Source: https://es.scribd.com/document/289439207/David-y-Goliat-Dilema-moral-de-la-asimetria-procesal-en-ACA-pdf
Timestamp: 2019-04-20 05:03:15
Document Index: 140534346

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 47', 'Artículo 50', 'artículo 9', 'artículo 11', 'Artículo 541', 'artículo 110', 'artículo 109', 'artículo 188', 'Artículo 4', 'Artículo 19', 'Artículo 13', 'Artículo 207', 'Artículo 28', 'artículo 648', 'artículo 426', 'artículo 73', 'Artículo 113', 'artículo 11328', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 25', 'Artículo 210', 'Artículo 208', 'Artículo 209', 'artículo 48', 'Artículo 19', 'Artículo 11', 'artículo 59', 'artículo 1246', 'Artículo 5', 'Artículo 21', 'artículo 21', 'Artículo 13', 'Artículo 5', 'artículo 22', 'artículo 51', 'artículo 2252', 'Artículo 23', 'artículo 24', 'Artículo 282', 'Artículo 24', 'Artículo 235', 'artículo 23557']

Clase 8 -Principios Procesales
EXP 02680-2011-PA-TC
C1 TEMA 2
EL DILEMA MORAL DE LA ASIMETRIA PROCESAL
EN MATERIA PENSIONARIA
Benito Villanueva Haro(*)
Karoley Del Carpio Alegria (**)
SUMARIO: 1. A modo de introducción 2. El Dilema Moral de los Conflictos
Asimétricos en el Proceso Contencioso Administrativo y la Leyenda a la Inversa 3.
Los Conflictos Asimétricos para muestra un botón 4. Antinomias y Contradicciones
jurídicas en el Proceso Contencioso Administrativo 5. A modo de Conclusión
“Tú vienes contra mí con espada,
lanza y jabalina, pero yo vengo a ti
Todopoderoso, el Dios de los
ejércitos de Israel, a los que has
desafiado” De David a Goliat.
(Samuel, 17,45.)
especialista por la causa justa de
una madre que batalla por su
Estudios de Doctorado en Derecho (USMP) y Graduado de Maestría en Negocios (USMP). Post Grado en
Administración Gerencial, Dirección Funcional e Integración Gerencial (ESAN). Diploma de Experto en
Derecho Penal de la Función Pública por el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales. Diploma
de Especialista en Contrataciones con el Estado – OSCE, Diploma en Derechos Humanos por American
University Law Washington College Of Law y la USMP. Diploma en Procesal Penal por la Universidad
Católica de Chile y la USMP. Arbitro. Experiencia Profesional como Asesor Legal Auditoria Interna del
Banco de la Nación, Marina de Guerra del Perú, Dirección General de Capitanías y Guardacostas,
Ministerio de Defensa, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – COFOPRI, FENAPEBAN.
Consultor de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). Gerente General de la
MICROFINANCIERA SERVICOOP BN. Expositor en Temas Financieros, Corporativos y Ventas al Estado en
la Cámara de Comercio de Chiclayo, Cámara de Comercio Huancayo Cámara de Comercio Tacna,
Cámara de Comercio Ayacucho, Municipalidad de Lima, Municipalidad de San Miguel, Municipalidad de
Ate, Municipalidad de Los Olivos, Municipalidad de San Martín, Municipalidad de San Luis, Municipalidad
de Miraflores, Municipalidad de Comas, Poder Judicial, Colegio Abogados del Callao, Profesor en la
Academia de Práctica Forense en el Colegio de Abogados de Lima. Docente e Investigador Universitario.
Actualmente Socio Fundador de la Consultoría Financiera y Corporativa Villanueva Haro –
www.villanuevaharo.com
(**)Colaboradora en el presente trabajo de investigación. Estudiante de la Universidad Cesar Vallejo –
Derecho. Secretaria General de la Asociación Jurídica Erga Omnes. Conciliadora Extrajudicial. Asistente
Legal de la Consultoría Financiera y Corporativa Villanueva Haro.
De niño mi madre me narró un combate heroico por excelencia, la historia bíblica de
David y Goliat, hoy diríamos, la persona pensionaria y el Estado. Contaba lo siguiente:
Un famoso guerrero de nombre Goliat de gran estatura y poderosa armadura desafió
a los israelitas, David un joven muchacho acepto el desafió pues confió tener a Dios
de su lado, se enfrentó a Goliat y metiendo la mano en su bolsa sacó una piedra, y con
la honda la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente
Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue
como David triunfó sobre el filisteo: lo hirió de muerte con una honda y una piedra, sin
armadura alguna y sin empuñar la espada. Luego corrió adonde estaba el filisteo, le
quitó la espada y, desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza.
2. EL DILEMA MORAL DE LOS CONFLICTOS ASIMÉTRICOS EN EL PROCESO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LA LEYENDA A LA INVERSA
Todo proceso (judicial, administrativo, militar-policial, arbitral, comunal e internacional)
se compone de una serie de "garantías, condiciones y presupuestos que deben
conllevar a impartir justicia de manera efectiva. Esto implica desde la posibilidad de
ejercer el derecho de acción, ser parte de un debido proceso y que el conflicto finalice
con una resolución debida, hasta ejecutar las decisiones judiciales"1. Esta idea no solo
tiene contenido jurídico sino que además lleva implícito un deber moral de obligatoria
observancia por parte de la autoridad (jurisdiccional, administrativa, militar-policial,
arbitral, comunal e internacional) que tienen por bien otorgar la tan anhelada justicia,
en la presente investigación, daremos especial atención a las personas pensionarias,
quienes se encuentran en la categoría de “grupos merecedores de protección
especial”2, quienes largamente batallan en distintos procesos en sede nacional e
internacional3.
Informe Defensorial Nº 121 de la Defensoría del Pueblo, "Propuestas para una reforma contencioso
administrativa desde la perspectiva de acceso a la justicia" aprobado por la Resolución Defensorial Mº
0024-2007/DP, publicado el 30/05/2007.
Cabe señalar que, el Tribunal Constitucional a través de la STC 4749-2009-AA - Jacinto Villacorta, creó
y reconoció la categoría “grupos merecedores de protección especial”. La ONP, entidad demandada,
declaro la caducidad de la pensión de invalidez de Jacinto Villacorta (demandante - portador del virus del
VIH), considerando que su incapacidad no era tanta y que, por ello, le correspondía volver a su anterior
pensión de invalidez. Esta categoría bajo una interpretación extensiva y el principio pro homine debe
alcanzar a la persona pensionaria.
Vease la jurisprudencia internacional en materia pensionaria
Dinero. constituye un proceso de supervisión.Sin embargo. El Tribunal Constitucional. 050 -2004-AI. tal como lo señala el Informe Defensorial 121. debiendo ellos estar asentados en la mecánica de las estructuras constitucionales y legales de nuestro ordenamiento.) Jurisprudencial (desviando a las personas pensionarias de su juez natural a los juzgados contenciosos administrativos mediante el precedente vinculante de Manuel Anicama Hernández –STC. 0051-2004-AI. 0009-2005-AI. pese a existir normas claras sobre la nulidad de oficio en la Ley 27444 – Ley General de Procedimientos Administrativos. la Oficina de Normalización Previsional. el Poder Judicial. el Poder Ejecutivo. y permitió que se autorízase a la entidad competente del Gobierno Nacional a iniciar las acciones legales correspondientes para que se declare la nulidad de las pensiones obtenidas ilegalmente. control y sanción de los actos de la administración pública. Legal (Ley 28449 Ley que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530. pese a perder una infinidad de veces. La homologación entre la historia bíblica de David y Goliat y nuestra realidad peruana relativa al PCA en materia pensionaria. posee un trastoque inverso. en el Estado peruano si evidencian innumerables circunstancias asimétricas que se sustentan en el desequilibrio de privilegios entre los sujetos dentro de un proceso.com/revista006/pensiones.derechoycambiosocial. las Entidades del Estado (Procuradurías). salvo los casos definidos por sentencias con carácter de cosa juzgada que se hayan pronunciado expresamente sobre el fondo del asunto. Especialistas – PIDE) 4 Constitucional (La Ley de Reforma Constitucional – Ley 28389).htm 3|Página . lo loable en este caso es que David. es decir. (Poder. Preliminarmente dejamos sentado que es necesario partir de la idea de que el proceso contencioso administrativo en adelante PCA. sigue aferrándose a la esperanza de algún día encontrar justicia y ganarle a Goliat (El Estado). Institucional (el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la Ley de Reforma Constitucional – STC. Experiencia. quien se convierte en el tirano al propinarle consecutivamente palizas desde distintos aspectos.4 Destacamos que en nuestra historia el reparto de personajes protagónicos es de la siguiente manera: a) Goliat es el Estado (Un guerrero profesional). en nuestra historia el heroico David (pensionista) carece de justicia en la batalla para obtener su pensión. lo mencionado líneas atrás se convierte en una utopía cuando. 0007-2005-AI. los Grandes Estudios etc. Información. el Poder Legislativo. estableciéndose topes pensionarios ) Teórica (Derogar la Teoría de los Derechos Adquiridos y reforzar la Teoría de los Hechos Cumplidos. 1417-2005) Véase en otros trabajos publicados en revista electrónica del Circulo de Derecho Administrativo – PUCP – Boletín 2009 – Junio / Revista Electrónica Derecho y Cambio Social http://www.
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima. sino que lo emplee fuera de los bloques de constitucionalidad y legalidad. a su vez. jurisprudencial (conflictos entre el TC y PJ)7. Un adulto mayor que en su mayoría carece de Poder. 5 El efectivo control del respeto administrativo debido es crucial. Dinero. Situación de conflicto asimétrico entre un débil y un poderoso. sea en Poder. Cabe resaltar que los error mas visibles en los cuales incurre la autoridad decisora no solo corresponden al mal ejercicio profesional por parte de los funcionarios y servidores públicos. el Poder Judicial5 representa la instancia adicional revisora y correctora de los vicios e irregularidades que en vía administrativa se hayan podido cometer. d) Conflictos Asimétricos. Julio Ponce Solé. Información. Año 5. 3. no la libran de errores. dedicando especial atención a la función que puede ejercer la jurisdicción contencioso administrativa. La concienciación administrativa del valor e importancia del procedimiento también ha de asar. que se equivoca. Nº 9. Una justicia sustentada en un juego limpio sin cambio de reglas. Diciembre 2010. EN: Revista de Derecho Administrativo. El control judicial del procedimiento Administrativo y la garantía del Derecho a una buena Administración. decidió apartarse del precedente vinculante contenido. Experiencia y Especialistas – PIDE) c) Dios es la justicia. 90 p. los Tratados de Derechos Humanos y los Principios Generales del Derecho son las directrices básicas para la correcta actuación de la Administración. Lima: Circulo de Derecho Administrativo. el hecho de que la Administración tenga poder frente a la débil persona pensionaria. 4|Página . procesos.b) David es la Persona Pensionaria (Un guerrero racional. y jueces no especializados en materia pensionaria). que busca salvaguardar su derecho a la pensión). nada mas consideremos que una de las razones del control judicial de la Administración Pública es precisamente que ésta puede equivocarse. De esta manera. por la constatación cotidiana de que el cumplimiento de su deber de buena administración tiene consecuencias concretas. no nos engañemos. 6 Mala interpretación de los recursos (reconsideración procede cuando se sustenta en prueba nueva y la apelación procede cuando hay una diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho) 7 El 2 de noviembre de 2010 en el expediente 10171-2010. lo que constituiría un ejercicio abusivo de poder y el desborde de la arbitrariedad en todos sus niveles. técnico jurídico6. Experiencia y Especialistas – (PIDE) dentro de un Ordenamiento Jurídico Nacional. aún cuando la Constitución. procesal (asimetría en el uso de recursos. El estudio ha expuesto las diversas vías por las que ese control puede lograrse. Información. LOS CONFLICTOS ASIMÉTRICOS. en el fundamento 37 de la STC. PARA MUESTRA UN BOTÓN En sede administrativa no preocupa tanto. estas vicisitudes también poseen otros matices: normativo (asimetría frente a la Constitución y la Ley entre el Estado y la Persona Pensionaria). Dinero. Pero. y sí.
los individuos categorizados en indigencia legal han mostrado una preparación insuficiente para afrontar el procedimiento administrativo.(…)Sin embargo. excluyendo algunas resoluciones como el auto admisorio. llegando incluso a señalar que tal criterio viola su precedente y que tal resolución devendría en nula. 8 Resulta interesante mencionar las investigaciones de la Defensoría del Pueblo – Informe 121 de junio 2007 “Aquellos con escaso sustento económico (que viven en distritos de baja calificación socioeconómica o con bajos montos de pensión solicitados) mostraron que cuentan con una deficiente defensa a lo largo del procedimiento o. procurando la búsqueda de la mejor calidad de vida de la persona pensionaria y basado en un principio tuitivo de pro homine. es decir. argumentos legales muy generales. por sí mismo. constituya la razón de fondo. :económico (la capacidad económica entre pensionistas y el Estado es dispar). Poder Legislativo). esto no es ninguna regla. Tribunal Constitucional. la sentencia etc. Sin embargo. Veamos cómo funciona uno de estos factores: en los procedimientos administrativos no se exige estar representado por un abogado o requerir su firma. lo que se reflejó en incorrectos planteamientos de medios impugnatorios. éste parece desconocer con precisión las normas que lo benefician. político-legislativo. 1417-2005-PA/TC. 13-2008 JUS en su artículo 37° faculta a los órganos jurisdiccionales apartarse de lo establecido en el precedente vinculante. generando serias deficiencias en el desarrollo del procedimiento administrativo y su desenlace.indigencia legal. publicitario (las personas pensionarias se encuentran estigmatizados). aquella claridad no se refleja en un procedimiento sencillo.. Casi en su mayoría. ello en virtud a lo dispuesto por la Resolución Administrativa N° 256 – 2010-CE-PJ. la cual amplió los alcances de la Resolución Administrativa N° 356-2009-CE-PJ. no dinamiza.00 Nuevos Soles. En ese sentido. a diferencia de lo que sucede en los procesos judiciales. su percepción de autosuficiencia es perfectamente legítima. en otros casos. según lo observado en los expedientes administrativos. entonces. Exp. deficiente adecuación a algunas pautas que precisa la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444). Pero es difícil que eso. la cantidad de aportes. emitida el 15 de julio de 2010. tener en cuenta que en los PCA se ha implantado la obligatoriedad de la notificación electrónica. no se adecua en el tiempo? Si actualmente el Gobierno Peruano ha autorizado el aumento de la RMV y nuestra calidad de vida aumentado ¿Por qué no podemos también aumentar la calidad de vida de nuestras personas pensionarias? Resulta pertinente anotar que. Es preciso advertir para una mejor defensa legal. nos preguntamos. disparidad de criterios entre los poderes del Estado (Administración Pública.doctrinal (estudios Jurídicos fortaleciendo la postura de la Teoría de los Hechos Cumplidos). tal criterio ha sido sumamente cuestionado en la STC. autosuficiencia8. Ellos conocen su situación jurídica. que lo hace sentirse capaz de llevar su caso por su propia cuenta (autodefensa por competencia) o incapaz de confiar en un abogado para dejarle el caso en sus manos (autodefensa por incompetencia). este diagnóstico lo merecieron las personas naturales. 5|Página . ¿Acaso el derecho no cambia.00 Nuevos Soles. Más bien. etcétera. cultural. tal apartamiento consistió en incrementar el monto a S/ 600. el empleo del lenguaje técnico como barrera para la total comprensión de la resolución por parte de la persona pensionaria. siempre que se presenten circunstancias particulares en el caso que conocen y que motiven debidamente las razones por las cuales se apartan del precedente. No hay que dejar de vincular esta información con la forma en que la Administración se prepara o afronta los procedimientos administrativos. en gran medida influye la percepción de autosuficiencia del administrado. Mientras los funcionarios de la Administración conocen las normas con las que pueden denegar las solicitudes o impugnaciones del administrado en . 9 Informe Defensorial 121 junio 2007 “Por lo general. presupuestal (no se les paga de manera oportuna y adecuada). en donde se dispuso que el monto de la pensión mínima es de S/ 415. geográfico10. Poder Judicial. entre otros aspectos. no la tienen. del 31 de diciembre de 2009. Administrativo (Asimetría informativa en cuanto a los plazos para la interposición de recursos ante la entidad administrativa y el Poder Judicial). especialización9. D. la citación para audiencias. ausencia de control adecuado de la EXP. En las entrevistas con los usuarios se observó que aquellos administrados que confiaron en poder llevar por sí solos el procedimiento administrativo lo hicieron porque consideraron que la mecánica del tema (solicitar algún beneficio vinculado a su pensión) no era muy difícil. Es necesario cruzar esta información con otros factores. Sucedió lo contrario con la mayoría de las personas jurídicas. mas no se ampara en el conocimiento jurídico que se debe tener mínimamente. tienen información sobre sus años de aportes. por lo que no se puede expresar una verdad categórica sobre la capacidad económica y su influencia en el desempeño del procedimiento administrativo.S. N° 00525-2011-PA/TC.
mediante disposición aprobada por la Resolución Administrativa N° 190-2009-CEDCSJLI/PJ del 25 de diciembre de 2009. Algo similar le ocurrió a Jorge Miguel Alarcón Menéndez cuyo caso llego a sede Constitucional. al Silencio Administrativo Negativo. Por último. Poca atención prestada al caso. sólo en el 17% de los casos que contaron con sentencia hubo presentación de alegatos por quien demandó. cuando los administrados interponían recursos de reconsideración o de apelación operaba siempre el silencio administrativo negativo.5%) y. Se podrá argumentar que es el patrocinado quien decide cuándo buscar al abogado para iniciar las acciones legales respectivas contra la Administración y que puede hacerlo fuera del plazo legal para impugnar. En buena parte de las defensas de los administrados. Sin embargo. EN: Manual de Actualización Administrativa Nº 2.S. que "en sus orígenes era considerado como proceso impugnatorio de actos previos. 13 Artículos 98º y 99º del que fuera el Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. En Asimismo que.2%) y la no precisión sobre cómo deben acumularse las pretensiones (2.9%).8%). un abogado enterado y con valores es quien debe ser capaz de decirle a su cliente que. otros ejemplos que ponen de relieve la atención del abogado al caso es la no identificación del domicilio del demandante en la demanda (3.magistratura y en algunos casos de inmoralidad del o los abogados que llevan el caso de la persona pensionaria11. dispone que los expedientes deberán ser entregados para su lectura el mismo día que lo soliciten los abogados y ciudadanos.3%). la insuficiente atención en el caso por parte del abogado también se observa a través del cumplimiento de ciertos requisitos básicos de la demanda.. como. por lo que la administración podía eludir el control jurisdiccional con solo permanecer inactiva"12 situación que afectaba al particular que quedaba privando de toda garantía judicial al no poder impugnar la ausencia de declaración administrativa. 02-94-JUS. Miguel Ángel. respectivamente. sino a solicitar su corrección. 6|Página . 23. 11 Informe Defensorial 121 junio 2007 nos dice en su página 70 lo siguiente “a. sólo en el 17% de los casos que Por último. por más razón que tenga. Aún cuando en algunos casos pueda resultar difícil para el administrado conseguir la documentación probatoria. 74 p. EL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO Recodemos pues. adjuntar copias de las resoluciones administrativas que impugna o anexar los medios probatorios.1%. llama la atención que estas dos razones estén entre los principales errores de forma . por ejemplo. Los efectos del Silencio Administrativo en el sistema jurídico peruano. Pero hay más cifras sobre el particular. no precisar el nombre del demandante (1. en dicha sede el Tribunal descubrió que. Lima: Gaceta Jurídica. cuya legalidad era objeto de control a posteriori. la no precisión de la fecha de notificación de la última resolución administrativa para verificar si se agotó o no la vía administrativa (5. Asimismo. Enero 2010. como son el no señalamiento de la vía procedimental (5. D. de modo tal que aquéllos no tenían la opción de "esperar el pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa o de acogerse al silencio administrativo"13 cuando consideraban que les era mas favorable a su derecho. 10 Los pocos órganos jurisdiccionales en la materia generan una barrera al acceso cercano de la justicia. que generan la inadmisión de la demanda (Cuadro Nº 9). La tarea del abogado es estar informado del avance del caso y hacerlo saber a su cliente. su demanda no procederá por haber vencido plazos inevitables.con 10% y 8.1.(Cita. a todo ello también hay que sumarle las asimetrías que tienen su origen en la propia norma consentidora de situaciones de desigualdad entre los sujetos de un procedimiento administrativo como veremos a continuación: 3. éstas se circunscriben a un solo acto: presentar la demanda 12 PADILLA VALERA.En proporción mucho menor. Por lo menos se debe tomar en cuenta otras de las razones que llevan al juez a no admitir la demanda. aunque esto raye en lo anecdótico.
recordemos que el PCA no debe ser entendido como una superestructura procesal de protección y de privilegios y mucho menos de asimetrías procesales frente a otros procesos y recursos. 1996. N° 1003-98 – AA/TC. 15 7|Página . 3. En virtud a esta premisa el administrado es quien debe por lo general darse cuenta del error cometido por la Administración.2 EL ESTADO EXONERADO DE LOS GASTOS JUDICIALES Efectivamente. La participación en el procedimiento administrativo y en el proceso contenciosoadministrativo. 3. "por el contrario. pp. La bondad que tiene consigo el PCA. es que no obliga a la persona pensionaria agotar el procedimiento administrativo ante la ONP o autoridad administrativa reclamada. tenia la potestad de acogerse al silencio administrativo y así acudir a la vía jurisdiccional"14 o de esperar el pronunciamiento expreso de la Administración. el artículo 47º de la Constitución Política de Perú y en el articulo 39º del Decreto Supremo 017-2008-JUS Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. y en él mismo recae la tarea de accionar el aparato legal correspondiente (impugnación) para revertir sus efectos en un nuevo 14 Fundamento Nº 2 y 3 del EXP. el administrado.3 LAS EXTREMAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD ESTATAL Es sabido que el administrado debe hacer uso de los recursos al interior de la respectiva entidad pública. Sandra. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. mientras las personas pensionarias tienen que costear los gastos de un proceso infructuoso. transcurrido el plazo para que la Administración resuelva el recurso impugnativo interpuesto. criterio que no compartimos. la posibilidad de que el particular también este exonerado de tal pago. las Costos y Costas en virtud al mencionado artículo no podrán ser asumidos por ninguna de las partes del PCA. 22 y 23. es así que. acogiéndose al silencio administrativo negativo e interponiendo su demanda contencioso administrativa. debiendo los jueces declarar de plano infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa. 14172005 – Manuel Anicama Hernández. Nº 40. Caso de Jorge Miguel Alarcón Menéndez Morelli Rico.este caso. en razón de que el Estado debe pagar asumir los costas y costas al ser la parte vencida. el Tribunal Constitucional modifico el criterio estimando que. En virtud a este criterio se estableció en el Artículo 50º del TUO del Decreto Supremo 013-2008-Jus. Temas de Derecho Público. caducidad y prescripción de conformidad con el precedente vinculante STC. se establece que el Estado esta exonerado de realizar el pago de los gastos judiciales que devengan de un proceso en el cual no haya obtenido la victoria. a fin de que esta anule o modifique su decisión15.
se muestra una evidente asimetría entre las facultades que tienen los administrados para defender sus causas y amplias posibilidades con las que cuenta la administración para obtener también sus pretensiones. y que ha otorgado o reconocido derechos e intereses a administrados"18. es preciso recordar que otra gran facultad conferida a la Administración Publica por la LPAG17 es el poder tutelar propio (Autotutela) para revisar. vencido el plazo para que declare la nulidad de oficio en sede administrativa de sus actuaciones.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez. 17 Art. al extremo de admitirse la modificación de sus decisiones a pesar de haberse vencido los plazos de prescripción. EN: Manual de Actualización Administrativa Nº 2. 8|Página . no sea trascendente. procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. En el decurso del procedimiento administrativo aparece otro privilegio de la Administración: la carga de alegar y probar recae sobre el administrado. según corresponda. 35 p. Dentro de la muestra representativa de expedientes judiciales no se halló ninguno que corresponda a este tipo de procesos. 14. donde se establece que. todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional. modificar o nulificar sus decisiones a pedido de parte o de oficio. pues tiene a su favor el principio de validez regulado en el artículo 9º de la LPAG Ley Nº 27444. ello conlleva una responsabilidad funcional con el ordenamiento jurídico en su conjunto. durante el cual los efectos de la actuación administrativa no se suspenden. el ordenamiento también prevea un "proceso contencioso de lesividad que es iniciado por la autoridad administrativa para buscar promover en sede judicial la anulación de un acto administrativo que ha causado Estado. La nulidad de Oficio en el Procedimiento Administrativo. el inconveniente es que además de esta prerrogativa. Lima: Gaceta Jurídica. Enero 2010. tal como ocurría cuando se encontraba vigente la Primera Disposición Final y Complementaria de la 16 La Ley que regula el proceso contencioso-administrativo (Ley Nº 27584) contempla en su artículo 11º la posibilidad de que la propia Administración.pronunciamiento16. publicada el 11 de abril de 2001 18 MORON URBINA. Juan Carlos. dicha declaración lesiva seguirá produciendo efectos hasta que no se declare lo contrario Por otro lado. Ley 27444. prevalece la conservación del acto. Es válido agregar que ese procedimiento contiene un tiempo relativamente breve. Resulta justificado que en sede administrativa la autoridad pretenda retractarse de su error. presente una demanda judicial solicitando la impugnación de lo que expidiera. La entidad administrativa puede libremente expedir actos que vayan en contra de los bloques de constitucionalidad y legalidad.
según el inciso 3) del Artículo 541 del Código Procesal Civil. lo cual puede admitir arbitrariedades o la posibilidad de que el funcionario se justifique de una incorrecta motivación. Proceso Contencioso Administrativo: El control al poder de la autotutela administrativa. En: Manual de Actualización Civil y Procesal Civil. Otra facultad extrema. sin ningún tipo de restricción y con un carácter de imprescriptibilidad absoluta. Nº 1. reñida con todo sentido de seguridad jurídica”. la sentencia señala que la Primera Disposición Final y Complementaria de la Ley N° 26960 afecta al principio de igualdad por la siguiente fundamentación: “(…) mientras al ciudadano común y corriente se le imponen restricciones temporales respecto de la promoción de la acción contencioso-administrativa. 3. De esto se desprende que se otorga al Estado la facultad de revisar en cualquier momento. 22 GUERRA CERRON. En cuanto a este punto María Elena Guerra22 pone en evidencia la incorrecta aplicación de este precepto normativo al establecer que lo que las autoridades hacen es abusar de los formatos en serie. hoy expulsada del ordenamiento jurídico a través de una declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. se podrán usar medios de producción en serie. el 27 de junio de 2001.4 RESTRICCIONES A LA ACTIVIDAD PROBATORIA El Articulo 30º TUO DS. el cual contempla la posibilidad de realizar motivaciones en serie21 con la virtualidad de favorecer el principio de celeridad. mientras que a los particulares se establece un plazo más breve. La misma norma. 9|Página . Cuando se presenten casos análogos y se requiera motivación para la resolución de los mismos. considerándose cada uno como acto independiente. Lima: Gaceta Jurídica. aunque se le otorgó el carácter de imprescriptible a esta última potestad.2º del TUO del Decreto Supremo 013-2008-Jus . Cabe resaltar que es necesario una consolidación de las sentencias que cumplan los precedentes judiciales y las sentencias vinculantes del TC sin perder la debida motivación en forma individualizable. pero esta vez del Órgano Jurisdiccional es la que se contempla en el articulo 9. salvo que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con 19 Mediante la Primera Disposición Final y Complementaria de la Ley N° 26960 se modifica el segundo párrafo del artículo 110° del Decreto Supremo N° 02-94-JUS y establece un plazo de tres (3) años contados a partir de la fecha en que la resolución haya quedado consentida. recaída en el Expediente N° 004-2001-AI/TC20 publicada en el Diario Oficial “El Peruano”. siempre que no se lesione las garantías del debido proceso. 151 p. al Estado se le faculta a promover la misma acción. María Elena. Cita. modifica el segundo párrafo del artículo 109° y por primera vez estableció de manera expresa que al vencimiento de dicho plazo la Administración podía declarar la nulidad de sus actos ante el Poder Judicial. Ivan Paredez Neyya El Decreto Ley N° 20530 Y Las Incorporaciones Indebidas: La Inejecutabilidad Sobreviniente De Las Resoluciones Del Tribunal Del Servicio Civil” 20 En el inciso c) del Primer Fundamento. Enero del 2010.Ley 2696019. 21 Las resoluciones judiciales deben contener una adecuada motivación. 013-2008 referente a la actividad probatoria se establece que esta se restringe a las actuaciones recogidas en sede administrativa.
5 LA ASIMETRÍA INFORMATIVA EN CUANTO A LOS PLAZOS La asimetría a la cual hacemos referencia es aquella que crea un conocimiento incierto respecto a la interposición de: a) Los recursos administrativos ante la propia entidad administrativa. Si el acto expreso se produce antes de dicha notificación.pcm. Concordancia: D. 10 | P á g i n a . el plazo para el tercero legitimado será de tres meses.Plazos La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos: 1. salvo disposición legal que establezca plazo distinto. las personas pensionarias. Cuando se pretenda impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en actos administrativos el plazo será de tres meses a contar desde el día siguiente en que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones.pdf 24 Decreto Supremo 013. lo que ocurra primero..5 del artículo 188 de la Ley N. Cuando se trate de silencio administrativo negativo. Cuando se trate de silencio administrativo positivo por transcurso del plazo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General o por normas especiales.2008 JUS publicado el 29 de agosto de 2008. 5 y 6 del Artículo 4 de esta Ley. Art.S. Artículo 19. En el Informe Defensorial 121. se observará lo establecido en el numeral 188. Cuando se trate de inercia o cualquier otra omisión de las entidades distinta del silencio administrativo negativo. 4. el órgano jurisdiccional podrá. los plazos previstos en el presente artículo serán computados desde que el tercero haya tomado conocimiento de la actuación impugnada. se establece que este criterio lo único que logra es menguar las posibilidades de que los administrados y en este caso particular.Nº 008-2008-MTC. 2. 2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios. Cuando la ley faculte a las entidades administrativas a iniciar el proceso contencioso administrativo de conformidad al segundo párrafo del Artículo 13 de la presente ley. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 1. Carece de eficacia el pronunciamiento hecho por la administración una vez que fue notificada con la demanda. apareciendo nuevamente una superestructura procesal de protección y de privilegios a favor del Estado y en perjuicio de la persona pensionaria que ve recortado su derecho ejercer de forma debida y adecuado su propia actividad probatoria. 3. vean satisfecha su pretensión de obtener una pensión a su tan avanzada edad mediante la dación y adición de otros medios probatorios que den mayor certeza a sus solicitudes. Vencido el plazo para su interposición se pierde el derecho para articularlo quedando firme el acto.23 b) El recurso contencioso administrativo ante el Poder Judicial luego de agotada la vía administrativa24 23 Ley 27444 – Artículo 207. 23 http://www. 5. Cuando la pretensión sea planteada por un tercero al procedimiento administrativo que haya sido afectado con la actuación administrativa impugnable.gob.Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.pe/NuestraInst/Ley27444. a solicitud del actor.posterioridad al inicio del proceso. así mismo se ejercitan por una sola vez en cada procedimiento y nunca simultáneamente. 3. no se computará plazo para interponer la demanda. 3. 4. incorporar como pretensión la impugnación de dicho acto expreso o concluir el proceso. y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.º 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. el plazo será el establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General. el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación de la actuación impugnada.
3. Los plazos aplicables son: a) b) c) d) e) f) g) Tres días para interponer tacha u oposiciones a los medios probatorios.” 11 | P á g i n a . d) Los plazos para la subsanación de errores de las demandas. Tres días para solicitar informe oral. Quince días para emitir el dictamen fiscal o devolver el expediente al órgano jurisdiccional. Cinco días para interponer excepciones o defensas.2008 JUS publicado el 29 de agosto de 2008. contados desde la notificación de la demanda.c) Los plazos dentro del proceso contencioso administrativo25. contados desde la notificación de la resolución que la admite a trámite. No tomó en consideración muchos factores que condujeron a que el 94% de estos casos nunca fuera subsanado. Artículo 28. Con posterioridad. De no haberse solicitado informe oral ante el Juez de la causa. ¿acaso estas no podrían se ejecutadas?. A todas luces. Informe Defensorial 121página 81 “El plazo inicial concedido por algunos de los magistrados para estas adecuaciones fue bastante corto (dos días).Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. Cinco días para apelar la sentencia. Los plazos a los que se refiere el presente artículo son de caducidad. contados desde su notificación. Quince días para emitir sentencia.6 PRIVILEGIUM FISCI En el artículo 648º del Código Procesal Civil. contados desde la vista de la causa. Lo que ocurre es que cuando la norma hace alusión a la inembargabilidad de los bienes se refiere únicamente a aquellos que permiten el funcionamiento básico e indispensable de la Administración pública. contados desde la notificación de la resolución que los tiene por ofrecidos. la ampliación fue insuficiente.26 e) El empleo del lenguaje técnico como barrera para la total comprensión de la resolución por parte del administrado. Diez días para contestar la demanda. el plazo se computará desde la notificación a las partes del dictamen fiscal o de la devolución del expediente por el Ministerio Público. según lo que prescribe el artículo 426º del Código Procesal Civil. 013-2008 JUS y artículo 73º de la Constitución Política del Perú se establece que no podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público. sin embargo cabe preguntarse si ¿El dinero del Estado por ejemplo las partidas para obras publicas futuras.2 Plazos: Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de recibida la notificación. contados desde la notificación de la resolución que dispone que el expediente se encuentra en el Estado de dictar sentencia. son inalienables e imprescriptibles?. a raíz del pronunciamiento de una de las salas contencioso. administrativas que se pronunció a favor de la ampliación del tiempo contemplado hasta por un máximo de 10 días. 25 Decreto Supremo 013. articulo 47º del DS. contados desde su recepción. éste fue ampliado a tres días y así fue tomado por varios jueces. Un ejemplo de esto son las remuneraciones.
regional o central. mientras no sea comunicado expresamente su cambio. la entidad o la autoridad a la cual es dirigida. tratándose de procedimientos ya iniciados. en lo posible.Artículo 113. domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado. la posibilidad de la embargabilidad de los bienes del Estado podrá recaer en asignaciones presupuestarias o cuentas corrientes destinadas para la contratación de bienes.. con competencia para conocerlo y resolverlo. La identificación del expediente de la materia. del Procedimiento Administrativo General. Habría que analizar también si la Administración está aplicando correctamente la ley en cuanto a los requisitos formales de los medios impugnatorios o si. caso contrario. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 12 | P á g i n a . generándose con ello una antinómia jurídica que el juez contencioso administrativo deberá analizar y resolver. cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. principalmente por la intención que guardan. 6. entendiéndose por tal. firma o huella digital. los de derecho. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente. de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento. en caso de no saber firmar o estar impedido. indicados en el TUPA. Nombres y apellidos completos. a la autoridad de grado más cercano al usuario. 3.6 el Principio de Informalismo27 que ampara al administrado a realizar un recurso sencillo “sin formalidad” pero ello no es tan correcto pues dentro de mismo cuerpo normativo. Lugar. 4.1. según la jerarquía.Es decir.Requisitos de los escritos Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 1. fecha. Del informe defensorial 121 se señala que “Preguntados al respecto.7 EL INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INFORMALISMO La Ley Nº 27444. y con ello faltando a uno de los principios de procedimiento administrativo. el artículo 11328 indica las FORMALIDADES DE UN ESCRITO. está siendo muy exigente. obras. Este principio señala que las normas de procedimiento deben favorecer la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento. los fundamentos de hecho que lo apoye y. y en su caso. La indicación del órgano. 7.” 27 Principio de informalismo. antes que descartarlos por las formalidades de las que carecen. 2. cuando le sea posible. del Procedimiento Administrativo General recoge en su Artículo IV. 3. en concreto al principio de informalismo recogido en la Ley Nº 27444. 28 Ley 27444. La relación de los documentos y anexos que acompaña. 5. servicios. La expresión concreta de lo pedido. consultarías de obras así como dinero (recaudación directa) o bienes (depreciados o castigados) no destinados al propio desenvolvimiento de la administración local. algunos magistrados estuvieron a favor de considerar este tipo de escritos como verdaderos medios impugnatorios. siempre que luego se proceda a su subsanación. la calidad de representante y de la persona a quien represente.
que el administrado es una persona no letrada en materia de derecho. sin considerar que lo correcto es su vigencia indefinida. Principio de favorecimiento del proceso.Un ejemplo de incumplimiento al principio de informalismo lo recoge el informa antes acotado “Un caso específico que grafica el formalismo es lo sucedido con la caducidad de los DNI de personas mayores de 60 años. deberá preferir darle trámite a la misma. se convierte en una traba para la obtener su tan anhelada pretensión. Asimismo.1 LA DESVIACIÓN DEL JUEZ NATURAL Tal como lo expresa el Informe Defensorial 121 de junio 2007 “Se puede afirmar. el estricto apego a la norma condujo a que algunos juzgados considerasen esta falta como motivo suficiente para declarar la inadmisibilidad de la demanda. en general. para así luego iniciar otro – (RENIEC reconoce la vigencia indefinida del documento de identidad para las personas mayores de 60 años (Resolución Jefatural N° 060-2003. lo más probable es que conozca solo nominalmente los derechos que lo asisten o que cree que le corresponden. Será difícil encontrar administrados que conozcan el panorama en 29 Artículo 2 inc..JEF/RENIEC. Efectivamente. Aún cuando el giro de las actividades que realice y los derechos que reclame en la instancia administrativa le reporten algo de familiaridad. lejos de ser la instancia en la cual la persona pensionaria haga su último intento por obtener su pensión. del 21 de febrero del 2003)”. 3. y donde queda el principio pro homine y el principio de favorecimiento del proceso contenido en el artículo 2 inc. en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda. esto es lo que vino ocurriendo en sede jurisdiccional como veremos a continuación. 3 de la Ley 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo 29 4 ANTINOMIAS Y CONTRADICCIONES JURÍDICAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Que ocurre cuando la entidad jurisdiccional.El Juez no podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa. conforme a ley. El mensaje que se estaba dando al demandante era que debía dedicar tiempo y dinero a un trámite burocrático para la obtención de su documento de identidad. 4. 13 | P á g i n a . Al llegar estas personas con su identificación ya vencida. El problema nace en el Registro Nacional de Identidad y del Estado Civil (RENIEC) al haber emitido documentos de identidad con fecha de vencimiento para personas mayores de 60 años.
en la cual aquellos procesos de amparo que versen sobre material previsional o laboral se han visto por los JUZGADOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO31. La desviación del juez natural la podemos catalogar de tres maneras: a.conjunto. 1417-2005 – AA/TC (Caso Manuel Anicama Hernández) del 8 de julio de 2005 En este fallo. es la vocación notable y honesta para administrar justicia dentro de un espacio asignado por Ley o las partes. el máximo intérprete de la Constitución señaló que. en el cual en su primera disposición Complementaria transitoria y final. 30 El art. en aplicación del principio de suplencia previsto en el inciso 4) del artículo 2º de la Ley Nº 27584. se otorgará al demandante un plazo razonable a efectos de que adecúe su demanda conforme a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso contencioso-administrativo. publicada en el Diario Oficial ““El Peruano”. como entender los fundamentos de los derechos que lo amparan. requisitos de las impugnaciones. facultó a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial para que creara las instancias especializadas necesarias para el conocimiento de los procesos que se deriven de la aplicación del decreto legislativo 817 de fecha 23 de Abril 1996 y de la presente ley. b. “Una vez que el Juez competente del proceso contencioso administrativo se aboque al conocimiento de la causa. y. es decir. plazos para presentar impugnaciones. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice la respectiva adecuación. deberá entenderse presentada y admitida la demanda contencioso administrativa. b) La competencia es la funcionalidad que tiene el signado(s) por ley para ejercer la operatividad y dinámica jurisdiccional en determinados conflictos e incertidumbres jurídicas30.. 31 Véase Exp. 14 | P á g i n a . sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable en los casos en que no sea posible la suplencia de oficio. procederá el archivo del proceso. publicada el 4 de julio de 1997.El Juez deberá suplir las deficiencias formales en las que incurran las partes. (cita nuestra Principio de suplencia de oficio. entre otros” Es necesario recordar conceptos procesales básicos para demostrar el indebido proceso que ha vivido y siguen viviendo las personas pensionarias. 138 de la Constitución establece la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial a través de un órgano jerárquico con arreglo a la Constitución y a las leyes. Precisaremos de manera conceptual lo siguiente: a) La jurisdicción. La desviación técnica – jurídica realizada por el Tribunal Constitucional. La desviación antitécnica – jurídica realizada mediante Ley 26835. respecto de los procesos de nulidad de incorporación al régimen de pensiones del Decreto Ley 20530 pretendiendo el Estado con dichos dispositivos legales proceder al despojo de las pensiones de cesantía a los miles de pensionistas del Estado.
32 El art. 2. los actos administrativos dictados sobre la base de otros actos anteriores viciados de nulidad. modificó el art. La desviación política . 2 de la Constitución Política del Perú33. otorgaba a la Oficina de Normalización Previsional la facultad para revisar los actos de incorporación. a fin de detectar los efectuados con infracción de lo establecido en la presente Ley. señalando que la Comisión Ejecutiva designará en un plazo no mayor de 15 días los jueces previsionales que se ocupen de resolver toda acción judicial en materia previsional entre ellos los Procesos de Nulidad de Incorporación al Régimen de Pensiones del Decreto Ley 20530 mediante Resolución Administrativa Nº 658 – CMEPJ-COMISIÓN EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones (…) 15 | P á g i n a . que la Competencia por razón de la materia se regula por la naturaleza de la pretensión y que las Salas Laborales conocen de las pretensiones individuales o colectivas por conflictos jurídicos sobre: ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA en materia laboral y seguridad social. 139 inc. el cual conoció y resolvió a exclusividad toda acción judicial en materia previsional que se generó de la aplicación de las Leyes 2683532 y 26960. identificar aquellos actos administrativos nulos y promover las acciones judiciales correspondientes.Ley Procesal del Trabajo –Ley 26636 publicada el 21 de junio de 1996. refiriéndose al desaparecido Tribunal del Servicio Civil 33 Art. publicada el 7 de julio de 1998 en la cual se creó el JUZGADO PREVISIONAL DE LIMA. publicada el 30 de mayo de 1998. reiterándose la competencia de las Salas laborales para conocer las ACCIONES CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS en materia laboral y seguridad social como primigeniamente debía ser por cuestión de especialidad. 4 de la Ley Procesal del Trabajo. Habiéndose demostrado: a) La vulneración de lo normado por el Art. 10 de la Ley 26835. 139 inc. 4. la cual podemos observar cronológicamente de la siguiente forma: a) La Ley 26636 . establece en su art. La desviación ha sido evidente.c. b) La Ley 27242 publicada el 24 de Diciembre de 1999. se modificó la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley 26835. incluyendo los correspondientes al Decreto Ley 20530. La Independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. a través de su art. reincorporación. reconocimiento y calificación de derechos y otorgamiento de beneficios en el marco del régimen pensionario del Estado. 2. Señalaba asimismo que son nulos igualmente.normativa a través de la Ley 26960.
001-98-AI/TC. rigen. f) El Art.juzgado previsional. protegió el esquema normativo del Sistema Pensionario. respecto a la facultad otorgada a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial para la creación de las instancias correspondientes. h) La nulidad de pleno derecho de las sentencias expedidas por estos seudo juzgadores. a lo que debe agregarse que una ley ordinaria. (el subrayado es nuestro) 35 . 14 inc.3536 previniendo un mayor impacto social negativo. El Tribunal Constitucional de aquel entonces. ya que los enjuiciados seguirían siendo enjuiciados (por distinto motivo.no puede ordenar la creación de instancias en razón de que dicha potestad le corresponde a una Ley Orgánica.Sentencia del Expediente 002-2003-AI/TC. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 34 En esta Ley se señalan los órganos encargados de administrar justicia en nombre del pueblo y los que norman. d) El Art. a que se continuara con la política anti-pensionista. i) La indemnización por errores judiciales ( La Ley 24973. sobre la Ley 27617 ( Sobre pensiones) -21/09/2003 36 LEY 27719 Ley de reconocimiento.J. pues de lo contrario viola el debido proceso. e) El Art. controlan y ejecutan su propia actividad institucional y administrativa” es decir que. publicada el 27 de junio del 2001 recaída en el Exp. adecuación de la demanda). sucesión procesal. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. se declaro inconstitucional. pese que se publicaron normas de desistimiento para la ONP y las entidades administrativas. no puede ser alterada por ninguna norma de menor nivel. la primera disposición complementaria transitoria y final de la Ley 26835.para revisar las materias relativas con el sistema pensionario en razón de que ningún ente o forma organizativa del Poder Judicial puede crear instancias de tal naturaleza. publicada el 28 de Diciembre 1988) Mediante sentencia del Tribunal Constitucional.ley 26835. declaración y calificación de los derechos pensionarios legalmente obtenidos al amparo del Decreto Ley 20530 y sus Normas Modificatorias y Complementarias G. nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Tomo 102. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.b) El Segundo párrafo del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial34 c) El Art. entre otros. 12/05/2002 16 | P á g i n a . 8 inc. g) La irresponsabilidad en la manera de administrar justicia en materia previsional sin tener la debida especialidad del caso y aprendiéndose la aplicación del Derecho Previsional en el actual jurisdiccional del día a día sin haberse preparado adecuadamente a los cuadros judiciales en la materia. Ello no impidió. XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
En el año 2004 el Congreso de la República del Perú. Art. 4. en la actualidad no ha sido implementado. Art. Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General publicada el 11 de Abril del 2001. haciéndolo con sus propias normas y jueces (inconstitucionales). 43 Art. 1º.Esta sentencia motivo que por Resolución Administrativa Nº 212 -2001-P-CSJL-PJ.2 41 Ley de Creación del Tribunal Administrativo Previsional.30. 25/07/2003. Resolución del 12 de enero del 2005.. tenemos que considerar que el Estado (ONP) planteó sus miles de demandas frente a los pensionistas con el tenor de nulidad de resolución administrativa o impugnación de resolución administrativa. creando el Tribunal Administrativo Previsional como instancia que resolvería los recursos de revisión. expedida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República en la acción de nulidad seguida contra Enrique Cartolin Peceros. necesidad impostergable de tutela y que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado. 38 Artículo 210º: Recurso de revisión. buscando una declaratoria de ineficacia (requisitos de fondo) o invalidez (requisitos de forma) de sus propios actos. Caso de Proceso de Amparo seguido contra Alejandro Tarazona Valverde contra la ONP. Concordancias: R. esta vez. pág. Nº 640-2007-OS-CD. Concordancias: LEY N° 28040. 30 num.Resolución del 18 de noviembre del 2005. Este criterio fue rectificado en sentencia Exp. El Peruano. pero. 40 Ídem. en la medida que el citado proceso carece de una etapa probatoria. http://www. Ej.2 PROCESO URGENTE VS. de competencia nacional.J. 5 R.pcm.Recurso de apelación. Corresponde al Tribunal administrativo Previsional conocer en segunda y última instancia las reclamaciones que versen sobre derechos pensionarios. PROCESO DE AMPARO42 La regulación del PCA no solo esta plagado de mecanismos asimétricos sino también de contradicciones y sobre regulaciones. El art. En este orden de ideas. Tomo 116. la prueba es una acepción. conforme lo establece la ley procesal de trabajo y los fallos de la Corte Suprema de la República del Perú37.pe/NuestraInst/Ley27444. 24873842 El tribunal Constitucional rechazo la mayoría de las demandas de amparo en la cuales se pretendía el reconocimiento de aos de aportación en via judicial. 013-2008-jus. procedía el recurso de revisión ante una tercera instancia. si es que las dos impugnaciones (reconsideración39 y apelación40) no fueran resueltas por autoridades con este tipo de competencia. que es a todas luces un seudo PROCESO DE 37 . publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de Octubre del 2008..Ley de Procedimiento Administrativo General expresa que de manera excepcional. (Ley N° 28040) (Art. mediante la cual se dispuso que las Salas Laborales se avoquen al conocimiento de las acciones contencioso administrativas en materia previsional. 2) G. Artículo 208º: Recurso de reconsideración.gob. Nº 04762-2007-PA/TC (fundamentos 6 al 12) donde se establece que en los Procesos de Amparo en materia pensionaria. 21038 de la Ley 27444 . 26 TUO DS. este es el aso del PROCESO URGENTE43.pdf 39 Ídem. Artículo 209. dicto la Ley N° 2804041. Interés Tutelable cierto y manifiesto. que sin duda son innecesarias. Art. expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la corte suprema de la república en la acción de nulidad seguida contra Honorato Pinedo Meza. 17 | P á g i n a .PRESIDENCIAL N° 016-CND-P-2005.
4. el articulo del reglamento o la determinación de la idoneidad de las pruebas) deberán ser tomadas en cuenta por los jueces ordinarios (contenciosos. CASO MANUEL ANICAMA HERNANDEZ. A lo que viene la pregunta de por que generar un nuevo proceso cuando ya existía otro con similares características el cual tiende a reparar el mismo agravio.5 de la Ley 28128 (…). ST. 46 TC. se pueda proceder a su ejecución forzada. Nº 04762-2007-PA/TC. en la medida en que el legislador puede establecer condicionamientos constitucionales temporales y razonables al derecho a la ejecución… el compromiso para atender los pagos impagos surge desde el ejercicio presupuestario inmediatamente siguiente.004-2002 de 29 de enero 2004. debiendo ser cubierta la deuda hasta en un máximo de 5 años conforme lo establece el 16. el proceso constitucional45 también tiende a proteger los derechos que en este caso son constitucionales. la necesidad impostergable de tutela y que esta sea la única vía eficaz para garantía el derecho invocado. establecer un plazo de 5 años para que el Estado cubra proporcionalmente la totalidad de una obligación declarada en una resolución judicial resulta razonable y por ente constitucional. con aras de cesar la amenaza o agresión y que no devenga en irreparable. pues sucede que la obligación de pago no podrá ser satisfecha si no existe el crédito presupuestario suficiente para cubrirla” 46. reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación. “La necesidad de seguirse un procedimiento administrativo con posterioridad a la expedición de la sentencia condenatoria contra el Estado. establece una serie de reglas aplicables en principio a demandas de reconocimiento de aportaciones a través del proceso de amparo. 016-2001. en el primer caso el Proceso Urgente surge con la finalidad de Tutelar Interés ciertos y manifiestos. el Proceso de Amparo también sirve para disponer el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. 015-2001. De modo muy similar. Nº 01417-2005-AA/TC. esto no es inconstitucional toda vez que el legislador difiera el cumplimiento de la ejecución de la sentencia. porque en el año presupuestal no se cuente con la disponibilidad correspondiente. publicado el 01 de febrero del 2004. Referente al tiempo en que debe efectivizarse una sentencia de esta naturaleza. por ejemplo en el Exp. El Proceso de Amparo y el Proceso Contencioso Administrativo (Proceso Urgente) 45 Las sentencias del TC han servido para disipar grasos errores e inconvenientes que derivan de la dación de normas. veamos por que. 18 | P á g i n a . ello no quiere decir que ésta sea inmediatamente ejecutable ya que se deriva del principio de legalidad presupuestaria que la ejecución de las sentencias está sujeta al seguimiento de una procedimiento previo y "en el caso de que ese procedimiento no satisfaga la deuda o demore el pago irrazonablemente. y sin sustento constitucional alguno a favor de los órganos estatales A juicio del Tribunal. laborales y civiles) en merito a lo dispuesto por el fundamento 60 del Exp.3 EJECUTABILIDAD DE LAS SENTENCIAS Si bien una resolución judicial firme produce la exigibilidad de la obligación de pago de una suma de dinero determinada. en este caso. el Código Procesal Constitucional encuentra colisión con la Ley que Regula el Proceso 44 STC 1417-2005.AMPARO44. entendemos que algunos criterios del mencionado fallo (interpretación del articulo 70 del Decreto Ley Nº 19990. no constituye perse un privilegio que el Legislador haya creado ex novo.
Contencioso Administrativo. serán aprobados dentro de los cinco (5) años fiscales subsiguientes. Por otro lado artículo 48º del TUO 013-2008 establece que la entidad administrativa esta obligada al pago de los intereses que se generen en virtud al retraso en la ejecución de una sentencia. lamentablemente esta norma no presisa si al mencionar intereses se refieren al interés legal. se tomara como referencia el interés legal. 4. Artículo 19º. teniendo que regresar a iniciarla nuevamente o continuarla de ser el caso. 2.4 EXCEPCIONES AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA Antes de la modificatoria de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. el obligado que se encuentre en imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo al Juez quien puede concederle un plazo no mayor a cuatro meses.5º de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto-Ley Nº 28411 en concordancia con el articulo 47º del TUO 013-2008 JUS se tiene que los requerimientos de pago de las sentencias judiciales. Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del Artículo 11º de la presente Ley. en su artículo 59º relativo a la Ejecución de Sentencias establece que (…)Cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria. la falta de conocimiento y asesoría especializada conllevaba a que muchas personas pensionarias pierdan dinero..Excepciones al agotamiento de la vía administrativa No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos: 1. Si embargo en el articulo 70. ya que en la primera norma. serán de aplicación las medidas coercitivas señaladas en el presente artículo. para luego demandar por segunda vez ante el Poder Judicial. En este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. vencido el cual. Para dilucidar tal incertidumbre es imperioso recurrir a las normas del Código Civil ya que en el artículo 1246º se establece que a falta de consenso respecto al tipo de interés. tiempo y deterioro en su salud por no agotar la vía administrativa. cuando la pretensión 47 Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – Ley 27584. moratorio o compensatorio. Si en el plazo de quince días a 19 | P á g i n a . Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del Artículo 5º de esta Ley. Ello ha desaparecido con la modificatoria de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo47 y su Texto Unico Ordenado48 señalando que.
Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable.Excepciones al agotamiento de la vía administrativa No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos: 1. al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado actuación impugnable. cuando la demanda es interpuesta por un tercero. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión y. Si en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa el interesado podrá presentar la demanda correspondiente. Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable..esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión y. De este modo. 4. 3. haya sido denegada en la primera instancia de la sede adminsitrativa.2008 JUS publicado el 29 de agosto de 2008. Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión y.(*) (*) Incorporado por Decreto Legislativo 1067 48 Decreto Supremo 013. haya sido denegada en la primera instancia en la sede administrativa no será exigible el agotamiento de la vía administrativa. 2. Consideramos que en este inciso también debe incluirse que sea un tercero legitimado afectado (persona pensionaria) que se encuentre amenazado de forma directa o indirecta por un acto administrativo. haya sido denegada en la primera instancia de la sede administrativa 20 | P á g i n a .Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo Artículo 21. 4. Otra excepción la tenemos en el artículo 21. 3.3º del TUO 013-2008 JUS. En este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación omitida. contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la actuación administrativa el interesado podrá presentar la demanda correspondiente. Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del Artículo 13 de la presente Ley. a la persona pensionaria que tenga afectación directa o indirecta sobre misma pretensión pensionaria incoada podrá eximirse del requisito de agotar la vía administrativa. cuando el contenido de una demanda se encuentre vinculado a un tema de pensión o cuando esta se haya denegada en primera instancia en sede jurisdiccional. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del Artículo 5 de esta Ley.
En el En los procedimientos investigatorios. 1. administrados o hayan acordado eximirse de ellas. Ídem. reservándose la autoridad administrativa.6 EL FAVORECIMIENTO DEL PROCESO En cuanto a demandas poco claras u otras que carecen de requisitos que pueden ser subsanables debiendo privilegiarse su admisibilidad y procedencia. debiendo fortalecer y darle inmediatez al principio de control posterior sustentado en la aplicación de la fiscalización posterior.11. autorizadas por la ley. aun cuando no conforme a lo dispuesto en el capítulo hayan sido propuestas por los sobre la instrucción. la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. celeridad. simplicidad. Es necesario que la administración pública cumpla con el principio de informalidad. presunción de veracidad. el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. la autoridad administrativa administrados están obligados a facilitar competente deberá verificar plenamente la información los hechos que sirven de motivo a sus conocieron y y documentos fueren que razonablemente decisiones.. Sin embargo esta norma entra en contradicción cuando en el mismo precepto normativo se establece la obligación imperante de los administrados de facilitar las pruebas necesarias: Articulo IV. para lo cual deberá adoptar adecuados a los objetivos de la actuación todas las medidas probatorias necesarias para alcanzar la verdad material. Principio de verdad material. publicada el 11 de abril de 2001. 21 | P á g i n a . Suministro de 49 información a las entidades50 Procedimiento Administrativo . 49 50 Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. los procedimiento. 4. Principios del Articulo 57. aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.5 CONTRADICCIONES DEL PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL En el procedimiento.4. el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada.2. para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley. verdad material.
familiares y alimentarios) En este mismo sentido en el articulo 41º inc.º 013-2008-JUS. 4.7 AUSENCIA DE UN TITULO PRELIMINAR La imperiosa necesidad de un Titulo Preliminar que sea fuente del PCA tiene como consecuencia la aplicación supletoria de los Principios contenidos en el Código Procesal Civil. materia pensionarios (también en temas laborales. Articulo VII El artículo 22. informando al titular de la entidad sobre su actuación. que contravenimos precedentes y que es predecible nuestra derrota. Decreto Supremo N. aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente". 52 22 | P á g i n a .2. denunciar y a participar de cualquier diligencia por el sólo hecho de su designación. arbitral y las de carácter sustantivo permitan pero ello es contradictorio con el artículo 51 Titulo Preliminar. que nuestro respaldo normativo está contenido en el Decreto Legislativo 1068 – Ley de Defensa Jurídica del Estado. arbitral y las de carácter sustantivo permiten.Tenemos que el principio IURE NOVIT CURIA51 establece que “El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso. la cual nos confiere a realizar todas las actuaciones que la Ley en materia procesal. artículo 2252. quedando autorizados a demandar.8 LAS PROCURADURIA PÚBLICAS En mi experiencia como abogado defensor del Estado (Procuradurías). 2 del TUO 013-2008 JUS se tiene que la sentencia que declare “El restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medida sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada. por parte de la autoridad decisora. 4. Se estaría admitiendo la utilización. Sin embargo. La defensa jurídica del Estado comprende todas las actuaciones que la Ley en materia procesal. he tenido la oportunidad de ver como de forma indebida ejercemos el derecho a impugnar a sabiendas que el resultado será infructuoso. de un criterio a favor de una de las partes generándose una nueva asimetría procesal. Código Procesal Civil. esto se evidencia en la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. aún cuando no hayan sido pretendidas en la demanda. claro está. no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes salvo en temas como el que ahora abordamos.
a la Entidad Administrativa. ahora bien. cuando ya se venció el plazo. quedando sometidas a una presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda y la conducta procesal de falta de colaboración para lograr la finalidad de los medios probatorios56 pero lo más curioso es que algunos juzgados te exigen el 53 Artículo 23º. 253 donde faculta a los Procuradores Públicos a conciliar. ha visto necesario otorgar un mayor poder de acción a los procuradores permitiéndoles impulsar conciliaciones. a fin de que el funcionario competente remita copia certificada del expediente con lo relacionado a la actuación impugnada. 23 | P á g i n a .Remisión de actuados administrativos Al admitir a trámite la demanda. a fin de analizar la conveniencia de continuar con el proceso.9 PLAZO PARA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO De conformidad con el artículo 24 del TUO DS. la copia certificada del expediente administrativo se ingresará con la sumilla para mejor resolver o alego lo conveniente. Para dichos efectos será necesario la expedición de la resolución autoritativa del titular de la entidad. Los Procuradores Públicos podrán conciliar.54 4. transacciones y desistimientos bajo un análisis costo-beneficio. obstructiva y contraria a la jurisprudencia y precedentes de este Tribunal de la ONP en los procesos judiciales relacionados a los derechos pensionarios que administra. debiendo el Juez en este caso aplicar lo dispuesto en el Artículo 282 del Código Procesal Civil.. 54 Sobre el particular. transigir o desistirse de demandas para lo cual será necesaria la expedición de la resolución autoritativa del titular de la entidad. ante la manifiesta renuencia a cumplir con el mandato. El incumplimiento de lo ordenado a la entidad administrativa no suspende la tramitación del proceso. para lo cual del Procurador Público deberá emitir un informe precisando los motivos de la solicitud. teniendo las procuradurías que solicitar una ampliación de plazo justificando su retraso en la carga procesal que se tiene. transigir o desistirse de demandas. al momento de resolver. en un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles. de ser el caso. pudiendo imponer a la Entidad multas compulsivas y progresivas en caso de renuencia.. 05561-2007-PA/TC GRIMALDO DIAZ declaro un Estado de Cosas Inconstitucional por la participación temeraria.De las atribuciones de los Procuradores Públicos: Son atribuciones y facultades generales de los Procuradores Públicos las siguientes: 2. El Juez además de realizar las acciones antes referidas en el párrafo anterior. imponiendo a todos y cada uno de los abogados que autorizaron los escritos a lo largo del presente proceso el pago solidario de 20 URP por concepto de sanción por incumplimiento de los deberes propios del ejercicio profesional. el Juez ordenará. conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. 55 Artículo 24. por costumbre judicial otorgan un plazo de 5 hábiles.23 inc.55 se le exige a la entidad administrativa la remisión del expediente administrativo en un plazo que no podrá exceder de 15 días hábiles. prescindirá del expediente administrativo. el Tribunal Constitucional en la STC. muchas veces las procuradurías no están preparadas para cumplir tal requerimiento por cuestiones de logísticas e infraestructura. sin perjuicio que tal negativa pueda ser apreciada por el Juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados 56 Los juzgados contencioso administrativos o quienes hagan sus veces no siempre otorgan un plazo de 15 días hábiles. con los apremios que el Juez estime necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado. el Ministerio de Justicia mediante la Directiva N° 0012011-JUS/CDJE publicada el 25 de mayo de 2011.13-2009 JUS. El cumplimiento de este pago se deberá supervisar en etapa de ejecución por el Juez competente. En otros casos.
personas pensionarias que vienen litigando más de 15 años en espera de un resultado de justicia y con razón del derecho. cabe preguntarse ahora si ¿Resulta ético y jurídicamente amparable que el Estado haga padecer diariamente a los pensionistas regateando pensiones mínimas mientras. El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. La copia del documento público tiene el mismo valor que el original. esperemos que exista una verdadera conciencia normativa para mejorar el sistema pensionario. es oponerse con absurdos e infundados escritos a los reclamos de los jubilados?58 Queda pendiente en el tintero varios problemas de asimetría procesal e de interpretación de los derechos pensionarios en el ámbito militar-policial. según la ley de la materia. 58 STC. que será para una próxima entrega académica. que durante 18 años batallo para que no le quiten su pensión. el litigante y la persona pensionaria conozca bien la realidad pensionaria con la finalidad de lograr una justicia más expeditiva. recordemos que algún día seremos pensionistas y que los cambios normativos de hoy. Contribuyamos con la justicia pensionaria. el juez. mi madre. notario público o fedatario. 57 Artículo 235. cuya única finalidad. contrata sin regateos los costos servicios profesionales de estudios de abogados. 05561-2007-PA/TC PLENO JURISDICCIONAL CASO – ONP/GRIMALDO DIAZ CASTILLO 24 | P á g i n a .Documento público. hace que el legislador. celera y eficiente en sus resultados. al mismo tiempo.. internacional y comparado. según corresponda.original del expediente olvidando lo regido por el artículo 23557 del Código Procesal Civil 5 A MODO DE CONCLUSIÓN Existen distintos problemas procesales en materia pensionaria en cuanto a la aplicación e interpretación debida de la norma sustantiva y adjetiva. a un Dios que siempre está ahí. nos afectarán mañana. yo alguna vez observe al fantasma de la preocupación y la desesperación. al Goliat que abusaba de David. y a la litigante eterna. Tras las peripecias normativas que entorpecen el proceso contencioso administrativo donde las personas pensionarias tienen batallas innumerables. y 2. si está certificada por Auxiliar jurisdiccional respectivo. La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público. privado. en el plano judicial.Es documento público: 1.
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