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Timestamp: 2017-09-26 09:13:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 44', 'artículo 15', 'artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 44', 'artículo 20', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 33', 'artículo 56', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 44', 'artículo 20', 'artículo 33', 'artículo 22', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 26', 'artículo 15', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 25', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 23']

Decreto 38/06, de 11-04-2006, del Consejo de Gobierno, por el que se regula en el ámbito de Castilla-La Mancha el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y se desarrolla el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La Mancha Horizonte 2010. TÍTULO II. Actuaciones en Materia de Vivienda con Protección Pública
Actuaciones en Materia de Vivienda con Protección Pública
Ayudas a la promoción de viviendas con protección pública de nueva construcción para venta
1. Los promotores de viviendas de protección oficial de régimen especial para venta, de viviendas de protección oficial de precio general y de viviendas de protección oficial de precio concertado, podrán obtener, los préstamos convenidos definidos en el artículo 19.1.a) del presente Decreto, que se otorgarán conforme a las condiciones y características establecidas en el artículo 44 del Real Decreto 801/205, de 1 de julio.
2. Los promotores indicados en el apartado anterior, podrán obtener las ayudas en materia de urbanización de suelo para la construcción de viviendas con protección pública para su posterior venta, reguladas en el Título VII del presente Decreto, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en dicho Título.
3. En las Viviendas de Iniciativa Pública Regional de promoción concertada, y de promoción convenida cuando se acuda a la promoción concertada, el adjudicatario de los concursos a los que se refiere el artículo 15.1.c), además de las ayudas especificadas en los apartados anteriores, podrá obtener las siguientes subvenciones en función del tipo de vivienda y la localización de la promoción:
· Subvención de entre 5.200 euros y 7.500 euros por vivienda en promociones en área geográfica 2.
· Subvención de 6.500 euros y 8.700 euros por vivienda en promociones en área geográfica 1
· En los ámbitos territoriales de precio máximo superior que se puedan declarar, las subvenciones se podrán incrementar respecto de la prevista para el área geográfica 1, en las siguientes proporciones:
· Subvención de entre 2.600 euros y 4.300 euros por vivienda en promociones en área geográfica 2.
· Subvención de entre 3.000 y 5.000 euros por vivienda en promociones en área geográfica 1.
4. En los Convenios por los que se rija la promoción convenida, y en los pliegos de los concursos en los casos de promoción concertada, se fijará la cuantía exacta de las subvenciones, que estarán comprendidas dentro de los límites indicados en el apartado anterior.
5. La Consejería de Vivienda y Urbanismo podrá celebrar convenios con entidades de crédito públicas y privadas en orden a la concesión de préstamos en condiciones más favorables que las de mercado, para la financiación de promociones de viviendas de precio tasado.
6. De conformidad a lo establecido en el artículo 20.2, el importe de la suma de las ayudas financieras expuestas en el presente artículo, no podrá superar el coste de la promoción concreta de que se trate. Para el caso de que la suma de dichas ayudas supere el coste indicado, se procederá, previa sustanciación de los trámites administrativos oportunos, a la disminución de la ayuda prevista en el apartado tercero en la cuantía que corresponda.
Ayudas a la adquisición de viviendas con protección pública
Adquisición de viviendas con protección pública de nueva construcción
1. Los compradores de viviendas con protección pública de nueva construcción, podrán beneficiarse de las siguientes ayudas:
a) Establecimiento de precios máximos de venta de las viviendas con protección pública.
b) Préstamos convenidos.
c) Ayudas económicas en forma de subvenciones.
d) Reducción de los aranceles notariales y registrales aplicables en la transmisión de viviendas con protección pública.
e) Ayudas económicas en forma de subvenciones a las Viviendas de Iniciativa Pública Regional calificadas de promoción pública.
f) Préstamos con entidades de crédito en condiciones más favorables que las de mercado.
2. Precios máximos de venta.
Los compradores definidos en el apartado 1, de viviendas con protección pública para venta, podrán beneficiarse de los precios máximos de venta establecidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en función de cada uno de los tipos de viviendas con protección pública de la forma definida en el artículo 25 del presente Decreto, de tal forma que no se podrán establecer precios por estas viviendas por encima de los límites indicados.
3. Préstamos convenidos.
Los compradores definidos en el apartado 1, de viviendas de protección oficial de régimen especial para venta (VPORE), de viviendas de protección oficial de precio general (VPOPG) y de viviendas de protección oficial de precio concertado (VPOPC), podrán beneficiarse de los préstamos convenidos en las condiciones y con las características establecidas en los artículos 21 y 22 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.
4. Ayudas económicas en forma de subvenciones.
Los compradores definidos en el apartado 1 de viviendas de protección oficial de régimen especial para venta (VPORE) y de viviendas de protección oficial de precio general (VPOPG), cuyos ingresos familiares corregidos no excedan de 1,5 veces el IPREM, podrán obtener las siguientes subvenciones, con las cuantías en euros que se determinan, en función de la tipología de la vivienda con protección pública y de la localización de la misma en cada una de las áreas geográficas definidas en el artículo 24.
a) Viviendas de protección oficial de régimen especial para venta (VPORE):
Para las viviendas en área geográfica 2: 9.000 euros.
Para las viviendas en área geográfica 1: 10.000 euros.
Para las viviendas situadas en los ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo C que puedan declararse: 11.000 euros.
Para las viviendas situadas en los ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo B que puedan declararse: 12.000 euros.
Para las viviendas situadas en los ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo A que puedan declararse: 15.000 euros.
b) Viviendas de protección oficial de precio general (VPOPG):
Para las viviendas en área geográfica 2: 10.000 euros.
Para las viviendas en área geográfica 1: 11.500 euros.
Para las viviendas situadas en los ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo C que puedan declararse: 17.800 euros.
Para las viviendas situadas en los ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo B que puedan declararse: 21.700 euros.
Para las viviendas situadas en los ámbitos territoriales de precio máximo superior del grupo A que puedan declararse: 23.500 euros.
5. Subvenciones a las Viviendas de Iniciativa Pública Regional calificadas de promoción pública.
Los compradores definidos en el apartado 1 de viviendas de Iniciativa Pública Regional calificadas de promoción pública conforme al artículo 44 del Decreto 3/2004, de 20 de enero de Régimen Jurídico de las viviendas con protección pública, podrán beneficiarse de la subvención a que se refiere la disposición adicional segunda del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, cuando se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en dicha disposición.
6. Reducción de aranceles.
Los compradores definidos en el apartado 1, de viviendas de protección oficial de régimen especial (VPORE), de viviendas de protección oficial de precio general (VPOPG) y de viviendas de protección oficial de precio concertado (VPOPC), podrán beneficiarse de la reducción establecida en la disposición adicional tercera del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, respecto de los honorarios de Notarios y Registradores de la Propiedad relativos a todos los actos o negocios jurídicos necesarios para que las viviendas queden disponibles para su primera transmisión o adjudicación, así como los relativos a los préstamos convenidos correspondientes a dichas viviendas.
7. Préstamos con Entidades financieras.
Los compradores definidos en el apartado 1 de viviendas de precio tasado (VPT), podrán beneficiarse de los convenios de colaboración que la Consejería de Vivienda y Urbanismo pueda celebrar con entidades de crédito públicas y privadas en orden a la concesión de préstamos en condiciones más favorables que las de mercado, para la financiación de la adquisición de este tipo de viviendas con protección pública.
8. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, y para el caso de que la suma de las ayudas financieras supere el precio de adquisición de la vivienda, se procederá, tras la tramitación del procedimiento administrativo oportuno, a la minoración del importe de las ayudas contempladas en el apartado cuatro en la cuantía que corresponda.
El procedimiento para la solicitud y concesión de las ayudas indicadas en este artículo será el regulado en el Capítulo V del Título VIII del presente Decreto.
Los compradores de viviendas con protección pública de nueva construcción que acceden por primera vez a la vivienda, podrán ser beneficiarios, además de las ayudas previstas en el artículo anterior, de las ayudas que se establecen en los apartados siguientes, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 22 del presente Decreto.
2. Ayudas.
Los compradores definidos en el apartado anterior podrán ser beneficiarios de las siguientes ayudas:
a) La ayuda estatal directa a la entrada.
c) Ampliación del período de amortización del préstamo convenido.
3. Ayuda estatal directa a la entrada.
De conformidad a lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, la ayuda directa a la entrada consiste en el abono, en pago único, de una cantidad fija en euros determinada por el nivel de ingresos y las circunstancias personales o familiares del solicitante, destinada a facilitar el pago de la entrada correspondiente al precio de venta cuando se trate de una vivienda de protección oficial de régimen especial (VPORE) o de una vivienda de protección oficial de precio general (VPOPG) o de la suma de los valores de la edificación y del suelo en caso del promotor individual para uso propio.
La obtención de la ayuda estatal directa a la entrada requerirá además de los requisitos indicados en el apartado primero, que la cuantía del préstamo convenido no sea inferior al 60 por ciento del precio total de la vivienda.
Las cuantías serán las que a continuación se especifican, teniendo en cuenta que dichas cuantías correspondientes a dichas circunstancias personales o familiares no serán acumulables entre sí, correspondiendo únicamente la más elevada de las varias posibles.
- Si los ingresos no exceden de 2,5 veces el IPREM: 7.000 euros.
- Si los ingresos exceden de 2,5 veces el IPREM (con el límite de 3,5 veces previsto en el apartado 1 en relación con el artículo 22): 4.000 euros.
b) En el caso de familias numerosas con tres hijos:
- Si los ingresos exceden de 2,5 veces el IPREM (con el límite de 3,5 veces previsto en el apartado 1 en relación con el artículo 22): 7.000 euros.
c) En el caso de familias numerosas con cuatro hijos:
- Si los ingresos no exceden de 2,5 veces el IPREM: 10.600 euros.
- Si los ingresos exceden de 2,5 veces el IPREM (con el límite de 3,5 veces previsto en el apartado 1 en relación con el artículo 22): 7.600 euros.
d) En el caso de familias numerosas con cinco o más hijos:
- Si los ingresos no exceden de 2,5 veces el IPREM: 11.200 euros.
- Si los ingresos exceden de 2,5 veces el IPREM (con el límite de 3,5 veces previsto en el apartado 1 en relación con el artículo 22): 8.200 euros.
e) Si concurren en los solicitantes alguna de estas circunstancias: constituir una familia monoparental, formar una unidad familiar en la que haya personas con discapacidad, en las condiciones establecidas en la legislación sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, constituir una unidad familiar que tenga a su cargo a alguna persona de más de 65 años o que el solicitante tenga esa misma edad; o que entre sus integrantes haya mujeres víctimas de malos tratos o víctimas del terrorismo, otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social, o que pertenezcan a otros grupos de protección preferente, la cuantía de esta ayuda será:
- Si los ingresos no exceden de 2,5 veces el IPREM: 7.900 euros.
- Si los ingresos exceden de 2,5 veces el IPREM (con el límite de 3,5 veces previsto en el apartado 1 en relación con el artículo 22): 4.900 euros.
f) Si la vivienda está situada en un ámbito territorial declarado de precio máximo superior, las cuantías indicadas en los párrafos anteriores se incrementarán en los siguientes importes:
- 1.000 euros, cuando se trate de un ámbito territorial declarado de precio máximo superior del grupo A.
- 550 euros, cuando se trate de un ámbito territorial declarado de precio máximo superior del grupo B.
- 300 euros, cuando se trate de un ámbito territorial declarado de precio máximo superior del grupo C.
En todo lo no previsto en este apartado será de aplicación lo establecido en los artículos 24 y 25 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio.
4. Subsidiación del préstamo convenido.
Los compradores definidos en el apartado 1, podrán beneficiarse de la subsidiación en sus préstamos convenidos en la forma definida en el artículo 23 del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, en las cuantías en función del nivel de ingresos familiares y por los períodos que a continuación se indican:
- Si los ingresos no exceden de 2,5 veces el IPREM: la subsidiación consistirá en el pago de 82 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo, durante un máximo de 10 años.
- Si los ingresos exceden de 2,5 veces el IPREM (con el límite de 3,5 veces previsto en el apartado 1 en relación con el artículo 22) la subsidiación consistirá en el pago de 48 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo, durante un máximo de 5 años.
b) Si se trata de familias numerosas, las cuantías de la subsidiación serán las siguientes:
- Si los ingresos no exceden de 2,5 veces el IPREM: la subsidiación consistirá en el pago de 132 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco primeros años, y 82 euros al año por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco siguientes.
- Si los ingresos exceden de 2,5 veces el IPREM (con el límite de 3,5 veces previsto en el apartado 1 en relación con el artículo 22) la subsidiación consistirá en el pago de 78 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco primeros años, y 48 euros al año por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco siguientes.
La subsidiación correspondiente a los prestatarios con ingresos familiares corregidos no superiores a 2,5 veces el IPREM, se concederá por un período de cinco años y podrá ser ampliada por el mismo importe inicialmente concedido, por otro período de la misma duración máxima. Para que pueda concederse esta ampliación será necesario que el beneficiario la solicite dentro del quinto año del primer período y acredite que sigue reuniendo las condiciones que le hacen acreedor a la subsidiación que le fue concedida. Se entenderá que se cumplen dichas condiciones, por lo que se refiere a los ingresos familiares corregidos, cuando no excedan de 2,5 veces el IPREM o cuando, siendo superiores, la media de aquellos en los dos años anteriores al de la revisión, con plazo de presentación vencido, a los efectos de la declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no varíe en más de un 20 por ciento, en relación con los ingresos familiares acreditados en el momento de la concesión inicial de la subsidiación.
5. Ampliación del período de amortización del préstamo convenido.
Los compradores definidos en el apartado 1 de este artículo, podrán beneficiarse de una ampliación excepcional del período de amortización del préstamo convenido, conforme a las siguientes reglas:
a) La ampliación se concederá por un plazo máximo de dos años.
b) Se requerirá el acuerdo entre la entidad prestamista y el prestatario.
c) La ampliación se producirá mediante interrupciones temporales de pagos debidas a situaciones de desempleo que afecten significativamente a la capacidad de pago del prestatario.
d) La subsidiación de los préstamos prevista en el apartado anterior, se reanudará cada vez que se reinicie el período de amortización.
El procedimiento para la solicitud y concesión de las ayudas indicadas en este artículo será el regulado en el Capítulo V del Título VIII.
1. A efectos del presente Decreto, se considera adquisición protegida de viviendas usadas, la efectuada a título oneroso de las siguientes viviendas:
a) Viviendas libres en segunda o posteriores transmisiones, en las condiciones establecidas en este Decreto.
b) Viviendas sujetas a regímenes de protección pública, adquiridas en segunda o posterior transmisión. Se considerarán asimismo segundas transmisiones, las que tengan por objeto viviendas con protección pública que se hubieran destinado con anterioridad a arrendamiento.
c) Viviendas, adquiridas en primera transmisión, sujetas a regímenes de protección pública, con superficie de hasta 120 metros cuadrados destinadas a familias numerosas, cuando haya transcurrido un plazo de un año como mínimo desde la fecha de la calificación o declaración definitiva de las mismas, y no hubieran sido adquiridas por las familias numerosas a que se destinaban.
d) Viviendas libres de nueva construcción, adquiridas cuando haya transcurrido un plazo mínimo de dos años entre la expedición de la licencia de primera ocupación o el certificado final de obra, según proceda, y la fecha del contrato de opción de compra o de compraventa.
e) Viviendas rurales usadas, con una superficie útil que no exceda de 120 metros cuadrados y sean adquiridas en municipios situados en las zonas rurales definidas en el punto 18 del artículo 3 de este Decreto.
2. Los precios máximos de venta de las viviendas usadas serán los siguientes:
a) El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas usadas en segunda o posteriores transmisiones, señaladas en los apartados 1a), 1c), 1d) y 1e) de este artículo, será el mismo que corresponda a las viviendas de protección oficial de precio general del municipio en que se encuentren, definido en el artículo 25 del presente Decreto. En caso de ulteriores transmisiones de las mencionadas viviendas y mientras dure su régimen legal de protección señalado en el apartado siguiente, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no podrá superar dos veces el precio de venta inicial de la vivienda, una vez actualizado mediante aplicación de la variación porcentual del Índice de Precios de Consumo, Índice General, registrada desde la fecha de la primera transmisión hasta la de la nueva transmisión.
b) El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas sujetas a regímenes de protección pública, definidas en el apartado 1.b), será el que corresponda según sus normas específicas.
3. La duración del régimen de protección y por tanto de la limitación del precio a efectos de segundas y posteriores transmisiones de las viviendas usadas definidas en el apartado 1.a), 1.d), y 1.e) de este artículo será de quince años a contar desde su adquisición.
La duración del régimen de protección y, por tanto, de la limitación del precio a efectos de segundas y posteriores transmisiones de las viviendas a las que se refieren los apartado 1.b) y 1.c) de este artículo, será el específicamente establecido en este Decreto respecto de cada tipología de vivienda.
1. Los compradores de las viviendas usadas definidas en el artículo anterior, podrán beneficiarse de las siguientes ayudas:
d) Ayudas económicas en forma de subvenciones a las viviendas de Iniciativa Pública Regional calificadas de promoción pública.
e) Préstamos con entidades de crédito en condiciones más favorables que las de mercado.
Los compradores definidos en el apartado anterior, podrán beneficiarse de los precios máximos de venta establecidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previstos en el mencionado artículo, de tal forma que no se podrán establecer precios por estas viviendas por encima de los límites indicados.
Los préstamos convenidos a los compradores de viviendas usadas definidos en el apartado 1 tendrán las mismas características que los correspondientes a los préstamos directos de compradores de viviendas con protección pública definidos los artículos 21 y 22 de Real Decreto 801/2005 de 1 de julio con la única excepción de los préstamos para la adquisición de las viviendas usadas reguladas en los apartados 1 c) y 1 e) del artículo 33, en los que podrán obtenerse los préstamos convenidos correspondientes a 90 metros cuadrados útiles, con independencia de que la superficie real, sea mayor. Para poder obtener estos préstamos convenidos, se deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Haberse celebrado contrato de opción de compra o de compraventa, debidamente visado por la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para obtener las ayudas financieras a la vivienda.
b) Si el vendedor hubiese recibido un préstamo convenido para la misma vivienda, deberá cancelarlo previa o simultáneamente a la formalización del préstamo al comprador, salvo en el supuesto de solicitar las ayudas financieras para la rehabilitación de edificios destinados a la venta o alquiler regulada en el artículo 56.2 del presente Decreto.
c) Que entre la celebración del contrato de opción de compra o de compraventa y la solicitud del visado del mismo no hayan transcurrido más de cuatro meses.
d) El plazo de validez del visado para solicitar a la entidad financiera el préstamo convenido será de seis meses desde la fecha de la correspondiente resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo. No obstante, de oficio para aplicación general, o a instancia del interesado para aplicación particular, y por causas excepcionales justificadas en ambos casos, podrá interrumpirse el transcurso de dicho plazo mediante resolución de la Dirección General de la Vivienda, previo informe y propuesta de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo en el supuesto de aplicación particular, debiendo fijarse en dicha resolución la fecha en que se reanude dicho plazo o las circunstancias objetivas cuya concurrencia permitan la exacta determinación de la misma.
Los compradores de viviendas usadas definidos en el apartado 1, podrán obtener las mismas subvenciones determinadas en el artículo 31.4 del presente Decreto para los compradores de viviendas de protección oficial de precio general, y con las mismas condiciones en cuanto a ingresos máximos establecidos en dicho artículo.
Los compradores de las viviendas usadas definidas en el artículo 33.1. b) calificadas de promoción pública conforme al artículo 44 del Decreto 3/2004, de 20 de enero de Régimen Jurídico de las viviendas con protección pública, que se hubieran destinado con anterioridad a arrendamiento podrán beneficiarse de la subvención a que se refiere la disposición adicional segunda del Real Decreto 801/2005 de 1 de julio, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en dicha disposición.
6. Préstamos con Entidades financieras.
Los compradores definidos en el apartado 1 de las viviendas usadas definidas en el apartado 1.b del artículo anterior declaradas o calificadas como viviendas de precio tasado, podrán beneficiarse de los Convenios que la Consejería de Vivienda y Urbanismo pueda celebrar con entidades de crédito públicas y privadas en orden a la concesión de préstamos en condiciones más favorables que las de mercado para la financiación de este tipo de viviendas con protección pública.
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 y para el caso de que la suma de las ayudas financieras supere el precio de adquisición de la vivienda, se procederá, tras la tramitación del procedimiento administrativo oportuno, a la minoración del importe de las ayudas contempladas en el apartado cuatro en la cuantía que corresponda.
Los compradores de las viviendas definidas en el artículo 33, que acceden por primera vez a la vivienda, y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 22, podrán ser beneficiarios, además de las ayudas previstas en el artículo anterior, de las siguientes ayudas:
a) Ayuda estatal directa a la entrada.
b) Subsidiación del préstamo convenido.
c) Ampliación del período de amortización del préstamo.
2. Ayuda directa a la entrada.
La ayuda directa a la entrada consiste en el abono, en pago único, de una cantidad fija en euros variable en función de las circunstancias personales o familiares del solicitante. La cuantía de esta ayuda será la misma que corresponda a compradores de viviendas de protección oficial de precio general establecida en el artículo 32 de este Decreto, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos en el mismo establecidos.
3. Subsidiación del préstamo convenido.
Los compradores definidos en el apartado 1, podrán beneficiarse de la subsidiación en sus préstamos convenidos, en las cuantías y por los períodos que a continuación se indican:
a) Cuantía general: La subsidiación consistirá en el pago de 82 euros al año por cada 10.000 euros de préstamo durante un máximo de 10 años cuando los ingresos familiares no excedan de 2,5 veces el IPREM, y de 48 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo durante un máximo de 5 años, cuando los ingresos familiares sean superiores a 2,5 veces el IPREM y no excedan de 3,5 veces el IPREM.
b) Si la vivienda se encuentra en un ámbito territorial declarado de precio máximo superior y los ingresos familiares del solicitante no exceden de 2,5 veces el IPREM, la subsidiación consistirá en el pago de 69 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo, durante un máximo de 10 años.
c) Si la vivienda se encuentra en un ámbito territorial declarado de precio máximo superior y los ingresos familiares del solicitante son mayores de 2,5 veces el IPREM pero no exceden de 3,5 veces IPREM, la subsidiación consistirá en el pago de 40 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo, durante un máximo de 5 años.
d) Si se trata de familias numerosas, las cuantías de la subsidiación en cada uno de los casos indicados en los apartados precedentes, se incrementarán durante los cinco primeros años en las siguientes:
- Si los ingresos no exceden de 2,5 veces el IPREM, en 50 euros por cada 10.000 euros de préstamo.
- Si los ingresos exceden de 2,5 veces el IPREM (con el límite de 3,5 veces previsto en el apartado 1), en 30 euros al año, por cada 10.000 euros de préstamo.
4. Ampliación del período de amortización del préstamo convenido.
Los compradores definidos en el apartado 1 de este artículo, podrán beneficiarse de la ampliación excepcional del período de amortización del préstamo convenido, con las mismas características y condiciones que las establecidas en el artículo 32.5 de este Decreto.
Ayudas para el fomento del alquiler
Promoción de viviendas con protección pública nuevas en alquiler
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en el siguiente apartado, los promotores de las viviendas con protección pública para cederlas en alquiler, definidas en el artículo 8.2 del presente Decreto.
Los beneficiarios indicados en el apartado anterior podrán obtener las siguientes ayudas:
a) Ayudas para fomentar la urbanización de suelo para la construcción de viviendas con protección pública.
c) Subsidiación de los préstamos convenidos.
d) Ayudas económicas en forma de subvenciones.
e) Préstamos hipotecarios en condiciones más favorables que las de mercado.
3. Ayudas para fomentar la urbanización de suelo para la construcción de viviendas con protección pública.
Los promotores de viviendas con protección pública para cederlas en alquiler, definidas en el artículo 8.2 del presente Decreto, podrán beneficiarse de las ayudas establecidas en el Título VII del presente Decreto, en las condiciones y previo el cumplimiento de los requisitos que en dicho Título se establecen.
4. Préstamos convenidos.
Los beneficiarios definidos en el apartado 1 de este artículo, podrán obtener préstamos convenidos para la promoción de viviendas de protección oficial de régimen especial para alquilar (VPOARE), viviendas de protección oficial de renta básica (VPORB) y viviendas de protección oficial de renta concertada (VPORC), en las condiciones establecidas en el artículo 37 del Real Decreto 801/2005, de 1 de enero.
5. Subsidiación de los préstamos convenidos.
Los promotores de las viviendas con protección pública definidas en el apartado anterior, podrán obtener una subsidiación para los préstamos convenidos en función de la tipología de vivienda y el plazo de amortización del préstamo.
a) Si se trata de promoción de viviendas de protección oficial de régimen especial para alquilar (VPOARE) y de viviendas de protección oficial de renta básica (VPORB), las cuantías de la subsidiación serán:
- Si el plazo de amortización del préstamo es de 10 años, la subsidiación será de 295 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco primeros años, y de 177 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo, durante los siguientes cinco años.
- Si el plazo de amortización del préstamo es de 25 años, la subsidiación será de 263 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco primeros años, y de 205 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo, durante los siguientes quince años.
b) Si se trata de promoción de viviendas de protección oficial de renta concertada (VPORC), las cuantías de la subsidiación serán:
- Si el plazo de amortización del préstamo es de 10 años, la subsidiación será de 70 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco primeros años, y de 35 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo, durante los siguientes cinco años.
- Si el plazo de amortización del préstamo es de 25 años, la subsidiación será de 100 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco primeros años, y de 70 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo, durante los siguientes quince años.
6. Ayudas económicas en forma de subvenciones.
Los beneficiarios definidos en el apartado 1 podrán obtener las siguientes subvenciones, en función de la tipología de la vivienda promovida.
a) Viviendas de protección oficial de renta básica (VPORB):
Los promotores de viviendas de protección oficial de renta básica cuya superficie útil no exceda de 70 metros cuadrados, podrán obtener una subvención en función del período de amortización del préstamo, y de la localización de la promoción, tal y como se expone a continuación:
- Si el plazo de amortización es de 10 años, y la vivienda está situada en municipios comprendidos en las áreas geográficas 1 y 2, la subvención será de 8.000 euros. Si la vivienda estuviera situada en los ámbitos de precio máximo superior que pudieran declararse, en los del grupo C: 9.000 euros, en los del grupo B 10.000 euros y en los del grupo A, 11.000 euros.
- Si el plazo de amortización es de 25 años, y la vivienda está situada en municipios comprendidos en las áreas geográficas 1 y 2, la subvención será de 11.000 euros. Si la vivienda estuviera situada en los ámbitos de precio máximo superior que pudieran declararse, en los del grupo C: 12.300 euros, en los del grupo B 13.700 euros, y en los del grupo A, 15.000 euros.
La Dirección General de la Vivienda, previo informe favorable de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, a solicitud del promotor, podrá proponer al Ministerio de Vivienda la autorización del anticipo al promotor de la percepción de hasta el 50 por ciento de la subvención, previa certificación de la iniciación de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.2 del Real Decreto 801/2005.
Asimismo, la Dirección General de la Vivienda previo informe favorable de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, e igualmente a solicitud del promotor, podrá proponer al Ministerio de Vivienda que dicho anticipo pueda alcanzar la totalidad de la mencionada subvención, cuando el promotor se comprometa a reducir la renta a percibir, durante los primeros cinco años, de modo que dicha renta se sitúe en un punto porcentual menos que la renta máxima establecida en el artículo 26 del presente Decreto.
Las cantidades cuyo anticipo se autorice deberán ser garantizadas mediante aval u otros medios de garantía aceptados por el ordenamiento jurídico que aseguren su devolución en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la subvención, o de falta de la calificación o de declaración definitiva o, en su caso, de la ausencia de la certificación de finalización de las obras.
b) Viviendas de iniciativa Pública Regional:
En las Viviendas de Iniciativa Pública Regional de promoción concertada, y de promoción convenida cuando se acuda a la promoción concertada, el adjudicatario de los concursos a que se refiere el artículo 15.1.c), además de las ayudas especificadas en el apartado 2, podrá obtener las siguientes subvenciones en función del tipo de vivienda y la localización de la promoción:
- Viviendas protección oficial de régimen especial para alquilar (VPOARE):
· Subvención de entre 13.700 y 18.300 euros por vivienda en promociones en área geográfica 2.
· Subvención de entre 16.000 y 21.300 euros por vivienda en promociones en área geográfica 1
· Subvención de entre 8.000 euros y 10.600 euros por vivienda en promociones en área geográfica 2.
· Subvención de entre 9.200 y 12.200 euros por vivienda en promociones en área geográfica 1
7. Préstamos hipotecarios en condiciones más favorables que las de mercado.
La Consejería de Vivienda y Urbanismo podrá celebrar convenios con entidades de crédito públicas y privadas en orden a la concesión de préstamos en condiciones más favorables que las de mercado, para la financiación de promociones de vivienda de renta tasada.
8. De conformidad a lo establecido en el artículo 20.2, el importe de la suma de las ayudas financieras expuestas en el presente artículo, no podrá superar el coste de la promoción concreta de que se trate. Para el caso de que la suma de dichas ayudas supere el coste indicado, se procederá, previa sustanciación de los trámites administrativos oportunos, a la disminución de las ayudas previstas en el apartado 6.b) del presente artículo en la cuantía que corresponda.
9. La Consejería de Vivienda y Urbanismo podrá calificar como protegidos aquellos alojamientos en alquiler para colectivos específicos, con una superficie útil máxima comprendida entre 30 y 45 metros cuadrados útiles y con espacios comunes de interrelación, espacios que en ningún caso tendrán la consideración de protegidos, destinados a arrendamiento u otras formas de explotación justificadas por razones sociales, que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva, que tengan características adecuadas a ocupantes con circunstancias específicas definidas, tales como mayores de 65 años y sus familias, inmigrantes, víctimas del terrorismo, mujeres víctimas de malos tratos, miembros de colectivos en situación o riesgo de exclusión social, mujeres con cargas familiares, discapacitados, u otros, con ingresos familiares corregidos que no excedan de 2,5 veces el IPREM, y siempre que tales actuaciones sean acordes con la integración social de dichos colectivos, y cuyas características esenciales, tales como número de alojamientos, superficie de los mismos y de los espacios comunes, presupuesto protegible, renta o canon máximo, sistema de selección de los usuarios y, se fijaran en el propio documento de calificación. Esta calificación requerirá necesariamente la acreditación de la disponibilidad y de la adecuación urbanística del suelo.
Los promotores de estos alojamientos podrán obtener las mismas ayudas que las definidas en este artículo para la promoción de viviendas de protección oficial de renta especial y viviendas de protección oficial de renta básica.
El procedimiento para la concesión de las ayudas indicadas en los apartados anteriores, será el establecido en el Capítulo V del Título VIII del presente Decreto.
Ayudas a la adquisición de viviendas usadas para alquilar
Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se establecen en el apartado 3 de este artículo, las entidades sin ánimo de lucro, los organismos públicos y sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas, según establece el artículo 2 de la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, que adquieran viviendas usadas definidas en el artículo 33 del presente Decreto en los términos establecidos en el apartado siguiente.
Para poder obtener las ayudas que se establecen en el apartado 3, será necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
a) La adquisición de viviendas usadas se referirá única y exclusivamente a las definidas en los apartados 1. a), 1. d) y 1. e) del artículo 33 del presente Decreto.
b) El contrato de arrendamiento de las viviendas definidas en el párrafo anterior, se deberá realizar de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos.
c) Las viviendas referidas en el párrafo a), se deberán destinar al alquiler para arrendatarios cuyos ingresos familiares no excedan de 5,5 veces el IPREM.
d) La duración del régimen de protección y las rentas máximas de estas viviendas serán los establecidos en los artículos 8 y 26 respectivamente del presente Decreto para las viviendas de protección oficial de renta básica.
e) El precio máximo de adquisición de estas viviendas será el establecido en el artículo 25.2 del presente Decreto.
f) Para las segundas y posteriores transmisiones de estas viviendas se aplicarán los mismos criterios que corresponden a las viviendas de protección oficial de renta básica.
Los beneficiarios indicados en el apartado 1 de este artículo, podrán obtener, para la adquisición de viviendas usadas para su cesión en alquiler, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior, las siguientes ayudas:
a) Préstamo convenido con las siguientes particularidades:
La cuantía máxima del préstamo será del 80 por ciento del precio total de la vivienda.
No habrá en ningún caso período de carencia.
b) Una subsidiación para los préstamos convenidos que consistirá en el abono de una cantidad de dinero en función de la localización de la vivienda y el plazo de amortización del préstamo. La cuantía de esta subsidiación será la siguiente:
i. Si la vivienda está situada en el Área Geográfica 1 ó en el Área geográfica 2. Si el plazo de amortización del préstamo es de 10 años, la subsidiación será de 295 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco primeros años, y de 177 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo, durante los siguientes cinco años. Y si el plazo de amortización del préstamo es de 25 años, la subsidiación será de 263 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco primeros años, y de 205 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo, durante los siguientes quince años.
ii. Si la vivienda está situada en un ámbito territorial declarado de precio máximo superior, si el plazo de amortización del préstamo es de 10 años, la subsidiación será de 248 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco primeros años, y de 149 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo, durante los siguientes cinco años. Y si el plazo de amortización del préstamo es de 25 años, la subsidiación será de 221 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo durante los cinco primeros años, y de 173 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo, durante los siguientes quince años.
c) Una subvención consistente en el abono de una cantidad fija en euros, en función del período de amortización del préstamo, y de la localización de la vivienda, tal y como se expone a continuación:
- Si el plazo de amortización es de 25 años, y la vivienda está situada en municipios comprendidos en las áreas geográficas 1 y 2, la subvención será de 11.000 euros. Si la vivienda estuviera situada en los ámbitos de precio máximo superior que pudieran declararse, en los del grupo C: 12.300 euros, en los del grupo B 13.700 euros y en los del grupo A, 15.000 euros.
4. De conformidad a lo establecido en el artículo 20.2, el importe de la suma de las ayudas financieras expuestas en el presente artículo, no podrá superar el coste de la promoción concreta de que se trate. Para el caso de que la suma de dichas ayudas supere el coste indicado, se procederá, previa sustanciación de los trámites administrativos oportunos, a la disminución de la ayuda prevista en el apartado 3.c) en la cuantía que corresponda.
El procedimiento para la concesión de estas ayudas será el establecido en el Capítulo V del Título VIII del presente Decreto.
Ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios para alquilar
Las ayudas contempladas en este artículo para la rehabilitación de viviendas y edificios para alquilar, estarán destinadas a los Titulares de vivienda promotores de su rehabilitación para ser destinadas al alquiler, en las condiciones y previo el cumplimiento de los requisitos que se establecen en el apartado 2 de este artículo.
- La vivienda debe ser destinada al alquiler, en las condiciones establecidas en este Decreto para las viviendas de protección oficial de renta básica (VPORB) o para las viviendas de protección oficial de renta concertada (VPORC).
- El plazo de arrendamiento debe ser como mínimo de cinco años.
- Si la vivienda fuera calificada o declarada provisionalmente con protección pública, la vivienda deberá cumplir todos los requisitos respecto de superficies máximas, rentas máximas y duración del régimen de protección según el tipo de vivienda con protección pública para alquiler que corresponda.
- El contrato de alquiler deberá formalizarse a través de las Oficinas Provinciales de Vivienda reguladas en el Título VIII.
Los beneficiarios definidos en el apartado 1 de este artículo, podrán obtener las siguientes ayudas:
- 1º Una ayuda económica en forma de subvención de 6.000 euros.
- 2º Una ayuda económica en forma de subvención consistente en el 7 por ciento del presupuesto protegido correspondiente a las obras que tengan por objeto la adecuación de la vivienda a la eficiencia energética, con un límite de 200 euros por vivienda o local que participe en los costes de la rehabilitación.
- 3º Si la vivienda fuera calificada o declarada provisionalmente con protección pública, se podrán obtener las mismas ayudas que correspondan a un promotor de viviendas con protección pública en alquiler en la tipología que corresponda, definidas en la Sección primera de este Capítulo.
De conformidad a lo establecido en el artículo 20.2, si la suma de las ayudas establecidas supera el coste de la actuación protegida, se procederá a la disminución de la ayuda indicada en el punto 3º.
El procedimiento para la obtención de las ayudas indicadas en el apartado anterior será el establecido en el Capítulo V del Título VIII.
Ayudas a los propietarios de viviendas libres para alquilar
1. Actuación protegible.
Con el objeto de fomentar la oferta de viviendas en alquiler para los castellano-manchegos, además de las ayudas establecidas en las secciones anteriores, en este artículo se establecen unas ayudas para incentivar a los propietarios de viviendas libres desocupadas con el fin de que las pongan en alquiler, considerándose como actuación protegible aquel arrendamiento que, según se establece en la Ley 29/1994 de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en dicha Ley, recaiga sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. No están incluidos ni los arrendamientos de temporada, ni los excluidos en el artículo 5 de la citada Ley de Arrendamientos Urbanos.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en este artículo, los propietarios de viviendas libres desocupadas que las ofrezcan en alquiler, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el apartado siguiente.
Para que los beneficiarios definidos en el apartado anterior puedan obtener las ayudas contempladas en este artículo, será necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
- La superficie útil de la vivienda tendrá que ser como mínimo de 40 metros y como máximo de 120 metros cuadrados.
- El arrendamiento de la vivienda habrá de realizarse por un período mínimo de cinco años.
- Los distintos contratos de arrendamiento que se celebren hasta cubrir el período de cinco años, tendrán una duración no inferior a un año, y deberán contener una cláusula de prohibición de cesión o subarriendo.
- Entre el arrendador y el arrendatario no guardarán relación de consanguinidad en línea recta, descendiente o ascendiente, o en la colateral hasta el tercer grado y de afinidad hasta segundo grado.
- El contrato de arrendamiento deberá realizarse a través de las Oficinas Provinciales de Vivienda, reguladas en el Capítulo I del Título VIII del presente Decreto. En tanto no entren en funcionamiento las referidas oficinas, el contrato de arrendamiento deberá presentarse en la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo para su visado, y comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos.
- Anualmente se deberá acreditar ante el órgano competente, y durante un período de cinco años contados a partir del reconocimiento de la subvención, la subsistencia del contrato de arrendamiento inicialmente celebrado o la celebración de un nuevo contrato de arrendamiento con los requisitos exigidos en el presente artículo.
- La renta máxima anual inicial a percibir será del 5,5 por ciento del precio máximo legal de referencia de la vivienda, definido en el párrafo siguiente.
- El precio máximo legal de referencia a que se refiere el párrafo anterior, se calculará aplicando a una superficie útil que no podrá exceder de 90 metros cuadrados, el precio máximo legal de referencia de las viviendas de protección oficial de renta concertada definidas en el artículo 8. En el caso de que existieran garaje y trastero, a efectos de la determinación del precio máximo, las superficies de los mismos no podrán exceder del 60 por ciento del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda. Y todo ello con independencia de que las superficies útiles respectivas de la vivienda, garaje y trastero, pudieran ser superiores a las indicadas.
- La subvención a que se refiere el apartado 4 de este artículo, se destinará en parte a cubrir los gastos que se ocasionen para asegurar contra posibles impagos y desperfectos, salvo los originados por el desgaste por el uso ordinario de la vivienda. No obstante, el beneficiario podrá renunciar a formalizar dichos aseguramientos, lo que habrá de certificar expresamente.
Los beneficiarios definidos en el apartado 2 de este artículo, podrán obtener una subvención de 6.000 euros, que se concederá previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.
5. Reconocimiento y abono de la subvención.
La Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo dispondrá de un plazo máximo de un año para dictar y notificar la resolución. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la resolución, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo. Todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 1.2 y 2.2 de la Ley 10/2001, de 22 de noviembre, de adecuación de Procedimientos Administrativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de cesión de datos personales.
La subvención se abonará al beneficiario a trimestre natural vencido. Para el cobro de la subvención será imprescindible acreditar que el contrato de arrendamiento sigue en vigor, por lo que se deberá aportar copia de los tres recibos de las mensualidades del trimestre correspondiente y que deberán haber sido abonados a través de transferencia por medio de entidad financiera a la cuenta bancaria del arrendador expresamente indicada en el contrato de arrendamiento.
La subvención se abonará en la cuenta bancaria facilitada por el solicitante a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo.
La Consejería de Vivienda y Urbanismo abonará la subvención una vez aprobada su concesión quedando condicionada a la disponibilidad presupuestaria en los términos establecidos en el artículo 19.2.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en el apartado tercero de este artículo, los ciudadanos incluidos en alguno de los siguientes colectivos, que reúnan los requisitos establecidos en el apartado 2:
a) Jóvenes, en la definición establecida en el artículo 3.20 de este Decreto.
b) Mujeres víctimas de malos tratos.
c) Víctimas de terrorismo.
e) Familias monoparentales.
f) Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
g) Miembros de colectivos en situación de riesgo de exclusión social.
a) Ingresos: Los posibles beneficiarios deberán acreditar unos ingresos anuales máximos corregidos en la forma prevista en el artículo 4 que no excedan de 2,5 veces el IPREM. Dichos ingresos familiares anuales se referirán a los de todos los ocupantes de la vivienda con independencia de que exista entre los mismos relación de parentesco.
b) Superficie computable: La superficie máxima computable para las viviendas será de 90 metros cuadrados de superficie útil, y si hubiere garaje y trastero, para el garaje 25 metros cuadrados y para el trastero 8 metros cuadrados. Todo ello con independencia de que las superficies reales respectivas sean superiores.
c) Renta anual máxima: La renta anual máxima que satisfagan los posibles beneficiarios debe estar comprendida entre el 2% y el 9% del precio máximo de las viviendas de protección oficial de renta básica (VPORB).
d) Duración del contrato de arrendamiento: El contrato de arrendamiento tendrá una duración no inferior a un año y deberá contener una cláusula de prohibición de cesión o subarriendo.
e) Destino de la vivienda: el arrendatario deberá destinar la vivienda a residencia habitual y permanente y no podrá ser propietario, arrendatario, ni titular de un derecho real de uso o disfrute de otra vivienda libre o de protección pública, conforme a lo establecido en el artículo 21 del presente Decreto.
f) Relación con el arrendador: El arrendador y el arrendatario no guardarán relación de consanguinidad en línea recta, descendiente o ascendiente, o en la colateral hasta el tercer grado y de afinidad hasta segundo grado.
g) Empadronamiento: Los solicitantes tendrán que estar empadronados en la vivienda alquilada para la que se otorgue la ayuda, condicionándose el primer abono de la misma a la acreditación de dicho empadronamiento.
h) Procedimiento: Para la concesión de las ayudas previstas en este artículo será necesario que la oferta y el contrato de arrendamiento hayan sido realizadas a través de las Oficinas Provinciales de Vivienda conforme al procedimiento indicado en el Título VIII. En tanto no entren en funcionamiento las referidas oficinas, el contrato de arrendamiento deberá presentarse en la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo para su visado, y comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos.
Las mujeres víctimas de malos tratos y las víctimas de terrorismo no tendrán que justificar ingresos, ni acreditar el empadronamiento en la vivienda alquilada. A los efectos de la no obligación de acreditación del empadronamiento, las mujeres víctimas de malos tratos deberán autorizar expresamente a la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, para que ésta solicite en su nombre, al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha el informe al que se refiere el artículo 3 del Decreto 38/2002 de 12 de marzo de aplicación de la Ley 5/2001 de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y protección a las mujeres maltratadas, y las víctimas de terrorismo deberán autorizar expresamente a la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, para que recabe de los organismos competentes los informes necesarios que acrediten su condición de víctimas de terrorismo.
3. Reconocimiento, importe y abono de las ayudas.
La ayuda para los beneficiarios indicados en el apartado primero, consistirá en el abono de una subvención, cuya cuantía máxima anual no excederá del 40% de la renta anual a satisfacer, ni de un límite máximo absoluto de 2.880 euros, y será hecha efectiva por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Vivienda y Urbanismo.
La duración máxima de esta subvención será de 24 meses, siempre que se mantengan las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda. A tal efecto, la Administración Regional, podrá recabar de los interesados y de otros organismos públicos, los datos que sean necesarios a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos.
No se podrá obtener nuevamente estas ayudas hasta transcurridos como mínimo cinco años desde la fecha de su reconocimiento.
La Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo dispondrá de un plazo máximo de un año para dictar y notificar la resolución de la solicitud de la ayuda. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la resolución, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo. Todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 1.2 y 2.2 de la Ley 10/2001, de 22 de noviembre, de adecuación de Procedimientos Administrativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de cesión de datos personales.
La subvención se abonará al inquilino a trimestre natural vencido. Para el cobro de la subvención será imprescindible no haber dejado de pagar ninguna mensualidad de las rentas. La falta de pago de cualquiera de las mensualidades de la renta determinará la pérdida total de la subvención y la reclamación de las cantidades ya abonadas, incrementadas con los intereses de demora desde su percepción de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, el artículo 14 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y el artículo 23 del presente Decreto.
A los efectos de poder recibir la subvención, el interesado tendrá que aportar los recibos de las tres mensualidades abonadas a través de transferencia por medio de entidad financiera a la cuenta bancaria del arrendador expresamente indicada en el contrato de arrendamiento. A los efectos de acreditación del nivel de ingresos, la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo no exigirá a los interesados la aportación individual de certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ni la presentación de sus declaraciones tributarias, siempre que el interesado haya prestado su consentimiento a la cesión de información tributaria de conformidad a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.