Source: http://legislacion.derecho.com/ley-21-1992-de-industria
Timestamp: 2016-10-23 10:32:44
Document Index: 341207969

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 40', 'artículo 130', 'artículo 139', 'artículo 51', 'artículo 1', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'Artículo 4', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 21', 'Artículo 23', 'artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 27', 'artículo 33', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 149', 'Artículo 31', 'artículo 4']

LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria	LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria Mis Leyes
LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria Estado	:
21/1992	Boletín Oficial	:
BOE 176/1992	Fecha Disposición	:
16/07/1992	Fecha Publicación	:
23/07/1992	Órgano Emisor	:
1. Esta Ley tiene los siguientes objetivos:
Las disposiciones de la Ley se articulan en el marco delimitado por los preceptos que se exponen de la Constitución Española de 1978, en la cual no hay referencia expresa a la industria, pero sí a la actividad económica de cuyo conjunto forma parte la industria.
El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, obligando a los poderes públicos a garantizar y proteger el ejercicio de dicha libertad y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
El artículo 40.1 de la Constitución dispone que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica.
En el artículo 130.1 de la Constitución se establece que los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos.
El artículo 139.2 de la Constitución preceptúa que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. El artículo 51.1 de la Constitución prescribe que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
El rtículo 45.2 de la Constitución ordena que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
2. La actividad industrial está regulada actualmente en España por la parte vigente de la Ley de 24 de noviembre de 1939, de ordenación y defensa de la industria nacional. Esta Ley, en gran parte derogada, acorde con la realidad política, social y económica del tiempo en que fue promulgada otorgaba al Estado facultades absolutas de control del sector industrial, mediante el otorgamiento de autorizaciones previas para la instalación de cualquier clase de industria.
La evolución legislativa del derecho referido a la actividad industrial se ha orientado por la necesidad de ir modificando el referido marco de facultades absolutas que establecía la Ley de 1939.
Un nuevo paso en la evolución liberalizadora supuso el Real Decreto 378/1977, de 25 de febrero, el cual hizo desaparecer el grupo de industrias sujeto a condiciones mínimas, estableciendo un sistema de libre instalación de industrias y otro de autorización administrativa previa; este último experimentó un considerable aumento al incluir en él los sectores sometidos a planes de ordenación o reestructuración y otros por motivos de consumo energético, importaciones, interés preferente y tecnología extranjera.
Como último paso liberalizador se puede considerar el Real Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales, cuyo artículo 1 establece el silencio administrativo positivo para la concesión de licencias y autorizaciones de instalación, traslado o ampliación de empresas o centros de trabajo, excepto a determinadas industrias (armas, explosivos, interés militar, hidrocarburos, instalaciones eléctricas, radioactivas y en reconversión).
Otros aspectos de la industria se han regulado por leyes especiales. La promoción industrial, mediante la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, de industrias de interés preferente, que permite declarar a un sector industrial o parte de él como de interés preferente, o calificar una determinada zona geográfica como de preferente localización, con los correspondientes beneficios. Las situaciones de crisis que afectaron a diversos sectores industriales dieron lugar a normas legales de medidas para la reconversión y la reindustrialización; Real Decreto-Ley 9/1981, de 5 de junio; Ley 21/1982, de 9 de junio; Real Decreto-Ley 8/1983, de 30 de noviembre, y Ley 27/1984, de 26 de julio.
3. El fundamento del carácter básico que se confiere a gran parte de la Ley, así como el de las normas de coordinación entre las Administraciones Públicas, se encuentra en las disposiciones de la Constitución que se indican.
El artículo 149.1.13. de la Constitución confiere al Estado competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y, consecuentemente, al ser la actividad industrial una parte de la actividad económica, el Estado tiene competencia para determinar las bases y la coordinación referente a toda clase de industrias, lo que incluye el régimen de creación, instalación, ampliación, traslado o cese de actividades industriales.
Además, puesto que este aspecto se relaciona con el principio de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, el artículo 149.1.1 constituye una habilitación complementaria para que el Estado regule las condiciones básicas del ejercicio de la actividad industrial En el artículo 149.1.13 de la Constitución cabe diferenciar dos contenidos:
El de la unidad del orden económico que informa el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia económica, con el fin de que no se produzcan resultados disfuncionales y desintegradores de dicho orden.
Esta unidad habrá de garantizarse excepcionalmente mediante ciertos actos de ejecución cuando, por la naturaleza de la materia, resulta complemento necesario para garantizar la consecución de la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre las bases, si bien, en todo caso, la fijación de las bases no deben llegar a tal grado de desarrollo que dejen vacías de contenido las correspondientes competencias de las Comunidades Autónomas.
La coordinación de la planificación general de la actividad económica, que debe ser entendida como la fijación de medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las diferentes Administraciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema.
4. La Ley se estructura en cinco títulos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
El Título II, determina los objetivos de promoción y modernización a desarrollar por las Administraciones Públicas, los objetivos de los programas de promoción, las medidas y procedimientos aplicables y la creación de la Comisión para la Competitividad Industrial, como órgano consultivo, integrado por miembros de reconocido prestigio de la industria, la ciencia y las Administraciones Públicas, con la función de contribuir a la evaluación y mejora de la competitividad de la industria española.
El Título IV, Registro de Establecimientos Industriales e Información Estadística Industrial, configura el Registro de Establecimientos Industriales, de carácter administrativo y ámbito estatal, que no será obstáculo para que las Comunidades Autónomas establezcan sus propios Registros. Su fin es constituir el instrumento para el conocimiento y la publicidad de la actividad industrial, utilizable tanto por las Administraciones Públicas como por los ciudadanos y empresas, regulándose su ámbito y contenido, la obligatoriedad por parte de las empresas y de los agentes colaboradores de las Administraciones Públicas de comunicar los datos que han de inscribirse y la coordinación de la información administrativa. Este título se completa con la creación de la Comisión de Registro e Información Industrial, con el carácter de órgano de coordinación para estas materias, integrado por representantes de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.
La disposición adicional tercera establece la coordinación de las competencias de los Ministerios de Industria y Energía y de Obras Públicas y Transportes en materia de seguridad y calidad referentes a telecomunicaciones y construcción de buques.
7. Las consultas previstas en el apartado 6, párrafos a y b del presente artículo no serán necesarias cuando se trate de órganos en los que el Ministerio de Industria y Energía participe en la formulación de los correspondientes planes y programas.
Artículo 4. Libertad de establecimiento. 1. Se reconoce la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de las actividades industriales.
5. Únicamente podrá requerirse autorización administrativa previa de la Administración competente cuando resulte obligado para el cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales.
PROMOCIÓN, MODERNIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIALES.
Artículo 12. Reglamentos de Seguridad. 1. Los Reglamentos de Seguridad establecerán:
Artículo 15. Organismos de Control. 1. Los Organismos de Control son aquellas personas naturales o jurídicas, que teniendo capacidad de obrar, dispongan de los medios técnicos, materiales y humanos e imparcialidad necesarios para realizar su cometido y cumplan las disposiciones técnicas que se dicten con carácter estatal a fin de su reconocimiento en el ámbito de la Unión Europea.
4. En los órganos de Gobierno de las entidades enumeradas en los párrafos a y b del apartado 1 deberán estar representados de forma equilibrada aquellos intereses industriales y sociales que pudieran verse afectados por sus actividades.
REGISTRO INTEGRADO INDUSTRIAL. Artículo 21. Registro Integrado Industrial. Fines. 1. Se crea el Registro Integrado Industrial, de carácter informativo y de ámbito estatal, adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que tendrá los siguientes fines:
Suministrar a los servicios competentes de las Administraciones Públicas los datos precisos para la elaboración de los directorios de las estadísticas industriales, en el caso estatal a las que se refieren los artículos 26.g y 33.e de la Ley 12/1989, de 9 mayo, de la Función Estadística Pública.
Artículo 22. Ámbito y contenido. 1. El Registro Integrado Industrial comprenderá las actividades e instalaciones a las que se refiere el artículo 3 de la presente Ley con excepción de las comprendidas en su apartado 4.i y en él deberán constar como mínimo los siguientes datos:
3. Todos los datos anteriormente expresados, excepto los referidos a las empresas y actividades citadas en el artículo 3, apartado 4, letra d, tendrán carácter público, de acuerdo con los procedimientos de acceso y difusión que reglamentariamente se determinen.
4. Además de los datos básicos referidos en el apartado 1, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio determinará reglamentariamente los datos complementarios que deban incorporarse de oficio al Registro, a fin de dar cumplimiento al artículo 21.1.a.
Artículo 23. Incorporación y actualización de datos del Registro. 1. El Registro Integrado Industrial incluirá los datos a los que hace referencia el artículo 22, a partir de:
Artículo 24. Traslado de información de las Comunidades Autónomas al Registro Integrado Industrial. El órgano competente de la Comunidad Autónoma dará traslado inmediato al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de los datos a los que se refieren los artículos precedentes para su inclusión en el Registro Integrado Industrial.
Artículo 27. Desarrollo reglamentario. Reglamentariamente se establecerá, a propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
En el marco de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, el Ministerio de Industria y Energía colaborará con el Instituto Nacional de Estadística y otros servicios estadísticos de la Administración del Estado en la formación de directorios y estadísticas para fines estatales en materia industrial, formulando los Planes Estadísticos Sectoriales previstos en el artículo 33.a de la mencionada Ley y proponiendo la inclusión en el Plan Estadístico Nacional de aquellas estadísticas que considere de interés para la gestión pública y empresarial.
En función del objetivo general de cooperación interempresarial, al que se refiere el artículo 5.3.h de la presente Ley, el Ministerio de Industria y Energía promoverá la creación y mantenimiento de sistemas de información de base voluntaria y utilización compartida, particularmente entre las empresas de pequeña y mediana dimensión, así como el acceso a bases de datos comunitarias de características similares.
Los artículos 1, 2, 3, apartados 1 al 3, y 4.a, b, e, g y h; el artículo 4, y los artículos 9 al 18; 21 al 27; 30 al 37, y 38, apartado 2, se dictan al amparo del artículo 149, 1, 1. y 13. de la Constitución. Los restantes preceptos de esta Ley serán de aplicación en defecto de legislación específica dictada por las Comunidades Autónomas con competencia normativa en las materias reguladas por la misma.
Título IV (rúbrica); Artículos 4, 12, 13 (apdo.3), 15, 17 (apdo. 5), 21, 22, 23, 24 y 27:
Redacción según Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Artículos 31 (letras k y l):
Añadido por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Artículo 31 (apdo. 3.a):
Declarado inconstitucional y nulo por Sentencia 162/2008, de 15 de diciembre de 2008, del Tribunal Constitucional. (BOE. núm. 8, de 9 de enero de 2009).
Se declara la inaplicabilidad de la necesidad de autorización administrativa de los organismos de control prevista en este artículo, salvo cuando la exigencia de la autorización resulte obligada en los términos recogidos en el artículo 4.5 de esta Ley, por Sentencia de 29 de junio de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. (BOE. núm. 196, de 16 de agosto de 2011).
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