Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-165.CODI.%29
Timestamp: 2020-02-21 22:59:00
Document Index: 342207090

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 89', 'artículo 25', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 138', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 43', 'artículo 193', 'artículo 161', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 189', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 165, de 02/06/2017
cve: BOCG-12-D-165
158/000041 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior, para el estudio y revisión de los Centros de Internamiento de Extranjeros y sus condiciones, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea... (Página4)
158/000042 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, para promover la reflexión y aplicación de medidas que dirijan al país hacia una Economía Circular, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea... (Página7)
162/000420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las barreras de acceso interpuestas por el Gobierno para que los profesionales sanitarios puedan acceder a formación continua, innovadora y de calidad... (Página9)
162/000421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional... (Página11)
161/001917 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el 40 aniversario de la adhesión de España al Consejo de Europa... (Página13)
161/001920 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la situación de los derechos humanos en Colombia... (Página14)
161/001934 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el incremento de interconexión eléctrica y gasista de España... (Página16)
161/001938 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a acelerar las respuestas españolas al derecho de asilo y las personas refugiadas... (Página17)
161/001913 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de requisitos mínimos materiales en los centros de privación de libertad de corta duración, para salvaguarda de los derechos fundamentales... (Página18)
161/001921 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a reforzar las plantillas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional... (Página20)
161/001926 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la dotación a las oficinas habilitadas para la expedición del documento nacional de identidad o/y el pasaporte, y a los controles de pasaportes en los aeropuertos, de los medios necesarios para su normal funcionamiento... (Página21)
161/001927 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre kits de emergencia y radio patrullas para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... (Página22)
161/001919 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la titularidad y fiscalidad de los montes vecinales en mano común... (Página23)
161/001435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la Transición Profesional para el sector de las artes escénicas y audiovisuales. Pasa a tramitarse en la Comisión de Cultura... (Página25)
161/001915 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar la práctica segura de la actividad deportiva... (Página25)
161/001918 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la actuación de la Alta Inspección Educativa en relación a la comprobación de la veracidad de los contenidos de los libros de texto en Cataluña... (Página26)
161/001930 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al impulso de medidas para incrementar las habilidades necesarias para acceder a puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías... (Página27)
161/001932 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los coeficientes reductores de los mariscadores... (Página28)
161/001923 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre contadores inteligentes... (Página29)
161/001924 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las plantas de tratamiento de purines... (Página34)
161/001935 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el incremento de interconexión eléctrica y gasista de España... (Página35)
161/001912 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al reconocimiento y sensibilización de la ciudadanía sobre la memoria del holocausto gitano... (Página37)
161/001931 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las barreras de acceso interpuestas por el Gobierno para que los profesionales sanitarios puedan acceder a formación continua, innovadora y de calidad... (Página38)
161/001933 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a los pacientes infantiles de Daño Cerebral Adquirido (DCA) y sus familias... (Página40)
161/001936 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los derechos de los consumidores a recibir información completa sobre componentes de productos alimenticios... (Página41)
161/001937 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a homogeneizar los estándares de calidad de los establecimientos ortoprotésicos... (Página42)
161/001939 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la revisión de los supuestos de jubilación anticipada comprendidos en el Real Decreto 1851/2009... (Página43)
161/001914 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la seguridad infantil en los automóviles... (Página44)
161/001916 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a controlar los problemas físicos o psíquicos que limitan la capacidad de conducción... (Página45)
161/001925 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con los menores extranjeros no acompañados en la Ciudad Autónoma de Melilla... (Página46)
181/000394 Pregunta formulada por el Diputado don César Joaquín Ramos Esteban (GS), sobre motivos por los que no interviene el Gobierno para solucionar el conflicto laboral entre el personal de a bordo y la empresa a la que, desde el año 2013, se le adjudicó el contrato para la prestación del servicio en los trenes AVE y Larga Distancia de RENFE y consiente el perjuicio que para la imagen de la marca España, la imagen de la compañía, la de los trenes AVE, para los trabajadores de dicho servicio y para decenas de miles de usuarios, está provocando el conflicto laboral abierto entre los trabajadores y la empresa adjudicataria... (Página48)
158/000041
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior, para el estudio y revisión de los Centros de Internamiento de Extranjeros y sus condiciones.
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 35194, admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Interior, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene el honor de dirigirse a esa Mesa a fin de proponer, de acuerdo con las previsiones de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior para el estudio y revisión de los Centros de Internamiento de Extranjeros y sus condiciones.
Desde que en el año 1985 se exigiera como condición sine qua non para la entrada de España en la Unión Europea la aprobación de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que introdujo la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), estos se han configurado como un elemento clave de las políticas migratorias en nuestro país. Todo ello a pesar de, como se expone a continuación, la inherente vulneración de derechos que comporta la mera existencia de estos centros. A esto hemos de sumar los datos que demuestran que resultan innecesarios a los efectos del cumplimiento de los objetivos marcados por las ya de por sí cuestionadas políticas migratorias de la Unión Europea.
Tengamos presente el derecho a la libertad y a la seguridad personales, proclamados en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Constatemos los "valores superiores" de igualdad, justicia y libertad, contemplados en el artículo 1 de la Constitución Española (CE). Acudamos también al artículo 25.3 de la propia CE, que proscribe a la Administración civil la posibilidad de imponer sanciones privativas de libertad.
Con posterioridad a la aprobación de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, los CIE fueron modestamente regulados por Orden Ministerial de 22 de febrero de 1999, sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Poco después se aprobaría la nueva Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
que mantendría y ampliaría el enfoque precedente. La reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, establecería en su artículo 89 la posibilidad de que un Juez o Tribunal sustituyera penas de prisión a extranjeros por su expulsión, previo paso en determinados casos por un CIE. De esta manera se abría otra vía para ingresar en un CIE, además de la ya tradicional derivada de un expediente administrativo de expulsión, devolución o regreso.
No fue hasta el año 2014 cuando se aprobó el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (RCIE) aprobado por Real Decreto el 14 de marzo de ese año. En este Reglamento se otorga un amplio margen de arbitrariedad a los directores de los centros, pero sin introducir elementos esenciales que ya habían sido garantizados a través de las resoluciones de los diferentes Juzgados de Control. La policía nacional siguió estando principalmente a cargo de estos centros. Las denuncias sobre vulneración de derechos fundamentales prosiguieron.
Se definieron así los CIE por nuestro ordenamiento jurídico como espacios públicos no penitenciarios, lo que es importante reseñar. Es decir, se interpreta que en ellos no se podía aplicar el artículo 25.2 de la CE, relativo a la relación jurídica de un recluso penitenciario, sino que la relación jurídica con los extranjeros internos en un CIE había de estar guiada por los principios generales de dignidad y libertad contemplados en el artículo 10.1 de la CE, así como por aquellos del artículo 13.1 sobre el pleno disfrute de las libertades públicas de los extranjeros. Es algo que sí quedó aceptado por ejemplo en el artículo 16.1 del RCIE. La finalidad preventiva y cautelar del internamiento, de la privación de libertad ambulatoria establecida por estas normas, no eximía del cumplimiento del resto de derechos y libertades públicas para los internos.
El actual marco normativo de la UE obliga al Estado a expulsar o regularizar a las personas que se encuentran en situación irregular. Así se establece, en efecto, en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, conocida como Directiva de Retorno. En ese sentido, el artículo 15.1 de esta misma norma exige que se adopten "con eficacia otras medidas suficientes de carácter menos coercitivo"; y, por otra parte, dispone su carácter potestativo, al establecer que "los Estados miembros podrán mantener internados a los nacionales de terceros países que sean objeto de procedimientos de retorno". Asimismo, vincula -limita- su existencia "únicamente a fin de preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión".
Hay siete CIE en nuestro Estado: Algeciras, Aluche, Barranco Seco, Hoya Fría, Sangonera, Zapadores y Zona Franca. El CIE de Zona Franca fue cerrado durante un largo periodo de tiempo el pasado año por obras y ha reabierto en medio de una fuerte polémica. Por un lado, prosiguen las dudas sobre si puede cumplir con unas mínimas condiciones humanitarias, y por el otro, ha sido reabierto sin contar con las preceptivas licencias de funcionamiento que se han de emitir bajo supervisión municipal. El CIE de Barranco Seco fue objeto de un auto el 31 de julio de 2015, desde el Juzgado de Instrucción n.º 8 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se detallaban múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo la discriminación existente hacia las mujeres internas. Un informe elaborado por las universidades de Barcelona, Valladolid, Valencia y Pontificia, en junio de 2015, relataba algunas de las deficiencias que apreciaron en el CIE murciano de Sangonera y en el de Algeciras. Finalmente, el CE de Aluche, en Madrid, ha sido denunciado por numerosas entidades nacionales e internacionales debido a la vulneración de los derechos de las personas recluidas y las deplorables condiciones en que subsisten, tal y como ha constatado entre otros CEAR en su Informe de 2016.
En este punto, se hace necesario explicitar que en los CIE se sigue internando a personas con graves enfermedades físicas y psíquicas, mermando las posibilidades de recibir atención médica especializada y continuar con los tratamientos. La gravedad de estas vulneraciones adquiere tal entidad que incluso han llegado a fallecer varias personas durante su internamiento. No queremos olvidar a Mohamed Abagui, Samba Martine, Idrissa Diallo o Aramis Manukyan, todos ellos fallecidos en un CIE cuando el Estado era el garante de su integridad física y de su vida. Víctimas de una muerte que podría haberse evitado.
Todo lo expresado se acrecienta en gravedad en el caso de las mujeres. Como afirma la Asociación para la Prevención de la Tortura, las mujeres en el CIE se enfrentan a mayor vulnerabilidad y riesgo que los hombres. Se ha constatado que, entre las mujeres encerradas en los CIE, hay embarazadas, víctimas de trata, posibles solicitantes de protección internacional o madres que, al ser expulsadas, dejarán en España a sus hijas/os. También se ha demostrado que las mujeres en los CIE, lejos de recibir una atención adecuada a sus circunstancias, son objeto de todo tipo de discriminaciones y abusos directos e indirectos.
En ese sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha resuelto que los CIE constituyen una grave violación de derechos humanos, reconociendo que determinadas condiciones de internamiento vulneran el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), relativo a la prohibición de la tortura o los malos tratos o tratos inhumanos o degradantes. Resulta así probado una vez más, esta vez por la más alta instancia judicial europea, que en estos centros se vulneran sistemáticamente los derechos más básicos de las personas internas.
Ya en agosto de 2010 el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas se había expresado en un Informe de manera contundente contra estos centros de internamiento. Ese mismo año, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se expresaba en otro informe en términos parecidos. Dos años después, este mismo Grupo de Trabajo de la ONU, en su Resolución 37/2012, consideró que la privación de libertad cautelar en el CIE de Aluche (Madrid) de Adnam el Hadj, inmigrante de origen marroquí y solicitante de asilo en España, fue arbitraria y discriminatoria por razón del origen nacional y étnico de la víctima. Además, constató que la víctima había sido objeto de malos tratos de gravedad equivalente a la tortura mientras estuvo detenido en el CIE de Aluche.
Estas vulneraciones de derechos denunciadas al más alto nivel internacional no han cesado con la aprobación del RCIE. El Reglamento, como se avanzaba anteriormente, no ha comportado ningún tipo de mejora en la garantía de los derechos de las personas internas. Es así francamente preocupante el sistema de vigilancia que se establece en el Reglamento: por un lado, se pueden introducir en ellos armas de fuego (lo cual no ocurre ni siquiera en los centros penitenciarios), y por el otro no se garantiza el uso de cámaras en las dependencias, medida en la que ha insistido en numerosas ocasiones el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura para prevenir y evitar los malos tratos y las torturas en los centros.
A todo esto, en un contexto de crisis económica, se suma la conveniencia de tener en cuenta los altos costes que se están destinando a la detención, internamiento y deportación de personas migrantes. El Ministerio del Interior ha reconocido un gasto de 8,8 millones de euros anuales destinados a la gestión de los CIE, a los que deben sumarse los 11.985.600 euros presupuestados en el año 2015 para la ejecución de los vuelos macro de deportación entre otros gastos relacionados. El coste medio por persona internada, a pesar de que no hay datos públicos, se sitúa en los 100 euros diarios, sin contar el coste de las infraestructuras. Un gasto sin duda excesivo para los fines pretendidos. En el año 2016 destinará 823.500 euros a Cruz Roja para la prestación de sus servicios en los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Algeciras y Tarifa mientras para ese mismo año, y por un periodo de 18 meses a contar desde el próximo mes de mayo, el Ministerio del Interior ha convocado un concurso público para la adjudicación de los vuelos de deportación de extranjeros por un importe de 11.880.000 euros.
Por último, la existencia de los CIE causa un grave perjuicio a la convivencia criminalizando a personas venidas de otros países cuya única falta es no tener los papeles en regla. Se fomenta así el racismo y la xenofobia precisamente desde instituciones públicas, haciendo más difícil el trabajo de tantas otras instituciones y organizaciones sociales que tratan de combatir en nuestro país la intolerancia.
Como expresión de todo lo expuesto, de la voluntad de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada, en los últimos meses varios Parlamentos autonómicos y ayuntamientos de todo el Estado han solicitado al Gobierno el cierre de los CIE.
Llegadas a este punto vemos necesaria la creación de una Subcomisión que aborde el modelo de los centros de internamiento en toda su complejidad y en la que se pueda dialogar sobre las planteadas alternativas al mismo.
Por todo ello, y de acuerdo con lo que establece la norma segunda.2 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, se propone la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Interior, para el estudio y revisión de los Centros de Internamiento de Extranjeros y sus condiciones, con las siguientes características:
A) Objeto de la Subcomisión:
Impulsar el diálogo y la reflexión, realizar diagnósticos y emitir a modo de conclusiones propuestas entorno al modelo de internamiento de personas y los centros de internamiento.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con ochenta o más miembros, dos representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con cuarenta o más miembros y un representante de cada uno de los restantes grupos parlamentarios.
C) Adopción de acuerdos:
D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión:
La Subcomisión desarrollará sus trabajos y presentará el Informe a que se refiere el apartado a) en el plazo de cuatro meses.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2017.-Marcelo Expósito Prieto, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
158/000042
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, para promover la reflexión y aplicación de medidas que dirijan al país hacia una Economía Circular.
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene el honor de dirigirse a esa Mesa fin de proponer, de acuerdo con las previsiones de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía, para promover la reflexión y aplicación de medidas que dirijan al país hacia una Economía Circular.
El 2 de diciembre de 2015 la Comisión Europea aprobó un amplio paquete de medidas para impulsar la transición de Europa hacia una economía circular, con el fin de fomentar el crecimiento económico sostenible y crear nuevos puestos de trabajo. El plan define un cambio de paradigma económico en la UE
que incluye la colaboración y un compromiso gubernamental a escala nacional, regional y local, con la contribución de todas las partes interesadas.
Nos encontramos sin duda ante la iniciativa más ambiciosa planteada hasta ahora dirigida a revertir el consumo desenfrenado de recursos materiales y energéticos. En España, la iniciativa más reciente en el área es el Plan Estatal Marco de Gestión de Recursos (PEMAR 2016-2020), aprobado en noviembre de 2015. Un instrumento normativo que establece líneas estratégicas y medidas que el actual Gobierno entiende como necesarias para avanzar hacia la economía circular e impulsar la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos.
Una de las novedades del PEMAR es que el plan involucra directamente a las Comunidades Autónomas, ya que estas deberán cumplir con los objetivos nacionales inexcusablemente dentro de su territorio (salvo que la normativa sectorial establezca criterios específicos) y señala que las entidades locales deberán poner todos los medios a su alcance para cumplir dichos objetivos.
Tanto el paquete de economía circular de la UE como el PEMAR, constituyen importantes avances conceptuales y estratégicos con respecto a anteriores documentos reguladores de la gestión de los residuos urbanos en nuestro país: apuntan a orientaciones y a la estructura a la que deberán ajustarse los planes autonómicos así como los objetivos a cumplir en el 2020 en materia de prevención, preparación para la reutilización y reciclado, entre otros. No obstante, ambos planes han sido objetos de algunas críticas por parte de organismos ambientalistas.
Dos críticas generales con amplio consenso tienen que ver con el hecho de que tanto el paquete de economía circular como el PEMAR fueron más ambiciosos en su diseño de lo que fue el plan finalmente presentado. En el caso del PEMAR, a esto se suma una falta de concreción y objetivos vinculantes que debería haber incorporado para dar respuesta a las lagunas regulatorias que se aprecian en el paquete europeo. Además, se cuestiona al PEMAR la falta de referencias concretas respecto a la prevención, cuestión que queda en un segundo plano. Asimismo, se critica la falta de concreción en lo que atañe a la recuperación de la materia orgánica de residuos domésticos.
Ser decididos y precisos en una política de sostenibilidad es fundamental, pues el trasfondo de la cuestión es de gran relevancia. Los recursos naturales de los que goza el país son un bien preciado que no solo atañe a las generaciones del presente, también a las futuras. Por ello, ha llegado el momento de abordar con mayor profundidad, sistematicidad y rigor la distribución de estos recursos limitados para que no se sobreexploten, y fortalecer un ciclo sostenible que permita su reúso y un mayor equilibrio medioambiental. Con el trasfondo del agotamiento de un modelo de crecimiento basado en la construcción y las infraestructuras, existe una oportunidad inmejorable de iniciar una transición hacia una economía más sostenible.
Por todo ello, y de acuerdo con lo que establece la norma segunda.2 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, se propone la creación de una Subcomisión, en la Comisión de Constitucional, para el fomento de una Economía Circular, con las siguientes características:
Impulsar el diálogo y la reflexión, realizar diagnósticos y emitir a modo de conclusiones propuestas de medidas para crear una economía que responda a las necesidades de un país con recursos ecológicos limitados y decrecientes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2017.-Manuel Monereo Pérez, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000420
José Manuel Villegas Pérez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las barreras de acceso interpuestas por el Gobierno para que los profesionales sanitarios puedan acceder a formación continua, innovadora y de calidad, para su debate en Pleno.
La crisis económica ha afectado a los profesionales sanitarios de manera directa. Los altos niveles de temporalidad, previamente existentes, se han visto incrementados; los salarios, ya de por sí bajos en comparación con sus homólogos europeos, se han visto reducidos aún más; se han perdido derechos laborales adquiridos de manera previa como exenciones de guardias y turnos nocturnos; así como un deterioro significativo del ambiente laboral al aumentar la carga asistencial por la falta de cobertura en los traslados efectuados en los centros sanitarios.
Sin embargo, nuestro sistema sanitario ha seguido dando una respuesta aceptable a las necesidades de los ciudadanos gracias a la gran capacidad y dedicación de nuestros profesionales. Desde las administraciones públicas debemos ser conscientes de ello.
Esta calidad de nuestros profesionales sanitarios viene en parte dada por la formación y capacitación que nuestros profesionales poseen. Una formación que, según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, se establece como un derecho y deber de los profesionales sanitarios, siendo las instituciones, centros sanitarios y administraciones quienes deberán facilitar esta formación continuada. Sin embargo, el desarrollo de la formación de los profesionales sanitarios ha quedado olvidado por parte de las administraciones públicas y son los profesionales, quienes a costa de
sus ahorros, costean los cursos y formación precisa a fin de adecuar sus conocimientos a las necesidades del sistema sanitarios y a los avances científicos y técnicos.
La industria farmacéutica también ha jugado un papel relevante en la formación de nuestros profesionales. Dada las deficiencias del sistema público a la hora de formar a nuestros profesionales, los laboratorios, a través de Farmaindustria, han promocionado y facilitado congresos, cursos y reuniones técnico-científicas organizadas por sociedades científicas y organizaciones profesionales a todo tipo de personal sanitarios a fin de que pudieran acceder a conocimientos y técnicas innovadoras. Si bien, recientemente han existido casos en los que se han comprobado actividades poco éticas, y contrarias a los códigos de buenas prácticas acordados por el sector, por parte de directivos de alguna farmacéutica, la industria ha avanzado, aún más, en lo que a transparencia se refiere para poder prevenir y detectar este tipo de sucesos publicitando todos los pagos a profesionales sanitarios. Sin embargo, pese a las irregularidades detectadas, a día de hoy las administraciones no han mostrado factible ningún otro tipo de sistema de formación para nuestros profesionales sanitarios.
Al desentendimiento de las administraciones nacionales y autonómicas para garantizar la formación de nuestros profesionales, ahora debemos añadir las trabas económicas que desde la Agencia Tributaria se piensan interponer para garantizar esta formación continua. A principios del mes de mayo, la Agencia Tributaria emitió un informe sobre la tributación, por parte del personal sanitario, de los gastos abonados por las compañías farmacéuticas para la asistencia a los congresos y conferencias que organiza y a los que asiste dicho personal.
Según el informe emitido por la Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria, los profesionales sanitarios tienen la obligación de tributar y pagar los correspondientes impuestos por las transferencias de valor, ya sean dietas, alojamiento, viajes o becas de inscripción, que reciban de compañías farmacéuticas para asistir a congresos o conferencias médicas, señalando el dicho informe que estas transferencias de valor no tributarían: "Para que la asistencia a congresos no tenga la consideración de rendimiento del trabajo en especie han de concurrir los siguientes requisitos: que los estudios sean dispuestos por los propios empleadores; la financiación total de los estudio por tales empleadores (no cabe parcial); y que la finalidad perseguida sea la actualización, capacitación o reciclaje del personal, siempre que los estudios vengan exigidos por el desarrollo de su actividades o las características de los puestos de trabajo." Una exigencia de condiciones que, a día de hoy, parece imposible de suceder.
En base al conflicto generado por la tributación de las transferencias de valor, el pasado 23 de febrero de 2017, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley sobre la tributación de las transferencias de valor de la industria farmacéutica y de productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud. En esta iniciativa se instaba al Gobierno a:
2. El resto de transferencias de valor realizadas por la industria farmacéutica, de instrumental médico o cualquier otra estará sujeta a la tributación habitual.
Una solicitud que ha sido desoída por el Gobierno en contra de las Cortes Generales y los profesionales sanitarios.
Ante esta situación, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que solo queda una opción para garantizar de forma real el acceso a la formación continua de nuestros profesionales sanitarios y que no repercuta de manera directa sobre ellos, e indirecta sobre los pacientes: que las administraciones públicas se responsabilicen y cumplan su mandato legal a la hora de ofrecer una formación continua, innovadora y de calidad, para que nuestros profesionales sanitarios puedan adecuar sus conocimientos a las necesidades del sistema sanitarios y a los avances científicos y técnicos, según establece la Ley.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una propuesta de financiación, desde las administraciones públicas y servicios de salud, de la formación de nuestros profesionales sanitarios, en idénticas condiciones a las que se venían realizando en los últimos cinco años, a fin de que se consideren aptos para financiarse por la administración aquellos cursos (estancias, congresos, jornadas o cualesquiera otra actividad formativa, y sus respectivos desplazamientos, alojamientos e inscripciones), aprobados por las respectivas direcciones de los centros, así como aquellos cursos que los profesionales consideren de interés y tengan el beneplácito de los responsables de servicio o centro a fin de garantizar los criterios y normas que se venían aplicando."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional, para su debate en Pleno.
En un mundo digitalizado e interconectado en el que los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas se comunican cada vez en mayor medida a través de entornos digitales, el volumen de información -tanto pública como privada- que diariamente se intercambia a través de internet (webs, redes sociales, etc.) y de dispositivos móviles o se almacena en potentes servidores, aumenta de manera exponencial generando más de 2.5 quintillones de bytes al dia 1.
Esta información contiene datos de todo tipo (personales, bancarios, fiscales, laborales, sanitarios, educativos, militares, relacionados con la seguridad y un largo, etc.) que deben ser protegidos para evitar un uso inadecuado de los mismos que ponga en riesgo a ciudadanos, empresas, instituciones y países.
Por estos motivos, en el año 2013, el Gobierno de España aprobó la "Estrategia de Ciberseguridad Nacional" con el objetivo de "implantar de forma coordinada, coherente y estructurada acciones de prevención, defensa, detección, respuesta y recuperación frente a las ciberamenazas".
Para desarrollar y llevar a la práctica las líneas de acción de la estrategia, se han puesto en marcha "nueve planes derivados del Plan Nacional de Ciberseguridad" que ordenan la actividad y esfuerzos del Estado en este ámbito de especial interés para la Seguridad Nacional. Estos planes, junto con diversas modificaciones legislativas, han dado como resultado una serie de mejoras en el ámbito de la ciberseguridad -de particulares, empresas e instituciones- y un aumento de la capacidad de respuesta de nuestro país ante las ciberamenazas y ciberataques.
Una afirmación basada en datos 2 como:
- Los 18.232 incidentes de seguridad gestionados durante el año 2015 por el Equipo de Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT).
- Los 110.293 incidentes gestionados en 2016 por el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad e Industria (CERTSI), operado conjuntamente por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital; entre ellos, 479 incidentes en el ámbito específico de los operadores de servicios esenciales e infraestructuras críticas.
- O la existencia de una masa crítica de 6.177 funcionarios y empleados públicos formados en diferentes aspectos de la seguridad de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
1 Informe "Tendencia en el mercado de la ciberseguridad". INCIBE, julio de 2016.
2 Informe de Seguridad Nacional 2015 (el último publicado).
En un ámbito como el digital, en constante evolución, es necesario revisar continuamente las estructuras, protocolos de actuación y coordinación, los sectores estratégicos y las infraestructuras definidas como críticas, a los que se debe prestar especial atención, para minimizar las ciberamenazas y las consecuencias negativas de eventuales ciberataques.
1. Desarrollar programas de formación para los responsables TIC de empresas, y administraciones públicas en la gestión segura de la TIC, y potenciar la creación, difusión y aplicación de las mejores prácticas en materia de ciberseguridad, con especial atención a la protección de la información, en consonancia con las obligaciones que establezca la transposición de la Directiva NIS.
d) Los programas y aplicaciones informáticas que gestionan dichos datos y sistemas frente a desastres naturales y a los ataques de delincuentes y/o terroristas ampliando y mejorando las capacidades de los organismos con competencias en ciberseguridad y ciberdefensa en las Administraciones públicas, en ciberseguridad de ciudadanos y empresas, Fuerzas Armadas, FCSE e infraestructuras críticas así como implementando los planes de contingencia necesarios para que, en caso de producirse dichos desastres o ataques, se minimicen las consecuencias de los mismos en cuanto a la indisponibilidad de los servicios esenciales para la sociedad, la pérdida de datos o el mal uso de los mismos.
5. Mejorar las capacidades de investigación y persecución del ciberterrorismo y la ciberdelincuencia, en particular aquellas referidas a la prevención, detección, respuesta, investigación y coordinación, a partir de una adecuada coordinación y cooperación entre los diferentes ámbitos del sector público, el sector privado y los órganos encargados de la investigación y persecución penal.
6. Extender y ampliar los programas de ayudas y captación de talento, investigación avanzada y capacitación en ciberseguridad.
8. Desarrollar el marco legal español sobre ciberseguridad adaptándolo a la regulación vigente y a las directrices que proviene de Europa, y otras normas en vigor, en paralelo a la rápida evolución de las TIC y a sus problemas de seguridad y defensa.
9. Promover la cooperación internacional en materia de ciberseguridad, en aras del desarrollo de un ciberespacio internacional seguro y confiable, en defensa y apoyo a los intereses nacionales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001917
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el 40 aniversario de la adhesión de España al Consejo de Europa, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El próximo 24 de noviembre se cumplen cuarenta años desde que España se convirtió en el decimonoveno miembro del Consejo de Europa. Su adhesión en el año 1977 supuso un importante hito con el que dio comienzo la incorporación de España al ámbito europeo, coincidiendo con las primeras elecciones libres y democráticas en varias décadas y con su solicitud de ingreso en la Comunidad Económica Europea.
Con objeto de la celebración de esta efeméride, el pasado mes de marzo, Madrid se convirtió en anfitriona de una serie de actos conmemorativos, coincidiendo con la reunión de la Comisión Permanente en Madrid y con la presidencia de la Asamblea Parlamentaria de Pedro Agramunt, el cuarto español que ostenta este cargo. La celebración incluyó también el reconocimiento a los españoles que en estos 40 años han sido claves en la historia de la organización como, entre otros, Marcelino Oreja, Fernando Álvarez de Miranda, Álvaro Gil Robles, Miguel Ángel Martínez y Luis María de Puig.
Desde su nacimiento en 1949 el Consejo de Europa tiene como objeto estatutario conseguir una unión más estrecha entre sus miembros, en torno a unos ideales comunes, favoreciendo el progreso económico y social, el desarrollo de los valores humanos, la defensa de los principios de la democracia parlamentaria, y la salvaguarda y desarrollo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Nace con el objetivo de erigirse en el guardián de los valores democráticos del continente, y ha conseguido convertirse en la máxima autoridad de Europa en materia de derechos humanos y políticos, con la adhesión de la práctica totalidad de los países del continente.
El Consejo de Europa ha acompañado a España desde los inicios de la democracia hasta nuestros días, un periodo en el que se han sucedido cambios trascendentales en Europa, y grandes avances sociales, políticos y económicos en España. Los últimos cuarenta años coinciden con el periodo más próspero de la historia de Europa y nuestro continente es hoy la región del mundo con más democracia, más respeto a los derechos individuales de las personas, a los derechos humanos y al estado del Derecho.
España mantiene un firme compromiso con los valores del Consejo de Europa, que representa el espacio jurídico de garantías mínimas compartidas, basadas en la defensa de los derechos humanos, la democracia pluralista y la primacía del derecho, incluyendo la lucha contra la discriminación, el crimen organizado y el terrorismo. Asimismo, España concede una gran importancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales del continente, y en virtud de la declaración de Brighton de 2012, apoya una reforma que mejore la efectividad de la Corte (que inadmite el 90 % de las demandas) a través del refuerzo del principio de subsidiariedad.
A pesar de los avances alcanzados en estas décadas, el Consejo de Europa sigue teniendo un papel crucial en el entorno actual, siendo esencial para promover el mantenimiento de los valores occidentales y hacer frente a los retos y desafíos que afronta Europa, entre los que se encuentran hoy en día el terrorismo, las crisis migratorias y de refugiados, el auge de los populismos y los conflictos congelados.
Actualmente España asume un importante liderazgo en el seno de Europa que se traslada también al ámbito del Consejo de Europa. Por su potencial demográfico económico, pero fundamentalmente debido al liderazgo político que ostenta hoy en día, juega un papel fundamental en el futuro del continente.
- Se suma a la celebración del 40 aniversario de la adhesión de España al Consejo de Europa.
- Manifiesta su compromiso con los valores del Consejo de Europa, asentados en los valores consagrados en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea.
- Rinde homenaje a la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el gran trabajo que ha desempeñado en los últimos años, y hace un llamamiento a su reforzamiento.
E insta al Gobierno a:
- Apoyar los actos conmemorativos que con objeto de este aniversario se desarrollan en el seno de la institución.
- Impulsar la difusión de este aniversario y el conocimiento y la importancia de la institución internacional más antigua de Europa, facilitando el acceso a los trabajos que se desarrollan y potenciando la repercusión y la trascendencia de la labor que lleva a cabo.
- Seguir avanzando en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, y continuar ubicando su promoción y defensa como prioridad política a todos los niveles, en coherencia con lo establecido en nuestra Constitución."
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a la situación de los derechos humanos en Colombia.
A finales de 2016, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el mayor grupo guerrillero del país, firmaron un acuerdo de paz que fue posteriormente ratificado por el Congreso. En los últimos meses, el gobierno ha anunciado el comienzo de negociaciones con la segunda guerrilla más importante del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La firma de los acuerdos de paz supone el primero de muchos más pasos necesarios para llegar a una situación en la que la población colombiana pueda vivir sin temor a ser víctima de homicidio, desaparición o desplazamiento forzado por pánico a perder la vida. Nos encontramos ante un momento histórico en el que el respaldo de la comunidad internacional es fundamental.
La percepción de que el acuerdo de paz alcanzado con las FARC-EP supone el final de las violaciones de derechos humanos está muy lejos de la realidad. A pesar de los acuerdos de paz, Colombia vive desde agosto de 2016 un alarmante aumento de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos
humanos, especialmente contra líderes comunitarios, activistas en favor del derecho a la tierra, y contra quienes hacen campaña por el proceso de paz y contra la impunidad, sobre todo en zonas rurales. Resulta absolutamente necesario y urgente que se tomen todas las medidas para proteger a las posibles víctimas, organizaciones y movimientos sociales.
Según el reciente Informe Especial de Riesgo: "Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos", elaborado por la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017, ocurrieron 156 homicidios, cinco desapariciones forzadas y 33 casos de atentado. Este mismo informe refleja que estas violaciones de derechos humanos se dirigen contra un grupo de personas que comparte unas características concretas y se han producido en la misma zona geográfica y espacio temporal. Las víctimas son líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, César, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
El propio Defensor del Pueblo, Negret Mosquera, indica que una de las principales causas de estos hechos es "la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las FARC, para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia".
Asimismo, si atendemos a lo sucedido durante el primer trimestre de 2017, según el informe trimestral de la ONG "Somos Defensores" entre enero y marzo de 2017, el Sistema de Información de Agresiones contra defensores y defensoras en Colombia -SIADDHH- registró un total de 193 agresiones individuales contra estos líderes sociales, concretamente se registraron 136 amenazas, 20 asesinatos, 19 atentados, 13 detenciones arbitrarias y cinco casos de judicialización. En comparación con el mismo periodo en el año 2016, "Somos Defensores" detecta un incremento en el número de casos registrados, pasando de 113 casos de agresión entre enero y marzo de 2016 a 193 en los mismos meses del año 2017.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha subrayado recientemente la impunidad de la mayoría de estos ataques. Asimismo, el Secretario General de la ONU, en su último informe sobre Colombia del 24 de marzo de 2017, mostró su preocupación por la presencia de grupos armados no estatales, incluidos grupos paramilitares, responsables de agresiones y actos de intimidación perpetrados contra las comunidades y sus dirigentes.
El acuerdo de paz no puede implicar más impunidad ni que las víctimas no tengan derecho a verdad, justicia y reparación.
"Ante esta la preocupante situación de los derechos humanos y siendo conscientes del momento histórico para Colombia, la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara insta al Gobierno de España a:
1. Apoyar que la misión de observación de la ONU, así como la segunda misión política que deberá establecer la ONU en septiembre de acuerdo al punto 6.3.3 del acuerdo de paz, estén dotadas de un componente de derechos humanos que complemente la función de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo papel de vigilancia, investigación y elaboración de informes debe reforzarse.
2. Trabajar con el Gobierno colombiano para que no minimice el problema y adopte medidas más efectivas para garantizar la seguridad de los grupos y comunidades en especial situación de riesgo, como los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como los defensores y defensoras de derechos humanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001934
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el incremento de interconexión eléctrica y gasista de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
La Unión Europea establece, a través de distintos documentos normativos y comunicaciones; diversos objetivos en materia energética con el objeto de dar respuesta al ya clásico "trilema" existente en este ámbito basado en el óptimo de tres elementos: la sostenibilidad medioambiental, la seguridad de suministro y la competitividad del sector energético.
Entre dichos objetivos (que incluyen la generación de energía renovable, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o la eficiencia energética) se incluye la necesidad de incrementar el nivel de interconexión de la capacidad eléctrica instalada para alcanzar un nivel equivalente al 10 % antes de 2020. Dicho nivel se incrementaría al 15 % para el año 2030.
Las interconexiones contribuyen a cumplir con los objetivos previamente mencionados y dar respuesta a las dificultades relativas a la seguridad del suministro al facilitar las funciones de apoyo entre sistemas vecinos y diversificar la oferta energética. Tal es así que han sido numerosas las ocasiones en las que la propia Unión Europea ha recordado la importancia de las interconexiones gasistas con África para evitar los problemas de aprovisionamiento que ha sufrido Europa hasta ahora.
Asimismo, también contribuyen a la sostenibilidad medioambiental; ya que permiten el aprovechamiento mutuo de la generación de energía renovable en el ámbito eléctrico a través de su exportación dando salida a excesos puntuales, así como el hecho de que, en relación al elemento anterior, proveen una red de seguridad en momentos de menor producción.
Finalmente, pero no menos importante, las interconexiones también inciden decisivamente en la competitividad de los sistemas energéticos al contribuir a crear un mercado más grande y, por ende, facilitan los intercambios comerciales de energía al incrementar el grado de oferta y demanda del mismo, aumentando la competencia al aprovechar las diferencias de precios de la energía en los sistemas eléctricos interconectados. De hecho, es así como esta necesidad se entiende en el seno de las instituciones europeas de cara a la estrategia del Mercado Interior de la Energía.
Sin embargo, a día de hoy y de acuerdo con los datos de Red Eléctrica, nuestro país solo alcanza una capacidad de interconexión del 2,8 %, y ello tras haberse duplicado dicha capacidad con la inauguración en 2015 de la nueva interconexión por parte oriental de los Pirineos.
Del mismo modo, resulta alarmante el enorme coste de oportunidad en el que se está incurriendo al orientar los trabajos de interconexión, de manera casi exclusiva, al norte de la Península Ibérica.
En efecto, las potencialidades que ofrece la parte norte del continente africano en esta materia son enormes. Además de las ventajas antes mencionadas (que obviamente también son aplicables para un mercado energético que cuente con países como Argelia, Marruecos, etc.), ofrece una mayor garantía de estabilidad a una región asolada por las revueltas políticas y los reveses económicos, elementos que son caldo de cultivo para la proliferación de elementos terroristas y desafíos a la seguridad del Mediterráneo y el conjunto de Europa.
Por último, pero no menos importante, la mejora de interconexión de los países norteafricanos con el mercado energético europeo habilitaría una diversificación del suministro energético. Este factor contribuiría a diversificar y reducir la dependencia energética del conjunto de la Unión, lo que garantiza además una mayor independencia de su posición diplomática, entre otros asuntos.
A su vez, es de destacar el activo especial que constituiría para España convertirse en el socio que habilitaría la expansión de este mercado, dada su posición privilegiada a nivel geoestratégico. En suma, a través de esta posición, nuestro país tendría capacidad de ofrecer beneficios al resto de los socios europeos con el fin de que contribuyan a la mejora de nuestras interconexiones.
1. Establecer como eje de su política energética y diplomática, el incremento de interconexión energética (tanto eléctrica como gasista) de España con el resto de Europa.
2. En el marco de esa potenciación de la política de interconexión energética, incluir objetivos de interconexión con los países del norte de África."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001938
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del diputado del Partit Demòcrata Català don Jordi Xuclà i Costa, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Exteriores, una Proposición no de Ley para acelerar las respuestas españolas al derecho de asilo y las personas refugiadas.
En el año 2015 Europa y los países miembros adoptaron la primera gran medida conjunta para dar respuesta a la crisis de los refugiados: acoger 160.000 personas antes de septiembre de 2017. En su momento se valoró el acuerdo como muy insuficiente; sin embargo, hoy, en mayo de 2017, tan solo faltan cuatro meses para que se cumpla el plazo acordado, ha transcurrido el 80 % del tiempo previsto y estamos lejos de cumplir aquel compromiso, ante una inexplicable e indignante pasividad de las autoridades europeas y españolas para llevar a cabo este proceso.
De las 160.000 personas refugiadas que, en 2015, la Unión Europea acordó acoger le corresponde a España acoger 17.337 personas antes de septiembre de 2017. Estamos hablando de refugiados, personas perseguidas por motivo de guerra u otros y que no pueden volver a su país. A falta de cuatro meses del periodo acordado España solo ha acogido 1.304 personas, un 7,5 % del total.
Además, hay que recordar que el 2016 se cerró como el año con más muertes de la historia del Mediterráneo. Al menos 3.800 personas perdieron la vida o desaparecieron en el Mediterráneo, según cifras de la ONU, en su intento por alcanzar Europa y poner su vida a salvo del conflicto y la pobreza. Es una de las mayores crisis humanitaria y migratoria de la historia a la que hay que dar respuesta urgente y también el año con más muertes de la historia del Mediterráneo.
La Comisión Europea ha anunciado expedientes a los Estados que no cumplan con la acogida de refugiados e insta a los estados miembros de la UE a acelerar la reubicación. Por otra parte, diversas entidades, organizaciones y plataformas del estado español han iniciado la campaña '#VenidYa' con el objetivo que España cumpla su compromiso.
La Generalitat de Catalunya y otras administraciones se han ofrecido para acoger personas refugiadas de acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria y, en el caso de la Generalitat al amparo del artículo 138 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, sobre Inmigración, que le reconoce competencias de acogida e integración de personas extranjeras. En mayo de 2016, el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad una moción para acoger 4.500 refugiados en los próximos dos años, sin embargo, hasta el momento la administración central lo ha frenado.
La lentitud y falta de respuesta del Gobierno español ante la acogida de refugiados, muchos de ellos en esta situación como consecuencia de la guerra civil en Siria sorprende por qué son muchas las personas en España que mantienen viva la memoria de los miles de personas que huyeron de la guerra civil española hacia el exilio, de las miles de personas españolas que quedaron confinadas en deplorables campos de refugiados en el sur de Francia o posteriormente en campos de concentración.
Por todo ello, los Diputados del Partit Demòcrata presentan la siguiente
1. Cumplir con urgencia los acuerdos de reubicación adoptados por el Consejo Europeo y demás disposiciones legales en materia de protección internacional de refugiados que obligan al estado español a acoger a 17.337 personas refugiadas antes de septiembre de 2017.
2. Acelerar los trámites para facilitar el acogimiento de personas refugiadas por parte de las administraciones que lo hayan solicitado, en cumplimiento de la disposición adicional cuarta de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. En este contexto, dar apoyo a las Comunidades Autónomas y otorgar a la Generalitat de Catalunya el acogimiento de las 4.500 personas que ya en marzo de 2016 esta administración se comprometió a acoger.
3. Transferir a la Generalitat de Catalunya la competencia de las políticas relativas a la acogida de refugiados.
4. Valorar, en el plazo de un mes, la disponibilidad de las administraciones para ampliar el número de personas refugiadas, que el Gobierno se ha comprometido a acoger, con el fin de asumir la función de solidaridad que la sociedad manifiesta respecto a aquellas personas que han debido abandonar sus hogares, principalmente a causa de la guerra civil de Siria.
5. Revisar el actual modelo de acogida e integración de refugiados en el estado español que sea más dinámico, participativo y coordinado con otras administraciones y organizaciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2017.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001913
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno al cumplimiento de requisitos mínimos materiales en los centros de privación de libertad de corta duración, para salvaguarda de los derechos fundamentales, para su debate en Comisión de Interior.
Todos aquellos lugares donde se encuentren personas privadas de libertad (de corta, media o larga duración) deben cumplir unos requisitos mínimos o salvaguardias, acordes con la normativa internacional o internas sobre la materia, con el fin de que dichas privaciones de libertad se desarrollen sin menoscabar sus derechos fundamentales.
Los requisitos mínimos materiales que deben cumplir las dependencias de privación de libertad de corta duración, que han sido señalados en los informes del Defensor del Pueblo, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura (SPT) y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), se refieren a:
- La instalación de sistemas de videovigilancia y videograbación, excepto de aseos y sala para entrevista con abogados, para facilitar la investigación de cualquier hipotético comportamiento indebido por parte del personal que presta servicio en dichas dependencias, beneficiando tanto a las personas que han podido sufrir dichos comportamientos como a la propia persona infundadamente denunciada.
- La instalación de mecanismos de cierre de las dependencias que posibiliten la apertura rápida en casos de urgencia.
- La construcción de salas separadas por sexos y edad y de salas separadas para personas que presuntamente han delinquido y para aquellas personas que no están debidamente documentadas.
- La eliminación de elementos con los que las personas privadas de libertad pueda autolesionarse o intentar suicidarse.
- La sustitución de sanitarios de cerámica en los aseos por otros de material antivandálico que eviten riesgo de suicidio y de agresión al personal.
- La existencia de un libro de registro para reflejar las vicisitudes que se produzcan con la finalidad de conocer, en cada momento, quién está al cargo de la custodia y qué trámites se han seguido mientras ha durado la privación de libertad.
- Dejar constancia en la hoja de custodia las pertenencias que se retiran a las personas privadas de libertad, dando su conformidad el interesado con su firma. Pertenencias que han de guardarse en bolsas de autocierre para que solo pueda abrirlas la persona una vez abandone las dependencias de privación de libertad.
- La existencia de dispositivos de llamada para los casos en que la dependencia en la que está internado se encuentre muy lejos de la zona en la que se encuentra el personal custodio.
- La dispensa de una alimentación adecuada, suficiente y con dietas especiales por razones médicas, religiosas o culturales, así como el acceso al agua potable en cualquier momento.
- La facilitación de medios elementales para la salud e higiene personal, en especial a las mujeres que así lo precisen -suministro de productos de higiene íntima femenina- o aquellas personas cuya higiene personal esté vinculada con prácticas religiosas que deben ser respetadas. La falta de tales necesidades básicas puede calificarse, en sí misma, como trato denigrante.
- Habilitar los medios mínimos para el descanso de las personas en privación de libertad que deban permanecer en la dependencia durante la noche, evitando que permanezcan en el suelo.
- Garantizar una limpieza y ventilación adecuadas.
- Evitar oscilaciones excesivas de la temperatura en las dependencias, adecuándolas al clima y a la estación del año.
- La identificación de los funcionarios que ejercen labores de custodia, mediante la pertinente placa de identificación.
Así las cosas, el Defensor del Pueblo ha venido reiterando al Ministerio del Interior para que en los centros de privación de libertad de corta duración se realicen las mejoras necesarias para su adecuación a los criterios antes expuestos.
Sin embargo, a pesar de ello, un significativo número de centros de privación de libertad de corta duración no reúne los indicados requisitos mínimos materiales, por lo que la privación de libertad menoscaba los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en los mismos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
En los centros de privación de libertad de corta duración, que no cumplan con los criterios mencionados, se tomen las medidas necesarias a los efectos de que:
- Se instalen sistemas de video vigilancia y videograbación, excepto en aseos y sala para entrevista con abogados.
- Se instalen mecanismos de cierre de las dependencias que posibiliten la apertura rápida en casos de urgencia.
- Exista separación de salas en función del sexo y de la presunta comisión de una conducta delictiva.
- Se elimine todo elemento que suponga riesgo de autolesión, de suicidio o de agresión a terceros.
- Se deje constancia en la hoja de custodia de las pertenencias que se retiran a las personas privadas de libertad, dando su conformidad el interesado con su firma.
- Se refleje en un libro de registro todas las vicisitudes que se produzcan durante la privación de libertad.
- Se instalen dispositivos de llamada cuando el personal custodio se ubique muy lejos del lugar de privación de libertad.
- Se dispense una alimentación adecuada, suficiente y con dietas especiales por razones médicas, religiosas o culturales, así como el acceso al agua potable en cualquier momento.
- Se faciliten medios elementales para la salud e higiene personal, en especial a las mujeres que así lo precisen -suministro de productos de higiene íntima femenina- o aquellas personas cuya higiene personal esté vinculada con prácticas religiosas que deben ser respetadas.
- Se habiliten los medios mínimos para el descanso de las personas en privación de libertad que deban permanecer en la dependencia durante la noche, evitando que permanezcan en el suelo.
- Se garantice una limpieza y ventilación adecuadas.
- Se eviten oscilaciones excesivas de la temperatura en las dependencias, adecuándolas al clima y a la estación del año."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2017.-María Dolores Galovart Carrera, Guillermo Antonio Meijón Couselo y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Interior, relativa a reforzar las plantillas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, para su debate en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
La delincuencia organizada y, especialmente, la corrupción ocupa una de las mayores preocupaciones de toda la sociedad desde hace años. Las legislaturas gobernadas por el PP se han visto salpicadas por casos de una trascendencia mayúscula, algunas de la envergadura del caso "Gürtel", de la "Púnica", del caso "Bárcenas", tarjetas black hasta la reciente operación "Lezo" y un sinfín de casos que no han sido más que la línea que han seguido incluso gobiernos autonómicos: hechos que saquean los bolsillos de toda la ciudadanía, que pervierten el sistema democrático y enerva la indignación de toda la gente de a pie sin distinciones ideológicas.
Sin embargo, la policía judicial encargada de la lucha contra esta delincuencia viene sufriendo una merma en sus recursos, particularmente humanos, para llevar a cabo su labor con eficacia. Numerosas menciones en prensa en los años recientes vienen mostrando el malestar tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, así como las quejas de sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La falta de personal hace que la UCO y la UDEF, como unidades de mayor especialización de los cuerpos policiales, tengan que descartar líneas de investigación por falta de medios.
Hay que recordar que los miembros de la UCO no solo tienen como encargo investigar los casos de corrupción, sino que también tienen que hacer frente a casos de desaparecidos, narcotráfico, casos de crimen organizado, blanqueo de capitales, homicidios y secuestros o delitos contra el patrimonio histórico, etc.
Esta problemática no viene solo de la insuficiencia y la falta de reposición de policías y guardias civiles que se van retirando por edad o por otros motivos psicofísicos, que ya es de por sí suficientemente dramática, sino que, además, como hemos tenido la oportunidad de escuchar de los propios agentes sociales policiales, la falta de reposición de personal se acentúa con el personal policial que está prestando servicio fuera de las unidades policiales (en oficinas del ministerio, de otros departamentos ministeriales, en la Casa del Rey, Presidencia del Gobierno u otros organismos externos), pero ocupando plantilla, si bien no cobran sus retribuciones con cargo a Policía o Guardia Civil.
En este contexto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (GP-EC-EM) considera preocupante la situación y la gestión que el Gobierno está haciendo de los recursos.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
1. Reforzar la plantilla de la Unidad Central Operativa (UCO) en Guardia Civil y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Policía Nacional, al menos al 100 %, durante el ejercicio 2017-2018, al objeto de satisfacer las demandas reales y necesarias hechas por parte de las asociaciones y sindicatos profesionales. La finalidad es apoyar al trabajo que realizan estos Cuerpos de Seguridad, en especial estas unidades y mejorar la eficacia de forma real y efectiva con la que trabajan en la lucha contra la corrupción, el terrorismo y el crimen organizado.
2. Impulsar la modificación normativa para que las plantillas estén adecuadamente dimensionadas y recuperar la plantilla adicional del personal que está desarrollando funciones fuera del régimen retributivo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2017.-Juan Antonio Delgado Ramos y Rafael Mayoral Perales, Diputados.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre dotación, de manera urgente, a las oficinas habilitadas para la expedición del documento nacional de identidad o/y el pasaporte, y a los controles de pasaportes en los aeropuertos, de los medios personales y materiales necesarios para su normal funcionamiento sin esperas ni demoras que están generando un gran problema social, para su debate en la Comisión de Interior.
El artículo 9.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, prevé que el documento nacional de identidad (DNI), es obligatorio a partir de los catorce años. Dicho documento es personal e intransferible, debiendo su titular mantenerlo en vigor y conservarlo y custodiarlo con la debida diligencia.
Asimismo, el artículo 8.1, párrafo segundo, de la Ley citada prevé que el documento nacional de identidad es un documento público y oficial y tendrá la protección que a estos otorgan las leyes, así como suficiente valor por sí solo para la acreditación de la identidad y los datos personales de su titular.
Desde hace más de dos años las demoras para la obtención o renovación del documento nacional de identidad o el pasaporte, según los casos, es objeto de largas esperas temporales y de colas desde la madrugada en las puertas de las comisarías. Se trata de una realidad que está dañando a muchos ciudadanos que no pueden viajar, ni realizar determinados trámites, a veces esenciales, ante la administración, para los que en la mayoría de los casos es imprescindible el documento nacional de identidad. La dura realidad es que las oficinas habilitadas para obtener el documento nacional de identidad o el pasaporte no pueden atender la demanda ciudadana.
La situación es tan grave que el propio Ministerio del Interior hace tiempo pidió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que autorizara el traslado de funcionarios a estas oficinas para poder atender la demanda sin que hasta el momento la medida solicitada y poco atendida haya dado respuesta al problema existente.
Las oficinas de expedición están colapsadas por la falta de personal, lo que como hemos manifestado está perjudicando gravemente a muchas personas. Y ello es así ante la pasividad total de la administración que como una suerte de "pin pon" se pasa la pelota entre función pública (Ministerio de Hacienda) y el Ministerio del Interior, que un día sí y otro no dice que van a aumentar los efectivos, en escuálidas cantidades, pero que además no termina de ser realidad ni esto tan siquiera.
A esto hemos llegado por efecto de las políticas de personal del Gobierno del Partido Popular, ya que los datos nos dicen que del personal funcionario de la administración General del Estado, unos 5.000 funcionarios civiles que prestaban servicio en la policía, solo hay en este momento alrededor de 3.000 personas y le pongo este ejemplo, siendo consciente que este panorama se extiende a todo el Ministerio y diría más a toda la administración, porque de ellos depende el documento nacional de identidad, ese documento que la Ley de Seguridad Ciudadana dice que es obligatorio y además es imprescindible en muchos trámites y que para poder conseguir ahora mismo estamos en una espera media de más de 60 días y lo que es más grave hay lugares como Madrid donde no hay horas ni citas posibles. Pero lo que de verdad me preocupa es que en lugar de ocupar funcionarios para estas labores tengan a más de 5.000 policías, que preparados para funciones de seguridad, en realidad están haciendo labores burocráticas. Y ello en unas plantillas ya muy mermadas.
Sabemos que este estado de situación no tiene una solución fácil, pero queremos un compromiso claro con planes concretos y tiempos marcados para hacer frente a la situación en un plazo razonable y no por la vía fácil a la que recurren de manera cada vez más reiterada que es la privatización y mucho menos en instrumentos tan sensibles como el documento nacional de identidad en cuyo chip ya se incluye y tiene la posibilidad de incrementarse información extra sensible.
Exigimos una solución ya, los ciudadanos no podemos seguir siendo rehenes de las malas políticas de este Gobierno y renovar el documento nacional de identidad no puede convertirse en una pesadilla y tampoco es aceptable que los responsables políticos del Ministerio del Interior minimicen el problema o como afirma el Ministro es algo puntual. El verano es un momento donde repunta la demanda y mucho nos tememos que no va a haber capacidad de respuesta desde la administración.
Esto se une al mantenimiento de situaciones caóticas en aeropuertos de interés general que ya dura más de un mes y a las que no se está poniendo remedio, lo que está perjudicando nuestra imagen como país moderno y destino de un número relevante de turistas. Es esto una muestra más de la incapacidad de los responsables de Interior para atender necesidades que, lejos de ser coyunturales e inesperadas, eran previsibles desde hace tiempo.
Era evidente que el problema va más allá de la falta de efectivos y que no puede solucionarse con medidas como las adoptadas para Mallorca, enviar algunos miembros de la escala básica en comisión de servicios, pero sin dietas claro, el problema es que tampoco hay verificadores de documentos y medios necesarios para atender el problema.
1. Dotar de manera urgente a las oficinas habilitadas en las comisarías para la expedición del documento nacional de identidad o/y el pasaporte, y a controles de pasaportes en los aeropuertos, de los medios personales y materiales necesarios para hacer frente a la demanda sin respuesta que está generando un gran problema social.
2. Acordar en el plazo de dos meses un plan que concrete plazas, medios y otros recursos necesarios, así como el calendario de su implementación con carácter estructural."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2017.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre kits de emergencia y radiopatrullas para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en la Comisión de Interior.
Distintos colectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han venido reclamando que se dote a sus efectivos de ciertos instrumentos que se consideran imprescindibles para el buen desarrollo de su trabajo; en concreto, del servicio de radio patrullas y del kits de emergencia.
Estos efectivos, suelen ser los primeros en desplazarse a los lugares donde son requeridos, encontrándose en muchas ocasiones con personas heridas que requieren de inmediato una asistencia médica. Y es que, sin quitar mérito a la rapidez y eficacia de los servicios médicos y de emergencia, a éstos en ocasiones les lleva algunos minutos llegar al lugar del suceso, minutos realmente cruciales y valiosos que pueden marcar la diferencia en la vida de una persona.
Es de tener en cuenta además, que los agentes tienen conocimientos suficientes como para poder asistir y socorrer a una persona que se encuentra en situación de emergencia. Por ejemplo, en lo que respecta al Cuerpo de Policía Nacional, en la Academia de Policías de Ávila se cursa la asignatura de Técnicas Asistenciales de Urgencia (TAU).
Respecto de la composición de estos kits de emergencia, estos deberían contener, entre otros: instrumentos hemostáticos de celox (cuya función es detener rápidamente las hemorragias severas), así como vendas o gasas tipo kaolin (cuyo propósito es controlar de forma inmediata una hemorragia mortal).
A lo anterior, debemos añadir además que la mayoría de cuerpos de seguridad europeos ya cuentan con la existencia de estos kits de emergencias. Teniendo en cuenta el escenario de alerta en el que se encuentra nuestro país con un nivel de alerta 4, se vuelve más imprescindible aún si cabe, adquirir estos kits y radio patrullas.
Dotar a todos los efectivos de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de radio patrullas y kits de emergencia, con la finalidad de aumentar la seguridad de la ciudadanía, y al mismo tiempo, interactuar con los servicios sanitarios y de emergencia apoyándoles en el auxilio de las personas que lo demanden."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública, relativa a la titularidad y fiscalidad de los montes vecinales en mano común.
Los montes vecinales en mano común (Montes veciñais en mán común) constituyen una forma de titularidad colectiva de gran interés para la conservación de los montes. Son los vecinos y vecinas los que poseen la titularidad comunera, entendida como un grupo social y no como un ente administrativo. Se trata de titularidades sin asignación, que no se pueden transmitir ni heredar.
Los montes vecinales en mano común son indivisibles, inalienables y inembargables. Carecen de personalidad jurídica ya que las comunidades de montes no se pueden constituir a través de un acto
voluntario, no son producto de un acuerdo de voluntad entre los coopartícipes. Asimismo, no se puede pactar su aprobación para desarrollar una actividad económica con reparto de dividendos.
Es un tipo de titularidad que carece de reconocimiento normativo puesto que se haya entre la titularidad pública y la privada, pero no encaja exactamente en ninguna de ellas per se. Necesita una definición propia.
La existencia de los montes vecinales en mano común como titularidades colectivas, aunque adscritas bajo nuestro punto de vista de forma errónea a la clasificación de titularidades privadas, está recogida en distintas legislaciones estatales: Ley de junio de 1957, Ley de julio de 1968, Ley de 2003, y normativas autonómicas.
En toda la normativa vigente se considera a los montes vecinales en mano común como de utilidad pública y de interés social. De hecho, son los jurados provinciales de clasificación, un ente administrativo, el que califica a los montes como vecinales o no.
En este sentido, la Xunta tiene la postestad para declarar un monte vecinal como un estado de grave abandono o degradado y asumir la gestión cautelar, mediante la acción de un plan integral para la mejora del aprovechamiento del mismo.
La legislación autonómica obliga a los titulares a invertir el 40% de todos los ingresos y a detallar en que proyectos se van a invertir. Es decir, existe una total intervención administrativa en su administración.
En definitiva, el monte vecinal está lejos de una concepción privada como lo definen diversas legislaciones. Cumplen con una función económica, social y medioambiental. En el ámbito rural tienen una función económica, favoreciendo lo que algunos consideran economía local o economía social. Sirven para combatir la desertización. Se trata de una figura de relevante peso territorial y social en Galicia, que prácticamente no existe en otras partes del estado.
Cumplen una función social y medioambiental que está incluso cuantificada según el IV Inventario Forestal, elaborado por el Ministerio de Agricultura, que lo cifra en 1.131 millones de euros. Desde las comunidades de montes se hace un control de la erosión, de la conservación de la biodiversidad, de los servicios recreativos. Realmente los estas entidades comunales ahorran al estado 1.131 millones de euros.
Sin embargo, adolecen de una fiscalidad totalmente injusta. Su inclusión en el año 2002 como sujetos pasivos en el Impuesto sobre Sociedades mediante una modificación en la Ley de Impuestos sobre Sociedades, equiparando a los montes vecinales en mano común a las empresas mercantiles, lo cual carece de toda lógica real.
Se trata de una equiparación injusta. No hay que olvidar que los dividendos de una sociedad de capital se generan a partir de una aportación concreta de capital, cuya finalidad es producir y repartir los beneficios en relación directa a la cuota de cada socio. No sucede así en los montes vecinales.
Desde En Marea consideramos que la fiscalidad de los montos vecinales en mano común debería tener en cuenta su tipo de titularidad y las funciones que cumple, y desde luego, no contemplarlos como sujetos pasivos en el Impuesto de Sociedades. Bajo nuestra consideración, no deberían tributar por el Impuesto de Sociedades.
En Galicia hay cerca de 3000 montes vecinales en mano común, que ocupa unas 700.000 hectáreas que supone un cuarto del territorio gallego. Su importancia es innegable así como sus funciones colectivas.
- Reconocer a los montes vecinales en mano común como una titularidad vecinal, comunitaria y distinta, y a tal efecto, contemplarlos así en la legislación estatal vigente en materia de montes.
- Cambiar la fiscalidad que se aplica a las comunidades de montes vecinales a fin de que tengan un tratamiento fiscal más acorde con sus funciones sociales, económicas y medioambientales y no sean contempladas como empresas mercantiles."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001435
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre la Transición Profesional para el sector de las artes escénicas y audiovisuales, pase a debatirse en la Comisión de Cultura.
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar a la Comisión de Cultura, comunicando este acuerdo a la Comisión de Educación y Deporte, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Sección Congreso de los Diputados", serie D, núm. 112, de 28 de febrero de 2017.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para fomentar la práctica segura de la actividad deportiva, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Podemos comprobar cómo en los últimos años determinados hábitos saludables de vida se van incorporando con fuerza en amplios sectores de la población con una amplia franja de edad, desde jóvenes hasta personas de edad madura.
Estas prácticas saludables afectan en cierta medida a la dieta alimentaria, sensibilidad que se extiende de forma amplia entre la población constituyendo hoy una preocupación generalizada entre los consumidores.
Sin embargo, en otros comportamientos de amplio predicamento entre la sociedad, la práctica deportiva, en ciertos niveles de esfuerzo, puede significar un riesgo para aquel que lo practica si no tiene valoración profesional de su condición física. En ocasiones en la práctica de actividad deportiva el esfuerzo exigido puede entenderse alto, y, por ello, se requiere la absoluta seguridad de estar en condiciones físicas de afrontarlo.
Hoy es frecuente que la actividad deportiva a la que nos referimos se practica sin vinculación alguna con el ámbito federativo y desde una posición de aficionado, sin más, participando en distintas competiciones organizadas desde distintos ámbitos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a constituir, desde la coordinación entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Consejo Superior de Deportes, un grupo de trabajo que estudie la necesidad de definir recomendaciones para los deportistas amateurs, con el fin de que puedan valorar mejor su condición física, sean más conscientes de la importancia de un entrenamiento gradual, y reciban más información sobre cómo realizar la actividad física de forma más segura."
161/001918
Don Antonio Roldán Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos y Marta Martín, Diputada del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobré la actuación de la Alta Inspección Educativa en relación a la comprobación de la veracidad de los contenidos de los libros de texto en Cataluña, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
El Sindicato AMES resalta, en su informe "Adoctrinamiento ideológico partidista en los libros de texto de Cataluña, de la materia "Conocimiento del medio" (Geografía e Historia, Ciencias Sociales) de 5.º y 6.º de Primaria, del curso 2016/2017, " la reducción de contenidos establecidos por el Real Decreto 126/2014 sobre Geografía e Historia, la falta de rigor científico y terminológico en los libros de texto de Conocimiento del Medio de 5.º y 6.º de EPO, la presentación de Cataluña como una entidad separada del resto de España y en muchos casos, enfrentada y la presentación de una Administración Pública y una jerarquía de las leyes que no se corresponde con la realidad establecida en el ordenamiento jurídico.
Estas afirmaciones fueron corroboradas por el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, José Moyano, en su comparecencia ante la Subcomisión de Pacto Nacional por la Educación y reconoció que su colectivo tiene que lidiar con las presiones o "recomendaciones" para ajustar los contenidos a los decretos autonómicos. Posteriormente reconoció al diario ABC sufrir presiones, sobre todo en cuestiones relativas a "temas identitarios o sobre concepción de la vida".
Además de lo ya expuesto, ante la pregunta realizada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos en Pleno el 17 de mayo de 2017, al Ministro de Educación y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, este respondió que el "el procedimiento es que Ministerio llame a la Alta Inspección Educativa para que esta envíe un requerimiento a la Comunidad Autónoma y establecer un diálogo con ella. En caso de no llegar a un acuerdo, se acude a los tribunales".
1. Actuar en Cataluña, cumpliendo con diligencia el procedimiento expuesto en el Pleno del Congreso y que el Ministerio inste a su vez a la Alta Inspección Educativa para envíe el requerimiento respectivo cuanto antes.
2. Que la Alta Inspección Educativa establezca un procedimiento de supervisión proactivo para intentar garantizar que los requisitos en relación a los contenidos se cumplan."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.- Marta Martín Llaguno, Diputada.- Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001930
Don Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al impulso de medidas para incrementar las habilidades necesarias para acceder a puestos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías, para su debate en Comisión.
El pasado 6 de marzo de 2017, la Comisión Europea publicó el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, DESI 2017 (Digital Economy and Society lndex, 2017), un índice combinado que resume anualmente los principales indicadores sobre el funcionamiento digital de Europa y que pormenoriza en la situación de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea (UE).
En la valoración sobre el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, (DESI 2017) el Gobierno afirmó que "España se coloca por encima de la media de la Unión Europea en desarrollo digital al pasar de la posición 16 a la 14 en los resultados de esta edición del DESI, el informe que se elabora anualmente desde 2014 y que recoge cinco indicadores sobre la digitalización del país: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital en las empresas y servicios públicos digitales. España, en el puesto 14, se sitúa por delante de Francia e Italia y por detrás de Reino Unido y Alemania".
En efecto, del análisis de los cinco componentes del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), se refleja que España avanzó el pasado año en todos los aspectos excepto uno: el que se refiere a capital humano. En este aspecto, el DESI señala que pese a que cada vez más españoles están conectados y en línea, el nivel de nuestras competencias digitales continúa siendo inferior a la media de la Unión Europea.
El dato, por significativo, es importante e invita a un mayor esfuerzo para tratar de impulsar en España medidas que permitan incrementar las habilidades tecnológicas necesarias para poder acceder a diferentes puestos de trabajo que, cada vez en mayor número y cualificación, exigen el manejo de herramientas, instrumentos, programas y aplicaciones que son más y más imprescindibles para progresar en el propio trabajo. De no menor importancia es que la incorporación de las máquinas y robots ya está incidiendo sobre muchos nuevos empleos pero también en los próximos años sufriremos la desaparición de otros muchos.
Encuestas e informes coinciden en la incertidumbre de muchos españoles sobre su propia capacidad de adaptación en el manejo de nuevas tecnologías. Al hilo del Foro Económico Mundial de Davos se presentó una encuesta en la que se reflejaba que el 51% de los españoles reconoce estar preocupado por no tener las habilidades digitales necesarias para progresar en un futuro en su lugar de trabajo, cifra que nos coloca un 36% por encima de la media registrada en los países de Europa.
Por otra parte, la Unión Europea maneja previsiones para los próximos tres años de creación de nuevo empleo en torno a los 900.000 puestos de trabajo relacionados con la tecnología y con expectativas profesionales en torno a las nuevas tecnologías, la robótica y la inteligencia artificial.
Por lo expuesto, el Diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, presenta la siguiente
1. Estimular la formación a lo largo de la vida laboral para lograr profesionales capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos, progresar laboralmente y aportar mayor valor a sus empresas y organizaciones.
2. Fomentar una Formación Profesional para el Empleo con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, y con amplia participación de organizaciones empresariales y sindicatos para avanzar en la preparación de capital humano y conseguir mayor competitividad, crecimiento económico y creación de puestos de trabajo.
3. Diseñar ofertas formativas que combinen la especialización en los campos profesionales con mayor demanda y proyección con el aprendizaje de competencias básicas transversales.
4. Garantizar la estabilidad y permanencia en el tiempo de programas que refuercen el protagonismo empresarial en materia de formación profesional para el empleo con el objetivo de facilitar a las empresas el desarrollo de planes de formativos acordes a sus necesidades estratégicas.
5. Incrementar las inversiones públicas en materia de formación que refuercen y complementen los fondos para afrontar programas de formación que presten una especial atención tanto a personas desempleadas como a pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores.
6. Elaborar medidas que faciliten el aprendizaje y la adaptación a las habilidades tecnológicas necesarias para poder acceder a diferentes puestos de trabajo que, cada vez más, exigen el manejo de herramientas, instrumentos, programas y aplicaciones que son más y más imprescindibles para progresar en el propio trabajo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2017.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001932
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre coeficientes reductores de los mariscadores, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Las personas que trabajan en el marisqueo, recogida de percebes y de algas están incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar como trabajadores por cuenta propia.
A efectos de la cotización y posterior jubilación este sector tiene un coeficiente reductor de 0,10. Este coeficiente es cuestionado por parte de los trabajadores y las trabajadoras afectados que lo comparan con otros factores reductores para trabajadores en embarcaciones de pesca o de la marina mercante que pueden llegar al 0,40.
El Real Decreto 1561/1995 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales establece una serie de criterios para delimitar cuales son los trabajos excepcionalmente penosos, peligrosos, insalubres o tóxicos. En esta línea el trabajo de extracción de marisco tiene condiciones laborales duras, con permanencia en el agua durante horas, con un esforzado trabajo de recogida y bajo condiciones difíciles en muchos casos, lo que se alinea con lo señalado en dicho real decreto como "exposición al frio, o exposición a excesiva carga física", por eso la consideración de penosidad de esta labor está justifica y el coeficiente corrector puede ser considerado menor de lo merecido.
En últimos quince años el colectivo de mariscadoras se redujo aproximadamente en 6.500 personas, llegando a menos de 4.000, lo que está relacionado con la calidad y la productividad del trabajo en el mar.
Es imprescindible garantizar las mejores condiciones de trabajo posibles para un sector importante, especialmente en la economía gallega, establecer un sistema equilibrado en lo que respecta a la seguridad social y ponderar el reconocimiento de la penosidad del trabajo de marisqueo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar el coeficiente reductor aplicado a mariscadoras, perceberos. y recogedores de algas a un 0,15 y a estudiar la viabilidad de un sistema de tramos de acogimiento voluntario que permita a los trabajadores y trabajadoras a optar por un incremento de su cotización para así aumentar su coeficiente reductor."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre contadores inteligentes, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha publicado recientemente un estudio sobre el "Acceso a los datos de consumo eléctrico de los contadores digitales y su uso" 3, que analiza la situación sobre el acceso a la información recopilada por los contadores digitales de electricidad del sector residencial (tipo 5, potencia inferior a 15kW). Es el estudio se recogen algunas de las potencialidades derivadas del acceso a la información de consumo eléctrico, las actuaciones que pueden haber impedido o dificultado el acceso a esta información tanto por parte del consumidor como, por terceras partes y, por tanto, al desarrollo efectivo de estas potencialidades, y se proponen diversas propuestas que garanticen un acceso neutro a los datos, como la creación de un operador neutro de datos, clarificar y asegurar la separación entre distribuidores y comercializadores, e incentivar la aparición de la figura independiente del agregador de demanda.
La regulación del sector energético y la gestión de la información.
El sector energético es un ámbito estratégico para cualquier país, con profundas implicaciones en el modelo socioeconómico, por lo que es un sector altamente regulado. El Estado español ha iniciado, siguiendo las indicaciones de las directivas europeas, la liberalización del sector basada en la separación de actividades de generación, transporte, distribución y comercialización. Sin embargo, esta separación no ha sido completa y se mantienen grupos empresariales con intereses comunes en los diferentes eslabones de la cadena. Cuando realizamos este análisis en Cataluña, la situación se acentúa por la posición de casi-monopolio en los tres ámbitos (generación, distribución y comercialización) de una sola compañía.
En este contexto legal y de mercado, se ha iniciado un proceso de transición energética para reducir las emisiones de CO2 que se concreta para el caso eléctrico en una entrada masiva de recursos de generación distribuida (renovables, almacenamiento, etc.) y la necesidad de incrementar la flexibilidad de la red para poder gestionar en tiempo real la fluctuación de las fuentes renovables; y, por otro lado, la electrificación de la economía (como por ejemplo la movilidad eléctrica). De este modo, las redes pasan de ser unidireccionales a bidireccionales, y la gestión de los flujos de información se convierte en el elemento diferencial de aquellos sistemas capaces de mantener un precio competitivo para el consumidor, garantizar la seguridad de suministro y reducir el impacto ambiental. Por eso, la gestión de la información se ha convertido en el elemento clave sobre el que pivota la modernización del sector eléctrico y desarrolla nuevos modelos de negocio que aportan al consumidor ya no solamente energía, sino productos y servicios relacionados.
Las redes eléctricas inteligentes - smart grids.
Es el momento, pues, de las redes eléctricas inteligentes (o smart grids), de la fusión de las tecnologías energéticas y la de las telecomunicaciones, y, de entre ellas, la medida del consumo eléctrico en el sector residencial a partir de los contadores digitales (o smart meters). Esta implementación actualmente está
3 Pep Salas Prat, PhD. Acceso a los datos de consumo eléctrico de los contadores digitales y su uso. Estudio del caso en España y propuestas de mejora para hacer posible el acceso a los datos a terceras partes. Estudio elaborado por encargo de la Autoritat Catalana de la Competencia. Barcelona, enero del 2017. http://acco.gencat.cat/web/.content80_acco/documents/arxius/actuacions/20170419_ACCESO-DATOS-CONTADORES-DIGITALES-ELECTRICIDAD.pdf
regulada por las directivas europeas desde el 2009 4 y estaba condicionada a un resultado positivo del análisis coste-beneficio (CBA, por la sigla inglesa) siguiendo la metodología de la Comisión Europea. Sorprendentemente, sin embargo, el Estado español inicia el despliegue antes de la directiva europea y no realiza el CBA. Este hecho es capital para entender las decisiones que se han tomado tanto del marco legal como de las soluciones técnicas para captar el dato, transmitirlo y ponerlo al servicio del consumidor y de terceras partes.
Sin un retorno claro de la inversión, el coste del cambio de contadores recae íntegramente en el consumidor de manera directa (a través de un concepto de "alquiler" en la factura) y de los peajes de acceso. El consumidor no puede renunciar a él ni elegir entre distintas opciones técnicas y no recibe la información adecuada ni antes, ni durante ni posterior a la sustitución del equipo, como puede ser el conocer las ventajas e inconvenientes entre la opción de compra o alquiler del equipo. La situación se agrava en la zona del territorio competencia de Endesa Distribución, claramente en situación de monopolio, ya que su despliegue se ha realizado con un único contador y, por lo tanto, el consumidor queda ligado durante años a una sola empresa para las operaciones y el mantenimiento del sistema (que además se desconocen). Este hecho se convierte también en un freno a la entrada de otros proveedores de bienes de equipo (en toda la cadena de valor de la medida) y evita que el consumidor pueda elegir los equipos según sus prestaciones y su coste.
Acceso a los datos de consumo.
Esta situación cautiva da lugar a una dificultad manifiesta para acceder al dato de consumo por parte del consumidor, tanto en lo referente al acceso a la información dentro de casa en tiempo real por falta de interoperabilidad con dispositivos del mundo del hogar inteligente (o smart home), como al acceso remoto. En este caso, el consumidor puede acceder a través del portal web de la propia compañía distribuidora, a pesar de que a menudo se desconoce y se confunde al utilizar una marca similar a la empresa de comercialización del mismo grupo, generando una distorsión del mercado. Y, en cualquier caso, el ciudadano accede a una información distinta según cual sea el operador, con lo que se pierde una parte importante de las potencialidades de ahorro de energía y se desincentiva la participación activa del consumidor en el mercado eléctrico.
Las dificultades al utilizar la información sobre el consumo de casa de un ciudadano crecen cuando el consumidor desea ceder, bajo su responsabilidad, la gestión de sus datos a una tercera parte, ya sea otra empresa de comercialización eléctrica para poder recibir una oferta personalizada (por ejemplo, indexada a los precios del mercado eléctrico), una empresa de servicios energéticos para poder recibir un retorno para mejorar la eficiencia energética o introducir fuentes de energía renovable, o, incluso, un agente independiente del sector eléctrico, como podría ser una comunidad de usuarios o una administración pública que ofreciera un servicio, por ejemplo, de seguimiento a los hogares vulnerables. En todos estos casos, hay una falta de desarrollo normativo que establezca las condiciones técnicas y de calidad en las que la cesión de datos a una tercera parte se pueda realizar de forma sistemática, simple y escafable, convirtiéndose en un freno al desarrollo del mercado.
La situación descrita sobre la dificultad de poner en valor los datos de consumo, propiedad del consumidor, no tienen ninguna justificación técnica ni económica.
Todos estos elementos son una singularidad del Estado español en el contexto europeo, donde hay otros modelos para el desarrollo de los contadores inteligentes. Por un lado, hay países que lo han contextualizado en una estrategia clara de modernización de la red y de objetivos estratégicos de país. Por lo tanto, han apostado decididamente por aprovechar al máximo el dato de consumo e, inseparablemente, esto pasa por facilitar su acceso a terceras partes (como serían los países escandinavos y los Países Bajos). Por otro lado, están aquellos que, habiendo realizado el análisis coste-beneficio, han acotado fa modernización del sistema de medición a solo un subsegmento de consumidores en el que hay un retorno claro de la inversión (como es el caso alemán). El caso español contrasta porque se ha decidido realizar
4 El apartado 9.2 de la Directiva 2012/27/VE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, establece que el despliegue de estos nuevos contadores inteligentes debe servir para que las personas clientes dispongan de información exacta sobre su consumo real de energía eléctrica.
la inversión (quedando cautivos en el ámbito económico y tecnológico), pero sin un plan que permita sacar provecho de ello y sin un estudio económico que fije el retorno de la inversión.
El estudio realiza una serie de recomendaciones, seleccionando dos objetivos fundamentales en el contexto de transformación del sector eléctrico. Primero, estandarizar el acceso al dato a terceras partes y garantizar su neutralidad. Y segundo, desarrollar la figura del agregador, tanto virtual como físico, de los activos de energía distribuida conectados a baja tensión en un contexto de mercado libre. Poder pasar de la situación actual, en la que el dato es cautivo, a poderlo ofrecer en términos de calidad y neutralidad es posible dentro del marco regulador actual, con la solución técnica de medida desarrollada y sin depender de otros agentes del mercado.
El operador neutro de datos.
El primer paso necesario, aunque no suficiente, es desarrollar normativamente la ley y hacerla cumplir. Para poder aumentar el potencial de aprovechamiento del dato se propone establecer la figura de un operador neutro de datos, de naturaleza pública o mixta o directamente un agente del mercado, como Red Eléctrica de España en su función de Operador Técnico del Sistema, que no tenga ningún interés económico directo con el consumidor en la valorización de esta información y que garantice la igualdad de acceso a todos los agentes. Este operador evitaría que se pueda extender el control de la red eléctrica de distribución a la parte digital aprovechando las atribuciones de responsable de la medida que las empresas de distribución tienen asignadas como actividad regulada y fijaría las bases para el desarrollo de un mercado emergente de productos y servicios asociados a la energía. Es decir, que los comercializadores que compiten, por ejemplo, con Endesa "comercializadora", puedan acceder al mismo tiempo que ella a la información en poder de Endesa Distribución.
La figura del operador neutro de datos, funcionaría de forma similar a cómo está configurado el mecanismo de acceso a los datos en países como Dinamarca. En concreto, esta posibilidad consiste en que un operador neutro concentre y armonice los datos recopilados por los diferentes distribuidores y los ofrece a través de un Data Hub donde se accede, una vez se dispone del permiso del consumidor, a través de una API y garantizando el cumplimiento de todos los requisitos de ciberseguridad preceptivos. Esta tarea facilitaría a las terceras partes la obtención de la información en condiciones de igualdad y neutralidad (ya no debería dirigirse uno a uno a todos los distribuidores, sino que le resultaría suficiente formular la petición, siempre con el consentimiento del usuario, a este operador neutro de datos).
Adicionalmente, en la medida en que se trataría de un operador "neutro", es decir, sin intereses en ningún mercado, sería esperable que no estableciera ningún trato diferencial hacia las diferentes solicitudes que le llegaran.
En caso que la figura de Operador Neutro no se desarrolle normativamente como parte del sistema eléctrico, se propone su desarrollo en el mercado libre, pudiendo operar sin generar ningún coste añadido al sistema.
El agregador de demanda.
Garantizar el acceso a los datos es el primer paso necesario para desarrollar la figura del agregador, un nuevo agente del sector que aparece con fuerza en mercados como el californiano y que prevé el nuevo paquete legislativo de la UE, conocido como Winter Package, Clean Energy for All Europeans, o Clean Energy Package (CEP). Se trata de una nueva actividad en la cadena de valor del sector diferente a la del distribuidor y a la del comercializador y que debe encargarse de gestionar y optimizar todos los flujos de energía e información para aportar "flexibilidad" a la red.
Es decir, por un lado, responde a las señales técnicas del operador del sistema y a las económicas del mercado de ajuste para optimizar el funcionamiento en cuanto a distribución y transporte (por ejemplo, reduciendo los picos de demanda) y, por el otro, moderniza los activos de generación distribuida, almacenamiento, eficiencia energética, gestión de la demanda, vehículo eléctrico y otros que transformarán de manera radical la forma en la que los consumidores recibimos el servicio energético, tanto en entorno urbano como rural.
Por lo tanto, podría, por un lado, negociar con el distribuidor correspondiente la gestión eficiente de la red (por ejemplo, garantizar que todo un grupo de vecinos -los que se encuentran agrupados en un mismo CT- no demandará picos de energía que superen un determinado nivel mediante la instalación
de baterías de almacenamiento) y, por otro lado, erigirse como un gestor de la compraventa directa de energía entre vecinos y también como un representante de estos para con el operador del sistema.
Se trata de una figura que presenta un importante potencial disruptivo, ya que no solo permite mejorar la gestión del sector eléctrico tradicional, sino también descentralizar el funcionamiento del sector eléctrico porque potenciaría, por ejemplo, formas para rentabilizar inversiones en generación distribuida (a través, por ejemplo, de placas solares), dado que la energía producida podría venderse a través del agregador de demanda que se encargaría de hacerla llegar a los vecinos. Y, en cualquier caso, asumiendo las responsabilidades técnicas y financieras necesarias.
Habrá que velar por que el agregador se desarrolle en el mercado libre y en igualdad de condiciones entre los diferentes agentes, tal y como apunta el Winter Package, actualmente en proceso de negociación. De hecho, se prevé el desarrollo normativo de esta figura durante los próximos años en el marco de directivas europeas y su transposición a inicios de la década de 2020. Objetivos que son, en definitiva, una propuesta de modernización de las infraestructuras de energía y telecomunicaciones sobre las que se debe desarrollar la sociedad y la economía del siglo XXI en un contexto de descarbonización y abandono progresivo de las fuentes de energía fósiles y nucleares.
Potencialidades de los contadores inteligentes.
A partir del contenido de este estudio, la ACCO ha elaborado una serie de conclusiones relevantes desde la óptica de la competencia 5, realizando una serie de propuestas orientadas a garantizar que los ciudadanos puedan recibir las máximas potencialidades de la innovación derivada directa o indirectamente de la información sobre el consumo eléctrico que pueden consistir, entre otras, en:
- mayor ahorro económico (accediendo a tarifas personalizadas o recibiendo señales de precio para consumir cuando la energía es más barata),
- mayor eficiencia del sistema en un escenario de alta penetración de recursos energéticos distribuidos (si los usuarios cercanos pueden comprar y vender energía, las pérdidas de distribución son menores)
- optimización de las medidas de mitigación de la pobreza energética a partir de la cuantificación de los consumos de aquellas personas afectadas y seguimiento de las medidas de mitigación adoptadas, y
- mayor variedad de servicios (por ejemplo, que los servicios sociales puedan detectar comportamientos anómalos y reaccionar rápidamente en el caso de personas mayores que viven solas).
Y, por supuesto, también estará vigilante para que en este sector los usuarios puedan convertirse en un agente productor (generador), tal y como la ACCO ya ha apuntado en diversas ocasiones 6, circunstancia para la que también resulta clave la información, ya que debe permitir a los vecinos la gestión de la venta de energía producida.
Proceso de sustitución de contadores.
En otro informe elaborado recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 7 se indica que el número total de "contadores inteligentes" instalados en el Estado español hasta el primer semestre de 2016 ascendió a 17,54 millones, cifra que representa el 62% del total de los 28,12 millones de contadores existentes en todo el Estado.
El informe correspondía al seguimiento de la integración de los nuevos contadores en el primer semestre de 2016, de acuerdo con el Plan de Sustitución de Contadores, por el cual las empresas distribuidoras de electricidad deben sustituir antes del 31 de diciembre de 2018 la totalidad de los contadores tradicionales de los consumidores con una potencia contratada de hasta 15 kW por contadores horarios telegestionados.
Al tratarse de un proceso técnicamente complejo, la normativa estableció que las compañías podrían sustituir los contadores analógicos por contadores digitales de forma gradual. A fecha 31 de diciembre
5 Autoritat Catalana de la Competència. Aspectos relevantes desde la óptica de la competencia en relación con el "acceso a los datos de consumo eléctrico de los contadores digitales y su uso". Barcelona, abril de 2017.
6 Autoritat Catalana de la Competència. "El autoconsumo eléctrico y la competencia" (OB 22/2016); "Transacciones entre iguales (P2P) y competencia. Un paso adelante" (ES 10/2016) y "Transacciones entre iguales (P2P) y competencia" (ES 07/2014).
7 CNMC. Informe IS/DE/002/16: Informe sobre la efectiva integración de los contadores con telemedida y telegestión de consumidores eléctricos con potencia contratada inferior a 15 kW (equipos de medida Tipo 5) a finales del primer semestre de 2016. Madrid, 23 de febrero de 2017.
de 2014, un 35% del total del parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada debían estar sustituidos. Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, debía cambiarse un 35% adicional, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 30% restante, objetivo que probablemente se logrará antes de la fecha prevista.
Mejora en la información a los usuarios.
Según la normativa, los comercializadores deben informar a sus clientes de manera clara sobre cuándo el distribuidor ha realizado el cambio del contador, los cambios que supone en cuanto al periodo de facturación y las posibilidades de acceder a sus consumos horarios, pues muchos consumidores no son conscientes de dicha sustitución ni de sus consecuencias.
El nuevo sistema de contadores permite que los usuarios puedan conocer con detalle sus curvas de consumos horarios. Pero la misma CNMC deja claro que las empresas deberían hacer el proceso más transparente y comprensible. Y considera asimismo que las empresas comercializadoras deberían realizar un esfuerzo para hacer comparable la información que se muestra al consumidor en su factura con el fin de evitarle una mayor confusión.
Además de las señaladas por la CNMC, debe tenerse en cuenta que el proceso de sustitución de contadores ha sido denunciado por diversas asociaciones e instituciones, por diferentes motivos, como son:
- El proceso de sustitución no se ha llevado a cabo correctamente (por ejemplo, la no información a los usuarios afectados del proceso de sustitución, comunicándose con antelación de la fecha prevista de sustitución; o la posibilidad de elección entre compra o alquiler).
- No se garantiza en todos los casos la seguridad y la protección de los datos personales de los usuarios, tanto en su transmisión como en la privacidad de los clientes finales, en cuanto a que "la obtención masiva de datos personales de las familias y puede llevar al seguimiento de lo que hacen los miembros de una familia en la intimidad de sus hogares".
- Algunos de los contadores inteligentes instalados no garantizan la interoperabilidad, como es el caso de ENEL, en contra de la Directiva 2009/72/CE 8 Normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
- No todas las tipologías de contadores inteligentes o instalaciones de trasporte de señal PLC garantizan la inocuidad de las emisiones en cuanto a sus efectos sobre la salud de las personas.
El Estado debería garantizar que el proceso de substitución se llevase a cabo de acuerdo a la normativa comunitaria en cuanto a la libre competencia, con todas las garantías de seguridad en cuanto a la protección de los datos personales y a la salud de las personas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta la siguiente
1. Garantizar un acceso neutro a los datos de los contadores tipo 5 (menos de 15kW) para el consumidor y terceras partes.
Para ello, se precisa:
8 La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE indica que "Los Estados miembros o cualquier autoridad competente que designen garantizarán la interoperabilidad de los sistemas de contador inteligente que se van a utilizar en sus territorios respectivos, y tendrán debidamente en cuenta el uso de las normas y mejores prácticas apropiadas, así como la importancia del desarrollo del mercado interior de la electricidad".
- Que se lleva a cabo conforme a lo indicado en la normativa (comunicándose con antelación de la fecha prevista de sustitución, informando de la posibilidad de elección entre compra o alquiler, etc.).
- La inocuidad de sus efectos sobre la salud de las personas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2017.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las plantas de tratamiento de purines, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
El 18 de julio de 2016, el Boletín Oficial del Estado publicaba la sentencia de 20 de junio del mismo año de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental del Purín (ADAP) declarando la nulidad de los Anexos II y VIII de la Orden IET/1045/2014 en la que se aprobaban las retribuciones a las instalaciones de tratamiento y reducción de purines, e instando a la Administración a que apruebe, en el plazo de cuatro meses, la regulación sustitutiva que se anula con la sentencia.
Es necesario recordar que la creación de plantas de cogeneración de tratamiento de purines se empieza a gestar en 1999, debido a que en zonas vulnerables del país donde existe una gran concentración de ganadería porcina, se detecta una contaminación de aguas subterráneas por filtración de nitratos cuando los purines se aplican en un nivel superior al que puede asumir la tierra y la actividad agrícola, además de la contaminación ambiental y el malestar de los habitantes de las localidades cercanas a las explotaciones.
Señalar asimismo que el sector porcino es el segundo más importante de la Unión Europea y el cuarto productor mundial, con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros anuales y 200.000 puestos de trabajo directos.
Estas cifras se han conseguido incorporando fundamentalmente la innovación a la producción, y en un contexto como es el agrario altamente subvencionado, a un sector que no recibe ayudas.
Por tanto, nos encontramos ante una actividad en la que es imprescindible armonizar, encajar y compatibilizar las variables económicas, sociales y medioambientales para conseguir un desarrollo sostenible y garantizar su futuro.
Tras los ya conocidos recortes a las energías renovables, las 29 plantas de tratamiento de purines existentes en España fueron a la quiebra, deteniendo su actividad con una pérdida de más de 500 empleos directos y 1.000 indirectos, y dejando de tratar más 2,5 millones de toneladas/ año de purines precisamente en las zonas vulnerables mencionadas anteriormente.
El 30 de enero de 2017 el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital modificó los parámetros indicados por el Tribunal Supremo pero reduciendo su vida útil regulatoria, periodo en que las plantas devengan prima, de veinticinco a quince años. Esta disminución ha provocado que 3 de las plantas que habían arrancado detengan su actividad y que a 16 de las 29 plantas les quede solo tres años de vida útil regulatoria, además de no disponer de un marco adecuado a la inversión y puesta en marcha tras más de tres años paradas.
1. Restablecer en el menor tiempo posible el plazo de veinticinco años de vida útil regulatoria de las plantas de purines que figura en el artículo 5 de la Orden Ministerial IET/1045/2014 tal corno indica el artículo 14.4.1 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico que señala que "En ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores".
2. Facilitar al máximo la reapertura de las plantas de purines que permita un marco adecuado para su desarrollo y el del sector, ya que disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica.
3. Elaboración en el plazo de seis meses de un Plan Nacional de Tratamiento del Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental en coordinación con las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y con los departamentos ministeriales implicados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2017.-María Pilar Lucio Carrasco, Gonzalo Palacín Guarné, Marc Lamuà Estañol, José Miguel Camacho Sánchez, Meritxell Batet Lamaña, Lídia Guinart Moreno, María Mercè Perea i Conillas, Javier Antón Cacho, María Guadalupe Martín González, José Zaragoza Alonso y María González Veracruz, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001935
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el incremento de interconexión eléctrica y gasista de España, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
La Unión Europea establece, a través de distintos documentos normativos y comunicaciones; diversos objetivos en materia energética con el objeto de dar respuesta al ya clásico "trilema" existente en este
ámbito basado en el óptimo de tres elementos: la sostenibilidad medioambiental, la seguridad de suministro y la competitividad del sector energético.
Entre dichos objetivos (que incluyen la generación de energía renovable, la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero o la eficiencia energética) se incluye la necesidad de incrementar el nivel de interconexión de la capacidad eléctrica instalada para alcanzar un nivel equivalente al 10% antes de 2020. Dicho nivel se incrementaría al 15% para el año 2030.
Las interconexiones contribuyen a cumplir con los objetivos previamente mencionados y dar respuesta a las dificultades relativas a la seguridad del suministro al facilitar las funciones de apoyo entre sistemas vecinos y diversificar la oferta energética. Tal es así, que han sido numerosas las ocasiones en las que la propia Unión Europea ha recordado la importancia de las interconexiones gasistas con África para evitar los problemas de aprovisionamiento que ha sufrido Europa hasta ahora.
Finalmente, pero no menos importante, las interconexiones también inciden decisivamente en la competitividad de los sistemas energéticos al contribuir a crear un mercado más grande y por ende, facilitan los intercambios comerciales de energía al incrementar el grado de oferta y demanda del mismo, aumentando la competencia al aprovechar las diferencias de precios de la energía en los sistemas eléctricos interconectados. De hecho, es así como esta necesidad se entiende en el seno de las instituciones europeas de cara a la estrategia del Mercado Interior de la Energía.
Sin embargo, a día de hoy y de acuerdo con los datos de Red Eléctrica, nuestro país solo alcanza una capacidad de interconexión del 2,8% y ello tras haberse duplicado dicha capacidad con la inauguración en 2015 de la nueva interconexión por parte oriental de los Pirineos.
Por último, pero no menos importante, la mejora de interconexión de los países norteafricanos con en el mercado energético europeo habilitaría una diversificación del suministro energético. Este factor contribuiría a diversificar y reducir la dependencia energética del conjunto de la Unión, lo que garantiza además una mayor independencia de su posición diplomática, entre otros asuntos.
161/001912
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento y sensibilización de la ciudadanía sobre la memoria del holocausto gitano, para su debate en Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El 15 de abril de 2015, el Parlamento Europeo reconoció en Bruselas el genocidio gitano que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo a instancias de sucesivas campañas lanzadas por entidades gitanas de toda Europa y declaró que se debe dedicar el Día de Conmemoración del Genocidio de los Roma Europeos cada 2 de agosto, en recuerdo de las 500.000 personas gitanas que fueron exterminadas por los nazis y sus colaboradores.
El Parlamento Europeo pide en su resolución a los Estados miembros que oficialicen este reconocimiento y apliquen de manera efectiva la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico. Todo ello, con el objeto de evitar y acabar con la discriminación contra la comunidad romaní, particularmente en materia de empleo, educación y acceso a la vivienda. La resolución subraya, además, la necesidad de luchar contra el antigitanismo a todos los niveles y por todos los medios y hace hincapié en que este fenómeno es una forma de racismo particularmente persistente, violento, recurrente y habitual.
La parlamentaria Soraya Pos -eurodiputada sueca de padre judío alemán y madre romaní- fue portavoz de esta iniciativa. Post subrayó que "la posición del Parlamento Europeo es un importante paso para abordar la gitanofobia, que rompe el silencio en torno a las víctimas gitanas del régimen nazi y otorga a los roma el lugar que se les ha negado durante tanto tiempo en nuestra historia común".
La identidad de los gitanos españoles hunde sus raíces en la de los pueblos gitanos europeos, sean Roma, Sintis, Manuses, Cíngaros o Calderas, todos ellos considerados por los nazis como "inferiores racialmente". El destino de los Roma, en algún sentido, fue paralelo al de los judíos: fueron perseguidos salvajemente, encarcelados, humillados, asesinados, recluidos y masacrados. Fueron víctimas de la deportación a los campos de concentración y exterminio como Chelmo, Sachsenhausen, Buchenwarld, Dachau, Mathausen o Ravensbruck. Y, especialmente, fueron internados en el llamado "campo de las familias" en Auschwitz antes de ser llevados a las cámaras de gas. Además, otras decenas de miles habían sido asesinados en las cunetas, como los propios judíos, en los territorios orientales ocupados por los alemanes, de manos de los Einsatzgruppen, equipos móviles del ejército alemán.
Es igualmente necesario poner en valor lo que cuentan los supervivientes: "nunca, ni en los peores momentos y circunstancias, dejaron los Roma perseguidos de cuidar a sus ancianos y niños; fueron valientes... muchos de ellos escaparon de los pueblos ocupados por los nazis para juntarse con los partisanos resistentes y lucharon hasta su último aliento."
Desgraciadamente, hay que reconocer que las ideologías que condujeron a la que se considera hoy como la mayor tragedia humanitaria, aún no han desaparecido de nuestras sociedades. Recordar el genocidio gitano en el marco del Holocausto es una forma crucial de lucha contra el racismo y la intolerancia moderna hacia las minorías. Una lucha que debe iniciarse en las escuelas donde se forman todos los ciudadanos y ciudadanas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, y con las Instituciones, Fundaciones, Consejo Estatal y entidades del movimiento asociativo de la población gitana, a:
1. Realizar las actuaciones necesarias para institucionalizar el día 2 de agosto como "fecha de conmemoración del genocidio del Pueblo Gitano durante la Segunda Guerra Mundial", como recomienda
la resolución del Parlamento Europeo del 15 de abril de 2015, porque sigue siendo un hecho "ignorado" y no admitido por el público en general, y es una forma de hacer justicia, de honrar a las víctimas y compensar a este colectivo por las atrocidades cometidas contra sus miembros.
2. Planificar campañas de sensibilización para la población en general en Memoria del Genocidio Gitano.
3. Promover que en los centros de educación se enseñe, se conozca en profundidad y se debata sobre esta parte de la historia, como recordatorio universal de lo que nunca debería haber sucedido, incluyendo en el currículum nacional de la enseñanza obligatoria, la historia y cultura del pueblo Gitano.
4. Asegurar como marco y como complemento necesario a la puesta en marcha de estos propósitos la consolidación de la Estrategia Nacional para la inclusión del Pueblo Gitano en España (2012-2020), en línea con el impulso de las instituciones europeas, y que sea considerado como un proyecto prioritario con una dotación económica adecuada para el cumplimiento de sus objetivos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2017.-Elvira Ramón Utrabo y Lídia Guinart Moreno, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001931
José Manuel Villegas Pérez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las barreras de acceso interpuestas por el Gobierno para que los profesionales sanitarios puedan acceder a formación continua, innovadora y de calidad, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La crisis económica ha afectado a los profesionales sanitarios de manera directa. Los altos niveles de temporalidad, previamente existentes, se han visto incrementados; los salarios, ya de por si bajos en comparación con sus homólogos europeos, se han visto reducidos aún más; se han perdido derechos laborales adquiridos de manera previa como exenciones de guardias y turnos nocturnos; así como un deterioro significativo del ambiente laboral al aumentar la carga asistencial por la falta de cobertura en los traslados efectuados en los centros sanitarios.
Esta calidad de nuestros profesionales sanitarios viene en parte dada por la formación y capacitación que nuestros profesionales poseen. Una formación que, según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, se establece como un derecho y deber de los profesionales sanitarios, siendo las instituciones, centros sanitarios y administraciones quienes deberán facilitar esta formación continuada. Sin embargo, el desarrollo de la formación de los profesionales sanitarios ha quedado olvidado por parte de las administraciones públicas y son los profesionales, quienes a costa de sus ahorros, costean los cursos y formación precisa a fin de adecuar sus conocimientos a las necesidades del sistema sanitarios y a los avances científicos y técnicos.
La industria farmacéutica también ha jugado un papel relevante en la formación de nuestros profesionales. Dada las deficiencias del sistema público a la hora de formar a nuestros profesionales, los laboratorios, a través de Farmaindustria, han promocionado y facilitado congresos, cursos y reuniones técnico-científicas organizadas por sociedades científicas y organizaciones profesionales a todo tipo de personal sanitarios a fin de que pudieran acceder a conocimientos y técnicas innovadoras. Si bien, recientemente han existido casos en los que se han comprobado actividades poco éticas, y contrarias a los códigos de buenas prácticas acordados por el sector, por parte de directivos de alguna farmacéutica, la industria ha avanzado, aún más, en lo que a transparencia se refiere para poder prevenir y detectar este tipo de sucesos publicitando todos los pagos a profesionales sanitarios. Sin embargo, pese a las
irregularidades detectadas, a día de hoy las administraciones no han mostrado factible ningún otro tipo de sistema de formación para nuestros profesionales sanitarios.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo a los pacientes infantiles de Daño Cerebral Adquirido (DCA) y sus familias, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
El daño cerebral adquirido infantil (DCAI) es uno de los factores más frecuentes que producen discapacidad en la infancia. Se trata de una lesión del tejido cerebral del niño o niña producido a partir del momento de su nacimiento por una causa, sobrevenida. En la mayor parte de los casos sus causas son traumatismos craneoencefálicos (accidentes, caídas...), pero también accidentes cerebro-vasculares agudos (ictus), crisis, tumores cerebrales, anoxias, encefalitis y otras enfermedades de base neurológica.
El DCAI puede producir, y frecuentemente produce, problemas físicos fácilmente reconocibles e invalidantes de por vida, tales como dificultades en el andar o en el movimiento fino de las manos, dolores de cabeza y convulsiones, problemas en la deglución o en la comunicación. Pero, además, puede producir un daño no visible. Algunos niños y niñas desarrollan facultades psicomotrices o de lenguaje con normalidad, están aparentemente sanos, pero tienen problemas de aprendizaje, comportamiento, concentración... Y muchas veces se dan ambos tipos de secuelas simultáneamente.
Todo este cuadro produce alteraciones no solo en la vida y el desarrollo del menor sino también en la familia (dificultad de aceptación y adaptación a la nueva realidad, agotamiento...) y en la sociedad. Afortunadamente se ha demostrado que un tratamiento altamente intensivo y especializado en la fase posterior a la lesión, que incluya tratamiento y seguimiento médico y cuidados de enfermería, acompañado de una atención personalizada que incluya fisioterapia, apoyo psicológico, y otras técnicas rehabilitadoras según los casos (logopedia, psicomotricidad,...) permite recuperaciones funcionales muy importantes, dada la capacidad de recuperación que el cerebro infantil todavía preserva. A ello se ha de unir necesariamente la adaptación escolar y los cuidados sociales que estos niños y niñas, y sus padres o madres, pueden necesitar.
Su abordaje ha de ser, por lo tanto, multidisciplinar buscando el restablecimiento de los pacientes al nivel de funcionamiento más alto posible en todos los ámbitos. Esto incluye, necesariamente, poner todos los medios posibles para reducir la discapacidad que genera el DCAI para disminuir las limitaciones que sufren los pacientes, especialmente los menores de edad, en sus actividades diarias y mejorar sus dificultades en las relaciones sociales, incrementando su participación social.
Todos estos cuidados, cuando no se ofrecen por parte de los servicios públicos, como ocurre todavía en demasiadas ocasiones, conllevan altos costes para las familias.
Además, aun existiendo servicios especializados en España de altísima calidad para atender estos casos de DCAI, todavía no son suficientes ni están al alcance de todos los afectados dado que existen muchas trabas para el desplazamiento de los pacientes desde otras Comunidades Autónomas diferentes a donde se ubican estas unidades de referencia.
En resumen nos encontramos ante un tipo de patología en donde es esencial: a) una atención altamente especializada, rápida y coordinada en el momento de producirse la lesión sobre el cerebro infantil con el fin de reducir al máximo el daño producido y como consecuencia las secuelas; b) un tratamiento subagudo altamente especializado, multidimensional e intensivo que permita recuperar el máximo nivel de capacidad funcional del cerebro lesionado; c) la organización de los cuidados sanitarios, educativos y sociales para la atención en el entorno familiar y escolar del niño o niña afectado en la fase post-subaguda con el fin de mejorar su calidad de vida, adaptación y progreso escolar.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el plazo máximo de seis meses, poner en marcha las siguientes medidas:
1. Elaborar, en coordinación con las CCAA, una guía de actuación ante el DCAI, incluyendo la implantación de un Código de ictus infantil, para mejorar el tratamiento de la fase aguda, realizando diagnósticos tempranos, previniendo muertes en la infancia así como secuelas en los niños que se estabilizan y creando un sistema coordinado de atención a este tipo de urgencias entre las UCIs pediátricas de todo el territorio nacional.
2. Acreditar centros de referencia de atención al Daño Cerebral Adquirido Infantil en la etapa subaguda. Estos centros, que formarán parte de la red CSUR del Sistema Nacional de Salud, serán financiados por el Fondo de Cohesión Sanitaria.
3. Incluir en la guía de actuación ante el DCAI el protocolo de derivación a los centros de referencia de tal forma que estos niños y niñas reciban las terapias de neuro-rehabilitación adecuadas que, en todo caso, serán de carácter multidisciplinar y abarcarán la rehabilitación a nivel cognitivo, conductual y emocional.
4. Recoger en la guía aquellas experiencias y recomendaciones de buenas prácticas en la coordinación de cuidados sanitarios, sociales, y educativos orientados a la mejor adaptación y desarrollo del niño o niña en su entorno familiar y escolar, contando para ello con las Asociaciones ciudadanas y profesionales especializadas en DCAI.
5. Establecer, en coordinación con las CCAA, el carácter preferente de la valoración de la discapacidad y situación de dependencia de los niños y niñas que sufren DCAI, así como de las posteriores revisiones de estas valoraciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 2017.-Jesús María Fernández Díaz y María Guadalupe Martín González, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001936
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los derechos de los consumidores a recibir información completa sobre componentes de productos alimenticios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La Unión Europea ha hecho de la defensa de los consumidores, y más particularmente de su protección en relación a la seguridad alimentaria uno de sus principios rectores.
La política alimentaria de la Unión Europea se basa en una legislación que prima la seguridad a través de dos principios: la aplicación efectiva y rigurosa de su legislación y un asesoramiento científico muy sólido sobre el que se basa la toma de decisiones.
Recientes investigaciones han sustentado la necesidad de delimitar claramente en el etiquetado de los productos alimentarios cuáles son exactamente los componentes que hasta 2011 se agrupaban bajo la denominación "aceites vegetales". Esto se materializó en el Reglamento Europeo 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
España, no solo como miembro de la Unión Europea, sino por el compromiso inequívoco de su Gobierno con el interés general de los ciudadanos, de forma especial con la salud de los mismos, ha desplegado una red de seguridad en torno al origen, transformación, manipulación y comercialización de alimentos que ofrece un amplio margen de seguridad a los españoles. Esta iniciativa trata de contribuir
aún más a la seguridad de los consumidores para que, con la adecuada información y formación, puedan adoptar las decisiones de consumo que consideren más pertinentes.
Esta iniciativa pretende garantizar por tanto la calidad de la información que recibe el consumidor y garantizar que éste tenga la adecuada formación, y por ello se hace especial mención a impulsar la formación en su etapa escolar.
Por ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
- Llevar a cabo las acciones pertinentes con el fin de garantizar que la información sobre determinados productos, cuyo consumo no equilibrado pudiera producir consecuencias no deseadas en la salud y en el comportamiento del consumidor, sea adecuada y comprensible.
- Continuar impulsando, en colaboración con la comunidad educativa, la formación de los escolares en relación a los beneficios de una alimentación equilibrada y saludable, para orientarles hacia decisiones de consumo que sean beneficiosas para su salud.
- Promover y apoyar el modelo de información al consumidor en materia medioambiental que se concreta en la adhesión de empresas y organizaciones al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental: EMAS."
161/001937
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a homogeneizar los estándares de calidad de los establecimientos ortoprotésicos, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, define discapacidad como la "situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".
Por su parte, la ortopedia es una prestación sanitaria que potencia la autonomía personal de las personas con discapacidad, bien sea temporal o permanente, lo que ayuda a su inclusión social al favorecer su incorporación activa en la vida cotidiana. Esta asistencia forma parte de las prestaciones de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud. Constituye, por tanto, un derecho de todos los españoles que emana del principio rector de la política social y económica recogido en el artículo 43 de la Constitución Española.
Sin embargo, los establecimientos comerciales de ortopedia responden a la legislación autonómica, debiendo cumplir unos requisitos muy diversos según las diferentes partes del territorio nacional y, en ocasiones, no garantizan la plena accesibilidad.
Esto hace necesario establecer unos principios comunes en asuntos tales como: definición de los establecimientos ortoprotésicos y sus modalidades; refuerzo de su carácter de establecimiento sanitario; homogeneización de los requisitos técnicos y sanitarios de los mismos; procedimientos de autorización de apertura y funcionamiento; tipos de autorización para el inicio; modificación o cese de la actividad; registros de establecimientos, señalización, organización y distribución del establecimiento por zonas, condiciones
de seguridad y de salubridad; perfiles y cualificación del personal y registro del mismo; aspectos documentales y formales; protección de datos; infracciones y sanciones; vigencia y caducidad de las autorizaciones y que los establecimientos sean de fácil acceso a usuarios de silla de ruedas, eliminando las barreras arquitectónicas existentes.
Por lo expuesto, es necesario superar la excesiva dispersión de criterios que se observa en la normativa autonómica a través de una actualización basada en criterios de calidad y de cohesión.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas a impulsar cuantas medidas sean convenientes para homogeneizar la calidad de los establecimientos ortoprotésicos conforme a estándares básicos comunes y válidos para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, de modo que se garantice la igualdad en el acceso a estas prestaciones de las personas con discapacidad."
161/001939
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la revisión de los supuestos de jubilación anticipada comprendidos en el Real Decreto 1851/2009, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
La Artrogriposis Múltiple Congénita (AMC) es un síndrome clínico que se caracteriza por la existencia de varias contracturas articulares congénitas articulares graves, debilidad muscular, fibrosis y desequilibrio muscular que afectan a varias articulaciones del organismo, sobre todo en las extremidades y que suele acarrear también anomalías en órganos como el corazón, pulmón o riñón.
Los síntomas de la Artrogriposis Múltiple Congénita (AMC) varían drásticamente de una persona a otra, sin embargo el carácter común es la rigidez en las articulaciones y la debilidad muscular. Las áreas más propensas a la falta de movimiento son los hombros, codos, muñecas, manos, caderas, rodillas y pies, puede afectar también a la mandíbula.
Se estima que pueden existir alrededor de 400 tipos de Artrogriposis. Así podemos hablar de Amyoplasia, Artrogriposis distal, Síndrome de Pterygium, de Freeman-Sheldon, osteocondrio-displasia, etc...
Asimismo, las causas de la AMC se han clasificado en neurológicas y no neurológicas. Las neurológicas se deben a las alteraciones en el sistema nervioso central tanto como en el periférico, mientras que las no neurológicas vienen causadas por alteraciones en los tejidos asociados a la articulación o por una limitación física al movimiento fetal. Indiferentemente de las causas, la AMC repercute gravemente en la calidad de vida de las personas que la padecen, causándoles grados de discapacidad, así como en la vida laboral de aquellas personas que trabajan pese a padecer la AMC.
En el Estado español, el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento, regula los criterios para acceder a la jubilación anticipada de aquellas personas afectadas con un grado de discapacidad igual o superior al 45%.
En su artículo 2, dicho Real Decreto enumera las diferentes discapacidades que pueden dar lugar a la anticipación de la edad de jubilación pero no figura la AMC. Así como tampoco figura en el Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalía.
En la idéntica situación se pueden encontrar las personas que padecen Parkinson o el Síndrome Post Poliomelitis. Un hecho que penaliza doblemente a los afectados por este tipo de enfermedades ya tengan una minusvalía igual o superior al 45% o igual o superior al 65%. Una situación que aboca los afectados a la iniciación de Incapacidades temporales y continuar con un procedimiento para la obtención de la incapacidad permanente pese a que existe una limitación evidente de la realización de la actividad laboral por los afectados.
Iniciar, en el plazo de tres meses y mediante los trabajos de una comisión mixta de expertos (Estado-Comunidades Autónomas), un proceso de revisión de los supuestos de jubilación anticipada por motivo de enfermedades neurodegenerativas y/o minoritarias comprendidas en el artículo 2 del Real Decreto 1851/2009, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalía, como es el caso de la Artrogriposis Múltiple Congénita."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2017.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/001914
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la seguridad infantil en los automóviles, para su debate en la Comisión Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Cada día quince niños sufren lesiones como consecuencia de un accidente de tráfico, por desgracia, en demasiados casos con resultados graves o mortales. Por este motivo es necesario concienciar a la sociedad sobre la importancia de llevar al niño protegido en su silla en todos los desplazamientos.
A pesar del esfuerzo de la Dirección General de Tráfico con campañas didácticas como la Guía General de uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI), durante la última campaña de vigilancia de los sistemas de retención, llevada a cabo el pasado mes de marzo de 2017 por la Dirección General de Tráfico, se han controlado más de 300.000 vehículos en los que circulaban un total de 3.000 personas sin la sujeción debida y 240 menores sin ningún tipo de sistema de retención infantil.
Un total de 240 menores viajaban sin usar ningún sistema de retención: 64 de ellos ocupaban asientos delanteros y 166 iban en los asientos traseros. El 99% de estos menores circulaban por carreteras convencionales, donde se registran ocho de cada diez fallecidos.
Es el momento de actuar para la prevención de las lesiones infantiles como consecuencia de un accidente de tráfico. Proteger a los pequeños en sus desplazamientos es un objetivo que nos une, en el que todos y cada uno debemos aportar nuestro esfuerzo para que ningún niño viaje sin su sistema de retención infantil.
A lo largo de 2017, entrará en vigor la segunda fase de la norma i-Size, también conocida como R129. En este sentido, tanto las sillas de coche como los elevadores y sus sujeciones tendrán algunas modificaciones después de las últimas pruebas de seguridad llevadas a cabo por fabricantes y especialistas. Todo ello para mejorar la seguridad de los más pequeños cuando los llevamos en nuestros coches.
Por ese mismo, puede resultar importante y necesario un proceso de formación de los profesionales encargados de la venta de los dispositivos de SRI. Debe existir una información a los padres que van a
adquirir dichos dispositivos para que tengan todos los datos relativos, puesto que tan importante como su uso es la elección de una sillita adecuada al peso y la altura del niño, como también su correcta instalación en el vehículo y buen uso durante toda la vida útil del SRI.
1. Continuar fomentando campañas de información y concienciación a todas las personas que utilicen Sistemas de Retención Infantil en sus vehículos.
2. Potenciar que los fabricantes y los comercializadores de Sistemas de Retención Infantil doten de una formación obligatoria a todos sus vendedores de SRI respecto a la normativa vigente y a la correcta instalación de los mismos en aras de mejorar la seguridad vial y perseverar la integridad de los bebés y los niños que se desplazan en los vehículos.
3. Impulsar todas aquellas acciones e iniciativas dirigidas a promover que todo comprador de un SRI, obligatoriamente reciba en el punto de venta una mínima formación sobre su instalación y buen uso del SRI en el momento de su adquisición y durante la vida útil del mismo, con el objetivo de reducir la mortalidad infantil en las carreteras durante los próximos años."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001916
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a controlar problemas físicos o psíquicos que limitan la capacidad de conducción, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
La simple expedición de la autorización para poder conducir un vehículo de cualquier tipo no solo tiene fecha de caducidad sino que además está sujeta a una serie de revisiones periódicas. Esta comprobación resulta tan sencilla como acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores cada vez que expire nuestro permiso de conducción. El problema surge cuando nuestras capacidades resultan mermadas mientras el permiso de conducir está vigente.
Nuestro modelo de reconocimiento de capacidades psico-técnicas, puede resultar insuficiente para la detección de dichas circunstancias sobrevenidas. Los médicos y la Dirección General de Tráfico (DGT) deben establecer cauces de colaboración para un intercambio de información sobre aquellos conductores que tengan mermada la capacidad para conducir. El médico asistencial en la relación con sus pacientes también tiene la obligación de proteger la salud individual y colectiva y, por lo tanto, es responsable de informar, educar y controlar aquellos pacientes que padezcan enfermedades o deficiencias susceptibles de disminuir o anular su capacidad por conducir de manera segura, habiendo de asumir un papel activo en la prevención de los accidentes de tráfico.
Los modelos de evaluación de aptitudes para la conducción deben abarcar una doble vía de comunicación, por una parte, con el modelo primario tal y como se conoce con revisiones periódicas, y, por otra, con la comunicación inmediata a las Autoridades Administrativas de Tráfico por parte del médico de una patología o circunstancia sobrevenida permanente que incapacite a la persona para la conducción.
Es por lo tanto en estos casos en que el paciente presenta déficits o pérdida de aptitudes sobrevenidas permanentes que puedan afectar su capacidad por conducir cuándo el papel del médico se hace decisivo.
Esta comunicación ya existe en otros ámbitos como son los accidentes de tráfico donde hay lesiones o en los supuestos donde ha existido un caso de violencia de género, en los cuáles, el médico que asiste al lesionado pone en conocimiento del Juzgado de Guardia dicha situación. La comunicación al juzgado de guardia tiene extraordinaria importancia como documento acreditativo de las lesiones producidas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de un grupo de trabajo interministerial entre la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación y la Dirección General de Tráfico para estudiar la posible adopción de medidas en orden a una eventual comunicación de aquellas lesiones físicas o psíquicas que tengan efectos directos en la capacidad de conducción en aras de la seguridad vial."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con los menores extranjeros no acompañados en la Ciudad Autónoma de Melilla, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Invisibilizados bajo el acrónimo MENAS, en los alrededores del puerto de la Ciudad Autónoma de Melilla, pernoctando en sus escolleras, sobreviven unos 100 niños extranjeros no acompañados, fundamentalmente marroquíes. Tienen entre ocho y diecisiete años. Ninguna niña entre ellos.
No se trata de un hecho nuevo, si bien, en los últimos años, el número de menores extranjeros no acompañados ha ido aumentando de forma alarmante.
Desamparo, soledad, miedo, violencia, riesgos de todo tipo y mucho sufrimiento son términos que ayudan a visibilizar lo que en realidad significa ser un MENA, un menor extranjero no acompañado, en la definición dada por la Resolución 26/07/1997 del Consejo de la Unión Europea, la Observación General n.º 6/2005 del Comité sobre los Derechos de los Niños de Naciones Unidas y el artículo 189 del Reglamento de la Ley de Extranjería: los que se encuentran separados de ambos padres y otros parientes y que no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad.
Son menores que han abandonado sus países en busca de una vida más digna, por causa de la pobreza y la violencia. Para ello, han tenido que pasar, solos, la frontera y, ahora, se encuentran aquí, en nuestro país, en las calles de Melilla, sin escolarizar, sin vestido ni alimentación apropiada y regular, sin asistencia sanitaria salvo la de urgencias, sin asistencia a su salud mental a pesar de la adicción de muchos de ellos a inhalar pegamento.
En el puerto de Melilla buscan la ocasión para subirse a un barco como polizones y cruzar el Mediterráneo hasta la Península. Lo intentan por las noches -mediante lo que se conoce como "risky"- las veces que sea necesario, aún a riesgo de sus vidas y de su integridad.
Se encuentran en la calle porque se han escapado del Centro Educativo Residencial de Menores "Fuerte La Purísima", que está desbordado y que no les ofrece o les impide cumplir con su objetivo vital que es salir de Melilla para llegar a la Península, y para muchos a Europa, donde poder llevar a cabo su
proyecto migratorio. Se fugan porque el Centro no les proporciona una intervención individualizada adaptada a su especial idiosincrasia; les facilita una educación deficiente; cuando son mayores de edad no pueden trabajar en las mismas condiciones que los niños españoles de esa edad pues no se les da la autorización de trabajo; y al cumplir los dieciocho años son abandonados a su suerte, sin apoyos y sin la documentación pertinente.
Es muy probable que esos menores no buscarían otras formas de vida al margen del Centro si pudiesen acceder a una escolarización adaptada y a la documentación a la que tienen derecho.
El Centro La Purísima ostenta la guarda de estos menores y la Consejería de Bienestar Social asume su tutela. Ambas entidades tienen todas las obligaciones que se derivan de sus respectivas responsabilidades (de cuidado, de protección, de atención a sus necesidades desde una perspectiva integral, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de los Niños -CDN- y con la LOPJM).
Sin embargo, a pesar de estas obligaciones legales, cuando los MENAS adoptan la calle como domicilio, no se les hace seguimiento institucional alguno de su situación y paradero; no se les atiende ni protege, no adoptándose las disposiciones oportunas para apartarlos de peligros o para evitarles perjuicios.
Y así, según reconoce la Fiscalía de Extranjeros, resulta que un número no determinado de los MENAS no consta en el Registro de Menores No acompañados (RMNA), como exige el Protocolo 2014. De forma que se desconoce el número exacto de los que se encuentran en la calle y cuál es su paradero. Si llegan a desaparecer, nadie dará cuenta de ellos. Niños sin nombre, números caídos.
El Informe 2016 del Defensor del Pueblo considera que el registro inmediato de los datos de los MENAS, tras ser localizados, constituye una herramienta fundamental para su protección efectiva, así como para su localización en caso de ausencia del centro de protección asignado, y, en este mismo sentido, la Instrucción 1/2012 de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo se vulneran los derechos de los menores al no existir un plan de intervención en la calle, con personal especializado. En el Informe del Defensor del Pueblo de 2016, se establece que "no ha remitido la situación de los MENAS que pernoctan en la Ciudadela de Melilla, por lo que reitera la Recomendación de adoptar las medidas que aborden el asunto a pie de calle, desde puntos de vista distintos a los meramente policiales, ya que las medidas coactivas adoptadas no han dado resultado".
Los MENAS, como se ha señalado, son "niños", de conformidad con el artículo 1 de la CDN ("todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad"). Y como tales niños que se encuentran en territorio español, con independencia de su nacionalidad, disfrutan de todos los derechos que se tiene por su condición de menores de edad; son destinatarios de la protección del Estado (artículo 1 LOPJM); estando obligada la administración, por ministerio de la ley, a asumir su tutela.
La CDN, de carácter vinculante para España, obliga a adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la Convención; estableciendo en su artículo 2 que todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna; siendo obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger al niño de toda forma de discriminación.
A pesar de lo que establece nuestra normativa y la CDN, la Administración Central y la Autónoma de Melilla vienen vulnerando los derechos de los menores extranjeros no acompañados, pues anteponen su condición de inmigrantes a la de menores de edad.
Y es así que, en el ámbito internacional, El Comité de Derechos del Niño viene llamando la atención a España por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales respecto a los menores extranjeros no acompañados (Observaciones finales CRC/C/ESP/CO/3-4).
Por su parte, Amnistía Internacional ha venido reiterando a las autoridades españolas su petición de que cumpla la normativa internacional sobre el cuidado y protección de los mencionados menores y a poner en práctica las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU.
En el ámbito nacional, la situación en la que se encuentran los MENAS ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo que ha formulado numerosas Recomendaciones a las distintas administraciones públicas competentes.
También son reiteradas las denuncias sobre las vulneraciones de los derechos de estos niños, por parte de diferentes asociaciones y entidades civiles, entre ellas, Save The Children, Prodein, Harraga, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Universidad Pontificia ICAI ICADE de Comillas.
La Ciudad Autónoma de Melilla no garantiza el bienestar y los derechos de los MENAS que tiene tutelados y que viven en la calle, tal y como está obligada.
1. Asegure el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, acometiendo, de forma urgente, la situación de los mencionados menores de la calle
2. Cumpla, de forma efectiva, con la Convención sobre los Derechos del Niño, respecto a los menores extranjeros no acompañados que viven en la calle, en la Ciudad Autónoma de Melilla; priorizando su condición de menores a la de inmigrantes y en consecuencia, garantizando, en un entorno protector, los derechos que tal minoría de edad les otorga.
3. Emprenda, en coordinación con las Comunidades Autónomas, proyectos de integración para los MENAS que se encuentren en la ciudad de Melilla."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-María Dolores Galovart Carrera, Sonia Ferrer Tesoro, Carlota Merchán Mesón, Victoria Begoña Tundidor Moreno, Miriam Alconchel Gonzaga, Antonio Ramón María Trevín Lombán y Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
181/000394
Diputado don César Joaquín Ramos Esteban
¿Por qué no interviene el Gobierno para solucionar el conflicto laboral entre el personal de a bordo y la empresa a la que, desde 2013, se le adjudicó el contrato para la prestación del servicio en los trenes AVE y Larga Distancia de RENFE y consiente el perjuicio que para la imagen de la marca España, la imagen de la compañía, la de los trenes AVE, para los trabajadores de este servicio y para decenas de miles de usuarios, está provocando el conflicto laboral abierto entre los trabajadores y la empresa adjudicataria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2017.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.