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Timestamp: 2020-03-30 09:30:28
Document Index: 8166089

Matched Legal Cases: ['artículo 390', 'artículo 325', 'artículo 108', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 10']

Ley Rosa Elvira Cely: ¿estrategia integral frente a la violencia contra las mujeres? - Razón Pública
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Ley Rosa Elvira Cely: ¿estrategia integral frente a la violencia contra las mujeres?
Escrito por ​Andrea Naranjo junio 8, 2015
Con este nueva Ley para frenar los crímenes de género, Colombia se suma a la tendencia mundial de castigar más duramente los feminicidios. Y sin embargo lo más valioso de la ley no son los castigos sino los mandatos educativos e institucionales.
Andrea del Pilar Naranjo*
En memoria de Rosa Elvira
Al conmemorarse los tres años del asesinato de Rosa Elvira Cely se recordó también la responsabilidad del Estado en construir un entorno que proteja la vida e integridad de las mujeres, así como el deber de garantizar sus derechos a decidir y a participar de la vida pública, en contravía de un contexto hostil en términos históricos y culturales.
El aniversario coincidió con la aprobación en un último debate de una ley bautizada como “Ley Rosa Elvira Cely”, que tiene tres ejes centrales: sanción, educación e institucionalización. La nueva ley pretende enfrentar el problema creciente de la brutalidad contra el cuerpo femenino y su expresión más absurda: la muerte por su condición de mujer.
El feminicidio puede entenderse como el “conjunto de violaciones de los derechos humanos de las mujeres, incluidos los crímenes y las desapariciones”. Para que este delito quede incluido en el Código Penal colombiano solo faltan los trámites de conciliación entre SenadaSenado y Cámara y de sanción por parte del presidente.
El proyecto de ley se derivó de varios instrumentos internacionales dentro del llamado “bloque de constitucionalidad” es decir, de tratados que forman parte de la Constitución y sirven como base para interpretar las normas nacionales. Entre estos tratados se destacan:
El proyecto debe destacarse no por el aumento del castigo, algo que no soluciona los imaginarios de misoginia, sino por su alcance educativo e institucional
La Declaración Americana de Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica), que compromete a los Estados a adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar su efectividad.
La “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina­ción contra la mujer” (1979) y su protocolo facultativo (1999), que otorgan competencia de recepción de denuncias individuales al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y establece los mecanismos de investigación y seguimiento.
La “Declaración de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz” (1985), que reconoce múltiples manifestaciones de los crímenes de género.
La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, que enriquecen y amplían el concepto de violencia hasta la coerción psicológica, emocional o patrimonial ejercida en el ámbito público o privado. Igualmente conmina a los Estados a adoptar enfoques “interdisciplinarios y trasversales” para atender a las víctimas, entre los cuales figuran las medidas administrativas y las legislativas de carácter civil, laboral o penal.
La “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” (Convención de Belem do Pará 1994), que exhorta a adoptar las normas penales, civiles y administrativas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.
Marcha en contra del asesinato de Rosa Elvira Cely y el feminicidio en el Parque
Nacional de Bogotá.
América Latina: ni una menos
La respuesta latinoamericana a la violencia contra la mujer empezó desde la década de 1990, y se consolidó a comienzos del presente siglo con algunas reformas legales importantes:
Brasil. Reforma del Código Penal que erige el feminicidio en un delito autónomo motivado por la violencia doméstica, la violencia familiar, el menosprecio o la discriminación.
Argentina. Ley 26.791, que incluye el feminicidio como causal del delito de homicidio agravado al ser perpetrado por un hombre cuando media la violencia de género (esta norma aún no está reglamentada).
Ecuador. Reforma del Código Orgánico Integral Penal, donde se castiga cualquier tipo de violencia que ocasione muerte a una mujer y se sanciona con pena privativa de libertad de entre 22 y 26 años.
Chile. Reforma del Código Penal (artículo 390), cuando el feminicidio se adicionó al delito de homicidio agravado, el cual se castiga, incluso, con el presidio perpetuo.
México. Reforma del Código Penal Federal (artículo 325), que insertó como pena accesoria la prohibición de derechos sucesorios y asignó responsabilidad al funcionario público que retarde o entorpezca la administración de justicia.
Perú. Reforma del Código Penal (artículo 108-B), que extiende la posibilidad de aplicar pena de cadena perpetua cuando concurren circunstancias de agravación
La reforma colombiana
La iniciativa radicada en 2013 encontró un impulso especial en el repudio que ocasionó el feminicidio de Rosa Elvira Cely. En la investigación de este crimen ya se tiene una condena de 48 años, una sanción de la Superintendencia de Salud al Hospital Santa Clara por fallas en la atención, una demanda en trámite contra el Estado y una posible denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Ley Rosa Elvira Cely complementa la Ley 1257 de 2008, que estableció el marco para la definición y atención institucional de las víctimas de violencia de género. Sus aportes pueden dividirse en tres reformas: una normativa, una educativa y una institucional.
1. La reforma normativa introduce el concepto de violencia feminicida como forma extrema de violencia de género en el Código Penal, y adiciona el tipo penal de feminicidio como un delito autónomo e independiente del homicidio agravado (artículos 104A y 104B).
Su descripción trasciende el mero crimen pasional, eleva el tope de la pena hasta 41 años, amplía las circunstancias de comisión y cobija no solo la muerte de una mujer por su condición, sino por causa de su género o de discriminación (artículo 3), cuando concurran circunstancias de parentesco, relación de convivencia o amistad, aprovechamiento de relaciones de poder, finalidad terrorista o ser precedida de agresión sexual o de algún antecedente de violencia.
Además de las circunstancias de agravación compartidas con el homicidio, el feminicidio incluye otras características específicas, como la relación de subordinación, la victimización de menores de dieciocho años o mayores de sesenta años o embarazadas, así como graves vulneraciones a la dignidad. Para estos casos se permite la imposición de penas entre 41 y 50 años.
2. En segundo lugar, bajo el principio de diligencia debida, se reconoce la obligación del Estado en la investigación inmediata y exhaustiva con personal especializado, dotado de suficientes medios logísticos y metodológicos. Para esto se establece un plazo de un año y se asigna a la Defensoría del Pueblo la representación, orientación y asesoría de las víctimas.
También se crea el Sistema Nacional de Estadísticas sobre violencia de género, coordinado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio de Justicia y Derecho (artículo 11). Además se abre la Unidad Especial de Fiscalías dentro de la Fiscalía General de la Nación y se someten los juicios a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
Si se trabaja lo suficiente en la prevención y la responsabilidad social compartida, llegará el momento en que el derecho penal no seá necesario.
3. En tercer lugar se consagra la perspectiva de género como parte de la educación preescolar, básica y media, con proyectos pedagógicos transversales “basados en la interdisciplinariedad, la intersectorialidad y la interinstitucionalidad” (artículo 10), que serán coordinados por el Ministerio de Educación y servirán para prevenir las violencias. Así mismo, se conmina a la formación de servidores públicos en temas de género.
Marcha en contra de la violencia de género en Montevideo, Uruguay.
Foto: Agustín Sorgin
Las 126 mujeres víctimas de homicidio durante los dos primeros meses de este año (según Medicina Legal), así como los múltiples ataques con ácido que se han registrado en los últimos años, son muestras del peligro que significa ser mujer en un medio social donde el cuerpo femenino se considera como un botín de guerra o un trofeo de caza.
El reconocimiento del feminicidio como un delito autónomo en Colombia obedece a una ola de reformas en América Latina que, por vía de aumentos en la punibilidad, busca paliar un fenómeno ha venido aumentando en los últimos años. Pero la dificultad radica en las herramientas para hacer que las penas se cumplan y en la posibilidad de su utilización en un entorno de impunidad generalizada.
El proyecto debe destacarse no por el aumento del castigo, algo que no soluciona los imaginarios de misoginia, sino por su alcance educativo e institucional que pretende abordar el tema del género como eje prioritario en la formación de los niños, niñas, adolescentes y funcionarios hacia la comprensión de que el respeto hacia las mujeres y el reconocimiento de su labor como ciudadanas y constructoras de sociedad deriva de la prevención y de la responsabilidad social compartida, momento en el que aún el derecho penal no es necesario.
* Abogada de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, magíster y candidata al doctorado en Relaciones Internacionales Iberoamericanas de Universidad Rey Juan Carlos. andreanar1900@hotmail.com.Publicaciones:
http://urjc.academia.edu/AndreaNaranjoMorales.
Andrea del Pilar Naranjo MoralesFeminicidioMujeresRosa Elvira Cely
​Andrea Naranjo
*Investigadora independiente y abogada de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, magíster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. andreanar1900@hotmail.com
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