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Timestamp: 2019-02-16 21:54:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 59', 'artículo 162', 'artículo 25', 'artículo 162', 'artículo 24', 'artículo 395']

Prestadores de Servicios de Confianza | Seguridad Jurídica en Internet | blogespierre - pedro j. canut
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On febrero 11, 2015,	Posted by Pedro J. Canut ,	In COLORIURIS,General,Nuevas Tecnologías,derecho,	By de 23 de julio,prestador de servicios de certificación,prestador de servicios de confianza,reglamento 910/2014,terceros de confianza ,	With 2 Comments
La figura del Prestador de Servicios de Confianza es una evolución del Prestador de Servicios de Certificación regulado en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica; y tiene su origen en los Trusted Third Party del mundo anglosajón y, entre los países de nuestro entorno, en los Tiers de Confiance en Francia.
Y sostengo que es una evolución porque, en puridad, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica hace referencia exclusivamente a las Autoridades de Certificación generadoras de certificados de firma electrónica y, desde 2003 hasta ahora la realidad – una vez más – ha ido por delante del Derecho, y las necesidades de acreditación telemática de fecha y hora, de entrega certificada y/o de custodia de documentos electrónicos carecían de una normativa específica si bien, como veremos más adelante, podemos encontrar normas dispersas que dan carta de naturaleza a estos otros servicios de certificación (aunque con una deficiente técnica legislativa que los confunde a menudo con los Terceros de Confianza del artículo 25 LSSICE que poco o nada tienen que ver con los Prestadores de Servicios de Certificación); y aún hoy el Reglamento U.E. 910/2014, de 23 de julio (por la propia dinámica de este tipo de instrumentos jurídicos) parece dejarnos en un limbo jurídico hasta el año 2016.
Nuestra normativa se dedica a ellos (en concreto a los prestadores de servicios de validación temporal) en la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Con mención explícita a los fechados de tiempo:
ANEXO – definiciones
Letra g) – Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.
Así como en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre:
Se hace necesario, como primer paso, acudir a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre cuyo artículo 59 establece la forma en que deben llevarse a cabo las notificaciones y a cuyo tenor:
5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el “Boletín Oficial del Estado”, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.
Y a la Ley de Enjuiciamiento Civil cuyo artículo 162 establece de forma expresa, en sintonía con la normativa de la Ley de Régimen Jurídico y con la legislación en materia de administración electrónica la admisibilidad de las notificaciones por medios telemáticos. Al igual que el art. 59 de la ley 30/1992 citada, la norma informa – norma de derecho necesario – que debe poder acreditarse de forma fehaciente la notificación; estableciendo el mismo régimen entre notificaciones postales y notificaciones electrónicas.
Merece especial atención el párrafo tercero del punto 1 donde se contempla como norma de carácter imperativo que el Ministerio de Justicia contará con un registro accesible donde deberán constar las direcciones electrónicas de todos los órganos de la Administración, sin distinguir entre Administración General de Estado, Administración Autonómica o Administración Local con el fin, lógicamente, de que las Administraciones Públicas puedan ser notificadas por medios electrónicos.
Completan el panorama normativo los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio que configuran el marco normativo sobre comunicaciones en el ámbito de la Administración Pública:
3.- Reglamento UE 910/2014
Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DOUE de 28 de agosto de 2014)
El registro de los Prestadores de Confianza (prestadores de servicios de certificación según su denominación actual) es competencia del Ministerio de Industria, energía y turismo que los relaciona en su sede electrónica a partir de la siguiente dirección de Internet:
Pulsando en el desplegable relativo a los prestadores de servicios de validación temporal, tal como se muestra en la imagen:
se accede al listado de los dieciséis Prestadores de servicios de certificación – validación temporal reconocidos en España:
4.- doctrina:
“ …/…el problema de la acreditación (respecto de la obligación de publicación en web de la convocatoria a junta de accionistas de las sociedades de capital), puede solventarse contratando una empresa de certificación o tercero de confianza (artículo 25 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico), a fin de probar que un conjunto o serie de datos existió en un momento determinado y que además ninguno de estos datos ha sido modificado desde entonces …/…
La fe pública notarial por el contrario, no servirá para acreditar el mantenimiento durante el plazo legal, siendo imposible que el Notario compruebe de manera constante.”
5.- El tratamiento dado por la Jurisprudencia
Al tratarse de una cuestión de forma y no de fondo es muy difícil que los juzgados lleguen a pronunciarse sobre esta forma de notificación (desde luego no en Sentencia).
La realidad es que los tribunales sólo suelen pronunciarse cuando la parte a quien perjudica la notificación realizada por medios telemáticos impugna ese medio de comunicación; a pesar de lo cual empieza a haber también bastante Jurisprudencia menor; en concreto, y respecto a los procedimientos de ejecución:
– Auto de 24 de febrero de 2010, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Málaga
– Auto de 21 de abril de 2010, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de La Almunia de Doña Godina, en autos de ejecución de títulos judiciales 888/2009
– Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 12, de 5 de diciembre de 2006.
– Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 12, de 5 de febrero de 2007.
– Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 12, de 12 de julio de 2006.
En lo Contencioso-Advo:
– Sentencia Audiencia Nacional, sección 4ª, de 10 de mayo de 2006.
– Sentencia Audiencia Provincial de Valladolid, de 5 de febrero de 2002.
– Sentencia Audiencia Provincial de Gerona, sección 3, de 24 de abril de 2002
No obstante la jurisprudencia menor transcrita, merece tratamiento aparte el Auto T.S. de 21 de marzo de 2013 dictado en recurso 855/2010 donde se explicita, a la luz de la normativa vigente en la fecha de dictarse el Auto,(y que hemos visto a lo largo de este ensayo) la necesidad de que intermedie en la comunicación/ notificación un Prestador de Servicios de Certificación (Reglamento de U.E. en materia de firma-e y prestadores de servicios de confianza).
1º.- que los destinatarios de las comunicaciones dispongan de medios telemáticos susceptibles de recibir notificaciones fehacientes.
2º.- que, en el caso concreto, se haya garantizado la integridad de emisor, destinatario, mensaje, fecha y hora.
El T.S. (por aplicación de la normativa que regula la intervención de Prestadores de Servicios de Certificación; ésto es, la Ley 59/2003, de firma electrónica, considera que cuando las notificaciones telemáticas están intervenidas por Prestadores de Servicios de Certificación se da esa garantía de integridad. En palabras del Supremo:
“…/… La situación jurídica parte del artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé que las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos … que
permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad … los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda. Cuya norma procesal viene completada por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, que contempla los certificados reconocidos (artículos 11 y siguientes) y los dispositivos de firma electrónica y sistemas de certificación de prestadores de servicios de certificación y de dispositivos de firma electrónica (a partir del artículo 24).”
El Reglamento U.E. 910/2014, de 23 julio recoge la realidad de estos últimos años y regula la figura del Prestador de Servicios de Confianza con las funcionalidades que, de facto, ya ha incorporado la doctrina, la jurisprudencia y, sobre todo, una sociedad necesitada de instituciones jurídicas que, del mismo modo que los fedatarios públicos en el ámbito analógico, doten de seguridad jurídica a las transacciones telemáticas con presunción de exactitud respecto de la fecha, hora e integridad del datos. Desde mi humilde punto de vista la vacatio legis del Reglamento no es obstáculo para que la nueva figura despliegue todos los efectos jurídicos que demanda la sociedad; bien por analogía legis con la normativa de derecho administrativo vigente, bien por aplicación de la costumbre como fuente del Derecho … bien por sentido común: si la figura existe, responde a las necesidades de la sociedad y se ha redactado una norma jurídica que la avala y regula la vacatio legis del Reglamento debe interpretarse sólo como periodo de adaptación. De otro modo estaríamos avocados a una laguna jurídica que la sociedad no puede permitirse.
Por otra parte, y tras la derogación de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. (Vigente hasta el 1 de enero de 2011) no existe un único ente con capacidad/ potestad para acreditar de forma fehaciente los envíos de las administraciones públicas; es más, a la luz de la legislación y jurisprudencia citada se puede colegir que, en el ámbito de las notificaciones electrónicas quienes tienen atribuida esa potestad de acreditación son los Prestadores de Servicios de Confianza.
Lo expuesto en esta entrada dedicada a los servicios de notificación es extrapolable mutatis mutandis al resto de servicios que requieren la intermediación de Prestadores de Servicios de Confianza.
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FCM Abogados Asturias dice:
10/3/2015 a las 4:33 pm
Muy interesante. Felicidades por la forma de abordar el tema, se me ha hecho ameno al leerlo.
11/3/2015 a las 11:05 am
Me alegra “oir” eso.