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Timestamp: 2019-10-21 00:33:20
Document Index: 261201371

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 31', 'artículo 260', 'artículo 86', 'artículo 260', 'artículo 150', 'artículo 121', 'artículo 155', 'artículo 86', 'artículo 20', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 42']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 150, de 20/09/2018
cve: DSCD-12-PL-150
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 150
Sesión plenaria núm. 143
- Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ("BOE" núm. 214, de 4 de septiembre de 2018). (Número de expediente 130/000038) ... (Página3)
- Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información. ("BOE" núm. 218, de 8 de septiembre de 2018). (Número de expediente 130/000039) ... (Página14)
Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial:
- Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, correspondiente al año 2016. (Número de expediente 245/000003) ... (Página25)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página33)
Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial. (Votación) ... (Página34)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página3)
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ... (Página3)
La señora ministra de Economía y Empresa (Calviño Santamaría) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Ten Oliver, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista, y López Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información ... (Página14)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Salvador García, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuestas de Resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial ... (Página25)
Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, correspondiente al año 2016 ... (Página25)
En defensa de las propuestas de resolución presentadas y de las enmiendas, en su caso, y para fijación de posición intervienen el señor Bataller i Ruiz y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Elizo Serrano, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y los señores Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista, y De Barrionuevo Gener, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se aprueba por 326 votos a favor más 5 votos telemáticos, 331, y 9 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 330 votos a favor más 5 votos telemáticos, 335, y 5 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, se aprueba por 314 votos a favor más 5 votos telemáticos, 319, y 21 en contra.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 335 votos a favor más 5 votos telemáticos.
Se someten a votación las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, correspondiente al año 2016.
Se levanta la sesión a las doce y veinte minutos del mediodía.
- REAL DECRETO-LEY 11/2018, DE 31 DE AGOSTO, DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS COMPROMISOS POR PENSIONES CON LOS TRABAJADORES, PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y REQUISITOS DE ENTRADA Y RESIDENCIA DE NACIONALES DE PAÍSES TERCEROS Y POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 130/000038).
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de trasposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros, y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 31 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Economía y Empresa. (Rumores).
Silencio, señorías.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.
Señorías, comparezco hoy ante el Pleno del Congreso para defender la convalidación del Real Decreto-ley de trasposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con
los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros, y por el que se modifica también la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se trata, como todos ustedes saben, del real decreto-ley ómnibus que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 31 de agosto con el objetivo de trasponer a nuestro ordenamiento diferentes directivas comunitarias. Se trata de normas de gran relevancia, ya que atañen a ámbitos tan importantes como los derechos de los trabajadores en relación con sus planes complementarios de pensiones, la prevención del blanqueo de capitales o la movilidad de los investigadores entre Estados miembros. Es muy importante, por tanto, clarificar cuanto antes la situación jurídica de los sujetos afectados por estas normas, ya que la falta de trasposición está generando incertidumbre e inseguridad a muchos ciudadanos y empresas. Pero, además, es urgente que llevemos a cabo la trasposición de las directivas que ya llevan retraso con respecto a la fecha máxima permitida, lo que ha motivado que la Comisión Europea dé inicio a procedimientos formales de infracción con respecto a las directivas que se incluyen en este real decreto-ley.
Todos ustedes saben cómo funcionan los procedimientos de infracción comunitarios en estos casos y creo que todos somos conscientes de que postergar el cumplimiento de nuestras obligaciones europeas puede acabar acarreando la imposición a nuestro país de cuantiosas sanciones. Ha ocurrido en el pasado y podría volver a pasar ahora, no solo por las directivas que son hoy objeto del debate, sino también por otra quincena de directivas por la que España ya tiene abiertos procedimientos de infracción; directivas pendientes que acumulan retrasos de incluso dos o tres años. En algunas de estas situaciones nos hemos encontrado con que el Gobierno anterior no había dado prácticamente ningún paso para proceder a la trasposición y, como he indicado desde mi primera comparecencia aquí en el Congreso, para nosotros es prioritario trasponer estas directivas pendientes. Fíjense, les voy a enseñar muy brevemente la hoja de ruta que utilizamos en el ministerio para controlar el estado de tramitación de las distintas directivas. (Muestra un documento). Esta es la situación que me encontré al llegar al ministerio, con un gran número de directivas que estaban pendientes incluso de iniciar los trámites de trasposición y algunas -en naranja- que ya estaban en trámite parlamentario. Afortunadamente, en solo tres meses nos encontramos en una situación en la que la gran mayoría ya están en tramitación parlamentaria y se han dado pasos decididos en la parte que compete al Gobierno, pero me gustaría desde aquí instar a todos ustedes a que juntos consigamos que antes de final de año una buena parte de ellas aparezcan ya en verde porque se haya terminado su trasposición. Lo cierto es que tenemos mucho trabajo pendiente y que los retrasos en la trasposición los acaban pagando los ciudadanos. Por tanto, se trata de un debate que puede sonar técnico, pero que es extremadamente importante, y por eso estoy muy satisfecha de haber podido finalmente venir aquí hoy a presentar estos reales decretos-leyes. La urgencia de la tramitación se explica por la cuestión de la trasposición que acabo de exponer.
Entrando al contenido del real decreto-ley, en primer lugar me referiré a la parte de este texto que aborda la trasposición de la directiva relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión. Esta directiva tiene como objeto último reducir los obstáculos a la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros. Actualmente, requisitos como la antigüedad o la edad suponen barreras para que un trabajador cambie de trabajo, ya que hacerlo antes de la jubilación puede suponer que pierda los derechos, que no se le reconozcan los derechos adquiridos de pensión complementaria, y eso puede disuadir a muchos ciudadanos de su decisión de cambiar de empresa para iniciar una actividad en otro Estado miembro.
Para eso la directiva actúa en tres vectores: en primer lugar, establece condiciones de adquisición de derechos económicos más favorables para los trabajadores en relación con los sistemas complementarios de pensión que voluntariamente tengan establecidos las empresas; en segundo lugar, favorece la consolidación de esos derechos económicos y su mantenimiento por parte del trabajador en caso de cese de la relación laboral antes de la jubilación; y en tercer lugar, se regula el derecho de los trabajadores a la información en esta materia, muy importante.
Para implementar estas mejoras en nuestro ordenamiento jurídico, el real decreto-ley modifica la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, aprobada en el año 2002. Esta disposición obliga a las empresas a instrumentar mediante seguros colectivos y planes de pensiones los compromisos por pensiones que asumen con sus trabajadores en relación con contingencias como la jubilación; sin embargo, se les deja total discrecionalidad a la hora de fijar los requisitos para poder mantener los derechos en caso de que el trabajador se vaya de la
empresa antes de jubilarse, es decir que, en definitiva, la protección de los trabajadores se deja al acuerdo bilateral entre las empresas y el trabajador del que se trate. Con la trasposición de la directiva se introducen nuevos límites y exigencias en relación con estos seguros colectivos. Concretamente, se limita a un máximo de tres años el periodo de antigüedad mínimo para consolidar los derechos de la empresa, se fija en veintiún años la edad mínima que se puede exigir para poder acceder a los correspondientes derechos y se regula el reembolso de las primas o aportaciones realizadas en caso de cese de la relación laboral antes de adquirirse los derechos. En concreto, en caso de cese de la relación laboral, se podrán reembolsar las primas o aportaciones realizadas por la empresa y el trabajador, se establece además el mantenimiento de los derechos que se hubieran adquirido cuando dicho cese tiene lugar y, finalmente, se impone un régimen de formación al menos anual al trabajador con respecto a todos estos derechos. Es decir, se trata de proteger a los trabajadores para que no pierdan los ahorros que se han acumulado en el sistema de pensiones. Por supuesto, a través de esta tramitación también protegemos los derechos adquiridos en los sistemas de previsión complementaria en vigor. Si tuvieran condiciones más favorables, deberán mantenerse. Todos los trabajadores podrán beneficiarse de estos derechos reforzados y hemos hecho uso de la posibilidad de la directiva para que, precisamente, estos derechos reforzados cubran los movimientos de trabajadores también dentro de nuestro país. Como último comentario, hay que precisar que los cambios solo afectarán en la práctica a los seguros colectivos cuyas primas no se imputan fiscalmente a los trabajadores, ya que en aquellos seguros en los que los trabajadores sí tributan como parte del salario ya estaban previstas todas estas salvaguardas. En definitiva, se trata de un proyecto de buena regulación para proteger los derechos de los trabajadores y fomentar su movilidad laboral impactando de forma positiva también en la competencia.
En segundo lugar, el texto del ómnibus traspone la cuarta directiva, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y también un artículo de la directiva de acceso a la actividad de las entidades de crédito y supervisión prudencial -la conocida como CRD4-, relativo al régimen sancionador aplicable a los incumplimientos de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Fíjense que estamos trasponiendo aquí la cuarta directiva y entretanto ya se ha adoptado una quinta directiva de prevención del blanqueo de capitales.
Esta directiva que hoy trasponemos establece medidas armonizadas a nivel comunitario para evitar que la libre circulación de capitales y la libre prestación de servicios financieros pueda facilitar el desempeño de actividades delictivas relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, una prioridad absoluta para este Gobierno y estoy segura que para todos los grupos políticos que están en la Cámara. Para ello, se exige a los sujetos obligados, que son entre otros las entidades financieras, que ejerzan un estricto control. Gran parte de estos requisitos ya fueron incorporados a nuestra legislación mediante la Ley de prevención del blanqueo de capitales de 2010, que incorporaba cuarenta recomendaciones del Grupo de acción financiera, el GAFI, de febrero de 2012. Pero aún faltaban por trasponer algunos principios que muy brevemente refiero. En primer lugar, se declara de alto riesgo a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras, sobre las que, por tanto, se ejercerán medidas de diligencia reforzada en todos los casos. Hasta ahora, se diferenciaba entre los ciudadanos de nuestro país y los extranjeros, y a partir de esta trasposición todos tendrán el mismo tratamiento. En el caso nacional, no supone una modificación del listado de personalidades con responsabilidad pública, sino un cambio del grado del tipo de medidas que se les van a aplicar. Para estimular las denuncias se establece un procedimiento de whistleblowing o de denuncia secreta, se creará en el registro mercantil un registro con todas las personas o entidades que presten determinados servicios a sociedades y fideicomisos, se reduce de 15000 a 10000 euros el umbral de pago en efectivo a partir del cual los comerciantes están obligados a cumplir con sus obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y, por último, se requerirán medidas de diligencia reforzada respecto de las relaciones de negocio que las entidades financieras mantengan con personas o entidades relacionadas con los países que la Comisión Europea ha incluido en su lista negra por considerar que tienen deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.
En materia sancionadora, el real decreto-ley cumple con la trasposición del artículo 67.1.o) de la Directiva CRD4, a la par que con las previsiones de la cuarta directiva de blanqueo, incrementando los límites máximos de sanciones a aplicar que en algunos casos podrán ascender al 10% de volumen de negocios total del grupo consolidado. También se realizan ajustes en materia de publicidad, contemplando la publicación de los casos más graves y la posibilidad de publicación anónima en el resto de los casos. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio. Hay tal murmullo que es difícil escuchar a la oradora.
La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta, porque estoy gritando. Muchas gracias.
El plazo de trasposición de la cuarta directiva de blanqueo venció el 26 de junio de 2017 y actualmente el procedimiento de infracción se encuentra en la fase de dictamen motivado, que es el paso previo a la formalización de la demanda ante la justicia de la Unión Europea. Más grave aún es el caso de la CRD4, que tenía que estar traspuesta a 31 de diciembre de 2013. Sin embargo, el grueso de la directiva sigue pendiente de la tramitación de una proposición de ley que se encuentra en esta Cámara. No quiero volver a insistir en el tema mencionado al principio de mi intervención, pero, como todos ustedes saben, la Comisión Europea tiene una nueva aproximación en el tema de las trasposiciones de directivas y ya no va a desistir de la demanda, incluso en el caso de que se proceda a la trasposición, es decir, que con total seguridad se nos va a imponer una multa si nos llevan finalmente ante el Tribunal de Justicia. Por esa razón, urge trasponer estas directivas, pero desde la perspectiva de la sustancia también, porque estamos hablando de temas muy serios, como son la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La cuarta directiva que se traspone, que viene de un ámbito muy distinto -por eso el real decreto-ley ómnibus-, se refiere a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair. Se trata, por tanto, de una medida que afecta muy directamente también a los derechos de las personas. El objeto de la directiva, que debería estar traspuesta desde el pasado mes de mayo, es mejorar la posición de la Unión Europea y, por tanto, de España en la competencia mundial para atraer talento y promover su posición como centro mundial de excelencia para estudios y formación. Para ello, esta norma elimina barreras migratorias y facilita la movilidad y el empleo para que podamos aprovechar al máximo las oportunidades de migración legal. Aunque buena parte de las disposiciones de la directiva ya están recogidas en nuestro ordenamiento jurídico, la trasposición de la norma comunitaria nos ofrece una buena oportunidad para suprimir ciertas barreras migratorias o cargas administrativas de los procedimientos de admisión y residencia que aún persisten. Por eso, mediante este real decreto-ley, se modifica la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización para introducir ciertos ajustes para la atracción y retención de estudiantes internacionales, la participación en programas en prácticas y la admisión de estudiantes internacionales y su movilidad. En concreto, se crean dos tipos de autorizaciones de residencia que permitirán a los titulares compatibilizar la investigación con la docencia y también la estancia en nuestro país de sus familias; se regula el derecho a la movilidad dentro de la Unión Europea, de modo que las entidades establecidas en otros países puedan desplazar a España a los extranjeros titulares de una autorización de residencia; se agiliza todo el proceso de obtención de autorizaciones de residencia mediante la inscripción en la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos de las entidades dedicadas a la investigación; se permite a los extranjeros permanecer en España doce meses después de finalizar su actividad investigadora para buscar trabajo o emprender; se crea una autorización de residencia de doce meses, una autorización de residencia para prácticas de seis meses renovables durante otros seis para extranjeros que hayan obtenido un título de educación superior en los dos años anteriores; y se prevé el acceso a la situación de estancia por estudios a través de una autorización sin visado para extranjeros que se hallen regularmente en España. Se trata por tanto de una migración altamente cualificada, que genera un valor añadido muy importante en términos de crecimiento potencial para nuestro país y que, además, mejora nuestra imagen y reputación internacional. Se trata de un proyecto que ha sido muy protegido y muy querido por el ministro de Ciencia.
Por último, el real decreto-ley introduce dos asuntos adicionales que no son trasposición de directivas: la modificación de la Ley de régimen jurídico de movimientos de capitales y transacciones económicas en el exterior, para elevar de tres meses a un año el plazo para resolver los expedientes sancionadores, alineando así el plazo con el resto de procedimientos que se instruyen en virtud de la Ley prevención de blanqueo de capitales, y la ampliación en dos años, hasta 2020, el plazo inicial de entrada en vigor de las previsiones relativas a la puesta en marcha de la Administración electrónica, puesto que es preciso tomar medidas adicionales para garantizar la interoperabilidad con los ciudadanos, que sea también respetuosa con los diferentes ámbitos de competencias de las distintas administraciones públicas y que además garantice la necesaria seguridad jurídica.
Señorías, termino ya después de esta exposición, que ha sido larga porque las normas que hoy traíamos para convalidación parlamentaria son muy importantes, tienen un carácter técnico, pero además tienen influencia sobre la vida de las personas. Como han podido comprobar este real decreto-ley incluye temas de variada índole, pero todos ellos importantes, para fomentar la movilidad laboral, consolidar derechos de los trabajadores y luchar de forma más eficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo. En la preparación de estos textos han colaborado varios ministerios, a los que tengo que agradecer su actitud negociadora, y quiero hacer también extensible mi agradecimiento a los grupos parlamentarios que ya nos han manifestado su intención de votar a favor de la convalidación, porque creo que es muy importante que vayamos convirtiendo en verde esta tabla de las directivas pendientes de trasposición, sobre todo por lo que a mí respecta en el ámbito del Ministerio de Economía y Empresa. En cualquier caso, estamos dispuestos a que este real-decreto ley se tramite como proyecto de ley. Espero que eso no suponga un retraso y que antes de final de año podamos ver la convalidación en verde, como he señalado.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Como ha subrayado la ministra de Economía y Empresa, estamos ante un real decreto-ley muy amplio y muy relevante, a cuya convalidación daré mi voto favorable a la par que me permito subrayar algunas cuestiones sobre las materias de las que trata.
Esta es una trasposición de directivas que es urgente y que en el primero de sus títulos acomete el respaldo a los derechos de los trabajadores europeos cuando son objeto de movilidad laboral y también a los trabajadores españoles cuando la movilidad se produce dentro del territorio nacional, por lo que es preciso actualizar la legislación a tenor del fenómeno de la movilidad laboral, que en el caso del ámbito europeo ha alcanzado cifras muy altas en la última década, lo que nos obliga a adoptar medidas para preservar los derechos de estos trabajadores, y eso también afecta a los derechos relativos a sus pensiones de jubilación. En tal sentido, las nuevas medidas inciden en la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión para la jubilación, con lo que a partir de ahora se habilitan mecanismos para restringir las trabas que por edad y antigüedad en la empresa mermaban la adquisición de derechos ante una movilidad. Es decir, uno de los aspectos a destacar es el relativo a la mayor seguridad de los derechos de pensión consolidados del trabajador.
La convalidación afecta también a los instrumentos para prevenir el blanqueo de capitales, en los que España acomete mejoras respecto a las propias directivas europeas en una materia en la que nuestro país viene atendiendo a los estándares globales contenidos en las recomendaciones del Grupo de acción financiera GAFI. Asimismo, el real decreto-ley acomete trasposiciones de directivas relativas a los requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros con diferentes fines de investigación, estudios, prácticas, etcétera, y varias modificaciones legislativas relativas al régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. También se amplían los plazos que nuestra Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas otorgó para adaptar paulatinamente diferentes registros electrónicos, apoderamientos, empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico a la Administración y archivo único electrónico.
Con todo ello estamos de acuerdo y, por eso, el voto de Foro, señora presidenta, será favorable.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
Señorías, señora ministra, le debo reconocer su empeño y su constancia en el objetivo de intentar cumplir con los plazos para la trasposición de las directivas. Ciertamente, vamos con retraso, pero algunos de estos retrasos no se van a recuperar, ya que algunas de las directivas que trasponemos hoy -vamos a intentar validar el real decreto-ley y así trasponerlas- tienen un retraso de un año o dos que no vamos a evitar. En todo caso, se lo reconozco.
Dicho esto, también le hacemos una petición, que el empeño de ponernos al día no nos impida mejorar sustancialmente nuestra legislación, no solo en el ámbito de la trasposición, sino en los temas en los cuales se traspone poder hacer alguna mejora adicional. Entiendo que esta fórmula del real decreto -que, como usted puede entender, a nosotros no nos gusta- puede ser válida si se muestra la predisposición a tramitar estos reales decretos-leyes como proyectos de ley a posteriori. Por tanto, en este caso y en el siguiente, lo vamos a solicitar y, a su vez, lo vamos a apoyar.
Dicho esto, vamos a votar favorablemente en este caso este real decreto-ley. Entendemos que las tres trasposiciones son más técnicas que políticas y que favorecen a nuestros ciudadanos, y por tanto estamos en esta posición. Tan solo le haré algún comentario. Creo que esto también se puede resolver mediante la tramitación como proyecto de ley. Por ejemplo, en la trasposición de la cuarta directiva para la prevención del blanqueo de capitales entendemos que no se ha hecho una trasposición íntegra y que se ha perdido alguna oportunidad. Como usted ha dicho, en estos momentos ya tendríamos que estar trabajando en la trasposición de la quinta, por lo que quizás se reserven algunos temas que se solapan a esta quinta, pero, por ejemplo, lo que establece el artículo 31 de la directiva respecto al registro central de titulares reales, sabiendo que es un tema que no es fácil y que genera una cierta polémica en diferentes ámbitos, debería haberse afrontado en este real decreto y en esta trasposición. En todo caso, vista la disposición del Gobierno a que sea tramitado como proyecto de ley, vamos a apoyarlo y ya le avanzamos que vamos a presentar algunas enmiendas en dicho trámite.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on. Buenos días, señorías, señora ministra.
Este real decreto-ley tiene por objeto trasponer a nuestro derecho interno varias directivas europeas, que es verdad, como ha dicho la ministra, que acumulaban un importarte retraso y que, por tanto, permitirán cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión. Son los relativos a los compromisos por pensiones con los trabajadores, a prevención del blanqueo de capitales y a requisitos de entrada y residencia de nacionales, investigadores y estudiantes extranjeros.
La exposición de motivos justifica el empleo del real decreto-ley, no solo por el retraso en las trasposiciones de estas directivas, sino también porque conlleva un importante riesgo de multa, sobre la base de lo establecido en el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Celebramos que el nuevo Gobierno tenga entre sus prioridades finiquitar estos retrasos y celebramos también su disposición a la trasposición de directivas en plazo, cosa que hasta ahora no se ha estado cumpliendo. Entendemos que de ahora en adelante este Gobierno lo cumplirá y, además, otorgando a los grupos la capacidad de debatir y opinar acerca de las materias y asuntos de los que traen causa, para lograr así la mejor adaptación posible de las distintas directivas en nuestra legislación.
Mi grupo ha criticado mucho, sobre todo en el último año, el retraso en la trasposición, así como el uso excesivo del real decreto-ley. No se puede afirmar la concurrencia de extraordinaria urgencia que exige el precepto constitucional, porque las directivas conllevan una situación más que previsible, ya que las fechas de trasposición de las mismas suelen ser conocidas. Por tanto, se debería dejar de utilizar también a Bruselas como una amenaza en este sentido.
Tampoco entendemos muy bien el uso de un solo real decreto-ley para la regulación asistémica en una misma norma de tres directivas, así como para la modificación de la Ley 39/2015, por la que se retrasa la entrada en vigor de las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general y electrónico de la Administración, y de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y sus transacciones económicas con el exterior, ya que supone una vulneración del orden sistemático del ordenamiento jurídico, incurriendo, a lo mejor, en un problema de inseguridad jurídica, y obligando a cada grupo a posicionarse una sola vez ante materias muy diferentes. Esto, en algún caso, puede llegar a complicar el voto a emitir y, en el fondo, no nos parece una buena práctica legislativa. Esto en cuanto a la forma.
En cuanto al contenido, entendemos que se trasponen de manera correcta las tres directivas. Además, se trata de materias muy técnicas. En materia de protección de los compromisos con los trabajadores, se establecen las condiciones de adquisición de derechos económicos más favorables para los trabajadores,
sobre todo las relacionadas con los compromisos asumidos por las empresas en cuanto a pensiones para la jubilación. También se favorece la consideración de derechos económicos de los trabajadores en los sistemas de previsión complementaria y se regula el derecho de los trabajadores a la información relativa a la adquisición de derechos derivados de los compromisos por pensiones. En cuanto a medidas para la prevención de blanqueo de capitales, es verdad que la norma perfecciona los mecanismos a implementar por los sujetos obligados para prevenir blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. (Rumores).
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Son actividades ilícitas que, normalmente, se caracterizan por la capacidad que tienen de adaptarse a los mecanismos de control y prevención, por lo que la adecuación de la norma a este escenario cambiante es muy adecuada y, además, es un elemento muy importante para la eficacia del sistema. Se incorpora la obligación de aplicar medidas de diligencia debida reforzadas; se endurece el régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública; se reduce el umbral en la utilización de efectivo a los comerciantes; se adaptan los límites sancionadores a los umbrales previstos por la Unión; hay nuevas normas en materia de publicidad y un sistema de comunicación o denuncia de infracciones de naturaleza confidencial; y se crea la obligación del registro prestador de servicios a sociedades y fideicomisos. Con respecto a las medidas relativas a los requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio alumnos o proyectos educativos y colocación au pair, entendemos que significan mejores y mayores oportunidades para estudiantes y profesionales extranjeros en España y, además, se trata de promover la migración legal y, sobre todo, cualificada. Así, se amplía el límite máximo de duración de las autorizaciones de estancias, se modifican los requisitos para obtener las autorizaciones y el procedimiento de solicitud.
Dicho todo esto, mi grupo va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley, pero también entendemos que no se debe obviar que ni los requerimientos del principio de seguridad jurídica, ni los elementos legitimantes del uso del real decreto-ley, ni la jurisprudencia constitucional, ni la falta de diligencia en la transposición de directivas constituyen circunstancias que deben ser puestas de relieve, como ha hecho hoy también la ministra.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidenta.
Señorías, señora ministra, este Real Decreto-ley 11/2018 que nos trae hoy es un auténtico recopilatorio; usted lo decía, una ley ómnibus. Yo la llamaría un popurrí de temas. No sé si se acuerda del disco Boom; los más jóvenes sí nos acordaremos de este disco. (Muestra la portada de un disco de música). En 1985 recopilaba estilos tan diversos como David Bowie, los Scorpions, Mecano, Miguel Bosé, Rocío Jurado; cómo no, también al rey del verano, a Georgie Dann. (Aplausos). Es decir, que no tenían nada que ver, pero tenían un punto en común y es que, evidentemente, eran los éxitos musicales del año. Pues bien, hoy nos trae aquí usted este real decreto-ley boom, popurrí, un refrito de directivas, de normativas obligadas a trasponer en nuestro ordenamiento jurídico, basándose en el artículo 86 de nuestra Constitución española: de extraordinaria y urgente necesidad. Y es que todos tienen una cosa en común: el incumplimiento reiterado de los plazos de trasposición y, por tanto -y usted lo decía al inicio- de procedimientos de infracción en función del artículo 260 del tratado de funcionamiento. Y es que, señorías, España encabeza el ranquin de multas por incumplimientos comunitarios. Según la Unión Europea, somos el país que más directivas tiene pendientes de trasposición, en concreto treinta y una, y más de la mitad están vencidas. Por cierto, señora Calviño, su ministerio de Economía y Empresa es el departamento con más tareas pendientes y además con retrasos por encima de la media. Tardamos doce meses más en trasponer directivas que el resto de los países comunitarios, por lo que el 70% de las sanciones -ojo, el 70% de las sanciones- de la Unión Europea recae en el Reino de España. Hablamos de 54 millones de euros en estos últimos años y la amenaza, además, de 95 millones de euros por incumplimiento de la legislación hipotecaria. Quizás no les parezca importante esta cantidad, pero recuerden, señorías, que esta cantidad supone más de diez años de los gastos de personal de todas sus señorías. Lamentablemente, somos campeones en precariedad laboral; somos campeones en déficit
público, en desempleo, y ahora somos campeones en pagar sanciones a la Unión Europea por esta incompetencia del Gobierno de incumplir los plazos. Y yo me pregunto: cuando un ciudadano comete una sanción, ¿quién lo paga? ¿Lo paga el ciudadano, lo paga el Estado? ¿Acaso el dinero público no es de nadie? Me da la sensación de que muchos de ustedes piensan como la vicepresidenta del Gobierno, y esto es un síntoma mucho más grave. Estoy hablando de la parálisis del bipartidismo. Si me permiten, señorías, durante estos dos años, tras dos elecciones consecutivas, hemos visto a un PP arrastrando los pies por la lucha por la regeneración sin combatir el fraude y la corrupción. Sin embargo, ahora, con un Gobierno débil de ochenta y cuatro diputados del doctor Sánchez, dependiente de populismos y nacionalismos, vemos que es incapaz de acometer los grandes retos del mercado de trabajo, de la educación, de la financiación autonómica y la regeneración política y, además, plantea últimamente argucias legales para modificar esa Ley de estabilidad presupuestaria que, además, el Tribunal Constitucional en catorce ocasiones ha sentenciado este fraude de ley. Sinceramente, señorías, solo hemos visto cortinas de humo. Eso sí, los únicos grandes cambios fueron cuando cambiaron los altos cargos y media ejecutiva colocada del Partido Socialista, los llamados dedazos del doctor Sánchez.
Señora ministra, nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos votará a favor de este real decreto por la necesidad de evitar estos expedientes sancionadores, pero, desde luego, va a solicitar la tramitación como proyecto de ley, pues entendemos que si entramos en detalle en cada uno de los títulos, se podría mejorar ampliamente esta regulación. Le pondré un ejemplo rápidamente, el real decreto consta de cinco títulos. El título I, la Directiva relativa a la mejora de la movilidad de los trabajadores y su derecho a pensión entre Estados miembros, que está vencida desde mayo de 2018. El título II es el relativo a la prevención de blanqueo de capitales, que venció -ya lo ha dicho- en junio de 2017 y carece, además, de la obligación de mantener un listado actualizado de paraísos fiscales. Aunque quizá eso sea mucho pedir al Partido Socialista, fueron ellos quienes quitaron a Panamá de la lista de paraísos fiscales y, además, realizó dos amnistías fiscales. El título III es el relativo a los requisitos de entrada y residencia de extranjeros, que también venció en mayo de 2018. Y el título IV, la modificación de la Ley 19/2003, sobre movimiento de capitales. Por cierto, tenemos una proposición de ley muy similar de Ciudadanos para la lucha contra la corrupción que está paralizada en fase de ponencia. Y en último lugar, el título V, el gran fracaso, el gran fracaso de la Administración electrónica; dos años más van a retrasar la Administración electrónica. Y no solo lo digo yo, lo dice la Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas, que advierte -abro comillas- de que no hay una planificación de recursos humanos y económicos y que sin esta no se lograrán los objetivos fijados. Por tanto, señorías, los ciudadanos sufrimos una inactividad del Gobierno; sufrimos que ello imposibilita la agilidad de los trámites administrativos, además de reducir este gasto superfluo. Y es que yo les veo mucho más interesados, señora ministra, en aumentar los impuestos que en reducir los gastos.
Termino, señora presidenta. En definitiva, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos votaremos a favor de este popurrí de normativa -como llamo yo- para evitar este alto coste económico por el pago de las sanciones de estos retrasos legislativos y porque, además, mejoran las condiciones de los trabajadores, de los pensionistas e incluso de los denunciantes. Además, insisto, solicitaremos -y ya lo trasladamos a la Mesa ayer- esa tramitación de proyecto de ley para poder enriquecer y enmendar este real decreto, y es que es nuestra obligación impedir seguir siendo campeones en recibir sanciones de la Unión Europea. También debería ser la suya, señora ministra. Recuerden, señorías, el dinero público sí es de todos.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
El real decreto que hoy debatimos para su convalidación recoge la trasposición de tres directivas europeas de temáticas muy distintas pero que tienen algo en común, y es que las tres han sobrepasado la fecha tope que los Estados miembros tenían para trasponerlas a su ordenamiento jurídico. Tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo merece la pena reflexionar por qué cuesta tanto trasponer algunas directivas y por qué la trasposición con retraso es algo habitual. Agradezco a la ministra la información sobre las directivas pendientes y la voluntad de acelerar este proceso.
Dicho esto, paso a analizar cada uno de los títulos de este heterogéneo real decreto. En el título I, la Directiva para reforzar la movilidad de los trabajadores en lo relativo a los derechos complementarios de pensión es, sin duda, una línea legislativa importante, dado que la generalización e importancia que estos instrumentos están adquiriendo en muchos países exige una mayor armonización de las regulaciones nacionales. Este real decreto afecta principalmente a los seguros colectivos que articulan compromisos por jubilación, a cuya redacción se le pueden hacer algunas consideraciones críticas. En primer lugar, quedan al margen de la norma aquellos contratos de seguro que no prevén la adquisición de derechos de pensión en el caso de extinción de contrato, que puede generar diferencias protectoras en aquellos seguros que no tengan, efectivamente, los derechos de pensión. En segundo lugar, se da escaso protagonismo a los interlocutores sociales. Sin embargo, sí que valoramos positivamente que mientras la directiva era solo de aplicación cuando hubiera movilidad entre Estados miembros, el real decreto amplía la aplicación de la norma de la directiva a la movilidad interna.
En el título II, relativo al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, debemos tener en cuenta que la persecución del blanqueo de capitales tiene un marcado carácter supranacional y requiere la colaboración de los Estados miembros para no generar espacios de impunidad. Por ello, es importante que la trasposición de la directiva se haga en tiempo y forma de manera armonizada en toda la Unión Europea. Es algo que España no ha hecho, bien sea por dejadez, por desinterés, pero que nos ha supuesto una apertura de un procedimiento formal de infracción abierto. El real decreto prevé la creación de un registro para personas físicas o jurídicas prestadores de servicios a sociedades, en el que habrá de incluirse información sobre los tipos de servicios y el titular último de las sociedades. Nuestro grupo está siempre a favor de que haya mayor transparencia, especialmente en lo relativo a operaciones que puedan ayudar a la prevención del blanqueo de capitales. Es cierto que ha habido algunas críticas a esta regulación, entre ellas las del Consejo General de la Abogacía, que considera que esta norma es excesiva y desproporcionada, opinión a la que, según nuestro grupo, caben ciertas matizaciones. En primer lugar, que las nuevas obligaciones no suponen grandes novedades en cuanto a las personas jurídicas y sociedades profesionales, porque ya existían, ni tampoco al tipo de información que deben proporcionar. Por tanto, la principal novedad está en lo relativo a la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas, y es en este punto donde vía reglamentaria sí se podrían desarrollar las disposiciones necesarias para evitar duplicidad de obligaciones que aumente la carga administrativa de las personas que ejercen la abogacía.
El título III, relativo a los requisitos de entrada y residencia de nacionales de terceros países, es una directiva que entra completamente dentro del objetivo político de la Comisión Europea de hacer de la Unión Europea un espacio atractivo para perfiles formados y cualificados, especialmente en el ámbito científico y tecnológico. Lamentamos que sea una trasposición de mínimos, ya que la directiva dejaba en manos de los Estados la decisión de incluir o no lo relativo a las personas en programas de intercambio, proyectos educativos, voluntariado diferente al servicio europeo y la colocación au pair, colectivos que finalmente no han sido incluidos en el real decreto. Sin embargo, lo que más nos llama la atención de la trasposición de esta directiva es que se haya hecho en dos normas. Por una parte, en lo relativo a las personas investigadoras se ha hecho mediante la modificación de la Ley de emprendedores, mientras que el resto de colectivos, estudios, prácticas y voluntariados del servicio europeo se traspone mediante la modificación de la Ley orgánica de extranjería y su reglamento. Esta técnica jurídica es discutible, porque supone una dispersión de las normas jurídicas de extranjería según el colectivo del que se trate. En este sentido, nos surgen varias preguntas: ¿Vamos a sectorializar la política migratoria? ¿Vamos a regular la entrada y permanencia en leyes sectoriales sobre la base de la actividad económica que estas personas van a desarrollar en la Unión Europea? Señorías, nuestro grupo no comparte en absoluto esta política migratoria selectiva basada en criterios de excelencia y no en derechos humanos, lo cual nos obliga a plantear reflexiones de fondo que van más allá del real decreto. ¿Qué hace que unas personas sean más merecedoras que otras de tener facilidades para permanecer y trabajar en nuestro país? ¿Cómo se valora la aportación a la sociedad de acogida? ¿Qué es más valioso para nuestra sociedad, un ingeniero desarrollando armas inteligentes o una cuidadora que ayuda a las familias con sus personas dependientes? (Aplausos). Sin duda, nuestro grupo está a favor de facilitar los procesos de las personas que se quieran instalar en nuestro país y atraer perfiles formados y cualificados para los retos científicos y tecnológicos que tenemos por delante, pero, por favor, no caigamos en la simplicidad de creer que los procedimientos administrativos son la principal barrera que tienen las personas investigadoras o los estudiantes para instalarse en España. Recordemos, por ejemplo, que las convocatorias y formularios oficiales no están en
inglés, a muchos de ellos solo puedes acceder si eres titular de un DNI; o simplemente las gestiones que tienes que hacer en registros físicos para ciertas solicitudes. También hay cuestiones estructurales que no podemos obviar. No esperemos ser atractivos para personas investigadoras mientras no haya un compromiso y una estabilidad en la financiación de nuestro sistema de I+D+i, mientras no exista una carrera investigadora que permita estabilizar a los profesionales de la ciencia y, sobre todo, mientras la precariedad sea la principal característica de nuestro mercado laboral también para perfiles cualificados.
No tenemos ninguna objeción que hacer al título IV ni al título V. En resumen, nuestro grupo valora positivamente las aportaciones de este real decreto a nuestro ordenamiento jurídico y está de acuerdo, aunque con matices, con la trasposición que se hace, por tanto, votaremos a favor y votaremos también a favor de la tramitación como proyecto de ley para mejorar la redacción del título I e incluir en el título III los colectivos que el real decreto deja fuera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peña Camarero.
La señora PEÑA CAMARERO: Muy buenos días. Gracias, presidenta.
Señora ministra, señorías, desde el Grupo Socialista pedimos hoy el voto favorable a la convalidación del Real Decreto-ley 11/2018 que pretende trasponer tres directivas europeas que estaban pendientes, como se ha dicho aquí, de ser incorporadas a la legislación española. Les digo que estaban pendientes y además con riesgo de multa importante, lo que perjudicaba los intereses de nuestro país, porque ahora son las multas lo que antes fueron las sorpresas, sorpresas como la última, que nos hemos encontrado con un agujero presupuestario de 5500 millones de euros, o los 420000 millones de euros de deuda, o la hucha de las pensiones vaciada. Ahora son las multas, muchas multas. Porque ustedes, el Partido Popular, de Europa no quieren y rechazan el fruto de la negociación de este Gobierno que ha conseguido 6000 millones de euros más para invertir en nuestros ciudadanos, en recuperar derechos y en políticas sociales, pero sí han aceptado, sin mover un dedo, todas las comunicaciones de multa y denuncias millonarias que durante estos años y por su escasa atención nos han dirigido desde Bruselas. Así pues, si nos pusiéramos a hablar de herencia, no tendríamos notario que anotase tanta deuda. En el caso de hoy son numerosos los expedientes de sanción de las instituciones comunitarias que nos acechan por no trasponer a tiempo la legislación europea.
Les decía que les pedimos su apoyo en una serie de medidas que pretenden reforzar los derechos de los trabajadores, fortalecer sus pensiones, atraer talento y tener tolerancia cero con el blanqueo de capitales. Es un real decreto heterogéneo, cierto, pero que contiene medidas de gran impacto. Una primera que busca reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros, garantizando derechos, que los trabajadores puedan mantener sus seguros colectivos en caso de cambio de empleo o reducir trabas a la adquisición de los derechos complementarios de la pensión para la jubilación, por ejemplo, porque es verdad que son muchas las dificultades de miles de españoles que han tenido que irse en los últimos años ante la imposibilidad de tener un futuro aquí. Hoy, con esta trasposición, avanzamos en garantizar sus derechos porque este Gobierno sí ha asumido la responsabilidad que tiene con ellos y ellas: hacer posible que vuelvan con ese plan de retorno que se pondrá en marcha en breve y, mientras tengan que estar fuera, que sientan que su país está con ellos, y eso se hace también, por ejemplo, devolviéndoles el derecho de la sanidad que el Partido Popular les quitó en 2012. Eso también es la universalización de la sanidad que el Gobierno acaba de recuperar para todos aquellos españoles que tuvieron que salir a buscarse la vida y que cuando volvían a casa con sus familias a nuestro país se quedaban sin protección sanitaria. Recuperaron la atención sanitaria también hace escasos quince días todos aquellos españoles que en los sesenta y en los setenta tuvieron que irse a trabajar a diferentes países europeos y que al volver a España a disfrutar de su pensión, sobre todo y fundamentalmente las mujeres, tampoco tenían este derecho sanitario.
En segundo lugar, se adapta la Directiva de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, endureciendo, como bien decía la ministra, el régimen de sanciones y ampliando los canales de denuncia. Por cierto, esta es una norma que al no haberse traspuesto a tiempo y en forma tenía un dictamen motivado con una multa de 100000 euros diarios para nuestro país. Saben que compartimos que los retos en la lucha contra el nuevo terrorismo, el ciberterrorismo y la seguridad integral necesitan de la armonización de estas normas que suponen un gran avance en la lucha común europea contra la financiación de la delincuencia organizada, un paso importante para reducir los sistemas de blanqueo de
capitales y, de esa manera, combatir las amenazas terroristas asociadas al uso de las nuevas tecnologías en las transacciones financieras.
Finalmente, una tercera iniciativa para mejorar nuestra posición y poder atraer talento, convertirnos en centro de excelencia para estudios y formación, para facilitar la labor a los investigadores, a los estudiantes internacionales que, una vez terminados sus estudios, quieren emprender un proyecto empresarial. Este Gobierno lo ha dejado claro: el futuro se construye bajo el denominador de la innovación y del talento, y no, como hasta ahora, de la devaluación de salarios y de convertirnos en un país de trabajadores low cost.
En definitiva, ¿qué demuestra este Gobierno asumiendo con urgencia esta normativa? Su clarísima vocación europeísta, su responsabilidad con las instituciones, de las que formamos parte, pero sobre todo con los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque además, seamos sinceros, la situación a este respecto es complicada, claro que sí. Cada vez que movemos un papel, levantamos una carpeta o abrimos un cajón, encontramos arrugadas varias directivas de importancia que no habían sido traspuestas y que además ponían a España en riesgo de multa por parte de la Comisión Europea. Desde el punto de vista de la responsabilidad política, no hay ninguna razón que justifique el incumplimiento de España de la trasposición de estas directivas, porque no podemos seguir incumpliendo obligaciones y plazos. Señorías, ¿saben cuántas directivas europeas ha dejado el Gobierno del Partido Popular pendientes de trasposición? Setenta y dos. ¿Saben cuántas tienen el plazo vencido? Veintiséis. Y de estas, ¿cuántas tienen un proceso de infracción abierto? Veintitrés. Además, en el primer semestre de este año, ¿saben cuántos avisos nos ha dado la Comisión Europea? Diecinueve avisos, y hemos llegado a tres denuncias. Así que creemos en el Grupo Parlamentario Socialista que esto ya es suficiente. España no puede seguir conjugándose en Europa con multas millonarias, con sanciones coercitivas, con procesos de infracción, con denuncias ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o quizás algunos del anterior Gobierno deberían explicar que, si no fuera porque este Gobierno actual ha asumido y ha tomado las riendas, estaríamos a punto de recibir multas de 49000 euros diarios, otras de 106000 euros diarios e incluso de 124000 euros por cada día de demora en cumplir con nuestra obligación. No queremos conjugar con eso. Tampoco, como dice el señor Casado, en este país queremos conjugarnos en Europa con apoyos a Gobiernos como el del ultraderechista Orbán, claro que no queremos. Así que, por suerte para los españoles, hoy tenemos un presidente que cumple con sus obligaciones y que desde el primer momento ha dejado claro que la partida para que gane España se juega cumpliendo en Europa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Señora presidenta, señorías, asistimos hoy a la convalidación del Real Decreto-ley de trasposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Si nos guiásemos por este título amplio y extenso, podríamos llegar a pensar que después de más de cien días, por fin el Gobierno del señor Sánchez podría estar empezando a dar algún fruto distinto a la improvisación y la ocurrencia, e incluso podría parecer que, después de las contradicciones, afirmaciones y correcciones entre los diferentes miembros del Gobierno, pudiese existir una cierta coordinación entre ellos, ya que parece que se han puesto de acuerdo en algo la Vicepresidencia del Gobierno y seis ministros. Pues no, señorías, esto que parece que habría podido ser no ha sucedido. Es un espejismo, ya que en lo único en lo que se han puesto de acuerdo es en la utilización del trabajo de otros, tomándolo como propio. ¿A qué les suena? (Aplausos). Esta semana hemos tenido un nuevo ejemplo: El Partido Popular el lunes anuncia eliminar un impuesto para bajar el precio de la electricidad a todos los españoles, el lunes anuncia la proposición el Partido Popular, y ayer miércoles la ministra de Transición Ecológica anuncia que ellos van a hacer lo que nosotros previamente hemos anunciado. (Aplausos). Señorías, este real decreto-ley incorpora el desarrollo que ya había sido hecho por el Partido Popular para la trasposición de tres directivas y que además reafirma el proceso reformista de nuestros dos últimos Gobiernos. En primer lugar, se facilita la movilidad de los trabajadores al reducir obstáculos para mantener los derechos de pensiones para la jubilación de trabajadores. En segundo lugar, se desarrollan nuevas medidas en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, reconociéndose expresamente en la exposición de motivos el valor de nuestra Ley de
transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, ley en la que el Partido Popular implementó de forma anticipada esta directiva e incluso la inspiró, por cierto, ley a la que ustedes, señores socialistas, dijeron no. En tercer lugar, se avanza en el trabajo ya hecho por nosotros en la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización con el fin de facilitar la entrada y residencia con fines de investigación, estudios, prácticas o voluntariado, avanzando de esta forma en el proyecto de atracción de talento ya iniciado por el Partido Popular. También recuerdo que a esta Ley de emprendedores y su internacionalización el Partido Socialista también dijo no.
Señorías, este es el trabajo del Partido Popular a favor de los españoles y de nuestro país al que el PSOE ha incorporado algo de su propia cosecha, un párrafo que podemos ver en el Boletín Oficial del Estado, este párrafo (muestra un documento), en el que establece: "No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, el registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del 2 de octubre del 2020". Un nuevo ejemplo de patada hacia delante del Partido Socialista. (Aplausos). Pero sus párrafos tienen siempre un origen y, sobre todo, tienen consecuencias. Tienen un origen, que es siempre el mismo, el pago a sus socios de Gobierno; el pago por los votos para que el señor Sánchez esté sentado en La Moncloa. Este martes le tocó a Podemos con la vivienda y hoy jueves les toca a los independentistas con el retraso de la Administración electrónica hasta octubre de 2020. (Aplausos). Y tienen consecuencias, porque este párrafo supone un frenazo en seco en el proceso de modernización y reforma de nuestra Administración, con la paralización hasta finales de 2020 de la Administración digital. Y mienten, mienten en su real decreto-ley y lo saben; mienten por escrito. Ustedes basan este frenazo en aspectos técnicos y procedimentales que ustedes saben que gozan del adecuado grado de madurez gracias al trabajo y al esfuerzo del Partido Popular, que siempre ha sido firme impulsor de una Administración del siglo XXI, más transparente y ágil. Ustedes saben que los desarrollos tecnológicos están hechos; que las herramientas están listas y que las plataformas son interoperables. No es necesario esperar dos años; no es necesario esperar a un nuevo Gobierno para que los ciudadanos y las administraciones públicas podamos ejercer derechos con plena seguridad y beneficiarnos de la Administración digital. Estando todo listo para octubre de 2018 no es comprensible una demora de dos años en la implantación de la Administración sin papeles. Ustedes incorporan en este real decreto una dilación injustificada que afectará a los ciudadanos, a las empresas y al crecimiento económico. Y si esta no es la razón, cabría entonces preguntarse cuál es la razón real. Preguntarse en este caso cuánto pesa la opinión del Gobierno catalán; preguntarse cuánto pesa el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno catalán. En definitiva, preguntarse cuánto pesan sus socios independentistas. Ya sabemos que ustedes han renunciado a controlar las cuentas del Gobierno de Cataluña, pero con este párrafo le preguntó, señora ministra: ¿Están ustedes renunciando a controlar que el Gobierno catalán pueda desarrollar una Administración pública paralela sin el control del Estado? (Aplausos). Les pregunto: ¿Con este párrafo están facilitando que el Gobierno catalán cree una Administración paralela en su ruta de construcción de un Estado independiente, como ya lo intentaron hacer en el pasado? ¿Forma parte este párrafo de estos acuerdos del señor Sánchez, acuerdos que tiene que cumplir para mantenerse, él y ustedes, en el Gobierno? Y le pregunto esto no porque nosotros seamos desconfiados, sino porque no olvidamos lo que les dicen continuamente sus socios de Gobierno. Ayer, el señor Tardà dijo algo; se lo recuerdo expresamente. Le dijo al señor Sánchez: Señor Sánchez, será su tumba política si no profundiza en el autogobierno de Cataluña. Por eso le vuelvo a preguntar: ¿Es este párrafo una condición más en la profundización del proceso independentista de Cataluña?
- REAL DECRETO-LEY 12/2018, DE 7 DE SEPTIEMBRE, DE SEGURIDAD DE LAS REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. (Número de expediente 130/000039).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad en las redes y sistemas de información.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Economía y Empresa.
Señorías, vuelvo a subir al estrado para presentar otro real decretoley para la trasposición de otra directiva comunitaria. La Directiva sobre ciberseguridad, conocida como Directiva NIS por sus siglas en inglés -Network and Information Security- que el Ministerio de Economía y Empresa trae a convalidación. No tengo que insistir sobre la importancia de la trasposición de directivas. En este caso estamos hablando, como ocurrió con las directivas anteriores, de una cuestión de extraordinaria importancia, como es proteger el elevado nivel de seguridad de las redes y sistemas de información mediante un planteamiento global y conjunto en la Unión Europea, ante un reto que claramente transciende de las fronteras nacionales. Esta directiva aprobada en 2016 es la primera norma europea sobre ciberseguridad que apoya y facilita el intercambio de información y la cooperación estratégica entre Estados y constituye, por tanto, una de las piezas legislativas básicas en el desarrollo y consecución del mercado único digital. Los objetivos que persigue la directiva son varios: en primer lugar, mejorar el nivel de seguridad de las redes y sistemas de información que sustentan la prestación de servicios aumentando de este modo la confianza de usuarios y prestadores de servicios. Como todos ustedes saben, los principales sectores de la actividad económica y social utilizan cada vez de forma más intensa servicios digitales y, lamentablemente, cada vez son más objeto de incidentes que afectan tanto a las redes como a sus usuarios. La mayoría de estos incidentes responden a fallos fortuitos, errores de configuración, uso o deficiencias de los sistemas, sin embargo un número significativo está causado por ataques deliberados, en muchos casos de tipo delictivo. A título ilustrativo, permítanme mencionar que el equipo de gestión de ciberincidentes, el Cumputer Emergency Response Team, CERT, de seguridad e industria, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el Incibe, pasó de atender unos 18000 incidentes en 2014 a más de 123000 el pasado año. Sucesos que incluyen infecciones informáticas con programas de ransomware, correos electrónicos que suplantan a usuarios legítimos, lo que se conoce como phising, o lanzamiento de peticiones de acceso masivas para desbordar y bloquear páginas web. No se les escapa, por tanto, la importancia de incrementar la seguridad de nuestros sistemas para prevenir este tipo de prácticas y, a su vez, para incrementar la confianza que despiertan las tecnologías de la información y de la comunicación.
En segundo lugar, esta directiva pretende mejorar la eficacia en la lucha contra los delitos que involucran a las redes y sistemas de información, reduciendo así sus efectos en la seguridad jurídica y la seguridad nacional. Esta mayor eficacia se obtendrá tanto del incremento de la fortaleza de las redes y de los sistemas de información ante potenciales ataques como de una mejora de los sistemas de coordinación y gestión de los incidentes en un ámbito que, como decía, trasciende las fronteras nacionales. En tercer lugar, la directiva busca impulsar el desarrollo del mercado único digital mediante la homologación de los requisitos de seguridad en todos los Estados miembros reduciéndose así la fragmentación del mercado interior y facilitando la prestación de servicios con carácter trasnacional. En definitiva, esta directiva pretende crear las condiciones adecuadas para que los ciudadanos y las empresas puedan acceder a los mercados de bienes y servicios digitales con confianza y seguridad; es absolutamente vital. Objetivos ambiciosos con un potencial impacto muy positivo sobre la economía y la seguridad.
Este real decreto-ley que hoy traemos a convalidación describe los sujetos obligados a su cumplimiento; en concreto se consideran tres sujetos obligados: los proveedores de servicios esenciales que dependen de las redes y sistemas de información considerados en la Directiva NIS, es decir, los agentes que operan los servicios de la energía, el transporte, la banca, los servicios financieros, el sector sanitario, el suministro de agua potable y las infraestructuras digitales. El real decreto-ley extiende el ámbito a otros operadores críticos de telecomunicaciones y servicios de confianza, así como a los sectores de la Administración, el espacio, la industria química, las instalaciones de investigación y la alimentación. Todos ellos están ya contemplados en la Ley de protección de las infraestructuras críticas con la que este real decreto guarda la máxima coherencia. Quiero señalar esto porque durante la preparación del texto legislativo hemos estado dándole vueltas para garantizar que estos textos son absolutamente coherentes. Los segundos sujetos obligados al cumplimiento de la norma son los proveedores de servicios digitales de los mercados en línea, los motores de búsqueda en línea, los servicios de computación en la nube, siempre que se trate de proveedores establecidos en la Unión Europea con sede social principal en España o los que no estando establecidos en territorio comunitario hayan designado a nuestro país como representante ante la Unión, salvo que se trate de pymes o microempresas. Quiero incidir también en la atención que hemos prestado a no establecer requisitos desproporcionados sobre los operadores más pequeños.
La norma también es de aplicación a los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y a los prestadores de servicios electrónicos de confianza que sean críticos. Además de
establecer el ámbito de aplicación, el real decreto-ley fija determinadas obligaciones, por ejemplo, en el ámbito de la evaluación previa de los riesgos para la seguridad, la adopción de medidas técnicas y de organización para responder a estos riesgos y pasos decididos para prevenir y reducir al mínimo el impacto de cualquier posible incidente. Las autoridades competentes podrán requerir a los operadores de servicios esenciales información sobre sus medidas y políticas de seguridad, y por supuesto, se puede intervenir para reclamar la adopción de determinadas medidas si se incurre en incumplimientos. También hay obligaciones de notificación al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad de los sucesos y finalmente se establece un procedimiento de notificación voluntaria de incidentes para, con un régimen que protege la entidad notificante y el personal que informa sobre estos incidentes, garantizar la protección de esta información confidencial.
En último lugar, el texto normativo incluye un régimen sancionador. No se trata de sancionar el hecho de sufrir un incidente, esto es importante, sino únicamente si no se han adoptado las medidas necesarias para prevenirlo, para minimizar su impacto o la falta de notificación de este tipo de sucesos cuando resulte obligatorio. El sistema sancionador se basa, por supuesto, en los principios de proporcionalidad y se establece también un marco de gobernanza con las distintas instituciones existentes en nuestro país. No se trata de añadir nuevas instituciones sino de delimitar con mucha claridad las funciones del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, el Centro Criptológico Nacional, los equipos de respuesta ante los ciberincidentes y establecer procedimientos de coordinación tanto en el ámbito español como con respecto a las instituciones comunitarias.
No tengo que insistir en la urgencia de la trasposición de esta norma, como decía, no solo por el retraso en la trasposición, sino también por la importancia que tienen estos aspectos de seguridad y estrategia, teniendo en cuenta el ingente número de operaciones y transacciones que se están produciendo en nuestro país y el crecimiento exponencial de los servicios en la red. España parte de un buen punto de salida en relación con la ciberseguridad porque desde 2013 tenemos una Estrategia de ciberseguridad nacional, nuestro sector público es pionero en el impulso de la seguridad de los sistemas de información, tenemos un plan de protección de infraestructuras críticas, pero esta trasposición nos permitirá mejorar aún más nuestros niveles de seguridad e impulsar la integración del mercado único digital.
Como ocurría con el real decreto-ley anterior, aprovecho para agradecer a los grupos parlamentarios que ya nos han expresado su apoyo y, por supuesto, manifiesto también la apertura del Gobierno para proceder a una tramitación en forma de ley y así tengamos el mayor nivel de seguridad en nuestras redes y sistemas de información, y la trasposición se lleve a cabo cuanto antes.
En el turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
Nuestra pertenencia a la Unión Europea nos aboca a trasponer directivas relacionadas en este caso con la seguridad de las redes y los sistemas de información, materia de especial y creciente preocupación a la vista de los acontecimientos e incidencias que surgen con gran frecuencia en el permanente proceso de adaptación de todo el mundo a las tecnologías. La complicación de este real decreto-ley permite que nuestra legislación pueda actualizarse a un mayor ritmo y en aspectos que en muchas ocasiones se han reclamado en esta misma tribuna y también mediante iniciativas parlamentarias. Como el texto de este nuevo conjunto normativo es muy extenso, permítanme que me refiera específicamente a lo que hace referencia a la ciberseguridad, materia que tiene una enorme relevancia también desde el punto de vista parlamentario, y de hecho las Cortes Generales tienen constituida, dentro de su Comisión Mixta de Seguridad Nacional, una ponencia para el estudio de diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España.
El real decreto-ley que ha explicado la ministra de Economía y Empresa precisa el marco estratégico e institucional para lograr una serie de objetivos y de medidas con el fin de promover y avanzar en los niveles de seguridad de las redes y los sistemas de información del conjunto de la Unión Europea. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). En este sentido parece oportuno recordar que hace solo dos años que la Unión Europea creó una cartera específica para la seguridad con el fin de afrontar desafíos crecientes que incluyen el combate contra el terrorismo, la lucha contra la delincuencia organizada, la protección contra los ciberataques y, por si esto fuera poco, la detención de
injerencias en procesos democráticos. La tarea es y será colosal, con equivalente repercusión económica y social. Por tanto, desde el punto de vista legislativo estamos dando unos pasos necesarios para fijar una normativa común y una coordinación con el conjunto de la Unión Europea que permita atajar y acotar el espacio en el que operan delincuentes, defraudadores, terroristas y piratas de las redes en sus variopintas versiones, incluidos los divulgadores de bulos y los promotores de pucherazos digitales.
La convalidación de este real decreto-ley, que apoyaré con mi voto, establece obligaciones de seguridad de los operadores de servicios esenciales y de los proveedores de servicios digitales y contribuye a reforzar nuestra legislación para crecer en la seguridad de las redes y también la creación de límites, obstáculos y fronteras para combatir las nuevas formas criminales que afectan a nuestra defensa, pero que también toma como víctimas propiciatorias el mercado único digital y singularmente a los consumidores y a los usuarios a los que tenemos obligación de proteger. La incorporación de todas estas normas a nuestro ordenamiento jurídico contará, como dije, con el voto favorable de Foro Asturias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.
Una observación inicial a la anterior intervención de la portavoz del Grupo Popular, la señora López: Si de la introducción de este párrafo que usted ha leído entiende que es profundizar en el proceso independentista de Cataluña, es que no se han enterado para nada de qué está pasando en Cataluña ni de cuáles son los objetivos de la gente de Cataluña. (Aplausos).
Dicho esto, señora ministra, no lo vamos a votar a favor, vamos a votar en contra de este real decreto porque no es solo una trasposición, es una trasposición de una directiva y una invasión clarísima de competencias de la Generalitat de Catalunya. Nosotros entendemos que no se respeta la capacidad de autoorganización de la propia Generalitat, el artículo 150 del estatuto, nosotros entendemos que no se respeta el artículo 121 en cuanto a la capacidad normativa de la Generalitat en relación con el comercio electrónico y entendemos que no se respetan cuatro artículos más del Estatuto Autonomía de Cataluña. Por tanto, nos vamos a posicionar absolutamente en contra. Obviamente, vamos a apoyar el trámite para ver si tenemos la posibilidad de subsanar algunas de estas graves deficiencia durante el debate en esta Cámara.
Además, este real decreto, aparte de trasponer esta directiva, también ataca frontalmente la Ley 15/2017 que aprobó el Parlament de Cataluña sobre la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. En cuanto a esta ley, que fue recurrida por el Gobierno español y que obviamente tenemos que solicitar que retiren este recurso de inconstitucionalidad, ahora ya el problema no es solo el recurso de inconstitucionalidad sino este real decreto-ley. Le quiero recordar que el Govern de la Generalitat presentó alegaciones hace muy pocas semanas porque, como ustedes recuerdan, en Cataluña se aplicó el artículo 155 y durante muchos meses el Govern de la Generalitat estuvo en manos del Gobierno de España.
Quiero recordar también a la señora López que todavía están intervenidas las finanzas de la Generalitat, pero la intervención de las finanzas de la Generalitat las estableció el señor Montoro y el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, no achaquen al nuevo Gobierno del Partido Socialista sus actuaciones.
En todo caso, señora ministra, retiren el recurso de inconstitucionalidad y rectifiquen en el trámite parlamentario toda esta invasión de competencias del Gobierno de la Generalitat y del Parlament de Catalunya.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Debatimos la convalidación del Real Decretoley 12/2018 de seguridad de las redes y sistemas de información, que pretende incrementar la seguridad de los operadores de servicios esenciales y los proveedores digitales que las utilizan para la provisión de sus servicios. Se nos dice que todo ello es para cumplir la Directiva NIS, cuya trasposición venció el 9 de mayo pasado y cuyo retraso ha motivado la iniciación por parte de la Comisión Europea de un procedimiento formal de infracción. Sin embargo, la necesidad de paliar de forma urgente el incumplimiento de la Directiva NIS que motiva la aprobación del
decretoley cuya convalidación ahora debatimos no es del todo cierta, ya que el decretoley va más allá en su regulación del ámbito de la directiva.
El decretoley se extiende a sectores adicionales a los contemplados en la directiva, tales como la totalidad de los servicios de la Administración y su sector público, el espacio, la industria química y nuclear o las instalaciones de investigación y alimentación, por citar algunos sectores. Con esta extensión del ámbito de la directiva se nos dice que se persigue la máxima coherencia entre el decretoley y la Ley 8/2011, de protección de infraestructuras críticas en su ámbito de actuación, y también -se dice- para compartir aspectos como órganos y procedimientos para la identificación de los servicios esenciales y de sus operadores, así como la designación de autoridades competentes y equipos de respuesta -CERT o CSIRT- de referencia para los sectores críticos. Sin embargo, esto tampoco es cierto, al menos para las comunidades autónomas y entes locales y sus respectivos sectores públicos. En realidad, para comunidades autónomas y entes locales -principalmente para comunidades autónomas- se rompen los patrones que para su participación en la protección de las infraestructuras críticas y la seguridad nacional se acordaron en la Ley 8/2011, de protección de infraestructuras críticas, y en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, respectivamente, para incidentes que pudieran afectarlos; por no hablar del reparto de funciones ya establecido en la legislación general, como en la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada o la misma Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El problema que nos encontramos en este real decretoley es que se dice que se recoge un modo de actuar entre la Administración del Estado y las autonomías ya consolidado en las leyes citadas, pero esto no es así. El Estado considera que tanto con la directiva como con el real decretoley ha surgido un nuevo ámbito territorial, el ciberespacio, que de modo exorbitante es de su exclusiva competencia en cuanto a su regulación y gobernanza. La cuestión es que este ámbito del ciberespacio, que se visualiza en redes y sistemas usados por los operadores de servicios esenciales y proveedores digitales para prestar sus servicios, se caracteriza por su transversalidad y omnipresencia, dado el imparable proceso de digitalización de toda la actividad pública y privada. Así, estando la prestación de los servicios esenciales competencialmente descentralizada, también entendemos que debe estarlo su seguridad. Por tanto, debiera posibilitarse que las comunidades autónomas adoptaran medidas de regulación y gobernanza de sus redes y sistemas de información cuando las mismas se refieran a la ejecución de sus competencias sectoriales. No solo -que también- sus competencias de autoorganización deben respetarse sino también aquellas competencias que recaen en la seguridad de las personas y bienes, la sanidad, los transportes, la investigación, el agua, la alimentación..., por citar algunas de las contempladas en el anexo de la Ley 8/2011 a la que se remite el decreto-ley.
El decreto-ley diseña un reparto de atribuciones que excluye totalmente a las comunidades autónomas, salvo como sujetos pasivos de la actividad de la Administración General del Estado. Las pone en una posición subordinada a la Administración General del Estado, que se erige en el único órgano competente para supervisar su actividad, controlarlas, darles directivas y también sancionarlas en materias de redes y sistemas informáticos, usadas por aquellas para la prestación de sus servicios. Llega incluso a determinar que cuando los incidentes en las redes y sistemas afecten a datos personales de ciudadanos y a su seguridad, el único interlocutor en cooperación será la agencia estatal, ignorando a las autoridades autonómicas de protección de datos y sus competencias, a pesar de que así se les reconoce en la tramitación de la ley orgánica de protección de datos, en la que actualmente trabajamos en la Comisión de Justicia. El decreto-ley dice que toma como referencia la Ley 8/2011, de protección de las infraestructuras críticas, y sin embargo trastoca el patrón que esa ley -también la de seguridad nacional- confiere a las comunidades autónomas, un papel activo tanto al relacionar las atribuciones de la ley con las competencias sectoriales correspondientes como al conferir funciones de supervisión y control a las comunidades autónomas con competencias en materia de seguridad, sin que ello menoscabe la integridad del sistema estatal de protección de esas infraestructuras críticas. El decreto-ley, por contra, visualiza a las comunidades autónomas como unas unidades administrativas más dentro de la Administración Estatal, con capacidad de supervisarlas y controlar su actividad, tanto a través del Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, como de la Secretaría de Estado de Seguridad, si se trata de servicios esenciales críticos de competencia de aquellas. Esto que pretende el decreto-ley entendemos que no es acorde con el principio institucional de autonomía reconocido en la Constitución y en los estatutos de autonomía, y no se justifica tampoco en la recepción de la Directiva NIS. Entendemos que tampoco es proporcional con la salvaguarda de la necesaria coordinación de las medidas de seguridad de las redes y sistemas de información entre
administraciones públicas, para lo cual debe arbitrar los ordinarios mecanismos de cooperación y coordinación ya contemplados en nuestro ordenamiento jurídico constitucional y sectorial. En definitiva, señorías -y voy finalizando, presidente-, en la determinación de las autoridades competentes debe atenderse a la competencia sectorial que corresponde respecto a la distribución competencial de los sectores y servicios que figuran en el anexo del real decreto-ley.
La Directiva NIS no excluye que cada Estado nombre una o varias autoridades y su existencia no impide que se designe un punto de contacto único en materia de seguridad, tal y como exige la directiva. Y lo mismo cabe decir respecto a los CERT autonómicos -algunos ya existentes, como en el País Vasco- que deberían poder configurarse como de referencia en sus ámbitos para servicios de asesoramiento, alerta temprana y respuesta antiincidentes a entidades públicas o privadas vinculadas prestacionalmente al sector público establecidas en su territorio. Centros de referencia autonómicos que serían valiosos aliados para los centros de referencia estatales, coordinándose en sus funciones para la promoción, fomento de buenas prácticas, notificación, etcétera. Señorías, la globalización reclama trabajar en red, cooperando y compitiendo, desechando concepciones jerárquicas reñidas con el nuevo tiempo. Por lo expuesto, no podremos apoyar la convalidación del presente decreto-ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenos días, señorías.
Hoy hace un año que la Policía judicial en lugar de perseguir la corrupción colaboraba con un Estado corrupto, parcial y represor intentando, sí, obstaculizar la democracia. (Aplausos). Sin éxito porque la democracia siempre gana y ustedes lo saben. (El señor Floriano Corrales: Aniversario del asalto). Buenos días también para usted, señor Floriano, buenos días, señoras y señores diputados, buenos días, señora ministra.
Nos encontramos de nuevo aquí debatiendo la aprobación de un real decreto-ley de seguridad de redes y sistemas de información, un real decreto-ley que sin duda alguna aborda un tema que cada vez es más relevante, el de la ciberseguridad. No negamos la necesidad de trasponer una directiva europea aunque fuese mal y tarde como la que hoy nos ocupa, pero sí que somos críticos, y mucho, con la manera en que se ha traspuesto. Ustedes tienen un problema, y es que siguen teniendo una visión ante todo centralista, jacobina del Estado. Como muy brillantemente le decía el señor Legarda, incluso cuando crean un nuevo espacio, lo crean jacobino. El Reino de España ha adoptado por tanto el modelo más centralizado posible que la directiva le ofrecía crear. De hecho, en Cataluña, ante la importancia de este tema, ya existe una entidad, el Cesicat, que trabaja por una sociedad digital segura para el conjunto de la sociedad catalana, para su Administración pública. Y más aún, ante una serie de escándalos relacionados con ciberataques, nuestro grupo, Esquerra Republicana, apoyó la refundación de esta entidad y una ley que contemplara la creación de una agencia de ciberseguridad, aprobada por el Parlament de Catalunya el 12 de julio, la Ley 15/2007 que les recordaba el señor Bel y que -¿vuelven a adivinarlo?- actualmente está paralizada con un recurso de inconstitucionalidad que este Gobierno no ha retirado; qué absurdo, señora ministra, es este argumento impugnador, el de la igualdad por defecto.
Es decir, señoras y señores del Gobierno, en Cataluña ya nos preocupamos por cubrir el nivel institucional de materias tan relevantes como esta, aunque con la aplicación de reales decretos de esta índole solo vemos mermada nuestra capacidad para ejercer unas competencias autonómicas, legítimas y legalmente cedidas a la Generalitat de Catalunya. Remedando a Josep Pla, lo que más se parece en España a un recentralizador de derechas es un recentralizador de izquierdas. Por ello, y advirtiendo de que con la redacción actual de este real decreto no se deja margen para la creación de entidades que puedan encargarse de la ciberseguridad en territorios de comunidades autónomas y puesto que desde nuestras instituciones ya se avanzó en esta materia -esfuerzo paralizado una vez más por el Tribunal Constitucional-, no votaremos a favor. Pediremos que siga su trámite como proyecto de ley y vincularemos nuestro compromiso enmendante al desistimiento del repetido recurso.
Muchas gracias, buenos días. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Salvador García.
El señor SALVADOR GARCÍA: Presidente, señorías, iba y voy a empezar a hablar sobre la trasposición de este real decreto, pero antes haré una breve mención a que parece ser que solamente los nacionalistas de nuestro país no están con el paso cambiado y el resto del mundo sí lo está. O sea, estamos en la era de la globalización, de la cooperación internacional, de buscar respuestas colectivas, pero no, hay un Estado de las autonomías que tiene partidos constitucionalistas, pero como tiene algún partido nacionalista hay que cambiar todo el esquema mundial de la ciberseguridad para que ellos puedan tener la satisfacción de que sus competencias se están respetando. (Aplausos).
Hoy estamos aquí para ver la trasposición de esta Directiva NIS, del Real Decreto-ley 12/2018, una ley sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información. La ministra ha comentado el retraso que llevamos y las infracciones que podemos cometer. Yo querría resaltar aquí algo que también se ha visto anteriormente por parte de alguno de los intervinientes, y es la falta de concienciación política real sobre la importancia que tiene este tema, que parece que es un temita que va penetrando en la sociedad y que cada vez es un poquito más importante, y yo utilizaría un término vulgar como `alucino´ cuando escucho realmente esas apreciaciones, como si el cambio de era por negarla o por relativizarla no les fuese a afectar en este sentido a ellos. En cuanto a ese cambio de era todos vimos lo que supuso pasar de la sociedad agraria a la sociedad industrial, ya hemos visto menos el paso de la sociedad industrial a la era de Internet; de hecho las empresas tardaron en meterse en Internet y fue la población nativa la que determinó el gratis total que ha hecho que las empresas se tengan que adaptar posteriormente a ese tipo de modelo de negocio, y que no repercutiera ningún tipo de coste dentro de la red. ¿Por qué? Porque entraron tarde en este sentido. A partir de aquí menos hemos visto todavía el cambio de hora que se va a provocar con la inteligencia artificial. Señorías, si leemos los Diarios de Sesiones, y sobre todo a los partidos nacionalistas, el big data gana elecciones; las fake news pueden ganar también elecciones, y la automatización puede destruir mucho empleo en el futuro si no lo trabajamos con suficiente antelación como para poner las medidas necesarias. (Risas). No entiendo esas risas que he escuchado por el fondo, precisamente de algún nacionalista, pero seguramente, repito, todos estamos con el pie cambiado. Yo les sugeriría que se fuesen a una academia a utilizar, a empezar a aprender principios de la informática, y después de Internet, después de la inteligencia artificial, y después subirse a esta tribuna. (Protestas.-Aplausos).
Este cambio de era, señorías, conlleva que la compañía fotográfica más valiosa no venda cámaras, es Instagram; que la red televisiva de más alto rendimiento no use cables, se llama Netflix; que el medio de comunicación más grande no cree contenido, es Facebook; que el mayor incremento de las llamadas no disponga de infraestructuras, se llama Skype o que la empresa más grande de software y servicios utilice la publicidad y se llama Google. Señorías, podríamos seguir poniendo muchos ejemplos más. Cada año se producen 111 billones de líneas de código, y de 2017 a 2022 vamos a pasar de 3800 millones de personas conectadas a Internet a 6000 millones de personas; en 2020 veinte millones de coches estarán conectados, y recuerdo que 2020 está aquí al lado, es un año y pico, y no queda mucho más. Señorías, la inteligencia artificial ya es ubicua y se empieza a aplicar en múltiples campos, algo que pronto estará en todos. En el año 2017 contábamos con 8,4 billones de dispositivos, en el año 2020 tendremos 200 billones de dispositivos, añadiéndole además el Internet de las cosas, que permitirá su conexión, y la inteligencia artificial les permitirá repensar y cambiar los procesos. Díganme ustedes si esto de la ciberseguridad es un tema para tomárselo a broma o ir aprendiendo con cursillos a medio plazo.
Necesitamos desarrollar una cultura social y empresarial de la ciberseguridad. El 82% de los consejos de administración de las grandes empresas ya la contemplan, pero nuestras pymes, nuestras empresas medianas todavía no. Necesitamos capacitar y acreditar profesionales, se necesitan millones de empleos en la Unión Europea de alta calidad referidos a este campo, y por tanto, al igual que se pueden destruir puestos de trabajo producto de la automatización, también hay que aprovechar aquellos que nos da la globalización. Necesitamos certificación, auditorías especializadas, cooperación público-privada, intercambio de información, etcétera. Señorías, la ciberseguridad necesita de un pacto de Estado, y por eso comenzaremos apoyando este real decreto-ley, y compartimos que por su importancia tiene que tener rango de ley para poder así aportar cosas en el desarrollo de la audiencia pública necesaria que ha de tener, o considerar más los aspectos de supervisión, o corregir futuros problemas de coordinación que puede que en este momento no estén resueltos, así como reducir parte de la burocracia, pues entendemos que puede ser excesiva la que está contemplada en el real decreto-ley.
Señorías, este es un primer paso, pero la ponencia de ciberseguridad que se está desarrollando en la Comisión de Seguridad Nacional tiene que marcar los siguientes, pero mientras hay personas que piensan
que los debates ideológicos -que nos enfrentan, que nos dividen, que no nos aportan nada- son los debates relevantes, y no el empleo del futuro, buscar soluciones para ayudar en los países de origen a aquellos que después tienen que migrar masivamente, y después nosotros tenemos el problema y aquí se nos rompen y rasgan las vestiduras cuando hablamos de ellos, por lo tanto hay que resolver el problema de la inmigración, y también trabajar sobre el cambio climático, sobre la Agenda 2030 para hacer que las políticas públicas dejen de ser incompatibles con el futuro de nuestros hijos, señorías, y por supuesto también sobre la ciberseguridad. Yo quiero por eso animar a esta Cámara y al Gobierno y pedirle que reflexione sobre quiénes son los socios con los que quiere sacar adelante los presupuestos, quiénes son los socios que mantienen a este Gobierno: aquellos que exclusivamente les chantajean los presupuestos si ustedes les dan la libre autodeterminación, por medio del referéndum, aquellos que están dispuestos a cambiar todo el sistema de ciberseguridad de nuestro país simplemente para respetar alguna competencia. Espero que eso no lo acepten, porque eso sería poner en peligro a todo el conjunto del Estado español simplemente por sacar unos presupuestos adelante.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sixto Iglesias.
Después de las intervenciones que me han precedido en la tribuna yo creo que no conviene llevar las cosas al extremo, y es evidente que el texto concreto de este real decreto-ley que se trae hoy a convalidar tiene problemas. Mi grupo parlamentario ya había detectado algunas cuestiones que nos gustaría debatir, cambiar, mejorar, y por eso desde el primer momento pedimos que se tramitase como un proyecto de ley y pudiésemos hacer los cambios. Después de las intervenciones que ha habido nos reafirmamos más en ello, y nos alegramos de que la ministra haya dicho hoy en su primera intervención que el Gobierno -gustosamente- y el Grupo Parlamentario Socialista también aceptan que se tramite como proyecto de ley.
Pero quisiera empezar diciendo que estamos ante una vía legislativa extraordinaria, y creo que no insistiremos bastante en que este no es el procedimiento ordinario de legislar en nuestro ordenamiento jurídico, es un real decreto que efectivamente, y a tenor de la Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2012, se adecua a lo que dice el artículo 86 de nuestra Constitución, y por lo tanto lo que estamos haciendo es trasponer una directiva que hace dos años que salió; pero, señorías, es un procedimiento extraordinario. El punto anterior del orden del día era también otro procedimiento extraordinario. Hace dos semanas subí a esta tribuna también en otro procedimiento extraordinario de una ley que estamos tramitando ordinariamente, porque el Gobierno anterior no trajo cuando los tenía que haber traído los correspondientes proyectos de ley a la Cámara sobre directivas, normativas, reglamentos europeos que hace más de dos años que entraron en vigor, que terminaban su plazo de trasposición en el pasado mes de mayo, y estamos en el mes que estamos, después del verano, en septiembre, haciendo estas cosas.
Señorías, estamos recurriendo en exceso a vías extraordinarias para legislar, y eso no es deseable. El Gobierno de turno, sea en este caso el del Partido Socialista, que está desatascando una situación que le venía dada, o el del Partido Popular anteriormente, han hecho mal en no traer los proyectos de ley correspondientes y acabar convirtiendo esto prácticamente en un debate de totalidad. Por eso mi grupo parlamentario, dado que este debate es prácticamente un debate de totalidad de ley, como si se hubiesen presentado enmiendas a la totalidad y el Gobierno estuviese defendiendo su proyecto y debatiésemos esas enmiendas, no se va a oponer a la convalidación, vamos a votar favorablemente, pero conscientes de que en la segunda cuestión que toca analizar al subir a esta tribuna, el contenido del texto del Real Decreto-ley 12/2018 que convalidamos, existen problemas. Existen problemas que no vamos a magnificar, pero que atañen a la estructura del Estado, a la estructura autonómica y a las competencias de las comunidades autónomas -a competencias estatutarias, a entidades que ya están desarrolladas, tanto en el País Vasco como en Cataluña, y con las que conviene contar por la mejora de la seguridad colectiva-, y por lo tanto mi grupo parlamentario se brinda al resto de grupos que han expresado hoy su voluntad de no apoyar esta convalidación a trabajar en el proceso de enmiendas para eliminar todos esos problemas que han existido.
Mi grupo parlamentario no se sitúa en el ámbito del jacobinismo, sino en el ámbito del federalismo, de la pluralidad del Estado, y desde la pluralidad territorial y la pluralidad política, un valor superior de nuestro
ordenamiento jurídico, entendemos que hay que mejorar este texto. No solamente tiene que mejorar en la cuestión autonómica, sino también en otras cuestiones. Por ejemplo, creemos que se pierde la oportunidad de incluir en el artículo 20, donde se otorga protección a los trabajadores, y es de agradecer la figura del white hat, gente que busca cosas sin maldad en las redes, que las descubre y las notifica, pero que muchas veces, a pesar de esa notificación y de haber buscado sin maldad, acaba siendo perseguida. Sería necesario introducir alguna protección a esta figura.
Asimismo habría que dar una vuelta al artículo 30. En la ponencia constituida en el seno de la Comisión de Justicia para el proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal estamos trabajando en todas estas cuestiones. El artículo 30 se refiere precisamente al trasvase de datos de carácter personal, y creo que habría que darle una vuelta a la redacción. En ningún caso puede suponer una ruptura de los principios que establece el Reglamento 2016/679, de la Unión Europea, que estamos trasponiendo en ese proyecto de ley de protección de datos. Y también habría que revisar la inclusión del borrado de datos, que no figura en el real decreto que estamos convalidando.
Mi grupo cree que igualmente se tendría que revisar el título VIII, el régimen de sanciones. Habría que darle una vuelta. La ministra ha dicho que están correctamente graduadas, pero el hecho de que en las faltas leves la imposición de la sanción sea desde una amonestación sencillamente hasta 100000 euros nos hace pensar que es una graduación demasiado amplia. Igual que, bajo mi punto de vista, es discutible que, a la hora de determinar las autoridades competentes para sancionar determinadas faltas, se le otorgue al Gobierno la capacidad de hacerlo por la vía reglamentaria. Nosotros creemos que eso debería cerrarlo un texto legal, un texto con rango de ley, y que no se entregase a la vía reglamentaria del Gobierno.
También creemos que habría que dar una vuelta al artículo 42, al tema de la concurrencia de infracciones. En definitiva no es el mejor de los textos posibles. Es evidente que tiene vías de mejora, y lo compartimos diversos grupos parlamentarios. Por eso vamos a hacer dos cosas. Una es votar favorablemente la convalidación, porque si no, ¿cuál es la alternativa? ¿No convalidar el real decreto? ¿Que siga el procedimiento de sanción abierto por la Unión Europea? ¿Exigirle al Gobierno que en un plazo determinado traiga otro texto con otro proyecto de ley? No parece lo más operativo. En estos momentos parece que lo más operativo es convalidarlo, tramitarlo como proyecto de ley, y que en esa tramitación -que esperemos que no se eternice como se están eternizando otros proyectos de ley en esta Cámara; no quiero repetir las últimas intervenciones que hice, pero esperemos que no se eternice como se están eternizando otras- se mejore y se corrijan todos estos fallos que han expresado diversos grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Veracruz.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Buenos días. Gracias, presidente.
Señorías, trasponemos hoy una directiva europea, la NIS, como ha explicado de forma brillante la ministra, Es una directiva que, por primera vez, hace que se regule en todos los países de la Unión Europea la ciberseguridad, cuya importancia a nivel global creo que se nos escapa esta mañana. Como ya se ha dicho aquí, tanto en el debate del anterior real decreto como en el de este, vamos con retraso. Esta directiva tenía que estar ya traspuesta, este real decreto tenía que estar ya en marcha desde mayo del año pasado; de hecho ya ha recibido el Gobierno la carta de emplazamiento, que es uno de las factores por los que se hacía urgente la tramitación de este decreto. Creo que el Gobierno está simplemente cumpliendo con su obligación. La urgencia a veces puede hacer que haya margen para la mejora. Por eso, durante estos días de conversaciones, se ha demostrado, sobre todo por parte del ministerio, que existe toda la voluntad para alcanzar los consensos necesarios en un tema tan importante como este.
La ciberseguridad y el decreto en sí mismo son temas con un contenido muy técnico, pero me gustaría hoy reclamarles su atención, señorías, precisamente porque no es un tema lejano ni muchísimo menos, y eso creo que a nosotros, como Legislativo, como parlamentarios, nos otorga una enorme responsabilidad. Dar pasos cruciales en la seguridad es fundamental para las empresas y el desarrollo económico del mercado único digital y para la ciudadanía; y vamos tarde. No considero que vayamos tarde como país, porque es verdad que tenemos un sistema de gobernanza maduro, incluso por delante de la propia directiva en algunas cuestiones, pero en lo digital, con la red, con la ciberseguridad siempre hay que ir por delante, siempre hay que estar actualizándose. Por ello creo que es una buena noticia la urgencia que el
Gobierno de España y que este presidente le han dado a este decreto, así como los trabajos que se están haciendo en paralelo, por ejemplo, con la propia actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
Por darle cercanía a un tema como este estamos hablando, señorías, del sector sanitario. En años anteriores hemos visto situaciones dramáticas vividas no muy lejos de aquí, en países de la Unión Europea, que han afectado directamente a la parálisis de hospitales, teniendo como consecuencia incluso víctimas mortales. Estamos hablando por supuesto de la administración de la banca. Solo con un sistema confiable los países son capaces de desarrollar no solo su sistema bancario, sino también garantizar la misma seguridad en los suministros de agua potable o en los suministros eléctricos. Gracias a este decreto, a las medidas del Gobierno y también al consenso que aspiramos a alcanzar en el trámite como proyecto de ley, tenemos que conseguir ser mucho menos vulnerables ante cualquier ataque. Para mí una de las buenas noticias es la ampliación del ámbito -porque hasta ahora las infraestructuras críticas estaban muy definidas- de actuación a los proveedores de servicios digitales, es decir, para hablar en plata, la nube, los buscadores, los mercados en línea. Es un paso imprescindible, porque son el presente y suponen un gran futuro, y porque en definitiva solo con mayor ciberseguridad seremos capaces de garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía en la red. Hablamos desde los derechos a la intimidad hasta todo lo que tiene que ver con la protección de datos, algo que el Partido Socialista siempre ha garantizado y capitalizado, y en lo que hemos sido pioneros cuando nos ha tocado gobernar, como lo vamos a volver a ser ahora. Además, en paralelo, debemos seguir trabajando desde las políticas públicas en la educación y en la concienciación. A menudo tengo la sensación de que somos muy sensibles con la seguridad física, pero no lo somos tanto con la seguridad digital; cerramos nuestras casas, aumentan los anuncios de alarmas, pero los correos electrónicos, las contraseñas y todo lo que tiene que ver con los niños y las niñas tienen que ser también prioritarios en nuestras políticas.
En definitiva me quiero centrar en dos aspectos que me parecen claves en estos temas, uno de ellos es la proactividad que ha tenido este Gobierno -y lo está demostrando-, y otro es el consenso. Hay que recordar que fue la Ley 8/2011 la que nos puso al frente en esta materia. Entonces conseguimos que esta Ley de Protección de Infraestructuras Críticas se aprobara por una amplia mayoría. En un tema de país como este -que además trasciende las fronteras, porque no solo es de país, sino que es global, pero que es importante para nuestro país- tenemos que hacer todos un esfuerzo por conseguir ese consenso a largo de la tramitación parlamentaria, mucho mayor del que hoy vamos a conseguir. En ese sentido hemos tenido momentos importantes en este país como cuando se creó el Instituto Inteco, en los tiempos del Gobierno socialista, o cuando luego pasó a ser el Incibe, un buen centro de referencia en el ámbito mundial. Insisto en que para nosotros es muy importante lo que supone este decreto en materia de coordinación europea, por lo que tenemos que hacer ese esfuerzo para que se garantice también en nuestro país, en la conformación de nuestro Estado; así lo requieren los sistemas financieros, eléctricos y las telecomunicaciones. Vamos a poner todo nuestro interés en conseguirlo, como por cierto también lo hicimos con la Ley General de Telecomunicaciones, que me parece un buen ejemplo de cómo, en temas técnicos que pueden tener una gran repercusión en la ciudadanía y en sus derechos -aunque no se sea tan consciente en el día a día-, los políticos tenemos que estar a la altura para conseguir esos grandes consensos de país.
Evidentemente el mundo es cada día más digital, pero no puede ser un mundo sin reglas, porque entonces no hay derechos. Es cierto el dato que daba la ministra sobre que en este país cada vez se reciben más ciberataques -se han multiplicado por diez en muy pocos años-, pero también hay que resaltar que somos un país con unas capacidades muy altas, el noveno en la Unión Europea y el decimonoveno en el mundo, y aunque recibamos tantos ciberataques -el tercero en la Unión Europea- estamos en una buena situación. Sin duda lo que supone el real decreto nos va a posicionar muchísimo mejor. Es definitivo el punto de contacto único, los equipos de respuesta. Y con respecto a las sanciones, señor Sixto, por lo que me he podido documentar, creo que son las menores si atendemos al derecho comparado. En cualquier caso lo más importante -y con esto termino- es que en este reto global y mundial tenemos que conseguir aunar esfuerzos. No somos partidarios en el Grupo Socialista de reducir ni compartimentar una cuestión de seguridad nacional con la que nos jugamos tanto, pero estamos dispuestos a que con la oportunidad que nos da el debate, la tramitación como proyecto de ley, profundicemos para dar con la clave, ver, revisar y garantizar los mecanismos de coordinación que tienen que suceder dentro del Estado para que esos grandes objetivos que suponen la directiva y el real decreto vayan hasta abajo y los hagamos eficaces, como merecen nuestras empresas y la ciudadanía.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora González.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor García Egea.
El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, antes de comenzar me gustaría señalar un aspecto que se ha desarrollado durante el debate, y es que en la biblioteca del Congreso podemos encontrar discursos de Sagasta, de Castelar y de otros ilustres oradores y diputados, y dentro de unos años, cuando las futuras generaciones vengan a consultar este debate -porque es un debate que va a generar la piedra angular sobre la que se va a construir la ciberseguridad de nuestro país en el futuro-, verán cómo los nacionalistas decían que la ciberseguridad era cosa de las comunidades autónomas, y verán cómo ha ido disminuyendo el nivel del debate político y sobre todo el nivel de percepción que algunos tienen en materia de ciberseguridad, porque el debate de hoy me ha evocado momentos pasados, cuando sufrimos, por ejemplo, el virus WannaCry, y me imagino a esos señores que han subido hoy a la tribuna pensando que el WannaCry no les afectará porque no habla catalán o no habla euskera (rumores), en fin, con cuestiones excluyentes, con cuestiones de separar. Cuando estamos hablando de una directiva que lo que pretende precisamente es actuar en el mundo globalizado, vemos cómo hay algunos que están empequeñecidos, no sabemos si porque hoy pretenden recordar lo que ocurrió precisamente tal día como hoy, de infausto recuerdo. (Aplausos).
Se trae esta directiva por parte del Gobierno, y desde nuestro punto de vista la utilización de la vía del real decreto para aprobar esta normativa es un error. Tenemos que decir al Gobierno que vamos a apoyar esta iniciativa, pero que desde nuestro punto de vista es un error, por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque tenía consenso entre los grupos. Nosotros creemos que es importante aprobar esta directiva, pero podría haberse acordado su tramitación por el trámite de urgencia en el plazo de un mes. Es contraria también a la creación de una auténtica política de Estado de seguridad nacional, y por eso vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley, y creo -lo más importante- que es una ocasión perdida para generar, mediante el debate público en el Congreso, como el que estamos teniendo hoy, una auténtica cultura de ciberseguridad en la sociedad española, y la cultura de ciberseguridad es algo fundamental, es un pilar esencial en la seguridad nacional. Decía Kevin Mitnick, que -y es la segunda vez que le cito en este Parlamento- es uno de los hacker más reconocidos de toda la historia, que las organizaciones, incluidos los gobiernos, gastan millones de euros en firewall, en cortafuegos, en dispositivos de seguridad, pero eso es tirar el dinero si ninguna de estas medidas cubre el eslabón más débil de la cadena de seguridad, que es la gente, las personas que usan y administran los sistemas. Por eso es más necesario que nunca que esta ley también reconozca, cuando se tramite como proyecto de ley, estas cuestiones en materia de ciberseguridad.
Este real decreto-ley responde en su integridad al texto, al borrador del anteproyecto elaborado por el anterior Gobierno, con lo cual estamos de acuerdo en su contenido. Y aunque sea por una vez, aquí sí tengo que pedirle al presidente del Gobierno que podía haber citado al autor del decreto, de la información y del anteproyecto que aquí se presenta. (Aplausos). El Gobierno debe despejar las incógnitas que la norma no aclara como, por ejemplo, el sistema de acreditaciones y auditorías en materia de ciberseguridad, sobre la cual la norma actual guarda silencio, tendremos que hablar de ello en el futuro. Es imprescindible el desarrollo e implementación inmediata de plataforma unificada de notificación e incidentes, todo ello para evitar que las empresas tengan que acudir a varias ventanillas para poder cumplir con la diversa normativa ya en vigor en materia de notificación de incidentes. Se ha perdido también una ocasión perfecta para definir los perfiles concretos de esa colaboración público-privada tan importante en esta materia, y quizá una de estas formas de cooperación podía haber sido configurar en esta ley un estatus, un estatus que nosotros ya hemos propuesto en el pasado, por ejemplo de colaborador en ciberseguridad, que permita utilizar el talento que en esta materia atesora el sector privado, mediante aportaciones voluntarias de conocimientos que hagan profesionales reconocidos del sector, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, porque hay mucha gente en este país, muchísima, deseando colaborar con nuestro Gobierno, deseando colaborar con España, que son profesionales de reconocido prestigio, y todo ese talento necesitamos organizarlo y canalizarlo en favor de la defensa de nuestras fronteras digitales.
La sociedad digital solo va a poder desarrollarse en toda su plenitud y ofrecer a la humanidad todo su potencial transformador si primero conseguimos organizar los aspectos no tan positivos de la disrupción digital, y por eso los Estados más avanzados ya están regulando, ya están organizando todo lo relativo al
ciberespacio. No podemos quedarnos atrás en esta revolución. La economía digital es un hecho. España no está hoy -y creo que tiene que ser un objetivo si tramitamos este real decreto como proyecto de ley- entre los diez países más ciberseguros del mundo, superándonos Estonia, Georgia, Canadá, y en 2017 España registró más de 120000 incidentes en materia de ciberseguridad. Por tanto como decía un pintor famoso: los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible. Nunca han encontrado en estos peligros razón suficiente para permanecer en tierra. Si nos lanzamos al mar del ciberespacio, si nuestras empresas están cada vez más conectadas, si están utilizado el Internet de las cosas, el big data, la inteligencia artificial, es necesario que nosotros, aunque la legislación siempre irá por detrás de lo que demande la sociedad, pongamos los pilares para conseguir que toda esa travesía que nuestras empresas y nuestros ciudadanos van a emprender sea lo más segura posible.
Para terminar diré que el Gobierno tiene que resolver, y en este caso también los grupos si se tramita como proyecto de ley, tendremos que resolver la figura del notificante, que en el real decreto no aparece lo suficientemente delimitada, y tenemos que hacerlo con sumo cuidado para no volver a esa metáfora orweliana que todos tenemos en mente, y debemos atender con cuidado el desarrollo normativo de este concepto. Porque hay un elemento en la seguridad -y con esto termino- que es intangible, que se determina con la acción de los poderes públicos, y es la confianza; la confianza de no ver la red convertida en un tiroteo de acusaciones, falsas alarmas, de noticias falsas, que tanto han beneficiado a algunos durante un proceso reciente de insurrección de todos conocido. La confianza de saber que los derechos que nos asisten en la calle no quedan en suspenso en la red, sino que son un reflejo de lo que ocurre en la calle; la confianza de saber que están protegidos sin estar siendo vigilados o monitorizados. Porque el tiempo que nos toca vivir -y termino, señor presidente-, nuestro tiempo, hace más actual que nunca aquella frase del pensador vienés: tenemos que hacer planes para la libertad y no solo para la seguridad, por la única razón de que solo la libertad puede hacer segura la seguridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Egea.
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. (Número de expediente 245/000003).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos a continuación a examinar el punto del orden del día relativo a las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia, correspondiente al año 2016. Han sido presentadas 153 propuestas de resolución por parte de todos los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios podrán intervenir en orden de menor a mayor y con un tiempo máximo de cinco minutos para la defensa de las propuestas y las enmiendas presentadas, así como para fijar posición respecto a las de los grupos parlamentarios restantes. Para la defensa de las propuestas presentadas, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señor presidente, señorías, el 8 de marzo de este año nuestro país vivió unas movilizaciones que evidenciaron que la mitad femenina de la población ha adquirido plena conciencia de su situación real de desigualdad y tiene una voluntad decidida por cambiar ya este estado de cosas. (Rumores). Por ello, las reacciones que posteriormente se vieron en la calle ante la sentencia dictada en el juicio a La Manada respondían a la necesidad de expresar el desacuerdo con un sistema judicial que no parece muy proclive... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Decía que las reacciones que vimos en la calle a la sentencia dictada en el juicio a La Manada respondían a la necesidad de expresar el desacuerdo con un sistema judicial que
no es muy proclive a incluir los enfoques transversales de género en su valoración de la realidad, y quien no entienda esto es que no entiende la sociedad en la que vive. Digo esto como simple constatación de lo que se vio, no como crítica a una resolución judicial.
Lamentablemente en este año, como en los pasados de la legislatura en curso, hemos visto la misma exhibición de desconexión social por parte del Poder Judicial en su memoria, cuyo presidente no tuvo empacho durante su presentación ante la Comisión de Justicia en mostrarse indiferente ante la evidencia de que las mujeres siguen discriminadas profesionalmente en la judicatura, amén de negarnos otras evidencias hirientes, como es la de que el efectivo respeto a las lenguas cooficiales sufre mucho cuando se entra en un juzgado. Todos los grupos -y subrayo todos- hemos presentado propuestas que con mayor o menor intensidad apuntan a corregir esa imagen de desapego que muestra el Consejo General del Poder Judicial con respecto a la diversa y plural sociedad que conformamos; una sociedad que además pide explicaciones, pide responsabilidad e interactividad a quienes toman decisiones que afectan también a las personas que integran el Poder Judicial.
Pronto tendremos que plantearnos la renovación de este consejo general. Compromís apoya que la elección de sus miembros resida en sede parlamentaria, lo cual sería un avance histórico frente a algunas peticiones de vuelta al corporativismo que debemos desechar porque somos nosotros, no los jueces, quienes encarnamos la soberanía nacional y por tanto debemos elegir un órgano rector de la justicia compuesto por personas que creamos que van a defender los intereses generales y no los intereses particulares de una profesión, por muy respetables que estos sean. Y para acallar las críticas que siempre se han hecho a los consejos que se han sucedido hasta hoy entendiéndolos como una emanación del bipartidismo, en diciembre tendremos ocasión de demostrar si realmente en este Parlamento también hemos asumido la necesidad de representar la pluralidad en toda su amplitud. Si no, mal servicio haremos a la ciudadanía.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Anunciamos desde la tribuna que vamos a retirar todas nuestras enmiendas a la memoria del Consejo General del Poder Judicial y nos vamos a abstener de votar porque, después de lo que hemos conocido esta mañana a través de los periódicos digitales, lo que se merece el Consejo General del Poder Judicial es una enmienda a la totalidad. ¿Y por qué? Quizá algunas de sus señorías no conocen lo que ha salido publicado. Hoy, en el foro oficial de los jueces del Consejo General del Poder Judicial han aparecido publicados unos mails en los que se vertían insultos gravísimos, acusaciones infames, vejaciones, incluso algunas manifestaciones que podrían ser constitutivas de delito de odio hacia lo que nosotros y muchísima gente representamos en Cataluña, que es el derecho legítimo a luchar por la independencia de nuestro país. ¿Se imaginan que en un foro corporativo de médicos se vertiesen proclamas contra la ética o proclamas eugenésicas o racistas? ¿En qué lugar quedaría esa corporación? Pues eso ha sucedido hoy en el foro corporativo de los jueces del Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, hoy entendemos que ha quedado acreditado que los presos lo son políticos, incluso para la judicatura, que no tendrán un juicio justo, porque ha quedado sobradamente acreditado que la justicia española no está al servicio del Estado de derecho sino que está al servicio de la unidad de España.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ciuró.
Para la defensa de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Agrupamos nuestras propuestas de resolución sobre varios ejes en aquellos aspectos que consideramos más relevantes para el mejor funcionamiento, calidad y adecuación a la llamada constitución territorial. Comenzando por el mismo consejo general y en tanto no se modifique la ley orgánica que lo regula, actualmente en tramitación y sobre la que el Grupo Parlamentario Vasco tiene planteadas algunas enmiendas, proponemos de manera transitoria que el Pleno tenga competencias para tratar cualquier asunto en los que el consejo sea competente y que sus vocales roten anualmente por la comisión
permanente. Asimismo, y respecto también del consejo general, entendemos que debiera elaborar y remitir a esta Cámara su parecer sobre las deficiencias y mejoras a practicar en la justicia y en la actividad judicial, así como una visión sobre la carrera judicial en el siglo XXI.
Sin perjuicio de reclamar el parecer del consejo sobre los aspectos señalados, este Grupo Parlamentario Vasco también hace propuestas concretas sobre las políticas del consejo general relativas a la promoción y ascenso en la carrera, con especial referencia a las políticas de nombramientos de los altos cargos judiciales de las audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, reclamando en todos los casos criterios objetivos previos en la baremación y selección y una mayor igualdad de género en el acceso a estas plazas. En cuanto al desempeño de la carrera, consideramos que el consejo tiene ya desde hace años la tarea pendiente de elaborar una norma sobre las cargas de trabajo de jueces y magistrados tan necesarias respecto a la salud y prevención de riesgos laborales, así como para la determinación de la planta judicial y para las nuevas convocatorias de plazas de acceso a la carrera, no solo para atender al crecimiento natural sino también en previsión de futuras jubilaciones.
La excesiva duración de los procesos a partir de la vista oral, el elevado número de resoluciones judiciales sin ejecutar, las filtraciones en los procedimientos que tanto afectan a los derechos de las partes como a los principios del proceso, también han merecido nuestra atención en estas proposiciones, así como seguir avanzando en la promoción de los procedimientos alternativos a una justicia contenciosa que además presenta un mejor grado de ejecución en la solución mediada que en la impuesta por la justicia tradicional.
En el apartado de justicia para las personas ligado a la mejora de la respuesta judicial, nuestra mirada se ha centrado en la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y sus hijos menores, en la memoria histórica y los crímenes de lesa humanidad, en los delitos de odio, en la problemática de la extranjería, con singular referencia a los solicitantes de asilo y refugio, a los menores y a los mecanismos de protección derivados del lanzamiento de unidades familiares con graves necesidades de protección.
Por último, como señalaba al principio y en lo referente a una mejor adecuación de la Administración de Justicia a nuestra realidad del Estado autonómico, a la estructura autonómica del Estado, nos centramos en la llamada creación de los consejos de Justicia autonómicos respecto a los órganos judiciales de sus respectivos territorios, con funciones desconcentradas del Consejo General. Un año más volvemos a reclamar las medidas para hacer efectivo el principio de plenitud de competencia de los tribunales superiores de Justicia, sin perjuicio de la función nomofiláctica del Tribunal Supremo.
Con respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia, se exponen una serie de medidas para la modificación de la actual naturaleza nacional de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, a fin de que por las comunidades autónomas con competencias en la materia pueda asumirse en plenitud su organización, sin perjuicio del mantenimiento de su movilidad y aquellas otras notas características de su función. La Oficina Judicial, el sistema informático o la justicia digital también han merecido en varias de las propuestas nuestra atención.
Tengo que adelantar que se nos han presentado varias enmiendas por el Grupo Popular a alguna de nuestras propuestas y comunico a la Cámara que las hemos aceptado.
Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidente.
Para la defensa de las propuestas y de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Bon dia, senyoras y senyors diputats.
Los catalanes somos un germen, un virus, nazis, golpistas y criminales y meremos que nos traten como a Tejero en la cárcel. Estos son algunos de los comentarios de magistrados del cuerpo judicial de España. Estos son los que garantizan la imparcialidad judicial, el derecho a un juicio justo y a un proceso con todas las garantías. Estos son los que tienen encarcelados a nuestros dirigentes y los que quieren condenar a nuestros compañeros y amigos solo por ser catalanes e independentistas y llevar a cabo el mandato democrático surgido de las urnas, es decir, del pueblo catalán. Estos correos filtrados prueban y confirman la existencia de una persecución ideológica y política típica de un régimen fascista en el que el encubrimiento policial y la complicidad judicial están a la orden del día. (Aplausos). Por el contrario, se sanciona y acusa a un juez por opinar todo lo contrario, por decir que los cuerpos de seguridad son terroristas uniformados cuando vinieron a apalearnos el 1 de octubre.
Hoy nos toca debatir y defender una serie de propuestas de resolución presentadas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial. Desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado un total de catorce que en su mayoría deben ya conocer de los años anteriores. En la primera de ellas hacemos referencia a aspectos tan importantes como hacer efectivo de una vez por todas el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de los territorios con lengua propia distinta del castellano a relacionarse con la Administración de Justicia. Es inconcebible que en pleno siglo XXI todavía se sigan atacando y discriminando todas las lenguas que no son el español. Cuando dejen de ver las otras lenguas como un enemigo y abandonen el supremacismo lingüístico español será el día en que entiendan la necesidad y el deber de garantizar su uso en todos los ámbitos y ante las administraciones públicas. (Aplausos).
Otra cuestión de vital importancia es la paridad, no solo en la carrera judicial sino especialmente en los altos cargos de los distintos órganos que lo conforman. Como ya hemos denunciado en infinitas ocasiones, la presencia de la mujer en los altos mandos es ínfima, a pesar de la tendencia mayoritariamente femenina en el ingreso a la carrera judicial. Esta es la foto de la inauguración del año judicial (muestra una foto) de 2018; ni una sola mujer, ni una. Esto no es el reflejo de la sociedad, esto no es la normalidad de la sociedad. (Aplausos). Instamos al Consejo General del Poder Judicial a que sea más transparente e independiente a la hora de nombrar los altos cargos. No puede ser que suceda lo que está sucediendo, el soborno de la mujer del señor Llarena en la colocación de la hija del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de Sofía Marchena. No puede ser que se acose a la vocal de la comisión permanente que emitió un voto particular en contra del amparo al juez Llarena. La transparencia debe de regir en todos los actos de la Administración y más aún en el gobierno de los jueces encargados de controlar a otros.
Un último bloque de propuestas están destinadas a reforzar la formación -que falta hace- en defensa y protección de las libertades y los derechos humanos y civiles, tanto individuales como colectivos, para garantizar su efectiva protección ante las graves vulneraciones de derechos humanos, civiles y políticos perpetrados por la Justicia española de forma sistemática contra políticos, artistas y representantes de la sociedad civil catalana. Se ha hecho patente la necesidad de remodelar y ahondar en la enseñanza, la difusión y la defensa de los derechos humanos. Consideramos que es aún más importante tras la publicación de los correos electrónicos corporativos de los jueces y magistrados. Por lo tanto, necesitamos más independencia judicial y exigimos la libertad de nuestras presas y presos políticos, porque este otoño no tendremos un juicio justo y, por tanto, no habrá una sentencia justa.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Telechea.
Para la defensa de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Debatir con casi dos años de demora las propuestas de resolución a la memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2016 es un síntoma de que la justicia no va todo lo rápido que debería. Más preocupante es comprobar, año tras año, que los problemas constatados en la memoria se repiten, al igual que lo hacen las propuestas de resolución que presentamos los grupos. De hecho, si comparamos las propuestas de resolución de este año con las propuestas de resolución que presentamos a la memoria de 2015 no superarían un test antiplagio, ni siquiera con la configuración de ajustes de la Moncloa. (Aplausos). Pero toca también hacer balance, porque la presentación de esta memoria y las propuestas derivadas de la misma coinciden con el cierre del ciclo de gestión de este consejo, próximo a renovarse. Su presidente, el señor Lesmes, cuando presentó la memoria dijo que nuestro sistema de justicia no había experimentado significativas mejoras y que sus indicadores permanecían estabilizados. Estas palabras nos sonaron como una declaración de impotencia, a pesar de que el consejo conoce bien los problemas de la justicia, como le recordó nuestro portavoz el señor Prendes. ¿Qué falla entonces? Pues es sencillo, al final falta voluntad política para poner en marcha los cambios y mejoras que nos están demandando todos los colectivos implicados en nuestra Administración de Justicia.
Pero hoy hemos venido a hablar de esas propuestas de resolución, de estas recomendaciones o solicitudes que elevamos a nuestro consejo en el ámbito de sus competencias, que no son pocas. El consejo tiene competencias estimables y significativas. Tiene competencias organizativas, por ejemplo, para dar solución al fracaso de los juzgados especializados sobre cláusulas suelo, cuya saturación mantiene inmovilizado el derecho a recobrar lo pagado indebidamente por miles y miles de familias. Tiene competencia para chequear la necesidad e instar la creación de nuevos órganos judiciales, para resolver
el retraso y los problemas que está suponiendo la nueva o, mejor dicho, la vieja Oficina Judicial en su implantación o para unificar las normas de registro y de reparto en los decanatos de los juzgados. Tiene competencia en la formación especializada y continuada de nuestros jueces y magistrados para que puedan dar una respuesta más eficaz en materia de familia o de menores como, por ejemplo, en los casos de acoso escolar o bullying, en accesibilidad y en atención a las personas con discapacidad, en acompañamiento personalizado y atención a las víctimas de delitos violentos y, por supuesto, para dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y tiene competencia para facilitar y promover la conciliación familiar, no solo de los trabajadores en la Administración de Justicia sino de los distintos profesionales que se relacionan con ella. Además, tiene competencias para apoyar y dar amparo a los jueces y fiscales destinados en Cataluña frente a las presiones y ataques que siguen sufriendo por defender el Estado de derecho y el orden constitucional, presiones inaceptables que esta Cámara condenó por amplia mayoría hace escasamente dos días a propuesta de Ciudadanos.
Estas y otras propuestas son las que ha elevado el Grupo Ciudadanos a la consideración de esta Cámara para su remisión al consejo en el caso de ser aprobadas. Hago un paréntesis para decir que vamos a aceptar solo las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha formulado a nuestras propuestas números 42 y 45. Será el nuevo consejo el que deberá dar respuesta o cumplimiento a estas propuestas, el consejo que salga del inminente proceso de renovación, una renovación que no se hará para que sean los jueces los que elijan a sus representantes en su órgano de gobierno, tal y como nos pide reiteradamente el informe Greco, el grupo de Estados contra la corrupción, como también nos lo piden los propios jueces y magistrados y toda la sociedad en su conjunto que clama por una justicia más independiente. Así que cuando se publique esa vergonzosa foto de esa mesa rodeada de veinte sillas, sillas de colores -y tengan por seguro que la foto se publicará-, habrá una mayoría de sillas azules y enfrente habrá muchas sillas rojas, pero esta vez también va a haber sillas moradas -no sabemos todavía cuántas-, e incluso una silla verde. (Aplausos). Lo que sí puedo asegurarles es que no va a haber ninguna silla naranja porque nosotros no vamos a estar en ese cambalache. (Aplausos).
Ya que las portavoces del PDeCAT y de Esquerra Republicana han comentado la actualidad -olvidando, por cierto, que también participaban de ese cambalache y olvidando, por cierto, que a la vocal de Convergència la pararon camino de Andorra con un maletín lleno de miles y miles de euros (aplausos)-, yo también voy a comentar la actualidad. Titulares de hoy: El conseller Maragall dice que la ministra Batet le prometió ordenar a la fiscalía que cambiara su postura respecto al 1-O. (Aplausos). Esperamos que el Gobierno desmienta a la mayor brevedad esta noticia o que, en el peor de los casos, rectifique.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gómez Balsera.
Para la defensa de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Elizo Serrano.
La señora ELIZO SERRANO: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
El pasado 20 de junio compareció en esta Cámara el señor Lesmes para dar cuenta de la memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2016. Tres son, a nuestro juicio, los principales vectores para analizar la situación de la Administración de Justicia: la independencia judicial, la Administración de Justicia como un servicio público de calidad y la función de la Administración de Justicia como institución fundamental para la protección de derechos fundamentales. Pues bien, pese a la triunfalista exposición del señor Lesmes, en nuestra opinión la situación de la justicia en España en estos tres vectores se puede calificar de nefasta. Una de las principales causas de esta situación es el propio señor Lesmes. Desde que tomó posesión de su cargo en 2013 para tomar las riendas del Consejo General del Poder Judicial, conforme a la nefasta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del señor Gallardón, cuya propuesta de derogación hemos presentado en esta Cámara, la situación de la justicia en España no ha hecho más que degradarse. El sistema de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial es sin duda perfectible, en esa línea estamos. Siendo importante el debate sobre el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, creemos que lo más importante es que concurran méritos de capacidad, honestidad e independencia de sus miembros. En esta aspiración y no en componendas de otro tipo, señor representante de Ciudadanos, estamos.
Pues bien, el último consejo fue diseñado en su regulación y composición por la ley del señor Gallardón para servir lealmente a intereses partidistas con evidencia y descaro en todas sus decisiones más
importantes. (Aplausos). La atribución de un poder exorbitante en manos del señor Lesmes, que ejerce de manera autocrática y presidencialista, junto con una comisión permanente seleccionada por el mismo, junto con una leal y sumisa composición de la misma, han hecho que el Consejo General del Poder Judicial haya permitido escandalosas resoluciones mediante la triquiñuela de la que nos ha advertido el señor Lesmes de la zanahoria para los leales y el palo para los insumisos. Por ejemplo, el trato de favor dado a la hija del señor presidente del Tribunal Supremo, señor Marchena, con la colaboración de la señora Espinosa, a la que ahora se promociona en el Consejo General del Poder Judicial para otorgarle una plaza de fiscal que no existía, en contra de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los precedentes. Por ejemplo, al amparo dado al señor Llarena, marido de la anterior, cuando manifiestamente se incumplía el criterio de diez días de plazo para solicitarlo. Y ahora persiguiendo y tratando de expulsar mediante triquiñuelas del consejo a la única vocal que se atrevió a ponerlo de manifiesto. Estén ustedes atentos a cómo el señor Lesmes y sus acólitos intentarán vengarse de la señora Sáez en las próximas fechas. Nosotros vamos a estar pendientes. (Aplausos). Por ejemplo, el dudoso nombramiento del señor Llarena u otros como la señora Lamela para el Tribunal Supremo, pasando con total oscuridad y falta de transparencia y motivación por delante de otros candidatos y candidatas notoriamente mejor cualificados y cualificadas. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Elizo.
Señorías, les ruego silencio. Si tienen que mantener conversaciones imprescindibles, les ruego que lo hagan fuera del hemiciclo. Muchas gracias.
La señora ELIZO SERRANO: Gracias.
Es evidente el interés en controlar la composición de los tribunales, principalmente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, sobre todo de cara a los múltiples juicios por corrupción que seguirán llegando. Aunque tampoco hay que soslayar la evidente pretensión de controlar la Sala de lo Contencioso, es decir, la que resuelve la demanda de la ciudadanía contra la Administración. Son innumerables en este corto espacio de tiempo las irregularidades en la elección de cargos judiciales y las intromisiones intolerables en la formación de tribunales, por ejemplo, en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, donde se ha conseguido colocar al inefable e hiperrecusado señor López. (Aplausos).
Pero todas juntas dan cuenta de una situación de alarma para la independencia judicial en España: nada menos que dos tercios de los jueces y juezas en España opinan que no se asciende en la carrera judicial por mérito y capacidad, sino por relación y cercanía con la cúpula judicial. Según el informe que la Comisión Europea publicó en 2017, España está a la cola en la percepción que tiene la ciudadanía de la independencia judicial, con un 58% de los encuestados que la consideran mala o muy mala. También en el uso arbitrario de la potestad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, con poderes exorbitantes que controla completamente su presidente y que ejerce contra enemigos y con favor hacia los amigos. Así, los esfuerzos de Lesmes -que esperemos que resulten baldíos- de evitar la llegada de Vicky Rosell o José Ricardo de Prada al Consejo General del Poder Judicial, amparos selectivos que el señor Lesmes niega a unos y concede a otros con total arbitrariedad. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Confiamos en que el próximo 5 de diciembre, la víspera del 40.º aniversario de la Constitución española, este modelo de consejo y este consejo sean historia negra de este país, que se pueda iniciar una nueva etapa con un Consejo General del Poder Judicial plural e independiente, formado por juristas íntegros e independientes, sin favores que devolver, sin vocales de primera y de segunda, con un pleno soberano. Señoras y señores del PSOE, en ese camino nos encontrarán, igual que nos encontraron para echar al Partido Popular del Gobierno. Si insisten en componendas para lograr un consejo cómodo para el bipartidismo, nos encontrarán enfrente. De momento, tristemente no hay un solo intento o indicio de que las cosas vayan a ser diferentes.
Para la defensa de las propuestas y de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.
El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta, señorías, este debate anual sobre la memoria del Consejo General del Poder Judicial es una oportunidad óptima para identificar las debilidades de nuestra justicia. Es una gran oportunidad para comprobar el consenso de la Cámara en torno a sus necesidades, incrementar plantillas, revertir retrasos, promover la mayor presencia de juezas y magistradas en nombramientos y ascensos judiciales, preservar los derechos de las víctimas, garantizar una digitalización segura y eficiente, mejorar la colaboración con las administraciones autonómicas y, por supuesto, reforzar la formación de nuestros jueces para lograr, entre otros, los objetivos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pero, señorías, las resoluciones propuestas también nos ilustran sobre la actitud de algunos grupos parlamentarios, y hoy queremos llamar la atención sobre dos propuestas del Partido Popular. Son dos propuestas que, lejos de preservar la independencia judicial, buscan coartarla, amordazar y amedrentar a nuestros jueces; dos propuestas tan bochornosas y vergonzantes que hasta el propio Grupo popular ha tenido que autoenmendarse. Vean. La primera, propone el Grupo Popular que el Poder Legislativo, esta Cámara, insiste al Consejo General del Poder Judicial a -abro comillas- "realizar un atento seguimiento de las intervenciones de jueces y magistrados en los medios de comunicación". Y aún peor, pone nombre y apellidos al magistrado De Prada. Una nueva mordaza, esta vez para los jueces. Segunda propuesta del Grupo Popular, más tenebrosa si cabe, instar al Consejo General del Poder Judicial -abro comillas- "a investigar las verdaderas y auténticas razones por las que el juez De la Mata ha prorrogado la investigación sobre los papeles de Bárcenas, sobre la caja B del Partido Popular". Otro juez señalado con nombre y apellidos. ¿Quién será el próximo? ¿La jueza Carmen Rodríguez-Medel tal vez?
Y para colmo de estos desvaríos el Grupo Popular añade que esta decisión judicial estaría provocada por las declaraciones del juez De Prada buscando influir en -abro comillas- "una probable convocatoria de elecciones generales en nuestro país", que solo existe en las ensoñaciones del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos. ¿Así entiende el Partido Popular la independencia judicial garantizada por nuestra Constitución? ¿En esto se traduce la defensa de la Constitución con la que a diario se les llena la boca? ¿Pretenden ustedes que el Poder Legislativo y el órgano de Gobierno de los jueces se inmiscuyan en el ejercicio de la función jurisdiccional? ¿Pretenden cercenar los derechos fundamentales de los jueces y magistrados en tanto ciudadanos, más allá de los ya restringidos y limitados por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial?
Señorías del Grupo Popular, es evidente lo que ustedes pretenden, ustedes no ignoran que nuestro sistema judicial goza de sobrados recursos para garantizar los pilares del Estado de derecho, pero el Partido Popular no busca eso: ustedes quieren amedrentar a los jueces y magistrados que se atreven a controlar sus abusos y especialmente a los que han abanderado la lucha contra la corrupción y la financiación ilegal del Partido Popular. Ustedes quieren evitar que otros jueces sigan el mismo camino y evitar ser señalados por ustedes. Repito, ¿la próxima será la jueza Rodríguez-Medel? Ustedes quieren jueces sumisos y amordazados. Nosotros, el resto, los queremos libres e independientes.
Es evidente, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que ustedes sangran por la herida. Siguen pensando que una sentencia judicial y un par de jueces independientes les privaron del poder, y se equivocan. Del poder les privó el pueblo español a través de sus representantes, del Congreso de los Diputados, de los diputados, de nosotros, porque nadie soportaba ya el hedor que envolvía la degradación provocada por ustedes en nuestras instituciones.
Termino, presidenta. Es evidente que ustedes todavía no han vuelto. Van a necesitar mucho más de cien días. Afortunadamente, España hoy ya tiene un Gobierno comprometido con la dignidad de sus instituciones.
Para la defensa de las propuestas y de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Barrionuevo Gener.
El señor DE BARRIONUEVO GENER: Muchas gracias, señora presidenta.
Antes de dar cuenta de las catorce propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a la memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2016, permítanme ustedes agradecer el trabajo que en estos últimos cinco años ha venido realizando su presidente, don Carlos Lesmes, y los veinte vocales que lo integran y que ahora toca renovar. Quiero agradecer también la labor que a diario realizan los más de 5500 jueces y magistrados en todo el territorio nacional. Señorías, siempre he
mantenido que la justicia es la última salvaguarda en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y de nuestro Estado de derecho. Por eso, quiero mostrar mi apoyo al juez Pablo Llarena por su trabajo en la defensa de nuestra Constitución y de la democracia. (Aplausos).
Las catorce propuestas presentadas por mi grupo las podemos dividir en tres grandes grupos. El primero de ellos incluye las propuestas relativas al funcionamiento de la justicia. Entre ellas, cabe destacar la propuesta que hemos presentado instando al Consejo General del Poder Judicial para que culmine la elaboración del informe que sobre las cargas de trabajo está elaborando. Otra propuesta insta a que se siga trabajando en el desarrollo del plan de riesgos laborales, para reducir la litigiosidad tanto en el orden civil como en el orden laboral, y a que se siga trabajando en la concienciación de los jueces y magistrados para utilizar las nuevas tecnologías.
En relación con el segundo de los bloques, poner la justicia al servicio de las personas, quiero felicitar al Consejo General del Poder Judicial por la buena aceptación que ha tenido su portal de transparencia, bautizado con el nombre de José Luis Terrero Chacón. Ha aumentado en un 31% el número de escritos de reclamaciones, denuncias y sugerencias, situándose en 10770 escritos. Por ello, mi grupo parlamentario insta al Consejo General del Poder Judicial a dar respuesta eficaz a dichas reclamaciones, quejas y sugerencias. Otra de las propuestas que presenta mi grupo es que se siga fomentando y promocionando la mediación intrajudicial como mecanismo de resolución de conflictos. Señorías, ustedes saben que en el Partido Popular creemos firmemente en la mediación y nuestros trabajos parlamentarios así lo demuestran. (Rumores).
Por lo que se refiere a las cláusulas suelo, instamos al Consejo General del Poder Judicial a realizar dentro de sus competencias las acciones necesarias para paliar el retraso de la presentación masiva de demandas de este tipo, lo que hace que la tutela judicial efectiva de los ciudadanos se vea frustrada por el exceso de la carga de trabajo de los cincuenta y cinco juzgados destinados a tal fin. En otra de las propuestas el Grupo Parlamentario Popular insta al Consejo General del Poder Judicial a atajar e investigar todas las filtraciones que se producen, no solo en los sumarios y fallos de la Audiencia Nacional, sino especialmente en las referentes a los datos de filiación de las víctimas de delitos de violencia de género o de delitos que atenten contra la libertad sexual, porque consideramos que se produciría una doble victimización de las mismas. (Rumores).
El tercero y último de los bloques es el referido a la reivindicación de una justicia como pieza fundamental del Estado de derecho. En relación con este tercer bloque hemos estado comprobando que en el informe Justicia Dato a Dato se refleja que en los próximos diez años se va a producir una jubilación masiva de gran parte de la carrera judicial. Por eso instamos al gobierno de los jueces a realizar un estudio que refleje las futuras plazas que deberán ir convocando; creemos que los jueces no se forman de la noche al día y que es un tema que no debemos dejar la improvisación. (Rumores).
Apostamos además por la formación de nuestros jueces, proponemos que se amplíe la formación para la sensibilidad en asuntos tan importantes como la trata de seres humanos, la violencia de género o la sustracción internacional de menores. Y, por supuesto, ya adelanto que votaremos a favor de las propuestas presentadas por otros grupos referentes a la formación en materia de delitos de odio, de asilo y de refugio, que tanto nos preocupan.
Señorías, todos somos conscientes de la percepción muchas veces equivocada que los ciudadanos tienen sobre la independencia de la justicia. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos propuestas en relación a paliar este efecto. (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Por favor, silencio.
El señor DE BARRIONUEVO GENER: Por un lado consideramos que la presencia como tertulianos políticos de jueces y magistrados en activo en relación con procedimientos en los que han actuado como instructores en una fase oral puede comprometer el derecho de la defensa de los ciudadanos. Por otro lado, creemos que para reforzar la percepción de la independencia judicial, hay que regular de forma clara y precisa las reglas y criterios aplicables a los jueces y magistrados que deciden desempeñar cargos políticos en un Gobierno de la nación o en un Gobierno de las distintas administraciones públicas en su retorno a su actividad judicial. Es decir, hay que regular las puertas giratorias. (Continúan los rumores). Si el PSOE pide, en su propuesta 121, la regulación de las denominadas puertas giratorias entre el ejercicio de la abogacía y la judicatura; si el Grupo Ciudadanos pide la regulación de los criterios de compatibilidad de jueces y magistrados que dan cursos de formación y conferencias en entidades que litigan frecuentemente, porque consideran que ponen en duda la imparcialidad de estos y la imagen de la
independencia de los miembros de su carrera judicial, imagínense ustedes el caso de un senador, de un diputado o de un ministro del Interior, de Defensa o de Justicia que formase parte de una sala de lo penal o de lo contencioso-administrativo y que le tocara resolver casos como el de los ERE o los cursos de formación en Andalucía, donde hay imputados dos presidentes del Partido Socialista. (Aplausos). Señorías, yo no dudo de la profesionalidad pero quiero decirles una cosa que se dice en mi tierra: El César, además de serlo, ha de parecerlo. Y no es una cuestión ética, que también lo es, sino de estética y de confianza. (Rumores).
Por último, quiero decir...
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señoría.
El señor DE BARRIONUEVO GENER: ... al señor Artemi que creo que no se ha leído todas las propuestas, porque sabrá que la número 109 la habíamos retirado. Por falta de tiempo solo voy a puntualizar -y ya termino, señora presidenta- que vamos a votar en contra de las propuestas 71 y 77 del PDeCAT al considerar que en España no hay representantes políticos catalanes en el exilio, sino prófugos de la justicia, y tampoco hay presos políticos ,sino políticos presos. Y, por supuesto, votaremos en contra de que se suprima la Audiencia Nacional.
En unos minutos serán llamados a votación. (Pausa).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con las votaciones.
En primer lugar, vamos a votar el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de trasposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 5 votos telemáticos, 340; a favor, 326 más 5 votos telemáticos, 331; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
- TRAMITACIÓN COMO PROYECTO DE LEY POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL REAL DECRETO-LEY 11/2018, DE 31 DE AGOSTO, DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS COMPROMISOS POR PENSIONES CON LOS TRABAJADORES, PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y REQUISITOS DE ENTRADA Y RESIDENCIA DE NACIONALES DE PAÍSES TERCEROS Y POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 130/000038).
La señora PRESIDENTA: Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 5 votos telemáticos, 340; a favor, 330 más 5 votos telemáticos, 335; abstenciones, 5.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se tramitará por el procedimiento de urgencia.
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora, señorías, el Real Decreto-ley de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 5 votos telemáticos, 340; a favor, 314 más 5 votos telemáticos, 319; en contra, 21.
- TRAMITACIÓN COMO PROYECTO DE LEY POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DEL REAL DECRETO-LEY 12/2018, DE 7 DE SEPTIEMBRE, DE SEGURIDAD DE LAS REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. (Número de expediente 130/000039).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335 más 5 votos telemáticos, 340; a favor, 335 más 5 votos telemáticos, 340.
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, a votar las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de justicia, correspondientes al año 2016.
Les anuncio, señorías, que la votación es larga. Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Votamos, en primer lugar, la propuesta 2.
Comienza la votación. (Pausa.-Varios señores diputados del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y del Grupo Mixto, Partit Demòcrata PDeCAT, abandonan el Hemiciclo).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 155; en contra, 1; abstenciones, 172.
Propuesta 3 del mismo grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 71; en contra, 1; abstenciones, 255.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 182; abstenciones, 146.
Votamos ahora, señorías, la propuesta 12, que se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 319; abstenciones, 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 155; en contra, 134; abstenciones, 39.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 72; en contra, 217; abstenciones, 40.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 237; en contra, 81; abstenciones, 9.
Propuestas 28 y 31.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 156; en contra, 164; abstenciones, 9.
Propuestas 29 y 34.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 72; en contra, 248; abstenciones, 9.
Propuestas 32 y 33.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 10; en contra, 248; abstenciones, 71.
Resto de las propuestas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 320; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Pasamos ahora, señorías, a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. En primer lugar vamos a votar la propuesta 35, que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 249; en contra, 80.
Propuesta 36, que se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 97; en contra, 94; abstenciones, 139.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Rumores).
Propuestas 38 y 43.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 185; en contra, 143; abstenciones, 1.
Propuesta 42, que se vota en los términos de la enmienda 3 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 232; en contra, 93; abstenciones, 5.
Propuesta 45, que se vota en los términos de la enmienda 4 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 237; en contra, 93.
Propuesta 46.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 96; en contra, 10; abstenciones, 224.
Propuesta 49.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 236; en contra, 93.
Propuesta 50.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 236; en contra, 9; abstenciones, 84.
Propuesta 52.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 186; en contra, 9; abstenciones, 135.
Resto de las propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 319; en contra, 11.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Bataller i Ruiz. En primer lugar, votamos la propuesta 54.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 79; en contra, 1; abstenciones, 250.
Propuesta 55, que se vota en los términos de la enmienda 14 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 165; en contra, 31; abstenciones, 134.
Propuesta 56 del mismo grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 163; en contra, 1; abstenciones, 166.
Pasamos, señorías, ahora a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votamos, en primer lugar, la propuesta 57, que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 80; en contra, 250.
Propuesta 58, que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 14; en contra, 249; abstenciones, 63.
Propuesta 59.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 76; en contra, 250; abstenciones, 4.
Votamos ahora las propuestas 60, 64, 67 y 70.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 327; abstenciones, 1.
Propuesta 61.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 164; en contra, 135; abstenciones, 30.
Propuesta 62.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 246; en contra, 84.
Propuesta 63, que se vota en los términos de la enmienda 17 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 195; en contra, 135.
Propuesta 65.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 76; en contra, 248; abstenciones, 5.
Propuesta 66, que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 80; en contra, 249.
Propuesta 68, que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 109; abstenciones, 220.
Propuesta 69, que también se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 215; en contra, 85; abstenciones, 30.
Las propuestas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano, han sido retiradas. Pasamos, por tanto, a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, propuesta 99.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 291; en contra, 9; abstenciones, 30.
Propuesta 101.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 236; en contra, 92; abstenciones, 2.
Propuesta 108, que se vota en los términos de la enmienda 12 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 141; en contra, 159; abstenciones, 30.
Propuestas 110 y 111.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 176; en contra, 69; abstenciones, 85.
Propuesta 112.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 320; en contra, 9.
Resto de las propuestas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 321; en contra, 9.
Pasamos ahora, señorías, a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, vamos a votar la propuesta 116.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 194; en contra, 134; abstenciones, 2.
Propuesta 119.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 300; abstenciones, 30.
Propuesta 123.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 193; abstenciones, 136.
Resto de las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 327; abstenciones, 2.
Pasamos ahora, señorías, a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Votamos, en primer lugar, la propuesta 130.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 215; en contra, 30; abstenciones, 84.
Propuesta 132.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 194; abstenciones, 134.
Propuesta 133, que se vota en los términos de la enmienda 13 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 186; abstenciones, 143.
Propuesta 135.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 80; en contra, 163; abstenciones, 87.
Propuestas 138, 143 y 149.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 245; abstenciones, 85.
Propuesta 140.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 110; en contra, 135; abstenciones, 84.
Propuestas 142 y 146.
Propuesta 145.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 165; en contra, 2; abstenciones, 163.
Propuesta 148.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 82; en contra, 30; abstenciones, 218.
Propuesta 152.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 192; en contra, 134; abstenciones, 3.
Propuesta 153.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 79; en contra, 219; abstenciones, 31.
Resto de las propuestas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 330.