Source: https://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/cto_pgn_0000153_2014.html
Timestamp: 2020-01-23 14:53:44
Document Index: 371868048

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 246', 'artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 1', 'Artículo 1']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [CONCEPTO_PROCURADURIA_0000153_2014]
CONCEPTO 153 DE 2014
ACCIÓN DISCIPLINARIA-Respecto a miembro de la comisión de justicia de un resguardo indígena
FUNCIÓN JURISDICCIONAL-Autoridades de los pueblos indígenas
SUJETOS DISCIPLINABLES-Procedencia respecto a indígenas que administren recursos públicos
Es decir, a partir de la habilitación constitucional, se autorizó para que unos particulares (caso de los indígenas) pudieran ejercer una función pública, representada en la administración de justicia, quedando aparentemente inmersos en la responsabilidad disciplinaria que pregona el artículo 53 de la Ley 734 de 2002, que pregona esta responsabilidad cuando los particulares, se insiste, cumplen funciones públicas. Sin embargo, es la misma ley disciplinaria que en el artículo 25 que precede al antes mencionado, aclara que solo pueden ser disciplinados por esta ley aquellos indígenas que administren recursos públicos, quedando expresa la excepción sobre la conducta que puede ser reprochada a los miembros de estas comunidades, entre otras cosas porque no tendría sentido que se acceda a una jurisdicción especial indígena por temas socio – culturales y étnicos, basado en la diversidad, cuando quienes cumplen la función de administrar justicia en estas comunidades son objeto regular de control disciplinario por parte del Estado.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Fuero indígena/ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Límites del fuero indígena
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Autonomía indígena
Por lo dicho, es claro que si la irregularidad que se atribuye está relacionada con la función constitucional especial de administrar justicia, teniendo en cuenta las normas y procedimientos propios de la comunidad indígena, es imposible generar un reproche disciplinario por hechos que, aunque parezcan arbitrarios, pueden estar sustentados en disposiciones internas de estas comunidades, advirtiendo que esto los exime de otro tipo de responsabilidades, conforme a los límites demarcados por el juez constitucional.
ACCIÓN DISCIPLINARIA-Improcedencia respecto a veedores ciudadanos
Finalmente, en cuanto a lo que se refiere a quienes investigan a los veedores ciudadanos, debe tenerse en cuenta que estos son particulares que no cumplen funciones públicas, sino que hacen uso de un mecanismo de participación ciudadana, tal como lo explica el artículo 1o de la Ley 850 de 2003, que aduce: “Artículo 1o Definición. Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.” En consecuencia, no serían sujetos de investigación desde la perspectiva disciplinaria, sino que podrían serlo en sede diferente como la justicia ordinaria o por vía administrativa.
Ref.: Su consulta del 8 de julio de 2014
Pregunta usted si un miembro de la comisión de justicia de un resguardo indígena puede ser disciplinado por no permitir la intervención de un abogado postulado por un indígena en un asunto entre miembros del resguardo, para hacer valer su derecho de defensa y debido proceso?
Igualmente pregunta por la competencia disciplinaria para investigar los veedores ciudadanos.
El artículo 246 de la Constitución Política de Colombia expone:
Es decir, a partir de la habilitación constitucional, se autorizó para que unos particulares (caso de los indígenas) pudieran ejercer una función pública, representada en la administración de justicia, quedando aparentemente inmersos en la responsabilidad disciplinaria que pregona el artículo 53 de la Ley 734 de 2002, que pregona esta responsabilidad cuando los particulares, se insiste, cumplen funciones públicas.
Sin embargo, es la misma ley disciplinaria que en el artículo 25 que precede al antes mencionado, aclara que solo pueden ser disciplinados por esta ley aquellos indígenas que administren recursos públicos, quedando expresa la excepción sobre la conducta que puede ser reprochada a los miembros de estas comunidades, entre otras cosas porque no tendría sentido que se acceda a una jurisdicción especial indígena por temas socio – culturales y étnicos, basado en la diversidad, cuando quienes cumplen la función de administrar justicia en estas comunidades son objeto regular de control disciplinario por parte del Estado.
Ahora, esta situación, frente a la razón por la cual se presenta un fuero indígena en el que se prohibe la intromisión las autoridades estatales, fue analizada debidamente por la Corte Constitucional en sentencia T-496 de 1996, incluyendo sus limitaciones, al advertir:
Finalmente, en cuanto a lo que se refiere a quienes investigan a los veedores ciudadanos, debe tenerse en cuenta que estos son particulares que no cumplen funciones públicas, sino que hacen uso de un mecanismo de participación ciudadana, tal como lo explica el artículo 1o de la Ley 850 de 2003, que aduce:
“Artículo 1o Definición. Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.”
En consecuencia, no serían sujetos de investigación desde la perspectiva disciplinaria, sino que podrían serlo en sede diferente como la justicia ordinaria o por vía administrativa.