Source: https://psicolog.org/sentencia-su61714-adopcion-entre-parejas-del-mismo-sexo.html?page=5
Timestamp: 2019-07-24 06:20:50
Document Index: 109503151

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 66', 'artículo 64', 'artículo 163', 'artículo 233', 'artículo 113', 'artículo 42', 'artículo 113', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 14']

La compatibilidad de la decisión administrativa de declarar la improcedencia de la solicitud de adopción por consentimiento, con el sistema jurídico
6. La compatibilidad de la decisión administrativa de declarar la improcedencia de la solicitud de adopción por consentimiento, con el sistema jurídico
PARÁGRAFO 1º La existencia de hijos no es obstáculo para la adopción.
PARÁGRAFO 2º Si el niño, niña o adolescente tuviere bienes, la adopción se hará con las formalidades exigidas para los guardadores”
Esta norma tiene tres particularidades que interesa destacar: (i) por una parte, establece un catálogo cerrado de sujetos habilitados para la adopción, de modo que quienes no se encuentran comprendidos expresamente en la disposición, se encuentran excluidos tácitamente; esta limitación es coherente con la naturaleza de esta institución, en la medida en que a través suyo se configura una de las relaciones que tiene mayor impacto en los derechos y el bienestar del menor, como es la relación filial; (ii) esta misma consideración explica la segunda especificidad del precepto: la interpretación restrictiva, tanto de los requisitos para adoptar, como de los sujetos habilitados para la adopción; (iii) y finalmente, el numeral 5 del artículo 68 contempla genéricamente la adopción de los hijos del cónyuge o compañero permanente, sin restringirla explícitamente a las parejas heterosexuales; en este sentido, la legislación vigente difiere sustancialmente del Código del Menor anterior, que se refería de manera explícita a las parejas heterosexuales en la adopción conjunta, determinando que pueden adoptar “la pareja formada por el hombre y la mujer que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos tres años”.
En tal sentido, el artículo 1 de la referida ley dispone que “para todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”. Este entendimiento sería consistente con la definición constitucional de familia contenida en el artículo 42 de la Carta Política, según la cual ésta “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
Así pues, independientemente de que la Corte comparta esta lectura del derecho legislado, lo cierto es que la determinación de la defensoría de familia de no dar trámite a la solicitud de adopción, corresponde a una interpretación en principio admisible del sistema jurídico, y no es abiertamente incompatible con éste.
En efecto, según el artículo 66 de la Ley 1098 de 2006, “la adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza”. Como puede advertirse, esta institución tiene como objetivo fundamental sustituir las relaciones filiales naturales. Por este motivo, el artículo 64 de la misma ley establece como efecto fundamental de la adopción la adquisición de los derechos y obligaciones entre padres e hijos, así como la pérdida del vínculo con la familia original y la extinción definitiva del parentesco de consanguinidad; en este sentido, el precepto mencionado dispone expresamente que en virtud de la adopción, “adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo (…) [y] el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de consanguinidad (…)”.
Por esta razón, todas las hipótesis de adopción suponen la carencia de uno o dos de los vínculos filiales originales, en el entendido de que la figura opera esencialmente como un mecanismo de protección de los menores que sustituye la carencia de las relaciones paternidad o maternidad del niño: así, cuando el menor no ha establecido nunca la relación filial o la ha perdido por causas naturales, la adopción suple este vacío; cuando opera en virtud de la propia renuncia del padre o madre, la correspondiente manifestación de voluntad tiene como efecto fundamental la extinción del vínculo; y finalmente, cuando se encuentra antecedida de una declaratoria de adoptabilidad, el correspondiente acto estatal extingue el parentesco entre el padre o madre biológica y el hijo. De este modo, el presupuesto fundamental de toda forma y modalidad de adopción es la carencia de la relación filial, y su finalidad básica fundamental consiste en suplir esta carencia.
Esta conclusión se desprende del análisis de las sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, C-336 de 2008, C-798 de 2008, C-029 de 2009, C-577 de 2011, reseñadas por las actoras y por los intervinientes como fundamento de sus pretensiones. En todos estos fallos se asigna a las parejas homosexuales los efectos previstos en la legislación para las uniones maritales de hecho, respecto de los diversos ámbitos de relación entre ellos, así:
- En la sentencia C-075 de 2007 se declara la constitucionalidad condicionada de la Ley 54 de 1990, disponiendo que el régimen de las sociedades patrimoniales de hecho previsto originalmente para las uniones maritales de hecho, se debe aplicar a las uniones homosexuales.
- En la Sentencia C-811 de 2007 se declara la exequibilidad condicionada del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que el Plan Obligatorio de Salud comprende no solo al compañero permanente del afiliado con el que mantenga una unión marital de hecho superior a los dos años, sino también a los compañeros con los que conforme una unión homosexual durante el mismo término.
- En la Sentencia C-336 de 2008 se declaran exequibles las disposiciones de la Ley 100 de 1993 referidas al sistema pensional, en el entendido de que también son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes las parejas del mismo sexo del pensionado fallecido, en los mismos términos y condiciones de las uniones maritales.
- En la sentencia C-798 de 2008 se declara que el delito de inasistencia alimentaria previsto en el artículo 233 de la Ley 599 de 2000 comprende también a los integrantes de las parejas del mismo sexo.
- En la sentencia C-029 de 2009 la Corte unifica el régimen normativo de ambos tipos de uniones, en una amplia gama de materias, como los beneficiarios de la seguridad social y de las prestaciones sociales, el régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los servidores públicos y para la contratación estatal, la adquisición y la pérdida de la nacionalidad, las medidas administrativas de protección a la familia, los bienes afectados a la vivienda familiar, los destinatarios de las medidas para la prevención del desplazamiento forzado, las circunstancias de agravación y de disminución punitiva establecidas en función de las relaciones familiares, el contenido de los delitos cuyo objeto es la protección de la familia, entre otras.
- Finalmente, en la sentencia C-577 de 2011 este tribunal se pronunció sobre el artículo 113 del Código Civil, que circunscribe el matrimonio a la unión de un hombre y una mujer, y que tácitamente excluye que tal institución pueda estar conformada por dos personas del mismo sexo. En este fallo la Corte declaró la exequibilidad de la preceptiva legal impugnada, pero exhortó al Congreso para que antes del 20 de junio de 2013 regulara de manera integral y sistemática “sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección que, según los términos de esta sentencia, afecta a las mencionadas parejas”. Para arribar a esta decisión, se sostuvo que en principio la definición constitucional de familia contenida en el artículo 42 del ordenamiento superior descarta la inconstitucionalidad del precepto demandado, toda vez que dentro de las distintas formas de familia, la conformada por las que surgen del matrimonio celebrado por personas del mismo sexo goza de un reconocimiento y una protección especial y reforzada; no obstante, en un contexto caracterizado por la diversidad de estructuras familiares, las parejas del mismo sexo deben contar con instituciones jurídicas que permitan la formalización su unión, y por esta vía superar el déficit de protección que surge, no de la institución matrimonial como tal, sino de la legislación civil en su conjunto. Por tal motivo, concluyó que sin perjuicio de la constitucionalidad del artículo 113 del Código Civil, correspondía al Congreso regular la materia.
Por el contrario, el precedente más próximo a la hipótesis abordada en esta oportunidad se encuentra en la sentencia C-840 de 2001. En esta providencia la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 90.2 del ya derogado Código del Menor, que consagraba la adopción conjunta por uniones de hecho heterosexuales, excluyendo tácitamente la adopción por uniones homosexuales. Allí se examinó expresamente el cargo por la discriminación del segundo tipo de uniones, a las cuales normativamente les estaba vedada la adopción.
En esta oportunidad la Corte concluyó que no existía una omisión normativa inconstitucional, “si se tiene en cuenta que la adopción es ante todo una manera de satisfacer el derecho prevalente del menor a tener familia, y que la familia que el constituyente protege es la heterosexual y monogámica. Desde este punto de vista, al legislador no le resulta indiferente el tipo de familia dentro del cual se autoriza insertar al menor, teniendo la obligación de proveerle aquella que responde al concepto acogido por las normas superiores. Por lo tanto, no solo no incurrió en omisión discriminatoria, sino que no le era posible al Congreso autorizar la adopción por parte de homosexuales, pues la concepción de familia en la Constitución no corresponde a la comunidad de vida que se origina en este tipo de convivencia, y las relaciones que se derivan de la adopción”. De acuerdo con este planteamiento, la Corte declara la exequibilidad de la expresión “la pareja formada por el hombre y la mujer que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos tres (3) años”, contenida en el numeral 2 del artículo 90 del Código del Menor.
6.6. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte encuentra que se pueden comprometer los derechos constitucionales de los niños, cuando el Estado se abstiene de reconocer jurídicamente las relaciones de afecto y solidaridad, sólidas y estables, entre niños que tienen una única filiación, y los compañeros permanentes del mismo sexo de su progenitor, con el que éste último comparte la crianza, el cuidado y la manutención del menor. En estas hipótesis en las que de hecho se han conformado este tipo de lazos, con el consentimiento del padre o madre biológico, y que redundan en beneficio del menor, la falta de reconocimiento jurídico de tal vínculo se traduce en un déficit de protección del niño que amenaza el goce efectivo de sus derechos.
Como el menor está bajo la custodia de su padre o madre, y con éste conforma una familia que goza de plena autonomía, corresponde al progenitor definir sus condiciones de vida, y en particular, los sujetos con los que se entablará relaciones personales y las que de hecho se insertarán en el núcleo familiar. Cuando en este marco de autonomía se consolida un vínculo firme y permanente entre el menor y un “tercero” que se incorpora al núcleo familiar, en el que éste última comparte con el padre o madre biológico del niño las responsabilidades derivadas de la filiación, como la crianza, el cuidado y la manutención del menor, y expresa su voluntad y compromiso de asumirlas de manera indefinida, el desconocimiento jurídico de tales lazos implica para el menor una desprotección inaceptable desde la perspectiva constitucional.
La consecuencia necesaria de este presupuesto es el reconocimiento del poder de auto-configuración de la familia. Es en su interior donde se define la forma de vida a seguir, el tipo de formación y educación de los hijos, las rutinas y costumbres en el hogar, la distribución de deberes y responsabilidades, entre muchos otros. Si bien esto envuelve una gran responsabilidad, y por tanto un gran riesgo, el ordenamiento superior parte de un principio de confianza, y de la proyección de la autonomía individual en la vida familiar, de modo que únicamente cuando se desvirtúa de manera clara e inequívoca este principio y se pone en riesgo el interés superior del niño o los derechos de algún otro miembro, resulta legítima la mediación del Estado.
Tal facultad auto-regulatoria en la familia se radica, en primer lugar, en los propios padres. Es por esta razón que el artículo 14 del Código de la Infancia y la Adolescencia dispone que sin perjuicio del principio de corresponsabilidad, en cuya virtud del ejercicio de los derechos de los niños implica la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, el escenario natural para el cumplimiento de este propósito es el núcleo familiar, a partir del ejercicio de la patria potestad y de la responsabilidad parental, que implica la orientación, cuidado y acompañamientos de los padres a sus hijos.
Una de las manifestaciones de la responsabilidad parental es la facultad para determinar las personas que se insertan al grupo familiar, y las que acompañan el proceso formativo del menor. En la Sentencia T-041 de 1996, por ejemplo, la Corte amparó el derecho de una niña a no ser sustraída del hogar, cuando la defensoría de familia consideró que la ausencia temporal de la madre y el padre, quienes la dejaron al cuidado de la abuela materna, justificaba la medida. Este tribunal sostuvo que como la familia es la primera llamada a satisfacer los derechos de los niños, y que como los padres tienen la facultad para determinar el núcleo de personas con el que los menores establecen contacto en su vida cotidiana, la decisión de extraerlos del hogar debía estar precedida de un examen minucioso y riguroso que pusiese en evidencia la afectación objetiva de su bienestar, desde una perspectiva sicológica, afectiva, intelectual, emocional y material; como en este caso la niña tenía satisfechas sus necesidades en todos estos ámbitos, y se encontraba felizmente insertada en su núcleo familiar, se ordenó la restitución a su casa, mientras por las vías ordinarias se resolvía sobre la guarda correspondiente.
Por su parte, en la sentencia T-189 de 2003, esta Corporación examinó el caso de un hombre que ejercía de manera exclusiva la paternidad por la muerte prematura de su esposa, y que solicitaba, a través de la acción de tutela, la modificación del régimen de visitas de los abuelos maternos, que había sido impuesto por vía judicial. La Corte sostuvo que la regulación judicial de visitas a los menores, por parientes distintos a los padres, y en contra de la voluntad del que ejerce la patria potestad y que tiene bajo su cuidado personal al menor, desconoce los principios básicos que orientan la protección de la familia, y en particular el relacionado con el reconocimiento de la patria potestad como figura a través de la cual los padres tienen derecho a definir las condiciones de vida del menor. Por tal motivo, la Corte dejó sin efectos la providencia judicial, y ordenó que en su lugar, siguiendo el procedimiento legal y teniendo en cuenta la voluntad del padre y el bienestar del niño, se definiera la forma de integrarlo a su familia extensa.
Ahora bien, si dentro de este marco el padre o la madre de un menor que tiene una única filiación, conforman una unión permanente con otra persona de su mismo sexo, y a partir de esta unión el adulto se inserta a la familia y establece un lazo afectivo con el hijo de su compañero, asumiendo los deberes asociados a la filiación, y expresando un compromiso indefinido e irrevocable con éste, el desconocimiento jurídico de tal relación afecta el goce de los derechos del niño.
Algo semejante ocurre con las obligaciones alimentarias, ya que aunque jurídicamente nada se opone a que el compañero permanente del padre o madre de un menor asuma conjuntamente con éste la manutención del niño con el que convive, tal asistencia queda librada a la voluntad del compañero permanente del padre o de la madre, y puede ser suspendida en cualquier momento sin fórmula de juicio alguna.
Por las razones expuestas, la Corte concluye que en la hipótesis planteada, en la que confluye la circunstancia de la filiación única, la conformación de una unión permanente del padre o la madre y un tercero del mismo sexo, la inserción de este en el núcleo familiar, y la conformación de un vínculo afectivo y de solidaridad entre este último y el menor, en el que aquél comparte la crianza, el cuidado y la manutención del niño, y en el que asume el compromiso de hacerlo de manera indefinida e incondicional, la denegación de la adopción con fundamento en el carácter homosexual de la pareja, implica un déficit de protección del menor que amenaza gravemente sus derechos.