Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-201-02.htm
Timestamp: 2018-10-17 21:24:23
Document Index: 194275551

Matched Legal Cases: ['Artículo 359', 'Artículo 401', 'artículo 359', 'artículo 401', 'artículo 23', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 39', 'artículo 364', 'artículo 44', 'artículo 58', 'artículo 401', 'artículo 39', 'artículo 4', 'Artículo 379', 'artículo 7', 'Artículo 379', 'artículo 7', 'artículo 379', 'artículo 56', 'artículo 379', 'artículo 56', 'artículo 429', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 379', 'artículo 56', 'artículo 52', 'artículo 401', 'artículo 401', 'artículo 39', 'artículo 4', 'artículo 401', 'artículo 380', 'artículo 401', 'Artículo 405', 'artículo 1', 'Artículo 467', 'Artículo 25', 'artículo 405', 'artículo 25', 'artículo 405', 'artículo 39', 'artículo 467', 'artículo 25', 'artículo 416', 'artículo 55', 'artículo 7', 'artículo 55', 'Artículo 408', 'artículo 7', 'artículo 405', 'artículo 408', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 405', 'Artículo 406', 'artículo 406', 'artículo 406', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 26', 'artículo 406', 'artículo 406', 'artículo 118', 'artículo 408', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 408', 'artículo 16', 'artículo 359', 'artículo 379', 'artículo 401', 'artículo 406', 'artículo 408', 'artículo 408', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 408', 'artículo 39', 'artículo 379', 'artículo 379', 'artículo 379', 'artículo 401', 'artículo 408', 'artículo 406', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 55', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 291', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 118', 'artículo 39', 'artículo 118']

C-201-02
______REF
Corresponde al legislador “la responsabilidad de establecer, por medio de la ley, los preceptos que desarrollen la garantía de la libertad sindical en aspectos tales como el número de trabajadores que se requieren para constituir una organización sindical, el domicilio, estatutos, número de representantes y sus fueros, etc., es decir, en aspectos que permitan la realización plena del derecho de asociación sindical y la efectividad de su ejercicio.” No obstante lo anterior, la Corte hace énfasis en que el marco regulatorio expedido por el legislador debe respetar la autonomía de que gozan los sindicatos para establecer sus reglamentos, los requisitos de admisión de afiliados y su forma de gestión administrativa y financiera, en desarrollo del principio de no injerencia del Estado en el funcionamiento de tales organizaciones.
La Corte sostuvo que el núcleo esencial del derecho de huelga consiste en “la facultad que tienen los trabajadores de presionar a los empleadores mediante la suspensión colectiva del trabajo, para lograr que se resuelva de manera favorable a sus intereses el conflicto colectivo del trabajo. Esta facultad, claro está, no es absoluta. El punto es que la huelga constituye un mecanismo cuya garantía implica el equilibrar las cargas de trabajadores y empleadores en el marco del conflicto colectivo de trabajo. Las restricciones al derecho de huelga deberán tener en cuenta este propósito, de modo que si bien tal derecho puede ser limitado con el fin de proteger otros de mayor jerarquía (v.gr. los derechos fundamentales) o el interés general (bajo la forma del orden público, por ejemplo), el poder que la Constitución pretende reconocer a los trabajadores no puede quedar desfigurado.”
HUELGA POR SINDICATO-Entendimiento de la expresión “obligaciones salariales”
HUELGA POR SINDICATO-Concepto de “salario”
Los sindicatos no pueden contradecir, en ejercicio de la autonomía sindical, los principios rectores de una sociedad democrática sino, por el contrario, deben integrar a sus políticas y a su organización mecanismos para hacerlos efectivos, procurando así la efectiva participación de todos los trabajadores en las decisiones que los afectan, toda vez que los sindicatos a los que éstos pertenecen actúan como sus representantes en la consecución de condiciones laborales más favorables a sus intereses. Los principios pluralistas, democráticos y participativos tienen un alcance extenso, en la medida en que están llamados a aplicarse en los espacios más cercanos a la persona humana, como manifestación del “traslado de la democracia desde el ámbito del Estado hacia la sociedad.”
En relación con el derecho de asociación sindical, el “uso extensivo de la democracia” se concreta en la adecuación de los estatutos del sindicato al orden legal y a los principios democráticos, así como en la oportunidad de todos los trabajadores de participar activamente dentro del mismo.
2. Artículos 359 parcial y 401-d parcial del Código Sustantivo del Trabajo
“Artículo 359. Número mínimo de afiliados. Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a veinticinco (25) afiliados; y todo sindicato patronal no menos de cinco (5) patronos [hoy empleadores] independientes entre sí.”
“Artículo 401. Casos de disolución. Un sindicato o una federación o confederación de sindicatos solamente se disuelve:
d. Por reducción de los afiliados a un número inferior a veinticinco (25), cuando se trate de sindicatos de trabajadores.
Ante esta circunstancia, solicita a la Corte declarar la inconstitucionalidad de las normas acusadas o, en su lugar, la exequibilidad condicionada, señalando respecto del artículo 359 C.S.T., que “el número mínimo de miembros para conformarse o subsistir debe ser razonable, de conformidad con las circunstancias que rodean cada organización, o sustituyendo la cantidad consagrada, declarando que “debe ser de doce, esto es, los diez de la Junta Directiva más los dos de la Comisión estatutaria de reclamos.” Y en relación con el literal d) del artículo 401, que “el número mínimo de miembros para poder subsistir, esto es, no sufrir disolución, debe ser razonable, de acuerdo con las circunstancias que rodean a cada organización y la cuantificación de la planta de personal de la entidad donde tienen su asiento; al igual que debe condicionarse a que la reducción de miembros obedezca a la voluntad de la organización y no a la del empleador a través de la implementación de reestructuraciones que arrojen supresiones de cargos, o por persecución política o de otro tipo, o por la intimidación que ejerza el empleador. O si es del caso declarando que el número mínimo de miembros para no sufrir disolución sea el de doce, según lo sugerido en el punto que inmediatamente antecede.”
En concepto No. 2695 recibido en esta Corporación el 22 de octubre de 2001, el Procurador solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad de los artículos 359 parcial y 401-d parcial del Código Sustantivo del Trabajo, con fundamento en las siguientes razones:
La determinación del número mínimo de miembros como requisito para la conformación y subsistencia de un sindicato no corresponde fijarlo a la Corte Constitucional sino al legislador, “a menos que el número fijado por aquél se convierta en una forma de impedir la formación de sindicatos.”
Considera el Procurador que el número fijado en las normas demandadas no vulnera el derecho de asociación sindical por cuanto “quienes no puedan constituir un sindicato de base o de empresa pueden vincularse a sindicatos de industria o actividad económica o a sindicatos de oficios varios, garantizándose así el núcleo esencial del derecho de asociación, en su condición específica, de asociación sindical. Si ante las circunstancias a que alude el demandante, especialmente la relacionada con la reducción del tamaño de algunas entidades públicas, especialmente a nivel municipal, este requisito pudiera resultar inconveniente mas no inconstitucional, el espacio de discusión no es la vía de la acción pública de inconstitucionalidad, sino las vías políticas.”
No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.”
El citado canon constitucional es concordante con el artículo 23-4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual "toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses"; el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que consagra el deber de los Estados Partes de garantizar el derecho de toda persona de formar y afiliarse a sindicatos; y el artículo 8 literal a) del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (Protocolo de San Salvador), que incorporó a la Carta Americana el deber de las Partes de garantizar "el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses".
“El art. 39 de la Constitución consagra el derecho fundamental de asociación sindical de los trabajadores, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación, dado que aquél consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifiquen y los una, en defensa de los intereses comunes de la respectiva profesión u oficio, sin autorización previa o la injerencia o intervención del Estado, o de los empleadores.
“En la sentencia T-441/92[2] la Corte expresó, sobre el derecho de asociación sindical, lo siguiente:
‘Se concluye que el derecho de asociación sindical es un derecho subjetivo que tiene una función estructural qué desempeñar, en cuanto constituye una vía de realización y reafirmación de un Estado social y democrático de derecho, más aún cuando este derecho, que permite la integración del individuo a la pluralidad de grupos, no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática y, es más, debe ser reconocido por todas las ramas y órganos del poder público’.
‘La asociación sindical tiene un carácter voluntario, ya que su ejercicio descansa en una autodeterminación de la persona de vincularse con otros individuos y que perdura durante esa asociación’.
‘Tiene también un carácter relacional o sea que se forma de una doble dimensión. Ya que de un lado aparece como un derecho subjetivo de carácter individual y por el otro se ejerce necesariamente en tanto haya otros ciudadanos que estén dispuestos a ejercitar el mismo derecho y una vez se dé el acuerdo de voluntades se forma una persona colectiva’.
‘Tiene así mismo un carácter instrumental ya que se crea sobre la base de un vínculo jurídico, necesario para la consecución de unos fines que las personas van a desarrollar en el ámbito de la formación social’.
“En el derecho de asociación sindical subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica dicho derecho, como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales, ajena a toda restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o funcionamiento. Ello implica, la facultad que poseen las referidas organizaciones para autoconformarse y autoregularse conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden sus integrantes, con la limitación que impone el inciso 2 del art. 39, según el cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos. (...)”
“156. La libertad de asociación, en materia sindical, consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. Por otra parte, esta libertad supone que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la asociación. Se trata, pues, del derecho fundamental de agruparse para la realización común de un fin lícito si presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad.
159. La libertad de asociación, en materia laboral, en los términos del artículo 16 de la Convención Americana, comprende un derecho y una libertad, a saber: el derecho a formar asociaciones sin restricciones distintas a las permitidas en los incisos 2 y 3 de aquel precepto convencional y la libertad de toda persona de no ser compelida u obligada a asociarse (...)”[3]
“2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.”
Como ya se dijo, el artículo 39 de la Constitución, así como el instrumento antes citado, consagran el principio de autonomía sindical o de no intervención del Estado en los asuntos propios de dichas organizaciones, según el cual éstas pueden constituirse sin injerencia o autorización previa, así como redactar sus estatutos y reglamentos, sin más limitaciones que el orden legal y los principios democráticos. De igual forma, de tales preceptos se concluye que un sindicato nace a la vida jurídica desde el momento mismo de su fundación, como lo consideró la Corte en sentencia T-784/01[4] y como expresamente lo prevé el artículo 364 del C.S.T., modificado por el artículo 44 de la Ley 50 de 1990: “Toda organización sindical de trabajadores, por el sólo hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería.”[5]
“No es admisible reconocer el carácter absoluto de la libertad sindical, en la medida en que la propia Constitución establece como limitación, concretable por el legislador, que “la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos” (art. 39 inciso 2) y que los Convenios Internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Por lo tanto, se advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio.”
En conclusión, se debe reiterar que corresponde al legislador “la responsabilidad de establecer, por medio de la ley, los preceptos que desarrollen la garantía de la libertad sindical en aspectos tales como el número de trabajadores que se requieren para constituir una organización sindical, el domicilio, estatutos, número de representantes y sus fueros, etc., es decir, en aspectos que permitan la realización plena del derecho de asociación sindical y la efectividad de su ejercicio.”[7] (Subrayado fuera del texto)
No obstante lo anterior, la Corte hace énfasis en que el marco regulatorio expedido por el legislador debe respetar la autonomía de que gozan los sindicatos para establecer sus reglamentos, los requisitos de admisión de afiliados y su forma de gestión administrativa y financiera, en desarrollo del principio de no injerencia del Estado en el funcionamiento de tales organizaciones, a que ya se ha hecho referencia. En efecto, como lo ha manifestado el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la O.I.T., “las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el funcionamiento interno de las organizaciones de trabajadores y de empleados entrañan graves riesgos de injerencia por las autoridades públicas. En caso de que su adopción fuera considerada indispensable para las autoridades, estas disposiciones deberían limitarse a establecer un marco general, dejando a las organizaciones la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y administración. Las restricciones a este principio deberían tener como únicos objetivos garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados.”[8]
En relación con la justificación de dichos procesos de reestructuración, la Corte ha sostenido que “el Estado, para cumplir con sus fines, debe reajustar la estructura orgánica y funcional que le sirve de medio para obtenerlos. Por lo tanto, en lo que respecta a la administración pública, resulta razonable que se produzca la correspondiente valoración del desempeño de las entidades que la conforman, a fin de evaluar su misión, estructura, funciones, resultados, etc., y adecuarlas a los objetivos demarcados constitucionalmente.”[9]
Aunque hacen alusión de manera específica a los empleados de carrera, son aplicables los argumentos expuestos en la sentencia C-954/01,[10] donde la Corte sostuvo que, “de conformidad con el artículo 58 superior, el interés particular que tiene el trabajador respecto de la estabilidad en su cargo debe ceder ante el interés público o social que comporta la supresión de cargos como consecuencia de los procesos de reestructuración de las entidades”, añadiendo luego que “lo anterior no significa que el trabajador quede a merced de la voluntad de las autoridades encargadas de hacer la reestructuración y vean desamparados sus derechos(...)”
“(...) el sindicalismo es un resultado natural del tiempo del capitalismo y de la proletarización de las masas industriales y del fin de la vieja corporación profesional. En su origen no fue sino ‘una asociación puramente de asalariados, con el fin de asegurar la defensa o la mejora de las condiciones de su contrato de trabajo’ (según la clásica definición de los Webb)”.[13]
“118- (Número mínimo de fundadores). La fijación de un número mínimo de integrantes para los sindicatos responde a una finalidad evidente; la ley debe fijar condiciones mínimas, a los efectos que los sindicatos tengan cierta fuerza negociadora y reivindicadora para cumplir con sus fines de defensa profesional. Como recuerda DE LA CUEVA, en general un sindicato de tres o cuatro personas no podría efectuar una adecuada defensa profesional frente al empleador. Así, el número de afiliados debe ser suficiente para poder dar cumplimiento a los fines perseguidos por la entidad.
“En cuanto al número concreto en sí, puede ser tachado de arbitrario, como todo mínimo. De todos modos, los antecedentes históricos parecen marcar una preferencia por un mínimo de 20 trabajadores”.
“En este sentido, el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT ha opinado que ‘el número de 20 miembros para la constitución de un sindicato no parece constituir una cifra exagerada ni, por consiguiente, un obstáculo de por sí para la formación de sindicatos’.[14] Sobre el mismo tema, expresó dicho órgano que ‘el establecimiento de un sindicato puede verse sometido a grandes dificultades, e incluso hacerse imposible, cuando la legislación fija en una cifra evidentemente exagerada el mínimo de miembros de un sindicato, tal como ocurre, por ejemplo, cuando estipula que los promotores de un sindicato de empresa deben ser cincuenta como mínimo’.
“En suma, la exigencia legal de un mínimo de afiliados es una situación corriente, y no parece implicar un obstáculo al ejercicio del derecho de sindicación, en la medida que el requerimiento se mantenga dentro de parámetros razonables”.
“Todo sindicato deberá contar veinticinco miembros, por lo menos”.
Por último, la Corte considera necesario aclarar que, de conformidad con el artículo 401 del C.S.T., en los casos en que un sindicato se vea reducido a un número inferior a 25 afiliados, está incurso en una causal de disolución, pero ésta no opera ipso jure, pues la declaratoria de disolución, liquidación y cancelación de la personería jurídica de un sindicato sólo puede hacerse mediante declaración judicial, tal como lo prevé el artículo 39 superior, en concordancia con el artículo 4 del Convenio No. 87 de la O.I.T.
3. Artículo 379-e parcial del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7 de la ley 584 de 2000
“Artículo 379. Prohibiciones. Es prohibido a los sindicatos de todo orden:
e. Modificado por el artículo 7 de la ley 584 de 2000. Promover cualesquiera cesaciones o paros en el trabajo, excepto en los casos de huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones salariales con sus trabajadores;”
Sostiene el actor que la expresión acusada del literal e) del artículo 379 viola el Preámbulo y el artículo 56 de la Constitución, por considerar que allí el legislador establece dos nuevas restricciones al derecho de huelga, por fuera de lo plasmado en la Constitución: “la primera, que no es posible accionarle (sic) frente a un empleador diferente de quien la ejercita. La segunda, que sólo es posible la huelga respecto de las insatisfacciones por el no cumplimiento de las obligaciones salariales por parte del empleador.” Lo anterior impide ejercer el derecho de huelga por solidaridad entre las organizaciones sindicales, además de que convierte la huelga en inoperante pues impide ejercerla para presionar al empleador para que cumpla con obligaciones diferentes a las salariales, v.gr. estabilidad, salud, recreación, etc.
El Procurador solicita a la Corte declarar la inconstitucionalidad de la expresión “salariales” contenida en el literal e) del artículo 379.
Según él, dicho precepto vulnera el artículo 56 de la Constitución pues éste último no limita el derecho de huelga a la protección exclusiva de los derechos salariales. “Si bien, en principio, la relación laboral es una relación económica, por cuanto está mediada por la remuneración, no pueden reducirse las obligaciones del empleador a obligaciones económicas en sentido estricto, para que únicamente frente a ellas proceda la huelga, olvidando las obligaciones sociales y aquellas de carácter convencional que no tienen necesariamente carácter económico. Desborda la posibilidad de regulación del legislador y afecta la autonomía de las organizaciones sindicales, el impedir que éstas evalúen en una situación concreta el incumplimiento de los compromisos del empleador y decidan si tal incumplimiento amerita o no la declaración de huelga, por cuanto dicha limitación no está contemplada en la Carta.”
(ii) ¿La huelga por solidaridad está prohibida por la Constitución?
Definida en el artículo 429 del C.S.T. como la “suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos [hoy empleadores] y previos los trámites establecidos” en la ley, la huelga constituye un instrumento de vital importancia en el marco de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, toda vez que sirve de medio legítimo de presión para alcanzar mejores condiciones de trabajo y, de esa manera, un equilibrio y justicia sociales, así como el respeto de la dignidad humana y la materialización de los derechos del trabajador.
En el mismo pronunciamiento, la Corte sostuvo que el núcleo esencial del derecho de huelga consiste en “la facultad que tienen los trabajadores de presionar a los empleadores mediante la suspensión colectiva del trabajo, para lograr que se resuelva de manera favorable a sus intereses el conflicto colectivo del trabajo. Esta facultad, claro está, no es absoluta. El punto es que la huelga constituye un mecanismo cuya garantía implica el equilibrar las cargas de trabajadores y empleadores en el marco del conflicto colectivo de trabajo. Las restricciones al derecho de huelga deberán tener en cuenta este propósito, de modo que si bien tal derecho puede ser limitado con el fin de proteger otros de mayor jerarquía (v.gr. los derechos fundamentales) o el interés general (bajo la forma del orden público, por ejemplo), el poder que la Constitución pretende reconocer a los trabajadores no puede quedar desfigurado.”
Teniendo en cuenta que las obligaciones a que alude la norma están calificadas por el adjetivo salariales, es evidente que están restringidas a las que se deriven del incumplimiento del pago del “salario”. Sobre este concepto, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte, de la cual conviene citar la sentencia SU.995/99:[19]
“Las fuentes positivas que permiten desarrollar la noción integral del salario, no sólo se encuentran en los artículos de la Constitución y la legislación interna; es menester acudir a instrumentos de derecho internacional que se encargan de desarrollar materias laborales y que, por virtud del artículo 93 de la Carta Política, hacen parte de la normatividad iusfundamental vigente en nuestro país, a través de lo que se ha denominado bloque de constitucionalidad. (...)
“En este orden de ideas, la noción de salario ha de entenderse en los términos del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo - relativo a la protección del salario -, ratificado por la Ley 54 de 1992, que en el artículo 1° señala:
‘El término ´salario´ significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar’.
“Esto quiere decir que para efectos del significado que en nuestro ordenamiento ha de tener la voz salario y, sobre todo, para la protección judicial del derecho a su pago cumplido, deben integrarse todas las sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o las partes contratantes. Así, no sólo se hace referencia a la cifra quincenal o mensual percibida por el empleado - sentido restringido y común del vocablo -, sino a todas las cantidades que por concepto de primas, vacaciones, cesantías, horas extras - entre otras denominaciones -, tienen origen en la relación laboral y constituyen remuneración o contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado.
Como puede verse, el término salario, aunque amplio, tiene una connotación que se circunscribe de manera exclusiva a la remuneración por el trabajo realizado o, en palabras de la Corte, a la “retribución al servicio que se presta a un empleador, representado en el principio a trabajo igual salario igual.”[20] En este orden de ideas, la huelga imputable al empleador por el incumplimiento de las obligaciones salariales, a que hace referencia la norma acusada, está restringida a aquellas circunstancias directamente relacionadas con el no pago del salario debido a los trabajadores.
Por las razones expuestas, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “salariales”, contenida en el literal e) del artículo 379 del C.S.T.
El tratadista Mario de la Cueva define esta figura como “la suspensión de labores realizada por los trabajadores de una empresa, quienes sin tener conflicto alguno con su patrono, desean testimoniar su simpatía y solidaridad con los trabajadores de otra empresa, los cuales sí están en conflicto con su patrono.”[21] La finalidad de este tipo de huelga, de acuerdo con la doctrina, reposa en el supuesto de que, “al generalizarse una suspensión de labores, los patronos afectados buscarán la forma de evitar que se extienda a ellos y presionarán para que el responsable acceda a las demandas de sus trabajadores.”[22] Aunque también puede suceder lo contrario, esto es, que se adopten mayores formas de represión contra los empleados en huelga.
“Como vemos, el derecho de huelga está en conexión directa no sólo con claros derechos fundamentales –como el derecho de asociación y sindicalización de los trabajadores (CP arts. 38 y 39)- sino también con evidentes principios constitucionales como la solidaridad, la dignidad, la participación (CP art. 1) y la realización de un orden justo (CP art. 2)”.
e. Adicionado por el artículo 56 de la ley 50 de 1990. En el evento de que el sindicato, federación o confederación se encontrare incurso en una de las causales de disolución, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico, podrá solicitar ante el juez laboral respectivo, la disolución y liquidación del sindicato y la cancelación de la inscripción en el registro sindical. Al efecto se seguirá en lo pertinente el procedimiento previsto en el artículo 52 de esta ley.”
Según el demandante, el aparte acusado del literal e) del artículo 401 vulnera los artículos 29 y 39 de la Constitución, al permitir que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se convierta en juez y parte, “toda vez que no está restringido ni prohibido por la Carta Política el que empleados públicos militantes en la planta de personal de éste constituyan organizaciones sindicales, lo cual lo convertiría automáticamente en el empleador y en el potencial interesado en su disolución”. Además, considera el actor que es muy difícil garantizar la imparcialidad debida en la disolución de sindicatos de la Rama Ejecutiva del Poder Público, por pertenecer dicho Ministerio a esta última.
En consecuencia, el actor solicita a la Corte declarar la inconstitucionalidad de la expresión “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre interés jurídico” o, en subsidio de lo anterior, se declare la exequibilidad condicionada, “siempre y cuando se entienda que en ningún caso el empleador puede demostrar interés jurídico para demandar la disolución del sindicato que tiene influencia para con su empresa o entidad.”
El Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la expresión “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico” contenida en la norma acusada, al no encontrarla contraria a la Constitución, toda vez que las causales de disolución de los sindicatos son señaladas por el legislador y no por el empleador. De tales causales “sólo la última (reducción de los afiliados a un número inferior a veinticinco) podría interpretarse que es el empleador el que puede dar lugar a ella, cuando a través de prácticas ilegales logra la reducción del número mínimo de miembros por debajo de los límites señalados en la ley. Sin embargo, dicha causal es objetiva y otro será el tratamiento que el legislador ha regulado para impedir que sea la conducta del empleador la que dé origen a la configuración de dicha causal (...) Además, no es el empleador y ni siquiera la autoridad administrativa como el Ministerio de Trabajo quien toma la decisión final sobre la disolución del sindicato, la decisión es tomada por el juez laboral, de conformidad con el propio artículo 401 que se demanda.”
En segundo lugar, la disposición demandada no confiere al Ministerio de Trabajo la facultad de disolver un eventual sindicato que pudiera crearse dentro de dicha entidad, pues ésta es una función que corresponde exclusivamente al juez laboral, tal como lo dispone el artículo 39 de la Constitución Política, al consagrar que “la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial,” en concordancia con el artículo 4 del Convenio 87 de la O.I.T., según el cual “las organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa.”
El artículo 401 del C.S.T. establece, en sus literales a), b), c) y d), diversas causales objetivas de disolución de los sindicatos, federaciones o confederaciones. Por su parte, el literal e), objeto de acusación parcial, establece que en el evento de que una de estas organizaciones se encuentre incursa en alguna de dichas causales, el Ministerio de Trabajo o quien demuestre tener interés jurídico, podrá solicitar ante el juez laboral respectivo, la disolución y liquidación del sindicato y la cancelación de la inscripción en el registro sindical.
Según lo anterior, la facultad que tiene el referido Ministerio, o quien demuestre interés jurídico, se limita a elevar ante el juez competente la solicitud de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de la organización que considere incursa en una de las causales allí previstas, solicitud que debe tramitarse de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 380 del C.S.T. En consecuencia, ni el Ministerio de Trabajo ni quien demuestre interés jurídico - incluyendo el respectivo empleador de los trabajadores sindicalizados -, se convierten en “juez y parte” cuando elevan una solicitud de disolución sindical ante el juez laboral, pues ninguno de ellos tiene la competencia para decidir sobre ese asunto. En ese orden de ideas, aplicando el símil propuesto por el demandante, dichos sujetos son simplemente “partes” dentro del proceso.
En conclusión, la expresión “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre interés jurídico” contenida en el literal e) del artículo 401 del C.S.T. será declarada exequible, por las razones expuestas por el Ministerio Público y que la Corte acoge.
“CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
“Artículo 405. Modificado por el artículo 1 del Decreto 204 de 1957. Definición. Se denomina fuero sindical la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez de trabajo.”
“Artículo 467. Definición. Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios patronos [hoy empleadores] o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia.”
Artículo 25. Protección en conflictos colectivos. Los trabajadores que hubieren presentado al patrono [hoy empleador] un pliego de petición no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.”
En razón a lo anterior, solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 405 del C.S.T. “o en su defecto, la constitucionalidad condicionada, en el entendido que la garantía del fuero es aplicable sin excepciones a los empleados públicos que pertenezcan a las Juntas Directivas y a las Comisiones de Reclamos de sus respectivas organizaciones sindicales, señalando que las desvinculaciones que se pudieren suceder por declaratoria de insubsistencias de aforados no pertenecientes a la carrera administrativa y de los que escalafonados en aquellas sean susceptibles de sufrir la supresión de sus cargos, deben ser previamente autorizadas por la autoridad judicial.”
Por lo anterior, el demandante pide a la Corte declarar la inconstitucionalidad de la norma acusada o, en su defecto, la constitucionalidad condicionada, “siempre y cuando se entienda que las negociaciones llevadas a cabo por éstos [los empleados públicos] y sus empleadores, con las restricciones constitucionales y legales del caso, quedan incluidas en la definición que trae dicha norma legal, y por ende allí se pueden plasmar dichos acuerdos, sin importar el nombre del documento donde reposen.”
Y en relación con el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, manifiesta el accionante que dicho precepto “acusa una omisión que viola el principio de igualdad material ante la ley ya que, sin que exista otra norma en el ordenamiento que ampare a estos empleados del Estado ante estas circunstancias, les deja por fuera de la protección que cobija al resto de los trabajadores (...)”, pues el precepto legal demandado sólo dispone la protección en conflictos colectivos de trabajadores oficiales y privados, mas no de empleados públicos. Por lo tanto, el artículo citado debe ser declarado inexequible o, en su defecto, exequible condicionado, “en el entendido que por regla general ella es aplicable también a los empleados públicos.”
El Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad del artículo 405 del C.S.T., por cuanto la expresión “trabajadores” contenida en el artículo 39 de la Constitución es un término que cobija tanto a los trabajadores particulares y oficiales como a los empleados públicos que actúen como representantes de las organizaciones sindicales. Así pues, considera que la interpretación que hace el actor no está acorde con la Constitución ni con el desarrollo jurisprudencial sobre la garantía foral, la cual se predica tanto de los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo como a través de una relación legal y reglamentaria.
Por el contrario, el Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad condicionada de los artículos 467 del C.S.T. y 25 del Decreto 2351 de 1965, “bajo el entendido que estas normas serán aplicables a los empleados públicos en tanto se regule legalmente la negociación colectiva de éstos y únicamente en lo que corresponda a la naturaleza legal o reglamentaria de esta forma de vinculación.”
Según él, compete al legislador regular el ejercicio del derecho de negociación colectiva, armonizando las competencias constitucionales de las autoridades públicas con el derecho a la participación de los empleados públicos. “En tanto ello se produce, este despacho encuentra viable que se ordene por la Corte Constitucional como medida transitoria de protección de los derechos de los empleados públicos, la aplicación de lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, parte segunda, título III, en lo que no haya sido regulado especialmente para los empleados públicos y sea compatible con la naturaleza de esa relación legal o reglamentaria; así, lo preceptuado en los artículos 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476 etc., pero se reitera, dentro de los límites que para la aplicación de estas normas presenta la naturaleza legal o reglamentaria de esta relación laboral.”
Por otra parte, considera que el fuero para los trabajadores que presenten peticiones debe extenderse a los empleados públicos, porque la “falta de regulación legal de la negociación colectiva de los empleados públicos no puede derivar en una total desprotección de éstos, por tanto, el fuero debe garantizarse durante el período que duren las negociaciones.”
“El Constituyente de 1991 no excluyó del derecho de asociación sindical a los empleados públicos, sino que le dio consagración constitucional al derecho que les reconocían la ley y la jurisprudencia anterior y amplió las garantías para su ejercicio, al no excluirlos del derecho al fuero sindical.
“Gozan de la garantía del fuero sindical, en los términos de este artículo, los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración.”[23]
Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.”
En ejercicio de este derecho, y dado el carácter dinámico de las relaciones laborales, los trabajadores pueden celebrar convenciones colectivas con sus empleadores “para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”, al tenor del artículo 467 del C.S.T. Por su parte, el artículo 25 del Decreto de 1965 consagra la institución denominada doctrinalmente “fuero circunstancial”, mecanismo que busca proteger a los trabajadores que hubieren presentado al empleador un pliego de peticiones, en el sentido de que éstos no pueden ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.
Para determinar si estas disposiciones son aplicables a los sindicatos de empleados públicos, deben armonizarse con el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual “los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de condiciones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga.”
“La disposición legal parte de la distinción, introducida de tiempo atrás en el Derecho Laboral colombiano, entre empleados públicos y trabajadores oficiales. Mientras los primeros tienen establecida con el Estado una relación legal y reglamentaria, los segundos están vinculados al servicio público mediante contrato que se rige por normas especiales. (...)
“La restricción consagrada en la norma para los sindicatos de empleados públicos, sobre presentación de pliegos de peticiones y celebración de convenciones colectivas, tiene sustento en el artículo 55 de la Constitución, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. La que se considera es una de tales excepciones, establecida en norma con fuerza material legislativa. (...)
“El análisis varía tratándose de los trabajadores oficiales, quienes tienen con el Estado una relación de índole contractual. Sus sindicatos, de acuerdo con la norma bajo examen, tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, lo cual no pugna con la Constitución y, por el contrario, la desarrolla, de conformidad con lo expuesto.”
Y en la sentencia C-377 de 1998,[25] al revisar la constitucionalidad del “Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública” y de la Ley 411 de 1997 aprobatoria de dicho instrumento, la Corte consideró acorde con la Constitución la diferenciación entre trabajadores oficiales y empleados públicos para efectos del ejercicio del derecho de negociación colectiva, señalando que los primeros gozan de este derecho plenamente, mientras que los segundos lo hacen de manera restringida, pues si bien éstos tienen derecho a buscar y alcanzar soluciones concertadas en caso de conflicto, no se puede afectar en modo alguno la facultad que tienen las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones de empleo. En esa oportunidad la Corte dijo lo siguiente:
Ahora bien, las anteriores precisiones en manera alguna implican que la Corte debe condicionar el alcance de los artículos 7º y 8º del convenio bajo revisión en relación con los empleados públicos, por cuanto esas normas autorizan a tomar en cuenta las especificidades de las situaciones nacionales. Así, el artículo 7º no consagra un derecho de negociación colectiva pleno para todos los servidores públicos sino que establece que los Estados deben adoptar “medidas adecuadas a las condiciones nacionales” que estimulen la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones de servidores públicos, lo cual es compatible con la Carta.”
Con fundamento en consideraciones similares, la Corte Suprema de Justicia también ha encontrado justificada la restricción al derecho de negociación colectiva de los sindicatos de empleados públicos, señalando además que aquélla “no se contrapone a los Convenios 151 y 154 de la OIT, aprobados por las Leyes N° 411 del 5 de Noviembre de 1997 y 524 del 12 de Agosto de 1999 respectivamente, porque en tales instrumentos internacionales se consagra la negociación colectiva para los empleados públicos como una de las opciones que puede adoptar la autoridad nacional competente o también como una medida deseable para que las organizaciones que representan a aquéllos participen con las autoridades públicas competentes en el establecimiento de las condiciones de trabajo, así como en la solución de sus diferencias laborales. Por ello, se hace en estos una invitación a los Estados para que, de acuerdo con las situaciones propias de cada nación, se adelanten campañas de estímulo y fomento de tal mecanismo de concertación en el sector público. Lo que, además, por mandato constitucional - inciso dos del artículo 55 de la C.P. - constituye un deber para el Estado colombiano.”[26]
“Artículo 408. Modificado por el artículo 7 del decreto 204 de 1957. Contenido de la sentencia. El juez negará el permiso que hubiere solicitado el patrono [hoy empleador] para despedir a un trabajador amparado por el fuero sindical, o para desmejorarlo, o para trasladarlo si no comprobare la existencia de una justa causa.
6.1. La demanda
El demandante considerada que la expresión “desmejorados en sus condiciones de trabajo” contenida en el artículo 405 y “o para desmejorarlo” contenida en el artículo 408 del C.S.T., violan el principio fundamental del respeto a la dignidad humana, así como los artículos 25, 53 y 58 de la Carta, pues repugna con dichas normas constitucionales y el orden justo que la “desmejora en las condiciones laborales (que es una forma grave de atentar contra la dignidad humana y los derechos adquiridos y especialmente los fundamentales) sea posibilitada por el legislador y, más grave aún, que pueda ser autorizada por quien está instituido por la Carta para - como tarea esencial y deber ineludible- hacerle respetar y respetarle, como lo es la autoridad judicial”. Tal autorización es inconstitucional y así deberá declararlo la Corte.
El Procurador solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de las expresiones contenidas en las normas acusadas pues, según él, la interpretación del demandante desconoce el carácter protector de las normas demandadas, ya que lo que buscan las disposiciones impugnadas es prevenir que, en el marco del ius variandi, el empleador tome represalias contra los trabajadores o empleados públicos que tienen algún cargo directivo en el sindicato. Así las cosas, el texto acusado no vulnera la Constitución, ya que “debe ser leído a la luz de las normas constitucionales, de los tratados internacionales y de las demás normas laborales que protegen al trabajador contra el desmejoramiento ilegal de sus condiciones de trabajo.”
El fuero sindical, institución consagrada en el artículo 39 de la Constitución Política, “es una consecuencia de la protección especial que el Estado otorga a los sindicatos para que puedan cumplir libremente la función que a dichos organismos compete, cual es la defensa de los intereses de sus afiliados. Con dicho fuero, la Carta y la ley, procuran el desarrollo normal de las actividades sindicales, vale decir, que no sea ilusorio el derecho de asociación que el artículo 39 superior garantiza; por lo que esta garantía mira a los trabajadores y especialmente a los directivos sindicales, para que estos puedan ejercer libremente sus funciones, sin estar sujetos a las represalias de los empleadores. En consecuencia, la garantía foral busca impedir que, mediante el despido, el traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, se perturbe indebidamente la acción que el legislador le asigna a los sindicatos.”[27]
Atendiendo esa finalidad, el artículo 405 del C.S.T. define el fuero sindical como una garantía que gozan los trabajadores aforados de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados, sin justa causa previamente calificada por el juez del trabajo.
“Artículo 406. Modificado por los artículos 57 de la ley 50 de 1990 y 12 de la ley 584 de 2000. Trabajadores amparados por el fuero sindical. Están amparados por el fuero sindical:
d. Dos de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos. Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores.”
Sostiene el actor que la expresión acusada contenida en el literal d) del artículo 406 del C.S.T. vulnera los artículos 16 y 39 de la Constitución ya que, cuando existe más de una organización sindical en cualquier empresa o entidad pública o privada, sólo una de éstas, la que agrupa el mayor número de empleados o servidores públicos, puede designar una comisión de reclamos, sin que las otras organizaciones puedan ejercitar la representación de sus afiliados en esferas constitucionales, legales y estatutarias propias de dichas comisiones. Por otra parte, la disposición impugnada crea jerarquías discriminatorias entre los sindicatos, “cuando ordena que los más importantes son los que gozan del derecho a imponer su propia comisión de reclamos; contrario sensu, los menos importantes deben someterse a los criterios de aquéllos, sin importar las características, problemáticas y autonomías propias de cada uno.”
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la expresión “sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos”, y la inconstitucionalidad de la expresión “Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores” contenidas en el literal d) del artículo 406 del C.S.T., por las siguientes razones:
La existencia de una comisión de reclamos en cada empresa no contraría el ordenamiento constitucional a pesar de que existan varios sindicatos, pues de lo que se busca es crear espacios de participación de los trabajadores en los asuntos que los afectan, para lo cual el legislador cuenta con amplia libertad de configuración (art. 158 C.P.). Sin embargo, “a la luz de la Constitución participativa, democrática y pluralista, sí resulta contrario a ella que esta comisión estatutaria de reclamos sea designada sólo por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores por cuanto, si bien es lógico que el sindicato más representativo pueda tener una mayor participación en estos organismos, no resulta razonable que, para su escogencia, se excluya de manera definitiva y total la participación de los trabajadores pertenecientes a otros sindicatos, tanto para ser miembro de dicha comisión como para elegir a sus integrantes, pues al fin y al cabo ésta va a representar los intereses de todos.”
Como todo derecho fundamental, el de asociación sindical no es absoluto y, por ende, admite restricciones, siempre y cuando no se vulnere su núcleo esencial. El mismo artículo 39 de la Constitución consagra un condicionamiento a su ejercicio, al señalar que “la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.”
Lo anterior encuentra su justificación en el hecho de que los principios pluralistas, democráticos y participativos tienen un alcance extenso, en la medida en que están llamados a aplicarse en los espacios más cercanos a la persona humana, como manifestación del “traslado de la democracia desde el ámbito del Estado hacia la sociedad.”[28]
En relación con el derecho de asociación sindical, el “uso extensivo de la democracia”[29] se concreta en la adecuación de los estatutos del sindicato al orden legal y a los principios democráticos, así como en la oportunidad de todos los trabajadores de participar activamente dentro del mismo. En efecto, “la participación de todas las personas interesadas en el resultado de un proceso de toma de decisiones, es tal vez el más importante de los ‘principios democráticos’ a que se refiere el artículo 39 de nuestra Constitución. Siendo el sindicato el foro de discusión y decisión por excelencia de asuntos determinantes para el desarrollo de las relaciones entre empleador y empleados, forzoso es concluir que el respeto a la posibilidad de participar en él es un límite del fuero interno otorgado por el ordenamiento jurídico a los sindicatos.”[30]
7.5. La designación de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos debe ser democrática
Debe recordarse que la Corte declaró inexequible el numeral 1 del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, que prohibía la coexistencia de más de un sindicato de base en una misma empresa, por lo cual debe armonizarse la norma bajo estudio en el sentido de que, a pesar de que legalmente pueden constituirse varios sindicatos de base o de otra clase en una misma empresa, sólo puede existir una comisión estatutaria de reclamos. Ahora bien, ¿tal restricción vulnera los derechos de asociación y libertad sindical?
Por las razones expuestas, no tiene ningún reparo de constitucionalidad la expresión “sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos”, contenida en el literal d) artículo 406 del C.S.T. y, en consecuencia, se declarará exequible.
“...el derecho de asociación sindical debe necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática del Estado Social de Derecho, pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades básicas, si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política”.[31]
“El respeto por las minorías debe traducirse en formas reales de participación como minorías, en el respeto por la diferencia como garantía de libre expresión. De ahí su multivocidad, el carácter especialmente abstracto del término, por ello el desarrollo legislativo opera en primer lugar dentro de un orden material y procedimentalmente democrático y segundo es la ley la llamada a desarrollar en los distintos niveles en que opera la democracia el cause por el que debe discurrir. Dada la dimensión sustantiva del principio corresponde al legislador realizar su proyección normativa en cada nivel de operación del principio democrático.”
Con fundamento en las anteriores razones, la expresión “Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores”, contenida en el literal d) del artículo 406 del C.S.T. será declarada inexequible, por ser contraria a los artículos 13 y 39 de la Constitución Política.
Si en el caso de que trata el inciso primero del artículo 118 del Código Procesal del Trabajo se comprobare que el trabajador fue despedido sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, se ordenará su reintegro y se condenará al patrono [hoy empleador] a pagarle, a título de indemnización, los salarios dejados de percibir por causa del despido.”
Según el demandante, la expresión “a título de indemnización”, contenida en el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo, vulnera el artículo 2 de la Carta Política, que consagra como finalidad del Estado la de asegurar un orden justo, y el artículo 13 ibídem, por omisión legislativa relativa.
Siendo que indemnizar significa resarcir un perjuicio, considera el demandante que no es justo, razonable ni lógico que el resarcimiento del daño causado por el empleador al aforado despedido sea el pago del salario, el cual dejó de percibir por culpa de aquél. “Lo justo entonces, según la visión del Constituyente, es que el empleador irrespetuoso del ordenamiento y conculcador de los derechos del empleado sea condenado a pagar los salarios ya adquiridos por éste, más una verdadera indemnización para subsanar - aunque en parte- los perjuicios sufridos por no recibir - contra su voluntad y cuando debía- la contraprestación por la labor que, de manera irregular, tampoco se le permitió desarrollar.”
Por estas razones, la norma acusada debe ser declarada inconstitucional, debiendo la Corte señalar que “además del pago de salarios procede la cancelación de las indemnizaciones de ley.”
En cuanto a la omisión legislativa, agrega el demandante que ésta se presenta “porque los empleados públicos con fuero, al ser desvinculados, sólo tienen derecho a pedir ser reintegrados y a que se les paguen -a manera de indemnización- sus salarios. Mientras que sus iguales, los otros empleados públicos, tienen derecho - al ser desvinculados- a solicitar además de la nulidad del acto, el restablecimiento del derecho, expresado en la declaratoria de la no existencia de solución de continuidad, pago de prestaciones, primas, vacaciones, bonificaciones, pago de salud y pensiones y demás emolumentos, entre otros.” En consecuencia, solicita a la Corte declarar inconstitucional lo acusado o, en su defecto, declarar la constitucionalidad condicionada “en el sentido de que el juez de la causa, al ordenar el reintegro del aforado desvinculado irregularmente, deberá condenar al empleador al pago no sólo de los salarios dejados de percibir por motivo del despido, sino también de las bonificaciones, primas, vacaciones, primas de vacaciones y demás prestaciones y emolumentos, así como que debe declarar el no suceso de la solución de continuidad y ordenar el pago de los aportes en salud y pensión y otros.”
La disposición demandada “no consagra una protección completa tanto para el trabajador como para la organización sindical, sujetos éstos que resultan afectados por la actuación ilícita del empleador y frente a los cuales el Estado está obligado a prever los mecanismos para que puedan reivindicar sus derechos. Queda en evidencia que la organización sindical, que es una persona jurídica con derechos patrimoniales y morales, no se ve compensada en forma alguna frente a los perjuicios que para ella acarrea el desconocimiento del fuero sindical. Por esta razón, sería conveniente que, además de las sanciones administrativas y penales, el legislador contemplara una indemnización para la organización sindical a la cual pertenece el trabajador afectado y una indemnización integral de los daños patrimoniales y morales sufridos por éste como consecuencia del ilícito del empleador.”
Sin embargo, considera que la declaración de inconstitucionalidad de la norma acusada dejaría sin protección legal al trabajador; “por esta razón, una declaratoria parcial de inconstitucionalidad, en tanto se produce una regulación adecuada por parte del legislador, podría facilitar una interpretación más acorde con el texto constitucional, en el sentido de que la sentencia que ordene el reintegro o la restitución del trabajador aforado debe ordenar, además del salario dejado de percibir, el pago de una indemnización integral del trabajador, incluidos todos los salarios, prestaciones o emolumentos que hubiese recibido si no se hubiera interrumpido la relación laboral por causa de la actuación ilícita del empleador, es decir, salarios, primas, vacaciones, cesantías, bonificaciones, aportes a salud y seguridad social, reajustes salariales, etc. Lo anterior resulta claro si aceptamos que no se trata de analizar si en efecto los servicios del trabajador se prestaron o no, por cuanto si ello no fue así, se debió a una actuación ilegal del empleador y no a la culpa o dolo del trabajador.”
“Asimismo, ha considerado la jurisprudencia que el lógico corolario de la nulidad del despido del trabajador es el de que no haya jurídicamente interrupción en el contrato restituido por la orden judicial; y por tal motivo, aun cuando es verdad que expresamente la ley nada establece sobre la continuidad en el contrato de trabajo, ha entendido la Corte que ello no es más que consecuencia de la reincorporación del trabajador al empleo del que fue ilegalmente separado, pues sólo de esa manera es posible el cabal restablecimiento de los efectos jurídicos del contrato y la especial protección del derecho de asociación sindical, en tratándose de la acción de reintegro consagrada para los asalariados amparados con dicha garantía.
“La circunstancia de que el artículo 7º del Decreto 204 de 1957, que subrogó el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo, al determinar las consecuencias del despido del trabajador sin sujeción a las normas que regulan el fuero sindical, establezca que es "a título de indemnización" que el patrono condenado debe pagar al trabajador los salarios que dejó de recibir por causa del despido, no constituye razón suficiente para justificar la interpretación planteada por la recurrente, según la cual esa "indemnización" es el único efecto jurídico que se produce en caso de reintegro; como tampoco para concluir que el pago de los salarios es indicativo de un nuevo vínculo laboral, habida consideración de que en realidad cuando esa norma alude al pago de los salarios dejados de percibir no está simplemente precisando el resarcimiento de los perjuicios ocasionados al trabajador, ni haciendo referencia a la contraprestación de sus servicios, los que, desde luego, no se han podido dar por la ilegal decisión del empleador, sino a la consagración de una ficción que tiene como objetivo restablecer en su empleo a quien lo perdió por ese acto ilegal de su patrono.
“Según el criterio jurisprudencial vigente, es precisamente por virtud de esa ficción legal, que permite restablecer el contrato, que se explica no sólo el efecto de ser el trabajador acreedor de una suma equivalente a los salarios que dejó de recibir por causa del despido, sino que, además, el tiempo que media entre el despido anulado y el reintegro efectivo del trabajador a su actividad laboral, se cuente para reconocer el auxilio de cesantía por dicho lapso, e igualmente la jubilación.”[36]
Esta última, además de antitécnica, limita sin justificación alguna el derecho que tiene el trabajador aforado que ha sido irregularmente despedido, como víctima de un daño, a obtener una reparación que atienda los principios de justicia y equidad, pues restringe la indemnización a que pudiera tener derecho exclusivamente al pago de salarios dejados de percibir desde el despido hasta su reintegro a la empresa o entidad. Por el contrario, dicha indemnización debe ser integral pues, como lo ha sostenido la Corte, “el resarcimiento del perjuicio debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado,”[38] lo que significa que no puede superar ni ser inferior a ese límite, caso en el cual implicaría un enriquecimiento o un empobrecimiento sin justa causa, respectivamente. En este sentido, se puede afirmar que “el daño es la medida del resarcimiento".
Ha de advertirse, sin embargo, que la constitucionalidad de los numerales 2, 3 y 4, en estudio, supone que con las cuantías allí previstas se alcanza la reparación del daño sufrido por el trabajador a causa del despido, y en consecuencia la norma consagra en realidad una fórmula de protección al empleado, a menos que él haya probado o pueda probar un perjuicio más grave del tasado anticipadamente por el legislador, hipótesis en la cual la disposición es exequible solamente si se entiende que en ese evento el patrono está obligado a indemnizar plenamente al trabajador en la medida de lo judicialmente probado; ello resulta evidente a la luz de los artículos 25 y 53 de la Constitución.”[39] (Subrayado fuera del texto)
Debe recordarse que, al tenor del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, “dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.”[40]
PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE la expresión “Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a veinticinco (25) afiliados” contenida en el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo.
SEGUNDO. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos de la demanda, la expresión “y de huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones...con sus trabajadores”, bajo el entendido que conforme a la Constitución Política, la prohibición aquí establecida no impide promover la huelga por solidaridad; e INEXEQUIBLE la expresión “salariales”, contenidas en el literal e) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo.
CUARTO. Declarar EXEQUIBLE la expresión “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico”, contenida en el literal e) del artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo.
SEXTO. Declarar EXEQUIBLE la expresión “sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos”, e INEXEQUIBLE la expresión “Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores”, contenidas en el literal d) del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo.
SEPTIMO. Declarar EXEQUIBLE la expresión “o para desmejorarlo” contenida en el inciso primero del artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo, solamente por los cargos analizados en esta sentencia.
OCTAVO. Declarar EXEQUIBLE la expresión “a título de indemnización”, contenida en el inciso segundo del artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo, en el entendido que la indemnización a que tiene derecho el trabajador aforado despedido ilegalmente, según sentencia judicial, debe ser integral, conforme a lo expresado en las consideraciones de esta providencia.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 39, inciso cuarto de la Constitución Política, el fuero que allí se reconoce a los “representantes sindicales” para el cumplimiento de su gestión, impone, necesariamente la garantía para los trabajadores amparados por el mismo, no sólo a no ser despedidos ni trasladados sin la existencia de una justa causa debidamente comprobada y con autorización judicial, sino también el derecho a no ser desmejorados, en ningún caso, en sus condiciones de trabajo. La aceptación de la posibilidad de desmejorar a los trabajadores amparados por el fuero sindical, no en su beneficio sino en el de la organización sindical que representan, implica un desconocimiento de la garantía constitucional que establece el artículo 39 de la Carta en la materia, a tal punto que por esa vía puede hacerse nugatoria en cuanto quien asuma la representación de los trabajadores se vería expuesto al desmedro de sus condiciones laborales, pese a que, precisamente lo que la Constitución ordena es lo contrario.
1ª. En el numeral 7º de la parte resolutiva de la sentencia de la cual en ese punto discrepamos se declara la exequibilidad de la expresión “o para desmejorarlo” contenida en el inciso primero del artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo.
2ª. A nuestro juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 39, inciso cuarto de la Constitución Política, el fuero que allí se reconoce a los “representantes sindicales” para el cumplimiento de su gestión, impone, necesariamente la garantía para los trabajadores amparados por el mismo, no sólo a no ser despedidos ni trasladados sin la existencia de una justa causa debidamente comprobada y con autorización judicial, sino también el derecho a no ser desmejorados, en ningún caso, en sus condiciones de trabajo.
3ª. Pese a las consideraciones precedentes, la Corte Constitucional en el numeral 7º de la Sentencia C-201 de 19 de marzo de 2002, declaró exequible la expresión “o para desmejorarlo”, por lo cual, con todo respeto, salvamos nuestro voto.
Si bien comparto en todas sus partes la decisión adoptada por la Corporación en cuanto a las disposiciones acusadas dentro del presente proceso, debo reiterar la aclaración de voto que anuncié durante la discusión de la ponencia respectiva en cuanto a las consideraciones que sirven de fundamento a la Corte para la decisión de inexequibilidad de la expresión “salariales” contenida en el literal e) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo.
En efecto, considero que la excepción prevista en el literal e) del artículo citado no podía subsistir circunscrita al incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones salariales con sus trabajadores y por ello está bien que se declare inconstitucional la expresión “salariales”. Empero, considero que de allí no puede avanzarse hasta convalidar las llamadas huelgas por solidaridad por cuanto conforme a la Constitución la garantía del derecho de huelga -con la expresa limitación respecto de los servicios públicos esenciales- dentro del cauce legal ha de servir para la efectividad de los derechos de los trabajadores derivados de la relación de trabajo y por ello no puede ampliarse a tutelar situaciones que excedan el ámbito, no solo de una determinada relación de trabajo, sino de la empresa dentro de la cual se labora.
b. En lo relativo a la huelga por solidaridad (artículo 379-e CST), comparto íntegramente el numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia en cuando condiciona la exequibilidad relativa a los cargos de la expresión “y de huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones...con sus trabajadores”, en el entendido de que conforme a la Constitución Política, la prohibición aquí establecida no impide promover la huelga por solidaridad” y declara inexequible la expresión “salariales”, ambas contenidas en el literal e) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, considero que se ha debido agregar que el legislador debía reglamentar la huelga por solidaridad para evitar que su reconocimiento sea meramente formal o que haya indefinición sobre los casos en que su legítimo ejercicio merece especial protección.
c. La Corte declaró exequible la expresión “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico”, contenida en el literal e) del artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo con fundamento, entre otros, en el siguiente argumento: “Tampoco es de recibo el argumento según el cual el empleador de los trabajadores afiliados al sindicato debe estar impedido para elevar una solicitud al juez laboral en tal sentido, pues la finalidad de esta solicitud radica en hacerle conocer al juez competente, por medio de la demostración de hechos y circunstancias acreditados con las respectivas pruebas, que existen méritos para que declare la disolución de un sindicato, por estar incurso en una de dichas causales. En ese sentido, el empleador, quien tiene un conocimiento cercano de esos factores, no podría verse inhabilitado para solicitar al juez la declaratoria de disolución del sindicato.” A mi juicio tal argumentación es inaceptable porque confunde el interés económico o retaliatorio del empleador que busca la disolución y liquidación del sindicato existente en su empresa, con el interés jurídico exigido por la ley para poder solicitar a la autoridad competente la disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical del sindicato que ya no cumple con los mínimos requisitos de ley. Por eso, el fallo ha debido señalar que el patrono, en principio, no está legitimado para solicitar al juez laboral lo establecido en la norma acusada, de forma que se garantice plenamente la autonomía sindical y se impida que por este medio se concrete una persecución, por ejemplo, cuando temporalmente se ha reducido el número de trabajadores por debajo del mínimo establecido en la ley.
d. En lo que tiene que ver con la expresión “o para desmejorarlo”, contenida en el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo, declarada exequible en relación con los cargos, considero que la Corte ha debido: 1) analizar el derecho jurisprudencial vigente para precisar el alcance de la disposición, en particular si ella cubre sólo el ius variandi o cobija otras desmejoras relativas a las condiciones de trabajo en sentido amplio, que cobija derechos laborales; 2) condicionar la exequibilidad de la norma a unos parámetros de desmejora en todo caso no autorizables por el juez o a unos criterios garantistas que orientaran el juez laboral en la aplicación de la ley.
2. Salvamento de voto respecto de la decisión de exequibilidad de la expresión “sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos”, contenida en el literal d. del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo.
“5. Sobre las dimensiones de protección del derecho de asociación sindical
La doctrina sentada por la Corte Constitucional ha precisado algunas de las particularidades del derecho de asociación sindical señalando su carácter voluntario, dado que su ejercicio depende en todo momento de la autodeterminación del individuo para vincularse, permanecer o retirarse de un sindicato; relacional, pues “de un lado aparece como un derecho subjetivo de carácter individual y por el otro se ejerce necesariamente en tanto haya otros ciudadanos que estén dispuestos a ejercitar el mismo derecho y una vez se dé el acuerdo de voluntades se forma una persona colectiva”[42]; e instrumental, en la medida que “se crea sobre la base de un vínculo jurídico, necesario para la consecución de unos fines que las personas van a desarrollar en el ámbito de la formación social”[43].
Se trata, pues, de un derecho que dentro del ordenamiento jurídico se desenvuelve desde varias perspectivas que comprenden: (i.) una libertad individual que se traduce en la posibilidad de organizar sindicatos, o ingresar, permanecer y retirarse de los mismos - dimensión individual del derecho de asociación-; (ii.) un poder legítimo de los trabajadores organizados para promover no sólo sus intereses sino su visión de la política general en temas que los afectan o convocan como ciudadanos de una democracia participativa –dimensión colectiva del derecho de asociación y (iii) una garantía de la autonomía de las asociaciones libremente confirmadas para ejercer dicho poder legítimo.
En el presente caso, el problema jurídico que surge entre las partes enfrentadas concierne de manera directa a un aspecto de la dimensión colectiva del derecho de asociación sindical, i.e. el reconocimiento de la existencia y el funcionamiento de sindicatos y la garantía de que tales organizaciones puedan defender efectivamente sus propios derechos cuando puedan resultar amenazados por actos o decisiones de los patronos. Esta es una de las principales concreciones del derecho de asociación sindical que ha sido definida por la propia Carta Política –artículos 25, 29, 39 y 53 C.P., entre otros- procurando proteger a los trabajadores que se unen en sindicatos.
De poco sirve, entonces, que se garantice la constitución de personas jurídicas con el propósito de representar grupalmente a los trabajadores si no se reconocen a los sindicatos oportunidades de acción en los que su presencia y labor colectiva se traduzca efectivamente en la defensa de las condiciones de trabajo de sus afiliados. Desde esta perspectiva, la razón de ser de un ente sindical está íntimamente ligada con la posibilidad de ejercer una función de representación en todos aquellos casos en los que sus derechos como colectividad sean amenazados por decisiones o políticas establecidas por el patrono que lo afectan como un todo –incidencia directa- o generan perjuicios a algunos de sus afiliados –incidencia indirecta-. De esta forma, se protege la eficacia de una persona jurídica creada con el propósito de intervenir en el desarrollo de las relaciones laborales de una empresa, abogando por el respeto de las condiciones generales de trabajo y actuando como contrapeso legítimo al poder que ejerce el empleador, puesto que la efectividad del derecho constitucional a constituir sindicatos pasa por el reconocimiento de estos como interlocutores legítimos que representan a los trabajadores.
Ahora bien, la dimensión de protección que se valora aquí, no es la relacionada simplemente con la posibilidad que tiene cualquier trabajador individual de crear o ingresar a un sindicato y demandar por su intermedio la protección de sus derechos, pues dicho ámbito, aunque fundamental para la organización social y también protegido por el artículo 39 de la Constitución, no descubre otra faceta determinante para garantizar la operación de los sindicatos pertinente en este caso: su naturaleza colectiva, esto es, su funcionamiento como unión que se constituye como interlocutor legítimo del patrono dentro de la vida laboral, interlocución de la que depende la efectividad de las garantías de los propios afiliados. Esta dimensión ampliamente reconocida por la Corte –en aplicación de la Carta Política- en todos aquellos casos en los que un empleador ejerce sus atribuciones legales, o simplemente toma decisiones unilaterales, con el propósito de minar el poder de intermediación que en las relaciones laborales tiene un sindicato, ha requerido la intervención del juez de tutela para proteger los derechos constitucionales comprometidos.
Así, la existencia de un sindicato dentro de una empresa genera una serie de deberes específicos emanados directamente de las normas constitucionales que reconocen la dimensión colectiva de los derechos laborales (v.gr. el ya aludido artículo 39 C.P. en materia de asociación sindical y artículo 55 C.P. en materia de negociación colectiva, entre otros), y que se traduce en la obligación genérica en cabeza del patrono de mantener una relación de respeto e interlocución con el sindicato[44] que le permita a la unión sindical, al menos, recibir la información sobre las decisiones que le interesan o afectan y tener la oportunidad de representar ante el patrono la posición del sindicato en su proceso de adopción. De esta forma, los sindicatos se convierten en formas efectivas y reales de defensa de las necesidades expectativas y derechos de una comunidad tradicionalmente limitada respecto de la posibilidad de discutir los términos en que ha de cumplir con su relación laboral. Esto es, sin duda, plenamente compatible con el diálogo democrático y es, además, un desarrollo concreto del modelo de democracia participativa que se concreta en el principio, según el cual, las autoridades deben “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan” (artículo 2 C.P.).”[45]
[1] Sentencia C-385/00, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[3] Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia del 2 de febrero de 2001. Citada por: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional” Volumen II. Bogotá, 2001, Pg. 24.
[4] M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[5] La Corte Suprema de Justicia, al juzgar la constitucionalidad del artículo 50 de la Ley 50 de 1990, que se refiere al efecto jurídico de la inscripción del acta constitutiva del sindicato, señaló lo siguiente:
[6] M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[7] Sentencia C-567/00 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[8] Informe No. 321, en el marco de la 278° Reunión de la OIT celebrada en Ginebra en junio de 2000. Caso 2011, párrafo 215.
Sobre este punto, resulta pertinente traer a colación lo expresado por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la O.I.T., en el sentido de que debe subrayarse “la importancia de que los Gobiernos consulten a las organizaciones sindicales sobre las consecuencias de los programas de reestructuración en el empleo y en las condiciones de trabajo de los asalariados”. Por lo mismo, a tal Comité “sólo le corresponde pronunciarse sobre las iniciativas de reestructuración o de racionalización económica en la medida en que éstas hayan dado lugar a actos de discriminación o de injerencia antisindicales.” En: Informe No. 321 en el marco de la 278° Reunión celebrada en Ginebra en junio de 2000. Caso 2052, párrafo 250.
[11] Al punto expresa el autor: “El aprendiz no veía en el oficial ni éste en el maestro un componente de una clase dominadora, sino que contemplaba los otros estamentos como las sucesivas etapas del camino que era preciso recorrer hasta llegar a la condición de maestro con taller abierto, meta lógica y esperada de su vida”. “Introducción al Sindicalismo”, Barcelona 1971.
[12] Sobre el desmonte positivo de los gremios en Francia puede verse Ley le Chapelier de 14-17 de junio de 1791. Al respecto se afirma que una de las bases fundamentales de la Constitución francesa fue la abolición de toda clase de corporaciones de ciudadanos del mismo estado o profesión. Se prohibía restablecerlas. C.fr. Luis Enrique de la Villa Gil, “Materiales para el Estudio del Sindicato”, Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, Madrid, 1984, 2ª edición.
[13] Alberto José Carro Igelmo, “Introducción al Sindicalismo”, Barcelona 1971, pag. 41.
[14] Cita OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. “Libertad Sindical. Recopilación de decisiones (...9”, párrafo 48.
[15] Como sí ocurría en Francia al tenor del antiguo artículo 291de su Código Penal, donde se prohibían las asociaciones de más de 20 personas.
[16] Cfr. Sentencias C-009/94, C-110/94, C-473/94, C-548/94, C-085/95, C-450/95, C-075/97, T-568/99, C-663/00, C-1369/00, T-471/01, entre otras.
[17] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[18] Sentencia T-443/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[19] M.P. Carlos Gaviria Díaz
[20] Sentencia C-521/95 M.P. Antonio Barrera Carbonell
[21] El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo II. México, 1979. Pg. 893.
[22] BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago. La Huelga: Un análisis comparativo. UNAM, México, 1983. Pg. 45.
[23] De conformidad con el artículo 1° de la Ley 712 de 2001, que modifica el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, compete a la jurisdicción laboral ordinaria la competencia para conocer los asuntos relativos al fuero sindical, “cualesquiera sea la naturaleza de la relación laboral.”
[24] M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[25] M.P. Alejandro Martínez Caballero
[26] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 5 de junio de 2001. Rad. 16788. M.P. Germán Valdés Sánchez.
[27] Sentencia T-326/99 M.P. Fabio Morón Díaz.
[28] LONDOÑO, Juan Fernando. “Aproximación a la democracia participativa”. En: Sociedad Civil, Control Social y Democracia Participativa. FESCOL. 1997. Pg. 17.
[29] Sentencia T-173/95 M.P. Carlos Gaviria Díaz, citando a Helmut Dübiel. ¿Qué es el neoconservadurismo? Ed. Anthropos. Barcelona. 1993. p. 48. Sobre el carácter expansivo o universal del principio democrático, la Corte ha dicho:
"...es universal en la medida en que compromete varios escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El principio democrático es expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encausa a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de aplicarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción.” (Sentencia C-089/94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada en la sentencia C-866/01 M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[30] Sentencia T-173/95 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[31] Sentencia C-385/00. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[32] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[33] Cfr. Sentencia C-381/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero, en la cual se declararon exequibles, entre otras disposiciones, los incisos primero y tercero del artículo 118 del Código de Procedimiento Laboral, “siempre y cuando se entienda que, en aplicación del artículo 39 de la Constitución, el sindicato, a través de su junta directiva, podrá también interponer la acción de reintegro prevista por el primer inciso y de restitución prevista por el tercer inciso.”
[34] El artículo 118 del Código Procesal del Trabajo establece:
Lo dispuesto en este artículo se aplicará a la acción del trabajador amparado por el fuero sindical que hubiere sido trasladado o desmejorado sin intervención judicial.”
[35]Sobre la finalidad de esta acción y la justificación de la brevedad del término de prescripción, la Corte dijo: “El sentido del fuero sindical no es tanto proteger el interés personal del trabajador aforado sino amparar el derecho de asociación. Así, es obvio que las controversias que puedan surgir por un eventual atentado patronal contra un trabajador aforado deben ser resueltas lo más rápidamente posible, pues si se espera demasiado tiempo, el daño ocasionado al sindicato puede ya ser irreversible. La Corte considera que la ley podía abreviar aún más el plazo para interponer las acciones de reintegro, a fin de evitar una dilatación del conflicto, que terminaría afectando aún más al sindicato. Si bien el término de prescripción de dos meses es breve, la Corte encuentra que para este específico tipo de acciones, se encuentra constitucionalmente justificado, debido al interés mismo que es protegido por la figura del fuero sindical. (Sentencia C-381/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[36] Sala de Casación Laboral. Sentencia del 20 de mayo de 1999. Rad. 11654 M.P. Rafael Méndez Arango
[37] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencias del 31 de octubre de 1985 y 28 de abril de 1993, entre otras.
[38] Sentencia C-197/93 M.P. Antonio Barrera Carbonell
[39] Sentencia C-1507/00 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[40] Cuando se conmina al juzgador a considerar los principios de reparación integral y equidad en el proceso de valoración del daño irrogado a una persona para tasar la indemnización, la Corte ha dicho que se pretende alcanzar “una justicia recta y eficiente y facilitar la solución del respectivo conflicto, así como la de evitar que para efectos de la indemnización de los daños en forma integral sea necesaria la tramitación de nuevos procesos.” (Sentencia C-487/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell)
[41] El reconocimiento de la desigualdad inherente a las relaciones laborales ha sido uno de los vectores que ha animado la doctrina constitucional de la Corte. En materia de protección salarial a través de su pago oportuno este Tribunal expresó: “esta misma Corporación se ha encargado de desarrollar una doctrina sobre la importancia que tiene en el desarrollo de las relaciones laborales, el pago cumplido de las sumas debidas a los trabajadores. Se llega así, a la postulación de una serie de principios que, partiendo de la necesidad de superar el desequilibrio connatural al intercambio entre empleador y empleado, revelan un instituto jurídico -el salario-, central dentro del desarrollo de una sociedad como la colombiana”. Cfr. la citada sentencia SU-995 de 1999. Vid. Supra nota 19.
[42] Cfr. Sentencia T-441 de 1992 M.P. Alejandro Martínez. Aquí se confirmaron los fallos que negaron por improcedente la acción de tutela interpuesta por la Unión Nacional de Empleados Bancarios contra la Corporación de Ahorro y Vivienda “CORPAVI”, por el desconocimiento de la convención colectiva pactada con los trabajadores sindicalizados. Además de definir el contenido del derecho de asociación sindical, se reiteró que para la procedencia de la acción de tutela es necesario que el mecanismo judicial ordinario para la protección de los derechos vulnerados sea idóneo y eficaz, circunstancia que en aquella oportunidad sirvió de justificación para denegar el amparo solicitado, pues se solicitaba que se ordenara al empleador iniciar las negociaciones del pliego de peticiones presentado por el sindicado.
[43] Cfr. Ibíd. Sentencia T-441 de 1992.
[44]Ciertamente, este deber genera una relación correlativa en cabeza del sindicato. La necesidad de que empleador y sindicato desarrollen una relación de interlocución. El ejemplo más conocido de la trascendencia de esta cooperación se encuentra en el derecho alemán. Pero ya desde 1937, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha respaldado la existencia de regulaciones que desarrollan la forma en que empleadores y sindicatos han de interactuar para desarrollar sus relaciones. En aquél año, por ejemplo, a raíz de la expedición del instrumento jurídico que en el sistema anglosajón se encargó de regular las relaciones laborales colectivas (la Labor Relations Act de 1937) la Corte respaldó la creación del sistema moderno de negociación colectiva, la protección del derecho de los trabajadores para formar e ingresar a sindicatos y el requerimiento hecho a los empleadores para mantener relaciones con ellos (Cfr, entre varias, National Labor Relations Board vs. Fainblatt –306 US 601 1939-). Por su parte, el Preámbulo de la Constitución francesa de 1946 reconoce la posibilidad de todo trabajador a participar por intermedio de sus delegados en la determinación colectiva de sus condiciones de trabajo así como en la gestión de las empresas (numeral 8). Estos principios han sido desarrollados por el Consejo Constitucional de Francia que les ha reconocido expresamente valor de derecho positivo (Cfr. las decisiones del 5 de julio de 1977, 77-79 DC; del 20 de julio de 1977, 77-83 DC; y del 18 de enero de 1978 77-98 DC).
[45] Sentencia T-1328 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.