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Timestamp: 2018-03-22 02:26:37
Document Index: 375461080

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 350', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 64', 'artículo 63', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 348', 'artículo 43', 'artículo 350', 'artículo 101', 'artículo 81', 'artículo 1', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 35', 'artículo 64', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 23', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 290', 'artículo 23', 'artículo 63', 'artículo 129', 'artículo 10', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 131', 'artículo 139']

Sentencia núm. 103/2015 Audiencia Nacional Madrid (Sección 6) 19-11-2015
22 de marzo de 2018 | 03:26
Marginal: RJCA\2015\1052
Recurso contencioso-administrativo núm. 103/2015
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA: Prácticas prohibidas: acuerdo prohibido: acuerdo entre notarios de un distrito notarial para la coordinación en la prestación de sus servicios de notaría: acuerdo dirigido a concentrar toda la actividad en un mismo local y con un mismo personal, fijando, además, las retribuciones: restricción de la libre competencia, existente: sanción procedente; Graduación: infracciones muy graves: límites: máximo de la sanción: porcentaje del 10 por 100 del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa: interpretación: examen: volumen total de negocios: cifra de negocios referida a ámbitos de actividad distintos de aquel en que se ha producido la conducta anticompetitiva: carácter relevante a efectos del respeto al principio de proporcionalidad, pero no para el cálculo del importe máximo, sino en el momento ulterior de individualización de la multa: alcance.
La AN estima en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia de 19-07-2013, sobre imposición de sanción.
Núm. de Recurso: 0000410 / 2013
Núm. Registro General: 003898/2013
Demandante: D. Teofilo Y D. Ángel Jesús
Procurador: Dª SUSANA GÓMEZ CASTAÑO
Madrid, a diecinueve de noviembre de dos mil quince.
VISTO, en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 410/13, seguido a instancia de D. Teofilo y D. Ángel Jesús , representados por el Procurador de los Tribunales Dª Susana Gómez Castaño, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la cuantía se fijó en menos de 600.000 , e intervino como ponente el Magistrado Don SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:
1. Los recurrentes D. Ángel Jesús y D. Teofilo , son notarios de profesión y a los efectos de este procedimiento, han ejercido sus funciones como tales en sendas Notarías de Ceuta. El primero, desde el 1 de abril de 2002, y el segundo en dos períodos: desde el 1 de abril de 2002 hasta el 4 de marzo de 2009, y posteriormente desde el 1 de noviembre de 2008.
2. En fecha 1 de enero de 2002, los tres Notarios de Ceuta más la Corredora de Comercio ejerciente en dicha plaza, aprobaron un Convenio articulado que dio lugar a la sociedad "Notaría de Ceuta SC", que tiene por objeto:
-La puesta en común de la clientela, personal colaborador, experiencia, conocimientos y elementos materiales e inmateriales necesarios para el ejercicio de la profesión.
-Establecer una comunidad de trabajo, lo que implica una colaboración recíproca y la intervención profesional en todo el ámbito de la función que se ejercita.
-Distribuir los gastos generales y los ingresos del mismo en partes iguales entre los socios
-Repartirse equitativamente las tareas del despacho, de orden administrativo, de gestión y de dirección, prestándose en todo momento auxilio mutuo.
3.En la fecha relevante a los efectos de la presente resolución, los tres Notarios de Ceuta procedentes de la carrera notarial y socios de la referida entidad, eran:
-D. Ángel Jesús .
-D. Teofilo .
-D. Nemesio .
4. Ninguno de los Notarios mencionados estaba autorizado por el Colegio Notarial para actuar en el mismo local, a pesar de contar la Ciudad de Ceuta con menos de 5 notarios.
Por esta razón el Colegio Notarial de Andalucía, mediante resolución de 24 de octubre de 2012, sancionó, a cada uno de ellos, con un apercibimiento y multa por importe de 1.000 euros. Todo ello como consecuencia de una infracción del artículo 42.5 del Reglamento de Organización y Régimen del Notariado (rcl 1945, 57) en relación con el artículo 350 del mismo texto.
5.El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), mediante resolución de fecha 19 de julio de 2013, adoptó las siguientes decisiones, relevantes a los efectos de este proceso:
a) Declarar que el acuerdo mantenido entre los notarios del Distrito
Notarial de Ceuta para la coordinación en la prestación de sus servicios de notaría, supone una conducta prohibida por el artículo 1.1 de la Ley 15/2007 (rcl 2007, 1302) de la que son responsables, D. Ángel Jesús , D. Teofilo , y D. Nemesio .
b) Imponer a D. Ángel Jesús una sanción de multa por importe de 45.574 euros y a D. Teofilo 45.347 euros.
c)Intimar a los recurrentes al cese inmediato de la conducta infractora, eliminando los elementos que configuran la oferta de servicios de notaría en Ceuta como una oferta única, lo que deberán hacer en el plazo de tres meses a partir de la notificación de la resolución, bajo apercibimiento de la imposición de multas coercitivas.
Previamente los recurrentes habían formulado una solicitud de terminación convencional que les fue denegada
SEGUNDO:.- Por la representación de los actores se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:
1. Infracción del artículo 25 CE (RCL 1978, 2836) y del principio de non bis in idem:
-Los recurrentes fueron sancionados por el Colegio Notarial de Andalucía, mediante resolución de 24 de octubre de 2012, que es firme, por los mismos hechos y por infracción del mismo bien jurídico protegido, esto es, la libre competencia.
-Por esta razón, la sanción de la CNC, objeto de recurso, vulnera el principio non bis in idem, ya que en relación con la sanción impuesta por el Colegio Notarial concurre la triple identidad, de sujeto sancionado, hechos que dan lugar a la sanción y bien jurídico protegido ( STC 234/91 (RTC 1991, 234) ).
-Destaca que la resolución sancionadora del Colegio Notarial de Andalucía se fundamenta en la vulneración del Derecho de la Competencia por los notarios en cuestión. La resolución sancionadora de la CNC, se basa también en la infracción de la libre competencia por los recurrentes, es decir, ambas resoluciones protegen los mismos bienes jurídicos y se refieren a los mismos hechos.
-Por otra parte, ambas resoluciones se basan en la misma normativa, es decir, en la Ley de Defensa de la Competencia, pues la Ley 14/2000 (RCL 2000, 3029) , modificó el régimen disciplinario de los Notarios suprimiendo la referencia a la violación de la libre competencia.
2. Falta de acreditación de la infracción sancionada:
-Destaca la doble naturaleza de la función notarial como funcionarios públicos y como profesionales, precisando sus funciones.
-La resolución justifica la sanción por el hecho objetivo de haber constituido la sociedad y prestar los servicios notariales bajo su amparo, olvidando que quien presta los servicios es el notario individualmente. Además han probado que cada uno emitía facturas individuales y practicaban descuentos, sin repartirse los clientes. Tampoco ha tenido en cuenta que los Notarios no pueden publicitar sus servicios o descuentos, ni el hecho de que la calidad del servicio no depende de que éstos se presten en el mismo u en otro local.
-El Convenio es un acuerdo para la comunidad de elementos materiales y personales que no afecta ni al servicio, ni a los usuarios ni a los precios. La CNC no ha acreditado que el acuerdo produjera perjuicio alguno.
3. Falta de justificación en el importe de la sanción. Infracción de los artículos 61 y 64 de la LDC (RCL 1989, 1591) , en la imposición de la multa:
-Denuncia la ausencia de valoración de los criterios del artículo 64 de la LDC , destacando que se trata de un mercado reducido, sin que se haya producido un incremento artificial del negocio a favor de los notarios.
-Ningún efecto nocivo para la libre competencia se ha producido y ninguna intencionalidad en la realización de la conducta puede reprocharse a los recurrentes.
-No se han tenido en cuenta la circunstancia atenuante concurrente prevista en el artículo 63.3 a), en concreto la celeridad en la ejecución del acuerdo del Colegio Notarial, conminándoles a establecerse cada uno en un local distinto.
TERCERO:.- La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida. Niega la infracción del principio non bis in idem, ya que el Colegio Notarial los ha sancionado por infracción del infracción del artículo 42.5 del Reglamento Notarial (RCL 1945, 57) al actuar los Notarios desde un mismo local, mientras que la CNC lo sanciona por la propia existencia de la Sociedad. Estima que además de la colusión en la fijación de precios, se vulnera la libre competencia en la vertiente de atención al cliente dado que todos los Notarios prestan el mismo servicio desde un local común. La existencia de la Sociedad en cuestión determina que los tres Notarios no actúen como operadores independientes sino como una única unidad económica. Finalmente, niega vulneración alguna en el cálculo de la sanción ya que la resolución está plenamente motivada al respecto.
CUARTO:.- Practicada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.
QUINTO:.- Señalado el día 7 de octubre de 2015 para la deliberación, votación y fallo, se acordó su posposición, para enjuiciar el presente recurso con el distinguido con el número 410/2013, celebrándose la reunión para la deliberación conjunta el 18 de noviembre de 2015.
SEXTO:.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.
La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la Resolución de fecha 19 de julio de 2013, dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), por la que se adoptaron, en la medida en que son relevantes a los efectos de este proceso, las siguientes decisiones:
a) Declarar que el acuerdo mantenido entre notarios del Distrito Notarial de Ceuta para la coordinación en la prestación de sus servicios de notaría supone una conducta prohibida por el artículo 1.1 de la Ley 15/2007 (RCL 2007, 1302) de la que son responsables, D. Ángel Jesús , D. Teofilo , y D. Nemesio .
b) Imponer D. Ángel Jesús una sanción de multa por importe de 45.574 euros y a D. Teofilo otra de 45.347 euros.
c) Intimar a los recurrentes al cese inmediato de la conducta infractora eliminando los elementos que configuran la oferta de servicios de notaría en Ceuta como una oferta única, lo que deberá hacer en el plazo de tres meses a partir de la notificación de la resolución, bajo apercibimiento de la imposición de multas coercitivas.
El examen de las alegaciones de los recurrentes y del conjunto de las actuaciones nos conducen a desestimar el recurso en lo que se refiere al fondo de la cuestión planteada, sin perjuicio de acceder a una estimación parcial respecto de la cuantificación de la multa, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia.
La correcta delimitación de la función notarial y la incidencia de las normas de la libre competencia en su actuación, han sido abordadas por el Tribunal de Justicia, singularmente a partir de la STJ de 24 de mayo de 2011 (TJCE 2011, 151) , asunto C- 54/08 y acumulados.
La lectura de las Conclusiones del Abogado General Sr. Cruz Villalón en el asunto C-.54/08 son esclarecedoras al respecto y, en la medida en que fueron asumidas por la Sentencia de 24 de mayo de 2011 , de muy conveniente examen. Así, en el apartado 124 de las mismas señala que "...el notario es un funcionario público que representa al Estado, si bien la actividad está considerada como una profesión liberal. Su nombramiento es permanente y está sujeto a un régimen disciplinario propio de quienes trabajan por cuenta del poder público" y el apartado 133 recuerda que si bien la actividad notarial se manifiesta por su relación con el poder público, no por ello resulta inmune a las reglas de la libre competencia.
La consecuencia de la calificación de la actividad notarial como profesión liberal, se plasma en el apartado 110 de la Sentencia de 24 de mayo de 2011 en el que se indica "...cada parte puede libremente elegir notario. Si bien es cierto que los honorarios de los notarios quedan fijados por la ley, no lo es menos que la calidad de los servicios prestados puede variar de un notario a otro en función, particularmente, de las aptitudes profesionales de las personas de que se trate. De ello se desprende que, dentro de los límites de sus correspondientes competencias territoriales, los notarios ejercen su profesión,..., en condiciones de competencia, lo cual no es propio del ejercicio del poder público".
Más recientemente la STJ de 10 de septiembre de 2015, asunto Letonia C- 151/14 (TJCE 2015, 205) , en sus apartados 50 y 51 ha reiterado dicha doctrina.
Las anteriores consideraciones las ha realizado el Tribunal de Justicia sobre la base de un examen detallado de la situación y regulación legal del notariado en numerosos Estados de la Unión Europea, entre los que no encontraba España, pero sus conclusiones son extrapolables al notariado español, en la medida en que las referidas condiciones de ejercicio coinciden sustancialmente.
El TS español se ha mantenido en esta línea, con cita expresa de la STJ de 24 de mayo de 2011 (TJCE 2011, 151) ( STS de 20 de marzo de 2013 (RJ 2013, 3010) , recurso de casación nº 4111/2009 FJ 8). En esta última sentencia, el TS expresamente proclama el sometimiento expreso de la actuación de los notarios a la libre competencia, tanto en lo que se refiere a la calidad en la prestación de los servicios, como en lo que se refiere a su remuneración.
Previamente, el TS ya había establecido vínculos entre la actividad notarial y la libre competencia, subrayando las necesarias cautelas derivadas de la propia función y, sobre todo, de la legislación reguladora de la profesión que establecía una rigidez absoluta en cuanto a la cuantía de sus retribuciones y relativa en cuanto a la competencia territorial, al no permitirles actuaciones fuera de su demarcación, pero autorizando la libre competencia en cada Distrito sobre la base del principio secular de la libre elección de notario ( STS de 22 de enero de 2001, recurso de casación nº 7886/1996 y antes la de 10 de marzo de 1998 (RJ 1998, 2660) , recurso de casación nº 5575/1993 ).
Por otra parte, las SSTS de 2 de junio de 2009 (RJ 2009, 4423) , recurso de casación nº 5763/2006 y de 26 de abril de 2010 (RJ 2010, 4727) , recurso de casación nº 3359/2007 , consolidaron el criterio de que los notarios, sin perjuicio de su condición de funcionarios públicos, ejercen en régimen de libre concurrencia ciertas funciones de operadores económicos de modo que sus conductas con trascendencia económica pueden ser examinadas jurídicamente desde el punto de vista de su conformidad con las leyes reguladoras de la defensa de la competencia, a los efectos de determinar si por su naturaleza y, en su caso, por sus efectos, tienen aptitud para restringirla.
Los recurrentes invocan en primer lugar, la violación del principio "non bis in idem" que opera como manifestación del artículo 25 de la CE (RCL 1978, 2836) , dado que ya fueron sancionados por el Colegio Notarial de Andalucía, mediante resolución de 24 de octubre de 2012 y según su apreciación, por los mismos hechos y con el mismo fundamento jurídico.
No podemos mostrar nuestra conformidad con los recurrentea, pues, en nuestra opinión, no ha existido la infracción denunciada.
Con carácter previo, procede recordar la dimensión europea de los asuntos de Derecho de la Competencia en los que intervienen las autoridades nacionales, ya que por mandato del artículo 3.1 del Reglamento 1/2003, del Consejo de 16 de diciembre de 2002 (LCEur 2003, 1) relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (RCL 1999, 1205 TER) (hoy 101 y 102 TFUE (RCL 2009, 2300) ), dichas normas son aplicables a una eventual violación del Derecho de la Competencia que tenga por base un acuerdo colusorio. También es aplicable, vistas las alegaciones del recurrente, el Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000 (LCEur 2000, 3480) .
La jurisprudencia sobre esta materia comparte valores comunes, como no podía ser de otra manera, entre los distintos Tribunales llamados a tratar la incidencia de la prohibición de la doble sanción al mismo sujeto, por unos mismos hechos.
Así, el apartado 598 de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (STPI) de 18 de junio de 2008 (TJCE 2008, 136) , asunto Hoescht T-410/03 , nos recuerda con carácter general que "El principio non bis in idem, también recogido en el artículo 4 del Protocolo nº 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (RCL 1999, 1190, 1572) , constituye un principio fundamental del Derecho comunitario cuyo respeto garantiza el órgano jurisdiccional ( sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2006 (TJCE 2006, 179) , SGL Carbon/Comisión, C-308/04 P, Rec. p. I-5977, apartado 26), para añadir en el apartado 600 que "Más concretamente, el Tribunal de Justicia ha recordado que la aplicación del principio non bis in idem está supeditada a un triple requisito de identidad de los hechos, unidad de infractor y unidad de interés jurídico protegido. El citado principio prohíbe, por tanto, sancionar a una misma persona más de una vez por un mismo comportamiento ilícito con el fin de proteger el mismo bien jurídico ( sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión (TJCE 2004, 8) , citada en el apartado 145 supra, apartado 338).
En esta misma línea, aunque con matices relevantes para este caso, nuestro Tribunal Constitucional, siguiendo al TEDH, recuerda en la STC 2/2003 de 16 de enero (RTC 2003, 2) , Pleno, que: "desde la STC 2/1981, de 30 de enero (RTC 1981, 2) , hemos reconocido que el principio non bis in idem integra el derecho fundamental al principio de legalidad en materia penal y sancionadora ( art. 25.1 CE ) a pesar de su falta de mención expresa en dicho precepto constitucional, dada su conexión con las garantías de tipicidad y de legalidad de las infracciones. Así, hemos declarado que este principio veda la imposición de una dualidad de sanciones "en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento" ( STC 2/1981 (RTC 1981, 2) , FJ 4; reiterado entre muchas en las SSTC 66/1986, de 26 de mayo (RTC 1986, 66) , FJ 2 ; 154/1990, de 15 de octubre (RTC 1990, 154) , FJ 3 ; 234/1991, de 16 de diciembre, FJ 2 ; 270/1994, de 17 de octubre (RTC 1994, 270) , FJ 5 ; y 204/1996, de 16 de diciembre (RTC 1996, 204) , FJ 2).
La garantía de no ser sometido a bis in idem se configura como un derecho fundamental ( STC 154/1990, de 15 de octubre , FJ 3), que, en su vertiente material, impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el mismo fundamento, de modo que la reiteración sancionadora constitucionalmente proscrita puede producirse mediante la sustanciación de una dualidad de procedimientos sancionadores, abstracción hecha de su naturaleza penal o administrativa, o en el seno de un único procedimiento (por todas, SSTC 159/1985, de 27 de noviembre (RTC 1985, 159) , FJ 3 ; 94/1986, de 8 de julio (RTC 1986, 94) , FJ 4 ; 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3 ; y 204/1996, de 16 de diciembre , FJ 2). De ello deriva que la falta de reconocimiento del efecto de cosa juzgada puede ser el vehículo a través del cual se ocasiona ( STC 66/1986 , FJ 2), pero no es requisito necesario para su producción ( STC 154/1990 , FJ 3).
La garantía material de no ser sometido a bis in idem sancionador, que, como hemos dicho, está vinculada a los principios de tipicidad y legalidad de las infracciones ( SSTC 2/1981, FJ 4 ; 66/1986 (RTC 1986, 66) , FJ 4 ; 154/1990, FJ 3 ; y 204/1996 (RTC 1996, 204) , FJ 2), tiene como finalidad evitar una reacción punitiva desproporcionada ( SSTC 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3 ; 177/1999, de 11 de octubre (RTC 1999, 177) , FJ 3; y ATC 329/1995, de 11 de diciembre (RTC 1995, 329) , FJ 2), en cuanto dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista legalmente".
: Un completo análisis del motivo de recurso alegado por los recurrentes nos debería llevar, eventualmente, a considerar la doble vertiente de la posible infracción, es decir, tanto el aspecto de derecho material al imponer la CNC la segunda sanción, como el aspecto procesal, al haberse tramitado hasta su conclusión un segundo procedimiento, existiendo ya una resolución sancionadora firme. Sin embargo, en este caso, la garantía procesal no será examinada ya que la material no ha sido vulnerada.
La primera observación que debe hacerse ante las alegaciones de los recurrentes, es que el único órgano que está habilitado para aplicar la Ley 15/2007 de 3 de julio (RCL 2007, 1302) de Defensa de la Competencia es la CNC, tal y como se indicaba en su artículo 12 en la redacción vigente en el momento de producirse los hechos, funciones que en la actualidad, tras la Ley 3/2013 de 4 de junio (RCL 2013, 840) , ha asumido la CNMC.
Carece pues, de base legal la alegación básica de los recurrentes en el sentido de que la garantía de la prestación de los servicios notariales en régimen de libre competencia está compartida por los Colegios Notariales y el Ministerio de Justicia de un lado y la CNC de otro. Es a este último órgano al que la Ley 15/2007 confiere la exclusividad para su aplicación en todas sus dimensiones y no sólo en la formación de los precios en los limitados términos que permite la legislación vigente, sino también respecto de todas las circunstancias que se refieran a la calidad de la prestación del servicio.
I) En cuanto a la cuestión relativa al derecho material:
No cabe duda de que los hechos enjuiciados en ambas resoluciones son los mismos y que el sujeto sancionado es también el mismo. Nuestra discrepancia con los recurrentes en este punto se refiere a la, por su parte alegada, identidad del bien jurídico protegido en ambas resoluciones.
Los recurrentes señalan que la Ley 14/2000, de 29 de diciembre (RCL 2000, 3029) , de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, establece un nuevo régimen disciplinario para los notarios en el que, no se hace mención alguna a una infracción disciplinaria por infracción de la Ley de Defensa de la Competencia (en aquella época, la Ley 16/1989 (RCL 1989, 1591) ).
Por otra parte, también señala que el Reglamento Notarial (RCL 1945, 57) de 2 de junio de 1944, cuyo texto modificado por el RD 1209/84 de 8 de junio (RCL 1984, 1653 y 1983) en su artículo 348. 4 . contemplaba como infracción disciplinaria muy grave "La competencia ilícita reiterada en cualquiera de sus formas", también fue modificado por el RD 45/2007 de 19 de enero (RCL 2007, 148 y 219) , en lo que al régimen disciplinario respecta, justamente para adecuarlo a la ley antes mencionada y omitir cualquier mención a la vulneración de la normativa del Derecho de la Competencia como constitutiva de infracción de tipo alguno.
La consecuencia que de ello extraen los recurrentes es la de que, el Colegio Notarial puede sancionar a un notario por infracción del Derecho de la Competencia, pero en ese caso aplicará la Ley de Defensa de la Competencia y sin que ello suponga una sanción disciplinaria. Por esta razón, una ulterior sanción impuesta por la CNC, basada en idéntico fundamento, por los mismos hechos y al mismo sujeto, violaría el principio non bis in idem.
No nos corresponde en este proceso juzgar la legalidad de la resolución de la Junta del Colegio Notarial de Andalucía que sancionó a los recurrentes, pero sí valorar el bien jurídico protegido por la normativa que aplica y ello con independencia del razonamiento de la resolución. Tras la reforma legal a la que hemos hecho referencia, es evidente, contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, que, por una parte, ha dejado de ser competencia de los Colegios Notariales cualquier intervención en la práctica sancionadora por infracción del Derecho de la Competencia y, por otra, que la exclusividad legal de esta función está encomendada a la CNC, hoy CNMC, sin perjuicio de la competencia de las autoridades autonómicas. De hecho, la resolución del Colegio Notarial no cita en su fundamentación jurídica la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y sitúa la base legal de la infracción en los artículos 42.5 y 350 del Reglamento Notarial , que no contienen menciones específicas al Derecho de la Competencia.
Así las cosas, no cabe duda de que si bien en el pasado pudo darse pie a la intervención de los Colegios Notariales en esta materia, desde la reforma operada por el artículo 43. dos de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre , dichas atribuciones quedan extramuros de su ámbito de actuación.
Los recurrentes alegan, ciertamente, que la resolución sancionadora del Colegio Notarial de Andalucía, además de invocar las normas reglamentarias citadas, justifica que el bien protegido por la misma es la libre competencia y se apoya en resoluciones de la DGRN.
Tal y como ya anticipamos, no corresponde a este Tribunal entrar a juzgar el contenido de dicha resolución, que pudo ser impugnada por el recurrente ante el órgano jurisdiccional competente, pero ello no significa que en la valoración del bien jurídico protegido por la norma aplicada, este Tribunal quede vinculado por la concreta interpretación que de la misma haya hecho el Colegio de Notarios de Andalucía.
La identificación del bien jurídico protegido por la norma se realiza en función de un examen de la norma misma, y no por la interpretación que de ella pueda realizar un concreto aplicador. En el presente caso, además, queda fuera de toda duda, por las razones expuestas, que la represión de las prácticas anticompetitivas corresponden exclusivamente a la CNC, hoy CNMC.
Por otra parte, y este dato es particularmente relevante, debe recordarse que el ATC 26/2002 (RTC 2002, 26 AUTO) , reitera jurisprudencia anterior y subraya que no cabe hablar de la identidad del bien jurídico protegido entre dos sanciones, cuando una de ellas se impone en atención a la relación de sujeción especial a la que está sometido el sujeto infractor.
Eso es justamente lo que ha ocurrido en el presente caso, en el que los notarios recurrentes han sido sancionados en primer lugar por su Colegio.
En estas circunstancias, cabe entender, como sostiene la defensa del Estado, que fueron sancionados por haber infringido normas estatutarias, que imponían obligaciones y prohibiciones respecto del modo en que deberían prestarse los servicios, en concreto la reglamentación sobre los locales separados y sus excepciones ( artículo 350 en relación con el 42.5 del Reglamento Notarial ). Esta sanción es puramente disciplinaria en el marco de una relación de sujeción especial.
El bien jurídico protegido por el reglamento notarial se limita, pues, tras la reforma operada por la Ley 14/2000 citada, a la preservación del estatuto notarial, mientras que el bien jurídico protegido por la Ley 15/2007 aplicada por la resolución de la CNC, ese sí y además de forma exclusiva, es la preservación de la libre competencia. La diferencia entre ambos ilícitos, no es, pues, puramente formal ( STEDH de 29 de mayo de 2001 (TEDH 2001, 352) , caso Franz Fischer ), ya que los elementos esenciales de uno y otro son diferentes.
En atención a lo expuesto,, procede pues desestimar de este motivo de recurso sin que sea necesario entrar en el examen de la dimensión procesal del principio non bis in idem.
En su segundo motivo de recurso , l os recurrentes imputan también a la CNC haberles sancionado de forma objetiva, por el simple hecho de compartir un local y haber firmado un convenio de colaboración, sin haber probado la comisión por los notarios de una infracción real del Derecho de la Competencia.
Antes de entrar en estas específicas consideraciones procede recordar la jurisprudencia del TJUE sobre la posibilidad de infringir las reglas de la libre competencia, ya sea por el objeto mismo de un acuerdo y/o por sus efectos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 del TFUE (RCL 2009, 2300) ( artículo 81 del antiguo Tratado de la Comunidad Europea, TCE (LCEur 1986, 8) ) y el artículo 1.1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio (RCL 2007, 1302) de Defensa de la Competencia , normas aplicables al presente caso.
Así, tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal de Justicia (STJ) de 4 de junio de 2009 (TJCE 2009, 159) , asunto T-Mobile, C-8/08 , apartados 28 a 31 en relación al antiguo artículo 81 del TCE (RCL 1999, 1205 TER) , "Es jurisprudencia reiterada, desde la sentencia de 30 de junio de 1966, LTM (56/65 , Rec. pp. 337 y ss., especialmente p. 359), que el carácter alternativo de este requisito, como indica la conjunción «o», lleva en primer lugar a la necesidad de considerar el objeto mismo de la práctica concertada, habida cuenta del contexto económico en el que se debe aplicar. Sin embargo, en caso de que el análisis del contenido de la práctica concertada no revele un grado suficiente de nocividad respecto de la competencia, es necesario entonces examinar los efectos del acuerdo y, para proceder a su prohibición, exigir que se reúnan los elementos que prueben que el juego de la competencia ha resultado, de hecho, bien impedido, bien restringido o falseado de manera sensible (véase, en este sentido, la sentencia Beef Industry Development Society y Barry Brothers, antes citada, apartado 15).
Prosigue dicha resolución precisando que " Además, ha de señalarse que, para apreciar si un acuerdo está prohibido por el artículo 81 CE , apartado 1, la toma en consideración de sus efectos concretos es superflua, cuando resulta que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, 56/64 y 58/64 , Rec. pp. 429 y ss., especialmente p. 496; de 21 de septiembre de 2006 (TJCE 2006, 262) , Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, apartado 125, y Beef Industry Development Society y Barry Brothers, antes citada, apartado 16).
La distinción entre «infracciones por objeto» e «infracciones por efecto» reside en el hecho de que determinadas formas de colusión entre empresas pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia (véase la sentencia Beef Industry Development Society y Barry Brothers, antes citada, apartado 17)."
Desde estas premisas, concluye la referida sentencia diciendo que: "En tales circunstancias, contrariamente a lo que defiende el órgano jurisdiccional remitente, no es necesario examinar los efectos de una práctica concertada cuando quede acreditado su objeto contrario a la competencia".
Así las cosas, deben decaer los alegatos de los recurrentes centrados en la falta de prueba de los efectos nocivos para la competencia, pues ello no es necesario, una vez calificada la infracción como anticompetitiva por su objeto, lo que, como veremos a continuación ocurre en el presente caso.
La manifestación contenida en la resolución recurrida en el sentido de que la responsabilidad de los recurrentes dimana objetivamente del convenio suscrito, no puede interpretarse como equivalente a la imposición de una sanción de forma objetiva, pues entre uno y otro concepto existen diferencias notables. La resolución recurrida ha respetado el principio de culpabilidad, es decir, ha subrayado el elemento subjetivo y volitivo del injusto y así lo ha plasmado en sus FFJJ 4 y 5. La culpabilidad de los recurrentes viene determinada por su adhesión, libre, voluntaria y consciente al convenio calificado como anticompetitivo.
El carácter colusorio de dicho convenio ha sido determinado, en aplicación de la jurisprudencia antes anotada, y nos corresponde en este momento ejercer un control de legalidad sobre la valoración realizada al respecto por la CNC, para lo que tenemos que considerar no sólo su redacción sino también el contexto jurídico, fáctico y económico en el que se aplica.
El acuerdo suscrito por los notarios de Ceuta, tal y como se indica en el FJ 4 de la resolución recurrida, con un criterio que compartimos, implica que tres operadores económicos que deberían actuar de forma independiente, aparecen en realidad, por una decisión voluntaria sólo a ellos imputable, como una única unidad económica oferente de los servicios, creando una suerte de monopolio que reduce la competencia en un espacio geográfico reducido y sin opciones alternativas. Esta afirmación viene corroborada por los criterios establecidos por el convenio para la fijación de las retribuciones de los notarios, que derivan de la distribución por partes iguales de los ingresos de la sociedad constituida en el marco del convenio.
Este pacto sobre las retribuciones, al establecer un porcentaje igual para cada uno de los notarios sobre los beneficios de la sociedad, impide potencialmente la reacción individual de cada uno de ellos ante la posibilidad ofrecida por el artículo 35 del RD Ley 6/2000 de 23 de junio (RCL 2000, 1404) , de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios que permite la libre fijación de honorarios para las operaciones superiores a 6 millones de euros. Es cierto que el acuerdo no prohíbe a los notarios establecer de forma individual descuentos, e incluso cabe que los hagan, pero también lo es que el sistema de retribuciones pactado, distribución de los beneficios entre los notarios por partes iguales, desincentiva esa práctica y eso es justamente lo que se sanciona.
Pero el acuerdo no es sólo limitativo de la libre competencia por esta circunstancia, sino también por impedir que cada uno de los notarios compita por ofrecer un mejor servicio en beneficio de sus clientes.
La concentración de toda la actividad en un mismo local y con un mismo personal, contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, coarta la libertad de los notarios para ofrecer en un régimen competitivo, mejores accesos y ubicación del local, mejores horarios, mejor atención al público, o más agilidad y rapidez en la prestación del servicio, tal y como se indica en la resolución recurrida, que termina concluyendo, criterio que compartimos, que con esta forma de proceder la prestación del servicio de notarías deviene unívoca y desaparece cualquier alternativa. Señala la recurrente que la prestación de los servicios por el notario es neutra, apreciación que no compartimos, pues cada uno de ellos, como es lógico y natural, tiene sus propias concepciones tanto respecto de cómo deben prestarse los servicios, como de la interpretación de las normas aplicables en la redacción de los documentos sometidos a su autorización, dentro, como es lógico, de los márgenes de la legalidad.
El examen del contexto en el que se desarrolla el acuerdo colusorio y en el que debe ser aplicada la normativa sancionadora, no desvirtúa las anteriores consideraciones. El hecho de que la competencia en los precios sea realmente limitada, al venir en su gran mayoría determinados por el arancel, o que la petición de los servicios del notario tenga un carácter cuasiobligatorio dado el valor probatorio de gran parte de sus actuaciones, no impide afirmar que tanto desde el punto de vista de la limitada competencia que ofrece la legislación vigente, como desde la valoración de la prestación de mejores servicios, la libre competencia queda condicionada por las cláusulas del convenio. Tampoco la extrapeninsularidad predicable de la situación geográfica de Ceuta altera la anterior consideración, pues si fuera necesario establecer estímulos suplementarios para la dotación de las notarías, pueden arbitrarse medios alternativos que no distorsionen la competencia.
La misma suerte debe correr el testimonio de determinados clientes o de las autoridades locales, pues estos testimonios sólo reflejan la opinión de parte de los destinatarios de los servicios y no son suficientes "per se" para desvirtuar las consecuencias derivadas de un convenio colusorio por su objeto.
Finalmente, alegan los recurrentes las concurrencia de la circunstancia atenuante prevista en el artículo 64.3 a) de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia , "la realización de actuaciones que pongan fin a la infracción". Entendemos que no concurre esta circunstancia atenuante en la medida en que los recurrentes adoptaron las medidas que señalan, en concreto la instalación en locales separados, en ejecución de un requerimiento de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Andalucía de 11 de julio de 2012, es decir, en cumplimiento de una obligación legal y no de forma espontánea.
Resta por analizar la tercera de las cuestiones planteadas, esto es, la relativa a la cuantificación de la multa. Este motivo de recurso debe resolverse a la luz de la doctrina sentada por la Sentencia del RTS de 29 de enero de 2015 (RJ 2015, 311) , recurso de casación nº 2872/2013 , que en sus FFJJ 5 a 9 dispone: "quinto La interpretación del artículo 63.1 de la Ley 15/2007 (RCL 2007, 1302) según los criterios hermenéuticos usuales en Derecho conduce a esta Sala a concluir que los porcentajes fijados como límites superiores de las posibles multas (esto es, el uno, cinco o diez por ciento del "volumen de negocios total de la empresa infractora", según se trate de infracciones leves, graves o muy graves respectivamente) constituyen, en cada caso, el techo de la sanción pecuniaria dentro de una escala que, comenzando en el valor mínimo, culmina en el correlativo porcentaje. La preposición "hasta" -que se repite por tres veces, una para cada porcentaje, en el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 - denota el término o límite máximo del volumen de ventas utilizable a efectos del cálculo de la sanción (dejamos al margen, por el momento, el significado del adjetivo "total" aplicado al sustantivo "volumen de negocios").
Esta es una interpretación que seguramente no plantearía problemas desde la perspectiva del derecho nacional si no fuese por la incidencia de un elemento externo -el artículo 23, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento (CE ) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002 (LCEur 2004, 1) , relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (en lo sucesivo, Reglamento 1/2003 (LCEur 2004, 1) )- al que más tarde haremos referencia. Responde a lo que es usual en las normas sancionadoras administrativas, en las que el legislador fija un intervalo (un espacio entre dos valores, uno máximo y otro mínimo) de las sanciones pecuniarias posibles, bien haciéndolo en términos fijos (multa de 1 euro hasta x euros) bien en términos porcentuales (multa del correspondiente tanto por ciento, desde 0 hasta x, de una determinada magnitud, sea ésta el volumen de negocios de la empresa, la cantidad tributaria defraudada, el contenido económico de la operación de blanqueo de capitales detectada, u otras similares).
Desde esta perspectiva cada uno de los porcentajes máximos establecido por el artículo 63.1 de la Ley 15/2007 , en función de la calificación de la conducta como infracción leve, grave o muy grave, tiene la misma naturaleza, lo que revela -junto con el resto de consideraciones que hacemos- la debilidad del argumento que emplea el Abogado del Estado cuando sostiene que uno de ellos (el diez por ciento) no ha de ser tomado en consideración para el cálculo de las sanciones sino como factor de moderación a posteriori , esto es, una vez calculadas éstas. Para el Abogado del Estado aquel porcentaje operaría únicamente como límite extrínseco, como "un umbral máximo que, cualquiera que sea el proceso de cálculo empleado, la sanción finalmente impuesta no podrá superar". La finalidad de este límite del diez por ciento sería, a su juicio, la de evitar que "la imposición de la multa convierta en inviable el negocio o la actividad de la empresa, lo que haría perder su finalidad al ejercicio de la potestad sancionadora en dicho ámbito, por cuanto la desaparición de una empresa en cierto sector en nada ayuda a la competencia en el mismo". El argumento del Abogado del Estado, sin embargo, no parece ser aplicable a los otros dos límites porcentuales (el uno y el cinco por ciento) pues difícilmente una multa cuyo máximo fuera equivalente al uno por ciento del volumen de negocios podría desencadenar aquellos efectos.
Si partimos, como premisa, de que los porcentajes empleados por la legislación española para las infracciones leves y graves (el uno y el cinco por ciento) tienen, en la configuración normativa del artículo 63.1 de la Ley 15/2007 , el mismo significado y carácter que el diez por ciento para las infracciones muy graves, la tesis del Abogado del Estado que acabamos de exponer -y que coincide con la que asume la Comunicación de 6 de febrero de 2009 (RCL 2009, 274) , de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007 , y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (RCL 1999, 1205 ter) , actuales 101 y 102 del TFUE (RCL 2009, 2300) - dicha tesis, decimos, no resulta aceptable.
La cuantificación de las sanciones por infracción de la normativa de competencia llevada a cabo según las pautas de la Comunicación de 6 de febrero de 2009 (RCL 2009, 274) implica en un primer momento fijar el "importe básico de la sanción" sin sujeción a escala alguna. Puede emplearse como valor base un porcentaje incluso del treinta por ciento del volumen de ventas afectado por la infracción. A esta cifra se le aplica, además, ulteriormente un "coeficiente de ajuste" según las circunstancias agravantes o atenuantes que se aprecien, lo que permite que por cada una de las agravantes -que pueden ser, obviamente, varias- se aumente el importe básico en un porcentaje adicional de entre un cinco y un quince por ciento. Y sólo en una tercera fase se ajusta, "cuando proceda", la cantidad así obtenida a los límites fijados en el artículo 63 de la Ley 15/2007 . El método implica, en una buena parte de los casos, establecer un sesgo al alza de los importes de las multas no adaptado a las exigencias del principio de proporcionalidad, para aplicar ulteriormente sólo a modo de correctivo el porcentaje del diez por ciento del volumen de negocios.
Siendo ello así, queda enormemente relativizado el esfuerzo argumental que lleva a cabo el Abogado del Estado (y, en cierto modo, también la sentencia de instancia en su decisión mayoritaria y en el voto particular) con la ayuda de citas, más o menos fragmentarias, de sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General sobre la aplicación del artículo 23 del Reglamento 1/2003 . Reconocida la capacidad de los Estados miembros para instaurar su propio régimen de medidas en respuesta a las infracciones de los artículos 101 y 102TFUE , sin que sobre esta materia haya exigencias de armonización, las sanciones "nacionales" no tienen por qué adoptar ni los parámetros ni los porcentajes ni las nociones (entre ellas la de volumen de negocios) que emplea el artículo 23 del Reglamento 1/2003 para las sanciones impuestas por la Comisión.
Tampoco está vinculado el legislador nacional -y, en esa misma medida, el intérprete de las normas internas- por los "métodos de cálculo" diseñados en las "Directrices de la Comisión Europea para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE ) no 1/2003" respecto de las cuales (más propiamente, de sus antecesoras de 1998) ha afirmado el Tribunal de Justicia que "[...] no constituyen ni una legislación, ni una legislación delegada en el sentido del artículo 290TFUE , apartado 1, ni la base legal de las multas impuestas en materia de competencia, que se adoptan tomando como único fundamento el artículo 23 del Reglamento nº 1/2003 " (apartado 66 de la sentencia de 18 de julio de 2013, asunto C-501/11 (TJCE 2013, 230) ).
Septimo.- Las consideraciones que acabamos de hacer nos dispensan de afrontar con mayor extensión las delicadas cuestiones que se suscitarían, desde la perspectiva del respeto a las exigencias constitucionales, si pudiera prosperar -que no puede- la interpretación del artículo 63 de la Ley 15/2007 auspiciada por el Abogado del Estado. A ellas se refiere la Sala de instancia con una serie de argumentos que no consideramos necesario repetir pues, insistimos, la interpretación que llevamos a cabo de aquel precepto es la anteriormente expuesta.
En fin, aun cuando se admitiera una cierta colaboración reglamentaria ( artículo 129.3 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) ) para "introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de [...] sanciones establecidas legalmente", que contribuyan "a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes", los reglamentos no podrían en ningún caso alterar la naturaleza o límites de las sanciones que la Ley contempla. Y de modo específico en el caso de las sanciones en materia de defensa de la competencia el Reglamento aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (RCL 2008, 502) , simplemente no contiene preceptos aplicables a ellas, sin que tampoco se hayan atribuido a la Comisión Nacional de Competencia potestades reglamentarias en la materia, careciendo de esta naturaleza y de carácter vinculante ad extra sus comunicaciones.
Dado que los criterios de graduación venían referidos en la Ley 16/1989 a una escala que tenía como límite superior aquella cantidad y porcentaje, esta Sala del Tribunal Supremo pudo rechazar el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad que se nos había solicitado respecto del artículo 10 de la Ley 16/1989 y sentar la doctrina que figura en las sentencias de 8 de marzo de 2002 (recurso de casación número ), 6 de marzo de 2003 (RJ 2003, 3021) (recurso de casación número 9710/1997 ) y ulteriores, doctrina, por cierto, corroborada por la sentencia constitucional 175/2012, de 15 de octubre de 2012 (RTC 2012, 175) , recaída en el recurso de amparo interpuesto frente a una de aquéllas (la de 3 de febrero de 2009 (RJ 2009, 589) , dictada en el recurso de casación número 3073/2006). No es correcto aducir las referidas sentencias como si de ellas se pudiese validar la tesis favorable al carácter de "umbral de nivelación" del porcentaje del diez por ciento.
"Esta última consideración conduce por sí sola a la aplicación del artículo 64.1 de la Ley 15/2007 . En él se ofrece a la autoridad administrativa -y al juez en su función revisora de plena jurisdicción- la suficiente cobertura para atender, como factor relevante entre otros, a la cifra o volumen de negocios de la empresa infractora en el sector o mercado específico donde se haya producido la conducta.
Si es válido utilizar el "volumen de negocios total" de la entidad para el cálculo del porcentaje máximo aplicable a la más grave de las conductas posibles, en el caso de las empresas "multiproducto" la evaluación pormenorizada de la concreta conducta infractora, dentro del sector específico de actividad y con arreglo a aquellos criterios, permitirá igualmente atender las exigencias del principio de proporcionalidad en el sentido al que tienden las reflexiones de la Sala de instancia en su parecer mayoritario, esto es, tomando en cuenta aquel elemento junto con el resto de los que incluye el artículo 64.1 de la Ley 15/2007 .
Esta Sala es consciente de la dificultad que encierra compatibilizar, en un único acto y con las solas reglas contenidas en los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 , las exigencias de efectividad y capacidad disuasoria de las sanciones en materia de defensa de la concurrencia, por un lado, con las derivadas -y también insoslayables- del principio de proporcionalidad, por otro. Quien tiene la competencia para ello deberá valorar si la insuficiencia de la Ley 15/2007 en este punto aconsejaría una modificación parcial de su título V, dado que aquélla no puede ser suplida mediante una mera Comunicación de autoridades carentes de potestades normativas en la materia, por mucho que su propósito sea el elogiable de dotar de mayor nivel de predictibilidad a la imposición de las sanciones pecuniarias.
Esta Sala ha declarado (por todas, véanse las sentencias de 6 de marzo de 2003 (RJ 2003, 3021) y 23 de marzo de 2005 (RJ 2005, 2613) , recursos de casación 9710/1997 y 4777/2002 , respectivamente) que entre los criterios rectores para valorar la adecuación de las sanciones a la gravedad de los hechos se encuentra el de que "[...] la comisión de las infracciones anticoncurrenciales no debe resultar para el infractor más beneficiosa que el cumplimiento de las normas infringidas. Criterio que, aun no expresado literalmente en el artículo 10 de la Ley 16/1989 [tampoco explícitamente en la Ley 15/2007], puede entenderse implícito en las letras a), c) y d) de su apartado 2, así como en la facultad de sobrepasar el límite sancionador de los 150 millones de pesetas hasta el diez por ciento del volumen de ventas de la empresa infractora ( artículo 10 apartado uno). En todo caso, con o sin mención legal específica, corresponde a la naturaleza misma de la propia potestad sancionadora, como lo demuestra su posterior inclusión bajo la rúbrica del «principio de proporcionalidad» en el artículo 131.2 de la Ley 30/1992 ".
En atención a lo expuesto, y dado que la sanción se impone en el 10% del volumen total de negocio sobre la base de la Comunicación de 6 de febrero de 2009 (RCL 2009, 274) , debe estimarse el recurso en este punto a fin de que por la CNC se dicte una nueva resolución sancionadora adecuando la motivación y cuantificación a los parámetros expuestos por el Tribunal Supremo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA (RCL 1998, 1741) no procede imponer las costas a ninguna de las partes en este proceso, dada la estimación parcial del recurso.
Estimamos en parte el recurso interpuesto con los efectos que se indican en el FJ 7 final de esta sentencia. Sin costas. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 248 de la LOPJ (RCL 1985, 1578 y 2635) , al tiempo de notificar la presente sentencia, se indicará a las partes que contra la misma no cabe recurso de casación ordinario.