Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_ES.html
Timestamp: 2020-02-21 22:44:49
Document Index: 40905164

Matched Legal Cases: ['artículo 311', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 312', 'artículo 48']

Textos aprobados - El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 - Miércoles 14 de marzo de 2018
Procedimiento : 2017/2052(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0048/2018
El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 (2017/2052(INI))
– Vista la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»,
– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales(6),
– Vista la ratificación del Acuerdo de París por el Parlamento Europeo el 4 de octubre de 2016(7) y por el Consejo el 5 de octubre de 2016(8),
– Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado «Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU» (Retos a los que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los derechos humanos en la Unión),
– Visto el dictamen de iniciativa del Comité Económico y Social Europeo sobre la financiación de las organizaciones de la sociedad civil por la UE,
– Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos, las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Control Presupuestario, la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Pesca, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0048/2018),
A. Considerando que el actual marco financiero plurianual (MFP) se acordó en 2013 y supuso, por primera vez, una reducción en términos reales de los créditos tanto de compromiso como de pago, en comparación con el anterior período de programación financiera a pesar de las crecientes competencias de la Unión y de las ambiciones enunciadas en el Tratado de Lisboa y en la Estrategia Europa 2020, respectivamente; que el MFP implicaba también una diferencia significativa entre el nivel de créditos de compromiso y de pago, lo que contribuyó a la acumulación de facturas impagadas en los dos primeros años del MFP; que la adopción tardía del MFP y de las bases jurídicas correspondientes contribuyó a retrasos en la ejecución, cuyas repercusiones se siguen notando hoy en día y que pueden dar lugar a una acumulación de solicitudes de pago al final del actual MFP y afectar al próximo período; que, gracias a la insistencia del Parlamento, en el MFP se incluyeron nuevas disposiciones con el fin de utilizar sus límites máximos globales en la mayor medida posible y prever mecanismos de flexibilidad;
B. Considerando que el MFP 2014-2020 demostró rápidamente que no era adecuado para satisfacer las necesidades reales y las ambiciones políticas, ya que, desde un principio, tuvo que hacer frente a una serie de crisis y a nuevos retos en los ámbitos de la inversión, la exclusión social, la migración y los refugiados, el empleo juvenil, la seguridad, la agricultura, el medio ambiente y el cambio climático que no se habían previsto en el momento de su adopción; que, como consecuencia de ello, el actual MFP ya había alcanzado el límite tras solo dos años de aplicación, ya que los márgenes disponibles se habían agotado, las disposiciones de flexibilidad y los instrumentos especiales se habían movilizado sustancialmente, las políticas y los programas existentes habían sido objeto de presiones o incluso se habían reducido y se habían creado algunos mecanismos extrapresupuestarios como modo de compensar el nivel insuficiente y la falta de flexibilidad del presupuesto de la Unión;
C. Considerando que estas deficiencias ya se habían puesto de manifiesto en el momento del examen y la revisión intermedios del MFP, que se pusieron en marcha a finales de 2016 y debían haber sido objeto de acciones inmediatas, como puso de manifiesto el Parlamento en su Resolución de 6 de julio de 2016; que la revisión intermedia acordada permitió ampliar moderadamente el potencial de las disposiciones existentes en materia de flexibilidad, pero no revisar los límites máximos del MFP;
D. Considerando que la Comisión presentará su paquete de propuestas sobre el MFP posterior a 2020, incluidos los futuros recursos propios, en mayo de 2018, pese a que el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo estipula que este debería haberse presentado antes del 1 de enero de 2018; que se espera que, poco después, se presenten proyectos de propuestas legislativas para los programas e instrumentos financieros;
1. Aprueba la presente Resolución con el fin de exponer la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020, con una atención especial a las prioridades previstas, al tamaño, la estructura, la duración, la flexibilidad y otros principios horizontales, y de destacar las orientaciones presupuestarias específicas para las respectivas políticas de la Unión cubiertas por el próximo marco financiero; espera que la Comisión presente la propuesta legislativa para el próximo MFP, junto con un nuevo proyecto de acuerdo interinstitucional que tenga en cuenta las posiciones y las propuestas del Parlamento; hace hincapié en que esta Resolución también proporciona una base para la participación del Parlamento en el procedimiento que conducirá a la adopción del próximo MFP;
2. Aprueba, en paralelo, una resolución(9) independiente para establecer su posición sobre la reforma del sistema de recursos propios de la Unión, en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios; pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta la posición del Parlamento al elaborar las propuestas legislativas sobre los recursos propios de la Unión, que deben ser ambiciosas en cuanto a su alcance y se deben presentar al mismo tiempo que las propuestas relativas al MFP; hace hincapié en que tanto los gastos como los ingresos del próximo MFP serán tratados como un único paquete en las próximas negociaciones y que no se alcanzará un acuerdo sobre el MFP si no hay progresos similares sobre los recursos propios;
I.Las prioridades del próximo MFP y los desafíos que plantea
3. Acoge con satisfacción el debate sobre el próximo MFP como una oportunidad para preparar el terreno para una Europa más fuerte y más sostenible a través de uno de sus instrumentos más tangibles, a saber, el presupuesto de la Unión; considera que el próximo MFP debe integrarse en una estrategia y una reflexión más amplias sobre el futuro de Europa; considera que el MFP debe ser la traducción de los proyectos y las prioridades políticas de la Unión en medios presupuestarios;
4. Está convencido de que el próximo MFP debe basarse en las políticas y las prioridades consolidadas de la Unión, que tienen por objeto defender la paz, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la igualdad de género, impulsar el bienestar, el crecimiento económico sostenible y a largo plazo y la investigación y la innovación, proporcionar empleo de calidad que dé lugar a puestos de trabajo dignos, luchar contra el cambio climático y fomentar la cohesión económica, social y territorial, así como la solidaridad entre los Estados miembros y sus ciudadanos; considera que estos tres pilares son requisitos previos para el correcto funcionamiento del mercado único y de la Unión Económica y Monetaria, así como para reforzar la posición de Europa en el mundo; considera que son más importantes que nunca para los futuros proyectos de Europa;
5. Considera que el próximo MFP debe permitir a la Unión ofrecer soluciones y salir fortalecida de las crisis de la década: la crisis económica y financiera, el desempleo juvenil, la pobreza persistente y la exclusión social, el fenómeno de la migración y los refugiados, el cambio climático y los desastres naturales, el deterioro medioambiental y la pérdida de biodiversidad, el terrorismo y la inestabilidad, por mencionar solo algunos ejemplos; subraya que estos retos transfronterizos mundiales con implicaciones nacionales ponen de manifiesto la interdependencia de nuestras economías y sociedades, y destacan la necesidad de adoptar medidas conjuntas;
6. Destaca que la Unión debe responder a su compromiso de encabezar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), que proporcionan una hoja de ruta global para lograr sociedades más sostenibles, equitativas y prósperas dentro de los límites del planeta; subraya que el próximo MFP debe estar en consonancia con los ODS; celebra el compromiso adquirido por la Comisión de integrar los ODS en todas las políticas e iniciativas de la Unión; espera que la Unión cumpla sus compromisos con respecto a esos objetivos; destaca, asimismo, que la proclamación del pilar europeo de derechos sociales y el compromiso de la Unión y los Estados miembros de garantizar una Europa más social debe financiarse con los recursos financieros adecuados; considera que, tras el Acuerdo de París, es preciso incrementar significativamente el gasto relacionado con el clima con respecto al actual MFP y alcanzar el 30 % tan pronto como sea posible, a más tardar, en 2027;
7. Hace hincapié en que el próximo MFP brinda una oportunidad para que la Unión demuestre que está unida y que es capaz de responder a acontecimientos políticos como el brexit, el auge de los movimientos populistas y nacionalistas, y los cambios en el liderazgo mundial; subraya que las divisiones y el egocentrismo no son una respuesta a los problemas mundiales y a las preocupaciones de los ciudadanos; considera que las negociaciones sobre el brexit, en particular, demuestran que las ventajas de pertenecer a la Unión superan con creces los costes de la contribución a su presupuesto; pide, en este sentido, la plena observancia del marco de los compromisos previamente asumidos, como en el caso del Acuerdo del Viernes Santo, en lo que respecta al Estado de Derecho y la democracia;
8. Pide, por tanto, un apoyo constante a las políticas existentes, en particular las políticas tradicionales de la Unión consagradas en los Tratados, a saber, la política agrícola común y la política pesquera común, así como la política de cohesión, dado que aportan beneficios tangibles del proyecto europeo a los ciudadanos de la Unión; rechaza cualquier intento de renacionalización de estas políticas, ya que ello no contribuiría a reducir la carga financiera que pesa sobre los contribuyentes y los consumidores ni a lograr mejores resultados, sino que impediría el crecimiento, la solidaridad y el funcionamiento del mercado único, aumentando aún más al mismo tiempo las desigualdades y las disparidades entre territorios y sectores económicos; tiene la intención de garantizar el mismo nivel de financiación de la UE-27 para estas políticas en el próximo período de programación, mejorando al mismo tiempo su eficacia y simplificando los procedimientos vinculados a ellas;
9. Considera que Europa debe ofrecer perspectivas a las generaciones más jóvenes, así como a las empresas orientadas al futuro que contribuyen al éxito de la Unión en la escena mundial; muestra su determinación con vistas a reforzar sustancialmente dos de sus programas emblemáticos, a saber, el Programa Marco de Investigación y el programa Erasmus+, que, con sus medios actuales, no pueden satisfacer la elevada demanda de candidatos de alta calidad; reitera con firmeza su apoyo al aumento sustancial de los recursos para luchar contra el desempleo juvenil y su apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través de los programas sucesores de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME); apoya, asimismo, el refuerzo del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 2.0;
10. Pide a la Unión que asuma su papel en tres ámbitos políticos emergentes con dimensiones interna y externa, que han surgido en el transcurso del actual MFP:
– desarrollando y financiando una política de asilo, migración e integración global y abordando las causas profundas de la migración y los desplazamientos en terceros países,
– reforzando la protección de las fronteras exteriores y promoviendo la estabilidad, en particular salvaguardando los derechos humanos en el extranjero, así como mediante la prevención de conflictos y las políticas de desarrollo exterior,
– aportando seguridad interior común a los ciudadanos europeos y poniendo en común los conocimientos y las capacidades en el ámbito de la defensa, destacando al mismo tiempo que las acciones emprendidas en estos ámbitos no deben ir en detrimento de las políticas de desarrollo de la Unión;
11. Hace hincapié en que el futuro marco debería integrar dos nuevos tipos de apoyo financiero que ocupan un lugar destacado en el programa económico de la Unión, a saber, la continuación de los regímenes de apoyo a la inversión, como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, y el desarrollo de una función de estabilización para los Estados miembros de la zona del euro, posiblemente a través del Fondo Monetario Europeo propuesto, conjuntamente con un instrumento de convergencia específico para los Estados miembros que vayan a unirse al euro;
12. Subraya que, como primer paso, la capacidad presupuestaria específica de la zona del euro debe formar parte del presupuesto de la Unión, contabilizada por encima de los límites máximos del marco financiero plurianual, sin perjuicio del resto de los programas del MFP, y debe ser financiada por la zona del euro y por otros miembros participantes a través de una fuente de ingresos acordada entre los Estados miembros participantes y considerada como ingresos y garantías asignados; considera que la capacidad presupuestaria, una vez estabilizada, podría financiarse a través de auténticos recursos propios, siguiendo las recomendaciones del informe Monti sobre la futura financiación de la Unión;
13. Reitera el principio de que las nuevas prioridades políticas deben ir acompañadas de medios financieros adicionales, ya surjan en el momento de la adopción de un nuevo MFP o en el curso de su aplicación, y destaca que la financiación de las nuevas necesidades no debe ir en detrimento de las políticas y los programas existentes; espera, además, que se prevean disposiciones de flexibilidad adecuadas para dar cabida a circunstancias imprevistas que puedan surgir en el curso del MFP;
14. Considera que una Europa solo será más fuerte y más ambiciosa si dispone de más medios financieros; pide, a la luz de los retos y prioridades mencionados, y teniendo en cuenta la salida del Reino Unido de la Unión, un aumento significativo del presupuesto de la Unión; estima que los límites máximos de gastos del MFP que se necesitan corresponden al 1,3 % de la RNB de la UE-27, a pesar de la gama de instrumentos que deben contabilizarse por encima de los límites máximos;
15. Está convencido de que, a menos que el Consejo decida un aumento considerable del nivel de las contribuciones nacionales al presupuesto de la Unión, la introducción de nuevos y auténticos recursos propios de la Unión sigue siendo la única opción para financiar adecuadamente el próximo MFP;
II.Cuestiones horizontales
Principios del presupuesto de la Unión Europea y sinceridad presupuestaria
16. Recuerda los principios presupuestarios europeos de unidad, veracidad presupuestaria, anualidad, equilibrio, universalidad, especialidad, adicionalidad, subsidiariedad, buena gestión financiera y transparencia, que deben respetarse en el establecimiento y la ejecución del presupuesto de la Unión;
17. Reitera la posición que defiende desde hace tiempo según la cual la ambición política de la Unión debe ir acompañada de recursos financieros adecuados, y recuerda que el artículo 311 del TFUE establece que la Unión «se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas»;
18. Señala, en este contexto, que la plena aplicación de las decisiones e iniciativas políticas adoptadas por el Consejo Europeo solo es posible si se garantiza la financiación necesaria, y subraya que cualquier otro planteamiento menoscaba la sinceridad del presupuesto de la Unión y la confianza de los ciudadanos;
19. Considera que el MFP, al traducir las prioridades políticas de la Unión en inversiones concretas, es un instrumento excelente para la planificación a largo plazo del gasto de la Unión y para garantizar un cierto nivel estable de inversión pública en los Estados miembros; lamenta, no obstante, la falta de una estrategia a largo plazo acordada mutuamente antes de la adopción del próximo MFP; recuerda, además, que el presupuesto de la Unión es sobre todo un presupuesto de inversión que sirve de fuente de financiación adicional y complementaria para las acciones emprendidas a escala nacional, regional y local;
20. Opina que la decisión sobre la duración del MFP debería reflejar un equilibrio adecuado entre dos requisitos contradictorios, a saber, por una parte, la necesidad de que varias políticas de la Unión —en particular las de gestión compartida, como la agricultura y la cohesión— funcionen sobre la base de la estabilidad y la previsibilidad garantizadas mediante un compromiso de siete años como mínimo, y, por otra parte, la necesidad de responsabilidad y legitimidad democráticas que se deriva de la sincronización de cada marco financiero con el ciclo político quinquenal del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea;
21. Destaca que, desde el punto de vista político, es imperativo que cada Parlamento recién elegido pueda influir sustancialmente en el MFP durante su ciclo electoral, en términos tanto de importes como de prioridades políticas; pone de relieve que las elecciones al Parlamento Europeo ofrecen a los ciudadanos de la Unión la oportunidad de expresar directamente su posición sobre las prioridades presupuestarias de la Unión, que deben quedar reflejadas en un ajuste postelectoral vinculante del marco financiero; considera, por lo tanto, que durante cada ciclo político, la Comisión debe proponer el establecimiento del siguiente MFP o una revisión intermedia obligatoria del MFP en curso y el Parlamento y el Consejo deben tomar una decisión al respecto;
22. Subraya que la duración de los MFP debe pasar progresivamente hacia un período de 5+5 años con revisión intermedia obligatoria; pide a la Comisión que elabore una propuesta en la que se definan claramente las modalidades para la aplicación práctica de un marco financiero de 5+5 años; se muestra convencido de que no se puede considerar un único período de cinco años para la duración del MFP, debido a los graves obstáculos que ello impondría en los requisitos de programación y aplicación de diversas políticas de la Unión;
23. Reconoce, no obstante, que el calendario de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en la primavera de 2019, teniendo en cuenta que el actual MFP finaliza en diciembre de 2020, no permite que se aplique inmediatamente una solución de 5+5 años, ya que los diferentes ciclos no podrían adaptarse de manera satisfactoria; considera, por tanto, que el próximo MFP debería tener una duración de siete años (2021-2027) e incluir una revisión intermedia obligatoria, como solución transitoria que se aplicaría por última vez;
Revisión intermedia
24. Está convencido de la necesidad de conservar un examen y una revisión intermedios del MFP jurídicamente vinculantes y obligatorios y de sancionarlos en el nuevo Reglamento sobre el MFP; recuerda que la revisión intermedia de 2016 supuso la primera ocasión histórica en que tuvo lugar una verdadera revisión del Reglamento sobre el MFP, y que esta revisión fue valorada positivamente tanto por el Consejo como por el Parlamento, en particular por lo que respecta al refuerzo de las disposiciones del MFP en materia de flexibilidad;
25. Considera que, para el MFP 2021-2027, la revisión intermedia debe ser propuesta y decidida con la debida antelación para permitir que el próximo Parlamento y la próxima Comisión ajusten el marco financiero en consecuencia; subraya que cualquier revisión del MFP debería garantizar la participación del Parlamento y salvaguardar sus prerrogativas como rama en pie de igualdad de la Autoridad Presupuestaria; destaca, además, que cualquier revisión real conlleva también la revisión de los límites máximos del MFP, en caso de que se confirme que no son adecuados para el resto del período;
26. Destaca que, durante el actual MFP, la Autoridad Presupuestaria ha aprobado una movilización sustancial de los mecanismos de flexibilidad y los instrumentos especiales incluidos en el Reglamento sobre el MFP, a fin de garantizar los créditos adicionales necesarios para responder a crisis graves o financiar nuevas prioridades políticas;
27. Considera, por lo tanto, que las disposiciones de flexibilidad en el marco del actual MFP han funcionado bien y han aportado soluciones en relación con la importante financiación necesaria, en particular, para hacer frente a los retos de la migración y los refugiados y para abordar el déficit de inversión; recuerda que el Parlamento fue el autor de varias de estas disposiciones, que defendió firmemente durante las últimas negociaciones del MFP;
28. Considera que sigue siendo necesario reforzar más estas disposiciones para responder mejor a los nuevos retos, a acontecimientos imprevistos y a la evolución de las prioridades políticas que surjan durante la ejecución de un plan a largo plazo como el MFP; pide una mayor flexibilidad para el próximo MFP, lo que permitiría la mayor utilización posible de los límites máximos globales del MFP para los compromisos y los pagos;
Mecanismos de flexibilidad del MFP
29. Considera que los límites máximos del próximo MFP deben fijarse a un nivel que no solo permita la financiación de las políticas de la Unión, sino también la puesta a disposición de márgenes suficientes en créditos de compromiso para cada rúbrica;
30. Se muestra convencido de que los márgenes no asignados deben prorrogarse sin restricciones a ejercicios posteriores y ser movilizados por la Autoridad Presupuestaria para cualquier fin que se estime necesario en el marco del procedimiento presupuestario anual; pide, por lo tanto, que se mantenga el margen global para compromisos, pero sin restricción alguna en cuanto a su alcance y duración;
31. Recuerda que el margen global para compromisos solo puede movilizar los márgenes no asignados hasta el año N-1, una vez que hayan sido confirmados mediante el ajuste técnico que precede a la presentación del proyecto de presupuesto; considera, no obstante, que es fundamental estudiar maneras de movilizar también los márgenes no asignados del año N, a fin de permitir la financiación de las necesidades adicionales que pueden producirse durante ese año;
32. Cree firmemente que los compromisos autorizados por la Autoridad Presupuestaria deben destinarse para su finalidad inicial, y que deben hacerse todos los esfuerzos posibles para garantizar que esto sea así en todos los ámbitos de actuación; pide a la Comisión, en particular, que continúe trabajando activamente en este sentido; expresa su convicción, no obstante, de que si efectivamente se producen liberaciones de créditos como resultado de la no ejecución total o parcial de las acciones para las que fueron asignados, estos deben ponerse de nuevo a disposición del presupuesto de la Unión y ser movilizados por la Autoridad Presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario anual; considera que las liberaciones de créditos deben integrarse directamente en el margen global para compromisos, y no en determinados instrumentos especiales o reservas;
33. Recuerda que las liberaciones de créditos derivan de compromisos que ya han sido autorizados por la Autoridad Presupuestaria y que en circunstancias normales deberían haber dado lugar a los pagos correspondientes, si la acción que debían financiar se hubiese realizado conforme a lo previsto; subraya, por tanto, que el reciclaje de las liberaciones de créditos en el presupuesto de la Unión está debidamente justificado, pero no debe ser un medio para eludir las normas de liberación pertinentes previstas en los reglamentos sectoriales;
34. Destaca la necesidad de garantizar una transferencia total de los márgenes de pago a través del margen global para pagos en todo el MFP; se opone a cualesquiera restricciones o límites aplicados al nivel de los márgenes que pueden transferirse, como ocurre en el actual MFP, y recuerda que estos márgenes solo pueden movilizarse si la Autoridad Presupuestaria decide hacerlo y en la medida que decida; subraya que el margen global para pagos puede ser decisivo para hacer frente a nuevas crisis de pagos que puedan producirse;
35. Destaca que la posibilidad de revisar los límites máximos debe seguir siendo una opción en el Reglamento sobre el MFP, en caso de circunstancias imprevistas, en las que las necesidades financieras agoten o sobrepasen los márgenes disponibles y los instrumentos especiales; pide que el Reglamento sobre el MFP prevea un procedimiento simplificado para una revisión específica por debajo de un umbral acordado;
36. Aboga por mantener la posibilidad de concentrar la financiación de cualquier programa de la Unión al principio o al final del período, a fin de permitir una acción anticíclica que corresponda al ritmo de la aplicación real y responder adecuadamente a las grandes crisis; pide, además, que la flexibilidad legislativa, actualmente consagrada en el punto 17 del Acuerdo interinstitucional (AI), que permite ajustar la dotación global de los programas aprobados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario hasta +/- 10 %, se amplíe a +/- 15 %;
37. Subraya la flexibilidad que puede lograrse a través de transferencias dentro de la misma rúbrica del MFP, con objeto de colocar los recursos financieros exactamente donde son necesarios y de garantizar una mejor utilización del presupuesto de la Unión; considera que un menor número de rúbricas contribuye a mejorar la flexibilidad en el MFP; solicita, no obstante, a la Comisión que informe y consulte a la Autoridad Presupuestaria de manera proactiva cuando se aprueben transferencias autónomas considerables;
Instrumentos especiales del MFP
38. Aprueba la arquitectura general de los instrumentos especiales del MFP, en particular el Instrumento de Flexibilidad, la Reserva para Ayudas de Emergencia, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), y destaca su intensa movilización bajo el actual MFP; pide que se mejoren sus dotaciones financieras y disposiciones operativas;
39. Pide, en particular, un aumento sustancial de la dotación financiera del Instrumento de Flexibilidad hasta alcanzar anualmente, al menos, los 2 000 millones EUR; recuerda que el Instrumento de Flexibilidad no está vinculado a ningún ámbito concreto de actuación y puede, por tanto, movilizarse para cualquier fin que se estime necesario; considera, por consiguiente, que este instrumento puede movilizarse para cubrir las nuevas necesidades financieras que se produzcan durante el MFP;
40. Destaca el papel de la Reserva para Ayudas de Emergencia a la hora de ofrecer una respuesta rápida a las necesidades específicas de ayuda de terceros países en caso de imprevistos, y hace hincapié en su particular importancia en el contexto actual; pide un aumento sustancial de su dotación financiera hasta alcanzar una cifra anual de 1 000 millones EUR;
41. Toma nota, en particular, de la importante movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia en una serie de graves catástrofes naturales con importantes consecuencias presupuestarias; insiste asimismo en el impacto positivo que este instrumento tiene en la opinión pública; propone el refuerzo de su dotación financiera hasta alcanzar una cifra anual de 1 000 millones EUR;
42. Considera que la utilización del FEAG, instrumento de solidaridad de la Unión que apoya a los trabajadores que pierden su empleo como consecuencia de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial derivados de la globalización o como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial, no ha desplegado todo su potencial y podría mejorarse más e integrarse dentro de una estrategia a largo plazo, a fin de llegar de manera eficaz a los trabajadores despedidos y reinsertarlos en el mercado laboral, en todos los Estados miembros; estima que la próxima revisión del FEAG debe incluir un estudio de su alcance y una mejora de su coordinación con otros instrumentos; considera que, en el marco del nuevo MFP, el FEAG revisado debe contar, al menos, con una dotación anual idéntica;
43. Propone la creación de una reserva especial para los instrumentos especiales del MFP alimentada por los créditos no utilizados de cada instrumento; considera que esta reserva debe funcionar sin limitaciones de tiempo; pide que esta reserva se movilice en favor de cualquier instrumento especial del MFP que deba hacer frente a necesidades financieras superiores a su capacidad financiera, a raíz de una decisión de la Autoridad Presupuestaria;
44. Señala que actualmente se aplican normas distintas en relación con el período de prórroga de los créditos no utilizados para cada instrumento especial del MFP; considera que estas normas deben armonizarse, a fin de permitir que se aplique una única norma N+1 a todos estos instrumentos;
45. Considera que el Margen para Imprevistos debe mantenerse como instrumento de último recurso; subraya que este es un instrumento especial que puede movilizarse solo para los créditos de pago, y que dicha movilización fue decisiva para responder a la crisis de pagos de 2014; pide, por tanto, un ajuste al alza de su dotación máxima anual hasta el 0,05 % de la RNB de la Unión;
46. Subraya que los instrumentos especiales del MFP deben contabilizarse por encima de los límites máximos del MFP, tanto para créditos de compromiso como para créditos de pago; considera que la cuestión de la presupuestación de los pagos de estos instrumentos se resolvió de manera inequívoca durante la revisión intermedia del MFP 2014-2020, poniendo fin al prolongado conflicto de interpretación con el Consejo; aboga por la introducción de una disposición clara en el Reglamento sobre el MFP, que indique que los pagos derivados de la movilización de los créditos de compromiso de los instrumentos especiales del MFP deben contabilizarse por encima de los límites máximos de pago anuales del MFP;
47. Señala que el AI exige una mayoría especial en el Parlamento para la movilización de tres instrumentos especiales del MFP; considera que esta disposición es obsoleta, ya que refleja las mayorías especiales necesarias para aprobar el presupuesto de la Unión antes del Tratado de Lisboa; pide un enfoque homogéneo respecto a los requisitos de voto para la movilización de estos instrumentos, los cuales deben coincidir con los de la aprobación del presupuesto de la Unión;
Ingresos: reserva especial
48. Reitera su posición, que ha defendido tradicionalmente, en el sentido de que cualquier ingreso resultante de multas impuestas a las empresas por infringir el Derecho de competencia de la Unión o vinculado a retrasos en los pagos de las contribuciones nacionales al presupuesto de la Unión debe constituir una nueva fuente de ingresos para el presupuesto de la Unión sin que ello conlleve una reducción correspondiente de las contribuciones basadas en la RNB;
49. Pide para ello que se cree una reserva especial en el presupuesto de la Unión, que se irá alimentando progresivamente por todos los tipos de otros ingresos imprevistos y prorrogando debidamente para crear posibilidades adicionales de gasto cuando surja la necesidad; considera que dicha reserva debería destinarse a los instrumentos especiales del MFP y prever nuevas aportaciones complementarias, tanto en créditos de compromiso como de pago, previa decisión de la Autoridad Presupuestaria;
Utilización eficiente y eficaz de los recursos de la Unión
50. Reconoce que el logro de un verdadero valor añadido europeo debe ser uno de los principios rectores principales de las instituciones de la Unión a la hora de decidir acerca de la naturaleza de los gastos en el próximo MFP; señala, no obstante, que este concepto se interpreta de múltiples maneras, y pide que se definan de forma clara, fácilmente comprensible y única los criterios que deben tener en cuenta las especificidades territoriales e incluir, siempre que sea posible, indicadores de resultados mensurables; desaconseja cualquier intento de utilizar tal definición para cuestionar la importancia de las políticas y los programas de la Unión sobre la base de consideraciones económicas exclusivamente cuantitativas o a corto plazo;
51. Señala que en varios documentos de la Comisión se hace referencia al concepto de valor añadido europeo; reitera la lista de parámetros definidos por el Parlamento en este contexto en su resolución de 24 de octubre de 2017 anteriormente citada; recuerda que los recursos de la Unión deben utilizarse para financiar bienes públicos europeos, así como para actuar como catalizador que incite a los Estados miembros, en todos los niveles administrativos, a tomar medidas para cumplir los objetivos del Tratado y para alcanzar las metas comunes de la Unión que no podrían realizarse de otro modo; está de acuerdo con la idea de que el presupuesto de la Unión debe utilizarse para financiar acciones que puedan beneficiar a la Unión en su conjunto, lo que ningún Estado miembro puede garantizar eficazmente por sí mismo, y que puedan ofrecer una mejor relación calidad-precio en comparación con las medidas adoptadas exclusivamente a escala nacional, regional o local; considera asimismo que el presupuesto de la Unión debe contribuir al establecimiento y apoyo de la paz y estabilidad en la vecindad europea y más allá; considera que el valor añadido europeo se crea a través de programas tanto de gestión compartida como de gestión directa, al ser dos métodos complementarios que permiten alcanzar los objetivos de la Unión; espera, en este contexto, que los Estados miembros, en las negociaciones sobre el próximo MFP, se abstengan de seguir una lógica de «justo retorno» que solo tenga en cuenta los intereses nacionales;
52. Considera que la mejora del gasto, es decir, el uso eficiente y no discriminatorio de cada euro del presupuesto de la Unión, no solo puede alcanzarse dirigiendo los recursos de la Unión hacia acciones que tengan el máximo valor añadido europeo y que más contribuyan a la mejora de la ejecución de las políticas y los programas de la Unión, sobre la base de una evaluación en profundidad del gasto actual, sino también consiguiendo mayores sinergias entre el presupuesto de la Unión y los presupuestos nacionales y garantizando mejoras tangibles de la estructura del gasto; respalda las recomendaciones del informe anual de 2016 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre un marco de indicadores de evaluación eficaz, una elaboración de informes sobre el rendimiento más racionalizada y equilibrada y un acceso más fácil a los resultados de la evaluación;
53. Pide una verdadera simplificación del sistema presupuestario de la Unión en el próximo MFP con objeto de facilitar su absorción; subraya, en particular, la necesidad de reducir los solapamientos innecesarios entre los instrumentos que apoyen tipos de medidas similares, por ejemplo en los ámbitos de la innovación, las pymes o el transporte, sin correr el riesgo de perder elementos importantes de los distintos programas, así como la necesidad de eliminar la competencia que existe entre las diferentes formas y fuentes de financiación, con el fin de garantizar la máxima complementariedad y establecer un marco financiero coherente; considera que esto facilitaría una comunicación más clara de las prioridades de la Unión para los ciudadanos;
54. Subraya que el «chequeo» del gasto de la Unión no puede entrañar una reducción del nivel de ambición de la Unión o una sectorización de las políticas y los programas de la Unión, ni tampoco debería dar lugar a la sustitución de las subvenciones por instrumentos financieros para generar ahorros, ya que la gran mayoría de las acciones respaldadas por el presupuesto de la Unión no son idóneas para ser financiadas por estos instrumentos; es de la opinión de que el «chequeo» debería contribuir a determinar formas de mejorar la aplicación de los programas de gasto de la Unión;
55. Pide una amplia armonización de las normas con objeto de crear un código normativo único para el conjunto de los instrumentos presupuestarios de la Unión, teniendo en cuenta las características específicas de la financiación y de los distintos sectores; anima a la Comisión a que aborde la cuestión de la combinación de diferentes fuentes de financiación proporcionando directrices claras a este respecto y garantizando el mismo acceso a todos los tipos de financiación en todos los Estados miembros;
56. Aboga también por la simplificación real de las normas de aplicación sectoriales para los beneficiarios y por la reducción de la carga administrativa mediante una mayor normalización y simplificación de los procedimientos y de los documentos de programación; subraya, asimismo, la necesidad de prever una mayor creación de capacidades y más asistencia técnica para los beneficiarios; pide que se avance hacia una evaluación basada en el riesgo;
Unidad, veracidad presupuestaria y transparencia
57. Recuerda que el principio de unidad, según el cual todos los ingresos y gastos de la Unión deben consignarse en el presupuesto, es un requisito del Tratado y una condición democrática básica indispensable para que el presupuesto sea transparente, legítimo y responsable; lamenta que este principio se haya ignorado cada vez más, mientras que la complejidad financiera ha aumentado, desde el legado histórico del Fondo Europeo de Desarrollo, pasando por la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, hasta la reciente inflación de mecanismos extrapresupuestarios ad hoc en forma de instrumentos financieros innovadores y de fondos o mecanismos fiduciarios externos que no se consignan en el balance de la Unión;
58. Cuestiona la justificación y el valor añadido de la creación de instrumentos al margen del presupuesto de la Unión; considera que las decisiones de crear o conservar estos instrumentos están en realidad motivadas por los intentos de disimular las verdaderas necesidades financieras y eludir las limitaciones del MFP y los límites máximos de los recursos propios; lamenta que, a menudo, estos instrumentos también permitan eludir al Parlamento en su triple responsabilidad como autoridad legislativa, presupuestaria y de control y sean contrarios al objetivo de mejorar la transparencia hacia el público en general y los beneficiarios;
59. Reitera, por lo tanto, su posición tradicional en cuanto a la necesidad de integrar el Fondo Europeo de Desarrollo y otros instrumentos que operan fuera del MFP en el presupuesto de la Unión con el objetivo de incrementar su legitimidad y la eficiencia y eficacia de la política de desarrollo de la Unión; subraya, no obstante, que las dotaciones financieras respectivas se deben añadir a los límites máximos del MFP con el fin de que la inclusión de estos instrumentos en el presupuesto no tenga repercusiones negativas sobre su financiación, o sobre otras políticas y programas de la Unión; celebra, en principio, la propuesta de incluir el Mecanismo Europeo de Estabilidad en las finanzas de la Unión en forma de un Fondo Monetario Europeo, sin perjuicio de su diseño futuro;
60. Considera que los fondos fiduciarios de la Unión pueden crear valor añadido poniendo en común recursos de diferentes donantes para situaciones concretas, pero que su utilización no debe desembocar en un mero cambio de etiquetas de la financiación prevista de la Unión ni debe modificar los objetivos originales de los instrumentos de financiación de la Unión; insiste en la necesidad de un mayor control parlamentario de su creación y ejecución; reitera que los fondos fiduciarios de la Unión solo deberían financiar acciones fuera de la Unión;
61. Considera, igualmente, que cuando se considere necesario un determinado porcentaje de operaciones extrapresupuestarias para lograr determinados objetivos específicos, por ejemplo mediante el uso de instrumentos financieros o fondos fiduciarios, estos deben mantenerse en un nivel y duración limitados, ser completamente transparentes, justificados por una adicionalidad y un valor añadido demostrados, y estar respaldados por unos procedimientos rigurosos de toma de decisiones y disposiciones sobre rendición de cuentas;
62. Considera que, en el marco del próximo MFP, el presupuesto de la Unión debe mostrar con mayor precisión el alcance de los ingresos asignados y su impacto sobre el gasto real, en particular, los derivados de las contribuciones de terceros países; destaca que esto resulta aún más pertinente si tenemos en cuenta el deseo del Reino Unido de participar en algunos programas presupuestarios de la Unión del nuevo MFP posterior a 2020 como Estado no miembro, tal como se expresó en el contexto de las negociaciones sobre su retirada de la Unión;
63. Recuerda que los créditos de pago son la consecuencia lógica y jurídica de los créditos de compromiso, y pide que en el futuro los límites máximos de pago se fijen en un nivel adecuado, dejando solo una diferencia limitada y realista entre el nivel de los créditos de compromiso y el de los créditos de pago; espera que en el futuro los límites máximos de pago tengan en cuenta, por una parte, la necesidad de cumplir los compromisos derivados del periodo financiero actual que se convertirán en pagos solo después de 2020 y, por otra parte, la necesidad de cumplir los compromisos en relación con los programas e instrumentos posteriores a 2020;
64. Recuerda la acumulación de facturas impagadas que se produjo al final del anterior MFP y que fue heredada por el actual, y advierte contra la repetición de la crisis de pagos en la transición hacia el próximo MFP, pues ello tendría consecuencias graves para los beneficiarios, por ejemplo, estudiantes, universidades, pymes e investigadores; señala la tendencia actual de infraejecución de los pagos debido a retrasos en la ejecución de los programas del periodo 2014-2020, lo que comporta aumentar los niveles de compromisos pendientes de liquidación dentro de los límites máximos del MFP; pide a la Comisión y a los Estados miembros, incluidos los ministros de Hacienda, que analicen las causas profundas de tales retrasos y que propongan medidas concretas de simplificación a fin de facilitar su ejecución en el futuro;
65. Toma nota del resultado preliminar de las negociaciones sobre la liquidación financiera en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión, que prevé la plena participación del Reino Unido en la financiación y la ejecución de los programas del periodo 2014-2020 con todas las consecuencias financieras pertinentes;
66. Insiste en que el presupuesto de la Unión tiene a su disposición una amplia gama de instrumentos que financian actividades en el ámbito de la Unión y que pueden agruparse en dos categorías, por una parte las subvenciones y, por otra, los instrumentos financieros en forma de garantías, préstamos, instrumentos de riesgo compartido o financiación mediante fondos propios; señala asimismo el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, cuyo objetivo es movilizar capital público y privado en toda la Unión en apoyo de proyectos en ámbitos clave para la economía de la Unión a fin de complementar la limitada financiación;
67. Reconoce el potencial de los instrumentos financieros para aumentar el impacto económico y político del presupuesto de la Unión; destaca, sin embargo, que únicamente pueden aplicarse a proyectos generadores de ingresos en caso de inversiones de nivel inferior al óptimo o de fallo del mercado y, por lo tanto, constituyen solo una forma complementaria más que alternativa de financiación en comparación con las subvenciones; subraya que los instrumentos financieros no deben buscar sustituir a los regímenes existentes de financiación pública o privada y que deben responder a los compromisos nacionales e internacionales;
68. Reitera su petición a la Comisión para que determine qué ámbitos se adecuan mejor a las subvenciones, cuáles quedarían mejor cubiertos por instrumentos financieros, y en cuáles podrían combinarse las subvenciones con los instrumentos financieros, y que estudie un correcto equilibrio entre estos dos elementos; está convencido de que las subvenciones deben seguir siendo la principal forma de financiar el proyecto de la Unión en el próximo MFP; subraya que los préstamos, las garantías, los instrumentos de riesgo compartido y la financiación mediante fondos propios deben utilizarse con precaución, sobre la base de evaluaciones ex ante adecuadas y solo cuando su uso pueda ofrecer un claro valor añadido y tener un efecto multiplicador; señala que existe un margen de mejora en la utilización de los instrumentos financieros y en el establecimiento de sinergias con las subvenciones; pide un mayor esfuerzo para facilitar el acceso a los instrumentos financieros para los beneficiarios, además de una mayor flexibilidad en la utilización intersectorial de los diferentes instrumentos financieros, de modo que se superen las normativas restrictivas que evitan que los beneficiarios saquen provecho de los múltiples programas para proyectos con objetivos comunes;
69. Pide a la Comisión que simplifique y armonice las normas que rigen el uso de los instrumentos financieros en el próximo MFP con el fin de crear sinergias entre diferentes instrumentos y maximizar la eficacia de su aplicación; toma nota de una posible propuesta, que requeriría un debate en profundidad, relativa a un fondo único que integre los instrumentos financieros de la Unión que se gestionan de forma centralizada; es de la opinión de que debe preverse una estructura clara para la elección de los diferentes tipos de instrumentos financieros para diferentes ámbitos políticos y tipos de acciones y que los instrumentos financieros pertinentes deben seguir siendo presupuestados en líneas presupuestarias separadas, a fin de proporcionar claridad para las decisiones de inversión; subraya, sin embargo, que ninguna armonización de las normas debe afectar a los instrumentos financieros gestionados por los Estados miembros en el marco de la política de cohesión o en el ámbito de las acciones exteriores;
70. Recuerda sus reiterados llamamientos de una mayor transparencia y control democrático en relación con la aplicación de los instrumentos financieros financiados con cargo al presupuesto de la Unión;
71. Considera que la estructura del MFP debe prever un aumento de la visibilidad de las prioridades políticas y presupuestarias de la Unión para los ciudadanos europeos, y pide una presentación más clara de todos los ámbitos del gasto de la Unión; está convencido de que los principales pilares del futuro gasto de la Unión expuestos en la presente Resolución deben quedar reflejados en consecuencia;
72. Considera, por lo tanto, que la presentación actual de las rúbricas requiere algunas mejoras, pero está en contra de cualquier cambio radical injustificado; propone, por consiguiente, la siguiente estructura para el MFP posterior a 2020;
Rúbrica 1: Una economía más fuerte y sostenible
Se incluyen instrumentos y programas de apoyo en los siguientes ámbitos:
en régimen de gestión directa:
– investigación e innovación
– industria, emprendimiento y pequeñas y medianas empresas
– transformación digital de la economía y la sociedad
– grandes proyectos de infraestructuras
– transporte, energía y espacio
– medio ambiente, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo
Rúbrica 2: Una mayor cohesión y solidaridad en Europa
– cohesión económica, social y territorial (en régimen de gestión compartida):
	inversiones en innovación, investigación, digitalización, transición industrial, pymes, transporte, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, medio ambiente y energía
	empleo, asuntos sociales e inclusión social, igualdad de género, reducción de la pobreza y retos demográficos
– educación, juventud y aprendizaje permanente
– cultura, ciudadanía, medios y comunicación
– democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales
– asilo, migración e integración, justicia y consumidores
– apoyo a las administraciones nacionales y coordinación con ellas
Rúbrica 3: Agricultura y pesca más fuertes y sostenibles
– agricultura y desarrollo rural
– asuntos marítimos y pesca
Rúbrica 4: Una mayor responsabilidad en el mundo
– cooperación internacional y desarrollo
– vecindad
– ayuda humanitaria
– democracia, Estado de Derecho, derechos fundamentales e igualdad de género
Rúbrica 5: Seguridad, paz y estabilidad para todos
– seguridad, incluida la ciberseguridad
– respuesta a las crisis y estabilidad, incluida la protección civil
– política exterior y de seguridad común
– defensa, incluida la investigación e innovación
Rúbrica 6: Una administración eficiente al servicio de los europeos
– financiación del personal de la Unión
– financiación de los edificios y equipos de las instituciones de la Unión
73. Insta a la Comisión a que incluya en un anexo al presupuesto de la Unión todos los gastos relacionados con la Unión que se produzcan al margen del presupuesto de la Unión como consecuencia de acuerdos y procedimientos intergubernamentales; cree que esta información, facilitada con periodicidad anual, reflejará la imagen completa de todas las inversiones a que los Estados miembros se hayan comprometido a escala de la Unión;
III.Políticas
Una economía más fuerte y sostenible
74. Destaca la importancia de completar el espacio europeo de investigación, la Unión de la Energía, el espacio único europeo de transporte y el mercado único digital como elementos fundamentales del mercado único europeo;
75. Considera que el próximo MFP debe concentrar en mayor medida los recursos presupuestarios en ámbitos que ofrezcan un claro valor añadido europeo y estimulen el crecimiento económico, la competitividad, la sostenibilidad y el empleo en todas las regiones de la UE; subraya, en este contexto, la importancia de la investigación y la innovación en la creación de una economía sostenible, líder en el mundo y basada en el conocimiento, y lamenta que, debido a la falta de financiación adecuada, solo una pequeña proporción de proyectos de alta calidad en este ámbito haya recibido financiación de la Unión con cargo al MFP actual;
76. Pide, por lo tanto, un incremento sustancial de la dotación presupuestaria destinada al 9.º PM en el próximo MFP, que debe establecerse en un nivel de, al menos, 120 000 millones EUR; considera que este nivel es el adecuado para garantizar la competitividad y el liderazgo científico, tecnológico e industrial de Europa a escala mundial, responder a los retos de la sociedad y contribuir a alcanzar los objetivos climáticos de la Unión y los ODS; pide, en especial, que se realicen esfuerzos para incentivar innovaciones de vanguardia que creen mercados nuevos, sobre todo para las pymes;
77. Pide asimismo que se preste más atención a la puesta en práctica de la investigación y la innovación a través de empresas comunes y otros instrumentos, así como que se fomente la inversión en tecnologías clave para acabar con el déficit de inversiones en materia de innovación; hace hincapié en que el aumento de los fondos debe ir acompañado de una simplificación de los procedimientos de financiación; acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión en este sentido e insiste en que estos deben mantenerse en el próximo período de programación con vistas a mejorar el acceso y garantizar la igualdad de condiciones para los solicitantes gracias a un nuevo sistema de evaluación de las solicitudes; hace hincapié en la necesidad de medidas que estimulen una participación equilibrada de todos los Estados miembros de la UE;
78. Celebra la reciente propuesta de la Comisión de garantizar la financiación del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero para los próximos años; destaca la importancia de este fondo para financiar la investigación en este sector industrial; considera, por lo tanto, que se necesita una solución a más largo plazo que garantice la financiación más allá de 2020 y que también incorpore el fondo al presupuesto de la Unión con el fin de permitir que el Parlamento esté a la altura de su papel como autoridad de control presupuestario;
79. Subraya que las pymes y las microempresas son los motores principales del crecimiento económico, la innovación y el empleo, y proporcionan el 85 % de todos los nuevos puestos de trabajo; reconoce su importante papel a la hora de garantizar la recuperación económica y la potenciación de una economía de la Unión sostenible; recuerda que en la Unión hay más de 20 millones de pymes, las cuales representan el 99 % del total de empresas; considera que la mejora del acceso de las pymes a la financiación en todos los Estados miembros debe seguir siendo un objetivo político importante para el próximo MFP, en aras de una mayor competitividad y sostenibilidad; subraya, por tanto, la necesidad de promover el espíritu de empresa y mejorar el entorno empresarial para las pymes con el fin de que puedan desplegar todo su potencial en la actual economía globalizada;
80. Celebra el éxito del programa específico de la Unión para la competitividad de las empresas y pymes (COSME) en el marco del MFP actual; resalta el alto nivel de ejecución de este programa y señala su capacidad para absorber incluso más; pide, por lo tanto, que se duplique la dotación financiera del programa COSME para que se corresponda con las necesidades reales de la economía de la Unión y la importante demanda de participación;
81. Reitera su sólido compromiso con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que aspira a movilizar 500 000 millones EUR para nuevas inversiones en la economía real en el marco del MFP actual; considera que el FEIE ya ha dado un potente impulso específico a sectores económicos que propician el crecimiento y el empleo sostenibles; destaca los efectos positivos del FEIE a la hora de proporcionar financiación a las pymes en toda la Unión; celebra, por tanto, la intención de la Comisión de presentar una propuesta legislativa para la continuación y mejora de este régimen de inversiones con un presupuesto específico, cuya financiación no ha de ir en detrimento de las políticas y programas del nuevo MFP; subraya que cualquier propuesta legislativa debe estar basada en las conclusiones de un examen llevado a cabo por la Comisión y en una evaluación independiente; espera que la nueva propuesta subsane eficazmente todas las deficiencias de la ejecución del FEIE y potencie, entre otros aspectos, la cobertura geográfica del Fondo, de modo que sus beneficios se dejen sentir en toda la Unión;
82. Insiste en la importancia del MFP para los sectores que dependen de las inversiones a largo plazo, como el sector del transporte sostenible; hace hincapié en que las infraestructuras de transporte son la espina dorsal del mercado único y la base para el crecimiento sostenible y la creación de empleo; señala que, para conseguir un espacio único europeo de transportes conectado con los países vecinos, es preciso contar con grandes infraestructuras de transporte, que deben ser tratadas como una prioridad esencial para la competitividad de la Unión y su cohesión económica, social y territorial, en particular en las zonas periféricas e insulares; considera, por lo tanto, que el próximo MFP debe disponer de una financiación suficiente para los proyectos que contribuyan, en particular, a la realización de la red principal de la RTE-T y sus corredores; recuerda los objetivos fijados por la CP 21 en materia de transporte para luchar contra el cambio climático, y anima a los Estados miembros a que inviertan en un transporte público inteligente, sostenible e integrado;
83. Subraya que un MCE actualizado y más eficaz debe abarcar todos los modos de transporte, incluidas las infraestructuras viarias y ferroviarias, así como las vías navegables interiores; estima que ha de otorgarse prioridad a unas mayores conexiones entre las redes globales y los modos de transporte que contribuyen a reducir las emisiones de CO2, y centrarse en las interconexiones y en la finalización de la red en las zonas periféricas; reitera la importancia de mejorar la interoperabilidad a través del Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo y permitir el uso pleno de la iniciativa del Cielo Único Europeo; pide la realización del sistema digital europeo para la gestión del tráfico aéreo;
84. Pide la creación de una línea presupuestaria específica para el turismo en el próximo marco financiero plurianual, al objeto de avanzar hacia una auténtica política europea del turismo, que pueda contribuir de manera significativa al crecimiento y la creación de empleo;
85. Pide a la Comisión que promueva la inversión en el desarrollo de tecnologías de próxima generación y su despliegue; subraya la importancia de garantizar financiación para completar el mercado único digital utilizando plenamente el espectro, asegurando la actualización de las redes fijas y la densificación de las redes móviles, impulsando el despliegue de la tecnología 5G y la conectividad de alta velocidad y realizando más progresos en la armonización de las normas de telecomunicaciones de la Unión a fin de crear el marco reglamentario adecuado para la mejora de la conectividad a internet en toda la Unión; subraya que el Mecanismo «Conectar Europa» en el sector de las telecomunicaciones debe continuar apoyando las infraestructuras de servicios digitales y las redes de banda ancha de alta velocidad, facilitando su accesibilidad, en particular en las regiones más alejadas y las zonas rurales, y mejorando la alfabetización digital, la interconectividad y la interoperabilidad; destaca la necesidad de apoyar la transformación digital de la economía y la sociedad europeas y de invertir en tecnologías esenciales como los macrodatos, la inteligencia artificial o la informática de alto rendimiento, en las infraestructuras y en las capacidades digitales con miras a mejorar la competitividad de la Unión y la calidad de vida de los ciudadanos europeos;
86. Considera fundamental garantizar un suministro de energía sostenible y asequible en Europa; pide, por lo tanto, un apoyo constante para las inversiones que garanticen la diversificación de las fuentes de energía y las rutas energéticas, aumenten la seguridad y la independencia energéticas, e incrementen la eficiencia energética y la utilización de energías renovables, también mediante el MCE Energía; destaca, en particular, la importancia de facilitar un amplio apoyo, sobre todo para las regiones con mayor consumo de carbono, la transición energética, la transición a una economía hipocarbónica, la modernización de la generación de electricidad, las mejoras de la interconexiones transfronterizas y el despliegue de redes inteligentes, las tecnologías de captura, almacenamiento y uso del carbono, y la modernización de la calefacción urbana; considera que la transformación del sector de la energía a la luz de los objetivos climáticos debe estar respaldada de manera acorde, en particular en los países y las regiones dependientes del carbón, de modo que contribuya eficazmente a una transición estratégica a una economía hipocarbónica; pide que se establezca un fondo global para apoyar una transición justa, en particular a través del desarrollo y el despliegue de las fuentes renovables, las soluciones energéticas eficientes, el almacenamiento de energía, las soluciones e infraestructuras de electromovilidad, la modernización de la generación de energía y las redes, las tecnologías avanzadas de generación de energía, incluidas la captura y almacenamiento de carbono (CAC), la captura y utilización de carbono (CUC) y la gasificación del carbón, la modernización de la calefacción urbana, incluida la cogeneración de alta eficiencia, la adaptación temprana a las futuras normas medioambientales y la reestructuración de los sectores industriales con un consumo intensivo de energía, así como abordando los impactos sociales, socioeconómicos y medioambientales;
87. Subraya la importancia estratégica de los proyectos de infraestructura a gran escala, a saber, el Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER), el Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS), el Sistema Global de Navegación por Satélite (Galileo), el Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (Copernicus) y el futuro programa integrado de las comunicaciones gubernamentales por satélite (GOVSATCOM) para la competitividad futura, la seguridad y el poder político de la Unión Europea; señala que la financiación de estos proyectos a gran escala necesita estar garantizada en el presupuesto de la Unión y, a la vez, acotada, a fin de evitar que posibles aumentos de los costes pongan en peligro la financiación y el éxito de la aplicación de otras políticas de la Unión, tal como se mostró en el pasado MFP en determinados casos concretos; recuerda que, a tal fin, el importe máximo para estos proyectos se establece actualmente en el Reglamento sobre el MFP, y pide que en el nuevo Reglamento se introduzcan disposiciones similares;
88. Destaca la importancia del liderazgo de la Unión a la hora de preservar, proteger e incrementar la calidad del medio ambiente y de abordar el cambio climático, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad; considera que una financiación estable y adecuada es fundamental para alcanzar los compromisos internacionales de la Unión, como el Acuerdo de París; recuerda que el próximo MFP debe ayudar a la Unión a alcanzar esos objetivos y contribuir a la transición hacia una economía hipocarbónica para 2050; subraya que la Unión no debe financiar proyectos e inversiones que sean contrarios a la consecución de estos objetivos; pide la integración general del clima en el futuro gasto de la Unión; pide, a este respecto, que los programas en cuestión, como LIFE+, reciban una financiación adecuada y que sus recursos financieros se dupliquen, así como la creación de dotaciones financieras específicas para la biodiversidad y la gestión de la red Natura 2000;
Una mayor cohesión y solidaridad en Europa
89. Subraya que la política de cohesión posterior a 2020 debe seguir siendo la principal política de inversión de la Unión Europea que cubra todas las regiones de la Unión, para hacer frente a los complejos desafíos socioeconómicos, al tiempo que concentre la mayor parte de los recursos en las regiones más vulnerables; considera que, más allá del objetivo de reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo y aumentar la convergencia, consagrado en el Tratado, la política de cohesión debe centrarse en la consecución de los grandes objetivos políticos de la Unión, y propone, por consiguiente, que, en el próximo MFP, los tres fondos de la política de cohesión —el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión— se centren principalmente en ofrecer apoyo para el crecimiento y la competitividad, la investigación y la innovación, la digitalización, la transición industrial, las pymes, el transporte, la mitigación de y adaptación al cambio climático, la sostenibilidad medioambiental y la transición energética justa, el empleo, la inclusión social, la igualdad de género, la reducción de la pobreza y los retos demográficos; hace hincapié en que los tres fondos son los componentes integrales de la política de cohesión de la Unión, y solo pueden funcionar conjuntamente en el marco único de esta política; pide, por otra parte, que se dote a la política de cohesión de una cooperación territorial reforzada, que incluya un componente transfronterizo y una dimensión urbana, así como disposiciones específicas para las zonas rurales, montañosas, insulares y remotas;
90. Considera de la mayor importancia que se mantenga la financiación de la política de cohesión posterior a 2020 para la EU-27 como mínimo en el nivel del presupuesto del período 2014-2020 a precios constantes; subraya que el PIB debe seguir siendo uno de los parámetros para la asignación de los fondos de la política de cohesión, pero cree que debe completarse con un conjunto adicional de indicadores sociales, ambientales y demográficos para tener más en cuenta los nuevos tipos de desigualdades entre las regiones de la Unión y dentro de estas, en todos los Estados miembros; apoya, además, la continuidad en el nuevo período de programación de los elementos que han hecho que, en el actual MFP, la política de cohesión se haya modernizado y esté más orientada a los resultados, a saber, la concentración temática, las condiciones ex ante, el marco de rendimiento y el vínculo con la gobernanza económica;
91. Está firmemente comprometido con los compromisos derivados del artículo 9 del TFUE para la consecución de una Europa social y la aplicación del pilar europeo de derechos sociales basado en el crecimiento sostenible de una economía social de mercado altamente competitiva, que tiene como objetivo el pleno empleo y el progreso social, así como el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre generaciones y la protección de los derechos del niño, conforme a lo establecido en el Tratado; destaca que dicha aplicación requiere una financiación adecuada de las políticas sociales, y subraya la consiguiente necesidad de reforzar los instrumentos existentes que contribuirán a lograr estos objetivos, en particular el Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, el FEAG y el programa EaSI; insiste en que estos instrumentos estén garantizados en el próximo MFP y que sigan siendo aplicados principalmente a través de subvenciones;
92. Reitera su llamamiento a la Comisión y a todos los Estados miembros para que establezcan un fondo especial dedicado a la Garantía Infantil, situando a los niños en el centro de las políticas en expansión de alivio de la pobreza, y garantizando los recursos correspondientes para la plena aplicación de las medidas políticas necesarias, incluida la asistencia a los progenitores para su salida de la exclusión social y de situaciones de desempleo mediante intervenciones específicas;
93. Hace hincapié en que el FSE en particular debe ampliar su apoyo al desarrollo del diálogo social, en concreto mejorando la capacitación de los interlocutores sociales, incluidos los niveles sectoriales e intersectoriales europeos, y que este compromiso debe adquirir un carácter obligatorio para los Estados miembros en todas las regiones de la Unión;
94. Subraya, en particular, la necesidad permanente de luchar contra el desempleo juvenil y la exclusión, especialmente entre los jóvenes sin estudios, trabajo ni formación («ninis»), en el marco de un planteamiento integral de las políticas de juventud a nivel de la Unión; pide, por tanto, que se duplique la dotación de la Iniciativa de Empleo Juvenil, y que se aplique plenamente la Garantía Juvenil de la UE, al tiempo que se garantice la asignación de fondos rápida y simplificada y una financiación estable y permanente en el próximo período de programación; destaca la necesidad de una regulación mejorada para proteger la participación no discriminatoria en el programa de los jóvenes procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos; considera que la inversión para impulsar la educación y la formación, en particular el desarrollo de la alfabetización digital, sigue siendo una de las principales prioridades de la Unión; insiste en que este programa no debe sustituir al gasto ya financiados anteriormente por los presupuestos nacionales;
95. Manifiesta su apoyo a los programas en los ámbitos de la cultura, la educación, los medios de comunicación, la juventud, el deporte, la democracia, la ciudadanía y la sociedad civil, que han demostrado claramente su valor añadido europeo y gozan de una popularidad duradera entre los beneficiarios; aboga, por lo tanto, por que se mantenga la inversión en el marco estratégico Educación y Formación 2020 a través de los programas Erasmus+, Europa Creativa y Europa para los Ciudadanos, a fin de que puedan poder seguir llegando a personas de todas las edades, especialmente a los jóvenes; reitera su apoyo al refuerzo de la dimensión exterior de los programas Erasmus + y Europa Creativa; recomienda, por otra parte, que se dé continuidad al Cuerpo Europeo de Solidaridad, con unos recursos adecuados que no vayan en detrimento de otros programas de la Unión; subraya, asimismo, la importante contribución de las industrias culturales y creativas para el crecimiento y el empleo en la Unión;
96. Recomienda que se establezca una Dotación Europea para la Democracia interna, a fin de reforzar el apoyo a la sociedad civil y las ONG que trabajan en los ámbitos de la democracia y los derechos humanos, cuya gestión corra a cargo de la Comisión;
97. pide, en particular, que, como mínimo, se triplique la dotación de Erasmus + en el próximo MFP con el fin de llegar a muchos más jóvenes, organizaciones juveniles y estudiantes de secundaria y aprendices en toda Europa, proporcionándoles competencias valiosas y capacidades para la vida a través del aprendizaje permanente, la educación centrada en el alumno, las oportunidades no formales e informales de aprendizaje, así como el voluntariado y el trabajo juvenil; pide que se preste una atención particular a las personas que llegan de un entorno socioeconómico desfavorecido, con objeto de que puedan participar en el programa, así como a las personas con discapacidad;
98. Pide a la Comisión que realice un seguimiento del proyecto de entregar un pase de Interrail a los jóvenes europeos de dieciocho años, y que presente un programa específico en el próximo MFP con dotaciones anuales suficientes para cubrir todas las solicitudes de un billete de tren gratuito que realicen los jóvenes europeos que cumplan dieciocho años en un año concreto; destaca que un proyecto de esta índole se convertiría en un componente esencial para aumentar la conciencia y la identidad europeas, especialmente con miras a amenazas tales como el populismo y la expansión de la desinformación; reitera que, para alcanzar el objetivo de un programa así, se espera que la Comisión presente una propuesta de base jurídica adecuada;
99. Confía en que, en el período posterior a 2020, la Unión Europea pase, en el ámbito del asilo y la migración, de la gestión de crisis a una política europea común permanente en la materia; destaca que las acciones en este ámbito deben estar cubiertas por un instrumento específico, a saber, el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI); hace hincapié en que, al igual que los organismos pertinentes de justicia y asuntos de interior (JAI), el futuro fondo debe estar dotado de un nivel adecuado de financiación para la totalidad del próximo MFP a fin de que pueda hacer frente a los retos globales en este ámbito; considera, además, que el FAMI debe complementarse con componentes adicionales que aborden este problema en el marco de otras políticas, en particular mediante los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y los instrumentos de financiación de la acción exterior, ya que ningún instrumento por sí solo podría aspirar a abordar la magnitud y complejidad de las necesidades en este ámbito; reconoce, además, la importancia de los programas culturales, educativos, de juventud y de deportes a la hora de integrar a los refugiados y los migrantes en la sociedad europea; pide a la Comisión que evalúe si el papel de las ciudades europeas en la política europea de asilo puede reforzarse introduciendo un programa de incentivos que ofrezca apoyo financiero para el alojamiento de refugiados y desarrollo económico directamente a las ciudades, a cambio de recibir refugiados y solicitantes de asilo;
100. Reconoce el valor añadido europeo de la colaboración a la hora de abordar las amenazas comunes para la salud pública; señala que ningún Estado miembro puede hacer frente por sí solo a los retos transfronterizos en materia de salud, y pide que el próximo MFP refleje la responsabilidad de la Unión en el cumplimiento del ODS relativo a la salud pública, los sistemas sanitarios y los problemas de salud relacionados con el medio ambiente, y que apoye a los Estados miembros en la supresión de las crecientes desigualdades sanitarias; considera que, sobre la base de los resultados positivos de las acciones en curso en este ámbito, el próximo MFP debe incluir un sólido programa de salud de nueva generación que aborde estas cuestiones sobre una base transfronteriza, por ejemplo a través de soluciones innovadoras para la prestación de asistencia sanitaria, incluida la sanidad digital, como las redes europeas de referencia, y que proporcione apoyo a los Estados miembros en forma de conocimientos especializados e intercambio de datos, pruebas y buenas prácticas; recuerda que una buena salud es un requisito previo para la consecución de otros objetivos establecidos por la Unión y que las políticas en ámbitos como la agricultura, el medio ambiente, el empleo, los asuntos sociales o la inclusión también repercuten en la salud de los europeos; pide, por lo tanto, que en el próximo MFP se refuercen las evaluaciones del impacto sanitario y la cooperación intersectorial en este ámbito;
Agricultura y pesca más fuertes y sostenibles
101. Afirma que una política agrícola común modernizada es fundamental para la seguridad y la autonomía alimentarias, la conservación de los núcleos de población en las zonas rurales y empleo, el desarrollo sostenible, la sostenibilidad medioambiental, agrícola y forestal, y el suministro de alimentos sanos, de alta calidad y a precios asequibles para los europeos; señala que las exigencias alimentarias y sanitarias han aumentado, del mismo modo que la necesidad de apoyar la transición de los agricultores hacia prácticas agrícolas respetuosas del medio ambiente y de luchar contra el cambio climático; destaca la necesidad de respaldar la seguridad de la renta de los agricultores y de reforzar el vínculo entre la PAC y la producción de bienes públicos; subraya que la PAC es una de las políticas más integradas y se financia principalmente a escala de la Unión, por lo que su financiación sustituye al gasto nacional;
102. Subraya que el presupuesto de la PAC en el próximo MFP debe mantenerse al menos en su nivel actual para la UE-27 a precios constantes; subraya que los nuevos retos a los que deberá hacer frente en la próxima PAC requieren una dotación financiera sólida sobre la base de análisis de la política actual y las necesidades futuras; subraya que los pagos directos generan un valor añadido europeo claro y refuerzan el mercado único al evitar distorsiones de la competencia entre los Estados miembros; se opone a toda renacionalización y a toda cofinanciación nacional para pagos directos a este respecto; subraya la necesidad de continuar las medidas por las que se mantiene la producción en sectores vitales para las zonas vulnerables, reformar la reserva de crisis agrícola, incrementar la financiación en consonancia con las respuestas a las distintas crisis cíclicas en sectores sensibles, a fin de crear nuevos instrumentos que puedan atenuar la volatilidad de los precios e incrementar la financiación para los Programas de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI); pide a la Comisión que continúe el proceso de convergencia de los pagos directos y que garantice el marco jurídico y financiero necesario para la cadena de suministro alimentario con el fin de luchar contra las prácticas comerciales desleales; señala que las zonas rurales de la Unión Europea se enfrentan a graves problemas, por lo que necesitan un apoyo específico;
103. Señala la importancia socioeconómica y ecológica del sector pesquero, el medio ambiente marino y la «economía azul» y su contribución a la autonomía alimentaria sostenible de la Unión a la hora de garantizar la sostenibilidad de la acuicultura y la pesca europeas y mitigar el impacto sobre el medio ambiente; señala que la política pesquera común es competencia exclusiva de la Unión; subraya, a este respecto, la necesidad de mantener un fondo específico, dotado adecuadamente, independiente y accesible en materia de pesca para aplicar esta política; pide el restablecimiento del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad en la pesca, ya que se trata de un programa muy importante para las regiones ultraperiféricas de la Unión; pide, como mínimo, que se mantenga el nivel de los créditos financieros destinados al sector de la pesca del MFP actual y que, si surgen nuevas necesidades, se incrementen los créditos financieros para asuntos marítimos; previene contra las posibles repercusiones negativas de un brexit duro sobre este sector; observa que otros instrumentos financieros, además de las ayudas no reembolsables, podrían ofrecer posibilidades de financiación adicionales;
Una mayor responsabilidad en el mundo
104. Subraya que el mundo se enfrenta a múltiples retos, entre los que figuran los conflictos, los ciberataques, el terrorismo y la radicalización, la desinformación, las catástrofes naturales, el cambio climático y el deterioro medioambiental, las violaciones de los derechos humanos y la desigualdad de género; considera que la Unión tiene una especial responsabilidad política y financiera que se asienta en una política exterior verdaderamente europea basada en normas y valores, y en el apoyo a la estabilidad, la seguridad, la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible de nuestros socios, así como en la erradicación de la pobreza y la respuesta a las crisis;
105. Hace hincapié en que se requiere un aumento significativo de los créditos destinados a la acción exterior para que la Unión pueda desempeñar su papel en el marco de su estrategia mundial y de sus políticas de ampliación, vecindad y desarrollo, así como a la hora de hacer frente a situaciones de emergencia; espera que el próximo MFP refleje las necesidades sin precedentes de los países de la vecindad meridional y oriental que se enfrentan a conflictos y a las consecuencias de los retos que les plantean la migración y los refugiados; pide que se destinen créditos más cuantiosos a hacer frente a las crecientes necesidades de ayuda humanitaria derivadas de catástrofes naturales y provocadas por el hombre, evitando cualquier brecha entre los compromisos y los pagos; considera que es necesario que la Unión incremente los fondos destinados al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS); destaca, además, que son necesarios recursos adicionales para financiar un plan de inversiones para África, a fin de promover el crecimiento integrador y el desarrollo sostenible y abordar así algunas de las causas profundas de la migración irregular;
106. Recuerda que la política de desarrollo de la Unión se guía por una serie de compromisos, en particular los ODS, la Agenda de Acción de Adís Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo, el Acuerdo de París sobre el clima y el Consenso Europeo sobre Desarrollo, así como la coherencia de las políticas a favor del desarrollo y los principio de la eficacia de la ayuda; llama la atención sobre el compromiso de la Unión y sus Estados miembros para incrementar su ayuda oficial al desarrollo (AOD) hasta el 0,7 % del PIB de aquí a 2030, incluyendo el 20 % de la AOD de la Unión para inclusión social y desarrollo humano y el 0,2 % de la RNB de la Unión en AOD para los países menos desarrollados;
107. Señala que la ayuda al desarrollo puede jugar un importante papel a la hora de abordar las causas últimas de la migración y contribuir a la estabilidad, pero considera que la AOD no debe ser empleada para cubrir los costes incurridos por los donantes en relación con los refugiados; señala el potencial de la AOD para facilitar la movilización de financiación procedente de otras fuentes y destaca la necesidad de una mayor participación del sector privado mediante una posible continuación del Plan de Inversiones Exteriores en función de su evaluación;
108. Apoya la provisión directa de financiación a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos, especialmente en los países terceros en que estén en riesgo la democracia y el Estado de Derecho; insiste, en este sentido, en la necesidad de que los instrumentos financieros den una respuesta rápida a los acontecimientos políticos y refuercen el principio «más por más»;
109. Está dispuesto a considerar una racionalización de la arquitectura de los instrumentos de financiación exterior, en la medida en que mejore la transparencia, la responsabilización, la eficacia, la coherencia y la flexibilidad y respete los objetivos de las políticas correspondientes; pide que se mantengan instrumentos específicos separados para la Ayuda de Preadhesión, la Vecindad, el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria en razón de su naturaleza política y financiera específica; señala que esta arquitectura debe incluir una consignación presupuestaria del FED, por encima de los topes acordados y sin incluir el Fondo de Apoyo a la Paz para África, y una incorporación más transparente de los fondos fiduciarios y de los mecanismos;
110. Destaca la importancia que reviste una mayor flexibilidad para permitir la movilización de recursos adicionales y para un rápido despliegue de la financiación; podría estudiar, como parte de un aumento general de los instrumentos de financiación exterior, una mayor reserva sin asignar destinada a aumentar la flexibilidad interna; subraya, no obstante, que una dicha flexibilidad no debe lograrse a expensas de los objetivos de las políticas a largo plazo ni de las prioridades geográficas y temáticas o de la financiación a largo plazo, ni tampoco debe disminuir el control parlamentario o las consultas con los países socios y la sociedad civil;
Seguridad, paz y estabilidad para todos
111. Considera que una nueva rúbrica dedicada a «Seguridad, paz y estabilidad para todos» sería una demostración de la prioridad otorgada por la Unión a esta responsabilidad política emergente, reconocería su carácter específico y lograría la coherencia entre sus dimensiones interior y exterior;
112. Señala que el nivel y los mecanismos de financiación en el ámbito de la seguridad interior deben mejorarse desde el principio y durante todo el período de vigencia del próximo MFP con objeto de evitar el recurso sistemático a las disposiciones de flexibilidad del MFP cada año; pide que se faciliten recursos suficientes a los organismos encargados de la observancia de la ley (Europol, Eurojust y CEPOL) y que se dote la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud (eu-LISA) de los medios necesarios para desempeñar y gestionar sus nuevas competencias; destaca el papel de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a la hora de comprender y responder a los fenómenos de la radicalización, la marginación, el discurso del odio y los delitos motivados por el odio;
113. Considera que el próximo MFP debe apoyar la creación de una Unión Europea de Defensa; aguarda con interés, tras los anuncios de la Comisión en la materia, las propuestas legislativas correspondientes, incluido un programa de investigación específico en materia de defensa de la Unión y un programa de desarrollo industrial, complementados por la inversión de los Estados miembros en equipos de colaboración; reafirma en este sentido su firme convicción de que las prioridades políticas adicionales deben ir acompañadas de recursos financieros adicionales; recuerda que la intensificación de la cooperación en materia de defensa, la puesta en común de la investigación y los equipos y la eliminación de duplicaciones impulsarán la autonomía estratégica y la competitividad de la industria de defensa europea y darán lugar a una mejora considerable de la eficiencia, a menudo estimada en unos 26 000 millones EUR al año;
114. Pide, en el contexto de la mayor atención prestada a las cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa de la Unión, que se lleve a cabo una reevaluación de todos los gastos de seguridad exterior; aguarda con interés, en particular, una reforma del mecanismo Athena y del Fondo de Apoyo a la Paz para África tras la inclusión del FED en el presupuesto; acoge con satisfacción los compromisos asumidos recientemente por los Estados miembros en el marco de la cooperación estructurada permanente, y pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como a la Comisión que faciliten aclaraciones en lo que respecta a su futura financiación; pide un programa sucesor del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz que se centre en la respuesta a las crisis y la construcción de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo, a la vez que se busca una solución correcta jurídicamente para la construcción de capacidades militares;
115. Hace hincapié en la importancia fundamental del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, que ha facilitado la asistencia coordinada de la Unión en catástrofes naturales y de origen humano en toda la Unión y más allá de sus fronteras; señala el valor añadido incuestionable de las operaciones de protección civil a la hora de combatir de forma eficaz las catástrofes que son cada vez más frecuentes y complejas, impulsando al mismo tiempo el sentimiento de solidaridad europea entre ciudadanos de la Unión en momentos de necesidad; acoge con satisfacción las propuestas recientes de la Comisión de impulsar la protección civil de la Unión mediante el refuerzo de las medidas de preparación y prevención, incluido el establecimiento de una reserva específica para las capacidades operativas a nivel de la Unión; pide que la acción reforzada en este sentido vaya acompañada de financiación adecuada en el marco del próximo MFP;
Una administración eficiente al servicio de los europeos
116. Considera que, para realizar las políticas de la Unión y restablecer la confianza y reforzar el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos a todos los niveles, es indispensable contar con una administración pública fuerte, eficaz y de alta calidad; subraya, en ese sentido, el papel de las instituciones compuestas por miembros elegidos democráticamente; recuerda que, según el Tribunal de Cuentas, las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión Europea han aplicado un 5 % de reducción de personal según lo establecido en sus plantillas de personal; opina que no deben ser objeto de un nuevo planteamiento de reducción horizontal de este tipo; expresa su firme oposición a una repetición de la denominada reserva para la redistribución de organismos;
117. Acoge con satisfacción las iniciativas adoptadas por las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión para seguir mejorando la eficiencia mediante la cooperación administrativa y la puesta en común de determinadas funciones, lo que se traduce en un ahorro para el presupuesto de la Unión; destaca que, en el caso de determinados organismos, se podría ganar en eficiencia, especialmente mediante una mayor cooperación entre los organismos con tareas similares, por ejemplo, en el ámbito de la supervisión del mercado financiero, y en el caso de los organismos con varias sedes; pide, de forma más general, que se realice una evaluación exhaustiva de las posibilidades de agrupar organismos en función de la naturaleza estratégica de su misión y resultado a fin de crear sinergias entre organismos, por ejemplo en relación con la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados en París;
118. Considera que las instituciones y órganos de la Unión deben respetar los equilibrios geográfico y de género;
119. Pide a la Comisión que proponga un mecanismo mediante el cual los Estados miembros que no respeten los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) deban afrontar consecuencias financieras; advierte, no obstante, de que los beneficiarios finales del presupuesto de la Unión no pueden verse afectados en modo alguno por las infracciones contra normas de las que no son responsables; está convencido, por consiguiente, de que el presupuesto de la Unión no es el instrumento adecuado para abordar el incumplimiento del artículo 2 del TUE, y de que cualquier consecuencia financiera debe ser afrontada por el Estado miembro al margen de la ejecución del presupuesto;
120. Destaca que la erradicación de las discriminaciones, así como la desigualdad de género y la violencia de género, es esencial para cumplir los compromisos de la Unión por una Europa integradora; apoya, por consiguiente, la integración de la perspectiva de género y los compromisos con la igualdad de género en todas las políticas de la Unión en el próximo MFP, así como una dimensión presupuestaria reforzada en la lucha contra todas las formas de discriminación, con especial atención a la dimensión de género en las políticas de migración y asilo y en las políticas exteriores de la Unión;
121. Destaca la necesidad de garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios sexuales y reproductivos, y de prestar especial atención a las necesidades específicas de las personas vulnerables, incluidos los menores y otros colectivos, como por ejemplo la comunidad LGBTI;
122. Aboga por que se preste un apoyo específico a los grupos objetivo desfavorecidos, especialmente a las personas con discapacidad y al pueblo romaní, excluyendo explícitamente las prácticas segregadoras, y defiende en particular que la denominación de «pueblo romaní» se mantenga en la lista de los beneficiarios del FSE y el FEDER;
123. Observa que, debido a su situación de aislamiento respecto del continente europeo, las regiones ultraperiféricas (RUP) y los países y territorios de ultramar (PTU) se enfrentan a retos específicos de orden natural, económico y social; considera que deberían establecerse para ellas medidas específicas y excepciones debidamente justificadas; aboga por la continuidad del apoyo financiero de la Unión a las RUP y los PTU en el próximo MFP, especialmente en el marco de la política de cohesión para las RUP y de un instrumento específico para los PTU, para que puedan acceder a los programas de investigación y para combatir los retos de cambio climático que les son específicos;
124. Insta a la Comisión, en aras de la buena gestión financiera y transparencia del presupuesto de la Unión, a que considere establecer las condiciones adecuadas para evitar la corrupción y el fraude financiero de los fondos de la Unión; Expresa su especial preocupación por el fraude aduanero, que ha supuesto una pérdida significativa de ingresos para el presupuesto de la Unión; pide a los Estados miembros que cuestionaron el marco jurídico de la Unión para las infracciones y las sanciones aduaneras que reconsideren su posición para permitir que este problema se solucione rápidamente;
IV.Procedimiento y proceso de toma de decisiones
125. Recuerda que la adopción del Reglamento del MFP requiere la aprobación del Parlamento; destaca, además, que el Parlamento y el Consejo constituyen las dos ramas, en pie de igualdad, de la Autoridad Presupuestaria para la adopción del presupuesto anual de la Unión, mientras que la legislación sectorial que establece la gran mayoría de los programas de la Unión, con sus correspondientes dotaciones financieras, se decide con arreglo al procedimiento legislativo ordinario; espera, por consiguiente, un procedimiento de toma de decisiones sobre el próximo MFP que salvaguarde el papel y las prerrogativas del Parlamento, tal como establecen los Tratados; insiste en que el Reglamento sobre el MFP no es el lugar adecuado para introducir cambios en el Reglamento financiero de la Unión; insta a la Comisión a que presente una propuesta separada de revisión del Reglamento financiero de la UE siempre que sea necesario introducir modificaciones en dicho Reglamento;
126. Expresa su disposición a entablar inmediatamente un diálogo estructural con la Comisión y el Consejo sobre el MFP posterior a 2020 con el fin de facilitar las negociaciones posteriores y permitir un acuerdo antes del final de la presente legislatura; está dispuesto a debatir con el Consejo las posiciones recogidas en la presente Resolución, a fin de facilitar una mejor comprensión de las expectativas del Parlamento sobre el próximo MFP;
127. Subraya que, con las propuestas de la Comisión anunciadas para mayo de 2018, la decisión formal sobre el próximo MFP debe tomarse en el plazo de un año; considera que, pese al retraso inicial en la presentación de las propuestas de la Comisión, es preciso alcanzar un acuerdo oportuno para el marco posterior a 2020 para enviar un importante mensaje político en cuanto a la capacidad de la Unión para reforzar el consenso sobre el futuro de la UE y sobre los medios financieros correspondientes; insiste en que este calendario permitirá, por ejemplo, adoptar con diligencia todos los reglamentos sectoriales, lo que permitirá que los nuevos programas puedan entrar en vigor puntualmente el 1 de enero de 2021; recuerda que, en anteriores marcos financieros, los nuevos programas se ponían generalmente en marcha algunos años después del inicio del período;
128. Considera que el Parlamento nuevamente elegido podrá, por mayoría absoluta de los miembros que lo componen, en un plazo de seis meses después de las elecciones europeas, pedir a la Comisión que proponga una revisión de la legislación sectorial por la que se establecen los futuros programas de la Unión para el próximo MFP, adoptada durante la anterior legislatura;
129. Subraya, por lo tanto, la necesidad de que se inicien debates de fondo entre las tres instituciones sin demora; destaca que todos los elementos del Reglamento del MFP, incluidos los límites máximos del MFP, formarán parte de las negociaciones del MFP y deben permanecer sobre la mesa hasta que se alcance un acuerdo definitivo; recuerda, a este respecto, su posición crítica sobre el procedimiento que condujo a la adopción del Reglamento del MFP actual y el papel predominante asumido por el Consejo Europeo en este proceso al pronunciarse de forma irrevocable sobre una serie de elementos, incluidos los límites máximos del MFP y varias disposiciones relacionadas con políticas sectoriales;
130. Es de la opinión de que los procedimientos relativos a las próximas negociaciones del MFP y, especialmente, la participación del Parlamento en las diferentes etapas de este proceso deben acordarse sin demora bajo la Presidencia búlgara y antes de la presentación de las propuestas sobre el MFP; espera, en este sentido, que la Comisión proporcione al Parlamento, de manera oportuna, las mismas informaciones que se pongan a disposición del Consejo; considera que estas disposiciones deben integrarse en última instancia en el Acuerdo interinstitucional, tal como sucede en el procedimiento presupuestario anual;
131. Considera que el requisito de unanimidad para la aprobación del Reglamento del MFP constituye un verdadero obstáculo para el proceso; pide al Consejo Europeo, en este contexto, que active la «cláusula pasarela» prevista en el artículo 312, apartado 2, del TFUE, para permitir la adopción del Reglamento sobre el MFP por mayoría cualificada; recuerda, asimismo, que también puede recurrirse a la «cláusula pasarela» general contemplada en el artículo 48, apartado 7, del TUE para aplicar el procedimiento legislativo ordinario; subraya que cambiar a una votación por mayoría cualificada para la aprobación del MFP iría en consonancia con el proceso de toma de decisiones para la aprobación de la práctica totalidad de programas plurianuales de la Unión, así como del procedimiento anual de aprobación del presupuesto de la Unión;
132. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a las demás instituciones y órganos interesados, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0309.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0010.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0363.
(8) DO L 282 de 19.10.2016, p. 1.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0076.
Última actualización: 6 de noviembre de 2018 Aviso jurídico - Política de privacidad