Source: https://boletinjuridico.wordpress.com/2017/10/02/boletin-octubre-2017/
Timestamp: 2019-01-21 23:45:52
Document Index: 143283891

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 20', 'artículo 86', 'artículo 128', 'artículo 29', 'artículo 201', 'artículo 32', 'e contrario', 'artículo 249', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 249', 'artículo 217', 'artículo 249', 'artículo 217', 'artículo 41']

BOLETÍN OCTUBRE 2017 – BOLETIN JURIDICO MENSUAL
453.- Res. DGRN de 03/07/2017. INSTANCIA PRIVADA CANCELACIÓN USUFRUCTO.
Es necesaria firma legitimada o ratificada por el registrador.
454.- Res. DGRN de 05/07/2017. 1504 CC.
Ejercitada por la vendedora la facultad de resolución, los deudores se oponen y no hay consignación a efectos del art. 175.6 del RH. No puede haber reinscripción a nombre del vendedor sin la correspondiente resolución judicial en la que se desestime la oposición.
455.- Res. DGRN de 05/07/2017. CAMBIO DE USO.
Los propietarios de un elemento privativo de una PH configurado como local declaran que han procedido a habilitarlo como vivienda. No es necesario acuerdo unánime de la Junta de propietarios puesto que no hay infracción de los estatutos: al contario, estos flexibilizan ciertas restricciones del régimen de PH, facilitando a los propietarios operaciones como la agrupación o división de entidades sin consentimiento de la junta. La superficie útil total del departamento no queda alterada, y la disminución de la “integrada en el edificio” puede responder a la construcción de tabiques de separación.
456.- Res. DGRN de 05/07/2017. EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Tras quedar desierta la subasta, el testimonio de decreto de adjudicación y de mandamiento de cancelación de cargas adjudica la finca hipotecada, vivienda habitual del deudor, al acreedor, por el 60% del valor de tasación. Ahora bien, la adjudicación debe ser como mínimo por el 70% de dicho valor, salvo que la cantidad debida por todos los conceptos sea inferior a ese porcentaje (como ocurre en el caso concreto, ascendiendo al 68,9%), en cuyo caso puede adjudicarse por éste, siempre que esa cantidad sea superior al 60% del valor de tasación para subasta. No sólo es la interpretación correcta del art. 671 LEC según doctrina constante de la DGRN, sino que además lo contrario ocasionaría un enorme perjuicio para el deudor, quedando remanente de deuda pendiente de abono al acreedor.
457.-Res. DGRN de 13/07/2017. REANUDACIÓN DEL TRACTO.
No existe verdadera interrupción si los promotores adquirieron por título de herencia de quien adquirió del titular registral, constando la adquisición del promotor en escritura pública. Únicamente falta la elevación a público del documento privado en el que intervenga uno de los titulares registrales y los herederos de la otra titular registral, ya fallecida. Ahora bien, sí que existe dificultad extraordinaria para obtener dicha elevación a público, y por tanto debe admitirse el expediente de reanudación, al resultar imposible localizar a los herederos del titular registral, que no han comparecido tras los trámites de publicación previstos legalmente (se tramita ante el juez, por ser anterior a la reforma).
458.-Res. DGRN de 13/07/2017. INMATRICULACIÓN art. 203 LH.
Existiendo oposición de un colindante, ésta debe estar debidamente fundamentada (aportando pruebas escritas de su derecho, con expresión de la causa en que se funde): corresponde al notario valorar en cada caso si es así, efectos de continuar con el procedimiento o concluir el mismo. En el caso planteado, es correcta la actuación del notario al no tomar en consideración la oposición formulada por un colindante, sobre la base de la existencia de un derecho real de servidumbre sobre la finca que se pretende inmatricular, puesto que no aporta ninguna prueba escrita que lo fundamente.
459.-Res. DGRN de 13/07/2017. AGRUPACIÓN.
No se aporta representación gráfica alternativa (sin perjuicio de aportar las coordenadas GML), sino que se remite a las coordenadas de catastro. Siendo colindantes las parcelas agrupadas, bastará con eliminar las coordenadas coincidentes y que corresponden a los vértices del lindero común. Puesto que las diferencias de superficie no exceden del 10%, y la LH no impone total coincidencia descriptiva salvo en los supuestos de inmatriculación, deberá inscribirse la agrupación con la cabida resultante de la representación gráfica georreferenciada de catastro, ya que la calificación no expresa motivos para dudar de la identidad de la finca.
460.-Res. DGRN de 17/07/2017. TRASLADO A PAPEL DE COPIA AUTORIZADA ELECTRÓNICA.
Por la limitación de efectos que a las copias autorizadas electrónicas y a su traslado a papel prodigan los arts. 17 bis de la LN y 224.4 del RN (limitación que viene determinada por la finalidad y destinatario que se hacen constar en la misma), la utilización del documento de traslado a papel no es posible por notario distinto al destinatario de la copia electrónica, no siendo susceptible de ser utilizado en el tráfico jurídico a modo de testimonio de copia autorizada. Además, puesto que el notario destinatario debe formular juicio de suficiencia de las facultades representativas, habiéndosele acreditado dichas facultades mediante exhibición de la documentación auténtica, la reseña debe reputarse incompleta si no recoge la finalidad de la expedición de la copia autorizada electrónica y el nombre del notario destinatario de la remisión, ya que sólo éste puede utilizarla en el ámbito de su competencia, por razón de su oficio y para la concreta finalidad para la que se ha solicitado, circunstancias que deben resultar de la misma.
461.-Res. DGRN de 17/07/2017. HERENCIA. RECONOCIMIENTO DE UN HIJO.
El testamento del causante instituye heredero a un hijo, a la vez que reconoce la existencia de otra hija a la que lega el dinero que tuviera en pago de su legítima estricta. La determinación de la filiación no será eficaz mientras resulte acreditada otra contradictoria, pero con dicha contradicción el art. 113.2 del CC se está refiriendo a otra filiación paterna o materna reconocida previamente, y en el caso concreto no había ninguna filiación paterna legalmente determinada, sino sólo materna. Por otro lado, el art. 123 CC exige para el reconocimiento de un hijo mayor de edad la prestación de su consentimiento expreso o tácito, pero no puede pretenderse que el reconocimiento no surta efecto hasta entonces, sino que será eficaz de forma inmediata desde el otorgamiento mismo del testamento. No siendo una disposición mortis causa, aunque se incorpore al testamento, no pierde su fuerza aunque el testamento se revoque, no contenga otras disposiciones o fueren nulas las que tuviera (art. 741 CC). Volviendo al consentimiento que exige el art. 123 CC, la negación de los apellidos paternos no puede suponerse un rechazo de la filiación, cuya impugnación tiene sus trámites: la demandada admite expresamente que el causante fue su progenitor, y simplemente exige que la demanda se interponga correctamente, lo que indica su interés en ser parte en el procedo de división de la herencia. Siendo legitimaria, no puede practicarse la partición sin su concurrencia.
462.-Res. DGRN de 17/07/2017. CONSTANCIA DE REFERENCIA CATASTRAL.
Sólo implica la identificación de la localización de la finca inscrita en cuanto al número de RC, pero no que la descripción registral tenga que ser concordante con la de catastro, ni que se inscriban automáticamente el cambio de naturaleza, linderos y superficie que resulten del mismo. Cuestión distinta es solicitar la inscripción de la representación gráfica y consiguiente rectificación de la descripción literaria, que exige tramitación del procedimiento correspondiente.
463.-Res. DGRN de 19/07/2017. USUCAPIÓN.
La prescripción adquisitiva es una tarea reservada a los órganos jurisdiccionales, siendo el título apto para la inscripción la reconocida judicialmente, por mucho que recaiga sobre una finca inscrita, que no supone obstáculo alguno, ya que la inscripción del derecho en el Registro no dota al mismo de imprescriptibilidad (art. 36 LH).
464.-Res. DGRN de 19/07/2017. SERVIDUMBRE REAL.
El art. 13 LH prevé que las servidumbres reales puedan hacerse constar “también” en la inscripción del predio dominante, como cualidad del mismo, pero para ello es indispensable que previamente se proceda a la inscripción formal de dicho derecho real como gravamen sobre el predio sirviente. No basta, por tanto, con que compradores y vendedores del predio dominante manifiesten la existencia de la servidumbre de paso a su favor: debe presentarse o título constitutivo otorgado por el titular del predio sirviente o sentencia declaratoria en procedimiento en que hubiera sido parte.
465.-Res. DGRN de 20/07/2017. CLÁUSULA DE RESIDUO.
Se establece por ambos cónyuges en cada uno de sus testamentos, a favor de distintos fideicomisarios de residuo, para el caso de que los herederos mueran sin descendencia y sin haber dispuesto de los bienes por cualquier título. La inscripción de los bienes adjudicados por herencia debe practicarse con el gravamen de la sustitución fideicomisaria establecida, salvo renuncia de los fideicomisarios, en cuanto una mitad a favor de los nombrados por el esposo, y en cuanto a la restante mitad indivisa a favor de los nombrados por la esposa.
466.-Res. DGRN de 20/07/2017. JUICIO DE SUFICIENCIA.
No puede realizarse de forma genérica, debiendo hacerse de manera concreta en relación con un específico negocio jurídico, si bien puede hacerse dicha especificación al hacer la reseña de las facultades representativas o bien al emitirse el juicio de suficiencia con posterioridad.
467.-Res. DGRN de 20/07/2017. HIPOTECA CAMBIARIA.
El art. 211 RH impide cancelar una hipoteca en garantía de títulos transmisibles por endoso mientras existan títulos en circulación, pero en la hipoteca cambiaria objeto del expediente la totalidad de las letras de cambio se encontraban depositadas en el Juzgado.
468.-Res. DGRN de 26/07/2017. PH. INSCRIPCIÓN A NOMBRE DE LA COMUNIDAD.
Si la comunidad de propietarios en régimen de PH ostenta un crédito contra un propietario del propio régimen o contra un tercero, le asiste la facultad de instar judicialmente su cumplimiento y, en vía de apremio, de instar la traba de cualesquiera bienes del deudor (aunque no pertenezcan a la PH), así como su enajenación vía subasta e, incidentalmente, su adjudicación e inscripción a su favor en el Registro de la propiedad (arts. 670 y 673 LEC).
469.-Res. DGRN de 26/07/2017. TRANSACCIÓN JUDICIAL HOMOLOGADA.
El acuerdo privado de extinción de comunidad trae causa de un divorcio y recae sobre un inmueble que no es vivienda habitual, inscrito a favor de ambos esposos por mitad y en pro indiviso, al estar casados en REM de separación de bienes. La DG considera innecesario el otorgamiento de escritura pública para su acceso al Registro, al ser una división del patrimonio común vinculada a un procedimiento de crisis matrimonial, funcionalmente equivalente a un convenio regulador.
470.-Res. DGRN de 26/07/2017. INSTANCIA PRIVADA. HERENCIA.
Para que pueda inscribirse no puede existir ningún interesado con derecho a legítima. Existiendo un derecho de transmisión, es cierto que los transmisarios suceden directamente al primer causante, pero la determinación de quiénes son y en qué porcentajes viene determinada por la sucesión del transmitente, y en el caso objeto de la instancia la viuda del transmitente tenía derecho a legítima en la herencia de éste. Además, concurren las circunstancias para la existencia de una reserva del art. 811 del CC y para una posible aceptación tácita de la herencia, pues el transmitente y su esposa vivieron veinte años en el piso familiar, habiendo incluso desbordado, dice la DG, el plazo de prescripción adquisitiva, lo cual debería ventilarse en el proceso judicial correspondiente.
471.-Res. DGRN de 27/07/2017. SUBCOMUNIDAD.
La comunidad aprueba por unanimidad su creación para que, contando con sus propios órganos de gobierno, y con la utilización de unos elementos comunes cuyo uso se les cede, gestionen la calefacción y agua caliente. Las subcomunidades se admiten en todo caso por la LPH (art. 2d), sin que pueda exigirse una previa norma estatutaria o disposición del título constitutivo de la PH que expresamente las autorice. Será suficiente con que dicho título no las prohíba y que se cumplan los requisitos legales para el título constitutivo de la subcomunidad (descripción de los elementos comunes sobre los que recae, fincas especiales que la integran, su cuota de participación, sus normas de funcionamiento, sus órganos y el nombramiento de las personas que los ocupan). Tampoco es necesario modificar el artículo de los estatutos sociales que regula los gastos de calefacción, ya que por interpretación lógica únicamente resultará aplicable a la subcomunidad respecto de las fincas que mantienen dicho servicio.
472.-Res. DGRN de 27/07/2017. EXPEDIENTE DEL ART. 199 LH.
No cabe inscribir la representación gráfica y rectificar la descripción de las fincas en Registro cuando no se justifica la correspondencia de la finca con la representación catastral, no se aporta una alternativa, existen dudas de invasión de dominio público o se opone un colindante por este último motivo. La sola formulación de la oposición no hará contencioso el expediente, sino que el registrador decidirá motivadamente a la vista de las alegaciones efectuadas.
473.-Res. DGRN de 27/07/2017. FIN DE OBRA.
Las coordenadas de la porción de suelo ocupada por la edificación arrojan una superficie mayor a la de la propia parcela catastral. No pudiéndose obtener de catastro las coordenadas de la superficie ocupada en términos compatibles con la descripción registral de la edificación, deberá rectificarse la superficie de ésta o aportarse otras coordenadas por el interesado.
474.-Res. DGRN de 02/08/2017. SEGREGACIÓN ANTIGUA.
El que la escritura de segregación haya sido ordenada en el curso de un procedimiento penal no altera la exigibilidad de la correspondiente licencia de segregación, no bastando con una de edificación. Ahora bien, siendo de 1996 la escritura de segregación, de la licencia de edificación se desprende la improcedencia de la adopción de medidas de protección de legalidad urbanística, por lo que la DG revoca la nota de calificación.
475.-Res. DGRN de 30/08/2017. EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA INMATRICULACIÓN.
Se exige una total coincidencia entre la descripción del título y la de la certificación catastral, sin excepciones, con independencia de cuál sea la finca que se pretende inmatricular y, por tanto, su titular, el título o el medio al que se acuda (antes o después de la Ley 13/2015). Esa total coincidencia ha de referirse, de manera ineludible, a la ubicación y delimitación geográfica de la finca, esto es, a su situación, superficie y linderos, y sin que sea admisible la diferencia del 10% prevista en el art. 45 de la Ley del Catastro. Por otro lado, con independencia de que haya pasado o no el año de vigencia de la certificación catastral a que se refiere el artículo 84.2 de dicha Ley, el registrador tiene el deber de acceder directamente a Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro. Por último, no es necesario, en el expediente de dominio, que la finca conste catastrada a nombre del adquirente.
476.-Res. DGRN de 31/08/2017. CANCELACIÓN DE HIPOTECA.
Aunque podría haber sido más precisa la descripción, no produce confusión que impida la cancelación de la carga el hecho de que la escritura de cancelación de la hipoteca se refiera únicamente a la finca resultante de segregación (no limitarse a describir la finca resto, tal y como quedó configurada después de las segregaciones practicadas, sino incluyendo la referencia a tales segregaciones). No se contraviene el principio de indivisibilidad de la hipoteca puesto que no se pide una liberación parcial, sino que queda patente la voluntad de la entidad acreedora de liberar todas las fincas gravadas. Ahora bien, en virtud del principio de rogación, la hipoteca subsistirá tabularmente en las fincas omitidas hasta que por los interesados se solicite su cancelación.
477.-Res. DGRN de 31/08/2017. CAMBIO DE USO. VISADO.
A la escritura de cambio de uso de local a vivienda se acompaña certificación de un arquitecto, cuya firma legitima el notario autorizante, sin acompañar el visado colegial de tal certificado acreditativo de la antigüedad del cambio. La DG entiende que no es preciso el visado, de acuerdo con los arts. 50 y 52 del Real Decreto 1093/1997 porque, al no haber actuación alguna por parte de la administración competente (proyecto o licencia administrativa), no es aplicable la doctrina de la DG (Res. 1 de diciembre de 2015, entre otras). Por otro lado, el nuevo valor asignado al inmueble como consecuencia de tal cambio de uso no es un elemento descriptivo necesario para su identificación, y por tanto no es defecto que impida la inscripción.
478.-Res. DGRN de 31/08/2017. REM. ENTRANJEROS.
No basta con señalar que los cónyuges de nacionalidad alemana adquieren «con arreglo a su régimen matrimonial» una determinada finca urbana. El REM podría no ser el de participación en ganancias si hubiesen otorgado capitulaciones o si, por razón de la fecha de su matrimonio y por proceder de los Landers de Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt y Thüringen (con inclusión del Land de Berlín), hubieran efectuado la declaración prevista en las Disposiciones Particulares aplicables a la transición del Derecho Federal, de pactar el mantenimiento de su REM de comunidad legítima de bienes regulado por el Código de la Familia de la República Democrática, lo cual deberían acreditar.
479.-Res. DGRN de 31/08/2017. Art. 254 LH.
El registrador entiende que la presentación del documento se ha realizado ante administración distinta a la territorialmente competente, pero ésta ya tenía conocimiento de las transmisiones sucesorias operadas, y a través de los documentos presentados, de los elementos necesarios para la exacción del impuesto.
480.-Res. DGRN de 04/09/2017. MEDIOS DE PAGO.
No toda omisión de los elementos de identificación de los métodos de pago (art. 177 RN) cierra el Registro, sin perjuicio de las responsabilidades que pueda acarrear. Ahora bien, si el precio de la compraventa es el saldo actual de la deuda hipotecaria que grava la finca vendida, cuyo pago asume la parte compradora, la escritura de compraventa debe reseñar al menos los datos referentes a la escritura de préstamo en la que se refleje la deuda.
481.-Res. DGRN de 04/09/2017. USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR.
Este derecho de uso sobre la vivienda habitual, previsto en el art. 90 del CC, constituye un derecho específico, de naturaleza familiar, pero para su acceso al Registro debe cumplir los principios básicos de la legislación hipotecaria. No se puede inscribir el derivado de un convenio regulador de los efectos del divorcio, constando la finca sobre la que se establece el derecho inscrita a nombre de persona distinta de los cónyuges, y que no ha sido parte del procedimiento judicial de divorcio.
482.-Res. DGRN de 05/09/2017. DONACIÓN CON RESERVA DEL USO.
A pesar de la existencia en nuestro sistema de numerus apertus en la constitución de derechos reales, no puede entenderse configurado como tal un derecho de uso que se reserva el donante al transmitir a título gratuito la plena propiedad de dos locales a sus hijos. No se trata más que del mero reconocimiento de una simple posesión, que ni se explica ni detalla en qué concepto. Es regulable conforme a las normas del comodato (precario), lo que impide su inscripción en el Registro, y sin perjuicio de que lo acordado sea válido y obligatorio entre las partes.
483.-Res. DGRN de 05/09/2017. INEFICACIA DEL LLAMAMIENTO SUSTITUTORIO.
Otorga la herencia el único hijo que vive, acreditando mediante certificado de defunción que no opera la sustitución vulgar a favor de los descendientes respecto de su hermano premuerto. El registrador exige que se acredite mediante acta de notoriedad o por otro medio admitido en Derecho que el otro hijo falleció sin descendientes para que el único compareciente se beneficie del acrecimiento, si bien el notario recurrente entiende que tales circunstancias constan ya en su mismo Registro, puesto que la escritura de herencia de la madre se hizo e inscribió allí en el año 2008. La resolución ampara la calificación, entendiendo que la independencia del registrador al calificar no queda vinculada por la inscripción anterior.
484.-Res. DGRN de 06/09/2017. DUDAS SOBRE PARCELACIÓN.
La transmisión de una cuota indivisa que ya figuraba inscrita con anterioridad en el Registro de la Propiedad es, en principio, un acto neutro desde el punto de vista urbanístico y amparado por la libertad de contratación. Sólo la existencia de hechos posteriores podría poner de relieve una parcelación física, lo que debería apreciarse por el órgano y cauce procedimental oportuno. El registrador debe practicar la inscripción y seguidamente comunicarlo al Ayuntamiento que corresponda.
485.-Res. DGRN de 06/09/2017. TASACIÓN DE FINCA SIN VALOR.
Una tasación homologada señala como valor de una de las fincas que se hipoteca 0’01 euros. Su objetividad está garantizada, pero no consta referencia alguna a las características especiales que pudiera tener la finca (una concesión administrativa) y hubieran motivado esa anómala tasación, ni tampoco por qué no se ha utilizado el mismo método de valoración que para las demás. La DGRN ampara el defecto por razones de transparencia, pues no hay información necesaria y suficiente para su fácil comprensión acerca del método utilizado, el derecho especial que se valora o la documentación utilizada.
486.-Res. DGRN de 06/09/2017. VITALICIO GALLEGO.
No existe inconveniente a que el contrato vitalicio, sometido por las partes a la regulación Foral de Galicia, se realice mediante la atención de la alimentista en una residencia, pues su contenido es en general dispositivo. Ahora bien, la exclusión de la revocación, mediante la introducción del carácter irrevocable de la transmisión del inmueble que sirve como contraprestación a la obligación de cuidado y alimentos desnaturaliza el vitalicio, pues coloca a una de las partes en situación de claro desequilibrio patrimonial. Además, de acuerdo con el art. 156 de la Ley gallega, la irrevocabilidad no es una cualidad que pueda afectar a terceros, sino que queda en el ámbito de las relaciones inter partes.
487.-Res. DGRN de 13/07/2017. HIPOTECA. SUBSANACIÓN. DILIGENCIA.
Inscrita parcialmente una hipoteca sin la estipulación relativa a los intereses de demora como consecuencia de la STS 03/06/2016, se presenta posteriormente una diligencia de rectificación otorgada por la entidad prestamista y por los prestatarios, por la que se da nueva redacción a la estipulación y a la parte referida a la constitución de hipoteca de tales intereses, adecuándose a la doctrina derivada de dicha sentencia. El RP reputa inadecuada la diligencia notarial, y considera necesario el otorgamiento de una escritura de novación en la que comparezcan los deudores y la entidad acreedora. Para la DGRN, a pesar de la denominación atribuida por el notario a la diligencia («subsanación de errores padecidos»), la misma tiene una estructura y un contenido propio de las escrituras públicas. Siempre que las diligencias de subsanación sean otorgadas por los contratantes, por sí mismos o debidamente autorizados para el concreto y real acto jurídico que se documenta, y contengan todos los requisitos, constituirán vehículo hábil para la inscripción de la modificación del préstamo hipotecario, tanto cuando la hipoteca todavía no consta inscrita en el Registro, como cuando ya lo estuviere en virtud de solicitud de inscripción parcial.
488.-Res. DGRN de 13/07/2017. LEY EDIFICACIÓN. CANCELACIÓN PROMOTORA EN REGISTRO MERCANTIL. GARANTÍAS ACREDITACIÓN.
Respecto del cierre del RM a la liquidación de una sociedad promotora previsto en el art 20 Ley Ordenación de la Edificación, y la necesidad de acreditar la constitución de las correspondientes garantías, siendo el ámbito de la actividad el que delimita el concepto de promotor, dicha exigencia sólo será predicable respecto de los empresarios individuales o sociales que desarrollen dichas actividades en el desarrollo de su objeto social, objeto que por constar en el RM permite una subsunción en el supuesto previsto por la norma. Es cierto que el objeto social no limita frente a terceros el conjunto de actividades que pueden llevar a cabo los administradores de una sociedad, pero dicha circunstancia, que forma parte del estatuto de responsabilidad de la sociedad, no oscurece el hecho de que el ámbito de actuación de los empresarios individuales o sociales viene determinado por el contenido de su objeto. También es cierto que la promoción es una actividad que puede ser llevada a cabo por cualquier sujeto o compañía con independencia de cuál sea su objeto (pues se trata de una cuestión de hecho), pero de esta conjetura no se puede llegar a la imposible conclusión de que las limitaciones derivadas del artículo 20.2 son de aplicación a cualquier sociedad. En cuanto a la forma de acreditar el cumplimiento de esa obligación para el supuesto de que efectivamente el empresario individual o el social cuenten entre sus actividades la promoción de edificaciones, aunque la dicción literal del precepto dé a entender que es preciso presentar al RM el conjunto de documentos de los que resulte la suscripción de los seguros de daños relativos a todas las edificaciones que haya podido promover el sujeto que estén comprendidas en su ámbito temporal, es evidente que no puede trasladarse al RM un sistema de acreditación que es predicable exclusivamente para las inscripciones a practicar en el RP y sólo respecto de cada una de las edificaciones llevadas a cabo. De aquí que sea exigible únicamente la declaración del empresario individual o del liquidador de la sociedad relativa a que las garantías han sido debidamente suscritas. Téngase en cuenta que en ningún caso la cancelación en el Registro Mercantil produce la extinción de la eventual responsabilidad de la sociedad, que se traslada a los socios, y que el liquidador es la persona encargada, en el ámbito societario, de llevar a cumplimiento aquellas obligaciones sociales que estuviesen pendientes aún después del cierre del folio, sin perjuicio de su responsabilidad personal por los actos de liquidación. Por las mismas razones, cuando a pesar de constar en su objeto, el empresario individual o social no haya realizado actividad de edificación alguna o haya transcurrido el lapso temporal previsto en el propio precepto, bastará con que así lo haga constar el empresario o liquidador para que el RM pueda llevar a cabo las operaciones de inscripción y cierre del folio social. De otro modo se estaría exigiendo una prueba negativa de imposible cumplimiento: que no se han llevado a cabo operaciones de promoción.
489.-Res. DGRN de 14/07/2017. HIPOTECA. AVALISTAS. CONSUMIDORES.
La persona física que se constituye en garante de la ejecución de las obligaciones de una sociedad mercantil no tendrá la condición de «consumidor» cuando tal garantía está relacionada con sus actividades comerciales, empresariales o profesionales o se concede por razón de los vínculos funcionales que mantiene con dicha sociedad, como ser socio, administrador o apoderado. En caso contrario, es decir, cuando el fiador actúa con fines de derecho privado, incluso aunque reúna la condición de pariente próximo de los administradores o socios de la mercantil, sí se le reconoce la condición de «consumidor» y toda la protección derivada de la misma. Esta conclusión no se vería alterada por la circunstancia de que tales personas sean deudores solidarios en vez de fiadores o avalistas, porque esa condición suele ser una imposición de las entidades financieras para obtener una mayor garantía para la deuda, y como tal no puede menoscabar los legítimos derechos de los consumidores (artículo 86 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), sin perjuicio de la posible prueba en contrario que corresponde al acreedor. Fijada la aplicabilidad de la normativa protectora de los consumidores, queda por determinar el ámbito y alcance de la misma o, dicho de otro modo, si tal aplicabilidad sólo se extiende al contenido concreto del contrato de garantía o fianza, o alcanza también al propio contenido del contrato, principal, de crédito garantizado. En este sentido, como regla general, se estima que si la determinación de la aplicación de las normas uniformes sobre cláusulas abusivas debe apreciarse en atención a la calidad con la que los intervinientes actúan en el contrato de garantía (se encuentre éste incorporado al contrato de préstamo o se pacte posteriormente), el control de abusividad o de contenido del mismo debe circunscribirse a sus concretas cláusulas, pero no extenderse a las cláusulas específicas del contrato principal de préstamo garantizado, a la que le será aplicable la normativa que corresponda en atención, igualmente, a la condición de sus partes contratantes. Así, serían abusivos o contrarios a normas imperativas, el pacto por el que el fiador se obligue a más que el deudor principal, el que exonere al acreedor negligente de consentir el beneficio de excusión del fiador en el supuesto de los arts. 1832 y 1.833 CC, o el de renuncia a la extinción de la fianza cuando por algún hecho del acreedor no pueda quedar subrogado en los derechos o hipotecas del mismo. No lo serían, a sensu contrario, las cláusulas del contrato principal de crédito relativas a la limitación a la baja de los tipos de interés, a los límites de los intereses moratorios o a los gastos repercutibles al deudor principal, cuando éste interviene dentro del ámbito de su actividad empresarial o profesional, salvo que fuera otro su ámbito de aplicación. Otra excepción a esta regla vendría constituida por la concurrencia en el garante de la condición de codeudor solidario no beneficiario del préstamo, pues en tal caso su carácter de parte en el contrato principal hace tránsito a la normativa aplicable a los consumidores en cuanto que éstos, en caso contrario, se verían abocados, desde el inicio, al pago de cantidades que con arreglo a aquella no le serían exigibles. En este ámbito mixto, aunque referido a contratos en que el préstamo va destinado en parte a una finalidad profesional y en otra parte a una finalidad privada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentado la doctrina de la aplicación de la normativa de consumidores. Igualmente será de aplicación al contrato de fianza, en el que concurra la condición de consumidor en el fiador, toda la normativa relativa a la información precontractual, requisitos de incorporación y transparencia material acerca de la concreta obligación que constituye su objeto, de sus condiciones económicas y de la transcendencia jurídica y económica de las obligaciones que el fiador asume en caso de incumplimiento del deudor principal. Por tanto, en los contratos de fianza en garantía de un préstamo o crédito, las cláusulas que definen o delimitan el riesgo garantizado (las del préstamo) y el propio compromiso del fiador, forman parte del objeto mismo del contrato de garantía y, en tal concepto, no son susceptibles de apreciación de su carácter abusivo, que no debe referirse ni a cláusulas que describan el objeto principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía o de la prestación; pero sí deben ser objeto del resto de los controles propios de la legislación sobre consumidores, en cuanto que el cumplimiento de los requisitos del proceso legal de contratación forma parte de la necesaria y adecuada comprensión por parte del fiador-consumidor acerca de los riesgo que asume y de su cuantificación.
490.-Res. DGRN de 20/07/2017. NIE.
No es inscribible en el RM la constitución de una SRL cuando el NIE de uno de los fundadores tiene 7 dígitos en lugar de 8.
491.-Res. DGRN de 21/07/2017. DENOMINACIÓN SOCIAL. IDENTIDAD.
Nuestro sistema prohíbe la identidad, sea ésta absoluta o sustancial, de denominaciones, pero no la simple semejanza (cuya prohibición, que se desarrolla principalmente en el marco del derecho de la propiedad industrial y del derecho de la competencia, se proyecta más que sobre las denominaciones sociales sobre los nombres comerciales y los marcas, para evitar en el mercado la confusión de productos o servicios). La interpretación razonable de los criterios normativos para valorar dicha identidad es aquella que, dicho de una manera negativa, permita detectar cuando no se da la igualdad textual, los supuestos en que el signo o elemento diferenciador añadido o restado a la denominación inscrita, por su carácter genérico, ambiguo, accesorio, por su parecido fonético, o por su escasa significación o relevancia identificadora, no destruyen la sensación de similitud que puede dar lugar a confusión. En el caso debe compararse la denominación solicitada, Mavike, y aquellas ya inscritas: Mavica, Maviquer, Mabeke, Mavec, Mabite, Mabec, Mavec, Mavicu y Mabek. Desde el punto de vista gramatical, la denominación solicitada «Mavike» contiene suficientes elementos diferenciadores con las denominaciones ya registradas que la hacen perfectamente distinguible. Así ocurre con la denominación Mavica, de la que la distingue la letra k y la vocal a; con la denominación Maviquer, claramente distinta por sus consonantes q y r final; con la denominación Mabeke, de la que la distingue la consonante v y la vocal i; con la denominación Mavec, con una letra menos y con clara diferencia gramatical; con la denominación Mabite, de la que la distingue las consonantes b y t; de la denominación Mabec, claramente distinta; de la denominación Mavec, igualmente distinta; de la denominación Mavicu, fácilmente distinguible y de la denominación Mabek, que resulta tener una letra menos así como una grafía distinta. A la misma conclusión se llega desde el punto de vista fonético, pues frente a la evidente similitud entre las denominaciones existentes y la que se solicita, existe suficiente disimilitud como para considerarlas denominaciones distintas. Así ocurre con la denominación Mavica, con la que se distingue fonéticamente por el último sonido vocal; con la denominación Maviquer, con la que se distingue por el último sonido consonante de esta última; con la denominación Mabeke, con la que se distingue por el sonido de la vocal intermedia; con la denominación Mavec, claramente diferenciable por la ausencia en esta de un sonido final en vocal así como por la vocal intermedia; con la denominación Mabite, claramente distinguible fonéticamente por el último sonido consonante; con la denominación Mabec, de la que se distingue la solicitada por su último sonido vocal, ausente en la registrada, así como por la vocal intermedia; lo mismo ocurre con la denominación Mavec; con la denominación Mavicu, le distingue con total claridad el último sonido vocal; finalmente, con la denominación Mabek, le diferencia la ausencia en esta última de una sonido vocal final así como el sonido de la segunda vocal.
492.-Res. DGRN de 24/07/2017. PODER. REVOCACIÓN.
Entiende el RM que el apoderado que otorga la escritura de revocación de poder no tiene la facultad de revocar un poder que no ha sido conferido por él. Desde un punto de vista gramatical, en la copia autorizada de la escritura de poder exhibida a la notaria para emitir el juicio notarial de suficiencia de facultades representativas, al relacionar las facultades que se confieren al apoderado («conferir poderes a las personas y con las facultades que estimen convenientes para el desarrollo del objeto social, y revocar los poderes conferidos»), aparece una coma delante de la conjunción «y», lo que, al margen de otros argumentos interpretativos, pone de relieve un claro indicio de que esa facultad revocatoria tiene sustantividad propia al margen de los poderes que aquel apoderado haya otorgado como representante de la sociedad. Por lo demás, si se atiende a razones de pura operatividad en la realidad del tráfico jurídico, es sobradamente conocido, y consustancial al acontecer diario de una empresa, que ésta requiere constantes cambios para adaptarse tanto a las circunstancias de mercado, como a las variaciones de su estructura de recursos humanos, por lo que es muy frecuente que el otorgamiento de poderes venga motivado, precisamente, por la entrada de nuevos colaboradores y la sustitución de otros, debiendo estos últimos cesar en sus funciones, lo que conlleva, como lógica consecuencia, la ineludible necesidad de revocar sus poderes. Entender lo contrario (que el nuevo apoderado con facultad genérica de revocar los poderes conferidos sólo puede hacerlo respecto de los que él mismo confiera y no en cuanto a los anteriormente conferidos en favor de los que habrán de ser sustituidos por los nuevos apoderados) no es en absoluto razonable, pues llevaría a la ilógica conclusión de que alguien que cesa en la empresa y se desliga de ella, al ser reemplazado por otro, conserve inscritas sus facultades, de entenderse -erróneamente- que aquel que ha decidido y tiene la potestad de designar a otro en lugar del primeramente apoderado, no puede dejar sin efectos las facultades que originariamente tenía conferidas el sustituido o cesado. Por todo ello la DGRN revoca la nota.
493.-Res. DGRN de 25/07/2017. TRANSFORMACIÓN. INFORME EXPERTO.
Del balance resulta claramente que la sociedad que se transforma tiene patrimonio no dinerario (inmovilizado material e inversiones financieras a corto plazo). El RM considera exigible informe de experto independiente no sobre la totalidad del patrimonio social sino sólo respecto del no dinerario. Y, ante la claridad del mandato legal y reglamentario (art. 18.3 LME), no puede acogerse la pretensión del recurrente de que el patrimonio dinerario sería suficiente para garantizar la cobertura del capital y del pasivo exigible.
494.-Res. DGRN de 26/07/2017. HIPOTECA. CONDICIÓN PRESTAMISTA.
La manifestación negativa del acreedor, no entidad de crédito, a los efectos de la aplicación de la Ley2/2009, de no dedicarse profesionalmente a la concesión de préstamos únicamente será admisible si queda confirmada por la búsqueda negativa en las bases de datos registrales que debe hacer el RP, pero nop si de dicha consulta resulta que es titular de otros créditos hipotecarios. Para vello bastará con la concesión de simplemente dos préstamos. Dicha Ley no contempla diferente tratamiento en su articulado según el préstamo hipotecario recaiga o no sobre vivienda, por lo que puede deducirse que el legislador español ha querido ir más allá en la protección del consumidor que la normativa comunitaria, extendiendo las medidas de protección adoptadas con independencia del bien gravado, como también ha ampliado la extensión de dicha protección a las personas jurídicas prestatarias en los mismos términos que a las personas físicas. El ámbito de aplicación de dicha normativa viene determinada, por tanto, no por la naturaleza del bien hipotecado (parcela, vivienda o local de negocio), ni por la naturaleza física o jurídica de la persona prestataria, sino por el destino del préstamo o crédito concedido para una actividad ajena a la propia actividad empresarial o profesional del prestatario. Así, serían factores favorables a un destino empresarial vinculado a la actividad propia del deudor la manifestación de su condición de empresario, la indicación de que el préstamo tiene por finalidad «la reunificación de deudas y obtención de liquidez», expresión habitualmente asociada a una actividad empresarial, o la circunstancia que la finca hipotecada figura en la certificación catastral con un uso de «Ocio-Hostelería», con una superficie total construida de 3.589 metros cuadrados y con un sótano para espectáculos, negocio que podría ser el destinatario del préstamo. Sin embargo, operan en contra de ese destino empresarial vinculado a la actividad propia del deudor, la circunstancia de que la reunificación de deudas es posible también en el ámbito privado, siendo que en esta materia operan las presunciones en favor de la aplicación de la normativa protectora de los consumidores, y que la naturaleza de la finca gravada no es determinante para señalar el destino del préstamo, máxime cuando con reiteración en la escritura las partes manifiestan que se trata de una vivienda (ejemplo: en el apartado consentimiento especiales se habla de «la vivienda objeto de la presente hipoteca», o de que «la finca descrita no constituye su vivienda habitual»), lo que hace pensar que ha existido una alteración de destino urbanístico o una nueva construcción que no ha sido objeto de actualización catastral.
En cuanto a la condición de empresario del prestatario, la simple referencia a tal condición en las circunstancias personales de la comparecencia, como un dato identificativo más, no permite deducir que se esté actuando dentro del marco específico de su actividad como tal empresario, cuestión ésta que no cabe presumir sino que debería haberse invocado expresamente en el título. Antes al contrario, y ello es el factor determinante de la decisión de este expediente, tanto en la oferta vinculante como en la información normalizada europea anexa a la misma, el crédito se califica de hipotecario «privado» y de «crédito al consumo» respectivamente, por lo que debe aplicarse esa normativa. En cuanto a la circunstancia de que la entidad de intermediación, sí cumple con los requisitos de inscripción en el registro especial y de aval bancario establecidos en la citada Ley, y que por eso precisamente se ha cumplido con los requisitos del proceso de contratación establecidos en la Orden 2899/2011, ello no impide que la prestamista y acreedora deba cumplir también tales requisitos legales, porque los mismos son exigibles respecto a cada profesional y a cada uno respecto del registro propio de la actividad de concesión de créditos o de intermediación a la que se dedica.
496.-Res. DGRN de 19/07/2017. HIPOTECA. SUBSANACIÓN. APODERAMIENTO.
No tiene carácter abusivo la cláusula en la que se apodera a la entidad financiera para otorgar, por medio de sus apoderados, cuantos documentos fueran necesarios para la inscripción del préstamo, y sobre esta base se puede prestar un nuevo consentimiento respecto de la cláusula de intereses de demora para acomodarla a la Ley y a su interpretación jurisprudencial.
497.-Res. DGRN de 19/07/2017. JUNTA GENERAL. PRÓRROGA. MAYORÍAS.
En el caso la presencia de notario para levantar acta de la junta no había sido solicitada por los socios, por lo que la constancia de los acuerdos debatidos en acta notarial no constituye requisito inexcusable para la eficacia de los mismos y su inscripción en el RM. Finalizada la reunión de manera abrupta, según la mayoría de los socios por decisión del propio notario, estos deciden continuar la JG fuer de la notará, sin la presencia de los minoritarios. Para la DGRN, si se tratara de un supuesto de prórroga de las sesiones, ningún inconveniente existiría para que de la primera sesión se hubiera levantado acta notarial y, en cambio, para la segunda sesión se admitiera la sustitución en el cargo de secretario de la junta, de suerte que los acuerdos adoptados en esta última serían inscribibles aunque no constaran en acta notarial. Pero, habida cuenta del contenido del art. 195 LSC, esta conclusión tiene como presupuesto que estos últimos acuerdos sean adoptados en la segunda sesión de la misma junta y no en una nueva junta, algo que no resulta acreditado a la vista del contenido del acta notarial de la junta. En efecto, es en esta acta donde debe constar que la junta se suspende -en vez de darse por cerrada- para continuar en una sesión posterior mediante la prórroga oportuna, y en un lugar diferente y con nombramiento de secretario para la redacción del acta correspondiente. Pero ninguno de tales extremos figuran en tal documento notarial, sin que, por lo demás, se haya solicitado por el presidente o por algunos de los restantes socios que constaran en acta sus manifestaciones acerca de su voluntad de someter a votación el acuerdo de cese de administradores, de su oposición a la finalización de la junta o de su solicitud de adopción del correspondiente acuerdo de prórroga o continuación de la misma junta en un momento posterior y en lugar diferente. Por ello, debe concluirse que no ha quedado acreditada dicha prórroga o continuación de la junta general, y debe mantenerse el defecto expresado por el registrador, sin que puedan ser dilucidadas en el marco de este procedimiento las cuestiones planteadas por los recurrentes sobre supuestas omisiones en el contenido del acta notarial de la junta ni quepa pronunciamiento alguno sobre una eventual responsabilidad civil del notario por su actuación. Por otro lado, entiende el RM que no es posible acordar el cese de los consejeros con sólo el voto favorable de accionistas que representan el 65% del capital social, toda vez que los estatutos sociales establecen para tales acuerdos un quórum reforzado del 68% del capital social. La DGRN que en una sociedad eminentemente capitalista como la SA prevalece el principio de amovilidad del administrador, de modo que la separación de este podrá ser acordada, en cualquier momento por la junta general; y que este principio característico del tipo social quedaría comprometido por las cláusulas estatutarias que, al fijar quórum o mayorías superiores a los establecidos en la Ley, dificulten directa o indirectamente el acuerdo de separación en detrimento de la agilidad revocatoria que la defensa del interés social normalmente exige. También es cierto que la posibilidad de introducir en los estatutos mayorías reforzadas para la adopción de acuerdos de cese de administradores es admitida expresamente para la SRL, sin que pueda ser superior a dos tercios de los votos correspondientes a todas las participaciones sociales, mientras que para la SA no se contempla la misma posibilidad. Sin embargo, lo cierto es que dicha circunstancia se encuentra prevista en los estatutos inscritos en el RM, quizá por haber considerado el registrador que dadas las características de la sociedad en cuestión ello era posible. Como el contenido del Registro se presume válido y los asientos del mismo están bajo la salvaguardia de los tribunales, de modo que producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad, confirma el defecto.
498.-Res. DGRN de 03/07/2017. LIQUIDADOR. CADUCIDAD CARGO ADMINISTRADOR. QUÓRUM. MAYORÍA.
Se trata de una SA con capital divido al 50 % y enfrentamiento abierto entre ambos grupos que hace imposible cualquier acuerdo. En el año 2010 se decreta la disolución judicial, el cese del consejo de administración y en el nombramiento de un liquidador único, pero se pospone la eficacia del cese a la aceptación del liquidador. La resolución es recurrida y no es firme hasta 2012. Ahora se pretende la inscripción de un traslado de domicilio acordado en JG de 2014 a la que sólo asiste un socio, y que había sido convocada por una comisión liquidadora integrada por dos de los antiguos miembros del consejo de administración. Como primer punto, y a pesar del silencio de la LSC, la DGRN admite el nombramiento de liquidador hecho por el juez, pues en situación de conflictos irresolubles entre los socios la solución legal de conversión en liquidadores de los anteriores administradores es inadecuada para poner término de una manera racional a la situación porque no quedan conjurados los problemas derivados de los previsibles futuros y reiterados conflictos en la fase de la liquidación y en la ejecución de las operaciones que hubieran de realizarse de división del haber social entre los socios, ni se asegura la intervención como liquidador de un tercero imparcial además de técnicamente cualificado. La misma Ley de Jurisdicción Voluntaria, al regular el expediente mercantil de disolución judicial, ha consagrado en norma de rango legal, aunque en sede extravagante, la doctrina acerca de la competencia del juez que dicta la sentencia de la disolución forzosa de la sociedad para designar liquidadores ex artículo 128.2 en lugar de los antiguos administradores. Consiguientemente no tuvo lugar la conversión del anterior consejo de administración en una comisión liquidadora, a pesar de que dicha resolución judicial había de surtir efecto en el momento en que constara en autos la aceptación del nombrado. Ahora bien, la correcta inteligencia de tal previsión judicial -se limita a recordar la necesidad de obtener la aceptación del nombrado como condición inexcusable para el ejercicio de la función- es incompatible con la pretendida continuación en el cargo, sea como administradores o liquidadores, aunque sea provisionalmente, de los que desempeñaran antes el cargo de administrador en la sociedad dado que lo buscado de suyo por el juez en su sentencia es derechamente lo contrario: enervar la aplicación de la regla de conversión de los administradores en liquidadores. A estos efectos, es irrelevante que no constare inscrito en el Registro el nombramiento del liquidador judicial pues desde la firmeza de la resolución judicial en que se constituye a la sociedad en estado de liquidación deben reputarse cesados en sus cargos los anteriores administradores debiéndose proceder ahora a realizar las operaciones de la liquidación exclusivamente por quien quiera que sea el liquidador designado por el juez.
A mayor abundamiento, tampoco pudo producirse aquella conversión por cuanto el cargo de administrador estaba caducado en esa fecha. La DGRN rechaza la pretensión del recurrrente de que el cómputo del plazo de cinco años del nombramiento de los miembros del consejo de administración por la junta general celebrada el 10 de octubre de 2001 debe realizarse por días, y que, comoquiera que, en el momento en que se nombró nuevo consejo mediante acuerdo (de 16 de mayo de 2005), primero suspendido y luego anulado, aún no habían transcurrido los cinco años, el nombramiento efectuado en 2001 no había caducado, por faltar 511 días de vigencia, produciéndose la caducidad a la fecha en que devino firme la declaración de nulidad del nombramiento del nuevo consejo de administración tras la inadmisión del recurso de casación interpuesto. Para determinar la duración efectiva es preciso realizar dos cómputos diferentes: a) en primer lugar, el cómputo de fecha a fecha, tomando como «dies a quo» la fecha del nombramiento, y no la fecha de aprobación del acta ni la fecha de la aceptación b) en segundo lugar, una vez realizado ese cómputo, determinar si ha transcurrido el plazo legal para la celebración de la junta general ordinaria para aprobación de las cuentas del ejercicio anterior, salvo que, aunque no hubiera transcurrido, se haya celebrado cualquier otra junta general. En el supuesto de hecho considerado, como el nombramiento de los miembros del consejo de administración había sido por cinco años, conforme a lo establecido en los estatutos sociales, y ese nombramiento tuvo lugar el día 10 de octubre de 2001, esos cinco años se cumplieron el día 10 de octubre de 2006, habiéndose producido «ministerio legis» la caducidad del nombramiento el 30 de junio del siguiente año, que es cuando finalizó el plazo legalmente establecido para la celebración de la junta general ordinaria, y ello con total y absoluta independencia de que antes de esa fecha se hubiera producido la suspensión del nombramiento del nuevo consejo de administración. La norma según la cual, acordada la disolución -hay que entender que por la junta general o por el juez-, el consejo de administración queda «automáticamente» nombrado comisión liquidadora (artículo 29), presupone que los administradores tienen su nombramiento vigente. Un consejo de administración caducado no se convierte en comisión ejecutiva, y, por consiguiente, era radicalmente contraria a la Ley la convocatoria de la junta general de accionistas para acordar el traslado del domicilio social.
Por último, la DGRN revoca el defecto relativo a la pretendida falta de quórum y de la mayoría necesaria para la adopción del acuerdo, pues, deducido del quórum la parte de capital pendiente de íntegro desembolso, habría concurrido a la junta general el 50% del capital con derecho de voto. La cifra sobre la que se calcula el quórum de constitución es la del capital social menos la representada por la suma del valor nominal de las acciones que se hallen en mora, y ese porcentaje habría asistido a la junta. La junta se celebró en segunda convocatoria con asistencia de la mitad del capital con derecho de voto, aunque hubiera sido suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital. La misma conclusión positiva debe afirmarse respecto de la mayoría necesaria para acordar el traslado del domicilio con modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales. El acuerdo se adoptó con el voto favorable de la única accionista que concurrió a la junta, esto es, que el acuerdo se adoptó por «unanimidad». El registrador parece entender que la exigencia legal de que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta se refiere a la totalidad del capital social, cuando, en realidad, la Ley se refiere a la mayoría absoluta del capital concurrente a la junta general (artículo 201.2). La norma legal, tanto antes como después de la modificación introducida por la Ley 31/2014, establece la mayorías necesarias en primera y en segunda convocatoria partiendo de los porcentajes concurrentes a la junta general, y no por referencia a la totalidad del capital social.
499.-Res. DGRN de 03/08/2017. RENUNCIA ADMINISTRADOR. NOTIFICACIÓN.
Respecto de la forma de la notificación de la renuncia del administrador a la correspondiente sociedad, en casos en los cuales el documento de renuncia no ha podido ser entregado por la indicada vía postal, el acta autorizada conforme al 201 Reglamento Notarial acredita únicamente el simple hecho del envío de la carta por correo, la expedición del correspondiente resguardo de imposición como certificado, entrega o remisión, así como la recepción por el notario del aviso de recibo y la devolución del envío por no haber podido realizarse la entrega, pero no cambia los efectos de la notificación, que serán los establecidos con carácter general para las cartas certificadas con acuse de recibo por el RD 1829/1999, de 3 de diciembre, que en su artículo 32, párrafo final señala que «el envío se considerará entregado cuando se efectúe en la forma determinada en el presente Reglamento», sin que de este Reglamento resulte que la devolución de un correo certificado con acuse de recibo produzca los efectos de una notificación. Los tribunales entienden en ocasiones que cuando las comunicaciones por correo certificado con acuse de recibido son devueltas con la mención avisado «ausente», «caducado», o «devuelto», se considera que hay falta de diligencia imputable al destinatario, que salvo prueba razonada y razonable de la imposibilidad de la recepción, no impide la eficacia del acto que se notifica o para el que se lo requiere. Pero son sentencias referidas al procedimiento administrativo ordinario o común de notificaciones y a los efectos de no entender caducado el procedimiento. Por eso entiende la DGRN que debe seguirse la vía del procedimiento previsto en el 202 RN, de manera que habiendo resultado infructuoso el envío postal, el notario debe procurar realizar la notificación presencialmente, en los términos previstos en dicho artículo.
499.-Res. DGRN de 01/08/2017. LIQUIDACIÓN. REVERSIÓN DE BIENES.
En una sociedad constituida por años el cómputo del plazo debe hacerse de fecha a fecha. En ningún caso el presidente del consejo puede llevar a cabo una operación que refleje una cesión global de activo, al estar claramente fuera de su competencia. Por otro lado, respecto de la reversión a favor del Ayuntamiento de los bienes aportados por éste, su previsión estatutaria no puede primar sobre los derechos de los acreedores sociales, pues debe interpretarse necesariamente de acuerdo con los principios generales que rigen en materia de liquidación de las sociedades de capital. En realidad, la «reversión» no es sino una previsión estatutaria sobre el modo de satisfacción de la cuota de liquidación al Ayuntamiento. Pero, al igual que sucede en las demás sociedades de capital, cuando existe ese deber de restitución, lo que la Ley pretende es establecer una jerarquía entre los bienes potencialmente objeto de liquidación, ya que, antes de enajenar los bienes aportados por el titular de ese auténtico privilegio, el liquidador o los liquidadores deben enajenar los demás bienes sociales. Significa ello que esa «reversión» está subordinada a la íntegra satisfacción de los créditos, y significa igualmente que el liquidador o liquidadores de esa sociedad mixta no están eximidos de la necesidad del otorgamiento de la escritura pública de extinción y de declarar en ella que se ha procedido al pago de los acreedores. En esa escritura, el liquidador o liquidadores deberán declarar, entre otros extremos, que los demás accionistas no tienen derecho a la cuota de liquidación y que el pago de esa cuota por lo que se refiere al Ayuntamiento, se ha realizado mediante la entrega de los bienes aportados por dicho Ayuntamiento a la constitución de la sociedad mixta, que se describirán en la escritura de extinción, con indicación de sus datos registrales, si los tuviera
500.-Res. DGRN de 30/08/2017. CONCURSO ACREEDORES. CANCELACIÓN. LIQUIDACIÓN.
Habiéndose hecho constar en el presente caso la extinción de la sociedad con cancelación de la hoja registral como consecuencia del auto de declaración de cierre del concurso de acreedores, sería improcedente inscribir una ulterior escritura de extinción de dicha sociedad. No obstante, en el caso el concurso se había declarado y concluido sin pasar por el trámite intermedio de la apertura de la liquidación, por lo que, al haber relaciones jurídicas pendientes, la liquidación societaria complementaria, fuera del concurso, no debe quedar al margen del RM. A estos efectos, el cierre de la hoja registral, por su propia configuración, debe admitir posibles asientos posteriores. En efecto, el nombramiento de liquidador es una vicisitud posterior a la cancelación que interesa a terceros; y, sin duda, las operaciones de liquidación reflejadas en la escritura calificada (aprobación del balance de liquidación y reparto del exiguo activo resultante) constituyen otras vicisitudes de la sociedad que interesan también al liquidador, en cuanto comportan un efectivo cumplimiento de su cometido, de suerte que está justificado su reflejo registral «post mortem». Por lo demás, tal constancia registral tiene claro apoyo en la aplicación analógica de lo establecido en el art. 248 RRM, respecto de la inscripción -no obstante la cancelación efectuada- del valor de la cuota adicional de liquidación que hubiera correspondido a cada uno de los antiguos socios en caso de activo sobrevenido.
108.- STC 95/2017, de 06 de julio. CATALUÑA. PROPIEDAD TEMPORAL
La propiedad temporal que regula la Ley 19/2015 no supone la conservación o modificación de una institución existente en el Derecho civil especial de Cataluña, pues se trata de una figura jurídico real que no estaba regulada en él al promulgarse la Constitución. Constituye, sin embargo, una actualización a las necesidades presentes de acceso a la vivienda de un principio preexistente en dicho ordenamiento, cual es la utilización de fórmulas de dominio dividido para facilitar el acceso a la propiedad. Por esta razón la regulación recurrida debe calificarse, conforme a nuestra doctrina, como un supuesto de crecimiento orgánico del Derecho civil especial de Cataluña que resulta amparado por la competencia atribuida al legislador autonómico para el “desarrollo” de su Derecho civil especial.
109.- STS de 18/07/2017 Rec. 2955/2015. CARÁCTER IMPERTATIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE APROVECHAMIENTO POR TURNOS.
La parte recurrente solicita la resolución de un «certificado de Fiducia» por el que tenía derecho a la utilización de unos apartamentos que disfrutarían por periodos vacacionales en un complejo sito en Tenerife. La Ley 42/1998, que regula el régimen jurídico de aprovechamiento por turnos (hoy sustituida por la Ley 4/2012, de 6 de julio) tiene carácter imperativo (véase su DA2ª) tratándose de inmuebles sitos en España.
La jurisprudencia del TS (sentencias nº 774/2014, de 15 de enero, 775/2015, de 15 de enero de 2014, y 776//2014, de 28 de abril 2015) ya señalaba que cualquier fórmula distinta a la contemplada por la Ley 42/1998, para regular una división temporal del derecho al uso de un bien inmueble, fuera de la alternativa que contempla esta ley, debería ser considerada cometida en fraude de ley, siendo el negocio jurídico fraudulento merecedor de la sanción de nulidad. Por tanto, se aplica con carácter imperativo la Ley 42/1998 no sólo a los derechos de aprovechamiento por turno stricto sensu, sino también los similares: cualquier otro derecho real o personal por tiempo superior a tres años y relativo a la utilización de uno o más inmuebles durante un período determinado o determinable al año.
En cuanto a la posibilidad de reventa, el ánimo de lucro no excluye la condición de consumidor de una persona física. Sí en la jurídica, dado que deben actuar en el ámbito de su actividad empresarial o profesional. Cabe deducir, por tanto, que la persona física que actúa al margen de una actividad empresarial es consumidora, aunque tenga ánimo de lucro, y salvo que realice estas operaciones asiduamente en un período corto de tiempo.
110.- SAP de Pontevedra [1] de 28/06/2017 Rec. 392/2017. CONSUMIDOR. SOCIEDAD.
En el caso la sociedad mercantil adquirió una vivienda, que en principio se destina a vivienda habitual de su administradora única y su esposo, justificando el uso de la casa como una retribución en especie de su administradora. Se platea si se merece la consideración de consumidora. De entrada, resulta muy difícil pensar en una sociedad mercantil como consumidora, puesto que, según se desprende del art. 116 CCom, la constitución de una sociedad mercantil comporta una finalidad de lucro, es decir, el ánimo de lucro está ínsito en la propia sociedad mercantil, por lo que, en realidad, cuando el art. 4 LGDCU alude a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro, se está refiriendo a las sociedades de carácter civil, a las asociaciones, a las Comunidades de Propietarios…, pero no a las sociedades mercantiles. Es verdad que, en principio, el objeto social de una sociedad mercantil viene definido en la escritura de constitución, pero también lo es que ello no impide que, en la práctica, la sociedad se dedique a cualesquiera otras actividades orientadas al objetivo que justifica su creación: la obtención y maximización del beneficio. De ahí que, en una primera aproximación, cualquier operación realizada por la sociedad se considere teleológicamente ejecutada para la consecución del fin social, directa o indirectamente. Lo cual no excluye otras posibilidades (piénsese en donaciones a ONG, actos de beneficencia…), pero sí que las circunscribe a supuestos infrecuentes. Por otra parte, no puede obviarse que la utilización de una sociedad mercantil, o más correctamente, del ropaje jurídico de una sociedad mercantil, con personalidad jurídica propia, con un propósito ajeno al objeto social, no parece compatible con los principios de buena fe y lealtad contractual o de prohibición del ejercicio antisocial de los derechos. Si se acude a la figura de la sociedad anónima o de responsabilidad limitada para realizar una operación ajena a la misma y que encubre un fin espurio, como la opacidad (que no figure un bien a nombre de persona o personas determinadas) o la evasión fiscal (aprovechamiento del mejor trato fiscal a las sociedades que a las personas físicas por la misma actuación -léase IS, ITPyAJD, IVA, IRPF…), la actuación puede ser jurídicamente válida pero no cabe a continuación invocar el verdadero sustrato para que emerja la realidad que se trataba de ocultar, para así evitar los efectos negativos de la opción inicial. Es decir, el derecho no puede amparar que se emplee una forma societaria para la consecución de determinadas ventajas y acto seguido se pretenda prescindir de dicha forma para eludir los eventuales inconvenientes. La doctrina de los actos propios impone a las partes atenerse a las consecuencias de una actuación consciente y voluntaria. La Sala desconoce cuáles fueron las razones por las que parece que se pretende adquirir la vivienda a través de la sociedad. Quizá por motivos tributarios, quizá para que no apareciera como de su titularidad a fin de evitar posibles cargas o responsabilidades. En cualquier caso, es indiferente. El inmueble fue comprado por la sociedad mercantil, figura contabilizado en su inmovilizado y constituye una garantía que refuerza su solvencia de cada a sus relaciones con terceros, pudiendo deshacerse del mismo en cualquier momento para obtener liquidez, arrendarlo o hipotecarlo para lograr financiación, permutarlo por un local de negocio, utilizar la cuota de participación en la comunidad para instar la apertura de una actividad empresarial en la urbanización. No estamos, pues, ante un consumidor, sino que la sociedad demandante actuó en el marco de una actividad empresarial. No puede compartirse el argumento de que, en el fondo, la operación encubría una operación privada de consumo.
111.- SAP de Asturias [5] de 27/06/2017 Rec. 113/2017. SOCIEDAD. EXTINCIÓN. PERSONALIDAD JURÍDICA.
El TS en su reciente sentencia de 24-5-2.017 se decanta decididamente por la tesis de quienes distinguen el plano registral o formal de la declaración de extinción de la sociedad del sustantivo, debiendo entenderse subsistente la sociedad y dotada de personalidad en tanto no se agoten todas las relaciones obligacionales en las que es parte, más concretamente, teniendo por referencia la declaración de extinción del art. 178 LC. La DGRN, en su extensa y documentada resolución de 10-3-2.017, sostiene la pervivencia de la sociedad en el plano material en tanto no se liquiden todos sus bienes ni se resuelvan todos sus derechos y obligaciones, abogando por la continuidad en la representación de la sociedad del que fuera su administrador si en el concurso no preveyó la dotación de otro órgano de administración y representación, de forma que, correlativamente, debe de rechazarse la excepción de falta de poder.
112.- SAP de Pontevedra [1] de 28/06/2017 Rec. 363/2017. JUNTA UNIVERSAL.
Por más que se apliquen criterios de flexibilidad en la celebración de una junta universal, es evidente que esta debe celebrarse. No puede equipararse a sus mínimas exigencias, la falta de reunión y decisión unánime, una dinámica mecánica de no celebración real y aparentar la misma a través de la certificación que emite la gestoría encargada de los trámites contables de la sociedad, por más que los socios tuvieran conocimiento o pudieran intuir que se había procedido de dicha manera. Los acuerdos aparentes, en realidad inexistentes, son nulos ya por poder estimarse contrarios al orden público o contrarios a la ley. El mero conocimiento a posteriori de haber procedido a aparentar una junta universal a los efectos de considerar aprobadas las cuentas anuales y proceder a su depósito en el Registro Mercantil, no puede entenderse como actos inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica afectante a su autor, y que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior.
113.- SAP de Barcelona [15] de 30/06/2017 Rec. 288/2016. ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDAD.
Es cierto que una doctrina jurisprudencial defiende la posibilidad de exonerar de responsabilidad al administrador cuando el acreedor conoce al concertar la deuda la situación económica precaria o de bancarrota de la sociedad. Pero no basta el conocimiento de la situación de pérdidas para que deba hacerse aplicación de esa doctrina, sino que el mismo no es otra cosa que un dato más que habrá que analizar al examinar si la conducta del acreedor es susceptible de ser considerada como de mala fe. Se manifiesta en estos supuestos la vulneración de la buena fe en la contradicción con los actos propios , cuando quien reclama ha creado con su propia conducta un estado fáctico que define una situación jurídica que ulteriormente debe respetar y que por ello ya no será posible contrariar sin faltar a la debida coherencia y al estándar de comportamiento representado por el parámetro de la buena fe . Ese estado fáctico definidor de la situación jurídica que ya no podrá ser contrariada vendría representado en estos casos por la asunción consciente y voluntaria del riesgo de frustración del propio crédito, que por lo menos se presenta como previsible, en grado razonable, dada la conocida situación económica de la otra parte contratante. En el caso la actora no podía desconocer que la sociedad se encontraba incursa en causa legal de disolución en los años 2009 y 2010 porque sus administradores, a su vez socios de la acreedora, debieron aprobar las cuentas del primero de esos ejercicios e incluso concurrieron a una ampliación del capital social cuyo objetivo fue remover la causa legal de disolución, lo que finalmente ni siquiera se consiguió. Lo que resulta determinante es que tales socios mayoritarios tenían en sus manos remover la causa legal de disolución e incluso disolver la sociedad, en la misma medida que los administradores demandados, y no lo hicieron. Por consiguiente, si durante 2012 aún siguieron permitiendo que la sociedad de la que eran administradores (la actora) siguiera contratando con la sociedad, fue porque aceptaron los riesgos que de ello se derivaban. Por tanto, pretender luego hacer responsables a los administradores de la deudora entraña un acto contrario a la buena fe.
114.- SAP de Barcelona [15] de 30/06/2017 Rec. 254/2016. CONSEJERO EJECUTIVO. RETRIBUCIÓN.
La ley 31/2014 desdobla el régimen retributivo de los administradores; uno, de carácter general, aplicable a los administradores “en su condición de tales”, y otro específico para los consejeros ejecutivos, que se regula en el artículo 249 de la Ley. La reserva estatutaria del artículo 217 sólo es predicable a la retribución de los consejeros no ejecutivos. Sólo respecto de estos los estatutos han de establecer si el cargo es remunerado y determinar, en su caso, el sistema de remuneración (apartado primero). Y a la junta general le corresponde fijar el importe máximo de la remuneración del conjunto de los administradores, permaneciendo vigente en tanto no se apruebe su modificación (apartado tercero). Ciertamente, los consejeros ejecutivos tienen la condición de administradores y, por tanto, cabría sostener que su remuneración también se sujeta a las exigencias del artículo 217. Sin embargo, entendemos que el empleo de la locución “en su condición de tales” que se añade al término “administradores”, tanto en el apartado primero como en el apartado tercero del artículo 217, sólo se explica si se establece una distinción entre quienes ejercen funciones ejecutivas y los que son simples administradores, tal y como se venía apuntando antes de la Reforma. La expresión ” en su condición de tales” no puede ser baladí o superflua, sino que se introduce en la Ley con el propósito de delimitar y restringir la reserva estatutaria en el sistema de remuneración de los administradores. El artículo 249.3º y 4º establece un régimen propio de remuneración del consejero ejecutivo, separado del régimen general del artículo 217, para el que no existe reserva estatutaria ni intervención de la junta en la determinación del importe máximo. Se regula por un contrato celebrado con la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, debiendo abstenerse el consejero afectado de la deliberación y de la participación en la votación. En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El propio artículo 249 establece sus propias cortapisas a la retribución del consejero ejecutivo, distintas, por tanto, de las reservas del artículo 217: el consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en el contrato y ” este deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.” Que el contrato deba sujetarse a la “política de retribuciones aprobada en la junta” conlleva, a nuestro modo de ver, que no deba ajustarse a otras limitaciones previstas en los estatutos. El Tribunal es consciente de que el cambio legal puede comprometer la transparencia en la retribución del consejero ejecutivo, sobre todo en las llamadas sociedades cerradas que pueden buscar la forma de administración mediante un órgano colegiado y consejero delegado con la finalidad de eludir los controles de la junta.
115.- SAP de Madrid [28] de 07/07/2017 Rec. 528/2013. JUNTA GENERAL. DERECHO DE VOZ. INFORMACIÓN. FACULTADES DEL PRESIDENTE.
El presidente de la JG tiene la facultad de dirigir los debates y puede retirar a los socios el uso de la palabra, pero tal facultad no puede ejercitarse arbitrariamente o de forma abusiva, impidiendo al socio cuya exclusión se propone expresar su opinión sobre la misma y las causas que a su juicio motivaban el acuerdo. Las alegaciones que pretendía efectuar el demandante, cuya exclusión era objeto de deliberación, no implicaban una manifestación abusiva o carente de finalidad legítima sino que se dirigían a justificar la inexistencia de las causas en que se fundaba la propuesta debatida, al ser otra la razón última por la que, en opinión del actor, se acordaba su exclusión, fuera o no así, pero esa era la postura del actor y sus alegaciones escritas se dirigían a ponerlo de manifiesto. Por lo demás, el demandante ejercitó su derecho de información en la propia junta interesando expresamente aclaraciones para que se concretara la identidad de los pacientes sobre los que había vertido opiniones contradictorias, sin que se le facilitara porque el presidente manifestó que no disponía de esos datos en ese momento, sin que llegara a facilitarse dato alguno con posterioridad. Se trata de una aclaración relevante hasta el punto de que se refiere a uno de los motivos alegados para acordar la exclusión y su omisión integra una flagrante infracción del derecho de información.
Consulta DGT, V0074-17, de 18 de enero. ISD. Entrega de legado.
En una herencia en que figura el legado de un inmueble, no puede acordarse la entrega del legado sin que por el legatario se acredite previamente el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En caso contrario, la omisión del heredero puede generar las sanciones reguladas en la LISD.
92-Sentencia TS [Contencioso-administrativo], de 06/04/17, rec. 1095/2016. ISD. Reducciones por parentesco.
Como ya habíamos destacado en consultas de ámbito autonómico, el TS señala ahora, en unificación de doctrina, que el parentesco por afinidad no se pierde por el fallecimiento de la persona que originaba dicho vínculo. Por tanto, para las reducciones previstas en el Impuesto sobre Sucesiones, procede la inclusión de los descendientes por afinidad en el grupo III aun cuando haya fallecido la persona que servía de vínculo entre el causante y el descendiente por afinidad.
93.-Consulta DGT, V1077-17, de 9 de mayo. ISD. Deudas deducibles. Criterio de territorialidad.
Cuando el heredero tributa por obligación real (por el inmueble sito en España, al no ser residente en territorio español), únicamente resultan deducibles para el cálculo del impuesto las deudas y cargas situadas o que deben cumplirse igualmente en España, lo cual no ocurre con un préstamo hipotecario otorgado por un banco de Dinamarca, aunque esté garantizado con el inmueble en España.
94.-Consulta DGT, V1449-17, de 7 de junio. IRPF. Reinversión vivienda habitual.
Es aplicable la exención en la ganancia patrimonial por la venta de la vivienda habitual, aunque la nueva se adquiera fuera de España (concretamente, en EEUU). La ganancia se origina por la transmisión de la vivienda habitual en el período impositivo en el que tiene la condición de contribuyente por el IRPF y, al no exigir el Reglamento del Impuesto, entre las condiciones de reinversión, la ubicación de la vivienda en territorio español, cabe concluir que, toda vez que se cumplan las condiciones del artículo 41 del RIRPF, queda exenta.
95.-Consulta DGT, V1628-17, de 22 de junio. IVA. Concepto de empresario o profesional.
La atribución al contribuyente de este concepto de empresario o profesional está íntimamente ligada a la intención de venta. Por tanto, si adquirió por donación una rústica de su padre y su intención era conservarla, aunque después de participar en la urbanización del terreno, por motivos económicos sobrevenidos, considere venderla, no puede decirse que ostentara la condición de empresario o profesional cuando se le empezaron a imputar los costes de urbanización (no tenía entonces dicha intención de venta, cesión o adjudicación por cualquier título), y por tanto la transmisión posterior quedaría fuera del ámbito de aplicación del IVA, tributando por TPO. Ahora bien, sí podría decirse que existía intención de venta, y por tanto condición de empresario o profesional al pagar la primera derrama de urbanización, si concurriesen elementos objetivos de prueba como la deducción del impuesto soportado por los costes de urbanización.
5.-Comentario del mes. ANOTACIONES DE UN NOTARIO PERPLEJO AL ANTEPROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO. Artículo publicado en el Diario La Ley, Nº 9047, Sección Doctrina, 22 de Septiembre de 2017, Editorial Wolters Kluwer (versión corregida de errores).
RICARDO CABANAS (Notario).
No todo el texto del AL me interesa ahora, sino sólo los aspectos más estrictamente contractuales, pues dejo fuera todo lo relacionado con el régimen de los intermediarios financieros o sus representantes, el régimen sancionador o la regulación sectorial. El lector me permitirá, incluso, un cierto solipsismo corporativo, que ya hago explícito en el mismo título, pues quiero reflejar las perplejidades que, como notario en activo, me ha suscitado la lectura detenida del AL. No lo digo con ánimo de criticar las soluciones propuestas, sólo que algunas me sorprenden y hasta me resulta difícil imaginar cómo se dará aplicación a las previsiones legales. Dado el papel central que el AL atribuye al notario en este sector de la contratación, no juzgo impertinente creer que una lectura en clave notarial del AL pueda ser de utilidad para otros profesionales con interés en la materia. De todos modos, tampoco podemos abstraernos de la realidad política de nuestro país, pues con un Gobierno en minoría parlamentaria existe el riesgo de que el texto final de la Ley, suponiendo que la legislatura dure bastante para permitir su aprobación, termine pareciéndose muy poco al AL en todo aquello que no sea la estricta trasposición de la norma europea[i].
11.- Respecto del contenido del contrato y cláusulas abusivas: aunque se trata de una cuestión distinta, el art. 13.1 y la DF 14ª AL, así como la nueva redacción del art. 5 Ley 19/2014 por la DA 9ª AL, se refieren a la posibilidad de que reglamentariamente se fijen las cláusulas que los contratos de préstamo habrán de tratar o prever de forma expresa, en cuyo caso el notario habría de comprobar que así se hubiera hecho. Además, la DF 14ª.1.d) AL señala que el Gobierno podrá establecer “un modelo de contrato de préstamo con garantía hipotecaria“, así como medidas que favorezcan su utilización, “que será voluntaria para las partes” (ya veremos cómo coordinar este modelo con el “préstamo hipotecario de confianza” de la DA 1ª de la Ley andaluza 3/2016, de 9 de junio). Por otro lado, en relación con el mandato del art. 84 LGDCU, tanto para el notario como para el RP, añade una referencia -inútil, por obvia- a las cláusulas contrarias a normas imperativas o prohibitivas, pero exime a las SSTS que declaren la nulidad por abusiva de una cláusula con valor de jurisprudencia de la necesidad a los efectos de este precepto de su inscripción en el Registro de CGC, mientras que para las restantes sentencias exige que sean firmes y estén inscritas. El problema se plantea con la sentencia firme inscrita de instancia inferior al TS en acción individual que declare nula por abusiva una cláusula, pues propiamente de esta sentencia no deriva un mandato general de eliminación, ni siquiera para el condenado, que puede tener otras sentencias también firmes, pero a su favor (para eso, habría de ser acción colectiva de cesación, art. 12.2 LCGC)[ii].
En otro orden de cosas, con esta redacción ya resultaría insalvable la colisión con la norma catalana del art. 251-6.4.a) CCC, que establece el mismo límite, pero fijo para toda la duración del préstamo según el interés legal del dinero vigente en el momento de la firma. Obviamente no corresponde al notario, el RP o -en última instancia- la DGRN resolver la constitucionalidad de la norma, pero sí decidir sobre la presencia en la escritura y la inscripción de un interés de demora que respete la normativa estatal, pero no la autonómica, donde, no lo olvidemos, con notoria impropiedad se califica la cláusula de abusiva -es tarea de los jueces-. La DGRN ha dispuesto una solución donde unas veces se inscribe y otras no, según resulte de una valoración ad hoc de su compatibilidad con la norma estatal (Ress. 14/07/2017, 09/03/2016, 10/02/2016, 04/01/2016, 10/11/2015, 25/09/2015). No obstante, y de acuerdo con la doctrina de la misma DGRN que no permite un interés ordinario superior al de demora (entre otras, Res. de 22/07/2015), de momento nos encontramos con que en Cataluña los intereses ordinarios ya no responden en plenitud a los mecanismos del mercado, de la oferta y la demanda, pues cada año, en función del interés legal del dinero, queda de facto fijado para el futuro el límite máximo del interés ordinario cuando se haya pactado como variable[iii].
[i] Me van a permitir que arranque con una pequeña anécdota sobre los vericuetos que a veces toma la tramitación parlamentaria de una Ley, y para ello me remonto a la gestación en 1998 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación -LCGC-, Diario de sesiones de la VI legislatura (número 370), especialmente la sesión 39 de 10/02/1998 de la Comisión de Justicia e Interior. La DA 1ª del proyecto de ley recogía la redacción original del art. 10.bis de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios -LGDCU- sobre la definición de las cláusulas abusivas, de acuerdo con el texto de la Directiva 93/13/CEE, y por eso especificaba que su “apreciación no se [referiría] a la definición del objeto principal del contrato ni su adecuación con el precio pactado”. Su inclusión en el texto final no debía ofrecer demasiadas dudas, pues solamente se había presentado una enmienda de supresión por parte de Izquierda Unida -IU-, la número 71. El portavoz en la Comisión del grupo parlamentario que entonces era mayoritario (Partido Popular), fue breve y contundente al tildar de inadmisible la enmienda 71. Ningún otro Grupo Parlamentario de la oposición hizo amago de apoyarla. Pero el Presidente de la Comisión propuso después una votación conjunta con otras dos enmiendas del grupo de IU, que el portavoz del grupo mayoritario dijo en su intervención que sí se iban a aceptar. Nadie detecta que se ha colado el número 71, y que al votar conjuntamente las enmiendas números 54, 70 y 71 de IU que se aprueban por unanimidad, se incorporaba a la Ley española una singularidad respecto de la Directiva de la que nadie pareció ser consciente. Ningún debate, ninguna reflexión, absolutamente nada. Un simple despiste. El texto pasa al Senado y sus Señorías ya se olvidan del tema. Al final el TS evitó que ese despiste sirviera de excusa para implantar un control judicial del precio (STS de 18/06/2012 Rec. 46/2010), pero no ha dejado de ser un factor de distorsión en todo lo relacionado con esta delicada materia. Con estos antecedentes, miedo me da qué puede ocurrir cuando este AL se convierta en Proyecto de Ley y empiece su tramitación en las Cortes Generales.
[ii] Otra pequeña anécdota. Con la intención de aclarar este tema elevé en el año 2000 una consulta a la DGRN, la cual en fecha 07/04/2000 tuvo a bien contestarme que la cuestión no podía ser resuelta por vía de consulta, sino que es el notario el que tiene que interpretar si el acto o contrato es o no ajustado a Derecho. La DGRN confundió entonces un mandato de abstención directo, sin posibilidad de valoración por parte del notario, con el juicio de conformidad con la Ley que, en todo caso, corresponde al notario. Si realmente todo se limitara al segundo tipo de control, la regla de la LGDCU estaría de más, pero ésta va más lejos, impone una obligación, no atribuye una facultad, y por eso ambos funcionarios deben denegar la autorización o la inscripción, sin más. Otra cosa es que mantengan incólumes sus facultades de control de la legalidad, en cuyo caso podrán denegar tambien su intervención cuando, a su juicio, las cláusulas sean nulas por contravenir algún precepto imperativo. En el segundo supuesto, el funcionario sí que formula un juicio, una valoración, y nada impide que lo haga sobre la base de una sentencia recaída en una acción individual cuyo contenido conozca, pero lo mismo no ocurre en el primer supuesto. Aquí la aplicación de la norma es maquinal, de ahí la necesidad de precisar su ámbito de aplicación, mediante especificar el tipo de sentencias cuya inscripción genera tan radical mandato de abstención.
[iii] Para terminar con la última anécdota a pie de página, tampoco está claro qué quiso hacer realmente el legislador catalán. El proyecto de Ley establecía el límite de 2’5 veces el interés legal del dinero, un poco en la línea de la LCCC. Se presentaron cuatro enmiendas, ya con la LH reformada por la Ley 1/2013. En tres se subía el límite al triple, y en la cuarta se mantenía el inicial del 2’5, pero añadiendo esta última enmienda de forma expresa que sería el interés legal vigente en el momento de la firma del contrato, precisión que no estaba en el Proyecto. Las enmiendas no incorporan una justificación específica, y tampoco el debate en el pleno del Parlament arroja mucha luz, aunque un parlamentario de la CUP sí que se quejó abiertamente de que, al final, se habían limitado a copiar lo que hacía el Estado Español (quizá no se percataron de que hacían algo distinto). De todos modos, en una comparecencia ante la Comisión competente de principios de 2014, el Registrador José Luis Valle, como portavoz de su colectivo profesional, ya les advirtió del conflicto que podía provocar esa discrepancia del Proyecto con la LH (tomado del Diario de Sesiones: “tendremos que la garantía hipotecaria ya no va a ser igual en todo el territorio y eso podría afectar a la unidad de mercado“).