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Timestamp: 2019-01-21 12:12:47
Document Index: 100032578

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 17', 'artículo 17', 'artículo 241', 'artículo 150', 'artículo 58', 'artículo 161', 'artículo 158', 'artículo 17', 'artículo 37', 'artículo 115', 'artículo 32', 'artículo 48', 'artículo 32', 'Artículo 10', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 115', 'artículo 17', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 58', 'artículo 17', 'artículo 17']

﻿ SENTENCIA C-262 DE MARZO 7 DE 2001
SENTENCIA C-262 DE 07 DE MARZO DE 2001
CONTENIDO:BONOS PENSIONALES. LA CORTE CONCLUYE QUE NO ES POSIBLE QUE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES, EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, PUEDA ENTREGAR TALES APORTES DIRECTAMENTE AL TRABAJADOR, PARA FINES DISTINTOS AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN QUE LE CORRESPONDA UNA VEZ LLENE LAS CONDICIONES SEÑALADAS POR LA LEY. SE RESUELVE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 17 PARCIAL DE LA LEY 549 DE 1999.
TEMAS ESPECÍFICOS:ISS, SISTEMA DE PENSIONES, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, BONO PENSIONAL, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ISS, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN
Sentencia C-262 de marzo 7 de 2001
SENTENCIA NÚMERO C-262 DE 2001
Ref.: Expediente D-3098
Actor: Liz Dahiana Arias Arias
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 17 (parcial) de la Ley 549 de 1999.
Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil uno
A continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43.836-1 del 30 de diciembre de 1999, y se resalta lo demandado.
“LEY 549 DE 1999
ART. 17.—Bonos pensionales. Los bonos pensionales que expidan las entidades territoriales y demás entidades públicas al Instituto de Seguros Sociales. se liquidarán calculando el valor presente, a la fecha de traslado, del capital necesario para financiar una pensión de vejez, con las condiciones de edad, monto porcentual y tiempo, del régimen que se le aplique, disminuido en el valor presente a la fecha de traslado, de las cotizaciones que se espera efectúe el afiliado a la administradora entre la fecha de traslado y la fecha en que adquiera el derecho, actualizadas y capitalizadas. Para todos los cálculos se utilizará un interés técnico real efectivo anual del 4%; los factores actuariales serán calculados con los mismos parámetros técnicos del régimen de ahorro individual calculados al 4% real efectivo anual. Los bonos así determinados devengarán un interés equivalente al DTF pensional calculado como IPC más 4 puntos reales anuales, entre la fecha de traslado y la fecha de pago.
En todo caso el emisor y cada contribuyente responderán cada uno por su cuota parte en el bono, para lo cual los bonos podrán emitirse a través de cupones. En el caso del régimen de ahorro individual podrá preverse el fraccionamiento del bono en la forma que determine el gobierno. El Gobierno Nacional determinará las reglas generales conforme a las cuales en casos excepcionales, la administradora podrá autorizar el pago de los bonos o cuotas partes de los mismos a plazos, mediante anualidades anticipadas, en un plazo no mayor de cinco (5) años, y previo el otorgamiento de las garantías suficientes. El representante legal de la entidad que incumpla en el pago de su obligación, incurrirá en causal de mala conducta. Para la financiación aquí prevista se utilizará la rentabilidad certificada por la Superintendencia Bancaria para el fondo de pensiones a que esté afiliado el titular del respectivo bono.
Sin perjuicio de los requisitos para acceder a la pensión en el régimen de transición, todos los tiempos laborados o cotizados en el sector público y los cotizados al ISS serán utilizados para financiar la pensión. Cuando algún tiempo no se incluya para el reconocimiento de la pensión y por ello no se incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda al expedición de bono, se entregará a quien reconozca la pensión, por parte de la entidad que recibió las cotizaciones o aquella en la cual prestó servicios sin aportes, el valor equivalente a las cotizaciones para pensión de vejez que efectuó o hubiere efectuado al régimen de invalidez, vejez y muerte del ISS actualizados con el DTF pensional. En estos casos, cuando los tiempos laborados con el sector público, sean anteriores a 1967, dicho valor se calculará con el porcentaje de cotización para pensión de vejez que regía para el año 1967, descontándose dicho monto del valor del bono a que haya lugar. En el caso de las pensiones en régimen de transición del sector público reconocidas por el ISS se descontará del valor de bono los aportes realizados al ISS, antes de la fecha de traslado, actualizados en la forma aquí prevista.
Las administradoras de fondos de pensiones y las compañías de seguros podrán tener acceso a los sistemas de negociación de las bolsas de valores para realizar operaciones sobre bonos pensionales. Para tal efecto, la Superintendencia de Valores podrá regular la negociación de dichos valores”.
La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda de inconstitucionalidad en virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Carta Política.
La demanda de la referencia plantea varios cargos, a saber: a) el incumplimiento de las normas que establecen la obligación de conformar comisiones accidentales de mediación cuando surjan discrepancias entre las cámaras legislativas respecto de un proyecto de ley; b) violación del principio de unidad de materia; c) violación de los derechos al trabajo y a la propiedad, en la medida en que la norma acusada impide que al trabajador se le entregue la suma correspondiente a los aportes que se habrán de trasladar a la entidad encargada de reconocer la pensión; d) desconocimiento del artículo 150-19 superior; y e) vulneración del artículo 58 de la Carta por la posibilidad que consagra la norma de reliquidar bonos pensionales que no estén en firme.
Dado que la acusación contempla vicios de trámite y vicios de fondo, la Corte procederá a analizar primero los cargos relativos al trámite de la disposición bajo estudio, para luego resolver los de contenido.
3. Aprobación de la disposición demandada por parte de la comisión accidental designada por las dos cámaras legislativas.
Según la actora, en el trámite de aprobación de la norma demandada, concretamente de la parte final del inciso primero, se violó el artículo 161 superior, por cuanto a pesar de existir diferencias entre los textos aprobados por ambas cámaras, no se conformó una comisión accidental de mediación que conciliara tales discrepancias.
Tal y como lo señala el señor procurador, el proyecto de la actual Ley 549 de 1999 sufrió varias modificaciones durante su trámite, incluyendo algunas en lo relativo al tema de los bonos pensionales. Entre ellas, se encuentra la parte acusada del primer inciso de la norma que se examina, relativa al interés fijado para efectos de liquidar el bono, disposición que fue aprobada por la Cámara de Representantes en forma diferente a como se aprobó por el Senado de la República; es decir, constituye una diferencia importante entre los textos aprobados por ambas corporaciones legislativas. Sin embargo, advierte la Corte que para dirimir esas diferencias o discrepancias a las que alude la demandante, se conformó una comisión accidental de mediación, cuyo informe de conciliación, que incluía un nuevo texto de lo demandado, fue aprobado por las plenarias de ambas corporaciones el 16 de diciembre de 1999, según consta en la certificación del secretario general de la Cámara de Representantes fechada a agosto 2 del año en curso, y en la Gaceta del Congreso 603 del 24 de diciembre de 1999 (pág. 19).
En consecuencia, el cargo formulado carece de sustento fáctico, ya que la actuación a la que se refiere la actora sí se realizó, con el lleno de los requisitos constitucionales y legales.
Afirma la demandante que la norma acusada viola el artículo 158 de la Carta, porque el tema de la ley es el del financiamiento del pasivo pensional de las entidades territoriales, pero la disposición acusada en nada se relaciona con él, pues en la práctica, hará más gravosa la situación de tales entes, por varias razones, que enumera así: el encarecimiento de los bonos pensionales que las entidades territoriales deben reconocer y pagar en favor del ISS; la obligación de dichos entes de contribuir al pago de las pensiones de sus ex trabajadores; y el incremento en el interés que deben generar los bonos pensionales bajo la norma acusada.
Sobre el particular, es necesario precisar que el razonamiento con el cual la ciudadana demandante sustenta este cargo no permite demostrar la violación de la unidad de materia. En efecto: esta corporación ha sostenido que se viola el principio de unidad de materia, cuando el texto de la disposición acusada no guarda conexidad alguna con el tema general de la ley de la cual forma parte. Es decir, que “solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistemática con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley” (Sent. C-25/93, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En otras palabras, el principio de unidad de materia se refiere a la necesaria relación de conexidad que debe existir entre el tema general de una ley y las disposiciones específicas que la conforman, y no a la relación entre el objetivo de la norma y su efectividad práctica.
En el encabezado de la Ley 549 de 1999 se establece que ésta tiene por objeto: a) el establecimiento de normas tendientes a financiar el pasivo pensional de las entidades territoriales, b) la creación del Fondo nacional de pensiones de tales entidades, y c) la expedición de otras disposiciones sobre el tema prestacional; en consonancia con ello, su artículo primero dispone que, con el fin de asegurar la estabilidad económica del Estado colombiano, los entes territoriales deberán cubrir el valor de sus pasivos pensionales “en la forma prevista en esta ley”. Ahora bien, la materia del artículo acusado tiene una evidente relación de conexidad con dicho tema, ya que versa sobre los bonos pensionales, consagrando el procedimiento a seguir, para efectos de su pago y reconocimiento, y los mecanismos orientados, precisamente, a facilitar la financiación y el pago de las obligaciones adquiridas por las entidades territoriales para con sus pensionados. El hecho de que, en criterio de algún ciudadano, tal mecanismo no resulte efectivo para lograr el fin de la ley, es una consideración de índole práctica, que en nada afecta la unidad de materia del ordenamiento en cuestión, precepto que, como ya se dijo, está relacionado con el contenido de la norma, y no con su aplicación. Por tales razones, el cargo será rechazado.
5. Destinación de los aportes no incluidos en los bonos pensionales.
Aunque la demandante acusa gran parte del inciso cuarto del artículo 17, por infringir el derecho al trabajo y los beneficios que de él se derivan, el concepto de violación lo dirige exclusivamente contra el aparte que establece: “Cuando algún tiempo no se incluya para el reconocimiento de la pensión y por ello no se incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda la expedición de bono, se entregará a quien reconozca la pensión, por parte de la entidad que recibió las cotizaciones o aquella en la cual prestó sus servicios sin aportes, el valor equivalente a las cotizaciones para pensión de vejez que efectuó o hubiere efectuado al régimen de invalidez, vejez y muerte del ISS, actualizados con el DTF pensional”. En consecuencia, la Corte se pronunciará únicamente sobre aquél y se inhibirá para emitir pronunciamiento de fondo sobre el resto de la disposición acusada, por carecer de concepto de violación.
El cargo central formulado en la demanda contra tal disposición se explica así: “las vinculaciones laborales y cotizaciones no utilizadas para bono, que generaban una prestación adicional, se pierden en beneficio de la entidad a la que el trabajador no aportó pero que es a la que le corresponde reconocer la pensión, y lo más gravoso es que esos aportes del trabajador se trasladan a la entidad reconocedora de la pensión sin que tal hecho incida favorablemente en el derecho pensional”. Es ésta una inconstitucionalidad por omisión, pues lo que la demandante aduce es que el legislador no dispuso expresamente que el valor de esos aportes deba ser entregado al trabajador, sino a la entidad encargada de reconocer la pensión. No comparte la Corte el criterio de la actora, por las razones que presentan a continuación.
Cuando de la disposición demandada surgen distintas interpretaciones, la Corte Constitucional, como órgano encargado de ejercer el control constitucional, debe analizarlas y definir cuáles de ellas se adecuan al ordenamiento superior y cuáles no. En estos eventos la Corte debe proceder a dictar una sentencia interpretativa, declarando cuál es el entendimiento de la norma que debe mantenerse en el ordenamiento positivo, desechando las demás. En efecto:
“La Corte ha señalado que si una disposición legal está sujeta a diversas interpretaciones por los operadores jurídicos pero todas ellas se adecuan a la Carta, debe la Corte limitarse a establecer la exequibilidad de la disposición controlada sin que pueda establecer, con fuerza de cosa juzgada constitucional, el sentido de la norma legal, ya que tal tarea corresponde a los jueces ordinarios.
Pero si la disposición legal admite varias interpretaciones de las cuales algunas violan la Carta pero otras se adecuan a ella, entonces corresponde a la Corte proferir una constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente. En este caso, la Corte analiza la disposición acusada como una proposición normativa compleja que está integrada por otras proposiciones normativas simples, de las cuales algunas, individualmente, no son admisibles, por lo cual ellas son retiradas del ordenamiento. En ese orden de ideas, la Corte debe entrar a definir, con base en argumentos constitucionales, si ambas interpretaciones son admisibles o no. El estudio y decisión de la Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la integridad de la Carta, no sólo se limita a la simple confrontación exegética de la norma legal y la Constitución, sino que su labor hermenéutica exige dilucidar los distintos sentidos posibles de los supuestos impugnados, las interpretaciones que resultan intolerables y los efectos jurídicos diversos o equívocos que contrarían la Constitución” (1) .
(1) Sentencia C-690 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
En el presente caso, la disposición impugnada podría tener dos interpretaciones, una violatoria de la Constitución y otra acorde con ella. Si se interpreta que el tiempo que no se incluye para el reconocimiento de la pensión, ya sea por error u otra circunstancia no imputable al trabajador, no se tiene en cuenta para liquidar la pensión del aportante, ello implicaría una lesión de los derechos del trabajador que cumplidamente efectuó las cotizaciones establecidas en la ley para acceder a una pensión, lo cual violaría los artículos 25, 53 y 58 del estatuto superior, evento en el cual el perjudicado tendría que iniciar las acciones legales establecidas para hacer valer sus derechos.
Sin embargo, considera la Corte que éste no es el correcto entendimiento de la norma acusada, pues los aportes que allí se regulan son los que el trabajador realiza después de haber cumplido los requisitos de edad, tiempo de servicio y semanas cotizadas para acceder a una determinada pensión y, por tanto, le ha sido reconocida, de ahí que en tal precepto se haga referencia al tiempo no incluido para el reconocimiento de la pensión. Es decir, aquellos aportes o. cotizaciones realizados por los servidores públicos por fuera del límite de tiempo establecido en las normas legales para tener derecho a una pensión. Esta la razón para que se consagre que esas cotizaciones, que se podrían denominar extras, se remitan a la entidad que reconoció la pensión por parte de la entidad que las recibió o aquella en la cual el trabajador prestó sus servicios sin hacer aportes.
Ilustremos el caso con un ejemplo: una persona labora en el sector público 15 años y en el sector privado 8 años, para un total de 23 años, períodos que son acumulables para efectos de pensión. Según el régimen general de pensiones esa persona se pensionaría a los veinte años de servicio y cincuenta y cinco años de edad si es mujer o 60 si es hombre, y efectivamente así sucede. Sin embargo, no se incluyó, es decir, no se tuvieron en cuenta para efectos del reconocimiento de su pensión los aportes que efectuó durante los 3 años que laboró demás, pues como era obvio no se requería. Esos aportes deben remitirse a la entidad encargada de reconocer las pensiones, ya sea el ISS, o las cajas o fondos públicos existentes antes de regir la Ley 100 de 1993, pues están destinados a financiar las pensiones de todos los afiliados al régimen de seguridad social correspondiente.
Bajo esta interpretación se procederá a resolver la demanda.
En primer término, considera la Corte que la demandante parte de un supuesto erróneo, dado que la norma acusada se refiere a los bonos pensionales que expidan las entidades territoriales y demás entidades públicas al Instituto de Seguros Sociales, lo que quiere decir, que corresponden a aportes efectuados por servidores estatales y no privados.
En segundo lugar, cabe aclarar que la “indemnización sustitutiva”, contrario a lo que afirma la actora, no constituye una devolución de los aportes al trabajador ni en el sector privado ni en el público, pues dicha figura tanto para los empleados públicos que se rigen por la Ley 100 de 1993 y los privados afiliados al ISS (acuerdo del ISS 49/90) tiene una finalidad distinta y a ella sólo acceden las personas que cumplan los supuestos allí consagrados.
“ART. 14.—Acuerdo ISS 49/90. Las personas que habiendo cumplido las edades mínimas exigidas para adquirir el derecho a la pensión de vejez, se retiraren definitivamente de las actividades sujetas al Seguro Social y no hubieren acreditado el número de semanas de cotización requeridas para que tal derecho se cause, percibirán en sustitución, por cada veinticinco (25) semanas de cotización acreditadas, una indemnización equivalente a una mensualidad de la pensión por invalidez permanente o total que les hubiere correspondido en el supuesto de haberse invalidado al cumplimiento de la respectiva edad.
Para conceder esta indemnización se requiere, que no hayan transcurrido más de 10 años entre el período a que corresponde la última cotización acreditada y la fecha de cumplimiento de las edades para adquirir el derecho a la pensión de vejez, y que el asegurado tenga acreditadas no menos de 100 semanas de cotización.
PAR.—Las personas que en cualquier tiempo reciban la indemnización de que trata este artículo, no podrán ser inscritas nuevamente en el seguro de vejez, invalidez y muerte. Las semanas tenidas en cuenta para efectos de la indemnización, no se computarán para la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988”.
De otra parte, la Ley 100 de 1993 en el artículo 37, consagra tal indemnización así:
“Las personas que habiendo cumplido edad para la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir en sustitución, una indemnización equivalente a una salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.
En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que cuando los afiliados al sistema de seguridad social se trasladan del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, hay lugar al reconocimiento de bonos pensionales en los términos previstos en los artículos 113 y ss. de la Ley 100 de 1993.
Tienen derecho a bono, según el artículo 115 del mismo ordenamiento, quienes antes de afiliarse al régimen de ahorro individual cumplan alguno de estos requisitos:
a) Que hubiesen efectuado cotizaciones al ISS, cajas o fondos de previsión del sector público;
c) Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, y
d) Que hubiesen estado afiliados a cajas pensionales del sector privado que tienen a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones.
No tienen derecho a bono pensional, los afiliados señalados en el literal a), que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de 150 semanas.
Ahora bien: que los aportes que no se incluyan en el bono pensional o aquellos en los que no procede la expedición del bono, deban entregarse a quien reconozca la pensión y no al trabajador que los hubiera hecho, no infringe el ordenamiento superior, pues los aportes para pensión, efectuados por los servidores públicos pertenecientes al régimen de prima media con prestación definida, administrado por el ISS y las cajas o fondos del sector público existentes antes de expedirse la Ley 100 de 1993, son recursos de carácter público que ingresan a un fondo común de naturaleza pública (2) , según lo dispuesto en el artículo 32-b) de la Ley 100 de 1993, y están destinados al pago de las prestaciones pensionales. En consecuencia, dichos recursos no se podrán destinar ni utilizar para fines diferentes a la seguridad social, como expresamente se establece en el penúltimo inciso del artículo 48 de la Constitución, al estatuir que “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella”.
(2) Esta expresión fue declarada exequible en forma condicionada por la Corte Constitucional, en Sentencia C-378 de 1998, “en el entendido que la naturaleza pública que se reconoce al fondo común que se constituye con los aportes de los afiliados en el régimen de prima media con prestación definida, dado su carácter parafiscal, en ningún caso, debe ser entendida que los dineros que de él hacen parte pertenecen a la Nación”.
Esta la razón para que la Corte haya afirmado, al declarar la constitucionalidad del aparte citado del artículo 32-b), que la naturaleza misma de los aportes que conforman el fondo común “en ningún momento puede implicar que la Nación pueda apropiarse de estos recursos ni mucho menos, que puedan recibir el tratamiento que se da a los ingresos ordinarios del Estado. La Corte entiende que la definición que el inciso acusado hace del fondo común en el régimen de prima media con prestación definida como de naturaleza pública, es para denotar su contraposición con el régimen de ahorro individual, donde cada afiliado posee su cuenta de ahorro individual y como tal, su aporte no es utilizado para garantizar las pensiones de otros afiliados” (3) .
Por otra parte, es necesario aclarar que no se puede confundir el derecho adquirido a la pensión con las denominadas meras expectativas. En efecto: se tiene un derecho adquirido a la pensión cuando el trabajador ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley, según el régimen al que pertenezca, para acceder a ella, esto es, edad, tiempo de servicios y cotizaciones. Cuando el trabajador no ha cumplido aún tales requisitos, no se puede hablar de derecho adquirido sino de una mera expectativa, que se convierte en derecho cuando aquél cumpla la condición faltante.
Los aportes que un trabajador público realiza para pensión, en el régimen de prima media con prestación definida, ingresan al sistema general de pensiones, cuyo objetivo es “garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de pensiones y prestaciones que se fijan en la ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones” (4) ; y, por consiguiente, no es posible devolverlos a los aportantes, como lo pretende la demandante.
(4) Artículo 10 Ley 100 de 1993.
Así las cosas, dichos aportes tienen una finalidad específica, cual es pagar la pensión de los mismos aportantes y de las demás personas establecidas en la ley, pues la seguridad social según lo establece el artículo 48 de la Constitución, se rige por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, lo que obliga al Estado a ampliar la cobertura de los beneficios a toda la población, mediante el subsidio a las personas que, por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a ellos.
En otras palabras, al disponer la disposición acusada, que dichos recursos sean entregados a la entidad que reconoce la pensión, lo que la norma acusada hace es garantizar, tanto el derecho individual de cada trabajador de las entidades territoriales o públicas a que se tengan en cuenta todos los tiempos trabajados y los aportes realizados para efectos de reconocer la pensión, como la viabilidad financiera del sistema de pensiones como un todo, ya que es gracias al traslado de esos recursos a la entidad administradora que se podrán reconocer y pagar las pensiones ya exigibles de quienes cumplan los requisitos legales, y con ello se respeta el inciso 5º del artículo 48 superior. En conclusión, no es posible que la entidad administradora de pensiones, en el régimen de prima media con prestación definida, pueda entregar tales aportes directamente al trabajador, para fines distintos al reconocimiento y pago de la pensión que le corresponda una vez llene las condiciones señaladas por la ley.
Debe señalarse, además, que de conformidad con el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, los bonos pensionales son “aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de pensiones”.
Por lo anterior, la Corte declarará exequible la primera parte del inciso cuarto del artículo 17 de la Ley 549 de 1999, materia de acusación, únicamente por el cargo aquí analizado.
6. La aludida violación del artículo 150-19 de la Carta.
La demandante afirma que el artículo 150-19 superior resulta violado por cuanto “la norma parcialmente acusada está modificando el régimen prestacional de los empleados públicos y de los trabajadores oficiales, en consideración a que les está impidiendo el acceso a un derecho prestacional, como es el de la doble pensión o el de la devolución de saldos o indemnización sustitutiva de pensión”. A pesar de lo confuso de la redacción de este cargo, se infiere que con él, la actora pretende que se declare la inexequibilidad del artículo, en la medida en que éste regula materias reservadas por la Carta para cierto tipo de leyes, criterio que no comparte la Corte por los motivos que se señalan a continuación:
El artículo 150-19 de la Constitución establece que corresponde al Congreso “dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos: (...) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública, y f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas”.
Basta señalar que en la disposición acusada, ni se están dictando normas generales relativas al régimen salarial o prestacional de los servidores públicos, ni se están creando o modificando prestaciones sociales específicas; lo que allí se regula es un determinado procedimiento, relativo a la expedición y el manejo de los bonos pensionales expedidos por las entidades territoriales, en consonancia con lo dispuesto por el régimen general de seguridad social, lo cual puede válidamente efectuarse a través de una ley ordinaria como la que se estudia; luego no existe razón alguna que sustente el cargo formulado por la demandante.
7. La reliquidación de los bonos pensionales.
Por último, afirma la actora que es inconstitucional el último aparte demandado, que establece la posibilidad de reliquidar los bonos ya expedidos que no se encuentren en firme, sea por motivo del cambio en la fórmula de cálculo, o por un error en su expedición, con el único requisito de comunicar tal actuación al beneficiario, puesto que, en su criterio, con ello se desconoce la garantía superior de los derechos adquiridos.
Para efectos de dilucidar este punto, es pertinente aclarar qué se entiende por “expedición” de un bono y por “emisión” del mismo. En el artículo 5º del Decreto 1748 de 1995, adicionado por e! artículo 2º del Decreto 1513 de 1998, que regula la emisión de bonos pensionales, se define la expedición así: “se entiende por tal el momento de suscripción del título físico o el ingreso de la información al depósito central de valores”; al mismo tiempo, se define la emisión en los siguientes términos: “se entiende por tal el momento en que se confirma o certifica la información contenida en la liquidación provisional, en el caso de emisores privados, o el momento en que queda en firme el acto administrativo que reconoce el derecho al bono pensional, en el caso de emisores públicos” (negrillas de la Corte). En la norma acusada se hace referencia a la expedición, mas no a la emisión de bonos; es decir, se alude al momento en el que, si bien el título ha sido creado materialmente, el acto administrativo que reconoce el derecho al bono pensional aún no ha quedado en firme.
Es sólo a partir del momento en que tal acto administrativo adquiere firmeza, que se puede hablar de un derecho subjetivo radicado en cabeza del beneficiario del bono; por ello, de presentarse una modificación en este título una vez el citado acto administrativo de reconocimiento quede en firme, sería necesario contar con la aprobación específica del titular del mismo, puesto que ello equivaldría a una revocatoria directa, en los términos del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, no es esa la situación que contempla la norma demandada, que se refiere a bonos que aún no han generado derechos legales en cabeza de los beneficiarios, y admiten modificaciones, por no estar en firme el acto que los reconoce. La norma, así, consagra una simple facultad administrativa, orientada a corregir los errores en que haya podido incurrir la entidad que expida el bono, o a actualizar la fórmula de cálculo del mismo, sin que ello en sí mismo implique desconocer un derecho del afiliado, quien podrá ejercer su derecho de defensa en el momento de emisión del título. En consecuencia, el cargo será rechazado.
Hacer las siguientes declaraciones en relación con el artículo 17 de la Ley 549 de 1999:
1. Declarar EXEQUIBLE el aparte acusado del inciso primero, únicamente en cuanto al vicio de trámite analizado, esto es, que dicha disposición sí fue objeto de consideración por parte de una comisión accidental.
2. Declarar EXEQUIBLE la primera parte demandada del inciso cuarto, que prescribe: “Cuando algún tiempo no se incluya para el reconocimiento de la pensión y por ello no se incluya en el cálculo del bono pensional o no proceda la expedición de bono, se entregará a quien reconozca la pensión, por parte de la entidad que recibió las cotizaciones o aquella en la cual prestó servicios sin aportes, el valor equivalente a las cotizaciones para pensión de vejez que efectuó o hubiere efectuado al régimen de invalidez, vejez y muerte del ISS, actualizados con el DTF pensional”, únicamente por los cargos analizados en esta sentencia y de acuerdo con la interpretación hecha por la Corte en la parte motiva.
3. Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo sobre la segunda parte acusada del inciso cuarto, por carecer de concepto de violación.
4. Declarar EXEQUIBLE el inciso quinto, pero únicamente en cuanto se relaciona con la violación del artículo 58 de la Constitución.
Con el respeto que me merece la decisión tomada por la mayoría de los integrantes de la Sala, debo manifestar que si bien comparto la determinación de declarar la exequibilidad de la primera parte demandada del inciso cuarto del artículo 17 de la Ley 549 de 1999, no la acojo en cuanto condicionó su interpretación, la que creo fue innecesaria.
Con el fin de garantizar la aplicabilidad de la Constitución, las normas deben ser interpretadas según el sentido propio de las palabras en relación con su contexto y atendiendo igualmente a su finalidad y función, por ello considero que en este caso no era necesario condicionar la interpretación de la norma en estudio, pues en mi criterio, tal disposición no está sujeta a las dos interpretaciones efectuadas en la sentencia, y los argumentos expuestos para solucionar el caso bajo la que se adujo como constitucional, sin más, eran suficientes para desechar la violación alegada.
El inciso 4º del artículo 17 que nos ocupa, tiene como finalidad determinar cómo deben ser utilizados los tiempos laborados o cotizados en el sector público y el ISS, para efectos de financiar las pensiones de los servidores de las entidades territoriales. Este es un asunto de connotaciones diferentes al relacionado con el de la liquidación de la pensión de cada aportante, y por lo tanto, al estar por fuera del contenido de la norma, no podía ser tomado como base para extraer de él una interpretación violatoria de la Constitución.
El mismo inciso acusado se refiere además, al destino de los tiempos de cotización que no se incluyen para el reconocimiento de la pensión y por ello no se incluyen en el cálculo del bono pensional y de aquellos relativos a cuando no procede la expedición del bono pensional, temas que con absoluta independencia al de la liquidación de la pensión del aportante, se analizaron en la sentencia para concluir finalmente en su concordancia con las normas constitucionales.
De suerte, las consideraciones expuestas en la sentencia y relativas a la interpretación de la norma acorde con la Constitución, eran más que suficientes para declarar la exequibilidad de la norma acusada.