Source: https://www.slideshare.net/carmeloperezsoto/mdulo-2-completo
Timestamp: 2017-02-24 15:54:44
Document Index: 251514020

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo104', 'artículo 12', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 11', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 14', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 10', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 3', 'Artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 15', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 22', 'Artículo 27', 'artículo 23', 'Artículo 28', 'artículo 24', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 30', 'artículo 107', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 149', 'artículo 104']

CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DESEGURIDAD PRIVADA MÓDULO SEGUNDO: DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y PROTECCIÓNDE DATOS. (Material didáctico) Dra. Josefina García García-Cervigón Profesora Asociada (Departamento de Derecho Penal y Criminología; UniversidadNacional de Educación a Distancia-Madrid); Académica Correspondiente de la Real Academiade Jurisprudencia y Legislación de Madrid.1 2.
PRESENTACIÓN Este módulo pretende ofrecer un conocimiento básico sobre deontologíaprofesional en el ámbito de la seguridad privada y la protección de datosaplicada también al ámbito de la seguridad privada. El módulo se completa con una Webgrafía donde se citan algunas páginasque dan acceso a los textos legislativos que guardan relación con este módulo.Además en la plataforma Alf del curso se han colgado textos legislativos yartículos doctrinales sobre la materia que servirán de documentación básicapara el estudiante junto con esta breve guía didáctica. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Una vez finalizado el estudio de este módulo, los estudiantes: - Conocerán detalladamente la legislación y conceptos generales sobredeontología profesional y protección de datos aplicada a la seguridad privada. - Obtendrán las orientaciones necesarias para profundizar en aquellosaspectos generales de la seguridad que más le interesen, según el casoparticular. ORIENTACIONES DE ESTUDIO El material didáctico del Módulo II tiene un contenido normativo y doctrinal.Para ello el alumno ha de estudiar la documentación indicada específicamenteen cada epígrafe de este material Didáctico. Además se citan los artículos delas leyes y demás normativa como orientación para el alumno a la hora delocalizar la materia objeto de estudio. Es importante leer las Exposiciones deMotivos de los textos normativos que a continuación se mencionan yestudiar el contenido de los siguientes artículos:2 3.
A.- Deontología Profesional: Se ha de estudiar el contenido normativo de Ley de SeguridadPrivada de 30-7-1992 (SOLAMENTE arts. 1, 21, 23, 24 y 25). Leer el Capítulo II del Reglamento de Seguridad Privada de 9-11-1994(arts. 66 a 110) . Se ha de estudiar SOLAMENTE el contenido de los arts.67, 95 a 99, inclusive, y arts. 151 a 153, inclusive, del Reglamento deSeguridad Privada. Se ha de estudiar el contenido normativo de la Orden INT/318/2011,de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada (SOLAMENTE arts.31 a 35, inclusive) Además es necesario estudiar el material doctrinal colgado enDocumentos en la Plataforma Alf que se indica en los epígrafes 1.1. y 1.2.relativos a la deontología profesional y deontología profesional de la seguridadprivada. B.- Protección de Datos de Carácter Personal: Se ha de leer todo el texto de: - Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española deProtección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines devigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. - Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección deDatos, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlarel acceso a los edificios. − Instrucción 2/1996, de1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos,sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceoa los casinos y salas de bingo.3 4.
Se ha de leer la Exposición de Motivos de: − Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. Se ha de estudiar el contenido de los siguientes artículos: − Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: artículos 1 a 12 inclusive, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 33 a 35 inclusive, 37, 39, 41 y 42. Además es necesario estudiar los epígrafes desarrollados en este materialdidáctico correspondientes a protección de datos. El módulo se completa con ejercicios de autoevaluación que ayudarán alestudiante a fijar conceptos. Son preguntas cuya realización sirve de ayuda alestudiante en el estudio del módulo. No se evaluarán para superar el MóduloII (no hay calificación de estas preguntas) NO HAY QUE ENVIAR LASPREGUNTAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ALF. CONTENIDOS I.- DEONTOLOGÍA PROFESIONAL.1.1. Concepto de deontología profesional.1.2.- Deontología del personal de seguridad privada.1.3. Normativa aplicada a la deontología profesional en el ámbito de laseguridad privada. II.- PROTECCIÓN DE DATOS APLICADA A LA SEGURIDAD PRIVADA4 5.
2.1. Protección de datos2.1.1. Protección de datos sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a edificios públicos, a casinos y a salas de bingo2.1.2. Utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos2.1.3. Protección de datos de carácter personal2.1.3. Tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de cámaras o videocámaras III.- ANEXOS3.1. Bibliografía Básica.3.2. Glosario3.3. Ejercicios de autoevaluación. I.- DEONTOLOGÍA PROFESIONAL. 1.1. Concepto de deontología profesional. El desarrollo de este epígrafe se encuentra colgado en Documentos en laPlataforma ALf en el archivo correspondiente a deontología profesional.Estudiar esta documentación. 1.2. Deontología del personal de seguridad privada. Este epígrafe está colgado en la Plataforma Alf en Documentos en elarchivo de deontología de seguridad privada. Estudiar esta documentación. 1.3. Normativa aplicada a la deontología profesional en el ámbito dela seguridad privada.5 6.
Este epígrafe ha de estudiarse a través de la normativa relativa a laseguridad privada colgada en Legislación en la Plataforma Alf (cuyos linkstambién se incluyen en la bibliografía básica de esta guía) siguiendo lasdirectrices indicadas en “Orientaciones de estudio”. La bibliografía y legislaciónrecoge normativa de interés para la seguridad y que puede tener relación conla deontología profesional pero sólo ha de leerse y estudiarse la normativaindicada en el epígrafe “Orientaciones de Estudio” que se encuentra al principiode esta Guía según los criterios allí establecidos. El estudio de estos artículos se justifica porque el incumplimiento de losdeberes y funciones establecidos por la legislación para el personal deseguridad, en general, y los directores, en particular, supone vulnerar losprincipios básicos de la ética y la deontología profesional que ha de regir estaprofesión al igual que otras muchas. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define deontología como“ciencia o tratado de los deberes”. Y la ética en dos de sus acepciones sedefine como “parte de la filosofía que trata la moral y las obligaciones delhombre” y “conjunto de normas morales que rigen la conducta humana”. Siguiendo estas definiciones y relacionándolo con la normativa sobreseguridad privada se ha de concluir que las normas que guardan relación conla deontología profesional del personal de seguridad privada son aquellasnormas relativas a los deberes y obligaciones que la legislación establece decumplimiento obligado para este personal pues su incumplimiento supondráincurrir en falta muy grave, grave o leve con la correspondiente sanciónestablecida en esas normas. Indudablemente el incumplimiento implica una falta de ética por parte dela persona que lo realiza al no seguir esas pautas mínimas de conductaestablecidas para el ejercicio de su profesión. Al no existir un Código Deontológico propio del personal de seguridadprivada, se deduce que el incumplimiento de los deberes, obligaciones yfunciones establecidos en la norma supone la carencia de esa deontología6 7.
mínima que se exige a cualquier profesional del sector. Por ello, las causas enlas que se incurre en sanción muy grave, grave o leve supone la vulneración deese código deontológico que ha de regir la profesión del personal de seguridad,en general, y de los Directores, en particular. Los principios, deberes, obligaciones y sanciones se regulan en: - Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada: art. 1 (principios),artículos 23 a 25 (infracciones). - Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba elReglamento de Seguridad Privada en el Título II “Personal de seguridad”,Capítulo II “Funciones, deberes y responsabilidades”: arts. 66 a 110 (se destacael art. 67 sobre los principios de actuación); si bien, al ser éste un Curso enDirección de Seguridad Privada, del Capítulo II son muy importantes losartículos relativos a Jefes de Seguridad (arts. 95 a 99 sobre las funciones).También es muy importante el Título V “Régimen sancionador”, Capítulo I,Sección 2ª “Personal de seguridad privada”, arts. 151 a 153 (infracciones). - Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridadprivada: Título III “Ejercicio de las funciones del personal de seguridad privada”,Capítulo I “principios de actuación”, art. 31 y Capítulo II “Colaboración con laseguridad pública”, arts. 32 a 35 inclusive. II.- PROTECCIÓN DE DATOS APLICADA AL ÁMBITO DE LASEGURIDAD PRIVADA. 2.1. Protección de datos La protección de datos tiene una gran relevancia en el mundo actual. Dehecho, se ha creado una amplia pero específica normativa sobre esta materia. No cabe duda que el personal de seguridad y, más concretamente, elDirector de Seguridad tiene acceso a unos datos sensibles en el ejercicio desus funciones. De ahí la necesidad de analizar la normativa española sobreprotección de datos en sus diferentes .ámbitos.7 8.
2.1.1. Protección de datos sobre ficheros automatizados establecidoscon la finalidad de controlar el acceso a edificios públicos, a casinos y asalas de bingo. A.- Control de acceso a edificios: La Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección deDatos, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlarel acceso a los edificios, es la normativa a seguir en el ámbito de la protecciónde datos en el control de acceso a edificios públicos. La Instrucción consta de seis normas y una final para regular la materia:los datos de carácter personal tratados de forma automatizada recabados porlos servicios de seguridad con el fin de controlar el acceso a edificios públicos yprivados, así como establecimientos, espectáculos, certámenes yconvenciones. En este sentido se considera dato personal cualquier información queconcierna a personas físicas identificadas o identificables, incluyendo en esainformación el sonido y la imagen. El responsable del fichero es la personafísica o jurídica por cuya cuenta se realice el servicio de seguridad o prestetales servicios asumiendo la obligación de la inscripción del fichero en elRegistro General de Protección de Datos y la adopción de medidas técnicaspara la seguridad de los datos. Los datos recogidos son exclusivamente para el control de acceso aledificio y no podrán ser utilizados para otros fines ni cedidos salvo, en esteúltimo caso, si hay consentimiento del afectado. Los datos podrán serdestruidos al mes de ser recabados. B.- Control de acceso a casinos y salas de bingo: La Instrucción 2/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección deDatos, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlarel acceso a los casinos y salas de bingo, es la normativa a seguir en el ámbitode la protección de datos en el control de acceso por las sociedadesexplotadoras de casinos de juego o por cualquier empresa titular de una sala8 9.
de bingo. La Instrucción consta de seis normas y una final para regular la materia:los datos de carácter personal tratados de forma automatizada recabados porlos servicios de seguridad con el fin de controlar el acceso a casinos de juego osalsa de bingo. En este sentido se considera dato personal cualquier información queconcierna a personas físicas identificadas o identificables, incluyendo en esainformación el sonido y la imagen. El responsable del fichero es la sociedadexplotadora del casino de juego o la empresa titular de la sala de bingo quedeberá inscribir el fichero en el Registro General de Protección de Datos yadoptar las medidas técnicas para la seguridad de los datos. No pueden recogerse más datos personales que los estrictamentenecesarios para el control de acceso quedando limitados a los que aparecen enel documento de identificación exigido en la entrada. No podrán utilizarse parafines diferentes y pueden ser destruidos en el plazo de seis meses desde elúltimo acceso. 2.1.2. Utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos deSeguridad en lugares públicos. La utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridaden lugares públicos se regula a través de: La L.O. 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización devideocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Real Decreto596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo yejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula lautilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad enlugares públicos. La prevención de actos delictivos, la protección de las personas y laconservación y custodia de bienes que se encuentren en peligro lleva a lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad a emplear medios técnicos, sobre todocuando las actuaciones perseguidas suceden en espacios abiertos al público.9 10.
Con estos medios, concretamente con el uso de sistemas de grabación deimágenes y sonidos y su posterior tratamiento, se incrementa el nivel deprotección de los bienes y libertades de las personas. De ahí que se proceda a regular su uso para introducir las garantíasnecesarias en el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales para noser perturbados por un exceso de celo en la defensa de la seguridad pública. Se prevé la instalación fija de videocámaras y el uso de videocámarasmóviles con autorización del órgano designado al efecto (Delegado delGobierno) salvo en caso de urgencia o en las que sea imposible obtener atiempo la autorización, en cuyo caso se comunicará su uso a la autoridadpolicial y a la Comisión cuya presidencia corresponde al Presidente del TribunalSuperior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente. La resolución que acuerde la autorización será motivada y referida al lugarpúblico concreto objeto de observación por las videocámaras conteniendo laslimitaciones y las condiciones de uso necesarias. La autorización de videocámaras seguirá los criterios de asegurar laprotección de los edificios e instalaciones públicas y sus accesos, salvaguardarlas instalaciones útiles para la defensa nacional, constatar infracciones a laseguridad ciudadana y prevenir la causación de daños a las personas y bienes. Los principios de utilización de videocámaras se rigen por el principio deproporcionalidad en sus aspectos de idoneidad e intervención mínima (art. 6 dela Ley). 2.1.3. Protección de datos de carácter personal. En el ámbito de la protección de datos es importante el tema de laprotección de datos de carácter personal. Por dato de carácter personal se entiende cualquier informaciónconcerniente a personas físicas identificadas o identificables. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos deCarácter Personal garantiza y protege, en lo relativo a datos personales, laslibertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y10 11.
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. La ley se aplica a losdatos de carácter personal registrados en soporte físico que los hagasusceptibles de tratamiento (la definición de tratamiento se recoge en el art. 3de la L.O. 15/1999) y a toda modalidad de uso posterior de los mismos porparte de los sectores público y privado. El ámbito de aplicación se regula en el art. 2 de la mencionada Ley. La protección de los datos se lleva a cabo siguiendo una serie deprincipios (arts. 4 a 12 de la Ley): calidad de datos, derecho de información enla recogida de datos, consentimiento del afectado, seguridad de los datos,deber de secreto, comunicación de datos, existencia de datos especialmenteprotegidos y datos relativos a la salud. En relación al curso también es destacable el tema de los ficheros creadospor las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art.2 de la Ley) pues estarán sujetosa esta normativa aquellos ficheros que contengan datos personales creadoscon fines administrativos, siendo objeto de registro permanente. Los datosrecogidos con fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas selimitan a supuestos necesarios para la prevención de un peligro real para laseguridad pública o la represión de infracciones penales. Los datosespecialmente protegidos se realizan en los casos exclusivamente necesariospara los fines de una investigación concreta. Los datos personales registradoscon fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para lasaveriguaciones que motivaron su almacenamiento. Se completa la Ley, entre otras materias, con la regulación de los ficherosde titularidad pública y privada, el movimiento internacional de datos, laAgencia de Protección de Datos y las infracciones y sanciones. 2.1.4. Tratamiento de datos personales con fines de vigilancia através de cámaras o videocámaras. - La Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española deProtección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines devigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras es la normativa11 12.
aplicable en relación a los datos personales con finalidad de vigilancia porcámaras o videocámaras. El incremento de las instalaciones de estos sistemas ha creado dudas enlo relativo a su tratamiento, de ahí esta normativa. Como establece la Exposición de Motivos de la mencionada Instrucción, laseguridad y la vigilancia no son elementos incompatibles con el derechofundamental a la protección de la imagen como dato personal por lo que se hade respetar la normativa sobre protección de datos. El hecho de que las imágenes a través de cámaras o videocámaras seaun método un tanto ‘agresivo’ para la intimidad hace necesario la aplicación demedios menos intrusivos para prevenir interferencias en los derechos ylibertades fundamentales; de ahí, que el uso de estos medios no debarealizarse inicialmente y haya de ser proporcional al fin perseguido. Se ha deconsiderar el juicio de proporcionalidad para saber si un medio resulta intrusivo.Y para ver este juicio se observa el cumplimiento de tres condiciones: si lamedida es susceptible de conseguir el fin propuesto, si es necesaria y si esequilibrada. La Instrucción de 2006 se aplica al tratamiento de datos personales deimágenes de persona físicas identificadas o identificables, con fines devigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras debiendo colocarlos responsables un distintivo en aquellas zonas video-vigiladas, siendocancelados los datos al mes de su captación. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la norma los datospersonales grabados con finalidad doméstica y el tratamiento de imágenescuando se utilizan para el ejercicio de sus funciones por parte de las Fuerzas yCuerpos de Seguridad. - El Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba elReglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 deagosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas yCuerpos de Seguridad en lugares públicos desarrolla la Ley Orgánica 4/1997antes mencionada. Además la Disposición Adicional única regula el régimenaplicable a las videocámaras para la vigilancia, control y disciplina del tráfico12 13.
que se realizará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997 antesmencionada. Aunque hay alguna variante relativa a la materia específica a laque se refiere: la resolución que ordene la instalación y uso de los dispositivosfijos de captación y reproducción han de identificar genéricamente las víaspúblicas o los tramos de aquéllas cuya imagen sea susceptible de ser captada,las medidas que garanticen la disponibilidad, confidencialidad e integridad delas grabaciones o registros obtenidos, el órgano encargado de la custodia yresolución de las solicitudes de acceso y cancelación. La vigencia de laresolución es indefinida mientras no cambien las circunstancias que lamotivaron. La utilización de las videocámaras contempladas en esta disposición porlas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para fines distintos de los previstos seregirán por la Ley Orgánica 4/1997. III.- ANEXO 4.1. Bibliografía básica. LEGISLACIÓN RELACIONADA CON DEONTOLOGÍA PROFESIONAL. 1.- L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad(versión actualizada) http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?c=3&item=1986/06859 2.- L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la SeguridadCiudadana (versión actualizada). http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?c=3&item=1992/0425213 14.
3.- L.O. 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (versiónactualizada). http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?c=3&item=1992/18489 4.- Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba elreglamento de Seguridad privada. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-608 5.- L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el CódigoPenal (versión actualizada). http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?c=4&item=1995/25444 6.- Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridadprivada. http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3172.pdf LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 7.- Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección deDatos, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlarel acceso a edificios. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1996-569714 15.
8.- Instrucción 2/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección deDatos, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlarel acceso a casinos y salas de bingo. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1996-5698 9.- L.O. 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización devideocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-17574 10.- RD 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento dedesarrollo y ejecución de la L.O. 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula lautilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad enlugares públicos. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-17574 11.- L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos deCarácter Personal (versión actualizada). http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?c=3&item=1999/23750 12.- Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española deProtección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines devigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-15 16.
21648 4.2 Glosario de términos. Ningún término ofrece dificultad de comprensión desde el punto de vistajurídico. 4.3. Ejercicios de autoevaluación. Conteste a las siguientes preguntas en un espacio máximo de diez líneas. Las preguntas NO computarán en la calificación final del Módulo II. NOHAY QUE ENVIAR LAS PREGUNTAS. a.- Concepto de deontología profesional. b.- La protección de datos de carácter personal.16 17.
LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA (BOE núm. 186, de 4 de agosto) , ensu redacción dada por el: • DECRETO-LEY 2/1999, DE 29 DE ENERO (BOE núm. 26, de 30 de enero). • LEY 14/2000, DE 29 DE DICIEMBRE (BOE núm. 313, de 30 de Diciembre). • REAL DECRETO-LEY 8/2007, DE 14 DE SEPTIEMBRE (BOE núm. 225, de 19 de septiembre). • LEY 25/2009 (BOE núm 308, de 23 de diciembre)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSUno.La seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por tanto, su garantíaconstituye una actividad esencial a la existencia misma del Estado moderno que, en tal condición,se ejerce en régimen de monopolio por el poder público. Sin embargo, progresivamente se ha idoextendiendo por todas las sociedades de nuestro entorno la realización de actividades deseguridad por otras instancias sociales o agentes privados, llegando a adquirir en las últimasdécadas un auge hasta ahora desconocido. De aquí que países como Bélgica, Francia, el ReinoUnido o Italia hayan aprobado recientemente leyes de nueva planta o modificado su anteriorlegislación para integrar funcionalmente la seguridad privada en el monopolio de la seguridad quecorresponde al Estado.En este marco se inscribe la presente Ley, en su consideración de los servicios privados deseguridad como servicios complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública.A partir de ahí se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas quecondicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. Lo que se busca conestas normas es articular las facultades que puedan tener los ciudadanos de crear o utilizar losservicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el serviciopúblico de la seguridad.El desarrollo de la seguridad privada que se ha producido en nuestro país, a partir de la primeraregulación de este tipo de prestaciones de servicios, en 1974, obliga a revisar el tratamiento legalpara permitir un control eficaz del elevado número de empresas del sector y de los actualesvigilantes jurados de seguridad, cuya existencia no puede ser cuestionada, toda vez que se tratade un medio de prevención del delito y contribuye, por tanto, al mantenimiento de la seguridadpública. Además debe tenerse en cuenta que la presencia de vigilantes en controles de acceso yseguridad interior no suele tener una trascendencia externa que perjudique el quehacer de losCuerpos de Seguridad, porque están llamados a actuar como elementos colaboradores en tareasque difícilmente podrían cubrir por sí solos.El análisis del sector y de sus circunstancias ponen de relieve que paralelamente a su crecimientohan aparecido numerosos problemas, tales como el intrusismo, la falta de normas dehomologación de productos, deficiente formación de los vigilantes, irregularidades en sufuncionamiento y comisión de numerosas infracciones, así como la ausencia sobrevenida derequisitos esenciales.La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad porempresas privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestanforman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad públicaatribuida al Estado por el artículo 149.1.29 de la Constitución, y en la misión que, según el artículo104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo ladependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar laseguridad ciudadana.Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de estar permanentementepresentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información 1 18.
trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismoindiscutible, siempre que tales actividades detectan el acaecimiento de hechos delictivos graves,perseguibles de oficio.La defensa de la seguridad no puede ser ocasión de agresiones, coacciones, desconocimiento dederechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una delas razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividadesde las empresas privadas de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad delEstado, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos losciudadanos y garantizar su seguridad.Ante un panorama como el descrito se hacía necesario realizar un esfuerzo clarificador que,estudiando todos los hechos que giran en torno a la seguridad privada, permitiese hacer unadiagnosis de su situación, a partir de la cual se buscasen las soluciones adecuadas para ordenarun sector que sigue en alza y que, además, pretende acceder a nuevas áreas de actividad dentrode la seguridad.Dos.La normativa vigente, integrada principalmente por disposiciones sobre empresas privadas yvigilantes de seguridad, es de inspiración preconstitucional, aunque algunas de sus formulacionesactuales obedezcan a reelaboraciones promulgadas con posterioridad a la publicación de laConstitución Española de 1978.Una de las críticas más abiertamente expresadas, y generalmente coincidentes, se refiere no tantoa la deficiencia de las normas como a su enorme dispersión y a su falta de estructura unitaria ysistemática, lo que produce, claro está, lagunas o desfases propios de una legislación queenvejece y que ha sido superada por la rápida evolución del sector.Ello ha dado lugar al surgimiento de actividades prohibidas, o no prohibidas estrictamente, perocarentes de cobertura legal suficiente, cuyo tratamiento jurídico con rango legal necesario esurgente.Tres.Aparte de los aspectos relativos a la formación profesional del personal de seguridad privada, seconsidera necesario incorporar al ordenamiento jurídico, a través de la Ley primero, yposteriormente por medio del correspondiente Reglamento, las previsiones demandadas por laevolución que se ha operado en el sector de la seguridad privada.1. El depósito y almacenamiento de fondos por las empresas de seguridad, no previsto en lasnormas vigentes, ha surgido como un hecho y una necesidad derivados, de forma natural yautomática, del transporte de fondos, determinante de la concentración de éstos en lasdependencias de las empresas de seguridad, lo que exige su previsión normativa y su regulación.Por su parte, el transporte aéreo de fondos, aunque no está excluido expresamente de lalegislación vigente, carece prácticamente de regulación específica en la actualidad y se consideranecesaria su previsión, principalmente cuando están implicados en las necesidades de fondosterritorios insulares o zonas de difícil acceso por razones geográficas.2. La prestación sin armas del servicio propio de los vigilantes de seguridad constituye unamodalidad que ha nacido a la vida al calor de los Convenios laborales del sector, a través de lafigura del denominado Guarda de Seguridad, revelándose al propio tiempo que en la mayoría delos casos resultaba innecesaria y desproporcionada la realización de tales actividades con armas,de donde sólo se autorizará el uso de las mismas cuando lo exijan las concretas circunstancias. 2 19.
3. La existencia en nuestro país de los servicios de protección personal es una realidad que nocabe desconocer. Estos servicios son prestados, en la mayoría de los casos, por vigilantes alservicio de algunas empresas de seguridad inscritas y, en otros casos, por personal propio de lasentidades a las que pertenece el protegido.La atribución a las empresas de seguridad de la posibilidad de realizar servicios de protecciónpersonal supondría la normalización y adecuación de este tipo de actividades a una normativaconcreta que vendría a llenar el vacío legal existente, ante una situación real pero no previstajurídicamente, debiéndose establecer fuertes mecanismos de control por parte de laAdministración, como respecto de los servicios en sí mismos y del personal encargado deprestarlos.4. El ámbito predominantemente rural en el que desenvuelven sus funciones los guardasparticulares del campo hace que, si bien no tienen sentido ni la especificidad de determinadasnormas ni lo anacrónico de algunos aspectos de su regulación, deben mantenerse ciertas notascaracterísticas de su régimen jurídico que requieren especialidades respecto del establecido paralos vigilantes de seguridad.En consecuencia, la regulación de los guardas particulares del campo, que ha sobrevivido casiciento cincuenta años y que contiene elementos que responden a necesidades históricas ygeográficas concretas, debe ser adaptada a las exigencias actuales en el ámbito de la Ley deSeguridad Privada, teniendo en cuenta su identidad sustancial.5. Respecto a la profesión de detective privado, de ya larga tradición en España y en general enlos países occidentales, se detectan múltiples problemas, entre los cuales los más importantes sonlos de insuficiencia de la normativa vigente, de determinación de controles o intervenciones de laAdministración y de sistemática legislativa, que plantea la alternativa de su incorporación a lasdisposiciones sobre seguridad privada o de mantenimiento de la autonomía del bloque normativo.La insuficiencia de rango normativo resulta evidente, si se tiene en cuenta que una Orden delMinisterio del Interior de 20 de enero de 1981 regula los requisitos y condiciones de ejercicio de laprofesión; el sistema de intervención o control de la Administración del Estado en la organización,puesta en marcha y funcionamiento de las agencias privadas de investigación; e inclusive elrégimen sancionador aplicable a los titulares de las agencias y al personal vinculado a las mismas,lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a declarar nulo el artículo 12 de dicha Orden en laSentencia 61/1990, de 29 de marzo.La posible incorporación de la regulación de los detectives a una Ley de Seguridad Privada ha sidoobjeto de estudios y deliberaciones. Como ya se ha indicado, su especificidad es evidente. Sinembargo, hay que tener en cuenta razones de urgencia en resolver los problemas normativos de laprofesión, de los que devienen otros, también graves, por derivación, como el del intrusismo. Pero,sobre todo, no hay nada que impida aprovechar la oportunidad de la tramitación de una Ley deSeguridad Privada, para intentar solucionar tales problemas, si se tiene en cuenta que también eneste sector se produce el hecho sustancial de que el ámbito de actuación es parcialmente comúncon el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, lo que permite y aconseja que sean, asimismo,idénticos los mecanismos de coordinación subordinada y de intervención de los servicios policiales.6. Por último, es, desde luego, urgente y necesaria la dotación del rango normativo suficiente aldesarrollo del régimen sancionador aplicable a la materia, que, en la legislación actualmentevigente y siguiendo mentalidades y pautas preconstitucionales, apenas tiene apoyo en normas conrango de Ley y se encuentra contenido, prácticamente en su totalidad, en Reales Decretos y enOrdenes ministeriales. Precisamente porque el régimen sancionador se considera la clave de arcopara garantizar el cumplimiento de las finalidades del ordenamiento global de la seguridad privada,resulta imprescindible incorporar dicho régimen a una disposición con rango adecuado, en la quese tipifiquen todas las infracciones posibles, se determinen las sanciones a imponer y se diseñe elprocedimiento sancionador, con especificación de las autoridades competentes para aplicar las 3 20.
distintas sanciones. Para que la Administración realice un control eficaz de cuantas actividadessean reguladas, resulta fundamental abordar, a la hora de elaborar una nueva disposición, la partesancionadora al objeto de garantizar adecuadamente la seguridad de personas y bienes.CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALESArtículo 1. (Real Decreto-Ley 8/2007)1. Esta Ley tiene por objeto regular la prestación por personas, físicas o jurídicas, privadas deservicios de vigilancia y seguridad de personas o de bienes, que tendrán la consideración deactividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.2. A los efectos de esta Ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada yprestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada,que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes deseguridad, los directores de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares del campo,los guardas de caza y los detectives privados.3. Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a laConstitución y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Elpersonal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad ydignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias yactuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los mediosdisponibles.4. Las empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar a lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración yde seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículosde cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados.Artículo 2.1. Corresponde el ejercicio de las competencias administrativas necesarias para el cumplimientode lo dispuesto en la presente Ley al Ministerio del Interior y a los Gobernadores Civiles.2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de las entidades, servicios o actuaciones ydel personal y medios en materia de seguridad privada, vigilancia e investigación.3. A los efectos indicados en el apartado anterior, habrá de facilitarse a los miembros del CuerpoNacional de Policía, que en cada caso sean competentes, la información contenida en los Libros-Registros prevenidos en los supuestos y en la forma que reglamentariamente se determinen.4. Asimismo, las empresas de seguridad y los detectives privados presentarán cada año un informesobre sus actividades al Ministerio del Interior, que dará cuenta a las Cortes Generales delfuncionamiento del sector. Dicho informe habrá de contener relación de los contratos de prestaciónde los servicios de seguridad celebrados con terceros, con indicación de la persona con quien secontrató y de la naturaleza del servicio contratado, incluyéndose igualmente los demás aspectosrelacionados con la seguridad pública, en el tiempo y en la forma que reglamentariamente sedeterminen.Artículo 3.1. Las empresas y el personal de seguridad privada no podrán intervenir, mientras estén ejerciendolas funciones que les son propias, en la celebración de reuniones y manifestaciones ni en el 4 21.
desarrollo de conflictos políticos o laborales, sin perjuicio de mantener la seguridad que tuvierenencomendada de las personas y de los bienes.2. Tampoco podrán ejercer ningún tipo de controles sobre opiniones políticas, sindicales oreligiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni crear o mantener bancos de datos con talobjeto.3. Tendrán prohibido comunicar a terceros cualquier información que conozcan en el ejercicio desus funciones sobre sus clientes, personas relacionadas con éstos, así como los bienes y efectosque custodien.Artículo 4.1. Para garantizar la seguridad, solamente se podrán utilizar las medidas reglamentadas y losmedios materiales y técnicos homologados, de manera que se garantice su eficacia y se evite queproduzcan daños o molestias a terceros.2. El Ministerio del Interior determinará las características y finalidades de dichos mediosmateriales y técnicos, que podrán ser modificadas o anuladas cuando varíen las condiciones ocircunstancias que determinaron su aprobación.CAPÍTULO II : EMPRESAS DE SEGURIDADArtículo 5.1. Con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias que ladesarrollen, las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguienteservicios y actividades: a) Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones. b) Protección de personas determinadas, previa la autorización correspondiente. c) Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras. d) Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior a través de los distintos medios, realizándolos, en su caso, mediante vehículos cuyas características serán determinadas por el Ministerio del Interior, de forma que no puedan confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional sexta. (Ley 25/2009) f) Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos. g) Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas en esta Ley.2. Las empresas de seguridad deberán garantizar la formación y actualización profesional de supersonal de seguridad. Podrán crear centros de formación y actualización para el personal deempresas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley. 5 22.
3. En ningún caso las empresas de seguridad podrán realizar las funciones de información einvestigación propias de los detectives privados.Artículo 6.1. Los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en todo casoconsignarse por escrito, con arreglo a modelo oficial, y comunicarse al Ministerio del Interior, conuna antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios.2. No obstante, la prestación del servicio de escoltas personales sólo podrá realizarse previaautorización expresa del Ministerio del Interior, que se concederá individualizada yexcepcionalmente en los casos en que concurran especiales circunstancias y condicionada a laforma de prestación del servicio.3. El Ministro del Interior prohibirá la prestación de los servicios de seguridad privada o la utilizaciónde determinados medios materiales o técnicos cuando pudieran causar daños o perjuicios aterceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.Artículo 7. (Real Decreto-Ley 8/2007)1. La prestación de servicios de seguridad privada a que se refiere el artículo 5 de esta Ley sellevará a cabo por empresas de seguridad, que podrán revestir la forma de persona física o depersona jurídica.2. Para la prestación de los servicios y actividades de seguridad privada contemplados en esta ley,las empresas de seguridad deberán obtener la oportuna autorización administrativa por elprocedimiento que se determine reglamentariamente, a cuyo efecto deberán reunir los siguientesrequisitos: a) Tener por objeto social exclusivo todos o alguno de los servicios o actividades contemplados en el artículo 5. b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. c) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos que se determinen reglamentariamente. En particular, cuando se presten servicios para los que se precise el uso de armas, habrán de adoptarse las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilización y funcionamiento, en la forma que se determine. d) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras en la cuantía y con las condiciones que se determinen reglamentariamente. e) Constituir la fianza que se determine reglamentariamente a disposición de las autoridades españolas para atender a las responsabilidades que se deriven del funcionamiento de la empresa por infracciones a la normativa de seguridad privada.3. A los efectos previstos en las letras d) y e) del apartado 2, se tendrán en cuenta los requisitos yaexigidos en el Estado miembro de origen en lo referente a la suscripción del contrato de seguro deresponsabilidad civil u otras garantías financieras, así como en lo relativo a la constitución defianzas.4. Las empresas de seguridad, tanto si son personas físicas como jurídicas, autorizadas para laprestación de servicios de seguridad privada con arreglo a la normativa de cualquiera de losEstados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 6 23.
Económico Europeo, habrán de inscribirse en el Registro de Empresas de Seguridad que se llevaen el Ministerio del Interior, a cuyo efecto deberán acreditar su condición de empresas deseguridad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, en la forma que sedetermine reglamentariamente.5. La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la cancelación de la inscripción, queserá acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia delinteresado.6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a las empresas de seguridad quetengan por objeto exclusivo la instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas deseguridad, así como el asesoramiento y planificación de actividades de seguridad, se las podráeximir del cumplimiento de alguno de los requisitos incluidos en este artículo, cuando así sedetermine reglamentariamente.Artículo 8.Los administradores y directores de las empresas de seguridad, que figurarán en el Registro a quese refiere el apartado 1 del artículo anterior, deberán:a) Ser personas físicas residentes en el territorio de alguno de los Estados miembros de la UniónEuropea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Real Decreto-Ley 2/1999).b) Carecer de antecedentes penales.c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muygrave, respectivamente, en materia de seguridad.d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos deSeguridad, ni haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones deseguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.Artículo 9. (Real Decreto-Ley 8/2007)1. Cuando las empresas de seguridad revistan la forma de persona jurídica, deberán reunir losrequisitos establecidos en la legislación mercantil.2. Las empresas a las que se refiere el apartado anterior estarán obligadas a comunicar alMinisterio del Interior todo cambio que se produzca en la titularidad de las acciones oparticipaciones y los que afectan a su capital social, dentro de los quince días siguientes a sumodificación.3. Asimismo, en igual plazo, deberán comunicar cualquier modificación de sus Estatutos y todavariación que sobrevenga en la composición personal de los órganos de administración y direcciónde las empresas.CAPÍTULO III : PERSONAL DE SEGURIDADSección 1ª. Disposiciones comunesArtículo 10. (Real Decreto-Ley 8/2007)1. Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el personal al que se refiere el artículo 1,apartado 2, de esta ley, habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio 7 24.
del Interior, con el carácter de autorización administrativa, en expediente que se instruirá ainstancia del propio interesado.2. Para la obtención de la habilitación indicada en el apartado anterior, los aspirantes habrán dereunir los siguientes requisitos: a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. b) Ser mayor de edad y no haber alcanzado, en su caso, la edad que se determine reglamentariamente. c) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones. d) Superar las pruebas oportunas que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones. e) Carecer de antecedentes penales. f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada. g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control en las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores. h) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, en los cinco años anteriores a la solicitud.3. Los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdosobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sidoobtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de las funciones de seguridad privadaen el mismo, podrán desempeñar actividades o prestar servicios de seguridad privada en España,siempre que, previa comprobación del Ministerio del Interior, se acredite que cumplen lossiguientes requisitos: a) Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo. b) Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada. c) Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada. d) Los previstos en las letras b, e, f, g y h, del apartado 2 de este artículo.4. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de lasactividades de seguridad privada en España de los nacionales de Estados miembros de la UniónEuropea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirsepor aplicación de las medidas compensatorias previstas en la normativa vigente sobrereconocimiento de cualificaciones profesionales. 8 25.
5. La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la cancelación de la habilitación, queserá acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia delinteresado.6. La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimientoa nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias.Sección 2ª. Vigilantes de seguridadArtículo 11.1. Los vigilantes de seguridad sólo podrán desempeñar las siguientes funciones: a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos. b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal. c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección. d) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos. e) Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos. f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.2. Para la función de protección del almacenamiento, manipulación y transporte de explosivos uotros objetos o sustancias que reglamentariamente de determinen, será preciso haber obtenidouna habilitación especial.Artículo 12.1. Tales funciones únicamente podrán ser desarrolladas por los vigilantes integrados en empresasde seguridad, vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, queserán aprobados por el Ministerio del Interior y que no podrán confundirse con los de las FuerzasArmadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.2. Los vigilantes, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se dedicaránexclusivamente a la función de seguridad propia de su cargo, no pudiendo simultanear la mismacon otras misiones.Artículo 13.Salvo la función de protección del transporte de dinero, valores, bienes u objetos, los vigilantes deseguridad ejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios o de laspropiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados, sin que tales funciones se puedandesarrollar en las vías públicas ni en aquellas que, no teniendo tal condición, sean de uso común. 9 26.
No obstante, cuando se trate de polígonos industriales o urbanizaciones aisladas, podránimplantarse servicios de vigilancia y protección en la forma que expresamente se autorice.Artículo 14.1. Los vigilantes de seguridad, previo el otorgamiento de las correspondientes licencias, sólodesarrollarán con armas de fuego las funciones indicadas en el artículo 11, en los supuestos quereglamentariamente se determinen, entre los que se comprenderán, además del de protección delalmacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos, los devigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas y explosivos, de industrias oestablecimientos peligrosos que se encuentren en despoblado y aquellos otros de análogasignificación.2. Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad, cuya categoría se determinaráreglamentariamente, sólo se podrán portar estando de servicio.Artículo 15.Los vigilantes que desempeñen sus funciones en establecimientos o instalaciones en los que elservicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrán de atenerse, en el ejercicio desus legítimos derechos laborales y sindicales, a lo que respecto de las empresas encargadas deservicios públicos disponga la legislación vigente.Sección 3ª. Jefes de seguridadArtículo 16.Cuando el número de vigilantes de seguridad, la complejidad organizativa o técnica, u otrascircunstancias que se determinarán reglamentariamente, lo hagan necesario, las funciones deaquellos se desempeñarán a las órdenes directas de un jefe de seguridad, que será responsabledel funcionamiento de los vigilantes y de los sistemas de seguridad, así como de la organización yejecución de los servicios y de la observancia de la normativa aplicable.Sección 4ª. Escoltas privadosArtículo 17.1. Son funciones de los escoltas privados, con carácter exclusivo y excluyente, elacompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, que no tengan la condición deautoridades públicas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.2. Para el cumplimiento de las indicadas funciones serán aplicables a los escoltas privados lospreceptos de la Sección 2.ª de este Capítulo y las demás normas concordantes de la presente Ley,relativas a vigilantes de seguridad, salvo la referente a la uniformidad.3. Asimismo, les será de aplicación para el ejercicio de sus funciones lo dispuesto sobre tenenciade armas en el artículo 14 de esta Ley.Sección 5ª. Guardas particulares del campoArtículo 18.Los guardas particulares del campo, que ejercerán funciones de vigilancia y protección de lapropiedad rural, se atendrán al régimen establecido en esta Ley para los vigilantes de seguridad,con las especialidades siguientes: 10 27.
a) No podrán desempeñar la función de protección del almacenamiento, manipulación y transportede dinero, valores y objetos valiosos.b) Podrán desarrollar las restantes funciones, sin estar integrados en empresas de seguridad.c) La instrucción y tramitación de los expedientes relativos a su habilitación corresponderáefectuarlas a las unidades competentes de la Guardia Civil.d) El Ministro del Interior determinará, en su caso, el arma adecuada para la prestación de cadaclase de servicio.Sección 6ª. Detectives privadosArtículo 19.1. Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán: a) De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados. b) De la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal. c) De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.2. Salvo lo dispuesto en el párrafo c) del apartado anterior, no podrán prestar servicios propios delas empresas de seguridad ni ejercer funciones atribuidas al personal a que se refieren lasSecciones anteriores del presente Capítulo.3. Tampoco podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, debiendodenunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza quellegara a su conocimiento y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos quepudieran haber obtenido.4. En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios materiales o técnicos queatenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o alsecreto de las comunicaciones.Artículo 20.Además de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley, no podrán obtener la habilitación necesariapara el ejercicio de las funciones de detective privado los funcionarios de cualquiera de lasAdministraciones Públicas en activo en el momento de la solicitud o durante los dos añosanteriores a la misma.CAPÍTULO IV: RÉGIMEN SANCIONADORSección 1ª. InfraccionesArtículo 21.1. Las infracciones de las normas contenidas en la presente Ley podrán ser leves, graves y muygraves.2. Las infracciones leves prescribirán a los dos meses; las graves, al año, y las muy graves, a losdos años. 11 28.
El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. Enlas infracciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial del cómputo será la de lafinalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume.La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, delprocedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizadodurante seis meses por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.Artículo 22.Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones:1. Infracciones muy graves: a) La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria. b) La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la presente Ley sobre conflictos políticos o laborales, control de opiniones, recogida de datos personales o información a terceras personas sobre clientes o su personal, en el caso de que no sean constitutivas de delito. c) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados que sean susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales. d) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los Libros-Registros reglamentarios. e) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas, así como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aquéllas, particularmente la tenencia de armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por esta Ley. f) La realización de servicios de seguridad con armas fuera de lo dispuesto en la presente Ley. g) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan. h) La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.2. Infracciones graves: a) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados, cuando la homologación sea preceptiva. b) La realización de servicios de transportes con vehículos que no reúnan las características reglamentarias. c) La realización de funciones que excedan de la habilitación obtenida por la empresa de seguridad o por el personal a su servicio, o fuera del lugar o del ámbito territorial correspondiente, así como la retención de la documentación personal. d) La realización de los servicios de seguridad sin formalizar o sin comunicar al Ministerio del Interior la celebración de los correspondientes contratos. e) La utilización en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que carezcan de cualesquiera de los requisitos necesarios. 12 29.
f) El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte de los vigilantes de seguridad dentro de la jornada laboral establecida. g) La falta de presentación al Ministerio del Interior del informe de actividades en la forma y plazo prevenidos. h) No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las señales de alarma que se registren en las centrales privadas, transmitir las señales con retraso injustificado o comunicar falsas incidencias, por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa. i) La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.3. Infracciones leves: a) La actuación del personal de seguridad sin la debida uniformidad o los medios que reglamentariamente sean exigibles. b) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.Artículo 23.El personal que desempeñe funciones de seguridad privada podrá incurrir en las siguientesinfracciones:1. Infracciones muy graves: a) La prestación de servicios de seguridad a terceros por parte del personal no integrado en empresas de seguridad, careciendo de la habilitación necesaria. b) El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta Ley sobre tenencia de armas fuera del servicio y sobre su utilización. c) La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los detectives privados o la utilización de medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones. d) La condena mediante sentencia firme por un delito doloso cometido en el ejercicio de sus funciones. e) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan. f) La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.2. Infracciones graves: a) La realización de funciones o servicios que excedan de la habilitación obtenida. b) El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos. c) No impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias que entrañen violencia física o moral. d) La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas. 13 30.
e) La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la presente Ley sobre conflictos políticos y laborales, control de opiniones o comunicación de información a terceros sobre sus clientes, personas relacionadas con ellos, o sobre los bienes y efectos que custodien. f) El ejercicio de los derechos sindicales o laborales al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios públicos, en los supuestos a que se refiere el artículo 15 de la presente Ley. g) La falta de presentación al Ministerio del Interior del informe de actividades de los detectives privados en la forma y plazo prevenidos. h) La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el ejercicio de sus funciones. i) La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.3. Infracciones leves: a) La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles, por parte del personal no integrado en empresas de seguridad. b) El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos. c) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.Artículo 24.1. Será considerada infracción grave, a los efectos de esta Ley, la utilización de aparatos dealarmas u otros dispositivos de seguridad no homologados. Sin embargo, se reputará infracciónmuy grave la utilización de tales dispositivos cuando fueran susceptibles de causar grave daño alas personas o a los intereses generales.2. La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen,o su funcionamiento con daños o molestias para terceros, será considerada infracción leve.3. Tendrá la consideración de infracción grave la contratación o utilización de empresas carentesde la habilitación específica necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada, asabiendas de que no reúnen los requisitos legales al efecto.Tendrá la consideración de infracción leve la contratación o utilización de personal de seguridad,en las mismas circunstancias.Artículo 25.Las reglamentaciones de las materias comprendidas en el ámbito de la presente Ley podrándeterminar los cuadros específicos de infracciones leves, graves y muy graves en que se concretenlos tipos que se contienen en los artículos anteriores. 14 31.
Sección 2ª. SancionesArtículo 26.Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podránimponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 22 y de acuerdo con loestablecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones:1. Por la comisión de infracciones muy graves: a) Multas de 30.050,62 a 601.012,10 euros. b) Cancelación de la inscripción.2. Por la comisión de infracciones graves: a) Multa de 300,52 a 30.050,61 euros. b) Suspensión temporal de la autorización, por un plazo no superior a un año.3. Por la comisión de infracciones leves: a) Apercibimiento. b) Multas de hasta 300,51 euros.Artículo 27.Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podránimponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 23 y de acuerdo con loestablecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones:1. Por la comisión de infracciones muy graves: a) Multas de 500.001 hasta 5.000.000 de pesetas. b) Retirada definitiva de la habilitación, permiso o licencia.2. Por la comisión de infracciones graves: a) Multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas. b) Suspensión temporal de la habilitación, permiso o licencia, por un plazo no superior a un año.3. Por la comisión de infracciones leves: a) Apercibimiento. b) Multas de hasta 50.000 pesetas. 15 32.
Artículo 28.Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podránimponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 24 y de acuerdo con loestablecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones:a) Por infracciones muy graves, multas de 500.001 hasta 25.000.000 de pesetas.b) Por infracciones graves, multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas.c) Por infracciones leves, multas de hasta 50.000 pesetas.Artículo 29.El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad privadaserá decomisado y se procederá a su destrucción si no fuera de lícito comercio, o a su enajenaciónen otro caso, quedando en depósito la cantidad que se obtuviera para hacer frente a lasresponsabilidades administrativas o de otro orden en que se haya podido incurrir.Artículo 30.1. En el ámbito de la Administración del Estado, la potestad sancionadora prevista en la presenteLey corresponderá: a) Al Ministro del Interior, para imponer las sanciones de cancelación de la inscripción y retirada definitiva de la habilitación, permiso o licencia. b) Al Director de la Seguridad del Estado, para imponer las restantes sanciones por infracciones muy graves. c) Al Director General de la Policía, para imponer las sanciones por infracciones graves. d) A los Gobernadores Civiles para imponer las sanciones por infracciones leves.2. Contra las resoluciones sancionadoras se podrán interponer los recursos previstos en la Ley deProcedimiento Administrativo.Artículo 31.1. Para la graduación de las sanciones, cuando no estén señaladas individualizadamente en losReglamentos, las autoridades competentes tendrán en cuenta la gravedad y trascendencia delhecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada o mantenida, parapersonas o bienes, la reincidencia, en su caso, y el volumen de actividad de la empresa deseguridad contra quien se dicte la resolución sancionadora o la capacidad económica del infractor.2. Cuando la comisión de las infracciones graves o muy graves hubieren generado beneficioseconómicos para los autores de las mismas, las multas podrán incrementarse hasta el duplo dedichas ganancias.Artículo 32.1. Las sanciones impuestas en aplicación de la presente Ley por infracciones leves, graves o muygraves prescribirán respectivamente al año, dos años y cuatro años.2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea firmela resolución por la que se impone la sanción, si ésta no se hubiese comenzado a ejecutar, o 16 33.
desde que se quebrantase el cumplimiento de la misma, si hubiese comenzado, y se interrumpirádesde que se comience o se reanude la ejecución o cumplimiento.Sección 3ª. ProcedimientoArtículo 33.No podrá imponerse ninguna sanción, por las infracciones tipificadas en esta Ley, sino en virtud deprocedimiento instruido por las Unidades orgánicas correspondientes, conforme a las normascontenidas en los artículos 133, 134, 136 y 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Lasanción de infracciones leves podrá acordarse en procedimiento abreviado, con audiencia delinteresado.Artículo 34.Toda persona que tuviere conocimiento de irregularidades cometidas por empresas o personal deseguridad privada en el desarrollo de sus actividades, podrá denunciar aquéllas ante el Ministeriodel Interior o los Gobernadores Civiles, a efectos de posible ejercicio de las competenciassancionadoras que les atribuye la presente Ley.Artículo 35.1. Iniciado el expediente, el órgano que haya ordenado su incoación podrá adoptar las medidascautelares necesarias, para garantizar la adecuada instrucción del procedimiento, así como paraevitar la continuación de la infracción o asegurar el pago de la sanción, en el caso de que éstafuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos.2. Dichas medidas, que deberán ser congruentes con la naturaleza de la presunta infracción yproporcionadas a la gravedad de la misma, podrán consistir en: a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido, no homologado o que resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos y efectos de la infracción. b) La retirada preventiva de las habilitaciones, permisos o licencias. c) La suspensión administrativa de la habilitación del personal de seguridad privada y, en su caso, de la tramitación necesaria para el otorgamiento de aquélla, mientras dure la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad. También podrán ser suspendidas las indicadas habilitación y tramitación, hasta tanto finalice el proceso por delitos contra dicho personal.3. Excepcionalmente, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para personas o bienes,las medidas previstas en el apartado a) del número anterior, podrán ser adoptadas inmediatamentepor los agentes de la autoridad; si bien, para su mantenimiento, habrán de ser ratificadas por laautoridad competente, en el plazo máximo de setenta y dos horas.4. Cuando los Gobernadores Civiles acordaran la medida cautelar de retirada preventiva de lashabilitaciones, permisos o licencias, o de suspensión administrativa de la habilitación o de latramitación para otorgarla al personal de seguridad, deberán elevar los particulares pertinentes a laautoridad competente, para su ratificación, debiendo éste resolver en el plazo de siete días.5. Las medidas cautelares previstas en los apartados 2 b) y 2 c) del presente artículo no podrántener una duración superior a un año. 17 34.
CAPÍTULO V : EJECUCIÓNArtículo 36.1. Las sanciones impuestas en las materias objeto de la presente Ley serán ejecutivas desde quela resolución adquiera firmeza en la vía administrativa.2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se halle previsto plazo para satisfacerla, laautoridad que la impuso lo señalará, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta díashábiles; pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago.3. En los casos de suspensión temporal, cancelación de inscripciones, retirada de documentación yclausura o cierre de establecimientos o empresas, la autoridad sancionadora señalará un plazo deejecución suficiente, que no podrá ser inferior a quince días ni superior a los dos meses, oyendo alsancionado y a los terceros que pudieran resultar directamente afectados.Artículo 37.1. Para la ejecución forzosa de las sanciones, se seguirá el procedimiento previsto en el Capítulo Vdel Título IV de la Ley de Procedimiento Administrativo.2. En el caso de las multas, si éstas no fueren satisfechas en el plazo fijado en la resolución, unavez firme ésta, se seguirá el procedimiento ejecutivo previsto en el Reglamento General deRecaudación.Artículo 38.La resolución de los expedientes sancionadores por infracciones graves y muy graves podrá serhecha pública, en virtud de acuerdo de las autoridades competentes, en los términos quereglamentariamente se determinen.Artículo 39.Para lograr el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en ejecución de lo dispuesto en lapresente Ley, las autoridades competentes, relacionadas en el artículo 30, podrán imponer multascoercitivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de ProcedimientoAdministrativo.La cuantía de estas multas no excederá de 50.000 pesetas, pero podrá aumentarse sucesivamenteen el 50 por 100 de la cantidad anterior en casos de reiteración del incumplimiento.Disposición adicional primera.1. Las empresas de seguridad reguladas en la presente Ley, tendrán la consideración de sectorcon regulación específica en materia de derecho de establecimiento.2. La autorización de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad exigirá en todocaso informe previo del Ministerio del Interior.3. Las limitaciones establecidas en la presente disposición no serán de aplicación a las personasfísicas nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea ni a lassociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sedesocial, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad. 18 35.
Disposición adicional segunda.1. Con sujeción a las normas que determine el Gobierno, la formación, actualización yadiestramiento del personal de seguridad privada se llevarán a cabo por profesores acreditados yen centros de formación, que deberán reunir requisitos de ubicación y acondicionamiento,especialmente en cuanto se refiere a los espacios para el aprendizaje, práctica yperfeccionamiento en la utilización de armas de fuego y sistemas de seguridad.2. Sin perjuicio de las licencias o autorizaciones, autonómicas o municipales, que puedan serexigibles para entrar en funcionamiento, los centros de formación requerirán autorización deapertura del Ministerio del Interior, que realizará actividades inspectoras de la organización yfuncionamiento de los centros.3. No podrán ser titulares ni desempeñar funciones de dirección ni de administración de centros deformación del personal de seguridad privada los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridadque hayan ejercido en los mismos funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones, odel personal o medios en materia de seguridad, vigilancia o investigación privadas en los dos añosanteriores.Disposición adicional tercera.Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades de custodia del estado deinstalaciones y bienes o de control de accesos realizadas en el interior de inmuebles por personaldistinto del de seguridad privada y directamente contratado por los titulares de los mismos.Este personal en ningún caso podrá portar ni usar armas, ni utilizar distintivos o uniformes quepuedan confundirse con los previstos en esta Ley para el personal de seguridad privada.Disposición adicional cuarta.1. Las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de personas y bienes y parael mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos y,en su caso, con lo previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán desarrollar lasfacultades de autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad que tengan sudomicilio social en la propia Comunidad Autónoma y el ámbito de actuación limitado a la misma.2. A efectos de información, el ejercicio de tales atribuciones será comunicado a la Junta deSeguridad.3. También les corresponderá la denuncia, y puesta en conocimiento de las autoridadescompetentes, de las infracciones cometidas por las empresas de seguridad que no se encuentrenincluidas en el párrafo primero de esta disposición.Disposición adicional quinta." La Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior podrá autorizar la prestaciónde funciones de acompañamiento, defensa y protección, por parte de los escoltas privados, depersonas que tengan la condición de autoridades públicas, cuando las circunstancias así lorecomienden." ( Ley 14/2000).«Disposición adicional sexta. Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicosde seguridad.Los prestadores de servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada quevendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que noincluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidos 19 36.
de la legislación de seguridad privada siempre y cuando no se dediquen a ninguno de losotros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas quepudieran resultarles de aplicación. (Ley 25/2009)Disposición transitoria primera.Las empresas de seguridad inscritas, las medidas de seguridad adoptadas y el material o equipoen uso con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, de acuerdo con la normativaanterior, pero que no cumplan, total o parcialmente, los requisitos o exigencias establecidos enesta Ley y en las normas que la desarrollen, deberán adaptarse a tales requisitos y exigencias,dentro de un plazo de un año, que se contará:a) Respecto a los requisitos nuevos de las empresas que requieran concreción reglamentaria,desde la fecha de promulgación de las correspondientes disposiciones de desarrollo.b) En cuanto a las medidas adoptadas, desde la promulgación de las normas que las reglamenten.c) En cuanto al material o equipo que se encuentre en uso, desde que recaigan y se comuniquenlas correspondientes resoluciones de homologación, cuando sea necesarias.d) Respecto a las materias no comprendidas en los apartados anteriores, desde la promulgaciónde la presente Ley.Disposición transitoria segunda.1. Los vigilantes jurados de seguridad, los guardas jurados de explosivos y los guardas particularesjurados del campo que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, reúnan las condicionesexigibles para la prestación de los correspondientes servicios con arreglo a la normativa anterior,podrán seguir desempeñando las funciones para las que estuviesen documentados, sin necesidadde obtener la habilitación regulada en el artículo 10 de esta Ley.2. Los vigilantes jurados de seguridad y los guardas jurados de explosivos que, en la fecha depromulgación de la presente Ley, se encuentren contratados directamente por las empresas oentidades en que realicen sus funciones de vigilancia, podrán continuar desempeñando dichasfunciones sin estar integrados en empresas de seguridad durante un plazo de dos años desdedicha fecha, a partir del cual habrán de atenerse necesariamente a lo dispuesto al respecto en elartículo 12 de esta Ley.Disposición transitoria tercera.Una vez transcurrido el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de las disposiciones dedesarrollo reglamentario relativas a la habilitación para el ejercicio de la profesión de vigilante deseguridad, el personal que, bajo las denominaciones de guardas de seguridad, controladores uotras de análoga significación, hubiera venido desempañando con anterioridad a dichapromulgación funciones de vigilancia y controles en el interior de inmuebles no podrá realizarninguna de las funciones enumeradas en el artículo 11 sin haber obtenido previamente lahabilitación regulada en el artículo 10 de la presente Ley.Disposición transitoria cuarta.Los detectives privados y los auxiliares de los mismos que, en la fecha de promulgación de lapresente Ley, se encuentren acreditados como tales con arreglo a la legislación anterior y losinvestigadores o informadores que acrediten oficialmente el ejercicio profesional durante dos añoscon anterioridad a dicha fecha, podrán seguir desarrollando las mismas actividades hasta quetranscurra un año desde la promulgación de las disposiciones de desarrollo reglamentario relativasa la habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado. A partir de dicho plazo, para 20 37.
poder ejercer las actividades previstas en el artículo 19.1 de la presente Ley, habrán de convalidaru obtener la habilitación necesaria con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y en las indicadasdisposiciones de desarrollo reglamentario.Disposición derogatoria única.Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en elpresente Ley.Disposición final primera.El Gobierno dictará las normas reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución delo dispuesto en la presente Ley, y concretamente para determinar:a) Los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto de regulación.b) Las condiciones que deben cumplirse en la prestación de servicios y realización de actividadesde seguridad privada.c) Las características que han de reunir los medios técnicos y materiales utilizados a tal fin.d) Las funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada, así como lacualificación y funciones del jefe de seguridad.e) El régimen de habilitación de dicho personal.f) Los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el desempeño de lasdistintas funciones.Disposición final segunda.Se faculta, asimismo, al Gobierno para actualizar la cuantía de las multas, de acuerdo con lasvariaciones del índice de precios al consumo. 21 38.
LEY 1/1992, DE 21 DE FEBRERO EXPOSICION DE MOTIVOS La protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio delas libertades públicas constituyen un binomio inseparable,y ambos conceptos son requisitos básicos de la convivenciaen una sociedad democrática. La Constitución, por otra parte, establece una atribucióngenérica de competencia al Estado en materia de seguridadpública (artículo 149.1.29) y, específicamente, atribuye alas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependenciadel Gobierno, la tarea de proteger el libre ejercicio de losderechos y libertades y de garantizar la seguridadciudadana (artículo 104.1), afectando en su regulación alejercicio de algunos derechos fundamentales, como elderecho a la libertad, a la libre circulación por el territorionacional y a entrar y salir libremente de. España o alderecho de reunión. Desde la promulgación de la Constitución, en un procesoininterrumpido, las Cortes Generales han tratado demantener un positivo equilibrio entre libertad y seguridad,habilitando a las autoridades correspondientes para elcumplimiento de sus deberes constitucionales en materiade seguridad, mediante la aprobación de Leyes Orgánicasgenerales como la de 1 de junio de 1981, de los estados dealarma, excepción y sitio; la de 1 de julio de 1985. sobrederechos y libertades de los extranjeros en España, o la de13 de marzo de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.Asimismo, se han aprobado Leyes especiales, como la de15 de julio de 1983, reguladora del derecho de reunión; lade 21 de enero de 1985, sobre Protección Civil, o la de 25de julio de 1989, de Bases sobre Tráfico, Circulación deVehículos a Motor y Seguridad Vial; incluyéndose,asimismo, medidas de prevención de la violencia en losespectáculos deportivos mediante la Ley 10/1990, de 15 deoctubre, del Deporte, que dedica a la materia su Título IX. 39.
Para completar, sin embargo, las facultades o potestadesde las autoridades actualizadas y adecuadas a laConstitución, y con la finalidad de proteger la seguridadciudadana, se considera necesario establecer el ámbito deresponsabilidad de las autoridades administrativas enmaterias como la fabricación, comercio, tenencia y uso dearmas y explosivos; concentraciones públicas enespectáculos; documentación personal de nacionales yextranjeros en España; así como regular ciertas actividadesde especial interés y responsabilidad para las Fuerzas yCuerpos de Seguridad. La consideración de fenómenos colectivos que implican laaparición de amenazas, coacciones o acciones violentas,con graves repercusiones en el funcionamiento de losservicios públicos y en la vida ciudadana determina, a suvez, la necesidad de un tratamiento adecuado a lanaturaleza de dichos fenómenos y adaptado a lasexigencias constitucionales. Con todo ello, viene a completarse, la derogación formalde la Ley de Orden Público, tan emblemática del régimenpolítico anterior y que ha caído prácticamente en desuso,con independencia de que en varios aspectos de suarticulado haya sido expresamente derogada. En el Capítulo II de la nueva Ley, se regulan lasactividades relacionadas con armas y explosivos,habilitando la intervención del Estado en todo el proceso deproducción y venta, así como en la tenencia y uso de losmismos, reconociendo el alcance restrictivo de lasautorizaciones administrativas para ello, regulando laprohibición de ciertas armas, municiones y explosivosespecialmente peligrosos y considerando como sector conregulación específica en materia de establecimiento lafabricación, comercio o distribución de armas o explosivos. Se disponen, asimismo, las finalidades a que tenderánlas medidas de policía que deberá dictar el Gobierno enmateria de espectáculos públicos y actividades recreativas,dejando a salvo las competencias que, en este punto,tienen reconocidas las Comunidades Autónomas mediantesus correspondientes Estatutos. 40.
Se establece, también, el derecho y el deber de obtenerel Documento Nacional de Identidad a partir de los catorceaños, que tendrá por sí solo suficiente valor para acreditarla identidad de los ciudadanos, garantizando en todo casoel respeto al derecho a la intimidad de la persona, sin quelos datos que en el mismo figuren puedan ser relativos araza, religión, opinión, ideología, afiliación política osindical, o creencias. Se regula la expedición del pasaporteo documento que lo sustituya, y se establece, por otraparte, el deber de identificación de los extranjeros que sehallen en España, sin que puedan ser privados de estadocumentación, salvo en los mismos supuestos previstospara el Documento Nacional de Identidad. Finalmente, se habilita al Gobierno para llevar a cabo laregulación de ciertas actuaciones de registro documental einformación de actividades cada vez de mayor relevanciapara la seguridad ciudadana, entre las que se comprende lacirculación de embarcaciones de alta velocidad, así como eldeber de determinadas entidades o establecimientos, quegeneren riesgos directos para terceros o seanespecialmente vulnerables, de adoptar las medidas deseguridad que fueren precisas. En el Capítulo III se habilita para realizar actuacionesdirigidas al mantenimiento y al restablecimiento de laseguridad ciudadana, particularmente en supuestos dedesórdenes colectivos o de inseguridad pública graves.Quedan, así, facultadas las autoridades para el cierre delocales o establecimientos y para la evacuación deinmuebles en situaciones de emergencia o en circunstanciasque lo hagan imprescindible, así como para la suspensiónde los espectáculos, desalojo de locales y cierre provisionalde establecimientos cuando en los mismos tuvieran lugargraves alteraciones del orden. Se prevé la limitación orestricción de la circulación o permanencia en vías o lugarespúblicos en supuestos de alteración del orden o laseguridad ciudadana. Se posibilita el establecimiento decontroles en las vías, lugares o establecimientos públicos,con el fin de descubrir y detener a los partícipes en unhecho delictivo y de aprehender los instrumentos, efectos opruebas del mismo. 41.
Se regulan las condiciones en que los agentes de lasFuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que ello fuesenecesario para el ejercicio de las funciones de protección dela seguridad que les corresponden, podrán requerir laidentificación de las personas. Si no pudieran identificarsepor cualquier medio, podrán ser instadas a acudir a unadependencia policial próxima a los solos efectos de laidentificación. No se altera, pues, el régimen vigente delinstituto de la detención, que sólo podrá seguirproduciéndose cuando se trate de un sospechoso de habercometido un delito y no por la imposibilidad deidentificación, Lo que se prevén son supuestos deresistencia o negativa infundada a la identificación, quetendrían las consecuencias que para tales infraccionesderivan del Código Penal vigente. Se regulan, asimismo, las condiciones y términos en que,conforme a lo permitido por la Constitución y las leyes,podrá prescindirse del mandamiento judicial para penetraren domicilios, en lo que se refiere a las tareas depersecución de fenómenos delictivos tan preocupantes parala seguridad de los ciudadanos como son los relacionadoscon el narcotráfico. El Capítulo IV establece un régimen sancionador quepermite el cumplimiento de las finalidades de la Ley y delas correspondientes garantías constitucionales. Tipifica lasinfracciones contra la seguridad ciudadana, haciendo lagraduación entre infracciones muy graves, infraccionesgraves e infracciones leves; comprendiéndoseespecíficamente entre las infracciones graves el consumoen lugares públicos y la tenencia ilícita de drogas tóxicas osustancias estupefacientes, las cuales podrán sersancionadas, además, con la suspensión del permiso deconducir de vehículos de motor hasta tres meses, y con laretirada de permisos o licencias de armas. Atendiendo al finresocializador y no exclusivamente retributivo de lasanción, se regula en la presente Ley para estos supuestos,la posibilidad de suspensión de las sanciones en los casosen los que el infractor se someta a un tratamiento dedeshabituación en un centro o servicio debidamenteacreditado. Asimismo, este Capítulo IV determina las Recommended
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