Source: https://es.scribd.com/document/143674356/Paternidad-Responsable
Timestamp: 2020-08-08 17:55:00
Document Index: 185954938

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 133', 'Artículo 133', 'artículo 27', 'artículo 43', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 110', 'artículo 225', 'artículo 317', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 130', 'artículo 4', 'artículo 279', 'artículo 385', 'artículo 496', 'artículo 500', 'artículo 387']

Paternidad Responsable | Masculinidad | Hombre
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una crítica sexológica al DSM-IV-TR (I parte)
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE
PATERNIDAD RESPONSABLE EN MÉXICO
I. Marco conceptual………………………………………………………………….6
1. Feminist jurisprudence: La crítica al Derecho desde la perspectiva de
género…………………………………… ……………………………………………6
A. Vertiente liberal……………………………………………………………… 8
B. Vertiente de la diferencia……………………………………………………….8
C. Vertiente radical…………………………………………………………………9
2. De la situación irregular a la protección integral: niñas y niños como sujetos
de derecho…………………………………………………………………………….12
A. La doctrina de la situación irregular………………………………………….13
B. La doctrina de la protección integral de los derechos de la
infancia…………………………………………………………………………… 13
C. El principio del interés superior de la infancia y la paternidad
responsable……………………………………………………………………… 16
3. Crisis de la masculinidad y paternidad responsable………………………….17
B. Paternidad responsable: un concepto en construcción………………… 25
A. ¿Crisis de la masculinidad?
II. Instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de la
infancia y de las mujeres………………………………………………………….32
1. Ámbito Naciones Unidas……………………………………………………….34
2. Ámbito interamericano…………………………………………………… 39
3. Casos paradigmáticos ante los Comités de Derechos
Humanos………………………………………………………………………… 40
A. Wim Hendriks contra Países Bajos………………………………………….40
B. María Eugenia Morales de Sierra vs. Guatemala………………………….42
III. La paternidad responsable y los deberes de asistencia
económica en la legislación mexicana…………………………………………44
1. Paternidad responsable y deberes de asistencia económica: breve
reseña histórica………………………………………………………………………45
2. Paternidad responsable y deberes de asistencia económica en los
ordenamientos jurídicos de las entidades federativas mexicanas……………
Ámbito civil………………………………………………………………
Ámbito penal………………………………………………………………
C. Síntesis analítica………………………………………………………
3. Los criterios de la Suprema Corte de Justicia en materia de paternidad responsable y de cumplimiento de los deberes de asistencia económica…….68
A. Criterios emitidos durante la 7° época…………………………………… 69
B. Criterios emitidos durante la 8° época…………………………………… 73
C. Criterios emitidos durante la 9° época…………………………………… 78
D. Síntesis analítica…………………………………………………………… 85
IV. Garantías de cumplimiento de los deberes de paternidad
responsable en México………………… ……………………………………… 88
1. Concepciones sobre la paternidad responsable……………………………88
2. Acciones institucionales……………………………………………………….90
A. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)…… 90
B. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito
Federal (DIF-DF)……………………… ………………………………………… 92
C. Centro de Convivencia Familiar Supervisado del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal (CCFS)……………………………… 93
D. Síntesis analítica……………………………………………………………96
Conclusiones…………………………………………………… …………………98
Modelo de propuesta jurídica que garantice el cumplimiento de los
deberes de filiación y de asistencia económica en México……………….110
Introducción Las obligaciones alimentarias y el reconocimiento de la filiación, elementos integrantes de la paternidad responsable (concepto que, sin embargo, no se agota ahí) representan algunos de los temas más importantes en el ámbito de la procuración de justicia en nuestro país, ya que las fallas y ausencias en los mecanismos que garantizan estos deberes constituyen una violación a los derechos de las niñas y los niños y una de las variantes de violencia económica y emocional que con mayor frecuencia padecen las mujeres mexicanas. El acceso igualitario a la justicia es un derecho humano de indispensable cumplimiento en un sistema democrático, pues cuando uno u otros derechos son violados, representa el medio fundamental para reclamar su cumplimiento ante los tribunales correspondientes y garantizar la igualdad de todas las personas ante la ley. De acuerdo con Birgin y Cohen (2006:2), como todo derecho, el acceso a la justicia requiere de un sistema de garantías que
posibilite su pleno ejercicio, lo cual supone la obligación del Estado de crear las condiciones jurídicas y materiales que garanticen su vigencia en condiciones de igualdad. Este estudio analiza la garantía efectiva de los deberes de paternidad responsable en México la cual contempla tanto la tutela de los derechos como la existencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley. En este caso particular, interesa conocer la forma en que la legislación y las instituciones competentes garantizan el cumplimiento de los deberes de paternidad responsable. El estudio plantea tres objetivos específicos:
1. Deconstruir la configuración de la paternidad responsable en la legislación mexicana.
2. Analizar las acciones de las instituciones encargadas de la tutela de los deberes de paternidad responsable (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia (DIF) y juzgados familiares), a partir de sus concepciones, experiencias y percepciones sobre la paternidad.
3. Elaborar un modelo de propuesta jurídica que garantice el cumplimiento de los deberes de filiación y de asistencia económica en México.
Este documento se compone de la presente introducción, cuatro capítulos y un apartado de conclusiones. En el primer capítulo se presenta el marco teórico-conceptual, estructurado a partir de tres ejes temáticos: la doctrina de la feminist jurisprudence, la de la protección integral de los derechos de la infancia y los estudios de masculinidad y paternidad. En el segundo se revisan los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de la infancia y de las mujeres, que constituyen el marco jurídico de referencia de este estudio. A la luz de los dos componentes anteriores, en el tercer capítulo se expone un análisis de la legislación local mexicana y de los criterios de la Suprema Corte de Justicia en materia de paternidad responsable. El cuarto detalla los resultados de las entrevistas realizadas a los actores institucionales encargados de la garantía de los deberes de paternidad responsable; estas entrevistas constituyen evidencia empírica sobre las formas en que conciben, perciben y actúan las instituciones mexicanas respecto a la paternidad. Finalmente, en las conclusiones se realizó un esfuerzo analítico que, a la luz del marco teórico-conceptual y del marco jurídico, pretende deconstruir el derecho mexicano actual en la materia. El estudio concluye con un anexo que presenta un modelo de iniciativa de ley de filiación y deberes de asistencia económica, comprendida como un primer paso en el camino hacia la institucionalización de la garantía de los deberes de paternidad responsable en México.
En este capítulo se presentan los tres ejes analíticos con que se aborda teóricamente el tema de las garantías de cumplimiento de los deberes de paternidad responsable. Estos ejes son: a) la crítica al Derecho desde la perspectiva de género (feminist jurisprudence) que devela su carácter androcéntrico 1 desenmascarando su pretendida neutralidad. Esta postura crítica permite revelar las formas en que el Derecho reproduce y hasta promueve las desigualdades entre los géneros; b) la doctrina del interés superior de la infancia, que refiere al conjunto de instrumentos jurídicos que reconocen a las niñas y los niños como sujetos de derecho, y c) los estudios sobre masculinidad y paternidad responsable, que constituyen claramente el principal referente conceptual de este estudio. Cabe destacar que en el campo de los estudios de género, los aportes y debates más recientes se ubican justamente en la temática de la masculinidad, bajo la premisa de que es necesario deconstruir los modelos tradicionales y generar propuestas alternativas de ejercicio de la masculinidad y de la paternidad.
1. Feminist jurisprudence:
La crítica al derecho desde la perspectiva de género La feminist jurisprudence es una doctrina jurídica que critica y cuestiona al Derecho desde la perspectiva de género, bajo la premisa de que éste es una construcción social y cultural y, como tal, un mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales, entre ellas, la de género. Tomando en cuenta que el fenómeno jurídico se compone tanto de las leyes formalmente generadas (componente formal-sustantivo), como de las formadas a través de la administración e interpretación de esas leyes (componente estructural), así como de las costumbres, tradiciones y políticas, la desigualdad sexual se manifiesta no solamente en la generación de la norma, sino también en la procuración y la impartición de justicia. Pero, además, el androcentrismo
1 El androcentrismo es una de las manifestaciones más generalizadas de sexismo. Significa que el hombre varón es el centro a partir del cual se ha desarrollado el pensamiento humano, que son sus hazañas las que dan contenido a la historia de la humanidad, que son sus experiencias y necesidades las únicas relevantes, que son ellos los que han definido el carácter de las leyes, de la educación, del lenguaje, entre otras cosas (Facio, 1992).
del fenómeno jurídico tiene implicaciones mucho más allá del Derecho, pues permea toda la institucionalidad (Facio, 1992). En este sentido, el abordaje del Derecho desde la perspectiva de género implica el reconocimiento de que, a través de él —como construcción teórica y como práctica jurídica— se reproduce y ejerce la desigualdad entre los sexos (CEAMEG, 2007). En palabras de Alda Facio:
La perspectiva de género permite ver al fenómeno legal de una forma más objetiva, porque parte de la experiencia de la subordinación, mientras que la perspectiva tradicional patriarcal —aun aquella que parte desde la marginalidad— simplemente no ve la realidad de las mujeres y al no hacerlo, lógicamente no incluye el análisis de las relaciones de poder entre los sexos (Facio, 1992).
El reconocimiento del carácter sexista del Derecho permite evidenciar que la norma jurídica, lejos de ser imparcial y/o neutral, ha sido elaborada e implementada por los hombres a partir de sus intereses. Ello implica que no existen leyes creadas por y para mujeres, ni instituciones que defiendan sus intereses ni, mucho menos, una doctrina jurídica desde las experiencias de las mujeres (Facio, 1992). Por ello, la feminist jurisprudence no se limita a elaborar una crítica al Derecho, sino que propone la deconstrucción del mismo de cara a la generación de una doctrina jurídica que, partiendo desde las mujeres, fundamente la creación de nuevas leyes e instituciones legales. A criterio de Facio (1992), sin una doctrina jurídica desde las mujeres es imposible sustentar argumentos jurídicos que tengan una real relación con la mujer como persona concreta. Lo anterior por cuanto es necesario reconocer que vivimos una realidad muy distinta a la de los hombres, y muy diferente también de la que plantea el Derecho como punto de partida en sus intentos por tomarnos en cuenta. El surgimiento de la feminist jurisprudence se ubica en las facultades de derecho de los países escandinavos y anglosajones, en la década de los setenta (Emmenegger, 2000). Los primeros esfuerzos de esta corriente feminista se orientaron a desenmascarar el mito de la neutralidad del Derecho.
Con ello, se develó su carácter androcéntrico, mismo que no se limita a la promulgación de leyes generadas por y para los hombres, sino a la discriminación que se ejerce por la vía de la negación de la diferencia sexual. En palabras de Alda Facio: “una ley que trate a hombres y mujeres exactamente igual, pero que tiene RESULTADOS que menoscaban o anulan el goce o ejercicio por la mujer de sus derechos humanos, será una ley discriminatoria” (Facio, 1992). Dentro de este debate, las vertientes que han realizado aportes más significativos a la crítica feminista al Derecho son: la liberal, la de la diferencia y la radical.
A. Vertiente liberal Las feministas liberales no realizan una crítica frontal al Derecho, sino que buscan la igualdad entre mujeres y hombres en el marco del orden jurídico ya existente. Herederas del liberalismo político y permeadas por los principios de los derechos humanos universales, pugnan por la igualdad entre todos los ciudadanos, en tanto sujetos autónomos y racionales. En este sentido, la crítica feminista liberal del Derecho, plantea la urgencia de que la ley sea imparcial ante cuestiones de género. En consecuencia, se opone a las normas que dificultan la participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos y esferas sociales, políticas y económicas. Para esta vertiente, la solución a la opresión de las mujeres es la eliminación de las barreras que restringen su participación social, política y económica en pie de igualdad con los hombres. Una de las más emblemáticas exponentes de esta corriente es la feminista norteamericana Betty Friedan, autora de Feminist mystique, libro escrito en 1963.
B. Vertiente de la diferencia La perspectiva feminista de la diferencia resalta la necesidad de no sacrificar la identidad y especificidad femeninas en aras de la igualdad de oportunidades. Así, destaca el reconocimiento del valor tanto de las mujeres como de los hombres. Por ello, plantea que las transformaciones al Derecho no deben orientarse a que las mujeres “encajen” en el mundo de los hombres, ni mucho menos de asimilarlas al patriarcado y sus prácticas, sino que se debe procurar
una transformación de las instituciones de tal suerte que éstas reconozcan los intereses y necesidades específicas de las mujeres (Gilligan en Smith, 1993). Algunas de las más destacadas exponentes de esta corriente son Carol Gilligan, Nancy Chodorow y Dorothy Dinnerstein.
C. Vertiente radical La vertiente feminista radical ubica en el patriarcado la causa fundamental de la desigualdad sexual. A partir de esta premisa, señala que el orden jurídico refleja y reproduce el sistema patriarcal. En el terreno de las propuestas, las feministas radicales apelan a la abolición de la distinción entre lo público y lo privado, en el entendido de que en este último ámbito se manifiestan con mayor agudeza y violencia las desigualdades entre los géneros. En vista de que la esfera privada ha quedado fuera del alcance y regulación estatales, con la abolición del sistema que dicotomiza los espacios, se crearían las condiciones para que el Derecho dejara de colocar a las mujeres en desventaja (O´Donovan en Birgin, 2000:35). En la misma corriente de pensamiento, Judith Grbich (1990) considera que lo que modernamente se llama Derecho no es más que la experiencia masculina de la autoridad, que sirve para el mantenimiento y reproducción de la supremacía masculina. A criterio de esta autora, a través del Derecho los hombres crearon un sistema que no sólo les permite mantener su poder, sino institucionalizarlo y acrecentarlo, pues el andamiaje jurídico regula todos los aspectos de la vida de las personas. En este sentido, el Derecho contribuye activamente a la subordinación de las mujeres en todos los sentidos y esferas, al tiempo que ha impedido su participación en la transformación de la legislación y las prácticas sociales, de cara a la reversión de las condiciones y situaciones que propician la subordinación y la discriminación. Siguiendo esta línea, Smart y MacKinnon señalan que la pretensión de neutralidad del Derecho es lo que ha abierto paso a que las mujeres sean juzgadas de acuerdo a los valores masculinos, en tanto éstos se han considerado universales. Así, la pretendida universalidad del Derecho ha provocado un efecto perverso, opuesto al fin igualitario que persigue (Smart en Birgin, 2000, MacKinnon, 1987).
A pesar de las diferencias entre las vertientes que conforman la feminist
jurisprudence, existe coincidencia en este último planteamiento: para incorporar la perspectiva de género al Derecho se requiere reconocer que la norma jurídica no es ni ha sido neutral, objetiva e imparcial, como tampoco lo ha sido
su aplicación. A partir de ello, las distinciones estriban en la profundidad de las transformaciones que el Derecho requiere: si todo el sistema y andamiaje jurídicos deben ser reelaborados o, si es posible, insertar modificaciones en lo ya existente. Cabe acotar que la evolución histórica hacia la igualdad jurídica entre mujeres y hombres es un camino inacabado, cuyos trechos más lentos se registran en el derecho privado, principalmente en el ámbito que rige las relaciones de hombres y mujeres en la familia. Esta lentitud para adaptar la norma jurídica a las transformaciones que —en la práctica cotidiana— ocurren en la vida familiar, evidencia la rigidez del Derecho como sistema. Asimismo, plantea el reto de deconstruir el derecho de familia, de cara a la generación de una legislación que no solamente responda a las nuevas realidades, sino que además promueva una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la infancia, sujetos sociales recientemente reconocidos.
Al respecto, Pateman (1995) enfatiza la necesidad de relevar la construcción
de la diferencia sexual como diferencia política. Con esa premisa, desarrolla su argumentación en torno al contrato sexual. A criterio de Pateman, la teoría política ha generado una ficción en torno al llamado “contrato social”, a través del cual se funda la sociedad moderna. Según la autora, este contrato —que hacen hombres blancos, europeos— tiene tres aspectos: el contrato social, el contrato sexual y el contrato de esclavitud. La elaboración de esta ficción política ha legitimado los tres mecanismos de dominación que están en la base de las relaciones capitalistas de producción: de clase, de género y de etnia. Mediante esta ficción, los ciudadanos pueden verse a sí mismos como miembros de una sociedad constituida por relaciones libres. El asunto es que únicamente algunos son ciudadanos: “solamente los varones —que pueden crear la vida política— pueden tomar parte del pacto original (…). Las mujeres deben reconocer la ficción política y hablar su lenguaje aun cuando los términos del contrato original las excluya de la conversación fraternal” (Pateman, 1995: 303).
Siguiendo con esta autora:
El examen de los contratos acerca de la propiedad en los que la mujer debe ser parte —el contrato de matrimonio, el de prostitución, el de subrogación— muestra que el cuerpo de la mujer es precisamente lo que está en juego en el contrato. Las mujeres pueden obtener la condición formal de individuos civiles pero un ser en un cuerpo femenino nunca puede ser “individuo” en el mismo sentido que los varones (Pateman, 1995: 306).
De ahí que, a criterio de Pateman, el cuerpo, el sexo y la diferencia sexual son inseparables de la subordinación civil, a pesar de que socialmente se parte del supuesto de que el sexo y la subordinación son polos opuestos. Lo anterior en la medida en que, a través del contrato sexual, la libertad civil de los hombres incluye el derecho de acceso sexual a la mujer. En la misma línea argumentativa, Bourdieu (1998) señala que el modelo social que surge con el capitalismo asigna a cada miembro del grupo doméstico el cumplimiento de posiciones, roles y funciones permeadas por las disposiciones prototípicas del sistema sexo-género, el cual indica que la función del padre ha de ser la del proveedor económico y material del bienestar de la familia, mientras que las madres constituyen el eje del cuidado y la organización de la vida doméstica. Obviamente, los hijos y las hijas ni siquiera son tomados en cuenta en la distribución de roles y funciones, pues se desconocen absolutamente como sujetos. Así, lo que se ha denominado “división sexual del trabajo” consiste en la asignación de las responsabilidades sociales de acuerdo al sexo, independientemente de los intereses, necesidades y capacidades de cada persona. En el ámbito familiar, los varones se encargan de la provisión y la autoridad, las mujeres del cuidado y organización de la vida doméstica. En este modelo familiar, la maternidad es el punto central de la división sexual del trabajo: “Todas las culturas patriarcales se caracterizan por un hecho común, de naturaleza universal: en todas ellas son las mujeres las que se ocupan del cuidado de los hijos” (Suárez, 2004: 70).
Así, la familia constituye un claro espacio de poder donde se expresan al menos dos fuentes de subordinación social: la de género y la de generación. El varón-padre ejerce en el ámbito familiar dominio sobre “su” mujer y “sus” hijos e hijas. A decir de Osborne (2004), el término que históricamente ha simbolizado la autoridad de los padres es el de patria potestad, cuyo origen se remonta al derecho romano (patria potestas), por la que el varón/patriarca tiene poder de vida y muerte sobre todas las personas que dependen de él. En el plano jurídico, la norma no solamente ha consagrado en la letra la asignación sexual de las responsabilidades familiares, sino que, como se detallará en los siguientes capítulos, la jurisprudencia y la institucionalidad los ha reproducido y sacralizado, de tal suerte que el derecho de familia constituye uno de los ámbitos que expresan con mayor claridad la subordinación femenina.
2. De la situación irregular a la protección integral: niñas y niños como sujetos de derecho Como se señaló en el apartado anterior, la concepción de familia vigente en la legislación tiene un importante sesgo patriarcal en la medida en que se fundamenta en la superioridad del hombre sobre la mujer y los hijos e hijas. Hasta hace pocos años, el espacio doméstico se consideraba “privado”, un lugar fuera del ámbito de acción del Estado y la ley: el pater familias contaba con plena discrecionalidad para ejercer control y dominio. El descubrimiento de la infancia y la intrusión de los poderes públicos para protegerla son dos fenómenos que contribuyeron a la disminución del poder del varón en el seno familiar, frente a las mujeres y frente al Estado (Osborne, 2004). La lucha por el reconocimiento de los derechos de la infancia representa un esfuerzo en dos vías: por una parte, refiere al reconocimiento de las niñas y los niños como seres humanos, con los derechos inherentes a esta condición. Por otra, implica un esfuerzo en el ámbito de la exigibilidad de los derechos en la medida en que los padres y las madres son representantes, para efectos legales, de las y los infantes.
Dos doctrinas jurídicas han abordado la defensa de los derechos de la infancia: la doctrina de la situación irregular y, más recientemente, la doctrina de la protección integral de los derechos de la infancia.
A. La doctrina de la situación irregular
La doctrina de la situación irregular fue el primer enfoque con que se abordó la protección jurídica de la infancia. Los sujetos de protección de esta doctrina eran los niños y las niñas que se encontraban en estado de riesgo o que habían cometido hechos delictivos. Este último grupo de infantes se consideraban reflejo de patologías sociales, sin embargo, eran enviados y enviadas a centros de observación o recuperación para su reinserción a la sociedad. Desde la perspectiva de esta doctrina, existían dos tipos de infancia: la que pertenecía a una familia y la que conformaban las niñas y los niños con conductas “antisociales”, que no eran parte de ningún núcleo familiar y, por ende, representaba a la niñez irregular. Así, la doctrina de la situación irregular legitimaba la disponibilidad estatal absoluta de estos sujetos, vulnerabilizados a través de la doctrina misma. De esta forma, la infancia empezó a ser reconocida en el plano jurídico, pero entendida como “menores” o incapaces (Salinas, 2002). La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1989, abre paso a una profunda crítica de la doctrina de la situación irregular. Se adopta entonces un nuevo modelo doctrinal, basado en el derecho internacional de los derechos humanos, que se conoce como doctrina de “protección integral” o “garantista” de los derechos de la infancia.
infancia La doctrina de la protección integral de los derechos de la infancia es el sustento teórico-jurídico de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta doctrina concreta jurídicamente en el ámbito internacional un nuevo arquetipo de la relación de la niñez con el derecho, con el Estado y con sus progenitores. Concibe a todos los niños y las niñas como sujetos de derecho, establece de manera explícita las obligaciones que adquieren los Estados Parte de la CDN
para incorporar en sus legislaciones la visión y contenido de dicha convención, y señala que los padres y las madres son garantes del ejercicio y disfrute pleno de los derechos de la infancia (Salinas, 2002). La CDN constituye el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que define los derechos humanos básicos que tienen los niños y niñas, tales como el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la identidad; a la protección contra influencias peligrosas, malos tratos y la explotación, y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Esta convención representa la culminación de décadas de esfuerzo y trabajo de la comunidad internacional a favor de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y marca un parteaguas en la visión jurídica y el tratamiento de los derechos de la infancia, al establecer un piso mínimo de trabajo para salvaguardarlos. La doctrina de la protección integral de los derechos de la infancia parte del reconocimiento de que los niños y las niñas son sujetos de derechos y responsabilidades. Señala que se debe prohibir y sancionar el abuso de poder en su contra, proteger sus diferencias, reconocerles como personas y, sobre todo, dejar de considerar a las niñas, los niños y las y los adolescentes como “menores” en razón de la connotación peyorativa que esa palabra implica. Esta doctrina establece una amplia gama de derechos individuales y colectivos de los que goza la niñez, transformándose la visión del menor como objeto de la compasión-represión, a la de la infancia-adolescencia, reconociéndola como seres humanos titulares de derechos exigibles al Estado. Este cambio de concepción implica el reconocimiento explícito de todos los derechos humanos de que gozan las personas adultas, al que se añade un universo de derechos particulares en su carácter de personas en desarrollo (García, 1997). La siguiente tabla detalla las principales diferencias entre la doctrina de la situación irregular y la de la protección integral de los derechos de la infancia:
Tabla 1 La doctrina de la situación irregular y la de la protección integral de los derechos de la infancia: principales diferencias
Doctrina de la protección integral de los derechos de la infancia
Considera únicamente a los niños y niñas más “vulnerables”, a quienes denomina “menores”. Pretende resolver sus problemas por la vía judicial.
derecho a todos los niños y niñas.
Establece la obligación del Estado en el cumplimiento de esos derechos.
Interviene frente a los problemas económicos y sociales que atraviesa la niñez.
Promotor del bienestar de los niños y las niñas a través del establecimiento de políticas públicas.
Papel del Sistema Judicial
Trata los problemas sociales y jurídicos de la infancia a través de la figura de un Juez de Menores.
Trata los problemas jurídicos. Los problemas sociales son competencia de órganos descentralizados.
Relación de la situación económica familiar y la protección de la infancia
Los niños y niñas sujetos de protección son aquellos que viven situación de abandono. Considera abandono no solamente la ausencia de padres, sino también situaciones generadas por la pobreza del grupo familiar, en cuyo caso se habilita al Estado para separar a la o el infante de su familia.
La situación económica nunca puede dar lugar a la separación del niño o niña de su familia, más bien deriva en una obligación estatal apoyar a la familia.
Papel del juzgador
Puede tomar la medida que le parezca ante una niña o niño acusado de cometer un delito.
Aplica medidas socio-educativas diferentes de la internación, de acuerdo con la gravedad del delito.
Fuente: Adaptación a partir de Beloff, M (2004). Un modelo para armar ¡y otro para desarmar!:
protección integral de derechos del niño vs. Derechos en situación irregular. http://www.jursoc.unlp.edu.ar/externos/sitioidn3/ponencias/ponen1-beloff.pdf consultado el 6 de julio de 2007.
La Convención de los Derechos del Niño contiene una serie de principios que deberá ser rigurosamente observada en la adecuación de la legislación nacional. Estos principios corresponden a proposiciones que describen
derechos como el de igualdad, autonomía y protección efectiva. Tal es el caso del principio del interés superior de la infancia (Dworkin, 1989). El principio del interés superior de la infancia refiere al conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizarles a las niñas, niños y adolescentes un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Para Miguel Cillero, el principio de interés superior es una garantía de que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que al tomar una medida que les afecte, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. Asimismo, señala que las funciones principales de este principio son: facilitar que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño y la niña; orientar a las y los progenitores, así como al Estado, para que ejerzan las medidas necesarias para proteger y desarrollar la autonomía del niño y la niña en el ejercicio de sus derechos; permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, en especial si entran en conflicto, y exigir que el Estado tenga como prioridad los derechos de la niñez, cuyo ejercicio y promoción debe operar a través de políticas públicas (Cillero, 2007). Como sucede con otros compromisos internacionales, la armonización de las legislaciones nacionales con la CDN es un proceso lento y complejo. La legislación mexicana plasma el principio del interés superior de la infancia en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en algunas legislaciones que rigen los derechos de los y las infantes en las entidades federativas.
C. El principio del interés superior de la infancia y la paternidad responsable Uno de los derechos reconocidos en la CDN es el derecho a la identidad, que establece que todos los niños y las niñas tienen derecho a saber quiénes son sus progenitores. Los niños, niñas y adolescentes también gozan del derecho a tener las condiciones que garanticen su pleno desarrollo. Ambos derechos se vinculan claramente con el ejercicio de la paternidad responsable.
En este sentido, aunque las concepciones más recientes de paternidad responsable contemplan una gama más amplia de compromisos (que conciernen al cuidado de los hijos e hijas y la salud reproductiva), para su garantía es fundamental, primero, el reconocimiento de los hijos e hijas. Al respecto, señala CEPAL (2002) que este reconocimiento incrementa la probabilidad de que los padres asuman la paternidad de manera responsable, abriendo paso a que se involucren en el cuidado y educación de sus descendientes. Cabe recordar que el principio del interés superior de la infancia establece la obligación de los Estados de incrementar los esfuerzos para propiciar que la infancia goce de condiciones que le permitan vivir y ejercer de manera plena sus derechos. De esta obligación deriva la necesidad de construir un marco jurídico integral que garantice el cumplimiento de los deberes derivados de la paternidad, en el entendido de que es más frecuente que sean los padres— y no las madres— quienes evadan sus responsabilidades con su descendencia, como consecuencia de una determinada construcción social de la masculinidad y de la paternidad, objeto del siguiente apartado.
3. Crisis de la masculinidad y paternidad responsable En este apartado se presentan los aportes teóricos más recientes en torno al debate sobre la masculinidad y la paternidad. Actualmente, desde diferentes disciplinas sociales la discusión sobre la construcción social de la masculinidad ha adquirido gran relevancia. Se trata de un tema “frontera” en las ciencias sociales en la medida en que el desarrollo teórico data de apenas un par de décadas y, por ello, todavía se encuentran en construcción y debate las conceptualizaciones y abordajes teóricos. La perspectiva de género constituye una herramienta teórica fundamental para realizar un acercamiento a la temática de la masculinidad, en la medida en que por medio de ella se pueden revisar y analizar los procesos de construcción de los significados que socialmente se adjudican a cada uno de los sexos. En este sentido, una perspectiva relacional —como la de género— permite incorporar el estudio de los varones a través del lente de la construcción sociocultural de las masculinidades.
Esta postura implica el reconocimiento de que tanto la masculinidad como la feminidad son prácticas ideológicas que presentan variaciones históricas, generacionales, étnicas y de clase. La dicotomización de lo masculino y lo femenino implica el establecimiento de estereotipos “que condicionan los
desempeños para unas y otros, limitando las potencialidades de las personas
promover o reprimir los comportamientos según sean adecuados al género,
tal suerte que tanto los varones como las mujeres se encuentran atrapados
en estas construcciones culturales que tienen costos para ambos, pero es factible transformar” (Figueroa et al, 2006). Los primeros estudios sobre masculinidad y hombres (Men´s studies) surgen
a finales de la década de los setenta en los países anglófonos y su
particularidad consiste en que no suponen que el “hombre” es el representante general de la humanidad, sino que adoptan el estudio de la masculinidad y las experiencias de los varones como específicas de cada formación socio- histórico-cultural. Se trata de estudios cuyo foco de atención son los hombres comunes y su vida cotidiana, más que los políticos, los militares o los héroes (Minello, 2002). En México, es hasta inicios del presente siglo cuando, desde la Sociología, la Psicología y la demografía, se empieza a generar un creciente interés por el estudio de la masculinidad. En la Sociología, el interés se concentra en el análisis de la construcción social de la masculinidad y en las transformaciones que ha venido experimentando. De ahí que la pregunta más sugerente, desde esta disciplina, refiere a la posibilidad de hablar de una crisis de la masculinidad en México que, a su vez, abra paso a la constitución de emergentes modelos masculinos, esto es, “masculinidades” (Montesinos,
Desde la Psicología, se analiza la construcción psíquica de la masculinidad, enfatizando los conflictos que presentan los hombres en términos del enfrentamiento con sus inseguridades y temores, la represión de los sentimientos y la insatisfacción que les produce la sensación de no satisfacer las expectativas sociales (González, 2005). Otra serie de estudiosos, desde la Psicología, se han concentrado en el análisis de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, en particular en un contexto de transformación de roles y promoción de los derechos de las mujeres.
En la demografía, el interés deviene del estudio del comportamiento reproductivo de la población, en donde la presencia y participación de los varones tradicionalmente se ha asumido como secundaria. Esta exclusión se explica, en parte, por una visión feminizada de la reproducción, pero también porque se tiene la idea de que la información y percepción de los hombres sobre la reproducción es poco confiable o menos válida (Figueroa et al, 2006). En el entendido de que la paternidad se inscribe en la construcción social de la masculinidad, se ha considerado necesario iniciar este apartado con una breve síntesis de las aportaciones más recientes al debate sobre la masculinidad en México.
A. ¿Crisis de la masculinidad? En términos generales, se sabe que todas las sociedades distinguen entre masculino y femenino. Además, la mayoría de sociedades tiene ideas consensuales sobre la masculinidad y la feminidad según las cuales los individuos son juzgados como miembros de uno u otro sexo (Gilmore, 1994). Aunque estos ideales sexuales o imágenes-guía difieren entre las culturas, el rasgo fundamental que interesa destacar es que, con base en la diferencia sexual, las sociedades construyen un imaginario sobre los atributos, características, comportamientos, formas de ser y hacer de hombres y mujeres. Aún cuando es común hablar de la construcción social y cultural de los géneros, cabe destacar la abundancia de estudios sobre el género femenino, en contraste con los que tienen como objeto al masculino. Estos últimos emergen a finales de los años setenta en los países anglófonos y se les conoció como men´s studies. En los países hispanoparlantes se les ha denominado “estudios sobre masculinidad”. Coinciden en la constatación de que el núcleo fundamental de la masculinidad refiere a la negación de la feminidad. Esto es, se trata de una construcción social negativa: son masculinos los que no presentan comportamientos, actitudes, sentimientos, expresiones, femeninas. Así, un hombre es como es, fundamentalmente para relacionarse-diferenciarse de la mujer (Gomáriz, 1997).
La virilidad —como construcción social de lo masculino— “no es una condición natural que se produce espontáneamente por una maduración biológica, sino un estado precario o artificial que los muchachos deben conquistar con mucha dificultad” (Gilmore, 1994:22). Este autor señala que en todos los niveles de desarrollo sociocultural se establecen “pruebas” a través de las que los jóvenes llegan a ser hombres. 2 . A diferencia de la feminidad, que es una condición que —en el imaginario colectivo— deriva “naturalmente” de lo biológico, a la masculinidad o virilidad acceden los hombres a través de constantes pruebas o demostraciones. En este sentido, según Gilmore (1994) existe una suerte de cuestionamiento permanente de la identidad sexual masculina. Por ello, señala Juan Guillermo Figueroa, los hombres “se pasan la vida demostrando que sí son hombres y en eso consiste la masculinidad: en probar todo el tiempo que soy muy hombre, muy macho” (Entrevista realizada el 20 de agosto de 2007). Esta demostración constante de masculinidad, como se ha señalado, consiste básicamente en alejarse, distanciarse, excluirse de lo que socialmente se ha designado como femenino. Es decir que, partiendo de una definición socioculturalmente construida y aceptada de los atributos, características y comportamientos “femeninos”, se construye la masculinidad como una “negación de”. A ello atribuye Gilmore (1994) el hecho de que exista una gran cantidad de epítetos que descalifiquen y cuestionen la identidad sexual masculina, y no tantas que hagan lo mismo con la femenina. 3 En este tenor, Gomáriz (1997) establece tres grupos de factores que comprenden las representaciones de la masculinidad: intrapersonales, intragenéricos y de índole social. El primero de estos factores refiere a que la principal fuente de identidad del hombre es su actividad ocupacional. La otra fuente de identidad masculina deriva del ya mencionado ámbito de la relación intergenérica, es decir, que el hombre es lo que es, fundamentalmente, para
2 Gilmore (1994) reseña pruebas de virilidad en lugares tan distintos como la Isla de Truk, en el Pacífico Sur; la isla de Kalymos, en el mar Egeo griego; el este de África; Etiopía; las altas montañas de Melanesia; los indios Fox, en Iowa; los indios Tewa de Nuevo México; los Balcanes; la Ciudad de México;
Marruecos; Creta e Inglaterra, entre muchos otros casos.
Por ejemplo, señala que existen gran cantidad de calificativos peyorativos para los hombres “poco masculinos”: “mariquita”, “afeminado”, “impotente”, los cuales cuestionan la identidad sexual. En cambio, el autor encuentra pocas etiquetas lingüísticas que cuestionen directamente la identidad sexual femenina. Incluso señala que a las mujeres que no siguen fielmente los patrones sociales de comportamiento se les puede tachar de inmorales o poco femeninas, pero no de que no son mujeres.
relacionarse-diferenciarse de la mujer. En este sentido, la identidad masculina está marcada frente al otro género por la función proveedora: los hombres se relacionan con las mujeres ofreciéndoles los frutos de su desempeño laboral. La tercera fuente de identidad masculina procede de las otras entidades sociales y los grupos a que pertenecen los hombres: la identidad masculina depende del lugar y contexto concreto en que se ubique la persona. En el caso particular de México, según Juan Guillermo Figueroa, la masculinidad dominante “consiste en intentar alcanzar el imaginario de lo que se espera del hombre. Con eso, los hombres se sienten más poderosos que las mujeres, pero también más poderosos entre los hombres.” (Entrevista realizada el 20 de agosto de 2007). A criterio de Figueroa, en el imaginario colectivo mexicano son tres los elementos que caracterizan al “hombre”:
Ser proveedores, esto es, constituirse en proveedores únicos o principales de los recursos y bienes materiales de la familia; Ser valientes, es decir, carecer de miedo o enfrentarlo, así como defender a personas más débiles (mujeres, niños o niñas); Tener control sobre otras personas, no solamente mujeres, sino hijas e hijos, subordinados y subordinadas, personas adultas mayores, entre otras (Entrevista realizada el 20 de agosto de 2007).
De esas tres características o atributos básicos derivan muchas otras, por ejemplo, Benno De Keijzer (1995) enumera los siguientes rasgos del modelo masculino en las culturas occidentales:
Capacidad natural para ejercer el mando Autoridad y dominio Sujeto productivo y verbalmente articulado Poseedor de fuerza y destreza física Rol sexo-erótico activo Virilidad ligada a su rol de procreador y padre de una descendencia numerosa Rol de jefe de hogar y proveedor principal
Propietario de bienes y personas
Polígamo o poligínico (infiel)
Sin embargo, la literatura y la mayoría de expertos coinciden en el cuestionamiento de que en la actualidad exista en México un modelo “hegemónico” de masculinidad. De ahí que se hable de crisis de la masculinidad y de modelos alternativos o emergentes. Varios factores se agrupan para desechar la idea de un modelo hegemónico de masculinidad: la diversidad étnica y cultural mexicana dificultan el establecimiento de patrones homogéneos. Al respecto, Francisco Delfín plantea:
México está compuesto de mucho Méxicos. En realidad la idea que tenemos del “macho mexicano” se deriva de un tipo de hombre que encontramos en el norte del país, en Sonora, Chihuahua, Nuevo León. Es un hombre con mucho billete, que es el mero macho, es decir, que manda, ordena, se hace su voluntad. Es un hombre autoritario, mujeriego, el macho pues. Pero ese modelo ideal no se logra dar en otros espacios ni otros lugares. Claro, como decía una amiga, lo que sí es cierto es que hasta el más jodido de los hombres al cruzar la puerta de su casa es amo (Entrevista realizada el 29 de agosto de 2007).
En este sentido, señala que siempre han existido hombres que no se ajustan a ese modelo ideal de masculinidad. Algunos porque no han querido seguir ese patrón, otros porque aun queriendo, no tienen los elementos, capacidades o recursos para satisfacer el modelo. Cabe aclarar que hay posturas que disienten de esta consideración. Roberto Garda —también experto en el tema— considera que el concepto de masculinidad, por definición, remite al patriarcado como sistema de dominación. Por tanto, se opone a la idea de “masculinidades alternativas”. De la misma manera, plantea que el modelo machista está totalmente vigente:
Las formas de dominación como la masculinidad aterrizan en instituciones:
la escuela, la iglesia, el gobierno, los medios de comunicación. Si vemos lo que sucede en las instituciones, constatamos que el modelo machista está totalmente vigente, no hay rupturas, no hay fisuras, no hay crisis. Hay individuos, en contextos y situaciones particulares, que entran en crisis, pero no es una crisis del modelo de dominación. No hay que ver las prácticas individuales de los hombres, sino las instituciones. (Entrevista realizada el 6 de septiembre de 2007).
Algunos estudiosos de la masculinidad vienen constatando un proceso de cambios, resistencia y críticas al modelo hegemónico que derivan en lo que se ha dado en llamar la “crisis de la masculinidad”. Al respecto, Francisco Cervantes habla de “un fluir de la masculinidad hacia formas resistentes, menos rígidas del ser varón” (entrevista realizada el 24 de agosto de 2007); Francisco Delfín señala que “vienen asomando la cabeza varones más pensantes y equitativos, que tratan de cambiar, de reflexionar sobre los estereotipos y dudan y se cuestionan (…), que se dan derecho a fracasar, a fallar, porque tratar de satisfacer los estereotipos es muy duro” (entrevista realizada el 29 de agosto de 2007), y Héctor Frías señala que “sobre todo entre los jóvenes, coexisten modelos diversos de masculinidad, lo vemos en la imagen, en la apertura hacia símbolos como usar un arete, usar playera rosa (…) los hombres jóvenes buscan ahora el elemento que les define” (entrevista realizada el 3 de septiembre de 2007). Rafael Montesinos se atreve a plantear que:
se trata de reconocer el surgimiento de una revolución silenciosa, en la cual, en principio, los cambios son casi imperceptibles, luego se hacen visibles, para después reconocerlos como claros y contundentes. Y que en algún punto del futuro, puedan ser dominantes (Montesinos, 2005: 29).
Así, han surgido modelos alternativos de masculinidad que cuestionan al hegemónico, al tiempo que ponen sobre el tapete la discusión de la necesidad de elaborar —socialmente— una identidad masculina que responda a los nuevos retos de la sociedad mexicana. Lo anterior por cuanto, a diferencia de las transformaciones en los modelos de feminidad,
como lo señala Héctor Frías, la crisis de la masculinidad no deviene de una propuesta de los sujetos sociales (varones, en este caso), sino que se ha generado como una reacción a las transformaciones en el sistema sexo- género que vienen impulsando las mujeres. Actualmente los varones se enfrentan a un contexto social que no les permite satisfacer el “ideal” del hombre tradicional: la incorporación de las mujeres al mercado laboral cuestiona su rol de proveedores únicos o principales; la promoción de los derechos de las mujeres y de la infancia desafían el autoritarismo y el ejercicio de la violencia; los cambios culturales derivados de la globalización, en términos del contacto con otros usos y costumbres, relativizan la idea de que hay una sola forma de hacer y vivir. A estas condiciones del contexto, anteceden los procesos de cambio cultural que engendran nuevas identidades femeninas, cada vez más alejadas de las posiciones subordinadas y sumisas. Así, la representación femenina del poder obliga al reconocimiento de que “no necesariamente por el solo hecho de ser hombre, se está en condiciones para ejercer el poder” (Montesinos, 2005:30). Es decir, arribamos a un proceso de cuestionamiento de la dinámica de poder/subordinación que se encuentra en las raíces más profundas de la desigualdad de género. Los procesos de “empoderamiento” de las mujeres no solamente implican el desplazamiento de algunos varones, sino la resignificación de los espacios de poder que han dejado de ser exclusivamente masculinos. En vista de que, como sostiene Connell (1993), la masculinidad no puede desligarse del contexto social en que se desarrolla, actualmente asistimos al agotamiento del modelo tradicional de lo masculino o a lo que otros denominan “crisis de la masculinidad”. Frente a este agotamiento, los expertos observan dos reacciones contrapuestas: por un lado, un grupo no despreciable de varones se aferra a los paradigmas tradicionales, resistiéndose activamente al cambio. Muchos de estos hombres recurren a la violencia en su intento por mantener el control y dominio de sus parejas, según lo señalaron Francisco Céspedes y Francisco Delfín en entrevistas realizadas en agosto de 2007. Otro conjunto de hombres —en particular los jóvenes— se enfrenta a la exploración
y construcción de nuevos paradigmas, en el marco del cuestionamiento de los patrones aprendidos. En este proceso de generación de nuevas identidades masculinas, sin duda alguna la construcción social de la paternidad también se encuentra en crisis, entendida esta última como el cuestionamiento del modelo tradicional y el surgimiento de opciones alternativas.
B. Paternidad responsable: un concepto en construcción Así como el interés por el estudio sobre la masculinidad es reciente, las construcciones y debates teóricos sobre la paternidad apenas despuntan. Mientras que la maternidad ha sido tema de observación y elaboración teórica de las ciencias sociales —toda vez que constituye uno de los elementos centrales de la identidad femenina—, la función paterna es uno de los temas tradicionalmente ausentes y que se integra hasta los años ochenta a las discusiones. Por un lado, los hombres empiezan a reflexionar sobre sí mismos, se organizan como varones y se articulan, en primera instancia, como padres. Por otra parte, las mujeres, interesadas en la transformación de las relaciones de género y con el bagaje teórico y empírico acumulado de varias década de reflexión en la temática, también inician aproximaciones a los tópicos de masculinidad y paternidad (Osborne, 2004). En esta línea de reflexión, el modelo tradicional supone que son dos las funciones paternas: la contribución económica y el ejercicio vertical de la autoridad. En el marco de una construcción social de género que supone roles exclusivos y excluyentes, los padres deben ser los proveedores económicos y la autoridad máxima del hogar, incluso con la posibilidad de imponer su voluntad. En torno a esta asignación de tareas, se construye una serie de percepciones sobre la paternidad estrechamente vinculadas con la virilidad, por ejemplo, que los padres son y deben ser el centro de la familia en la medida en que constituirse en los principales proveedores económicos les otorga una serie de privilegios, incluyendo ser “jefes del hogar” (Cervantes et al, 1999). Dentro de este modelo tradicional de paternidad, se ubican tres estilos de ejercerla: el autoritario, el violento y el ausente. Los padres autoritarios “se sienten con toda la autoridad, el poder y el derecho de dirigir y controlar la vida de sus esposas, hijas e hijos” (Cervantes et al, 1999:7); los padres violentos
utilizan diversas manifestaciones de agresión (golpes, tirones, gritos, insultos, burlas) para relacionarse con los demás miembros de la familia, provocando miedo y alejamiento en sus hijos, hijas y pareja; finalmente, los padres ausentes se muestran indiferentes hacia sus hijos e hijas, algunos permanecen grandes lapsos literalmente alejados —han migrado, trabajan largas jornadas y/o invierten su tiempo libre con amistades— y otros, aun estando físicamente presentes, son poco comunicativos y comparten poco con sus familiares (Cervantes et al, 1999). Los cambios experimentados en la estructura y dinámica familiar en los últimos decenios se expresan en importantes cuestionamientos a este modo tradicional de comprender y ejercer la paternidad. El tránsito de una figura paterna centrada exclusivamente en la contribución económica y el ejercicio vertical de la autoridad, hacia una concepción de paternidad que incluye relaciones basadas en el afecto y la cercanía con los hijos e hijas, ocurre lentamente y enfrenta resistencias culturales, psicológicas y sociales (CEPAL, 2002). Adicionalmente, los marcos normativos, al menos en México, en su mayoría han permanecido intactos, con lo que por omisión contribuyen a perpetuar un modelo restrictivo de paternidad. Las transformaciones en la concepción de paternidad se relacionan, en lo fundamental, con los siguientes factores: a) los cambios en la dinámica sociodemográfica de la población y su relación con el tamaño y composición de las familias; b) las transformaciones en los roles que juegan las mujeres, dentro y fuera de las familias; c) las tendencias hacia la individualización de los derechos que dan pie a nuevas demandas públicas y a la constitución y reconocimiento de nuevos sujetos sociales, como es el caso de los derechos de las mujeres, de la infancia, de las personas adultas mayores y de quienes tienen discapacidades, y d) los cambios en las formas en que se aborda la familia que evidencian la necesidad de generar nuevas definiciones normativas entre los sujetos, las familias y el Estado (CEPAL, 2002). En lo que se refiere a los cambios demográficos, el incremento de la esperanza de vida y la disminución de la fecundidad impactan en la dinámica familiar no solamente en términos de la reducción del número de miembros, sino de las decisiones y negociaciones referidas a la salud reproductiva y
sexual, así como de la oportunidad de revalorar las representaciones que padres y madres pueden ahora construir sobre los hijos e hijas. Adicionalmente, la diversidad de arreglos familiares que componen hoy las sociedades implica también un reposicionamiento de los sujetos que las conforman. Los cambios en los patrones de formación y disolución de las parejas, las transformaciones en los estilos de vida, la intensidad de los movimientos migratorios, son fenómenos que han variado los contextos microsociales en los que se ejerce la paternidad (CEPAL, 2002). De igual forma, la incorporación femenina al mercado laboral, el incremento en el nivel educativo de las mujeres y su incursión en espacios públicos son elementos que trastocan los límites tradicionales de la división de trabajo y las posiciones de autoridad y poder. Uno de los efectos de estas transformaciones es el “desdibujamiento” del rol de proveedor asignado socialmente a los hombres (CEPAL, 2002). Finalmente, asistimos a la emergencia de propuestas de democratización de las relaciones familiares, en el contexto del reconocimiento de los derechos humanos de sujetos sociales tradicionalmente excluidos y discriminados, como las mujeres y los niños y niñas. Osborne (2004) plantea que el surgimiento de modelos familiares más democráticos es un fenómeno que se vincula con la penetración de las ideas liberales del individualismo en el seno de esta institución. De cara a estos cambios, la paternidad deviene hoy en una realidad trastocada que enfrenta una concepción restrictiva, vertical y autoritaria a las nuevas propuestas que enfatizan que la paternidad es “un compromiso directo que los progenitores establecen con sus hijos (as), independientemente del tipo de arreglo familiar existente con la madre” (CEPAL, 2002). Asistimos, entonces, al tránsito de una paternidad concebida como la cúspide del ejercicio de la masculinidad, en donde se cristalizaba un conjunto de aprendizajes de género “en que los hombres explayan los estereotipos machistas, ejerciendo y abusando del dominio, el control y el poder” (entrevista realizada a Francisco Cervantes el 24 de agosto de 2007), a las propuestas de académicos, activistas y organismos internacionales que hacen hincapié en aspectos afectivos sumados a las responsabilidades.
Así, Juan Guillermo Figueroa concibe a la paternidad como el conjunto de relaciones posibles entre padres e hijos que integra tres elementos: las responsabilidades, los aspectos lúdicos y los vicios. En su criterio, las responsabilidades refieren a ser proveedor, educador y autoridad. Los aspectos lúdicos implican el acompañamiento a los hijos e hijas, pero también las retribuciones emocionales en términos de ser amado y las posibilidades de divertirse con los y las descendientes. Los vicios, finalmente, refieren al ejercicio de la violencia y del poder de manera unilateral (entrevista realizada el 20 de agosto de 2007). El enfoque de CEPAL (2002), por su parte, plantea que la paternidad responsable incluye cuatro tipos de responsabilidades: reproductivas, económicas, domésticas y de cumplimiento de los derechos del niño o niña. Las responsabilidades reproductivas aluden a la necesidad de que los hombres asuman las consecuencias de sus comportamientos reproductivos y sexuales, adoptando actitudes como preocuparse por su descendencia, participar de las decisiones contraceptivas y practicar comportamientos sexuales seguros. Las responsabilidades económicas derivan del derecho de los niños y las niñas a contar con un mínimo de condiciones básicas para el desarrollo de sus capacidades y su bienestar. 4 El Estado y las familias tienen la responsabilidad de garantizar a los y las infantes un entorno favorable para su crecimiento físico, emocional y cognoscitivo, de tal suerte que el acceso a vivienda, nutrición y cuidados de salud son fundamentales para tales efectos. Las responsabilidades domésticas aluden de manera particular a las contribuciones de tiempo que los hombres aportan a la reproducción y sostenimiento emocional del núcleo familiar. Se trata de una serie de responsabilidades tradicionalmente asignadas a las madres y mujeres, por lo que la incorporación masculina implica el reconocimiento de que la esfera de organización doméstica es un ámbito de producción y reproducción de inequidades de género. Además, la introducción de este elemento implica valorar una dimensión cualitativa de la dinámica familiar que permite visualizar
4 Este derecho, como se ha señalado, se encuentra en las disposiciones aprobadas en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (1990) y en la Convención de los Derechos del Niño.
los aportes no monetarios que pueden hacer los padres al cuidado y atenciones a los hijos e hijas, así como los modelos emergentes de crianza.
Cabe destacar también que el enfoque de CEPAL subraya:
El carácter directo de los padres con sus hijos más allá del tipo de arreglo conyugal y civil que establezcan los progenitores entre sí. Así se pretende destacar el carácter indisoluble de la relación filial de los padres con los hijos, sin supeditarlo a los términos tradicionales del ejercicio de la paternidad o a los límites estrechos de la convivencia bajo un mismo techo (CEPAL 2002: 144).
El ejercicio de algunas de estas responsabilidades implica un proceso consciente y voluntario de enfrentamiento no solamente con la tradición, sino con formas aprendidas de ser y de vivir. En este sentido, Francisco Cervantes señala que la constitución de modelos alternativos de masculinidad “tiene que ver con la necesidad de resignificación de las experiencias de violencia, frialdad y abandono que vivimos con nuestros padres” (entrevista realizada el 24 de agosto de 2007). A criterio de Cervantes, esta resignificación implica para los varones aprender del propio dolor y hacer consciente la vivencia con el objeto de no repetirla con los hijos e hijas:
Se necesita ser un padre alerta, es decir, uno que aprenda de su propio dolor, del dolor que nos causó la violencia, el abandono, la frialdad de nuestro padre (…) Por un proceso de economía psíquica, las experiencias de dolor que se aprendieron se repiten y repiten (…) El varón es dócil al patrón hegemónico de masculinidad y a la represión de las emociones porque no reflexiona sobre su propia vivencia. Para cambiar, se requiere trabajar en la experiencia de vida y habilitar nuevas prácticas, nuevas formas de ser padre, esto es lo que quiero decir cuando digo que hay que resignificar la paternidad; hay que deconstruir toda una concepción de la virilidad como poder, dominio, abuso, y construir una nueva paternidad y nueva masculinidad basada en la tolerancia, la equidad y el respeto. Por eso, para poder ser un padre distinto se necesita sanar el dolor que me ha significado formarme como hombre.
En este sentido, a criterio de los expertos, la generación de nuevos modelos de paternidad implica una reconceptualización de la masculinidad y de las relaciones familiares. Francisco Delfín lo señaló así:
Para ser mejor papá tengo que ser consciente de que, como hombre, tengo derecho a disfrutar de mis hijas, dejar de pensar que los hijos son un coto de poder y más bien plantearme la paternidad como una oportunidad para cuestionar mi masculinidad, la forma en que aprendí a ser hombre. Porque esa forma que aprendí muy probablemente no me ayude a relacionarme con mis hijas, porque lo que aprendí no me brinda herramientas para dar cariño, para ser compañero, para acercarme. Ser padre puede significar una oportunidad para trascenderme, para ser un varón mejor del que he sido (entrevista realizada el 29 de agosto de 2007).
El replanteamiento de las relaciones familiares alude a la democratización de una institución que tradicionalmente se ha caracterizado por el ejercicio jerárquico y autoritario de la toma de decisiones. En este sentido, se hace referencia no solamente a las relaciones entre los géneros sino también entre las generaciones:
La paternidad responsable significa procurar el bienestar de los hijos y las hijas, no satisfacer mis expectativas, significa respetar a los niños y las niñas como seres humanos, que yo como padre les ayude a desarrollar lo que son, no lo que yo quiero que sean, incluso aunque fueran contra mí o contra lo que yo quiero (Francisco Delfín, en entrevista realizada el 29 de agosto de 2007).
Educar puede significar dirigir, conducir, guiar, pero también dialogar, compartir experiencias mutuas (…) La paternidad puede ser el ejercicio de poder entre generaciones y sexos, pero también puede ser darle herramientas y posibilidades a los hijos y las hijas para tomar decisiones, dotarles de conocimientos y libertad para actuar libremente (Juan Guillermo Figueroa, en entrevista realizada el 20 de agosto de 2007).
Desafortunadamente, en México aún se carece de legislación y políticas públicas que impulsen transformaciones en el plano de las relaciones
familiares, particularmente que atiendan a este tránsito en los modelos de paternidad. Son todavía incipientes los esfuerzos en el orden jurídico destinados a promover un ejercicio reflexivo, responsable, equitativo y democrático de la paternidad. Por el contrario, la legislación mexicana continúa reproduciendo una visión restrictiva y tradicional de la paternidad, limitada al reconocimiento de los hijos e hijas y a los deberes de asistencia económica, como se deriva del análisis que se realiza en el siguiente capítulo.
II. Instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de la infancia y de las mujeres
Los derechos humanos son aquellos que tienen todas las personas en virtud de su humanidad común: vivir una vida de libertad y dignidad (OACNUD, 2003). Ferrajoli señala que los derechos humanos o fundamentales son “todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar” (Ferrajoli, 2005:19). El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2004) anota que los derechos humanos son valores fundamentales vinculados con la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas. Son exigibles en todo momento y lugar. Los Estados no otorgan derechos humanos, solamente los reconocen, pero tienen la obligación de respetarlos y garantizarlos. Tienen las siguientes características:
Son universales, porque le pertenecen a todas las personas en cualquier tiempo y lugar. Son indivisibles, interdependientes, integrales y complementarios. Todos los derechos humanos están relacionados entre sí y forman un sistema armónico independientemente de que unos puedan tener énfasis en derechos individuales o colectivos. Son indisolubles. Son irrenunciables e imprescriptibles, por lo tanto, representan un estatuto personal que sigue a la persona dondequiera que se encuentre. Ninguna persona puede ser obligada a renunciar a ellos en ninguna circunstancia. Son inalienables e inviolables. Así como nadie puede renunciar a sus derechos, éstos tampoco pueden ser violentados. Cuando ello ocurre, el Estado debe asumir las consecuencias en términos de responsabilidad, tanto en el ámbito del Derecho Interno como en el Derecho Internacional. No son derechos suspendibles, salvo de manera excepcional y temporal y en circunstancias muy especiales.
La Carta Internacional de Derechos está integrada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, 5 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948, es el primer documento en que se proclaman normas de derechos humanos. Esta declaración reconoce la universalidad, indivisibilidad e inalilenabilidad de los derechos de todas las personas como fundamento de la igualdad, la libertad, la justicia y la paz en el mundo (OACNUD, 2004). A pesar de que todos los derechos humanos son inherentes a las personas, en la práctica existen diversos tipos de discriminación que impiden el pleno acceso a ellos por parte de algunos grupos sociales. El reconocimiento de que las personas en situación de discriminación tienen derechos que deben ser respetados abre paso al surgimiento de los conocidos como “derechos específicos”, que son aquellos que tienden a la realización del goce efectivo de derechos a grupos discriminados, entre los que se identifican los siguientes:
Niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años)
Pueblos indígenas, afrodescendientes u otras minorías étnicas
Personas con algún tipo de discapacidad (con retos especiales)
Personas refugiadas y desplazadas
Personas con preferencia sexual y de género distinta a la heterosexual
5 Un protocolo facultativo es un tratado que complementa y completa un tratado de derechos humanos ya
existente. Los Estados que ya hayan ratificado un tratado principal pueden optar por ser partes de protocolos facultativos. En el sistema de tratados de derechos humanos de la ONU existen dos tipos de protocolo facultativos:
a) Los que se refieren a un área sustantiva nueva que no fue incluida en el texto original de un tratado.
b) Los que se refieren a aspectos de procedimiento que pueden afectar la manera en que un tratado
funciona o se aplica. La mayoría de los protocolos facultativos crean procedimientos que permiten que personas y grupos de personas presenten reclamos formales cuando los Estados violen derechos reconocidos en un tratado de derechos humanos. En este sentido, cuando un protocolo facultativo crea uno o más mecanismos de garantía, el órgano de control creado por el tratado correspondiente es el encargado de administrarlos. Por medio de los procedimientos de presentación de quejas e investigación, los órganos internacionales a cargo de la supervisión de la aplicación de un tratado de derechos humanos pueden explicar más detalladamente el significado de los derechos contenidos en el tratado y contribuir al desarrollo de la jurisprudencia internacional (Red DESC, 2007)
Se trata de grupos que han sido objeto de múltiples discriminaciones por razones históricas, sociales, económicas o culturales, lo que los ha marginado
o excluido de derechos o beneficios que tiene el resto de la población.
Reconociendo esta violación histórica y muchas veces sistemática de los derechos humanos de tales grupos sociales, se ha elaborado una serie de instrumentos específicos orientados a garantizar una protección mayor que la simple consideración en términos de igualdad (IIDH, 2007). México forma parte de la comunidad internacional a través de su participación, en el ámbito mundial, en la Organización de Naciones Unidas (ONU), y en el ámbito regional, en la Organización de Estados Americanos (OEA). Ambas organizaciones han promovido los derechos humanos de las mujeres y de la infancia a través de diversos tratados. Los Estados Parte, como México, deben tener en cuenta que al aceptar la competencia de los órganos de supervisión, aceptan como válidas sus conclusiones y deben adoptar las medidas legislativas, judiciales y administrativas de conformidad con dichas decisiones. Por lo tanto, en los
informes que presenten al Comité y en las políticas, programas y acciones que realicen deben acatar estas recomendaciones. En este capítulo se detallan los principales instrumentos en materia de derechos humanos de las mujeres y de la infancia que refieren al cumplimiento de los deberes de paternidad responsable y asistencia económica. Asimismo, se presentan los casos paradigmáticos presentados en los Comités de Derechos Humanos tanto internacional como regionalmente, relacionados con
el ejercicio de la paternidad responsable.
1. Ámbito de Naciones Unidas En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad
la Declaración de los Derechos del Niño. En esta declaración se establecieron
diez principios o derechos fundamentales de la niñez que le fueron recomendados a todos los Estados miembros de la Organización, sin que constituya un instrumento con carácter jurídicamente obligatorio o vinculante.
Treinta años después, en razón de la inoperatividad que dicho instrumento mostró para conseguir la cabal protección a los derechos humanos de la infancia, se estimó pertinente y necesario contar con un tratado multilateral vinculante y de obligatorio cumplimiento para los Estados que decidieran ratificarlo. Para ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por 191 países, incluyendo todas las naciones de América Latina y el Caribe. México ratificó este instrumento internacional el 19 de junio de 1990, por lo que conforme a lo señalado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 la CDN se convierte en ley suprema del país. La CDN reúne los derechos humanos de la infancia que estaban articulados en otros instrumentos internacionales y proporciona una serie de principios rectores que conforman el concepto fundamental que socialmente se tiene de la infancia (UNICEF, 2007). Asimismo, representa el primer instrumento de carácter internacional jurídicamente vinculante que enumera una gama de derechos humanos de carácter civil, cultural, económico, político y social que tienen como fin la protección de los derechos humanos de la niñez. En esta Convención se establecen derechos y libertades mínimas que los gobiernos deben cumplir para la protección integral de los derechos humanos de la infancia, lineamientos que se basan en el respeto a la dignidad y el valor de las niñas, los niños y adolescentes, independientemente de su raza, color, género, idioma, religión, opiniones, orígenes, riqueza, nacimiento o capacidad, y, por tanto, se aplican a todos los seres humanos en todas partes. Asimismo, estipula la obligación de los gobiernos y los individuos de no infringir los derechos señalados en la misma. Integrada por 54 artículos y dos Protocolos Facultativos —el relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, del 19 de enero del 2002, y el relativo a la participación de niños en los conflictos armados, del 12 de febrero del 2002— la CDN define el derecho a la
6 “Artículo 133 Constitucional. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.
supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social, como los derechos humanos básicos que deben disfrutar las niñas y los niños. También estipula pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales como mecanismos de protección de dichos derechos. La CDN reconoce expresamente que la función principal en la crianza de los niños y las niñas recae en sus progenitores. Establece también una serie de principios fundamentales, entre los que se encuentra el de la no discriminación, el del interés superior de la infancia, el de derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y el del respeto por los puntos de vista del niño y la niña. En lo que refiere a la paternidad responsable, esta Convención señala en su artículo 27 que a los padres o personas encargadas del niño o niña les incumbe la responsabilidad de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo de la o el infante. Los Estados Parte deberán proporcionar asistencia material y programas de apoyo, especialmente con respecto a nutrición, vestuario y vivienda, al tiempo que asegurarán el pago de la pensión alimentaria, en especial cuando los responsables del niño o la niña residan en el extranjero. El artículo 43 de la CDN establece la creación del Comité de los Derechos del Niño, cuyo fin es examinar los progresos realizados en la aplicación de la Convención. Este Comité formula sugerencias y recomendaciones generales basadas en los informes que envían los Estados Parte, mismas que son de carácter vinculante y constituyen un medio de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contraídas. Al ratificar México la CDN en 1990, se comprometió a presentar informes periódicos sobre la situación que guarda la niñez en el país, así como sobre las medidas implementadas para mejorar sus condiciones de bienestar. En las últimas recomendaciones emitidas al III Informe sobre los Derechos de la Niñez presentado por México en diciembre de 2004, el Comité insta a México para que:
Adopte medidas para sensibilizar a la población acerca del significado y la importancia de aplicar el principio del interés superior del niño y vele por que el artículo 3 de la Convención esté debidamente reflejado en sus medidas legislativas y administrativas, como las relacionadas con la asignación de los recursos públicos.
En cuanto a la obligación de los padres de cumplir con sus deberes de paternidad responsable, el Comité recomienda a México que intensifique sus esfuerzos por lograr que se inscriban gratuitamente los nacimientos de todos los niños y niñas, prestando atención especial a quienes no fueron inscritos o inscritas al nacer, a los y las indígenas, y a quienes viven en zonas remotas, empleando métodos innovadores y accesibles. El Comité recomienda también que México adopte medidas especiales e innovadoras para sensibilizar a la población acerca de la importancia de registrar el nacimiento de los niños y niñas para que puedan disfrutar plenamente de sus derechos. En el ámbito de Naciones Unidas debe ser considerada también la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptada en 1979, conocida como la “Carta Magna” de los derechos humanos de las mujeres (Facio, 1992). Esta Convención contiene principios clave para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres, así como una serie de medidas que los Estados deben tener en cuenta al elaborar sus agendas nacionales, encaminadas a eliminar la discriminación que impide o anula el acceso de las mujeres a sus derechos y limita sus oportunidades (SRE,
En la materia que compete a este estudio, la CEDAW señala que los Estados son conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser una causa de discriminación, sino que la educación de los niños y las niñas exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, así como de la sociedad en su conjunto. El artículo 5 de la CEDAW plantea que ambos progenitores deben cumplir y compartir las obligaciones respecto del cuidado, la protección y el mantenimiento de los hijos e hijas, bajo el principio de que sus intereses deben priorizarse sobre otras consideraciones, en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los países signatarios de la CEDAW se comprometen a tomar las medidas adecuadas para:
Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos e hijas constituirá la consideración primordial en todos los casos. Otorgar a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos e hijas. Asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a los derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de disolución, así como los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, independientemente de su estado civil. Establece también que, en asuntos relacionados con los hijos e hijas, será consideración primordial en todos los casos, el interés de éstos y éstas en respeto al principio del interés superior de la infancia.
El artículo 17 de la CEDAW creó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (COCEDAW). Este Comité examina los progresos realizados en la aplicación de la Convención y realiza sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Parte. En la materia que nos ocupa, la Recomendación General 19 (11° periodo de sesiones, 1992) señala que la negación de las responsabilidades familiares por parte de los hombres puede ser una forma de violencia y coerción. Esta manifestación de violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad de participar en la vida familiar y en la vida pública en condiciones de igualdad.
2. Ámbito Interamericano La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en 1948, señala en su artículo 7 que toda mujer en estado de gravidez o en periodo de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. De este señalamiento se colige que el incumplimiento de los deberes de asistencia económica y el ejercicio irresponsable de la paternidad vulneran los derechos de las mujeres, niñas y niños, establecidos en este instrumento jurídico. En 1969 los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) suscribieron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, por la ciudad en que fue firmada. Esta Convención entró en vigor en 1978, al obtener las ratificaciones necesarias. En la materia que nos ocupa, el Pacto señala en el artículo 17 que en caso de disolución del matrimonio, los Estados adoptarán las disposiciones que aseguren la protección de los hijos e hijas, sobre la base única de su interés y conveniencia. También dispone que la ley deba reconocer iguales derechos a los hijos e hijas nacidos fuera y dentro del matrimonio. En el artículo 18, el Pacto señala que los países del continente se comprometen a reconocer y garantizar el derecho de toda persona a tener un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al menos al de uno de ellos. Claramente la Convención establece que el marco jurídico de cada Estado reglamentará la forma de asegurar este derecho para todas las personas. Asimismo, esta Convención señala que todo niño y niña tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor de edad requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En 1996 entró en vigor la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, adoptada en Uruguay en 1989, cuyo objeto es determinar el derecho aplicable a las obligaciones alimentarias con respecto a las personas menores de edad y a las que son o hayan sido cónyuges. Concretamente, la Convención establece un procedimiento de cooperación procesal internacional en caso de que la persona acreedora de alimentos resida en un Estado Parte y la deudora en otro. En todos los casos, las obligaciones alimentarias se
regularán por el orden jurídico más favorable al interés de la persona acreedora. En 1994 los países miembros de la OEA suscribieron la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como “Belém do Pará” por la ciudad en que fue firmada. Esta Convención tiene por objeto la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en el entendido de que ésta constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. El primer artículo de este instrumento regional define a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo las formas físicas, sexuales, psicológicas y económicas de violencia. El incumplimiento de los deberes de asistencia económica con los hijos e hijas por parte de sus padres constituye una de las expresiones de violencia económica contra las mujeres, en la medida en que ellas se ven obligadas a asumir los costos de alimentación, vivienda, salud y otros derivados de la crianza y manutención de los hijos e hijas.
3. Casos paradigmáticos ante los Comités de Derechos Humanos Se ubicaron dos casos presentados ante comités de derechos humanos, uno en el terreno internacional: Wim Hendriks contra Países Bajos, y otro en el regional: María Eugenia Morales de la Sierra vs. Guatemala (SER, OACNUD, UNIFEM, 2006).
A. Wim Hendriks contra Países Bajos El Comité de Derechos Humanos de la ONU es el órgano de expertos y expertas independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo han suscrito. El Primer Protocolo Facultativo del Pacto otorga al Comité competencia para examinar las denuncias de las personas particulares con relación a presuntas violaciones cometidas por los Estados Parte.
En el tema que nos ocupa, Wim Hendriks interpuso un caso contra Países Bajos en 1985. Este ciudadano holandés invocó en su denuncia el párrafo 4 del artículo 23 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos donde se estipula que:
Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio y en caso de disolución. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos.
El denunciante señaló que los tribunales de su país infringieron ese artículo al conceder la custodia de su hijo exclusivamente a la madre, sin asegurar el derecho del padre de convivir con el niño. El señor Hendriks afirmó que los derechos de su hijo fueron violados al ser sometido a una custodia unilateral, además, señaló que sus derechos de padre fueron violados y que estaba impedido de cumplir sus obligaciones con su hijo, sin ninguna otra razón que la oposición unilateral de la madre. Al responder a la denuncia, el Estado Parte señaló que en la legislación holandesa efectivamente existen motivos para denegar el derecho de convivencia a un o una cónyuge cuando redunda en el interés del niño o niña. Considera que esta decisión se tuvo en cuenta en todas las instancias que denegaron el derecho de convivencia del demandante. En su respuesta, el Comité señaló que, según el artículo 23 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, existen tres reglas de igual importancia: que la familia debe ser protegida; que deben adoptarse medidas para garantizar la igualdad de derechos de los cónyuges en la disolución del matrimonio, y que deben tomarse disposiciones para asegurar a los hijos la protección necesaria. La noción de familia, señala el documento, refiere a las relaciones entre padres e hijos e hijas, independientemente del vínculo entre padre y madre. Esto es, que la disolución del matrimonio no debe tener implicaciones sobre la relación del padre o la madre con sus hijos e hijas.
En su conclusión, el Comité estima necesario que la ley fije algunos criterios que permitan a los tribunales aplicar las disposiciones del citado artículo 23 del Pacto. Entre ellos, el mantenimiento de las relaciones personales y de contacto
directo regulares del hijo o hija con ambos padres, que es esencial salvo en circunstancias excepcionales. La voluntad unilateral contraria del padre o la madre, argumenta el Comité, no puede considerarse una circunstancia excepcional. En el caso del señor Hendriks, el Comité observa que los tribunales neerlandeses reconocen el derecho del hijo a tener contacto permanente con cada uno de sus padres, así como el derecho de visita del progenitor que no tiene custodia; sin embargo, en este caso particular, dichos tribunales consideraron que esos derechos no podían ejercerse teniendo presente el interés del hijo. En consecuencia, señala el Comité, el Estado Parte no violó el citado artículo 23; no obstante, realizó un llamado al mismo para armonizar su legislación a partir de los principios que el Pacto establece respecto a la familia.
B. María Eugenia Morales de Sierra contra Guatemala En el ámbito interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe casos que ciudadanas y ciudadanos interponen contra gobiernos de países miembros de la OEA. Respecto a la temática de paternidad responsable, esta Comisión ha recibido un solo caso: el interpuesto por María Eugenia Morales de Sierra contra Guatemala, del 19 de enero de 2001. Morales de Sierra acudió a la Comisión manifestando que el Código Civil de su país establece diversas disposiciones discriminatorias para las mujeres. En la materia que nos ocupa, la demandante subraya que el artículo 110 confiere a la mujer el derecho y la obligación especial de cuidar a los hijos e hijas menores de edad y de responsabilizarse del hogar. Asimismo, el artículo 225 otorga al esposo la responsabilidad primaria de representar a los hijos e hijas de la unión matrimonial y de administrar sus bienes. Finalmente, el artículo 317 establece la posibilidad de que la mujer sea eximida del ejercicio de ciertas formas de tutela de los hijos e hijas. En su respuesta a la Comisión, el Estado guatemalteco sostuvo, por una parte, que continuamente adopta medidas para armonizar sus ordenamientos jurídicos internos con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Por otra parte, impugnó la admisibilidad del caso sosteniendo que los mecanismos internos del Estado guatemalteco seguían ofreciendo una
reparación accesible y efectiva de la situación denunciada y que la demandante no había satisfecho el requisito de agotamiento de los recursos internos. En su informe final sobre el caso (n° 4/01), la Comisión concluye que el Estado guatemalteco violó los derechos de María Eugenia Morales de Sierrra a igual protección de la ley, al respeto por su vida familiar y por su vida privada, establecidos en los artículos 24,17 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, el Estado es responsable del incumplimiento de la obligación que le impone el artículo 1 de la Convención de respetar y garantizar esos derechos, así como de la obligación que le impone el artículo 2 de adoptar la legislación y demás medidas necesarias para hacer efectivos esos derechos en sus ciudadanas y ciudadanos. La armonización de las legislaciones nacionales con los compromisos adquiridos por los Estados Parte de los instrumentos internacionales presentados en este capítulo constituye un reto fundamental de cara a la garantía efectiva del respeto a los derechos humanos de la infancia y de las mujeres en todos los países del mundo. En el siguiente capítulo se presenta un análisis del marco jurídico mexicano que tutela los derechos de la infancia, el que también requiere de modificaciones con miras a la armonización con los compromisos signados por el país.
III. La paternidad responsable y los deberes de asistencia económica en la legislación mexicana
La protección de la familia, de los derechos de la infancia y de las relaciones civiles tiene ya un largo camino andado en la legislación mexicana. El artículo 4° de la Constitución Política establece que es precisamente la legislación la que protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 7 Asimismo, señala que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que son los ascendientes, tutores y custodios quienes tienen el deber de preservar estos derechos. Existen en el país 32 códigos civiles locales que sirven como marco de referencia para la regulación de la familia, tres códigos de familia locales, 8 una Ley para la Familia del Estado de Hidalgo y un Código Civil Federal al que se recurre de forma supletoria para interpretar los códigos locales o de manera referida expresamente por ley. En este capítulo se analizan las concepciones de paternidad responsable y deberes de asistencia económica expresadas en la legislación mexicana. En el primer apartado se presenta una reseña histórica de la evolución de la legislación sobre familia en el país. En el segundo se realiza un análisis de los ordenamientos jurídicos locales en las materias referentes a paternidad responsable y deberes de asistencia económica, tanto en el ámbito civil como en el penal. Finalmente, el tercer apartado presenta la evolución de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de paternidad responsable, filiación, deberes de asistencia económica y obligaciones familiares.
7 Existen diversas formas de distribuir las competencias entre la Federación y las entidades federativas. México adoptó la del sistema norteamericano (Carpizo, 2002) según el cual lo que no está expresamente facultado para la federación se entiende reservado a los Estados (Art. 124 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Así, la Carta Magna de México enumera lo que los poderes de la Unión pueden hacer, y por un principio de exclusión, todo lo demás es competencia de las entidades federativas. Al no habérsele asignado facultades expresas al Congreso de la Unión para legislar en materia civil ni familiar, los estados asumieron esta facultad y se dieron a la tarea de contar con su propia legislación en la materia.
Los estados de Morelos, Michoacán y Zacatecas, cuentan con un código de familia.
1. Paternidad responsable y deberes de asistencia económica: breve reseña histórica 9 La legislación sobre la familia se integra al cuerpo jurídico mexicano con las Leyes de Reforma. La Ley del Registro Civil, expedida el 27 de enero de 1857, establecía que se consideraban actos de registro civil el nacimiento, el matrimonio, la adopción, la arrogación, 10 el sacerdocio y la profesión de algún voto religioso, temporal o perpetuo, y la muerte. El 28 de julio de 1859, durante el gobierno de Benito Juárez, se expide la Ley del Matrimonio Civil (Ramírez 1998), que establecía la forma en que este contrato sería regulado en todo el país. La polémica causada por la creación de esta ley a partir de un decreto presidencial y no a través del legislativo, provocó su impugnación, por lo que se decidió incorporar sus preceptos a la Constitución de 1873. Así, se incorporó una reforma al artículo 130 para establecer que el matrimonio era un contrato civil y, como tal, al igual que los demás actos de carácter civil como la filiación y la adopción, tendrían que regirse por la leyes en la materia (Goddard, 2006). En consecuencia, las bases constitucionales sobre el matrimonio, la filiación y la adopción sirvieron de piso mínimo para la expedición de los ordenamientos locales en materia de régimen familiar. La legislación civil de finales del siglo XIX regulaba la unión entre mujeres y hombres, básicamente con fines de procreación, haciendo hincapié en que el matrimonio es la “única forma moral” de fundar una familia. Asimismo, para los legisladores de la segunda mitad del siglo XIX, existía una marcada diferencia entre las hijas e hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y su denominación ante la ley. De suerte que quienes se encontraban en el primer supuesto se les denominaba “hijos legítimos” y a los que se encontraban en el segundo, se les nombraba como “hijos naturales o ilegítimos”. Con la creación de la Ley de Relaciones Familiares, emitida durante el período de uso de las facultades legislativas extraordinarias del Presidente Venustiano Carranza, se modificó la visión del régimen familiar: se introduce el divorcio vincular y se niega la potestad marital al señalar que existe “igualdad” entre hombres y mujeres en el hogar. Cabe señalar que esta reforma no
9 Este apartado es una síntesis del texto de Ramírez, F (1998). Leyes Fundamentales de México. Porrúa, México. 10 El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define arrogar como “atribuir, adjudicar”.
guarda congruencia con el texto íntegro del ordenamiento jurídico, ya que se mantienen grandes diferencias en el trato de la mujer y el hombre al interior y al exterior del núcleo familiar. Por ejemplo, al “varón” se le otorga la potestad para que designe y fije el domicilio conyugal; también se le asigna como obligación el cuidado económico de la familia. A la mujer le corresponde como tarea fundamental, según esta ley, el cuidado doméstico, que incluía la atención hacia los hijos e hijas. Respecto a la filiación, se mantiene el antiguo esquema de diferenciación entre los hijos e hijas nacidas dentro y fuera del matrimonio. Esta ley tuvo una vigencia de 15 años y debía ser observada en todo el país. En 1928 se aprobó el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, que entró en vigor hasta 1932. Este ordenamiento toma como base lo establecido en la Ley de Relaciones Familiares pero cambia de manera sustancial algunas figuras civiles: se modifica la figura del matrimonio, se elimina el requerimiento de la mujer de solicitar permiso al hombre para poder tener un trabajo extradoméstico, se suprime la diferenciación entre los hijos e hijas legítimas y los llamados hijos e hijas naturales. Esta Ley de Relaciones Familiares fue retomada casi de manera íntegra por los estados para crear su legislación en materia civil hasta 1974, cuando se reforma el artículo 4° de la Constitución. Esta reforma establece explícitamente que “varón y mujer son iguales ante la ley”, al tiempo que señala que la organización y desarrollo de la familia serán protegidas legalmente y que toda persona tiene derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos e hijas. Esta reforma impactó en el Código Civil del Distrito Federal, mas no se adoptaron similares reformas en los congresos estatales. En 1986 se expidieron dos códigos especiales en materia familiar: el Código Familiar del Estado de Zacatecas y el Código Familiar del Estado de Hidalgo. El primero establece dentro de sus considerandos de creación, que el derecho de familia es el conjunto de normas que tiene por objeto estructurar la organización, funcionamiento y disolución de esa sociedad primera. Señala también que su regulación tradicionalmente había estado comprendida en la legislación civil, lo cual constituye un error, ya que no se lograban separar adecuadamente las cuestiones relativas a personas de las que corresponden a bienes y obligaciones. Por ello, plantea, con la creación de este código se integra lo que, en justicia, ha de ser un derecho autónomo de familia.
En materia del reconcomiendo del concubinato, este código expresa la conveniencia de su regulación. Esto con el objetivo de contribuir a desaparecer la idea generalizada de que se trata de una institución inmoral, deshonesta e inconveniente para la sociedad. Señala entonces que el concubinato, en términos de derecho familiar, se comprende como matrimonio de hecho, no formalizado o matrimonio por comportamiento, conceptos que fueron incorporados al código en comento. En materia de alimentos, se determina en este nuevo código que las pensiones alimentarias decretadas por sentencia ejecutoria aumenten ipso- jure 11 en la medida y proporción en que haya aumentado el monto del salario mínimo general del lugar en que se tenga que cumplir la obligación. Respecto al Código de Familia reformado del Estado de Hidalgo, fue abrogado por la actual “Ley para la Familia del Estado de Hidalgo”. Dicha abrogación se realizó, según lo señalado en los considerandos de creación de la ley, en virtud de que refleja las características propias de una ley y no de un código. 12 Esta nueva ley retoma lo señalado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, y establece a lo largo de su articulado que reconoce la obligación que tienen las autoridades judiciales de asegurar a las niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos, así como las medidas necesarias para su bienestar. Ello considerando los derechos y deberes de sus madres, padres y demás ascendientes, tutores y custodios u otras personas e instituciones públicas o privadas que sean responsables de los mismos. En materia de alimentos, esta legislación precisa que la obligación alimentaria inicia en el momento de la concepción y finaliza cuando el hijo o hija concluye la educación superior, condicionada a la congruencia de su edad con el grado escolar que se encuentre cursando. Respecto a la filiación, parentesco y patria potestad, la ley en comento establece que la acción de reconocimiento
11 Por expresa disposición legal (http://www.notariapublica.com.mx/diccionario.html). 12 Se señala que el Código Familiar vigente debiera contener disposiciones generales y básicas como son: los atributos de la personalidad (nombre, domicilio, patrimonio, nacionalidad, estado familiar). Este criterio no se sigue, pues continúa dependiendo en dichas figuras del Código Civil, que sí las contiene y conserva en su vigencia.
de paternidad podrá ejercitarse por la madre mientras el hijo o hija sea menor
de edad. Por otra parte, esta ley le otorga al matrimonio la naturaleza de “acto
solemne e institucional”, sustituyendo la concepción del mismo como una
institución contractual.
2. Paternidad responsable y deberes de asistencia económica en los ordenamientos jurídicos de las entidades federativas mexicanas
En este apartado se realizó un análisis de la legislación mexicana vigente en lo
que refiere a filiación y deberes de asistencia económica. En el ámbito civil se
estudiaron los códigos civiles y la legislación familiar de las entidades
federativas. En el ámbito penal se analizaron los 32 Códigos Penales de las
entidades que conforman la federación.
A. Ámbito civil
El análisis de los ordenamientos jurídicos civiles de las entidades federativas
mexicanas en materia de paternidad responsable y deberes de asistencia
económica se realizó con base en la siguiente desagregación de variables e
i. ¿Qué personas están obligadas a proporcionar alimentos?
ii. ¿Qué incluyen los alimentos?
iii. ¿Existe la presunción de la paternidad por brindar alimentos?
iv. ¿Qué sujetos tienen acción para pedir el aseguramiento de los
v. ¿En qué casos se suspende la obligación de dar alimentos?
vi. ¿Existe explícitamente en la legislación el principio rector del
interés superior de la infancia?
b. Filiación
Hijos dentro del matrimonio
i. ¿Quiénes se presumen hijos o hijas?
ii. ¿La legislación admite prueba en contra de la presunción?
¿Cómo se prueba la filiación de los hijos e hijas nacidas dentro del matrimonio?
iv. ¿La legislación señala la procedencia de la investigación de la paternidad?
¿Cómo se determina la filiación de los hijos e hijas nacidas fuera del
matrimonio? ¿La legislación admite prueba en contra de la presunción de la paternidad?
¿De qué formas se puede realizar el reconocimiento de los hijos e hijas nacidas fuera del matrimonio?
¿La ley contempla la investigación de la paternidad de los hijos e hijas fuera del matrimonio?
Cada una de las entidades que integra la federación cuenta con legislación específica en materia familiar y civil que reglamenta el régimen de familia. No obstante esta multiplicidad de ordenamientos estatales, mantienen una constante en el tratamiento de los deberes de paternidad y asistencia económica, con diferencias mínimas, como se detalla a continuación.
En los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa, las personas obligadas a proporcionar los alimentos son: los cónyuges entre sí, los progenitores a sus hijos e hijas y, a falta o por imposibilidad de los progenitores, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. Los hijos e hijas también están obligados a dar alimentos a sus progenitores. A falta o por imposibilidad de los hijos e hijas, lo están los descendientes más próximos en grado. En dichos ordenamientos también se especifica que, a falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos o hermanas de padre y madre; en ausencia de éstos, en los que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de
padre. Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los y las parientes colaterales dentro del cuarto grado. También tienen obligación alimentaria los hermanos, hermanas y demás parientes colaterales, y el adoptante y el adoptado o adoptada tienen obligación de darse alimentos en los casos en que la tienen el padre y los hijos e hijas. Para las entidades de Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, se establece, además de las personas señaladas, a la concubina y concubino. Con este señalamiento, estas entidades reconocen los derechos de las personas unidas de hecho, independientemente del contrato matrimonial. Mención aparte merece lo estipulado en el Código Civil de Chihuahua, donde se establece en el último párrafo del artículo 279 que “en caso de que fueran varias las concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a reclamar los alimentos”. Con ello, la legislación lesiona el derecho de las compañeras de hecho a recibir pensión alimentaria y libra de esta responsabilidad al compañero. Tres entidades incluyen otros sujetos obligados a brindar alimentos: Coahuila adiciona la figura de los “compañeros civiles” 13 como sujetos obligados a proporcionarse alimentos entre sí; el Estado de Jalisco establece que “toda persona que hubiere recibido alimentos de una institución, ya sea pública, descentralizada o privada, tiene la obligación, a su vez, de proporcionar alimentos a otro interno de esas instituciones y en caso de que ya hubieren desaparecido, a otra similar. Así mismo, señala que el Consejo de Familia o el Ministerio Público, indistintamente, podrán ejercitar su reclamación”. En el caso del Estado de Puebla se observan dos peculiaridades: la primera de ellas es el considerar al Estado como sujeto obligado a proporcionar alimentos:
13 El artículo 385-1 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza define que el acto Civil de Solidaridad es un contrato celebrado por dos personas físicas, mayores de edad, de igual o distinto sexo, para organizar su vida en común y que a quienes lo celebran se les denominarán compañeros civiles. Cabe agregar que la Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal también supone las obligaciones de alimentos entre las personas convivientes. En este capítulo solamente se hace referencia a los códigos civiles de las entidades federativas.
El Estado debe dar alimentos a los menores, mayores incapaces, enfermos graves y ancianos que los necesiten y no tengan parientes que estén obligados a proporcionárselos; pero si aparecieren parientes deudores de esos alimentos, deberá el Estado exigirles el pago de la suma gastada en ellos, más intereses legales (artículo 496).
La segunda peculiaridad refiere a lo estipulado en el artículo 500, en que se establece que “las hijas, aunque sean mayores de edad, tienen derecho a alimentos mientras no contraigan matrimonio, vivan honestamente y no cuenten con medios de subsistencia”. La inclusión del requisito de que las hijas, para recibir pensión alimentaria, deben “vivir honestamente” constituye una disposición discriminatoria, pues no se establece de igual manera para los hijos varones. La consideración de la honestidad, por otra parte, claramente se presta a juicios personales y valoraciones subjetivas.
ii. ¿Qué incluyen los alimentos? En la mayoría de entidades federativas, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto a las personas menores de edad también se incluyen los gastos necesarios para la educación primaria y la que le proporcione algún oficio, arte o profesión “honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales”. La intención de incluir los gastos derivados de la educación en la obligación alimentaria, así, se demeritan con disposiciones que limitan el tipo de oficio, arte o profesión que deben escoger las personas acreedoras. Por lo demás, hay una clara discriminación de género al considerar que existen oficios, artes y profesiones “adecuados al sexo”. En algunos estados se amplía el período durante el cual es obligatorio el apoyo económico de los progenitores. Así, en Baja California Sur y Jalisco, la educación, como parte de los alimentos, deberá proporcionarse desde el nivel preescolar; la legislación del estado de Coahuila contempla la obligatoriedad de proporcionar alimentos hasta la educación secundaria y en los estados de Colima, Morelos, Puebla y Sonora el sustento deberá brindarse hasta la educación profesional, sin importar la edad del alimentario o alimentaria,
únicamente con la condición de que sea estudiante regular. En los estados de Durango y Michoacán no se especifica el grado educativo límite para brindar el apoyo alimentario. El Distrito Federal, Chihuahua y Michoacán son entidades que contemplan, además de lo señalado en el primer párrafo de este numeral, la obligación de proporcionar a la madre del alimentario o alimentaria el pago de los gastos del embarazo y parto. El deber de proporcionar asistencia geriátrica a las personas adultas mayores como parte de los alimentos está contemplado en los códigos civiles de Campeche, Michoacán, Baja California, Durango y Distrito Federal. La obligación de incluir la rehabilitación, tratamiento y desarrollo para las personas con alguna discapacidad o que se encuentren en estado de interdicción, está contemplada en la legislación civil de Colima, Chihuahua, Distrito Federal y Michoacán. Finalmente, en Jalisco se incorpora la atención psíquica, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso los gastos de funeral como parte de los alimentos.
En la gran mayoría (21) de las entidades estatales el hecho de dar alimentos no constituye por sí solo prueba, ni aun presunción, de paternidad o maternidad
y tampoco puede alegarse como razón para investigar éstas. Sin embargo, para el estado de Colima, el hecho de dar alimentos no constituye por sí solo prueba pero sí presunción de paternidad o maternidad según se estipula en el artículo 387 del Código Civil estatal. En los estados de Sonora y Zacatecas sí se contempla que el hecho de dar alimentos constituye por sí solo una presunción juris-tantum de paternidad o maternidad que debe relacionarse con las demás pruebas. 14 Por último, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala señalan en su legislación civil la existencia de esta presunción.
14 La presunción juris-tantum se entiende como aquella que se establece por ley y admite pruebas en contrario, es decir, permite probar la existencia del hecho o del derecho. En cambio, la presunción juris et de jure es aquella que no admite prueba en contrario.
iv. ¿Qué sujetos tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos? En 28 entidades federativas los códigos civiles contemplan como sujetos jurídicamente reconocidos para solicitar aseguramiento de los alimentos a: el acreedor o acreedora alimentaria, el o la ascendiente que tenga al alimentista
bajo su patria potestad, al tutor o tutora, a los hermanos o hermanas, así como
a otros y otras parientes colaterales dentro del cuarto grado. Se incluye también al Ministerio Público.
En Jalisco, se establece, además, al Consejo de Familia; en Coahuila, la Procuraduría de la Familia; en Zacatecas, el Consejo Estatal de los Derechos del Niño y en el estado de Querétaro, la Procuraduría de Defensa del Menor y
la Familia, como sujetos que tienen acción para pedir el aseguramiento de los
v. ¿En qué casos cesa la obligación de dar alimentos? En la gran mayoría de entidades federativas (27) la obligación de dar alimentos cesa cuando la persona que la tiene carece de medios para cumplirla; cuando
el o la alimentista deja de necesitar los alimentos; en caso de injuria, falta o
daño graves inferidos por el o la alimentista contra el o la que debe prestarlos; cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista mientras subsisten estas causas y
si el o la alimentista, sin consentimiento de la persona que debe dar los
alimentos, abandona la casa de éste o ésta por causas injustificables. Para los cinco estados restantes se agregan otros supuestos: en Morelos la obligación subsiste en caso de incapacidad o por continuación de los estudios del acreedor o acreedora alimentaria hasta los veinticinco años. En Nuevo León esta obligación cesa cuando el o la alimentista tiene condena por violencia familiar en contra de quien debía prestárselos. Se establece que el cese de la obligación de proporcionar alimentos sólo afectará al que hubiere dado lugar a ello, continuando vigente la obligación de dar alimentos que el o la acreedor alimentista tuviere con sus demás deudos o deudas alimentistas. Para el caso de los estados de Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas se excluyen de las condiciones de cese de la obligación de dar alimentos las siguientes:
cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la
falta de aplicación al estudio del o la alimentista mayor de edad y cuando exista injuria, falta o daños graves inferidos por el o la alimentista contra el que deba prestarlos.
vi. ¿Existe explícitamente en la legislación el principio rector del interés superior de la infancia? Este principio se observa en la legislación de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Colima, Durango, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y, de manera particular, en el caso de Jalisco se establece expresamente por ley que en todos los casos relativos a los alimentos el o la jueza atenderá al interés superior de las personas menores de edad. Se entiende este principio como el conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. La inclusión expresa de este principio es un elemento fundamental para la defensa de los derechos de la infancia, por lo que es un punto pendiente en la agenda legislativa de las entidades federativas que no lo contemplan.
b. Filiación:
Desafortunadamente, en materia de filiación la legislación continúa estableciendo una separación entre los hijos e hijas nacidas dentro y fuera del contrato matrimonial. En vista de que los procedimientos para la inscripción y reconocimiento de los hijos e hijas son distintos en los códigos civiles de todas las entidades federativas, se ha hecho necesario incluir en este apartado esta distinción.
Hijos e hijas dentro del matrimonio i. ¿Quiénes se presumen hijos o hijas? En los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas se consideran hijos e hijas dentro del matrimonio a las personas nacidas después de los 180 días contados a partir de la celebración del matrimonio y a las que nacieron dentro de los 300 días siguientes a la disolución del mismo, sea por disolución del contrato matrimonial o por muerte de un cónyuge. En caso de divorcio o nulidad, este plazo se cuenta a partir de la separación de hecho, dada por orden judicial. En Baja California Sur y Querétaro se presumen hijos e hijas de los cónyuges las personas nacidas después de la celebración del matrimonio, sin que se especifique ningún plazo. También a las personas nacidas en los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio (por disolución o muerte de un cónyuge). Igualmente, el plazo se cuenta a partir de la separación judicial en casos de divorcio o nulidad. Finalmente, en Coahuila y el Distrito Federal se presumen hijos e hijas de los cónyuges las personas nacidas durante el matrimonio, así como la descendencia de la esposa dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, sea por disolución o muerte del cónyuge. El plazo cuenta a partir de la separación judicial en casos de divorcio o nulidad.
Contra la presunción de la paternidad no se admite otra prueba que la de haber sido físicamente imposible al marido tener acceso carnal con su mujer en los primeros 120 días de los 300 que han precedido al nacimiento, en Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Jalisco y Distrito Federal. En este último, además, se aceptan los avances científicos, como la prueba de marcadores genéticos. En Campeche se establece por ley que el derecho de rendir esta prueba compete al marido; en el estado de Coahuila se acepta la prueba de esterilidad del marido, salvo el caso de fecundación asistida; en los estados de Baja California Sur y Querétaro se admite cualquier prueba contra la presunción de la paternidad, incluyendo las de carácter biológico. Finalmente, en los estados
de Morelos y Yucatán se acepta la prueba contra la presunción de la paternidad si se probare que el marido supo antes de casarse del embarazo de su futura consorte; si éste concurrió al levantamiento del acta de nacimiento y ésta fue firmada por él o contiene su declaración de no saber firmar; si ha reconocido expresamente por suyo al hijo de su mujer y si el hijo no nació capaz de vivir.
iii. ¿Cómo se prueba la filiación de los hijos e hijas nacidas dentro del matrimonio? En Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas la filiación de los hijos e hijas nacidas dentro del matrimonio se prueba con la partida de su nacimiento y con el acta de matrimonio de sus padres. A falta de estas actas, o si fueran defectuosas, incompletas o falsas, la filiación se prueba con la posesión constante de estado de hijo nacido del matrimonio. 15 En caso de que no exista el reconocimiento constante de la paternidad, son admisibles para demostrar la filiación todos los medios de prueba que la ley autoriza, excepto la prueba testimonial en caso de no existir un principio de prueba por escrito, indicios o presunciones resultantes de hechos ciertos que se consideren bastante graves para determinar su admisión. Si uno de los registros falta o está inutilizado pero existe el duplicado, se toma como prueba pero sin ser admitida. El Código Civil del Estado de Baja California Sur señala que, con relación a la madre, la filiación se prueba del solo hecho del nacimiento. La paternidad, por su parte, se prueba con la partida de nacimiento y con el acta de matrimonio de sus padres. Señala también que si faltan las actas o si fuesen falsas, la paternidad se prueba con la posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio. En defecto de esta posesión, serán admisibles todos los medios que la ley autoriza, incluidas las pruebas biológicas, pero la testimonial no es
15 Esta frase se tomó literalmente de los códigos. Refiere al reconocimiento público constante del hijo o hija por parte del padre. Cabe comentar que el término “posesión” no parece propicio para referirse a una persona y remite a una concepción de los niños y las niñas que no les reconoce como sujetos.
admisible. Si no hubiere el principio de prueba por escrito o indicios o presunciones resultantes de hechos ciertos que se consideren bastante graves para determinar su admisión. Para Hidalgo, la filiación de los hijos e hijas se prueba únicamente con su acta de nacimiento. A falta de esta acta o por ilegalidad de la misma, la filiación se establece por la posesión de estado de hijo declarada judicialmente. Por último, para el estado de Puebla la filiación de los hijos y las hijas se demuestra con el acta de nacimiento y, en su caso, con la prueba de la fecha en que comenzó o terminó la vida en común de los padres. También puede probarse por la posesión de estado de hijo de las personas a quienes se señala como padres. En defecto de esta posesión, por todos los medios de prueba en los casos en que no haya actas ni de matrimonio ni de nacimiento; en caso de que las actas fueren defectuosas, incompletas o falsas; de que tuvieran omisión en cuanto a los nombres y apellidos; cuando las personas a quienes se señala como padres hubieren vivido públicamente como marido y mujer y por ausencia o no presencia o enfermedad, no les fuere posible manifestar el lugar donde se casaron o la fecha en que comenzó su vida en común; así como cuando hayan fallecido las personas a quienes se señalan como padres.
iv. ¿La legislación señala la procedencia de la investigación de la paternidad? Únicamente en los estados de Coahuila, México, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas la investigación de la paternidad está permitida en los casos de rapto, estupro o violación. Asimismo, se permite cuando la época del delito coincida con la de la concepción; cuando el hijo o hija tiene o tuvo la posesión de estado de hijo del presunto padre; cuando el hijo o hija haya sido concebida durante el tiempo en que la madre hacía vida marital con el presunto padre; cuando durante la gestación o el nacimiento del hijo o hija, o después del nacimiento, la madre haya habitado con el presunto padre, bajo el mismo techo, viviendo maritalmente y con ellos el hijo o hija, o, en el último supuesto, cualquiera que sea el tiempo que haya durado la vida familiar y cuando el hijo o hija tenga a su favor cualquier otro principio de prueba contra el pretendido padre.
Las acciones de investigación de maternidad o paternidad sólo pueden intentarse en vida de los padres. Si han fallecido mientras los hijos o hijas son menores de edad, tienen derecho de intentar la acción antes de que se cumplan cuatro años de su mayoría de edad. Si el hijo o hija fallece durante el trámite del juicio sus herederos o herederas legítimas podrán continuar la acción. En los demás estados no se encuentra especificado si existe o no la procedencia en la investigación de la paternidad.
Hijos e hijas fuera del matrimonio i. ¿Quiénes se presumen hijos o hijas? En el estado de Tabasco la filiación resulta con relación a la madre del solo hecho del nacimiento. Respecto al padre, se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad. En caso de concubinato se podrá justificar la filiación respecto del padre en el mismo juicio de intestado o de alimentos. Sin embargo, como una excepción a esta presunción, cuando en el proceso reproductivo participe una segunda mujer, se presumirá madre legal a la mujer que contrata, ya sea que provea o no el óvulo. Esto es, cuando la madre sustituta no es la madre biológica del niño o niña nacida como resultado de una transferencia de embrión, la madre contratante deberá ser considerada la madre legal del niño o niña y será considerado hijo o hija legítima de la mujer que contrató. En el resto de los estados la filiación de los hijos e hijas nacidas fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del hecho del nacimiento. Respecto al padre sólo se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare la paternidad. Excepción a todo lo anterior se presenta en Coahuila, que no establece distinción entre hijos e hijas fuera o dentro del matrimonio, con lo que se desmarca totalmente de la práctica discriminatoria que establece diferencias y, en esa medida, restringe derechos de los hijos e hijas nacidas dentro y fuera de matrimonio. En este estado también se reconoce la adopción como filiación.
ii. ¿La legislación admite prueba en contra de la presunción de la filiación?
En ninguna entidad del país se señala explícitamente si la ley admite prueba en contrario sobre la presunción de la filiación de los hijos e hijas nacidas fuera del matrimonio.
iii. ¿De qué formas se puede realizar el reconocimiento de los
hijos e hijas nacidas fuera del matrimonio? La legislación de las entidades federativas señala que el reconocimiento de un hijo o hija nacida fuera del matrimonio podrá hacerse en la partida de nacimiento ante el juez, jueza u oficial del Registro Civil, por acta especial ante el mismo oficial, por escritura pública, por testamento y por confesión judicial directa y expresa. En el estado de Coahuila, además de las formas arriba señaladas, se establece que el reconocimiento de los hijos e hijas se podrá hacer por declaración o afirmación incidental hecha de manera clara e inequívoca en un acto realizado con otro objeto, siempre que conste en documento público.
iv. ¿La ley contempla la investigación de la paternidad de los hijos
e hijas fuera de matrimonio? En los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán la investigación de la paternidad de los hijos e hijas nacidas fuera del matrimonio está permitida en los casos de rapto, estupro o violación cuando la época del delito coincida con la de la concepción, cuando el hijo o hija se encuentre en posesión de estado de hijo del presunto padre, cuando el hijo o hija haya sido concebido durante el tiempo en que la madre habitaba bajo el mismo techo con el pretendido padre, viviendo maritalmente y cuando el hijo o hija tenga a su favor un principio de prueba por escrito contra el pretendido padre. En el estado de Baja California Sur se eliminó la figura de rapto señalada anteriormente y se cambió por incesto.
Para los estados de Coahuila, Quintana Roo y Tabasco la investigación también está permitida en los casos en que durante la gestación o el nacimiento del hijo o hija, o bien, después del nacimiento, la madre haya habitado con el presunto padre, bajo el mismo techo, viviendo maritalmente, y con ellos el hijo o hija cualquiera que sea el tiempo que haya durado la vida familiar. Por último, el estado de Puebla contempla dos supuestos en los que está permitida la investigación de la paternidad: en los casos de rapto, estupro o violación, cuando la época del delito coincida con la concepción y cuando el hijo se encuentre en posesión de estado de hijo del presunto padre.
B. Ámbito penal En la legislación y códigos penales y de defensa social de los estados, se detallan las penas que cada entidad federativa asigna al incumplimiento de los deberes de asistencia económica. Como se ha podido observar en el apartado anterior, la legislación prácticamente asume que éstos se limitan a las obligaciones alimentarias. Los ordenamientos penales de las 32 entidades federativas se revisaron a la luz de la siguiente desagregación de indicadores:
a. Denominación del delito
b. Forma en la que se persigue el delito
c. Determinación del sujeto pasivo del delito 16
d. Tipo de pena contemplado
e. Posibilidad de que la legislación contemple el delito de simulación de insolvencia para evadir las responsabilidades alimentarias
f. Posibilidad de que la legislación contemple la extinción de la responsabilidad penal por otorgamiento del perdón a quien comete el delito
16 En el delito inciden dos sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo del delito es toda persona que infrinja la ley penal, ya sea por su propia voluntad o sin ella. El sujeto pasivo del delito es toda persona que resienta el daño que ocasiona la comisión del delito, la consecuencia de la conducta delictiva, ya se trate de su persona, en sus derechos o en sus bienes. Es la persona a quien se le afecta en su esfera personal de derechos e intereses (Arias, sf).
A diferencia de lo que ocurre en el ámbito civil, las sanciones estipuladas en los Códigos Penales presentan importantes variaciones en las entidades de la federación.
a. Denominación del delito. En los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Yucatán el incumplimiento de los deberes de asistencia económica se denomina incumplimiento de las obligaciones familiares. En el estado de Campeche se denomina abandono —y también existe una diferenciación entre el abandono al o la cónyuge y el abandono de los hijos e hijas—. En Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Zacatecas el delito se denomina abandono de familiares, y en Oaxaca y Puebla se denomina abandono de personas. En los estados de Baja California Sur, Sonora y Tamaulipas este incumplimiento está tipificado como incumplimiento de las obligaciones familiares. En Colima se le denomina omisión de cuidado. En Chiapas se conoce como delitos contra la familia. En Durango se tipifica como delitos contra la seguridad de la subsistencia familiar y en el Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala, Chihuahua y Veracruz se conoce como delitos contra la obligación alimentaria. Esta variedad en las denominaciones evidencia la dispersión de criterios con que se tipifica el delito, lo cual también refiere a la concepción tras la tipificación. Así, puede observarse que en algunas entidades la denominación del delito no remite específicamente al incumplimiento de los deberes de asistencia económica, como es el caso de los que señalan “abandono”. En cambio, en otras entidades la tipificación claramente alude a la materia como es el caso de los denominados “delitos contra la obligación alimentaria” o “delitos contra la seguridad de la subsistencia familiar”. Esta claridad en la denominación facilita el acercamiento a la ley y los mecanismos de procuración de justicia por parte de la ciudadanía.
En todos los estados de la república la persecución de los delitos señalados en el apartado que antecede se realiza por querella, 17 sin embargo, cuando las víctimas sean personas menores de edad, de la tercera edad, o estén enfermas, se señala que dicha persecución se realizará de oficio 18 por parte del Ministerio Público estatal, la Procuraduría de la Defensa del Menor o, en su caso, por los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia municipales.
c. Determinación del sujeto pasivo del delito
En Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Distrito Federal se señalan como sujetos pasivos del delito toda las personas con quien el acreedor o acreedora alimentaria tiene deber legal. En los estados de Baja California, Guerrero, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas se agregan los concubinos y concubinas como sujetos pasivos del delito. Finalmente, en Campeche, Colima, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas se adicionan los cónyuges, hijos o hijas, y personas con discapacidad. En la legislación de Coahuila se explicita que también serán sujetos pasivos del delito las personas menores de edad, las que tienen discapacidad, las personas desvalidas por causa de enfermedad o deterioro de salud y mujeres en gestación a las que el deudor alimentario ha embarazado en precaria situación económica o de salud, poniendo en grave riesgo de salud al ser humano en formación. Yucatán y el Estado de México únicamente establecen como sujetos pasivos del delito a los y las descendientes, ascendientes, cónyuge, concubina y acreedor o acreedora alimentario. Por último, el estado de Veracruz únicamente contempla a los hijos e hijas como sujetos pasivos del delito.
17 La querella se define como el acto procesal de parte o de Ministerio Público, mediante el que se ejerce la acción penal. Los delitos cometidos en agravio del núcleo familiar, en particular, se persiguen a petición de parte, es decir, por querella (Pavón, 1999:859).
Un delito se perseguirá de oficio por la autoridad competente, sin que medie denuncia o querella alguna, cuando afecte un bien jurídico protegido que interese a la sociedad, la seguridad interna o externa del Estado y a las Instituciones del mismo (Pavón, 1999:859).
El tipo de pena contemplado en la legislación penal de las 32 entidades federativas es el tema en que se observa mayor diversidad. Las penas corporales por incumplimiento de los deberes de asistencia económica varían desde tres días a tres años en Colima, hasta dos a seis años en Chiapas y Durango, como se puede apreciar en la gráfica 1. Las penas establecidas en la legislación de las 32 entidades federativas muestra una notable amplitud en el rango en Colima, mientras en Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Yucatán la pena establecida es siempre mayor a un año. Cabe destacar también que en Jalisco el delito de abandono de familiares no contempla explícitamente pena corporal ni económica, sino que únicamente amerita sanción de 20 a 100 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, independientemente de otras sanciones.
e. Posibilidad de que la legislación contemple el delito de simulación de insolvencia para evadir las responsabilidades alimentarias Las penas contempladas en los Códigos Penales de las entidades federativas para el delito de simulación de insolvencia para evadir las responsabilidades alimentarias también presentan una amplia variación, como puede apreciarse en la gráfica 2. Cabe destacar que los estados de Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas no contemplan en su legislación el delito de simulación de insolvencia para evadir la responsabilidades alimentarias. Salvo estas excepciones, el delito de simulación de insolvencia para evadir las responsabilidades alimentarias es sancionado con mayor dureza que el del incumplimiento de estas responsabilidades. Destaca en ese sentido el estado de Coahuila, en donde la pena para el delito de simulación varía entre uno y nueve años de prisión.
Gráfica 1. Pena corporal por el delito de incumplimiento de deberes de asistencia económica en las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos (en días, meses y años, según lo establecen los códigos penales).
Fuente: CEAMEG a partir de la legislación civil y penal de los estados de la república mexicana, consultada en el mes de agosto del 2007.
Gráfica 2. Pena corporal por el delito de simulación de insolvencia para evadir responsabilidades alimentarias en las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos (en meses y años, según lo establecen los códigos penales)
aja C alifornia
aja C alifornia S ur
olim a
istrito Federal
N ota: Los estados en blanco indican que no tienen pena alguna para este delito
Fuente: CEAMEG a partir de la legislación civil de los estados de la república mexicana, consultada en el mes de agosto de 2007.
f. Posibilidad de que la legislación contemple la extinción de la responsabilidad penal por otorgamiento del perdón a quien comete el delito La legislación penal de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí no contempla el perdón o la extinción de la responsabilidad penal por la comisión de los delitos vinculados con el incumplimiento de los deberes de asistencia económica. En las restantes entidades federativas se contempla el perdón y no se imponen penas en los siguientes casos:
cuando la persona obligada a proporcionar los alimentos pague todas y cada una de las cantidades que hubiere dejado de ministrar. Esto sucede en los estados de Baja California, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán. cuando la persona obligada a brindar los alimentos pague todas y cada una de las cantidades que hubiere dejado de ministrar y, además, otorgue garantía o fianza a fin de asegurar el cumplimiento futuro de
esas obligaciones. Así se establece en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla (contempla la reincidencia), Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
C. Síntesis analítica La revisión de los códigos civiles y penales de las 32 entidades federativas evidencia grandes diferencias en la forma en que se legisla en materia de paternidad responsable y en los procesos de armonización con los compromisos internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano. Un esfuerzo analítico permite distinguir las diferencias existentes en la legislación en materia de paternidad y deberes de asistencia económica de las entidades que componen la federación. En términos de la progresividad en la incorporación de los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres a la legislación mexicana, destacan los avances realizados por las siguientes entidades federativas:
Los estados de Zacatecas e Hidalgo, que han sido pioneros en la elaboración de códigos de familia. El estado de Jalisco, que en materia de alimentos introduce la obligación de reciprocidad hacia la institución que los ha proporcionado, a fin de que sean aprovechados por otro ser humano; también establece en la ley la obligación de proporcionar educación desde el nivel preescolar y es el único estado de la república en donde se incorpora la atención psíquica, afectiva y de sano esparcimiento, así como los gastos funerarios, como parte de los alimentos. Finalmente, es muy significativo que se trate del estado cuya legislación civil señala explícitamente la obligación de atender al interés superior de las personas menores de edad en los casos en que se presente demanda de alimentos. El estado de Coahuila, que establece en su código civil el reconocimiento de la obligación alimentaria entre los y las compañeras civiles y está en el grupo de 19 entidades que reconoce esta obligación
entre concubino y concubina. Asimismo, se trata de la única entidad que no distingue entre hijos e hijas nacidas dentro y fuera de matrimonio. Puebla, que señala al estado como obligado solidario en materia de alimentos, al tiempo que establece la obligación de proporcionar al alimentario o alimentaria la educación profesional sin importar su edad, como parte de los alimentos. El Distrito Federal, Chihuahua y Michoacán son las únicas entidades que contemplan la obligación del pago de los gastos de embarazo y parto como parte de los alimentos. También son dos entidades que reconocen las obligaciones alimentarias entre concubina y concubino. Colima, Morelos, Puebla y Sonora, en cuyos códigos civiles se establece que la pensión alimentaria se otorga hasta que los hijos e hijas concluyan su educación universitaria. Las obligaciones alimentarias entre concubino y concubina se establecen en los códigos civiles de 16 entidades federativas, además de las tres ya mencionadas, que son: Chiapas, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
En sentido contrario, destacan dos estados por el rezago manifiesto en la materia que nos ocupa:
En Chihuahua se establece que en caso de existir multiplicidad de concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a reclamar los alimentos. En Puebla las hijas, aunque sean mayores de edad, tienen derecho a alimentos siempre y cuando no contraigan matrimonio, vivan honestamente y no cuenten con medios de subsistencia.
En términos de rezago también es importante señalar que el Código Civil Federal mantiene a la fecha la consideración de que las obligaciones alimentarias incluyen el recurso para que los hijos e hijas procuren un “oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo”. Como se señaló anteriormente, esta disposición promueve abiertamente la segregación educativa y laboral.
Como puede observarse, los avances y rezagos no se han producido de
manera integral en la legislación de cada entidad. Los primeros parecen ser
producto más bien de modificaciones parciales de la ley y no de reformas
integrales. De ahí que se presenten entidades que figuren al mismo tiempo
tanto entre las legislaciones de avanzada, como entre las que presentan
mayores rezagos.
En materia penal es de resaltarse que el estado de Jalisco no contempla
pena corporal por la comisión del delito de abandono de familiares y se limita a
imponer una sanción de 20 a 100 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
Esta penalización contrasta con las que reciben otros delitos como el hurto en
esa misma entidad federativa.
Asimismo, los estados de Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Jalisco,
Puebla, Sonora Tlaxcala y Zacatecas no contemplan en su legislación el delito
de simulación de insolvencia para evadir la responsabilidad alimentaria. Por el
contrario, los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Michoacán y
San Luis Potosí no contemplan el perdón o la extinción de la responsabilidad
penal por la comisión de los delitos que atenten contra la obligación de
3. Los criterios de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en materia de paternidad responsable y de cumplimiento de los deberes de asistencia económica
En ese apartado se revisan las tesis aisladas y la jurisprudencia de las últimas
tres épocas 19 de la SCJN con el objeto de identificar una posible tendencia
evolutiva de los criterios de la Corte respecto a los alimentos, deberes de
asistencia familiar, filiación y paternidad responsable. 20 La importancia de
Las épocas son los periodos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación agrupa por fecha sus
criterios. Cada época de la jurisprudencia tiene una duración distinta, las transiciones más bien obedecen
a importantes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos El trabajo
jurisprudencial de la Suprema Corte puede dividirse en dos grandes periodos constitucionales: antes y después de 1917. Dicha división obedece a que las tesis de jurisprudencia que fueron publicadas en las
épocas 1ª a 4ª, antes de 1917, hoy son inaplicables (no vigentes) y por ello se agrupan dentro de lo que
se ha dado en llamar "jurisprudencia histórica". Las épocas 5ª a 9ª, de 1917 a la fecha, comprenden lo
que se considera el catálogo de la "jurisprudencia aplicable" o vigente (SCJN, 2007).
Cabe mencionar que las tesis aisladas de la Suprema Corte, emitidas en cualquier época, no obligan a los tribunales colegiados de circuito (ni a ningún otro órgano jurisdiccional). De modo que éstos pueden válidamente discrepar del criterio aislado de la Corte mientras no fije jurisprudencia obligatoria, sin que
ello signifique que entren en lo que se denomina “contradicción de tesis”. Simplemente se reconoce que los tribunales colegiados y la Corte tienen criterios discordantes respecto de temas jurídicos comunes (SCJN, 2007).
incluir en un estudio sobre paternidad y deberes de asistencia económica las tesis que al respecto ha emitido la SCJN estriba en que sus resoluciones no sólo tienen efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su conocimiento, sino que, además, sus fallos y los criterios en que se sustentan constituyen una fuente del derecho si llegan a crear jurisprudencia. 21
A. Criterios emitidos durante la 7ª Época Esta época inició el 1º de enero de 1969 en razón de las reformas y adiciones a la Constitución Federal y a la Ley de Amparo, efectuadas en 1968, que dieron competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para integrar jurisprudencia, así como para conocer de amparos directos. Concluyó el 14 de enero de 1988 tras las reformas constitucionales incorporadas durante 1987. Al inicio de esta época, la Corte estableció que para acreditar la filiación natural se requeriría demostrar la existencia de una relación de concubinato. Esta relación se entendía como la vida de dos personas como marido y mujer, ambos libres de matrimonio. Para acreditar la filiación natural, el nacimiento del hijo o hija debió ocurrir después de 180 días de haberse iniciado la vida en común de la pareja, o dentro de los 300 días siguientes a la fecha en que cesó ésta. Poco después, la Corte emitió una tesis señalando que si bien el concubinato sí constituye un elemento de acreditación de la filiación natural, no así el matrimonio religioso, pues “no implica que los contrayentes sean los progenitores ni produce efecto legal alguno que impida el reconocimiento de la paternidad por persona distinta”. (Semanario Judicial de la Federación, 7ª Época).
Sin embargo, en cuanto al matrimonio civil, la Corte estableció que la simple negativa de la paternidad por parte del presunto padre no puede destruir la presunción legal de que los hijos o hijas son de ambos cónyuges. También señaló que los preceptos para determinar la paternidad de los hijos e hijas nacidas dentro de matrimonio deben usarse para proteger también a los hijos e hijas nacidas fuera de matrimonio, en virtud del conocido principio de aplicación
21 Cuando la Corte ha emitido cinco criterios iguales y consecutivos, se crea la jurisprudencia, misma que obliga a todos los órganos jurisdiccionales del país a aplicar la ley con ese criterio (SCJN, 2007).
analógica de que donde existe la misma razón legal, debe existir igual disposición de derecho. En el mismo sentido, la Corte estableció que la filiación de un hijo o hija nacida fuera de matrimonio deberá demostrarse con: el acta de nacimiento en la que consta el reconocimiento; el acta especial; la confesión judicial; el testamento en el que aparece el reconocimiento, o bien, la sentencia que hubiere declarado la paternidad. Si la persona interesada (demandante de la paternidad, es decir, la madre en nombre del hijo o hija) no presenta alguno de dichos documentos, ni demuestra la existencia de algún fallo que declare la relación de parentesco en un juicio contradictorio, el juez carece de bases legales para declarar probada la filiación. En esta época la Corte señaló que no es prueba de paternidad presentar el acta de nacimiento de la persona menor de edad en donde la madre haya
declarado la paternidad. Se requiere un reconocimiento voluntario por parte del presunto padre o una sentencia judicial que declare su paternidad. Este criterio se mantiene hasta la fecha. En la misma línea de argumentación, resolvió en otra tesis que las actas de nacimiento de las personas establecen filiación si constan los nombres de los dos progenitores, habiendo comparecido ambos a registrar a el o la menor de edad, y no cuando lo hace sólo uno de ellos, pues el reconocimiento es un acto personalísimo, cuya validez no depende de una persona extraña. La Corte, incluso, resolvió que el contenido de un acta de nacimiento puede impugnarse aún por el propio autor del reconocimiento de un hijo o hija. Su argumento fue que una manifestación falsa respecto al reconocimiento no puede atribuir a nadie una paternidad o maternidad que no existe. Por otro lado, la Corte señaló que cuando un hombre haya hecho frente a los gastos médicos del alumbramiento, sin que pueda probar que esto haya sido a
la fuerza, se establece que esa actitud implica un reconocimiento tácito de la
paternidad, pues no se explica de otro modo que siendo ajeno al problema, se solidarice efectuando un desembolso. En cuanto al reconocimiento judicial de la paternidad, durante la 7ª Época la
Corte resolvió que si un padre negaba la paternidad de un hijo, correspondería
a la mujer la carga de la prueba en un juicio de reconocimiento. En ese
pronunciamiento la Corte señaló que no era imprescindible demostrar las
relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre para pronunciarse sobre la paternidad, dado el ámbito íntimo en el que ocurren. De ahí que la filiación podría demostrarse a través de todos los medios de prueba, por escrito, por indicios o presunciones resultantes de hechos ciertos que se consideren bastante graves para determinar su admisión. Respecto a los hijos e hijas nacidas fuera de matrimonio, la Corte emitió durante esta época dos tesis planteando que no puede pretenderse el reconocimiento judicial como descendientes de alguien que ya falleció. En una
tesis posterior, se añadió que las acciones de investigación de la paternidad o
la maternidad sólo pueden intentarse en vida de los padres. Sin embargo, si la
acción de investigación de la paternidad se inició en tiempo, pero el
demandado falleció durante el lapso transcurrido entre el ejercicio de la acción y el emplazamiento, no se considerará extemporánea. Respecto a acciones jurídicas para el reconocimiento de la paternidad, resolvió que para iniciar una investigación de la paternidad sólo se requiere la presunción de la misma. Si la madre no logra comprobar que el demandado es el padre de la persona menor de edad, no puede obligársele a proveer los alimentos. Sin embargo, la absolución no impide que con posterioridad pueda volver a demandársele el pago de alimentos, puesto que las resoluciones judiciales en esta materia pueden modificarse al variar las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción. Llama la atención el caso de una tesis resuelta durante esta época en la que
la Corte requirió aclarar que la acción de investigación de la paternidad, hecho
por la mujer a nombre de la hija, es legal. Esta resolución tuvo lugar en razón de que un demandado pretendía evadir la acción legal argumentando que el Código Civil de Veracruz señala que la madre puede establecer acción legal en nombre de “el hijo” y no de “la hija”. 22
Con respecto a la vinculación entre las investigaciones de paternidad y las demandas por alimentos, la Corte resolvió que si la madre hizo valer
simultáneamente las acciones de investigación de la paternidad y de alimentos,
y prosperó la primera, existe base legal para condenar también al pago de alimentos. Se presentaron tres tesis en esta Época en el mismo sentido.
22 Este caso es una evidencia del peligroso uso que puede tener el lenguaje no incluyente.
Durante esta época la Corte definió explícitamente a los alimentos y las obligaciones familiares como: comida, vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad. Estableció que los alimentos deben ser cubiertos en su totalidad, y no parcialmente, por el deudor o deudora alimentaria. Poco después resolvió que la observancia parcial de estas obligaciones se considerará incumplimiento total. Asimismo, estableció en otra tesis que el incumplimiento, aunque sea parcial, es causa de pérdida de la patria potestad. En el mismo sentido, la Corte, en una tesis de la misma época, señaló que la
institución de los alimentos no fue creada para enriquecer al acreedor, es decir,
a los hijos e hijas, ni para darles una vida holgada y dedicada al ocio, sino
simplemente para que vivan con decoro y puedan atender a su subsistencia.