Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-428590618
Timestamp: 2019-04-19 18:45:35
Document Index: 36980204

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 46', 'artículo 153', 'artículo 156', 'artículo 18', 'artículo 43', 'Artículo 46', 'Artículo 153', 'artículo 162', 'Artículo 156', 'e contrario', 'ARTÍCULO 49', 'artículo 43', 'Artículo 156', 'Artículo 43']

Sentencia de Tutela nº 036/13 de Corte Constitucional, 28 de Enero de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 428590618
Sentencia de Tutela nº 036/13 de Corte Constitucional, 28 de Enero de 2013
Actor: Constanza Patricia Calderon Quiroga como Agente Oficiosa de Maria Alba Quiroga de Caldereon y Otra
Demandado: Salud Total e.P.S y Otra
Expediente: T-3633418 Y OTRO ACUMULADOS
Salud, vida digna, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En un asunto se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la e.p.s salud total; por el hecho de negar la prestación del servicio de enfermería y de terapias físicas, respiratorias y de fonoaudiología, así como el suministro de la fórmula de alimentación por cánula, pañales desechables y transporte en ambulancia, a una persona de 72 años de edad que sufrió un derrame cerebral y que se encuentra en hospitalización domiciliaria, bajo el argumento de no existir orden médica que los prescriba. En el segundo caso la vulneración de derechos la genera la e.p.s. Saludcoop; al negarle a una paciente menor de edad el tratamiento de rehabilitación social compuesto por terapias de integración sensoriomotriz, miofuncionales, de neurodesarrrollo, de lenguaje y musicoterapia, so pretexto de no estar incluido en el plan de beneficios. La sala de revisión recuerda jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. El derecho a la salud de los niños y las personas de avanzada edad. 2º. La validez del concepto del médico tratante no adscrito a la e.p.s. Y 3º. Las reglas jurisprudenciales para el suministro de medicamentos, tratamientos y procedimientos excluidos del plan obligatorio de salud. Se conceden las acciones de tutela impetradas y se imparten unas órdenes a las entidades demandadas, con el objeto de hacer efectivo el goce de los derechos amparados.
Sentencia citada en: 24 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa
T-036-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-036/13
Referencia: T-3633418 y T-3642264 (Expedientes acumulados). Acciones de tutela presentadas por C.P.C.Q., como agente oficiosa de M.A.Q. de C., en contra de Salud Total E.P.S.; y E.A.E.M., como representante de M.J.O.E., en contra de Caprecom E.P.S..
Magistrado Ponente: J.I. PALACIO PALACIO
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados J.I.P.P., N.P.P. y J.I.P.C., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
1. Expediente T-3633418. Caso: C.P.C.Q., como agente oficiosa de María Alba Quiroga de C. contra Salud Total E.P.S.
El 17 de mayo de 2012 la señora C.P.C.Q. promovió acción de tutela, como agente oficiosa de su progenitora M.A.Q. de C., en contra de Salud Total E.P.S., al considerar vulnerados sus derechos a la vida y a la salud.
- Sostiene que la señora M.A. tiene 72 años, es pensionada del Instituto de Seguros Sociales y está afiliada al régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud.
- Explica que el diagnóstico dado por la clínica es: Alteración de la conciencia, hidrocefalia comunicante, secuelas de ACV isquémico y hemorrágico, AP de infarto lacunar en sustancia blanca profunda frontal derecha, cánula de traqueostomía en adecuada posición, infiltrados de tipo reticular bibasal, enfermedad ateromatosa en arterias vertebrales, AP de enfermedad coronaria, AP de HTA controlada, cardiopatía isquémica, gastrostomía normofuncionante.
Por último, como medida provisional, reclama que se mantenga hospitalizada a la señora M.A.Q. hasta tanto no se resuelva la presente petición de amparo.
La Gerente y Representante Judicial de la Sucursal Bogotá, mediante escrito de 23 de mayo de 2012, indicó que la señora M.A.Q. se encontraba actualmente hospitalizada en la Fundación Clínica Shaio y estaba en coordinación el Programa de Hospitalización Domiciliaria para el traslado a su casa.
Explicó que el 17 de mayo del mismo año el galeno tratante determinó que la atención de la paciente debía darse en su lugar de residencia para terapia de rehabilitación integral, oxigenoterapia por ventury y valoración médica inicialmente semanal y posteriormente según criterio facultativo. Sin embargo, manifestó que el familiar de la accionante no aceptó dicho plan debido a que no se aprobó el servicio de enfermería para manejo de ostomías, puesto que esta actividad puede ser desarrollada por el cuidador actual.
El Juzgado 62 Civil Municipal de Bogotá, en fallo de 31 de mayo de 2012, denegó el amparo invocado al considerar que no existe dentro del expediente orden emitida por el médico tratante en la cual se prescriban los servicios solicitados. Así mismo, señaló que la agenciada estaba hospitalizada, razón por la cual estimó que la tutela tiene como fin dar cumplimiento a un plan de manejo elaborado por la Fundación Shaio y, de esta manera, evitar la ocurrencia de unos hechos que no se configuran de manera cierta y probada, por lo que el juez debe negarla por carencia actual de objeto.
1. Fórmula polimérica enriquecida 1500 mililitros al día por sonda de gastrostomía. 2. Oxígeno por tienda de traqueostomía para ventury 40% a 0.8 litros por minuto 24 horas al día, terapia respiratoria integral con aspiración estricta de secreciones dos veces al días por 15 días y según evolución 1 vez al días por 15 días, terapia física integral 1 vez al días de lunes a viernes por 30 días, terapia de fonoaudiología 1 vez al día de lunes a viernes por 30 días, cuidados de enfermería para manejo de ostomías (succión de secreciones de traqueostomía, protección de la vía aérea y gastrostomía), administración de medicamentos y actividades puntuales del ABC de la paciente 24 horas al día por 30 días, continuar según evolución de la vía aérea de la paciente, valoración médica de seguimiento semanal por 30 días, continuar con manejo crónico domiciliario según evolución de la paciente y traslado asistencial al domicilio en ambulancia básica con suministro de oxígeno de alto flujo de acuerdo con requerimientos médicos.
Con base en lo anterior, consideró que existe una prescripción médica en la que se consignan los elementos necesarios para preservar la vida y la salud de la peticionaria. Expuso que a pesar de que se podría inferir que aún no existe vulneración de garantías constitucionales debido a que la paciente se encontraba hospitalizada, existen circunstancias probadas que indican que la E.P.S. accionada incurre de manera reiterada en comportamientos que implican la afectación de derechos fundamentales.
En ese sentido, mencionó que la señora M.A.Q. sufrió un cuadro clínico similar en febrero de 2012 y en esa oportunidad también le formularon un programa de atención domiciliaria. No obstante, como consecuencia de los múltiples incumplimientos por parte de la E.P.S., así como la prestación tardía de los servicios ordenados, su progenitora presentó complicaciones de salud que la obligaron a acudir nuevamente a la clínica. Por ello, considera necesaria la intervención del juez de tutela con el fin de evitar que la empresa accionada incurra en los mismos errores, en detrimento de la salud de su progenitora.
Por último, la agente oficiosa sostuvo que tanto ella como su hijo dependen de los ingresos de su esposo por lo que no cuenta con la capacidad económica para hacerse cargo de los gastos médicos de su madre. Agregó que la pensión que ésta recibe debe destinarse a satisfacer otras necesidades vitales y que el costo de su tratamiento asciende a $10000.000 mensuales por los conceptos de pañales, alimento, oxígeno y servicio de enfermería.
Explicó que no suministró la fórmula polimérica, el traslado en ambulancia, los pañales desechables y la crema antipañalitis debido a que no se encontró prescripción por parte del galeno tratante. Tampoco aprobó el servicio de enfermería 24 horas puesto que no existe evidencia médica que determine la necesidad (), toda vez que las necesidades que requiere pueden ser atendidas por sus familiares (cambio de posición, aseo personal y de su entorno, suministro de alimentación). Para que una persona sea beneficiaria de enfermera permanente, debe necesitar la aplicación de medicamentos vía intravenosa o alimentación parenteral, situaciones que sí deben ser manejadas especialmente por personal capacitado ().
- Copia de desprendible de pago de la pensión a nombre de M.A.Q. de C., con fecha de 9 de abril de 2012 (Fs. 37, cuad. 1).
- Copia de cédulas de ciudadanías de M.A.Q. de C. y C.P.C.Q. (Fs. 38-39, cuad. 1).
- Copia de la historia clínica de M.A.Q. de C. (F. 40, cuad. 1).
- Copia de formato de solicitud de servicio No POS y constancia de radicación correspondiente al medicamento N., con fecha de 30 de abril de 2012 (F. 49, cuad. 1).
- Copia de fórmula médica de D. emitida por médico cirujano adscrito a la E.P.S., el 26 de abril de 2012 (F. 62, cuad. 1).
- Copia de formato de solicitud de servicio No POS y constancia de radicación correspondiente al medicamento D., con fecha de 26 de abril de 2012 (F. 63, cuad. 1).
2. Expediente T-3642264. Caso: E.A.E.M., como representante de M.J.O.E. contra Caprecom E.P.S..
El 6 de julio de 2012, la señora E.A.E.M. promovió acción de tutela, como representante de su hija menor de edad M.J.O.E., en contra de Saludcoop E.P.S., al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida y a la salud.
- Sostiene que su hija fue diagnosticada con el Síndrome de C.L..
Mediante auto de 6 de julio de 2012, el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Fundación (M. admitió la demanda de tutela y corrió traslado a la entidad accionada para que ejerciera su derecho de defensa. Posteriormente, en providencia del 16 de julio, el mismo despacho ordenó la vinculación de la Secretaría de Salud Departamental de M. y Coosalud E.P.S..
Así, sostuvo que las terapias de integración sensoriomotriz, musicoterapia, la terapia miofuncional, la terapia asistida con perros y la terapia comportamental (A,B.A.) son procedimientos y servicios de salud que no se encuentran contemplados en el Acuerdo 08 de 2009, por lo tanto al estar expresamente excluidos de dicha normatividad, no es competencia legal de esta E.P.S.S. emitir la correspondiente autorización de prestación de dichos servicios, correspondiéndole al ente territorial, con cargo a los recursos de subsidio a la oferta, garantizar la prestación de los mismos ().
En ese sentido, adjuntó un concepto emitido por la Comisión de Regulación en Salud -CRES- el 17 de noviembre de 2010, en el que indicó que las terapias no convencionales con perros y caballos, la musicoterapia y la terapia de H. no están enunciadas en el Acuerdo 08 de 2009[1].
2.2.2. Secretaría Seccional de Salud de M.
En comunicación de 16 de junio de 2012, la Secretaría Seccional de Salud de M. señaló que los procedimientos sensoriomotriz y terapias de lenguaje se encuentran incluidos en el POS, por lo que su prestación le corresponde a la E.P.S. demandada.
2.2.3. C. E.P.S.S.
En providencia de 18 de julio de 2012, el Juzgado 1° Promiscuo Municipal de Fundación (Magdalena) decidió tutelar los derechos invocados y, en consecuencia, ordenó a Caprecom E.P.S. a prestar todos los servicios de salud requeridos para la rehabilitación social integral de la menor de edad. Advirtió que éstos deberían prestarse de forma preferente en la I.P.S. Centro Integral de Salud del Caribe -CISAD-, pero podrían realizarse en otro centro hospitalario siempre y cuando no implique una carga desproporcionada o un obstáculo para acceder al servicio de salud. Además, sostuvo que los gastos adicionales como el transporte intermunicipal y urbano, el alojamiento y alimentación en otra ciudad deberían ser cubiertos por la misma empresa.
En escrito de 24 de julio de 2012, el Director Territorial de C.M. impugnó el fallo de primera instancia dado que éste no tuvo en cuenta que los servicios ordenados no están contenidos en el POS, razón por la cual deben ser cubiertos por los recursos del subsidio a la oferta.
El Juzgado Civil del Circuito de Fundación (M., en fallo de 24 de agosto de 2012, revocó la primera decisión y negó el amparo, ya que no observó que Caprecom E.P.S. hubiera incurrido en alguna vulneración de los derechos fundamentales de la menor de edad. En ese sentido, consideró que la empresa demandada nunca se negó a prestar el tratamiento, sino que le indicó el trámite a seguir con el fin de que su solicitud fuera evaluada por el Comité Técnico Científico.
Igualmente, advirtió que la señora E.A.E.M. interpuso la acción de tutela antes de que se venciera el plazo que la E.P.S. tenía para dar respuesta a su reclamación.
- Copia de la historia clínica de M.J.O.E. (F. 8, cuad. 1).
- Copia del registro civil de M.J.O.E. (F. 10, cuad. 1).
- Copia de la cédula de ciudadanía de E.A.E.M. (F. 12, cuad. 1).
Para iniciar, se estudiará si C.P.C.Q. y E.A.E.M. cumplen con las condiciones señaladas por esta Corporación para intervenir en el trámite de la referencia en nombre de su progenitora e hija menor de edad, respectivamente. A continuación, se recordará la jurisprudencia constitucional respecto de: (i) el derecho a la salud de los niños y las personas de avanzada edad; (ii) la validez del concepto del médico tratante no adscrito a la E.P.S.; y (iii) las reglas jurisprudenciales para el suministro de medicamentos, tratamientos y procedimientos excluidos del Plan Obligatorio de Salud. Con base en ello, se analizará cada caso.
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
3.3. En el expediente T-3633418, la Sala advierte que se cumplen los requisitos enunciados por la jurisprudencia constitucional para que la señora C.P.C.Q. actúe en defensa de los derechos de su progenitora, como agente oficiosa. Lo anterior, debido a que declaró interponer la tutela en nombre de ésta y que su delicado estado de salud le produjo fuertes secuelas neurológicas que le impide movilizarse del cuello hacia abajo.
En cuanto al expediente T-3642264, se observa que M.J.O.E. tiene dos años, motivo por el cual resulta procedente que su progenitora actúe en su representación.
A partir de dicha disposición, la Corte Constitucional ha reconocido, en reiterada jurisprudencia, que el derecho a la salud es fundamental[6] y comprende toda una gama de facilidades, bienes y servicios que hacen posible, de acuerdo al mandato contenido en diversos instrumentos internacionales, el imperativo de garantizar el nivel más alto posible de salud[7].
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios ().
(1) Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 24 reconoce el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho, y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: () b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
(2) Declaración de los Derechos del Niño que en el artículo 4 dispone que [E]l niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, con este fin deberán proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados;
(3) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas fijó en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales algunos parámetros que propenden por la protección de los derechos fundamentales de los niños como por, ejemplo en el numeral 2° del artículo 12 del citado pacto se establece: a), es obligación de los Estados firmantes adoptar medidas necesarias para la reducción de la mortinalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; mientras que el literal d) dispone que se deben adoptar medidas necesarias para la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad;
(5) Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 19 señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado;
(6) Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que, en su artículo 25-2, establece que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales, y que todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
4.3. De igual manera, ha resaltado la necesidad de dar un trato preferencial al derecho a la salud de las personas de avanzada edad, en concordancia con lo prescrito en el artículo 46 Superior[14]. Sobre este tema, la Corte ha sostenido que es precisamente a ellos a quienes debe procurarse un urgente cuidado médico en razón a las dolencias que son connaturales a la etapa de desarrollo en que se encuentran[15], por ello, a nivel jurisprudencial se ha reconocido una protección reforzada del derecho a la salud en las personas de la tercera edad que se materializa con la garantía de una prestación continua, permanente y eficiente de los servicios de salud que requiera[16].
Adicionalmente, ha establecido que tratándose de personas de la tercera edad su problema de salud debe ser prestado de forma continúa e integral[17]. Respecto del principio de integralidad ha indicado que se encuentra consignado en el numeral 3° del artículo 153 y el literal c) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993[18] y que impone la prestación médica continua, la cual debe ser comprensiva de todos los servicios requeridos para recuperar la salud[19]. De igual manera ha sostenido que:
La atención y tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud[20]
Ahora bien, en los casos que el galeno tratante no establezca el conjunto de prestaciones que conforman la garantía integral del derecho a la salud, la protección de este derecho conlleva para el juez constitucional la necesidad de hacer determinable la orden en el evento de conceder el amparo, por ejemplo, (i) mediante la descripción clara de una(s) determinada(s) patología(s) o condición de salud diagnosticada por el médico tratante, (ii) por el reconocimiento de un conjunto de prestaciones necesarias dirigidas a lograr el diagnóstico en cuestión; o (iii) por cualquier otro criterio razonable. De este modo, el reconocimiento de la prestación integral del servicio de salud debe ir acompañado de indicaciones precisas que hagan determinable la orden del juez o jueza de tutela, ya que no le es posible dictar órdenes indeterminadas ni reconocer mediante ellas prestaciones futuras e inciertas[21].
4.4. Precisamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dispuesto que tratándose de: (i) sujetos de especial protección constitucional (menores, adultos mayores, desplazados(as), indígenas, reclusos(as), entre otros)[22]; y de (ii) personas que padezcan enfermedades catastróficas (sida, cáncer, entre otras), se debe brindar atención integral en salud, con independencia de que el conjunto de prestaciones requeridas estén excluidas de los planes obligatorios[23].
Así las cosas, esta Corporación ha establecido que la acción de tutela es procedente para proteger el suministro de los servicios médicos que se requieren con necesidad, es decir, aquellos indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal o su dignidad[24], de forma que se garantiza a toda persona, por lo menos, el acceso a los servicios de salud de los cuáles depende su mínimo vital y su dignidad como persona[25]. Es necesario resaltar que esta obligación resulta prioritaria para el caso de las personas que son más vulnerables por sus condiciones físicas (niños y adultos mayores) o mentales.
(i) se valoró inadecuadamente a la persona o porque (ii) ni siquiera ha sido sometido a consideración de los especialistas que sí están adscritos a la entidad de salud en cuestión, es decir, cuando el concepto del médico externo se produce en razón a la ausencia de valoración médica por los profesionales correspondientes, lo que indica mala prestación del servicio. También ha indicado la jurisprudencia que la orden médica externa debe ser tenida en cuenta por la EPS (iii) si en el pasado ha valorado y aceptado los conceptos del medico externo como médico tratante o cuando (iv) no se opone y guarda silencio cuando tuvo conocimiento del concepto del médico externo.[28]
Además, este Tribunal ha destacado la necesidad de valorar el informe del galeno no adscrito cuando éste se produce en razón a la ausencia de valoración médica por los profesionales correspondientes,[29] sea cual fuere la razón que dio lugar a la mala prestación del servicio[30]. También ha indicado la jurisprudencia que la orden médica obliga a la entidad, si en el pasado ha valorado y aceptado sus conceptos como médico tratante,[31] incluso así sean entidades de salud prepagadas, regidas por contratos privados.[32][33]
Que la falta del servicio amenace o vulnere el derecho a la salud, a la vida digna o a la integridad personal;
Que el servicio no pueda ser sustituido por otro que sí esté incluido o que pudiendo estarlo, el sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan;
Que el accionante o su familia no cuenten con capacidad económica para sufragarlo;
Que el servicio haya sido ordenado por el médico tratante, quien deberá presentar la solicitud ante el Comité Técnico Científico[34].
7.1. Expediente T-3633418. Caso: C.P.C.Q., como agente oficiosa de María Alba Quiroga de C. contra Salud Total E.P.S.
Tal y como lo indicó este Tribunal en la sentencia T-212 de 2011, el suministro de pañales es posible a través de la demanda de amparo, aun cuando no han sido prescritos por el médico tratante, al considerar que la atención médica que deben prestar las EPS debe ser en todos los casos integral y completa, incluso en aquellos eventos en los que el médico tratante no haga una prescripción específica o no sugiera que se lleve a cabo un determinado tratamiento cuando éste parece vital () Es posible concluir entonces que, hay eventos en los que es necesario que el juez de tutela ordene a la EPS accionada que preste un determinado tratamiento o suministre determinados medicamentos o insumos, que resultan de vital importancia para el paciente o bien porque de ellos depende su vida, o bien porque sin ellos se vulneran sus derechos fundamentales como la dignidad humana.
7.1.2. En segundo lugar, la accionante manifiesta que Salud Total E.P.S. interrumpió la prestación del servicio de terapias domiciliarias a su señora madre sin razón alguna, contrario a esto la entidad accionada informa que le ha prestado todos los servicios requeridos por la accionante y adjunta la relación de los servicios autorizados. De esta manera, se verifica que en múltiples ocasiones le han realizado terapias de lenguaje, ocupacional y física[39]. Por ello, la Sala considera que la empresa accionada, hasta el momento, ha cumplido con sus obligaciones, razón por la cual se denegará el amparo solicitado. Sin embargo, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios, se realizará un llamado a Salud Total para que permanezca prestándole la atención que la señora Q. de C. requiera.
Esta Sala observa a partir del material probatorio que ambos servicios fueron ordenados por el médico tratante[40], en tanto la actora es usuaria de gastrostomía, traqueostomía y requiere oxigenoterapia de alto flujo[41]. Así mismo, que la prescripción de los implementos fue realizada por el especialista tratante, quien determinó su necesidad con base en el conocimiento que tiene de la historia clínica y la evolución de la paciente. Adicionalmente, como se mencionó, no existe la capacidad económica para asumir su costo. Por consiguiente, se ordenará el suministro de la fórmula alimenticia y de oxígeno.
7.1.4. Sobre la petición del servicio de enfermería y de transporte en ambulancia es necesario señalar que se encuentran incluidos en el POS[42] y que en el expediente obran copias de los planes de alta para manejo ambulatorio suscritos por los galenos tratantes después de cada hospitalización. En éstos se prescriben los cuidados por enfermería para manejo de ostomías (succión de secreciones de traqueostomía, protección de la vía aérea y gastrostomía), administración de medicamentos y actividades puntuales del ABC de la paciente 24 horas al día por 30 días, continuar según evolución de la vía aérea de la paciente[43]. Además, se advierte que el médico tratante prescribió al traslado en ambulancia servicio redondo para los controles de otorrinolaringología, neurología y medicina interna, el 26 de abril de 2012[44].
7.2. Expediente T-3642264. Caso: E.A.E.M., como representante de M.J.O.E. contra Caprecom E.P.S..
La Secretaria Seccional de Salud de M. señaló que los procedimientos sensoriomotriz y terapias de lenguaje se encuentran incluidos en el POS, por lo que su prestación le corresponde a la E.P.S. demandada. Ahora bien, en relación con la musicoterapia y las terapias miofuncional y de neurodesarrollo sostuvo que el artículo 18 de la Resolución 5261 de 1994[46] las excluyó del plan de beneficios debido a que no son reconocidas por las asociaciones médicas a nivel mundial.
7.2.5. Así las cosas, se revocará la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Fundación (M., el 24 de agosto de 2012, que revocó la dictada por el Juzgado 1° Promiscuo Municipal del mismo municipio el 18 de julio de 2012.
Primero. En el expediente T-3633418, REVOCAR la decisión del Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, de 31 de julio de 2012, que a su vez confirmó la dictada por el Juzgado 62 Civil Municipal de la misma ciudad, el 31 de mayo de 2012. en su lugar, CONCEDER el amparo solicitado por C.P.C.Q., como agente oficiosa de M.A.Q. de C., en contra de Salud Total E.P.S..
Segundo. ORDENAR a Salud Total E.P.S. que, en el término cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, suministre en forma periódica los pañales desechables requeridos por la señora M.A.Q. de C.. Así mismo, deberá hacer entrega de la fórmula polimérica y oxígeno de alto flujo recetados por el médico tratante.
Tercero. ORDENAR a Salud Total E.P.S. que, en el término cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, realice la valoración médica a M.A.Q. de C. para establecer la procedencia y periodicidad de las siguientes prestaciones: transporte en ambulancia para asistir a los controles médicos y servicio de enfermería. Así mismo, deberá realizar cada dos (2) meses un estudio clínico a la peticionaria con el fin de determinar la procedencia y frecuencia hacia el futuro de los servicios enunciados en este numeral.
Cuarto. ORDENAR a S.T. E.P.S. que autorice y preste, de forma oportuna, los exámenes, terapias, medicamentos y demás tratamientos que sean necesarios para tratar la enfermedad de manera integral.
Quinto. ORDENAR a S.T. E.P.S. que exonere a M.A.Q. de C. del pago de las cuotas moderadoras y copagos que hasta ahora se le han exigido para acceder a los servicios de salud que necesita.
Sexto. En el expediente T-3642264, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Fundación, el 24 de agosto de 2012, que revocó la dictada por el Juzgado 1° Promiscuo Municipal del mismo municipio, el 18 de julio de 2012. En su lugar, conceder el amparo solicitado por E.A.E.M., como representante de M.J.O.E., en contra de Caprecom E.P.S..
Séptimo. ORDENAR a Caprecom E.P.S. que, en el término cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, valore, diagnostique y determine cuál es el tratamiento médico requerido por la menor de edad M.J.O.E..
Octavo. ADVERTIR a Caprecom E.P.S. que el tratamiento que resultare de la valoración y diagnóstico ordenados en el numeral anterior debe ser suministrado inmediatamente a la paciente en el municipio de su residencia. En caso de no poder realizarse allí, deberá costear los gastos de transporte de conformidad con el artículo 43 del Acuerdo 029 de 2011.
Noveno. ORDENAR a Caprecom E.P.S. que autorice y preste, de forma oportuna, los exámenes, terapias, medicamentos y demás tratamientos que sean necesarios para tratar la enfermedad de manera integral.
Décimo. ORDENAR a Caprecom E.P.S. que exonere a M.J.O.E. del pago de las cuotas moderadoras y copagos que hasta ahora se le han exigido para acceder a los servicios de salud que necesita.
[1] Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado.
[2] Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
[14] Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.
[18] Artículo 153, numeral 3°: El sistema general de seguridad social en salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud.
Artículo 156, literal c: Todos los afiliados al sistema general de seguridad social en salud recibirán un plan integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico quirúrgica y medicamentos esenciales, que será denominada el plan obligatorio de salud.
[25] I..
[29] Recientemente, en la sentencia T-083 de 2008 la Corte resolvió tutelar el derecho a la salud de una persona de la tercera edad (87 años), que ante la omisión de la EPS acudió a un médico particular, quien, en sentido totalmente contrario al de la EPS, emitió un diagnóstico que refleja una condición médica grave con características de urgencia vital y le recomendó un tratamiento urgente..
[32] En la sentencia T-662 de 2006 la Corte ordenó a una entidad de medicina prepagada autorizar el servicio de salud (implante coclear) ordenado por un médico no adscrito a su entidad (Colmédica Medicina Prepagada), entre otras razones, porque una autorización previa por parte de la entidad para un servicio similar, había implicado el reconocimiento a la idoneidad del médico tratante para atender la enfermedad del actor y, de otra, el reconocimiento tácito de la existencia de un vínculo jurídico, para el caso concreto, entre ella y el médico tratante, dada la autorización de la cirugía practicada por este último y la asunción del mayor costo del servicio prestado. En este caso la Corte tuvo especial atención a los principios de continuidad en el servicio y confianza legítima.
[35] ARTÍCULO 49. EXCLUSIONES EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD. Se encuentran excluidas del Plan Obligatorio de Salud las siguientes tecnologías en salud:
14. Pañales para niños y adultos.
[42] Códigos CUPS 890105, correspondiente a la ATENCIÓN [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA y artículo 43 del Acuerdo 029 de 2011.
[45] En sentencia T-212 de 2009, se consideró: A este respecto, valga aclarar que esta Corporación, en su jurisprudencia, ha identificado 2 situaciones. Por un lado, aquella que se refiere al caso de una persona que no tenga capacidad de pago suficiente y necesite un procedimiento o tratamiento médico sujeto a copago o cuota moderadora, evento en el cual, la EPS-S deberá proceder a su prestación y a su cubrimiento total. Por otro lado, aquella que trata el caso de una persona con capacidad de pago, pero sin la posibilidad de desembolsarlo previamente, evento en el cual podrá realizar acuerdos de pago que garanticen la asunción de la obligación.
Dicha distinción no tiene otro propósito que garantizar, en primer lugar, el efectivo acceso al servicio de salud y, en segunda medida, evitar una afectación del mínimo vital de quienes, sin siquiera contar con los recursos necesarios para atender sus requerimientos básicos, se ven obligados a cancelar sumas de dinero que, aunque están ajustadas a lo dispuesto en la ley, les resultan demasiado onerosas por su condición de pobreza.
[46] Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
[47] Artículo 156: f) Por cada persona afiliada y beneficiaria, la entidad promotora de salud recibirá una unidad de pago por capitación, UPC, que será establecida periódicamente por el consejo nacional de seguridad social en salud;
[48] Artículo 43: TRANSPORTE DEL PACIENTE AMBULATORIO. El servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para acceder a un servicio o atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud, no disponible en el municipio de residencia del afiliado, será cubierto con cargo a la prima adicional de las Unidades de Pago por Capitación respectivas, en las zonas geográficas en las que se reconozca por dispersión.