Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-31304-de-mayo-24-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_87fed8f96a6c3034e0430a0101513034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-16 10:47:47
Document Index: 368354443

Matched Legal Cases: ['artículo 271', 'artículo 29', 'artículo 63', 'artículo 271', 'artículo 4', 'artículo 271', 'artículo 21', 'artículo 271', 'artículo 271', 'artículo 270', 'artículo 6', 'artículo 271', 'artículo 271', 'artículo 271', 'artículo 20', 'artículo 271']

﻿ Sentencia 31304 de mayo 24 de 2010
SENTENCIA 31304 DE 24 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. REPRODUCCIÓN ILEGAL DE SOFTWARE
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS PATRIMONIALES DEL AUTOR, DELITO CONTRA LOS DERECHOS PATRIMONIALES DEL AUTOR, PIRATERÍA, SOFTWARE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:463 DE JULIO DE 2010, PG.1167
Sentencia 31304 de mayo 24 de 2010
Decide la Sala el recurso extraordinario y excepcional de casación interpuesto por el defensor de Jaime Alberto Caro Barragán contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de esta capital el 10 de julio de 2008, confirmatoria de la decisión emitida en primera instancia por el Juzgado Quince Penal del Circuito el 23 de marzo de 2007, que condenó al aquí procesado a la pena principal de doce (12) meses de prisión y multa en el equivalente a 10 s.m.l.m., como responsable del delito de defraudación a los derechos patrimoniales de autor.
La reseña del discurrir fáctico fue sintetizada en el fallo impugnado, así:
“Ricardo Pedreros Montañez denunció el 28 de enero de 2003 ante las autoridades que por medio de la página Web www.mercadolibre.com, se estaban comercializando ilegalmente varios software, entre ellos y los cuales él representa: EasyrecoveryPro 5.1. (de uso para la recuperación de cualquier información eliminada en discos duros o disket) y Encase 1.99 (de utilidad forense para analizar evidencias perdidas en discos duros)”.
La narración de las circunstancias en que se desarrollaron los sucesos denunciados, fue complementada en ampliación de su queja criminal por parte de Pedreros Montañez el 12 de marzo de 2003 (fl. 6), quedando en claro que seis meses antes en la página Web en referencia observó a un anunciante que ofrecía algunos programas —de privativa distribución suya por parte de proveedores en el extranjero— y que después de obtener una cita le fue entregado por $ 10.000, un CD contentivo —entre cerca de cien más— de los referidos programas y una lista de los software comercializados ilegalmente. Aportó además en esta diligencia copias de correos cruzados con el incriminado en los que aparece una lista general de productos similares que dijo ofrecer en venta (fl. 8 y ss.), así como certificados de la empresa proveedora del software y servicios a Ontrack Recuperación de Datos, en los que se confirma que la única persona autorizada para proveerlos en Latinoamérica y el Caribe es Ricardo Pedreros (fl. 16 y ss.).
Informe del DAS sobre las pesquisas adelantadas en orden a identificar el distribuidor de los programas Easyrecovery Pro 5.1 y Encase 1.99 en la página www.mercadolibre.com (fl. 31 y ss.), con el cual se aportan impresiones de la oferta que en dicho espacio hacía el vendedor “Javeriana (348)” perteneciente al incriminado y demás circunstancias constatadas por el investigador.
Con estos elementos, el 8 de enero de 2004 la Fiscalía 65 Seccional dispuso la apertura de formal investigación (fl. 43).
El 9 de marzo posterior se vinculó mediante indagatoria a Jaime Alberto Caro Barragán (fl. 53). Referido a la venta de software Easyrecovery Pro 5.1 y Encase 1.99, aseguró que él vendió una “versión limitada de libre distribución... que bajaba de internet... pero no era la versión completa del programa”, propósito para el cual, dijo “Yo metí como cien programas en un CD Rom ese CD valía diez mil pesos, no recuerdo cuantos vendí pero no fueron más de diez o quince CD, actividad que aseguró realizó por seis meses a un año. En justificación de su actuar adujo tener autorización toda vez que “cuando un programa es de libre distribución y se ofrece gratuitamente en internet es con la intención de autorizar a cualquiera para que los baje y distribuirlos” (fl. 53).
Clausurada la investigación, el 29 de abril de 2005 se calificó el mérito de las pruebas, profiriéndose resolución acusatoria en contra del procesado por el delito de defraudación a los derechos patrimoniales de autor, tipificado por el artículo 271 del Código Penal (fl. 73), decisión que cobró ejecutoria el 16 de junio al declararse la deserción del recurso de apelación impetrado (fl. 79).
Tramitada la fase del juicio se emitieron las sentencias de primera y segunda instancia en los términos que la Sala hubo de glosar inicialmente, obteniéndose el concepto de la Procuraduría el 5 de mayo de 2010.
Bajo la pretensión de alcanzar la efectividad de las garantías materiales que “confiere el derecho comunitario andino” y “la unificación de la jurisprudencia Nacional”, el procurador judicial del sentenciado justificó la presentación de la demanda de casación en su modalidad discrecional o excepcional en este caso.
A dicho cometido adujo tres reproches contra la sentencia impugnada, así:
El primero, se encamina por la primera causal de casación, acusando quebranto de los principios de tipicidad y antijuridicidad (C.P., arts. 10 y 11, y art. 21 de la Decisión 351 de 1993. Comisión del Acuerdo de Cartagena).
Para el actor, una conducta que no es antijurídica no sería tipificada y en el caso concreto la imputada al procesado dada su nimiedad, no generó daño o lesión a los titulares de derechos patrimoniales de autor, pues este es un aspecto sobre el cual el quejoso fue en extremo confuso. Además, cuando el legislador tipifica el punible de piratería, asegura, lo hace por el grave daño que produce a los derechos de autor “en cantidades más o menos apreciables o al menos contables”, pero no en ínfimas proporciones.
Los titulares de derechos —que no se constituyeron en parte civil—, en este caso, no se ocuparon en aportar la menor evidencia probatoria para demostrar el valor material de lo puesto en venta por Jaime Alberto Caro Barragán, sino un CD que tampoco fue remitido por la Fiscalía para su estudio técnico científico, así como los documentos allegados por el quejoso lo fueron en otro idioma y nunca traducidos al español.
Previa cita de doctrina de la Sala sobre el tema que asume pertinente, solicita se case el fallo y absuelva al procesado de los cargos.
El segundo ataque al fallo, que anuncia es subsidiario, se aduce por la causal tercera de casación y acusa quebranto del artículo 29 de la Carta, por ausencia de investigación integral.
El documento contentivo del CD nunca fue examinado por personal técnico-científico especializado, pues solo obra un informe de un detective del DAS cuya identidad y especialidad se ignora. Además, el documento nunca fue “leído” por el propio denunciante.
Su defendido nunca reconoció haber puesto a la venta programas ilegales, pues se trató de información que llegó a su correo electrónico, así como que tampoco en un solo CD podían caber los cien programas a que se aludió.
Es que, según el libelista, “Al abstenerse el instructor y el juzgador de poner en conocimiento de un perito-científico el CD hallado en poder de Jaime Alberto, para que se rindiera el dictamen correspondiente respecto de si allí se encontraba todo el material denunciado por Pedreros”, se dio lugar a la causal de nulidad por violación al debido proceso, con evidente lesión de los intereses jurídicos del inculpado, por ser precisamente el CD la única prueba que podría desvirtuar las afirmaciones del quejoso y detective, por lo que debería al ser casado el fallo afectarse la actuación a partir de la audiencia preparatoria con miras a que se disponga la práctica de la referida prueba.
Finalmente, realza la conducencia y pertinencia de la prueba científica reclamada, haciendo eco al pedido que el propio imputado hiciera en desarrollo de la audiencia pública en tanto cualquier perito en sistemas aclararía el contenido del CD.
El tercer reparo acusa también menoscabo al debido proceso por “falta de motivación de la sentencia”, en relación con la multa impuesta al condenado en el equivalente a 10 smlm y sin percibir que de acuerdo con el artículo 63 del Código Penal, la misma es “Facultativa”, máxime cuando la fundamentación de la sentencia debe contener un juicio sobre los elementos probatorios y ser asertiva y expresa en inclusión de las razones por las cuales se impone una pena.
En el caso concreto, según su concepto, dado que el procesado carece de antecedentes y estuvo presto a presentarse ante las autoridades, la imposición de la multa es “injusta, inconstitucional e ilegal”.
Solicita, así, se case el fallo en lo concerniente con la imposición de la multa.
Regido con estrictez por el orden lógico que debió determinar la presentación de los reproches, el procurador segundo delegado para la Casación Penal estudia en primer término los cargos presentados por vía de nulidad.
Así, para responder al segundo reparo que acusa quebranto al principio de investigación integral, comienza por llamar la atención en tanto si el actor discrepa con el informe técnico rendido por el detective del DAS ha debido atacarlo por falso juicio de legalidad por no reunir los requisitos de ley, o si lo discrepante era su credibilidad debió proceder por falso raciocinio.
El informe en cuestión, acota el Ministerio Público, cumplió con el cometido encomendado de determinar si el incriminado ofrecía la distribución de los programas Easyrecovery Pro 5.1 y Encase 1.99 y así fue valorado en las sentencias.
Sobre la circunstancia de no haberse corrido traslado de dicho informe a los sujetos procesales, advierte que ello no configura irregularidad que afecte la validez del proceso.
Además, para el delegado, el hecho de no practicarse prueba pericial sobre el CD, no reviste la importancia a que alude el libelo, toda vez que el proceso evidenció que en el CD se encontraban los programas cuyo distribuidor legalmente autorizado era el denunciante y esto fue igualmente corroborado por el investigador del DAS, aspectos admitidos en su injurada por el imputado. De todo ello se sigue que el procesado si estaba comercializando tales programas y que el estudio del CD no era la única prueba para demostrarlo.
Tampoco era imperativa la traducción de los documentos aportados por el quejoso en inglés pues así no lo imponen las normas procesales y de su contenido se sigue que aquel era el único autorizado para la distribución de software y servicios.
El cargo, pues, no puede prosperar.
La respuesta a la tercera censura observa que al tomar como sanción a imponer la mínima correspondiente al primer cuarto y reducirla en la mitad por razón de no ser más de cien las unidades de CD, de acuerdo con el artículo 271 del Código Penal, la motivación fue suficiente en respeto al marco punitivo, en forma tal que tampoco este reparo puede prosperar.
Finalmente, al contestar a la primera censura, que acusa violación de los principios de tipicidad y antijuridicidad, recuerda el procurador las modalidades de quebranto directo a la ley sustancial, al tiempo que señala cómo en vigencia del Código Penal actual para que la conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro el bien jurídico tutelado.
La conducta imputada al procesado es la violación de los derechos patrimoniales de autor, entre los que se encuentran “los programas de ordenador” como indica el artículo 4º de la Decisión 351 de 1991, en forma tal que para vender un programa de computador se debe acreditar que se es el legítimo titular del derecho o autorizado para el efecto, pues si no se tiene esa condición y se efectúa con ánimo de lucro y de lesionar el patrimonio de otro en beneficio suyo o de un tercero se está incurso en el tipo penal del artículo 271 del Código Penal.
Está demostrado con la queja criminal, el informe técnico y la propia versión del inculpado, que este comercializaba los programas Easyrecovery Pro5.1 y Encase 1.99, cuya representación legal estaba en cabeza de Pedreros Montañez.
Por lo demás, se está frente a un evidente caso de software libre pero no de dominio público, de modo que su uso está restringido y es el titular quien posee la facultad exclusiva para establecer bajo qué parámetros autoriza o no su uso y si tal utilización amerita o no una contraprestación a su titular y si el distribuidor debe o no cobrar remuneración por tal acto.
El caso concreto evidencia que el procesado vendía los referidos programas sin estar autorizado por el titular o su representante.
Ahora la afirmación según la cual la conducta del incriminado no causó perjuicio alguno y no ofrecería relevancia penal, carece de razón, toda vez que no solo los ofrecidos en venta lo eran a razón de $ 10.000 c/u, sino que dicho daño sin duda recayó en aquellos pues los originales se comercializaban en valores entre 1.000 US y 5.000 US.
Si bien debió designarse un perito para que tasara los perjuicios, el procesado o su defensor debieron por igual reclamar el nombramiento de uno con dicho cometido, sin que el hecho de no hacerlo lesione derechos del enjuiciado.
Así las cosas, también este cargo se estima impróspero.
Reconociendo la viabilidad formal que en orden a las pretensiones casacionales con fundamento en la modalidad discrecional del recurso extraordinario adujo el procurador judicial del procesado Jaime Alberto Caro Barragán en la demanda, la Corte encontró ajustado a las prescripciones legales el libelo y lo hizo sin restricción alguna en orden a estudiar los reparos expuestos.
A propósito de brindar elementos justificadores de la casación en la especie indicada, el actor aludió a la pretensión de alcanzar la efectividad de las garantías materiales —conferidas por el derecho comunitario andino, dijo— y la unificación de la jurisprudencia en torno al tema de los derechos de autor y su penal protección.
Con ese anunciado cometido, tres reproches presentó el demandante en contra de la sentencia condenatoria impugnada; el primero por la causal primera y los dos siguientes por vía de nulidad. Aun cuando en principio dado el alcance teórico que es inherente a cada uno, parecía lo adecuado a la lógica del recurso que las censuras ancladas en motivaciones de concurrir irregularidades sustanciales se hubieran presentado en primer lugar para dejar de última aquella sustentada en quebranto de la ley sustancial —como lo sugiere la Procuraduría Delegada—, es lo cierto que dado su contenido en el caso concreto la Corte abordará su estudio en la forma en que fueron propuestos, como que el primero conduciría a declarar que el imputado no es responsable del atentado a los derechos patrimoniales de autor —por atipicidad o ausencia de antijuridicidad según se aborden sus elementos componentes—, en tanto que el segundo busca retrotraer la actuación para que se practiquen nuevas pruebas y el último que se suprima la condena a multa impuesta en la sentencia.
1. Aduce el casacionista ser el fallo violatorio de los principios de tipicidad y antijuridicidad sobre la base de considerar que la conducta desplegada por el procesado no lesionó el bien jurídico tutelado y por el contrario se trató de un proceder sobre cuya “nimiedad” alude el artículo 21 de la Decisión 351 de 1993.
A Jaime Alberto Caro Barragán se imputó en el pliego acusatorio el delito de defraudación a los derechos patrimoniales de autor, cuya descripción legal corresponde al artículo 271 de la Ley 599 de 2000.
En general, los derechos de autor que aparecen en el Código Penal estructurados en sus dos expresiones más típicas de morales y patrimoniales fueron por primera vez integrados al estatuto represor después de estar dispersos en normas inherentes al contenido de la propiedad intelectual entre otras en la Ley 86 de 1946, Ley 23 de 1982 y Ley 44 de 1993, así como en la Decisión Andina 351 de 1993, cuyo marco general ha servido de régimen común para esta clase de derechos y sus conexos, siendo con posterioridad complementada y reglamentada por múltiples decretos y leyes en las especificidades del dominio científico, literario o artístico.
2. Los hechos atribuidos al acusado, en la forma sintética glosada en precedencia, señalan que Caro Barragán anunciaba en la Web de mercado libre la venta de software —cerca de cien programas por un valor de $10.000,— entre los que se encontraban los denominados: Easyrecovery Pro 5.1 y Encase 1.99, cuya representación y consiguiente distribución dentro del país tenía Ricardo Pedreros Montañez —denunciante—, a quien a propósito, después de ser contactado vendió un CD contentivo de los anunciados software —y un centenar más—, reconociendo el imputado en desarrollo de la indagatoria haber negociado entre diez o quince de los mismos CD a diferentes personas en un período de seis meses a un año.
El actor casacional asume que la conducta imputada no le ocasionó al quejoso y/o la empresa que él representa perjuicio o daño alguno, como que no se constituyó en parte civil pero tampoco señaló el monto de los mismos.
El argumento parte de entender que la falta de concreción o cuantificación del perjuicio ocasionado con la conducta punible posibilita afirmar su inexistencia, lo cual emerge evidentemente equivocado pues por la razón que haya tenido el denunciante para no perseguir en una cifra concreta que se condenara al incriminado a su pago o que las autoridades que actuaron en desarrollo del proceso no hubieran designado perito con miras a su determinación o cálculo, no conduce a la conclusión del demandante que reputa así no haberse producido menoscabo para los derechos patrimoniales de la empresa representada por el quejoso.
3. A este respecto pertinente es precisar que la expresión “derechos patrimoniales” empleada en la descripción típica del delito descrito por el artículo 271 del Código Penal, comprende en primer término no con exclusividad el objeto material de la delincuencia —acaso en la hipótesis de este asunto concreto el costo del CD, aun cuando mucho menos el espurio cuyo valor fue de $ 10.000, o el de los programas legítimos en el mercado que según el denunciante oscilaba entre 1.000 y 5.000 US—, sino sobre todo el contenido de la creación por parte de su autor en tanto compromete en ello deberes y obligaciones, esto es, el conjunto de posiciones jurídicas que la dinámica que el derecho —con contenido patrimonial- supone para quien amparado por la ley lo ejerce y que se expresa usualmente en fenómenos aparentemente intangibles en la secuencia de la producción y explotación comercial de una obra —investigación, difusión, propaganda, gastos por representación, asesoría, garantía, buen nombre o prestigio, proveedores, crédito, sostenimiento en el mercado—, activos todos de indubitable valor y contenido patrimonial que se ven afectados con la piratería.
No en vano, en el carácter patrimonial de los derechos materia de tutela— no, desde luego, el aspecto inherente a la creación misma cuya protección pertenece al artículo 270 id—, concurre aquel conjunto unitario de deberes y obligaciones —relaciones jurídicas—, afectos a un propósito con indiscutible significación económica que con la conducta defraudatoria se ve menoscabada, razón suficiente y por la cual el artículo 6º de la Decisión de Cartagena 351 de 1993, precisó en el capítulo destinado a fijar el objeto de protección que
“Los derechos reconocidos por la presente decisión son independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra”.
Así, se ofrece incontrovertible el efecto dañino y consiguientemente defraudatorio para los derechos patrimoniales del autor en el caso concreto reflejados en la reproducción y venta ilegal de software en la forma en que procedió el inculpado.
4. Ahora bien, el censor buscó apoyo en la jurisprudencia citando con dicho propósito la decisión 29188/08 de la Sala, en orden a destacar la exigencia implícita en el precepto 271 de acuerdo con la cual es imprescindible que el agente obre con ánimo de lucro y con “intención” de lesionar el patrimonio ajeno —recalcitrante contenido de la voluntad que emerge del hecho de propender por lucrarse a través de la piratería y comercialización fraudulenta de obras, que ningún efecto enriquecedor para la adecuación de la conducta a sus supuestos brinda—, sin reparar que en el caso en mención la atipicidad reconocida en el proceder del agente provino de no poderse adecuar a los supuestos de tal norma, toda vez que el allí incriminado poseía con fines de uso ciertos programas de computador para convertir discos y casettes a CD, no comprendidos por la descripción del tipo descrito en el mencionado canon 271.
“En cuanto tiene que ver con la conducta que en el calificatorio se describe como utilización no autorizada de programas de computador, refulge su atipicidad pues lo que sanciona el legislador en el artículo 271-1 del Código Penal (L. 44/93, 51-4), como con acierto precisó el procurador delegado, es el acto de reproducir sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes, salvo las excepciones previstas en la ley, entre otras obras, los soportes lógicos o programas de computador, así como las acciones de trasportar, almacenar, conservar, distribuir, importar, vender, ofrecer, adquirir para la venta o distribución o suministrar a cualquier título, las reproducciones ilegalmente obtenidas; pero la mera utilización de un programa de computador no lo describe como punible”.
5. Al propósito de la tesis esbozada por el libelista, con mayor pertinencia parecería adecuarse a la solución de este caso la Sentencia 31362 de 2009 en que mayoritariamente la Corte hubo de mantener incólume la sentencia absolutoria en la hipótesis de quien ofrecía en venta en plena vía pública dos reproducciones ilegales de sendos libros de contenido periodístico recién ofrecidos en el mercado.
En la decisión últimamente referida la Corte se detuvo en el abordaje de principios derivados de la antijuridicidad exigible de una conducta en el concepto que involucra parámetros de valoración más allá de la simple contrariedad normativa, esto es, el grado de lesividad real de la misma en el bien objeto de tutela, como presupuesto cualificador dentro de la teoría del bien jurídico y su conceptualización en un Estado de derecho.
Para la Corte, llevados hasta sus últimas consecuencias los efectos inherentes a los principios de lesividad e insignificancia, en el caso concreto dado el “impacto social” y “patrimonial” exiguos, frente al ofrecimiento de los textos en referencia, bien podía sostenerse que las afectaciones del bien jurídico fueron insignificantes, coligiendo un grado de lesividad irrelevante a los fines de la tipicidad objetiva.
Los presupuestos de ese caso en el que el agente fue considerado como un simple eslabón de una cadena compleja, condujo a la Sala a valorar como insignificante su intervención en orden al detrimento del bien jurídico preservado por el artículo 271 del Código Penal que, sin embargo, no puede ofrecer el mismo tratamiento y solución para el presente en el que no se está —propiamente dicho—, frente a una verdadera empresa criminal, esto es, una escalonada y presumidamente estratificada conjunción de partícipes en la actividad delictiva, ni la conducta objeto de estudio puede ser apreciada dentro del mismo contexto de irrelevancia o gradualización negativa.
6. Según queda claro, Caro Barragán obró motu proprio y anunciaba por internet la venta de “Packs” contentivos de cien programas o software de diversos contenidos, entre los cuales se conoció —y reconoció el inculpado— vendió diversos concernientes a los nombres: Easyrecovery Pro 5.1. —programa profesional para recuperar cualquier información eliminada en discos duros y disket— y Encase 1.99 —utilidad forense avanzada para analizar evidencia perdida en discos duros—.
Dicha conducta, sin el menor resquicio de duda encuentra conformidad en el contenido de la descripción típica del artículo 271 del Código Penal, en tanto previene con sanción privativa de la libertad a quien por cualquier medio o procedimiento y sin autorización previa y expresa del titular reproduzca...”soporte lógico o programa de ordenador...” y/o lo ofrezca, o venda o adquiera para la venta o distribución dichas reproducciones —en este sentido bien se sabe que la reproducción es un derecho exclusivo del autor de la obra y la ley lo protege en procura de que los terceros, sin su autorización previa, en ningún caso puedan ejecutar actos de copiado, con la únicas excepciones referidas a conservar una copia privada de reposición, fines educativos, actuaciones judiciales o administrativas, entre otros (L. 23/82, arts. 31 a 44, Decisión 351/93, arts. 21 y 22), todos ellos exentos de ánimo de lucrarse-, de todo lo cual emerge de la misma un deterioro con impacto para el bien jurídico fundamento de protección, esto es, los derechos patrimoniales de sus autores dentro del espectro comprensible de los mismos realzado por la Corte precedentemente.
Segundo y tercer cargos
1. En reiterada y bien consolidada doctrina de la Sala acompasada con la normativa procesal que así lo demanda, desde antiguo se ha precisado que la nulidad como sanción de los actos procesales desatentos de aquellas normas que prescriben las condiciones de modo, tiempo y lugar en que debe manifestarse el ejercicio de la actividad y trámite de una actuación judicial —o administrativa—, ha sido prevista como un mecanismo de rigor extremo, generalmente sujeto a causales taxativas que deben comportar un agravio sustancial para la ritualidad de las formas procesales o las garantías de los intervinientes en la actuación.
2. Así, cuando se afirma la invalidación de lo actuado a través de la proposición de argumentos que se asumen fundantes de irregularidades potencialmente nocivas para el debido proceso derivado del quebranto a la reglada —otrora— como norma rectora de la investigación integral —artículo 20, Ley 600 de 2000—, una correcta formulación del reproche supone mucho más que la simple falta de aporte de determinadas pruebas por parte del Estado jurisdiccional, ya que surge como un imperativo indicar la procedencia y trascendencia de las no allegadas o si su falta de acopio proviene de una arbitraria, injustificada e inmotivada negativa por parte del servidor judicial, debiendo en todo caso justificarse la relevancia que en el contexto probatorio ha podido tener el elemento no allegado.
Es que si bien en desarrollo del sistema procesal contenido en la Ley 600 de 2000 —y de cuantos lo antecedieron—, se reivindicaba por doctrina y jurisprudencia —con las restricciones que supone a partir de la Ley 906 de 2004 en aplicación de un sistema con pretensiones de consolidarse como acusatorio—, que la investigación integral era un deber del Estado en salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa, las pruebas que se afirma no aportadas deben tener la aptitud suficiente de estar en condición de desvirtuar o atenuar la declaración de responsabilidad.
3. En dicho orden la precariedad de los argumentos se hace manifiesta en el escrito de demanda, toda vez que se sintetiza el fundamento del reparo hasta el extremo de desvirtuar la significación probatoria de la prueba no practicada, cuando ella debía ser trascendente en orden a demostrar la inocencia del incriminado o a degradar su responsabilidad.
Como se anotó es el hecho de no haberse sometido a valoración pericial especializada el CD contentivo de los programas ilegales cuanto edifica para el censor el quebranto al principio de investigación integral.
La denuncia dio cuenta de haber el quejoso constatado que, tal y como lo informaba en su publicidad en internet el imputado, el CD que aquel le vendió contenía entre varios programas de computador aquellos de los cuales era su único y exclusivo representante y distribuidor en el país.
Sobre la oferta ilegal y aquellas pesquisas orientadas a determinar la identidad y otros datos de quien a dicha actividad se dedicaba, se ocupó el técnico del DAS, cuyo informe correspondiente fue igualmente incorporado al expediente.
Además, el propio sindicado en su injurada admitió todo cuanto quejoso y técnico señalaron en relación con la venta de programas de computador. Entre otras cosas en ningún momento adujo ser representante de las firmas responsables de los programas contenidos en los CD que comercializaba empleando publicidad en internet, excusándose simplemente en que no se trataba de documentos completos y que adquirió gratuitamente.
4. Como es elocuente, más allá de atribuirle cierto grado de importancia a la prueba de análisis técnico científico que no fue ordenada dentro de la investigación —ni reclamada por la defensa en evidente conducta procesal que desvirtúa su pretendida significación—, el demandante no logra explicar con suficiencia la incidencia que en pro de su asistido habría tenido su práctica.
Todo cuanto en realidad hace es censurar el “valor” y capacidad demostrativa de la denuncia, del informe técnico aportado en autos, oponiéndose además a que el imputado hubiese reconocido que los programas ofrecidos en venta fuesen ilegales —cuando ese calificativo del material comercializado emerge del hecho de estar prohibido su copiado o reproducción con ánimo de lucro independientemente del mecanismo que antecedió a su consecución, salvo las ya mencionadas restrictivas excepciones—, en aspectos todos que desbordan el preciso alcance admisible a un reparo contra la sentencia ante la Corte en sede de casación y con fundamento en la causal y sentido propuesto.
5. Pero si la segunda tacha carece de fundamento en orden a la pretendida irregularidad sustancial demandada, la tercera propuesta bajo similar fundamento resulta evidentemente desconcertante.
El actor aduce que la multa —que como pena principal se impuso igualmente al procesado—, no fue debidamente motivada. En sustento de su afirmación alude al hecho de que por tratarse de una sanción “facultativa” del juzgador era forzoso explicar los motivos en que se fundaba.
Si, como ya se dijo, la multa está integrada a la sanción principal contenida en el artículo 271 del Código Penal, desde luego que por imperativo legal tenía que inferirse y sobre su motivación justificada esta quedó de manera explícita incorporada al fallo, como que el juez de primer grado al efectuar el proceso de su tasación explicó, a espacio, que dada la —antitécnica y discrepante desde el punto de vista de política criminal—, concurrente circunstancia de atenuación referida al número de unidades —objeto de piratería—, la sanción se debía disminuir “hasta en la mitad”, precisamente en dicha proporción la redujo para imponer, finalmente doce (12) meses de prisión y el equivalente a diez (10) s.m.l.m.
Así, los cargos por vía de nulidad presentados son también desestimables.
Magistrados: María del Rosario González de Lemos—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas— Julio Enrique Socha Salamanca—Javier de Jesús Zapata Ortiz.