Source: http://www.normamorandini.com.ar/?p=5569
Timestamp: 2019-07-23 22:22:29
Document Index: 404776126

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 19', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'artículo 41', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 6']

Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Evaluación de Impacto Ambiental” | NORMA MORANDINI
Comisiones | Ambiente y desarrollo sustentable
Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Evaluación de Impacto Ambiental”
La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental respecto del procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a la ejecución de toda obra o actividad pública o privada que, en el territorio de la Nación y en forma significativa, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida de la población.
Artículo 2.- Declaración Jurada.
Toda persona pública o privada, física o jurídica, que requiera de autoridad competente autorización para realizar una obra o actividad que se encuentren comprendidas en los términos de la presente ley deberá presentar una declaración jurada previa en la que manifieste si la obra o actividad a emprender es riesgosa, susceptible de modificar el ambiente o afectar la calidad de vida de las personas, en forma significativa.
Artículo 3.- Obras o Actividades Riesgosas.
A los efectos de la presente ley se consideran obras o actividades riesgosas, susceptibles de modificar el ambiente o afectar la calidad de vida de las personas aquellas que, en forma significativa:
Contaminen, agoten o alteren los recursos naturales.
Alteren en forma sustancial la composición o equilibrio de los sistemas ecológicos.
Alteren el paisaje preexistente.
Alteren las márgenes, cauces, caudales, régimen y comportamiento de las aguas.
Emitan directa o indirectamente, ruido, calor, luz o radiaciones en niveles tales que generen molestia, nocividad o peligrosidad.
Degraden o alteren el suelo y el subsuelo.
Pudieren afectar o modificar el clima y la atmósfera.
Limiten el acceso de la población a los recursos naturales.
Alteren las áreas protegidas naturales, culturales, arqueológicas o paleontológicas.
Incidan negativamente en la preservación de la diversidad biológica.
Impidan la implementación del desarrollo sustentable.
Artículo 4: Categorías de Obras o Actividades.
La reglamentación de la presente ley determinará categorías de obras o actividades según su riesgo presunto, considerando localización, dimensiones, proceso constructivo y productivo, funcionamiento, materias primas o insumos que utilicen, residuos y efluentes que generen, consumo energético, efectos sobre los recursos naturales y demás características que se consideren pertinentes.
Sin perjuicio de la categorización prevista, se consideran incluidas en la categoría de mayor riesgo presunto el desarrollo de las obras y actividades que se enumeran en el Anexo I de la presente ley.
La autoridad competente de cada jurisdicción podrá determinar la inclusión de otros proyectos de obras o actividades que, obligatoriamente, estén sometidos al procedimiento de la ley y no hayan sido considerados en su reglamentación.
Artículo 5: Obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental.
Toda obra o actividad, pública o privada, a emprender en el territorio de la República Argentina, que por declaración jurada de su titular en los términos del artículo 2º o por ser de las enumeradas en el artículo 3º, se considere susceptible de degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de las personas requerirá para su autorización, permiso, habilitación o radicación de la aprobación por la autoridad competente de una Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin perjuicio de lo que resulte de la declaración jurada prevista en la presente ley, la autoridad competente puede exigir, de oficio o a pedido de terceros interesados, por resolución debidamente fundada, la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental de la obra o actividad, aún cuando las mismas no estuvieren incluidas en las previsiones del artículo 3º.
Artículo 6: Contenidos de la evaluación de impacto ambiental.
Las Evaluaciones de Impacto Ambiental contendrán, como mínimo y sin perjuicio de los requisitos que se fijen en la reglamentación, de acuerdo al tipo de obra o actividad que se trate, los siguientes datos:
Identificación precisa del titular responsable de la obra o actividad;
Descripción general y tecnológica del proyecto o actividad;
Descripción del medio ambiente en que se desarrollará;
Descripción de la línea de base;
Descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias que dan origen a la necesidad de efectuar una evaluación de impacto ambiental;
Descripción y cantidad de materias primas a utilizar durante su construcción y operación, y su origen;
Descripción y cantidad de residuos a verter durante su construcción y operación, su tratamiento y destino;
Descripción del consumo energético previsto durante la construcción y operación, y fuente de energía a utilizar;
Evaluación de los efectos previsibles, presentes y futuros, directos e indirectos, sobre la población humana, la flora y la fauna;
Evaluación de dichos efectos sobre el suelo, el aire, el agua y los factores climáticos;
Evaluación de los mismos efectos sobre los bienes materiales e inmateriales significativos, incluyendo el paisaje del lugar, el patrimonio histórico, artístico, cultural o arqueológico, que pudieran afectarse;
Descripción y evaluación de los distintos proyectos alternativos que se hayan considerado y sus efectos sobre el ambiente y los recursos naturales, incluyendo el análisis de las relaciones entre los costos económicos y sociales de cada alternativa y estos efectos ambientales;
Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada, con la debida ponderación de sus efectos ambientales positivos y negativos, así como las medidas previstas para reducir estas últimos al mínimo posible;
Establecimiento de medidas correctoras;
Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes y la programación de vigilancia ambiental o monitoreo de las variables a controlar durante y después de su operación o emplazamiento final;
Evaluación respecto de la posibilidad de que el ambiente de cualquier otro Estado o de zonas que estén fuera de la jurisdicción nacional resulten afectados por las obras o actividad propuesta o por sus alternativas.
Artículo 7.- Evaluación Ambiental Estratégica.
Al momento de analizar la Evaluación de Impacto Ambiental de una obra o actividad, la autoridad ambiental competente de cada jurisdicción, estimando el ordenamiento ambiental de su territorio, deberá considerar la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica integral, que analice la sumatoria, superposición o concomitancia de proyectos en una misma región y que afecten a uno o varios ecosistemas similares, en forma significativa.
Artículo 8.- Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.
Cuando una obra o actividad pueda generar impactos fuera de la jurisdicción donde se radicará, conforme surja de la Evaluación de Impacto Ambiental, la autoridad competente deberá dar formal intervención en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a la jurisdicción potencialmente afectada con el objeto de efectuar una Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del proyecto, previa a la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental.
En aquellos casos en que los proyectos se localicen en áreas o regiones interjurisdiccionales, la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental requerirá de la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental de cada jurisdicción.
Artículo 9.- Efectos en terceros países.
Cuando los impactos previsibles de una obra o actividad pudieran afectar a terceros países, la Evaluación de Impacto Ambiental se pondrá en conocimiento de los mismos por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, o aquel que lo reemplace en el futuro.
Artículo 10.- Registro de Consultores.
La Evaluación de Impacto Ambiental será realizada por personas físicas o jurídicas debidamente habilitadas a tal efecto por la autoridad competente de cada jurisdicción y a costa del titular de la obra o actividad.
La autoridad competente pondrá en funcionamiento un Registro de Consultores en Evaluaciones de Impacto Ambiental, en el que se inscribirán las personas físicas o jurídicas que ofrezcan sus servicios profesionales en cualesquiera de las disciplinas atinentes para la realización de dichas evaluaciones, y determinará los requisitos de idoneidad científica, técnica y económica, y los procedimientos que se deberán satisfacer para su inscripción.
Artículo 11.- Sistema de información sobre Consultores.
La autoridad ambiental nacional tendrá a su cargo la administración de un Sistema de Información de Consultores en Evaluaciones de Impacto Ambiental, integradopor los datos registrales propios y los que aporten las autoridades competentes de cada jurisdicción, y que será de libre acceso para la población.
Artículo 12.- Responsabilidad solidaria.
Los consultores o prestadores habilitados e inscriptos serán solidariamente responsables, en el marco de sus incumbencias, con el titular de la obra o actividad por la veracidad de los datos de base que aporten en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, y en función de los cuales se predijeron los impactos y se propusieron las medidas de mitigación.
Artículo 13.- Suspensión o inhabilitación de consultores.
La suspensión o inhabilitación de consultores en cualquiera de los Registros de Consultores en Evaluaciones de Impacto Ambiental deberá ser notificada en forma inmediata al Sistema de Información de Consultores en Evaluaciones de Impacto Ambiental para su difusión en todas las jurisdicciones.
Artículo 14.- Audiencia y Consulta públicas.
Para las obras o actividades comprendidas en la categoría de mayor riesgo ambiental presunto conforme al Anexo I de la presente ley, la autoridad competente deberá convocar, con suficiente antelación para garantizar a la población el acceso a la información, una audiencia pública en la que se expongan los aspectos sobresalientes del proyecto y se debatan, con los responsables de la obra o actividad, sus alcances, sus relaciones con el entorno, los efectos ambientales y las medidas de mitigación previstas. Las conclusiones de dicha audiencia deberán ser consideradas, por parte de la autoridad competente, en la resolución final.
Para las demás categorías, la autoridad competente de cada jurisdicción podrá convocar de oficio o a pedido de terceros interesados, mediante resolución fundada, una consulta pública, sectorial o general, para la presentación y debate del proyecto y de las acciones necesarias para prevenir o mitigar los efectos ambientales, en la que participarán los responsables de la obra o actividad.
Artículo 15: Resolución. Plazos.
Concluido el proceso de audiencias o consultas públicas establecidas en el artículo precedente, la autoridad competente dictará la resolución correspondiente en un plazo no mayor de sesenta días (60), a través de la cual podrá:
Aprobar la evaluación de impacto ambiental del proyecto, autorizando su ejecución. Verificados impactos ambientales negativos no previstos, la autoridad competente podrá exigir la ejecución de acciones complementarias o correctivas, o revocar, sin derecho a indemnización, la aprobación dictada.
Denegar, fundadamente, la aprobación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
Otorgar una factibilidad o aprobación provisoria para la realización del proyecto, que podrá incluir observaciones o condiciones para la modificación o ampliación del proyecto o de la Evaluación de Impacto Ambiental.
La autoridad competente podrá extender, por única vez, en sesenta (60) días, el plazo para dictar su resolución y requerir al titular del proyecto información complementaria a la Evaluación del Impacto Ambiental, cuando la complejidad de las evaluaciones o el impacto ambiental a analizar así lo justifiquen.
Falta de aprobación. A las obras o actividades que se inicien antes o durante el trámite administrativo de análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental, suspensión o revocación de las autorizaciones.
Impactos no declarados. A las obras o actividades que provoquen impactos significativos al ambiente no declarados de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, multa entre CIEN (100) y MIL (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
Falta de declaración jurada. A las obras o actividades que se inicien sin prestar la declaración jurada establecida en el artículo 2º, multa entre TRESCIENTOS (300) y CINCO MIL (5.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
Incumplimiento de los términos de la autorización provisoria. A las obras o actividades respecto de cuya Evaluación de Impacto Ambiental la autoridad de aplicación hubiere dictado factibilidad en los términos del artículo 15, inc. c), que continuasen en ejecución o funcionamiento luego de vencido el plazo para cumplir con las medidas complementarias, alternativas o modificatorias propuestas por la autoridad competente, sin que estas hayan sido observadas, suspensión o revocación de las autorizaciones.
Inobservancia de la denegación. A las obras o actividades en ejecución o funcionamiento respecto de cuya Evaluación de Impacto Ambiental la autoridad competente hubiere dictado resolución denegatoria total en los términos del artículo 19, inc. b), multa entre MIL (1.000) y DIEZ MIL (10.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
Falsificación y ocultamiento de datos. A las obras o actividades en relación a las cuales se hayan falseado u ocultado datos de base relevantes en la declaración jurada prevista o en la Evaluación de Impacto Ambiental, multa entre CINCO MIL (5.000) y TREINTA MIL (30.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
Artículo 17.- Auditoría ambiental.
Los titulares de obras o actividades aprobadas por el procedimiento establecido en la presente ley, y aquellas que se encuentren en desarrollo, se hayan ejecutado o se encuentren en funcionamiento, deberán realizar, en forma periódica, una Auditoría Ambiental, según lo determine la reglamentación y las leyes complementarias.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a los noventa (90) días corridos a partir de su sanción.
Artículo 19.-De forma.
Obras y actividades en la categoría de mayor riesgo presunto
Represas, embalses, y obras que alteren cursos y cuerpos de agua superficiales o subterráneas, naturales o artificiales.
Centrales generadoras, líneas de transmisión y distribución, y estaciones transformadoras de energía eléctrica.
Centrales de generación nucleoeléctrica y otros reactores nucleares (incluidas las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materiales fisionables);
Plantas de almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos.
Plantas de tratamiento y provisión de agua potable, tratamiento de aguas residuales, y sistemas de desagües y alcantarillado.
Parques industriales, zonas francas y astilleros; agroindustrias, mataderos, curtiembres y establecimientos lecheros de dimensiones industriales
Desarrollos urbanos y territoriales, enclaves turísticos y hoteleros.
Exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización, distribución y comercialización de minerales e hidrocarburos;
Gasoductos, carboductos, oleoductos y análogos.
Terminales marítimas y portuarias.
Aeropuertos y terminales de medios de transporte y cargas;
Vías férreas, carreteras, rutas, autopistas, puentes y apertura de calles y caminos públicos.
Obras o actividades en áreas naturales protegidas.
Explotación forestal de especies nativas y desarrollo forestal con especies exóticas.
Planes de desarrollo urbano, rural e industrial, de manejo forestal, de gestión de recursos hídricos, de desarrollo turístico, de aprovechamiento pesquero, de manejo del suelo.
Actividades aero-espaciales.
La necesidad de desarrollar políticas públicas prioritarias que garanticen el uso y gestión sustentable del ambiente y los recursos naturales nos enfrenta a la necesidad de realizar un análisis crítico de la actual organización institucional de la política ambiental y de los instrumentos apropiados para su implementación.
La reforma constitucional de 1994 jerarquizó el derecho/deber de todos los habitantes a un ambiente sano. Así, el artículo 41º de la Carta Magna establece que las autoridades proveerán a la protección de este derecho y a la utilización racional de los recursos naturales y también que le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental y de los recursos naturales sin que éstas alteren las jurisdicciones locales, mientras que corresponde a las provincias dictar las necesarias para complementarlas. De este modo, las provincias pueden legislar sobre el uso y la protección de los recursos naturales de acuerdo a las leyes de presupuestos mínimos de protección emanadas del Congreso Nacional, pudiendo esas leyes ser aún más exigentes pero nunca más permisivas que aquéllas.
En este sentido es que el Congreso Nacional se ha encaminado en la construcción progresiva de un marco legal que establezca una protección ambiental uniforme en todo el territorio de la Nación, que refleje nítidamente las exigencias de una ciudadanía que demanda, cada vez más, normas claras y precisas, así como una presencia eficiente del Estado a través de los organismos públicos responsables de su ejecución. Desde mediados de los años ´80 tanto el Estado Nacional como las provincias han avanzado considerablemente en el dictado de normas de protección ambiental, sin embargo persisten vacíos regulatorios sobre los que debemos legislar.
La evolución que ha experimentado el Derecho en el último siglo ha dado origen a los denominados “derechos complejos”, caracterizados principalmente por la interdisciplinaridad y por su condición de ser individuales y colectivos al mismo tiempo, con rasgos jurídicos propios y efectos particulares. Entre ellos, el derecho al desarrollo, al ambiente sano y a la paz, los que a su vez podemos sintetizar en el que la doctrina más moderna dio en llamar “derecho al desarrollo sostenible”.
El “principio de precaución” ambiental constituye uno de los ejes centrales del desarrollo sostenible y resulta determinante para afrontar los procesos de degradación ambiental y es el punto de análisis más relevante al momento de definir los límites del desarrollo científico-tecnológico y económico y las relaciones entre comercio y ambiente.
El principio de precaución prescribe que en caso de duda razonable frente a la posibilidad de que determinada actividad pueda producir un daño grave o irreversible al ambiente se debería demorar, limitar o impedir transitoriamente la actividad propuesta hasta adquirir seguridades científicas sobre la existencia o no de tales peligros o sobre la capacidad de responder frente a la eventualidad de su existencia. Para una debida comprensión del principio de precaución, es necesario considerarlo en dos situaciones diferenciadas:
a) cuando se teme que las actividades puedan causar daños graves, irreversibles, catastróficos al medio ambiente; para lo cual se impone la proscripción de la actividad hasta que se alcancen certidumbres que permitan adoptar previsiones capaces de neutralizar el peligro temido o;
b) cuando se prevé que las actividades pueden ser peligrosas para la conservación y preservación del ambiente; para lo cual se requiere la adopción de medidas que permitan reducir al mínimo los eventuales efectos perjudiciales antes y después de autorizar la actividad.
Incertidumbre del Riesgo: estimación previa
En la “Declaración de Estocolmo sobre Medio Humano” de 1972, se pone de manifiesto la “capacidad del hombre de transformar lo que le rodea”, al tiempo que nos alerta de que esa capacidad debe ser “utilizada con discernimiento” y que “aplicada erróneamente o imprudentemente” podía “causar daños incalculables al ser humano y a su medio”. En el punto sexto de la Declaración se expresa que “…Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que pueden tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos e irreparables al medio…”.
Así es como podemos establecer que las sociedades de hoy carecen de la capacidad de asumir el riesgo de un daño, es decir, si éste puede recaer sobre un colectivo aún mayor -las generaciones futuras- que el que lo habilita a actuar en tiempo y lugar. En este sentido se ha desarrollado un conjunto de dispositivos que dan cuenta de la emergencia de un nuevo paradigma de tratamiento social de riesgos, el llamado “paradigma de la seguridad”, cuyo análisis destinado a la minimización o neutralización de los efectos negativos debe ser merituado en forma previa como requisito para la toma de decisiones. La respuesta a este paradigma la encontramos en la teoría del principio de precaución, que se basa en el “buen gobierno”, es decir, la gestión que se adelanta con criterios precisos a los hechos, la que ante la duda de que una actividad pueda ser riesgosa prefiere limitarla, privilegiando la seguridad y la certeza en la acción.
La incertidumbre que se plantea frente actos ejecutados por el hombre impone el deber de actuar en forma precautoria, previniendo las consecuencias dañosas y adoptando todas las medidas de mitigación y neutralización posibles.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es una herramienta de gestión con carácter preventivo, que no pretende resolver un problema actual, sino que está orientada a evitar que se produzcan efectos similares a los ya registrados en materia de daños ambientales. Propugna un enfoque a largo plazo y garantiza una visión completa e integradora de las consecuencias de la acción humana sobre el ambiente. En ese orden, también requiere una mayor creatividad e ingenio y una fuerte responsabilidad social en el diseño y la ejecución de las acciones y proyectos, tanto públicos como privados. Impone a los gobernantes una insoslayable motivación para investigar nuevas soluciones tecnológicas y, en definitiva, para autoimponerse una mayor reflexión en los procesos de planificación y de toma de decisiones. Concebida como un proceso de advertencia temprana que verifica el cumplimiento de las políticas ambientales, la EIA se ha convertido en la herramienta preventiva mediante la cual se evalúan los impactos negativos y positivos que las políticas, planes, programas y proyectos generan sobre el ambiente, y se proponen las medidas para ajustarlos a niveles de aceptabilidad.
Un proceso de evaluación de impacto ambiental no es en sí mismo un instrumento de decisión, sino que genera un conjunto ordenado, coherente y reproducible de antecedentes que permiten al promotor de un proyecto, a la autoridad competente y a la ciudadanía, en cada caso, tomar decisiones informadas y certeras. Por tal razón, se requiere de un proceso participativo de revisión para calificar la calidad del análisis. Insistimos en su carácter preventivo: como herramienta de predicción, la EIA adquiere valor sólo si puede influir en la planificación y desarrollo futuro de cada acción humana. Su aplicación debe iniciarse en la fase más temprana posible de la toma de decisión.
Las evaluaciones deben ser realizadas en cada caso particular e incluir estimaciones acerca de la aceptación o rechazo de los riesgos y las estrategias de gestión. Esa estrategia de gestión debe incluir también la gestión del riesgo, que debe ser realizada por expertos con la misma calificación profesional de quienes concretan las evaluaciones. Resulta no menos importante considerar que la separación entre “evaluación” y “gestión” suele conducir a resultados disvaliosos y, en muchos casos, a situaciones de administración poco transparentes. La mayor o menor certidumbre sobre el riesgo hipotético o su potencialidad surgirá de la Evaluación de Impacto Ambiental en tanto y en cuanto la comprendamos desde una perspectiva integradora, como un todo, aplicando criterios mínimos de análisis que excedan la voluntad política de la autoridad que la aprobará.
No se ha consensuado hasta la actualidad, a nivel nacional, una definición precisa y unívoca acerca de lo que significa la Evaluación del Impacto Ambiental. Si bien numerosas leyes crean o refieren a esta figura, y la reglamentan, en todos los casos presuponen un concepto preestablecido y omiten prescribir una definición propia o establecer parámetros mínimos o específicos sobre los cuales debe desarrollarse esta herramienta de análisis para la toma de decisiones.
Nuestro país carece en el ámbito nacional de una norma regulatoria específica en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, pero es la misma Carta Magna la que sienta las bases para que la Nación establezca estándares mínimos de protección ambiental (Art. 41) dentro de los cuales deberían establecerse los contenidos mínimos que una EIA debería contemplar. No obstante, existen diversas leyes nacionales y resoluciones que abordan la necesidad de considerar los impactos ambientales que devienen de la actividad que cada una de ellas tutelan:
El Art. 248 del Código de Minería establece las responsabilidades por los daños ambientales que las actividades mineras establecidas en el Art. 249 generan. Y coloca en cabeza de los responsables de dichas actividades la obligatoriedad de la realización de un informe de Impacto Ambiental (cfr Art. 251). Este es el antecedente normativo que más ha avanzado en cuanto a la determinación de un mecanismo o procedimiento para la realización de la EIA fijando responsabilidades y plazos en los Art. 252 a 260.
Ley Nº 24.051, “Residuos Peligrosos”.
Obliga a realizar la EIA a todos los sujetos de la ley: Generador, transportista y Operador de la planta, pero sólo regula la obligación de realizar el estudio del impacto ambiental respecto de la disposición final de los residuos peligrosos (Art. 34 inc. c), y no a los otros sujetos de la ley.
Ley Nº 24.354, “Sobre Inversiones Públicas”.
Esta norma impone la obligación de realizar la EIA en la etapa de preinversión, en los proyectos de los organismos integrantes del sector público nacional y en los de organizaciones privadas o públicas que requieran subsidios, avales, aportes o créditos del estado.
Ley Nº 24.375, “Convenio Sobre la Diversidad Biológica”.
La Convención establece que cada parte “en la medida de lo posible” establecerá procedimientos para la realización de la EIA de proyectos que puedan tener efectos perniciosos y significativos para la diversidad biológica con el objetivo de evitar o reducir esos efectos.
Ley Nro 25.675, “Ley General del Ambiente”.
Establece que toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa debe realizar una EIA previa al inicio de la actividad.
Ley Nº 26.331, “de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”.
Establece la obligación de realizar la EIA Y el posterior monitoreo para las actividades desarrolladas en los bosques.
Ley Nº 25.688, “Régimen de Gestión Ambiental de Aguas”.
La norma establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, aprovechamiento y uso racional así como la utilización de las aguas, regulando la cuenca hídrica superficial y los comités de cuencas hídricas. Legisla, asimismo, en materia de cuencas interjuridisdiccionales, al crear genéricamente la figura jurídica de los “comités de cuencas” como organismos federales de asesoramiento asignándoles funciones para autorizar o no actividades que causen impacto ambiental significativo sobre otras jurisdicciones. Si bien esta norma no establece taxativamente a la EIA como herramienta de gestión queda implícita por ser el mecanismo más apropiado para determinar “los impactos ambientales”.
Ley Nº 25.612 “Gestión Integral de Residuos Industriales”.
En ella se describe e identifica al residuo que denomina industrial y que tipifica como cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, la realización de una actividad de servicio complementaria o no de la industrial o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad. La ley en su Art. 32 sólo exige la realización del Estudio del Impacto Ambiental a uno de los sujetos de la ley que es al operador de las plantas de tratamiento y disposición final y a quien los almacene, liberando de dicha obligación específica al generador y transportista, aunque de un modo genérico se la exige el Art. 11 de la Ley General del Ambiente.
Ley Nº 26.639, “Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar”.
Establece que todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglaciar que no se encuentran prohibidas estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda, pero sin definirlas en ninguno de los casos.
También encontramos en nuestro sistema jurídico otras normas que adoptan un sistema parcial de EIA aplicable en forma limitada y exclusivamente a ese sector que regulan. Así, podemos citar la Ley Nº17.319 “de Hidrocarburos”, la Ley Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, la Ley Nº 23.879 de “Presas Hidroeléctricas”, las Resolución Nº 475/87 y 105/92 de la Secretaría de Energía, la Resolución Nº 16/94 de la Administración de Parques Nacionales, entre otras.
Si bien, tal como dijimos, no existe en nuestra legislación nacional una norma que establezca los presupuestos mínimos para la EIA, sí podemos encontrar antecedentes parlamentarios en este sentido. Entre ellos, los proyectos presentados por Sr. Senador (mc) Antonio Cafiero 149-S-00, por la senadora (mc) Silvia Sapag 1123-S-01, la diputada (mc) Mabel Müller 1174-D-06 y el del senador (mc) José Pampuro 2483- S-06, que con diferencias en cuanto a la especificidad de los alcances y procedimientos intentaban reglamentar esta herramienta.
El presente proyecto de ley pretende otorgar un marco jurídico de base para la instrumentación de la EIA a nivel nacional como herramienta para el diseño y la aplicación de la política ambiental de nuestro país, al tiempo que fija las bases mínimas que deben ser contempladas en este tipo de procedimiento. Se establece la obligatoriedad de presentar, previo al requerimiento de autorización de toda obra o actividad, una declaración de jurada de impacto ambiental mediante la cual se manifieste si las mismas son susceptibles de producir efectos significativos sobre el ambiente.
En su artículo 3º se realiza una enumeración de efectos o consecuencias propias de toda obra o actividad sobre las cuales recae una presunción iuris et de iure de ser susceptibles de modificar el ambiente y la calidad de vida de las personas, y sobre las cuales resulta obligatoria, con prescindencia de los efectos declarados en la declaración jurada, la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental en los términos establecidos. No obstante, en el Anexo I se enumeran las obras y actividades de la categoría de mayor riesgo presunto, enumeración que no importa una suerte de numerus clausus de categorías, pudiendo ser ampliada por las respectivas normas reglamentarias locales.
En el artículo 5º, se establece la obligatoriedad de realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental, con carácter previo al otorgamiento de las respectivas autorizaciones, permisos o habilitaciones para aquellas actividades que conforme los efectos declarados lo establece el Articulo 2º sean susceptibles de generar impactos sobre el ambiente o sobre la salud de las personas o bien por estar incluidas en la enumeración del artículo 4 y el Anexo I.
En el artículo 6º, y este tal vez sea uno de los puntos centrales del presente proyecto, se establecen los contenidos mínimos que deberán contemplar los técnicos en oportunidad de llevar adelante todo proceso de EIA. Se intenta establecer requisitos uniformes, sobre los que las jurisdicciones locales deberán ajustar en lo sucesivo sus ordenamientos locales de manera tal que cumplan por lo menos con los puntos allí establecidos, sin perjuicio de ampliar o complementarlos.
Asimismo se crean el Registro de Consultores en Evaluación de Impacto Ambiental, que garantizará mayor transparencia y control de idoneidad de los profesionales en cualquiera de las disciplinas científicas pertinentes. Dichos registros deberán mantener actualizados los listados de profesionales e informaran al Sistema de Información de Consultores en Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional, el que será público y de libre acceso para su consulta por la ciudadanía en general.
Se crea, también, un régimen de responsabilidad solidaria entre del titular del proyecto y de los profesionales inscriptos intervinientes por la veracidad de los datos de base que aporten en los estudios de impacto ambiental y en función de los cuales se predijeron los impactos y se propusieron las medidas de mitigación.
Acorde con las tendencias internacionales y considerando que los estudios y evaluaciones de impacto ambiental resultan insuficientes para abarcar contextos espacio-temporales que van más allá de la especificidad de los proyectos mismos se incorpora aquí el concepto de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), como un instrumento que rompe los límites de una escala reducida para prevenir o mitigar los efectos adversos al ambiente, surgidos de decisiones adoptadas en el marco de políticas, planes y programas en los niveles más altos del proceso de decisión. La EAE facilita la planificación estratégica desde un punto de vista integral e inclusivo. Se aplica en las más tempranas etapas del proceso de toma de decisiones, tanto para ayudar a formular las políticas, planes y programas, como para evaluar su potencial efectividad y sostenibilidad. La EAE no sustituye, sino que complementa, a la EIA y a los demás enfoques y herramientas de evaluación.
Con la convicción de que la participación real de la ciudadanía transparenta todo proceso decisorio, al tiempo que contribuye a la toma de conciencia de parte de los ciudadanos sobre los problemas ambientales y al respaldo público de las decisiones adoptadas, consideramos que las EIA deben ser sometidas a procesos de audiencias y consultas públicas y así se establece en el presente proyecto.
Por último se disponen procedimientos de fiscalización permanente, a cargo de la autoridad competente, sobre la ejecución de las obras y actividades que fueran aprobadas conforme a los lineamientos establecidos y se crea un régimen supletorio de sanciones y principios para su aplicación.
La EIA es un proceso singular e innovador cuya operatividad y validez como instrumento para la protección y defensa del ambiente está recomendado por diversos organismos internacionales y es avalado también por la experiencia acumulada en países desarrollados, que lo han incorporado a su ordenamiento jurídico desde hace décadas. Resulta necesario, entonces, incorporarlo a nuestra legislación, en el marco de las competencias reconocidas por nuestra Constitución Nacional, a este Congreso.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
[VER PROYECTO EN SENADO.GOV.AR ]
3 respuestas a Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Evaluación de Impacto Ambiental”
Carlos Alberto Bartó dice:
22 marzo, 2013 en 22:38
Me resulta sumamente intrigante que Ud. no haya incluido en el listado taxativo (el peligro de lo taxativo es que lo que no se indica no se debe controlar) del ANEXO I, una de las actividades humanas que generan y han generado la mayor contaminación a lo largo de toda la prehistoria y por supuesto de la historia y que entre otras cosas ha posibilitado la civilización urbana.
Me refiero a la actividad agropecuaria, sea ésta agrícola o ganadera. Esta industria es de tal escala global que por eso mismo no es visible como agente de contaminación de todo tipo y también de consumos energéticos sin freno.
Y esto lo estamos hablando en la Rep. Argentina donde lo dicho más arriba es aún de mayor importancia que en casi ningún otro país.
Si fuera el caso agregaría un punto adicional de la siguiente manera:
“19 Explotación agropecuaria, sea ésta agrícola o ganadera de todo tipo de especies de cualquier origen”
Carlos A. Bartó
Fundación Mendocina para la Protección de la Vida y el Entorno (Fu.M.Pro.V.E.) dice:
24 marzo, 2013 en 22:32
Es un proyecto viable. Es simple y cubre las necesidades legales para la preservación del ambiente
11 abril, 2013 en 19:38
Me parece importantisimo , ya, en que estado se encuentra el Proyecto?