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Timestamp: 2019-06-20 11:13:04
Document Index: 97160086

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 28', 'artículo 52', 'artículo 40', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149']

Ley 6/1998 de 13 de Abr (Régimen del suelo y valoraciones) | Iberley
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. - Boletín Oficial del Estado de 14-04-1998
Estado: DEROGADO desde 01 de Julio de 2007 por LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
La última de dichas reformas, llevada a cabo por la Ley 8/1990 de 25 de julio y recogida en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio que ha sido objeto de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 (BOE de 25 de abril de 1997) , llevó esta línea de tendencia a sus últimas consecuencias y su fracaso, que hoy es imposible ignorar, reclama una enérgica rectificación cuyo norte no puede ser otro que la búsqueda de una mayor flexibilidad que, de un lado, elimine los factores de rigidez que se han ido acumulando y, de otro, asegure a las Administraciones Públicas responsables de la política urbanística una mayor capacidad de adaptación a una coyuntura económica cambiante, en la que los ciclos de expansión y recesión se suceden con extraordinaria rapidez.
2. Dentro de estos concretos límites, que comprenden inequívocamente la determinación de las distintas clases de suelo como presupuesto mismo de la definición de las condiciones básicas del derecho de propiedad urbana, la presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado. Y ello de acuerdo con el planeamiento y la legislación territorial o sectorial, en razón de sus valores ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos o culturales, de su riqueza agrícola, forestal, ganadera o de otra índole, o de su justificada inadecuación para el desarrollo urbano. Hay que tener presente, asimismo, que la reforma del mercado del suelo en el sentido de una mayor liberalización que incremente su oferta, forma parte de la necesaria reforma estructural de la economía española, para la que el legislador estatal tiene las competencias que le atribuye el artículo 149. 1. 13 de la Constitución Española.
El régimen urbanístico del suelo prescinde así de imponer a los propietarios un sistema de actuaciones programadas por la Administración, sin datos ni garantías efectivas que aseguren su ejecución, que ésta sólo está en condiciones de ofrecer en relación a sus propias actuaciones.
Ello no implica, en ningún caso, una renuncia a la función directiva y orientadora que es consustancial a la idea de Plan. Muy al contrario, la Ley parte del efectivo ejercicio de esa función por el planeamiento general, que puede y debe fijar en todo caso la estructura general del territorio, esto es, la imagen de la ciudad que la comunidad que lo aprueba considera deseable, ya que ésa es una referencia de la que, en ningún caso, puede prescindirse.
La flexibilidad que la Ley persigue con el fin de evitar la escasez de suelo no debe, sin embargo, conducir a un régimen de absoluta discrecionalidad de las autoridades urbanísticas a la hora de decidir acerca de la viabilidad de las iniciativas que se promuevan en el ámbito del suelo urbanizable. Por ello, la Ley ha previsto que el derecho a promover la transformación de dicho suelo instando de la Administración la aprobación del planeamiento de desarrollo, se podrá ejercer desde el momento en que el planeamiento general haya delimitado los correspondientes ámbitos o se hayan establecido las condiciones para su desarrollo, correspondiendo en otro caso a las Comunidades Autónomas la regulación de las citadas condiciones, así como de los efectos derivados del derecho de consulta, tanto sobre los criterios y previsiones del planeamiento --territorial y sectorial-- como de las obras adicionales que la actuación exija.
Se elimina así la actual dualidad de valores, inicial y urbanístico, a la que habían quedado ya reducidos los cuatro valores diferentes que estableció en su día la versión primera de la Ley del Suelo, de forma, que, a partir de ahora, no habrá ya sino un solo valor, el valor que el bien tenga realmente en el mercado del suelo, único valor que puede reclamar para sí el calificativo de justo que exige inexcusablemente toda operación expropiatoria. A partir de este principio básico, la Ley se limita a establecer el método aplicable para la determinación de ese valor, en función, claro está, de la clase de suelo y, en consecuencia, del régimen jurídico aplicable al mismo y de sus características concretas.
Este método es, tanto en el suelo no urbanizable como en el urbanizable aún no incluido en un concreto ámbito para su desarrollo, o para el que no se hayan establecido las condiciones de dicho desarrollo, el de comparación con los valores comprobados de otras fincas análogas, habida cuenta de su régimen urbanístico, situación, tamaño y naturaleza, así como de los usos y aprovechamientos permitidos por el planeamiento.
Para los casos en que esa comparación no sea posible, en los citados suelos --sin desarrollo previsible a corto plazo-- el método alternativo será el de capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo de acuerdo con su estado y naturaleza, que es el método tradicional.
En el suelo urbano y en el urbanizable incluido en ámbitos delimitados por el propio planeamiento general o con posterioridad al mismo, para los que se hayan establecido las condiciones de desarrollo, el método de cálculo consistirá en la aplicación al aprovechamiento correspondiente del valor básico de repercusión recogido en las ponencias catastrales para el terreno de que se trate, valor que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, refleja los valores de mercado, puesto que las valoraciones catastrales se fijan a partir de un estudio previo de dichos valores. Finalmente, y para el caso de que no existan o no sean aplicables los valores de las ponencias catrastrales por haber perdido vigencia o haberse modificado el planeamiento, el valor básico de repercusión se calculará por el método residual, comúnmente utilizado en el ámbito inmobiliario, en sus distintas modalidades, tanto por el sector público como por el privado.
La aplicación de valores de repercusión, habida cuenda de su correspondencia, en general, con terrenos urbanizados y en condiciones de ser edificados, conlleva la necesidad de deducir la totalidad de los costes de urbanización que en cada caso estuvieran pendientes, así como los costes financieros, de gestión y cualesquiera otros que fueran imprescindibles para dotar al terreno de la condición de solar, tal y como se viene haciendo habitual y pacíficamente en las tasaciones que se realizan a diario en el ámbito inmobiliario y en el financiero.
4. El Título IV de Ley se ha limitado a incluir los preceptos imprescindibles para enmarcar el ejercicio en este sector, por las distintas Administraciones Públicas, de la potestad expropiatoria, a la que serán aplicables sin más las normas generales vigentes que regulan ésta. Remite, asimismo, para la determinación del justiprecio, a los criterios generales establecidos en el Título III, acabando con la actual e injusta dualidad de criterios que trata de distinta manera al propietario expropiado y al que no lo es.
1. Los propietarios deberán contribuir, en los términos establecidos en las Leyes, a la acción urbanística de los entes públicos, a los que corresponderá en todo caso la dirección del proceso, sin perjuicio de respetar la iniciativa de aquéllos.
2. La gestión pública, a través de su acción urbanizadora y de las políticas de suelo suscitará, en la medida más amplia posible, la participación privada.
TITULO II REGIMEN URBANISTICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO
CAPITULO 1 Clasificación del suelo
1. Que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
2. Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística.
Modificación realizada (Se modifica el punto 2 del articulo 9) por LEY 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. (BOE de 21-05-2003) en vigor desde 22-05-2003
Modificación realizada (Se modifica el punto 2 del artículo 9.) por REAL DECRETO-LEY 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalizacion en el Sector Inmobiliario y Transportes. (BOE de 24-06-2000) en vigor desde 25-06-2000
CAPITULO 2 Derechos y deberes de los propietarios
1. Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado por la urbanización deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que los mismos alcancen --si aún no la tuvieran-- la condición de solar, y edificarlos en plazo si se encontraran en ámbitos para los que así se haya establecido por el planeamiento y de conformidad con el mismo.
c) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento del correspondiente ámbito; este porcentaje, que tiene carácter de máximo, podrá ser reducido por la legislación urbanística. Asimismo, esta legislación podrá reducir la participación de la Administración actuante en las cargas de urbanización que correspondan a dicho suelo.
Modificación realizada (Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 15) por LEY 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. (BOE de 21-05-2003) en vigor desde 22-05-2003
Modificación realizada (Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 15) por REAL DECRETO-LEY 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalizacion en el Sector Inmobiliario y Transportes. (BOE de 24-06-2000) en vigor desde 25-06-2000
Modificación realizada (Se modifica el contenido del articulo 16) por LEY 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. (BOE de 21-05-2003) en vigor desde 22-05-2003
Modificación realizada (Se adiciona un nuevo apartado 1 y un nuevo apartado 3 al artículo 16) por REAL DECRETO-LEY 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalizacion en el Sector Inmobiliario y Transportes. (BOE de 24-06-2000) en vigor desde 25-06-2000
En el suelo comprendido en sectores o ámbitos ya delimitados con vistas a su desarrollo inmediato, en tanto no se haya aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse excepcionalmente usos y obras de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos por la legislación urbanística o sectorial ni por el planeamiento general, que habrán de cesar, en todo caso y ser demolidas sin indemnización alguna, cuando lo acordare la Administración urbanística. La autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria.
4. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento del sector o ámbito correspondiente; este porcentaje, que tiene carácter de máximo, podrá ser reducido por la legislación urbanística. Asimismo, esta legislación podrá reducir la participación de la Administración actuante en las cargas de urbanización que correspondan a dicho suelo.
3. La infracción de cualquiera de las anteriores disposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1 de este artículo, facultará al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de un año a contar desde la fecha de su otorgamiento y para exigir indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren irrogado.
Los Notarios y Registradores de la Propiedad, exigirán para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de declaración de obra nueva terminada, que se acredite el otorgamiento de la preceptiva licencia y la expedición por técnico competente de la certificación de finalización de la obra conforme al Proyecto objeto de la misma.
TITULO III VALORACIONES
Modificación realizada (Se modifica el contenido del Articulo 25) por LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (BOE de 31-12-2002) en vigor desde 01-01-2003
Modificación realizada (Se modifica el contenido del articulo 27) por LEY 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. (BOE de 21-05-2003) en vigor desde 22-05-2003
Modificación realizada (Se modifica el apartado 4 del artículo 28 y se añade un nuevo apartado 5) por LEY 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. (BOE de 21-05-2003) en vigor desde 22-05-2003
Del valor total determinado por aplicación al aprovechamiento correspondiente de valores de repercusión, se deducirán, cuando proceda, los costes de urbanización precisa y no ejecutada, y los de su financiación, gestión y, en su caso, promoción así como los de las indemnizaciones procedentes, según las normas o determinaciones de este carácter contenidas en el planeamiento o en el proyecto de obras correspondiente o, en su defecto, los costes necesarios para que el terreno correspondiente alcance la condición de solar. En el supuesto de suelos urbanos sujetos a operaciones de reforma interior, renovación o mejora urbana, se deducirán asimismo los costes adicionales que estas operaciones puedan conllevar.
TITULO IV EXPROPIACIONES
El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se determinará conforme a lo establecido en el Título Tercero de la presente Ley, mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta.
El pago o depósito del importe de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el Proyecto de Expropiación habilitará para proceder a la ocupación de la finca y producirá los efectos previstos en los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de la valoración, en su caso, por el Jurado Provincial de Expropiación y de que puedan seguir tramitándose los recursos procedentes respecto a la fijación del justiprecio. Asimismo habilitará para proceder a la ocupación de las fincas la aprobación del documento de adjudicación de las futuras parcelas en que se hubiera concretado el pago en especie, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.
Modificación realizada (Se añade un nuevo párrafo c) al apartado segundo del artículo 40) por LEY 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Regimen Especial del municipio de Barcelona. (BOE de 14-03-2006) en vigor desde 14-06-2006
TITULO V SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS
Modificación realizada (Derogada) por REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. (BOE de 08-03-2004) en vigor desde 09-03-2004
D.T. 1ª. Normas de aplicación inmediata.
Modificación realizada (Se modifica el contenido de la D.T. Primera) por LEY 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. (BOE de 21-05-2003) en vigor desde 22-05-2003
D.T. 2ª. Planeamiento general vigente.
Modificación realizada (Se modifica el contenido de la D.T. 2ª) por LEY 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. (BOE de 21-05-2003) en vigor desde 22-05-2003
D.T. 3ª. Planeamiento general en tramitación.
Modificación realizada (Se modifica el contenido de la D.T. 3ª) por LEY 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. (BOE de 21-05-2003) en vigor desde 22-05-2003
Modificación realizada (Se modifica la Disposicion Adicional Tercera) por LEY 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. (BOE de 30-12-1999) en vigor desde 01-01-2000
D.T. Cuarta. Planeamiento en ejecución.
Modificación realizada (Se modifica el contenido de la D.T. 5ª) por LEY 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. (BOE de 21-05-2003) en vigor desde 22-05-2003
--Artículos 104. 3; 113. 2; 124. 1 y 124. 3; 133; 134. 1; 136. 2; 137. 5; 138 b) ; 159. 4; 168; 169; 170. 1; 183; 204; 210; 211. 3; 213; 214; 222; 224; 242. 1 y 242. 6; 243. 1 y 243. 2; 244. 2, 244. 3 y 244. 4; 245. 1; 246. 2; 255. 2; 258. 2 y 258. 3; 259. 3; 274; 276; 280. 1; 287. 2 y 287. 3; 288. 2 y 288. 3; 289; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; Disposición Adicional Cuarta. 1. ; y 3. ; Disposición Adicional Sexta; y Disposición Transitoria Quinta. 1.
2. Quedan asimismo derogados los artículos 1, 2, 3, Disposición Transitoria y Disposición Final Primera de la Ley 7/1997 de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios Profesionales.
Tienen el carácter de legislación básica en virtud de lo previsto en el artículo 149. 1. 13, 18. ; y 23. ; de la Constitución Española y, en su caso, de condiciones básicas del ejercicio de los derechos a tenor de lo dispuesto por el artículo 149. 1. 1. ; del propio texto constitucional, los siguientes preceptos: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 34; 41; 42; 43; 44. 1; Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta; y Disposiciones Transitorias 1. , 2. , 3. ; y 4, correspondiendo los restantes a la competencia exclusiva del Estado en virtud del artículo 149. 1. 4. , 8. ; y 18. ; del citado texto.
--Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.
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Fecha: 2003-05-22
REAL DECRETO-LEY 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalizacion en el Sector Inmobiliario y Transportes.
D.T. Tercera. Planeamiento general en tramitación.
D.T. UNICA. Urbanismo y suelo.
01/07/2007 Última Redacción
desde 14/06/2006 hasta 01/07/2007
desde 09/03/2004 hasta 14/06/2006
desde 22/05/2003 hasta 09/03/2004
desde 25/06/2000 hasta 01/01/2003
desde 04/05/1998 hasta 01/01/2000