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Timestamp: 2016-10-27 23:14:01
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⭐INFORME DE CHILE SOBRE AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION
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1 INFORME DE CHILE SOBRE AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION SEPTIEMBRE, 20052 INDICE I.- Reformas Constitucionales II.- Medidas Legales 1.- Ley Nº Modifica Ley Nº sobre transparencia, límite y control de gasto electoral. 2.- Ley Nº Introduce Modificaciones en la Ley nº , Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional en lo relativo a Estructura y Funciones de los Gobiernos Regionales. Detalle de las Modificaciones a la Ley Nº Término de Implementación de la Reforma Procesal Penal 4.- Protocolo de Acuerdo del Proyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público Año Fortalecimiento Auditoría Interna Transparencia en Compras y Contratación de Servicios Modificación a Normas Sumariales 4.4.-Flexibilidad Financiera de la Contraloría General de la República 5.- Proyectos de Ley Declaración de Patrimonio Regulación del Lobby Proyecto de Ley sobre Gobierno Corporativo Proyecto de ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública Proyecto de Ley que modifica la Ley Nº que creó la Unidad de Análisis Financiero III.- Resoluciones Administrativas 1.- Resolución Exenta del SII Nº 120 del 31 de diciembre Resolución Exenta del SII Nº 20 del 11 de Febrero del Documento Técnico Nº 29 del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Programa Marco de Auditoría sobre Probidad Administrativa3 INFORME DE CHILE SOBRE AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION El objetivo del presente informe es dar cuenta de los avances registrados en, durante el año 2005, tanto a nivel constitucional, como legal y administrativo, para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Convención Interamericana contra la Corrupción. I.- Disposiciones Constitucionales La Constitución de la República de 1980, cuerpo normativo fundamental en nuestra sociedad, ha sido la estructura básica sobre la cual se ha edificado la actual democracia en. Fruto de la madurez política y de los consensos logrados entre Gobierno y Oposición, el año 2005 será recordado por la trascendencia de las reformas realizadas a la Carta Fundamental, sea por el número de disposiciones involucradas cuanto por las instituciones sometidas a revisión. Es así que, recientemente, se modificó la Constitución con el objeto de promover el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario de éstas; se obliga a todos los órganos del Estados a garantizar el orden institucional de la República; los principios de probidad y transparencia se elevan a rango constitucional 1 ; se establece el control ético por parte de las asociaciones gremiales 2 ; se perfecciona la normativa relativa a los estados de excepción asegurándose de mejor forma los derechos de las personas y conciliando esta a los tratados internacionales en la materia; en relación al Congreso Nacional, se fortalece la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados 3 ; en relación 1 Se eleva a rango constitucional la obligación de probidad de los agentes públicos en sus actuaciones, igualmente ocurre con la publicidad y transparencia de los actos y resoluciones de los órganos del Estado. Al respecto, el nuevo artículo 8º de la Constitución dispone que: el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, agregándose también que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. 2 Se otorga la facultad a los Colegios Profesionales de velar por la conducta ética de sus miembros. El nuevo inciso tercero del numerando 16 del artículo 19 de la Constitución, dispone que: los colegios profesionales constituídos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley. 3 Sobre el particular, es del caso señalar que, al tenor del reformar artículo 48 de la Ley Fundamental, son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados: Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución la Cámara puede: - 3 -4 a los conflictos de intereses se incorporan nuevas inhabilidades concernientes a los candidatos al Parlamento 4 ; en relación al Poder Judicial se amplia la Superintendencia de la Corte Suprema a los tribunales militares en tiempos de guerra, en relación a las fuerzas armadas, se suprime la inamovilidad de sus comandantes en jefe, facultándose al Presidente de la República para llamarlos a retiro; en relación al Consejo de Seguridad Nacional, se le configura como un órgano encargado de asesorar al Presidente de la República, eliminándose la facultad de auto convocarse, siendo esta una atribución del Presidente, sus actas son públicas, salvo acuerdo en contrario. a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al Presidente de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado, con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara, podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno. El Presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior. En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado; b) Citar a un Ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de los diputados en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo Ministro no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. La asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación, y c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno. Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten. No obstante, los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas. 4 Al efecto, se contempla como nueva inhabilidad, para ser candidato a Diputado o Senador el haber ejercido hasta antes de un año anterior a la elección los cargos de: Subsecretario de Estado, Comandante en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, General Director de Carabineros, Director General de la Policía de Investigaciones y oficial pertenecientes a las fuerzas armadas y a las fuerzas de orden y seguridad pública5 II.- Medidas Legales 1. Ley Nº , que modifica la Ley Nº , sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral. A fin de perfeccionar los mecanismos de transparencia y control de los ingresos y los gastos de las campañas electorales de los candidatos y los partidos políticos, las modificaciones obradas por la ley modificatoria, tienen por objeto mejorar la aplicación de los procedimientos de cobro y de reembolso de gastos, así como dar publicidad a las cuentas tanto de las candidaturas a Presidente de la República, las de Senador y Diputado y las de los partidos políticos. Para estos efectos se introducen cuestiones específicas de gastos a considerar (gastos menores y frecuentes, gastos por trabajos de campaña); se incorporan criterios de examen de cuentas basados en el número de electores, el nivel de gasto efectuado u otro criterio análogo, lo cual da lugar a candidaturas obligadas a presentar cuentas y otras liberadas de esta obligación. Los candidatos liberados de la obligación de presentar cuentas documentadas, informarán sus ingresos y gastos generales, a través de Internet, en un sistema que generará el Servicio Electoral. Al mismo tiempo, deberán rendir tal información a través de una declaración ante Notario Público u Oficial de Registro Civil. Se establecen limitaciones al aporte privado a un mismo candidato, en una misma elección y, se norma los reembolsos y cesión de derechos entre candidato y partido político concurriendo las circunstancias que así lo autoriza, además de regularse disposiciones que a pié de página se indican 5 5 i) Al respecto se agrega, a la ley , un nuevo artículo 13 (bis); tratándose de candidaturas a Presidente de la República, el Fisco financiará, en los términos del artículo 15, los gastos de campaña electoral en que incurran los candidatos y los partidos políticos que presenten candidatos. El reembolso alcanzará a una suma que no excederá el equivalente, en pesos, a tres centésimos de unidad de fomento por voto obtenido por el candidato respectivo. En el caso de lo dispuesto en el artículo 26, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, dicho reembolso será de un centésimo de unidad de fomento por voto obtenido por el candidato respectivo. ii) Asimismo, a fin de fortalecer la transparencia en este tipo de actos se dispone que: "Tendrán el carácter de públicos los aportes mensuales que reciban los partidos políticos fuera del período señalado en el artículo 3º, cuando éstos sean de un monto igual o superior a las cien unidades de fomento por cada aportante." iii) A fin de controlar que los aportes a candidatos y partidos políticos no provengan de organismos estatales ni de aquellos que reciban aportes de este o de personas jurídicas que durante la campaña electoral se encuentren postulando a licitaciones públicas o privadas, se introduce como control que las personas jurídicas señaladas deben estar inscritas en el Registro de Contratistas dispuesto en el artículo 16 de la ley Nº y a requerimiento del Servicio Electoral, estas personas jurídicas y los servicios públicos deberán proporcionar al Servicio todos los antecedentes de que requiera para estimar el porcentaje de la facturación anual o bianual que esta ley considera. Si tales porcentajes fueren superados, el Servicio Electoral comunicará esta situación a los órganos de la Administración del Estado, para lo cual podrá utilizar el sistema de información a que se refiere la aludida ley, para que éstos cumplan con el mandato dispuesto en la parte final del inciso tercero del artículo precitado." - 5 -6 2.- Ley Nº , que introduce modificaciones en la Ley nº , Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional en lo relativo a Estructura y Funciones de los Gobiernos Regionales. En esta ley se incorpora concretamente el principio de transparencia, a través, de la obligación del Intendente de publicar la cuenta pública, balance y estado de situación en la respectiva cuenta del Gobierno Regional Término de Implementación de la Reforma Procesal Penal El nuevo sistema procesal penal intenta asegurar las garantías individuales como también agilizar y dar pronta respuesta a los conflictos penales. Al efecto se crearon dos instituciones de gran importancia, a saber, el Ministerio Público, organismo autónomo encargado de la persecución penal y, la Defensoría Penal Pública, encargada de la defensa jurídica de aquellas personas que carezcan de un abogado. La implementación de este nuevo sistema ha sido gradual, siendo la Región Metropolitana la última en incorporarla en julio del presente año. 4.- Protocolo de Acuerdo del Proyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público Año 2005 Recogiendo el común interés del Gobierno y la Oposición, a propósito de la discusión del Proyecto de la Ley de Presupuesto del Sector Público, para el año 2005, se acordó seguir trabajando durante el año y con posterioridad al despacho de aquella Ley, en materias como, la responsabilidad Fiscal. En tal entendido, el Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto de ley para fortalecer la transparencia y responsabilidad fiscal, incluyendo materias como la homogeneización de las normas sobre gestión financiera entre los distintos sectores del gobierno central, el fortalecimiento de la auditoría interna y la racionalización en la gestión de bienes inmuebles públicos. iv) Finalmente, otra modificación tendiente a lograr el fortalecimiento del principio de transparencia es la norma mediante la cual se dispone que, "las cuentas de los ingresos y gastos electorales presentadas ante el Director del Servicio Electoral serán públicas y cualquier persona podrá obtener, a su costa, copia de ellas. El Director del Servicio Electoral deberá publicar en Internet las cuentas de las candidaturas a Presidente de la República, senador y diputado y de los partidos políticos dentro del plazo establecido en el artículo 6º. A medida que el Servicio Electoral proceda a la revisión de las mismas, deberá actualizar la información difundida en Internet indicando si tales cuentas son aceptadas, rechazadas u observadas." 6 Sobre esta materia, se agrega, en el artículo 26, la siguiente oración final: La cuenta pública, el balance de ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, deberán ser publicados en la página web del correspondiente Gobierno regional o de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - 6 -7 4.1.- Fortalecimiento Auditoría Interna De esta manera se despachó al Congreso, en julio del presente año, un proyecto de ley que regula el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno mediante el cual se propone adecuar y darle rango legal a los actuales sistemas de control interno que se han ido estableciendo y desarrollando en el curso del tiempo, ampliando su actual cobertura a las empresas públicas creadas por ley, excluyéndose al Banco Central, la Contraloría General de la República y las Municipalidades Transparencia en Compras y Contratación de Servicios Una medida propuesta para la prevención de eventuales conflictos de intereses, es la obligación de las personas contratadas a honorarios de hacer una declaración jurada simple de prestar servicios en cualquier calidad jurídica en otra repartición pública o empresa del Estado, debiendo especificar dónde, tareas, período y emolumentos percibidos. Igual visación se exigirá si la persona contratada a honorarios tiene un contrato con proveedores o contratistas o con instituciones privadas que tengan convenios de ejecución de proyectos o se le hayan otorgado transferencias, en relación con la repartición en que presta servicios y cuando tenga participación en la propiedad del 10% o mas de los derechos sociales. En relación a la transparencia en la compra de bienes y contratación de servicios realizados vía trato o contratación directa, se propone obligar a la entidad que recurra a esta modalidad a emitir una resolución fundada que acredite la conformidad de tal decisión con la legislación nacional y la necesidad de aquella contratación, resolución que debe ser publicada y, luego de, transcurrido el plazo legal los afectados podrán deducir demanda de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública. En este mismo orden, se prohíbe la contratación directa y la intervención en cualquier etapa de tal proceso, de cónyuges y determinados parientes señalados en la ley respecto de las jefaturas o de autoridades que les corresponda aprobar tal contratación. Ahora bien, si por el hecho de existir un proveedor único y cumpliéndose determinados requisitos, se podrá perseverar en tal contrato previa visación del ministro o concejo municipal. La autoridad o jefatura es obligada a declarar su relación de parentesco en el Sistema de Información regulado en la Ley de Compras Públicas. Por último, se establece como obligatoria la declaración de parentesco, respecto del cónyuge y los parientes que deseen participar en un proceso de licitación pública o privada. Esta declaración deberá publicarse y remitirse a los demás oferentes del Sistema de Información. Asimismo la jefatura o autoridad en cuestión, al momento de tomar conocimiento de tal circunstancia, deberá inhibirse del proceso de contratación. Se encomienda a los Auditores Ministeriales la obligación de auditar los referidos procesos de contratación, velando porque se respeten los principios legales de probidad, igualdad y transparencia - 7 -8 4.3.- Modificación a Normas Sumariales El proyecto de ley introduce modificaciones al Estatuto Administrativo, referidas a los procedimientos sumariales, con el objeto de perfeccionarlos y agilizar su tramitación, se incorpora el derecho a cualquier persona que haya formulado una denuncia que origine una investigación o sumario para ser oído y presentar pruebas; se incorpora el recurso de apelación ante el subsecretario del ramo para los funcionarios de instituciones descentralizadas, sancionados con medida disciplinaria; se crea un mecanismo de investigación o sumario, según corresponda, para que se haga efectiva la responsabilidad administrativa de los investigadores, fiscales o actuarios cuando hayan actuado negligentemente; el proyecto contempla reformas a la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, a fin de establecer el plazo de 30 días para que la autoridad correspondiente se pronuncie sobre las proposiciones de medidas disciplinarias sugeridas por la Contraloría. Si así no lo hiciere deberá aplicarse de inmediato la medida disciplinaria recomendada por el ente Contralor Flexibilidad Financiera de la Contraloría General de la República A fin de otorgarle una mayor eficiencia en el manejo de recursos y el ejercicio de funciones fiscalizadoras, el proyecto otorga a la Contraloría General de la República un mayor grado de flexibilidad en la ejecución de su presupuesto. 5.- Proyectos de Ley Declaración de Patrimonio Se encuentra actualmente en tramitación ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que obliga a las autoridades y funcionarios públicos de la Administración del Estado, Municipalidades, Congreso Nacional, Poder Judicial, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, del Banco Central, de las empresas del Estado o en que éste tiene participación, del Tribunal Constitucional, del TRICEL, del Ministerio Público, de las Directivas de Partidos Políticos, Directores de AFP e Isapres, entre otros, a realizar al momento de asumir sus cargos una declaración patrimonial. Esta declaración debe contener todos los activos (bienes muebles e inmuebles) e ingresos anuales, así como una declaración detallada del pasivo. Tendrá el carácter de pública y deberá renovarse cada cuatro años, o al término o cesación del cargo. La no presentación oportuna de la declaración de patrimonio será sancionada con multa en dinero. Transcurridos sesenta días desde que la declaración fuere exigible, se presumirá incumplimiento del infractor9 Recientemente el Presidente de la República solicito al Congreso discusión inmediata en el despacho de este proyecto. Fue iniciado en moción el año 1999 y el número de boletín de referencia es el nº Regulación del Lobby El proyecto en concreto regula la actividad de promoción, defensa o representación de intereses legítimos de personas y/o entidades públicas o privadas cuyo objetivo sea influir en las decisiones de los órganos de la Administración del Estado o el Congreso Nacional, estableciendo a su vez normas que fortalecen la transparencia de los actos de las autoridades públicas. Para estos efectos, define el lobby o gestión de intereses, establece sus medios de realización y regula aspectos como la transparencia en las votaciones de sala y comisiones en el Congreso Nacional, la publicidad de los actos administrativos, el acceso a cargos del sector empresarial de aquellas autoridades públicas que abandonen su cargo, la declaración de intereses de las autoridades públicas, la creación de un registro de reuniones de las instituciones públicas, y las sanciones aplicables a cada caso. El proyecto ingreso al Congreso el año 2003 bajo el mensaje presidencial nº y se encuentra actualmente en el segundo trámite constitucional en el Senado Proyecto de Ley sobre Gobierno Corporativo Este proyecto intenta incorporar una serie de medidas modernizadoras en la gestión de las empresas públicas, haciendo aplicable a estas la normativa de sus análogas del sector privado a fin de maximizar su valor económico. Es así que se crea el Consejo Superior de Empresas Públicas (SEP) entidad integrada por consejeros nombrados por el Presidente de la República, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minería, Ministerio de Transportes, Consejo de CORFO y dos consejeros independientes, su fin es representar al Estado en las acciones y derechos que le corresponde. El proyecto establece, entre otras funciones del Consejo SEP, fijar las remuneraciones de los directores; designar los auditores externos independientes; nombrar a los directores y a los directores suplentes con las excepciones que se establecen en el proyecto; evocar total o parcialmente al directorio; nombrar los directores independientes que el proyecto propone crear en las empresas y adoptar el presupuesto de gastos del comité de directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N ; aceptar la renuncia a los directores de su nombramiento; examinar la situación de la sociedad; aprobar o rechazar la memoria y el balance; conocer las operaciones con personas relacionadas que se sometan a su consideración y aprobarlas cuando corresponda; requerir de las empresas toda información suficiente para el cumplimiento de sus funciones; designar a los clasificadores privados de riesgo; aprobar la designación de activos esenciales de la empresa y, en fin, fijar los procedimientos para las convocatoria a reunión10 Además el proyecto dispone que el Consejo del SEP tiene obligación de informar a la Comisión de Hacienda del Senado los informes financieros de las empresas, así como, la entrega a la Comisión de Hacienda del Senado de una cuenta anual de gestión de las empresas públicas, la revisión e informe de los planes de desarrollo o planes de negocio de las empresas u otros que haya solicitado el Ministerio de Hacienda, el análisis e informe de los estudios y proyectos de inversión de las empresas y la asesoría a los ministerios sectoriales que se relacionan con las empresas de acuerdo a las respectivas leyes orgánicas. El proyecto establece que cada empresa pública contará con dos directores independientes para efectos de conformar el comité de directores que dispone el artículo 50 bis de la ley de sociedades anónimas; se establece la obligación de las empresas públicas de entregar información al Consejo SEP. Asimismo, se dispone que las empresas del Estado regidas por leyes especiales, estarán sujetas a las mismas normas financieras y contables aplicables a las sociedades anónimas abiertas y sus balances y estados financieros deberán ser sometidos a auditorías de empresas auditoras independientes. En particular, regirán para los directores y ejecutivos superiores de estas empresas las normas de la ley Nº relativas a operaciones con partes relacionadas, obligaciones de reserva e información, incompatibilidades, inhabilidades, responsabilidades y prohibiciones para directores y ejecutivos superiores. Se excepciona la aplicación de la inhabilidad para ser director de estas empresas a los Ministros de Estado. Se modifican las normas sobre composición de los directorios de estas empresas, y se establece la tuición y fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, señalándose además que las empresas del Estado pueden utilizar los sistemas de compras y contratación establecidos en la ley vigente. El proyecto ingreso al Congreso en julio de este año con el mensaje presidencial nº y actualmente se encuentra en el primer trámite constitucional en el Senado Proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Fundándose en los principios de libertad de asociación y de participación este proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco legal para la constitución y funcionamiento de asociaciones voluntarias y establecer normas relativas a la participación ciudadana en la gestión pública. El proyecto define a las asociaciones y organizaciones de interés público, como entidades sin fines de lucro cuyo fin esencial es la promoción del interés general. El11 Ministerio Secretaría General de la República tendrá a su cargo un registro de estas organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos en la ley y en el reglamento, por este solo hecho tendrán la calidad de beneficiarias de un fondo creado al efecto. Este proyecto fue iniciado por mensaje presidencial, nº y se encuentra actualmente en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Recientemente el Presidente de la República solicito al Congreso tramitar este proyecto con urgencia simple Proyecto de Ley que modifica la Ley Nº que creó la Unidad de Análisis Financiero La Ley Nº creó la Unidad de Análisis Financiero como una institución especializada y con funciones apropiadas para la prevención y control del lavado o blanqueo de activos, que no sólo debe investigar y analizar los dineros o bienes provenientes del narcotráfico, sino también de actos terroristas, del tráfico de armas o de acciones perpretadas con esos fines por el crimen organizado. En materia de corrupción, investiga y analiza aquellos dineros o bienes provenientes de la prevaricación, fraude al Fisco, de las exacciones ilegales, de la malversación de caudales públicos y del cohecho. La ley en referencia, establece el deber de información para entidades fundamentalmente del sector financiero respecto de las operaciones sospechosas de que tengan conocimiento en el cumplimiento de sus funciones, definiéndose para tal efecto, lo que debe entenderse por dichas operaciones. Sin embargo, en su momento el Tribunal Constitucional en ejercicio de sus funciones, declaro inconstitucional algunos preceptos que mermaron algunas de las facultades entregadas por el legislador. El proyecto ley en comento incorpora la posibilidad de acceder a información resguardada por secreto o reserva incluso secreto bancario, como también solicitar información de personas distintas a los sujetos obligados, asimismo permite acceder y conectarse directamente a bases de datos de organismos para obtener información. Por otro lado, dota a la Unidad de Análisis Financiero de la facultad sancionatoria a los sujetos obligados que no acaten la ley o las instrucciones emitidas por la Unidad con un procedimiento que garantiza la legitima bilateralidad de la audiencia. Este proyecto fue iniciado por moción y se encuentra actualmente en el segundo trámite constitucional en el Senado, el número de boletín de referencia es el nº III.- Resoluciones Administrativas 1.- Resolución Exenta del SII Nº 120 (31 de diciembre 2004)12 La Resolución Exenta del SII Nº 120 establece la obligación de presentar declaración jurada anual sobre transferencias y disposiciones de fondos desde y hacia el exterior, efectuadas a través de instituciones bancarias y demás entidades que indica. Conforme a ésta resolución las instituciones bancarias, agencias o representaciones de bancos extranjeros, casas de cambio, instituciones financieras y demás entidades con domicilio o residencia en, que realicen, por encargo de terceros, operaciones correspondientes a: remesas, pagos o traslados de fondos al exterior, ingresos de fondos desde el exterior u operaciones que impliquen disposición de fondos en el exterior, deberán presentar a este Servicio, antes del 15 de marzo de cada año, por las operaciones del año comercial inmediatamente anterior, una declaración jurada anual que contenga el detalle de dichas operaciones que sean iguales o superiores a US$ o su equivalente, conforme al modelo de formulario electrónico N 1862, denominado Declaración jurada anual sobre transferencias y disposiciones de fondos desde y hacia el exterior realizadas a través de instituciones bancarias y otras entidades por encargo de terceros. Para estos efectos, por disposición de fondos, se entenderá cualquier acto, convención o contrato en virtud del cual, la parte con domicilio o residencia en utiliza fondos de que dispone en el extranjero, a cualquier título, para realizar inversiones, pagos, transferencias o traspasos. La declaración jurada en referencia debe ser informada mediante transmisión electrónica de datos, a través de Internet o transferencia de archivos, según las especificaciones de formato y medios de envío que se informarán en el Suplemento Declaraciones Juradas correspondientes al Formulario 1862, Declaración jurada anual sobre transferencias y disposiciones de fondos desde y hacia el exterior realizadas a través de instituciones bancarias y otras entidades por encargo de terceros. En el caso de contribuyentes que no puedan acceder a Internet, podrán concurrir a cualquiera de las Unidades del Servicio para presentar la señalada declaración electrónica. En dichas Unidades, el Servicio pondrá a disposición de los contribuyentes, en forma gratuita, los medios tecnológicos para realizar la transmisión electrónica de los datos, disponiendo además, del apoyo de un funcionario especialmente designado para tales efectos. El incumplimiento de la obligación de presentar la declaración jurada dentro del plazo que se establece, constituye una infracción sancionada en el N 15 del artículo 97 del Código Tributario; y la presentación de la misma con errores u omisiones, configurará una infracción sancionada en el artículo 109, del mismo cuerpo legal. La resolución rige a contar del Año Tributario 2006, por lo tanto, las primeras declaraciones se deberán enviar antes del 15 de marzo de 2006, por las operaciones realizadas durante el Año Calendario Mostrar más
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