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Timestamp: 2020-07-10 20:02:22
Document Index: 341589381

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 148', 'artículo 30', 'artículo 24', 'artículo 8', 'Artículo 2', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 4', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2016-4175
Documento consolidado BOE-A-2016-4175
«BOIB» núm. 42, de 02/04/2016, «BOE» núm. 105, de 02/05/2016.
BOE-A-2016-4175
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2016/03/30/2/con
Texto inicial publicado el 02/04/2016
Así pues, hoy en día, el mantenimiento de la competitividad del producto turístico de las Illes Balears implica, además de invertir en infraestructuras, la necesidad de hacerlo en productos medioambientales que respondan a las preferencias actuales y a las tendencias futuras de los turistas, cada vez más interesados en destinos que fomenten el desarrollo medioambiental sostenible. Todo ello exige a los agentes implicados –así como a las instituciones públicas– un esfuerzo que garantice un turismo sostenible, esfuerzo para el que hay que contar con la colaboración del sector empresarial, sobre el que, en definitiva, también tiene que revertir esta mejora de la calidad del producto turístico, principalmente mediante la inversión en la preservación del medio natural, en la recuperación y la rehabilitación del patrimonio histórico, y en el desarrollo de infraestructuras que fomenten el turismo sostenible.
En efecto, la atención del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático tienen que convertirse en acciones preferentes de los poderes públicos, que intentan despertar la conciencia ciudadana para que el medio natural sea respetado y se preserve de actuaciones perturbadoras de su equilibrio natural. Siendo una política prioritaria en el marco de actuación de los estados modernos, parece fuera de toda duda la trascendente actuación que en esta materia de protección del medio ambiente corresponde ejercer a las comunidades autónomas, de acuerdo con los artículos 148.1.9.ª y 149.1.23.ª de la Constitución Española, y que, en el caso de las Illes Balears, se recoge en el artículo 30.46 del Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero.
El artículo 148.1.18.ª de la Constitución Española establece, asimismo, que las comunidades autónomas podrán asumir las competencias en materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, y así se recoge también, por lo que a las Illes Balears respecta, en el artículo 30.11 del Estatuto de Autonomía. En este sentido, el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears determina que los poderes públicos de la comunidad autónoma tienen que reconocer la actividad turística como elemento económico estratégico de las Illes Balears, y establece que el fomento y la ordenación de la actividad turística se tienen que llevar a cabo con el objetivo de hacerla compatible con el respeto al medio ambiente, al patrimonio cultural y al territorio, así como con políticas generales y sectoriales de fomento y ordenación económica que tengan como finalidad favorecer el crecimiento económico a medio y largo plazo.
A tal efecto, se crea el fondo para favorecer el turismo sostenible –que se nutrirá del producto de la recaudación de este nuevo tributo–, y, teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible requiere la colaboración y la participación de la sociedad, se crea también la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible, órgano en el que participarán las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales. Esta comisión elaborará un plan anual de impulso del turismo sostenible que fije los objetivos anuales prioritarios, con criterios de equilibrio territorial, y será la encargada de velar por la aplicación del citado fondo.
El título I, que contiene las disposiciones generales, hace referencia al objeto de la ley, que es regular los elementos esenciales del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y destinar los ingresos que genere este impuesto al fondo para favorecer el turismo sostenible; también regula la naturaleza, la afectación y la compatibilidad del impuesto que se crea con otros tributos o exacciones. En este sentido, el impuesto somete a tributación la capacidad económica del contribuyente, persona física, por razón de las estancias que realice en los establecimientos, las viviendas y las embarcaciones de crucero que, bajo la denominación común de establecimientos turísticos, explotan los empresarios turísticos, otras personas o entidades y los armadores o navieros, con fundamento, normalmente, en los correspondientes contratos de alojamiento –y en los de transporte con alojamiento en el caso de cruceros–, y constituye un impuesto directo, desde el punto de vista jurídico, desde el momento en que la ley no establece la repercusión obligatoria por parte del contribuyente a una tercera persona ajena a la relación jurídica tributaria con la Administración, sino que incluso la prohíbe, de modo que es el contribuyente quien, en todo caso, tiene que soportar la carga tributaria, sin perjuicio de la figura del sustituto del contribuyente, que también se prevé.
El título II, relativo a los elementos del impuesto, consta de cuatro capítulos. El capítulo I delimita el hecho imponible y establece determinadas exenciones puntuales de carácter subjetivo y objetivo. En cuanto al hecho imponible, lo constituye la estancia que realice el contribuyente en los denominados establecimientos turísticos, esto es, los establecimientos hoteleros y otros establecimientos típicos de alojamiento, las viviendas turísticas y las embarcaciones de crucero turístico. En este sentido, se prevé un amplio abanico de sujeción al impuesto, que, por lo tanto, no afecta únicamente a los establecimientos hoteleros más habituales, sino que incluye también los cruceros turísticos que hacen escala en los puertos de las Illes Balears y las viviendas turísticas reguladas en la normativa autonómica –e, incluso, las que se comercializan al margen de esta normativa, en muchos casos por razón de las restricciones legales relacionadas con la tipología del inmueble–, viviendas todas ellas que han incrementado materialmente la oferta turística en los últimos ejercicios. En este último sentido cabe decir que la legislación tributaria no puede ignorar la realidad, a saber, el hecho de que las estancias en las viviendas que materialmente son objeto de comercialización turística sin cumplir todos los requisitos que para ello impone la legislación turística verifican la capacidad económica del contribuyente objeto de gravamen por este impuesto y, por lo tanto, constituyen auténticos supuestos de sujeción al tributo. Así pues, en estos casos proceden el devengo, la liquidación y el cobro del impuesto, por un lado, a raíz de la verificación del hecho imponible, y, además, por otro lado, la imposición de una sanción administrativa por no cumplir plenamente los requisitos establecidos en la legislación turística para el ejercicio de la actividad –además de la eventual sanción tributaria como consecuencia de la falta de autoliquidación voluntaria del impuesto por el sustituto del contribuyente.
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 8 de la Ley general tributaria, se establece una presunción iuris et de iure según la cual se entiende que las estancias en los establecimientos turísticos a que se refiere el hecho imponible constituyen, en todo caso, estancias turísticas, tanto si hay pernoctación como si no la hay. De este modo, pues, el eje de la imposición gira alrededor de la estancia turística en las Illes Balears, sin perjuicio que la delimitación de este carácter no pueda recaer, en buena lógica, en la voluntad subjetiva del contribuyente, sino que tenga que vincularse al elemento objetivo que supone la utilización de establecimientos turísticos por parte del contribuyente, que explotan empresarios que actúan en el ámbito del alojamiento y del transporte turístico, de acuerdo con la legislación vigente en materia de turismo y en materia de viajes combinados. Por esta misma razón, el impuesto no es aplicable a otras relaciones jurídicas que implican el uso residencial de un inmueble por parte de personas físicas, pero en las que la actividad empresarial de la persona o entidad que explota el inmueble no tiene carácter turístico según la citada legislación, como los simples arrendamientos de temporada –sin comercialización turística–, sometidos a la legislación de arrendamientos urbanos, y los alojamientos inherentes a las residencias de militares, de estudiantes universitarios y de personas mayores, y a las instalaciones juveniles con alojamiento reguladas en la normativa autonómica en materia de juventud.
El capítulo II de este título regula los sujetos pasivos y prevé, junto con el contribuyente –que es el que lleva a cabo el hecho imponible–, al sustituto –que es el que ha de cumplir con las obligaciones materiales y formales que dispone la ley–. Además, y con el fin de garantizar el cobro de la deuda tributaria, se establecen determinados supuestos de responsabilidad subsidiaria y solidaria –concretamente, la de los mediadores que contratan directamente las estancias con los sustitutos en beneficio de los contribuyentes y la de los consignatarios que actúan por cuenta de armadores o navieros en los casos de embarcaciones de crucero turístico– y el régimen legal que, desde el punto de vista subjetivo, tiene que aplicarse respecto de la legitimación y las personas beneficiarias en las posibles devoluciones de ingresos indebidos que resulten de la aplicación del impuesto.
El último capítulo de este título regula los elementos de cuantificación del impuesto, es decir, la base imponible y la cuota tributaria. Con respecto a la base imponible, se establece que está constituida por los días de estancia o fracción, y se define qué hay que entender por día –en el caso de establecimientos y viviendas, la franja horaria que va de las 12.00 horas del mediodía hasta las 12.00 horas del día siguiente, y, en el caso de embarcaciones de crucero turístico, cada uno de los períodos de veinticuatro horas desde el inicio de la estancia. Las estancias inferiores a dichas franjas horarias que superen las doce horas de duración se considerarán estancias de un día.
Con respecto a la cuota tributaria, se configura una tarifa que oscila entre los 0,25 euros y los 2 euros por día de estancia o fracción, en función de los tipos de establecimientos en los que tiene lugar el hecho imponible. No obstante, esta cuota tributaria es objeto de una bonificación del 50 % para las estancias que se realicen en temporada baja, para cuya determinación se ha tenido en cuenta, en esencia, el flujo de visitantes en las Illes Balears, que, en general, aumenta considerablemente a partir de los meses de abril y mayo –con cerca de un millón de personas–, se incrementa todavía más en los meses de julio y agosto –hasta alcanzar prácticamente la cifra de los dos millones de personas–, y disminuye de manera apreciable a partir del mes de noviembre. En todo caso, se entiende que la reducción en un 50 % de la cuota tributaria a lo largo de los meses de temporada baja constituye un elemento favorable –al menos en términos relativos– para la desestacionalización del turismo, con lo que se introduce un elemento de extrafiscalidad que es coherente con la estructura y las finalidades del impuesto y con el resto de medidas de impulso del turismo sostenible que lo acompañan. Asimismo, se establece otra bonificación con finalidades igualmente extrafiscales y también del 50 % de la cuota íntegra –o de la cuota ya bonificada en los casos de temporada baja– aplicable a las estancias de los contribuyentes en un mismo establecimiento turístico que se extiendan más allá de los ocho días consecutivos –cifra que, de acuerdo con los datos estadísticos de estos últimos años, constituye el número de días medio de las estancias turísticas efectuadas en las Illes Balears– a fin de fomentar estancias turísticas de una duración más larga, con una utilización, por lo tanto, menos intensa de los grandes medios de transporte y, en definitiva, con menos impacto medioambiental.
Para finalizar con el articulado de la ley, el título IV crea el fondo para favorecer el turismo sostenible –antes citado–, que se nutrirá con los ingresos derivados de dicho impuesto, y la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible –también citada ya–, en la que participarán las administraciones autonómica, insular y local, los agentes económicos y sociales, y las entidades de carácter medioambiental. De este modo, el fondo para favorecer el turismo sostenible se destinará íntegramente a financiar, total o parcialmente, los gastos y las inversiones que decida el Consejo de Gobierno a propuesta de esta comisión, cuyo régimen jurídico se desarrollará por reglamento. Así pues, la Comisión será la encargada de proponer la finalidad concreta de los recursos que genere el impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears, a partir de los proyectos que presenten los consejos insulares, los ayuntamientos mediante las asociaciones que los representan, y el Gobierno de las Illes Balears, que tengan por objeto cualesquiera de las actuaciones que, a tal efecto, delimita la misma ley.
[Bloque 3: #a1objetodelaley]
Artículo 2. Naturaleza y afectación del impuesto.
Son cruceros turísticos los que efectúan transporte por mar con finalidad exclusiva de placer o de recreo, completado con alojamiento y otros servicios, y que implican una estancia a bordo superior a las dos noches, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) número 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) número 2006/2004, o de acuerdo con la delimitación establecida en la normativa que lo sustituya.
Artículo 7. Responsables subsidiarios y solidarios.
Artículo 8. Legitimación y beneficiarios en las devoluciones de ingresos indebidos.
Artículo 10. Exigibilidad y relaciones entre los sujetos pasivos.
Artículo 11. Obligaciones formales del sustituto del contribuyente.
Las estancias inferiores a estas franjas horarias deben considerarse estancias de un día, siempre y cuando, en el caso de establecimientos y viviendas, superen las doce horas de duración.
1.ª Este régimen podrá ser de aplicación a todas las estancias a las que se refieren las letras a) a k) del artículo 4.1 anterior o sólo a algunas de estas clases de estancias, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.
2.ª Los sustitutos del contribuyente que cumplan las circunstancias previstas en el reglamento de desarrollo de este régimen determinarán la base imponible de acuerdo con este régimen, a menos que renuncien a su aplicación, en los términos que se establezcan en el mismo reglamento.
3.ª Para la determinación de la base imponible en este régimen podrán utilizarse, entre otros, los siguientes signos, índices o módulos: el tipo y la categoría de establecimiento, el periodo de apertura, el número de plazas, la temporada o estación en que el establecimiento permanezca abierto, el grado de ocupación, el valor catastral del inmueble y la localización geográfica del establecimiento en el territorio de las Illes Balears.
Se modifica el párrafo 2 del apartado 2 por la disposición final 3.1 de la Ley 13/2017, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-929
Texto original, publicado el 02/04/2016, en vigor a partir del 03/04/2016.
Se modifican los apartados 1 y 2 por la disposición final 3.2 de la Ley 13/2017, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-929
Asimismo, en estos casos, y con carácter general, en el mes de septiembre de cada año el sustituto del contribuyente presentará un ingreso a cuenta, mediante la correspondiente autoliquidación, por un importe máximo del 60 % de la cuota que resulte de la aplicación de los correspondientes signos, índices o módulos.
Artículo 18. Datos estadísticos.
Artículo 19. Fondo para favorecer el turismo sostenible.
Se modifica el apartado 3.f) por la disposición final 3.3 de la Ley 13/2017, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-929
Se añade la letra f) al apartado 3 por la disposición final 2 de la Ley 6/2017, de 31 de julio. Ref. BOE-A-2017-10539
Artículo 20. Comisión de Impulso del Turismo Sostenible.
Mediante un decreto se determinarán la composición, las competencias y el régimen de funcionamiento de dicha comisión. En todo caso, el voto que se atribuya al Gobierno de las Illes Balears representará un 50 % del número total de votos que determine el decreto.
3. La Comisión elaborará un plan anual de impulso del turismo sostenible que fije los objetivos anuales prioritarios, con criterios de equilibrio territorial. Estos criterios se fijarán por decreto y tomarán como referencia las proporciones correspondientes a cada consejo insular previstas en la legislación reguladora del sistema de financiación de los consejos insulares. No obstante, podrá haber desviaciones anuales sobre el resultado de la aplicación de los criterios, siempre que no sean superiores al 40 %. En todo caso, estas desviaciones se compensarán en los ejercicios siguientes.
Disposición adicional primera. Informe de evaluación de impacto.
Disposición adicional segunda. Viviendas objeto de comercialización turística.
Disposición final primera. Habilitación de las leyes de presupuestos generales.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo reglamentario.
1. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
Palma, 30 de marzo de 2016.