Source: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201708&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1004038
Timestamp: 2019-01-20 09:41:27
Document Index: 199847152

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 267', 'artículo 203', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 52', 'artículo 4']

2. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia se pronunció, entre otros aspectos, sobre el significado de la expresión «objeto principal del contrato» del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. (4) La Kúria (Tribunal Supremo, Hungría), el órgano jurisdiccional nacional remitente en dicho asunto, debía entonces decidir si las cláusulas contractuales controvertidas quedaban, por principio, excluidas de la protección que brinda la Directiva 93/13. Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia ofreció a la Kúria una serie de criterios para determinar si tales cláusulas se redactaron «de manera clara y comprensible», lo que, con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, constituye una excepción a esta exclusión.
3. Fundamentalmente, Téréz Ilyés y Emil Kiss, los demandantes en primera instancia en el litigio principal (en lo sucesivo, «demandantes»), cuestionan las medidas correctoras establecidas por el legislador húngaro a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Kásler y la subsiguiente resolución de la Kúria, alegando que este régimen hace recaer el riesgo del tipo de cambio sobre los consumidores en circunstancias que dan lugar a la infracción de las obligaciones de transparencia impuestas por la Directiva 93/13.
[...] hacer constar de forma irrefragable la adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato;»
«1. La entidad financiera deberá informar tanto a sus clientes actuales como a los potenciales, de manera clara y comprensible, de las condiciones de utilización de los servicios que presta, así como de las modificaciones de estas condiciones [...]
11. El artículo 1, apartado 1, de la a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. Törvény [Ley XXXVIII de 2014, por la que se regulan cuestiones concretas en relación con la resolución de la Kúria para la unificación de doctrina en materia de contratos de préstamo celebrados por entidades de crédito con consumidores; en lo sucesivo, «Ley DH1»] dispone:
16. Con arreglo a dicho contrato, la acreedora debía desembolsar como máximo 30 075 000 forintos húngaros, cantidad que incluía una comisión de desembolso por importe de 75 000 forintos, y que en el momento de la celebración del contrato equivalía a 212 831 francos suizos.
22. El legislador húngaro adoptó las Leyes DH1 y DH2, junto con la Ley DH3, después de que los demandantes interpusieran recurso el 16 de mayo de 2013, aunque durante la sustanciación de este litigio ante los tribunales húngaros. La resolución de remisión indica que la Ley DH1, que entró en vigor el 26 de julio de 2014, se basa en la resolución de la Kúria n.º 2/2014, (5) (que es vinculante para los tribunales húngaros) dictada a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Kásler. (6)
27. En cuanto a la resolución n.º 2/2014 de la Kúria, (7) según la resolución de remisión, continuó vigente pese a la promulgación de las Leyes DH, y dispone lo siguiente:
«1) ¿Tiene la consideración de cláusula no negociada individualmente en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva y está, por tal motivo, comprendida en el ámbito de aplicación de ésta, una cláusula contractual que hace recaer sobre el consumidor el riesgo del tipo de cambio y que, a causa de la supresión de una cláusula contractual abusiva que establecía un diferencial comprador-vendedor y la obligación de soportar el correspondiente riesgo del tipo de cambio, se ha convertido en parte del contrato con efectos ex tunc como consecuencia de la intervención del legislador llevada a cabo en vista de los litigios en materia de invalidez que afectaban a un gran número de contratos?
2) En caso de que la cláusula contractual que hace recaer el riesgo del tipo de cambio sobre el consumidor esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva, ¿debe interpretarse la regla de exclusión del artículo 1, apartado 2, de la Directiva en el sentido de que también se refiere a una cláusula contractual que se corresponde con disposiciones legales imperativas en el sentido del apartado 26 de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto RWE Vertrieb AG (C‑92/11) que han sido adoptadas o han entrado en vigor con posterioridad a la celebración del contrato? ¿Debe incluirse también dentro del ámbito de aplicación de dicha regla de exclusión una cláusula contractual que se ha convertido en parte del contrato con efectos ex tunc con posterioridad a la celebración de éste como consecuencia de una disposición legal imperativa que subsana la invalidez causada por el carácter abusivo de una cláusula contractual que hace imposible la ejecución del contrato?
3) En caso de que, conforme a las respuestas dadas a las cuestiones anteriores, pueda examinarse el carácter abusivo de la cláusula contractual que hace recaer sobre el consumidor el riesgo del tipo de cambio, ¿debe interpretarse el requisito de la redacción clara y comprensible a que alude el artículo 4, apartado 2, de la Directiva en el sentido de que también se satisface este requisito cuando se cumple, en los términos expuestos en los hechos, la obligación de información establecida legalmente y formulada de manera necesariamente general, o también deben comunicarse aquellos datos relativos al riesgo para el consumidor conocidos por la entidad financiera o a los que ésta pudiera tener acceso en el momento de la celebración del contrato?
4) ¿Es relevante desde el punto de vista del requisito de la claridad y la transparencia y de lo dispuesto en el apartado 1, letra i), del anexo de la Directiva, a los efectos de la interpretación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva, el hecho de que, en el momento de la celebración del contrato, las cláusulas contractuales relativas a la facultad de modificación unilateral y al diferencial comprador-vendedor —que, años más tarde, resultaron ser abusivas— figuraban en el contrato junto con la cláusula relativa a la asunción del riesgo del tipo de cambio, de modo que, como efecto acumulativo de tales cláusulas, el consumidor no podía en realidad prever en absoluto cómo evolucionarían en lo sucesivo las obligaciones de pago ni el mecanismo de variación de éstas? ¿O las cláusulas contractuales posteriormente declaradas abusivas no deben tenerse en cuenta al examinar el carácter abusivo de la cláusula que establece el riesgo del tipo de cambio?
31. En concreto, cuestionan la interpretación de las Leyes DH que se propone en la resolución de remisión y alegan, por ejemplo, que la Ley DH1 no guarda relación con la imputación del riesgo del tipo de cambio, así como que la Ley DH3 no es una disposición por la que se integre en el contrato la obligación para los consumidores de soportar el riesgo. (8) Por el contrario, entienden que la Ley DH3 ha suprimido el riesgo del tipo de cambio en el caso de los contratos de crédito denominados en moneda extranjera, al convertirlos en préstamos denominados en forintos para el futuro (según afirman, a partir del 1 de febrero de 2015, esto es, ex nunc) y no hacia el pasado (ex tunc). Sostienen que, dado que ni las Leyes DH ni la Resolución n.º 2/2014 de la Kúria n.º 2/2014 modificaron la cláusula correspondiente al riesgo del tipo de cambio, las cuestiones planteadas serían hipotéticas, y la interpretación solicitada por el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital, Hungría) no presenta vínculo alguno con los hechos que se plantean en el litigio principal.
33. El artículo 267 TFUE se basa en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, y solo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional. (9) Por consiguiente, me inclino por dejar de lado las impugnaciones que obran en autos en relación con la interpretación de la legislación de los Estados miembros expuesta en la resolución de remisión. (10)
42. En lo que respecta a los ámbitos de discrepancia entre las partes en el litigio principal, los demandantes subrayan de forma activa en sus observaciones escritas que, al contrario del problema examinado recientemente por el Tribunal de Justicia en la sentencia Andriciuc, (15) fundamentan su argumentación en el abuso relativo a la ausencia de una información clara y comprensible, exigida por los apartados 6 y 7 del artículo 203 de la Hpt. Además, las partes de las sentencias del Tribunal de Justicia invocadas por los demandantes se refieren a la transparencia que recoge el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, (16) o al artículo 6 y a los principios de equivalencia y efectividad, (17) o a la combinación de ambos. (18)
45. La esencia de la resolución de remisión estriba en dilucidar si las medidas correctoras derivadas de las Leyes DH1 y DH3, las medidas adoptadas por el legislador húngaro a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Kásler y las dimanadas de la Resolución n.º 2/2014 de la Kúria(20) son, por una parte, susceptibles de control en virtud del Derecho de la UE y, por otra, conformes con este.
48. Esto significa que la interpretación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 por parte del Tribunal en el asunto Kásler en su sentencia de 30 de abril de 2014, y de hecho las demás disposiciones de esta Directiva que eran pertinentes al caso (en concreto, los artículos 3, 5, 6, apartado 1, y7), son de aplicación a las cláusulas contractuales existentes desde el momento de la entrada en vigor de la Directiva 93/13, es decir, el 31 de diciembre de 1994. (25) Dicho esto, los mecanismos nacionales de aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 están sometidos a los plazos razonables que establezca el ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, (26) y a otras normas nacionales de procedimiento, siempre que dichas normas respeten los principios de efectividad y de equivalencia. (27)
56. Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si las medidas correctoras establecidas por las Leyes DH1 y DH3, promulgadas por el legislador húngaro a la luz tanto de la sentencia Kásler como de su aplicación por parte de la Kúria en su resolución n.º 2/2014, (35) constituyen «cláusulas contractuales» que reflejan «disposiciones legales o reglamentarias imperativas» conforme al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, de modo que «no estarán sometidas a las disposiciones» de dicha Directiva.
58. En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que la exclusión del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 exige que se cumplan dos requisitos. La cláusula contractual debe reflejar una disposición legal o reglamentaria y ésta debe ser imperativa. (36) Así pues, para determinar si una cláusula contractual está excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, incumbe al juez nacional comprobar si esa cláusula refleja las disposiciones del Derecho nacional que se aplican entre las partes contratantes con independencia de su elección, o aquellas que son de carácter supletorio y por tanto aplicables por defecto, es decir, cuando las partes no hayan pactado otra cosa. (37)
69. Según las observaciones escritas de las demandadas, la Resolución n.º 2/2014 de la Kúria, (52) que es vinculante para el órgano jurisdiccional remitente, ya ha formulado criterios para determinar si la redacción de las cláusulas contractuales relativas a la asunción del riesgo del tipo de cambio resulta clara y comprensible.
70. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional remitente decidir si las cláusulas individuales son claras y comprensibles al amparo del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13. (53) Dicho órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta, además de la sentencia Kásler y de las correspondientes resoluciones de la Kúria, los criterios para determinar si una cláusula contractual resulta clara y comprensible en línea con lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que se expone íntegramente en los apartados 43 a 50 de la sentencia Andriciuc. (54)
71. Como se señala en la sentencia dictada en el asunto Andriciuc, «corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar que el profesional comunicó a los consumidores afectados toda la información pertinente que les permitiera valorar las consecuencias económicas de una cláusula como la controvertida en el litigio principal sobre sus obligaciones financieras», (55) incluidos los efectos en las cuotas de una fuerte depreciación de la moneda de curso legal del Estado miembro del domicilio del prestatario y de un aumento del tipo de interés extranjero. (56) El profesional deberá exponer las posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo, (57) junto con el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate y así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas. (58)
74. Como ya se ha expuesto anteriormente, en los puntos 41 a 44, la cuarta cuestión prejudicial debe interpretarse en el sentido de que solicita información acerca de los efectos de una legislación que se adopta transcurridos varios años desde la celebración de un contrato (algo que el órgano judicial remitente considera imprevisible desde el punto de vista del consumidor) sobre las obligaciones de transparencia que incumben a las demandadas con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13.
78. Esta obligación es evidente a partir de la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia. No obstante, quiero poner de relieve que la obligación de los Estados miembros de examinar a instancia propia el carácter abusivo de todas las cláusulas contractuales, prevista en la Directiva 93/13, sólo es exigible cuando se dispongan de todos los elementos de Derecho y de hecho. (60) Además, la obligación puede verse afectada por el principio de cosa juzgada. (61)
4 Directiva de 5 de abril de 1993 ((DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13) (en lo sucesivo, «Directiva 93/13»).
6 Sentencia de 30 de abril de 2014 (C‑26/13, EU:C:2014:282). Véase, asimismo, la a [Kúriának a] pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (Ley XL de 2014 sobre las normas en materia de liquidación de cuentas a las que se refiere la Ley XXXVIII de 2014, por la que se regulan cuestiones concretas en relación con la resolución [de la Kúria (Tribunal Supremo)] para la unificación de doctrina en materia de contratos de préstamo celebrados por entidades de crédito con consumidores, y sobre algunas otras disposiciones; en lo sucesivo, «Ley DH 2»).
11 Sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164). Véase asimismo la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc (C‑186/16, EU:C:2017:703), apartados 19 y 20.
12 Sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 35 y jurisprudencia citada).
13 Cf. las conclusiones del Abogado General Jääskinen en el asunto Banif Plus Bank (C‑312/14, EU:C:2015:621).
15 Sentencia de 20 de septiembre de 2017, C‑186/16, EU:C:2017:703.
17 Sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), apartado 50. Las observaciones escritas del demandante hacen referencia asimismo a la sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, (C‑618/10, EU:C:2012:349), apartados 39 y 53. La primera sentencia tiene que ver con la situación de inferioridad en la que se halla el consumidor respecto al profesional, mientras que la segunda incumbe al principio de efectividad.
18 Sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler (C‑26/13, EU:C:2014:282), y de 21 de diciembre de 2016, Naranjo (C‑154/15, C‑307/15 y 308/15, EU:C:2016:980).
21 Véase la sentencia de 29 de octubre de 2015, BBVA (C‑8/14, EU:C:2015:731), apartado 22. Véanse asimismo las conclusiones del Abogado General Szpunar, (C‑138/13, EU:C:2015:321), punto 34.
23 Ibidem, apartado 59 y jurisprudencia citada. Los interesados deben haber actuado de buena fe, y debe existir riesgo de trastornos graves.
24 Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980), apartados 70 a 73.
27 Véanse las conclusiones del Abogado General Wahl en el asunto Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:9) para consultar un análisis exhaustivo y reciente a este respecto.
29 Ibidem, apartado 79.
31 Sentencia de 29 de octubre de 2015, BBVA (C‑8/14, EU:C:2015:731), apartado 34. En ella, el Tribunal observó que la disposición legal controvertida en ese asunto «establece un marco legislativo de alcance general». Aunque la disposición legal controvertida en este asunto no era una «cláusula contractual» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, se consideró que era de alcance general.
36 Sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc (C-186/16, EU:C:2017:703), apartado 28, y la jurisprudencia citada.
37 Ibidem, apartado 29 y jurisprudencia citada. Véase la sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60), puntos 69 a 70.
38 Sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc (C-186/16, EU:C:2017:703), apartado 31 y jurisprudencia citada.
39 En este sentido, los hechos pertinentes al litigio principal son distintos de los correspondientes a otros asuntos en los que estaba en litigio la interpretación del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13. Véanse las sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180); de 10 de septiembre de 2014, Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189), y de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc (C‑186/16, EU:C:2017:703).
41 Véanse en particular los apartados 21 y 23 de la sentencia de 29 de octubre de 2015, BBVA (C‑8/14, EU:C:2015:731). «Para tomar en consideración lo resuelto en estos pronunciamientos jurisprudenciales y, más concretamente, a raíz de que se dictara la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), la Ley 1/2013 modificó, entre otros, los artículos de la LEC-relativos al procedimiento de ejecución de bienes hipotecados. De este modo, en el caso de los procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013, la oposición del ejecutado basada en el carácter abusivo de una cláusula contractual y formulada en un plazo ordinario de diez días a partir de la fecha de notificación del auto en el que se despache ejecución permite que se suspenda el procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que se resuelva el incidente de oposición [...] Es necesario apreciar si y, en su caso, en qué medida, la Directiva 93/13, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desarrollada en particular después de su sentencia Aziz [...].» Véanse las sentencias de 17 de julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099); de 21 de enero de 2015, Unicaja Banco y Caixabank (C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 y C‑487/13, EU:C:2015:21), y de 26 de enero de 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60).
42 Véase la reciente sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60), apartados 71 a 74 y jurisprudencia citada.
43 El Abogado General Wahl, en sus conclusiones presentadas en el asunto Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2013:844), punto 66, opina que el artículo 38 de la Carta consagra un principio, y no un derecho, y, en consecuencia, sólo puede invocarse con arreglo al artículo 52, apartado 5, de la Carta.
45 Sentencia de 17 de abril de 2018, Egenberger (C‑414/16, EU :C :2018:257), apartados 70 a 82. El Tribunal de Justicia declaró en el apartado 82 que «un tribunal nacional, al conocer de un litigio entre dos particulares, cuando no puede interpretar el Derecho nacional aplicable de conformidad con lo dispuesto [en la Directiva aplicable en ese asunto], está obligado a garantizar, con arreglo a sus atribuciones, la protección jurídica que se deriva para los justiciables de lo establecido en los artículos 21 y 47 de la Carta, así como la plena eficacia de esos preceptos, dejando sin aplicar, si es necesario, cualesquiera normas nacionales que los contradigan».
46 Véanse las conclusiones de la Abogado General Trstenjak en la sentencia RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2012:566), punto 42, en referencia a la intervención del Comité Económico y Social en el proceso legislativo.
47 Ibidem, punto 47 (cursiva añadida). La Abogado General se refiere al primer documento de reflexión de la Comisión Europea, de 14 de febrero de 1984, COM(1984) 55 final.
49 Conclusiones del Abogado General Wahl en el asunto Kásler (C‑26/13, EU:C:2014:85), punto 105.
51 Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, las cláusulas contempladas en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 únicamente eluden la evaluación de su naturaleza abusiva en tanto en cuanto el órgano jurisdiccional nacional competente llegue a la conclusión, tras un examen caso por caso, de que están redactadas «de manera clara y comprensible» con arreglo a dicha disposición. Véase la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc (C-186/16, EU:C:2017:703), apartado 43 y jurisprudencia citada.
53 Auto de 22 de febrero de 2018, ERSTE Bank Hungary (C‑126/17, no publicado, EU:C:2018:107), apartado 27, que cita la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc (C‑186/16, EU:C:2017:703), apartado 22.
54 Sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc (C‑186/16, EU:C:2017:703). Entre las sentencias más destacadas en materia de transparencia anteriores a la dictada en el asunto Andriciuc figuran las de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180); de 30 de abril de 2014, Kásler (C‑26/13, EU:C:2014:282); de 26 de febrero de 2015, Matei (C‑143/13, EU:C:2015:127); de 23 de abril de 2015, Van Hove (C‑96/14, EU:C:2015:262), y de 9 de julio de 2015, Bucura (C‑348/14, EU:C:2015:447). Del período posterior a la sentencia Andriciuc, véase, en concreto, el auto de 22 de febrero de 2018, ERSTE Bank Hungary Zrt (C‑126/17, EU:C:2018:107).
55 Sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc (C‑186/16, EU:C:2017:703), apartado 50.
56 Ibidem, apartado 49. El Tribunal hace referencia a una recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 21 de septiembre de 2011 (DO 2011, C 342, p. 1).
57 Ibidem, apartado 50.
58 Ibidem, apartado 45.
60 Véanse, por ejemplo, las sentencias de 14 de marzo de 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), apartados 46 y 47 y jurisprudencia citada, y de 30 de mayo de 2013, Jőrös(C‑397/11, EU:C:2013:340).
61 Véase por ejemplo, recientemente, la sentencia de 18 de febrero de 2016, Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98). En el apartado 48, el Tribunal de Justicia señala que la autonomía procesal del Estado miembro en lo que se refiere al respeto del principio de res iudicata está supeditada a la observancia de los principios de equivalencia y efectividad.