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Timestamp: 2017-06-27 15:44:21
Document Index: 201442539

Matched Legal Cases: ['artículo\n22', 'artículo\n22', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 7', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'artículo 16', 'artículo 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 177', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 34', 'artículo\n34', 'artículo 34', 'ARTÍCULO 15', 'artículo\n58', 'artículo 2', 'artículo\n2', 'artículo\n29', 'artículo 229', 'artículo\n128', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'artículo\n15', 'ARTÍCULO 22', 'artículo\n29', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'artículo\n21', 'artículo\n25', 'artículo\n25', 'artículo\n1', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 26', 'artículo\n150', 'ARTÍCULO 26', 'artículo\n13', 'ARTÍCULO 27', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 28', 'artículo\n151', 'artículo 95', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'artículo 9']

LEY 333 DE 1996 (diciembre 19) Diario Oficial No. 42.945, de 23 de diciembre de 1996 <NOTA DE VIGENCIA: Derogada por la Ley 793 de 2002>
Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita <Resumen de Notas de Vigencia>
8. Derogada por el artículo
22 de la Ley 793 de 2002, publicada en el Diario Oficial No 45.046 de 27 de diciembre de 2002, "Por la cual se deroga la Ley
333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio"
7. Modificada por la Ley 785 de 2002, publicada en el Diario Oficial No 45.046 de 27 de diciembre de 2002, "por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y
333 de 1996"
6. Suspendida durante la vigencia del Decreto 1975 de 2002 según lo dispuesto en el artículo
22 de la misma, "Por medio del cual se suspende la Ley
333 de 1996 y se regulan la acción y el trámite de la extinción del dominio", publicada en el Diario Oficial 44.922, de 4 de septiembre de 2002.
Establecen los Artículos
474 y 476 de la Ley 599 de 2000:
4. Modificada por la Ley
504 de 1999, publicada en el Diario oficial No 43.618, del 29 de junio de 1999, "Por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los Decretos-leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley
65 de 1993, Ley
333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones". 3. Modificada por el Decreto
1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622 del 29 de junio de 1999, "Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe". El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-923-99 de 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis
El Decreto 250 de 1997 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No.
C-136-97 del 19 de marzo de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernandez, "a partir del dia siguiente a la notificación de la
C-122-97 que declaró INEXEQUIBLE el Decreto 80 de 1997", fecha del 12 de marzo de 1997.
2. Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-409-97 de 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, respecto del cargo genérico formulado sobre posible violación del derecho de propiedad y de la garantía de no ser afectado por confiscación..
1. Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia
C-374-97 de 13 de agosto de 1997, en cuanto no se configuraron los vicios de procedimiento alegados. Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
EL CONGRESO DE COLOMBIA, DECRETA: CAPÍTULO I. DE LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO.
ARTÍCULO 1o. DEL CONCEPTO. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Para los efectos de esta Ley, se entiende por extinción del dominio la pérdida de este derecho en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular. <Jurisprudencia - Vigencia>
- Mediante Sentencia
C-409-97 de 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-374-97
- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, en los términos de la Sentencia, mediante Sentencia
C-374-97 de 13 de agosto de 1997, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo. A continuación se transcriben los términos de la sentencia:
Insístese en que ningún derecho adquirido se desconoce a quien figura como titular de la propiedad. Entonces, mal puede hablarse de indemnizar al sujeto afectado por la sentencia, o de compensar de alguna forma y en cualquier medida la disminución que por tal motivo se produzca en su patrimonio.
A la inversa, en la extinción del dominio no hay nada qué indemnizar." ARTÍCULO 2o. DE LAS CAUSALES. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Por sentencia judicial se declarará la extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la realización de los mismos. Dichas actividades son: 1. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos, de particulares. 2. Perjuicio del Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva. 3. Grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos que deterioran la moral social, los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho, tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del secuestro, secuestro extorsivo o extorsión. 4. Los eventos en que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada dentro del proceso penal mediante providencia en firme. 5. También procederá la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2o. y 3o. del artículo 7o., de esta Ley, y en el Código de Procedimiento Penal. <Jurisprudencia - Vigencia>
Para llegar a la declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición de la ley es menester definir si existe una oposición objetiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia
C-504-95 del 9 de noviembre de 1995)
No podría, en todo caso, atribuirse a la Ley el aludido efecto, si se repara en que, según el artículo 1, ya estudiado, el derecho de propiedad se pierde "a favor del Estado", y si no siempre es el Estado el ente que sufre perjuicio como consecuencia de los delitos que se enumeran, está excluido por regla general el carácter indemnizatorio de la sentencia que declara extinguido el dominio." ARTÍCULO 3o. DE LOS BIENES. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Para los efectos de esta Ley se entenderá por bienes susceptibles de extinción del dominio todo derecho o bien mueble o inmueble, con excepción de los derechos personalísimos. La extinción del dominio también se declarará sobre el producto de los bienes adquiridos en las circunstancias de que trata esta Ley, los derivados de éstos, sus frutos, sus rendimientos, y sobre los recursos provenientes de la enajenación o permuta de bienes adquiridos ilícitamente o destinados a actividades delictivas o considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito. Cuando se mezclen bienes de ilícita procedencia con bienes adquiridos lícitamente, la extinción del dominio procederá sólo hasta el monto del provecho ilícito. <Jurisprudencia Vigencia>
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia
C-374-97 de 13 de agosto de 1997, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo, salvo el aparte tachado declarado INEXEQUIBLE.
ARTÍCULO 4o. DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ACTO ENTRE VIVOS. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Tratándose de bienes transferidos por acto entre vivos, procederá la extinción del dominio cuando un tradente los haya adquirido en los casos contemplados en el artículo 2o y los adquirentes hubieren actuado con dolo o culpa grave respecto del conocimiento de las causales allí contempladas. En los casos en que se hubiere constituido fiducia o encargo fiduciario sobre los bienes respecto de los cuales se pretenda la extinción del dominio, bastará para su procedencia que alguna de las causales señaladas en el artículo 2o. sea predicable del encargante o constituyente, sin perjuicio de los derechos de la fiduciaria a su remuneración y de los derechos de beneficiarios y terceros que no hubieren actuado con dolo o culpa grave. Las disposiciones de esta Ley no afectarán los derechos que con arreglo a las leyes civiles se deriven de los negocios jurídicos válidamente celebrados ni los de su invalidez, nulidad, resolución, rescisión e ineficacia para las partes y terceros, ni los inherentes al pago de lo no debido ni al ejercicio de las profesiones liberales. <Jurisprudencia - Vigencia>
ARTÍCULO 5o. DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR CAUSA DE MUERTE. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Procederá la extinción del derecho de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión por causa de muerte, cuando dichos bienes hayan sido adquiridos por el causante en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 2o de la presente Ley. En el evento de haberse efectuado la partición y realizado el pago del impuesto por el adjudicatario, así como la ganancia ocasional, si la hubiere, el Estado deberá devolverlos para que sea procedente la ejecución de la sentencia. <Jurisprudencia - Vigencia>
ARTÍCULO 6o. DE LOS BIENES EQUIVALENTES. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Cuando no resultare posible ubicar, incautar o aprehender otros bienes determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, al momento de la sentencia podrá el Juez declarar extinguido el dominio sobre un valor equivalente. Lo dispuesto en el presente artículo no podría interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. PARÁGRAFO. Antes de la sentencia de primera instancia, no podrá el Juez que esté conociendo de la acción de extinción de dominio aprehender, ocupar u ordenar la práctica de medidas cautelares sobre bienes equivalentes. <Jurisprudencia - Vigencia>
CAPÍTULO II. DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO.
ARTÍCULO 7o. DE LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN. La acción de extinción del dominio de que trata esta Ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto o los beneficiarios reales de los bienes, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido, {y sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. En ningún caso se podrá intentar la acción de extinción del dominio en forma independiente, si hay actuaciones penales en curso}. <Jurisprudencia Vigencia>
- Aparte entre corchetes {...} y subrayado declarado EXEQUIBLE, "en los términos de la sentencia", por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-539-97 de 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Con respecto a la parte primera del inciso, declaró estése a lo resuelto en las Sentencias C-374-97 y C-409-97. - Aparte subrayado en este inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-409-97 de 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
- Aparte en cursiva declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia
C-374-97 de 13 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Si la acción penal se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los bienes, continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal y procederá la declaración de extinción del dominio de aquellos bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias de que trata esta Ley. <Jurisprudencia - Vigencia>
- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-1708-00 de 12 de diciembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, respecto de los cargos formulados en las demandas que se resuelven.
"Tal como lo propone el demandante se estudian, conjuntamente, las disposiciones de la Ley 333 de 1996, demandadas, respecto de las cuales no se ha pronunciado esta Corporación -artículos 7° y 27-, que desarrollan algunos aspectos de la competencia asignada a la Fiscalía General de la Nación para investigar la adquisición de los derechos que integran el patrimonio de quien es investigado por la comisión de las conductas relacionadas en el artículo 2° de la misma disposición, por cuanto, el actor aduce que dicha competencia quebranta sendos artículos de la Constitución Política y los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Colombiano -relacionados en otros apartes-, por cuanto la función de la Fiscalía General de la Nación se circunscribe a la investigación de delitos y acusación de los responsables, y no se le puede asignar el conocimiento de un asunto que debe culminar con sentencia porque, aunque forma parte del poder judicial, sus funcionarios no son jueces. Ahora bien, aunque esta Corporación no se hubiese pronunciado expresamente sobre cada una de las expresiones que atribuyen o desarrollan la competencia que el actor controvierte, circunstancia que la obliga a volver sobre el tema, la Corte reitera lo sostenido en fallos anteriores al respecto, porque la competencia asignada a la Fiscalía General de la Nación para investigar, en forma paralela a la acción penal, la procedencia de los derechos que conforman el patrimonio del inculpado y, de ser procedente, formular la respectiva acusación, no quebranta la Constitución Política."
C-539-97 de 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-374-97. - Mediante Sentencia
- Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia
C-374-97 de 13 de agosto de 1997, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Si terminado el proceso penal aparecieren nuevos bienes, en cualquier caso procederá la acción de extinción del dominio ante el mismo funcionario que conoció de la acción penal correspondiente. <Jurisprudencia - Vigencia>
- Inciso declarado EXEQUIBLE, "en los términos de la sentencia" mediante Sentencia
C-539-97 de 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional. ARTÍCULO 8o. DE LA LEGITIMACIÓN.
La Dirección Nacional de Estupefacientes, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con su especialidad, de oficio, a petición de cualquier persona, o de las entidades o autoridades extranjeras u organismos internacionales, ejercerán la acción de extinción del dominio sobre los bienes adquiridos en las circunstancias de que trata la presente Ley. La Fiscalía General de la Nación la iniciará de oficio. PARÁGRAFO. De conformidad con los tratados y convenios de colaboración recíproca las entidades o autoridades extranjeras u organismos internacionales habilitados para ello, podrán solicitar que se inicie la acción de extinción de dominio de que trata la presente Ley. <Jurisprudencia Vigencia>
C-1708-00 de 12 de diciembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estése a lo Resuelto en la Sentencia C-409-97.
C-539-97 de 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-409-97
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-409-97 de 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo. ARTÍCULO 9o. DE LA PRESCRIPCIÓN.
- Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia
C-374-97 de 13 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
ARTÍCULO 10. DE LA AUTONOMÍA. <Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> La acción de extinción del dominio es distinta e independiente de la responsabilidad penal y complementaria de las actuaciones penales. <Jurisprudencia - Vigencia>
- Inciso declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, en los términos de la Sentencia, mediante providencia
<Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> La declaración de extinción del dominio corresponderá a los jueces competentes para conocer de las actuaciones penales. En consecuencia, las entidades estatales legitimadas, en los casos en que los bienes tengan su origen en una actividad delictiva, promoverán la acción consagrada en esta Ley cuando la actuación penal termine por cualquier causa y no se haya declarado en ésta la extinción del dominio sobre los bienes considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del delito o se hubiere declarado sólo sobre una parte. Por las demás causales, dichas entidades estatales deberán instaurar la acción con absoluta independencia de la actuación penal. <Jurisprudencia Vigencia>
- Inciso 2o. declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-539-97 de 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo. "'Por las demás causales, dichas entidades estatales deberán instaurar la acción con absoluta independencia de la actuación penal', pertenecientes al inciso 2, se condiciona en el sentido de que, en guarda del principio de legalidad, mientras las causales que hoy señalan los artículos 2 de la Ley 333 de 1996 y 14 de la Ley 365 de 1997 no sean adicionadas por el legislador, no se podrán iniciar procesos de extinción del dominio sino con base en los delitos que dichas normas contemplan."
- Sobre este inciso 2o. la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-409-97 de 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, se declaró INHIBIDA de fallar por ineptitud sustancial de la demanda.
- Inciso 3o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-539-97 de 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
- Sobre este inciso 3o. la Corte Constitucional mediante Sentencia
CAPÍTULO III. DEL DEBIDO PROCESO Y DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. ARTÍCULO 11. DEL DEBIDO PROCESO. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> En el ejercicio y trámite de la acción de extinción del dominio se garantizarán el debido proceso, el derecho de defensa y la plenitud de las formas propias del mismo. <Jurisprudencia Vigencia>
- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, en los términos de la sentencia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-539-97 de 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo. A continuación se transcriben los términos de la sentencia: "Se declarará exequible el primer inciso del artículo 16 transcrito, al igual que el artículo 11, a cuyo tenor "en el ejercicio y trámite de la acción de extinción del dominio se garantizarán el debido proceso, el derecho de defensa y la plenitud de las formas propias del mismo".
Se declarará que es exequible." ARTÍCULO 12. DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS. Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán los derechos de las personas y de los terceros, para cuyo efecto no podrá declararse la extinción del dominio: 1. En detrimento de los derechos de los titulares legítimos y terceros de buena fe.
<Jurisprudencia - Vigencia> Corte Constitucional
C-1708-00 de 12 de diciembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis. 2. Si no estuvieren probadas las circunstancias contempladas en la ley. 3. Si no se hubiere garantizado el debido proceso y el derecho de defensa. 4. En todos los casos se respetarán el principio de la Cosa Juzgada. PARÁGRAFO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los titulares de derechos o los poseedores de los bienes objeto de la acción de extinción del dominio, así como los terceros, podrán comparecer al proceso dentro de las oportunidades procesales previstas en esta Ley para el ejercicio de su derecho de defensa. En todo caso, los que no comparezcan están representados por un curador ad litem, sin perjuicio de que, en el evento de no comparecer durante el trámite
por razones no atribuibles a su culpa o dolo, puedan en cualquier tiempo antes del fallo interponer las acciones y recursos legales que consideren pertinentes para la defensa de sus derechos. <Jurisprudencia - Vigencia> Corte Constitucional
- Apartes tachados declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-1708-00 de 12 de diciembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis. ARTÍCULO 13. DE LAS VÍCTIMAS. Toda persona y sus causahabientes forzosos a quienes se les hubiere causado un daño por el titular de los bienes cuyo dominio haya sido extinguido conforme a esta Ley, tendrá derecho preferencial a la reparación integral siempre que el mismo haya sido reconocido por sentencia judicial ejecutoriada. Si los bienes hubieren ingresado al patrimonio del Estado, éste reembolsará a las víctimas el monto de la indemnización hasta concurrencia del valor de aquéllos, para lo cual formularán solicitud en tal sentido acompañada de copia autenticada de la sentencia ejecutoriada en la que le reconoce el derecho y tasa el daño y de la sentencia que declaró la extinción del dominio, siendo aplicable en este evento lo dispuesto por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. <Jurisprudencia - Vigencia> Corte Constitucional: - Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-1708-00 de 12 de diciembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis. En todo caso, el Estado se subrogará en los derechos que reconozca la sentencia judicial a quien reciba un pago, según lo provisto en el inciso anterior, por la cuantía de lo pagado, y perseguirá el patrimonio de la persona obligada a resarcir el daño a que se refiera la correspondiente sentencia judicial, con los mismos derechos reconocidos al beneficiario en dicha providencia. CAPÍTULO IV. DEL PROCEDIMIENTO Y DE LA COMPETENCIA.
ARTÍCULO 14. DE LA COMPETENCIA. Corresponderá a los funcionarios competentes para conocer de las actuaciones penales la declaración de extinción del dominio cuando la adquisición de los bienes se origine en cualquiera de las circunstancias de que trata esta Ley, o cuando se trate de bienes vinculados a actividades delictivas o destinados a las mismas, sin perjuicio de que la acción de extinción del dominio sea iniciada por las entidades estatales legitimadas con posterioridad a la terminación de la actuación penal, cuando ésta termine por cualquier causa y no se declare la extinción del dominio o se declare sólo sobre una parte de éstos. <Inciso modificado por el artículo 34 de la Ley 504 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Concederán de la extinción del dominio los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales de Circuito Especializados y el supervisor de éstos en los asuntos penales de su competencia y, en los demás casos, la Fiscalía adscrita a la Unidad Especializada, o la que determine el Fiscal General de la Nación, así como los Jueces Penales de Circuito Especializados o el Juez Penal del Circuito que está conociendo de la actuación. <Notas de vigencia> - Inciso 2o. modificado por el artículo
34 de la Ley 504 de 1999, publicada en el Diario Oficial No 43.618, de 29 de junio de 1999. <Jurisprudencia Vigencia>
- El artículo 34 de la Ley 504 de 1994, por el cual se modifica el inciso 2o., fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-392-00 de 6 de abril de 2000, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell. - Mediante Sentencia
C-539-97 de 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-374-97
- Artículo declarado EXEQUIBLE, en los términos de la sentencia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia
<Legislación anterior> Texto original de la Ley 333 de 1996: <INCISO 2o.> Conocerán de la extinción del dominio los fiscales de la justicia regional en los asuntos penales de su competencia y, en los demás casos, la Fiscalía adscrita a la Unidad Especializada, o la que determine el Fiscal General de la Nación, así como los jueces regionales o el Juez Penal del Circuito que esté conociendo de la actuación. ARTÍCULO 15. DEL TRÁMITE. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El trámite de la extinción del dominio en las actuaciones penales se surtirá en cuaderno separado y se adelantará de conformidad con las siguientes reglas: a) El fiscal que deba conocer de la acción de extinción del dominio, de oficio o por interposición de demanda, ordenará su iniciación mediante providencia interlocutoria apelable en el efecto devolutivo indicativa de los hechos en que se funda, los bienes y las pruebas o indicios, prevendrá sobre la suspensión del poder dispositivo y decretará la inmediata aprehensión y ocupación y las medidas preventivas pertinentes, si no se hubieren adoptado en la actuación penal; b) En la misma providencia, ordenará la notificación al Agente del Ministerio Público y a las demás personas afectadas cuya dirección se conozca, que se surtirá según las reglas generales, y dispondrá el emplazamiento de las personas respectivas, de los titulares actuales de derecho real principal o accesorio que figuren en el certificado registral correspondiente, de los terceros y personas indeterminadas con interés en la causa para que comparezcan a hacer valer sus derechos, quienes tomarán la actuación en el estado en que se encuentre al instante de su comparecencia. El emplazamiento se surtirá por edicto que permanecerá fijado en la Secretaría por el término de veinte (20) días y se publicará y divulgará por una vez dentro de este término en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora de la localidad. Cumplidas estas formalidades, si no se presenta el emplazado dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto, continuará la actuación con un curador ad - litem. c) Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de comparecencia, deberá contestarse aportando las pruebas o solicitando la práctica de aquéllas en que se funda la oposición. En este mismo término, el agente del Ministerio Público solicitará la práctica de pruebas; d) Transcurrido el término anterior, se decretarán las pruebas conducentes y pertinentes y las que oficiosamente considere el funcionario, quien fijará el término para su práctica el cual será de veinte (20) días, prorrogables por un término igual por una sola vez; e) Concluido el término probatorio, se surtirá traslado por secretarÍa por el término común de ocho (8) días a los intervinientes para alegar de conclusión y al agente del Ministerio Público para su concepto.
f) Transcurrido el término anterior, cuando el trámite hubiere sido conocido por la Fiscalía, dictará una providencia de acuerdo con lo alegado y probado, en la cual concluya respecto de la procedencia o improcedencia de la extinción del dominio. Si concluye sobre la procedencia de la declaratoria de extinción del dominio, enviará inmediatamente el expediente al Juez Regional en los asuntos de su competencia o al Juez Penal del Circuito en los demás casos, quienes dictarán la respectiva sentencia de extinción del dominio, verificando que durante el trámite que hubiere adelantado la Fiscalía se hubiere respetado el debido proceso, la plenitud de las formas y la protección de derechos. g) En contra de la sentencia que decrete la extinción del dominio procede el recurso de apelación conforme a las reglas generales. La que se abstenga de esta declaración se someterá al grado de consulta. <Jurisprudencia Vigencia>
C-539-97 de 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo. A continuación se transcriben los términos de la sentencia:
Estima la Corte que los indicados argumentos se fundan en un supuesto no acogido por las sentencias
C-374-97 del 13 de agosto de 1997 y
C-409-97 del 28 de agosto del mismo año, acerca de la naturaleza constitucional de la acción de extinción del dominio: el de que ella tiene un carácter exclusivamente penal.
"La extinción del dominio, como de lo dicho resulta, es una institución autónoma, de estirpe constitucional, de carácter patrimonial, en cuya virtud, previo juicio independiente del penal, con previa observancia de todas las garantías procesales, se desvirtúa, mediante sentencia, que quien aparece como dueño de bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias previstas por la norma lo sea en realidad, pues el origen de su adquisición, ilegítimo y espurio, en cuanto contrario al orden jurídico, o a la moral colectiva, excluye a la propiedad que se alegaba de la protección otorgada por el artículo
58 de la Carta Política. En consecuencia, los bienes objeto de la decisión judicial correspondiente pasan al Estado sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna.
Por eso, la Corte insiste en que "el Estado no puede avalar o legitimar la adquisición de la propiedad que no tenga como fuente un título válido y honesto; es decir, que la propiedad se obtiene en cierto modo mediante la observancia de los principios éticos. La protección estatal, en consecuencia, no cobija a la riqueza que proviene de la actividad delictuosa de las personas; es decir, no puede premiarse con el amparo de la autoridad estatal la adquisición de bienes por la vía del delito; el delincuente debe saber que el delito no produce utilidades,..." (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia
C-389-94 del 1 de septiembre de 1994. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell).
La inhibición no justificada o ajena a los deberes constitucionales y legales del juez configura en realidad la negación de la justicia y la prolongación de los conflictos que precisamente ella está llamada a resolver. En otros términos, la inhibición, aunque es posible en casos extremos, en los cuales se establezca con seguridad que el juez no tiene otra alternativa, no debe ser la forma corriente de culminar los procesos judiciales. Ha de corresponder a una excepción fundada en motivos ciertos que puedan ser corroborados en los que se funde objetiva y plenamente la negativa de resolución sustancial. De lo contrario, es decir, mientras no obedezca a una razón jurídica valedera, constituye una forma de obstruir, por la voluntad del administrador de justicia, el acceso de las personas a ella.
Así, pues, si se atiende al Preámbulo de la Constitución, que señala a sus preceptos como objetivo prioritario la realización de la justicia y la garantía de un orden justo; si se quiere alcanzar los fines esenciales del Estado, uno de los cuales consiste en asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta (artículo 2 C.P.); si se da verdadero sentido a la norma fundamental en cuya virtud las autoridades de la República están instituídas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo
2 C.P.); si se acatan los postulados del debido proceso, que en últimas consagran el derecho de toda persona a que, dentro de las formas propias de cada juicio, se defina el Derecho en su caso (artículo
29 C.P.); si se hace efectivo el acceso de todos a la administración de justicia (artículo 229 C.P.) y si se reconoce en ella la prevalencia del Derecho sustancial (artículo
128 C.P.), las inhibiciones judiciales deben ser rechazadas como formas habituales y generalizadas de dar término a los procesos judiciales o a las etapas de los mismos". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia
C-666-96 del 28 de noviembre de 1996)".
ARTÍCULO 16. PROTECCIÓN DE DERECHOS. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los funcionarios competentes para conocer de las actuaciones penales y de la acción de extinción del dominio, garantizarán el debido proceso, el derecho de defensa, la plenitud de las formas y observarán lo dispuesto en los artículos 4o,
11 y 12 de la presente Ley en materia de protección de derechos. En todo caso, la extinción del dominio prevista en esta Ley no excluye la aplicación del decomiso, comiso, incautación, aprehensión, ocupación y demás medidas consagradas por el ordenamiento jurídico en materia de bienes. <Jurisprudencia Vigencia>
C-539-97 de 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo. A continuación transcribimos los términos de la sentencia:
Se declarará que es exequible. CAPÍTULO V. DEL PROCEDIMIENTO.
ARTÍCULO 17. DEL PROCEDIMIENTO. El procedimiento de la acción de extinción del dominio, se sujetará a las disposiciones especiales contenidas en la presente Ley. <Jurisprudencia - Vigencia> Corte Constitucional: - Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1708-00 de 12 de diciembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis. ARTÍCULO 18. DE LA DEMANDA. La demanda contendrá los siguientes requisitos: a) Nombres y apellidos, identificación y domicilio del titular presunto, del real y de los terceros con interés en la causa, según el caso; b) La identificación del bien o bienes, estimación de su valor o de los bienes o valores equivalentes, c) La petición de pruebas, acompañando las que tenga en su poder, y d) La dirección del lugar para recibir notificaciones. <Jurisprudencia - Vigencia> Corte Constitucional: - Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1708-00 de 12 de diciembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis. ARTÍCULO 19. DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso, el demandante podrá pedir la práctica de medidas cautelares de los bienes sobre los cuales pretende la extinción del dominio, para lo cual se observarán las reglas contenidas en el Libro IV, TÍtulo XXXV, del Código de Procedimiento Civil. ARTÍCULO 20. DE LA PERENTORIEDAD DE LOS TÉRMINOS. La inobservancia de los términos y oportunidades señalados en esta Ley constituye causal de mala conducta sancionable con destitución del cargo que será impuesta por la autoridad competente. ARTÍCULO 21. DE LA SENTENCIA. Si la sentencia declara la extinción del dominio, ordenará la cancelación de las limitaciones, desmembraciones, gravámenes, embargos e inmovilizaciones e inscripciones que recaigan sobre los bienes y su inscripción en el registro competente sin costo alguno para el Estado. Cuando los bienes objeto de extinción se encuentren gravados con prenda, hipoteca o recaiga sobre éstos algún otro derecho real accesorio distinto del dominio o medida cautelar de embargo o secuestro decretado por autoridad competente y debidamente inscrito con fecha anterior al decreto de medida preventiva o de suspensión del poder dispositivo dentro del proceso de extinción, la sentencia se pronunciará respecto de la eficacia o ineficacia, licitud o ilicitud de los títulos y derechos de conformidad con las disposiciones civiles y establecidas en la presente Ley. Si la sentencia declara la ilicitud o ineficacia de los títulos y derechos de que trata el inciso anterior, decretará igualmente su extinción y su inscripción en el registro competente sin costo alguno para el Estado. En caso contrario, se decretará la venta en pública subasta conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil y con su producto se pagarán las acreencias correspondientes. Los remanentes corresponderán al Estado en los términos de la presente Ley. Los titulares de los derechos contemplados en esta norma deberán comparecer al proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo
15 de esta Ley. Quienes tengan legitimación para concurrir al proceso podrán impugnar la eficacia y licitud de los títulos y derechos a que refiere este Precepto. PARÁGRAFO. También procederá la extinción del dominio sobre bienes equivalentes, en el evento de que el Estado tuviere que reconocer a un tercero el derecho que se hubiere probado en el proceso, respecto del cual se haya establecido limitación, gravamen o desmembración, embargo, registro de demanda, inmovilización e inscripción sobre los bienes materia del proceso. <Jurisprudencia - Vigencia>
C-1708-00 de 12 de diciembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró Estese a lo Resuelto en la Sentencia C-539-97.
C-539-97 de 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo, con respecto al parágrafo estese a lo resuelto en la Sentencia C-374-97
- Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante providencia
ARTÍCULO 22. DE LA ENTREGA. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Si la sentencia declara la extinción del dominio de los bienes y éstos no estuvieren en poder del Estado, ordenará su entrega definitiva a quien corresponda y, ejecutoriada, comisionará para la diligencia que se practicará de preferencia por el comisionado dentro de los diez (10) días siguientes a la providencia respectiva. <Jurisprudencia Vigencia>
Las disposiciones examinadas preservan el derecho de la colectividad a la certidumbre sobre lo acontecido con bienes sujetos a la extinción del dominio y no quebrantan las garantías del artículo
29 de la Constitución.
ARTÍCULO 23. DE LA PERSECUCIÓN DE BIENES. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El Estado podrá perseguir bienes de los que sea titular o beneficiario real la persona contra quien se dictó sentencia de extinción del dominio o sus causahabientes que no sean de buena fe y hasta concurrencia del valor por el cual se decretó la extinción. <Jurisprudencia Vigencia>
CAPÍTULO VI. DE LA SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO.
ARTÍCULO 24. DE LA SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Desde la providencia que ordena el trámite de extinción, no podrá adquirirse ni transferirse el dominio de los bienes provenientes de actividades ilícitas, ni constituirse derecho alguno, ni celebrarse acto, contrato o negocio jurídico alguno respecto de éstos, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. <Jurisprudencia - Vigencia>
- Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, en los términos de la Sentencia, mediante providencia
C-374-97 de 13 de agosto de 1997, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo. A continuación transcribimos los términos de la sentencia:
CAPÍTULO VII. DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSIÓN SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.
ARTÍCULO 25. DE LA CREACIÓN DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSIÓN SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Créase el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado, que funcionará como una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Los bienes objeto de extinción del dominio, sin excepciones de naturaleza alguna hechas las deducciones a que se refiere el artículo
21 de la presente Ley, según el caso, formarán parte de los recursos de este Fondo. PARÁGRAFO 1o. <Ver Nota de Vigencia> Durante el desarrollo del proceso, la Dirección Nacional de Estupefacientes podrá destinar en forma provisional los bienes sobre los cuales esté vigente una medida cautelar, a las entidades oficiales o instituciones de beneficio común legalmente reconocidas. Los gastos de conservación estarán a cargo de la entidad destinataria. La Dirección Nacional de Estupefacientes tomará las medidas necesarias para garantizar que, los bienes objeto de destinación provisional continúen siendo productivos y generadores de empleo, para lo cual podrá recurrir al arrendamiento o fiducia de los bienes en caso de que la operación genere utilidades. Estos recursos deberán destinarse a la financiación de los programas sociales de que trata esta Ley con preferencia en la circunscripción territorial en que se encuentran localizados. Preferencialmente en tratándose de bienes rurales con caracterizada vocación rural, una vez decretada su extinción pasarán de manera inmediata al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, para ser aplicados a los fines establecidos en la Ley 160 de 1994. <Notas de Vigencia>
15 de la Ley 785 de 2002, publicada en el Diario Oficial No 45.046 de 27 de diciembre de 2002, dispone: "... modifica en lo pertinente ... los parágrafos 1o. y 2o. del artículo
25 de la Ley 333 de 1996". PARÁGRAFO 2o. <Ver Nota de Vigencia> Desde la providencia que ordena el trámite de extinción del dominio, la Dirección Nacional de Estupefacientes, podrá enajenar los bienes fungibles o que amenacen deterioro, respecto de los demás bienes, si se hiciere necesario en razón de lo oneroso de su administración y custodia, podrá celebrar contratos de administración con entidades públicas o privadas sometidas a vigilancia estatal. En el evento en que los bienes hubiesen sido enajenados y se ordenare su devolución mediante sentencia judicial debidamente ejecutoriada, el Fondo reconocerá el precio de la venta con actualización de su valor, sin perjuicio de las acciones consagradas en la ley. <Notas de Vigencia>
15 de la Ley 785 de 2002, publicada en el Diario Oficial No 45.046 de 27 de diciembre de 2002, dispone: "modifica en lo pertinente "los parágrafos 1o. y 2o. del artículo
25 de la Ley 333 de 1996". PARÁGRAFO 3o. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta Ley, el Gobierno Nacional procederá a reestructurar la Dirección Nacional de Estupefacientes para el cumplimiento de las funciones que se le asignan.
- Artículo modificado en lo pertinente por el artículo
1 del Decreto 250 de 1997, según lo dispuesto en el artículo 2 de la misma, publicado en el Diario Oficial No 42.976, del 7 de febrero de 1997. Declarado INEXEQUIBLE.
C-539-97 de 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Transcribimos a continuación los términos de la sentencia:
Bien podía el legislador crear esta cuenta, para el manejo de bienes que ingresan al patrimonio de la Nación y señalar la destinación de tales bienes, con arreglo a la cláusula general de competencia (art.
150 C.P.).
El legislador goza de competencia para asignar funciones a la Dirección Nacional de Estupefacientes, una de las cuales puede ser precisamente la de administrar una cuenta especial que, como en este caso, guarda relación con sus funciones, así como al Consejo Nacional de Estupefacientes, que tiene a cargo la fijación de políticas en la materia examinada." - El Decreto 250 de 1997 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No.
ARTÍCULO 26. DE LA DISPOSICIÓN Y DESTINACIÓN DE LOS BIENES. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los bienes y recursos sobre los cuales se declare la extinción del dominio, sin excepción alguna ingresarán al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado y serán asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, de conformidad con los reglamentos, para: <Jurisprudencia Vigencia>
- Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, en los términos de la sentencia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia
El legislador goza de competencia para asignar funciones a la Dirección Nacional de Estupefacientes, una de las cuales puede ser precisamente la de administrar una cuenta especial que, como en este caso, guarda relación con sus funciones, así como al Consejo Nacional de Estupefacientes, que tiene a cargo la fijación de políticas en la materia examinada." a) Financiar programas y proyectos en el Área de Educación, Recreación y Deporte. Así mismo los programas que prevengan el consumo de la droga, como los que tiendan a la rehabilitación y la promoción de la cultura de la legalidad; b) Financiar programas de desarrollo alternativo para la erradicación de cultivos ilícitos; c) Financiar programas para prevenir, combatir y erradicar la corrupción administrativa en cualquiera de sus manifestaciones; d) Financiar programas de reforma agraria y de vivienda de interés social para los desplazados por la violencia y los involucrados en los programas de erradicación de cultivos ilícitos; e) Reembolsar en la hipótesis de que trata esta Ley, los daños causados a los nacionales titulares y terceros de buena fe. Para ello financiará la contratación de seguros que cubran los riesgos por actos terroristas súbitos y violentos y los perjuicios en que pueda incurrir la población civil por esos mismos actos, cuando no estén amparados por el Gobierno Nacional mediante pólizas de seguros. Igualmente garantizar mediante la contratación de pólizas expedidas por compañías de seguros, la protección de los bienes sobre los cuales esté vigente una medida cautelar o sobre aquellos que sean objeto de extinción del dominio; f) Financiar programas que ejecute el deporte asociado, con el objeto de fomentar, masificar y divulgar la práctica deportiva. Igualmente, apoyar programas recreativos, formativos y social comunitarios.
g) Financiar la inversión en preparación técnica y tecnológica, en soportes logísticos, adquisición de equipos y nueva tecnología, y, en general, en el fortalecimiento de las acciones del Estado en su lucha contra el delito del narcotráfico. Los bienes culturales e históricos serán asignados a las entidades estatales pertinentes para los efectos consagrados en la legislación sobre la materia; h) Financiar programas de rehabilitación, educación, capacitación y microempresas para la población carcelaria; i) Financiar programas de reubicación dentro de la Frontera Agrícola, a colonos asentados en la Amazonia y la Orinoquia Colombiana;
j) Financiar todos los aspectos atinentes al cumplimiento de las funciones que competen al Consejo Nacional de Política Criminal; k) Para financiar programas de nutrición a la niñez, de estratos bajos, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar;
l) Para financiar en parte la administración de justicia a través del Consejo Superior de la Judicatura; m) Financiar los programas de las mujeres cabeza de familia, menores indigentes y tercera edad; n) Para financiar el Programa de Bibliotecas Públicas para Santa Fe de Bogotá; o) Para financiar la asignación de recursos al Fondo de seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público; p) Financiar programas de desarrollo humano sostenible en las regiones de ecosistemas frágiles en los cuales se han realizado cultivos ilícitos; q) Los bienes y recursos que se encuentren dentro de la jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y cuya extinción de dominio se haya decretado, conforme a la presente Ley, serán asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes al Instituto de Tierras del Archipiélago, para el cumplimiento de sus fines, consagrados en la legislación correspondiente; Mientras se crea el Instituto de Tierras del Archipiélago el Consejo Nacional de Estupefacientes asignará los bienes a programas de vivienda de interés social, reforma agraria, obras públicas o para financiar programas de educación en el Archipiélago y promover su cultura; r) Financiar programas para población de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales; s) Financiar programas de recreación y cultura de pensionados y la tercera edad; t) Implementación de programas de vivienda de interés social;
u) Financiar programas para erradicar la indigencia en el país. PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Las tierras aptas para la producción y que ingresen al Fondo que se crea en la presente Ley, se adjudicarán a Ios campesinos e indígenas que cumplan los requisitos establecidos. La adjudicación se hará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 160 de 1994. Los desplazados por la violencia y los involucrados en los programas de erradicación de cultivos ilícitos tendrán prioridad para la adjudicación.
<Notas de vigencia> - Artículo subrogado por el artículo
150 del Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622 de 29 de junio de 1999. <Jurisprudencia - Vigencia> Corte Constitucional: - Parágrafo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, en los términos de la sentencia, por la Corte Constitucional mediante Sentencia
- El Decreto 1122 de 1999 fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-923-99 de 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis. <Legislación anterior> Texto modificado por el Decreto 1122 de 1999: ARTÍCULO 26.Los bienes y recursos que ingresen al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado serán asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes exclusivamente para: a) Financiación y dotación de las entidades legitimadas para presentación de solicitudes de extinción del dominio, de los gastos que ocasione la investigación, el respectivo proceso, y la capacitación de los funcionarios encargados de dicha labor. b) Financiación de acciones del Estado en su lucha contra el delito del narcotráfico y conexos, destinando inversión en capacitación de funcionarios, preparación técnica y tecnológica, en soporte logístico, adquisición de equipos, y en general, programas que contribuyan al fortalecimiento de la estrategia antidrogas en sus diversas manifestaciones. c) Financiación de programas para prevenir, combatir y erradicar la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones. d) Asignación de recursos para la financiación de programas destinados a la protección de funcionarios de la Rama Judicial, del Ministerio Público y autoridades administrativas, vinculados en la lucha contra la corrupción y la estrategia antidrogas. e) Financiación de programas de Reforma Agraria, de Reforma Urbana y de vivienda de interés social. f) Financiación de programas de infraestructura y rehabilitación de la población carcelaria y penitenciaria. g) Financiación de programas de reinserción en los procesos de paz que se adelanten, de atención de los desplazados por la violencia y de erradicación de cultivos ilícitos. PARÁGRAFO 1o. Las tierras aptas para la producción, que ingresen al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado se adjudicarán a los campesinos e indígenas que cumplan los requisitos establecidos. La adjudicación se hará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 160 de 1994, y las demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. Los desplazados por la violencia y los involucrados en los programas de erradicación de cultivos ilícitos tendrán prioridad para la adjudicación. PARÁGRAFO 2o. Con cargo a los bienes que hubieren ingresado al patrimonio del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado se atenderán de manera preferencial las reparaciones integrales hasta concurrencia del valor de los bienes extinguidos al responsable de los daños, de conformidad con el artículo
13 de la Ley 333 de 1996. PARÁGRAFO 3o. El Fondo financiará la contratación de seguros que cubran los riesgos por actos terroristas súbitos y violentos y los perjuicios en que pueda incurrir la población civil por esos mismos actos, cuando no estén amparados por el Gobierno Nacional mediante pólizas de seguros, la protección de los bienes sobre los cuales esté vigente una medida cautelar o sobre aquéllos que sean objeto de extinción del dominio. ARTÍCULO 27. DEL EJERCICIO ESPECIALIZADO Y PREFERENTE. Sin perjuicio de la competencia de los fiscales ante la Justicia Regional, de los que determine el Fiscal General de la Nación y de los Jueces Penales del Circuito, la Fiscalía General de la Nación conformará, por reorganización de su planta de personal, una unidad especializada para investigar bienes de ilícita procedencia, adelantar la extinción del dominio en las actuaciones penales e integrar un registro y control de los procesos en los cuales se inicie y declare la extinción del dominio. Las investigaciones preliminares para investigar bienes de ilícita procedencia de la unidad especializada tendrán un plazo hasta de seis (6) meses; en ellas se observará lo dispuesto en el artículo 2o.
Los funcionarios competentes para conocer de la acción de extinción del dominio la ejercerán preferentemente, tratándose de las actividades delictivas de organizaciones criminales, del crimen organizado y de la corrupción administrativa, de los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes, contra el Régimen Constitucional, la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Seguridad Pública, los de secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito, así como los que sean predicables de la subversión. Las entidades estatales legitimadas para iniciar la acción y los funcionarios competentes para conocer de la acción de extinción del dominio, informarán a la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la Nación de la iniciación del proceso dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su iniciación, con indicación de las partes, bienes y persona o personas contra quienes se promueva, así como de la sentencia que se pronuncie. El deber de iniciación del proceso de extinción del dominio se entiende sin perjuicio de las obligaciones de información que corresponden a las entidades estatales legitimadas, de sus funciones de inspección, vigilancia y control, así como de las atribuciones y facultades específicas que se derivan de éstas. <Jurisprudencia Vigencia>
C-539-97 de 23 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo
ARTÍCULO 28. DEL EJERCICIO TEMERARIO DE LA ACCIÓN. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> En los eventos en que la demanda interpuesta por la entidad estatal sea temeraria o motivada en el dolo o culpa grave del funcionario que la interpuso habrá lugar a la indemnización de los daños causados al demandado, sin perjuicio de las acciones penales y administrativas a que haya lugar. PARÁGRAFO. Quien realice una falsa denuncia en los supuestos de la presente Ley incurrirá en la sanción penal respectiva, incrementada hasta en una tercera parte. Igual aumento se aplicará a la sanción a que se haga acreedor el Fiscal o el funcionario judicial que incurra en prevaricato, por indebida aplicación.
En todo caso, no se podrá abrir o iniciar investigación alguna, contra personas naturales o jurídicas con base en anónimos o pruebas obtenidas ilegalmente. <Notas de vigencia> - Artículo derogado por el artículo
151 del Decreto 1122 de 1999, publicado en el Diario Oficial No. 43.622 de 29 de junio de 1999. <Jurisprudencia - Vigencia> Corte Constitucional: - Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-1708-00 de 12 de diciembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis, "con el entendido dado en el numeral 4.6 de la parte motiva de la sentencia".
"En consecuencia la disposición no resulta contraria a la Constitución Política porque, en el evento de que el perjudicado no sea indemnizado en ejercicio de la acción civil, que eventualmente puede iniciar dentro del proceso penal, cualquiera fuere la razón, podrá demandar de la justicia civil su restablecimiento patrimonial, previsión que desarrolla debidamente el numeral 1° del artículo 95 de la Constitución Política, el cual obliga a toda persona a respetar los derechos ajenos y a no abusar de los propios, con independencia de que la conducta omisiva de esta obligación constituya o no delito. Por lo anterior, al parecer de la Corte, la disposición no quebranta la Constitución Política por cuanto el Estado sigue estando obligado a responder por el daño antijurídico causado, tanto al demandado como a los terceros, no solo con la presentación de la demanda sino con las distintas etapas del proceso, incluyendo las diligencias preliminares. Empero, esta responsabilidad, ni la posibilidad de que el Estado repita contra el funcionario exonera a éste último, cuando obró por dolo o culpa grave, de responder civilmente de su conducta, aunque no hubiere sido procesado por ella penalmente y también en aquellos casos en que habiendo sido procesado fuere, por cualquier circunstancia, exonerado."
C-923-99 de 18 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis. ARTÍCULO 29. DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta Ley se aplicará en todos los casos en que los hechos o actividades a que se refiere el artículo segundo hayan ocurrido total o parcialmente en Colombia, o cuando los bienes se encuentren ubicados en el territorio nacional. Respecto de aquellos bienes situados en el exterior cuyos titulares o beneficiarios reales sean colombianos o cuando los hechos se hayan iniciado o consumado en la República de Colombia, se aplicará con sujeción a los tratados y convenios internacionales. Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables respecto de tributos e impuestos, ni a propósito de las otras formas de extinción del dominio contempladas en la legislación agraria, minera y ambiental, que se regularán por las leyes sobre el particular. ARTÍCULO 30. DE LA INTEGRACIÓN.
En los aspectos no contemplados en esta Ley se aplicarán las disposiciones de los Códigos de Procedimiento Penal, de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo, en los que sean compatibles con la naturaleza del proceso y las actuaciones que se realicen en el mismo. <Jurisprudencia - Vigencia> Corte Constitucional: - Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-1708-00 de 12 de diciembre de 2000, Magistrado Ponente Dr. Alvaro Tafur Galvis. ARTÍCULO 31. AUTORIZACIÓN.
- Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
ARTÍCULO 31 Autorízase al Gobierno para abrir créditos adicionales, y hacer las adiciones y traslados presupuestales que sean necesarios para el cumplimiento de esta Ley. ARTÍCULO 32. PROTECCIÓN A LA VIVIENDA FAMILIAR. <Artículo INEXEQUIBLE>
- Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante providencia
C-374-97 de 13 de agosto de 1997, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo, aclarada mediante Auto No. 36 del 9 de octubre de 1997.
ARTÍCULO 33. DE LA VIGENCIA. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> No obstante, la extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la vigencia de esta Ley, siempre que dicha adquisición o destinación ilícita de los bienes o derechos haya sido realizada con posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esta medida de extinción, así la legislación haya modificado o modifique la denominación jurídica, sin perjuicio del término de prescripción de que trata el artículo 9o. de esta Ley. En todo caso, se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo título, causa un grave deterioro de la moral social y es conducta con efectos permanentes.
C-488-97 de 2 de octubre de 1997, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en la Sentencia C-374-97
C-374-97 de 13 de agosto de 1997, Magistrado Ponente, Dr. José Gregorio Hernández Galindo, salvo el aparte tachado el cual se declaró INEXEQUIBLE. El Presidente del Honorable Senado de la República, LUIS FERNANDO LONDOÑO CAPURRO. El Secretario General Del Honorable Senado De La República,
PEDRO PUMAREJO VEGA. El Presidente De La Honorable Cámara De Representantes,
GIOVANNI LAMBOGLIA MAZZILLI. El Secretario De La Honorable Cámara De Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR. República de Colombia - Gobierno Nacional Publíquese y ejecútese. Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 19 de diciembre de 1996.
ERNESTO SAMPER PIZANO. El Ministro de Justicia y del Derecho, CARLOS EDUARDO MEDELLIN BECERRA
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Opinión - Consulta Senado de la República de Colombia | Información legislativa www.secretariasenado.gov.co Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.© ISSN 1657-6241, "Leyes desde 1992 - Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad", 17 de octubre de 2008. Incluye análisis de vigencia expresa y análisis de fallos de constitucionalidad publicados hasta 17 de octubre de 2008. La información contenida en este medio fue trabajada sobre transcripciones realizadas a partir del Diario Oficial; los fallos de constitucionalidad fueron suministrados por la Corte Constitucional. Cuando fue posible se tomaron los textos del Diario Oficial publicados por la Imprenta Nacional en Internet.