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Timestamp: 2018-07-16 17:49:20
Document Index: 136902106

Matched Legal Cases: ['artículo 223', 'artículo 108', 'artículo 223', 'artículo 92', 'artículo 336', 'artículo 89', 'artículo 429', 'artículo 92']

Andrea De León , ABOGADOS CONSULTORES: Derecho Constitucional:" Recurso de Revisiòn de Sentencia de Juez Superior del Trabajo que cercenò Derechos laborales de Trabajador consistente en una diferencia de 28 años de Prestaciones Sociales Declarada Con Lugar""
Derecho Constitucional:" Recurso de Revisiòn de Sentencia de Juez Superior del Trabajo que cercenò Derechos laborales de Trabajador consistente en una diferencia de 28 años de Prestaciones Sociales Declarada Con Lugar""
Expediente número 15-0089
El 21 de enero de 2015, el ciudadano EDGARDO ENRIQUE AHUMADA AHUMADA, titular de la cédula de identidad N° E-81.361.176, asistido por el abogado Gilberto Antonio Andrea González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 37.063, solicitó revisión de la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2011 por el Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró parcialmente con lugar la demanda por cobro de prestaciones sociales contra la sociedad mercantil Editorial Origen S.A., que forma parte del grupo económico conformado por las sociedades mercantiles Edinter Corporación S.A., Corporación Seremi S.A. y Plubliamer S.A.
El 27 de enero de 2015, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 7 de abril de 2015, esta Sala dictó la sentencia núm. 435, en la que ordenó a la Secretaría del Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitir el expediente original de la causa alfanumérica AP21-R-2011-001161 de ese Tribunal, correspondiente al juicio por cobro de prestaciones sociales incoada por el ciudadano Edgardo Enrique Ahumada Ahumada contra la empresa Editorial Origen S.A., y en caso de no encontrarse en ese Tribunal, realice las gestiones pertinentes para recabarlo.
El 14 de mayo de 2015, se recibió en esta Sala el Oficio núm. 7530/2015 del 11 de mayo de 2015, proveniente del Tribunal Vigésimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual suministró la información solicitada. En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala y se agregó al expediente.
Que el ciudadano Edgardo Enrique Ahumada Ahumada “(…) [c]omenzó a prestar sus servicios personales, subordinados y enumerados con el cargo de vendedor para la empresa EDITORIAL ORIGEN, S.A., (…) representada por los ciudadanos SERAFIN (sic) HERNANDEZ (sic) LOPEZ (sic) Y MAURICIO CORTES (sic) VALDES (sic) (…) con el carácter de Presidente y Vice-presidente (…) la cual conforma un grupo económico de empresas como son (EDINTER CORPORACIÓN S.A., CORPORACIÓN SEREMI S.A. Y PLUBLIAMER S.A.) (…) siendo la fecha de ingreso el 17 de abril de 1978 hasta el 15 de enero del 2010, en la cual fue despedido injustificadamente” (destacado del escrito y corchetes de este fallo).
Que “(…) procedi[ó] a demandar el pago de sus Prestaciones (sic) Sociales (sic) en contra de la empresa EDITORIAL ORIGEN, S.A., que es la última empresa donde prestó servicios, ya que esta pertenece al grupo económico de empresas (EDINTER CORPORACIÓN S.A., CORPORACIÓN SEREMI S.A. Y PLUBLIAMER S.A.) las cuales son solidariamente responsables del pago de las prestaciones sociales de [su] mandante” (destacado del escrito y corchetes de este fallo).
Que el Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia dictada el 17 de noviembre de 2011 “(…) CERCENO (sic) [sus] DERECHOS CONSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN LOS ORDINALES (sic) 1 Y 2 DEL ARTICULO (sic) 89 DE LA CONSTITUCION (sic) NACIONAL (sic) DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (…) ya que dicha sentencia acordó (sic) el pago de [sus] prestaciones sociales y ordenó erróneamente la cancelación (sic) de 4 años hecho que lesionó [sus] Derechos (sic) laborales ya que se [le] priva de los beneficios de ley de 28 años de [su] vida entregado en cuerpo y alma a la empresa demandada (…) como lo son sus Prestaciones (sic) Sociales (sic) [por cuanto que] no analizo (sic) las pruebas que dejan claramente demostrado que labor[ó] 32 años para la empresa demandada (MUY ESPECIALMENTE constancia del Seguro Social donde consta que ingres[ó] a la Empresa (sic) el 17 de Abril de 1978) y no 4 años tal y como termino (sic) determinando en su sentencia (…)” (destacado del escrito y corchetes de este fallo).
Que “(…) durante 32 años y de manera inexplicable el Juez Superior no advierte la contradicción grave que existe entre el Libelo confeccionado por el PROCURADOR DEL TRABAJO que afirmó en evidente Error (sic) de transcripción que la relación laboral era de 4 años, esa situación grave hace que queden por fuera [sus] Derechos (sic) laborales de 28 años adicionales que afectan los cálculos relacionados con el pago (…)” (destacado del escrito).
Que “(…) en materia laboral el Juez tiene amplia Jurisdicción (sic) y está obligado a hacer prevalecer la verdad sobre las formas según mandato expreso del articulo (sic) 89 ordinales (sic) 1 y 2 de la Constitución Nacional (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, lamentablemente cuando [s]e enter[ó] del error cometido por el PROCURADOR DEL TRABAJO ya el Juez había CONDENADO A PAGAR 4 AÑOS DE PRESTACIONES a pesar de que de las pruebas aportadas se desprendía claramente que [sus] DERECHOS LABORALES SE CORRESPONDIAN (sic) CON 32 AÑOS DE SERVICIOS PARA LA EMPRESA DEMANDADA (…)”.
Que “(…) la falta de actividad del Juez en el análisis de las pruebas atribuyéndoles un valor probatorio distinto al que emana de dichas pruebas documentales condenando a la demandada a pagar 4 años lo cuál (sic) gustosamente acepto (sic) la demandada como un hecho no controvertido (…)”.
Que “(…) esta sentencia obviamente [le] PERJUDICA en el sentido de que se [le] están restando los cálculos relacionados con 28 años de trabajo (…)” (destacado del escrito).
Que “(…) no pued[e] PERDER [sus] DERECHOS LABORALES más concretamente [sus] PRESTACIONES SOCIALES por un ERROR IMPERDONABLE del PROCURADOR DEL TRABAJO que declaro (sic) en el LIBELO DE LA DEMANDA que trabaj[ó] 4 años para la demandada cuando en realidad trabaj[ó] 32 años dejando por fuera del cálculo 28 años de servicio ininterrumpido para una EMPRESA que a sabiendas de que el tiempo de servicio declarado por el PROCURADOR DEL TRABAJO no se correspondía con la realidad lejos de advertir el ERROR GRAVE en que incurría aquel (sic) sin embargo lo avalo (sic) conviniendo (…)” (destacado del escrito).
Que resulta “(…) más lamentable que el Juez Superior NO SE DIERA CUENTA DE TAL IRREGULARIDAD CERCENANDO EN CONSECUENCIA [sus] DERECHOS FUNDAMENTALES todo fruto de una FALTA DE ACTIVIDAD que consistió en no analizar debida y correctamente las pruebas aportadas, violentado así EL CARÁCTER DE INTANGIBILIDAD, PROGRESIVIDAD E IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR quién (sic) no ha renunciado a sus Derechos (sic) y que por tanto no se pueden perder por un GRAVE ERROR DEL PROCURADOR DEL TRABAJO y del JUEZ SUPERIOR QUINTO que debía haberlo corregido(…)” (destacado del escrito).
Que “(…) no pued[e] ser (…) víctima del SISTEMA LABORAL en el sentido de que EL TRABAJADOR ES EL DEBIL (sic) JURIDICO (sic) y debe ser protegido en el Goce (sic) y disfrute de sus Derechos (sic) fundamentales por el Sistema de Tribunales que conforman el circuito (sic) Judicial Laboral” (destacado del escrito y corchetes de este fallo).
Finalmente, solicitó que se declare que ha lugar la revisión constitucional formulada y anule la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2011 por el Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
El 17 de noviembre de 2011, el Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en la que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la empresa Editorial Origen S.A. contra la sentencia dictada el 1 de julio de 2011 y parcialmente con lugar la demanda por cobro de prestaciones sociales incoada por el ciudadano Edgardo Enrique Ahumada Ahumada, conforme a los razonamientos:
“Ahora bien, queda por resolver el aspecto fundamental de la apelación de la parte demandada, el cual esta (sic) referido a la variabilidad salarial, la cual no esta (sic) en controversia entre las partes, por el contrario, a (sic) quedado plenamente establecido ante esta alzada, la conformidad de ambas partes en que efectivamente la naturaleza salarial era variable durante el decurso de la relación laboral. ASI (sic) SE ESTABLECE.
Tenemos, la parte demandada argumenta que la juez de juicio desconoció el argumento de las partes en el decurso del proceso, en cuanto a la variabilidad salarial, siendo que precisa que la a quo, indicó lo siguiente:
Ahora bien, este tribunal observa que en la audiencia de juicio, específicamente en el minuto 5.50, la parte actora expresamente atendiendo al llamado de la juez de precisar con claridad los argumentos sobre los cuales se fundamentaba su exposición, precisa e impugna las documentales que no se encontraban suscritas por su representado, en tal sentido observa este tribunal de alzada que mas (sic) allá de la impugnación por la falta de suscripción alegada por la parte actora, existen una serie de documentos que si están suscritos, específicamente los cursantes a los folios 125, 127, 131, 135, 138, del expediente, evidenciándose de esta manera una impugnación genérica, que al realizar una comparación entre tales documentales y las que (sic) el resto de las mismas que no se encuentran suscritas, siendo que emanan de la misma persona, aunado al hecho de que el propio apoderado actor argumentó y aceptó ante esta alzada que efectivamente el salario no era fijo durante toda la relación laboral, con lo cual queda plenamente reconocida la variabilidad salarial, la cual no se encontraba controvertida y la parte demandada recurre en el punto fundamental que se evidencia de la propia manifestación de las partes de que tenia (sic) un salario variable. Por lo que si bien es cierto que debe este tribunal desechar aquellas documentales que no están suscritos (sic) por estar impugnados (sic), no es menos cierto que a los efectos del salario base de calculo (sic) para determinar los conceptos condenados por la juez a quo, y de los cuales no se efectuó apelación alguna, deberá ordenarse una experticia complementaria del fallo, por un único experto, a cargo de ambas partes por lo parcialmente con lugar de la demanda; quien deberá establecer el salario normal e integral del actor, y así proceder a la cuantificación de los conceptos condenados por instancia, bajo los parámetros de instancia en lo referido a los números de días, para cada concepto, pero mediante la base de calculo (sic) salarial que se determine. Con la clara determinación que para el mes de mayo de 2008, fecha en la cual fue otorgada la constancia que riela al folio 115, debidamente aceptada por la parte demandada, será ese el salario imputable a la prestación de antigüedad. Asimismo, como fue claramente determinado por la parte demandada, si el experto contable en el decurso de su experticia, observa que en algún momento de la prestación del servicio el actor devengó un salario inferior al mínimo nacional, deberá establecer el monto del mínimo correspondiente para el periodo o mes correspondiente. Queda así declarara (sic) Con (sic) lugar la apelación de la parte demandada. Todo lo cual será determinado en la parte dispositiva del presente fallo. ASI (sic) SE DECIDE.-
DE LOS PARTE (sic) ACTORARÁMETROS (sic) DE LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO Y LOS CONCEPTOS CONDENADOS
Así tenemos que el experto que resulte designado deberá efectuar el cálculo del salario normal devengado por el ex trabajador accionante durante todo el decurso de la relación de trabajo basándose en los recibos cursantes en autos, así como de la contabilidad de la empresa demandada; igualmente, deberá determinar el salario integral tomando en consideración para éste (sic) último la alícuota de utilidades a razón de 15 días por año y para la alícuota de bono vacacional de conformidad con las previsiones del artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo (durante todo el decurso de la relación de trabajo). Así mismo, una vez cuantificados los salarios (tanto normal como integral) el experto procederá a cuantificar la prestación de antigüedad (cinco día por mes a partir del cuarto mes inclusive) con el salario integral devengado mes a mes, desde el 26 de febrero de 2006, hasta el 15 de enero de 2010. Dicha prestación de antigüedad deberá calcularse con sus correspondientes intereses, con base a lo previsto en el artículo 108 y su literal (sic) ‘c’, de la Ley Orgánica del Trabajo. El experto a los fines de calcular la prestación de antigüedad deberá incluir al salario mensual las alícuotas de 15 días de utilidades anuales y 7 días anuales de bono vacacional conforme a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo, con los correspondientes días adicionales por cada año de antigüedad. En la Experticia Complementaria del fallo ordenada para calcular los intereses de la prestación de antigüedad, el perito considerará las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela para cada período, tomando en cuenta la fecha en la cual será pagado este concepto, y hará sus cálculos tomando en consideración las pautas legales para cada período capitalizando los intereses, correspondiendo a la actora la diferencia que derive de la aplicación del salario establecido en el presente fallo y lo pagado por la demandada a salario fijo. Finalmente el experto deberá deducir de lo que corresponda al actor, los anticipos recibidos por éste de Bs. 1.600,00, Bs.4.800 y Bs.350, tal como quedó demostrado de documentales cursantes a los folios 117 y 187, 188 y 189 respectivamente del expediente contentivo de la presente causa.
Igualmente, se ordena efectuar el cálculo de lo que corresponderá al actor por concepto de utilidades durante tota (sic) la relación laboral, desde el 26 de febrero de 2006 hasta el 15 de enero de 2010, a razón de 15 días de salario, para lo cual el experto deberá tomar como base de cálculo el salario devengado por el accionante en el ejercicio económico correspondiente, y que ha sido establecido en el presente fallo (Vid. Sentencia emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 13 de mayo de 2008, caso Oswaldo Salazar Rivas contra la sociedad mercantil Medesa Guayana, c.a.). Una vez realizada la experticia correspondiente, el experto deberá deducir lo recibido por el actor por este concepto, que asciende a la cantidad de B.1.372,71, según documental cursante al folio 192 del expediente.
Se condena a la demandada al pago por concepto de diferencia de vacaciones y bono vacacional, por cuanto como bien quedo (sic) establecido en la sentencia de instancia, si bien es cierto que la demandada demostró el pago de las correspondientes a los años 2007 y 2008 (folios 190 y 191 del expediente), no es menos cierto que tal como ha quedado establecido en el presente fallo, el actor devengó a lo largo de la relación de trabajo un salario variable, por lo que a los fines de lo que corresponda al actor por estos conceptos, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, en la cual el experto deberá tomar como base de cálculo el salario normal devengado por la accionante en el año correspondiente, y con base a los días señalados en los artículos 219 y 223 de la Ley orgánica (sic) del Trabajo. Una vez realizada la experticia correspondiente, el experto deberá deducir lo recibido por el actor por estos conceptos, que asciende a la cantidad de B.1.341,28 y Bs.1265,00, según documentales cursantes a los folios 190 y 191 del expediente.
Igualmente, se condena a la empresa demandada al pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad desde el mes en que nació el derecho hasta la finalización de la relación de trabajo que ha unido a las partes; ahora bien los anticipos señalados supra deben descontarse en el mes correspondiente en que han sido cobrados con lo cual agrega esta Alzada que afecta la capitalización de los intereses sobre la prestación de antigüedad. Con lo cual los parámetros de la experticia en cuanto al cálculo de los intereses sobre la prestación de antigüedad a (sic) fin de que no exista un enriquecimiento por parte del trabajador quien recibiría más intereses de los que realmente le corresponden.
Se ordena el pago de intereses de mora causados desde la fecha de terminación de la relación de trabajo, es decir el 15 de enero de 2010, hasta el cumplimiento efectivo de la obligación de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dichos intereses se determinarán mediante experticia complementaria del fallo. Así se decide.
Se ordena la corrección monetaria sobre el monto a pagar, calculada a través de una experticia complementaria del fallo, que deberá reajustar teniendo en cuenta el hecho notorio de la depreciación de la moneda nacional, para cuya determinación se ordena que se oficie al Banco Central de Venezuela, a fin de que informe sobre los índices de Precios al Consumidor (IPC) acreditados por dicha institución, circunscritos a aquellos acaecidos en el Área Metropolitana de Caracas desde la fecha de la notificación de la demandada el 04 de noviembre de 2010 (folios 23 y 24 del expediente), hasta que quede definitivamente firme el fallo, todo ello en aplicación de las sentencias Números (sic) 1843 del 12 de noviembre de 2008 y 1870 del 25 de noviembre de 2008. Así se decide” (destacado del fallo transcrito).
Debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión constitucional y, al respecto, observa que conforme lo establece el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución se le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de “Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.
Asimismo, esta Sala en la sentencia N° 93 del 6 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo, estableció que son susceptibles de revisión:
Ahora bien, por cuanto en el caso sub júdice se solicitó la revisión de la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2011 por el Tribunal Superior Quinto del Circuido Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; conforme a las normas citadas y la doctrina transcrita, esta Sala se declara competente para conocer de la misma. Así se decide.
Por otra parte, debe señalarse que la revisión tampoco puede ser entendida como una nueva instancia, ya que sólo procede cuando la sentencia objeto de examen ha agotado todos los grados jurisdiccionales establecidos por la ley, en el juicio de origen.
En el caso de autos, el ciudadano Edgardo Enrique Ahumada Ahumada, asistido de abogado, solicitó la revisión constitucional de la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2011 por el Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se encuentra definitivamente firme, que conoció de la apelación ejercida por el mismo contra el fallo dictado que declaró parcialmente con lugar la demanda por cobro de prestaciones sociales.
El solicitante arguyó que el fallo cuya revisión pretende cercenó sus derechos constitucionales previstos en los ordinales 1 y 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al ordenar el pago de sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales calculados en base a 4 años de servicios, sin advertir el error de transcripción en el que incurrió la Procuradora del Trabajo al señalar que su fecha de ingreso fue el 26 de febrero de 2006, cuando realmente fue el 17 de febrero de 1978, según se desprende en las pruebas aportadas en el juicio y la inscripción del Seguro Social, las cuales no fueron valoradas por el juez al momento de decidir.
Ahora bien, por cuanto esta Sala solicitó el expediente que contiene el juicio de origen, con el fin de verificar la fecha que adujo el hoy solicitante como inicio de la relación laboral, se pudo constatar que corren insertas cinco (5) constancias de trabajo en original, expedidas por la empresa Edinter Corp, S.A., entre ellas, una del 15 de mayo de 1978, cuyo texto señala lo siguiente:
“El que suscribe, Sr. JOSE (sic) AMABLE GONZALEZ (sic), portador de la Cédula (sic) de (sic) Identidad N°: 81.333.089, Gerente Administrativo de la Compañía EDINTER CORP, S.A.:
Que el Sr. EDUARDO AHUMADA AHUMADA, portador de la Cedula (sic) de Identidad (sic) N°:81.361.176, trabaja en la ya mencionada empresa, en el Departamento de Producción de Ventas, desde el día 17 de abril del año en curso.-
Se expide la presente a petición de la parte interesada, a los Quince (sic) días del mes de Mayo (sic) de 1.978. (sic) -” (folio 40 de la pieza 3 del expediente).
Igualmente, se pudo constatar de las actas del expediente, que corren insertos tres (3) carnets en original expedidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), donde consta su inscripción en la fecha que señaló el hoy solicitante como inicio de la relación laboral (folios 42, 44 y 46 de la pieza 3 del expediente).
Asimismo, se pudo apreciar de las actas del expediente que ninguna de esos documentales fueron impugnadas por el empleador, de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; por tanto, su contenido no resulta objetable, aunado a que durante el juicio las defensas del empleador no estuvieron dirigidas a desconocer ni la condición que tuvo el demandante como su trabajador ni el tiempo de prestación de servicio.
Sin embargo, del análisis de la sentencia bajo examen, la Sala observa que se ordenó el pago de las prestaciones sociales y otros conceptos laborales del ciudadano Edgardo Enrique Ahumada Ahumada, hoy solicitante, con base en una relación laboral de 4 años; esto es, el periodo comprendido desde el 26 de febrero de 2006 hasta el 15 de enero de 2010, sin tomar en cuenta el contenido de las pruebas documentales aludidas supra.
Por tanto, se puede apreciar que tanto el Tribunal que conoció en primera instancia del juicio de origen como el de alzada, adujeron valorar todas las pruebas aportadas por las partes; sin embargo, erraron al afirmar que la relación laboral inició el 26 de febrero de 2006 y no el 17 de febrero de 1978, error que deviene del escrito del Procurador del Trabajo, pero que en definitiva omitieron constatar los jueces, y que sin duda alguna vulneró el derecho del trabajador a percibir las prestaciones sociales que le recompensaran su antigüedad en el servicio, conforme lo prevé el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que el error en que incurrió tanto la sentencia objeto de revisión como la que se dictó en primera instancia tiene seria repercusión en el cálculo tanto de las prestaciones sociales como de otros conceptos laborales que por derecho le correspondían.
Así las cosas, por cuanto el fallo bajo examen no corroboró la fecha en que inició la relación laboral, indicada por el Procurador del Trabajo en la demanda, a pesar de constar en las actas del expediente la referida fecha y el cálculo para el pago de sus prestaciones sociales se realizó con una fecha distinta al inicio de su relación laboral con la sociedad mercantil Editorial Origen S.A., parte del grupo económico conformado por las sociedades mercantiles Edinter Corporación S.A., Corporación Seremi S.A. y Plubliamer S.A., esta Sala declara que ha lugar la revisión de la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2011 por el Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se anula solo en lo referido al cálculo de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales, para lo que deberá tomar en cuenta que el inicio de la relación laboral fue el 17 de febrero de 1978. Así se decide.
Así mismo, como consecuencia de la decisión que precede, se anulan las actuaciones judiciales realizadas en el juicio de origen, posteriores al 17 de noviembre de 2011, y se ordena a un Tribunal Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas distinto, que dicte nuevo fallo, conforme a lo expuesto en la presente sentencia. Así se declara.
1.- Que HA LUGAR la solicitud de revisión presentada por el ciudadano Edgardo Enrique Ahumada Ahumada, asistido de abogado, de la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2011 por el Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró parcialmente con lugar la demanda por cobro de prestaciones contra la empresa EDITORIAL ORIGEN S.A.
2.- Se ANULA la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2011 solamente en lo referido al cálculo de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales.
3.- Se ANULAN las actuaciones judiciales llevadas a cabo en el juicio de origen posteriores al 17 de noviembre de 2011.
4.- Se ORDENA a un Tribunal Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas distinto, que dicte un nuevo fallo conforme a lo expuesto en la presente sentencia.
5.- Se ORDENA el desglose del expediente original y en su lugar se dejen copias certificadas del mismo.
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y a la Presidencia del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para que solicite el expediente y lo asigne a otro Tribunal Superior. Devuélvase el expediente al Tribunal Superior Quinto del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 26 días del mes de octubre de dos mil quince (2015). Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Exp. 15-0089
Publicado por Escritorio Jurìdico Andrea & De Leòn en 10:21 a.m.