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Timestamp: 2020-06-05 10:31:50
Document Index: 107491877

Matched Legal Cases: ['Artículo 54', 'Artículo 56', 'artículo 5', 'Artículo 58', 'Artículo 60', 'Artículo 64', 'artículo 59']

Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor. TITULO IV. De las infracciones y sanciones
Publicado en BOJA núm. 53 de 12 de Mayo de 1998 y BOE núm. 150 de 24 de Junio de 1998
Artículo 54 Infracciones administrativas y sujetos responsables
1. Se consideran infracciones administrativas a la presente Ley las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en el presente título, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que se pueda incurrir.
2. Serán sujetos responsables de las infracciones administrativas las personas físicas o jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente Ley.
a) No facilitar por parte de los titulares de los centros o servicios, el tratamiento y la atención que acordes con la finalidad de los mismos, corresponden a las necesidades de los menores.
b) Todas aquellas acciones u omisiones que supongan un incumplimiento de la normativa sobre autorización, registro, actualización de datos, acreditación e inspección y funcionamiento de las entidades, servicios y centros que tengan como finalidad la atención a los menores.
c) No gestionarse por parte de los padres, tutores o guardadores plaza escolar para un menor en período de escolarización obligatoria.
d) No procurar los padres, tutores o guardadores de menores en período de escolarización obligatoria, que estos asistan al centro escolar, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique.
e) Todas aquellas acciones u omisiones que supongan una lesión o desconocimiento de los derechos de los menores reconocidos en la presente Ley.
Artículo 56 Infracciones grave
a) La comisión de más de dos infracciones leves en el plazo de un año.
b) Las acciones y omisiones previstas en las le tras a), c), d) y e) del artículo anterior cuando de ellas se deriven perjuicios graves para los menores.
c) No dar cuenta a la entidad pública, autoridad judicial o Ministerio Fiscal de la posible situación de riesgo o desamparo en que pudiera encontrarse un menor, por parte de aquellas personas que por su cargo, profesión o función deban tener un especial conocimiento de ello.
d) Incumplir las resoluciones dictadas por la entidad pública en el ejercicio de sus competencias.
e) No poner inmediatamente a disposición de la autoridad, o en su caso de su familia, al menor que se encuentre abandonado, extraviado o fugado de su hogar.
f) Incumplir el deber de confidencialidad y sigilo respecto a los datos personales de los menores, por parte de los profesionales que intervengan en su protección.
g) Difundir o utilizar por parte de los medios de comunicación social la identidad o imagen de los menores cuando ello suponga una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación o sea contrario a sus intereses, aun cuando medie su consentimiento o el de sus representantes legales.
h) El exceso en las medidas correctoras a niños y niñas sometidos a medidas judiciales o la limitación de sus derechos más allá de lo establecido en las propias decisiones judiciales o en las normas que regulen el funcionamiento interno de los centros e instituciones en los que se encuentren aquéllos, efectuadas por los responsables, los trabajadores o los colaboradores de los centros o instituciones.
i) Recibir a un menor ajeno a la familia de las personas con la intención de su futura adopción, sin la intervención del órgano competente de la entidad pública.
j) Impedir la asistencia al centro escolar de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de los padres, tutores y guardadores.
k) Proceder a la apertura, cierre o iniciar el funcionamiento de un servicio o centro de atención a menores sin haber obtenido previamente la autorización administrativa pertinente.
l) Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo las funciones de inspección y control de los centros o servicios de atención a menores, tanto por parte de los titulares de los mismos como del personal a su servicio.
ll) La intervención en funciones de mediación para el acogimiento familiar y para la adopción internacional sin estar acreditado o habilitado para ello.
m) Todas aquellas acciones u omisiones no contempladas en los apartados anteriores, que supongan un incumplimiento de las normas sobre autorización, registro, acreditación, inspección y funcionamiento de las entidades, servicios y centros que tengan como finalidad la atención a los menores, siempre que impliquen una conducta de carácter doloso o sean materialmente dañosas para los menores o destinatarios de aquellos.
n) Amparar o ejercer prácticas lucrativas en centros o servicios de atención a menores definidos como sin ánimo de lucro, por parte de los titulares de los mismos o del personal a su servicio.
ñ) La percepción por las entidades colaboradoras que actúen en régimen de concierto con la Administración de la Junta de Andalucía de cantidades no autorizadas como contraprestación por los servicios de atención a los menores o a sus familias.
o) Aplicar las ayudas y subvenciones recibidas a destinos o finalidades distintas de aquellas que justificaron su concesión.
p) El incumplimiento por el centro o personal sanitario de la obligación de identificar al recien nacido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la presente Ley.
a) La comisión de más de dos infracciones graves en el plazo de un año.
b) Las acciones y omisiones previstas en el artículo anterior, cuando de ellas se deriven daños o perjuicios de reparación imposible o dificil para los derechos del menor.
c) La infracción grave tipificada en la letra i) del artículo anterior habiendo mediado precio o engaño, o con peligro manifiesto para la integridad física o psíquica del menor.
d) La infracción grave tipificada en la letra ll) del artículo anterior habiendo mediado precio o engaño, o con peligro manifiesto para la integridad física o psíquica del menor.
Artículo 58 De la prescripción de las infracciones
c) Infracciones muy graves: Multas desde 5.000.001 pesetas hasta 100.000.000 de pesetas.
Artículo 60 Otras sanciones
a) Relevancia o trascendencia social de la infracción.
b) Existencia de intencionalidad del autor.
c) La reincidencia por la comisión en el plazo de un año de otra infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme.
1. En el caso de infracciones graves o muy graves el órgano competente podrá acordar en la resolución del expediente sancionador, por razones de ejemplaridad, la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de las sanciones impuestas una vez hayan adquirido firmeza.
2. Dicha publicación debe dar referencia de los nombres, apellidos, denominación o razón social de los sujetos responsables así como de la clase y naturaleza de las infracciones.
1. El órgano competente para resolver, podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. En todo caso habrán de adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y moral del menor.
2. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto.
Artículo 64 Relación con la jurisdicción penal y civil
1. Cuando el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador tuviera indicios de que el hecho pudiera constituir también una infracción penal, lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, absteniéndose de proseguir el procedimiento, una vez incoado, hasta tanto no exista un procedimiento judicial.
3. Si una vez resuelto el procedimiento sancionador se derivasen responsabilidades administrativas para los padres, tutores o guardadores, se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Menores por si pudieran deducirse responsabilidades civiles.
Primera Defensor del Menor
Modificación incorporada a la Ley [ANDALUCIA] 9/1983, 1 diciembre («B.O.J.A.» 9 diciembre), del Defensor del Pueblo Andaluz.
Segunda Cuerpo Nacional de Policía
Tercera Plan Integral de la Infancia
Véase Acuerdo [ANDALUCÍA] 7 junio 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020 («B.O.J.A.» 28 junio).LE0000577979_20160629
Véase D [ANDALUCÍA] 362/2003, 22 diciembre, por el que se aprueba el Plan Integral de Atención a la Infancia de Andalucía (2003-2007) («B.O.J.A.» 28 enero 2004).LE0000197020_20040129 Véase ACUERDO [ANDALUCÍA] 13 marzo 2001, por el que se decide la formulación del Plan Integral de Atención a la Infancia de Andalucía («B.O.J.A.» 5 abril).LE0000103733_20010406
Quinta Organos de participación
Sexta Investigación y formación
1. Se crea el Observatorio de la Infancia en Andalucía, para el desarrollo de actuaciones de investigación, estudio y análisis técnico de las materias relacionadas con los derechos y la atención a los menores. Su composición, objetivos y régimen de funcionamiento serán establecidos por norma reglamentaria.
2. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará programas de formación sobre derechos y atención a los menores, destinados a aquellos colectivos directamente implicados en funciones relacionadas con esta materia. Igualmente, colaborará con otras Administraciones públicas y, en especial, con los órganos de la Administración de Justicia y Ministerio Fiscal, para la formación del personal de las mismas.
Véase el D [ANDALUCÍA] 75/2001, 13 marzo, por el que se regula el Observatorio de la Infancia en Andalucía («B.O.J.A.» 17 marzo).LE0000102506_20010318
Séptima Prioridad presupuestaria
Octava Menores extranjeros
1. El Consejo de Gobierno incluirá, en sus actuaciones de cooperación al desarrollo, acciones dirigidas al fomento, mejora y respeto de los derechos de la infancia en los Estados destinatarios de las correspondientes ayudas.
2. La Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Administración del Estado, procurará la adecuada atención e integración social de los menores extranjeros que se encuentran en situación de riesgo o desamparo, durante el tiempo que estos permanezcan en nuestra Comunidad Autónoma, respetando en todo momento su cultura y procurando la reinserción social en su medio familiar y social siempre que ello sea posible. A tal fin se promoverá el establecimiento de programas de cooperación y coordinación necesarios con los Estados de origen de los menores.
3. La Administración de la Junta de Andalucía facilitará la adopción de menores en el extranjero por personas residentes en Andalucía de conformidad con los principios y normas recogidos en los convenios internacionales suscritos por el Estado español.
4. De igual forma la Administración de la Junta de Andalucía promoverá la colaboración con la Administración del Estado para que el acogimiento familiar o residencial de menores extranjeros en Andalucía, ya sea de forma individual o mediante programas colectivos, se autorice y desarrolle conforme a los fines y requisitos establecidos en la regulación reglamentaria española sobre extranjería.
Novena Multas
1. Las cantidades percibidas por la Administración de la Junta de Andalucía en conceptos de multas derivadas de la aplicación del régimen sancionador previsto en esta Ley, se destinarán a engrosar los presupuestos de gastos destinados a programas de atención al menor.
2. Las cuantías de las multas recogidas en el artículo 59 serán revisadas periódicamente por Decreto del Consejo de Gobierno, de conformidad con las variaciones que experimente el Indice de Precios al Consumo o el indicador que lo sustituya, referido a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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