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Timestamp: 2018-12-13 00:07:26
Document Index: 385493376

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 29', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 25', 'artículo 29', 'artículo 241', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 62', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 18']

Fundación Universidad del Norte - Jorge ignacio pretelt chaljub
La Fundación Universidad del Norte, a través una docente del Departamento de Derecho, solicitó declarar la exequibilidad de la expresión “inmoral o” contenida en el numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo bajo el entendido de que para la aplicación de esta causal, el empleador deberá establecer de manera clara los comportamientos considerados como inmorales o, en su defecto, establecer los criterios objetivos que permitan de manera razonable y proporcionada determinarlo, manifestando que:
La Corte Constitucional ha analizado la incorporación legal de criterios morales, tanto en sede de constitucionalidad como de tutela y ha señalado que su uso como referente al que puede acudir el legislador en determinadas situaciones para restringir ciertos derechos y libertades, o como criterio que el juez puede tener en cuenta al examinar las normas que mencionan la “moral”, “buenas costumbres” u otra categoría de expresiones que hacen alusión a principios éticos.
No obstante, aduce, este Tribunal ha señalado reiteradamente que la inconstitucionalidad del uso de conceptos jurídicos indeterminados del tipo “acto inmoral” o “buenas costumbres” en materia disciplinaria cuando no son acompañados de una descripción detallada, clara y precisa de la conducta prohibida o de criterios o métodos objetivos de interpretación que permitan determinar cuáles comportamientos constituyen faltas disciplinarias.
Así mismo, la Corte ha reiterado su línea jurisprudencial sobre la aplicación restringida de conceptos jurídicos indeterminados, al tiempo que ha precisado el concepto de “moral social” como aquella que se refiere a un conjunto puntual de valores que una sociedad defiende para promover la convivencia pacífica entre distintas morales individuales.
De esta manera se evita que cada individuo, en una interpretación distorsionada de lo que significa el libre desarrollo de la personalidad, ejerza su absoluta voluntad desconociendo intereses comunes y derechos de terceros.
Aclara que aunque en el marco de un proceso de terminación del contrato de trabajo no se puede hablar en sentido estricto de la aplicación del debido proceso consagrado en el artículo 29 Superior, pues, con ello se desbordaría el alcance de la norma, ya que aunque de su contenido se deriva que su aplicación se circunscribe a actuaciones administrativas y judiciales, también lo es, que la Corte Constitucional acogió la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que consagra unas garantías a favor del trabajador las cuales debe asegurar el empleador cuando aplica las causales de terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa.
Por tanto, no puede afirmarse que la sola referencia a criterios morales constituye per se vulneración de mandatos constitucionales como el pluralismo, la igualdad, la libertad de cultos o el libre desarrollo de la personalidad, ni que implique la posibilidad de que el empleador acuda a criterios sospechosos o arbitrarios de un concepto indeterminado como el de moral.
La ciudadana Karina Margarita de la Rosa Torralvo, solicitó a la Corte que declare la exequibilidad de la expresión acusada, bajo el entendido de que para la aplicación de esta causal, el empleador debe establecer previamente de manera clara, expresa e inequívoca los comportamientos considerados como inmorales o, en su defecto, establecer los criterios objetivos que permitan de manera razonable y proporcionada determinarlos con el fin de proteger el derecho fundamental al debido proceso del trabajador.
Al respecto, precisa que la incorporación legal de criterios morales ya ha sido objeto de estudio por parte de esta Corporación convalidando su uso como referente al cual puede acudir el legislador en determinadas situaciones para restringir ciertos derechos y libertades; empero, también ha señalado la inconstitucionalidad del uso de conceptos jurídicos indeterminados del tipo “acto inmoral” o “buenas costumbres” en materia disciplinaria cuando no son acompañados de una descripción detallada, clara y precisa de la conducta prohibida o de criterios de interpretación que permitan determinarla. Siendo así, la Corte ha reiterado la aplicación restringida de conceptos indeterminados, al tiempo que ha precisado el concepto de moral social como criterio al cual puede acudir el juez constitucional para determinar la conformidad con la Carta de las normas que persiguen la defensa de un principio de moralidad.
Por otro lado, sostiene que tratándose de relaciones laborales, específicamente frente a las diversas formas de terminar el contrato de trabajo, la Corte Constitucional acogió una línea jurisprudencial sostenida por la Corte Suprema de Justicia, donde se establece una serie de garantías a favor del trabajador, a las que se debe sujetar el empleador al momento de hacer uso de las causales de terminación del contrato. De lo anterior, puede sustraerse la imposibilidad de apelar tan solo a criterios morales para dar por terminado un contrato laboral. Por ello, con el fin de proteger el derecho fundamental al debido proceso y garantizar la legalidad de la terminación unilateral del contrato por parte del empleador, este deba establecer previamente de manera clara, expresa e inequívoca los comportamientos considerados como inmorales o establecer criterios objetivos que posibiliten su determinación.
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó a la Corte Constitucional declararse INHIBIDA de pronunciarse de fondo respecto de los cargos contra la expresión “inmoral o” del numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo por la supuesta violación de los artículos 1, 2, 16, 18 y 19 de la Constitución Política.
Sin embargo, pide a la Corte que declare EXEQUIBLE la expresión demandada frente a la supuesta violación de los artículos 25 y 53 Superiores, con fundamento en las siguientes razones:
Para iniciar, el Ministerio Público resumió los argumentos expuestos en la demanda y los dividió en dos grupos: el primero sobre violación de los artículos 1, 2, 16, 18 y 19 constitucionales y el segundo acerca del desconocimiento de los artículos 25 y 35 de la Constitución Política.
Frente al primer grupo de cargos, la Vista Fiscal asegura que el demandante parte de la premisa de que el numeral quinto del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo impone una única moral y a partir de ello, el ciudadano concluye que este precepto normativo desconoce el carácter pluralista del Estado colombiano, protege únicamente las creencias y libertades mayoritarias y restringe el libre desarrollo de la personalidad, imponiendo concepciones morales específicas que incluso podrían implicar restricción a la libertad religiosa.
Por otra parte, frente a los cargos por violación a los artículos 25 y 53 de la Carta Política, encuentra el señor Procurador que el actor exhibe una línea argumentativa distinta a la utilizada frente al primer grupo de normas constitucionales. Así, el demandante expresa que al incluir como justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del empleador una expresión indeterminada y ambigua, se deja un espacio a abusos y arbitrariedades y se vulneran derechos fundamentales pues se iría en contra de la estabilidad laboral.
Posteriormente, el Ministerio Público aborda como cuestión preliminar las razones por las cuales, a criterio suyo, la Corte debe declararse inhibida de emitir un pronunciamiento de fondo frente al primer grupo de cargos ya señalado.
En efecto, dado que el accionante parte de suponer que la expresión demandada del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo representa una imposición de un único patrón moral de conducta, toda la argumentación que expone tomando como fundamento tal premisa resulta contraria al requisito de certeza que ha exigido la jurisprudencia constitucional en la formulación de acciones públicas de inconstitucionalidad.
Por lo tanto, para el Procurador resulta evidente que la acción parte de una interpretación totalmente subjetiva y equivocada del ciudadano que no se deriva directamente de la disposición normativa, puesto que la norma acusada no impone un sistema o concepción moral único o particular.
A partir de lo anteriormente dicho, la Procuraduría estima oportuno exponer varios razonamientos con respecto a la relación entre el Derecho y la moral, haciendo igualmente referencia a esta última como criterio de valoración que puede ser aplicado en la ejecución de relaciones jurídicas concretas.
Así, destaca el señor Procurador que se ha producido un cambio en la concepción de Estado dado que el Estado de Derecho Legal ha quedado relegado por el Estado de Derecho Constitucional. Por lo tanto, lejos de separarse tajantemente la moral del Derecho, se tienden puentes de comunicación necesaria entre uno y otro, de tal forma que el modelo constitucional, a su juicio, comporta un orden jurídico “moralizado”. Como ejemplo de ello, se citan conceptos como la buena fe, parámetros de buen padre de familia y buen hombre de negocios, solidaridad, igualdad, inviolabilidad de la vida, etc.
Igualmente, relaciona una serie de argumentos con respecto a la posibilidad del legislador de optar por una visión de la moral en particular, siempre y cuando sea admisible dentro de los postulados constitucionales. No se trata entonces de que la ley imponga una concepción moral en particular, sino tan solo de que ésta reconozca aquella que es conforme a los principios constitucionales.
Afirma que el problema jurídico a resolver en el presente proceso consiste en establecer si la determinación del legislador de incluir la realización de actos inmorales como justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del empleador vulnera el artículo 25 y 53 de la Constitución Política, así como el derecho fundamental al debido proceso.
A este respecto, aunque la Vista Fiscal manifiesta que la argumentación expuesta en la demanda es precaria y no reúne los requisitos de especificidad y pertinencia exigidos por la jurisprudencia constitucional, considera que en aplicación del principio pro actione, esta Corporación puede dilucidar algunas de las motivaciones expuestas por el demandante con el fin de emprender el estudio de fondo sobre los cargos. En este sentido, interpreta que el demandante quiere reprochar el desconocimiento del principio de legalidad y tipicidad, presentes ambos en el debido proceso sancionatorio.
En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el deber de respetar el debido proceso en las relaciones laborales, guardando las proporciones y características de dicha clase de vínculo entre empleador y trabajador. Por este motivo, aunque no resultan aplicables todas las garantías previstas en el artículo 29 Superior, si son procedentes algunas de ellas como es el caso de la obligación del empleador de indicar los motivos de terminación del contrato de trabajo.
Advierte el Ministerio Público que la terminación con justa causa del contrato de trabajo no comporta el ejercicio de un poder disciplinario sino que es una facultad propia de esta relación contractual. Suponer lo contrario, sería entender que la ley sanciona al trabajador que se jubila, al que padece una enfermedad contagiosa o crónica no profesional y otros actos que en ninguna medida son reprochables.
Sumado a lo anterior, recalca que en el marco del contrato laboral una de las obligaciones propias del trabajador es “guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros” que implica a su vez el correlativo deber del empleador de “cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes”, estando incorporadas las anteriores obligaciones en el Código Sustantivo del Trabajo.
En su concepto, la indeterminación y posible generación de arbitrariedad de la que se acusa a la expresión demandada se debe, en parte, a una inadecuada interpretación del accionante pues no toma en cuenta el enunciado normativo de forma completa. Ello se explica en que el aparte acusado restringe la potestad del empleador para dar por terminada la relación laboral cuando el trabajador realiza actos inmorales, con la condición de que estos sean realizados “en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o desempeño de sus labores”, razón por la cual la actuación inmoral por fuera de escenarios estrictamente laborales no genera una justa causa de terminación.
A partir de lo anterior, el señor Procurador entiende que la expresión atacada no es tan indeterminada como se afirma, toda vez que su aplicación se supedita a que el acto inmoral se realice en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones.
También, resulta disminuida tal indeterminación y ambigüedad dado que la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa debe respetar un mínimo de garantías de debido proceso, como el hecho de que la decisión de despido esté justificada, no pudiendo el empleador terminar la relación laboral de manera arbitraria y caprichosa.
Concluye entonces que “lo que puede llegar a vulnerar derechos fundamentales, y en esa medida ser contrario a la Constitución no es la norma acusada en sí misma sino la aplicación que de ella puedan hacer los empleadores”. Por esta razón, la Vista Fiscal propone algunos parámetros para que la aplicación de esta norma no vulnere derechos fundamentales.
En lo que concierne a este último aspecto, manifiesta que el empleador debe ofrecer una justificación suficiente y razonable (en lugar de caprichosa) para dar por terminada la relación laboral por la causal cuya constitucionalidad se cuestiona la expresión en el presente proceso.
Adicionalmente, estima que el empleador debe seguir los procedimientos previstos en el reglamento interno de trabajo que permitan verificar si efectivamente se está ante el incumplimiento de obligaciones del empleado y que faculten al trabajador para saber previamente las características esenciales del comportamiento que puede conllevar el despido unilateral. Por ende, el reglamento interno de trabajo debe contener un mínimo de elementos que permitan al empleado direccionar su comportamiento evitando aquellos actos inmorales a la luz de lo previsto en dicha normativa.
Conforme al artículo 241, ordinal 4, de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 62, numeral 5 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.
El Procurador General de la Nación, solicita a la Corte que se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo, respecto de los cargos formulados en contra de la expresión “inmoral o” contenida en el numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo por el presunto desconocimiento de los artículos 1, 2, 16, 18 y 19 de la Constitución en razón a que, en su concepto, el demandante parte de la premisa de que el aparte normativo demandado impone una única moral, a partir de lo cual concluye que desconoce el carácter pluralista del Estado Colombiano, restringe el libre desarrollo de la personalidad como también la libertad religiosa. Expone que los presuntos cargos de inconstitucionalidad formulados por el actor no cumplen con el requisito jurisprudencial de certeza, ya que de la lectura de la norma no se desprende que se esté imponiendo un sistema de concepción moral único o particular.
Ahora bien, señala que aunque los cargos formulados con base en el desconocimiento de los artículos 25 y 53 Superiores tienen sustento en una argumentación precaria y no reúnen los requisitos de especificidad y pertinencia exigidos por la jurisprudencia constitucional, considera que esta Corporación debe aplicar el principio pro actione.
El artículo 2° del decreto 2067 de 1991 señala los elementos que debe contener la demanda en los procesos de control de constitucionalidad17. Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una disposición legal debe indicar con precisión el objeto demandado, el concepto de violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. Estos tres elementos, desarrollados en el texto del artículo 2 del decreto 2067 de 1991 y por la Corte en sus decisiones, hacen posible un pronunciamiento de fondo.
En la sentencia C-1052 de 200118, la Corte precisó las características que debe reunir el concepto de violación formulado por el demandante. De acuerdo con este fallo, las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.
El demandante considera que la expresión “inmoral o” contenida en el numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, desconoce los artículos 1, 2, 16, 18, 19, 25 y 53 de la Constitución, con base en los siguientes argumentos:
A su parecer, el concepto “moral social” es discriminatorio porque sólo tiene en cuenta la moral de las mayorías, lo cual desconoce el principio de pluralismo consagrado en la Carta (artículo 1). Además, la expresión objeto de reproche, dice, desconoce que las autoridades del Estado tienen el deber de respetar y proteger las creencias y libertades de todos los ciudadanos sin privilegiar ningún código moral en particular (artículo 2), como también permite que el Estado y el empleador invadan el fuero interno de los trabajadores al avalar que cuestionen un determinado acto como “inmoral” para dar por terminado el contrato de trabajo, vulnerando su autonomía y el libre desarrollo de la personalidad (artículo 16).
Sumado a todo lo anterior, aduce que la Constitución establece que nadie puede ser molestado por sus convicciones o creencias personales. Sin embargo, sostiene, la expresión demandada desconoce esta garantía al imponer un concepto de moral específico y sancionar proyectos de vida minoritarios, como los que se relacionan con el ejercicio de la libertad religiosa, pues el empleador puede incurrir en arbitrariedades que afecten esta libertad (artículo 18 y 19)
Con respecto a la vulneración de los artículos 25 y 53 Superiores, evidencia que la expresión demandada es tan indeterminada que deja a la libre interpretación y valoración del empleador esta causal para dar por terminado el contrato laboral con justa causa. En consecuencia, afirma, el empleador puede aplicar dicha consecuencia como producto de una valoración personal de lo que considera “inmoral”, hipótesis en la que se expone a los trabajadores a un despido arbitrario, ya que tanto el trabajador como el empleador pueden guiar sus actuaciones bajo códigos morales distintos. Es decir, como el aparte normativo resulta tan indeterminado vulnera el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral.
Al respecto, la Sala considera que los cargos formulados por el actor acerca de la vulneración de los artículos 1, 2, 16, 18 y 19 no cumplen con los requisitos legales ni jurisprudenciales exigidos por esta Corporación para propiciar un juicio de constitucionalidad. En primer lugar, no desarrolla un concepto de la violación, esto es, el actor no logra hacer una confrontación objetiva entre el texto legal acusado y los postulados constitucionales que según él resultan quebrantados. Esto es, de la lectura de la norma acusada no se deriva el alcance que pretende adscribirle el demandante al afirmar que esta consagra un tipo de moral social: el de las mayorías. Ello, resta certeza a su planteamiento porque lo que hace el actor es derivar consecuencias de la expresión acusada que ella no contiene, al paso que se dedica a hacer conjeturas sobre las posibles discriminaciones a que podrían ser sometidos los trabajadores por su orientación sexual y/o creencias religiosas.
Al fallar lo anterior, el ciudadano también incumple con el requisito de especificidad pues la argumentación que presenta no guarda relación directa con la norma objeto de reproche. Al respecto, el ciudadano se dedica a realizar un análisis abstracto y general de la expresión “inmoral o” como causal de terminación del contrato de trabajo por justa causa, aduciendo que el Estado tiene el deber de respetar y proteger las creencias y libertades de todos los ciudadanos, como también promover el respeto y la tolerancia de los diferentes códigos morales, pero no establece una relación directa con el contenido normativo demandado.
Lo anterior, conlleva además el desconocimiento del requisito de pertinencia, pues el actor plantea puntos de vista subjetivos sobre la conveniencia y aplicación concreta de la norma por el empleador, pero no hace una confrontación objetiva entre la expresión demandada y las normas superiores, esto es, se basa en supuestos que podrían o no acontecer. Por todo lo anterior, la demanda no tiene carácter persuasivo frente al presunto desconocimiento de los artículos 1, 2, 16, 18 y 19 Superiores.
De otro lado, frente a la argumentación expuesta por el actor para estructurar los cargos por desconocimiento de los artículos 25 y 53 de la Carta, este Tribunal considera que, como lo sostiene la Vista Fiscal, aunque no cumple con los requisitos de especificidad y pertinencia ni tampoco explica en detalle los fundamentos de los cargos, teniendo en cuenta que el actor sostiene que la expresión acusada es tan indeterminada que puede dar lugar a que el empleador la interprete y valore de manera libre -al punto que podría verse comprometido el principio de legalidad reconocido en la Constitución- para finalizar unilateralmente el contrato laboral por justa causa, esta Sala, en virtud del principio pro actione abordará el análisis de la constitucionalidad frente a estos cargos.