Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002016000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=en
Timestamp: 2020-07-14 11:00:47
Document Index: 168596013

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 63', 'artículo 103', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 101', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 3', 'Artículo 20']

The Use of Tear Gas in Chile: Existing International and National Norms, and Recent Judicial Decisions
Estudios constitucionales vol.14 no.1 Santiago July 2016
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002016000100007
EL USO DE GASES LACRIMOGENOS EN CHILE: NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL VIGENTE Y JURISPRUDENCIA RECIENTE*
Palabras clave: gas lacrimógeno, movilización social, represión estatal.
Abstract: The return of protest as an instrument of social mobilization has rendered visible the mechanisms of state repression employed to respond to it. One of the most employed among these mechanisms, but at the same time one of the least critically examined, is the use of tear gas. This article analyzes the characteristics of this product, the national and international existing norms that regulate it, and offers a categorization of recent judicial decisions that have dealt with this chenical product.
Keywords: tear gas, social mobilization, state repression.
La reciente ola de protestas sociales ha logrado llamar la atención de la sociedad civil y de la academia no sólo en virtud del contenido de las demandas que animan dichas movilizaciones, sino también debido a que ellas han visibilizado los mecanismos de respuesta estatal existentes orientados a la protección del orden público. Estos mecanismos han comprendido "desde amenazas de prohibición a regulaciones innecesarias, esto es, no justificadas en una democracia, y proyectos de ley que buscan desplazar el eje de responsabilidad por el resguardo del orden público desde el Estado a los particulares"1.
En este trabajo examinaré uno de los mecanismos de respuesta policial a la protesta más habituales y, sin embargo, menos estudiados por la academia nacional: los gases lacrimógenos. Este recurso es empleado por la fuerza pública como herramienta de dispersión y represión de movilizaciones y protestas. Debido a sus características, que permiten que el producto en cuestión sea esparcido rápidamente por el viento, su utilización ha afectado no sólo a manifestantes, sino también a trabajadores, transeúntes, menores de edad y adultos mayores. Por ello, esta práctica ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos e instituciones académicas. Así, por ejemplo, Asesoría Ciudadana, programa de asistencia y orientación jurídica perteneciente al Instituto Igualdad, ha denunciado en una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el uso "de manera indiscriminada, arbitraria y brutal [de] gases lacrimógenos tóxicos, disparados incluso a quemarropa contra los manifestantes y al interior de recintos educacionales, sitiados durante horas por Fuerzas Especiales"2; el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha calificado el "uso indiscriminado de bombas lacrimógenas" como "un aspecto que es parte de los abusos policiales durante las manifestaciones"3, y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales ha observado que "[e]ntre las denuncias por violencia que más fuerte se dejan sentir están los reclamos por el uso de bombas lacrimógenas"4.
En las siguientes secciones, explicaré los orígenes del uso de este compuesto como mecanismo de control de masas, y proveeré de algo de contexto sobre los peligros de su uso, para a continuación revisar la normativa internacional y nacional vigente, y posteriormente revisar algunas sentencias que se han pronunciado sobre su uso.
¿De qué hablamos cuando usamos la expresión ‘gas lacrimógeno’? Comencemos revisando una breve definición del objeto en cuestión. Gas lacrimógeno es una "denominación común para referirse a una familia de compuestos químicos" integrada por unos "quince químicos usados mundialmente como agentes lacrimógenos", y caracterizada por la facultad de estos compuestos de "causar discapacidad temporal"5.
"Al contacto con el gas, la víctima rápidamente desarrolla un severo y quemante malestar y lacrimación pronunciada. Pueden aparecer blefaroespasmos (contracciones involuntarias de los párpados) y edemas en la membrana conjuntiva. Cuando es inhalado, el gas irrita la nariz, boca, vías respiratorias superiores, y pulmones. La profusa secreción provocada por el contacto, combinado con los mecanismos filtradores del tracto respiratorio superior atrapa las partículas más grandes. Localmente, el gas causa rinorrea, congestión nasal, e irritación. Si es inhalado, particularmente en un espacio reducido, puede causar dolor de garganta, tos, broncorrea, broncoespasmos en pacientes asmáticos, neumonía, e incluso apnea. Es particularmente peligroso en personas con enfermedades pulmonares. Así como su peculiar olor, el gas CS tiene un sabor desagradable, quemante, y ácido. Tragar saliva que contiene gas CS puede resultar en náuseas y vómitos. En la piel, el gas produce una sensación de picor y puede causar eritemas y quemaduras"10.
Evidentemente, debido a estas características, la utilización de este producto ha sido largamente cuestionada por la comunidad médica internacional. "El uso de gas lacrimógeno en recientes situaciones de desórdenes civiles", escribían en 1989 un grupo de médicos pertenecientes a Physicians for Human Rights, "demuestra que la exposición a esta arma es difícil de controlar e indiscriminada, y que a menudo esta arma es mal utilizada"11. El testimonio de la visita de este grupo de médicos a Seúl, Corea del Sur, durante el mes de junio de 1987, nos ofrece una narrativa demasiado familiar:
"Nos impresionó el uso indiscriminado y los efectos del gas lacrimógeno en transeúntes y otros individuos apostados en las cercanía de los protestantes que estaban siendo atacados con gases. Escuchamos una gran cantidad de relatos sobre policías lanzando manualmente y disparando granadas lacrimógenas directamente hacia las concentraciones de gente y en espacios cerrados, tales como habitaciones, vehículos motorizados, y corredores del transporte subterráneo. Usualmente, la gente que estaba cerca del lugar de explosión de las granadas sufrían profundos traumas producto de los fragmentos, exacerbados por la presencia del químico de los gases lacrimógenos. Muchos individuos sufrieron intensas quemaduras cutáneas provenientes del contacto directo con el polvo del gas lacrimógeno. Encontramos varias historias de personas que se creía que habían experimentado daños tóxicos más severos que requerían hospitalización. Nuestras entrevistas entre los pequeños comerciantes ubicados en las cercanías de los campus universitarios donde las protestas estudiantiles eran comunes revelaron algunos síntomas entre nuestros entrevistados y sus niños, incluyendo tos y respiración entrecortada, que persistieron por varias semanas hasta el momento de nuestra encuesta. Los doctores nos reportaron que los pacientes con asma y enfermedades pulmonares obstructivas que se vieron expuestos a los gases que llegaron a las habitaciones a través de ventanas abiertas experimentaron un deterioro en sus funciones pulmonares, algunos a tal punto que requirieron una estadía más prolongada en el hospital"12.
"En cuanto a los hechos, relatan que el miércoles 2 de noviembre del presente año, alrededor de las 8 de la mañana, Nancy Calabrano fue a dejar a sus hijos al paradero que se encuentra en el camino público Cherquenco, como a 80 metros de su hogar, para esperar el bus que los lleva al colegio de Pidima. Cuando volvía a su hogar escuchó disparos y el entorno de su casa se llenó de humo, vio como frente a su casa se desplaza por el camino público, en dirección a Cherquenco un grupo de carabineros, vestidos con ropa militar, cascos, metralletas y fusiles en sus manos, tras ellos venían dos patrullas, dos furgones, zorrillos y camionetas de color blanco, rojo, plomo y negro, en las últimas camionetas venían en la parte descubierta carabineros de pie, armados apuntando hacia las casas. Los carabineros que venían adelante disparaban en dirección a su casa y lanzaban bombas lacrimógenas también hacia su hogar. Señala que corrió hacia el paradero donde se encontraban sus hijos, junto a los de su hermana Carmen y de Mireya Gallardo Cayul, a pedirles a los niños que se devolvieran a sus casas. Luego trató de hablar con carabineros para decirles que dejaran de disparar y tirar lacrimógenas, debido a que en las casas se encontraban niños y un par de ancianas, pero le respondieron con puras groserías. Agrega que al mediodía la misma caravana regresaba por el camino público que colinda con su casa, disparando balines de goma, los cuales caían como lluvia encima de los techos de sus casas, lanzando, además, bombas lacrimógenas contras sus casas"16.
¿Hasta dónde puede llegar la peligrosidad de esta arma? La respuesta la da el caso de un dirigente sindical argentino muerto por el impacto de una granada, el cual recibió dentro de su auto el disparo deliberado de una granada en su nuca17. A la luz del deber estatal de "dar protección a la población", como prescribe nuestra Constitución Política de la República en su artículo 1°, el uso de gases lacrimógenos merece más atención de la que ha recibido hasta el momento.
Un nuevo impulso surgió cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante su XXIII Sesión y con fecha 20 de diciembre de 1968, adoptó la Resolución 2454 A, mediante la cual comisionó a su Secretario General, U Thant, la elaboración de un "reporte sobre los varios aspectos del problema de las armas químicas, bacteriológicas y biológicas de otros tipos". U Thant acompañó el resultante informe, titulado Armas químicas y bacteriológicas y los efectos de su posible uso, con un prólogo en el cual llamaba a todos los países a suscribir el Protocolo de Ginebra y a afirmar explícitamente -más bien, a reinterpretar- que dicho instrumento prohibía el uso en caso de guerra de todo tipo de agentes químicos y biológicos, incluyendo los gases lacrimógenos. Este último planteamiento fue objeto de la Resolución 2603 A, adoptada por la Asamblea General durante su XXIV Sesión de fecha 16 de diciembre de 1969, cuya votación arrojó 80 votos favorables, tres rechazos (Estados Unidos, Australia y Portugal), y 36 abstenciones19. Las conversaciones y negociaciones resultantes alcanzarían finalmente la prohibición universal y sin reservas del uso de gases lacrimógenos como método de guerra mediante la Convención sobre Armas Químicas, si bien este resultado demoró dos décadas y media20.
En su artículo II, N° 7, la Convención define el concepto de "agente de represión de disturbios" como cualquier sustancia química que pueda "producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente". Esto coloca a los gases lacrimógenos dentro de la esfera de prohibición establecida en el artículo I, N° 5, el cual señala que cada Estado Parte de la Convención "se compromete a no emplear agentes de represión de disturbios como método de guerra". Incluso más, esta prohibición está reforzada por el artículo X, N° 8, el cual establece el derecho de todo Estado Parte a solicitar y recibir "asistencia contra el empleo o amenaza del empleo de armas químicas" si considera que se han empleado contra él "agentes de represión de disturbios como método de guerra".
¿Cuál es el contenido de la reserva legal en materia de gas lacrimógeno? El artículo 63 N° 20 del texto constitucional nos permite elaborar una respuesta, al señalar que es materia de ley toda "norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico". Esto significa, en nuestro caso, que la ley debiera establecer las bases esenciales que regulen el uso de gases lacrimógenos y otros implementos similares, determinando las hipótesis que autorizan el uso de tales gases, los procedimientos previos a su utilización, y los criterios con los cuales se habrán de utilizar. Tal regulación, cabe sugerir, debiera tomar en consideración la necesidad de sujetar su uso a estándares de racionalidad y proporcionalidad. Por último, y a fin de satisfacer la exigencia contenida en el artículo 103 del texto constitucional respecto a "armas u otros elementos similares", dicha regulación debe tener formalmente el carácter de ley de quórum calificado.
En lo medular, la regulación nacional de los gases lacrimógenos está contenida en la Ley de Control de Armas23. Dicha normativa establece una prohibición genérica contra la posesión y tenencia de gases lacrimógenos en su artículo 3°, inciso 2°, el que señala que "ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o activación". Por otro lado, la misma ley levanta dicha prohibición respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden, en el artículo 3°, inciso 4°, en los siguientes términos:
"se exceptúa de estas prohibiciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile. La Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil, estarán exceptuadas sólo respecto de la tenencia y posesión de armas automáticas livianas y semiautomáticas, y de disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o explosivos y de granadas, hasta la cantidad que autorice el Ministro de Defensa Nacional, a proposición del Director del respectivo Servicio. Estas armas y elementos podrán ser utilizados en la forma que señale el respectivo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional".
En primer lugar, la Ley de Control de Armas, en su artículo 3°, delega en la potestad reglamentaria la regulación del uso de gas lacrimógeno, señalando que los disuasivos químicos y lacrimógenos "podrán ser utilizados" por las Fuerzas Armadas y de Orden "en la forma que señale el respectivo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional". Así, la Ley de Control de Armas no contiene ningún indicio, criterio, principio u orientación sobre cómo deban estos cuerpos emplear dicho armamento. Tal margen de discrecionalidad es contrario al principio de reserva legal, que le encomienda precisamente a la ley -no a los reglamentos- establecer "la forma" en que "podrán ser utilizados" los gases lacrimógenos. Como señala De Otto, la potestad reglamentaria, "que puede regular cualquier materia con la sola prohibición de no contravenir lo dispuesto en las leyes, encuentra un límite cuando la Constitución ha establecido que ciertas materias quedan reservadas a la ley, atribuyendo así a ésta un monopolio que acota negativamente la regulación reglamentaria"24. Desde la perspectiva de la reserva legal, la inexistencia de una reglamentación de rango legal del uso de gases lacrimógenos pareciera ser inconstitucional.
En segundo lugar, la remisión a la potestad reglamentaria que hace la Ley de Control de Armas tiene un problema adicional. El Decreto N° 83, del Ministerio de Defensa Nacional25, se refiere a los gases lacrimógenos en sus artículos 3°, 16, y 203 a 205; pero en ningún caso establece "la forma" en la que "podrán ser utilizados" tales elementos, como se lo encomendara -podría decirse que inconstitucionalmente- la Ley de Control de Armas. Por su parte, la Resolución N° 9.080, de 30 de abril de 1999, emitida por la Dirección General de Movilización Nacional y titulada "Dicta Normas Sobre Elementos de Autoprotección Lacrimógenos y Eléctricos", establece lo siguiente en su parte resolutiva:
"1. Dispónense las siguientes normas de control para los elementos de autoprotección que a continuación se señalan:
2) Queda prohibida la tenencia, uso, comercialización e importación por parte de personas naturales o jurídicas, de elementos lacrimógenos elaborados sobre la base de Ortoclorobenzolmalononitrilo (CS) y Cloroacetofenona (CN), o cualquier otro producto químico cuya finalidad sea destinada a producir efectos fisiológicos en las personas. Asimismo, se prohíben aquellos elementos destinados a producir efectos vomitivos, asfixiantes, paralizantes, laxantes o de similares efectos. Solamente se exceptúan de esta prohibición las instituciones a que hace expresa mención la Ley N° 17.798 y en las condiciones allí indicadas".
La pregunta obvia que se hace el lector es: ¿qué condiciones? La Ley de Control de Armas, como hemos visto, remite la regulación del uso de gases lacrimógenos a sus reglamentos complementarios. De los dos cuerpos de rango reglamentario existentes en la materia, uno no dice nada sobre la materia, y el otro se remite a su vez a la ley. Ley y reglamento se imputan mutuamente responsabilidad en la materia, cual eterno -aunque no grácil- bucle. Douglas Hofstadter explica en su libro así titulado el concepto de "bucle extraño" o "jerarquía enredada", fenómeno que aparece "cuando lo que se suponía una serie de niveles nítidamente jerárquicos nos da la sorpresa de cerrarse sobre sí misma"26. Tal fenómeno, que puede resultar de gran gracia en las obras de M. C. Escher, o de gran utilidad a efectos de comprender las propiedades autorreferenciales del lenguaje o incluso del derecho, resulta de poca gracia y poca utilidad cuando estamos tratando con un objeto que se define precisamente por su estructura jerárquica: la jerarquía constitucional de fuentes. El problema práctico de ello es que la regulación en cuestión termina siendo dictada por protocolos internos de Carabineros, cuyo proceso de elaboración y cuya implementación constituyen un misterio. Esto, como es evidente, viola los principios constitucionales de publicidad y de subordinación de la fuerza pública a la autoridad civil. Por lo demás, en gran medida explica los abusos policiales a los que ya se ha hecho referencia. Es así que en materia de gas lacrimógeno, a la clásica pregunta Quis custodiet ipsos custodes?, la respuesta pareciera ser nemo.
La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente27, en su artículo 2°, letra d), establece que un agente contaminante es "todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental". A la luz de dichas definiciones, los gases lacrimógenos son un contaminante cuya utilización vulnera el procedimiento de evaluación de impacto ambiental contemplado por la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. En efecto, el artículo 10, letra q) de dicho cuerpo legal dispone que entre las actividades susceptibles de causar impacto ambiental "que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental" se encuentra la "[a]plicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas". Esta exigencia no es opcional para los agentes que desarrollan las actividades allí identificadas, sino que constituye un requisito de legalidad propiamente tal: su ausencia constituye un quebrantamiento de la ley. El uso de gases lacrimógenos consiste en la "aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas" y, sin embargo, no ha sido nunca sometido a estudios de impacto ambiental. Por último, cabe señalar que en ausencia de una regulación completa y comprehensiva en la ley respectiva, y en sus reglamentos complementarios, Carabineros ha procedido a establecer una reglamentación al respecto en su documento "Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público", fechado el 25 de julio de 2014. Esta reglamentación está contenida en su sección 2.14, titulada "Empleo de Disuasivos Químicos", sección que establece lo siguiente:
"1. Deben existir alteraciones al orden público. Observar el espacio físico donde se va a hacer uso de gas (espacio abierto, cerrado, dirección de viento, etc.).
Estas acciones legales responden a distintos escenarios de conflictividad social. Pizarro y Muñoz fueron presentados en el contexto de protestas estudiantiles en zonas urbanas. Los hechos que dieron lugar a Aravena corresponden a las movilizaciones realizadas anualmente en el así llamado "Día del Joven Combatiente".
Entiendo por consideración o argumentación procedimental aquella negativa a censurar el uso concreto de gases lacrimógenos fundada en una comprensión restrictiva del instrumento procesal invocado o, de manera más genérica, del rol del órgano jurisdiccional. Esto ocurrió en Pizarro, caso en el cual la Corte de Apelaciones de Santiago derechamente declaró inadmisible la acción de protección, aduciendo que los hechos descritos y las peticiones formuladas en el recurso presentado "son ajenos y excede a las materias que deben ser conocidas por el recurso de protección, atendida su naturaleza cautelar"29. La misma línea argumental se encuentra en Muñoz, donde la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió que la pretensión del recurrente, consistente en que la Corte de Apelaciones restringiera la utilización por parte de Carabineros de Chile del gas lacrimógeno, es "ajena y excede a las materias que deben ser conocidas por el recurso de protección, atendida su naturaleza cautelar"30. Asimismo, la Corte Suprema revocó la sentencia Calabrano de primera instancia, aduciendo que por la vía de una acción constitucional como el recurso de protección "no es posible impartir órdenes de carácter general a Carabineros de Chile para que adecue su conducta y proceder en eventos futuros en los que pueda verse afectado el orden público, de manera que el recurso de protección no puede contener declaraciones en esos términos"31. De similar forma, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad de la Ley de Control de Armas solicitado en Muñoz, argumentando que "la impugnación genérica de una institución o de una norma", como la solicitada allí, es "improcedente" debido a que "extralimita el objeto de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad"32.
El problema con esta línea argumental, a mi juicio, es que ignora el rol que le corresponde a la judicatura tanto en el proceso general de interpretación de las normas como, de manera más específica, en la defensa y promoción de las libertades públicas y los derechos políticos. Que los tribunales consideren que las vías procesales empleadas no son aptas para canalizar el desacuerdo entre dos interpretaciones del derecho -en este caso, la de recurrentes y la de recurridos- o que la naturaleza misma de la jurisdicción les impide involucrarse en la elucidación del sentido del sistema jurídico, significa que dicho desacuerdo se resolverá fuera de tribunales y específicamente mediante la fuerza de los hechos. Puede que tal abstencionismo sea consistente con la relación entre los poderes públicos deseada por quienes redactaran el artículo 3°, inciso 2° del Código Civil33; pero tal concepción restrictiva del rol de la judicatura, en gran medida responsable de la actitud que los tribunales tuvieron ante las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar34, es además disfuncional a la luz de las potestades que la Constitución Política de la República vigente efectivamente les entrega a los tribunales. Que las sentencias de los tribunales no tengan el carácter de precedente no significa que la judicatura no pueda utilizar de manera proactiva sus potestades, impartiendo instrucciones perentorias a los órganos del Estado sobre su actuar o adoptando "de inmediato" cualquier otra providencia "que juzgue necesarias", máxime cuando el propósito de tales potestades sea "restablecer el imperio del derecho"35.
Negativa de legalidad, a su vez, es aquella en virtud de la cual los tribunales consideran que la mera constatación de que la Ley de Control de Armas autoriza la utilización de gases lacrimógenos consiste en un argumento para respaldar su utilización en el caso concreto sometido a su conocimiento. Esta argumentación se encuentra presente también en Muñoz, donde la Corte de Valdivia sostuvo que Carabineros de Chile se encuentra "autorizado a utilizar el disuasivo químico señalado en los mencionados procedimientos de control del orden público, gas que no transgrede tampoco la Ley sobre Control de Armas, por expresa disposición de sus artículos 3° y 4°"36. Lo mismo se hace en Aylwin al mencionar el artículo 101 inciso 2° de la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, y el Decreto Supremo N° 1086 de 1983, textos legales que, en opinión de la Corte, demuestran que las tropas policiales cuestionadas "actuaron dentro de las facultades que les son propias"37. En el caso de Condiciones Laborales, esta forma de argumentación llega a su culminación en la afirmación de la Contraloría, según la cual "atendido lo informado por Carabineros de Chile, y lo dispuesto en la normativa y jurisprudencia precedentemente citada, se desestima la denuncia y reclamos formulados por el recurrente"38. Esta línea argumentativa yerra al identificar permisión con discrecionalidad no constreñida. Junto con Dworkin, podríamos decir que una actividad no reglada no equivale a una actividad discrecional en la medida en que haya principios que rijan en la materia39. Si los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución, entonces deben actuar respetando los derechos públicos en cuanto principios que constriñen el actuar estatal, incluyendo el mandato de proporcionalidad construido por la doctrina y la jurisprudencia constitucionales. Por ello, la judicatura debe colaborar en el actuar estatal produciendo criterios de aplicación de las normas generales y abstractas.
Finalmente, existen negativas substantivas cuando el órgano jurisdiccional, en lugar de esconderse detrás de los límites de su potestad o de la letra de la ley, se atreve a identificar razones que justifiquen moralmente el uso del gas lacrimógeno. La versión más clara de esta línea argumental la proporciona el voto de minoría presentado en Calabrano por el Ministro Luis Troncoso Lagos, quien "estuvo por rechazar el libelo presentado, por cuanto, estima que es de conocimiento público que en la zona existe (sic) muchos conflictos entre las comunidades indígenas y las Empresas Forestales y el Estado chileno debe resguardar la propiedad privada que también es un derecho consagrado por la Constitución y las leyes de la República y las Fuerzas Policiales tienen la obligación de actuar cuando sean requeridos por el Ministerio Público, cuando existen disturbios y amenazas que alteren el orden público establecido"40. Propiedad y orden público, para el Ministro Troncoso, justifican el actuar policial en el caso en cuestión; incluso frente a los abusos policiales registrados en el expediente en cuestión. Argumentaciones similares, aunque más moderadas, se encuentran en la sentencia que resuelve la apelación de Calabrano, donde la Corte Suprema sostiene que Carabineros "procedió resguardando, manteniendo y caracterizando el orden público alterado"41. Tal forma de argumentación, desde luego, clarifica la discusión de fondo: específicamente, cuál es la jerarquía de valores promovida por los órganos públicos, en este caso por la judicatura.
Veamos ahora las sentencias que cuestionan el uso de gas lacrimógeno en el caso concreto. Una primera línea jurisprudencial gira en torno a la protección del interés del menor. Esto ocurre en las sentencias Menores, Calabrano, Instituto y Estudiantes I y II. Ahora bien, el problema con estas sentencias, desde el punto de vista de la argumentación constitucional, es que en ellas la invocación de la Convención sobre los Derechos del Niño desempeña el mismo rol textualista que en el primer grupo asume la Ley de Control de Armas. En otros términos, estas sentencias no logran articular criterios o estándares que puedan ser racionalizados y, de esa manera, aplicados a situaciones distintas de aquella que motiva su pronunciamiento. Menores declara que los hechos denunciados y constatados implican amenaza a la integridad física y psíquica "en especial de los menores en cuyo favor se han otorgado facultades al tribunal de Familia para adoptar medidas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes"42. En Instituto se afirma que "los recurridos no tuvieron presente lo dispuesto en el artículo 3° de la Convención sobre Derechos del Niño, que obliga a las instituciones públicas o privadas a tener como consideración primordial atender el interés superior del niño"43. En Calabrano se señala que "los actos precedentemente descritos devienen en ilegales, al trasgredir el artículo 3° de la Convención sobre Derechos del Niño"44. Finalmente, en Estudiantes I y II se señala que los hechos denunciados "provocaron un evidente detrimento a la libertad personal y seguridad individual de los niños y niñas individualizados en el recurso, quienes, según da cuenta informe de fojas 127 y siguientes, vivieron la situación con temor, rabia, incertidumbre y vulnerabilidad"45.
Algo parecido ocurre en Calabrano e Instituto respecto del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En la primera sentencia leemos que el actuar de Carabineros "vulnera el artículo 4 N° 1 del Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas, que señala que deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas de estas comunidades indígenas"46, mientras que la segunda afirma que "los actos impugnados infringen el Art. 3° N° 2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo"47.
En gran medida, la poca argumentación de estas sentencias se debe a la crudeza con que presentan los hechos de violencia, así como a la utilización de testimonios personales. Todas estas formas narrativas tienen una gran fuerza emotiva y, en consecuencia, alivianan al hablante del peso retórico de formular una argumentación moral. Así, en Instituto vemos a un oficial de Carabineros que golpea "a una mujer desarmada, en presencia de niños de corta edad"48; en Menores nos encontramos con un relato en primera persona -"la observación efectuada por este juez", "circunstancias que el suscrito pudo constatar en forma personal"- que describe diversos destrozos que sugieren la violencia con que Carabineros atacó viviendas habitadas por menores -"habitación en cuyo interior se encontraba durmiendo el niño N.N., de 7 años de edad", "inmueble en el cual pernoctaban entre otros adultos, 3 niñas y 2 adolescentes"-; y en Calabrano se nos proporciona el testimonio ya transcrito al comienzo de este trabajo49. Así y todo, el problema del enfoque ostensivo aquí empleado es que, al centrarse en reportes de hechos, la jurisprudencia fracasa en ofrecer guía normativa al actuar de los órganos policiales50.
El único pronunciamiento judicial que elabora el tipo de argumentación jurídica que cabe esperar por parte de los tribunales es el voto de minoría redactado por el Ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz en la apelación de Calabrano, suscrito también por la Ministra Sonia Araneda. En dicha disidencia, el Ministro Muñoz presenta la protección de la vida privada y el hogar como una preocupación central de la historia constitucional chilena y el ordenamiento jurídico presente, a la par que analiza las circunstancias jurídicas que justifican su afectación por parte de la fuerza pública. A la luz de estas premisas revisa el actuar policial, concluyendo que los hechos "no permiten tener por acreditados supuestos que habilitaran a la fuerza policial a afectar las moradas de los recurrentes en la forma que lo hicieron, lanzando gases lacrimógenos a los hogares y sus sitios próximos a ellos, en términos tales que afectaran la intimidad de quienes se encontraban en ellos"55. La conclusión de Muñoz es que "la garantía de inviolabilidad del hogar de los recurrentes se ha visto afectada, puesto que, como se ha dicho, se ha vulnerado directamente la materialidad misma de la morada por el proceder policial, al no poder menos que representarse los funcionarios policiales que los gases lacrimógenos afectarían a las personas que se encontraban en su interior, de manera que la acción constitucional debe ser acogida para el solo efecto de declarar que la actuación de los funcionarios de Carabineros de Chile el día 2 de noviembre de 2011, en cuanto se refiere a las casas ocupadas por los recurrentes, afectó injustificadamente la garantía de la inviolabilidad del hogar"56. Cabe observar, sin embargo, que los límites de esta argumentación respecto al uso de gas lacrimógeno están dados por su intensa vinculación con el espacio privado. Si bien sólidamente fundamentado, este voto de minoría no llega a pronunciarse sobre el bien que paradigmáticamente se ve afectado por el uso de gases lacrimógenos; es decir, el derecho a la protesta. Lo único que logra es evidenciar que los gases lacrimógenos no deben penetrar en el hogar. ¿Y qué ocurrirá con el espacio público? Sencillamente, queda desprotegido.
**Doctor en Derecho, Universidad de Yale; Profesor Asistente, Universidad Austral de Chile. El autor agradece los comentarios de los árbitros anónimos que revisaron este texto.
2Asesoría Ciudadana (2011), p. 4.
3Instituto Nacional de Derechos Humanos (2011), p. 79.
4Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (2011), p. 75.
5Hu (1989), p. 660.
6Jones (1978).
7Finley (1938).
8Jackson & Jackson (1935).
9Blain (2003).
10Yih (1995), p. 276. Sus efectos a largo plazo, por otro lado, han sido poco estudiados. Véase Hu et al. (1989) y Fraundelder (2000).
11Hu et al. (1989), p. 660.
12Hu et al. (1989), p. 661.
13A modo de ejemplo puede mencionarse el caso de la alumna de la Universidad Austral de Chile Carolina Ángulo, quien sufrió un paro cardiorespiratorio tras ser impactada por el chorro del carro lanzagua en 2008. Véase "Sigue grave alumna afectada por paro cardiaco tras protestas en Valdivia", disponible en http://www.tercera.cl/contenido/25_22583_9.shtml. También puede mencionarse el caso del estudiante de la Universidad Católica Rodrigo Avilés, quien sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave tras también ser impactado por el chorro de un carro lanzaaguas, esta vez en 2015. Véase "Video confirma responsabilidad de carabineros en caso Rodrigo Avilés", disponible en http://www.24horas.cl/nacional/video-confirma-responsabilidad-de-carabineros-en-caso-rodrigo-aviles-1675955.
14Así, los estudiantes de la Universidad Austral de Chile Carlos Alarcón y Melissa González fueron lesionados de esta manera en mayo de 2011, resultando el primero con "trauma ocular grave" y la segunda con una "fractura en la mandíbula, que le significó insertarle una placa de titanio, debiendo extraerle una muela". Véase "Estudiantes lesionados en enfrentamientos con Carabineros definen acciones legales a seguir", disponible en http://www.biobiochile.cl/2011/05/16/estudiantes-lesionados-en-enfrentamientos-con-carabineros-definen-acciones-legales-a-seguir.shtml. También puede mencionarse el caso de la estudiante de la Universidad de Concepción Paulina Rubilar Méndez, quien sufrió un trauma ocular grave producto del impacto de una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros desde 20 metros de distancia. Instituto Nacional de Derechos Humanos (2011), p. 80.
15Instituto Nacional de Derechos Humanos (2011), p. 80.
16Sentencia de 16 de diciembre de 2012, recaída en Recurso de Protección Rol N° 342-2011, caratulado Calabrano con Gobernación de la Provincia de Malleco, y seguido ante la Corte de Apelaciones de Temuco.
17Véase "Prisión perpetua para el policía que asesinó al docente Fuentealba", disponible en http://edant.clarin.com/diario/2008/07/09/elpais/p-01711249.htm.
18Véase Bunn (1969).
19Véase Bunn (1970).
20Véase Robinson (1996).
21Ello podría incluso permitirnos conceptualizarles como un apremio ilegítimo; en cuyo caso, su uso quedaría prevenido por el exigente texto constitucional, según el cual "seprohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo".
22Este hecho nos obliga además a cuestionar seriamente la compatibilidad de la utilización de gases lacrimógenos con la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Este cuerpo legal, en su artículo 2°, letra d), establece que un agente contaminante es "todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental". A la luz de dichas definiciones, ¿no son los gases lacrimógenos un contaminante cuya utilización vulnera el procedimiento de evaluación de impacto ambiental contemplado por la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente? En efecto, el artículo 10, letra q) de dicho cuerpo legal dispone que entre las actividades susceptibles de causar impacto ambiental "que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental" se encuentra la "[a]plicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas". ¿Y no es el uso de gases lacrimógenos una "aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas"?
23Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, promulgada el 6 de diciembre de 1977 y publicada el 13 de abril de 1978.
24De Otto (1987), p. 229.
25Ministerio de Defensa Nacional, Decreto N° 83, Reglamento Complementario de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas y Elementos Similares, promulgado el 22 de febrero de 2007.
26Hofstadter (1982), p. 819.
27Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.
28También se identificó un procedimiento de acceso a información pública seguido ante el Consejo para la Transparencia, en el cual un solicitante requirió a Carabineros información sobre el número de cartuchos de gases lacrimógenos empleados por Carabineros durante el año 2011. El Consejo resolvió favorablemente esta solicitud mediante su decisión de amparo N° 1341-2011. Carabineros recurrió contra esta decisión mediante el reclamo de ilegalidad N° 4366-2012, en el cual la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión del Consejo.
29Considerando 2°, sentencia de 8 de junio de 2011, recaída en Recurso de Protección Rol N° 6595-2011, caratulado Pizarro con Carabineros de Chile, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
30Considerando 5°, sentencia de 10 de noviembre de 2011, recaída en Recurso de Protección Rol N° 625-2011, caratulado Muñoz con Ministerio del Interior, seguido ante la Corte de Apelaciones de Valdivia.
31Considerando 7°, sentencia de 3 de abril de 2012, recaída en Recurso de Apelación Rol N° 12558-2011, caratulado Calabrano con Gobernación de la Provincia de Malleco, seguido ante la Corte Suprema.
32Considerando 9°, sentencia de 13 de marzo de 2012, recaída en Requerimiento de Inaplicabilidad Rol N° 2140-2011, seguido ante el Tribunal Constitucional.
33Código Civil, artículo 3°, inciso 2°: "Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren".
34Véase Hilbink (2014).
35Artículo 20, Constitución Política de la República.
36Considerando 6°, Muñoz con Ministerio del Interior.
37Considerando 10°, sentencia de 29 de febrero de 2012, recaída en Recurso de Amparo Rol N° 2-2012, caratulado Aylwin contra Autoridades Región Aysén, seguido ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
38Dictamen N° 80.582 de la Contraloría General de la República, de fecha 25 de diciembre de 2011, recaído en denuncia de Rubén Jeréz Atenas, abogado del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, ante la falta de fiscalización de las condiciones sanitarias y ambientales básicas que afectan a los funcionarios de Carabineros de Chile, especialmente a quienes se desempeñan en la Tercera Comisaría de Santiago.
39Dworkin (1978).
40Voto de Minoría, sentencia de 16 de diciembre de 2011, recaída en Recurso de Protección Rol N° 342-2011, caratulado Calabrano y otras con Gobernación de la Provincia de Malleco, seguido ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Énfasis agregado.
41Considerando 5°, Calabrano con Gobernación de la Provincia de Malleco (apelación).
42Medida de Protección, Causa Rol N° 33-2012, pronunciada por el Juzgado de Letras y Garantía de Aisén, en ejercicio de su competencia en asuntos de familia.
43Considerando 4°, sentencia de 15 de marzo de 2012, recaída en Recurso de Protección Rol N° 1272012, caratulado Instituto Nacional de Derechos Humanos contra IXZona de Carabineros de La Araucanía, seguido ante la Corte de Apelaciones de Temuco.
44Considerando 4°, Calabrano con Gobernación de la Provincia de Malleco.
45Considerando 7°, sentencia de 26 de agosto de 2014, recaída en recurso de amparo Rol N° 569-2014, caratulado Estudiantes de Escuela Municipal Temucuicui con Carabineros de la Prefectura de Malleco (I), seguido ante la Corte de Apelaciones de Temuco; y considerando 5°, sentencia de 19 de agosto de 2014, recaída en recurso de amparo Rol N° 741-2014, caratulado Estudiantes de Escuela Municipal Temucuicui con Carabineros de la Prefectura de Malleco (II), seguido ante la Corte de Apelaciones de Temuco.
46Considerando 4°, Calabrano con Gobernación de la Provincia de Malleco.
47Considerando 4°, Instituto Nacional de Derechos Humanos con IXZona de Carabineros de La Araucanía.
48Considerando 2°, Instituto Nacional de Derechos Humanos con IXZona de Carabineros de La Araucanía.
49Véase supra, nota 16.
50Esta crítica ha sido también formulada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que cuestiona que, a pesar de tener que decidir sobre la presunta violación de diversos derechos de comunidades indígenas en recursos constitucionales presentados por este organismo, "los tribunales superiores que decidieron sobre las acciones de protección no hayan aventurado a delimitar casi ninguno de estos derechos fundamentales". Instituto Nacional de Derechos Humanos (2014), p. 105.
51Sentencia de 31 de diciembre de 2013, recaída en causa Rol N° 4377-2010, caratulada Aravena con Fisco, seguida ante 3° Juzgado Civil de Santiago.
52Sentencia de 16 de marzo de 2013, recaída en causa Rol N° 7030-2011, caratulada Catrileo con Fisco, seguida ante 1° Juzgado Civil de Temuco.
53Sentencia de 15 de julio de 2014, recaída en causa Rol N° 33197-2011, caratulada Quezada con Fisco, seguida ante 2° Juzgado Civil de Santiago.
54Sentencia de 1 de abril de 2013, recaída en causa Rol N° 3228-2011, caratulada Sanhueza con Fisco, seguida ante 1° Juzgado Civil de Concepción.
55Considerando 1° del Voto de Minoría, Calabrano Torres y otras con Gobernación de la Provincia de Malleco y otros (apelación).
56Considerando 2° del Voto de Minoría, Calabrano Torres y otras con Gobernación de la Provincia de Malleco y otros (apelación).
57Así ha ocurrido, por lo demás, en algunos casos. Junto a las sentencias aquí comentadas cabe citar el ejemplo de la suspensión de la venta de gas lacrimógeno a Israel en 1988 fruto de los esfuerzos del Comité Americano-Árabe contra la Discriminación, organización que logró concientizar a la opinión pública y a los fabricantes del gas sobre el uso que se estaba haciendo de este producto. Véase Wenger (1988).
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