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Timestamp: 2018-10-22 20:18:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 8']

En esta trigésimo tercera edición del Reporte Tributario, Nº33 Diciembre/2012, continuamos con el análisis de diferentes temas que se han visto modificados como consecuencia de la reciente publicación de la Ley Nº20.630 sobre Reforma Tributaria. En esta oportunidad, se hace referencia a la modificación en la normativa que regula las Rentas Presuntas, contenida en los artículos 20 N°1, 34 y 34 bis, todos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
El sistema tributario chileno, con miras a promover la simplicidad del mismo y a reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellos contribuyentes de menor tamaño, contiene un régimen de presunción de renta para determinadas actividades. Con el correr de los años, y con la intención de eludir las normas que regulan el régimen antes señalado, aparecieron figuras que impedían el cumplimiento del objeto para el cual fue creado dicho régimen, resultando en la actualidad que grupos económicos hacen uso de éstas para llevar a cabo sus distintas planificaciones tributarias.
En consideración a lo antes dicho y en un afán de perfeccionar nuestro sistema tributario, a través de la publicación de la Ley N° 20.630, D.O. 27.09.2012, se incorporaron modificaciones, estableciendo precisiones e innovaciones en cuanto a la tributación en renta presunta de la explotación de bienes raíces agrícolas, minería y transporte terrestre de carga ajena y pasajeros. El objetivo del presente reporte tributario es recoger las modificaciones incorporadas por la ley aludida precedentemente y mostrar la incidencia de las mismas en el actual régimen de tributación en base a renta presunta que rige para las actividades antes señaladas.
Respecto del régimen de renta presunta establecido en el artículo 34 de la LIR, al que pueden optar los contribuyentes que obtengan rentas derivadas de la actividad de la minería, que no sean sociedades anónimas ni en comanditas por acciones, a través del N°11 del artículo 1° de la Ley N°20.630, de 2012, se introdujo una modificación al inciso sexto del número 2 de dicho artículo, quedando dicho inciso expresado en los siguientes términos “Después de aplicar las normas de los incisos anteriores, los contribuyentes cuyas ventas anuales no excedan de 500 unidades tributarias anuales, cualquiera sea el mineral, podrán continuar sujetos al régimen de renta presunta. Para determinar el límite de ventas a que se refiere este inciso se aplicarán las normas de los incisos tercero y cuarto de este número, pero sólo computando para tales efectos la proporción de las ventas anuales, en que el contribuyente participe en el capital, ingresos o utilidades de tales comunidades o sociedades”
Atendiendo a la actividad de la minería y considerando los distintos topes involucrados, el cambio de fondo que incorpora la ley aludida precedentemente es el mismo que se comentó para la actividad agrícola en el punto 1 anterior (Modificación del Cómputo de las 1.000 UTM), es decir, para determinar las 500 UTA1 los contribuyentes deberán sumar las ventas de sus relacionados, considerando la proporción de las ventas anuales, en que el contribuyente participe en el capital, ingresos o utilidades.
Es necesario recordar que, para definir si una persona está relacionada con una sociedad, se aplicará lo establecido para tales fines en el artículo 20, N°1, letra b) de la LIR2 , por lo que son válidos los comentarios efectuados en los números 2.1. y 2.4 anteriores (Modificaciones al numeral I) del inciso décimo tercero de la letra B) del N°1, del artículo 20 de la LIR y Modificaciones al numeral IV) del inciso décimo tercero de la letra B) del N°1, del artículo 20 de la LIR, respectivamente).
A modo de ejemplo, se expone la siguiente situación, en la cual las sociedades involucradas desarrollan la actividad de la minería:
Según se aprecia en la figura anterior, dado que las sociedades 1, 2 y 3 están relacionadas, conforme a lo señalado en el inciso séptimo del N°2 del artículo 34 de la LIR, deben consolidar sus ventas, conforme al inciso cuarto de la norma antes dicha, resultando un total de 2.250 UTA, superando así el tope de las 2.000 UTA, por lo que tales sociedades deben tributar en renta efectiva a partir del año siguiente. Sin embargo, al considerar lo establecido en el inciso sexto de la norma en análisis, vigente hasta el 31.12.2012, la sociedad 1 y la sociedad 3 se mantienen en el régimen de renta presunta toda vez que sus ventas individuales son inferiores a 500 UTA.
Ahora bien, conforme al nuevo inciso sexto del N°2 del artículo 34, vigente a partir del 01.01.2013, para determinar el tope de las 500 UTA la sociedad 1 deberá aplicar su porcentaje de participación en el capital sobre las ventas de la sociedad 3, resultando así lo siguiente:
Dado lo anterior, la Sociedad de Personas 1 debe tributar en renta efectiva a partir del año siguiente, puesto que sus ventas, determinadas según la incorporación de la Ley N°20.630, exceden las 500 UTA, quedando la figura como sigue.
Finalmente, y tal como se precisó para la actividad agrícola, respecto de los contribuyentes que desarrollen la actividad de la minería se debe tener presente que, la modificación incorporada, alude a los conceptos de capital, ingresos o utilidades, sin establecer prioridad de uno sobre otro. Por lo tanto, los contribuyentes se encontrarán en la disyuntiva de cuál será el porcentaje que deben utilizar para este cómputo cuando es más de uno el que lo obliga a computar proporcionalmente sus ventas con sus relacionados, quedando esta situación supeditada a la interpretación del Servicio Impuestos Internos a través de las instrucciones que emita para estos efectos. Sin embargo, en nuestra opinión, consideramos que probablemente el ente fiscalizador considerará el porcentaje mayor, en atención a que estamos frente a una norma de control o antielusión.
1) Unidades Tributarias Anuales.
2) Inciso 7° del N° 2 del artículo 34 de la LIR.
Tal como se comentó anteriormente, conforme a las disposiciones contenidas en el N° 2 del artículo 34 bis de la LIR, vigente hasta el 31.12.2012, las rentas provenientes de la actividad del transporte terrestre de pasajeros tributan en el régimen de renta presunta, con la única excepción de aquellos contribuyentes que sean sociedades anónimas y en comandita por acción.
A contar del 01.01.2013, de acuerdo a lo establecido por el número 12 del artículo 1° de la Ley N°20.630, se modifica sustancialmente el régimen para la actividad del transporte terrestre de pasajeros, pudiendo tributar en renta presunta siempre y cuando se cumplan con determinados requisitos, los que se fijaron en términos similares a los existentes para el transporte de carga ajena vigentes en la actualidad. Es decir, estos contribuyentes deberán cumplir los siguientes requisitos:
Deben estar integrados exclusivamente por personas naturales.
No obtener rentas de primera categoría por las cuales deban declarar impuesto sobre renta efectiva según contabilidad completa.
Que sus ingresos por servicios de transporte terrestre de pasajeros no excedan 3.000 UTM, considerando las ventas de las sociedades o comunidades con las que el contribuyente se encuentre relacionado.
También para estos contribuyentes se estableció una norma liberatoria, cuando sus servicios anuales no excedan las 1.000 UTM, oportunidad donde continuarán tributando en renta presunta aun cuando no se cumplan los requisitos recién señalados. Al respecto, cabe señalar, que son aplicables todos los comentarios expuestos en las actividades anteriores referidos a este tema.
En atención a lo anterior, se genera un cambio radical al régimen de tributación en renta presunta para la actividad del transporte terrestre de pasajeros, identificándose algunas complicaciones operativas, para la autoridad tributaria, al momento de controlar los montos límites de los servicios de transporte de pasajeros, atendiendo a que, en la actualidad, para este tipo de contribuyentes, no existe obligación de emitir documentos por los servicios que prestan, por ejemplo, los contribuyentes que explotan taxis o colectivos, las empresas de transporte rural o interurbano de pasajeros, entre otros. Para estos efectos, se considera que el SII deberá dar instrucciones precisas a fin de que los contribuyentes tomen conocimiento de la forma en que deberán proceder en el ejercicio de sus actividades.
Finalmente, se hace presente que la segunda parte del nuevo inciso cuarto del N°2 del artículo 34 bis, hace alusión a “servicios facturados” por parte de los contribuyentes, lo cual se relaciona necesariamente a la emisión de una factura (afecta o exenta), generándose cierto grado de preocupación respecto a la interpretación que hará la autoridad competente en este sentido.
Dado que las modificaciones incorporadas por la Ley N° 20.630, incluidas en el presente reporte, no tienen una regla especial de vigencia, aplica lo dispuesto en el artículo 8° de dicha ley, es decir, entran en vigencia a partir del 1° de enero de 2013.