Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-175-de-2012?documento=legcol&contexto=legcol_b6e84740c8b301b6e0430a01015101b6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-14 19:00:55
Document Index: 169197943

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 25', 'artículo 25', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 19', 'artículo 1']

RESOLUCIÓN 175 DE 11 DE ENERO DE 2012
CONTENIDO:SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. INCREMENTA LAS TARIFAS DE LOS DERECHOS POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERVINIENTES EN EL DERECHO DE NOTARIADO Y REGISTRO, FUNCIONES DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, TRÁMITE DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, TARIFA DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, PAGO DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, CERTIFICADO DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 126 DE 2013 ARTÍCULO 25 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.
“Por la cual se incrementan las tarifas de los derechos por concepto del registro de instrumentos públicos”.
(Nota: Derogada por la Resolución 126 de 2013 artículo 25 de la Superintendencia de Notariado y Registro)
en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 12, numerales 2º y 13 del Decreto 2163 de 2011, conforme a lo dispuesto en los artículos 19, 22 y 23 del Decreto 2280 de 2008, y
El artículo 22 del Decreto 2280 de 2008, estableció que “los valores de las tarifas y derechos por concepto de la función registral previstas en ese decreto, se incrementarán anualmente a partir del día primero de enero de 2009 y años subsiguientes, en el mismo porcentaje de la inflación fin de periodo establecido y certificado por el Banco de la República o la entidad que el Gobierno Nacional, determine”.
De conformidad con el artículo 23 del Decreto 2280 de 2008, el Superintendente de Notariado y Registro, está facultado para reajustar las cuantías de que trata dicho decreto, ajustándolas a la decena más próxima.
Igualmente el Decreto 2280 de 2008 regula en su artículo 19, la forma en que debe realizarse la liquidación y el recaudo de los derechos de registro, aproximándose dichos valores a la centena más cercana, razón por la cual los operadores jurídicos estarán obligados a proceder bajo ese marco legal al momento de realizar el cobro, situación que quedará expresa en la presente resolución.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, mediante comunicado de fecha 5 de enero de 2012, publicado hasta el 6 de ese mismo mes, certificó que el porcentaje del índice de precios al consumidor a fin de año 2011, es de tres coma setenta y tres (3,73).
La dirección financiera de esta Superintendencia con oficio de fecha 6 de enero de 2012, expidió la respectiva tabla de cálculo de ajuste de las tarifas para el cobro de los derechos registrales.
Con oficio IE 000108 la jefe de la oficina informática de esta Superintendencia, en relación con el ajuste de las tarifas registrales, considera que requiere de 5 días hábiles para actualizar los aplicativos de folio magnético y sistema de información registral “SIR”, término que será contado a partir de la expedición de la presente resolución.
a) La suma de quince mil doscientos ochenta pesos ($ 15.280.00) por cada uno de los actos que por su naturaleza carezcan de cuantía en el documento objeto de inscripción. salvo los casos previstos en esta resolución, también deberá cancelarse la suma de dos mil trescientos sesenta pesos ($ 2.360.00) por cada folio de matrícula adicional donde deba inscribirse el documento;
b) En los actos o negocios jurídicos que por su naturaleza tienen cuantía, se aplicará la tarifa del cinco por mil (5x1.000); en todo caso, el valor mínimo a recaudar por derechos registrales será la suma de quince mil doscientos ochenta pesos ($ 15.280.00).
c) La suma de dos mil trescientos sesenta pesos ($ 2.360.00) por cada matrícula que deba abrirse;
d) La suma de quince mil doscientos ochenta pesos ($ 15.280.00) por la inscripción o revocatoria de testamentos.
ART. 8º—Cancelaciones. Salvo lo previsto para la cancelación y liberación de gravámenes hipotecarios y demás exenciones contempladas en esta resolución, la cancelación de inscripciones en el registro se liquidará como acto sin cuantía. En este último evento, además, se cobrará la suma de dos mil trescientos sesenta pesos ($ 2.360.00) por cada folio de matrícula adicional donde deba registrarse el documento. Este valor se recaudará inclusive, cuando se trate de la cancelación de inscripciones trasladadas de un predio de mayor extensión a los folios de matrícula segregados de este.
ART. 9º—Constancia de inscripción. La constancia de inscripción que de acuerdo con la ley debe reproducir el registrador sobre la copia auténtica o autenticada que del documento inscrito le presente el Interesado, causará derechos por la suma de nueve mil cuatrocientos pesos ($ 9.400.00). No causará derecho alguno la constancia de registro que se imponga en las copias de los documentos con destino al archivo de las oficinas de registro de instrumentos públicos y catastro.
ART. 10.—Copias. La expedición de copia de un documento inscrito, de resoluciones, de actuaciones administrativas, de inscripciones del antiguo sistema de registro, de instrumentos públicos que reposen en el Archivo Nacional o de cualquier otro que se conserve en los archivos de las oficinas de registro de instrumentos públicos causará derechos así:
a) De documentos almacenados en medio óptico o microfilmado, la suma de novecientos cuarenta pesos ($ 940.00) por cada página reproducida;
b) De documentos que reposen en los archivos físicos de la respectiva oficina de registro, la suma de quinientos noventa pesos ($ 590.00) por cada página fotocopiada,
ART. 11.—Certificados. Los certificados que según la ley corresponde expedir a los registradores de instrumentos públicos, según el caso, causarán derechos así:
a) Los certificados de tradición y libertad, la suma de doce mil novecientos treinta pesos ($ 12.930.00) cada uno;
b) Las certificaciones que según la ley corresponde expedir para adelantar los procesos de pertenencia o de adjudicación de bienes baldíos, la suma de veintiocho mil doscientos pesos ($ 28.200.00) cada uno;
c) Los certificados contentivos de ampliación a la tradición de un inmueble por un lapso superior a los veinte años, la suma de veintiocho mil doscientos pesos ($ 28.200.00) cada uno;
d) Las constancias que requieran los particulares para obtener el número de matrícula inmobiliaria con base en el nombre del propietario, el número de la identificación o dirección del inmueble, cuyos datos reposen en los archivos de la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos causarán derechos por la suma de mil ciento setenta pesos ($ 1.170,00) por cada inmueble o persona que comprenda la consulta;
e) La suma de mil ciento setenta pesos ($ 1.170.00), se causará también en relación con la constancia que indique respecto a determinada persona, no ser propietaria de bienes o titular de derechos inscritos.
ART. 12.—Incentivo registral. La inscripción de aquellos títulos constitutivos de transferencia del dominio otorgado o ejecutoriado con anterioridad al 31 de diciembre de 1990, causarán derechos registrales por valor de quince mil doscientos ochenta pesos ($ 15.280.00).
ART. 13.—Vivienda de interés social y reforma agraria. En los negocios jurídicos de adquisición, hipoteca, constitución de patrimonio de familia y/o afectación a vivienda familiar, bien sea que consten en un mismo instrumento o en instrumentos separados, referidos a la adquisición de vivienda nueva de interés social, en las que intervengan entidades públicas o, personas particulares, se causarán derechos registrales equivalentes a la mitad de los ordinarios señalados en el literal b) del artículo 1º de esta resolución, siempre que el bien se encuentre comprendido hasta el rango de estratificación tres (3), lo cual se acreditará ante la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos.
ART. 14.—Identificación de inmuebles con planos prediales catastrales. La inscripción de los documentos en los cuales se emplee el procedimiento de identificación predial previsto en el Decreto 2157 de 1995, causará derechos registrales por la suma de dos mil trescientos sesenta pesos ($ 2.360.00) por siempre que:
PAR.—La expedición del certificado de tradición y libertad solicitado con ocasión del registro de estos documentos, causará derechos registrales por la suma de dos mil trescientos sesenta pesos ($ 2.360.00).
b) Cuando las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos o su cancelación, así como la expedición de copias de los instrumentos que reposan en el archivo de la oficina de registro, provengan de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los tribunales, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, las superintendencias, la Dirección Nacional de Estupefacientes, los jueces penales, la policía judicial, los defensores de familia, los juzgados de familia en asuntos relacionados con menores, el personero municipal, los funcionarios de ejecuciones fiscales, o cualquier otro organismo que ejerza funciones similares, originadas en desarrollo de Investigaciones que les corresponda adelantar, de intervención y toma de posesión de bienes, o que se requiera para aportar a procesos en que actúen en calidad de demandados o demandantes, independientemente de que afecten o beneficien a un particular, persona natural o jurídica;
PAR.—Para los efectos de la presente resolución son entidades estatales, entre otras: La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, los distritos capital y especiales, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas, las asociaciones de municipios, los municipios, los establecimientos públicos, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los Ministerios, los departamentos administrativos; las superintendencias, la Dirección Nacional de Estupefacientes y las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
ART. 18.—Recaudo de los derechos de registro. El pago de las sumas que se causen por el ejercicio de la función registral se efectuará por el interesado al momento de la solicitud del servicio.
ART. 20.—Recaudo del mayor valor en los derechos de registro y expedición de certificados. Cuando la suma cobrada por el registro del documento fuere inferior a la tarifa prevista en la presente resolución, el registrador de instrumentos públicos ordenará el recaudo de mayor valor liquidado, en la forma establecida por la Superintendencia de Notariado y Registro.
Dada en Bogotá, D.C., a 11 de enero de 2012.