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Timestamp: 2019-03-26 22:28:42
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Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'Artículo 38', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 74', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 74']

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El 10 de abril de 2018 el Pleno[1] del ayuntamiento de Barcelona ha rechazado por mayoría la convocatoria de dos consultas populares promovidas a iniciativa ciudadana. Esta decisión se ha tomado vulnerando el propio reglamento de participación aprobado por el mismo Pleno.
Esto me ha hecho pensar en el rol de los partidos políticos en nuestro sistema institucional y, particularmente, en su relación con los canales de participación ciudadana. Hoy sólo me referiré a las iniciativas ciudadanas y a las consultas populares.
En primer lugar relataré el marco en el que se ha producido este debate, y después la valoración que hago de la actuación de los partidos. Acabaré con algunas ideas a manera de conclusión. Agradeceré comentarios, críticas, sugerencias. Estamos comprometidas, todas las personas que queremos una democracia de calidad.
La ley 10/2014 de consultas populares no referendarias de Cataluña, después de la Sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 2015, mantiene vigente su artículo 38 relativo a las iniciativas ciudadanas para promover consultas populares:
Artículo 38. Aceptación o denegación de la solicitud de convocatoria
Si las firmas validadas logran el número mínimo establecido, el órgano competente tiene que convocar la consulta solicitada en el plazo que establece el artículo 10.4 a contar de la resolución de validación de las firmas.
La convocatoria de la consulta solicitada sólo se puede denegar, mediante una resolución motivada que debe notificar a la comisión promotora, si el número de firmas validadas no llega al mínimo legalmente exigible.
Es decir, la iniciativa ciudadana que pide la realización de una consulta a la ciudadanía no se puede denegar por criterios de oportunidad (u oportunismo) político sino sólo por criterios de legalidad. El Pleno municipal tiene que hacer un acto debido, a no ser que la pregunta sometida a consulta sea contraria al ordenamiento jurídico.
Con anterioridad, la Ley foral 27/2002 de Navarra había dejado un precedente en su artículo 7.6:
a) Cuando lo asunto objeto de la iniciativa esté excluido de la consulta popular o no corresponda a la competencia municipal.
Con estos precedentes, el Reglamento de participación ciudadana del ayuntamiento de Barcelona aprobado el 6 de octubre de 2017 con un solo voto en contra señala en su artículo 74.3 relativo a las consultas populares a iniciativa ciudadana:
“…Cuando la consulta provenga de una iniciativa ciudadana… que haya recogido las firmas válidas suficientes, el Consejo municipal sólo puede denegar, por mayoría simple, su celebración si no se adecúa al ordenamiento jurídico.”
Así, el acuerdo del Pleno municipal sólo puede ser afirmativo, a no ser que las consultas sean contrarias al ordenamiento jurídico. Los informes jurídicos que acompañaban la propuesta sometida al Pleno avalaban su legalidad.
2. Los partidos políticos, la política y la ciudadanía
No seré yo quien niegue la importancia y necesidad de partidos políticos. Milité en un partido (siete años en la clandestinidad y tres en el postfranquismo) en la época franquista y luché por la legalización de todos los partidos políticos. Los partidos son necesarios para la política pero no tienen el monopolio de la acción política. Los partidos políticos a menudo están más diseñados para ganar peso (y poder ) en las instituciones que para hacer política entre la ciudadanía, pero esto es cosa de cada partido. De alguna manera el mismísimo Fraga Iribarne lo advertía en los debates sobre la Constitución cuando reclamaba canales de democracia directa[2] y semidirecta para contrarrestar su poder (de los partidos).
Por las razones expresadas, por creer firmemente en que la democracia semidirecta es la forma actual de una razonable Constitución, por estar en contra de la partitocracia y por estar a favor de la iniciativa popular, pedimos la vuelta al texto del dictamen de la Ponencia.[3]
Se refería Fraga a la propuesta del, entonces artículo 85 de la Constitución que recogía la posibilidad de hacer referéndums vinculantes, incluso para derogar leyes vigentes a iniciativa popular.
Lo que no se puede negar es la fuerza y la presencia de otros actores políticos. El sector mediático con su enorme influencia con poderes económicos directamente vinculados a medios de comunicación. Los lobbys empresariales que presionan a gobiernos e instituciones, en ocasiones mediante prácticas corruptas para obtener beneficios a cambio de dinero para responsables y gestores de partidos políticos. Hay presiones más sutiles de estos poderosos como la utilización de los medios de comunicación, el apoyo económico que se pueda considerar lícito y otras acciones. El sector social, las organizaciones sociales grandes o pequeñas, las plataformas ciudadanas, los movimientos de lucha a favor o en contra de alguna actuación política. Todo ello configura una constelación de actores que intervienen en la política evidenciando que no es cosa sólo de partidos políticos.
Quim Brugué y Josep M. Vallès, dos catedráticos muy admirados por mí, dicen que la política es la manera de regular la tensión social mediante decisiones que afectan y obligan a todos los miembros de la comunidad, evitando que cada miembro o cada grupo busque sus propias soluciones sin tener en cuenta los principios que sostienen esta comunidad.
Me viene a la cabeza un viejo y nada sofisticado chiste en el que una persona le dice a otra “…para qué vamos a hablar si lo podemos arreglar a hostias”. Pues eso, la política es aquel arte que permite vivir en sociedad, conviviendo intereses diversos (y, a veces, enfrentados) resolviendo los conflictos de manera pacífica.
La diferencia entre una decisión política y una decisión individual es que la política afecta a todo el mundo, esté o no de acuerdo con ella. La decisión que pueda tomar una persona en su entorno individual sólo le afecta a él (exceptuando, obviamente que afecte el derecho de otros).
La decisión política también se diferencia de las decisiones, digamos, “comunitarias”, es decir, aquellas que toman los grupos o las comunidades más o menos formalizadas. Un partido político puede tomar en sus congresos las decisiones que considere pertinentes, pero sólo afectan a las personas que forman parte de ese partido. Las decisiones de una plataforma ciudadana o de una asociación o sindicato sólo afectan a las personas que son miembros.
En cambio, las decisiones de un parlamento o de un gobierno afectan a todo el mundo y esta diferencia es clave para entender la capacidad ciudadana de incidir en la política.
Porque en democracia, sistema político que se fundamenta en la soberanía del pueblo, las decisiones políticas sólo las pueden tomar las personas escogidas por el pueblo o el pueblo en su conjunto (y diversidad). Las elecciones regulares y con garantías democráticas son el medio para escoger representantes y los referéndums, el medio para tomar decisiones directas. En el sistema constitucional español, no existen esos canales de democracia directa, a pesar de que, como se ha dicho, fueron previstos en la redacción inicial de la Constitución de 1978 (artículo 85).
3. Cuando los partidos políticos no aceptan la intervención ciudadana.
En general todos los partidos políticos alaban la capacidad ciudadana y agradecen a las entidades y asociaciones sus esfuerzos y hacen panegíricos sobre su importancia. Pero cuando estas acciones se traducen en propuestas políticas, aquí la cosa cambia.
Les cuesta aceptar que no tienen el monopolio de la acción política. Esto ha pasado recientemente en Barcelona. El 10 de abril el Pleno del ayuntamiento tenía que acordar la realización de dos consultas ciudadanas a iniciativa ciudadana. Dos comisiones promotoras formadas por personas y entidades se esforzaron en demostrar que sus ideas tenían apoyos y recogieron el mínimo de 15.000 firmas exigidas por el Reglamento de participación. Hay que recordar que en las elecciones de 2015 hacían falta 35.000 votos para obtener un acta de concejal (el 5% de las 700.000 personas que votaron). Una de las comisiones promotoras ha recogido más de 20.000 firmas.
Las preguntas propuestas eran las siguientes[4]:
Promovida por la Asociación catalana Ingeniería sin fronteras.
Quiere usted que la gestión del agua en Barcelona sea pública y con participación ciudadana?
Promovida por la plataforma “Cerramos los CIE”
Está usted de acuerdo con que se cambie el nombre de la Plaza de Antonio López por el de Plaza de Idrissa Diallo como un acto de reparación histórica?
El 10 de abril de 2018 las concejalas y concejales de la CUP Capgirem Barcelona, Partit Socialista de Catalunya (PSC), Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PDeCAT), Partit Popular (PP) y Ciutadans (C’s) votaron en contra de estas iniciativas. Bien, para ser exactos, las tres concejalas de la CUP votaron en contra de la propuesta de la Asociación catalana Ingeniería sin fronteras y a favor de la otra.
Las diferentes personas que intervinieron en ese Plenario municipal para justificar su voto negativo utilizaron diferentes argumentos: que si el procedimiento ha sido una chapuza, que si no se ha hecho bien, que si los promotores son amigos del gobierno, que si hay un montón de recursos judiciales, que si la Fiscalía ha admitido a trámite una denuncia por cesión de datos personales… Particularmente la CUP dijo que si ya había acuerdo entre los grupos municipales lo que hacía falta era ponerse a trabajar y cumplir este acuerdo. Es decir si los partidos ya hemos tomado una decisión ¿cómo se atreve la ciudadanía a intervenir?
4.Unos cuántos errores que debieran servir de lección
En mi opinión, sometida completamente a otros criterios, creo que las concejalas y los concejales que impidieron con su voto la aprobación de esta consulta han cometido algunos errores:
No han aceptado la capacidad ciudadana de ser activa en política
Han impedido que se pregunte sobre un tema que parece tener apoyo suficiente puesto que se han recogido las firmas que, según el reglamento, acreditan esa suficiencia. El sistema de participación ciudadana cristalizado en el Reglamento de participación prevé la iniciativa ciudadana como motor de la acción política. Las comisiones promotoras no “deciden” como tiene que ser la gestión del agua o el nombre de la plaza, piden que se pregunte a la ciudadanía qué piensa al respeto para que después se tome la decisión política. Una democracia de calidad obligaría a los poderes políticos[5] a respetar la decisión ciudadana[6] tomada de esta manera, pero nuestra democracia no lo permite. Para contrarrestar este déficit, el reglamento (artículo 74.4) permite que los grupos municipales puedan indicar antes de la consulta si se vincularán a los resultados de la consulta. Se trataría, pues, de una vinculación política, no jurídica.
Han sustituido la actuación judicial.
El único poder público que puede decir si una actuación administrativa es o no ajustada a derecho es el poder judicial. Los concejales y concejalas han impedido con su voto el debate jurídico político sobre la autonomía municipal para defender la democracia local y los canales de participación ciudadana. Sorprendentemente, se han amparado en la multitud de recursos que se han presentado contra el reglamento de participación y contra las iniciativas ciudadanas y, ahora han tomado la decisión antes de que los tribunales se pronuncien.
Hay que decir, que, hasta ahora, los informes jurídicos municipales han avalado la legalidad del procedimiento y del reglamento que lo ampara.
Han hecho el juego a los poderes mediáticos y lobbies económicos, consciente o inconscientemente.
Han ayudado a aquellos que no querían que se hiciera la consulta ciudadana, particularmente la relativa a la gestión del agua. No han permitido que los argumentos de AGBAR y sus satélites, incluyendo los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la empresa que se han manifestado a favor de la actual situación, se puedan contrastar con otras opiniones de manera pública y ordenada durante un mínimo de 30 días previos a la votación en la consulta tal como prevé el Reglamento de participación (articulo 79). Han ahogado la posibilidad de hacer este debate y, en democracia, la política tiene que ser sobre todo diálogo. No sólo entre los grupos políticos (a eso le llaman negociar) sino entre y con la ciudadanía.
Han provocado un acuerdo ilegal que se puede declarar nulo
Finalmente creo, honestamente, que han provocado un acuerdo ilegal que se puede declarar nulo por contravenir el reglamento de participación. Esto lo decidirán los tribunales, pero sin ser un gran especialista en Derecho cuando una norma dice que no se puede tomar un acuerdo salvo que se produzcan determinadas circunstancias y si estas circunstancias no se producen o cuando menos no se menciona su producción, ese acuerdo parece ilícito.
Algunos concejales y concejalas estaban preocupados, lógicamente, antes del Pleno sobre las consecuencias jurídicas que podría tener su voto afirmativo, teniendo en cuenta la maraña de recursos con los que AGBAR y sus filiales más o menos destapadas han rodeado este proceso. No olvidamos que en Cataluña estamos viviendo una situación excepcional y cualquier movimiento se debe medir con cautela.
Los informes de los servicios jurídicos municipales avalaban completamente la legalidad de la decisión, que, como todas las decisiones administrativas está sometida a interpretación judicial y los tribunales la pueden considerar válida o no. Pero nadie podrá decir que se ha tomado “ex ante” una decisión ilegal.
En cambio no han tenido ningún miedo a tomar una decisión que, insisto, me parece no ajustada a Derecho. Habría sido más fácil, y disculpad si parezco pedante, que los grupos municipales a los que no les parecía bien como se ha gestionado este proceso hubieran hecho una crítica más o menos contundente y al final hubieran votado a favor aunque fuera “por imperativo legal”. Entonces el debate se habría trasladado a los tribunales que es donde se tiene que discutir si se ajusta o no a derecho la convocatoria de la consulta. En Barcelona estamos muy tranquilos porque ya se hizo una consulta en 2010 y no hubo ningún problema.
1. La democracia sólo avanzará en el mundo si avanza en las ciudades, para lo cual hacen falta prácticas innovadoras que demuestren la viabilidad de la interacción de la ciudadanía con las personas electas con responsabilidades de gobierno o de oposición.
2. Los partidos políticos, tienen que acostumbrarse a convivir y compartir la acción política porque los actores ciudadanos tienen derecho y capacidad para hacerlo.
3. La politiqueria, el mal uso de la política sólo para hacer caer el adversario, tiene que ser sustituida por la POLÍTICA en mayúsculas. Esta POLÍTICA, reconoce que el adversario político tiene razones que se le deben reconocer y el debate político se hace con argumentos pensados para obtener resultados útiles para la ciudadanía, no por tácticas de marketing electoral.
4. El sistema de participación ciudadana de Barcelona es muy potente pero perderá fuerza si uno de sus elementos claves, la iniciativa ciudadana, es despreciada. Quién tendrá interés, ahora, de hacer el esfuerzo de recoger firmas para promover una consulta si los partidos políticos lo pueden impedir por razones de oportunidad?
5. Sólo habrán cambios en esta manera de hacer y entender la política si hay prácticas sociales y políticas que actúen de manera diferente y si vamos modificando los marcos jurídicos y normativos en los que se fundamentan.
[1] Aquí entre el minuto 10 y el 59, se puede ver el debate sobre la propuesta de consulta.
[3] Página 4212 del boletín oficial de las cortes generales (erróneamente aparece como página 2412)
[4] Aquí hay más información
[5] “Hacemos soberano al pueblo y le damos -decía Rousseau- un minuto de soberanía. Y en ese minuto de soberanía interferimos con toda clase de influencias, entre ellas, los medios audiovisuales de comunicación. Se trata de que ese minuto pueda tener una cierta consideración y que, de vez en cuando, haya una base para un rearme ciudadano, que es la base de la democracia y que además de los partidos haya una constante -ya lo dijo Tocqueville-, una gran constante plural de asociaciones voluntarias …” Fraga Iribarne Página 4212 del Boletín oficial del Congreso (erróneamente aparece como página 2412)
[6]Es evidente que si el pueblo se ha pronunciado a favor, qué Gobierno después, qué Jefe de Estado después, puede decir: «He oído al pueblo y ahora hago lo contrario)). Página 4212 del boletín oficial del Congreso (erróneamente aparece como página 2412)
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4 respuestas a El partidismo, la enfermedad infantil de la democracia (Digo infantil porque la democracia aún no ha alcanzado la edad adulta)
Federico Contreras Ortiz dijo:
Domingo, 29 abril 2018 en 15:35
Sorprende las referencias a Fraga para defender la multiconsulta. Que este fascista haga de ello un instrumento de participación democrática dice poco en favor de que asi sea.
El referéndum debería utilizarse en contadas ocasiones porque generalmente el poder lo utiliza a su conveniencia, Franco y Hitler eran maestros. Y por parte de bcomu no se puede utilizar torticeramente para que sus propuestas políticas tengan eco que de otra manera no conseguirían.
La propia idea de una multiconsulta mezclando temas como el agua con un cambio de calle dice poco a favor de este instrumento participativo.
Tambien dicho reglamento, aunque aprobado por la mayoría es ilegal ya que en nuestro ordenamiento no se puede votar si no se es mayor de esad.
Por ultimo, lo de la Comisión de Amparo es una pataleta sin ninguna relevancia jurídica.
Dejense de consultas e intenten gobernar con los mimbres que tienen
Viernes, 4 mayo 2018 en 15:13
Agradezco su comentario, pero me temo que no ha podido captar el sutil tono irónico de la comparación con Fraga. En este mismo blog escribía hace ya cuatro años que “Fraga habría votado Podemos”. Utilizaba esta referencia para demostrar que la búsqueda de canales para la democracia directa no es atribuible a una parte del espectro político. En Suiza lo explican muy bien cuando analizan su sistema y aseguran que no se puede afirmar que los referèndums sean una herramienta de derechas o de izquierdas. Es una herramienta de la democracia y de la política y será más o menos de derechas o izquierdas según cual sea su contenido. No es el instrumento el que tiene esa orientación político, sino el resultado.
Lamento que considere los referèndums como “cosas de dictaduras” porque existen países como Suiza en los que realizan referèndums cada tres meses o Estados como California donde también se prodigan. Y tienen tanta pátina democrática como el Estado español.
Respecto a la multiconsulta de Barcelona se proponían materias diversas porque eran las propuestas por la iniciativa ciudadana. Compruebe qué materias se votan en un referéndum en Suiza o en California como he citado, y se podrá encontrar que se vota a la vez sobre la compra de aviones de combate y sobre la subida del salario mínimo (sí, sí, el mismo día y la gente sabe distinguir y ordenar sus preferencias).
La decisión sobre si una norma es o no legal no le corresponde a Vd, dicho sea con todos los respetos, ni a ningún ciudadano en particular. Serán los tribunales los que declararán si es o no legal y supongo que ya estará informado que existen varios recursos judiciales contra el reglamento aunque ninguno lo considera ilegal en su totalidad y, por ahora, ninguno ha hecho referencia al criterio de edad para definir su legalidad. Debe saber que la ley catalana de consultas populares no referendarias a la que hago referencia permite la votación a personas mayores de 16 años y superó el pase por el Tribunal Constitucional que mantuvo la legalidad de ese artículo.
Su referencia a la comisión de amparo la atribuyo a la ignorancia más que a la mala fe. Fue aceptada por todos los grupos municipales (y ya sabe que son siete en Barcelona) y su composición fue a propuesta del Consejo de Ciudad (órganos de participación ciudadana), el gobierno municipal, el propio Plenario municipal y la síndica de greuges de Barcelona. Para ser una pataleta parece que concitó bastante consenso su creación y su composición. Otra cosa es que no le gusten sus recomendaciones (que no decisiones).
Finalmente, permítame desoir su consejo de “dejarnos de consultas” para intentar gobernar. La mejor manera de tomar decisiones es escuchando a las personas que se van a ver afectadas por ellas. Eso pasa en el mercado, normalmente las empresas escuchan a las personas consumidoras para elaborar sus productos. Qué menos debiera pasar en la política que supone que las decisiones van a afectar al conjunto de la ciudadanía.
Viernes, 13 abril 2018 en 11:55
però es declarà nul? i es podrà tirar endavant?
Sábado, 14 abril 2018 en 8:24
En la meva opinió és un acte nul per contravenir l’article 74.3. Es pot recòrrer aquest acte i, finalment, seran els tribunals qui diran si és o no possible denegar una iniciativa ciutadana per raons politiques. A no ser, digue’m ingenu, que els mateixos partits que van votar que no se n’adonin de l’error i rectifiquin en un altre Ple. D’alguna manera la CUP ja ha dit p’ublicament que es van equivocar tot i que responsabilitza el govern i els serveis jurídics municipals de no haver-los advertit del contingut d’aquest article (m’estlvio ara ls comentaris). El govern ho pot haver fet molt malament però si hi tingués responsabilitat se li hauria d’exigir a ell, no fer-li pagar a les iniciatives ciutadanes convertint el reglament i el sistema de participació que formula en paper mullat.