Source: http://habeas-corpus-colombia.blogspot.com/2014/08/es-improcedente-una-peticion-de-habeas_19.html
Timestamp: 2018-03-23 16:59:15
Document Index: 250725936

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 30', 'artículo 86', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 82', 'artículo 84', 'artículo 86', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 86', 'artículo 83', 'artículo 9']

HABEAS CORPUS: ES IMPROCEDENTE una peticion de habeas corpus cuando no ha prescrito la accion penal. En los delitos permanentes la prescripción de la accion se prolonga durante el tiempo en que se mantenga la situación jurídica irregular, como ocurre en los casos de fraude procesal. El Tribunal negó peticion de habeas corpus presentada por persona acusada de fraude procesal
ES IMPROCEDENTE una peticion de habeas corpus cuando no ha prescrito la accion penal. En los delitos permanentes la prescripción de la accion se prolonga durante el tiempo en que se mantenga la situación jurídica irregular, como ocurre en los casos de fraude procesal. El Tribunal negó peticion de habeas corpus presentada por persona acusada de fraude procesal
SREPÚBLICA DE COLOMBIA
Aprobado Acta N° 78
Bogotá, D.C., viernes, quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014).
110012204000201401901 00
Raquel Ortegón Moreno
Fiscalía 152 Seccional
1. Dentro del término señalado por el artículo 3º de la Ley 1095 de de 2006, se procede a resolver la acción constitucional de Hábeas Corpus interpuesta por intermedio de agente oficioso a favor de Raquel Ortegón Moreno contra la Fiscalía 152 Seccional.
2. La accionante Victa Ema Hernández Tijo, agente oficiosa de Raquel Ortegón Moreno, en una farragoso escrito, reclamó que por medio del hábeas corpus se ordene la libertad de su agenciada, al considerar que la Fiscalía 152 Seccional de Bogotá, mediante resolución del 23 de abril de 2014, cuando le resolvió la situación jurídica y le impuso detención preventiva en su lugar de residencia, la que se hizo efectiva desde el 25 de abril de 2014, violó sus derechos fundamentales.
3. Indicó que el 7 de julio de 2014 la Fiscalía accionada profirió resolución acusatoria contra Raquel Ortegón Moreno como coautora de fraude procesal. Aclaró que en la misma decisión se precluyó la investigación por los delitos de estafa y falsedad.
4. El 15 de agosto de 2014 a las 5:00 de la tarde fue recibida por parte de este despacho judicial la acción pública de hábeas corpus.
5. Mediante proveído de la fecha en mención, se avocó el conocimiento del asunto y se ordenó a la Fiscalía 152 Seccional de Bogotá pronunciarse sobre la acción constitucional y que allegara la información correspondiente.
6. Competencia: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 3º de la Ley 1095 de 2006, el suscrito Magistrado es competente para conocer de la acción pública presentada a favor de Raquel Ortegón Moreno contra la Fiscalía 152 Seccional de esta ciudad.
7. Problema jurídico: Se debe determinar si la privación de la libertad que recae sobre Raquel Ortegón Moreno constituye una vía de hecho que la haga ilegal, y, en consecuencia, sí los supuestos fácticos y jurídicos que determinan la procedencia del hábeas corpus están presentes en el sub examine.
8. Aproximación conceptual al hábeas corpus: El derecho fundamental y la acción de hábeas corpus, como lo establecen los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos (Declaración Americana de Derechos Humanos, artículo XXV, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 3°, 8°, 9° y 10°, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1°, 3° y 4°, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 7°, 8° y 25, Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier Detención o Prisión), están instituidos como la máxima garantía normativa dirigida al amparo de la libertad personal y los derechos conexos.
9. En la determinación de la naturaleza jurídica del hábeas corpus se tiene dicho[1] que (i). es un derecho constitucional fundamental (art. 30 de la Const. Pol.) de aplicación inmediata (art. 85, ibídem)[2] no susceptible de limitación durante los estados de excepción (arts. 93 y 214-2 ídem y art. 4° de la Ley Estatutaria 137 de 1994), que se debe interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (art. 93 de la Const. Pol.)[3] cuya regulación debe ser objeto de una ley estatutaria (art. 152-a, ibídem)[4], y también (ii). es un mecanismo procesal de protección de la libertad personal en tanto en cuanto como acción pública y proceso constitucional trata de hacer efectivo el derecho fundamental de libertad individual y, por ello, se erige en una garantía procesal[5], según lo consagra el artículo primero de la Ley 1095 de 2006, Estatutaria del Hábeas Corpus.
10. Como derecho fundamental el hábeas corpus se caracteriza por ser imprescriptible, inalienable, irrenunciable, intangible, inviolable, universal, efectivo, extrínseco e intrínseco, inmediato, perentorio, interdependiente y complementario, y cuya titularidad se extiende a todas las personas. Como acción constitucional se describe como pública, cautelar, preferente, célere, impugnable, objeto de contradicción, jurisdiccional, informal, breve (sumaria en el sentido de breve), con un procedimiento especial, indivisible, atemporal, irrevocable, intransmisible, sencilla, principal, específica, eficaz, procedente en específicas circunstancias y de efectos correctivo y reparador[6].
11. Las notas definitorias del hábeas corpus permiten ver sus similitudes pero, sobre todo, sus grandes diferencias con la acción de tutela.
12. Si bien es cierto que la jurisprudencia constitucional ha dicho que el derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución puede también interpretarse como una acción, de igual naturaleza a la acción de tutela de que trata el artículo 86 superior, y por tal razón se puede afirmar, en otros términos, que se trata de una ‘acción de tutela de la libertad’, con el fin de hacer efectivo este derecho[7], se puede ver de acuerdo con las características asignadas al hábeas corpus, que una y otra son diferentes, pues la tutela permite alegar ante la jurisdicción la violación o amenaza de los derechos fundamentales en general, y, en cambio, al hábeas corpus se puede recurrir tan sólo contra capturas ilegales o prolongaciones ilegales de la privación de la libertad[8] y en defensa de los derechos conexos[9], como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional[10], siguiendo los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[11].
13. Resulta claro que la acción de tutela y el hábeas corpus se identifican en cuanto son entendidos como acciones constitucionales, hacen parte del listado de derechos fundamentales, se rigen por el principio de informalidad, sus trámites son los más rápidos previstos en el ordenamiento jurídico, las órdenes emitidas son de estricto cumplimiento y quienes las incumplan serán sancionados, se fundamentan en la prevalencia del derecho sustancial, etc.
14. Con todo, al examinar las características del hábeas corpus frente a las que posee la acción de tutela, se pueden observar varias e importantes diferencias, tales como[12]:
15. Si bien la jurisprudencia tradicionalmente ha señalado que el hábeas corpus procede exclusivamente en los supuestos de a) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; b) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; c) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; y, d) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial[21], lo cierto es que dichos eventos de procedencia se pueden reconducir dentro del concepto «vía de hecho»[22], el que representa o resulta explicativo de la existencia de todo tipo acciones u omisiones surgidas del capricho o arbitrariedad de una autoridad pública con franco y ostensible desprecio de normas vinculantes provenientes de los tratados y convenios internacionales, la Constitución y la ley, que garantizan la libertad personal y el derecho a un recurso efectivo para su protección.
17. Adicionalmente, la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales[23]. Por ejemplo, la jurisprudencia interamericana señala que cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, exegeta última de la Convención Americana[24].
18. De acuerdo con lo anterior, en Colombia los jueces están en la obligación de posibilitar que recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, calificación que se debe dar a toda prolongación ilícita de la privación de la libertad (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)[25].
19. No se debe olvidar que, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte IDH[26], para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención ADH no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto[27]. Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, la Constitución o la ley[28].
20. El Tribunal ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente[29]. En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios[30].
21. Por lo antes dicho, con atinado apego a los principios pro homine y pro libertate, se ha dicho que
22. Para que se considere demostrada una vía de hecho que haga procedente el hábeas corpus, teniendo en cuenta las características que determinó el Constituyente para la referida acción constitucional, los siguientes son los requisitos que deben cumplirse para que prospere una demanda de libertad con fundamento en la acción constitucional, y que coinciden con las exigencias que se imponen a la tutela cuando se utiliza contra providencias judiciales[32]:
23. Del caso concreto: La pretensión principal del hábeas corpus, y lo que busca la accionante, es que se le conceda libertad a Raquel Ortegón Moreno al estimar que en su caso operó el fenómeno de la prescripción.
24. Acorde con los medios de prueba allegados se establece que a Raquel Ortegón Moreno se le inició investigación por los delitos de fraude procesal, estafa y falsedad por destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, por hechos acaecidos el 8 de febrero de 2002.
25. También se supo que con motivo de esa investigación, el 16 de julio de 2004 la Fiscalía 98 Seccional de Bogotá se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento; posteriormente, el 5 de diciembre de 2006, la Fiscalía 93 Seccional profirió resolución de preclusión, decisión que fue revocada por la Fiscalía 49 Delegada ante esta Corporación, mediante resolución de 21 de septiembre de 2007, en la que dispuso continuar la investigación.
26. El 23 de abril de 2014 la Fiscalía 152 Seccional resolvió situación jurídica a la accionante y le impuso medida de aseguramiento, motivo por el cual libró orden de captura que se materializó el 25 de abril de 2014. En la actualidad Ortegón Moreno se encuentra en detención domiciliaria.
27. El 6 de junio de 2014 se ordenó el cierre de la investigación, para luego, el 7 de julio calificar el mérito del sumario con resolución acusatoria contra Raquel Ortegón Moreno, a quien se le atribuyó el delito de fraude procesal; igualmente, se precluyó por los punibles de estafa y falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.
28. En el presente trámite se afirma que siendo acusada Ortegón Moreno por fraude procesal y tener dicha conducta una pena de prisión de 4 a 8 años, resulta evidente que han trascurrido aproximadamente doce años desde la ocurrencia de los hechos, lo que denotaría la prescripción de la acción penal y por tanto, sería evidente que la privación de la libertad de la accionante es ilegal.
29. Sobre el particular, se destaca que el artículo 82-4 de la Ley 599/00 ha establecido que una de las causales de extinción de la acción penal es la prescripción, fenómeno que ocurre, en general, cuando transcurre un término igual al máximo de la pena fijada en la ley para la pena privativa de la libertad.
30. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 84 del referido estatuto el cómputo de ese término extintivo de la acción se inicia desde el día que se consuma la conducta punible, si es de ejecución instantánea, o desde la perpetración del último acto, si es de ejecución permanente. Sin embargo, el término se interrumpe con la resolución acusatoria debidamente ejecutoriada, comenzando a correr de nuevo por la mitad del lapso inicial, sin que pueda ser inferior a cinco (5) ni superior a diez (10) años, conforme lo ordena el artículo 86 de la ley procesal penal.
31. Precisado lo anterior, ahora se debe aclarar que la jurisprudencia ha sostenido que la conducta que estructura el delito de fraude procesal es de carácter permanente, pues si bien puede iniciarse con un determinado proceder, la inducción en error al servidor público, que es la acción sancionada penalmente, se prolonga en el tiempo, en tanto subsista la potencialidad de que el error siga produciendo efectos en el bien jurídico. Así ha sido destacado:
En términos del artículo 84 del Código Penal, en las conductas punibles de ejecución instantánea el término de prescripción de la acción comenzará a correr desde el día de su consumación y, en las conductas punibles de ejecución permanente o en las que solo alcancen el grado de tentativa, el término comenzará a correr desde la perpetración del último acto.
2. "...En la misma providencia, precisó respecto de los delitos de ejecución permanente que
"el límite cronológico máximo de la imputación es el de la acusación y por tanto la sentencia debe atenerse al mismo."
"4. En consecuencia, como con la ejecutoria de la resolución de acusación se hace, por así decirlo, un corte de cuentas en el delito permanente que permite valorar el comportamiento ilícito que el procesado realizó por lo menos hasta el cierre de la investigación, se debe aceptar como cierto, aunque en veces sea apenas una ficción, que allí cesó el proceder delictivo y, en consecuencia,"
"i) los actos posteriores podrán ser objeto de un proceso distinto; y,"
"ii), a partir de ese momento es viable contabilizar por regla general el término ordinario de prescripción de la acción penal como que, en virtud de la decisión estatal, ha quedado superado ese "último acto" a que se refiere el inciso 2º del artículo 84 del Código Penal."
3. En los delitos de ejecución permanente, como es el caso del fraude procesal, si bien comienza con la inducción en error al funcionario judicial y se prolonga en el tiempo a condición de que subsista la potencialidad de que el error siga produciendo efectos en el bien jurídico, no significa que la conducta se torne imprescriptible, pues como lo señaló la Sala en el pronunciamiento precedentemente trascrito, para efectos de la prescripción de la acción penal debe contabilizarse a partir del último acto en fase instructiva, pero se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada, atendiendo la preceptiva del artículo 86 del Código Penal, reiniciándose un nuevo ciclo "por un tiempo igual al señalado en el artículo 83, en este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10)[41]. (Subrayas del despacho)
32. En el sub examine se tiene que a la procesada se le acusa de participar en la venta de un vehículo automotor y su respectivo cupo, el cual tenía cancelada la matrícula y su utilización por destrucción total desde el 8 de febrero de 2000, por lo que las víctimas solo pudieron establecer tal hecho cuando acudieron a legalizar el traspaso, luego de que el 7 de junio de 2000 terminaran de pagar el automotor, encontrándose con la imposibilidad de ponerlo en circulación, de donde se infiere que los actos fraudulentos se mantuvieron vigentes hasta la referida fecha y que a partir de ella empezó a correr el término de prescripción de la acción penal.
33. Sin embargo, tal y como lo tiene definido la jurisprudencia, la acción delictiva del fraude procesal se tiene ejecutada en forma permanente, desde el momento en que se formalizó el engaño hasta la fecha en que se realizó la corrección para hacer desaparecer el fraude, interregno que comparado con la fecha de la resolución acusatoria permite concluir que el Estado no ha perdido la facultad de adelantar la persecución penal de la posible responsable del punible.
34. En otras palabras dicho: el término de prescripción de la conducta de fraude procesal que le fue imputada a la procesada, se interrumpió con el cierre de la investigación y se interrumpe con la resolución de acusación, por lo que es claro que habiéndose resuelto la situación jurídica el 23 de abril de 2014 y proferido la resolución de acusación el 7 de julio pasado, de donde se tiene a la fecha no ha transcurrido el plazo extintivo invocado por la accionante, por lo que sus pretensiones no están llamadas a prosperar, máxime cuando con la ejecutoria de la resolución de acusación, inicia un nuevo ciclo para contar la prescripción el cual no podrá ser inferior a cinco años.
35. Estas mismas consideraciones, en últimas, las ha expuesto de manera expresa dentro del proceso penal la fiscalía acusadora, argumentos que este Magistrado comparte en un todo.
36. Las anteriores consideraciones hacen evidente que la acción constitucional es improcedente, motivo por el cual no se accederá a la pretensión de la accionante.
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala de Decisión Penal Unipersonal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1°. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción pública de hábeas corpus propuesta a favor de Raquel Ortegón Moreno.
2º. NOTIFÍQUESE por la Secretaría de la Sala esta providencia a las partes e intervinientes en la acción pública.
3º. Contra esta sentencia procede su impugnación.
Firmado a las 3:20 P.M. del 15/08/2014
[7] Corte Constitucional, sentencia T-1315/01, M.P. Córdoba Triviño.
[10] El hábeas corpus no sólo garantiza el derecho a la libertad personal “sino que permite controlar además, el respeto a la vida e integridad de las personas, así como impedir su desaparición forzada, su tortura y otros tratos o penas crueles, con lo cual, ha de considerarse que él cumple una finalidad de protección integral de la persona privada de la libertad” (Corte Constitucional, sentencias C-620/01, M.P. Araújo Rentería, C-187/06, M.P. Vargas Hernández y T-527/09, M.P. Pinilla Pinilla, entre otras).
[13] En una decisión que se declaró la procedencia de una petición de hábeas corpus se expresó: “Como quiera que no se observa una actitud malintencionada del señor juez ni actuar doloso de su parte y corresponde su comportamiento a una costumbre que desde ahora conviene ser erradicada, no se compulsarán las copias a que hace referencia el artículo 9° de la Ley 1095 de 2006”. C.S.J., S. Penal, Sent. de 27 de junio de 2012, rad. 39298, M.P. Bustos Martínez. De su parte, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo ha declarado la procedencia de peticiones de hábeas corpus pero omitido totalmente pronunciarse sobre la compulsa de copias. Cfr. C. de E., Sala de lo Cont. Adtivo., Sec. Quinta, Sent. de 6 de octubre de 2008, rad. 760012331000200800747-01(HC), M.P. Hernández Pinzón y Sección Tercera, Sent. de 3 de mayo de 2010, rad. 66001-23-31-000-2010-00093-01(HC), M.P. Guerrero de Escobar.
[23] Corte Constitucional, sentencia C-010/00, M.P. Martínez Caballero.
[25] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez versus Honduras, sentencia de 26 de junio de 1987; Caso De la Masacre de Las Dos Erres versus Guatemala, sentencia de de 24 de noviembre de 2009; y Caso Chitay Nech y otros versus Guatemala, sentencia de 25 de mayo de 2010.
[31] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, autos de 26 de junio de 2009, radicación 32115, 4 de septiembre de 2009, radicación 32572 y 6 de octubre de 2009, radicación 32791, M.P. Ramírez Bastidas. La anterior interpretación fue acogida mediante auto de 8 de octubre de 2010, radicación 35124, en trámite que correspondió al M.P. Quintero Milanés.
[34] La Corte Constitucional ha afirmado de manera reiterada que la potestad de configuración del legislador al establecer restricciones a la libertad individual, es una competencia limitada y ha de ser ejercida conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a fin de que tales limitaciones no resulten arbitrarias, dado que el ejercicio de esta potestad de configuración puede incidir en el goce de derechos constitucionales, por lo que la Corte ha dicho que las limitaciones deben ser adecuadas para lograr el fin perseguido, necesarias, en el sentido de que no exista un medio menos gravoso en términos de afectación de otros principios constitucionales, y por último, deben ser proporcionales stricto sensu, esto es, que no se afecten excesivamente valores y principios que tengan un mayor peso que el fin constitucional que se pretende alcanzar. Sentencia C-806/09, M.P. Calle Correa.
[39] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 16 de julio de 2002, radicación 19659, M.P. Córdoba Poveda.
[40] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 2 de octubre de 2003, radicación 21348, M.P. Lombana Trujillo.
[41] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 23 de agosto de 2005, radicado 21689.
Publicado por DERECHO PENAL en 12:32
EXTRACTOS de sentencias del Consejo de Estado sobr...
ES IMPROCEDENTE una peticion de habeas corpus cuan...
"Hábeas corpus, vías de hecho y proceso penal". Pr...