Source: http://www.cnaj.gob.ar/cnaj/docs/chaco.jsp
Timestamp: 2018-12-11 07:17:48
Document Index: 241458908

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 34', 'Artículo 2', 'Artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 36', 'artículo 84', 'artículo 120', 'artículo 757', 'artículo 759', 'artículo 15', 'artículo 4', 'Artículo 13', 'artículo 4']

Mapa de Acceso a Justicia - Chaco
Por Resoluciones Nº 237/96 y 431/96 el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, instrumentó una experiencia piloto que comenzó a regir a partir de abril de 1996. Las causas provenían de los juzgados civiles y defensorías civiles que adhirieron a dicho plan; el mismo tuvo características de voluntario y gratuito. La experiencia se efectivizó hasta la sanción de la ley de Mediación Nº 4498/98. La prueba piloto permitió determinar en la práctica aspectos importantes a tener en cuenta en el desarrollo del proceso y enmendar algunas cuestiones que luego fueron volcadas en la ley de Mediación. El porcentaje de acuerdo, del total de las causas mediadas, alcanzó un 61,29%.
La ley 4.498/98 reglamentada por el Superior Tribunal de Justicia por Resolución Nº 1.096/99, regula la totalidad de los aspectos referidos al ejercicio de la profesión de mediadores, la matrícula y los requisitos para su obtención. Crea el Tribunal de Ética y aprueba el Código respectivo. Crea el Centro Público de Mediación en el ámbito del Poder Judicial; establece la retribución del mediador y crea un fondo de financiamiento; como así mismo lo hace la ley 6.051/07. Además es interdisciplinaria ya que acepta todas las profesiones de base siempre que posean título universitario de grado.
En el ámbito de la Mediación Judicial, ésta se incorpora con carácter voluntario, pudiendo solicitarlo las partes o por disposición del juez; casos en los que la ley prevé exención de la tasa de Justicia. En asuntos de familia se interviene en la etapa prejudicial (ley Provincial Nº 4.369).
La ley 6.051/07 contempla tanto la mediación extrajudicial como la judicial. La pública se desarrolla en el Centro Público de Mediación. También hay Centros de mediación privados y en la Municipalidad de la ciudad de Resistencia. En el ámbito privado el Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene un Centro de Mediación que coexiste con Centros Privados de Mediación debidamente habilitados por la autoridad de aplicación.
El Centro Público de Mediación depende directamente del Superior Tribunal de Justicia, siendo dos de sus jueces los que componen el directorio del referido centro.
El 98% de la mediación en la Provincia de Chaco se desarrolla en el ámbito del Poder Judicial, por lo tanto el grado de participación y responsabilidad en la prestación del servicio es absoluto. La mediación se lleva a cabo en espacios físicos del Poder Judicial, especialmente diseñados para ello.
Cuenta con personal administrativo y funcionarios debidamente entrenados que trabajan en dos turnos. Además, posee un registro propio de mediadores que se actualiza anualmente.
Alcances de la mediación extrajudicial y judicial (civil, penal, familiar, comercial, laboral y contencioso administrativo)
La mediación extrajudicial alcanza todas las materias, (civil, familiar, comercial y principalmente comunitaria y vecinal). Los acuerdos a que se arriben en este ámbito, por disposición de la ley y según la materia, pueden ser homologados ante la justicia a solicitud de parte y están exentos de tasas de justicia, aportes y todo otro gasto. En las causas laborales y familiares se requiere homologación judicial cuando hay menores involucrados y ante los reclamos donde es parte el Estado Provincial.
La mediación en el ámbito del Poder Judicial abarca todas las materias y fueros, siempre que no haya una exclusión expresa de la ley. Incluye causas de naturaleza civil, familiar, comercial, laboral, contencioso administrativo y penal. Las causas son remitidas por los juzgados, cámaras, asesorías o fiscalías; Organismos descentralizados, donde se hayan iniciado, e incluso por el Superior Tribunal de Justicia.
Además, las remisiones pueden ser efectuadas en cualquier estado procesal o instancia en que se encuentre la causa, a criterio del juez y con consentimiento de partes. El acuerdo alcanzado es remitido al juzgado de origen a los fines de su homologación.
El 23 de abril de 2010, se promulgó mediante Decreto Nº 783 la Ley de Mediación Familiar Obligatoria Nº 6448.
La Ley Nº 6448/09 creó el Registro de Mediadores de la Provincia del Chaco (dispuesto por el art. 5 de la Ley 6051), el Registro de Mediadores Familiares (Ley 6448/09)
Por ley 4711 se creó el Plan Provincial de Medicación Escolar con los siguientes fines: 1. Difundir las técnicas de Resolución Alternativa de disputas, es especial la negociación y la mediación en el ámbito educativo. 2. Evaluar la aplicación de las técnicas de Resolución alternativa de disputas en el ámbito educativo. 3. Promover la gestión de los conflictos entre los distintos actores institucionales a través de las Técnicas de Resolución Alternativa de Disputas.
La mediación penal, ley Nº 4.989/01, está establecida en relación a todos los delitos que prevean una escala penal máxima de seis años de prisión, delitos culposos en general, como así también inhabilitaciones, multas y contravenciones. Se desarrolla en el ámbito del Centro Público de Mediación y sin intervención del funcionario o magistrado actuante.
En el fuero penal existe la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana (M.U.I.I.T) donde los analistas jurídicos estudian si la denuncia puede ser delito, en ese caso las actuaciones serán tramitadas por el Fiscal Penal o pueden archivar o remitir las actuaciones a la Mediación Penal. En una etapa posterior el propio Fiscal Penal e inclusive el Tribunal de Juicio pueden ordenar la remisión de la causa también a la Mediación Penal.
Equipo de Negociadores de Respuesta inmediata Judicial (E.N.R.I.J)
Por Resolución Nº 1465/12 del Superior Tribunal de Justicia se creó el Equipo de Negociadores de Respuesta inmediata Judicial (E.N.R.I.J) que actúa bajo la dependencia jerárquica y funcional del Alto Cuerpo Provincial, el que está conformado por un coordinador y cinco negociados.
Métodos de control de gestión implementados
Además de los desarrollados anteriormente, el control de gestión se efectúa a través de la cámara Gesell y la realización de talleres sobre los casos observados. Asimismo, de los datos estadísticos, se evalúan los resultados obtenidos por los mediadores en los casos en que han intervenido.
En el Centro Público de Mediación se realizan observaciones de casos reales a través de la Cámara Gesell.
Anualmente el Centro Público de Mediación organiza talleres, cursos, conferencias de formación continua y capacitación profesional ya sea a cargo de miembros del Centro Público de Mediación o de especialistas contratados a tal efecto. Esto es importante para la formación del profesional y para mantener la matrícula del mediador.
Costos del sistema y fondo de financiamiento
Los costos y gastos de la estructura física y recursos humanos del Centro Público de Mediación son cubiertos por el presupuesto general del Poder Judicial.
Los honorarios de los mediadores en centros privados recaen en las partes. En aquellos casos en que se haya accedido al beneficio de litigar sin gastos o se encuentre en condiciones de hacerlo, el procedimiento en el Centro Público de Mediación será gratuito.
El Fondo de Financiamiento está integrado por los siguientes recursos: a) las sumas asignadas en las partidas del Presupuesto del Poder Judicial; b) el reintegro de los honorarios básicos abonados conforme con lo establecido por el art. 31 -5to- párrafo de la presente ley y sus intereses; c) las multas previstas en el art.27, siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 31 para su cobro; d) toda otra suma que en el futuro se destine al presente fondo.
En casos de insuficiencia del mencionado fondo de financiamiento, el mediador podrá optar por percibir su retribución del condenado en costas.
Existe una página Web del Centro Judicial de Mediación incorporada a la del Poder Judicial y un correo electrónico: centro.mediación@justiciachaco.gov.ar.
Otros medios de resolución en el interior
Por ley 4.369 y convenios suscriptos entre el Superior Tribunal con las Asesorías de Menores, se incorporó la etapa prejudicial obligatoria de familia. Los acuerdos obtenidos son remitidos al Asesor de Menores a los fines de su homologación.
Los porcentajes de acuerdos en este ámbito se elevan al ochenta por ciento (80%). La etapa extrajudicial se cumple con la obligación de patrocinio letrado y las partes concurren espontáneamente a solicitar el servicio por la propuesta de la asesoría de Menores o por haber tomado conocimiento del sistema.
Incorporación de la conciliación en el Código de Faltas, Ley 6411, promulgada el 14/10/09 por Decreto Nº 2136 que a continuación se transcribe:
“Artículo 1º: incorpórase el inciso d) al art. 34 de la Ley 4209 y sus modificatorias – Código de Faltas de la provincia – el siguiente texto:
“Artículo 34: la acción emergente por la comisión de una falta se extinguirá por: (...) d) Conciliación, en los términos de los artículos 34 bis y 34 ter”.
Artículo 2: incorpórase los artículos 34 bis y 34 ter a la ley 4209 y sus modificatorias – código de faltas de la provincia -, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“Artículo 34 bis: cuando la naturaleza de la infracción lo permita y siempre que no resulte afectado el interés público o de terceros, el juez podrá citar a una audiencia de conciliación, a fin de que denunciante y denunciado lleguen a un acuerdo sobre la reparación del daño o la solución del conflicto que generó la contravención.La conciliación puede concretarse en cualquier estado del proceso”.
Homologación: artículo 34 ter., cuando se produjere la conciliación el juez si correspondiere, homologará los acuerdos y declarará extinguida la acción contravencional”
En la sistemática del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chaco encontramos diferentes supuestos que garantizan un aspecto del acceso a justicia, que se traduce en la facultad-deber de los jueces de convocar a las partes de un litigio a componer sus diferendos y el ejercicio de derechos de estos últimos de participar en forma activa de la definición de los procesos. Así el artículo 36, inc. 2, dispone: “Aún sin requerimiento de partes los jueces y tribunales, podrán:
Intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer o promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos. En cualquier momento podrán disponer la comparecencia de las partes para intentar una conciliación.
Proponer a las partes fórmulas para simplificar o disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria. En todos los casos, la mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento…”. Esta disposición es aplicable a los procesos en cualquier instancia, a modo de ejemplo, recordamos que en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, actuando en la faz jurisdiccional, ha hecho uso de estos deberes-facultades en casos en los que los valores en juego se reputaron importantes. Así se sugirió a las partes recurrir a la mediación (con resultado positivo) en una causa en que estaba comprometido el medio ambiente y el derecho a trabajar dignamente (Expte. Nº 41.602/97) y en un litigo sobre mala praxis (Expte. Nº 44.901/99); llamó a conciliación a los litigantes en asuntos que comprometían el servicio profesional de atención a la salud de los ciudadanos (Expte. 57.965/05), el derecho a ejercer el comercio y a garantizar a los trabajadores el mantenimiento de la fuente de trabajo (Expte. Nº 64.561/08); y en situaciones donde estaba comprometido derechos de los habitantes originarios (Expte. Nº61.605/06).
Con los mismos objetivos que la norma transcripta, el art. 338 bis (que incorporó en el año 2008 la audiencia preliminar en el proceso civil y comercial), en su inc. 1º establece: “A los fines del artículo precedente el juez citará a las partes a una audiencia que se celebrará con su presencia bajo pena de nulidad, en la que: invitará a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución de conflicto…” y el art. 338 ter, dice: “Sin perjuicio de lo establecido en el art. 36 inc. 2, en la audiencia mencionada en el artículo anterior, el juez y las partes podrán proponer las fórmulas conciliatorias…”.
Participando de esta naturaleza, el art. 514 (dentro del título que regula los juicios ejecutivos) establece: “Durante el curso del proceso de ejecución de la sentencia, el juez podrá de oficio o a pedido de parte, y si las circunstancias así lo aconsejaren fijar una audiencia para que comparezcan ejecutante y ejecutado con el objeto de establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito, procurando evitar perjuicios innecesarios. A esta audiencia deberán comparecer las partes personalmente, y se celebrará con la que concurra. …”.
Por su parte la ley de Procedimiento Laboral (2.383, t.o.), en su artículo 84 dispone: “El juez luego de contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo y antes de la apertura a prueba, deberá disponer la comparencia personal de las partes, a una audiencia que se notificará personalmente o por cédula dentro del plazo perentorio de quince (15) días, para intentar una conciliación ilustrando a las mismas sobre el alcance del acto e invitándolas a un avenimiento…”.
Por último, cabe mencionar que el Estatuto del Menor de Edad y la Familia (ley 4.369) en su artículo 120, que refiere a las atribuciones del juez de la causa, inciso d), expresa: “Ordenar en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia, audiencias de conciliación, requiriendo la presencia de las partes, los profesionales y del Equipo Interdisciplinario”.
Este método alternativo de resolución de conflictos tiene como primer fuente lo normado bajo el libro VI, Títulos I al III del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco, el que a lo largo de los artículos 739 a 776 establece las tres (3) clases comúnmente adoptadas, cuales son: el juicio arbitral, el de amigables componedores y el juicio pericial -que en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) se denomina “Pericia Arbitral”-.
Tal normativa sigue el articulado y contenido del CPCCN, salvo en lo que se refiere al “Juicio Pericial” (art. 776° del Chaco) que en la regulación nacional es más completa (art. 773 CPCCN). La norma chaqueña determina que la pericia arbitral tendrá los efectos de la sentencia sin admitir recurso alguno y que en la etapa de cumplimiento se aplican las normas sobre ejecución de sentencia.
Dentro del proceso arbitral se puede destacar que el legislador se ha ocupado de contemplar dos aspectos: la constitución del tribunal y la reglamentación del trámite de un autónomo proceso arbitral.
Así, están reguladas las cuestiones comprendidas como objeto del juicio y aquellas que no pueden ser objeto de transacción (art. 740°), tales como: las causales de extinción del compromiso -decisión unánime de los contrayentes, transcurso del plazo señalado o falta de impulso del procedimiento (art. 751°). Los propios árbitros serán quienes designarán al Presidente (art. 753°). A su vez, se establece la imposibilidad que tiene el tribunal de decretar medidas compulsorias o de ejecución (art. 756°), debido a la imposibilidad de ejercer la coertio y la executio, elementos propios de la función jurisdiccional.
El artículo 757° regula el contenido del laudo, precisando que los árbitros se pronunciarán sobre todas las pretensiones sometidas a su decisión -es decir, impide que se falle citra o Infra petita en violación al principio de congruencia-. También se puede destacar que el artículo 759° establece una sanción para los árbitros que sin causa justificada no pronunciaren el laudo en término, cual es la pérdida del derecho a cobrar sus honorarios, además de la responsabilidad por los daños y perjuicios.
Respecto al régimen impugnaticio, el art. 761° prevé los mismos recursos que los admisibles contra la sentencia de los jueces, salvo que hubiesen sido renunciados en el compromiso. No obstante ello el art. 763 admite que aún existiendo renuncia, la parte agraviada podrá deducir la aclaratoria como también el de nulidad fundado en 3 razones: falta esencial del procedimiento, haber fallado los árbitros fuera de plazo o sobre puntos no comprometidos, pudiéndose destacar en este último caso que la nulidad será parcial si el pronunciamiento fuere divisible, cuestión que no siempre está regulada de este modo claro en otros supuestos de anulación de fallos judiciales. En el citado anteproyecto dirigido por los Dres. Morello, Arazi, Eisner y Kaminker, se establece que el recurso para tales errores será el de casación. Otra nota característica es que tanto en la legislación provincial, en la nacional como en el referido anteproyecto, el remedio se resuelve sin sustanciación, con la sola vista del expediente.
Las estadísticas suministradas por la Cámara de Apelaciones nos informan de un (1) solo proceso que llegó a esa instancia. Así en fecha 14/04/02 la Sala Primera de dicho Tribunal de Alzada dictó Resolución N° 95 en los autos “TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. E/A: "EMILIO LUIS ROSSI Y CIA. PUEYRREDON S.R.L. C/TELECOM ARGENTINA FRANCE TELECOM S.A. S/ARBITRADORES AMIGABLES COMPONEDORES" S/INCIDENTE DE NULIDAD", Expte. Nº 9.181, año 2002, en donde dispuso confirmar parcialmente la Resolución de primera instancia, respecto a la imposición de costas dispuesta en ese fallo y modificó la regulación de honorarios de primera instancia.
De este dato, se evidencia que pese a la consagración legal del proceso arbitral en sus diferentes clases, ha sido insignificante la utilización por parte de los operadores jurídicos, pese a las grandes ventajas que presenta este tipo de procedimientos como métodos alternativos de resolución de los conflictos. Piénsese en una cuestión que por su complejidad y especialidad las partes puedan disponer quienes serán sus árbitros en una eventual controversia -incluso de común acuerdo- atendiendo a características que consideran imprescindibles para ese caso. Nos viene a la mente el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que integrara Lino Palacio. También puede suceder que el diferendo amerite una decisión de fondo más rápida que la que puede brindar el proceso judicial actual. En tal sentido destacamos la posibilidad de establecer los plazos que tienen las partes. Estas ventajas, es decir la especialidad y la celeridad, se suman a las de confidencialidad, economía de recursos, menor enfrentamiento, flexibilidad, participación de las partes e inmediación con el árbitro que destaca la doctrina local, en relación al proceso judicial.
También es de destacar que la ley provincial N° 4.162 (B.O. del 28/06/1995) tuvo por objetivo promover la constitución y funcionamiento en todo el territorio de la Provincia del Chaco de mecanismos privados de solución de controversias, tales como los Tribunales Privados de Conciliación, Arbitramento y Arbitraje, previendo su funcionamiento en aquéllas instituciones intermedias y reconocidas por el Poder Ejecutivo. En cumplimiento de la misma, la Federación Económica del Chaco solicitó su inscripción a efectos de habilitar el servicio de Arbitraje General, la cual fue aprobada por Decreto N° 1488/03 del Poder Ejecutivo.
De la normativa que regula ese procedimiento arbitral inserta como Anexo I al mencionado Decreto, puedo destacar el régimen de notificaciones, que autoriza que las mismas sean efectuadas por medios electrónicos tales como el teléfono, el fax y el correo electrónico (art. 5°); la existencia de un Director de Procedimiento que conducirá el trámite hasta la constitución del Tribunal, pudiendo, entre otras funciones, citar a las partes a una audiencia de conciliación y rechazar la demanda liminarmente (art. 7°). También es dable resaltar el deber expreso de los árbitros de comportarse con circunspección en los casos que por cualquier otro motivo -de orden profesional, académico o social- estuvieran en contacto con alguna de las partes (art. 8°); la posibilidad de convocar a un proceso de conciliación o mediación que se puede efectivizar incluso en cualquier etapa del procedimiento a pedido de las partes de común acuerdo (art. 21°); el poder de imponer sanciones disciplinarias a quienes obstaculicen la marcha normal de las actuaciones (art. 22°); el instituto de la reconvención (art. 26°), la audiencia para la determinación de los puntos del litigio (art. 30°) -similar a la audiencia preeliminar establecida en los Códigos Procesales-; la concentración de la prueba a recibirse en forma oral en una sola audiencia y la posibilidad de registrarla en forma electrónica (art. 35°).
De todo lo reseñado arribo a la conclusión de que el problema en este caso no está en las normas -ni de las que se hallan en el Código Procesal ni tampoco en esta legislación especial-, sino en la falta de publicidad de este medio alternativo de resolución de controversias, y la consecuente poca costumbre de los justiciables de someter sus cuestiones a las ventajas de este procedimiento.
El 12 de agosto de 2010, el Poder Judicial de la provincia de Chaco puso en funcionamiento la Justicia de Paz Barrial, un sistema oral y gratuito que permite brindar acceso a justicia a poblados alejados de los grandes centros urbanos.
Asimismo, en 2010 se implementó el servicio de Defensorías Barriales, sistema similar al implementado en la provincia de Santa Fe.
Para obtener mayor información consultar el sitio: www.justiciachaco.gov.ar/JornadaPaz/
MESA DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO PERMANENTE A LA VÍCTIMA Y A LA CIUDADANÍA
Por Resolución Nº 337 de fecha 13/03/08 se crea la Mesa de Atención y Asesoramiento Permanente a la Víctima y a la Ciudadanía, que comenzó a funcionar el 14 de abril de 2008. Su naturaleza administrativa es de auxiliar de apoyo y con prestación de servicio permanente.
La idea rectora del programa se basa en que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir información actualizada sobre el funcionamiento de organismos jurisdiccionales y administrativos, características y requisitos genéricos de los distintos procesos judiciales y extrajudiciales; las víctimas tienen derecho a la protección judicial, a ser informadas con claridad sobre su intervención en los procesos y sobre las posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido; y con el fin de facilitar el acceso a la justicia asegurando nuevas formas de asesoramiento, ayuda e información especialmente a aquellos sectores de la población más vulnerables -niños, mujeres, discapacitados y personas carentes de recursos económicos y de instrucción-.
La Mesa de Atención recibe quejas, reclamos y sugerencias del ciudadano y solicitudes de informes de lunes a viernes de 6.30 a 20.30. En los casos de atención, asesoramiento e informes a las víctimas en situaciones de urgencia, está permanentemente de turno con la modalidad de guardias pasivas.
Conforme las estadísticas elaboradas desde el inicio y hasta al día de la fecha, en la Mesa se han asesorado, ayudado y guiado a 706 ciudadanos, en un promedio de 100 visitantes por mes, mostrando su crecimiento una curva ascendente, con prominencia en el mes de septiembre, debido a las difusión que se ha realizado a través de los canales de televisión y otros medios periodísticos en dicho mes.
La mayor concurrencia de los ciudadanos ha sido para solicitar informes sobre la realización de trámites ante los organismos judiciales especialmente cuestiones de derecho de familia como alimentos, tenencia, régimen de visitas; en segundo lugar, sobre el funcionamiento del proceso y de los organismos Penales verbigracia: lugares para efectuar denuncia, explicación sobre significado de vocablos jurídicos, estado de causas, asesoramiento previo a formular denuncias, facultades de intervención en el proceso, etc; y en tercer lugar, trámites relativos a denuncias por violencia familiar ya efectuadas.
De las manifestaciones de las víctimas surge que el mayor porcentaje de denuncias corresponde a hechos de violencia familiar y los delitos que de ella se derivan, y en menor grado se han referido a daños y perjuicios emergentes del derecho civil.
El grupo de trabajo ha efectuado 943 gestiones en forma verbal, telefónica o escrita, a fin de satisfacer los requerimientos de los ciudadanos que concurren a esa dependencia, entre ellas 30 acompañamientos a diferentes organismos, a fin de que los más vulnerables, menores de edad, mujeres y ancianos, se sientan apoyados en el momento de declarar o interponer una denuncia. Se ha solicitado la intervención del equipo de Médicos Forenses del Poder Judicial a fin de que los mismos realicen informes y constaten lesiones para salvaguardar, de esta manera, las pruebas de un posible proceso posterior ejemplo: casos de apremios acaecido en horario inhábil, caso de supuesto abuso sexual a menor de edad, etc.
Convenio de Cooperación suscripto entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco:
Registro de Traductores e Intérpretes
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chaco dispuso –mediante la resolución n°1859/2015- la creación del Registro Especial de Traductores e Intérpretes de Lenguas Indígenas para garantizar el efectivo acceso a justicia de los pueblos originarios.
La resolución establece que se podrá acreditar la idoneidad con certificación del Instituto del Aborigen Chaqueño, instituciones que acrediten la idoneidad de los traductores e intérpretes indígenas o, en su caso, constancia de las autoridades tradicionales de alguno de los pueblos indígenas que hablen la lengua respectiva. Dispone también que la incorporación en el Registro tendrá una vigencia de cinco años y exime a los traductores del pago de la tasa de justicia prevista en el artículo 15° inc. a) de la Ley N° 418.
Juzgado Multifueros
Asimismo se ha creado el Juzgado Multifueros en Misión Nueva Pompeya (en el corazón del bosque denominado El Impenetrable, donde se asientan las principales comunidades aborígenes).
En ese juzgado trabajan cuatro empleados de la comunicad Wichí, dos en Mesa de Entradas (oficiando también de traductores), uno en el sector administrativa y otro en la Defensoría.
Se ha nombrado a una persona de los pueblos indígenas como Coordinadora Integral del Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya que hará de nexo entre los pueblos Qom, Mocoví y Wichí y el Poder Judicial.
Asimismo, el Centro de Mediación ha participado en conflictos donde fueron parte los pueblos originarios: Ej.: conflicto interfluvio Teuco-Bermejito.
Juzgado de Paz y Faltas
Con relación a los Juzgados de Paz y Faltas, los mismos desarrollan una intensa actividad en la temática debido a que cada localidad del Chaco cuenta con al menos un juzgado, lo que permite dar una inmediata y eficaz respuesta a los conflictos.
Se brindan charlas sobre acceso a justicia a las distintas comunidades a fin de que reciban información necesaria y suficiente para sentirse incluidos, y comprendan a quiénes pueden dirigir sus pretensiones y concientizarlos respecto a la existencia de una institución abierta a sus necesidades que les brinda mecanismos alternativos en la búsqueda de la solución de sus controversias.
Se realizan talleres donde participan los pueblos indígenas generándose un espacio de comunicación y planteo de problemáticas y eventuales soluciones.
A su vez, comparto contigo el material oportunamente remitido a la Dra. Highton de Nolasco por el Centro de Estudios Judiciales -por recomendación de la Dra. Lucas-. Consta de los archivos adjuntos y el link para un instructivo publicado en You Tube.
Dra. Claudia Karina Feldmann (como titular. Juez Nº 1 del Juzgado del Menor de Edad y la Familia de la Ciudad de Resistencia)
Dra. Marisa Laura Lehmann (como suplente. Juez Nº 4 del Juzgado del Menor de Edad y la Familia de la Ciudad de Resistencia)
Derivación de consultas, denuncias y conflictos, por las Defensorías, dependientes del Ministerio Público que es órgano del Poder Judicial de la Provincia, con autonomía funcional, al Centro Público de Mediación, conexo al Poder Judicial.
Convenio firmado entre el STJ y el Ministerio de Gobierno y Justicia del PE en 1999, para que las seccionales de policías de Resistencia, deriven las exposiciones ante dichas reparticiones al CPM.
Art. 12 de la ley 4.989 “.- Mediación prejudicial: puesto en conocimiento de la prevención policial -en forma directa o con la recepción de la denuncia- un hecho previsto en el artículo 4, se deberá informar al denunciante, víctima u ofendido, la posibilidad de someter el conflicto a mediación, a fin de perseguir la restitución del daño producido o la reparación social y pacífica del evento dañoso. Se dejará constancia de la lectura del presente artículo, y de la aceptación de este procedimiento en forma voluntaria por parte de aquél que cuente con capacidad civil para hacerlo. La prevención policial deberá realizar todas las medidas probatorias necesarias para la dilucidación del hecho, asegurando la recolección y conservación de aquellas pruebas útiles e irreproducibles.
Artículo 13 de la ley 4.989.- En caso de que el denunciante, víctima u ofendido opte por la mediación penal, se remitirán las actuaciones prevencionales directamente al mediador elegido, centro de mediación del Poder Judicial, juzgado de paz, centro comunitario o ente de otro tipo que sea elegido y autorizado en aquellos lugares donde no existan los enunciados; o tomará intervención aquel mediador que se elija para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente ley. Previa a su remisión deberá comunicarse al agente fiscal en turno, al sólo efecto de establecer si "prima facie" se está ante la posible comisión de un delito encuadrable en la escala penal prevista en el artículo 4to. de la presente, observando que no se vulneren las garantías constitucionales.
› ver Código de Faltas de la Provincia en español y traducido al toba
Material Fotográfico Jueces de Paz