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Timestamp: 2020-08-06 16:16:44
Document Index: 64455028

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 72', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 72', 'artículo 243', 'artículo 64', 'artículo 12254', 'artículo 64', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 64', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 64', 'Artículo 64', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 4']

Sentencia de Constitucionalidad nº 806/02 de Corte Constitucional, 3 de Octubre de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43619045
Sentencia citada en: 51 sentencias, 9 artículos doctrinales, 2 noticias
Demandante: P.H.P.R.
Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil dos (2002)
En ejercicio de la acción publica de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6 y 242-1 de la Carta Política, el ciudadano P.H.P.R. solicita a esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 64 (parcial) de la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal".
Dispuso, así mismo, el traslado al Señor P. General de la Nación, para efectos de obtener el concepto de su competencia, al tiempo que ordenó comunicar la iniciación del proceso al Señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso Nacional, al igual que al señor Ministro de Justicia y del Derecho, al Señor F. General de la Nación, al Señor Defensor del Pueblo, a la Asociación Nacional de Abogados Penalistas, al Colegio de Abogados Penalistas y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, con el objeto que si lo estimaban oportuno conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma demandada.
El señor F. General de la Nación, doctor L.C.O.I., intervino para solicitar le a la Corte que en relación con lo acusado se esté a lo resuelto en la Sentencia C-087 de 1997 que declaró exequible el artículo 72 del Código Penal que regulaba el beneficio de la libertad condicional.
El ciudadano S.R.Z., en su condición de Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, intervino dentro del presente proceso para solicitar la declaratoria de inexequibilidad de la expresión acusada incluida en el artículo 64 del Código Penal.
El señor P. General de la Nación, en concepto No. 2894 solicita a la Corte la declaratoria de exequibilidad de la norma parcialmente demandada.
Con fundamento en la anterior precisión, la Vista F. desestima los argumentos esgrimidos por el actor en lo que respecta a la supuesta discriminación que contiene el artículo acusado para la concesión del beneficio de libertad condicional, habida consideración de que el límite temporal fijado en la norma bajo estudio corresponde al ejercicio directo de la libertad configurativa que le es atribuida al legislador, específicamente en materia penal, para establecer el rango dentro del cual ha de operar dicho beneficio, lo cual se ajusta totalmente a la Carta Política sin que ello comporte, como lo expone el demandante, una discriminación que atente contra el postulado de la igualdad, pues existen razones objetivas que justifican plenamente la consagración de una diferenciación de trato en lo que concierne a la determinación del mínimo punitivo para la concesión del referido subrogado penal.
Antes de proceder al análisis de fondo, la Corte debe referirse a la opinión del señor F. General de la Nación quien en su escrito de intervención considera que respecto de las expresiones acusadas del artículo 64 de la Ley 599 de 2000 ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en sentido material, como quiera que en Sentencia C-087 del 26 de febrero de 1997, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 72 del Decreto Ley 100 de 1980, anterior Código Penal, con base en el cargo por violación al principio de igualdad que también propone el actor en la presente oportunidad.
En torno al fenómeno de la cosa juzgada constitucional en sentido material, la jurisprudencia ha expresado que "se presenta este fenómeno cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica: tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un precepto, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política". Sentencia C-427 de 1996
También ha señalado la Corte en torno a este fenómeno que existe cosa juzgada material "cuando la disposición que se acusa tiene un contenido normativo idéntico al de otro artículo sobre el cual la Corte ya ha emitido pronunciamiento, por lo que los argumentos jurídicos que sirvieron de fundamento para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éste serían totalmente aplicables a aquélla y la decisión que habría de adoptarse sería la misma que se tomó en la sentencia anterior." Auto 027A de 1998 M.P.C.G.D...
Y al precisar sobre la naturaleza de este fenómeno, la Corte ha agregado que "para que se produzca el fenómeno de la cosa juzgada material no es indispensable que los textos de las normas sean idénticos; sin embargo, su contenido sí debe serlo. Ahora bien, la identidad de contenidos supone que los efectos jurídicos de las normas sean exactamente los mismos." Sentencia C-565 de 2000 M.P V.N.M.
El problema que debe resolver la Corte
Por su parte, el P. General de la Nación propugna por la exequibilidad de los segmentos normativos acusados, pues en su opinión el límite temporal fijado en el artículo 64 del Código Penal corresponde al ejercicio de la libertad configurativa del legislador en materia penal, lo cual no comporta una discriminación que atente contra el postulado de la igualdad, pues existen razones objetivas que justifican plenamente la consagración de una diferenciación de trato en lo que concierne a la determinación del mínimo punitivo para la concesión del referido subrogado penal.
La finalidad de la pena y los subrogados penales
Al respecto de la finalidad de la pena, ha señalado esta Corte Sentencia C-430 de 1996 que, ella tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; un fin retributivo, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas. Ha considerado también que "sólo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital". Sentencia C-144 de 1997
La Corte Constitucional al analizar el principio de necesidad, en armonía con los artículos citados del Código Penal, expreso que "La necesidad de la pena exige de ella que sirva para la preservación de la convivencia armónica y pacífica de los asociados no sólo en cuanto ella por su poder disuasivo e intimidatorio evite la comisión de conductas delictuales, o por lo menos las disminuya, sino también en cuanto, ya cometidas por alguien, su imposición reafirme la decisión del Estado de conservar y proteger los derechos objeto de tutela jurídica y cumpla además la función de permitir la reincorporación del autor de la conducta punible a la sociedad de tal manera que pueda, de nuevo, ser parte activa de ella, en las mismas condiciones que los demás ciudadanos en el desarrollo económico, político, social y cultural". Sentencia C-647de 2001
El postulado de la prevención, encuentra cabal desarrollo en el mismo estatuto penal cuando señala los criterios que debe tener el juez para aplicar la pena, como son la gravedad y modalidad del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad del agente. Pero particularmente, la función preventiva especial de la pena se proyecta en los denominados mecanismos sustitutivos de la pena que tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, pueden ser establecidos por el legislador en ejercicio de su facultad de configuración siempre y cuando estén "orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad". Sentencia C-1404 de 2000
Tal como lo reconoció esta Corporación, la institución de los subrogados penales obedecía en el anterior Código Penal a una política criminal orientada a humanización de la sanción punitiva, puesto que "en el marco del Estado Social de Derecho la pena, como instrumento adecuado para servir a los fines de prevención, retribución y resocialización, debe ser necesaria, útil y proporcionada V. al respecto la Sentencia T-596 de 1992.M.P: C.A.B.; esto significa que si los mismos fines pueden lograrse por otros medios sancionatorios, debe preferirse el menos severo (pues el más restrictivo dejaría de ser necesario y útil), en aras de garantizar la dignidad del condenado". Sentencia C-679 de 1998
El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad concurrentes con ésta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 12254 de la Constitución Política, se exigirá su cumplimiento.
Tal como se anotó, el fundamento que inspira estos subrogados penales es el derecho que tiene todo condenado a su resocialización, pues como ya lo ha expresado esta Corporación "lo que compromete la existencia de la posibilidad de resocialización no es la drástica incriminación de la conducta delictiva, sino más bien la existencia de sistemas que, como los subrogados penales y los sistemas de redención de la pena, garanticen al individuo que rectifica y enruta su conducta, la efectiva reinserción en la sociedad". Corte Constitucional. Sentencia C-565 de 1993. M.P: H.H.V..
"De allí que el mismo artículo constitucional en mención haya estatuido que la actividad estatal se orientará al logro de la igualdad real y efectiva, adoptando medidas a favor de grupos discriminados o marginados y protegiendo especialmente a las personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en posición de debilidad del Estado Social de Derecho, excluye las tendencias que pretenden hacer de la igualdad un rasero único, inmodificable y no susceptible de adaptaciones". Corte Constitucional, Sentencia C- 094 de 1993, M.P.J.G.H.G..
La jurisprudencia constante de esta Corporación Sentencia C-530/1993 M.P.A.M.C. también ha señalado que el trato diferenciado de dos situaciones de hecho diversas no constituye una discriminación, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: primero, que los hechos sean distintos, esto es, que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; segundo, que la decisión de tratarlos de manera diferente esté fundada en un fin aceptado constitucionalmente; tercero, que la consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible y además adecuada. Cada una de estas condiciones corresponde al papel que juegan los tres elementos - fáctico, legal o administrativo y constitucional - en la relación que se interpreta. Por eso, la primera condición pertenece al orden de lo empírico (hecho), la segunda hace parte del orden de lo válido (legalidad) y la tercera del orden de lo valorativo (constitución).
Así, si bien el legislador puede establecer distinciones entre las personas para la consecución de un fin determinado, ellas deben tener una justificación objetiva y razonable Sentencia C-337 de 1997
. La alusión a la razonabilidad implica que en la evaluación de la justificación de un trato desigual, el intérprete debe ejercer una labor de ponderación y verificación de los diferentes elementos que entran en juego, para determinar si éstos se adecuan o no a las reglas, principios y valores constitucionales. Para ello cuenta con una guía metodológica, denominada test de igualdad, que le permite "separar elementos que usualmente quedarían confundidos en una perspectiva general." Corte Constitucional. Sentencia T- 230 de 1994.
Finalmente, es importante anotar que si bien el test exige que el intérprete evalúe la necesidad del medio para el logro del fin perseguido, esta facultad no puede entenderse como una exclusión de la potestad plena del legislador para elegir entre diferentes alternativas las que, a su juicio, mejor satisfagan el fin propuesto. En otras palabras, si los medios utilizados son adecuados y proporcionados, el legislador podrá escoger el que estime más conveniente, sin necesidad de probar que la medida elegida es la única disponible para alcanzar su objetivo. Sentencia C-337 de 1997
En primer lugar debe tenerse en cuenta que en ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el legislador tiene la facultad de tipificar todas aquellas conductas que, de acuerdo con una política criminal preestablecida, considere nocivas y señalar la correspondiente sanción a que se hacen acreedores quienes en ella incurran.C-026 de 1995, M.P.C.G.D.A., en consonancia con dicha facultad, corresponde al legislador establecer procedimientos y también diseñar todas aquellos mecanismos y herramientas que considere necesarias para realizar los postulados constitucionales. Sin embargo, cuando el legislador hace uso de dicha competencia debe observar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y además adecuar la política criminal a los fines, valores, principios y derechos contenidos en la Constitución. Por lo tanto, debe respetar siempre las garantías del debido proceso y del derecho de defensa, así como los derechos fundamentales entre ellos el de la igualdad. Por ello, "no pugna con la Constitución adoptar un régimen especial aplicable a cierto tipo de delitos, si el tratamiento diferenciado se justifica en razón de factores objetivos que lo hagan necesario y no entrañe una suerte de discriminación proscrita por la Constitución".C-301 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
En el artículo 64 de la Ley 599 de 2000 el legislador, en ejercicio de su facultad de configuración, estableció un límite mínimo a partir del cual se puede tener derecho a la libertad condicional, pues sólo consideró procedente concederlo al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres años. Tal determinación se ha justificado siempre por el hecho de que para las condenas de corta duración existe la suspensión condicional de la ejecución de la pena; además, porque la libertad condicional solo debe otorgarse para aquellos condenados que hayan permanecido un tiempo apreciable en la penitenciaría y por lo tanto ha habido oportunidad de observarlos Así lo expresa A.V.A. en su obra "Comentarios al Código Penal Colombiano". Ed TEMIS 1990. Tomo I, P. 307..
Así, a consecuencia del límite impuesto por el legislador, se tiene que respecto de los condenados por delitos de mayor entidad la pena cumple su función resocializadora en tanto que en relación con los demás infractores no cumple esta función. De esta forma se presenta una desproporcionalidad en materia punitiva, pues respecto de los condenados a penas de tres años o menos la pena no cumple la finalidad resocializadora que la Carta le reconoce. Al respecto, debe tenerse en cuenta que sólo la utilización, medida justa y ponderada de la coerción estatal destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento. Sentencia C-070 de 1996
No sobra recordar que en oportunidad anterior la Corte encontró ajustada a la Carta la determinación del legislador de excluir de los subrogados penales aquellos delitos de mayor gravedad que exigen, por tanto, una represión más severa. Fue así como al analizar el artículo 15 de la Ley 40 de 1993 que establecía la prohibición de conceder la condena de ejecución condicional, la libertad condicional y los subrogados administrativos a los condenados por los delitos de que trata la ley, en consideración a la importancia del bien jurídico vulnerado y a la mayor afectación del mismo con la comisión de las conductas reprimidas, la Corte consideró que "esta norma no viola el artículo 13 de la Constitución, que consagra la igualdad, porque... la privación de la libertad debe ser mayor para quienes cometen los delitos más graves".C-213 de 1994, M.P.J.A.M. Y agregó que, para la decisión debían tenerse en cuenta las mismas razones que fundamentaron la exequibilidad del artículo 14 de la misma ley, las cuales se contraen básicamente a la consideración de los bienes jurídicos protegidos, los que, por su importancia, legitiman la imposición de sanciones más drásticas. Para los demás delitos, incluidos aquellos cuyo conocimiento corresponde a los jueces regionales, reconoció la procedencia de los subrogados penales, los cuales se conceden en relación con los casos concretos, cuando los procesados reúnen los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por las disposiciones respectivas.
N., que fue el mismo legislador el que apartándose del criterio expuesto por la Corte en la sentencia C-087 de 1997 que consideró como una decisión razonable de política criminal la relacionada con el referente temporal, introdujo en los subrogados penales y por ende en el concepto de libertad condicional el de la necesidad de la pena, en armonía con los principios que gobiernan las sanciones penales consagrados en el artículo 3º del Código Penal. Este elemento, que no estaba presente en la anterior legislación, hoy no puede dejar de lado el juez constitucional a fin de examinar la demanda que ahora se propone.
Cabe recordar que, ya en otra oportunidad, la Corte consideró que el elemento de temporalidad en materia penal resulta inconstitucional cuando establece un trato desigual que no resulta justificable a la luz de los principios identificados en este campo por la jurisprudencia en relación con el respecto al principio de la igualdad Sent. C 173/01 M.P.A.T.G..
El suscrito magistrado manifiesta que se adhiere al salvamento de voto del Magistrado A.B.S. a la sentencia C-806 del presente año, conforme lo expresado en las deliberaciones de la Sala Plena.
El citado artículo 64 del Código Penal dispone que el juez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres años, cuando haya cumplido los requisitos señalados en dicha norma.
La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión "mayor de tres años", lo que significa que de ahora en adelante el juez habrá de conceder la libertad condicional cuando se hayan cumplido las tres quintas partes de la condena, y la conducta del condenado en el establecimiento carcelario le permita al juez deducir, motivadamente, que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena, sin que pueda negarse ese beneficio en atención "a las circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena".
Como argumento central de la sentencia para declarar la inexequibilidad de la expresión mencionada, se aduce por la Corte que ella quebranta el derecho a la igualdad, pues de acuerdo con el artículo 63 del mismo Código Penal se permite la suspensión condicional de la ejecución de la pena a quienes tengan impuesta una condena de prisión que no exceda de tres años, entre otros requisitos señalados por esa norma legal.
A juicio del suscrito magistrado, la argumentación expuesta por la Corte para fundamentar la declaración de inexequibilidad de la expresión "mayor de tres años" contenida en el artículo 64 del Código Penal, resulta equivocada.
Magistrado Ponente: C.I.V.H..
Actor: P.H.P.R..
El accionante presentó demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 64 del Código Penal Se subraya el texto objeto de acusación: "Artículo 64. Libertad condicional. El Juez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años, cuando haya cumplido las tres quintas partes de la condena, siempre que de su buena conducta en el establecimiento carcelario pueda el Juez deducir, motivadamente, que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena.
El período de prueba será el que falte para el cumplimiento total de la condena".. A su juicio, el precepto normativo acusado contraria lo dispuesto en el artículo 13 Superior, pues excluye de la aplicación del subrogado penal de la libertad condicional a quienes son condenados por delitos que revisten menor gravedad, es decir, en torno a las conductas punibles cuya pena privativa de la libertad no excede de tres (3) años, incurriendo con dicha determinación, en un trato manifiestamente discriminatorio, contrario a los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad Así, manifiesta que: " (...) si a un condenado se le impone la pena de treinta y seis meses de prisión, en razón de la expresión acusada de inconstitucional tendrá que pagar la totalidad de la pena impuesta; mientras que otra persona que es condenada a treinta y seis meses y un día o a cuarenta y cinco meses de prisión, en razón de la gravedad del delito, por su buen comportamiento tendrá derecho a obtener la libertad condicional cuando complete veintisiete meses de privación de la libertad, lo cual a todas luces resulta un contrasentido y una vulneración al principio de igualdad (...)"..
La Corte estimó que la citada norma es inexequible, ya que el trato diferente fundado en el término de duración de la condena privativa de la libertad carece de una justificación "objetiva y razonable". En este orden de ideas, el fundamento central de la Sentencia apeló a los siguientes argumentos:
Contrario a lo resuelto por la Corte, considero que esta Corporación debió proceder a declarar la exequibilidad de la norma acusada, en el sentido de establecer que la exclusión del beneficio de la libertad condicional para los condenados a penas privativas de la libertad que no exceden de tres años, tiene como fundamento el ejercicio razonable de la potestad de configuración normativa (o ius puniendi) reconocido por la Constitución Política al legislador - artículos 28 y 150 C.P -. Brevemente expondré las razones que fundamentan mi posición:
Conforme lo enseña la reiterada jurisprudencia de esta Corporación Ver, entre otras, las Sentencias C-709 de 2002 (M.P.A.B.S.) y C-762 de 2002 (M.P.R.E.G.)., el Estado, como titular del ius puniendi, es el llamado a desarrollar la política criminal del Estado, "a través del procedimiento democrático de adopción de las leyes" Sentencia C-038 de 1995. M.P.A.M.C... Precisamente, la Constitución Política reconoce en los artículos 28 y 150, el denominado principio de reserva o de legalidad (conocido bajo el lema latino nullum crimen, nula poena sine lege), según el cual, corresponde al Congreso en ejercicio de un cierto grado de autonomía o de configuración política, definir cuáles comportamientos humanos merecen reproche penal y cuáles son los procedimientos para establecer su responsabilidad. Ello, obviamente, siguiendo el derrotero de bienes jurídicos objeto de protección y reconociendo a la estructura penal como última ratio en la defensa de dichos intereses jurídicos.
En este orden de ideas, y en atención a la primacía de la parte dogmática (valores, principios y derechos) sobre la orgánica de la Constitución (entre otras, la función legislativa), los citados limites se convierten en criterios de obligatoria observancia para el legislador, al momento de adoptar un sistema penal o de desarrollar alguna de sus instituciones o figuras jurídicas.
Surge entonces como interrogante, ¿ si se vulnera el derecho fundamental a la igualdad cuando el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración, determina que un subrogado penal (en este caso, la libertad condicional) sólo tiene aplicación en relación con un grupo específico de condenados?.
En relación con el citado problema jurídico, cuyo origen subyace en la norma sub-examine, según la cual: "El juez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años (...)". Es oportuno realizar algunas precisiones:
La finalidad jurídica y filosófica de dichos mecanismos descansan en la salvaguarda del derecho fundamental a la libertad personal, como objetivo preponderante del derecho penal, siempre y cuando no existan supuestos que exijan mantener vigente dicha orden, principalmente, en atención a las políticas de "prevención general" destinadas a la defensa de la comunidad y ante la presencia inequívoca de condiciones que manifiesten la adecuada "reinserción social" del condenado De conformidad con el artículo 4° Ley 599 de 2000, referente a las finalidades de la pena..
(ii) Así, el artículo 63 del Código Penal establece a la "Suspensión condicional de la ejecución de la pena", como mecanismo sustitutivo de la condena privativa de la libertad. Esta, se encuentra destinada a suspender durante cierto tiempo la ejecución de la sanción, bajo la ocurrencia de dos supuestos: (a) Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años y; (b) Que los antecedentes personales, sociales y familiares, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativas de que no existe necesidad en su ejecución.
(iii) Al mismo tiempo, el ordenamiento penal consagró a la "libertad condicional" como subrogado penal (artículo 64 Código Penal), dicho mecanismo exige para su reconocimiento jurídico - a título de derecho -, el acatamiento de tres requisitos, a saber: (a) Que la pena privativa de la libertad impuesta sea mayor de tres (3) años; (b) Que se hayan cumplido las tres quintas partes de la condena y; (c) Que el condenado haya demostrado buena conducta en el establecimiento carcelario, a partir de la cual, el juez pueda deducir, motivadamente, que no existe necesidad para continuar con su ejecución.
En este orden de ideas, es evidente que el legislador, en desarrollo de su potestad de configuración, estableció dos subrogados penales distintos no sólo en cuanto a sus sujetos, sino también en relación con sus requisitos y efectos. Veamos:
· En cuanto a los sujetos, la condena de ejecución condicional supone la presencia de un condenado por una conducta punible, cuyo quantum punitivo es menor, en relación con el beneficiario de la libertad condicional. En efecto, en este caso, el límite punitivo está dado por la condena a pena privativa de la libertad, inferior o superior a tres años.
· En torno a los requisitos, la condena de ejecución condicional valora tanto los antecedentes personales, como la modalidad y gravedad de la conducta punible; mientras que, la libertad condicional, exige la evaluación de la conducta del condenado en el establecimiento carcelario y el cumplimento de por lo menos tres quintas partes de la condena.
· Finalmente, en relación con los efectos, la condena de ejecución condicional supone la suspensión de la pena por un período de prueba comprendido entre dos (2) a cinco (5) años; a diferencia de la libertad condicional, la cual establece como período de prueba, el término restante de la condena, sin entrañar la suspensión de la sanción.
Por lo tanto, no es posible recurrir a un juicio de igualdad, atendiendo exclusivamente al elemento objetivo del cumplimiento de una pena privativa de la libertad, pues - como previamente se expuso - existen toda una serie de hechos, requisitos y circunstancias que implican un tratamiento penitenciario diferente.
En estos términos, para la Corte carecía de una justificación objetiva y razonable la distinción de trato, entre el condenado que cumplía las tres quintas partes de la condena privativa de la libertad y que, en virtud de ser condenado a una pena superior de tres años, podía ser titular de la libertad condicional, frente al condenado a una pena que no excedía de los tres años y a quien se le negaba la condena de ejecución condicional, caso en el cual, debía cumplir con la totalidad de la sanción carcelaria Precisamente, la Corte sostuvo que: "Por virtud del segmento normativo acusado del artículo 64 de la Ley 599 de 2000, se llega al absurdo de que solamente el condenado a una pena privativa de la libertad de duración superior a los tres años - por ejemplo de tres años un día -, por su buen comportamiento en el establecimiento carcelario puede obtener la libertad condicional apenas cuando haya cumplido efectivamente veintisiete meses de privación de la libertad, al tiempo que los condenados a penas de tres años o de duración inferior deben permanecer privados de su libertad sin que tengan ese derecho. Con esta regulación, en la práctica estas condenas acaban teniendo una ejecución de mayor duración que otras sanciones que en principio fueron de mayor entidad punitiva. Este tratamiento desigual no es razonable y por lo tanto es violatorio del derecho constitucional a la igualdad"..
Contrario a lo expuesto por esta Corporación, si existe una justificación a la imposición de un limite temporal para el acceso a cada subrogado penal, el cual subyace en una finalidad de política criminal, ajustada al libre ejercicio de la potestad de configuración normativa. En efecto, si la libertad condicional pretende ser un subrogado para delitos de mayor entidad, su reconocimiento exige el cumplimiento de una parte de la pena, para evaluar el comportamiento del sindicato y realizar los fines de prevención general, retribución justa y reinserción social previstos en el artículo 4° del Código Penal; a diferencia del mecanismo sustitutivo de la condena de ejecución condicional, la cual por estar prevista para delitos de menor entidad, no supone el cumplimiento efectivo de parte alguna de la pena Así, a título de ejemplo, el ilustre jurista A.R. Echandía (Derecho Penal. T.. 1996. P.. 296 y 297), sostuvo que, en relación con la suspensión condicional de la ejecución de la pena: " [Su] finalidad (...) es la de evitar que el delincuente primario que ha cometido ilícito de poca entidad, sufra el contagio dañoso de la cárcel cuando por fuera de ese ambiente, es más fácil lograr su readaptación social y estimular su voluntad de enmienda". En cambio, frente a la libertad condicional, manifestó que: "...el criterio del legislador fue el de conceder este beneficio a quienes estén cumpliendo condenas de cierta duración; se pretende así no solo que el reo purgue su delito en buena parte, sino buscar la oportunidad para vigilar su comportamiento en el penal..."..
Finalmente, esta Corporación en recientes pronunciamientos, ya había precisado que el tratamiento diferencial en materia punitiva hace parte de la libertad de configuración política del legislador, y que éste puede establecerse teniendo en cuenta, entre otros, la importancia del bien jurídico que se pretenda proteger (Sentencia C-709 de 2002. M.P.A.B.S.). Así mismo, dispuso que nada impide que el legislador niegue a determinados condenados los beneficios de los subrogados penales, en atención a las distintas finalidades de política criminal.
Precisamente, en Sentencia C-762 de 2002 (M.P.R.E.G., esta Corporación expresó que:
"[N]o cabe duda que la eliminación de beneficios y subrogados penales responde al diseño de una política criminal que, interpretando la realidad del país, está direccionada a combatir las peores manifestaciones delictivas. Ciertamente, en la medida en que exista en el ordenamiento jurídico una amplia gama de beneficios y subrogados penales, y los mismos resulten aplicables a todas las categorías de delitos en forma indiscriminada, la lucha que se promueva contra aquellos puede resultar infructuosa, pues la pena, que "constituye lo justo, es decir, lo que se merece", pierde su efectividad y proporcionalidad cuantitativa frente al mayor daño que determinados comportamientos causan a la comunidad. Por eso, resulta ajustado a la Constitución Política que subsista y se aplique la punibilidad para conductas como el terrorismo, el secuestro y la extorsión, que, por razón de su gravedad y alto grado de criminalidad, no pueden ser relevadas de un castigo ejemplarizante y de la proporcionada sanción penal".