Source: http://ernestocedeno.blogspot.com/2012/02/
Timestamp: 2017-09-26 18:06:56
Document Index: 371755908

Matched Legal Cases: ['Artículo 143', 'Artículo 325', 'Artículo 163', 'Artículo 163', 'Artículo 163', 'Artículo 50']

ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, ABOGADO: febrero 2012
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INTERPRETACIÓN ELECTORAL EN PANAMÁ
Erradamente se ha mal interpretado el Artículo 143 numeral 3 de la Constitución, argumentando que El Tribunal Electoral, es el único que debe interpretar y aplicar la ley electoral en Panamá. Tal concepción es preocupante, ya que a la Corte Suprema de Justicia, PLENO, el constituyente patrio, también le ha endosado esta posibilidad en el párrafo final del mismo artículo, cuando reza: “...Contra estas decisiones (las del Tribunal Electoral), solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad. (Esta materia última, la decide el PLENO de la Corte).
De las declaraciones recientes de los magistrados del Tribunal Electoral se puede inferir que los mismos se encuentran inconformes, de que el PLENO de la Corte Suprema, les revoque sus decisiones, aun cuando fueren contrarias a la Carta Magna.
Tal tesis es inocua, toda vez que en la Constitución se permite que el PLENO de la Corte decida en el fondo sobre las decisiones emitidas en matera electoral. Dura lex sed lex. (Dura es la ley, pero es la ley). Concluyo que la diferencia gravitaría de igual forma si existiera hoy en PANAMÁ, una Corte Constitucional, pues de igual forma ésta, podría revocarle, los fallos electorales, al Tribunal Electoral en materia constitucional.
PRECEDENTES RECIENTES DE REVOCATORIA DE FALLOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL POR PARTE DEL PLENO DE LA CORTE.
1. Sentencia del 19 de enero de 2009. Fallo unánime. Mag. Ponente JERÓNIMO MEJÍA. Se declaró inconstitucional el Decreto No. 17 de 2003, del Tribunal Electoral y demás actos que reconoció el acuerdo de alianza entre el PRD y el PP respecto de la adjudicación de legisladores por residuo en las elecciones del 2 de mayo de 2004. PRECISAMENTE GERARDO SOLIS, a la sazón, Fiscal ELECTORAL, fue el que demandó lo anulado a la postre por la Corte, en demanda de inconstitucionalidad. (Caso del DR. OSCAR AVILA)
2. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Fallo unánime. Mag. Ponente ADÁN ARNULFO ARJONA. Se declaró inconstitucional la Resolución de 30 de marzo de 2009. (Caso PARLACEN-CD). La Corte dijo que la impugnación presentada en contra de la anulación de las credenciales fue extemporánea y el Tribunal Electoral la admitió y dijo la Corte, además, que el Tribunal Electoral no cumplió con la Constitución ni la ley, ni respeto el principio de estricta legalidad. (Pág. 20)
Finalmente la Corte, Pleno, en un buen fallo del 21 de julio de 2009, Mag. Ponente. ALBERTO CIGARRUISTA anuló un artículo del código electoral, que impedía la libre postulación para el cargo presidencial. (Caso Juan Jované)
De lo anteriormente expuesto afirmo que la función del PLENO de la Corte en materia electoral se ha vertido en materia de inconstitucionalidad, por que así lo definió el constituyente, por lo que debe permanecer esta prerrogativa incólume, hasta que haya un cambio constitucional.
Ha trascendido en los medios de comunicación que se desea proyectar a REFERÉNDUM, el asunto de las hidroeléctricas, en los sectores comarcales, si no se concretizan acuerdos sobre este tema con el sector indígena.
La idea del referéndum no se ha concebido a nivel constitucional ni legal para las hidroeléctricas, por lo que podría ser inconstitucional, esta idea.
Régimen de REFERÉNDUM a nivel Supremo. Artículos 313 y 314 para las reformas a la Constitución y Artículo 325 para los tratados y convenios internacionales, sobre el tema del Canal de Panamá.
Por su parte, los Artículos 358 al 360 del código electoral, permite el referéndum sólo para asuntos de ratificación de Tratados y Convenios y sobre reformas constitucionales, por lo que mal podría el Tribunal Electoral, convocar a un referéndum para las hidroeléctricas, toda vez que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley permite hacer. Principio de Estricta Legalidad, recogido en los Artículos 17 18 Constitucional.
El gobierno lo que puede hacer es lo siguiente:
1. Impulsar una ley sobre consultas populares a nivel nacional, que no existe, y / o
2. Darle curso a la iniciativa de consultas publicas, pero sólo en las regiones en donde se van a instalar las hidroeléctricas, en base a lo que permite la Ley 6 de 2002 en sus Artículos 24 y 25 y por medio de alguno de sus mecanismos.
Publicado por Ernesto Cedeño en 15:38 No hay comentarios:
Concesiones e hidroeléctricas
CONCESIONES MINERAS Y LAS HIDROELECTRICAS
Los medios impresos de Panamá anuncian que el gobierno prometió aprobar el artículo N°5 con la redacción expresa de cancelar las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación minera dentro de la comarca Ngäbe-Buglé.
Dentro de los compromisos asumidos por el Estado y aceptados preliminarmente por los indígenas está también la eliminación de la Ley N°41 de 1975, que creó la estatal Corporación de Desarrollo Minero (CODEMIN).
Anotan los medios, que dentro de la comarca están “en papel” las concesiones de exploración minera en Cerro Colorado y Cerro Pelado, ambas con 86 mil hectáreas otorgadas.
Aunque se lea bonito la decisión gubernamental, la misma podría objetarse por inconstitucional, ya que esto lesiona la seguridad jurídica y el principio de legalidad que gravita en Panamá, a rango Supremo.
Huelga decir, que el Estado podría someterse en un futuro, a una serie de demandas económicas, por esta razón. Sugiero ir recabando dinero para afrontarlas.
Lo que el Estado, si puede hacer, juzgo yo, antes de emitir una ley sobre esto, es revisar las concesiones otorgadas y, de ser procedente, rescatar todas aquellas concesiones que no estén cumpliendo con los requerimientos exigidos por la reglamentación y/o el contrato, o que pueda preverse que será imposible su cumplimiento. Esto a través de un procedimiento administrativo, basado en la ley y honrando el debido proceso.
Igual criterio debe considerarse extensivo para los casos de las hidroeléctricas que pudieran estar otorgadas en derecho, en zonas anexas a las Comarcas.
Debe queda claro que el articulo 50 de la Constitucion reza en su parte final que el interés particular DEBERA ceder en favor de las grandes mayorías del Pais. Por lo que se desprende que podría ser contraria a la Carta Magna cualquier idea de excluir la creación de hidroelectricas, que podrian favorecer al resto de un Pais.
Tel 6676-0909
Publicado por Ernesto Cedeño en 4:22 No hay comentarios:
Concesiones me hidroelectricas
ERROR DE LA AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (ATTT) PERMTIE EL MANTENIMIENTO DEL COBRO DE 0.10 CENTESIMOS EN LA TERMINAL DE ALBROOK
La Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook indicó que actuó dentro de los parámetros que las leyes y normas establecen en el aumento de 0.05 centésimos en la tasa de uso del sitio a 0.10 centésimos.
Asimismo, la empresa destacó que este viernes 10 de febrero recibió y se notificó de la Resolución AL No. 28 de 9 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que ordena la suspensión temporal del cobro de 0.05 centésimos adicional.
Argumentaron que la Gran Terminal tiene 5 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración.
"Por lo cual la orden de suspensión no se encuentra en firme y como consecuencia hasta que ello ocurra, se mantendrá la medida de aumento, como estipula la ley".
De la noticia se desprende que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre cuando emitió la resolución de marras se equivocó al precisar en ella que la empresa tenía 5 días para recurrir, toda vez que conforme al Artículo 163 de la Ley 38 de 2000, las únicas resoluciones recurribles, son las que se promulgan dentro de un procedimiento previamente establecido y al parecer, este no es el caso.
De los medios de comunicación se infiere que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ordenó la suspensión del aumento del zarpe, como protección urgente al consumidor y no por que se había instaurado un procedimiento o proceso administrativo de aumento de la tarifa; siendo esto así, no debió emitirse una resolución de fondo, sino mas bien un proveído, que es de mero obedecimiento y no admite ningún recurso en contra. Este aspecto se debió decir, dentro de la resolución proferida de mero obedecimiento.
El Artículo 163 de la Ley 38 de 2000, reza como sigue:
Artículo 163. Las resoluciones que decidan el proceso en el fondo y aquéllas de mero trámite que, directa o indirectamente, conllevan la misma decisión o le pongan término al proceso o impidan su continuación, serán susceptibles de ser impugnadas por las personas afectadas por ellas, mediante los recursos instituidos en este Capítulo. Será susceptible del recurso de apelación, la resolución en la que la autoridad de primera instancia niegue la práctica o admisión de pruebas presentadas o propuestas por las partes; recurso que será concedido en efecto devolutivo. Si la autoridad de segunda instancia revocare la resolución y decretare la prueba, el inferior podrá señalar un término probatorio adicional, hasta de diez días para practicarla.
La falta de conocimiento para escoger cual era la resolución que debía emitir la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre sobre este tema, esta haciendo que la empresa siga cobrando a sus anchas, el aumento del zarpe humano, en afrenta del consumidor, ya que la empresa ante la inocencia de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre esta reclamando el cumplimiento de los Artículos 168 y 170 de ley en mención que no debieran aplicarse, para esta medida de suspensión, emita de manera autónoma.
Publicado por Ernesto Cedeño en 3:33 No hay comentarios:
La falta de conociendo para escoger cual era la resolución que debía emitir la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre sobre este tema, esta haciendo que la empresa siga cobrando a sus anchas, el aumento del zarpe humano, en afrenta del consumidor, ya que la empresa ante la inocencia de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre esta reclamando el cumplimiento de los Artículos 168 y 170 de ley en mención que no debieran aplicarse, para esta medida de suspensión, emita de manera autónoma.
Publicado por Ernesto Cedeño en 18:51 No hay comentarios:
La interposición de un recurso podrá hacerse en el acto de notificación de la decisión o mediante escrito, dentro del término concedido al efecto. (Las subrayas son nuestras)
Publicado por Ernesto Cedeño en 18:50 No hay comentarios:
LA CANCELACION DE LAS CONCESIONES MINERAS OTORGADAS ES UN ERROR JURÍDICO, PERO UN ÉXITO POLITICO
Huelga decir, que el Estado podría someterse en un futuro, a una serie de demandas económicas, por esta razón. Sugiero ir recabando dinero para frontarlas.
La impresión que pudiéramos estar dando en el extranjero, es peligrosa, con esta medida, máxime que somos un país con grado de inversión.
¿Hoy son los indígenas, mañana quienes serán los que presionarán, al gobierno de Panamá?
Publicado por Ernesto Cedeño en 1:48 No hay comentarios:
Acuerdo de San Lorenzo 1
Preocupaciones jurídicas de San Lorenzo 1: 1. El gobierno no puede ordenar la liberación de todos los detenidos si están a ordenes del Ministerio Publico que es un ente independiente. Solo podrá hacerlo en los casos en donde el Ministerio Publico no haya iniciado de oficio la investigación. 2. Para que haya indemnización a los familiares del fallecido debe hacerse por uña ley o con fallo tribunalicio. Lo que puede dar el gobierno es una compensación. La indemnización lleva consigo la obligación de pagar daños y perjuicios. 3. El gobierno no tiene potestad legal para retirar los expedientes que están de oficio bajo la investigación del Ministerio Publico. Lo que el gobierno pudiera hacer es mandarle una carta al Ministerio Publico en donde diga que en base al acuerdo celebrado no se siente perjudicado por las acciones cometidas por los indígenas desde el punto de vista económico. Y le diga a los indigenas que se obliga a indultar luego de emitidas las sentencias en firme a los indígenas. Los delitos comunes pueden ser sujeto de los indultos presidenciales si se cometen por fines ideológicos como en el caso de los indígenas en protesta publica. 4. El articulo 50 de la Constitucion dice que los intereses particulares deben ceder en favor de los colectivos. No se puede obviar esta norma al momento de legislar las hidroeléctricas.
Publicado por Ernesto Cedeño en 18:44 No hay comentarios:
Carta al Ministro José Raúl Mulino
Señor Ministro José Raúl Mulino, con mucho respeto le exteriorizo, que estoy sorprendido por las declaraciones que usted le ha dado a los medios de comunicación el día domingo 5 de los corrientes cuando dijo: “que la comunicación telefónica vía celular, seguirá suspendida por seguridad.” A mi juicio no hay basamento legal suficiente para decretar tal medida y por lo tanto, sería saludable que le informara al PAIS, en que norma jurídica se ha basado para la ejecución de tal decisión; toda vez, que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley dispone. (Principio de Estricta Legalidad, recogido en los Artículos 17 y 18 de la Constitución Política patria.
Por su parte la Convención Americana de los Derechos Humanos, que está en rango constitucional en Panamá, por aquello del Bloque de la Constitucionalidad, reza:
Por lo antes expuesto, concluyo que no se adecua a la Constitución, el haber decretado la suspensión de las comunicaciones en un sector del País, y me preocupa a su vez, el precedente delicado, que sienta para la democracia de Panamá, en torno al ejercicio de nuestras libertades en el presente y futuro inmediato
Publicado por Ernesto Cedeño en 13:57 No hay comentarios:
Mensaje al Ministro Mulino
Señor Ministro Raul Mulino, con mucho respeto le exteriorizo, que estoy sorprendido por las declaraciones que usted le ha dado a los medios de comunicación el día domingo 5 de los corrientes cuando dijo: “que la comunicación telefónica vía celular, seguirá suspendida por seguridad.” A mi juicio no hay basamento legal suficiente para decretar tal medida y por lo tanto, sería saludable que le informara al PAIS, en que norma jurídica se ha basado para la ejecución de tal decisión; toda vez, que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley dispone. (Principio de Estricta Legalidad, recogido en los Artículos 17 y 18 de la Constitución Política patria.
Por lo antes expuesto, concluyo que no se adecua a la Constitución, el haber decretado la suspensión de las comunicaciones en un sector del País, y me preocupa a su vez, el precedente delicado, que sienta para la democracia de Panamá, en torno al ejercicio de nuestras libertades en el presente y futuro inmediato.
Aunque quisiera que por la vía del dialogo maduro, se eliminaran las protestas y los desacuerdos con la minoría indígena en Panamá, no es menos cierto que las conductas radicales de los manifestantes, expectantes de un acuerdo, afectan derechos de terceros y de la mayoría de los panameños, y esto es objetable. Debe quedar claro que la minoría debe ceder ante los intereses de la mayoría, conforme reza en el Artículo 50 de la Carta Magna panameña.
A su vez, planteo que el Ministerio Público debe iniciar de oficio ya, se lo ordena la ley, una investigación por presuntas conductas que lesionan el orden jurídico interno y están tipificadas en nuestro ordenamiento legal, como por ejemplo; la presunta retención indebida de personas. (Art. 149 del código penal)
De igual forma, si son ciertas las afirmaciones gubernamentales que reflejan que los originarios desean que se eliminen las concesiones hidroeléctricas dadas mediante concesiones válidas, éstas no pueden salir rápidamente de la esfera jurídica, al prudente arbitrio de los gobernantes de turno, ya que se violaría el principio sagrado de la seguridad jurídica a rango constitucional (dentro de la legalidad).
Ha trascendido a la opinión pública que la Procuraduría de la Nación pedirá un sobreseimiento definitivo objetivo e impersonal en el caso del expediente por la compra de los radares y otro equipo de seguridad a la empresa italiana Finmeccanica.
El Ministerio Público le debiera decir al País, si del análisis de los contratos los mismos se han hecho con perfección y no dan cabida para que en el futuro, graviten a conductas delictivas u anómalas. A mi juicio los contratos han salido a la vida jurídica con imperfecciones.
1. Permite el pago de anticipo por más de 11 millones de euros que debe dar el Estado, precisamente por que un aspecto del objeto del contrato es buscar el financiamiento.
1. La cláusula tercera permite cargarle al Estado costos adicionales por la traída del equipo. Esto no es adecuado.
2. La cláusula cuarta permite hacerle ajustes al monto total del contrato, por se esto, peligroso.
3. 4. El pago anticipado por adelantado, no se justifica plenamente en el contrato, ya que en la modalidad “llave en mano”, en Panamá, el pago total, se acostumbra hacerlo al final de todo contrato. Cuando uno firma contrato llave en mano, como el contratista busca su propio financiamiento, suele alzarle los costos al proyecto de manera justa, por esa razón; empero, si lo beneficiamos con un adelanto en el pago, se pierde la esencia de esta aparte, por un lado y por el otro, el costo alzado pudo haberse considerado en la propuesta presentada.
9. En la cláusula vigésima cuarta se posibilita que el Estado pague no solo por los tributos si no por otros gastos que se deriven de la importación de los bienes vinculaos a la ejecución del contrato; término amplio en exceso que podría hacer viable hasta el pago por servicios profesionales entre otros puntos.
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