Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2001/06/registro-oficial-21-de-junio-del-2001
Timestamp: 2019-02-18 14:38:33
Document Index: 122441369

Matched Legal Cases: ['artículo 259', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 363', 'artículo 3', 'artículo 2259', 'artículo 2241', 'artículo 2259', 'artículo 2442', 'artículo 2442', 'artículo 1755', 'artículo 119']

Registro Oficial. 21 de JUNIO del 2001
Jueves 21 de Marzo del 2001
\n 153 Apruébase la "Guía\n para la programación y formulación de anteproyectos\n de proformas de presupuestos del sector público no financiero\n para el año 2002"
\n 083 Transfórmase el estímulo\n económico que reciben en el mes de octubre los servidores\n del Ministerio de Energía y Minas, sujetos a la\n Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa
\n DIRECCION\n GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL
\n 091/01 Establécese normas\n médicas para la gente de mar en lo que atañe a\n vista y oídos
\n 092/01 Establécese\n los requisitos de embarco para la titulación de marineros\n que formen parte de la guardia de navegación
\n 093/01 Establécese los requisitos para\n el reconocimiento por parte de la autoridad marítima del\n Ecuador de un título obtenido en el extranjero
\n 094/01 Establécese\n las normas para el personal mercante que realiza viajes próximos\n a la costa
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
\n 136-2001 Cleotilde Tomalá\n Caiche viuda de Campi y otros en contra de Autoridad Portuaria\n de Guayaquil
\n 140-2001 Leonardo Serrano\n Carrión en contra de la Compañía Aduaustro\n S.A.
\n 141-2001 Felipe Esteban Zambrano\n Monserrate en contra de Esmeralda Trinidad Zambrano Monserrate\n y otros
\n 143-2001 Ingeniero Jorge Rodríguez\n Vargas en contra de la I. Municipalidad de Bahahoyo
\n 144-2001 Lola Vásquez\n León y otros en contra de Zoila Luz Cabrera \n Roldán
\n 146-2001 Cooperativa San Francisco\n de Asís Ltda. en liquidación en contra de Segundo\n Patricio Balseca Martínez
\n 147-2001 José Miguel Jiménez Rivas\n y otra en contra de Julio César Jiménez Rivas y \n otra
\n 148-2001 Amarilis Cucalón\n Estrada de Pacheco en contra del Banco Sociedad de Crédito\n
\n -\n Cantón Guachapala: Reformatoria\n que regula la administración del impuesto de patentes\n municipales\n \n
N0 153
Que, es necesario establecer una metodología uniforme\n para la programación y formulación del anteproyecto\n del presupuesto del sector público no financiero para\n el año 2002 de manera que constituya una herramienta adecuada\n para el eficiente y coordinado manejo presupuestario, y,
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo\n 24, numeral 3 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control,
Artículo Unico. - Aprobar la "GUIA PARA LA PRO-GRAMACION\n Y FORMULACION DE ANTEPROYECTOS DE PROFORMAS DE PRESUPUESTOS DEL\n SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO PARA EL AÑO 2002",\n la cual entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.
Publíquese, dado en Quito, Distrito Metropolitano,\n 7 de junio del 2001.
GUlA PARA LA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE\n LA PROFORMA DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO\n PARA EL AÑO 2002
La metodología para la programación y formulación\n del anteproyecto del presupuesto del sector público no\n financiero para el aun 2002, que se describe a continuación\n se fundamenta básicamente en lo dispuesto en la Constitución\n Política de la República del Ecuador, Ley de Presupuestos\n del Sector Público expedida en noviembre de 1992, Normativa\n Presupuestaria y leyes afines.
A través del Plan de Gobierno 2000 - 2003 se plantearon\n las políticas y objetivos nacionales permanentes, así\n como los lineamientos y estrategias para cumplir con metas de\n mediano y corto plazo.
La base de la programación presupuestaria constituye\n por tanto el Plan de Gobierno 2000 - 2003, y representa la demanda\n de recursos necesarios para la ejecución de las actividades\n y proyectos planteados en el Plan Operativo Anual de cada institución.
A su vez, el presupuesto constituye la herramienta de todo\n Gobierno para poner en práctica la política fiscal\n encaminada hacia la reducción de los niveles de pobreza\n y mejorar el nivel de vida de la población ecuatoriana,\n a través de la asignación de recursos con criterios\n de equidad y eficiencia.
La Guía Metodológica de Programación\n y Formulación Presupuestaria permitirá que las\n instituciones diseñen sus proformas de acuerdo a la normativa\n del Sistema de Administración Financiera, y que éstas\n se constituyen en instrumentos que permitan la evaluación\n de las actividades y proyectos que cada entidad defina realizar\n en el año, y servirán de fundamento para que la\n sociedad fiscalice las acciones gubernamentales.
GUIA METODOLOGICA PARA LA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL ANTEPROYECTO\n DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PARA 2002
Orientar a los funcionarios del Ministerio de Economía\n y Finanzas y de las instituciones del sector público en\n la programación y formulación presupuestaria de\n acuerdo a la Constitución Política de la República\n del Ecuador, leyes vigentes, otras disposiciones legales, planes\n de gobierno y políticas fiscal y presupuestaria.
Propiciar la vinculación de los sistemas de planificación\n y presupuesto.
Aprovechar de la técnica en materia de presupuestación\n para contribuir al logro de los objetivos macroeconómicos\n y equilibrio fiscal en el mediano plazo.
Utilizar indicadores que permitan adoptar criterios de equidad\n en la asignación de recursos, a fin de que el presupuesto\n se constituya en un instrumento de planificación que permita\n evaluar resultados.
La Guía Metodológica regirá para las\n entidades y organismos del sector público no financiero,\n y su naturaleza es de carácter obligatoria conforme lo\n dispone el artículo 259 de la Constitución.
Constitución Política de la República\n del Ecuador.
\n Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
\n Ley de Presupuestos del Sector Público.
\n Reglamento de la Ley de Presupuestos del Sector Público.
\n Normativa del Sistema de Administración Financiera.
\n Ley de Reforma para las Finanzas Públicas.
\n Ley para la Transformación Económica del Ecuador.
\n Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación
\n Ciudadana.
(Anexo 21JNT1;15)
Que, el Ministerio de Energía y Minas, ha implementado\n procesos de reestructuración administrativa en el marco\n de las políticas de modernización del Estado;
Que, los servidores del Ministerio de Energía y Minas,\n están sujetos a la Escala de Sueldos Básicos perteneciente\n al Sistema Nacional de Clasificación de Puestos del Servicio\n Civil
Que, adicionalmente, cuentan con un sistema de valoración\n exclusivo; que diferencia la remuneración con los demás\n servidores pertenecientes a las entidades que conforman la Función\n Ejecutiva; y, que fuera establecido por la ex - Dirección\n Nacional de Personal;
Que, los servidores del Ministerio de Energía y Minas,\n vienen percibiendo un Estímulo Económico consistente\n en tres salarios mínimos vitales, que se paga en el mes\n de octubre de cada año; y que fuera aprobado mediante\n Acuerdo Ministerial No. 1508 de 18 de noviembre de 1987;
Art. 1. - Transformar el estímulo económico\n que reciben en el mes de octubre, los servidores del Ministerio\n de Energía y Minas, sujetos a la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa, que laboran en jornada completa; en\n una bonificación económica anual.
Esta bonificación se cancelará en el mes de\n octubre de cada año, y se calculará considerando\n los siguientes componentes: Sueldo básico, subsidio por\n años de servicios, bonificación por responsabilidad\n y décimo sexto sueldo.
Art. 2. - Exclúyese el monto de esta bonificación,\n en el cálculo que se aplica para cada servidor, en el\n sistema de valoración exclusivo con que cuenta la entidad.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil uno.
f) Ab. Martin lnsua Chang, Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos, miembro del CONAREM.
f) Ing. Luis A Sánchez Aguirre, Director de Servicio\n Civil y Desarrollo Institucional, Secretario del CONAREM.
N°\n 091/01
Que es necesario establecer normas médicas para la\n gente de mar particularmente en lo que atañe a la vista\n y al oído en concordancia a la Regla 1/9 del Convenio\n de Formación, Titulación y Guardia para la Gente\n de Mar 1978 y sus enmiendas en 1995 de la cual el Ecuador es\n signatario;
Que la ficha médica es un efectivo instrumento de salud\n que permite asegurar la situación de bienestar físico\n y mental de los miembros de la Marina Mercante Nacional;
Que los exámenes de aptitud psicofísica representan\n la garantía necesaria para preservar la aptitud de la\n gente de mar y evitar posibles contingencias;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 98 del 21 de enero de 1972\n y publicado en el Registro Oficial No. 406 del 1 de febrero del\n mismo mes y alio se promulga la Ley General de Transporte Marítimo\n y Fluvial, en la que se establece que la Dirección General\n de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER) llevará el\n registro, clasificará y otorgará los títulos\n y las matrículas para el personal marítimo en general;\n y,
Art. 1. - Establecer las siguientes normas específicas\n a cumplirse en la elaboración de la ficha médica\n del personal de la Marina Mercante Nacional en lo que corresponda\n a los exámenes de vista y oído.
Art. 2. - Se efectuará para el oído el Examen\n de Audiometria Tonal Terminal método de barrido de frecuencias.\n Si del examen de oídos se determinare que el personal\n de la Marina Mercante tuviere las deficiencias que se detallan\n a continuación, no se le podrá otorgar el título\n que lo habilita a laborar a bordo.
o Agenesia del conducto auditivo externo con disminución\n de la capacidad auditiva, uni o bilateral.
o Otitis externa aguda o crónica de cualquier etiología.
o Otitis media con o sin perforación de la membrana\n timpánica.
o Mastoiditis aguda o crónica.
o Hipoacusia uni o bilateral sobre 15 db en frecuencias conversacionales.
o Cafaxis.
o Trauma acústico de cualquier grado uni o bilateral.
o Tumores o fistulas preauricular.
o Laberintitis de cualquier etiología.
o Insuficiencia vértebro bacilar.
o Enfermedad de Menniere.
Art. 3. - Se efectuará para los ojos los exámenes\n de:
o Agudeza visual (Lejos y cerca).
o Biomicroscopia.
o Fondodeojo.
o Tensión ocular.
o Test isocromático de Ishiaba.
Se establece los siguientes parámetros de agudeza visual\n y vicios de refracción:
o Agudeza visual inferior a 20/50 no corregible a 20/20 hasta\n con un máximo de 1.50 dioptrías esféricas\n o cilíndricas.
o Ambliopías de un ojo con agudeza visual inferior\n a 20/60 de cualquier etiología.
Visión de refracción mpa I.S.D. esféricas\n o cilíndricas.
Art. 4. - La presente resolución entrará en\n vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dada en Guayaquil, en la Dirección General de la Marina\n Mercante y del Litoral, a los ocho días de mayo del dos\n mi uno.
f) Gonzalo Vega Valdiviezo, Contralmirante, Directo General\n de la Marina Mercante.
N0 092/01
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 98 del 21 de enero d 1972\n y publicado en el Registro Oficial No. 406 del 1 d febrero del\n mismo año, se promulga la Ley General d Transporte Marítimo\n y Fluvial, en la que se establece que 1 Dirección General\n de la Marina Mercante y del Litoral llevará el registro,\n clasificará y otorgará los títulos, matrículas\n para el personal marítimo en general;
Que es necesario establecer los requisitos y tiempos de embarco\n mínimos aplicables previo a la titulación de personal\n que formen parte de la guardia de navegación en virtud\n de lo dispuesto en la Regla 11/4 y de la guardia de máquinas\n provistas de dotación y de los no provistos de dotación\n de acuerdo a lo dispuesto en el Regla III/4 de Convenio Internacional\n sobre Normas de Formación Titulación y Guardia\n para la Gente de Mar de 1978 y enmienda en 1995 del cual el Ecuador\n es signatario; y,
Art. 1. - Establecer los requisitos y tiempos de embarque\n mínimos aplicables previo a la titulación de marinero\n personal de cubierta y de máquinas que formen parte de\n guardia en buques de 500 o más toneladas de registro bruto,\n o de buques igual o superior a 750 Kv sin dotación permanente\n de máquinas excepto los que estén recibiendo formación\n y los que mientras estén de guardia no cumpla deberes\n que requieran especialización.
Art. 2. - Todo aspirante al título deberá cumplir\n con los siguientes requisitos:
2. 1. Haber cumplido 18 años de edad.
2.2. Acreditar un periodo de embarco de 6 meses que incluya\n formación y experiencia, aprobado por la Escuela de la\n Marina Mercante Nacional.
2.3. Formación especial, sea antes de embarcarse o\n una vez a bordo, incluido un periodo de embarque aprobado que\n no será inferior a dos meses: y,
2.4. Satisfacer las normas de competencia que se establecen\n en el Código de Formación del Convenio.
Art. 3. - La Dirección General de la Marina Mercante\n analizará la documentación del personal de marineros\n de cubierta y máquinas en formación, con el objeto\n de asegurarse que cumplen con los períodos mínimos\n de embarco registrados en sus certificados de prácticas\n a bordo legalizados por el Capitán de la nave y la Escuela\n de la Marina Mercante Nacional.
Art. 4. - La Dirección General de la Marina Mercante\n mantendrá un registro de los títulos que expida\n y facilitará información sobre el carácter\n de dichos refrendos, a las otras partes o compañías\n que así lo soliciten para la verificación o autenticidad\n y validez de los títulos presentados por la gente de mar.
Art. 5. - La presente resolución entrará en\n vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dada en Guayaquil, en la Dirección General de la Marina\n Mercante y del Litoral, a los ocho días de mayo del dos\n mil uno.
f) Gonzalo Vega Valdiviezo, Contralmirante. Director General\n de la Marina Mercante.
N0 093/01
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 98 del 21 de enero de 1972\n y publicado en el Registro Oficial No. 406 del 1 de febrero del\n mismo año, se promulga la Ley General de Transporte Marítimo\n y Fluvial, en la que se establece que la Dirección General\n de la Marina Mercante y del Litoral llevará el registro,\n clasificará y otorgará los títulos, y matrículas\n para el personal marítimo en general;
Que es necesario establecer los procedimientos para reconocer\n los títulos expedidos por otra parte en virtud de lo dispuesto\n por el Convenio Internacional sobre Normas de Formación,\n Titulación y Guardia para la Gente de Mar de 1978 y su\n enmienda en 1995: y,
Art. 1. - Establecer el siguiente procedimiento para reconocer\n los títulos y certificados de competencia expedidos por\n otra parte en virtud de lo dispuesto en las reglas 1/10 y 1/11\n del Convenio Internacional sobre Normas de Formación,\n Titulación y Guardia para la Gente de Mar de 1978 y sus\n enmiendas en 1995.
a) La Dirección General de la Marina Mercante y del\n Litoral (DIGMER), como Autoridad Marítima del Ecuador,\n reconocerá los títulos y los certificados de Competencia\n otorgados por un país signatario del Convenio Internacional\n antes citado, siempre y cuando los mismos hayan sido emitidos\n por los centros de formación y enseñanza marítima\n reconocidos por la Organización Marítima Internacional\n (OMI);
b) El reconocimiento de un título lo otorgará\n únicamente la Dirección General de la Marina Mercante\n en el formato de reconocimiento que se adjunta como del "Refrendo\n de Reconocimiento de un Titulo" (Anexo A), previa evaluación\n del documento presentado por los capitanes, oficiales de cubierta,\n oficiales de máquinas, oficiales auxiliares, tripulantes\n de cubierta (contramaestre, timonel y marinero), tripulantes\n de máquinas y tripulantes de servicios auxiliares que\n tengan sus certificados de los cursos modelo O.M.I. exigidos\n de acuerdo a su especialidad, en vigencia, realizados en el Centro\n de Formación Marítima reconocido por la OMI o en\n la Escuela de la Marina Mercante Nacional, en base a las disposiciones\n del Convenio sobre Formación, Titulación y Guardia\n de la Gente de Mar, 1978 .y sus enmiendas de 1995, los cuales\n los capacitan para operar en cualquier buque de bandera ecuatoriana\n o extranjera, de tráfico nacional o internacional, y su\n Certificado de Aptitud Física (ficha médica). Este\n documento tendrá una validez de cinco años; y,
c) Los documentos originales que presenta el solicitante para\n su reconocimiento deberán previamente ser registrados\n en el Consulado o la Embajada del Ecuador en el país emisor\n del mismo.
Art. 2. - La Dirección General de la Marina Mercante\n mantendrá un registro de todos los refrendos de reconocimiento\n que expida y facilitará información sobre el carácter\n de dichos refrendos, a las otras partes o compañías\n que así lo soliciten para la verificación o autenticidad\n y validez de los títulos presentados por ¡a gente\n de mar.
Art. 3. - La presente resolución entrará en\n vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
(Anexo 21JNT16;17)
N0 094/01
Que es necesario establecer normas para el personal mercante\n que realiza viajes próximos a la costa, en concordancia\n a la Regla 1/3 del Convenio de Formación, Titulación\n y Guardia para la Gente de Mar, 1978 y sus enmiendas en 1995\n del cual el Ecuador es signatario.
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 98 del 21 de enero de 1972\n y publicado en el Registro Oficial No. 406 del 1 de febrero del\n mismo mes y año se promulga la Ley General de Transporte\n Marítimo y Fluvial, en la que se establece que la Dirección\n General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER) llevará\n el registro, clasificará y otorgará los títulos\n y las matriculas para el personal marítimo en general;\n y,
Art. 1. - Establecer las siguientes normas para el personal\n mercante embarcado en buques que realicen viajes próximos\n a la costa:
a. No se impondrá a la gente de mar que preste servicios\n en buques con derecho a enarbolar el pabellón de otra\n parte y dedicados a realizar viajes próximos a la costa,\n requisitos sobre formación, experiencia y titulación\n más rigurosos que los exigidos a la gente de mar que preste\n servicios en buques con derecho a enarbolar el pabellón\n ecuatoriano, en tales viajes; y,
b. Los buques con derecho a enarbolar, el pabellón\n de una parte y dedicado con regularidad a realizar viajes próximos\n a la costa de otra parte bajo la modalidad de contrato de arrendamiento;\n no se le exigirá requisitos sobre formación, experiencia\n y titulación para la gente de mar más rigurosos\n que los requisitos establecidos en el convenio aplicables a los\n buques no dedicados a viajes próximos a la costa.
Art. 2. - La presente resolución entrará en\n vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
N0 136\n - 2001
Dentro del juicio ordinario No. 278\n - 2000 que, por indemnización de daños y perjuicios\n sigue Cleotilde Tomalá Caiche viuda de Campi, Hugo, Katty,\n Ana, Bella, Alba, Yadira y Ower Campi Tomalá en contra\n del Capitán de Navío en servicio pasivo Nelson\n Dossman Guijarro, en su calidad de Gerente y representante legal\n de Autoridad Portuaria de Guayaquil, se ha dictado lo que sigue:
Quito, 26 de marzo del 2001; las 11h30.
VISTOS: El Capitán de Navío en servicio pasivo\n Nelson Dossman Guijarro, en su calidad de Gerente y representante\n legal de Autoridad Portuaria de Guayaquil, interpone recurso\n de casación de la sentencia expedida por la Quinta Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, dentro del juicio\n que por indemnización de daños y perjuicios propusieron\n Cleotilde Tomalá Caiche viuda de Campi, Hugo, Katty, Ana,\n Bella, Alba, Yadira y Ower Campi Tomalá en contra de dicha\n entidad. Sorteada la causa en forma legal, correspondió\n su conocimiento a esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil,\n la cual admitió a trámite el recurso mediante providencia\n dictada el 24 de noviembre del 2000. Para resolver sobre dicho\n recurso, se considera: PRIMERO: El recurrente funda su recurso\n en las causales segunda y cuarta del artículo 3 de la\n Ley de Casación y señala como normas infringidas\n los artículos 1, 38, 42,353, 363, 364, 375, 408 y 409\n del Código del Trabajo; y los artículos 2241, 2259,\n 2416 y 2417 del Código Civil. - SEGUNDO: Corresponde en\n primer término examinar el cargo de que la sentencia impugnada\n está incursa en el vicio previsto en la causal segunda\n del artículo 3 de la Ley de Casación "aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad\n insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren\n influido en la decisión de la causa y que la respectiva\n nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente", pues\n si el Tribunal de Casación considera que efectivamente\n se ha producido este vicio, debe obrar conforme lo señala\n el segundo inciso del artículo 14 de la misma ley: "Cuando\n se trate de casación por la causal segunda del artículo\n 3, la Corte Suprema anulará el fallo y remitirá\n dentro de un término de cinco días el proceso al\n Juez u órgano judicial al cual tocaría conocerlo\n en caso de recusación de quién pronunció\n la providencia casada, a fin de que conozca la causa desde el\n punto en que se produjo la nulidad sustanciándolo con\n arreglo a derecho", sin que proceda en tal hipótesis\n examinar los demás fundamentos del recurso. En el caso,\n el razonamiento del recurrente consiste en señalar que\n el accidente en que falleció Hugo Miguel Campi Valero,\n cónyuge y padre de los demandantes, fue un accidente de\n trabajo y que, por lo tanto, la reclamación correspondiente\n debió sustentarse en aquellas disposiciones del Código\n del Trabajo que cita en su escrito. Aunque no lo dice expresamente\n el recurrente, se deduce de este razonamiento que la acción\n debería haberse incoado ante los juzgados de trabajo competentes\n para conocer estas reclamaciones y no ante un juzgado de lo civil,\n como aquí ha ocurrido y por lo cual el proceso se habría\n viciado de nulidad. - TERCERO: Respecto a la cuestión\n señalada en el considerando anterior, esta Sala hace las\n siguientes observaciones: a) La entidad demandada, al contestar\n la demanda (foja 21 del cuaderno de primera instancia), aunque\n negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda\n y no se allanó a las nulidades de las que pudiera adolecer\n el proceso, no se excepcionó expresamente en la falta\n de competencia del Juez civil, por razón de la materia,\n para conocer de esta causa, si consideraba que la reclamación\n debía enderezarse por la vía laboral; b) Tampoco\n dicha entidad, al apelar de la sentencia de primera instancia,\n que aceptó la demanda, señaló tal eventual\n causa de nulidad, al determinar los puntos a los que se contrajo\n el recurso que presentó; c) En definitiva, esta alegación\n surge solamente al interponerse el recurso de casación,\n una vez que la demandada, en las dos instancias, pudo ejercer\n ampliamente su derecho a la defensa, sin que pueda sostenerse\n por consiguiente que la supuesta omisión pudiera haber\n influido en la decisión de la causa, pues solamente en\n tal evento corresponde declarar la nulidad, conforme lo determinan\n los artículos 358 y 1067 del Código de Procedimiento\n Civil; d) Pero, lo fundamental en este punto es determinar la\n verdadera naturaleza de la pretensión de los demandantes.\n No se trata, en realidad, de una reclamación laboral propuesta\n por el trabajador, o dado el caso por sus herederos, en contra\n del empleador; sino de una reclamación civil interpuesta\n por los herederos de quien sufrió un daño contra\n quien lo causó, situación regulada por el Título\n XXXIII del Libro Cuarto del Código Civil y que debe, por\n lo mismo, tramitarse ante el fuero civil. Reclamación\n que puede formularse ante quien causó el daño,\n aunque el daño haya sido sufrido por un trabajador de\n un tercero durante el desempeño de sus actividades laborales,\n posibilidad que la admite en forma expresa una de las normas\n del Código del Trabajo, que supuestamente ha sido violadas\n en la sentencia: el artículo 363, que dice: "Responsabilidad\n de terceros. - Sin perjuicio de la responsabilidad del empleador,\n la víctima del accidente o quienes tengan derecho a la\n indemnización, podrán reclamarla en forma total\n de los terceros causantes del accidente, con arreglo al derecho\n común. - La indemnización que se reciba de terceros\n ¡ibera al empleador de su responsabilidad en la parte que\n el tercer causante deL accidente sea obligado a pagar. - La acción\n contra terceros puede ser ejercida por el empleador a su costa\n y a nombre de la víctima o al de los que tienen derecho\n a la indemnización, si ellos no la hubieren deducido dentro\n del plazo de treinta días, contados desde la fecha del\n accidente", disposición lógica que puede liberar\n al empleador de responsabilidad frente al accidente sufrido por\n uno de sus trabajadores, si ese accidente ha sido causado por\n un tercero. Eso es precisamente lo que sucedió en este\n caso, en que el accidente que causó la muerte de Hugo\n Campi Valero, que trabajaba en la Dirección General de\n Aduanas, lo provocó un empleado de Autoridad Portuaria\n de Guayaquil; y, e) Por estas razones, se desecha la alegación\n del recurrente con fundamento en la causal segunda del artículo\n 3 de la Ley de Casación.- CUARTO: También considera\n el recurrente que la sentencia que impugna incurre en el vicio\n señalado en la causal cuarta del artículo 3 de\n la Ley de Casación, que se produce cuando en la sentencia\n o auto contiene una "resolución de lo que no fuera\n materia del litigio u omisión de resolver en ella todos\n los puntos de la litis". En definitiva sostiene que la sentencia\n no ha aplicado el artículo 2259 del Código Civil\n ("Las acciones que concede este Titulo por daño o\n dolo prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración\n del acto"), por cuanto no ha tomado en cuenta la excepción\n de prescripción alegada por la entidad demandada. Sostiene\n que tampoco ha aplicado el artículo 2241 del mismo Código\n ("El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido\n daño a otro, está obligado a la indemnización;\n sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito\n o cuasidelito"), por cuanto ha omitido establecer la responsabilidad\n del operador de montacarga que ocasionó el accidente que\n causó el fallecimiento de Hugo Miguel Campi Valero. Finalmente\n considera que se ha omitido el tomar en cuenta la existencia\n de un juicio tramitado ante el Juez Sexto de Tránsito\n del Guayas, que se inició por dicho fallecimiento, aunque\n en este punto no cita norma legal alguna que haya sido infringida.\n - QUINTO: Sobre la acusación de que en la sentencia no\n se ha tomado en cuenta la excepción de prescripción\n y se ha dejado de aplicar el artículo 2259, esta Sala\n de Casación señala lo siguiente: a) La Quinta Sala\n de la Corte Superior de Guayaquil si se refiere en su sentencia,\n en forma expresa, a la excepción de prescripción\n y en el considerando octavo dice: "Hay constancia que Autoridad\n Portuaria de Guayaquil reconoció su obligación,\n como se evidencia de fojas 70 y 71 por lo que es inequívoco\n que la prescripción alegada se interrumpió como\n lo señala el artículo 2442 del Código sustantivo";\n b) La Quinta Sala, al confirmar en todas sus partes la sentencia\n expedida por el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Guayaquil,\n hace suyos los fundamentos de dicha sentencia, entre los cuales\n se dice expresamente que por haber habido el reconocimiento tácito\n de su obligación por parte de la entidad demandada se\n produjo la interrupción de la prescripción "por\n lo que no tiene lugar la excepción alegada"; c) Es\n claro que los juzgadores de primera y segunda instancia examinaron\n la excepción y la desecharon aplicando lo dispuesto en\n el segundo inciso del artículo 2442 del Código\n Civil "Se interrumpe naturalmente (la prescripción)\n por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya\n expresa, ya tácitamente", circunstancia que, aplicando\n el criterio de la sana crítica, estimaron que había\n quedado probada con los documentos incorporados al proceso, convicción\n que esta Sala no puede revisar; d) Cabe agregar que, de todas\n maneras, también serían aplicables al caso en cuestión\n las disposiciones de los artículos 2444 y 2433 numeral\n primero del Código Civil, por cuanto entre los hijos del\n fallecido se encontraba un menor de edad, conforme se establece\n en su partida de nacimiento (foja 10), a favor de quien se suspende\n la prescripción extintiva de obligaciones según\n rezan las normas que acaban de citarse. - SEXTO: El recurrente\n acusa a la sentencia de no establecer la responsabilidad del\n causante del accidente, que en su opinión es el obligado\n a pagar la indemnización. La sentencia reconoce, por los\n recaudos del proceso, que el accidente fue producto de una maniobra\n imprudente de un operador de Autoridad Portuaria de Guayaquil,\n pero la demanda no se dirigió contra dicha persona, sino\n contra la entidad en la que éste prestaba sus servicios.\n Mal podía por tanto condenarse en la sentencia a quien\n no fue demandado y, por tanto, no fue parte en el juicio. Si\n se lo hubiera hecho, en ese caso si. se habría incurrido\n en el vicio de extra patita, 'que es una de las situaciones previstas\n en la causal cuarta alegada. Pero en este punto conviene examinar\n si tal situación podría conducir a considerar que\n la demanda fue indebidamente dirigida a una entidad que no tenia\n responsabilidad en el siniestro ocurrido, por lo cual se podría\n sostener una falta de legitimación ad causam. Al haberse\n dirigido la demanda en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil.\n y no en contra del trabajador de esta entidad, los deudos del\n fallecido estaban ejerciendo un derecho establecido en el articulo\n 20 de la codificación de la Constitución, vigente\n a la fecha en que se produjo el accidente y también a\n la fecha en que se citó la demanda (codificación\n publicada en el Registro Oficial 763, de 12 de junio de 1984),\n y que tenía el siguiente texto, muy similar al actualmente\n vigente: "El Estado y más entidades del sector público'\n estarán obligados a indemnizar a los particulares por\n los perjuicios que les irroguen como consecuencia de los servicios\n públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados,\n en el desempeño de sus cargos. - Las entidades antes mencionadas,\n en tales casos, tendrán derecho de repetición y\n harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios\n o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente declarados,\n hubieren causado los perjuicios. La responsabilidad penal de\n tales funcionarios y empleados será establecida por los\n jueces competentes". La norma constitucional, por su jerarquía,\n prevalece por sobre cualquier otra disposición que pudiera\n estar en su oposición, por lo cual no puede alegarse ante\n ella ninguna otra disposición legal que supuestamente\n debería haber sido aplicada. Según esta norma,\n el particular afectado por los perjuicios que sufriere por los\n actos de los funcionarios o empleados de una entidad del sector\n público, tendrá derecho a ser indemnizado por dicha\n entidad, y del proceso aparece sin duda alguna, y así\n lo admite la propia demandada, que el causante del accidente\n trabajaba en Autoridad Portuaria de Guayaquil y que ésta\n es una entidad del sector público, quedándole a\n esta entidad la posibilidad, según establece el mismo\n articulo constitucional, de ejercer el derecho de repetición\n en contra del empleado responsable, en las condiciones establecidas\n en dicha disposición. - SEPTIMO: Finalmente en el escrito\n de interposición del recurso se afirma que la Cuarta Sala\n de la Corte Superior de Guayaquil omitió considerar la\n existencia de un juicio de tránsito que se inició\n por el fallecimiento de Hugo Miguel Campi Valero. La existencia\n de este juicio, propuesta como excepción por Autoridad\n Portuaria de Guayaquil al contestar la demanda, no ha sido establecida\n en este proceso y por lo mismo, el juzgador no podía apreciar\n su relevancia para la resolución que debía adoptar.\n Si se pidió, dentro de la estación probatoria,\n que el Juzgado de Tránsito remita copia certificada del\n expediente, y no se lo hizo, le tocaba al peticionario insistir\n y obtener ese despacho y de su responsabilidad el no haberlo\n obtenido. Por lo mismo, llegado el caso a la Corte Suprema de\n Justicia a través de un recurso de casación, es\n impertinente el especular sobre lo que dicho juicio de tránsito\n ha establecido o podría establecer. Por estas consideraciones,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación interpuesto\n por el Capitán de Navío en servicio pasivo Nelson\n Dossman Guijarro, en su calidad de Gerente y representante legal\n de Autoridad Portuaria de Guayaquil. Notifíquese y remítase\n el proceso al inferior para los fines legales correspondientes.
Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y Ernesto\n Albán Gómez, Ministros Jueces.
RAZON: Es fiel copia de su original.
Quito, 26 de marzo del 2001.
No. 140\n - 2001
Dentro del juicio ordinario No. 72 -\n 99 que, por dinero sigue Leonardo Serrano Camón en contra\n de Jorge Vicente Peláez Bravo, Gerente y representante\n legal de la compañía ADUAUSTRO S. A., se ha dictado\n lo que sigue:
Quito, 28 de mano del 2001; las 11h30.
VISTOS: Jorge Vicente Peláez Bravo, Gerente y representante\n legal de la compañía ADUAUSTRO SA., interpone recurso\n de casación de la sentencia dictada por la Tercera Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, dentro del juicio\n ordinario que por dinero sigue Leonardo Serrano Carrión\n contra la recurrente. Sorteada la causa, correspondió\n su conocimiento a esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil y\n cumplido el trámite previsto en la Ley de Casación,\n para resolver se considera: PRIMERO: Como lo ha expresado innumerables\n veces esta Sala y en conformidad con la naturaleza del recurso\n de casación, el análisis que debe realizar el Tribunal\n de Casación se limita estrictamente a las impugnaciones\n que quien recurre formula en el escrito de interposición.\n Es decir, la Sala de Casación. debe comprobar si, efectivamente,\n la sentencia recurrida está incursa en las causales, previstas\n en la ley y determinadas por quien interpone el recurso como\n el fundamento de su petición, y si en ella se infringen\n las normas de derecho señaladas así mismo en forma\n expresa en el mismo escrito. En este caso la recurrente acusa\n a la sentencia impugnada de haber violado los artículos\n 1742, 1753, 1754 y 1588 del Código Civil; y los artículos\n 117, 119 y 278 del Código de Procedimiento Civil, y funda\n el recurso en las causales primera y tercera del articulo 3 de\n la Ley de Casación.-SEGUNDO: Aunque la recurrente funda\n su recurso en las dos causales señaladas, sus alegaciones\n se refieren estrictamente a la causal tercera, pues considera\n que en la sentencia se ha incurrido en "una errónea\n interpretación de las normas de procedimiento en la valoración\n de las pruebas aportadas", que ha conducido a una equivocada\n aplicación de normas de derecho, lo cual le lleva a considerar\n que también podría sustentar su recurso en la causal\n primera, equívoco común en la presentación\n y fundamentación del recurso que es necesario aclarar.\n - TERCERO: La primera acusación que hace el recurrente\n contra la sentencia es la inaplicación de las normas del\n Código Civil relativas a la prueba de testigos cuando\n las obligaciones valen más de dos mil sucres; esto es\n la presunta violación de los artículos 1753: "Deberán\n constar por escrito los actos o contratos que contienen la entrega\n o promesa de una cosa que valga más de dos mil sucres.\n No será admisible la prueba de testigos en cuanto adicione\n o altere de algún modo lo que se exprese en el acto o\n contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, al tiempo\n o después de su otorgamiento, aun cuando en alguna de\n estas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor\n no alcance a la referida suma: - No se incluirán en esta\n cantidad los frutos, intereses u otros accesorios de la especie\n o cantidad debida"; y 1754: "Al que demanda una cosa\n de más de dos mil sucres de valor no se le admitirá\n la prueba de testigos, aunque limite a ese valor la demanda.\n - Tampoco es admisible la prueba de testigos en las demandas\n de menos de dos mil sucres, cuando se declara que lo que se demanda\n es parte o resto de un crédito que debió ser consignado\n por escrito y no lo fue". En el caso es evidente que no\n se celebró un contrato escrito, conforme lo dispone el\n citado articulo 1753, pero, aunque el Tribunal de instancia no\n lo cite expresamente, es pertinente al caso la aplicación\n del artículo 1755, inciso primero del mismo Código:\n "Exceptúanse de lo dispuesto en los tres artículos\n precedentes los casos en que haya un principio de prueba por\n escrito, es decir, un acto escrito del demandado o de su representante,\n que haga verosímil el hecho litigioso". Esta disposición\n implica lo siguiente: a) Se puede demandar por obligaciones de\n más de dos mil sucres, aunque no se haya celebrado contrato\n escrito; b) Para hacerlo hace falta que haya un principio de\n prueba por escrito; c) Este principio de prueba por escrito debe\n consistir en un acto escrito del demandado o de su representante;\n d) Este acto debe hacer verosímil el hecho litigioso,\n obviamente para el criterio del juez. El tribunal de instancia\n le concede este carácter al documento constante en fojas\n 48 (no 45), que consiste en un comprobante de egresos por un\n millón de sucres, emitido por ADUAUSTRO S.A., valor recibido\n por Leonardo Serrano Carrión por concepto de "segundo\n anticipo por la plataforma de los patios de la Aduana",\n documento que cumple los requisitos señalados en el artículo\n 1755 y que vuelve indudablemente verosímil el hecho litigioso,\n es decir la existencia del contrato de construcción celebrado\n entre actor y demandada y consecuentemente la obligación\n de ésta de cancelar el valor no pagado todavía.\n - CUARTO: Sostiene la recurrente que se ha producido la supuesta\n violación de los artículos 117, 119 y 278 del Código\n de Procedimiento Civil, el primero de los cuales se refiere a\n la carga de la prueba; el segundo a la apreciación de\n la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica\n y a la obligación del Juez de expresar en su resolución\n la valoración de las pruebas que fueron decisivas para\n su fallo, pero no de las demás; y el tercero a la exigencia\n de que en las sentencias y autos se decidan con claridad los\n puntos que fueron materia de la resolución, fundándose\n en la ley y en los méritos del proceso y, a falta de ley,\n en los principios de justicia universal. En este punto se limita\n a mostrar su disconformidad con la apreciación que hace\n el Tribunal de instancia de que, a través de una inspección\n judicial, se ha establecido que el actor fue contratado verbalmente\n por la demandada para la construcción de la obra por cuyo\n pago reclama, apreciación que procede precisamente dentro\n de las atribuciones del Tribunal, según el mencionado\n artículo 119 del Código de Procedimiento Civil\n y que, por lo mismo, no puede ser revisada por la Sala de Casación,\n como pretende la recurrente, apreciación que se complementa\n con la observación que hace la Sala de que no hay "indicio\n alguno en el proceso", que lleve a suponer que fue otro\n el constructor. - QUINTO: Por otra parte, la recurrente considera\n que no debió admitirse como prueba en favor del actor\n el documento de fojas 75 entregado por la demandada, que es un\n documento de contabilidad procesado en una computadora y que\n corresponde a una cuenta de pasivo contingente, el mismo que\n ha servido a los juzgadores para fijar el monto de la suma adeudada\n como saldo del trabajo realizado, que se ordena pagar en la sentencia\n recurrida. La recurrente considera "que el pasivo contingente\n figura como efecto de la demanda, como una posibilidad, como\n una expectativa al resultado del juicio, mas no corno admisión\n de crédito alguno", de lo cual se deduciría\n en su opinión, la errada interpretación que se\n ha hecho en la sentencia de los artículos ya citados del\n Código de Procedimiento Civil. Al respecto debe repetirse\n el análisis realizado en el considerando anterior: también\n el valor de la obligación pendiente de pago, igual que\n el haber sido el actor contratado verbalmente para la construcción\n de la obra, es un elemento de hecho sobre el cual el Juez debe\n tomar una decisión, apreciando las pruebas que se han\n producido en el proceso, tal como lo señala el artículo\n 119, aplicando las reglas de la sana crítica, es decir,\n con las reglas de la lógica, de la experiencia, del sentido\n común. Y en este punto concreto, se ha considerado como\n prueba para establecer el monto de lo adeudado, un registro de\n contabilidad, que si bien consta como pasivo contingente, es\n para el Juez, más allá de una precisión\n contable, suficiente demostración de que la demandada\n acepta una eventual obligación pendiente de pago, valoración\n que el Tribunal de Casación no puede revisar dentro del\n ámbito de sus competencias. No se examinan las acusadas\n violaciones de los artículos 1588 y 1742 del Código\n Civil por cuanto no se ha especificado en qué consisten\n tales violaciones. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza\n el recurso de casación interpuesto por Jorge Vicente Peláez\n Bravo, Gerente y representante legal de la compañía\n ADUAUSTRO S.A. Entréguese la caución al actor por\n los perjuicios sufridos por la demora en la ejecución\n de la sentencia. Notifíquese y devuélvase al inferior.
Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaría Relatora.
RAZON: Es fiel copia de su original. Certifico. - Quito, 29\n de mano del 2001.
N0 141\n - 2001
En el juicio ordinario (Recurso de Casación)\n No. 35 - 99 que, por reivindicación, sigue Felipe Esteban\n Zambrano Monserrate en contra de Esmeralda Trinidad y Pedro Humberto\n Zambrano Monserrate y Francisco Raúl Franco Zambrano,\n se ha dictado lo siguiente:
Quito, 29 de mano del 2001; las 09h05.
VISTOS: Felipe Esteban Zambrano Monserrate interpone recurso\n de casación de la sentencia dictada por la Primera Sala\n de la H. Corte Superior de Justicia de Babahoyo, dentro del juicio\n ordinario que, por reivindicación, signe el recurrente\n en contra de Esmeralda Trinidad y Pedro Humberto Zambrano Monserrate\n y de Francisco Raúl Franco Zambrano. Dicho recurso es\n concedido, por lo que el proceso sube a conocimiento de la Corte\n Suprema de Justicia; habiéndose radicado la competencia\n por el sorteo de ley en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil,\n y terminado la etapa de sustanciación de este proceso\n de casación, para resolver se considera: PRIMERO: Se ha\n dado cumplimiento en este proceso a lo dispuesto por el artículo\n 8 reformado de la Ley de Casación. - SEGUNDO: Conforme\n lo ha señalado este Tribunal de Casación en numerosas\n resoluciones, la actividad del organismo jurisdiccional de casación\n se mueve, de igual modo que en una instancia, por el impulso\n de la voluntad del recurrente; y es él quien en los motivos\n que en el recurso cristaliza, condiciona la actividad del Tribunal\n y señala de antemano los límites que no pueden\n ser rebasados. En la especie, la Sala se limitará a analizar\n las normas que el recurrente señala como infr