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Timestamp: 2018-04-21 22:53:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 8', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 9', 'artículo 21', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 41', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 52']

La Constitución Española de 1978 | Prepara tu oposición
Define un régimen político democrático de derecho, basado en el principio de soberanía nacional (el poder emana del pueblo ) y de control político por parte de las Cortes.
Es una Constitución imprecisa en algunos aspectos y ambigua, ya que al intentar efectuar un consenso entre los distintos partidos políticos se tuvieron que acercar posturas totalmente divergentes, lo que llevo a algunas contradicciones entre los títulos que habían sido objeto de mayor discusión.
Es una Constitución rígida, en cuanto a la manera de llevarse a cabo una reforma, pudiendo distinguirse dos sistemas de reforma en atención a la importancia de la materia.
Es una Constitución muy poco original, ya que tiene influencias de anteriores Constituciones españolas y extranjeras.
Es una Constitución extensa, la más amplia después de la de Cádiz de 1812, pues comprende 169 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, una Derogatoria, y una Final. Su estructura está dividida en Títulos, y se distinguen 2 partes:
Parte dogmática: incluye el conjunto de derechos fundamentales de las personas. Título Preliminar y Título Primero.
Parte orgánica: Establece la división de poderes del Estado, la organización territorial y la distribución de competencias a entidades públicas. Lo forma el resto de la Constitución Española.
Es una Constitución inacabada, ya que remite el contenido de los artículos a su desarrollo por Ley Orgánica.
Estado social: Es aquél que se obliga a sí mismo, por medio de la ley, a proteger y a promover la justicia social y bienestar de sus ciudadanos. Por ejemplo con el sistema de salud público, de enseñanza pública, sistema de pensiones, ayudas y becas, etc...
Estado democrático: Significa que los poderes del Estado emanan del pueblo, es decir, los representantes son elegidos por el pueblo. La soberanía corresponde al pueblo y la ejerce con arreglo a la ley y por medio de sus representantes.
Estado de derecho: La ley determina lo que cada una de las instituciones del Estado puede hacer y lo que no. En un Estado de Derecho nadie puede hacer nada que no permita la ley, ni ciudadanos, ni ministros, ni gobiernos, ni el Parlamento, ni jueces..., todos deben cumplir la ley sin excepción.
La libertad: La CE recoge a lo largo de todo su articulado la libertad religiosa, ideológica, libertad personal, libertad de residencia, libertad de expresión, etc.
La justicia: se basa en la independencia de los jueces, inamovilidad, responsabilidad y su sometimiento a la ley.
La igualdad: Se plasma en el artículo 14 y se va repitiendo a lo largo de todo el articulado.
El pluralismo político: Promueve que partidos con diferentes ideologías formen parten de los procesos electorales. Cualquier grupo de ciudadanos puede formar un partido político y presentarse a las elecciones, siempre con arreglo a la ley de constitución de partidos.
Monarquía parlamentaria: La Monarquía se personifica en la institución de la Corona, como símbolo de unidad. Pero en una Monarquía parlamentaria el Rey reina, pero no gobierna, ya que es el poder legislativo (Las Cortes) quien tiene un papel predominante.
Esto significa que nos encontramos, por un lado ante un Estado unitario, pero al mismo tiempo ante un estado plural formado por las distintas regiones que han ejercido su derecho a la autonomía, que se van constituyendo de una forma gradual a partir de las CCAA históricas y según el proceso establecido en la ley, hasta llegar a un total de 17 CCAA, de diferente carácter y contenido.
Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas CCAA de acuerdo con sus Estatutos
La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección-
Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las CCAA. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la CE y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Desarrollo de este artículo son la Ley 6/2002 de 27 de junio, de partidos políticos, y la Ley 3/87 de 2 de julio, de financiación de partidos políticos. Este derecho no es sino una plasmación del recogido en el Art. 22 sobre el derecho de asociación reconocido constitucionalmente, donde sólo se excluyen las asociaciones secretas, las de carácter paramilitar y las asociaciones que intenten fines o persigan fines considerados como delito.
Destaca el papel de los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales en la defensa de intereses económicos y sociales que le son propios. característica común a todos ellos es que su estructura y funcionamiento han de ser democráticos. Este art. también ha sido desarrollado por Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto de libertad sindical. Asimismo, tienen relación con los Arts. 28 (D. de sindicación) y el Art. 37( papel de los sindicatos y representantes de los trabajadores en las negociaciones con la empresa).
Las Fuerzas armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional
Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la CE y al resto del ordenamiento jurídico
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social
La CE garantiza el principio de legalidad, la jerarquia normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
Jerarquía normativa: Una norma de rango inferior no puede ir contra lo dispuesto en otra que tenga rango superior. Por tanto si se da, para un mismo supuesto, la posibilidad de aplicar dos normas diferentes y que no proporcionan igual solución al asunto, prevalecerá siempre la norma de rango superior, que será la aplicada.
Seguridad jurídica: la protección efectiva de los derechos y los deberes, es decir, el amparo contra cualquiera que pretenda turbarlo, así como la restauración del mismo, en el caso de haber sido violado.
1.”La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.
2.”Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
La referencia a la dignidad de la persona, como valor inherente a la misma, que consiste en el derecho de cada cual a determinar libremente su vida de forma consciente y responsable y a obtener el correspondiente respeto de los demás como se estableció en sentencia del Tribunal Constitucional. Además la dignidad de la persona debe permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre.
Las características de la dignidad esencial de la persona, como valor superior, pueden resumirse en las siguientes:
La dignidad del ser humano es superior a la del resto de seres.
La dignidad humana no admite grados, por lo tanto todos los seres humanos, por el hecho de ser personas, son iguales en dignidad, sin que pueda devaluarse la dignidad del individuo o de grupos de personas y considerarlos de inferior condición con respecto a los demás.
El respeto a esta dignidad es el fundamento de todo Derecho positivo ya sea estatal o internacional; es necesario, pues, acomodar cualquier norma del ordenamiento jurídico a las exigencias de la dignidad de la persona.
La dignidad humana es irrenunciable, indisponible y se conserva hasta el mismo momento de la muerte.
La segunda parte del artículo supone la apertura al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De este modo, tanto la Declaración como los tratados se convierten en parámetro interpretativo de todos los derechos y libertades contenidos en el Título I de nuestra Constitución, con independencia de cuál sea su ubicación en la sistemática del mencionado Título y por tanto de su sistema de garantías.
Artículo 11.”La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.”
Artículo 13.”Los extranjeros gozan de las libertades públicas en la forma establecida en los tratados y en la Ley, pero sólo los españoles tienen derecho de participación en asuntos públicos y acceso a las funciones y cargos públicos salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales. La extradición se concede en caso de reciprocidad, quedando excluido los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. La Ley regula los términos del derecho de asilo en España.”
La Ley regula la forma en que se adquiere, se conserva y se pierde la nacionalidad española. Concretamente en el Código Civil en el Título I ("De los españoles y extranjeros") del Libro I ("De las personas").
El ordenamiento jurídico utiliza la mayoría de edad en numerosos supuestos. El más importante de todos es el de la determinación de la capacidad de obrar de las personas que se utiliza para aludir a la posibilidad, aptitud o idoneidad que tienen los seres humanos para ejercer o poner en práctica los derechos y obligaciones de que son titulares.
Los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados tienen como destinatarios directos a las personas que son nacionales de los mismos. No obstante dentro de las fronteras nacionales de los diferentes países conviven no solo quienes tienen la nacionalidad del Estado, sino también extranjeros, los cuales, lógicamente, tienen que estar también sometidos a sus normas jurídicas y son sujetos de derechos y obligaciones en el mismo. Los Estados tienen, por ello, que determinar necesariamente cuál va a ser su actitud frente a los extranjeros que residen en ellos. Deben determinar la posición jurídica de éstos, regulando los elementos fundamentales de su situación en el país. Desde quién puede entrar en el país y cómo, hasta qué actividades pueden desarrollar o qué familiares pueden traer consigo.
Artículo 14.”Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS. SECCIÓN PRIMERA
Artículo 15.- Derecho a la vida: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.”
En 1995 se aprueban dos importantes normas penales en relación con el artículo 15 de la Constitución. Se trata, en primer lugar, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que aprueba el Código Penal, afectando a todos los delitos contra la vida y la integridad personal; y, en segundo término, de la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, sobre abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra, que ha erradicado de nuestro Derecho cualquier referencia a esta pena.
Artículo 16.- Libertad ideológica y religiosa:
El límite a estos derechos reconocidos en el primer párrafo del art.16 lo constituye el orden público 'protegido por la ley. El concepto de orden público será el admisible en una sociedad democrática.
Artículo 17.- Derecho a la libertad y a la seguridad:
“La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.”
4.”La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.”
Artículo 18. Derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio.
"El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito."
El derecho al honor y a la intimidad se ve condicionada al caso concreto para no poner en riesgo, por ejemplo, el derecho a la libertad de información.
Artículo 19.- Libertad de circulación y de residencia. "Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos."
La libertad de circulación y de residencia en la actualidad no viene impuesta solamente por el ordenamiento interno, sino también por la normativa comunitaria. En este sentido aunque el derecho tiene como sujeto expreso a 'los españoles', la libertad de circulación y de residencia, por vía del Derecho de la Unión Europea (art. 18 TCE), se extiende a todos los ciudadanos comunitarios y a sus familias, de conformidad con las Directivas de desarrollo, sin que los Estados puedan restringir el derecho más que por causa de orden o seguridad públicos o de salud pública.
Artículo 20.- Libertad de expresión.
d)A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades."
"El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa."
"La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España."
Artículo 21.-Derecho de reunión. "Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes".
Artículo 22.- Derecho de asociación.
"Se reconoce el derecho de asociación."
"Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales."
"Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad."
"Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada."
"Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar."
La ley general de asociaciones, se regula en la ley Orgánica 1/2002 y opera como régimen común.
En lo que atañe a los extranjeros, la Ley Orgánica 4/2002, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y la reforma en ella llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, condiciona el ejercicio del derecho de asociación a la obtención de autorización de estancia o residencia en España (artículo 8.1). Una vez lograda, el extranjero puede ejercer el derecho en las mismas condiciones que los españoles.
Artículo 23. Derecho de participación:
"Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes."
Artículo 24.- Protección judicial de los derechos:
"Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
Es el artículo más complejo de nuestra Constitución. Es el derecho que más demandas de recurso de amparo constitucional genera. La titularidad de este derecho es de todas las personas. La tutela judicial efectiva protege, antes que nada a los individuos, personas físicas, nacionales o extranjeras, titulares de derecho e intereses legítimos, y frente a los poderes públicos.
Su contenido se puede resumir en el derecho a la tutela judicial efectiva, a la prohibición de la indefensión, a las garantías constitucionales del proceso penal, a la presunción de inocencia y a la exclusión del deber de testificar.
Artículo 25.- Derechos del penado:
"Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento."
3."La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad."
Sólo los apartados 1 y 3 generan por sí mismos derechos amparables, el apartado 2 contiene en realidad principios orientadores de la legislación penitenciaria.
Artículo 26.- Prohibición de los Tribunales de Honor. "Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales."
Tribunales de honor: Los tribunales de honor son unas instituciones típicamente españolas que nacen en el ámbito castrense para juzgar oficiales y se extienden luego a la Administración pública (en la legislación de funcionarios civiles de 1918) y más tarde a la esfera privada, en especial a los colegios profesionales. Estaban formados por los pares del encausado y tenían por finalidad juzgar la dignidad de éste para pertenecer al cuerpo o profesión de la que era miembro. De resultar declarado indigno, el sujeto era expulsado del cuerpo, sin que pudiera interponer recurso alguno.
Artículo 27.- Derecho a la educación:
"La enseñanza básica es obligatoria y gratuita."
"Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales."
"Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca."
"Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes."
"Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca."
"Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca."
La titularidad del derecho a la educación se extiende a todos, nacionales y extranjeros. Respecto de estos últimos así lo confirma la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, cuyo artículo 9 reconoce el derecho a la educación a los menores de dieciocho años no exigiéndose para su ejercicio la autorización de estancia o residencia en España. Por contra, el artículo 21 de la LODE restringe la titularidad del derecho de crear centros docentes a quienes posean la nacionalidad española.
Artículo 28.- Libertad de sindicación y de derecho de huelga:
"Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato."
Artículo 29.- Derecho de petición:
1."Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley."
"Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica."
Derecho de petición: facultad que pertenece a toda persona de dirigirse a los poderes públicos para hacerles conocer un hecho o un estado de cosas y para reclamar su intervención.
DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS. SECCIÓN SEGUNDA
Artículo 30.- Servicio militar y otras prestaciones
"Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España."
"Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general."
"Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública."
La Ley 17/1999, de 18 de mayo, del Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, en su Disposición Adicional decimotercera establece que a partir del 31 de diciembre de 2002, queda suspendida la prestación obligatoria del servicio militar.
Artículo 31.- Sostenimiento de los gastos públicos
"El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía."
"Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley."
Artículo 32.- Derecho a contraer matrimonio
"La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos."
Artículo 33.- Derecho de propiedad
"Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia."
"La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes."
"Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes."
Artículo 34.- Derecho de fundación. "Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley."
Artículo 35.- Derecho y deber de trabajo
"La ley regulará un estatuto de los trabajadores."
Artículo 36.- Derecho a colegiación. "La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos."
Artículo 37.- Derecho de negociación colectiva
"Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad."
Artículo 38.- Libertad de empresa y economía de mercado. "Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación."
"Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia."
"Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad."
"Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda."
"Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos."
"Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo."
"Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados."
Artículo 41. "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres."
"Se reconoce el derecho a la protección de la salud."
"Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto."
"Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio."
"Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general."
"Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado."
Artículo 46. "Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio."
Artículo 47. "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."
Artículo 48. "Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural."
Artículo 49. "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos."
Artículo 50. "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio."
"Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos."
"Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca."
"En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales."
Artículo 52. "La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos."
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