Source: http://brumcosta.com/2018/12/19/nuevas-normas-bcu-adecuacion-de-la-normativa-en-materia-de-prevencion-del-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo-a-la-ley-nro-19-574/
Timestamp: 2019-03-21 01:19:43
Document Index: 224941058

Matched Legal Cases: ['Artículo 187', 'artículo 190', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 192', 'artículo 191', 'Artículo 195', 'Artículo 198', 'artículo 198', 'artículo 298', 'artículo 298', 'Artículo 325', 'Artículo 325', 'artículo 325']

NUEVAS NORMAS BCU ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA LEY NRO. 19.574. – Brum Costa – Abogados
ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LA LEY NRO. 19.574.
(CIRCULAR N°2.312)
Por Victoria Notari Ehlers y Soledad Schiera
El pasado 10 de diciembre el Banco Central del Uruguay (“BCU”) publicó la circular N°2.312, por la cual se modifica la Recopilación de Normas del Mercado de Valores en lo relacionado a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de los sujetos bajo su supervisión (en adelante la “Circular”).
La Circular tiene como principal objetivo adecuar el régimen de las entidades vinculadas al mercado de valores, a las disposiciones contenidas en la nueva Ley Integral Contra el Lavado de Activos, Nro. 19.574, del 20 de diciembre de 2017.
Seguidamente haremos algunos comentarios sobre las principales modificaciones incluidas en la Circular, en lo aplicable a intermediarios de valores y sociedades administradoras de fondos de inversión.
En el marco de la aplicación del sistema integral de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (en adelante “LA y “FT”) de las subsidiarias o sucursales en el exterior, se incorpora al segundo inciso un requerimiento adicional, que establece que en el caso de que los requisitos mínimos en materia de prevención de LA y FT del país sede de la sucursal o subsidiaria sean menos estrictos que los de nuestro país, las instituciones deben asegurarse que de igual forma, implementen los requisitos de Uruguay, en la medida que lo permita la normativa del país sede.
En el caso de que el país sede no permita la implementación de las medidas de prevención de Uruguay, las instituciones deberán aplicar medidas adicionales apropiadas para manejar los riesgos de LA y FT e informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU (“UIAF”). Asimismo, la dirección de las instituciones debe establecer políticas y procedimientos apropiados, demostrando compromiso con el sistema preventivo para asegurar su efectividad.
Hasta el momento, cuando en el país sede existan leyes o reglamentaciones que impidan la implementación del sistema de prevención, se debía informar a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU (“SSF”).
Artículo 187. Código de Conducta.
Se establece que los intermediarios de valores (además de las administradoras de fondos de inversión) deberán adoptar un código de conducta que refleje su compromiso a los efectos de evitar el uso del mercado de valores para el LA y FT. Debe contener las normas éticas y profesionales de la institución en la materia. El código deberá ser aprobado por la Bolsa de Valores, en caso de corresponder.
Las administradoras de fondos de inversión, deberán extender su compromiso para evitar ser utilizadas para el LA y FT también con respecto a los fondos que administren.
Alcanzará a estas entidades lo dispuesto los artículos 252 a 253.1 de la RNMV, referentes al Código de Ética.
La circular establece que además de tener un adecuado conocimiento del cliente, se debe contar, con el adecuado conocimiento del beneficiario final.
Se incorpora un segundo inciso indicando que para el caso de las administradoras de fondos que actúen en calidad de fiduciarias, se entenderá por clientes no sólo a los cuotapartistas, fideicomitentes y beneficiarios de los fideicomisos que administran sino también a todas aquellas personas de las cuales reciben fondos para dichos fideicomisos.
En el tercer inciso, se establece que las instituciones no entablarán relaciones de negocios ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar los procedimientos de debida diligencia.
Cuando se aprecie esta imposibilidad de la realización de la debida diligencia en el curso de la relación, las instituciones deben poner fin a la relación, procediendo a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa (“ROS”) a la UIAF.
Las medidas de prevención definidas por la institución deberán considerar la categorización de riesgo del cliente, así como las situaciones especiales que requieran una debida diligencia intensificada.
La Circular incorpora un inciso final al artículo, que establece que las políticas y procedimientos podrán prever para casos excepcionales, que la institución no complete la debida diligencia cuando advierten que, de hacerlo, se estaría alertando al cliente. Dicha situación se deberá reportar a la UIAF en forma inmediata.
La Circular agrega dos incisos en los cuales se establece que además de la identificación del cliente, deben recabar información establecer y registrar el propósito y la naturaleza de la relación de negocios. A su vez se agrega la imposibilidad de establecer una relación definitiva hasta tanto no se haya verificado de manera satisfactoria su identidad.
Se incorpora el artículo 190.1. sobre el procedimiento de verificación de la identidad de los clientes.
La Circular establece que la institución deberá instrumentar los procedimientos que estime más eficaz para verificar la identidad de sus clientes antes de establecer una relación definitiva, considerando la evaluación de riesgo realizada.
Los procedimientos verificación de la identidad de clientes podrán aplicarse luego de iniciada la relación comercial a modo de no interrumpir el curso normal de la actividad. Se establece un plazo máximo de 60 días contados desde el inicio del vínculo para su aplicación, período en el que deberán realizar un monitoreo más intenso de las transacciones del cliente.
Las instituciones dispondrán de un plazo de 90 días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el artículo. Sin perjuicio de ello y transcurrido dicho plazo, dispondrán de un plazo de 12 meses para adecuar la verificación de identidad, únicamente de los clientes residentes que tengan una antigüedad menor a tres años y transacciones mayores a USD 1.500.000 y clientes no residentes que tengan antigüedad menos a tres años y transacciones mayores a USD 1.000.000.
Se entenderá como control final el ejercido directa o indirectamente a través de una cadena de titularidad o cualquier otro medio de control.
Para las personas que en forma habitual manejan fondos de terceros se aplicarán las políticas establecidas en el artículo 197.
En lo que refiere a los clientes personas físicas se incorpora que será necesaria la copia del documento identidad y el número de inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) o en el organismo correspondiente. Si estuviere casado o en unión concubinaria reconocida judicialmente, se requerirá además del nombre, el número de documento de identidad del cónyuge/concubino.
Se deberá hacer constar expresamente si el cliente está actuando por cuenta propia o en nombre de un tercero, y en este último caso, obtener los mismos datos que para un cliente persona física respecto del beneficiario final.
Para clientes persona física se agrega el deber de obtener la copia del documento de identidad; y para personas jurídicas el número de inscripción en el Registro Único Tributario, de corresponder.
Las instituciones contarán con 90 días para adecuar sus políticas y con respecto a la regularización para los clientes existentes serán los siguientes:
Riesgo Alto: 1 año.
Clientes que operen por montos significativos: 2 años.
Riego Medio: 2 años.
La Circular incorpora el artículo 197.1. sobre la actualización de la información de clientes.
Por otra parte, las instituciones dispondrán de 90 días para adecuar sus políticas, y transcurrido dicho plazo respecto de sus clientes existentes tendrán los siguientes plazos:
La Circular modifica la denominación y el contenido del artículo 192 antes dedicado a la determinación del beneficiario final, regulando la conservación de la información.
La Circular adecua lo establecido sobre la conservación de información de los intermediarios de valores y las administradoras de fondos de inversión, acorde al plazo establecido en el art. 21 de la Ley Nro. 19.575, de cinco años después de terminada la relación comercial.
En la Circular se eliminan el segundo y tercer incisos del artículo, referidos al informe circunstanciado para clientes de alto riesgo y que operen por montos significativos, la forma en que surgen las categorías de cliente de mayor riesgo y los umbrales para determinar que clientes operan por montos significativos, los cuales pasan a estar regulados en el art. 194 de la recopilación sobre debida diligencia intensificada.
En la Circular el artículo establece los procedimientos de DDI. Los mismos se aplicarán a las categorías de clientes, relaciones comerciales y operaciones consideradas de alto riesgo.
No se deberá elaborar el referido informe cuando se trate de servicios de referenciamiento, asesoramiento y gestión de portafolios brindados a clientes no residentes de instituciones financieras del exterior que estén sujetas a regulación y supervisión siempre que:
Se obtenga una constancia emitida por la Administración Tributaria correspondiente o una carta emitida por los profesionales que lo asesoren en materia tributaria diciendo que se encuentra al día con sus obligaciones fiscales.
Aumentar la frecuencia de actualización de la información del cliente (1 año) – artículo 191.1 –.
Monitoreo más intenso de la relación comercial, incrementar la frecuencia y cantidad de los controles aplicados.
Cliente mayorista que ingrese fondos extraordinarios a su cuenta o tramite transacciones por importes superiores a un valor mínimo establecido para un período determinado, independientemente del perfil que se le hubiere asignado.
Cliente minorista que propone realizar una transacción superior a un importe establecido.
Las instituciones tendrán un plazo de 90 días para adecuarse a las políticas. Una vez transcurrido dicho plazo, con respecto a sus clientes existentes a la fecha tendrán el siguiente plazo:
Mayor riesgo: 1 año.
Artículo 195. Transacciones con países o territorios que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Se actualizan los nombres de las organizaciones asociadas al Grupo de Acción Financiera (GAFILAT, GAFIC, MENAFATF y APG).
Asimismo se aclara que el análisis para determinar el carácter legítimo de las operaciones deberá realizarse con respecto a las transacciones con personas y empresas – incluidas las instituciones financieras – residentes en los países referidos en el artículo. Dicha información deberá mantenerse a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros.
De la definición se sustituye el término “empleados importantes” por “dirigentes destacados” de partidos políticos; así como “altos funcionarios” por “altos ejecutivos” de empresas estatales. La definición también incluye a los representantes y senadores del Poder Legislativo, así como a las personas que hubieren desempeñado una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalente.
Se eliminan el segundo y tercer inciso, referentes a los procedimientos de DDI que se debe aplicar a los PEP, ya que se estableció en el art. 194 de la Circular. Estableciendo solamente que las instituciones deben contar con procedimientos que les permitan determinar cuando un cliente o beneficiario final es PEP, familiar o asociado cercano de una PEP.
La Circular incorpora regulación a las “cuentas abiertas” con personas que manejen fondos de terceros, que se suma a las transacciones de personas que manejan fondos de terceros.
Los procedimientos para monitorear la actividad del cliente deberán permitir que la institución realice también un monitoreo de las operaciones acumuladas del tercero cuyos fondos son manejados por el cliente e identificar las posibles estratificaciones.
Clientes sujetos a regulación y supervisión financiera.
Tanto para clientes sujetos o no a regulación y supervisión financiera, se nieguen a proporcionar la información de alguna transacción, o sobre el origen de los fondos manejados, la institución deberá examinarla detalladamente para determinar si constituye una transacción inusual o sospechosa que deba ser reportada a la UIAF, en caso que esta situación se reitere, deberá restringir o terminar la relación con el cliente.
Las instituciones contaran con un plazo de 120 días corridos para regularizar las cuentas con personas físicas o jurídicas que en forma habitual manejen fondos de terceros.
La Circular incorpora el Articulo 197.1. sobre instituciones financieras corresponsales, estableciendo que los intermediarios de valores deben aplicar procedimientos de DD especiales cuando establezcan relaciones de corresponsalía con instituciones financieras del exterior, en condiciones operativas que habiliten a éstas a mantener cuentas o realizar transacciones para sus propios clientes por intermedio de la institución de plaza.
Se incorporan requisitos a solicitar a las instituciones financieras corresponsales, tales como:
Los intermediarios que mantengan relaciones de corresponsalía, contarán con 120 días corridos para adecuarse a los nuevos requerimientos.
La Circular establece que los servicios de terceros para realizar los procedimientos de debida diligencia deberán cumplir con los siguientes requisitos, más allá de la autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF):
La institución deberá obtener y conservar la información y documentación relativa a la identificación y conocimiento de clientes en todos los casos, tal como si los procedimientos de debida diligencia hubieran sido completados por ésta.
La institución mantendrá la responsabilidad final en todo momento por la adecuada identificación y conocimiento, debiendo verificar la adecuada aplicación de los procedimientos a los clientes cuya DD sea realizada por un tercero.
La información recabada con respecto a la institución que realice la debida diligencia (como ser idoneidad, antecedentes, etc.) deberá ser actualizada como mínimo cada 2 años.
Artículo 198.1. Servicios de referenciamiento, asesoramiento y gestión de portafolios.
La Circular incorpora el artículo 198.1 que establece que los intermediarios de valores que brinden servicios de referenciamiento asesoramiento o gestión de portafolios a clientes de instituciones financieras del exterior que estén sujetas a regulación supervisión, podrán limitarse a identificar adecuadamente a los mismos, debiendo mantener los registros requeridos por la normativa, siempre que:
Deberán recabar la siguiente información:
Nombre y apellidos completes;
Copia de documento de identidad o constancia de consulta o verificación en alguna fuente oficial.
La Circular incorporara la aclaración que serán reportables las operaciones que efectivamente se realicen y las que siendo tentadas no se hayan realizado (“…realizadas o no…”), ya sea porque el cliente desistió de realizarlas o porque la institución resolvió no dar curso a la misma.
La Circular incorpora el artículo 298.1., que establece que los intermediarios de valores deberán proporcionar información anual a la UIAF, sobre las transacciones y servicios, agrupados en factores de riesgo para el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo, dentro de los 30 días siguientes al cierre de ejercicio.
La Circular incorpora el artículo 298.2 que establece que los intermediarios de valores deberán informar en forma diaria a la SSF las altas y bajas de cuentas (incluyendo datos de titulares, apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución) de custodia u otras vinculadas a clientes.
La información deberá ser proporcionada dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se realiza el alta o baja de la cuenta o modificación de las personas vinculadas a la misma.
Artículo 325.3. Información sobre transacciones.
Se agrega el presente artículo estableciendo que las administradoras de fondos de inversión deberán proporcionar información anual sobre las transacciones vinculadas a los fondos de inversión que administren, agrupada según factores de riesgo de LA y FT a la Unidad de Información y Análisis Financiero, dentro de los 30 días siguientes al cierre de ejercicio.
Artículo 325.4. Reporte de Cuenta de Clientes.
Por último, se incluye el artículo 325.4 indicando que las administradoras de fondos de inversión deberán informar a la SSF las altas y bajas de cuentas representativas de la participación de sus clientes en los fondos que administren (incluyendo datos de titulares, apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución).
Informe nuevas Normas BCU – Circ. 2.312 (adecuación PLAFT Intermediarios de Valores y Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión)