Source: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522tasas%2Bjudiciales%2522&docid=169187&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=389776
Timestamp: 2019-09-16 14:27:10
Document Index: 74735397

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 97', 'artículo 96', 'artículo 23', 'artículo 267', 'artículo 23', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 7']

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– en nombre de Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato, por la Sra. M. Carlin y los Sres. M. Napoli, M. Zoppolato y M. Boifava, avvocati;
– en nombre de Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme, por la Sra. R. De Pretis, avvocata;
– en nombre de la Camera degli Avvocati Amministrativisti, por el Sr. A. Grappelli, las Sras. M. Ida Leonardo y M. Rossi Tafuri y los Sres. F. Marascio, M. Martinelli, E. Papponetti y M. Togna, avvocati;
– en nombre de la Camera Amministrativa Romana, por los Sres. F. Tedeschini, C. Malinconico, P. Leozappa, F. Lattanzi y A.M. Valorzi, avvocati;
– en nombre de la Associazione dei Consumatori Cittadini europei, por los Sres. C. Giurdanella, P. Menchetti, S. Raimondi y E. Barbarossa , avvocati;
– en nombre del Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), por los Sres. C. Rienzi y G. Giuliano, la Sra. V. Graziussi y el Sr. G. Ursini, avvocati;
– en nombre de la Associazione dei Giovani Amministrativisti (AGAmm), por los Sres. G. Leccisi y J. D’Auria, avvocati;
– en nombre del Ordine degli Avvocati di Roma, por los Sres. S. Orestano, la Sra. S. Dore y el Sr. P. Ziotti, avvocati;
– en nombre de Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (SIAA), por los Sres. F. Lubrano, E. Lubrano, P. De Caterini, A. Guerino, A. Lorang, B. Nascimbene, E. Picozza, F.G. Scocca y F. Sorrentino, avvocati;
– en nombre de Medical Systems SpA, por el Sr. R. Damonte y las Sras. M. Carlin y E. Boglione, avvocati;
– en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. K. Paraskevopoulou y V. Stroumpouli, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. F. Moro y el Sr. A. Tokár, en calidad de agentes;
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO L 395, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 (DO L 335, p. 31) (en lo sucesivo, «Directiva 89/665»).
2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato (en lo sucesivo, «Orizzonte Salute») y Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme (sociedad pública de servicios asistenciales San Valentino de la ciudad de Levico Terme; en lo sucesivo, «Azienda»), el Ministero della Giustizia (Ministerio de Justicia), el Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministerio de Economía y Hacienda), la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidencia del Consejo de Ministros) y el Segretario Generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Secretario General del Tribunal regional de lo contencioso-administrativo de Trento), relativo a la prórroga de un contrato de prestación de servicios de enfermería y a la licitación convocada posteriormente, así como a las tasas judiciales que se deben abonar por la interposición de recursos en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en materia de contratos públicos.
3 Con arreglo al tercer considerando de la Directiva 89/665, la apertura de los contratos públicos a la competencia de la Unión necesita que se aumenten de manera sustancial las garantías de transparencia y de no discriminación y es importante, para que su aplicación sea efectiva, que existan medios de recurso eficaces y rápidos en caso de infracción del Derecho de la Unión en materia de contratos públicos o de las normas nacionales que transpongan dicho Derecho.
4 El artículo 1 de esta Directiva, titulado «Ámbitos de aplicación y procedimientos de recurso», establece:
5 El artículo 7 de la Directiva 2004/18, titulado «Importes de los umbrales de los contratos públicos», fija los umbrales de los valores estimados a partir de los cuales la adjudicación de un contrato debe realizarse conforme a lo dispuesto en esta Directiva.
6 Estos umbrales se modifican periódicamente mediante reglamentos de la Comisión Europea, adaptándose a las circunstancias económicas. En la fecha de los hechos del litigio principal, el umbral relativo a los contratos de servicios adjudicados por poderes adjudicadores distintos de las autoridades gubernamentales centrales estaba fijado en 193 000 euros por el Reglamento (CE) nº 1177/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a sus umbrales de aplicación en materia de procedimientos de adjudicación de contratos (DO L 314, p. 64).
7 El artículo 13, apartado 1, del Decreto del Presidente de la República nº 115 de 30 de mayo de 2002, en su versión modificada por la Ley nº 228 de 24 de diciembre de 2012 (en lo sucesivo, «Decreto»), introdujo un régimen de tasación de las actuaciones judiciales consistente en la fijación de una tasa unificada, proporcional a la cuantía del litigio.
8 A diferencia de lo establecido para los procedimientos civiles, el artículo 13, apartado 6 bis, del Decreto fija el importe de la tasa unificada con independencia de la cuantía del litigio para los procedimientos del orden contencioso-administrativo.
9 Conforme al artículo 13, apartado 6 bis, en el caso de los recursos interpuestos ante los tribunales de lo contencioso-administrativo regionales y el Consiglio di Stato (Consejo de Estado), el importe de la tasa unificada asciende, como regla general, a 650 euros. No obstante, esta misma disposición prevé para determinadas materias cuantías diferentes, que podrán ser incrementadas o reducidas.
10 En virtud del artículo 13, apartado 6 bis, letra d), del Decreto, la tasa en materia de contratos públicos asciende a:
– 2 000 euros cuando la cuantía del contrato sea igual o inferior a 200 000 euros;
– 4 000 euros en el caso de los litigios cuya cuantía esté comprendida entre 200 000 y 1 000 000 de euros, y
– 6 000 euros para los litigios de una cuantía superior a 1 000 000 de euros.
11 Según el artículo 13, apartado 1 bis, del Decreto, en el caso de los procedimientos de apelación en materia de contratos públicos, estas cuantías se incrementarán en un 50 %.
12 Con arreglo al artículo 13, apartado 1 quater, del Decreto, en el caso de que el recurso de casación, o la adhesión a él, bien se desestime en su totalidad, bien se declare inadmisible, bien no pueda ser tenido en cuenta, la parte que lo haya interpuesto deberá abonar una suma adicional, en concepto de tasa unificada, de una cuantía equivalente a la abonada para el mismo recurso de casación o para la adhesión a éste.
13 De la resolución de remisión resulta que, en virtud de la normativa aplicable, la tasa unificada se abona no sólo por la presentación del escrito de interposición del recurso, sino también de la adhesión al recurso o de motivos adicionales que introduzcan nuevas pretensiones.
14 Del artículo 14, apartado 3, del Decreto se desprende que la cuantía del litigio no corresponde al margen de beneficio que puede obtenerse por la ejecución del contrato elaborado por las entidades adjudicadoras, sino al importe de base del contrato.
16 La gestión de dicho servicio se adjudicó, en primer lugar, mediante la prórroga del contrato concluido con Associazione infermieristica D & F Care para un período anterior y, posteriormente, en el marco de una licitación abierta únicamente a ciertas asociaciones acreditadas ante el colegio profesional Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia (IPASVI) (Colegio de enfermeros, ayudantes técnicos sanitarios y técnicos sanitarios en cuidados infantiles), en el que Orizzonte Salute no estaba inscrita.
27 Precisa que la cuantía del contrato público, calculada globalmente, es superior al umbral previsto por la Directiva 2004/18. Estima, en consecuencia, que los principios de eficacia, celeridad, no discriminación y accesibilidad, que figuran en el artículo 1 de la Directiva 89/665, son aplicables al litigio principal. Desde su punto de vista, la normativa nacional controvertida vulnera estos principios y el derecho a la tutela judicial efectiva, reafirmado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
29 Intervinieron en el procedimiento principal en apoyo de las pretensiones de Orizzonte Salute y presentaron observaciones escritas al Tribunal de Justicia: el Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) (Coordinadora de las asociaciones y los comités de protección del medio ambiente y de los derechos de los consumidores y usuarios), la Camera Amministrativa Romana (Cámara de Derecho Administrativo de Roma), la Associazione dei Consumatori Cittadini Europei (Asociación de Consumidores Europeos), el Ordine degli Avvocati di Roma (Colegio de Abogados de Roma), la Associazione dei giovani amministrativisti (Asociación de jóvenes profesionales del Derecho Administrativo), y la Società italiana degli avvocati amministrativisti (Sociedad italiana de abogados especializados en Derecho Administrativo) (en lo sucesivo, conjuntamente, «partes coadyuvantes en el procedimiento principal»).
32 Las «partes en el litigio principal» serán, con arreglo al artículo 97, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, las que el órgano jurisdiccional remitente identifique como tales, con arreglo a las normas de procedimiento nacionales. Por consiguiente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, según las normas procedimentales nacionales, quiénes son las partes del litigo principal de que conoce.
33 No corresponde al Tribunal de Justicia verificar si una resolución del órgano jurisdiccional remitente que admite una intervención ante él se ha adoptado de conformidad con dichas normas. El Tribunal de Justicia se atendrá a tal resolución siempre que ésta no haya sido anulada en el marco de un recurso previsto por el Derecho nacional (véanse, por analogía, las sentencias Radlberger Getränkegesellschaft y S. Spitz, C‑309/02, EU:C:2004:799, apartado 26, y Burtscher, C‑213/04, EU:C:2005:731, apartado 32).
35 No se puede reconocer a una persona la condición de «parte en el litigio principal», en el sentido del artículo 96, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en relación con el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia, ni tampoco admitirla como parte en un procedimiento ante el Tribunal de Justicia conforme al artículo 267 TFUE, cuando ésta interponga una demanda de intervención ante el órgano jurisdiccional nacional no con la intención de desempeñar un papel activo en el desarrollo del procedimiento ante la instancia nacional, sino con el único fin de participar en el procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, el auto Football Association Premier League y otros, C‑403/08 y C‑429/08, EU:C:2009:789, apartado 9).
37 Por último, sería incompatible con el principio de buena administración de la justicia y con la exigencia de tramitación de los asuntos prejudiciales en un plazo razonable el hecho de que la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, como consecuencia de sucesivas admisiones de coadyuvantes y del plazo de dos meses previsto en el artículo 23, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia para la presentación de observaciones escritas de dichos coadyuvantes, no pudiera concluirse o debiera ser abierta de nuevo.
44 Esta Directiva deja a los Estados miembros una facultad discrecional en la elección de las garantías procedimentales que contempla y de las correspondientes formalidades (véase la sentencia Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie y otros, C‑568/08, EU:C:2010:751, apartado 57).
46 Conforme a reiterada jurisprudencia, a falta de normativa de la Unión en la materia, cada Estado miembro deberá configurar, en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, la regulación de los procedimientos administrativos y judiciales destinados a asegurar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables. La regulación procesal de estos recursos, sin embargo, no debe ser menos favorable que la referente a los recursos semejantes establecidos para la protección de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (sentencias Club Hotel Loutraki y otros, C‑145/08 y C‑149/08, EU:C:2010:247, apartado 74, y eVigilo, C‑538/13, EU:C:2015:166, apartado 39).
47 Asimismo, teniendo en cuenta que se trata de tasas judiciales que forman parte de la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los candidatos y licitadores perjudicados por las decisiones de los poderes adjudicadores, no deben privar de efecto útil a la Directiva 89/665 (véanse, en este sentido, las sentencias Universale-Bau y otros, C‑470/99, EU:C:2002:746, apartado 72, y eVigilo, C‑538/13, EU:C:2015:166, apartado 40).
48 En relación con el principio de efectividad, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que éste implica una exigencia de tutela judicial, consagrada en el artículo 47 de la Carta, que el juez nacional debe observar (véase, en este sentido, la sentencia Sánchez Morcillo y Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, apartado 35 y jurisprudencia citada).
49 Así pues, el artículo 1 de la Directiva 89/665 debe interpretarse necesariamente a la luz de los derechos fundamentales recogidos en la citada Carta, en particular, el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en su artículo 47 (véase, en este sentido, la sentencia Ryneš, C‑212/13, EU:C:2014:2428, apartado 29).
53 Pues bien, conforme al artículo 7, que figura en el capítulo II de la Directiva 2004/18, titulado «Ámbito de aplicación», ésta sólo se aplicará a los contratos públicos cuyo valor estimado, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, sea igual o superior a los umbrales previstos en esta disposición.
57 De hecho, la tasa unificada que se debe pagar, expresada en forma de porcentaje de los valores «límite» de las tres categorías de contratos públicos, varía del 1,0 % al 1,036 % de la cuantía del contrato si ésta se sitúa entre 193 000 y 200 000 euros, del 0,4 al 2,0 %, si dicha cuantía está entre 200 000 y 1 000 000 de euros, y corresponde al 0,6 % de la cuantía del contrato o menos si ésta es superior a 1 000 000 de euros.
67 En efecto, el principio de equivalencia, tal como se ha recordado en el apartado 46 de la presente sentencia, implica que reciban el mismo tratamiento los recursos basados en la infracción del Derecho nacional y aquellos, similares, fundados en una infracción del Derecho de la Unión, y no la equivalencia de las normas procesales nacionales aplicables a contenciosos de diferente naturaleza, como son el civil, por un lado, y el administrativo, por otro, o los relativos a dos ramas de Derecho diferentes (véase la sentencia ÖBB Personenverkehr, C‑417/13, EU:C:2015:38, citada en el apartado 74).