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Timestamp: 2017-05-27 21:10:58
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Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'artículo 1908', 'artículo 1198', 'artículo 902', 'artículo 512', 'artículo 274', 'artículo 274']

El fundamento de la responsabilidad tributaria de los administradores societarios | Todavía Somos Pocos
Posted on 19/03/2012 por Susy Bello Knoll	DOCTRINAS EN ADUANANEWS.COM.AR, AGOSTO 2009
La teoría general de la responsabilidad civil fue construyéndose lentamente a lo largo de tres mil años. En los primeros tiempos en la mayoría de los pueblos (Babilonia, Israel, Egipto, China, Persia, India y en el derecho romano arcaico) las normas vigentes otorgaban a las víctimas de un daño el derecho a vengarse[4]. Se trataba de devolver el mal sufrido pero no había límite lo que provocaba espirales de violencia. La Ley del Talión, aunque parezca ridículo, vino a significar una evolución significativa: la idea de la proporcionalidad entre el daño y la venganza: “ojo por ojo, diente por diente”. Otro gran paso es el perdón del daño por la entrega de un bien. La patrimonialización[5] de la venganza. Con la aparición de los Estados de Derecho se reglamenta la sanción, su medida y su cumplimiento. Poco a poco se introducen además elementos de naturaleza subjetiva dejando de lado la simple materialidad dañosa.
La responsabilidad de los administradores está en este marco del derecho privado y se rige por las pautas del Código Civil por lo que se deben acreditar los extremos que rigen las responsabilidad del derecho común. Es decir: a) se requiere una conducta por acción u omisión del administrador, b) la conducta debe ser antijurídica, es decir, violación de la ley, el estatuto o el reglamento, c) es imprescindible la existencia de un daño consecuencia de la conducta antijurídica para dar derecho a la indemnización, d) el factor de atribución de la responsabilidad será siempre subjetivo, y e) debe existir relación de causalidad.
El artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales establece una pauta general a la cual debe adecuarse la conducta de los administradores de las sociedades[6] cualquiera sea el tipo social: su conducta debe ser obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios. Luego la Ley establece normas específicas para casos particulares y especifica la conducta debida en distintos tipos sociales y en particular en las sociedades anónimas[7].
El obrar con lealtad encuentra su fundamento en el deber de fidelidad del mandatario del artículo 1908 del Código Civil que indica: “ “, y en el deber de buena fe del artículo 1198 del Código Civil que dice: “ “
El buen hombre de negocios establece la responsabilidad profesional del artículo 902 del Código Civil: “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”. La valoración se hará en concreto en cada caso conforme el artículo 512 del Código Civil: “ “.
El artículo 274 de la Ley de Sociedades Comerciales se refiere en particular al régimen de responsabilidad de los directores de la sociedad anónima[8]. La responsabilidad recae sobre los directores individualmente y existe una presunción de responsabilidad que admite prueba en contrario. No se trata entonces de una responsabilidad objetiva[9], ni derivada de una obligación de resultados sino de una presunción de culpabilidad de todos los miembros del órgano colectivo que provoca una inversión de la carga probatoria que obliga al director a tener que probar efectivamente su obrar diligente. No puede hablarse, en ningún caso, de la responsabilidad del directorio como órgano.
En algún momento defendí la postura de que la segunda parte del artículo 274 indicaba que sólo por el hecho de pertenecer al directorio se es responsable. Sin embargo me he dado cuenta de que esa lectura de la ley es disvaliosa y no fue esa la intención del legislador porque no se trata de una responsabilidad colectiva como dice Roitman y tampoco hay responsabilidad indirecta por el hecho de un tercero. Era más claramente objetiva, a mi parecer, la vieja concepción del Código de Comercio de 1862, que fuera mantenida en la reforma de 1889 según expresa la Exposición de Motivos de la ley vigente que permite ver que se ha tomado el modelo de la legislación comparada que posibilita la diferenciación en base a la actuación personal[10].
El principio del derecho tributario es que el sujeto obligado al pago del tributo es el generador del hecho imponible determinado en la ley fiscal. La ley 11.683 de Procedimiento Fiscal señala la diferencia entre los responsables por deuda propia y por deuda ajena (artículos 16 y 17). Los administradores son responsables por deuda ajena y están obligados a abonar el tributo por la deuda tributaria de sus representados con los recursos que administran. Los responsables no son deudores solidarios sino que su obligación es subsidiaria con naturaleza de garantía. La obligación de los administradores es la de un responsable solidario. Para que haya codeudores solidarios en derecho tributario todos los obligados al pago tienen que haber participado como partes en el hecho imponible. Sin embargo, la obligación de garantía hace que no los asista ni el beneficio de excusión ni el de división pero si el derecho de que se le exija previamente el pago al deudor principal.
En referencia a la responsabilidad aduanera podemos decir que el derecho aduanero regula tributos aduaneros por lo que es una especie del género derecho tributario que acabamos de tratar. Según el Código Aduanero los administradores poseen responsabilidad por los ilícitos aduaneros siendo pasibles de inhabilitaciones especiales, penas privativas de libertad y responsabilidad solidaria e ilimitada. No responderá quien acredite ser ajeno al hecho, haberse opuesto al mismo o desempeñar funciones distintas inscriptas. Existe en este ámbito una tendencia legislativa y jurisprudencial de pasar de la responsabilidad objetiva al régimen de imputación subjetiva del Código Aduanero conforme el Caso “Bigio, Alberto c. Aduana de la Nación” resuelto por la Corte Suprema de la Nación[11]. Allí el Tribunal indicó que “no sería ajustado a derecho extender la responsabilidad de terceros, toda vez que ello importaría una lesión al principio de culpabilidad”[12].
Ojalá que en el marco de la responsabilidad de los administradores societarios frente a las obligaciones tributarias se pueda decir algún día que las conductas son ajustadas a lo que una sociedad justa requiere de ellos, pero antes, y, del mismo modo, ojalá que la sociedad pueda percibir la responsabilidad de sus legisladores al establecer las normas tributarias.
[1] Tigro Represas, Félix A. y López Mesa, Marcelo J., “Teoría General de la responsabilidad civil”, Tomo , pág. 1 y ss.
[6] Roitman y otros, “Ley de sociedades comerciales coemtnada”, Tomo I, pág.
[7] Gagliardo, Mariano, “Responsabilidad precontractual y resposnabildiad societaria”, LL, 6 de diciembre de 2004.
[8] Roitman y otros, “Ley de sociedades comerciales comentada”, Tomo I, pág. 542.
[9] CNPenal Económico, sala B, 31/05/2004, Almade S.A., LL, 24 de septiembre de 2004.
[10] Ley de sociedades comerciales anotada, Manuales de Jurisprudencia La Ley, pág. 511.
[11] CSJN, 9-8-74, El Derecho, tomo 57, página 176.
[12] Koch, Eduardo Alfredo, “La responsabilidad de los directores de las sociedades anónimas (tributaria, aduanera, penal, laboral y concursal)”, LL, 10 de noviembre de 2004.
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Esta entrada fue publicada en Articulos, Derecho Societario y etiquetada balance falso, beneficios fiscales, sociedades anónimas, sociedades comerciales, sociedades de responsabilidad limitada por Susy Bello Knoll. Guarda enlace permanente.	2 pensamientos en “El fundamento de la responsabilidad tributaria de los administradores societarios”	Jorge Oddone en 26/04/2012 en 12:59 pm dijo:
Susy, excelente artículo!!!. No me parece feliz la distinción de que hay responsabilidad penal cuando el daño afecta a toda la sociedad y responsabilidad civil cuando el daño afecta a una persona determinada ya que según mi criterio, la responsabilidad penal además de afectar a la sociedad , en general siempre afecta a una persona determinada, existiendo incluso delitos que dependen solo de instancia privada. Te mando un beso
Responder ↓	susy en 28/04/2012 en 2:50 pm dijo:
Gracias, Jorge. Coincido con tu criterio absolutamente! Sólo quise destacar en esta mención que el daño en el caso penal atenta contra toda la sociedad en el sentido que vulnera valores que son fundamentales para ella. Agradezco el tiempo que has dedicado en leer y en aportar un valioso comentario.