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Timestamp: 2018-01-24 11:33:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 141', 'artículo 10', 'artículo 127', 'artículo 61', 'artículo 63', 'artículo 172', 'artículo 189']

Sentencia A.N. de 31 de mayo de 2010. IVA. Apoderamiento y transmisión de participaciones por consejo de administración. Responsabilidad subsidiaria. Procede - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.N. de 31 de mayo de 2010
IVA: Derivación de responsabilidad subsidiaria de las deudas de la sociedad a miembro del consejo de Administración. Nombramiento de apoderados y transmisión de participaciones sociales: No excluyen la responsabilidad porque no implican la pérdida de la condición de miembro del consejo ni le relevan del cumplimiento de las obligaciones propias del cargo de administrador. Responsabilidad por los actos sociales: Procede porque era el administrador de la sociedad durante los periodos en los que se cometieron las infracciones tributarias y no actuó con la debida diligencia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional [Sección Séptima] ha pronunciado la siguiente Sentencia en
el recurso contencioso-administrativo núm. 18/2009, interpuesto por D. Genaro, representado por el
Procurador de los Tribunales D. Isacio Calleja García, contra la Resolución adoptada con fecha de 05 de noviembre de 2008 por
el Tribunal Económico-Administrativo Central [R. G. NUM000 ], sobre derivación de responsabilidad subsidiaria; habiendo sido
parte demandada la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y asistida por la Abogacía del Estado. Cuantía:
310.756,98 Euros.
Primero.-Con fecha de 25 de marzo de 2004, el Jefe de la Dependencia de Recaudación [Delegación de Huelva, Agencia Estatal de Administración Tributaria] resolvió declarar a D. Genaro [N. I. F. núm. NUM001 ] responsable subsidiario del pago de las deudas tributarias contraídas por la entidad "CALDERERÍA Y TALLERES LA RÁBIDA, S. L." [N. I. F. núm. B21236872], por importe total de 310.756,98 Euros, y por los conceptos de Actas-Impuesto sobre el Valor Añadido y Sanción por infracción tributaria grave, y Sanciones por infracción tributaria simple
Frente al reseñado Acuerdo de derivación de responsabilidad interpuso el interesado Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía [Expte. núm. NUM002 ], que procedió a su estimación mediante Resolución de 28 de junio de 2007, anulando el acuerdo impugnado. Y frente a esta Resolución la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria interpuso Recurso de Alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central [R. G. NUM000 ], que mediante Resolución de 05 de noviembre de 2008 decidió estimarlo, anulando la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional y confirmando el acuerdo de derivación de responsabilidad impugnado, sin perjuicio de lo establecido en el fundamento de derecho cuarto de su resolución, en lo que respecta a la derivación de responsabilidad por sanciones tributarias.
Segundo.-Con fecha de 13 de enero de 2009, el Procurador de los Tribunales D. Isacio Calleja García, actuando en nombre y representación de D. Genaro, interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional recurso contencioso-administrativo frente a la expresada Resolución adoptada con fecha de 05 de noviembre de 2008 por el Tribunal Económico-Administrativo Central [Expediente núm. R. G. NUM000 ].
Tercero.-El recurso contencioso-administrativo así planteado fue admitido a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional [Sección 7.ª] mediante providencia de 18 de marzo de 2009 [Recurso Contencioso-Administrativo núm. 18/02009 ]. Una vez recibido el expediente administrativo, se dio traslado del mismo a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que efectuó mediante escrito presentado con fecha de 08 de septiembre de 2009 en el que, tras la exposición de los hechos y de los correspondientes fundamentos de derecho, terminó suplicando que se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos:
"Que se declare no ser conforme a Derecho la resolución administrativa impugnada, procediendo por ello a su anulación, al igual que respecto a la liquidación a que la misma se refiere, con expresa condena en costas a la parte demandada, si se opusiere."
Cuarto.-A continuación se dio traslado a la Abogacía del Estado para la contestación a la demanda, lo que realizó mediante escrito presentado con fecha de 07 de octubre de 2009, en el cual expuso los hechos y sus correspondientes fundamentos de derecho, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso y confirmando la resolución impugnada, por considerar que ésta es ajustada a derecho.
Quinto.-Mediante auto de 15 de octubre de 2009 se procedió al recibimiento del proceso a prueba. Mediante auto de 19 de noviembre de 2009 se admitió la prueba documental propuesta por la parte actora, consistente en los documentos aportados con la demanda. Y una vez formalizado por las partes el trámite de conclusiones, mediante providencia de 05 de abril de 2010 se señaló para votación y fallo el día 27 de mayo de 2010, fecha en la que tuvo lugar, quedando el recurso jurisdiccional visto para sentencia.
Primero.-Objeto del recurso contencioso-administrativo.
Es objeto de impugnación [art. 25, Ley 29/1998, de 13 de julio] la Resolución adoptada con fecha de 05 de noviembre de 2008 por el Tribunal Económico-Administrativo Central, por la que estima el recurso de alzada `R. G. NUM000 ] interpuesto por la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria frente a la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía en la reclamación económico-administrativa núm. NUM002, a su vez interpuesta por D. Genaro contra el acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria dictado con fecha de 25 de marzo de 2004 por el Jefe de la Dependencia de Recaudación [Delegación de Huelva, Agencia Estatal de Administración Tributaria], con respecto a las deudas tributarias contraídas por la entidad "CALDERERÍA Y TALLERES LA RÁBIDA, S. L.", por los conceptos e importe ya mencionados en el primero de los Antecedentes de Hecho de esta sentencia.
Segundo.-Antecedentes de las resoluciones impugnadas en el recurso contencioso-administrativo.
1.- Acto de constitución de "CALDERERÍA Y TALLERES LA RÁBIDA, S. L.".
En el acto de constitución de "CALDERERÍA Y TALLERES LA RÁBIDA, S. L.", formalizado en escritura pública de 18 de octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Huelva el 03 de diciembre de 1996, los socios fundadores acordaron nombrar un consejo de administración integrado por D. Domingo [Presidente], D. Jenaro [Secretario], D. Samuel [Tesorero], D. Genaro [Vocal] y D. Victor Manuel [Vocal]. También acordaron nombrar a D. Domingo como consejero-delegado, para el ejercicio de las facultades contenidas en el art. 14 de los estatutos sociales. En su reunión de 09 de abril de 1997, el consejo de administración decidió por unanimidad conferir poder a favor de D. Elias y D. Luciano para, en nombre y representación de la sociedad y de manera solidaria e indistinta, ejercer las facultades allí especificadas, cuyo acuerdo fue elevado a público mediante escritura de la misma fecha, inscrita en el Registro Mercantil el 02 de julio de 1997. Todo lo cual resulta de certificación del mencionado Registro Mercantil, expedida el 17 de marzo de 1999, en la que se hace constar que la hoja de la expresada sociedad se encontraba entonces cerrada provisionalmente, por no haberse practicado el depósito de las cuentas conforme al art. 378 del Reglamento del Registro Mercantil [pág. 225 a 231, y 235 a 249, expte. de gestión].
De los antecedentes obrantes en el expediente, no consta la modificación del órgano de administración de la sociedad deudora, como tampoco la disolución y liquidación de la misma.
2.- Las deudas tributarias contraídas por "CALDERERÍA Y TALLERES LA RÁBIDA, S. L.".
2.1.- El 26 de diciembre de 1998, la Administración tributaria inició actuaciones de comprobación frente a "CALDERERÍA Y TALLERES LA RÁBIDA, S. L.", que dieron lugar a la regularización de su situación tributaria mediante la formalización, con fecha de 12 de julio de 1999, de acta de disconformidad A02 70170485 [IVA Ejercicios 1995 a 1997: cuota, 22.100.726 ptas/132.828,25 Euros; intereses de demora, 3.639.069 ptas/21.871,25 Euros; pág. 28/31, expte.], así como a la sustanciación del correlativo expediente sancionador núm. A51 70580676, concluido por resolución de 24 de septiembre de 1999 [pág. 49/52, idem], mediante la que se le impuso una sanción por importe de 30.941.015 ptas/185959,25 Euros, por infracción tributaria grave, al haber dejado de ingresar la totalidad o parte de la deuda tributaria [arts. 77 a 79, Ley General Tributaria, redacción ex Ley 25/1995 ].
En la mencionada acta de disconformidad se hizo constar que el obligado tributario "solo presentó declaración por los períodos del año 1997 con el resultado en todos ellos de negativa". También se hizo constar que la Administración tributaria no había podido comprobar las cuotas soportadas, y que el obligado tributario había repercutido las cuotas devengadas correspondientes a las bases imponibles descubiertas por la Inspección.
2.2.- Asimismo, la Dependencia de Gestión Tributaria de la mencionada Delegación, practicó a cargo de la misma sociedad dos liquidaciones por infracción tributaria simple:
2.2.1.- Resolución de 31 de enero de 2000 [pág. 82, exte.]. Sanción por importe de 25.000 ptas/150,25 Euros [art. 78.1 f), Ley General Tributaria]. Por no atender requerimiento C. I. D. A. [Ejercicio 1997 ], es decir, por "no atender en tiempo y forma el requerimiento para la presentación de la declaración siguiente: Declaración anual de operaciones con terceros (Modelo 347) Ejercicio 1997".
2.2.2.- Resolución de 31 de enero de 2000 [pág. 99, exte.]. Sanción por importe de 23.500 ptas/141,24 Euros [art. 78.1 a), Ley General Tributaria]. Por presentar la baja en el Impuesto de Actividades Económicas fuera de plazo sin requerimiento previo [Ejercicio 1998], es decir, por presentar el 29 de junio de 1998 la baja en el Impuesto de Actividades Económicas, cuando el plazo había vencido el 30 de enero de 1998.
3.- La declaración de fallida de la deudora principal.
Con fecha de 09 de octubre de 2000, la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la Agencia Tributaria en Huelva, procedió a la declaración de falencia de la deudora principal [pág. 402, expte.], tras el procedimiento ejecutivo instruido para el cobro de deudas por importe total de 68.075.172 ptas/409.140,02 Euros y representadas por las siguientes liquidaciones tributarias [pág. 222 y 255, expte. de gestión]:
NUM003.- Actas inspección 95/96/97 [30.887.754 ptas/185.639,14 Euros].
NUM004.- Actas inspección 95/96/97 [37.129.218 ptas/223.151,09 Euros].
NUM005.- Sanción tributaria Ejercicio 1998 [28.200 ptas/ 169,49 Euros].
NUM006.- Sanción tributaria Ejercicio 1999 [30.000 ptas/180,30 Euros].
4.- Procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria.
Con fecha de 17 de febrero de 2004, el Jefe de la Dependencia de Recaudación [Delegación de Huelva, Agencia Tributaria] dictó acto administrativo de incoación de expediente de derivación de responsabilidad subsidiaria hacia D. Genaro, respecto de las deudas tributarias contraídas por "CALDERERÍA Y TALLERES LA RÁBIDA, S. L." [pág. 251 a 257, expte. de gestión], conforme al art. 40.1 de la Ley General Tributaria entonces vigente.
En el trámite de alegaciones [pág. 258 a 273, expte.], el interesado se opuso a lo acordado en dicho acto, adjuntando: 1) Copia de escritura pública otorgada con fecha de 26 de mayo de 1997 ante el notario D. Jaime Antonio Soto Madera [núm. de protocolo 1759], en la que entre otros extremos se formaliza la venta de las participaciones sociales que de la mencionaba sociedad tenía D. Genaro, a favor de D. Pablo, advirtiéndose en cuya escritura de la obligación de inscribir la transmisión en el Libro de Socios, y adjuntándose a la misma certificación del secretario del consejo de administración, de la misma fecha, en la que se hace constar que todos los socios de la entidad y esta misma habían renunciado al derecho de adquisición preferente de las participaciones objeto de transmisión. 2) Certificación expedida por el Registro Mercantil de Huelva, de 10 de mayo de 1999, en la que se hacen constar las inscripciones practicadas en el mismo respecto a la ya citada sociedad, que son la inscripción 1.ª [03 de diciembre de 1996, constitución], y 2.ª [2 de julio de 1997, poderes].
5.- Acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria.
Mediante resolución de 25 de marzo de 2004 [pág. 251 a 256, expte.], el Jefe de la Dependencia de Recaudación [Delegación de Huelva, Agencia Tributaria] dictó acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria hacia D. Genaro, respecto de las deudas tributarias contraídas por "CALDERERÍA Y TALLERES LA RÁBIDA, S. L.", en aplicación del art. 40.1 de la Ley General Tributaria entonces vigente, con la extensión siguiente:
IVA Actas Inspección 1995/96/97, Principal: 140.355,04 Euros
IVA Actas Inspección 1995/96/97, Sanción: 170.110,45 Euros
Sanción tributaria 1998: 141,24 Euros
Sanción tributaria 1999: 150,25 Euros
Total [límite de responsabilidad subsidiaria]: 310.756,98 Euros [cuota, intereses y sanciones], una vez descontados los importes correspondientes a los períodos 4T/95, 1T/2T/3T 96.
La responsabilidad subsidiaria, según el órgano de gestión, se funda en las siguientes razones: 1) Que la obligada principal ha sido objeto de sanciones firmes por la comisión de una infracción tributaria grave, por dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentarios la totalidad o parte de la deuda tributaria, y de sendas infracciones tributarias carácter simple, por no haber atendido requerimiento sobre declaración anual informativa y por presentar fuera de plazo la baja del Impuesto de Actividades Económicas. 2) Que en el momento de cometerse la infracción, D. Genaro tenía la condición de administrador de la persona jurídica, deudora principal, que cometió las infracciones sancionadas. 3) Que los actos o conductas constitutivos de las infracciones emanaron del órgano social a través del cual actuó la persona jurídica sancionada, por lo que constando aquel como miembro de dicho órgano, se debe a su conducta culposa, o al menos negligente, el perjuicio causado a la Hacienda Pública por la falta de ingreso de la deuda, para lo cual debió de adoptar las medidas necesarias a su cumplimiento, si bien, por el contrario, ni salvó en tiempo y forma su responsabilidad y omitió incluso las correspondientes declaraciones por imposibilidad de pago, en virtud de lo cual la responsabilidad subsidiaria que le puede alcanzar se cifra en el importe de 310.756,98 Euros. 4) Que los apoderados no se configuran como órgano de administración, sino que los mismos ostentan sus prerrogativas por delegación de facultades del consejo de administración. 5) Que el hecho de que el interesado procediera a la venta de sus participaciones no implica la renuncia a su cargo en el consejo de administración, por lo que ostentaba la condición de administrador en el momento de cometerse las infracciones tributarias, concurriendo los requisitos del art. 40.1 de la Ley General Tributaria. 6) Que en el expediente ejecutivo constan actuaciones que interrumpieron la prescripción
6.- Recurso de reposición. Procedimiento económico-administrativo.
6.1.- Interpuesto por el interesado recurso de reposición frente al acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria, fue desestimado mediante resolución del Jefe de la Dependencia de Recaudación [Delegación de Huelva, Agencia Tributaria] de 11 de mayo de 2004, sustancialmente por las razones expuestas en aquel acto [pág. 433 y 434, expte. de gestión].
6.2.- Frente a la expresada resolución administrativa, con fecha de 04 de junio de 2004 interpuso el interesado reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, que procedió a su estimación, anulando el acuerdo objeto de reclamación, mediante resolución de 28 de junio de 2007 [Expte. núm. NUM002 ].
El Tribunal Económico-Administrativo Regional vino a considerar que:
"...el hecho de que vendiera sus participaciones y se nombrara un consejero delegado en la sociedad deudora, ni que trabajara ni que se jubilara como trabajador de la empresa, no implica (...) que renunciara a su cargo en el consejo de administración, por lo que ostentaba su cargo de administrador la tiempo en que se cometieron las infracciones tributarias por el sujeto pasivo (...) Sentado lo anterior, cabe concluir que en el presente caso concurren, a juicio de este Tribunal, los presupuestos procedimentales para el ejercicio de la acción derivatoria (...) Igualmente concurren, a juicio de este Tribunal, los presupuestos objetivos para exigir al reclamante la responsabilidad (...) pues la sociedad deudora fue, por los períodos en que estuvo vigente el cargo de administrador del reclamante, sancionada por la comisión de infracciones tributarias graves y simples (...) No se llega, sin embargo, a precisar en el acuerdo impugnado cuáles fueron las concretas actuaciones u omisiones del interesado que resultaron determinantes para que la sociedad incurriera en las infracciones por las que fue sancionada, ni a acreditar la existencia de una relación de causalidad entre la actuación del interesado como administrador y el daño sufrido por la Hacienda Pública"
"..., aunque el reclamante era administrador de la sociedad al tiempo de cometerse las infracciones tributarias por la sociedad, el hecho de que se nombrara un consejero delegado en abril de 1997, en el que se delegaron todas las funciones del Consejo de Administración y vistas las circunstancias concurrentes en el caso, valorada la actividad del reclamante tendente a probar su desvinculación efectiva de la administración de la sociedad mediante la venta de sus participaciones, y valorada igualmente la ausencia de una concreta imputación por parte de la Administración tributaria de las acciones u omisiones determinantes de la responsabilidad del reclamante, este Tribunal estima que no puede tenerse por debidamente acreditada la concurrencia en el interesado de la responsabilidad subsidiaria que se le exige en relación con el primero de los supuestos recogidos en el art. 40.1 de la Ley, pues nada hay que permita afirmar que la pasividad del reclamante fuese determinante para la comisión por la sociedad de las infracciones tributarias por las que fue sancionada, sin que pueda siquiera afirmarse que el incumplimiento se produjo por la actuación de persona dependiente del mismo, pues es claro que no lo eran los otros administradores, pues todos ellos nombraron un consejero delegado en el que delegaron todas las facultades del Consejo de Administración. En definitiva, no pudiendo tenerse por debidamente acreditado a la vista de lo actuado que el interesado haya actuado con negligencia en el desempeño del cargo de administrador de la sociedad deudora y que su eventual actuación o dejación de funciones haya sido determinante en la comisión por la sociedad de las infracciones tributarias por las que fue sancionada, el presente acuerdo ha de ser anulado por resultar disconforme a Derecho."
6.3.- El Tribunal Económico-Administrativo Central, en cambio, decidió confirmar el acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria originalmente impugnado, previa anulación de lo resuelto por el Tribunal Económico-Administrativo Regional, sustancialmente por las siguientes razones:
"...el artículo 40.1, párrafo primero de la L.G.T. (...) establece la responsabilidad subsidiaria de los administradores respecto a la totalidad de la deuda tributaria, en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, porque exige en ellos que no realicen los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, o que consientan el incumplimiento por quienes de ellos dependan, o que adopten acuerdos que hagan posibles tales infracciones (...) Por consiguiente, en aquellos casos en que de la naturaleza de las infracciones tributarias apreciadas, se deduzca que los administradores aun cuando pudieran haber actuado sin malicia o intención hicieron "dejación de sus funciones" y de su obligación de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad, les es aplicable lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 40.1 de la Ley General Tributaria resultando en consecuencia correcta la asignación de responsabilidad subsidiaria al existir un nexo causal entre dichos administradores y el incumplimiento de los deberes fiscales por parte del sujeto pasivo, que es la sociedad. En consecuencia, el hecho de haber sido nombrado administrador de una sociedad y de haber aceptado el cargo, constando ello inscrito en el Registro Mercantil, obliga al cumplimiento de las obligaciones propias de tal cargo, sin que la dejación de funciones, pueda eximir, en principio, de responsabilidad. Asi lo tiene declarado este Tribunal Central en acuerdo dictado en unificación de criterio."
"En cuanto a la existencia en la Sociedad de Consejeros Delegados, ello no le exime de responsabilidad, ya que como se desprende del contenido de los artículos 128 y 133 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y 62 y 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los administradores son los representantes de la sociedad y responden solidariamente frente a terceros de los daños que causen por actos contrarios a la Ley o a los estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo, mientras que según lo dispuesto en el artículo 141 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 57.1 de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los Consejeros Delegados son simplemente administradores a los que se delega alguna facultad concreta, sin perjuicio de la existencia de facultades indelegables, sin que la Ley vincule dicha delegación a la exigencia de una responsabilidad especial frente a terceros..."
"Por último, en relación con las sanciones exigidas o requeridas en el acuerdo de derivación de responsabilidad cuestionado, debe tenerse en cuenta que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que entró en vigor el 1 de julio de 2004, recoge una importante reforma en el régimen sancionador tributario, estableciendo en su artículo 10.2 que " Salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo período impositivo se inicie desde ese momento. No obstante, las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado" y en su Disposición Transitoria Cuarta.1 que "Esta ley será de aplicación a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza. La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizará por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado". En el presente caso corresponderá al órgano de gestión aplicar la nueva Ley General Tributaria (Ley 58/2003) y siempre que resulte más favorable, notificar la liquidación por el importe resultante y minorar su importe del acuerdo impugnado."
Tercero.-Planteamiento del recurso contencioso-administrativo.
1.- La pretensión procesal del particular demandante [art. 31, Ley 29/1998 ] está dirigida a la anulación de las actuaciones administrativas impugnadas y, por tanto, de la derivación de responsabilidad subsidiaria efectuada al mismo y de las liquidaciones giradas a su cargo para hacer frente a dicha responsabilidad. Y los motivos de impugnación en que dicha pretensión se sustenta [art. 56, idem], tal y como se exponen en la demanda, son los siguientes:
1.1.- Que desde la constitución de la sociedad deudora principal, la aportación del particular demandante a la misma "no va más allá del simple trabajo manual, jamás ejerce la función de administrador desde su nombramiento, ya que carecía de la capacitación suficiente y conocimientos necesarios para ello, por lo que, junto con el resto de administradores, decide nombrar en fecha 9 de abril de 2007 a dos apoderados (...), otorgándoles amplísimos poderes a los mismos para que supliera la limitada capacidad que poseía el consejo de administración y llevaran a cabo las funciones de gestión, dirección y administración de la sociedad", si bien, "en ningún momento dicha delegación implica (...) dejación de sus funciones o desentendimiento [de] los deberes que le competen como administrador, o inobservancia de la diligencia debida", pero "ambos apoderados, aprovechándose de la buena fe y falta [de] capacitación necesaria de los miembros del consejo de administración (...), asumen el control de la sociedad mediante engaños y artimañas, dirigida a la ocultación y a embolsarse hasta el último euro, existiendo un desconocimiento absoluto, por parte de mi representado, de la realidad de lo actuado por ambos individuos".
1.2.- Que no se dan los requisitos del art. 40.1 de la Ley General Tributaria, "ya que pese a actuar con la diligencia debida, exigida a los administradores en la normativa mercantil, era inevitable que los hechos se desencadenaran como lo hicieron, y no por negligencia de mi representado o falta de vigilancia, sino por la mala fe, abuso y empleo de continuos engaños que los apoderados llevaron a cabo con respecto al consejo de administración, sirviéndose de éste, actuando a espaldas del mismo y de forma independiente con el objetivo [de] manejar el destino de la empresa". Invoca al respecto diversas sentencias del Tribunal Supremo y resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, sobre la "responsabilidad exclusiva del gerente", o sobre "la utilización del administrador de hecho en el marco de las responsabilidades tributarias".
1.3.- Que en el acuerdo impugnado no se precisa "cuáles fueron las concretas actuaciones u omisiones determinantes en las infracciones, ni se acredita en modo alguno la existencia de un nexo causal entre la actuación (...) como administrador y el daño sufrido por la Administración tributaria, vulnerándose los principios de seguridad jurídica e inocencia que les asisten y que, como tal, se encuentran consagrados en la Constitución". Pues, "no basta con el mero desempeño del cargo de administrador para imputarlo como culpable, sino que debía haberse acreditado por parte de la Administración tributaria los hechos que configuren su culpabilidad, a efectos de poder exigirle posteriormente responsabilidad tributaria".
En el trámite de conclusiones, la parte demandante reitera los motivos de impugnación expuestos en la demanda, haciendo valer los medios de prueba aportados con la misma, para destacar el desempeño de la administración de hecho de la sociedad por parte de los apoderados, así como el hecho de que el particular demandante "en mayo de 1997 vende sus participaciones sociales, habiéndose inclusive jubilado con anterioridad a la referida fecha", resaltando, correlativamente, la falta de prueba de los requisitos constitutivos de la responsabilidad subsidiaria.
2.- La parte demandada se opone al recurso jurisdiccional interpuesto. Tras referirse al "Objeto del recurso", expone los motivos de oposición bajo la común denominación de "Régimen jurídico aplicable en materia de derivación de responsabilidad". Así, una vez delimitado el marco jurídico de la responsabilidad subsidiaria [arts. 40.1 de la Ley 230/1963 y 14 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 1684/1990], alega que en el supuesto litigioso se da el primero de los casos de responsabilidad contemplados en el art. 40.1 de la Ley General Tributaria, toda vez que el demandante figuraba como administrador de la sociedad fallida en el momento de la comisión de las infracciones; y que cabe observar en el mismo una conducta ilícita, derivada de no haber puesto la debida diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, pues "en todo caso, se advierte una conducta omisiva en el ejercicio de sus funciones, dado que no evitó el incumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de la sociedad de la que era administrador", por lo que "es claro en este sentido la infracción del deber de diligente administración que impone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre ". Y agrega que "resulta indiferente que no tuviera la condición de consejero-delegado, puesto que ello no le exime de responsabilidad, en tanto que, como órgano delegante, le corresponde el control de la actuación del órgano delegado", y que "en ningún caso pueden ser objeto de delegación la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General".
En el trámite de conclusiones, la Abogacía del Estado resalta que el acto de derivación de responsabilidad subsidiaria no tiene carácter sancionador y, por tanto, no está sometido a las exigencias constitucionales a que se refiere la parte demandante. Y resalta también que las contradicciones en que incurre la parte contraria ponen de manifiesto que sí tuvo la condición de administrador y que hizo dejación de sus funciones, al nombrar apoderados y no controlar el desempeño de las funciones atribuidas a los mismos.
Cuarto.-Así pues, la cuestión litigiosa planteada se circunscribe a determinar si es o no conforme a Derecho la derivación de responsabilidad subsidiaria hacia el particular demandante, respecto de las deudas tributarias contraídas por la sociedad de responsabilidad limitada de cuyo Consejo de Administración formaba parte.
1.- A través de la demanda y de los documentos adjuntados a la misma, el particular demandante viene a cuestionar la concurrencia de los requisitos constitutivos de la situación jurídica de responsabilidad subsidiaria, por la incidencia de determinadas circunstancias que, a su juicio, excluirían dicha responsabilidad: En primer lugar, el nombramiento de sendos apoderados generales efectuado por el consejo de administración, mediante acuerdo adoptado por unanimidad con fecha de 09 de abril de 1997, elevado a público mediante escritura pública otorgada en la misma fecha e inscrita en el Registro Mercantil [inscripción 2.ª], con las facultades concretamente descritas en el mencionado acuerdo. La escritura, junto con la certificación del acuerdo societario y del asiento registral causado, se adjuntan con la demanda. Y en segundo lugar, la transmisión, mediante negocio jurídico oneroso, de las participaciones sociales que tenía el particular demandante en la deudora principal, según copia simple de escritura pública otorgada con fecha de 26 de mayo de 1997 [n.º de protocolo 759], también aportada con la demanda, a la que figura incorporada certificación relativa a la renuncia al derecho de adquisición preferente de las participaciones objeto de transmisión.
2.- Pero el apoderamiento conferido por el consejo de administración y la posterior transmisión de sus participaciones sociales por parte del particular demandante, no puede considerarse circunstancias excluyentes de la realización de los presupuestos de hecho determinantes de la responsabilidad subsidiaria del mismo, conforme al art. 40.1, párrafo primero, de la Ley General Tributaria, modificada por la Ley 10/1985 ["1. Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones"].
2.1.- Porque la transmisión de sus participaciones sociales por parte del demandante no comportaba la pérdida de la condición jurídica de miembro del consejo de administración [art. 58, Ley 2/1995]. Como queda dicho, en los asientos del Registro Mercantil consta el nombramiento y aceptación del cargo de vocal del Consejo de Administración, por parte del particular demandante, durante el período a que se extiende la responsabilidad subsidiaria objeto de derivación.
2.2.- Y porque dicho acto de apoderamiento, lo mismo que la previa designación de un consejero-delegado en el acto de constitución de la sociedad, no relevaba de las obligaciones inherentes al cargo de administrador de la sociedad, entre ellas las obligaciones tributarias.
Al respecto, el artículo 61.1 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, reguladora de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, impone a los administradores de la sociedad el desempeño de su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y un representante leal. Y a efectos del cumplimiento de sus funciones, en orden a una correcta gestión, el artículo 63.1 les reconoce una representación que se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social. Pero, además, las normas de aplicación [El Capítulo VII de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción vigente durante los ejercicios a los que se contrae la derivación de responsabilidad, por remisión del art. 84 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada ] determinan un sistema por el cual los administradores pueden controlar la actuación de la sociedad, consistente en la formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, y, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados; tales documentos habrán de ser firmados por los administradores, expresando la causa, si alguno no lo hiciere [art. 171 del Real Decreto Legislativo 1584/1989, de 22 de diciembre ]. Por su parte, el artículo 172 del mismo texto legal dispone que las cuentas anuales deberán redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados de la sociedad; Y el artículo 189 impone recoger en las cuentas de pérdidas y ganancias una partida de "otros impuestos", lo que hace posible conocer el estado de la sociedad en cuanto a sus obligaciones tributarias.
De tal conjunto normativo, resulta que los administradores han de hacer todo aquello que una actuación diligente exija, para conocer la situación de la sociedad - teniendo los instrumentos jurídicos al efecto -, y adoptar las medidas encaminadas al buen funcionamiento de la misma, ya sea mediante actuaciones relativas al objeto social, ya solicitando las debidas explicaciones de las actuaciones de otros administradores.
Así las cosas, el administrador, para eludir su responsabilidad, habrá de, al menos, alegar, aportando hechos concretos, que efectivamente actuó tratando de esclarecer y resolver la actuación prohibida, o bien que no lo hizo por concurrencia de fuerza mayor o caso fortuito. Y ello no supone que nos encontremos ante una inversión de la carga de la prueba en orden a la determinación de la responsabilidad del administrador; bien al contrario, lo que ocurre es que cuando el ordenamiento jurídico coloca a un sujeto de derecho en posición de garante, y le encomienda la realización de la actividad necesaria y racionalmente posible, para la evitación de un concreto resultado -en éste caso el incumplimiento de obligaciones tributarias-, cuando éste se produce, es obvio que cabe deducir, con arreglo a los criterios de la sana crítica, que la actividad impuesta por el ordenamiento jurídico no se ha producido, y teniendo en cuenta que el mismo arbitra medios para alcanzar el fin determinado, es también lógico concluir que quien estaba obligado a utilizar esos medios no los utilizó de forma voluntaria. Cuestión distinta es la concurrencia de especiales circunstancias, que hicieran imposible la actuación de quien es garante, pero tales circunstancias han de ser alegadas de forma racional y fundada, por quien omitió la conducta expresamente impuesta por la norma jurídica; y ello, porque tales circunstancias suponen una justificación de la omisión del comportamiento debido, cuya prueba corresponde a quien la alegue.
3.- Lo que antecede se acomoda al parecer expresado por esta Sala y Sección, así en sentencia de 26 de Enero de de 2009 [Recurso núm. 862/06], FJ 4.º, en la que se expone que:
"No es posible, al margen de lo anterior, acoger en forma alguna favorable las circunstancias que se alegan a través del escrito de demanda, en el sentido de que el recurrente no ha sido nunca administrador de hecho de la sociedad, (...), pues ello no puede eximirle en ningún caso de responsabilidad por los actos sociales, en tanto en cuanto se mantenga vigente el cargo de Administrador para el que fue nombrado en su día. Y el art. 40.1 de la Ley General Tributaria hace responsables a los administradores no sólo por sus actos propios como tales, sino también cuando "consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan". En este sentido, de conformidad con lo preceptuado en los arts. 108 y 109 del Reglamento de Registro Mercantil de 1956 (ahora, arts. 138 a 148, del Reglamento de 1996), la inscripción del acuerdo de nombramiento de los Administradores de las sociedades, tiene eficacia frente a terceros a partir de la aceptación del cargo por parte del designado, de forma que desde la perspectiva de las normas mercantiles, dicha persona ostenta el cargo con los derechos y obligaciones inherentes al mismo en todo caso, y aunque no ejerza en la práctica como Administrador. Igual sucede con la dimisión o renuncia del cargo, para cuya eficacia se requiere su inscripción en el Registro Mercantil."
4.- De lo expuesto se desprende la concurrencia de los requisitos constitutivos de la responsabilidad subsidiaria del particular demandante, establecidos en el art. 40.1 de la Ley General Tributaria de aplicación al supuesto planteado. Porque a través del expediente administrativo instruido al efecto se ha acreditado: 1.º) Que la sociedad de la que era administrador fue sancionada por la comisión de una infracción tributaria grave [por dejar de ingresar todo o parte de la deuda tributaria contraída en concepto de IVA, ejercicios 1995 a 1997] y de dos infracciones tributarias simples [por no atender requerimiento CIDA (ejercicio 1997) y por presentar la baja del IAE fuera de plazo (ejercicio 1998)]. 2.º) Que no habiendo perdido la condición de administrador durante dichos períodos, y estando, por tanto, sujeto a las obligaciones inherentes a dicha condición, establecidas legal y estatutariamente, no realizó los actos necesarios que eran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas. Pues aparte de lo reseñado anteriormente, de la certificación de los asientos del Registro Mercantil no consta la formulación de las correspondientes cuentas anuales ni el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los administradores respecto de las mismas, siendo así que aquellas constituyen el instrumento que permitía conocer el estado de la sociedad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo que ya de por sí es demostrativo de inactividad, por la falta de realización de "los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas". Por el contrario, la parte demandante no ha acreditado la concurrencia de especiales circunstancias que hicieran imposible la actuación de quien es garante, como anteriormente se puso de manifiesto, al haberse limitado a aportar copia de los documentos relativos al nombramiento de apoderados generales y a la transmisión de sus participaciones sociales.
Quinto.-Por todo lo que antecede, procede la desestimación del recurso jurisdiccional planteado y la confirmación de las resoluciones administrativas a que el mismo se contrae, ya mencionadas, por ser conformes a Derecho. Sin imposición de las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse la concurrencia de las circunstancias establecidas al efecto en el art. 139.1 de la Ley Jurisdiccional.
1. Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Genaro contra la Resolución adoptada con fecha de 05 de noviembre de 2008 por el Tribunal Económico-Administrativo Central [R. G. NUM000 ]. Y, en consecuencia, confirmamos dicha resolución y el acto administrativo de derivación de responsabilidad subsidiaria a que la misma se contrae, ya mencionado, por ser conformes a Derecho.
3. Notifíquese esta Sentencia a las partes personadas, haciéndoles la indicación de que contra la misma puede prepararse recurso de casación ante esta Sección, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de su notificación, y para ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Previamente deberá constituirse un depósito por importe de 50 euros, que se ingresará en la cuenta de esta Sección 7.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, abierta en BANESTO con el número 2856 0000 24, e indicando en los siguientes dígitos el número y año del presente procedimiento. Y se aportará el correspondiente resguardo en el momento de su preparación, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial. Una vez firme esta sentencia, devuélvase el expediente al órgano de procedencia con testimonio de la misma.
Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la Audiencia Nacional. Certifico.