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Timestamp: 2019-06-25 16:08:25
Document Index: 407323300

Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'artículo 279', 'artículo 25', 'artículo 99', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 65', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 18', 'artículo 33', 'artículo 91', 'artículo 29', 'artículo 27', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 47', 'artículo 1390', 'artículo 86', 'artículo 28', 'artículo 116', 'artículo 206', 'artículo 107', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 22', 'artículo 12', 'artículo 115', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 190', 'artículo 94', 'artículo 2', 'artículo 5']

﻿ DECRETO 1295 DE 1994
DECRETO 1295 DE 22 DE JUNIO DE 1994
CONTENIDO:SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES, VIGENTE A PARTIR DE AGOSTO 01 DE 1994
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1003, JULIO 30 DE 1994, PG. 12
DIARIO OFICIAL N°:41405
“Por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales”.
otorgadas mediante el Decreto 1266 de 1994, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993,
ART. 1º—Definición. El sistema general de riesgos profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.
ART. 2º—Objetivos del sistema general de riesgos profesionales. El sistema general de riesgos profesionales tiene los siguientes objetivos:
a) Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, sicosociales, de saneamiento y de seguridad;
b) Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional;
c) Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional, y
ART. 3º—Campo de aplicación. El sistema general de riesgos profesionales, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se aplica a todas las empresas que funcionen en el territorio nacional, y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general.
ART. 4º—Características del sistema. El sistema general de riesgos profesionales tiene las siguientes características:
a) Es dirigido, orientado, controlado y vigilado por el Estado;
b) Las entidades administradoras del sistema general de riesgos profesionales tendrán a su cargo la afiliación al sistema y la administración del mismo;
c) Todos los empleadores deben afiliarse al sistema general de riesgos profesionales;
d) La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores;
e) El empleador que no afilie a sus trabajadores al sistema general de riesgos profesionales, además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones que se otorgan en este decreto;
f) La selección de las entidades que administran el sistema es libre y voluntaria por parte del empleador;
g) Los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones previstas en el presente decreto;
h) Las cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales están a cargo de los empleadores;
i) La relación laboral implica la obligación de pagar las cotizaciones que se establecen en este decreto;
j) Los empleadores y trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de ATEP, o a cualquier otro fondo o caja previsional o de seguridad social, a la vigencia del presente decreto, continúan afiliados, sin solución de continuidad, al sistema general de riesgos profesionales que por este decreto se organiza;
k) La cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente al de la afiliación, y
l) Los empleadores sólo podrán contratar el cubrimiento de los riesgos profesionales de todos sus trabajadores con una sola entidad administradora de riesgos profesionales, sin perjuicio de las facultades que tendrán estas entidades administradoras para subcontratar con otras entidades cuando ello sea necesario.
PAR.—(Nota: Adicionado por la Ley 1562 de 2012 artículo 25)
ART. 5º—Prestaciones asistenciales. Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho, según sea el caso, a:
f) Prótesis y órtesis, su reparación, y su reposición sólo en casos de deterioro o desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se recomiende;
g) Rehabilitaciones física y profesional, y
La atención inicial de urgencia de los afiliados al sistema, derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional, podrá ser prestada por cualquier institución prestadora de servicios de salud, con cargo al sistema general de riesgos profesionales.
ART. 6º—(Modificado).* Prestación de los servicios de salud. Para la prestación de los servicios de salud a los afiliados al sistema general de riesgos profesionales, las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán suscribir los convenios correspondientes con las entidades promotoras de salud.
PAR.—La prestación de servicio de salud se hará en las condiciones medias de calidad que determine el Gobierno Nacional, y utilizando para este propósito la tecnología disponible en el país.
*(Nota: Modifica do por el Decreto 266 de 2000 artículo 99 de la Presidencia de la República).
ART. 7º—Prestaciones económicas. Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas:
d) Pensión de sobrevivientes, y
ART. 8º—Riesgos profesionales. Son riesgos profesionales el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional.
ART. 9º—Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
(Nota: Véase Sentencia C-858 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño que declara inexequible el presente artículo que cumple el término de esta legislatura que concluye el 20 de junio de 2007)
ART. 10.—Excepciones. No se consideran accidentes de trabajo:
a) El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas o culturales, incluidas las previstas en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, así se produzcan durante la jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o en representación del empleador, y
ART. 11.—(Inexequible).* Enfermedad profesional. Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional.
PAR. 1º—El Gobierno Nacional, oído el concepto del consejo nacional de riesgos profesionales, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como profesionales. Hasta tanto, continuará rigiendo la tabla de clasificación de enfermedades profesionales contenida en el Decreto número 778 de 1987.
PAR. 2º—En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad profesional, conforme lo establecido en el presente decreto.
*(Nota: Declarado inexequible el presente artículo por la Corte Constitucional en Sentencia C-1155 de 2008 M.P. Jaime Araújo Rentería)
ART. 12.—Origen del accidente, de la enfermedad y la muerte. Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional, se consideran de origen común.
Cuando surjan discrepancias en el origen, éstas serán resueltas por una junta integrada por representantes de las entidades administradoras, de salud y de riesgos profesionales.
Afiliación y cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales
ART. 13.—(Modificado).* Afiliados. Son afiliados al sistema general de riesgos profesionales:
1. Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.
2. Los jubilados o pensionados, excepto los de invalidez, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.
3. Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución, cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación de sus estudios, e involucra un riesgo ocupacional, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida, y
PAR.—La afiliación por parte de los empleadores se realiza mediante el diligenciamiento del formulario de afiliación y la aceptación por la entidad administradora, en los términos que determine el reglamento.
*(Nota: Modificado por la Ley 1562 de 2012 artículo 2°)
ART. 14.—Protección a estudiantes. El seguro contra riesgos profesionales protege también a los estudiantes de los establecimientos educativos públicos o privados, por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios.
ART. 15.—Determinación de la cotización. Las tarifas fijadas para cada empresa no son definitivas, y se determinan de acuerdo con:
a) La actividad económica;
b) Índice de lesiones incapacitantes de cada empresa, y
c) El cumplimiento de las políticas y la ejecución de los programas sobre salud ocupacional, determinados por la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente, de conformidad con los reglamentos expedidos para tal fin por el Gobierno Nacional.
(Nota: Modificado los literales del presente artículo por la Ley 776 de 2002 artículo 19 del Congreso de la República).
ART. 16.—Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral, los empleadores deberán efectuar las cotizaciones obligatorias al sistema general de riesgos profesionales.
(El no pago de dos o más cotizaciones periódicas, implica, además de las sanciones legales, la desafiliación automática del sistema general de riesgos profesionales, quedando a cargo del respectivo empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales.)* Para la afiliación a una entidad administradora se requerirá copia de los recibos de pago respectivos del trimestre inmediatamente anterior, cuando sea el caso.
PAR.—En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario base de cotización a cargo de cada uno de ellos.
*(Nota: Se declara inexequible la frase “El no pago de dos o más cotizaciones periódicas, implica, además de las sanciones legales, la desafiliación automática del sistema general de riesgos profesionales, quedando a cargo del respectivo empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales”, contenida en el inciso segundo del presente artículo por la Corte Constitucional en Sentencia C-250 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra)
ART. 17.—Base de cotización. La base para calcular las cotizaciones del sistema general de riesgos profesionales, es la misma determinada para el sistema general de pensiones, establecida en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
ART. 18.—Monto de las cotizaciones. El monto de las cotizaciones no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7%, de la base de cotización de los trabajadores a cargo del respectivo empleador.
ART. 19.—Distribución de las cotizaciones. La cotización para el sistema general de riesgos profesionales se distribuirá de la siguiente manera:
ART. 20.—(Inexequible).* Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las prestaciones económicas previstas en este decreto:
a) Para accidentes de trabajo. El promedio de los seis meses anteriores, o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la entidad administradora de riesgos profesionales a la que se encuentre afiliado, y
b) Para enfermedad profesional. El promedio del último año, o fracción de año, de la base de cotización obtenida en la empresa donde se diagnosticó la enfermedad, declarada e inscrita en la entidad administradora de riesgos profesionales a la que se encuentre afiliado.
*(Nota: Se declara inexequible el presente artículo por la Corte Constitucional en Sentencia C-1152 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
ART. 21.—Obligaciones del empleador. El empleador será responsable:
f) (Suprimido).* Registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el comité paritario de salud ocupacional o el vigía ocupacional correspondiente;
*(Nota: Suprimido por la Ley 1429 de 2010 artículo 65)
g) (Modificado).* Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional, y
*(Nota: Modificado por la Ley 1562 de 2012 artículo 26)
h) Informar a la entidad administradora de riesgos profesionales a la que está afiliado, las novedades laborales de sus trabajadores, incluido el nivel de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y retiros.
PAR.—Son además obligaciones del empleador las contenidas en las normas de salud ocupacional y que no sean contrarias a este decreto.
PAR. 2º—(Nota: Adicionado por la Ley 1562 de 2012 artículo 26)
ART. 22.—Obligaciones de los trabajadores. Son deberes de los trabajadores:
d) (Modificado).* Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de salud ocupacional de la empresa;
*(Nota: Modificado por la Ley 1562 de 2012 artículo 27)
f) Los pensionados por invalidez por riesgos profesionales, deberán mantener actualizada la información sobre su domicilio, teléfono y demás datos que sirvan para efectuar las visitas de reconocimiento, y
PAR.—(Nota: Adicionado por la Ley 1562 de 2012 artículo 27)
ART. 23.—Acciones de cobro. Sin perjuicio de la responsabilidad del empleador de asumir los riesgos profesionales de sus trabajadores, en caso de mora en el pago de las primas o cotizaciones obligatorias corresponde a las entidades administradoras de riesgos profesionales adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador, de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora de riesgos profesionales determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.
ART. 24.—Clasificación. La clasificación se determina por el empleador y la entidad administradora de riesgos profesionales al momento de la afiliación.
ART. 25.—Clasificación de empresa. Se entiende por clasificación de empresa el acto por medio del cual el empleador clasifica a la empresa de acuerdo con la actividad principal dentro de la clase de riesgo que corresponda y aceptada por la entidad administradora en el término que determine el reglamento.
Cuando una misma empresa tuviese más de un centro de trabajo, podrá tener diferentes clases de riesgo, para cada uno de ellos por separado, bajo una misma identificación que será el número de identificación tributaria, siempre que exista diferenciación clara en la actividad que desarrollan, en las instalaciones locativas y en la exposición a factores de riesgo ocupacional.
ART. 26.—Tabla de clases de riesgo. Para la clasificación de empresa se establecen cinco clases de riesgo:
Clase Riesgo
ART. 27.—Tabla de cotizaciones mínimas y máximas. Para determinar el valor de las cotizaciones, el Gobierno Nacional adoptará la tabla de cotizaciones mínimas y máximas dentro de los límites establecidos en el artículo 18 de este decreto, fijando un valor de cotización mínimo, uno inicial o de ingreso y uno máximo, para cada clase de riesgo.
Salvo lo establecido en el artículo 33 de este decreto, toda empresa que ingrese por primera vez al sistema de riesgos profesionales, cotizará por el valor inicial de la clase de riesgo que le corresponda, en la tabla que expida el Gobierno Nacional.
PAR.—El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, revisará y si es del caso modificará, periódicamente las tablas contenidas en el presente artículo y en el artículo anterior.
ART. 28.—Tabla de clasificación de actividades económicas. Hasta tanto el Gobierno Nacional la adopta, la clasificación de empresas se efectuará de conformidad con la tabla de clasificación de actividades económicas vigente para el Instituto de Seguros Sociales, contenida en el Acuerdo 048 de 1994 de ese instituto.
PAR.—El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previo concepto del consejo nacional de riesgos profesionales, revisará periódicamente la tabla de clasificación de actividades económicas, cuando menos una vez cada tres (3) años, e incluirá o excluirá las actividades económicas de acuerdo con el grado de riesgo de las mismas, para lo cual deberá tener en cuenta los criterios de salud ocupacional emitidos por entidades especializadas.
ART. 29.—Modificación de la clasificación. La clasificación que ha servido de base para la afiliación puede modificarse por la entidad administradora de riesgos profesionales. Para ello, las entidades administradoras de riesgos profesionales podrán verificar las informaciones de los empleadores, en cualquier tiempo, o efectuar visitas a los lugares de trabajo.
Cuando la entidad administradora de riesgos profesionales determine con posterioridad a la afiliación que ésta no corresponde a la clasificación real, procederá a modificar la clasificación y la correspondiente cotización, de lo cual dará aviso al interesado y a la dirección técnica de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para lo de su competencia, sin detrimento de lo contemplado en el artículo 91 de este decreto.
ART. 30.—Clasificación de transición. Las clasificaciones dentro de las categorías de clase y grado respectivos que rigen para los empleadores afiliados al momento de vigencia del presente decreto, continuarán rigiendo hasta el 31 de diciembre de 1994. No obstante, el porcentaje de cotización para cada uno de los grados de riesgo será el previsto en el presente decreto, sin perjuicio de la modificación de la clasificación.
A partir de esta fecha se efectuarán de conformidad con lo establecido en este decreto.
ART. 31.—Procedimiento para la reclasificación. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación de que trata el artículo 29 de este decreto, los empleadores, mediante escrito motivado, podrán pedir a la entidad administradora de riesgos profesionales la modificación de la decisión adoptada.
La entidad administradora de riesgos profesionales tendrá treinta (30) días hábiles para decidir sobre la solicitud. Vencido este término sin que la entidad administradora de riesgos profesionales se pronuncie, se entenderá aceptada.
ART. 32.—Variación del monto de la cotización. Para variar el monto de la cotización dentro de la tabla de valores mínimos y máximos de que trata el artículo 27 de este decreto, se tendrá en cuenta:
a) (Modificado).* La variación del índice de lesiones incapacitantes de la respectiva empresa, y
b) (Modificado).* El resultado de la evaluación de la aplicación de los programas de salud ocupacional por parte de la empresa, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto se expida.
PAR. 1º—La variación del monto de las cotizaciones permanecerá vigente mientras se cumplan las condiciones que le dieron origen.
PAR. 2º—La variación del monto de la cotización sólo podrá realizarse cuando haya transcurrido cuando menos un año de la última afiliación del empleador.
PAR. 3º—El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social definirá, con carácter general, la metodología de cálculo del índice de lesiones incapacitantes de la respectiva empresa.
*(Nota: Modificados los literales a) y b) del presente artículo por la Ley 776 de 2002 artículo 20 del Congreso de la República).
ART. 33.—(Modificado).* Traslado de entidades administradoras de riesgos profesionales. Los empleadores pueden trasladarse voluntariamente de entidad administradora de riesgos profesionales, una vez cada año, contado desde la afiliación inicial o el último traslado, el cual surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que el traslado se produjo, conservando la empresa que se traslada la clasificación y el monto de la cotización por los siguientes tres meses.
*(Nota: Modificado por la Ley 776 de 2002 artículo 21 del Congreso de la República).
ART. 34.—Derecho a las prestaciones. Todo afiliado al sistema general de riesgos profesionales que, (en los términos del presente decreto)*, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que (este sistema general)* le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas (contenidas en este capítulo)*.
(PAR. 1º—La existencia de patologías anteriores no es causa para aumentar el grado de incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador).*
(PAR. 2º—En las prestaciones económicas derivadas de la enfermedad profesional, la entidad administradora de riesgos profesionales que la atienda, podrá repetir contra las entidades a las cuales se les cotizó para ese riesgo con anterioridad, si las hubiese, a prorrata del tiempo durante el cual recibieron dicha cotización y, de ser posible, de la causa de la enfermedad.
Para los afiliados al Instituto de Seguros Sociales anteriores a la vigencia del presente decreto, éste procederá a separar de las actuales reservas de ATEP aquellas que amparan el capital de cobertura para las pensiones ya reconocidas, y el saldo se destinará a constituir separadamente las reservas para cubrir las prestaciones económicas de las enfermedades profesionales de que trata este artículo. Una vez se agote esta reserva, el presupuesto nacional deberá girar los recursos para amparar el pasivo contemplado en el presente parágrafo, y el instituto procederá a pagar a las administradoras de riesgos profesionales que repitan contra él)*.
PAR. 3º— Nota: Adicionado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 191* del Ministerio del Interior.
PAR. 4º— Nota: Adicionado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 191* del Ministerio del Interior.
*(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-452 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería declaró la INEXEQUIBILIDAD de las expresiones señaladas en paréntesis así como los parágrafos 1º y 2º del presente artículo. Los efectos de la sentencia se difieren hasta el 17 de diciembre de 2002 para que el congreso expida una nueva legislación sobre la materia).
ART. 35.—Servicios de prevención. La afiliación al sistema general de riesgos profesionales da derecho a la empresa afiliada a recibir por parte de la entidad administradora de riesgos profesionales:
a) Asesoría técnica básica para el diseño del programa de salud ocupacional en la respectiva empresa;
b) Capacitación básica para el montaje de la brigada de primeros auxilios;
c) Capacitación a los miembros del comité paritario de salud ocupacional en aquellas empresas con un número mayor de 10 trabajadores, o a los vigías ocupacionales en las empresas con un número menor de 10 trabajadores, y
PAR.—Los vigías ocupacionales cumplen las mismas funciones de los comités de salud ocupacional.
ART. 36.—(Inexequible).* Incapacidad temporal. Se entiende por incapacidad temporal, aquélla que según el cuadro agudo de la enfermedad que presente el afiliado al sistema general de riesgos profesionales, le impide desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado.
*(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-452 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería declaró la INEXEQUIBILIDAD del presente artículo. Los efectos de la sentencia se difieren hasta el 17 de diciembre de 2002 para que el Congreso expida una nueva legislación sobre la materia).
ART. 37.—(Inexequible).* Monto de las prestaciones económicas por incapacidad temporal. Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente al que ocurrió el accidente de trabajo, o se diagnosticó la enfermedad profesional, y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez total o su muerte. El pago se efectuará en los períodos en que el trabajador reciba regularmente su salario.
PAR. 1º—Para los efectos de este decreto, las prestaciones se otorgan por días calendario.
PAR. 2º—Las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán efectuar el pago de la cotización para los sistemas generales de pensiones y de seguridad social en salud, correspondiente a los empleadores, durante los períodos de incapacidad temporal y hasta por un ingreso base de la cotización, equivalente al valor de la incapacidad. La proporción será la misma establecida para estos sistemas en la Ley 100 de 1993.
*(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-452 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería declaró la INEXEQUIBILIDAD del presente artículo y sus parágrafos. Los efectos de la sentencia se difieren hasta el 17 de diciembre de 2002 para que el Congreso expida una nueva legislación sobre la materia).
ART. 38.—Declaración de la incapacidad temporal. Hasta tanto el Gobierno Nacional la reglamente, la declaración de la incapacidad temporal continuará siendo determinada por el médico tratante, el cual deberá estar adscrito a la entidad promotora de salud a través de la cual se preste el servicio, cuando estas entidades se encuentren operando.
ART. 39.—(Inexequible).* Reincorporación al trabajo. Al terminar el período de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado, de la misma categoría.
ART. 40.—(Inexequible).* Incapacidad permanente parcial. La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al sistema general de riesgos profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva, en alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual.
PAR.—En aquellas patologías que sean de carácter progresivo, podrá volverse a calificar periódicamente y modificar el porcentaje de incapacidad.
*(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-452 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería declaró la INEXEQUIBILIDAD del presente artículo y su parágrafo. Los efectos de la sentencia se difieren hasta el 17 de diciembre de 2002 para que el Congreso expida una nueva legislación sobre la materia).
ART. 41.—Declaración de la incapacidad permanente parcial. La declaración, evaluación, revisión, grado y origen de la incapacidad permanente parcial serán determinados, en cada caso y previa solicitud del interesado, por un médico o por una comisión médica interdisciplinaria, según lo disponga el reglamento de la entidad administradora de riesgos profesionales en donde se encuentre afiliado el trabajador.
(La declaración de incapacidad permanente parcial se hará en función a la incapacidad que tenga el trabajador para procurarse por medio de un trabajo, con sus actuales fuerza, capacidad y formación profesional, una remuneración equivalente al salario o renta que ganaba antes del accidente o de la enfermedad).*
*(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-452 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería declaró la INEXEQUIBILIDAD del inciso 2º del presente artículo. Los efectos de la sentencia se difieren hasta el 17 de diciembre de 2002 para que el Congreso expida una nueva legislación sobre la materia).
ART. 42.—(Inexequible).* Monto de la incapacidad permanente parcial. Todo afiliado al sistema general de riesgos profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales, en una suma no inferior a un salario base de liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación.
PAR.—Hasta tanto el Gobierno Nacional determine los criterios de ponderación y la tabla de evaluación de incapacidades para establecer la disminución de la capacidad laboral, continúan vigentes los utilizados por el Instituto de Seguros Sociales.
ART. 43.—(Inexequible).* Controversias sobre la incapacidad permanente parcial. Cuando se susciten controversias sobre la declaración, evaluación, revisión o determinación del grado de la incapacidad permanente parcial, o de su origen, aquéllas serán resueltas por las juntas de calificación de invalidez, para lo cual se seguirá el trámite previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos.
Los costos que genere el trámite ante las juntas de calificación de invalidez serán de cargo de quien los solicite, conforme al reglamento que expida el Gobierno Nacional.
En caso de que la decisión sea favorable al trabajador, la entidad administradora de riesgos profesionales deberá reembolsarle las sumas pagadas, reajustadas considerando como factor el interés bancario corriente, certificado para el período correspondiente por la Superintendencia Bancaria, correspondientes al momento en el cual el afiliado efectuó el pago.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-164 de 2000).
ART. 44.—Tabla de valuación de incapacidades. La determinación de los grados de incapacidad permanente parcial, invalidez o invalidez total, originadas por lesiones debidas a riesgos profesionales, se hará de acuerdo con el “manual de invalidez” y la “tabla de valuación de incapacidades”.
PAR. TRANS.—Hasta tanto se expidan el “manual único de calificación de invalidez” y la “tabla única de valuación de incapacidades”, continuarán vigentes los establecidos por el Instituto de Seguros Sociales.
ART. 45.—(Inexequible).* Reubicación del trabajador. Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios.
ART. 46.—(Inexequible).* Estado de invalidez. Para los efectos del presente decreto, se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
ART. 47.—Calificación de la invalidez. La calificación de la invalidez y su origen, así como el origen de la enfermedad o de la muerte, será determinada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42 y siguientes de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos.
ART. 48.—(Inexequible).* Monto de la pensión de invalidez. Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso:
a) Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación;
b) Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación, y
PAR. 1º—Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán continuar cotizando al sistema general de seguridad social en salud, con sujeción a las disposiciones legales pertinentes.
PAR. 2º—No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. El trabajador que infrinja lo aquí previsto perderá totalmente los derechos derivados de ambas prestaciones, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado indebidamente.
PAR. 3º—Cuando un pensionado por invalidez por riesgos profesionales decida vincularse laboralmente, y dicha vinculación suponga que el trabajador se ha rehabilitado, o este hecho se determine en forma independiente, perderá el derecho a la pensión por desaparecer la causa por la cual fue otorgada.
ART. 49.—(Inexequible).* Muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales. Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos.
ART. 50.—(Inexequible).* Monto de la pensión de sobrevivientes en el sistema general de riesgos profesionales. El monto mensual de la pensión de sobrevivientes será, según sea el caso:
a) Por muerte del afiliado el 75% del salario base de liquidación, y
Cuando el pensionado disfrutaba de la pensión reconocida con fundamento en el numeral 3º del artículo anterior, la pensión se liquidará y pagará descontado el 15% adicional que se le reconocía al causante.
ART. 51.—(Inexequible).* Monto de las pensiones. Ninguna pensión de las contempladas en este decreto podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a veinte (20) veces este mismo salario.
ART. 52.—(Inexequible).* Reajuste de pensiones. Las pensiones de invalidez y de sustitución o sobrevivientes del sistema general de riesgos profesionales se reajustarán anualmente, de oficio, el primero de enero de cada año, en el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor total nacional, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.
No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno Nacional, cuando dicho reajuste resulte superior al de la variación del IPC previsto en el inciso anterior.
PAR. TRANS.—El primer reajuste de pensiones, de conformidad con la fórmula establecida en el presente artículo, se hará a partir del 10 de enero de 1995.
*(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-452 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería declaró la INEXEQUIBILIDAD del presente artículo y su parágrafo transitorio. Los efectos de la sentencia se difieren hasta el 17 de diciembre de 2002 para que el Congreso expida una nueva legislación sobre la materia).
ART. 53.—(Inexequible).* Devolución de saldos e indemnización sustitutiva. Cuando un afiliado al sistema general de riesgos profesionales se invalide o muera como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes que deba reconocerse de conformidad con el presente decreto, se devolverán al afiliado o a sus beneficiarios:
a) Si se encuentra afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, y
PAR. —Para efectos del saldo de la cuenta de ahorro individual, los bonos pensionales, en desarrollo del artículo 1390, numeral 5º, de la Ley 100 de 1993, se redimirán anticipadamente a la fecha de la declaratoria de la invalidez o de la muerte de origen profesional.
(Nota: El parágrafo de este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-773 de 1998).
ART. 54.—(Inexequible).* Auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o de un pensionado por invalidez del sistema general de riesgos profesionales, tendrá derecho a recibir un auxilio funerario igual al determinado en el artículo 86 de la Ley 100 de 1993.
ART. 55.—Suspensión de las prestaciones económicas previstas en este decreto. Las entidades administradoras de riesgos profesionales suspenderán el pago de las prestaciones económicas establecidas en el presente decreto, cuando el afiliado o el pensionado no se someta a los exámenes, controles o prescripciones que le sean ordenados; o que rehúse, sin causa justificada, a someterse a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo.
*(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-452 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería declaró la EXEQUIBILIDAD condicionada del presente artículo bajo el entendido que cesará la suspensión cuando el pensionado se someta a exámenes, controles o prescripciones que le sean ordenados o a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo. Los efectos de la sentencia se difieren hasta el 17 de Diciembre de 2002 para que el Congreso expida una nueva legislación sobre la materia).
Prevención y promoción de riesgos profesionales
ART. 56.—Responsables de la prevención de riesgos profesionales. La prevención de riesgos profesionales es responsabilidad de los empleadores.
ART. 57.—Supervisión y control de los sitios de trabajo. Corresponde al Ministerio de Trabajo a través de su dirección técnica de riesgos profesionales, la supervisión, vigilancia y fiscalización de la prevención de riesgos profesionales en todas las empresas, tendientes a la aplicación del programa permanente de salud ocupacional.
ART. 58.—Medidas especiales de prevención. Sin detrimento del cumplimiento de las normas de salud ocupacional vigentes, todas las empresas están obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas especiales de prevención de riesgos profesionales.
ART. 59.—Actividades de prevención de las administradoras de riesgos profesionales. Toda entidad administradora de riesgos profesionales está obligada a realizar actividades de prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, en las empresas afiliadas. Para este efecto, deberá contar con una organización idónea estable, propia o contratada.
ART. 60.—Informe de actividades de riesgo. Los informes y estudios sobre actividades de riesgo adelantados por las entidades administradoras de riesgos profesionales son de conocimiento público, así versen sobre temas específicos de una determinada actividad o empresa.
ART. 61.—Estadísticas de riesgos profesionales. Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán llevar las estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales, de conformidad con el reglamento que se expida.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de Salud establecerán las reglas a las cuales debe sujetarse el procesamiento y remisión de esta información.
ART. 62.—Información de riesgos profesionales. Los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada.
ART. 63.—Comité paritario de salud ocupacional de las empresas. A partir de la vigencia del presente decreto, el comité paritario de medicina, higiene y seguridad industrial de las empresas se denominará comité paritario de salud ocupacional, y seguirá rigiéndose por la Resolución 2013 de 1983 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y demás normas que la modifiquen o adicionen, con las siguientes reformas:
a) Se aumenta a dos años el período de los miembros del comité, y
b) El empleador se obligará a proporcionar, cuando menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité.
ART. 64.—(Derogado).* Empresas de alto riesgo. Las empresas en las cuales se manejen, procesen o comercialicen sustancias altamente tóxicas, cancerígenas, mutágenas, teratógenas, explosivos y material radiactivo; aquellas que tengan procesos de trabajo mecanizado complejo, de extracción, perforación, construcción, fundición, altas y bajas temperaturas, generación, transformación, distribución de energía; y las empresas de actividades pertenecientes a las clases IV y V de la tabla de clasificación de actividades económicas, de que trata el artículo 28 de este decreto, serán consideradas como empresas de alto riesgo y deberán inscribirse como tales en la dirección de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia del presente decreto.
(Nota: Modificado por el Decreto 2150 de 1995 artículo 116 de la Presidencia de la República).
(Nota: Derogado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 206 del Ministerio del Interior).
*(Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 107 de la Presidencia de la República).
ART. 65.—Prevención de riesgos profesionales en empresas de alto riesgo. La dirección de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de Salud, definirá los regímenes de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos profesionales específicos prioritarios, los cuales serán de obligatoria aceptación y aplicación por las empresas de alto riesgo.
ART. 66.—(Modificado).* Supervisión de las empresas de alto riesgo. Las entidades administradoras de riesgos profesionales y la dirección técnica de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, supervisarán en forma prioritaria directamente o a través de terceros idóneos para el efecto, a las empresas de alto riesgo, especialmente en la aplicación del programa de salud ocupacional, los sistemas de control de riesgos profesionales y de las medidas especiales de prevención que se hayan asignado a cada empresa.
*(Nota: Modificado por la Ley 1562 de 2012 artículo 9°)
ART. 67.—Informe de riesgos profesionales de empresas de alto riesgo. Las empresas de alto riesgo rendirán en los términos que defina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la respectiva entidad administradora de riesgos profesionales, un informe de evaluación del desarrollo del programa de salud ocupacional, anexando el resultado técnico de la aplicación de los sistemas de vigilancia epidemiológica, tanto a nivel ambiental como biológico y el seguimiento de los sistemas y mecanismos de control de riesgos de higiene y seguridad industrial avalado por los miembros del comité de medicina e higiene industrial de la respectiva empresa.
Las entidades administradoras de riesgos profesionales están obligadas a informar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en su respectivo nivel territorial, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al informe de las empresas, las conclusiones y recomendaciones resultantes y señalará las empresas a las cuales el ministerio deberá exigir el cumplimiento de las normas y medidas de prevención, así como aquellas medidas especiales que sean necesarias, o las sanciones, si fuere el caso.
Dirección del sistema general de riesgos profesionales
ART. 68.—Dirección y administración del sistema. El sistema general de riesgos profesionales es orientado, regulado, supervisado, vigilado y controlado por el Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
a) Organismo de dirección, vigilancia y control:
2. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de Salud, y
b) Entidades administradoras del sistema ARP.
ART. 69.—El consejo nacional de riesgos profesionales. Créase el consejo nacional de riesgos profesionales, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como un órgano de dirección del sistema general de riesgos profesionales, de carácter permanente, conformado por:
g) Dos (2) representantes de los trabajadores, y
PAR.—El consejo nacional de riesgos profesionales tendrá un secretario técnico que será el director técnico de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o quien haga sus veces.
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 artículo 1.1.2.6. del Ministerio del Trabajo. De acuerdo a los considerandos de esta norma su naturaleza no es reglamentaria, como quiera que se limita a describir la estructura general administrativa del sector)
ART. 70.—Funciones del consejo nacional de riesgos profesionales. El consejo nacional de riesgos profesionales tiene la siguientes funciones:
a) Recomendar la formulación de las estrategias y programas para el sistema general de riesgos profesionales, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo económico, social y ambiental que apruebe el Congreso de la República;
b) Recomendar las normas técnicas de salud ocupacional que regulan el control de los factores de riesgo;
c) Recomendar las normas de obligatorio cumplimiento sobre las actividades de promoción y prevención para las entidades administradoras de riesgos profesionales;
d) Recomendar la reglamentación sobre la recolección, transferencia y difusión de la información sobre riesgos profesionales;
e) Recomendar al Gobierno Nacional las modificaciones que considere necesarias a la tabla de clasificación de enfermedades profesionales;
f) Recomendar las normas y procedimientos que le permitan vigilar y controlar las condiciones de trabajo en las empresas;
g) Recomendar el plan nacional de salud ocupacional, y
PAR.—Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en el presente artículo, los actos expedidos por el consejo nacional de riesgos profesionales requieren para su validez la aprobación del Gobierno Nacional.
ART. 71.—Comité nacional de salud ocupacional. El comité nacional de salud ocupacional, creado mediante el Decreto 586 de 1983, será un órgano asesor del consejo y consultivo de la dirección técnica de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
f) Dos representantes de los trabajadores, y
PAR. 1º—Los comités seccionales de salud ocupacional tendrán la composición del Decreto 596 de 1983 y actuarán, adicionalmente, como asesores de las direcciones regionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de los servicios seccionales y municipales de salud.
PAR. 2º—Créanse los comités locales de salud ocupacional en los municipios cuya densidad poblacional así lo requiera, los cuales se conformarán en la misma forma de los comités seccionales y tendrán, en su respectiva jurisdicción, las mismas funciones.
ART. 72.—Creación y funciones de la dirección técnica de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Créase la dirección técnica de riesgos profesionales como una dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y cuyas funciones generales serán las siguientes:
a) Promover la prevención de los riesgos profesionales;
b) Vigilar y controlar la organización de los servicios de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que adelanten las entidades administradoras de riesgos profesionales;
c) Vigilar que las empresas y las administradoras de riesgos profesionales adelanten las investigaciones de los factores determinantes de los accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades profesionales;
d) Asesorar a las autoridades administrativas en materia de riesgos profesionales;
e) Formular, coordinar, adoptar políticas y desarrollar planes y programas en las áreas de la salud ocupacional y medicina laboral, tendientes a prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo o la aparición de enfermedades profesionales, de conformidad con lo que para tal fin establezca el consejo nacional de riesgos profesionales;
f) Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de gastos del fondo de riesgos profesionales para aprobación del consejo nacional de riesgos profesionales;
g) Vigilar el funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez de que tratan los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, y
PAR.—El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la dirección técnica de riesgos profesionales, es el órgano de dirección estatal en materia de riesgos profesionales.
ART. 73.—Estructura de la dirección técnica de riesgos profesionales. La dirección técnica de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá la siguiente estructura:
a) Subdirección preventiva de salud ocupacional, y
ART. 74.—Subdirección preventiva de salud ocupacional. La subdirección preventiva de salud ocupacional tiene las siguientes funciones:
a) Controlar y vigilar la aplicación de normas en salud ocupacional en todo el territorio nacional;
b) Coordinar con el Ministerio de Salud, las entidades públicas y privadas, nacionales, internacionales y extranjeras, la planeación y el funcionamiento de los programas de salud ocupacional que se desarrollen en el país;
c) Desarrollar programas de divulgación, información e investigación en salud ocupacional;
d) Proponer la expedición de normas en el área de la salud ocupacional;
e) Proponer e impulsar programas de extensión de los servicios de salud ocupacional para la población afiliada;
f) Establecer los procedimientos para la emisión de conceptos técnicos en relación con medicina laboral y salud ocupacional;
g) Evaluar la gestión y desarrollo de los programas de salud ocupacional;
h) Asesorar al director técnico en aspectos relacionados con el área de salud ocupacional;
i) Llevar el registro estadístico de riesgos, con la información que para el efecto determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y
ART. 75.—Subdirección de control de invalidez. La subdirección de control de invalidez tiene las siguientes funciones:
a) Controlar y vigilar la organización y funcionamiento de las juntas nacional y regionales de invalidez de que tratan los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos;
b) Proponer modificaciones a las tablas de enfermedad profesional y calificación de grados de invalidez;
c) Controlar, orientar y coordinar, los programas de medicina laboral y de salud ocupacional que adelanten las entidades administradoras de riesgos profesionales, y
ART. 76.—Direcciones regionales de trabajo. Además de las funciones que les han sido asignadas, las direcciones regionales de trabajo, bajo la coordinación del director técnico de riesgos profesionales, deberán:
a) Velar por la aplicación de las leyes y reglamentos en lo concerniente a la prevención de los riesgos y ordenar a las empresas, a solicitud de las entidades administradoras de riesgos profesionales, que se ajusten a ellos;
b) Emitir las órdenes necesarias para que se suspendan las prácticas ilegales, o no autorizadas, o evidentemente peligrosas, para la salud o la vida de los afiliados al sistema general de riesgos profesionales, y
PAR.—Para el cumplimiento de estas funciones, las direcciones regionales de trabajo tendrán como órgano consultor a los comités seccionales de salud ocupacional.
Así mismo, la prevención de enfermedades profesionales en los ambientes de trabajo podrá ser coordinada con las reparticiones correspondientes del Ministerio de Salud.
ART. 77.—Entidades administradoras. A partir de la vigencia del presente decreto, el sistema general de riesgos profesionales sólo podrá ser administrado por las siguientes entidades:
a) El Instituto de Seguros Sociales, y
ART. 78.—Del Instituto de Seguros Sociales. El Instituto de Seguros Sociales continuará administrando los riesgos profesionales de conformidad con sus reglamentos, los cuales deberán ajustarse a lo dispuesto en este decreto.
ART. 79.—Requisitos para las compañías de seguros. Las entidades aseguradoras de vida que pretendan obtener autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de seguro de riesgos profesionales deberán:
a) Acreditar un patrimonio técnico saneado no inferior a la cuantía que periódicamente señale el Gobierno Nacional, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, en adición a los montos requeridos para los demás ramos;
b) Disponer de capacidad humana y técnica especializada suficiente para cumplir adecuadamente con la administración del sistema general de riesgos profesionales, y
c) Conformar, dentro de su estructura orgánica, un departamento de prevención de riesgos profesionales, que será el responsable de la planeación, organización, ejecución y supervisión de las actividades de que tratan los numerales 6º y 7º del artículo siguiente, o alternativamente contratar a través de terceros esta función.
PAR. TRANS.—Durante el año de 1994 las entidades aseguradoras de vida que soliciten autorización a la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de seguro de riesgos profesionales, deberán acreditar un patrimonio técnico saneado no inferior a quinientos millones de pesos ($ 500.000.000), en adición a los requerimientos legalmente previstos para los demás ramos.
ART. 80.—Funciones de las entidades administradoras de riesgos profesionales. Las entidades administradoras de riesgos profesionales tendrán a su cargo, entre otras, las siguientes funciones:
b) El registro;
h) Establecer las prioridades con criterio de riesgo para orientar las actividades de asesoría de que trata el artículo 39 de este decreto, e
PAR. 1º—Las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán contratar o conformar equipos de prevención de riesgos profesionales, para la planeación, organización, ejecución y supervisión de las actividades de que tratan los numerales 6º y 7º del presente artículo.
PAR. 2º—Las entidades administradoras de riesgos profesionales podrán adquirir, fabricar, arrendar y vender, los equipos y materiales para el control de factores de riesgo en la fuente, y en el medio ambiente laboral. Con el mismo fin podrán conceder créditos debidamente garantizados.
ART. 81.—Promoción y asesoría para la afiliación. Las entidades administradoras de riesgos profesionales podrán, bajo su responsabilidad y con cargo a sus propios recursos, emplear para el apoyo de sus labores técnicas a personas naturales o jurídicas debidamente licenciadas por el Ministerio de Salud para la prestación de servicios de salud ocupacional a terceros.
Los intermediarios de seguros sujetos a la supervisión permanente de la Superintendencia Bancaria, podrán realizar actividades de salud ocupacional si cuentan con una infraestructura técnica y humana especializada para tal fin, previa obtención de licencia para prestación de servicios de salud ocupacional a terceros.
Las administradoras de riesgos profesionales deberán promocionar el sistema de riesgos profesionales entre los empleadores, brindando la asesoría necesaria para que el empleador seleccione la administradora correspondiente.
Si para la selección de la administradora de riesgos profesionales el empleador utiliza algún intermediario, deberá sufragar el monto del honorario o comisión de éste con cargo sus propios recursos, y en ningún caso dicho costo podrá trasladarse directa o indirectamente al trabajador.
PAR. —Lo previsto en el capítulo III del Decreto 720 de 1994, o las normas que lo modifiquen, será aplicable a las entidades administradoras de riesgos profesionales.
ART. 82.—Publicidad. Toda publicidad de las actividades de las administradoras deberá sujetarse a las normas que sobre el particular determine la Superintendencia Bancaria, en orden a velar por que aquélla sea veraz y precisa. Tal publicidad solamente podrá contratarse con cargo al presupuesto de gastos de administración de la respectiva entidad.
ART. 83.—Garantía a las prestaciones económicas reconocidas por este decreto. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los reaseguradores, la Nación a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, garantiza el pago de las pensiones en caso de menoscabo patrimonial o suspensiones de pago de la entidad administradora de riesgos profesionales, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto se expida.
El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras señalará las primas correspondientes a esta garantía y su costo será asumido por las entidades administradoras de riesgos profesionales. En todo caso las administraciones de riesgos profesionales responderán en primera instancia con sus propios recursos.
ART. 84.—Vigilancia y control. Corresponde a la dirección técnica de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la vigilancia y control de todos los aspectos relacionados con la administración, prevención, atención y control de los riesgos profesionales que adelanten las entidades administradoras de riesgos profesionales.
ART. 85.—Obligación de aceptar a todos los afiliados que lo soliciten. Las entidades administradoras de riesgos profesionales no podrán rechazar a las empresas ni a los trabajadores de éstas.
ART. 86.—Reglas relativas a la competencia. Están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre empresarios, las decisiones de asociaciones empresariales y las prácticas concretadas que, directa o indirectamente, tengan por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia entre las entidades administradoras de riesgos profesionales.
ART. 87.—Fondo de riesgos profesionales. Créase el fondo de riesgos profesionales como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos recursos serán administrados en fiducia.
El Gobierno Nacional reglamentará la administración y el funcionamiento de los recursos del fondo de riesgos profesionales, de acuerdo con lo previsto en el presente decreto.
ART. 88.—(Modificado).* Objeto del fondo. El fondo de riesgos profesionales tiene por objeto adelantar estudios, campañas y acciones de educación, prevención e investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en todo el territorio nacional.
(Nota: Modificado por la Ley 776 de 2002 artículo 22 del Congreso de la República).
*(Nota: Modificado por la Ley 1562 de 2012 artículo 12)
ART. 89.—Recursos del fondo de riesgos profesionales. El fondo de riesgos profesionales lo conforman los siguientes recursos:
a) El uno por ciento (1%) del recaudo por cotizaciones a cargo de los empleadores;
c) Las multas de que trata este decreto;
d) Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de prevención de riesgos profesionales en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados, y
ART. 90.—Planes de inversión del fondo. Anualmente, dentro del primer trimestre, el director de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentará los proyectos de inversión de los recursos del fondo para la siguiente vigencia, los cuales deberán ser aprobados por el consejo nacional de riesgos profesionales.
ART. 91.—Sanciones. Le corresponde al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a través del director técnico de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, imponer las siguientes sanciones, frente a las cuales no opera el recurso de apelación. La competencia aquí prevista puede asumirla el Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
(Nota: Modificado el inciso primero por el Decreto 2150 de 1995 artículo 115 de la Presidencia de la República).
a) Para el empleador. 1. El incumplimiento de la afiliación al sistema general de riesgos profesionales, le acarreará a los empleadores y responsables de la cotización, además de las sanciones previstas por el Código Sustantivo del Trabajo, la legislación laboral vigente y la Ley 100 de 1993, o normas que la modifiquen, incorporen o reglamenten, la obligación de reconocer y pagar al trabajador las prestaciones consagradas en el presente decreto.
2. (Modificado).* Cuando el empleador o responsable del pago de la cotización no aplique las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos profesionales, adoptados en forma general por la dirección técnica de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ésta le podrá imponer multas mensuales consecutivas hasta por quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.
*(Nota: Modificado por la Ley 1562 de 2012 artículo 13)
5. La no presentación o extemporaneidad del informe del accidente de trabajo o de enfermedad profesional o el incumplimiento por parte del empleador de las demás obligaciones establecidas en este decreto, la dirección técnica de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrá imponer multas de hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales;
b) Para el afiliado o trabajador. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se encuentren dentro de los programas de salud ocupacional de la respectiva empresa, que le hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como para los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respetando el derecho de defensa, y
c) Para la entidad administradora de riesgos profesionales. Las entidades administradoras de riesgos profesionales que incurran en conductas tendientes a dilatar injustificadamente el pago de las prestaciones de que trata el presente decreto, o impidan o dilaten la libre escogencia de entidad administradora, o rechacen a un afiliado, o no acaten las instrucciones u órdenes de la dirección técnica de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, serán sancionadas por la Superintendencia Bancaria, en el primer caso, o por la dirección técnica de riesgos profesionales, en los demás, con multas sucesivas hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las demás previstas en la ley o en este decreto.
En adición a lo previsto en los incisos anteriores, la Superintendencia Bancaria impartirá todas las órdenes que resulten pertinentes para el inmediato restablecimiento, de los niveles adecuados de patrimonios o de la reserva de estabilización, según corresponda.
(Nota: Adicionado por la Ley 1562 de 2012 artículo 13)
ART. 92.—Sanción moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto generan un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses son de la respectiva entidad administradora de riesgos profesionales que deberá destinarlos a desarrollar las actividades ordenadas en el numeral 2º del artículo 190 (sic) de este decreto.
ART. 93.—Inembargabilidad. Son inembargables:
a) Los recursos de la cuenta especial de que trata el artículo 94 de este decreto;
b) Las sumas destinadas a la cobertura de las contingencias del sistema general de riesgos profesionales, y
c) Las pensiones y demás prestaciones que reconoce este decreto, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
ART. 94.—Tratamiento tributario. Estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios:
a) Las sumas pagadas por la cobertura de las contingencias del sistema general de riesgos profesionales, y
PAR. —Los aportes, que son en su totalidad a cargo del empleador, serán deducibles de su renta.
ART. 95.—Intereses de mora. A partir del 1º de agosto de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata este decreto, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés para créditos de libre asignación, certificado por la Superintendencia Bancaria, para el período correspondiente al momento en que se efectúe el pago.
ART. 96.—(Inexequible).* Prescripción. Las prestaciones establecidas en este decreto prescriben:
a) Las mesadas pensionales en el término de tres (3) años, y
ART. 97.—Vigencia del sistema general de riesgos profesionales. El sistema general de riesgos profesionales previsto en el presente decreto, regirá a partir del 1º de agosto de 1994 para los empleadores y trabajadores del sector privado.
PAR. —El sistema general de riesgos profesionales para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 1º de enero de 1996, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental. Hasta esta fecha, para estos trabajadores, continuarán vigentes las norma anteriores a este decreto.
ART. 98.—Derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los artículos 199, 200, 201, 203, 204 y 214 del Código Sustantivo de Trabajo, los artículos 20, 88 y 89 del Decreto 1650 de 1977, los artículos 24, 25 y 26 del Decreto 2145 de 1992, los artículos 22, 23, 25, 34, 35 y 38 del Decreto 3135 de 1968, los capítulos cuarto y quinto del Decreto 1848 de 1969, el artículo 2º y el literal b) del artículo 5º de la Ley 62 de 1989 y demás normas que le sean contrarias, a partir de la entrada en vigencia del sistema general de riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.