Source: http://slideflix.net/doc/59637/pantalones-cortos---procuradur%C3%ADa-general-de-la-naci%C3%B3n
Timestamp: 2018-10-22 13:14:32
Document Index: 42626240

Matched Legal Cases: ['artículo\n54', 'artículo 18', 'artículo 174', 'artículo 199', 'artículo 199', 'artículo 306', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 163']

Pantalones cortos - Procuraduría General de la Nación
Download Pantalones cortos - Procuraduría General de la Nación
• Porros, bichas y moños. Política pública, geografía del consumo y expendio de sustancias
psicoactivas en jóvenes escolares | Miguel Alvarez-Correa, Carolina Duque N. et. al.
y mochilas rotas
Jóvenes, política pública y sistema de responsabilidad penal
para Adolescentes (Ley 1098/06)
Esta obra representa la cuarta entrega de un ciclo de trabajos que pretende plasmar la evolución del sistema de responsabilidad penal para adolescentes
(SRPA) (Ley 1098/06) a lo largo del país, aportando las respectivas recomendaciones tendientes a mejorar lo alcanzado desde una triple perspectiva: psicosocial,
jurídica e institucional.
Más allá de la indiscutible necesidad de impactar con estas producciones
en el diseño de las políticas públicas para la atención de la juventud infractora de
la ley penal, se busca alimentar el debate frente a la idoneidad de los modelos de
atención terapéuticos en correspondencia con las necesidades de los jóvenes, la
naturaleza de los esquemas sancionatorios, la adecuación de los procedimientos
judiciales, la idoneidad de los perfiles de quienes atienden las distintas fases del
SRPA y así mismo de sus niveles de capacitación.
La propuesta de atención de los jóvenes vinculados al sistema ha de ser
integral y mínima la proporción de nuevos actos delincuenciales generados por
quienes cumplen o cumplieron con un proceso sancionatorio. Lo contrario puede
ser reflejo de fallas en el tipo de medida impuesta, en la extensión de las mismas,
en los modelos de intervención empleados en su ejecución, en la insuficiente oferta institucional y, entre otros aspectos, en una sociedad expulsora e inclemente que
pocas alternativas les brinda a aquellos adolescentes que infringieron la ley.
No se puede pretender remediar por medio del SRPA todas las falencias
acumuladas en las distintas instancias que conforman el referente psicosocial del
país, pero sí buscar ser coherente con las pretensiones y alcances del sistema.
Miguel Álvarez-Correa G.
Víctor Mendoza P.
James González R.
Pantalones cortos y mochilas rotas
• Marcas del Silencio. Niños, jóvenes y satanismo - Derechos, perfiles y atención psicosocial |
IEMP. 2004. Miguel Alvarez-Correa, Arturo Soler
y Jorge Alvira.
• Cazadores de Vida. El asalto sexual, agresor e
instituciones | PGN – FGN. 2004. Miguel Alvarez-Correa, Catalina Londoño, Glenda Lozano,
Olga Bejarano, Arturo Soler y José Ochoa.
• Rostros del Asecho. Abuso sexual: Asalto
Sexual y Abuso sexual intrafamiliar: víctimas
y agresores – Análisis | PGN – IEMP. 2005. Miguel Alvarez-Correa, Catalina Londoño y Glenda
• Jueces de Paz: Una figura de la Justicia Comunitaria – Análisis | PGN – IEMP. 2005. Miguel
Alvarez-Correa, Lino Corzo y David Figueroa.
• La Gesta y el Cantar. Sistema Penal Acusatorio,
Delitos Sexuales y Política Pública | IEMP. Junio
2006. Miguel Alvarez-Correa, Sandra Parra., Elkin Louis y Gloria Guzmán.
• Pescadores de ilusiones. Niños y jóvenes infractores de la ley penal; Ley 1098 /2006, política
pública y modelos de reeducación | IEMP –
Fundación Antonio Restrepo Barco. 2007. Miguel
Alvarez-Correa, Sandra Parra, Elkin Louis, Julián
Quintero y Lino Corzo.
• Semillas de cristal. Sistema de responsabilidad
penal para adolescentes, Ley 1098/06 alcances
y diagnóstico | IEMP – Fundación Antonio Restrepo Barco. abril 2008. Miguel Alvarez-Correa,
Victor Mendoza, Marcela Rodríguez, Sandra Parra y Lino Corzo.
• Cantores de letras. La conciliación en equidad y en derecho (justicia de paz, mediación
y promoción) | IEMP – Ministerio del Interior
y de Justicia - Fundación Antonio Restrepo Barco. 2008. Miguel Alvarez-Correa, Carlos Moreno,
Marcela Rodríguez, Victor Mendoza. Elkin Louis.
• Tejidos de Realidad. Aspectos procesales, psicosociales y de salud mental del Sistema Penal
Acusatorio | 2009. Miguel Alvarez-Correa, Carlos Moreno, Sandra Parra, Olga Valencia, Marcela Rodríguez, Victor Mendoza y James González.
• Gotas de luz. Jóvenes infractores, política
pública y sistema de responsabilidad penal juvenil | 2009. Miguel Álvarez-Correa,Víctor Mendoza, Marcela Rodríguez y Sandra Parra.
• Danzas de convivencia. La conciliación en
equidad, perfiles, política pública y salud mental. Acercamiento a la conciliación en derecho
| 2009. Miguel Alvarez-Correa, Marcela Rodríguez, Victor Mendoza, Olga Lucía Valencia, Carlos Moreno y James González.
ed i c i o n es
de investigaciones IEMP
• Un estudio preliminar sobre la situación del
menor de edad prostituido o en peligro de
serlo (nivel nacional) | Procuraduría Delegada
para la Defensa del Menor y la Familia. 1994. Miguel Alvarez-Correa y Alix Daza.
• Estudio Socio-infraestructural de la tercera edad
en Santafé de Bogotá | Procuraduría Delegada
para la Defensa del menor y de la familia. 1997.
Miguel Alvarez-Correa.
• Memorias I Foro Hacia una Política Social de
Participación de los Viejos, por su Autonomía
y Dignidad | Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia - Presidencia de la
República. 1997. Miguel Alvarez-Correa y Claudia Saavedra (Coordinadores).
• El homicidio doloso de menores en la ciudad de
Santafé de Bogotá, factores de riesgo y estado
procesal de las investigaciones | Procuraduría General de la Nación. 1997. Miguel Alvarez-Correa.
• Desplazamiento y reubicación: un estudio de
caso | Procuraduría General de la Nación. 1998.
Miguel Alvarez-Correa, Julieta Calvo, Carlos Moreno, Arturo Soler y Víctor Manuel Cock.
• Niños y jóvenes prostituidos de sexo masculino,
una perspectiva desde la protección de sus derechos | Universidad de los Andes - Procuraduría
General de la Nación-UNICEF. 1999. Miguel
Alvarez-Correa y Roberto Suárez.
• Vivencias y judicialización del menor infractor |
Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia - IEMP. 1999. Miguel AlvarezCorrea.
• Hacia una reflexión sobre la sexualidad y socialización en la infancia y la juventud | IEMP.
1999. Maria Rosario Vásquez, Elsa Liliana Montoya, Miguel Alvarez-Correa y Roberto Suárez.
• Raíces sin tierra. Atención e impacto del desplazamiento forzoso | Procuraduría - Minsalud.
2000. Miguel Alvarez-Correa, Vivian Arias, Carlos Moreno, Azucena Velasco, Victor Cock.
• Tribus del diablo - Niños, Jóvenes y satanismo, radiografía de una realidad | IEMP. 2001.
Miguel Alvarez-Correa, Arturo Soler y Luis F.
• Guerreros sin sombra. Niños, Jóvenes vinculados al conflicto armado | Procuraduría General
de la Nación – IEMP – ICBF – Save the Children
– OIM -USAID. 2002. Miguel Alvarez-Correa,
Julián Aguirre, Luis F. Ochoa, Liliana Vargas y
Ana María Forero.
• Cosechas de Viento. Reubicación rural de comunidades desplazadas por la violencia | IEMP –
Ministerio de la Protección Social. Bogotá, 2003.
Miguel Alvarez-Correa, Carlos Moreno, Marta
Gutiérrez y Arturo Soler.
Jóvenes, política pública y sistema de responsabilidad
Ley 1098/2006, Tomo cuatro
Miguel Álvarez - Correa G.
Bogotá, D. C., agosto 2010
Jóvenes, política y sistema de responsabilidad penal
para, Adolescentes (Ley 1098/2006), Tomo Cuatro.
© Procuraduría General de la Nación, 2010.
© Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2010.
E. M. Álvarez-Correa G.
Esperanza Restrepo C.
Diseño gráfico y coordinación editorial:
ISBN: 978-958-734-059-4
director instituto de estudios
Resulta claro que nuestro cometido busca un beneficio general, no obstante este sería mucho más laborioso alcanzar si no fuera por el apoyo de múltiples personas a lo largo del país en las poblaciones y las instituciones de obligatoria consulta. Por dicho motivo, queremos agradecer de manera especial en
Bucaramanga (Santander), a Ivette Lucía Pinto, coordinadora del Centro de
Servicios para Adolescentes; en San Gil (Santander), a Idalid Ardila, coordinadora del Centro de Servicios para Adolescentes; en San José de Cúcuta (Norte de Santander), a Marta Uribe, procuradora judicial en asuntos de familia y
a Marta Collazos, asistente de la misma dependencia; en Valledupar (Cesar), a
Esperanza Acosta, juez coordinadora; en Montería (Córdoba), a Cindy Vargas,
coordinadora del Centro de Servicios para Adolescentes y a Geovanny Espitia,
procurador judicial en asuntos de familia; en Sincelejo (Sucre), a Hernando Rodelo, coordinador Centro de Servicios para Adolescentes y a Mirrosalba Daza,
procuradora judicial en asuntos de familia; en Leticia (Amazonas), a Luis Carlos
Perico, juez coordinador; en Tunja (Boyacá), a Delfina Fonseca, juez coordinadora y a Victoria Segura, procuradora judicial en asuntos de familia; en Sogamoso (Boyacá), a María Cledia Meza, coordinadora Centro de Servicios para
Adolescentes; en Chiquinquirá (Boyacá), a Óscar Armando Vitola, juez penal
de circuito con funciones de conocimiento; en Popayán (Cauca), a Sandra Inés
Dávila, juez coordinadora y a Marta Cecilia Mosquera, procuradora judicial en
asuntos de familia; en Neiva (Huila), a Diana Milena Rojas, coordinadora Centro de Servicios para Adolescentes; en Barranquilla (Atlántico), a Carmenza Narváez, coordinadora Centro de Servicios para Adolescentes; en Medellín
(Antioquia), a Liliana María Arias, juez coordinadora; en Riohacha, (Guajira),
a Marta Amparo Rocha, juez coordinadora; en Buga (Valle del Cauca), a Ruby
Gimena Vélez, juez coordinadora del Centro de Servicios para Adolescentes;
en Pereira (Risaralda), a Marleny Gómez, coordinadora del Centro de Servicios para Adolescentes; en Armenia (Quindío), a Liliana Hoyos, coordinadora
Centro de Servicios para Adolescentes; en Manizales (Caldas), a Norberto Gómez, juez coordinador; en Cartagena (Bolívar), a Jorge Álvarez, coordinador del
Centro de Servicios para Adolescentes, y en Ibagué (Tolima), a Diego Vásquez,
coordinador Centro de Servicios para Adolescentes.
Finalmente, un especial reconocimiento a Luis Enrique Martínez, jefe de
la División de Investigaciones del Instituto de Estudios del Ministerio Público,
por su incansable interés, colaboración y aportes a Mónica Vega, a Gloria Reyes,
Asesoras de la misma dependencia, y a Carlos Fandiño, defensor de familia del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por sus sugerencias y comentarios.
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Cómo y desde dónde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
¿ Más rotas que cortos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ Un sistema funcional? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conciliación y reincidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y desde lo judicial, ¿ Cómo vamos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algunas debilidades institucionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otras fallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ Quiénes son los operadores del sistema? Formación y conocimiento
de los operadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Algunos aspectos sobre la evolución y la atención de los jóvenes
judicializados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entonces. ¿ Dónde estamos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Adolescentes y familia en el SRPA: entre la percepción
de los operadores y la realidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adolescentes infractores y SRPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ Participación del adolescente en el SRPA ? Una mirada
desde lo psicosocial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
El proceso desde la visión del joven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El primer momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segundo momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tercer momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuarto y último momento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
(SRPA) (Ley 1098/06) a lo largo del país, aportando las respectivas recomendaciones tendientes a mejorar lo alcanzado desde una triple perspectiva: psicosocial, jurídica e institucional.
El primer documento de esta serie, “Pescadores de ilusiones” (2007), pretendió realizar, en el umbral de su ocaso, un diagnóstico de la antigua propuesta (Código del Menor: Decreto Ley 2737/1989) frente a su pronta desaparición
y a los retos y necesidades por asumir ante el cambio de sistema1; el segundo,
“Semillas de cristal” (2008), plasmó un análisis y sugerencias varias ante el desarrollo del nuevo modelo en su primer año de vida en los distritos judiciales de
Cali y Bogotá, los primeros en inaugurarse con énfasis en el alcance y adecuación en la ejecución de las sanciones; el tercero, “Gotas de Luz” (2009), retoma
de forma acumulativa las anteriores jurisdicciones iniciadas desde marzo 2007
y amplía el panorama a otros cinco distritos judiciales para un total de siete.
Finalmente, con once nuevas jurisdicciones abordadas, el presente documento
(“Pantalones cortos y mochilas rotas”, 2010) amplía la cuenta a 18, de acuerdo
con el proceso de instalación establecido por el Concejo Superior de la Judicatura (CSJ).
la ley penal, se busca alimentar el debate frente a la pertinencia de los modelos
de atención terapéuticos en correspondencia con las necesidades de los jóvenes,
la naturaleza de los esquemas sancionatorios, la adecuación de los procedimientos judiciales, la idoneidad de los perfiles de quienes atienden las distintas fases
del SRPA y, así mismo, de sus niveles de capacitación.
Propuestas de intervención, dinámicas institucionales, aplicación de la norma, perfiles de
los jóvenes, etc.
Para facilitar la lectura del texto, cada capítulo fue elaborado de manera
autónoma, aunque interconectada con los demás, facilitando una consulta independiente de acuerdo con los intereses de los lectores.
El primer aparte discurre sobre la instrumentalización, las muestras y las
metodologías empleadas en el desarrollo del proyecto; el segundo diagnostica
los distintos aspectos motor del sistema desde la triple perspectiva de la política
pública y de los principios de la Ley de Infancia y Adolescencia, percibidos desde el marco de la praxis; en el tercero se desarrollan algunos aspectos centrales
de la problemática visibilizados desde la familia. A la fecha, todo el país ya está
implementando la Ley 1098/06, por lo cual una vez evaluados en el transcurso
de 2010 los últimos sectores que se inauguraron en diciembre 2009, sería beneficioso poder observar un cambio real y coherente con las pretensiones iniciales
Por lo pronto, conforma un estímulo constatar que los textos mencionados
fueron consultados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la
elaboración del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) n° 3629 sobre el “Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) – Política de Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley”,
aprobado el 14 de diciembre 2009. Este pretende garantizar una adecuada atención del adolescente en conflicto con la ley en el período 2010–2013, buscando
“ofrecer de manera corresponsable una respuesta interinstitucional, nacional y territorial, oportuna a la demanda del SRPA para garantizar la finalidad del mismo,
al igual que la prevalencia, protección integral y restablecimiento de los derechos
de los adolescentes en conflicto con la ley, acorde con el interés superior del niño y
demás principios referentes para el SRPA, en la Constitución Política e instrumentos internacionales y en el Código de la Infancia y la Adolescencia” (Documento
CONPES n° 3629 de 2009).
Está claro que lograr un oportuno fortalecimiento institucional permite
un importante paso para reducir la elevada reincidencia de los adolescentes por
medio de una adecuada reinserción social, la cual debería estar acompañada de
una disminución de la delincuencia juvenil.
La propuesta de atención de los jóvenes vinculados al sistema ha de ser integral y mínima la proporción de nuevos actos delincuenciales generados por
quienes cumplen o cumplieron con un proceso sancionatorio. Lo contrario puede ser reflejo de fallas en el tipo de medida impuesta, en la extensión de las mismas, en los modelos de intervención empleados en su ejecución, en la insufi-
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas ciente oferta institucional y, entre otros aspectos, en una sociedad expulsora e
inclemente que les brinda pocas alternativas a aquellos adolescentes que infringieron la ley.
Coordinador Observatorio Sistema Penal Acusatorio
y Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
Instituto de Estudios del Ministerio Público - PGN
Cómo y desde dónde
Resumen: Toda labor se desarrolla sobre la base de unos objetivos y de una
metodología con sus respectivos logros y falencias; su presentación resulta determinante para evaluar el alcance e idoneidad de un proyecto.
Considerando que el actual trabajo representa una etapa dentro de un proceso investigativo sostenido, como le corresponde a un observatorio, se ha buscado generar información, diagnósticos y propuestas acordes con las necesidades y alcances del SRPA. De acuerdo con la dinámica de acompañamiento e investigación, algunas variables en estudio se han mantenido incólumes a lo largo
de las distintas etapas, mientras que otras han sido modificadas, adicionadas o
suprimidas, de acuerdo con las exigencias propias de cada distrito judicial. Ello
ha permitido mantener en el tiempo una línea base alimentada por procesos específicos colaterales.
De esta manera, los diagnósticos generados en los años 2007, 2008 y 2009
(Álvarez-Correa M. et ál., 2008, 2009) desde los inicios de la Ley 1098/06, abordaron 18 de los 32 distritos judiciales existentes2.
El documento CONPES3 n° 3629, aprobado el 14 de diciembre 2009, busca proyectar la política pública en esa materia para el periodo 2010 – 2013, fue
elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) basado en la información arrojada por cada una de las once instituciones que hacen parte del
sistema. Esta labor que pretendió evidenciar vacíos operativos y administrativos
del SRPA aportó estadísticas cuya concatenación reflejaron deficiencias en el
marco de la labor de coordinación interinstitucional, al no estar acordes las unas
Además de su incidencia en el diseño de las políticas públicas, las contribuciones realizadas
en materia investigativa por parte del IEMP también se materializan por medio de eventos
de sensibilización y de capacitación que se desarrollan a nivel nacional.
Desde el inicio de la implementación del sistema (III 2007 – VI 2010), la policía reporta 20.104 detenciones de adolescentes entre 14 y 17 años, mientras que la Fiscalía
General de la Nación (FGN) recibió 24.288 casos, el ICBF reporta el ingreso de 22.793
adolescentes al SRPA (Policía Nacional 2009; FGN 2009; ICBF 2009).
Con estos derroteros se enfocó el proyecto a la naturaleza del desempeño
institucional frente a los itinerarios normativos, la dinámica procesal y la índole de la atención psicosocial que se brinda a los jóvenes.
Se hizo un especial énfasis en los alcances operativos del sistema y el cumplimiento de los principios del Código de Infancia y Adolescencia, siendo este
último determinante por cuanto conforma el referente ante el real alcance de
las pretensiones de un modelo ante una población que tradicionalmente ha sido
de complejo abordaje. Por ello, era objetivamente complejo esperar que el mero
cambio de propuesta de atención y de esquema judicial permitiese dar un giro
de 180 grados en los indicadores de impacto (por cierto muy pobre en su elaboración) de la intervención sobre estos jóvenes4.
Se abordaron por primera vez en este sistema los distritos judiciales de Montería,
Sincelejo, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga, San Gil, Neiva, Tunja, Santa Rosa de Viterbo, Popayán y Cundinamarca, específicamente en el municipio de Leticia (Amazonas).
Gráfica n°1. Relación de entrevistas desarrolladas por distritos judiciales
Sincelejo; 7,1%
Leticia; 7,7%
Tunja; 10,4%
Santa Rosa; 4,9%
Popayán; 17,6%
San Gil; 8,8%
Cúcuta; 7,1%
Valledupar; 9,3%
Neiva; 12,1%
Montería; 6,0%
(*) Las entrevistas desarrolladas en el distrito de Tunja comprenden las ciudades de Tunja y de Chiquinquirá.
(*) N=200.
Indicadores que históricamente han sido deficientes y poco trabajados.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas Por conformar una variable de impacto, también se procuró profundizar en
aspectos relacionados con la capacitación y la formación de los profesionales
vinculados al sistema (niveles institucional y judicial), en su percepción y comprensión del sistema, incluyendo aquella relacionada con la naturaleza de las
sanciones que el mismo código indica. Desde esta perspectiva, la observación,
el análisis del sistema y la recolección de dudas entre sus operadores, dio luces
para visibilizar vacíos y fortalezas, conocer la dinámica y las problemáticas de
los jóvenes infractores en cada localidad y la naturaleza de los delitos cometidos,
Sin dejar de ocupar un papel relevante, el volumen de casos atendidos y su
variación en el tiempo fue considerado tan solo en la medida que nos permitió
hacer comparativos aproximados en el tiempo, frente a los márgenes de errores
que estas cifras han presentado de 1992 a la fecha5.
Tabla n°1. Fases de implementación del SRPA y distritos judiciales
involucrados en cada una de estas
seguimiento por el
Primer texto IEMP
Armenia, Pereira, Manizales,
Buga y Medellín
Segundo texto IEMP
Tunja, Santa Rosa de Viterbo
y Popayán
Tercer texto IEMP
Cúcuta, Pamplona,
Antioquia, Cundinamarca (*),
Ibagué, Neiva, Barranquilla,
Santa Marta, Cartagena,
Riohacha, Sincelejo, Montería
y Valledupar
San Andrés, Villavicencio,
Pasto, Quibdó, Yopal, Florencia
y Arauca
Por evaluar en el 2010
Fuente: Decreto 3840/2008
Desde ese año se tiene un registro numérico más confiable de la labor con respecto a los
(*) A febrero 2010, se había realizado la evaluación de Leticia, municipio que pertenece al Distrito Judicial de
Cundinamarca. En lo que resta de este año, se complementará el estudio de esta zona.
(**) Están resaltados en negrilla los municipios donde se realizó labor en profundidad en el presente
documento; están aquellos que lo fueron con anterioridad.
(***) Antes del inicio del SRPA se desarrollaron otros dos textos; uno en el marco del Código del Menor y otro
en la época de transición entre los dos sistemas que aquí no se reportan.
En todos los casos, tanto en las capitales departamentales como en las cabeceras municipales donde se trabajó, se entrevistó entre el 90% y el 100% de
los profesionales responsables del sistema en el marco administrativo6, judicial7,
psicosocial8, así como una muestra de jóvenes escogidos entre las distintas medidas (130 adolescentes). Con excepción de la amonestación, cuyo cumplimiento le corresponde al Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), no se
pretendió caracterizar los adolescentes por cuanto ya se dispone de esta información producto de trabajos anteriores. En este caso el propósito se centró en
elaborar la relación entre la percepción del joven del sistema, la sanción impuesta, la duración de la misma, y su pertinencia de acuerdo a las necesidades psicosociales de estos.
Gráfica n°2. Proporción de entrevistas realizadas por institución y/o de labores
Policía de Infancia;
Equipo sicosocial de
ONG; 13,7%
CESPA; 3,8%
Fiscalía; 15,4%
Pueblo; 8,2%
Juzgado; 26,4%
Defensoría de Familia;
ICBF; 12,6%
Coordinador Centro de Servicio para Adolescentes, funcionarios ICBF, etc.
Jueces de garantía y de conocimiento, Fiscales, Defensores Públicos y de familia, Procuradores judiciales en asuntos de familia y Personeros, equipos psicosociales de la Defensoría
de Familia ante las instancias de garantía y conocimiento.
Equipo psicosocial ONG e ICBF.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas (*) Se diferencia el equipo psicosocial de la Defensoría de Familia a la de las ONG contratadas por Instituto
Se desarrollaron entrevistas en profundidad sobre la base de ítems semicerrados, cerrados y abiertos, a lo que se sumó la revisión documental de los
Plan de Atención Institucional (PAI) de cada una de las entidades no gubernamentales contratadas por el ICBF9, y cuya información ubicada en las alcaldías,
gobernaciones y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así mismo,
se asistió a audiencias y se revisaron audios, cuando las entrevistas individuales
indicaron posibles situaciones de riesgo o información de interés para nuestros
¿Más rotas que cortos?
Resumen: Con el propósito de ser constructivo y crítico, basado en el material existente y las labores investigativas desarrolladas, se presenta un balance cualitativo y cuantitativo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con el complejo reto de aportar luces para optimizar el modelo.
Se ha promovido la convicción de que la introducción del SRPA en la institucionalidad colombiana es beneficiosa tanto para el joven como para la comunidad, al pretender aunar la “protección integral y el restablecimiento de los
derechos de los adolescentes bajo los principios de corresponsabilidad, perspectiva
de género y étnica e interés superior del niño” (documento ICBF interno, 2009).
Resulta claro que el hipotético logro de estos propósitos depende en gran parte
de una articulación funcional entre entidades territoriales con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y la generación de un sistema de información
y seguimiento sostenido.
En la práctica, no hay un sistema de información que pueda dar cuenta de los jóvenes vinculados al sistema, ni de los procesos de seguimiento, monitoreo e interventoría que presuntamente se realizan en su beneficio.
Originado en una corriente internacional portadora de cambios filosóficos, busca ser más garantista y propugna por el reconocimiento de una “responsabilidad penal” del adolescente ante los hechos delictivos cometidos. Por la condición especial del agresor (menor de 18 años), esta suele “relativizarse” dentro
del proceso, generando debates jurídicos frente a los alcances que pueda tener
esta aproximación al tema: “¿Puede la responsabilidad ser relativa?”.
Esquemas teóricos que se aplicaron en Colombia para el abordaje de los
➢ Teoría de la situación irregular.
➢ Teoría de la protección integral.
➢ Teoría de la responsabilidad penal juvenil.
Es claro que estamos lidiando con un sector complejo de la juventud, en
el que al menos el 15% delinque por supervivencia, el 16% por dinero, el 15%
para conseguir sustancias psicoactivas, el 9% por venganza, el 25% por motivos
combinados (Álvarez-Correa M. et ál., 2006). Una alta proporción de los jóvenes
judicializados provienen de los estratos socioeconómicos más desfavorecidos (1
y 2) (75%)10, pero muchos, tal como quedó anotado, delinquen por motivos distintos al de la satisfacción de sus necesidades básicas.
El asunto no se reduce entonces a la sola variable económica, sino que la
infracción de la ley penal involucra múltiples dinámicas sociales de influencia
negativa, entre las cuales se encuentran el consumo de sustancias psicoactivas11,
el abandono, el maltrato familiar y las dinámicas culturales juveniles (tribus urbanas, narcotráfico, etc.).
Las vivencias de cada individuo desde el nacimiento son procesadas con
distinta suerte, de acuerdo con la madurez, el interés y la naturaleza de los hechos. La mayoría de los adolescentes que son sancionados en el SRPA tienen
“historias que contar”; muchas de las cuales están directamente relacionadas con
su actual situación. Pretender lograr hipotéticos cambios en estos, originado en
complejas circunstancias, no se puede hacer sino desde el diálogo, la comprensión de los cómo y de los porqué de su dinámica personal y con un trabajo sostenido en el que el acudiente y el medio donde se desenvuelven pueden llegar a
Los tiempos requeridos para esa labor también pueden variar sustancialmente dependiendo de las problemáticas y de los fundamentos teóricos que el
o los profesionales responsables escojan emplear (cognitivo conductual, sistémico, psicodinámico, etc.). Desde esta perspectiva, cada hecho puede ser com10
Este sistema ha permitido visibilizar un número creciente de representantes de los estratos
3, 4 y 5 lo cual conforma un avance con respecto al modelo anterior.
Entre el 60% y el 80% de los jóvenes infractores judicializados usan o abusan de las sustancias psicoactivas (Álvarez-Correa M. et ál., 2007, 2008, 2009). Según la Policía Nacional,
78% dijó haber consumido sustancias psicoactivas” (Policía Nacional 2009).
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas prendido y analizado de distintas maneras; por ejemplo, reiteradas agresiones y
homicidios cometidos por un mismo joven, con especial crueldad, en contra de
varones, podría interpretarse como un “desquite” inconsciente del adolescente en
contra de un padre maltratante y abandónico (Lacan). No obstante, lograr interiorizar la dinámica en el interesado requiere de una seguidilla de intervenciones concretas y sostenidas en el tiempo.
Desde el enfoque cognitivo-conductual la explicación de la conducta sólo
puede sustentarse en el medio y no en conceptos mentales (Fernández R.). La
terapia congnitiva, mantiene entonces una concepción psicológica centrada en
los procesos mentales (como el razonamiento, la memoria y la atención).
La terapia de conducta sin embargo, no se centra en el proceso mental
sino en la conducta (entendida esta como una acción de ajuste interdependiente
con el medio y no tan solo una respuesta motora). Por esta razón, la terapia de
conducta no encaja con interpretaciones de la psiquis que sí tiene la terapia cognitiva, ya que desde este modelo sólo el ambiente determina la conducta.
En la terapia sistémica el énfasis está puesto en la dinámica de los procesos comunicacionales, en las interacciones entre los miembros del sistema y entre los subsistemas que lo componen, motivos por los cuales la terapia se orienta
principalmente al cambio en los procesos de comunicación e interacción manteniendo la idea básica sistémica de ver a la persona en su entorno, es decir, en el
contexto del sistema o de los sistemas de los que forma parte.
En teoría, esta última propuesta suele posibilitar mejores resultados en
un menor tiempo. La dificultad radica en poder acceder y/o reunir las personas pertinentes para una intervención seria y productiva. En el caso frecuente de
que el joven está institucionalizado lejos de sus familiares, las limitaciones son
grandes (…) “Mi madre viene cada dos o tres meses del pueblo a visitarme; tengo
otros ocho hermanos y la plata no alcanza; además, de aquí hasta allá son más de
doce horas de camino” (joven infractor).
La población de 14 a 17 años representa el 8% de la población del país (3.541.273)
(DANE 2005, 2007, 2008, 2009), mientras que los jóvenes infractores contabilizados
desde la delincuencia objetiva (judicialmente medida) equivalen al 0.6% de la población (DNP 2009), 87% de varones y 13% de mujeres en promedio, aunque con una
amplia variabilidad según la región. Según los estimativos (Álvarez-Correa M. et. ál.,
2007, 2008; actual documento), ese dato se puede incrementar hasta en un 40%.
Con el complejo reto de darle solución a los múltiples necesidades de estos adolescentes desde distintas perspectivas (social, familiar, educativa, etc.), los
derroteros del Código de Infancia y Adolescencia pretenden impulsar las sanciones “ambulatorias”12, optando por la privación de la libertad tan solo en los
casos extremos, en pro de un trabajo de integración del joven con su comunidad. A medida que el sistema se ha venido afianzando en el tiempo y en el espacio, se han podido observar en la práctica tendencias en el tipo de sanciones impuestas, algunas heredadas del Decreto 2737/1989 (Código del Menor) y otras
producto de la dinámica propia de este.
Encontramos entonces que desde una perspectiva oficial, sobre 6.017 jóvenes sancionados a junio de 2009 a nivel nacional en el marco de la Ley de Infancia y Adolescencia, cumpliendo aparentemente con este cometido:
➢ A un 29.53% se les impuso la sanción de libertad vigilada13.
➢ 26.59% obtuvieron la medida de reglas de conducta.
➢ A 17.23% les fue impartida la sanción de amonestación.
Si sumamos aquellos a quienes se les impuso la sanción de privación de
la libertad, con los que fueron privados preventivamente por un período máxime de cinco meses (previo a la definición de una medida definitiva), el total nos
arroja para 2009 un 49,18%14 de jóvenes que en algún momento de su proceso
estuvieron retenidos por un período superior a las 36 horas (Ley 1098/06: Art.
191), cifra muy elevada para las pretensiones del sistema.
Evaluaciones previas arrojan para 2007 que en Colombia el 31.59% de
adolescentes fueron privados de la libertad con sanción en firme o de manera
preventiva15 (Álvarez-Correa M. et. ál., 2009: 31). Ello indica una clara tendencia
al aumento que se aleja del 25% de los jóvenes infractores en Portugal e Italia
que reciben el mismo trato.
Amonestación, reglas de conducta, libertad vigilada, servicio a la comunidad, etc.
En el 2009, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contrató 58 programas a nivel
nacional para cumplir con dicha sanción.
86% en Bogotá, 62% en Medellín, 14% en Cali/ y 10% en Medellín; Buga y Pereira les siguen
en importancia en esta dinámica. Con posterioridad a la privación preventiva de la libertad,
la medida se modifica, se archiva el caso o se puede remitir al competente de ser pertinente
(ejemplo: remisión al sistema penal ordinario al probarse la mayoría de edad del indiciado
en el momento de cometer el delito).
La privación preventiva de la libertad puede tener una duración máxima de cuatro meses,
extensible a cinco en casos excepcionales.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas Tabla n°2. Percepción de los actores frente al SRPA con relación a la sanción
Los actores consideran que la tendencia “no es como
se pensó inicialmente a que se manejara más la libertad
asistida”. Al contrario, se ha estado incrementando la
privación de la libertad, sobre todo, “con los jóvenes que
son reincidentes”.
La respuesta indica que para la mayoría de los funcionarios del nivel judicial penal juvenil, la
elevada proporción de jóvenes privados de la libertad de manera preventiva o como sanción en
firme, no conforma un contrasentido; de hecho, solo un poco más del 8% lo consideró como
un patrón contradictorio pese a las estadísticas. Ello conforma un reflejo de las convicciones
producto del sistema anterior y de una cultura en la cual se cree que el encierro conforma “el
único castigo real” frente a la comisión de un delito, en particular cuando se trata de jóvenes.
Las sanciones que contempla la ley para aquellos jóvenes judicializados
son la amonestación, las reglas de conducta, la libertad vigilada, la prestación
de servicio a la comunidad, el medio semicerrado, la privación preventiva de la
libertad y la privación de la libertad (Ley 1098/06: Art. 177). Mientras la primera es competencia del Instituto de Estudios del Ministerio Público (Ley 1098/06:
Art. 182), la segunda es supervisada por los funcionarios de los juzgados para
adolescentes16. La ejecución de todas las demás le corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
En la práctica, ello nos pone en presencia de dos patrones de diseño de
las sanciones (IEMP, ICBF) y de múltiples esquemas de ejecución. En el primer
caso, se refiere a los profesionales que desarrollan la medida localmente basados
en un modelo dinámico que permite modificaciones acordes a los hallazgos que
la misma población aporta.
Construido sobre la necesidad de abordar las problemáticas de los autos17,
de los límites y del proyecto de vida de los jóvenes sancionados, se ha estructurado un modelo dinámico que pretende adecuarse a la realidad de la cultura
regional y a las necesidades de cada individuo18. La información recolectada es
Con respecto al desarrollo de esta sanción, no existe ningún patrón concreto de intervención sobre el particular, ni modelo a seguir.
Autoconcepto, autoconocimiento, autoestima, etc.
El curso de Amonestación debe hacer referencia a los “derechos humanos y a la convivencia
ciudadana” (Ley 1098/06: Art. 182).
centralizada y constantemente sistematizada en aras de poder realizar las modificaciones necesarias de forma sostenida, basada en ella y en el aporte de todos
los conferencistas responsables (…) “Las pautas de intervención son unificadas
para todo el país sin quitarnos movilidad a nivel local. Los jóvenes siempre se impactan positivamente. Lástima que el tiempo no alcanza para todo lo que se requiere hacer con ellos” (tallerista sanción de amonestación)19.
Datos de la amonestación
A abril del 2010, 900 jóvenes habían sido amonestados, 70% de los cuales asistieron al curso sobre derechos humanos y convivencia ciudadana que dicta el IEMP (Ley
1098/06: Art. 182).
En el segundo caso, hace alusión a la multiplicidad de instituciones contratadas a nivel nacional, que presentan distintos esquemas y diferentes condiciones de trabajo. Estas, en principio, cumplen con los términos de referencia que les fueron impuestos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
aunque no existe evaluación objetiva del impacto de su labor y por ende ausencia de indicadores sobre el particular. Se presentan multiplicidad de enfoques y
dinámicas con diferentes condiciones de trabajo.
¿Un sistema funcional?
En su proceso de instalación, el Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (SRPA) guarda semejanzas con el Sistema Penal Acusatorio (SPA).
La premura y la falta de planificación y de proyección en el montaje de estas
propuestas han causado traumatismos, afectando la eficacia ya mermada de la
administración de justicia por períodos de tiempo de distinta extensión según la
región y/o el distrito judicial.
En el caso del sistema acusatorio de la jurisdicción ordinaria, la impunidad
se mantuvo en el marco de algunos delitos cerca del 98%, por períodos de hasta
ocho meses (FGN, 200920).
A tres años de iniciado el sistema, la Defensoría del Pueblo no ha cumplido con el artículo
54 de la Ley en el cual se le obliga dictar cursos a los padres (o acudientes) de los hijos amonestados. Desde una perspectiva jurídica, debería considerarse la posibilidad de unir los
dos artículos en uno solo bajo la responsabilidad de una única dependencia, ello en aras de
optimizar los recursos y el impacto de la labor desarrollada. A la fecha el IEMP ha venido
asumiendo las dos funciones.
A la fecha, se ha presentado una mejoría, aunque los índices se mantienen elevados.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas En el SRPA, la transición impulsada sin un proceso previo de información a la comunidad y de capacitación exhaustiva a los funcionarios, generó
en el 75% de los distritos judiciales una reducción de hasta el 80% de los casos
judicializados históricamente reportados en cada zona en las situaciones extremas, haciendo creer de manera equivocada21 que la problemática del adolescente
infractor ha venido en retroceso … “El juez de conocimiento atiende un promedio
de tres casos por semana” (secretario de juzgado - distrito judicial con baja carga
laboral) … “Es tal el volumen de situaciones que nos llegan que nos estamos atrasando en la entrega de los informes” (trabajador social ICBF en garantía).
La no inclusión en la Ley 1098/06 de los jóvenes infractores pertenecientes
al rango de 12 – 14 años y su remisión al ámbito de los programas de protección, no conforma argumento estadístico suficiente para explicar la variabilidad
en el número de jóvenes judicializados, considerando que esta franja poblacional cubría entre el 8% y el 14% de los casos reportados en el marco judicial
(ICBF 2006, 2007, 2008; Policía 2006, 2007, 2008; Álvarez-Correa M. et. ál.,
2007), según la época y la región.
La protección que se le puede brindar al adolescente que se encuentra en
riesgo, se realiza por petición de los progenitores o adultos responsables o de
manera coactiva en contra de la voluntad de estos, siempre y cuando los respectivos equipos interdisciplinarios del ICBF conceptúen favorablemente en ese
sentido. De acuerdo con Martín (2005), los casos de protección pueden clasificarse en dos tipologías de asuntos, bien sea por protección general (menores en
situación de riesgo de desamparo) o por protección especial (menores con graves problemas de conducta). Arruabarrena (2001) argumenta que estos servicios
cumplen su objetivo cuando son capaces de asegurar que las necesidades básicas
del niño o del joven están cubiertas adecuadamente por el entorno y que la situación es mínimamente estable, circunstancia que está lejos de lograrse.
La inclusión de un creciente número de jóvenes infractores en esa modalidad ha impulsado la necesidad de crear programas alternos en aras de optimizar
la atención … “Viejo men, ya he matado dos que se me atravesaron; uno que me
rompió mi balón cuando jugaba en la calle y otro que no se quería dejar atracar.
Me da igual; me traen aquí y me escapo cuando quiero” (joven de 11 años). Claro
La inversión social en ese rubro no se ha incrementado, ni tampoco ha habido una labor
que no todos los adolescentes presentan la misma gravedad en su situación sociofamiliar.
Delincuencia en menores de 14 años
La remisión a los servicios de protección de un alto número de jóvenes menores
de 14 años que infringieron la ley penal, viene evidenciando una prevención insuficiente, del delito producto de las limitadas herramientas que tienen a su disposición
defensores de familia y equipos psicosociales del ICBF. En términos generales, los
adolescentes no están recibiendo la atención en salud, educación, ni la garantía del
restablecimiento de sus derechos de manera oportuna; frente a la calidad de estos servicios es necesario desarrollar una evaluación sobre el particular.
La consecuencia más notable de la medida administrativa de protección en
los adolescentes radica en la discrepancia entre los principios de la legislación y
la praxis de los mismos. Ello se refleja en la correlación entre los objetivos que
se propone la ley y los recursos que se emplean para conseguirlos (ver: ÁlvarezCorrea M. et. ál., 2009). De ahí la inquietud de si ese mecanismo conforma un
intento por reconstruir tejido social o un mecanismo para perpetuar el problema.
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Infancia, los niños, las niñas
y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o
En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de
toda índole por parte de sus padres, sus representantes legales, las personas responsables de su cuidado y los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario (…) “En el caso concreto de los jóvenes de la calle y de los niños y jóvenes
sexualmente explotados, estos son frecuentemente criminalizados y privados de la
libertad, cuando su situación debería ser el centro de una política de protección
integral. Estos niños se convierten en víctimas a doble partida: víctimas de los abusos que han padecido y víctimas de una política de protección incierta” (ÁlvarezCorrea M. et. ál., 2007).
La evaluación de estas circunstancias y necesidades no obedece a ningún
parámetro establecido por el ICBF, ya que los equipos de la defensoría no cuentan con elementos conceptuales y técnicos de evaluación. Uno de los obstáculos
que mayor problema ha generado hace referencia a preguntas tales como “¿Qué
derechos se le van a restituir? ¿Cómo se restituyen?, ¿Hasta cuándo se restituyen? (Álvarez-Correa M. et. ál., 2009).
Las instituciones encargadas de la protección especial no poseen claridad
de los elementos que se tuvieron en cuenta para asignar a un adolescente a ese
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas programa específico, situación que es similar para los padres, para el joven y en
ocasiones para los fiscales y defensores del proceso en el marco judicial. De esta
manera, los infractores de la ley con edades comprendidas en los rangos 12 – 14
años y 14 – 17 años, pese a seguir distintas rutas de atención, presentan fallas
coincidentes frente a sus necesidades insatisfechas.
Lo preocupante es que, por el modo como están establecidos los registros
de ICBF, resulta imposible establecer la ubicación y la suerte de los jóvenes con
estas características que se encuentran en el sistema. Existe un gran número de
instituciones y de modalidades de apoyo ante las cuales se carece de un registro
único que podría dar razón de los adolescentes que hayan infringido la ley penal
y que, por su edad, hayan sido remitidos a los servicios de protección.
Conciliación y reincidencia
Las conciliaciones desarrolladas por los fiscales en ciertas zonas, ayudan
también a reducir el número de adolescentes judicializados. En municipios
como Sogamoso (departamento de Boyacá – Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo), el 80% de los casos judicializados en el segundo semestre de 2009 fueron conciliados por las partes22… En Manizales (departamento de Caldas – Distrito Judicial de Manizales), el 20.34% de los casos reportados por la policía en
el mes de junio del 2009 fueron conciliados por los fiscales (…) “La idea no es
desgastar la administración de justicia sino todo lo contrario. No vale la pena llevar casos de hurto simple o lesiones personales de pocos días de incapacidad ante
los jueces; es mejor negociar” (fiscal).
El asunto es que, bajo estas condiciones, la “restitución de los derechos del
adolescente” y la toma de conciencia de su “responsabilidad”, no siempre se dan
con este mecanismo, por lo cual es determinante establecer parámetros de apoyo para el funcionario responsable de esta función. Esto es, más allá de los parámetros que la ley establece para ese efecto, ¿Cuáles son los perfiles de los jóvenes
con quienes se puede pensar en una conciliación?
En situaciones anómalas aisladas, se ha encontrado casos en los cuales el
adolescente, al reincidir en el mismo delito, genera por segunda ocasión una
Después de siete meses de funcionamiento tan solo 11 procesos habían llegado a mano de
los jueces de conocimiento de Sogamoso.
conciliación (…) “Si, volví y le pegué a mi madre, pero esta vez no lo voy a repetir”
(joven infractor)23.
Tabla n°3. Ejemplos de correlación entre casos conciliados y jóvenes
capturados en algunos distritos judiciales para el mes de junio 2009
Número de capturas % de conciliaciones
por número capturas
Fuentes: FGN 2009, PN 2009, Cespa de Medellín, Manizalez, San Gil y Bucaramanga 2009.
En la práctica, un número sustancioso de estos jóvenes infractores capturados que conciliaron, reinciden al considerar que “esta ley es relajada, no le pasa
nada a uno” (joven infractor que concilió). La reincidencia “oficial” (visibilizada), en cuanto atañe a los casos conciliados, oscila alrededor del 20%, con tendencia al alza24. De no ser así se habla de reincidencia subjetiva, por cuanto la
fuente de la información es de otra naturaleza (no judicial, no institucional). La
proyección de esta proporción puede alcanzar al menos un 30% en las ciudades
capitales donde se presenta una mayor incidencia de actos delincuenciales impulsados por adolescentes.
Entre los factores que facilitan la reincidencia, están las limitantes propias
de los procesos de ejecución de las sanciones, entre las cuales se encuentran:
➢ La naturaleza de los programas. Aunque presuntamente ajustado a
los términos de referencia del ICBF, cada institución acomoda las exigencias de Bienestar Familiar (términos de referencias) de acuerdo a la
escuela y tradición de intervención a la cual pertenece. Ello conforma
Desde inicio del sistema (marzo 2007) a junio 2009, el INMLCF (Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses) ha realizado 156.680 valoraciones médicas que incluyen la atención de casos de menores por dictamen de edad y aquellos que corresponden a
valoraciones relacionadas con lesiones personales. Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y
Cúcuta concentran el 45% de estas valoraciones.
Registra tan solo la reincidencia de un adolescente en el delito cuando hay registro de ello
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas ➢
un primer factor a tener en cuenta, por cuanto nunca se han hecho
evaluaciones de impacto en el tiempo y en el espacio de ninguno de
La variabilidad en los tiempos impuestos en las sanciones. Es común observar cómo la duración de las sanciones impuestas suele variar y no estar siempre acorde con las necesidades de los adolescentes,
irrespetando a menudo las duraciones mínimas establecidas por programa (Álvarez-Correa M. et. ál., 2009)
Ejemplo de variabilidad en los tiempos de sanción impuestas
Delito judicializado: HAC (hurto agravado y calificado).
Joven: masculino de 16 años.
Sanción impuesta: Prestación de servicio de la comunidad.
Tiempo esperado de sanción: Tres a seis meses, lo cual comprende inducción,
concientización y capacitación antes de iniciar labores con la comunidad.
Duraciones encontradas: De ocho horas a 10 meses.
Nota: Sucede ocasionalmente lo mismo con la libertad vigilada.
➢ El tipo de sanción impuesta. La norma brinda al juzgador un amplio
grado de movilidad para la imposición de una sanción a un adolescente (Ley 1098/06: Art. 179), lo cual genera en ocasiones incongruencias,
de ahí la importancia de perfeccionar la norma en apoyo a la labor del
➢ Los muy escasos seguimientos poscumplimiento de las sanciones o
remisiones de los jóvenes a protección, al cumplirse la sanción judicial. Pese a que la intención del ICBF es proyectar esta actividad, en
la actualidad nadie, de manera sistemática, realiza acompañamiento
possanción a los adolescentes, por fuera de apoyos esporádicos de algunas de las ONG contratadas por el ICBF para ejecutar las sanciones
impuestas. Las remisiones ocasionales a protección poscumplimiento
de las sanciones de orden judicial, sugeridas por parte de los entes ejecutores de las medidas, son así mismo pocas veces realizadas por parte
Estos factores suelen combinarse con el medio sociofamiliar desfavorable
del joven. De hecho, los funcionarios judiciales y los profesionales en términos generales vinculados al SRPJ, consideran que el 64.28% de los jóvenes
asignados a sus respectivos despachos reinciden en el delito; desde esta perspectiva los defensores de familia, al encontrarse entre el grupo de profesionales
que presuntamente más contacto y posibilidad de diálogo tienen con los jóvenes, son quienes plantearon los mayores índices de reincidencia.
La evaluación que se hizo desde el marco de la dinámica de los mismos
jóvenes, arroja una aparente disminución de la reincidencia (33.8% en el 2007
contra 43% en el 2006) (Álvarez-Correa M., Parra S., et. ál., 2007), para cuyo
cálculo es importante considerar la proporción y el manejo de los adolescentes
que ya se encuentren en el sistema y que cursan carrera delincuencial (Bogotá, 35.7%; Cali, 11%).
Gráfica n°3. Percepción de reincidencia de los jóvenes en el marco de la Ley
1098/06 según la institución
Fi scal i a
Equi po si cosoci al ICBF
Defensoría de Fami l i a
Defensoría del Puebl o
Equi po si cosoci al ONG
Pol i cía de Infanci a
(…) “En Barranquilla me pagaron por matar un fiscal; después de eso me
vine para acá para escapar de la justicia … La cosa se puso caliente y tocaba escampar por un rato … Aquí me cogieron por robar en la calle y me dieron la amonestación, después me contrataron para matar otro man y en esta me cogieron y
me encerraron en la `correccional de menores`. Me aburrí y me escapé y a los tres
meses me volvieron a coger por otro muerto, pero ya había cumplido los 18, entonces me enviaron a la cárcel y me dieron nueve años. Ahí estuve seis meses hasta
que por orden del juez de adolescencia me devolvieron para la correccional para
acabar el tiempo que me habían dado al otro lado” (sicario de 18 años).
En casos similares al anterior cuando un joven, teniendo vigente una sanción en el SRPA, delinque nuevamente como mayor de edad, el sistema ordinario es el que debe primar. La sanción impuesta en su momento en la condición
de adolescente menor de 18 años fue diseñada acorde a los principios y normas
internacionales reconocidas por Colombia sobre infancia y adolescencia; no
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas obstante, una vez impuesta puede ser exigido su cumplimiento hasta los 21 años
de edad, lo cual no presupone la generación de nuevos actos delincuenciales.
Aunque la Ley de Infancia y de Adolescencia acorta el procedimiento para
ciertos casos (conciliación25, principio de oportunidad26), a mediano término,
el poco o ausente acompañamiento que se les hace a estos jóvenes posteriormente a los respectivos fallos aumenta el costo social al poder presentarse con
mayor facilidad la reincidencia.
Nota – Principio de oportunidad
En 2009, se aplicó en 1051 casos el principio de oportunidad, equivalentes al 4.32%
de los casos judicializados (FGN, grupo de sistemas, 2009).
No se pretende demeritar la importancia de los mecanismos mencionados,
sino sugerir la generación de criterios adicionales a los jurídicos, en la medida
que las prioridades no son tan solo “acortar el procedimiento y ahorrar recursos”,
“disponer de un reporte estadístico”, etc., sino construir con base en elementos de
fondo un futuro a estos jóvenes.
Y desde lo judicial, ¿Cómo vamos?
Aunque paulatinamente los operadores judiciales han logrado algunos
acuerdos en su proceder, a tres años de haberse iniciado el sistema, aún se presentan serias desavenencias algunas de las cuales se relacionan con la aplicación
de los delitos y de sus respectivas sanciones, mientras que otras, con aspectos
más de orden procedimental.
En el distrito judicial de Tunja, donde los delitos sexuales son de frecuente ocurrencia, han subido en apelación veintiocho sentencias relacionadas con
adolescentes sentenciados por unos de estos tipos penales27. La mayoría ha sido
Conciliación: “Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de
acuerdos que permitan la conciliación y la reparación del daño, y tendrán como principio
rector la aplicación preferente del principio de oportunidad (Ley 1098/06: Art. 174)”.
Además de lo estipulado en el artículo 174 de la Ley 1098/06, el Principio de oportunidad
también se aplica en los procesos seguidos a los adolescentes como partícipes de los delitos
cometidos por grupos armados al margen de la ley (Ley 1098/06: Art. 175). Este principio
no se aplicará cuando se trate de violaciones graves al DIH, crímenes de lesa humanidad o
genocidio de acuerdo con el Estatuto de Roma (Ley 1098/06: Art. 175, Parágrafo).
Desde cuando se inició el sistema a la fecha.
por la sanción de internamiento por la comisión de delitos sexuales en menores
de catorce años, acogiéndose a rebajas confesando o aceptando cargos.
Para estas, se ha dado uso a lo dispuesto en el artículo 199 del Código de
Infancia y Adolescencia (Ley 1098/06), norma que generalmente, en concepto
de la Fiscalía, no es de aplicación por cuanto hace referencia a la prohibición
de los beneficios indicados en el mismo, pero sólo cuando el infractor no es un
adolescente sino un mayor de edad, y la víctima un menor de catorce años.
Ley 1098/06, artículo 199
Beneficio y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los delitos de homicidio
o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y
formación sexuales o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes se aplicarán las siguientes reglas:
1. Si hubiere mérito para proferir medida de aseguramiento en los casos del artículo 306 de la Ley 906/2004, esta consistirá siempre en detención en establecimiento de
reclusión. No serán aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la libertad
previstas en los artículos 307, literal b), y 315 de la Ley 906/2004.
7. No procederán las rebajas de penas con base en los “preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado”, previstos en los artículos 348 a 351 de la
Ley 906/2004.
Los fallos de segunda instancia aún de este mismo distrito judicial no han
unificado o sentado jurisprudencia en ese sentido. Un magistrado con salvamento de voto sostiene que efectivamente no se deben aplicar o conceder los
beneficios a los adolescentes infractores de las conductas ilícitas a que hace referencia la norma, mientras que por el contrario las demás salas afirman lo contrario. Una Magistrada inclusive considera que el adolescente nunca debe ser sometido a internamiento, sino a seguimiento terapéutico, estimando que es más
víctima el infractor que a la misma víctima.
Por otra parte, es común encontrar ausencia de un criterio unificado ante
la no asistencia de adolescentes en audiencias tales como las de juzgamiento o
de imposición de sanción. Este tema es de suma importancia si consideramos el
carácter oral del sistema y la alta proporción de diligencias a las cuales no asistieron los jóvenes en su primer año de funcionamiento (63%) (Álvarez-Correa
M. et. ál., 2008).
Al llevar a cabo una audiencia preliminar en la que se impartió legalidad
de la captura de tres adolescentes por haberse producido en situación de flagrancia, se les formuló imputación por el delito de hurto calificado agravado en
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas la modalidad de tentativa. Estos cargos fueron rechazados por los imputados,
quienes fueron dejados en libertad al término de la audiencia preliminar, toda
vez que el fiscal no solicitó medidas de aseguramiento.
Presentado el escrito de acusación en el que se reiteró el cargo formulado
en la audiencia de imputación, el asunto pasó al juez de conocimiento, quien
celebró audiencia de imputación a la cual no asistió sino uno de los tres jóvenes,
y ninguno de los padres y/o acudientes de los tres. Más adelante, al realizarse la
audiencia preparatoria, así mismo sin la presencia de los procesados, el defensor
público hizo alusión al artículo 158 del Código de Infancia que prohíbe el juzgamiento en ausencia. El defensor de familia por su parte, expresó que al no estar
presentes los jóvenes en el desarrollo del juicio, se estaría afectando su “derecho
a aceptar los cargos y terminar el proceso por la vía abreviada”. En vista del desacuerdo con el juez, se interpuso el recurso de apelación al tribunal el cual en su
momento nadie acudió a sustentar.
Para el tribunal, la formulación de imputación se produjo en presencia de
los adolescentes infractores, quienes estaban asistidos por sus respectivos defensores; por lo tanto, en esa diligencia quedaron legalmente vinculados a la actuación judicial que se adelantaba en su contra, sin que fuera necesario declararlos
personas ausentes. No se trataba, por ende, de que el juicio se fuera a adelantar
en ausencia de los procesados ni de sus acudientes quienes fueron citados a través de telegrama a las direcciones que ellos mismos suministraron.
Por consiguiente, se consideró errada la interpretación que hace el defensor público del artículo 158 de la Ley 1098/06, ya que solo se podría hablar de
ausencia del imputado al no haber este comparecido a ninguna de las audiencias
preliminares ni a la de juicio, o al no conocer la ubicación precisa del lugar de
las diligencias. En consecuencia, no se presenta en este caso vulneración a las
garantías fundamentales de los procesados.
Sobre dudas de esta naturaleza, existen aún muchas confusiones e interpretaciones encontradas que no permiten una aplicación uniforme del Código
de infancia y de adolescencia en su parte penal. Algunos jueces discuten aspectos tales como si:
➢ Se puede o no realizar un acuerdo de reparación con un adolescente
procesado, y de hacerse, al ser honrado por el interesado, si se podría
solicitar su cumplimiento ante la jurisdicción civil sin “afectar la identidad del joven”.
➢ Puede aplicarse los cuartos de movilidad que se emplean en la jurisdicción penal ordinaria.
➢ “¿Por qué se permite en algunos distritos judiciales a los defensores de
familia intervenir, y hasta interponer recursos, si ellos no son sujetos procesales?”.
➢ Cuáles son los criterios mínimos para solicitar internamiento de un joven cuando el juez o el defensor de familia así lo consideran pertinente,
Aún la confusión en múltiples aspectos es considerable; por lo tanto, son
necesarias, además de la generación de procesos de capacitación tradicionales
sobre aspectos básicos, impulsar la realización de clínicas sobre jurisprudencia,
aplicación e interpretación de la norma, a la par con la interpretación y aplicación de sentencia que se ajusten a las necesidades de los adolescentes.
Algunas debilidades institucionales
Dice el Departamento Nacional de Planeación que “es apremiante la caracterización de las particularidades de cada distrito” (CONPES, 2009); ello es cierto28; no obstante hay aspectos de importancia que de tiempo atrás están claramente identificados y que perduran en este nuevo esquema, sin que se les haya
aplicado correctivo alguno. Estos suelen ser de naturaleza administrativa, conceptual o estructural.
A título de ejemplo, hay instituciones como el centro de privación de la
libertad en Piedecuesta29 (Distrito Judicial de Bucaramanga departamento de
Santander) que pese a un historial de quejas en su contra, muchas relacionadas
con insuficientes espacios para el volumen de jóvenes que son remitidos, requiere en su operacionalización cambios estructurales en su ideación y dinámica30,
además de alternar conceptos del Código del Menor con la Ley 1098/06.
En Montería (Córdoba), tras múltiples atropellos del administrador anterior, en especial durante el período 2008 – 2009 (locaciones destruidas, déficit presupuestal, falta de personal para atención de los usuarios, inexistencia de
PAI31, etc.), hasta ahora se está intentando componer el centro de atención para
En el marco de esta colección se ha venido supliendo parcialmente a esta necesidad.
Atendido por Fundación Hogares Claret.
Modelo de intervención, dinámicas de trabajo, etc.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas la privación preventiva de la libertad, sin que haya aún resultados visibles32 y sin
que se haya satisfecho la demanda que el municipio requiere.
Se presenta una escasa apropiación de las entidades territoriales en el SRPA y ejercicio efectivo del principio de corresponsabilidad.
Por ello, los jóvenes a quienes se les impone esa medida son enviados a
Cartagena a Asomenores33, lejos de su familia, contrariando con ello los principios del Código de Infancia y de Adolescencia “ El daño causado por esta gente que estaba antes fue grande; el proceso de reconstrucción es lento y complejo.
Por demás, se requiere una fuerte inversión de dinero para las adecuaciones y si
bien ha habido aportes, estos no son suficientes ” (directora encargada institución
Montería).
Al año de iniciado el sistema, en el 70% de las zonas visitadas, el PAI aún
no habían sido modificado ni adaptado a las nuevas condiciones de trabajo; de
la misma forma, que pocas veces se han generado las adecuaciones locativas que
la ley ordena (separación por edad y sanción). A la fecha, perduran amplios vacíos en esa materia.
Nota sobre el traslado de los adolescentes
En Chiquinquirá y Popayán, el desplazamiento de los jóvenes bajo internamiento
preventivo y los que se encuentran en el centro transitorio, suele ser difícil, dada la
distancia que se debe recorrer. Generalmente se hallan en barrios distantes, obligando
a los uniformados responsables de su traslado a asumir el riesgo de las evasiones de
los adolescentes o de actos violentos por parte de estos.
En Cúcuta (Distrito Judicial de Cúcuta – departamento de Norte de Santander), el Rudesindo Soto, dependencia encargada de la aplicación de la privación de la libertad y de la libertad vigilada, entre otras sanciones, se encuentra
en un proceso de renovación con tres limitantes que requieren pronta solución y
➢ Politización de los cargos. Gran parte de los recursos que permiten el
funcionamiento de la institución provienen de la alcaldía y/o de la go32
Para finales del 2009, la institución contaba tan solo con un joven vinculado al programa;
se decidió no recibir nuevos adolescentes hasta tanto no se hayan solucionado las dificultades actuales.
Centro para atención de jóvenes sancionados a la privación de libertad ubicado entre Cartagena y Turbaco (Bolívar).
bernación; ello ha conllevado históricamente un nivel de politización
de sus puestos de trabajo de la misma, afectando en ocasiones la idoneidad del personal asignado “ El señor gobernador me puso aquí temporalmente mientras viene otra persona; lo mío son las finanzas, pero
eso también me gusta” (director institución).
➢ La complejidad de la problemática de los jóvenes infractores en
Norte de Santander, donde se combinan pobreza, grupos armados al
margen de la ley, pandillas, narcotráfico y una propuesta institucional
insuficiente frente a las necesidades, requiere adecuaciones y ajustes a
los programas existentes, con un acompañamiento ambulatorio sostenido34 “Hemos reforzado la seguridad con mejores puertas, barrotes más
fuertes, estamos separando el sector de los muchachos con sanción de semicerrado con los de privación de libertad (…). Atrás, detrás de ese patio, hay un amplio terreno que utilizamos para los ´más seguros´, pero es
la parte más complicada por donde se vuelan (…). Aquí hay miembros
de tres bandas muy fuertes que se diferencian claramente; de encontrarse
se matan entre sí. Hay un joven que está en aislamiento en las noches,
es sicario y mató el primo de uno de los jefes traquetos de Los Patios35,
mientras que otro familiar del muerto está también retenido aquí (…)”
(Educador institución). (…)“Me pagaron la vuelta, sino que no alcancé
a matar sino uno de los dos duros y ahora el otro toche me quiere frío…
Pero todo bien, afuera también tengo parceros que apoyan el Caimán, el
´Para´36 que por aquí manda” (adolescente sicario privado de la libertad).
➢ Insuficientes procesos de capacitación entre los profesionales de las
ONG encargadas de cumplir la ejecución de las sanciones.
A su vez, Sincelejo (Distrito Judicial de Sincelejo – departamento de Sucre) carece de institución de medio cerrado y su oferta de programas para cubrir las demás sanciones que el Código de Infancia y de Adolescencia estipula es
muy pobre (Ley 1098/06: Art. 177) “(…)Cuando se le sanciona a un adolescente
a la privación de la libertad, lo llevamos nosotros mismos a Cartagena para que lo
tengan allá; por lo general no nos pagan viáticos y a veces ni la gasolina y nos toca
de nuestro bolsillo. Viajamos en la mañana con el muchacho y nos regresamos en
Esta realidad no es propia a este distrito, sino que se repite en otros lugares.
Municipio cercano a Cúcuta (Norte de Santander).
Paramilitar. Grupo armado irregular de fuerte dominio en Cúcuta en los últimos diez años.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas la noche, para un total de seis horas de viaje aproximadamente” (defensor de familia Sincelejo).37
Nota – Conclusión parcial
No se han construido y/o adecuado, ni puesto en funcionamiento todos los centros de servicios judiciales necesarios, transitorios, ni los programas privativos de la
libertad que exige la Ley 1098/06 en algunos departamentos, municipios y distritos
del país, a tres años de iniciado el sistema. La oferta de servicios no es homogénea
para todas las regiones37.
A cuatro meses de iniciado el SRPA en este distrito judicial, se disponía de
facto de un centro transitorio, y estaban contratadas en el papel por el ICBF38
las medidas de libertad vigilada y de servicio a la comunidad que aún no eran
operativas. Ello conforma otra muestra de la improvisación con la cual se impulsó el sistema penal para adolescentes, donde no se presenta respuesta oportuna
por parte del sistema judicial ante una necesidad urgente, generando una pronta
reincidencia y una pérdida de credibilidad del sistema.
En Valledupar (Distrito Judicial de Valledupar departamento del Cesar),
operan las sanciones de libertad vigilada, semicerrado e internamiento preventivo, debiendo una vez más remitirse los jóvenes de privación de la libertad a
Cartagena con las implicaciones que ello conlleva39… “El problema es que acá
no existe un programa donde tener a los jóvenes privados de la libertad. Nos toca
llevarlos hasta Cartagena y uno o dos uniformados se van en la parte de atrás de
uno de los carros que presta el Bienestar, sin ningún tipo de seguridad, porque allá
es donde está la institución” (policía de infancia y adolescencia).
Hay limitada articulación y coordinación sectorial y territorial de las entidades que
hacen parte del SRPA, y de este con otros sistemas garantes de los derechos de los adolescentes.
Lo mismo sucede con Leticia (departamento de Amazonas - Distrito Judicial de Cundinamarca), con la diferencia de que por el aislamiento en el que
se encuentra este municipio, donde el único medio de transporte para realizar
En el 2009 hubo 3.216 cupos para privación de la libertad; para el 2010 se proyectan 5.721
cualquier remisión a un centro especializado es el aéreo, no existe alternativa
institucional para cubrir esa necesidad.
La libertad vigilada, la amonestación, la prestación de servicio a la comunidad conforman otras alternativas que apenas se están iniciando … “La alcaldía ha dicho que quiere apoyar la construcción de un centro para los adolescentes
privados de la libertad. De hecho, el terreno ya está comprado (lo señala), falta
ahora construir el inmueble” (funcionario).
Frente a la imposición de sanciones
Es importante que se genere sistemáticamente una mayor comunicación interinstitucional e interdisciplinaria, lo cual sin salirse del marco del SRPA y sin usurpar las
funciones del juez permitiría mayor uniformidad en el proceso sancionatorio.
Tabla n°4. Principales falencias observadas en el marco del desarrollo del
SRPA a marzo 2010 (*) con relación
Ejecución de las sanciones (*)
No existe programa de privación de la libertad, lo que conlleva
a la remisión de los jóvenes al distrito judicial más cercano
(Bucaramanga)con las falencias que ya se mencionaron. No existe
institución para el cumplimiento de las sanciones con excepción de la
amonestación (IEMP).
Programa de privación de la libertad con múltiples dificultades
y quejas. La misma organización que maneja el internamiento
preventivo, el cual funciona bajo condiciones no óptimas, asume el
cumplimiento de libertad vigilada. No se tenía contratación para la
prestación de servicios a la comunidad. Se daba cumplimiento a la
sanción de amonestación y al internamiento semicerrado y cerrado.
Programa de privación de libertad en reestructuración que también
cubre libertad vigilada. El diseño para la función que desempeña
no es óptimo, pero en proceso de mejoría, la amonestación está
operando en Cúcuta y Pamplona.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas Tabla n°4. Principales falencias observadas en el marco del desarrollo del
Programa de privación de la libertad inoperante, con muchas
falencias dejadas por el operador anterior (“Niños de Papel”)
(personal no idóneo para la atención de jóvenes, deudas y daños en
las instalaciones, etc.). Se ejecutaban en este distrito las sanciones
de internamiento preventivo, en un convenio interadministrativo
entre el ICBF y la ONG. Esta última asumía en otra sede el
programa de prestación de servicios a la comunidad y programas
de medio semicerrado. También existe otra ONG contratada para
el cumplimiento de la sanción de libertad vigilada. La sanción de
amonestación es operativa, aunque la mayoría de los operadores
confundían inicialmente el concepto de la actual amonestación con
la versión anterior (Código del Menor).
Actualmente se encuentra en funcionamiento el centro de
internamiento preventivo a cargo de la misma ONG que lidera el
programa de libertad vigilada. Dicho centro está en proceso de
adecuación al igual que el PAI40. Proyectan contratación para el
manejo de la sanción de prestación de servicios a la comunidad.
Durante la visita se desconocía la ruta para el cumplimiento de la
Desde hace varios años funciona en este distrito el centro donde
son atendidos los jóvenes bajo internamiento preventivo. Allí se
ejecutan las sanciones de libertad vigilada y medio semicerrado41.
En el momento de la evaluación, se desconocía la ruta para el
cumplimiento de la sanción de amonestación.
Existe una institución que ejecuta los programas de libertad
vigilada, internamiento preventivo, privación de la libertad y medio
semicerrado (en sus dos modalidades). No se tiene registro de
institución alguna que lidere el programa de prestación de servicios a
la comunidad. La sanción de amonestación se está ejecutando.
Leticia (Distrito Judicial
Carece del programa de privación de la libertad (en proyecto),
cuenta con un centro transitorio en condiciones regulares y la misma
institución atiende libertad vigilada y servicio a la comunidad en una
sede recientemente estrenada que se encuentra ubicada en un barrio
marginal. La amonestación es operativa.
Plan de Atención Integral que se aplica a los jóvenes
El medio semicerrado comprende las modalidades de externado, semicerrado y de inter
Programa de privación de libertad, libertad vigilada, semicerrado
e internamiento preventivo en reestructuración. La ejecución de la
sanción de prestación de servicio a la comunidad está a la fecha por
asignarse. Los programas de Hogares clave de privación de la libertad
y de protección para jóvenes de 12 a 14 años contraventores de la ley
penal, no son óptimos.
No tiene programas propios; todo lo remiten a Tunja.
Programa de privación de libertad en reestructuración, con cambio
de administración por mal funcionamiento. Atiende jóvenes
masculinos y femeninos sin una real división entre ambos.
Aunque es cierto que en ocasiones las dificultades se reducen a una insuficiente asignación de
recursos por parte de las instituciones nacionales y territoriales para implementar y atender
el SRPA, también es visible la falta de compromiso de ciertas dependencias, de voluntad y de
orientación para ajustarse a un nuevo esquema.
(*) Se destaca que el seguimiento a la sanción de reglas de conductas no se estaba ejecutando en ninguno de
los distritos judiciales visitados,40 bien sea por la carencia de personal idóneo para tal fin, la ausencia de
voluntad o por “falta de tiempo” dentro de la multiplicidad de funciones de los operadores.41
Un reflejo parcial de la idoneidad de los programas existentes descansa en
sus logros, variable que comprende, entre otros, la capacidad de enganchar al joven con propuestas flexibles. La amplia variación de los datos suministrados por
los respectivos CESPA42, indica un sistema de información insuficiente debido a
su nivel de confiabilidad, poca oferta institucional en algunos casos y desigualdad en la calidad de los programas ejecutores de las sanciones.
Centro de Servicios para Adolescentes.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas :
Gráfica n°4. Porcentaje de jóvenes evadidos de los programas43 responsables de
ejecutar las sanciones, del 1 de junio a 31 de octubre de 2009
(*) Los distritos judiciales de Tunja, San Gil, Bucaramanga, Buga, Valledupar e Ibagué no reportaron
La información registrada en el anterior diagrama (evasiones) se encuentra por debajo de los datos obtenidos en evaluaciones puntuales en cada una de las sanciones;
esta depende del tipo de registro que cada institución desarrolla; en ciertos casos, el
tiempo de espera para que un joven asista a la sanción que le fue impuesta, puede incrementarse o reducirse antes de reportarse, de ahí uno de los motivos responsables
de la variabilidad en los registros.
Una de las falencias encontradas en el 35% de los centros judiciales de las
cabeceras de los distritos judiciales radica en las pésimas condiciones de las salas de audiencias disponibles … “Como lo puede ver, atendemos las audiencias
en esta sala que prácticamente es la misma que la sala de espera del público; no
hay puerta y todo el mundo puede escuchar lo que está pasando” (coordinador
CESPA)…
En varios distritos, el argumento más común que se recoge se relaciona
con que “están terminando la construcción de la nueva sede”, en ocasiones a un
Incluye las distintas sanciones que el código estipula, sean o no de privación de libertad.
año de iniciado el sistema en ese sector. Ello nuevamente refleja la falta de una
mayor planificación y de proyección de la administración de justicia, donde las
implicaciones siempre se minimizan.
Tabla n°5. Percepciones generales de los actores frente al nuevo sistema y
frente a algunas deficiencias
Deficiencias (Salas de
audiencias - ausencia de
medios logísticos)
“Hemos tenido que acomodar mi oficina que
es pequeña; el juez de conocimiento presta un micrófono que tiene y lo rotamos para ir hablando y grabando las audiencias y las registramos en mi computador porque no hay CESPA”. La carencia de un
Centro de Servicios ha obligado a algunos actores
a darle uso multifuncional a las oficinas.
Otros funcionarios recurren a “rifas” para
la compra de cámaras fotográficas, huelleros, fotocopias, etc. que garanticen el cumplimiento de su
labor. Otros, en ausencia de un transporte oficial
para sus desplazamientos, pueden llegar a poner su
vida en riesgo ... “Casi matan a mi hermano porque
pensaron que era yo; él usa mi moto de vez en cuando y en ella trabajo” (funcionario de la Dijín con
función de policía judicial en el SRPA).
En casos como el de Cúcuta los miembros del equipo psicosocial asignados al SRPA tienen que entrevistar a los jóvenes en el momento de evaluarlos en
el corredor donde se movilizan el público y el personal … “Ocupamos un espacio
2.5 m por 2.5 m con un solo computador para la elaboración de los informes nueve
funcionarios. ¿Cómo puede uno trabajar en estas condiciones?” (defensor de familia).
La labor desarrollada bajo estos parámetros facilita pérdidas en la calidad y
en la idoneidad de la intervención de los adolescentes y adicionalmente al irrespeto manifiesto para con los profesionales encargados y los adolescentes.
Montería, Leticia y Valledupar, no gozan de salas de audiencias que cumplan con el
requisito de privacidad para los jóvenes y/o de la indumentaria necesaria para el desarrollo de las diligencias.
Así mismo, la policía de adolescencia, en un 65% de los casos, no cuenta
con los recursos humanos y logísticos para desarrollar a cabalidad sus funciones: insuficiente policía judicial y vehículos para traslado de los jóvenes, “… El
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas policía se tiene que movilizar en transporte público o que haya sido suministrado
por el ICBF; el uniformado va en el planchón descapotado de atrás sin ninguna
seguridad; siempre va con un defensor de familia, pero ello no es garantía de nada
por cuanto si algo ocurre resulta culpa del policía” (comandante infancia y adolescencia).
¿Quiénes son los operadores del sistema? Formación y
conocimiento de los operadores
Un primer paso en el conocimiento del SRPA, no se inicia obligatoriamente de manera restringida con un análisis de la idoneidad de los planteamientos
del mismo, ni profundizando en la naturaleza de los jóvenes infractores, ni en
el porqué de su actuar, sino determinando quiénes son los que tienen la función
de ejecutar dicha propuesta. De su experticia, habilidad y experiencia pueden
depender la pertinencia en el manejo de un proceso judicial, terapéutico o administrativo.
Contrariamente a lo que ingenuamente se podría pensar, es reducida la
proporción de funcionarios del nivel judicial que se encuentran en el sistema penal de adolescentes y que anteriormente laboraban en el marco del Código del
Menor. Es de considerar que aparecieron, entre otros aspectos, nuevos cargos en
los cuales nadie había laborado a la fecha en esta jurisdicción en el país.
Nota sobre la idoneidad del personal engargado del SRPA
Entre el 12% y el 25% de los funcionarios judiciales que laboran en la actualidad
en el marco del sistema de responsabilidad penal juvenil, se desempeñaron bajo el Decreto Ley 2737/1989. El 60% de los profesionales que trabajan en las organizaciones
no gubernamentales contratadas por el ICBF para ejecutar las sanciones, también lo
hicieron. Esta movilidad se convierte en debilidad en la medida en que no va sistemáticamente acompañada de una formación sólida. Es de tener en cuenta que a la
sobreoferta de personal en ciertos sectores (Medellín, Cali, Bogotá, etc.), se opone a
su carencia del mismo en otros (Montería, Valledupar, etc.). En otras palabras, no se
goza de una repartición homogénea en experiencia y conocimiento de quienes tienen a su cargo la atención del SRPA. Hay desconocimiento de los procesos y procedimientos del SRPA por parte de múltiples entidades de orden nacional, departamental
Ingresaron en este proceso los fiscales antes inexistentes, un mayor número de jueces (al crearse la doble figura de juez con función de garantía y juez con
función de conocimiento), se incrementó la cifra de psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas al aumentarse el número de equipos psicosociales de apo-
yo a los defensores de familia (se doblan al haber uno para garantía y otro para
conocimiento idealmente)44.
Nota sobre la carencia de personal en algunos casos
El 16.91% de los funcionarios hace referencia a la falta de personal (defensores,
trabajadores sociales, psicólogos y/o nutricionistas), se presentán inconvenientes
como la necesidad de “aplazar audiencias porque la defensora de familia está atendiendo otros casos” (fiscal). En algunos casos se observa aplazamiento de audiencias hasta
En ese punto es determinante examinar si la correlación entre volumen de
trabajo y número de funcionarios es coincidente a lo largo del territorio. La dinámica diaria demuestra que la variabilidad de casos atendidos por profesional
(como una forma de medir la carga laboral), tiene un amplio rango de fluctuación. Producto de una combinación de varios de los aspectos discutidos, se presenta una amplia variación de los factores en juego en donde, según el distrito
judicial, las obligaciones pueden ser irrisorias, excesivas o ajustadas, según la capacidad instalada de funcionarios.
La carga puede inclusive ser compartida en el tiempo y en el espacio con
otras que distan de la judicial “… Aquí hay dos defensoras de familia y las rotan
semana por semana ante mi despacho; es decir, una cubre una semana, la otra la
semana que sigue y así sucesivamente bajo el argumento de que también tienen
que atender lo relacionado con protección y demás aspectos que son responsabilidad de la regional (ICBF). El asunto es que es común que el mismo caso ante mi
instancia sea abordado sucesivamente por diferentes defensores de familia” (juez
Nota sobre la capacitación a funcionarios
Entidades como la Fiscalía General de la Nación optaron por suspender durante un
tiempo la capacitación de sus funcionarios producto de la elevada tasa de rotación de
estos, hasta tanto se normalizara la planta. Este mismo fenómeno es relativamente común en otros sectores institucionales; reflejo de ello, es la solicitud de un coordinador
de CESPA realizada en el 2010 desde un distrito judicial de la costa atlántica al IEMP,
con el objetivo de repetir una capacitación que esta dependencia dictó a todos los profesionales del sistema en el 2009 en esta zona del país, por cuanto “la mayoría de los
funcionarios del sistema fueron trasladados o declarados insubsistentes en el transcurso
de los últimos seis meses” (Coordinador CESPA).
En algunos distritos judiciales, el personal es insuficiente, de ahí que se puede presentar que
un mismo profesional, de una o de varias áreas, apoye las dos instancias.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas En un 25% de los casos, los equipos se encuentran incompletos “… Somos dos
trabajadores sociales, una psicóloga y una nutricionista para los tres juzgados de
garantías y el de conocimiento; nos toca rotarnos para cubrir lo que llega” (psicóloga ICBF - SRPA).
A nivel de los CESPA es frecuente que no se cuente con un asistente social
en aras de que se realice el seguimiento a las sanciones. En el caso de los juzgados de familia, al no existir la jurisdicción especial de adolescencia, comúnmente no se le permite a dicho funcionario desplazarse al lugar donde se encuentran
los jóvenes. En ambas situaciones hay desconocimiento frente a las funciones
que se deben desarrollar frente al sistema.
Con una proporción del 60% de mujeres sobre hombres, más del 60% de
los profesionales vinculados, (judiciales e institucionales), han superado la barrera de los 40 años. Este último parámetro podría conformar una ventaja al ser
su experiencia especializada sobre la temática, aspecto que no siempre se cumple. Por otra parte, un 23.5% de personas menores de 34 años están vinculadas
al sistema, siendo en su mayoría inexpertas en el ramo “(…) Antes de llegar aquí,
hace tres meses, trabajé con seguros durante cuatro años y dos en la alcaldía en la
parte administrativa” (defensora de familia).
Gráfica n° 5. Percepción de los jueces de garantía y de conocimiento sobre
número de audiencias realizadas contra audiencias realmente desarrolladas por
semana (período 1 - VI - 31/2009)
Juez de Grantía
La estructura profesional y la ruta de atención a los adolescentes capturados y judicializados están claramente definidas en la ley; sin embargo, si consideramos que más del 65% de los profesionales vinculados son abogados, ello podría hacernos pensar que la orientación que se le da a las actuaciones del joven
tiene una mayor connotación legal que psicosocial, lo cual no siempre resulta
En el caso de los jueces, ellos “deciden sobre el futuro inmediato del adolescente; algunos toman muy en cuenta las recomendaciones de los equipos psicosociales, y otros claramente prefieren seguir su libre albedrío” (fiscal SRPJ) “… El
hecho es que a la hora de recibir un informe de las instituciones responsables de
ejecutar las sanciones, para la mayoría lo importante es el cumplimiento, hasta
ahí; pocos se preguntan sobre el alcance real de la sanción, sobre la utilidad que ha
tenido en el adolescente y lo que va a pasar con él posteriormente” (trabajo social
equipo de conocimiento del ICBF).
Vista desde este punto de vista, la capacitación debe considerarse como
un tema central. Preocupan las amplias deficiencias que se encuentran en esta
materia, donde la Policía Nacional, sin desconocer los vacíos existentes, es la
institución que sale mejor librada y la Defensoría Pública la que más vacíos demostró tener.
Gráfica n°6. Grupos de edades y sexo de las personas encargadas de ejecutar el SRPA
Entre 50 y 64
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas En el primer caso, en consideración a la función que cumple en el sistema,
uno de los aspectos que se estimó oportuno evaluar fue la formación en policía
judicial y específicamente en técnicas de abordaje de adolescentes “… En la unidad somos dos que recibimos el curso de SATAC45, entonces en los casos complicados somos nosotros los que nos encargamos de atender los casos. También se ha
hecho una labor de difusión y del material que nos han dado para todos los compañeros” (intendente policía de infancia y adolescencia).
En el segundo caso, la amplia capacitación que recibieron los defensores
públicos en el marco del sistema penal acusatorio (Ley 906/04), no ha tenido
su equivalente en la jurisdicción de adolescentes. Si bien se cuenta con valiosos
profesionales, el pretender asimilar la jurisdicción de mayores a la de los jóvenes, ha conllevado a situaciones inesperadas que afectan el desarrollo del sistema “… Tengo en media hora mi primera audiencia en el sistema juvenil (…). No,
no he recibido capacitación sobre el SRPA específicamente, pero eso es lo mismo
que el sistema acusatorio” (defensor público).
Nota sobre la defensoría pública
Hay insuficientes recursos humanos a nivel nacional y territorial para operar el
SRPA en materia de defensores públicos. La Defensoría del Pueblo realizó una petición en ese sentido en aras de incrementar su número.
Del mismo modo, se observa cómo hay un elevado número de defensores
que equiparan el manejo que se le da a la sanción en el sistema ordinario con el
que le corresponde al código de infancia… “Al muchacho, le dieron 12 meses de
privación de la libertad por el delito que cometió; ya cumplió ocho meses y es tiempo que le den su libertad” (defensoría pública). La duración y la naturaleza de la
sanción deben siempre estar asociados a las necesidades del adolescente.
Una proporción de estos profesionales bajo la consideración de que la libertad es el derecho más preciado, procurán que la sanción de su defendido
no sea la retención o que esta sea de reducida duración. Si bien es cierto que el
SRPA no propugna por un derecho de enemigos y por ende la dinámica de im-
El Programa Internacional de Asistencia para Capacitación en Investigación Criminal del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, dicta capacitaciones sobre el Protocolo SATAC, una metodología de entrevista a los niños que han sufrido por causa del abuso
posición de sanciones ha de ser distinta que en el marco del Sistema Penal Acusatorio, ello no significa que no haya lugar a castigos rigurosos.
Pedro en razón a que su madre se marchó dos años atrás con su nuevo
compañero fuera del país en busca de mejor suerte, se quedó con sus dos hermanos menores y con sus tíos maternos en Cali. Con su padre poco habla y
la verdad no le interesa. Gracias a un relativo éxito en su nueva vida, la madre
mandó por sus tres hijos.
En el momento de embarcarse en el Aeropuerto El Dorado en el Distrito
Capital, atraparon a Pedro con cinco kilogramos de cocaína pura. Una vez judicializado, se le impuso la medida de privación de la libertad por un año; a los
seis meses, a petición del defensor público, el juez modificó la sanción inicial
por la amonestación bajo el argumento de que “era más provechoso para el joven
estar con su madre, teniendo en cuenta que los acontecimientos habían sucedido
lejos de ella” (defensora pública).
Pedro es un adolescente de 16 años que pocas veces cumple con los límites
básicos de la convivencia, salvo cuando están de acuerdo con su conveniencia.
Por demás, se prostituye con mujeres “cuando la plata no alcanza para darme
mis gustos”, situación que ni los equipos de Bienestar Familiar ni los de la institución donde estuvo internado habían tenido conocimiento.
De esta manera, la experiencia certificada no siempre coincide con los
fines y necesidades del sistema “… Tengo una amplia experiencia (…). He trabajado cinco años con una ONG que se dedica a las víctimas del desplazamiento forzoso y a las mujeres maltratadas” (defensora pública)... Ello sin desconocer
los muchos defensores con preparación y experiencia idónea. No obstante, es de
anotar que los casos negativos suelen ser los más difundidos, contra el censo de
Tabla n°6. Percepción general de los actores frente al sistema con respecto a la
dualidad fiscal – defensor público
➢ Las contiendas que se dan entre estos dos actores son el
resultado de un producto por fuera de una justicia que
propende por el interés superior del joven, pero que se
evidencia en la puesta en escena de los “intereses” de la defensa
y de la parte que acusa (cómo se concibe a la fiscalía por parte
de algunos jóvenes).
➢ “En ese distrito, la gran falencia del sistema radica en el no
acuerdo de las partes para brindar un beneficio a favor de los
jóvenes” (fiscal).
Gráfica n°7. Profesiones y género de las personas encargadas de ejecutar el
Gráfica n°8. Promedio de capacitaciones recibidas por actores según entidad de
las personas encargadas de ejecutar el SRPA
Policía Infancia
Defensoría Familia
Tipo sicosocial del ICBF
Tipo sicosocial de ONG
Gráfica n°9. Naturaleza de la capacitación recibida por los profesionales
vinculados al SRPA
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas Tabla n°7. Escala empleada en las categorías de tiempo correspondiente a las
capacitaciones recibidas por los profesionales relacionados con el SRPA
Conferencias (<8 horas)
Seminarios (entre 8 y 48 horas)
Cursos (entre 49 y 100 horas)
Diplomados (entre 100 y 129) horas
Cursos especializados (más de 130 horas)
Nota aclaratoria sobre evolución de capacitaciones
De acuerdo con las distinciones establecidas en la naturaleza de la formación recibidas por los profesionales encargados en la tabla n°7, se establece el número de capacitaciones por distrito.
Tabla n°8. Comentarios sobre el nivel de capacitación de los funcionarios con
relación al SRPA a marzo 2010 (*)
Nivel de formación frente al sistema de los operadores
Tan solo el 15% de las instituciones y el 10% de los funcionarios habían
El 50% de las instituciones y el 35% de los funcionarios habían recibido
El 50% de las instituciones y el 45% de los funcionarios habían recibido
capacitación, no obstante en el marco judicial existe compromiso y
colaboración entre los distintos sectores. En cambio, quienes requieren
fortalecimiento urgente son los profesionales responsables de la
Requiere fortalecimiento. Las instituciones que están contratadas para
ejecutar las sanciones mostraron fuertes vacíos frente al SRPA. Con
relación a los funcionarios judiciales, el 40% habían recibido algún tipo
de formación, otros pocos traen la experiencia adquirida en el Código
El 40% de las instituciones y el 30% de los funcionarios habían recibido
capacitación. Los profesionales que ejecutan las medidas necesitan un
complemento de formación. .
recibido a la fecha del seguimiento capacitación con respecto al SRPA.
Distrito que mostró las mayores deficiencias. El 90% de las instituciones
y el 90% de los funcionarios no recibieron capacitación con relación al
código de infancia y de adolescencia.
El 50% de las instituciones han recibido capacitación, entre tanto que el
35% de los actores manifiestan haber recibido formación en el SRPA.
Leticia (Cund.)
A la fecha de la visita el 10% de los actores había recibido formación en
SRPA. Mientras que entre los funcionarios se contaba aproximadamente
el 20% con algún tipo de formación en SRPA.
El 30% de los funcionarios recibieron capacitación sobre SRPA, entre
tanto que a nivel institucional se cuenta con aproximadamente el 20%
de formación relacionada con el tema.
Solo se pudo estipular que un 20% de los actores entrevistados tenían
Santa Rosa de Viterbo formación en ley de infancia y adolescencia. A nivel institucional se
encontró constancia de un 15% de capacitaciones ante el tema.
Es uno de los distritos que cuenta con mayor número de personal
formado en SRPA, esto es el 80% aproximadamente. En similar
proporción se encuentran sus instituciones con un 70%.
(*) Es de anotar que para todos los profesionales, el haber recibido capacitación no es obligatoriamente
sinónimo de operatividad y de idoneidad en el actuar judicial.
Gráfica n°10. Promedio de capacitaciones recibidas por distrito en el marco del
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas Algunos aspectos sobre la evaluación y la atención de los
Los equipos del Bienestar Familiar evalúan en dos oportunidades a los jóvenes que les son remitidos ante el SRPA, una vez ante los jueces de garantía y
otra en la jurisdicción de los jueces de conocimiento del SRPA. Ello conforma
un requisito de ley que no tiene discusión. La inquietud realmente surge con relación a cómo se llevan a cabo estas evaluaciones.
Estas son determinantes en la medida en que los conceptos o peritajes del
ICBF suelen ser ampliamente tenidos en cuenta por los intervinientes en el momento de tomar o de sugerir una decisión, más aún si consideramos que la realidad judicial apunta a que este suele ser, en la mayoría de los casos, el único existente. No obstante a la hora de desarrollar esta importante actividad, no siempre
hay claridad por parte de sus actores46.
En ausencia de una instrumentalización uniforme en el proceso de evaluación del adolescente por parte de las distintas disciplinas, tan solo el 17.86% dice
seguir “los lineamientos del ICBF”; el 32.14% realiza una “evaluación psicosocial”
cuyo desarrollo puede comprender distintos aspectos evaluados según el o los
profesionales encargados, aunque en ese caso siempre se contemplan distintasvariables, lo cual debe considerarse como positivo en la medida que aporta más
elementos al análisis.
Preocupante es encontrar una alta proporción de estos funcionarios (50%)
que aún no han asistido a ninguna audiencia donde hayan sustentado debidamente conceptos periciales, pues se considera que lo que debe hacerse es “emitir
un informe para el defensor de familia”, quien lo lee en la audiencia47.
Recordemos que en esa etapa, pese a la importancia de los aportes del defensor de familia,
este no es sujeto procesal. El artículo 163 de la Ley 1098/06 estipula que “forma parte del
SRPA: … 8. Las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las
Comisarías de Familia, o los Inspectores de Policía, cuando deban tomar las medidas para la
verificación de la garantía de derechos, y las medidas para su restablecimiento”.
Los funcionarios del ICBF del área social carecen de instrumentos para las mediciones que
su oficio les exige; aquellos profesionales que los emplean, los suelen hacer por iniciativa
Tabla n°9 Percepciones generales de los actores frente al Sistema
forma de hacer los
Sobresale la necesidad de unificar criterios, no solo de
los informes que emiten los profesionales adscritos a
equipos psicosociales de defensoría de familia, sino de las
instituciones donde son atendidos los jóvenes. ...“Cuándo se
llega a la audiencia de garantía ¿qué debe decir el informe?”.
Otro de los comentarios escuchados es “cada juez pide
que se redacte el informe de manera diferente”, lo que es
coherente, pues cada joven maneja diversas problemáticas.
En los demás casos (32.14%), los integrantes de los equipos psicosociales
centran su atención en una variable específica en el momento de realizar su evaluación. Ello en sí no conforma obligatoriamente un elemento negativo, no obstante refleja la ausencia de homogeneidad en la ruta, sin que ello tenga que afectar el criterio de cada profesional. Lo más preocupante lo conforma el 14.28%
(10.71 + 3.5%) que no tiene claridad en cómo desarrollar su oficio desde ninguna perspectiva.
Tabla n°10. Aspectos predominantes considerados en la evaluación inicial de
los jóvenes por parte del equipo psicosocial (ICBF – Defensorías de familia)
Evaluación psicosocial (impulsividad, agresividad)
Evaluación de ausencia o presencia en consumo de SPA
Análisis de la tipología de familia
Medición de dinámica familiar
No tiene parámetros claros de como se debe hacer la evaluación inicial
(*) Se contabilizó aparte el SATAC empleado por la Policía Nacional (3.57%), cuya finalidad es principalmente
el abordaje inicial del joven en el momento de la captura sin que haya necesidad de un profesional de las
ciencias de la salud o de las ciencias humanas.
Ratificando lo observado directamente con los jóvenes y reforzando la
labor de caracterización desarrollada (Álvarez-Correa M. et. ál., 2007, 2008,
2009), de mayor a menor las dificultades en las familias de los adolescentes
(70%)el consumo de SPA (68%), y la deserción escolar (50%) como una difi-
cultad anexa, conforman los más grandes problemas a vencer en el proceso de
“restablecimiento de los derechos”.48
Gráfica n°11. Problemáticas sociales que afectan a los jóvenes en el municipio
Deserci ón escol ar
Fami l i a desestructurada
Pandi l l i smo
Di scri mi naci ón
Consumo de al cohol
Con relación al primer ítem es de notar que en el 45.45% de los distritos
visitados no existe ningún tipo de programas de intervención en contra de la
drogadicción y en un tercio donde los hay se limita a las cabeceras municipales,
sin que en ningún momento se haya evaluado su idoneidad.
Considerando que este último aspecto no ha tenido la visibilidad que se
merece, se observa cómo al menos el 50% de estos programas ven perpetrada su
contratación sin que medie una evaluación seria, sistemática y sostenida “(…)
Yo sanciono los jóvenes procurando conjugar las necesidades del joven, los principios constitucionales y del Código de Infancia, con los medios que tengo a mi
alcance. No tiene sentido que envíe a ocho horas de carreteras a los jóvenes que
tienen adicción a las sustancias psicoactivas en aras de que sean atendidos por un
programa especialmente diseñado a ese efecto, por cuanto ello implicaría mandar
la casi totalidad de ellos. Debería haber un programa local” (juez de conocimiento).
Frente al segundo tópico es indudable que se han hecho esfuerzos, no obstante la diversidad de los proyectos del ICBF y de los gobiernos locales (que no
viene a lugar relacionar aquí por no ser este nuestro propósito), la complejidad
es tal que más que intervenciones puntuales se necesita impulsar cambios en la
cultura institucional y comunitaria en aras de contextualizar, desde el ámbito
nacional, cuáles son los retos a superar. Entre ellos son de anotar, el flexibilizar y
extender el concepto de familia a diversas expresiones de la misma y no únicamente afianzarse en el modelo de la familia nuclear.
El punto tercero nos dice que los adolescentes no quieren o no pueden estudiar. En el primer caso, no se les puede obligar “… Mi viejo a mí no me gustan
los libros, me gusta la plata, me gusta trabajar” (joven infractor), así que es importante procurar hallar alternativas en ese sentido. De presentarse la segunda
opción, no se debe tan solo pensar como alternativa en reforzar el sistema de
educación básico; los motivos por los cuales muchos no acuden a las aulas son
múltiples (recursos económicos, ausencia de alternativa, deseo de estudios técnicos, etc.), de ahí la necesidad de pensar en diferentes direcciones de manera
simultánea. Hoy día el diseño de la “educación” no puede reducirse al cumplimiento de los niveles primarios y secundarios.
Desde una perspectiva global, solemos ser amante de las posiciones extremistas, eso es “el sistema funciona” o “el sistema no funciona”, “es un buen cambio” o “es un desastre”. Una cosa son las propuestas teóricas con respecto a diferentes acercamientos de una determinada problemática, y otra los alcances reales de su ejecución.
En el futuro, es de esperar que mejorarán los niveles de conocimiento de
los operadores, que habrá una mayor uniformidad de conceptos en el marco del
actuar judicial, instalaciones idóneas para todas las sedes del sistema y que la
inversión en recursos será más ajustada a las necesidades técnicas (mayor dinero
para el pago de un mayor número de defensores públicos, de defensores de familia, etc.).
No obstante, ello no nos garantiza que el funcionamiento del SRPA será
realmente óptimo si no consideramos los alcances de este frente a las necesidades de los adolescentes. Podemos llegar a “cumplir” mecánicamente con los estándares de la propuesta, pero ello no nos asegura en parte de éxito. La “resocialización”, la “restitución de derechos” se quedarán como letra muerta si no se
genera una real política de prevención del delito, de protección de los niños y
jóvenes y de educación integral desde la base.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas Los “pantalones cortos” (los adolescentes) necesitan apoyos con mayor sustento, aspectos mejor y más relacionados, más estructurados con su realidad y
sus necesidades, so pena de convertirse en “mochilas rotas”…
Adolescentes y familias en el SRPA:
entre la percepción de los operadores
Resumen: La situación de los jóvenes vinculados al SRPA y sus familias, es
uno de los tópicos que se abordan en el presente aparte, a la luz de la mirada de quienes siendo operadores intentan dar respuestas a las problemáticas
con que llegan a los estrados judiciales y programas de atención, desde lo que
conciben o alcanzan a reconocer de estos. No así se alcanza a ver la realidad
a la hora de efectuar dichas intervenciones y medir el impacto que tienen en
aspectos como la participación de los jóvenes y sus familias en la audiencias,
así como la percepción que estas tienen de cada uno de los operadores, entre
Han transcurrido más de tres años desde el inicio del SRPA. Entre quienes
fungen como operadores dentro del mismo se escuchan comentarios que giran
alrededor de temas tales como falta de capacitación, ausencia de recursos, poca
colaboración entre operadores, etc.
Otros al referirse a la ley consideran aspectos que, al momento de tomar la
decisión que les es asignada por competencia49, dan cuenta de quién es el adolescente que se halla en el estrado y su familia. Lo anterior tiene como propósito
construir un tejido social que garantice el bienestar y la no reincidencia del joven en delitos.
La importancia de los adolescentes dentro del sistema (por momentos invisibilizados), dada la necesidad apremiante de los procesos, se ve reflejada en
las decisiones que frente a ellos se toman “… Cuando se impone una sanción acá
nos hemos percatado que muchos de los jóvenes no se hacen presentes, (…) a veces
la familia no los deja venir por miedo a que se queden encerrados o no les infor49
El defensor de familia debe velar por el restablecimiento de los derechos del adolescente; el
defensor público ejercer la defensa etc.
man, a pesar de que en audiencia trato de darles de una vez la próxima fecha para
audiencia o dan direcciones falsas y por eso no les podemos notificar (…)” (juez
de conocimiento para adolescentes) (45.5% de ausencia de adolescentes en audiencias).
En la práctica, las condiciones bajo las cuales deben responder el Estado,
la sociedad y la familia, traspasa el debate sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), modelos de intervención, garantía de derechos, responsabilidad o
inimputabilidad, entre otros debates. Respondiendo a preguntas tales como “¿Lo
hizo por necesidad o por costumbre?, sírvase decir a este despacho si su familia vive
con usted, ¿vive usted con papá y mamá” Las inquietudes pueden también resultar más complejas, considerando el bajo nivel de educación de estos adolescentes con respecto al promedio esperado (Hall, 2004; Álvarez-Correa et ál., 2007,
2008) en jóvenes que tuvieron otras dinámicas de vida.
Nota sobre participación de jóvenes en las audiencias
Un registro del número de jóvenes presente en las audiencias a la hora de imponer una sanción permite caer en cuenta de la poca importancia que estos prestan a
las mismas. Para 2007 el promedio era del 62.16% (Álvarez-Correa et ál., 2008), en
el 2009, de acuerdo con la percepción de los operadores, esta proporción bajó en un
16.6%, aunque el dato real gira alrededor de un 35%, aclarando que ello aún no conforma un consolidado a nivel nacional.
Así, el alcance y la trascendencia de la ley para los jóvenes se ve limitado
en algunos casos a las explicaciones que pueden dar quienes están inmiscuidos
en el sistema (equipos psicosociales, defensores de familia, jueces, etc.), pero
¿qué sucede cuando las percepciones no dan cuenta de la realidad? Con lo que
cualquier tipo de acción que se desarrolle a favor de los adolescentes deberá tener en cuenta cuál es su interés superior.
El uso del lenguaje para referirse a las condiciones bajo las cuales los jóvenes son judicializados, usando palabras como “pena” y “castigo” al momento de
explicar la naturaleza de las sanciones, es uno de los temas que se deben abordar,
a fin de dar claridad en cuanto a su contextualización. Ello moviliza discusiones
que poco o nada tienen que ver con “la esencia de la ley que no es otro que el interés superior del joven”. ¿Cuál es ese? ¿Les hemos preguntado a los jóvenes cuáles son sus intereses desde su perspectiva?
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas No se trata de exculpar a los adolescentes inmersos en el SRPA, sino intentar entender el papel que juegan la familia, la sociedad y el Estado50 en la responsabilidad de estos, a la hora de cometer delitos.
Tabla n°11. Percepción en los distritos judiciales de la situación académica de
los jóvenes inmersos en el SRPA
Las narraciones de los jóvenes que ingresan al sistema dan cuenta de sus
vivencias, lográndose concluir (por parte de los adultos que intervienen), que los
aspectos no abordados51 recaen en el Estado, al tener no sólo que velar por “promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social” (Ley 1098/06 Art.41
num. 5), sino también por asegurarse de que los jóvenes que infringen la ley deseen tener estos derechos52.
Con 15 años cumplidos y lejos del calor de su tierra natal, enviado por orden del juez competente a una ciudad que no conoce y donde el único contacto
que sostiene con su familia es el telefónico “… Una vez a la semana, cuando la
profe nos da permiso para llamar”. El recuerdo que tiene presente Mario es el de
un padre que “era ratero, como yo, pero por eso no lo tenían que matar así como
Jueces, fiscales, defensores de familia y equipos psicosociales, defensores públicos, etc.
Satisfacción de necesidades primarias en el hogar, las disfunciones familiares, etc.
En algunos casos son responsabilidad de la familia, de la sociedad, etc, pero si se contempla
la normatividad, el Estado es querer asume la mayor parte de los deberes frente a los niños,
hicieron”. Cuando cumpla con la sanción que le fue impuesta, hará efectiva una
promesa que se hizo y que nada tiene que ver con las acciones que se establecieron en el PLATINFA53 “… Sé quien fue y me vengaré (…), mi papá era de la
pandilla de los panelas y era amigo del difunto Panela”, cuenta Mario mientras
conversamos en uno de los centros especializados para adolescentes del país.
“(…) Mi madre está trabajando en servicios generales en la Isla. Me mandó
donde mis abuelos a Cartagena pa´ ver si me componía, pero me junté con los panelitas porque me tengo que vengar del que mató a mi papá; (…) regresé con ella y
seguí robando y metiendo”, haciendo referencia a su adicción a la marihuana.
Uno de los aspectos discutidos en las conversaciones sobre “el viejo sistema tutelar” (Código del Menor, Decreto Ley 2737/1989) y el “nuevo sistema garantista” (Ley 1098/2006), debate el grado de responsabilidad del joven (Mellizo,
2009), procurando establecer quién es realmente el joven infractor y la naturaleza de las relaciones familiares que inciden en su comportamiento.
A la luz de las leyes pasadas y rememorando viejos refranes... “Todo tiempo
pasado fue mejor (…); antes se tenía la posibilidad de conversar con los jóvenes y
las familias (…), ahora eso es imposible por cuanto uno se limita a oír cómo se desarrolla el debate, y en esta dinámica se olvida a menudo que lo que interesa es el
joven” (juez promiscuo de familia).
La participación de los entes estatales responsables de generar alternativas
para estos adolescentes se ve limitada, en algunos casos, a la cofinanciación de
programas, que si bien están encaminados a la juventud, su destinación especifica no cumple siempre con las necesidades de los “adolescentes en conflicto con la
ley” y de sus familias; máxime si se tiene en cuenta que tan solo en el 27.27% de
los distritos judiciales se realizó algún tipo de inversión directa para la atención
de los jóvenes infractores … “Aquí no hay instituciones para atender jóvenes con
esas problemáticas … Los jóvenes que son judicializados toca mandarlos a otro
lado (…)” (juez con función de conocimiento).
El hecho de no poder contar con instituciones para el cumplimiento de las
sanciones, dificulta las acciones que pongan límites reales o ideales, desde la mirada que como lector del sistema se le quiera dar al tema, de las irregularidades
cometidas por los jóvenes a nivel social y familiar.
Sincelejo es uno de los pocos casos donde la administración municipal
está apoyando los procesos que se siguen en el SRPA, al aportar directamente
Plan de atención integral individual y familiar.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas una casa para la atención de jóvenes que ingresan al sistema y con la claridad de
que quienes ejecutan han venido adelantando trabajo, no sólo con los jóvenes
sino con la comunidad (sociedad) circunvecina al sitio donde se hallan los adolescentes.
“(…) Los vecinos de acá los hemos reunido varias veces para explicarles que
los pelados no se van a escapar y que si eso sucede tenemos el respaldo de la policía. Han venido varias veces a visitar el programa pero cuando lleguen jóvenes
obviamente ya no podrán ingresar (…). Las familias han estado cerca, viven en
precarias condiciones económicas, no obstante están pendientes de sus hijos, sobre
todo las mamás (…)” (profesional ONG, Sincelejo). Que se ejecute la sanción es
la premisa, el cómo es otro asunto.
La sociedad de consumo impulsa por vía legal o ilegal la obtención de productos, convirtiendo su adquisición en “el ideal” social para el individuo, con el
cual lograría estar a paridad con su grupo. Las preguntas recurrentes, ante si el
hecho delictivo (hurto o cualquier otro delito), se comete por necesidad u otro
motivo, tiene su raíz en la preocupación de los adultos de hallar explicaciones
frente a lo que empuja cada día a todos los adolescentes: la obtención a todo costo de lo que no se posee.
Con el ingreso de las nuevas tecnologías se abre entonces un mercado en el
cual de manera aparente todo está al alcance y es allí donde los adolescentes encuentran el principal atractivo para iniciarse en prácticas que den respuesta a lo
demandado la obtención de zapatos de marca, el consumo de cigarrillos u otras
sustancias, la iniciación temprana de las relaciones sexuales, etc.
“(…) La conocí en el facebook. Ella vive en Cali, tiene 14 años; se vino hasta
acá y de aquí de Armenia salimos para la costa a conocer el mar, pero nos robaron
y hubo que entregarse a la policía porque sin plata qué mi viejo. El problema con
la familia y todo eso en el colegio, ni se diga; se la llevaron para Cali otra vez pero
seguimos hablándonos a escondidas (…). Me hacía escenas de desnudo y todo eso
(…). La segunda vez que nos volamos sí fue que vivimos como 15 días en San Gil
en un hotelito, dijimos que éramos hermanos pero nos quedamos sin plata, y otra
vez tocó llamar a la familia y ahí fue donde los papás de ella me demandaron disque por ´acto abusivo con menor de edad´ y yo no violé a nadie” (joven infractor).
La familia sigue siendo considerada por algunos una institución social de
gran relevancia, influyente en los procesos sociales y culturales, donde cualquier
cambio en su estructura se ve reflejado en la comunidad (Puyana, 2008). Para
estos jóvenes se convierte realmente en expulsora de sus miembros y para nada
satisface sus necesidades básicas ni los protege.
Podríamos decir entonces que el concepto de familia, además del contenido simbólico que remite a un orden dentro de lo sacro y tradicional, corre el
peligro de ser interpretado a partir de la idea de familia nuclear (papá, mamá e
hijos) la cual invisibliza las diversas formas de conformación de grupos familiares y restringe su rol trascendental de prevenir toda acción externa o interna
que atente contra uno de sus miembros … “Mi mamá siempre me ha protegido”,
prosigue Mario... “Es la única a la que le hago caso (obedezco), porque sé que me
quiere cuidar de los malos pasos en los que ando. Al resto de la familia los respeto
pero no tanto, aunque igual me cuidan desde el cielo, como mis abuelitos quienes
fallecieron hace un año” (joven infractor).
Así, entre las construcciones míticas y la mágia de la familia, se dan las
concepciones que de ellas se tienen y se justifica por parte de algunos actores
su acompañamiento (presencia) o no en los procesos en que se encuentran los
jóvenes en el SRPA.
Gráfica n°12. Percepción de algunos actores frente a la asistencia de las familias
de los jóvenes infractores a las audiencias
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas Comentario sobre la gráfica n°12
En el ámbito sociofamiliar, la responsabilidad del joven en la comisión de un delito
se ve como una disfunción dentro de la crianza del mismo. La madre, bien sea por su
rol histórico de cuidadora y protectora, o por no contar con el apoyo de una pareja
que asuma a paridad dicha condición, es quien asiste en términos generales a las audiencias “… Vienen más las mamás que los papás; a ellos parece que no les importan
los jóvenes (…), o están muy ocupados trabajando, pero las mamitas también trabajan”
(funcionaria judicial). A pesar de ello, la presencia de los padres, cualquiera que sea,
es muy baja frente a lo que el sistema busca.
Ante comentarios tales como “lo desgastante que es para uno padre de familia tener que venir cada vez que es citado, pedir permiso en el trabajo, dejar de
atender a los otros en la casa; esto no es sencillo y fuera de eso sacar dinero para
pagar abogado; si ella fuera más consciente de lo que hace, esto no hubiera pasado”
(madre de adolescente infractora).
Nota sobre psicorientación y encuentros como estrategias
para el abordaje y atención de familias
Con relación a la intervención que realizan los equipos psicosociales del ICBF y
ONG contratados para la atención de los jóvenes, se encontró que un 44.44% de los
miembros de equipos psicosociales entrevistados utilizan una de estas dos herramientas o ambas, para dar respuesta a:
➢ Detectar, prevenir o intervenir falencias en la comunicación, orientación para la
vinculación al Sistema General de Seguridad Social (SGSS), mejoramiento de vínculos afectivos entre los miembros del hogar y prevención de factores de riesgo, entre otros temas.
➢ Lograr que la familia se convierta en factor de protección para el joven una vez
egrese del programa, si esta no constituye un factor de riesgo, esto es, si cuenta con
las condiciones mínimas para apoyar la continuidad del proceso.
Lo anterior no es garantía de que se ejecuten de manera adecuada y asertiva los
procesos con los adolescentes.
Con acciones concretas tales como suprimir salidas con amigos, establecer
horarios más cortos para actividades externas al ámbito casero, quitar o disminuir la entrega de dinero, entre otras, algunos padres consideran que se puede
restablecer el orden en el comportamiento de los hijos, considerados desde el
momento mismo de la más mínima infracción, como “delincuentes”.
Tabla n°12. Percepción de los actores por distrito judicial en cuanto al tipo de
familias de los jóvenes que infringen la Ley
Monoparental Compuesta
(vive solo) (%)
Nota relacionada con la tabla n°12
La importancia en cuanto al tipo de familia de la cual proceden los jóvenes, radica
en la forma frente al cómo se debe intervenir durante el proceso de atención dentro
del SRPA. Debe existir claridad, por parte de los operadores, de que no es lo mismo
hablar con un joven en cuyo hogar la ausencia de uno de los dos progenitores marca
algunas conductas, que aquel adolescente que cuenta con ambos padres durante las
diversas etapas procesales.
Si bien Claus Roxin argumenta que “[…] una pena que pretende compensar
los defectos de socialización del autor solo puede ser pedagógica y terapéuticamente eficaz cuando se establece una relación de cooperación con el condenado”, en un
contexto que aplica para adultos no se debe descartar que este mensaje (cambiando la palabra pena por sanción y condenado por sancionado), también es
válido para el abordaje de los adolescentes.
Adolescentes infractores y SRPA
La adolescencia, como una de las etapas de desarrollo del ser humano, ha
estado relacionada al imaginario popular de inestabilidad y poca capacidad para
la toma de decisiones, delegándo la misma al ámbito de los adultos.
Ejemplo de esto es lo reportado por el diario caleño El País, donde se manifiesta que “hay casos en los que pasan semanas sin que algunos padres sepan de
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas sus hijos. No saben si están asistiendo regularmente al colegio o a qué se dedican.
Muchos prácticamente delegan en el Estado y las autoridades la responsabilidad
en la vigilancia del comportamiento de los muchachos” (El País, 2008, 23 de agosto 2009)
La mayoría de los jóvenes que ingresan a las instituciones actualmente,
consideran el cumplimiento de la medida como lo que podríamos denominar
“una sanción a tiempo fijo”, donde el alcance de objetivos se limita a permanecer
en un espacio físico real o de enmarcación imaginaria (como en el caso de las
sanciones de medio abierto), con el cumplimiento de unas normas de convivencia determinadas por el ente juzgador y por el periodo establecido; sin que esto
se conciba como la modificación de la conducta delictiva o en el mejor de los
casos, la interiorización de acciones que permitan la reparación del daño.
“(…) Este es mi tercer ingreso a la institución, antes había caído también por
hurto, pero relajado cucho54, usted sabe, uno va y viene; la verdad esta vez yo negué todo pero el man que me defendía me dijo que dijera la verdad después y yo no
quise; por eso creo se demoró más. ¿Pero usted que cree que salgo rápido? Ya me
han llamado dos veces a audiencia” (joven sancionado a medio cerrado).
Tabla n°13. Percepciones de algunos profesionales de los equipos psicosociales
sobre los jóvenes infractores vs percepción de los jóvenes sobre el SRPA
Intereses de los funcionarios y
Interés del joven (*)
Que el proceso con el joven mientras esté en la
Cumplir rápido la sanción, pagar el tiempo que
institución sea el más adecuado y dé respuesta a me dieron.
Brindar al joven otro espacio de socialización,
diverso al cual está acostumbrado.
Vengo porque acá me encuentro con algunos de
la gallada (parche, grupo de amigos, etc.)
Que el joven tenga claridad del daño que le
generó a la sociedad.
¿Cuál daño? Si, a lo bien, el perjudicado fui yo
porque estoy pagando una cosa que no hice.
La orientación profesional es individual y grupal Uno les dice lo que ellos quieren escuchar y
para que tenga la oportunidad de expresar sus
sentimientos y modifique su conducta.
Entre tanto, que los operadores del SRPA se preocupan por orientar procesos que propendan por el bienestar de los jóvenes, a corto, mediano o largo plazo, los intereses de muchos de estos giran en torno a otros particulares. De igual
Persona de más edad que la del adolescente.
manera, si bien es cierto que la ley determina que el joven sólo será sancionado
teniendo en cuenta la infracción “actual” cometida (Ley 1098/06: Art. 152), no
deja esto de ser un asunto a considerar en cuanto respecta el real alcance que
deben tener las sanciones que se le imponen.
Intentar explicar esto es hacer que el juzgador se ponga a tono con el “ambiente juvenil” y ubique las puertas de salida a las problemáticas actuales que
trascienden el marco legal, esto es, a las condiciones de vida que se tejen a través del uso de términos tales como globalización, perspectiva de género, internet
y otros que dan cuenta de la modernidad55. Esto permite desviar las miradas y
abrir puertas a otras formas de entender al sujeto y de lo que de él da cuenta, es
decir, su forma de comportarse.
El 45% de los adolescentes en conflicto con la ley aseguran haber recibido
algún tipo de maltrato por parte de sus primeros captores, bien sea de manera
verbal o física. Ello los llevó a interiorizar el tema de la delincuencia, lo cual se
ve reflejado en patrones y conceptos tales como, la libertad bajo la condición de
“captura ilegal56”.
Capturada mientras asaltaba junto con sus compañeros a una pareja de
transeúntes, Emilce con 16 años cumplidos y habiendo herido a una de las víctimas durante la comisión del delito, refiere que al ser sorprendida por varios
agentes de policía les instigó para que le revisaran los bolsillos, ante lo cual estos
no accedieron y fingió tornarse agresiva, uno de ellos al verla armada con un cuchillo tuvo que usar la fuerza y colocarle esposas.
Cuando iba en la patrulla se autolaceró en el brazo “… “Es el lugar más
visible y le dije al juez que habían sido los policías y al señor este que lo defiende
a uno y a todos los que me preguntaban qué me había pasado. Me dejaron libre
porque dijeron que la fuerza no se debe utilizar y que a un menor no se le debe esposar por ningún motivo. Ya yo sabía cómo era la vuelta, no ve que antes lo había
hecho y funcionó”(joven infractor).
Temporalidad en la cual se gestan cambios técnicos y tecnológicos que, además de simbolizar cambios mentales en la juventud, también conllevan modificaciones en la forma de
relacionarse con su contexto inmediato.
Para los jóvenes dentro del SRPA, el término “captura ilegal” hace referencia a toda aquella
acción que la policía pueda cometer en su contra y que conlleve la libertad inmediata.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas Nota sobre aplicación del modelo solidario
La capacitación para profesionales y técnicos que laboran en las instituciones, para
la aplicación del modelo solidario, ha sido poca, según refieren miembros de equipos
psicosociales (tanto del ICBF como de las instituciones contratadas para la ejecución
de las sanciones). De ahí que su aplicación no sea en algunos casos “la más adecuada, porque no se logra entender con claridad qué es lo que se tiene que hacer”. Sólo el
11.76% de los miembros de equipos psicosociales entrevistados aseguran haber recibido alguna capacitación satisfactoria en ese sentido.
En este punto, resulta importante el rol de aquellos que laboran con los
jóvenes, a fin de que se logren establecer pautas comportamentales desde un
modelo de intervención que permita el restablecimiento de los derechos de la
persona afectada, procurando así mismo concientizar al infractor del daño generado a un tercero.
“(…) La idea de responsabilidad en los adolescentes es central desde la perspectiva de su integración social, porque difícilmente alguien puede constituirse
como ciudadano pleno si no logra vincularse de alguna manera con sus actos y
comprender el significado negativo que los delitos que comete tiene para la comunidad en la que vive” (Palencia 2007).
Tabla n°14. Percepciones de algunos defensores públicos y de familia versus
Interés profesional y de los funcionarios
Interés del joven
“En la audiencia lo importante es que sepan
quién es el que les acusa y quien les defiende,
eso es lo relevante”.
“No sé quié n es quien la verdad”, encrucijada en
la cual se encuentran por no saber con claridad
qué papel juega cada actor en medio de la
“La mayoría de los jóvenes son culpables y lo
realmente importante es que les den el menor
“Me sancionaron pero no sé que tengo que hacer
porque después nadie le explica a uno que sigue
cuando sale del juicio”
“Muchos presentes en las audiencias no se
toman el tiempo para escuchar al joven; creo
que lo importante es que él también pueda
argumentar en su defensa”.
“Me dijeron que dijera (…)”
“Las pruebas que se aportan no son suficientes
para judicializar a algunos jóvenes, que no
permiten que se dé el espíritu de esta Ley”.
“Yo dije que había sido cuando me preguntaron
las trabajadoras sociales (…), pero después
cuando hable con mi abogado le dije que yo no
hice nada (…) después no se qué paso (…) lo
importante es que estoy libre”
Sobresale entonces la necesidad de unificar criterios, no solo en la presentación de los informes que emiten los profesionales adscritos a equipos psicosociales de Defensoría de Familia, sino de las instituciones donde son atendidos
Sólo el 7.35% de los entrevistados entrega informes elaborados de manera
integral y contemplando el mayor número posible de variables involucradas en
la comisión del delito. Los demás profesionales aseguran que por el poco tiempo
que se maneja “es difícil percatarse de errores” “… ¿Cuando se llega a audiencia
de garantía qué debe decir el informe?”. Otro de los comentarios comunes “(…)
Cada juez pide que se redacte el informe de manera diferente”, lo que es coherente, pues cada joven maneja diversas problemáticas. Sin lo anterior, seria fácil
generar en cadena una solución para la atención, crear un modelo único que no
tenga en cuenta las diferencias regionales (y lo que ellas conllevan), y dar respuesta al interés superior del joven.
Diagrama n°1. Tipo de intervención que realizan los miembros de los equipos
psicosociales con los jóvenes sancionados
Cognitivo conductual (5.56%)
Escuela de líderes (5.56%)
Entender esto es dar respuesta a la utilización de técnicas de modificación basadas en
el cambio de pensamiento y/o
emociones con el fin de generar cambios de conducta.
Generalmente utilizada en
procesos terapéuticos donde se
hallan jóvenes consumidores
Variada (5.56%)
No hay claridad frente
al tipo de intervención que
aplican, hallándose con argumentos por parte de algunos
de los profesionales entrevistados, como: “de acuerdo
a la necesidad del joven y la
familia así se interviene”.
Cuya estrategia central en
algunas instituciones es los
“confrontos”, los cuales buscan
orientar a los jóvenes en toma
de decisiones, se asocian más a
la “terapia de choques”.
Sistémica (5.56%)
Da respuesta a la intervención desde la cual
se tienen en cuenta no solo los factores individuales, sino todos aquellos familiares y de contexto que afectan al sujeto en su intervención.
Sin distinción frente a la problemática que se deba abordar, bien sea con el joven o su familia, algunas instituciones contratadas por el ICBF (dentro del SRPA), utilizan las formas de intervenir expuestas aquí, llegando en ocasiones a efectuar mezclas entre lo cognitivo conductual
y lo sistémico. No con esto se niega la posibilidad de crear un híbrido en la intervención, sino
más bien se crea el interrogante frente a ¿Qué hacer entonces con la propuesta de intervención
del ICBF para la atención de jóvenes y familia? (modelo solidario).
Desde una perspectiva general, la falta de una real comunicación entre
profesionales y jóvenes, y de una información uniforme y sustanciosa para todos, afecta de distinta forma y en diferentes niveles, la idoneidad del sistema de
responsabilidad para adolescentes. La condición de “adulto” no debe conformar
un patrón sistemáticamente impositivo sobre el adolescente; más allá de las obligaciones que la ley reza debe tener la posibilidad de disponer de su futuro. No es
un secreto que nadie se “rehabilita” en contra de su voluntad.
¿Participación del adolescente en el
SRPA? Una mirada desde lo psicosocial
Resumen: Uno de los aspectos relevantes en el ejercicio de la justicia, radica
en la comprensión por parte de la totalidad de sus participantes, de su contenido, alcances, pretensiones y por ende del lenguaje que se emplea en su dinámica. El presente aparte pretende por medio de algunos ejemplos, ilustrar
los vacíos que las carencias en estos aspectos pueden generar.
“(…) “Entramos a la sala, estaba el abogado que me atendía el caso, mi
mamá, el defensor, el fiscal, la jueza y otra señora que yo no sé quién era (…) Sólo
entendí qué debía decir si me consideraba culpable o inocente y eso que yo ya tengo
dos semestres de universidad (…) ¿Usted se imagina los que no tienen casi estudios
como mis otros compañeros de acá?” (joven judicializado sancionado con privación de la libertad).
Las diversas formas de interpretar la ley, las argucias utilizadas por algunos
estrategas en el campo legal, conllevan al uso de términos que son difícilmente
asimilables para los jóvenes, quienes participan como primeros interesados en
saber qué está sucediendo con su proceso legal.
Las razones son múltiples, las explicaciones expresadas por distintos operadores incluyen comentarios tales como “(…) eso es permitido porque lo importante es ganar el proceso”, “uno se debe valer de cualquier herramienta para poder
obtener un buen resultado”. Se emplean términos que no siempre se acomodan a
las necesidades de los adolescentes procesados o al contexto en el cual se desenvuelven.
Uno de estos es el de “menor”, comúnmente utilizado en el marco del Decreto–Ley 2737/89, y erradicado57 en la Ley 1098/06 (Ley 1098/06 Art. 1) en beneficio de “adolescente” o “joven”. Procedente del latín minor,-ōris, hace referencia a algo o alguien pequeño, “que es inferior a otra cosa en cantidad, intensidad o
calidad” (Real Academia Española, 2009). La edad tiene una medición cronoló-
Aun cuando algunos actores dentro del SRPA consideran que se debe continuar usando,
pues hace referencia a quienes son “menores de edad”.
gica así como mental que puede reforzar o contrariar la condición de “inmadurez mental” del joven sobre la cual está parcialmente sustentado el SRPA.
La diferencia entre estas dos dimensiones puede determinarse por el actuar de los sujetos, la forma de percibir el mundo, etc. Seguramente se esperaría
fuesen diferentes entre un joven de 19 años que cursa estudios universitarios y
otro que a los 16 años aún no ha finalizado sus estudios primarios y que se desenvuelve en un ambiente deprimido y violento. Las conductas de riesgo que se
asumen en uno y otro caso, suelen ser similares (Donenberg y Pao 2005), dejando al descubierto que lo llamativo de este tópico no descansa en el término
con el cual sea designada a la persona que comete la infracción, sino en la forma
como se hace referencia a la misma.
Al reemplazar la palabra “menor” por “adolescente”, se debe tener en cuenta
que esta última hace referencia al sujeto que está en la adolescencia, en un periodo de transición que da paso a la vida adulta, con cambios corpóreos y psicológicos significativos (De la Paz et. ál., 2009). Estos cambios representan la etapa
donde se “adquiere madurez mental”, asociados con la toma asertiva de decisiones, como condición inobjetable de que se ha alcanzado la adultez.
Nota sobre conductas de riesgo en adolescentes
Los escritos de algunos autores como Boyer (2006), Bonica y Henderson (2003),
Hampel y Peterman (2006), Feixa (2006), entre otros, se refieren a estas como las situaciones específicas que conducen a daños en su desarrollo (en los jóvenes), y que
pueden afectar tanto el conjunto de sus potencialidades, bienestar y salud (Krauskopf,
2008; Weinstein, 1992).
Hoy día, el enfoque de la atención a la salud juvenil, procura desde una perspectiva
más integral y articulada “reducir los factores de riesgo, incrementar los factores de protección y brindar oportunidades de reconstrucción”. Esta conceptualización hace referencia a una meta, un proceso y no a un estado, en particular refiriéndose a personas
que se encuentran en un periodo crítico de crecimiento y no tan solo atravesando una
mera transición de la infancia a la adultez (Krauskopf, 2008).
En ambos casos, el común denominador es la ausencia o carencia de un
algo, relacionado con la falta de experiencia para la toma asertiva de decisiones
y por ende, el desconocimiento del grado real de la responsabilidad que estos
puedan tener frente a un hecho cometido. Las conclusiones a las que se llega una
vez el joven es aprehendido (capturado), dan testimonio del uso poco apropiado
de la manera como es concebido el proceso legal desde su inicio.
“(…) La mayoría de los jóvenes son capturados en flagrancia y puestos a disposición del fiscal que es quien debe tomar la primera entrevista, luego llegan los
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas demás” (operador del SRPA). Bajo este comentario continúan una serie de errores en el uso de términos que no permiten diferenciar dónde está lo especializado de la ley, al no haber distinción entre una captura y una aprehensión.
En el recorrido emprendido por el joven a su ingreso al sistema judicial,
luego de la aprehensión hecha por un policía (PIA58), el adolescente debe ser
puesto a disposición de un funcionario, ¿El fiscal, el defensor de familia...? Pese
a lo referido por la ley, no todos tiene claridad al respecto.
Al entregar el joven a un profesional que deberá dar cuenta en contexto
de las acciones que realizó a nivel individual y familiar (equipos psicosociales),
o del porqué del delito (fiscales o defensores públicos), varía el “interrogatorio”
según el actor que entreviste.
Tabla n° 15. Algunas percepciones de la información que según los actores
necesitan de los jóvenes en las entrevistas
Equipos psicosociales de Defensoría de
Equipos psicosociales de las ONG,
encargados de la ejecución de las
➢ La dirección de residencia. “La verdad es que los ➢ Las condiciones individuales del
joven. “Si es consumidor o no para poder
jóvenes le dan a uno una dirección y luego no se
ubicarlo en un grupo especializado. Es lo
pueden ubicar”.
más importante, creo”.
➢ Saber por qué cometió el delito. “Lo relevante
➢ Las relaciones a nivel familiar. “Se debe
de esto es saber si ha infringido la ley antes,
pensar que sta es lo más importante para
pero igual no se puede decir en el informe que se
el joven, porque debe ser devuelto a la
presenta al juzgado, lo que importa es el actual
misma una vez termine el proceso”.
delito. ¿Cierto?”
➢ Relaciones a nivel familiar. “Hay algunos
jóvenes que viven con papá y mamá, otros
prefieren que los padres no sepan lo que pasó; es
difícil obtener esta información en 36 horas”.
➢ Si hubo o no comisión del delito. “Es realmente ➢ Esclarecer los motivos por los cuales
importante establecer si el joven fue quien cometió o cometió el delito. “Con esto se le puede
ayudar para que la sanción sea menor”.
no el delito”.
➢ Que cuente con una red familiar. “Saber
➢ Uso inapropiado de los métodos y
si hay alguien que responda por él. A veces
herramientas para la captura. “Si no utilizaron
llegan con abogados que le trae la familia
esposas o alguna presión para que hablara (…)
y eso le ayuda a uno a no tener tantos
Porque de ser así, ¿para qué se sigue el proceso?”.
procesos; eso no quiere decir que no se les
preste el servicio de la defensa”.
Las orientaciones en las entrevistas realizadas a los jóvenes deberían realmente dar respuesta
dentro de un sistema garantista de derechos, como se ha concebido en la Ley 1098/06, de quién
es el joven y cuáles son sus problemáticas. Estas deberían ser abordadas de manera directa, sin
que con ello implique dejar de lado el proceso judicial, al ser este la herramienta detonante y
motivo de la detección de la conducta de riesgo.
Por la confusión que en ocasiones se genera en el desarrollo de este procedimiento, es común que en audiencias no sea el joven quien da cuenta de sus
acciones, sino los informes elaborados por los profesionales a cargo “… Si pudiera hablar en audiencias les diría que lo hice porque estoy llevado de las drogas (…)
No fue por problemas en mi familia como dijeron allá, pero como uno no puede
hablar” (joven sancionado con privación de la libertad).
En términos generales, los jóvenes aseguran tener pocas oportunidades
para expresarse en audiencia, siendo determinante para la posterior imposición
de una posible sanción. La oralidad en este caso se refleja en la intervención de
los demás sujetos procesales y pocas veces del adolescente “… Es importante entender que la remisión de la Ley 1098/06 a la Ley 906/04 permite señora juez, que
la joven sea puesta en libertad o que se le sustituya la actual pena de internamiento preventivo por la de detención domiciliaria que, de acuerdo a lo establecido por
el CPP, si bien no es una casa por cárcel, es viable su aplicación” (defensor público).
De mantenerse el discurso expuesto, no cabe duda que la especificidad de
la Ley, no sólo radicará en el uso de los términos que de ella dan cuenta para referirse a los adolescentes, sino también de la imposibilidad de estos de entender
en toda su dimensión qué se está diciendo de ellos, máxime si consideramos que
no son versados en el derecho o en temas psicosociales.
El proceso desde la visión del joven
Las condiciones bajo las cuales llega un joven a audiencia por primera vez
y cómo lo entienden los funcionarios, son determinantes en cuanto a la forma
como se asumirá el proceso judicial.
Generalmente, la ruta que conciben los adolescentes y que es compartida por algunos profesionales da respuesta a un esquema de justicia donde se es
“inocente o culpable”, sin establecer en ocasiones la importancia real que tiene
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas para el joven la restitución de sus derechos y el asumir la responsabilidad de sus
El ejercicio que a continuación se plantea es producto de los interrogantes
de los jóvenes y de sus impresiones durante algunas de las etapas del proceso judicial, con la finalidad de aportar elementos a su abordaje e/o intervención
En ocasiones los jóvenes ingresan al SRPA con la angustia de no saber qué
va a suceder con ellos. Por lo anterior, las preguntas más que ser inquisidoras
necesitan de crear un ambiente de confianza entre el joven y el entrevistador y/o
el funcionario que lo aborda por vez primera “… Cuando me pilló la tomba59 yo
estaba reajustado (…) no sabía qué hacer y empecé a decirles que no había sido yo
(…) menos mal el momento fue breve” (joven infractor).
Quizás las palabras menos certeras en ese momento sean “cálmese, no le
sucederá nada malo”, ante lo cual lo lógico es que lo “nefasto, lo malo” acaba de
suceder para quien infringió la ley. Ocasionalmente es mejor permanecer en silencio, intentando hacer lo que podríamos denominar “un acompañamiento pasivo” al joven, que evite generar expectativas futuras al presunto culpable, quien
entenderá que este no es el primer funcionario del sistema judicial con quien
tendrá contacto “… Algunas veces los jóvenes nos preguntan qué va a pasar con
ellos y hasta dónde sé, toca limitarse a nuestras funciones” (funcionario judicial).
“Esta preguntadera cansa; ya yo no sabía qué decirle a los mancitos. Estaba
legal con ellas pero se me salió lo Sayayin y les enredaba hablándome con el socito
para que no me entendieron (…) llaspi que con el vuelto probe finura y quedaron
todos zanahorias” (joven Infractor).
Pasado el susto de lo policivo y puesto a disposición del defensor de familia y su equipo para nuestro ejercicio, el adolescente infractor deberá responder
a las preguntas pertinentes en un primer lapso de 36 horas que deberán dar conocimiento de sus condiciones individuales y familiares:
➢ ¿Estás estudiando?, vives con tus padres?, ¿Quiénes son?, ¿A qué se dedican?, ¿Dónde residen?, ¿Tienen afiliación a salud?, ¿Cuántos años tienen?, ¿Estás registrado civilmente?, etc.
Todas estas preguntas distan de la preocupación inmediata del joven “…
Lo que me interesaba en ese momento era salir libre (…) pa´ lo que fuera … pa´
otra vuelta o pa´ no volverla a embarrar, pero salir libre” (joven infractor). Pero
si bien se entiende que todo lo anterior servirá para restituir los derechos de los
jóvenes, ¿Cómo puede ser que algunos, al ser dejados en libertad, reincidan?
Esta pregunta puede en el futuro permitir reorientar el discurso que se usa a la
hora de las entrevistas.
Pasado por estos cuestionamientos, el adolescente puede entrar a contestar
los interrogantes de la fiscalía, cuando haya lugar.
➢ ¿Cómo ocurrieron los hechos?, ¿Tu participaste en el delito?, etc.
De manera tal que se pueda argumentar en audiencia y en lo posible delante de él, lo que ya el adolescente ha dicho (reconocido o no), frente a su actuar.
Así las cosas, no quedará más que permitir a quien asumirá su defensa
(Defensoría del Pueblo o defensor de confianza60), realizar su entrevista, la cual
màs que dar tranquilidad al joven, genera nuevas esperanzas “... Me dijo que me
sacaría en tres meses si todo iba bien. Sé que la cometí y la pago. Lo ideal es que
sea el tiempo menos posible, como me dijo este mancito” (joven infractor).
Acorde con su función y sus propósitos, el defensor público indaga por
aspectos tales como “¿cometió el delito?, ¿fue maltratado en el momento de la
captura, le pegaron?, ¿qué ha contado hasta ahora a los demás funcionarios?”,
cuyas respuestas servirán de base para la defensa, pero que alargan sin dar tranquilidad a quien ha permanecido una noche o un día en el centro transitorio, esperando que alguien le diga “lo que vamos a hacer a continuación es (…)”.
Es entonces importante que el contacto antes de la primera audiencia (ante
el juez de garantías), sea de tranquilidad para el joven, de claridad ante lo que
debe afrontar en ese tiempo.
Son pocas las veces que los jóvenes cuentan con el apoyo de un defensor de confianza, al no
poder su familia sufragar los gastos de este. Se debe recordar las condiciones socioeconómicas de la cual proceden la mayoría de los jóvenes que ingresan al SRPA (Álvarez-Correa et
ál., 2008, 2009).
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas Tercer momento
“Me llevó un agente de policía y todos estaban en la sala. Eso es como en las
películas, que llega el juez y todos de pie, que hable uno, que hable el otro, ¿qué tiene que decir usted señor fulano?. ¿A mí? Ahí nunca me preguntaron nada” (joven
infractor).
Considerando que algunos jóvenes son “reincidentes”, la forma como es
concebido este primer contacto con el poder judicial, trazará una ruta de entendimiento frente a este. Al inicio del sistema, los comentarios y fantasías oscilaban entre la creación de centros atendidos por personal adscrito al INPEC61,
hasta la construcción de celdas, donde serán remitidos y cuyo tratamiento es
igual al de un adulto.
Con el paso del tiempo, los jóvenes han aprendido que lo anterior no es
cierto y que “existe uno que acusa y otro que defiende” y que del resultado de la
disputa de estos depende su libertad. Para lo cual es válido para ellos argumentar, si se les concede o no la palabra en audiencia, “… Algunos jóvenes dicen que
lo sienten, pero la verdad no sé qué tan cierto sea; reinciden y los volvemos a ver
después de un tiempo” (miembro equipo psicosocial ICBF). En este primer encuentro la asistencia de las víctimas a audiencias, de acuerdo a la percepción
de los actores, oscila entre un 5 y un 10%, bajo la excusa de no saber qué represalias pueda tomar el joven posteriormente o por falta de interés del individuo.
Supongamos entonces que el joven, al no hallarse los elementos suficientes, sea puesto en libertad. ¿Quién garantiza su no reincidencia en la infracción?
Si por el contrario, el adolescente es citado a segunda audiencia y en caso de que
no sea privado preventivamente de la libertad es enviado a su casa, se debe observar que son los mismos funcionarios quienes argumentan, desde su percepción, que aproximadamente el 38.6% de estos suministran un dato falso de ubicación.
De ser así, ¿Qué se tendría que garantizar en este momento para los operadores y para el joven? Al menos las herramientas suficientes y necesarias para
el desarrollo adecuado de la labor de los funcionarios para proteger los derechos
Cuarto y último momento
Asumamos que el joven se hace presente a audiencia ante el juez de conocimiento. Ante este, el informe rendido por el equipo de ICBF debe variar en
relación con el primero rendido ante el juez de garantías; deberá contener una
información certera sobre quién es el adolescente y su sistema familiar, a fin de
facilitar una toma asertiva de decisión.
A este punto, el joven debe ser consciente del camino recorrido y en el mejor de los casos, de lo que le puede esperar “… Eso fue como en marzo y me citaron en noviembre (…). Pensé que se había quedado así y vine porque mi mamá y
mi papá me insistieron y porque me tengo que presentar en la policía, ¿Qué tal que
esto me perjudique?” (joven infractor).
Sin la claridad de los alcances del SRPA se avecinan los jóvenes al estrado,
pensando en repercusiones e imaginarios que se pasan por antecedentes penales
que “me pueden afectar” cuando en el futuro vaya a solicitar el pasado judicial o
a ingresar a la carrera militar en algunos casos.
Alejandro a sus 16 años es la primera vez que comete una infracción legal;
inducido por su novia decide ingresar a un almacén de cadena y toma unos preservativos… “Ese era el reto si quería estar con ella. Me lo propuso y uno es hombre” (joven infractor). Su progenitora, preocupada por la situación del joven, intenta enterarse por qué lo hizo, al igual que el equipo psicosocial del SRPA; no
obstante ¿querrá el joven dar respuesta cierta a este interrogante?
Si se trata de tener privacidad en la información del joven, ¿cuáles serían
las preguntas adecuadas en primera instancia?, ¿qué se tendría que contar de él
en audiencia? El desconocimiento mismo de la norma y de los procedimientos
de parte de algunos funcionarios, sobre todo de los equipos psicosociales, de alguna forma contribuye con ello. La participación en audiencia de estos funcionarios ha sido del 11% aproximadamente, según refieren en entrevistas.
Por ende no es extraño que la percepción de los operadores choque con lo
que los jóvenes piensan, en particular cuando “el juego” consiste en manifestar
“lo que quieren escuchar, con eso dan menos lora”, en los mejores términos de los
AGUIRRE A. Psicología de la Adolescencia. Ed. Alfa Omega. México 1994
ALCALDÍA MAYOR DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ. Código del Menor
(Decreto 2737/1989). Programa de Promoción Juvenil y Prevención Integral.
ÁLVAREZ-CORREA M. El homicidio de menores de edad en la ciudad de
Bogotá; factores de riesgo y estado procesal de las investigaciones. Procuraduría
General de la Nación. Bogotá, 1.996.
ÁLVAREZ-CORREA M. Vivencias y derechos del menor infractor de la
ley penal. Instituto de Estudios del Ministerio Público, Procuraduría Delegada
para la Defensa del Menor y de la Familia. Bogotá, 1.999.
ÁLVAREZ-CORREA M., AGUIRRE J. Guerreros sin sombras, niños, niñas y jóvenes vinculadas al conflicto armado. Procuraduría General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Save The Children, USAID.
Bogotá, 2.002.
ÁLVAREZ-CORREA M., LONDOÑO C., LOZANO G. Rostros del Asecho; abuso sexual: asalto sexual y abuso sexual intrafamiliar: Víctimas y Agresores – Análisis. Instituto de Estudios del Ministerio Público. Bogotá, 2.005.
ÁLVAREZ-CORREA M., LONDOÑO C., LOZANO G., BEJARANO O.,
SOLER L.A., OCHOA J... Cazadores de Vidas; el asalto sexual: Agresores e Instituciones. Instituto de Estudios del Ministerio Público. Bogotá, (2da edición)
ÁLVAREZ-CORREA M., MARTÍNEZ. G. El menor de edad combatiente
en Colombia; un fenómeno desconocido y subvalorado, en Revista de Derecho
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Julio 1.998;
22: 125-187.
ÁLVAREZ-CORREA M., MENDOZA V., RODRÍGUEZ M., PARRA S.,
CORZO L. Semillas de Cristal. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes, Ley 1098/06, alcances y diagnóstico. Instituto de Estudios del Ministerio
Público, Fundación Antonio Restrepo Barco. Bogotá, 2.008.
ÁLVAREZ-CORREA M., PARRA S., LOUIS E. GUZMÁN G. La Gesta y
el Cantar; Sistema Penal acusatorio, delitos sexuales y política criminal. Instituto
de Estudios del Ministerio Público. Bogotá, 2.006.
ÁLVAREZ-CORREA M., PARRA S., LOUIS E., QUINTERO J., CORZO L.
Pescadores de Ilusiones. Niños y jóvenes infractores de la ley penal. Instituto de
Estudios del Ministerio Público – Fundación Antonio Restrepo Barco. Bogotá,
ÁLVAREZ-CORREA M., SOLER L.A., ALVIRA J. Marcas del Silencio; Niños, jóvenes y satanismo. Derechos, perfiles y atención psicosocial. Instituto de
Estudios del Ministerio Público. Bogotá, (2da edición), 2005.
ÁLVAREZ-CORREA M., SOLER L.A., OCHOA J. Tribus del Diablo; Niños y jóvenes y Satanismo. Radiografía de una realidad. Procuraduría Delegada
para la Defensa del Menor y de la Familia. Bogotá, Instituto de Estudios del Ministerio Público. Bogotá, 2000.
ÁLVAREZ-CORREA M., SUAREZ R. Niños y jóvenes de sexo masculino
prostituidos; una visión desde la perspectiva de sus derechos. Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia. Bogotá, Instituto de Estudios
del Ministerio Público, Universidad de los Andes, UNICEF. Bogotá, 1998.
ARÉVALO G., MALDONADO J.. Tratamiento de niños y adolescentes en
conflicto con la ley penal. www.PsicoPedagogia.com. 2003.
BANCO MUNDIAL. El Desarrollo y la próxima generación. Informe sobre el desarrollo mundial 2.007. Panorama General. Washington, D.C. 2.007
BANDURA, A., RIBES, I. E. Modificación de Conducta: análisis de la
agresión y la delincuencia. Trillas. 1975.
BARRA ORTEGA J. M. Jóvenes infractores de ley, consumidores problemáticos de drogas. Revista de Estudios Jovenes. Instituto mexicano de la juventud N°. 24, enero – julio 2.006
COMPAS B.E., DAVIS G.E.,FONDACARO K., WGNER B.M. Assessment
of major and daily stressful events during adolescence: the adolescent Perceived
Events Scales, IN Journal of Counseling and Clinical Psychology, 55, 1987: 543
– 541.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Ley del Menor Infractor. El Salvador,
COY E, TORRENTE G. Intervención con menores infractores: su evolución en España, en Anales de psicología 1997, Vol. 13. No.1.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas DCI. Sierra Leona. Defense for Children International Kids behind bars.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. La defensa pública frente al sistema penal
para adolescentes. Defensoría del pueblo. Bogotá, 2007.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Informe sobre índice de pobreza. 2007.
Edición 21ra. Madrid, 1992.
DIARIO DE LEÓN. Tres años de la ley del menor en León. Moraleja en la
justicia de menores. Noviembre siete 2007
FEIXA C. De jovenes, bandas y tribus: Antropologia de la juventud.
Ed.Ariel S.A. Barcelona 1999
FITZGERALD M., STEVENS A. Review of Knowledge on Juvenile Violence: Trends, Policies and Responses in Europe. Kent Criminal Justice Center.
GALENO M. (Compiladora) Dinamicas internas de las familias con jefatura femenina y menores en conflicto con la ley penal: Caracteristicas internacionales. Ed. Fundacion Universitaria Luis Amigo. Medellin 2006
GARCÍA MENDEZ E. Derecho de la infancia. Adolescencia en América
latina; de la Situación Irregular a la Protección Integral. Forum Pacts. Santa Fé
GARAIGORDOBIL, M. Intervención psicológica con adolescente. Pirámide. Madrid.1998.
GARCÍA MENDEZ E. Para una historia del control penal de la infancia: la
informalidad de los mecanismos formales de control social, en Carranza E. (organizadores). Del revés al derecho; la condición jurídica de la infancia en América latina; bases para una reforma legislativa. Editorial Galerma. Buenos Aires
(Argentina), 1992.
GARCIA, P. Tratado de criminología. Tirand lo Blach. Valencia. 1999
GARRIDO V, MARTÍNEZ M. Educación social para delincuentes. Ed. Tirant lo Blanch. 1997.
GARRIDO V, STANGELANDP, REDONDO S. Principios de criminología. Ed. Tirant lo Blanch. 2001
GARRIDO V. Pedagogía de la delincuencia juvenil. Ed. Ceac. España,
GARRIDO V. Psicópatas y otros delincuentes violentos. Tirant lo Blanch,
GARRIDO, V. La reeducación del delincuente juvenil: los programas de
éxito. Tirand lo Blach. Valencia. 1992.
GARRIDO, V. Manual de intervención educativa en readaptación social.
Tirand lo Blach. Valencia. 2005.
HALL A. La responsabilidad penal del menor. Con especial referencia
a sus presupuestos y modelos de justicia de menores. Ed. Ediciones Jurídicas
Gustavo Ibáñez Ltda. Medellín. 1982
HARVEY R. Del Papel a la Práctica: Un análisis del Sistema de Justicia Juvenil en Honduras. Save the Children – Casa Alianza and Children´s Legal Center. 2005
HEIN A. Factores de riesgo y delincuencia juvenil: revisión de la literatura
nacional e internacional. Chile 2001.
HOME OFFICE DESDIP. European Sourcebook of Crime and Criminal
Justice Statistics 2006. Third edition. 2006.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR; OTROS. Los
conceptos periciales por parte de los equipos de las defensorías de familia en el
sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Documento para discusión,
versión octubre 2007.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Lineamientos
técnicos administrativos para la atención del adolescente en el sistema de responsabilidad penal en Colombia. 2007.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Informe.
Grupo Interno de Trabajo para la Atención a Víctimas de la Violencia. Bogotá,
KRAUSKOPF D., CABEZA M. Condiciones psicosociales del embarazo en
adolescentes. Aspectos psicosociales en el área metropolitana de San José. Segunda edición. Actualidades en Psicologia. Vol. 5 N°42. Instituto de Investigaciones LEAL, F. La participación política de la juventud universitaria como expresión de Clase, en Juventud y política en Colombia. Fescol – Instituto Ser de
Investigaciones Bogotá. 1984
LEY 1142/07. Por medio del cual se reforman parcialmente las leyes 906
de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas represión de la actividad delictiva de espacial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana. Congreso de Colombia. Junio 28, 2007.
MARTIN F., PARRY – WILLIAM J. The Right Not to Lose Hope: Children
in conflict with law – A policy analysis and examples of good practice. Save the
Children. 2005.
LÓPEZ A. O. La agresividad humana. Revista Actualidades Investigativas
en Educación. Universidad de Costa Rica. San José, Julio – diciembre. Vol. 4,
n°002, 2004.
MAXERA R. Mecanismos restaurativos en las nuevas legislaciones penales
juveniles: latinoamérica y España. Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy. Abril 22 2.005.
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Decreto 3951/2007, por
el cual se modifica el artículo segundo del decreto 465 de 27 de diciembre de
2006, modificado por el decreto 1494 de 4 de mayo de 2007.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Salud Mental, fuerza impulsora del desarrollo del país y de la garantía de derechos. Bogotá, 2007.
MINUCHON S., FISHMAN H. Técnicas de terapia familiar: grupo e instituciones. Edición Paidós. México, 1987.
MOIR A., JESSEL D. A mind to crime: The controversial link between the
mind and criminal behavior. Michael Joseph. Londres, 1.995.
MORALES L. Seminario Prevención y reducción de la delincuencia. Bogotá, 2006
MORENO F. Diagnóstico de los Factores de Riesgo como Recurso Preventivo de los Problemas de Conducta en el Contexto Escolar. Universidad de
MUÑOZ J. Factores de riesgo y de protección de la conducta antisocial en
adolescentes. , En Revista de psiquiatría. Facultad de Medicina de Barna. 2004
MURRAY C, LÓPEZ A, Editors. The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries and risk
factors in 1990 and projected to 2020. Cambridge (MA): Harvard University
NACIONES UNIDAS. Convención Derechos de los niños, Asamblea General, 1989.
NATIONALS ISSUES FORUMS. Kids who commit crimes. What should
be done about juvenile violence? Nationals Issues Forums Institute. USA, 1994,
NEW YORK TIMES. Killing in high school 22 III 2005.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Caring for children and
adolescents with mental disorders. Ginebra, 2003.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe sobre salud en el
mundo. Ginebra, 2001.
PADILLA J.R. De matones a matoneados; una perspectiva desde el Psicoanálisis. Bogotá, 2.006.
PADOVANI A. Justicia de menores. Perspectivas y programas de intervención. Comunidad Europea. 2010.
POSADA-VILLA J; AGUILAR-GAXIOLA, S; MAGAÑA, G; GÓMEZ, L.
Prevalencia de trastornos mentales y uso de servicios: resultados preliminares
del Estudio nacional de salud mental. Colombia, 2003. Revista Colombiana de
Psiquiatría, vol. XXXIII / No. 3 / 2004.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Política Nacional
de Juventud. Bases para el Plan Decenal de Juventud 2005-2015. Bogotá, Colombia. Octubre de 2004.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIONAL. Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098/06) (Comentado y Concordado). Bogotá, marzo
PUENTES J. Políticas Públicas de juventud y gasto publico en Colombia.
PUYANA Y (Compiladora). Padres y madres en cinco ciudades colombianas. Ed. Universidad Nacional de Colombia. Bogota 2003
REPUBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia, 1991.
REPUBLICA DE GUATEMALA. Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia, Decreto Nº 27 de 2003. 2003.
REPUBLICA DEL ECUADOR. Código de la Niñez y Adolescencia, Ley
100 de 2002. 2002
REPUBLICA ESPAÑOLA. Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores, Ley Orgánica 5 de 2000. 2000.
RUTTER M., GILLER H., HAGELL A. La conducta antisocial de los jóvenes. Cambridge University Press. Madrid, 2.000.
SARMIENTO L. Políticas públicas de juventud en Colombia. Logos, dificultades y perspectivas. 2003.
UNICEF. Justicia Penal Juvenil: buenas prácticas en América Latina. 2004.
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA - ICBF. Evaluación del
programa de atención a adolescentes en conflicto con la ley. Bogotá, 2005.
pa n ta l on e s c ortos y mo chil as rotas VARMA A. La violencia en niños y adolescentes: Guía para estudiantes,
psiquiatras, psicólogos, orientadores y educadores. Ed. Trillas. Londres 2001
VILLAR MANCERA M. del C., SIBAJA R.A. Centro de observación y tratamiento para menores infractores: centro modelo con un sistema de calidad.
México (Reynosa), 2005.
WEINSTEIN J. Riesgo Psicosocial en Jóvenes. PREALC. Santiago de Chile
E. Miguel Álvarez-Correa G., director del proyecto. Antropólogo con estudios en derecho de la Universidad de los Andes; Minor`s en economía y derecho de la Universidad de los Andes, especialización en derecho de menores
de la Universidad Externado de Colombia, actualmente doctorando con la AIU,
coordinador del observatorio del sistema penal acusatorio y sistema de responsabilidad penal para adolescentes del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Ha publicado, con la presente obra, veintiseis libros sobre temáticas de infancia, justicia en equidad, sistema penal acusatorio, sistema de responsabilidad
para adolescentes, delitos sexuales, tribus urbanas y conflicto armado, sustancias
psicoactivas, entre otros, y múltiples artículos. Docente universitario.
Víctor Mendoza P. Trabajador social egresado de la Universidad de Cartagena (Bolívar). Actualmente vinculado como investigador del IEMP. Experiencia de diez años en comunidades y con jóvenes infractores de la ley penal en
ámbitos de protección, reeducación y comunitario. Coautor de cuatro publicaciones sobre conciliación en equidad y derecho, y ley de infancia y adolescencia
con el IEMP.
James González R. Estadístico de la Universidad Nacional de Colombia
con experiencia en análisis de bases de datos por ocho años en el DANE, en la
Policía Metropolitana de Bogotá, con el Consejo Superior de la Judicatura, en la
Pontificia Universidad Javeriana y en el Instituto de Cultura. Actualmente, investigador del IEMP. Coautor de tres investigaciones con el IEMP.