Source: http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/leyes/OTAS56106.html
Timestamp: 2018-11-21 06:28:27
Document Index: 185349772

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 16', 'artículo 42']

ORDEN TAS/561/2006, de 24 de febrero
BOE 2 marzo 2006, núm. 52
EMIGRACIÓN. Establece las bases reguladoras de la concesión de ayudas asistenciales correspondientes a los programas de actuación en favor de los emigrantes españoles no residentes en España
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales establece anualmente las bases reguladoras de la concesión de ayudas correspondientes a los Programas de actuación en favor de los emigrantes españoles, dentro del conjunto de actuaciones, enmarcadas en el cumplimiento del artículo 42 de la Constitución Española y en desarrollo de la previsión contenida en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que dispone que el Gobierno, en el marco de los sistemas de protección social pública, podrá establecer medidas de protección social en favor de los españoles no residentes en España, de acuerdo con las características de los países de residencia.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deja fuera de su ámbito objetivo de aplicación, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del sistema de la Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España.
En este marco legal, se dicta la presente Orden por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas de carácter asistencial correspondientes a los programas de actuación en favor de los emigrantes españoles, como son las previstas para incapacitados absolutos para el trabajo, las asistenciales de carácter extraordinario y las ayudas destinadas a proporcionar cobertura de asistencia sanitaria a los emigrantes españoles con escasos recursos económicos.
Esta Orden recoge diversas modificaciones para abordar un nuevo planteamiento de la protección de los beneficiarios de ayudas por incapacidad que, desde una concepción más integral, permita subsumir en la ayuda, tanto una percepción de carácter económico, como una protección sanitaria, a la vista de las necesidades y carencias del colectivo afectado.
No obstante lo anterior, a efectos de tener un referente jurídico adecuado se considera aplicable a las ayudas reguladas en esta Orden los procedimientos de reintegro y el régimen de responsabilidad establecidos en aquella Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Con independencia de lo expuesto, el Gobierno está impulsando una nueva política de atención y protección a los ciudadanos españoles residentes en el exterior adoptando iniciativas normativas con la finalidad de garantizar a estos ciudadanos el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con los españoles residentes en España, superando, por otra parte, el tradicional concepto de la emigración.
Por ello esta Orden, si bien es un paso más en la protección dispensada a los emigrantes residentes en el exterior, deberá, en un futuro, adecuarse a los nuevos planteamientos y formulaciones que resulten de la puesta en marcha de las iniciativas normativas anteriormente citadas.
En su virtud, con el informe favorable de la Abogacía del Estado en el Departamento y oído el Consejo General de la Emigración, dispongo:
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas económicas reguladas en este programa los emigrantes españoles que cumplan los siguientes requisitos:
c) Encontrarse en una situación de incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, teniendo en cuenta, a estos efectos, tanto la edad del beneficiario de la ayuda como sus posibilidades reales de integración en el mercado de trabajo del país de residencia.
e) No haber donado bienes por un valor patrimonial superior a la cuantía establecida en el artículo 4 de esta Orden en los cinco años anteriores a la solicitud de la ayuda.
Los gastos ocasionados con motivo de los informes o dictámenes señalados en el primer párrafo de este apartado se abonarán con cargo a los fondos destinados a este programa.
4. A efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se considerarán rentas o ingresos computables los bienes o derechos de que disponga anualmente el beneficiario o la unidad económica familiar, derivados tanto de trabajo como de capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquéllos.
5. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, la cuantía de la ayuda reconocida no podrá ser inferior al 25 por 100 de la cuantía establecida por resolución de la Dirección General de Emigración para el país de residencia del beneficiario. De esta cuantía mínima se detraerá, en su caso, el coste de la asistencia sanitaria en los términos reseñados en el artículo 5.4.
3. Para la referida retención y entrega de una parte de la ayuda al centro de acogida, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen las pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles, en la redacción dada por el Real Decreto 1612/2005, de 30 de diciembre.
4. En el caso de que el beneficiario carezca de la cobertura de asistencia sanitaria o cuando teniendo derecho a ella, su contenido y alcance se considere insuficiente, los servicios competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podrán habilitar, siempre que sea posible, los mecanismos necesarios para garantizar la cobertura de dicha contingencia de asistencia sanitaria.
En estos supuestos, del importe de la ayuda se detraerá el coste de financiación de la cobertura de la asistencia sanitaria. En ningún caso, la cantidad detraída podrá ser superior al coste de cobertura de la contingencia. La cuantía de la ayuda a reconocer será, en cualquier caso, igual al 20 por 100 de la cuantía de la ayuda a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la presente Orden.
a) Pasaporte español vigente en el que conste la inscripción en el Registro de Matrícula Consular como residente o, en su defecto, certificación consular que acredite este extremo, tanto del solicitante como, en su caso, del cónyuge, si éste fuera español, en los términos señalados en el artículo 19 de la presente Orden.
b) DNI del país de emigración del solicitante y, en su caso, del cónyuge y demás miembros que componen la unidad económica de convivencia.
d) Libro de familia, si procede. En su defecto, se aportará certificado de matrimonio y nacimiento del resto de los miembros de la unidad familiar.
e) En caso de separación legal o divorcio, se aportará la correspondiente sentencia judicial firme o certificación registral.
f) Partida de defunción del cónyuge, en su caso.
g) Certificación o justificante acreditativo de los ingresos, rentas o pensión de cualquier naturaleza que perciba el interesado y/o los miembros de la unidad económica familiar, o de no percibirse, declaración responsable del solicitante de que ningún miembro de la unidad económica de convivencia, incluido el interesado, percibe ingresos, rentas o pensión de cualquier naturaleza.
i) Declaración responsable del interesado de que ningún miembro de la unidad económica de convivencia, incluido el solicitante, posee otros bienes, a excepción de la residencia habitual, y de poseerlos acreditación del valor de los mismos conforme a las normas del impuesto que los grave.
j) Informe médico expedido conforme el modelo que figura en el anexo I de esta Orden que acredite las dolencias que padece el solicitante y su grado de incapacidad, salvo que conforme a lo establecido en el artículo 2.2 de esta Orden, su aportación no sea necesaria por haber sido beneficiario de la ayuda en el año anterior y haber quedado suficientemente acreditada la imposibilidad de variación del grado de incapacidad permanente absoluta.
k) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o, en su defecto, declaración responsable del solicitante otorgada ante la autoridad administrativa.
2. Se entenderá por familiares a cargo del emigrante las personas unidas a éste por matrimonio, salvo en casos de separación, o parentesco, por consanguinidad, afinidad, o adopción, en primer grado, que convivan con aquél, siempre que dependan económicamente del emigrante.
b) Los trabajadores españoles desplazados temporalmente.
c) En caso de fallecimiento de las personas indicadas en los apartados a) y b) de este artículo, podrán ser beneficiarios de la ayuda el cónyuge viudo y los huérfanos, que dependían económicamente del fallecido, dentro de los dos años siguientes al fallecimiento.
2. Solamente cuando concurran circunstancias excepcionales se podrá otorgar una nueva ayuda antes de transcurrido un año desde la última concesión. En el caso de que el reconocimiento de esta nueva ayuda corresponda a las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales, será necesaria la autorización de la Dirección General de Emigración.
3. Excepcionalmente, y previa autorización del interesado, las Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales y la Dirección General de Emigración podrán realizar directamente el pago de la ayuda reconocida al beneficiario a las instituciones, entidades o personas con las que aquél hubiera contraído la deuda para cuyo abono se reconoce la ayuda, comunicando a éste que se va a efectuar dicho pago en su nombre.
1. Las solicitudes se formularán conforme al modelo que figura como anexo II de la presente Orden, acompañándose de la siguiente documentación:
c) Certificación acreditativa de la convivencia familiar.
d) En caso de separación legal o divorcio, se aportará la correspondiente sentencia judicial firme o certificación registral.
e) Documentación acreditativa de los ingresos y rentas que se perciben por el solicitante u otros miembros de la unidad familiar, aportándose asimismo, en su caso, la justificación de las ayudas reconocidas por otras entidades públicas o privadas, con indicación de su cuantía. En su defecto, se aportará declaración responsable de carecer de medios económicos suficientes para afrontar la situación de necesidad alegada.
g) Documento acreditativo de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o, en su defecto, declaración responsable del solicitante otorgada ante la autoridad administrativa.
h) En el supuesto que proceda, certificado de defunción del emigrante.
Artículo 16. Órganos competentes para la instrucción y resolución de los procedimientos.
2. El órgano competente para resolver los programas de ayudas de la presente Orden será el Director General de Emigración, excepto cuando se trate de las ayudas del programa 1 y de las ayudas del programa 2, estas últimas hasta el máximo de 4.000 euros, para cuya resolución serán competentes los Consejeros de Trabajo y Asuntos Sociales.
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los programas será de seis meses que comenzará a contar desde la presentación de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del referido plazo máximo en los términos y con las limitaciones establecidas en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Dicho acuerdo, se comunicará a los solicitantes.
5. La notificación de las resoluciones al interesado se realizará, en cuanto a la forma y los plazos, de acuerdo con lo establecido con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Comunicar a la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, a la Dirección General de Emigración la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o extranjeros.
Disposición adicional única. Excepción de requisitos