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Timestamp: 2018-05-23 20:54:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 151', 'artículo 150', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 210', 'artículo 3']

CONTRATACIÓN [7255] | Derecho ADMINSITRATIVO II (UB) | Unybook
CONTRATACIÓN (2014)
Asignatura Derecho ADMINSITRATIVO II
Derecho Administrativo II CASO PRÁCTICO CONTRATACION 1) Resumen sentencia: El TS desestima el recurso de casación interpuesto por Obrascón Huearte Lain contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que desestimó el recurso formulado contra la resolución ministerial que rechazó la solicitud de una cantidad en concepto de indemnización por el retraso que experimentó la ejecución de la obra del "Nuevo Edificio de los Juzgados de Salamanca" que le fue adjudicada en su día. La Sala considera que la recurrente ni dejó de cobrar por el trabajo efectivamente ejecutado, ni se infringió el principio de riesgo y ventura y tampoco ha habido enriquecimiento injusto de la Administración. La sentencia se ha limitado a estar a lo convenido. Por eso, esgrime el principio pacta sunt servanda, y en este sentido, llama la atención que en el extenso escrito de interposición no se niegue la aceptación sin condiciones por OHL de tales proyectos 2) Principios: Pacta sunt servanda: es un principio general del Derecho y es en nuestro Código Civil donde encontramos las expresiones a tal principio, en los artículos 1.089 1.091,1.255,1256 y concordantes. El principio consiste en la obligación de pagar respetando lo pactado, proclamando que los contratos son para cumplirlos, un principio que establece una seguridad jurídica contractual. (STS 22 setiembre 200, 4 abril 2012) (Doctrina: Manuel Albadalejo y Miguel Sánchez Morón). Es un principio trasladable al derecho administrativo se aplica en los términos del Código civil y demás legislación aplicable cuando se trata de contratos privados de la Administración.
Riesgo y ventura: se trata de una de las normales especiales de derecho administrativo, concretamente de la legislación contratos, que tiene por finalidad garantizar el buen fin del contrato. Es un principio general de contratación, conforme al cual el contratista recibe los beneficios pero asume también las eventuales pérdidas derivadas del cumplimiento del contrato en sus propios términos, recogido en el articulo 215 LCSP. (Sanchez Morón) Equilibrio financiero: consiste en que debe mantenerse siempre el equilibrio financiero en el que se fundó el contrato adjudicado, un principio que actúa frente a cualquier incremento de coste o perdida de beneficios que altere el equilibrio. Pues cuando existe desequilibrio debe tener lugar algún tipo de compensación para recomponer el equilibrio. Ya sea a través de la revisión de precios, ya sea por lo que proceda en cada caso (factum principis), o aplicando la doctrina del riesgo imprevisible, o por ultimo la doctrina del enriquecimiento injusto. (Sanchez Morón) (art.258).
Resolver y contestar las siguientes Cuestiones 1. ¿Qué diferencia existe entre los procedimientos de adjudicación y los criterios de selección de los contratos públicos? ¿Qué procedimientos de adjudicación y qué criterios de selección establece la LCSP? Los diferentes tipos de procedimientos de adjudicaciones, tienen diversas etapas, y el objetivo al final del proceso es emitir un acto administrativo, mientras que los diferentes criterios de adjudicación son reglas conforme a las cuales se establece la determinación del procedimiento de selección. Los criterios de selección, según Sánchez Morón operan en los procedimientos de adjudicación abiertos y en los restringidos, pues dentro del procedimiento de adjudicación subyace un procedimiento de selección por el cual y a través de unos criterios de selección será o serán escogidos los adjudicatarios.
Procedimientos adjudicación: 1) Abierto (art.157 y art. 158) 2) Restringido (Art.162 i ss) 3) Negociado (art.169) 4) Dialogo competitivo (art.179-183) 5) Concurso de proyectos (adquisición de planos en el campo urbanismo…) 6) Acuerdos marcos (196-198) 7) Sistemas dinámicos de contratación (art.199-202) Criterios selección: 1) Cuando solo es un criterio: precio más bajo.
2) Cuando es más de un criterio (denominado concurso ley anterior): precio, calidad, formula de revisión de las retribuciones, plazo de ejecución o entrega, coste de utilización, características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de ciertas exigencias sociales, la rentabilidad, el valor técnico, las características funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes.
Cabe añadir también, las cláusulas sociales, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato.
2 2. ¿En qué consiste el “perfil de contratante”? Está regulado en el artículo 42 LCSP, y se trata de una sede informática donde deben incluirse todos los datos e informaciones relativas a la actividad contractual de cada órgano de contratación, además de los anuncios de licitación y los actos de adjudicación de los contratos. Cabe decir que todos los interesados pueden acceder a esta figura informática. La forma de acceso a este perfil debe especificarse en las paginas web institucionales, en los pliegos y anuncios de licitación.
Esta regulación tiene trascendencia informativa, pues informa, y jurídica, pues la publicación de convocatorias y actos en el perfil del contratante produce efectos propios de la publicación de actos jurídicos en determinados casos. Es pues un instrumento de acceso, publicidad y de comunicación electrónica con que deben contar ya sean administraciones o entes del sector público.
3. ¿Cómo debe justificarse la adjudicación de un contrato público? ¿Y la decisión de dejarlo desierto? En primer lugar decir que todos los contratos a los que se le aplica el TRLCSP están sometidos a la necesidad e idoneidad del contrato (Art.22), pues los entes del sector Publio deben celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales, y el objeto y contenido de cada contrato debe ser el idóneo para satisfacer las necesidades que quieren satisfacerse.
El objeto del contrato debe ser necesario para los fines del servicio público, los intereses generales y debe justificarse en el expediente administrativo.
La adjudicación de un contrato debe justificarse con una motivación que contenga las exigencias artículo 151.4: a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.
c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. (art 155.3 y 4) Todo ello sin olvidar la confidencialidad del articulo 153.
En el caso de dejarlo desierto, la Administración competente deberá de de acreditar razones de interés público debidamente justificadas y deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
4. ¿Es posible adjudicar un contrato por consideraciones sociales o ambientales? 3 Si, así lo permiten los criterios de selección, artículo 150 del TRLCSP que tratamos.
Criterios que puede considerar la administración para adjudicar un contrato.
5. ¿Puede un Tribunal adjudicar un contrato? No consta en la ley que tengan poder adjudicador, sin perjuicios de las impugnaciones de las decisiones de la administración.
Sin embargo añadir que ciertos órganos como el TC si lo tienen, según el artículo 3.2f) Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en lo que respecta a su actividad de contratación.
6. ¿En qué casos cabe la interposición del recurso especial de la LCSP? ¿Qué decisiones se pueden impugnar mediante este recurso? Casos interposición recurso especial, son susceptibles de este recurso (art.40.1): a) Contratos de obras, concesión de obras públicas, de suministro, de servicios, de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado y acuerdos marco, sujetos a regulación armonizada.
b) Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de esta Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 193.000 euros y, c) contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años. Serán también susceptibles de este recurso los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17.
Decisiones que se pueden impugnar, es decir, objeto de este recurso (art.40.2): a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
4 Añadir que, no serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva licitación.
7. ¿Cuál es la función del acto de adjudicación provisional? ¿Se aplica en todos los procedimientos de contratación? Nada dice el texto refundido de acto de adjudicación provisional, si bien es cierto que en la anterior ley 2007 si se regulaban, no se regulan ahora.
8. ¿Qué recursos pueden interponerse contra el acto de adjudicación definitiva? En la mayoría de casos, exceptuando de los del recurso especial del cual hemos hablado, caben los recursos administrativos ordinarios de la LRJPAC o el recurso contenciosoadministrativo.
9. ¿Qué jurisdicción es competente para conocer de las controversias que pueden surgir en relación a los contratos celebrados por una Entidad pública empresarial? Como contratos privados que son se rigen por derecho privado (Art.20 LCSP), en tanto que es celebrado por un ente del sector publico que no reúne la condición de administración, y el contrato ya ha sido celebrado, será competente la jurisdicción civil o mercantil, pues una vez adjudicado y celebrado el contrato, las controversias que surjan en tanto a éste entre las partes, ya sea acerca de su cumplimiento, ejecución, interpretación o extinción, es competencia de este órgano, como así lo establece la propia LCSP en su artículo 21.2.
A su vez, el orden jurisdiccional civil o mercantil será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren por los entes y entidades sometidos a la LCSP que no tengan el carácter de Administración Pública, siempre que estos contratos no estén sujetos a una regulación armonizada. (art.21.2) Cabe decir que si este tipo de contratos están sujetos a una regulación armonizada será competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. (Art.21.3) Por último y por otro lado, añadir que si se considerara una administración a dicha entidad en virtud del art.2 LCSP, estaríamos ante un contrato administrativo, y sería competente la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (art.21.1).
10. ¿Qué prerrogativas tiene la Administración pública en relación con los contratos privados que celebra? Conforme a la legislación, de acuerdo con el texto refundido de la ley de contratos del sector público, concretamente en virtud de su artículo 210 se 5 establecen las prerrogativas de los contratos administrativos, sin embargo no se contemplan dichas prerrogativas respecto de los contratos privados, ni de interpretación, modificación o resolución.
La base de las prerrogativas de la administración, respecto a los contratos administrativos, se justifica en el servicio al interés general, pues así se ha pronunciado el Tribunal Supremo vinculando los contratos administrativos directamente con la satisfacción del interés público y como esto justifica las facultades de las que disfruta la administración en las relaciones contractuales (STS de 24 de enero de 2007).
Respecto a los contratos privados en cuanto que también están dirigidos a la consecución del interés general, entiendo que con la previsión contenida en el artículo 3.2 RGLCAP, que establece que en los contratos privados el órgano de contratación tiene que incluir las cláusulas más convenientes al interés público.
En este sentido tiene la Administración (en su sentido am plio) la obligación de garantizar el cumplimiento y correcta ejecución de los contratos privados para garantizar el interés general, y se le deben reservar a la Administración determinadas facultades.
En virtud de esto, tenemos el principio de libertad de pactos recogido en el articulo 25 TRLCSP, que habilita para incluir en los contratos del sector publico cualesquiera de pactos, cláusulas y/o condiciones, que respeten el interés público, el ordenamiento jurídico y los principios de buena administración.
Entiendo que este artículo da la posibilidad de prever en las cláusulas de los contratos privados la atribución por parte de la Administración de determinadas facultades derivadas de la necesidad del interés público.
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