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Timestamp: 2019-04-21 20:10:51
Document Index: 351056853

Matched Legal Cases: ['artículo 400', 'artículo 18', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 7']

República de Colombia Corte Suprema de Justicia olisión de Competencia 32412
olisión de Competencia 32412
Alcides Hinestroza Cardona
Proceso No 32412
Aprobado Acta No.260
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil nueve (2009).
La Sala resuelve el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao para conocer del proceso adelantado en contra de ALCIDES HINESTROZA CARDONA por los delitos de homicidio en persona protegida y hurto calificado.
1. La señora Edilma Medina Vargas, el 8 de febrero de 2001, presentó denuncia penal por la desaparición de los hermanos Pedro y Manuel Yuquilema Lata, el primero de ellos su esposo, en la cual narró que el 8 de diciembre de 2000 ellos se movilizaron en motocicleta hacia la región del Naya, ubicada entre los límites de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, a vender las mercaderías [botas, camisetas, gorras, etc.], labor constituía su medio de subsistencia.
Los familiares, mediante llamada telefónica, fueron enterados de que habían sido retenidos por un grupo armado ilegal, por lo cual indagaron su suerte en los campamentos que las AUC tenían en Timba y Buenos Aires, Cauca, con resultados negativos.
El 21 de febrero de 2001, la Fiscalía Seccional de Santander de Quilichao, con la asistencia de peritos del C.T.I., efectuó la exhumación de unos cadáveres en la vereda Ventura, corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, Cauca, cuyos restos, después de la práctica de pruebas de carácter científico, se determinó corresponden a Pedro y Manuel Yuquilema Lata.
2. La investigación de estos hechos fue adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. Después de efectuar diversas pesquisas y establecer la identidad de los comandantes de las AUC que operaban en el sector, conocidos con los motes de “Mario” o “El Cura” y “Pirri” cuyos nombres son ELKIN CASARRUBIA POSADA y ALCIDES HINESTROZA CARDONA, respectivamente, los vinculó a la investigación y resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y hurto calificado respecto de Elkin Casarrubia Posada, y homicidio agravado y hurto calificado en relación con ALCIDES HINESTROZA CARDONA, pues por el concierto para delinquir para la conformación de grupos armados ilegales ya había sido condenado en otro proceso.
3. El 4 de septiembre de 2008, el Fiscal 41 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario calificó el sumario profiriendo resolución de acusación en contra de los procesados por los delitos que les atribuyó en la resolución de situación jurídica.
4. La fase del juicio la inició el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán y por medio de providencia de 10 de marzo de 2009, una vez culminó el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000, señaló el 21 de abril siguiente para realizar la audiencia preparatoria.
5. Mediante escrito recibido en la secretaria del juzgado, el 2 de abril de 2009, ELKIN CASARRUBIA POSADA manifestó que aceptaba los cargos atribuidos en la acusación por tratarse de hechos que ocurrieron cuando perteneció al Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, a la cual la Juez le dio trámite, ordenando, consecuencialmente, la ruptura de la unidad procesal en relación con ALCIDES HINESTROZA CARDONA citando nuevamente para realizar la audiencia preparatoria.
6. No obstante lo anterior, mediante auto de 5 de junio de 2009, consideró que carece de competencia para continuar adelantando el proceso por los delitos de homicidio en persona protegida y hurto calificado de acuerdo con lo dispuesto en las normas transitorias de la Ley 600 de 2000 por los cuales fue acusado HINESTROZA CARDONA y dispuso el envío de las diligencias a los Juzgados Penales del Circuito de Santander de Quilichao por competencia, a quien le propuso, al mismo tiempo, colisión negativa.
6. La Juez Segunda Penal del Circuito de Santander de Quilichao a quien le correspondió el proceso por reparto, amparada en diferentes pronunciamientos1 de la Corte Suprema de Justicia que han mantenido la competencia en los Juzgados Penales del Circuito Especializado con base en el instituto jurídico de la prórroga de competencia, se negó a asumir su conocimiento y aceptó el conflicto planteado por la autoridad remitente.
La Corte es competente para desatar el conflicto negativo de competencia suscitado entre las autoridades que rechazan el conocimiento de este proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 transitorio de la Ley 600 de 2000.
La ruptura de la unidad procesal originada por la solicitud de sentencia anticipada [artículo 40 ibídem] que presentó ELKIN CASARRUBIA POSADA, acusado como coautor y presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir orientado a la conformación de grupos armados ilegales, homicidio en persona protegida y hurto calificado es el hecho que en este caso se torna trascendental, en cuanto el primero de los aludidos delitos es el que otorga competencia a los jueces penales del circuito especializado.
En consecuencia, el trámite de la solicitud de sentencia anticipada no solamente conllevó a la renuncia de CASARRUBIA POSADA a controvertir las pruebas que demuestran su responsabilidad y a presentar las que eventualmente podrían demostrar su inocencia respecto de las conductas delictivas por las que fue acusado y a que se profiriera sentencia de condena, sino también a variar la competencia respecto de ALCIDES HINESTROZA CARDONA quien sólo fue acusado por los delitos de homicidio en persona protegida y hurto calificado, cuyo conocimiento, bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, corresponde a los jueces penales del circuito ordinario.
Así, en el caso bajo examen la competencia para conocer de este proceso radica en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao, cuya funcionaria considera, sin analizar las circunstancias particulares del caso, que se debe prorrogar la competencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, amparándose en la jurisprudencia.
En efecto, esta Sala de la Corte ha puntualizado:
“… constituye… postura consolidada de la Corte que cuando a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1121 de 2006 el proceso se encontraba en la etapa del juicio, se entiende en ese evento prorrogada la competencia en cabeza del juez especializado, a efectos de hacer prevalecer los principios de celeridad y eficiencia, evitando que el tránsito de legislación produzca el innecesario trasteo de los procesos cuando ya han empezado a contabilizarse términos o surtirse actuaciones o diligencias, pues en esos casos los mismos deben seguir tramitándose conforme a la ley vigente al tiempo de su iniciación.
“El comentado criterio jurisprudencial, que ha sido expresado en múltiples decisiones, entre ellas las proferidas el 25 de julio y el 26 de septiembre de 20072, tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de la Ley 1887, norma conforme a la cual “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación” (subrayas fuera de texto).
“Así mismo, en los principios de celeridad (artículo 4º) y eficiencia (artículo 7º) señalados en la Ley 270 de 1996, “La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales”, amén de que “La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo”.
“Como lo ha dicho también la Sala, resulta necesario sí dejar en claro que se exceptúan del planteamiento anterior aquellos casos en los cuales la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha dispuesto en virtud de sus facultades, regladas en los artículos 257 de la Carta Política, 19, 63 y 85 de la Ley 270 de 1996, así como 528 de la Ley 906 de 2004, entre otros, que funcionarios diversos a los que tramitaron el juicio procedan a proferir la respectiva sentencia”3.
Sin embargo, lo anterior no significa que de ahí en adelante en todo los casos en que por la expedición de una nueva ley o las vicisitudes propias de cada asunto, como en este caso, en donde la competencia varía porque el procesado contra el cual se atribuyó el hecho que la otorgaba al juzgado penal del circuito especializado se acogió a sentencia anticipada, deba acudirse al fenómeno de la prórroga de competencia, cuando lo prudente es atender las circunstancias propias de cada situación.
No es lo mismo que la unidad procesal, por la circunstancia que se viene de comentar, se escinda cuando en el proceso está próximo a realizarse la audiencia pública o se ha iniciado la misma, que cuando ni siquiera se ha efectuado la audiencia preparatoria y, por lo tanto, no se han practicado pruebas, que justifiquen, por virtud del principio de inmediación, prorrogar la competencia para evitar un desgaste inoficioso de la administración de justicia.
En el sub júdice, la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Popayán no formalizó ninguna actividad diferente a avocar el conocimiento del asunto y señalar fecha para la audiencia preparatoria, que aún no se ha llevado a cabo, lo cual no implica un conocimiento diferente al que por el momento que atraviesa el proceso adquiera la Juez Segunda Penal del Circuito de Santander de Quilichao, Cauca, que, como se ha dicho, acredite la necesidad de extender la competencia de aquél, máxime cuando el proceso fue recibido por aquella en el febrero del año que avanza.
En consecuencia, la Sala procederá a dirimir el conflicto de competencia asignando la misma en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santander de Quilichao.
1º. ASIGNAR el conocimiento de este proceso al JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTANDER DE QUILICHAO, acorde con lo anotado en la anterior motivación.
2º. COMUNICAR lo aquí decidido al JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE POPAYÁN, para los fines respectivos.
Comuníquese, cúmplase y envíese al funcionario competente.
1 En tal sentido hizo alusión a lo resuelto en los radicados 27602 de 6 de junio de 2007, 27103 de 3 de mayo de 2007, 27578 de 6 de junio de 2007 y 27487 de 23 de mayo de 2007.
2 Radicaciones 27952 y 28422, respectivamente.
3 Auto del 24 de octubre de 2007, radicación 28572.