Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/229917/ley-10-2014-de-3-de-diciembre-de-accesibilidad
Timestamp: 2018-03-23 01:32:35
Document Index: 14069008

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 13', 'artículo 24', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 57', 'artículo 99', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'artículo 44', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'artículo 69', 'artículo 70', 'artículo 72', 'artículo 40', 'artículo 44']

Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Legislación > Resultados > Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad
LEY 10/2014, DE 3 DE DICIEMBRE, DE ACCESIBILIDAD (DOG 241 DE 17)
La mejora de la calidad de vida de toda la población y, especialmente, de las personas con movilidad reducida ha sido uno de los objetivos fundamentales de la actuación pública por la que fue aprobada la Ley 8/1997, de 20 de agosto ( LG 1997, 298 ) , de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, posteriormente desarrollada por el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la ley y el Código de accesibilidad. Estas normas establecieron las bases para la supresión de barreras en la edificación, los espacios urbanos, el transporte y la comunicación, y para la promoción de la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad y movilidad reducida.
Por otra parte, la Ley 13/2008, de 3 de diciembre ( LG 2008, 520 ) , de servicios sociales de Galicia, en su artículo 3, establece como uno de los objetivos del Sistema gallego de servicios sociales el de garantizar la vida independiente y la autonomía de las personas en situación de dependencia.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, ratificada por el Estado español y publicada en el BOE el 21 de abril de 2008, establece el compromiso de promover, proteger y asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad y de promover el respeto a su dignidad inherente. La Convención se convierte en un instrumento, con carácter vinculante, que defiende y garantiza los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, como son la educación, la salud, el trabajo, la cultura, el ocio y la participación social y económica, y considera la accesibilidad como un elemento transversal de cada uno de los ámbitos.
Siguiendo los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas, la Unión Europea elaboró la Estrategia europea sobre la discapacidad 2010-2020, con el objetivo de que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos y beneficiarse plenamente de su participación en la economía y la sociedad europeas. La Estrategia identifica ocho áreas primordiales de actuación, la primera de las cuales es la accesibilidad a los bienes y servicios, en especial a los servicios públicos, y la utilización de los dispositivos de apoyo a las personas con discapacidad. En consecuencia, la presente ley reconoce expresamente que, en un entorno accesible y sin barreras, las personas con discapacidad mejoran, de forma significativa, sus habilidades y su autonomía, incrementan su participación y autogestión en la vida diaria y social, evitan situaciones den, reducen la dependencia de terceros e incrementan la prevención de dicha dependencia.
El marco legal estatal en materia de accesibilidad se configuró inicialmente a través de la Ley 13/1982, de 7 de abril ( RCL 1982, 1051 ) , de integración social de las personas con discapacidad (Lismi), que sentó las bases para la eliminación de barreras arquitectónicas y de la comunicación y la promoción de la accesibilidad. Se desarrolló, principalmente, a través de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre ( RCL 2003, 2818 ) , de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), dictada al amparo de la competencia exclusiva que se reserva al Estado para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al artículo 149.1.1º de la Constitución. La presente ley amplía los ámbitos de actuación a las telecomunicaciones y a la sociedad de la información; espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificaciones; transportes; bienes y servicios a disposición del público; y relaciones con las administraciones públicas. La ley se basa en los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad. También establece las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, sin perjuicio de las competencias constitucional y estatutariamente atribuidas a las comunidades autónomas, así como las atribuidas a las corporaciones locales.
A partir de la entrada en vigor de la Ley 51/2003 se produce un amplio desarrollo reglamentario de la normativa sobre accesibilidad, que da lugar a una pluralidad de normas, entre las que cabe destacar las siguientes: el Real decreto 1414/2006, de 1 de diciembre ( RCL 2006, 2235 ) , por el que se determina la consideración de persona con discapacidad; el Real decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad; el Real decreto 505/2007, de 20 de abril ( RCL 2007, 928 ) , por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones; la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero ( RCL 2010, 698 ) , por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados; el Real decreto 173/2010, de 19 de febrero ( RCL 2010, 697 ) , por el que se modifica el Código técnico de la edificación, aprobado por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo ( RCL 2006, 655 y RCL 2008, 194) ; el Real decreto 1494/2007, de 12 de noviembre ( RCL 2007, 2104 ) , por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social; el Real decreto 1544/2007, de 23 de noviembre ( RCL 2007, 2199 y RCL 2008, 586) , por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad; el Real decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de voto accesible; y el Real decreto 422/2011, de 25 de marzo ( RCL 2011, 582 ) , por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación en la vida política y en los procesos electorales.
Con posterioridad, la Ley 26/2011, de 1 de agosto ( RCL 2011, 1517 y 1831) , de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, modificó algunas de las normas relacionadas anteriormente para el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ratificación de la Convención.
La presente Ley de accesibilidad se dicta teniendo en cuenta el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que contempla en el artículo 23 que el Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, regulará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad, señalando que tal regulación será gradual en el tiempo y en el alcance y contenido de las obligaciones impuestas y abarcará todos los ámbitos y áreas de las enumeradas en el artículo 5. El Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se dictó al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al artículo 149.1.1º de la Constitución. Por otro lado, la sección 2ª del capítulo II del título II se dicta al amparo de la competencia del Estado en materia de legislación procesal, conforme al artículo 149.1.6º de la Constitución.
El título III, bajo la rúbrica «Régimen sancionador», establece el concepto de infracción, en el que se introduce la definición de infracción continuada, su clasificación en muy graves, graves y leves y las figuras de la reincidencia y reiteración. Se introduce la posibilidad de aplicar circunstancias atenuantes; se regula el tipo de sanciones, entre las cuales se establecen las sanciones accesorias, así como las multas coercitivas como medio de ejecución forzosa, y, además, se establece la actualización de la cuantía de las sanciones, la graduación de las mismas y los sujetos responsables. En lo referente al procedimiento sancionador, se hace una remisión a las normas contenidas en los artículos 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y a sus normas de desarrollo. Cabe destacar la consideración de interesadas de las asociaciones, federaciones y fundaciones relacionadas con el ámbito de la discapacidad. Se regulan de manera concreta el inicio, las actuaciones previas, el archivo de actuaciones, la colaboración entre administraciones públicas en el procedimiento y la posibilidad de adopción de medidas provisionales. Por último, se establecen los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones y el cómputo de los mismos.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia ( RCL 1981, 990 ) y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero ( LG 1983, 451 ) , reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey la Ley de accesibilidad.
c) Inclusión social. Es el proceso a través del cual las personas participan plenamente de la sociedad en la que viven y en la vida económica, política y cultural. El concepto de participación se entiende como un proceso a través del cual se tiene control sobre las iniciativas, decisiones y recursos que afectan a la vida social, política, económica y cultural. La inclusión social da lugar a las siguientes actuaciones:
1º. Cambios en el marco legislativo.
2º. Participación de las propias personas con discapacidad y de sus familias o de las organizaciones representativas.
3º. Promoción de habilidades y capacidades del colectivo de personas con discapacidad.
4º. Creación y fortalecimiento de vínculos comunitarios.
5º. Reducción de los factores de vulnerabilidad derivados de la situación de discapacidad.
6º. Estimulación de la innovación y optimización en el aprovechamiento de los recursos.
7º. Prioridad en los objetivos cualitativos sobre los cuantitativos.
8º. Formulación de un enfoque multidimensional e interdisciplinar.
9º. Diseño de respuestas específicas para las necesidades particulares.
10º. Promoción de la implicación al máximo de los siguientes agentes: instituciones, entidades y organizaciones representativas.
d) Igualdad de oportunidades. Es la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o sobre la base de la discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en igualdad de condiciones, por parte de las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Y se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social.
e) Vida independiente. Es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
f) Diálogo civil. Es el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establezcan las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollen en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia adecuada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.
g) Normalización. Es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal y acceder a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que estén a disposición de cualquier otra persona.
h) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las administraciones públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.
1º. Barreras arquitectónicas: impedimentos, atrancos u obstáculos físicos que limitan o impiden la interacción de la persona con el entorno.
2º. Barreras en la comunicación: impedimentos para la expresión y recepción de información o mensajes, sea por comunicación directa o a través de los medios de comunicación.
3º. Barreras actitudinales: actitudes u omisiones que, directa o indirectamente, generan una situación discriminatoria al obstaculizar el disfrute de los derechos de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones respecto a otra en situación análoga.
1º. Productos de apoyo: instrumento o dispositivo que permite a las personas con discapacidad efectuar actividades que sin esta ayuda no podrían hacer o requerirían un gran esfuerzo para su realización.
2º. Apoyo personal: persona preparada para facilitar la comunicación y/o la movilidad de las personas con discapacidad, como un intérprete de signos o un asistente personal.
3º. Apoyo animal: animal adiestrado especialmente para cubrir las necesidades concretas de una persona con discapacidad, como un perro de asistencia.
1º. Discapacidad física: discapacidad que dificulta o impide la movilidad o movimiento del cuerpo, o parte del cuerpo, en las actividades básicas de la vida diaria. Se incluyen las discapacidades de origen orgánico.
2º. Discapacidad sensorial: discapacidad que afecta a uno o más sentidos a la vez. En función del sentido afectado, se distingue:
3º. Discapacidad intelectual: funcionamiento intelectual inferior a la media de la población, con perturbaciones en el aprendizaje, la maduración y el ajuste social.
4º. Discapacidad mental: discapacidad que padecen las personas afectadas por trastornos cognitivos, de afectividad o de conducta que, por su intensidad o gravedad, presentan necesidades de apoyo psicológico y de socialización.
SECCIÓN 1ª. Características de las urbanizaciones
Artículo 5. Accesibilidad en espacios públicos urbanizados
Artículo 7. Parques, jardines y espacios libres públicos
Artículo 8. Aparcamientos
SECCIÓN 2ª. Características de los elementos de urbanización
SECCIÓN 3ª. Características del mobiliario urbano
Artículo 11. Señales y elementos verticales
Artículo 12. Elementos vinculados a actividades comerciales
Artículo 13. Otros elementos de mobiliario urbano
Artículo 14. Señalización e información accesibles
SECCIÓN 4ª. Obras en la vía pública
Artículo 15. Obras e intervenciones en la vía pública
SECCIÓN 1ª. Edificios de uso público
Artículo 16. Accesibilidad en edificios de uso público
Artículo 17. Reserva de plazas de aparcamiento
Artículo 18. Accesos al interior de los edificios
Artículo 19. Comunicación horizontal
Artículo 20. Movilidad vertical
Artículo 21. Aseos
Artículo 22. Reserva de espacios
Artículo 23. Utilización accesible del mobiliario
SECCIÓN 2ª. Edificios de titularidad privada
Artículo 24. Accesibilidad en edificios de titularidad privada de uso residencial de vivienda
6. En lo que respecta a las obras de adaptación que lleven a cabo las personas titulares o las personas usuarias de viviendas, habrá que estar a lo dispuesto en la Ley 15/1995, de 30 de mayo ( RCL 1995, 1614 ) , sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
SECCIÓN 3ª. Información, señalización y seguridad en caso de incendio
Artículo 25. Información y señalización
Artículo 26. Seguridad en caso de incendio
SECCIÓN 4ª. Reserva de viviendas para personas con discapacidad
Artículo 27. Reserva de viviendas accesibles
Artículo 28. Garantías para la realización de obras de adaptación
SECCIÓN 5ª. Edificios de valor histórico-artístico
Artículo 29. Edificios de valor histórico-artístico
SECCIÓN 1ª. Accesibilidad en el transporte público
Artículo 31. Adaptación de las infraestructuras y del material móvil existente
SECCIÓN 2ª. Tarjetas de accesibilidad
Artículo 32. Tarjetas de accesibilidad
2. Podrán ser personas beneficiarias de las tarjetas de accesibilidad las personas con movilidad reducida, según el baremo establecido en el Real decreto 1971/1999, de 23 de diciembre ( RCL 2000, 222 y 686) , de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, o que tengan reconocida una discapacidad visual que implique un grado de las limitaciones en la actividad igual o superior al 75 %.
Artículo 33. Expedición de las tarjetas de accesibilidad
1. Las tarjetas de accesibilidad tendrán validez en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondiendo al ayuntamiento en que resida la persona solicitante su expedición, previa acreditación de su condición de persona con movilidad reducida, según el baremo establecido en el Real decreto 1971/1999, de 23 de diciembre ( RCL 2000, 222 y 686) , de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
Artículo 34. Accesibilidad de los sistemas de comunicación y señalización
1. Las administraciones públicas de Galicia habrán de promover la supresión de barreras en la comunicación y el establecimiento de mecanismos y alternativas técnicas y humanas, como los/las intérpretes de lengua de signos, que hagan accesibles los sistemas de comunicación y señalización a toda la población, en todos los ámbitos y según lo establecido en la Ley 27/2007, de 23 de octubre ( RCL 2007, 1926 ) , por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Se empleará, asimismo, el sistema de lectura fácil y se adaptarán los sistemas de comunicación para hacerlos accesibles y comprensibles para todas las personas.
Artículo 35. Sociedad de la información y de las telecomunicaciones
Artículo 36. Símbolo internacional de accesibilidad
Artículo 37. Acceso a los bienes y servicios de las administraciones públicas de Galicia
Artículo 38. Instrumentos de control
Artículo 39. Licencias y autorizaciones
Artículo 42. Accesibilidad en el transporte y en la comunicación
Artículo 43. Controles de ejecución
Artículo 45. Objeto de las infracciones
Artículo 46. Actuaciones u omisiones infractoras
Artículo 47. Clasificación de las infracciones
Asimismo, también podrá acordarse, adicionalmente, la suspensión de la actividad de que se trate por un período máximo de tres años.
Artículo 53. Prescripción de las infracciones
Artículo 54. Prescripción de las sanciones
Artículo 55. Actualización de la cuantía de las sanciones
La cuantía de las multas previstas en la presente ley podrá ser actualizada mediante decreto del Consello de la Xunta de Galicia, según la evolución del índice de precios de consumo en la Comunidad Autónoma de Galicia, y de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre ( RCL 2007, 2352 ) , por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Artículo 57. Multas coercitivas
1. Independientemente de la sanción que corresponda por las infracciones establecidas en la presente ley, podrán imponerse multas coercitivas, según lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Artículo 59. Iniciación del procedimiento sancionador
b) Orden superior: la orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico de la unidad administrativa que constituye el órgano competente para la iniciación, y que habrá de expresar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar y la fecha o el período de tiempo continuado en que los hechos se han producido.
c) Petición razonada: la propuesta de inicio del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciarlo y que ha tenido conocimiento de las conductas o hechos que pudieran constituir infracción, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas las funciones de inspección, averiguación o investigación. Las peticiones habrán de especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables, las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación, así como el lugar y la fecha o fechas o el período de tiempo continuado en que los hechos se han producido.
Artículo 60. Procedimiento sancionador
1. Las infracciones tipificadas en la presente ley y su normativa de desarrollo serán sancionadas de acuerdo con la normativa vigente sobre el procedimiento sancionador prevista en los artículos 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto ( RCL 1993, 2402 ) , por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 61. Actuaciones previas
Artículo 62. Archivo de actuaciones previas
Artículo 63. Colaboración en la tramitación de los procedimientos
Artículo 64. Medidas de carácter provisional
1. Conforme a lo previsto en los artículos 72 y 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y el buen fin del procedimiento y para evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y salvaguardar los intereses generales.
Artículo 65. Caducidad
Si no se hubiera notificado resolución sancionadora después de haber transcurrido un año desde el inicio del procedimiento, se producirá su caducidad, según lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Artículo 66. Órganos competentes para la imposición de las sanciones
Artículo 67. Publicidad de las resoluciones sancionadoras
Artículo 68. Garantía de accesibilidad de los procedimientos
Artículo 69. El Consejo Gallego para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras
1. El Consejo Gallego para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, creado por la Ley 8/1997, de 20 de agosto ( LG 1997, 298 ) , de accesibilidad y supresión de barreras de Galicia, es el órgano de participación y consulta en materia de accesibilidad.
Artículo 70. La Comisión Técnica de Accesibilidad
1. La Comisión Técnica de Accesibilidad, creada por la Ley 8/1997, de 20 de agosto ( LG 1997, 298 ) , de accesibilidad y supresión de barreras de Galicia, es el órgano administrativo competente para la tramitación de los expedientes sancionadores y para el asesoramiento técnico en materia de accesibilidad y supresión de barreras, estando adscrita a la consellería competente en materia de atención a las personas con discapacidad.
Disposición Adicional primera. Adaptación y supresión de barreras existentes
Disposición Adicional segunda. Planes de evacuación y seguridad
Disposición Adicional tercera. Acciones formativas y sensibilización social
Disposición Adicional cuarta. Excepciones
Disposición Adicional quinta. Instalación de ascensores y viviendas de uso exclusivo para personas con discapacidad
La exigencia de la instalación de ascensor en los edificios de vivienda de obra nueva se ajustará a lo establecido en el apartado I.B.3.4 («Ascensores») del anexo I de las Normas de habitabilidad de viviendas NHV-2010, del Decreto 29/2010, de 4 de marzo ( LG 2010, 100 y 280) , por el que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia.
Disposición Adicional sexta. Accesibilidad y diseño para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
Los aspectos de accesibilidad universal y diseño para todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas se ajustarán a lo establecido en la Ley 27/2007, de 23 de octubre ( RCL 2007, 1926 ) , por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, y en su normativa de desarrollo.
Disposición Adicional séptima. Viviendas de promoción pública
Disposición Adicional octava. Información al Parlamento
Disposición Transitoria primera. Planes urbanísticos e instrumentos de planeamiento
Los planes generales de ordenación urbana, las normas subsidiarias de planeamiento y los demás instrumentos de planeamiento que los desarrollan aprobados definitivamente a la entrada en vigor de la presente ley se adaptarán a las determinaciones y criterios técnicos contemplados en la misma y en el reglamento de desarrollo en su primera revisión, no superándose, en todo caso, el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la presente ley y sin perjuicio de lo establecido en el régimen transitorio previsto en el Real decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código técnico de la edificación, aprobado por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo ( RCL 2006, 655 y RCL 2008, 194) , en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
Disposición Transitoria segunda. Proyectos de edificación y urbanización en tramitación
Disposición Transitoria tercera. Tarjetas de accesibilidad
Disposición Transitoria cuarta. Normativa vigente
Disposición Transitoria quinta. Consejo Gallego para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras
En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario a que se refiere el artículo 69 de la presente ley, permanecerán vigentes la organización y el funcionamiento establecidos en el título VI del Decreto 35/2000, de 28 de enero ( LG 2000, 84 ) , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Disposición Transitoria sexta. Comisión Técnica de Accesibilidad
En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario a que se refiere el artículo 70 de la presente ley, permanecerán vigentes las funciones y la composición de la Comisión Técnica de Accesibilidad establecidas en el artículo 72 del Decreto 35/2000, de 28 de enero ( LG 2000, 84 ) , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente ley y, en concreto, la Ley 8/1997, de 20 de agosto ( LG 1997, 298 ) , de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, salvo lo establecido en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 40 y en el apartado 1 del artículo 44 de dicha ley.
Disposición Final segunda. Plan gallego de accesibilidad
Disposición Final tercera. Habilitación para el desarrollo reglamentario