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Timestamp: 2019-09-23 08:53:29
Document Index: 339570606

Matched Legal Cases: ['artículo 468', 'artículo 478', 'artículo 449', 'artículo 468', 'artículo 480', 'artículo 256', 'artículo 398', 'artículo 261', 'artículo 474']

Acuerdo y Sentencia 275/2011 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 275/11
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, por ante mí, el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: "CARLOS ANTONIO CANTERO MARTINEZ S/ HOMICIDIO DOLOSO", a fin de resolver el recurso extraordinario de casación planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 66 de fecha 16 de Setiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala de Capital.
A los efectos de establecer el orden de votación se realizó el sorteo de ley que arrojo el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BENITEZ RIERA.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA DOCTORA PUCHETA DE CORREA DIJO: La abogada Anahí Benítez, por Carlos Cantero, interpone Recurso Extraordinario de Casación contra el fallo más arriba individualizado, confirmatorio de la sentencia dictada en primera instancia.
Por Sentencia Definitiva N° 230 del 15 de Julio de 2009, el Tribunal de Sentencias dispuso tener por comprobado el hecho punible de homicidio doloso así como la participación de Carlos Cantero en dicho hecho punible, y resolvió condenar al mismo a la pena privativa de libertad de quince años.
En primer término corresponde efectuar el ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD del pedido de casación: En cuanto a la impugnabilidad objetiva: La recurrente plantea su recurso de casación en fecha 15 de Octubre de 2009, estando dicha presentación planteada en tiempo, ya que la notificación a la recurrente fue realizada por cédula de notificación en fecha 8 de Octubre de 2009, por lo que se halla dentro del plazo establecido por el artículo 468 del Código Procesal Penal.
La recurrente impugna el Acuerdo y Sentencia arriba señalado, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala de Capital, bajo el amparo de las normas 477 y 478 del Código Ritual, esta resolución pone fin al procedimiento, por lo que el objeto de la Casación contenido en el Art. 477 del Código Procesal Penal se halla cumplido. La recurrente invocó como motivos la procedencia de la causal 3º previstas en el artículo 478 del CPP (falta de fundamentación).
En cuanto al motivo señalado, para determinar su presencia debe analizarse ya la sentencia impugnada.
Con relación a la impugnabilidad subjetiva, la recurrente es defensora del condenado, se halla debidamente legitimada a --recurrir en casación, por lo dispuesto en el artículo 449 del Código Procesal Penal, segundo párrafo.
Por último, en lo que hace al escrito de interposición: La forma del mismo se rige por lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, al cual remite el artículo 480 del mismo cuerpo legal. A la luz de esta norma, se puede ver que el escrito de la recurrente se halla correctamente fundado, con los argumentos y la solución que sé pretende, cumpliendo así los requisitos legales.
A la segunda cuestión planteada la Doctora PUCHETA DE CORREA prosigue diciendo: En el caso de estudio, el planeamiento a estudiar esta bien definido. El recurrente condenado cuestiona la falta de fundamentación del fallo de alzada y expresa sobre el tópico que la defensa en su oportunidad alzo dos agravios específicos, cuales eran la calificación errónea y el exceso de pena impuesta, y de estos agravios la Cámara los resumió en una respuesta dogmática que no reúne los requisitos de la fundamentación.
La doctrina señala: "La motivación de la sentencia es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión". (Oscar R. Pandolfi. Recurso de Casación Penal Ed. La Rocca- BsAs. 2001-Pág 419). Haciendo una conjunción de las normas invocadas y todo el conocimiento doctrinario, se ve que el proceso de fundamentación debe abarcar la eliminación de todos los vicios que puedan afectar al razonamiento humano y a su clara explicación; eliminando problemas tales como argumentar decisiones que no se basen en pruebas, que dejen de analizar pruebas o que una vez analizadas éstas, se llegue a decisión contraria atentando a la congruencia entre la realidad y lo que de ella se dice, citando éstos como ejemplos demostrativos.
Para ello, vemos las normas que indican como debe ser fundada una sentencia. El artículo 256 de la Constitución Nacional dice: "...Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la Ley...". Con esta norma concuerda el articulo 125 del CPP, que expresa: "Las sentencias definitivas y los autos interlocutorios contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como la indicación del valor que se le ha otorgado a los medios de Aprueba...". Esta norma citada concuerda con el artículo 398 incisos 2 y 3 del mismo, que expresan: 2) El voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición de los motivos de hecho y de derecho en que los fundan; 3) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estima acreditado".
Observando ahora el fallo impugnado, amén del recurso de apelación especial, se ven dos agravios específicos a ser respondidos, pero además se puede constatar qué estas dos cuestiones no fueron respondidas por la Cámara de Apelación; la misma solo indica en forma general que la calificación esta bien realizada y que por ende la pena también, y así, escuetamente, rechaza el recurso del apelante y cae dentro de los errores de la específicamente el llamado fundamentación aparente y arbitraria.
En el fallo dictado en la causa: "Hugo Javier Pera s/ Estafa y otros", la Corte Suprema de Justicia dijo: "De la lectura del escrito de interpretación del recurso de apelación especial por un lado y del fallo emitido por el mencionado órgano jurisdiccional por el otro, se puede observar que los miembros del tribunal transgredieron el principio de congruencia al no dar respuesta a los requerimientos expuestos por el apelante concernientes a la mala aplicación de los artículos 187, 192 y 246...".
En el fallo dictado en la causa: "Gladis Zunilda González y otro s/ Producción de Documento no Auténtico", la Corte Suprema de Justicia también dijo: "...la falta de fundamentación (se produce) en razón de que omitió expedirse acerca de todos los puntos de la sentencia del a-quo cuestionados por el apelante".
Así también, la Corte Suprema de Justicia, en su fallo 1297 de fecha 13 de Setiembre de 2004 ha dicho: "No es suficiente la excusa destacando que la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la Sentencia de Primera Instancia no son atacables por la vía de la Apelación Especial de Sentencia. El Tribunal de Alzada, está obligado a controlar el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento, y al expresar su conclusión sobre dicha verificación, es su deber, expresar la correlación lógica de argumentos o de razones suficientes que demuestren su conclusión, lo cual, no significa necesariamente incursión del Tribunal en el terreno de los hechos.".
De esta manera se produce el error de incongruencia dado en el fallo objeto del presente recurso, no están las respuestas a los agravios del apelante.
Por las razones expuestas precedentemente, corresponde que el Acuerdo y Sentencia N° 66 de fecha 16 de Setiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala de Capital sea anulado y se reenvíe estos autos a una nueva Cámara de Apelación a los efectos de estudiar nuevamente el recurso de apelación especial impetrado contra la sentencia definitiva de primera instancia.
Las COSTAS se impondrán en el orden causado, como lo la excepción del artículo 261 del Código Procesal Penal. ES MI VOTO.
A su turno el Doctor BENITEZ RIERA manifiesta que: Debo manifestar que los casacionistas al fundar los agravios del recurso han atacado que al Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Apelación, resulta manifiestamente infundado, por haber transgredido el principio de congruencia, en el sentido de no dar respuestas puntuales a los cuestionamientos hechos al momento de plantear el recurso de Apelación Especial. Se ha omitido a las cuestiones articuladas en grado de apelación, confirmando el fallo cuestionado que conlleva la gravedad de la pena privativa de libertad de quince años, sin examinar los agravios del apelante, entre ellos 1) errónea aplicación de la norma legal, con relación a la calificación de la conducta y determinación de la pena; 2) la sentencia se basa en medios probatorios incorporados ilegalmente al juicio en forma de actos viciados de nulidad; y 3) Inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de los medios probatorios. El Ac y Sentencia N° 66 de fecha 16 de setiembre de 2009 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal Tercera Sala de esta Capital, ha condenado al recurrente a la pena de 15 años de privación de libertad con la calificación de lo dispuesto en el Art. 105 inc. 1º y 2º en concordancia con el Art. 29 inc. Io del Código Penal.
Tomando los agravios expuestos en su momento por la defensa y observando el fallo objeto de estudio, se puede ver que la Cámara de Apelación no ha respondido a todos ellos. Efectivamente el Tribunal de Apelación ha respondido solamente en forma general, omitiéndose respuestas claras en cuanto a lo demás.
La Corte Suprema de Justicia ha tratado idéntica situación en varias oportunidades, y posee un criterio uniforme en la respuesta que otorga a la misma. En este sentido, el art. 256 de la Constitución Nacional expresa: "... Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la Ley...". Con esta norma concuerdan el art. 125 del CPP., que establece: "... Las sentencias definitivas y los autos interlocutorios contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como la indicación del valor que se le ha otorgado a los medios de prueba...", y el art. 398 inc. 2 y 3 del mismo cuerpo legal, que expresan: 2) El voto de los jueces sobre cada una de las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición de los motivos de hecho y derecho en que los fundan; 3) La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el Tribunal estima acreditado".
En su oportunidad, como una salida a las normas citadas anteriormente, la Corte Suprema de Justicia, ha sentado jurisprudencia en los siguientes fallos: "Hugo Javier Pera s/ Estafa y otros", Acuerdo y Sentencia N° 235 de fecha 18 de abril de 2005; "Gladis Zunilda González y otros s/ Producción de documento no auténtico", Acuerdo y Sentencia N° 1870 de fecha 28 de diciembre de 2004; "Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por la Agente Fiscal Abog. Rocío Vallejo de Scappini en la causa- Mario César Orué Delgado y Otros S/ Lesión de Confianza. Acuerdo y Sentencia N° 1297 de fecha 13 de setiembre de 2004; "Oscar Emilio Portillo Trinidad s/ Homicidio culposo", Acuerdo y Sentencia N° 81 de fecha 23 de marzo de 2010; "Ministerio Público c/ Secundino Martínez Britez y otro s/ Posesión y Tráfico de Estupefacientes"., Acuerdo y Sentencia N° 134 de fecha 14 de abril de 2010.
Por las razones expuestas corresponde que el Acuerdo y Sentencia N° 66 de fecha 16 de setiembre de 2009, sea anulada. Ahora bien, en cuanto a la solución que debe darse a este caso, es pertinente la aplicación de la decisión directa, propuesta en el artículo 474 del CPP, que establece: "Cuando de la correcta aplicación de la ley resulte la absolución del procesado, la extinción de la acción penal, o sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, el tribunal de apelaciones podrá resolver; directamente, sin reenvió ya que los agravios expuestos ante esta Corte Suprema de Justicia en cuanto a la casación, son similares a los ya presentados ante la Cámara de Apelación en la apelación especial, por lo que no es necesario la realización de un nuevo control en segunda instancia, sino solo ya la respuesta acabada de los agravios de la defensa.
En ese sentido, cabe pasar a responder los agravios expuestos por la defensa, en primer lugar en cuanto a la errónea aplicación de la norma legal, en cuanto a la calificación de la conducta y determinación de la pena.
Al respecto, no existe el error invocado por la defensa, teniendo en cuenta que conforme a la acreditación de los hechos durante ni juicio oral y público, la conducta de Carlos Antonio Cantero Martínez, ha sido calificado dentro de lo previsto en los Arts. 108 inc. 1° y segundo en concordancia con el Art. 29 del Código Penal, a la que se arriba sobre la base del examen de los antecedentes, las cuales refieren las circunstancias en que se materializó dicho Ilícito. En cuanto a la determinación de la pena se tuvo en cuenta las reglas del art. 65 y 70 del CP., pues fue aplicado correctamente, conforme al principio de proporcionalidad y al grado del reproche.
En segundo lugar, los apelantes alegan que la sentencia se basa en medios probatorios incorporados ilegalmente al juicio por medio de actos investigativos viciados de nulidad.
Al analizar lo señalado por el casacionista, se advierte que los medios probatorios fueron legalmente incorporados al juicio, pues los mismos fueron realizados con autorización judicial.
Con relación al último agravio alegado por el defensor, sobre la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios probatorios.
El Código Procesal Penal en su art. 175, incorpora la sana crítica como método para valorar las pruebas dentro del proceso penal, en cuya virtud el juez llega al convencimiento de estar en posesión de la verdad a través de la lógica, la psicología y la experiencia común. En cuanto a su valoración, solo puede decirse que la misma está acorde a la lógica de los sucesos fácticos, como así también a las normas que hacen a la valoración de la prueba, el principio de inmediación impide avanzar en este camino, razón por lo cual esté agravio debe ser rechazado.
Ahora bien, en función a la facultad conferida a esta Corte por Art. 474 en concordancia con el Art. 480 del Código Procesal Penal, y en razón de la inoficiosidad del reenvío a otro "Tribunal de Apelación, corresponde decidir directamente y en tal sentido confirmar la sentencia definitiva N° 230 de fecha 15 de julio de 2009, quedando la misma firme en todas sus partes, por hallarse correctamente motivada: Es mi voto.
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 275
Asunción, 31 de mayo de 2011.
1.- DECLARAR LA ADMISIBILIDAD del Recurso Extraordinario de Casación, planteado por él agente fiscal de la causa.
2.- HACER LUGAR al Recurso Extraordinario de Casación planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 66 de fecha 16 de Setiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala de Capital, por los argumentos vertidos en el considerando de la presente resolución.
3.- DISPONER el reenvío de estos autos a una nueva Cámara de Apelación a los efectos de estudiar nuevamente el recurso de apelación especial impetrado contra la sentencia definitiva de primera instancia.