Source: http://www.icnr.es/articulo/limites-que-los-estados-miembros-pueden-fijar-al-derecho-a-la-informacion-medioambiental
Timestamp: 2018-10-20 00:47:37
Document Index: 12112837

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 228', 'artículo 109', 'artículo 374', 'artículo 371', 'artículo 1591', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 59', 'artículo 217']

﻿ Límites que los estados miembros pueden fijar al derecho
Límites que los estados miembros pueden fijar al derecho a la información medioambiental
El presente caso, una sociedad cuya actividad consiste en la producción de vidrio y que participa en el comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, solicitó al Ministerio Federal de Medio Ambiente que le facilitara la información que obrara en poder de este último relativa a la concesión de licencias para la emisión de gases de efecto invernadero durante el período 2005-2007. La información solicitada estaba relacionada tanto con el procedimiento legislativo conducente a la adopción de dicha ley como a su aplicación. En particular, se refería a notas internas y comentarios escritos elaborados por el Ministerio y correspondencia, incluidos correos electrónicos, con la Agencia Alemana de Derechos de Emisión, que es una autoridad independiente.
El Ministerio denegó la solicitud en base a que no era una autoridad pública obligada a facilitar información, en la medida en que realizaba una actividad preparatoria y accesoria y a que las informaciones estaban amparadas por la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas.
Las cuestiones prejudiciales planteadas en el “asunto C-204/09” y sobre las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en la sentencia de de 14 de febrero de 2012, versan principalmente sobre dos cuestiones:
En primer lugar sobre si a los ministerios se les aplica la facultad reconocida por la Directiva de información medioambiental, para no considerar autoridades públicas a las «entidades o instituciones en la medida en que actúen en calidad de órgano legislativo»
En segundo lugar, sobre la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas.
Respecto a la primera cuestión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que ni la Directiva 2003/4 ni el Convenio de Aarhus se pronuncian al respecto, por lo que opta por una interpretación funcional del concepto de «entidades o instituciones en la medida en que actúen en calidad de órgano legislativo» según la cual pueden considerarse comprendidos en esa definición, en el sentido y a efectos de la aplicación de la Directiva 2003/4, los ministerios que, según el propio derecho nacional, estén encargados de preparar los proyectos de ley, presentarlos al Parlamento y participar en el procedimiento legislativo, concretamente mediante la formulación de dictámenes.
Justifica tal apreciación en la necesidad de permitir que los Estados miembros garanticen el buen funcionamiento del procedimiento legislativo tal como esté previsto por el ordenamiento constitucional nacional. Si bien la puesta a disposición de información medioambiental durante el procedimiento legislativo, en las condiciones previstas en el artículo 3 de dicha directiva, puede obstaculizar el buen funcionamiento de ese procedimiento, ello dejará de suceder, en principio, cuando dicho procedimiento haya concluido. Por lo demás, los documentos relativos a este último y, en particular, los informes parlamentarios son, generalmente, accesibles al público.
Por tanto la conclusión a la que llega el Tribunal respecto de la interpretación del artículo 2, punto 2, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 2003/4/CE, es que un ministerio puede denegar el acceso del público a informaciones medioambientales siempre y cuando éstas estén comprendidas en un procedimiento legislativo en el que participe ese ministerio. Sin embargo, esta excepción deja de aplicarse cuando concluye el procedimiento legislativo
En cuanto a la segunda cuestión planteada, la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas, el TJUE establece que no está excluido que el ministerio pueda negarse a transmitir tales informaciones por otros motivos reconocidos por el Derecho de la Unión. De este modo, los Estados miembros pueden prever la denegación de una solicitud de informaciones medioambientales si la divulgación de éstas afecta negativamente a la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas, siempre y cuando esa confidencialidad esté «dispuesta por la ley».
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que el legislador de la Unión ha querido claramente que en el Derecho nacional exista una norma expresa. Si bien no es necesario que el conjunto de condiciones de ese motivo de denegación esté establecido en detalle, debe excluirse que las autoridades públicas puedan determinar unilateralmente las circunstancias en que puede oponerse la confidencialidad. Ello implica, en particular, que el Derecho nacional defina claramente el alcance del concepto de «procedimientos» de las autoridades públicas, que remite a las etapas finales de los procesos de toma de decisiones por ellas.
El Tribunal de Justicia de la Unión concluye respecto a esta segunda cuestión, que el requisito previsto por la Directiva 2003/4/CE, según el cual la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas debe estar «dispuesto por la ley», puede considerarse cumplido por la existencia, en el Derecho nacional del Estado miembro, de una norma que establece, de manera general, que la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas constituye un motivo de denegación de acceso a la información medioambiental en poder de éstas, siempre y cuando el Derecho nacional defina claramente el concepto de procedimiento.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia recuerda que una autoridad pública que pretende prevalerse de la confidencialidad de sus procedimientos para denegar una solicitud de acceso a información medioambiental debe proceder, en cada caso concreto, a una ponderación de los intereses en juego, lo que corresponde verificar al juez nacional.
Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. BOE., nº 118, 17 de mayo de 2012.
La Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 (2009/359/CE), por la que se completa la definición de residuos inertes en aplicación del artículo 22, apartado 1, letra f) de la Directiva 2006/21/CE, establece en su artículo 1.3 que los Estados miembros podrán elaborar listas de residuos que se pueden considerar inertes con arreglo a los criterios establecidos en la citada decisión. Mediante este real decreto se aprueba la lista de residuos de las industrias extractivas que se pueden considerar inertes que conformará, en sustitución de los actuales anexos I.A y I.B, el anexo I del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio. Al ser el dicho anexo de carácter básico, esta lista regirá para todo el territorio nacional. Asimismo, en el citado anexo se transcribe el método para la caracterización de los residuos de las industrias extractivas establecido en la Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2009 (2009/360/CE), por la que se completan los requisitos técnicos para la caracterización de residuos establecidos en la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. En la elaboración de esta norma se ha consultado a las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y, asimismo, a los sectores más representativos potencialmente afectados, recogiendo de los mismos sus aportaciones y mejoras. Además, este real decreto se ha sometido al Consejo Asesor del Medio Ambiente y al trámite de participación pública de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
Delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y robo. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de marzo de 2012
Delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y robo. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Lo argumentado en apoyo de aquel primer reproche es que la acusada obró haciendo uso del permiso para extender talones y cobrarlos, dado por el titular de la cuenta y, al efecto, analiza sus declaraciones sumariales, únicas que constan, al haber fallecido antes del juicio. El Fiscal, en su oposición al motivo a examen, tras señalar que la sentencia adolece de esquematismo en el tratamiento del material probatorio, se detiene igualmente en el examen de ciertos elementos de prueba de cargo resultantes del informe del perito que actuó en la causa y de las declaraciones sumariales del titular de la cuenta, que a su juicio servirían para fundar la condena. Pues bien, resulta que la sentencia de instancia contiene, en cuatro líneas, apenas la alusión a la existencia de una declaración del empleado del banco y al informe del perito, pero esto solo. Así las cosas, ocurre que, para dar cumplida respuesta a las objeciones de la recurrente, faltando en la sentencia impugnada un análisis concreto del cuadro probatorio, esta sala, que, es obvio, no vio el juicio, tendría que entrar directamente en el examen de las distintas aportaciones que lo integran, subrogándose en el papel de la de instancia. Como se lee en STC 139/2000, de 29 de mayo, «los tribunales deben hacer explícitos en la resolución los elementos de convicción que sustentan la declaración de los hechos probados», que es lo que permite examinar «la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante (SSTC 220/1998, de 16 de noviembre; 117/2000, de 5 de mayo) [...] al efecto de verificar si el razonamiento empleado en la valoración probatoria ha sido o no arbitrario, irracional o absurdo (SSTS 140/1985, de 21 de octubre, 169/1986, de 22 de diciembre, 44/1989, de 20 de febrero, 283/1994, de 24 de octubre, 49/1998, de 2 de marzo), o si los criterios empleados conculcan o no valores, principios o derechos constitucionales (SSTC 47/1986, de 21 de abril, 63/1993, de 1 de marzo), o si se ha dejado de someter a valoración la versión del inculpado o la prueba de descargo en el juicio oral (SSTC 145/1985, de 28 de octubre, 151/1990, de 19 de octubre) o, más simplemente, si ha faltado toda motivación acerca de los criterios que han presidido la valoración judicial de la prueba (SSTC 174/1985, de 17 de diciembre, 41/1991, de 25 de febrero, 283/1994, de 24 de octubre, por todas)». Y, por lo expuesto, resulta patente que la sentencia a examen no se ajusta a este canon. Por tanto, es claro que se ha incumplido el deber que impone el art. 120,3 CE, con inevitable afectación indirecta del derecho a la presunción de inocencia, pues el tenor de la sentencia, como se ha visto, no permite a la afectada conocer el preciso fundamento probatorio de la condena; ni a esta sala la auténtica razón de haber decidido en ese plano como lo hizo. Por ello, tiene que estimarse el motivo, en el sentido de devolver la causa a la Audiencia Provincial, para que reponiendo las actuaciones al momento de dictar sentencia se dé a ésta nueva redacción que incluya motivación suficiente acerca de la valoración de la prueba de los hechos.
Liquidación de la sociedad: conversión de administrador en liquidador en SRL. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de febrero de 2012
Nuestro ordenamiento opta por el régimen previsto en el artículo 228 del Código de Comercio de 1889, y con la finalidad de evitar la acefalia que puede derivar del mantenimiento, por un lado, de la personalidad de la sociedad a tenor del artículo 109.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (hoy 371.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital) - «[l]a sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza» - y, por otro, del cese automático de los administradores como consecuencia del acuerdo de disolución y apertura del periodo de liquidación de conformidad con el primer párrafo del art. 110.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (hoy artículo 374.1 del indicado texto refundido), lo que ratificó en su momento el artículo 371.1 del repetido texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y hoy se amplía a las sociedades anónimas. La exégesis de la norma permite concluir que, en defecto de designación estatutaria y acuerdo de la junta general, los administradores quedan convertidos en liquidadores.
Negocios sobre las propias participaciones: nulidad radical de la adquisición de participaciones vulnerando los límites legales. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de marzo de 2012
La transmisión de participaciones sociales, bien que sujeta a ciertas restricciones está expresamente permitida por la norma que mira con disfavor las restricciones que las hagan prácticamente intransmisibles -en este sentido el art. 30.1 LSRL, aplicable al caso (hoy art. 108 TRLSC- dispone que «[s]erán nulas las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente libre la transmisión voluntaria de las participaciones sociales por actos inter vivos«-, por lo que la compraventa o permuta de particiones sociales y su causa típica -la entrega de las participaciones (rectius, la transmisión de la titularidad de las participaciones) a cambio de un precio en dinero o en bienes-, no constituye per se causa ilícita determinante de su nulidad. Así pues, dado que la adquisición de las propias participaciones no se realizó para adquirir las participaciones de un socio separado o excluido de la sociedad, es insuficiente la voluntad de desinversión del socio que pretende desprenderse de sus participaciones y su aceptación por los demás, sin adopción de los preceptivos acuerdos corporativos.
Ejecución de obra. Vicios ruinógenos infracción de normativa urbanística. Incumplimiento del contrato. Indemnización de daños y perjuicios. Tribunal Supremo. Sentencia 2 de marzo de 2012
La existencia de ruina (concepto desaparecido de la LOE), y la correcta aplicación del artículo 1591 del Código Civil, precisa de una doble apreciación: una, de índole fáctica, que consiste en la fijación de los hechos y circunstancias que integran el defecto constructivo, incluida la entidad o gravedad del mismo; y otra de índole jurídica, que consiste en la calificación de aquella base fáctica como constitutiva de ruina, en alguna de las modalidades que la jurisprudencia admite como tal: física, potencial o funcional. En este caso la sentencia distingue con absoluto detalle lo que son vicios ruinógenos de lo que supone incumplimiento del contrato .Existen, por tanto, vicios o defectos ruinógenos e incumplimientos vinculados exclusivamente al deber contractual de la promotora de entregar las viviendas en las condiciones comprometidas, La parte recurrente pretende sin más argumentación jurídica que la cita de los artículos 1591 y 1101 del Código Civil, pretende la revisión de los hechos de la sentencia, discrepando sobre su aplicación en razón al resultado probatorio obrante, en especial de las distintas periciales practicadas, de las que pretende extraer la conclusión de que los vicios o defectos detectados en la construcción, en ningún caso son causantes de ruina física o funcional, ni que los incumplimientos derivan de una entrega diferente de lo proyectado y ejecutado, lo que incide de lleno en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión.
Precontrato unilateral de opción de compra. No hay obligaciones bilaterales, ni posibilidad de resolución ni se llegó a celebrar el contrato definitivo de compraventa, puesto que caducó la opción. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de marzo de 2012
El acuerdo suscrito entre las partes litigantes tiene la calificación de precontrato unilateral de opción de compra, por el que una parte viene obligada a poner en vigor el contrato definitivo de compraventa y la otra tiene derecho a exigírselo; en este caso, primero una parte en un plazo y, pasado éste, la otra, en otro plazo. No hay, pues, obligaciones bilaterales, ni posibilidad de resolución ni se llegó a celebrar el contrato definitivo de compraventa, puesto que caducó la opción, por el transcurso del plazo sin ser ejercitada. Un precontrato de opción de compra, unilateral, no produjo obligaciones y no aparece probado un supuesto incumplimiento que, en ningún caso se concreta de qué obligación se trata, ni por tanto, procede una posible indemnización. En definitiva, el precontrato litigiosos de 3 de noviembre de 2004 no se llevó a cabo, en el sentido de que ninguna de las partes ejerció su derecho de opción; ésta caducó y no hay incumplimiento alguno, sino caducidad.
Sucesión empresarial. Reversión de un servicio público asistencial desde una empresa concesionaria a un Ayuntamiento, que prestará directamente dicho servicio. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 26 de enero de 2012
La cuestión controvertida en el presente recurso de casación unificadora se centra en determinar si existe o no solidaridad en materia de responsabilidad salarial en supuesto de reversión de un servicio público asistencial desde una empresa concesionaria a un Ayuntamiento, lo que comporta previamente verificar si ha existido o no la transmisión o sucesión de empresa a que se refiere el artículo 44 apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores, y el alcance de dicha sucesión en supuestos de adjudicación o concesión de actividades o servicios por parte de un organismo de Derecho Público. A tenor de la doctrina analizada, considera el Tribunal que no cabe duda que en el presente caso nos hallamos ante un claro supuesto de sucesión empresarial del artículo 44.2 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto está acreditado que el Ayuntamiento, tras cesar la empresa concesionaria en la gestión y explotación del servicio público de asistencia geriátrica que se le había concedido, y que se llevaba a cabo en el Centro Residencial «Virgen de Guadalupe», asumió directamente dicha gestión y explotación sin solución de continuidad y haciéndose cargo de todos los trabajadores que, como Cuidadores, prestaban sus servicios profesionales en el señalado Centro Residencial; y esta sucesión conlleva, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del ya mencionado artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que el Ayuntamiento codemandado deba responder solidariamente con la empresa demandada de las deudas salariales contraídas por ésta con los trabajadores demandantes, como acertadamente ha entendido la sentencia recurrida.
Caducidad de la acción de despido. Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia 31 de enero de 2012
La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si es procesalmente posible para la sentencia que resuelve el recurso de suplicación acoger la excepción de caducidad de la acción de despido, cuando la empresa condenada en la instancia por despido improcedente no la invocó en ese momento, aunque sí lo hicieron otros codemandados, que también resultaron solidariamente condenados. Los hechos que sirvieron de base a las resoluciones comparadas son diferentes, puesto que en la sentencia recurrida comparecieron todas las empresas que resultaron después condenadas en la instancia y ejercitaron su derecho de defensa en los términos que tuvieron por conveniente, invocándose de hecho la caducidad de la acción, lo que motivó que la sentencia del Juzgado razonara en su fundamento undécimo sobre ello, para rechazar que hubiese transcurrido el plazo de 20 día previsto en el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores. Si los hechos y los fundamentos que de ellos se derivaron en la sentencia recurrida y en la de contraste no son sustancialmente iguales, como exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, no se debería haber procedido en su momento a admitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, al no existir el elemento jurídico de contradicción para su viabilidad que exige la norma, circunstancia procesal que en este trámite se convierte en desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida, sin que haya lugar a la imposición de costas.
Denegación del reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo. Aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo referente a la aportación al pleito de la prueba documental. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de julio de 2011
No ha lugar al recurso de casación relativo a denegación del reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo ya que, de un lado, a juicio del Tribunal de Instancia no ha quedado suficientemente establecida la existencia de una persecución contra el solicitante ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo dispuesto en la Convención de Ginebra de 1951, y de otro, respecto a la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo referente a la aportación al pleito de la prueba documental, concretamente, a la incorporación del informe de la Comisión de Ayuda al Refugiado, sólo podrá acudirse al auxilio jurisdiccional para su práctica cuando los documentos pretendidos no puedan ser conseguidos mediante el propio impulso e iniciativa de los interesados en su obtención y unión a las actuaciones.
Procedente suspensión de la ejecución de resolución de la Junta Electoral del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural. Tribunal Supremo. Sentencia 20 de julio de 2011
Se declara conforme a Derecho el acuerdo de acceder a la solicitud de la medida cautelar de suspensión de la ejecución de una resolución de la Junta Electoral del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural relativa a las elecciones a los órganos de gobierno de la Federación Territorial de Barcelona de Cofradías de Pescadores, al entender prevalentes los intereses del recurrente que se concentran en la dirección de la federación, frente a los intereses generales que se invocan que se basan en una particular y subjetiva interpretación del procesos electoral y su resultado, de manera que la valoración efectuada por la Sala de instancia resulta correcta y adecuada ponderación de los intereses en conflicto. Por tanto, resulta más atendible el interés del particular dado el carácter irreparable del perjuicio que podría causarse, al privársele de la dirección de la federación durante el tiempo necesario hasta dictar sentencia.