Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-210-de-febrero-15-de-2007?documento=legcol&contexto=legcol_759920422d8ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-16 04:04:46
Document Index: 26339846

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 103', 'artículo 103', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 103', 'artículo 833', 'artículo 820', 'artículo 59', 'artículo 817', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 836', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 831', 'artículo 830', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 651', 'artículo 837', 'artículo 687', 'artículo 843', 'artículo 85', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 2539', 'artículo 820', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 814', 'artículo 2', 'artículo 814', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 2']

﻿ RESOLUCIÓN 210 DE FEBRERO 15 DE 2007
RESOLUCIÓN 210 DE 15 DE FEBRERO DE 2007
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DE COBRO COACTIVO DE LA CARTERA A FAVOR DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. DEROGA LAS RESOLUCIONES 1093 Y 1716 DE 2003.
TEMAS ESPECÍFICOS:SENA, COBRO COACTIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 1235 DE 2014 ARTÍCULO 103 DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
“Por la cual se establece el reglamento de recaudo de cartera del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA”.
(Nota: Derogada por la Resolución 1235 de 2014 artículo 103 del Servicio Nacional de Aprendizaje)
en ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 4º, numeral 2º del Decreto 249 del 28 de enero de 2004, en el artículo 2º, numeral 1º, de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 1º del Decreto 4473 de 2006, y
Que la Ley 1066, del 29 de julio de 2006, introdujo nuevos elementos normativos a la gestión de recaudo de la cartera pública, con el fin de que esta se realice de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna;
Que el artículo 5º de la mencionada ley, otorga a las entidades públicas, entre ellas al SENA, de la facultad de ejercer la jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor;
Que para estos efectos, esta norma establece que el procedimiento de cobro coactivo administrativo que deben observar las entidades públicas, es el descrito en el estatuto tributario;
Que el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 determinó la obligación de las entidades públicas de establecer mediante normatividad de carácter general el reglamento interno de recaudo de cartera, dentro de los dos (2) meses siguientes a la reglamentación de esta ley por parte del Gobierno Nacional;
Que el artículo 1º del Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, reglamentario de la Ley 1066 de 2006, consagra la facultad de los representantes legales de cada entidad para expedir el reglamento interno de recaudo de cartera, dentro de los dos meses siguientes a partir de la publicación del citado decreto;
Que el artículo 2º del Decreto 4473 de 2006, señala el contenido mínimo que debe tener el reglamento de recaudo de cartera de cada entidad;
Que el Decreto 249 de 2004 establece en cabeza del director general la representación legal del SENA, de acuerdo a lo establecido en su artículo 4º, numeral 2º,
ART. 1º—Reglamento de recaudo de cartera. Adoptar, mediante el presente acto administrativo, el reglamento interno de recaudo de cartera, de conformidad con lo establecido en la Ley 1066 de 2006, el Decreto Reglamentario 4473 de 2006 y demás normas concordantes, el cual se desarrolla a continuación:
(Nota: Derogado por la Resolución 1235 de 2014 artículo 103 del Servicio Nacional de Aprendizaje)
ART. 2º—Definición y objeto. La jurisdicción coactiva se define como una función jurisdiccional especial asignada por la ley al SENA, para adelantar el cobro ejecutivo de los créditos a su favor, sin necesidad de recurrir a los jueces civiles, haciendo más rápido y expedito el proceso y por consiguiente el recaudo de los dineros. Es decir, es una facultad exorbitante otorgada por la ley, que tiene la entidad para cobrar, directamente, las obligaciones de sus deudores.
El objetivo principal es obtener el cobro directo y expedito de las obligaciones claras, expresas y exigibles a favor de la entidad, e indirectamente, por esta vía, sanear la cartera que pueda tener el SENA por el no pago oportuno de las acreencias a su favor.
ART. 3º—Principios. La gestión de recaudo de cartera en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se orientará por los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, contradicción y se fundamentará en las garantías constitucionales de legalidad, debido proceso y derecho a la defensa.
1. Principio de celeridad. Según el principio de celeridad el funcionario ejecutor tiene el impulso oficioso de los procedimientos de cobro. En virtud de este, se deben suprimir los trámites innecesarios y hacer correcto uso de los formatos implementados al interior de la entidad para la ejecución del cobro.
2. Principio de economía procesal. Según este principio se debe observar que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gasto de quienes intervienen en el proceso.
3. Principio de eficacia. Según este principio los procesos deben cumplir su finalidad, removiendo obstáculos que puedan llevar a la prescripción del cobro a favor de la entidad, pero siempre con observancia de las garantías constitucionales y legales reconocidas a favor del deudor.
4. Principio de imparcialidad. El funcionario ejecutor debe obrar con plena objetividad e imparcialidad en cada una de sus actuaciones en el desarrollo del Proceso de Cobro Coactivo Administrativo, garantizando el principio de igualdad de los actores en el citado proceso.
5. Principio de publicidad. El funcionario ejecutor debe dar a conocer las decisiones tomadas mediante las comunicaciones, notificaciones, o publicaciones que ordena la ley, y los interesados deben tener la posibilidad de conocer y controvertir las decisiones administrativas empleando los medios legales.
6. Principio de contradicción. El funcionario ejecutor debe reconocer en favor del ejecutado, su derecho a conocer la actuación procesal y a controvertir las pruebas, durante toda la etapa del proceso de cobro coactivo.
ART. 4º—Definiciones. Para efectos de la presente resolución, se entiende por:
1. Acción de cobro. Acción que tiene la administración de adelantar el cobro de las deudas a su favor, sin necesidad de recurrir a los jueces en la jurisdicción civil ordinaria.
2. Actos de trámite. Son los actos que adelanta la administración para posterior decisión final o definitiva sobre el fondo de un asunto. De conformidad con lo estipulado en el artículo 833-1 del estatuto tributario, las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento de cobro, son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señalen en este tipo de procedimiento para actuaciones definitivas.
3. Actos definitivos. Son los actos administrativos que deciden al resolver definitivamente algún asunto o actuación administrativa. Ejemplo: Resolución de remisibilidad.
4. Agotamiento de vía gubernativa. De conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 63 del Código Contencioso Administrativo, el agotamiento de la vía gubernativa acontecerá cuando contra los actos no proceda ningún recurso, o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido o cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de queja.
Cuando contra el acto administrativo proceda el recurso de apelación, es necesaria su interposición para agotar vía gubernativa.
5. Auto. Providencia de impulso procesal, dictada por los funcionarios competentes en el proceso de cobro.
6. Auto comisorio. Es el mecanismo mediante el cual el funcionario de conocimiento (funcionario ejecutor) comisiona a otro funcionario fuera de su sede, para que lleve a cabo diligencias inherentes al proceso de cobro, tales como secuestros, avalúos, remates de bienes, etc. Tal actuación se lleva a cabo cuando las diligencias se deben adelantar en lugar diferente a la sede del proceso.
7. Auto de archivo. Auto administrativo por medio del cual se ordena el archivo del expediente.
8. Auto de terminación. Es el acto administrativo por medio del cual se culmina el proceso administrativo de cobro, por cualquiera de las causales de terminación anticipada o normal en el proceso.
9. Auxiliares de la justicia. Los auxiliares de la justicia prestan colaboración y apoyo a los funcionarios ejecutores del SENA, en el ejercicio de la función de cobro administrativo; los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben desempeñar personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación, incuestionable imparcialidad, versación y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, con título profesional, tecnológico o técnico legalmente expedido; deben estar debidamente inscritos en las listas propias de la rama jurisdiccional. Dichas listas deben ser consultadas por los funcionarios ejecutores para el nombramiento de los mismos.
10. Cartera morosa. Conjunto de créditos a favor del Estado que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento.
11. Interés moratorio. Se genera por el no pago oportuno de las obligaciones, a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento para el pago.
12. Caución. Cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación, propia o ajena, tales como la fianza, hipoteca y prenda, de conformidad con las garantías que se establecen en el presente acto.
13. Embargo. El embargo en el proceso coactivo administrativo, es el acto mediante el cual se coloca fuera del comercio un bien. La forma de perfeccionarse es diferente según se trata de bienes sujetos a solemnidades o no. Para los bienes sujetos a solemnidades se perfecciona con el registro. En los casos no sujetos a solemnidades se perfecciona con el secuestro. El funcionario ejecutor puede ordenar el embargo preventivo en forma previa o simultánea al mandamiento de pago, como una medida que garantice el posterior pago del crédito que se ejecuta.
14. Funcionario ejecutor. Denomínase funcionario ejecutor los servidores públicos del SENA, investidos de la facultad de adelantar el cobro coactivo administrativo.
15. Interrupción y suspensión de términos. Son los mecanismos jurídicos mediante los cuales se interrumpe el ejercicio normal de la ejecución del proceso de cobro coactivo administrativo. Fenómenos que causan la paralización del proceso. La interrupción ocurre por un hecho externo al proceso; la suspensión obedece a un hecho interno del proceso y debe ser decretada por el funcionario ejecutor, mediante el cual se suspende la acción de cobro por un lapso de tiempo determinado.
16. Mandamiento de pago. Acto administrativo mediante el cual el funcionario competente ordena la cancelación de las obligaciones pendientes, más los intereses y actualizaciones a las que haya lugar.
17. Medidas cautelares. Son las medidas de embargo y secuestro que se decretan sobre los bienes del deudor con el fin de lograr la satisfacción de la obligación. Estas pueden ser decretadas en forma previa o simultánea al mandamiento de pago, o en forma posterior a la notificación del mismo.
18. Notificación. Medio por el cual se da a conocer al deudor las decisiones que se toman dentro del proceso de cobro, con el objeto de que ejerza el derecho a la contradicción de la prueba e interponga los recursos que proceden contra las mismas. El proceso de notificación de las decisiones debe seguirse bajo las ritualidades consagradas en el estatuto tributario.
19. Operador externo de la jurisdicción coactiva administrativa. Denomínase operador de la jurisdicción coactiva, las personas naturales o jurídicas que adelantan el apoyo a la gestión del funcionario ejecutor en el ejercicio de cobro.
20. Prescripción. Extinción de la obligación a favor del deudor, por no haberse ejercido en tiempo las acciones de cobro.
21. Recurso. Es un medio de impugnar los actos administrativos, que son utilizados en defensa del deudor dentro del proceso de cobro. Los recursos deben presentarse dentro de los plazos y con las condiciones o requisitos exigidos por la ley para cada caso especial.
22. Remisión. Es una forma de extinguir las obligaciones a cargo del deudor, mediante la condonación de la deuda o renuncia del acreedor a exigir su cumplimiento.
23. Representación. Dentro del proceso de cobro, el deudor puede comparecer en forma personal o mediante apoderado; si comparece mediante apoderado, este debe ser abogado inscrito y debe acreditar su calidad mediante el respectivo poder, para lo cual el funcionario ejecutor procederá a reconocer personería para actuar.
24. Secuestro. Es la aprehensión material de los bienes por la restricción a la posesión o tenencia que sobre ellos existía, en cumplimiento de la medida de embargo dictada dentro del proceso coactivo administrativo.
25. Título ejecutivo. Es el documento que presta mérito ejecutivo sobre el cual se ejerce la acción de cobro de donde proviene una obligación clara, expresa y actualmente exigible, contra la cual se ha de definir la ejecución y al que la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de la obligación en él contenida.
26. Unidad de valor tributario (UVT). Es la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, establecida en la Ley 1111 de 2006, artículos 50 y 51.
ART. 5º—Competencia funcional. El cobro de los créditos a favor del SENA, se adelantará en el ámbito nacional, a través de los “funcionarios ejecutores”.
La competencia para el cobro coactivo administrativo se asigna, en la dirección general, al coordinador del grupo de gestión de cobro coactivo de la dirección jurídica, donde además, se realizará la gerencia integral del proceso de cobro a nivel nacional.
En las regionales, la competencia se asigna al director regional.
Los funcionarios investidos de la facultad de adelantar cobro coactivo administrativo actuarán dentro de la gestión de cobro coactivo como funcionarios ejecutores.
PAR.—Las competencias de la que trata este artículo, son indelegables.
ART. 6º—Competencia territorial. El cobro coactivo se adelantará por la dirección regional del lugar donde se haya originado la obligación o la del lugar en donde tenga domicilio principal el deudor.
La ejecución de las obligaciones originadas en la dirección general del SENA será adelantada por el funcionario ejecutor de la dirección general de manera principal y, subsidiariamente, por los funcionarios ejecutores de las regionales, cuando el domicilio del deudor se encuentre en una de las regionales del SENA diferente a la ciudad de Bogotá, D.C.
ART. 7º—Funciones. En desarrollo de la competencia otorgada a los funcionarios ejecutores, estos están facultados para:
1. Adelantar la dirección del proceso de cobro coactivo administrativo, para lo cual gozarán de las facultades coercitivas que les otorga la ley.
2. Asignar a un funcionario, las funciones de secretario de la jurisdicción coactiva en la respectiva dirección regional o en la dirección general, para el caso de la coordinación del grupo de gestión de cobro coactivo.
3. Efectuar los requerimientos persuasivos a los deudores de la entidad, por el medio más idóneo y eficaz para lograrlo, propendiendo por el pago de los créditos en esta etapa.
4. Librar mandamiento de pago, cuando el recaudo no sea posible en el cobro persuasivo.
5. Decretar las medidas preventivas necesarias para garantizar el recaudo de las obligaciones a favor del SENA, aun antes de librarse el mandamiento de pago, y hacerlas efectivas.
6. Suscribir los acuerdos de pago, en un plazo y con las garantías idóneas y necesarias, que garanticen el recaudo de las obligaciones entregadas para su cobro, observando los requisitos fijados mediante el presente reglamento interno de cartera.
7. Efectuar la investigación de bienes de los deudores, a nivel territorial, nacional e internacional, desde el momento mismo en que se avoca conocimiento del proceso, directamente o a través de operadores externos, para que se dicten sobre ellos las medidas cautelares pertinentes.
8. Conformar un equipo de trabajo, en instalaciones idóneas, para desarrollar la gestión de cobro coactivo administrativo en cada una de las regionales del SENA.
9. Coordinar con las demás direcciones regionales, los cobros que necesiten de la participación de una o más regionales para su recaudo.
10. Adelantar el estudio de las obligaciones que se encuentren incursas en las causales de remisibilidad de la deuda, de acuerdo con los incisos 1º y 2º del artículo 820 del estatuto tributario, de conformidad con el proceso descrito en el artículo 59 de esta resolución.
11. Adelantar el estudio del título ejecutivo y decretar la prescripción, de oficio o a petición de parte, de las obligaciones en él contenidas, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 817 estatuto tributario.
12. Hacer seguimiento a la vigencia y potencial prescripción de los títulos ejecutivos, con el fin de evitar su configuración.
13. Presentar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, ante la coordinación del grupo de gestión de cobro coactivo de la dirección jurídica de la dirección general, informes mensuales y/o los que les sean solicitados sobre la gestión adelantada en el cobro coactivo de acreencias a favor de la entidad. Dichos informes deberán ser remitidos en medio físico y magnético, para su correspondiente revisión.
14. Las demás que en virtud de la calidad de funcionario ejecutor le sean asignadas.
PAR.—Las funciones asignadas al funcionario ejecutor en el presente artículo, podrán ser desarrolladas con el apoyo de los operadores de la jurisdicción coactiva, cuando a ello hubiere lugar.
ART. 8º—Funciones del secretario de la jurisdicción coactiva. El secretario de la jurisdicción coactiva cumplirá las siguientes funciones:
1. Suscribir los autos de impulso procesal, en desarrollo del procedimiento de cobro coactivo.
2. Controlar el cumplimiento de los términos del proceso de cobro, en sus diferentes etapas.
3. Suscribir las comunicaciones tendientes a la notificación del deudor dentro del proceso.
4. Suscribir los oficios dirigidos a las diferentes oficinas de registro de bienes, con el objeto de hacer efectivos los embargos y demás medidas preventivas decretadas en el proceso de cobro.
5. Custodiar los títulos ejecutivos y los correspondientes expedientes de cobro, en archivo destinado para tal fin, debidamente organizado y sistematizado, de conformidad con el sistema de codificación establecido al interior de la entidad.
6. Emitir las constancias y certificaciones correspondientes a la gestión de cobro coactivo de la dirección regional o de la dirección general, según sea el caso.
7. Archivar en el expediente los documentos que den cuenta de las actuaciones realizadas dentro del proceso de cobro.
8. Preparar y organizar las adjudicaciones de cartera a los operadores de apoyo al cobro coactivo.
9. Atender y dar la información sobre el estado y actuaciones en los procesos a los ejecutados y a sus apoderados.
10. Informar de las novedades al funcionario ejecutor, respecto de los informes mensuales de gestión que deben presentar los operadores.
11. Ser el interlocutor inmediato entre los operadores de la jurisdicción y el funcionario ejecutor, con el fin de que fluya la información y sea dinámico el desarrollo de cada uno de los procesos.
12. Las demás que le sean asignadas por el funcionario ejecutor.
PAR.—Las funciones asignadas a los secretarios de los despachos en el presente artículo, podrán ser desarrolladas con el apoyo de los operadores de la jurisdicción coactiva, cuando a ello hubiere lugar, o con el apoyo de un contratista.
ART. 9º—Obligaciones que prestan mérito ejecutivo. Se harán efectivos por cobro coactivo administrativo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes títulos:
1. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del SENA el pago de una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.
2. Los créditos originados como consecuencia de las acciones de repetición adelantadas por el SENA.
3. Las multas impuestas a los empleadores por el Ministerio de la Protección Social a favor del SENA, de que trata el artículo 30 numeral 5º de la Ley 119 de 1994.
4. Los aportes que el empleador obligado no haya cancelado al SENA en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley 21 de 1982 y numeral 4º de la Ley 119 de 1994.
5. Los aportes destinados por la ley para el Fondo de Formación Profesional de la Industria de la Construcción, FIC, a que se refiere el artículo 1º del Decreto 1047 de 1983.
6. Las multas impuestas a los empleadores por incumplimiento de la obligación legal de cumplir con la cuota de aprendices, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 numeral 13 de la Ley 119 de 1994.
7. Las cuotas partes pensionales a favor de la entidad que consten en las respectivas resoluciones de pensión de jubilación y a cargo de las entidades concurrentes, de conformidad con lo establecido en la Ley 33 de 1985, la Ley 1066 de 2006 y sus decretos reglamentarios.
8. Los mayores valores pagados en las mesadas pensionales como consecuencia de la compartibilidad de la pensión de jubilación con otra entidad de previsión social.
9. Los actos administrativos ejecutoriados que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 119 de 1994, impongan a las cajas de compensación familiar la obligación de girar al SENA los aportes recaudados.
10. Las multas impuestas como consecuencia de procesos disciplinarios adelantados contra funcionarios y ex funcionarios del SENA.
11. Los títulos valores y demás títulos ejecutivos girados a favor del SENA, de donde emane una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se originen en el recaudo de recursos públicos.
12. Las demás obligaciones en dinero que sean objeto de cobro coactivo administrativo y que consten en títulos ejecutivos, claros, expresos y exigibles a favor del SENA.
ART. 10.—Ejecutoria de los actos. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo en los siguientes casos:
2. Cuando vencido el término para interponer los recursos no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.
3. Cuando se renuncia expresamente a los recursos o se desista de ellos.
4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho, se hayan decidido en forma definitiva.
PAR.—Los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo deberán ser remitidos al funcionario ejecutor, con la respectiva constancia de ejecutoria.
ART. 11.—Efectos de la revocatoria directa. En el procedimiento de cobro coactivo administrativo no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa.
La solicitud de revocatoria directa no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo.
ART. 12.—Capacidad y representación. En el proceso por jurisdicción coactiva el ejecutado podrá comparecer por conducto de abogado inscrito y facultado, mediante poder debidamente otorgado, o podrá hacerlo personalmente.
Las personas jurídicas podrán intervenir directamente por medio de sus representantes legales o mediante apoderado facultado para tal fin.
ART. 13.—Notificaciones. Téngase como notificación, el acto por medio del cual, se pone en conocimiento de las partes las decisiones administrativas adoptadas en el proceso coactivo administrativo en el SENA.
El trámite de notificaciones debe propender por garantizar los derechos constitucionales de defensa del ejecutado y la publicidad del acto que se notifica.
ART. 14.—Formas de notificación en el proceso de cobro coactivo administrativo en el SENA. En el procedimiento coactivo administrativo las notificaciones se surten de la siguiente manera:
1. Notificación personal: Es la que se surte directamente al deudor o a su apoderado, previa citación para tales efectos, en la cual se le otorgan diez (10) días para su presentación.
El funcionario encargado de hacer la notificación pondrá en conocimiento del interesado la providencia respectiva, entregándole una copia gratuita. Se dejará constancia de la fecha de la diligencia de notificación en acta que deberá ser suscrita por el deudor.
2. (Modificado).* Notificación por correo: Esta forma de notificación se surte mediante el envío a la última dirección informada por el deudor, de la copia de la actuación procesal, a través de la red oficial de correos o por cualquier servicio de mensajería especializada, debidamente autorizada por la autoridad competente. Se entiende surtida a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación.
Cuando el deudor no hubiere informado una dirección a la entidad, la actuación correspondiente se podrá notificar a la dirección que se establezca mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria.
Cuando durante los procesos que se adelanten ante el SENA, el deudor actúe a través de apoderado, la notificación se surtirá a la última dirección que dicho apoderado hubiere informado.
*(Nota: Modificado el presente numeral por la Resolución 960 de 2012 artículo 1° del Servicio Nacional de Aprendizaje)
3. Notificación mediante publicación: Cuando no haya sido posible establecer la dirección del deudor, por ninguno de los medios señalados en el numeral anterior, los actos del SENA le serán notificados por medio de publicación en un diario de amplia circulación.
4. Notificación por edicto: Este tipo de notificación se surte mediante edicto fijado en lugar público del respectivo despacho del funcionario ejecutor, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia.
5. Notificación por conducta concluyente. La notificación por conducta concluyente se entiende surtida cuando, a pesar de que no se hubiere surtido la notificación por las vías señaladas anteriormente, el deudor por sí mismo o por interpuesta persona que lo representa en debida forma, manifiesta por escrito conocer el contenido de la actuación correspondiente. En este caso, el deudor tomará el proceso en el estado en que se encuentre, sin la posibilidad de revivir términos ya extinguidos en el mismo.
Si el deudor interpone excepciones en contra del mandamiento de pago, se considerará notificado de la actuación y se procederá con los trámites subsiguientes.
6. (Nota: Adicionado el presente numeral por la Resolución 960 de 2012 artículo 1° del Servicio Nacional de Aprendizaje)
ART. 15.—(Modificado).* Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones que se surtan en el proceso de cobro coactivo administrativo deberá efectuarse a la dirección informada por el deudor o por su apoderado, en su última actuación.
Si durante el proceso de constitución y discusión del título ejecutivo, el deudor señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos correspondientes, el SENA deberá notificar las actuaciones del cobro coactivo a dicha dirección, excepto en el evento en que el deudor informe otra.
*(Nota: Modificado el presente numeral por la Resolución 960 de 2012 artículo 2° del Servicio Nacional de Aprendizaje)
ART. 16.—Corrección de actuaciones enviadas a dirección errada. Cuando la notificación se hubiere enviado a una dirección distinta de la registrada o de la posteriormente informada por el deudor, habrá lugar a corregir el error en cualquier tiempo, enviándola a la dirección correcta.
ART. 17.—Actuaciones que resuelvan recursos. Las resoluciones que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el deudor no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación.
ART. 18.—Notificaciones devueltas por el correo. Las actuaciones de la administración enviadas por correo, que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de circulación nacional o de circulación regional del lugar que corresponda a la última dirección informada; la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el deudor, el término para responder o impugnar se contará desde el día hábil siguiente, a la publicación del aviso o de la corrección de la notificación.
Lo anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal.
*(Nota: Modificado el presente numeral por la Resolución 960 de 2012 artículo 3° del Servicio Nacional de Aprendizaje)
Etapas del cobro coactivo administrativo
ART. 19.—Etapas. El cobro coactivo administrativo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º, artículo 2º, del Decreto 4473 de 2006, se divide en dos etapas:
1. Etapa persuasiva.
2. Etapa coactiva.
ART. 20.—Análisis del título ejecutivo. Para dar inicio al proceso de cobro coactivo administrativo, el funcionario ejecutor deberá verificar en el título ejecutivo:
1. Debida constitución del título.
2. Requerimiento de pago al deudor o deudores.
De encontrarse que hacen falta algunos de estos requisitos, se librarán las comunicaciones pertinentes, con el objeto de que estos sean aportados por el área o entidad correspondiente, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de envío de la comunicación.
De no allegarse la documentación faltante dentro del término establecido en el inciso anterior se procederá a la devolución de la totalidad de los documentos inicialmente enviados para el cobro.
ART. 21.—Auto que avoca conocimiento. En forma previa a dar inicio a la etapa persuasiva dentro del cobro coactivo por parte de la entidad, el funcionario ejecutor competente deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del título ejecutivo a cobrar, emitir el auto por el cual avoca conocimiento del proceso.
En el auto que avoca conocimiento, de que trata el presente artículo, el funcionario ejecutor competente deberá:
1. Asignar código al proceso, de conformidad con las pautas que para tal fin haya dispuesto la entidad.
2. Identificar plenamente al sujeto pasivo de la acción de cobro. Nombre o razón social, número de cédula o NIT, según el deudor sea una persona natural o jurídica.
3. Determinar la naturaleza de la obligación a cobrar.
4. Determinar el valor de la obligación a cobrar. En este acápite el funcionario ejecutor deberá enunciar el monto adeudado por concepto de capital.
5. Determinar la ejecutividad y ejecutoriedad del título. En el evento en que se establezca prescripción de la acción de cobro, el funcionario ejecutor deberá adelantar el procedimiento enunciado en la presente resolución, para tales efectos.
6. Adelantar con el apoyo de los operadores externos la investigación, identificación e individualización de los bienes que hagan parte del patrimonio del deudor.
PAR.—Este auto no debe ser notificado y contra él no procede recurso alguno.
Etapa de cobro persuasivo
ART. 22.—Procedimiento en etapa persuasiva. Una vez emitido el auto por el cual se avoca conocimiento del proceso de cobro, el funcionario ejecutor tendrá cinco (5) días para iniciar el procedimiento de cobro persuasivo frente al deudor, por el medio más expedito e idóneo que sea posible. De este procedimiento deberá dejar constancia en el expediente
En el requerimiento persuasivo se le debe informar al deudor:
1. El origen de la obligación. Título ejecutivo de donde proviene el cobro.
2. El monto total de lo adeudado. Se deberá discriminar la suma correspondiente al capital de la obligación, enunciando que los intereses moratorios se generarán hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.
3. Plazo o término que tiene para pronunciarse sobre el requerimiento.
4. Opciones de las que dispone para normalizar la deuda, es decir, la posibilidad de pago o de suscripción de acuerdo de pago por la totalidad de lo adeudado, sus intereses y demás gastos generados.
5. Deberá informarse, expresamente, que el cobro de la obligación en la vía persuasiva genera gastos de cobranza.
La etapa de cobro persuasivo tendrá un término máximo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de emisión del auto por el cual se avocó conocimiento. En el evento en que no se haya logrado el pago durante dicho período, se procederá a librar mandamiento de pago en forma inmediata.
PAR. 1º—Cuando el deudor de la obligación sea una entidad de derecho público, el procedimiento persuasivo deberá adelantarlo directamente el SENA, sin apoyo de operadores externos a la entidad, por lo que esta gestión no causará gastos de cobranza.
PAR. 2º—Cuando el deudor de la obligación sea una persona natural o jurídica, de derecho privado, el procedimiento persuasivo lo adelantará el funcionario ejecutor, para lo cual podrá contar con el apoyo de operadores externos a la entidad, caso en el cual, se generarán los gastos de cobranza correspondientes.
PAR. 3º—El procedimiento persuasivo de que trata el presente artículo no es una etapa obligatoria para iniciar el proceso, por lo cual el funcionario ejecutor podrá proferir el mandamiento de pago de forma inmediata a la recepción del título ejecutivo, cuando se determine que está próxima a operar alguna forma de extinción de la ejecutoriedad del título o cuando se evidencien acciones por parte del deudor tendientes a insolventarse.
PAR. 4º—Los gastos que se generan con ocasión del cobro persuasivo a favor de los operadores de gestión de cobro, cuando se adelanta con el apoyo de estos, se liquidarán de acuerdo con lo establecido para tal fin por la entidad. Lo anterior de conformidad a lo enunciado en el artículo 836-1 del estatuto tributario.
Etapa de cobro coactivo
ART. 23.—Cobro coactivo. Si surtida la etapa de cobro persuasivo, el deudor no cancela o suscribe un acuerdo de pago que normalice sus obligaciones, acreencias o aportes a la entidad, se iniciará el proceso de cobro coactivo, librando el mandamiento de pago y/o decretando las medidas preventivas.
Para el cobro coactivo de las deudas a favor del SENA, deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se establece en los artículos 823 y siguientes del estatuto tributario, y demás normas a que estas remiten, de conformidad con lo indicado en el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 y del Decreto 4473 de 2006.
ART. 24.—Mandamiento de pago. Para exigir por cobro coactivo administrativo el cumplimiento de una obligación contenida en título ejecutivo a favor del SENA, el funcionario ejecutor debe librar mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones en mora y los intereses moratorios que estas hayan generado hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda incluidos los intereses que se hicieron exigibles hasta la fecha en que se efectúe el pago, a la tasa legalmente establecida para la correspondiente obligación.
El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor, en desarrollo del principio de economía procesal, siempre y cuando estos se puedan acumular, para lo cual debe cumplir con los siguientes presupuestos:
1. Que todas las obligaciones recaigan sobre un mismo deudor.
2. Que todas sean susceptibles de cobro coactivo administrativo, de acuerdo al artículo 9º de la presente resolución.
ART. 25.—Contenido del mandamiento de pago. El mandamiento de pago proferido por el funcionario ejecutor deberá contener:
1. Identificación del proceso, para lo cual se deberá enunciar el código asignado al expediente.
2. Competencia para proferir el mandamiento de pago.
3. Plena identificación del deudor. Nombre o razón social, número de cédula o NIT, según el deudor sea una persona natural o jurídica.
4. Identificación de título o los títulos ejecutivos objeto de cobro.
5. Monto de la obligación a cobrar.
6. La manifestación del cobro de los intereses moratorios, causados a la tasa legalmente aplicable, de los gastos de cobranza generados y de las costas procesales tasados en la oportunidad procesal pertinente.
7. Advertir al ejecutado que tiene quince (15) días siguientes a la fecha de la notificación del mandamiento de pago para la cancelación de la deuda, con sus respectivos intereses y demás gastos generados.
8. Advertir al ejecutado que contra el auto por el cual se libra mandamiento de pago no procede recurso alguno.
9. Advertir al ejecutado que contra el mandamiento de pago proceden las excepciones contempladas en el artículo 831 del estatuto tributario, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 830 del enunciado estatuto.
10. Firma del funcionario ejecutor.
ART. 26.—Notificación del mandamiento de pago. Para notificar el mandamiento de pago, se observará el siguiente trámite:
1. Notificación personal.
Una vez librado el mandamiento de pago, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición, el funcionario ejecutor citará al deudor para que comparezca a su despacho personalmente o por intermedio de apoderado legalmente constituido, en un término de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su citación con el fin de notificarle personalmente la citada providencia.
La citación se remite a la dirección informada por el deudor, o a la que se logre establecer por parte del funcionario ejecutor o los operadores externos del cobro coactivo, por escrito a través de correo certificado cuya constancia de envío se agregará al expediente del proceso de cobro.
El término para comparecer a la notificación personal por parte del deudor, inicia a partir de la fecha de introducción de la comunicación al correo.
En los términos del artículo 5º de la Ley 962 de 2005, cualquier persona natural o jurídica que requiera notificarse de un acto administrativo, podrá delegar en un tercero el acto de notificación mediante poder, el cual no requiere presentación personal, ni el delegado deberá ostentar la calidad de abogado.
Si dentro del término señalado, el deudor se presenta, se procederá a adelantar la notificación, procediendo a constatar la identidad de la persona que se notifica, el poder o la faculta para hacerlo, poniéndole de presente la providencia, y haciendo entrega de una copia íntegra y gratuita del mandamiento de pago proferido en su contra.
El secretario levantará el acta de notificación dejando expresa constancia que contra el mandamiento de pago no procede recurso alguno, que dentro de los quince (15) días siguientes, el deudor deberá cancelar el monto de la obligación con sus respectivos intereses, y que dentro del mismo término podrá interponer las excepciones de ley al mandamiento de pago.
Surtida la etapa de notificación personal, sin que se logre la notificación de la providencia dentro del término dispuesto para tal fin, el secretario de cobro coactivo procederá a adelantar el procedimiento de notificación por correo.
2. (Modificado).* Notificación por correo.
El trámite que debe surtirse para notificar el mandamiento de pago por correo es el siguiente:
Si vencidos los diez (10) días hábiles para la notificación personal, el deudor no comparece a notificarse del mandamiento de pago, deberá notificarse por correo, enviando una copia de la resolución a la última dirección informada por este, o a la que obre en el expediente, la cual se entiende surtida en la fecha de introducción de la copia al citado correo. En consecuencia, a partir del siguiente día hábil comienza a correr el término para el pago o para proponer excepciones.
Cuando el deudor no hubiere informado una dirección, el funcionario ejecutor podrá notificar el mandamiento de pago mediante verificación directa o a través de la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del deudor por ninguno de los medios señalados, el mandamiento de pago será notificado por publicación en un periódico de circulación nacional.
Cuando la notificación se efectúe a una dirección distinta a la informada, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la notificación del acto.
Cuando dentro del proceso de cobro, el deudor actúe a través de apoderado, la notificación se surtirá a la última dirección que dicho apoderado haya informado.
Si la comunicación enviada por correo es devuelta por cualquier razón, será notificada mediante aviso en un periódico de circulación nacional o de circulación regional del lugar que corresponda a la última dirección informada por el deudor.
La notificación se entenderá surtida, para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el deudor, el término para pagar o excepcionar se contará desde el día hábil siguiente, a la publicación del aviso o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada por el deudor, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal.
De todo lo anterior se deberá dejar constancia en el expediente.
*(Nota: Modificado el presente numeral por la Resolución 960 de 2012 artículo 4° del Servicio Nacional de Aprendizaje)
3.(Nota: Adicionado el presente numeral por la Resolución 960 de 2012 artículo 4° del Servicio Nacional de Aprendizaje)
4. (Nota: Modificado el presente numeral por la Resolución 960 de 2012 artículo 4° del Servicio Nacional de Aprendizaje)
ART. 27.—Vinculación de deudores solidarios. La vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago, el cual deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará en la forma indicada en artículo anterior.
ART. 28.—(Modificado)* Excepciones. En los procedimientos de cobro coactivo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor podrá cancelar el monto de la obligación con sus respectivos intereses, o interponer las siguientes excepciones:
5. La interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios o deudores subsidiarios, estos últimos podrán alegar las excepciones indicadas y para ellos además procederán, las siguientes excepciones:
*(Nota: Modificado por la Resolución 2126 de 2013 artículo 1° del Servicio Nacional de Aprendizaje)
ART. 29.—Forma de proponer excepciones. El ejecutado podrá proponer excepciones dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, mediante escrito al cual deberá acompañar los documentos relacionados y solicitar la ejecución de las pruebas que pretenda hacer valer dentro del proceso.
ART. 30.—(Modificado)* Competencia y trámite de excepciones. Tanto el conocimiento como el trámite y la decisión de las excepciones que se interpongan dentro del proceso radica en el mismo funcionario ejecutor, y es este quien dentro del mes siguiente a la presentación del escrito de excepciones, decidirá sobre ellas, ordenando previamente la práctica de las pruebas que hayan sido pedidas en el mencionado escrito y las que de se decreten de oficio, cuando sean necesarias y pertinentes.
Las pruebas de oficio o a petición del ejecutado, deberán ser decretadas y practicadas dentro del término que tiene el funcionario ejecutor para resolver las excepciones interpuestas contra el mandamiento de pago.
Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario ejecutor así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento cuando fuere el caso, y el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado.
En igual forma procederá si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones.
En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución procede únicamente el recurso de reposición, el cual se debe interponer ante el respectivo funcionario ejecutor, dentro del mes siguiente a su notificación.
El funcionario ejecutor debe resolver el recurso de reposición interpuesto dentro del mes siguiente a su presentación en debida forma.
*(Nota: Modificado por la Resolución 2126 de 2013 artículo 2° del Servicio Nacional de Aprendizaje)
ART. 30A.—(Nota: Adicionado por la Resolución 2126 de 2013 artículo 3° del Servicio Nacional de Aprendizaje)
ART. 31.—Orden de ejecución. Si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario ejecutor proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados, así como liquidación del crédito y las costas procesales.
Esta liquidación se notificará por correo y contra esta no procede recurso alguno.
Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata el presente artículo, no se hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de desconocerse los mismos, se ordenará nuevamente la investigación de ellos para que una vez identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate.
ART. 32.—Recursos en el procedimiento administrativo de cobro. Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro, son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas.
ART. 33.—Medidas preventivas o cautelares. Tanto en la etapa persuasiva como en la coactiva, el funcionario ejecutor podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad.
Para este efecto, el funcionario ejecutor competente podrá identificar los bienes del deudor por medio de las informaciones suministradas por entidades públicas y privadas, que estarán obligadas en todos los casos a dar pronta, exacta y veraz respuesta a la administración, so pena de hacerse acreedores a la sanción de la que trata el artículo 651 literal a) del estatuto tributario.
Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ordenará levantarlas.
Las medidas cautelares también podrán levantarse cuando se admita demanda en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, contra la resolución que falla las excepciones y ordena llevar adelante la ejecución, siempre y cuando se preste garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor adeudado.
ART. 34.—Clases de embargo.
1. Embargo previo. Se encuentra establecido en el artículo 837 estatuto tributario, y es el que se decreta previa o simultáneamente con el mandamiento de pago y antes de su notificación. Para este fin el funcionario ejecutor respectivo tiene la potestad de solicitar la información que se requiera a las entidades públicas y/o privadas para establecer la existencia de bienes de propiedad del deudor.
2. Embargo dentro del proceso. Es el que se decreta una vez ejecutoriado el mandamiento de pago.
Son susceptibles de embargo en cualquier etapa del cobro los bienes muebles e inmuebles, los créditos, los derechos litigiosos, los derechos herenciales, acciones, bonos, salarios, etc.
ART. 35.—Límite de embargos. El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes estos excedieren la suma indicada, deberá reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado.
Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por el funcionario ejecutor dentro de los procesos de cobro que este adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el ejecutado.
Estos recursos no podrán utilizarse por el SENA hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor, con el fallo proferido dentro del cobro coactivo debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes.
Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida y se encuentre para fallo la demanda contra el título ejecutivo ante jurisdicción contencioso-administrativa o el ejecutado garantice el pago del ciento por ciento (100%) del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros. En ambos casos, el funcionario ejecutor entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo.
La caución prestada u ofrecida por el ejecutado, conforme con el párrafo anterior, deberá ser aprobada por el SENA.
ART. 36.—Reducción de embargos. La reducción del embargo procede una vez esté en firme el avalúo de los bienes pero tratándose de dinero o de bienes que no necesitan avalúo como aquellos que se cotizan en la bolsa, basta la certificación de su cotización actual o del valor predeterminado. Esta reducción deberá decretarse antes de que se decrete el remate de bienes, y no procederá la reducción de embargo respecto de bienes cuyo remanente se encuentre embargado
ART. 37.—Levantamiento de las medidas preventivas. Estas se levantarán en los siguientes casos:
1. Cuando el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el acto administrativo que se ejecuta, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y que esta se encuentra pendiente de fallo.
2. Cuando admitida la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra la resolución que resuelve sobre las excepciones y ordena llevar adelante la ejecución, el ejecutado presta garantía bancaria o de compañía de seguros por el valor total de la deuda más los intereses moratorios.
3. Si se trata de embargo sujeto a registro cuando del certificado del registrador aparezca que la parte contra quien se profirió la medida no es la titular del dominio del respectivo bien.
4. Cuando prospere el incidente de desembargo de que trata el numeral 8º del artículo 687 del Código de Procedimiento Civil.
5. Cuando se presente cualquiera de las causales de la terminación del proceso de cobro coactivo.
ART. 38.—Registro del embargo. Se deberá enviar una copia de la resolución que decreta el embargo de bienes a la oficina de registro correspondiente, si sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, el funcionario lo inscribirá y comunicará a la administración y a la autoridad que ordenó el embargo anterior.
En caso de que el crédito que originó el embargo anterior sea de grado inferior al de la entidad, el funcionario ejecutor debe continuar con el procedimiento, informando de ello al juez correspondiente, y pondrá a su disposición el remanente del remate, si este lo solicita.
Por el contrario, si el crédito que originó el embargo es de grado superior, para el caso de que la obligación ejecutada por el SENA sea de índole parafiscal, el funcionario ejecutor se hará parte en el proceso ejecutivo y velará por que se garantice la deuda con el remanente del remate del bien embargado.
Si del respectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los bienes, resulta que los bienes embargados están gravados con prenda o hipoteca, el funcionario ejecutor hará saber al acreedor la existencia del cobro coactivo, mediante notificación personal o por correo para que el acreedor pueda hacer valer su crédito ante la jurisdicción correspondiente.
Respecto del embargo de salarios, se debe informar al respectivo pagador, quien consignará dichas sumas a órdenes de la entidad y responderá solidariamente con el deudor en caso de que no las consigne.
ART. 39.—Diligencia de secuestro. Es el acto mediante el cual el funcionario ejecutor entrega un bien en depósito al secuestre quien adquiere la obligación de cuidarlo y guardarlo y finalmente restituirlo cuando se le ordene. El secuestro solo puede decretarse después de que el embargo sea perfeccionado, salvo en los bienes muebles no sujetos a registro en los cuales este se perfecciona con el embargo.
En el auto que decreta el secuestro se señalará fecha, hora y lugar para adelantar la diligencia de secuestro. Esta diligencia se inicia en el despacho del funcionario ejecutor, en caso de que el secuestre no se haga presente, este se debe reemplazar por cualquiera de las personas que figure en la lista de auxiliares de justicia; se le posesiona y posteriormente el funcionario ejecutor, o el comisionado, junto con el secuestre se trasladan al sitio de la diligencia.
En la diligencia el funcionario ejecutor o el comisionado identificará debidamente los bienes, indicando el estado en el que se encuentra; oirán las oposiciones al secuestro y las resolverá si es el caso.
Decididas las oposiciones en forma adversa a los proponentes, o si estas no fueron formuladas, el funcionario ejecutor o el comisionado declarará legalmente secuestrados los bienes y hará entrega de ellos al secuestre.
De lo anterior se levantará un acta donde se consigna los pormenores de la diligencia de secuestro, la identificación plena del bien, el estado en que se encuentra el bien, las oposiciones propuestas, las prevenciones que se hacen al secuestre con relación al cumplimiento de sus funciones, la cual debe ser suscrita por quienes intervinieron en dicha diligencia.
Debe entenderse que el perfeccionamiento del secuestro se produce cuando el funcionario ejecutor o el comisionado entrega el bien al secuestre y se termina con la devolución que este hace a la persona que designe dicho funcionario.
Esta diligencia podrá ser adelantada por el funcionario ejecutor o por el funcionario que este comisione.
ART. 40.—Posesión del secuestre. El secuestre como auxiliar de justicia ejerce una función pública, y su nombramiento debe ser efectuado por el funcionario ejecutor de la lista de auxiliares de justicia, según las reglas establecidas en los artículos 9º y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Comunicada su designación, si este acepta el cargo se le dará posesión antes o dentro de la respectiva diligencia, a partir de allí está obligado a tomar todas las medidas que estime pertinente para la conservación y mantenimiento de los bienes, no obstante, si dentro de cinco (5) días hábiles, contados a partir de dicha comunicación, no se ha notificado el secuestre, se procederá a reemplazarlo.
El secuestre debe presentar informe mensual de su gestión al funcionario ejecutor, sin perjuicio de la rendición de cuentas que deberá efectuar.
Finalmente, respecto de la remoción, sanciones y responsabilidad del secuestre, se debe observar lo dispuesto en los artículos 8º y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
ART. 41.—Oposición al secuestro. En la misma diligencia que ordena el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los (5) días siguientes a la terminación de la diligencia.
El derecho a oponerse solo radica en cabeza de terceros, es decir, de las personas que no son parte del proceso y que se encuentran poseyendo materialmente el bien en el momento del secuestro, por lo tanto el opositor solo podrá alegar posesión material del bien y no puede discutir su dominio o propiedad.
En la misma diligencia que ordena el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en ese momento, caso en el cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia.
ART. 42.—Liquidación del crédito, costas y gastos de cobranza. Diez (10) días después de ejecutoriada la orden de seguir adelante la ejecución, el funcionario ejecutor practicará por separado la liquidación del crédito, las costas y gastos de cobranza, mediante auto que se notifica por correo y no tiene recursos.
El ejecutado dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación podrá formular objeciones y acompañar las pruebas que estime necesarias, vencido dicho el traslado, el funcionario ejecutor decidirá si aprueba o modifica la liquidación.
De la misma manera se procederá cuando se trate de liquidación adicional.
ART. 43.—Avalúo. El avalúo de los bienes embargados, lo hará el SENA teniendo en cuenta el valor comercial de estos y lo notificará personalmente o, en su defecto, por correo.
Este avalúo podrá ser decretado por el funcionario ejecutor de oficio o a petición de parte cuando:
1. Para establecer límites de embargos.
2. Para efectuar el remate de los bienes objeto de medidas preventivas.
En los casos señalados, si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular designado por la administración, de la lista de auxiliares de justicia, caso en el cual, el deudor deberá cancelar los honorarios respectivos. Contra este avalúo no procede recurso ni objeción alguna.
ART. 44.—Remate de bienes. Cuando se encuentre en firme el avalúo decretado para tal fin, y siempre y cuando no se haya admitido demanda contra la resolución que resuelve el recurso de reposición frente a la resolución que falla las excepciones, o esta no se haya presentado, el funcionario ejecutor deberá efectuar el remate de los bienes embargados y secuestrados directamente o a través de entidades de derecho público o privado.
En esta oportunidad procesal se harán efectivos los títulos judiciales que se hayan constituido a favor de la entidad.
En caso de haberse admitido demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se suspenderá el remate o la efectividad de los títulos judiciales hasta tanto se profiera el fallo correspondiente.
ART. 45.—Suspensión del procedimiento administrativo de cobro. En cualquier etapa del cobro coactivo administrativo el SENA puede celebrar un acuerdo de pago con el deudor, caso en el cual se debe suspender el procedimiento y se podrán, a juicio del ejecutor, levantar las medidas preventivas que el funcionario haya decretado. Para el efecto el funcionario ejecutor deberá proferir auto de suspensión del procedimiento administrativo de cobro.
Sin perjuicio de la exigibilidad de las garantías, cuando se declare el incumplimiento del acuerdo de pago, el procedimiento deberá reanudarse en caso de que las garantías constituidas no sean suficientes para cubrir la totalidad de la deuda.
ART. 46.—Auxiliares en el cobro coactivo administrativo. Para el nombramiento de auxiliares en desarrollo del cobro coactivo administrativo, el funcionario ejecutor podrá utilizar la lista de auxiliares de justicia.
Conforme el parágrafo del artículo 843-1 estatuto tributario, la designación, remoción y responsabilidad de los auxiliares de justicia se regirán por las normas aplicables del Código de Procedimiento Civil.
Los honorarios de los auxiliares se fijarán conforme a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para el año correspondiente.
ART. 47.—Terminación del proceso administrativo de cobro. El funcionario ejecutor dará por terminado el proceso administrativo de cobro y ordenará el archivo del expediente, cuando se establezca plenamente la ocurrencia de alguna de las siguientes causales:
3. Por el decreto de remisibilidad, según el procedimiento aquí establecido para tales efectos.
4. Cuando los recursos y/o las excepciones hayan sido resueltos a favor del ejecutado.
5. Por nulidad del acto administrativo que preste mérito ejecutivo.
En el mismo auto que ordene la terminación del proceso, se decretará el levantamiento de las medidas cautelares y se comunicará esta decisión a las entidades a quienes se les comunicó inicialmente estas medidas.
En el evento en que la obligación conste en un título valor, se ordenará en el auto de terminación del proceso su desglose y devolución al ejecutado. De lo anterior la secretaria deberá dejar constancia en el expediente.
Este auto se notificará por correo y contra él no procede recurso alguno.
PAR.—Si en desarrollo del proceso coactivo administrativo, el funcionario tiene conocimiento de que el deudor se encuentra incurso en procesos de reestructuración de la Ley 550 de 1999, liquidación obligatoria o de proceso concursal, se debe proceder al archivo de las diligencias adelantadas y a remitir las el título ejecutivo al área competente para que, dentro de los procesos indicados, la entidad se haga parte para hacer los créditos a su favor.
ART. 48.—Gastos en el procedimiento administrativo coactivo. En el cobro coactivo administrativo, el ejecutado deberá cancelar, además del monto de la obligación, los gastos en que incurrió la administración, tales como costas y apoyo externo para hacer efectivo el crédito.
ART. 49.—Proceso ante lo contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, solo serán objeto de demanda por acción de nulidad y restablecimiento del derecho de la que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa la resolución que resuelve las excepciones propuestas en el proceso de cobro y que ordenan seguir adelante con la ejecución.
La admisión de la demanda ante lo contencioso administrativo, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.
Prescripción y remisibilidad
ART. 50.—Competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro coactivo. La competencia para declarar la prescripción de las acciones a favor de la entidad, radica en cabeza del funcionario ejecutor en cada jurisdicción regional y en el coordinador de gestión de cobro coactivo en la dirección general, en virtud de lo enunciado en el artículo 8º de la Ley 1066 de 2006.
ART. 51.—Concepto de prescripción. Es la extinción de la obligación a favor del deudor, por el transcurso de determinado tiempo sin que hayan existido acciones tendientes al cobro de la obligación por parte del SENA.
ART. 52.—Término de prescripción. Las obligaciones a favor de la entidad tienen el término de prescripción establecido por la ley para cada uno de las obligaciones que cobran mérito ejecutivo en el proceso de cobro coactivo administrativo, señaladas en el artículo 9º del presente reglamento.
ART. 53.—Eventos en los que se interrumpe el término de prescripción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 2539 del C.C., la prescripción se interrumpe:
1. Por la expedición del mandamiento de pago, siempre y cuando se notifique dentro de año siguiente a su expedición.
2. Por la suscripción de un acuerdo de pago.
3. Por el pago parcial que haga el deudor sobre el valor de las acreencias contenidas en el título ejecutivo base de cobro, fecha en la cual se interrumpe el término prescriptivo, volviéndose a contar dicho término a partir del último pago efectuado.
ART. 54.—Procedimiento para declarar la prescripción de oficio en el cobro coactivo. Para que proceda la declaración de prescripción de una acción de cobro a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se dará estricto cumplimiento a las siguientes etapas:
1. Una vez establecido que la acción de cobro se encuentra prescrita, el funcionario ejecutor deberá emitir la respectiva resolución debidamente motivada que la declare.
2. En la resolución que se decrete la prescripción, se deberá ordenar su remisión al subcomité depuración contable de la dirección regional respectiva, para efectuar las acciones contables procedentes y establecer las posibles acciones disciplinarias, y si es el caso se remitan al área competente.
Copia de dicho acto, deberá remitirse de igual manera a la coordinación del grupo de gestión de cobro coactivo.
3. La resolución que declara la prescripción se notificará al deudor por correo y contra ella no procede recurso alguno.
ART. 55.—Concepto de remisibilidad. Es una forma de extinguir las obligaciones a cargo del deudor, mediante la condonación de la deuda o renuncia del acreedor a exigir su cumplimiento. En materia de cobro coactivo, está estipulada la remisión para las personas que mueren sin dejar bienes, las que carecen de respaldo económico debidamente comprobado con las formalidades legales, y para los créditos que por su cuantía representan un menor costo beneficio frente al valor que se va a recuperar.
ART. 56.—Competencia para declarar la remisibilidad. El director administrativo y financiero de la dirección general del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de conformidad a lo establecido en el artículo 820 del estatuto tributario y del parágrafo 2º del artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, podrá, en cualquier tiempo, declarar la remisibilidad de obligaciones a favor de la entidad siempre que se den los presupuestos y se cumpla el procedimiento establecido en el presente capítulo.
ART. 57.—(Modificado).* Requisitos. Son remisibles las obligaciones que, no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su recaudo, cumplan con los siguientes requisitos:
1. Las que estén a cargo de personas que hayan fallecido sin dejar bienes, siempre y cuando obren dentro del expediente copia de la partida de defunción o la certificación que en tal sentido expida la Registraduría Nacional del Estado Civil y las pruebas de la investigación realizada que permita derivar la inexistencia de bienes del causante a la fecha de la remisión.
2. De las que no se tenga noticia del deudor y no haya sido posible su ubicación. Las que estén sin respaldo económico alguno, bien sea por no existir bienes embargados o garantía que respalde su pago, o porque se haya realizado investigación de bienes que concluya con resultados negativos que demuestren la no existencia de los mismos, siempre y cuando la deuda tenga una anterioridad de más de cinco años.
Se entenderá que no se tiene noticia del deudor cuando no haya sido posible su localización en la dirección que fue informada por él o en la determinada por el funcionario ejecutor, mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria, tratándose de personas jurídicas, además de lo anterior, el no localizarlas en la dirección del domicilio principal, de sus sucursales y agencias, o cuando en los últimos tres años no haya renovado su matrícula mercantil, cuando haya vencido el término de duración de la sociedad o cuando se tenga constancia sobre su liquidación.
También procederá la remisibilidad del saldo insoluto de la obligación que no quedare cubierto con el producto de los bienes embargados, siempre y cuando exista prueba en el expediente de que el deudor no cuenta con más bienes que puedan ser objeto de embargo, siempre y cuando la deuda tenga una anterioridad de más de cinco años.
Para declarar remisibles las obligaciones, previamente debe requerirse al deudor, mediante cuenta de cobro, mandamiento de pago o cualquier otro tipo de comunicación escrita para que se satisfaga las obligaciones.
PAR.—La investigación de bienes incluirá al deudor principal, y a los deudores solidarios si los hubiere, en el lugar donde el deudor o deudores tengan su domicilio o asiento principal de sus negocios, sucursales o agencias.
(Nota: Modificado por la Resolución 580 de 2012 artículo 1° del Servicio Nacional de Aprendizaje)
*(Nota: Modificado por la Resolución 1624 de 2012 artículo 1° del Servicio Nacional de Aprendizaje)
ART. 58.—Efectos. La resolución que declare la remisibilidad de las obligaciones ordenará suprimir de la contabilidad y demás registros de la entidad las deudas e igualmente la terminación y archivo del proceso administrativo coactivo si lo hubiere, o el archivo del expediente si no se hubiere notificado el mandamiento de pago.
ART. 59.—Procedimiento para la declaración de remisibilidad. Para que proceda la declaración de remisibilidad de una obligación a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se dará estricto cumplimiento a las siguientes etapas:
1. El funcionario ejecutor que considere que existen, en su despacho de cobro coactivo administrativo, obligaciones en las cuales se cumplan los presupuestos para que se decrete la remisibilidad, deberá informarlo al Subcomité de depuración contable de la regional, creado mediante Resolución 21 del 10 de enero de 2007.
2. El subcomité de depuración contable regional evaluará las características de la obligación y rendirá concepto acerca de la procedencia o improcedencia de la declaración de remisibilidad de la obligación.
3. En caso de ser favorable el concepto acerca de la declaratoria de remisibilidad de la obligación por parte del Subcomité de depuración contable regional, se remitirá el expediente para el estudio del Comité técnico de sostenibilidad del sistema contable del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, creado en la Resolución 21 del 7 de enero de 2007.
4. Luego de realizar el análisis y evaluación del caso el Comité técnico de sostenibilidad del sistema contable del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se pronunciará acerca de la procedencia o improcedencia de la declaración de remisibilidad y rendirá concepto al director administrativo y financiero.
5. El director administrativo y financiero declarará mediante resolución la remisibilidad de obligaciones a favor de la entidad, previo concepto favorable del caso por parte del comité técnico de sostenibilidad del sistema contable.
Por el contrario, si adelantado el trámite descrito, se encontrare que no hay lugar a la declaratoria de remisibilidad del crédito, se procederá a continuar con el proceso de cobro coactivo diseñado en el presente capítulo.
Clasificación de cartera
ART. 60.—Clasificación de la cartera del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Con el fin de establecer prioridades en la ejecución de obligaciones a favor de la entidad, el funcionario ejecutor clasificará la cartera que es remitida para su cobro en prioritaria y no prioritaria de acuerdo a los siguientes criterios, de conformidad con el numeral 3º del artículo 2º del Decreto 4473 de 2006:
1. Por la cuantía: Se clasificará en:
Mínima: Se tendrá como cartera de mínima cuantía los créditos a favor de la entidad inferiores a quince (15) salarios mínimos legales mensuales, inclusive.
Menor: Se tendrá como cartera de menor cuantía los créditos a favor de la entidad igual o superiores a quince (15) salarios mínimos legales mensuales, e inferiores a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales.
Mayor: Se tendrá como cartera de mayor cuantía los créditos a favor de la entidad igual o superiores a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales.
2. Por la antigüedad: Se clasificará en:
Cartera de menos de un año de exigibilidad del título.
Cartera de un año hasta cuatro años de exigibilidad del título.
Cartera de cuatro a cinco años de exigibilidad del título.
Cartera de más de cinco años de exigibilidad del título.
3. Por las condiciones particulares del deudor: Con este criterio se clasificará en:
Cartera de cobro viable: Cuando el funcionario ejecutor tenga pleno conocimiento de la solvencia del deudor.
Cartera de difícil cobro: Cuando no se ubique al deudor de la obligación, o cuando siendo ubicado después de la investigación de bienes no se han determinado bienes que respalden el pago de la obligación, o en el evento en que las medidas preventivas decretadas en el proceso sean improductivas.
Cartera suspendida: Cuando se celebran acuerdos de pago, o cuando se encuentra suspendido el proceso a la espera de fallo en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en jurisdicción contencioso-administrativa.
4. Por la naturaleza de la obligación: Se clasifican por el origen del título de conformidad con el artículo 9º de la presente resolución.
5. Por la naturaleza del título:
Cartera soportada en actos administrativos.
Cartera soportada en título valor o cualquier otro documento que contenga una obligación clara, expresa y exigible a favor de la entidad.
6. Por la naturaleza jurídica del deudor: Se clasificará en:
A cargo de entidad pública: Aquella en la cual el cumplimiento de la obligación se encuentre a cargo de una persona jurídica de derecho público.
A cargo de persona natural o jurídica, de derecho privado: Aquella en la cual el cumplimiento de la obligación se encuentre a cargo de una persona natural o jurídica de derecho privado.
ART. 61.—Competencia. El competente para la suscripción de un acuerdo o facilidad de pago, tanto en la etapa persuasiva como en la coactiva, es única y exclusivamente el funcionario ejecutor, previa solicitud del deudor, la cual debe contener entre otros los siguientes datos:
1. El plazo solicitado.
2. La periodicidad de las cuotas.
3. La descripción de la garantía ofrecida.
ART. 62.—Requisitos para la suscripción de acuerdo de pago. El requisito previo que debe cumplir el deudor es el pago de un porcentaje del monto adeudado como mínimo, así como los gastos de cobranza que se hayan causado. Para determinar el porcentaje que se debe cancelar, se tendrá en cuenta la clasificación por el monto de la obligación, así:
Mínima cuantía: El deudor de una obligación de mínima cuantía deberá cancelar, previamente a la celebración del acuerdo, mínimo el veinte (20%) del valor del capital adeudado.
Menor cuantía: Para la celebración del acuerdo de pago de una obligación de menor cuantía, debe cancelar previamente mínimo el quince (15%) del valor del capital adeudado.
Mayor cuantía: Para este tipo de obligaciones, el acuerdo de pago solo procederá previo pago de mínimo el diez (10%) del valor total del capital adeudado.
A los pensionados deudores de mayores valores pagados en la mesada pensional, este porcentaje será de mínimo el tres por ciento (3%) del total del mayor valor pagado.
ART. 63.—Liquidación. Para celebrar un acuerdo de pago, se debe efectuar la liquidación del crédito a la fecha del acuerdo, calculando los intereses moratorios causados hasta esa fecha, a la tasa legalmente prevista para cada obligación, los gastos de cobranza generados y las costas a que haya lugar. Esta liquidación debe anexarse al acuerdo de pago.
ART. 64.—Tasa de interés. De conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006, las contribuciones parafiscales que no sean canceladas oportunamente, deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el estatuto tributario, es decir, a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora.
Para las obligaciones parafiscales, los acuerdos de pago que se celebren en el cobro de este tipo de obligaciones, generan intereses durante el plazo otorgado en el acuerdo a la tasa de interés moratorio equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de suscripción del acuerdo. Dicha tasa deberá ser actualizada, trimestralmente, conforme las variaciones que certifique la Superfinanciera, durante el plazo otorgado.
Para las obligaciones diferentes a contribuciones parafiscales se aplicará la tasa de interés moratorio especial prevista en el ordenamiento nacional para cada tipo de obligación, de conformidad al artículo 7º del Decreto 4473 de 2006. Esta misma tasa se aplicará, durante el plazo otorgado en el acuerdo de pago, sobre los saldos insolutos de la deuda.
ART. 65.—Plazo. De conformidad a lo regulado en el artículo 3º, numeral 2º, del Decreto 4473 de 2006, el plazo máximo para el pago de cualquier obligación, mediante la suscripción de un acuerdo de pago, será hasta de cinco (5) años, así:
1. Mínima cuantía: Obligaciones inferiores a 15 smmlv, hasta 24 meses de plazo;
2. Menor cuantía: Obligaciones desde 15 smmlv hasta 90 smmlv hasta 42 meses de plazo;
3. Mayor cuantía: Obligaciones superiores a 90 smmlv, hasta 60 meses de plazo.
PAR.—Las deudas generadas por el pago de doble mesada pensional en forma independiente de su cuantía, tendrán un plazo máximo de cinco (5) años.
PAR. 2º—(Nota: Adicionado por la Resolución 654 de 2007 artículo 1° del Servicio Nacional de Aprendizaje)
ART. 66.—Garantías. Las garantías que se constituyan a favor del SENA deben cubrir suficientemente el valor tanto de la obligación principal, sus respectivos intereses y los gastos en que incurra la administración durante el cobro.
Las garantías que cada deudor que suscriba un acuerdo de pago, debe constituir como respaldo, se sujetarán a los siguientes criterios:
a) Monto de la obligación: Según el monto de la obligación, las garantías pueden ser:
Personales: El SENA podrá aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior a tres mil (3.000) unidades de valor tributario (UVT), teniendo en cuenta la expresa remisión del parágrafo 3º del artículo 4º del Decreto 4473 de 2006 al artículo 814 del estatuto tributario, en concordancia con la Ley 1111 de 2006, artículos 50 y 51.
Cuando se trate de personas naturales, la garantía personal será suscrita tanto por el deudor como por un codeudor solvente que posea finca raíz y/o certificado laboral. En el caso de personas jurídicas, la garantía se suscribirá tanto por el representante legal como por un codeudor solvente, que puede ser o no socio de la empresa deudora, a satisfacción del SENA.
En el evento en que no sea posible constituir la garantía personal (codeudor), deberá reemplazarse por una garantía real.
Reales: En caso de que la cuantía de la deuda supere el monto de tres mil (3.000) unidades de valor tributario (UVT), el deudor deberá constituir garantías reales, como tal se encuentra la garantía real sin tenencia que implica la constitución de un derecho real accesorio sea hipoteca o prenda, a favor de la entidad, sobre un bien perteneciente al obligado a prestar la caución, sin que este posea la tenencia de aquel.
b) Tipo de acreencia: Según el tipo de acreencia las garantías, pueden corresponder a:
Entidades públicas: El SENA podrá suscribir acuerdos o convenios de pago con otras entidades públicas por cualquier concepto, siempre y cuando los compromisos dinerarios que allí se estipulen estén sujetos a lo dispuesto en el certificado de disponibilidad presupuestal de la respectiva entidad y esta cuente con la autorización de vigencias futuras, si es del caso, de conformidad con el estatuto orgánico del presupuesto, tal y como se indica en el artículo 2º, numeral 4º, de la Ley 1066 de 2006.
Entidades privadas o personas naturales: El SENA podrá suscribir acuerdos o convenios de pago con aquellas entidades privadas o personas naturales que como respaldo presten, a satisfacción de la entidad, cualquiera de las siguientes garantías:
Caución en dinero: Consiste en el depósito de una suma de dinero en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario a órdenes del SENA, para lo cual el despacho debe ordenar al banco la entrega del dinero, o
Garantía bancaria: Esta garantía se otorga para que la institución bancaria responda hasta por una determinada cantidad de dinero, en ese caso el banco contrae la obligación de pagar el valor que se liquide a cargo de quien constituye la caución, o
Garantía real: Ofrecer bienes muebles o inmuebles para su embargo y secuestro.
Póliza judicial: Consiste en constituir un contrato de seguro mediante el cual una compañía aseguradora se obliga a pagar una suma de dinero no superior al monto de la caución en caso de que se produzca el siniestro cuyo riesgo se ampara, o
Fideicomiso: En este caso el deudor transfiere a una entidad fiduciaria determinados bienes con el propósito de respaldar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y a favor del SENA; en el evento en que aquel incumpla su obligación, la entidad podrá disponer de los bienes con el fin de cubrir la deuda.
Las demás garantías, legalmente constituidas, que respalden suficientemente la obligación y que sean aceptadas, a satisfacción, por el SENA.
Sin excepción alguna, todas las garantías deberán constituirse a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
c) Criterios objetivos para calificar la capacidad de pago de los deudores: Para proceder a exigir la constitución de una garantía, el respectivo funcionario ejecutor podrá calificar la capacidad de pago de los deudores con base en los siguientes documentos:
Para entidades públicas: Las entidades públicas que requieran suscribir un acuerdo de pago con la entidad deben acreditar la existencia del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, con la autorización de vigencias futuras. Para calificar la capacidad de pago de esta clase de entidades, es preciso tener en cuenta si la misma se encuentra en proceso de reestructuración, concordato o liquidación obligatoria o administrativa.
Para entidades de derecho privado: Las entidades de derecho privado que requieran suscribir un acuerdo de pago con la entidad, deberán aportar sus estados financieros legalmente soportados, en los cuales se demuestre la solvencia económica de la empresa.
Para personas naturales: Las personas naturales que requieran suscribir un acuerdo de pago con la entidad deberán presentar certificado de ingresos y retenciones y/o certificados de propiedad de bienes inmuebles o automotores, y demás documentación que demuestre solvencia económica, conforme lo requiera el respectivo funcionario ejecutor.
d) Acuerdo de pago sin garantía: El acuerdo de pago se podrá suscribir sin garantía bajo los supuestos establecidos en el artículo 814 del estatuto tributario, atendiendo lo previsto en el parágrafo 4º del artículo 4º del Decreto 4473 de 2006, así:
4. Cuando el término no sea superior a un año, y
5. Cuando el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro.
e) Costos: De conformidad con el parágrafo 2º del artículo 4º del Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, los costos que represente el otorgamiento de la garantía deben ser cubiertos por el deudor o el tercero que suscriba el acuerdo de pago en nombre suyo.
ART. 67.—Cláusula aceleratoria. Es obligatorio establecer, en todos los acuerdos de pago que el SENA celebre con sus deudores, una cláusula aceleratoria que operará en caso de incumplimiento del acuerdo, según lo regulado en el Decreto Reglamentario 4473 del 15 de diciembre de 2006, artículo 3º numeral 3º.
Esta cláusula aceleratoria se hará efectiva cuando se presente el incumplimiento en dos (2) de las cuotas pactadas en el respectivo acuerdo de pago o cuando el obligado presente mora en el pago de cualquier otro tipo de obligación a su cargo y en favor del SENA por un término de dos meses.
Esta cláusula también se hará efectiva en el evento en que el deudor inicie trámite de liquidación obligatoria, acuerdo de reestructuración, se someta a proceso concordatario o convoque a concurso de acreedores. En este caso el SENA deberá hacerse parte dentro del proceso con el respectivo título valor.
En caso de incumplimiento del acuerdo de pago, el funcionario ejecutor deberá mediante auto motivado, dejar sin efecto el acuerdo de pago suscrito, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía prestada, y ordenar la práctica de embargos, secuestros y remate de los bienes.
Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante el funcionario ejecutor, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación por correo. Este recurso deberá ser resuelto dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma.
ART. 68.—Obligación de reporte. De acuerdo con lo estipulado en el numeral 6º del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, el SENA deberá reportar a la Contaduría General de la Nación a los deudores que incumplan o hayan incumplido acuerdos de pago celebrados con la entidad. Este reporte deberá ceñirse a lo establecido en la Ley 901 de 2004 y tiene como fin identificar a los deudores incumplidos en el boletín de deudores morosos del Estado.
ART. 69.—Prohibición. No se podrán celebrar acuerdos de pago con deudores del SENA que aparezcan reportados en el boletín de deudores morosos del Estado por el incumplimiento de acuerdos de pago.
Esta prohibición solo podrá superarse cuando se subsane el incumplimiento por el cual esté reportado el deudor y la Contaduría General de la Nación así lo certifique.
ART. 70.—Aspectos no regulados. En los aspectos compatibles y no contemplados en la presente resolución, se observarán en el procedimiento administrativo de cobro las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes.
ART. 71.—El apoyo a las gestiones concernientes al cobro persuasivo y/o coactivo podrán ser contratadas con personas naturales o jurídicas.
ART. 72.—El coordinador del grupo de gestión de cobro coactivo de la dirección jurídica, deberá establecer en un plazo que no exceda de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, todos los modelos y formatos necesarios para el ejercicio de las funciones de los ejecutores y de los secretarios de la jurisdicción coactiva, a nivel nacional.
ART. 73.—La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial, la cual será realizada por conducto de la secretaría general de la entidad y deroga las resoluciones 1093 y 1716 de 2003, las demás disposiciones que le sean contrarias, así como todas las directrices expedidas, relacionadas con el cobro persuasivo y coactivo.