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Timestamp: 2017-06-27 05:30:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 24', 'In dubio', 'In dubio', 'Artículo 2', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 2', 'artículo 9']

LA PRUEBA: PRECEDENTES VINCULANTES Menú
por Jorge Aguirre Montenegro LA PRUEBA: PRECEDENTES VINCULANTES
1.- La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional. 2.- La declaración incriminatoria de un coimputado es prueba insuficiente y no constituye por si misma actividad probatoria de cargo mínima para enervar la presunción de inocencia. 3.- La aptitud como prueba de cargo mínima de la declaración incriminatoria de un imputado se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado.
5.- La valoración de la existencia de corroboración del hecho concreto mínima ha de realizarse caso por caso. Por tanto, la STC 31/1981, de 28 de julio viene a complementar lo expresado en el citado Auto del TC y a fijar, por ende, los requisitos y presupuestos necesarios que
pueden resumirse en los siguientes: 1) En primer lugar, que se haya practicado una mínima actividad probatoria,
2) En segundo lugar, que en la práctica de la misma se hayan observado todas las garantías procesales (tanto las derivadas de la legislación ordinaria como las exigidas por el ordenamiento constitucional), 3) En tercer lugar, que tal actividad probatoria pueda estimarse de cargo y de la que, por tanto, quepa deducir la culpabilidad del sujeto, y; 4) Por último, que las pruebas se hayan practicado en el juicio oral (con excepción de los supuestos de prueba anticipada y de lectura de declaraciones sumariales llevadas al plenario con respeto de los principios de inmediación y contradicción). (21)
PRECEDENTES VINCULANTES QUE DEBERAN OBSERVAR LOS JUECES REFERENTES A LAS DECLARACIONES DE COIMPUTADOS Y TESTIGOS Son tres las circunstancias que han de valorar los magistrados al apreciar las declaraciones de los coimputados, testigos y agraviados. Las circunstancias se refieren a un carácter ontologico, valorativo y teleológico del proceder del coimputado en su declaración,la misma que deberá guardar criterios de razonabilidad y credibilidad. Estas son las circunstancias que deben valorar los magistrados: Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, que éstas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. Asimismo, se tendrá del cuidado de advertir si la finalidad de la declaración no sea, a su vez, exculpatoria de la propia responsabilidad. Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter periférico, que consolide su contenido incriminador. Asimismo, debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso. El cambio de versión del coimputado no necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de las declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada.
PRECEDENTES VINCULANTES QUE DEBERAN OBSERVAR LOS JUECES REFERENTES A LA DECLARACION DEL AGRAVIADO. Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aún cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones.Las garantías de certeza serían las siguientes: Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo anterior El pleno señala que los requisitos expuestos, deben apreciarse con el rigor que corresponde. Se trata, sin duda, de una cuestión valorativa que incumbe al órgano jurisdiccional. Corresponde al Juez o Sala Penal analizarlos ponderadamente, sin que se trate de reglas rígidas sin posibilidad de matizar o adaptar al caso concreto.
(2).- Ripol Carulla, Santiago. El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Español. 1ª Edición 2007. Este autor señala que desde que España se adhirió al Convenio Europeo de Derechos Humanos y aceptó la competencia de los órganos de garantía del Convenio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado 52 sentencias relativas a España: en 14 ocasiones el Tribunal de Estrasburgo ha dictado una sentencia constatando que no se había producido la vulneración de uno de los derechos incluidos en la Convención de Roma; en otras 33 ocasiones, en cambio, la sentencia condenaba a España, 3).-Díaz Pita, Maria Paula. Declaración inculpatoria del coimputado en el proceso penal y derecho de presunción de inocencia: examen de su tratamiento jurisprudencial en España en relación con la doctrina del TEDH. Editorial Aranzadi.España.2006
(4).-Rafecas, Daniel. “Procedimientos Policiales Fraguados: Un indicio de colapso moral en el sistema penal argentino”. Mimeo. (2002). Este autor señala que la sospecha policial, o la categoría amiga de “olfato policial”, han sido históricamente cuestionadas desde posiciones garantistas por fundar un derecho penal de autor —y no de acto—, avalar la vigencia de un estado de peligrosidad sin que exista delito, estar contra los principios fundamentales de un estado de derecho y habilitar numerosos casos de violencia policial. (5).-.Sobre el tema, véase la monografía del profesor Ángel Sánchez Legido: La reforma del mecanismo de protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Editorial Colex, 1995.El actual mecanismo jurisdiccional europeo de protección de derechos humanos no es desde luego perfecto ni el mejor de los imaginables, pero supuso un gran avance respecto del sistema anteriormente vigente desde el momento en que un órgano jurisdiccional internacional es el único competente para decidir si ha habido o no violación de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o en sus Protocolo adicionales de carácter normativo. (6).STC-3206-2004-HC. En el caso de una accionante que cuestiona la declaración en su contra de un arrepentido, el tribunal señala que las imputaciones contra la accionante no solamente se circunscriben al testimonio recogido en el Acta de Arrepentimiento suscrita por el arrepentido, con la participación del Ministerio Público. También pesan en su contra múltiples declaraciones testimoniales de sus coinculpados y testigos, así como actas de registro domiciliario donde se incautó material subversivo, actas de reconocimiento, actas de verificación, pericia grafotécnica y acta de incautación de documentos y municiones, diligencias en las que también participó el Ministerio Público, conforme se aprecia de las instrumentales detalladas en el Atestado Policial Ampliatorio Nº 088.DI-DINCOTE, de fecha el 28 de diciembre de 1998, corrientes en autos, de fojas 6 a 49. (7).-.STC-3206-2004-HC.
(8).- Linde, E; Ortega, L.I. y Sánchez Morón, M. “El sistema europeo de protección de los derechos humanos. Estudio de la Convención y de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Coordinador Eduardo García de Enterria, Editorial Civitas, Madrid, 1983, págs. 97 y 98. (9) Al respecto Carnelutti, decía: “el problema de la valoración de las pruebas, es sin duda, uno de los más graves del proceso. En el cincuenta por ciento de las veces, por no decir más, de ella depende la justicia de la decisión”. SENTÍS MELENDO, Santiago, “La Prueba”, ed. Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, 1985, pág. 22.
(10).- STC.10107-2005-HC.-Se ha señalado en anterior oportunidad (cf. STC 0618-2005-PHC/TC, FF.JJ. 21 y 22) que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tántum, implica que “(…) a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva”. De igual forma, se ha dicho (vid. STC 2915-2004-PHC/TC, FJ 12) que “la presunción de inocencia se mantiene ‘viva’ en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, como corolario del cauce investigatorio llevado a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla (…)”. (11).STC-0023-205-AI. -El derecho a que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad (artículo 2.24.e), constitución política del Perú. (12).- Díaz Pita, Maria Paula. “El coimputado”, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000.
(16).-Ignacio, Flores Prada. Valor Probatorio de las declaraciones de los coimputados. Tecnos. Editorial. S.A. Año de Edición: 1998, 1ª edición (17).- Así el indiciado, imputado o acusado no puede ser tratado como culpable hasta tanto no exista una decisión firme, ni está obligado a declarar, ni ser él, quien deba probar su inocencia. Como lo sintetiza el Tribunal Constitucional Español la presunción de inocencia es el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas. STC 111/1999, citada por Manuel Jaén Vallejo en: La Prueba en el proceso penal. Ad-Hoc. Buenos Aires. Marzo 2002. (18).- Chiesa, Ernesto. Tratado de Derecho Probatorio. Tomo I. Publicaciones JTS. P 208. El acusado que como producto de preacuerdos o alegaciones con la Fiscalía se compromete a declarar sobre unos hechos delictivos y luego se niega a declarar invocando el privilegio. Lo que procede es dejar sin efectos la alegación preacordada y procesarlo por el delito correspondiente, pero no obligarlo a testificar sopena de desacato.
(21).- La concurrencia de tales requisitos para entender enervado el derecho de presunción de inocencia es reclamada por la práctica totalidad de la doctrina española, pudiendo citarse, entre otros, a Albacar J.L. “El principio de libre apreciación de la prueba en la doctrina del Tribunal Constitucional”, en La Ley, 1981-1, nº 4, págs. 1086 y ss; García Carrero, M. “La apreciación de la prueba en conciencia en el proceso penal, y la protección constitucional de la presunción de inocencia”, en Poder Judicial, 1982, págs. 68 y ss:; Córdova Roda, J. “El derecho a la presunción de inocencia y la apreciación judicial de la prueba. Un estudio de dos Sentencias de los Tribunales Constitucional y Supremo”, en Revista Jurídica de Cataluña, 1982, págs. 22 y ss; Alamillo Canillas, F. “La presunción de inocencia y el recurso de casación penal”, en La Ley, 1983-1, págs. 1148 y ss; Fernández Entralgo, J. “Presunción de inocencia, libre apreciación de la prueba y motivación de las sentencias”, en Revista General de Derecho oct-nov, 1986, números 505-506, págs. 4280 y ss; Asencio Mellado, J.M. “La prueba. Garantías constitucionales derivadas del artículo 24.2”,en Poder Judicial, 1986, nº 4, págs. 35 y ss; Tomas y Valiente, F. “In dubio pro reo, libre apreciación de la prueba y presunción de inocencia”, en Revista española de Derecho Constitucional, 1987, nº 20, págs. 20 y ss; Mascarell Navarro, M.J. “La carga de la prueba y la presunción de inocencia”, en Justicia 1987, págs. 616 y ss; Vázquez Sotelo, J.L. “Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del Tribunal”,Barcelona, 1984, págs. 356 y ss; Vegas Torres, J. “Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal”, Madrid, 1993, págs. 47 y ss; Borrajo Iniesta, I. “Presunción de inocencia. Investigación y prueba”, en AA.VV. “La prueba en el proceso penal”, Cuadernos de Derecho Judicial, CJPG, Madrid, 1996, págs. 15 y ss; Miranda Estrampes, M. “La mínima actividad probatoria en el proceso penal”, Barcelona 1997, págs. 176 y ss; Igartua Salaverria, J. (22).-Jaen Vallejo M. “La presunción de inocencia en la Jurisprudencia constitucional”, Editorial Akal, Madrid, 1987, pág. 23. (23).- En el mismo sentido, entre otros, Asencio Mellado, J.M. “La prueba. Garantías constitucionales…”, op. cit., pág. 39; Ruiz Vadillo, E. “Algunas breves consideraciones sobre los indicios, las presunciones y la motivación de las sentencias”, en Poder Judicial, 2ª época, nª3 sept. 1986, págs. 83 a 85; Tomas y Valiente, F. “«In dubio pro reo»…”, op. cit., págs. 16 y 17; Jaen Vallejo, M. “El criterio racional en la apreciación de la prueba penal”, en Revista de Derecho procesal, 1989, nº 1, págs. 73 y ss; García Sánchez, J.F. y Sanz Llorente, F.J. “Génesis y formación fe la sentencia. Su forma y estructura interna”, en Poder Judicial, 2ª época, nº 32, dic. 1993, págs. 73 y ss; Miranda Estrampes, M. op. cit., págs. 164 y ss. (24).- Art. 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
(25).- C.G.Hempel, Filosofía de la ciencia natural. Trad.de A. Deaño, Alianza Editorial, Madrid, 1973. p.93. Acoger metodológicamente el carácter de inferencia inductiva de la averiguación de los hechos supone a la vez asumir algo que, no obstante su aparente obviedad, tiene una relevancia que no debe desconocerse. Me refiero al dato de que con ello se sitúa reflexivamente el quehacer cognoscitivo del juez respecto de los hechos en el ámbito de las explicaciones probabilísticas, que son las que permiten afirmar algo, pero solo, y si la derivación es correcta, «con un alto grado de probabilidad, y quizá con “certeza práctica (26).- Artículo 2.24.e), Constitución Política del Perú
(28).- TOMÉ GARCÍA, José Antonio, Derecho Procesal Penal (con De la Oliva Santos, Aragoneses Martínez, Hinojosa Segovia y Muerza Esparza), colección Ceura, ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1999, p. 499. Como afirma TOMÉ GARCÍA, no debe confundirse el principio in dubio pro reo, con la presunción de inocencia. El principio in dubio pro reo, pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria y se aplica cuando, habiendo prueba, existe una duda racional sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate. Mientras que el derecho a la presunción de inocencia, desenvuelve su eficacia cuando existe falta absoluta de pruebas, o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales. (29).- El artículo 2.º, inciso 24, de la Constitución establece que “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.
(30).- (cf. STC 0618-2005-PHC/TC, FF.JJ. 21 y 22), (31).- (vid. STC 2915-2004-PHC/TC, FJ 12) (32).- STC-0351-2000-AAComo se ha señalado en la STC N.° 2940-2002-HC/TC “El derecho al debido proceso dota, a quien es parte del mismo, de una serie de garantías esenciales durante su inicio, tramitación y conclusión. Estos derechos esenciales, sin ser taxativos, son los siguientes: de defensa, publicidad del proceso, a ser asistido y defendido por abogado, derecho a impugnar, derecho a la prueba, derecho a una justicia sin dilaciones indebidas y derecho a un juez imparcial.” Partiendo de dicha afirmación, se puede establecer como premisa que, en aquellos supuestos en los que no se respete alguno de los derechos indicados u otros, que también formen parte del debido proceso, nos encontraremos ante un proceso claramente irregular, desde su vertiente formal, frente al cual será posible acudir al órgano jurisdiccional en busca de tutela constitucional.
(33).- Conf. Hassemer Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, pág. 198, Ed. Bosch, año 1984. (34).-Calvo Suárez Diego Germán. Presunción de inocencia. http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/. Es el principio Omus Probando, por el cual, por el carácter público y el interés común que detenta el derecho penal, es al Estado sobre quien recae la carga probatoria tendiente a demostrar la responsabilidad penal y su correspondiente reproche de culpabilidad que le cabe al imputado; este no tiene la obligación de probar su inocencia, dado que goza de una situación jurídica que no necesita ser construída, sino todo lo contrario, ella debe ser destruída para que la presunción de inocencia se desvanezca. (35).- (cf. STC 0618-2005-PHC7TC, FJ 22) (36).- STC-2496-2005-HC.El artículo 9.º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. De cuyo contenido se infiere que la detención preventiva constituye una de las formas constitucionales de garantizar que el procesado comparezca a las diligencias judiciales. (37).-Palma Encalada, Leny. El Debido Proceso Sustantivo como instrumento para asegurar una sentencia justa. http://www.derechoycambiosocial.com/revista004/proceso.htm. En efecto, el debido proceso sustantivo implica una garantía de ciertos contenidos de justicia en la decisión judicial, administrativa u otra similar, aplicando la razonabilidad y proporcionalidad de las leyes en los casos sometidos a consideración. (38).-STC10107-2005HC. En cuanto a su contenido, se ha considerado que el derecho a la presunción de inocencia (cf. STC 0618-2005-PHC7TC, FJ 22) comprende: “(…) el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción”.
Dr. HECTOR MANUEL CENTENO BUENDIA Maestría en Ciencias Penales por la UPG-UNMSM Estancia en la Universidad del Externado- Bogota. Colombia. Ha sido Profesor Ayudante de cátedra en la UNMSM y PUCP-Profesor de Derecho Penal en la Universidad Privada San Juan Bautista.
Ha sido Profesor Asociado en la AMAG Conferencista en el Ministerio Público y Ministerio de Justicia. Conferencista en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Ex Abogado Consultor de la Procuraduría Publica Anticorrupción para los casos Fujimori Montesinos. Para cursos o conferencias en temas de derecho penal o procesal penal contactarse :
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