Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/SU378-14.htm
Timestamp: 2017-11-17 17:32:23
Document Index: 112005024

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 192', 'artículo 99', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 86', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 86', 'artículo 5', 'artículo 45', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 2']

SU378-14
Sentencia SU378/14
COMITE DE DERECHOS HUMANOS-Naturaleza y funciones
COMPETENCIA DEL JUEZ DE TUTELA FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS DICTAMENES PROFERIDOS POR EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS
(i) las observaciones que emita el Comité de Derechos Humanos de la ONU deben observarse y ejecutarse por el Estado parte de buena fe, en la medida que éste reconoció la competencia de dicho órgano para determinar si ha habido o no, violación del Pacto, y en virtud de los deberes de protección que impone la Constitución; (ii) la acción de tutela es improcedente para exigir per se el cumplimiento interno de los dictámenes u observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos; (iii) sin embargo, el juez constitucional, en desarrollo de sus deberes de protección, puede pronunciarse sobre la existencia de una amenaza o violación a los derechos fundamentales cuando las circunstancias que subyacen a las recomendaciones internacionales ameriten su intervención, en cuyo caso, habría que constatar los presupuestos de procedibilidad del mecanismo constitucional; (iv) el derecho a un recurso efectivo, se traduce dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el derecho que tiene toda persona de acceder a la administración de justicia para materializar sus derechos ante las instancias judiciales competentes; (v) en cuanto a las autoridades encargadas de dar cumplimiento a las observaciones emanadas del Comité, esto depende de la estructura orgánica interna del Estado y su cumplimiento se debe llevar a cabo de forma coordinada, eficiente y de conformidad con la disposición presupuestal y técnica que permitan su materialización efectiva.
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER CUMPLIMIENTO DE LOS DICTAMENES PROFERIDOS POR EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS-Improcedencia por cuanto no se está ante vulneración actual de los derechos fundamentales
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Criterios para determinar el cumplimiento a pesar de que no exista un término de caducidad de la acción de tutela
Para determinar la razonabilidad del plazo, la jurisprudencia de esta coproración ha construido una serie de criterios, a saber: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición, (iv) las posibilidades de defensa en el ámbito del proceso judicial, y la diligencia del accionante en el mismo. Estos son criterios que deben ser ponderados en cada caso, antendiendo a las circunstancias en que se encontraba el tutelante.
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER CUMPLIMIENTO DE LOS DICTAMENES PROFERIDOS POR EL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS-Improcedencia por incumplir requisito de inmediatez
La jurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente en señalar que el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal manera que ésta debe ejercerse dentro de un término oportuno, justo y razonable, circunstancia que deberá ser calificada por el juez constitucional de acuerdo con los elementos que concurren en cada caso. En este sentido ha reiterado la Corte que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la demanda, en la medida que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Referencia: expediente T-3.173.251
Acción de tutela instaurada por el señor José Elías Guerra de la Espriella contra la Nación– Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Bogotá, DC., doce (12) de junio de dos mil catorce (2014).
II. Hechos[1]
1.4. Dada su condición de Senador de la República para la época de la investigación, el proceso debía tramitarse ante la Corte Suprema de Justicia en única instancia; el actor decidió renunciar a su cargo y con ello al fuero congresual. Por consiguiente, la investigación fue remitida por la Corte Suprema de Justicia a la denominada Jurisdicción Regional o de Orden Público. Contrariamente a lo previsto en la ley, “el Director Nacional de Fiscalías lo hizo objeto (al proceso) de asignación especial, recayendo el conocimiento del mismo en el Jefe de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema. El autor interpuso un recurso de reposición y un recurso de apelación ante el Fiscal General de la Nación, el cual confirmó la decisión inicial”[2].
1.5. Informa el actor que la etapa de juzgamiento fue asumida por un Juez Regional de Bogotá, sin rostro, al que no pudo ver en ningún momento del proceso y no hubo audiencia pública. Mediante sentencia del 17 de abril de 1998 fue condenado a 90 meses de prisión, multa de $30.050.000.=, e interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la privación de la libertad, como responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particular en concurso con el delito de falsedad en documento privado y estafa. Apelado el fallo por el sentenciado, la segunda instancia se surtió ante el Tribunal Nacional, fase en la que tampoco existió audiencia pública. El 30 de diciembre de 1998, este tribunal confirmó el fallo de primera instancia, pero redujo la pena a 72 meses de prisión.
1.6. El actor, informó al CDH que se abstuvo de interponer el recurso de casación al considerar que existía “ausencia de imparcialidad en los miembros de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, ya que fueron ellos mismos quienes inicialmente habían ordenado la detención preventiva, sin beneficio de excarcelación”[3].
1.7. En la denuncia presentada el 23 de mayo de 2007 ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el señor José Guerra de la Espriella sostuvo “que fue objeto de violación del artículo 14, párrafo 3 d) y e), ya que no se respetó su derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías. Afirma igualmente que se violaron sus derechos bajo el artículo 14, párrafo 3 d) y e), ya que fue condenado en primera instancia en un proceso que se instruyó sin su presencia o la de su defensor, sin audiencia pública, sin la oportunidad de contradecir o contrainterrogar al testigo de cargo ni de controvertir las pruebas en su contra, sin recibir respuestas satisfactorias o razonables a las inquietudes, interpelaciones e interrogantes de la defensa. Nunca tuvo contacto personal con el fiscal que le acusó ni con los jueces que le condenaron en primera y segunda instancia. Los jueces que impusieron la condena jamás le oyeron ni privada ni públicamente. En la segunda instancia tampoco hubo audiencia pública ni estuvo presente en el momento del juicio”.[4]
1.8. Surtido el trámite correspondiente, el Comité de Derechos Humanos, en el marco del 98º período de sesiones adelantado entre el 8 y el 26 de marzo de 2010, examinó la cuestión en cuanto al fondo y recordó “el párrafo 23 de su Observación General nº 32 relativa al artículo 14 del Pacto, y observa que para satisfacer los derechos de la defensa, garantizados en el párrafo 3 del artículo 14, especialmente sus apartados d) y e), todo juicio penal tiene que proporcionar al acusado el derecho a una audiencia oral, en la cual se le permita comparecer en persona o ser representado por su abogado y donde pueda presentar pruebas e interrogar a los testigos. Teniendo en cuenta que el autor no tuvo tal audiencia durante los procedimientos que culminaron en los fallos condenatorios y la imposición de la pena, y la manera como se desarrollaron los interrogatorios, sin respeto a las garantías mínimas, el Comité concluye que hubo violación del derecho del autor a un juicio con las debidas garantías, de conformidad con el artículo 14 del Pacto.”[5]
1.10. En consecuencia, “(D)e conformidad con los dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto” dictaminó que “el Estado Parte debe proporcionar al autor un recurso efectivo, incluida una indemnización adecuada. El Estado Parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”.
A través de apoderado, el señor José Elías Guerra de la Espriella presentó demanda de tutela contra la Nación-Rama Judicial, representada por la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia, invocando la protección a las garantías fundamentales inherentes al debido proceso, a su derecho a un recurso judicial efectivo y la efectividad del principio constitucional de prevalencia de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso.
En relación con su pretensión, manifiesta que el cumplimiento de la obligación internacional compete a los jueces del Estado. En consecuencia, “la garantía del recurso efectivo, que en el caso de José Guerra de Espriella, el Comité de Derechos Humanos ordenó como mecanismo para reparar la violación de sus derechos conculcados, se materializa con la revocatoria de las providencias judiciales adoptadas en el marco de un proceso en el que no se respetaron las garantías mínimas del debido proceso al accionante. Sin embargo, como en la actualidad la justicia regional ha desaparecido del ordenamiento jurídico interno, corriendo la misma suerte el juez regional de Bogotá y el Tribunal Nacional de Orden Público, no es posible elevar una solicitud de revocatoria de las sentencias a las autoridades que las profirieron, por lo que corresponde al juez de tutela, en cumplimiento del dictamen del Comité de Derechos Humanos, dejar sin efecto las providencias recurridas”. (Se destaca).
2.1. En cuanto a la legitimación por pasiva sostiene que comoquiera que la condena al Estado por violación a los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, tuvo lugar por el desarrollo de un proceso judicial sin las garantías mínimas a que se obligó el Estado colombiano al suscribir dicho convenio internacional, es la Nación-Rama Judicial la que está llamada a concederle al accionante “un recurso efectivo, incluida una indemnización adecuada”, en los términos ordenados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su dictamen del mes de marzo de 2010, el cual tiene carácter vinculante y obligatorio para todas las autoridades nacionales.
2.2. Sobre la vulneración de derechos fundamentales la hace consistir en el “adelantamiento de un proceso penal en su contra sin las debidas garantías mínimas que se desprenden del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, particularmente por el adelantamiento en su contra de un proceso penal ante jueces sin rostro y con prescindencia de la audiencia pública, tal como fue reconocido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en dictamen en el que ordenó al Estado colombiano proporcionar al autor un recurso judicial efectivo, incluida una indemnización adecuada”[6].
Sostiene el demandante que “la consecuencia lógica de la acreditación de una irregularidad procesal que tiene el alcance de trasgredir el debido proceso, es la revocatoria de todos los actos procesales viciados y el restablecimiento de las cosas a su estado original de suerte que el accionante pueda ver reivindicados sus intereses iusfundamentales afectados. En este orden de ideas el recurso efectivo que ordenó el Comité de Derechos Humanos se materializa en la revocatoria de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por el Juez Regional de Santa Fe y el Tribunal Nacional de Orden Público, respectivamente. Sin embargo, comoquiera que en la actualidad estas autoridades han desaparecido de la estructura del Estado, por la supresión de la jurisdicción regional, no existe autoridad competente para revocar las decisiones adoptadas con violación del debido proceso, por lo que al Juez de tutela, le corresponde dejarlas sin efecto, en aras de hacer efectiva la decisión del Comité de Derechos Humanos y garantizar la efectividad de los derechos fundamentales del accionante”[7].
Sin embargo, aclara que “indistintamente de la voluntad del Gobierno Nacional y de la Defensoría del Pueblo para garantizar el cumplimiento del dictamen del Comité de Derechos Humanos, no se vislumbra una posibilidad cierta y efectiva de encontrar el restablecimiento de los derechos fundamentales trasgredidos al actor, toda vez que el Defensor del Pueblo carece de las competencias constitucionales y legales para conceder al accionante el recurso efectivo ordenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en atención a que por el principio constitucional de la separación de las ramas del poder público, las sentencias judiciales proferidas con violación de los derechos fundamentales del accionante, solo pueden ser revocadas o dejadas sin efecto por otra autoridad judicial”[8].
Y agrega que la obligación sobre la garantía de un recurso judicial efectivo, no puede satisfacerse por ningún medio de defensa judicial ordinario “en atención a que el legislador no ha regulado la autoridad competente ni el procedimiento para que en cumplimiento de una obligación internacional se revoque o declare sin valor ni efecto una sentencia y se conceda el recurso efectivo, circunstancia que activa la competencia residual y subsidiaria del juez constitucional para hacer efectivos los derechos fundamentales del accionante (…)”.
De esta forma, agrega, “indistintamente de la naturaleza jurídica de los actos unilaterales que profieran los órganos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, lo cierto es que estos resultan vinculantes para el Estado colombiano cuando contienen la interpretación del alcance y núcleo esencial de los derechos humanos consagrados en los distintos tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia y, adicionalmente, en aquellos casos en que respecto de una situación particular y concreta ordenan y recomiendan la adopción de medidas tendientes a la protección de derechos humanos”[9].
3.1. La demanda fue admitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura el 12 de enero de 2011, órgano que profirió sentencia el 20 de enero siguiente, declarando la improcedencia del mecanismo constitucional. Consideró la Sala respectiva que “no hay ninguna prueba de que el actor haya solicitado el desarchive del proceso y la hoy accionada, lo haya denegado, afectando sus derechos fundamentales; lo anterior tendiente a que los jueces de la República que son los llamados a tomar decisiones judiciales, conozcan el contenido de la mentada recomendación y se adopten las decisiones que en derecho correspondan”[10]
3.3. Frente a la anterior decisión salvó voto el magistrado José Ovidio Claros Polanco, comoquiera que, en su criterio, debió confirmarse la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela “pues habiendo conocido el actor la determinación del Comité de Derechos Humanos desde el 27 de abril de 2010, no se encontraría superado el presupuesto procesal de la inmediatez”[11].
4.1. Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Mediante oficio DIDHD/GOI. No.1824/093, de enero 14 de 2011, el Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de este ministerio, informa al juez de tutela que “ha dado trámite al dictamen que nos ocupa de manera oportuna y eficiente, de acuerdo con sus competencias y funciones”.
4.2. Del Ministerio del Interior y de Justicia
Intervine a través del Director Jurídico para manifestar que a este ministerio “no le asiste legitimidad para actuar válidamente en la presente demanda, puesto que (…) el centro de imputación recae en la Rama Judicial, cuya representación, para todos los efectos, se predica del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo que conviene señalar que la materia objeto de demanda escapa a la competencia del Ministerio del Interior y de Justicia”.
4.3. De la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Intervino a través de la División de Asistencia Legal, destacando que el demandante hace referencia a hechos acaecidos en el año de 1995, fecha en la cual inició la investigación penal en contra de su poderdante, proceso que terminó con sentencia condenatoria de segunda instancia, en el año 1998. Para el año 2000, el hoy tutelante, formuló acción de tutela por violación a los derechos fundamentales “del debido proceso, defensa, presunción de inocencia y libertad”, contra los extintos juzgado regionales de Santafé de Bogotá y Tribunal Nacional, tutela que fue objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional (Expediente T-273.982).
4.4. Fiscalía General de la Nación
4.5. Procuraduría General de la Nación
4.6. Defensoría del Pueblo
Mediante concepto 027 de 2011[12]el Defensor del Pueblo sostuvo que la Defensoría del Pueblo no tiene competencia para materializar el dictamen proferido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, razón por la cual su actuación se orientó a ofrecer al señor Guerra de la Espriella el servicio de litigio defensorial, de acuerdo con sus competencias y la regulación interna del mismo.
Luego de transcribir ampliamente aparte de las sentencias T-558 de 2003, T- 385 de 2005 y T-254 de 2007, de esta corporación, el Defensor del Pueblo infiere que “la materialización del dictamen 1623/2007 a favor del señor José Elías Guerra de la Espriella corre por cuenta de las autoridades administrativas y judiciales encargadas de brindar las herramientas jurídicas que permitan el acceso a la administración de justicia y a la reparación material de los daños sufridos; por ejemplo, mediante el uso del instrumento indemnizatorio consagrado en la Ley 288 de 1996 (…)”.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en sentencia de abril 8 de 2011 declaró improcedente la acción de tutela presentada por José Elías Guerra de la Espriella contra la Nación- Rama Judicial. A continuación se reseña el fundamento de esta decisión.
En lo que concierne a la primera parte de las observaciones contenidas en el dictamen, es decir, la garantía de un recurso efectivo, sostiene que éste involucra una decisión judicial en firme desde el año de 1998, “y no hay ninguna prueba de que el actor haya solicitado el desarchive del proceso y la hoy accionada lo haya denegado, afectando sus derechos fundamentales; lo anterior, tendiente a que los jueces de la República que son los llamados a tomar decisiones judiciales, conozcan el contenido de la mentada resolución y se adopten las decisiones que en derecho correspondan”.
Este trámite, sostiene, está dirigido al pago de una indemnización económica a las víctimas de una violación de derechos humanos y a sus familiares. De tal suerte que, en estos casos, se cuenta con un mecanismo judicial para que se determine si hay o no lugar a ella, “y, si bien, aporta el actor, copia de la nota dirigida al Comité de Derechos Humanos (del 27/10/10), por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde, entre otros se señala que, en su caso, (…) se adoptó la decisión gubernamental de no remitir el presente dictamen a conocimiento del Comité Interministerial para efectos indemnizatorios, lo cierto es que aquel, ostenta dicha vía, en procura de una decisión de la administración, objeto de los recursos a lugar y de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Lo que torna improcedente el amparo”.
5.2. La impugnación
5.2.4. No es cierto, como afirma la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que ya se haya cumplido la decisión del Comité de Derechos Humanos, en virtud del trámite y decisión de una acción de tutela en el año 2000, por cuanto el dictamen proferido por ese organismo es posterior al trámite de dicha tutela; éste “constituyó uno más de los antecedentes que sirvieron de base para que el Comité concluyera que el Estado colombiano vulneró los derechos fundamentales del actor”.
5.3. Fallo de segunda instancia
Advierte que el no agotamiento del recurso de casación en su momento, y el haber intentado la acción de tutela donde se realizó un juicio de constitucionalidad respecto de la sentencia condenatoria proferida en contra de José Elías Guerra, fortalecen el concepto de improcedencia, frente a la condena penal, por cuanto la decisión de tutela proferida en aquél entonces, confiere el estatus de cosa juzgada, lo que impide revivir litigios ya definidos. La cosa juzgada contenida en la sentencia proferida por el Tribunal Nacional no fue afectada, de manera expresa, por el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
5.3.2. De otra parte, destaca que, de acuerdo con la jurisprudencia de órganos internacionales, ni la casación ni la revisión, en tanto recursos extraordinarios han sido considerados como un “recurso efectivo” para efectos de las recomendaciones que emite el Comité[13]. Recalca que en nuestro ordenamiento jurídico interno la acción de revisión se encuentra expresamente regulada y para su procedencia debe configurarse una de las causales consagradas en la ley, lo cual no ocurre en el presente caso. Descarta, de manera específica, la configuración de la causal prevista en el numeral 4º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, pues esta se circunscribe a procesos por violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, el actor fue condenado por enriquecimiento ilícito, falsedad y estafa.
5.3.5. Aduce que “en un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, se requiere que la justicia formal se materialice, pues una orden – llámese dictamen o comunicación- plasmada en el papel, sin que sea ejecutada, deja intacta la situación de vulneración de los derechos que se pretenden proteger y ello en modo alguno puede constituir una expresión de eficacia y legitimidad del propio Estado. Y esto cobra mayor gravedad, cuando los derechos protegidos por la orden son de carácter fundamental, como en este caso, lo es el debido proceso del señor Guerra de la Espriella, el cual, a juicio del Comité, fue violado”.
5.3.6. Sostiene que negar “el cumplimiento de las órdenes que profiere el Comité” implica “desconocer su competencia, y por lo tanto, violar el tratado y su Protocolo Facultativo”. Agrega que “dejar pasar por alto este incumplimiento, sería como coadyuvar el propio Estado al hecho de que la vulneración de los derechos humanos del actor siga latente (…)”.
Así mismo, insta a dicha Comisión para que promueva la adecuación de la legislación nacional a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales Colombia es parte, “en aras de dar efectividad a la jurisdicción internacional de los derechos humanos” en tanto “representan un avance democrático indudable y son una proyección en el campo internacional de los mismos principios y valores (…) defendidos por la Constitución”.
5.3.12.2. Los magistrados Julia Emma Garzón de Gómez y Angelino Lizcano Rivera, en una aclaración de voto que suscriben de manera conjunta, señalaron que la orden impartida a la Comisión Intersectorial Permanente para la Coordinación y Seguimiento de la Política Nacional en materia de DD.HH. y D.I.H. en el numeral tercero de la parte resolutiva, desborda la órbita de sus facultades, siendo suficiente la contenida en el numeral segundo del mismo aparte.
5.3.12.3. El magistrado Pedro Alonso Buitrago Sanabria, se aparta así mismo de la orden impartida en el numeral 3º de la parte resolutiva del fallo de tutela, en el sentido de “instar” a la Comisión Intersectorial Permanente para la Coordinación y Seguimiento de la Política Nacional en materia de DD.HH. y D.I.H., para que provea la adecuación de la legislación nacional a los instrumentos internacionales sobre la materia. Sostiene que cuando la Sala “insta” a la precitada Comisión, no debe entenderse como una orden perentoria, sino simplemente como una “exhortación” para que en ejercicio de sus facultades, promueva la adecuación de la legislación a efecto de que se pueda -no solo en el presente caso-, dar cumplimiento eficaz a las Recomendaciones y Dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Cabe precisar que una vez seleccionado para revisión el presente expediente de tutela, correspondió por reparto al despacho del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien manifestó hallarse incurso en la causal de impedimento establecida en el numeral 5 del artículo 99 del C.P.P. Aceptado el impedimento por la Sala Plena, fue reasignado conforme al Reglamento Interno al despacho del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto. Este despacho, en cabeza de su nuevo titular el magistrado Alberto Rojas Ríos presentó a la Sala Plena de la corporación una ponencia que no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación, siendo nuevamente reasignado el asunto conforme al Reglamento, correspondió en esta oportunidad al magistrado Luís Ernesto Vargas Silva, a quien le fue encargada la redacción de la sentencia conforme a la tesis que obtuvo la mayoría en Sala Plena.
El demandante, instauró acción de tutela con el propósito de que a través de este instrumento se dé cumplimiento al dictamen CCPR/C/98/D/1623/2007, emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU al tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En dicho dictamen estimó el Comité que se había vulnerado el derecho del demandante a ser juzgado públicamente y con las debidas garantías, de conformidad con el artículo 14 párrafo 3 apartados d) y e) del PIDCP, durante el trámite que cursó en su contra en la denominada justicia regional, el cual concluyó en condena por el delito de enriquecimiento ilícito de particular, en concurso con los delitos de falsedad en documento privado y estafa.
Concluyó, el juez de segundo grado que es la Comisión Intersectorial Permanente para la coordinación y seguimiento de la política nacional en materia de derechos humanos y derecho humanitario[14], el ente competente para analizar “el dictamen 1623/2007, emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el cual se concluyó que se violó el derecho al debido proceso del señor José Elías Guerra de la Espriella, y evalúe la posibilidad de implementarlo en nuestro ordenamiento jurídico”.
3. Competencia del juez de tutela para el cumplimiento de actos emanados de organismos internacionales de naturaleza no jurisdiccional
3.1. Es preciso recordar que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela procede para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuandoquiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Acorde con la misma disposición superior desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene carácter subsidiario. Lo anterior significa que solamente es procedente cuando se está ante la amenaza o vulneración actual o inminente de un derecho fundamental; no existe un mecanismo alterno de defensa judicial del derecho o, en caso de existir, tal medio no resulte eficaz o idóneo para la protección del mismo. Es también excepción al principio de subsidiariedad el caso en el que la acción de tutela resulta procedente de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, que es aquel que esta Corporación ha calificado como inminente, grave y que requiere la adopción de medidas urgentes e impostergables.[15]
3.2. En diversas oportunidades[16] la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los presupuestos para la procedencia de la acción de tutela encaminada a exigir el cumplimiento de actos emanados de organismos internacionales de naturaleza no judicial que ejercen sus competencias en el marco de tratados internacionales de los cuales Colombia es parte. De manera general ha considerado la improcedencia de la acción de tutela para exigir per se el cumplimiento interno de estos actos. Sin embargo, cuando se está frente a la amenaza o vulneración del derecho fundamental que ameritó la medida cautelar es preciso analizar, en cada caso, la concurrencia de los requisitos de procedibilidad del mecanismo constitucional.
3.3. Así en la sentencia T-558 de 2003, referente al amparo de los derechos a la vida y a la integridad personal objeto de medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte señaló que “la acción de tutela no fue concebida para garantizar el cumplimiento interno de las medidas cautelares decretadas por la CIDH. No obstante, nada obsta para que, en determinados casos, los dos mecanismos puedan llegar a complementarse, cuandoquiera que persigan idénticos objetivos. Así pues, el juez de tutela puede emanar una orden para que la autoridad pública proteja un derecho fundamental cuya amenaza o vulneración justificó la adopción de una medida cautelar por parte de la CIDH más no para ordenar la mera ejecución de ésta, sin que concurran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela”.
Sobre el mismo particular, en la sentencia T-524 de 2005 al pronunciarse sobre las medidas cautelares decretadas por la CIDH, la Corte señaló que: “No existe una regulación expresa en relación con los órganos o entidades estatales a quienes compete el cumplimiento y ejecución de las medidas cautelares decretadas por la CIDH. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Reglamento Interno de este órgano no se pronuncian al respecto. Sin embargo, para tales efectos, el Estado es considerado como un todo, de conformidad con los principios de Derecho Internacional Público. (…) Por lo anterior cada Estado tiene la facultad de establecer responsabilidades sobre el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH en atención a la estructura administrativa interna y con el fin de que su cumplimiento se lleve a cabo de forma coordinada, eficiente y de conformidad con la disposición presupuestal y técnica que permitan la materialización efectiva de las medidas decretadas para prevenir la consumación de las violaciones a los derechos reconocidos por los instrumentos que rigen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, es de gran importancia para determinar qué entidades y autoridades públicas están llamadas a ejecutar las medidas, tener en cuenta que éstas, generalmente, están encaminadas a: la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal de un individuo o grupo determinado de personas y, de otra parte, la realización de una investigación seria, imparcial e inmediata de los hechos referidos por el peticionario”.
3.5. También resaltó esta corporación, frente a una solicitud de cumplimiento de una medida cautelar decretada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, independientemente de la naturaleza jurídica de las medidas cautelares decretadas por este organismo internacional, éstas deben ser acatadas de buena fe por las autoridades públicas internas debido al compromiso internacional derivado del hecho de ser Colombia parte del Pacto de San José de Costa Rica, y como consecuencia de los deberes de protección emanados directamente de la Constitución Política.[17]
“(...) la acción de tutela no fue concebida para garantizar el cumplimiento interno de las medidas cautelares decretadas por la CIDH. No obstante, nada obsta para que, en determinados casos, los dos mecanismos puedan llegar a complementarse, cuando quiera que persigan idénticos objetivos. Así pues, el juez de tutela puede emanar una orden para que la autoridad pública proteja un derecho fundamental cuya amenaza o vulneración justificó la adopción de una medida cautelar por parte de la CIDH mas no para ordenar la mera ejecución de ésta, sin que concurran los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.”(T-558 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
Para supervisar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el PIDCP, el mismo tratado previó el establecimiento de un Comité de Derechos Humanos integrado por expertos en este sector. Las funciones del Comité están señaladas en el mismo Pacto, en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[18] y en el Reglamento del Comité de Derechos Humanos. Sobre su naturaleza ha indicado la Corte que “se trata de un organismo que no tiene naturaleza jurisdiccional y que básicamente pretende vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados al suscribir el tratado y difundir la interpretación de los derechos protegidos por él, con la finalidad de guiar a los organismos ejecutores a nivel interno en la aplicación correcta de las normas internacionales sobre los derechos humanos civiles y políticos”[19].
4.2. En desarrollo de estas funciones el Comité examina los informes que presentan los Estados Partes con el fin de sustentar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales; emite observaciones generales señalando el contenido y el alcance de los derechos y obligaciones consagrados por el Pacto[20]; estudia las denuncias presentadas entre Estados Partes[21]; y examina las denuncias formuladas por particulares.
En relación con esta última función cabe recordar que conforme al Protocolo Facultativo adoptado por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966 los individuos tienen la posibilidad de presentar denuncias ante el Comité cuando consideren haber sido víctimas de una violación de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto por parte de un Estado que haya ratificado ambos instrumentos internacionales, es decir, el Protocolo y el Pacto. La comunicación del individuo da inicio a un trámite en el que el Estado denunciado puede presentar argumentos en su defensa, oponiéndose a la admisibilidad de la comunicación o al fondo de la cuestión.[22] Luego de confrontar las situaciones de hecho con las obligaciones contraídas en virtud de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “el Comité presentará sus observaciones al Estado Parte interesado y al individuo.”[23]
Ha precisado la jurisprudencia de esta Corte que “en la práctica la denominación de este acto jurídico es muy variada, por cuanto el Protocolo Facultativo alude al término “observaciones” mientras que el Comité de Derechos Humanos señala que adopta “dictámenes”. En todo caso, frente a la reglamentación de este organismo en particular resulta evidente que los pronunciamientos sobre los casos individuales presentados para su conocimiento son una verificación sobre la observancia o inobservancia de las obligaciones derivadas del Pacto”[24].
4.3. Frente a la solicitud de cumplimiento de este tipo de actos jurídicos proferidos por organismos internacionales, la Corte Constitucional ha resaltado que “dichas observaciones tienen la virtualidad de llamar la atención sobre situaciones en las que se encuentran en peligro no sólo los derechos humanos protegidos por el instrumento internacional, sino también los derechos fundamentales constitucionales garantizados por nuestra Carta Política. En esta medida, los dictámenes proferidos por los organismos internacionales deben ser analizados por las autoridades internas con el fin de adoptar las medidas orientadas a corregir las actuaciones que dan lugar a las recomendaciones, y el juez de tutela puede adoptar las medidas de protección inmediatas que resulten necesarias para salvaguardar los derechos fundamentales constitucionales involucrados.[25]
4.5. A manera de conclusión, se pude señalar que: (i) las observaciones que emita el Comité de Derechos Humanos de la ONU deben observarse y ejecutarse por el Estado parte de buena fe, en la medida que éste reconoció la competencia de dicho órgano para determinar si ha habido o no, violación del Pacto, y en virtud de los deberes de protección que impone la Constitución; (ii) la acción de tutela es improcedente para exigir per se el cumplimiento interno de los dictámenes u observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos; (iii) sin embargo, el juez constitucional, en desarrollo de sus deberes de protección, puede pronunciarse sobre la existencia de una amenaza o violación a los derechos fundamentales cuando las circunstancias que subyacen a las recomendaciones internacionales ameriten su intervención, en cuyo caso, habría que constatar los presupuestos de procedibilidad del mecanismo constitucional; (iv) el derecho a un recurso efectivo, se traduce dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el derecho que tiene toda persona de acceder a la administración de justicia para materializar sus derechos ante las instancias judiciales competentes; (v) en cuanto a las autoridades encargadas de dar cumplimiento a las observaciones emanadas del Comité, esto depende de la estructura orgánica interna del Estado y su cumplimiento se debe llevar a cabo de forma coordinada, eficiente y de conformidad con la disposición presupuestal y técnica que permitan su materialización efectiva.
5.1. El señor José Elías Guerra de la Espriella, quien en su condición de ex congresista fuera condenado en el año de 1998 (diciembre 30) por la extinta justicia regional por los delitos de enriquecimiento ilícito de particular en concurso con falsedad en documento privado y estafa, instauró acción de tutela con el propósito de que, a través de este instrumento, se dé cumplimiento al dictamen CCPR/C/98/D/1623/2007, emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU al tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En dicho dictamen estimó el Comité que se había vulnerado el derecho del demandante a ser juzgado públicamente y con las debidas garantías, de conformidad con el artículo 14 párrafo 3 apartados d) y e) del PIDCP, durante el trámite que cursó en su contra en la denominada justicia regional.
“(…) Consultada información de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se encontró que en el Juzgado Tercero al parecer radicado 3882 con fecha 11 de enero de 2000, se profirió resolución de Extinción de la Acción por pena cumplida de sentencia condenatoria proferida en contra del señor JOSÉ ELÍAS GUERRA DE LA ESPRIELLA (…)”[26]
5.5. El Comité de Derechos Humanos de la ONU en efecto, concluyó que “hubo violación del derecho del autor a un juicio con las debidas garantías, de conformidad con el artículo 14 del Pacto”, comoquiera que no contó con una audiencia oral “durante los procedimientos que culminaron en los fallo condenatorios y la imposición de la pena, y la manera como se desarrollaron los interrogatorios, sin respeto a las garantías mínimas”[27].
Constatada la vulneración por el Comité, dispuso que “De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado Parte debe proporcionar al autor un recurso efectivo, incluida una indemnización adecuada”[28]·
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece al respecto: “Artículo 2. (…) 3. Cada Estado Parte en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a). Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiere sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;”
En segundo lugar, porque dadas las particularidades del caso puesto a consideración de la Sala, la acción de tutela no se perfila como el recurso efectivo a que alude el dictamen del Comité, con apoyo en el párrafo 3 a) en concordancia con el 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a un recurso efectivo frente a la vulneración de derechos humanos, establecido en esta normativa, comporta una obligación para el Estado de “tomar determinadas medidas para remediar las violaciones constatadas”[29]. Este recurso puede ser de carácter judicial o administrativo, siempre y cuando sea efectivo.[30] La efectividad estará determinada por la naturaleza de la vulneración y la conformación orgánica y funcional de la estructura estatal.
El Comité de Derechos Humanos, de manera general, le ha dado al recurso efectivo un carácter fundamentalmente resarcitorio. En tal sentido, en la Observación General No. 20 relativa al artículo 2º párr. 3 del Pacto indicó que: “Los Estados no pueden privar a los particulares del derecho a una reparación efectiva, incluida una indemnización, y la rehabilitación más completa posible” (Párr. 14 y 15).
5.7. En el presente caso, tratándose de la vulneración de las garantías judiciales previstas en el artículo 14.1 del Pacto, en particular la relativa al derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, la acción de tutela no presenta la idoneidad requerida para remediar dicha situación. Ciertamente, la afectación constatada por el Comité no se corrige con la simple declaratoria de nulidad de las sentencias condenatorias como lo pretende el actor. Además y más allá de su anulación, el recurso efectivo tiene que ver con la garantía del acceso a un mecanismo que permita al afectado la posibilidad de ser oído públicamente y con las debidas garantías, a presentar pruebas y a defenderse de la imputación penal que le fuera formulada en su momento, a efecto de sacar avante la pretensión de inocencia que sostuvo durante el proceso penal seguido en su contra por enriquecimiento ilícito y otros delitos[31]. Este escenario solo puede brindarlo la jurisdicción penal.
5.8. No es cierto, como se afirma en la demanda, que la desaparición de la denominada justicia regional en cuyo seno se surtieron las actuaciones que originaron la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, implique que en la actualidad no exista instancia alguna, en la jurisdicción penal, frente a la cual se pueda canalizar una pretensión correctiva de la actuación penal, y que por ende el único mecanismo para el efecto sea la acción de tutela. Al respecto cabe recordar que muchas de las competencias que en su momento fueron asignadas a los “Jueces Regionales”, entre ellas el conocimiento del delito de enriquecimiento ilícito de particular, se encuentran actualmente adscritas a los Jueces Penales de Circuito Especializados y a los Jueces Penales del Circuito[32]. Corresponde así mismo a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la vigilancia en el cumplimiento de las consecuencias punitivas del delito. El proceso seguido en contra del señor José Elías Guerra de la Espriella estuvo a cargo del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, tal como se informa por parte de la Dirección Nacional de Fiscalías (Fol. 221 expediente de tutela).
5.9. Sin embargo, dado el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos que originaron el proceso penal (año de 1992)[33], el carácter remoto de la prueba y demás aspectos procesales en los que incide negativamente el transcurso del tiempo, la activación de un mecanismo de esta naturaleza estará sujeto a las valoraciones del interesado. Cabe precisar que en atención a que muchos de los eventos que llegan a conocimiento de la instancia de control internacional involucran situaciones consolidadas, a veces irreversibles, el reconocimiento del derecho a un recurso efectivo, el cual debe determinarse de acuerdo con la naturaleza de la vulneración y la estructura organizacional interna del Estado concernido, va acompañado de una opción reparatoria “incluida una indemnización adecuada” como aconteció en el asunto bajo examen. No obstante, la determinación de este aspecto resarcitorio, excede las competencias del juez de tutela, debe ser dilucidado ante las autoridades administrativas y/o judiciales competentes, y no forma parte de las pretensiones de este recurso constitucional.
La jurisprudencia de esta Corporación ha sido consistente en señalar que el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal manera que ésta debe ejercerse dentro de un término oportuno, justo y razonable, circunstancia que deberá ser calificada por el juez constitucional de acuerdo con los elementos que concurren en cada caso[34].
En este sentido ha reiterado la Corte que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la presentación de la demanda, en la medida que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Tal exigencia se deriva de lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución que establece como inherente a la acción de tutela la protección “actual, inmediata y efectiva” de los derechos fundamentales. Ante la ausencia de regulación sobre un plazo para ejercer la acción de tutela y la indeterminación general a priori de este presupuesto, por vía jurisprudencial se ha establecido la necesidad de que sea ejercida en un término razonable, que permita al juez tomar las medidas urgentes que demanda la protección del derecho fundamental vulnerado, término que debe ser apreciado por el juez en cada caso concreto, atendiendo a la finalidad de dicha institución.[35]
Para determinar la razonabilidad del plazo, la jurisprudencia de esta coproración ha construido una serie de criterios, a saber: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado;[36] (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición,[37] (iv) las posibilidades de defensa en el ámbito del proceso judicial, y la diligencia del accionante en el mismo[38]. Estos son criterios que deben ser ponderados en cada caso, antendiendo a las circunstancias en que se encontraba el tutelante.
5.11. En el caso del señor José Elías Guerra de la Espriella encuentra la Sala que el dictamen del Comité de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento se solicita por vía de tutela, fue emitido por dicho organismo el 18 de marzo de 2010, y puesto en conocimeinto del Estado colombiano el 27 de abril de 2010. La acción de tutela fue instaurada el 9 de diciembre de 2010. Esto implica que la demanda fue presentada transcurrido 7 meses y 12 días desde la puesta en conocimiento del dictamen.
Estas consideraciones, tanto del actor como del juez de segundo grado, parten de una percepción equivocada como es la de estimar que el término de 180 días a que refiere el dictamen fue concedido para dar cumplimiento a las observaciones del Comité, cuando en realidad fue un plazo otorgado para que el Estado informara sobre el cumplimiento de dichas observaciones. Así se deduce del siguiente aparte del dictamen mencionado: “(…) El Comité desea recibir del Estado Parte en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide así mismo al Estado Parte que publique el dictamen del Comité”.[39]
Adicionalmente, cabe destacar que de conformidad con el apartado 4 del artíuclo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité debe presentar sus observaciones al Estado Parte interesado y al individuo. De donde se infiere que el quejoso debió ser notificado del contenido del dictamen en simultaneidad con el Estado.
Teniendo en cuenta que, tal como lo reseña el actor en su demanda, la vulneración que acusa no radica en el incumplimiento por parte del Estado colombiano de las observaciones contenidas en el dictamen, sino en el quebrantamiento de la garantía del debido proceso al haberse seguido un juicio sin audiencia pública que culminó en las sentencias de abril 17 y diciembre 30 de 1998, constatada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el término para la instauración de la nueva acción de tutela[40] se debe contabilizar a partir de la comunicación del dictamen emanado del organismo internacional.
En consecuencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional procederá a revocar la sentencia proferida el 22 de junio de 2011 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que concedió la tutela, y confirmará, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia dictada el 8 de abril de 2011 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta, a través de apoderado, por el señor José Elías Guerra de la Espriella
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 22 de junio de 2011 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que concedió la tutela, y CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por el 8 de abril de 2011 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que declaró IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta, a través de apoderado, por el señor José Elías Guerra de la Espriella
A LA SENTENCIA SU378/14
Instaurada por el señor José Elías Guerra de la Espriella contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
DICTAMENES Y RECOMENDACIONES DEL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAD-No tienen fuerza vinculante (Aclaración de voto)
Los dictámenes y recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas constituyen un criterio de interpretación para las autoridades nacionales pero no tienen fuerza vinculante. El propio Comité ha admitido que sus recomendaciones y dictámenes no son obligatorios considerando que no es ni una Corte ni un cuerpo que tenga un mandato cuasi-judicial, como otros órganos creados bajo los instrumentos de derechos humanos. Así, las decisiones del Comité se consideran semejantes a los reportes de la Comisión Europea, es decir recomendaciones no vinculantes. En este mismo sentido, la Corte Internacional de Justicia ha estimado que, aunque el Comité de Derechos Humanos ha consolidado un considerable cuerpo interpretativo en materia de derecho, la Corte no está obligada, en el ejercicio de sus funciones, a fundamentar sus interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la interpretación del Comité, sin desconocer, en todo caso, la importancia de sus apreciaciones.
No obstante que comparto la decisión de la Corte, consistente en revocar la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que concedió la tutela, y confirmar la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José Elías Guerra de la Espriella, considero pertinente aclarar mi voto con el fin de hacer algunas precisiones importantes.
1. Sin duda los dictámenes y recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas constituyen un criterio de interpretación para las autoridades nacionales pero no tienen fuerza vinculante.
El propio Comité ha admitido que sus recomendaciones y dictámenes no son obligatorios considerando que no es ni una Corte ni un cuerpo que tenga un mandato cuasi-judicial, como otros órganos creados bajo los instrumentos de derechos humanos[41]. Así, las decisiones del Comité se consideran semejantes a los reportes de la Comisión Europea, es decir recomendaciones no vinculantes.
En este mismo sentido, la Corte Internacional de Justicia ha estimado que, aunque el Comité de Derechos Humanos ha consolidado un considerable cuerpo interpretativo en materia de derecho, la Corte no está obligada, en el ejercicio de sus funciones, a fundamentar sus interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la interpretación del Comité, sin desconocer, en todo caso, la importancia de sus apreciaciones[42].
2. De otro lado, si bien la sentencia no entró a debatir el fondo del asunto, cabe recordar que la denominada justicia regional fue declarada exequible en las sentencias C-053 de 1993 y C-150 de 1993, por consiguiente, cualquier demanda que se fundamente en la violación de la Constitución por parte de este tipo de justicia, se enfrenta a la cosa juzgada de las citadas providencias.
[1] Se extraen de la demanda y de la reseña efectuada en el Dictamen CCPR/C/98/D/1623/2007 del Comité de Derechos Humanos emitido al tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[2] Dictamen del Comité de Derechos Humanos. CCPR/C/98/D/1623/2007. Cuaderno Anexo Tutela No. 2010-11039. Fol. 2.
[3] Ibídem, fol.5.
[5] El CDH cita como precedentes aplicables al caso del señor José Elías Guerra de la Espriella, las comunicaciones nº 848/1999, Rodríguez Orejuela c. Colombia, dictamen de 23 de julio de 2002, párrafo 7.3; y 1298/2004, Becerra c. Colombia, cit. Párrafo 7.2.
[6] Fol. 7 de la demanda.
[7] Ibídem, Fol. 21.
[8] Ibídem. Fol. 8.
[9] Demanda de tutela, fol. 18.
[10] Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M.P. Aída Consuelo Velásquez Echavarría. Rad. 2010/1139, sentencia de enero 20 de 2011.
[11] Cuaderno No. 3 de primera instancia, folio 30.
[12] Fol. 300, cuaderno 1 de primera instancia.
[13] Hace mención a la sentencia del 2 de julio de 2004, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Herrera Ulloa Vs. Costa Rica”.
[14] Creada por el Decreto 321 de 2000, proferido por el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que le confieren la Constitución Política y el artículo 45 de la Ley 489 de 1999.
[15] Ver T-653 de 2012, T-311 de 2011, T-983 de 2007, T-385 de 2005, T-225 de 1993, entre muchas otras.
[16] Sentencias T-524 de 2005, T-385 de 2005, T-786 de 2003, T-558 de 2003.
[17] Corte Constitucional, sentencia T-558 de 2003.
[18] Adoptado por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 y entrado en vigor para Colombia en virtud de la Ley 74 de 1968.
[19] Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2005.
[20] Artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[21] Artículo 41 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[22] Artículos 87-95 del Reglamento del Comité de Derechos Humanos.
[23] Artículo 5.4. del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
[24] Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2005.
[26] DNF. Oficio No. 06423 del 31 de mayo de 2011. Expediente tutela Fols. 220-221.
[27] Dictamen del Comité de Derechos Humanos emitido al tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (98º período de sesiones) Fol. 10 del cuaderno de anexos.
[28] El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece al respecto: “Artículo 2. (…) 3. Cada Estado Parte en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a). Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso e
[29] Comité de Derechos Humanos, caso Rodríguez contra Uruguay, No. 322/1998. Informe A/55/40 (2000), sección 6.5.
[30] O’Donnell, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano. Oficina en Colombia del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Primera edición (2004), reimpresión 2007, pág. 471.
[31] Proceso No. 11121. Delito de Enriquecimiento ilícito contra José Elías Guerra de la Espriella. Sentencia de diciembre 30 de 1998. Fol. 137 y ss. cuaderno ce anexos.
[32] Ley 906 de 2004, artículos 35.16 y 36.2.
[33] Los cheques que dieron origen a la investigación en contra del ex senador José Elías Guerra de la Espriella fueron emitidos en julio de 1992 y enero de 1994 (Juzgado Regional de Santafé de Bogotá, sentencia de abril 17 de 1998, fol. 2).
[34] En la sentencia SU-961 de 1997 la Corte se ocupó ampliamente de este tema y señaló: “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. En similar sentido en la sentencia T-900 de 2004 se expresó: “... la jurisprudencia constitucional tiene establecido que el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela de tal suerte que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable, oportuno y justo. Con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica. Estos criterios han sido reiterados, entre otras, en las sentencias SU-189 de 2012, T-109 de 2099 y T-1112 de 2008.
[35] Ver Sentencia SU-961 de 1999.
[36] Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[37] Sentencia T-814 de 2005.
[38] Sentencias SU-189 de 2012, T-109 de 2009, T-1112 de 2008, T-018 de 2008 y T-243 de 2008, entre otras.
[39] Comité de Derechos Humanos, CCPR/C98/D/1623/2007, Fol. 11.
[40] El actor ya había instaurado una acción de tutela por los mismos hechos, la cual fue tramitada bajo el número T-273.982 y concluyó en la sentencia T-469 de 2000. El hecho nuevo que invoca es la constatación por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU de una vulneración al derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías en el proceso penal que cursó en su contra.
[41] H.R. Comm., Selected Decisions of the Human Rights Committee under the Optional Protocol, (United Nations: 2002) Vol. 3. Thirty-third to thirty-ninth sessions (July 1988 - July 1990) UNITED NATIONS New York and Geneva, 2002.
[42] Corte Internacional de Justicia, caso Ahmadou Sadio Diallo (República de Guinea v. República Democrática del Congo), Sentencia del 30 de noviembre de 2010.