Source: http://docplayer.es/2234988-Amnistia-internacional.html
Timestamp: 2018-03-24 16:17:07
Document Index: 43610606

Matched Legal Cases: ['artículo 199', 'artículo 240', 'artículo 241', 'artículo 126', 'artículo 127', 'artículo 146', 'artículo 77', 'artículo 81', 'artículo 82', 'artículo 108', 'artículo 177', 'artículo 119', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 72', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 1', 'Artículo 19']

1 [Embargado hasta el 7 de julio de 2006 ] Público Amnistía Internacional Será éste mi último día? La pena de muerte en Japón Resumen Índice AI: ASA 22/006/2006 Unos 87 presos permanecen en la actualidad condenados a muerte en Japón. La última ejecución tuvo lugar el 16 de septiembre de 2005, cuando Kitagawa Susumu fue ahorcado por orden del ministro de Justicia por dos asesinatos cometidos en la década de Desde el año 2000 se ha ejecutado a 11 presos. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, pues considera que es una vulneración del derecho a la vida y el máximo castigo cruel, inhumano y degradante. En los últimos años se ha registrado una marcada tendencia internacional en contra del uso de la pena de muerte. En total, 125 países de diferentes regiones de todo el mundo han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Amnistía Internacional continúa albergando esperanzas de que en 2006 Japón adopte medidas en consonancia con la fuerte tendencia internacional en contra del uso de la pena capital y la elimine. Declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, Sugiura Seiken, tras su nombramiento en 2005, en las que expresó su oposición personal a la pena de muerte, alentaron estas esperanzas. En este informe se examinan varios motivos de preocupación sobre la aplicación de la pena de muerte en Japón. Entre ellos figura el hecho de que, según las prácticas actuales, a los presos no se les notifica su ejecución hasta la mañana del día en que va a llevarse a cabo. En algunos casos ni siquiera se les notifica. Esta circunstancia comporta que los presos vivan con el constante temor a ser ejecutados, sin que sepan si van a estar vivos al día siguiente. Además, la mayoría de los presos condenados a muerte en Japón se ven obligados a pasar el tiempo que les queda de vida en unas condiciones que equivalen a tratos crueles, inhumanos y degradantes y que contravienen los tratados internacionales suscritos por Japón. En Japón hay varios presos muy ancianos condenados a muerte. Okunishi Masaru (condenado a muerte por envenenar a cinco mujeres en 1961) tiene ahora 80 años. El preso de mayor edad condenado a muerte es Tomizo Ishida, de 85 años. Aunque Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, a la organización le preocupa que personas con discapacidad mental permanente o temporal estén en espera de ser ejecutadas en Japón. La organización alberga también el temor de que las condiciones de reclusión de las personas condenadas a muerte sean perjudiciales para su salud mental. Amnistía Internacional insta al gobierno japonés a que garantice que no se imponen ni se aplican penas de muerte a personas con discapacidad mental grave, con independencia de que sufrieran ya la enfermedad mental en el momento de cometer el delito o de que ésta apareciera después.
2 Además, en este informe Amnistía Internacional pone de relieve motivos de preocupación concretos relacionados con el uso del sistema de detención preventiva denominado daiyo kangoku. 1 La organización teme que este sistema agrave el riesgo de que se produzcan fallos injustos. Al ser objeto de interrogatorios prolongados, amenazas y actos de violencia y al no permitírseles el acceso a asistencia letrada durante los interrogatorios, muchos sospechosos confiesan delitos que no han cometido. Cuando se utiliza junto con la pena de muerte un castigo irreversible, el daiyo kangoku aumenta de manera sustancial el peligro siempre presente de que el Estado asesine judicialmente a una persona inocente. La utilización de pruebas obtenidas de esta manera pone en ridículo el sistema de justicia penal japonés; desacredita el principio más fundamental de un juicio justo: la presunción de inocencia de una persona hasta y a menos que se demuestre su culpabilidad. A Amnistía Internacional le preocupa también que la aplicación de la pena de muerte en Japón esté rodeada de secretismo. La organización considera que este secretismo es en la práctica una política oficial, cuya legalidad las autoridades defienden de forma explícita. Una de las razones esgrimidas para no proporcionar información es el deseo de respetar la privacidad de los presos que están en espera de ser ejecutados. Sin embargo, este punto de vista no explica ni justifica el motivo por el cual se niega información crucial a esa misma persona cuyo derecho a la privacidad se invoca, como la fecha de su muerte. Amnistía Internacional considera que sólo podrá tener lugar un debate público con conocimiento de causa sobre el sistema de la pena de muerte cuando exista transparencia sobre la aplicación de este castigo. Las autoridades japonesas no pueden afirmar que la opinión pública apoya la continuación del uso de la pena de muerte y al mismo tiempo ocultar información crucial sobre el alcance y los motivos de su aplicación. Al poner de relieve sus motivos de preocupación sobre la persistencia de la pena de muerte en Japón, Amnistía Internacional trata de llamar la atención de las autoridades sobre las deficiencias del sistema de justicia penal y les insta a que pongan fin a las violaciones de derechos humanos que el Estado perpetra o facilita. Entre estas violaciones se encuentra la vulneración del derecho de toda persona a unas condiciones de reclusión dignas, a no sufrir tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a un juicio justo conforme a las normas internacionales. Estos derechos están protegidos por los instrumentos jurídicos internacionales en los que Japón es Estado Parte. Con el fin de garantizar la plena protección del derecho de una persona a la vida y a no ser objeto de penas crueles, inhumanas y degradantes, Amnistía Internacional pide al gobierno japonés que elimine urgentemente la pena de muerte. Los sucesivos gobiernos japoneses no han acometido un debate parlamentario sobre la pena de muerte. Los ministros de Justicia han señalado también que el papel del gobierno en relación con la pena capital era administrar su uso, pero no intervenir en el debate sobre esta cuestión. Amnistía Internacional insta al actual gobierno a que preste atención a los motivos de preocupación planteados por activistas en Japón, grupos internacionales de derechos humanos y organizaciones como la ONU y el Consejo de Europa, que han criticado el modo como se aplica la pena de muerte en Japón. El gobierno tiene la obligación de iniciar un debate público y parlamentario informado sobre el empleo de la pena de muerte, lo que comporta a su vez el fin del secretismo que rodea las ejecuciones en Japón. Este texto resume el documento titulado Será éste mi último día : La pena de muerte en Japón (Índice AI: ASA 22/006/2006), publicado por Amnistía Internacional en julio de Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento 1 Sistema de prisión sustitutiva en el que se puede utilizar un calabozo de la policía en lugar de una prisión por un periodo de hasta 23 días. 2
3 completo. En el sitio web encontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección: SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España 3
4 [Embargado hasta el 7 de julio de 2006 ] Público Amnistía Internacional Será éste mi último día? La pena de muerte en Japón Julio de 2006 Índice AI: ASA 22/006/2006 SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA
5 Índice 1. Introducción La aplicación de la pena de muerte en Japón El secretismo que rodea la aplicación de la pena de muerte En espera de la muerte: Ancianos condenados a muerte La ejecución de personas con discapacidad mental La intervención de profesionales de la medicina en las ejecuciones Condiciones de reclusión de los condenados a muerte Detención preventiva: el riesgo de abusos, confesiones bajo coacción y declaraciones de culpabilidad dudosas El peligro siempre presente de ejecutar a un inocente El sistema daiyo kangoku : un terreno abonado para violaciones de derechos humanos El acceso a asistencia letrada en la ley y en la práctica Riesgo de tortura y malos tratos y de confesiones bajo coacción Ejecuciones: una respuesta errónea a la delincuencia violenta Historia del movimiento abolicionista en Japón La tendencia mundial a favor de la abolición de la pena de muerte Conclusión y recomendaciones... 23
7 Será éste mi último día? La pena de muerte en Japón La vida es preciosa. Una vida humana vale más que toda la tierra. La pena de muerte es sin duda el peor de los castigos. Es la pena máxima y es de hecho irrevocable. La razón estriba simplemente en que comporta la privación eterna de la vida, la fuente de una existencia humana digna. Extracto de una decisión del Tribunal Supremo de Japón, 12 de marzo de Introducción Al menos 87 presos permanecen en la actualidad condenados a muerte en Japón. La última ejecución tuvo lugar el 16 de septiembre de 2005, cuando Kitagawa Susumu fue ahorcado por dos asesinatos cometidos en la década de Desde el año 2000 se ha ejecutado a 11 presos. En sus respectivas causas, el proceso de apelación se prolongó entre 10 y 16 años. Sin embargo, otros presos llevan condenados a muerte desde la década de 1960 y sus causas se encuentran todavía en proceso de apelación. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, pues considera que es una vulneración del derecho a la vida y el máximo castigo cruel, inhumano y degradante. La organización continúa albergando esperanzas de que en 2006 Japón adopte medidas en consonancia con la fuerte tendencia internacional en contra del uso de la pena capital y la elimine. Declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, Sugiura Seiken, tras su nombramiento en 2005, alentaron estas esperanzas. Según los informes, durante una conferencia de prensa celebrada el 31 de octubre de 2005, manifestó: Desde el punto de vista de una teoría de las civilizaciones y desde una perspectiva a largo plazo, considero que la tendencia general será hacia la abolición [de la pena de muerte]. 3 El señor Sugiura afirmó incluso que no firmaría ningún documento en el que se autorizara una ejecución. Sin embargo, poco después, se retractó de estas declaraciones diciendo que era su opinión personal y que no se estaba refiriendo a sus obligaciones como ministro de Justicia. Japón es uno de los pocos países industrializados que no ha abolido todavía la pena de muerte. Con la excepción de Estados Unidos, todos los demás miembros del grupo de los siete países más industrializados 4 han abolido la pena capital. El Código Penal de Japón 2 Hanreishu, 11, número (Penal). Traducción inglesa en John M. Maki, ed., Court and Constitution in Japan: Selected Supreme Court Decisions, Seattle: University of Washington Press, 1964, p Véase el texto de la conferencia de prensa en 4 El grupo está formado por Francia, Japón, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Italia. Índice AI: ASA 22/006/2006 Amnistía Internacional, julio de 2006
8 2 Será éste mi ultimo día? : La pena de muerte en Japón prevé la pena de muerte para varios delitos, 5 pero en la práctica se aplica sólo en los casos de asesinato. Todas las ejecuciones se llevan a cabo por ahorcamiento. En este informe, Amnistía Internacional trata de llamar la atención de las autoridades japonesas sobre sus motivos de preocupación respecto a la persistencia del uso de la pena de muerte en Japón, el secretismo que rodea su aplicación y las deficiencias del sistema de justicia penal. Amnistía Internacional insta al gobierno japonés a que ponga fin a las violaciones de derechos humanos que el Estado perpetra o facilita. Entre estas violaciones se encuentra la vulneración del derecho de toda persona a unas condiciones de reclusión dignas, a no sufrir tortura ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a un juicio justo conforme a las normas internacionales. Estos derechos están protegidos por los instrumentos jurídicos internacionales en los que Japón es Estado Parte. 6 Con el fin de garantizar la plena protección del derecho de una persona a la vida y a no ser objeto de penas crueles, inhumanas y degradantes, Amnistía Internacional pide al gobierno japonés que elimine urgentemente la pena de muerte. 2. La aplicación de la pena de muerte en Japón 2.1. El secretismo que rodea la aplicación de la pena de muerte En Japón no hay concentraciones delante de las cárceles el día señalado para una ejecución. Sólo las autoridades saben que va a haber una ejecución, y cuando ésta se lleva a cabo, suele tener lugar cuando el Parlamento ha suspendido sus actividades y no puede debatir la cuestión. Según Usui Hideo, ex ministro de Justicia, esta política tiene como fin privar a los políticos de la oposición de la oportunidad de armar un gran revuelo público sobre la pena de muerte. 7 5 De acuerdo con el Código Penal japonés, se puede imponer la pena de muerte para los siguientes delitos:1) asesinato (artículo 199); 2) muerte causada durante un robo (artículo 240); 3) muerte derivada de una violación durante un robo (artículo 241); 4) vuelco de trenes, etc., con resultado de muerte (artículo 126); 5) poner en peligro los servicios de transporte con resultado de muerte (artículo 127); 6) contaminar los sistemas públicos de suministro de agua con resultado de muerte (artículo 146); 7) dirigir una insurrección (artículo 77); 8) inducción de una agresión armada extranjera (artículo 81); 9) ayuda militar a un Estado extranjero que está haciendo uso de la fuerza militar contra Japón, incluido el enrolamiento en el servicio militar de dicho Estado (artículo 82); 10) incendio intencionado de una estructura habitada (artículo 108); 11) destrucción de estructuras habitadas por explosión (artículo 177); 12) daños a estructuras habitadas por inundación (artículo 119). Además, leyes especiales prevén la pena de muerte para los siguientes cinco delitos: 13) muerte durante la captura de una aeronave (Ley Sancionadora de la Captura de Aeronaves y Delitos Conexos, 1970); 14) muerte causada por la destrucción de una aeronave (Ley Sancionadora de los Delitos que Ponen en Peligro la Navegación Aérea, 1974); 15) muerte como resultado de un duelo (Ley de Proscripción del Duelo, 1889); 16) uso de explosivos (Ley de Control de Explosivos, 1884); 17) homicidio intencional de rehenes (Ley Sancionadora de la Captura de Rehenes, 1978). 6 Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Japón a finales de la década de Véase Shimizu, Kaho, Even Victimised Divided on Death Penalty, The Japan Times, 3 de octubre de 2002.
9 Será éste mi ultimo día? : La pena de muerte en Japón 3 La única información disponible sobre la ejecución de penas de muerte es la que figura en las estadísticas que el Ministerio de Justicia publica de forma periódica. No se facilitan los nombres de los presos ejecutados y sólo se conocen si los familiares deciden revelarlos. El Ministerio de Justicia argumenta que este secretismo es una manera de proteger a los familiares de los presos de la vergüenza que les produce que se sepa que un pariente suyo ha sido ejecutado. Esta práctica agrava en realidad la tensión que produce tener a un familiar condenado a muerte. Los familiares viven con el temor de pasar por la misma experiencia que la madre de Kimura Shuji. En la mañana del 21 de diciembre de 1995 fue a la cárcel a visitar a un hijo suyo condenado a muerte, y allí le dijeron que las horas de visita estaban muy ocupadas y que volviera al mediodía. Cuando volvió, le preguntaron si quería llevarse su cadáver para enterrarlo. 8 Los familiares de los condenados a muerte viven bajo la constante presión de saber que sus seres queridos están en espera de ser ejecutados y que en muchos casos puede sobrevenirles la muerte sin advertencia previa. Muchos familiares abandonan a sus parientes en tales circunstancias por la vergüenza que les produce tener a un miembro de su familia condenado a muerte o porque no pueden soportar el estrés que conlleva mantener la relación. De acuerdo con el Código Penal, las ejecuciones se llevan a cabo por ahorcamiento y por orden del ministro de Justicia. Según la práctica actual, a los presos no se les notifica su ejecución hasta la mañana del día en que va a llevarse a cabo. En algunos casos ni siquiera se les notifica. Según los informes, un funcionario del Ministerio de Justicia señaló que si se lo notificamos a un preso con antelación, su estado emocional puede verse perturbado. Por ello, no se lo podemos notificar a nadie antes de que se produzca el ahorcamiento, ni siquiera al preso. Después de la ejecución, informamos a la familia lo antes posible. 9 Esta práctica comporta que los presos vivan con el constante temor a ser ejecutados, sin que sepan sin van a estar vivos el día siguiente. Una vez finalizado el proceso de apelación, un preso puede esperar años o décadas antes de que lo ejecuten. En un reciente informe sobre la transparencia y la imposición de la pena de muerte, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirmaba: Negarse a facilitar con antelación la fecha y la hora de la ejecución a los condenados y a sus familiares es una clara violación de los derechos humanos. En los casos más extremos, los presos se han enterado de que iban a ser ejecutados de forma inminente sólo unos momentos antes de morir y sólo se ha informado a los familiares después, en ocasiones de forma casual y no de una manera deliberada. 8 Fuente: informe de la relatora del Consejo de Europa sobre su visita a Japón para examinar el uso de la pena de muerte. Véase 9 French, Howard W., Japan Carries Out Executions in Near-Secrecy, The New York Times, 20 de diciembre de 1999.
10 4 Será éste mi ultimo día? : La pena de muerte en Japón Estas prácticas son inhumanas y degradantes y socavan las garantías de procedimiento que rodean el derecho a la vida. 10 El relator especial afirmaba también que el secretismo que se mantiene en Japón sobre el sistema de la pena de muerte es una política oficial, cuya legalidad defienden de forma explícita las autoridades japonesas. Por ejemplo, una de las razones esgrimidas por las autoridades para no proporcionar información es el deseo de respetar la privacidad de los presos que están en espera de ser ejecutados. Sin embargo, este punto de vista no explica ni justifica el motivo por el cual se niega información crucial, como la fecha de su muerte, a esa misma persona cuyo derecho a la privacidad se invoca. Además, el relator especial de la ONU afirmaba: [E]l respeto de la privacidad no puede eximir de las obligaciones en materia de transparencia cuando el preso no desea que se mantenga en privado su experiencia de condenado a muerte ni el hecho de su ejecución. En este contexto, la privacidad es un mero subproducto de un secretismo forzado. Al no saber cuándo morirán, los presos no tienen la oportunidad de hacer público este hecho (o de mantenerlo en privado). Además, mientras permanecen condenados a muerte, no se les permite establecer contacto con medios de comunicación ni con políticos, y se controla y se vigila de forma estricta todo contacto con las personas a quienes se permite visitarlos. Al no permitir a los condenados a muerte controlar sus comunicaciones ni conocer el aspecto más crucial de sus vidas, es decir, la fecha de su propia muerte, el sistema japonés mina su privacidad en lugar de protegerla 11 Incluso los parlamentarios japoneses tienen dificultades para controlar las condiciones de reclusión de los presos condenados. En 2003, nueve miembros ejecutivos del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Baja del Parlamento lucharon por su derecho a ver una cámara de ejecución, y lo consiguieron. Visitaron una nueva cámara de ejecución en el Centro de Detención de Tokio. Según los informes, era la primera vez desde 1973 que el Ministerio de Justicia permitía ver una cámara de ejecución a unas personas que no pertenecían al sistema penal y judicial. A pesar de las peticiones de este grupo de parlamentarios, las autoridades no les concedieron permiso para entrevistarse con condenados a muerte. Varias organizaciones, incluida Amnistía Internacional, han criticado el secretismo con el que se rodean las ejecuciones por ocultar a la población la realidad de la pena de muerte. La Federación de Colegios de Abogados de Japón afirma también que una de las principales razones por las que no se ha abolido la pena capital en Japón es el extraordinario secretismo que rodea el sistema de la pena de muerte y la consiguiente falta de información para un posible debate público. 10 Alston, Philip, Transparency and the Imposition of the Death Penalty, informe del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Doc. ONU: E/CN.4/2006/53/Add.3, 24 de marzo de 2006, párr Ibíd., párr. 47.
11 Será éste mi ultimo día? : La pena de muerte en Japón 5 En su resolución 2005/59, adoptada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pidió a todos los Estados que mantienen todavía la pena de muerte poner a disposición del público la información relativa a la imposición de la pena de muerte y a las ejecuciones previstas. El relator especial de las Naciones Unidades sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirma: El extraordinario poder conferido al Estado quitar la vida a una persona mediante un pelotón de fusilamiento, ahorcamiento, inyección letal o algún otro medio para matar plantea un grave riesgo de abusos. Este poder sólo se puede controlar con seguridad mediante la supervisión pública de un castigo público. 12 Y: Un debate público con conocimiento de causa sobre la pena capital sólo es posible si ésta se administra de forma transparente. Hay una patente incoherencia cuando, por un lado, el Estado invoca la opinión pública y, por otro, oculta al público de forma deliberada información pertinente sobre el uso de la pena de muerte. Cómo se puede decir que el público está a favor de una práctica de la que no sabe casi nada? Si la opinión pública es verdaderamente un factor importante que un país tiene en cuenta, parece que el gobierno debería facilitar acceso a la información pertinente para que esta opinión sea lo más fundada posible. Es inaceptable que un gobierno insista en defender por principio la pena de muerte y se niegue a divulgar entre su propia población el alcance y los motivos de su aplicación En espera de la muerte: Ancianos condenados a muerte La perspectiva de perder la propia vida a manos del Estado genera un sufrimiento y una angustia mental sin parangón, con independencia de que la ejecución tenga lugar después de días o de años en la cárcel. El periodo que una persona pasa condenada a muerte comporta problemas conflictivos. Si el tiempo es demasiado corto, no será posible iniciar un proceso de apelación adecuado ni que aparezcan nuevas pruebas sobre la posible inocencia de una persona. Sin embargo los periodos prolongados en el corredor de la muerte como ocurre, por ejemplo, en Japón, Estados Unidos y Pakistán someten a los condenados a la constante tensión de vivir con el temor de que los ejecuten, casi siempre en unas condiciones de reclusión muy duras. Amnistía Internacional considera que no existe un periodo adecuado para tener recluido a un preso antes de su ejecución. El dilema descrito anteriormente constituye otra razón de peso para la abolición de la pena capital. El proceso judicial es muy lento en Japón. Los presos pasan mucho tiempo en espera de ser juzgados y más aún en espera de que los tribunales tramiten sus apelaciones. Como demuestran muchos de los casos que ilustran este informe, incluso una vez finalizado el proceso de apelación, los presos condenados continúan viviendo sumidos en una larga 12 Ibíd., párr Ibíd., párr. 21.
12 6 Será éste mi ultimo día? : La pena de muerte en Japón incertidumbre. La ejecución puede demorase durante muchos años o no tener lugar. El proceso tiene la apariencia de ser extremadamente arbitrario. Por ejemplo, Shimazaki Sueo fue declarado culpable de haber asesinado a tres personas (entre otros delitos) en Su proceso de apelación finalizó en 1999 y fue ejecutado en Sin embargo, otros presos han pasado mucho más tiempo condenados a muerte después de la conclusión de sus procesos de apelación. Oda Nobuo y Hakamada Iwao 14 fueron condenados en la década de 1960 y agotaron sus recursos de apelación en 1970 y 1980, respectivamente. En la actualidad siguen condenados a muerte. Como consecuencia de esta situación, hay varios presos muy ancianos condenados a muerte en Japón. Okunishi Masaru (condenado a muerte por envenenar a cinco mujeres en 1961) tiene ahora 80 años. Oohama Shouzou (condenado a muerte en 1975 por el asesinato de una mujer y de sus dos hijos) tiene 78. Los dos llevan recluidos decenas de años, viviendo bajo la tensión constante de la amenaza de que los ejecuten. En el caso de Okunishi Masaru, el Tribunal Superior de Nagoya concedió en abril de 2005 un nuevo juicio, alegando la existencia de nuevos pruebas que podrían demostrar su inocencia. Las personas que apoyan a Okunishi Masaru han solicitado que el nuevo juicio empiece pronto para que se le restituya su buen nombre. Según los informes, dijo a sus seguidores que lo visitaron a finales de marzo de 2006: Por favor, consigan que me absuelvan de los falsos cargos presentados contra mí, mientras estoy todavía vivo. Algunos presos llevan tanto tiempo condenados a muerte, que fallecen en la cárcel. Tomiyama Tsuneki murió en 2003 a la edad de 86 años. Había mantenido siempre que era inocente. Psicólogos y abogados de Estados Unidos y de otros países han argumentado que las personas que pasan mucho tiempo condenadas a muerte pueden tener tendencias suicidas, sufrir delirios y volverse locas. Algunos han denominado las condiciones de vida en el corredor de la muerte un aislamiento deprimente y años de incertidumbre sobre la fecha de la ejecución como el fenómeno del corredor de la muerte y los efectos psicológicos que puede acarrear como el síndrome del corredor de la muerte. Se suele remontar el origen de esta doctrina a las vistas que se celebraron en 1989 sobre la extradición de Jens Soering, ciudadano alemán que había sido acusado de asesinato en Virginia en 1985 y que huyó al Reino Unido. Soering adujo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que las condiciones que habría padecido durante el prolongado periodo entre su condena y ejecución hubieran sido tan perjudiciales psicológicamente como una tortura. En su resolución, el tribunal acordó que no se le podía enviar a un lugar donde lo condenarían a muerte. El tribunal no citó la pena de muerte propiamente dicha, sino el 14 Oda fue declarado culpable de asesinato y robo y de intento de asesinato y robo. Hakamada fue declarado culpable del asesinato de cuatro miembros de una familia durante un robo.
13 Será éste mi ultimo día? : La pena de muerte en Japón 7 fenómeno del corredor de la muerte, causado por los largos años que los condenados pasaban en espera de que los ejecutasen mientras recurrían contra sus sentencias. 15 Otros tribunales han estimado que la reclusión prolongada de personas condenadas a muerte constituye un castigo cruel, inhumano y degradante. Por ejemplo, en Jamaica, en la causa Pratt and Morgan, el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona 16 resolvió que ejecutar a una persona que ha pasado un periodo prolongado condenada a muerte vulnera la prohibición de los castigos o tratos inhumanos o degradantes establecida en la Constitución. En la práctica, el tribunal ha estimado que es un periodo prolongado todo el que supere los cinco años desde la imposición de la pena de muerte y en los casos en que se ha cumplido ese plazo se han conmutado las condenas de muerte por penas de cárcel La ejecución de personas con discapacidad mental Aunque Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, a la organización le preocupa que personas que padecen discapacidad mental, 18 permanente o temporal, estén en espera de ser ejecutadas en Japón. Como se describe más adelante, la organización alberga el temor de que las condiciones de reclusión de las personas condenadas (el estrés que causa vivir bajo la amenaza de ser ejecutado) sean perjudiciales para la salud mental de los reclusos. Amnistía Internacional insta a las autoridades japonesas a que garanticen que no se impone esta pena a personas con graves problemas de salud mental. Como ha afirmado la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, no se debe imponer o aplicar la pena de muerte a una persona que padezca cualquier forma de trastorno mental. 19 Este punto de vista se refleja en parte en la propia legislación japonesa. En el artículo 39.1 del Código Penal japonés se establece que no se sancionará ninguna conducta de una persona que 15 NOMENON 16 El Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, que se reúne en el Reino Unido, es el tribunal de apelación de última instancia para una gran parte del Caribe de habla inglesa. 17 Véase 18 En las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobadas por la Asamblea General de la ONU en 1993 (A/RES/48/96), se da la siguiente definición de discapacidad: Con la palabra discapacidad se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio. Amnistía Internacional utiliza la expresión personas con discapacidad de acuerdo con el uso actual de la ONU. Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 5, Personas con discapacidad, 11º periodo de sesiones (1994), citado en Doc. ONU: HRI/GEN/1/REV.5, párrs. 3 y Resolución 2004/67 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 21 de abril de 2004, párr. 4.c.
14 8 Será éste mi ultimo día? : La pena de muerte en Japón sufra locura. En el artículo 39.2 se prevé que, en lo que se refiere a la conducta de una persona que padezca cuasi locura, se conmutará la pena. 20 Estas disposiciones prohíben la imposición de la pena capital a toda persona que sufra una enfermedad mental en el momento de cometer un delito. Sin embargo, no abordan el problema de las personas que sufren una enfermedad mental durante el proceso judicial o después de haber sido condenadas y encarceladas en condiciones muy duras. Además, el autor de un delito que sufra una enfermedad mental puede ser ejecutado si se recupera de su dolencia. La disposición del Código Penal relativa a la cuasi locura debería comportar la prohibición de imponer la pena de muerte a los débiles mentales. Sin embargo, las pruebas legales para determinar si una persona puede distinguir entre el bien y el mal y si está capacitada mentalmente parar obrar en consecuencia son tan limitadas, que la Federación de Colegios de Abogados de Japón ha informado de que no todas las discapacidades mentales permanentes están incluidas necesariamente en las debilidades mentales. Según esta institución, los tribunales japoneses estiman que personas que padecen incluso una discapacidad mental muy grave son capaces mentalmente. 21 Akahori Masao (véanse los apartados 3 y 4.1) fue absuelto en 1989 después de pasar 34 años en la cárcel. Cuando la policía lo detuvo y lo interrogó, según los informes, padecía una discapacidad mental leve, que al parecer contribuyó a predisponer a las autoridades en su contra. Los informes indican también que fue objeto de tortura y malos tratos y que fue obligado a firmar una confesión. Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales se ha ejecutado a presos que sufrían enfermedades mentales. El abogado de Kawanaka Tetsuo estaba preparando la solicitud de un nuevo juicio trámite que tuvo que suspenderse debido al estado mental de Kawanaka Tetsuo cuando éste fue ejecutado en El Tribunal Supremo había fijado de forma definitiva la condena de Kawanaka Tetsuo cuando fue ejecutado; sin embargo, según los informes, sufría delirios y alucinaciones. En 1982, antes de que fuera condenado en su segundo juicio de apelación, fue examinado al parecer por un médico, que creía que sufría esquizofrenia. De forma similar, Mukai Shinji fue ejecutado en septiembre de Había sido condenado a muerte en febrero de 1988 por el asesinato de tres personas en 1985 y había agotado todos los recursos de apelación contra su condena. Según los informes, sufría problemas de salud mental y, cuando fue ejecutado, su abogado estaba preparando una apelación para que lo juzgaran de nuevo. Al parecer, las autoridades japonesas siguen dispuestas a ejecutar a personas con problemas mentales. El Tribunal Supremo condenó a muerte a Horie Morio el 26 de 20 Los términos insanity ( locura ) y quasi-insanity ( cuasi locura ) son traducciones oficiales del Ministerio de Justicia japonés. 21 Véase La pena capital y la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, 9 de marzo de 2005, Doc. ONU: E/2005/3.
15 Será éste mi ultimo día? : La pena de muerte en Japón 9 septiembre de 2005, a pesar de los informes según los cuales padece una grave enfermedad mental. El Tribunal Supremo no admitió que sufriera una enfermedad mental y rechazó una apelación según la cual como documentaban los informes psiquiátricos no estaba en condiciones de ser sometido a juicio. Al parecer, en años anteriores las autoridades judiciales habían aceptado que sufría problemas de salud mental, ya que su juicio se suspendió entre 1993 y 1998 debido a su trastorno mental. En un examen psiquiátrico realizado en 1998, se determinó que estaba en condiciones de comparecer en juicio y éste se reanudó. Amnistía Internacional ha obtenido información según la cual se encuentra gravemente enfermo y no entiende el significado de su condena. Según los informes, su estado de salud había mejorado después de que se suspendiera el juicio y había sido internado en un hospital, pero empeoró cuando volvió al centro de detención. Amnistía Internacional insta al gobierno japonés a que garantice que no se imponen ni se aplican penas de muerte a personas con discapacidad mental grave, con independencia de que sufrieran ya la enfermedad mental en el momento de cometer el delito o de que ésta apareciera después. Además, según la legislación japonesa, debe suspenderse el juicio de una persona con una enfermedad mental grave. Amnistía Internacional insta al gobierno japonés a respetar las normas internacionales sobre la pena de muerte, incluidas las que prohíben la ejecución de presos con graves trastornos mentales. Le insta también a establecer un procedimiento, en consonancia con las normas éticas y profesionales aceptadas internacionalmente, para evaluar la salud mental de los presos La intervención de profesionales de la medicina en las ejecuciones Según una orden dictada por el director del Departamento de Prisiones del Ministerio de Justicia el 27 de diciembre de 1947, un profesional de la medicina tiene que examinar al preso antes de su ejecución. Se especifica también que un profesional de la medicina debe elaborar un informe médico sobre la ejecución. Además, aunque no se especifica en la ley, la costumbre actual, según los informes, es que un profesional de la medicina presencie las ejecuciones, lo que le permite observar la muerte del preso y determinar cuándo se ha producido. 22 Como consecuencia de la evolución de las normas de deontología médica, en la actualidad se considera que no es ético que un profesional de la medicina participe en una ejecución. En la Resolución de la Asociación Médica Mundial sobre la Participación del Médico en la Pena de Muerte se afirma: es contrario a la ética que médicos participen en la pena de muerte, de cualquier manera o durante cualquier etapa del proceso de ejecución. 23 En Estados Unidos, el Colegio de Médicos de Estados Unidos, junto con otras organizaciones, publicó un informe en el que afirmaba: 22 Según el artículo 72 de la Ley de Prisiones: En el caso de la ejecución de una pena de muerte, se examinará el rostro del muerto después del ahorcamiento y no se desatará la soga hasta transcurridos cinco minutos. 23 Adoptada por la 34ª Asamblea Médica Mundial celebrada en Lisboa (Portugal) del 28 de septiembre al 2 de octubre de 1981 y enmendada por la 52ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial celebrada en Edimburgo (Escocia) durante octubre del La Asociación Médica Japonesa es miembro de la Asociación Médica Mundial.
16 10 Será éste mi ultimo día? : La pena de muerte en Japón una ejecución no es un procedimiento médico y no se encuentra dentro del ámbito de la práctica médica. Los médicos tienen un compromiso con la humanidad y el alivio del sufrimiento; la sociedad les ha confiado la tarea de trabajar en beneficio de sus pacientes y del público. Esta confianza se quiebra cuando se utilizan los conocimientos médicos para facilitar las ejecuciones del Estado. 24 La participación de profesionales de la medicina en las ejecuciones parecería contradecir también radicalmente los Principios Deontológicos de la Asociación Médica Japonesa, en los que se afirma: La misión de la ciencia médica y de la asistencia sanitaria es curar enfermedades y mantener y promover la salud de las personas y, consciente de la importancia de esta misión, el médico debe servir a la sociedad con un amor profundo por la humanidad. 25 Varios estudios japoneses se han basado en observaciones médicas realizadas durante las ejecuciones y después de su conclusión. En uno de estos estudios, incluido en un documento presentado a un tribunal de distrito y fechado el 27 de octubre de 1952, un especialista en medicina legal señalaba que en 20 ejecuciones realizadas entre 1948 y 1951 había transcurrido una media de 14 minutos y 33 segundos desde que colgaban a los presos de la horca con una soga al cuello hasta que morían. El tiempo mínimo transcurrido hasta la muerte había sido de 4 minutos y 35 segundos y el máximo de 37 minutos Condiciones de reclusión de los condenados a muerte La poca información que se tiene sobre las condiciones de reclusión de los condenados a muerte procede de los pocos presos que han sobrevivido para contar sus experiencias o de los escasos relatos escritos por presos que han conseguido burlar la censura de los funcionarios de prisiones. La vida de los presos que están en espera de ser ejecutados se rige por las normas establecidas en una ley de prisiones de 1908 (reforzada por una directiva de 1963). Se les prohíbe hablar con otros reclusos. Los contactos con el mundo exterior se limitan a visitas infrecuentes y vigiladas de sus familiares y abogados. No se les permite ver la televisión ni practicar aficiones o pasatiempos. Se les permite tener una radio, pero no pueden elegir la emisora que sintonizan. Según los informes, en algunas prisiones se permiten vídeos, pero este aspecto queda a discreción del director de la cárcel. Los informes indican también que se permite a los presos tres libros, pero pueden pedir más con el permiso expreso del 24 Véase American College of Physicians et al, Breach of Trust: Physician Participation in Executions in the United States, En la Declaración de Madrid (Madrid, España, 25 de agosto de 1996), la Asociación Psiquiátrica Mundial se centra también en el papel del psiquiatra. En sus directrices sobre la pena de muerte se afirma: Bajo ningún concepto puede un psiquiatra participar en ejecuciones legalmente autorizadas, ni en la evaluación de la capacidad mental de una persona para poder ser ejecutada". 25 Véase 26 Citado en Saito, Yoshiyuki, For a Reconsideration of the Death Penalty, Seibundo, 1980.
17 Será éste mi ultimo día? : La pena de muerte en Japón 11 director, que comprueba que su contenido no preconiza la subversión de la autoridad. El ejercicio físico se limita a dos breves sesiones por semana fuera de las celdas. Según los informes, algunos presos sobrellevan el aislamiento a base de somníferos. 27 Un ejemplo del trato dado a las personas que están a punto de ser ejecutadas es el caso de Akahori Masao, ex preso que pasó 31 años condenado a muerte y que contó cómo cinco guardias de la prisión lo sacaron a rastras de su celda una mañana a principios de la década de Los guardias se pusieron nerviosos y empezaron a murmurar entre ellos cuando se percataron de que se habían equivocado de hombre. Lo condujeron de nuevo a la celda y se llevaron a otro hombre para ser ejecutado. 28 Akahori Masao contó también que durante su estancia en la cárcel la prohibición de hablar con otros presos intensificaba la tensión de vivir con el temor de ser ejecutado. 29 El diario escrito en la cárcel por Daidoji Masashi (condenado a muerte por su participación en un atentado con bomba contra un edificio de Mitsubishi Heavy Industries en 1974, en el que murieron ocho personas y resultaron heridas otras 380) brindó otra rara oportunidad de vislumbrar las condiciones de reclusión de los condenados a muerte. Daidoji Masashi anotó en su diario que los presos tienen que dormir con una luz muy fuerte. Según los informes, enfermó por la tensión mental y la falta de ejercicio, y se propuso hacer ejercicio para mantener su salud; sin embargo, los guardias de la prisión le impidieron hacer flexiones de brazos y ejercicios de estiramiento en su celda. No se permite ningún ejercicio que se considere que puede molestar a otras personas. 30 La mayoría de los presos soportan estas condiciones durante muchos años, en algunos casos durante decenios, mientras sus apelaciones se abren paso a través de un sistema legal conocido por su lentitud. Una vez agotados todos los recursos de apelación y decidida definitivamente la condena de muerte, la ejecución puede producirse en cualquier momento; lo único que se necesita es el sello oficial del ministro de Justicia. El duro ambiente en el que viven los condenados a muerte en Japón acarrea a menudo la desesperanza. Algunos, como Takanezawa Tomoaki, 31 desisten de sus apelaciones, a pesar de insistir en su inocencia, afirmando que debido a la naturaleza del sistema legal japonés el resultado de cualquier apelación está ya predeterminado. Según los informes, el abogado de Takanezawa Tomaki asegura que su cliente se ha vuelto emocionalmente inestable debido al estado de tensión en el que viven los condenados a muerte. 27 Véase Wallace, Bruce, Awaiting Death s Footsteps, The Los Angeles Times, 2 de marzo de Ibíd. En 1954, Akahori Masao, que entonces tenía 24 años, era una persona sin hogar. Afirma que se vio obligado a confesar la violación y el asesinato de una colegiala cuando la policía lo golpeó. Finalmente, en 1989, ganó un nuevo juicio (lo había solicitado por primera vez en 1961) y después de casi 35 años fue declarado inocente y puesto en libertad. En la actualidad tiene 75 años y vive de la modesta indemnización que recibió por haber sido condenado injustamente. 29 Ibíd. 30 Ibíd. 31 Takanezawa fue declarado culpable de asesinar a dos personas durante un robo.
18 12 Será éste mi ultimo día? : La pena de muerte en Japón Funcionarios del Departamento de Prisiones justifican estas condiciones de reclusión, afirmando que el sistema está concebido para impedir que los presos se escapen y para mantener la estabilidad mental de aquellos a quienes les aguarda la muerte. 32 En la práctica, la mayoría de los presos condenados a muerte en Japón se ven obligados a vivir el resto de su vida recluidos en régimen de aislamiento en las condiciones descritas anteriormente. Algunos sufren problemas mentales debido a la naturaleza de su encarcelación. En su conjunto, estas circunstancias, incluido el uso prolongado de la reclusión en régimen de aislamiento, equivalen a tratos crueles, inhumanos y degradantes y vulneran los tratados internacionales firmados por Japón. Estas condiciones de reclusión pueden facilitar también los malos tratos por parte de los funcionarios de prisiones. En octubre de 1998, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó sus observaciones sobre el cuarto informe periódico presentado por Japón en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre otras recomendaciones, el Comité abordaba las condiciones de reclusión de los condenados a muerte: El Comité sigue muy preocupado por las condiciones de las personas que se encuentran en el pabellón de condenados a muerte. En particular, el Comité estima que las restricciones indebidas de visitas y correspondencia, y la no notificación de la ejecución de los presos que se encuentren en ese pabellón a la familia y a los abogados son incompatibles con el Pacto. El Comité recomienda que se humanicen las condiciones de detención en el pabellón de condenados a muerte, de conformidad con el artículo 7 y con el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto. 33 En mayo de 2005 se promulgó una nueva ley que regula el trato a los presos en Japón. Según los informes, en esta ley se ha ampliado el abanico de personas a las que se permite visitar a los reclusos que están en espera de ser ejecutados, ya que se incluye a todos los familiares, a las personas necesarias para tratar cuestiones importantes y a las que puedan contribuir a la estabilidad mental de los presos. La ley prevé que el director del centro de detención pueda permitir también la visita de otras personas. Amnistía Internacional acoge positivamente todo cambio que se ajuste a las normas internacionalmente aceptadas sobre las condiciones en las cárceles, como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. 34 Sin embargo, se teme que estos cambios que otorgan facultades discrecionales a los directores de los centros de detención comporten prácticas distintas en las diferentes prisiones y que acaben siendo injustos. 32 Ibíd., cita de Matsumura Kenichi, del Departamento de Prisiones para Adultos del Ministerio de Justicia. 33 Observación finales del Comité de Derechos Humanos: Japón, Doc. ONU: CCPR/C/79/Add.102, 19 de noviembre de 1998, párr Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV) de 31 de Julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
19 Será éste mi ultimo día? : La pena de muerte en Japón 13 Además, aunque Amnistía Internacional acoge con satisfacción todo cambio que contribuya al bienestar mental de los condenados a muerte, la organización considera que estos cambios no son lo bastante profundos, ya que no abordan la cuestión del contacto con otros reclusos y las condiciones de reclusión como la reclusión en régimen de aislamiento. 4. Detención preventiva: el riesgo de abusos, confesiones bajo coacción y declaraciones de culpabilidad dudosas 4.1. El peligro siempre presente de ejecutar a un inocente Dondequiera que se aplique la pena de muerte existe el riesgo de ejecutar a personas por delitos que no cometieron. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de posibles inocentes condenados a muerte en todo el mundo. 35 En Japón, este peligro se ve agravado por la existencia de un sistema de custodia policial denominado daiyo kangoku ( prisión sustitutiva, véase el apartado 4.2), que permite la reclusión de presuntos autores de delitos en los calabozos de las comisarías de policía en lugar de en prisiones o en otros centros bajo control del Departamento de Prisiones, y que la policía los interrogue durante largos periodos. 36 Cuatro hombres, Menda Sakae, Akahori Masao, Taniguchi Shigeyoshi 37 y Saito Yukio, 38 fueron condenados a muerte en Japón por cargos diferentes y en juicios distintos, pero quedaron en libertad durante la década de 1980 después de que se demostrara que se los había acusado falsamente. Los cuatro habían sido objeto de torturas o malos tratos durante los interrogatorios y por este motivo confesaron delitos que no habían cometido. Estas confesiones se utilizaron después como prueba para obtener declaraciones de culpabilidad y penas de muerte. Menda Sakae fue absuelto en 1983 después de pasar 34 años condenado a muerte; durante este periodo había pedido en seis ocasiones un nuevo juicio antes de aceptarse su solicitud. Akahori Masao (véase el apartado 3) fue condenado a muerte en 1958 por los cargos de violación y asesinato. Había afirmado de forma sistemática que era inocente de los cargos formulados contra él y que sólo había confesado bajo coacción tras los interrogatorios de la policía. En enero de 1989, el Tribunal Supremo lo absolvió después de fallar que su confesión carecía de credibilidad y que ninguna otra prueba lo relacionaba con los delitos de que se lo acusaba. En la vista del recurso de apelación contra su condena de 35 Véase, por ejemplo, Estados Unidos de América: Errores fatales. Inocencia y pena de muerte en Estados Unidos (Índice AI: AMR 51/069/1998). Desde 1973 hasta ahora, han quedado en libertad 123 reclusos condenados a muerte en Estados Unidos después de que aparecieran pruebas sobre su inocencia. 36 En el artículo 1.3 de la Ley de Prisiones se afirma que un calabozo de la policía puede sustituir a una prisión. El sistema se puso en marcha en 1908 como una medida temporal para solucionar la escasez de centros de detención. 37 Taniguchi Shigeyoshi murió en julio de 2005 a los 74 años. 38 Saito Yukio murió el 4 de julio de 2006 a los 75 años.
20 14 Será éste mi ultimo día? : La pena de muerte en Japón muerte, celebrada en el Tribunal Superior de Tokio en 1959, Akahori Masao había afirmado: "las personas que me interrogaron me golpearon en la cabeza, casi me estrangularon con las manos y me propinaron patadas [...] Decidí asentir a todas sus preguntas porque no podía soportar la tortura. Después de que el Tribunal Supremo confirmara su condena de muerte en 1960, solicitó en tres ocasiones un nuevo juicio, pero sin éxito. Las autoridades aceptaron la cuarta solicitud, presentada en 1969, y el nuevo juicio comenzó en octubre de Akahori Masao tenía 25 años cuando fue detenido; cuando fue absuelto, a los 59 años, había pasado más de 30 años condenado a muerte. En 1984, Taniguchi Shigeyoshi y Saito Yukio, condenados a muerte en 1952 y 1957 respectivamente, fueron absueltos también. Desde la puesta en libertad de estos hombres, Amnistía Internacional no tiene noticia de que se haya absuelto a ningún otro condenado a muerte. La organización teme que la falta de absoluciones en los últimos 16 años se deba más a la renuencia del sistema jurídico a admitir equivocaciones que a cualquier reforma legal que pudiera haber disminuido el riesgo de declarar culpable a un inocente. En los tribunales japoneses se registra una de las tasas más altas de declaraciones de culpabilidad de todo el mundo. Según los informes, se declara culpable a alrededor del 99 por ciento de las personas acusadas. Esta tasa tan elevada de declaraciones de culpabilidad puede aumentar de forma significativa la probabilidad de que se condene a muerte a un inocente El sistema daiyo kangoku : un terreno abonado para violaciones de derechos humanos El sistema daiyo kangoku (prisión sustitutiva), en el que se puede utilizar un calabozo de la policía en lugar de una prisión durante un periodo de hasta 23 días, vulnera los derechos de los detenidos y es un terreno abonado para que se produzcan más violaciones, sobre todo en un sistema judicial que se basa en gran medida en las confesiones y en el que los tribunales rara vez consideran inadmisibles las confesiones forzadas. El gobierno ha presentado recientemente su primer informe al Comité de la ONU contra la Tortura, de acuerdo con sus obligaciones como Estado Parte en la Convención de la ONU contra la Tortura. En su informe, el gobierno afirmaba: [E]l denominado sistema de prisión sustitutiva no genera problemas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contemplados en la Convención, mientras se utilice de forma adecuada. 39 Informes recibidos por Amnistía Internacional y la Federación de Colegios de Abogados de Japón apoyan el punto de vista según el cual el sistema daiyo kangoku no cumple las normas internacionales sobre reclusión. Los presuntos autores de delitos están bajo el control constante de la policía, no hay reglas o normas sobre la duración de los interrogatorios, el acceso de los abogados a sus clientes está restringido durante los interrogatorios y no hay un registro electrónico de las entrevistas de la policía con los 39 Primer Informe del Gobierno Japonés en virtud del Párrafo 1 del Artículo 19 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, párr. 142, presentado al Comité contra la Tortura en diciembre de Doc ONU: CAT/C/JPN/1.