Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-3422-de-julio-28-de-2008-resolucion-3422?documento=legcol&contexto=legcol_759920424be6f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-23 07:18:36
Document Index: 143167268

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 6', 'artículo 6', 'artículo 1860', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 333', 'artículo 334', 'artículo 47', 'artículo 68', 'artículo 1860', 'artículo 1868', 'artículo 1860']

﻿ RESOLUCIÓN 3422 DE JULIO 28 DE 2008
RESOLUCIÓN 3422 DE 28 DE JULIO DE 2008
CONTENIDO:AEROLÍNEAS DE TRANSPORTE AÉREO. SE DESARROLLA UN MECANISMO PARA EL RECAUDO DEL CARGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO REGULADO DE PASAJEROS REGULADO EN LA RESOLUCIÓN 2941 DE 2008.
TEMAS ESPECÍFICOS:AERONÁUTICA CIVIL, TRANSPORTE AÉREO, SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRANSPORTE AÉREO PÚBLICO, COMBUSTIBLE
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 904 DE 2012 ARTÍCULO 6° UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
RESOLUCIÓN 3422 DE 2008
“Por la cual se dictan normas relacionados con el recaudo del cargo por concepto de combustible”.
(Nota: Derogada a partir del 1 de abril de 2012por la Resolución 904 de 2012 artículo 6° Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil)
en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 1860 del Código de Comercio y en el artículo 3º, numerales 7º, 8º, 10, del artículo 5º y los numerales 3º y 4º del artículo 9º del Decreto 260 de 2004, y
1. Que el artículo 333 de la Constitución Política consagra que la actividad económica e iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. De manera concomitante, consagra la libre competencia como un derecho de todos que supone responsabilidades y se establece que el Estado intervendrá con el fin de impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica y que personas o empresas abusen de su posición dominante en el mercado.
2. Que de conformidad con el artículo 334 de la Constitución Política, la dirección general de la economía está a cargo del Estado, el cual debe intervenir por mandato de la ley, entre otras actividades, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios del desarrollo.
3. Que en aplicación de los preceptos constitucionales antes señalados, la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, consagró claramente la intervención del Estado en el sector, e indicó que a este le corresponde la planeación, el control, la regulación y vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas; agregando en su artículo 47 que las funciones relativas al transporte aéreo, serán ejercidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil como entidad especializada adscrita al Ministerio de Transporte.
4. Que la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte, estableció en su artículo 68 que el modo de transporte aéreo, además de ser un servicio público esencial, continuará rigiéndose exclusivamente por las normas del Código de Comercio (Libro V, Cap. Preliminar y Segunda Parte), por los reglamentos aeronáuticos de Colombia que dicte la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, y por los tratados, acuerdos, convenios y prácticas internacionales debidamente adoptados o aplicados por Colombia.
5. Que el artículo 1860 del Código de Comercio preceptúa que la autoridad aeronáutica reglamentará y clasificará los servicios aéreos “... con la finalidad de lograr la prestación de servicios aéreos seguros, eficientes y económicos, que al mismo tiempo garanticen la estabilidad de los explotadores y de la industria aérea en general”.
6. Que el artículo 1868 del Código de Comercio señala que la facultad de inspección que ejerce la autoridad aeronáutica con el fin de garantizar la estabilidad de la industria aérea y los intereses del público, se extiende a los agentes de viaje, intermediarios u operadores de viajes colectivos, que usualmente explotan la industria del turismo en colaboración con las empresas que prestan servicios aéreos.
7. Que el Decreto 260 de 2004, en sus artículos 3º, 5º y 9º, establece claramente la facultad de la autoridad aeronáutica para regular los temas relacionados con la industria del transporte aéreo.
8. Que el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de septiembre 6 de 2001, ha reconocido la potestad de la autoridad aeronáutica para que regule el mercado de intermediación del transporte aéreo, indicado que: “… esos intermediarios recaudan y administran los valores de los pasajes aéreos, actividad que también requiere de vigilancia estatal”. Así mismo ha reiterado la legalidad de tales medidas, como quiera que se han expedido para garantizar: “… el equilibrio del sector aeronáutico y la estabilidad del sector aeronáutico, dentro de la cual están involucrados las líneas aéreas, los usuarios y los intermediarios, tal y como lo reconoce el artículo 1860 del Código de Comercio”.
9. Que adicionalmente a lo anterior, el cargo por concepto de combustible creado mediante Resolución 839 de 2003, la cual ha sido objeto de varias modificaciones, siendo la más reciente la efectuada con Resolución 2941 de junio 27 de 2008, se hizo con el ánimo exclusivo de apoyar a la industria aérea frente al súbito y desproporcionado incremento de los combustibles de aviación, lo cual es un hecho notorio que afecta de manera dramática la eficiencia y sostenibilidad financiera de las compañías de transporte aéreo en el país, afectando adversamente sus condiciones de competitividad, por la incidencia del precio de los combustibles en la estructura de costos de la operación del transporte aéreo, el cual constituye un servicio público esencial (Estatuto General de Transporte, art. 68).
10. Que dado que gran parte de las ventas de los tiquetes aéreos se lleva a cabo a través de las agencias de viajes e intermediarios como canales de distribución que son de las empresas de transporte aéreo, corresponde a dichos intermediarios realizar el recaudo del cargo por concepto de combustible, lo que implica que ellos deban asumir unos costos adicionales derivados de la administración de esos recursos, tales como constitución de garantías, cargas impositivas y costos de administración, entre otros.
11. Que en consecuencia de lo anterior, es necesario desarrollar un mecanismo encaminado a que los agentes de viajes e intermediarios compensen los costos adicionales en que deben incurrir cuando recaudan y administran el cargo por concepto de combustible a favor de las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público regular.
12. Que lo anterior permitirá preservar la estabilidad de estos canales de distribución, así como el cargo por concepto de combustible contribuye a preservar la estabilidad de los transportadores aéreos, todo lo cual vendría a garantizar la estabilidad de la industria.
13. Que en mérito de lo expuesto,
ART. 1º—Las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público regular de pasajeros, deberán pagar a las agencias de viajes e intermediarios un valor mínimo obligatorio correspondiente a los costos en que incurran con ocasión del recaudo del cargo por concepto de combustible, así:
a) A partir del 1º de agosto de 2008, una suma no inferior al dos por ciento (2%) del valor recaudado del cargo por concepto de combustible regulado en la Resolución 2941 de 27 de junio de 2008.
b) A partir del 1º de julio de 2009, una suma no inferior al uno por ciento (1%) del valor recaudado del cargo por concepto de combustible regulado en la Resolución 2941 de 27 de junio de 2008.
PAR.—Este valor mínimo obligatorio, estará vigente hasta cuando exista el cargo por concepto de combustible a favor de las empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público regular de pasajeros.
ART. 2º—El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución constituye una infracción a las normas aeronáuticas, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones a que haya lugar con ocasión de posibles violaciones al régimen de competencia.