Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/57369
Timestamp: 2020-02-21 18:42:34
Document Index: 98779738

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 276', 'artículo 1', 'artículo 108', 'Artículo 108', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 201', 'Artículo 201']

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Gaceta: LXIII/1PPO-5/57369
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a realizar las acciones necesarias que permitan garantizar los derechos humanos de los señores Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana.
La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con carácter de urgente y obvia resolución, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SEÑORES ANTONIO JOSÉ URBINA ROMERO Y CORAL YOASMIL ROJAS ACOSTA DE NACIONALIDAD VENEZOLANA, al tenor de los siguientes:
1. Los señores Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana, llegaron a la Ciudad de México con la intención de residir en nuestro país. Dentro de su matrimonio procrearon a tres niños entre los cuales se encuentra el menor de nombre Isaac Daniel Urbina Rojas, quien para su formación escolar, ingresó al Instituto ”WesthilllInstitute S.C.” en el año 2010.
2.- Para el ciclo escolar 2011-2012 Isaac Daniel Urbina Rojas fue promovido de grado, a consideración del mencionado instituto, toda vez que el menor contaba con un nivel mayor de conocimientos, tomando en cuenta su madurez y sociabilidad, debido a que eran un factor para ascenderlo de segundo a tercer grado. Presuntamente derivado de esta acción, el menor disminuyó su rendimiento escolar y a decir de los padres esto implicó consecuencias psicológicas, por lo cual el Instituto optó por que el menor repitiera el año escolar.
3.- Ante tal situación los padres decidieron demandar al Instituto y a la Secretaria de Educación Pública por responsabilidad civil subjetiva y objetiva así como daño moral. En respuesta el Instituto interpuso una denuncia por el delito de FRAUDE PROCESAL en contra de los padres del menor Isaac Daniel Urbina Rojas.
4.- A decir de la defensa legal de Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana, su detención fue ilegal y se justifica en una represalia que involucra tráfico de influencia.
Por su parte, el Colegio acusa ante los medios de comunicación al matrimonio Venezolano por el intento de extorsión.
I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del presente instrumento parlamentario.
II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.
III.Que de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos garantizando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que en caso contrario el Estado deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Así mismo, el artículo 108 de la Ley Suprema, señala que los servidores públicos serán los responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones como se transcribe a continuación:
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
IV.- Que de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, todas las personas gozarán de las garantías establecidas en la Constitución y se reconocen los derechos y obligaciones establecidas en el Estatuto y las leyes correspondientes.
V. Que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, será el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el ente encargado de administrar e impartir justicia.
VI. Que con fundamento en el párrafo VI del artículo 201 de la Ley Orgánica de la materia, son facultades del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, conocerá respecto de actos u omisiones de los miembros del Consejo de la Judicatura, tal y como se transcribe a continuación:
Artículo 201…
VI Conocer y resolver las quejas que no sean de carácter jurisdiccional, así como los procedimientos oficiosos contra actos u omisiones de los miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Magistrados, Jueces y demás servidores de la administración de Justicia, haciendo la sustanciación correspondiente y, en su caso, imponer la medida disciplinaria procedente.
Estas facultades se ejercerán, por conducto de la Comisión de Disciplina Judicial, la que resolverá en primera instancia. El Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal resolverá en segunda instancia y de forma definitiva e inatacable de conformidad con esta ley y los acuerdos expedidos para el efecto.
Por último, es necesario que en el presente caso las autoridades que tienen conocimiento sobre asuntos en los que se presumen o presuponen violaciones a los derechos de las personas, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas como lo establece nuestra Constitución.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente:
PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que conozca el caso y realice una investigación por la presunta detención arbitraria en contra de los señores Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana, quienes se encuentran presos en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, respectivamente; así como por un presunto tráfico de influencias en dicho caso.
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que a través del Consejo de la Judicatura, lleve a cabo una revisión de la causa penal número 237/2014-A, así como del actuar del Juzgado Sexagésimo Penal del Distrito Federal, a fin de determinar que sus actuaciones hayan estado apagadas a Derecho durante dicho procedimiento y remita un informe a esta Soberanía.
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que realice las diligencias necesarias que garanticenel respeto a los derechos humanos de los señores Antonio José Urbina Romero y Coral Yoasmil Rojas Acosta de nacionalidad venezolana actualmente presos en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, respectivamente.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día dos de septiembre del año dos mil quince.