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Timestamp: 2018-11-21 04:23:52
Document Index: 125280098

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 36', 'artículo 14', 'artículo 32', 'artículo 1']

REH, REVISTA 6, 8vo Trabajo
Año 6, Vol. 1, Nº 6, Año 2007
La ley de represión de las actividades comunistas de 1936: miradas y discursos sobre un mismo actor[1]
(The repression law for communist activities of 1936: glances and speeches over the same actor)
Carnagui, Juan Luis
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, “Dr. Ricardo Levene”, Calle 49 Nº 588, segundo piso, La Plata, C.P. 1900, Email: jlcarnagui@gmail.com
Resumen: El presente trabajo tiene como intención combinar dos cuestiones distintas; por un lado, el análisis jurídico de una ley puntual, y por el otro, pretendemos indagar el posicionamiento del Partido Socialista y el Demócrata Progresista en un momento determinado: el debate en la Cámara de Senadores sobre el proyecto de ley de represión de las actividades comunistas, para lograr así adentrarnos en el análisis de los usos discursivos y las miradas que estos dos partidos tenían sobre el comunismo.
Abstract: This paper intended to combine two separate issues, on one hand, the legal analysis of a law, and on the other hand, we intend to investigate the position of the Socialist party and the Progressive Democrat in a punctual moment: the debate in the Senate about the repression of communist activities bill, thus achieve, analyse the discursive uses and glances that this two parties had over communism.
Palabras clave: Ley; Represión; Comunismo; Discurso; Partidos políticos.
Key words: Law; Repression; Communism; Speech; Political party.
“Al proponer esta ley al Parlamento planteamos, a la vez, una cuestión sencilla y fundamental, que puede resolverse con dos preguntas y dos respuestas. ¿Cree usted que el comunismo es una doctrina que predica el derrocamiento violento del orden social existente? ¿Puede un Estado defender la propaganda y la difusión de una doctrina que predica su derrocamiento violento y el derrocamiento violento del orden social sobre el cual él se asienta?
El que contesta negativamente a la primera pregunta es un ignorante; el que contesta afirmativamente a la segunda, es un comunista”. [2]
El presente trabajo tiene como intención combinar dos cuestiones distintas; por un lado, el análisis jurídico de la “ley anticomunista”,[3] y por el otro, indagar acerca del posicionamiento del Partido Socialista y el Demócrata Progresista un momento puntual: el debate en la Cámara de Senadores sobre el proyecto de ley de represión de las actividades comunistas.[4] De esta manera, pretendemos adentrarnos en el análisis de los usos discursivos y las miradas que estos dos partidos tenían sobre el comunismo.
El anticomunismo posible
Desde el mismo triunfo de la Revolución Rusa, el comunismo gozó de seguidores y detractores. Está claro que a los fines del presente trabajo, no pretendemos realizar un estudio genealógico del anticomunismo.[5] Por el contrario, intentamos demostrar que el anticomunismo hacia fines de 1936 era moneda corriente. Las causas pueden buscarse tal vez en la tradición católica, o en el espíritu reaccionario de ciertos círculos políticos. Una rápida lectura de los periódicos La Fronda y Crisol, contribuye a retratar este contexto de época.
El diario La Fronda, creado por Francisco Uriburu en 1919, destinó numerosos titulares a las acciones emprendidas por ciertos gobiernos provinciales para limitar el accionar del Partido Comunista. No llama la atención entonces, que haya recibido con agrado el decreto sancionado por Manuel Fresco, gobernador de Buenos Aires, “sobre la prohibición de la propaganda comunista”, así como aquel similar de la provincia de Mendoza.
“El peligro comunista cuyo avance indiscutible en el país, lo viene señalando LA FRONDA desde hace mucho tiempo, ante la indiferencia más o menos general o interesada de la población y autoridades, lo comprueban las medidas restrictivas que ya han adoptado algunos gobiernos de provincias, como Buenos Aires y Corrientes, que han dictado sendos decretos declarando ilegal, tal propaganda ideológica que significa un real peligro para nuestras instituciones”.[6]
Estas medidas provinciales, así como la ley nacional, permitieron expresar el sentimiento anticomunista de La Fronda, periódico conservador desde sus orígenes, que había transitado por el nacionalismo durante la segunda presidencia de Yrigoyen y el gobierno militar de Uriburu.[7] Sin embargo, la excusa de los acontecimientos españoles fue lo que posibilitó que desplegase su anticomunismo a fondo. En la cobertura cotidiana de la Guerra Civil Española, éste es expresado crudamente y en un tono combativo. Cada triunfo franquista fue recibido con júbilo por La Fronda, entendido como el avance de las tradiciones españolas –de las cuales se sentía más cercana- por sobre el comunismo soviético, extraño a la historia institucional hispanoamericana:
“España se ha salvado y con ella el mundo. El marxismo, que es el único vencido en esta lucha que en la jornada de ayer termina tan gloriosamente, queda acorralado en los pocos reductos que aún mantiene (…) La victoria del general Franco cobra una significación internacional que no ha de tardar en traducirse en hechos decisivos para la marcha futura del mundo, cuya civilización es salvada nuevamente por España, soldado de la cristiandad [que] ha roto lanzas contra todos los follones, malandrines y marranos que pretendían someterla a la servidumbre infamante de Moscú”.[8]
Esta utilización discursiva, obviamente, no tiene el fin único de informar los acontecimientos en España sino que reviste un objetivo concreto en la práctica política local, cohesionando las filas de las posiciones conservadoras, como intenta hacer el Partido Demócrata Nacional de la provincia de Buenos Aires al dirigir un comunicado a los intendentes de esa provincia mediante el cual los invitaba a celebrar el
“… inminente triunfo del pueblo español [ya que] tanto por nuestro origen racial como por los propios antecedentes de nuestra personalidad política internacional y la íntima vinculación con la colonia española (…) debemos en este momento histórico rendir el homenaje que merece la acción de los hombres sanos de España que han luchado con denuedo heroico para salvar el patrimonio moral del mundo. El Partido Demócrata Nacional, cuyo programa está informado en los principios de orden y moral que ha constituido el lema de los defensores de España, debe adherirse públicamente en el día del triunfo, y a tal fin, (…) le invito a que el día que oficialmente se anuncie el triunfo de la revolución en la madre patria, adhiera esa municipalidad por decreto y se dispongan los actos que lo exteriorice en forma elocuente”.[9]
El rescate de la herencia hispánica, pilar constitutivo de la sociedad para estos conservadores, era resaltado para contrastar lo exótico que resultaba el comunismo soviético a las formas institucionales desarrolladas en la Argentina. Sin embargo, aparejada a la reivindicación del período hispánico, fue apareciendo una crítica al liberalismo retomando los discursos de Mussolini. Su figura aparecía a los ojos de La Fronda como la de un político radicalmente opuesto a los demagógicos liberales, a quienes acusa de charlatanería:
“Mussolini es un verdadero ejemplo de un gran estadista. Por consiguiente, sabe cuándo debe hablar y cuándo debe quedarse callado. La mayoría de los estadistas cultivan el fastidioso género de hablar mucho y no decir nada. Es un género inteligible y engañoso, digno de cancilleres tropicales e infatuados (…) Estos representantes son los que hacen de la política una actividad abominable, por no decir grotesca y sustancialmente fraudulenta. Saludemos, pues, la nueva era que se inicia, de los discursos francos, intergiversables y categóricos. Son, en estos tiempos, los que se pronuncian en Italia, en Alemania, en Portugal, en Austria, en Hungría y en la España del General Franco”.[10]
Si bien con similitudes el periódico Crisol, fundado en 1932, presentaba notables diferencias con La Fronda. Había logrado consagrarse como uno de los matutinos de la derecha más radicalizada, bajo la dirección Enrique Osés, una figura claramente antidemocrática y antiliberal, que se encargaba de otorgarle contenido a las cuatro páginas promedio que publicaba diariamente. No han sido pocos los autores que afirman que percibía fondos de la embajada alemana y de empresas de ese mismo país,[11] lo cual de alguna manera nos puede dar un indicio previo sobre la orientación que tenía este periódico.
La primera diferencia que podemos encontrar en el Crisol respecto a La Fronda reside en la utilización discursiva. En este sentido, tanto cuando se manifiesta a favor o en contra de algo, lo hace en un tono vehemente, y en muchas ocasiones cargadas de palabras peyorativas. Sin embargo, hay en ambos diarios un claro punto de contacto en lo que al anticomunismo se refiere.
La diferencia consiste en que el anticomunismo del Crisol aparece solapado con otro elemento: el antisemitismo,[12] que aflora constantemente a raíz de su fuerte catolicismo. La forma con la que el periódico lograba articular ambos elementos era mediante las constantes denuncias de un posible complot judeocomunista. De esta manera, cada vez que en el diario aparece una referencia a la Iglesia o al comunismo, se aprovecha para condenar al judío por “hereje” o por “rojo”. Un ejemplo claro lo encontramos cuando el Crisol informa la publicación de un libro del Padre Meinvielle titulado “El Judío”. Aquí, la oposición a los judíos se halla en el peligro que representan para la sociedad occidental católica. Dice el Crisol que el padre Meinvielle
“… ha demostrado concluyentemente, en términos cuya imparcialidad no pueden poner en juicio creyentes ni incrédulos, que el judío, mientras permanezca judío, es decir, hasta tanto no reconozca a Cristo y se convierta al cristianismo, será un hijo del diablo, y, por consiguiente, un factor de mentira, de disolución y de emponzoñamiento de los pueblos cristianos, con quienes vive”.[13]
Cabe señalar que esta concepción del antisemitismo dista mucho, a pesar del discurso filonazi del Crisol, del antisemitismo new age que se desarrolló en la Alemania hitlerista, donde la diferencia con los judíos es planteada en términos raciales y, fundamentalmente, con las Leyes de Nuremberg de 1935 se era o no judío por una cuestión biológica. Por el contrario, el peligro representado por el judío según la óptica del periódico, residía más bien en la negación a Cristo que podría ser subsanada rápidamente mediante la conversión. Este es el típico antisemitismo que encuentra sus tradiciones más antiguas en la Edad Media.
Mediante la aproximación a estos periódicos intentamos visualizar que el antisemitismo no consistía en una expresión aislada de grupos reducidos de la sociedad. Por el contrario, no eran pocos los que esperaban deseosamente medidas tendientes a poner un freno ante las constantes referencias del “peligro rojo”. El proyecto de ley de represión de las actividades comunistas fue una medida concreta que seguramente contentó a estos sectores. Nos adentraremos, entonces, en el análisis del proyecto, para luego hacer lo propio con el debate en la Cámara de Senadores de la Nación.
La Argentina amenazada: el peligro rojo y la cruzada anticomunista
El proyecto de ley para la represión de las actividades consideradas comunistas, fue propiciado por el senador por la provincia de Buenos Aires, Matías Sánchez Sorondo, y el de la provincia de Salta, Carlos Serrey. Como se desprende rápidamente de su nombre fue un proyecto que tuvo por fin último la represión de un actor puntual, aquel que en los parámetros de esa ley fuese considerado comunista. En lo estrictamente jurídico, el proyecto, si bien innovador, tenía sus antecedentes inmediatos en los decretos sancionados por las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Salta con similares objetivos, decretados también en el transcurso de 1936 para coartar la propaganda comunista. De esta manera, la incorporación de elementos novedosos en lo jurídico, combinados con figuras preestablecidas en la Constitución Nacional y el Código Penal en su conjunto, presentaba una medida legislativa profunda para erradicar el accionar comunista.
En su artículo 1º se estipulaban las penas con que se sancionarían las actividades comunistas en el territorio nacional. En los incisos 1º y 2º del apartado a), se apela indirectamente a una figura presente en la Constitución en su artículo 22 sobre los actos de sedición. La intención del proyecto de reprimir cualquier intento de derrocar por la fuerza el Gobierno legalmente establecido para instaurar una dictadura proletaria encuentra eco en este artículo de la Constitución al que hacemos referencia, aunque no se refiere en forma puntual a la instalación de una dictadura del proletariado. No resulta llamativo entonces que una de las penas contempladas en el proyecto sea la inhabilitación para ocupar cargos públicos, excluyendo los beneficios de indulto o conmutación de penas, que también aparece como sanción a los actos de sedición en el artículo 36 de nuestra Constitución. Resulta llamativo que estas medidas que se ocupan de la vigencia institucional sean impulsadas por un senador como Sánchez Sorondo, que había sido ministro del Interior del primer gobierno de facto que derrocó a Hipólito Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930.
Por otra parte, en el apartado b) del mismo artículo llama la atención que las medidas tienden a coartar claramente un derecho constitucional como lo es la libertad de prensa contemplada en el artículo 14 de la Constitución, y la libertad de imprenta establecida en el artículo 32 de la carta orgánica. La sanción se aplica a aquellos que “impriman, reproduzcan, tengan en su poder o distribuyan folletos, panfletos escritos, figuras, grabados, o dibujos de propaganda” ampliando claramente el campo punible. La expulsión del país de aquellos que siendo extranjeros (naturalizados o no) violen las normas establecidas por esta ley no es novedosa. Rápidamente podemos encontrar su antecedente en la famosa ley de residencia sancionada a inicios del siglo XX bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, que indicaba en su artículo 1º:
“El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación a todo extranjero que haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes”.
Más allá de los elementos que podemos señalar en esta ley, de sus novedades, sus figuras jurídicas, sus sanciones, no caben dudas de que este impulso de alguna manera sirve de termómetro en la discusión sobre el comunismo. Difícilmente pueda creerse que el escaso número de militantes con que contaba el Partido Comunista podría ser considerado una verdadera amenaza. Puede ser que el “temor rojo” se haya intensificado por los sucesos de la Guerra Civil Española, o bien que el proyecto tuviese ocultas intenciones como denunciaba la oposición. Estas conjeturas ameritan que nos introduzcamos ahora en el debate en el Senado de la Nación.
El debate en la Cámara de Senadores
El 24 de noviembre de 1936 comienza a discutirse en la Cámara de Senadores de la Nación el proyecto de represión al comunismo. Éste había sido concebido cuatro años antes en la Comisión de Códigos y fue reimpulsado con el respaldo del Gobierno nacional en este momento. Desde un inicio, quien asume el papel de expositor del proyecto es el mismo Matías Sánchez Sorondo, monopolizando el uso de la palabra en las primeras jornadas casi sin intervenciones. Las intenciones del senador consisten esencialmente en demostrar:
“1º, que es el comunismo como doctrina; 2º, que es el comunismo como partido político; 3º, cómo realiza el comunismo su propaganda en el mundo; 4º, cómo realiza el comunismo su propaganda en la Argentina; 5º, cómo el comunismo ha llegado a ser un peligro para la seguridad Nacional; y 6º, cómo este proyecto de ley, al reprimirlo, defiende acabadamente a la sociedad”.[14]
Para ello no escatimó tiempo en la lectura de extensos fragmentos de los principales teóricos comunistas, así como resoluciones de los congresos de la KOMINTERN y demás asociaciones vinculadas al PC”. [15]
En lo que respecta a la filiación político partidaria de este senador, si bien podríamos inscribirlo dentro del círculo conservador, ya que su llegada a la banca en la Cámara alta fue en representación de la Concordancia, para este entonces Sánchez Sorondo había realizado un marcado alejamiento del Partido Demócrata Nacional, acercándose en consecuencia a posiciones claramente nacionalistas.[16]
Rápidamente, con sus palabras encontrará la posibilidad no ya de oponerse al comunismo, que es lo más evidente, sino de resaltar al fascismo como algo distinto que no debe ser incluido entre aquello penado por la ley que él propicia. De esta manera, se encarga de plantear claramente que
“… el comunismo es un peligro nuevo para la propia existencia de las nacionalidades (…) el fascismo, en cambio, es respetuoso de nuestra organización social; los Estados de este tipo (…) buscan vigorizar la personería internacional de la propia patria; buscan la felicidad colectiva de sus habitantes; buscan el mejoramiento de sus condiciones de vida (…) no podrá negarse que ellas se asientan sobre las bases mismas de nuestra civilización. El comunismo aspira a destruirla; el fascismo quiere confirmarlas; el comunismo es una doctrina incompatible con nuestro tipo de Estado; el fascismo lo vigoriza”.[17]
Si bien esta cita permite que hagamos una clara idea acerca de la posición adoptada por este senador, esto no explica aún la necesidad de implantar la ley. Nos abocaremos entonces a analizar el argumento de Sánchez Sorondo sobre el por qué del peligro comunista.
Después de citar frases célebres del Manifiesto Comunista -entre otras, aquella que dice que el triunfo de la revolución será alcanzado por medio “del derrumbamiento violento del régimen social presente. ¡Que las clases dominantes tiemblen ante la revolución comunista!”, buscando provocar golpes de efecto en la audiencia-, continúa con la caracterización del programa comunista al que define sintéticamente de la siguiente manera:
“Como objetivo inmediato: la dictadura del proletariado. Como programa: la destrucción de la familia, de la propiedad, de la religión, de la justicia, del ejército, de la policía, de la administración, del Parlamento, la socialización de la industria y de los medios de producción. Como táctica: la violencia, la revolución, el asesinato por masas, el terror rojo”.[18]
Sin embargo, esta caracterización sólo le servía para evidenciar la “peligrosidad” del comunismo internacional. Dice el senador: “Quiero establecer de una manera indiscutible el nexo entre la dirección comunista de Rusia, de Stalin, y las resoluciones tomadas por el Comité Argentino de la Internacional Comunista”.[19] Intentará en adelante articular esa peligrosidad con el campo local, utilizando como vehículo para lograrlo las directivas del VII Congreso de la KOMINTERN relativas a la conformación de los Frentes Populares, política que tuvo acogida en el PC argentino de manera casi inmediata. El mismo nombre remitía claramente a la URSS. Si bien el PC local negaba su relación con el Politburó para escapar a las acusaciones, Sánchez Sorondo les replicaba diciendo que:
“… si los comunistas argentinos se proclaman autónomos, si (…) quieren el respeto de la Constitución, de sus derechos y garantías; si el comunismo argentino no quiere el derrocamiento violento del régimen social, si quiere respetar las libertades, si quiere defender la democracia, si quiere todas esas cosas, no existe; <<comunísticamente>> no existe”.[20]
Frente a esa declaración de autonomía, el senador se encargaba de remarcar que en lo concerniente a la propaganda no modificaban absolutamente nada de los artículos que venían del extranjero.
En resumidas cuentas, el posicionamiento del senador por Buenos Aires pretendía justificar la sanción de la ley presentando al comunismo como algo no sólo contradictorio con la democracia y el sistema político argentino, sino como una doctrina que tenía el manifiesto fin de destruirla. El contexto europeo de la época lo ayudaba en gran medida a justificar ese argumento. La intervención de otros senadores que abordaremos a continuación, intentaron rebatir lo desarrollado por Sánchez Sorondo aunque con escaso éxito.
¿Qué hacer con el comunismo?
Socialistas y demócratas progresistas en defensa de la democracia
La postura del comunismo argentino fue cambiando con el influjo del contexto externo y, de igual manera, la visión de los diferentes partidos políticos sobre éste estuvo también sujeta a modificaciones. Debido a los alcances del presente trabajo, nos interesa puntualmente analizar cómo se posicionaron el socialismo y el Partido Demócrata Progresista (PDP) en relación con el comunismo.
Ambos, si bien con diferentes concepciones ideológicas, poseían notorias coincidencias en puntos importantes sobre cómo comprendían la política. No es casual, por ejemplo, que para las elecciones presidenciales de 1932 conformaran una coalición electoral denominada Alianza Civil, que postulaba la fórmula De la Torre-Repetto, que intentaba erigirse en una alternativa frente los conservadores, a la vez que pretendía encausar los votos de los radicales que se encontraban proscriptos. Por otra parte, compartían un grupo de pertenencia: la oposición. Si bien ésta estaba conformada por numerosos y disímiles partidos, incluido el Comunista, existía entre todos ellos lazos de fraternidad más allá de las diferencias –muchas veces profundas- que podían existir a nivel político. Los valores democráticos eran objeto de una defensa mancomunada desde el PS y el PDP, pero la cuestión comunista era digerida de forma distinta dentro de cada uno de estos partidos.
El comunismo nació y creció “aislado de los partidos de la burguesía y del juego electoral y parlamentario”.[21] Esto no impidió que, siguiendo la tónica de la KOMINTERN, propulsara en 1935 la creación del Frente Popular que suponía una alianza con el socialismo y el PDP, entre otros. La desconfianza de estos últimos respecto a la novedosa defensa democrática del comunismo, que se había guiado con anterioridad de acuerdo a la lógica de lucha de clase contra clase,[22] explica el fracaso que tuvo el Frente que no consiguió tomar cuerpo en ningún momento.
Este recelo al comunismo permite comprender, en parte, la ambigüedad del discurso en el caso de los demoprogresistas. Podría decirse que, al momento de la discusión de la ley, el PDP mantenía una posición dual frente al comunismo. Mientras que por un lado desdeñaba los mecanismos de dominación política que, según De la Torre, habían copiado a posteriori el fascismo y más tarde el nazismo debido a su carácter totalitario, por el otro, desde una visión humanista, daba lugar a cualquier tipo de alternativas que suponían un avance en la justicia social, dentro de las cuales inscribía al comunismo.
A lo largo del debate que mantuvo el máximo referente del PDP con Monseñor Franceschi, podemos visualizar esta cuestión. Si bien la postura de De la Torre parecería ser sólida frente al comunismo al plantear que “no quiero, ni propicio, ni he propiciado nunca la revolución social, y sin ella no hay comunismo”,[23] sería un error quedarnos con la lectura lineal de esta frase. Cuando profundizamos en su planteo, resulta llamativo que tempranamente De la Torre asemeje fascismo y comunismo, aludiendo que “el fascismo ha ajustado su política a los procedimientos que usó Lenin en Rusia, con la sola diferencia de que Lenin llegó al poder teniendo una doctrina públicamente proclamada y el fascismo, en su primera época, era una aventura sin doctrina”.[24] A pesar de las continuidades que encuentra el senador en uno y otro, fundamentalmente en lo tocante a la dominación despótica que prima tanto en el comunismo como en el fascismo, encuentra una salida elegante para no dejar “mal parado” al primero de ellos, ponderando al menos su sinceridad. Podemos visualizar que para De la Torre el verdadero “enemigo” era el totalitarismo de derecha, aunque de acuerdo a su visión demócrata, el comunismo no le sentaba cómodo en su oposición al fascismo. Esto permite explicar las constantes formas en las que diferencia fascismo y comunismo, muy a pesar de las similitudes que encontraba en ambos.
“El gobierno dictatorial se entiende en Rusia que es una modalidad transitoria y se anuncia que desaparecerá el día en que funcione normalmente el nuevo tipo de Estado surgido de la revolución socialista. Tal es por lo menos la doctrina, y la Constitución de 1936 tiende a darle realidad. En Italia y Alemania, el gobierno absoluto es definitivo y cuanto más se perfeccione el sistema, más razón de existir tendrá”.[25]
El hecho de que de la Torre reconozca como una avanzada democrática a la constitución soviética de 1936 no es una cuestión a despreciar, más aún, si tenemos en cuenta la disputa que se desató en torno a ella. Dentro del Partido Socialista, por ejemplo, los sectores de la izquierda la apoyaban, mientras que el ala liberal la entendían como una medida estratégica de caras a la política de los Frentes Populares.
Podría decirse que hay una lectura ingenua del comunismo soviético por parte de de la Torre, y por analogía, del PDP. Creemos que ello puede responder más a una cuestión de mala información y proximidad temporal, que por intencionalidad política. Su visión de la Constitución del `36 pude ser un ejemplo de ello, mientras que otro podemos encontrarlo en relación con la colectivización forzosa. Según el senador, esta había mejorado notablemente el nivel de vida de los campesinos que veían a las granjas colectivas como un factor positivo. Sin embargo, numerosos trabajos historiográficos han demostrado los efectos desastrosos de la colectivización en términos humanos y productivos.[26] El caso más significativo sin duda, es el vinculado a las purgas del estalinismo defendidas por el senador debido a que mantenían ciertas garantías individuales en los procesos.
“Las sentencias de muerte a que se refiere [Franceschi] han recaído en procesos incoados en su mayor parte ante la Corte Suprema de la U.R.S.S., las audiencias han sido públicas; los reos han tenido defensores que han reconocido su culpabilidad; y pronunciada la sentencia se han publicado íntegramente los procesos en ruso, en inglés, y en francés y se les ha dado amplia difusión en el exterior (…) los acusados fueron convictos y confesos de “traición a la patria”, consistente en haber tramado una vasta organización para el asesinato de los jefes soviéticos”.[27]
Sin embargo, esta visión del comunismo soviético no era idéntica cuando De la Torre se refería a los comunistas argentinos, seguramente porque entre ellos había lazos, vivencias compartidas y en última instancia, la común identificación en tanto opositores. Al calor del debate en la Cámara, se pregunta el senador:
“¿Se trata, en realidad, en este despacho de reprimir el comunismo? ¿Existe, en realidad, en la República Argentina un partido comunista numeroso con tales características que puedan poner en peligro el sistema de gobierno y justifiquen la adopción de medidas violatorias de la Constitución para combatirlo?”[28]
De la cita anterior podemos visualizar la doble oposición de De la Torre al proyecto, por un lado, porque el reducido tamaño del comunismo no justifica una ley represiva como la planteada por Sánchez Sorondo, mientras que por el otro, la cita anterior marca nuevamente un aspecto resaltado con anterioridad; esto es, la impugnación al proyecto debido a su carácter inconstitucional a raíz de sus profundas convicciones democráticas.
A partir de aquí, De la Torre despliega las intenciones ocultas del proyecto. Si no existe un Partido Comunista fuerte al cual contener, se pregunta ¿a quién se dirige entonces la ley? La respuesta que encuentra es simple: a la clase trabajadora. Esta tendenciosidad del proyecto que reprime a una clase y beneficia a la otra “permite retroceder y prohíbe avanzar: esa es la síntesis”.[29] Por añadidura, el proyecto responde a la naturaleza reaccionaria de quienes lo propician, incrédulos de los mecanismos democráticos y complacientes con los proyectos autoritarios que florecieron en Europa.
“Proyectos como este y actitudes como la del Poder Ejecutivo, persecutorio de las ideas surgen de esa reacción [la del fascismo/nazismo contra la democracia] y se exaltan con sus titulados éxitos; pretenden ser entre nosotros nada más que medios indispensables de defensa de un orden social determinado, pero son en realidad vallas que se oponen al desenvolvimiento natural de las ideas renovadoras y estímulos a la destrucción de las leyes liberales”.[30]
Antes de adentrarnos en el análisis de la posición del Partido Socialista sobre el proyecto de ley en cuestión, es menester considerar la particular relación entre éste y el comunismo al margen del debate legislativo. Como sucedía con el PDP, compartían una identidad común forjada en la oposición a los conservadores pero, más allá de ello, había notorias diferencias ideológicas y de intereses políticos que hacían imposible un acercamiento entre los socialistas y los comunistas. Si bien podría suponerse en primera instancia que debían tener mayores puntos de contacto entre ellos que con otros partidos, esto no se daba de una manera exacta. Siendo el socialismo un partido con menor arraigo en el movimiento obrero -a diferencia de lo que sucedía en otros países-, y con una mayor presencia de notables, intelectuales y profesionales, la conformación social del PS se asemejaba más a la del PDP que a la del comunismo. De todas maneras, debemos ser cuidadosos porque incluso el Comunista no era un partido obrero exclusivamente, y sus mayores dirigentes también provenían de campos profesionales.
La impronta de la Revolución Rusa marcó a fuego al comunismo argentino, cuyos principales dirigentes como Victorio Codovilla, Rodolfo Ghioldi y Héctor Agosti, propiciaron la ruptura con el socialismo “reformista”.[31] La concepción de la política para comunistas y socialistas era claramente diferente, porque el primero consideraba la revolución como herramienta para la construcción de una nueva sociedad, más allá de los distintos momentos por los que fue pasando, mientras que una de las características del socialismo argentino era precisamente su clara adhesión a la democracia. Estas diferencias se agudizaban aún más por el hecho de que luchaban por encauzar la simpatía dentro de un mismo ámbito, porque para aquellos que no eran militantes de uno u otro, tanto el socialismo como el comunismo aparecían solapados como la alternativa proveniente de la izquierda. Esta disputa, que también se libraba en el plano simbólico, tenía el objetivo de erigir a uno de los dos como el verdadero representante de la transformación social. Resulta interesante que incluso la lucha se daba a nivel terminológico, por ejemplo, cuando desde el socialismo se intenta modificar el nombre de Frente Popular por el de Frente Democrático, porque el primero cargaba un fuerte contenido comunista.
No resulta extraño, de esta manera, que a lo largo del debate parlamentario el socialismo no realiza un alegato vehementemente sobre comunismo, sino que lleva la discusión al plano de la defensa democrática. Quien levanta su voz desde la banca socialista es el senador Mario Bravo. Prontamente, plantea los términos de la discusión de la ley en el marco de un “combate universal” que desde su punto de vista divide al mundo en democracias y dictaduras; en otras palabras, entre democracia y fascismo. Obviamente, asume la defensa de las primeras, en oposición a las posturas como la de Sorondo que reflejan
“… voces interpretativas desde alguna parte de un sentimiento nacional que entiende que la guerra ha de continuar siendo un procedimiento selectivo, que los principios han de imponerse por la violencia, que los mercados para la economía han de conquistarse con las invasiones navales y territoriales: que los países han de radicar el excedente de población, llevando la destrucción, la guerra y la miseria a naciones indefensas; que los tratados carecen de valor, cuando quienes han de violarlos están respaldados por la fuerza; que los principios de la fraternidad humana no tienen razón de ser; que la hermandad entre los pueblos han de medirse con un concepto racial; que las religiones de origen remoto, que vienen desde las fuentes mismas de la humanidad, han de transformarse en el culto al héroe, en la devoción al führer, en el prestigio a la cruz svástica”.[32]
Su fuerte posicionamiento “prodemocrático”, notorio en la cita anterior, contrasta con el de Sánchez Sorondo en su corazón argumentativo, cuestionándolo por su falta de oposición a los totalitarismos europeos. Lo que intenta Bravo con esto, de acuerdo a la lógica de encadenamientos, es vincular a Sánchez Sorondo con posiciones dictatoriales, y por analogía con el fascismo. Este juego terminológico le permitía a Bravo debatir en un contexto favorable, ya que poniendo blanco sobre negro, democracias versus fascismo, y sobre todo teniendo en cuenta el escenario en el que se estaba discutiendo, el posicionamiento prodemocrático presentaba ventajas sobre uno de corte autoritario.
Pero no es únicamente la posición ideológica de quien propicia la ley lo que la hace cuestionable. La oposición de Bravo también se manifiesta al sindicar al proyecto de antidemocrático e inconstitucional, ya que coarta las garantías inherentes al sistema político que él mismo pretende defender:
“… suprimir el sufragio universal, suprimir la voluntad del pueblo, la posibilidad de manifestar sus ideas, sus opiniones, sus intereses, y aún de clasificar sus ideologías, esa es la primera tarea de los gobiernos de fuerza”.[33]
Bravo se esmera por demostrar que el Senado en su conjunto es tendencioso en el manejo de este proyecto puntualmente, aunque también de otros de similar corte, ya que su llegada a la Cámara alta fue rápida –a pesar de estar parado cuatro años en la Comisión de Poderes- lo que contrasta fuertemente con la demora que sufrieron los proyectos que tenían el fin de otorgar beneficios a la clase trabajadora.
“Apenas tres reuniones, sin mayor importancia, de pocos minutos, han servido para que el Senado sea aconsejado a sancionar esta ley. Así se han sancionado por el Congreso argentino las leyes que quitan derechos. Cuando fue necesario dictar una ley para proteger a los trabajadores por los accidentes sufridos en el trabajo, el Congreso argentino tardó no menos de 12 o 14 años”.[34]
Un elemento central del argumento de Bravo consiste en señalar que el proyecto no apunta sólo a la represión del comunismo, sino que en realidad esa era la forma solapada con que se intentaba controlar a la clase trabajadora más allá de sus convicciones políticas. Esta denuncia sobre el verdadero significado del proyecto de ley (similar al planteo de De la Torre) había sido manifestada por la oposición de izquierda en un similar contexto cuando el gobernador Fresco en la provincia de Buenos Aires decretó la represión a la propaganda comunista. Volviendo al debate, lo que intentaba plasmar Bravo es que la
“… ley va dirigida contra la clase trabajadora del país; es una ley que hiere en sus derechos esenciales a la población argentina que vive del salario (…) Esta no es una ley para reprimir el crimen del trust explotador de los trabajadores de la Nación argentina; ésta no es una ley para la asociación ilícita del capital financiero. No; ésta es una ley para la organización sindical, para el programa de reivindicaciones de la clase trabajadora”.[35]
Lo que plantea en estas palabras, además de lo ya señalado sobre la ampliación de los sujetos a ser alcanzados por esta ley, es que la misma tiene una evidente connotación de clase, algo que a nuestro parecer nunca se encuentra ausente en las sanciones legislativas.
Vale destacar una última cuestión sobre la posición de Bravo; esto es su “falta de fe parlamentaria”, desconfiando sobre la real incidencia del debate en el resultado final del mismo. La inevitable sanción de la ley era la consecuencia, para él, de un pacto entre el presidente Justo y la Concordancia.
“Este es un debate que casi sería innecesario, porque la ley ha surgido como consecuencia de un pacto político, de un partido y de un gobierno. Esta ley es la coincidencia perfecta entre el presidente de la República y la Concordancia, y sean cuales fueren las razones que pudieran darse en su contra, ojala pudiéramos traer la palabra revelada para que la mayoría de esta Cámara y el presidente de la República modifiquen sus puntos de vista, nada se conseguiría ya que tienen su resolución tomada y la sanción, por lo menos en esta Cámara, está resuelta”.[36]
Las destacadas participaciones desde el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, que buscaron constantemente con diferentes argumentos oponerse al proyecto de Sánchez Sorondo, no evitaron que éste termine por sancionarse hacia finales de 1936.
Resulta evidente que el anticomunismo constituyó una idea fuerte que logró congregar tras sí a un vasto sector de la sociedad, contando a su vez con la posibilidad de hacer oír su voz por la doble vía de las publicaciones nacionalistas y, en el Parlamento, por el senador Matías Sánchez Sorondo.
En relación a la postura radicalizada que en lo discursivo manifestaban este tipo de publicaciones, cabría preguntarse cuál era la incidencia que tenían en la sociedad. Sin duda, en el caso de Crisol, se dirigía a un público más bien acotado debido a que la “tirada” de este periódico era escasa. Creemos, aunque entrando en el plano de las especulaciones, que el mismo se dirigía a un público puntual, fundamentalmente a los grupos nacionalistas más radicalizados. En el caso de La Fronda la situación es algo diferente. Este diario representativo de los sectores más conservadores tenía un caudal mayor de publicación, mientras que sus lectores –más allá de su corrimiento a la derecha-, seguían siendo en gran parte los mismos conservadores de antes. A partir de estas publicaciones, pero también a través de la prensa liberal tradicional y de las de izquierda, podemos adentrarnos en un contexto de época en el que el comunismo aparece recurrentemente como un factor de tensión.
El debate en la Cámara de Senadores de la Nación permite que nos acerquemos a las principales interpretaciones políticas sobre la cuestión comunista. Si bien, por un lado, podemos visualizar la posición oficialista en la figura de Sánchez Sorondo, por el otro, nos permite adentrarnos en las complejas relaciones que vincularon al comunismo con el resto de los partidos de la oposición. En relación con esto último, son múltiples los interrogantes que se nos plantean. Si bien por momentos pareciese que ni socialistas ni demoprogresistas defienden al comunismo abiertamente, hay que tener en cuenta que la acusación de comunista por parte de los sectores más reaccionarios, como modo globalizante de condenar a la oposición, había calado hondo en estos partidos. De aquí que en forma constante se intenten diferenciar de los comunistas a través de diversas maneras. Sin duda, la prédica cívico-democrática consistió en el elemento común que le permitió al PS y al PDP diferenciarse del PC, a la vez que la apelación de ambos a los valores republicanos fue el principal mecanismo para oponerse a la sanción de la ley.
Más allá de esto, podemos considerar como una defensa implícita al comunismo el hecho de que ambos partidos se opongan al proyecto por considerarlo un ataque a los trabajadores, entre quienes había un nutrido número de comunistas. Esta crítica al proyecto era una defensa que guardaba relación con los lazos fraternales que unían a los partidos de la oposición, presentando un comunismo más cercano. A su vez, cuando desde el PS y el PDP se realiza un cuestionamiento a la ley por considerarla una barrera a las garantías democráticas, el comunismo emerge como un factor de tensión cuya resolución no es homogénea incluso hacia dentro de estos dos partidos, aunque resulte más visible en el PS.
No resultaría extraño que ciertos sectores del socialismo no estuviesen dispuestos a defender al comunismo por considerarlo contrario a la tradición fundamental que ellos rescataban: la democracia. Más allá de poseer una historia común que los situaba en la vereda opositora, lo eran en un doble sentido: por un lado, opositores al Gobierno, pero por otro, opositores entre sí por tener un mismo ámbito de influencia en los posibles adeptos y simpatizantes. Más allá de esto, seguramente también había militantes socialistas más cercanos al comunismo que se oponían al proyecto de plano sin mayores disquisiciones. La ausencia de fuentes en tal sentido no nos permite respaldar fehacientemente esta idea, aunque la investigación de ciertas trayectorias personales nos ayudarán en el futuro a iluminar esta cuestión.[37]
Mientras que la cuestión comunista dentro del socialismo dividió las aguas claramente en dos sectores, la democracia progresista pareció moverse conjuntamente acercándose o, por el contrario, alejándose del comunismo. Esto queda evidenciado por el movimiento pendular de Lisandro de la Torre, quien, a pesar de su pertenencia a un partido liberal, en ningún momento rompe con el comunismo.
- Béjar, María Dolores, El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires, 1930-1943 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2005).
-Buchrucker, Cristian, Nacionalismo y peronismo (Buenos Aires: Sudamericana, 1987).
-De la Torre, Lisandro, Intermedio filosófico. La cuestión social y los cristianos sociales. La cuestión social y un cura. Grandeza y decadencia del fascismo (Buenos Aires: Colegio Libre de Estudios Superiores, 1946), 97.
-Edward H. Carr, La Revolución Rusa de Lenin a Stalin, de 1917 a 1929 (Madrid: Alianza, 2002).
-Eley, Geoff, Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa 1850-2000 (Barcelona: Crítica, 2003).
-Lvovich, Daniel, Nacionalismo y antisemitismo (Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 2003).
-Macor, Darío, “Partidos, coaliciones y sistema de poder”, en: Cattaruzza, Alejandro (dir.), Crisis económica, avance del estado e incertidumbre política (1930-1943). Nueva historia Argentina, tomo VII (Buenos Aires: Sudamericana, 2001), 82.
-Mc Gee Deustch, Sandra, Contrarrevolución en la Argentina 1900-1932. La Liga Patriótica Argentina (Bernal: UNQUI, 2003).
Las derechas. La extrema derecha en la Argentina, Brasil y Chile 1890-1939 (Bernal: UNQUI, 2005).
-Rouquié, Alain, Poder Militar y sociedad política en la Argentina Tomo I (Buenos Aires: Emecé, 1983).
- Tato, María Inés, Viento de Fronda. Liberalismo, Conservadurismo y Democracia en la Argentina, 1911-1932 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2004).
[1] Este trabajo contó con la lectura atenta de numerosos colegas que contribuyeron a enriquecer y profundizar algunas cuestiones. Mi agradecimiento hacia ellos, en especial al Dr. Andrés Bisso, quien siguió su etapa de elaboración. Más allá de esto, en adelante su contenido corre por cuenta personal.
[2] Fragmento de la exposición del Senador Matías Sánchez Sorondo en defensa de la ley de represión al comunismo, el 24 de noviembre de 1936, en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Año 1936, Tomo I, p. 29. En adelante, DSHCSN.
[3] Esta designación estaba extendida ampliamente en los distintos medios de prensa.
[4] Al remitirnos fundamentalmente al debate legislativo, los principales partidos a los que hacemos referencia son el socialismo y la democracia progresista.
[5] Para un abordaje de la derecha radical de comienzos del siglo XX véase: Mc Gee Deustch, Sandra, Contrarrevolución en la Argentina 1900-1932. La Liga Patriótica Argentina (Bernal: UNQUI, 2003) y Mc Gee Deustch, Sandra, Las derechas. La extrema derecha en la Argentina, Brasil y Chile 1890-1939 (Bernal: UNQUI, 2005).
[6] La Fronda, 3 de noviembre de 1936.
[7] Para profundizar la trayectoria de este periódico véase: Tato, María Inés, Viento de Fronda. Liberalismo, Conservadurismo y Democracia en la Argentina, 1911-1932 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2004).
[8] Ídem, 8 de noviembre de 1936.
[9] La Fronda, 8 de noviembre de 1936.
[10] Ídem, 4 de noviembre de 1936.
[11] En este aspecto coinciden Buchrucker, Cristian, Nacionalismo y peronismo (Buenos Aires: Sudamericana, 1987), 226; Lvovich, Daniel, Nacionalismo y antisemitismo (Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 2003), 325; y Rouquié, Alain, Poder Militar y sociedad política en la Argentina Tomo I (Buenos Aires: Emecé, 1983), 297.
[12] La cuestión del antisemitismo no es propiedad exclusiva de este periódico, ni del sector al cual éste estaba destinado, sino que era un elemento ampliamente extendido en la sociedad argentina del momento, como lo demuestra Lvovich, Daniel, Nacionalismo… (op. cit.).
[13] Crisol, 23 de noviembre de 1936.
[14] DSHCSN (op. cit.), 27.
[15] En relación a ello el mismo senador se encarga de realizar un mapeo de “organismos colaterales” que a su entender se encontraban bajo la órbita del Partido Comunista, entre ellos, el Comité Pro Ayuda a España, la Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores (AIAPE), la Asociación Femenina anteguerra (AFA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Federación Argentina de Estudiantes Secundarios y Especiales (FAESE), la Junta de Defensa de la Producción, Escuelas Obreras, la Organización Popular Contra el Antisemitismo y Procor, una agrupación judía.
[16] Al respecto véase: Béjar, María Dolores, El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires, 1930-1943 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2005).
[17] DSHCSN (op. cit.), 28.
[18] DSHCSN (op. cit.), 31.
[19] Ídem, 44.
[20] Idem, 54.
[21] Macor, Darío, “Partidos, coaliciones y sistema de poder”, en: Cattaruzza, Alejandro (dir.), Crisis económica, avance del estado e incertidumbre política (1930-1943). Nueva historia Argentina, tomo VII (Buenos Aires: Sudamericana, 2001), 82.
[22] Esto la llevó a tener una postura crítica respecto al Socialismo, fundamentalmente a partir del V Congreso de la KOMINTERN, en el que se planteó el concepto de socialfascismo, donde tanto la socialdemocracia como el fascismo eran caras de la misma moneda: el capitalismo; una la más benévola, la socialdemocracia, y otra la excepcional y radical, el fascismo.
[23] De la Torre, Lisandro, Intermedio filosófico. La cuestión social y los cristianos sociales. La cuestión social y un cura. Grandeza y decadencia del fascismo (Buenos Aires: Colegio Libre de Estudios Superiores, 1946), 97.
[24] Ídem, p. 66.
[25] De la Torre, Lisandro, Intermedio filosófico… (op. cit.), 69.
[26] Si bien podría citarse una extensa bibliografía sobre la temática, recomendamos el sintético y claro apartado del trabajo de Edward H. Carr, La Revolución Rusa de Lenin a Stalin, de 1917 a 1929 (Madrid: Alianza, 2002).
[27] De la Torre, Lisandro, Intermedio filosófico… (op. cit.), 101.
[28] DSHCSN (op. cit.), 358.
[29] Ídem, p. 359.
[30] DSHCSN (op. cit.), 359.
[31] Esta separación no era propiamente argentina y, como es sabido, la misma se dio a nivel global. Al calor de la Primera Guerra Mundial, comenzó la escisión entre los socialistas, que se habían encolumnado tras las banderas nacionales para declarar la guerra, y los comunistas que no compartían tal postura. Las conferencias de Zimmerwald, en septiembre de 1915, y la de Kienthal, en abril de 1916, fueron los antecedentes inmediatos para que esta división quede institucionalizada -tras la triunfante revolución bolchevique de octubre de 1917- con la fundación de la III Internacional o Internacional Comunista, en marzo de 1919. Con ella, el comunismo pretendía eliminar definitivamente los elementos reformistas del partido. Véase: Eley, Geoff, Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa 1850-2000 (Barcelona: Crítica, 2003).
[32] DSHCSN (op. cit.), 207.
[33] Ídem, 208.
[34] DSHCSN (op. cit.), 209.
[35] Idem, 211.
[36] DSHCSN (op. cit.), 209-210.
[37] El 20 de diciembre de 1937 surge, al calor de la Guerra Civil Española, la Liga Argentina de los Derechos del Hombre con el fin de organizar la ayuda a la República Española, y defender a los presos políticos en el país. Esta organización contaba con el respaldo de políticos como Arturo Frondizi, Deodoro Roca, Alcira de la Peña, Emilio Troise, de igual manera que Lisandro de la Torre y Mario Bravo. Resulta interesante investigar el grupo de abogados reunidos en torno a ella, entre quienes se destaca Carlos Sánchez Viamonte. Muchos provenían del socialismo y se dedicaban en forma permanente a la defensa de comunistas encarcelados.
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