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Timestamp: 2017-09-22 13:36:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 65', 'artículo 392', 'artículo 198', 'artículo 22', 'artículo 244', 'artículo 516', 'artículo 244', 'artículo 516', 'artículo 244', 'artículo 244', 'artículo 244', 'artículo 104', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7']

BLOGUINDIS | Cuaderno de ocurrencias | Página 2
El testigo ha de ser ajeno a los derechos que se ventilen en el proceso, por lo que no podrían actuar como testigos, ni el Juez ni el fiscal encargados de intervenir en el procedimiento, salvo que se abstengan de actuar como juez o como fiscal. Tampoco podrían actuar como testigos los acusados de un hecho delictivo, aún cuando, evidentemente, si podrán prestar declaración con independencia de su posición procesal. Las declaraciones de los acusados, aún siendo del mismo tipo que la de los testigos, no tienen el carácter de testimonio, ya que los deberes del testigo y del acusado son diferentes y también lo son diferentes las consecuencias de sus actos.
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2-enero-2011
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¿QUÉ HACE LA POLICÍA LOCAL? marzo, 2010
DELITOS POR CONDUCIR SIN PERMISO O LICENCIA diciembre, 2009
JUICIO DE FALTAS septiembre, 2009
LA INHABILITACIÓN Y LA REHABILITACIÓN febrero, 2009
¿Cobran comisión por poner multas? agosto, 2009
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Para quien no lo sepa Pedro José Torrado es el policía local de Arroyo de San Serván (Badajoz), que hace unos día liberó a una niña de 14 años que había sido raptada y obligada a prostituirse. La menor, según parece, procedía de un barrio lujoso de Madrid y se enamoró de un joven rumano, quien, por más señas, se dedicaba a robar coches. La menor fue obligada a prostituirse y así ha permanecido durante más de dos meses.
Tras la intervención de Pedro, trece personas fueron detenidas por la guardia civil acusados de detención ilegal, extorsión y exploración sexual. De entre los detenidos siete son miembros de la familia rumana que la había raptado y otros cinco vecinos del pueblo, entre ellos, el juez de paz y, según parece, un concejal de Izquierda Unida, quien tras ser detenido y puesto en libertad con cargos, se quitó la vida pegándose un tiro en la cabeza con una escopeta de caza. Toda una sórdida historia que ha acaparado la atención de los medios de comunicación de todo el país.
El calvario que ha debido sufrir la menor es difícilmente imaginable. Fue engañada por su “novio” rumano, a quien, según la información facilitada por los medios de comunicación, conoció en la calle, se encaprichó de él y, tras varios encuentros, la convenció para que le acompañara hasta el pueblo. El joven rumano y su familia la sometieron malos tratos y todo apunta a que fue ofrecida sexualmente los vecinos del pueblo por treinta o cincuenta euros durante casi tres meses. Y todo ello con el desconocimiento de una parte de la población, la complicidad de otra parte y el silencio de la mayoría. Ni el ayuntamiento sabia nada, ni la guardia civil, ni la jueza que investiga el caso, ni nadie.
Fue únicamente Pedro quien decidió tomar cartas en el asunto y, tras tener noticias de lo que estaba ocurriendo, acabó con el cautiverio de la menor liberándola. Pedro había conseguido localizar el paradero de la niña gracias a sus confidentes. Tras ser rescatada, Pedro la entregó a la Guardia Civil y posteriormente fue trasladada a un centro de menores de Montijo, donde pudo contactar por primera vez con sus padres. “Era una niña de 14 años que aparentaba tener 12. Delgadita, muy poquita cosa, asustada y estaba muy débil. Intenté tranquilizarla”. Contaba el policía Pedro en días posteriores.
A pesar de la escabrosidad de la historia, parecía que se prometía un final feliz. Pero no fue así. Pedro, nuestro personaje, el autor de la liberación de la niña y que unos día antes era considerado un héroe por su acción, fue detenido el día de nochebuena por la Guardia Civil.
Ha sido acusado de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, es decir, se le acusa de haber filtrado información confidencial a la prensa sobre el rescate de la niña, después de que la jueza de instrucción de Montijo decretara el secreto del sumario para proteger a la menor.
Realmente es difícil comprender determinadas cosas. No parece lógico que la única persona que tuvo la iniciativa para rescatar a la niña, con mejor o peor criterio, pero con absoluto éxito, se encuentre ahora incurso en una acusación por revelar supuestos “datos” confidenciales, cuando en este país, si de algo podemos sentirnos especialmente “orgullosos” es precisamente de que la opinión publica conoce detalles de determinadas investigaciones declaradas secretas por los respectivos jueces, antes incluso que los propios investigados o imputados y de que los casos más aberrantes ocurridos en los últimos años se han ventilados en las tertulias televisivas sin que nadie haya hecho absolutamente nada para remediarlo. Es realmente chocante que en un primer momento los acontecimientos tuvieran como centro de atención lo realmente importante de la historia, que no es ni más ni menos que la liberación de la menor, y que se haya desviado el punto de atención hacia la persona que efectivamente ha propiciado que esa historia tuviera un final razonablemente feliz, pero no precisamente para reconocerle su acción, sino para todo lo contrario.
Pedro fue detenido en nochebuena, como un vulgar delincuente. No podían haber esperado a otro momento más oportuno. Ni su condición de agente de la autoridad, ni su entrega al realizar un más que meritorio servicio a la sociedad, ni que es una persona muy conocida en el pueblo, fueron tenidos en cuenta por los agentes de la Guardia Civil que procedieron a su detención, a pesar de que no existieran indicios de que Pedro pretendiera eludir la acción de la justicia, en el supuesto de que sus declaraciones hubieran perjudicado de alguna forma la investigación, y a pesar de que esa investigación y las posteriores detenciones no se habrían iniciado si no hubiera sido por la intervención de Pedro (al menos es probable que los hechos hubieran tardado más en conocerse y se habría prolongado el sufrimiento de la menor).
La esposa de Pedro apunta que la iniciativa de la detención no partió de la jueza, sino de la Guardia Civil, aunque aquella ha tomado la denuncia en consideración, y en algunos foros se apunta a rencillas personales. No lo sé, supongo que eso se aclarará en las próximas semanas.
Lo que si parece cierto, al menos así parece publicado en facebook, es que Pedro viene denunciando desde hace algún tiempo acoso laboral en su trabajo.
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La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, según la redacción dada por la Ley 18/2009 por la que se modifica dicha ley, pretende implicar al titular del vehículo de forma más activa en la responsabilidad de su circulación. Para ello establece una serie de obligaciones, que también afectan al arrendador. Entre ellas se regula la obligación de conocer quien hace uso del vehículo en cada momento y si dicha persona que lo conduce cuenta con la autorización administrativa necesaria para conducirlo, estando obligado su titular, en su caso, a impedir que el vehículo sea conducido por quienes nunca hubiesen obtenido el permiso o licencia correspondiente. De esa obligación genérica de conocimiento se deriva el deber de comunicar a la Administración la persona que conducía el vehículo cuando se detecta una infracción cometida con éste, aún cuando el titular queda exento de dicha obligación, si previamente ha indicado quien hace uso del vehículo como conductor habitual. En este caso será a este conductor habitual a quien afecte las obligaciones que correspondieran al titular…
El artículo 9 bis de la Ley de trafico establece, efectivamente, que es obligación del titular, del arrendatario a largo plazo y del conductor habitual facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de ser cometida la infracción, debiendo incluir, además, el número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores, o, en caso de no figurar en dicho registro, deberá disponer de copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España o copia del contrato de arrendamiento en los casos de empresas de alquiler de vehículos sin conductor y facilitarla en todos los casos a la Administración cuando le sea requerida.
El artículo 65 4 v. califica como infracción grave el incumplimiento de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o licencia de conducir correspondiente, mientras que el párrafo 5 j. del mismo artículo califica como infracción muy grave el incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehículo de la obligación de identificar al conductor responsable de la infracción que se hubiese cometido con él, cuando hayan sido requerido para ello en el plazo establecido. Pero esta identificación, tal y como establece este artículo, debe ser VERAZ, porque será contra ese conductor designado contra quien se dirigirá el expediente sancionador, es decir, no sería admisible identificar como conductor, por ejemplo, a una persona que tuviera su residencia en el extranjero, sin acreditar que en el momento de cometerse la infracción se encontraba en España.
Con esta regulación parece que la administración cierra la posibilidad de que la sanción de aquellas infracciones no notificadas en el acto puedan ser eludidas mediante el fácil recurso de inventar un conductor ficticio o de facilitar datos de un conductor real pero que se encuentre fuera del alcance del poder sancionatorio de la administración. A pesar de ello es posible imaginar alguna situación que se escape del férreo control que se pretende, por ejemplo, cuando en el acto de facilitar la identidad del supuesto conductor, en lugar de hacerlo el titular, lo realiza una tercera persona, quien, sin conocimiento del titular pero actuando en su nombre, inventa una identidad o facilita datos de alguna persona contra la que no se podrá dirigir la administración Es decir, cuando esa tercera persona se extralimita o se desvía del encargo que le haya realizado el titular del vehículo. Ya se que esta es una posibilidad, tal vez, remota, pero no imposible. Y este es el caso juzgado por Sección Sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña, con sede en Santiago de Compostela, con sentencia de diez de junio de dos mil diez.
En este caso un juzgado de instrucción de Santiago de Compostela había instruido diligencias previas por un presunto delito de falsificación imprudente de documentos públicos contra un agente de la policía local. Los hechos fueron calificados por el fiscal como un delito de falsedad en documento oficial, previsto en el artículo 392 del Código Penal y un delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 198, concurriendo en el acusado la agravante de haberse prevalido del carácter público, prevista en el artículo 22 del CP. Por su parte la defensa alegó que los hechos no eran constitutivos de delito. El hecho fue juzgado por la Audiencia Provincial.
Según la relación de hechos probados, el agente de policía entregó en la Jefatura de Tráfico un documento oficial (boletín de denuncia según la sentencia) en el que hacía constar, de su puño y letra, que el conductor del vehículo sancionado era una persona con residencia en Estados Unidos, lo que no era cierto. El titular del vehículo declaró que él había entregado el boletín de denuncia al acusado, al que conocía y con el que tenía amistad, porque sabía que era policía local y le dijo que “iba a mirar para hacer algo” y que no supo nada más de la denuncia hasta que, bastante tiempo después, le comunicaron que la identidad del conductor que habían facilitado era falsa. Según el titular del vehículo, el agente de policía le había manifestado posteriormente que los datos falsos del conductor los había bajado de internet. La prueba caligráfica demostró la autoría de la falsedad y quedó acreditado que el conductor designado no era la persona que conducía el vehículo, tal y como reconoció el titular.
Como vemos esta es una de esas posibilidades de las que hacía mención anteriormente, donde el titular del vehículo quedaría exento de responsabilidad, tanto administrativa como penalmente, dado que (aunque por mediación de un tercero) había cumplido o, al menos, no había desatendido el requerimiento de la administración y no había participado en la creación de la ficción.
En este caso la Sala reconoció que se habían introducido falsedades en un documento oficial y que dicha falsificación la había cometido un particular, puesto que aunque el acusado tuviera la condición de funcionario, no realizó la falsificación en el ejercicio de sus funciones, pero, discrepando del criterio del fiscal, la Sala consideró que dicha falsificación no era constitutiva de delito. Y consideró que los hechos no eran constitutivos de delito porque para que se dé el delito, la alteración del documento ha de afectar y realizarse sobre elementos esenciales, que requiere la modificación y cambio del contenido previo del documento, por ejemplo, tal y como establecía el anterior Código Penal, contrahacer fingir la firma, alterar las fechas verdaderas, introducir alteraciones, supresiones, adiciones o intercalaciones que varíen el sentido del documento. Es decir, es necesario un contenido previo que, a consecuencia de la acción de falsedad, sea modificado o bien que se finja la letra de otra persona para aparentar que es esa otra persona la autora de lo escrito o fingir la firma de otra persona o poner una fecha diversa de aquella en la que el documento se hubiera confeccionado. Pero ello no significa que en este supuesto entre cualquier falta de coincidencia, aunque fuera esencial, entre lo que enuncia el documento y la realidad.
En este caso la Sala reconoce que no ha habido tal alteración del documento, dado que no se añade ni intercala nada al contenido previo, ni se finge letra o firma, sino que el acusado lo que hizo fue rellenar un cajetín que debía ser cumplimentado por el particular al ser requerido para identificar al conductor del vehículo. El requerimiento oficial se completó, cubriendo el apartado que debía rellenar el particular, aunque se completara faltando a la verdad en la narración de los hechos. Pero faltar a la verdad no es alterar un documento en el que esos datos no constaban previamente. La Sala reconocía que esta conducta puede ser reprobable, especialmente porque podría causar graves perjuicios a la persona a la que se había señalado falsamente como conductora, pero, aún siendo reprobable esta conducta realizada por un particular, no encuentra encaje en ningún tipo delictivo, salvo que esa declaración la hubiera realizado como testigo en un procedimiento judicial.
Finalmente, el agente de policía local también fue acusado, como más arriba he mencionado, de un delito de revelación de secretos, aún cuando no se pudo saber como obtuvo los datos del conductor que hizo constar en el documento. Se pudo averiguar que el conductor señalado había vivido durante un tiempo no coincidente con la denuncia de tráfico en España, en Santiago de Compostela, y en su momento había presentado una denuncia por sustracción de un bolso conteniendo documentos con sus datos de identidad. Esa denuncia la había presentado en la Comisaría del CNP y los datos fueron incorporados al correspondiente registro informático. El Fiscal había deducido que el acusado tuvo conocimiento, pudo acceder, apoderarse y usar datos reservados de carácter personal o familiar obrantes en el registro o archivo público, gracias a su condición de agente de policía local, pero tal extremo no pudo ser probado. Además, el acusado, como agente de la policía local, no tenía acceso directo a los datos obrantes en los registros de la policía nacional, ni tenía clave de acceso para entrar en la terminal del sistema informático de la policía local, sus funciones habituales no eran administrativas, y en este cuerpo no constan datos sobre denuncias o recuperación de objetos relacionados con el conductor ficticiamente señalado, por lo que la Sala dedujo que el acusado no pudo tener conocimiento oficial de esos datos y tampoco se pudo inferir que los obtuviera de forma oficiosa. No se considera suficiente el indicio de que el acusado fuera policía local, ni que no fuera capaz de facilitar una explicación del modo en el que obtuvo esos datos, dado que existen otras muchas posibilidades de conocimiento, ajenas a la vía del registro y que si podrían estar relacionadas con su actuación como agente en la calle, lo que tampoco pudo ser probado. Además, se dio la circunstancia de que los datos que introdujo en el documento eran todos correctos, mientras que los que obraban en el registro eran parcialmente erróneos.
Por todo ello, la Sala lo absuelve libremente, al no haber quedado probado que el acusado cometiera ambos delitos.
El agente de policía tampoco podría ser sancionado por infracción a las normas de tráfico por estos hechos, dado que la obligación de identificación del conductor responsable compete exclusivamente al titular del vehículo o al arrendatario.
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Algunos delitos resultan a veces un verdadero quebradero de cabeza para los operadores jurídicos y lo son mucho más para los agentes de policía, que han de afrontar el reto de identificar el hecho, identificar y detener a los autores y recoger todas las pruebas del delito, y todo ello, normalmente, en un plazo de tiempo extremadamente corto. Luego, los operadores jurídicos (jueces, fiscales, abogados) dispondrán de “todo el tiempo de mundo” (es un decir) para analizar y desmenuzar el hecho y todas las circunstancias que hayan concurrido e incluso dedicarán años a debatir el significado de algunos de los términos incluidos en el tipo. Hay un grupo de delitos que presentan estas notas y que, a pesar de su cotidianidad y proximidad , no dejan de ser sumamente complejos y provocan multitud de debates en distintos foros. Así es, la regulación de los delitos de robo y hurto de uso de vehículos a motor y ciclomotores es más compleja de lo que a primera vista pudiera parecer, entre otras cuestiones, debido a la aparente indecisión del legislador a la hora de optar por una u otra redacción, integrando o no algún elemento, que luego ha sido reformado y posteriormente nuevamente contrarreformado, y por la imprecisión de los contornos de estos delitos…
La actual redacción de los delitos de robo y hurto de uso de vehículo a motor o ciclomotores viene establecida en el artículo 244 del Código Penal, que textualmente establece lo siguiente:
A primera vista no parece que esta redacción presente grandes problemas de interpretación, pero no es así. En este primer momento no voy a tratar de desentrañar todos los misterios, que tampoco lo pretendo. Me quedo, por el momento, en los dos primeros verbos: SUSTRAER y UTILIZAR y solo tengo la intención de hacer algunas reflexiones al respecto, sin mayores pretensiones. Pero antes un poco de historia para saber por donde andamos:
El uso “ilícito” de un vehículo de motor ajeno fue introducido en la legislación española por la Ley del Automóvil de 09/05/1950. Esa primera regulación, sufrió sucesivas modificaciones, por ejemplo mediante la Ley sobre Uso y Circulación de Vehículo de Motor de 24/12/1962 (donde se hablaba de hurto de uso), hasta que en 1967 se incluyó en nuestro Código Penal (donde se hablaba de robo y hurto de uso). En 1974 se dio nueva redacción a estos ilícitos y en el artículo 516-bis (dónde se hablaba de utilización ilegítima de vehículos de motor ajenos) se castigaba a quien utilizara un vehículo de motor ajeno, cualquiera que fuera su clase, potencia o cilindrada, sin la debida autorización y sin ánimo de haberlo como propio.
Esta regulación provocó grandes problemas interpretativos, por lo que en 1995, con el nuevo Código Penal, se introdujo el artículo 244 (donde se habla nuevamente de robo y hurto de uso de vehículos) que castigaba a quien sustrajera un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, cuyo valor excediera de 50.000 pesetas, sin ánimo de apropiárselo. Es decir, se abandona el verbo UTILIZAR y se adopta exclusivamente el SUSTRAER. En 2003 vuelven a modificar este artículo y se introduce nuevamente la utilización sin la debida autorización, manteniendo la sustracción.
Como puede apreciarse unos cambios sistemáticos y de denominación de lo más gratificante, que seguramente habrá contribuido a poner las cosas claras.
Hay tener en cuenta que nuestro Código Penal ha optado por no tipificar el hurto y robo de uso con carácter general, sino solo cuando se refiera a vehículos a motor y ciclomotores, es decir, no existe en nuestro derecho el hurto o robo de uso de cualquier cosa.
Con la redacción que tenía el antiguo artículo 516 bis del Código de 1973 se planteaba la duda de si cometía delito aquellos que poseían legalmente el vehículo por cualquier título y lo utilizaban fuera de los límites para los que estaban autorizados, por ejemplo el caso típico del mecánico que usa para su propio beneficio el vehículo que tiene en depósito para ser reparado. Cuando en 1995 se introduce el artículo 244, y se abandona el verbo “utilizar”, gran parte de las dudas que planteaba la anterior redacción quedaron “resueltas” o al menos un poco más claras, dado que este nuevo artículo solo castigaba a quien sustrajera el vehículo a motor o el ciclomotor y si somos poseedores, por cualquier título, no podemos sustraer algo que ya está en nuestro poder. Para hurtar o robar un bien es necesaria una traslación de la posesión que no se da cuando ya somos poseedores del vehículo, por ejemplo como depositarios.
¿Cómo quedaban estos casos de utilización del vehículo más allá de lo autorizado?. Pues una gran parte de la doctrina entendía que, en estos casos, quien tuviera el vehículo en su poder e hiciera un uso no autorizado de él, solo incurría en un “ilícito civil”, dado que en nuestro derecho no existe la figura de “apropiación indebida de uso”, es decir, que todo quedaba en el incumplimiento de un contrato: bien de depósito, bien de arrendamiento, bien de reparación, etc., que sólo podría obtener satisfacción en el ámbito civil.
En aquella redacción del artículo 244 no se exigía la utilización del vehículo, recordemos que sólo se exigía la “sustracción”. Esto podría llevarnos a pensar que la simple sustracción era suficiente para que el delito se hubiera cometido, es decir, lo determinante para que se entendiera cometido el delito podría ser la sustracción y no la utilización. Pero, no obstante, debemos tener en cuenta que la denominación del capítulo donde se insertaba este artículo: “Robo y hurto de uso”, nos debe llevar a considerar que solo puede incluirse en este delito aquella sustracción que esté orientada hacia su utilización. Y no a cualquier uso precisamente, sino sólo a aquel uso que sea el destino natural del vehículo, es decir, la circulación y el desplazamiento. De esta forma quedarían fuera del precepto, y por tanto no serían castigadas por este artículo, por ejemplo, la utilización del vehículo para dormir, como almacén o simplemente para resguardarse de las inclemencias del tiempo. Pero lo que si había que tener en cuenta es que la “utilización” no es sinónimo de conducción, por lo que incurrirían en el delito tanto los que condujeran el vehículo, como los acompañantes, siempre y cuando todos ellos hubieran participado en la sustracción. Si no hubieran participado en la sustracción y conocieran su ilícita procedencia (incluyendo al conductor y a los pasajeros) únicamente podrían responder como receptadores o como encubridores.
Con la última reforma del artículo 244 se despejan algunas dudas y se refuerza la interpretación que acabo de exponer, pero surgen otras, dado que se vuelve a castigar expresamente la “utilización” sin la debida autorización. Ahora la sustracción y la utilización del vehículo se establecen de forma alternativa, de tal forma que, no solo es castigado el que sustrae el vehículo, sino también quien lo utiliza sin autorización, o bien es castigado el que sustrae o quien utiliza el vehículo sin autorización, pero en ambos casos bajo la misma denominación que tenía el capitulo: “Robo y hurto de uso”.
La duda que puede suscitar, a mi al menos me la plantea, esta última redacción es si el término “utilización” viene a dar sentido y a especificar el contenido de la sustracción, eliminando, o, mejor aún, haciendo innecesaria la interpretación sistemática a la que, tanto la doctrina como la jurisprudencia, se vieron obligadas a recurrir y que he expuesto más arriba o si lo que se ha pretendido es ampliar los conceptos de robo y hurto de uso, incluyendo y castigando ahora como autores, tanto a los que participan en la sustracción, como a los que hacen uso del vehículo sin haber participado en su sustracción, bien como conductores o bien como pasajeros (sin que sea ya necesario recurrir a las figuras de la receptación o del encubrimiento) o si lo que se ha pretendido es volver a incriminar determinadas conductas que habían quedado fuera y sometidas únicamente al ámbito civil. Otra vez aparecen los mismos fantasmas que tantos quebraderos de cabeza dieron en el pasado.
Todo parece indicar que lo correcto sería interpretar esta modificación en los dos primeros sentidos, es decir, el término “utilización” da sentido y especifica la sustracción y, además, se ha ampliado el concepto de robo y hurto de uso, incluyendo ahora como autores tanto a quien participa en la sustracción, como a quien utiliza (sea como conductor o sea como pasajero) el vehículo en un momento posterior sabiendo que el vehículo había sido sustraído por otra persona.
Hay que tener en cuenta, finalmente, que si la sustracción del vehículo se realiza con otros fines distintos a su utilización, nos encontraríamos ante el robo o hurto común.
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El pasado 21 de mayo se publicó en el BOE 124, la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
Esta nueva ley tiene carácter de Orgánica, salvo los artículos 19 a 47, ambos inclusive, así como las disposiciones adicionales, las disposiciones transitorias, el apartado segundo de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y séptima, es decir, tendrán rango orgánico el título preliminar y el título I en su conjunto, así como cinco artículos del título II, por recoger aspectos básicos del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución.
Hay que recordar también como novedad, que esta norma será aplicable a los Cuerpos de Policía Local en virtud de lo manifestado en la Disposición Adicional Sexta. Novedad que no es tal para los cuerpos de policía local de Andalucía, por cuanto la Ley de Coordinación de la Policía Local de 2001 de esta comunidad ya preveía que el régimen disciplinario aplicable a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local es el establecido para el Cuerpo Nacional de Policía.
Un lector de este blog preguntaba, acertadamente, si se había incluido o no la prohibición de beber alcohol estando de servicio, tal y como había anunciado el Ministro del Interior, y ello me ha llevado a tratar de encontrar una respuesta adecuada, cuya contestación, por su importancia, excede el ámbito de un simple comentario.
Así es, la ley NO PROHÍBE a los agentes, a los que es de aplicación esta norma, el consumo de alcohol estando de servicio. El artículo 7. l) de la ley sí prohíbe, en cambio, el simple consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio, sancionando también como infracción muy grave el realizar el servicio encontrándose bajo los efectos manifiestos de los productos citados. La prohibición respecto al alcohol es la de EMBRIAGARSE estando de servicio y, al igual que en el caso de las drogas, el prestar servicio encontrándose bajo los efectos manifiestos del alcohol, tal y como ya establecía el Reglamento del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía aprobado por Real Decreto 884/1989, de 14 de julio.
Lo primero que habrá que plantearse será la delimitación del término “embriagarse”. Según el Diccionario de la Rae, embriagarse significaría el causarse a uno mismo un estado de turbación pasajera de la capacidad para ejecutar algo mediante la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, o bien, el propio estado de intoxicación por alcohol.
Si entendemos el término “embriagarse” como un proceso, habría que admitir una prohibición implícita de consumo de alcohol estando de servicio (tolerancia cero). Pero si lo entendemos como un estado, el siguiente problema sería determinar el grado de embriaguez que sería necesario alcanzar para que pueda ser sancionado, porque es evidente que consumir, por ejemplo, una caña de cerveza no podría ser considerado como tal. El primer supuesto podría ser descartado, dado que si se hubiera querido prohibir el consumo se habría prohibido taxativamente de la misma forma que se ha hecho con el resto de sustancias.
La ley no da pistas para determinar qué grado de embriaguez sería punible, por lo que únicamente podemos recurrir a otras normas que regulan determinadas conductas relacionadas con el alcohol, las drogas tóxicas y estupefacientes y su influencia en la capacidad para realizar determinada actividad. Por tanto, sería preciso recurrir a las normas que regulan la conducción y circulación de vehículos y aquí ya se presenta algún que otro problema interpretativo.
Si ponemos en conexión las normas administrativas que regulan la conducción de vehículos, con la norma de la que hablamos, llegaremos a la conclusión de que las distintas tasas reguladas en la norma administrativa solo serían aplicables cuando el agente de servicio, además, tenga que conducir o conduzca vehículos de servicio público (vehículos policiales). En este caso la tasa máxima a aplicar sería de 0,30 gramos de alcohol por litro de sangre o de 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Pero esta tasa únicamente podría ser tenida en cuenta en relación a la conducción y no podría integrar la infracción disciplinaria del artículo 7.l), dado que esa tasa o niveles ligeramente superiores no implican necesariamente una influencia del alcohol en el comportamiento.
Para apreciar la infracción disciplinaria, el grado de alcohol tendrá que afectar y alterar la capacidad del agente y tendrá que hacerlo de forma “manifiesta”, con signos somáticos externos y con un comportamiento característico derivado o resultante de la ingesta de alcohol o de las demás sustancias citadas en la norma, de forma análoga a como es tenido en cuenta en el ámbito penal. Por influencia habría que entender, por tanto, lo que afecta a algo, en este caso, de forma negativa a las condiciones físicas y psíquicas que han de ser exigibles a un agente de policía mientras desempeña su función.
De la nueva regulación desaparece la nota de la “habitualidad”, que solo se tendrá en cuenta en la infracción grave regulada en el articulo 8.p), donde se establece que constituye infracción grave el embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas fuera del servicio, cuando tales circunstancias tengan carácter habitual o afecten a la imagen del Cuerpo Nacional de Policía. Y define la “habitualidad” como aquellos casos en los que estuvieren acreditados tres o más episodios de embriaguez o consumo de las sustancias referidas en un periodo de un año.
La novedad importante, no obstante todo lo anterior, es la obligación que establece la norma de sometimiento de los agentes a reconocimiento médico, prueba de alcoholemia o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, legítimamente ordenadas, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio. La negativa injustificada a someterse a dichas pruebas será sancionada como infracción muy grave.
Finalmente solo queda reseñar que estas conductas (artículo 7.l y 8.p) serán castigadas como infracciones muy graves, con separación del servicio; suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años o el traslado forzoso. Sanciones que se graduarán en función de la intencionalidad, la reincidencia, la incidencia sobre la seguridad ciudadana, la perturbación en el normal funcionamiento de la administración o de los servicios que le están encomendados, el grado de afectación a los principios de disciplina, jerarquía y subordinación y el historial profesional, que solo se valorará como circunstancia atenuante.
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