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Timestamp: 2019-09-18 18:15:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 10', 'artículo 633', 'artículo 162', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 35', 'artículo 8', 'artículo 315']

﻿ Sentencia T-411 de junio 17 de 1992
SENTENCIA T-411 DE 17 DE JUNIO DE 1992
CONTENIDO:EL MEDIO AMBIENTE Y LA CONSTITUCIÓN, PACTOS INTERNACIONALES SOBRE AMBIENTE, EL NÚCLEO ESENCIAL DEL DERECHO AL AMBIENTE Y SUS INCIDENCIAS EN EL TRÍPTICO ECONÓMICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AMBIENTAL, MEDIO AMBIENTE
Sentencia T-411 de junio 17 de 1992
Ref.: Expediente T-785
Santafé de Bogotá, D.C., junio diecisiete de mil novecientos noventa y dos.
Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para su revisión la acción de tutela de la referencia.
Siguiendo los lineamientos del artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de Revisión.
El Molino GRANARROZ se encuentra ubicado en una zona calificada como “agroindustrial”; así lo dispuso en el Acuerdo 5 de diciembre 4 de 1990, artículo 7º, el Concejo Municipal. Sin embargo, a pesar de la calificación de dicha zona, a su alrededor se encuentran dos barrios residenciales.
1. Constancia de fecha 23 de diciembre de 1991 de la Inspección Segunda Penal Municipal de Granada.
2. Resolución Administrativa 122 de diciembre 23 de 1991.
3. Certificado sin número de la Cámara de Comercio de Villavicencio.
La solicitud de tutela cita como fundamento normativo el artículo 25 de la Constitución Política, relativo al derecho al trabajo.
2. Fallo del Juzgado Primero de Instrucción Criminal de Granada (providencia de feb. 12/92).
El Juzgado en mención practicó las siguientes pruebas: ratificación y ampliación de la queja presentada por José Felipe Tello Varón; declaraciones del Alcalde Municipal de Granada Alfonso Parada Pardo; de Carlos Alberto Barrera González, habitante del barrio San Juan Bosco; allegó al expediente copia de la Resolución 1032 de septiembre 5 de 1990, emanada del Inderena; oficio del 12 de febrero de 1992 del Cuerpo de Bomberos de Granada; y el Acuerdo 5 del 4 de diciembre de 1992 del Concejo Municipal de Granada.
1. El accionante con el proceso buscaba únicamente el levantamiento de los sellos impuestos por orden del Alcalde y, consecuencialmente, el reinicio de labores. Ahora, como ello se produjo con anterioridad al fallo, la decisión versaría exclusivamente entonces en la indemnización de perjuicios en caso de que fueran procedentes, de acuerdo con el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991.
2. No existía en este caso violación del derecho al trabajo, en la medida que el interés social debe primar sobre el interés particular, y por ende, concluye el Juzgado, no sería procedente la indemnización de perjuicios.
1. Legitimidad del accionante.
2. Tutela ejercida por persona jurídica.
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales” (resaltado fuera del texto).
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante...” (resaltado fuera del texto).
En el derecho colombiano se distinguen dos tipos de personas, a saber: las personas naturales y las personas jurídicas (C.C., art. 73).
a) Personas naturales: son absolutamente todos los seres humanos (C.C., art. 74).
b) La persona jurídica: el artículo 633 del Código Civil las define de la siguiente manera:
“Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extra judicialmente”.
La interrelación entre el Estado y las personas jurídicas se traduce tanto en la participación de los ciudadanos en la organización del Estado, como en una ordenación de entidades de carácter social en cuanto a que su actividad presente un interés público relevante. Su libre creación y actuación está garantizada tanto en la Constitución (arts. 38, 103 y 355) como en la ley.
Esta tesis ha sido adoptada por el derecho comparado, así: el artículo 162.1.b. de la Constitución española reconoce expresamente la acción de amparo para personas naturales y jurídicas; y la Ley Fundamental alemana, en su artículo 19.III, dispone lo mismo.
Observa la Sala, que en este orden de ideas, al solicitante, Señor José Felipe Tello Varón, los dos factores por los cuales presentó la solicitud de tutela lo legitiman para ser considerado titular de dicha acción, ya que actuó tanto como persona natural como en calidad de representante legal de la Sociedad Molino Granarroz Ltda., tal como consta en el certificado de la Cámara de Comercio de Villavicencio que adjuntó al escrito de solicitud.
2. El medio ambiente y la Constitución.
Como lo estableció la Corte Constitucional, “el sujeto, razón y fin de la Constitución de 1991 es la persona humana. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano en su dimensión social, visto en la tensión individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política.
Es a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su desarrollo (arts. 1º, 14 y 16 de la Constitución), que adquieren sentido los derechos, garantías y los deberes, la organización y funcionamiento de las ramas y poderes públicos”(1) así como la defensa del ambiente, en tanto que éste es el entorno vital del hombre.
2.2. Constitución ecológica.
La Constitución no es sólo el fundamento de validez del ordenamiento —en la medida que regula la creación jurídica—, sino que contiene el orden jurídico básico de los diversos sectores de la vida social y política. Ella prefigura un modelo de sociedad. Por lo tanto en ella surge una Constitución económica, con su tríptico: propiedad, trabajo, empresa; una Constitución social, con la legislación de sus relaciones; una Constitución ecológica y una Constitución cultural, como ya lo ha establecido la Corte Constitucional en su fallo 02 de tutela(2) donde se desarrolló el concepto de Constitución cultural elaborado por Pizzorusso, así:
“Al lado del conjunto de principios que la Constitución dedica a las relaciones económicas deben situarse una serie de disposiciones de no menos transcendencia encaminadas a asegurar una protección básica a la vida humana considerada como valor en sí, al margen del uso que se haga de los recursos humanos en atención a fines políticos y económicos. Se da así entrada a una nueva dimensión de las garantías constitucionales cuyo núcleo esencial se halla en la protección de la libertad personal y de los demás derechos fundamentales vinculados de diversa manera a la misma y que se manifiesta, ante todo, en un conjunto de reglas generales tendientes a crear una situación ambiental que facilite lo más posible el ejercicio de las libertades individuales. En tanto que estas reglas generales, así como el principio de garantía de la persona y sus diversas especificaciones, encuentran su fundamento en una serie de opciones en las que se acepta un determinado modelo de cultura —y un consiguiente rechazo de otros modelos contrapuestos—, parece oportuno integrar toda esta temática bajo la noción común de “constitución cultural”(3).
De lo anterior se deduce que la Constitución de 1991, a diferencia de la de 1886, no sólo señala al poder público el límite de lo permitido, sino que le impone el deber positivo de garantizar la creación de un orden político, económico y social justo, como explícitamente se determina en el preámbulo y en el artículo 2º.
La Constitución se transforma pues en un programa. El legislador no es un instrumento de una acción política libre dentro de unos límites negativos que la Constitución impone, sino que él desarrolla el programa que la Constitución contiene. La Constitución es el programa de lo que el Estado debe hacer, aquí y ahora, para crear condiciones sociales más justas y libres, o sea, lo que llama Schneider, el “Mito Concreto”(1).
ART. 8º—Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
ART. 58.—Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores....
ART. 95-8.—Son deberes de la persona y del ciudadano:
“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
a. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, que establece, en el artículo 12, lo siguiente:
b) el mejoramiento en todos sus aspectos... del medio ambiente”(2).
En el Título III del Convenio de Ginebra IV, del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra —aprobado mediante la Ley 5ª de agosto de 1960—, se dispone, en su artículo 35, numeral 3º, lo siguiente:
“3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños externos, duraderos y graves al medio ambiente natural”(3).
“Protección al medio ambiente natural.
1. En la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves.
2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias”(4).
Dentro del marco de la Organización Marítima Internacional —Entidad de las Naciones Unidas— se han celebrado los siguientes instrumentos internacionales:
c. Convenio Solas, Seguridad de la vida humana en el mar. Con Protocolo de 1978. Ratificado por Colombia mediante la Ley 8ª de 1980.
Como antecedente de la Conferencia de Río de Janeiro está la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972 en la que se adoptó el siguiente principio:
— El Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, expedido mediante Decreto 2811 de 1974.
— La Ley Sanitaria Nacional, Ley 9ª de 1979.
— La Ley Penal, Decreto 100 de 1980, artículos 242 a 247 del Código de 1980, que consagran los delitos contra los recursos naturales.
— La Ley del Mar, Ley 10 de 1978.
— El Código Minero, Decreto Ley 2855 de 1988.
— Ley 9ª de 1899, artículo 8º.
— Decreto 2400 de 1989, entre otros.
Para esta Sala de Revisión, la protección al ambiente no es un “amor platónico hacia la madre naturaleza”, sino la respuesta a un problema que de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica cuestión de vida o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la progresiva desaparición de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas grandes ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el efecto invernadero, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el uso de productos químicos, los desechos industriales, la lluvia ácida, los melones nucleares, el empobrecimiento de los bancos genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan vitales que merecen una decisión firme y unánime de la población mundial. Al fin y al cabo el patrimonio natural de un país, al igual que ocurre con el histórico-artístico, pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes(5).
“Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos. Todo va enlazado como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado(6).
3. La función ecológica del tríptico económico.
3.1. El derecho-deber del tríptico económico.
Peces-Barba, en su libro Escritos sobre Derechos Fundamentales, considera al respecto lo siguiente: “Este tercer nivel, que yo denomino provisionalmente derecho-deber, supone que el mismo titular del derecho tiene al mismo tiempo una obligación respecto de ésas conductas protegidas por el derecho fundamental. No se trata que frente al derecho del titular otra persona tenga un deber frente a ese derecho, sino que el mismo titular del derecho soporta la exigencia de un deber. Se trata de derechos valorados de una manera tan importante por la comunidad y por su Ordenamiento jurídico que no se pueden abandonar a la autonomía de la voluntad sino que el estado establece deberes para todos, al mismo tiempo que les otorga facultades sobre ellos”(7).
Uno de los límites implícitos de los derechos es el concepto de función social de León Duguit, que sostenía: “Todo individuo tiene en la sociedad una cierta función que cumplir, una cierta tarea que ejecutar. Y este es precisamente el fundamento de la regla de derecho que se impone a todos, grandes y pequeños, gobernantes y gobernados... todo hombre tiene una función social que llenar, y por consecuencia tiene el deber social de desempeñarla; tiene el deber de desenvolver, tan completamente como le sea posible, su individualidad física, intelectual y moral para cumplir esa función de la mejor manera posible y nadie puede entorpecer ese libre desenvolvimiento”(8).
En la Constitución Política surge un tríptico económico, constituido por el trabajo (art. 25), la propiedad privada (art. 58) y la libertad de empresa (art. 333).
La compatibilidad está en la conjunción copulativa —”y”—, que radica en la combinación del crecimiento económico y el respeto por el medio ambiente. Esta ha sido la esencia del concepto de desarrollo sostenible que fue presentado hace cinco años por la Comisión Brundtland (en honor de la primera ministra noruega, Gro Harlem BrundTland) y que se encuentra a la orden del día en la agenda de la Conferencia de Río de Janeiro. En otras palabras, la clave radica en mantener el desarrollo económico, pero haciéndolo sostenible, esto es, de forma tal que responda a las necesidades tanto del hombre como de la naturaleza.
V. Consideraciones en relación al caso concreto
En el caso particular de la Sociedad Molino Granarroz Ltda., ésta no dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Resolución del Inderena 032 de Septiembre de 1990, que se relacionaban con las medidas para evitar la contaminación y los perjuicios a la salud de los habitantes de los barrios San Juan Bosco, Carlos Riveros y Patio Bonito.
“ART. 1º—El Molino “GRANARROZ”, por intermedio de su Gerente debe:
a) Evitar la quema de la cascarilla dentro de las instalaciones.
b) Construir una tolva u otro sistema de almacenamiento temporal de la cascarilla y disponer finalmente de la cascarilla fuera del área urbana.
c) El lugar donde se dé disposición final a la cascarilla deberá cumplir con los siguientes requisitos:
— Localizarse a más de 100 mts. de corrientes naturales de aguas, bajos, esteros o nacimientos.
— Localizarse a más de 1.000 mts. de asentamientos humanos.
— Estar cercado e impedir el acceso de personas al sitio.
— No permitir ni realizar quema de la cascarilla.
— El lugar debe ser aprobado por este Instituto.
ART. 2º—Dadas las implicaciones sobre la salud humana, estas medidas, deben ser observadas inmediatamente, para la solución definitiva del problema (resaltado fuera del texto).
ART. 3º—Envíese copia de la presente Providencia al Alcalde Municipal de Granada (Meta), al jefe de Microcuencas del Inderena en Granada (Meta), a la oficina de Unidad Ambiental de esta Regional y al Servicio de Salud del Meta, para lo de su competencia”.
“ART. 38.—Por razón del volumen o la calidad de los residuos, las basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso”.
“ART. 305.—Corresponde a los funcionarios competentes velar por el cumplimiento de las disposiciones de éste código y las demás legales sobre la materia, e impartir las órdenes necesarias para la vigilancia y defensa de los recursos naturales renovables y del ambiente”.
“ART. 306.—En incendio, inundación, contaminación u otro caso semejante, que amenace perjudicar los recursos naturales renovables o el ambiente se adoptarán medidas indispensables para evitar, contener o reprimir el daño, que durarán lo que dure el peligro”.
En razón de lo anterior, y teniendo en cuenta que la Resolución del Inderena fijó un plazo prudencial para la adecuación del Molino a las obligaciones para la preservación del medio ambiente y la salud de los habitantes de los barrios circunvecinos, es necesario recordar que la Constitución en su artículo 315 numeral primero establece como funciones del alcalde: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
1. CONFIRMAR la Sentencia proferida por el Juzgado Primero de Instrucción Criminal de Granada (Meta), de fecha 12 de febrero de 1992, por las razones expuestas en esta Sentencia.
2. COMUNICAR el contenido de esta Sentencia al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, al Departamento Nacional de Planeación, al Director del Inderena, a la Seccional de los Llanos Orientales, a la Secretaría de Salud del Meta, al H. Tribunal Superior de Villavicencio, al Concejo Municipal y al Alcalde de Granada (Meta), para lo de su competencia.
Magistrados: Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz—Simón Rodríguez Rodríguez.
1 Sentencia T-02 de la Corte Constitucional. Mayo 8 de 1992, págs. 8 y 9.
2 Ibídem, págs. 24 y 25.
3 Pizzorusso, Alessandro. Lecciones de Derecho Constitucional. Tomo I. Capítulo XIII, págs. 1983-1984.
1 Schneider, Hans Peter. Democracia y Constitución. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1991, pág. 21.
2 Los Derechos Constitucionales. Fuentes Internacionales para su interpretación. Consejería para el desarrollo de la Constitución. Presidencia de la República. 1992, pág. 31.
3 Ibídem, pág. 269.
4 Ibídem, pág. 279.
5 Se han tenido como fundamento los siguientes documentos:
Martín Mateo, Ramón. La Calidad de vida como valor Jurídico. Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría. Volumen II De los Derechos y Deberes Fundamentales. Editorial Civitas S.A. Madrid 1991, pág. 1437.
Alzaga Villamil, Oscar. Comentario Sistemático a la Constitución Española de 1978. Ediciones el Foro. Madrid, 1978, pág. 323.
Revistas: Desarrollo Mundial (Revista de la Organización de Naciones Unidas) Octubre de 1991.
6 Derechos Humanos y Modernidad. Personería Municipal de Cali. 1989, pág. 171.
7 Peces-Barba, Gregorio. Escritos sobre Derechos Fundamentales. Eudema Universidad. Madrid 1968, pág. 209.
8 Duguit, León. Las Transformaciones Generales del derecho Privado desde el Código de Napoleón. Ed. Librería Española y extranjera. Madrid. 1920, págs. 36 y 37.