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Timestamp: 2019-05-26 22:39:04
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 58', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 9']

VI. TABLA
CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Primer trámite constitucional.
BENEFICIOS A RETORNADOS DEUDORES DEL BANCO DEL ESTADO. Primer trámite constitucional. Oficio.
Sesión 25ª, en martes 12 de diciembre de 2000
(Especial, de 19.06 a 21.05 horas)
Presidencia de los señores León Ramírez, don Roberto,y Mora Longa, don Waldo.
I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS VI.- TABLA VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
I. Asistencia4
II. Apertura de la sesión7
V.Acuerdos de los Comités.
VI.Tabla.
Convenio sobre seguridad social entre Chile y Estados Unidos de América. Primer trámite constitucional. Oficio7
Beneficios a retornados deudores del Banco del Estado. Primer trámite constitucional11
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que prorroga la vigencia del subsidio a la contratación de mano de obra en zonas extremas (boletín N° 264405)27
2.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que modifica el Código Orgánico de Tribunales y la ley N° 19.665, en relación al nuevo Código Procesal Penal (boletín N° 264107) (S)29
3.Moción de los diputados señores Orpis, Álvarez, Monge y de la diputada señora Guzmán, doña María Pía, que modifica la ley orgánica constitucional del Consejo de Defensa del Estado, estableciendo dedicación exclusiva al cargo de Presidente de ese organismo (boletín N° 264207)37
4.Moción de los diputados señores Mora, Krauss, León y Vilches, que modifica la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile respecto de la designación del Director General (boletín N° 264302)38
Del diputado señor Valenzuela, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 12 de diciembre en curso, para dirigirse a Brasil.
Asistieron los siguientes señores diputados: (95)
--Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Felipe Valenzuela y Sergio Velasco.
Asistió, además, el ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez.
Se abrió la sesión a las 19.06 horas.
El señor MORA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor MORA (Vicepresidente).- El acta de la sesión 19ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 20ª queda a disposición de las señoras y señores diputados.
El señor MORA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor MORA (Vicepresidente).- Se cita a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
Se suspende la sesión por 5 minutos.
El señor Prosecretario informará de los acuerdos de los Comités.
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor León , acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.Alterar el orden de la tabla para considerar, en primer lugar, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre seguridad social entre la República de Chile y los Estados Unidos de América, suscrito en Santiago, Chile, el 16 de febrero de 2000.
2.Previa relación del señor diputado informante, se efectuará un debate de treinta minutos, distribuidos proporcionalmente.
3.El proyecto de ley sobre retornados, que figuraba en el primer lugar de la tabla, se discutirá, en general y en particular, hasta su total despacho, omitiéndose el segundo trámite reglamentario.
4.El proyecto de ley modificatorio del Código Orgánico de Tribunales, que ingresó hoy, con “discusión inmediata”, se eximirá del trámite de Comisión y se debatirá mañana, en el primer lugar de la tabla.
Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre seguridad social entre la República de Chile y los Estados Unidos de América.
Informará sobre el proyecto el diputado señor Juan Pablo Letelier .
Mensaje, boletín Nº 2524-10, sesión 8ª, en 22 de junio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 19ª, en 1 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 12.
Señor Presidente, en reemplazo de la diputada señora Isabel Allende, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre seguridad social entre la República de Chile y los Estados Unidos de América, suscrito en febrero del año en curso, que se enmarca en la política seguida por el Gobierno de Chile, con el objeto de resolver los problemas previsionales que afectan a chilenos que desarrollan actividades laborales en el extranjero. Para ese efecto, se han celebrado convenios de este tipo con diferentes naciones europeas y americanas, como Alemania, Argentina, Brasil, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Luxemburgo, Uruguay, Italia y Suecia, todos ya aprobados por la Cámara de Diputados.
Como lo señala el mensaje del Presidente de la República, el Convenio celebrado con los Estados Unidos de América tiene por finalidad primordial que los nacionales de los estados contratantes, en este caso chilenos y estadounidenses, puedan beneficiarse de las cotizaciones que han efectuado en ambos Estados, manteniendo así la continuidad en su historia previsional, fundamento básico que permitirá, en definitiva, el goce de los beneficios que otorga la seguridad social en cada uno de los estados contratantes.
De acuerdo con antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Seguridad Social, se estima en 80 mil los chilenos residentes en los Estados Unidos de América que podrían acceder al Convenio, más sus respectivos grupos familiares. Los estadounidenses residentes en el país se calculan en unos 8.600, aproximadamente.
En lo esencial, todos estos convenios se orientan por principios jurídicos de universal aceptación, que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha codificado en su Convenio Nº 157, denominado “Convenio sobre el Establecimiento de un Sistema Internacional para la Conservación de los Derechos en Materia de Seguridad Social”.
Esos principios, que también sirven de base al Convenio que paso a reseñar, son: el de la igualdad de trato entre los nacionales de las partes contratantes, el del mantenimiento de los derechos previsionales adquiridos en uno de ellos, el de la conservación de los derechos previsionales en curso de adquisición y el de la colaboración administrativa entre las instituciones previsionales de los Estados.
Se precisa en el mensaje que, en Chile, el Convenio se aplicará tanto al nuevo régimen de pensiones, basado en la capitalización individual, como a los regímenes de las antiguas cajas de previsión, hoy fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, INP.
Respecto de los Estados Unidos de América, se aplicará, principalmente, a las leyes que rigen el programa federal de seguro de vejez, sobrevivencia e invalidez.
En ambos países, la aplicabilidad del Convenio se regirá por el principio del trato nacional, que permite a los nacionales de una parte, residentes en el territorio de la otra parte, tener los mismos derechos y obligaciones que los nacionales de esta última, y se extenderá a las disposiciones legales que en el futuro complementen o modifiquen la legislación antes señalada, incluso a las nuevas categorías de beneficiarios que ellas establezcan.
Además, su aplicación permitirá la denominada “exportación de pensiones”, en virtud de la cual los beneficiarios de pensiones otorgadas por uno de los estados contratantes, podrán percibirlas en el otro estado, sin exigencias de residencia ni reducciones en su monto por tal concepto. El mensaje asigna particular importancia a este beneficio, por cuanto permitirá a decenas de miles de chilenos pensionados en los Estados Unidos percibir sus pensiones en Chile, en las condiciones señaladas.
Las autoridades nacionales competentes encargadas de aplicar el Convenio serán, en Chile, el ministro del Trabajo y Previsión Social, y en los Estados Unidos de América, la Administración de Seguridad Social.
Para determinar la procedencia de las prestaciones indicadas, la regla general indica que la persona que se encuentre contratada en el territorio de uno de los estados contratantes deberá, con respecto a ese empleo, estar sujeta solamente a las leyes de dicho estado, sin tener en consideración su residencia, domicilio o el domicilio del empleador.
Las situaciones especiales que se regulan son las de los trabajadores por cuenta propia, de los trabajadores desplazados, de los que prestan servicios a bordo de un barco o de una aeronave y de los trabajadores al servicio del Gobierno, aspectos a los que el informe se refiere en detalle, por lo que no estimo necesario hacer un comentario especial.
Las normas de la tercera parte, relativas a los beneficios, regulan:
a)La totalización de períodos de seguro cumplidos en Estados Unidos de América; la forma de computar tales períodos y el sistema de cálculo de las pensiones, y
b)La totalización de períodos de seguro en Chile, normas que son conocidas por todos los colegas.
El Convenio considera, en su cuarta parte, diversas disposiciones de procedimiento, relativas, en lo sustancial, a las siguientes materias:
a)A la elaboración de los acuerdos administrativos que permitan la aplicación del presente Convenio;
b)A la asistencia recíproca que las autoridades e instituciones competentes y los organismos de enlace se prestarán en la implementación del Convenio;
c)A la moneda de pago de los beneficios, que podrá ser en cualquiera de las monedas de los estados contratantes, para lo cual convienen en el pago sin demoras o restricciones de cambio;
d)Al deber de proteger la privacidad y confidencialidad de los antecedentes personales que intercambien los estados contratantes;
e)A la solución de las controversias relativas a la interpretación y aplicación del Convenio, ya sea mediante consultas, arbitraje, mediación u otro procedimiento fijado de común acuerdo.
Para determinar el derecho a los beneficios conforme a este Convenio, se tendrán en consideración los períodos de seguro cumplidos bajo las leyes de cualquiera de los dos estados contratantes y las contingencias acaecidas antes de la entrada en vigencia de este Convenio; sin embargo, los Estados Unidos de América, en concordancia con su ley interna, no considerará períodos de seguro cumplidos antes de 1937.
En consideración a la información entregada y a que este es, como varios otros, parte de un Convenio, que tiene enormes beneficios para miles de chilenos que viven en el exterior, llamamos a la Sala a aprobarlo por unanimidad.
Tiene la palabra el diputado señor Masferrer .
Señor Presidente, en estos cortos minutos, fundamentaré mi abstención en la Comisión a este Convenio sobre seguridad social entre la República de Chile y los Estados Unidos de América, suscrito el 16 de febrero del presente año.
Sin lugar a dudas, los convenios sobre seguridad social constituyen una importante herramienta para abordar los problemas de tipo previsional que afectan a connacionales que, por distintos motivos, deben trabajar en el extranjero. Por ello, su objetivo primordial es mantener la antigüedad de las cotizaciones, fundamento básico para optar al goce de los beneficios previsionales.
Lo anterior se condice con la normativa internacional emanada de la Organización Internacional del Trabajo, que, en su convenio Nº 157, consagra el sistema internacional para la conservación de los derechos en materia de seguridad social.
El principio fundamental de este tipo de instrumentos se denomina “trato nacional”, que se traduce en lo siguiente: no discriminación, de acuerdo con la nacionalidad; mantenimiento y conservación de los derechos previsionales y colaboración administrativa entre las instituciones previsionales.
Sin embargo, a pesar de todos los beneficios señalados, me abstuve, y el origen de mi decisión no radicó en el fondo del tratado. Se arguye que estos instrumentos, para fortalecer y ordenar los sistemas previsionales bilateralmente, serían todos iguales, por lo que no sería necesario profundizar la discusión al respecto. Extrañé en la Comisión de Relaciones Exteriores la exposición de expertos de la Cancillería, de la Subsecretaría de Previsión Social, de la Superintendencia del ramo, de la Asociación de AFP o del INP. A estos últimos les cabe un papel fundamental en lo pactado en este Convenio, por cuanto deben establecer los canales de colaboración y coordinación administrativa entre las distintas instituciones previsionales.
No obstante, dada la trascendencia e importancia del beneficio que se estipula en el acuerdo con el país del norte, los Estados Unidos de América, votaré favorablemente.
En todo caso, quiero dejar constancia de que a nuestra Comisión no se le dio el trato adecuado. Quería escuchar a los expertos para tomar mucha más conciencia sobre la materia. Este convenio no es uno más, sobre todo hoy, cuando queremos suscribir un convenio bilateral con los Estados Unidos. Reitero que habría sido muy importante disponer del tiempo suficiente para tomar más conciencia sobre lo que votamos.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el Convenio.
Votación, señor Presidente.
A fin de llamar a los señores diputados que están en Comisiones, suspenderé la sesión por cinco minutos.
En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre seguridad social entre la República de Chile y los Estados Unidos de América.
Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez, Arratia, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, Gutiérrez, Hales, Jaramillo, Jarpa, Krauss, Leal, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Masferrer, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Vega, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).
Faltó mi voto, señor Presidente.
No incide en el resultado, señor diputado.
No se trata de eso, señor Presidente.
En todo caso, se va a agregar al resultado.
Señor Presidente, respecto de la última votación, quiero aclarar que sólo se puede decir “Si le parece a la Sala,...”, cuando está garantizado el quórum.
Pedí votación y hubo que suspender la sesión para lograr el quórum. En definitiva, a mi juicio, no se puede decir “Si le parece,...”, si no hay quórum.
Señor diputado, quiere decir que su Señoría no está de acuerdo con la opinión de diputados de su sector, quienes pidieron que se procediera así.
Si su Señoría no estaba de acuerdo, hizo uso de su derecho y ya se aprobó el Convenio.
Corresponde conocer el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que otorga beneficios a los deudores del Banco del Estado de Chile que hayan obtenido créditos en el marco del Programa de créditos para el establecimiento por cuenta propia de chilenos retornados.
Diputada informante de la Comisión de Hacienda es la señora Antonella Sciaraffia.
Mensaje, boletín Nº 2468-05, sesión 27ª, en 7 de marzo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 18ª, en 28 de noviembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 16.
Tiene la palabra la señorita diputada informante.
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley que otorga beneficios a los deudores del Banco del Estado de Chile que hayan obtenido créditos en el marco del programa de créditos para el establecimiento por cuenta propia de chilenos retornados.
La iniciativa, de origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, no contiene normas de quórum especial.
En cuanto a sus antecedentes, cabe señalar que en el mes de septiembre de 1999 se firmó un acta de acuerdo por los señores ministro secretario general de la Presidencia, el presidente del Banco del Estado de Chile y el presidente de la Corporación de Retornados, tendiente a buscar soluciones al problema de endeudamiento con motivo de la aplicación del Programa de Crédito a Retornados por parte del Banco del Estado de Chile.
Dicho acuerdo respondía a que al 31 de octubre de 1999, casi el 70 por ciento de los deudores del programa mantenía una situación irregular en el servicio de sus deudas, con créditos vencidos, morosos o en cobranza judicial, y otros que fueron castigados por el banco por haberse agotado los bienes del deudor.
En efecto, a un significativo grupo de estos deudores le fueron ejecutados sus bienes, y otro grupo no menor, se encontraba ad portas del remate de sus haberes.
Por su parte, el Banco del Estado de Chile no cuenta con los mecanismos legales para resolver la situación de los referidos deudores y se encuentra ejerciendo acciones de carácter ejecutivo.
La idea matriz es normalizar la situación de los deudores del Banco del Estado de Chile que obtuvieron créditos en el marco del programa de establecimiento por cuenta propia de chilenos retornados, con recursos otorgados por el propio banco y con un préstamo concedido por el Deutsche Ausgleichsbank , en virtud del Convenio de cooperación financiera, celebrado entre los Gobiernos de Chile y de Alemania.
En cuanto al objetivo y estructura del proyecto, se especifican los deudores del Banco del Estado de Chile que se beneficiarán con el proyecto; se fija un plazo de 90 días para optar a sus beneficios, entre los que se comprende la remisión de un porcentaje de la deuda, mediante reprogramaciones y otras operaciones; los deudores se obligan a dar su autorización para que el Banco ponga a disposición de la Cámara de Diputados la información relativa a los volúmenes de las deudas y los montos remitidos; se establece el compromiso fiscal ante el banco para restituir las sumas remitidas en un plazo no superior a seis años, y se exime de ciertas solemnidades e inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces y del pago de impuestos de timbres y estampillas a las operaciones necesarias para materializar los beneficios que establece el proyecto.
Respecto de los antecedentes presupuestarios o financieros, el informe financiero, elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 11 de septiembre de 2000, hace el siguiente recuento de los beneficios, que contempla el artículo 4º de la indicación formulada por el Ejecutivo:
Remisión de hasta el 90 por ciento del capital adeudado e intereses corrientes, a los deudores de los créditos que al 31 de junio de 1999 se encontraban castigados.
Remisión de hasta el 80 por ciento del capital adeudado e intereses corrientes, a los deudores de los créditos que al 31 de junio de 1999 se encontraban vencidos, siempre y cuando la deuda no supere las 500 UF. Dicho porcentaje de remisión será de 60 por ciento para deudas de más de 500 UF.
Remisión del 40 por ciento del capital adeudado e intereses corrientes a los deudores de los créditos que al 31 de junio de 1999 se encontraban en mora, siempre y cuando la deuda no supere las 500 UF. Dicho porcentaje de remisión será de 35 por ciento para deudas de más de 500 UF.
Remisión del 30 por ciento del capital adeudado e intereses corrientes a los deudores de los créditos que al 31 de junio de 1999 se encontraban al día, siempre y cuando la deuda no supere las 500 UF. Dicho porcentaje de remisión será de 25 por ciento para deudas de más de 500 UF.
Remisión del ciento por ciento de los intereses penales a los deudores del Banco del Estado de Chile que hayan obtenido créditos para el establecimiento por cuenta propia de chilenos retornados.
Los deudores de los créditos que al 31 de junio de 1999 se encontraban en mora o al día, y que no opten por el prepago total de la deuda con sus respectivas remisiones, tendrán derecho a la remisión del 10 por ciento de sus dividendos y/o cuotas, siempre que lo hagan oportunamente.
Finalmente, se estima que el costo total del proyecto, determinado por las remisiones de capital y de los intereses corrientes y penales, asciende a 23,7 millones de dólares, de acuerdo al siguiente detalle de la situación de deudores al 30 de junio de 1999: en créditos castigados, 181 beneficiarios; en créditos vencidos, 195; en créditos en mora, 103, y en créditos al día, 150. Total, 629 beneficiarios.
De la información complementaria que entregó el Ministerio de Hacienda a la Comisión, en sesión de 7 de noviembre de 2000, se dedujo que el monto adeudado ascendería a 33 millones de dólares, de los cuales 10 millones 100 mil dólares corresponden a intereses penales, y 8 millones de dólares son créditos ya castigados por el Banco del Estado de Chile.
Por otra parte, el volumen de recursos utilizados como créditos en el marco del programa en favor de los retornados sería 8 millones de dólares del crédito alemán y 14,5 millones de dólares aportados por el Banco del Estado de Chile, siendo 4 millones de los 8 millones no reembolsables.
Según expresó durante la discusión el señor Sergio Barría , de la Corporación de Retornados, no se recoge en su integridad el acuerdo a que se llegó en el proyecto, pues su objetivo fue la condonación de todas las deudas de los deudores morosos y de los quebrados al 30 de junio de 1999.
En el último documento que hizo llegar esa Corporación, manifiesta que el único punto que acepta de la propuesta del Gobierno es el de la condonación total para los deudores fallecidos, que alcanza sólo a diez personas y representa la suma de 341 mil dólares.
La idea de legislar se aprobó unánimemente, y los artículos, en forma parcial.
Participaron en la aprobación del proyecto los señores José Miguel Ortiz, Claudio Alvarado, Julio Dittborn, Juan Masferrer, Pablo Galilea, José García, Enrique Jaramillo, Tomás Jocelyn-Holt, Pablo Lorenzini, Carlos Montes, Andrés Palma y Exequiel Silva; la señora Marina Prochelle y la diputada que informa.
Antes de iniciar el debate, debo recordar a la Sala que, en la discusión general y particular, los discursos son de cinco minutos.
Señor Presidente, en mi calidad de miembro titular de la Comisión de Hacienda, me correspondió conocer esta delicada materia, que afecta a cientos de deudores del Banco del Estado de Chile sí, lleva el nombre de Chile, y lo hago notar, porque los deudores son chilenos, quienes contrajeron créditos supuestamente a bajas tasas de interés para financiar su instalación por cuenta propia, de vuelta a éste, su país: Chile.
Estas personas, gente sencilla, como somos la gran mayoría de los chilenos, han sufrido los rigores del exilio y la decepción de un retorno amargo la vuelta a la patria, que en su momento lo creyeron lleno de felicidad.
El proyecto que nos ocupa no satisface sus pretensiones, y lo sabemos a plenitud. Dificultades financieras y la estrechez presupuestaria impiden al actual Gobierno entregar más recursos que los que aparecen en el informe financiero de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Creo que la posibilidad de condonar las deudas, aunque sea de manera parcial, no es la solución de fondo. El procedimiento y los requisitos para hacerlo no satisfacen a todas las categorías de deudores, en especial a los morosos, los que sólo tienen la posibilidad de pagar la diferencia en un lapso mínimo de tiempo un año, sin lo cual no se hacen acreedores a la remisión, en otras palabras, a la condonación, y quedan en las condiciones actuales, o sea, prácticamente quebrados. Me consta, pues los conozco; sé de sus casos. Los rematados están en peor situación, por así decirlo, puesto que, atendidos los montos de remisión, les es más conveniente la solución aceptada por el Gobierno.
Ante esto, creo que lo importante es avanzar. La tramitación de este proyecto lleva más de un año detenida, y los deudores no pueden seguir esperando. Urge continuar su trámite legislativo. Ellos, en su desazón, ya comentan y dicen: “cualquier cosa es buena”.
Llamo a asumir el desafío de reparar a estos compatriotas que han sido violados en sus derechos humanos y defraudados por la recepción que han tenido en su patria. Acá, hay problemas humanos fundamentales, que deben ser asumidos con generosidad por todos los actores políticos representados en la Cámara.
Está de moda pedir perdón. No soy ni quiero constituirme en uno de esos protagonistas para quedar bien con quienes sufrieron, sufren y, no me cabe duda, seguirán sufriendo. ¿Qué hacer? ¡Si el momento que vivimos hoy es de otro Chile, no del que ustedes dejaron! No fue posible modificar el resultado de la historia. Ella no se cambia.
Termino anunciando mi voto afirmativo y pidiendo, con modestia, a quienes no concuerdan con el proyecto, que recapaciten, porque la idea es apoyar la iniciativa.
Tiene la palabra el diputado señor José García.
Señor Presidente, la verdad es que este proyecto es bastante controvertido y muchos de nosotros nos veremos en la necesidad de votarlo favorablemente, porque pensamos que es un mal menor, aun cuando no nos gusta y sabemos que no constituirá la solución definitiva para muchas familias que vieron en este crédito la esperanza de una plena reinserción en su patria.
Quiero llamar la atención de los estimados colegas respecto de cifras que aparecen en el informe. En su página 6, se señala que “el volumen de recursos utilizados como créditos en el marco del programa en favor de los retornados serían 8 millones de dólares del crédito alemán y 14,5 millones de dólares aportados por el Banco del Estado, siendo 4 millones de los 8 millones no reembolsables”.
Es decir, los recursos disponibles para favorecer y recalco favorecer a los retornados eran 22,5 millones de dólares. Como 4 millones eran no reembolsables, llegamos a la cifra de 18,5 millones de dólares que el Banco del Estado tendría que haber recuperado si se hubiese pagado la totalidad de los créditos otorgados.
El misterio es cómo estos 18,5 millones de dólares se transforman en una deuda de 33 millones de dólares. Eso demuestra que un órgano del Estado, como el Banco del Estado de Chile, que tenía la función de otorgar estos créditos para ayudar a la plena reinserción de nuestros compatriotas, a través de las tasas de interés, del cobro de la morosidad, de gastos administrativos, judiciales, etcétera, transforma estos 18,5 millones en mucho más de los 33 millones que se adeudan, porque, además, hay que sumar a esa cifra lo que ya han pagado. Entonces, claramente uno llega a la conclusión de que el Banco del Estado no actuó bien, de que quiso hacer de esto un tremendo negocio, de que el Banco del Estado, finalmente, buscó cobrar intereses y más intereses. Eso nos lleva, en este momento, a que la única solución es condonar, a lo menos, parte de la deuda, con cargo a las utilidades que obtenga dicho organismo bancario en los próximos años.
Tal vez sea importante señalar que la Comisión de Hacienda rechazó el artículo en que se señalaba que, en definitiva, el Fisco tendría que poner estos recursos por la vía de ir disminuyendo el porcentaje de utilidades que el Banco del Estado anualmente debe entregar al Tesoro Público.
Por eso digo que éste no es un proyecto al que concurriremos con nuestros votos con entusiasmo, por cuanto no es la solución definitiva. Lo que más nos preocupa lo quiero dejar sentado es la actitud del Banco del Estado de Chile, que trató de multiplicar los dólares, con lo cual perjudicó grave y seriamente, a las familias retornadas, que requerían de una ayuda para reiniciar su vida familiar y laboral en nuestra patria.
Por las razones que he dicho, vamos a votar a favor el proyecto, no obstante considerar, insisto, que no es la solución definitiva, sino sólo un paliativo.
Señor Presidente, hoy analizamos un proyecto destinado a dar solución a un problema que afecta a cientos de deudores del Banco del Estado de Chile que obtuvieron créditos en el marco del programa de créditos para chilenos retornados.
En menos de una semana nos ha correspondido, ya en dos oportunidades, referirnos a un problema que afecta, dramáticamente, a cientos de compatriotas que confiadamente accedieron a los beneficios que les prometía el Estado chileno.
En buen chileno, los supuestos beneficiarios fueron por lana y terminaron trasquilados. La pregunta que uno suele hacerse en estos casos y que en estos últimos diez años permanentemente queda sin respuesta, es: ¿Dónde están los responsables? Evidentemente, los defraudados y sus familias lo quisieran saber, en particular las familias de aquellas personas cuya desesperación los llevó a tomar la triste decisión de terminar con sus vidas.
Sin perjuicio de no compartir esta forma de solucionar problemas, anuncio que votaré favorablemente la iniciativa, pues he podido conocer de cerca los problemas que ha generado este nuevo escándalo financiero en que se encuentra involucrado un organismo del Estado.
Hoy he querido intervenir para hacer un llamado a la consecuencia. En días pasados, aprobamos en forma unánime el informe emanado de la Comisión investigadora constituida para analizar las irregularidades cometidas con motivo de estos créditos. En esa sesión, todo el mundo, sin excepción, manifestó su preocupación por esta situación; pero es bueno preguntarse cuánto tiempo estuvo esperando este proyecto para ser incluido en tabla. Todos conocen la respuesta: muchos meses, como la gran mayoría de los informes de comisiones investigadoras constituidas por esta Cámara.
Lamentablemente, la inconsecuencia sigue. El 30 de noviembre, hace doce días, esta Sala acordó poner todos los antecedentes que daban cuenta de las irregularidades cometidas, en conocimiento de los tribunales del crimen competentes, de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado. El propósito de este acuerdo es que se investiguen los eventuales delitos en que se hubiere incurrido, por parte de funcionarios públicos o privados; que se persigan responsabilidades administrativas y, de paso, que se proteja el interés fiscal.
Pues bien, han transcurrido doce días desde la adopción de ese acuerdo y aún estos antecedentes no han sido puestos a disposición de las autoridades. Entonces, ¿de qué compromiso me hablan? ¿Cuántos retornados más deberán suicidarse antes de que lleguen los antecedentes a los tribunales? ¿Existe por parte de la Cámara de Diputados un verdadero ánimo de investigar?
Pienso que no habrá justicia, como, por lo demás, no la ha habido nunca cuando un funcionario de la Concertación abusa del poder o está involucrado en un acto de corrupción.
Estimo imprescindible aprobar el proyecto para reparar, en alguna medida, el perjuicio económico y moral ocasionado a este grupo de chilenos que sufrieron todo el rigor de la ineficiencia, el descaro y la falta de transparencia con que, a menudo, están actuando algunas instituciones del Estado.
Votaré favorablemente el proyecto, por considerar que los beneficiados no son responsables de lo ocurrido; por el contrario, son las principales víctimas.
Estamos en presencia de un gobierno incapaz de solucionar los conflictos que su propia ineficiencia y falta de transparencia generan.
Solicito formalmente a la Mesa de la Cámara que adopte las medidas del caso, a fin de que se dé cumplimiento, de inmediato, a los acuerdos de esta Sala y se ponga a disposición de los tribunales y demás organismos pertinentes los antecedentes que dan cuenta de las irregularidades detectadas, ya que este Gobierno no asume nunca su responsabilidad política. Por lo menos, que sus partidarios que ocupan cargos públicos a causa del cuoteo político y han cometido delito, asuman sus responsabilidades penales.
Informo al diputado señor Masferrer que los acuerdos adoptados por la Sala ya fueron cumplidos y despachados los antecedentes, tanto a la Contraloría General de la República como a los tribunales de justicia.
Señor Presidente, en verdad hay un elemento que se llama pudor, el cual debiera estar siempre presente en toda acción humana. Puede existir, y de hecho la hay, una institución como el Banco del Estado que, estimamos, ha hecho mal las cosas. Por eso estamos legislando para reparar una situación. También hubo un convenio que no fue hecho de manera adecuada.
Lo anterior no puede ser motivo para que cierta gente, aprovechando esta circunstancia, olvide las causas reales de por qué hay un conjunto de chilenos y chilenas que debió sufrir determinadas consecuencias. Las personas no son retornadas porque decidieron abandonar el país de manera voluntaria, sino que fueron exiliadas en el gobierno que apoyó la Derecha, aquí, en esta Cámara.
De tal manera que seamos claros y pudorosos...
Esta Cámara no existía.
Claro, estaba cerrada, y no existía, porque la dictadura que ustedes apoyaron la cerró el día 11 de septiembre de 1973.
Entonces, digamos las cosas por su nombre: la gente no sólo ha sufrido por razones económicas. Incluso, algunos han debido recurrir a la ley de reparación, que tuvo su origen en las proposiciones del informe Rettig , porque sus familiares desaparecieron y hasta el día de hoy no pueden ser encontrados. También hubo gente que sufrió la tortura y las más graves violaciones de los derechos humanos. Esa ley de reparación ha tenido que beneficiar a sus familiares y no a las personas que sufrieron directamente los vejámenes, porque muchos de ellos, lamentablemente, ya no están entre nosotros. Por otro lado, están los exonerados políticos, quienes, no por voluntad nuestra, sino de la Oposición, han podido obtener una pírrica indemnización para poder enfrentar tal calidad.
Digamos las cosas por su nombre. Estamos legislando sobre una causa que viene de mucho más atrás que la situación creada por el Banco del Estado. Se creó porque muchos chilenos debieron abandonar el país con motivo de una dictadura; es decir, se vieron obligados a vivir en el extranjero contra su voluntad. Por eso estamos legislando, y eso no hay que olvidarlo. Pido un poco de pudor, estimados colegas, para referirse a estos temas.
No tenía considerado intervenir, pero he decidido hacerlo para salvar el honor y el pudor de una cámara legislativa, como es la Cámara de Diputados.
Señor Presidente, si nos empezamos a tirar palabrotas de un lado a otro, abusando de un tema que es lamentable, prefiero quedarme con las palabras del colega José García, porque veo una buena voluntad en él, una buena disposición para entrar a reparar algo que muy bien ha señalado el colega Riveros.
En esta Corporación hay personas que no se pueden aprovechar de esta lamentable coyuntura para señalar un error que se puede reparar, pero que no es posible compararlo con horrores que nunca se han podido reconocer. Yo valoro la actitud de algunos colegas de la Derecha que tienen sentido autocrítico y reconocen la justicia de este proyecto, por razones humanas. No son fanáticos al defender causas que son indefendibles, porque tal como se ha dicho quienes estuvimos fuera del país no lo hicimos por razones voluntarias, sino por un régimen o un sistema.
Quiero decirle al diputado señor Masferrer que, lamentablemente, hay chilenos que no pudieron regresar al país, porque murieron en el exilio añorando volver a su patria. Además, hay cientos de miles de chilenos e hijos de ellos que no regresarán nunca a Chile. Por tanto, diputado Masferrer , usted, que fue alcalde designado, funcionario del gobierno militar, no venga a darnos lecciones respecto del tema moral. Estamos con esta gente que sufrió el rigor de la dictadura y el exilio, por lo cual muchos de ellos se quedaron fuera del país. Haciéndome una autocrítica, asumo los errores que se hayan cometido en el Banco del Estado, pero no vengamos a sacarle partido político a esa situación. Por eso, valoramos la actitud de algunos colegas de la Oposición que tienen buena voluntad y no se aprovechan de ese lamentable hecho.
También anuncio que votaremos a favor de este proyecto, porque es lo mínimo que podemos hacer por quienes tanto han sufrido.
Tiene la palabra la diputada María Angélica Cristi.
Señor Presidente, francamente, cada vez que tocamos un tema sensible, como los que tienen que ver con el pasado, en esta Cámara se producen reacciones más bien de histeria que de racionalidad. Eso no es bueno, porque nos desvía del objetivo que estamos tratando de resolver hoy, el cual es muy loable. De hecho, las personas exoneradas se acercaron a nosotros, hace algún tiempo, para plantearnos la situación que las estaba afectando, porque según nos dijeron no habían sido escuchadas por el Gobierno. Es así como el diputado Alfonso Vargas quien no se encuentra presente, sin ánimo de sacar partido político ni hacerse famoso por ello, se acercó a este grupo de personas y, como consecuencia de ello, intentó resolver este problema, haciendo incluso una investigación.
Entonces, lo importante es que estamos resolviendo un problema de personas que hoy se encuentran en las tribunas, lo cual es de justicia.
Si vamos a hablar del pasado, podríamos empezar una discusión, la misma que hemos tenido más de 50 veces, con represalias, agresiones y violencias. Creo que eso cada día corresponde menos.
Hace unos días, se dieron numerosos y significativos gestos para acercarnos como hermanos, como chilenos, para tratar de reconciliarnos. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Considero muy importante reconocer que nosotros apoyamos al gobierno militar; no lo vamos a negar. Y las personas fueron exiliadas por ese gobierno. Si ahora les podemos tender una mano, lo hacemos muy sinceramente, sin tratar de sacar dividendos políticos ni de aprovecharnos de la situación. Estamos gratos de poder ayudar, y ese debe ser el espíritu que nos debe animar. En ese sentido ha intervenido el diputado José García, jefe de nuestra bancada, y también con ese ánimo ha trabajado el diputado Alfonso Vargas.
Por último, tampoco debemos olvidar que en el tiempo de la Unidad Popular hubo muchos chilenos que tuvieron que salir del país por razones distintas, no a la fuerza, sino voluntariamente. Eso hace la diferencia. Debo confesar que también tuve que salir, en razón de que si mi marido se quedaba, no tenía trabajo. Aunque mi situación es distinta, también puedo decir que se me obligó a salir. Pero ese no es el punto. Estamos en una sesión que tiene por objetivo tender una mano, ayudar y no seguir creándonos, cada vez, más odio, más venganza y más división, alejándonos de lo que debemos buscar, como parlamentarios y políticos, por el bien de muchas personas, especialmente de aquellas que han sufrido.
Tiene la palabra el diputado Aníbal Pérez.
Señor Presidente, esta intervención corresponde a un diputado de mi partido, don Leopoldo Sánchez, quien no ha podido estar presente en la Sala por motivos de fuerza mayor. Además, por conocer a cabalidad el tema que motiva la sesión, no ha querido quedarse sin opinar al respecto. Dice:
Señor Presidente, “El proyecto de ley presentado a tramitación parlamentaria pretende satisfacer la palabra empeñada por el gobierno del Presidente Frei con este grupo de compatriotas, que han tenido la mala fortuna de haber sufrido, primero, el oprobioso castigo de la persecución política, el exilio, y luego la desdicha de haber caído en manos de personas inescrupulosas que abusaron de su buena fe, de su confianza y del deseo de retornar a su tierra a vivir con los suyos.
“La iniciativa no satisface las aspiraciones de un importante segmento de deudores, y así lo ha hecho presente el directorio de la Corporación de Retornados, quienes han pedido flexibilizar la posición del Ministerio de Hacienda y del Banco del Estado para acceder a los beneficios contenidos en el proyecto y que hoy supone el pago en sólo tres cuotas de un alto porcentaje de sus deudas.
“Sabemos que el proyecto tiene una incidencia presupuestaria importante y entendemos la situación de las finanzas públicas; pero, al mismo tiempo, hemos logrado percibir, con meridiana claridad, que parte importante de estas sumas están siendo recuperadas por el Banco del Estado por el cobro de intereses más altos que aquellos que gravaban su deuda con el Banco de Compensación alemán.
“Pido al Gobierno que flexibilice sus posturas, aunque sea en un próximo trámite parlamentario, para dar curso progresivo al proyecto, que espera nuestra atención hace tantos meses.
“Hoy, ayudar realmente a los retornados es darles una respuesta económicamente suficiente y oportuna. La reparación con retraso infundado no es tal; cada día que pasa aumentan las deudas, aumenta la cantidad de personas apremiadas por los tribunales de justicia y, sobre todo, aumenta el sufrimiento de las familias que literalmente han sido arruinadas por la codicia de unos, la sinvergüenzura de otros y la condescendencia de todos quienes pudieron evitar este problema o al menos aminorar su impacto sobre estos compatriotas.
“Termino llamando a aprobar el proyecto en general, y confío en que con las indicaciones que se presenten pueda mejorarse”.
Esto es lo que el diputado señor Leopoldo Sánchez ha señalado por mi intermedio.
Señor Presidente, para la Comisión el proyecto aprobado resultó ser el mal menor, porque aspirábamos y así se logró en ella que hubiera coherencia entre el acuerdo de septiembre de 1999 y lo que finalmente envió el Ejecutivo como proyecto. Particularmente hay materias, tales como el prepago, que se les está exigiendo a las personas endeudadas; los bienes que se encuentran rematados y el reembolso de lo que perdieron; los juicios que están pendientes, que, verdaderamente, no resuelve el proyecto.
La Corporación de Retornados nunca solicitó una condonación; fue el ministro John Biehl quien la ofreció, y luego la Comisión de Economía de la Cámara la aprobó en forma unánime.
Tenemos la obligación de despachar el proyecto, porque su tramitación ha demorado demasiado; pero lo hacemos con la esperanza y el compromiso del Gobierno de mejorar la iniciativa, si no en la Cámara, en el Senado, para que sea una solución real y no una ilusión más para la Corporación de Retornados.
Tiene la palabra el diputado señor Nelson Ávila.
Señor Presidente, deseo manifestar que encuentro absolutamente comprensible la irritación que trasuntan las palabras del diputado señor Edgardo Riveros.
Esta tarde hemos vivido una suerte de ejercicio de humor negro. Veo frente a mí al diputado señor Alberto Cardemil, ex subsecretario del Interior del régimen que originó la salida de miles de chilenos a peregrinar en tierras extrañas. Allí fue donde se incubó un drama de largo aliento, de muy doloroso tránsito, que estalló en nuestra patria una vez que regresó la democracia.
Gracias a ello, estos señores tienen representación popular, disponen de unos escaños en la Cámara, y se da el hecho curioso y sarcástico de que en las tribunas la gente afectada por una situación que lamentamos, espera ansiosa algún atisbo de solución a un problema que hemos podido compartir con ellos al conocerlo en profundidad.
Es tal su desesperación, que se ha dado el hecho insólito de aplaudir a sus propios verdugos; pero entendemos su actitud, porque el drama que ellos viven es demasiado profundo, merece todo nuestro respeto y si de algo sirve, les damos disculpas, porque las merecen. Al mismo tiempo, les señalamos que los acuerdos finales del informe tal vez son un pálido testimonio que nosotros brindamos, a lo mejor a destiempo, pero que nos reconcilia con nuestra conciencia.
Señor Presidente, estamos enfrentados a resolver un problema grave, doloroso, duro, difícil. Todos quienes nos acompañan lo han vivido, lo han sufrido y están expectantes de saber si somos capaces de darles una adecuada reparación a una situación de mucho dolor, de mucho sufrimiento.
Quienes estamos en la Sala, quienes somos parte del Gobierno de la Concertación, sabemos muy bien que uno de los métodos represivos quizás especialmente brutal, por lo largo, por lo destructivo sobre la familia, por lo doloroso, fue el exilio.
Los socialistas lo vivimos quizás muy especialmente. Por eso nos resulta particularmente duro saber que estamos enfrentando un problema sin haberle dado hasta ahora y sin estar seguros de que lo hacemos una adecuada solución.
Eso duele mucho; pero también duele quiero decirlo aquí muy sinceramente que necesitando nosotros el apoyo de todos, y también de ustedes, de la Derecha; aceptando la crítica que le han hecho al Banco del Estado, al no haber respondido en forma adecuada a este problema, comprobar que no sean capaces de hacer un mínimo de reconocimiento de su responsabilidad, que yo hubiera deseado.
Se ha hablado de responsabilidad, de reparar el daño. ¡Pero si ustedes saben cuándo, dónde y quién lo provocó! ¡Que bien nos haría un mínimo de reconocimiento y un mínimo de hacerse cargo del problema! Hay algo que se llama sinceridad pudor lo llamaba el colega Riveros , y ahora la necesitamos. Debemos ayudar a reparar este drama, este dolor; todos debemos ayudar a eso, pero también debemos entender que el exilio lo aplicó una dictadura y afectó a miles y miles de compatriotas.
Es necesario hablar del tema, porque si hay algo que ha sido silenciado es el dolor, tanto del exilio como del retorno; porque no sólo ha sido doloroso el exilio; también el retorno ha sido terrible y dramático. De eso debemos hacernos cargo todos, especialmente nosotros, porque, aunque esto fue provocado por un Estado dictatorial, el Estado democrático no ha sido capaz de hacerse cargo de reparar ese daño.
No ha habido una política pública de reinserción de las víctimas del exilio, y si la ha habido ha sido parcial e insuficiente, casi se podría decir inexistente. Otros países de América Latina la han llevado a cabo y lo han hecho mucho mejor que nosotros. Uruguay lo hizo; en alguna medida, Argentina también lo hizo mejor. Debemos reconocer que estamos en deuda respecto del tema.
El proyecto sólo da una solución parcial e insuficiente al problema y de eso debemos hacernos cargo.
(Manifestaciones en las tribunas).
En esta Sala podemos hablar así; pero lamentablemente no pueden hacer lo mismo las personas que están en las tribunas, quienes necesitan ahora nuestra ayuda, pero también deben reconocer que estuvieron en la base del drama que hoy tenemos que solucionar.
Por lo tanto, hemos presentado una indicación importante, toda vez que deja sin efecto la fecha límite. Esperamos contar con los votos suficientes para aprobarla ahora, a fin de que el proyecto no vuelva a la Comisión. Espero que en el Senado se le introduzcan las indicaciones que sean necesarias para lograr un proyecto adecuado, que dé justa y necesaria reparación a estos compatriotas que tanto sufrieron.
Tiene la palabra el diputado señor Bertolino.
Señor Presidente, después de escuchar los discursos de nuestros colegas llegué a una conclusión efectiva: se trata de un problema que ha afectado a chilenos. También debo reconocer que es cierto que el 50 por ciento de la culpa la tiene el gobierno militar por haber aplicado el exilio no tengo ningún reparo en reconocerlo; pero acá se ha dicho muy poco del otro 50 por ciento de la culpa, y durante el debate del proyecto sólo se ha comentado la forma de solucionar un problema. Sin embargo, también me hubiera gustado que de la misma manera se solucionara el problema de muchos chilenos que permanecieron en el país dando trabajo y creando riqueza y que hoy también están muy complicados, sobre todo cuando el 50 por ciento de la culpa del problema de esos chilenos que quedaron acá la ha tenido el Gobierno de la Concertación, ya que en los últimos dos años creó una difícil situación económica, o a lo mejor por tomar medidas tardías para superar una crisis también reconozco que hubo a nivel asiático. Sin embargo, lo que más me preocupa es que nada se ha dicho de los funcionarios del Estado, de la Concertación, responsables de la situación en que hoy se encuentran esos chilenos. ¿Qué pasó con la seriedad con que ellos debieron enfrentar su actividad laboral o profesional? ¿Qué pasó con su ética? En las tribunas debe haber muchas personas que fueron engañadas, y eso acá no se ha dicho. En la Comisión investigadora nunca se supo lo que pasó. La mayoría no sabe cuál fue la realidad, porque hubo una gran falta de cooperación del Gobierno, del Banco del Estado y de las personas inculpadas, y creo, colegas diputados de la Concertación, que de ustedes también, ya que no pusieron todo el empeño en buscar la claridad que en muchos otros temas les interesa encontrar, al igual que a todos.
Por lo tanto, acá se está haciendo un discurso que no corresponde a la realidad y se está buscando el aplauso fácil. Mientras sigamos actuando de esa forma como parlamentarios, bien nos merecemos el desprestigio que hemos alcanzado en la comunidad.
Señor Presidente, se pidió la clausura del debate.
Señor diputado, no hay más diputados inscritos.
Corresponde votar en general el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aguiló, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Elgueta, Encina, Espina, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hales, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Molina, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soria, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Vega y Villouta.
Advierto a la Sala que el acuerdo unánime de los Comités fue votar en esta sesión el proyecto en general y en particular.
Se han presentado cuatro indicaciones.
La primera indicación es de los diputados señores Pérez, don Aníbal; Aguiló, señora Pollarolo, doña Fanny; Bustos, Letelier, don Juan Pablo; señora Saa, doña María Antonieta; Naranjo, la señora Muñoz, doña Adriana; Riveros, y la señorita Sciaraffia, doña Antonella.
Además, se han recibido otras tres indicaciones, del diputado señor Tomás Jocelyn-Holt.
En opinión de la Mesa, las cuatro indicaciones son inadmisibles, porque incurren en mayor gasto.
Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Aguiló.
Señor Presidente, en la Sala se acordó que cada vez que la Mesa estimara que una indicación es inadmisible, se le dé lectura, señalando la disposición constitucional que se contraviene.
Hoy, este acuerdo favorece a los parlamentarios de la Concertación; pero mañana, perfectamente puede favorecer a los parlamentarios de la Oposición. Entonces, como se trata de un acuerdo unánime de la Sala, le pido a su Señoría que nos explique la razón por la cual la indicación es inadmisible.
Con mucho gusto, señor diputado. Como su Señoría es uno de los patrocinantes, le explicaré por qué la indicación fue declarada inadmisible.
La indicación dice así: “Para eliminar en los artículos 1º y 4º la frase siguiente: “al 30 de junio”. Esto significa que el interés de los diputados patrocinantes es extender el beneficio hasta el momento de la publicación de la ley. Por cierto como su Señoría lo sabe, ello implica un mayor gasto, para lo cual la Corporación no está facultada. Por esa razón, su indicación fue declarada inadmisible.
Ahora, como no está presente el diputado Jocelyn-Holt, que podría pedir una explicación respecto de las restantes por ser uno de los patrocinantes, la Mesa sostiene su inadmisibilidad, a menos que algún diputado desee refutar tal planteamiento.
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló.
Señor Presidente, tal como lo explicaron varios parlamentarios de la Oposición y de la Concertación quiero recordárselo a los colegas presentes en la Sala, en la misma sesión se trató de manera simultánea el informe de la Comisión que investigó las irregularidades ocurridas en la operación del Banco del Estado en esta materia y el proyecto de ley en general. Allí se pudo constatar que el proyecto surgió de un acuerdo suscrito por el Gobierno y la Corporación de Retornados, en representación de todas las personas afectadas por los problemas discutidos ampliamente en esta Sala.
Entendemos que la fecha “30 de junio” se enmarcaba en el espíritu de favorecer a los afectados, porque el acuerdo es de mediados de 1999; estaba en el ánimo fijar una fecha que coincidiera con el momento de legislar. Es decir, la idea del Ejecutivo era que se legislara rápidamente, tal como ocurre con un proyecto de discusión inmediata o suma urgencia, de manera que coincidiera, más o menos, la fecha de promulgación de la ley con la firma formal del acta. Incluso, la firma del acta de acuerdo es del 14 de septiembre de 1999.
De manera que estaba, al menos en el espíritu del Ejecutivo, el propósito de incurrir en los gastos necesarios para favorecer a todas las víctimas de la situación descrita en el proyecto.
Eso es lo que queríamos reflejar, por lo menos desde el punto de vista del espíritu de la indicación. Tal como su Señoría lo ha interpretado, la eliminación de la frase “30 de junio” es con el fin de beneficiar a todas las personas que al momento de la promulgación de la ley se encontraran en la situación descrita en el proyecto de ley.
Señor diputado, lamentablemente, la Mesa no puede calificar las indicaciones en función de su espíritu. No me cabe duda alguna de que el espíritu debe ser el señalado por su Señoría; pero para producir transparencia y hacer efectivo ese espíritu, el Gobierno tiene que patrocinar una indicación en los términos planteados por su Señoría.
¿Para plantear una cuestión de Reglamento, señor diputado?
No, señor Presidente; para refutar a la Mesa respecto de la declaración de inadmisibilidad de la indicación.
Reglamentariamente, está en su derecho controvertir la declaración de inadmisibilidad.
Por lo tanto, ofrezco la palabra, por cinco minutos, a un diputado que apoye la inadmisibilidad, y a otro que la impugne.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Salas.
El señor SALAS.-
Señor Presidente, este proyecto ha sido largamente discutido en la Cámara y, por lo mismo, quiero proponer, racionalmente, que, como debe pasar al Senado, lo mejor es que los propios interesados negocien una indicación con el Gobierno; pero no podemos mandar un proyecto a sabiendas de que la indicación fue rechazada por esta Sala. Propongo retirar la indicación, a fin de que el proyecto no vaya con esta mancha es decir, con una indicación declarada inadmisible por contravenir la Constitución Política, de manera que los interesados puedan negociar el asunto en el Senado.
Reglamentariamente, los diputados tienen el derecho de presentar indicaciones y de cuestionarlas desde el punto de vista constitucional.
Diputado señor Silva, ¿su Señoría insiste en su planteamiento?
Señor Presidente, quiero recoger, en parte, lo que señaló el diputado señor Aguiló.
Aquí se está estableciendo una fecha distinta, lo que, a mi juicio, no significa incurrir en mayor gasto. Digo esto porque es de suponer que antes de enviar el proyecto el Gobierno tenía considerada la provisión de recursos para todos los que se acogieren a la ley.
Por lo tanto, la idea es que, independientemente del plazo que establece el proyecto, se puedan acoger todos. De lo contrario, es fácil presumir que, de mantenerse el plazo establecido en el proyecto, no podrán acogerse todos los afectados, lo que no me parece aceptable. Desde ese punto de vista, lo señalado por la Mesa no justifica la declaración de inadmisibilidad de la indicación.
Ofrezco la palabra a un señor diputado que sostenga la inadmisibilidad de la indicación.
Señor Presidente, en realidad, resulta muy difícil argumentar sobre lo obvio, cuando el diputado señor Silva desconoce algo tan evidente.
Resulta indiscutible que esta indicación nosotros la compartimos, porque no objetamos que se conceda el beneficio a todos los interesados implica mayor gasto, por la vía de abrir espacios, de aumentar intereses, multas, etcétera. Por lo tanto, no cabe duda de que la indicación es inadmisible.
Entonces, por un mínimo de respeto al procedimiento utilizado para hacer las cosas como lo dijo muy bien el diputado señor Salas, no existe dificultad alguna para que la indicación sea incorporada en el Senado, a fin de que salga un proyecto limpio y bien elaborado. Me parece que, existiendo completo acuerdo sobre su contenido, lo razonable es rechazar la indicación y enviar el proyecto al Senado, donde habrá unanimidad para aprobar la indicación que enviará no nos cabe duda alguna al respecto el Presidente Lagos. Que el Gobierno mande la indicación, porque será aprobada en un minuto.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Elgueta.
Señor Presidente, he pedido la palabra, porque no conocemos el texto completo de la indicación. Por ejemplo, yo ignoro si dicha indicación contiene la fuente de recursos necesarios para atender tales gastos. Ahora, en caso de que la contemplara, la discusión habida aquí sería inoficiosa.
El inciso segundo del artículo 24 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, dice: “No podrán admitirse indicaciones contrarias a la Constitución Política ni que importen nuevos gastos con cargo a los fondos del Estado o de sus organismos, o de empresas de que sea dueño o en que tenga participación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a tales gastos”.
La Sala no conoce toda la indicación, que, a lo mejor, podría contener las fuentes de recursos para financiarla, caso en el cual sería perfectamente admisible. Por el contrario, si no contiene dichas fuentes, de acuerdo con la norma que he señalado, sería claramente inadmisible.
Señor diputado, debo recordarle que leí la indicación. Sin embargo, si su Señoría lo desea, puedo hacerlo de nuevo con mucho gusto.
Dice así: “Para eliminar en los artículos 1º y 4º la frase siguiente: “al 30 de junio”. Ésa es toda la indicación que leí hace un instante.
En votación la inadmisibilidad de la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo una abstención.
Se declara inadmisible la indicación.
Álvarez, Bertolino , Caraball (doña Eliana), Correa, Delmastro, Dittborn, Elgueta, Espina, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), Huenchumilla, Jarpa, Krauss, Martínez (don Rosauro), Molina, Mora, Mulet, Núñez, Olivares, Orpis, Ortiz, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Recondo, Reyes, Rocha, Rojas, Seguel, Soto (doña Laura), Ulloa y Villouta.
Aguiló, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Ceroni, Encina, Gutiérrez, Hales, Jaramillo, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Rincón, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Sciaraffia (doña Antonella), Silva, Soria, Tuma y Urrutia.
Se abstuvo el diputado señor Álvarez-Salamanca.
Señor Presidente, junto con hacer un llamado a nuestros colegas de la Oposición, solicito que recabe el acuerdo de la Sala con el objeto de pedir al Ejecutivo que incorpore esta indicación en el Senado.
Una vez que concluya el despacho del proyecto, recabaré el acuerdo unánime de la Sala para proceder en esos términos.
Por ser inadmisibles las indicaciones presentadas, queda despachado el proyecto en general y en particular.
Tiene la palabra el diputado señor Leay por una cuestión de Reglamento.
Señor Presidente, la diputada señora Pollarolo ha formulado una petición y su Señoría va a recabar la voluntad de la Sala para enviar un oficio en ese sentido.
Al respecto, quiero plantear una cosa muy clara: aquí, la Concertación gobierna, es mayoría en la Cámara, y si el Ejecutivo hubiese querido enviar el proyecto en los términos solicitados, lo habría hecho.
En verdad, aquí hay una situación de demagogia, de promesas. Ellos gobiernan, ellos tienen el poder, ellos pueden lograr lo que quieran. Si eso hoy no se está debatiendo, es porque su propio gobierno no lo desea.
Diputado señor Leay, en ningún minuto he solicitado la unanimidad. Hubo una petición de la diputada señora Pollarolo, pero primero, tal como correspondía, despaché el proyecto.
Ahora, solicito la unanimidad de la Sala para despachar el oficio al Ejecutivo en los términos planteados por la diputada señora Pollarolo.
¿Habría unanimidad?
Señor Presidente, creo que bastaría con remitir al Ejecutivo la versión de esta sesión, donde aparece manifestada la voluntad de todas las bancadas respecto de la indicación presentada por la diputada señora Pollarolo, para que incorpore la indicación en el Senado.
¿Habría acuerdo unánime para proceder en esos términos?
Se levantó la sesión a las 21.05 horas.
Moción de los diputados señores Orpis, Álvarez, Monge y de la diputada señora Pía Guzmán.
Modifica la ley orgánica constitucional del Consejo de Defensa del Estado, estableciendo dedicación exclusiva al cargo de Presidente de ese organismo. (boletín Nº 2642-07)
1.Que el Consejo de Defensa del Estado es un servicio público cuyo objetivo principal es la “defensa judicial de los intereses del Estado”.
2.Que el Presidente de este Consejo es designado por el Presidente de la República y tiene un conjunto de atribuciones de vital importancia en la defensa de esos intereses.
3.Que por ello resultan preocupantes las denuncias efectuadas a través de un medio de comunicación y confirmadas por una serie de documentos y testimonios, todos los cuales dan cuenta de la prolífica actividad profesional particular desarrollada por la actual presidenta del Consejo de Defensa del Estado, utilizando tiempo, personal e infraestructura del Estado.
4.Que este comportamiento imprudente afecta en varios sentidos la labor del presidente del Consejo de Defensa del Estado y como lógica consecuencia de ese organismo.
a)En primer lugar, pues como lo han declarado distinguidos abogados que han ocupado ese cargo “físicamente no es posible” compatibilizar la realización este tipo de actividades paralelas.
b)En segundo lugar, porque existen normas expresas de la ley de probidad que establecen ciertas restricciones a este tipo de actividades profesionales paralelas, restricciones que claramente no se han respetado por la actual titular de ese cargo. El artículo 58 de la ley de Bases Generales de la Administración del Estado es categórico al señalar que cualquier actividad distinta al cargo debe desarrollarse “fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados”. Luego agrega que “son incompatibles con la función pública las actividades particulares cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada”.
c)En tercer lugar, porque este ejercicio profesional genera en muchos casos conflictos de intereses, por lo que constituye al menos una imprudencia que, no obstante no existir impedimento legal al ejercicio de esta actividad profesional particular, quede a la prudencia y al buen criterio de los abogados que han ocupado tan alto cargo la decisión final en esta materia.
5.Que por las razones indicadas y sin perjuicio de que deben hacerse efectivas las responsabilidades de la actual titular del Consejo de Defensa del Estado producto de las conductas denunciadas, es fundamental que la decisión de efectuar actividades profesionales paralelas no quede al mero arbitrio de la persona que en un minuto determinado ocupa el cargo.
Artículo único.- Reemplázase el artículo 19 del DFL Nº 1 de 1993, Ley Orgánica Constitucional del Consejo de Defensa del Estado, por otro del siguiente tenor:
“Artículo 19.- El presidente del Consejo de Defensa del Estado debe dedicarse exclusivamente a su cargo. En consecuencia prohíbese al presidente ejercer cualquier otra actividad remunerada y en especial intervenir de cualquier manera en juicios que se sigan ante un tribunal. Sólo se exceptúan de esta prohibición las actividades docentes y académicas”.
Moción de los diputados señores Mora, Krauss, León y Vilches.
Modifica la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, respecto de la designación del Director General. (boletín Nº 2643-02)
El artículo 9º de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, que consta en el Decreto Ley Nº 2.460, publicado en el Diario Oficial de 24 de enero de 1979, dispone que la jefatura superior de ese servicio corresponde a un funcionario que, con el título de Director General, ejerce la dirección y administración de la institución. La norma agrega que este cargo será de la exclusiva confianza del Presidente de la República y que la designación deberá recaer en alguno de los funcionarios que ocupen los cargos de subdirector o prefecto inspector de la planta de oficiales policiales. Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente de la República podrá designar como Director General de Investigaciones a un Oficial General de las Fuerzas Armadas, en servicio activo o en retiro.
La disposición descrita, a pesar que le asigna como se ha dicho, la calificación de exclusiva confianza, restringe las facultades del Presidente de la República, en materia de designación del jefe de la institución policial civil, cargo que, sin perjuicio de conocimientos técnicos básicos que corresponden a especialidades profesionales y experiencias prácticas adicionales a los ámbitos circunscritos en la norma vigente, requiere esencial y primordialmente contar con la confianza del mandatario que lo designa. Ese fue el criterio aplicado desde la creación de este importante instrumento en la lucha contra la delincuencia, el cual le permitió contar con directores generales provenientes de la civilidad que condujeron con acierto a la institución y contribuyeron al nivel de desarrollo y especialización científica que ha logrado alcanzar en diversos períodos de sus más de sesenta años de existencia.
La normativa vigente permite la designación en el cargo de Director General a quienes ocupen cargos superiores en la planta de oficiales policiales de la institución, disposición acertada que reconoce la carrera funcionaria, si bien sólo se ha aplicado respecto del actual titular. Sin embargo, si por las motivaciones que fueren, el Presidente de la República quisiera designar en el cargo a una persona ajena al servicio sólo podría hacerlo a favor de un Oficial General de las Fuerzas Armadas, en servicio activo o en retiro. Es evidente que se trata de un criterio incompatible con el actual perfil de la institución, la cual se orienta a tareas propias de la investigación policial con fundamento científico que, por cierto, se adquieren en la carrera funcionaria en la institución, pero que también se pueden apreciar en personas ajenas a ella que no necesariamente deben provenir del sector militar. Por otra parte, la experiencia indica que las características del fenómeno delincuencial contemporáneo precisan para su combate formación y preparación que exceden de lo propiamente policial y que deben ser analizadas en cada oportunidad en que se encomiende el mando superior de la institución.
En consideración a las argumentaciones señaladas proponemos la modificación de la norma respectiva, manteniendo, por supuesto, la posibilidad de acceso al cargo superior del servicio de los funcionarios de carrera de la institución, pero ampliando las facultades de designación del Presidente de la República, en caso que quisiera escoger a una persona ajena a ella, a todo aquel que sea acreedor a su confianza. Es razonable suponer que la primera autoridad de la Nación designará en un puesto de tanta responsabilidad a quien reúna los requisitos personales y profesionales adecuados a ese nivel, sea o no funcionario de carrera de la institución.
En mérito de lo expuesto proponemos la aprobación y despacho del siguiente
“Artículo único.- Reemplázanse los incisos primero y artículo 9º del decreto ley Nº 2.460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, por los siguientes:
“La jefatura superior de la Policía de Investigaciones de Chile corresponde a un funcionario que, con el título de Director General, ejerce la dirección y administración de la institución. Para todos los efectos legales este cargo es de la exclusiva confianza del Presidente de la República.
En caso que el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades designe como Director General titular a un funcionario del servicio, éste deberá ocupar los cargos de Subdirector o Prefecto Inspector de la planta de Oficiales Policiales”.