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Timestamp: 2017-12-11 00:13:42
Document Index: 6293668

Matched Legal Cases: ['artículo 148', 'artículo 450', 'artículo 89', 'artículo 93', 'artículo 42', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 450', 'artículo 427', 'artículo 425', 'artículo 450', 'artículo 450', 'artículo 450']

Decisión de la Corte 1° de lo Contencioso Administrativo sobre el caso de los trabajadores petroleros : Efemérides Venezolanas
Decisión de la Corte 1° de lo Contencioso Administrativo sobre el caso de los trabajadores petroleros
(Jueves, 12 de Junio de 2003)
3.- Que en fecha 9 de julio de 2002, el referido Director remitió oficio No. 2002-0457 al Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), mediante el cual le notificaba la existencia del "Proyecto Sindical".
5.- Que en fecha 1º de agosto de 2002, la representación de la parte patronal consignó por ante la Dirección del Ministerio del Trabajo, un escrito en el cual alegó que los miembros de integrantes del sindicato, eran representantes del patrono, así como personal de dirección y de confianza, vulnerándose de esta forma "el principio de pureza" y que, en consecuencia, el Ministerio del Trabajo debía abstenerse de registrar o de otorgar el registro de la organización sindical.
6.- En fecha 2 de agosto de 2002, el Inspector del Trabajo para el Sector Público, dictó la providencia administrativa No. 2002-036, mediante la cual se abstuvo de registrar la organización sindical UNAPETROL, "por cuanto de acuerdo a las previsiones del artículo 148 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo no puede constituirse una organización sindical que pretende representar conjuntamente los intereses de trabajadores y empleados".
En tal sentido, señalaron que las Providencias Administrativas impugnadas adolecen del referido vicio por "(…) varias y graves interpretaciones de nuestro ordenamiento jurídico", así, indicaron que en la primera de estas, es decir, la del 9 de diciembre de 2002 el Inspector de Trabajo consideró que la inamovilidad de sus representados había vencido, a pesar de que esa misma Providencia le concedía por primera vez un plazo de treinta (30) día para que subsanase las supuesta omisiones o faltas observadas en la solicitud de registro de UNAPETROL, considerando que los noventa (90) días a que se refiere la última parte del artículo 450 de la Ley Orgánica del Trabajo debían computarse desde la solicitud inicial (3 de julio de 2002) a pesar de que la Ministra del Trabajo había declarado la nulidad de todo lo actuado, reponiendo la causa al estado de revisión de la solicitud de registro.
Señalaron que el referido vicio se configura al omitirse la disposición contenida en el artículo 89, numeral 3 de la Constitución "(…) cuando pretendió resolver una aparente antinomia, en forma contraria al espíritu del constituyente, esto es, de la forma más favorable al trabajador".
En tal sentido, añadieron que si se tomaba en cuenta que en el presente caso, nunca pudo haber transcurrido el lapso de los noventa (90) días, ya que es a partir del 17 de diciembre de 2002, cuando por primera vez se le otorgó a sus representados el plazo de treinta (30) días para subsanar la supuesta omisión o falta apreciada por el Inspector del Trabajo, por lo que - a su decir - era evidente que ese plazo de 90 días sólo comenzaba a transcurrir a partir del 17 de diciembre de 2002, ya que hasta esa fecha no existía pronunciamiento válido del Inspector del Trabajo, conforme lo dispuesto por la Ministra del Trabajo en la Resolución del 11 de noviembre de 2002.
Advirtieron en tal sentido, que los trabajadores no podían ser objeto de distinción, discriminación o injerencia alguna en el ejercicio del derecho a sindicación y que dicha garantía constitucional fue violada por el Inspector del Trabajo al pretender distinguir entre trabajadores de dirección, de confianza y ordinarios, para "(…) de forma arbitraria, pretender negar el registro de UNAPETROL".
5.- Alegaron que el Inspector de Trabajo incurrió en el vicio de desviación y exceso de poder, "(…) toda vez que tergiversó la inteligencia de las normas laborales invocadas como fundamento o base legal de las Providencias Administrativas cuestionadas, con el fin de dejar desprotegidos del fuero sindical de los promoventes y firmantes de UNAPETROL, y poder proceder a despedirlos sin causa justificada, en franca violación a la disposición contenida en el artículo 93 de la Constitución".
Consideraron evidente, que el Inspector del Trabajo se apartó del interés general que le imponen las normas que establecen la inamovilidad de los promoventes de las organizaciones sindicales, para atender a intereses de otra índole, a lo cual agregaron que "(…) por más razones que haya podido tener el gobierno nacional para defender la operatividad de la principal industria nacional, ello no puede pasar por alto los derechos fundamentales de nuestros representados, referidos precisamente al registro de una organización que tiene por finalidad defender sus intereses laborales".
En efecto, y con respecto al primero de los requisitos mencionados, indicaron que "(…) damos aquí por reproducidos todos los argumentos constitucionales que fueron expuestos en el Capítulo V del presente escrito, los cuales permiten evidenciar que la decisión tomada por el Inspector del Trabajo se ha realizado con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, lo que constituye una clara violación el derecho ala defensa y al debido proceso".
Así, añadieron que se ha visto cómo en un "supuesto Auto de apertura y ordenación de un procedimiento administrativo de registro de una organización sindical" se ha incluido una decisión con carácter de definitiva, que pretende desconocerle a sus representados el derecho fundamental a la inamovilidad laboral, sin antes haberles permitido exponer sus alegatos.
Igualmente ratificaron la medida cautelar de amparo constitucional, a los fines de que se suspendieran los efectos de los actos administrativos cuestionados "(…) o al menos la decisión que se refiere a la inexistencia o vencimiento del derecho a la inamovilidad de nuestros mandantes, mientras dure la tramitación del presente recurso de nulidad".
"(…) Para evitar mayores confusiones en lo relativo a la competencia de los órganos contencioso-administrativos para el conocimiento de las pretensiones que se esgrimieron frente a las actuaciones de las Inspectorías del Trabajo, considera esta Sala necesaria la precisión siguiente:
La competencia de los órganos jurisdiccionales, se insiste, debe siempre estar atribuida por norma legal expresa, y de allí que el conocimiento de todas las acciones contencioso-administrativas fundamentadas en la actuación de cualquier ente u órgano administrativo nacional distinto de los derivados del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (entre otros, institutos autónomos, universidades nacionales, entes corporativos, fundacionales y autoridades nacionales de inferior jerarquía, como es el caso concreto) compete a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia, cuando ésta proceda, a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia. En esta circunstancia ya ha insistido esta Sala en anteriores oportunidades, entre otras, en sentencia de 13-8-02 (Caso: Francisco Díaz Gutiérrez) (…)".
"Al estar vigente el citado artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, surge una excepción a la doctrina sobre la competencia en materia de amparo, contenida en este fallo, y es que los tribunales, incluyendo las Salas de este Supremo Tribunal que conozcan de procesos de nulidad de actos administrativos de efectos particulares, o contra negativas o abstenciones de la Administración, mediante recursos contencioso administrativos, podrán a su vez conocer de los amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre que el recurso de nulidad o por abstención de la Administración, no se funde en una infracción directa e inmediata de la Constitución, y siempre que la acción de amparo no se encuentre caduca (…)".
"(…) Es menester revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución de amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la Sala que debe analizarse en primer término, el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el perículum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación (…)".
A los fines de analizar la existencia del "fumus boni iuris", entendiendo éste como el examen que el juez debe hacer destinado a establecer la apariencia de ser jurídicamente viable la posición fáctica del recurrente, basta entonces con determinar la existencia de la presunción grave de violación de los derechos constitucionales denunciados como vulnerados, por la emisión del acto impugnado, cual es, en el presente caso, la declaratoria contenida en las providencias administrativas impugnadas en cuanto al vencimiento del lapso de inamovilidad de los trabajadores promoventes del sindicato UNAPETROL.
"(…) Los promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones".
En cuanto al mencionado derecho laboral, la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 450 prevé que desde la fecha de la notificación -formulada ante el inspector del trabajo- hasta la fecha de la inscripción, los trabajadores en número suficiente para constituir un sindicato, gozarán de inamovilidad, la cual durará desde la notificación, hasta diez días continuos después de la fecha en que se haga o se niegue el registro del sindicato.
Por otra parte, el artículo 427 del mismo texto legal establece que "Las observaciones que a la solicitud de registro de un sindicato pueda hacer el Inspector del Trabajo a los interesados de conformidad con el artículo 425 de esta Ley, no privarán a sus promoventes de la protección establecida en el artículo 450, mientras no haya vencido el término para subsanar las faltas y conste que los interesados no lo han hecho o se produzca la negativa definitiva de registro".
En el presente caso y en cuanto se refiere al derecho a la inamovilidad denunciado como conculcado, observa esta Corte que en la providencia administrativa de fecha 9 de diciembre de 2002, luego de ordenar a los promoventes proceder a subsanar las deficiencias detectadas -con fundamento en la resolución No 2560 de fecha 11 de noviembre de 2002, dictada por la Ministra del Trabajo, en la cual se ordenó la reposición del procedimiento administrativo iniciado a solicitud de los promoventes de UNAPETROL- se precisó lo siguiente:
"Se deja constancia que (sic), como quiera que la solicitud de registro del proyecto de sindicato fue realizada el día 03 de julio de 2002, el lapso de tres (3) meses a que se refiere el párrafo final del artículo 450 de la Ley Orgánica del Trabajo, justamente culminó en fecha 03 de octubre de 2002, de modo que, en esta última fecha también venció el período de inamovilidad de los trabajadores promoventes del referido proyecto de sindicato"
"Finalmente este Despacho ratifica el contenido de su auto de fecha 09 de diciembre pasado, en el sentido de que los empleados promoventes del sindicato, así como los empleados adherentes carecen en estos momentos de inamovilidad laboral, y cualquier otro que pretenda adherirse con posterioridad, por cuanto la solicitud de registro del proyecto de sindicato fue realizada el día 03 de julio de 2002, y de conformidad con lo estipulado en el párrafo final, del primer aparte del artículo 450 de la Ley Orgánica del Trabajo, el período de inamovilidad de tres (03) meses venció justamente en fecha tres (03) de octubre de 2002".
Del estudio de las actas que conforman el expediente de la causa, especialmente del texto de los autos administrativos impugnados, se constata que a juicio de la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Privado, la inamovilidad de los promotores culminó en fecha 3 de octubre de 2002, pues desde el 3 de julio de 2002 -fecha de la solicitud de registro- transcurrieron los tres meses de inamovilidad legalmente prevista.
Observa la Corte que cursa en autos (folio 80) fotocopia de la resolución No. 2560 de fecha 11 de noviembre de 2002, suscrita por la Ministra del Trabajo, en virtud de la cual ordenó la reposición del procedimiento administrativo al estado de que el Inspector del Trabajo formulara las observaciones a que hubiere lugar, respecto a la documentación consignada por los promoventes del proyecto sindical, reposición que -como lo indica el texto del acto en referencia- implica la nulidad del "acto resolutorio y los actos de trámite que se hubieren sustanciado a partir del vicio detectado", todo ello por cuanto la autoridad jerárquica determinó que el funcionario emisor del acto recurrido en sede administrativa -Dirección de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Privado- al omitir la notificación de los solicitantes acerca de las deficiencias constatadas en la solicitud de registro del sindicato, había conculcado el derecho a la defensa y al debido proceso.
Tales precisiones permiten a esta Corte establecer la presunción de que el tiempo transcurrido desde la solicitud de inscripción del sindicato, hasta la fecha de notificación de la primera de las resoluciones impugnadas -s/n de fecha 9 de diciembre de 2002, notificada el día 17 del mismo mes y año- fue efectivamente computado por la autoridad administrativa recurrida, contradiciendo presuntamente la reposición y nulidad de todo lo actuado, que fuere ordenada por la Ministra del Trabajo, por cuanto, el Inspector del Trabajo aparentemente dejó sin efecto la aludida inamovilidad, mientras corría el lapso de los 30 días para corregir las observaciones por él realizadas, dejando sin protección constitucional a los trabajadores.
En virtud de lo antes precisado, esta Corte encuentra que existe en autos suficientes medios de prueba para establecer la existencia de la presunción -desvirtuable en juicio- de violación de derecho a la inamovilidad laboral de los promotores y adherentes del sindicato UNAPETROL y, en consecuencia, a la determinación del fumus boni iuris .
La Vicepresidenta, ANA MARÍA RUGGERI COVA