Source: http://www.soyperiodista.com/print/16824
Timestamp: 2014-04-18 13:13:11
Document Index: 4551134

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 14', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 150', 'artículo 154', 'artículo 41', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 228', 'artículo 55', 'artículo 39', 'artículo 56', 'artículo 122']

Paro judicial - Versión para imprimir | SOYPERIODISTA.COM
Comente el descontento de muchos hispanos en Estados Unidos > Recomendaciones | 9 Noviembre 2012 - 11:31am
Paro judicial Por: jwolpc | Soyperiodista.com
La nivelación salarial de la rama judicial, entre el rigor formal del derecho y la legitimidad del reclamo como derecho sustancial
El presente escrito, tiene como fin cuestionarlo a usted. ¿Es posible que el Estado colombiano funcione? ¿El derecho existe para evitar las vías de hecho?
¿Para qué enseñamos que las normas son para cumplirlas cuando las situaciones de hecho las sobrepasan? ¿Una ilegalidad debe ser resuelta con otra? Realmente nos encontramos en un Estado Social de Derecho. Si bien el Estado tiene como meta realizar sus fines sociales y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, no es menos cierto, que sigue siendo un Estado de Derecho, y en este sentido se impone acometer las tareas que le corresponden cumpliendo las leyes tal cual han sido expedidas, entre estas, la constitución.
El paro judicial que inicio en el mes de octubre de 2012, con la finalidad según entiendo de lograr la nivelación salarial “adjudicada” por la ley 4 de 1992. ¿Esta idea es jurídicamente viable?Miremos, la ley en comento dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.
Según entiendo, de lo dispuesto por la ley, era obligación del Gobierno revisar el sistema de remuneración de la Rama Judicial atendiendo criterios de equidad, orden prevista para ser realizada hasta el 1 de enero de 1993, por lo tanto, superada esta fecha, el Gobierno perdió la capacidad para realizar la “nivelación salarial” hoy pretendida.
Observemos que si usted tiene derecho a algo y esa garantía jurídica no se presenta, la regla general es que acuda al juez competente para hacerla exigible, por lo tanto, si usted no puede hacer uso de las acciones constitucionales y vigentes, no tiene un derecho que reclamar, a su turno, es necesario que la reclamación la presente en el tiempo adecuado, de lo contrario puede presentarse la prescripción o la caducidad, como fenómenos jurídicos que garantizan la seguridad jurídica, en este punto, es preciso recabar que la prescripción de los derechos laborales sucede dentro de los 3 años siguientes a su desconocimiento, si hacemos cuentas, de 1992 a hoy, ¿cuantos años han pasado?; me parece pertinente recordarles que la prescripción extraordinaria llega máximo hasta los 10 años, tiempo que también venció. ¿Por qué los derechos de la rama son exigibles y los de los demás trabajadores no?
La ley debe aplicarse en los términos que se dice, miremos que si se tratase de un acto adminsitrativo, su pérdida de ejecutoria habría llegado hasta los 5 años siguientes.
De lo anterior se desprende que legalmente no tienen derecho alguno.
Saldrá entonces el argumento que lo que se exige es el cumplimiento del artículo 2 y no del 14:
ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios: a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales; b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura; c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo; d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública; e) La utilización eficiente del recurso humano; f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes en las actividades laborales; g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio; h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal; i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad; j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño; k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral; l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad; ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.
Sin embargo en esta norma que se cumple cada año, no se observa el objeto de petición, pues sus peticiones no se corresponden con ninguno de los literales previstos por la norma. Observese que el que más se parece seria el literal J: El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño; pero la nivelación salarial no se compagina con la naturaleza funcional, ni la responsabilidad ni los requisitos de ingreso. Sucede lo mismo con el literal K que se predica exclusivamente de la Rama Ejecutiva y de la Organización Electoral.
Para materializar nuevamente dicho postulado legal nuevamente, sería necesario que el Congreso de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política, lo volviera a autorizar. No obstante, es necesario advertir que tal tarea solo puede ser emprendida por iniciativa del Gobierno de conformidad con el artículo 154.
Por tanto, de entrada, debe resaltarse que se está buscando la aplicación de un derecho que no existe jurídicamente. Señores, existen un mundo de normas que no se cumplen ordinariamente, porque nuestro sistema parece ser inconciente, pero para realizar algún día el objetivo de que todo sea tal como el ordenamiento dice que debe ser sin importar el desconocimiento que de él se haga, nuestra conducta debe ser acorde, sino, para que el ordenamiento?
Ahora bien, si miramos el mecanismo de acción utilizado para solicitar el cumplimiento de una “tarea” pendiente olvidada (de la cual se pueden predicar también los delitos enunciados en la parte final), PARO, (con este si mi memoria no falla son 3 veces), deberíamos preguntarnos ¿Colombia está condenada a repetir su historia permanentemente? Pues sin ir muy atrás en el mes de noviembre de 2009, el país observó sendos titulares que decían, verbigracia: “Corte Suprema declaró ilegal paro judicial de 45 días en el 2008”
Tengo un respeto enorme por la justicia, y de antemano, les digo que me sentiría muy enaltecido si hoy en día pudiera ser juez de nuestra república, por ende, creo escribir sin pasiones, y manteniendo el mayor grado de objetividad. Pero lo que está pasando es inaudito, es el desconocimiento total de que el ordenamiento jurídico es vinculante para ¡todos!, de que tenemos una democracia que nos permite realizar materialmente todos los cambios legales sin el uso de armas, o luchas fisicas.
Señores, jueces, fiscales y empleados de la rama judicial, los invito cordialmente a que, (obviando el calor de la lucha, el sin sabor de sentirse engañados, y la justa o injusta posición que han asumido; yo también trabaje para la rama, y a mi también me pagaban por debajo de la escala que hoy se pretende), apelen a su rigor jurídico y mediten por un momento sus clases de derecho Constitucional, (también lo hago frente a los tantos ciudadanos y personas que la “conocen” en virtud de las clases de derecho constitucional que recibieron en cumplimiento del artículo 41 de la misma), sin temor a errar, creo que lo primero que explican en ella, es que LA CONSTITUCIÓN ES NORMA DE NORMAS (artículo 4); así como que los servidores públicos son responsables por infringir la constitución, las leyes, así como por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (artículo 6); y que en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.
Quiero entregarles una mirada constitucional, legal y jurisprudencial como se sigue, esperando más que me den la razón, generen sus propias conclusiones:
Al realizar un análisis constitucional (mediante la interpretación sistemática) lo primero que debemos resaltar, es que como se desprende del preámbulo de la constitución, la justicia es un valor esencial del Estado (aquello por lo cual el ordenamiento jurídico es lo que es y no otra cosa, y que al desaparecer, transformaría nuestro régimen jurídico en otro);
El Estado (todas las personas que habitan en nuestro país) tiene como fin (artículo 2) garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y como se deprende de este enunciado naturalmente sin justicia no es posible garantizar ningún derecho, pues volveríamos a la barbárica ley de talión (ojo por ojo diente por diente);
Como tal la administración de justicia (artículo 228) es Función Pública, cuya actuación debe ser PERMANENTE, tanto que aun cuando nos encontramos frente a un estado de inconstitucionalidad procesal actual (el procedimiento judicial es desastroso), se dice que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.”;
La constitución en el ARTICULO 229 establece “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.” (¿es ello posible cuando no hay servicio?)
Señores de conformidad con el artículo 55 de la Constitución, ustedes tienen derecho a la negociación colectiva, a tener su sindicato, artículo 39, no así, a declararse en huelga, por ser un servicio público esencial, artículo 56, y si no pueden declararse en huelga que es un derecho constitucional y legal, mucho menos en paro, porque ningún paro es legal.
Es pertinente recordarles que esta diferencia no es inane, pues existe una sima muy profunda entre el empleado privado, particular, y aquel que se inviste del poder estatal como empleado público, pues este, de conformidad con el artículo 122 se compromete a representar el Estado, a acercarlo a sus metas y fines, tanto que por ello jura cumplir la constitución y la ley, y sus funciones están detalladas en la ley o reglamento.
Lo dicho da pie para que se dilucide entonces lo que la LEY estab