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Timestamp: 2019-09-20 18:41:51
Document Index: 365118227

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 43', 'artículo 167', 'artículo 167', 'artículo 8', 'artículo 43', 'artículo 4', 'artículo 44']

﻿ SENTENCIA STC141-2018/2017-02905 DE ENERO 18 DE 2018
SENTENCIA STC141-2018 DE 18 DE ENERO DE 2018
CONTENIDO:OMISIÓN DE FUNCIONARIA JUDICIAL DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE BODEGAJE, LIQUIDAR EL VALOR DEL APARCAMIENTO, ESTABLECER EL RESPONSABLE DEL PAGO Y COMPULSAR LAS COPIAS EN CASO DE NO ESTAR AJUSTADAS A LAS TARIFAS LEGALES. SE EXPLICA QUE FUNCIONARIO JUDICIAL OMITE SUS DEBERES, COMO EL ATENDER LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS CON LAS IRREGULARIDADES DE PARQUEADEROS, YA QUE SIENDO QUIEN TIENE LA POTESTAD DE DISPOSICIÓN DEL MISMO, NO DESARROLLÓ NINGUNA ACTIVIDAD DE CARA A VERIFICAR EL OBEDECIMIENTO DE LA ORDEN DE ENTREGA, CONOCEDORA DE LO PRECEPTUADO EN EL NUMERAL 4º DEL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, YA QUE PUEDE “EXIGIR A LAS AUTORIDADES O A LOS PARTICULARES LA INFORMACIÓN QUE, NO OBSTANTE HABER SIDO SOLICITADA POR EL INTERESADO, NO LE HAYA SIDO SUMINISTRADA, SIEMPRE QUE SEA RELEVANTE PARA LOS FINES DEL PROCESO”, PARA A PARTIR DE ALLÍ, ADOPTAR LAS DECISIONES A LUGAR, COMO SON, VERIFICAR LAS CONDICIONES DE BODEGAJE, LIQUIDAR EL VALOR COBRADO POR SERVICIO DE APARCAMIENTO, ESTABLECER EL RESPONSABLE DEL PAGO, Y EN CASO DE NO ESTAR AJUSTADO A LAS TARIFAS DE LEY, COMPULSAR COPIAS DE LO ACTUADO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DEMÁS ÓRGANOS DE CONTROL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DEBERES DEL JUEZ, FACULTADES DEL JUEZ, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Sentencia STC141-2018/2017-02905 de enero 18 de 2018
Rad.: 11001-22-03-000-2017-02905-01
STC141-2018
(Aprobado en Sala de diecisiete de enero de dos mil dieciocho)
Decide la Corte la impugnación del fallo de 22 de noviembre de 2017 proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la acción de amparo promovida por Marcolino Arango Pérez frente a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial; Parqueadero Los Ferrari SAS y Bodegas Judiciales Daytona SAS, extensiva a los Juzgados Catorce, Veinticuatro y Veinticuatro Civil Municipal de Descongestión de esta ciudad.
1. El actor a través de procuradora judicial, reclamó la protección de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y propiedad, presuntamente conculcados por los encartados, en el marco del ejecutivo mixto que Bancolombia S.A. le adelantó bajo el Radicado 2012-01337. Exigió en consecuencia se ordene a la Dirección Ejecutiva de la rama judicial y a Bodegas Judiciales Daytona SAS, el pago de los comparendos reportados al vehículo de placas CXZ 810 “durante el período que se supone este debía estar capturado e inmovilizado en sus parqueaderos” y la entrega del automotor.
2. En apoyo de las pretensiones aduce que con ocasión del coercitivo mencionado, el rodante fue aprehendido el 16 de diciembre de 2013 y llevado inicialmente al Parqueadero Los Ferrari, sociedad que posteriormente cedió el contrato de parqueadero a Bodegas Judiciales Daytona SAS; que ante la cancelación de lo adeudado el 15 de julio de 2016, el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Descongestión declaró terminado el juicio por pago total y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares, para ello se libraron los correspondientes oficios; que verificó los comparendos y evidenció su existencia con data del 16 de diciembre de 2015 “fecha en la que el carro debía estar parqueado” en las instalaciones de la última entidad reseñada; al acudir allí le comunicaron que no podía retirarlo hasta tanto cancelara la suma de $ 24.128.000 por concepto de “parqueadero”, por ello radicó petición ante la Dirección Ejecutiva de la rama judicial con solicitudes iguales a las expresadas en este decurso, sin obtener respuesta.
El Juzgado Veinticuatro Civil Municipal indicó que el pleito estaba a cargo de su homólogo de descongestión.
La sociedad Ferrari SAS, manifestó que el vehículo de placas CXZ 810, fue trasladado a la empresa Bodegas Judiciales Daytona SAS el 1º de octubre de 2014, mediante contrato de cesión de depósito, hecho del que se enteró al despacho de conocimiento.
El Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Descongestión, narró los pormenores del asunto radicado bajo el Nº 2012-1337, su finalización y archivo.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial alegó que su función es netamente administrativa y que “no está facultada para sumir(sic) los costos del valor del parqueo de los vehículos inmovilizados por orden judicial”, refirió que contestó el “derecho de petición” el 4 de julio de 2017, y lo envió al domicilio reportado por el interesado. Remitió copia del traslado del memorial a Bodegas Judiciales Daytona SAS y a la Fiscalía General de la Nación.
Bodegas Judiciales Daytona SAS, guardó silencio.
Sentencia de primera instancia e impugnación
1. El tribunal concedió el resguardo en lo concerniente al “derecho de petición” y ordenó
“(…) al establecimiento Bodegajes Judiciales Daytona SAS que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, responda de fondo, de manera clara y congruente, el oficio remitido el 4 de junio de 2017 por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca, a fin de que adelante las actuaciones administrativas pertinentes con miras a determinar si el parqueadero Bodegajes Judiciales Daytona SAS se encuentra incurso en una causal que conlleve a su exclusión del registro de parqueaderos habilitados, en los términos del Acuerdo 2586 de 2004 (…)” (fls. 96 y 97).
Negó el ruego al debido proceso y propiedad frente al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Descongestión y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.
2. El censor recurrió lo resuelto frente a la Dirección Ejecutiva Seccional, por el desconocimiento de la responsabilidad establecida en el artículo 167 de la Ley 769 de 2002. Refuta de igual manera lo afirmado respecto del despacho judicial, quien tiene a su cargo el plenario, en razón a que el gestor de la causa alertó al operador jurídico sobre la irregularidad, sin que obtuviera respuesta alguna. Finalmente le enrostra no referirse sobre el precedente T-1000 de 2001.
1. Como es sabido, la acción de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Política de 1991 para la guarda inmediata de las garantías esenciales de las personas, de carácter residual y subsidiario, porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, las resoluciones jurisdiccionales son, por regla general, ajenas al examen propio de esta especial justicia, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto de la mera liberalidad o capricho, a tal punto que configuren una “causal específica de procedencia del amparo”, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un término razonable a esta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesión.
2. De entrada se advierte con base en la prueba recaudada, que el veredicto confutado se revocará en el numeral tercero, pues es evidente que tanto la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial como el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, incurrieron en causal de procedencia del auxilio por defecto sustantivo, al sustraerse de adoptar correctivos que se acompase con la normatividad aplicable a este tipo de asuntos, como pasa a verse.
2.1. El artículo 167 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), prevé que los rodantes “(…) que sean inmovilizados por orden judicial deberán llevarse a parqueaderos cuya responsabilidad será de la Dirección Ejecutiva de la rama judicial. (…)”.
Por su parte la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo 2586 de 2004, aclarado en el PSAA14-10136 de 2014, que en lo pertinente consagra:
“1. Las autoridades encargadas de inmovilizar vehículos en virtud de orden impartida por Jueces de la República, con el fin de materializar sobre ellos medidas cautelares, deberán llevarlos inmediatamente los aprehendan, aunparqueaderoqueseencuentredebidamenteregistradoantelaDirecciónSeccionaldeAdministraciónJudicial,dependientedelaDirecciónEjecutivadeAdministraciónJudicial,dellugardondeseproduzcalainmovilización. (…).
2. Los propietarios de establecimientos comerciales destinados al parqueo de vehículos, sean personas naturales o jurídicas, que se interesen en recibir estos bienes, deberán registrarse previamente ante las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, acreditando e informando lo siguiente:
a) Certificado de inscripción del comerciante persona natural, o certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la respectiva cámara de comercio.
b) Certificado de inscripción del establecimiento o establecimientos de comercio destinados al parqueo de vehículos, expedido por la respectiva cámara de comercio.
c) Nombre, identificación, domicilio, dirección y teléfono de quien formula la solicitud.
d) Ciudad, dirección, teléfono y nombre del establecimiento o establecimientos respecto de los cuales se solicita el registro.
e) Pólizadeseguro tomada por la persona, natural o jurídica, que haya solicitado la inscripción, por un monto mínimo de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quecubralapérdidaylosdañosquepuedansufrirlosvehículosenelestablecimientooestablecimientosquehayansidoinscritos, con una vigencia igual o superior a la del registro de que trata el artículo sexto del presente acuerdo. (…).
3. Para efectos de acceder al registro, lossolicitantesdeberánacogersealastarifasqueanualmente,medianteResolución,fijelaDirecciónEjecutivadeAdministraciónJudicial. Dichas tarifas serán el resultado de un estudio promedio de mercado y se tasarán por meses, con la posibilidad de fraccionamiento por días, teniendo en cuenta el tiempo que el vehículo dure en el establecimiento. Dichas tarifas solo aplicarán para los efectos del presente acuerdo.
PAR. 1º—Lasrespectivastarifasseaplicarándel1ºdeeneroal31dediciembredecadaaño.
PAR. 2º—La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fijará las tarifas, a más tardar el 30 de noviembre del año inmediatamente anterior.
4. El hecho del registro conlleva para los solicitantes la aceptación de que los vehículos que se reciban en tal virtud, estánexclusivamenteadisposicióndeljuzgado, despacho del magistrado o corporación judicial queordenósuinmovilización, de tal manera que solo por decisión de estos, podrá autorizarse nuevamente su movilización.
5. El juzgado, despacho del magistrado o corporación judicial que tenga a su cargo la disposición del vehículo y haya ordenado su inmovilización, dispondrá en la diligencia de secuestro y antes de colocar el bien a cargo del secuestre, que se cancele la remuneración que corresponde a la utilización del parqueadero. Dichosgastosseránacargodeldemandante,sinperjuiciodeconvenioentrelaspartessobreelparticular, así como tampoco de lo referente a la regulación de costas (…).” (subrayas fuera del texto).
El artículo 8º de la citada reglamentación, establece que “[L]as Direcciones Seccionales de Administración Judicial que lleven los registros de parqueaderos habilitados, podránexcluirencualquiermomentoalosinscritos,cuandotenganconocimientodeirregularidadeseneldesarrollodesuactividad. (…)” (resalto ajeno al texto).
2.2. En el presente asunto la juez de descongestión cuestionada no respondió, como era su deber, las reclamaciones relacionadas con las irregularidades del parqueadero que recibió en custodia el rodante, ya que siendo quien tiene la potestad de disposición del mismo, no desplegó ninguna actividad de cara a verificar el obedecimiento de la orden de entrega, conocedora de lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 43 del Código General del Proceso, ya que puede “[e]xigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso”, para a partir de allí, adoptar las decisiones a lugar, como son, verificar las condiciones de bodegaje, liquidar el valor cobrado por servicio de aparcamiento, establecer el responsable del pago, y en caso de no estar ajustado a las tarifas de ley, compulsar copias de lo actuado a la Fiscalía General de la Nación y demás órganos de control; igualmente de ser viable con la colaboración de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca, hacer efectiva la póliza de seguro que aportó el susodicho establecimiento para lograr su registro. También debe indagar sobre la imposición de comparendos cuando estaba inmovilizado el automotor.
2.3. Ahora, no obstante que el peticionario puso de presente a la mentada sede judicial que Bodegas Judiciales Daytona SAS, se niega a entregarle el bien, el despacho accionado nada hizo al respecto, cuando lo que procedía era indagar sobre la veracidad de las afirmaciones del ejecutado, para luego, de ser el caso, ceñir la suma que se estuviese cobrando a las tasas previstas, como quiera que ciertamente es el competente para resolver ese tipo de asuntos de conformidad con el artículo 4º del memorado acuerdo (Ver en este sentido, entre otras, CSJ STC5255-2016, STC2994-2017, STC5564-2017 y STC8765-2017), sin perjuicio de la imposición de la multa a que hubiere lugar por el desacato al mandato impartido, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 44 del Código General del Proceso.
Además, debió dilucidar por efecto de la petición lo relativo a los comparendos impuestos en el interregno de inmovilización y establecer las correspondientes responsabilidades, de ahí que, se insiste, debió la funcionaria criticada determinar a quién le corresponde el pago o descontar del valor que finalmente arroje la liquidación que se practique.
2.4. Por otra parte, el actuar de la Dirección Seccional de Administración Judicial, tampoco ha sido el más diligente, si en cuenta se tiene que, por un lado, a pesar que el 26 de mayo del año que transcurre se le enteró de los comparendos y cobros excesivos de bodegaje del vehículo de placas CZX-810, así como la reticencia del parqueadero para ajustar el recaudo del aparcamiento a los valores justos, simplemente se limitó a dar “traslado de [la] queja al parqueadero Bodegas Judiciales Daytona SAS (…) [y] a la Fiscalía General de le Nación” (fl. 68, ejusdem), sin que hasta el momento de acuerdo con la respuesta que rindió y el oficio DESAJBOJRO17-14687 de 1º de diciembre de 2017, haya adoptado otro tipo de medida para conjurar la problemática aquí expuesta y de ser el caso imponer los correctivos a lugar.
Ello por cuanto que, en primer lugar, dicha autoridad en su calidad de autora de la aludida inscripción, y por ende, responsable del control y vigilancia de aquellos para efectos del pluricitado Acuerdo 2586 de 2004, no ha efectuado ningún otro tipo de actuación tendiente a lograr esclarecer, con prontitud, los sucesos tantas veces comentados, como si esa tarea únicamente le correspondiera al juzgado que tiene a su disposición el rodante, siendo que los hechos revelados, por su gravedad, merecen una expedita solución por parte de los órganos respectivos, máxime cuando se está comprometiendo la dignidad de la justicia.
3. Así las cosas, es claro para la Sala que las referidas omisiones indudablemente produjeron la transgresión a las garantías superiores al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del demandante, en tanto que, se reitera, tanto la juez como la dirección seccional acusadas, no actuaron en la forma prevista en el ordenamiento jurídico, lo que justifica la intervención de esta especial justicia en aras de restablecer las prerrogativas conculcadas.
4. Por tanto, las razones que anteceden se estiman suficientes para, como delanteramente se dijo, infirmar el numeral confutado, y en su lugar, acceder al amparo rogado en ese específico punto y en lo demás ratificar el proveído.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA los numerales primero, segundo, cuarto, quinto, y sexto de la sentencia impugnada, y revoca el numeral tercero y en su lugar CONCEDE el resguardo de las prerrogativas del debido proceso y propiedad. En consecuencia se:
ORDENA al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a i) realizar todas las actuaciones que sean necesarias para esclarecer los hechos denunciados por el accionante respecto del automotor de placas CXZ-810, para a partir de lo evidenciado, adopte las determinaciones pertinentes frente al caso, teniendo en cuenta las consideraciones del punto 2.2., de esta providencia; y, ii) verifique si en realidad la empresa Bodegas Judiciales Daytona SAS, lugar donde se encuentra retenido el mencionado vehículo, se niega a cumplir la orden que le fue comunicada mediante oficio Nº 01037 de 25 de julio de 2016, en cuyo caso, de ser cierto, proceda a liquidar el valor que se debe cancelar a aquella por el servicio de aparcamiento y señale el responsable de su pago, de acuerdo a lo considerado en el ítem 2.3., descontando si hay lugar a ello el valor de los comparendos relacionados.
ORDENA a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca, que dentro del mismo término otorgado en el ordinal anterior, imparta celeridad o, si no lo ha hecho, dé apertura inmediata a los procedimientos sancionatorios, contra la sociedad Bodegas Judiciales Daytona SAS, de cara no solo a esclarecer y conjurar la situación denunciada respecto del rodante de placas CXZ-810, sino también esclarecer si dicho establecimiento se encuentra incurso en una causal que conlleve a su exclusión del registro de parqueaderos habilitados para recibir vehículos inmovilizados por orden judicial, en los términos del Acuerdo 2586 de 2004.
Notifíquese lo resuelto, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.