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Timestamp: 2019-01-24 02:12:24
Document Index: 61199782

Matched Legal Cases: ['artículo 546', 'artículo 239', 'artículo 81', 'artículo 94', 'artículo 546', 'artículo 767', 'artículo 2332', 'artículo 94', 'artículo 93', 'artículo 96', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 767', 'artículo 2314']

Santiago, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis
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Santiago, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis.
En los autos Rol N° 6480-2016 de esta Corte Suprema, pertenecientes al 34º Juzgado del Crimen de Santiago, el Ministro en Visita Extraordinaria don Omar Astudillo Contreras, por sentencia de seis de marzo de dos mil quince, que rola a fojas 2664 y siguientes de autos, condenó a Jaime José Mondaca Gómez y a Jorge Pedro Letelier de la Cruz en carácter de autores del delito de fraude al Fisco a sufrir, cada uno, la pena de cuarenta y un días de prisión en su grado máximo, accesoria especial de inhabilitación perpetua para el cargo u oficio, al pago de una multa equivalente al 10% del perjuicio sufrido y al pago del 50% de las costas de la causa. La misma sentencia acoge la demanda civil deducida, condenando a los demandados Jaime José Mondaca Gómez y a Jorge Pedro Letelier de la Cruz a pagar al Fisco de Chile, en forma solidaria, la cantidad de $240.796.967.-, con los reajustes e intereses que se establecen en el mismo fallo.
Esta decisión fue recurrida de apelación por los condenados y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha treinta de diciembre de dos mil quince, según se lee a fojas 2770 y siguientes, la revocó, declarando que la acción penal había prescrito, de manera que los condenados quedaban absueltos por haberse extinguido su responsabilidad penal, motivo que también se invocó para rechazar la demanda civil deducida por el Consejo de Defensa del Estado en contra de los encausados.
A fojas 2776 y siguientes, doña Irma Soto Rodríguez, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, dedujo recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de segundo grado, que se trajo en relación por resolución de fojas 2801.
PRIMERO: Que por esta impugnación se denuncia la concurrencia de la causal 5ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 93 Nº 6 y 96 del Código Penal, 81 y 94 del Código de Procedimiento Penal, señalando que los hechos acreditados en autos - y que la sentencia mantiene- dicen relación con la ejecución de una serie de actos conducentes a sortear los controles respectivos, encaminados a la celebración de un contrato de compraventa en condiciones objetivamente desventajosas para una empresa del Estado y abiertamente favorables para un tercero, Termoinsa, lo que importa una administración desleal del patrimonio fiscal. Como consecuencia de ello, una empresa del Estado transfirió un inmueble de su propiedad, lo que le significó una pérdida patrimonial efectiva de, a lo menos, 14.612,362 unidades de fomento, equivalentes al 10 de octubre de 2002 a $240.796.000.- (doscientos cuarenta millones setecientos noventa y seis mil pesos).
Indica el recurso que la sentencia de primera instancia es condenatoria, dando por configurado el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal y acogió la demanda deducida por el Fisco, pronunciándose expresamente sobre la prescripción de la acción penal al estimar que las querellas de autos de 18 y 19 de abril de 2007 la suspenden. Sin embargo, la sentencia de segundo grado señala que dichas actuaciones no tienen tal efecto, de modo que la prescripción corrió ininterrumpidamente hasta el diez de octubre de 2007, por lo que absuelve a los acusados y rechaza la demanda.
Fundamentando su impugnación, señala que el Código Penal prescribe que la prescripción corre desde que se cometió el delito, y que dicho término puede suspenderse o interrumpirse. En la especie, lo discutido es la primera hipótesis, la suspensión, al decidir que las querellas no han tenido esa capacidad, lo que infringe el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal que regula las formas de iniciar un proceso penal, conculcando además el artículo 94 del mismo texto, que señala que las querellas pueden ser interpuestas contra persona indeterminada.
Al efecto, indica que la sentencia concluye que las querellas de autos son innominadas, pese a que ellas contienen denuncias concretas y expresas de los hechos referidos al contrato de venta del Lote 2-B a la empresa Termoinsa, materia del delito de fraude que se acreditó, y del cual deriva la responsabilidad penal de los acusados que ostentaban las calidades de gerente general (Mondaca) y de administración y finanzas (Letelier), respectivamente. De hecho, la querella solicita la citación del comité de prescindencia de gerencia, dando luces de quienes podrían tener participación en el delito y por lo que designándose Ministro en Visita Extraordinaria, éste dispuso la orden de investigar las personas que intervinieron en las negociaciones, suscripción, administración y control del mencionado contrato y de los que formaron parte del comité aludido. El 7 de julio de 2007 se tomó declaración a los sentenciados, situaciones todas que demuestran la efectiva infracción de las normas citadas.
En segundo término, deduce también recurso de nulidad sustantiva por la decisión civil adoptada, conforme el artículo 546 inciso final del Código de Procedimiento Penal en relación con el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, denunciando la infracción de los artículos 2314, 2316 y 2329 del Código Civil, 500 Nº 7 y 428 del Código de Procedimiento Penal, porque la sentencia, sin efectuar consideraciones de fondo y análisis, concluye que por haber resuelto la absolución penal, procede el rechazo de la demanda.
Así, entonces, no se cuestiona si resulta aplicable la aceptación de la acción aún en el evento absolutorio. Sin embargo, al haberse acreditado la existencia del delito y sus autores, la acción indemnizatoria debió ser acogida, y la circunstancia que ello no haya ocurrido da cuenta de la confusión de los jueces del fondo al interpretar que la expresión “perpetración del acto” del artículo 2332 del Código Civil se refiere al inicio de la ejecución de delito, lo que es equivocado. La fuente de la responsabilidad civil es el daño, y su parte sufrió perjuicio, por lo que debe ser indemnizada al existir hecho ilícito, antijurídico, doloso o culposo que ha causado daño.
Termina describiendo la influencia que estos errores han tenido en lo dispositivo del fallo y solicita invalidar la sentencia de segundo grado y, en la de reemplazo que se dicte, declarar que la responsabilidad penal de los acusados no está prescrita, ratificar las condenas impuestas en primera instancia y acoger la demanda.
SEGUNDO: Que en relación a lo debatido, resulta necesario tener en consideración que la sentencia de segundo grado asentó como hechos pertinentes los siguientes:
1.- Que el plazo de prescripción de la acción penal emanada del delito de fraude al Fisco empezó a correr el 10 de octubre de 2002.
2.- Que en autos se dedujeron querellas los días 18 y 19 de abril de 2007. La primera de ellas, deducida por los parlamentarios doña Evelyn Matthei Fornet, don Baldo Prokurica Prokurica y don Carlos Cantero Ojeda, senadores, y don Cristián Monckeberg Bruner, Claudio Alvarado Andrade y Marisol Turres Figueroa, diputados, no contiene imputación alguna en contra de determinada persona ni aporta datos, como no sean los comentarios relativos a los funcionarios de EFE como “empleados públicos” o “los ejecutivos correspondientes”. A su turno, la segunda se refiere a hechos diversos de los establecidos en el fallo apelado y, si bien se encuentra dirigida contra personas determinadas, ellas son distintas de los sentenciados.
TERCERO: Que sobre la base de estos presupuestos, los jueces de segundo grado señalaron que la primera querella indicada no contiene imputación alguna en contra de determinada persona ni aporta datos como no sean los comentarios relativos a los funcionarios de EFE como “empleados públicos” o “los ejecutivos correspondientes”, siendo lo más cercano a una determinación de personas la alusión a los cargos que integraban el Comité Prescindencia de Gerencia. Pero como no se formula reproche en contra de la actuación de tal Comité, dicha alusión no resulta suficiente para entender que el proceso había de dirigirse contra quienes desempeñaban dichos cargos; a su vez, la petición de citarles a prestar declaración en la causa tampoco constituye una imputación en tal sentido. Así, la querella de los señores parlamentarios, dirigida en contra de “todas aquellas personas que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores”, teniendo mérito para iniciar el procedimiento, carece de él en cuanto a dirigirlo en contra de persona determinada o determinable y, en tal sentido, para suspender la prescripción.
Respecto de la segunda de las acciones deducidas, señalaron que, en atención a sus términos, ella tampoco resultaba apta para suspender a su respecto el plazo de prescripción, por lo que de todo lo reseñado fluye que el plazo de prescripción del delito de fraude al Fisco que había empezado a correr el 10 de octubre de 2002 no se suspendió por la interposición de las querellas deducidas los días 18 y 19 de abril de 2007, corriendo sin interrupción hasta completarse los cinco años a que se refiere el artículo 94 del Código Penal el 10 de octubre de 2007, sin que hasta esa fecha el procedimiento se hubiese enderezado contra persona alguna, de manera que resulta procedente declarar prescrita la acción penal en estos autos;
En razón de lo expresado, y pese a encontrarse plenamente establecidos en estos autos los hechos investigados y su carácter delictual, así como la participación que en ellos correspondió a los sentenciados Mondaca y Letelier, no cabe condenarlos por ellos, por haberse extinguido su responsabilidad penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 del Código Penal, por lo que determinaron su absolución de los cargos que se les formulara en la acusación fiscal, a la cual adhirieron las partes querellantes; de manera que al haberse arribado a una decisión absolutoria en materia penal, no cabe acoger la acción civil por esta vía, sin perjuicio de otros derechos.
CUARTO: Que, de esta manera, para resolver lo debatido, resulta forzoso, en primer término, analizar las infracciones de ley denunciadas.
Al efecto, resulta necesario tener en cuenta que el Código Penal alude a la “suspensión” de la prescripción en su artículo 96, conjuntamente con la “interrupción”, declarando que el primer evento ocurre cuando se “inicia” el procedimiento en contra del imputado.
Frente a un texto legal pertinente al ámbito penal sustantivo que se remite, no obstante, a una situación procesal, propia de la órbita penal adjetiva- “suspensión del procedimiento penal”- es menester recurrir, a los fines de la correcta inteligencia de la norma y la necesaria certeza jurídica, a las reglas del Código de Procedimiento Penal, las que, como lo pone de manifiesto la unanimidad de la doctrina, carecen de oscuridad sobre el tema
En efecto, de acuerdo al artículo 81 del código del ramo, los juicios penales pueden comenzar: a) por denuncia; b) por querella; c) por requisición del Ministerio Público y d) por pesquisa judicial.
QUINTO: Que sin perjuicio de lo anterior, es conveniente destacar que la mejor doctrina frente al texto sustantivo, que podría suscitar controversias precisamente por aludir a un concepto del ámbito procesal, postula que es el ejercicio de la acción penal, en alguna de las formas previstas en la ley enderezada nominatim en contra del sujeto, el suceso que provoca la suspensión, aún cuando no exista auto de procesamiento. (Guzmán Dálbora, Texto y Comentario del Código Penal Chileno, T.I, Libro Primero, Parte General, Artículos 93 a 105, p, 475).
En el mismo sentido, Politoff, Matus y Ramírez afirman que la prescripción se suspende por iniciarse formalmente la persecución penal del que aparece como responsable del delito (Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte General, p.581); postulando Yuseff como “opinión dominante”, en su conocida monografía “La Prescripción Penal”, aquella que estima que dirigir el procedimiento implica la iniciación del proceso penal por alguna de las formas contempladas en el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal y la existencia de un inculpado, respecto del cual se producirá la suspensión del término prescriptivo (La Prescripción Penal, Tercera Edición actualizada, p.121), criterio que ha sido acogido ya por este tribunal, en sentencias Rol 1663-2009, 3463-2012, 7100-2014, 11.874-2015, entre otras.
Algunos autores no se conforman con la presentación de la denuncia o querella. Exigen que hayan sido proveídas para que el procedimiento se encamine en contra del querellado (Labatut, Derecho Penal, T.I, p.298; Novoa, Curso de Derecho Penal Chileno, T.II, p.491), tesis que fue recogida en su momento por esta Corte, como aparece de los fallos de 31 de agosto de 1952, de 11 de junio de 1965 y de 25 de octubre de 1985, citados por el Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas del Código de Procedimiento Penal, Tomo III, 2002, pag. 412, pero que no constituye su actual doctrina.
SEXTO: Que asentada ya la recta doctrina sobre el punto debatido, resulta necesario tener en cuenta que es un hecho de la causa que de las querellas deducidas en autos, una lo fue contra personas distintas de las acusadas en este caso y por hechos diversos a los contenidos en la imputación; y la otra carece de designación de personas respecto de las cuales pudo dirigirse la investigación desde un primer momento, presupuesto que – como se ha dicho- aparece como indispensable para los fines que pretende el recurso.
Por lo anterior, carece de la trascendencia la circunstancia que se haya solicitado como primeras diligencias la interrogación de quienes resultaron acusados en el proceso, ya que tal indicación carece – en ese momento- de la entidad que demanda el efecto suspensivo que se pretende, y resulta coherente con las finalidades asignadas a esa forma de iniciación del proceso, como es proporcionar antecedentes que permitan dar curso a la causa.
SÉPTIMO: Que, así entonces, al 10 de octubre de 2007 ninguno de los actos procesales aludidos en el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal había tenido lugar respecto de los acusados, ni existía tampoco alguna actuación que, atendidas las circunstancias del caso concreto, pudiera asimilársele, toda vez que a esa data no habían siquiera prestado declaración como inculpados, acto que se produjo recién en el mes de diciembre de 2009, como aparece de fojas 1277 y 1319 de autos, lo que da cuenta que al momento de enderezarse la pesquisa en contra de persona determinada, la acción penal ya se había extinguido.
OCTAVO: Que, no habiéndose dirigido en este caso el proceso penal en contra de Jaime Mondaca Gómez y Jorge Letelier de la Cruz por alguno de los mecanismos previstos en el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal con la interposición de las querellas de 18 y 19 de abril de 2007, no pudo legalmente producirse la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal de la manera que se ha pretendido en el recurso, por lo que la decisión de declarar la extinción de la responsabilidad penal de los acusados ha sido ajustada a derecho.
NOVENO: Que, en atención a lo expuesto, resulta forzoso concluir que el recurso deducido por la primera causal invocada deberá ser desestimado, al no haberse demostrado la ocurrencia de los errores de derecho denunciados, con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.
DÉCIMO: Que la conclusión que precede acarrea el rechazo del recurso interpuesto en contra de la decisión civil del fallo de autos, toda vez que la acción contenida en la pretensión resarcitoria en virtud de la cual se recurre también ha prescrito, considerando la fecha de ocurrencia de los hechos y la de las querellas de autos, por lo que en este caso los errores de derecho denunciados en este apartado carecen de la influencia que la ley exige en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil como presupuesto indispensable de procedencia del recurso que se analiza, lo que determina que éste ha de ser rechazado.
En conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se declara: Que se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto a fojas 2776, por doña Irma Soto Rodríguez, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, contra la sentencia de treinta de diciembre de dos mil quince, que se lee a fojas 2770 y siguientes.
Se previene que el Ministro señor Brito concurre a lo decidido teniendo en consideración que para que opere la suspensión de la prescripción por haberse iniciado formalmente la persecución penal del que aparece como responsable del delito, resulta necesario que éste sea vinculado al proceso mediante la dictacion de la correspondiente resolución que declara existir a su respecto presunciones fundadas de participación en el delito que se pesquisa, esto es, el auto de procesamiento, lo que, en la especie ocurrió vencido largamente el plazo de prescripción que establece la ley, lo que, en su concepto, ratifica la corrección de lo resuelto en autos.
Se previene que el Ministro Sr. Künsemüller concurre al rechazo del recurso deducido en contra de la decisión civil de autos, teniendo particularmente en cuenta que el artículo 2314 del Código Civil impone al que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, la obligación de indemnizar, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el referido delito o cuasidelito, de lo que se desprende –en su concepto- que la absolución pronunciada en materia penal obsta al acogimiento de la pretensión resarcitoria hecha valer desde que la fuente de ambas responsabilidades es una sola y misma, el delito cometido, respecto el cual, en este caso, se extinguió la responsabilidad penal de los acusados
Redacción a cargo del Ministro Sr. Künsemüller. Rol N° 6.480-2016
En Santiago, a veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al señor Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.