Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20001549
Timestamp: 2019-07-23 18:02:34
Document Index: 129623830

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 53', 'ARTÍCULO 53', 'artículo 366', 'artículo 1', 'artículo 55', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 123', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 55', 'Artículo 53', 'artículo 5']

C-034 de 2011
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020001549CC-SENTENCIAC034201102/01/2011CC-SENTENCIA_C_034__2011_02/01/2011200015492011Sentencia C-034/11 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Ineptitud sustantiva de la demanda DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Requisitos INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Argumentos no son claros, específicos, pertinentes y suficientes/ INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Contenido normativo no presente en disposición demandada Si bien el demandante considera que la expresión, "que ejerzan funciones públicas en lo que tienen que ver con estas", contenida en el artículo 53 de la Ley 734 de 2002 es inconstitucional por la limitación que supone a la responsabilidad disciplinaria de los particulares que ejercen funciones públicas, los planteamientos expuestos por el accionante no reúnen las mínimas características que permitan realizar el examen de constitucionalidad correspondiente, por cuanto se cuestiona un contenido normativo que no emana de su texto, sino que surge de una interpretación subjetiva, distinta a la que contempla el tenor jurídico atacado, no quedando duda que los argumentos planteados no son claros, específicos, pertinentes ni suficientes, frente al texto real de la disposición que se acusa Referencia: expediente D-8149
NILSON PINILLA PINILLA767 (104E)CONSTITUCIONALIDADSergio GaviriaDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 53 (parcial) de la Ley 734 de 2002.Identificadores20020001550true11170Versión original20001550Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 53 (parcial) de la Ley 734 de 2002.
Si bien el demandante considera que la expresión, "que ejerzan funciones públicas en lo que tienen que ver con estas", contenida en el artículo 53 de la Ley 734 de 2002 es inconstitucional por la limitación que supone a la responsabilidad disciplinaria de los particulares que ejercen funciones públicas, los planteamientos expuestos por el accionante no reúnen las mínimas características que permitan realizar el examen de constitucionalidad correspondiente, por cuanto se cuestiona un contenido normativo que no emana de su texto, sino que surge de una interpretación subjetiva, distinta a la que contempla el tenor jurídico atacado, no quedando duda que los argumentos planteados no son claros, específicos, pertinentes ni suficientes, frente al texto real de la disposición que se acusa
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada y regulada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Sergio Gaviria demandó parcialmente el artículo 53 de la Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
ARTÍCULO 53. SUJETOS DISCIPLINABLES. El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales; que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas; presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366de la Constitución Política, administren recursos de este, salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el régimen privado."
Cree que hay vulneración del artículo 1° superior, por cuanto "tal aseveración es funesta para el interés general como corolario implica que los particulares que desarrollan funciones públicas mediante potestades y prerrogativas inherentes al Estado, podrían incurrir en la mayoría de conductas de los artículos 48 y 50 de la Ley 734 de 2002 (excluyendo las que se reproducen en el artículo 55 ibídem) sin repercusión disciplinaria alguna" (f. 27).
Con respecto al artículo 2°, expresa que "esta disposición se viola en lo relacionado con el principio de efectividad de los principios, deberes y derechos, y la vigencia de un orden justo" (f. 29).
Más adelante afirma: "… los particulares que ejercen funciones públicas mediante prerrogativas inherentes al Estado podrían violar muchos de los deberes e incurrir en muchas de las prohibiciones establecidas para los servidores públicos. Ello devendría en ineficacia de varios de los principios, deberes y derechos consagrados expresamente en el texto constitucional".
Explica que también es violado el artículo 4°, por cuanto "la norma atacada afecta la supremacía constitucional porque la falta de herramientas de control implica ineficacia de los principios constitucionales y de contera de la supremacía constitucional" (f. 30).
Sobre la vulneración del artículo 13, señala que "los administrados tendrán un trato desigual dependiendo de quien presta el servicio público, un particular o un funcionario público, pues de ello dependen los controles disciplinarios". Cita como ejemplo que "si alguien solicita una licencia urbanística en un municipio donde exista la figura de curador urbano y plantea una recusación, a esta no se le dará trámite porque conforme a la interpretación de la norma atacada, esta situación no conlleva sanción disciplinaria; más sin embargo, si la licencia se presenta en un municipio sin la figura de Curador Urbano esta recusación será atendida ya que la norma consagra sanciones al funcionario que no tramite una recusación oportuna y legalmente planteada" (f. 30).
Por consiguiente considera que se vulnera también el artículo 29 de la carta, "ya que el trato a recibir dependerá de la calidad de la persona que ejerce la potestad o prerrogativa inherente al Estado, de si es un funcionario o si es un particular".
Expone que "la Corte Constitucional en la sentencia C-181 de 2002 expresó que no debería aplicarse 'in totto' el régimen de los funcionarios públicos a los particulares que cumplen función pública, pues el artículo 123 de nuestra Constitución plantea que la ley en cada caso establecerá cuáles son los aspectos sancionatorios previstos para unos y otros" (f. 58).
La Secretaría General de esta corporación informó que con posterioridad al vencimiento del término de fijación en lista, fue recibida otra intervención, presentada por el abogado Mauricio Plazas Vega, obrando en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, quien explica que "contrario a lo que afirma el demandante, el aparte acusado es acorde con el principio de prevalencia del interés general por cuanto no hace otra cosa que reconocer que los particulares que ejercen funciones públicas responden en el ámbito disciplinario por las conductas que se realicen con ocasión de la función pública que cumplen y ello en manera alguna es contrario a la Constitución. Aunado a lo anterior, se insiste en que los argumentos del demandante se orientaron a la crítica de la ley en lo que toca con la determinación de las conductas por las que responden los particulares, lo cual nada tiene que ver con el artículo 53, en el cual simplemente se alude a los 'sujetos disciplinables'" (f. 65).
En concepto N° 5015 de septiembre 20 de 2010, el Procurador General de la Nación pidió a la Cortedeclararseinhibida para conocer de la presente demanda, por no ser posible asumir un estudio de fondo de la misma, dada su falta de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.
Acota que el actor afirma que se vulneran varias normas constitucionales, pero no presenta un análisis mínimo que permita comprender la forma en la cual ocurre dicha vulneración, ni cuestiona en su discurso "la limitación que se establece en el artículo 53 de la Ley 734 de 2002, que es la norma demandada, sino que la responsabilidad de los curadores urbanos se vea comprometida sólo por la comisión de las faltas gravísimas descritas en el artículo 55 ibídem, norma que omite demandar" (f. 71)
Realza que no se satisface ningún requisito, porque "el actor debido a su confusión en las normas demandadas y en las razones que soportan su demanda, incurre en contradicciones al momento de apreciar los elementos fácticos relevantes y su correlación con los elementos jurídicos constitucionales" (f. 73).
"Laclaridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque 'el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental'[1], no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad seanciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente[2] 'y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita'[3] e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda[4]. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; 'esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden'[5].
De otra parte, las razones sonespecíficas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través 'de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada'[6]. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos 'vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales'[7] que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad[8].
Lapertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales[9] y doctrinarias[10], o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que 'el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico'[11]; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia[12], calificándola 'de inocua, innecesaria, o reiterativa'[13] a partir de una valoración parcial de sus efectos.
Inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda Artículo 53 LEY_734_2002_05/02/2002
[2]"Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001, M. P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte también se inhibió de conocer la demandacontra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues 'del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella'."
[13] "Son estos los términos descriptivos utilizados por la Corte cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos impertinentes… Este asunto también ha sido abordado, además de las ya citadas, en la C-090 de 1996 (M. P. Antonio Barrera Carbonell), C-357 de 1997 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), C-374 de 1997 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo) se desestiman de este modo algunos argumentos presentados por el actor contra la Ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio, C-012 de 2000 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), C-040 de 2000 (M. P. Fabio Morón Díaz), C-645 de 2000 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), C-876 de 2000 (M .P. Alejandro Martínez Caballero), C-955 de 2000 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), C-1044 de 2000 (M. P. Fabio Morón Díaz), C-052 de 2001 (M. P. Álvaro Tafur Galvis) y C-201 de 2001 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo)."