Source: https://es.scribd.com/doc/63222738/Casacion-en-Juicio-Ejecutivo
Timestamp: 2016-09-29 12:09:05
Document Index: 202616346

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 419', 'artículo 429', 'artículo 433', 'artículo 448', 'artículo 2', 'artículo 472', 'artículo 367']

Casación en Juicio Ejecutivo
NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartituras¡Bienvenido a Scribd! Comienza tu prueba gratis y accede a libros, documentos y más.Buscar másUNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL TRABAJO DE TUTORÍA MATERIA: DERECHO PROCESAL CIVIL II TEMA: ANÁLSIS DE LA CASACIÓN.¿CABE EL RECURSO EN JUICIO EJECUTIVO? CATEDRÁTICO: DR. RENÉ QUEVEDO ALUMNO: DIEGO TAPIA VICUÑA VI CICLO “A” 08/07/11
El tema de nuestro trabajo, es realizar un análisis acerca si el Recurso Extraordinario de Casación cabe en los juicios ejecutivos. Antes de empezar a analizar la aplicación del mencionado recurso, es menester referirnos a su origen. El término casación, tiene su raíz etimológica en el latín, viene de la palabra “casso” que significa romper, quebrantar, anular; para Guillermo Cabanellas de Torres la casación es la acción de anular y declarar sin ningún efecto un acto o documento. La instancia excepcional, al punto de no resultar grato a los procesalistas el término, que permite recurrir contra el tribunal de apelación u otros especiales (como los amigables componedores), tan sólo en los casos estrictamente previstos en la ley, cuando se haya incurrido en el fallo contra el cual se acude encasaci ón, bien en una infracción evidente de la ley o en la omisión de alguna formalidad esencial en el procedimiento1; la periodista Helena Clover indica al respecto que: “jurídicamente, con el término casación se hace referencia a un recurso de carácter extraordinario, presentado ante un Tribunal Supremo, y destinado a enmendar fallos judiciales por infringir la ley sustantiva o procesal, al tiempo de fijar la correcta interpretación de las leyes sentando la jurisprudencia (...)”; subsidiriamente, Hernando Devis Echandía menciona que: “se trata de un recurso extraordinario, razón por la cual está limitado a los casos en que la importancia del litigio por su valor o su naturaleza lo justifica. Por él se enjuicia la sentencia del tribunal, que es su objeto, sin que implique una revisión general del juicio”. Ahora bien, para referirnos al origen de dicha institución jurídica -en el mundo moderno, dejando a un lado el Digesto, las Novelas de Justiniano y Las Ordenanzas de San Luis-, nos remontamos al Decreto de la Asamblea Constituyente francesa de 27 de noviembre de 1790 donde en su artículo 1 se empieza a referir un Tribunal de Casación junto al cuerpo legislativo; en la Constitución publicada un año después, encontramos la casación en el capítulo V, Del Poder Judicial, numerales 19, 20, 21, 22 y 23. Siendo aquéllos, la inspiración para los ordenamientos jurídicos europeos. En el Ecuador, La Casación aparece en el año 1993 en el Registro Oficial del martes 18 de mayo, con carácter de Ley. Imponiendo así, una nueva modalidad para las impugnaciones de las sentencias de segunda instancia, derogando por completo la institución de la tercera instancia y convirtiéndose en un recurso extraordinario, formal y supremo. Una vez que hemos dejado en claro el origen y el significado de la Casación, para continuar con la investigación nos corresponde explicar de qué trata este recurso; al respecto, Giuseppe Chiovenda indica que: “El Tribunal de Casación (...) Ese tribunal 'está instituído para mantener la observancia de la ley' (Ley Org.
Torres de, Cabanellas, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, R. Editorial Heliasta
Jud. De 30 de diciembre de 1923, art 61); y cumple esta función revisando el juicio de derecho contenido en las sentencias de los jueces, o sea, el juicio sobre la existencia o inexistencia de una norma abstracta de ley y sobre si es o no aplicable al caso concreto. Aparte de ello, vuelve a examinar la actividad desarrollada en el proceso, desde su constitución hasta la sentencia, en busca de posibles nulidades subsistentes en él. Pero en tanto que esta verificación de la relación procesal la hace con conocimiento aproximadamente tan amplio como el de los jueces inferiores, no conoce en cambio de la relación sustantiva directamente, sino que analiza y juzga el juicio de derecho contenido en la sentencia”. Es decir, en la Casación se verifican las actuaciones por parte de los jueces -recordemos que este es un recurso que combate la mala actuación judicial-, puesto que, éstos podrían incurrir en errores en cuanto a la aplicación de alguna norma, o en ciertos casos, omitir el sentido o la aplicación de otra; ahora bien, la Ley de Casación en su arículo 3 estatuye que: “El recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes causales (...)” De ahí se señalan cinco causales indicando la falta de aplicación, errónea interpretación o aplicación indebida por parte del juzgador, por tanto, podemos dejar en claro que este recurso es única y exclusivamente para la eficaz operancia judicial, tanto es así, que su procedencia es extraordinaria y sometida a un sin número de formalidades para aceptar su admisión; a lo antes dicho, en la Gaceta Judicial 5 del 1 de abril de 1996, encontramos un fallo que rechaza un recurso de casación por no detallar con exactitud el defecto judicial, se lee: “Del estudio del escrito, que pretende ser recurso de casación, lo que se aprecia es una alegación que dice: 'Existió incorrecta aplicación de disposiciones legales cometidas por parte de los jueces superiores' lo cual es propio del recuerso de tercera instancia, pero ineficaz, inoperante para el propósito que persigue el recurso de casación que cuando es procedente para el desquiciamiento de la unidad lógica y jurídica del proceso que lleva a anular la sentencia”; además, Hugo Alsina indica al respecto que es de carácter extraordinario, porque se reputa que los intereses de las partes están suficientemente garantidos en las instancias inferiores por las leyes procesales2; por consiguiente, afianzamos lo mencionado. En cuanto a los fines de dicho recurso, Devis Echandía supo distinguirlos en dos grupos: 1. El fin del particular, de la parte recurrente; 2. El fin de la institución.3 Al hablar del fin del recurrente, nos encontramos con la obviedad que presupone: el “resarcimiento” por el perjuicio cometido a su interés por la ineptitud judicial y, la revisión por parte de un Tribunal Superior para que éste reforme y reconoczca el derecho que pretende, además del fiel cumplimiento de la norma; cuando hacemos referencia a los fines de la institución, éstos miran
Alsina, Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ediar. Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, 1958. “Es indispensable distinguir el fin concreto que persigue la parte recurrente y los fines propios de la instittución”. (Echandía, Devis Hernando, Nociones Generales del Derecho Procesal Civil, pág. 797, Editorial Temis S.A.)
hacia el interés general, el interés público que, como indica Echandía, son dos: la defensa del derecho objetivo contra el exceso de poder por parte de los jueces y la unificación de su interpretación necesaria para la certidumbre jurídica.4 Al momento de mencionar dichos fines, es necesario hacer hincapié en la acción del particular. Debido a que el recurso no opera de oficio, es necesario el interés del recurrente y, según observa Carnelutti, es “un medio para la realización de la finalidad pública del proceso”, por consiguiente, sin este interés particular sería imposible la satisfacción del interés general; no obstante, es importante recalcar que la jurisdicción no es netamente por el interés particular, sino, que dicha jurisdicción entre en actividad en razón del interés público y según indica Alsina este es “el restablecimiento del imperio de la ley”. Una vez que hemos concluído esta pequeña introducción respecto a qué es la Casación, nos enfocaremos ahora a analizar nuestro tema en cuestión. 1. Proceso de Conocimiento.El artículo 2 de la Ley de Casación estatuye: “El recurso de casación procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento (...) (la cursiva y el subrayado son míos)”, sin embargo, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una explicación o significado de qué es un proceso de conocimiento y, es por esta razón, que las cortes de justicia han tenido que recurrir a la doctrina en diversas ocasiones para poder darle sustentabilidad al artículo antes mencionado; al respecto, Redenti indica que son procesos de conocimiento aquellos que terminan en un pronunciamiento del juez. Además, determina que en cuanto el “conocer” alude al examen que él debe llevar a cabo acerca de los problemas y de los datos que le sean propuestos o suministrados, o que él mismo pueda adquirir; a la determinación de las normas jurídicas aplicables, y a la construcción, en definitiva, de los silogismos que determinarán el tenor de su providencia”. Asimismo, cabe indicar la distinción que hace la doctrina en cuanto a los juicios según el fin a que se dirige, para poder así encasillar los procesos de conocimiento. Caravantes, en relación a lo dicho, indica que pueden ser declarativo y ejecutivo. Declarativo se dice el que versa sobre hechos dudosos que deben ser determiandos por el juez5; por consiguiente, los procesos de conocimientos se encuentran inmersos en los juicios declarativos, debido a que los juicios ejecutivos presuponen la existencia de un título que la ley le ha dado fuerza de ejecutoría o se trata de ejecutar una decisión judicial de un juicio anterior -declarativo-.
Ibídem, pág. 798. Vicente y Caravantes, José de, Tratado Histórico, Crítico Filosófico de los Procedimientos Judiciales en Materia Civil, según la nueva Ley de Enjuiciamiento, con sus correspondientes formularios, Tomo 1, pág. 360, Gaspar y Roig, 1856-1858
2. Juicio Ejecutivo.Como hemos mencionado en líneas anteriores, y como Caravantes bien define el proceso ejecutivo no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino, a llevar a efecto los que se hayan reconocido por acto o en títulos de tal fuerza que determine que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado para que sea atendido6. Hernando Devis Echandía, manifiesta que: “Cuando no se trata de una pretensión discutida que implique la necesidad de declarar quién tiene la razón, sino de una pretensión insatisfecha, cuya existencia aparece clara y determinada en el título que se aduce, estamos en presencia del proceso ejecutivo. En aquel, el mandato no existe, sino que debe ser formado por el juez mediante la decisión o sentencia; en cambio, en este el mandato ya existe y se trata simplemente de su ejecución”. El tratadista italiano, Francesco Carnelutti, a su vez menciona que: “La finalidad característica del proceso ejecutivo, consiste, pues, en procurar al titular del derecho subjetivo o del interés protegido la satisfacción sin o contra la voluntad del obligado. En el proceso ejecutivo se contraponen también, como en el jurisdiccional, dos partes, y entre ellas se interpone un tercero, que es el órgano del proceso, pero el fin a que tiende cada una de estas dramatis personae es esencialmente distinto del que caracteriza el proceso de conocimiento. No nos encontramos ya ante dos partes que se disputan la razón y un juez que busca cuál de las dos la tenga, sino ante una parte que quiere tener una cosa y otra que no quiere darla, en tanto que el órgano del proceso se la quita a ésta para dársela a aquélla”. Entonces, determinamos que el juicio ejecutivo se basa únicamente en el proceso de ejecución del derecho por parte del acreedor, es decir, éste excita el sistema judicial para que un juez -por el poder del cual se encuentra embuído- ejecute su pretensión y obligue al deudor la satisfacción de la prestación. No obstante, el actor deberá siempre acompañar un título que la ley le da una característica especial, el del reconocimiento previo del derecho del actor; subsidiariamente, dicho título debe tener requisitos de forma y fondo para ser tal; como indica el Dr. Rubén Morán Sarmiento: “de fondo, contener obligaciones; y de forma, las formalidades que para cada caso prevé la ley, como es el caso de los títulos de crédito”; por consiguiente, el actor ya no deberá ir ante un juez para que lo reconozca como acreedor, sino, acercarse para exigir el cumplimiento de la prestación. En nuestra legislación, no existe un significado de qué es un juicio ejecutivo y es por eso que nos hemos remitido a la doctrina en tres ocasiones distintas; sin embargo, revisando la jurisprudencia, encontramos una sentencia en la Gaceta Judicial 10
Ibídem, Tomo 3, página 257.
del 14 de enero de 1998, en la cual los magistrados se remitieron al tratadista Francisco Beceña para darle un significado, y esto fue lo que citaron: “Su especialiad (refiriéndose al juicio ejecutivo)consiste en que elimine litis se decreta lo que en el procedimiento ordinario es contenido en la decisión final” añadiendo que: En los procedimientos ordinarios las decisiones ejecutivas son siempre tomadas después de agotado el período de declaración y sin posibilidad de volverse a reproducir”. Ahora bien, el Código de Procedimiento Civil no establece tampoco qué es un juicio ejecutivo, sino, que, en su sección 2da, De los Juicios Ejecutivos, comienza definiendo qué son títulos ejecutivos y no da un significado al juicio en sí. 3. Juicio Ejecutivo en el Ecuador.Luego de haber analizado qué es un juicio ejecutivo y la diferenciación entre el proceso de conocimiento con el proceso de ejecución, nos corresponde analizar el Juicio Ejecutivo en nuestro país. En líneas anteriores hemos dejado en claro que nuestro Ordenamiento Jurídico no tiene una definición exacta de lo que es un juicio ejecutivo; que se ha remitido a la doctrina en varias ocasiones; no obstante, más allá de lo dicho, nuestro ordenamiento jurídico ha confundido el juicio ejecutivo con el proceso de conocimiento, a pesar de lo que la jurisprudencia nacional ha establecido, se ha desvirtuado por completo la naturaleza del proceso de ejecución con la de conocimiento; se ha creado una mixtura entre ambos y es aquello lo que conocemos como juicio ejecutivo. Si bien es cierto, una de las formalidades sustanciales del juicio ejecutivo es aparejar los títulos ejecutivos, podemos revisar el artículo 419 del Código de Procedimiento Civil el cual se lee: “la demanda se propondrá acompañada del título que reúna las condiciones de ejecutivo”, sin embargo, el hecho de cumplir este requisito no convierte el juicio en ejecutivo, al menos no en nuestro Ordenamiento; como reviamos en líneas anteriores, el título representa por su propia naturaleza, el derecho del acreedor para exigirle al deudor el cumplimiento de la prestación, empero, en nuestra legislación no se trata simplemente de su ejecución, como diría Echandía, sino, de su reconocimiento. El artículo 429 del código citado, establece que el demanado tiene un término de 3 días para dilucidar excepciones. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que el deudor sea capaz de presentar excepciones -tanto dilatorias como perentorias- si el acreedor, mediante su título, ya posee un derecho declarado y sólo busca la ejecución del mismo? Recordemos que las excepciones son los mecanismos de defensa que tiene el demandado para redargüir contra el acreedor; son estos medios los que, inclusive, podrían procurarle la razón al deudor por sobre el acreedor. Si lo dicho anteriormente es cierto (y lo es, revísese la ley), entonces, estamos aceptando que en el juicio
ejecutivo también se traba la litis y por consiguiente, se deberá procurar que un juez resuelva el asunto controvertido. ¿No es esta la potestad judicial de la que nos referíamos en cuanto a los procesos declarativos? Así es. ¿No habíamos enfatizado en que los procesos de conocimientos son los declarativos y los de ejecución no lo son? También lo hicimos. He aquí, la mixtura de la que hablábamos en líneas anteriores. No es posible que dentro de un juicio ejecutivo exista un hecho dudoso que tenga que ser aclarado por un juez, caso contrario, perdería su naturaleza de ejecución, sin embargo, existe. Es más, nuestro código también permite un término de prueba dentro de estos juicios, el artículo 433 estatuye: “Si las excepciones versan sobre hechos que deban justificarse, se concederá el término de seis días para la prueba”. Es impensable que dentro de un juicio de éstos, existan “hechos que deban justificarse”; el título ejecutivo presupone que ya están los hechos justificados y son: La existencia de una deuda, la existencia del derecho de cobro y la obligación de pagar. ¿Qué otros hechos podríamos justificar? ¿Que el título es falso? ¿Que la deuda no existe? Pues, existen otras vías -ordinaria y verbal sumaria- para justificar aquellos hechos, sin embargo, en nuestra legislación se permite el empleo de la vía ejecutiva para esto. Lo único que podría estar permitido a discutir en este tipo de juicios, es, como diría el Dr. Gonzalo Noboa Baquerizo la situación del crédito que se reclama, que sería, por ejemplo, la solución previa de éste por cualquiera de las formas previstas por la ley7. Muchas personas podrían alegar que la existencia de las excepciones en el juicio ejecutivo es en virtud al derecho de la defensa. Recordemos entonces que, en un verdadero juicio ejecutivo no se viola el derecho a la defensa negando las excepciones sobre la materia principal, porque la ley siempre permite que el deudor acceda a la vía ordinaria luego de dictada la sentencia ejecutiva (léase el artículo 448 del Código de Procedimiento Civil) en el caso que se haya olvidado o negado en proponer excepciones en este juicio; también es posible en nuestra mixtura de juicio ejecutivo. Con las reflexiones realizadas anteriormente, quisiéramos dejar en claro que el juicio ejecutivo en el Ecuador, es un proceso de conocimiento, es más, cabe recalcar que en nuestros tres juicios existen estas tres normas rectoras: a) En todos caben las excepciones -sean dilatorias o perentorias-; b) en todos existe el término de prueba; y, c) en todos hay tiempo para proponer alegatos. Por las razones antes dichas, determinamos que el juicio ejecutivo es un juicio de conocimiento.
Baquerizo Noboa, Gonzalo, El Juicio Ejecutivo es un Proceso de Conocimiento
Para concluir este trabajo tutorial, nos enfocaremos en el análisis principal: ¿Cabe o no la Casación en el juicio ejecutivo? Debemos indicar que en primer plano, no cabe la Casación en el juicio ejecutivo porque así lo determina la jurisprudencia. La Corte Superior de Justica (hoy en día Corte Nacional de Justicia) ha determinado que el juicio ejecutivo no es un juicio de conocimiento y que, el artículo 2 de la Ley de Casación es suficientemente claro al establecer que el recurso sólo cabe contras las sentencias o autos que pongan fin a los procesos de conocimiento. Si las cosas son tan sencillas como la Corte lo supo establecer, ¿dónde empieza la duda? ¿dónde se genera la discusión? Remontémosnos pues a tiempos anteriores cuando no existía la Casación. Parte de nuestra investigación fue buscar soluciones en la ley antigua, hoy en día derogada, y nos llevamos con la sorpresa que el Código de Procedimiento Civil de 1987 contemplaba la tercera instancia, desgraciadamente, la fuente consultada ya tenía presente la derogatoria por la Ley de Casación de 1993, tuvimos que ir más atrás. El Código Civil de 1953, para nuestra suerte, aún conservaba los artículos intactos y nos pareció pertinente citar el siguiente.- artículo 472: “En este juicio -juicio ejecutivo de mayor cuantía- puede el ejecutante interponer los recursos que concede este Código para los ordinarios; pero el ejecutado sólo puede apelar de la sentencia y en los demás casos, no podrá interponer ni aun el de hecho”; recordemos entonces que, el ejecutante podía interponer la apelación, si esta fuere negada, el recurso de hecho y más adelante acceder a una tercera instancia. ¿Qué era esto de la tercera instancia? El artículo 367 del mismo código estauía que: “La parte que se crea agraviada por la decisión de segunda instancia, podrá interponer el recurso de tercera, para ante la Corte Suprema, o Superior, según el caso, dentro de tres días”; según lo antes dicho, la parte agraviada podía acceder a un recurso vertical denominado tercera instancia, econtrándose dentro de un juicio ejecutivo. En estos tiempos, evidencialmente no existía un recurso de casación y a su vez, tampoco existía la definición de proceso de conocimiento o de ejecución, permitiendo así la tercera instancia en cualquier tipo de juicio. Ahora bien, el problema recae cuando en 1993 con la Ley de Casación, queda derogada expresamente la Tercera Instancia y además, se establece el proceso de conocimiento. Muchas personas confundían la formalidad de la casación con la simplicidad de la tercera instancia y muchísimas casaciones fueron negadas, sobretodo, las de los juicios ejecutivos. La confusión se basa en que se crea una institución nueva que es la Casación en reemplazo de la Tercera Instancia, para poder salvaguardar el interés público y no eliminar la carga documental de los jueces en la Corte Superior o Suprema, según era el caso, pero, lo que no se realizó fue adecuar el juicio ejecutivo para que éste, pierda su
carácter de conocimiento y pase a ser un verdadero proceso de ejecución. Para concluir, nos es menester indicar que mientras existan excepciones o términos de prueba dentro de un juicio de ejecución, es imposible realizar la misma si el juez debe intervenir para el esclarecimiento de la litis y decidir qué parte es la que lleva consigo la razón, omitiendo la naturaleza del título aparejado que, nuevamente lo diremos, por la atribución que le da la ley, es el derecho ya declarado dipuesto a ser ejecutado. También es necesario citar nuevamente al Dr. Gonzalo Baquerizo Noboa, que al respecto indica: “Pero, ¿qué es lo que determina que sea uno u otro? -refiriéndose al proceso de conocimiento y ejecuciónPodemos destacar los siguientes elmentos diferenciadores: a) El juez, en los “procesos de ejecución”, desarrolla un rol diferente al del proceso de conocimiento; se puede afirmar que desempeña el papel de órgano para viabilizar la ejecución o cumplimiento forzoso; no es su misión conocer hechos constitutivos de derechos, sino preocuparse de que la obligación, ya reconocida, se cumpla en el evento de no estar ya extinguida. b) En los “procesos de ejecución” en el auto inicial categóricamente se ordena el pago, y va o puede ir acompañado de la medida de embargo. En nuestro Código de Procedimiento Civil, no; el auto inicial es la invitación a pagar o proponer excepciones”. El caso es tan grave que, el deudor dentro de un juicio de ejecución, podría fácilmente proponer como excepción la falta de derecho del acreedor, y el órgano judicial, podría declarar en primera instancia, luego ratificar en segunda instancia, que ciertamente el acreedor no tenía el derecho. Entonces, ¿de qué ejecución estamos hablando? Si lo que resultare de un “juicio ejecutivo” es el reconocimiento del derecho del acreedor, salvo que el deudor pueda negar dicho derecho. Por todo lo antes mencionado a lo largo de este trabajo tutorial, creemos que dentro del juicio ejecutivo sí, sí cabe la Casación. El juicio ejecutivo nuestro -ecuatoriano- no es de ejecución, es como los otros juicios, de conocimiento. Como último comentario, la Corte Suprema es incapaz siquiera de mantener unidad en sus decisiones, existen sentencias en las cuales a los acreedores que teniendo un título ejecutivo han preferido utilizar la vía ordinaria y se les ha negado la casación, en consideración a la naturaleza del título, cuando la negación del recurso no es en virtud del título, sino, como la Corte sostiene en varias ocasiones, en virtud del procedimiento que se sigue.
Recomendación para la efectividad de un Juicio Ejecutivo.Debido al gran impacto que causó este tema en nuestras cabezas, nos atribuímos el derecho a lucubrar en un remedio para la efectividad de un juicio ejecutivo en nuestro país. Pensamos lo siguiente: 1. Sería factible que para llegar a un verdadero juicio ejecutivo, sea necesario el requirimiento -mediante juicio ordinario o verbal sumario-, en este caso, que se lleve al acreedor a confesión judicial para esclarecer dudas respecto a la naturaleza del título ejecutivo que posee; 2. Si el acreedor termina con una sentencia a favor respecto a la legalidad del título, entonces podría acceder a un juicio ejecutivo (caso de prejudicialidad) sin que el deudor pueda proponer excepciones al respecto; 3. Si se llegare a demostrar la falsedad del título, pues, el acreedor deberá cumplir con las penas civiles y penales previstas en el ordenamiento, de esta manera, se preevería que no se cobren deudas infundadas o ilegítimas; 4. Dentro del juicio ejecutivo, el deudor no podrá dilucidar excepciones respecto a la materia principal, sólo en cuestión al monto a pagar, si ya se ha pagado parte de la deuda, etc; 5. Debido a que nuestro ordenamiento contempla los principios de “todo fallo es recurrible” y “doble inconforme”, el deudor podrá acceder a la apelación sólo en cuanto a costas procesales y honorarios; y, 6. La prohibición del deudor de excepcionarse no violaría su derecho a la defensa puesto que, repetimos, podrá intentar la vía ordinaria.
Fuentes Consultadas: Código de Procedimiento Civil Ley de Casación Bibliografía: Chiovenda, Giuseppe, University Press; Calamandrei, Press; Piero, Curso Derecho de Derecho Procesal Civil, Oxford
Carnelutti, Francesco, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Oxford University Press; Morán Sarmiento, Rubén Edilex S.A., 2009; Elías, Derecho Procesal Civil Práctico,
Echandía, Devis Hernando, Nociones Generales del Derecho Procesal Civil, Temis S.A., 2009; Alsina, Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ediar. Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, 1958.
Casación en Juicio EjecutivoSubido por Diego Tapia1.6K visitaDescargaInsertarDescripción: Trabajo tutorial acerca de la Casación en el Juicio Ejecutivo ecuatorianoVer másTrabajo tutorial acerca de la Casación en el Juicio Ejecutivo ecuatorianoCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
Documents similar to Casación en Juicio EjecutivoLey de Casacion Ecuadorjurisprudenciaejecucion coactiva en ecuador-Ab. Luis Gómez CastroMODELO DE DEMANDA DE INQUILINATO POR MORA EN EL PAGO DE LO~1Practica civil demandasSemejanzas y diferencias entre las garantías reales2013BenchMemoAnnex.espanolaccion de incumplimiento final constitucionalMANUAL DE PRÁCTICA PROCESAL PENAL.pdfRECURSO DE HECHOJUICIO DE REIVINDICACIÓNEXPROPIACIÓN EN EL ECUADORJuicio Verbal SumarioProcedimiento CivilSEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO FISCAL NoJURISDICCION COACTIVA conceptos.docxRECURSO DE HECHOValoracion_de_la_prueba_I_CIVIL_finalMinuta Disolucion Voluntaria de La Sociedad ConyugalJUICIO_DE_CONSIGNACIONLEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICASRecurso de hechoT458-MDE-Poveda-Medios alternativos de solución de conflictos en EcuadorManual de Litigacion de La Fiscalia Del EcuadorPROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN-PUBLICACIÓNTesisModelo de DemandasDemanda Por Despido IntempestivoCodigo Civil Libro 4 - Abogadosenlinea.ecMODELO DE TERCERÍA COADYUVANTEMore from Diego TapiaCOIPUn libro.docTu LocuraLa sillaLa RealidadLa EsperaReportaje Al Pie de Las NupciasDiccionario Juridico Elemental Guillermo CabanellasAnalectas - ConfucioPropiedad IntelectualAnálisis Convenio UCSG