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Timestamp: 2020-07-14 15:58:14
Document Index: 273436841

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'Artículo 17', 'artículo 28', 'artículo 33', 'artículo 17', 'artículo 74']

﻿ LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN MATERIA FISCAL EN MÉXICO
CONTENIDO:SE EXPONE UN ANÁLISIS JURÍDICO TRIBUTARIO RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA EFECTOS FISCALES EN MÉXICO, DESTACANDO LA OBLIGACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES DE EMITIR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, ENVÍO DE LA CONTABILIDAD ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DENOMINADA “BUZÓN TRIBUTARIO”. LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN MÉXICO HA ADOPTADO UN NUEVO PARADIGMA DE CUMPLIMIENTO Y DE LA ACTUACIÓN DE REVISIONES ELECTRÓNICAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMPROBANTE FISCAL, FIRMA ELECTRÓNICA, FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LIBROS ELECTRÓNICOS DE CONTABILIDAD
TÍTULO:LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN MATERIA FISCAL EN MÉXICO
AUTOR:OSORIO ATONDO, JOSÉ MANUEL
REVISTA INTERNACIONAL LEGIS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA N°:70, ABR.-JUN./2017, PÁGS. 81-106
La implementación de los medios electrónicos en materia fiscal en México
Revista Nº 70 Abr. Jun. 2017
Contador Público de la Universidad de Sonora
Doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos S.C., Campus Guadalajara
Profesor Investigador Universidad Estatal de Sonora
Se expone un análisis jurídico tributario respecto de la implementación del uso de los medios electrónicos para efectos fiscales en México, destacando la obligación de los contribuyentes de emitir comprobantes fiscales digitales por internet, uso de la firma electrónica avanzada, envío de la contabilidad electrónica a través de la herramienta denominada “buzón tributario”. La modernización de la administración tributaria en México ha adoptado un nuevo paradigma de cumplimiento y de la actuación de revisiones electrónicas por parte de la autoridad.
Buzón tributario; Comprobantes fiscales digitales por internet; Contabilidad electrónica; Firma electrónica; Medios electrónicos.
1. Finanzas públicas
1.1. Principales fuentes de ingresos
2. Los medios electrónicos en la administración tributaria
2.1. Firma electrónica avanzada y comprobantes fiscales digitales por internet
3. La implementación de la contabilidad electrónica
3.1. Una aproximación inicial
3.2. La contabilidad electrónica
El rubro de los impuestos y los diferentes instrumentos de fiscalización ha sido uno de los temas más abordados en los últimos años en países de América Latina (AL), en virtud de ser una de las principales fuentes de financiamiento para el sostenimiento del gasto público doméstico por parte de los Estados. La inopia de recursos fiscales fue una de las particularidades en gran parte de la región a inicios de la década de los años de 1990, según los resultados de estudios comparados internacionales.
Si bien es cierto, los gravámenes al ingreso, utilidades y al consumo en varios países de la región no son la única fuente de ingresos públicos del Estado, gracias a la presencia de otras fuentes de ingresos, por ejemplo, las procedentes del aprovechamiento de recursos naturales (Barriex et ál. 2013: 6), destacando entre ellos el petróleo. Sin embargo, en los últimos años, varios Estados han contado con un escenario adverso en correspondencia al ingreso petrolero, situación que se deriva de los precios internacionales de este.
Por tal motivo y entre otros factores, las administraciones tributarias han estado obligadas a aplicar diferentes instrumentos para la obtención de mayores recursos tributarios y a efectuar sus acciones con menores percepciones económicas (CIAT 2015: 2).
De igual manera, la cooperación en materia fiscal entre países ha sido un elemento crucial en la construcción de una red de colaboración para que se efectúen cambios con el uso de la tecnología y los medios electrónicos, como medida para mejorar dichos controles y para la reducción de costos administrativos en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes (Barreto y Occaso 2014: 3).
Precisamente al respecto, en el presente escrito se muestra la implementación de los medios electrónicos para efectos fiscales en México, exhibiendo primero el tema de las finanzas públicas, mostrando para ello el comportamiento presupuestal y de recursos obtenidos de las principales fuentes de financiamiento en México.
En un segundo plano, se exhibe la institución de los medios electrónicos en la administración tributaria, destacando el uso de la firma electrónica avanzada —e-firma— y los comprobantes fiscales digitales por internet. A la postre, se describe el establecimiento de la contabilidad electrónica y el instrumento del buzón tributario para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Entre las funciones que se le confieren al Estado mexicano, se encuentra el proceso de la planeación, presupuestación, administración y evaluación de las finanzas públicas en correspondencia con las normas jurídicas para el efecto e iniciando desde la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
En lo que corresponde a la etapa de la administración, como en toda nación, el gobierno demanda de recursos económicos para el desarrollo de sus funciones como tal, de ahí que en el multicitado artículo 31 fracción IV de la Carta Magna, se estipula la potestad tributaria ineludible y que refiere a la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público, de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y del municipio en que resida. Por tal motivo, “(…) En relación a las funciones públicas, es notable el aspecto económico, pues el Estado requiere de elevados recursos económicos para estar en condiciones de proporcionar los servicios públicos a los que está comprometido” (Osorio 2015: 25).
En lo que atañe a la obtención de las distintas fuentes de ingresos a las que puede recurrir el Estado mexicano, en los últimos años el comportamiento de la presupuestación y la obtención de ingresos económicos en materia de percepciones tributarias ha tenido un incremento, mientras que en el rubro de ingresos petroleros se presenta un descenso, debido esto último a la disminución en los precios internacionales de este, aspecto que se exhibe con posterioridad.
Debido a este escenario económico que se ha presentado en el país, se ha visto la imperiosa necesidad de realizar acciones que permitan “fortalecer las finanzas públicas” para estar en condiciones de “absorber de manera ordenada el impacto de los choques externos” a la economía.
Entre las principales actividades que se han estado efectuando se destacan, entre otros elementos: la implementación de normas legislativas para una “mayor eficiencia en la aplicación del gasto” público y para el “fortalecimiento de la capacidad recaudatoria” y de fiscalización en búsqueda de fortalecer la estructura de las finanzas y así contribuir “por diferentes vías, [a]l desarrollo económico y social” (INAP 2000: 9).
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en varias ocasiones ha manifestado algunas recomendaciones al país relativas al incremento en el ingreso fiscal, la ampliación de la base de contribuyentes, un fortalecimiento de la administración tributaria, reforma tributaria global con énfasis en el federalismo fiscal, fortaleciendo con ello la capacidad administrativa en búsqueda de la no interdependencia de los ingresos generados por la exportación de petróleo (OCDE, 2010, 2012, 2015).
Tal es el caso que, de acuerdo con el análisis efectuado a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para los ejercicios fiscales del 2010 al 2016, la presupuestación del ingreso federal por dichos períodos muestra un incremento en los tres impuestos más importantes del sistema tributario mexicano, refiriéndonos al impuesto sobre la renta (ISR), al impuesto al valor agregado (IVA) y al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), mientras que en la proyección del ingreso petrolero se exhibe un descenso (véase figura 1).
La anterior figura muestra el comportamiento de la presupuestación de los principales impuestos y del ingreso petrolero en México.
Como se puede observar en la figura anterior, hay un incremento considerable en las contribuciones impositivas más importantes del sistema tributario a partir del año 2014, mientras que, en correlación con el ingreso proyectado por la exportación del petróleo, se presenta una clara disminución a partir de este mismo período fiscal en la presupuestación de los ingresos del Estado mexicano. De igual forma, el comportamiento de los ingresos percibidos por el gobierno federal demuestra una similitud en correlación a su presupuestación en los rubros antes descritos (véase figura 2).
Como es de apreciarse, también en las principales fuentes de ingresos del Estado mexicano, las contribuciones más relevantes se han incrementado en correlación a la percepción por concepto del petróleo.
Es preciso señalar que, el comportamiento negativo de los ingresos por el concepto de IEPS en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, obedece a que el mayor aporte pecuniario por tal gravamen, se percibe por el consumo de productos petrolíferos primordialmente gasolina y diésel, escenario en el cual se presenta un ciclo de subsidio-carga tributaria-subsidio, es decir, a través de la transferencia de recursos públicos a favor de los consumidores mexicanos mediante el sistema de precios, presentándose así una tasa negativa de dicho concepto (Tépach, 2015: 6).
Teniendo en cuenta el contexto descrito, a continuación se describirán los medios electrónicos que la administración tributaria del Estado mexicano ha incorporado con el ánimo de establecer mayores controles sobre los contribuyentes y el incremento del recaudo de ingreso de fuente tributaria con miras a contrarrestar el descenso de los ingresos de fuente petrolera.
Como todo ente económico, también el Estado enfrenta factores internos y externos que influyen en la actualización de su estructura, así como en su actuación, modificaciones que se van presentando a través del tiempo en los aspectos que lo componen, por ejemplo, el cultural, político y económico y, por ende, el social.
De tal manera que al paso de los años se presentan nuevas realidades sociales que se originan ya sea por el progreso tecnológico, los cambios en la economía o la masificación poblacional creciente, estableciéndose así nuevas tareas para el Estado, en búsqueda de una estructura administrativa armónica que coadyuve en hacer realidad sus cometidos y se determinen por la realidad político-económica del mismo (Garcini 1986: 17-18).
Evidentemente, a través de la globalización, que llegó para quedarse, se ha establecido una interdependencia entre las naciones que se refleja en los flujos internacionales de bienes, servicios, capitales y conocimientos e incluso intercambio de información. Esto ha demandado grandes saltos sociopolíticos para la humanidad, que se encuentran relacionados con eventos científicos o tecnológicos, tales como los avances en la electrónica, en la informática, en la industria y las telecomunicaciones, entre otros (García 2011: 17, 61 y 62).
De ahí que, las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) han contribuido al progreso humano en el desarrollo de técnicas, procesos y dispositivos que el hombre ha perfeccionado en su historia, en los diferentes lenguajes, la escritura, el papel y la imprenta hasta llegar a las computadoras, programas de cómputo y redes de comunicación, permitiendo con ello crear, mejorar, preservar, compartir y distribuir conocimiento e información de manera precisa, acelerada y sin fronteras (Espinoza, Marín y Hernández 2012); tanto en lo individual, en lo empresarial y en lo gubernamental.
Es así, como adicional a las diferentes reformas que se han efectuado en México en materia fiscal, mediante las cuales se formalizaron modificaciones significativas en los diferentes regímenes fiscales manifestados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR); en el incremento de la tasa impositiva en zona fronteriza en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA); y en la ampliación de objetos gravados primordialmente en productos en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (LIEPS); se han introducido algunas con componentes de las TIC para consolidar la estrategia de lograr unos mayores ingresos fiscales, así como incrementar los controles sobre los contribuyentes.
En efecto, para el caso que nos ocupa, como parte de las estrategias de fiscalización de las operaciones comerciales realizadas por los empresarios o bien con el propósito de detectar actividades con recursos ilícitos mediante revisiones electrónicas, así como el de incrementar la base de contribuyentes, se han fundado una serie de modificaciones en el Código Fiscal de la Federación (CFF) que conciernen al uso de las TIC para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La génesis de los cambios en el ordenamiento jurídico en mención se encuentra en la reforma hacendaria que entró en vigor el 1º de enero del 2004, estableciéndose mecanismos permitidos por las disposiciones fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para efectuar un proceso de fiscalización más eficiente y aumentar la recaudación en correlación a ejercicios fiscales anteriores.
Entre los principales cambios se destacaron: la expedición de comprobantes fiscales por medios electrónicos en búsqueda de la sustitución de la factura en papel, el timbrado de la nómina de pago por sueldos y salarios a los trabajadores quedando de esta manera en formato digital, pero sobre todo el control por parte de la autoridad hacendaria de todos los comprobantes en formato XML(1) ya sean expedidos o recibidos por el contribuyente; contando de esta manera con la posibilidad de efectuar revisiones electrónicas con los documentos obtenidos en la base de datos de la propia administración.
En esta misma tesitura, para efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT, tales como la presentación de declaraciones provisionales y/o anuales, cambios al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la emisión de facturas electrónicas denominadas en la actualidad Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), entre otros tipos de movimientos y/o servicios necesarios para el sujeto pasivo y que se pueden efectuar en el portal electrónico de la dependencia en comento, se instituyó en el ordenamiento jurídico (CFF), la generación de la firma electrónica avanzada, la cual se ha modificado en su acrónimo o siglas FIEL, FEA y actualmente e-firma, misma que tiene una vigencia de cuatro años.
Al respecto en los numerales del capítulo II del CFF intitulado “Medios electrónicos”, describe: (…) “Artículo 17-D. —Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezcan una regla diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de otras firmas electrónicas (…). Se deberá contar con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (…). En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología”.
De tal manera, que según cifras del SAT al cierre del mes de agosto del 2016, se han tramitado por personas físicas y morales un total de 9.877.586 certificados por primera vez, mientras que se han gestionado y renovado la cantidad de 16.720.014 certificados para la e-firma como para efectos de la emisión de CFDI a la misma fecha (véanse figura 3 y 4).
En lo que concierne a la emisión de CFDI por parte de los contribuyentes, mismos que se encuentran en las bases de datos del SAT en los formatos de XML y PDF versión para imprimir, en correspondencia a los datos exhibidos por parte de dicha administración, al mes de agosto el número de emisores superaron los seis millones, mientras que, los comprobantes digitales suman la cantidad por encima de los 24 mil millones y medio de documentos digitalizados (véase tabla 1).
La contabilidad, sin duda representa la actividad en materia administrativa más utilizada en el desarrollo empresarial en el mundo para el registro de las operaciones económicas y la toma de decisiones; conceptualización que en la formación profesional del contador público o especialista en la materia se ha inculcado. Se cuentan con indicios históricos que dicho proceso surge desde las primeras civilizaciones en Mesopotamia y Egipto con los registros en las haciendas privadas y en los tesoros públicos, formalizándose mediante la primera obra impresa de contabilidad en Venecia en 1494 por el franciscano Fray Luca Paccioli (Mesa 2007: 4; Sánchez, Sotelo y Mota 2008: 1).
Respecto de la definición del término contabilidad, Flores (1964 [1999]: 9) la define como “(…) la disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles”, tales como los “bancos, industrias, comercios, e instituciones de beneficencia”.
En estos mismos términos, existen diferentes autores que definen dicho vocablo, quienes lo describen “como un arte, una ciencia, una disciplina, una técnica (…)” (Prieto 2014: 5) o un sistema, mediante el cual se miden las actividades de una organización a través del procesamiento de “datos hasta convertirlos en informes” (Horngren, Harrison, Oliver 2010: 2), mostrando los resultados que corresponden a un período de tiempo para la toma de decisiones.
Desde el punto de vista administrativo y financiero, la mayoría de los autores contemplan que la finalidad de la contabilidad es para efectos de control y toma de decisiones en función de la información generada a través de la misma; sin embargo, en correspondencia a los usuarios que pueden ocupar los resultados obtenidos mediante los registros e informes generados, su objetivo se ha ampliado a través de los tiempos al establecerse reglas en su forma de presentación como normas para efectos de fiscalización.
De ahí que, la informática(2) ha contribuido en gran medida en la técnica contable mediante el uso de los ordenadores y programas especializados para procesar y almacenar información y datos, coadyuvando en la minimización de costos a través de la automatización de procesos y facilitando así la información oportuna para la toma de decisiones a corto y a largo plazo; obteniendo de esta manera la contabilidad por computadora y las tecnologías de la información (Gonzales 2013: 15-17).
Pero, además, derivado de los cambios tecnológicos que han contribuido en el mundo globalizado al intercambio de información entre países, o bien por parte de los gobiernos estatales para efectos del control administrativo y tributario interno, se ha adoptado en algunas naciones el concepto de contabilidad digital o contabilidad electrónica a través de modificaciones en sus diferentes legislaciones fiscales.
Dicho término se deriva por las nuevas formas de efectuar transacciones comerciales a través de los avances tecnológicos y de la información que permiten formalizar las operaciones de una manera electrónica mediante la herramienta de internet, reemplazando así el uso tradicional de facturas y recibos en papel en documentos validados digitalmente (Ramírez 2008: 7), tal y como se describió con antelación lo relacionado a la emisión de CFDI por parte de los contribuyentes en México.
Después de las modificaciones al CFF que entraron en vigor a partir del 1º de enero del 2004 y que consistieron en la emisión de CFDI, uno de los cambios que se introdujeron al mismo ordenamiento tributario en la reforma hacendaria del 2013 para entrar en vigor en el 2014, consistió en la institución en el ordenamiento jurídico antes citado, de la obligación para las personas físicas y morales que de acuerdo con disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, en el envío de la “Contabilidad Electrónica (CE)”; deber que se ha implementado de manera gradual en correspondencia a la reforma al Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF), a las Reglas de Carácter General (RCG)(3) y/o a las diferentes Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (MRMF)(4)(5), situación que se presenta brevemente a continuación.
De acuerdo con el artículo 28 del CFF, que establece que las personas físicas o morales que se encuentren obligadas a llevar contabilidad, conforme a las demás disposiciones fiscales, deberán de ingresar de forma mensual su información contable a través de la página del SAT de conformidad con las RCG que emita dicha dependencia. De igual manera, en el mismo numeral se describe el contenido que integra la contabilidad para efectos fiscales (véase figura 5).
En esta misma postura y en correlación a lo que establece el numeral del CFF antes citado, en el capítulo IV titulado “De la contabilidad” en su artículo 33 del RCFF y que se divide en los apartados A y B se describen de una manera más detallada cada uno de los documentos que integrarán la CE, así como los elementos e información en los registros contables (véase tabla 2).
De igual manera, en la reforma que entró en vigor el 1º de enero del 2014, la autoridad preparó el medio a través del cual los contribuyentes enviarán la CE en formato XML, instituyéndose de esta forma la figura del “Buzón Tributario” (BT) en el CFF.
Cabe señalar, que en correspondencia a la “Exposición de motivos”(6) de la reforma hacendaria en estudio, manifiesta que el sistema tributario mexicano deberá avanzar en la simplificación administrativa en búsqueda de evitar el excesivo formalismo, no obstante, se fomente el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, a través del aprovechamiento de la tecnología.
Derivado de la gran cantidad de actos administrativos que realizan los contribuyentes ante el SAT de forma presencial, representando esto una alta inversión de dinero y tiempo tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo de la relación tributaria, mediante la utilización de los medios electrónicos y digitales permitirá la disminución en costos para ambas partes, así como de los vicios que se producen en las prácticas de las notificaciones. Por tal motivo, se crea la figura del BT, mediante el cual se busca establecer un sistema de comunicación electrónico sin costo y de fácil acceso para los contribuyentes, permitiendo la interlocución entre estos y las autoridades fiscales (Robles s.f.).
De tal modo que se instituye en el CFF en su artículo 17-K, que las personas físicas y morales inscritas ante el RFC, tendrán asignado un buzón tributario que consiste en un sistema de comunicación, mediante el cual se podrán realizar los siguientes movimientos (véase figura 6).
Por tal motivo, para el caso de cumplimiento de la entrega de la CE a las autoridades fiscales, los contribuyentes obligados a ello, deben enviar la información a través del BT que se encuentra en la página del SAT, utilizando para ello la herramienta de e-firma, de la siguiente manera:
Después de haber efectuado los registros contables en el sistema electrónico a elección del contribuyente y que cuente con las especificaciones necesarias en atención a la legislación vigente, se obtienen los archivos comprimidos de acuerdo con los esquemas solicitados por el SAT, para el catálogo de cuentas, balanza de comprobación, pólizas, auxiliares de cuenta o subcuenta. El sujeto pasivo deberá ingresar a la página del SAT en el apartado de trámites y servicios, seleccionando el BT, autenticándose a través de la FIEL o mediante usuario y contraseña, para posteriormente seleccionar el rubro de Aplicaciones contabilidad electrónica y envío.
A la postre, se elige la información que se va a enviar, indicando “envío mensual”, adjuntando los archivos correspondientes mediante la confirmación al sistema y una vez procesada la información se obtiene el acuse definitivo de aceptación rechazo (SAT) (véase figura 7).
Cabe señalar que, mediante distintas modificaciones en las reglas y/o a la miscelánea fiscal, se han establecido los plazos en los cuales se enviará la información contenida en la CE de personas físicas y morales, períodos que se han modificado por parte de las autoridades, así como los primeros documentos que serán solicitados de manera gradual, iniciando con el envío de la balanza de comprobación.
De igual forma, es preciso aclarar que, como parte de las medidas de la unificación en la estructuración de la información en la CE de los contribuyentes, la autoridad fiscal dio a conocer mediante la publicación en el DOF del 11 de julio del 2014 las características del contenido de la contabilidad por medios electrónicos, ampliándose dicha información mediante la emisión del DOF del 13 de enero del 2016 y que a continuación se muestra solamente en su contenido (véase tabla 3).
Es importante subrayar que para el caso de los contribuyentes que se encuentran tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) al instituirse dicha modalidad de tributación en la reforma fiscal que entró en vigor en enero del 2014, tales contribuyentes estarán obligados a utilizar el portal de “Mis Cuentas” para efectos de registro de sus ingresos y egresos, mismo que se encuentra disponible en la página del SAT, exceptuándose para dichos sujetos pasivos el envío de la CE. Asimismo, para el caso de la prestación de servicios profesionales y arrendamiento de bienes inmuebles pueden optar por utilizar el portal antes citado, siempre y cuando sus ingresos no superen los cuatro millones de pesos en un ejercicio fiscal. En esta misma tesitura, se encuentran las personas físicas dedicadas al sector primario e inscritas ante la modalidad del Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras conforme al artículo 74 fracción III de la LISR, siempre y cuando sus ingresos no sean superiores a 16 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización (UMA)(7), en atención a la RCG 1.8.1.20 para el 2017, publicada en el DOF del 23 diciembre del 2016.
De igual forma, se precisa que los impuestos en México se pagan en atención a las disposiciones fiscales, pero el registro de las operaciones en la contabilidad está sujeto a una serie de lineamientos contenidos en las Normas de Información Financiera (NIF) así como la revelación de la información en los estados financieros. Entre los criterios manifestados por dichas normas, se encuentra que, para el registro de las operaciones de las entidades económicas, es con base en el concepto de “lo devengado”; es decir, registrarse contablemente con la fecha que se realizan con independencia del momento en que sean cobradas o pagadas, característica también denominada en base a “flujo de efectivo”.
Sin embargo, existen operaciones fiscales que se deben de reconocer en el momento de su pago o cobro, presentándose así un escenario en el cual se deben de incorporar transacciones que constituyen ingresos o erogaciones deducibles para efectos fiscales, pudiendo no serlo para efectos contables, utilizando para ello cuentas de contabilidad de distintas partidas con un tratamiento predominantemente fiscal sin considerar su sustancia económica (Calderón, 2014: 59).
Para el caso de los corporativos que reportan en Generally Accepted Accounting Principles (USGAAP) o International Financial Reporting Standards (IFRS, por sus siglas en inglés) hacen su conversión de sus estados financieros a las NIF de forma anual, mientras que la RMF para el 2014, otorga la facilidad de reportar la contabilidad en el marco contable que aplique el contribuyente (León, 2014: 77) respetando lo instituido por el CFF.
Ciertamente, en los últimos años se han ejecutado acciones en la modernización de la administración tributaria en México, mediante la implementación de los medios electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Si bien es cierto, el cambio tecnológico por parte del Estado ha coadyuvado en la minimización de costos para ambas partes, al contar con la herramienta del internet y efectuar diversos trámites ante las autoridades fiscales, tales como: la presentación de declaraciones de pagos provisionales y anuales, declaraciones informativas, avisos y movimientos ante el RFC, pagos de contribuciones mediante transferencias electrónicas de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, solicitudes de devolución y/o compensación de contribuciones e incluso la interposición de los medios de defensa fiscal entre otras diligencias de una manera simplificada al poderlos efectuar en la comodidad en el domicilio fiscal del contribuyente.
Pero además, claro está que con los últimos cambios efectuados, primordialmente con las modificaciones al CFF que entraron en vigor en el 2004 y 2014, referentes a la obligación de la emisión de CFDI, el deber del envío de la CE, la utilización de la e-firma y el instrumento del BT; son en la actualidad instrumentos fundamentales para la autoridad hacendaria en el ejercicio de sus facultades de realizar revisiones electrónicas, potestad que ya inició. Es pertinente acentuar que, el ejercicio de tales reformas no ha sido un cambio de paradigma fácil, primordialmente para el sujeto pasivo, generando una serie de controversias ante los tribunales.
De igual forma, se reflexiona si dichas actuaciones legales son con el propósito de combatir la evasión, la simulación y, por ende, la defraudación fiscal, así como la detección de recursos de procedencia ilícita a través de los mecanismos de revisión en los movimientos efectuados en cuentas bancarias mediante depósitos en efectivo o cheque y transferencias bancarias, uso de tarjetas débito y crédito, emisión de CFDI y la información presentada en la CE. Asimismo, tales acciones son implementadas para mitigar los bajos recursos en materia de exportación de petróleo al presentarse un escenario externo adverso.
BT Buzón tributario
CIAT Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
e-FIRMA Firma electrónica
IEPS Impuesto especial sobre producción y servicios
LIEPS Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
LIF Ley de Ingresos de la Federación
LIVA Ley del Impuesto al Valor Agregado
MRMF Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal
RCFF Reglamento del Código Fiscal de la Federación
RCG Reglas de carácter general
RIF Régimen de Incorporación Fiscal
XML Extensible Markup Language = Lenguaje de marcas extensible
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(1) Significa lenguaje de marcas generalizado (Extensible Markup Language). Es un lenguaje usado para estructurar información en un documento o en general en cualquier fichero que contenga texto, como por ejemplo ficheros de configuración de un programa o una tabla de datos (Villate 2001: 1).
(2) Conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automático de la información por medio de computadoras.
(3) Una manera de proporcionar asistencia al contribuyente por parte de la autoridad hacendaria es publicando anualmente las resoluciones que establecen disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte del contribuyente a través de la resolución, mejor conocida como Resolución Miscelánea Fiscal.
(4) La miscelánea fiscal es un documento que no tiene carácter de ley, sino que contiene únicamente reglas que ayudan a la autoridad y al contribuyente a entender aspectos particulares de la ley.
(5) Estas reglas son las de subsanar posibles irregularidades contenidas en las leyes fiscales referentes al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Conceptos tomados de: http://finanzasy emprendedores. com/que-es-la-miscelanea-fiscal/
(6) Parte preliminar de una ley, reglamento o decreto en la que se dan a conocer las razones, justificaciones y/o motivos que la sustentan. En la exposición de motivos, los actores autorizados constitucionalmente para iniciar leyes —legisladores federales, Ejecutivo y congresos locales— presentan los argumentos que sustentan su propuesta para modificar, reformar, adicionar, derogar, abrogar o crear una ley. Tomado de Sistema de Información Legislativa (SIL). http://sil.gobernacion. gob.mx/Glosario/ definicionpop. php?ID=100
(7) La unidad de medida actualizada (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores (INEGI).