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Timestamp: 2018-01-20 04:26:00
Document Index: 273945683

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 38', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 4']

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 17/2014, de 25 de febrero, por el que se regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente
Publicado en BOB núm. 40 de 27 de Febrero de 2014
Vigencia desde 01 de Marzo de 2014. Revisión vigente desde 01 de Marzo de 2014 hasta 30 de Junio de 2017
Artículo 4 Comisión Técnica de Centros
CAPÍTULO II. LAS PERSONAS USUARIAS
Artículo 5 Persona usuaria
Artículo 6 El consentimiento de la persona solicitante
Artículo 7 Unidad de convivencia a efectos del cálculo del precio público
Artículo 8 Cálculo del patrimonio de la persona solicitante o usuaria
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ACCEDER AL SERVICIO PÚBLICO FORAL DE RESIDENCIAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES EN ESTANCIA PERMANENTE
Artículo 9 Normativa aplicable
Artículo 10 Tipos de procedimientos de acceso
SECCIÓN 1. El procedimiento de acceso ordinario
Artículo 11 Inicio del procedimiento
SECCIÓN 2. El procedimiento de acceso urgente
Artículo 14 Procedimiento de urgencia
SECCIÓN 3. Motivos o causas de denegación del acceso al servicio foral residencial
Artículo 15 Motivos de denegación o de pérdida de la condición de persona beneficiaria
Artículo 16 Desistimiento
CAPÍTULO IV. LA GESTIÓN DE LAS PLAZAS
Artículo 18 Proceso de asignación de plaza a personas beneficiarias
Artículo 19 Criterios de prioridad
Artículo 20 Asignación de plazas
CAPÍTULO V. SITUACIÓN DE ALTA EN EL SERVICIO PÚBLICO FORAL RESIDENCIAL
Artículo 21 Ingreso
Artículo 22 Información previa
Artículo 23 Periodo de adaptación
Artículo 24 Reserva de plaza
Artículo 25 Derechos de las personas usuarias del servicio residencial foral para personas dependientes
Artículo 26 Obligaciones de las personas solicitantes del alta en el servicio residencial y de las personas usuarias del mismo
Artículo 27 Obligación de pago de precio público
CAPÍTULO VII. TRASLADOS DE RESIDENCIA DENTRO DE LA RED FORAL
Artículo 28 Personas beneficiarias
Artículo 29 Motivos de traslado
Artículo 30 Solicitudes de traslado
Artículo 31 Instrucción del procedimiento de traslado
Artículo 32 Resolución del procedimiento de traslado
CAPÍTULO VIII. EXTINCIÓN DEL DERECHO Y BAJA EN EL SERVICIO PÚBLICO FORAL DE RESIDENCIAS
Artículo 33 Extinción del derecho y baja
Artículo 34 Procedimiento de baja en el servicio residencial foral
DF 87/2017, de 28 Jun. Bizkaia (modificación del DF 17/2014, de 25 Feb., que regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente)
Letra a) del artículo 20 redactada por el artículo 1.º del D Foral [BIZKAIA] 87/2017, 28 junio, por el que se modifica el D Foral 17/2014, 25 febrero, que regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente («B.O.B.» 30 junio).
Letra b) del artículo 20 redactada por el artículo 2.º del D Foral [BIZKAIA] 87/2017, 28 junio, por el que se modifica el D Foral 17/2014, 25 febrero, que regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente («B.O.B.» 30 junio).
Letra g) del artículo 33 introducida por el artículo 3.º del D Foral [BIZKAIA] 87/2017, 28 junio, por el que se modifica el D Foral 17/2014, 25 febrero, que regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente («B.O.B.» 30 junio).
Último párrado del artículo 33 introducido por el artículo 3.º del D Foral [BIZKAIA] 87/2017, 28 junio, por el que se modifica el D Foral 17/2014, 25 febrero, que regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente («B.O.B.» 30 junio).
El Parlamento Vasco aprobó la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que estableció el nuevo marco normativo al que debía ajustarse el Sistema Vasco de Servicios Sociales.
Con el fin de adaptar el procedimiento administrativo de acceso al servicio foral residencial para personas mayores dependientes a este nuevo marco jurídico, se aprobó el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 29/2009, de 24 de febrero, por el que se regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente.
Posteriormente, se publicó el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 162/2009, de 1 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia. Este Decreto Foral ha sido modificado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 93/2010, de 20 de julio, y por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 121/2012, de 21 de febrero.
Toda esta normativa ha supuesto un profundo cambio en el procedimiento administrativo de acceso al servicio foral residencial de personas dependientes, de manera que se han reducido y agilizado los trámites previos al ingreso en residencia.
Todos estos cambios procedimentales, unidos a otros que se desean acometer en aras a conseguir una mayor protección de las personas dependientes y a la mejora en la gestión de la lista de personas beneficiarias de plaza pendientes de asignación, hacen necesario la aprobación de un nuevo Decreto Foral que regule el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente.
En su virtud y en uso de las facultades que me han sido conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta de la diputada foral de Acción Social y previa reunión y deliberación del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión de fecha 25 de febrero de 2014.
El presente Decreto Foral tiene por objeto la regulación del régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente.
Este Decreto Foral se aplica a todas las residencias que se encuentren incluidas en la red foral de residencias de la Diputación Foral de Bizkaia, con independencia de su titularidad foral, pública convenida o privada concertada, siempre que cumplan lo previsto en el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad o normativa que lo modifique o sustituya.
La prestación del servicio residencial objeto del presente texto normativo se realizará de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de servicios sociales residenciales, con lo establecido en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la normativa que las desarrolle, así como con el presente Decreto Foral y demás normativa que sea de aplicación.
La Comisión Técnica de Centros es un órgano informativo colegiado, de deliberación y apoyo para la toma de decisiones por parte del/ la diputado/a foral de Acción Social en materia de ingresos en centros.
a) Podrá ser persona usuaria del servicio público foral de residencias regulado por el presente Decreto Foral la persona solicitante que reúna los siguientes requisitos:
1. Tener 60 años cumplidos en la fecha de la presentación de la solicitud.
No obstante lo anterior, podrá solicitar, asimismo, el ingreso cualquier persona dependiente, que tenga necesidades asistenciales y de cuidado que puedan ser cubiertas en una de las residencias previstas en el artículo 2 de este Decreto.
2. Obtener la calificación de persona dependiente como resultado de la valoración permanente realizada en virtud de lo dispuesto en el Decreto Foral 162/2009, de 1 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, y sus modificaciones, o normativa foral que lo sustituya.
3. Que el Programa Individual de Atención firmado por la persona interesada o su representante legal, en su caso, y ratificado por el Servicio de Valoración y Orientación de la Dependencia del Departamento de Acción Social, recoja el servicio residencial como el recurso más idóneo para la persona solicitante.
4. Reunir los requisitos que recoge el artículo 3 del Título I de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, del Gobierno Vasco de Servicios Sociales y la normativa que lo desarrolle.
b) Con la finalidad de favorecer el reagrupamiento familiar, no se exigirá el cumplimiento de los requisitos de acceso recogidos la letra a) anterior, en los siguientes supuestos:
a. Cuando se trate del o de la cónyuge o pareja de hecho, conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, del Gobierno Vasco reguladora de las parejas de hecho, de una persona a la que se le hubiera reconocido su derecho a plaza por reunir todos los requisitos de acceso recogidos en la letra a) anterior, siempre y cuando perciba una prestación de cualquiera de los regímenes de previsión social y conviva con su cónyuge o pareja de hecho en el momento de realizar la solicitud de ingreso o haya convivido hasta la fecha de ingreso en residencia.
b. Cuando se trate de parientes en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado, así como cualquier persona que conviva con una persona a la que se le hubiera reconocido su derecho a plaza por reunir todos los requisitos de acceso recogidos en la letra a) anterior, siempre y cuando concurran en ella todos y cada uno de los siguientes requisitos:
- Que tenga reconocida, al menos, una dependencia moderada (grado I).
- Que perciba una prestación de cualquiera de los regímenes de previsión social, y.
- Que haya convivido con la persona beneficiaria de plaza en la red foral residencial como mínimo, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de solicitud de ingreso en residencia de la misma.
c) No obstante lo anterior, las personas citadas perderán su condición de persona beneficiaria, y por tanto su derecho a plaza, en aquellos supuestos en los que, sin haber llegado a ingresar en una plaza de la red foral residencial, la persona que le diera derecho por reagrupamiento familiar falleciera o perdiera el derecho por cualquier otra causa.
La persona solicitante sólo podrá adquirir la condición de persona beneficiaria si manifiesta su consentimiento al ingreso en condiciones inequívocas de validez jurídica. En su defecto, dicho consentimiento podrá ser manifestado por quien ejerza legalmente la tutela.
A los efectos del presente Decreto Foral podrá entenderse que componen la unidad de convivencia la persona usuaria del servicio y el cónyuge o pareja de hecho cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, del Gobierno Vasco reguladora de las parejas de hecho.
Además, podrán formar parte de la unidad de convivencia, los hijos e hijas no dependientes, que convivan con la persona titular del servicio, menores de edad, o hasta los 28 años, inclusive, que estén en paro o estudiando. En este último caso, sólo se tendrá en cuenta la unidad de convivencia si su aplicación es acorde con su finalidad y produce un efecto favorable para las personas interesadas. A este respecto, se procurará la especial protección de personas con discapacidad y de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género.
1. Con la finalidad de verificar la situación económico-patrimonial y realizar el cálculo de la capacidad económica de la persona solicitante a efectos de lo dispuesto en el Decreto Foral que regule el precio público por la prestación del servicio foral de residencias para personas dependientes en estancia permanente, en el momento de presentar la solicitud de ingreso en residencia, se analizará la variación entre el «capital mobiliario per cápita inicial» y el «capital mobiliario per cápita final» sufrida por el patrimonio de la persona solicitante en los dos (2) años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.
El «capital mobiliario per cápita inicial» estará formado por el capital mobiliario que exista al inicio del periodo (2 años antes de la solicitud) más los incrementos de capital de dicho periodo, excluidas las rentas por trabajo o pensión, rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario.
El «capital mobiliario per cápita final» será aquel del que se disponga a la fecha de presentación de la solicitud de ingreso en el servicio residencial.
Si el «capital mobiliario per cápita final» es inferior al «inicial» en un porcentaje superior al establecido en la tabla siguiente, deberá justificarse dicha variación.
Capital mobiliario per cápita inicial Porcentaje
Igual o superior a 50.000 euros 50%
De 25.000 euros a 50.000 euros 60%
De 12.500 euros a 25.000 euros 70%
Igual o inferior a 12.500 euros 80%
A efectos de la justificación de la variación producida, se tomará en consideración únicamente aquellos desembolsos realizados para la mejora de la calidad de vida o del bienestar de la propia persona solicitante siempre que se encuentren debidamente acreditados mediante factura o documento sustitutivo que sirva de justificante de los mismos y que cumplan los términos previstos en el Decreto Foral 4/2013, de 22 de enero, que regula las obligaciones de facturación y demás normativa concordante.
La falta de justificación de esta variación patrimonial será causa de denegación del derecho a plaza residencial, salvo que, dentro del plazo concedido en el trámite de audiencia previo a la denegación previsto en el artículo 12.c) de este Decreto, se proceda al ingreso de la cantidad que constituye la variación patrimonial no justificada en la cuenta bancaria de titularidad de la persona solicitante.
En las situaciones de urgencia se deberá justificar todo el decremento de capital.
Asimismo, para el cómputo del «capital mobiliario per cápita inicial» se tendrá en cuenta, en todo caso, el producto de las ventas de bienes inmuebles, así como el valor de las donaciones de bienes inmuebles y de las renuncias a derechos de índole económica o patrimonial realizadas en el periodo analizado.
2. Una vez realizada la solicitud de ingreso en residencia y hasta que se produzca el ingreso efectivo, se irán sumando al «capital mobiliario per capital final» los incrementos de capital mobiliario e inmobiliario de dicho periodo, excluidas las rentas por trabajo o pensión, rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario.
Asimismo, para el cómputo del «capital mobiliario per cápita final» se tendrá en cuenta, en todo caso, el valor de las donaciones de bienes inmuebles y de las renuncias a derechos de índole económica o patrimonial realizadas en el periodo analizado.
Durante este periodo, no se admitirá ninguna variación patrimonial de la persona beneficiaria, salvo aquellos gastos producidos para la mejora de la calidad de vida o del bienestar de la persona beneficiaria.
3. Una vez ingresada, el patrimonio mobiliario e inmobiliario de la persona usuaria estará sujeto en su totalidad al pago del precio público en los términos establecidos en el Decreto Foral que regule el precio público por la prestación del servicio foral de residencias para personas dependientes en estancia permanente.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ACCEDER AL SERVICIO PÚBLICO FORAL DE RESIDENCIAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES EN ESTANCIA PERMANENTE
El procedimiento administrativo para acceder al servicio público foral de residencias para personas dependientes, en estancia permanente, se regirá por lo dispuesto en el presente Decreto Foral y, en lo no previsto en él, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o normativa que la modifique o sustituya.
El acceso al servicio foral residencial podrá realizarse por medio de alguno de los procedimientos administrativos siguientes:
a) El procedimiento de acceso ordinario.
b) El procedimiento de acceso urgente.
El procedimiento de acceso ordinario
1. El procedimiento de ingreso en residencia de la red foral se iniciará mediante el Programa Individual de Atención confeccionado por el Servicio de Valoración y Orientación del Departamento de Acción Social, siempre y cuando la persona interesada haya indicado expresamente en el momento de la formalización del mismo que desea realizar una solicitud de residencia y haya sido ratificado por el mencionado Servicio.
2. En casos excepcionales, la persona interesada deberá cumplimentar su solicitud en el modelo normalizado al efecto.
3. En estos casos excepcionales, junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación siempre y cuando no esté en poder del Departamento de Acción Social:
a) Certificado de empadronamiento de la persona solicitante en el que conste su vecindad administrativa en el Territorio Histórico de Bizkaia en el momento de la presentación de su solicitud.
b) Certificado de pensión del Instituto Nacional de la Seguridad Social y/o entidad pagadora de otra/s pensión/es e ingresos, referido al importe anual de los mismos, así como al número de pagas extraordinarias, en su caso de la persona solicitante y, en su caso, de los/las miembros de la unidad de convivencia.
c) Certificado o extracto de movimientos de todas las cuentas corrientes, depósitos dinerarios, valores mobiliarios, etc., a nombre de la persona solicitante correspondientes a los últimos 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y a la fecha de ésta correspondientes a la persona solicitante y, en su caso, a los/las miembros de la unidad de convivencia.
d) Documentos acreditativos, en su caso, de la composición de la unidad de convivencia, certificados de estar en paro o estudiando los hijos/as entre 18 y 28 años, inclusive, certificados de grado de discapacidad, etc.
e) Documento para la domiciliación bancaria del abono del precio público por estancia permanente en un centro de la red foral de residencias conforme a la normativa foral específica que lo regule.
f) Certificación del valor catastral de bienes inmuebles emitida por Administraciones tributarias ajenas a la Diputación Foral del Territorio Histórico de Bizkaia.
a) Verificación y subsanación de la solicitud. Remitida la solicitud por el Servicio de Valoración y Orientación o, en casos excepcionales, presentada la solicitud directamente en el registro de entrada de documentos del Departamento de Acción Social, la unidad administrativa competente adscrita a este Departamento Foral verificará que la solicitud se encuentre debidamente cumplimentada.
En caso de que la solicitud de residencia se haya presentado por medio del Plan Individual de Atención, se deberá subsanar cuanto proceda y se le requerirán los siguientes documentos, en su caso:
- Certificado de pensión del Instituto Nacional de la Seguridad Social y/o entidad pagadora de otra/s pensión/es e ingresos, referido al importe anual de los mismos, así como al número de pagas extraordinarias, en su caso de la persona solicitante y, en su caso, de los/as miembros de la unidad de convivencia.
- Extracto de movimientos de todas las cuentas corrientes, depósitos dinerarios, valores mobiliarios, etc., a nombre de la persona solicitante correspondientes a los últimos 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y a la fecha de ésta correspondientes a la persona solicitante y, en su caso, a los/las miembros de la unidad de convivencia.
- Documentos acreditativos, en su caso, de la composición de la unidad de convivencia (artículo 7), certificados de estar en paro o estudiando los hijos/as entre 18 y 28 años, inclusive, certificados de grado de discapacidad, etc.
- Certificación del valor catastral de los bienes inmuebles emitida por Administraciones tributarias ajenas a la Diputación Foral del Territorio Histórico de Bizkaia.
Asimismo, y en los mismos términos, se requerirá a la persona solicitante, en el supuesto de que la solicitud se hubiera presentado en modelo normalizado y ésta estuviera incompleta o faltara alguno de los documentos señalados en el artículo anterior.
En todo caso, estos requerimientos se realizarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que en el plazo de diez (10) días subsane la/s falta/s y acompañe los documentos preceptivos con apercibimiento de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud.
b) Una vez verificada la solicitud en la forma prevista en el párrafo anterior y realizada la evaluación de la situación económico-patrimonial de la persona solicitante de plaza residencial, se realizará la correspondiente propuesta de resolución; propuesta que, si es favorable, será elevada a la consideración del/la diputado/a foral de Acción Social.
c) En los supuestos de denegación de acceso, con carácter previo a la realización de la correspondiente propuesta de resolución, se notificará el preceptivo trámite de audiencia a la persona solicitante o, en su caso, a su representante legal.
Vista la propuesta de resolución, la/el diputada/o foral de Acción Social dictará Orden Foral resolutoria del procedimiento, y se notificará la misma, con indicación de los recursos procedentes.
La Orden Foral resolutoria del procedimiento se pronunciará sobre los siguientes extremos:
a) Indicará la concesión o la denegación del reconocimiento de la condición de persona beneficiaria de plaza en residencia.
b) Si la resolución es de concesión señalará que la persona interesada queda incorporada al proceso de asignación de plaza a personas beneficiarias del servicio público foral de residencias para personas dependientes.
No obstante lo anterior, el reconocimiento de persona beneficiaria no supondrá el ingreso efectivo en residencia pública foral, ya que éste quedará condicionado a la existencia de plazas vacantes.
Durante el periodo de tiempo que la persona interesada se encontrara a la espera de asignación de plaza pública tendrá derecho a percibir una prestación económica, prestación vinculada al servicio, para el abono, en su caso, de su posible estancia en una residencia privada, en los términos, plazos y condiciones establecidas en la normativa específica que regule dicha prestación.
c) Si la resolución es de denegación expresará el motivo o motivos de la denegación.
El procedimiento de acceso urgente
1. En el caso de que una persona dependiente sufra una situación de abandono y/o de maltrato físico o psicológico que haya sido denunciada ante la autoridad competente, o que se encuentre en una situación de, en su caso, emergencia social, podrá ser ingresada de forma inmediata en una residencia de la red foral, iniciándose posteriormente los trámites oportunos para la regularización administrativa de su situación.
En todo caso y de acuerdo con lo previsto en Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las mujeres víctimas de violencia de género podrán ser consideradas colectivos prioritarios en el acceso a residencias públicas.
2. Este procedimiento se iniciará con el consentimiento al ingreso manifestado por la persona interesada, mediante la firma de la solicitud o del Plan Individual de Atención confeccionado por el Servicio de Valoración y Orientación y la ratificación del motivo o causa de urgencia por parte de persona responsable de la unidad administrativa competente en materia de ingresos en el servicio foral residencial e, inmediatamente, se elevará al o a la diputado/a foral de Acción Social la correspondiente propuesta de ingreso urgente.
3. La Orden Foral de asignación de plaza e ingreso urgente quedará condicionada a la ratificación posterior del cumplimiento de los requisitos de acceso, incluido el reconocimiento de la situación de dependencia, debiendo realizarse la valoración de dicha situación por parte de la unidad administrativa competente con carácter preferente a otras solicitudes de valoración.
La Orden Foral de asignación de plaza e ingreso urgente deberá indicar que, si con posterioridad al ingreso se constatara el incumplimiento de alguno de los requisitos de acceso señalados en el presente Decreto Foral, se producirá la extinción del derecho a plaza y, en su caso, la baja en el servicio foral residencial.
Motivos o causas de denegación del acceso al servicio foral residencial
Serán motivos de denegación de la solicitud de ingreso en el servicio público foral de residencias para personas dependientes o pérdida de la condición de persona beneficiaria los siguientes:
a) El incumplimiento de alguno de los requisitos de acceso previstos en el artículo 5 del presente Decreto Foral.
b) La falta de consentimiento al ingreso o, en su caso, la falta de la preceptiva autorización judicial para el ingreso en los casos de presunta incapacidad, salvo supuestos en que deba procederse de urgencia conforme a lo previsto en el artículo 14 del presente Decreto Foral.
c) Incurrir en un decremento de capital de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8. En este supuesto, la persona solicitante no podrá volver a realizar solicitud hasta transcurrido un año a contar desde la notificación de la orden foral de denegación.
d) La ocultación o falsedad de documentos o de los datos contenidos en los mismos.
En cualquier momento del procedimiento y antes de dictarse resolución, la persona solicitante o, en su caso, su representante legal o voluntario/a, podrá desistir de su solicitud de ingreso por cualquier medio que permita dejar constancia de su voluntad, incluida diligencia suscrita por el funcionario o funcionaria ante quien se hubiera manifestado la voluntad de desistimiento realizada de forma presencial o por vía telemática o telefónica. No obstante, en el supuesto de desistimiento manifestado por vía telefónica, el funcionario o funcionaria deberá realizar las comprobaciones posteriores que le permitan corroborar la autenticidad del desistimiento realizado por dicha vía y hacerlo constar.
En todo caso, se entenderá que la persona señalada en la solicitud de ingreso como representante voluntaria queda autorizada por la persona interesada para realizar el desistimiento de la misma en su nombre.
Si en el procedimiento se hubiera dictado resolución de reconocimiento de la condición de persona beneficiaria de plaza en el servicio público foral de residencias a favor de la persona solicitante, o se encontrara la persona usuaria ya ingresada en un centro de la red foral, ésta o, en su caso, su representante legal o voluntario/a, podrá renunciar a su derecho por cualquier medio que permita dejar constancia de su voluntad, incluida diligencia suscrita por el funcionario o la funcionaria ante quien se hubiera manifestado la voluntad de renuncia realizada de forma presencial o por vía telefónica. No obstante, en el supuesto de renuncia manifestada por vía telefónica el funcionario o la funcionaria deberá realizar las comprobaciones posteriores oportunas que le permitan corroborar la autenticidad de la renuncia realizada por dicha vía y hacerlo constar.
En todo caso, se entenderá que la persona señalada en la solicitud de ingreso como representante voluntaria queda autorizada por la persona interesada para realizar la renuncia de la misma en su nombre.
Asimismo, se entenderá que la persona interesada renuncia tácitamente a su derecho cuando de sus actos o comportamiento pueda deducirse válidamente y sin posibilidad de equívoco dicha voluntad. Dicha renuncia tácita deberá hacerse constar en escrito suscrito por personal responsable del centro residencial o diligencia emitida por personal funcionario, en su caso, en la que queden recogidos, de forma expresa, los actos o comportamiento atribuidos a la persona interesada o, a su representante legal, que permitan deducirla.
LA GESTIÓN DE LAS PLAZAS
El proceso de asignación de plaza a personas beneficiarias de plaza pública establece el orden de prioridad para la asignación entre las personas a las que se les ha reconocido la condición de persona beneficiaria de plaza.
Los criterios de prioridad en el proceso de asignación de plaza en el servicio residencial para personas dependientes son:
1. Ingresos calificados como urgentes.
2. Ingresos en los que concurran las siguientes circunstancias excepcionales y por el siguiente orden:
- Reagrupamientos regulados en el artículo 5. b).
- Traslados de personas dependientes provenientes de cualquier residencia o recurso de la red foral.
- Casos en los que la persona beneficiaria estuviera ingresada de manera privada en una residencia de la red foral, conforme al artículo 20.
3. Ingresos que se efectúen por el procedimiento ordinario ordenados de la siguiente manera:
- Por el grado de dependencia.
- A igual grado, por la capacidad económica de la persona solicitante.
- Por la fecha y número de entrada de la solicitud normalizada en el registro de entrada de documentos del Departamento de Acción Social o, en el caso, del Programa Individual de Atención, por la fecha de la Orden Foral.
a) Los centros de la red foral de residencias comunicarán a la unidad administrativa o servicio competente del Departamento de Acción Social las vacantes producidas y sus características dentro del plazo de un (1) día hábil siguiente a la baja de la persona usuaria en el centro.
Esta comunicación se realizará por vía telemática, mediante la aplicación informática de gestión de ingresos en centros del Departamento de Acción Social o medio que lo sustituya.
La asignación de plaza vacante se realizará mediante Orden Foral dictada por el/la diputado/a foral de Acción Social, y se adjudicará a la persona que se encuentre pendiente de asignación de plaza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, considerando las características de la plaza vacante y el perfil de la persona idónea para ocuparla.
b) Si la persona interesada se encontrara ya ingresada de forma privada en un centro de los integrados en la red foral de residencias en el que hubiera plaza pública vacante y solicitara la asignación de dicha plaza, se podrá, de forma motivada, autorizar dicha cobertura, si se dieran circunstancias técnicas o de otra índole que lo aconsejaran o dicha persona llevara cuatro (4) años o más ingresada en el mismo centro.
Con carácter previo a la asignación, la plaza será ofrecida vía telefónica. El rechazo de la plaza conllevará, en todo caso, la pérdida de la prestación vinculada al servicio residencial que estuviera percibiendo de acuerdo con los términos y condiciones previstas en la normativa que regule dicha prestación.
c) Una vez rechazada la plaza ofrecida, el personal del Servicio competente dejará constancia en el expediente de la preferencia de la persona usuaria y no se volverá a ofrecer una nueva hasta que no haya una vacante en el Centro que desea y siempre que le corresponda según el puesto que ocupe en el proceso de asignación de plaza a personas beneficiarias. En todo caso, si en algún momento desea que se le ofrezca una plaza donde haya una vacante adecuada a su perfil, podrá comunicárselo a la unidad administrativa correspondiente, con el fin de que, según el puesto que ocupe en el proceso de asignación de plaza, se le vuelva a ofrecer.
d) El personal del Servicio competente dejará constancia en el expediente de todas las actuaciones anteriores mediante la oportuna diligencia. Asimismo se harán las oportunas comprobaciones al objeto de corroborar la autenticidad del rechazo y la comprensión por parte de las personas interesadas de las consecuencias del mismo.
SITUACIÓN DE ALTA EN EL SERVICIO PÚBLICO FORAL RESIDENCIAL
Adjudicada una plaza a la persona beneficiaria, ésta deberá ingresar en la residencia en la fecha señalada en la Orden Foral de asignación de plaza e ingreso en centro.
Si no se produce el ingreso de la persona beneficiaria en la fecha señalada, por causas no imputables a la Administración Foral, se entenderá que dicha persona renuncia a su condición de persona beneficiaria de una plaza en residencia y a su derecho de ingreso en el centro asignado y, en consecuencia, se procederá a la reasignación inmediata de la vacante que se le había adjudicado en favor de otra persona incluida en el proceso de asignación de plaza a personas beneficiarias.
Si el ingreso de la persona beneficiaria no llega a producirse en la fecha señalada por causa o causas justificadas, no podrá entenderse producida la renuncia a que se refiere el párrafo anterior, por lo que si se hubiera procedido a la reasignación de la vacante en favor de otra persona incluida en el proceso de asignación de plaza, la persona beneficiaria quedará de nuevo en situación de espera de plaza.
Con carácter previo al ingreso o en el mismo momento del ingreso, la dirección de la residencia informará a la persona usuaria o, en su caso, a su representante legal o voluntario/a, acerca del Reglamento de régimen interno y de las normas de convivencia del centro, y le facilitará, en el mismo acto, información sobre los derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales así como cualquier otra información relativa a la normativa autonómica y foral que resulte de aplicación así como a las instrucciones y directrices o cualquier clase de indicación dictada por los órganos competentes.
El ingreso en cualquier residencia de la red foral conllevará la aceptación de sus normas por parte de la persona usuaria.
Durante los tres primeros meses inmediatamente posteriores a su ingreso en la residencia, la persona usuaria completará un periodo de adaptación a las características y funcionamiento del centro, así como a los hábitos convivenciales mínimos que garanticen una correcta atención y bienestar para todas las personas usuarias.
Este periodo de adaptación deberá ser especialmente considerado dentro del plan de atención individualizado (PAI) elaborado por el centro para la persona usuaria de nuevo ingreso.
Si pese al apoyo técnico llevado a cabo a través del plan de atención individualizado, el personal del centro observa inadaptación de la persona usuaria al centro, la dirección del centro informará en este sentido a la persona usuaria y/o a su representante legal o voluntario, así como a la unidad administrativa competente del Departamento de Acción Social. Estudiado el expediente, la mencionada unidad administrativa elaborará la propuesta que considere más adecuada y, en su caso, en los supuestos en que lo más aconsejable sea el retorno a su medio social, se le informará de la posibilidad de obtener el apoyo de otros recursos sociales.
Las personas usuarias del servicio público foral tendrán derecho a reserva de plaza durante los periodos de ausencia de la residencia en las siguientes condiciones:
a) En el supuesto de ausencia voluntaria siempre que el periodo de ausencia no sea superior a treinta (30) días naturales por año.
b) En caso de ausencia obligada por internamiento en algún centro hospitalario el derecho a reserva de plaza se mantendrá mientras dure el internamiento.
Dicha reserva de plaza será abonada en su totalidad por la persona usuaria, sin que se produzca, por tanto, descuento alguno en el precio público a abonar.
Las personas usuarias del servicio residencial foral para personas dependientes tendrán derecho a recibir los servicios regulados en el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad y, en general, todos aquellos señalados en la Ley de 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales o normativa que lo modifique o sustituya.
1. Las obligaciones de las personas usuarias del servicio público foral de residencias para personas dependientes son las contenidas en el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad y, en general, todos aquellos señalados en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
2. Asimismo y con carácter específico, las personas solicitantes del alta en el servicio residencial y las personas usuarias del mismo estarán obligadas a:
a) Facilitar correctamente todos los datos necesarios para la concesión y correcta prestación del servicio residencial, así como a responsabilizarse acerca de la veracidad de los mismos.
b) Comunicar al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia cualquier variación en sus circunstancias personales, del núcleo convivencial y económico-patrimoniales que pudieran afectar a las condiciones de prestación del servicio y al cálculo del precio público.
c) No donar sus bienes patrimoniales ni renunciar a derechos de índole económica o patrimonial que pudieran corresponderle.
d) No realizar aceptación de herencia o cualquier otro negocio jurídico similar que produzca como efecto principal la reducción del precio público a satisfacer. En las liquidaciones que se realicen como resultado de lo dispuesto en este apartado se exigirá el precio público aplicando la norma que hubiera correspondido a los actos o negocios usuales o propios o eliminando las ventajas obtenidas.
e) Autorizar al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia para realizar todas las consultas que fueran necesarias en los ficheros del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas y en los correspondientes a las otras agencias tributarias, así como en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y otras entidades pagadoras de pensiones y otros ingresos. Esta autorización, deberá realizarse, asimismo, por cada una de las personas que conforman la unidad de convivencia a los efectos previstos en la normativa reguladora del precio público a abonar por la prestación del servicio.
f) Autorizar al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia para realizar todas las consultas que fueran necesarias en los registros civiles, de la propiedad, mercantiles y resto de registros al objeto de comprobar la situación personal y/o económico-patrimonial de la persona solicitante y el cumplimiento de los requisitos de acceso y obligaciones de la misma, así como para la fijación de la contraprestación económica por la prestación del servicio. Esta autorización, deberá realizarse, asimismo, por cada una de las personas que conforman la unidad de convivencia a los efectos previstos en la normativa reguladora del precio público a abonar por la prestación del servicio.
g) Autorizar al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia para realizar todas las consultas necesarias en la Oficina del Padrón Municipal del Ayuntamiento de residencia, y obtener cuantos datos e informes fueran necesarios en relación a la residencia y domicilio habitual con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso al servicio residencial para personas dependientes. Esta autorización, deberá realizarse, asimismo, por cada una de las personas que conforman la unidad de convivencia a los efectos previstos en la normativa reguladora del precio público a abonar por la prestación del servicio.
h) Autorizar al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia para solicitar datos y realizar consultas a entidades financieras y de ahorro sobre cualquier bien o derecho que pudieran tener depositado en ella. Esta autorización, deberá realizarse, asimismo, por cada una de las personas que conforman la unidad de convivencia a los efectos previstos en la normativa reguladora del precio público a abonar por la prestación del servicio.
i) Autorizar al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia para realizar todas las consultas, así como para solicitar y facilitar datos e informes, al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y a otras instituciones, entidades o unidades sanitarias y de intervención social, que fueran necesarias con relación a la situación sanitaria y social de la persona solicitante o usuaria del servicio residencial, con la finalidad de prestar dicho servicio con garantía de acierto técnico-asistencial.
j) Autorizar al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia para ceder, en los términos previstos en la legislación de protección de datos de carácter personal, a la/s farmacia/s encargadas de suministrar al centro residencial los medicamentos el número de cuenta corriente para el pago de los mismos en los términos previstos en el Real Decreto Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril.
k) Autorizar al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia para ceder, en los términos previstos en la legislación de protección de datos de carácter personal, a los centros que presten el servicio público foral de residencias para personas dependientes y a las entidades contratadas para la realización de valoraciones y actuaciones de seguimiento, los datos de tipo social, económico y sanitario que sean necesarios a fin de garantizar la prestación del servicio residencial en condiciones de garantía técnico-asistencial y garantizar el mantenimiento de las condiciones de prestación del servicio de acuerdo con los requisitos de acceso y las obligaciones asumidas por la persona usuaria.
l) Autorizar al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia para que los datos de carácter personal que se integren en ficheros informatizados puedan ser utilizados con fines de producción de estadísticas e investigación científica y para las funciones propias del Departamento de Acción Social en los términos previstos por la legislación de protección de datos de carácter personal.
m) Autorizar a los centros que presten el servicio público foral de residencias a ceder al Servicio de Inspección y control del Departamento de Acción Social los datos de tipo social, económico y sanitario que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones de inspección y evaluación de las entidades, servicios y centros de servicios sociales que éste tiene atribuidos.
Las personas usuarias del servicio público foral de residencias para personas dependientes en estancia permanente estarán obligadas al pago del precio público correspondiente en las condiciones recogidas en la normativa foral específica que lo regule.
El incumplimiento de esta obligación dará derecho a la extinción del derecho como persona beneficiaria de plaza en la red foral residencial para personas dependientes en estancia permanente.
TRASLADOS DE RESIDENCIA DENTRO DE LA RED FORAL
Podrá solicitar el traslado dentro de la red foral cualquier persona ingresada en una plaza pública en un centro de la red foral de residencias.
Los traslados podrán realizarse:
1. De oficio, previa solicitud motivada de la dirección del centro o previa propuesta de la Comisión Técnica de Centros, por motivos técnicos.
2. A instancia de la propia persona beneficiaria o, en su caso, a instancia de su representante legal o representante voluntario/a.
Los traslados a instancia de la persona usuaria no podrán autorizarse antes de que trascurra el plazo de tres (3) meses desde el ingreso en la red foral residencial para personas dependientes, salvo por razones excepcionales debidamente justificadas y apreciadas por la Comisión Técnica de Centros.
No obstante lo anterior si la persona solicitante ingresó en plazas reservadas para personas con patología psiquiátrica, este plazo podrá ampliarse a 9 meses.
Cuando se haya realizado un traslado de residencia a instancia de la persona usuaria, no se autorizará un nuevo traslado hasta pasado un (1) año desde el ingreso, salvo por razones excepcionales debidamente justificadas y apreciadas por la Comisión Técnica de Centros.
Se podrá denegar el traslado de personas usuarias que no cumplan con las obligaciones recogidas en el presente Decreto o cuando razones técnicas debidamente justificadas no hagan recomendable dicho traslado.
Las solicitudes de traslado deberán presentarse por escrito por la persona solicitante o su representante legal o voluntario/a en el Registro de entrada de documentos del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, sito en Camino Ugasko, 3-2.ª planta, de Bilbao (48014). No obstante, las solicitudes también podrán cursarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando el traslado sea de oficio, deberá notificarse esta circunstancia y las razones del mismo a la persona usuaria o, en su caso, a su representante legal o voluntario/a, concediendo un plazo de diez (10) días hábiles para la presentación de alegaciones, salvo que razones excepcionales apreciadas por la Comisión Técnica de Centros, aconsejen proponer a la unidad competente el traslado de forma urgente, en cuyo caso, se procederá de manera inmediata a notificar esta circunstancia a la persona usuaria o a su representante legal o representante voluntario/a.
Cuando el traslado sea a instancia de parte, se comprobará que la persona usuaria reúne las condiciones recogidas en el presente Decreto para proceder a su traslado y se elevará una propuesta de aprobación o de denegación al/la diputado/a foral de Acción Social.
Instruido el procedimiento, el/la diputado/a foral de Acción Social dictará la Orden Foral resolutoria concediendo o denegando el traslado.
En los supuestos de solicitud de traslado a un centro concreto de la red foral de residencias, realizada a instancia de la persona usuaria, podrá autorizarse el traslado aunque no hubiera plaza disponible en el mismo en el momento de la autorización, quedando la misma a la espera de que se produzca una vacante, de acuerdo con los criterios de prioridad establecidos en el artículo 19 del presente Decreto Foral, y de las características de la vacante y el perfil de la persona usuaria.
EXTINCIÓN DEL DERECHO Y BAJA EN EL SERVICIO PÚBLICO FORAL DE RESIDENCIAS
El derecho de la persona beneficiaria a una plaza residencial podrá extinguirse y producirse su baja en el servicio por:
b) Renuncia expresa o tácita.
En cualquier caso, se entenderá por renuncia el hecho de que la persona usuaria abandone el centro y manifieste de forma inequívoca su intención de no retornar.
c) Concurrir alguna de las siguientes causas:
- Que requiera de asistencia sanitaria con medios especializados o un elevado nivel de cuidados, fuera del alcance y posibilidades de las dotaciones propias de esta clase de servicio social residencial.
- Que padezca enfermedades infecto-contagiosas, excepto en aquellos casos en que en función de su vía de transmisión se considere susceptible de poder ser atendida en un centro residencial.
- Que padezca enfermedades invalidantes pero no crónicas, que sean susceptibles, mediante la aplicación de las oportunas medidas terapéuticas, quirúrgicas o de rehabilitación, de una mejoría que le permita en un futuro el desarrollo de una vida autónoma (dependencias funcionales).
- Que pueda sufrir efectos antiterapéuticos causados por el medio ambiente residencial, relaciones con otras personas u otras situaciones.
- Que padezca trastornos graves de conducta y/o comportamientos que puedan distorsionar gravemente el funcionamiento del centro o la normal convivencia en el mismo, no controlables con los medios propios de este tipo de centro residencial para personas dependientes.
No obstante, en el supuesto de producirse una causa de extinción sobrevenida a la situación de alta en el servicio, la baja podrá calificarse como temporal o definitiva en función del pronóstico de la misma. Esta baja temporal no podrá ser superior a un año. Pasado este periodo de tiempo sin que se hubiera producido el reingreso en el servicio se producirá la extinción del derecho y la baja será definitiva.
d) En el supuesto de ingreso por el procedimiento de urgencia, el incumplimiento de alguno de los requisitos de acceso previstos en el artículo 5 del presente Decreto Foral.
e) Incumplimiento de las obligaciones de la persona usuaria contenidas en los artículos 26 y 27 del presente Decreto Foral.
f) La ausencia voluntaria del centro por un periodo superior a treinta (30) días sin causa justificada, debidamente acreditada y apreciada por la Comisión Técnica de Centros.
En el supuesto de la letra a) la noticia del fallecimiento determinará el cierre y archivo inmediato del expediente.
En el supuesto contenido en la letra b) se aceptará la renuncia por Orden Foral que declarará extinguido el derecho, la situación de baja a partir de una fecha determinada y el cierre y archivo del expediente.
En el caso de los supuestos previstos en las letras c) d), e) y f) podrá iniciarse de oficio el procedimiento administrativo para la baja recogido en el artículo siguiente.
En los supuestos recogidos en los párrafos c), d), e) y f) del artículo precedente, podrá iniciarse de oficio por la unidad administrativa competente, el procedimiento administrativo para declarar la extinción del derecho a plaza reconocido a la persona usuaria y su baja en el servicio público foral de residencias.
Iniciado el procedimiento y con base en los informes que pongan de manifiesto el incumplimiento de las obligaciones o la posible causa o causas de extinción del derecho y baja, se notificará a la persona usuaria o, en su caso, a su representante legal, dichos incumplimientos o causas, concediéndole un plazo de diez (10) días hábiles para la formulación de alegaciones.
Transcurrido el plazo anterior, el/la diputado/a foral de Acción Social dictará Orden Foral resolutoria declarando la extinción del derecho de la persona usuaria a seguir disfrutando de una plaza residencial y su baja en el servicio público foral de residencias o, en su caso, confirmando su derecho a la plaza y su situación de alta en el servicio.
Se faculta a la diputada foral de Acción Social para dictar cuantas disposiciones resulten procedentes en orden al desarrollo, ejecución, interpretación y aplicación de lo previsto en el presente Decreto Foral.
A las personas beneficiarias de ayudas económicas concedidas por la Diputación Foral de Bizkaia al amparo del Decreto Foral 63/2001, de 3 de abril, regulador del sistema de acceso a residencias públicas forales o concertadas y a la concesión de ayudas económicas individuales para el ingreso de personas mayores en servicios sociales residenciales ajenos, que no se integren o no puedan integrarse en el servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes, les será de aplicación lo dispuesto en el citado Decreto Foral 63/2001, de 3 de abril, que mantendrá su vigencia exclusivamente para estas personas, en tanto perduren las circunstancias que motivaron la concesión de las ayudas económicas de las que son beneficiarias.
Las solicitudes para ingreso en residencia presentadas al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 29/2009, de 24 de febrero, por el que se regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente, que no hayan sido resueltas en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Foral, se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto Foral salvo en lo relativo al plazo de dos años dispuesto en el artículo 8, en cuyo caso será de aplicación el plazo de un año previsto en el artículo 11 del Decreto Foral 29/2009.
La diputada foral de Acción Social dictará, en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de vigencia del presente Decreto Foral, la Orden Foral reguladora de la Comisión Técnica de Centros prevista en el artículo 4 del presente Decreto Foral.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto Foral y de modo expreso el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 29/2009, de 24 de febrero, por el que se regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente.
Queda derogado, asimismo, el Decreto Foral 211/2005, de 20 de diciembre de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se reestructura y regula la Comisión Técnica de Valoración de Personas Mayores.
No obstante lo anterior este Decreto seguirá en vigor hasta la aprobación de la Orden Foral a la que hace referencia la Disposición Transitoria Segunda de este Decreto.
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día 1 de marzo de 2014.