Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0474_ES.html
Timestamp: 2019-11-17 05:14:55
Document Index: 249857053

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 29', 'artículo 168', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 29', 'artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 28']

Textos aprobados - Aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad - Jueves 30 de noviembre de 2017
– Vistos los artículos 3, 15, 21, 23 25 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vistos el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Serie de Tratados Europeos n.º 5, 1950) y sus Protocolos,
– Vista la Carta Social Europea (ETS n.º 35, 1961, revisada en 1996, ETS n.º 163),
– Vistas la Recomendación del Consejo de Europa Rec(2002)5 del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la Recomendación CM/Rec(2007)17 sobre normas y mecanismos de igualdad de género,
– Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979, y su Protocolo Facultativo, de 6 de octubre de 1999,
– Vista la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE(3),
– Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(4),
– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la Comisión el 2 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios (COM(2015)0615),
– Visto el nuevo consenso europeo sobre desarrollo titulado «Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro», en forma de declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión, así como el compromiso establecido en el mismo, para tener en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad en la cooperación para el desarrollo,
– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de febrero de 2017, titulado «Informe de situación relativo a la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad» (SWD(2017)0029),
– Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2016, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015(5),
– Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo»)(6),
– Vista su Resolución, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas(7),
– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2015, sobre la lista de cuestiones adoptada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en relación con el informe inicial de la Unión Europea(8),
– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020(9),
– Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral(10),
– Vista la nota informativa del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulada «La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020»,
– Visto el Informe Anual 2016 del Defensor del Pueblo Europeo,
– Vistos los informes de 2016 y 2017 sobre derechos fundamentales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vistos los informes temáticos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vistas las estadísticas de 2014 de Eurostat sobre la discapacidad en relación con el acceso al mercado laboral y a la educación y la formación, así como con la pobreza y las desigualdades en las rentas,
– Vista la Conclusión del Consejo sobre «Un futuro europeo sostenible: la respuesta de la UE a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», publicada el 20 de junio de 2017,
– Visto el marco europeo voluntario de calidad de los servicios sociales (SPC/2010/10/8),
– Vista la Nueva Agenda Urbana (A/RES/71/256),
– Visto el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres,
– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción en materia de Género 2016-2020,
– Visto el Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia (2015-2019),
– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Cultura y Educación, la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Peticiones (A8-0339/2017),
A. Considerando que, como ciudadanos de pleno derecho(11), todas las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos en todos los ámbitos de la vida y tienen derecho a una dignidad inalienable, a la igualdad de trato, a una vida independiente, a la autonomía y a la plena participación en la sociedad;
B. Considerando que hay aproximadamente 80 millones de personas con discapacidad en la Unión, de las cuales 46 millones son mujeres;
C. Considerando que el TFUE impone a la Unión la obligación de luchar contra toda discriminación por razón de discapacidad en la definición y la ejecución de sus políticas y actuaciones (artículo 10), y le confiere, asimismo, el poder de adoptar disposiciones legislativas para combatir este tipo de discriminación (artículo 19);
E. Considerando que la CNUDPD es el primer tratado internacional sobre derechos humanos que ha ratificado la Unión, y que ha sido firmado también por todos los 28 Estados miembros de la Unión y ratificado por 27 Estados miembros; que la Unión es el mayor donante de ayuda al desarrollo a escala mundial y una de las partes interesadas con mayor influencia a nivel internacional;
F. Considerando que la Unión tiene el compromiso de aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en la Unión y en la cooperación para el desarrollo con países socios;
G. Considerando que la CNUDPD entiende por «personas con discapacidad» aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales duraderas que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; considerando que el artículo 9 de la CNUDPD reviste especial importancia a este respecto;
H. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea refuerza el hecho de que la CNUDPD es vinculante para la Unión y sus Estados miembros a la hora de aplicar la legislación de la Unión, ya que es un instrumento del Derecho derivado(12); que es imperativo aplicar la legislación vigente y los instrumentos políticos de que dispone la Unión para maximizar los efectos de la aplicación de la CNUDPD;
I. Considerando que las personas con discapacidad constituyen un grupo variado, y que las mujeres, los niños, las personas mayores y las que tienen necesidades de apoyo complejas o presentan discapacidades aparentemente invisibles se enfrentan a dificultades adicionales y a múltiples formas de discriminación;
J. Considerando que las personas con discapacidad hacen frente a costes adicionales, tienen unos ingresos más bajos y registran unas tasas más elevadas de desempleo; que las prestaciones relacionadas con la discapacidad deben considerarse un apoyo del Estado para ayudar a las personas a eliminar las barreras con el fin de que participen plenamente en la sociedad, en particular mediante el empleo;
K. Considerando que los niños con discapacidad tienen derecho a vivir en sus familias o en un entorno familiar según su interés superior; que los miembros de la familia se ven a menudo obligados a reducir o a interrumpir actividades profesionales para ocuparse de miembros de la familia con discapacidad;
L. Considerando que los principios de la CNUDPD van mucho más allá de la discriminación y abren la vía hacia el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de todas las personas con discapacidad y sus familias en una sociedad inclusiva;
M. Considerando que sigue habiendo legislación nueva y revisada en la que no se hace referencia alguna a la CNUDPD y la accesibilidad; que la accesibilidad es un requisito previo para la participación; que la Unión Europea, como parte de la CNUDPD, tiene el deber de velar por la estrecha colaboración y participación activa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en el desarrollo y la aplicación de la legislación y las políticas, respetando los diferentes conceptos de discapacidad;
N. Considerando que los estereotipos, las ideas falsas y los prejuicios son parte de las causas profundas de la discriminación, en particular la discriminación múltiple, los estigmas y la desigualdad;
O. Considerando que las personas con discapacidad carecen a menudo de apoyo, protección, comunicación e información en cuanto a los servicios y derechos en materia de protección sanitaria, la protección contra la violencia y los cuidados infantiles, y tienen poco o ningún acceso a este tipo de servicios e información; que el personal de los servicios sanitarios debe recibir una formación adecuada en lo referente a las necesidades específicas de las personas con discapacidad;
P. Considerando que un porcentaje significativo de los cuatro millones de personas que cada año se quedan sin hogar tiene discapacidad y ha sido ignorado en gran medida como colectivo destinatario de la CNUDPD y la Estrategia Europea sobre Discapacidad;
Q. Considerando que, a pesar de los numerosos convenios internacionales, la legislación y las estrategias nacionales y de la Unión, las personas con discapacidad aún no participan plenamente en la sociedad ni disfrutan de sus derechos; que la participación de las personas con discapacidad solo puede conseguirse incluyéndolas en la vida política y pública, en la que están a menudo infrarrepresentadas, de conformidad con el artículo 29 de la CNUDPD;
R. Considerando que el informe de situación elaborado por la Comisión indica que existe un retraso evidente en la aplicación de las obligaciones derivadas de la CNUDPD a nivel de la Unión y de los Estados miembros; que persisten algunas dificultades y lagunas en el marco de la estrategia y que es necesario adoptar una perspectiva a largo plazo para armonizar las políticas, la legislación y los programas de la Unión con respecto a la CNUDPD;
S. Considerando que el modelo de vida independiente subrayado en la CNUDPD protege el mayor grado de accesibilidad posible; que el acceso a otros servicios como el transporte accesible y las actividades culturales y recreativas forman parte de la calidad de vida y pueden contribuir a la integración de las personas con discapacidad;
T. Considerando que es primordial la existencia de políticas inclusivas y activas de acceso al mercado laboral, ya que se trata de uno de los medios principales para promover la independencia de las personas con discapacidad; que el acceso al mercado laboral se sitúa actualmente en el 58 % en comparación con el 80,5 % entre las personas sin discapacidad, con algunos colectivos que se enfrentan a otras discriminaciones a causa del tipo de discapacidad; que la economía social brinda numerosas oportunidades de empleo para las personas con discapacidad;
U. Considerando que unas directrices más sólidas a nivel europeo y los recursos adecuados, junto con la formación sobre discapacidad, podrían reforzar la eficacia e independencia de los organismos responsables de la igualdad a nivel nacional;
V. Considerando que una de las cuatro prioridades que estableció la Comisión tras la Declaración de París sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación a través de la educación es «fomentar la enseñanza de jóvenes y niños de entornos desfavorecidos asegurando que nuestros sistemas de educación y formación atienden a sus necesidades»;
W. Considerando que el coste total de mantener a las personas con discapacidad fuera del mercado laboral es superior al coste de incluirlas en el lugar de trabajo; que esto es especialmente cierto en el caso de las personas con múltiples necesidades de apoyo, en el que los familiares pueden verse obligados a convertirse en cuidadores;
X. Considerando que el número de personas con discapacidad que tienen trabajo puede ser inferior al que indican los datos, teniendo en cuenta que muchas personas entran en la categoría «no apto para el empleo» o trabajan en el sector protegido o en entornos protegidos, no poseen el estatus de empleado y, por lo tanto, no son visibles en los datos y las estadísticas oficiales;
Y. Considerando que se debe apoyar y alentar a los empleadores para garantizar que las personas con discapacidad estén capacitadas desde la educación hasta el empleo; que, con este objetivo, la concienciación de los empleadores es una forma de combatir la discriminación en la contratación de personas con discapacidad;
Z. Considerando que las medidas en el lugar de trabajo son esenciales para promover una salud mental positiva y prevenir las enfermedades mentales y las discapacidades psicosociales;
AA. Considerando que la Unión es el mayor donante de ayuda para el desarrollo y tiene un papel protagonista en los programas inclusivos en materia de discapacidad;
AB. Considerando que la discriminación laboral no es un problema aislado; que la discriminación en la educación, la formación profesional, la vivienda, y la falta de acceso al transporte son equivalentes a la discriminación en el empleo;
AC. Considerando que el 75 % de las personas con discapacidades graves en la Unión no tiene la oportunidad de participar plenamente en el mercado laboral; que el subempleo y el desempleo pueden ser un problema en especial para las personas con trastornos del espectro autista, las personas sordas y con dificultades auditivas y las personas ciegas o sordociegas;
AD. Considerando que los ODS y el pilar europeo de derechos sociales pueden ser vehículos para la aplicación de la CNUDPD;
AE. Considerando que la falta de capacidad jurídica constituye una barrera considerable para el ejercicio del derecho de voto, incluso en las elecciones europeas;
AF. Considerando que el 34 % de las mujeres con un problema de salud o una discapacidad ha sufrido a lo largo de su vida violencia física o sexual por parte de una pareja;
AG. Considerando que el artículo 168, apartado 7, del TFUE asigna a los Estados miembros la responsabilidad de definir sus políticas de salud y de prestar servicios sanitarios, lo que demuestra la importancia fundamental que revisten las consultas y la participación de los Estados miembros para que la Estrategia Europea sobre Discapacidad tenga éxito;
AH. Considerando que el artículo 25 de la CNUDPD refuerza el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de asistencia sanitaria sin discriminación alguna;
AI. Considerando que las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a las deficiencias de los servicios de asistencia sanitaria, con una frecuencia más elevada de comportamientos nocivos para la salud y un índice superior de muertes prematuras;
1. Reconoce la importancia de una definición y aplicación global de la accesibilidad y su valor como base para que las personas con discapacidad disfruten de igualdad de oportunidades y de una genuina inclusión social y participación en la sociedad, como se reconoce en la CNUDPD y en consonancia con su observación general n.º 2, teniendo en cuenta la diversidad de necesidades de las personas con discapacidad y promoviendo la importancia constante y cada vez mayor de un diseño universal como principio de la Unión;
2. Recuerda a la Comisión su obligación de integrar la discapacidad y de desarrollar y promover la accesibilidad en todos los ámbitos políticos, tanto en el sector público como en el privado, y recomienda que se creen unidades con experiencia en accesibilidad dentro de la jerarquía de la Comisión encargadas de verificar si se está cumpliendo esta tarea;
3. Pide a la Comisión que establezca requisitos obligatorios sobre la accesibilidad de los espacios públicos, y en especial del entorno construido;
4. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente toda la legislación relativa a la accesibilidad y velen por un seguimiento continuo de la misma, incluida la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, el paquete de telecomunicaciones, la Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web y las normas relevantes en materia de transporte y derechos de los pasajeros; pide a la Unión en este contexto que coordine y realice un seguimiento de esta aplicación, además de promover la ratificación de la CNUDPD a nivel interno y externo;
5. Espera que los colegisladores de la Unión adopten sin demora el Acta Europea de Accesibilidad; recomienda que, a fin de aplicar plenamente la CNUDPD, el texto definitivo mejore la accesibilidad de los productos y los servicios para las personas con discapacidad y las personas con limitaciones funcionales; hace hincapié en la necesidad de normas europeas exhaustivas sobre la accesibilidad de los espacios públicos y el entorno construido, así como en lo que se refiere al acceso a todos los modos de transporte;
6. Expresa su preocupación por el hecho de que el seguimiento de algunas normativas, como la Directiva(13) sobre la accesibilidad de los sitios web o el Reglamento sobre la accesibilidad del sistema ferroviario (ETI-PMR)(14), consista en una autoevaluación efectuada por la industria y los Estados miembros y no corra a cargo de un organismo independiente; recomienda, por consiguiente, a la Comisión que mejore su evaluación del cumplimiento y sopese la elaboración de legislación de seguimiento, con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, en particular, en la aplicación del Reglamento (CE) n.º 261/2004(15);
7. Recuerda que la aplicación de todas las obligaciones relacionadas con la accesibilidad requiere una financiación suficiente a nivel local, nacional y de la Unión; pide a la Unión que garantice que todos los programas de financiación sean accesibles, se adecuen a un enfoque de diseño universal e incluyan un presupuesto independiente para accesibilidad; pide a los Estados miembros que impulsen la inversión pública para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno físico y digital;
8. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que aumenten la accesibilidad apoyando el desarrollo de las TIC y respaldando todas las iniciativas, incluidas las empresas emergentes que trabajan en el ámbito de la seguridad de las personas con discapacidad;
9. Es favorable al estudio y la utilización de las mejores prácticas relacionadas con la vida independiente en la Unión;
10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para garantizar que el número de emergencias 112 sea plenamente accesible para todas las personas con todo tipo de discapacidad, y que todos los aspectos de las políticas y programas de reducción del riesgo de desastres sean inclusivas y accesibles para todas las personas con discapacidad;
11. Muestra su preocupación por que el hecho de que la condición ex ante de comprar de forma accesible antes de la adjudicación de un contrato público no se aplique lo suficiente a nivel nacional; recomienda para ello que se establezca un portal, similar a la contratación pública ecológica, con todas las directrices de accesibilidad;
12. Recomienda encarecidamente que se facilite el pleno acceso al formulario de reclamaciones de los derechos de los pasajeros, que este esté adaptado a las personas con discapacidad y que se asignen un mayor número de responsabilidades de ejecución e igualmente importantes a los organismos responsables del cumplimiento (ORC);
13. Hace hincapié, en particular, en que la accesibilidad es un principio central de la citada Convención y una condición previa para el ejercicio de otros derechos en ella consagrados; subraya que, en un número considerable de peticiones, los ciudadanos de la Unión se quejan de la falta de accesibilidad o de la existencia de barreras arquitectónicas; destaca que el derecho a la accesibilidad, tal y como se define en el artículo 9 de la Convención, debe aplicarse de manera global a fin de garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a su entorno, al transporte, a las instalaciones y a los servicios públicos, así como a las tecnologías de la información y la comunicación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la accesibilidad sea una prioridad fundamental y esté mejor integrada en todos los ámbitos de la política de discapacidad;
14. Observa que la Estrategia para el Mercado Único Digital debe aplicarse de forma que garantice la plena accesibilidad de las personas con discapacidad a todos sus elementos;
15. Acoge con satisfacción el proyecto de tarjeta europea de discapacidad; pide a la Comisión, así como a los Estados miembros, que incluyan a todos los países en una futura iniciativa a largo plazo, con vistas a lograr un ámbito de aplicación idéntico al de la tarjeta europea de estacionamiento e incluir servicios de acceso que permitan la participación en la vida cultural y el turismo;
16. Manifiesta su preocupación por el uso continuado del modelo médico de discapacidad basado en los diagnósticos médicos de las personas con discapacidad en lugar de en las barreras medioambientales a que se enfrentan; insta a la Comisión a que ponga en marcha una revisión de este enfoque, en especial en el ámbito de la recopilación de datos; pide a los Estados miembros que examinen formas de trabajar para establecer una definición común de la discapacidad;
17. Celebra los avances logrados en lo que respecta al Tratado de Marrakech; subraya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su dictamen de 14 de febrero de 2017, señaló que la Unión tiene competencias exclusivas para celebrar el Tratado de Marrakech, ya que el conjunto de las obligaciones del Tratado de Marrakech comprende un ámbito ya cubierto en gran medida por normas comunes de la Unión; recomienda que la Unión y los Estados miembros establezcan un plan de acción para garantizar su plena aplicación; pide a la Unión que no ratifique la opción relativa a la carga económica;
18. Opina que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos deben adherirse a la CNUDPD, en particular durante el próximo periodo de programación, y seguir incentivando prioritariamente la desinstitucionalización, y que deben, además, financiar servicios de apoyo para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente en la comunidad; considera que la Comisión debe seguir de cerca la aplicación por parte de los Estados miembros de la condición ex ante sobre la transición de los servicios institucionales a los servicios basados en la comunidad, que debe ser concreta y cuya calidad se debe evaluar de forma continua y transparente; opina que las propuestas relativas a proyectos financiados por la Unión, en particular las presentadas en el marco de las actividades de préstamo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y el Banco Europeo de Inversiones, deben respetar las normas de accesibilidad conforme a un enfoque de diseño universal; considera que no se puede depender de los instrumentos financieros para conseguir estos objetivos;
19. Pone de relieve que es necesario garantizar la posibilidad de comunicarse libremente y en función del tipo de discapacidad, y destaca que esto juega un papel fundamental en la práctica de la ciudadanía activa de las personas con discapacidad;
20. Muestra su preocupación por las barreras a la participación a las que se enfrentan en toda Europa las personas bajo tutela y las que viven en instituciones, y pide a la Comisión que garantice que las personas privadas de su capacidad jurídica puedan ejercer todos los derechos consagrados en los Tratados y la legislación de la Unión; pide a los Estados miembros que incentiven la participación acelerando el proceso de desinstitucionalización y la sustitución de la toma de decisiones por parte de un responsable sustituto por la toma de decisiones apoyada;
21. Pide a la Comisión que incluya, como parte de su serie de informes regulares sobre la aplicación de las Directivas 93/109/CE(16) y 94/80/CE(17) del Consejo, una evaluación sobre su interpretación de forma coherente con el artículo 29 de la CNUDPD;
22. Resalta el hecho de que las mujeres y las niñas con discapacidad sufren una doble discriminación debido a la confluencia de género y discapacidad, y que pueden incluso verse expuestas a múltiples formas de discriminación resultantes de la confluencia de cuestiones de género y de discapacidad con cuestiones relacionadas con la edad o la orientación sexual, la religión o el origen étnico;
23. Reitera que las mujeres con discapacidad se encuentran a menudo en situaciones de mayor desventaja que los hombres con discapacidad, y que se encuentran con mayor frecuencia en riesgo de pobreza y exclusión social;
24. Considera que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género debe proporcionar orientación a nivel europeo y de los Estados miembros en lo que se refiere a la situación específica de las mujeres y las niñas con discapacidad, así como jugar un papel activo en las labores de promoción para garantizar la igualdad de derechos y luchar contra la discriminación;
25. Recuerda que la lucha contra la pobreza y la exclusión social de las personas con discapacidad está estrechamente vinculada a la mejora de las condiciones para los familiares, que a menudo actúan como cuidadores no remunerados y sin que se les considere personas empleadas; insta, por ello, a los Estados miembros a que presenten estrategias nacionales para apoyar a los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres familiares de las personas con discapacidad;
26. Hace hincapié en que el número de personas mayores está en aumento y en que, de acuerdo con la OMS, la prevalencia de la discapacidad es mayor entre las mujeres, quienes se ven especialmente afectadas por este fenómeno debido a que su esperanza de vida es mayor; destaca que, por lo tanto, se va a registrar un aumento proporcional en el número de mujeres con discapacidad;
27. Resalta la importancia de los instrumentos microfinancieros para la generación de empleo y crecimiento; pide a los Estados miembros que hagan que las mujeres con discapacidad puedan acceder más fácilmente a estos instrumentos;
28. Recalca que, a fin de garantizar la vida independiente de las personas con discapacidad, es necesario apoyar la investigación y la innovación destinadas al desarrollo de productos cuyo objetivo sea ayudar a las personas con discapacidad en sus actividades cotidianas;
29. Subraya que la igualdad y la no discriminación son la base de la Estrategia sobre Discapacidad;
30. Pide a la Comisión que aborde la discapacidad en su Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019;
31. Lamenta profundamente el bloqueo prolongado por parte del Consejo Europeo a los avances en la Directiva relativa a la lucha contra la discriminación, y pide a los Estados miembros que contribuyan a la aprobación de la Directiva horizontal sobre la lucha contra la discriminación(18), que debería evolucionar hacia una solución pragmática, ampliando la protección contra la discriminación en todos los ámbitos de la vida a las personas con discapacidad, incluso mediante el reconocimiento de la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación y el reconocimiento de la discriminación múltiple e interseccional;
32. Manifiesta su profunda preocupación por los datos existentes sobre discriminación y abusos a personas con discapacidad; sigue estando preocupado por los casos de notificación insuficiente debido a la inaccesibilidad de los mecanismos de reclamación y notificación y a una falta de confianza y conocimiento de los derechos; insiste en que deben recopilarse datos desglosados por género y recomienda, en este sentido, el desarrollo de un nuevo método de la recopilación de datos, en particular en lo que respecta a los casos de denegación de embarque y de denegación o no disponibilidad de asistencia;
33. Pide a los Estados miembros que velen por que todos los órganos nacionales responsables de la igualdad dispongan de un mandato en el ámbito de la discapacidad y de suficientes recursos e independencia para proporcionar a las víctimas de discriminación la asistencia necesaria, y que garanticen que toda ampliación de su mandato vaya acompañada de un aumento de los recursos humanos;
34. Pide a la Unión y a los Estados miembros que financien la formación y desarrollen modelos de buenas prácticas por y para personas con discapacidad, sus organizaciones, sindicatos, federaciones patronales, organismos de igualdad y funcionarios, siguiendo el principio de no discriminación, incluidas la discriminación múltiple e interseccional y los ajustes razonables;
35. Pide a la Unión que desarrolle programas de investigación que aborden los principios de igualdad cuando elabore el marco para investigación y desarrollo posterior a Horizonte 2020;
36. Hace hincapié en que el acceso al mercado laboral es una cuestión global que requiere la aplicación de medidas de apoyo que den lugar a una situación beneficiosa tanto para el individuo como para el empleador, garantizando la inclusión social, y que debe incluir procedimientos de contratación accesibles, transporte accesible desde y hacia el lugar de trabajo, evolución profesional y formación continua, así como ajustes razonables y lugares de trabajo accesibles; pide a la Comisión que actualice el estudio «Empleo con apoyo para las personas con discapacidad en la UE y los países de la AELC-EEE — Buenas prácticas y recomendaciones en apoyo de un enfoque de flexiguridad»;
37. Insta a que se adopten medidas de discriminación positiva, incluida la adopción de porcentajes mínimos para el empleo de las personas con discapacidad en los sectores público y privado;
38. Lamenta el hecho de que negarse a realizar los ajustes razonables no constituya una discriminación en el marco de la Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo(19), algo que ha sido objeto de críticas por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas; recuerda que la Directiva de igualdad de trato en el empleo prohíbe en su primer artículo cualquier tipo de discriminación por motivos de discapacidad;
39. Pide a los Estados miembros que velen por que la trampa de las prestaciones no suponga un obstáculo a la participación en el mercado laboral, y pide que se separe el apoyo a la discapacidad del apoyo a los ingresos, teniendo en cuenta los cuidados adicionales y otras necesidades que puedan tener las personas con discapacidad, permitiéndoles vivir con dignidad y tener acceso al mercado laboral; pide a los Estados miembros, a este respecto, que velen por que no se renuncie a las prestaciones relacionadas con la discapacidad a causa del empleo;
40. Pide a la Comisión que apoye a las empresas sociales, en consonancia con los principios enunciados en la Declaración de Bratislava y la Declaración de Madrid sobre Economía Social, como una fuente importante de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad;
41. Pide a los Estados miembros que, con arreglo a la CNUDPD, estudien la posibilidad de eliminar todos los obstáculos jurídicos a la empleabilidad, como, por ejemplo, las medidas contrarias a lo dispuesto en el artículo 12 de la CNUDPD, que impidan a las personas con discapacidad firmar contratos de trabajo, abrir una cuenta bancaria y tener acceso a su dinero, lo que las excluye financieramente, o las cláusulas nacionales que declaran a determinadas categorías de personas con discapacidad como «incapaces de trabajar»;
42. Subraya la importancia de la reinserción y la rehabilitación eficaces, así como de medidas de activación y fidelización en una sociedad en proceso de envejecimiento que permitan a las personas regresar o permanecer en el trabajo tras una enfermedad o discapacidades físicas, mentales o emocionales;
43. Recuerda que cargar a las personas con discapacidad y a sus parejas con el coste de la asistencia reduce no solo sus ingresos sino también sus perspectivas de empleo y sus ingresos futuros durante la vejez;
44. Es consciente de que las medidas de conciliación de la vida privada y la vida profesional, incluidas modalidades de trabajo flexibles e inclusivas voluntarias, pueden ser ventajosas para las personas con discapacidad y beneficiosas para la salud mental, garantizando la seguridad y estabilidad mental de todas las personas, pero muestra su preocupación por que los entornos de trabajo digitales puedan crear nuevos obstáculos si no son accesibles y no se ofrecen los ajustes razonables;
45. Pide a la Comisión que incluya buenas y malas prácticas en futuros informes a fin de permitir a los empleadores aplicar la legislación sobre discapacidad de forma eficaz;
46. Muestra su preocupación por que en algunos Estados miembros las personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos no son reconocidas formalmente como trabajadoras por la ley, reciben un salario inferior al salario mínimo y no tienen derecho a las mismas ventajas sociales que los trabajadores ordinarios;
47. Muestra su especial preocupación por los jóvenes con discapacidad y los que han estado desempleados durante un mayor período de tiempo; insta a los Estados miembros a que trabajen en pro de la inclusión de los jóvenes con discapacidad en el mercado laboral de forma prioritaria, por ejemplo, mediante el establecimiento de centros de asesoramiento profesional que ofrezcan asesoramiento a los estudiantes y jóvenes desempleados sobre su futuro profesional, o como parte del programa de Garantía Juvenil;
48. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan promoviendo la diversidad como argumento comercial y fomentando cartas de la diversidad que aboguen por el valor añadido de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
49. Pide a la Unión que garantice la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en el paquete propuesto de medidas sobre conciliación de la vida profesional y la vida familiar;
50. Expresa su preocupación por el hecho de que muchos niños con discapacidad siguen estando excluidos de la educación inclusiva de calidad en diferentes Estados miembros de la UE como consecuencia, por ejemplo, de las políticas de segregación, así como de las barreras arquitectónicas, que constituyen una forma de discriminación hacia los niños y jóvenes con discapacidad;
51. Hace hincapié en que la educación y la formación son esenciales para la empleabilidad de las personas con discapacidad y en que los empleadores deben participar en el proceso para tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, también, pero no exclusivamente, teniendo en cuenta los posibles beneficios de las nuevas tecnologías en ámbitos tales como la búsqueda de empleo, el desarrollo personal y una mayor independencia;
52. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que supriman los obstáculos jurídicos, físicos y organizativos a que se enfrentan todas las personas con discapacidad, con el fin de garantizar unos sistemas de aprendizaje permanente y educación inclusiva;
53. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que velen por que se ofrezcan ajustes razonables para los trabajadores en prácticas y por que los procedimientos de solicitud de prácticas sean accesibles y que se ofrezcan periodos de prácticas específicos a las personas con discapacidad, incluidas prácticas incentivadas para los empleadores;
54. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que velen por que el programa Erasmus+ y otros programas de juventud, como el programa de Garantía Juvenil y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad mediante ajustes razonables personalizados, y que se ponga a disposición de las personas con discapacidad información sobre sus derechos de accesibilidad, a fin de promover su participación; recomienda, a tal fin, que se potencien al máximo las herramientas existentes, como, por ejemplo, las previstas en la plataforma de movilidad inclusiva MappED!;
55. Lamenta que la nueva Agenda de Capacidades no incluya un objetivo específico para las personas con discapacidad; subraya que el subempleo y la discriminación que sufren actualmente las personas con discapacidad en el mercado laboral suponen un despilfarro de capacidades valiosas; pide, por tanto, a la Comisión que tenga en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en las próximas iniciativas relacionadas con las capacidades;
56. Pide a los Estados miembros que adopten medidas eficaces para luchar contra la segregación y el rechazo de los estudiantes con discapacidad en las escuelas y los entornos formativos y que elaboren, en este contexto, programas nacionales de transición para garantizar una educación y formación profesional inclusivas y de calidad, tanto formales como informales, incluso para las personas con discapacidad que necesiten un alto grado de apoyo, basándose en las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas;
57. Resalta la importancia de la formación y la formación de reconversión profesional del personal educativo, en especial para apoyar a las personas con necesidades complejas;
58. Recomienda que se haga un mejor uso de la Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa para aprovechar al máximo su mandato;
59. Pone de relieve la importancia vital que reviste preparar al personal docente y a los formadores para trabajar con niños con discapacidad y brindarles un apoyo adecuado; exhorta a los Estados miembros a que elaboren acciones de formación en materia de educación inclusiva y de formación profesional permanente dirigidas a los profesores y formadores, con la participación de distintas partes interesadas, en particular las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y a los profesionales con discapacidad;
60. Pide que, habida cuenta del elevado número de jóvenes con discapacidad o necesidades educativas especiales que abandonan prematuramente la educación y la formación, se examinen en mayor detalle las oportunidades que brinda la formación permanente y que se presenten alternativas atractivas; considera que el fomento de los programas de aprendizaje permanente destinados a las personas con discapacidad es un elemento fundamental de la Estrategia Europea sobre Discapacidad;
61. Aboga por el intercambio de mejores prácticas en materia de educación inclusiva y formación permanente entre profesores, personal y órganos rectores, estudiantes y alumnos con discapacidad;
62. Expresa su preocupación por que, a pesar de algunos avances, las personas con discapacidad siguen corriendo un riesgo importante de desempleo y por que menos del 30 % han concluido una enseñanza superior o equivalente, en comparación con el 40 % entre las personas sin discapacidad; pide, por tanto, a los Estados miembros y a la Comisión que presten especial atención a las dificultades con que se topan los jóvenes con discapacidades o necesidades educativas especiales durante su transición del mundo de la enseñanza secundaria y universitaria o de la formación profesional al mundo laboral;
63. Anima a las instituciones y empresas públicas de la Unión a que apliquen políticas de diversificación y cartas nacionales de la diversidad;
64. Subraya que los jóvenes con discapacidad participan en menor medida en actividades de tipo físico que los jóvenes sin discapacidad y que las escuelas desempeñan un papel de primer orden en la adopción de un estilo de vida sano; hace hincapié, por lo tanto, en la importancia de fomentar una mayor participación de los jóvenes con discapacidad en actividades físicas; pide a los Estados miembros que eliminen rápidamente todas las barreras que obstaculizan la participación de las personas con discapacidad y de las personas con necesidades especiales en las actividades deportivas;
65. Recuerda la necesidad de superar la brecha digital y de garantizar que las personas con discapacidad se beneficien plenamente de la Unión Digital; subraya, en este contexto, la importancia de mejorar las capacidades y competencias digitales de las personas con discapacidad, en particular mediante proyectos financiados por el programa Erasmus+, y pide a los Estados miembros que garanticen la protección en internet de los ciudadanos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, introduciendo medidas eficaces contra la incitación al odio, el ciberacoso y todas las formas de discriminación en línea, y fomentando la educación en materia de alfabetización digital y mediática como parte de la educación formal y no formal; pide además a los Estados miembros que pongan a disposición de los menores con discapacidad, de forma gratuita, las herramientas tecnológicas de formación adecuadas que les permitan incorporarse plenamente a las actividades educativas y formativas;
66. Pide a la Comisión que garantice que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2030 incluya acciones específicas para promover sistemas de protección social inclusivos en toda la Unión que aseguren a las personas con discapacidad el acceso a las prestaciones y los servicios a lo largo del ciclo vital; pide a los Estados miembros que establezcan un nivel mínimo de protección social para las personas con discapacidad que les garantice un nivel de vida adecuado;
67. Pide a los colegisladores que tengan en cuenta la inclusión de las personas con discapacidad como grupo destinatario específico en el Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social(20);
68. Insta a los Estados miembros a que apliquen el principio de reconocimiento mutuo cuando lleven a cabo su evaluación y determinación de la discapacidad, que debe seguir, sin socavarlo, el modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos de la CNUDPD, teniendo en cuenta los obstáculos ambientales y sociales a los que se enfrenta una persona, e incluyendo a todas las partes interesadas pertinentes, con el fin de garantizar que las condiciones de vida de las personas con discapacidad no se vean comprometidos por las medidas de los programas de ajuste económico;
69. Pide a la Comisión que garantice que el pilar europeo de derechos sociales incorpore la discapacidad en todos sus aspectos;
70. Recomienda que el Fondo Social Europeo (FSE), el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI») y los futuros fondos sociales de la Unión no se utilicen solo para medidas de activación del empleo, sino también para la inclusión social; hace hincapié en la importancia de la rehabilitación como medio de inclusión social para garantizar que las personas con discapacidad permanezcan activas dentro de la comunidad;
71. Recomienda que los Estados miembros tomen medidas específicas, como por ejemplo ofrecer asistencia financiera y asistencia temporal por personal eventual, para promover sistemas de protección social inclusivos en toda la Unión que garanticen unas condiciones de vida, unas prestaciones y un acceso a los servicios adecuados para todas las personas con discapacidad a lo largo del ciclo vital;
72. Insta a los Estados miembros a que velen por que la desinstitucionalización nunca conduzca a situaciones de carencia de hogar para las personas con discapacidad como consecuencia de una falta de viviendas adecuadas o accesibles para el suministro de asistencia en la comunidad;
73. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva de 2011 sobre los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza(21); recomienda que la Comisión incluya un importante componente sobre la discapacidad en la transposición de la Directiva, a fin de garantizar el acceso a asistencia sanitaria transfronteriza asequible y de calidad para las personas con discapacidad; pide, en este sentido, a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto de la Directiva con vistas a su revisión y adaptación a la CNUDPD, y que elabore unas orientaciones a escala de la Unión sobre la incorporación de la discapacidad en la labor de los puntos de contacto nacionales, junto con unos criterios de rendimiento comunes, incluidas recomendaciones específicas sobre discapacidad; anima a los Estados miembros a que proporcionen educación y formación adecuadas al personal sanitario en lo referente a las necesidades específicas de los pacientes con discapacidad;
74. Manifiesta su preocupación por los abusos, incluidas violaciones de los derechos humanos, cometidos en los servicios de atención a la salud mental, que han tenido en muchos casos un impacto considerable en la calidad de los servicios prestados, y señala que dichos servicios deben centrarse en la recuperación, estar financiados adecuadamente y prestarse siguiendo un modelo basado en los derechos humanos;
75. Pide a los Estados miembros que garanticen un enfoque de los servicios de salud mental que respete la capacidad legal y que exija que sea la persona con discapacidad y no un responsable sustituto en la toma de decisiones quien otorgue su consentimiento informado acerca del tratamiento y la asistencia hospitalaria, teniendo asimismo en cuenta las medidas de toma de decisiones asistida;
76. Pide a la Comisión que garantice que la sanidad electrónica y los servicios sanitarios y asistenciales son plenamente accesibles y seguros para todas las personas con discapacidad, incluidas las personas que tienen discapacidades intelectuales y necesidades complejas, así como para los miembros de sus familias;
77. Destaca la urgencia de subsanar la falta general de acceso a una atención especializada multidisciplinar para las personas con discapacidad, y subraya que, cuando esta existe, los largos tiempos de espera del paciente constituyen uno de los principales obstáculos a la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, la prevención y el tratamiento, que a menudo se traducen en un deterioro del estado del paciente con discapacidad y en una carga para los sistemas sanitarios que podría evitarse;
78. Señala que los sistemas de salud deben garantizar la detección, denuncia y prevención de la violencia sexual y/o los abusos;
79. Insta a los Estados miembros a que incrementen los servicios de evaluación y reevaluación multidisciplinares para los adultos con discapacidad, con objeto de desarrollar proyectos individualizados que puedan realizarse movilizando recursos territoriales (como servicios domiciliarios, diurnos o residenciales) en función de las condiciones vitales y psicosociales constatadas;
80. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que utilicen al máximo las Redes Europeas de Referencia para desarrollar una asistencia sanitaria especializada y multidisciplinar y ampliar el acceso a esta para las personas con discapacidad en general y, en particular, para las personas con discapacidades raras;
81. Destaca que, tanto en el Plan de acción para el personal sanitario de la Unión como en el Plan de trabajo de la Unión para unos sistemas de salud eficaces, accesibles y robustos, la Comisión presta poca atención a las discapacidades, que no se abordan de manera específica en ninguno de los dos textos;
82. Destaca el éxito de la segunda acción común sobre demencia, confiando al mismo tiempo en que las empresas farmacéuticas que participan en la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores proporcionen fondos adicionales para el siguiente periodo de tres años;
83. Pide a la Comisión que presente una estrategia para asistir a las personas con discapacidades graves tras el fallecimiento de los familiares que estaban a cargo de su cuidado diario (véase la ley italiana «Dopo di noi», adoptada recientemente);
84. Insta a la Comisión a que emprenda un análisis exhaustivo de las divergencias entre las Observaciones finales de las Naciones Unidas y su propio informe de situación, especialmente en lo relativo al ámbito prioritario de la salud de la Estrategia Europea sobre Discapacidad;
85. Pide que se promueva de forma sistemática la asistencia médica de proximidad en el parto, como parte de la asistencia social pública en los Estados miembros, con el fin de reducir los casos de discapacidad provocados por complicaciones en el parto y de garantizar un parto seguro a las madres y a los hijos, en consonancia con la Lista OMS de verificación de la seguridad del parto;
86. Se muestra optimista ante los avances logrados por el sector europeo de la medicina a distancia, que puede cambiar sustancialmente la posibilidad de acceso a los servicios para las personas con discapacidad; considera además que el despliegue de la tecnología 4G, el auge del 5G y la expansión de la internet de las cosas comportarán mejoras en la asistencia sanitaria brindada a las personas con discapacidad; pide a la Comisión que garantice que el sector europeo de la tecnología sanitaria no sea objeto de una regulación excesiva y que disponga de un acceso adecuado a la financiación
87. Pide que la acción exterior de la Unión respete plenamente la CNUDPD;
88. Pide que la Unión garantice que la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria sean plenamente accesibles e incluyentes para las personas con discapacidad;
89. Pide que la Unión introduzca un indicador de los derechos de las personas con discapacidad en la elaboración de informes oficiales sobre la ayuda al desarrollo;
90. Pide a la Unión que se asegure de jugar un papel esencial a la hora de garantizar que no se deje atrás a las personas con discapacidad en la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria, de acuerdo con los compromisos del Consenso Europeo sobre Desarrollo, y que incluya el tratamiento de las múltiples discriminaciones a las que se enfrentan personas vulnerables y grupos marginados;
91. Pide a la Comisión que asuma el liderazgo en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible inclusivos en materia de discapacidad en el marco de la acción exterior, independientemente de una nueva Estrategia Europea sobre Discapacidad, mediante la adopción de una hoja de ruta clara, transparente e inclusiva para lograr los objetivos;
92. Lamenta que el indicador de la Unión sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en materia de empleo no esté desglosado por discapacidad; pide a la Unión que incentive el desglose de los datos por tipo de discapacidad, en colaboración con los países socios;
93. Pide a la Unión y a sus socios que integren a las personas con discapacidad y a sus organizaciones representativas en todas las fases de las políticas y los proyectos de desarrollo, incluidos los proyectos sobre el terreno en países socios, contando con la participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad;
94. Insiste en que las mujeres con discapacidad se enfrentan a menudo a retos y peligros aún mayores en los países con conflictos y en las zonas en conflicto; subraya, por tanto, la necesidad de proteger a las mujeres con discapacidad en las políticas exteriores de la Unión;
Obligaciones en las instituciones de la Unión
95. Insta a las instituciones de la Unión a que garanticen el acceso al funcionamiento, al contenido, a los documentos, a los vídeos y a los servicios en línea de sus sitios web, tanto externos como internos, incluidas las consultas públicas, y a que informen públicamente sobre la conformidad y el cumplimiento de las pautas, recomendaciones y obligaciones sobre accesibilidad web;
96. Lamenta que no se haya ejecutado aún el proyecto INSIGN, que posibilita la comunicación independiente para las personas sordas y con problemas auditivos en sus interacciones con las instituciones de la Unión, conectándolas con intérpretes del lenguaje de signos y subtituladores de los Estados miembros, a pesar de que la Comisión Europea financiara el desarrollo del prototipo de la plataforma de servicio, que fue probada con éxito en el Parlamento Europeo en 2014;
97. Pide a las instituciones de la Unión que hagan que todas sus reuniones públicas sean accesibles bajo petición, en particular mediante la interpretación del lenguaje de signos, el reconocimiento de voz y los documentos en braille, así como mediante otros métodos de comunicación aumentativa y alternativa y la accesibilidad física a los edificios; reconoce las dificultades para ofrecer subtítulos para todas las emisiones en directo y vídeos de reuniones; pide, no obstante, a las instituciones que sigan controlando los progresos tecnológicos en este ámbito para mejorar la accesibilidad en el futuro;
98. Aconseja a las instituciones europeas que den prioridad a la interpretación desde y hacia los lenguajes de signos nacionales, en lugar del lenguaje de signos internacional, en consonancia con la política de multilingüismo de la Unión;
99. Insta a los Estados miembros a que velen por que las elecciones al Parlamento Europeo que se celebren en su territorio sean accesibles e incluyan a las personas con discapacidad que residen en centros de atención y/o se encuentran bajo tutela;
100. Reconoce la falta de procesos electorales accesibles e inclusivos para las personas con discapacidad, especialmente las personas con discapacidades mentales o intelectuales, tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros; insta al Parlamento Europeo a que vele por que los materiales de comunicación sobre las elecciones al Parlamento Europeo sean plenamente accesibles;
101. Pide a las Escuelas Europeas y a sus guarderías y centros de estudios que ofrezcan una educación inclusiva, de calidad y en consonancia con la CNUDPD a todos los hijos del personal de las instituciones de la Unión, incluidos aquellos con necesidades de apoyo complejas o de un nivel elevado;
102. Pide a la Unión que facilite que se proporcionen ajustes razonables y otras formas de apoyo al empleo, como por ejemplo el trabajo inteligente para los trabajadores, incluidos los asistentes parlamentarios acreditados con discapacidad en las instituciones de la Unión;
103. Pide a la Comisión que revise las normas comunes, las disposiciones de aplicación, el ámbito, así como la representación, la accesibilidad y las prácticas relativas a las personas con discapacidad, de su régimen común de seguro de enfermedad, de manera que sea compatible con la CNUDPD;
104. Pide a todas las instituciones, agencias y organismos de la Unión que creen puntos de contacto, y destaca la necesidad de establecer un mecanismo transversal de coordinación interinstitucional que vincule a las direcciones generales y a las instituciones de la Unión; pide que se adopten las modalidades necesarias para ello dentro de la estrategia de aplicación de la CNUDPD;
105. Insta a las instituciones a que apliquen una política general de contratación, fidelización y promoción, y a que adopten, en particular, medidas positivas de carácter temporal, con el fin de incrementar activa y sustancialmente el número de funcionarios, otros agentes y personal en prácticas con discapacidad, también con discapacidades psicológicas o intelectuales, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE;
106. Recuerda el papel del Intergrupo sobre Discapacidad del Parlamento Europeo en la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas, como plataforma que reúne a los diputados al Parlamento Europeo y nacionales y a representantes de organizaciones y de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como local; señala que el Intergrupo constituye un foro privilegiado para promover el diálogo y el debate a fin de garantizar la aplicación de la estrategia;
107. Pide a las instituciones europeas que consulten plenamente e impliquen efectivamente al personal y a los miembros con discapacidad en la elaboración, la aplicación y el seguimiento de sus normas, políticas y prácticas internas, incluido el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea y las disposiciones sobre ajustes razonables y accesibilidad;
Lagunas en el informe de situación respecto a las observaciones finales
108. Lamenta que los sitios web de las instituciones de la Unión no cumplan el nivel AAA en cuanto a normas de accesibilidad; pide a las instituciones que alcancen este objetivo lo antes posible;
109. Lamenta que la legislación de la Unión y los Estados miembros en materia de transporte siga sin aplicarse plenamente a escala nacional; recomienda para ello la creación de organismos responsables del cumplimiento en cada Estado miembro;
110. Toma nota de los avances conseguidos en la accesibilidad del transporte por ferrocarril; pide el mismo nivel de reglamentación sobre la accesibilidad para todos los demás medios de transporte, incluido el transporte aéreo, para resolver los conflictos entre seguridad y accesibilidad;
111. Observa que la Directiva horizontal sobre igualdad de trato no se aborda en el informe de situación de la Comisión;
112. Lamenta los escasos avances realizados en lo referente a la ratificación por parte de la Unión del Protocolo Facultativo de la CNUDPD;
113. Observa que hasta la fecha la Comisión no ha llevado a cabo una revisión transversal y exhaustiva de su legislación para garantizar la armonización plena con las disposiciones de la CNUDPD;
114. Acoge con satisfacción la lista actualizada de instrumentos, incluidos los adoptados recientemente, pero lamenta que no se haya revisado la declaración de competencias y que la lista de instrumentos no incluya instrumentos que no se refieren específicamente a personas con discapacidad, pero que son relevantes para estas personas;
115. Lamenta que la Comisión no haya avanzado en la incorporación de los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad en todas sus políticas y programas de igualdad de género y en la integración de la perspectiva de género en sus estrategias sobre discapacidad;
116. Celebra la firma por parte de la Unión del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (el Convenio de Estambul), y pide al Consejo que lo ratifique rápidamente;
117. Lamenta que las políticas europeas actuales sobre los derechos del niño no incluyan lo suficiente una estrategia integral basada en los derechos para los niños y niñas con discapacidad o salvaguardas especiales para sus derechos, y lamenta que las estrategias sobre discapacidad no aborden e incorporen lo suficiente los derechos de los niños y niñas con discapacidad; pide a la Comisión, de conformidad con la CNUDPD y en sintonía con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (UNCRC), que preste especial atención a los menores con discapacidad; subraya, en particular, la necesidad de modelos para las mujeres y las niñas con discapacidad;
118. Observa que la Unión no ha organizado una campaña integral para concienciar sobre la CNUDPD y combatir los prejuicios contra las personas con discapacidad;
Hacia una Estrategia sobre discapacidad exhaustiva y eficaz para 2030
119. Pide a la Comisión que vele por que la futura Estrategia sobre Discapacidad tanga como objetivo la plena aplicación de la CNUDPD en todos los ámbitos de la política de la Unión, así como la integración de la accesibilidad, la participación, la no discriminación y la igualdad y la inclusión de todos los artículos de la CNUDPD, y que incluya un presupuesto adecuado, un calendario para la aplicación y un mecanismo de seguimiento, así como que tenga el mismo valor jurídico que la actual; es consciente de que la estrategia solo puede tener éxito si participan todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil;
120. Subraya que la Estrategia 2020-2030 debe basarse en una revisión transversal y exhaustiva de toda legislación y políticas de la Unión, a fin de garantizar la armonización plena con las disposiciones de la CNUDPD, y que debe incluir una declaración de competencias revisada;
121. Pide a la Comisión que incentive medidas relacionadas con la reinserción y rehabilitación que sean eficaces para reducir o eliminar las consecuencias de una enfermedad o una discapacidad física, mental o emocional sobre la capacidad de ingresos de una persona;
122. Recomienda que la Comisión garantice que cualquier estrategia futura y el proceso de consulta al respecto sean transparentes, comprensibles y plenamente accesibles, y que incluyan indicadores y referencias claros;
123. Observa que el conjunto de indicadores de los ODS de la Unión no incluye a las personas con discapacidad en lo referente al objetivo 4 (educación), al objetivo 5 (igualdad de género) y al objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico); pide que la estrategia futura utilice indicadores mundiales de seguimiento de los ODS para controlar la aplicación de las principales acciones y políticas de la Unión en el ámbito del empleo;
124. Destaca la importancia de garantizar que la próxima Estrategia Europea sobre Discapacidad sea coherente con otras iniciativas y estrategias de la Unión, con vistas a favorecer el empleo y la inclusión de personas con discapacidad, en particular mujeres;
125. Recomienda que la estrategia posterior a 2020 incluya la contratación pública y la normalización como cuestiones horizontales para aumentar la empleabilidad de las personas con discapacidad y para favorecer la recopilación y el intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros;
126. Insta a la Comisión a que garantice que los proyectos financiados por la Unión estén en consonancia con el enfoque de la CNUDPD en lo que se refiere a los derechos humanos, no financiando proyectos que pudieran tener resultados no accesibles, que excluyan a las personas con discapacidad o no respeten las normas de accesibilidad;
127. Pide a la Comisión que proponga un instrumento de evaluación accesible con un seguimiento continuo, incluidos indicadores específicos y objetivos tangibles;
128. Pide a la Unión y a los Estados miembros que, a raíz de la ratificación del Convenio de Estambul por parte de la Unión, adopten medidas específicas que aborden la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad; insta a la Comisión a que elabore una estrategia europea integral para combatir la violencia contra las mujeres, con especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad;
129. Reconoce que las mujeres con discapacidad, especialmente de carácter intelectual, están más expuestas a la violencia de género, el acoso sexual u otro tipo de abusos; reconoce, además, que su situación de dependencia puede impedirles identificar o denunciar el abuso; destaca la necesidad de seguir atendiendo a la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad, que prevé la adopción de medidas preventivas orientadas a evitar todo tipo de abusos y prestar un apoyo de alta calidad, accesible y adaptado a las víctimas de violencia;
130. Pide a la Unión que incorpore la Estrategia Europea sobre Discapacidad en toda su legislación y en el proceso del Semestre Europeo; pide, a este respecto, un diálogo auténtico y estructurado entre la Unión y las organizaciones que representan a las personas con discapacidad cuando se elabore la estrategia posterior a 2020;
131. Recomienda que la estrategia futura incluya el papel fundamental de los servicios de apoyo para el disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
132. Recomienda que la estrategia futura incluya asuntos relacionados con la formación del personal, que son esenciales si se va a prestar apoyo de acuerdo con los principios de la CNUDPD;
133. Insta a que en todos los ámbitos de una futura estrategia se integre la igualdad, el género y la no discriminación, incluidas, por ejemplo, las personas LGBTQI con discapacidad, que se ven expuestas a múltiples discriminaciones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan campañas y cursos de formación para concienciar sobre la CNUDPD y la necesidad de respetar la diversidad, a fin de luchar contra la discriminación, los estigmas y los prejuicios contra las personas con discapacidad y las personas con discapacidades psicosociales, dificultades de aprendizaje o autismo;
134. Recalca que se deben realizar más esfuerzos para superar los estereotipos y prejuicios sobre la discapacidad en los medios de comunicación, con el fin de cambiar las normas sociales de exclusión prevalentes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en iniciativas de concienciación pública para garantizar la representación de las personas con discapacidad como ciudadanos iguales con el fin de contrarrestar los estereotipos sobre la discapacidad;
135. Hace hincapié en la confluencia de género y discapacidad, especialmente en lo que respecta al consentimiento informado para el uso de anticonceptivos, la esterilización forzada y el acceso a los derechos reproductivos; pide a los Estados miembros que estudien la necesidad de evaluar su legislación a este respecto;
136. Insta a la Unión a incorporar los derechos de los niños con discapacidad en todos los ámbitos de la futura estrategia;
137. Reconoce que la capacidad jurídica es uno de los requisitos previos para el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho de voto, y que cualquier nueva estrategia debe procurar que nadie se vea privado de capacidad jurídica debido a una discapacidad, en todos los ámbitos de la vida; destaca que, para ello, la Unión debe adoptar medidas adecuadas que garanticen que todas las personas con discapacidad puedan ejercer todos los derechos consagrados en los Tratados y la legislación de la Unión, tales como el acceso a la justicia, bienes y servicios, incluidos la banca, el empleo y la asistencia sanitaria, así como el voto en las elecciones europeas y los derechos de los consumidores, en consonancia con la Convención, y debe fomentar medidas no coercitivas y la toma de decisiones apoyada, de acuerdo con la CNUDPD;
138. Insta encarecidamente a la Comisión a que incluya todas las medidas posibles en la nueva estrategia para garantizar la libertad y la seguridad de todas las personas con todo tipo de discapacidad, de acuerdo con la Convención y el Comité NUDPD;
139. Pide encarecidamente a la Comisión que mantenga el principio de asociación en las futuras normativas sobre financiación y que asegure su pleno cumplimiento;
140. Pide a la Comisión que promueva la participación estructural de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en todos los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel nacional como de la Unión, y que financie la capacitación de las organizaciones de personas con discapacidad para permitirles participar de forma estructural en todas las decisiones que les afecten; pide a los Estados miembros que continúen proporcionando formación sobre la CNUDPD para garantizar que las personas con discapacidad sean conscientes de sus derechos y así se pueda evitar la discriminación;
141. Recuerda que el Comité de la CNUDPD ha manifestado su gran preocupación por la precariedad en la que viven las personas con discapacidad en la crisis migratoria que se registra actualmente en la Unión; pide encarecidamente a la Comisión que incorpore la discapacidad en sus políticas sobre migración y refugiados y garantice que toda la financiación de la Unión destinada a poner fin a esta crisis humanitaria sea inclusiva en cuanto a la discapacidad;
142. Pide encarecidamente a los Estados miembros que desglosen los datos en función del tipo de discapacidad y colaboren estrechamente con Eurostat para recopilar datos comparables sobre la discapacidad en distintos ámbitos, lo que incluye a las personas que viven en instituciones, vinculando la estrategia sobre discapacidad al proceso de los ODS y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
143. Destaca la necesidad de disponer de indicadores cuantitativos y cualitativos mensurables y comparables, en particular sobre accesibilidad, igualdad, empleo, protección social, salud, resultados escolares y número de estudiantes en educación inclusiva, a fin de evaluar la aplicación de la CNUDPD por parte de la Unión y los Estados miembros, y pide encarecidamente que se recopilen datos para contribuir a la aplicación de estos indicadores;
144. Insta a la Unión a desarrollar un sistema de indicadores basados en los derechos humanos, en colaboración con personas con discapacidad y sus organizaciones de representación, así como un sistema global de recopilación de datos, con la información desglosada por género, edad, población rural o urbana y tipo de discapacidad;
145. Reconoce que las personas con discapacidades intelectuales son especialmente vulnerables a la discriminación y al abuso, y que con frecuencia se las ingresa en instituciones, sin acceso a la educación y sin autodeterminación;
146. Insta encarecidamente a la Comisión y a los Estados miembros a que tomen medidas adicionales para llegar a las personas más vulnerables, como las personas sin hogar que tienen alguna discapacidad;
147. Subraya la necesidad de efectuar un seguimiento continuo de la aplicación de la CNUDPD, con arreglo a su artículo 33 y previa consulta de las organizaciones de personas con discapacidad;
148. Pide a la Comisión que vele por que la labor del Grupo de Alto Nivel de la Unión para combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en relación con la mejora del registro y la recogida de datos sobre delitos motivados por el odio incluya plenamente este tipo de delitos en el caso de las personas con discapacidad;
149. Insta a todos los Estados miembros a que asignen a los marcos de supervisión establecidos en virtud del artículo 33, apartado 2, de la CNUDPD unos recursos financieros y humanos suficientes y estables para llevar a cabo sus funciones de forma independiente;
150. Insta a la Comisión a que proporcione recursos suficientes para el marco de supervisión con el fin de que pueda llevar a cabo sus funciones de forma independiente y apropiada;
151. Recuerda que la Comisión de Peticiones recibe un número considerable de peticiones cada año sobre las dificultades a las que se enfrentan en sus actividades cotidianas las personas con discapacidad en la Unión en relación con los ocho ámbitos de acción principales identificados en la Estrategia Europea sobre Discapacidad y otros problemas de accesibilidad, como el acceso a la sanidad y a la protección social, la educación y la formación, el mercado laboral, el entorno construido y el transporte, los bienes y servicios, la información y la comunicación y la participación en la vida política, pública y cultural;
152. Pide a todos los Estados miembros que ratifiquen la CNUDPD y firmen el Protocolo Facultativo;
153. Destaca el papel protector que desempeña la Comisión de Peticiones a través del procedimiento de petición (junto con el Defensor del Pueblo Europeo, designado para proteger a los ciudadanos en casos de mala administración) en el contexto del marco de la Unión para la CNUDPD, permitiendo a los peticionarios presentar quejas en caso de vulneración de sus derechos por parte de las autoridades locales, nacionales y de la Unión; hace hincapié en que las peticiones recibidas por la comisión ilustran la necesidad de aplicar un enfoque eficaz, horizontal, no discriminatorio y basado en los derechos humanos a las políticas en materia de discapacidad; resalta el papel de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el fortalecimiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad de la Unión, así como en el fomento de la aplicación de la CNUDPD por parte de la Unión;
154. Subraya que la mayoría de las peticiones presentadas por los ciudadanos de la Unión versan sobre las dificultades a que se enfrentan en los procedimientos de solicitud para obtener el reconocimiento, así como en relación con las demoras en el pago de las pensiones de invalidez por parte de las administraciones competentes; hace hincapié en que la aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad y su ámbito de actuación dedicado a la protección social deben prestar especial atención a estas cuestiones, de conformidad con el artículo 28 de la CNUDPD sobre los niveles de vida adecuados y la protección social;
155. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
(3) DO L 94 de 28.3.2014, p. 65.
(4) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0485.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0360.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0318.
(8) DO C 353 de 27.9.2016, p. 41.
(9) DO C 131 E de 8.5.2013, p. 9.
(10) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 23.
(11) En el marco de la presente resolución, «ciudadano de pleno derecho» debe entenderse en el sentido de la definición de la CNUDPD, a saber que todas las personas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos;
(12) Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2013, HK Danmark, asuntos acumulados C-335/11 y C-337/11, ECLI:EU:C:2013:222, puntos 29-30; sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 2014, Z, C-363/12, ECLI:EU:C:2014:159, punto 73; sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de mayo de 2014, Glatzel, C-356/12, , ECLI:EU:C:2014:350, punto 68.
(14) Reglamento (UE) n.º 1300/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de la Unión para las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida (DO L 356 de 12.12.2014, p. 110).
(15) Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91 (DO L 46 de 17.2.2004, p. 1).
(16) Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (DO L 329 de 30.12.1993, p. 34).
(17) Directiva 94/80/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (DO L 368 de 31.12.1994, p. 38).
(18) Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426).
(19) Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16).
(20) Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 200 de 7.6.2004, p. 1).
(21) Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 4.4.2011, p. 45).