Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1132311
Timestamp: 2020-06-05 10:17:12
Document Index: 75212393

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 33', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 25', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 12', 'Artículo 26', 'artículo 31', 'Artículo 27', 'artículo 23', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 30', 'artículo 14', 'Artículo 38']

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y la participación de todas las administraciones públicas.
Por su parte, el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre , por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su artículo 11 dispone que las Comunidades Autónomas determinarán, teniendo en cuenta lo dispuesto en los acuerdos que adopte el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, los requisitos y condiciones de acceso a las prestaciones económicas de los beneficiarios.
El objeto de este Decreto es establecer los criterios para determinar la capacidad económica de las personas dependientes con la finalidad de fijar su aportación a los servicios asignados, así como la determinación de las cuantías de las prestaciones económicas, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 39/2006 y con el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia mencionado, y teniendo en cuenta las novedades introducidas por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio , de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y el Acuerdo adoptado por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en sesión celebrada el día 10 de julio de 2012, publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 185, de 3 de agosto siguiente.
Por último, en aplicación de lo señalado en el acuerdo Segundo, propuesta 12.ª, adoptado por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la precitada sesión de 10 de julio de 2012, en el presente Decreto igualmente se establecen los indicadores de referencia para determinar el coste de los servicios y prestaciones contenidos en el Catálogo de Servicios de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.
El presente Decreto tiene por objeto establecer los criterios para determinar la capacidad económica de la persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y su participación económica en el coste de las prestaciones de atención a la dependencia, así como la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas del sistema.
El ámbito de aplicación de este Decreto se extiende a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 3.- Capacidad económica.
1. La capacidad económica personal a los efectos del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia se determinará en atención a la renta y el patrimonio de la persona interesada.
Artículo 4.- Delimitación del concepto de renta.
1. A efectos de lo previsto en el presente Decreto, se considera renta los ingresos de las personas beneficiarias, derivados de los rendimientos del trabajo personal como de los del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos, atendiendo a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, o en su caso, a las normas fiscales que pudieran ser de aplicación.
a) Cuando la persona beneficiaria tuviera a su cargo a cónyuge o pareja de hecho, ascendientes mayores de 65 años, o hijos menores de 25 años o mayores con discapacidad que dependieran económicamente de ella, su capacidad económica se determinará dividiendo su renta y patrimonio entre el número de personas consideradas además de la persona beneficiaria.
Dichas circunstancias personales y familiares deberán acreditarse adecuadamente mediante cualquier documentación válida en Derecho.
Artículo 5.- Delimitación del concepto de patrimonio.
1. A los efectos de lo previsto en el presente Decreto, se considera patrimonio de la persona beneficiaria el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder, de conformidad con las normas fiscales que, en su caso, pudieran resultar de aplicación.
2. De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre , por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, se computarán las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, ya fueran a título oneroso o gratuito, a favor de los cónyuges, personas con análoga relación de afectividad al cónyuge o parientes hasta el cuarto grado inclusive, con arreglo a las siguientes normas:
Se considerarán personas a su cargo, el cónyuge o pareja de hecho, ascendientes mayores de 65 años, descendientes o personas vinculadas a la persona beneficiaria por razón de tutela o acogimiento de menores de 25 años o mayores de tal edad en situación de dependencia o con discapacidad, siempre que convivieran con la persona beneficiaria y dependan económicamente de la misma. En los supuestos de cotitularidad, solo se tendrá en consideración el porcentaje correspondiente a la propiedad de la persona beneficiaria. No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil , de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad , del que sea titular la persona beneficiaria, mientras persista tal afección. No obstante, sí se computarán las rentas derivadas de dicho patrimonio, que no se integren en el mismo.
Artículo 6.- Periodo computable.
El período a computar en la determinación de las rentas y del patrimonio será el correspondiente al año de la última declaración fiscal disponible o pensión conocida a la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, si durante la tramitación del expediente, se dispusiera de la información tributaria correspondiente al ejercicio económico en curso, se computarán los ingresos y patrimonio de dicho ejercicio.
Asimismo, se computarán las disposiciones patrimoniales realizadas por la persona beneficiaria en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, en los términos recogidos en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre , por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
Artículo 7.- Determinación de la capacidad económica.
1. La capacidad económica de la persona beneficiaria será la correspondiente a su renta y a su patrimonio, modificada al alza por la suma de los porcentajes, que se indican a continuación en función de la edad del interesado:
Artículo 8.- Comprobación de la capacidad económica.
1. La Comunidad Autónoma de Canarias solicitará, a través de la Administración Tributaria que corresponda y de la Seguridad Social, la información que sea necesaria para determinar y verificar la capacidad económica regulada en los artículos anteriores, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos, sin perjuicio de poder requerir a la persona beneficiaria la presentación de cualquier documentación necesaria para comprobar su cumplimiento.
Artículo 9.- Revisión de la capacidad económica.
1. La capacidad económica de la persona beneficiaria se actualizará permanentemente, y al menos en cada ejercicio.
DE LA RED PÚBLICA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Artículo 10.- Indicadores de referencia de los servicios asistenciales.
1. Los indicadores de referencia de los servicios asistenciales constituyen el requisito para la determinación de la cuantía de la participación de la persona beneficiaria en el coste de los servicios en los que tenga un derecho efectivo según la correspondiente resolución de reconocimiento de las prestaciones.
4. Los servicios asistenciales serán los definidos en el Catálogo de servicios, que comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, en los términos que se especifican en el Capítulo II del Título I de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Artículo 11.- Indicadores según la modalidad prestacional.
1. En el indicador de referencia del servicio de atención residencial se diferenciarán los tres servicios siguientes: el asistencial, el servicio hotelero y de manutención, y el servicio de transporte. En el servicio asistencial se diferenciarán a su vez el programa de cuidados de atención personal y el de promoción de la autonomía personal. Esta diferenciación se hará a fin de que solo participen en los costes de estos servicios las personas beneficiarias que efectivamente los utilicen según lo dispuesto en su Programa Individual de Atención, siendo, en todo caso, servicios mínimos obligatorios el servicio hotelero y de manutención y el programa de cuidados de atención personal en los centros residenciales. Se determinará en cómputo anual, mensual y diario y estará en relación con el precio de concertación de plazas en centros de la iniciativa privada.
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA PERSONA BENEFICIARIA EN EL COSTE
DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Artículo 12.- Criterios comunes de participación económica de la persona beneficiaria en el coste de los servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
1. Nadie quedará fuera de la cobertura del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia por no disponer de recursos económicos.
Artículo 13.- Participación económica de las personas que sean titulares de prestaciones de naturaleza y finalidad análogas.
Si la persona beneficiaria es titular de alguna prestación de naturaleza y finalidad análoga, para calcular su participación económica en el servicio se procederá de la siguiente manera:
Artículo 14.- Participación económica de las personas beneficiarias en el servicio de atención residencial.
1. Las personas beneficiarias participarán en el coste de los servicios de atención residencial en función de su capacidad económica y del coste del servicio. Para fijar la participación del beneficiario, se tendrá en cuenta la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros.
Artículo 15.- Participación económica en el coste del servicio de centros de día y de noche.
1. La determinación del número de horas de atención personalizada se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 12 y 13 del Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 16.- Participación económica en el coste del servicio de ayuda a domicilio.
1. La participación de la persona beneficiaria en el coste del servicio se determinará mediante la aplicación de las siguientes fórmulas, que garantizan la disminución proporcional del coste en función del número de horas de atención.
1.º. De 21 a 45 horas mensuales:
PB = ((0,4 x IR x CEB)/IPREM) - (0,3 x IR)
2.º. De 46 a 70 horas mensuales:
PB = ((0,3333 x IR x CEB)/IPREM) - (0,25 x IR)
Artículo 17.- Participación económica en el coste del servicio de teleasistencia.
Artículo 18.- Participación económica en el coste del servicio de promoción de la autonomía personal.
1. La participación de las personas beneficiarias, cuyo Programa Individual de Atención contemple la prestación del servicio de promoción de la autonomía personal, se determinará mediante la aplicación de las siguientes fórmulas matemáticas, que garantizan la disminución proporcional del coste en función del número de horas de atención.
Artículo 19.- Participación económica de la persona beneficiaria en supuestos de reconocimiento de más de un servicio.
En el supuesto de que, de acuerdo con el sistema de compatibilidades del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, en el Programa Individual de Atención de la persona beneficiaria se asignen dos o más prestaciones de servicio, la suma de las aportaciones de la persona beneficiaria no podrá superar su capacidad económica, y, en todo caso, se garantizará el importe mínimo de ingresos mensuales para gastos personales establecido en las disposiciones precedentes según la modalidad de las prestaciones.
Artículo 20.- Actualización y revisión de la participación económica.
1. La participación económica de la persona beneficiaria en los servicios asistenciales a que se refiere este Capítulo, será actualizada cada año, en función del incremento del Índice de Precios al Consumo anual en la Comunidad Autónoma de Canarias.
PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA
Artículo 21.- Efectividad del derecho a las prestaciones económicas.
1. La efectividad del reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas del Sistema de la Dependencia vendrá determinada por el acto administrativo del órgano competente donde se establezca la prestación con base al Programa Individual de Atención elaborado por los equipos de valoración.
Para ello, la prestación o prestaciones económicas reconocidas a la persona beneficiaria en el Programa Individual de Atención tendrá efectos económicos a partir de la fecha de la resolución aprobatoria de aquel, de acuerdo con la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , en la redacción dada por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio , o, en su caso, por silencio estimatorio en los términos dispuestos en el apartado siguiente.
Artículo 22.- Clases de prestaciones económicas e incompatibilidades.
1. Son prestaciones económicas las siguientes:
b) La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales, que deberá reconocerse cuando se cumplan las condiciones establecidas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención.
Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se establecerán las condiciones de acceso a esta prestación, en función del grado reconocido a la persona en situación de dependencia y de su capacidad económica.
Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se establecerán las condiciones específicas de acceso a esta prestación.
2. En cuanto al régimen de incompatibilidad de las prestaciones, se estará a lo que dispone el artículo 25 bis de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, con la redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio , de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Artículo 23.- Cuantías máximas de las prestaciones económicas.
El importe de las cuantías máximas de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia será el que se establezca anualmente por la Administración General del Estado mediante Real Decreto , previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para los grados con derecho a prestaciones, en el marco de lo dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I de la Ley 39/2006 , con la redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio , de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Artículo 24.- Determinación de la cuantía de la prestación económica.
1. Cuando la capacidad económica de la persona beneficiaria sea igual o inferior al valor de un IPREM, el importe de la prestación económica será el 100% de la cuantía máxima vigente establecida en el real decreto que fije las cuantías anuales para su grado de dependencia, mientras no cambien sus circunstancias económicas.
a) Prestación vinculada al servicio y prestación económica de asistente personal.
b) Prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
En este supuesto, la cuantía mensual de la prestación económica se establece en función de la capacidad económica de la persona beneficiaria y proporcionalmente al mayor grado de dependencia, de conformidad con la siguiente fórmula matemática:
Artículo 25.- Personas en situación de dependencia por razón de discapacidad.
La cantidad mínima para gastos personales a que se refiere el artículo 12.5 de este Decreto, se incrementará en un 25% para las personas en situación de dependencia por razón de su discapacidad, en atención a su edad y mayores apoyos para la promoción de su autonomía personal.
Artículo 26.- Deducciones de la cuantía de la prestación económica.
Una vez determinada la cuantía individual de la prestación económica, se deducirá de la misma el importe de cualquier otra prestación de análoga naturaleza o finalidad de las citadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Artículo 27.- Actualización y revisión de la prestación económica.
1. El importe de la prestación económica de la persona beneficiaria será actualizado anualmente, de acuerdo con la previsión del artículo 23 del presente Decreto.
Artículo 28.- Concepto.
1. La prestación económica vinculada al servicio está destinada a contribuir a la financiación del coste de los servicios del Catálogo de prestaciones del Sistema, únicamente cuando en el correspondiente ámbito territorial no sea posible el acceso a un servicio público, concertado o convenido de la Red del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 29.- Personas beneficiarias de la prestación vinculada al servicio.
e) En los casos de dependencia moderada, que en el Programa Individual de Atención se determine la adecuación de esta prestación y la intensidad del servicio de que se trate conforme a los criterios sobre intensidades para la situación de dependencia moderada establecidos en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre , por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, así como en el Decreto 131/2011, de 17 de mayo , que establece las intensidades de protección de los servicios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
y apoyo a personas cuidadoras no profesionales
Artículo 30.- Concepto.
1. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales, que tendrá carácter excepcional, está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada por la persona cuidadora no profesional a personas beneficiarias reconocidas en grado I (dependencia moderada), con base en lo dispuesto en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre , por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Artículo 31.- Personas beneficiarias.
Tendrán derecho a esta prestación las personas beneficiarias que cumplan las condiciones siguientes:
Artículo 32.- Requisitos de la persona cuidadora.
1. La persona cuidadora no profesional deberá cumplir los requisitos siguientes:
Artículo 33.- Concepto.
La prestación económica de asistencia personal está destinada a contribuir a cubrir los gastos derivados de la contratación de una persona como asistente personal que posibilite más autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria a las personas con gran dependencia, y que facilite el acceso a la educación y al trabajo.
Artículo 34.- Personas beneficiarias de la prestación de asistencia personal.
Tendrán derecho a esta prestación las personas que cumplan las condiciones siguientes:
Artículo 35.- Requisitos del asistente o la asistenta personal.
La persona encargada de la asistencia personal deberá cumplir los siguientes requisitos:
Abono, revisión y reintegro de las prestaciones económicas
Artículo 36.- Abono de las prestaciones económicas.
El abono de las prestaciones económicas se realizará en doce mensualidades y, preferentemente, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la persona beneficiaria o, en su caso, por sus familiares o representantes.
Artículo 37.- Revisión del derecho a las prestaciones económicas reconocidas.
1. El derecho o reconocimiento de las prestaciones económicas reconocidas podrá ser revisado en los siguientes casos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2006 y artículo 14 del Decreto 54/2008:
d) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre .
Artículo 38.- Reintegro de cuantías percibidas indebidamente.
1. Si la persona beneficiaria incumpliera las obligaciones establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y en el presente Decreto, y como consecuencia de ello se derivaran cuantías indebidamente percibidas de la prestación económica reconocida o una participación insuficiente en el coste de los servicios, estará obligada a su reintegro o al abono de la diferencia que corresponda, así como, en su caso, la exigencia del interés legal del dinero, en los términos dispuestos en el Capítulo V del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre , por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Disposición adicional primera.- Ayudas económicas complementarias para facilitar la autonomía personal.
Las ayudas económicas previstas en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , tendrán la naturaleza de subvenciones y serán objeto de convocatoria anual por la Consejería competente en materia de políticas sociales, de conformidad con sus disponibilidades presupuestarias, siendo complementarias de los servicios y de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y subsidiarias, en su caso, de la cartera de servicios comunes de análoga naturaleza y finalidad del Sistema Nacional de Salud.
Disposición adicional segunda.- Cuantías de los indicadores de referencia para determinar el coste de los Servicios y Prestaciones.
1. En aplicación de lo señalado en el acuerdo Segundo, propuesta 12.ª, adoptado por el Pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la sesión celebrada el día 10 de julio de 2012 (BOE n.º 185, de 3 de agosto), se establecen los siguientes indicadores de referencia para determinar el coste de los servicios y prestaciones:
*El indicador de referencia relativo al Programa de Promoción de la Autonomía Personal de los Servicios Asistenciales de atención residencial es el establecido con carácter general para todos los servicios en el apartado 1.g) de esta misma Disposición Adicional.
*El servicio de transporte se distribuye a razón de 12 euros por servicio de ida y vuelta, permitiéndose el copago inherente al servicio de atención residencial hasta un máximo de 4 servicios.
*El servicio de transporte se distribuye a razón de 12 euros por servicio de ida y vuelta, permitiéndose el copago inherente al servicio de hogar funcional hasta un máximo de 4 servicios.
*El indicador de referencia relativo al Programa de Promoción de la Autonomía Personal de los Servicios Asistenciales de atención de día es el establecido con carácter general para todos los servicios en el apartado 1.g) de esta misma Disposición Adicional.
*El servicio de transporte se distribuye a razón de 12 euros por servicio de ida y vuelta, permitiéndose el copago inherente al servicio de centro de día hasta un máximo de 20 servicios.
*El servicio de transporte se distribuye a razón de 12 euros por servicio de ida y vuelta, permitiéndose el copago inherente al servicio de centro de noche hasta un máximo de 20 servicios.
Disposición adicional tercera.- Actualización de las cuantías máximas de las prestaciones económicas.
Las cuantías máximas de las prestaciones económicas a que se refiere el presente Decreto se actualizarán periódicamente en el marco de lo establecido en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre , por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE n.º 313, de 31 de diciembre).
Con independencia de la fecha en que se haya producido su reconocimiento, las cuantías máximas de las prestaciones económicas correspondientes a los grados III, II y I de dependencia, serán las que se determinan en la Disposición Transitoria Décima, apartado 2, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio , de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Disposición adicional cuarta.- Gestión y justificación del cobro del copago en centros y servicios de titularidad insular o municipal.
Los Cabildos Insulares y municipios que sean titulares de centros y servicios y que en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, gestionen directamente o concierten con terceros servicios de atención residencial, servicios de centro de día o de noche, servicios de ayuda a domicilio o de teleasistencia, gestionarán y justificarán a la dirección general competente en materia de dependencia el cobro de la participación de las personas beneficiarias en el coste de los servicios, conforme a lo establecido en el presente Decreto y en los oportunos convenios de colaboración que se establezcan. Alternativamente, las cantidades que correspondan ser abonadas por este concepto serán detraídas de las aportaciones económicas que deba realizar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a dichas entidades.
Disposición transitoria primera.- Régimen transitorio para personas que se encuentren en situación de dependencia moderada y que estén recibiendo servicios de atención residencial.
1. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre , por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia hasta el 30 de junio del año 2015, a las personas a las que se hubiera reconocido el Grado I de dependencia moderada y que a fecha 28 de octubre de 2010 estuvieran recibiendo el servicio de atención residencial, se les podrá ofrecer esta prestación como la modalidad de intervención más adecuada en el proceso de consulta para el establecimiento del Programa Individual de Atención.
2. A los efectos previstos en dicha Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre , por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se aplicarán las siguientes cuantías para el año 2014, determinadas en función de los tipos de servicios y en cómputo anual, mensual y diario:
*El indicador de referencia relativo al Programa de Promoción de la Autonomía Personal de los Servicios Asistenciales de atención residencial es el establecido con carácter general para todos los servicios en el apartado 1.g) de la Disposición Adicional Segunda.
Disposición transitoria segunda.- Solicitud de prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre .
1. A las personas que hayan solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo , y se les reconozca un Grado III o un Grado II, les será de aplicación la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en la redacción vigente en el momento de presentación de la solicitud.
Se derogan cualesquiera normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto, y en particular, queda derogada la Disposición Transitoria Única del Decreto 131/2011, de 17 de mayo , y se deja sin efecto, igualmente, la Orden de la Consejería de Bienestar Social , Juventud y Vivienda de 2 de abril de 2008, por la que se establece con carácter transitorio la intensidad de protección de los servicios y se hacen públicos los criterios para la determinación de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2008 (BOC n.º 68, de 4 de abril), y su modificación operada por la Orden del mismo Departamento de 10 de febrero de 2010 que atribuyó carácter de permanencia a los criterios contemplados en aquella orden (BOC n.º 43, de 3 de marzo).
Disposición final primera.- Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de políticas sociales para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto, y en particular, para mantener actualizados, mediante Orden, los indicadores de referencia de los distintos servicios, a fin de garantizar el equilibrio entre el coste efectivo de los mismos y la contribución de las personas beneficiarias.
1. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre de 2014.