Source: https://es.scribd.com/doc/316004553/Boletin-segurpri-n%C2%BA49-El-Abrelatas
Timestamp: 2018-04-23 13:50:44
Document Index: 98845566

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 59', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 48', 'artículo 59', 'artículo\n14', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 49', 'artículo 80', 'artículo 30', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 38', 'Artículo 339', 'artículo 41', 'artículo 35', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'artículo 41', 'artículo 51', 'artículo 130', 'artículo 112', 'artículo 129', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 175', 'artículo 588', 'artículo 18', 'artículo 588', 'artículo 588', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 18', 'Artículo\n48', 'Artículo 48', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 9', 'artículo 588', 'artículo 88', 'artículo 35', 'artículo 12', 'artículo 68', 'artículo 88', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 68', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 68', 'artículo 12', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 139', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 88', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 139']

Descripción: Boletín nº 49 publicado por la Unidad de Seguridad Privada del CNP
y distanciados de Europa, y el gobierno tuvo la ocurrencia de ofrecer un premio para aquel inventor que creara un método de conservación de la comida que permitiera proveer de ella a las
tropas de manera más sencilla. El resultado de aquel ofrecimiento tardó en llegar, pero por fin
Nicolás Appert, un cocinero francés, se llevó en el año 1809 los veinte mil francos del premio por su invento. Según su idea, la comida era introducida en botellas de cristal, de champán
según parece, que posteriormente eran selladas. Usar una botella de champán limitaba el tipo de
comida que se podía meter en ellas, pero en cualquier caso, funcionaba. Cuando se iba a consumir, bastaba con meter la botella en agua caliente para preparar la comida.
Un inglés llamado Peter Durand tomó como base la idea del francés y creó un método
similar de conserva, cambiando las botellas por latas metálicas, que también eran selladas para
conservar los alimentos. Aquel diseño fue patentado y poco después aparecieron en el mercado
No fue hasta 1858 cuando se inventó el abrelatas y por fin se dio el salto definitivo. Se
abandonaron los cuchillos, martillos, mazas… y demás ideas de fuerza bruta para abrir las latas
y se dejó paso al ingenio. Este lo puso un tipo llamado Ezra Warner, un norteamericano, que patentó su diseño y triunfó con él.
Que las latas de conserva se inventaran unos cincuenta años antes que el abrelatas, parece una cosa un poco extraña. No por el orden, ya que lógicamente sin latas de conserva nadie
De manera similar, una vez “inventada” la Ley de Seguridad Privada, en el año 2014, solo
queda “patentar” el Reglamento de Seguridad Privada, una vez se constituya un poder ejecutivo.
Esperemos que en menos de 50 años...
Boletín Nº 49 Mayo 2016
SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 2007, DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO (BOE núm. 55, de 5 de
SENTENCIA DE 15 DE ENERO DE 2009, DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO (BOE núm. 52, de 2 de
Orden INT/2850/2011 (BOE núm. 255 de 22.10.2011).
- Activación voluntaria de pulsadores de alarma (IV) ................ ......................... ..................3
- Retirada de TIP a vigilante por comisión de delito flagrante .. ......................... ..................6
- Consideración de figuras del convenio colectivo en la LSP ... ......................... ..................9
- Validez de los cursos de formación específica ......................... ......................... ................10
- Creación de un centro de control de emergencias .............................................................17
- Identificación de vigilantes en sede policial ........................................................................19
- Uso de medios de localización y seguimiento por detectives ............................................22
- Sentencia “Retirada número del DNI o NIE de las TIP”. ......................................................29
- Sentencia “Placa de vigilantes rotuladas en catalán” .........................................................34
Consulta de una Unidad Territorial de seguridad Privada, de Policía Nacional, motivada por la sanción a una CRA por no hacer una comprobación-verificación cuando se
recibe la activación de un pulsador anti-atraco por parte de un usuario e interpretación de
necesidad de ninguna verificación de este
tipo de señales por la inmediatez que se requiere de la respuesta policial, conforme a lo
dispuesto en el artículo 12.4 de la Orden
lo que consta en los informes citados y objeto de aclaración:
7/11/2014, sobre “Activación voluntaria de
pulsadores: procedimiento de verificación y
posibilidad sancionadora”, a modo de resumen consta lo siguiente: El accionamiento
rehén es una alarma confirmada, por lo que
debería ser comunicada de forma inmediata
necesario realizar alguna comprobación, debería utilizar el CCTV o audio, si el establecimiento dispone de estos medios, nunca telefonear a la instalación por los evidentes riesgos para la vida de las personas que allí se
actuaciones voluntarias deberán ser asumidas por los usuarios, instruyéndose procedimiento sancionador por infracción grave del
artículo 59.2.e) cuando se trate de un sujeto
“Ampliación a Informe sobre activación voluntaria de pulsadores de alarma”, se trata
de aclarar el término “activación voluntaria
fin…”, entendiendo como voluntariedad de la
acción, el ejercicio de la libre determinación
alarma de los que se dispone, con la intención o deseo de transmitir a la central receptora dicha señal de peligro, de forma que se
provoque, tras la inmediata comunicación de
ésta al servicio policial correspondiente, la
preceptiva intervención policial.
A priori, no resulta fácil dilucidar cuándo se ha de considerar que la activación del
con tecnología que permita acceder desde la
posibilitar la identificación y tratamiento singularizado de las señales correspondientes
Así mismo, se estima que las empresas de seguridad responsables de esos sistemas, podrán utilizar como guía orientadora
“comportamiento del sistema”, entendida como la historia conocida del devenir de cada
sistema en función de la utilización que en
Por tanto, en orden a determinar la voluntariedad o no de la activación, no resultará improcedente que las centrales de alarma, basados en el pretendido conocimiento
del sistema, puedan entender que, en determinados supuestos, para evitar automatismos de conocido o presumible resultado negativo, procedan a realizar, con lógicas precauciones, algún tipo de comprobación complementaria, de cuyo real resultado derivará
la decisión de comunicar, o no, la señal de
alarma efectivamente comprobada, según
dispone el artículo 11 de la Orden
INT/316/2011 que posibilita la realización de
acciones complementarias a los procedimientos de verificación, pudiendo llamar a
los teléfonos facilitados por el titular de la
instalación a fin de comprobar la veracidad
de la señal de alarma recibida, concluyendo
desarrollo reglamentario, este tipo de comportamiento profesional por parte de las centrales de alarma, de producirse en los términos expresados, no se ha de entender desajustado.
28/4/2015, sobre “Criterios de interpretación
sobre verificación complementaria de activación de pulsador de atraco”, en el que se solicita la correcta interpretación de los contenidos de los Protocolos de Actuación Policial
ante Alarmas dimanantes de la Dirección
emitidos por esta Unidad Central de Seguridad Privada en relación con la verificación
se estima que para evitar determinados automatismos con presumible resultado negativo, las CRA’s procedan a realizar, con las
lógicas precauciones, algún tipo de comprobación complementaria, de cuyo real resultado se derivará la decisión de comunicar o no
la señal de alarma efectivamente comprobada, pudiendo llamar a los teléfonos facilitados por el titular con la exclusiva finalidad de
comprobar la veracidad de la señal de la
Actuación Policial ante Alarmas dimanante
de la Dirección Adjunta Operativa, contempla la posibilidad de, una vez es puesto en
la información relativa a datos exactos del
gestiones de comprobación realizadas mediante llamada telefónica policial al propio
Del estudio de la legislación vigente se
contestación a la cuestión planteada por la
Unidad Territorial de Seguridad Privada, respecto a la “Sanción a una CRA por no hacer
una comprobación/verificación cuando se
recibe la activación de un pulsador antiatraco por parte de un usuario”, esta Unidad
1. La activación voluntaria de un pulsador de
atraco o anti-rehén, según el artículo 12.4 de
la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, se
Por otro lado, según dispone el artículo 13
con arreglo a lo dispuesto en el artículo previamente citado, tiene la consideración de
alarma real, y por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de
tienen la obligación de transmitir inmediatamente al servicio policial correspondiente las
tanto, necesario ningún tipo de verificación ni
comprobación previa a la transmisión de la
señal de alarma a los servicio policiales
activación del pulsador de atraco, es algo
inmediatamente este tipo de señal, pudiendo
determinarse posteriormente si la activación
no, susceptible de producir una intervención
policial por tratarse de un hecho real con peligro para las personas y los bienes, sancionándose el mal uso del citado dispositivo
por el usuario del mismo con la infracción
tipificada en el artículo 59.2.e) o 59.3.b), en
función de la obligatoriedad o no de la instalación de medidas de seguridad.
facilitar toda la información posible a la Sala
del 091 para su transmisión a la dotación
NUNCA debe llamar por teléfono al establecimiento por el lógico riesgo físico que hay
debiendo mantener una comunicación permanente con intercambio de información
continua y completa hasta la finalización del
responsabilidad de la comunicación de una
“confirmada” y que permite que sea transmitida sin necesidad de realizar ningún tipo de
verificación previa a la comunicación, salvo
que se comuniquen tres o más alarmas confirmadas, procedentes de la misma conexión, que resulten falsas en un plazo de
sesenta días, conforme establece el artículo
14.4 de la citada Orden, debiéndose realizar
el procedimiento establecido en su artículo
estima que no se debe seguir ningún criterio
particular respecto a la comunicación por
parte de las Centrales Receptoras de Alarmas, de las señales de alarma confirmadas,
legislación existente a ese respecto, de conformidad con lo expuesto en informes anteriores de esta Unidad Central, y expuestos
Una vez transmitida esa señal de alarma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
la CRA debe continuar con la realización de
POR COMISIÓN DE DELITO FLAGRANTE
la detención de un vigilante de seguridad, sorprendido de forma flagrante, cuando procedía al hurto de un artículo en la sección de una gran superficie comercial, con ocultación del mismo en una mochila de uso personal y previa anulación del dispositivo de
alarma, se plantea la cuestión de la procedencia, o no, de la retirada de la TIP del vigilante, incurso en tal hecho delictivo.
inexistencia como infracción administrativa,
la constituye el principio “non bis in idem”,
que de modo técnico definió la STC
154/1990, señalando:
De toda la recopilación normativa plasmada en el informe de consulta, relativa a la
Ley 5/2014, de Seguridad Privada, en relación con la adopción de la medida cautelar
descartada en el mismo, por su relación, con
la no procedencia, en cuanto a la incoación
de un procedimiento sancionador, por tratarse de un ilícito penal, ya que, como bien ha
apuntado la Subdelegación del Gobierno interesada, los hechos no se incardinan en la
LSP, y por tanto esa Subdelegación se considera incompetente.
“La garantía de no ser sometido a “bis in
ídem” se configura como un derecho fundamental que, en su vertiente material, impide
sancionar en más de una ocasión el mismo
que la reiteración sancionadora constitucionalmente proscrita puede producirse mediante la sustanciación de una dualidad de
procedimientos sancionadores, abstracción
hecha de su naturaleza penal o administrativa, o en el seno del procedimiento”.
de la Unión Europea ha tenido ocasión de
pronunciarse no solo en casos españoles
sino también en otros para concluir que la
por tanto su personal, no está relacionada
directa o específicamente con el ejercicio del
poder público (TJUE 2001, 150).
adoptar, en el ámbito administrativo, la medida cautelar comentada, sería, cuando menos, inocuo, ya que la razón última de su
A la vista de lo anterior, para que procediese la tramitación del expediente sancionador, sería preciso observar si concurre
hay una relación de supremacía especial
públicos, la de los contratistas de la Administración y la de gestores de servicios públicos
y, sin embargo, lo ha negado para actividades sujetas a autorización administrativa e
intervenidas por la Administración, como en
actividades económico-privadas o de la entidades de crédito (STC de 8 de junio de 2001
El Tribunal Constitucional, en su sentencia 234/1991, con relación a la dualidad
de bienes jurídicos protegidos ha matizado
más, señalando:
“Cosa bien distinta, y este es probablemente
el sentido que se pretende dar a la afirmación que analizamos, es que no baste simplemente con la dualidad de normas para
entender justificada la imposición de una doble sanción al mismo sujeto por los mismos
hechos, pues si así fuera el principio “non bis
in idem” no tendría más alcance que el que
necesario, además, que la normativa que la
un interés jurídicamente protegido, que no
es el mismo que aquel que la primera sanción intenta salvaguardar o, si se quiere,
desde la perspectiva de una relación jurídica
diferente entre sancionador y sancionado”.
la posibilidad de imposición de una doble
sanción en vía administrativa y en vía penal
A la vista de lo anteriormente expuesto, cabe concluir que en ámbito del procedimiento administrativo, ni con carácter previo
a éste, cabe instar la medida cautelar comentada, ya que estamos ante un hecho atípico en la LSP, aun cuando su autoría corresponde a un vigilante de seguridad, constituyendo únicamente un ilícito penal, por lo
que, cualquier medida cautelar, deberá realizarse ante la autoridad judicial que conozca
el análisis, antes apuntado, de si la relación
que vincula a los vigilantes de seguridad privada es, o no, una relación de sujeción especial.
La vigente normativa de seguridad privada sólo hace referencia a la obligación que
transporte y distribución de objetos valiosos o
peligrosos y explosivos, conforme se establece en los artículos 10 y 11 de la Orden
Artículo 10.e): Los vehículos dedicados al
peligrosos deberán ir provistos de “sistemas
de comunicación apropiados que permitan
contactar, en cualquier momento, con la empresa y con las autoridades competentes, así
como la intercomunicación de los vigilantes
de seguridad de transporte y protección con el
conductor del vehículo.”
Artículo 11.c): Los vehículos dedicados al
transporte de explosivos “dispondrán de un
teléfono de instalación fija en el mismo, que
permita la comunicación con la sede o delegaciones de la empresa, así como la memorización de los Centros Operativos de Servicios
de la Guardia Civil por las que circule el transporte”.
en su artículo 49.3, regula el servicio de custodia de llaves con la siguiente redacción: “…
de seguridad sin armas en un automóvil, conectado por radio-teléfono con la central de
alarmas.”
en su artículo 80, a la forma de realizar los
servicios de vigilancia en los polígonos industriales o urbanizaciones, estableciendo el procedimiento en cuanto a la comunicación entre
“…será prestado por una sola empresa de
seguridad y habrá de realizarse, durante el
al menos, debiendo estar conectados entre sí
y con la empresa de seguridad por radiocomunicación”.
Esta comunicación permanente entre
empresa podrá realizarse mediante equipos
de telefonía móvil o por equipos móviles de
radioeléctrico que utilizan estos últimos equipos debe de estar autorizado por la autoridad
artículo 30.g), como principio de actuación del
personal de seguridad privada: “Reserva profesional sobre los hechos que conozca en el
ejercicio de sus funciones”
Por todo lo anterior, y conforme a la normativa expuesta anteriormente, y según se
intercomunicación radiofónico.
No se hace constar si en este dispositivo, además de los vigilantes de seguridad,
están incluidos otro tipo de colaboradores o
auxiliares de la empresa, pero sí se desprende que éstos también están intercomunicados
por una malla de comunicación radioeléctrica.
Todos ellos, en el desarrollo de sus funciones, pueden formar parte de ese dispositivo, si bien, los vigilantes de seguridad deberán de tener ese especial cuidado que les
exige la Ley de Seguridad Privada en el momento que utilicen información sensible respecto a identificaciones de personas particulares y utilización de claves o consignas solo
entienda que la simple utilización de un mismo canal de comunicación durante la prestación del servicio constituya, por sí sola, una
vulneración del principio de actuación de reserva profesional.
CONSIDERACIÓN DE FIGURAS DEL
Consulta realizada por una confederación de empresarios, sobre la consideración
de la categoría profesional recogida en convenio colectivo laboral de la figura de “guarda
o vigilante” en relación con la Ley 5/2014, de Seguridad Privada.
“…las empresas o entidades de cualquier
tipo, en ningún caso utilizaran a sus empleados para el desarrollo de las funciones previstas en la presente ley, reservadas a las
empresas y el personal de seguridad privada.”
Ley de Seguridad Privada en sus artículos
2.8:“Personal de seguridad privada: las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación, desarrollan funciones de seguridad privada”; articulo 5.1.a)
“La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personal
que pudieran encontrarse en los mismos”; y
las empresas de seguridad, a través de su
vigilancia y protección, sin que puedan ser
contratados los mismos por ningún otro tipo
infracción muy grave del régimen se seguridad privada.
Cualquier otra reglamentación o convenio sectorial habrá de atenerse, interpretarse o aplicarse a la luz de lo establecido a
lo cual la figura de “guarda o vigilante” del
convenio colectivo laboral de referencia quedara sujeto a la ejecución de aquellas labores que en el mismo se contemplen, las cuales, en ningún caso, podrán ser coincidentes
DE FORMACIÓN ESPECÍFICA
Un curso de formación específica que no esté anotado en la cartilla profesional,
¿pierde su validez aunque disponga del certificado o diploma correspondiente?
Cuando los aspirantes a vigilantes de seguridad son declarados aptos según el
acuerdo correspondiente del tribunal calificador solicitan su habilitación con su instancia y pago de tasas. Desde ese momento hasta la recogida del TIP, ¿el futuro vigilante de seguridad tiene que esperar para poder realizar cursos de formación específica y que tengan validez?
En relación con las cuestiones planteadas, cabe decir, en primer lugar, que el artículo 13 de la Orden INT/318/2011, de 1 de
febrero, sobre personal de seguridad privada, dispone en su punto 1 que “A quienes
soliciten la habilitación, previa comprobación
de que reúnen los requisitos necesarios, se
les expedirá, como documento público de
acreditación profesional, la correspondiente
tarjeta de identidad profesional, que les habilitará para el ejercicio de las respectivas funciones”, especificando ya en su punto 3 que,
“Para la expedición de la tarjeta de identidad
personal, se verificarán los datos de carácter
las bases de datos correspondientes,…”.
Superior de Policía o Comisaría Provincial
correspondiente, o, en su caso, la Comandancia de la Guardia Civil, sellará la primera
hoja.”
Así pues, se deduce que, la expedición
de la tarjeta de identidad profesional es posterior a la mencionada recepción y comprobación de datos por parte del Órgano competente y la obtención de la habilitación tiene
Con respecto del deber de la anotación
INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, en su artículo 15,
“Las anotaciones de las altas y bajas se
efectuarán por las empresas en el momento
en que se produzcan, … cumplimentándose
las de los cursos de formación permanente
por los centros de formación o responsable
policial correspondiente…”
Por su parte, la Resolución de 12 de
noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se determinan
los programas de formación del personal de
“La cartilla profesional se entregará con la
“Por parte de los centros de formación autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad y de los servicios policiales competentes, para el caso de la formación especial, se
anotará en la cartilla profesional de los vigi-
lantes de seguridad, la realización de los
cursos de formación permanente, especial y
específica así como la superación de las
pruebas de comprobación a las que, en su
caso, resulten sometidos por los órganos
policiales de control en relación con los referidos cursos de formación.”
Así, conforme se determina en el artículo 8 de la ya citada Orden INT/318/2011,
con perros, vigilancia en buques, puertos…),
por ser necesaria una mayor especialización
del personal que los presta, se requerirá una
formación específica, ajustada a los requisitos que se recogen en dicho anexo.
los que se ha hecho mención anteriormente,
deberán ser desempeñados por personal de
seguridad privada que haya superado el correspondiente curso en centros de formación
autorizados, con una duración de diez horas
Al hilo de lo anterior es de señalar que
la Resolución de 12 de noviembre de 2012
sumó a la relación de tales servicios para los
que se requiere una formación específica
cuestiones, los contenidos mínimos de los
cursos de formación específica en relación
que prestar los servicios señalados anteriormente (apartado 2 de su Disposición Primera).
por los artículos 26.1, 27.1 y 4, 28.1 y 2, 29.1
el artículo 38.2 de dicha Ley, se desprende
que las funciones relacionadas con la prestación de los diferentes servicios de seguridad privada únicamente se ejercerán por el
habilitados, esto es, en posesión de las correspondientes tarjeta de identidad profesional y cartilla profesional.
principio, impartirse cursos de formación específica a aquellos interesados que, a pesar
de haber superado las pruebas de selección
Seguridad, se encuentren a la espera de obtener la debida habilitación como vigilantes
seguridad en relación con los cursos de formación específica; además, para que quede
constancia legal de su impartición, ha de
realización en las cartillas profesionales
(éstas, en ningún caso, pueden tenerlas los
interesados aún no habilitados, sencillamente porque la normativa en materia de seguridad privada no lo contempla).
1.- En relación a la primera cuestión
planteada, relativa a qué cursos han de ser
anotados en la cartilla profesional de los vigilantes de seguridad, queda claro que se trata de aquellos cuyo contenido esté relacionado con formación permanente, especial y
específica, debiendo ser cumplimentadas las
formación, que los impartan.
que un centro de formación pueda ofertar
cursos de formación específica a personal
la razón que sea) que no haya obtenido la
pertinente habilitación como vigilante de seguridad y que esté dispuesto a recibirla por
propia iniciativa u otras razones (de la misma manera que cualquier otro tipo de formación para la que el centro de formación tenga autorización.
no tienen carácter exclusivo y se insertan en
el marco del principio de economía libre de
carecerán de validez en el ámbito de la seguridad privada y, consiguientemente no
desplegarán efecto legal alguno en dicho
ámbito, puesto que, como se ha dicho, para
ello ha de anotarse su realización en las cartillas profesionales y éstas no las poseen
más que los vigilantes de seguridad habilitados.
2.- Respecto de la segunda cuestión
se ha dicho, la normativa en materia de formación del personal de seguridad privada
dispone que los centros de formación han de
anotar en dichas cartillas la realización de
los cursos de formación específica impartidos a dichos vigilantes de seguridad y, en
trate, sin perjuicio de que, además, pueda
expedirse diploma o certificado oficial acreditativo de la realización del curso de formación correspondiente.
3.- En cuanto a la tercera cuestión, se
llega a la conclusión de que se confiere al
interesado la condición de personal de seguridad privada cuando obtiene la habilitación,
momento a partir del cual se podrán anotar
en dicha cartilla cuantos cursos de los mencionados más arriba realice su portador.
Consulta de una sección sindical sobre la consideración legal de una plaza, que carece de cerramiento o de algún tipo de delimitación, y si en relación a la misma, los vigilantes de seguridad encargados de la protección de un edificio próximo a aquella, pueden llevar a cabo el desalojo de los viandantes que se encuentran en ella y, por otro lado,
prohibir a éstos, el uso de cámaras de foto o de videos.
normativa que estableciese alguna restricción, como puede ser las Ordenanzas Municipales, o por motivos de seguridad, en atención a lo que se pueda prever en la normativa sobre Seguridad Nacional.
calles, en la mayoría de los casos se corresponde con un bien de dominio público
(Artículo 339 del Código Civil), sin embargo,
ser así, puesto que podemos encontrar una
plaza en una urbanización privada o dentro
Desconociendo el carácter del lugar
no se aporta más información, y entendiendo
que pudiera tratase de una vía pública o un
especio de uso común, es necesario tener
presente lo dispuesto por el artículo 41.1.c),
puedan desplazarse al exterior de los inmuebles objeto de su protección, al objeto de
En lo referido a la prohibición de hacer
fotografías o grabar imágenes en la vía
pública, habría de observarse que para dicho lugar o edificio, no existiese algún tipo
A este respecto habría de tenerse en
cuenta lo dispuesto por el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
“1. Cualquier obra susceptible de
ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos
de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien sólo en la medida
otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales”.
algún tipo de normativa que, de forma expresa, recoja la prohibición de hacer fotografías
o captar imágenes del espacio o inmueble
uso público, que por así determinarlo su propietario o gestor no se permita tomar imágenes en el mismo, dicha actuación podría suponer una extralimitación de los cometidos
Empresa de seguridad: Artículo 57.2.u),
respecto de la actuación de los vigilantes
de seguridad en el exterior de la instalación, inmueble o propiedad protegida,
Vigilantes de seguridad: Artículo 58.1.h),
relación con los ciudadanos.
Atendiendo a lo expuesto anteriormente, cabe señalar lo siguiente como contestación a las cuestiones planteadas.
no denota por sí misma la categorización de
vía pública, sino que habría de atenerse a la
radique aquella, para determinar su naturaleza privada o pública.
desplazarse al exterior de los inmuebles objeto de su protección, como queda reflejado
en el artículo 41.1.c) de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, nada impide que puedan
llevar a cabo esta actuación, siempre que lo
El vigilante de seguridad no puede limitar en su actuación el ejercicio del derecho a
la libertad de los ciudadanos en las vías y
espacios públicos, salvo que exista una norma jurídica que regule el ejercicio de tal derecho.
La fotografía en vías y espacios públicos estará permitida generalmente, por lo
que la actuación del vigilante de seguridad
de informar al ciudadano sobre la prohibición
de realizar fotografías a un edificio, debe
responder a la existencia de una norma jurídica o título, que así lo prevea o a la protección de derechos legalmente reconocidos,
El capítulo IV de la Ley 5/2014, de seguridad privada, sobre medidas de seguridad privada, establece en su artículo 51, la
obligación de los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicio
y los eventos, a adoptar medidas de seguridad con la finalidad de prevenir la comisión
riesgos directos para terceros o ser especialmente vulnerables, determinándose reglamentariamente el tipo y características de
Capítulo II sobre Medidas de Seguridad Específicas, y en sus distintas secciones se
enumeran las medidas de seguridad física,
electrónicas, procedimentales y sistemas de
alarma que específicamente, cada establecimiento, instalación industrial, comercial y de
De forma complementaria, las sucesivas Órdenes Ministeriales que desde su entrada en vigor, se publicaron, especialmente
vigentes, desarrollan, concretan y especifican técnicamente las medidas y sistemas de
dades regladas o fijando plazos para su adecuación y disposición.
la normativa impone la obligación de instalar
medidas de seguridad físicas, electrónicas o
quedan exentos de dicha prevención, señalando la instalación de sólo alguna de ellas,
que dicha implementación pueda realizarse
se recoge tan sólo un catálogo de mínimos.
En este contexto, es en el artículo 130
del reglamento en el que se señalan las medidas de seguridad exigibles a las estaciones de servicio y unidades de suministro de
combustibles y carburantes, tratándose todas ellas, exclusivamente, de medidas físicas y procedimentales, excluyendo la exigencia de medidas de carácter electrónico.
Si bien, en el punto 5, del referido artículo señala de forma específica, que a tales
económico, su ubicación o sus condiciones
de vulnerabilidad, se les podrá imponer la
obligación de adopción de alguno de los sistemas de seguridad e incluso los servicios
que de forma genérica, quedan previstos en
el artículo 112 del Reglamento para todos
que acordarán los Delegados y Subdelegados del Gobierno o las Autoridades Autonómicas, en aquellas comunidades que tengan delegadas las competencias en materia
También el texto normativo, señala la
aplicación, a las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes, lo dispuesto reglamentariamente
sobre dispensas en el artículo 129 del Reglamento.
También es cierto que la normativa de
los denominados empleados de las estaciones de servicio, así como a los encargados
términos como pudiera ser la palabra fondos, sin que deba inferirse por ello su necesaria existencia, pudiendo darse el caso de
actuales sistemas electrónicos de pago, y no
pudiendo obligarse a que dispongan de dichos fondos en el establecimiento, entendiéndose que en caso de existir unos y
otros, sí que deben cumplir con los aspectos
procedimentales prevenidos en su actuación, que es en definitiva lo que viene a regular la normativa.
estación de servicio, pudiendo llegar a implementarse un sistema de funcionamiento automatizado y controlado a distancia, incluso
absolutamente autónomo, que no requeriría
de ningún empleado, sin que exista en la
imponerse, ya que supondría una evidente
extralimitación material, pues lo relativo a la
existencia o no de “empleados” excede el
ámbito regulatorio de la normativa de seguridad privada, además de representar una vulneración del principio de tipicidad, al no resultar expresamente descrito y previsto en la
en cuenta que no resulta procedente, cuando de ello deriva la imposición de un nuevo
gravamen, la aplicación de un método inductivo-deductivo en la interpretación de la ley,
existentes, mediante el artificio jurídico de
considerar como tales lo que no son más
misma, y que versa básicamente sobre las
ningún modo, la existencia de diferentes
deben servir de inspiración en la aplicación
de la norma en todo momento, pudiendo citarse en este caso la máxima “Permittiur
quod non prohibetur”, lo que resume de
algún modo, la facultad otorgada por la ley,
consistente en la actuación con libertad y
seguridad jurídica, determinando claramente
los propios límites que se impone en su aplicación a supuestos reales.
de medidas de seguridad físicas y procedimentales, entre las cuales no se contempla
bien, su instalación o disposición, puede ser
dispensada por los Delegados, Subdelegados del Gobierno, o autoridades autonómicas competentes.
3. La autorización gubernativa para el inicio
es obligatoria en virtud del literal del artículo
contemplándose la apertura o inicio de actividad sin la necesaria autorización como una
infracción grave al régimen de medidas de
Consulta de una empresa de seguridad, dando cuenta de un proyecto que pretenden implementar y que, básicamente, consistiría en crear un centro de control que gestionaría los avisos de emergencia comunicados directamente por el usuario activando su
Smartphone a través de una aplicación (APP) facilitada por la empresa.
Software de gestión para Smartphone
en versión APP con el que el usuario
Software de recepción y gestión de
alarmas de creación propia y uso exclusivo.
Geo- localizar su posición de forma inmediata.
Hacer fotos con la cámara frontal
Activar grabación de audio.
Ello permitiría optimizar la gestión de la
emergencia, recogiendo el máximo de información, con el fin de transmitir la situación a
organismos de seguridad públicos, siguiendo
unos protocolos de operativa de gestión de
usuario no gestionaría por si mismo las posibles situaciones de emergencia, sino que el
dispositivo estaría conectado a un centro de
en las que los operadores verificarían cada
protocolizada según unas reglas de priorización, adjuntándose Certificado de aprobación del estándar de “Gestión de Emergencias y Respuesta ante Incidentes” conforme
Es más, la empresa afirma disponer de
una central de alarmas con prácticamente
las medidas de seguridad físicas y electrónicas exigidas por la normativa: tres vías de
comunicación con otras tantas operadoras,
V, puestos para, al menos, cuatro operadores…
El artículo 5 de la vigente Ley 5/2014,
cuales son las actividades de seguridad privada y los sujetos que podrán desarrollarlos:
empresas de seguridad, para las relacionadas en los párrafos a) a g) y los despachos
de detectives, con carácter exclusivo y excluyente, para la recogida en el párrafo h).
“La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso,
respuesta y transmisión de las señales de
alarmas, así como la monitorización de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares
medidas impuestas y la comunicación a las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad competentes en estos casos”.
XX pretende dar respuesta a cualquier incidencia o situación que se les pueda plantear
a sus usuarios, incluidas las de robo, agresión física o cualquier otra de índole delictiva, es necesario que se constituya en empresa de seguridad autorizada para la mencionada actividad de centralización de alarmas, formalizando el correspondiente contrato de seguridad con sus clientes y cumpliendo, en su caso, el resto de exigencias
normativas que les pudiesen ser de aplicación.
Por el contrario, el artículo 6.1, de la
citada Ley, referido a las “actividades compatibles”, establece que:
“Quedan fuera del ámbito de esta Ley, sin
perjuicio de la normativa específica que pudiera resultar de aplicación, especialmente
en lo que se refiere a la homologación de
c) La conexión a centrales receptoras de
alarmas de sistemas de prevención o protección contra incendios o de alarmas de tipo
técnico o asistencial o de sistemas o servicios de control y mantenimiento.
Y concluye este punto 1): Estas actividades podrán desarrollarse por las empresas de seguridad privada.”
enumeradas en el citado artículo 6, las pueden prestar todo tipo de empresas, incluidas
las de seguridad privada. Si no son de seguridad, podrán desarrollarla libremente, con la
única limitación de no invadir las actividades
que se recogen en el artículo 5, ajustándose,
en su caso, a la normativa sectorial que pudiese serle de aplicación.
La recepción de señales asistenciales
privada define como “actividad compatible”,
debería quedar limitada a entender como
tales las consistentes en atender, a título de
médico-sanitario o de reparaciones urgentes
de averías u otras de similar naturaleza,
tan extensivo del término “asistencial”, que
invadiera el concepto legal de señal de alarma proveniente de sistemas de seguridad de
las personas, de bienes muebles e inmuebles (especialmente contra robo o intrusión)
5/2014, de Seguridad Privada, rompería los
límites legales pretendidos por el legislador,
perdiendo su esencia, e invadiría la actividad
reconocida legalmente, con carácter exclusi18
vo, a las empresas autorizadas, en el articulo 5.1.g), de explotación de centrales de alarmas, en la que sí está prevista la posible intervención, en su caso, de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, por razón de la materia.
gestión para Smartphone es dar respuesta a
todas las situaciones de riesgo o peligro para la seguridad de las personas o de los bienes muebles o inmuebles, incluidas las delictivas, que pudiesen comunicarles sus clientes, es necesario que el dispositivo se conecte a una central de alarmas, cumpliéndose con todas las exigencias legales que la
para poder desarrollar esta actividad. En este caso podrían comunicar directamente a
2. Si, por el contrario, la intención es que tan
solo se comuniquen señales de tipo medicosanitario, ambientales, incendios, protección
civil, salvamentos u otras de carácter técnico
-asistencial, excepción hecha de las de
carácter criminal o que afecten a la seguridad de las personas o de los bienes muebles o inmuebles o a la seguridad ciudadana, que requieren la necesaria intervención
éstas quedarían incluidas en el concepto de
actividades compatibles y, por tanto, podrían
las situaciones referidas a este tipo de incidencias médicas o técnicas.
IDENTIFICACIÓN DE VIGILANTES
El presente informe se emite a petición de un vigilante de seguridad, sobre la identificación de un vigilante en sede policial, el cual se hace extensivo al resto del personal
“El documento nacional de identidad es el
documento público que acredita la auténtica
nuestro ordenamiento jurídico para la regulación del sector de la seguridad privada, está
básicamente constituido por la Ley 5/2014,
por R.D 2364/1994, de 9 de diciembre, y demás órdenes ministeriales de concreción reglamentaria.
dispuesto en la legislación de seguridad privada, el personal de seguridad privada deberá comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de
relevantes para la prevención, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad
ciudadana, así como todo hecho delictivo del
La Ley Orgánica 4/2015, de Protección
“Los españoles tienen derecho a que se les
documento público y oficial y tendrá la protección que a éstos otorgan las leyes, así
como suficiente valor por sí solo para la
acreditación de la identidad y los datos personales de su titular”.
el que se regula la Expedición de pasaportes
ordinarios a españoles, actualizado al
”Todo ciudadano español goza de libertad,
derecho a la obtención del pasaporte o documento equivalente para tal fin”.
En cuanto a la identificación de los vigilantes en sede policial, el art. 1 del Real
En conclusión, el único documento
público oficial que acredita la identidad de
los ciudadanos españoles en territorio nacional es el Documento Nacional de Identidad.
el pasaporte, salvo que por Convenio o Norma de exención se admita el Documento Nacional de Identidad.
19/94, de Protección de Testigos y Peritos.
en aplicación de disposiciones legales
relativas a escalas, categorías,... del
Cuerpo Nacional de Policía, que en su
art. 17 dispone: “El carné profesional y
identificación de los funcionarios del
Cualquier otro documento que contenga datos personales solo servirá para acreditar la función, condición, capacitación, o finalidad para que haya sido creado, pero no
Profesional de vigilante de seguridad, acredita la habilitación como tal, conforme el articulo 27.2 párrafo segundo de la Ley 5/2014
“La tarjeta de identidad profesional constituirá el documento público de acreditación
profesionales”; y debe portarse obligatoriamente siempre que su titular se encuentre
Seguridad, o cuando, por razones del servicio, así se lo soliciten los ciudadanos afectados. (Art. 68 del Reglamento de Seguridad
Respecto a aquellos actos o diligencias de carácter administrativo que den, o
puedan dar lugar a una posterior instrucción
“El testigo manifestará primeramente su
estado y profesión...”.
Una vez puesta una persona a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
unión de los instrumentos, efectos, y pruebas, o tras la comparecencia del vigilante de
comparecer ante la autoridad judicial cuantas veces fuere requerido, y lo hará siempre
en calidad de “testigo” (art. 410 y ss. LECR.)
Boletín Nº 49 Mayo
en los que el delincuente está integrado en
un clan u organización dedicados a la sustracción de bienes muebles de establecimientos comerciales, puede llegar a hacer
quien, sometido a la presión adecuada,
podría, pese a su condición profesional, desistir en el contenido de la denuncia. Este
Y su testimonio tendrá valor probatorio cuando se reitere y reproduzca en el correspondiente juicio oral, de modo que pueda realizarse la oportuna confrontación con el testimonio de las otras partes intervinientes
del contenido del artículo 175 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se infiere que el testigo debe hacer constar además de su nombre y apellidos, su domicilio habitual, y, en
que la citación judicial surta efecto; a este
respecto, se considera que -tratándose de
una comparecencia derivada de una actuación en acto de servicio– podría señalar como domicilio, a efectos de notificaciones o
una vía de identificación similar al de su Documento Nacional de Identidad, cual es el
número de la tarjeta de identificación profesional.
Si a esta circunstancia se añade que,
en el ámbito procedimental que nos encontramos, el denunciante, en este caso, el vigilante de seguridad, una vez oído en declaración, saldrá citado de las dependencias policiales, no parece que el hecho de que no
tendrá que identificarse con su D.N.I. y facilitar, a los efectos de posteriores citaciones,
un domicilio, que podrá ser el de la empresa
como vigilante de seguridad, resulta necesario que conste, además, la TIP que le acredita como personal de seguridad privada.
que podrían hacer peligrar el resultado de
residencia, el teléfono o, simplemente, el
USO DE MEDIOS DE LOCALIZACIÓN Y
los detectives privados que, mediante el empleo de “medios técnicos” en el ejercicio de
su labor profesional, podrían estar contraviniendo lo dispuesto en la nueva normativa de
seguridad privada y, fundamentalmente, lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando, en su artículo 588 quinquies b), hace mención a la utilización de dispositivos
o medios técnicos de seguimiento y localización1.
En este sentido, se concluye que el uso de esos dispositivos por detectives privados debería limitarse a investigaciones judicializadas y su uso sea autorizado por la Autoridad Judicial competente (…) cuando investiguen delitos perseguibles a instancia de
cuestión pacífica que los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, no pueden extenderse al ámbito de la
vida íntima que se desarrolle en el domicilio
u otros lugares reservados, ni puede emplearse en su ejecución ningún medio técnico
Aunque más adelante se profundizará
sobre esta protección de la intimidad, lo sustancial del mencionado Informe 2014.54 radica en que concluye con dos factores muy a
De un lado, la idea de habilitación, con
la que, en sentido estricto, hace referencia a la condición profesional de
sentido más amplio, exige de una legitimación en quien solicita esas mismas
concreto sobre el que se está cuestionando la legalidad.
Pese a que el contenido del documento 2014.054 tiene un sustrato básico en una
Sentencia del Tribunal Supremo que argumenta los posicionamientos de su Alta Magistratura en relación con el ámbito de lo Social, en este Informe se pretende una comprensión más generalizadora, que enfoque
su campo de visión en un entorno genérico y
práctica, la correcta actuación de los profesionales de la Seguridad Privada.
1 Dentro del capítulo VII del Título VIII, de la LECr. relativo al uso de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización, en
relación con las medidas limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución, se encuentra el artículo 588 quinquies b., que, sobre la
utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización, establece lo siguiente:
1. Cuando concurran acreditadas razones de necesidad y la medida resulte proporcionada, el juez competente podrá autorizar la utilización de
dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización.
3. Los prestadores, agentes y personas a que se refiere el artículo 588 ter e están obligados a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de la
Policía Judicial designados para la práctica de la medida la asistencia y colaboración precisas para facilitar el cumplimiento de los autos por los que se
4. Cuando concurran razones de urgencia que hagan razonablemente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio técnico de
seguimiento y localización se frustrará la investigación, la Policía Judicial podrá proceder a su colocación, dando cuenta a la mayor brevedad posible, y
en todo caso en el plazo máximo de veinticuatro horas, a la autoridad judicial, quien podrá ratificar la medida adoptada o acordar su inmediato cese en
el mismo plazo. En este último supuesto, la información obtenida a partir del dispositivo colocado carecerá de efectos en el proceso.
1 En torno a la habilitación en un sentido
Añadido a los requisitos que la norma
exige para el ejercicio de la profesión de detective privado2, la Ley 5/2014 perfila el
ámbito en el que los detectives privados
prestadores de servicios de investigación en
relación a personas, hechos o delitos sólo
cuestión que nos ocupa, vienen señalados
en el artículo 48.1.a) de la Ley 5/2014, de 4
de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por
cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos
A esta exclusión se suma el punto 3
del mismo artículo 48 de la reiterada ley,
cuando establece la prohibición de las investigaciones en torno a la vida íntima de las
técnicos de tal forma que atenten contra los
derechos incorporados al artículo 18 de la
un añadido exterior que, también, le es necesario para verse habilitado: el inexcusable
un interés o derecho legítimo, esto es, jurídicamente protegido y que transfiere a la labor
profesional del investigador un justo título,
Por añadidura y de gran importancia
resulta el apartado 5 del reiterado Artículo
48 de la Ley 5/2014, ya que obliga a los profesionales de la investigación a velar por los
la no vulneración de los derechos del investigado sea, como no puede ser de otro modo,
Para finalizar la síntesis de límites que
Artículo 48.6 de la Ley 5/2016 recuerda que
todo servicio de investigación debe someterse al juicio de proporcionalidad, del que la
doctrina3 afirma que “... está orientado a resolver conflictos entre derechos, intereses o
valores en concurrencia. La ventaja del enfoque de proporcionalidad es que permite decidir esos conflictos sin necesidad de generar jerarquías en abstracto de los derechos,
vez se ha fijado el contexto, las circunstancias del caso: (…) lo que se va a analizar es
“proporcionalidad”, atendido su grado de injerencia en un ámbito protegido así como el
1 Para habilitación en sentido estricto, ver Ley 5/2014 de Seguridad Privada: Título III, Capítulo I de la (Arts. 26 y ss.). Además, Título II, Capítulo II (Arts. 24 y
2 Ponencia LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA Magistrada Encarnación Roca Trías / Letrada Mª Ángeles Ahumada Ruiz - REUNIÓN DE TRIBUNALES CONSTITUCIONALES DE ITALIA, PORTUGAL Y ESPAÑA. ROMA - OCTUBRE 2013 .
carácter y alcance del sacrificio que impone
De resultas de este examen se juzgarán inaceptables (…) actuaciones en la medida en
que impongan un sacrificio inútil, innecesario, o desequilibrado por excesivo, de un derecho o interés protegido (…)”. En otras palabras, el escenario en el que debe llevarse
a cabo un servicio de investigación prestado
escrupuloso respeto a la esfera íntima del
sujeto investigado, de la que, también, es
garante. En este margen es donde el detective estará habilitado para desempeñar su
puede limitar el derecho a la intimidad, cuando afirma que “(…) el derecho fundamental a
la intimidad personal otorga a su titular cuando menos una facultad negativa o de exclusión, que impone a terceros el deber de abstención de intromisiones, salvo que estén
fundadas en una previsión legal que tenga
justificación constitucional y que sea proporcionada, o que exista un consentimiento eficaz del afectado que lo autorice, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito
de intimidad personal que reserva al conocimiento ajeno (…)”.
previsión, la propia norma, como ya se ha
apuntado, hace especial mención de un concreto ámbito de los derechos fundamentales:
2. La protección constitucional a la esfera
Como ya se había insinuado, es el artículo 18 de la Constitución4 el que garantiza
el derecho a la protección de un núcleo íntimo en la vida de cada individuo: ese ámbito
esfera más privada.
Este derecho está garantizado, incluso, para los “personajes públicos” o los sometidos al poder coercitivo del estado
(reclusos), si bien en distinta medida, según
Es, precisamente, este ámbito de protección el que hay que conjugar con las injerencias que pueden limitar el derecho a la
intimidad y que, necesariamente, deben responder a la cesión frente a otros bienes jurídicamente protegibles. Así, el Tribunal Cons-
Según lo establecido por el Alto Tribunal, la esfera íntima puede ceder a través de
dos vías: el consentimiento (eficaz) del titular
del derecho y, en segundo término, una imposición normativa con amparo constitucional6.
Por lo que se refiere a los límites externos, el propio Órgano Constitucional establece que “(…) los derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución sólo pueden
ceder ante los límites que la propia Constitución expresamente imponga o ante los que
jurídicamente protegidos (…) las limitaciones
derecho fundamental más allá de lo razonable, de donde se desprende que todo acto o
4 Artículo 18 Constitución:
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus
6 Es preciso que exista otro derecho en conflicto con la intimidad limitada: derechos de los hijos (art. 39 Constitución) o proporcionalidad impositiva (art. 31
Constitución) (SSTC 7/1994 y 95/1999)
resolución que limite derechos fundamentales ha de asegurar que las medidas limitadoras sean necesarias para conseguir el fin
perseguido, ha de atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en la que se halla aquel a quien se le
contenido esencial (…)” (STC 57/1994, de
los medios empleados en la limitación del
que se está expresando por parte del Árbitro
Constitucional es que toda restricción del
se ha hecho mención.
cuenta que el investigador privado, por sí, no
cuenta con un derecho oponible o en colisión con ese derecho a la intimidad del sujeto investigado. El detective, habilitado en
sentido amplio y haciendo propio el interés
legítimo de su contratante, adquiere un
“derecho a conocer”, que (por exigencia
un derecho legalmente reconocido. Por tanto, lo que aquel hace es asumir, por delegación de su cliente, una transmisión de derechos jurídicamente protegidos que sirve de
amparo y justifica los servicios de investigación interesados, cuyo producto se pondrá a
disposición del contratante.
gran mayoría de las ocasiones en que se ha
planteado una presunta vulneración del derecho fundamental a la intimidad por la actividad profesional de un detective privado,
concreto servicio. Sobre ello se tratará a
3. La práctica jurisprudencial
La aplicación práctica de la teoría
constitucional al caso concreto, es función
reservada a jueces y magistrados en su elevada misión de impartir justicia, esto es, de
A lo largo de los últimos años, existen
privados, en función del ajuste (o no) de la
(para centrar la atención en la cuestión planteada por la Unidad Territorial) recordar las
de estas consideraciones, denominado “En
torno a la habilitación en un sentido amplio”,
A aquellos condicionamientos se añade la exigencia del Tribunal Supremo que –
fundamentales–obliga al acomodo al principio de proporcionalidad, ya mencionado,
cumpliendo “(…) los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio
de idoneidad); si, además, es necesaria, en
el sentido de que no exista otra medida más
moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad);
equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que
conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) (…).7”
Con estos elementos como telón de
gran relevancia en la jurisdicción social, muy
ámbito, la jurisprudencia se ha decantado,
sistemáticamente, por admitir la prueba testimonial de detectives, acompañados por
“técnicos” (videograbaciones, fotografías),
ya que la ley “(…) atribuye al empresario,
entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento
(…)8”, siempre que esas medidas, entre las
que se incluye el empleo de detectives privados y de sus servicios, no supongan “(…)
intromisiones ilegítimas en la intimidad de
(…)”9.
Un claro ejemplo de estos excesos viene determinado por la ilicitud de la “prueba
de detectives”, cuando éstos son contratados para controlar a un trabajador “durante
las 6 o 7 de la mañana hasta la noche”: en
proporcionada, ni idónea ni necesaria, concluyendo que el uso de un sistema que permite a la empresa tener noticias permanentes respecto de todo tipo de conductas del
trabajador en un ámbito que le es privado,
constituye una actuación que rebasa ampliamente las facultades que al empresario otor8 STSJ Extremadura 21.04.2009
10 STSJ Madrid, de 27.06.2007 y AUTO TS 7252/2013, para unificación de doctrina
una intromisión ilegítima en el derecho a la
intimidad consagrado en el artículo 18.1 de
la Constitución, que no ha sido en este caso
Por lo que se refiere al empleo de medios técnicos, precisamente fue la Sala de lo
Social del TSJ Extremadura quien llegó a
afirmar que “(…) si [los detectives privados]
cómo podrían desarrollar su actividad para
obtener y aportar información y pruebas
(…)”11.
Es decir, que el uso de material tecnológico viene avalado por la propia jurisprudencia y, como puede observarse, de forma
pacífica. De hecho, el Auto 391/2007 de la
Audiencia Provincial de Oviedo, en relación
vehículo utilizado por la persona seguida y
que después denunció a los investigadores
“(…) no integran una conducta susceptible
sanciona el descubrimiento y revelación de
secretos, por ausencia de los elementos necesarios para integrar la conducta típica descrita en dicho precepto (…)”.
A modo de síntesis, puede decirse que
respeto a los límites que este precepto constitucional exige en su conducta que, entre
otros, determina la concreción de la finalidad
perseguida para la práctica de un seguimiento, lo que enlaza directamente con la
idea ya estudiada de la legitimación, como
transmisión de un derecho o interés jurídicamente protegido, entre el cliente y el detective.
No obstante, la doctrina ya venía reclamando algún tipo de control al investigador y
una regulación de las garantías que permitan al investigado ejercer una efectiva defensa, pues no siempre las investigaciones son
cuestión se aborda en el siguiente apartado.
4. La nueva perspectiva de la protección
Aunque la práctica totalidad de los monográficos que sobre el tema de la investigación podemos abordar hacen referencia a la
esfera penal público-criminal, es contundente la afirmación del propio Eloy Velasco
cuando dice que “todo [lo relativo al uso de
tecnología en la investigación] es igualmente
cuerpos policiales, cuando usan tecnologías
de vigilancia privadas”. Esto es así, precisamente, porque la sujeción a la norma que
señala el Artículo 9.1 de la Constitución es
aplicable tanto a los poderes públicos como
a la totalidad de la ciudadanía. Sobre este
planteamiento, no se puede hacer distinción
investigación llevada a cabo por la policía y
doctrinales venían haciéndose eco de la
(cada vez más) necesaria regulación del uso
de las nuevas tecnologías en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, por su edad entre
otros motivos, no previó el despliegue científico de los últimos años, ni las capacidades
Los medios de injerencia no física en
zoom, el GPS, BTS, router… son capaces
de saber dónde se encuentra un aparato
que no se está viendo y, por extensión, una
persona, prácticamente en todo momento.
En los últimos tiempos, la corriente
científica ha sostenido que estas injerencias,
de haber cometido un delito, como a un ciudadano honrado, por móviles muy alejados
de la imputación de delitos (políticos, religiosos, económicos…), deben ser controladas
En este sentido, en su trabajo Tecnovigilancia, geolocalización y datos: aspectos
NÚÑEZ exigía (Junio de 2014) “(…) una
habilitación legal previa a la injerencia investigadora y debe estar formal y materialmente
que persiga un fin legítimo, con rango de ley,
que determine: -los supuestos habilitantes, la duración y – el proceso de obtención, custodia, análisis (…) de la información así obtenida (…)”. Es decir, reclamaba una validación de los sistemas tecnológicos que, previa regulación normativa, tuviese un control
tanto en su duración como en los casos en
que pueden ser empleados, además de la
previsión de reserva y cuidado del resultado
técnicos menos “invasivos”, el mismo autor
señalaba que “no exige mandamiento judicial, dada su apenas despreciable intrusión,
salvo que su colocación sea muy intensa
12 Tecnovigilancia, geolocalización y datos: aspectos procesales penales – Eloy VELASCO NÚÑEZ (Diario La Ley, 8388, 23.06.2014 – ed. La Ley)
uso privado) o afecte a espacios privados”.
del año 2014), la práctica de un seguimiento
mediante el empleo de un sistema no invasivo, acompañada del ejercicio inmediato de la
labor operativa de los policías actuantes (o,
Sin embargo, toda esta teoría está en
de lo dispuesto en el artículo 588 quinquies
sobre la utilización de dispositivos o medios
técnicos de seguimiento y localización, establece el control previo judicial de las medidas tecnológicas de seguimiento y localización.
1. El detective privado debe actuar investido de habilitación en sentido amplio, por
en su actuación profesional, sino que
debe hacerlo mediante la legitimación
derecho jurídicamente reconocido y que
pilar básico, la obligación de defender
los derechos de su cliente y los del sujeto sometido a investigación, con especial
atención al derecho a la intimidad de
éste, de acuerdo a lo establecido en el
derechos jurídicamente reconocidos en
el contratante, lo que se resolverá mediante el juicio de proporcionalidad, que
determinará si una intromisión en la esfera íntima tiene las exigencias de útil,
4. El uso de medios técnicos debe ajustarse al juicio de proporcionalidad por cuanto puede suponer de intromisión en la
esfera íntima del investigado.
De hecho, la norma no hace distinción
se ha regulado, como se venía reclamando,
el uso de medios de injerencia no física, sino
que, al no hacerse precisión alguna, una
con un radio de acción limitado, se encuentra igualmente sometida a la norma recientemente en vigor.
Por su indudable interés, en especial para el personal de seguridad privada, seguidamente damos traslado de dos sentencias firmes del Tribunal Supremo resolviendo dos litigios sobre materias relativas a la seguridad privada que afectan a los derechos del personal.
Desde esta UCSP de la Policía Nacional, como Autoridad Nacional de Control en el ámbito de la seguridad privada, agradecemos los esfuerzos realizados en apoyo a la consecución de la mejor normativa posible en materia de seguridad privada.
Todo lo que sea bueno para la mejor protección de los derechos del personal de seguridad privada, bienvenida sea, y siempre contará con el apoyo de esta Unidad de la Policía
Número del DNI en la T.I.P.
número del DNI o NIE, en atención a la posible afectación a la privacidad de los titulares
El fallo judicial entiende que el hecho de que el número del DNI o NIE figurase en la TIP
se explicitaba en la normativa), podría ser contrario a la normativa sobre protección de
datos de carácter personal, razón por la que ordena que se retire de la TIP el número del
DNI ó NIE, así como que se anule el inciso normativo del anexo de la orden de personal
Visto por esta Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación
número 49/2014, interpuesto por la Administración General del Estado, representada por el Abogado
del Estado, contra la sentencia de 20 de noviembre de 2013, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 208/2011, sobre
personal de seguridad privada, en el que ha intervenido como parte recurrida la Sociedad Española
de Estudios de Derecho de Seguridad, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Rosa María del Pardo Moreno, y la Unión Nacional de Trabadores y Agrupación Sindical Profesional
doña Mercedes Caro Bonilla.
PRIMERO.- La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, dictó sentencia el 20 de noviembre de 2013, con los siguientes pronunciamientos en su parte
«ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Agrupación Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguridad Privada y la Unión Nacional de Trabajadores, representados por la Procuradora de los Tribunales Da Mercedes Caro Bonilla, contra la Orden del Ministerio
del Interior INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre Personal de Seguridad Privada, y anulamos la previsión contenida en el apartado 1 de su Anexo V que establece como dato incluido en la tarjeta de
del campo y sus especialidades,” el número del Documento Nacional de Identidad o del Número de
Identificación de Extranjero, con todos sus caracteres alfanuméricos".»
SEGUNDO.- Notificada la sentencia, se presentó escrito por la representación procesal de la Administración General del Estado, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, manifestando su intención de interponer recurso de casación, y la letrada de la Administración
de Justicia, por diligencia de ordenación de 19 de diciembre de 2013, tuvo por preparado el recurso,
TERCERO.- El Abogado del Estado presentó, con fecha 12 de febrero de 2014, escrito de interposición del recurso de casación, en el que expuso los motivos en que se fundamentaba, y solicitó a esta Sala que dicte sentencia por la que, estimando el recurso, case la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 5a, de 20 de noviembre de 2013, dictada
interpuesto, con confirmación de la Orden recurrida e imposición de costas a la contraparte.
CUARTO.- Admitido a trámite el recurso, se dio traslado a las partes recurridas, para que manifestaran su oposición al recurso, lo que verificó la Unión Nacional de Trabadores y Agrupación Sindical
que solicitó a la Sala que dicte sentencia confirmatoria de la sentencia recurrida.
Por diligencia de ordenación de 4 de junio de 2014, se tuvo por caducado en el trámite de oposición
al recurso a la Sociedad Española de Estudios de Derecho de Seguridad.
QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo el día 19 de abril de 2016, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.
PRIMERO.- Se interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de 20 de noviembre de 2013, que estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Agrupación Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguridad Privada y Unión Nacional de Trabajadores, aquí parte recurrida, contra la Orden del Ministerio
La sentencia impugnada anuló en su parte dispositiva la previsión contenida en el apartado 1 del
“el número del Documento Nacional de Identidad o del Número de Identificación de Extranjero, con
todos sus caracteres alfanuméricos. ”
SEGUNDO.- El recurso de casación del Abogado del Estado se articula en dos motivos, formulados
ambos al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción.
El primer motivo denuncia la infracción por la sentencia recurrida de los artículos 9.3 y 24 CE y 217
LEC, en relación con el artículo 35 de la L.O. 1/2001, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, y la jurisprudencia que se cita en el desarrollo del motivo.
El segundo motivo alega la vulneración del artículo 12 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y del artículo 68 de su Reglamento, aprobado por RD 2364/1994, en relación con los
artículos 2, 3, 6, 10 y 11 de la L.O. 15/1999, de Protección de Datos y 5 de su Reglamento, aprobado por RD 1720/2007, y la jurisprudencia relativa a los mismos.
TERCERO.- El primer motivo del recurso expone que la sentencia impugnada funda su fallo estimatorio en la valoración de la prueba documental obrante en autos, en particular en la valoración que
lleva a cabo del informe de la Agencia Española de Protección de Datos, de 23 de octubre de 2010,
aportado por la actora, sustentando la sentencia su pronunciamiento estimatorio de manera exclusiva en dicho informe, y que dicha valoración debe considerarse ilógica y arbitraria, pues el indicado
informe no es sino la mera expresión de una opinión jurídica, efectuada sin que la misma prejuzgue
el criterio del Director de la Agencia y sin carácter vinculante, sin que la sentencia haya ponderado
dichas limitaciones, a lo que se suma que el informe incurre en el error de considerar que el número
Anexo IX de la Orden impugnada, en dicha placa figura el número de habilitación, que es distinto del
número de la tarjeta de identificación profesional a que se refiere el Anexo V de dicha Orden.
entre otras muchas, las sentencias de 24 de septiembre de 2008 (recurso 2114/2006 ) y 23 de marzo de 2010 (recurso 6404/2005 ), que la formación de la convicción sobre los hechos para resolver
las cuestiones objeto del debate procesal está atribuida al órgano judicial que, con inmediación, se
cometido por este Tribunal de casación, puesto que la errónea valoración no ha sido incluida como
motivo de casación en el orden Contencioso- Administrativo en la LJCA, lo cual se cohonesta con la
naturaleza de la casación como recurso especial, cuya finalidad es la de corregir errores en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, y no someter a revisión la valoración de la prueba
No obstante, la anterior regla general de imposibilidad de someter a revisión la valoración de la prueba realizada por los Tribunales de instancia, admite excepciones en los contados casos delimitados
del artículo 88, apartado 1, de la Ley 29/1998, la infracción de algún precepto que discipline la apreciación de pruebas tasadas, o que esa valoración resulta arbitraria o ilógica, como alega la parte recurrente en este caso.
Pero estas excepciones, como tales, tienen carácter restrictivo, por lo que no basta su mera invocación para franquear su examen por este Tribunal Supremo. Al contrario, partiendo de la base de que
la valoración de la prueba por el Tribunal de instancia queda excluida del análisis casacional, la revisión de esa valoración en casación únicamente procederá cuando la irracionalidad o arbitrariedad de
la valoración efectuada por la Sala de instancia se revele patente o manifiesta, siendo carga de la
parte recurrente en casación aportar los datos y razones que permitan a este Tribunal llegar a la
convicción de que así efectivamente ha sido.
En este caso la valoración efectuada por la Sala de instancia de la prueba documental dista mucho
La prueba documental a que se refiere el Abogado del Estado es un informe de la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD), de 23 de octubre de 2010 (folios 311 a 321), elaborado por su Gabinete Jurídico, en relación con una consulta formulada por el Sindicato demandante, la Agrupación
fuerza vinculante, pues en ningún momento afirma lo contrario, y el propio informe de la AEPD se
pronuncia sobre su alcance o eficacia, al indicar, en relación con la petición del Sindicato actor de un
informe o resolución vinculante, que se elabora un informe o respuesta a una petición de consulta
“que no constituye una verdadera resolución administrativa o decisión con efectos jurídicos frente a
Sin perjuicio de que el carácter vinculante del informe no sea afirmado en ningún momento por la
sentencia impugnada, y de que tal carácter se rechace por el propio informe como se acaba de indicar, la Sala de instancia, en su función jurisdiccional, debe valorar y ponderar los elementos probatorios aportados por las partes en apoyo de sus pretensiones, entre ellos el informe del Servicio Jurídico de la AEPD que aportó la parte actora, y a la Sala no le parece irrazonable ni arbitraria la consideración otorgada por la Sala de instancia al indicado informe, a la vista de su contenido y de la cualificación de su autor, el Servicio Jurídico de la AEPD, de cuyo conocimiento sobre la materia a que
se refería la consulta e independencia de la parte recurrente no puede dudarse.
También indica el Abogado del Estado que el informe de la AEPD y la sentencia impugnada que lo
acoge, incurrieron en el error de considerar que el número de DNI de los vigilantes de seguridad es
de acuerdo con el artículo 14.1 y Anexo V de la Orden impugnada, que reproduce en su FD 2o, el
número de DNI del personal de seguridad privada ha de constar en el reverso de la tarjeta de identidad profesional, no en el distintivo o placa que los vigilantes de seguridad llevarán en la parte superior izquierda, correspondiente al pecho, de la prenda exterior, al que se refieren el articulo 25 y el
La falta de confusión entre la tarjeta de identidad profesional y el distintivo o placa se hace evidente
en la lectura de la sentencia impugnada, que en todo momento, al tratar de la utilización del dato del
número del DNI, se refiere a la primera, a la tarjeta de identidad profesional. Así resulta cuando la
sentencia recurrida efectúa el planteamiento de las cuestiones a resolver en el recurso, con la indicación de que “el problema surge, según señala la demanda, por la concordancia del número del
DNI con el de la tarjeta de identidad profesional” (FD 2o), cuando considera las consecuencias de la
resolución impugnada, con referencia a “la inclusión del número del DNI en la tarjeta de identidad
profesional” (FD 3o), y de forma clara al resolver las cuestiones planteadas, cuando limita su fallo a
la anulación de la previsión contenida en el Anexo V, apartado 1, de la Orden impugnada, “que establece como dato incluido en la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada...el
número del Documento Nacional de Identidad o del Número de Identificación de Extranjero” (parte
dispositiva), sin incurrir en el error que invoca el Abogado del Estado de considerar que el número
bien es verdad que afirma que “la mención visible del DNI de los vigilantes de seguridad debe quedar excluida tanto de la tarjeta como de la placa identificativa de estos profesionales”, se trata de la
respuesta a los términos en que fue planteada la consulta, en la que se hacía referencia (apartado
B.3°, página 8 del informe de la AEPD), a la implantación del número del DNI, como elemento identificativo de los vigilantes de seguridad, “en la tarjeta profesional y en la placa identif¡cativa de los mismos (tal y como se dice en la narración del firmante del escrito)”, debiendo tener presente que tanto
La Orden impugnada, posterior como se dice al informe de la AEPD, introduce la diferenciación en el
número que ha de constar en la tarjeta y en el distintivo, al establecer que en la tarjeta de identificación profesional figurara su número, “que coincidirá” con el número de DNI o con el Número de Identificación de Extranjero (Anexo V), mientras que el distintivo llevará grabado el número de habilitación (Anexo IX), sin que la sentencia recurrida, como se ha dicho, haya incurrido en el error de confundir la tarjeta de identificación y el distintivo, según se ha razonado.
No se aprecia, por tanto, la valoración irrazonable o arbitraria de la prueba que denuncia el Abogado
del Estado en el primer motivo de su recurso, con desestimación del mismo.
CUARTO.- El segundo motivo alega que la sentencia recurrida desconoce lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 23/1992 y 68 de su Reglamento, que establecen la necesidad de que los vigilantes
de segundad puedan ser personalmente identificados, lo que permite el control y garantía de que los
servicios de seguridad privada únicamente son prestados por las personas verdaderamente habilitadas para llevarlos a cabo, que se realiza sin margen de error a través del DNI que aporta un plus de
seguridad respecto del nombre y apellidos, y añade que el artículo 6.2 de la L.O. 1571999, de Protección de Datos, establece que el tratamiento de datos no exigirá el consentimiento del afectado
cuando los datos se recojan para el ejercicio de las funciones propias de Administraciones Públicas,
desconozca lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 23/1992 y artículo 68 de su Reglamento, sobre la
necesidad de que los vigilantes de seguridad puedan ser personalmente identificados cuando así
El artículo 12 de la Ley 23/1992, norma hoy derogada por la vigente Ley 5/2014, de 4 de abril, de
Seguridad Privada, señalaba en su apartado 1, respecto de las funciones que de acuerdo con el artículo 11 del mismo texto legal desarrollan los vigilantes de segundad, que dichas funciones única-
mente podrán ser desarrolladas por los vigilantes integrados en empresas de seguridad, "vistiendo
el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos que serán aprobados por el
Ministerio del Interior y que no podrán confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, y en su apartado 2 establecía que los vigilantes no podrán simultanear las funciones de seguridad propias de su cargo con otras misiones, dentro de la entidad o
empresa donde presten sus servicios, de forma que ninguna referencia efectuaba el artículo 12 de la
Ley 13/1992 a la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, y menos todavía
a la inclusión en la misma del número del DNI o del Número de Identificación de Extranjero de su
El artículo 68 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, establece que el personal de seguridad privada habrá de portar su tarjeta de identidad profesional y, en su
caso, la licencia de armas y la correspondiente guía de pertenencia, siempre que se encuentre en
funciones, debiendo mostrarlas a los funcionarios de los cuerpos estatales, autonómicos y locales de
seguridad, cuando fueren requeridos para ello, añadiendo el apartado 2 de este precepto que
“asimismo deberán identificarse con su tarjeta de identidad profesional cuando, por razones de servicio, así lo soliciten los ciudadanos afectados, sin que se puedan utilizar al efecto otros tarjetas o placas”.
Por tanto, el Reglamento indicado si contiene una referencia expresa a la tarjeta de identidad profesional, pero sin incluir ninguna mención a la incorporación en la misma del dato del número del DNI
o del Número de Identificación de Extranjero de su titular.
El examen del artículo 12 de la Ley 13/1992 y del artículo 68 del RD 2364/1994 no permite compartir
la alegación del Abogado del Estado, pues los expresados artículos no contienen ninguna indicación
sobre la inclusión del DNI o Número de Identificación de Extranjero en la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, que permita sostener que la sentencia impugnada haya
incurrido en la infracción de los citados preceptos, y al contrario, precisamente esa falta de toda referencia a la inclusión del dato del número de DNI en la Ley y Reglamento indicados, que en definitiva
son las normas que dan cobertura a la Orden INT/318/2011 impugnada, avalan la conclusión a la
que llegó la sentencia impugnada, contraria a la inserción de dicho dato.
Desde luego, la necesidad de identificación del personal de seguridad privada ante los cuerpos de
seguridad y ante los ciudadanos afectados que por razones del servicio así lo soliciten, a que se refiere el artículo 68 del RD 2364/1994, no exige la constancia en la tarjeta de identidad profesional del
número de DNI o del Número de Identificación de Extranjero, pues como razona la sentencia recurrida (FD 3o), la identificación de los vigilantes de seguridad resulta del conjunto de datos expresados
en la tarjeta de identidad profesional (entre ellos la fotografía, el nombre y apellidos, las habilitaciones para las que el documento autoriza a su titular y el número y fecha de cada habilitación), y puede reforzarse con facilidad con otro número o registro que no sea coincidente con el número del DNI,
por lo que es acertada la conclusión de la Sala de instancia de que no resulta indispensable para la
identificación que el número de la tarjeta coincida con el número del DNI.
Tampoco se aprecia la infracción de los artículos que se citan de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, pues la sentencia impugnada no fundamenta su fallo estimatorio del recurso en
que la inclusión del número del DNI en la tarjeta de identidad profesional sea contraria a un determinado precepto de la Ley 15/1999, sino en la consideración de que la manifestación de ese dato, que
del Estado, sino también su seguridad, cuando la sentencia impugnada ha llegado a la conclusión
razonada, que esta Sala comparte, de que la manifestación del dato del número del DNI o del
Número de Identificación de Extranjero, en la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, es innecesaria o no proporcionada a los efectos de identificación de su titular, como se
Por tanto, se desestima el segundo motivo del recurso de casación.
QUINTO.- Al declararse no haber lugar al recurso de casación, procede imponer a la parte recurrente las costas del mismo, de conformidad con la regla del artículo 139.2 LJCA, si bien, la Sala hacien-
do uso de la facultad que le confiere el apartado tercero del citado precepto, limita a 4.000 €, más el
IVA que corresponda, el importe máximo a reclamar, por todos los conceptos como costas procesales, por la parte recurrida, representada por la Procuradora Doña Mercedes Caro Bonilla, que ha formalizado el escrito de oposición al recurso de casación.
Declarar no haber lugar al presente recurso de casación número 49/2014, interpuesto por la representación procesal de la Administración General del Estado, contra la sentencia de 20 de noviembre
de 2013, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso número 208/2011, con imposición a la parte recurrente de las costas de casación, hasta el límite señalado en el último Fundamento de Derecho de esta sentencia.
Placa de los vigilantes rotulada en catalán
Esta sentencia del Tribunal Supremo, en la que se reafirma nuevamente la competencia exclusiva del Estado en materia legislativa sobre seguridad privada, ni prohíbe ni va en contra
del uso del catalán como lengua cooficial en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Como se declara en esta sentencia, el uso del catalán nunca estuvo en tela de juicio. Lo que
se dirimía no era eso, jamás lo fue.
De lo único que se trataba, lo que verdaderamente era el objeto del litigio entre la Administración General del Estado y la Autonómica, era una cuestión competencial, esto es, si la Generalidad era competente para legislar en materia de seguridad privada (como afirmaba la norma recurrida), o si esto es algo de la exclusiva competencia del Estado. La Generalidad decía
que sí, que tenía competencia por tratarse de una cuestión de normalización lingüística (de
ahí el fundamento del error competencial), y el Estado, por el contrario, decía que no, por imperativo del artículo 149.1.29ª de la Constitución, por tratarse de una materia de seguridad
privada como parte integrante de la seguridad pública, como ya tiene reiteradamente sentado
de forma pacífica, abundante jurisprudencia constitucional.
Nada de prohibir el uso del catalán en cualquier orden material, como es la seguridad privada.
de Cataluña, se comprobará fácilmente que es de eso de lo que se trataba, y no de otra cosa,
La sentencia, en consecuencia, anula la Ordre INT/15/2012, de 17 de enero, per la qual se regula el distintiu de les persones vigilants de seguretat privada, y que obligaba a que éste se
expresase exclusivamente en catalán.
RECURSO CASACION Núm.: 681/2014
La Sala Constituida por los Excmos. Sres. Magistrados y la Excma. Sra. Magistrada relacionados al margen ha visto el presente recurso de casación con el número 681/2014 que ante la
misma pende de resolución, interpuesto por la Abogada de la Generalidad de Cataluña contra la
Sentencia de fecha 27 de diciembre de 2013 dictada en el recurso 110/2012 por la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Siendo parte recurrida El Abogado del Estado en la representación que ostenta.
1°. ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la ordre INT/15/2012, de 17 de enero, "per la qual se regula el distintiu de les persones vigilants de
arts. 1, 2 y 3 contenidos en dicha disposición general.
2°. CONDENAR a la parte demandada el pago de las costas devengadas por la parte actora en
SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, el representante legal de la Generalitat de Cataluña interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de diciembre de
2013 por la que se estimó el recurso interpuesto contra la Orden INT/15/2012, de 17 de enero
nulidad de los artículo 1,2 y 3 de dicha disposición general.
El recurso se funda en un único motivo de casación, planteado al amparo del artículo 88.1.d) de
la LJ , por infracción del artículo 6.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Considera
que dicho precepto estatutario habilita a la Generalitat en virtud de su competencia lingüística
para la adopción de las disposiciones encaminadas a promover la llamada normalización lingüística entendida como las disposiciones orientadas a asegurar el respeto y fomento del uso
de la lengua propia de Cataluña corrigiendo una situación histórica de desigualdad respecto al
castellano. La finalidad de la Orden es regular el uso del catalán en los distintivos de las personas vigilantes de seguridad privada que ejercen sus funciones en Cataluña para asegurar, de
Por otra parte, entiende que la doctrina del Tribunal Constitucional invocada en la sentencia impugnada no es aplicable al presente caso en el que se produce una concurrencia de competencias sectoriales estatales y autonómicas sobre materias concretas, representadas en este caso
por una concurrencia sectorial estatal y la competencia autonómica lingüística. Así, en la STC
87/1997 propugna una articulación equilibrada de las actuaciones estatal y autonómica en materia lingüística que le permite establecer medidas de fomento o de normalización lingüística,
vigilantes de seguridad privada, estableciendo la previsión de que el distintivo figure la expresión en catalán de "vigilante de seguridad" o la de "vigilantes de explosivos" que debe ser respetado por la Administración del Estado que ostenta la competencia en materia de seguridad
Y termino suplicando a la Sala: "[...] y previos los trámites legales oportunos, case y anule la
Sentencia recurrida, con los pronunciamientos a que haya lugar, estimando íntegramente el recurso interpuesto por esta parte, y desestimando en cuanto al fondo el recurso contencioso administrativo por los mismos motivos que se formularon en su día al contestar la demanda".
TERCERO.- Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, el Abogado del Estado se opone al recurso entendiendo que el planteamiento realizado en casación
altera los términos del debate planteado en la instancia puesto que en la instancia amparó su
pretensión desestimatoria con fundamento en el artículo 6.2 del Estatuto únicamente respecto
del artículo 1 de la Orden recurrida y no respecto de los artículos 2 y 3 respecto de los que reconoció que no se amparaban en la competencia lingüística catalana utilizando otros motivos para
sustentar su pretensión (se trataba de una normativa interna y meras reproducciones de la normativa estatal).
DESESTIME, con imposición a la contraparte de las costas causadas".
CUARTO.- Evacuado dicho trámite, se dieron por conclusas las actuaciones, señalándose para
votación y fallo la audiencia el día 29 de marzo de 2016, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose
PRIMERO. En el presente recurso de casación, interpuesto por el representante legal de la Generalitat de Cataluña interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sección Quinta de
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de
diciembre de 2013 por la que se estimó el recurso interpuesto por la Administración del Estado,
Delegación del Gobierno en Cataluña, contra la Orden INT/15/2012, de 17 de enero por la que
los artículos 1,2 y 3 de dicha disposición general.
SEGUNDO. El recurso se funda en la infracción del artículo 6.2 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña de 2006, por entender que dicho precepto estatutario habilita a la Generalitat en virtud
de su competencia lingüística para la adopción de las disposiciones encaminadas a promover la
llamada normalización lingüística entendida como las disposiciones orientadas a asegurar el
respeto y fomento del uso de la lengua propia de Cataluña corrigiendo una situación histórica de
desigualdad respecto al castellano. A su juicio, la finalidad de la Orden es regular el uso del catalán en los distintivos de las personas vigilantes de seguridad privada que ejercen sus funciones en Cataluña para asegurar, de esta manera, el uso oficial y normal de esta lengua.
Tiene razón el Abogado del Estado cuando afirma que el art. 6.2 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña de 2006, invocando la competencia lingüística para dictar esta orden, tan solo fue esgrimida en la instancia para justificar su competencia para dictar el artículo 1 de dicha norma y
no para regular los artículos 2 y 3 de la misma, ya que en su propia contestación de la demanda
en la instancia negaba que se hubiese basado en su competencia en materia lingüística para
dictar estos dos preceptos, lo cual es razonable ya que basta proceder a la lectura de tales preceptos de la Orden para constatar que no guardan relación alguna, ni directa ni indirecta, con
una cuestión lingüística. De modo que la argumentación sostenida en casación, invocando su
competencia lingüística, tan solo puede entenderse referida a la previsión contenida en el artículo 1 de la Orden, careciendo de trascendencia respecto de la competencia para poder dictar
las previsiones contenidas en los artículos 2 y 3 de la Orden que también han sido anulados por
la sentencia de instancia, modificando además los términos en los que se planteó el debate en
Por ello, el presente recurso de casación queda circunscrito a determinar si la previsión contenida en el artículo primero de la Orden en cuya virtud en el distintivo de los vigilantes de seguridad que ejercen sus funciones en Cataluña "en la parte superior del anverso del distintivo tiene
que figurar la expresión en catalán "vigilant de seguretat" o la de "vigilant d’explosius, según corresponda" está o no amparada por las competencias lingüísticas que ostenta la Generalitat de
Cataluña en virtud de la previsión contenida en el art. 6 del Estatuto de Cataluña.
A tal efecto, conviene empezar por señalar que el Estado tiene competencia exclusiva para regular la prestación de servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal al formar parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el art. 149,1 29 de la Constitución . En cuya virtud dictó la Ley 23/1992, de
30 de julio, de Seguridad Privada que tenía por objeto regular la prestación por personas, físicas
o jurídicas privadas, de servicios de vigilancia y seguridad de personas o bienes, que tendrán la
consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad
pública. Y en desarrolló de dicha disposición se dictó su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre que encomienda, encomiendan al Ministerio del Interior la concreción, entre otros, de determinados aspectos relacionados con el personal de seguridad privada en materia de formación, habilitación, documentación, uniformidad, medios de defensa y
ejercicio de sus funciones. En cumplimiento de esta previsión se dictó la Orden INT/318/2011
la forma de sus distintivos que <<1. El distintivo será de forma ovalada y apaisada, de 8 cm de
parte superior del anverso, figurará la expresión de «VIGILANTE DE SEGURIDAD» o
«VIGILANTE DE EXPLOSIVOS», debiendo llevar grabado en la parte inferior el número de la
habilitación. Las letras y números serán de color rojo>>.
Frente a ello la Comunidad Autónoma Catalana aduce su competencia en materia lingüística
prevista en el art. 6.2 de su Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 6/2006, de 19 de
julio , en cuya virtud “2. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano,
que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos
lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de
puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua».
Como desarrollo de esta previsión estatutaria la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística de la Comunidad Autónoma de Cataluña dispone en su art. 9.2 que "El Gobierno de la Generalidad ha de regular, mediante disposiciones reglamentarias, el uso del catalán en las actividades administrativas de todos los órganos de su competencia» y en su artículo 30 regula el uso
del catalán en las «empresas públicas de la Generalidad y de las Corporaciones locales, así
utilizar normalmente el catalán en sus actuaciones y documentación internas y en la rotulación,
ofrecen».
pública o concesionaria de un servicio público, sino una actividad complementaria y subordinada respecto a las de seguridad pública prestada por empresas privadas. De modo que la Generalitat carecía de competencia sectorial para regular la actividad de seguridad privada y tampoco por razón de su competencia en materia lingüística podía incidir en esta materia, ajena por
completo al uso y normalización del catalán en los términos fijados por la ley catalana de normalización lingüística y mucho menos para sustituir los distintivos fijados por la normativa estatal por una regulación que pretende desplazar el uso del castellano, tal y como dispone la norma estatal al regular los distintivos de los vigilantes de seguridad privada, por su versión en catalán.
Es más, tal y como acertadamente señala el Abogado del Estado, en aquellos ámbitos en que
puede concurrir la competencia estatal se dice se utilizará "al menos el catalán" permitiendo así
que se utilice también el castellano (artículo 31,32.3 o 33) pero la Orden prescinde de la utilización del distintivo en castellano para implantar tan solo la identificación de los vigilantes privados en catalán.
15 de marzo de 2000 ((Recurso: 495/1990 ) ya recordaba, respecto a la utilización del castellano en la redacción de los asientos del Registro, la doctrina del Tribunal Constitucional contenida
posee también la titularidad para regular el uso de la lengua en éste ámbito material", todo ello
sin perjuicio de la cooficialidad de las demás lenguas españolas en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y de los efectos que aquella pueda producir",
pero en este caso no se trata de regular la cooficialidad del uso del catalán sino simplemente de
sustituir la placa identificativa de tales vigilantes, redactada en castellano, por su versión en catalán, sin que tal previsión tenga acomodo en las disposiciones legales sobre normalización lingüística antes reseñadas.
Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva
condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley
Jurisdiccional . A tenor del apartado tercero de este artículo, la imposición de las costas podrá
ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar hasta una cifra máxima de cuatro mil euros la cantidad que, por todos los conceptos, la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a la parte recurrida, más
Que, por lo expuesto, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el
representante legal de la Generalitat de Cataluña contra la sentencia de la Sección Quinta de la
Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de
diciembre de 2013, confirmando la sentencia recurrida, con imposición de las costas del presente recurso a la parte recurrente, en los términos fijados en el último fundamento de derecho de
La Comisaría Local de Algeciras y la
Cádiz, con el objetivo de expandir el modelo
de colaboración y cooperación “RED AZUL”
la Policía Nacional, como primer operador de
seguridad pública de nuestro país, en las
más de doscientas personas del sector, es
la Institución policial, en el cumplimiento de
su vigente Plan Estratégico, y han consistido en intervenciones de los máximos responsables de las diferentes especialidades
policiales de la Comisaría Local, del Jefe Po-
licial del Puerto y de miembros de la Sección
Operativa de Colaboración de la Unidad
el objetivo de reforzar la necesaria cooperación del sector privado de seguridad con la
Policía Nacional, en beneficio de la seguridad nacional.
JORNADAS ÁVILA
150 vigilantes de seguridad de la provincia de Ávila, casi la totalidad de quienes
Jornadas de Seguridad Privada que se celebraron en la Comisaría Provincial de Ávila y
que se prolongarán a lo largo de cuatro jornadas, dando continuidad a una iniciativa
que se celebró por primera vez el pasado
año en el mes de marzo y que fue valorada
El Comisario, Jefe de la Comisaría
Provincial de Ávila, José Luis Tejedor, que
inauguró las Jornadas acompañado por la
Subdelegada del Gobierno, María Ángeles
Ortega, explicó que los objetivos que se persiguen estas jornadas son principalmente
tres: «primero, potenciar la colaboración en-
tre seguridad privada y seguridad pública
mano en función de la seguridad de todos
los demás; en segundo lugar, establecer canales de comunicación para que la información fluya sin problemas en ambos sentidos,
técnicas delictivas para que esa colaboración sea más eficaz y más productiva.
En parecidos términos se expresó la
Ortega, al afirmar que estas «son unas jornadas fundamentales, ya que la colaboración público-privada es cada día más importante en todos los ámbitos, porque es lo que
en los que puede trabajarse», y aunque «la
inspección de la seguridad privada siempre
se hace desde el Cuerpo Nacional de Policía
y depende de él de alguna manera, es verdad que ya son una entidad propia y que cada día se está extendiendo a más infraestructuras, a más negocios... es una colaboración imprescindible y está resultado muy
JORNADAS A CORUÑA
da así como del futuro Reglamento sobre
cuya entrada en vigor no hay, todavía, previsiones concretas.
En relación con este último, el Inspector de la Unidad Central que dirigió la sesión,
D. Enrique Carrera Tellado, desmintió la autenticidad de algunos borradores de Reglamento que han aparecido recientemente en
ciertas páginas web relacionadas con el sector, insistiendo en que todo lo que se ha publicado al respecto son meras especulaciones que carecen de veracidad
El pasado día 10 de marzo se celebró
en la Comisaria de A Coruña una reunión
Galicia. A la misma asistieron, además de
los propios detectives, policías destinados
ofreciéndose durante el encuentro algunas
más dudas han generado en la aplicación
práctica de la misma: contratos, elaboración
Consideraciones Sobre Responsabilidad Civil Objetiva
Metodo Para La Solucion de Casos
Trabajo Conserv. Suelos y Aguas
Trabajo de Investigacion Juridica FINALIZADO I