 19972782).
La caducidad de la licencia no opera nunca automáticamente, requiriéndose conforme al artículo 18.3 de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Ley 10/1994 ( RCL 19942526 y LNA 1994186), la previa audiencia al interesado, tal precepto dice así: 3. La caducidad de la licencia se declarará por la Administración competente para concederla, previa audiencia al interesado por período mínimo de quince días hábiles. La declaración determinará el archivo de las actuaciones y la extinción del derecho a edificar si se hubieran sobrepasado los plazos previstos.
En el presente caso, no se ha declarado formalmente la caducidad, por lo que no puede ampararse la suspensión de la obra en el contenido de las ordenanzas, de las que ni siquiera consta su fecha de aprobación, ni si ya regían al momento de otorgar la licencia inicial, en cuyo caso se debería proceder a la revisión de la resolución, por haberse vulnerado con su otorgamiento el ordenamiento urbanístico vigente, o en otro caso la modificación producida «ex post» no puede afectar a una resolución válidamente adoptada al momento de su otorgamiento.
Además, no ha de olvidarse que la paralización de las obras no es debida a la voluntad del titular de la licencia, sino a la de la Administración que procedió a suspender las obras, de forma que la conducta del particular se encuentra justificada y no tiene relevancia para que opere la caducidad.
Por todo ello procede la estimación de la demanda.
TERCERO.- En cuanto a las costas, no se aprecian los motivos del artículo 131.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 (RCL 19561890 y NDL 18435), aplicable al presente procedimiento conforme a la disposición transitoria 9ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio (RCL 19981741), en orden a su imposición a alguna de las partes.
Vistos los preceptos jurídicos de pertinente aplicación, en nombre de SM el Rey y por la autoridad que nos confiere el Pueblo Español.
Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por la representación procesal de la parte actora, contra el acuerdo del Tribunal Administrativo de Navarra de fecha 1 de abril de 1996 por el que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto frente a resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ayegui de fecha 6 de septiembre de 1993, relativo a suspensión de obras, por no ser ajustado a Derecho dicho acuerdo, todo ello sin imposición de costas a ninguna de las partes.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los autos, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Felipe Fresneda Plaza en el día de su fecha, estando constituida la Sala en Audiencia pública de lo que como Secretario de la misma, doy fe.
RJCA 20021174
Sentencia Tribunal Superior de Justicia Galicia núm. 1043/2002 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 12 septiembre
Recurso contencioso-administrativo núm. 5179/1998.
SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Intervención en la edificación y uso del suelo: protección de la legalidad urbanística: obras y usos realizados sin licencia o sin ajustarse a licencia: existencia: orden de paralización y requerimiento de legalización: improcedencia: obras no legalizables: obras consistentes en la parcial eliminación de la fachada, la modificación de volumen, pendiente y forma en relación con la cubierta y de aumento del fondo de edificación: existencia de contradicción con el plan especial de protección y ordenación del casco histórico: orden de demolición procedente.
El TSJ de Galicia estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Adela P. S. y otros contra Acuerdos de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Betanzos de 17-02-1998 y de 17-01-1995, sobre requerimiento de legalización urbanística de obras y sobre otorgamiento de licencia de obras para rehabilitación de edificio de viviendas.
En la ciudad de A Coruña, a doce de septiembre de dos mil dos.
En el proceso contencioso-administrativo que con el número 02/200005179/1998 pende de resolución de esta Sala, interpuesto por doña Adela P. S., en su propio nombre, en beneficio de la comunidad que integra con sus hermanos, don Alfredo y doña Pilar P. S. y con doña Carmen y doña Amelia G. P., representados y dirigidos por don Ricardo M. C., contra acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Betanzos, de 17-2-1998, sobre requerimiento a la Comunidad de Propietarios de la casa número … de la Plaza de la Constitución, para que en el plazo máximo de dos meses se proceda a la legalización urbanística de las obras realizadas en dicho inmueble, y también se dirige el recurso contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno del indicado Ayuntamiento, de 17 de enero de 1995, sobre otorgamiento de licencia de obras para rehabilitación de edificio de viviendas en el mencionado inmueble. Es parte como demandada el Ayuntamiento de Betanzos, representado y dirigido por don Daniel P. C. y actúa como coadyuvante don José Manuel S. F., representado por doña Montserrat B. T. y dirigido por don Antonio A. D. La cuantía del recurso es indeterminada.
TERCERO Conferido traslado de la demanda a la parte coadyuvante para contestación, por la procuradora doña Montserrat B. T. se presentó escrito de oposición con los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes y suplicó que se dictase sentencia desestimando el recurso.
CUARTO Finalizado el trámite de conclusiones conferido a las partes, se declaró concluso el debate escrito y se señaló para votación y fallo el día cinco de septiembre de 2002.
PRIMERO El presente recurso se dirige contra acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Betanzos, de 17-2-1998, sobre requerimiento a la Comunidad de Propietarios de la casa número … de la Plaza de la Constitución, para que en el plazo máximo de dos meses se proceda a la legalización urbanística de las obras realizadas en dicho inmueble, y también se dirige el recurso contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno del indicado Ayuntamiento, de 17 de enero de 1995, sobre otorgamiento de licencia de obras para rehabilitación de edificio de viviendas en el mencionado inmueble.
SEGUNDO No es posible acoger las alegaciones de inadmisibilidad planteadas, ya que no existe la constancia mínima exigible respecto a un conocimiento por la actora de la licencia, otorgada en fecha 17-1-1995, en grado suficiente para permitir la adecuada impugnación de la misma antes del examen del expediente administrativo que corresponde al presente recurso, conteniendo el escrito de interposición de este último la mención que permitía la cita incluida en el acuerdo de 17-2-1998 respecto a una licencia que se decía otorgada, acuerdo por cierto cuya fecha de notificación no consta, lo que impide ya el éxito de la alegación de inadmisibilidad formulada también respecto al mismo.
TERCERO La impugnación del acuerdo de 17-1-1995 se apoya exclusivamente por la actora en dos motivos, ninguno de los cuales puede prosperar. Así, contando Betanzos con un Plan Especial de protección y ordenación del casco histórico en la fecha de dicha resolución, no es exigible la previa autorización de la Administración autonómica sino que es de aplicación la obligación de «dación de cuenta» a tal Administración conforme a lo previsto en el artículo 47.2 Ley 8/1995, de 30 de octubre (RCL 1995, 3243 y LG 1995, 309), del Patrimonio Cultural de Galicia, cuyo incumplimiento puede originar efectos en cuanto a plazo de interposición de recursos pero no en cuanto a su validez. En cuanto a la intervención de Arquitecto Técnico, en la demanda parece denunciarse o referirse el exceso o desbordamiento competencial, no al estricto ámbito del proyecto que sirvió de base al otorgamiento de licencia, sino al relativo a las obras realmente realizadas sin acomodación a los términos de dicha licencia, aspecto que obviamente supera al ámbito de impugnación de esta última.
CUARTO El examen del expediente administrativo revela que el Arquitecto Técnico municipal informa el 21-5-1996 lo siguiente: «… la obra que se está realizando en el edificio núm. … de la Plaza de la Constitución no se ajusta de momento al Proyecto presentado, por las obras de demolición de fachadas, por el cambio de la estructura y por la ampliación realizada en su zona posterior, que aunque estéticamente puede quedar bien, contradice lo dispuesto en el Plan Especial de Protección y Ordenación del Casco Histórico por ser un edificio catalogado». El denominado «Asesor Jurídico de la Alcaldía» emite informes en fechas 5-6-1996 y 20-11-1996, en los que recuerda la necesidad de suspender las obras no acomodadas a licencia y abrir el oportuno expediente sancionador. Los elementos citados revelan como sorprendente la pasividad municipal en la adopción de la medida de suspensión obligada en el ejercicio de las competencias propias del Ayuntamiento, pero en todo caso se llegó finalmente al acuerdo recurrido de 17-2-1998, el cual se presenta como inadecuado, por insuficiente en la respuesta dada frente a lo que ofrece unas evidentes características como obra no sólo ilegal sino también ilegalizable. La prueba pericial practicada en autos confirma una importante divergencia de la obra realizada respecto a la autorizada con la licencia de 17 de enero de 1995, exceso que afecta nada más y nada menos que a las fachadas, tejado, altura y volumen; siendo indiscutidas las previsiones de ordenación urbanísticas aplicables al edificio de que aquí se trata, las obras de parcial eliminación de la fachada, de modificación de volumen, pendiente y forma en relación con la cubierta, y las de aumento del fondo de edificación, son claramente ilegalizables al no ajustarse a las limitaciones establecidas específicamente en aquellas previsiones, de manera que no es ajustado a Derecho el acuerdo de 17-2-1998 en el que se abre un plazo de legalización carente de todo sentido y razón ante la comentada evidencia del carácter no legalizable de las obras. La aquí codemandada tuvo en este recurso plena oportunidad de plantear las alegaciones que tuviera por conveniente, de manera que su derecho de defensa resultó respetado, sin que por la misma, ni por el Ayuntamiento, se haya puesto en duda, con una aportación mínimamente fundada, la comentada disconformidad de las obras, no sólo con la licencia, sino también con la normativa de aplicación, de manera que una actuación del Ayuntamiento debidamente ajustada a su obligación de servir con objetividad los intereses generales afectados en el ámbito de sus competencias, debió llevar a una respuesta favorable a la demolición de las obras realizadas en el inmueble aquí examinado, demolición dirigida a la acomodación de las obras a la licencia concedida, conforme a lo previsto en el artículo 175.3.c) Ley 1/1997, de 24 de marzo (RCL 1997, 1059 y LG 1997, 120), aspecto por tanto en el que procede la estimación del presente recurso.
QUINTO La solicitud de indemnización planteada por la parte actora debe ser formulada previamente en vía administrativa, para que tras el singularizado examen, en el adecuado expediente, de los diversos elementos que puedan confluir en la generación de unos daños, y del verdadero alcance, significado, naturaleza y características de estos últimos, se llegue a un pronunciamiento al respecto que a su vez podrá ser sometido a la revisión en vía jurisdiccional, sin que en esta última proceda adoptar ahora una decisión de fondo sobre una reclamación de indemnización no deducida previamente en debida forma en vía administrativa.
SEXTO No apreciándose motivos para hacer una especial condena en costas (artículo 131 de la Ley Jurisdiccional de 1956 [RCL 1956, 1890]).
Vistos los artículos citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.
Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Adela P. S., en su propio nombre, en beneficio de la comunidad que integra con sus hermanos, don Alfredo y doña Pilar P. S. y con doña Carmen y doña Amelia G. P. contra acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Betanzos, de 17-2-1998, sobre requerimiento a la Comunidad de Propietarios de la casa número … de la Plaza de la Constitución, para que en el plazo máximo de dos meses se proceda a la legalización urbanística de las obras realizadas en dicho inmueble, y contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno del indicado Ayuntamiento, de 17 de enero de 1995, sobre otorgamiento de licencia de obras para rehabilitación de edificio de viviendas en el mencionado inmueble, debemos anular y anulamos el mencionado acuerdo de 17-2-1998, y disponemos que las obras realizadas en el referido inmueble han de ser demolidas en lo necesario para ajustar la construcción a los términos de la licencia otorgada el 17 de enero de 1995; con desestimación del recurso en cuanto dirigido contra dicho acuerdo de 17 de enero de 1995; con declaración de inadmisibilidad de la solicitud de indemnización; sin hacer imposición de las costas.
Esta sentencia no es susceptible del recurso ordinario de casación del artículo 86 de la LJCA/1998 (RCL 1998, 1741).
PUBLICACION.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. José María Arrojo Martínez, al estar celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, en el día de su fecha, de lo que yo, Secretaria, certifico.
RJCA 2002834
Sentencia Tribunal Superior de Justicia Cataluña núm. 1076/2001 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 8 noviembre
Recurso contencioso-administrativo núm. 1701/1995.
Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco López Vázquez.
JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: Naturaleza revisora: alcance.RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: Objeto del recurso: pretensiones de las partes: desviación procesal: concepto: peticiones no formuladas previamente a la Administración correspondiente: función revisora de la jurisdicción.SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Obras realizados sin ajustarse a licencia: existencia: orden de paralización y requerimiento de legalización: legalización de obras: improcedencia: construcción contraria a Ordenanza municipal de Protección del Patrimonio Arquitectónico: aplicación: supuestos excepcionales: inexistencia: legalización improcedente; orden de demolición: improcedencia: obras legalizables: exceso de edificación: entidad insuficiente para conllevar demolición.
El Ayuntamiento de Caldes de Montbui (Gerona) dictó Resolución de fecha 14-09-1995, desestimatoria de dos denuncias efectuadas, relativas a un posible exceso de construcción sobre licencia concedida a don Juan M. F. para la edificación de una vivienda y local, cuyo proyecto modificado resultó aprobado en la indicada Resolución.El TSJ estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto recordando en todo caso que el recinto bajo cubierta debe quedar destinado única y exclusivamente al uso previsto en la licencia otorgada, anulando la Resolución municipal impugnada, ordenando la transformación de la cubierta de manera que pase a ser inclinada en su integridad.
En la ciudad de Barcelona, a ocho de noviembre del dos mil uno.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituida al efecto para la votación y Fallo, ha visto, en el nombre de Su Majestad el Rey, el recurso contencioso-administrativo seguido ante la misma con el número de referencia, promovido a instancia de don Joan C. C., representado por el Procurador de los Tribunales señor A. F. y defendido por el Letrado señor P. S. D., contra el Ayuntamiento de Caldes de Montbui, representado y defendido por la Letrado señora L. N. T., siendo parte coadyuvante don Juan M. F., representado por la Procuradora señora G. G. y defendido por el Letrado señor M. G., en relación con obras, siendo la cuantía del recurso indeterminada, y atendiendo a los siguientes.
PRIMERO Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso contencioso-administrativo, publicándose el pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y, recibido el expediente administrativo, le fue entregado para que dedujese escrito de demanda, donde, tras consignar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó de aplicación, solicitó se dictase sentencia estimatoria de las pretensiones en ella deducidas.
SEGUNDO Conferido traslado a la parte demandada, contestó la demanda, consignando los hechos y fundamentos de derecho que entendió aplicables, solicitando la desestimación de las pretensiones de la parte actora.
TERCERO Recibidos los autos a prueba, fueron practicadas las consideradas pertinentes de entre las propuestas, con el resultado que es de ver en autos, continuando el proceso sus trámites, hasta finalizar con el de conclusiones, donde las partes presentaron sucintas alegaciones en defensa de sus pretensiones respectivas, quedando el pleito concluso para sentencia y señalándose finalmente el momento de la votación y fallo, que tuvo lugar el día 5 de junio del 2001.
CUARTO Con suspensión del plazo para dictar sentencia y para mejor proveer, se acordó la práctica de determinada diligencia de prueba, de cuyo resultado se ha dado vista a las partes para alegaciones.
PRIMERO El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la impugnación de la desestimación, primero por silencio administrativo y luego en forma expresa, mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Caldes de Montbui de 14 de septiembre de 1995, de dos denuncias efectuadas por el actor el 7 de noviembre y 30 de diciembre de 1994, relativas a un posible exceso de construcción sobre la licencia concedida el 11 de abril de 1994 a don Juan M. F. para la edificación de una vivienda y local en la finca sita en calle Agulló, …, cuyo proyecto modificado resultó aprobado en la indicada resolución.
SEGUNDO Sin plantear cuestión formal de inadmisibilidad apunta la Administración demandada la existencia en la demanda de nuevos elementos o cuestiones no expuestos en sede administrativa, siendo así que el propio Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado, por todas en sus sentencias de 9 de octubre de 1999 (RJ 1999, 9798) y 24 de marzo del 2001 (RJ 2001, 4146), que ni esta jurisdicción contencioso-administrativa es meramente revisora, sino plena, como se recogía en las Exposición de Motivos de la Ley de 27 de agosto de 1956 (RCL 1956, 1890; NDL 18435) y se recoge en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998 (RCL 1998, 1741), ni es ineludible acreditar cumplidamente en la vía previa los hechos en que se apoya el ejercicio de una acción o la reclamación de un derecho. Pues lo que no cabe es alterar los hechos aducidos en la vía administrativa previa como base de la pretensión, en virtud del principio de la vinculación con los actos propios, pero la falta de aportación de pruebas en el procedimiento administrativo no impide solicitar en sede jurisdiccional todas las que sean conducentes para acreditar los hechos en que se funda la acción que se ejercita.
Y la misma sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1996 (RJ 1996, 8217), citada por la demandada, tras señalar que en función de la naturaleza revisora atribuida a la jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos administrativos (artículos 1 y 37 de la anterior Ley Jurisdiccional), está vedado a la misma el conocimiento de cuestiones no planteadas ni propuestas a la Administración, que en consecuencia no se ha pronunciado sobre ellas, recuerda que, tal y como tiene reiteradamente declarado la Sala, lo que no admite el proceso contencioso-administrativo es la desviación procesal producida al formularse en vía jurisdiccional cuestiones nuevas, sobre las que la Administración no tuvo ocasión de pronunciarse, al ser peticiones que no fueron objeto de las resoluciones administrativas impugnadas, permitiendo los artículos 43.1 y 69.1 de la anterior Ley Jurisdiccional nuevas alegaciones o motivos nuevos, por más que los mismos no pudiesen modificar, alterar o adicionar a las peticiones instadas en vía administrativa, otras nuevas en esta vía jurisdiccional no formuladas ni cuestionadas ante la Administración, ya que nuestra Ley Jurisdiccional admite la alteración de los fundamentos jurídicos aducidos ante aquélla, de modo que en el escrito de demanda, dejando incólume la cuestión suscitada ante esa vía previa, puedan integrarse razones y fundamentos diversos a los expuestos en el expediente administrativo antecedente de la litis, pese a que no quepa la producción de una discordancia objetiva entre lo pedido en vía administrativa y lo interesado en vía jurisdiccional.
Discordancia inapreciable en el caso cuando se trata en definitiva de determinar el ajuste a la legalidad de la licencia de legalización de obras otorgada por el Ayuntamiento en respuesta a las denuncias formuladas, cuestión única objeto de este recurso y a la que viene haciendo referencia el actor desde sus primeros escritos.
TERCERO En el fondo del asunto, sostiene la actora como objeción fundamental la existencia de una fachada litigiosa medianera entre la finca edificada y la de su propiedad, en la cual no se podrían abrir luces y vistas a ésta sin que previamente se hubiese acordado por los propietarios una comunidad de patios, con vulneración de lo prevenido en el artículo 26.7 de las normas urbanísticas del Plan Especial de protección del centro histórico, mientras que la planta bajo cubierta habría sido reformada, apareciendo una segunda terraza por encima de la prevista en planta segunda, retranqueada más de un metro respecto al fondo, pero colindante con una pared medianera lateral, con nueva infracción de la prohibición de establecer unilateralmente servidumbres de luces y vistas entre vecinos.
Frente a lo que se objeta por las otras partes el no tratarse de una fachada medianera a las que se refiere el indicado precepto, al separar ésta no dos edificaciones, sino dos patios interiores de manzana, sobre los que sí se pueden abrir luces y vistas, no teniendo cabida en la prohibición al tener la porción de finca vecina sobre la que se abre el patio y las aberturas bajo cubierta la condición de patio interior de manzana y coincidir la profundidad edificable con el límite de la propiedad, correspondiendo el concepto de fachada medianera a aquellas paredes en las que sea posible la edificación a ambos lados, lo que no es del caso.
Al respecto, sin que la cuestión pueda reducirse al ámbito civil, al venir específicamente regulada en normas de carácter urbanístico, y siendo de reiterar por ello sobre la jurisdicción de este Tribunal lo ya dicho en auto de 26 de marzo de 1999, de las periciales practicadas en el curso de este proceso se desprende que el patio correspondiente a la nueva edificación sólo se ha cerrado en planta baja, según la legalización, cuando en la licencia inicial debía cerrarse en todas sus plantas, en su cara coincidente con el límite de parcela, concordando el límite de la edificación con el linde entre las dos fincas, al ser la pared posterior de la edificación, a excepción de las que conforman el patio, contigua con el límite del patio vecino, lo que en principio atribuiría a tal pared el carácter de medianera a la vista del artículo 26.7 de las normas urbanísticas del Plan Especial de protección del centro histórico, que considera fachada medianera aquella pared situada en el límite entre dos propiedades de acuerdo con la servidumbre de adosamiento entre edificaciones, fachadas donde únicamente permite la apertura de patios de ventilación o iluminación del edificio cuando previamente se haya acordado por los dos propietarios vecinos la correspondiente comunidad de patios, que habrán de ser coincidentes.
Ello no obstante, a tenor de lo prevenido en el Plan General Municipal de Ordenación de Caldes de Montbui, aprobado definitivamente el 26 de octubre de 1983, los suelos de la finca litigiosa están calificados con la clave 11.a), identificada como «Casco antiguo de conservación del centro histórico», cuyo Plan Especial de Protección, de 6 de julio de 1992, indica en su plano de «Zonificación» que los suelos de la finca de que se trata están asignados a la clave 11.1, identificada como «Casco antiguo. Manzanas de casas», mientras que en su plano de «Determinaciones normativas», donde se recogen con mayor detalle las que tienen incidencia en la finca de que se trata dentro de la manzana en que se emplaza, se señala mediante una línea de trazos la profundidad edificable, de donde se desprende que ésta, y consiguientemente la que establece el espacio libre interior de manzana, coincide con la divisoria opuesta a la calle Corredossos de la finca con su vecina propiedad del actor, cuyo patio, en consecuencia, queda incluido dentro del espacio libre interior de manzana de acuerdo con el artículo 27.4 del indicado Plan Especial, cuando define éste como el espacio libre de edificación principal resultante de aplicar a la parcela las profundidades edificables que le correspondan, o el que resulta de la disposición actual de las edificaciones principales, estableciendo el segundo párrafo del 30.3b) que el espacio libre interior de manzana, que se obtiene de la aplicación de la profundidad edificable, no será edificable en ningún caso, ni en planta baja ni en sótano.
Resultando así inedificable el patio del actor, al comprenderse en el espacio libre interior de manzana, quedando por ello la divisoria de la finca de que se trata recayente al mismo incluida en el artículo 26.7 como «fachada posterior», por ser un tramo del perímetro de la edificación que da frente al espacio libre interior de manzana, de acuerdo con la definición de su segundo párrafo, donde se considera fachada posterior aquel tramo del perímetro de la edificación que da frente al espacio libre interior de manzana o de la parcela.
En consecuencia, tanto el patio de ventilación y luces de la parcela edificada, como las terrazas de la planta primera y bajo cubierta, así como la cubierta plana de la misma planta y la jardinera de la planta segunda, tienen la condición de patio de parcela abierto al patio de manzana y, por lo tanto, de patio mixto, no siendo preciso su cierre en toda su altura, al quedar vinculados a ese espacio libre de edificaciones del interior de la manzana en que se ubica el edificio, atendido el carácter de fachada posterior de la divisoria entre fincas.
CUARTO Por lo que toca al pretendido exceso de edificación sobre la altura reguladora máxima de 11 metros permitida por la normativa y a la existencia de un recinto en la planta segunda o bajo cubierta destinado a maquinaria del ascensor sin cumplir las medidas que fija la normativa para este tipo de maquinaria y el acceso a la misma por la escalera principal, sin que este último dato permita suponer que el indicado recinto vaya a ser objeto de un uso no autorizado por la normativa, que en todo caso deberá ser recordado en la parte dispositiva de esta resolución, atendida la misma inexistencia actual de las instalaciones y la colocación de un pavimento plástico imitando parquet de madera que alcanza toda la planta, de las periciales indicadas se deduce la existencia de una altura edificada de 11,10 metros, medida con cinta métrica con respecto al nivel de la planta baja, que coincide sensiblemente con el punto de aplicación de la altura reguladora, definida en el artículo 26.6.1 del indicado Plan Especial, que debe medirse, a tenor del artículo 75 y como efectivamente se ha hecho, verticalmente en el plano exterior de la fachada, hasta el alero de la cubierta, o hasta el plano superior de los elementos resistentes en el caso de terrado o cubierta plana, a partir de la cota de cada uno de los tramos en que haya sido necesario dividir la planta baja de acuerdo con el 50, e independientemente para cada uno, refiriéndose el artículo 50 a casos de pendiente de la rasante, en que se dividirá la planta baja en los tramos escalonados que sean necesarios para ajustarse. De donde se desprende que el punto de aplicación de la altura reguladora máxima se sitúa en el nivel de planta baja y el desnivel de la calle sólo afecta al posible desdoblamiento de dicho nivel en caso de superarse los límites establecidos en el 50.
De manera que, siendo factible la diferencia de altura de 11,50 metros detectada por el perito particular si se tiene en cuenta la pendiente de la calle a que da frente la fachada, se encuentra este Tribunal de acuerdo en todo caso, tanto en que debe concederse prioridad a la cota de 11 metros indicada como altura total en el plano sobre la leída con regla de escalas en una copia del plano de sección, sin indicación exacta del corte a que se refiere en los planos de las diversas plantas del edificio y con posibles deformaciones acumuladas, como en que la diferencia de 10 centímetros detectada en la indicada pericia] resulta insuficiente como para conllevar la reacción consistente en la demolición de tan exiguo exceso.
QUINTO Finalmente, denunciada la construcción de una cubierta mixta, parte plana y parte inclinada, cabe dar la razón en este punto al recurrente, visto que el artículo 9.e) de la Ordenanza Municipal de protección del patrimonio arquitectónico e histórico dice que «sólo excepcionalmente, previa justificación detallada de la correcta inserción en el entorno, se admitirán cubiertas planas». Y, sin que pueda a su tenor aceptarse que la bondad de la combinación de cubierta plana e inclinada pueda sencillamente quedar a criterio del técnico municipal, sobre la falsa afirmación de que no está prevista en un precepto que proscribe en todo caso la cubierta plana, es de ver como la cuestión relativa a su correcta inserción en el entorno queda tratada en el expediente administrativo en dos simples párrafos, uno contenido en la memoria justificativa del proyecto y otro contenido en el mismo acuerdo aquí objeto de impugnación, ninguno de los cuales, desde luego, contiene nada ni tan siquiera parecido a una justificación detallada de tal correcta inserción, ni de la cubierta mixta considerada en su conjunto ni, desde luego, de su parte plana, admisible sólo excepcionalmente, hasta el punto de que el segundo de los citados párrafos, acaso contemplando tal carencia, habla de que «en términos generales», el proyecto presentado se ajusta a la normativa urbanística vigente, habiendo llegado el Ayuntamiento demandado, por acuerdo de su Alcaldía de 3 de julio de 1997, a iniciar expediente de información previa para determinar la legalidad de la licencia de legalización en definitiva concedida. Sin que tal modalidad de cubierta mixta, de otra parte, pueda tampoco quedar justificada por la preexistencia de partes de cubierta planas en edificios de la misma manzana, incluso en el colindante por la calle Agulló, incluso frente a la escasa entidad de las porciones de tal naturaleza en el edificio de autos y pese a su atenuación con aleros cubiertos en pendiente que minimicen el posible impacto, cuando el tenor literal del precepto indicado, taxativo al respecto, no consta incumplido en los otros casos que se citan y, de haberlo sido, cabe recordar que el principio de igualdad ante la Ley, como hasta la saciedad ha declarado el Tribunal Constitucional, no puede transformarse en una exigencia de trato igual para todos fuera de la legalidad, pues el incumplimiento de ésta en algunos casos puede llevar a pronunciamientos de carácter anulatorio o sancionador, pero no puede amparar el incumplimiento de todos, ni dar cobertura al mismo bajo un supuesto e inexistente principio de igualdad fuera de la Ley.
SEXTO No se aprecia mala fe o temeridad en ninguno de los litigantes, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 131.1 de la anterior Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no existiendo así méritos para una condena en costas.
Vistos los preceptos leales citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos fundamentadores del recurso y la oposición.
Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre y representación de don Joan C. C. contra desestimación, primero por silencio administrativo y luego mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Caldes de Montbui de 14 de septiembre de 1995, de dos denuncias efectuadas por el actor el 7 de noviembre y 30 de diciembre de 1994, relativas a un posible exceso de construcción sobre la licencia concedida el 11 de abril de 1994 a don Juan M. F. para la edificación de una vivienda y local en la finca sita en calle Agulló, …, obras finalmente legalizadas en el indicado acuerdo. En su virtud, recordando en todo caso que el recinto bajo, cubierta debe quedar destinado única y exclusivamente al uso previsto en la licencia otorgada, anulamos el acuerdo municipal impugnado únicamente en cuanto legaliza o autoriza la construcción de una parte de cubierta plana en el edificio, ordenando la transformación de la cubierta de manera que pase a ser inclinada en su integridad. Sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciendo saber que la misma es únicamente susceptible de recurso de casación para la unificación de doctrina (autonómico), que deberá interponerse directamente ante esta misma Sala y Sección en el plazo de los treinta días siguientes al de su notificación, en los términos prevenidos en el artículo 99, en relación con el 97, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (RCL 1998, 1741).
Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.-Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, hallándose el Tribunal constituido en audiencia pública. Doy fe.
RJCA 20001022
Sentencia Tribunal Superior de Justicia Galicia núm. 42/2000 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2), de 3 febrero
Recurso contencioso-administrativo núm. 5467/1997.
SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Intervención en la edificación y uso del suelo: protección de la legalidad urbanística: obras y usos realizados sin licencia o sin ajustarse a licencia: existencia: orden de demolición: obras no legalizables: edificio fuera de ordenación: exceso de la licencia que había sido concedida con la práctica desaparición del edificio: construcción de nueva edificación contraria al planeamiento: incumplimiento de retranqueo a linderos: licencia para legalización improcedente: demolición procedente.
Don José P. E. interpuso recurso contencioso-administrativo contra Acuerdo del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra) por el que se concedió a don Santiago Enrique C. P. licencia para legalización de obras.El TSJ estima el recurso interpuesto y anula la Resolución impugnada por ser contraria a derecho, debiendo proceder la Administración a la demolición de las obras.
En la ciudad de A Coruña, a tres de febrero de dos mil.
En el proceso contencioso-administrativo que con el número 02/0005467/1997 pende de resolución de esta Sala, interpuesto por don José P. E., representado por la Procuradora doña María Angeles F. R. y dirigido por el Letrado don José A. M. G., contra Acuerdo del Ayuntamiento de Vigo, Gerencia de Urbanismo, de concesión de licencia el 15-4-1997 a don Santiago Enrique C. P. para obras en la Carretera de Canido. Es parte como demandada el Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra) representada y dirigida por el Letrado de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Vigo. La cuantía del recurso es indeterminada.
SEGUNDO Conferido traslado de la demanda a la representación de la Administración demandada para contestación, se presentó escrito de oposición con los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes y suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso.
TERCERO Finalizado el trámite de conclusiones conferido a las partes, se declaró concluso el debate escrito y se señaló para votación y fallo el día tres de febrero de 2000.
CUARTO En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto: Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. José Antonio Méndez Barrera.
PRIMERO Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo el Acuerdo de 15-4-1997 del Ayuntamiento de Vigo por el que se concedió a don Santiago Enrique C. P. licencia para la legalización de obras realizadas en el núm. … de la Calle Canido.
SEGUNDO La licencia que aquí se impugna fue precedida de un Acuerdo de 12-8-1996 por el que se requería a don Santiago C. P. para que solicitase licencia de legalización de las obras realizadas en el núm. … de la calle Canido. Este acuerdo fue anulado por la sentencia dictada por esta Sala en el recurso núm. 6336/1996, y es obvio que esa declaración de nulidad determina la decisión que aquí tiene que ser adoptada.
TERCERO En el tercero de los fundamentos de derecho de la sentencia a la que acaba de hacerse referencia se dice literalmente lo que sigue: «La comparación de lo que reflejan las fotografías unidas a las actas notariales de 5 y 25 de mayo de 1996 que obran en el expediente deja bien claro que el señor C. P. procedió a la demolición casi íntegra del edificio que existía con anterioridad, del que sólo quedó en pie el muro posterior de cierre de la parcela y parte del lateral derecho. Ante las alegaciones del citado sobre que las obras llevadas a cabo estaban amparadas en la licencia que le había sido concedida el 28-6-1996 para la reposición de la cubierta existente por otra con forjado de hormigón, manteniendo su pendiente, adecentamiento y mejora, de acuerdo con el proyecto realizado por el arquitecto técnico señor P. C. (folios 74 y siguientes del expediente), la arquitecta municipal emitió informe el 15-7-1996 (folios 87 a 89 del expediente) en el que, a la vista de dicho proyecto, literalmente consignó lo siguiente: “A tenor de lo anteriormente indicado no se dispone de licencia para demolición de cocina, almacén, de la totalidad de la solera, demolición de muros exteriores, construcción de una nueva cimentación, de pilares de hormigón, reconstrucción de la totalidad de la solera, muros de cerramiento, reconstrucción de cocina y almacén…”; y seguidamente añadió que de la antigua construcción se habían conservado unos 4 metros cuadrados de cerramiento de piedra en la fachada sur y la fachada este, por coincidir esta fachada con el cierre de propiedades de la parcela, y que por ello se podía decir que de la antigua construcción no se había conservado nada. La consecuencia de la actuación del señor C. P. al excederse de la autorización que entrañaba la licencia que le había sido concedida fue la práctica desaparición del edificio fuera de ordenación; y una vez producido este efecto resulta imposible hablar ya de las pequeñas reparaciones exigidas por la higiene, el ornato o la conservación, o de las parciales y circunstanciales de consolidación del inmueble, autorizables al amparo de lo establecido en los apartados 2 y 3 de los preceptos citados, por la obvia razón de que no había inmueble que reparar o consolidar. Al iniciarse la construcción de un nuevo edificio contrario al planeamiento por no cumplir las referidas exigencias de retranqueo a linderos, la única decisión conforme a derecho que podía adoptar la Administración demandada era la de acordar su demolición, pues constaba sobradamente que no era legalizable. El hecho de que se desplomase durante su construcción es absolutamente irrelevante, cualquiera que fuese la causa que lo determinase, pues nada se podía haber legalmente construido en el sitio en el que se hizo».
CUARTO Insiste la Administración demandada en que una interpretación ajustada a la realidad social y al principio de proporcionalidad hace autorizables, al amparo de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de los artículos 137 TRLS 1992 (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) y 60 TRLS 1976 (RCL 1976, 1192 y ApNDL 13889), obras como la que fue objeto de licencia. Esta argumentación parte de un dato que, como se dijo en la sentencia cuyo fundamento tercero se ha transcrito y por las razones que en él se expresan, resulta totalmente irrelevante, como es el desplome de la nueva edificación. Hace una referencia la Administración, a tenor de lo previsto en las palabras iniciales del apartado 2 del primero de los preceptos citados, a la Norma 3.2.4 de las Ordenanzas Generales del vigente Plan General de Vigo, pero no reproduce su contenido ni presenta copia de dicha norma. En el escrito de conclusiones del actor se reproduce esa norma, y según la transcripción de su contenido, que no ha sido negado por la Administración en el suyo, lo que dispone es que en los casos de situación fuera de ordenación por disconformidad con el Plan por desajuste de retranqueos no se autorizará la realización de obras de consolidación, aumento de volumen, ampliación, modificación o incremento de su valor de expropiación; y que podrán autorizarse todas aquellas «reparaciones necesarias que demande la higiene, seguridad, ornato, conservación y mejora de habitabilidad del inmueble», lo que supone un régimen casi idéntico al de los preceptos referidos de la Ley del Suelo. Por lo que se refiere a la STS de 6-10-1975 (RJ 1975, 4030), ante todo hay que señalar que se refiere al Plan General de 1970, en el que la sentencia del Tribunal Supremo declara que debe figurar la norma de que «los edificios construidos con anterioridad al Plan General, disconformes con el mismo pero ajustados a la normativa vigente cuando fueron autorizados, quedarán incorporados al mismo con su actual volumen, en tanto subsisten dichas construcciones». No se alega por el Ayuntamiento que una norma semejante exista en el Plan vigente, pero, aunque la hubiese, habría que tener en cuenta que la incorporación al nuevo planeamiento sería en tanto subsistiesen las construcciones, y no, por lo tanto, cuando voluntariamente se demoliesen, como es el caso. Además, se contempla el supuesto de edificios «ajustados a la normativa vigente cuando fueron autorizados», y no consta en el presente caso si el edificio demolido fue autorizado y si era conforme a la normativa que estaba en vigor cuando fue construido. Cabe resaltar, por último, aunque sea a título puramente anecdótico, que con el escrito de conclusiones de la Administración se presenta un llamado plano cartográfico de la zona de autos que no refleja la realidad, puesto que el edificio del señor C. P., que se designa como el de color azul, no estaba separado de la propiedad contigua, sino que el muro divisorio de las propiedades constituía su cerramiento por el Este, tal como reflejan las fotografías unidas a las actas notariales unidas a los autos. Por todo lo expuesto la concesión de la licencia impugnada ha de ser considerada contraria a derecho, por lo que el recurso tiene que ser estimado.
QUINTO Al igual que se hizo en el recurso núm. 6336/1996, y por las mismas razones, las costas del recurso han de ser impuestas a la Administración demandada al estimarse temeraria su oposición a las pretensiones de la demanda.
FALLAMOS: Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José P. E. contra el Acuerdo de 15-4-1997 del Ayuntamiento de Vigo por el que se concedió a don Santiago Enrique C. P. licencia para la legalización de obras realizadas en el núm. … de la Calle Canido, y anulamos dicho acto por ser contrario a derecho, por lo que la Administración deberá proceder a la demolición de las referidas obras. Se imponen a la Administración las costas del recurso.
Esta sentencia no es susceptible del recurso ordinario de casación del artículo 86 de la LJCA de 1998 (RCL 1998, 1741).
RJCA 2005361
Sentencia Tribunal Superior de Justicia las Islas Canarias, Las Palmas, núm. 258/2005 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 3 mayo
Recurso contencioso-administrativo núm. 2483/2003.
Ponente: Ilmo. Sr. D. César José García Otero.
SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Planes de ordenación: impugnación indirecta: improcedencia: normativa en tramitación; Requerimiento de legalización: improcedencia: legalización de camino: requisitos: acreditación fehaciente de la existencia de un camino de características idénticas a las del que se pretende legalizar: falta de.COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS: Suelo y ordenación urbana-urbanismo: suelo rústico de protección paisajística: otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones administrativas: requisitos: informe favorable del órgano competente: inexistencia: denegación procedente; Calificación territorial: denegación: en base a lo dispuesto por un plan especial de protección paisajística en tramitación: procedencia; evaluación básica de impacto ecológico: inexistencia: proyecto en área de sensibilidad ecológica.
La presidenta del Cabildo de Gran Canaria dictó Decreto de 21-09-2001 por el que denegó la calificación territorial solicitada por el recurrente.El TSJ desestima el recurso contencioso-administrativo y confirma el Decreto impugnado.
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a 3 de mayo de 2005.
Visto, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, el presente recurso núm. 2483/03, seguido por el procedimiento ordinario; en el que son partes: como recurrente, Dña. Concepción, representada por la Procuradora Dña. Mónica Soria Ranz y defendida por el Letrado D. Jerónimo del Toro Vega; y, como Administraciones codemandadas: el Cabildo de Gran Canaria, representado y defendido por el Letrada Dña. Inés Charlén Cabrera, y la Comunidad Autónoma de Canarias, representada y defendida por Letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias; versando sobre procedencia de Calificación Territorial.
PRIMERO Por Decreto de la Presidenta del Cabildo de Gran Canaria, de 21 de septiembre de 2001, se desestimó el recurso de reposición interpuesto por Dña. Concepción contra la resolución del Consejero del Área de Política Territorial, de 16 de julio de 2001, recaída en expediente CT 19.186/00, por el que se denegó la Calificación Territorial solicitada para «… la legalización de una pista de 150 metros de longitud, cuya anchura oscila entre los 2,5 y 3,00 metros y para la ejecución de una nueva de 180 metros de largo, localizada en el interior de una parcela de 5.277 metros cuadrados, situada en el lugar conocido como La Siberia, ubicado en el término municipal de San Mateo, solicitada por Doña Concepción».
SEGUNDO El Letrado D. Jerónimo del Toro Vega, en nombre y representación de Dña. Concepción, interpuso recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de esa clase contra dicha resolución, y contra las siguientes:
Decreto 7/1995, de 27 de enero ( LCAN 1995, 44) , por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación de la Isla de Gran Canaria.
Plan Especial de Protección Paisajística del Paisaje Protegido de las Cumbres, aprobado inicialmente por resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de 10 de octubre de 1997.
TERCERO El conocimiento del asunto recayó en el Juzgado de los Contencioso-Administrativo núm. Tres de los de Las Palmas de Gran Canaria, que lo admitió a trámite, y, en su momento, se formuló la correspondiente demanda en la que se pedía:
1º) Se anule el Decreto de la Presidenta del Cabildo de Gran Canaria que desestimó el recurso de reposición contra la denegación de la Calificación Territorial solicitada, por no ser conformes a derecho las disposiciones recurridas indirectamente que fueron aplicadas a la resolución recurrida (Decreto de aprobación definitiva del Plan Insular y resolución de aprobación inicial del Plan Especial de Protección Paisajística del Paisaje Protegido de Las Cumbres).
2º) Subsidiariamente, se anule dicho Decreto por considerar procedente la Declaración de Impacto Ecológico favorable al tratarse de una vía de comunicación que ya existía.
3º) Se reconozca el derecho de la actora a un camino o vía de comunicación adecuada para acceso a su vivienda sita en Montaña Las Rosas s/n-Cueva Grande-Las Lagunetas, en el término municipal de San Mateo, con las vías públicas de comunicación, así como a que aquella vía transcurra desde la propia vivienda a la vía pública por las parcelas de su propiedad núms. 447 y 448.
CUARTO Por su parte, la Letrada Dña. Inés Charlén Cabrera, en nombre y representación del Cabildo de Gran Canaria, se opuso al recurso y pidió su desestimación, mientras que los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, pidieron su inadmisión y, subsidiariamente, su desestimación.
QUINTO Finalizado el período probatorio, se planteó por el Juzgado su posible incompetencia objetiva para el conocimiento del asunto, abriéndose el correspondiente incidente, que dio lugar a la elevación de la correspondiente exposición y al auto de 7 de noviembre de 2003, que aceptó la competencia objetiva de esta Sala, ante la que se personaron los litigantes en tiempo y forma.
SEXTO Seguidamente, se dio traslado para conclusiones, que evacuaron todas las partes litigantes.
Fue ponente el Ilmo. Sr. D. César José García Otero, que expresa el parecer unánime de la Sala.
PRIMERO El objeto del recurso contencioso-administrativo es la pretensión de que se anule el Decreto de la Presidenta del Cabildo de Gran Canaria, de 21 de septiembre de 2001, que desestimó el recurso de reposición interpuesto por Dña. Concepción contra la resolución del Consejero del Área de Política Territorial, de 16 de julio de 2001, que denegó la Calificación Territorial solicitada para «… la legalización de una pista de 150 metros de longitud, cuya anchura oscila entre los 2,5 y 3,00 metros y para la ejecución de una nueva de 180 metros de largo, localizada en el interior de una parcela de 5.277 metros cuadrados, situada en el lugar conocido como La Siberia, ubicado en el término municipal de San Mateo, solicitada por Doña Concepción».
A tal fin, se impugna indirectamente el Decreto 7/1995, de 27 de enero ( LCAN 1995, 44) , de aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de la isla de Gran Canaria, así como la resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, de 10 de octubre de 1997, por que el se aprueba inicialmente el Plan Especial de Protección Paisajística Paisaje Protegido de Las Cumbres y se somete a información pública.
Precisamente, el primer apartado del suplico de la demanda se construye sobre la nulidad del Decreto que denegó la calificación Territorial por ser nula la normativa del PIO de Gran Canaria que se aplica, así como la resolución de aprobación inicial del Plan Especial de Protección Paisajística.
Como punto de partida, hay que tener en cuenta que el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria fue anulado por sentencias de esta Sala, entre otras, de 8 de enero de 1998 (RCA núm. 893/95), que dio lugar a recurso de casación que fue desestimado por el Tribunal Supremo por sentencia de 6 de mayo de 2002 (recurso de casación 4033/98) ( RJ 2002, 6908) , por lo que la declaración judicial de nulidad es firme y goza de cosa juzgada material y formal, si bien las consecuencias, en el examen de la legalidad de la procedencia de la Calificación Territorial, serán examinadas en los siguientes Fundamentos.
Y, en cuanto al Plan Especial, la impugnación indirecta es improcedente toda vez que no se trata de una disposición jurídica en vigor sino de un acto en el curso de la tramitación, lo que hace inviable el mecanismo de la impugnación indirecta prevista para normas jurídicas (o asimiladas) vigentes y no para las normas en tramitación, cuya impugnación, en su caso y, en relación a aquellos aspectos que conlleven su consideración como acto de trámite cualificado, solo puede ser de forma directa con los requisitos y plazos establecidos en la LJCA ( RCL 1998, 1741) .
En cualquier caso, en lo que se refiere el PIO y a la aprobación inicial del Plan Especial, al construirse su impugnación como indirecta no es posible declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo (tesis que plantea la Comunidad Autónoma de Canarias) pues la propia naturaleza de la impugnación indirecta supone que, en realidad, la nulidad de aquellas disposiciones se configura como un motivo para la nulidad del acto directamente recurrido.
SEGUNDO Con esta inicial puntualización, es obligado partir ahora del alcance de la solicitud de Calificación Territorial, pues uno de los argumentos de la actora es, precisamente, que solicitó la legalización de una pista que ya existía en la que se limitó a limpiar las zarzas, matorrales, etc., a cuyo fin trae a colación la Escritura Pública de compraventa previa aceptación y adjudicación de herencia, en el que se alude a solar que linda al norte o frente con camino que, según dice, partía de la vivienda y transcurría por las otras dos fincas adquiridas por ella y por las que, según sigue diciendo, disponía de una servidumbre de paso constituida en forma verbal, llegando hasta la carretera pública con el fin de permitir a los moradores el acceso a su vivienda.
Sin embargo, en la solicitud inicial de Calificación Territorial se refiere a «legalización de pista/construcción de pista» (folio 6).
En escrito separado, que acompaña a dicha solicitud, relata en uno de sus párrafos que: «Con el fin de que los materiales para la reparación de la casita pudieran ser transportados por una camioneta, se allanó un camino de paso teniendo especial cuidado en no dañar la poca vegetación que allí existe, ya que se trata de un terreno muy estéril (tanto es así que es conocido por los lugareños como el Lomo del Coco, por lo pelado de la vegetación), donde solo crece maleza y algunos codesos que muy pronto se secan al ser la composición del terreno tan escasamente fértil» (folio 11).
En cuanto a la descripción de las obras a ejecutar se dice:
«4. se pide la autorización para la construcción de una pista que comunique la casa vivienda con el camino vecinal.
5. La referida pista era necesaria para llevar hasta la casa vivienda los materiales necesarios para una reparación y lo que se hizo es allanar el terreno para que un vehículos los pudiera transportar. Ahora, al obtener toda la información de los técnicos de esa Agencia se solicita que, previa la preceptiva calificación territorial, se legalice la pista construida y se conceda la correspondiente autorización para que la referida pista transcurra por los terrenos de las parcelas núms. 447 y 448 (anteriormente mencionadas), compradas a los herederos de Dña. María del Pilar, y que tenga salida al camino vecinal (según se traza en el plano y puede observarse en las fotografías) ya que la casa está aislada y sin salida a ningún camino, y es verdaderamente una necesidad está comunicación, sobre todo en caso de emergencia o necesidad que se necesita un vehículo para transportar a la persona afectada.
6. Se trata de allanar el trazado de la pista por este terreno, no siendo necesario mucho movimiento de tierras, y siendo este de escaso impacto paisajístico y medioambiental» (folios 12 y ss).
En el Estudio Básico de Impacto Ecológico (folios 79 y ss. del exte) se refiere a la «realización de una pista de tierra 180 metros en una finca cercana a Las Siberias», y se describen como obras de construcción, acompañando fotografías del terrenos sin ningún tipo de camino (folios 79 y ss).
En la denuncia de Seprona se alude a «realizar una pista sin contar con autorización para ello».
Y en Observaciones se añade que «No se aprecian daños a la flora. Pista ejecutada dentro del ESP la Cumbres».
Por su parte, La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural en la resolución que acuerda la suspensión de las obras, concede un plazo de tres meses «para la legalización» con apercibimiento de imposición de multas coercitivas, alude a apertura de pista.
En el informe de los Agentes del Medio Ambiente de la C.A.C se alude a daños, por arranque, de las siguientes especies: codeso, escobón, morgallana y magarza.
La propia solicitante alude en un escrito dirigido al Cabildo, en justificación de las obras cuya autorización pretende, a que realizó un pista de 150 metros de longitud, con 2,50 o 3,00 metros de anchura y a la realización de una pista de 180 metros con la misma anchura.
Por tanto, el uso del suelo pretendido no consiste, tan solo en la limpieza de una pista o camino que ya existe, sino que alcanza, en 180 metros de longitud, a la construcción de un nuevo camino en una zona en la que no existe vía alguna, sin perjuicio de que en otros 150 metros lo solicitado es la legalización de lo ya construido.
TERCERO Así las cosas, la cuestión es si, con la legislación y planeamiento vigente era posible la autorización pretendida, teniendo en cuenta que el PIO de la Isla de Gran Canaria no es aplicable, dada la nulidad declarada, si bien la normativa urbanística del mismo (que aplicó el Cabildo) hubiera dejado zanjada la cuestión pues el artículo 80 prohibía en Espacios Naturales Protegidos la apertura de nuevos caminos, pistas u otras vías.
Ahora bien, la improcedencia de la Calificación Territorial no solo deriva del PIO, sino que también hay que tener en cuenta lo siguiente:
En cuanto al régimen de usos en suelo rústico, habrá que esta a la categoría del suelo en el que se sitúa la finca, que, según las Normas Subsidiarias de San Mateo, es suelo Rustico de Protección Paisajística. PP Ordenanza T1, cuyos usos permitidos son: agrícola, residencial ligado a la protección y cuidado del entorno, infraestructuras y servicios públicos, jardines, parques, y equipamiento público, siendo usos prohibidos todos los demás, por lo que, como luego veremos, no se incluye la apertura de pistas privadas entre los permitidos.
Se trata, además, de una finca que se localiza en el Espacio Natural denominado Paisaje Protegido Las Cumbres.
Por su parte, el TRLOTCyENC ( RCL 2000, 1230 y LCAN 2000, 90) , de inmediata aplicación en lo que se refiere al régimen de usos en suelo rústico, señala en su artículo 63 que «En el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural, así como en el suelo rústico de protección del entorno de Espacios Naturales Protegidos y de Itinerarios, solo serán posibles con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación ambiental y otras normas sectoriales, los usos y las actividades que sean compatibles con la finalidad de protección y los necesarios para la conservación y, en su caso, el disfrute público de sus valores».
Y en el apdo 6º de dicho artículo, añade que «En el suelo rústico incluido en Espacios Naturales Protegidos o en sus zonas periféricas de protección, el régimen de los usos tolerados será el especialmente establecido en sus instrumentos de ordenación, sin que en ellas puedan otorgarse autorizaciones, licencias o concesiones administrativas sin un informe emitido por el órgano al que corresponda su gestión y en caso de que este fuere negativo tendrá carácter vinculante».
Pues bien la aplicación de dicho precepto deja ya vacío de contenido el pleito pues el informe del Jefe del Servicio de Medio Ambiente de 21 de febrero de 2001 (folios 90 y 91), es desfavorable y concluye en uno de sus apartados «A la luz de los mapas del citado Plan (se refiere al Plan Especial de Protección Paisajística del Paisaje Protegido de Las Cumbre aprobado inicialmente) y conforme a su normativa de uso, constituye un uso prohibido “la apertura de nuevos caminos, pistas u otras vías de comunicación”». Y concluye que «Dado que la actuación está directa y explícitamente prohibida por la normativa que le es de aplicación, este Servicio entiende que no procede hacer Declaración de Impacto Ecológico…».
Por otra parte, no puede decirse que el Plan Especial en tramitación carezca de consecuencias jurídicas, pues es el propio TRLOTCyENC es el que establece estas consecuencia al catalogarlo como instrumento de ordenación de los recursos naturales [art. 14.2 y 21 c) TR] lo que supone la aplicación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo ( RCL 1989, 660) , de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, que es legislación básica estatal y en cuyo marco se aprobó; la Ley de Espacios Naturales de Canarias.
En efecto, como advierte la Exposición de Motivos de la Ley estatal «… El artículo 149.1.23 de nuestra Constitución ( RCL 1978, 2836) reserva al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente. La presente Ley encuentra asiento sobre dicho título competencial y contiene aquel conjunto de normas que el Estado considera básicas en la materia. A partir de esta definición, que tiene la virtud de superar el actual ordenamiento de origen fundamentalmente preconstitucional, las Comunidades Autónomas podrán desplegar las medidas de conservación de la naturaleza que estatutariamente les competan, en el marco de lo previsto por la presente Ley».
Precisamente, el artículo 7.1 de Ley 4/89, advierte que «Durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicho Plan».
Y añade en su apdo segundo que «Iniciado el procedimiento de aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y hasta que ésta se produzca no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de transformación de la realidad física y biológica, sin informe favorable de la Administración actuante. Este informe sólo podrá ser negativo cuando en el acto pretendido concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el número anterior».
Por tanto, la directa aplicación de la Ley a Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (categoría a la que equiparable el Plan Especial de Protección Paisajística en cuanto instrumento de ordenación de los recursos naturales) lleva también a entender ajustada a derecho la denegación de la Calificación Territorial en cuanto el Plan Especial prohíbe «la apertura de nuevos caminos, pistas u otras vías de comunicación», así como «la transformación o remodelación del trazado de las ya existentes», y la autorización para este uso del suelo supondría autorizar la transformación sensible de la realidad física y biológica con el efecto de hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicho Plan, que es lo que pretende evitar la normativa estatal básica en materia medioambiental. En otras palabras, la aprobación inicial produce «ex lege» consecuencias jurídicas que hubiera podido evitarse tan solo con su impugnación en su consideración de acto de trámite cualificado.
Desde otra perspectiva, y como antes ya apuntamos, tampoco de las Normas Subsidiarias se desprende que se trate de un uso permitido en cuanto una pista o camino privado (de acceso por fincas propias a una vivienda desde una vía pública) no se puede incluir entre obras de «infraestructura o servicios públicos, equipamiento público, jardines o parques, residencial ligado a la protección y vigilancia del entorno o agrícola». Es mas, la propia parte aquí actora reconoció que la finalidad del camino era el acceso a la vivienda que no es su domicilio habitual ni consta que esté ligada a actividad agrícola alguna.
CUARTO Otro argumento poderoso en orden a entender ajustada a derecho la denegación de la Calificación Territorial es que la denuncia y los informes técnicos (del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo y de la responsable de la Unidad de Suelo Rústico de la misma Institución) coinciden en que la finca se sitúa en un Área de Sensibilidad Ecológica, siendo el único documento en que se niega en el Estudio Básico de Impacto Ecológico.
En cualquier caso, partiendo de que no ha sido destruida las conclusiones de los informes técnicos de tratarse de un Área de Sensibilidad Ecológica, será de aplicación lo previsto el apartado tercero del artículo 27 del TR, conforme al cual: «Cuando el proyecto presentado, por su financiación, localización o actividad, esté sujeto a Evaluación de Impacto, conforme establezca la legislación específica, el contenido de la previa Declaración de Impacto se integrará en la Calificación Territorial».
No es necesario, a la vista de la redacción del precepto, ningún esfuerzo interpretativo para colegir o deducir que no es posible el otorgamiento de la Calificación Territorial, en cuanto acto que última para un concreto terreno el régimen urbanístico del suelo rústico, sin la previa Declaración de Impacto cuando se trate de un proyecto que deba quedar sometido a la correspondiente evaluación conforme a la legislación medioambiental, y al respecto el artículo 6.2 de la Ley de Prevención del Impacto Ecológico ( RCL 1990, 1926 y LCAN 1990, 112) somete a Evaluación Básica de Impacto Ecológico «Todo proyecto o actividad objeto de autorización administrativa que vaya a realizarse en Área de Sensibilidad Ecológica».
Se trata, por tanto, de un proyecto que queda sometido a la categoría de Evaluación básica de Impacto Ecológico, por razón del lugar (art. 6 de la Ley 11/90), que exige para esta categoría el Estudio Básico de Impacto Ecológico (art. 11), y que culmina con la Declaración de Impacto Ecológico que recoge el criterio del órgano ambiental competente a la vista del Estudio acompañado, correspondiendo a este órgano examinar la procedencia de la categoría de evaluación aplicada y emitir la correspondiente resolución favorable, desfavorable o condicionada (art. 17). Y en el caso, el órgano ambiental no ha emitido la correspondiente Declaración, lo que significa que otorgar la Calificación Territorial supondría vulnerar el art. 27.3 del TR que exige que la Declaración de Impacto se integre en la Calificación Territorial.-
Y, por último, añadir que es la parte que solicita la legalización la que tiene que acreditar fehacientemente que ese camino (en unos 150 metros) ya existía, a cuyo fin el testimonio de un pastor de la zona que llega a decir que «la maleza ha podido ocultar el camino en la época en la que no ha sido utilizado», no es suficiente para entender acreditado, no la existencia en su día de una especie de acceso privado a la casa (que es posible que hubiese existido), sino la existencia de un camino con las características del que se pretende legalizar (150 metros de largo y 2,50 o 3,00 metros de ancho). Al respecto, es quien realizó los trabajos, que califica de acondicionamiento, el que tiene que destruir la presunción de certeza de una denuncia en la que se alude a que, en realidad, se trata de la apertura de una nueva pista, frente a la cual la prueba testifical es insuficiente, sin olvidar que legalización y nueva construcción son inseparables en cuento se trata de una misma o única obra de camino o acceso.-
QUINTO Lo dicho es bastante para la desestimación del recurso contencioso-administrativo y para entender ajustada a derecho la resolución recurrida, si bien no se hace pronunciamiento sobre las costas del proceso al no apreciarse temeridad o mala fe procesal en la parte actora (art. 139.1 LJCA [ RCL 1998, 1741] ).
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Mónica Soria Ranz, en nombre y representación de Dña. Concepción, contra las resoluciones mencionadas en el Antecedente Primero, que declaramos conforme a derecho.
Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
RJCA 2004503
Sentencia Tribunal Superior de Justicia Cataluña núm. 192/2004 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 12 marzo
Recurso contencioso-administrativo núm. 782/2001.
Ponente: Ilmo. Sr. D. José Juanola Soler.
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA: Suelo y ordenación urbana-urbanismo: actos promovidos por Comunidad Autónoma: autorización por órgano autonómico de proyecto de energía eléctrica: requerimiento a entidad local de inicio de modificación de planeamiento: suspensión de obras por entidad local: improcedencia.
La Alcaldía del Ayuntamiento de Llagostera dictó Decreto, el 26-09-2001, por el que ordenó a entidad mercantil la suspensión inmediata de obras de ejecución de proyecto de línea eléctrica.El TSJ estima el recurso contencioso-administrativo y declara la nulidad del Decreto recurrido.
Barcelona, a doce de marzo del año dos mil cuatro.
Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el presente recurso Contencioso-Administrativo, seguido entre partes: como parte demandante, la Generalitat de Catalunya, representada por el Letrado/a de la Generalitat; y como parte demandada, el Ayuntamiento de Llagostera, representada Procurador/a D/Dª Ivo Ranera Cahis; sobre urbanismo-gestión.
PRIMERO El presente recurso Contencioso-Administrativo se ha interpuesto contra Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Llagostera de fecha 26.9.2001, por el que se resuelve:
«Ordenar a la compañía Enher-Fecsa, como medida preventiva, la suspensión inmediata de las obras de ejecución del proyecto de línea eléctrica a 110 Kv de la E.R. Juià a E.R. Castell d’Aro, en el término municipal de Llagostera, por existir contradicción entre los acuerdos adoptados por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya en fecha 25.9.2001 y los del Ayuntamiento (acuerdo del plenario de fecha 5.9.2001) y acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 25.9.2001».
SEGUNDO Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso Contencioso-Administrativo, y admitido a trámite y recibido el expediente administrativo le fue entregado y dedujo escrito de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictara Sentencia estimatoria de la demanda articulada.
TERCERO Conferido traslado a la parte demandada, ésta contestó la demanda, en la que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, solicitó la desestimación de las pretensiones de la parte actora.
CUARTO Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en autos. Se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas y, finalmente, se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 10-3-2004.
PRIMERO El presente recurso Contencioso-Administrativo tiene por objeto la pretensión actora de que se declare la nulidad del Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Llagostera de fecha 26.9.2001, por el que se resuelve:
«Ordenar a la compañía Enher-Fecsa, como medida preventiva, la suspensión inmediata de las obras de ejecución del proyecto de línea eléctrica a 110 Kv de la E.R. Juià a E.R. Castell d’Aro, en el término municipal de Llagostera, por existir contradicción entre los acuerdos adoptados por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya en fecha 25.9.2001 y los del Ayuntamiento (acuerdo del plenario de fecha 5.9.2001) y acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 25.9.2001». Todo ello al amparo del artículo 250.3 del Decret Legislatiu 1/1990 ( RCL 1990, 2759 ccaa y LCAT 1990, 266) , Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia de urbanismo.
SEGUNDO A) El Ayuntamiento demandado aduce la Sentencia de esta Sala y Sección núm. 546 de fecha 21.6.2001 ( JUR 2001, 286091) , en rollo de apelación 172/2000, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
« DESESTIMAMOS el presente recurso de apelación interpuesto por la representación de FECSA-Enher I, SA, contra auto del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Girona de fecha 11-10-2000, dictado en el recurso arriba expresado, en cuya parte dispositiva se acuerda ESTIMAR las alegaciones previas formuladas por el Ayuntamiento demandado y en consecuencia DECLARAR LA INADMISIBILIDAD del recurso Contencioso-Administrativo por haberse presentado el escrito de interposición fuera del plazo establecido».
Es patente que la Sentencia de este Tribunal confirma la apelada, la cual declara la inadmisibilidad del recurso Contencioso-Administrativo, por interposición extemporánea: No se ha entrado, pues, en el fondo del asunto. Por consiguiente no cabe alegar que el Decreto municipal de 30.6.2001, relativo a la restauración de la legalidad urbanística mediante la demolición de lo construido, se ha dictado «de conformidad» (o en ejecución) con la indicada Sentencia; por cuanto la Sentencia es declarativa de la mera inadmisibilidad del recurso Contencioso-Administrativo por extemporaneidad del mismo.
B) Ciertamente, la orden de demolición acordada por el Ayuntamiento demandado, de fecha 30.6.1999, tiene el carácter de válida y eficaz. No obstante, dicha compañía prosiguió las obras de construcción de la línea eléctrica. Además, el Ayuntamiento con fecha 25.9.2001 concedió una prórroga de 3 meses para que Fecsa Enher I SA ejecutaran las obras de demolición.
Pero lo decisivo es:
-Que la Conselleria d’Indústrica, Comerç i Turisme, el 26.7.2001 había requerido al Ayuntamiento demandado a los efectos del artículo 250.2 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12-7 ( RCL 1990, 2759 ccaa y LCAT 1990, 266) , Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia de urbanismo, esto es, para que en el plazo de un mes notificara la conformidad o disconformidad del proyecto de las obras de construcción de línea eléctrica a 110 Kv de la E.R. Juià a E.R. Castell d’Aro, con el planeamiento urbanístico municipal en vigor.
-Y que el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, el 25.9.2001, adoptó el siguiente Acuerdo:
«Primero.-Decidir la ejecución del proyecto de la línea eléctrica a 110 Kv de la E.R. Juià a E.R. Castell d’Aro, en el término municipal de Llagostera, de conformidada con lo establecido en el artículo 250.2 del Decret Legislatiu 1/1990, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia de urbanismo, por remisión del artículo 5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre ( RCL 1997, 2821) , del Sector Eléctrico, por haberse acreditado en el expediente tramitado por el Departemento de Industria, Comercio y Turismo, las razones de urgencia y excepcional interés público que concurren.
Segundo.-Ordenar al Ayuntamiento de Llagostera que inicie y efectúe la tramitación de la correspondiente modificación del Plan General del municipio o incorpore en la Revisión del planeamiento general en trámite, el trazado de la expresada línea según el proyecto indicado en el apartado anterior y otorgue a los terrenos la calificación adecuada a este uso».
Dicho Acuerdo fue notificado al Ayuntamiento el día 26.9.2001, y es teniéndolo a la vista que la Alcaldía del Ayuntamiento dicta el Decreto de igual fecha que es objeto del presente recurso Contencioso-Administrativo. En el cuerpo del mismo se expresa que el proyecto de la línea eléctrica de autos contradice el planeamiento urbanístico en vigor; y que además existe contradicción entre el arriba transcrito Acuerdo del Govern de la Generalitat de Catalunya y los acuerdos municipales de 5 y 25.9.2001, de ampliación del ámbito material de la revisión parcial de las Normas Subsidiarias del planeamiento, y de concesión de un plazo de tres meses para restaurar la realidad física alterada por la construcción de la línea eléctrica de autos, reponiendo los terrenos afectados a su estado anterior, respectivamente.
Y en el Decreto de la Alcaldía de 26.9.2001, se ordena la inmediata suspensión de las obras, como medida cautelar para asegurar la ejecución de la demolición ordenada, siendo esta orden de suspensión inmediata la que es objeto del presente proceso.
C) El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, el 25.9.2001, adoptó el Acuerdo más arriba transcrito. Dicho acuerdo del Consell Executiu culmina el trámite del procedimiento previsto en el artículo 250.2 del Decret Legislatiu 1/1990, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia de urbanismo. Conforme a este procedimiento, el Conseller d’ Industria, Comerç i Turisme, había requirido, con fecha 26.7.2001, al Ayuntamiento demandado a los efectos del expresado precepto, recabando la notificación de la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento urbanístico en vigor.
TERCERO Según el Ayuntamiento demandado, en el procedimiento del citado artículo 250.2 del texto refundido catalán ( RCL 1990, 2759 ccaa y LCAT 1990, 266) , no se prevé la ejecución de las obras hasta que se haya realizado y entrado en vigor la correspondiente modificación o revisión del planeamiento urbanístico: A su entender, la entrada en vigor de la modificación o revisión tiene que ser previa a la ejecución de las obras. Consecuentemente, sostiene que el Ayuntamiento puede suspender las obras hasta tanto no haya entrado en vigor dicha modificación o revisión del planeamiento.
Esta opinión no se ajusta a la interpretación de aquel precepto, ni a la de su antecedente en el texto refundido de 1976 ( RCL 1976, 1192) (artículo 180.2), ni a la del artículo 244.2 del Real Decreto Legislativo 1/1992 ( RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) , según reiterada jurisprudencia, por todas, Tribunal Supremo Sala 3ª, secc. 5ª, Sentencia de 6-3-2000 ( RJ 2000, 6133) , en recurso 48/1993, en la que se dice:
«El ya citado artículo 244.2 del TRLS/1992 -que no ha sido afectado de inconstitucionalidad en la STC 61/1997, de 20 de marzo ( RTC 1997, 61) – es una manifestación de la virtualidad de las circunstancias excepcionales que contempla para alterar las reglas generales en materia de competencia y procedimiento. En el sistema del artículo 244.2 la competencia municipal para el otorgamiento de la licencia se ve sustituida por la del Consejo de Ministros para decidir si procede ejecutar el proyecto. El procedimiento a seguir en estos casos no es el previsto para la obtención de la licencia, sino el que establece el mismo artículo 244.2; queda así clara la falta de necesidad de seguir la tramitación generalmente exigible, de suerte que, si se trataba de una construcción en suelo no urbanizable, no resultaba precisa la observancia del procedimiento previsto en los artículos 43.3 del TRLS/1976 y 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística ( RCL 1979, 319) . Si alguna duda hubiese a este respecto, piénsese que el artículo 244.2 habilita al Consejo de Ministros para ordenar la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento, como ha hecho en el presente caso, lo que puede afectar en su caso a la propia condición de suelo no urbanizable. No es necesaria la autorización de la Comunidad Autónoma que se defiende, por las mismas razones que, según hemos dicho, excluyen la exigencia del informe medio ambiental requerido genéricamente para suelo no urbanizable. Aunque los demandantes no invocan jurisprudencia de esta Sala al respecto, así se ha declarado en la sentencia ya citada de 18 de septiembre de 1990 ( RJ 1990, 8149) , a propósito del artículo 180.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976, equivalente al artículo 244.2 que ahora se examina. Queda confirmada por la Sala la doctrina de dicha sentencia respecto del artículo 244.2 del TRLS/1992, siendo también de relieve la doctrina de la STC 56/1986, de 13 de mayo ( RTC 1986, 56) , que trae a colación el Abogado del Estado, no resultando contradicha la doctrina expresada por la sentencia de esta Sala de 22 de enero de 1996 ( RJ 1996, 93) , atendiendo a la estricta razón de decidir de la misma».
Inclusive, pues, la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en sentencia 56/1986 de 13.5 ( RTC 1986, 56) , en la que se dice:
« CUARTO.-Téngase en cuenta, también, para fijar con más precisión las facultades que el Estado (y, en su caso, la Comunidad Autónoma), pueden asumir conforme el art. 180.2 LS, que tales facultades no pueden ser interpretadas como la posibilidad de realizar actos urbanísticos libremente y sin respetar el planeamiento previsto siempre que se den los presupuestos de urgencia y excepcional interés público, ni que la concurrencia de tales requisitos pueda ser estimada discrecionalmente por el Gobierno. Respecto al primer punto conviene recordar que el planeamiento urbanístico forma parte del ordenamiento jurídico al que están sujetos todos los poderes públicos (art. 9.1 CE [ RCL 1978, 2836] ).
El Estado tendrá que conformar en principio los actos que pretenda realizar al planeamiento existente. Sólo cuando esto no resulte posible y el excepcional interés público exija no sólo proceder por vía de urgencia que exime de solicitar previamente la licencia municipal, sino no respetar el planeamiento establecido, cabrá apartarse de éste y ordenar la iniciación del procedimiento de revisión o modificación del planeamiento previsto en el mismo art. 180.2.».
Cabe, pues, que la Generalitat de Catalunya se aparte del planeamiento urbanístico vigente, para proceder, por las razones expresadas, a la ejecución de las obras, sin necesidad de esperar a la modificación o revisión del planeamiento, si bien ordenando la iniciación del correspondiente procedimiento.
-Sentada esta doctrina, ya se ve que el acto municipal de suspensión cautelar de las obras carece de cobertura en la normativa de aplicación: Como queda dicho, el artículo 250.2 del Decret Legislatiu 1/1990 ( RCL 1990, 2759 ccaa y LCAT 1990, 266) , Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia de urbanismo, permite a la Administración actuante (estatal o autonómica), en el supuesto excepcional que regula, a apartarse del planeamiento y proceder a la ejecución de las obras, al tiempo que debe ordenar la iniciación del procedimiento de revisión o modificación del planeamiento.
El acuerdo del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, del 25.9.2001, se ajusta a dicho supuesto. El Ayuntamiento no puede, a la vista del mismo, paralizar su eficacia suspendiendo las obras cuya ejecución ordena. Al haberlo hecho así, ha infringido la norma del artículo 250.2 del Decret Legislatiu 1/1990, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia de urbanismo. Sin perjuicio de la impugnación del citado Acuerdo del Consell Executiu en vía jurisdiccional (impugnación que se tramita en esta misma Sección como recurso 778/2001, sin que conste que la ejecutividad del Acuerdo recurrido haya sido suspendida).
Pero, por otra parte, debe subrayarse que el Acuerdo de la Generalitat de Catalunya de 25.9.2001, habilita para la inmediata ejecución de las obras proyectadas a partir de su fecha, esto es, del 25.9.2001. Pero no antes de esta fecha. Siendo patente, en el presente caso, que las obras venían realizándose desde hacía tiempo a pesar de los actos municipales más arriba indicados.
CUARTO El Ayuntamiento se apoya en la norma del artículo 250.3 del Decret Legislatiu 1/1990 de 12-7 ( RCL 1990, 2759 ccaa y LCAT 1990, 266) , Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia de urbanismo, para fundamentar el Decreto de suspensión de obras aquí impugnado.
A lo que debe decirse que, en virtud de dicho precepto, puede el Ayuntamiento suspender las obras en el caso de que se pretendiese ejecutarlas «en ausencia o en contradicción con la notificación de conformidad con el planeamiento»: No es este el caso de autos, en el que ha mediado el requerimiento de la Generalitat de Catalunya al Ayuntamiento para que notificara la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, y en el que, la Generalitat de Catalunya ha decidido ejecutar las obras del proyecto de autos y al mismo tiempo ordenar la modificación o revisión del planeamiento urbanístico, todo ello dentro del procedimiento previsto en el artículo 250.2 del Decret Legislatiu 1/1990, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia de urbanismo.
-Por todo ello deberá prosperar la pretensión de nulidad del Decreto municipal impugnado, deducida en la demanda.
QUINTO No se aprecia mala fe o temeridad en los litigantes a los efectos de lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ( RCL 1990, 1741) .
ESTIMAMOS el presente recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación de la Generalitat de Catalunya contra Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Llagostera de fecha 26.9.2001, por el que se resuelve «Ordenar a la compañía Enher-Fecsa, como medida preventiva, la suspensión inmediata de las obras de ejecución del proyecto de línea eléctrica a 110 Kv de la E.R. Juià a E.R. Castell d’Aro, en el término municipal de Llagostera, por existir contradicción entre los acuerdos adoptados por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya en fecha 25.9.2001 y los del Ayuntamiento (acuerdo del plenario de fecha 5.9.2001) y acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 25.9.2001».; Decreto que DECLARAMOS NULO y sin efecto alguno.
RJ 20036032
Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 14 julio 2003
Recurso de Casación núm. 8213/2000.
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Manuel Sanz Bayón.
LICENCIAS MUNICIPALES: De obras: actos no sujetos: embalse: gran obra hidráulica.SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Protección de la legalidad urbanística: obras realizadas sin licencia: orden de suspensión: improcedencia.
La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó Sentencia, de 19-10-2000, estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las Resoluciones del Pleno del Ayuntamiento de Los Fayos, de 24-01-1997, que acordó la suspensión o paralización de determinadas obras de construcción de embalse.El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores al margen anotados, el recurso de casación que con el núm. 8213/00 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de los Fayos contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el 19 de octubre de 2000, en el recurso núm. 236/97 (RJCA 2001, 150). Siendo parte recurrida, el Sr. Abogado del Estado en la representación que le es propia, y la representación procesal de Construcciones Laín S.A. y otros.
PRIMERO La sentencia recurrida, contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: «FALLAMOS: Desestimamos los recursos contencioso administrativos acumulados números 236 y 258 del año 1997, interpuesto respectivamente, por “Construcciones Lain, S.A.”, Sociedad General de Obras y Construcciones Obrascon, S.A., Idecon, Unión Temporal de empresas (Uteval) y por la Administración del Estado, contra el Acuerdo referido en el encabezamiento de la presente sentencia. No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a las costas».
SEGUNDO Notificada la anterior sentencia la parte recurrente presentó escrito ante el Tribunal de Instancia preparando el recurso de casación contra la misma. Por Providencia la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, admitiéndolo y emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.
TERCERO Recibidas las actuaciones, ante este Tribunal la parte recurrente, se personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en que se ampara, solicitando que, dicte sentencia por la que se declare haber lugar al recurso de casación interpuesto, por los motivos expuestos en el recurso, todos ellos amparados en el numero 1 Letra d) del artículo 88 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa (RCL 1998, 1741), casando y anulando la sentencia recurrida, y pronunciando otra más ajustada a derecho conforme a los razonamientos y a los pedimentos que se formulan en el siempre mencionado recurso de casación, en la forma y modo que en los motivos se dejan señalados, con los pronunciamientos que correspondan conforme a derecho, y todo ello con expresa imposición de las costas del presente recurso a la contraparte si se opusiera al mismo.
QUINTO Por la parte recurrida se presenta el escrito de oposición al recurso interpuesto, en el que tras impugnar los motivos del recurso de casación en virtud de las razones que estimó procedentes, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia de acuerdo en todo con sus pedimentos.
SEXTO Conclusas las actuaciones, para votación y fallo se señaló la audiencia el día NUEVE DE julio DE DOS MIL TRES, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
PRIMERO La Sentencia, ahora impugnada en casación, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 19 de octubre de 2000 (RJCA 2001, 150), dictada en los recursos acumulados 236/97 y 258/97, estimó el recurso interpuesto contra la resolución del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Los Fayos de 24 de enero de 1997, que acordaba la suspensión o paralización de las obras de construcción del embalse del Val, que se venían ejecutando sobre Proyecto modificado núm. 1 del Proyecto de Regulación de los ríos Queiles y Val, término municipal de los Fayos.
La sentencia referida declaró en su Fallo la anulación de este acto municipal.
En la pieza separada de suspensión de este recurso, por auto de la Sala «a quo» de 26 de marzo de 1997, se decretó la suspensión del susodicho acto administrativo.
SEGUNDO La parte aquí recurrente, Ayuntamiento de Los Fayos, formula cuatro motivos de casación al amparo del artículo 88.1.d) de la vigente Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741), alegando en el primero la infracción del artículo 244 de la Ley del Suelo de 1992, y en el segundo la vulneración de este precepto y del 242 de la misma Ley así como, el artículo 4.1.c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512 2775 y RCL 1993, 246), mientras que en el tercero se aduce la infracción del artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de junio (RCL 1986, 2113) y el 28.1 del Real Decreto 1131/1998, finalizando su oposición en el motivo cuarto sobre la base de la infracción de los artículos ya antes citados 242 y 244 de la Ley del Suelo de 1992 (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485) y de los artículos 1, 7 y 9 del Reglamento de Disciplina Urbanística (RCL 1979, 319).
TERCERO Antes de entrar en el examen de los diversos motivos, conviene recordar la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo respecto de la necesidad de obtener licencia municipal de determinadas obras de gran trascendencia para la sociedad y de marcado interés público.
El principio general de la necesidad de obtener licencia de todas las obras a realizar en los respectivos términos municipales, ha sido matizada por el Tribunal Supremo, respecto de las grandes obras públicas de competencia estatal, que por su gran trascendencia para la sociedad, no pueden quedar pendientes de la voluntad municipal, y así, las Sentencias de este Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1982 (RJ 1982, 7774), 20 de febrero de 1984 (RJ 1984, 1078), 28 de mayo de 1986 (RJ 1986, 4471), 17 de julio de 1987 (RJ 1987, 7524), 28 de septiembre de 1990 (RJ 1990, 7297), 9 de febrero de 1996 (RJ 1996, 1416), 24 de abril de 1992, 10 de mayo de 1997 (RJ 1997, 4802), y 19 de febrero de 2000 (RJ 2000, 1647), vienen a distinguir entre ordenación urbanística y ordenación del territorio a nivel estatal, insistiendo tal doctrina, que el supuesto de excepción al principio general de sujeción a licencia municipal, ha de limitarse a aquellas obras en que efectivamente concurran las circunstancias indicadas, a diferencia de las obras de también carácter estatal, e interés publico, pero limitado a aspectos concretos de una determinada actividad, y sujetas al régimen del artículo 244.2 de la Ley del Suelo de 1992 (180.2 de la Ley del Suelo de 1976).
CUARTO En el presente supuesto estamos en presencia de las obras de construcción del embalse del Val, con regulación de los ríos Queiles y Val, garantizadoras de abastecimiento de los municipios de los Fayos, Tarazona, Novallas y las Mancomunidades de aguas del Moncayo y Cascante, Cintruenigo y Fitero, permitiéndose el riego de 12.855 ha. distribuidas en diversos municipios de Aragón y Navarra, tales como los Fayos, Torrellas, Novallas, Tarazona, Ablitas y Cascante.
La simple descripción del proyecto revela que estamos en presencia de una gran obra hidráulica, con beneficiosa repercusión en varios municipios y provincias, cuya envergadura excede notoriamente de los simples y concretos proyectos de obra sujetos al artículo 244 de la Ley del Suelo de 1992.
QUINTO Con arreglo a lo acabado de exponer, parece evidente que la sentencia impugnada no ha infringido el artículo 244 de la Ley del Suelo de 1992 (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485), porque la envergadura, trascendencia social, e interés público de la obra excede del ámbito contemplado en este precepto, no necesitando tal obra licencia municipal, ni en consecuencia, traslado del proyecto al Municipio recurrente, sin perjuicio claro está, de su facultad de solicitar a la entidad estatal, todos los datos y concreciones de la obra que estimara pertinentes, no menos que la posibilidad de verificar el proyecto a través del expediente de información pública del proyecto de modificación, aprobado definitivamente el 19 de julio de 1996.
No existiendo la obligación de solicitar licencia municipal ni remisión al Ayuntamiento del proyecto, procede desestimar este motivo.
SEXTO La misma suerte desestimatoria ha de correr el motivo segundo, en el que se viene a reiterar la infracción de los artículos 244 en relación con el 242 de la Ley del Suelo de 1992 (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485), siendo aquí preciso reiterar que estamos en presencia de una obra cuya magnitud y trascendencia supramunicipal, está exenta de la necesidad de obtener licencia municipal, sin que tampoco hayan de entenderse infringidos el artículo 4.1.c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512 2775 y RCL 1993, 246) y su exposición de motivos, que se limitan a contemplar genéricamente y facilitar las relaciones entre las diversas Administraciones, naturalmente cuando tal comunicación y facilitación de datos sea necesaria, como precisamente acontece en los supuestos del artículo 244 tantas veces citado y no aplicable aquí.
También se hace una somera alusión a que la sentencia no se pronuncia sobre la alegada obligación de remitir el proyecto de obra, lo que en principio implicaría un supuesto de incongruencia omisiva, alegable al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741), pero en todo caso ello es irrelevante, porque la sentencia, implícitamente, si da respuesta a esa cuestión al mantener en el fundamento tercero que la obra proyectada no se encuentra comprendida entre las previstas en el artículo 244.2 de la Ley del Suelo de 1992, que es donde se establece la obligación de remitir al Ayuntamiento el proyecto de obra.
SEPTIMO En el tercer motivo se aduce la infracción de preceptos atinentes al Estudio y evaluación del impacto ambiental y al de seguridad e higiene de las obras.
Tal cuestión constituye un tema nuevo planteado en casación, toda vez que esa temática ni está contemplada en el acto administrativo municipal de suspensión de las obras, ni en la interposición del recurso ante el Tribunal «a quo» ni en los escritos de demanda y contestación, donde queda fijado el objeto del recurso, ni por supuesto ha sido tratado en la sentencia.
El recurso de casación, en función de su naturaleza específica, tiene por única finalidad el control de la aplicación de interpretación del derecho realizado o debido realizar en la sentencia recurrida, el cual no puede extenderse a cuestiones nuevas no planteadas en el momento oportuno en los autos.
Ha de ser, por tanto, desestimado el motivo.
OCTAVO En el cuarto y último motivo se vuelve a reiterar la infracción del artículo 244.2 de la Ley del Suelo de 1992 (RCL 1992, 1468 y RCL 1993, 485), y de los artículos 1, 7 y 9 del Reglamento de Disciplina Urbanística (RCL 1979, 319), que no suponen sino una reiteración de lo ya expresado en relación a la no exigencia de licencia municipal ni de remisión del proyecto al Ayuntamiento, dada la naturaleza de la obra hidráulica a realizar, como ya hemos visto, conteniendo también el motivo una alusión genérica, a la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 (RCL 1985, 1981 y 2429), sin cita de precepto concreto, irrelevante a los efectos del motivo que ha de ser desestimado.
NOVENO A tenor de lo dispuesto en el artículo 139.2 y 3 de la vigente Ley Jurisdiccional (RCL 1998, 1741), las costas de esta casación se imponen a la parte recurrente, al haber sido desestimados los motivos opuestos, hasta una cuantía máxima de 1600 (mil seiscientos) euros en las minutas cada uno de los Letrados de las partes recurridas.
Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación legal del Ayuntamiento de Los Fayos contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 19 de octubre de 2000, dictada en el recurso 236/97 (RJCA 2001, 150), con imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente, hasta una cuantía máxima de 1.600 euros (mil seiscientos) en la minuta de cada uno de los Letrados de las dos partes recurridas.
Así por esta nuestra sentencia, firme, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que como secretario, certifico.
requerimiento de legalización sentencias	2010-02-12