Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2015-0707_ES.html
Timestamp: 2020-03-29 01:52:39
Document Index: 406486613

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 51', 'artículo 50', 'artículo 53', 'artículo 55', 'artículo 64', 'artículo 69', 'artículo 125']

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre la situación de dos religiosos cristianos en Sudán
Procedimiento : 2015/2766(RSP)
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0707/2015
ECR (B8-0707/2015)
Verts/ALE (B8-0709/2015)
PPE (B8-0711/2015)
GUE/NGL (B8-0713/2015)
ALDE (B8-0714/2015)
S&D (B8-0715/2015)
sobre la situación de dos religiosos cristianos en Sudán (2015/2766(RSP))
Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Kinga Gál, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Anna Záborská, Roberta Metsola en nombre del Grupo PPE
Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Pier Antonio Panzeri, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă en nombre del Grupo S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić en nombre del Grupo ECR
Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula en nombre del Grupo ALDE
Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas en nombre del Grupo GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Davor Škrlec en nombre del Grupo Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en nombre del Grupo EFDD
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de dos religiosos cristianos en Sudán (2015/2766(RSP))
– Visto el informe de los expertos en derechos humanos, de 19 de mayo de 2014, elaborado en el marco de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
– Vistas la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,
– Visto el Acuerdo de Cotonú del año 2000,
– Vistas las Directrices de la UE sobre la libertad de religión y de creencias de 2013,
– Visto el Plan nacional de Sudán para los derechos humanos, aprobado en 2013, basado en los principios de universalidad e igualdad,
– Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular la 62/149 de 18 de diciembre de 2007, la 63/168 de 18 de diciembre de 2008, la 65/206 de 21 de diciembre de 2010, la 67/176 de 20 de diciembre de 2012 y la 3/69 de 18 de diciembre de 2014, sobre la cuestión de una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte, en las que pide a los países donde sigue vigente la pena capital que establezcan una moratoria sobre las ejecuciones con vistas a su abolición,
A. Considerando que el pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Sudán de Sur Michael Yat fue detenido por el Servicio Nacional de Inteligencia Sudanés (NISS) tras haber predicado en la Iglesia del Norte de Jartum, subdivisión de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Sudán, durante una visita a Sudán el 21 de diciembre de 2014; que la detención se produjo inmediatamente después de un sermón en el que al parecer condenó la polémica venta de terrenos y propiedades de la Iglesia así como el trato dispensado a los cristianos en Sudán;
B. Considerando que el pastor Peter Yen Reith fue detenido el 11 de enero de 2015 tras entregar una carta a la Oficina Sudanesa de Asuntos Religiosos para preguntar por el pastor Michael Yat y conocer más detalles de su detención;
C. Considerando que ambos hombres permanecieron incomunicados hasta el 1 de marzo de 2015 y que el 4 de mayo ambos fueron acusados de múltiples delitos tipificados en el Código Penal sudanés de 1991, entre ellos: asociación para delinquir (artículo 21), atentar contra el sistema constitucional (artículo 51), declarar la guerra al Estado (artículo 50), espionaje (artículo 53), obtener documentos oficiales o publicarlos de manera ilegal (artículo 55), incitación al odio (artículo 64), alteración de la paz (artículo 69) y blasfemia (artículo 125);
D. Considerando que los cargos formulados en virtud de los artículos 50 y 53 suponen la pena de muerte en caso de veredicto de culpabilidad;
E. Considerando que el 1 de junio de 2015 las autoridades sudanesas se presentaron en el complejo de la Iglesia Evangélica de Bahri para proceder a su demolición; que el abogado de esta Iglesia, Mohamed Mustafa, que también lo es de los dos pastores detenidos, y el pastor de la misma protestaron al observar que el funcionario del Gobierno estaba demoliendo un sector equivocado del complejo; que ambos hombres fueron detenidos por obstrucción a la acción de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones; que el funcionario siguió demoliendo el sector equivocado del complejo;
F. Considerando que las amenazas contra dirigentes religiosos, la intimidación a las comunidades cristianas y la destrucción de propiedades de la Iglesia se han sucedido en Sudán a cada vez mayor ritmo desde la secesión de Sudán del Sur en 2011;
G. Considerando que la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificada por la República de Sudán, incluye el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; considerando, sin embargo, que se siguen aplicando la pena de muerte, así como las amputaciones, las flagelaciones y otros castigos corporales por diversos delitos en dicho país;
H. Considerando que la instauración de una moratoria universal sobre la pena de muerte con vistas a su total abolición debe seguir siendo uno de los principales objetivos de la comunidad internacional, tal como reiteró la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2014;
1. Pide a las autoridades sudanesas que retiren todos los cargos que pesan contra los pastores Michael Yat y Peter Yen Reith, y pide su inmediata liberación incondicional; pide entretanto al Gobierno de Sudán que garantice que antes de su liberación los pastores no sean sometidos a torturas u otro tipo de maltrato y que se respete su integridad física y mental;
2. Pide a la delegación de la UE en Sudán que supervise las actuaciones judiciales y preste asistencia a los pastores; pide a la UE que lidere la difusión y la condena de las violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario en Sudán;
3. Recuerda a las autoridades sudanesas sus obligaciones a nivel nacional e internacional para proteger la libertad de religión y de convicciones; reafirma que la libertad de religión, de conciencia o de convicciones es un derecho humano universal que debe protegerse en todo lugar y respecto de cada persona; condena enérgicamente toda forma de violencia e intimidación que cercene el derecho a tener o no tener o abrazar la religión que uno elija, incluido el uso de las amenazas, la fuerza física o sanciones penales para forzar a los creyentes o no creyentes a abjurar de su religión o a convertirse;
4. Pide al Gobierno de Sudán que derogue la legislación que discrimine por razón de religión, y que proteja la identidad religiosa de las minorías, incluida la de todos los credos;
5. Condena el acoso a los cristianos y la injerencia en los asuntos religiosos; insta al Gobierno de Sudán a que desista de este tipo de actuaciones; pide a Sudán que derogue las leyes sobre apostasía y que ponga fin al cierre de iglesias y otros centros religiosos;
6. Pide al Gobierno de Sudán que reforme el ordenamiento jurídico del país con arreglo a las normas internacionales sobre derechos humanos, para proteger las libertades y los derechos humanos fundamentales y garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas, en particular en lo tocante a la discriminación contra las mujeres, las minorías religiosas y los colectivos desfavorecidos;
7. Reitera su condena de la pena de muerte en todas las circunstancias y la necesidad de establecer una moratoria mundial con vistas a su abolición; pide al Gobierno de Sudán, en consecuencia, que proceda a abolir esta pena, así como la práctica de la flagelación, aún en vigor, y a conmutar las actuales sentencias de muerte;
8. Expresa su apoyo a los esfuerzos actualmente realizados, en especial por las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana y la troika (Noruega, Reino Unido y Estados Unidos), para lograr una solución negociada a la crisis de Sudán y apoyar los esfuerzos de la sociedad civil y de los partidos opositores para promover un proceso de paz integrador;
9. Encarga a su Presidente que trasmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de la República de Sudán, a la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.