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Timestamp: 2018-08-17 22:24:48
Document Index: 55393062

Matched Legal Cases: ['artículo 529', 'artículo 530', 'artículo 531', 'artículo 532', 'artículo 533', 'artículo 534', 'artículo 535', 'artículo 536']

Guía De Formación Online : Temario Guardia Civil Tema 9 Delitos Cometidos Por Los Funcionarios Públicos Contra Las Garantías Constitucionales
Temario Guardia Civil Tema 9 Delitos Cometidos Por Los Funcionarios Públicos Contra Las Garantías Constitucionales
Con este apartado finalizamos el tema 9 del temario de la guardia civil donde hemos estudiado los delitos contra la administración pública y los cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
Vamos a estudiar el capítulo V del Título XXI del Libro II del Código Penal, donde vienen tipificados los delitos que se caracterizan por una extralimitación en las facultadas que tienen conferidas las autoridades y funcionarios públicos en relación con los derechos y libertades que garantiza la Constitución de 1978.
Dado que el autor de estos delitos sólo puede serlo quien tenga unas cualidades personales determinadas, hablamos de delitos especiales. Estas cualidades especiales son ser autoridad o funcionario público. Se trata en este caso de formas agravadas de los delitos comunes correspondientes.
El Código Penal distingue 3 tipos de delitos contra la Libertad Individual entre los artículos 529 y 533:
1) Entrega Indebida de causa criminal o persona de un detenido a otra autoridad: el artículo 529 del CP establece que el juez o magistrado que entregue una causa criminal a otra autoridad o funcionario, militar o administrativo, que ilegalmente se la reclame, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Si además entrega la personad de un detenido, se le impondrá la pena superior en grado.
2) Detenciones Ilegales Cometidas Por Autoridad O Funcionario: vienen recogidas en los artículos 530 a 532 del Código Penal.
El artículo 530 establece que la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 4 a 8 años.
El artículo 531 establece que la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, decretare, practicare o prolongare la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años.
Finalmente el artículo 532 establece que si los hechos que se describen en los 2 párrafos anteriores son cometidos por imprudencia grave, se castigarán con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años.
3) Excesos Cometidos Por Funcionarios De Prisiones o Centros de Menores: vienen regulados en el artículo 533 del Código Penal. El funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años.
Delitos Contra La Inviolabilidad Del Domicilio Y Garantías Constitucionales De La Intimidad
Vienen recogidos en los artículos 534 a 543 del Código Penal:
I) Delitos Contra La Inviolabilidad del Domicilio.
El artículo 534 establece que será castigado con las penas de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales legales:
1) Entre en un domicilio sin el consentimiento del morador
2) Registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento. Si no devuelve al dueño, inmediatamente después del registro, los papeles, documentos y efectos registrados, las penas serán las de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 a 12 años y multa de 12 a 24 meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderle por la apropiación.
La autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes, será castigado con las penas previstas para estos hechos, impuestas en su mitad superior y, además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años.
II) Delitos Contra La Inviolabilidad De La Correspondencia:
El artículo 535 del CP establece que la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años.
Si la autoridad o funcionario público divulga o revela la información obtenida, se le impondrá la pena de inhabilitación especial, en su mitad superior y, además, la de multad de 6 a 18 meses.
III) Interceptación De Comunicaciones:
El artículo 536 del Código Penal establece que la autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años. Si además divulga o revela la información obtenida, se le impondrán las penas de inhabilitación especial, en su mitad superior y, además, la de multa de 6 a 18 meses.
IV) Delitos Contra Otros Derechos Individuales:
Vienen regulados entre los artículos 537 y 543 del Código Penal:
Limitaciones A Los Derechos Del Detenido o Preso: la autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, será castigado con la pena de multa de 4 a 10 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 4 años.
Delitos Contra La Libertad De Expresión: la autoridad o funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de los casos permitidos por la Constitución y la Leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva, incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 10 años.
Delitos Contra El Derecho De Asociación: la autoridad o funcionario público que disuelva o suspenda en sus actividades a una asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o sin causa legítima le impida la celebración de sus sesiones, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 8 a 12 años y multa de 6 a 12 meses.
Delitos contra el Derecho de Reunión: la autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 4 a 8 años y multa de 6 a 9 meses.
Expropiación Ilegal: la autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrirá en las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses.
Delitos Contra el Ejercicio de otros Derechos Cívicos: la autoridad o funcionario incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 4 años en caso de que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.
Ultrajes a España: las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus CCAA o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de 7 a 12 meses.