Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651968
Timestamp: 2019-05-19 07:25:53
Document Index: 152522600

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 38', 'Artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 40', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 185', 'artículo 1', 'artículo 185', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 110', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 110', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 110', 'artículo 110']

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX SENADOR SEÑOR RICARDO MARTIN DÍAZ
INFORME DE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE SOBRE INCENDIO FORESTAL EN TORRES DEL PAINE
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE AGUAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA.
NUEVAS NORMAS PARA MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL
VERDAD E IMPERIO DE ESTADO DE DERECHO EN COLONIA DIGNIDAD
PROYECTO DE ACUERDO DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES , MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZAR GESTIONES DIPLOMÁTICAS RESPECTO DE LA SITUACIÓN QUE AFECTA AL SEÑOR CARLOS CARDOEN CORNEJO (S 783-12)
Sesión 36ª, en martes 15 de marzo de 2005
Minuto de silencio en memoria de ex Senador señor Ricardo Martin Díaz¿.
Informe de Comisión de Medio Ambiente sobre incendio forestal en Torres del Paine¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional (2981-11) (se aprueba en particular)..........
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica el Código de Aguas (876-09) (se aprueba su informe)................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en materia de modernización municipal (3768-06) (vuelve a Comisión).......
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Verdad e imperio de Estado de Derecho en Colonia Dignidad (observaciones del señor Viera-Gallo)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿...
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior , Secretario General de la Presidencia , de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones y de Salud, la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, y los señores Subsecretario de Obras Públicas y Superintendente de Instituciones de Salud Previsional.
Al iniciarse la sesión se rendirá homenaje con un minuto de silencio al ex Senador señor Ricardo Martin Díaz , quien falleció recientemente.
Cabe recordar que trabajó con nosotros durante ocho años -desde 1990 hasta 1998-, ganándose el cariño y la amistad de esta Corporación.
Las actas de las sesiones 33º, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 8 de marzo; 34º, especial, secreta, y 35º, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 9 de marzo, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero incluye en la actual convocatoria a Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional el proyecto que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, con el fin de evitar el uso abusivo de datos personales o de empresas y de resguardar a los usuarios de correos electrónicos de la propaganda comercial no solicitada (Boletín Nº 3.796-07).
Con los dos siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", acerca de los siguientes proyectos:
1) El que modifica la ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a las municipalidades para otorgar condonaciones que indica (Boletín Nº 2.892-06).
Con los dos últimos hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de las iniciativas que a continuación se indican:
1) Proyecto de ley que moderniza el servicio militar obligatorio (Boletín Nº 2.844-02).
2) Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco" (Boletín Nº 3.722-10).
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado con relación al proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas (Boletín Nº 3.129-03).
Del señor Eugenio Valenzuela Somarriva, por medio del cual agradece al Senado su designación como integrante del Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Del señor Ministro de Obras Públicas , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Fernández, acerca de la pavimentación del camino a Villa Castillo, Duodécima Región.
Del señor Director Nacional de Gendarmería de Chile, por medio del cual responde un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Espina, respecto de la aplicación de las normas que regulan el uso y porte de armas.
De la Comisión de Relaciones Exteriores y de la de Salud, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco", con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.722-10).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, mediante la cual informa que, en sesión de 9 de marzo de 2005, la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Muñoz Barra, Novoa y Pizarro, en atención a lo dispuesto en el artículo 36 bis del Reglamento del Senado, acordó proponer el archivo de los siguientes proyectos de ley, radicados en ella:
1.- Moción del Honorable señor Horvath con la que inicia un proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a las licencias de conducir extendidas en el extranjero (Boletín Nº 2.655-15).
2.- Moción del Senador señor Cordero por medio de la cual inicia un proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo concerniente a las sanciones aplicables a quien, sin tener la licencia requerida, maneje un vehículo cuya conducción exija licencia profesional (Boletín Nº 3.191-15).
3.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, con el objeto de regular la obligación de informar al Registro de Vehículos Motorizados las alteraciones o destrucción parcial o total de los vehículos (Boletín Nº 3.104-15) (En el caso de esta iniciativa, en atención al trámite constitucional en que se encuentra, se requiere el acuerdo previo de la Honorable Cámara de Diputados).
--Se accede a los archivos solicitados, oficiándose previamente a la Honorable Cámara de Diputados acerca del proyecto individualizado con el numeral 3.
De los señores Wilson Augusto Miranda Miranda y José Ramón Díaz Parra, por medio de las cuales piden la rehabilitación de sus ciudadanías (Boletines Nos S 781-04 y S 782-04, respectivamente).
El Senador señor Boeninger, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Carta Fundamental y 7º del Reglamento del Senado, solicita autorización para ausentarse del país a contar del 25 del mes en curso.
En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de la Honorable Cámara de Diputados por medio del cual comunica que ha aprobado el proyecto que modifica las leyes Nos 18.556, sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (Boletín Nº 3.803-06)..
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra el Honorable señor Orpis.
Señor Presidente , tanto la Comisión de Economía como el autor de la moción que modifica diversos cuerpos legales para limitar el cobro de intereses, regular la subasta hipotecaria y enmendar el recurso de revisión, que figura en el Orden del Día de la presente sesión, solicitan el acuerdo de la Sala para que la iniciativa pertinente, antes de su discusión y votación en general, vuelva a Comisión al menos por una semana más para efectuar algunos ajustes, pues han surgido nuevos antecedentes durante estos días.
Si le parece a la Sala, el proyecto mencionado regresará a la Comisión de Economía por el plazo de una semana.
El señor Secretario dará a conocer los acuerdos de Comités.
1.- Guardar al inicio de esta sesión un minuto de silencio en memoria del ex Senador señor Ricardo Martin Díaz.
2.- Ampliar los plazos para presentar indicaciones a los siguientes proyectos de ley:
a) Hasta mañana, a las 12, respecto del que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar, y
b) Hasta el lunes 21 de marzo, a las 12, tocante al que modifica la ley Nº 18.502 en relación con el impuesto al gas y establece regulaciones complementarias para la utilización del gas como combustible en vehículos.
También se acordó ofrecer la palabra al Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Senador señor Horvath, para que dé cuenta del viaje que realizaron sus miembros a Torres del Paine con el propósito de informarse en terreno sobre el incendio que tuvo lugar allí y las posibilidades de restauración.
Señor Presidente , la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, en virtud de un acuerdo adoptado en sesión de 2 de marzo del año en curso, recién iniciadas las labores del Parlamento, viajó a la zona afectada por el incendio forestal que asoló al Parque Nacional Torres del Paine .
La visita, realizada los días 3 y 4 de dicho mes, tuvo como propósito recorrer el área dañada por el siniestro, ver los medios con que se lo enfrentaba y, sobre todo, conocer las fallas presentes en nuestro país respecto a la prevención y contención de incendios, así como también analizar la legislación y la institucionalidad vigentes para contar con una labor y una acción de Estado más preventivas y eficaces.
Como es sabido por Sus Señorías, el incendio se inició el 17 de febrero, y fue provocado involuntariamente por un ciudadano de nacionalidad checa, a causa del derrame de una cocinilla en el área de un circuito normal que realizan turistas y andinistas. Dicha persona, al no poder contener el fuego, acude rápidamente a buscar ayuda en sectores públicos y comprueba que ni siquiera se cuenta con un carro con agua para apagarlo.
Dadas las condiciones climáticas existentes en la Patagonia, con olas de intenso calor -sobre 30 grados promedio, por casi tres semanas-, el incendio se fue rápidamente de las manos, afectando a una superficie relevante de nuestro patrimonio silvestre nacional.
La Comisión que viajó a la zona estuvo integrada por los Honorables señores Fernández , Ruiz , Vega y quien habla. Además, en calidad de ministra de fe, concurrió la abogada señora Magdalena Palumbo .
Tal como señala el informe que entregamos, el cual contiene un anexo fotográfico, contamos con la colaboración de la Fuerza Aérea de Chile, que puso a nuestra disposición un avión Twin Otter de la 4ª Brigada Aérea, que además prestaba apoyo al contingente que combatía el siniestro.
Asimismo, tuvimos la valiosa cooperación del señor Intendente de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, don Jaime Jelincic ; del señor Jefe de Incendio de la Corporación Nacional Forestal , don Juan Atienza ; del señor Alcalde de la comuna de Torres del Paine , don Fernando Paredes ; del personal del Ejército, de Carabineros y de la Armada de Chile; de brigadistas chilenos y de la República Argentina; de personal del Servicio Agrícola Ganadero, y, también, de particulares afectados por el incendio, como es el caso de las familias de los señores Tomislav Goic y José Antonio Kusanovic .
Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a los organismos y personas mencionados, pues el apoyo que nos brindaron nos permitió realizar en breve plazo una evaluación completa del sector.
El incendio forestal -reitero- se inició el 17 de febrero, a las 14 horas, en las inmediaciones del desagüe de la Laguna Azul, área sureste del Parque Nacional Torres del Paine, que posee cerca de 242 mil hectáreas. La etapa de contención gradual comenzó a partir del día siguiente y la fase de liquidación concluyó prácticamente en estos días.
Normalmente, el desarrollo de un incendio y su extinción total o liquidación tienen un tiempo similar de duración.
El siniestro afectó a un perímetro de 122,7 kilómetros y la superficie dañada alcanzó a 15 mil 573 hectáreas, de las cuales 11 mil 552 se encuentran dentro del Parque Nacional y 4 mil 200 pertenecen a predios particulares vecinos al parque.
Del total de la superficie dañada, 2 mil 400 hectáreas corresponden a bosques de especies nativas, como la lenga y el ñirre; el resto lo constituyen matorrales y estepas de coirón.
Una evaluación sucinta de los daños provocados por el incendio, sumando los gastos en medios para combatirlo, nos da una cifra cercana a los 3 mil 500 millones de pesos.
El informe contiene una secuencia cronológica de las actividades realizadas. Luego de sobrevolar la zona en el avión Twin Otter , visitamos el campamento Cero, donde se encontraban todas las fuerzas de combate, con las cuales sostuvimos una reunión hasta altas horas de la noche. Al día siguiente nos entrevistamos con los particulares antes señalados, y después, en helicóptero, sobrevolamos con mayor detención los sectores comprometidos. En seguida nos reunimos con distintos personeros para analizar la situación. Todo ello nos permitió presentar el informe y las propuestas a la Sala.
De los antecedentes recogidos podemos señalar las siguientes conclusiones:
1.- La actual institucionalidad forestal es inadecuada para desarrollar una eficaz labor de prevención y preservación de nuestra riqueza forestal, así como para abordar el combate de incendios en parques nacionales, en áreas silvestres protegidas o, en general, en zonas de bosques de gran extensión.
Actualmente, en el país se están quemando por año, en promedio, 52 mil hectáreas de bosque, fundamentalmente nativo. La reforestación del bosque nativo no alcanza ni siquiera al cinco por ciento de esa cifra; por lo tanto, si uno proyecta esta situación hacia el futuro, verá que es de claro desmedro para el bosque.
2.- La insuficiencia de recursos y su asignación a nivel central impiden actuar con la eficiencia y oportunidad requeridas en eventos de esta naturaleza.
La actividad económica asociada al turismo en el Parque Nacional Torres del Paine, que -como señalaron algunas personas- equivale a toda la Isla de Pascua o, desde el punto de vista del patrimonio ambiental y cultural, a lo que es la Capilla Sixtina para los italianos, genera a Chile al menos 120 millones de dólares anuales. Sin embargo, el monto de recursos que el Estado destina para prevención y combate de incendios representa menos del uno por ciento de esa cifra, lo cual resulta totalmente desproporcionado.
3.- El mayor énfasis político debiera estar, desde luego, en la elaboración de planes integrales de prevención, alerta y regulación. La Comisión advierte que la acción de los organismos estatales ha sido insuficiente, particularmente en lo relativo a los aspectos que se mencionan:
a) No existe una normativa interna de prevención racional y eficiente. Tanto es así, que la cartilla de instrucciones que la propia CONAF entrega a quienes visitan el Parque advierte que para hacer fuego "sólo se permite el uso de cocinillas". Y justamente el volcamiento de un utensilio de esta índole ocasionó el siniestro.
b) Inexistencia de una red de medición temprana de condiciones de riesgo; falta de torres de vigilancia -incluso, algunas se habían venido abajo y no fueron repuestas, aun mediando la existencia de ofertas de privados- y de equipamiento para procesar con resoluciones adecuadas información satelital y termal de imágenes.
4.- La infraestructura vial es insatisfactoria; hay escasez de sendas de penetración y de puentes -inclusive de los que sólo son capaces de soportar vehículos muy livianos-, realidad que dificultó y retrasó la acción de las brigadas combatientes. Es preciso señalar que estas brigadas construyeron cien kilómetros de caminos en diez días para acceder a sitios azotados por el fuego, lo cual retardó la contención del siniestro. Parte de estos caminos sirve de barrera de contención de incendios.
5.- Pérdida de eficacia de la CONAF en el combate contra siniestros, lo que obedece, entre otras causas, al desfase que se presenta entre la solicitud de recursos y las necesidades reales de la Corporación. La cobertura de protección en los parques nacionales ha disminuido de 12 a 8 horas diarias.
La verdad es que, dicho en buen chileno, hemos cargado demasiado la vocación de servicio de los trabajadores y funcionarios de la CONAF sin darles los medios para cumplir sus múltiples cometidos.
6.- La legislación laboral no contempla disposiciones para abordar situaciones de emergencia, como la catástrofe ocurrida en Torres del Paine. Por tanto, deben flexibilizarse sus normas a fin de permitir horarios de trabajo según los requerimientos ante hechos como el acaecido.
Las brigadas argentinas, que tienen otro régimen laboral, podían trabajar indefinidamente en distintas horas, de acuerdo con sus capacidades. Sin embargo, las chilenas, debido a nuestro sistema laboral, debían detener sus funciones en determinado momento.
7.- Históricamente, los incendios han sido de origen humano. No obstante, en el futuro aumentarán los iniciados por causas naturales en áreas montañosas donde no existen sistemas de detección ni accesos. De manera que, al efectuar una planificación, es preciso considerar el cambio climático como un fenómeno creciente que incidirá en el aumento del fuego. Ese cambio tuvo incidencia en el incendio de Torres del Paine, por cuanto previamente se produjo una onda de calor fuera de lo normal en toda la Patagonia chilena, que superó los 30 grados centígrados diarios, y en algunos casos, los 35.
Por lo anteriormente señalado, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales acordó solicitar a la Sala que el informe que emitió sobre la materia sea enviado a los señores Ministros Secretario General de la Presidencia, de Agricultura , de Hacienda y de Economía; al señor Intendente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, y al señor Director de la CONAF , a fin de que consideren las proposiciones que se indican, en el ámbito de sus respectivas competencias:
1.- Definir una nueva institucionalidad de carácter público para la CONAF -hoy está en el peor de los mundos: tiene lo malo de lo privado y lo malo de lo público-, dotándola de una orgánica y una estructura adecuadas a las variadas funciones que realiza.
2.- Considerar la asignación regional de recursos al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, especialmente en la zona austral, toda vez que en las Regiones de Aisén y de Magallanes se concentra el 85 por ciento de dicho Sistema.
Señor Presidente , pido anuencia para terminar mi informe en dos o tres minutos.
Le concedo un minuto.
3.- Establecer una política de prevención para la protección de nuestra riqueza forestal que aborde lo siguiente:
3.1 Existencia de una red de medición temprana de condiciones de riesgo.
3.2 Establecimiento de una normativa interna racional y eficiente de prevención de situaciones como la descrita.
3.3 Celebración de convenios formales y permanentes con Fuerzas Armadas, Carabineros, Oficina Nacional de Emergencia y otras entidades.
4.- Dotar a los parques nacionales de una red de caminos, accesos y puentes.
5.- Crear una red de telecomunicaciones (la que había era del todo insuficiente y no cubría el lugar siniestrado).
6.- Modificar el decreto ley que bonifica la reforestación, a fin de hacerlo más atractivo para lo concerniente a las especies nativas.
7.- Destacar que en la estepa magallánica se podría aumentar mucho la productividad con programas de riego, los cuales, de paso, servirían para prevenir condiciones de incendio.
8.- Incorporar en los programas educacionales la valoración del bosque nativo, a los efectos de que se traduzca en una actitud positiva hacia el medio ambiente y en acciones que eviten daños e incendios.
9.- Dotar a las comunas vecinas a los parques nacionales de medios suficientes y reponerlos en casos de deterioro, como en el de Torres del Paine.
10.- Considerar la efectiva participación de las entidades regionales en el proceso de recuperación de las especies afectadas. Tratándose de apoyo extranjero (por ejemplo, las donaciones de la República Checa), prever que los recursos se utilicen efectivamente en el sector, y
11.- Requerir la colaboración del Servicio Nacional de Turismo, en conjunto con la Cancillería, la CONAF y entidades regionales, para realizar una campaña internacional que demuestre que el área afectada corresponde a 5 por ciento del Parque y que las labores de recuperación también van a ser atractivas para los turistas que nos visiten en el futuro.
Finalmente, la Comisión acordó dejar constancia de su reconocimiento a la República Checa por su apoyo y su compromiso con la recuperación del sector; y, asimismo, hacer un reconocimiento a todas las organizaciones que participaron en la emergencia.
Por no tener el Senado facultades fiscalizadoras, estimamos que las negligencias y fallas administrativas que pudieren haberse producido en los hechos descritos deben ser investigadas por las instancias correspondientes: la Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República.
Si le parece a la Sala, se enviará el informe a las autoridades señaladas por el Honorable señor Horvath.
Señor Presidente , ¿me permite hacer una consulta sobre la Cuenta?
Puede hacerla, Su Señoría.
Entiendo que en la reunión de Comités, según me informó la Senadora señora Frei, se analizó cuándo se va a tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco: si en la sesión de mañana o en la del martes o en la del miércoles de la semana venidera.
Me gustaría aclarar ese punto.
No hubo una definición absoluta al respecto, señor Senador.
Dicha iniciativa está en condiciones de ser discutida por la Sala. Si es posible tratarla el martes o miércoles próximos, así se hará. Pero también es factible que se discuta en la sesión de mañana, si no hay suficientes proyectos para elaborar la tabla. No podemos descartar esta alternativa, porque se retiró el signado con el número 5 y es probable que hoy -Dios mediante- despachemos los tres primeros. En consecuencia, para la tabla de mañana no tenemos más iniciativas que las atinentes al cobro de aranceles por parte de los conservadores de bienes raíces y al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
En la reunión de Comités se manifestó la voluntad de postergar hasta el próximo martes, si ello fuera posible, el proyecto que interesa a Su Señoría. Pero si no hay más asuntos para conformar la tabla, nos veremos en la obligación de discutirlo en la sesión de mañana.
En todo caso, aclaro que mi consulta a la Mesa no se debió a una duda sobre lo que me informó la representante del Comité Demócrata Cristiano.
Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional, con segundo informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "simple".
Sesión 55ª, en 20 de mayo de 2003 (se aprueba en general), sesión 32ª, en 2 de marzo de 2005 (se aplaza su discusión particular), sesión 35ª, en 9 de marzo de 2005 (queda pendiente su discusión particular).
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Superintendente de Instituciones de Salud Previsional, señor Manuel Inostroza.
El número 2 del Nº 8) aprobado por la Comisión de Salud señala:
"Atención particular de enfermería, salvo que se trate de prestaciones que se encuentren en el arancel de prestaciones de la Modalidad de Libre Elección a que se refiere la ley Nº 18.469;".
Es menester votar esta norma, por cuanto se aprobó con 3 votos a favor (Senadores señora Matthei y señores Boeninger y Viera-Gallo) y uno en contra (Honorable señor Ruiz-Esquide).
En discusión el número 2 del Nº 8).
Señor Presidente , como señalé en la sesión anterior, mi planteamiento en general ha sido contrario a las exclusiones y a las preexistencias.
En cuanto a las preexistencias, expliqué las razones por las cuales de repente se producen contradicciones entre la necesidad de aprobar un proyecto porque no tenemos alternativas de mayorías distintas y la de mantener nuestros puntos de vista.
Tratándose de las atenciones particulares de enfermería, opino que no debería haber exclusión respecto de las que no corresponden a prestaciones de la modalidad de libre elección. Ello no pone en peligro ni la existencia del sistema ni la solvencia económica de las isapres. En algunos casos es del todo necesario, especialmente en la nueva línea con que estamos tratando de llevar adelante la reforma de la salud: de la manera más explícita posible, en el sentido de mantener un mínimo de gente en los hospitales y llevar fuera de éstos el tratamiento preventivo, y también el curativo, donde la enfermería es clave, a fin de abaratar y, al mismo tiempo, maximizar el recurso hospitalario.
No veo motivo suficiente para hacer tal exclusión. Y creo que ayudaría mucho si entendiéramos -como lo hicimos en el debate habido en la Comisión- que, en definitiva, se trata de la opinión entregada por un médico y no, simplemente, de la actitud espontánea de una persona.
En tales condiciones, pido al Senado rechazar el número 2, que por supuesto votaré en contra.
La tiene el Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , es importante que el punto se haya puesto en debate, pues sirve para aclarar que la exclusión en comento no significa la inexistencia de atención de enfermería, sino que de todas maneras, como se indica en el precepto, se obliga a entregar al menos las prestaciones comprendidas en la modalidad de libre elección.
Tal vez el señor Ministro podría explicar en qué consisten dichas prestaciones. Yo no las recuerdo en detalle. Pero, en fin, se trata de atenciones de enfermería. No son las ideales -en eso, obviamente, tiene razón el Senador señor Ruiz-Esquide -, pero tienen bastante significación.
Señor Presidente , sin perjuicio de que sería bueno que el señor Ministro explicara con exactitud cuáles son las prestaciones de enfermería que se hallan cubiertas y cuál es la atención de enfermería particular que quedaría sin cobertura, quiero señalar la tremenda contradicción existente en la argumentación del Senador señor Ruiz-Esquide .
Su Señoría manifestó que, conforme al camino que se sigue en medicina, se trata de sacar de los hospitales a la mayor cantidad posible de pacientes, pues muchos de los problemas que los aquejan pueden ser manejados en sus casas.
Si es así, ¿por qué votó, entonces, a favor de que las isapres deban cubrir las hospitalizaciones con fines de reposo?
Con ello, en los hospitales ya no tendremos sólo enfermos, sino además personas que se sientan cansadas y pidan a los médicos que les extienda una "recetita" para hospitalizarse ya que deben reposar. Y eso lo deberá cubrir la isapre. Entonces, les saldrá mucho más barato estar en el hospital, pues pagará la institución de salud previsional, que en la casa, donde tendrán que buscar a alguien que las cuide.
Ésa es la gran contradicción existente en la argumentación del Honorable señor Ruiz-Esquide .
Por otra parte, señor Presidente , debemos hacer presente que en algunos casos la atención particular de enfermería puede requerirse por varios años. Porque a una persona con una cadera mala, por ejemplo, perfectamente el médico le podría decir: "Usted necesita una enfermera". Y, para ese efecto, será más barato contar con dicha profesional, pues el gasto lo cubrirá la isapre, que tener a una asesora del hogar.
La mayoría de los miembros de la Comisión votamos en contra la norma en debate, porque se presta para muchos abusos, como el cometido con la obtención fraudulenta de licencias maternales para atender a niños menores de un año con enfermedades graves. Aquéllas han aumentado en más de mil por ciento, fundamentalmente porque el gasto se encuentra cubierto.
Por lo tanto, todas las hospitalizaciones que se requieran, naturalmente, deben estar cubiertas; de eso se trata. Las prestaciones de enfermería necesarias para la administración de remedios, etcétera, tienen cobertura, por supuesto, tanto en las isapres como en los hospitales; es probable que sea mejor en dichas instituciones, pues, por lo general, en las clínicas privadas existe mayor cantidad de enfermeras por paciente que en los establecimientos hospitalarios. Pero, porque la isapre lo paga, tener una enfermera particular durante 6, 9 ó 15 meses debido a que un médico así lo dispuso, o mantener hospitalizada a una persona porque está cansada, en nuestro concepto, no es razonable.
Señor Presidente , además de lo expresado por los Senadores señor Viera-Gallo y señora Matthei , quiero llamar la atención hacia el hecho de que, si se aprueba la norma en debate, se podrán convenir exclusiones; pero si se acoge el planteamiento del Honorable señor Ruiz-Esquide , al ser imposible convenir a dicho respecto, la atención particular de enfermería deberá ser considerada en el plan de salud, lo cual implicará una elevación de los costos de éste que puede resultar por completo innecesaria en la medida en que la modalidad de libre elección o alguna forma alternativa de cuidado sea satisfactoria. Y ésas son posibilidades que uno no debería excluir.
Por esa razón, también soy partidario de aprobar la norma tal como viene propuesta.
Señor Presidente , estamos ante un avance con respecto a la situación existente, pues ahora no hay ninguna obligación de cubrir ciertas atenciones de enfermería.
También es cierto que se genera una restricción en el marco de lo dicho por algunos señores Senadores. Empero, quedan garantizadas las prestaciones otorgadas por el FONASA. Es de la esencia de todos los proyectos elaborados sobre el particular generar igual tipo de garantías tanto para el mundo público como para el privado.
Tocante a la pregunta sobre las prestaciones garantizadas hoy día por el FONASA, puedo decir que, por ejemplo, en su arancel de libre elección se contempla la atención integral de enfermería en centros del adulto mayor, que considera tres sesiones de 45 minutos y sólo para mayores de 55 años; atención integral de enfermería en domicilio, con sesiones de 45 minutos como mínimo y únicamente para mayores de 55 años; y atención integral de enfermería en domicilio a pacientes postrados, terminales y postoperados, independientemente de la edad.
De acuerdo con lo propuesto, las isapres estarán obligadas a cubrir tales atenciones. Y ello representa un tremendo avance con relación a lo existente en la actualidad.
Senador señor Ruiz-Esquide, ¿desea intervenir?
Sólo quiero hacer una observación, señor Presidente , si la Sala no tiene inconveniente.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide, en forma muy breve.
Entiendo que aquí existe una discusión acerca del gasto que podría haber. El planteamiento es que, en materia de salud, los costos deben ser razonables y estar dirigidos a dicho ámbito.
Aquí nadie ha hablado de, sin motivo, enviar a una persona a la cama por 20 años; una decisión así podría derivar de un cuerpo médico conformado por locos. Lo que estoy señalando es que ocasionalmente se puede presentar esa necesidad.
No existe contradicción entre ambas opciones (y voy a pedir que se rechace la segunda), porque es muy factible que la salida de un hospital de una persona que puede ser controlada con menos costo por una enfermera se conjugue con la necesidad de, por indicación de un médico responsable, llevar a alguien a un establecimiento hospitalario por ser indispensable para la recuperación de su salud.
Tiene la palabra, por el mismo tiempo, la Honorable señora Matthei.
Señor Presidente , quiero recordar que el cuerpo médico que atenderá estos casos es el mismo que ha aumentado en mil por ciento -¡mil por ciento!- las licencias maternales por enfermedad grave del niño menor de un año. O sea, no da ninguna garantía. Y es muy raro que se haya producido dicho incremento, porque, según todos los indicadores, hoy los niños menores de esa edad gozan de mejor salud que los de hace 20 años. Sin embargo, las licencias han crecido desmesuradamente. Y los mismos profesionales que las otorgan son los que recomendarán atención particular de enfermería.
Por eso, estimo conveniente aprobar el número tal como viene planteado por la Comisión.
En votación electrónica el número 2 del inciso segundo del artículo 33 bis (relativo a la atención particular de enfermería), contenido en el número 11) del artículo 1º del proyecto.
Votar "sí" significa apoyar el informe de la Comisión; votar "no", rechazar la exclusión.
--Se aprueba el referido número 2 (24 votos por la afirmativa, 12 por la negativa y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Flores, García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Orpis, Prokurica, Romero, Sabag, Stange y Viera-Gallo.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Moreno, Muñoz Barra, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Naranjo, Núñez y Ominami.
¡Una derrota digna, señor Presidente!
¡Muy digna, señor Senador !
A continuación se debe analizar la siguiente exclusión.
Corresponde al número 3 de la norma recién citada: "Hospitalización con fines de reposo".
Esta enmienda fue aprobada en la Comisión por dos votos a favor (Honorable señora Matthei y Senador señor Boeninger) y un voto en contra (Honorable señor Ruiz-Esquide).
Si le pareciera a la Sala, podríamos acogerla con la misma votación anterior.
Mis razones son idénticas para todas las modificaciones. De manera que, por economía de tiempo, las que faltan podrían darse por aprobadas con la misma votación.
¿Por qué no las resolvemos todas en conjunto?
Es preferible analizarlas de a una, señor Senador, para no confundirnos.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el número 3 con la misma votación anterior.
--Se aprueba (24 votos contra 12 y 3 abstenciones).
La siguiente exclusión es la del número 6, cuyo primer párrafo dice: "Enfermedades o condiciones de salud preexistentes no declaradas, salvo que se acredite justa causa de error".
Votaron por mantener la frase "justa causa de error" los Honorables señores Boeninger, Espina y Ruiz-Esquide; en contra lo hizo la Senadora señora Matthei.
El número completo -exceptuada dicha frase- se aprobó en la Comisión por tres votos a favor (Honorable señora Matthei y Senadores señores Boeninger y Espina) y un voto en contra (Honorable señor Ruiz-Esquide).
Entiendo que habría dos votaciones: una para determinar la mantención o eliminación de la expresión "justa causa de error" y otra para el párrafo respectivo.
Señor Presidente , retiro mi objeción a la expresión "justa causa de error", con el objeto de que quede aprobada por unanimidad.
Entonces, si le pareciera a la Sala, se podría dar por aprobado todo el número 6 con la misma votación anterior.
La exclusión que sigue está en el número 8, que comienza señalando: "Todas aquellas prestaciones y medicamentos, en este último caso de carácter ambulatorio, no contemplados en el arancel a que se refiere la letra d) del artículo 33".
Este número fue aprobado en la Comisión por tres votos a favor (Honorable señora Matthei y Senadores señores Boeninger y Espina) y una abstención (Honorable señor Ruiz-Esquide).
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado con la misma votación anterior.
En seguida, en la letra a) del número 13), que pasa a ser 14), del artículo 1º, la Comisión recomienda modificar el artículo 38 del siguiente modo: "a) Suprímese, la oración final del inciso segundo", cuyo texto se indica.
Esta supresión fue aprobada en la Comisión por cuatro votos a favor (Honorable señora Matthei y Senadores señores Boeninger, Espina y Viera-Gallo) y un voto en contra (Honorable señor Ruiz-Esquide).
Señor Presidente , voy a rechazar esta modificación. Sin embargo, por economía de tiempo, le pido que la dé por aprobada con la misma votación anterior.
Si no hubiere objeción, se aprobaría la letra a) en los términos sugeridos.
Artículo 38 bis, nuevo, que se agrega por el número 15) del artículo 1º del proyecto.
Dicha disposición fue aprobada en la Comisión por cuatro votos a favor ( Senadora señora Matthei y Honorables señores Boeninger, Espina y Viera-Gallo) y un voto en contra (Honorable señor Ruiz-Esquide).
¿Su Señoría desea proponer que se dé por aprobado con la misma votación anterior?
Sí, porque en realidad la argumentación es idéntica.
Entonces, si le pareciera a la Sala...
No, señor Presidente . Éste es un tema distinto, y no sé si los Senadores de la Democracia Cristiana quieran escuchar al señor Ministro , porque tengo la impresión de que no han estado suficientemente informados del asunto.
Se está pidiendo debatir esta materia.
En consecuencia, en discusión el artículo 38 bis, contenido en el número 15) del proyecto.
Señor Presidente , la Democracia Cristiana no tiene ningún problema en escuchar al señor Ministro . Al contrario, vamos a hacerlo con gran atención y entusiasmo. Sin embargo, nosotros hacemos fe en lo expresado por el Honorable señor Ruiz-Esquide , quien, además de Senador, es médico. En mi Partido estamos acostumbrados a creer en nuestros camaradas. Y estimamos que el Senador y doctor don Mariano Ruiz-Esquide ha seguido el tema de las isapres con gran detención y, sobre todo, con gran apoyo de la gente que reclama por que esas instituciones se arreglen.
Así que, señor Presidente, nuestra confianza en el Honorable señor Ruiz-Esquide se mantiene.
En votación electrónica el artículo 38 bis, que establece las condiciones para que las isapres puedan cambiar los precios base de los planes de salud.
Perdón, no alcancé a ver el pronunciamiento del Honorable señor Páez, de manera que pido al señor Secretario considerarlo en el resultado.
--Se aprueba el artículo 38 bis (22 votos contra 11).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Espina, Fernández, García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Orpis, Páez, Prokurica, Sabag, Stange, Viera-Gallo.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Moreno, Muñoz, Naranjo, Parra, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide y Zaldívar (don Andrés).
Inciso segundo del Nº 4 del artículo 40, que comienza con las expresiones: "Para ejercer la facultad establecida en el inciso precedente," y concluye con el párrafo: "o hasta el término de la incapacidad laboral, en caso de que el cotizante se encuentre en dicha situación y siempre que este plazo sea superior al antes indicado.".
Aprobaron la modificación los Senadores señores Boeninger, Ruiz-Esquide y Viera-Gallo, y se abstuvo la Honorable señora Matthei.
--Se aprueba por unanimidad la enmienda.
Incisos cuarto y quinto del artículo 2º del proyecto. El cuarto comienza diciendo: "A contar de la vigencia de esta ley", y el otro, con la frase: "Tratándose de contratos en curso a la fecha de entrada en vigencia de esta ley". Ambos preceptos se aprobaron por unanimidad en la Comisión y la Sala procedió de la misma forma al inicio de la discusión particular. Sin embargo, los miembros de la Comisión -Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Espina, Ruiz-Esquide y Viera-Gallo "A contar de la fecha en que entre en vigencia esta ley, las Instituciones de Salud Previsional deberán utilizar las nuevas tablas de factores en todos los nuevos contratos de salud que celebren. Todos los planes de salud que ofrezcan como alternativa las Instituciones en las adecuaciones que tengan lugar a partir de la fecha indicada deberán utilizar las nuevas tablas de factores. "Tratándose de contratos en curso a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las tablas de factores que ellos contengan se mantendrán en vigor hasta que el afiliado opte por aceptar un plan alternativo que se le ofrezca en alguna adecuación o hasta que contrate un plan de salud distinto. En todo caso, el proceso de adecuación de precios base que se efectúe en la fecha en que entre en vigencia esta ley y el 30 de julio de 2006, inclusive, se desarrollará conforme a las disposiciones en vigor antes de la entrada en vigencia de esta ley y se regirá exclusivamente por ellas.".
Ofrezco la palabra al Senador señor Ruiz-Esquide, Presidente de la Comisión , para que explique las diferencias entre ambos textos. Y si a su respecto hay acuerdo unánime, votaremos los ahora presentados.
Señor Presidente, estas normas son consecuencia de lo aprobado en el artículo 38 bis.
Durante la discusión no hubo plena concordancia en cuanto a la redacción definitiva. La reanalizamos y recibimos un texto de la Superintendencia que nos pareció más claro. Entonces, los cinco miembros de la Comisión firmamos la indicación respectiva a fin de que la Sala resuelva.
¿Habría acuerdo unánime para someterla a debate?
En discusión la indicación que sustituye los incisos penúltimo y último del artículo 2º del proyecto.
Señor Presidente , el Senador señor Ruiz-Esquide explicó todo. Sólo deseo abundar un tanto en la materia.
Esta indicación, simplemente, pretende corregir un error técnico de redacción.
Tal como señaló el Senador señor Ruiz-Esquide , el artículo 38 bis establece que los ajustes a los planes de salud se refieren a su precio base. Y eso nada tiene que ver con las tablas de factores que aquí hemos aprobado y que se fijan de una vez y para siempre en los planes.
El inciso penúltimo que se sustituye dice: "A contar de la vigencia de esta ley, las Instituciones de Salud Previsional deberán utilizar las nuevas tablas de factores en todos los contratos de salud que celebren". Lo que es correcto, porque, obviamente, un nuevo plan de salud debe celebrarse de acuerdo con las últimas normas aprobadas. Y después agrega: "y en las adecuaciones que propongan".
Se trata de adecuaciones a planes existentes, los que fueron elaborados y convenidos conforme a la tabla de factores vigente con anterioridad. Por lo tanto, las adecuaciones no pueden hacerse según las nuevas reglas, porque implica modificar dicha tabla, lo cual es incompatible con la estructura que hemos dado al proyecto.
Ese mismo error se repite en la última frase del inciso final, que señala: "la variación del precio base deberá sujetarse a las nuevas reglas".
Entre paréntesis, el ajuste del precio base tiene que ver con un asunto de fechas, porque la ley entrará en vigencia en julio de 2005, y sucede que hasta julio de 2006 no regirán las normas relativas a los precios bases, debido, nuevamente, a la estructura de lo que ya hemos aprobado.
En consecuencia, el artículo 38 bis establece que las isapres deben informar a la Superintendencia antes del 31 de marzo de cada año la variación que experimentará el precio base. Es decir, la primera vez que podrán comunicarlo será el 31 de marzo de 2006.
Por consiguiente, lo propuesto no es aplicable con la redacción original.
--Se aprueba, por unanimidad.
Finalmente, la Sala debe pronunciarse sobre el inciso segundo del artículo tercero transitorio, aprobado por 4 votos a favor (Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Espina y Viera-Gallo), y uno en contra (Honorable señor Ruiz-Esquide).
Señor Presidente , voté en contra de la enmienda y mantengo mi posición. Pero, para economizar tiempo, propongo aprobarla con la misma votación anterior.
--Se aprueba con la misma votación anterior, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el Código de Aguas, con urgencia calificada de "simple".
Mixta, sesión 35ª, en 9 de marzo de 2005.
Sesiones 8ª y 9ª, en 7 y 8 de noviembre (queda pendiente su discusión general), y 15ª, en 5 de diciembre de 2000 (queda pendiente su votación general); 18ª, en 13 de diciembre de 2000 (se aprueba en general); 18ª, en 1 de diciembre de 2004 (queda pendiente su discusión particular); 19ª, en 6 de diciembre de 2004 (se aprueba en particular).
Solicito la anuencia de los señores Senadores para que ingrese a la Sala el señor Clemente Pérez, Subsecretario de Obras Públicas .
La controversia entre ambas Corporaciones se originó en el rechazo por parte de la Honorable Cámara de Diputados de algunas de las modificaciones efectuadas por el Senado en el segundo trámite constitucional.
El informe de la Comisión Mixta contiene la proposición destinada a resolver las divergencias producidas, la cual fue aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes, con excepción de la atinente al artículo 5º transitorio, que contó con dos abstenciones, del Senador señor Stange y del Diputado señor Luksic.
En forma muy resumida, la proposición establece lo siguiente:
1º.- Las aguas provenientes de obras de recuperación de terrenos húmedos o pantanosos deberán ser vertidas al cauce natural más próximo o a otros cauces, con las debidas autorizaciones.
2º.- Le corresponderá al Director General de Aguas , previa consulta a la organización de usuarios respectiva, determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no se encuentren total o parcialmente utilizadas.
3.º- Los conflictos que se produzcan en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento podrán ser resueltos por un árbitro arbitrador, eliminándose la norma que impedía recurrir en contra de sus resoluciones.
4º.- La Dirección General de Aguas constituirá derechos de aprovechamiento permanentes sobre aguas subterráneas por un caudal de hasta dos litros por segundo para las Regiones Primera a Metropolitana, y hasta por cuatro litros por segundo en el resto de las Regiones, sobre captaciones construidas antes del 30 de junio del año pasado.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas que transcriben el proyecto despachado por la Honorable Cámara de Diputados; las enmiendas efectuadas por el Senado y rechazadas por dicha Cámara; la proposición de la Comisión Mixta, y, por último, el texto final que resultaría de aprobarse esta última.
Corresponde tener presente que el nuevo numeral 29 del artículo 1º, que agrega el artículo 185 bis, tiene el carácter de norma orgánica constitucional y requiere para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Cabe señalar, finalmente, que la Cámara de Diputados, en sesión de 9 del mes en curso, aprobó la propuesta de la Comisión Mixta.
Antes de entrar en materia, quiero advertir que el informe de la Comisión Mixta debe votarse en un solo acto. Y, dado que en el proyecto sobre el cual recae existe una norma de rango orgánico constitucional, ha de reunirse el quórum pertinente.
Señor Presidente , tal como lo señaló en forma muy clara el señor Secretario , la Comisión Mixta resolvió por unanimidad las divergencias suscitadas con la Cámara de Diputados, básicamente en lo que dice relación a los artículos 129 bis, 129 bis 8, todos del artículo 1º, y al nuevo artículo 185 bis; al artículo 4º transitorio, que en lo fundamental se refiere a los derechos de aprovechamiento permanentes sobre aguas subterráneas por un caudal de hasta dos litros por segundo para las Regiones Primera a la Metropolitana, ambas inclusive, y hasta cuatro litros por segundo en el resto de las Regiones, sobre captaciones que hayan sido construidas antes del 30 de junio de 2004; al artículo 5º transitorio, tocante a las aguas potables rurales, y al artículo 6º transitorio, que expresa que para otorgar el derecho de aprovechamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, solicitado por cualquier persona o institución pública para abastecer a la población ubicada en sectores rurales por medio del sistema de agua potable rural, será necesario que previamente el comité de agua potable rural se constituya en una cooperativa o cualquier persona jurídica que represente a dicho comité, respecto de los pozos construidos hasta el 31 diciembre de 2004, en cuyo favor se constituirá el respectivo derecho de aprovechamiento, conforme a lo dispuesto en el precepto anterior y sin los límites de caudal establecido en el inciso primero del artículo 4º transitorio. Es decir, todos los comités de agua potable rural o cooperativas de agua potable rural o alguna junta de vecinos que tengan pozos ya constituidos al 31 de diciembre del año pasado, por simple solicitud podrán regularizar estos derechos de aprovechamiento de aguas, sin límite, porque, por cierto, se trata de agua potable para la población.
Lo anterior fue aprobado por unanimidad, y espero que la Sala lo ratifique de la misma manera.
Antes de finalizar mi intervención, quiero recordar que este proyecto lleva trece años de tramitación en el Congreso. Y la finalidad que siempre se tuvo en vista era que las aguas se aprovecharan, por tratarse de un bien escaso. Sin embargo, muchas empresas o particulares constituían estos derechos y los acaparaban; algunos los vendían en sumas siderales y, en numerosas ocasiones, los que tenían alguna obra hidroeléctrica en ejecución, por el hecho de poseer los otros derechos, impedían toda competencia.
Mediante el proyecto que nos ocupa se pretende que tales bienes se usen en beneficio del país. Eso es lo que ya está aprobado, y no forma parte de la divergencia suscitada con la Cámara de Diputados.
Ahora bien, hoy día, cuando estamos con un problema energético bastante grave, donde vemos cómo nuestro país vecino nos está cortando el gas, pasando por encima de contratos claramente establecidos con los empresarios chilenos, nos damos cuenta de cuán necesario es hacer uso de la energía hidroeléctrica, único recurso energético que tenemos.
Por eso, con el despacho de esta iniciativa esperamos que se propicie y concrete el uso de los recursos hídricos, que son tan importantes. Porque si bien el gasto inicial para construir las represas es fuerte, desarrollar luego la energía es sumamente barato: sólo el costo de las personas que abren o cierran las compuertas correspondientes. Se trata de la energía más barata y limpia, y todo lo que se piensa hacer es para recuperar las inversiones efectuadas.
Por tal motivo, quiero manifestar mi gran alegría y satisfacción por el despacho del proyecto, luego de trece años de tramitación. Hoy, más que nunca, es oportuno lograr el desarrollo energético de nuestro país sobre la base de proyectos hidroeléctricos.
Por supuesto, votaremos a favor del informe, y esperamos que todos los colegas nos acompañen en esta votación, ya que la Cámara de Diputados así lo hizo la semana pasada, por unanimidad.
Señor Presidente , la verdad es que el área en la cual hubo divergencia entre las dos Cámaras es muy estrecha, muy escasa, y no apunta al fondo del proyecto de ley, tal como señaló el Senador señor Sabag .
Sí, a modo de comentario, puedo señalar que con el nuevo Código de Aguas habrá un incentivo, un acicate, para usarlas adecuadamente, o devolverlas por vía de remate o mediante la fórmula que establece la ley en proyecto. Pero no constituye garantía de que se vaya a desarrollar el potencial hidroeléctrico que tenemos en Chile. Para eso se requieren reformas adicionales.
En lo que se refiere a la materia en controversia, en efecto, originalmente se planteó sólo constituir derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas hasta la cantidad de dos litros por segundo, de manera bastante expedita, hasta determinada fecha. Revisada en la Comisión Mixta, a la luz de las divergencias suscitadas con la Cámara de Diputados, se amplió desde la Región Metropolitana hacia el sur a cuatro litros por segundo, hasta el 30 de junio del año recién pasado, de modo de evitar que por esta vía se generara una demanda infinita para otros que quisieran acogerse al beneficio. Los demás tendrán que entrar por la vía normal establecida en la ley.
El otro punto que fue objeto de discusión se refiere a que la Dirección de Aguas podrá solicitar a los interesados los fondos necesarios para cubrir los gastos que ocasione la visita a terreno. De hecho, se trata de una fórmula que dicho organismo utiliza en la actualidad, con un mecanismo bastante transparente. El debate se plantea en el sentido de que no se vaya a aplicar un criterio arbitrario, donde a algunos sí se les soliciten recursos, y a otros, no. Hubo un planteamiento, que se consignó en el informe; está en el espíritu de la ley y en el compromiso contraído, que se establecerá en el reglamento que dicte el Ministerio de Obras Públicas.
En ese contexto, sugerimos a la Sala aprobar el informe de la Comisión Mixta, de modo que el nuevo Código de Aguas sea promulgado a la brevedad.
Su Señoría me señala que se suma a lo expresado por el Honorable señor Horvath.
Señor Presidente , como bien se señaló, el proyecto que nos ocupa lleva mucho tiempo en discusión en el Parlamento, y a numerosas personas les asaltan serias dudas acerca de la bondad de lo que se está aprobando.
Ya hemos dicho en debates anteriores que el texto logrado probablemente constituye un mejoramiento y da algunas salvaguardas, pero no resuelve un problema de fondo: que las aguas son bienes nacionales de uso público y, por lo tanto, a la luz de esa definición, deberían estar sometidas a una legislación que precaviera y garantizara el adecuado funcionamiento del recurso.
Más allá de los términos generales en los cuales uno ha debido plantearse, es necesario puntualizar tres aspectos.
El primero es que, no obstante el texto que ahora aprobemos, se mantendrá la distorsión entre el agua, sea de superficie o subterránea, y el nivel de aprovechamiento que el país puede hacer de ella en determinadas regiones. No hay una fórmula jurídica eficiente para vincular el destino y el uso del vital elemento con la posesión de él. Y debe quedar claramente establecido que esa falencia y ese vacío permanecen en nuestra legislación.
En segundo lugar, el informe de la Comisión Mixta da un adecuado y -yo diría- necesario resguardo a uno de los temores mayormente difundidos entre las personas que manejan las cooperativas y los comités de agua potable rural. Porque, con la privatización, las grandes empresas que comenzaron a abastecer a los usuarios de las regiones manifestaron la intención de apoderarse del recurso, sobre la base de títulos no claramente establecidos o de pedir los llamados "territorios", que previamente se hallaban asignados a las cooperativas, con el objeto de que éstas, dada su inadecuada defensa legal, entregaran sus derechos y quedaran en manos de las grandes compañías o consorcios.
A medida que estos últimos se expanden en las regiones, la gente debe entender claramente que el valor del agua sube porque la diferencia central entre el funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales y el de una cooperativa de agua potable rural radica en la tarifa que se cobra. Esa diferencia alcanza al doble de lo que paga una persona bajo el régimen de una cooperativa, muchas de las cuales tienen 30 a 35 años de existencia y están bien administradas.
Me consta que el Ministerio de Obras Públicas ha hecho esfuerzos por dar seguridad y garantía a los comités y reforzar su organización. Pero este elemento necesita mayor claridad, porque la angustia de muchos usuarios se mantiene. Y si alguien se descuida y no posee la información adecuada de que han reclamado su territorio, puede encontrarse con que sencillamente despojaron a la cooperativa y cambiarán los empalmes y los tubos, recibiendo una cuenta sustancialmente mayor.
En tercer término, deseo hacer más bien un comentario.
No obstante que vemos en distintas Regiones problemas de manejo de recursos de agua; de derechos que se compran o se venden; de conflictos que la Dirección de Obras Hidráulicas -la antigua Dirección de Aguas- mantenía con personas que hicieron pozos profundos sin lograr legalizarlos -ahora se avanza en esta medida-, no puedo silenciar un aspecto en el cual, junto con el Honorable señor Chadwick , nos hemos involucrado en estos días: el gran consorcio eléctrico AES Gener presentó la petición de instalar, en medio de una zona riquísima, como es el valle del Cachapoal, una central termoeléctrica de ciclo combinado, que no utilizará cientos sino miles de litros de agua.
Entonces, uno se pregunta si, frente a tantas dificultades, el Código de Aguas podrá normar todas estas materias y regular, por ejemplo, la situación de una persona que construye un pozo profundo y debe pasar por una enorme tramitación para utilizar unos pocos litros de agua por segundo con el objeto de regar, mientras que de pronto aparece una planta termoeléctrica que utiliza cientos de litros por segundo, en medio del valle del Cachapoal, en la localidad de Monte Lorenzo, en San Vicente de Tagua Tagua. Entonces, la perplejidad de los habitantes de la zona, incluida la del Senador que habla, es enorme. Porque cabe preguntarse: ¿De dónde saca la empresa estos derechos? ¿De dónde sale el agua? ¿De quién es la mano que está detrás de esto?
Por ello, quiero decir que todos los Parlamentarios de la zona estamos movilizados, apoyando a los comités de agua potable que ahí existen. Porque el valle del Cachapoal es único, climatológica, geológica, comercial y productivamente hablando. Y la instalación de esta planta sencillamente destruiría su habitabilidad y una capacidad productiva enorme.
Por eso, reitero que el Código de Aguas no resuelve estas situaciones, sino que deja a las empresas poderosas en una especie de ámbito en el que, contratando buenos abogados y con una adecuada capacidad de movilización, obtendrán un beneficio que va más allá del interés nacional.
En consecuencia, votaré a favor del informe de la Comisión Mixta. Y, junto con dejar asentados mis argumentos, deseo pedir -hablo también en representación del Honorable señor Chadwick - que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República y a los señores Ministros de Obras Públicas y Secretario General de la Presidencia con el objeto de que entreguen información completa acerca de la petición de la empresa señalada, que ya ha ingresado a trámite y que destruiría el valle de Cachapoal.
Si le parece a la Sala, se enviarán los oficios solicitados, en nombre de los Honorables señores Moreno y Chadwick .
Señor Presidente , anuncio que votaré a favor del informe de la Comisión Mixta porque resuelve las diferencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado, que no eran asuntos de mayor consideración y envergadura.
Sólo deseo hacer dos comentarios.
En primer lugar, es indudable que la iniciativa en debate resuelve algunos problemas generados por la reforma de 1981 al Código de Aguas. Sin embargo, esa enmienda fue extraordinariamente negativa desde el punto de vista del aprovechamiento racional e integral de un recurso tan escaso como el agua.
La idea matriz de dicha reforma, consistente en desvincular el otorgamiento de los derechos al uso, produjo una distorsión tremenda en el manejo racional del agua en nuestro país y provocó especulación y acumulación sin uso. Se apostó a que sólo el mercado resolvería esos problemas. No ocurrió así.
Sin embargo, el texto que nos presenta la Comisión Mixta mejora la situación, aun cuando en esencia no la corrige, por lo menos respecto de los derechos ya entregados; intenta regularla por una vía muy indirecta (el pago por el no uso), y establece criterios más modernos para los nuevos derechos que se concederán. Lo que ocurre es que ya existen declaración y derechos constituidos sobre un alto porcentaje de aguas en el país. De ahí que, por problemas de derechos adquiridos, no fue posible lograr una reforma más profunda, como la que a mi juicio se necesita para que Chile cuente con un Código de Aguas moderno y razonable.
En segundo término, quiero dejar constancia de que en los últimos trece años hemos perdido una gran oportunidad para incorporar en la legislación de aguas un tema central que quedó pendiente: un moderno sistema de manejo de cuencas.
Represento en el Senado a la Región del Maule, donde se ubica la segunda cuenca hidrográfica más importante del país (la del río del mismo nombre), en la cual se da en forma permanente un conjunto de situaciones conflictivas, básicamente por los derechos sobre las aguas (los consuntivos y los no consuntivos) y por los intereses contradictorios que a veces se presentan entre la explotación hidroeléctrica y las tareas agrícolas.
En conclusión, no hay un ente regulador que administre esas divergencias, que a veces son reales, sobre todo en tiempos de escasez, lo cual provoca que tales conflictos se judicialicen al extremo.
Tampoco se regula lo que dice relación a la preservación de las cuencas, el control de los fenómenos erosivos y las pérdidas irrecuperables de tierra, que afectan prácticamente a todas las cuencas del país.
Por ello, la legislación chilena sobre administración de cuencas no resiste los estándares mínimos de un país de economía de desarrollo medio como el nuestro, considerando que contamos con recursos hídricos de importancia, pero cada vez más escasos.
Por lo tanto, quiero dejar constancia de que hemos mejorado la situación existente (por eso aprobaremos el informe en debate), aunque todavía quedan pendientes problemas muy severos en el manejo de una adecuada administración de nuestros recursos hídricos.
¿Me permite, señor Presidente ? Ahora sí quiero intervenir.
Señor Presidente , se ha señalado en varias oportunidades que este proyecto ha estado en tramitación por trece años en el Congreso Nacional. La verdad es que hemos conocido diversas iniciativas sobre esta materia.
El proyecto original debió ser retirado por inconstitucional y tuvo que ser reemplazado. Y después volvió a serlo.
En realidad, el Ejecutivo presentó diversos proyectos, todos ellos bastante malos. Por lo tanto, ésta no es la misma iniciativa que se ha tramitado durante trece años en el Parlamento.
Señalo lo anterior porque pareciera que el Congreso actúa con una ineficiencia terrible al haberse demorado tanto tiempo en sacar adelante el proyecto. Pero la verdad es que el Gobierno debió reemplazarlo en su totalidad dos veces. Así que, por lo menos, hay quienes tienen una parte importante de responsabilidad por la tardanza en el despacho.
Resulta pertinente señalar que la iniciativa contenía algunos puntos de mucho conflicto que obstaculizaban el estudio de determinadas materias.
Al respecto, debo manifestar que, cuando asumió su cargo el actual Subsecretario de Obras Públicas -quien se encuentra presente en esta Sala-, por primera vez tuvimos la oportunidad de establecer un diálogo, porque sencillamente estuvo dispuesto a escuchar, por lo menos, cuáles eran los problemas. Lo cierto es que, desde el minuto en que nos sentamos a conversar, demoramos no más de dos o tres meses en destrabar un proyecto complicado que llevaba muchos años de tramitación.
Mi idea es hacer patente ese hecho, porque cuando hay buena voluntad, cuando hay inteligencia, cuando hay disposición para el diálogo, pueden sacarse adelante con facilidad cosas que parecen muy difíciles. Esto lo hago presente al señor Ministro del ramo para que aprecie la labor realizada por el señor Subsecretario.
La iniciativa actual resulta bastante razonable. Sin embargo, había un tema que motivó la preocupación de todos: ciertas personas pueden solicitar cantidades de derechos de aguas y después no usarlas, lo que, obviamente, es malo para el país y produce una situación de injusticia. Además, uno nunca sabe si tales derechos pueden ser requeridos para impedir que otros lleven a cabo ideas que signifiquen competir contra quienes los han solicitado.
Pero eso quedó solucionado con el establecimiento de la patente por el no uso de aguas. Y por ello estuvimos todos de acuerdo con la norma aprobada.
Por otra parte, el proyecto también consagra una adecuada protección al medio ambiente, básicamente en lo relativo a la mantención de un caudal mínimo ecológico, lo que hoy día no existe.
Dispone, además, un resguardo importante tanto para las cooperativas y las organizaciones de agua potable rural como para los pequeños campesinos y otras personas.
En definitiva, se trata de una normativa bastante balanceada y razonable.
No obstante lo anterior, persisten algunos problemas. Por ejemplo, permanece de alguna manera el conflicto de las aguas no consuntivas y las consuntivas.
Respecto de ese tema y de lo manifestado por un señor Senador a propósito de la Sexta Región, la verdad es que en principio no debería importar la instalación de una central termoeléctrica que ocupe aguas. ¿Por qué? Porque ellas se devuelven al cauce. Cuando son destinadas a riego se utilizan, se infiltran en la tierra y no retornan. En cambio, cuando se usan para generar electricidad, una vez ocupadas para este fin, vuelven, por lo cual pueden reutilizarse por los regantes.
Cuando sostengo que en principio no debería haber conflicto, es porque efectivamente esas aguas son devueltas. El problema es cuándo lo hacen, porque muchas veces se construyen tranques y ellas se almacenan. Por lo general, la electricidad se necesita en invierno; el riego, por el contrario, se efectúa en verano.
En consecuencia, hay un problema permanente en ese sentido, el cual todavía no ha sido solucionado en debida forma: cuándo y cómo regresan las aguas. Para un agricultor, sin duda, no resulta indiferente que retornen en invierno, pues de todos modos va a tener lluvias si vive en una de las regiones del sur, a que lo hagan en verano, época en que realmente la necesita para riego.
Ése es un tema que deberemos abordar en el futuro.
En el fondo, es muy posible que se requiera construir dos tranques: uno arriba, para acumular las aguas y utilizarla en la generación de energía, y otro de regulación, para su empleo por parte de los agricultores. No sé exactamente cuál es la solución. Pero ése es un conflicto que existe de manera permanente y seguirá a pesar de la ley en proyecto.
Por último, señor Presidente , deseo manifestar que éste es un proyecto bueno y que colaboraron en él -yo diría- todos los sectores, con bastante éxito. Si bien no resuelve todos los problemas que existen en el sector, por lo menos soluciona de modo muy eficiente los importantes. A mi juicio, el más relevante es la tenencia de aguas que solicitan personas que no las ocupan.
Señor Presidente , la demora de trece años que experimentó el trámite de esta iniciativa y los avances milimétricos logrados respecto de la situación anterior dan cuenta del tipo de intereses que se mezclaron en el problema.
Resulta, por supuesto, muy frustrante que al cabo de tanto tiempo haya sido imposible revertir algo que repugna a la conciencia del país. En lo concreto, intereses muy poderosos se adueñaron fácticamente de la mayoría de los derechos de aguas que había en Chile. Con esta legislación -que Sus Señorías encuentran tan buena- queda santificado, por cierto, lo que hicieron en un momento cuando el país vivía una subasta de su patrimonio: por un lado, empresas públicas, y por otro, derechos de aguas, derechos mineros, etcétera.
Es un chiste a esta altura hablar de "bien nacional de uso público" para referirse a las aguas, pues la inmensa mayoría de los chilenos ha quedado privada de la posibilidad de ejercer alguna acción sobre la mayor parte de los derechos de aguas existentes en el territorio.
¿Y qué se ha obtenido? Una cosa casi pírrica desde el punto de vista de los intereses del Estado: un pago de derechos por el no uso de ellas. Esto es lo mismo que si a un asaltante de banco se le cobre impuesto a la renta por el dinero que todavía no ha gastado. ¡Absurdo!
Señor Senador , ¿me puede decir por qué son iguales si las situaciones no tienen nada de parecido?
Ruego a Su Señoría no interrumpir.
Me costaría mucho explicar a la señora Senadora una aberración de este tipo.
Solicito a los asistentes en las tribunas que mantengan reserva y orden en la Sala para seguir con el debate.
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Ávila, a quien le pido dirigirse a la Mesa.
Señor Presidente , algunas personas se irritan acá desmesuradamente cuando uno habla, con propiedad, de que sus posturas se identifican, consciente o inconscientemente, con determinados intereses. Pero, por desgracia, así ocurre en los hechos. Y es obligación de quienes intentamos defender el bien común señalar estos aspectos, para que la ciudadanía, a lo menos a partir de un gesto simbólico, tenga cierta noción de cómo se manejan las cosas, no sólo en el Congreso Nacional, sino también en el sistema en que nos desenvolvemos hoy en Chile.
El imperio de los grandes intereses económicos va socavando en forma sistemática al Estado, que es el garante del bien común, y lo reduce a una expresión tremendamente débil. Esto lo hace incapaz de defender como corresponde los intereses consagrados en nuestra Constitución.
A esta altura, señor Presidente , resulta difícil oponerse a un proyecto...
¡Pero Su Señoría lo votará a favor!
que, de alguna forma, representa un avance que, aunque pequeñísimo, probablemente favorezca a algunas personas. Pero, sin duda alguna, produce indignación el hecho de que, al final de cuentas, terminará poniendo un manto de legalidad sobre todos aquellos que, valiéndose del momento en que en Chile las cosas se dieron de determinada forma, fácticamente se apropiaron de un bien nacional de uso público del que, por cierto, usufructuarán ahora, en desmedro de los intereses y derechos de la inmensa mayoría de los chilenos.
Señor Presidente , también quiero manifestar mi opinión respecto a esta materia, porque es indesmentible que, en el fondo, la única discrepancia que tuvimos con las bancadas de enfrente fue que hace ocho o diez años no tuvieron disposición para aprobar el pago de la patente que planteaba el proyecto enviado por el entonces Presidente Aylwin por concepto de las aguas que no se usaban.
No hubo disposición. Y es bueno que ello quede en la historia de la ley. Porque creo que constituye un avance, sin duda alguna, el hecho de que ahora sí se esté de acuerdo. Y el adelanto es el producto de una discusión -tenemos que reconocerlo- no de trece años, pero sí de diez, a lo menos.
Lo que ocurre en el país con la altísima concentración del poder de los derechos de aguas en pocas manos es una realidad indiscutible. Eso no solamente afecta a los poblados, sino también a todos los agricultores que, muchas veces, no tienen posibilidades de modernizar su actividad productiva precisamente por carecer de acceso a tales derechos.
Todos sabemos que en varios lugares del país no existen condiciones para acceder al beneficio de esas aguas. Por lo tanto, son numerosos los agricultores que no pueden desarrollar su capacidad productiva.
A pesar de todo, voy a votar a favor, con una indicación que formulé hace más de ocho años. No es posible seguir entendiendo nuestro país como si fuera homogéneamente igual de norte a sur. Aquí no se menciona el hecho de que el norte está sufriendo una sequía, no solamente porque no llueve, sino porque, como todos sabemos, las grandes empresas mineras se llevaron más del 80 por ciento de los escasos derechos de agua existentes.
He escuchado con mucha atención al Senador señor Moreno , quien, entiendo, también representa al Honorable señor Chadwick . ¿Es posible aceptar que una ciudad tan grande como Copiapó -que crece demográficamente a un ritmo extraordinariamente alto y que siempre tuvo posibilidades ciertas de tener agua para sus habitantes- carezca hoy de ella, porque una sola empresa -¡una sola!- se llevó 640 metros cúbicos de agua por segundo, en circunstancias de que no necesita más de 120? Y, seguramente, aun aprobándose esta iniciativa no va a entregar esos derechos para que puedan ser utilizados por una población que hoy carece de ese elemento. Porque no existen posibilidades de desviar ríos. Allí hay uno solo. Si hoy se hacen sondeos a 20 metros de profundidad, ya no se encuentra agua; sólo a 100, 120, 140, e incluso, 300 metros bajo la superficie se obtiene un poco de tal líquido, en circunstancias de que una empresa minera se lleva prácticamente todos los derechos.
En una acción bastante poco elegante -por decirlo de alguna manera-, un día antes de que asumiera el Presidente Aylwin , exactamente el 10 de marzo de 1990, se entregaron esos derechos de agua a determinada empresa. Y resulta que con esta ley en proyecto no se van a devolver, salvo, por cierto, que aquélla tenga la generosidad de decir que vale la pena que quienes viven en esa ciudad -capital de una Región- que hoy registra más de 130 mil habitantes, contra los 78 mil de hace 15 años, no sigan sufriendo la falta de agua.
Pero eso no sucede solamente en la Tercera Región. Entiendo que además pasa lo mismo en la Cuarta, donde una empresa del Estado como CODELCO, en eso quiero ser justo, también se ha llevado más derechos de aguas de los que corresponde.
¿Qué es lo que ocurre? Todas estas empresas se justifican diciendo que ya no necesitan las aguas; pero que, como se van a expandir más adelante, seguramente van a requerirlas.
En consecuencia, en el norte sucederá que ninguna de las empresas, ni estatales ni privadas, va a poner estos recursos a disposición de la ciudadanía, de los pueblos que crecen. Por ejemplo, Calama en pocos años tendrá 200 mil habitantes, en circunstancias de que gran parte del río Loa ya está "vendida", por decirlo de alguna manera. Ahí no existe posibilidad alguna al respecto.
Y resulta que esta futura ley -como lo hiciéramos presente hace ya más de ocho años-, no resuelve ese problema.
Es muy distinto el caso de la zona central, donde hay glaciares, ríos, y una posibilidad cierta de encontrar agua en el subsuelo, lo cual en el norte no existe.
Por lo tanto, lo lógico es que en el país debiéramos tener tres cuerpos legales distintos: uno para el norte, otro para el centro y un último para el sur. Son zonas distintas, con realidades diferentes.
En mi opinión, en esta normativa no se trata en forma adecuada la situación que acabo de señalar. A pesar de todo, la sigo considerando como un avance, pues hace diez años no había disposición para pagar patente por las aguas que no se utilizaban. Ahora, por lo menos, hemos abierto una pequeña compuerta para restituirlas a los chilenos, para uso de bien común, máxime cuando muchos empresarios no las usan.
Señor Presidente , evidentemente esta discusión sobre derechos de aguas se hizo a partir de hechos consumados, situación que no es exclusiva de tales derechos. Son muchos los casos de este tipo que se debieron asumir desde 1990 en adelante. En ese sentido, creo que haber establecido una patente por el no uso constituye un adelanto, porque, como se puso de manifiesto en el debate, es un disuasivo para evitar el acaparamiento de las aguas.
Por otro lado, quiero llamar la atención -por eso pedí el uso de la palabra- sobre un avance importante del proyecto que se produjo al final de su análisis.
Me correspondió presentar una indicación en el segundo informe, que fue finalmente aprobada en el Senado, sobre dos disposiciones transitorias, la que contó con la anuencia del Ministerio de Obras Públicas. Una de sus normas permite la regularización de los pozos excavados por pequeños agricultores, los cuales, por distintas razones, se encuentran en la ilegalidad total.
El artículo 4º transitorio que se aprobó en la Cámara Alta permite su regularización.
Al respecto, creo bueno el aporte hecho tanto en la Cámara de Diputados como posteriormente en la Comisión Mixta, en el sentido de que dicha regularización sea de hasta dos litros por segundo desde el extremo norte hasta la Región Metropolitana, y de hasta cuatro litros por segundo desde esa última hasta el sur. Esto, por lo demás, da cuenta también de una cierta diferencia en las disponibilidades de agua entre el norte y el sur del país. Y, sobre todo, permite también regularizar la situación de muchos pequeños agricultores.
Espero que estas disposiciones puedan ponerse rápidamente en práctica, porque son muchas las personas que se encuentran en esa situación de ilegalidad, la que no les permite postular, por ejemplo, a los concursos de la Comisión Nacional de Riego, y a otros beneficios.
Señor Presidente, con la venia de la Mesa, concedo una interrupción a la Senadora Matthei.
Señor Presidente, esta normativa requiere quórum simple. Es decir, basta con que se apruebe por un voto de diferencia.
Desde hace al menos ocho años la Concertación tiene mayoría tanto en el Senado como en la otra rama legislativa. Por ello, ¡hasta cuándo vienen con la vieja cantinela de que aquí no se aprueban los proyectos porque nosotros nos oponemos, cuando tienen mayoría en ambas Cámaras!
¿Está segura de que acá la tenemos?
Sí, la tienen aquí también.
¡No la tenemos!
¡Ahora no la tendrán, por lo del Senador señor Lavandero ! Pero eso es otra cosa.
¡Eso es ahora!
Señor Presidente , debo señalar que los representantes de la Izquierda hacen siempre lo mismo: hablan para la galería; dicen que nosotros tenemos la culpa de todo y terminan votando a favor de los proyectos de ley que según ellos son tan malos.
Si consideran mala esta iniciativa, ¿por qué no aprobaron otra que estimaran más adecuada si podían haberlo hecho perfectamente? ¡No tuvieron voluntad para hacerlo!
¡Han contado con mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado y no aprobaron otro texto porque no quisieron!
Recupera la palabra el Honorable señor Bombal.
Señor Presidente , usted lo ha hecho bien
Señor Presidente , nosotros votaremos favorablemente el informe.
Es una lástima que al final se termine criticando el proyecto, respecto del cual ha habido muy buena voluntad -como expresó la propia Senadora señora Matthei - de parte de las autoridades de Gobierno para resolver los problemas. Y lo que en su minuto no se hizo pudo ser fruto de la evolución que -felizmente- se consiguió en sus distintos trámites.
Deseo destacar lo que ya se ha dicho, en orden a que se trata de una buena iniciativa. En su estudio se contó con la participación del Ejecutivo , el que planteó las modificaciones que correspondían. Si éstas no se aprobaron como se esperaba fue por estimar que más adelante habría posibilidad de mejorarla.
Eso es lo que cabe rescatar: constituye un buen texto legal, que contribuirá al desarrollo del país. Y en tanto cuanto en el futuro todavía se pueda perfeccionar, pienso que existirá la mejor voluntad para ello.
Eso es digno de subrayarse.
Reitero que nos pronunciaremos favorablemente.
Señor Presidente, en honor a la verdad, juzgo conveniente recordar la historia de la tramitación de la normativa que nos ocupa.
En 1992 se formó una Comisión especial en la Cámara de Diputados para estudiar el primer proyecto de reforma del Código de Aguas presentado en el período de transición. Esa Comisión aprobó, por mayoría -se pueden revisar las votaciones de sus integrantes-, el texto que llegó al Senado.
En esta Corporación, a partir de 1997 la Comisión de Obras Públicas -también por mayoría- sancionó un articulado que, en el fondo, ratificaba uno de los conceptos fundamentales que ha estado latente en la discusión de hoy: el establecimiento de una patente por el no uso de los derechos de aprovechamiento de aguas.
Los tenedores de derechos de aguas han hecho esfuerzos enormes, gigantescos, a fin de no pagar nada por su no utilización y, en muchos casos, para seguir especulando.
La Comisión de Obras Públicas trató rápidamente la iniciativa y no demoró más de tres o cuatro meses en evacuar su informe, el cual fue acogido por mayoría. Al respecto, habría que revisar también cómo votó cada Senador, ya sea de la Derecha, de la Concertación o Institucional, porque cada cual responde por los votos que emite, tanto en la Sala como en Comisiones. Posteriormente, dicho informe se paralizó en otra Comisión: en la de Constitución (el señor Presidente lo sabe porque formó parte de ella), donde estuvo durmiendo largamente el sueño de los justos porque se pensaba que el cobro por el no uso de los derechos de aguas era inconstitucional.
Entonces, me parece que la afirmación en el sentido de que la Concertación tiene mayoría en la Cámara Alta es aventurada, osada, y no corresponde a la realidad. Cada vez que aquí se ha votado un tema importante, o empata o pierde el sector oficialista.
De otro lado, si la coalición de Gobierno tuviera mayoría, el señor Presidente -y Su Señoría lo sabe mejor que nadie- no estaría sentado en la testera, sino en el sitio que normalmente ocupó desde que llegó al Senado.
Se lo recuerdo sólo porque forma parte de la historia.
Por lo tanto, no hay que acelerarse en los juicios. En definitiva, cada uno responde por la forma en que vota.
Francamente, creo que después de trece años es bueno despachar el proyecto; pero no sostener que es fantástico. ¡No! ¡No es fantástico para los intereses del país!
Un antiguo proverbio dice: "lo ideal es enemigo de lo bueno". Lo ideal era otra cosa y no se pudo alcanzar a causa de las votaciones que reiteradamente se produjeron acá.
El texto en análisis es lo menos malo y le daremos nuestra aprobación.
Señor Presidente , seamos claros: el hecho de si en el Senado existe o no mayoría de la Concertación -estimo que no la hay- no es el tema. De lo que se trata es de que durante mucho tiempo procuramos elaborar la mejor ley posible con relación a los derechos de aprovechamiento de aguas, que es algo fundamental para el país. Eso nos demandó un esfuerzo permanente y prolongado. Ojalá lo hubiéramos concretado en menor plazo.
Es efectivo que hubo oposición -legítima- por parte de Senadores que hoy concurren con sus votos a aprobar el proyecto, en cuanto a establecer el pago de una patente por los derechos de aguas que no se utilicen. ¿Por qué? Porque antes en Chile, sobre todo durante el Gobierno anterior y al inicio del período democrático del Presidente Aylwin , tales derechos se otorgaban indiscriminadamente a quien los solicitara y por la cantidad que quisiera. Y la gente los acumulaba sin usarlos.
Entonces, cuando planteamos corregir eso, nos encontramos con la norma constitucional -que respetamos- donde se consagra el derecho de propiedad y que nos impide revisar derechos que por mucho tiempo se concedieron a algunas personas que no los emplean. Incluso, hay una empresa que posee gran cantidad de derechos de aguas, quizás para ocuparlas en actividades hidroeléctricas. Su recuperación sólo se lograría si sus titulares los devolvieran graciosamente, por ejemplo, para resolver el problema de Copiapó. Pero no es factible entrar a examinarlos.
En ese sentido, la iniciativa no posibilita el objetivo que perseguimos: revisar todos los derechos de aguas que se otorgaron en forma indiscriminada y sin costo.
Un Senador que hoy no está y que se sentaba en las bancas del lado, era dueño de grandes cantidades de derechos de aguas obtenidos de acuerdo con la ley y con el Estado de Derecho existentes en esa época.
¡Para especular!
¡Ése es el tema! Con la presente normativa en estudio -a mi juicio, es un buen proyecto-, por lo menos tendremos una regulación más justa y se deberá pagar patente por la no utilización de las aguas, lo cual es un avance.
Sin embargo, seamos sinceros, hay un remanente que viene del pasado y que nos va a seguir penando por largo tiempo: el de aquellas personas o empresas que poseen derechos de aguas y no las usan. El caso de CODELCO no importa tanto, porque basta con que el Gobierno le ordene entregar aguas cuando se necesiten, para Calama o para cualquier otro lugar -tiene autoridad para ello-; pero, en cuanto al resto, carecemos de toda posibilidad de rectificar en lo relativo a los derechos de aguas concedidos con anterioridad a la ley en proyecto.
Estas modificaciones al Código de Aguas permitirán, por lo menos desde el momento en que entren a regir, olvidar lo ocurrido en el pasado y que hoy constituye un problema insoluble.
Por eso, se debe proceder a votar el informe de la Comisión Mixta.
En realidad, se ha producido un extenso debate sobre un tema en el que todos los sectores, cediendo el máximo en sus aspiraciones, han hecho su aporte. Pero, en cierto sentido, ésa es la labor a que está llamado el Senado: buscar acuerdos en las materias donde no los hay.
En mi opinión, se ha llegado a un buen equilibrio, y las partes deben sentirse satisfechas por lo alcanzado. Creo que la votación será unánime. De manera que, más allá de las diferencias existentes, el resultado será conveniente para el país.
En eso consiste la política.
Su Señoría ya hizo uso de la palabra. No se la puedo ofrecer de nuevo.
Deseo recordar a la Sala que, tal como lo anuncié al comienzo, hay una sola norma de rango orgánico constitucional y que las restantes son de quórum simple. Por ello, y dado que el informe de Comisión Mixta se debe votar como un todo, requiere para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
--Se aprueba (33 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y queda despachado el proyecto.
--Votaron los señores Ávila, Boeninger, Bombal, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange y Zaldívar (don Andrés).
El señor ESTÉVEZ ( Ministro de Obras Públicas ).-
Señor Presidente , Honorable Sala, en nombre del Gobierno, quiero agradecer la votación unánime con que el Senado, al igual como lo hicieron la Comisión Mixta y la Cámara de Diputados, ha aprobado la iniciativa.
Como lo ha demostrado el debate, se trata de un tema polémico, de larga historia y sobre el cual existen diversas posiciones.
En efecto, durante la Administración del Presidente Aylwin, período en el cual fue Ministro de Obras Públicas el señor Carlos Hurtado , se inició la tramitación de este proyecto. En ese entonces, yo era Diputado y me tocó participar en la discusión en esa rama del Parlamento. Ahora, tengo la oportunidad de hacerlo en esta ocasión en que finalmente se da origen al nuevo Código de Aguas, que permite, como aquí se ha señalado, mejorar sustancialmente la legislación existente sobre la materia.
Ha quedado claro en el debate que hay muchos temas pendientes que deberán ser enfrentados posteriormente. Sin embargo, el nuevo cuerpo legal estimula el uso más racional del agua y a la vez castiga el no uso y acaparamiento de ella.
Debo destacar, señor Presidente , que este acuerdo unánime se ha logrado porque se incorporaron diversas ideas a la iniciativa original, tanto en lo que se refiere al agua potable rural como a la búsqueda de arbitrajes y de otras medidas que permitan alcanzar la unidad, el entendimiento y la solución de los conflictos existentes. Porque el proyecto no sólo se preocupa de los aspectos globales, sino también de los micro y, a partir de su implementación, se regularizará la disponibilidad de agua para los pequeños campesinos.
Señor Presidente , ¿puedo formular una petición al señor Ministro?
Por supuesto. ¿Pero necesita hacerlo delante de la Sala?
Quiero solicitar al señor Ministro que no sancione al señor Subsecretario ¡por haber sido objeto de tantos halagos de parte de la Honorable señora Matthei ...!
¡El señor Ministro , a diferencia de Su Señoría, es inteligente!
¡Por favor! ¡Ruego a los señores Senadores evitar los diálogos!
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales en materia de modernización municipal, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3768-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 22ª, en 15 de diciembre de 2004.
Gobierno, sesión 32ª, en 2 de marzo de 2005
--Efectuar perfeccionamientos a la transparencia y probidad de las autoridades municipales en el ejercicio de su gestión.
--Complementar las normas del artículo 110 de la Constitución Política, que faculta a los municipios para crear o suprimir empleos y fijar las remuneraciones de su personal, y
--Modernizar la organización interna de las municipalidades, acorde con las nuevas responsabilidades que se asignan a sus autoridades.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó sólo en general el proyecto por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Frei y señores Cantero, Núñez y Stange) y transcribe su texto en el informe.
Cabe tener presente que el artículo 1º; el artículo 2º, numerales 1); 4), letra c); 8); 11); 12); 29); 35); 45); 46) y 49), y los artículos 2º y 4º transitorios tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Esta iniciativa, en realidad, reviste mucha trascendencia, porque, como se ha señalado, regula el artículo 110 de la Constitución Política.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Honorable señor Cantero.
Señor Presidente , primero intervendré como Presidente de la Comisión para efectuar una relación muy general y rápida de la iniciativa, a fin de ilustrar a los señores Senadores acerca de su contenido específico y, posteriormente, cuando me corresponda, haré uso de la palabra para fijar mi posición política.
El proyecto en debate contiene dos artículos principales. Los numerales 1), 2) y 3) del artículo 1º se refieren a la adecuación de las municipalidades. En general, se trata de materias de ley orgánica constitucional concernientes a la organización interna de los municipios, a personal y remuneraciones.
Sobre este último punto, se establece un procedimiento reglado de carácter exclusivamente local, que deberá considerar un consultivo de los funcionarios y preservar las atribuciones legales de las autoridades municipales, en particular la iniciativa del alcalde y la capacidad resolutiva del concejo, cuando se trata de temas de personal y de estructura.
Los numerales 4), 5) y 6) del citado precepto incorporan, a propósito de la fiscalización que le cabe a la Contraloría General de la República, nuevas facultades en caso de advertir acciones u omisiones de los alcaldes o de los concejales que puedan afectar la probidad administrativa que les sean imputables o que impliquen un notable abandono de deberes.
Los numerales 7), 8) y 9) del artículo 1º prevén que el alcalde reelegido será responsable de los hechos que atenten contra la probidad administrativa que le sean imputables, siempre y cuando hayan ocurrido en el período inmediatamente precedente. Cabe recordar que en la actualidad los alcaldes no responden por la gestión edilicia inmediatamente anterior.
El numeral 9) introduce una modificación al procedimiento aplicable para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde por incumplimiento de las normas vinculadas con la probidad o con el notable abandono de deberes, efectuando una remisión a la ley Nº 18.593, sobre Tribunales Electorales Regionales.
La letra d) del mismo número define en forma precisa el concepto de "notable abandono de deberes" y establece parámetros para la determinación de los elementos que han de considerarse al momento de presentarse la solicitud para la sanción de las conductas tipificadas.
Los numerales 10) y 11) contienen modificaciones en materia de atribuciones de los alcaldes, y el 12) fija una nueva escala de remuneraciones para éstos.
Los números 13) y 14) regulan lo relativo a la cesación en los cargos de concejal. Las enmiendas introducidas constituyen una novedad, una innovación. Se resalta el hecho de que los concejales también podrán ser acusados de incurrir en la causal de notable abandono de deberes, que no existe en la actualidad.
El numeral 15) propone modificar las facultades y actividades de las corporaciones, fundaciones y asociaciones municipales.
Los números 16) y 17) incorporan normas atinentes al plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad de alcaldes y concejales, y a la consideración del censo vigente cuando se fije el número de habitantes de las comunas para los efectos de determinar la población.
El artículo 2º introduce modificaciones a la ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Los numerales 1) al 34) -salvo los que mencionaré posteriormente- proponen reformas en materias de personal, plantas y promociones.
Los números 11), 17) y 18) plantean enmiendas vinculadas al ejercicio de las facultades municipales de crear y suprimir empleos. El alcalde, previo a la presentación del plan ante el concejo, deberá consultar a la o a las asociaciones de funcionarios existentes en la municipalidad con el fin de que formulen sus observaciones. Ésta es toda la participación que tienen los trabajadores en la materia.
Los numerales 13) y 35) proponen cambios en lo relativo a los concursos, para asegurar la objetividad, transparencia, no discriminación, calidad técnica y operación de tales procesos.
Los números 20), 21), 22) y 23) introducen modificaciones en el presupuesto municipal. Destaca la provisión de los fondos necesarios para el desarrollo del programa de capacitación anual del personal a los efectos de modernizar la gestión municipal.
Los numerales 25) al 28) plantean enmiendas en materia de calificaciones. Sobresale la dictación de un reglamento que establecerá los factores de evaluación y la ponderación respectiva.
Los números 36), 37), 38), 39) y 45) contienen propuestas acerca de los sueldos y subrogaciones. Las remuneraciones se categorizan como permanentes, transitorias y variables. Lo que apruebe cada municipalidad sólo será aplicable al personal que se rige por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
El numeral 46) incorpora en el Título IV el párrafo "Consulta Reglada Local", sistema de fijación de remuneraciones consistente en un procedimiento formal de consulta a los funcionarios. El alcalde recaba la opinión de ellos acerca del proyecto de remuneraciones aplicable al período que éste señale; se establece un plazo de diez días para sostener conversaciones sobre los diversos contenidos de ese proyecto, y es facultativo del alcalde resolver si acoge o no tales planteamientos.
En la Consulta sólo podrá participar el personal regido por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; se excluye a las personas contratadas a honorarios, a los directivos de confianza, a los jueces de policía local y a quienes asesoren al alcalde en estas materias.
Para la aprobación de ese proyecto de remuneraciones se requerirá el voto favorable de dos tercios de los concejales en ejercicio. El concejo no podrá aumentar la propuesta de gastos allí comprendida, sino sólo aceptarla, disminuirla o modificar la distribución.
El numeral 49) propone una norma que beneficia a los funcionarios de carrera que se acojan a retiro por la supresión del respectivo empleo. Para ello, se fija una indemnización equivalente a una remuneración mensual por cada año de servicio en el municipio y fracción superior a seis meses, con un máximo de once meses. Se determina, además, que los beneficiarios de esa indemnización no podrán ser nombrados en cargo alguno en la misma municipalidad por un período de tres años, a partir del momento en que se ponga término a la relación laboral.
La aplicación de la ley en proyecto no podrá significar disminución de sueldos u otras remuneraciones fijas.
Asimismo, no se podrá aumentar el gasto en personal dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 18.294.
Señor Presidente , ésos son los aspectos fundamentales del proyecto en debate. Acerca de ellos emitiré una opinión política en mi siguiente turno.
Solicito la anuencia del Senado para que ingrese la Subsecretaria de Desarrollo Regional, señora Adriana Delpiano.
¡Por favor! ¡Pido a las tribunas respeto!
Si le parece a la Sala, se autorizará el ingreso de la señora Delpiano.
Señor Presidente , tengo la fortuna de conocer muy de cerca la realidad del mundo municipal. Sé bien del esfuerzo, sacrificio y trabajo abnegado que, a lo largo del país, realizan miles de funcionarios municipales -en lo que constituye una verdadera vocación de servicio público-, cuya labor, lamentablemente, en muchos casos no se lleva a cabo en las mejores condiciones de infraestructura y de remuneraciones ni en un clima que favorezca el desarrollo personal de ellos y sus familias, lo cual, sin duda, incide en la calidad del producto final.
Todos sabemos que en ese ámbito se necesita mucha modernización, bastante renovación y pensar en grande en lo que respecta a la gestión tanto de los municipios como de quienes laboran en ellos.
Las municipalidades no son sólo los alcaldes y los concejales, sino también la expresión de un conjunto de personas que, con inmensa capacidad, gran esfuerzo y bastantes privaciones, cumplen una función de mucho bien y que incide en la comunidad toda.
Sé asimismo, señor Presidente , de la necesidad de introducir avances en materia de administración y gestión municipal. Nadie pone en duda que el progreso y la modernidad deben llegar también a todo el mundo del municipio como la expresión de un país que camina hacia adelante y se desarrolla. O sea, cuanto implique modernizar la gestión municipal -es la idea de la iniciativa-, con las flexibilizaciones indispensables, es parte del proceso de desarrollo, que nadie discute.
Por eso manifestamos nuestro acuerdo con la idea de legislar.
El proyecto que hoy se somete a la consideración del Senado -el señor Presidente de la Comisión se refirió en detalle al articulado- encierra tres aspectos medulares: la creación y supresión de empleos; la fijación de remuneraciones, y la determinación de una estructura interna de los municipios. Y de ahí derivan, como consecuencia, las normas sobre flexibilización, probidad, transparencia, en fin.
Este importante avance supone un cambio muy profundo en la realidad del personal que trabaja al interior de las municipalidades. Por lo mismo, creemos que, al innovarse en una materia tan sustantiva, debería ser considerada en mayor medida la opinión de los involucrados en este proceso, que son precisamente los funcionarios de aquéllas.
Si bien ha habido conversaciones durante el tiempo en que se ha estado tramitando el proyecto, no todas han sido coincidentes y muchas veces no han generado satisfacción en los representantes de las organizaciones funcionarias.
Señor Presidente , como lo que se pretende modificar es tan sustantivo en la expresión de la vida municipal y afecta de manera tan directa a los que trabajan en ese mundo, pensamos que, no obstante estar legislando para una modernización de la cual asimismo son partícipes los funcionarios, quienes también la quieren, el proyecto debe ser analizado aún más en profundidad.
Al respecto, debo puntualizar que en la mañana de hoy, dialogando con la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional, le manifestamos nuestras inquietudes. Lo anterior, pese a haber aprobado la idea de legislar y sin perjuicio de que con ello sobrevendrán todas las indicaciones para mejorar sustantivamente la iniciativa. Dicha autoridad expresó que la intención del Gobierno es buscar todavía oportunidades para poder profundizar más algunos acuerdos requeridos y de esa forma lograr un texto que sea producto, no del apresuramiento, sino de la posibilidad de compartir -si he interpretado bien a la señora Subsecretaria; veo que asiente con la cabeza- la idea de establecer una instancia más de conversación y de mayor análisis, que es lo que le solicitábamos.
Me parece que esa voluntad del Ejecutivo abre espacios muy interesantes como para que el proyecto vuelva al órgano técnico y se configure una etapa de conversación -repito- un poco más amplia, más flexible, en forma de acoger toda la buena voluntad que ya ha existido y pensar más aún en los derechos de los trabajadores. Si cambiará el estatuto jurídico que los rige, no nos cerramos a que se pueda explorar todavía más el tema, por ejemplo, de una negociación colectiva. ¿Y por qué no considerar también que las normas se pueden aplicar gradualmente, es decir, sin que resulten afectados aquellos que actualmente se encuentran en una condición laboral y que la modernización comprenda de modo progresivo a aquellos que se incorporen después de dictada la ley...
Ruego a los asistentes en las tribunas que respeten el uso de la palabra, porque de lo contrario me veré obligado a hacer desalojarlas.
Estimo que ustedes prefieren hallarse aquí antes que afuera. Creo que están aprovechando una oportunidad. Deben mantener, entonces, la consideración debida a los oradores.
Puede proseguir el Senador señor Bombal.
Señor Presidente , quiero ser muy franco al precisar que las inquietudes expuestas no son fruto de un discurso que obedece a que "la galería está llena", si se me perdona la frase: ellas emanan de lo que conversamos en la Comisión.
Con el Ejecutivo existió disposición para analizar más a fondo las cuestiones que nos ocupan. Y existe la voluntad de hacerlo, si bien el proyecto debía ser discutido en la Sala; media el acuerdo de nuestras bancadas. Nos hemos reunido, en efecto, y varios señores Senadores manifestaron aprensiones ayer.
Insisto: hay disposición a debatir con amplitud, con profundidad, sin demagogia y sin importar un halago más o un halago menos.
Nos parece que ha habido muy buena voluntad en el tratamiento del tema por todos los que han participado en su estudio. Y no sólo destaco a los técnicos, sino también la altura y respeto con que intervino la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, que -diría yo- hizo valer con mucha firmeza cada uno de sus puntos, los cuales se hallan consignados en el informe. Si Sus Señorías lo leen, observarán que la Secretaría reprodujo in extenso prácticamente todos sus planteamientos.
Entonces, juzgo que se registra un clima muy favorable para considerar incluso, en lo relativo a jubilaciones anticipadas o indemnizaciones, qué esfuerzos podría hacer el Gobierno.
En atención a lo que es el mundo de la municipalidad, a lo importante que el desarrollo orgánico de los municipios resulta para la comunidad y, sobre todo, para quienes participan en su gestión -reitero que no se trata sólo del alcalde y los concejales, sino de un cuerpo colegiado completo que desarrolla una actividad-, se deben realizar bien las innovaciones profundas que se requieren, con la salvaguardia, principalmente, de los derechos laborales, de las conquistas logradas. Y, en especial, es necesario recoger lo que los trabajadores también señalaron en el sentido de que no se oponen a la modernidad, a los cambios, en la medida en que se efectúen con los debidos resguardos, para garantizar que en el municipio no existan quiebres, no se deteriore la relación y se mantenga la eficiencia que todos esperan y que se prevé como una de las motivaciones principales del proyecto.
Se busca renovar la gestión municipal. Compartimos ese propósito. No nos oponemos a que ello se realice muy en profundidad. Pero queremos, asimismo, acoger las inquietudes tendientes a resguardar la integridad de ese gran patrimonio formado en los municipios por quienes llevan a cabo la gestión, que son sus trabajadores.
Por tales razones, señor Presidente , sugerimos que el proyecto vuelva a la Comisión -ello igualmente acogería la voluntad que el Ejecutivo manifestó de manera informal en la mañana de hoy; probablemente se referirá al punto la señora Subsecretaria-, para que se pueda instalar una mesa de conversación tranquila y el asunto logre un mayor consenso, en forma de evitar que la normativa termine por no contar con los votos suficientes.
Señor Presidente , en primer término, deseo declarar que, desde el punto de vista del Ejecutivo , no existe ninguna dificultad para que el proyecto vuelva a la Comisión, si así lo estima la Sala, y se pueda seguir conversando sobre su contenido.
Precisaré algo, sin embargo.
En realidad, nos encontramos en una situación curiosa, en la que se vota en general la iniciativa y se dice que el pronunciamiento recae sobre la idea de legislar.
La verdad es que la idea de legislar se halla en la Constitución. Ése es el problema. La contempla su artículo 110, que instruye que determinadas cosas, en lo municipal, deben hacerlas las municipalidades, dentro de sus funciones: crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, etcétera.
Sobre nosotros pesa la obligación de implementar los textos fundamentales. Hasta se podría decir, estirando un poco las cosas -el señor Presidente es profesor de Derecho Constitucional-, que existe la inconstitucionalidad por omisión. La pregunta es si no se está incurriendo en ella al no legislarse sobre algo incluido en la Carta.
Lo que hemos querido iniciar con la normativa en estudio, entonces, no es el debate acerca de si se legisla o no sobre tales asuntos, sino en cuanto a si se legisla para cumplir con la Ley Fundamental. Porque, de lo contrario, la reciente aprobación de la reforma constitucional por el Senado habría sido el momento oportuno para suprimir la disposición respectiva si no se quería observarla.
En ese entendido, nos encontramos muy disponibles para que el texto vuelva a la Comisión. Si se registra acuerdo en tal sentido, que así se proceda y se converse con tranquilidad sobre sus términos, pero sobre la base de que -repito- la idea de legislar se halla en el artículo 110 de la Carta. Y no hay forma de escabullirle el bulto a ese hecho.
Antes de ofrecer la palabra, debo consignar que el Orden del Día termina a las 18:43, es decir, en diez minutos más. No sé si el Senador señor Ávila , quien la había pedido, quiere intervenir, luego de lo cual se suspendería el debate.
Pero igualmente cabe tener presente, a propósito del análisis que ha tenido lugar y en la medida en que se considera la posibilidad de que el proyecto vuelva a la Comisión, que carece de sentido, si ésa será al final la decisión de la Sala, proseguir con una discusión en general.
Sobre esa base, creo que se podría determinar -adelanto una idea- que el texto fuera tratado en general y en particular por la Comisión, porque entonces vendrían ya consensuadas las diferencias que se puedan haber advertido en el debate a que hacía referencia el Honorable señor Bombal .
Anticipo lo anterior como una solución, si la Sala estima que la iniciativa debe volver al órgano técnico.
Como este último parece ser el ánimo reinante, se abre un breve debate -excúseme, Senador señor Ávila - sobre el punto.
La tiene el Honorable señor Sabag.
Señor Presidente , existe disposición tanto del Ejecutivo como de los diversos oradores que han intervenido para que el proyecto vuelva a la Comisión.
No cabe duda de que es necesario legislar, pero queremos normas consensuadas, que no sean traumáticas para los funcionarios, y, además, que la municipalidad cumpla su función con eficiencia y apoye a toda la ciudadanía.
Señor Presidente , la idea me parece perfecta. Creo que es el camino más adecuado. Pero sólo deseo formular una salvedad de carácter constitucional.
A diferencia del señor Ministro , no observo una idea de legislar en la Carta misma, porque su artículo 110 establece expresamente que "Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o suprimir empleos", y le entrega esa atribución al legislador mediante una norma de ley orgánica.
Por lo tanto, dicho precepto no nos obliga a pronunciarnos, sino que nos da una facultad para que procedamos de acuerdo con lo que la Carta Fundamental permite. No nos obliga.
Señor Presidente , digamos las cosas como son.
A mi juicio, del informe del Presidente de la Comisión -lo hemos escuchado atentamente- se desprende claramente lo que hay detrás del proyecto: un intento serio del Ejecutivo , que en su momento los miembros de la Comisión recogimos como válido, de modernizar el sistema municipal. Y eso no tiene que ver con los trabajadores, pero todos estamos preocupados de la situación que eventualmente se produciría a propósito de las readecuaciones que permite el artículo 110 de la Constitución.
El asunto tiene que ver con un análisis crítico que todos -cuál más, cuál menos- hemos hecho acerca del sistema municipal, que después de mucho tiempo, luego de la última reforma constitucional de 1991...
Le pido que circunscriba su intervención a lo que estamos discutiendo, porque, si no, también tendría derecho a pronunciarse sobre el fondo el Senador señor Ávila .
Nunca le negaría al Honorable colega el derecho que le asiste para hablar.
Pero si la iniciativa vuelve a Comisión, espero que se generen las condiciones -y que el Ejecutivo así lo asegure- para una negociación adecuada entre Gobierno, trabajadores y Asociación Chilena de Municipalidades. Esta última, presidida por el señor Sabat , no se hizo presente en la Comisión. Y resulta necesario que nos dé su opinión acerca de la materia, pues queremos conocer el parecer de los distintos estamentos, con el objeto de mejorar en todo lo posible este proyecto de ley. Si así no ocurre, significaría dar vueltas, chutear para adelante las cosas, no querer legislar, no enfrentar el problema de fondo.
En consecuencia, estaría de acuerdo en que la iniciativa se remita de nuevo a Comisión, si el Ejecutivo se halla dispuesto a iniciar un diálogo que nos permita mejorar los distintos problemas que ella presenta.
Señor Presidente , hace algunos minutos sostuve que en mi segunda intervención haría un planteamiento más bien de orden político.
Se están requiriendo opiniones sólo acerca de la posibilidad de que el proyecto vuelva a Comisión. Ya se encuentra inscrito el Honorable señor Ávila para hacer uso de la palabra en el debate sobre la idea de legislar. Pero como se anticipó la posibilidad de que de nuevo se envíe al órgano técnico pertinente, se están recabando criterios que reflejen un pronunciamiento de la Sala al respecto.
Le pido que su planteamiento se limite a ese punto.
Está bien, pero le ruego que me permita decidir lo que digo o no digo.
¿Qué tiempo común se ha establecido?
En ese entendido le ofrezco la palabra, salvo que Su Señoría desee intervenir en otra oportunidad, caso en el cual lo deberé inscribir para cuando corresponda.
Señor Presidente , primero haré uso de la palabra en relación al punto en cuestión. Sin embargo, para orientar adecuadamente a los señores Senadores resulta necesario recurrir a algunas argumentaciones.
En primer lugar, soy suscriptor de un acuerdo y de un protocolo y, en consecuencia, me siento obligado a manifestar mis puntos de vista.
Pareciera que se olvida -particularmente, en la intervención del señor Ministro - que la modificación al artículo 110 se hizo mediante la suscripción del Protocolo de Acuerdo de 1996, el cual también firmé, en donde "las partes se comprometieron a concordar las reformas constitucionales y legales que fueran pertinentes con el objeto de asegurar el respeto de la carrera funcionaria, como estaba concebida en la legislación vigente de la época.".
Es del todo evidente que hay un sector que no está siendo adecuadamente interpretado o no se halla satisfecho en cuanto a su participación en el contenido y alcance del Protocolo. Me refiero a los funcionarios municipales que han hecho evidente su molestia y malestar en tal sentido.
Por otra parte, hay un fuerte cuestionamiento, al amparo de una sentencia del Tribunal Constitucional, con motivo de ejercer el control de constitucionalidad...
Señor Senador, perdone que lo interrumpa, pero no quiero abrir debate sobre los planteamientos en general porque, le insisto, no estamos discutiendo la idea de legislar. Su Señoría tiene el derecho a hacer uso de la palabra. No obstante, sólo deseo conocer su opinión...
Voy hacia allá, señor Presidente .
en cuanto a si el proyecto debe volver a Comisión. Únicamente sobre eso he ofrecido la palabra.
A eso me voy a referir, señor Presidente.
Es que está realizando una exposición muy interesante, aunque no atingente.
¡Discúlpeme, señor Presidente ! ¡Soy Senador y tengo derecho a hacer uso de la palabra y a expresar las ideas que estime pertinentes!
Además, estoy en la línea que se ha planteado. Pero quiero ilustrar el contenido acerca de por qué se toma una decisión, señor Presidente . Creo que ello es razonable.
Puede intervenir brevemente, Su Señoría, pues está por terminar el Orden del Día. Usted tiene que entender que, de no ajustarse al tiempo, no podremos tomar acuerdo.
Aparte de lo relativo al cuestionamiento pronunciado en una sentencia del Tribunal Constitucional, existe un tercer elemento, que no es menor. Y diría que es el más importante. Se refiere a que los funcionarios, representados por la ASEMUCH (Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile) han recurrido a la OIT porque ellos sostienen que se están violando los Convenios Nos 87, 98, 151 y 154 de dicho organismo internacional, que garantizan la negociación como mecanismo de participación funcionaria en materias relevantes en la organización interna de una agrupación, institución o empresa.
Al respecto, ya hay una sentencia de la OIT, en primera instancia, que les da la razón. En consecuencia, esto hace aconsejable actuar con prudencia, a la espera de cómo evoluciona la situación.
Es por eso que los Parlamentarios de la Alianza adoptamos el acuerdo de solicitar a la Sala que el proyecto se remita de nuevo a Comisión, con el propósito de analizar en profundidad los elementos a que he hecho mención.
Finalmente, ofrezco la palabra al Senador señor Ávila para que se pronuncie acerca de esta materia, pues no habrá tiempo para la discusión en general.
Respecto de si la iniciativa vuelve o no a la Comisión, tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
Señor Presidente , cambió muy velozmente de opinión. Usted mismo acaba de requerir al Senador señor Cantero que acelerara su planteamiento para que yo pudiera pronunciarme en cuanto al fondo del proyecto.
Excúseme, si me expresé mal.
Nos encontramos debatiendo una cuestión previa, relativa a si la iniciativa vuelve o no a Comisión. Y sobre este punto he ofrecido la palabra, para que los Senadores tomen una decisión informada.
Como usted había pedido la palabra para pronunciarse acerca del fondo, por deferencia, le ofrezco la palabra para que haga sus planteamientos respecto del asunto específico.
Me tomaré el tiempo del Senador señor Cantero .
Si es que alcanza, pues está por concluir el Orden del Día.
Bueno, si alcanzo.
Señor Presidente , al igual que Su Señoría, fui invitado al congreso que los trabajadores municipales celebraron acá, en Valparaíso, hace un tiempo. En dicha oportunidad asumí el compromiso, que mantengo, de recoger todas sus inquietudes, para intentar transmitirlas en el Senado.
No fue aquél un acto demagógico, pues creo firmemente en el hecho de que una transformación del ámbito municipal necesariamente tiene que realizarse con el aporte del estamento permanente. Los alcaldes y concejales son golondrinas que no hacen verano. Pasan por la institución. Algunos, dejando una huella positiva; pero otros -¡que lo diga la Contraloría!- prácticamente demoliendo todo lo que significa la organicidad del municipio...
Perdón, señor Senador, ha concluido el tiempo del Orden del Día.
Quisiera pedir autorización de la Sala para prorrogarlo...
... a fin de adoptar una decisión sobre si el proyecto vuelve a Comisión.
Para tomar la decisión, sí.
En un minuto más el Senador señor Ávila terminará; luego ofreceré la palabra a la Senadora señora Frei , y después votaremos.
¿Habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día hasta resolver la cuestión previa?
Tiene la palabra, por un minuto, el Senador señor Ávila.
Entonces, en la perspectiva de lo que señalo, quisiera recibir las propuestas de indicaciones que provengan del ámbito de los trabajadores municipales, para el efecto de lograr finalmente una ley equilibrada que, por sobre todas las cosas, dé amplia garantía a un elemento fundamental, como es la carrera funcionaria.
A lo largo del tiempo, el soporte de la gestión de los municipios debe estar en sus cuadros permanentes, para que la discrecionalidad de que puedan gozar determinadas autoridades genere el menor daño posible en una entidad llamada a servir los intereses de todas las comunidades.
Por lo tanto, espero recibir esas indicaciones, con las cuales nos manejaremos internamente en el Senado.
Señor Presidente , creo que todos estamos conscientes de la necesidad de que los municipios sean cada día más transparentes, sirvan mejor a la gente y, sobre todo, cuenten con funcionarios bien remunerados, con condiciones de trabajo dignas, con posibilidades de hacer carrera funcionaria, etcétera.
Todos esos planteamientos los analizamos en la Comisión.
Pienso que sería de nivel muy pequeño sacar dividendos políticos aquí, manifestando que la Alianza por Chile pidió que el proyecto volviera a la Comisión, que la Concertación no estaba de acuerdo, etcétera. Como señaló la Senadora señora Matthei , en aquélla hay tres miembros de la Alianza por Chile, quienes votaron a favor, al igual que los dos miembros de la Concertación, que estamos en minoría.
O sea, la solicitud de que el proyecto vuelva a Comisión no se presenta para sacar cuentas respecto de a quién le pareció bien o mal, o quién lo propuso, porque hay mucho público, sino sencillamente para mejorar la gestión municipal.
En la Comisión, junto con el Honorable señor Núñez , hicimos planteamientos muy directos basados en muchas dudas sobre la iniciativa. Entonces, ¿por qué la acogimos? Porque el propósito era analizarla en la Comisión, aprobar la idea de legislar en la Sala y después incorporarle mejoramientos, que sin duda requiere.
Ahora, si la mayoría es partidaria de que vuelva a la Comisión y que la discutamos en general y en particular, ¡estupendo!, porque ello está en el ánimo de todos. Pero no digamos que unos ganaron y otros perdieron. Pienso que los que tienen que ganar son los municipios y sus funcionarios. Como Parlamentarios, debemos lograr que en la Comisión se escuche de nuevo a quienes asistieron al debate, pero también es preciso pedir al alcalde señor Sabat que se haga presente y que nos dé su opinión, porque es muy difícil legislar cuando no contamos con la participación de todos los involucrados.
Me parece muy apropiado que hoy decidamos no legislar, sobre todo considerando que mañana se inicia un encuentro sobre esta materia, donde también tendrán oportunidad de reunirse representantes de todo el país. Y en las próximas semanas habrá oportunidad de recibir los acuerdos alcanzados e integrarlos a nuestro trabajo.
Aquí, el triunfo será de todos y, en especial, de la gente más sencilla que depende de los municipios.
Por consiguiente, hay que tenerlo muy claro. Aplausos van, aplausos vienen, pero esta iniciativa es el producto de un acuerdo de todos orientado a mejorar la calidad de vida de las personas más modestas.
Vamos a poner en votación si el proyecto vuelve a Comisión para su discusión en general y en particular a la vez, porque eso es lo que tiene sentido.
En votación electrónica
--Se aprueba (29 votos favorables).
Votaron los señores Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Moreno, Naranjo, Núñez, Ominami, Orpis, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Vega y Viera-Gallo.
En consecuencia, el proyecto vuelve a Comisión para ser discutido en general y particular a la vez, con un primer informe.
En este momento, ha llegado a la Mesa el segundo informe complementario de las Comisiones de Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior. (Boletín Nº 3223-04)
Asimismo, ha llegado un proyecto de acuerdo, suscrito por los Senadores señores Cariola, Moreno, Chadwick, Páez, Pizarro, Muñoz Barra, Zaldívar (don Andrés), Coloma, Cantero, Romero, Ominami, Bombal y Flores, mediante el cual solicitan al Ministerio de Relaciones Exteriores la realización de gestiones diplomáticas respecto de la situación que afecta al señor Carlos Cardoen. (Boletín Nº S 783-12).
A los señores Ministros del Interior y de Agricultura , y al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, pidiéndoles enfrentar CARENCIAS, AGRAVADAS POR ÚLTIMO INCENDIO, EN MATERIA DE BOMBEROS, CONAF, TELECOMUNICACIONES Y PUENTES EN COMUNA DE TORRES DEL PAINE (DUODÉCIMA REGIÓN).
Al señor Ministro de Obras Públicas , solicitándole destinar RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN CAMINO LAS GARZAS-CALLEUQUE, PALMILLA (SEXTA REGIÓN).
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto (Partido Por la Democracia).
Dicho Comité me autorizó para intervenir en su tiempo.
Bien. En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , si hay algo que hace difícil conocer la verdad es la obnubilación ideológica, la adhesión a determinada trinchera o bando en una confrontación muy fuerte de naturaleza política.
En realidad, cuando se participa en ese tipo de confrontación solamente se ve lo que se quiere ver y no lo que disgusta, molesta, derrumba o cuestiona los grandes dogmas a los cuales se adhiere. Además, por principio, lo que manifiesta el adversario se considera falso o cuando menos un ardid o algo que pudiera molestar y, por tanto, es rechazado categóricamente.
Tal vez, el caso de Colonia Dignidad es el ejemplo más claro de lo que estoy señalando. Todo se negó y todo era verdad. Me tocó presidir la Comisión investigadora de Colonia Dignidad en la Cámara de Diputados, donde se constató que era un Estado dentro del Estado chileno.
Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuántas personas nacen o mueren allí.
No se sabe qué enseñanza se imparte, porque el Ministerio de Educación no está facultado para controlar las dos escuelas que funcionan.
No se sabe qué ocurre en su hospital.
No se sabe qué vuelos parten de su aeródromo, porque la Dirección de Aeronáutica Civil no los controla.
En realidad, todos sabemos, pero muchos no quieren ver que ahí no se lleva una vida familiar como corresponde, que no hay libertad de comunicación ni de circulación y que los jóvenes no son libres para escoger su futuro. Es decir, como concluyó la Comisión que me correspondió presidir, ahí se vive en una suerte de régimen de semiesclavitud, donde hasta el momento en que estamos hablando se violan los derechos humanos de los propios colonos y donde hay una cúpula que decide todo sobre todos los aspectos de la vida de aquéllos.
Resultó que también era verdad que se burló al Estado y a la ley, y que se defraudó al Fisco, cuando los bienes de la Colonia se traspasaron a las sociedades Abratec y Cerro Florido -entre otras-, pertenecientes a sus propios dirigentes, y no se dio cumplimiento al decreto que ordenaba que aquéllos debían pasar a la Iglesia Metodista .
Y, sobre todo, también era verdad que ahí se violaron los derechos humanos durante el período militar.
Resulta que ahora los propios dirigentes de la Colonia admiten sus contactos con la DINA -permanentes, constantes-, que ahí se torturó y que ahí se hizo desaparecer personas. Quiero nombrar los casos de Juan Maino , a quien nos tocó conocer de cerca, y del Diputado Carlos Lorca .
Pero esto es algo que viene no sólo del Régimen militar en sus primeros momentos, sino de años posteriores. En 1985 ó 1986 -no recuerdo exactamente la fecha-, desapareció también en ese lugar -según parece, asesinado- el joven estadounidense Boris Weisfeiler , cuya familia lo busca hasta el día de hoy.
Es verdad, igualmente, que se trata de un enclave de inspiración nazi, que cuenta con contactos internacionales con otros organismos de similar ideología existentes en Argentina, en el sur de Brasil, en Paraguay e, incluso, en la propia Alemania, particularmente en el estado de Baviera.
También eso era verdad.
Era verdad, asimismo, que se cometieron reiterados delitos sexuales, especialmente en contra de menores.
Todo eso ha salido a la luz pública, en forma indesmentible, con la prisión de Paul Schaefer . Sin embargo, en vez de discutir sobre los temas de fondo, pareciera que lo que se busca es, o una suerte de empate político-moral, poniendo la situación de este ex prófugo a la misma altura del caso del señor Apablaza, o determinar si la Policía de Investigaciones actuó bien, si fue más o menos eficiente, si el logro pertenece al Canal 13, etcétera.
No importa cómo fue. El hecho es que hoy la Justicia chilena tiene la posibilidad de sancionar todos esos delitos y de llevar adelante un proceso que termine con las arbitrariedades mencionadas.
Señor Presidente , es difícil para un Estado democrático tener que vérselas con un enclave de esta naturaleza. Lo es para cualquier Estado. Lo fue, por ejemplo, para los Estados Unidos, con el caso de los davidianos. Porque, evidentemente, se aprovechan de las libertades que la democracia otorga, bajo la idea de que cada cual es libre de vivir como se le antoja; no reparan que la libertad tiene un límite: que nadie puede renunciar a sus derechos fundamentales ni a sus libertades básicas.
Por eso, nos parece muy revelador que hoy día no haya una sola voz en Chile, de ninguna tendencia, de ningún sector, que defienda lo que ocurrió y ocurre en Colonia Dignidad. La mayoría de los que lo hicieron en el pasado actuaron de esa forma, en gran medida, porque, como dije al comienzo, el afán de la polémica política, la pasión ideológica, muchas veces lleva a rechazar las verdades por considerar que ellas pueden servir de armas al adversario.
Pero hoy nadie ha levantado su voz para defender al señor Paul Schaefer o lo que ocurre en Colonia Dignidad. No sólo eso: hasta ahora él no tiene un abogado propio que lo defienda, sino únicamente el profesional de turno.
Señor Presidente , nuestra bancada desea presentar, ojalá con el concurso de los demás Comités del Senado, un proyecto de acuerdo que exprese estas ideas, actualmente compartidas por todos, y que además haga avanzar la acción del Gobierno y de la Justicia con miras a poner término a los abusos que todavía se cometen en Colonia Dignidad. El problema es cómo poder intervenir, dentro de las normas del Estado de Derecho, para defender los derechos de quienes todavía viven ahí en un estado de sujeción.
Por eso, señor Presidente, anunciamos nuestra voluntad en orden a materializar lo antes posible dicho proyecto de acuerdo, que debería considerar a lo menos las siguientes materias.
Primero, el Gobierno posee facultades para expulsar del país a los extranjeros que violen abierta y reiteradamente la ley. Podría expulsar a los dirigentes de Colonia Dignidad que no se encuentran sometidos a proceso y que, obviamente, no se hayan fugado ya. Eso, tal vez, permitiría dar fuerza al incipiente movimiento de cambio que aparentemente existiría en la Colonia, para rectificar lo que allí ocurre.
En segundo lugar, parece razonable que se nombre un solo ministro en visita para la investigación de todos los delitos económicos, de fraude al Fisco, tributarios y aduaneros. Actualmente muchos casos se hallan dispersos en numerosos tribunales del país y el Consejo de Defensa del Estado intenta llevarlos adelante, no sin bastantes dificultades, justamente por esa dispersión.
En tercer término, habría que ver la manera de acumular, cuando ello fuera posible, las causas que presentan un mismo imputado. Hoy son ocho los magistrados que esperan interrogar al señor Paul Schaefer , y es muy probable que después se agreguen otros. En el fondo, se debe buscar una forma racional de administrar justicia, para que ésta sea pronta y eficaz. Y hay que respaldar al Gobierno, a fin de que tome todas las medidas administrativas del caso, de tal manera que no se sigan cometiendo allí más abusos.
Mencioné la facultad que posee el Ministerio del Interior según la Ley de Extranjería, pero también tienen otras los Ministerios de Educación y de Salud; otro tanto ocurre con la Dirección de Aeronáutica; la Dirección de Movilización del Ejército cuenta con atribuciones en lo relativo al servicio militar obligatorio; en fin, son muchas las instituciones que pueden colaborar eficaz y coordinadamente para que los miembros de Colonia Dignidad queden en libertad plena para elegir su vida. Y si deciden seguir en comunidad, debe estar integrada a la sociedad chilena y, sobre todo, ser respetuosa del orden jurídico y de los derechos de los propios colonos.
Lo peor que podría ocurrir es que nos contentáramos con la detención del señor Schaefer . Largos procesos podrían comenzar a diluirse para que, después de un primer momento de gran preocupación ciudadana, al final todo siguiera como antes. Ya lo vivimos una vez, cuando se canceló la personalidad jurídica a Colonia Dignidad y se cerró entonces el hospital, pero se creó la "Corporación Perquilauquén", aprovechando la Ley de Juntas de Vecinos, y en nombre de esa personalidad jurídica hoy puede funcionar dicho establecimiento asistencial.
Y las dos escuelas, exactamente.
No vaya a ser cosa, señor Presidente , que, como sucede en las sociedades, haya un momento de gran sentimiento, de mucha preocupación, la prensa lo ponga en primera plana, se produzcan otros hechos, el tiempo pase, las personas también, y después la situación siga exactamente igual.
Por eso, he querido llamar la atención del Senado, para que todos sus miembros, una vez superadas las barreras ideológicas a que me referí, expresemos una clara voluntad política en cuanto a que el Estado de Derecho también debe imperar en Colonia Dignidad.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en el tiempo restante del Comité Mixto y en el de los Comités Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Socialista, Institucionales 2 e Independiente, e Institucionales 1, ningún señor Senador interviene.
Que el Honorable Senado, con fecha 9 de julio de 1977 y posteriormente con fecha 16 de mayo del año 2001, ha manifestado su preocupación por la situación judicial que afecta en los Estados Unidos de Norteamérica, al ciudadano chileno don Carlos Cardoen Cornejo, quien es un destacado empresario chileno que ha contribuido significativamente al desarrollo cultural y turístico de nuestro país.
Que conjuntamente con lo anterior, se le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que el Gobierno de Chile efectuare gestiones de apoyo diplomático, con el propósito de buscar una solución a la situación judicial que afecta a don Carlos Cardoen Cornejo.
Que en el transcurso de estos años se han efectuado diversas acciones tendientes a lograr este objetivo sin que aún se haya podido lograr una solución, a pesar de que el juicio civil concluyó en un total avenimiento con plena satisfacción para las partes involucradas.
Que en conocimiento del delicado estado de salud que afecta a don Carlos Cardoen Cornejo —invocando por consiguiente razones de carácter humanitario— y en consideración a que los esfuerzos desplegados hasta la fecha se encuentran actualmente en instancias de resolución en los Estados Unidos de Norteamérica, es que el Honorable senado solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores que renueve las acciones diplomáticas que fueren necesarias para obtener una buena disposición de parte de las autoridades norteamericanas competentes para lograr una pronta solución al problema judicial que afecta al ciudadano chileno don Carlos Cardoen Cornejo y que pueda transmitir la voluntad de este Senado a las autoridades de dicho país en orden a alcanzar este objetivo.
(Fdo): Bombal Otaegui, Carlos , Cantero Ojeda, Carlos, Chadwick Piñera, Andrés, Coloma Correa, Juan Antonio, Flores Labra, Fernando, García Ruminot, José, Moreno Rojas, Rafael, Muñoz Barra, Roberto, Ominami Pascual, Carlos, Páez Verdugo, Sergio, Pizarro Soto, Jorge, Romero Pizarro, Sergio, Zaldívar Larraín, Andrés