Source: https://15mentudela.wordpress.com/documentos/otros/derecho-peticion-ilp-y-referendum/
Timestamp: 2017-06-24 05:12:08
Document Index: 61166838

Matched Legal Cases: ['Artículo 29', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 92', 'Artículo 87', 'Artículo 167', 'Artículo 13', 'Artículo 167', 'Artículo 29', 'Artículo 167', 'Artículo 2', 'Artículo 19', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 10']

Derecho petición (ILP y referéndum). | 15M en Tudela
PROPUESTA PARA EL EJERCICIO COLECTIVO DEL DERECHO DE PETICIÓN SOLICITANDO UNA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE GARANTICE INSTRUMENTOS EFICACES DE DEMOCRACIA DIRECTA.
16 de Julio de 2011. Propuesta secundada por las Asambleas de: Pola de Siero (Asturias), Ulldecona (Tarragona), Toledo, Salamanca, Segovia, Vilagarcía de Arousa, Villa de Vallecas, etc (hasta un total de 15 Asambleas de 8 Comunidades Autónomas).
1.- ¿Qué es el derecho de petición?
Es un derecho fundamental reconocido en el Artículo 29 de la Constitución para cuyo ejercicio se aprobó la Ley Orgánica 4/2001.
Puede ejercerse de manera individual o colectiva y es el derecho a dirigirse a cualquier poder público solicitando que actúe en aquellas materias en las que tenga competencia; trasladarle sugerencias o iniciativas, pedir información o expresar quejas.
2.- ¿Quién puede ejercer este derecho?
La Constitución reconoce este derecho a “todas las personas con nacionalidad española”, sin diferenciar entre mayores y menores de edad. La Ley Orgánica lo ha extendido también a las personas extranjeras (Artículo 1 de la Ley). Por tanto, puede firmar una petición cualquier persona, española o extranjera, mayor o menor de edad.
Las Asambleas proponentes apuntan que, a pesar de que no hay un límite de edad para ejercerlo, podemos exigir como requisito que la persona haya cumplido 16 años, por presumir que tiene madurez suficiente para tomar la decisión.
3.- ¿Cómo se ejerce?
Mediante un escrito que incluya el objeto de la petición, el poder público al que se dirige, la identidad de la persona solicitante, la nacionalidad y el lugar o medio deseado para la recepción de notificaciones por el poder público destinatario.
Al tratarse de una petición colectiva, debe constar la firma de todas las personas al lado de su nombre y apellidos (Artículo 4 de la Ley).
Sería conveniente que en la hoja de firmas, al final del texto, se indique el nombre y dirección de una única persona a efectos de que reciba eventuales notificaciones.
Las Asambleas proponentes apuntan que sería conveniente que figure el nombre de una persona, preferentemente de la Comisión Jurídica de cada Asamblea o en representación del conjunto de asambleas de cada Comunidad Autónoma, en las hojas de firmas que se reúnan en ese ámbito.
4.- ¿Se pueden emplear lenguas cooficiales?
Sí, no obstante podría plantear un problema operativo. Según el Artículo 5 de la Ley “la institución, administración u órgano instructor –si lo presentamos en las Delegaciones del Gobierno– deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma”.
Las Asambleas proponentes apuntan que una opción es que las hojas de firmas que se usen en las Comunidades con idioma propio incluyan el texto en las dos lenguas, con lo que no haría falta la traducción y se agilizaría el proceso, pero ese doble texto debe ir en todas las hojas de firmas y, o se hace en letra muy pequeña, o en cada hoja cabrán muy pocas firmas. Deberá estudiarse por cada Asamblea.
5.- ¿Dónde se entrega la petición?
El escrito con las firmas (Artículo 6 de la Ley) se puede presentar ante cualquier registro público (por ejemplo, la Delegación del Gobierno en cada Comunidad Autónoma) que lo remitirá al órgano destinatario, o directamente ante el órgano público destinatario de la petición.
6.- ¿Qué pasa una vez entregada la petición?
El órgano que la reciba acusará recibo y nos comunicará la recepción del documento en los 10 días hábiles siguientes a su presentación (Artículo 6 de la Ley).
– Si el escrito tuviese defectos subsanables nos darán un plazo de 15 días hábiles para realizar la subsanación (Artículo 7 de la Ley).
– Si no la admiten a trámite, deben explicar los motivos y notificarlo en los 45 días hábiles siguientes al de presentación del escrito (Artículo 9 de la Ley).
– Si la admiten a trámite (cuestión a la que están obligados si el escrito es formalmente correcto), están obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fecha de presentación. Pueden, si lo consideran necesario, convocarnos para una audiencia especial (Artículo 11 de la Ley).
– Si la aceptan, están obligados a adoptar las medidas oportunas para que tenga efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general. En nuestro caso, sería iniciar el procedimiento para la reforma constitucional. Tendrían además que contestarnos explicando los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración así como las razones y motivos. Si se adopta cualquier acuerdo, medida o resolución específica deben incluirlo en su contestación (Artículo 11 de la Ley).
7.- ¿Qué se puede hacer si no nos contestan o la respuesta no se ajusta a la Ley?
Se puede interponer un Recurso ante los órganos jurisdiccionales (Juzgado o Tribunal que corresponda), para la tutela de este derecho fundamental (de petición), solamente en los siguientes casos (Artículo 12 de la Ley):
– Que no admitan a trámite la petición.
– Que no contesten en el plazo establecido.
– Que la contestación no cumpla los requisitos previstos en la Ley.
8.- ¿Qué solicitamos?
Que se modifique la Constitución para que instrumentos democráticos como el referéndum o la iniciativa legislativa popular tengan en España las mismas posibilidades que en otros países (Italia, Suiza, Estados Unidos, Islandia, …).
En el caso del referéndum: según está redactada nuestra Constitución, no es posible pedir un referéndum por la ciudadanía (cosa que sí se puede en Italia por ejemplo) ya que únicamente puede solicitarlo el/la Presidente/a del Gobierno, previa autorización del Congreso (Artículo 92 de la Constitución).
En el caso de la Iniciativa legislativa popular: según está redactada nuestra Constitución, no es posible:
– Solicitar la derogación de una Ley (sí en Italia);
– Solicitar la reforma constitucional (sí en Suiza);
– Presentar iniciativas para que se modifique la Ley Electoral, la Ley de Educación, el Código Penal, la Ley del Impuesto sobre la Renta, las Leyes que regulan el derecho de reunión, el derecho de asociación, los medios de comunicación, la Ley de Partidos, la Ley de Libertad Sindical, o la propia Ley que regula el derecho de petición, por tratarse de materias reguladas por Ley Orgánica o legislación tributaria (Artículo 87.3 de la Constitución).
En concreto, solicitamos:
Que el referéndum pueda versar sobre las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, así como la derogación de leyes en vigor.
Que la ciudadanía pueda, en número de 500.000, promover la reforma de la Constitución (en estos momentos únicamente pueden pedirlo el Gobierno, el Congreso y el Senado).
Que una vez aprobada esta reforma constitucional por las Cortes Generales se someta a referéndum de acuerdo con lo previsto en el Artículo 167 de la Constitución.
9- ¿Son cuestiones novedosas?
No del todo. Además de lo que existe en otros países (Italia, Suiza, Estados Unidos, Islandia…), el Anteproyecto de Constitución de 1978 incluía el referéndum sobre las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, y la derogación de leyes en vigor; en este último caso lo podían pedir 750.000 electores/as y su resultado era vinculante para toda la ciudadanía y órganos del Estado.
10.- ¿Es posible reformar la Constitución?
Jurídicamente no hay ningún problema; nuestra Constitución puede cambiarse total o parcialmente. El único cambio tuvo lugar en 1992 para permitir que las personas extranjeras pudieran acceder a una candidatura en las elecciones locales (se modificó el Artículo 13 de la Constitución), y en la mayor parte de los países de nuestro entorno (Portugal, Francia, Italia, Alemania, …) los cambios constitucionales han sido mucho más frecuentes.
El único problema que existe actualmente es que solamente están legitimados para iniciar el proceso el Gobierno, el Congreso y el Senado.
11.- ¿Cómo se podría aprobar la reforma constitucional?
Si el Congreso acepta el contenido de nuestra petición, el cambio es relativamente sencillo.
Los Artículos que pedimos cambiar (Artículos 87.1 y 3, 92 y 166) pueden modificarse por la vía prevista en el Artículo 167 de la Constitución que establece el siguiente proceso: “1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”. Como anexo se incluye el modelo de Escrito ejercitando el Derecho de Petición y un análisis de la normativa específica de Navarra.
CUESTIONES PENDIENTES DE CONCRETAR POR LAS ASAMBLEAS
Posible graduación del número de firmas a recoger en el caso de solicitud de reforma constitucional: se plantea la posibilidad de, únicamente en el caso de que se solicite la reforma constitucional, solicitar 750.000 firmas en lugar de 500.000 firmas. Este planteamiento se fundamenta en la relevancia de la modificación solicitada y en que en el Anteproyecto de Constitución ya se preveía ampliar el número de firmas a recoger para este caso concreto.
Planteamiento del escrito ante las instituciones autonómicas: se plantea la posibilidad de presentar el escrito ante estas instituciones de forma alternativa a las estatales.
Nota personal de quien redacta este documento: los niveles estatales y autonómicos son planos diferentes.
El derecho de petición puede ejercitarse ante cualquier poder público solicitando que actúe en aquellas materias en las que tenga competencia. Es decir, ante las instituciones estatales únicamente se podrán plantear cuestiones que sean de su estricta competencia (ejemplo, reforma constitucional) y a la inversa, no podremos plantear ante dichas instituciones cuestiones que sean competencia de las instituciones autonómicas (ejemplo. La Comunidad Foral de Navarra es competente en materia de vivienda, no podríamos plantear una reforma de esta materia ante el Congreso, sino que tendría que hacerse ante el Parlamento Foral).
Posible adelanto de las elecciones: en la web N-1 que es la plataforma desde la que se está gestionando esta iniciativa, se están planteando soluciones y proponiendo alternativas para el caso cada vez más factible, de que se adelanten las elecciones generales.
PARA MÁS INFORMACIÓN (ENLACES DE INTERÉS)
– Enlace a la Ley Orgánica 4/2001 reguladora del derecho de petición:http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2001.html
– Enlace a la Ley Orgánica 3/1984 reguladora de la iniciativa legislativa popular:http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1984.html
– Enlace a la Ley Orgánica 2/1980 reguladora de las distintas modalidades de referéndum:http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1980.html
– Enlace a Ley Foral 3/1985 reguladora de la iniciativa legislativa popular en Navarra:http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/na-l3-1985.html
– Enlace a Reglamento del Parlamento de Navarra de 2007:http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/138/Anuncio-0/
– Enlace a Ley Foral 27/2002 reguladora de consultas populares en el ámbito local:http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/na-l27-2002.t2.html
– Video explicativo elaborado por la Universidad de Granada:
– http://www.youtube.com/watch?v=05FJAOUYoCc&feature=share
– Artículo de opinión publicado en la prensa gallega:http://www.xornal.com/opinions/2011/07/07/Opinion/no-democracia-directa/2011070621572000650.html
– Charla impartida en Democracia Real Ya Soria por Carlos Romero, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza: http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdemocraciarealyasoria.blogspot.com%2F2011%2F07%2Fcarmelo-romero-la-reforma-de-la-ley.html&h=xAQC42KUc
IMPORTANTE: En Málaga ya se ha puesto en marcha la primera iniciativa legislativa popular de ámbito local:
http://www.publico.es/espana/379454/el-15-m-de-malaga-pide-ampliar-la-iniciativa-legislativa-popular
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/31/andalucia_malaga/1306839260.html
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/06/01/malaga-propone-primera-iniciativa-legislativa-popular/426309.html
http://www.cosinadas.com/28/06/2011/la-junta-de-andalucia-trata-de-bloquear-la-iniciativa-legislativa-impulsada-por-el-15-m/
Nota personal de quien redacta este documento: en el último enlace veréis argucias legales que pueden emplear para bloquear la iniciativa.
PROPUESTA DE ESCRITO PARA EL EJERCICIO COLECTIVO DEL DERECHO DE PETICIÓN AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS/AS
Nota personal de quien redacta este documento: el escrito variaría en el caso de que se plantease ante las instituciones forales.
AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS/AS
LAS PERSONAS ABAJO FIRMANTES, con domicilio único a efectos de notificaciones en ……, al amparo de lo establecido Artículo 29 de la Constitución Española que reconoce el Derecho Fundamental de Petición colectiva, y de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición,
Que en el ejercicio de sus competencias constitucionales, el Congreso de los/as Diputados/as inicie un Proceso de Reforma Constitucional para la modificación de los Artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución Española, en los siguientes términos:
Que se supriman los límites materiales que impiden el ejercicio de la Iniciativa legislativa Popular en materias propias de Ley Orgánica, tributarias o de carácter internacional, así como en lo relativo a la prerrogativa de gracia;
Que el Referéndum pueda versar, tal y como contemplaba el Anteproyecto de la Constitución Española, sobre las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, así como la derogación de leyes en vigor. Asimismo, que el Referéndum pueda ser solicitado por la ciudadanía (500.000 firmas) y que el resultado sea vinculante si en la votación han participado la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo, y si se aprueba por mayoría de los votos válidamente emitidos;
Que la ciudadanía (500.000 firmas) pueda promover la reforma de la Constitución en las mismas condiciones que el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
Por último, solicitamos que una vez aprobada la Reforma constitucional por las Cortes Generales, se someta a Referéndum de acuerdo con lo previsto en el Artículo 167 de la Constitución.
Finalmente, se solicita que la respuesta a esta petición sea debidamente publicada en el Boletín Oficial correspondiente.
SOLICITA A VE que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por ejercitado el Derecho de Petición en los términos expuestos y, previos los trámites legales oportunos, acuerde de conformidad con lo solicitado. En …….., a ………….
NORMATIVA ESPECÍFICA DE NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA
En Navarra existe una Ley foral específica que regula la iniciativa legislativa popular, la Ley Foral 3/1985.
Brevemente, el contenido de la ley:
– Las materias excluidas de dicha iniciativa son idénticas a las estatales (Artículo 2 de la Ley Foral): materias en las que la Comunidad foral carezca de competencia (en este caso podríamos acudir a la normativa estatal), aquellas a que se refiere el Artículo 19.3 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero (que son las materias reservadas a Ley Foral), las de naturaleza tributaria y los Presupuestos y Cuentas Generales de Navarra.
– La iniciativa legislativa popular se ejercerá mediante la presentación de proposiciones de Ley Foral suscritas por las firmas de, al menos, 7.000 ciudadanos/as que reúnan los requisitos establecidos en el Articulo 1 de la Ley Foral, que son todas aquellas personas inscritas en el censo electoral de Navarra (Artículo 2). Deberá acompañarse (Artículo 3 de la Ley Foral): texto articulado de la proposición de Ley Foral, precedido de una exposición de motivos, documento en el que se detallen las razones que aconsejen la tramitación y aprobación por el Parlamento de Navarra de la proposición de Ley Foral, relación de las personas que integren la Comisión Promotora de la iniciativa, con expresión de los datos personales de todas ellas y de una persona designada a efectos de notificaciones.
– El procedimiento se iniciará con la presentación ante la Mesa del Parlamento de Navarra de la documentación exigida para su admisión a trámite (Artículo 4 de la Ley Foral). La tramitación se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento de la Cámara de 5 de Noviembre de 2007.
– Los motivos de inadmisión de la iniciativa planteada son idénticos a los estatales. Además, será causa de inadmisión que el texto de la proposición verse sobre materias diversas carentes de homogeneidad entre sí y que la proposición sea reproducción de otra iniciativa legislativa popular, igual o sustancialmente equivalente, presentada en la misma legislatura (Artículo 5 de la Ley Foral).
– Las proposiciones de Ley Foral que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirán, para su admisión a trámite por la Mesa del Parlamento, la previa conformidad del Gobierno de Navarra, que deberá expresarlo en el plazo de 10 días (Artículo 6 de la Ley Foral).
– Una vez recibida la notificación de admisión a trámite de la proposición, la Comisión Promotora presentará ante la Junta Electoral de Navarra los pliegos necesarios para la recogida de firmas que deberán reproducir el texto íntegro de la proposición de Ley Foral. Recibidos los pliegos por la Junta Electoral de Navarra, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ésta los devolverá a la Comisión Promotora, a fin de que ésta pueda iniciar el proceso de recogida de las firmas requeridas, que deberá finalizarse y entregarse a la Junta Electoral en el plazo de 6 meses, bajo pena de caducidad del (Artículo 8 de la Ley Foral).
– Junto a la firma del elector o electora, se indicará su nombre y apellidos, DNI y municipio en cuyas listas electorales se halle inscrito (Artículo 9 de la Ley Foral).
– La Junta Electoral de Navarra realizará el recuento de las firmas (Artículo 10 de la Ley Foral). Las firmas que no reúnan los requisitos exigidos se declararán inválidas y no serán computadas (Artículo 12 de la Ley Foral).
– Recibida la notificación que acredite haberse reunido el número de firmas exigido, la Mesa del Parlamento ordenará la publicación en el “Boletín Oficial del Parlamento de Navarra”, debiendo ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración (Artículo 13 de la Ley Foral).
En Navarra existe una Ley foral específica que regula las consultas populares en el ámbito local de Navarra, Ley Foral 27/2002, reguladora de consultas populares de ámbito local.
El problema que plantea es que se limita al ámbito local sobre materias de competencia municipal, por tanto, únicamente podría plantearse la consulta para un municipio concreto (por ejemplo, Pamplona), por tanto quedarían excluidos sin posibilidad de acogerse al posible resultado favorable el resto de municipios navarros.
– En ningún caso podrá someterse a consulta popular local un asunto cuando alguna de las opciones a escoger resulte contraria al ordenamiento jurídico, cuando pueda menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos del municipio y las materias propias de la Hacienda Local (Artículo 2 de la Ley Foral).
– La circunscripción electoral, a los efectos de esta Ley Foral, es el término municipal (Artículo 5 de la Ley Foral).
– La iniciación del procedimiento puede efectuarse por la Corporación municipal (Pleno) o por solicitud de un grupo de vecinos/as suscrita por un número de firmas que, como mínimo, sea igual al diez por ciento del censo en el correspondiente municipio, que siendo mayores de edad estén registrados/as en el Padrón municipal (Artículo 6 de la Ley Foral).
– Tras la recogida de las firmas, quien la promueva deberá presentar al Ayuntamiento la solicitud de convocatoria de la consulta popular acompañando los pliegos de firmas. Corresponde a quien ostente la Alcaldía la adopción de las medidas procedentes en orden a la comprobación de los requisitos procedimentales de la iniciativa. Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos, en los cinco días hábiles siguientes a la recepción se requerirá para que se subsanen los defectos en el plazo de diez días hábiles. Comprobado el cumplimiento de los trámites, la Alcaldía someterá al Pleno la iniciativa en el plazo de treinta días a partir de la recepción en el registro del Ayuntamiento de la solicitud.
– El Pleno del Ayuntamiento podrá denegar la convocatoria de la consulta popular únicamente en los siguientes casos: cuando el asunto objeto de la iniciativa esté excluido de la consulta popular o no corresponda a la competencia municipal, cuando no se acompañe el número de firmas exigido, cuando se haya solicitado en periodo de elecciones, o cuando la propuesta incurra en infracción del ordenamiento jurídico (Artículo 7 de la Ley Foral).
– Acordada la celebración de una consulta popular, el Ayuntamiento solicitará la preceptiva autorización al Gobierno de la Nación. Posteriormente, se realizará la convocatoria oficial que será publicada en el “Boletín Oficial de Navarra” (Artículo 9 de la Ley Foral).
– La convocatoria habrá de ser publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» en el plazo máximo de diez días. Asimismo la Alcaldía hará publicar la convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en los medios de comunicación de mayor difusión en el ámbito correspondiente (Artículo 10 de la Ley Foral).
– Se realizará una campaña de información que durará ente 10 y 20 días. Cuando ésta finalice, llegado el día de la votación, se constituirá la Mesa electoral iniciándose dicha votación a las 9 horas hasta las 20 horas ininterrumpidamente (Artículos 18 a 24 de la Ley Foral).
– El escrutinio general es público y lo realiza la Junta Electoral de Zona el tercer día siguiente al de la votación. Resueltas, en su caso, las reclamaciones planteadas, la Junta Electoral de Zona procederá a la proclamación de los resultados de la consulta, remitiendo una copia del acta de proclamación al Ayuntamiento para que proceda a su publicación en el “Boletín Oficial de Navarra” y la fije en el tablón de anuncios. En el mes siguiente, el Pleno del Ayuntamiento debatirá sobre el mismo y adoptará los acuerdos que sean procedentes, con intervención de quien representa a las personas que promueven la consulta, para valorar los resultados. El resultado de la consulta no será vinculante (Artículos 25 y 26 de la Ley Foral).
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