Source: http://www.robertomedinareyes.com/art-culos.html
Timestamp: 2019-07-20 04:05:56
Document Index: 22429093

Matched Legal Cases: ['artículo 277', 'artículo 277', 'in fine', 'artículo 39', 'artículo 72', 'artículo 65', 'artículo 70', 'artículo 68', 'in Fine', 'artículo 47', 'Artículo 7']

Los nudges como herramientas para desincentivar la corrupción
gubernamental (1 de 2).
La cláusula del Estado Social y Democrático de Derrecho.
Las asociaciones público-privadas en el transporte ferroviario.
​La regulación del sistema de elecciones primarias.
El pasado domingo 29 de octubre del presente año, el Lic. Jaime L. Rodríguez publicó un artículo que desmonta claramente algunas de las objeciones constitucionales que han sido utilizadas para sustentar la inconstitucionalidad de una nueva legislación que disponga el carácter obligatorio de las primarias abiertas (“Objeciones constitucionales al carácter obligatorio de las primarias abiertas”). Para el Lic. Rodríguez, contrario a lo indicado por el profesor Manuel Fermín Cabral (“El alcance del artículo 277 de la Constitución”), “no es cierto que el artículo 277 de la Constitución impida la reproducción de un acto normativo similar al que previamente fuera declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia” o que impida al Tribunal Constitucional examinar un nuevo acto normativo que disponga disposiciones similares a otro instrumento que haya sido declarado inconstitucional.
​Los nudges y la regulación basada en el comportamiento.
“De vez en cuando, todos necesitamos un empujoncito”. Esta frase puede resumir una de las principales investigaciones del economista Richard Thaler, ganador del Premio Nobel de Economía. Para Thaler, existen anomalías del comportamiento (generalmente circunstanciales) que impiden a los agentes adoptar decisiones racionales basadas en un análisis costo-beneficio. Es decir que los agentes no siempre logran maximizar su propio interés mediante sus actuaciones, sino que en ocasiones toman decisiones sesgadas por conclusiones costumbristas, por un rechazo desproporcionado a la idea de perder, por hacer determinadas cosas sólo porque “todo el mundo lo hace”, o simplemente por la forma en que se ven influenciados por su interacción social.
La función jurisdiccional en el Estado Constitucional de Derecho.
Hoy en día los jueces son los principales garantes del ordenamiento constitucional, por lo que sus funciones no se encuentran limitadas a la reproducción fonográfica de las normas. Es decir que la función jurisdiccional va más allá de la aplicación de las leyes, pues los jueces están constitucionalmente obligados a garantizar la protección efectiva de los derechos e intereses de las personas. Esta nueva concepción de la función jurisdiccional arrastra nuevas prerrogativas que sobrepasan la concepción antigua del juez como un simple ejecutor de las leyes.
Las personas jurídicas y los derechos fundamentales.
La eficacia horizontal del debido proceso.
El marco regulatorio del transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial (3 de 3).
El marco regulatorio del transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial(2 de 3).
En el artículo anterior señalamos que uno de los principales objetivos de la Ley No. 63-17 es eliminar la multiplicidad de funciones de las instituciones públicas que intervienen en el transporte terrestre. Y es que, antes de la promulgación de esta ley, más de seis instituciones procuraban regular en sentido estricto las diversas modalidades del transporte terrestre, sin que existiera entre ellas una coordinación de competencias. Pero más aún, algunas de estas instituciones fueron creadas por decretos, por lo que no contaban con potestades regulatorias que les permitiera ejercer un control prolongado sobre los agentes económicos.
El marco regulatorio del transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial (1 de 3).
La libertad de expresión y el discurso del odio.
La libertad de expresión es la esencia del debate público, pues asegura la formación de la opinión pública mediante el libre intercambio de las ideas. Esta libertad posee dos dimensiones: por un lado, el derecho de las personas de buscar, expresar y difundir pensamientos e ideas; y, por otro lado, el derecho de recibir y conocer las informaciones difundidas por los demás. Para el Tribunal Constitucional dominicano, ambas dimensiones se encuentran estrechamente vinculadas porque “una persona desinformada no tiene la posibilidad de expresarse con eficacia y libertad” ​...​
La regulación del transporte de pasajeros.
La congruencia es un principio procesal que armoniza la decisión de los jueces con las pretensiones formuladas por las partes. Este principio está estrechamente vinculado con el debido proceso porque disminuye la discrecionalidad de los jueces a los fines de obtener sentencias fundadas en Derecho congruente. En otras palabras, el principio de congruencia constituye una garantía del derecho a la tutela judicial efectiva pues limita la decisión del juez al objeto de la acción y a los actos del procedimiento que componen el proceso judicial.​
El silencio administrativo en el ordenamiento jurídico dominicano.
En 1984 la profesora Rosina De la Cruz Alvarado abordó la obligación que posee la Administración de otorgar respuesta a las solicitudes de los administrados dentro del plazo fijado por la normativa. En su artículo sobre “Los Recursos en el Derecho Administrativo” publicado en la Revista de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), ésta sostiene que “el funcionario que en el término del plazo señalado no ha contestado un recurso jerárquico, ha dado una negativa al mismo. Con este principio, se quiere evitar dejar a los administrados a la buena voluntad de la administración, que podría, guardando silencio, evitar el ejercicio del recurso contencioso administrativo”.
El viernes 26 de agosto de 2016, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), conjuntamente con más de 80 entidades compuestas por empresas, zonas francas, asociaciones sin fines de lucro y cámaras de comercio, interpusieron una acción de amparo en contra del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre y el Ministerio de Turismo. Estas instituciones, en virtud de varias disposiciones normativas, están obligadas a garantizar la prestación eficiente del servicio de transporte, tanto de carga como de pasajeros, en un marco de libre competencia e igualdad de oportunidades...
El pasado domingo 18 de septiembre, el monseñor Francisco Ozoria Acosta realizó su primera visita como Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo a la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Como era de esperarse, el reverendo padre evidenció las condiciones infrahumanas en la que viven los internos de ese recinto, asegurando que “con esa cantidad de personas no puede haber un trato humano ni digno”, por lo que se debe “humanizar la penitenciaria”. Y no es para menos, pues la cantidad de internos en relación a la capacidad de La Victoria es de un 790%, es decir, que más de 6,900 internos sobrepasan la capacidad máxima del recinto...
El e-voting en los procesos electorales.
La implementación del escrutinio electrónico en las próximas elecciones ha generado un gran debate en torno a la legalidad del conteo automático de los votos en nuestro ordenamiento jurídico. Aunque se trata de una discusión meramente política, los partidos han llevado el cuestionamiento de esta modalidad al ámbito jurídico. En efecto, seis de los ocho candidatos presidenciales exigieron la implementación del conteo manual en los niveles congresuales y municipales en cumplimiento estricto de la Ley Electoral. Para dichos candidatos, el conteo electrónico inobserva el título XV de la Ley No. 275-97 que prevé el modo preciso, a su entender manual, del escrutinio de los votos en los colegios electorales...​
El Estado como promotor de la innovación.
El pasado miércoles 13 de abril de 2016, Román Jáquez Liranzo denunció que en nuestro país existe una falta de compromiso público con la investigación y la innovación tecnológica. En su artículo “la innovación en RD: un recorrido poco alentador y sin valor agregado”, éste afirma que “los Estados como el nuestro no se enfocan en lo que el Banco Mundial llama economía del conocimiento que es aquella que utiliza el conocimiento como motor básico del crecimiento económico”, por lo que estos Estados no son capaces de generar productos sofisticados, con valor agregado, que puedan ser utilizados por los agentes económicos para crear nuevos métodos de producción y distribución en los mercados...
La desnaturalización del amparo.
La crisis de agua potable fruto de la sequía que afectó recientemente al país evidenció un sector que requiere de un cambio urgente de modelo regulatorio. Y es que, la implementación de un plan de contingencia para enfrentar los efectos de la escasez no es suficiente para afrontar las grandes deficiencias que existen entorno a la regulación, control y prestación del servicio de agua potable. Es decir, el sector requiere de medidas que no solo remedien a corto plazo las situaciones de escasez, sino que garanticen una prestación sostenible del servicio. Para esto, debemos dejar de pensar que las fallas se originan simplemente por situaciones externas al sector y empezar a cuestionar el modelo prestacional asumido por el Estado. Como dice la sabiduría popular, darnos cuenta de que “la calentura no está en las sábanas sino en la fiebre del enfermo”...
La igualdad no solo es un derecho fundamental de todas las personas, sino que constituye un principio constitucional que garantiza el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Y es que, sin igualdad no hay garantías fundamentales, por lo que la aplicación de los derechos queda a merced de la arbitrariedad del Estado, concediendo selectivamente la posibilidad de ejercerlos. Por esto, el constituyente ha consagrado expresamente que en nuestro ordenamiento jurídico se condena toda situación que tienda a quebrantar la igualdad (artículo 39.1 de la Constitución), pues sin igualdad no hay garantías y, mucho menos, libertades...
En años anteriores se discutió sobre la potestad del Tribunal Constitucional para suspender los efectos ejecutorios de las sentencias dictadas en materia de amparo. La discusión se tornó interesante, pues se cuestionaba el margen de acción del juez constitucional frente a la ejecutoriedad de pleno derecho de las sentencias que resuelven acciones de amparo...
Para Joseph E. Stiglitz, “la desigualdad es la causa y la consecuencia del fracaso del sistema político, y contribuye a la inestabilidad de nuestro sistema económico, lo que a su vez contribuye a aumentar la desigualdad”[1]. En efecto, una de las razones generadoras de crisis en el sistema económico es la desigualdad que existe entre las partes que participan en el mercado financiero. Esta desigualdad no se genera por el fracaso de las normas prudenciales que garantizan la estabilidad del sector financiero y la protección de los depositantes, sino más bien por la misma característica del mercado financiero: un mercado de información asimétrica...
La acción de amparo ha sido concebida por el constituyente como una garantía procesal que posee el ciudadano a fin de hacer frente al exceso de poder de los órganos del Estado y los particulares. Por esto, esta acción es la vía procesal idónea para que las personas puedan: (i) garantizar la protección inmediata de sus derechos fundamentales; (ii) hacer cumplir una ley o acto administrativo; y, (iii) salvaguardar los derechos e intereses colectivos y difusos (artículo 72 de la Constitución)...
El miércoles 24 de junio del año 2015, la Presidenta del Tribunal Superior Administrativo, en atribuciones de juez cautelar, leyó las decisiones otorgadas a seis expedientes distintos correspondientes a solicitudes de medidas cautelares en contra de actos administrativos. Un aspecto en común de estos casos es que fueron rechazados por el hecho de que, en síntesis, “la parte recurrente no –había- demostrado la concurrencia de las condiciones requeridas para la adopción de la medida cautelar solicitada”...
En palabras de Gary Banks, Presidente del Comité de Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “una buena regulación es fundamental para que nuestras economías funcionen de manera eficiente y cumplan importantes objetivos sociales y medioambientales”. En efecto, la regulación económica y el derecho público se encuentran estrechamente vinculados, pues la cohesión social solo puede ser garantizada a través de un marco regulatorio en el cual se establezcan un conjunto de herramientas que hagan factible la vigencia de un Estado social y democrático de derecho y, por consiguiente, garanticen el crecimiento y desarrollo sostenible del régimen económico...
El ejercicio de la acción de amparo contra decisiones judiciales: Crítica a la Sentencia No. TC/0041/15 del Tribunal Constitucional.
El pasado 23 de marzo de 2015, el Tribunal Constitucional rehuyó una vez más al ámbito del derecho comparado para limitar el ejercicio de la acción de amparo a aquellos actos emanados por una autoridad pública -con excepción del Poder Judicial- o de cualquier particular, “que de forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altera o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución” (artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011 –en lo adelante “LOTCPC”-). De modo que, conforme el criterio adoptado por el Pleno de ese Honorable Tribunal a través de la Sentencia No. TC/0041/15, la acción de amparo que se interpone contra una sentencia o decisión judicial es notoriamente improcedente y, en consecuencia, “la misma debe declararse inadmisible, en virtud de los que establece el artículo 70.3 de la referida ley núm. 137-11”...
El pasado domingo, 19 de abril de 2015, fue un día de grandes emociones. Dependiendo de las preferencias políticas, ya sea Danilista o Leonelista, se denotaba preocupación, decepción, entusiasmo y satisfacción entre los miembros del Comité Político. Pero, sobre todo, lo que pudimos evidenciar, una vez más, es que el deseo de poder puede quebrar hasta las relaciones más duraderas. De modo que podemos afirmar que el poder es un antónimo de la palabra “unidad” y, porque no, como han manifestado algunos seguidores del Dr. Leonel Fernández, de “lealtad”...
Ojalá nuestros jueces imiten a Don Carlos.
Hoy me enteré, lamentablemente, sobre el fallecimiento del Doctor Carlos Gaviria, exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia y político colombiano. El 27 de enero del año 2013, tuve el honor de ser su edecán para el Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional celebrado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En esos días, Don Carlos despertó mi interés en profundizar sobre los principios básicos de la filosofía liberal y, sobre todo, mediante las breves discusiones sostenidas, de la importancia de respetar y garantizar la autonomía...
La teoría del árbol envenenado en el Derecho Administrativo.
A partir del año 1920, la incorporación de los elementos probatorios adquiere una mayor relevancia en los procesos penales, pues la inadmisibilidad procesal de los elementos obtenidos inobservando los principios y normas generales del Código Procesal Penal se extiende, jurisprudencialmente, a las pruebas derivadas. En efecto, en el caso Silverthorne Lumber Co v. Estados Unidos de fecha 26 de enero de 1920[1], la Corte Suprema determinó que el rechazo en el proceso penal de las pruebas derivadas de los elementos obtenidos ilegalmente permite evitar que los organismos policiales federales actúen inobservando las disposiciones reglamentarias...
​El Tribunal Constitucional como poder constituyente permanente.
En el Anuario 2013 del Tribunal Constitucional, el profesor Lucio Pegoraro concluye en su ensayo sobre “la interpretación de la Constitución como modo ordinario de actualización de la Constitución”, afirmando que “no debe sorprender si, como órgano de cierre de los ordenamientos constitucionales, y artífices de la dirección política constitucional, pero también de la dirección política tout-court, los Tribunales Constitucionales han sido definidos por estudiosos de todas las partes del mundo –juristas y politólogos- como poder constituyente permanente”...
Control Constitucional de la voluntad popular: Una respuesta al populismo anticonstitucional.
Durante estos días he tenido la oportunidad de analizar las diversas discusiones que se han generado en torno a las observaciones realizadas por el Presidente Danilo Medina al proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. Argumentos que han permitido profundizar sobre la falta de razonabilidad del proyecto, toda vez que en palabras del jurista Cristóbal Rodríguez, “existen otras alternativas que resultan menos invasivas de los legítimos derechos de los propietarios de los terrenos ubicados en la zona” y, por otro lado, como contrargumento, sobre la subjetividad de la decisión tomada por el Poder Ejecutivo por constituir “una decisión meramente política” …
Límites a la intervención reguladora del Estado.
La Constitución consagra en su artículo 68, que se “garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley” (Subrayado nuestro). En efecto, la responsabilidad del Estado no solo reside en la necesidad de brindar a las personas la posibilidad de disponer de sus derechos fundamentales frente a los terceros, sino que éste debe asumir un rol de garante de dichos derechos, con el objetivo de satisfacer a través de los principios de eficacia, jerarquía objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, las necesidades de interés colectivo...
​El Tabú del Debido Proceso Administrativo.
En la declaración final de la décima Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada del 12 al 15 de marzo de 2014 en esta ciudad de Santo Domingo, las Delegaciones de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales constataron que “la normativa y supremacía jurídica de nuestras Constituciones se proyectan, entre otros ámbitos, en la vigencia directa e inmediata de los derechos y libertades fundamentales en ellas proclamadas, campo en el que la influencia de los distintos textos internacionales en materia de derechos humanos ha permitido definir un ius commune que, como núcleo básico e intangible, pertenece a todas las personas en tanto que patrimonio consustancial de la dignidad humana que las magistraturas constitucionales, con sujeción a los parámetros establecidos en sus Constituciones, tienen la obligación de garantizar”...
La Buena Gobernabilidad en las Asociaciones Sin Fines de Lucro.
Conforme el artículo 47 de la Constitución, “toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley”. Esta disposición fue adoptada a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona de asociarse con otras para “promover, ejercer, y proteger sus intereses legítimos de orden políticos, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden”. En tal sentido, surge la facultad de las personas de poder constituir agrupaciones permanentes encaminadas a la consecución de fines específicos...
Autorregulación vs. Gobierno Corporativo.
En la actualidad, existe una globalización del mercado, caracterizado por un proceso de cambio socio económico y político, que ha permitido modificar la visión de la economía neoclásica, que consagra la formalización y la autoeficiencia de la economía, a una visión neoinstitucionalista o como la ha denominado el profesor Mariano Carbajales, una “Nueva Economía Política”, caracterizada por consagrar las políticas económicas como “el resultado de complejas interacciones entre múltiples actores con intereses, información y creencias particulares, en el contexto de determinados marcos institucionales”...
El Comercio Electrónico y la Firma Digital.
Durante los últimos años, el modo de producción capitalista ha sufrido grandes transformaciones debido al proceso de cambio socio económico y político que ha desarrollado la globalización, en respuesta a una multiplicidad de vínculos e interconexiones que se han suscitado entre los Estados y las sociedades que construyen el actual sistema mundial. El fenómeno de la globalización ha transformado los medios de hacer comercio, exigiendo la implementación de nuevos mecanismos apegados al libre comercio, al movimiento de capitales a corto plazo, a la inversión extranjera, y sobre todo al desarrollo de la tecnología de las comunicaciones...
El Derecho Fundamental a un Debido Proceso Reglamentario.
La Constitución consagra que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos (Artículo 7). Es decir, que la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho surge como un elemento esencial del Estado que le permite la independencia y colaboración de las ramas del poder público, para la ejecución de sus fines esenciales, tales como la garantía de los derechos fundamentales y la separación e independencia de los poderes públicos...
A finales del Siglo XIX, el modo de producción capitalista sufrió grandes transformaciones debido al proceso de cambio socio económico y político que ha desarrollado la globalización, en respuesta a una multiplicidad de vínculos e interconexiones que se han suscitado entre los Estados y las sociedades que construyen el actual sistema mundial. Estas interconexiones han obligado a los Estados a asumir el compromiso de adecuar sus legislaciones para reducir las distorsiones del comercio internacional, y sobre todo garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, evitando obstáculos en el comercio legítimo; de esta manera, se suscita la necesidad de una cooperación económica mundial, que consagre un marco jurídico más estable, asegurando el desarrollo del comercio internacional, a través del establecimiento de un comercio de servicio, y una efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio...
El Defensor del Pueblo: figura esencial para el ordenamiento jurídico.
Durante los últimos años, en nuestro país se han desarrollado diferentes manifestaciones sociales protagonizadas especialmente por los jóvenes, quienes han elevado sus voces con amparo de los avances de las ciencias y tecnologías, concientizando a la población a un pensamiento lógico en beneficio de sus derechos fundamentales. En tal sentido, hemos observado grandes manifestaciones que han logrado sensibilizar las posturas sostenidas por los funcionarios y entes públicos, verbigracia la conflagración contra las instalaciones de la cementera en los predios del Parque Nacional de los Haitises, que acarreó la suspensión de los trabajos de construcción, así como también la inagotable protesta a favor de la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a favor de la educación, cuantía que ha sido ordenada por ley...
Los Juegos Circenses de los Políticos.
Es irónico cómo los candidatos, mientras más se acerca la fecha de elección presidencial, hacen suyas las prácticas más antiguas de la civilización romana, en las cuales el emperador mantenía al pueblo bajo sus condiciones, idiotizando a la población apelando a sus principales debilidades, los placeres humanos. Una de las prácticas más utilizadas por las clases políticas para mantener éste poder era recrear al pueblo con grandes y excesivas fiestas, a través de los juegos circenses...
La libertad limitada de los internos.
​Durante los últimos años hemos sido parte de una gran polémica sobre la protección de los derechos fundamentales de los internos por parte de los centros penitenciarios; sentencias recientes emitidas por el Tribunal para la Ejecución de la Pena han evocado que los internos poseen derechos que le son inherentes al ser humano independientemente de que hayan sido declarado culpable de la comisión de un ilícito penal, y que por consiguiente con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos deben gozar de los derechos fundamentales y las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos...