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Timestamp: 2018-11-13 01:26:48
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María Amparo Grau. El principio de legalidad: garantía primaria de las libertades ciudadanas.
El principio de legalidad: garantía primaria de las libertades ciudadanas
Estudio publicado en el Boletín de la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas Nro. 154, año 2015.
María Amparo Grau*
II.- Libertades ciudadanas y principios constitucionales que las garantizan
III.- El principio de legalidad como garantía de las libertades ciudadanas
1.- El objeto de la regulación legal
a) La regulación y limitación de las libertades ciudadanas
b) La limitación de la intervención del Estado a través de la regulación legal de la competencia
2.- Sumisión de la ley a la Constitución
IV.- La importancia del poder judicial en la concreción de un sistema de respeto de las libertades
V.- La crisis del Estado de derecho
1.- Proceso constituyente de 1998. El régimen transitorio
2.- Concentración de las funciones ejecutiva y legislativa en el poder ejecutivo unida a la falta de independencia del poder judicial.
2.1.- Una legislación delegada abusiva, inconstitucional e irracional
2.2.- Una legislación de emergencia abusiva, inconstitucional e irracional
a) Decreto 2.184 (enero 2016)
b) Decreto N° 2.270 (marzo de 2016, prórroga del Decreto 2.184)
c) Decreto n° 2.323 (mayo 2016, “nueva emergencia económica”)
d) Decreto 2.371 (julio 2016, prórroga del Decreto 2.323)
e) Decreto 2.452 (Septiembre 2016)
2.3.- La ausencia del control judicial de constitucionalidad de la legislación presidencial
2.3.1.- Desaplicación del plazo constitucional para la aprobatoria parlamentaria del decreto del estado de excepción
2.3.2.- La desviación de poder que implica acordar prórrogas mediante nuevas declaratorias para eludir el límite temporal constitucional a la vigencia de los estados de excepción
2.3.3.- Violación de la competencia de la Asamblea Nacional para otorgar la prórroga
Las garantías jurídicas a las libertades ciudadanas plantean dos aspectos de un mismo fenómeno, el reconocimiento de la libertad como valor fundamental, y el respeto a las garantías que a su protección propenden. Son dos elementos que concurren y se contraponen, de una lado, las libertades ciudadanas, del otro, la intervención del Estado, la balanza de esta contraposición es precisamente el principio de legalidad.
Un sistema jurídico en el que desde el poder se niega la libertad individual y se distorsionan todos los mecanismos constitucionales enderezados a su concreción, deja de ser un ordenamiento, en el sentido de un Estado constitucional de derecho, que como base exige no sólo la proclamación en el texto, sino una preeminencia efectiva de los principios que a continuación se exponen y son su fuente.
El autor Eduardo Soto Kloss en su obra “Los principios fundamentales del derecho público chileno”[1] menciona aquellos que son fuente, origen, base sobre la que se asienta toda la estructura jurídica de un Estado constitucional de derecho, estos son:
1) La primacía de la persona humana sobre el Estado. La libertad del individuo y el respeto a la iniciativa privada en todas las actividades del hombre en sus relaciones sociales (educación, cultura, deportes, recreación, trabajo, en lo comunal, en las comunicaciones, expresión e información, y también por supuesto en lo económico, mediante la libertad de industria y comercio, la propiedad privada y el respeto subsecuente del Estado a la empresa privada).
2) La familia como núcleo fundamental de la sociedad.
3) El carácter servicial del Estado, que le impone como fin el bien común, el pleno respeto de los derechos de las personas, poderes limitados y una función subsidiaria.
4) La supremacía constitucional, esto es, la sujeción de todo órgano del Estado a la Constitución y a las normas jurídicas dictadas en conformidad a ella.
5) El principio de la juridicidad, lo cual impone la actuación de los órganos del Estado dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley (principio de legalidad).
6) La reserva legal de la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales.
7) El control jurisdiccional de toda actividad de los órganos del Estado, en especial de la Administración pública.
8) La plenitud jurisdiccional de los tribunales de justicia.
9) La responsabilidad del Estado, sin perjuicio de la del funcionario que hubiera causado el daño.
Todos y cada uno de estos principios están contenidos en la Constitución de 1999, por lo cual es cierto que ella establece en el papel un Estado constitucional de derecho. La Constitución de 1999 en efecto contempla:
1) La primacía del ser humano, en el reconocimiento del carácter indivisible y universal de los derechos humanos (preámbulo, artículo 19), y la promoción de la iniciativa privada en todos los órdenes, al reconocer al individuo como ser responsable de su propio destino, incluida en esta iniciativa, la de tipo económico, consagrada expresamente en los artículos 112 y 115). Como bien afirmara el constituyente Claudio Fermín, según consta en el diario del debate constituyente al referirse a la iniciativa privada como derecho, la obligación del Estado de promoverla no puede entenderse de otra manera “…porque el Estado no es más que un constructo, no es más que una creación cultural del hombre, de los seres humanos, y somos los seres humanos quienes creamos actividad de toda índole, económica, educativa, deportiva. El Estado tiene que estar al servicio de los seres humanos y no los ciudadanos oprimidos por el Estado.”
En materia económica, por ejemplo, fue la –expresada intención del constituyente- una Constitución equilibrada “donde al lado de la promoción amplia de la iniciativa privada, se plantea la necesaria intervención del Estado para regular los derechos y para regular también el desarrollo de los procesos económicos.”[2]
2) La protección de la familia como asociación natural de la sociedad (artículo 75).
3) El carácter servicial del Estado, en una multiplicidad de disposiciones que lo obligan a tener por norte el bien común y al respeto de los derechos humanos. En el caso de la Administración pública este principio se proclama además de forma específica al indicarse que “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.” (artículo 141).
4) La supremacía constitucional, entre otros, en el artículo 7, “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución” y en el artículo 333, conforme al cual ella “…no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
5) El principio de legalidad y la reserva legal en los artículos 137, 187, 156, numeral 32.
6) El control jurisdiccional de toda actividad del Estado en las normas regulatorias de las competencias del Tribunal Supremo de Justicia y en el artículo 259 que contempla la jurisdicción contenciosa administrativa competente “…para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.”
7) La plenitud jurisdiccional de los tribunales de justicia y la responsabilidad del Estado y sus funcionarios en los artículos 253 y siguientes relativos a la administración de justicia, y en los artículos 25, 49 numeral 8, 139, 141, entre otros.
Todos estos principios están en efecto contemplados y desarrollados en la Constitución venezolana, pero todos y cada uno de ellos han venido siendo irrespetados grave y sistemáticamente por un Estado que se rebela ante su texto, porque es un Estado que no entiende el imperio de la ley como fundamentación filosófica del orden social que en libertad se dan los ciudadanos cuando se concibe al ser humano como ser sustancial y al Estado como ser accidental de la relación que entre ellos ha de darse.
La masiva violación de todos y cada uno de estos principios en los últimos años en Venezuela se explica precisamente en la contradicción que existe entre la Constitución y el pensamiento de quienes ocupan las instancias del poder. La Constitución parte de la consideración del ser humano como el ser esencial y el Estado como ser accidental de la relación, mientras que quienes detentan el poder parten del principio contrario, la primacía del Estado sobre la persona humana. Se materializa aquí lo que, como bien señala Soto Kloss, produjeron las tiranías marxistas de los últimos 50 años, porque, en sus palabras, “cuando se animaliza al hombre y se le considera una pieza más de la naturaleza y sólo materia, surge fatalmente la tiranía, que no respeta al ser humano desde que no le reconoce su impronta divina; quien pretende construir sin Dios siempre va a construir en contra del hombre.”[3]
Esta disociación explica la tendencia inconstitucional de la intervención del Estado en el orden de las libertades ciudadanas y la distorsión absoluta de su garantía principal: el principio de legalidad, pues es sólo partiendo de un reconocimiento de la primacía de la persona humana, y de allí, existencia de libertades ciudadanas, que tiene sentido la garantía primaria enderezada a su efectiva concreción, como es, sin duda, el principio de legalidad.
El principio de legalidad como garantía de las libertades constitucionales se verifica en dos aspectos que corresponden ineludiblemente a la ley: (i) La regulación y limitación de tales libertades, y (ii) La limitación de la intervención del Estado a través de la regulación legal de la competencia.
El que corresponda a la ley la regulación de estas materias (limitación de los derechos y delimitación de la intervención del Estado), produce el límite más importante para la interdicción de la arbitrariedad en un Estado de derecho, porque conforme al principio de separación de los poderes la legislación corresponde al órgano parlamentario, la ley es materia del órgano legislativo, y los otros poderes del Estado están sometidos a ella.
Hay en este sentido una primacía del poder legislativo sobre los demás poderes del Estado, pues éste es el poder soberano. De allí que como decía Colmeiro (en su obra “El derecho administrativo de 1850): “no cabe la menor duda de que siendo el Poder legislativo soberano, el Poder Administrativo le está subordinado…”.[4]
El poder ejecutivo debe por tanto estar subordinado a la ley, y en consecuencia, subordinado al parlamento, quien a su vez se subordina a la Constitución. Así funciona el reconocimiento efectivo de un sistema de libertades ciudadanas, en el que el principio de legalidad se impone como garantía perfecta.
Si el poder subordinado se pone por encima de aquél que constitucionalmente le limita, las libertades ciudadanas perderán su garantía y la arbitrariedad no tendrá freno, como ocurre generalizadamente hoy en Venezuela, ante el desconocimiento oficial del poder legislativo y de sus funciones normativas.
Es imprescindible entonces que la legalidad como principio funcione como garantía, y para ello, la ley debe ser el producto del ejercicio de la función legislativa del poder legislativo, el único instrumento de limitación de dichas libertades, y adicionalmente, la intervención del Estado debe estar limitada también por el mismo instrumento de la ley, la cual debe determinar sus competencias, y de allí la posibilidad de incidir en ellas.
El principio de legalidad se verifica entonces con la reserva a la ley de las materias las relativas a los derechos y libertades ciudadanas, así como a la competencia del Estado para incidir en las esferas jurídico subjetivas de los individuos, pero también con la sujeción de la ley en su contenido a las normas, principios y valores constitucionales y con la existencia efectiva de un poder judicial que controle la arbitrariedad y sancione la responsabilidad del Estado y sus agentes.
La legalidad como garantía abarca entonces la regulación y limitación de las libertades ciudadanas, el formal, mediante lo que en derecho administrativo se denominan las normas de relación. Así, El artículo 187 dispone como competencia de la Asamblea Nacional legislar en las materias de la competencia nacional, entre ellas se halla precisamente, “La legislación en materia de derechos y garantías constitucionales.” (artículo 156, 32).
Ello quiere decir que es la ley, es decir, el acto derivado del ejercicio de la función legislativa, que corresponde al órgano parlamentario, el único instrumento que puede limitar el ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos. Limitación que a su vez se halla restringida por el respeto de los valores y principios constitucionales y el núcleo de esos derechos.
El artículo 137 establece “La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realice.”
Las competencia, que es un principio fundamental de la organización administrativa, significa la fuente de la atribución de potestades. En el caso de la Administración pública, se limita mediante ella toda acción administrativa, pues se presenta así como “el ejercicio de un poder atribuido previamente por la Ley y por ella delimitado y construido.”[5]
La regulación legal de la competencia se enlaza así en el tema de las libertades ciudadanas y la intervención del Estado porque la legitimidad de la actuación estatal depende de esa cobertura legal previa.
La sumisión del Ejecutivo a la ley se complementa con la de la ley a la Constitución, en el logro del respeto pleno a las libertades ciudadanas. Es decir, que no sólo es el legislador quien debe limitarlas y disponer las normas de competencia que permitirá y regulará la intervención del Estado, sino que en tal labor, en ella, la de producir la regulación legal, la Constitución se impone al parlamento, pues la norma fundamental prevalece frente a la ley.
De este modo, no tiene el legislador un poder absoluto en la regulación de las libertades ni en la determinación de las competencias del Estado, cualquier norma que en la materia se dicte, debe cumplir con el principio de la reserva legal, en la forma y en fondo, es decir, que además de estar atribuida a la ley su regulación, en el fondo, el contenido de la misma debe respetar los principios y valores constitucionales, pues la idea de la supremacía jurídica de la Constitución, la hace prevalecer frente a la ley.
De lo expuesto derivamos entonces que la labor del abogado es precisamente dignificar estos postulados, y alertar y denunciar su inobservancia, porque allí estriba la crisis actual del estado de derecho.
Así como al órgano parlamentario corresponde regular mediante ley los límites a las libertades y el ámbito de incidencia por parte del Estado a través de la previsión legal de las potestades públicas, todo en conformidad con las normas constitucionales, corresponde al poder judicial garantizar los otros principios referidos al control de la legalidad de la actuación de los órganos del Estado y el establecimiento de la responsabilidad.
Como señala Ortíz Alvarez “…la idea de un sistema de justicia que permitiera controlar efectivamente al Estado, era la contrapartida natural de los aportes generales de la Revolución (…) entre estos, la visión de un hombre nuevo, la nueva sociedad, las declaraciones de derechos (muy en particular la Déclaration des droits de l´homme et du citoyen de 1789) y otras normativas complementarias en materia de libertades, las nuevas ideas de soberanía, el principio de legalidad o Reino de la Ley y el principio de rendición de cuentas.”[6]
De lo anterior queda en evidencia que libertades ciudadanas e intervención del Estado encuentra su equilibrio en el principio de legalidad y en el de responsabilidad del Estado, los cuales se garantizan a través de un sistema de justicia independiente, allí entra en juego de nuevo el principio de separación de los poderes como elemento fundamental del Estado de Derecho.
Los órganos del Estado se someten a la ley, que dicta un parlamento autónomo y sus actos y conductas se someten al control de un poder judicial, igualmente autónomo, todo ello por virtud de la aplicación efectiva de estos tres principios cardinales de la organización del Estado: separación de los poderes, legalidad y responsabilidad del Estado.
La falla de estos principios acarrea la crisis del Estado de derecho, facilitando el irrespeto de las libertades ciudadanas y la arbitrariedad como regla en la actuación estatal.
La crisis del Estado de derecho en Venezuela se produce porque en la práctica todos estos principios contemplados en la Constitución son dejados a un lado en las ejecutorias de los poderes constituidos. No hay una verdadera legalidad, no hay una verdadera separación de poderes, no hay respeto a la primacía de la persona humana ni a la supremacía de la de la Constitución, y no hay un verdadero control judicial de la actuación estatal. En conclusión, la Constitución está suspendida en su vigencia, y no hay por ende en Venezuela un Estado constitucional de derecho.
La génesis de la crisis del Estado de derecho en Venezuela puede hallarse en el proceso constituyente del año 1998, no en la Constitución que con ella se produjo: el texto vigente de 1999 que en efecto contiene todos estos principios que se han mencionado, sino en ese proceso con dos claros sucesos que permitieron acabar con la independencia de los poderes legislativo y judicial, y consecuentemente con el principio de legalidad y responsabilidad del Estado, pues sin poderes separados e independientes, ni ley ni justicia está al servicio de las libertades ciudadanas sino al servicio de la intervención del Estado sin límite a la arbitrariedad.
En los debates constituyentes se verifica la tesis expuesta. So pretexto del mantenimiento de la “seguridad jurídica del proceso y reducir los márgenes de incertidumbre innecesarios” se aludía a un “proceso constituyente inédito” por las particularidades que dieron “forma al Régimen Transitorio”.[7] Se creó así una Comisión Nacional Legislativa “o pequeño Congreso”[8] o “Congreso de transitoriedad” que sustituyó al poder legislativo en su función normativa. Asimismo, se intervino al poder judicial, mediante la creación de una “Comisión de Funcionamiento y Restructuración del Poder Judicial”[9]. Justicia y legislación quedaron a merced del denominado Poder Constituyente, dominado por la mayoría circunstancial ganadora del proceso electoral presidencial del año 1998. Allí se acabo con el principio de separación de los poderes, que nunca pudo restablecerse, a pesar de la letra del texto constitucional emanado de este proceso constituyente, pues el régimen transitorio habría permito el empoderamiento de una única tendencia política, la del candidato presidencial electo en aquellos comicios.
A pesar de contar con mayoría parlamentaria en el nuevo parlamento: la Asamblea Nacional creada por la Constitución de 1999, pronto la concentración del poder en el Ejecutivo operó mediante el uso desviado de la potestad normativa legal de excepción que la Constitución de 1999 permitía ejercer al Presidente de la República, como también lo hacía la del 61, pero ahora desvirtuada a su máxima expresión, irrespetando todos los límites.
Las leyes presidenciales, conforme a la Constitución, “se admiten en dos supuestos: (i) en situaciones de emergencia y (ii) en situaciones de normalidad, por razones de urgencia, o interés público y conveniencia nacional.” A la primera se le denomina legislación presidencial de emergencia, a la segunda, legislación presidencial delegada.[10]
Durante los 17 años de mandato presidencial de Hugo Chávez operó un uso abusivo, inconstitucional e irracional, de la legislación delegada, y durante los que han transcurrido desde que asumiera el presidente Nicolás Maduro, un uso abusivo, inconstitucional e irracional, de la legislación de emergencia. En ambas situaciones, la consecuencia es la misma: la merma del principio de legalidad como garantía a la libertades ciudadanas y límite a la intervención del Estado.
A lo anterior se une además que la primacía de la Constitución no se verifica en toda esta normativa de supuesta excepción pues ella atiende a un modelo político que no es el que se encuentra contemplado en el texto constitucional. Las leyes de la revolución, tanto las que ha dictado el Ejecutivo como el parlamento de su tendencia mayoritaria, van a responder a sus políticas en base a una ideología particular en la que la primacía de la persona humana -aunque prevista en la Constitución- cede ante la voluntad de un Estado, que deja de ser accesorio y servicial, para convertirse en el titular, en el centro de planificación y determinación de las conductas necesarias para la satisfacción de un bienestar común, que pasa sobre la consideración de las libertades ciudadanas, pues el ciudadano sirve al Estado. Deja el individuo de ser ciudadano para convertirse en súbdito, sujeto a la autoridad del Estado, aun cuando el mismo actúe en contra de sus libertades fundamentales que no limitan su poder interventor.
Las leyes de ese poder concentrado no encuentran límite en la Constitución, ni en los otros poderes, pues aún cuando éste se confronte ahora con una mayoría parlamentaria que le hace oposición, se sirve de nuevo de la legislación de excepción para desplazar al órgano parlamentario, ante un poder judicial carente de independencia, que no ejerce debidamente el control de constitucionalidad y legalidad de leyes y demás actos estatales, ni impone el principio de responsabilidad del Estado, el resultado es pues: la inexistencia fáctica del Estado de Derecho que en papel contempla el texto constitucional de 1999.
Analicemos brevemente la merma del principio de legalidad producida como consecuencia de esta concentración de la función legislativa en la figura presidencial y la ausencia de un poder judicial independiente.
La Constitución del 99[11] prevé la posibilidad de que el Presidente dicte decretos leyes, siempre que haya sido autorizado por Ley Habilitante por el plazo y en las materias que en ellas se determine, pero conforme a las directrices, propósitos y marcos que en ella se fije.[12] A diferencia de la mayoría de las Constituciones latinoamericanas, la venezolana no excluye expresamente la posibilidad de que por este medio se produzcan leyes orgánicas, o que estén excluidas las materias propias del parlamento y la regulación de las libertades ciudadanas. En nuestra opinión las dos primeras están de todos modos excluidas dada la naturaleza de la ley habilitante y habida cuenta del principio de separación de los poderes.
Lo cierto es que a diferencia de la Constitución del 61, en el texto de 1999 no se limita la posibilidad de que el Presidente dicte decretos leyes a la materia económica, sin embargo se establece un límite más importante al disponerse que sólo podrá hacerlo en las materias, directrices, propósitos y marcos fijados en la habilitación.
Esta modificación implicó un cambio sustancial respecto de la naturaleza de la ley habilitante, pues dejó de ser una ley de delegación ordinaria para convertirse en una ley marco. El que sea una ley marco impide la habilitación general, y determina que la Asamblea no podría limitarse a mencionar ámbitos materiales de regulación sino que tiene que dictar normas precisas que podrían luego ser desarrolladas por la legislación presidencial, todo lo cual fue abiertamente violentado con las múltiples habilitaciones concedidas por la Asamblea Nacional al Presidente Chávez, quien de esta forma se convirtió en el órgano de legislación ordinario.
El carácter de ley marco de la habilitante se deriva además de los diarios del debate constituyente en los cuales consta que la propuesta presentada por la Comisión redactora de esta norma planteaba el mecanismo de leyes de base, que es el mismo que consagra la Constitución Española vigente. También este carácter fue señalado por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, ha establecido en sentencia[13] en la cual afirma que la Ley Habilitante es una Ley de Base que sirve de marco normativo a otras leyes (legislación delegada).
Adicionalmente, el que sea la habilitación una ley de bases la convierte en orgánica por denominación constitucional[14]. Las leyes de base son leyes orgánicas. Las leyes orgánicas se desarrollan por leyes ordinarias. Si la Ley Habilitante es una Ley base y por tanto una ley Orgánica, las leyes presidenciales para desarrollarla no podrían tener esta naturaleza. Pero el Tribunal Supremo de Justicia nuevamente decidió a favor de la Presidencia señalando sin más que sí puede el Presidente dictar decretos leyes con carácter de leyes orgánicas,[15] como ya lo había hecho también bajo la Constitución del 99 al pronunciarse sobre la nulidad de la el decreto sobre la Ley Orgánica del servicio consular en una sentencia del pleno con 8 votos a favor y 7 salvados.
Por tanto, la Constitución del 99 sustituyó el sistema de decretos leyes como leyes delegadas por uno de decretos leyes mediante leyes de desarrollo y debido a esta nueva naturaleza la legislación presidencial debe y debía estar limitada al desarrollo de los principios contenidos en la Ley Habilitante.
La habilitación por la mera denominación de ámbitos fue la práctica reiterada de una Asamblea que transfirió por esta vía la función de legislar al poder ejecutivo.
a) En abril de 1999 se habilitó al presidente para legislar en cuatro ámbitos: 1) Organización de la Administración Pública Nacional; 2) Financiero, 3) Tributario, y 4) en el económico sectorial[16], pero además con un total de 28 subdivisiones, las cuales a su vez se subdividían dando la posibilidad de que el Presidente con base a esta habilitación dictara 53 Decretos Leyes, en un plazo de 6 meses.
b) En noviembre de 2000,[17] Bajo la Constitución del 99, se produjo la segunda habilitación al presidente Chávez para dictar leyes delegadas, por un plazo de 1 año y ampliándose de forma exagerada las materias delegadas, en cinco ámbitos (1) Financiero; 2) Económico social; de Infraestructura, Transporte y Servicios; 3) Seguridad Ciudadana y Jurídica; 4) Ciencia y Tecnología; y 5) Organización y Funcionamiento del Estado), con una enumeración en cada uno de ellos omnicomprensiva de abdicación parlamentaria de la función legislativa. Bajo esta habilitación del año 2000, el presidente emitió 49 decretos leyes.
c) El 1 de febrero del año 2007[18] se dictó otra ley habilitante, mediante la cual se delegó esta vez por un plazo de 18 meses y en lo que se refiere al contenido se observa que carece de todo detalle en cuanto a la legislación presidencial que se permite.[19]
Sobre su contenido debe destacarse que si bien se acude nuevamente a la técnica de los ámbitos, la determinación de cada uno de ellos carece de toda especificidad. Se mencionan 11 ámbitos contra 5 de la Ley anterior y contra 4 de la del 99 (1) En el ámbito de transformación de las instituciones del Estado; 2) Participación popular; 3) Ámbito de los valores esenciales del ejercicio de la función pública; 4) Ámbito económico y social; 5) Ámbito financiero y tributario; 6) Seguridad ciudadana y jurídica; 7) Ciencia y la tecnología; 8) Ordenación territorial; 9) Seguridad y defensa; 10) Infraestructura, transporte y servicios; 11) Ámbito energético). La absoluta generalidad de la delegación consiste en que a diferencia de todas las delegaciones anteriores las materias simplemente se enuncian. Con esta habilitación el presidente dictó 59 decretos leyes.
d) Una cuarta ley habilitante fue aprobada en diciembre de 2010[20], por 18 meses y con base a la cual el presidente dictó otros 54 decretos ley. La Ley Habilitante de 2010 caracterizada también por la generalidad más absoluta (1) En el ámbito de la atención sistematizada y continua a las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de las lluvias, derrumbes, inundaciones y otros eventos producidos por la problemática ambiental; (2) infraestructura, transporte y servicios públicos; 3) Vivienda y hábitat; 4) Ordenación territorial, desarrollo integral y uso de la tierra urbana y rural (nueva regionalización geográfica del país); 5) Ámbito financiero y tributario; 6) Seguridad ciudadana y jurídica; 7) Seguridad y defensa integral; 8) Cooperación internacional; y 9) Sistema socio económico de la Nación).
Estas habilitaciones contenían propósitos pero carecieron de todo marco normativo en las materias delegadas y constituyeron una delegación de plenos poderes, una abdicación parlamentaria de la función legislativa en el ejecutivo y, una violación sistemática y continuada de la organización del Estado diseñada en el texto constitucional.
Mucho se criticó en la doctrina jurídica que bajo la vigencia de la Constitución del 61 y por más de 40 años[21] la garantía a la libertad económica estuviese suspendida, permitiendo al Poder Ejecutivo dictar decretos con rango de ley en esa materia. Cierto es además que el límite de la materia económica no fue rigurosamente observado.
La Constitución del 99 también contempla los Estados de excepción como una circunstancia que permite habilitar al Presidente de la República para que dicte con carácter excepcional decretos con rango y fuerza de ley. Los Estados de excepción se definen como circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos.[22] En estos casos el Presidente podrá restringir la garantía de la ley previa y regular las materias que determine mediante decreto ley, con excepción de los derechos humanos intangibles.[23]
La Constitución del 99 impuso un límite temporal a la medida de restricción entre 30, 60 y 90 días, prorrogables, según el caso y contempla un control jurídico político de la Asamblea[24] y otro jurídico del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.[25] Asimismo debe destacarse que si bien la prórroga de estos decretos no corresponde decidirla al Presidente sino a la Asamblea Nacional.[26]
Así lo dispone el artículo 338 a letra expresa al disponer que “la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional” y lo ratifica el artículo 339 al señalar que el Presidente de la República “podrá solicitar su prórroga por un plazo igual.”
A pesar de estos requisitos formales de rango constitucional, el presidente de la república ha dictado un decreto declarando la emergencia económica con la intención de habilitarse para dictar decretos con rango y fuerza de ley, violando la necesaria autorización parlamentaria y la competencia de la Asamblea para decidir la prórroga que este sólo puede solicitar más no decretar.
Así, desde que se instaló la nueva Asamblea Nacional con mayoría opositora, el presidente ha dictado los siguientes decretos para declarar y mantener un estado de excepción (emergencia económica) que le permite suspender la garantía de la legalidad e incidir en las libertades ciudadanas y permitir la intervención del Estado con base a leyes presidenciales.
a) Decreto 2.184 (enero 2016):
El 14 de enero de 2016 se dictó el Decreto n.° 2.184, mediante el cual el presidente declaró el estado de emergencia económica, en todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.214 Extraordinario). La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia No 4 del 20 de enero de 2016, en la cual declaró el carácter constitucional del referido Decreto Presidencial.
Al referido decreto se le negó, el 22 de enero de 2016, la aprobación parlamentaria, no obstante ello, la Sala Constitucional dictó la sentencia No 7 el 11 de febrero de 2016, considerando que el acto de desaprobación no cumplía efecto alguno pues se habría producido una convalidación tácita, sentencia que comentaremos al cierre de esta exposición.
b) Decreto N° 2.270 (marzo de 2016, prórroga del Decreto 2.184):
El Decreto No 2.270 fue dictado por el Presidente de la República, en fecha 11 de marzo de 2016 y publicado en la misma fecha en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6219 Extraordinario, para prorrogar por sesenta (60) días el plazo establecido en el Decreto N° 2.184 del 14 de enero de 2016.
El 17 de marzo se pronunciaron la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El Poder Legislativo negó la extensión del instrumento legal, ya que ésta “carecía de justificación”. La Sala Constitucional declaró se constitucionalidad.
c) Decreto n° 2.323 (mayo 2016, “nueva emergencia económica”):
Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016, el decreto 2.323 decide una nueva declaratoria de emergencia económica.
El 17 de mayo de 2016, la Asamblea Nacional negó su aprobación. No obstante, el fecha19 de mayo de 2016, la Sala Constitucional declaró la constitucionalidad del decreto 2.323.
d) Decreto 2.371 (julio 2016, prórroga del Decreto 2.323):
Mediante decreto 2.371 publicado en la publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.942 del 12 de julio, el presidente de la República prorrogó, por 60 días, el estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional.
El 14 de julio de 2016 la Asamblea Nacional negó su aprobación. A pesar de ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró su constitucionalidad mediante sentencia No 615 de fecha 19 de julio de 2016.
e) Decreto 2.452 (Septiembre 2016):
El decreto 2.452 publicado en la Gaceta Oficial N° 6.256 de fecha 13 de septiembre, establece una nueva declaratoria de estado de excepción por emergencia económica, por 60 días.
El 20 de septiembre de 2016, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo mediante el cual rechaza la prórroga del Estado de Excepción. A pesar de ello, el 21 de septiembre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara su constitucionalidad y anula el referido acuerdo de rechazo al decreto realizado por la Asamblea Nacional, en base a la sentencia 808 de fecha 2 de septiembre de 2016 que declaró nulos todos los actos emanados de la Asamblea Nacional mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, al haber esta procedido a la juramentación e incorporación de diputados en contra de la sentencia No 260 de esa Sala de fecha 30 de diciembre de 2015.
De acuerdo a la Constitución, el decreto de los estados de excepción se rige por las siguientes reglas:
a) Compete dictarlo al Presidente de la República, en Consejo de Ministros.
b) Debe ser presentado ante la Asamblea Nacional, o la Comisión Delegada, dentro de los 8 días siguientes a su promulgación, para que ésta se pronuncie sobre su aprobación.
c) Debe ser presentado ante la Sala Constitucional dentro de los 8 días siguientes a su promulgación para que ésta se pronuncie sobre su constitucionalidad.
d) La prórroga del decreto sólo podrá hacerse por un período igual al de la duración original prevista en la norma constitucional.
e) Compete a la Asamblea Nacional decidir la prórroga de los estados de excepción.
f) La Asamblea siempre podrá revocarlo antes del término al cesar las causas que lo determinaron.
El rol garantista de la Asamblea Nacional ha sido absolutamente desconocido y desaplicado mediante sentencias de la Sala Constitucional que reforman abiertamente el contenido de las normas constitucionales aplicables y plantean un abierto conflicto de poderes, todo ello en perjuicio de la garantía de la legalidad como límite a la intervención del Estado y respeto a las libertades ciudadanas, en la materia económica.
a) El primero de los decretos declarativos de la emergencia económica (2.184, enero 2016), carece de validez por cuanto al mismo le fue negada la aprobación parlamentaria, tal circunstancia fue desaplicada por la Sala Constitucional con un fallo en el que pone a la Ley Orgánica de Amparo sobre la norma Constitucional imponiendo la tesis de una “aquiescencia”, por supuestos vicios formales en una negativa expresa, para pretender cambiar por una sentencia la voluntad del parlamento de negar su aprobación al decreto de emergencia económica presidencial.
Ante la ausencia explícita del consentimiento de la Asamblea, el juez constitucional usurpa sus funciones cuando mediante sentencia se sustituye sustituirse en la voluntad expresada para producir los efectos no deseados por el órgano parlamentario quien su aprobación ha negado.
La Constitución prevé un plazo de 8 días, la sentencia lo reduce a 48 horas imponiendo trámites de la ley que nunca podrían servir para dejar sin efecto la clara disposición constitucional. El artículo 339 de la Constitución no admite interpretación en cuanto a que el Decreto que declare el estado de excepción (emergencia en este caso) debe ser presentado, dentro de los ocho días siguientes a su promulgación, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación. Para que el decreto surta efectos tiene que haber sido aprobado por ésta dentro de los 8 días siguientes a su promulgación. Si la Asamblea no lo aprueba, el decreto decae y no adquiere vigencia, pues ésta se halla supeditada a ese acto complementario del órgano legislativo.
Sí es verdad que la Ley de Estados de Excepción contempla la posibilidad de aprobación expedita dentro de las cuarenta y ocho horas en sesión especial realizada al efecto, sin convocatoria, esto es lo excepcional, que permite hacerlo sin convocatoria, de forma que ello es una facultad no una obligación que elimine el plazo otorgado por la norma superior que es de 8 días.
La Constitución de 1999 ha querido en efecto poner un control jurídico político a la competencia presidencial para decretar los estados de excepción, que ejerce el órgano parlamentario mediante la mencionada aprobación o no del decreto. Si esta es negada por el acto de la Asamblea a quien la Constitución confiere esta competencia, el control constitucional previsto conlleva a que la medida no podrá ser impuesta y el Presidente no podrá por esta vía asumir las facultades legislativas que al parlamento corresponden.
b) En ese mismo orden de ideas, el Decreto 2.270 (marzo, 2016) carece de validez por las mismas razones. En este caso, la Asamblea también negó expresamente su aprobación al tercer día de haber sido dictado. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró ese mismo día (17 de marzo). No se pronunció la Sala sobre el tema de la tempestividad, se limitó a citar su sentencia anterior sobre el plazo de 8 días sin hacer análisis al caso concreto y también pretendió justificar la aprobación parlamentaria en un reconocimiento tácito de la situación de emergencia por haber éste dictado el 3 de marzo de 2016 una Ley Especial para atender la crisis humanitaria en Salud. Así la sentencia indica:
“En este orden de ideas, el Poder Legislativo Nacional ha reconocido la existencia de una situación nacional extraordinaria, vinculada a la materia económica, lo cual exige la toma de medidas excepcionales y oportunas para regresar a la situación de normalidad social y, por ende, de normalidad conforme a los valores, principios y fines que proyecta la Constitución, tal como se desprende de la Ley Especial para Atender la Crisis Humanitaria en Salud, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión del 3 de mayo de 2016 (la cual fue declarada inconstitucional por esta Sala en sentencia n.° 460 del 9 de junio de 2016) en la cual se pretendía calificar una crisis humanitaria de salud y se le exigía al Ejecutivo Nacional la formulación de un plan de atención prioritaria a la crisis humanitaria de salud, con sus respectivas medidas, así como adoptar las medidas inmediatas que se requieran con carácter de urgencia.”
Insólito que la labor parlamentaria de regulación de una situación de crisis implique el reconocimiento de las causas justificantes de la emergencia para la declaratoria de un estado de excepción.
c) El tercer decreto de emergencia económica (Decreto n° 2.323, mayo 2016) fue
publicado el 13 de mayo de 2016, día viernes. El martes 17 de mayo la Asamblea negó su aprobación. Dos días después, el 19 de mayo, la Sala Constitucional declaró la constitucionalidad del decreto 2.323 sobre la base de que “…en el presente caso la Asamblea Nacional nuevamente contrarió la norma prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Citó sin más el caso precedente, obviando que el pronunciamiento se hizo en este caso el segundo día hábil siguiente y limitándose a copiar su criterio conforme al cual “para que la Asamblea pueda pronunciarse con posterioridad a las 48 horas indicadas en el párrafo inicial del artículo 27, debe cumplirse con la realización de la sesión especial, que además solo puede tratar ese único objeto – artículo 59 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional- y, de ser necesario, acordar una prórroga debidamente justificada para considerar el decreto con posterioridad al aludido lapso, pero dentro de los ocho (8) días, salvo caso fortuito o fuerza mayor…”.
Con vista a ese criterio, e insistimos sin análisis de los datos del caso concreto, concluyó en que “…visto que en el presente caso la Asamblea Nacional nuevamente contrarió la norma prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, “configurando su silencio y ulterior actuación intempestiva y jurídicamente defectuosa, una aquiescencia con el decreto”, debe declararse que por imperativo de ley convalidó este nuevo decreto, de forma similar a como lo hizo en el caso referido en la sentencia transcrita, circunstancia que vulneró la legalidad procesal, la seguridad jurídica y el debido proceso consagrado en el artículo 49 Constitucional, pilares fundamentales del Estado Constitucional de Derecho (vid. arts. 2, 7, 137, 334, 335 y 336 del Texto Fundamental), viciando de nulidad por inconstitucionalidad el proceso que culminó con el constitucionalmente írrito acuerdo dictado por la máxima representación del Poder Legislativo Nacional, el 17 de mayo de 2016).
d) El cuarto decreto, No 2371 de Julio de 2016 de prórroga del anterior, fue publicado el 12 y negada su aprobación por la Asamblea el día 14, dos días después. A pesar de ello la Sala Constitucional nuevamente sentenció la constitucionalidad del decreto y en este caso ni siquiera se refiere a la negativa de aprobación por parte de la Asamblea sino que cita su jurisprudencia sin análisis del caso concreto.
d) Finalmente, el quinto decreto (decreto 2.452), la sentencia declaratoria de la Constitucionalidad anula la desaprobación de la Asamblea[27], esta vez con base a lo que ya adelantaba el ultimo de los considerandos de este Nuevo decreto “Que el Tribunal Supremo de Justicia, declaró: la Invalidez, Inexistencia e Ineficacia Jurídica, de todos los actos y actuaciones dictados por la Asamblea Nacional, por encontrarse este Órgano Legislativo en Desacato y en flagrante violación del Orden Público Constitucional.”
En este instrumento ya ni siquiera se prevé, como se hacía en los anteriores (Decreto 2.184 y 2.323, artículos 7) que los mismos serían remitidos a la Asamblea Nacional a los fines de su consideración y aprobación, conforme lo establece el artículo 338 de la Constitución.[28]
El Decreto da por anticipado la nulidad del acto futuro, en base a una sentencia pasada de desacato que por supuesto no ha considerado la nueva situación, y cuyos efectos extendería el ejecutivo por esta vía. A pesar de esta clara intención usurpadora de las funciones judiciales, la Sala Constitucional acogió en un todo este razonamiento al pronunciarse sobre la constitucionalidad de este decreto y reiterar “… lo declarado por la Sala Constitucional del TSJ, el pasado 2 de septiembre de 2016, en la que declaró manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.”[29]
“En consecuencia, la sentencia declaró nulo, inexistente e ineficaz el acuerdo en rechazo al Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, adoptado por la mayoría de la Asamblea Nacional el pasado martes 20 de septiembre.”
El tema de la confrontación de los poderes en el marco de un Estado de derecho no puede resolverse mediante la eliminación de sus funciones como ha pretendido hacer esta sentencia de la Sala Constitucional con este tipo de decisiones en la que más que actuar como solución de la controversia planteada y garante de la primacía constitucional ha actuado como una especie de parte interesada y excluyendo del esquema de los poderes públicos nada más que al parlamento con carácter general e indefinido, poniendo así en suspenso el estado de derecho mismo, y la garantías a las libertades ciudadanas.
Según las disposiciones constitucionales el estado de excepción, en sus distintas modalidades, tienen una vigencia limitada, de 30, 60 o 90 días según el caso, y las prórrogas sólo podrán darse por una sola vez por igual plazo.
Pues bien en el caso de la emergencia económica se ha superado el plazo original de 60 días y el de su prórroga por 60 más. El tercer, cuarto y quinto decreto dictados todos para prorrogar la emergencia económica son inconstitucionales y configuran una evidente desviación de poder. Esta situación se reconoce expresamente en las sentencias de la Sala Constitucional cuando se señala lo que demuestra que el decreto analizado como nueva declaratoria era en realidad una prórroga del anterior, al indicar:
“Por otra parte, resulta notoriamente comunicacional que el Presidente de la República anunció, el 11 de mayo de 2016, que “mantendría activado el decreto de emergencia económica”. Para luego señalar, “También es notoriamente comunicacional que el pasado 13 de mayo fue aprobado “nuevo decreto de emergencia económica…”
La prórroga de los Estados de excepción compete a la Asamblea Nacional y no al Presidente de la República. De allí que tanto el Decreto No 2.270 (marzo 2016), que prorrogó el 2.184 (enero 2016) como el decreto 2.371 (julio 2016) que prorrogó el decreto 2.323 (mayo 2016) son nulos de nulidad absoluta.
El artículo 338 de la Constitución es tajante al disponer: “La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional…” así como que 339 cuando establece que “…el Presidente podrá solicitar su prórroga…”.
A pesar de la claridad meridiana de las normas citadas, la Sala Constitucional al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la prórroga omitió toda consideración sobre este tema e incluso sin mayor análisis afirmó la competencia del ejecutivo, señalando: “En este orden de ideas, para que el acto de gobierno sometido al examen sea controlable constitucionalmente, requiere al menos de un fundamento objetivo, lo cual, en el caso de las prórrogas de los estados de excepción o de necesidad, se traduce en la invocación directa de las normas constitucionales y legales -contenidas en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción-, que habilitan al Presidente de la República para ejercer esa potestad, y el establecimiento de medidas razonables y proporcionales a la situación que se pretende controlar, que justifiquen el establecimiento de estas acciones por parte del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones para la salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas.” (subrayado y resaltado nuestro).
1) La Constitución de 1999 contiene todos los principios base del Estado constitucional de derecho, en el cual el ser humano tiene primacía sobre el Estado, pero las instancias del poder constituido que actúan en nombre de la revolución que le dio origen atienden al principio contrario, lo cual explica la actual tendencia inconstitucional de la intervención del Estado en el orden de las libertades ciudadanas y la distorsión absoluta de su garantía principal: el principio de legalidad.
2) El principio constitucional de legalidad como garantía de los libertades constitucionales se verifica en dos aspectos: (i) Sólo por ley pueden regularse y limitarse tales libertades, (ii) Sólo si existe una ley previa que establezca la competencia es posible la intervención del Estado.
3) La ley es el acto que dicta el poder legislativo en ejercicio de la función legislativa que le es propia y con absoluto respeto a las normas, principios y valores constitucionales.
4) Las libertades ciudadanas e intervención del Estado encuentra su equilibrio en el principio de legalidad y en el de responsabilidad del Estado, los cuales se garantizan a través de un sistema de justicia independiente.
5) La génesis de la crisis del Estado de derecho en Venezuela se rebela en el proceso constituyente del año 1998 con dos claros sucesos que permitieron acabar con la independencia de los poderes legislativo y judicial, y consecuentemente con el principio de legalidad y responsabilidad del Estado, pues sin poderes separados e independientes, ni ley ni justicia está al servicio de las libertades ciudadanas sino al servicio de la intervención del Estado sin límite a la arbitrariedad.
6) Desde que se dictó la Constitución de 1999 se ha producido una inconstitucional, abusiva e irracional concentración de las funciones ejecutiva y legislativa en el Poder Ejecutivo, que unida a la falta de independencia del poder judicial permite afirmar la inexistencia de un Estado constitucional de derecho.
7) Durante los 17 años de mandato presidencial de Hugo Chávez, el presidente asumió inconstitucionalmente una función legislativa plena mediante la legislación delegada.
8) Durante el tiempo que ha transcurrido desde que asumiera el presidente Nicolás Maduro, el presidente se ha asignado inconstitucionalmente la función legislativa en la materia económica mediante la legislación de emergencia.
9) El rol garantista de la Asamblea Nacional ha sido absolutamente desconocido y desaplicado mediante sentencias de la Sala Constitucional que reforman abiertamente el contenido de las normas constitucionales aplicables y plantean un abierto conflicto de poderes, todo ello en perjuicio de la garantía de la legalidad como límite a la intervención del Estado y respeto a las libertades ciudadanas, en la materia económica.
10) Si el poder ejecutivo que está constitucionalmente subordinado a la ley se pone por encima de aquél que constitucionalmente le limita, las libertades ciudadanas pierden su garantía y la arbitrariedad no tiene freno, como ocurre generalizadamente hoy en Venezuela, ante el desconocimiento oficial del poder legislativo y de sus funciones normativas y con la complicidad del poder judicial que en lugar de restablecer el orden constitucional lo convalida.
1.- Diario del debate constituyente de respecto de la Constitución de 1999.
2.- García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo I. Decimoséptima edición, Editorial Civitas, Madrid, 2015.
3.- Grau, María Amparo. Separación de Poderes y Leyes Presidenciales. Editorial Texto, Caracas, 2009.
4.- Meilán Gil, José Luis, en Lectura de los Clásicos del Derecho Administrativo. Editorial Andavira, Santiago de Compostela, 2012.
5.- Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Bases Fundamentales. Tomo II. El principio de juridicidad. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1996.
6.- Ortíz-Alvarez, Luis A. Revolución francesa y justicia administrativa. Editorial Serwood, Caracas, 2003.
* Abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, mención cum laude. Master Derecho en Derecho Administrativo, Universidad Central de Venezuela. Doctora en Derecho de la Universidad CEU-San Pablo. Madrid-España. Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica Andrés Bello. Fue Magistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa y Directora General de la Procuraduría General de la República. Ocupó la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford durante el año académico 2006-2007. Socia del Despacho de Abogados Badell & Grau 1985.
[1] Soto Kloss, Eduardo. Derecho Administrativo. Bases Fundamentales. Tomo II. El principio de juridicidad. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1996.
[2] Intervención del constituyente Rodolfo Sanz.
[3] Soto Kloss, Eduardo. Ob. cit., pág. 13.
[4] Citado por Meilán Gil, José Luis, en Lectura de los Clásicos del Derecho Administrativo. Editorial Andavira, Santiago de Compostela, 2012, pág. 207.
[5] García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo I. Decimoséptima edición, Editorial Civitas, Madrid, 2015, pág. 479.
[6] Ortíz-Alvarez, Luis A. Revolución francesa y justicia administrativa. Editorial Serwood, Caracas, 2003, pág. 107.
[7] Debate Constituyente, intervención del Constituyente Hermann Escarrá, sesión del 17 de noviembre de 1998.
[9] La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante Decreto sobre el Régimen Transitorio del Poder Público, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.857 de 27 de diciembre de 1999, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.859 de 29 de diciembre de 1999.
[10] Este tema lo hemos desarrollado en nuestro libro “Separación de Poderes y Leyes Presidenciales.” Editorial Texto, Caracas, 2009.
[11] Artículo 236.- “Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República: (…) 8. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley.”
[12] Artículo 203.- “(…) Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y el marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes de base deben fijar el plazo de su ejercicio.”
[13] Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2001, expediente N° 01-2041.
[14] Artículo 203 de la Constitución
[15] Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 13 de noviembre de 2001 (Exp. 01-2573, caso Decreto con fuerza de Ley Orgánica de Planificación).
[16] La Ley fue aprobada el 23 de marzo pero publicada en Gaceta Oficial el 16 de abril de 1999.
[17] Publicada en la Gaceta Oficial: 37.076 del 13 de noviembre de 2000.
[18] Publicada en Gaceta Oficial No 38.617 del 1 de febrero de 2007.
[19] El texto aprobado es aún más general y carece de control posterior por parte del Congreso. Las Leyes habilitantes del año 74, 84, 93, 94, 98 y 2000 contenían normas que establecían mecanismos de control de la legislación presidencial por parte del Congreso, a través de la obligación de informar sobre el ejercicio de las facultades extraordinarias[19]. La Ley del 2007, se equipara en este sentido a la del 61 y 99 en cuanto que carecen de este mecanismo.
[20] Publicada en Gaceta Oficial No 6.009, Extraordinario, el 17 de diciembre de 2010.
[21] La garantía fue restablecida el 4 de julio de 1991, mediante el Decreto N° 1724 publicado en la Gaceta Oficial N° 34.752 del 10 de julio de 1991, “por considerar que cesaron las causas que motivaron la restricción”.
[22] Se contemplan los siguientes supuestos: 1.- El estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos o ciudadanas. 2.- El Estado de emergencia económica cuando existan circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. 3.- El estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Las normas constitucionales disponen: Artículo 337. “El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.” Artículo 338. “Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos o ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable por treinta días más.” Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de sesenta días prorrogables por un plazo igual. Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más.”
[23] Según la Constitución: el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles, que luego la Ley define, entre otros, en el Artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (Gaceta Oficial Nro. 37.261 de fecha 15 de agosto de 2001) prevé: “No podrán ser restringidas, de conformidad con lo establecido en los artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27, 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las garantías de los derechos a: 1. La vida. 2. El reconocimiento a la personalidad Jurídica. 3. La protección de la familia. 4. La igualdad ante la ley. 5. La nacionalidad. 6. La libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas. 7. La integridad personal, física, psíquica y moral. 8. No ser sometido a esclavitud o servidumbre. 9. La libertad de pensamiento, conciencia y religión. 10. La legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales. 11. El debido proceso. 12. El amparo constitucional. 13. La participación, el sufragio y el acceso a la función pública. 14. La información.”
[24] El artículo 339 establece que “El Decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes a su promulgación, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación…”.
[25] El artículo 336, numeral 10, dispone como competencia de la Sala Constitucional: “Revisar en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República.”
[27] En este acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado durante la sesión ordinaria el 20 de septiembre de 2016, se establece que el Parlamento decide:
“1) Rechazar la prórroga del decreto de Estado de Excepción y emergencia económica publicado en gaceta oficial el pasado 13 de septiembre.
2) El decreto sólo significa abandono total a la Constitución y ayuda a profundizar la crisis que vive el país.
3) Todos los contratos de interés público realizados en el marco de este decreto están viciados de nulidad absoluta.
4) Instar a la ONU, OEA, y Unasur sobre la inconstitucionalidad de este decreto.
5) Declarar que el presidente Nicolás Maduro esta al margen de la Constitución y solo ha desconocido la voluntad del pueblo.”
[28] “Este Decreto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad, dentro de los ocho (8) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”
[29] El desacato se refiere a la sentencia 808 de la Sala Electoral que suspendió cautelarmente la proclamación de tres diputados del Amazonas, que fueron sin embargo incorporados por la Asamblea Nacional.