Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-308.CODI.%29
Timestamp: 2020-08-05 18:09:29
Document Index: 332408606

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 180', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 15', 'artículo 49', 'artículo 55', 'artículo 194', 'artículo 184', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 308, de 01/03/2018
cve: BOCG-12-D-308
Núm. 308
299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios. Cese ... (Página9)
Cese ... (Página9)
Nombramiento ... (Página9)
162/000035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el no reconocimiento oficial de las distinciones y títulos nobiliarios. Rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página10)
162/000497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a derogar el Real Decreto-ley 15/2017 de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. Rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página10)
172/000106 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Economía, Industria y Competitividad, sobre la situación del Sistema Español de Ciencia e Innovación ... (Página10)
172/000107 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento por España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda ... (Página11)
172/000109 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sobre sus políticas para revertir el proceso de despoblación en España ... (Página12)
173/000077 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el nivel de compromiso del Gobierno con la reforma de la financiación autonómica.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página13)
Aprobación ... (Página16)
173/000078 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y de calidad en la economía digital.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página17)
173/000079 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la liquidación y extinción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL) y la falta de evaluación de políticas públicas.
Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página27)
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión ... (Página29)
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
SUMELZO JORDÁN, Susana (GS) (núm. expte. 005/000279/0001)1 ... (Página4)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 20 de febrero de 2018 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Irene María Montero Gil, con efectos de 20 de febrero de 2018, de D.ª Alma Toranzo Martínez, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 21 de febrero de 2018 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José Enrique Serrano Martínez, con efectos de 21 de febrero de 2018, de D. Miguel Ángel González Merino, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 21 de febrero de 2018 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Óscar Cavadas Martínez, a propuesta del Excmo. Sr. D. José Enrique Serrano Martínez, con efectos de 22 de febrero de 2018 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el no reconocimiento oficial de las distinciones y títulos nobiliarios, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 11, de 12 de septiembre de 2016.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000497
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a derogar el Real Decreto-ley 15/2017 de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 250, de 17 de noviembre de 2017.
172/000106
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Economía, Industria y Competitividad, sobre la situación del Sistema Español de Ciencia e Innovación, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para formular, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados y para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión del Pleno de la Cámara, la siguiente interpelación urgente al Ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre la situación del sistema español de Ciencia e Innovación.
El Gobierno del Partido Popular ha castigado duramente al sistema de Ciencia e Innovación, con una política de recortes indiscriminados durante los peores años de la crisis y ahora, que se inicia la recuperación, seguimos en tasas ridículas de inversión en I+D+i.
Según los últimos datos del INE, el gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) se volvió a reducir en 2016, representando solo el 1,19% del Producto Interior Bruto. Estos niveles de inversión en I+D nos hacen retroceder a la inversión en Ciencia de hace diez años. En los últimos 8 años, en España ha caído un 10% la inversión en I+D, mientras la media europea ha aumentado el 25%.
De mantenerse esta dinámica, alcanzar el objetivo del 3% que exige la Estrategia Europa 2020, resulta muy poco probable, ya que supondría aumentar la inversión en casi 9.000 millones de euros más en los próximos tres años.
Por otra parte, los datos de ejecución presupuestaria de la Cuenta General de la Administración General del Estado muestran que el 62% del gasto en I+D+i presupuestado para 2016 no se ejecutó. El gasto público en Investigación, desarrollo e innovación fue solo de 1.926 millones de euros, equivalente al gasto ejecutado en el año 1999.
Si tenemos en cuenta el capital humano, el panorama también es desolador. Solo el 23% de la población activa española trabaja en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Si comparamos las cifras de empleo con las del año 2011, el total de personal empleado en I+D se ha reducido el 7%, el total de investigadores el 6%.
Una de las consecuencias más graves de los recortes presupuestarios realizados por el Gobierno desde el año 2011 y por la mala gestión y el abandono de las políticas de ciencia e innovación por parte del mismo, ha sido la salida de España de miles de personas jóvenes en busca de una oportunidad laboral que no encontraban en nuestro país. Esta salida, además del sacrificio personal y familiar que ha supuesto y supone, representa una descapitalización de talento que, ha afectado al sistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país y, de no revertirse, perjudicará gravemente a nuestro futuro desarrollo social y económico.
Tampoco hay una política pública efectiva de apoyo a las actividades de capital riesgo, que tienen un gran potencial de apoyo a la innovación. La inversión en capital riesgo en España sigue sin alcanzar el nivel anterior a la crisis y es muy baja en comparación con la de la mayoría de los Estados miembros en términos de porcentaje del PIB.
El Gobierno sigue sin entender que impulsar y potenciar la ciencia no es un "gasto" sino una Inversión imprescindible para el crecimiento sostenible de nuestro país.
Por todo ello se presenta esta interpelación urgente al Ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre la situación del sistema español de Ciencia e Innovación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000107
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento por España del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados,
solicita la presente interpelación urgente al Gobierno relativa cumplimiento de España al dictamen del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda, para su debate en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Rafael Mayoral Perales, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sobre sus políticas para revertir el proceso de despoblación en España, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 180 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente interpelación urgente a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre sus políticas para revertir el proceso de despoblación en España.
Nuestro país padece desde hace cinco décadas un creciente problema de vaciamiento interior que, por su naturaleza lenta pero inexorable, ha venido careciendo de la adecuada atención y respuesta política. La población de amplias zonas, caracterizadas por una orografía y una situación de lejanía de los grandes ejes demográficos, ha venido envejeciendo, se ha masculinizado y, finalmente, ha pasado a encontrarse en una fase de cuasi desaparición. Se trata de zonas con densidades de población inferiores a 10 habitantes/km2, pero que, una vez detraídas las capitales de provincia y algunas ciudades medidas, reducen esta densidad por debajo de los 4 habitantes/km2. Estas densidades, comparables en el entorno de la UE con Laponia, se ven agravadas por el citado envejecimiento de la población y por unas tasas de reposición bajísimas.
Muchos núcleos de población han sido ya abandonados o están en proceso de estarlo. Además del riesgo de perder un inestimable patrimonio cultural ancestral (sea inmaterial o material), se produce una pérdida de eficiencia económica, ya que la prestación de servicios públicos entra en una espiral de incremento de costes: los problemas en la sanidad, la educación, las infraestructuras, los servicios sociales o las telecomunicaciones en estas zonas son ejemplos palpables de esta situación. Por tanto, la población que vive en estos entornos carece de condiciones de vida equiparables con el resto de ciudadanos, lo que va claramente en contra del principio de equidad recogido en la Constitución.
Por otra parte, los potenciales recursos naturales de estas zonas se asilvestran, perdiéndose cualquier tipo de discontinuidad forestal, incrementándose el riesgo de grandes incendios forestales y de pérdida de biodiversidad, así como reduciéndose la calidad de los paisajes y los niveles de protección del suelo y de los recursos hídricos. Con el paso del tiempo, se generan importantes riesgos de seguridad derivados de la falta de población residente. Además, nuestro enorme potencial de recursos naturales renovables (claves en la transición a una economía baja en carbono mediante la apuesta por la bioeconomía) se ve mermado en gran medida.
Por ello, es necesaria una verdadera voluntad política, clara y decidida, que se materialice en un enfoque estratégico ampliamente compartido y que venga acompañada de las correspondientes medidas, muchas de las cuales se deberían ponerse en marcha de inmediato. Al tratarse de un problema transversal, necesita de un potente y continuado liderazgo político que supere los compartimentos estancos, horizontales y verticales, característicos de nuestras Administraciones Públicas, desde una perspectiva coordinada e integral.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente interpelación urgente a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre sus políticas para revertir el proceso de despoblación en España.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
173/000077
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el nivel de compromiso del Gobierno con la reforma de la financiación autonómica, y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado Enric Bataller i Ruiz (Compromís), presenta, al amparo del artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el nivel de compromiso del Gobierno con la reforma de la financiación autonómica.
El próximo 17 de marzo se cumplirán 40 años del reconocimiento expreso por el Estado, mediante el Real Decreto-ley 10/1978, de la voluntad de las valencianas y valencianos de recuperar su autogobierno, de aproximar las instituciones a la realidad propia del territorio, de sus pueblos y ciudades, y de atender las demandas de libertad y prosperidad para todo el pueblo valenciano.
Fue un esfuerzo compartido, en el que se implicó toda la sociedad, y que desembocó en el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado en 1982, que permitió la recuperación de la Generalitat Valenciana y, con esta, de la capacidad de las valencianas y los valencianos de decidir su futuro de forma solidaria junto con el resto del Estado.
La construcción del Estado autonómico ha aproximado las decisiones políticas a la ciudadanía y ha capilarizado en gran medida el reparto del bienestar, pero a día de hoy nos encontramos en una situación fallida. Hasta la fecha, ninguno de los diferentes sistemas de financiación autonómica implementados ha tratado con justicia a la Comunitat Valenciana, la cual se encuentra actualmente, al igual que otros territorios del Estado, en una situación de infrafinanciación que hipoteca su capacidad futura para generar riqueza, bienestar y progreso.
Cada valenciana y valenciano, reciben 237 euros menos que la media de ciudadanos del Estado, o 839 euros menos que la autonomía mejor financiada, lo que equivale entre un 10 y un 29% menos de recursos, respectivamente. Estas diferencias son la causa fundamental del mayor déficit presupuestario de la Comunitat Valenciana, generado año tras año, a pesar de gastar menos que la media de las Comunidades Autónomas. Sumando la infrafinanciación y la infrainversión, en 2017 la discriminación alcanzó los 1.600 millones de euros.
Ello no obstante, la Comunitat Valenciana es la que menos recursos por habitante recibe y la única que, siendo pobre, aporta al conjunto del Estado. El resultado es, sencillamente, insoportable para el conjunto de la sociedad valenciana, que se ve obligada a hacer todo, pero con mucho menos.
Ante esta discriminación, prolongada en el tiempo, ya en 2013 la comisión de expertos nombrada por las Cortes Valencianas para el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica, señaló que el problema de desigualdad y menor financiación recibido por la Comunitat Valenciana se remonta al inicio de los sistemas de financiación autonómica, en la década de los ochenta del pasado siglo.
Desde entonces, han pasado ya más de 30 años, y la aplicación sistemática de criterios que han mantenido ese injusto status quo ha impedido que las sucesivas reformas del sistema hayan resuelto este desajuste, convirtiéndose el desequilibrio financiero público en un grave problema de infrafinanciación crónica y endeudamiento insostenible.
En vista de esta realidad, la Generalitat Valenciana promovió en 2013 el "Manifest per un finangament just per a la Comunitat Valenciana", que fue secundado por las diferentes fuerzas políticas con representación en las Cortes y las organizaciones representativas de la sociedad civil valenciana.
Aquel primer manifiesto denunciaba la quiebra del principio de equidad y solidaridad de un modelo de financiación autonómica que hacía de la Comunitat Valenciana la única comunidad autónoma en la que se combinaban unos ingresos y gastos inferiores a la media, con una renta por habitante también por debajo de la media, y un saldo fiscal negativo.
Tres años más tarde, en 2016, la Generalitat Valenciana promovió el "Manifest per un finangament just", que secundaron más de 600 entidades, y al que siguieron los acuerdos conseguidos por unanimidad en las Cortes Valencianas, fechados entre febrero y octubre de 2017, que denunciaban la marginación de las valencianas y valencianos en materia de financiación e inversiones. Por último, el pasado 18 de noviembre, 60.000 personas, entre las que se encontraban representantes de las instituciones valencianas, partidos políticos, empresarios, Universidades y diversos colectivos participaron en la Manifestación por una financiación justa, en Valencia.
Por todo lo expuesto, Enric Bataller, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la siguiente
1. Una reforma inmediata del sistema de financiación que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías, que haga posible contar con unos servicios públicos fundamentales dignos, así como ejercer las propias competencias. Una reforma para que nunca más existan personas discriminadas por el simple hecho de pertenecer a un determinado territorio.
2. Un reparto de las inversiones y una ejecución que se ajuste a una programación racional que acabe con el déficit inversor de la Comunitat Valenciana, así como de todas las Comunidades Autónomas en las que concurra esta misma circunstancia, compensando en todo caso la insuficiencia inversora de los últimos años, y dedicando una cantidad de recursos ajustada al peso poblacional, tal y como recoge la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana, cuya toma en consideración tuvo lugar en el Pleno del Congreso celebrado el 4 de octubre de 2016.
3. El reconocimiento de los déficits de financiación acumulados directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación, así como el establecimiento de mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca ya lastrado por la injusticia diferida de los anteriores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre el nivel de compromiso del Gobierno con la reforma de la financiación autonómica.
"Un reparto de las inversiones y una ejecución que se ajuste a una programación racional que acabe con el déficit inversor en la Comunitat Valenciana, así como de todas las Comunidades Autónomas en las que concurra esta misma circunstancia, compensando en todo caso la insuficiencia inversora de los últimos años, y dedicando una cantidad de recursos ajustada tanto al peso poblacional, tal y como recoge la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana, cuya toma en consideración tuvo lugar en el pleno del Congreso celebrado el 4 de octubre de 2016, como a otras variables relevantes que reflejen el coste real de proveer el servicio de acuerdo a la estructura de la población y los sobrecostes asociados derivados de las particularidades territoriales."
La redacción propuesta propone un suelo (peso poblacional), pero permite mejorar la financiación en función de las variables que ajustan el coste real de la provisión de servicios públicos en los diferentes territorios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bataller), sobre el nivel de compromiso del Gobierno con la reforma de la financiación autonómica.
"El Congreso insta al Gobierno a que, conforme a los procedimientos del proceso acordado en la VI Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017, se intente lograr un amplio consenso sobre el nuevo Sistema de Financiación, con el fin de:
1. Dar un impulso definitivo a la renovación del modelo de Financiación Autonómica.
2. Promover un nuevo modelo de Financiación Autonómica fundamentado en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos.
3. Fomentar que el sistema de Financiación sea el mecanismo a través del cual se integren los principales recursos que desde la Administración del Estado se transfieren a las Comunidades Autónomas para reforzar la materialización de los principios que deben sustentar dicho Sistema."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de Interpelación urgente sobre el nivel de compromiso del Gobierno con la reforma de la financiación autonómica.
Se modifica el actual redactado de los puntos 1 y 2 por el siguiente:
"1. Proponer una reforma inmediata del sistema de financiación que establezca un nuevo modelo que permita al País Valencià -así como a los territorios que así lo deseen- la creación y desarrollo de una Agencia Tributaria Valenciana, de una Hacienda Valenciana, que haga posible recaudar y gestionar la totalidad de los impuestos para contar con unos servicios fundamentales dignos y financiar aquellas competencias y políticas, que, soberanamente, decidan las Corts Valencianes o el Consell del País Valencià y acabe con el espolio y discriminación que sufren los habitantes del País Valencià."
Se modifica el actual redactado del punto 3 por el siguiente:
"2. Reconocer y compensar la deuda histórica de financiación del País Valencià."
El Estado español ha infrafinanciado durante años al País Valencià y es normal que se le reconozca la deuda histórica, como ha hecho el Gobierno español con otros territorios del Estado.
Se añade un nuevo punto con el redactado siguiente:
"3. Condonar la totalidad de la deuda de que mantiene el País Valencià con el Estado proveniente del FLA."
Se considera una medida oportuna como compensación a décadas de aportación a la solidaridad interterritorial cuando ha sido históricamente un territorio con una renta per cápita inferior a la media estatal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el nivel de compromiso del Gobierno con la reforma de la financiación autonómica, sin modificaciones con respecto al texto inicial que se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara:
173/000078
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y de calidad en la economía digital, y de las enmiendas presentadas a la misma.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, sobre medidas para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y de calidad en la economía digital.
"El Congreso de los Diputados, consciente de las oportunidades que para el crecimiento económico y el empleo implica el proceso de digitalización de la economía, y también consciente de sus riesgos sobre la calidad del empleo creado y la segmentación y exclusión social, insta al Gobierno a que, previo acuerdo en el diálogo social, presente una Estrategia integral a corto, medio y largo plazo, cuyo objetivo es la gobernanza de este proceso de forma inclusiva y sostenible, fundamentalmente en el mercado de trabajo y en el ámbito de las relaciones laborales, permitiendo una transición justa a esta economía digital, que favorezca la creación de empleo de calidad y contribuya a prevenir y mitigar sus riesgos.
En dicha Estrategia, el Gobierno deberá incluir, entre otras actuaciones:
1. Una evaluación y valoración del impacto de los cambios tecnológicos que ya se están produciendo en los diferentes sectores productivos, ramas de actividad y grupos de población, con distinción de sexo, edad, formación, renta, hogares y territorio, para lo que elaborará una serie de indicadores de información, con el fin de determinar la brecha digital.
2. Las modificaciones legales que, previo acuerdo social, permitan derogar las reformas laborales que han incidido en la precariedad laboral, incluida la regulación del contrato de trabajo a tiempo parcial,
y su sustitución por un marco normativo, que se articulará como un Proyecto de Ley, que, entre otras medidas, fortalezca los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras, también los derechos de los trabajadores autónomos dependientes, garantizando la igualdad en el ejercicio de estos derechos entre mujeres y hombres y en relación con las nuevas tecnologías. Este Proyecto de Ley también contemplará medidas que penalicen la temporalidad y la alta rotación, reforzando la causalidad de la contratación temporal; medidas que refuercen la tutela legal y efectiva de las personas trabajadoras que desarrollan su actividad en el empleo digital, asegurando sus derechos laborales con independencia de su situación profesional; y medidas para devolver a la negociación colectiva el papel de equilibrio en las relaciones laborales y en la defensa y preservación de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores.
3. Medidas para el fortalecimiento de la negociación colectiva, previo acuerdo social, con inclusión de nuevos contenidos materiales objeto de negociación como consecuencia del cambio hacia una economía digital, entre otros:
a) Reparto de los aumentos de productividad.
b) Estabilidad laboral y protección social.
c) Igualdad de género y de trato.
g) Protección de datos.
h) Vigilancia y privacidad.
i) Nuevos riesgos para la salud.
j) Derecho a la desconexión digital.
k) Medidas para anticipar y gestionar los cambios continuos por la irrupción de las nuevas tecnologías, para favorecer la adaptación de las empresas a estos cambios y prevenir y paliar los riesgos.
4. Medidas para fomentar el cambio del modelo productivo, y en la organización y funcionamiento en las empresas, con incentivos para la modernización de los sectores tradicionales y el desarrollo de los emergentes basados en la innovación e inversión productiva, el valor añadido de los productos y la calidad en el empleo, así como la formación continua de las personas trabajadoras en competencias digitales.
5. Medidas a adoptar en el ámbito educativo para, y entre otras:
a) Garantizar la alfabetización digital en todas las fases del sistema, promoviendo el equipamiento y uso de tecnologías digitales de los primeros niveles educativos y asegurando que desde primaria se cursan asignaturas de contenido tecnológico adaptadas a la nueva realidad digital.
b) Formar y actualizar a las personas docentes.
c) Atender a los grupos más vulnerables, por renta o por población, entre otros elementos de vulnerabilidad en cuanto a brecha digital.
d) Fomentar una mayor incorporación de las mujeres en carreras de ciencias, tecnológicas, ingenierías y matemáticas, tanto en los estudios universitarios como en los ciclos formativos de grado superior, para evitar el agravamiento en las desigualdades de género en lo relativo al empleo en este ámbito.
6. Medidas a adoptar en el sistema de formación profesional, con el fin de disminuir los desajuste entre la demanda y la oferta de profesionales con competencias en TIC, para lo que deberá reforzar las cualificaciones digitales, tanto las genéricas como las especializadas.
7. Medidas para modernizar los Servicios Públicos de Empleo que deberán garantizar la oferta de acciones de formación en competencias digitales, como elemento inescindible de la mejora de la empleabilidad; acciones de formación que deberán ajustarse a un catálogo de titulaciones acordes con las necesidades de la sociedad digital, con definición de las competencias que deben tener los grupos de perfiles profesionales. Con esta finalidad se incrementarán las dotaciones económicas orientadas a la mejora del funcionamiento de estos servicios así como a la contratación de orientadores especializados en nuevas tecnologías.
8. Ayudas para pymes y autónomos en su proceso de digitalización, tanto para su implantación como para su renovación tecnológica.
9. Las mayores dotaciones en la inversión en I+D+i.
10. Incentivos para fomentar proyectos basados en las nuevas tecnologías y la internacionalización de las empresas.
11. Medidas de protección social, para impedir la exclusión social que pudiera derivarse del proceso de digitalización.
12. Una planificación de objetivos a corto, medio y largo plazo, pero con garantía de que antes de 2020 se alcanzarán los estándares medios europeos en competencias digitales y alfabetización.
13. La articulación de un órgano de coordinación para asegurar una actuación integral del conjunto de las políticas adoptadas por todas las Administraciones públicas, empresas y resto de instituciones u órganos implicados en este proceso, y su evaluación."
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y de calidad en la economía digital, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se sustituye el texto actual por el siguiente texto:
2. Presentar ante esta Cámara todas las modificaciones legislativas necesarias para reformar la contratación temporal y a tiempo parcial mediante, entre otras, las siguientes medidas, con el objetivo de reducir la precariedad.
3. Unificar las distintas figuras de contratación temporal en una misma figura contractual, eliminando todas las cláusulas actualmente existentes. Se reforzará asimismo la causalidad económica asociada a dicha temporalidad. Todo ello para evitar el abuso de esta figura contractual y el extendido fraude que se ha producido.
4. Regular que los contratos a tiempo parcial deberán incorporar también el principio de causalidad referido a la jornada necesaria para realizar la tarea objeto del contrato, y deberán fijar el cómputo de la jornada con referencia semanal. Establecer mínimos de derecho necesario para promover la mejora de las condiciones de los trabajadores con contrato a tiempo parcial. Eliminación de las horas complementarias. Establecer un "malus" en la cotización a la Seguridad Social de las empresas que abusen de la contratación a tiempo parcial. Establecer por ley el derecho del trabajador a tiempo parcial con más de un año de antigüedad en la empresa a incrementar su jornada al 75% de la jornada completa si parte de una jornada previa inferior al 50%, y al 100% de la jornada ordinaria si partía de una jornada parcial superior al 50%.
5. Establecer que los contratos temporales independientemente de su causa se convertirán de forma inmediata en contratos indefinidos cuando se supere el año de duración. Para ello es necesario reformar
el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar las distintas exenciones que recoge actualmente; de modo que los trabajadores temporales adquieran automáticamente la condición de indefinidos al término de los doce meses de duración máxima del contrato temporal.
6. Prohibir el encadenamiento de contratos de duración determinada para la cobertura de un mismo puesto de trabajo. Por ello, se entenderá que una empresa estará incurriendo en fraude de ley, siempre que prescinda de un trabajador con contrato temporal de doce meses, para volver a realizar un nuevo contrato temporal con una persona distinta que realice las mismas tareas.
7. Aumentar y mejorar los mecanismos de control de los contratos temporales sucesivos para asegurar que no se encadenen contratos a distintas personas con una misma causalidad.
8. Incorporar una penalización (un ''malus'' opuesto a un ''bonus'') para aquellas empresas que tengan una elevada ratio de trabajadores temporales respecto a indefinidos. La penalización consistirá en un incremento del tipo de cotización de la empresa a la Seguridad Social por contingencias (sobre el 23,6% que pagan los empresarios actualmente).
9. Incrementar la indemnización prevista en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores para la terminación de los contratos temporales hasta los 20 días por año, extendiendo tal derecho a los trabajadores contratados para la sustitución de otros trabajadores (interinos del art. 15.1.c del ET) hasta ahora excluidos.
10. Realizar una campaña de la Inspección de Trabajo de oficio, mediante una Instrucción de la Dirección General de la inspección de Trabajo, con objeto de combatir el fraude en la contratación y garantizar el cumplimiento de la normativa señalada anteriormente.
11. El contrato temporal sin causa habilitante habrá de considerarse en fraude de ley, y por tanto, la extinción de estos contratos cuando se demuestre el fraude deberá ser calificada como causa de despido nulo en el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores. Del mismo modo, se procederá a elevar de forma significativa las sanciones administrativas impuestas en casos de utilización de la contratación temporal en fraude de ley.
12. Medidas para el fortalecimiento de la negociación colectiva, previo acuerdo social, con inclusión de nuevos contenidos materiales objeto de negociación como consecuencia del cambio hacia una economía digital, entre otros:
j) Derecho a la desconexión digital,
I) Más y mejores formas de diálogo social, información, consultas y una sólida participación de los y las trabajadoras.
m) Nuevos instrumentos de participación de los y las trabajadoras en la empresa y en los sectores económicos (cogestión).
n) Evitar la persistencia y profundización en las desigualdades en la contratación y en el salario.
o) Implicación legislativa para rediseñar y reorientar el actual modelo de relaciones laborales hacia actitudes más participativas.
13. Medidas para fomentar el cambio de modelo productivo, y en la organización y funcionamiento en las empresas, con incentivos para la modernización de los sectores tradicionales y el desarrollo de los emergentes basados en la innovación e inversión productiva, el valor añadido de los productos y la calidad en el empleo, así como la formación continua de las personas trabajadoras en competencias digitales.
14. Garantizar que la economía digital y las infraestructuras son accesibles.
15. Medidas para retener el talento. Somos un país exportador de talento y, por tanto, necesitamos retenerlo garantizando expectativas de futuro y empleo de calidad.
16. Medidas a adoptar en el ámbito educativo para, y entre otras:
e) Modificar, para su mejora, la actual Ley de Formación Dual (Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual y Orden ESS/2518/2013), incluyendo su desarrollo en los convenios colectivos.
f) Establecer, por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un observatorio específico del empleo digital.
g) Realizar un seguimiento, estudio y análisis permanente de la demanda de las cualificaciones profesionales y de su evolución en los diferentes sectores productivos.
17. Medidas a adoptar en el sistema de formación profesional, con el fin de disminuir los desajustes entre la demanda y la oferta de profesionales con competencias en TIC, para lo que deberá reforzar las cualificaciones digitales, tanto las genéricas como las especializadas.
18. Medidas para modernizar los Servicios Públicos de Empleo que deberán garantizar la oferta de acciones de formación en competencias digitales, como elementos inescindible de la mejora de la empleabilidad; acciones de formación que deberán ajustarse a un catálogo de titulaciones acordes con las necesidades de la sociedad digital, con definición de las competencias que deben tener los grupos de perfiles profesionales. Con esta finalidad se incrementarán las dotaciones económicas orientadas a la mejora del funcionamiento de estos servicios así como a la contratación de orientadores especializados en nuevas tecnologías.
19. Ayudas para pymes y autónomos en su proceso de digitalización, tanto para su implantación como para su renovación tecnológica.
20. Las mayores dotaciones en la inversión en I+D+i.
21. Incentivos para fomentar proyectos basados en las nuevas tecnologías y la internacionalización de las empresas.
22. Medidas de protección social, para impedir la exclusión social que pudiera derivarse del proceso de digitalización.
23. Una planificación de objetivos a corto, medio y largo plazo, pero con garantía de que antes de 2020 se alcanzarán los estándares medios europeos en competencias digitales y alfabetización.
24. La articulación de un órgano de coordinación para asegurar una actuación integral del conjunto de las políticas adoptadas por todas las Administraciones públicas, empresas y resto de instituciones u órganos implicados en este proceso, y su evaluación. La gobernanza del proceso, además de incluir la necesidad de evitar que la digitalización se utilice como un medio de control unilateral de la concentración de poder o de riqueza en manos de unos pocos, debe incorporar la involucración de todas las instituciones y actores afectados por la digitalización y el desarrollo de la Industria 4.0, proceso acompañado de la preocupación acerca de cómo puede afectar a los servicios de la ciudadanía, a la competitividad de los mercados, a las condiciones de trabajo, los niveles de empleo y la distribución de la renta en los ámbitos de repercusión social (la administración pública, los sistemas de seguridad social, la sanidad y la educación), en la economía (cambios en procesos productivos y adecuación de servicios con efectos en la industria, el campo, el turismo, el comercio y la seguridad), y en las condiciones laborales (en las características del empleo, de la contratación, del tiempo de trabajo y de la formación y salarios).
25. Impulsar un ''Pacto de Estado por la Industria, la Educación, la Ciencia y la Digitalización'', que incorpore el compromiso de todos los agentes involucrados a trabajar cada uno desde su ámbito
(empresas, organizaciones políticas, instituciones educativas, centros tecnológicos, colegios profesionales, organizaciones de carácter industrial y, sobre todo, el Gobierno y las Comunidades Autónomas)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-Aina Vidal Sáez, Diputada.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar unas condiciones de trabajo dignas en la economía digital.
"El Congreso de los Diputados, consciente de las oportunidades que para el crecimiento económico y el empleo implica el proceso de digitalización de la economía, y también consciente de sus riesgos sobre la calidad del empleo creado y la segmentación y exclusión social, insta al Gobierno a que, previo acuerdo en el diálogo social y con la cooperación de las administraciones autonómicas, presente una Estrategia integral a corto, medio y largo plazo, cuyo objetivo es la gobernanza de este proceso de forma inclusiva y sostenible [...]
1. Una evaluación y valoración del impacto de los cambios tecnológicos que ya se están produciendo y de los que previsiblemente se van a producir en los diferentes sectores productivos, ramas de actividad y grupos de población [...]
2. Las modificaciones legales que en el marco normativo laboral permitan y posibiliten la transformación tecnológica y digital garantizando los derechos de los trabajadores y los niveles de protección suficientes en todos los casos y con independencia de su situación profesional. Incorporando asimismo, medidas para el fortalecimiento y adaptación de la negociación colectiva, con la inclusión de nuevos contenidos objeto de negociación como, entre otros:
k) Medidas para anticipar y gestionar los cambios continuos [...]
3. Medidas para fomentar el cambio de modelo productivo [...]
4. Medidas a adoptar en el ámbito educativo [...]
5. Medidas a adoptar en el sistema de formación profesional [...]
6. Medidas para modernizar los Servicios Públicos de Empleo [...]
7. Ayudas para Pymes y autónomos [...]
8. Mayores dotaciones en inversión en I+D+i
9. Incentivos para fomentar proyectos basados [...]
10. Medidas de protección social, para impedir la exclusión social que pudiera derivarse del proceso de digitalización, de adaptación de la fiscalidad y de los sistemas redistribución de la renta.
11. Una planificación de objetivos a corto, medio y largo plazo [...]
12. La articulación de un órgano de coordinación [...]
El Congreso de los Diputados insta asimismo, al Gobierno para dar a inicio a los trabajos que deben culminar en la presentación de la citada Estrategia, a dar cumplimiento a la Proposición no de Ley sobre la definición de las modificaciones normativas necesarias para adecuar las relaciones económico-laborales entre individuos y empresas en el marco de las plataformas digitales, aprobada por la Comisión de Empleo y Seguridad Social en su sesión del día 13 de diciembre de 2017, y a presentar antes de finalizar el próximo período de sesiones, y teniendo en cuenta a los interlocutores sociales, un informe que identifique las reformas necesarias para adecuar la legislación económica laboral vigente, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, a los desafíos del cambio tecnológico sobre nuestro sistema productivo, así como a las plataformas digitales y a sus usuarios.
Dicho informe deberá sentar las bases sobre la interrelación entre el tiempo de trabajo y los cambios tecnológicos en la prestación laboral, con el fin de asegurar la necesaria seguridad jurídica entre empresarios y trabajadores, y garantizar la necesaria protección social de las actividades de trabajo en plataformas digitales, así como la seguridad jurídica de estas y de sus usuarios proveedores de bienes y servicios, incorporando la flexibilidad que requiere la economía digital.
Este informe será presentado y debatido en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y de calidad en la economía digital del Grupo Parlamentario Socialista.
Se añaden dos nuevos puntos a la sección propositiva de la Moción, con la siguiente redacción:
"14. Promover la adopción por las Comunidades Autónomas del nuevo sistema de cheques de formación, de los que podrán beneficiarse todos los trabajadores desempleados, de modo que estos puedan elegir directamente, con la asistencia en su caso de los servicios de orientación laboral de los servicios públicos de empleo, los cursos de formación que más se adapten a su perfil de empleabilidad y a sus necesidades de colocación.
15. Poner a disposición inmediata de los servicios públicos de empleo un programa de perfilado estadístico basado en los datos personales y competencias profesionales de las personas desempleadas, para su puesta a disposición de los servicios públicos de empleo. Esta nueva herramienta contará con toda la información disponible en los registros del Sistema Nacional de Empleo y con la que sea aportada por los portales de empleo privados, de modo que los orientadores laborales dispongan de datos actualizados sobre la evolución del mercado de trabajo, las competencias demandadas en diferentes ocupaciones y los indicadores de eficacia esperados de cada una de las políticas activas de empleo disponibles, a partir de los cuales, entre otras acciones, puedan formular propuestas de itinerarios formativos y laborales individualizados para cada demandante de empleo atendiendo a su probabilidad estimada de colocación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
"2. Las modificaciones legales que permitan reformar el mercado laboral con tres grandes objetivos dirigidos a acabar con los principales problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo: reducir el desempleo, especialmente el de larga duración; acabar con la precariedad, fomentando la creación de empleo estable y de calidad; y potenciar el capital humano con unas políticas activas de empleo y formación verdaderamente eficaces."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para asegurar unas condiciones de trabajo dignas y de calidad en la economía digital, ha acordado lo siguiente:
"El Congreso de los Diputados, consciente de las oportunidades que para el crecimiento económico y el empleo implica el proceso de digitalización de la economía, y también consciente de sus riesgos sobre la calidad del empleo creado y la segmentación y exclusión social, insta al Gobierno a que, previo acuerdo en el diálogo social y con la cooperación de las administraciones autonómicas, presente una Estrategia integral a corto, medio y largo plazo, cuyo objetivo es la gobernanza de este proceso de forma inclusiva y sostenible, fundamentalmente en el mercado de trabajo y en el ámbito de las relaciones laborales, permitiendo una transición justa a esta economía digital, que favorezca la creación de empleo de calidad y contribuya a prevenir y mitigar sus riesgos.
1. Una evaluación y valoración del impacto de los cambios tecnológicos que ya se están produciendo, y de los que previsiblemente se van a producir, en los diferentes sectores productivos, ramas de actividad
y grupos de población, con distinción de sexo, edad, formación, renta, hogares y territorio, para lo que elaborará una serie de indicadores de información, con el fin de determinar la brecha digital.
2. Las modificaciones legales que, previo acuerdo social, permitan derogar las reformas laborales que han incidido en la precariedad laboral, incluida la regulación del contrato de trabajo a tiempo parcial, y su sustitución por un marco normativo, que se articulará como un Proyecto de Ley, que, entre otras medidas, fortalezca los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras, también los derechos de los trabajadores autónomos dependientes, garantizando la igualdad en el ejercicio de estos derechos entre mujeres y hombres y en relación con las nuevas tecnologías. Este Proyecto de Ley también contemplará medidas que penalicen la temporalidad y la alta rotación, reforzando la causalidad de la contratación temporal; medidas que refuercen la tutela legal y efectiva de las personas trabajadoras que desarrollan su actividad en el empleo digital, asegurando sus derechos laborales con independencia de su situación profesional; y medidas para devolver a la negociación colectiva el papel de equilibrio en las relaciones laborales y en la defensa y preservación de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores. Asimismo, se estudiarán las modificaciones legales que en el marco normativo laboral permitan y posibiliten la transformación tecnológica y digital garantizando los derechos de los trabajadores y los niveles de protección suficientes en todos los casos y con independencia de su situación profesional.
l) Más y mejores formas de diálogo social, información, consultas y una sólida participación de los y las trabajadoras.
d) Fomentar una mayor incorporación de las mujeres en carreras de ciencias, tecnológicas, ingenierías y matemáticas, tanto en los estudios universitarios como en los ciclos formativos de grado superior, para evitar el agravamiento en las desigualdades de género en los relativo al empleo en este ámbito.
6. Medidas a adoptar en el sistema de formación profesional, con el fin de disminuir los desajustes entre la demanda y la oferta de profesionales con competencias en TIC, para lo que deberá reforzar las cualificaciones digitales, tanto las genéricas como las especializadas.
11. Medidas de protección social, para impedir la exclusión social que pudiera derivarse del proceso de digitalización, de adaptación de la fiscalidad y de los sistemas de redistribución de la renta.
13. La articulación de un órgano de coordinación para asegurar una actuación integral del conjunto de las políticas adoptadas por todas las Administraciones públicas, empresas y resto de instituciones u órganos implicados en este proceso, y su evaluación, la gobernanza del proceso debe involucrar a todas las instituciones y actores afectados por la digitalización y el desarrollo de la industria 4.0, proceso acompañado de la preocupación acerca de cómo puede afectar a los servicios de la ciudadanía, a la competitividad de los mercados, a las condiciones de trabajo, los niveles de empleo y la distribución de la renta en los ámbitos de repercusión social (la administración pública, los sistemas de seguridad social, la sanidad y la educación), en la economía (cambios en procesos productivos y adecuación de servicios con efectos en la industria, el campo, el turismo, el comercio y la seguridad) y en las condiciones laborales (en las características del empleo, y en la contratación, del tiempo de trabajo y de la formación de salarios).
16. Impulsar un ''Pacto de Estado por la Industria, la Educación, la Ciencia y la Digitalización'', que incorpore el compromiso de todos los agentes involucrados a trabajar cada uno desde su ámbito (empresas, organizaciones políticas, instituciones educativas, centros tecnológicos, colegios profesionales, organizaciones de carácter industrial y, sobre todo, el Gobierno y las Comunidades Autónomas).
El Congreso de los Diputados insta asimismo, al Gobierno para dar inicio a los trabajos que deben culminar en la presentación de la citada Estrategia, a dar cumplimiento a la Proposición no de Ley sobre la definición de las modificaciones normativas necesarias para adecuar las relaciones económico-laborales entre individuos y empresas en el marco de las plataformas digitales, aprobada por la Comisión de Empleo y Seguridad Social en su sesión del día 13 de diciembre de 2017, y a presentar antes de finalizar el próximo período de sesiones, y teniendo en cuenta a los interlocutores sociales, un informe que identifique las reformas necesarias para adecuar la legislación económica laboral vigente, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, a los desafíos del cambio tecnológico sobre nuestro sistema productivo, así como a las plataformas digitales y a sus usuarios.
Este informe será presentado y debatido en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, por el procedimiento reglamentario pertinente."
173/000079
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la liquidación y extinción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL) y la falta de evaluación de políticas públicas, y de las enmiendas presentadas a la misma.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno relativa a la liquidación y extinción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL) y la falta de evaluación de políticas públicas.
1. Restaurar la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL), como agencia independiente del Gobierno para la evaluación de las políticas públicas.
2. Proporcionar al Congreso el detalle del trabajo llevado a cabo por la Secretaría de Estado de Función Pública en materia de evaluación de políticas públicas entre los meses de septiembre de 2017 y enero de 2018, como órgano que asume las funciones y unidades y puestos de trabajo de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL).
3. Solicitar la modificación del estatuto de la Agencia de Evaluación para garantizar su independencia, y supeditar el nombramiento de su presidente y consejo rector al Congreso de los Diputados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018.-Manuel Monereo Pérez, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la liquidación y extinción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL) y la falta de evaluación de políticas públicas.
"El Congreso de los Diputados reconoce el valor y la importancia de la existencia de una agencia de evaluación de la calidad de las políticas públicas como requisito ineludible para intensificar la eficiencia en la gestión de las políticas públicas, así como en la utilización de los recursos asignados a las mismas, para que promueva mejoras en la transparencia y el conocimiento en la eficiencia y calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, y para ello insta al Gobierno a:
1. Restaurar la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL), como agencia independiente del Gobierno para la evaluación de las políticas públicas, promoviendo para ello las reformas normativas necesarias.
2. Proporcionar al Congreso el detalle del trabajo llevado a cabo por la Secretaria de Estado de Función Pública en materia de evaluación de las políticas públicas entre los meses de septiembre de 2017 y enero de 2018, como órgano que asume las funciones y unidades y puestos de trabajo de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL).
3. Llevar a cabo la modificación del estatuto de la Agencia de Evaluación para garantizar su independencia, y someter el nombramiento de su presidente al Congreso de los Diputados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2018.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente relativa a la liquidación y extinción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL) y la falta de evaluación de políticas públicas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas necesarias para que las funciones y presupuesto de la AEVAL sean asumidas por un nuevo instituto independiente para el análisis y evaluación de políticas sociales para evaluar la eficacia y el coste de las políticas y programas de gasto público, incluyendo políticas educativas, sanitarias y sociales a nivel nacional, de forma independiente, profesional y efectiva."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la liquidación y extinción de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL) y la falta de evaluación de políticas públicas, ha acordado lo siguiente:
1. Restaurar la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la calidad de los servicios (AEVAL), como agencia independiente del Gobierno para la evaluación de las políticas públicas, promoviendo para ello las reformas normativas necesarias.
Núm. expte.: 184/024582
Núm. registro: 63199
Objeto iniciativa: Servicio de Correos en Huelva.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000767.
Núm. expte.: 184/024143
Núm. registro: 61272
Objeto iniciativa: Encendido de las luminarias de la autovía H-30, que circunda la capital onubense.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000768.
Núm. expte.: 184/024673
Núm. registro: 63298
Objeto iniciativa: Estudio para mejorar las vías de la conexión Huelva-Sevilla.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000769.