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Timestamp: 2020-01-19 02:37:17
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Matched Legal Cases: ['artículo 131', 'e contrario', 'artículo 60', 'Artículo 59', 'artículo 132', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'artículo 60', 'artículo 68', 'artículo 61', 'artículo 29', 'artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 58', 'artículo 61']

Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria. TÍTULO V. NORMAS DE CONVIVENCIA
1. Cada centro educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 131.3 de la Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria, elaborará las normas de convivencia de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto, favoreciendo la participación de todos los sectores de la comunidad educativa. Estas normas formarán parte de las Normas de organización y funcionamiento del centro, y deberán ser publicadas con objeto de que sean conocidas por todos los miembros de la comunidad educativa.
2. Las normas de convivencia establecidas en el centro deberán responder a sus características y peculiaridades, y tener en cuenta el contexto en el que está inmerso.
3. Las normas de convivencia contendrán:
a) Las normas que concreten los deberes de los alumnos y que garanticen el cumplimiento de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa, en el marco de lo establecido en el presente Decreto.
b) Las conductas que afectan a las normas de convivencia y las medidas disciplinarias que se pueden adoptar en cada caso, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto.
CONDUCTAS QUE AFECTAN A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
1. Las conductas que afectan a las normas de convivencia, tipificadas como faltas en el presente Decreto, se clasifican en:
a) Conductas contrarias a la convivencia.
b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
2. En el caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, el director del centro educativo tiene la obligación de poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes o del Ministerio fiscal.
La aplicación de las medidas disciplinarias estará presidida por los siguientes criterios:
a) La edad del alumno y su escolarización en el correspondiente curso, ciclo, nivel, etapa y enseñanza, así como sus circunstancias personales, familiares y sociales. A tal fin, podrán solicitar cuantos informes consideren pertinentes para acreditar dichas situaciones y/o circunstancias.
b) El carácter educativo y recuperador de las medidas disciplinarias, que deberán garantizar el respeto a los derechos de los miembros de la comunidad educativa y procurarán la mejora de las relaciones entre todos ellos.
c) Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni a la escolaridad.
d) Ningún alumno podrá ser privado del derecho a la evaluación continua como consecuencia de la aplicación de medidas disciplinarias.
e) No podrán imponerse medidas contrarias a la integridad física, psíquica o moral, ni a la dignidad personal del alumno.
1. Las medidas disciplinarias deberán ser proporcionales a la gravedad de la conducta del alumno.
2. A efectos de la gradación de las medidas disciplinarias se considerarán circunstancias atenuantes:
b) La reparación espontánea del daño producido.
c) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico.
d) La ausencia de intencionalidad.
e) La petición de excusas en caso de injuria, ofensa y alteración del desarrollo de las actividades del centro.
f) El ofrecimiento para realizar actuaciones compensadoras del daño causado.
g) Cuando no se pueda llegar a un acuerdo de mediación porque la persona perjudicada no acepte la mediación, los pactos de conciliación o el compromiso de reparación ofrecido, o cuando dicho compromiso no se pueda llevar a cabo por causas ajenas a la voluntad del alumno.
3. A efectos de la gradación de las medidas disciplinarias se considerarán circunstancias agravantes:
c) El daño, agresión, injuria u ofensa a los alumnos de menor edad o recién incorporados al centro, o a los que se encuentren en situación de indefensión, desigualdad o inferioridad, o presenten cualquier tipo de discapacidad.
d) Cualquier conducta que esté asociada a comportamientos discriminatorios por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o por cualquier otra circunstancia personal o social.
e) Actos realizados de forma colectiva que vayan en contra de los derechos de otros miembros de la comunidad educativa.
f) La publicidad manifiesta y/o jactancia de conductas que afecten a las normas de convivencia en el centro.
g) Cuando la conducta contraria a la convivencia afecte a un profesor o algún miembro del personal no docente del centro.
Se podrán aplicar medidas disciplinarias a los alumnos del centro cuando se produzca el incumplimiento de normas de convivencia dentro del recinto escolar, en las actividades complementarias y extraescolares, en el uso de los servicios complementarios y aquellas actuaciones que, aunque se realicen fuera del recinto escolar, estén motivadas o se relacionen directamente con la vida escolar y afecten a cualquier miembro de la comunidad educativa.
1. Son conductas contrarias a la convivencia las que, no teniendo la consideración de gravemente perjudiciales para la convivencia, están tipificadas como tales en las Normas de organización y funcionamiento del centro y, en todo caso, las que estén en alguno de los siguientes supuestos:
c) Los actos que alteren el normal desarrollo de las actividades del centro, especialmente de las actividades del aula.
d) La negativa sistemática y reiterada a llevar el material necesario para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
e) Causar intencionadamente daños leves en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.
f) El uso de cualquier objeto o sustancia no permitidos.
g) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar de sus compañeros, o el ejercicio de la actividad docente.
h) La incitación a cometer una falta contraria a las normas de convivencia.
i) Los actos de incorrección o desconsideración al profesorado o a otros miembros de la comunidad educativa.
j) La grabación, manipulación, publicidad y difusión no autorizada de imágenes de miembros de la comunidad educativa, cuando ello resulte contrario a su derecho a la intimidad y no constituya la conducta gravemente perjudicial para la convivencia tipificada en el artículo 60.e).
k) Cualquier otra conducta que altere el normal desarrollo de la actividad escolar, que no constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia o que, una vez valoradas las circunstancias atenuantes, no merezca tal calificación.
2. Las Normas de organización y funcionamiento de los centros podrán concretar estas conductas con el fin de conseguir su adaptación a los distintos cursos, ciclos, niveles y etapas educativas y enseñanzas, así como al alumnado escolarizado y al contexto de cada centro.
Las conductas contrarias a la convivencia podrán ser corregidas con:
c) Comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o ante el director.
e) Realización de tareas educativas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro y/o dirigidas a reparar el daño causado en las instalaciones, material del centro o pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
f) Retirada temporal de los objetos o sustancias no permitidos, de acuerdo con lo que se determine en las Normas de organización y funcionamiento del centro.
g) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro durante un período máximo de un mes.
h) Cambio de grupo del alumno durante un plazo máximo de una semana.
i) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá permanecer en el centro y realizar las actividades formativas que se determinen para garantizar la continuidad de su proceso educativo.
j) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un plazo máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para garantizar la continuidad de su proceso educativo.
Artículo 59 Competencia para la imposición de medidas disciplinarias
1. El artículo 132. f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, atribuye la competencia para imponer medidas disciplinarias al director del centro.
2. Previa delegación de competencia del director:
a) Cualquier profesor del centro, oído el alumno, podrá imponer las medidas disciplinarias previstas en el artículo 58. a), b), c), d) y f).
b) El tutor, sin perjuicio de las medidas que puede imponer como profesor, podrá imponer, oído el alumno, la medida disciplinaria prevista en el artículo 58. e).
c) El jefe de estudios, sin perjuicio de las medidas que puede imponer como profesor, podrá imponer las medidas previstas en el artículo 58. g) y h).
Artículo 60 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia:
a) La agresión física, el acoso, las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas a cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa.
d) El uso, la posesión o el comercio de cualquier tipo de objetos o sustancias perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, o la incitación a los mismos.
e) La grabación, manipulación, publicidad y difusión a través de cualquier medio o soporte de agresiones o conductas inapropiadas relacionadas con la intimidad de cualquier miembro de la comunidad educativa.
f) Causar intencionadamente daños graves en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de los mismos.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos y material académico.
h) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro.
i) El incumplimiento de las medidas disciplinarias impuestas, salvo que se deba a causas justificadas.
j) La incitación para cometer una falta que afecte gravemente a la convivencia en el centro.
k) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a la convivencia del centro.
Artículo 61 Medidas disciplinarias
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán ser corregidas con:
a) Realización de tareas educativas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro y/o, dirigidas a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros educativos o de miembros de la comunidad educativa.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro por un período máximo de tres meses.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá permanecer en el centro y realizar las actividades formativas que se determinen para garantizar la continuidad del proceso educativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para garantizar la continuidad de su proceso educativo.
f) Cambio de centro educativo.
2. El director podrá levantar la suspensión prevista en el apartado anterior, letra e) antes de que finalice el cumplimiento de la medida, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno.
3. Cuando se imponga la medida previstas en el apartado 1.f), la Consejería de Educación garantizará un puesto escolar en otro centro educativo.
4. En el caso de la conducta a la que se refiere el artículo 60.d), se procederá a la retirada inmediata de dichos objetos o sustancias, sin perjuicio de la imposición de las medidas disciplinarias que se recogen en el apartado 1 de este artículo.
5. Frente a las medidas disciplinarias a las que se refiere este artículo, impuestas por razón de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, los padres o representantes legales de los alumnos podrán presentar, en el plazo de dos días hábiles a partir de la notificación, una solicitud dirigida al presidente del Consejo escolar para que, en el plazo de tres días hábiles, dicho Consejo revise la decisión adoptada y, proponga, en su caso, las medidas oportunas. Transcurrido el plazo sin que haya pronunciamiento expreso por parte del Consejo escolar, se entenderá como no procedente la revisión.
6. La revisión a la que se refiere el apartado anterior suspenderá los plazos de recurso o reclamación a los que se refieren los artículos 69 y 72, y la Disposición adicional segunda.
1. Todas las citaciones a los padres o representantes legales de los alumnos se realizarán por cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados, debiendo éstos comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello.
2. En el procedimiento que corresponda, la incomparecencia sin causa justificada de los padres o representantes legales del alumno, si éste es menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la medida disciplinaria.
3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a sus padres o representantes legales, así como al Consejo escolar, al Claustro de profesores del centro y, en el caso del procedimiento ordinario, al Servicio de Inspección de Educación.
1. Las conductas contrarias a la convivencia prescribirán en el plazo de un mes y las gravemente perjudiciales para la convivencia del centro prescribirán a los cuatro meses contados, en ambos casos, a partir de la fecha en que se cometieron los hechos.
2. Las medidas disciplinarias que se impongan prescribirán a la finalización del curso escolar correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68.2.e).
3. En el cómputo de los plazos fijados, se excluirán los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar.
Cuando la medida disciplinaria suponga la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro, el tutor coordinará un plan de trabajo con las actividades que el alumno debe realizar durante los días que dure dicha suspensión. Los padres o representantes legales del alumno colaborarán con el centro educativo cuando se adopten estas medidas, con el fin de asegurar la continuidad del proceso educativo de sus hijos.
Para imponer las medidas disciplinarias previstas en el artículo 61.1. e) y f) será preceptiva la tramitación del procedimiento ordinario.
1. El director deberá incoar el procedimiento en el plazo máximo de quince días hábiles contados desde que tuvo conocimiento de los hechos.
2. Con anterioridad al acuerdo de iniciación, el director podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer las causas del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
3. Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de la instrucción, el director por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro o a determinadas clases o actividades, por un período que no será superior a cinco días lectivos. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno deberá realizar las actividades necesarias que garanticen la continuidad de su proceso formativo.
1. El director del centro notificará al alumno y, en el caso de que éste sea menor de edad, a sus padres o representantes legales, la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan y el nombre de un profesor del centro que actuará como instructor, a fin de que en el plazo de tres días hábiles formulen las oportunas alegaciones.
2. El alumno y, en el caso de que éste sea menor de edad, sus padres o representantes legales podrán recusar al instructor del procedimiento. La recusación deberá plantearse por escrito al director, quien deberá resolver. Será de aplicación lo previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. El director del centro comunicará al Servicio de Inspección de Educación el inicio del procedimiento y mantendrá informado a dicho servicio del proceso de tramitación del mismo hasta su resolución.
4. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos y, en un plazo no superior a seis días hábiles desde su designación, notificará al alumno, y a sus padres o representantes legales si aquél fuera menor, el pliego de cargos en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así como las medidas disciplinarias que se podrían imponer, dándoles un plazo de tres días hábiles, previa vista del expediente, para alegar cuanto estimen pertinente. En el escrito de alegaciones, podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días hábiles.
5. Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará, en el plazo de dos días hábiles, la propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiera, y la medida disciplinaria que se propone.
6. El instructor dará audiencia al alumno y, si éste es menor de edad, también a sus padres o representantes legales, para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de tres días hábiles para presentar las oportunas alegaciones en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, ésta deberá formalizarse por escrito.
1. A la vista de la propuesta de resolución del instructor y, en su caso, de las alegaciones, el director del centro dictará resolución del procedimiento.
2. El plazo para resolver y notificar será treinta días hábiles desde la fecha de inicio del procedimiento. La resolución deberá estar suficientemente motivada y contendrá, al menos, los siguientes aspectos:
a) Hechos probados o conductas que se imputan al alumno.
b) Circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere.
c) Fundamentos jurídicos en que se basa la medida disciplinaria impuesta.
d) El contenido de la misma.
e) Su fecha de efectos. Únicamente en el caso de imposición de la medida de cambio de centro educativo, prevista en el artículo 61.1.f), dicha fecha podrá referirse al curso siguiente si el alumno continúa matriculado en el centro y fuese imposible cumplirla en el año académico en curso.
f) El órgano ante el que cabe interponer el recurso de alzada o reclamación en caso de los centros docentes privados concertados y el plazo para ello.
3. El director notificará al alumno y, si éste es menor de edad, a sus padres o representantes legales, la resolución adoptada de conformidad con el artículo 62.
1. Contra la resolución dictada por el director de un centro se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el director general de Coordinación y Política Educativa, cuya resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución o sin que se produzca la notificación, se entenderá desestimado el recurso.
2. Las medidas disciplinarias acordadas no se pueden hacer efectivas hasta que se haya resuelto el correspondiente recurso al que se refiere el apartado anterior, o haya transcurrido el plazo para su interposición.
El procedimiento abreviado será de aplicación para la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 58 y en el artículo 61.1. a), b), c) y d).
1. Cuando los hechos y autoría de las conductas resulten evidentes, siendo innecesario el esclarecimiento de los mismos, el órgano competente podrá imponer la medida disciplinaria correspondiente de forma inmediata. Se informará al tutor de estas medidas y se dejará constancia escrita en jefatura de estudios, con explicación de la conducta del alumno que la ha motivado.
2. No será de aplicación lo previsto en el apartado anterior en los siguientes casos:
a) Cuando la medida que se vaya a imponer suponga cualquier tipo de suspensión o cambio de grupo.
b) Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los hechos y consecuencias de los mismos.
En estos casos el órgano competente para imponer la medida disciplinaria dará audiencia al alumno, y a sus padres o representantes legales en caso de ser menor de edad. Al trámite de audiencia acudirá el profesor tutor, quien habrá recabado toda la información posible sobre los hechos.
Tras la audiencia, el órgano competente resolverá respecto de la medida disciplinaria que se deba imponer. La resolución deberá estar suficientemente motivada y contendrá al menos los siguientes aspectos: hechos probados o conductas que se imputan al alumno; circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiera; fundamentos jurídicos en que se basa la medida disciplinaria impuesta; el contenido de la misma; su fecha de efectos; y el órgano ante el que cabe interponer la reclamación así como el plazo para ello.
4. El plazo para resolver y notificar será de quince días hábiles desde la fecha de inicio del procedimiento.
1. El alumno y, en caso de que éste sea menor de edad, sus padres o representantes legales, podrán presentar una reclamación ante el director del centro en el plazo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento de la correspondiente medida disciplinaria.
2. El plazo para la resolución de la reclamación no podrá exceder de tres días hábiles. Esta resolución agotará la vía administrativa. Transcurrido el plazo sin que recaiga resolución o sin que se produzca la notificación, se entenderá desestimada la reclamación.
En los centros privados concertados, la aplicación de este Decreto se ajustará a las peculiaridades de su organización y funcionamiento, respetando, en todo caso, las atribuciones de competencias establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Las competencias que se atribuyen en este Decreto al jefe de estudios serán realizadas en dichos centros por las personas que se determinen en sus respectivas Normas de organización y funcionamiento.
Contra la resolución que se dicte por el director de un centro docente privado concertado tras la tramitación del procedimiento ordinario regulado en la Sección Segunda, Capítulo III, se podrá presentar, en el plazo de un mes, reclamación ante el Director General de Coordinación y Política Educativa, cuya resolución, que se dictará en el plazo máximo de tres meses pondrá fin a la vía administrativa. Transcurrido el plazo sin que recaiga resolución o se produzca la notificación, se entenderá desestimada la reclamación.
Lo dispuesto en este Decreto se aplicará a los alumnos que utilicen el servicio de residencia con las adaptaciones que se regulen en sus Normas de organización y funcionamiento.
En los procedimientos para la imposición de medidas disciplinarias iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto es de aplicación la normativa que estaba vigente en el momento en que se iniciaron.
Las disposiciones contenidas en este Decreto son de aplicación directa a partir de su entrada en vigor y durante el curso 2009-2010 las Normas de organización y funcionamiento de los centros educativos sostenidos con fondos públicos se tienen que adaptar a lo que éste dispone. En ningún caso se pueden aplicar Normas de organización y funcionamiento que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Se autoriza al titular de la Consejería de Educación, en el ámbito de sus competencias, a adoptar cuantas medidas sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto.