Source: https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-781-1986-18-abr-tr-disposiciones-legales-vigentes-materia-regimen-local-1250741
Timestamp: 2019-05-22 04:50:06
Document Index: 243650979

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 78', 'artículo 109', 'artículo 65', 'artículo 191', 'artículo 192', 'artículo 58', 'artículo 155']

RDLeg. 781/1986 de 18 de Abr (TR. de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local) | Iberley
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. - Boletín Oficial del Estado de 22-04-1986
Modificación realizada por LEY 4/1996, DE 10 DE ENERO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL, EN RELACION CON EL PADRON MUNICIPAL. (BOE de 12-01-1996) en vigor desde 13-01-1996
Texto Original. Publicado el 22-04-1986 en vigor desde 12-05-1986
13/01/1996 (Vigente)
12/05/1986 (Versión Original)
Modificación realizada por Correccion de errores del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de regimen local. (BOE de 11-07-1986) en vigor desde 11-07-1986
TITULO III. La provincia
CAPITULO III Competencias.
3.Dichos planes se insertarán en el "Boletín Oficial de la Provincia" para que puedan formularse alegaciones y reclamaciones sobre los mismos durante un plazo de diez días.
TITULO IV. Otras Entidades Locales
CAPITULO PRIMERO. Régimen de funcionamiento
CAPITULO II. Relaciones interadministrativas
TITULO VI. Bienes, actividades y servicios y contratación
CAPITULO PRIMERO. Bienes
* (NOTA: Declarado inconstitucional y nulo el inciso en cursiva)
Modificación realizada (97 (se declara inconstitucional y nulo el inciso destacado)) por Pleno. Sentencia 111/2016, de 9 de junio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 1959-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia en relacion con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizacion y sostenibilidad de la Administracion Local. Principios de autonomia local, democratico y de lealtad institucional, autonomia financiera: nulidad parcial de los preceptos relativos a las funciones atribuidas a la Administracion del Estado respecto de la coordinacion de los servicios municipales por las diputaciones provinciales, condiciones para la ejecucion en regimen de monopolio de las actividades reservadas y mayoria requerida para la adopcion de acuerdos en las corporaciones locales; interpretacion conforme de los preceptos relativos a la competencia provincial sobre prestacion de los servicios de administracion electronica y contratacion centralizada en determinados municipios y al plan provincial de cooperacion a las obras y servicios de competencia municipal. Voto particular. (BOE de 15-07-2016) en vigor desde 06-09-2016
Modificación realizada (97 (apdo.2)) por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizacion y sostenibilidad de la Administracion Local. (BOE de 30-12-2013) en vigor desde 31-12-2013
06/09/2016 (Vigente)
Modificación realizada (110 (Se deroga)) por Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico. (BOE de 02-10-2015) en vigor desde 02-10-2016
TITULO VII. Personal al servicio de las Entidades locales
5.º (Derogado).
6.° (Derogado).
Modificación realizada por REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/1994, DE 25 DE JUNIO, DE MODIFICACION DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL, Y DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 781/1986, DE 18 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN MATERIA DE REGIMEN LOCAL, EN LO QUE SE REFIERE A LA PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL. (BOE de 29-06-1994) en vigor desde 30-06-1994
Modificación realizada por LEY 10/1993, DE 21 DE ABRIL, DE MODIFICACION DEL REGIMEN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARACTER NACIONAL. (BOE de 22-04-1993) en vigor desde 23-04-1993
Modificación realizada (Derogado en cuanto se oponga a lo previsto en esta disposición adicional octava de la Ley 31/1991.) por LEY 31/1991, DE 30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1992. (BOE de 31-12-1991) en vigor desde 20-01-1992
CAPITULO II. Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera
1. Son funcionarios de la Administración Local las personas simuladas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo.
Modificación realizada ( Esta sentencia declara inconstitucional el ?ºltimo inciso del parrafo b), que disponia ¨y no exceder de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación forzosa por edad determinada por la legislación básica en materia de función p?ºblica¨.) por Pleno. Sentencia 37/2004, de 11 de marzo de 2004. Cuestion de inconstitucionalidad 4124/1996. Promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragon respecto del art. 135 b), ultimo inciso, del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de regimen local. Vulneracion del derecho a la igualdad en el acceso a las funciones publicas: limite maximo de edad para opositar a puesto en la funcion publica local. Nulidad del precepto estatal ( STC 75/1983) . (BOE de 06-04-2004) en vigor desde 06-04-2004
06/04/2004 (Vigente)
CAPITULO III. Disposiciones específicas para los funcionarios con habilitación de carácter nacional
Modificación realizada ( ) por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Basico del Empleado Publico. (BOE de 31-10-2015) en vigor desde 01-11-2015
CAPITULO IV. De los demás funcionarios de carrera
b) Pertenecerán a la subescala de gestión de Administración General los funcionarios que realicen tareas de apoyo a las funciones de nivel superior».
CAPITULO V. Personal eventual y laboral
31/12/1988 (Vigente)
1. Constituyen los medios económicos de las Entidades locales el producto de los recursos reconocidos por las Leyes y las propiedades, valores y derechos pertenecientes a las mismas.
2. La gestión económica de las Entidades locales tendrá por objeto la administración de los bienes, rentas, tributos, derechos y acciones que les pertenezcan, a cuyo fin les corresponden las funciones siguientes:
a) La administración y aprovechamiento del patrimonio.
b) La imposición y ordenación de los recursos autorizados por la Ley.
c) El reconocimiento, gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos rentas y demás derechos económicos.
d) La sanción de infracciones.
e) La ordenación de gastos y el reconocimiento, liquidación y pago de obligaciones.
f) La planificación y programación de la actividad económica.
g) La formación, aprobación, ejecución y liquidación de los presupuestos.
h) La contabilidad y rendición de cuentas.
i) El ejercicio de derechos, adopción de medidas e implantación y organización de servicios para el cumplimiento de las funciones económico-administrativas que la Ley les asigna.
j) La acción ante los Tribunales en defensa de los derechos e intereses de sus Haciendas.
Modificación realizada por Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. (BOE de 30-12-1988) en vigor desde 31-12-1988
La Administración del Estado podrá comprobar el destino dado por las Corporaciones locales a los fondos procedentes de las asignaciones presupuestarias y participaciones en ingresos de carácter finalista, y obtener información sobre el grado de utilización de sus recursos tributarios propios y el nivel de prestación de servicios públicos de carácter básico.
1. Las Entidades locales no podrán enajenar o hipotecar sus derechos y propiedades ni conceder exenciones, perdones, rebajas o moratorias para el pago de sus recursos o de los créditos por cualquier concepto que tuviesen liquidados a su favor, excepto en los casos previstos por las Leyes.
2. Las transacciones y arbitrajes previstos en el artículo 39 de la Ley General Presupuestaria requerirán, cuando afecten a derechos de las Haciendas de las Entidades locales, el acuerdo del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente que tuviera asumida esa competencia.
1. En los procedimientos para el reintegro a las Haciendas locales en los casos de alcance, desfalcos y malversaciones de fondos y efectos o faltas en los mismos, cualquiera que sea su denominación, será de aplicación lo previsto en los artículos 140 a 146 de la Ley General Presupuestaria, correspondiendo al Presidente de la Corporación la instrucción de las diligencias previas, adopción de medidas de aseguramiento y la comunicación al Tribunal de Cuentas.
2. Cuando en tales procedimientos, los bienes embargados al funcionario o al responsable no bastaran a cubrir el desfalco o alcance y se observare que al aprobarse la fianza se valoró por cuantía superior a la que le correspondiera con arreglo a los tipos establecidos o por menor cantidad de la señalada para la garantía, se procederá solamente por la diferencia de valores que resulte de menos contra los miembros de la Corporación que hubieran calificado y aprobado la fianza, en los términos del artículo 78.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
1. Las deudas contraídas por las Entidades locales no podrán ser exigidas por el procedimiento de apremio, a excepción de las aseguradas con prenda o hipoteca, no pudiendo ninguna autoridad del Tribunal despachar mandamiento de ejecución ni dictar providencia de embargo, contra bienes y derechos de dichas Entidades.
2. Aquellos créditos que lo sean a favor de las Haciendas estatal y autonómica podrán extinguirse por la vía de la compensación, en los términos que establece el artículo 109 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
3. Sólo serán exigibles a las Entidades locales las obligaciones de pago que resulten de la ejecución de sus respectivos presupuestos o las derivadas de sentencia judicial firme, a cuyo cumplimiento se procederá de inmediato, tras la notificación o conocimiento fehaciente de la misma.
4. Cuando el cumplimiento de resolución de autoridad o Tribunal implicase abono de cantidades para el que no fuera posible allegar recursos por cualquiera de las vías presupuestarias normales, podrá fraccionarse su pago hasta un máximo de cinco anualidades, consignándose en los respectivos presupuestos el principal más los intereses de demora.
5. Las Entidades locales estarán exceptuadas de la presentación de cauciones, fianzas o depósitos ante los Tribunales de cualquier jurisdicción y organismos de la Administración.
6. Las actuaciones inspectoras de los distintos organismos estatales y autonómicos competentes cerca de las Entidades locales se pondrán en conocimiento de los Presidentes mediante comunicación en la que, de forma razonada, se exponga el objeto de la misma.
7. En caso de disconformidad con la realización de la inspección, las mociones a que se refiere el párrafo anterior serán resueltas por el Ministro a quien corresponda el servicio afectado, o autoridad correspondiente de la respectiva Comunidad Autónoma.
Sólo por medio de una Ley se podrán establecer servicios que representen cargas económicas para las Entidades locales o determinar obligaciones que tengan por objeto costear o subvencionar atenciones de las restantes Administraciones Públicas.
Las Entidades locales y sus organismos autónomos, así como los Consorcios en los que participen gozarán de los beneficios fiscales previstos en las Leyes.
CAPITULO II. Normas tributarias comunes
Sección primera. Imposicion y ordenacion de tributos
1. Salvo en los supuestos expresamente previstos en las Leyes, las Entidades locales acordarán la imposición de sus tributos propios y aprobarán, simultáneamente, las correspondientes Ordenanzas para su aplicación, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
2. De igual forma podrán aprobar Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección.
3. En todo caso, las Ordenanzas reguladoras de los tributos locales deberán contener:
a) La determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo y de las exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
b) Las bases, los tipos de gravamen aplicables o las cuotas exigibles, así como los demás elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
c) Los plazos y forma de declaración e ingresos.
e) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su vigencia.
f) Las demás particularidades que determinen las leyes y demás disposiciones dictadas para su ejecución y las que la Entidad local estime pertinentes.
Las Entidades locales, al acordar la ordenación e imposición de sus tributos propios deberán tener inexcusablemente en cuenta:
a) Que cuando las Leyes otorguen exenciones a condición de reciprocidad internacional, las Entidades locales habrán de aplicarlas en su caso, no pudiendo considerarlas anuladas por falta de ella sin previa declaración del Gobierno.
b) Que la sola identidad del objeto, de la base o del contribuyente y aun la de todos dichos elementos, de dos o más tributos de carácter local, no invalidan ninguno de éstos, siempre que los conceptos de imposición sean diferentes.
1. Cuando el Estado otorgue exención en el pago de tributos locales a alguna Empresa o Entidad, quedará subrogado en la obligación de abonar a la Entidad local respectiva el importe de los mismos con arreglo a los tipos de gravamen vigentes en la fecha del otorgamiento, salvo disposición legal en contrario.
2. Las Leyes que autoricen la desgravación total o parcial de impuestos locales, proveerán a la pertinente sustitución por otros de rendimiento y características similares.
1. Los acuerdos adoptados por las Entidades locales en materia de imposición y ordenación de tributos propios, así como sus modificaciones, se someterán a información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días, mediante exposición pública en el tablón de anuncios de la Entidad, durante cuyo plazo podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
2. Las Entidades locales publicarán anuncios de tales acuerdos en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el de la propia Corporación, si lo hubiere.
1. Finalizado el plazo de exposición pública a que se refiere el artículo anterior, las Entidades locales adoptarán, en el plazo de un mes, los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones y sugerencias presentadas.
2. En el supuesto de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de imposición de tributos y de aprobación o modificación de las Ordenanzas fiscales.
1. Los acuerdos definitivos de imposición de tributos y las correspondientes Ordenanzas reguladoras, así como sus modificaciones, se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia».
2. De los expresados acuerdos y Ordenanzas se remitirá copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, dentro de los treinta días siguientes a su aprobación, y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado íntegramente su texto conforme a lo previsto en el apartado anterior y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
3. Las Diputaciones Provinciales y los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, deberán editar el texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico.
4. Contra los acuerdos definitivos de las Entidades locales en materia de imposición de tributos o aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales, los interesados podrán interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, el cual no suspenderá, por sí sólo, la aplicación de dichas Ordenanzas.
Sección segunda. De la gestion tributaria
La gestión e inspección de los tributos locales se realizará por las Entidades locales conforme a lo previsto en la presente Ley y, en todo caso, en la Ley General Tributaria y la legislación estatal reguladora de la materia.
1. Contra los actos de las Corporaciones locales sobre aplicación y efectividad de los tributos locales podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó el correspondiente recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes a contar desde la notificación expresa o la exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes.
2. Para interponer recurso de reposición contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, no se requerirá el previo pago de la cantidad exigida; pero la reclamación no detendrá, en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a cuyo efecto será indispensable para solicitar la suspensión del acto impugnado, acompañar garantía que cubra el total de la deuda tributaria.
3. No se admitirán otras garantías que las siguientes, a elección del reclamante:
a) Ingreso en efectivo en la Caja General de Depósitos del Estado, en la Caja de la Entidad acreedora, en el Banco de España o sucursal correspondiente, a disposición del Presidente de la Entidad.
b) Depósito en cualquiera de los establecimientos indicados de Deuda Pública del Estado o de la Entidad acreedora, siempre por su valor efectivo, sea cual fuere su clase, y
c) Fianza solidaria prestada por un Banco oficial o privado, o por una Caja de Ahorros, a satisfacción de la Entidad local correspondiente.
4. En casos muy calificados y excepcionales, podrán, sin embargo, las Entidades acreedoras acordar discrecionalmente, a instancia de parte, la suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, cuando el reclamante alegare y justificare en su solicitud la imposibilidad de prestarla.
5. La concesión de la suspensión llevará siempre aparejada la obligación de satisfacer intereses de demora por todo el tiempo de aquélla y sólo producirá efectos en el recurso de reposición.
1. La Tesorería incluirá la Jefatura de los Servicios de Recaudación y corresponderá al Interventor la fiscalización de los mismos.
2. Las Entidades locales nombrarán a los Recaudadores y Agentes ejecutivos que estimen necesario con sujeción a las normas reguladoras del personal al servicio de las mismas y fijarán la fianza que deban prestar. Los Recaudadores en vía de apremio y Agentes ejecutivos deberán, además, ostentar la condición de funcionario.
1. Los procedimientos para la cobranza de todos los recursos y créditos liquidados a favor de las Entidades locales, serán sólo administrativos y se ejecutarán por sus Agentes en la forma prevista en las normas a que se refiere el artículo 191 de esta Ley.
2. Las certificaciones de débitos de aquella procedencia que expidan los Interventores, tendrán la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra los bienes y derechos de los deudores.
3. Una vez iniciado el procedimiento de apremio no se suspenderá, salvo en los supuestos y con las garantías previstos en el artículo 192 de esta Ley y en el Reglamento General de Recaudación.
1. Las cuotas tributarias adeudadas a las Entidades locales devengarán, con independencia de los recargos que procedan, el interés de demora previsto en el artículo 58.2.b) de la Ley General Tributaria.
2. Los sujetos pasivos o responsables y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que hubieran realizado indebidamente con ocasión del pago de deudas tributarias, con abono del interés previsto en el artículo 155.1 de la Ley General Tributaria.
1. El producto de la recaudación de toda clase de recursos que constituyen la Hacienda local, se ingresará íntegramente en la Caja de la Entidad local respectiva.
2. Ninguna cuota de tributos locales podrá ser recargada en concepto de gastos de administración, investigación, cobranza o por partidas fallidas.
3. Con excepción de las devoluciones de ingresos indebidos, no podrá, en ningún caso, minorarse los ingresos del erario local.
CAPITULO III. De los ingresos municipales
b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho púbIico.
e) Impuestos.
f) Recargos y participaciones en los tributos del Estado y participaciones en los de las Comunidades Autónomas.
1. Tendrán la consideración de ingresos de Derecho privado:
b) Los rendimientos, ingresos, participaciones y beneficios líquidos procedentes de centros, establecimientos, bienes, actividades y servicios, que no estén especialmente regulados en esta Ley.
c) Las donaciones, herencias, legados y auxilios de toda índole, procedentes de particulares, aceptados por el Municipio.
2. En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de Derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público municipal.
3. Los ingresos derivados de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la condición de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales.
Subsección Primera. Disposiciones comunes.