Source: http://www.libertadidioma.com/2004/20040211.htm
Timestamp: 2020-05-25 07:27:24
Document Index: 411620472

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 34', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 3', 'artículo 18']

AGLI Recortes de Prensa Miércoles 11 Febrero 2004
La Justicia suspende la orden de Ibarreche que califica de «inmigrantes» a los alumnos del resto de España
Javier Prats - Madrid.- La Razón 11 Febrero 2004
El PP ofrece educación gratis y con inglés desde los 3 años, protección del castellano y más becas
Carmen Morodo - Salamanca.- La Razón 11 Febrero 2004
El Tribunal Superior suspende las instrucciones de Educación para los alumnos «inmigrantes»
I. M./BILBAO El Correo 11 Febrero 2004
Varapalo judicial a Ibarreche
Editorial La Razón 11 Febrero 2004
Etarras, caen como moscas
Pablo Sebastián Estrella Digital 11 Febrero 2004
Editorial Heraldo de Aragón 11 Febrero 2004
Demanda inviable
Opinión El País 11 Febrero 2004
ETA o el diálogo de asesinato
Andrés Montero Gómez La Razón 11 Febrero 2004
EL GOBIERNO DE IBARRETXE VUELVE A FRACASAR
Editorial ABC 11 Febrero 2004
La excusa nacionalista
Editorial El Ideal Gallego 11 Febrero 2004
La inocencia culpable
Aleix Vidal-Quadras La Razón 11 Febrero 2004
Pobres nazionalistas
Román Cendoya La Razón 11 Febrero 2004
Editorial El Correo 11 Febrero 2004
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 11 Febrero 2004
El PNV pierde la batalla de Estrasburgo
Lorenzo Contreras Estrella Digital 11 Febrero 2004
El gobierno no es quién
TONIA ETXARRI El Correo 11 Febrero 2004
La sociedad vasca y sus víctimas
JOSÉ IGNACIO CALLEJA El Correo 11 Febrero 2004
XAVIER PERICAYEscritor ABC 11 Febrero 2004
INGENUOS CONTRA SUTILES
CÁNDIDO ABC 11 Febrero 2004
Calleja dice que el PNV «jamás va a reconocer a las víctimas»
O. BARRIUSO BILBAO El Correo 11 Febrero 2004
Los Pagaza, historia de una familia vasca muestra la realidad del nacionalismo totalitario
EFE Libertad Digital 11 Febrero 2004
Detenidos en el oeste francés dos etarras con un arsenal de armas y explosivos
FERNANDO ITURRIBARRIA CORRESPONSAL. PARÍS El Correo 11 Febrero 2004
El tripartito estudia ahora un sobresueldo para los funcionarios de Justicia que usen el catalán
Redacción - Barcelona.- La Razón 11 Febrero 2004
Los costes del etiquetado en catalán
Revista de Prensa Libertad Digital 11 Febrero 2004
Las sanciones de ERC para fomentar el catalán dividen de nuevo al tripartito
MARÍA JESÚS CAÑIZARES ABC 11 Febrero 2004
El Tribunal Superior vasco paraliza la instrucción de la Consejería de Educación que impide a los estudiantes de otras comunidades tener clase en castellano. Teme que la orden del Ejecutivo pueda suponer una discriminación
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco notificó ayer una resolución por la que suspende la ejecución de la «instrucción» de la Consejería de Educación del Gobierno de Juan José Ibarreche que califica de «inmigrantes» a los alumnos del resto de España y les priva de recibir clase en castellano. El Tribunal considera que privar ahora a los alumnos del derecho a elegir, cuando la «instrucción» podría quedar anulada, «constituye un trato cuando menos desigual», «sin que aparezca justificada en este momento» tal privación por parte del Ejecutivo del PNV. Los jueces esgrimen las propias leyes vascas de educación para cuestionar la normativa aprobada por la Consejería.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco notificó ayer una resolución por la que suspende de forma inmediata la ejecución de las «instrucciones del viceconsejero de Educación» del Gobierno vasco «encaminadas a regular la escolarización del alumnado inmigrante fuera del plazo ordinario en la Comunidad Autónoma del País Vasco».
Estas «instrucciones», aprobadas el 29 de septiembre de 2003, partían de la existencia de un sistema educativo vasco propio diferente del español, calificaron de «inmigrantes» a los alumnos procedentes de otras comunidades autónomas, e impidió a estos acceder al «modelo A», en el que las clases son en castellano.
Perjuicio irreparable
El Gobierno central recurrió la decisión del Ejecutivo de Juan José Ibarreche por entender que niega el derecho constitucional a la no discriminación por razón de la lengua, y solicitó al Tribunal que, hasta que hubiese un pronunciamiento definitivo en sentencia, suspendiese la ejecución de las «instrucciones» para evitar «un perjuicio de imposible o difícil reparación para los alumnos que provengan de otras comunidades autónomas, al no poder elegir el modelo lingüístico de escolarización en que deseen integrarse, impidiéndoles el acceso a un conocimiento adecuado del castellano, en el caso de no ser ésta su lengua materna». La Sala, presidida por Ana Isabel Rodrigo e integrada además por los magistrados José Antonio Alberdi y Roberto Sáiz ¬éste último como ponente de la resolución¬, ha admitido en todos sus extremos los argumentos del Gobierno central tras analizar toda la legislación vigente sobre los derechos de los alumnos y la educación.
Así, el Tribunal recuerda en el auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que un decreto del propio Gobierno vasco garantiza «la admisión de todos (as) los (as) alumnos (as) sin más limitaciones que las que derivan de los requisitos de edad y, en su caso, de las condiciones académicas exigidas para el acceso», asegura la «igualdad de oportunidades» y, entre otros aspectos, dispone que «en la admisión de alumnos (as) no podrán establecerse, en ningún caso, criterios discriminatorios por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento». Los magistrados también ponen de manifiesto que el Estatuto de autonomía vasco establece que «los poderes públicos vascos han de velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, removiendo los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales».
Asimismo, la Ley de la Escuela Pública vasca de 1993 garantiza el derecho a recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano, y fija la obligación del Gobierno vasco de «planificar los modelos lingüísticos, con el fin de hacer efectivo el derecho de los padres y alumnos a elegir los modelos que deseen y garantizar la libertad de esa elección».
Por otra parte, en los razonamientos jurídicos de la resolución el Tribunal destaca que la Ley de Calidad de la educación subraya que «todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando».
Por último, menciona el artículo 14 de la Constitución y su artículo 139, que propugna que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado».
De todas las explicaciones que da el Tribunal para fundar su decisión puede deducirse su sospecha de que las «instrucciones» del Ejecutivo vasco podrían vulnerar los derechos de los padres y alumnos afectados.
Si no suspendiese dichas «instrucciones», argumenta la Sala, «los efectos serían, si no irreversibles, si al menos de muy difícil reparación para quienes viéndose afectados por las mencionadas instrucciones podrían quedar privados (...) del bien jurídico que supone la libertad y el derecho de los padres y alumnos a elegir el modelo lingüístico que deseen, sin que tal privación ¬continúa el Tribunal¬, que además constituye un trato cuando menos desigual para los alumnos afectados (...) aparezca justificada en este momento por la Administración de la que dimanan tales instrucciones» (el Gobierno de Ibarreche), concluye la resolución.
Impulsará el diálogo con las CC AA para superar «viejos litigios» y garantizar la igualdad
Mariano Rajoy se compromete a asegurar la gratuidad de la educación infantil desde los 3 años, impulsando la incorporación a partir de esa edad del estudio de una lengua extranjera. Generalizará la conexión a internet de todos los centros públicos y concertados antes de que finalice 2005 y ampliará el sistema de becas para material escolar, aprendizaje de idiomas y movilidad en las universidades. Entre sus principios está también garantizar el dominio del castellano en todas las comunidades y defender la igualdad en los libros de texto en lo que afecta a enseñanzas comunes.
El candidato del PP defiende un modelo educativo regido por la igualdad entre las comunidades y en el que los derechos a la educación y a la libertad de enseñanza estén en armonía. Se compromete a seguir «fortaleciendo» la enseñanza pública y a promover un diálogo con las autonomías para «superar viejos litigios» que, a su juicio, están lejos de las verdaderas preocupaciones de los españoles. Ayer presentó su programa en esta materia arropado por presidentes autonómicos y regionales, a fin de que éstos escenificasen su voluntad de ayudarle en la puesta en marcha de sus ofertas durante la próxima legislatura, dado el traspaso genera- lizado de competencias. En su discurso, dejó claro que no renunciará al dominio del castellano en todas las comunidades, sin perjuicio de la atención que se dé a las lenguas propias.
Gratuidad a partir de los 3 años. Su intención es asegurarla en todo el territorio nacional, con respeto a la libertad de elección de las familias.
Lectura. Quiere que sea la columna vertebral del aprendizaje. Impulsará la dedicación de personal específico para la atención a las bibliotecas escolares.
Lengua extranjera a los 3 años, frente a los seis de la actualidad.
Segunda lengua europea en centros educativos, siguiendo los compromisos europeos.
Programa de enseñanza bilingüe. Permitirá realizar el bachillerato en otro idioma, además del español, y obtener el título por los dos países.
Programa Erasmus en la Enseñanza Secundaria.
Conexión a internet antes de que termine 2005. Para todos los centros educativos públicos y concertados.
Equipamiento tecnológico en aulas. Dotación de 400.000 nuevos ordenadores, y antes de que acabe 2006 dotará a 140.000 profesores de ordenadores portátiles.
Extensión de ayudas para material. Especialmente para familias más desfavorecidas, numerosas y las que tengan personas con discapacidad.
Ayudas para aprendizaje de idiomas extranjeros. Entre las medidas está la establecer nuevas ayudas para que los universitarios amplíen en el extranjero sus conocimientos de idiomas o puedan estudiar parte de sus carreras fuera de España.
Nueva modalidad de becas para que alumnos que estén en 3° de ESO puedan llegar a terminar sus estudios de Secundaria en centros ubicados en otros países.
Potenciación de la formación permanente, mediante un plan nacional en esa materia. También se impulsará un Plan de Acción Tutorial que ayudará a los profesores a afrontar las posibles situaciones de conflicto.
Flexibilidad de horarios, con el fin de atender las demandas de alumnos y familias.
Examen en septiembre. Establecimiento de pruebas extraordinarias para la recuperación de materias no aprobadas.
Especialización de centros y refuerzo de su autonomía. La especialización será en determinados ámbitos curriculares como las lenguas extranjeras, las humanidades o las ciencias: esto les permitirá convertirse en referentes para otros centros y para los alumnos.
Educación especial y FP
Programas de acceso a la universidad de discapacitados. Se generalizará la exención de las tasas de matrícula y se crearán nuevos programas de ayudas para desplazamientos y material académico.
Completar Catálogo Nacional de Cualificaciones en Formación Profesional y desarrollo de un Sistema de Acreditación de la competencia.
La circular aplicaba este término a estudiantes de otras regiones españolas y les orientaba hacia los modelos bilingües
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ordenado la suspensión cautelar de la circular distribuida por el Departamento de Educación a principios de este curso en la que se califica de «inmigrantes» a todos los alumnos procedentes de fuera de Euskadi, incluidos los de otras comunidades, y se les «orienta» hacia los modelos educativos B (bilingüe) y D (íntegramente en euskera). El auto, al que ha tenido acceso EL CORREO, justifica la suspensión porque, de lo contrario, los perjuicios ocasionados a los alumnos serían «si no irreversibles, sí al menos de muy difícil reparación».
La medida adoptada por el alto tribunal vasco fue solicitada por el Ministerio de Educación, por entender que vulneraba derechos constitucionales y discriminaba a los estudiantes desplazados del resto de España. Los jueces estiman la petición del Gobierno central en un auto dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo el pasado 29 de enero y remitido ayer a las partes, según informó a última hora de la tarde el ministerio a través de un comunicado. En dicho escrito, se explica que el tribunal «ha ordenado la suspensión cautelar de las instrucciones del viceconsejero de Educación del Gobierno vasco que regulan la escolarización del alumnado inmigrante, fuera del plazo ordinario, en la comunidad autónoma del País Vasco».
El viceconsejero Abel Ariznabarreta envió a las comisiones territoriales de escolarización una instrucción para asignar centro a los alumnos «inmigrantes» matriculados fuera de plazo, aplicando el concepto de inmigrante a «aquel que, proveniente de un sistema escolar distinto, se incorpora al sistema educativo vasco». Además, la circular no preveía la posibilidad de escolarizar a estos estudiantes en el modelo A -en castellano con el euskera como asignatura-, sólo en el B y en el D.
El Ministerio de Educación envió un requerimiento al Gobierno vasco para que retirara estas «orientaciones», según el término empleado por la consejería que dirige Anjeles Iztueta, que aseguró que en ningún momento se limitaba la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Ante la respuesta negativa, el ministerio solicitó a la Abogacía del Estado que interpusiera un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior vasco para que ordenara la retirada de la circular.
El departamento de Pilar del Castillo alegó que la instrucción viola el derecho constitucional de los alumnos a no ser discriminados por razón de la lengua y el artículo 139.1 de la Carta Magna, que garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio español. Entendía, asimismo, que estas medidas constituyen un ataque al sistema educativo español -al suponer la existencia de un sistema vasco «propio y diferente»- e, incluso, a leyes propias del ámbito vasco.
La consejería tiene cinco días de plazo, a contar desde el día siguiente a la recepción del auto, para plantear un recurso de súplica contra la suspensión.
La denuncia de la instrucción por parte del sindicato UGT desató el pasado octubre una tormenta política, con intervención incluida del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, quien calificó de «nazi» el uso que la consejería hacía del término 'inmigrante'. PP y PSE llegaron a presentar sendas mociones de censura contra la consejera, que fueron rechazadas con los votos del tripartito y de la ilegalizada Batasuna.
Lo peor del varapalo que el Tribunal Europeo de Justicia de Estrasburgo ha asestado al Gobierno autonómico de Juan José Ibarreche no es el ridículo jurídico que ha hecho el Ejecutivo vasco; ni siquiera la patética defensa del brazo político de ETA que supuso la presentación del recurso contra la Ley de Partidos, sino la nueva evidencia de que el PNV sigue apropiándose ilícitamente del Estado y del sistema democrático en su propio beneficio. Cuando ayer sus portavoces se quejaban amargamente de la decisión de los jueces de la UE, denotaban que los nacionalistas, o bien no se enteran de nada, o bien su deslealtad y su falta de ética no conocen límites.
Lo cierto es que el PNV y sus aliados abertzales han construido su propio entramado administrativo desde la falsedad que supone negar lo que son: parte del Estado. Si Ibarreche es hoy lendakari, lo es porque existe la Constitución y porque es, en realidad, representante del Estado en el País Vasco. Algo tan fácil de entender habría bastado para que los servicios jurídicos de su Gobierno no se hubieran arriesgado al ridículo legal de demandar al mismo Estado del que forman parte como Administración regional. Y es que un Estado no puede querellarse contra sí mismo.
Pero no hace falta esperar a las decisiones del Tribunal Europeo para saber que los nacionalistas son incapaces asumir la legalidad vigente. LA RAZÓN informa hoy acerca de un nuevo golpe judicial en los nudillos del Gobierno de Vitoria, asestado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los jueces, en un auto que es fruto del recurso que en su día presentó el equipo del Ministerio de Justicia que dirige José María Michavila, han anulado una orden del Ejecutivo regional que, ni más ni menos, consideraba como inmigrantes y restaba derechos a los alumnos procedentes de otros puntos de España. La Consejería de Educación negaba en realidad a estos alumnos la posibilidad de recibir las clases en castellano, acogiéndose al modelo educativo correspondiente.
El auto judicial es muy claro a la hora de apuntar la ilegalidad de una medida que, más allá de vulnerar las normas vigentes, desde la Constitución hasta la propia legislación autonómica vasca en materia de Educación, es un simple atentado al sentido común.
Al fin y al cabo, lo que han hecho los jueces del Tribunal Superior vasco, y los magistrados europeos es, ni más ni menos, que poner negro sobre blanco una realidad que ni a Ibarreche ni a sus socios, les conviene: que son parte integrante de España y, en calidad de tales, están obligados a respetar el ordenamiento jurídico, al igual que cualquier otro ciudadano. Por eso las bravatas, los intentos de acuerdos con estados extranjeros, o las normas discriminatorias y excluyentes, son injustas y terminan por recibir el rechazo de los tribunales. Dentro y fuera de España.
La Policía francesa ha vuelto a cazar a otros de los dirigentes de ETA, los responsables de su aparato logístico, cuando preparaban las armas para un nuevo atentado que según el presidente Aznar se iba a perpetrar en España. Se trata de los etarras Luis Enrique Gárate y Ibon Elorrieta, a los que la Policía francesa ha capturado en un control cercano a la ciudad gala de Cognac con todo un arsenal a bordo de su vehículo.
La explicación oficial, como en alguno de los últimos casos de capturas de comandos etarras en Francia, ha sido la llamada “casualidad”. Había un control de carreteras justamente por donde iban a pasar los comandos. Todo ello, unido a la captura de otros comandos en España cuando parecían listos para atentar, como pasó en fecha reciente con el comando que, en plena Navidad, pretendió poner dos bombas en la estación madrileña de Chamartín. Los terroristas pudieron ser cazados antes de su embarco en el tren que los llevaría a Madrid y una de las maletas con explosivos fue localizada en pleno recorrido del convoy.
La primera reflexión que conviene hacer es que la eficacia policial está funcionando, lo que sin lugar a dudas es una muy buena noticia. La segunda es que ETA no es lo que era y que su dirección y sus comandos están muy debilitados por la caída en cadena de dirigentes y activistas. La tercera se refiere a la intensa colaboración de Francia, ese país al que el presidente Aznar denosta con cierta asiduidad sin reconocer la labor, aunque también es cierto que en la Moncloa se ha condecorado al ministro del Interior, Sarkozy, mientras mantienen alta la vara contra el presidente Jacques Chirac en el ámbito de la Unión Europea.
Finalmente está el rumor sobre la eficacia de ciertos medios tecnológicos aportados por Estados Unidos para la interceptación y la localización, vía satélite y con sistemas muy sofisticados de comunicación, de los dirigentes y de los comandos de ETA. Por estos medios se pudo, quizás, localizar el encuentro entre los dos primeros dirigentes de ETA, Antxa y Ternera, y el líder de ERC, Carod-Rovira.Y finalmente queda en el ambiente la idea de que ETA está al día de hoy infiltrada por uno o varios topos de la Policía que son personas claves a la hora de pasar detallada información en los momentos cruciales.
Todo ello está produciendo sus frutos y le está dando importantes éxitos al ministro de Interior, Ángel Acebes, y a las fuerzas de seguridad, por más que tanto el ministro como los primeros responsables de la Seguridad insisten en que ETA aún tiene capacidad para matar. La noticia de la puesta en marcha de los llamados “secuestros exprés” en el País Vasco, al estilo colombiano o argentino, da una idea de esa capacidad. Pero lo importante en todo ello son los resultados, y de todos ellos nos debemos felicitar y felicitar a los responsables de los ministerios de Interior de Francia y España, a sabiendas de que este acoso a la banda y la idea muy optimista de que los comandos “caen como moscas” puede provocar una reacción más violenta e indiscriminada de ETA que nunca habría que descartar, y menos aún en plena campaña electoral.
LA DENEGACIÓN del alto Tribunal de Estrasburgo a la reclamación del Gobierno vasco contra la Ley de Partidos es una noticia normal, predecible y positiva, que refuerza la posición de la eficaz política antiterrorista del Gobierno español. Las consecuencias directas de la sentencia las ha expuesto el ministro del Interior, José María Michavila, al resumir sus efectos: ETA, por primera vez, no podrá concurrir el próximo 14 de marzo a las elecciones generales a través de un partido político; hay un aval judicial europeo a la lucha contra el terrorismo seguida por el Gobierno; la expulsión de Batasuna de las instituciones democráticas no es objetable en Europa; y ETA no podrá usar los impuestos de todos para nutrir sus arcas.
Con todo ello, la decisión del PNV y sus socios de presentar el recurso no fue baladí ni ridícula, como dicen algunos ingenuos. El PNV sabe lo que se hace y la negativa de la corte de Estrasburgo a aceptar su demanda contra el Estado español no es un fracaso táctico. Ante la hueste batasuna, el PNV demuestra que ha hecho lo posible, e incluso lo absurdo, para defender su causa "patriótica y democrática". Así, lo que pierda Batasuna en su declive imparable, ya tiene recaudador. Y, de paso, Batasuna recibe la legitimación moral de Ajuria Enea, solidaria con el partido ilegalizado. Ventajas sin inconvenientes, excepto para los vascos no nacionalistas, que aparecen como aliados del "abuso español".
El PNV y sus socios creen que entre ETA y Batasuna no existen los nexos que los jueces prueban y las leyes prohíben. O afectan creerlo, en pro de la sagrada causa de la nación. Con la presentación de su denuncia ante el tribunal europeo, el nacionalismo no podía perder: el caso, sin ningún futuro, ha sido noticia y, por lo tanto, un éxito. Lo de menos es que el demandante, una institución del Estado, careciera de toda legitimidad formal para actuar contra el Estado mismo. Han quedado la honorable y democrática reclamación y el sentido dolor por la pérdida de un desigual combate contra el "abuso". Ése es el mensaje final. Pero que la ley funcione en Estrasburgo es siempre reconfortante. Y, también, que el perjuicio de esta decisión judicial sea para quienes lo merecen: los que se niegan a condenar el crimen e, incluso, cooperan con él. La ganancia marginal del PNV es un coste que hay que asumir.
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha declarado inadmisible la demanda del Gobierno vasco contra el Estado español por la Ley de Partidos Políticos con un argumento obvio: la improcedencia de que una entidad integrada en la estructura estatal, como es una comunidad autónoma, pueda demandar al Estado del que forma parte. Los actores con capacidad para poner en marcha la maquinaria del Tribunal de Estrasburgo son los Estados signatarios del Convenio Europeo de Derechos Humanos -frente a los demás firmantes- "o cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares" que denuncien la vulneración por alguna autoridad pública de los derechos y libertades contemplados en el referido convenio. El Gobierno vasco no es nada de eso y la ley impugnada no es un acto de un Estado ajeno.
Lo chocante es que el Gobierno de Vitoria se aventurara en una iniciativa de cuya viabilidad dudaban todos los especialistas, incluyendo sus propios servicios jurídicos. Quizá la clave resida en la "lectura política" que, según el entonces portavoz del PNV, Joseba Egibar, había que dar a la iniciativa pese a su escasa fundamentación jurídica. Someter a arbitraje internacional los conflictos provocados por las reivindicaciones independentistas es un viejo ensueño nacionalista; pero en este caso cuenta además el interés de las fuerzas nacionalistas en acreditarse como defensores de un partido ilegalizado a cuyo electorado aspira atraer.
El pronunciamiento de Estrasburgo no entra en el fondo del asunto, por lo que está de más la euforia del ministro Michavila. Su constitucionalidad ya fue avalada por el órgano competente, el Tribunal Constitucional, al establecer que la ley no cuestiona el derecho de asociación en abstracto, sino la pertenencia a una formación que actúa conforme al criterio de "complementariedad política" con una organización terrorista; y que no hay retroactividad, porque los antecedentes sólo pueden utilizarse a efectos de comprensión y valoración de actuaciones posteriores a la entrada en vigor de la ley. Estrasburgo no ha confirmado ese pronunciamiento, pero tampoco lo ha cuestionado. De momento, la resolución del Constitucional sigue siendo la última palabra sobre este asunto.
ETA es un grupo de asesinos rodeado de cómplices de asesinato. Amontonados en las tangentes de asesinos y compinches, los denominados, en un eufemismo digestivo, simpatizantes de ETA no son más que alimentadores del terrorismo y, por tanto, quizás no legal pero desde luego sí psicológica y moralmente, colaboradores fácticos de la banda. Sin el soporte de celebradores abertzales de ese mal necesario para la causa vasca, según los más pusilánimes, y vanguardia armada del MLNV, que es ETA para el resto de totalitarios que todavía no llevan pistola, la banda criminal a cuya faceta clandestina ha regresado José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea ya habría desaparecido. Es probable que Josu Ternera no haya sido el único presunto asesino que ETA ha logrado colocar en un escaño parlamentario, pero si no mal recuerdo es el único que de maquinar homicidios sistemáticos, ha pasado a denigrar una comisión democrática de derechos humanos para posteriormente regresar a esquilmar esos derechos de nuevo desde el agujero donde se cargan las pistolas de ETA.
La diferencia de ETA con respecto al GRAPO es que ha urdido el parasitismo de una ideología política que todavía no ha desterrado la historia moderna. Hablamos del nacionalismo. En cambio, los miembros del GRAPO fueron el residuo de una confusa y desquiciada amalgama de consignas de esa misma izquierda revolucionaria y violenta que infestaba la desconcertada Europa de los sesenta y setenta. Leninismos, marxismos, maoísmos y demás utopías que sólo han demostrado tener encaje en las organizaciones humanas a través del totalitarismo y la extinción de la libertad individual. Esos sarpullidos terroristas golpearon Italia con las Brigadas Rojas y Alemania con la Baader-Meinhof. El progresivo decantamiento de las poblaciones del viejo continente hacia las democracias liberales y la constatación de que la traducción social de las ideologías comunales tenía semblante soviético o norcoreano, acabó entre otra complejidad de factores por dejar al terrorismo de las izquierdas revolucionarias ante la sede judicial, la estación natural de destino para la desviación criminal.
Algunas de las ideologías del terrorismo revolucionario de la segunda mitad del siglo XX coincidían con nutrientes doctrinales propios de colectivos políticos de izquierda integrados en las democracias. El mismo PSOE renunció al marxismo en Suresnes, muy sensatamente antes de incorporarse a la transición democrática española. Sin embargo, no en otros partidos políticos sino más bien en integrantes más o menos mediocres de esos otros partidos políticos, la concepción pseudo-progresista de una determinada izquierda romántica e intelectualoide, en cierto modo antisistema, ha servido de filtro para interpretar algunos fenómenos de la realidad social de una manera, digamos, muy cercana a las dinámicas diarreicas.
El PSOE entabló negociaciones con ETA diez años después de aprobarse la Constitución Española. Los socialistas afrontaban ese proceso únicamente comprensible en su contexto histórico coyuntural condicionados, a mi modo de ver, por dos distorsiones en sus esquemas de aproximación a la realidad del país.
En primera instancia, arrastraban los complejos que, al igual que la derecha política en términos distintos, acompañaban a la izquierda. En caso del PSOE, además, la presión psicológica de ser la alternativa que consolidaría una democracia todavía infantil y enterraría a Franco por siempre, debió de pesar como una losa sobre la responsabilidad de encontrar una solución al contencioso vasco. La segunda distorsión tiene que ver con la naturaleza del contencioso vasco, precisamente. Como he argumentado en alguna ocasión, no hay un problema vasco. El contencioso vasco es un artificio interesado configurado por un espacio de confrontación nacionalista, en paulatina deriva rupturista, donde ha instalado su nicho ecológico un virus criminal, ETA, que parasita oportunistamente las vulnerabilidades victimistas y excluyentes del nacionalismo. Así, una banda criminal de asesinos organizados, que en aquella época de Argel aún salía de la estrategia en la que creía que podía someter al Estado español con unas pistolas, confunde a una parte de la población haciendo creer que su criminalidad tiene motivación y raíces políticas. Afortunadamente, la negociación fracasó porque ETA nunca ha pretendido negociar, sino imponer. Por eso asesina.
Posteriormente, el Partido Popular ha reconocido contactos con ETA. A través del secretario de la presidencia y al parecer en centroeuropa. Lejos de la negociación y del diálogo, esos sondeos ejecutivos habría que entenderlos en su vertiente pericial, la misma que adopta un detective cuando explora la orientación de un psicópata homicida antes de diseñar el esquema más efectivo para su arresto y encarcelamiento.
Politización de la banda terrorista
Lamentablemente a la politización de ETA, además de la propia infiltración etarra del sistema democrático a través de un partido hasta hace poco legal, han contribuido la desunión de las formaciones políticas españolas y la inopia temeraria del nacionalismo vasco. El estrangulamiento del Pacto de Ajuria Enea le comunicó a ETA que la clase política no era capaz de ponerse de acuerdo sobre ella. La disensión, la duda y la tibieza son oxígeno para la identidad de ETA. Después llegaría la validación de ETA como agente político nada menos que firmando un pacto, sellado y rubricado, con el PNV, EA e indocumentados varios. La aberración política e histórica de mayor ripio cometida para dejar a una banda de asesinos organizados que se sintiera impune. Ahora llega Carod-Rovira, esquerrarepublicano dimitido Conseller en Cap del gobierno autonómico de Cataluña, para asegurarles a ETA que el pacto de Estella no fue un desliz y que él también considera que son asesinos políticos, y no asesinos de políticos y ciudadanos.
Carod es víctima de sus propias convicciones. No presupongo que sea ingenuidad y vanidad, ni siquiera idiocia moral. El tipo está convencido de hacer lo correcto. Tamañas convicciones destartaladas son desde luego producto de esas dinámicas diarreicas que mencionaba, empantanadas probablemente en su corpus ideológico, y de una absoluta ignorancia, rayana en la negligencia proterva, sobre la naturaleza y personalidad del terrorismo. Aparte de que Carod pervierte a la humana facultad humana del diálogo idealizándola de tal manera que la absolutiza. Probablemente a Carod no se le ocurra pensar que un agresor sistemático de niñas pequeñas, que tras someter a sus víctimas a aberrantes torturas sexuales las asesina descuartizándolas, sea sensible al diálogo. No me imagino que Carod pretendiera convencer a tal criminal de lo malvado de sus actos ni que sucumbiera a la tentación, qué se yo, de que dialogar con el criminal para que no violara niñas en Cataluña. El político progresista y dialogante que es Carod desearía que la policía detuviera al criminal, que los forenses dictaminaran que ninguna de sus facultades mentales estaba perturbada (como suele ocurrir en la mayoría de esos casos), y que un juez le recetara equis años de confinamiento reinsertador.
¿Solución dialogada?
Pues Carod, el terrorista de ETA es un asesino sistemático por definición. Te puede engañar hablando de política, seducir acerca de cómo deben de ser las «relaciones entre los pueblos oprimidos» o de que siempre tienen una puerta abierta a la «solución dialogada» de un conflicto que sólo existe porque ellos matan. La diferencia entre un político y un etarra es que el político que nunca esté de acuerdo contigo, te voy a poner el extremo de Aznar, jamás pretenderá anularte retirándote de este mundo. El terrorista de ETA, en cambio, hablará únicamente desde su perspectiva, jamás adoptará la tuya y si llega un momento en que comprueba que, después de intentar adoctrinarte, no te ha convencido y continúas manteniendo tu punto de vista, te asesinará a ti y a quienes le contradigan, siempre que no haya un aparato del Estado de Derecho para impedírselo. Ése es el diálogo con ETA. Después de Argel asesinaron, continuaron matando tras Estella y prolongarán el sufrimiento de la población hasta la clase política no siga a la sociedad española en su unidad frente a ETA. Carod, te asesoro gratis. Cuando llegues al congreso español de los diputados, presenta una moción proponiendo una nueva reunión del Pacto de Ajuria Enea. A ver si tienes tanta fe en el diálogo.
SERÍA un error reduccionista limitar a una «cuestión de forma» la decisión por la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha inadmitido la demanda que interpuso el Gobierno vasco contra el Estado español por las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales imputables a la Ley de Partidos Políticos. Ciertamente, no le ha dejado pasar de la puerta. El motivo de la inadmisión se centra en la falta de legitimación del Gobierno de Ibarretxe para demandar al Estado del que, como señala el TEDH, forma parte. Ni siquiera un análisis puramente técnico puede despachar la decisión como un juicio sólo formal.
Al negar legitimación al Gobierno vasco, el TEDH está definiendo las condiciones en las que se encuentra el Ejecutivo autonómico ante la jurisdicción europea, es decir, como una administración del Estado español. De esta constatación, tan obvia para los jueces de Estrasburgo pero tan inasumible por el nacionalismo vasco gobernante, se deriva algo más que una mera falta de capacidad para actuar como demandante en este caso. Se deriva la negación de interés legítimo en denunciar al Estado español y en subrogarse en la defensa de derechos fundamentales que no tiene y que, por tanto, no se le han podido vulnerar. El Gobierno vasco ya sabía que esto podía pasar cuando su entonces portavoz, Josu Jon Imaz, anunció al mundo la presentación de la demanda ante el TEDH.
En su escrito, el Ejecutivo nacionalista reconocía «las dificultades que entraña la formulación de una demanda por un gobierno regional o un ente subestatal de acuerdo con el tenor literal del artículo 34 del Convenio». Por eso enmascaró su desleal estrategia de difamación internacional del Estado español en la falta de imparcialidad del Tribunal Constitucional, por un lado, y en su condición de «víctima» de la Ley de Partidos Políticos al ser representante de aquellos que, por esta Ley, iban a verse privados de sus derechos de asociación política. Nada mejor para la homologación europea de las aspiraciones soberanistas del PNV que presentar a España como un Estado violador de los derechos de los vascos y al Ejecutivo de Ibarretxe como el representante natural de éstos.
La inadmisión de la demanda entraña así un absoluto fracaso de la estrategia legal y política del Gobierno de Ibarretxe para poner contra las cuerdas al Estado ante un Tribunal que siempre ha sido muy sensible a las medidas legales, fueran legislativas o judiciales, relativas a los partidos políticos. La previsible demanda de Batasuna contra la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que confirma la ilegalización decretada por el Supremo, enfrentará de manera más directa la jurisprudencia del TEDH con la aplicación concreta de la Ley de Partidos Políticos, razón por la que, con buen sentido anticipatorio, la disolución del entramado batasuno fue motivada ampliamente con la doctrina del TEDH. Con condiciones estrictas y requisitos muy exigentes, este Tribunal ha reconocido de forma expresa la legalidad de la disolución de aquellos partidos que promueven la violencia o valores contrarios a los de una sociedad democrática.
Hasta que se produzca este nuevo enjuiciamiento de la mano de Batasuna -cuyo desenlace no parece que deba inquietar al Gobierno-, la situación actual se caracteriza por una legalización, en todas las instancias posibles -españolas y europea-, tanto de la Ley de Partidos como de su aplicación judicial. Ya no hay más excusas para seguir cuestionando la calidad constitucional e internacional del proceso de disolución de los partidos políticos creados por ETA, ni para seguir eludiendo su plena ejecución en el Parlamento de Vitoria. El Estado ha ganado.
Al Gobierno vasco le toca cumplir la ley tras la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de rechazar el recurso contra la ilegalización de Batasuna. Por el momento, y para responder al fallo, el Ejecutivo de Ibarretxe ha puesto como excusa que la sentencia se refiere a cuestiones de forma y se niega a aceptar que sus argumentos sobre la Ley de Partidos hayan sido rechazados. Pese al varapalo judicial y político, los nacionalistas y sus socios consideran una falsedad que el Tribunal de Estrasburgo haya dado la razón al Gobierno y se han apresurado a decir que el órgano europeo ha sucumbido a las presiones del PP. Mientras Ibarretxe y Atutxa pierden argumentos, las fuerzas constitucionalistas han recibido un nuevo aval y no han tardado en exigir que el Parlamento de Vitoria proceda a disolver al grupo Sozialista Abertzaleak. La situación en la que han quedado tanto el Gobierno como la cámara legislativa vasca podría calificarse de fracaso y ridículo, todo lo contrario que la lucha antiterrorista, que sigue sumando éxitos con el golpe policial asestado en Francia a ETA cuando intentaba prepararse para iniciar otra campaña de atentados en España. Ahora sólo queda esperar si los nacionalistas deciden dar por fin su propio golpe a los proetarras o si se sacan de la manga una nueva estrategia para evitar la expulsión de Otegi y compañía de los órganos institucionales, negativa por la que el presidente del Parlamento vasco ya ha tenido que pasar por los tribunales.
Una falacia que por desgracia es muy utilizada en política consiste en atribuir la responsabilidad de algún hecho negativo precisamente a aquel que lo sufre en vez de culpar del mismo al que lo provoca. Así, el Partido Socialista se ha apuntado desde hace un tiempo al inaceptable argumento nacionalista de que el Gobierno y el Partido Popular utilizan el terrorismo con fines electorales por lo que, en el fondo, aunque lo disimulen, cualquier recrudecimiento de este problema les proporciona una cierta satisfacción. Mediante la repetición sistemática y reiterada de una acusación tan repugnante, imposible de refutar por otra parte, ya que resulta muy difícil que los demás sepan lo que pensamos, se va creando un clima irrespirable en el que las relaciones institucionales normales se degradan progresivamente.
En esta misma línea desaprensiva se sitúa el habitual discurso nacionalista de que los nacionalistas son los otros. Dado que su doctrina ofrece tantos flancos abiertos a la crítica racional, la forma más eficaz de defensa de un producto indefendible es atribuir a sus oponentes otro nacionalismo igualmente excluyente y agresivo, con lo que se consiguen dos objetivos simultáneos la legitimación de la propia ideología en la medida que es compartida por todos, y la generación de hostilidad al adversario en ese choque primario de identidades previamente fabricadas. De esta forma, es frecuente oír a peneuvistas, convergentes y siniestrorepublicanos tildar al Partido Popular de nacionalista español, cuando la verdad es que desde hace más de una década a José Ma Aznar no se le ha oído otra cosa que la propagación de un patriotismo civil, plural, ilustrado y constitucional, sin la menor adherencia de connotaciones chovinistas o emocionales.
Y la última aportación en este sentido es el planteamiento socialista, machaconamente voceado desde que empezó la precampaña electoral, de que el Partido Popular no es dialogante y de que su actitud cerrada e intransigente con las fuerzas soberanistas de raiz étnica ha crispado el panorama social, rompiendo con un supuesto clima idílico que reinaba en España durante la larga etapa felipista. «Nosotros no somos antinacionalistas» ha declarado conciliadoramente Jesús Caldera, como si el PP lo fuese, cuando a partir de 1996 el ritmo de transferencias de competencias y recursos hacia la periferia se ha acelerado hasta el punto de que hoy nuestro Estado de las Autonomías es uno de los más descentralizados del mundo. Si en la actual dirección del PSOE creen que al Plan Ibarrtexe se le neutraliza a base de pacientes conversaciones con su autor y que con ETA se acabará mediante el edificante método de tomar café con Josu Ternera, tal como practica su aliado Josep Lluís Carod-Rovira, su problema va más allá de la política. En el momento en que los inocentes son culpables y viceversa, el diálogo degenera en pantomima.
Después de este fin de semana, ya nadie podrá albergar ninguna duda sobre el imposible cambio de línea en la política del PNV. El Mesías Arzallus y el eusko-yuppie Josujon hacen lo mismo. El nazionalismo sigue abandonando a las víctimas, vota no a su reconocimiento público y por supuesto no participa en los homenajes. El PSOE y el PP, incluso algunos de IU, dan un buen ejemplo desde el constitucionalismo vasco al resto de España. De los nazionalistas del PNV y EA con las víctimas nada de nada.
En cambio, a los terroristas se les dejan impunemente las calles para que hagan apología del terrorismo y vitoreen al jefe de los asesinos. En Andoain las víctimas solas. En San Sebastián la Ertzaintza hace de policía política comparsa cumpliendo el pacto político que los jeta-tzales sellaron con los terroristas en Estella. Un pintalabios es poco para maquillar la complicidad de los nazionalistas con los asesinos. A mí me preocupaba que el modelo jesuítico de Josujon tardara tiempo en desenmascararse. Este fin de semana ha sido más que suficiente. Sólo falta esperar la primera agresión contra la escultura homenaje de Ibarrola en Andoain y seguir escuchando las tonterías sobre lo mal que lo pasan los nazionalistas donde democráticamente no gobiernan. Y el Tribunal de Estrasburgo tampoco les entiende. Pobres nazionalistas.
La decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de no admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno vasco contra la Ley de Partidos ha dejado en evidencia la ligereza con la que el Gabinete Ibarretxe actuó al adoptar una decisión en contra de la opinión fundada de quienes en su momento señalaron que no podía prosperar. La resolución del Tribunal de Estrasburgo no entra a valorar los argumentos expuestos en el recurso imputando a la citada ley la vulneración del Convenio de Derechos Humanos en materia de libertad de asociación. Pero al considerar que el Ejecutivo de Vitoria no está legitimado para actuar como recurrente, la resolución del Tribunal europeo no alega una razón meramente procesal sino de fondo: viene a recordar que el Gobierno vasco es parte constitutiva del Estado español y en ningún caso una instancia ajena a éste.
El 10 de septiembre de 2003, seis meses después de que el Tribunal Constitucional dictaminara la plena constitucionalidad de la Ley de Partidos, el Gobierno vasco presentó ante el Tribunal de Estrasburgo un recurso que los hechos han demostrado no pretendía ser más que un gesto para uso doméstico. Con dicha iniciativa, el Ejecutivo presidido por el lehendakari Ibarretxe quería reiterar su disconformidad con la citada ley dejando patente que la decisión del Alto Tribunal español le obligaba a requerir la intervención de instancias europeas. Resulta inimaginable que los servicios jurídicos de Lakua no advirtieran sobre el más que probable fracaso de tal iniciativa. Por lo que cabe interpretar que la misma fue el reflejo de la equivocada concepción que el nacionalismo gobernante alberga respecto a la propia realidad autonómica; interpretando en este caso que las instituciones de Euskadi son garantes de los derechos fundamentales de los vascos por encima de su incardinación en el Estado constitucional.
El Gobierno vasco recibió la no admisión a trámite de su recurso mostrando su preocupación por lo que a su entender es consecuencia de «las limitaciones que el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y el propio Tribunal se han autoimpuesto en materia de legitimación activa». Es ésta una cuestión que entra dentro de lo opinable. Pero no parece muy razonable pretender que una corte supraestatal surgida de un convenio pudiera convertirse en foro donde se diriman las diferencias entre distintas instancias de un mismo Estado democrático. El hecho de que el ministro Michavila llevara su interpretación de la resolución mucho más allá de lo que cabe deducir del texto dictado por los magistrados brindó a los portavoces nacionalistas la oportunidad de insistir en que la misma no adelanta el parecer que el citado Tribunal pueda emitir sobre la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna en caso de que los representantes de ésta recurran finalmente ante Estrasburgo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha inadmitido la demanda presentada por el Gobierno Vasco contra la Ley de Partidos. Y ello de acuerdo con una circunstancia procesal que puede parecer intrascendente, pero que al PNV le tiene que hacer recapacitar: El Gobierno Vasco es parte de España y como parte de España que es no tiene legitimación para actuar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el mismo Estado al que pertenece.
El artículo 33 del Convenio de Roma indica que cualquier Estado puede demandar a otro Estado parte del Convenio –no es este el caso– y el artículo 34 –el precepto siguiente– limita las demandas individuales a cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación del Convenio para la Protección de los Derechos Fundamentales y la Libertades Públicas, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.
En cualquier caso, el Gobierno vasco o bien entendía que estaba recurriendo la Ley Orgánica de Partidos Políticos como si fuera la legislación de otro Estado, algo que no es muy defendible, o bien actuaba como particular afectado por la indicada Ley Orgánica y su consiguiente aplicación. Es decir, actuaba como si de la propia Batasuna se tratase, defendiendo sus posiciones. Desde luego, este punto es, desde el punto de vista jurídico, indefendible, como le ha contestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; pero desde el punto de vista político es, además, deleznable. Si el Gobierno vasco, el PNV, tiene que elegir entre la compañía de Batasuna y del Gobierno español, no lo duda, defiende las posiciones de Batasuna. Muy clarificador.
El Gobierno vasco ha perdido frente al Gobierno del Estado su batalla contra la Ley de Partidos. Ante el Tribunal de Derechos Humanos ha cosechado la derrota legal más importante que el nacionalismo vasco gobernante sufre en su empresa de afirmación como poder equivalente y opuesto al estatal. El Tribunal de Estrasburgo establece que no hay separación que proceda en derecho. Condenado el Gobierno vasco a ser parte del Estado, el divorcio independentista carece de sentido jurídico y, por tanto, de viabilidad política. Aunque Estrasburgo no haya entrado en el fondo del asunto, lo que se impone como evidencia es que no hay armas legales para un sistema de tal naturaleza. El Tribunal, por consiguiente, ha velado por la coherencia jurídica y política de la construcción europea. Lo contrario habría sentado un peligroso precedente de disgregación, trasladable a otros supuestos de tipo regional ya esbozados en otros países “plurales”, como el Reino Unido, Alemania y la propia Francia.
El ministro Michavila ha declarado que lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una mala noticia para el Gobierno de Vitoria. Esto es indudable, sobre todo si se piensa que lo primero que hace aguas en este naufragio legal nacionalista es el propio fundamento antiespañol del Plan Ibarretxe. Al PNV gobernante y a sus adláteres nacionalistas no les queda otra salida que el derecho al pataleo y la explotación ilimitada del victimismo.
Lo que ya no está tan claro es que la decisión de Estrasburgo al rechazar el recurso del Gobierno vasco contra la Ley de Partidos, sobre cuya base se ilegalizó Batasuna, dañe por igual a ETA. Cierto es que Batasuna, su hasta hace poco tiempo brazo legal, se queda sin presencia grupal en las instituciones, o sea, en el Parlamento autonómico, en los ayuntamientos, diputaciones, Juntas Generales y cuantos cuerpos legales integran el mundo representativo y decisorio. Por tanto, la formación independentista, aun conservando sus miembros el voto que electoralmente obtuvieron, se trasnforma en un fantasma desfinanciado y deslocalizado, más bien podríamos decir desalojado, al igual que su espectro nominal Sozialista Abertzaleak.
Pero ETA, que nunca ha pretendido incardinarse en el Estado por organizarse como contrapoder antisistema, está en condiciones de reafirmarse, por vía de violencia y terrorismo, en la única operante alternativa vasca para la independencia de Euskadi, es decir, como la única forma factible y viable frente al entramado estatal del que precisamente el Gobierno de Vitoria forma parte en cuanto poder basado en un Estatuto de raíz Constitucional.
Todo el universo etarra, con su organización matriz a la cabeza, está ya, sin solución ni simulacros legalistas, fuera de la ley. Es un mundo delincuente cuyas actividades se hacen perseguibles de oficio. La decisión del Tribunal de Derechos Humanos ha coincidido en el tiempo con el homenaje tributado por los proetarras a su antiguo dirigente Eugenio Echebeste “Antxon”, una vez que ha sido puesto en libertad por cumplimiento de su condena carcelaria con arreglo a la legislación penal y penitenciaria antigua. No se le ha podido aplicar, por tanto, la nueva legalidad que ordena el cumplimiento íntegro de las penas impuestas. Echebeste es probablemente el último beneficiado del “plan antiguo”. El homenaje que le han rendido en públcio, ante las narices de la Ertzaintza, con gritos de “gora ETA” y otras expresiones y gestos de evidente apología del terrorismo, puede motivar otra etapa de persecución judicial en la que ya Echebeste y sus jaleadores no estarían cubiertos por ningún tipo de protección normativa comparable a la hasta ahora disfrutada.
Es concluyentemente la hora de la Audiencia Nacional y no, en lógica penal, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. ETA, en su fase de eclipse y debilidad, no ha dejado de prepararse, de extorsionar para financiarse y para armarse con vistas a futuras acciones criminales. Lo que pueda ocurrir es imprevisible pero no descartable como fenómeno perturbador de la vida nacional y fuente de sufrimientos y tragedias. En el PNV, simultáneamente, gana bazas la línea dura de Arzalluz, en la medida en que se debilita, a favor de Egibar, la línea de Imaz.
Del rechazo del Tribunal de Estrasburgo a admitir a trámite el recurso del Ejecutivo de Ibarretxe contra la Ley de Partidos se extrae una categórica conclusión: que el Gobierno vasco, al menos en el aspecto jurídico, no puede ejercer de abogado de 'causas ajenas'. Que no es quién para litigar contra el Estado al que, con perdón del plan Ibarretxe, sigue perteneciendo, por una causa que deberían defenderla los propios interesados. Otra cosa es que, por razones políticas, el Gobierno vasco se haya empeñado en ejercer la defensa de causas que, por ejemplo a Azkarraga, no le son en absoluto ajenas. Pero como el Derecho suele tener un lenguaje autónomo, los presentadores del litigio han topado con una contundente consideración del Tribunal Europeo: el Gobierno vasco carece de legitimación para plantear este recurso. Tal cual.
Es una consideración de forma, desde luego, y hay que esperar a otros recursos presentados por miembros de la ilegalizada Batasuna en relación con el último proceso electoral en el que no pudieron concurrir como AuB, pero, qué duda cabe, ha sido un revés para el Gobierno vasco que, parece mentira, ha quedado como un desconocedor de la norma con que se rige el Tribunal de Derechos Humanos. «¿No nos defiendan ustedes!» exclamaba en su día Otegi dirigiéndose al PNV y EA cuando estos acusaban al juez Garzón de «prevaricador» mientras desde Batasuna entendían que estos gestos de apoyo obedecían a una actitud de «rapiña electoral». Pero en ésas están desde que la ley decidió perseguir a Batasuna por ser un partido «tapadera» del entramado de ETA. Que quienes se sintieron perseguidos y humillados fueron los nacionalistas del Gobierno vasco y dejaron para la historia un reguero de reacciones estrafalarias sobre su previsión acerca de las consecuencias que podría acarrear la ilegalización de Batasuna. Unos análisis tan desajustados, que les han dejado situados en el trono de los aficionados de la política.
Ya se sabe que el equipo de Ibarretxe no está dotado, precisamente, de grandes estadistas, pero habrá que reconocer que, en el caso de la vicelehendakari diciendo que la Ley de Partidos era «antivasca» o el propio lehendakari hablando de «prohibición de ideas» no les deja en buen lugar. La reacción de la amable y solidaria Zenarruzabeitia despreciando a 580.000 votantes vascos del PP y PSE clasificando el Parlamento entre fuerzas «ilegalizadoras» e «ilegalizadas» sólo fue superada por la del propio Ibarretxe presagiando que la ilegalización de Batasuna iba a dar oxígeno a ETA. Que la banda quiere demostrar que puede seguir matando, lo corroboran las últimas detenciones. Pero que la ilegalización de la fomación política del ex parlamentario 'Ternera' está dejando su pecera sin agua, es una verdad que tan sólo quienes pretenden utilizar el terrorismo como arma electoral, serán incapaces de reconocer.
JOSÉ IGNACIO CALLEJA/PROFESOR DE MORAL SOCIAL El Correo 11 Febrero 2004
Creo firmemente que hemos aprendido a percibir la cuestión de las víctimas de ETA como lo más inhumano de nuestra convivencia política. Nosotros, los vascos, no siempre hemos sido tan sensibles como debiéramos a esta experiencia de sufrimiento y muerte. Suele ocurrir en casi todos los conflictos sociales, y el 'tejado' de cada pueblo y grupo social, cuando nos referimos a víctimas de los conflictos y guerras, es de cristal. Esto no ha de interpretarse como disculpa y justificación, sino como aprecio de las cosas como son.
Creo que la honestidad con los hechos de todos no es equidistancia, sino sentido común. No vale lo de 'hoy por ti y mañana por mí'; o ayer unos y hoy otros. En cuestión de víctimas, nunca hay compensación de daños, sino que cada barbaridad tiene su juicio y cada sufrimiento, su derecho; cada tiempo y persona tiene sus responsabilidades, y cada víctima su dignidad y necesidades irrenunciables. Atender a todas las personas es una obligación moral ineludible; hacerlo sin pervertir la palabra 'víctimas' y saber de qué hablamos es imprescindible. La distinción entre víctimas del terror de ETA y personas que han sufrido por su proximidad a los militantes de ETA me parece clarificadora. Pero el dilema no se resuelve en blanco y negro como quieren muchas veces las políticas de partido, sino penetrando en cada experiencia con la libertad de dar a cada uno lo debido, su memoria y derecho inalienables. Esto es, precisamente, lo que evita confundir la justicia con la compensación de daños entre enemigos.
Creo que, con el tiempo, hemos entendido que el silencio ante las víctimas de ETA era un segundo agravio a su dignidad. Ha tenido que movilizarse mucha gente entre nosotros para que nos hiciéramos cargo y cargáramos con su causa. Desde lejos suele decirse que el miedo nos atenazaba, lo cual es cierto sólo en parte. Por desgracia, las reacciones de solidaridad e insolidaridad no proceden sólo del miedo a las consecuencias, sino de convicciones sociales que cuesta desbastar antes de verlas como complicidad con los bárbaros. Lo otro es más sencillo de explicar, pero esto es más real y atinado con la vida de los hombres. De hecho, claro que hemos tenido miedo a ETA, y poco a poco, sobre todo a ETA, pero también hemos tenido miedo al Estado. Primero por su origen, la necesaria y razonable transición desde el franquismo; luego por los GAL; y más tarde por la mezcla indigna de intereses de partido, ¿y no sólo del PP!, en todas las estrategias contra el terror. ¿Quién se fiará a pies juntillas de quienes no saben diferenciar, claramente, entre terror, derechos democráticos y convicciones nacionales? ¿No es ésta una característica de nuestra vida política? ¿Puede exigirse a la moral cívica que diga: «de estos matices ya hablaremos cuando ETA desaparezca» o, en su contra, «ya hablaremos cuando la nación sea soberana»? Es ridículo. Hay que hablar de derechos humanos siempre, en los fines y en los medios, en el proceso y en el resultado.
Creo que la movilización de los colectivos de víctimas del terrorismo tiene que seguir y que nuestra sociedad, por más que nos incomoden, tiene que oír esas voces, esclarecer la verdad y hacerles justicia como camino de reconciliación. Vamos a sufrir con tantos recuerdos y vamos a sorprendernos en muchos sentidos. Por ejemplo, ¿cómo no lo vimos antes? ¿Cómo es que nos callamos mientras no nos tocó? ¿Por qué nos afectó tan poco lo de nuestros adversarios políticos? ¿O eran enemigos? Tantas y tantas preguntas que nos asaltan, pero que no nos deben paralizar.
Creo, sin embargo, que algunas asociaciones de víctimas del terrorismo se equivocan a menudo en su estrategia. ¿Hablo de asociaciones y estrategias, no de personas y familias! Con el debido respeto, yo no termino de ver qué añade a la justicia de su causa ese espíritu insatisfecho con todo lo que no sea su modo de estar en la sociedad y de decir las cosas. La verdad siempre es preferible a Platón, pero ¿es tan difícil valorar, denunciar y exigir justicia con el espíritu de quien no sólo quiere vencer sino convencer? A menudo estoy persuadido de que se equivocan de enemigo. Su enemigo es ETA y quienes sostienen ideológicamente su fundamentalismo nacional y, sin embargo, algunos parecen despreciar el apoyo de todos los que no se adhieren punto por punto a su causa. La incondicionalidad de la vida y la dignidad de las víctimas de ETA, y de los derechos fundamentales de todas las personas, es algo obvio, pero queda, ahí, en su terreno propio, el de la ética compartida y exigible en una democracia; el de lo debido a todas las personas en una comunidad civilizada de iguales. Es lo irrenunciable e innegociable. Las estrategias políticas que de ahí fluyan, las creencias, fobias y filias que esa civilización moral consiente son cosa propia y respetable en todos. Y si se traducen en interpretaciones del pasado distintas, o en convicciones nacionales diferentes, o en proyectos de futuro incompatibles, todo esto es el lugar natural de la política. Su conversión a formas fundamentalistas y asesinas, esto es lo que hay que denunciar y atajar caso por caso. Lo contrario es concluir que si el amor provoca celos, y en ocasiones celos asesinos, todos los amores son perversos.
Sería demasiado doloroso para mí seguir por este camino. Creo, sinceramente, que las asociaciones de víctimas del terrorismo tienen que llegar a la cabeza y el corazón de sus conciudadanos, y estoy seguro de que muchas veces lo consiguen. Creo, sin embargo, que no deben pedirles que vean como ellas el pasado, el presente y el futuro. Seguramente no lo hacen, pero conviene advertir de esta tentación. Como conviene decir que el matiz y la diferencia en la opinión política no es equidistancia y connivencia con los bárbaros. Seamos claros: no hay equidistancia posible en la consideración moral de las víctimas, en la justicia que se les debe por el hecho mismo de ser víctimas, sin más añadidos ni comparaciones. Cada cual que traiga a la mesa sus sufrimientos padecidos injustamente a manos de otros y que la sociedad se haga cargo de sus obligaciones de justicia peculiar con cada caso. La sociedad sabe que ella misma es juez y parte en medio de tanto sufrimiento; sabe que tiene que ponerlos en relación, pero es consciente de que sólo ella puede hacerlo desde la libertad de quien no necesita comparar su dolor con el de nadie; desde la libertad de quien no manipula las palabras, porque sabe que las víctimas primero lo son sus ciudadanos asesinados o perseguidos por pensar 'de otro modo'; desde la libertad de quien no aspira a una idea nacional, antes y por encima de los derechos de todas las personas, ni aspira a una conciencia de pueblo, antes y por encima de que los ciudadanos la hagan suya y, aún así, con expresa y perenne libertad para quienes sientan y piensen de otro modo. Es todo tan sencillo en democracia, que parece mentira que nos cueste tanto el apreciarlo para todos.
En consecuencia, necesitamos ya cauces compartidos donde la sociedad entera se haga cargo de sus obligaciones de justicia para con las víctimas. A medida que lo logremos, queda advertido que habrán de menguar algunas voces de intelectuales y políticos, hoy reconocidas y valientes, pero también solitarias y poco integradoras.
Por XAVIER PERICAYEscritor ABC 11 Febrero 2004
EL consejero de Educación y Cultura del Gobierno balear, Francesc Fiol, anunció el pasado 16 de enero las medidas tomadas por el Ejecutivo del que forma parte con vistas al próximo curso escolar. Resultan sorprendentes. No lo resultan si uno las analiza sometiéndolas a la lógica de la razón; sí que sorprenden, en cambio, si uno las examina siguiendo las pautas que se han venido aplicando en aquellas Comunidades españolas cuyos Estatutos reconocen, al igual que el de las islas Baleares, la existencia de dos lenguas oficiales. Y, en especial, si uno las compara con las medidas que los distintos gabinetes de Convergència i Unió han ido tomando en Cataluña a lo largo veintitrés años, y con las que puedan tomar, de ahora en adelante, sus sucesores, a juzgar por lo prometido, acordado y firmado en su Acuerdo de Gobierno.
Que Cataluña sea el término de comparación escogido para hablar del uso público de las lenguas en Baleares es algo hasta cierto punto inevitable. Basta con cotejar las Disposiciones Generales de ambos Estatutos de Autonomía: el artículo 3 del Estatuto balear (febrero de 1983) se inspira claramente en el artículo correspondiente del texto que rige para el Principado (diciembre de 1979), aun cuando su contenido se limite a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y a su no discriminación por motivos idiomáticos, y deje a un lado el capítulo de los deberes exigibles. Se trata, en efecto, de los dos únicos Estatutos autonómicos españoles en los que constan como idiomas comunitarios el catalán y el castellano, en los que se indica de forma expresa el carácter oficial de ambos y en los que se introduce el concepto de lengua propia, atribuible tan sólo al primero de los dos y asidero histórico y territorial de los nacionalismos cada vez que pretenden costear la realidad. (Por no movernos de la vieja Corona de Aragón, ni el texto estatutario de la Comunidad Valenciana, donde la lengua es denominada con el nombre de la variedad dialectal y donde no hay prelación ninguna a la que agarrarse, ni el de Aragón, donde ni siquiera se especifican cuáles son los idiomas comunitarios, se hallan en circunstancias parecidas.)
Pero antes de seguir con las comparaciones, bueno será recordar las medidas tomadas por el Gobierno del consejero Fiol. La más importante, sin duda, es la que establece que, a partir del próximo curso, los padres podrán elegir el idioma con que sus hijos van a ser escolarizados, es decir, el idioma con que van a aprender a leer y a escribir. Con esta decisión el Ejecutivo autonómico aplica lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Normalización Lingüística de las Islas Baleares (abril de 1986), donde se indica que los alumnos tienen derecho a recibir la enseñanza en su lengua, ya sea la catalana o la castellana, y donde se precisa que es obligación del Gobierno arbitrar las medidas necesarias para que este derecho se haga efectivo. En dicho artículo se reconoce igualmente la potestad de los padres o tutores de ejercer este mismo derecho en nombre de sus hijos.
Las demás medidas adoptadas tienen una trascendencia menor, aunque en todas ellas se aprecia la voluntad de preservar los derechos individuales del conjunto de los ciudadanos. Así, de ahora en adelante van a ser los padres de los alumnos de primaria y secundaria de un centro de enseñanza cualquiera, y no el consejo escolar de este mismo centro, quienes decidan si sus hijos deben recibir más de un 50 por ciento de las horas lectivas en catalán -este 50 por ciento está garantizado por un decreto de julio de 1997 que regula el uso y la enseñanza del catalán en los centros docentes y es conocido como «decreto de mínimos»-. También serán los padres de los alumnos quienes escojan el idioma en que el centro debe informarles sobre cualquier aspecto relacionado con la educación de sus hijos. Y, por último, está previsto fomentar el aprendizaje de las variedades dialectales del catalán en las islas mediante la creación, en el seno del Instituto de Estudios Baleáricos, de un departamento de filología dedicado al estudio y la divulgación del mallorquín, el menorquín y el ibicenco.
Llegados a este punto del artículo, tal vez el lector se pregunte qué tienen estas medidas que pueda mover a comentario, como no sea su estricta adecuación a lo que marca la ley. Pues eso tienen, su estricta adecuación a lo que marca la ley. Porque, aunque parezca mentira, es la primera vez que el Gobierno balear aborda la cuestión lingüística -y, sobre todo, el uso de las lenguas en la enseñanza- sin complejos, lo que significa que es la primera vez que la aborda sin plegarse a las presiones del nacionalismo y sin dejarse llevar por el modelo catalán.
A lo largo de este último cuarto de siglo, y de forma especial en los últimos quince años, el proceso de normalización lingüística en Cataluña se ha hecho al margen de la ley. Y, si no al margen, sí en el mismísimo margen. Con el pretexto de no dividir la escuela en dos o más líneas como en el País Vasco, y con la excusa, cierta, de que el catalán era la lengua más desfavorecida, los distintos gobiernos nacionalistas -a instancias de los socialistas catalanes- impusieron de buenas a primeras el idioma llamado «propio» como idioma escolar. Aun así, como los centros escolares seguían presentando grietas, causadas por padres de alumnos y profesores renuentes a aceptar esta política de hechos consumados, la Administración catalana importó de Quebec la inmersión lingüística y la extendió a toda la primaria. Bien es verdad que sin la ayuda que le brindó en aquel momento el Gobierno del Estado, deseoso de contar con aliados para implantar la Logse y dispuesto a mirar, en consecuencia, para otra parte, la operación difícilmente habría funcionado. Con todo, todavía faltaba un paso. Lo dio la Generalitat en 1998 modificando la Ley de Normalización Lingüística de 1983, con lo que blanqueaba lo realizado hasta entonces y preparaba el asalto a la secundaria. El asalto está en marcha: el nuevo Ejecutivo catalán lo ha incluido de forma explícita en su Acuerdo de Gobierno de 14 de diciembre de 2003. Es de suponer que el blanqueo consiguiente lo traerá, si nada lo remedia, el nuevo Estatuto.
El resultado de este proceso es una sociedad, la catalana, donde, en lo tocante al cultivo del idioma, no existe correspondencia ninguna entre la esfera pública y la privada; donde los fracasos en el uso social del catalán se cubren con políticas cada vez más impositivas en aquellos dominios en que el uso lingüístico depende de la Administración; donde el dinero de todos sirve para pagar las legítimas aspiraciones de unos cuantos, y donde lo individual, en fin, tiende a confundirse casi siempre con lo colectivo. Sirva de ejemplo el caso de «El Observador», el único proyecto periodístico de envergadura auspiciado por el empresariado catalán durante estos años autonómicos. Los promotores eran gente próxima a Convergència i Unió, militantes incluso. Los cuadros directivos, también. El capital, también. ¿Saben en qué lengua estaba escrito el diario? En castellano, por supuesto. Suerte que Baleares no es Cataluña.
Por CÁNDIDO ABC 11 Febrero 2004
EL caso de Josep Lluis Carod-Rovira se ve cada vez más como un fruto que ha envenenado las relaciones de los gobernantes catalanes, es decir, del tripartito, y que ha envenenado también las relaciones entre los socialistas situando al PSOE ante un horizonte electoral inquietante. En lo que toca a la política el hacer las cosas a destiempo es mortal. La respuesta de Pasqual Maragall al desmán fue un cúmulo de imprecisiones lanzadas contra el sentido común y al margen de los acontecimientos. La realidad ha sido expoliada en nombre del poder. Todo ha sido impuro en ese episodio. Creo que fue Maragall quien inauguró la tesis de la «ingenuidad» de Carod-Rovira. Cioran dice lo siguiente: «Un político ingenuo es una catástrofe para su país. Los políticos mediocres son ingenuos que se hacen ilusiones y eso tiene consecuencias nefastas. Si el político es ingenuo, es peligroso». Pero lo de Carod, ¿es ingenuidad? ¿Es ingenuidad que el secretario general de Esquerra Republicana y conseller en cap, nada menos, se entrevistase con dirigentes de ETA? Y sobre todo, ¿se puede ser ingenuo dos veces sobre lo mismo? Porque este señor lo intentó ya en el año 2001. De manera que si eres ingenuo dos veces sobre lo mismo o bien pasas a ser un tonto primordial o realmente no eres ingenuo, sino fanático.
Sospecho que Carod-Rovira acabará asfixiado por su provincianismo, pero mientras se mantengan las condiciones electorales que le han convertido en árbitro de la estabilidad gubernamental en Cataluña, las explicaciones circunstanciales se darán en público y las grandes verdades se darán a espaldas de Maragall y Maragall a sus propias espaldas. El fanático suele suplantar al creyente porque imagina que el creyente cree poco. Al ser el fanático rotundo y abrasador y mezclar de continuo el gemido y la imprecación, parece que su opinión se fragua en la verdad, que por eso mismo considera infrangible, cuando sabemos que la verdad es verdad porque se deja modificar en parte. Al contrario que en «Proverbios» (8,14) que dice, «Yo soy la inteligencia, mía es la fuerza», Carod parece haber dicho, mía es la fuerza, yo soy la inteligencia. Y se lanza a convertir a los terroristas de ETA en guardaespaldas de Cataluña. Esta ofensa infringida a los catalanes que nunca, en cuanto pueblo, practicaron la política del egoísmo, no parece que sea ingenuidad alguna sino aturdimiento en el mejor de los casos. Pues el fondo de la cuestión no es que Carod intentase apartar el peligro terrorista de Cataluña, sino que en virtud de la fatalidad misma de los hechos lo que parecía querer, aún sin proponérselo, era el desplazar ese peligro fuera de Cataluña y no el fin del terrorismo.
La siguiente deducción es que para Carod, Cataluña es lo que no es España. No es tanto, como se ha dicho, que «España no nos quiere como somos», sino que él no quiere ser español. Es catalán porque no quiere ser español. Se define mediante una negación. La pregunta «de qué nos sirve» formar parte de España sitúa a Carod moviéndose en el campo de los utensilios, del instrumentalismo, que es la interpretación soez del utilitarismo. Esto que escribo no busca fin político alguno y quiere quedar lejos de las ideologías, esas ideas congeladas en el momento menos interesante de su trayectoria, sino que trata de penetrar en esa concavidad retumbante del éxtasis de Carod, el cual desborda la tradición adentrándose con vehemencia de catecúmeno nacionalista en un predio muy labrado ya por la inteligencia, la prudencia y la paciencia. De repente Carod propone el desequilibrio no ya dentro de la coalición a la que pertenece, aunque sería más cierto decir que la coalición le pertenece a él, sino también en la historia reciente que desembocó en la Constitución por el delta de la transición. El concepto de autonomía sin el acompañante de la solidaridad lleva al de autarquía y éste al de independencia, pero lo imaginativo y útil de la autonomía descrita por la Constitución que la disparó estriba en que la bala se detenga antes de cubrir toda la distancia posible. Es una conclusión abstracta y sorprendente que se ha revelado como la más práctica de todas desde que hay Constituciones en España. Por eso fue confiada a los sutiles y no a los ingenuos. Pero Carod, que es ingenuo, no es sutil, es imposible considerar sutil un tractor, más aún si le vemos arrasar con espantosa irreverencia lo que corre el riesgo de ser un museo de figuras de cera.
La Constitución de 1978, fuera de confundir la historia con la mecánica y la armonía con la simetría, vino a poner de manifiesto, por lo demás con muy buenas maneras, que los nacionalismos, en origen liberales y progresistas porque arrancaban de la fresca historia de la Edad Media, pasaron a ser conservadores y reaccionarios mientras el Estado iba haciéndose cada vez más progresista y liberal. Esta ha sido la gran lección silenciosa de la Constitución de 1978. Los nacionalismos efervescentes son como las abejas, procuran extraer del Estado todo el néctar político existente hasta convertirlo en el Estado Cero. El paso siguiente es reconstruirse como Estado reproduciendo precisamente los defectos del Estado que destruyeron. Incluso con ministro de Asuntos Exteriores y todo. Por descontado que en ese empeño (la madurez lo es todo) gastaron su inteligencia y su pasión, bien que por mejores caminos que Carod, hombres de fuste, pero nunca confundieron el paso hacia adelante con la cabriola, nunca se presentaron como saltimbanquis o, si la palabra es dura, como acróbatas del oportunismo, porque a Carod le ha faltado tiempo para dar la campanada cuando Maragall aún tenía la cabeza dentro de la campana, de forma que al verla allí la usó como badajo. Hay aquí una consideración impaciente, casi alocada, romántica, del tiempo, a pesar de que la sensación que arroja Carod es la del pausado burgués que sale en los cuentos de Rusiñol y en las novelas de Ignacio Agustí, aposentado siempre en la paciencia avizor. En este sentido es significativa, por ejemplo, la debelación del héroe romántico a la que Jordi Pujol se somete, hablando de sí mismo: «... mi vida, desde la infancia, fue marcada por un modo de vivir muy propio de la burguesía catalana... Con la perspectiva del tiempo, he de agradecer el haber tenido, incluso, un estilo de vida bastante menestral, muy basado en el esfuerzo, no basado en las apariencias sino en las realidades...».
Resuena en el fondo un tenue desencanto. Sobre todo si Pujol llama apariencias a los sueños, a los de ese «peregrino por la historia en busca de un Canaán que él solo se ha prometido a sí mismo y que nunca ha de encontrar», como dijo Azaña en 1931 para negar que fuera así, pero diciéndolo de un modo tan melancólico y penetrante que hace grandioso ese peregrinar por la historia. No es el caso de Carod, que a cada paso que da en la peregrinación da dos dentro de las botas, ingenuamente, para dejar atrás a Maragall.
O. BARRIUSO/BILBAO El Correo 11 Febrero 2004
El periodista José María Calleja aseguró ayer que el nacionalismo vasco «jamás va a reconocer a las víctimas» porque, según dijo, «eso sería poner a los asesinos en su sitio y lo que quieren es beneficiarse de los asesinos».
En la presentación en Bilbao de su último libro, 'Héroes a su pesar' -organizada por la Fundación para la Libertad con la participación del columnista Santiago González-, Calleja denunció la actitud de «rechazo frontal a las víctimas» que mantiene el PNV, en su opinión «el partido más xenófobo de Europa», además de «profundamente reaccionario». Subrayó que este comportamiento se visualizó en Andoain, donde «los nacionalistas demostraron que no tienen ni una brizna de compasión, piedad ni humanidad» y «pisotearon» la memoria de Joseba Pagazaurtundua.
Calleja reivindicó el papel «central» que actualmente tienen los damnificados por el terrorismo tras años de «silencio, indigencia moral, pasividad ante el mal y banalización de la muerte», en los que asesinar «salía gratis». El periodista lamentó que, superada esa etapa, «algunos» acusen hoy a las víctimas de «crispar». «Pretenden que unos asesinen, otros se callen y otros hagan caja. Y no nos vamos a callar», subrayó Calleja, que pidió «tenacidad democrática» para vencer definitivamente a ETA.
ESCRITO POR MAITE PAGAZAURTUNDUA
"Los Pagaza, historia de una familia vasca" muestra la realidad del nacionalismo totalitario
Editado por Temas de Hoy, este libro escrito por la concejala socialista Maite Pagazaurtundua, hermana del jefe del asesinado por ETA Joseba Pagazaurtundua, parte de una historia familiar que arranca en 1907 y para bruscamente en el trágico 8 de febrero de 2003. No falta un análisis político del papel que juega el nacionalismo en el País Vasco. Este miércoles, se presentará en Madrid, en la Casa de América.
Maite Pagazaurtundua explicó que su libro "Los Pagaza. Historia de una familia vasca" no es una obra "triste" sino que es "un libro de esperanza y de amor a la vida y a la tierra".
Este miércoles, la concejala socialista presentó esta obra en el centro cultural Bastero de Andoain, acompañada por el alcalde de la localidad, el también socialista José Antonio Pérez Gabarain, y arropada por su madre, Pilar Ruíz Albisu, y la viuda de Joseba, Estíbaliz Garmendia, entre otros familiares y amigos. La presentación en Madrid se celebrará en la Casa de América este jueves a partir de las ocho de la tarde.
El libro parte de la llegada de su abuelo a Rentería, en 1907, hasta el asesinato de su hermano, el 8 de febrero de 2003 e incluye un apartado final de contenido "más político" en el que la autora trata de aportar claves para facilitar la "reconciliación" de los vascos. Pagazaurtundua indicó que "no es una clásica biografía familiar", sino que "pretende ser una crónica afectiva y política del País Vasco" a través de las vivencias de una familia rota por ETA hace un año.
Expresó su emoción por presentar el libro en el centro cultural Bastero, que su hermano no llegó a conocer, ya que esta moderna instalación simboliza que Andoain "ha seguido adelante" tras el atentado y que ahora lo hace bajo la dirección de un alcalde socialista. "Andoain ya no está gobernado por los amigos de los asesinos de Joseba, porque institucionalmente ya no sale gratis decir sí a la violencia", afirmó la edil del PSE/EE en Urnieta, quien insistió que "incluso en las realidades más duras es importante señalar la posibilidad de salir adelante".
La concejala socialista admitió que este testimonio surgió "del desgarro, de la tristeza y del amor profundo a todas esas personas que han sufrido en sus carnes la persecución o el peso de la intolerancia de otros", pero que no por ello se trata de una obra pesimista, sino que tiene vocación de mirar al futuro con "esperanza". "Ha sido también un libro catárquico para mí, porque yo me daba cuenta de que en 20 segundos o en un minuto o en media hora uno no es capaz de expresar lo que uno tiene dentro", confesó.
El libro se detiene en el 8 de febrero de 2003, el día del asesinato de Joseba Pagazaurtundua en un bar de Andoain, pero, según su autora, "se empezó a escribir mucho antes, cuando unos seres humanos decidieron que querían asesinar a otro ser humano".
La reflexión política que contiene apunta a la necesidad de que el nacionalismo vasco "se regenere moral y políticamente" porque algunos elementos de la doctrina del fundador del PNV, Sabino Arana, "dan oxígeno a los ultranacionalistas". Maite Pagazaurtundua admitió que la obra "es dura y crítica con los nacionalistas vascos", aunque ha tratado de "no herir innecesariamente y no injuriar", porque las víctimas y los perseguidos "no los sienten a su lado y sin embargo los necesitan".
Ibon Elorrieta y Enrique Gárate, encuadrados en el aparato logístico, fueron sorprendidos en un control de Aduanas
FERNANDO ITURRIBARRIA/CORRESPONSAL. PARÍS El Correo 11 Febrero 2004
Los presuntos integrantes del aparato logístico de ETA Ibon Elorrieta Sanz, 'Eneko', especialista en electrónica, y Luis Enrique Gárate Galarza, 'Aixeriko' o 'Goiko', un veterano liberado huido desde hace 20 años, fueron detenidos el lunes por la tarde en un control de carreteras en el oeste de Francia. El dúo portaba «muchísimo material que iba a ser entregado hoy mismo (por ayer) para cometer asesinatos y atentados en España», declaró el presidente del Gobierno, José María Aznar. Según fuentes galas, fueron sorprendidos en el traslado de un arsenal cuando viajaban en dirección contraria a la frontera franco-española.
Los arrestos se produjeron hacia las 17.15 horas del lunes, aunque no trascendieron hasta ayer. Elorrieta y Gárate circulaban a bordo de una furgoneta 'Renault Kangoo' de color blanco que había sido robada el pasado octubre en Moulins (Auvernia). En esta localidad del centro de Francia se encuentra la cárcel de la que, a finales de enero, fueron evacuados dos ex dirigentes presos de ETA por temor a que prepararan una evasión con empleo de explosivos.
Los detenidos, que viajaban en sentido Sur-Norte, se toparon con un control volante establecido por los servicios de aduanas en la carretera nacional 10, a la altura de Touverac, a unos 100 kilómetros al norte de Burdeos. Tras forzar el dispositivo de vigilancia, abandonaron la N-10 por la primera salida en su camino a través de una carretera provincial hasta ser alcanzados en el término municipal de Oriolles (provincia de Charente), al cabo de una docena de kilómetros. Nada más apearse del vehículo se identificaron como «etarras» y se rindieron a los agentes sin hacer uso de sendas pistolas automáticas cargadas en poder de cada uno.
Los aduaneros se incautaron en la furgoneta, con placas de matrícula falsas, de 32 kilos de amonal, seis bolsas de pólvora, un subfusil marca UZI israelí, cuatro cajas de munición del calibre 9 mm. parabellum, un cargador, nueve detonadores, temporizadores y otros componentes para la fabricación de bombas. También había una granada artesana de grueso calibre tipo Handia y dos tubos metálicos, reforzados con soldaduras para ser utilizados como lanzaderas de ese estilo de morteros de fabricación propia.
Elorrieta (Bilbao, 1977) está considerado el lugarteniente de Tomás Elgorriaga Kuntze, 'Teo', al frente del taller de electrónica. A Gárate (Aramayona, 1957), supuesto ex componente de los 'comandos' 'Araba' y 'Tontorramendi' en los años 80, se le relaciona con tres asesinatos y el secuestro del industrial Lucio Aguinagalde.
A la vista de que se trataba de un caso relacionado con ETA, la investigación fue encomendada a la Dirección Nacional Antiterrorista, con sede en París, y al servicio regional de la Policía Judicial de Limoges. Su objetivo prioritario es localizar la o las viviendas donde se alojaban los detenidos. Estos permanecen incomunicados en la comisaría de Angulema a la espera de su próximo trasladado a la capital francesa para ser puestos a disposición judicial.
Fuentes antiterroristas franceses creen que Elorrieta y Gárate trasladaban el material intervenido de un escondite a otro por razones de seguridad. Medios españoles barajaron la posibilidad de una inminente entrega a un 'comando' a fin de perpetrar atentados en España. Existen elementos para sustentar ambas versiones, en apariencia contradictorias.
Así ETA perpetró el pasado 18 de octubre un atentado con granadas tipo Handia contra el cuartel militar de Ainzoain (Navarra). Los dos proyectiles lanzados, con una capacidad de carga de hasta 33 kilos de explosivo, no llegaron a estallar. Fueron disparados desde una furgoneta 'Renault Partner' que había sido robaba en marzo de 2003 en la localidad de Saint Genis de Saintonge (Charente Maritime), en la misma región donde fueron practicadas las detenciones del lunes.
En Cognac, ciudad de esta área geográfica, había sido sustraído el 20 de abril de 2002 el 'Ford Escort' blanco empleado como coche-bomba un mes más tarde en un atentado contra la Universidad de Navarra, en Pamplona. Un plano de Cognac y mapas de carreteras de la zona de Angulema fueron encontrados en poder de los miembros del aparato logístico Patxiku Guimón y Aitzol Gogorza, detenidos en Las Landas a finales de 1999.
Desde hace unos años hay constancia de que los artificieros de ETA merodean por esta región. En Roullet Saint Estèphe (Charente) fue encontrado, en marzo último, el vehículo robado por el 'comando' armado que asaltó días antes una fábrica de productos químicos próxima a Burdeos. El grupo intentó sin éxito robar polvo de aluminio, materia prima para la fabricación del amonal, explosivo que ETA ha vuelto a elaborar ante las escasas reservas de dinamita sustraída en polvorines franceses.
En Saintes, no lejos del lugar de las últimas detenciones, fue arrestada en mayo la entonces presunta dirigiente de los 'comandos' armados Ainhoa García Montero, 'Laia', junto a tres supuestos subordinados. Desde mediados de los años 90 la región es una de las principales bases de repliegue de ETA en territorio francés.
El conseller Vallés quiere reactivar el plan piloto de fomento del idioma iniciado en 2000
Nueva ofensiva del gobierno tripartito contra el castellano y a favor del «uso social» del catalán. En esta ocasión le tocó el turno al ámbito judicial. El consejero de Justicia de la Generalitat, Josep Maria Vallés, anunció ayer que desea conceder incentivos económicos a todo el personal de la administración de Justicia de Cataluña que redacte o traduzca en catalán la información generada por los tribunales y juzgados. El consejero añadió que esta iniciativa se inscribe dentro del gran plan piloto de fomento del catalán que inició el Govern en 2000, que tiene adscritos a un total de 121 juzgados.
La consejería de Justicia de la Generalitat estudia conceder incentivos económicos a todo el personal de la administración de justicia en Cataluña que redacte o traduzca en catalán los documentos que generan los juzgados o tribunales, y trabaje por el fomento del catalán hablado. El departamento que dirige el socialista Josep María Vallés informó ayer, en un comunicado, de que la propuesta consiste en generalizar el complemento económico que ahora recibe ya el personal de los 121 juzgados adscritos al plan piloto para el fomento de la lengua catalana, iniciado en octubre de 2000. En concreto, la iniciativa, que tiene que ser sometida a debate entre el personal de la administración de justicia, consistiría en la consolidación en nómina salarial de todo el personal de los juzgados y tribunales de un complemento específico en reconocimiento de esta labor en favor de la normalización del catalán. La Generalitat estudia avanzar en el impulso del uso del catalán tras constatar una consolidación del idioma «más teórica que real» en la administración de justicia en los últimos años.
Un estudio elaborado por un grupo de jueces y secretarios judiciales de Barcelona apunta la necesidad de incrementar progresivamente el número de oficinas judiciales adscritas al plan piloto de fomento del catalán como paso previo antes de la entrada en funcionamiento de la Ciudad Judicial. Josep María Vallés anunció también, en este comunicado, que su política se centrará en «continuar reivindicando con iniciativas legislativas la inclusión del conocimiento del catalán y del derecho de Cataluña como requisito para la provisión de plazas» en el territorio catalán.
En cuanto al balance del plan piloto en los 121 órganos judiciales adscritos en 2003, lo que supone el 25 por ciento del total de oficinas, el 84 por ciento de las sentencias se emitieron en catalán, así como el 90 por ciento de los autos y el 89 por ciento de los documentos en trámite. Pese a estos resultados positivos, sólo el 30 por ciento de los fiscales utilizan el catalán oral y escrito, y los abogados y procuradores continúan presentando el 90 por ciento de sus escritos en castellano.
Las amenazas del catalán
Por otra parte, el presidente del Partido Popular de Cataluña (PPC), Josep Piqué, acusó ayer al consejero de Enseñanza de la Generalitat, Josep Bargalló, de «amenazar» a los catalanes por contemplar la posibilidad de sancionar los incumplimientos de la ley de política lingüística, y de emprender un «mal camino» con esta postura.
Tras fotografiarse junto a los cuatro cabezas de lista del PPC a las elecciones generales, Piqué ha opinado que «los catalanes deben empezar a pedir a sus políticos que busquen soluciones a los problemas y que no generen problemas donde no los hay». De esta forma, Piqué se ha referido al anuncio que hizo ayer el consejero de un plan «decidido y valiente» para promover el uso social del catalán, que prevé desde la aplicación estricta de la normativa, incluidas las sanciones, hasta la apelación directa a los ciudadanos para que denuncien cuando vean limitados sus derechos lingüísticos.
Piqué señaló que le parece «muy bien que se promocione el uso social del catalán, pero no con sanciones», y opinó que el tripartito «es muy propenso a amenazar», ya que ha adoptado esta postura ante algunas empresas, según ha dicho Piqué, y «ahora vuelven a amenazar». «Una lengua nunca se ha de imponer ni se ha de intentar aumentar su uso social a través de la coacción», manifestó, sino con «medidas en positivo» y haciendo que gane «prestigio social». Según Piqué, el gobierno catalán ha puesto en marcha esta medida como «cortina de humo» ante sus «divisiones internas» que, según el presidente del PPC, han llevado al gobierno catalán a una situación de «desgobierno ».
Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario de CiU, Artur Mas, reclamó «prudencia» y una «aplicación inteligente» de la Ley de Política Lingüística para evitar que con la imposición de sanciones anunciadas por el conseller de Enseñanza, Josep Bargalló, se acabe provocando un «retroceso» en el uso social del catalán.
Mas consideró que las citadas sanciones «pueden aplicarse si alguien incumple sistemáticamente la normativa o la rechaza», pero insistió en que la promoción de la lengua se logra «palmo a palmo y no de golpe». Reclamó, en este sentido, que el tripartito que gestiona la Generalitat «no estropee la labor hecha» por el Ejecutivo de CiU, que evitó la aplicación de sanciones previstas en la ley de 1998, que establecía un amplio margen de años para adaptarse a su cumplimiento.
Por otro lado, el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, denunció la obligación del uso del catalán en la rotulación de comercios, que detalla la Ley de Política Lingüística, que defendió Bargalló.
El atentado contra una comisaría en Irak que ocasionó 50 muertos y la detención en Francia de dos importantes miembros de ETA son noticias destacadas en las portadas de la prensa nacional este miércoles. Pero sin duda, y tras el varapalo a las intenciones del Gobierno vasco de internacionalizar el Plan Ibarretxe tras la desestimación del recurso vasco en Estrasburgo, este miércoles la Justicia da otra alegría. El TSJPV ordena la suspensión de la circular de Educación vasca que calificaba de "inmigrantes " a los alumnos no vascos y les impedía acceder al modelo A, es decir, estudiar en castellano. De esta manera, el Gobierno vasco propicia una inmersión obligatoria en el Euskera sin libertad de elección de enseñanza y con clara discriminación para el español. Igual que si se estudiara en Manchester o Bruselas.
La Razón opina a este respecto que "lo peor del varapalo que el Tribunal Europeo de Justicia de Estrasburgo ha asestado al Gobierno autonómico de Juan José Ibarreche no es el ridículo jurídico que ha hecho el Ejecutivo vasco; ni siquiera la patética defensa del brazo político de ETA que supuso la presentación del recurso contra la Ley de Partidos, sino la nueva evidencia que el PNV sigue apropiándose ilícitamente del Estado y del sistema democrático en su propio beneficio". En "Varapalo judicial a Ibarreche", el diario de Anson considera también que la decisión del TSJPV "es muy clara a la hora de apuntar la ilegalidad de una medida que, más allá de vulnerar las normas vigentes, desde la Constitución hasta la propia legislación autonómica vasca en materia de Educación, es un simple atentado al sentido común". Recordar la decisión de ERC de "impulsar el catalán". La media recoge la obligatoriedad de etiquetar los productos en catalán y rotular los comercios en esa lengua. Si no, sanciones. Este miércoles, en la página quince ABC dice que estas medidas "dividen al tripartito". Cambianado de tema por un momento. Dos noticias interesantes de Cultura. ¿Miquel BArceló en el Prado a la latura de Tiziano o Velázquez o Goya? ¿Para qué entonces en Reina Sofía? Se puede leer en ABC, que también recoge una entrevista con María Porto, pareja del ministro de Fomento Álvarez Cascos y directora de la galería Malborough, en vísperas de ARCO. Retomamos el asunto político del catalán.
Lo cierto es que, la falta de libertad y la imposiciónde catalán no es bueno ni siquiera para el propia catalán. De momento, el aumento de los costes no fomentará, precisamente, que las empresas se queden en Cataluña. A la ya de por sí carga de doble lengua en facturas, papeles y demás, la cara energía y los altos costes de una industria y comercio bastante estancado, ahora se suma una medida cuyos efectos se verán más a corto plazo que a largo. ¿Quién pagará los costes? Las subvenciones, las empresas, los trabajadores, nadie porque no habrá empresas, ¿no cumplirán la ley o qué pasará? En la página 44 de La Vanguardia, otro posible caso de fuga: "Taurus exige una rebaja de costes del 15% para firmar la compra de New Pol". Si no, la alternativa es el cierre. "Sin rebaja de salarios no hay compra de la empresa y la alternativa es el cierre. Es el mismo planteamiento que hizo Taurus con Novalux (Philips) y que ahora se repite con el fabricante de lavadoras New Pol. Los sindicatos aseguran que el pacto no será fácil". Contrasta la intención del Govern con esta otra noticia de La Vanguardia. "Catalunya necesitará medio millón de trabajadores más en 20 años". Y si vienen de fuera ¿les harán inmersión en el catalán o tendrán libertad para trabajar y estudiar en castellano? Una lucha contra un idioma que hablan más de 400 millones de personas es una batalla perdida. El problema es el coste de esa derrota. También cuenta este miércoles ABC que: "Detenidos en Francia dos etarras que iban a abastecer a un 'comando'". En su editorial El Gobierno de Ibarretxe vuelve a fracasar afirma que "no hay excusas para seguir cuestionando la calidad constitucional e internacional del proceso de disolución de los partidos políticos creados por ETA, ni para seguir eludiendo su plena ejecución en el Parlamento de Vitoria. El Estado ha ganado".
EL MUNDO abre edición con "8 policías viajan hoy a Guantánamo para repatriar al recluso español", "Medio centenar de iraquíes que hacían cola para alistarse en la policía mueren en un atentado", "El error de la asesina del 'crimen perfecto'", "Los etarras que fueron detenidos en Cognac iban a entregar armas y explosivos a un comando para atentar en España", "Dijo que se iba a Londres y apareció en Afganistán", "6.000 mujeres han obtenido protección de los jueces por malos tratos en sólo 5 meses" y "Francia/La Asamblea aprueba por amplia mayoría la prohibición del velo en las escuelas públicas". En Las órdenes de protección no bastarán contra los malos tratos, EL MUNDO opina que las órdenes de protección son sólo "un paliativo. La violencia de género es una lacra que, al margen de las promesas realizadas en el fragor de la batalla electoral, requiere del próximo Gobierno una repuesta contundente y dotada de todos los recursos necesarios. Lo mejor, en este sentido, será establecer como prioridad de la nueva legislatura un Plan Integral que completa las medidas judiciales con iniciativas pedagógicas y de prevención".
EL PAÍS cuenta que "Un coche bomba deja medio centenar de muertos en una comisaría de Irak", "La policía francesa detiene a dos etarras con 38 kilos de explosivos y armas", "El CNI y Garzón investigan la conexión española en el mercado de armas nucleares", "Los jueces dictan cada día 39 órdenes de protección a mujeres agredidas" y "Gadafi se abre a Occidente y recibe a Berlusconi". En "Eslabones débiles" señala que "un error central en la estrategia de EEUU (en Irak) fue desmantelar de un plumazo la policía y el ejército de Sadam Husein, pues se ha visto obligado a reconstruirlo desde cero. El proceso posterior a la 'iraquización' de la seguridad y el orden público ha convertido a esos nuevos policías en blanco para la estrategia del caos y del terror, especialmente cuando las tropas
EL PERIÓDICO destaca en primera "Barcelona necesitará 500.000 trabajadores extranjeros en 20 años", "Baño de sangre en Irak", "Tránsit denuncia por la vía penal a dos conductores que iban a más de 200 km/h" y "1.165 mujeres han obtenido en Catalunya protección judicial contra malos tratos". Su editorial titulado Desolador panorama iraquí afirma que "El panorama iraquí es desolador: un país devastado, empobrecido, azotado por un castigo terrorista que jamás había padecido y al borde la guerra civil. Ese es el único resultado que se pueden arrogar las potencias bélicas conquistadoras, puesto que poco pueden presumir de habernos librado de armas de destrucción masiva. La invasión de Irak tan sólo ha logrado multiplicar el fenómeno terrorista y devastar un país empobrecido".
CiU y PP advierten de las consecuencias negativas de la iniciativa, mientras que el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, se opone a esa política de «represión»
BARCELONA. Ni los propios socios de gobierno de ERC creen en la eficacia de imponer sanciones para fomentar el uso del catalán. PSC e ICV coincidieron en asegurar que la normalización lingüística, más que un asunto de leyes, es cuestión de pedagogía. CiU y PP también son críticos con esta iniciativa, anunciada por el consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, mientras que el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, también ha cuestionado que una «medida de presión o represión» tenga buenos resultados.
Bargalló anunció el lunes su intención de aplicar las sanciones que contempla la Ley de Política Lingüística de 1998, cuya aprobación provocó una fuerte reacción entre los sectores afectados. En ella se establece la posibilidad de imponer multas si se incumple la obligación de etiquetar o rotular los comercios en catalán. Este «castigo», que nunca llegó a aplicarse, ha sido retomado ahora por ERC como uno de los ejes de su política de fomento social del catalán.
El portavoz parlamentario de PSC, Miquel Iceta, aseguró ayer que «el catalán será mejor impulsado con medidas positivas de fomento, que no negativas», mientras que el portavoz de ICV, Joan Boada, advirtió de que «si al lado de las sanciones no hay una labor de convencimiento y pedagogía, será difícil fomentar el catalán».
Piqué critica las «amenazas»
Más duro fue el presidente del PP catalán, Josep Piqué, quien reprochó al gobierno autonómico que se dedique a «amenazar» a la ciudadanía con sanciones. Piqué advirtió de que las sanciones «son un camino muy malo» e insistió en que los catalanes deben comenzar a pedir al gobierno tripartito «que no provoque problemas allí donde no existen». El dirigente popular atribuyó el anuncio de la aplicación estricta de la citada ley a una «cortina de humo» para esconder las «profundas divisiones internas» del ejecutivo catalán. El presidente del grupo parlamentario de CiU, Artur Mas, instó a la Generalitat a aplicar de forma prudente y progresiva esas sanciones «para evitar un retroceso». A juicio de Mas -cuya formación impulsó la ley cuando gobernaba-, «el uso social del catalán no es un problema de leyes». Según recordó, hace unas semanas, el ex «conseller en cap», Josep Lluís Carod Rovira, se mostró contrario a las sanciones que ahora defiende su compañero de partido, Josep Bargalló. Por su parte, el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, afirmó que «cualquier actuación que se apoye en la represión o en la presión es más lenta que intentar hacerlo poco a poco y bien» y que el apoyo del catalán no debe interferir en el «respeto» al castellano, la otra lengua oficial en Cataluña.