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Timestamp: 2018-10-16 23:22:44
Document Index: 300099524

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 38', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 33']

Real Decreto 710/2009, de 17 de abril, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, en materia de pensiones de Clases Pasivas y de determinadas indemnizaciones sociales. TÍTULO I. Pensiones de jubilación o retiro, causadas al amparo del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril
Pensiones de jubilación o retiro, causadas al amparo del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril
Pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad
Cuantía de las pensiones en determinados supuestos
1. En las pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente o inutilidad, causadas a partir de 1 de enero de 2009, cuando se acrediten menos de veinte años de servicios efectivos al Estado en la fecha de la jubilación o el retiro y siempre que la incapacidad o inutilidad del funcionario no le inhabilitase para toda profesión u oficio, la cuantía de la pensión, calculada según las normas del artículo 31.4 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, experimentará una reducción de un cinco por ciento por cada año completo que falte a su titular para alcanzar los veinte años de servicios al Estado, con una reducción máxima del veinticinco por ciento para quienes acrediten quince años o menos de servicios.
2. Para determinar los años de servicios al Estado cumplidos en la fecha de la jubilación o el retiro se computarán los relacionados en el artículo 32 del citado texto refundido, excepto lo establecido en el último párrafo de su apartado 4, así como los períodos de cotización cubiertos en algún régimen de la Seguridad Social, que se totalizarán, a petición del interesado, según las normas del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social.
3. En el expediente de reconocimiento del derecho a la pensión deberá constar una copia del dictamen evaluador emitido por el órgano médico que hubiera reconocido al funcionario, con carácter previo a la declaración de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
4. La reducción de la pensión regulada en el apartado 1 de este artículo deberá practicarse sobre la cuantía íntegra resultante de las normas generales de cálculo, sin perjuicio de la posterior aplicación, en su caso, del límite máximo de percepción establecido para las pensiones públicas, ya se perciba la pensión sola o en concurrencia con otras.
La base reguladora de las pensiones en favor de familiares causadas por los pensionistas de jubilación o retiro a que se refieren los dos artículos precedentes estará constituida por la cuantía íntegra de la pensión que inicialmente hubiera correspondido al fallecido o declarado fallecido, de haber estado inhabilitado para el desempeño de toda profesión u oficio, debidamente actualizada.
No obstante, dicha pensión se computará al setenta y cinco por ciento de su cuantía íntegra, debidamente actualizada, cuando se hubiera causado derecho a pensión de viudedad, orfandad o en favor de padres en un régimen público de Seguridad Social, en razón de una actividad por cuenta propia o ajena realizada, en todo o en parte, con posterioridad a la jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Normas de procedimiento para el reconocimiento del incremento de la pensión de jubilación o retiro
1. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado, mediante solicitud dirigida a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, si se trata de personal jubilado por incapacidad permanente para el servicio, o a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, en los casos de retiro por inutilidad.
En ambos supuestos las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Junto con la solicitud, el interesado deberá aportar las pruebas e informes médicos que se le hubieran realizado, en los que conste el agravamiento de la enfermedad o lesión que motivó la jubilación o el retiro.
2. Se podrá instar por primera vez el reconocimiento del incremento desde el momento en que la situación del interesado, como consecuencia de la evolución de la enfermedad o lesión que originó la jubilación o el retiro, llevara a considerar que podría estar incapacitado para el desempeño de toda profesión u oficio.
De no confirmarse dicha incapacidad, la solicitud posterior deberá formularse en el plazo que, a tal efecto, fije en su dictamen preceptivo y vinculante el órgano médico pericial que hubiera revisado el estado del pensionista.
Tanto la solicitud inicial como, en su caso, las posteriores deberán formularse antes del cumplimiento de la edad legalmente señalada para cada caso como determinante de la jubilación o el retiro forzoso.
1. En caso de jubilación por incapacidad permanente para el servicio, una vez recibida la solicitud del interesado, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas se dirigirá a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la provincia en que tenga su residencia el interesado, remitiendo una copia del dictamen evaluador que motivó la declaración de jubilación, junto con los informes o pruebas aportados por aquél, a efectos de que dicha Dirección Provincial provea lo necesario para que el Equipo de Valoración de Incapacidades emita el preceptivo dictamen de carácter vinculante, relativo a la eventual incapacidad actual del interesado para el desempeño de toda profesión u oficio, como consecuencia del agravamiento de la enfermedad o lesión que motivó la declaración de jubilación.
A tal fin, serán de aplicación las normas contenidas en el artículo 2 de la Orden de 22 de noviembre de 1996, del Ministerio de la Presidencia, por la que se establece el procedimiento para la emisión de dictámenes médicos a efectos del reconocimiento de determinadas prestaciones de Clases Pasivas.
2. En caso de retiro por inutilidad, una vez recibida la solicitud del interesado, la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa se dirigirá a la Junta Médico Pericial ordinaria más próxima a la provincia en que tenga su domicilio el interesado, remitiendo copia del dictamen evaluador que motivó el retiro del interesado, así como las pruebas e informes médicos que hubiera aportado con la solicitud, a efectos de que la citada Junta Médico Pericial emita el preceptivo dictamen de carácter vinculante, sobre la eventual incapacidad actual del interesado para el desempeño de toda profesión u oficio, como consecuencia del agravamiento de la enfermedad o lesión que motivó la declaración de retiro.
3. En los supuestos en que el interesado se encontrase residiendo en el extranjero, el dictamen preceptivo y vinculante será emitido por los servicios médicos designados por la Embajada o Consulado correspondiente, a los que se enviará, según proceda, la documentación que se cita en los apartados anteriores de este artículo.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución al interesado será de cuatro meses, contados desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido entrada en el registro del órgano competente para resolver, según se trate de personal civil o militar, respectivamente
La resolución que reconozca el incremento de la cuantía de la pensión surtirá efectos económicos desde el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud.
El sistema impugnatorio de las resoluciones que se adopten será el mismo que rige para las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Normas generales y excepciones
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las pensiones en favor de alumnos de centros docentes militares de formación, ni a las pensiones por inutilidad para el servicio causadas por el personal militar que no tenga adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de retiro, reguladas, respectivamente, en los artículos 52.3 y 52 bis.2 del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado y en las normas de desarrollo reglamentario.
No procederá la situación de compatibilidad en los supuestos en que para el cálculo de la pensión se hubieran totalizado períodos de cotización en algún régimen de la Seguridad Social, por aplicación de las normas del Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social.
2. De producirse una situación de compatibilidad, la pensión íntegra, calculada según las normas generales en cada caso aplicables, se reducirá al setenta y cinco por ciento de la correspondiente cuantía si se acreditaran, al momento de la jubilación o retiro, más de veinte años de servicios efectivos al Estado; o al cincuenta y cinco por ciento, si el interesado hubiera cubierto menos de veinte años de servicios en idéntico momento.
Procedimiento para compatibilizar el percibo de la pensión con el desempeño de una actividad
El pensionista de jubilación o retiro que pretenda compatibilizar el percibo de la pensión con el desempeño de una actividad, en los términos establecidos en el artículo 10 de este Real Decreto, deberá comunicarlo a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, cuando se trate de pensiones causadas por el personal civil o a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, respecto de las pensiones causadas por el personal militar, acompañando una copia del contrato relativo a la actividad que se venga realizando o que se pretenda iniciar o, en su defecto, una certificación de la empresa contratante, si se tratara de un trabajo por cuenta ajena. En caso de un trabajo por cuenta propia, se deberá aportar una copia de la documentación necesaria para el inicio de la actividad o, en tanto no se cuente con ella, una declaración del propio interesado, en la que deben constar las distintas tareas o funciones que integran dicha actividad.
Una vez recibida la comunicación con la documentación anexa, de estimarlo necesario, las Direcciones Generales citadas en el artículo anterior podrán recabar la emisión de informe del órgano de jubilación o de la jefatura de personal del centro en que el interesado prestara servicios al momento de la jubilación o del retiro, comprensivo de las funciones que el interesado viniera desempeñando al servicio del Estado, así como de su estimación sobre si la nueva actividad es análoga o distinta.
El pronunciamiento sobre compatibilidad corresponderá a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, mediante acuerdo expreso al respecto. A tal fin, la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa emitirá y enviará informe vinculante sobre las comunicaciones recibidas del personal de su competencia.
1. De ser positivo el acuerdo, el importe de la pensión se reducirá a las cuantías establecidas en el artículo 10.2 de este real decreto.
La cuantía reducida de la pensión se mantendrá mientras se realice la actividad declarada compatible, con efectos económicos iniciales del día primero del mes siguiente al de inicio de dicha actividad. No obstante, si ésta se iniciara el día primero de un mes, los efectos de la cuantía de la pensión reducida coincidirán con el comienzo de aquélla.
Cuando se produzca el cese en la actividad compatible, con efectos del día primero del mes siguiente al del cese, procederá incrementar la cuantía de la pensión, bien al cien por ciento de su importe íntegro o bien a la cuantía reducida que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de este real decreto, para los supuestos en que no se acrediten veinte años de servicios efectivos al Estado en la fecha de la jubilación o retiro.
El citado incremento también procederá en los supuestos en que se cause derecho a pensión en un régimen público de Seguridad Social, en razón de la actividad declarada compatible.
2. Cuando en el acuerdo se declare que no existe una situación de compatibilidad, procederá la suspensión del percibo de la pensión mientras se realice la actividad, con los efectos regulados en el artículo 33.3 del Texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
El sistema impugnatorio de los acuerdos adoptados por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas será el mismo que rige para las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.