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Timestamp: 2020-07-15 06:03:43
Document Index: 239626193

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 1101', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 1258', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 42', 'artículo 127', 'artículo 123', 'artículo 9']

TítuloLa jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo Fijación de la doctrina dfinitiva por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
#José Ricardo #Pardo Gato
(1)2 JURISPRUDENCIA 2008.qxd:2 JURISPRUDENCIA. 11/12/08. 13:25. Página 1049. 1049. LA JURISDICCIÓN COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABAJO. FIJACIÓN DE LA DOCTRINA DEFINITIVA POR LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO José Ricardo Pardo Gato Abogado. Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica Decano Iglesias Corral. Asesor jurídico de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (APROSAL). Responsable jurídico de Imaga Proyectos y Construcciones, S.A.. Sumario: I. Presupuesto general de partida.- II. La disputa competencial.- a) Perspectiva legislativa judicial.- b) Argumentos a favor de la competencia jurisdiccional social.- c) Argumentos a favor de la competencia jurisdiccional civil y sus vaivenes doctrinales.- Un punto de inflexión en el debate: la STS, Sala Primera, de 15 de enero de 2008 o la fijación doctrinal definitiva.- a) El asunto enjuiciado.- b) La doctrina sentada y su debate implícito y explícito.- c) Valoración del fallo. I. PRESUPUESTO GENERAL DE PARTIDA De lejos viene la controversia en orden a atribuir la competencia objetiva para conocer de las acciones de responsabilidad civil ejercitadas por un trabajador que ha resultado perjudicado -o por un empleado o por sus causahabientes- por un accidente laboral, al considerarse competente tanto la jurisdicción civil como la social en tales casos, bajo el acogimiento –eso sí- a diferentes motivos argüidos. A dicha pugna o disputa competencial ha venido a sumarse la importante decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo objeto aquí de comentario, en orden a aportar cierta clarividencia al respecto, inclinándose, en cierto modo, hacia el lado social, sin dejar con ello de evidenciar la vis atractiva civil a tales efectos, siempre y cuando se produzca la concurrencia de ciertos requisitos a los que finalmente nos referiremos.. II. LA DISPUTA COMPETENCIAL a) Perspectiva legislativa judicial En principio, si echamos mano de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) este texto legal incluye una serie de normas sobre atribución de competencias a los diferentes órganos jurisdiccionales. Así, otorga la misma al orden civil “en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que se deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tengan su residencia habitual común en España” (artículo 22.2 LOPJ), para atribuir a la jurisdicción social el conocimiento “de AFDUDC, 12, 2008, 1049-1058.
(2) 2 JURISPRUDENCIA 2008.qxd:2 JURISPRUDENCIA. 1050. 11/12/08. 13:25. Página 1050. José Ricardo Pardo Gato. las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos” [artículo 9.5 LOPJ; redacción a su vez transcrita por el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL)], así como, de manera más concreta, “en materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo” [artículo 25.1 LOPJ; artículo 2.a) LPL]1. A vote pronto, de la lectura de estos preceptos, podría pensarse que cuando la responsabilidad civil se deriva directamente de la relación contractual laboral [artículo 1101 y ss. Código Civil (CC)], debe seguirse la vía social; mientras que si se trata, en sentido estricto, de la responsabilidad civil extracontractual (artículos 1902 y 1903 CC), el fundamento del encauzamiento de la demanda podría hacerse descansar en la vertiente jurisdiccional civil. Los argumentos en uno y otro sentido son, en principio, dispares, si bien sus confluencias y puntos en común han servido para que las distintas jurisdicciones se hayan mostrado competentes2, e incluso que los tribunales de un mismo orden –en particular, el civil- hayan mudado de criterio en diversas ocasiones, incrementando si cabe aún más las controversias doctrinales y las posibles dudas que afloran en aquellos que ostentan la facultad de representar ante el justiciable las defensas de las partes ante situaciones de este tipo. b) Argumentos a favor de la competencia jurisdiccional social La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y en general los tribunales del orden jurisdiccional social, han venido declarando su competencia sobre la base de que los intereses protegidos hacen referencia a deberes asumidos en el contrato laboral: comoquiera que el daño origen de la responsabilidad que se reclama deviene de un ilícito laboral, la responsabilidad que se deriva del mismo no es estrictamente civil sino laboral y la controversia, en la medida en que “constituye una cuestión litigiosa entre un empresario y un trabajador derivada del contrato de trabajo” [artículo 2.a) LPL], es competencia en este sentido de dicha jurisdicción3, por cuanto no debe existir duda de la naturaleza propiamente contractual de la obligación de ofrecer y participar una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral. En consecuencia, podría estimarse que cuando se está ante un daño cuya producción se imputa a un ilícito laboral, entendido como la infracción de una norma, estatal o colectiva, o de una regla de la autonomía privada o de la costumbre [artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores (ET)], la responsabilidad ya no será en esencia civil sino laboral y su conocimiento deberá, por ende, atribuirse a este último orden jurisdiccional4.. 1 Al respecto, vid., por todos, REGLERO CAMPOS, F.: “Responsabilidad civil del empresario por accidentes de trabajo: Jurisdicción competente y título de imputación”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguro, núm. 10, 2004, pp. 9-15. 2 Tal y como se constata de la lectura del trabajo de SANFULGENCIO GUTIÉRREZ, J.A.: “Las contradicciones del Tribunal Supremo en el establecimiento del orden jurisdiccional competente para enjuiciar la responsabilidad civil empresarial por los daños y perjuicios derivados de accidentes de trabajo: a propósito de las sentencias dictadas el 1 (Sala de lo Social) y 31 de diciembre de 2003 (Sala de lo Civil)”, Relaciones Laborales, núm. 14, quincena del 23 de julio al 8 de agosto de 2004, cuyo propio título así lo anuncia. 3 Vid., por todas, STS, Sala de lo Social, de 24 de mayo de 1994 (La Ley 13986/1994). 4 La jurisdicción laboral se considera competente para conocer de aquellas acciones de responsabilidad civil vinculadas a la comisión de un ilícito laboral por el empresario: STSJ Madrid, Sala de lo Social, de 6 de junio de 2002 (La Ley 1227523/2002), y, particularmente, la STS, Sala de lo Social, de 24 de mayo de 1994 (La Ley 13986/1994), donde se precisa que al tratarse de una responsabilidad laboral, ya no civil, el supuesto queda comprendido en el apartado a) del artículo 2 LPL, que atribuye al orden social el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores.. AFDUDC, 12, 2008, 1049-1058.
(3) 2 JURISPRUDENCIA 2008.qxd:2 JURISPRUDENCIA. 11/12/08. 13:26. Página 1051. La jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad…. 1051. Así, empero la regla general anteriormente referida (responsabilidad contractual: orden social; responsabilidad extracontractual: orden civil), a la hora de conformar el criterio jurídico a los efectos de presentar una demanda ante la concurrencia de un accidente o enfermedad profesional debidos a incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales deberíamos tener en cuenta las siguientes salvedades respecto de la misma: - Si la acción resarcitoria se funda únicamente en el incumplimiento de las medidas de seguridad, que en la relación laboral constituyen una obligación típica del empresario, pero que pueden afectar igualmente a fabricantes y distribuidores, la competencia correspondería al orden jurisdiccional social. - Si en la demanda se alega el deber contractual y legal de protección que se cierne sobre el empresario, en ese caso la competencia debería trasladarse igualmente a este mismo orden jurisdiccional. Y es que, desde la perspectiva de la comisión de un ilícito laboral, se antoja irrelevante que la responsabilidad controvertida pueda calificarse, conforme los criterios establecidos por la Sala Primera del TS, como extracontractual -cuando “el acto causante se presenta con entera abstracción de la obligación preexistente” (STS de 19 de junio de 19845)- o como contractual -cuando el hecho determinante del daño surge “dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como desarrollo normal del contenido negocial” (STS de 20 de julio de 19926)-, siendo lo decisivo que el daño o perjuicio se impute a un incumplimiento laboral y no civil7. Por su parte, en la línea también de este fundamento, la Sala de Conflictos de Competencia del TS, en buena parte de los casos sometidos a su conocimiento que venían constituidos por una pretensión de reclamación de daños derivados de accidentes laborales, se ha decantado, desde el año 1993, a favor de la tesis del orden jurisdiccional social8. Para llegar a esta conclusión utiliza ciertos motivos, en especial en cuanto a que los deberes del empresario en materia de seguridad de los trabajadores se integran en la relación laboral, de manera que su infracción genera una responsabilidad civil contractual por infracción del contrato de trabajo, lo que comporta la competencia de los órganos de la jurisdicción social9, en anuencia a lo dispuesto en el artículo 9 LOPJ.. Es más, la competencia del orden social para conocer, por ejemplo, de la reclamación contra el promotor y el director técnico de una obra en caso de accidente de trabajo se ha visto reforzada de un tiempo a esta parte por la jurisprudencia ulteriormente recaída, por ejemplo en la STS, Sala de lo Social, de 22 de junio de 2005, donde se llega a sostener que la responsabilidad en este caso se inserta en el campo propio del derecho laboral, aunque no exista vinculación contractual alguna entre el responsable y el trabajador. 5 La Ley 49684-NS/0000. 6 La Ley 2907-JF/0000. 7 Así, BUSTO LAGO, J.M.: “Responsabilidad civil del empresario en el caso de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y su seguro” (artículo coincidente con la ponencia impartida por el autor en el seno de la Jornada sobre responsabilidad en la prevención de riesgos laborales, PARDO GATO, J.R. (dir.), celebrada en el Colegio de Abogados de A Coruña, el 26 de abril de 2006), Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, núm. 43, 2006, p. 13. 8 Según esta Sala, los accidentes de trabajo y las obligaciones empresariales tendentes a evitarlos se integran en la rama social del derecho (prescindiendo también de la conceptuación de estos accidentes como hipótesis de hechos incardinables en el ámbito de la responsabilidad contractual/extracontractual), por lo que, aun cuando la demanda esté sustentada en base a los artículos 1902 y ss. CC, según su parecer constituirán casi siempre supuestos de incumplimiento por el empresario de medidas de seguridad, con falta de cumplimiento, en definitiva, del contrato de trabajo (Autos de 23 de diciembre de 1993, 4 de abril de 1994, 10 de junio de 1996, 21 de diciembre de 2000 o 23 de octubre de 2001, entre otros). 9 El voto particular disidente en el Auto 13/2007, de 28 de febrero, de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del TS, sobre el órgano judicial competente para conocer sobre una indemnización pecuniaria por los daños causados en un accidente de trabajo producido a consecuencia de la falta de medios o medidas de protección sirve de ocasión para examinar el desacuerdo existente sobre esa competencia entre. AFDUDC, 12, 2008, 1049-1058.
(4) 2 JURISPRUDENCIA 2008.qxd:2 JURISPRUDENCIA. 1052. 11/12/08. 13:26. Página 1052. José Ricardo Pardo Gato. Con todo, no podemos olvidar el alcance limitado que presentan las decisiones de esta Sala de Conflictos, al afectar únicamente al caso concreto cuyo conocimiento se le traslada, de modo que no puede hablarse de “doctrina competencial” que vincule a los órdenes civil y laboral en conflicto, ni que sus resoluciones sirvan para crear doctrina jurisprudencial10, por lo que nada obsta que la jurisdicción civil siga mostrándose también competente para conocer de tales cuestiones. c) Argumentos a favor de la competencia jurisdiccional civil y sus vaivenes doctrinales Por su parte, en sentido contrario, los tribunales del orden civil, considerando no del todo satisfactoria una solución estrictamente formalista que atiende sobre todo a la norma laboral invocada, van a sostener también, no sin ciertos titubeos o giros doctrinales, su competencia en esta materia, tomando como fundamento general el hecho de que la responsabilidad específicamente civil se derivará cuando el daño causado se vincule con una conducta ajena al contenido obligacional propio del contrato de trabajo, para lo que hacen descansar su doctrina mayoritaria, hasta el momento, en la afirmación de su potestad jurisdiccional sobre la base del carácter extracontractual de la responsabilidad civil aquiliana derivada del accidente. Así, esta jurisdicción es proclive a entender que la normativa laboral no conduce por sí sola a la reparación íntegra del daño o perjuicio causado al trabajador, ni siquiera cuando se llegue a aplicar el correspondiente recargo de prestaciones por infracción de las normas de seguridad. De tal forma que, según el criterio justiciable civilista aplicado, y teniendo en cuenta la perfecta compatibilidad entre las indemnizaciones fundadas en la responsabilidad civil y las prestaciones de la Seguridad Social originadas a partir del mismo incumplimiento preventivo, se estima aconsejable mantener, en garantía del principio de reparación íntegra del daño, su propia competencia para conocer de la, en su caso, respectiva actuación culposa, irradiada de los artículos 1902 y 1903 CC y derivada normalmente de la actuación empresarial11, ello sin perjuicio de advertirse ciertas fracturas en dicho argumento que pudieran haber representado, ante tales premisas, elementos significados de injerencia la jurisdicción civil y el orden social de la jurisdicción, pese a la clara posición de la Sala Especial de Conflictos favorable a la competencia del orden jurisdiccional social si el accidente se debe a un ilícito laboral y el daño se vincula a una conducta del empleador no ajena al contenido del contrato de trabajo. Un comentario sobre este pronunciamiento puede verse en RODRÍGUEZ-PIÑEIRO Y BRAVO-FERRER, M.: “Accidente de trabajo, responsabilidad patrimonial del empresario y orden jurisdiccional competente”, Relaciones Laborales, núm. 14, quincena del 23 de julio al 8 de agosto de 2007. 10 Cfr. BUSTO LAGO, J.M.: “Responsabilidad civil del empresario...”, cit., pp. 13 y 14; así como lo afirmado en las SSTS, Sala 1ª, de 4 de diciembre de 1995 (La Ley 1996, 746), de 15 de julio de 2002 (La Ley 2003, 311) y de 19 de julio de 2005 (La Ley 2005, 2025491). 11 LUQUE PARRA, M. y RUIZ GARCÍA, J.A.: “Accidentes de trabajo, responsabilidad civil y competencia de jurisdicción (Comentario a la STS, 1ª, de 8 de octubre de 2001)”, InDret, julio 2002. Con carácter general, un análisis detenido y crítico de la jurisprudencia civil vertida los últimos años al respecto lo encontramos en GIL SUÁREZ, L.: “Responsabilidad civil o patrimonial derivada de accidente de trabajo: clases, elementos subjetivos y jurisdicción competente”, Actualidad Laboral, nums. 10 y 11, mayo 2005; más recientemente, DESDENTADO BONETE, A.: “La responsabilidad empresarial por los accidentes de trabajo. Estado de la cuestión y reflexión crítica sobre el desorden en el funcionamiento de los mecanismos de reparación”, Congreso de Magistrados del Orden Social: el futuro de la Jurisdicción Social, CGPJ, Madrid, 2007, en particular pp. 443 y ss.; previamente, este mismo autor en “Accidentes de trabajo: una reforma necesaria”, La Ley, 11 de diciembre de 2006, analiza la propuesta de la Unión Europea para la armonización de las garantías procesales del imputado en el proceso penal, cuyo principal objetivo consiste en la fijación de unas normas mínimas de general aplicación, que permitan un incremento del grado de confianza entre los Estados miembros acerca de la vigencia en sus respectivos territorios del derecho a un juicio justo. 12 CALVO GALLEGO, J.: “Responsabilidad civil y orden jurisdiccional competente: ¿el final de una prolongada discusión?”, Actualidad Civil, 2000, pp. 2918 y ss; “Responsabilidad civil por accidente de trabajo, orden jurisdiccional competente y extensión de la responsabilidad contractual”, Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, núm. 55, 2000, pp. 253-270.. AFDUDC, 12, 2008, 1049-1058.
(5) 2 JURISPRUDENCIA 2008.qxd:2 JURISPRUDENCIA. 11/12/08. 13:26. Página 1053. La jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad…. 1053. doctrinal12, lo que sin embargo no ha impedido volver, antes o después, al redil del posicionamiento mayoritario expuesto. En efecto, dentro de estos parámetros, inicialmente la Sala Primera del TS, en el período comprendido que va de los años 1982 a 1990, consideró que a la responsabilidad civil del empresario por el accidente de trabajo debía atribuírsele naturaleza extracontractual, por tratarse de un hecho ajeno al contrato laboral, bajo la defensa, habitual en la jurisprudencia del momento, de que se trataba de un suceso que se encontraba “fuera de la rigurosa órbita de lo pactado”13. En el suceder temporal, entre los años 1997 y 1998, y frente a la anterior concepción, se intenta abrir paso una nueva línea de resolución de estos conflictos que excluía la competencia de la jurisdicción civil cuando la pretensión de indemnización venía fundada en el incumplimiento de normas laborales, de tal forma que cuando el accidente era consecuencia del incumplimiento de la normativa de seguridad e higiene la responsabilidad derivada del mismo era una responsabilidad laboral que debía ser reclamada ante el órgano jurisdiccional social14. Esta tendencia no contaba, sin embargo, con el beneplácito unánime de la Sala, por lo que no logró imponerse, volviendo pronto al criterio tradicional de la mano de la STS de 13 de octubre de 1998 (con referencia en alguna anterior), conforme la asunción de la competencia habida cuenta de la naturaleza extracontractual de la responsabilidad reclamada15. De todos modos, no ha existido una satisfacción generalizada sobre los criterios utilizados para la resolución del problema, pues, al fin y al cabo, quien a la postre determinaba el orden jurisdiccional competente era el demandante al formular los términos de su demanda: si fundamentaba la reclamación en la infracción exclusiva de normas laborales, se declaraba la competencia de la jurisdicción social y la consiguiente incompetencia de la civil; pero si la basaba en la culpa extracontractual de los demandados, el oden civil era el que se declaraba competente. En definitiva, con independencia de las distintas posiciones mantenidas a lo largo de los últimos tiempos, puede afirmarse así que esta Sala ha venido declarando la competencia jurisdiccional civil para el conocimiento de pretensiones fruto de daños ocasionados como consecuencia de accidentes laborales siempre y cuando no puedan considerarse acaecidos dentro del estricto ámbito de la relación nacida del contrato de trabajo16, esto es, extracontractual, para lo que se ha ido sirviendo del conocido argumento de que cuando nos encontramos ante un accidente laboral debido a la actuación culposa del empresario la reparación íntegra del daño es el principio cuyo cumplimiento debe quedar totalmente garantizado, aspecto al que no responde con amplitud suficiente la normativa laboral, por lo que, en su caso, parece preferir optar por la compatibilidad de jurisdicciones17.. 13 SSTS de 5 de enero de 1982, 9 de marzo de 1983, 21 de octubre de 1988 o 8 de noviembre de 1990. 14 SSTS de 24 de diciembre de 1997, 26 de diciembre de 1997, 10 de febrero de 1998 y 20 de marzo de 1998. 15 Valgan de cita, además de la citada STS de 13 de octubre de 1998, las SSTS de 24 de noviembre de 1998, 18 de diciembre de 1998, 1 de febrero de 1999, 13 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 2 de marzo de 2000 y 26 de mayo de 2000. 16 Entre otras, SSTS, Sala 1ª, de 24 de septiembre de 2002 (La Ley 2002, 7784), de 29 de mayo (La Ley 2003, 12916) y de 4 de julio de 2003 (La Ley 2003, 1431986), y de 15 de diciembre de 2005 (La Ley 2005, 2119531). La excepción a esta doctrina se encuentra presente en las SSTS, también de la Sala 1ª, de 24 de diciembre de 1997 (La Ley 1998, 597) y de 10 de noviembre de 1998 (La Ley 1998, 11499). 17 Partiendo, como segunda premisa, de la compatibilidad entre las prestaciones sociales y las indemnizaciones civiles fundadas en el mismo hecho dañoso, el TS ha reconocido la competencia del orden jurisdiccional civil para entrar a conocer de la posible culpa del empresario y la compatibilidad entre las prestaciones reconocidas por la jurisdicción social a favor del trabajador perjudicado, así como las que puedan reconocerse por el orden civil, por ser diversas las causas de pedir [STS, Sala 1ª, de 19 de mayo de 1997 (La Ley 1997, 5938)].. AFDUDC, 12, 2008, 1049-1058.
(6) 2 JURISPRUDENCIA 2008.qxd:2 JURISPRUDENCIA. 1054. 11/12/08. 13:26. Página 1054. José Ricardo Pardo Gato. Ahora bien, sin perjuicio de los anteriores pareceres, lo cierto es que en la práctica, las más de las veces, acaba primando el argumento de tipo económico y así el trabajador perjudicado suele acudir de manera reticente a los tribunales civiles, en detrimento de una postulación de la formulación ante la jurisdicción social, por la mayor cuantía de las indemnizaciones que en el primero de estos órdenes se suelen reconocer.. III. UN PUNDO DE INFLEXIÓN EN EL DEBATE: LA STS, SALA PRIMERA, DE 15 DE ENERO DE 2008 O LA FIJACIÓN DOCTRINAL DEFINITIVA Así las cosas, en el contexto descrito cabe destacar la entrada en escena de la reciente STS de 15 de enero de 200818, cual soplo de viento clarificador al respecto, pues probablemente la misma ha de suponer un punto de inflexión en la jurisprudencia de la Sala Primera de este Tribunal, o al menos “un importante elemento de racionalización en la determinación del orden jurisdiccional competente para conocer de las responsabilidades derivadas del accidente de trabajo”19, pues parece sentar una frontera precisa en la concreción del orden jurisdiccional pertinente, haciéndola sobrevolar -sin ánimo de adelantar conclusiones- sobre la afirmación del carácter contractual de las responsabilidades derivadas de tales accidentes y asumiendo que, en virtud de lo previsto en el artículo 9 LOPJ, las reclamaciones por responsabilidad del empresario que sean consecuencia del incumplimiento del contrato de trabajo deben ser competencia de la jurisdicción social. Sin embargo, como tendremos ocasión de ver, tampoco cierra la puerta a la competencia de la jurisdicción civil, siempre bajo la concurrencia de ciertas circunstancias, tal y como por otra parte ocurre en el caso de autos. a) El asunto enjuiciado Para precisar y comprender el alcance de este fallo, así como también las limitaciones de la doctrina que sienta, es preciso dar cuenta, siquiera someramente, de los hechos del caso sobre los que se vertió la misma. El trabajador accidentado, D. Manuel L.L., contratado por la Sociedad Cooperativa “La Unión”, se encontraba trabajando en la construcción de una nave industrial, propiedad de la mercantil Alvic, S.A., en labores de montaje de la estructura metálica. Durante la realización de los trabajos tuvo lugar un derrumbe, a consecuencia del cual el trabajador sufrió importantes heridas que le produjeron la muerte. Como actora, la madre del fallecido demandó a varias entidades y sujetos: la Sociedad Cooperativa “La Unión”, para la que aquel prestaba sus servicios; a la Sociedad Cooperativa “San Elías”, empresa que subcontrató los referidos trabajos a la primera; a D. Francisco M., ingeniero técnico industrial autor del proyecto y director facultativo de la obra; y a la entidad Alvic, S.A., en concepto de propietaria y promotora. El suplico de la demanda iba dirigido a la condena solidaria de todos los demandados, en concreto, a “abonar a la actora, como indemnización correspondiente a los ascendientes de la víctima, la cantidad de quince millones trescientas veinticinco mil cuatrocientas pesetas más los intereses legales, más el pago de las costas procesales”.. 18 La Ley 2008, 231. 19 Como así sostiene PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “La jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo: el principio del fin de un desencuentro (STS de 15 de enero de 2008, Ponente: Encarnación Roca Trías), La Ley, núm. 6895, de 3 de marzo de 2008, p. 2.. AFDUDC, 12, 2008, 1049-1058.
(7) 2 JURISPRUDENCIA 2008.qxd:2 JURISPRUDENCIA. 11/12/08. 13:26. Página 1055. La jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad…. 1055. Formulada así la reclamación de cantidad por accidente laboral, el Juzgado de Primera Instancia que conoció del asunto, sin entrar a analizar el fondo de la demanda, absolvió en la instancia a los encausados por falta de jurisdicción para conocer de la litis, derivando a la demandante hacia la jurisdicción social. Apelada la sentencia anterior, la Audiencia Provincial de Jaén, entrando ahora sí en el meollo de la cuestión objeto de controversia, estimó el recurso, revocando el fallo de instancia, bajo la desestimación de la excepción de falta de jurisdicción y al asumir parcialmente en su decisión el petitum de la actora, con la consiguiente condena solidaria a los demandados al pago de una indemnización de diez millones de pesetas, más los intereses legales desde la interposición de la demanda. Frente a esa segunda sentencia se formula el correspondiente recurso de casación ante el Supremo, interpuesto, de entre los condenados, por la Cooperativa “La Unión”, para la que trabajaba el fallecido, y la mercantil Alvic, S.A., dueña y promotora de la obra. Finalmente, el Alto Tribunal declara haber lugar, en su totalidad, al recurso de casación de uno de los condenados, la entidad propietaria, a quien absuelve de la demanda, estimando parcialmente el recurso de la Cooperativa “La Unión”. Razón por la cual en dicho fallo se imponen a la actora las costas causadas en primea instancia por la intervención de Alvic, S.A., no repercutiendo ni a ésta ni a la Sociedad “La Unión” costa alguna por la interposición del recurso de casación. Por lo que aquí interesa, ambas recurrentes alegaron en sus defensas exceso en el ejercicio de la jurisdicción, motivo por el cual, antes de entrar a conocer del fondo del asunto, el Tribunal se pronunció detalladamente sobre esta cuestión. b) La doctrina sentada y su debate implícito y explícito Después de traer a colación la doctrina jurisprudencial anterior, haciendo un conciso y clarificador repaso tanto a la social como a los citados vaivenes jurisprudenciales vividos en sede civil, junto con el argumento argüido desde la aludida Sala de Conflictos de Competencia, la Sala Primera del TS, reunida en Pleno, bajo la ponencia de la magistrada Encarna Roca Trías, fija su propia tesis, ante el panorama preexistente tan poco plausible, sobre cuál es la jurisdicción competente para conocer de las demandas de responsabilidad civil por accidente de trabajo. Parte en su exposición, para ello, de una premisa, cual es que la responsabilidad derivada de un accidente de trabajo consecuencia directa del incumplimiento de normas laborales constituye una responsabilidad puramente contractual, que deviene del contrato de trabajo, por ende, en esencia laboral. Asimismo, de esta inicial apreciación apriorística, se infiere otra de igual calado: si la causa del accidente nace del incumplimiento de una norma laboral, particularmente originado del deber de seguridad del empresario, el orden jurisdiccional competente para conocer de las reclamaciones que del mismo se deriven será, por tanto, el social. Considera así esta Sala que, en los supuestos de reclamaciones civiles como consecuencia del incumplimiento de una relación laboral surgida de un contrato de trabajo, para deslindar la competencia entre ambas jurisdicciones es decisivo determinar si el daño se imputa a un incumplimiento laboral o bien a una conducta ajena totalmente a dicho contrato. En el ilícito laboral el fundamento para imputar la responsabilidad se halla en la infracción de una norma reguladora de esta materia, ya sea estatal, o colectiva. Para delimitar el incumplimiento laboral se debe estudiar, por tanto, si existe la infracción del deber de protección y la calificación de los hechos, en los que se requiere que el empresario actúe como tal. Por ello, según este criterio, para que sea competente la jurisdicción civil el daño ha de deberse a normas distintas de aquellas que regulan el contenido de la relación laboral, puesto que, cuando exista un incumplimiento de dicha relación, deberá declararse contrariamente la competencia de la jurisdicción social. AFDUDC, 12, 2008, 1049-1058.
(8) 2 JURISPRUDENCIA 2008.qxd:2 JURISPRUDENCIA. 1056. 11/12/08. 13:26. Página 1056. José Ricardo Pardo Gato. A juicio de esta Sala, por consiguiente, habrá incumplimiento del contrato de trabajo en aquellos casos en que se vulneren las normas voluntarias, colectivas o legales, reguladoras del mismo, porque, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1258 CC, los contratos obligan desde el momento de su perfección “[n]o sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Y por ello, para este Tribunal, las obligaciones relativas a la seguridad de los trabajadores forman parte integrante del contenido del contrato de trabajo según las normas legales de regulación, refiriéndose, en concreto, al artículo 19 ET20, los artículos 14 y 42 LPRL21 y los artículos 123.3 y 127.3 LGSS22. En esta línea argumentativa, concluye en el sentido de que si la responsabilidad por accidente de trabajo se vincula al incumplimiento de una obligación legal, por cuanto la ley determina el contenido obligacional contractual, la exigencia de seguridad pertenece al ámbito estricto del contrato de trabajo, en base a lo previsto en el artículo 14 LPRL, a modo de obligación general de diligencia incorporada por ley al contenido de tal contrato. Ateniéndonos a esta conclusión, ha de advertirse de la trascendencia de la doctrina en ella sentada, pues, al menos a primera vista, parece romper con el sofisma que había servido de apoyatura para la construcción jurisprudencial precedente, esto es, con la naturaleza extracontractual de la responsabilidad derivada de accidente de trabajo, para pasar a priorizar, o al menos resaltar, la trascendencia y envergadura que el deber de protección del empresario ostenta dentro de la estructura general del contrato de trabajo23. Por consiguiente, desde esta perspectiva, parece adecuado entender la imposibilidad de sostener que el accidente laboral quepa considerarlo como extraño a la órbita de lo pactado, dada su naturaleza eminentemente privada y contractual, como así lo ha venido a apostillar el ET y, posteriormente, la propia LPRL24.. 20 Teniendo en cuenta que el artículo 5.d) ET incorpora dentro de los derechos laborales el de “la integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene”, el artículo 19 del mismo texto legal establece que “[e]l trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene”. 21 Si el artículo 14 LPRL señala que “[l]os trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo (…)”, para añadir a continuación que “[e]l citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales”, el artículo 42 de esta misma ley precisa que “[e]l incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento”, determinando de esta manera el cuadro de responsabilidades a que puede dar lugar el accidente producido por el incumplimiento de las obligaciones de seguridad, pero sin establecer, sin embargo, la competencia al respecto. 22 El artículo 127.3 LGSS establece que “cuando la prestación haya tenido como origen supuestos de hecho que impliquen responsabilidad criminal o civil de alguna persona, incluido el empresario, la prestación se hará efectiva, cumplidas las demás condiciones, por la entidad gestora, servicio común o Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en su caso, sin perjuicio de aquellas responsabilidades. En estos casos, el trabajador o sus derechohabientes podrán exigir las indemnizaciones procedentes de los presuntos responsables criminal o civilmente”. Por su parte, el artículo 123.3 LGSS, al regular el recargo de las prestaciones económicas en casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, dispone en su párrafo tercero que “[l]a responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con la de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción”. 23 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “La jurisdicción competente para conocer…”, cit., p. 2 y nota 3, quien cita, a su vez, como referencia los siguientes trabajos: FERNÁNDEZ MARCOS, L.: La seguridad e higiene en el trabajo como obligación contractual y como deber público, Madrid, 1975; GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B.: El deber de seguridad y salud en el trabajo, Madrid, 1999; e IGARTUA MIRÓ, M.T.: La obligación general de seguridad, Valencia, 2000. 24 Para PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. (“La jurisdicción competente para conocer…”, cit., pp. 2 y 3), cuando se suscribe un contrato de trabajo la legislación vigente hace recaer sobre el empresario un deber de protección configurado en términos tan amplios y dinámicos -diligencia exigible al empresario calificada de máxima o extrema por CALVO GALLEGO, F.J.: La obligación general de prevención y la responsabilidad. AFDUDC, 12, 2008, 1049-1058.
(9) 2 JURISPRUDENCIA 2008.qxd:2 JURISPRUDENCIA. 11/12/08. 13:26. Página 1057. La jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad…. 1057. Esta apreciación jurisprudencial es la que ha llevado a PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL25 a anticipar que quien interponga, en adelante, una demanda ante los tribunales civiles en reclamación de indemnizaciones derivadas de un accidente, “deberá acreditar que éste no se produjo en el seno de una relación laboral y como consecuencia del incumplimiento de normas laborales, pues si tal acreditación no se produce el juez civil deberá declararse incompetente”. Ahora bien, no debe desconocerse que del examen de la sentencia objeto de comentario ha de ser igualmente relevante de valoración su afirmación final a favor de la competencia del orden jurisdiccional civil, en detrimento del social, y ello pese a reafirmarse en la doctrina expuesta. La razón esgrimida que propicia el giro final argumentativo se debe a las características especiales del litigio en cuestión, al haber sido demandados conjuntamente, con las empresas contratista y subcontratista, otras personas que no tienen relación laboral con la víctima del accidente, en concreto hablamos del ingeniero técnico, D. Francisco P.M., que ha sido condenado en el fallo recurrido pero que, al no haber optado al recurso en casación, la sentencia ha devenido firme; y la sociedad Alvic.S.A., propietaria de la obra, parte que, en este caso, sí ha recurrido en casación. Podemos entender, por tanto, que este último cambio en el proceso argumentativo se debe al hecho de que del accidente de trabajo se hayan derivado no sólo responsabilidades laborales, sino también otras responsabilidades concurrentes. Así, como afirma la propia Sala: “Si bien es cierto que se ha producido un incumplimiento del contrato de trabajo, al haber sido demandadas en el presente procedimiento personas completamente ajenas al mismo, como ocurre con la hoy recurrente sociedad Alvic, S.A., debe descartarse la declaración de exceso de jurisdicción, y en virtud de la vis atractiva de la jurisdicción civil establecida en el artículo 9.2 LOPJ, debe declararse la competencia de esta jurisdicción para conocer de la acción de responsabilidad interpuesta por la demandante por la muerte de su hijo. Al no poder dividirse la causa -sigue diciendo-, esta vis atractiva afectará también a aquellas demandadas, una de las cuales es ahora recurrente, que ostentaban una relación laboral con el trabajador fallecido”. Lo que se está afirmando es, ni más ni menos, que, pese al reconocimiento inicial de que las responsabilidades civiles emanadas de accidente de trabajo deben ser, en principio, competencia del orden jurisdiccional social, dicho posicionamiento base quiebra en el supuesto, como el que aquí nos ocupa, de la existencia de concurrencia de responsables, en tanto que junto a las responsabilidades laborales se sustancian otras. Esta situación lleva al Alto Tribunal a estimar que, ante dicha concurrencia, vence a los efectos la vis atractiva de la jurisdicción civil para ejercer de autoridad competente con motivo de encausamiento. c) Valoración del fallo De lo visto en este acompasamiento a la decisión recaída caben, al menos, dos interpretaciones posibles: por un lado, minimizar esta última conclusión y realzar la doctrina sentada conforme la cual se otorga preeminencia a la jurisdicción social frente a la civil ante la ligazón del accidente laboral con el contrato de trabajo; o bien, de situarnos ante la concurrencia de responsabilidades distintas, en la que la acción se dirija contra varios demandados -algunos de los cuales por reclamación de responsabilida-. civil o contractual del empleador, Pamplona, 1998, p. 78- “que sólo de modo muy excepcional es factible concebir accidentes acaecidos en el seno de una relación de trabajo que no deriven de un incumplimiento laboral del empresario”. Este fundamento le sirve a este autor para afirmar que los accidentes de trabajo “generan responsabilidades contractuales laborales de las que, en principio, debe conocer el orden social de la jurisdicción”. 25 Cfr. p. 3.. AFDUDC, 12, 2008, 1049-1058.
(10) 2 JURISPRUDENCIA 2008.qxd:2 JURISPRUDENCIA. 1058. 11/12/08. 13:26. Página 1058. José Ricardo Pardo Gato. des estrictamente civiles-, se mantenga como orden competente la jurisdicción civil, en apelación a su reconocida vis atractiva, predominante hasta la fecha. En este sentido, más que una vía de agua en la construcción que esta sentencia formula con respecto a la solución finalmente adoptada por la misma, como así ya se ha decantado algún autor26, opino que de su tenor no deja, por el contrario, de mantenerse abierta la puerta, si bien no a cal y canto, a que el conocimiento de causas motivadas por accidentes de trabajo se sigan ventilando a través del orden civil, por lo que, unido a lo apuntado en cuanto a los argumentos aducidos en favor de esta, en su caso, legítima opción, convierten o hacen que la misma probablemente siga siendo, sino -quizáslas más plausible, sí la más recurrida por los afectados y sus defensas letradas. Lógicamente, esta visión de futuro que se abre al respecto -que por otra parte pocas diferencias prácticas presenta con la situación anterior al fallo, si, como creemos, los juzgados de lo civil, ante la posibilidad abierta, seguirán conociendo de los accidentes de trabajo ante supuestos de este tipo-, mantiene así latente su pugna con la Sala Cuarta del propio TS27, ya que, por su parte, se sigue y se persistirá -ahora con más razón fundada si cabe- en la postulación a favor del orden social de la competencia para conocer de cuantas responsabilidades se desprendan de un accidente de trabajo a raíz de un incumplimiento o ilícito laboral. La extensión de la doctrina, por tanto, en esta sentencia recaída será examinada por su asunción o no en las sentencias venideras, tanto desde una sede como de la otra, que, teniendo en cuenta el sensible campo en el que se mueven y los hechos y consecuencias que les toca juzgar -por desgracia aún excesivamente habituales en nuestros días-, no tardarán en llegar.. 26 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “La jurisdicción competente para conocer…”, cit., pp. 1, 2 y 3. 27 Tal y como se pone en evidencia de la lectura de la STS, Sala Cuarta, de 22 de junio de 2005 (La Ley 2005, 1841), cuando afirma que “el órgano jurisdiccional social es el competente para el conocimiento íntegro de la demanda inclusive (…) en el extremo de la misma en cuanto va dirigida contra el promotor y directores técnicos de la obra en la que el actor sufrió un accidente de trabajo imputándose la falta de adopción de las necesarias medidas de seguridad en prevención de riesgos laborales, causa de los daños sufridos por el trabajador; en estos supuestos estamos ante una demanda de responsabilidad contra varios demandados en donde puede entrar en juego tanto la responsabilidad derivada de las previsiones contenidas en el art. 1001 del Código Civil como de las establecidas en el art. 1902 del mismo cuerpo legal”.. AFDUDC, 12, 2008, 1049-1058.