Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-67-de-febrero-17-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_065d6cd064c54c69a7ed671949f82798&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-18 06:16:32
Document Index: 413467443

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 206', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 206', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 206', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 229', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 13', 'artículo 625', 'artículo 625', 'artículo 211', 'artículo 10', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 13', 'Artículo 206', 'artículo 150', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 13', 'Artículo 2', 'Artículo 211', 'Artículo 206', 'artículo 625', 'artículo 211']

﻿ Sentencia C-067 de febrero 17 de 2016
SENTENCIA C-67 DE 17 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:NO SE DESCONOCE EL MARGEN DE ERROR QUE LA NORMA CONCEDE A QUIEN HACE JURAMENTO ESTIMATORIO. SE PRECISA QUE LA REFORMA INTRODUCIDA POR LA LEY 1743 DE 2014 NO DESCONOCIÓ EL MARGEN DE ERROR ESTABLECIDO POR EL LEGISLADOR, POR EL CONTRARIO, LO HIZO MÁS PRECISO AL SEÑALAR LOS DOS EXTREMOS ENTRE LOS CUALES SE CALCULA LA SANCIÓN, ESTO ES, LA CANTIDAD ESTIMADA Y LA CANTIDAD PROBADA. AUN CUANDO, SI EFECTIVAMENTE ESTUVIÉRAMOS ANTE UN CAMBIO EN LA CANTIDAD SOBRE LA CUAL SE CALCULA LA SANCIÓN, Y ESTA LLEGARA A SER IRRISORIA, NO SE PODRÍA ASEGURAR QUE DICHA SANCIÓN FUERA REALMENTE UN FACTOR DISUASORIO PARA EVITAR EL MAL USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. POR LO ANTERIOR, SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “LA DIFERENCIA ENTRE LA CANTIDAD ESTIMADA Y LA CANTIDAD PROBADA”, CONTENIDA EN EL INCISO 4º DEL ARTÍCULO 206 DE LA LEY 1564 DE 2012, TAL COMO FUE MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 1743 DE 2014.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MEDIOS DE PRUEBA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, JURAMENTO ESTIMATORIO, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, MODIFICACIÓN DEL JURAMENTO ESTIMATORIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:533 DE MAYO DE 2016, PÁG.1007
Sentencia C-067 de febrero 17 de 2016
Ref.: Exp. D-10874
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 4º del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014.
Actores: Sebastián Durán Méndez y Diego Figueroa Falla.
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
EXTRACTOS: «2.1. Norma demandada
A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 49.376 del 26 de diciembre de 2014.
“LEY 1743 DE 2014
Diario Oficial Nº 49.376 de 26 de diciembre de 2014
Por medio del cual se establecen alternativas de financiamiento para la Rama Judicial
“Parágrafo. También habrá lugar a la condena que se refiere este artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, dirección ejecutiva de administración judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.
La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo solo procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte”.
4.2. Análisis de la aptitud de los cargos formulados por los demandantes y no configuración de cosa juzgada constitucional absoluta frente a la expresión demandada.
4.1.1(sic). Aptitud de la demanda
4.1.1.1. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de control de constitucionalidad(3). Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una disposición determinada debe indicar con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.
4.1.1.2. Por otro lado, en la Sentencia C-1052 de 2001, la Corte señaló las características que debe reunir el concepto de violación formulado por el demandante, estableciendo que las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, posición acogida por esta Corporación en jurisprudencia reiterada(4).
4.1.1.3. En este caso, con la corrección de la demanda, el actor indicó con precisión el objeto demandado, el cual corresponde a la expresión “la diferencia entre la cantidad estimada y la cantidad probada”, contenida en el inciso 4º del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014; señaló las razones por las cuales la Corte Constitucional es competente y; explicó el concepto de la violación al expresar que el cambio producido por la modificación introducida por la Ley 1743 de 2014, plasmado en la expresión demandada, desconoce el margen de error del cincuenta (50%), que la misma norma establece, pues implica que se entienda una modificación al método del cálculo para saber el monto de la sanción. Por lo tanto se vulnera el principio de legalidad.
4.1.1.4. Así mismo, esta corporación considera que el cargo señalado por el actor cumple con los requisitos indicados por la Corte Constitucional para configurar un cargo de constitucionalidad por las siguientes razones:
(i) Se configura el requisito de claridad, pues la demanda expone de manera comprensible y razonada sus argumentos, sigue un hilo conductor que permite entender el contenido de la controversia planteada por el demandante.
(ii) Se presenta el requisito de pertinencia, pues los reproches realizados a la norma son constitucionales, teniendo en cuenta que se señala que la disposición acusada genera un cambio que presuntamente vulnera el principio de legalidad, consagrado en el artículo 6º C.P.
(iii) Logra razonablemente el requisito de certeza, pues las afirmaciones del demandante son ciertas, en el sentido del que el tenor literal de la norma acusada se desprende una posible interpretación que podría vulnerar el principio de legalidad, pues implicaría la existencia de una sanción pecuniaria basada en un supuesto diferente al que está establecido en la ley.
(iv) Finalmente se configura el requisito de suficiencia, pues en opinión de esta Sala, la demanda ha generado una duda sobre la constitucionalidad de la norma acusada.
Debe señalarse que en relación con los cargos relativos a la violación de los artículos 29 y 229 C.P., el actor en la demanda subsume la controversia al principio de legalidad, en sus propias palabras aduce que “al imponerse una carga pecuniaria al usuario de la administración de justicia que desconoce el principio de legalidad, vulnera su derecho al debido proceso y lo desincentiva a acudir a la justicia del Estado para solucionar sus conflictos”.
De esta manera procede esta Sala a pronunciarse de fondo sobre el cargo que apunta a la vulneración del principio de legalidad, pues no encuentra que en la demanda se hayan expuesto rezones ciertas, claras, específicas, suficientes y pertinentes en relación con los cargos relativos a los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
4.1.2. Cosa juzgada constitucional
4.1.2.1. Los fallos proferidos por la Corte Constitucional, de conformidad con los artículos 243 C.P., 46 y 48 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y 22 del Decreto 2067 de 1991, hacen referencia al concepto de cosa juzgada constitucional.
4.1.2.2. La Corte Constitucional definió la cosa juzgada constitucional como una “institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”.(5)
4.1.2.3. De esta manera, la función negativa que tiene esta institución es la de prohibir a los funcionarios judiciales, conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.(6)
4.1.2.4. En este sentido la propia jurisprudencia constitucional ha precisado que los efectos de la cosa juzgada no son siempre los mismos. Existen varios tipos que incluso pueden limitar los efectos vinculantes del fallo, al respecto ha identificado varias tipologías, cosa juzgada formal, cosa juzgada material, cosa juzgada absoluta y cosa juzgada relativa, en los siguientes términos:
(i) Cosa juzgada constitucional formal: tiene lugar “cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es objeto de una nueva demanda, o cuando una nueva norma con un texto exactamente igual a uno anteriormente examinado por la Corte es nuevamente demandado por los mismos cargos. En estas hipótesis la Corte no puede pronunciarse de nuevo sobre la constitucionalidad de la norma”.(7)
(ii) Cosa juzgada constitucional material: se presenta “cuando la disposición demandada reproduce el mismo sentido normativo de otra norma que ya fue examinada por la Corte.(8) Esta identidad normativa debe apreciarse desde el punto de vista de la redacción de las disposiciones demandadas, como desde el punto de vista del contexto dentro del cual ellas se ubican, de tal forma que si la redacción es diversa, pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que existe identidad.(9)Por el contrario, pese a que el texto sea el mismo, si el contexto normativo en el que se reproduce es diferente, no cabe hablar de cosa juzgada material”.(10)
(iii) Cosa juzgada constitucional absoluta: se presenta “cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional”(11). Es relativa “cuando el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado”(12).
(iv) Cosa juzgada constitucional relativa: es más compleja cuando la Corte ha declarado la exequibilidad de la norma acusada. En este caso es posible presentar nuevas demandas contra la misma norma, pero con fundamento en diferentes cargos. Por lo tanto, para constatar la existencia de la cosa juzgada constitucional relativa, es menester verificar que la nueva controversia verse sobre el mismo contenido normativo de la disposición ya examinada y que los cargos planteados sean idénticos a los propuestos en la ocasión anterior”(13).
4.1.2.5. Ahora bien, para verificar que los cargos planteados sean idénticos, es necesario revisar tanto los contenidos normativos constitucionales a partir de los cuales se hace la confrontación, como los argumentos que emplea el demandante. A continuación procede la Sala a verificar si respecto del aparte demandado, se configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
4.1.2.6. La Sentencia C-279 de 2013(14) resolvió una demanda contra la totalidad del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 por considerar que vulneraba los artículos 29 y 229 C.P. Allí el demandante señaló que la exigencia de la realización de juramento estimatorio como requisito para la admisión de la demanda vulneraba los derechos a la administración de justicia, al debido proceso y a la defensa, pues establece la carga desproporcionada de realizar una tasación anticipada de perjuicios que deberían poder tasarse durante el proceso y no en una etapa previa en la cual se deberá contar con los medios económicos especiales para su determinación.
4.1.2.7. En dicha ocasión, la Corte se pronunció considerando que de ninguna manera podía entenderse la institución del juramento estimatorio contraria a la Constitución, en ese sentido concluyó:
“el juramento estimatorio además de un medio de prueba en un requisito de admisibilidad de la demanda, situación que en modo alguno restringe el derecho a la administración de justicia, habida cuenta que su finalidad es la de permitir agilizar la justicia y disuadir la interposición de demandas temerarias y fabulosas, propósitos que claramente se orientan a los fines de la administración de justicia. Además, en la medida que la norma establece un procedimiento para la aplicación y contradicción del juramento estimatorio se garantiza el derecho de defensa y el debido proceso, además de permitirle al juez ordenar pruebas de oficio si advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier situación similar, y deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido”.
4.1.2.8. Se observa que el cargo versó sobre toda la institución del juramento estimatorio, donde el demandante lo señalaba como una carga desproporcionada, contrario a lo que ocurre en el caso sub judice, pues se trata de un cargo frente al inciso cuarto de la norma y de un aparente desconocimiento del margen de error permitido por la ley, y en consecuencia de una vulneración al principio de legalidad y a los derechos al debido proceso y a la administración de justicia.
4.1.2.9. Por otra parte, en la Sentencia C-157 de 2013(15), el actor solicitó que se declarara la inexequibilidad del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 por vulnerar los 1º, 2º, 5º, 6º, 12, 13, 29, 83 y 229 de la Constitución. Afirmó que la expresión demandada, al establecer una sanción para aquellos eventos en los cuales se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios, desconoce los principios de proporcionalidad y de buena fe, y los derechos a acceder a la justicia y al debido proceso.
4.1.2.10. En esa oportunidad la Corte ratificó que el legislador goza de una amplia libertad de configuración en materia de procedimientos; recordó los límites a los que está sujeta esta libertad; admitió que dentro de estos límites, el legislador puede imponer a la partes cargas para ejercer sus derechos y acceder a la administración de justicia; analizó, a partir de escenarios hipotéticos, las posibles causas de que se profiera una decisión que niegue las pretensiones por no haberse demostrado los perjuicios.
4.1.2.11. En el análisis precedente, encontró que existe un escenario hipotético, relativo a una interpretación posible de la norma en el cual se podría sancionar a la parte que hace el juramento pese a que su obrar haya sido diligente, cuando la decisión de negar las pretensiones obedece a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido esmerado, resulta desproporcionado. Al respecto la Corte dijo que:
“(...) pese a esta circunstancia, la norma no resulta desproporcionada en los restantes escenarios hipotéticos, por lo cual optó por proferir una decisión de exequibilidad condicionada. Al aplicar los parámetros dados la Sentencia C-662 de 2004, empleados también en la Sentencia C-227 de 2009, para establecer si la norma demandada preveía una sanción excesiva o desproporcionada, la Corte pudo establecer que la finalidad de desestimular la presentación de pretensiones sobreestimadas o temerarias es acorde con el ordenamiento constitucional; que esta norma es potencialmente adecuada para cumplir dicha finalidad; y que sólo en uno de los escenarios hipotéticos planteados -en el de que la causa de no satisfacer la carga de la prueba sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado-, la sanción resulta excesiva o desproporcionada frente al principio de la buena fe y a los derechos a acceder a la justicia y a un debido proceso”.
4.1.2.12. Así las cosas, el cargo en esta demanda se orientó a la falta de proporcionalidad de la sanción cuando se presentare un escenario hipotético en el cual, en caso de que la causa de no satisfacer la carga de la prueba, sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, la sanción resulta desproporcionada.
4.1.2.13. Finalmente en la Sentencia C-332 de 2013(16), el actor solicita a esta Corporación que declare la inexequibilidad del inciso cuarto y del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por vulnerar los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución. Argumenta que la norma demandada vulnera el artículo 2º de la Constitución, por cuanto establece, sin que prexista un derecho sustancial, una fuente de la obligación o de imputación jurídica, una sanción patrimonial al demandante que no logre probar los perjuicios estimados en su demanda. Esta sanción patrimonial constituiría una fuente de enriquecimiento sin causa en favor del demandado, pues en todo caso la definición de la responsabilidad por los gastos y costos del proceso se debe definir en la condena en costas, y no debe surgir de una inadecuada estimación, que en todo caso se hace a partir de un estudio de probabilidades y no de una certeza.
En esa oportunidad el demandante señaló que:
“(...) la norma demandada desconoce el artículo 29 de la Constitución, porque establece una forma de responsabilidad objetiva, ya que del mero hecho de hacer una estimación inadecuada de las pretensiones, que son un asunto controvertible en el proceso, se sigue la consecuencia de una condena patrimonial, a modo de sanción, sin que medie ningún examen sobre la culpa o el dolo en el obrar del demandante. Esta sanción se impone, además, de manera automática, valga decir, sin que exista un procedimiento en el cual el demandante pueda ejercer su derecho de defensa y, por esta vía, logre que el juez lo exonere de responsabilidad. Agrega que estimar los perjuicios no es una tarea propia del demandante, sino de un tercero: su abogado, y que, ante esta circunstancia, la norma demandada no precisa si la sanción corresponde al primero o al segundo, lo cual va en contra del principio de legalidad”
“(...) contradice el artículo 229 de la Constitución, pues al ser la valoración de la prueba de los perjuicios un ejercicio subjetivo, no hay manera de hacer una estimación adecuada de los mismos, valga decir, sin riesgos de imprecisión. Por tanto, establecer una sanción por una conducta que no es exigible en razón del contexto empírico del proceso judicial, es un proceder irrazonable y desproporcionado, que restringe de manera injustificada el acceso a la justicia”.
4.1.2.14. La Corte por su parte, consideró que se configuraba el fenómeno de cosa juzgada constitucional y por lo tanto debía estarse a lo resuelto en la Sentencia C-279 de 2013, respecto de la exequibilidad del inciso cuarto y del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012. En consecuencia, consideró que la sanción contemplada en el inciso cuarto del artículo 206 del Código General del Proceso era proporcional, razonable y se fundaba en el principio de lealtad procesal y en la tutela del bien jurídico de la administración de justicia.
4.1.2.15. Hecho el análisis anterior, se observa en primer lugar, que se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional material en relación con fallos C- 279 de 2013 y C-332 de 2013. Allí, el contenido jurídico de la institución del juramento estimatorio, en el sentido de su esencia, se da por válido por parte de la Corte, de modo que no gozaría de competencia esta corporación para revisar la constitucionalidad de la institución del Juramento Estimatorio, en el sentido de su validez constitucional.
4.1.2.16. Sin embargo, mal podría entenderse que el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material sea también absoluta, por el contrario, los contenidos normativos del asunto examinado por la Corte, se limitaron a la existencia y validez de la figura, pero no a sus elementos accidentales como lo es, la configuración de procedimientos para establecer la sanción que consagra la institución.
4.1.2.17. Así, todos los elementos accidentales, que no versen sobre la validez constitucional de la norma, pueden ser objeto de examen por parte de esta corporación, siempre que no guarden identidad en los cargos, y la controversia verse sobre un contenido normativo distinto al examinado en alguna ocasión anterior.
4.1.2.18. En este sentido, lo ocurrido con la Sentencia C-157 de 2013 fue precisamente el análisis un elemento accidental de la norma (inc. 4º del art. 206 de la L. 1564/2012) referente a principios procesales para establecer la sanción, caso en el que la Corte profirió un fallo de exequibilidad condicionada, y esto en concordancia con la argumentación planteada, configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional relativa, que no afecta la competencia de la Corte para conocer la demanda en el caso que se examina.
4.1.2.19. Así las cosas, se observa que la sentencia en comento y el caso sub examine, definitivamente no presentan identidad en los cargos, aunque haya identidad en el aparte demandado, en relación con la Sentencia C-332 de 2013, esto no impide a la Corte a pronunciarse sobre nuevos cargos propuestos en la presente demanda, que se refieren a una presunta violación del principio de legalidad por el desconocimiento del margen de error por parte del legislador, que según el accionante, modifica la metodología para definir el monto de la sanción y no a la sanción en sí misma, ni a los principios de buena fe y proporcionalidad de la sanción.
La Corte deberá resolver si la expresión “la diferencia entre la cantidad estimada y la probada”, contenida en el inciso 4º del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014, vulnera el principio de legalidad al desconocer el método que establece la norma, para calcular el monto de la sanción de quienes se excedieran en el juramento estimatorio. Para dar respuesta a este problema jurídico la Corte entrará a estudiar (i) la institución del juramento estimatorio (ii) una breve referencia al principio de legalidad (iii) el caso concreto, para establecer si efectivamente con la modificación se desconoce el margen de error y por lo tanto el principio de legalidad.
4.3. El juramento estimatorio
4.3.1. Evolución del juramento estimatorio en la legislación colombiana.
4.3.1.1. La legislación procesal civil en Colombia consagra el juramento como uno de los medios de prueba que buscan definir obligaciones o establecer hechos controvertidos(17). En nuestra legislación se distinguen diversos tipos de juramento: el estimatorio que “ocurre cuando una parte o la ley defiere a la declaración juramentada de la otra, la decisión sobre la existencia o las modalidades de uno o varios hechos discutidos en el proceso” y el decisorio que “se presenta cuando la ley acepta como prueba el juramento de la parte beneficiada por tal acto, para fijar el monto o valor de una prestación exigida al adversario u otra circunstancia que debe ser objeto del proceso, mientras esta no pruebe lo contrario”(18).
4.3.1.2. La Corte Constitucional ha reconocido esta diferenciación: “En el del juramento estimatorio (art. 211 CPC), la ley defiere al acreedor la facultad de “estimar en dinero el derecho demandado” y, en el otro, en el del juramento deferido por la ley o supletorio (art. 212 CPC), se faculta al juez “para pedir el juramento a una de las partes”, a fin de suplir una prueba que por renuencia de la parte contraria no pudo ser practicada”.
4.3.1.3. El juramento ya se contemplada en la Ley 105 de 1931 (Código Judicial), el cual consagraba una serie de disposiciones dentro del capítulo de declaración de parte que constituyen un antecedente de la regulación del juramento. En este sentido, el artículo 625 del Código Judicial señalaba que: “La declaración jurada de una parte, cuando la ley autoriza a ésta para estimar, en dinero, el derecho demandado proveniente de perjuicios u otra causa, hace fe mientras esa estimación no se regule en articulación suscitada a pedimento de la otra parte en cualquier estado del juicio, antes de fallar”. Por su parte, en el inciso segundo del artículo 625 se contempla una disposición muy interesante que resulta el antecedente de la imposición de sanciones por una estimación desproporcionada según la cual “si la cantidad estimada por el interesado excede en más del doble de la en que se regule, se le condena en las costas del incidente y a pagar a la otra parte el diez por ciento de la diferencia”.
4.3.1.4. El Código de Procedimiento Civil consagraba el juramento estimatorio señalando que el juramento de una parte dirigido a estimar en dinero el derecho demandado tendrá el valor de prueba mientras no sea objetado, permitiendo además que el juez ordene la regulación cuando considere que es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión. Así mismo imponía una multa cuando la cantidad estimada superara el doble de la que resultare de la regulación:
Si la cantidad estimada excediere del doble de la que resulte en la regulación se condenará a quien la hizo pagar a la otra parte, a título de multa, una suma equivalente al diez por ciento de la diferencia”(19).
4.3.1.5. La Ley 1395 de 2010 modificó el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, exigiendo el juramento estimatorio cuando se pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras. Adicionalmente, en armonía con la legislación anterior, se le da valor probatorio cuando no sea objetado, permitiendo además que el juez ordene la regulación cuando considere que es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión. Finalmente se redujo el margen para la aplicación de una sanción por exceso en la estimación del cincuenta al treinta por ciento:
4.3.2. El juramento estimatorio en el Código General del Proceso
4.3.2.1. En el anteproyecto del Código General del Proceso elaborado por el Instituto de Derecho Procesal menciona las modificaciones realizadas al juramento estimatorio y señala que éstas obligan a obrar sensatamente en la determinación del monto de la reclamación y de la inexactitud: “Se le da entidad al juramento estimatorio, que obliga a quien demanda solicitando el reconocimiento de mejoras, frutos, etc., a que obre con sensatez en el monto de la reclamación que hace y a la persona contra la cual se hace valer el juramento, a que especifique razonadamente la inexactitud que le atribuya a la estimación”(20).
4.3.2.2. La exposición de motivos del Código General del Proceso señala dentro de las principales modificaciones realizadas al procedimiento civil la regulación del juramento estimatorio para la valoración de las pretensiones con consecuencias concretas:
4.3.2.3. La ponencia para primer debate del proyecto de ley número 196 de 2011 Cámara destaca que el Código General del Proceso fortalece la figura del juramento estimatorio(21) y establece una primera redacción del artículo demandado en la cual se consideraba como prueba, y se establecía el procedimiento para su objeción, se permitía al juez ordenar de oficio la regulación cuando considerara que existe fraude o colusión y se imponía una sanción del diez por ciento de la regulación en caso de que la suma estimada excediere en el treinta por ciento la que resulte en la regulación:
4.3.2.4. Como puede apreciarse esta redacción es muy similar a la consagrada en el artículo 10 de la ley 1395 de 2010 con algunas modificaciones y adiciones como el establecimiento de un plazo y un procedimiento para la realización de objeciones al juramento estimatorio.
4.3.2.5. La ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley Número 196 de 2011 Cámara volvió a destacar el fortalecimiento del juramento estimatorio(22) e introdujo varias modificaciones al artículo 206, tales como la obligación de discriminar los conceptos de la estimación, la adición de un inciso con el objeto de evitar posibles maniobras que conllevan a evadir o eludir el pago de dicho arancel con base en el cálculo real de las pretensiones y de un inciso final que establece una excepción cuando el demandante haga el juramento estimatorio de daños inmateriales con fundamento en la jurisprudencia vigente al momento de presentar la demanda, modificaciones que son explicadas detalladamente en la ponencia:
4.3.2.6. Estas modificaciones fueron aprobadas posteriormente en la plenaria de la Cámara de representantes, la cual estableció una redacción del artículo 206 del Proyecto muy similar a la que finalmente se consagraría en el Código General del Proceso.
4.3.2.7. La ponencia para primer debate en el Senado de la República explica de manera detallada los objetivos y la regulación del juramento estimatorio en el Código General del Proceso, destacando que permite agilizar la justicia y disuade la interposición de demandas “temerarias” y “fabulosas”:
d) Finalmente, se establece que en los procesos en los cuales sea obligatorio realizar el juramento estimatorio(23), este deberá ser incluido en la demanda so pena de su inadmisión. De la misma forma, cuando el juramento debe ser incluido en la contestación de la demanda, la falta del mismo impedirá que está considerada”(24).
4.3.2.8. En esta ponencia se precisó la redacción de la norma y se realizaron algunos cambios como la ampliación del margen de error requerido para aplicar la sanción por una estimación incorrecta del 30 al 50 por ciento, se aclaró que la limitación impuesta al juez en el sentido de no poder reconocer en la sentencia una suma superior a la pretendida en la demanda no aplica para los perjuicios que se causen con posterioridad a su presentación, se sustituyó la expresión “daños inmateriales” por “daños extrapatrimoniales” y se agregó la sanción contemplada en el parágrafo final aplicable cuando las pretensiones fueran desestimadas:
4.3.2.9. La ponencia para segundo debate en el Senado de la República realizó una pequeña modificación en el proyecto incluyendo una regla de acuerdo con la cual no es admisible el juramento estimatorio como prueba ni como tope en los procesos en los que se reclamen indemnizaciones, frutos o mejoras a favor de un incapaz, como una disposición protectora de sus intereses(25). Finalmente, en la conciliación del proyecto de ley se acogió la versión aprobada en el Senado de la República(26).
4.3.2.10 De esta manera, la figura del juramento estimatorio tiene una trayectoria amplia en nuestra legislación, pues existe desde el propio Código Judicial, así como el método para calcular el monto de la sanción, desde el mismo inicio de la institución ha sido la misma.
5. BREVE REFERENCIA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
5.1. De acuerdo con el principio de legalidad, consagrado en el artículo 6º C.P., “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la constitución y las leyes (...)”.
5.2. Respecto del principio de legalidad de las sanciones, esta Corte ha desarrollado jurisprudencia, en la que ha establecido la prohibición de imponer sanciones si no es de acuerdo a las normas sustanciales previas que las determinen. Ha dicho además que la finalidad de este principio consiste en garantizar la libertad de los administrados y controlar la arbitrariedad judicial y administrativa mediante el señalamiento legal previo de las penas aplicables(27).
5.3. En consecuencia, quien incurre en una actuación prohibida en la ley debe conocer previamente cuales son las consecuencias jurídicas de su comportamiento. Y este castigo de ninguna manera puede ser definido con posterioridad a la comisión del acto ilegal porque se abriría la puerta a una posible arbitrariedad. Ha definido además ciertos requisitos que exige este principio. Al respecto ha dicho que:
“(...) el principio de legalidad de las sanciones exige: (i) que el señalamiento de la sanción sea hecho directamente por el legislador; (ii) que este señalamiento sea previo (...) al acto que determina la imposición de la sanción; (iii) que la sanción se determine no sólo previamente, sino también plenamente, es decir que sea determinada y no determinable. Obviamente, esto no impide que el legislador diseñe mecanismos que permitan la graduación de la sanción, como el señalamiento de topes máximos o mínimos”.
5.4. Frente a las sanciones previstas en el juramento estimatorio (art. 206 de la L. 1564/2012) la Corte ha dicho que estas tienen finalidades legítimas(28). Dichos objetivos versan sobre el deber de preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la realización de demandas “temerarias” y “fabulosas” en el sistema procesal colombiano. Ha dicho además que estas están fundamentadas en la violación de un bien jurídico muy importante como es la eficaz y recta administración de justicia, que puede ser afectado a través de la inútil, fraudulenta o desproporcionada puesta en marcha de la Administración de Justicia.
6.1. Los demandantes afirman que el método para calcular el monto de la sanción, introducido por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014 que modificó el inciso 4º del artículo 206 del Código General del Proceso), desconoce el margen de error que la misma norma concede a quien hace juramento estimatorio, y de esta forma vulnera el principio de legalidad y en consecuencia implica una carga pecuniaria sobre un supuesto que no está prohibido en la ley.
Sobre el particular, se puede observar en el siguiente recuadro el texto de la norma en cuestión antes y después de la reforma:
Inciso 4º del artículo 206 del Código General del Proceso. Antes de la reforma. Inciso 4º del artículo 206 del Código General del Proceso. Después de la reforma introducida por el artículo 13 de la Ley 1747 de 2014.
Artículo 206. Juramento estimatorio. (...)
“Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia”
“Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección ejecutiva de Administración Judicial, o a quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada.
6.2. Se observa que con la modificación el legislador efectivamente introdujo un cambio estructural al interior de la institución del juramento estimatorio. En primer lugar cambió el sujeto beneficiario de la sanción pecuniaria, al destinar los recursos recaudados por concepto de sanciones a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial o quien haga sus veces, en lugar de que se pague a la contraparte dicha suma. En segundo lugar, encuentra la Sala Plana que con la reforma el legislador estableció una precisión frente a la base sobre la cual se calcula la sanción, lo que en ninguna forma significa un cambio en la base de cálculo de la misma.
6.3. Al respecto vale la pena señalar que esta corporación se ha pronunciado en diversas oportunidades a cerca de la libertad de configuración legislativa. En ese sentido, ha señalado que según el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso de la República “[e]xpedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Con base en esta competencia y en la importancia que la ley posee como fuente del derecho, el legislador goza, por mandato constitucional, “de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial”(29).
6.4. En virtud de esta facultad, el legislador es autónomo para decidir la estructura de los procedimientos judiciales, sin embargo, en ejercicio de dicha autonomía, aquel está obligado a respetar los principios establecidos en la Carta Política.(30) De esta manera, aunque la libertad de configuración normativa del legislador es amplia, tiene ciertos límites que se concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales.(31)
6.5. Para esta Corte, es claro que el legislador al definir la sanción por exceso en el juramento estimatorio tomó como punto de comparación la cantidad que fuera estimada en la demanda frente a la cantidad probada en el litigio, y que estableció un margen de error equivalente al (50%) de la cantidad probada.
6.6. En ese sentido, la reforma introducida por la Ley 1743 de 2014 no desconoció el margen el margen de error establecido por el legislador, por el contrario, lo hizo más preciso al señalar los dos extremos entre los cuales se calcula la sanción, esto es, la cantidad estimada y la cantidad probada.
6.7. Tomando el ejemplo que relata el demandante, si efectivamente estuviéramos ante un cambio en la cantidad sobre la cual se calcula la sanción, y esta llegara a ser irrisoria, no se podría asegurar que dicha sanción fuera realmente un factor disuasorio para evitar el mal uso del sistema de administración de justicia. De manera que la interpretación señalada por el demandante, desconocería el espíritu de la misma norma y de la sanción, relativo a garantizar la obligación de lealtad y buena fe de las partes, así como de conseguir celeridad y economía procesal.
6.8. Cabe señalar que la Ley 1743 de 2014 estuvo orientada a buscar alternativas para el financiamiento de la Rama Judicial y en relación con la institución del juramento estimatorio, lo que hizo fue cambiar la destinación de los recursos provenientes de las sanciones por exceso en la estimación, como da cuenta la exposición de motivos que se hizo en los debates correspondientes en el Congreso de la República:
(...) aunque el quebrantamiento del juramento estimatorio afecta negativamente a la contraparte, la peor vulneración es la que se realiza en contra de la administración de justicia, generándole mayores cargas de trabajo innecesarias e infundadas, a raíz de estrategias procesales confusas. Por este motivo, el presente proyecto de ley propone que dichos recursos sean destinados a la administración de justicia, que es realmente la mayor afectada.(32)
6.9. De manera que la modificación que se hizo del inciso 4º del artículo 206 del Código General del Proceso se refiere única y exclusivamente a la destinación del dinero resultado de las sanciones, más no en el método para el cálculo de la sanción. En efecto, desde el Código Judicial de 1931 y en el Código Civil de 1970, tal como se expone el en numeral 4.4 de esta providencia, el monto de la sanción se calcula sobre el excedente probado y el estimado y el cincuenta por ciento (50%) es el margen de error históricamente(33) el legislador ha establecido en esta institución.(34)
De conformidad con las consideraciones que han sido expuestas, la Corte procederá a declarar la exequibilidad del inciso 4º del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 dado que no se desconocieron los términos constitucionales señalados en los artículos 6, 29 y 229 Superiores, en la medida en que la reforma introducida por la Ley 1743 de 2014 no determinó un cambio en la base sobre la cual se calcula el monto de la sanción en el juramento estimatorio.
Con fundamento en lo expuesto anteriormente, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “la diferencia entre la cantidad estimada y la cantidad probada”, contenida en el inciso 4º del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, tal como fue modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014, por los cargos analizados en la sentencia.
Magistrados: María Victoria Calle Correa, presidenta, con salvamento de voto—Luis Guillermo Guerrero Pérez, con salvamento de voto—Alejandro Linares Cantillo—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado, con salvamento de voto—Jorge Iván Palacio Palacio, con aclaración de voto—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Alberto Rojas Ríos— Luis Ernesto Vargas Silva, con aclaración de voto
3 Artículo 2º del Decreto 2067 de 1991: “Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda”.
4 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional: C-480/2003, M.P. Dr. Jaime Córdoba Treviño; C-656/2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-227 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-675/2005, M.P. Jaime Araujo Rentaría; C-025/2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-530/2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-641/2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-647/2010, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva; C-649/2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-819/2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-840/2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-978/2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-647/2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-369/2011, M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio.
5 Sentencia C-397/95 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); Auto 289A de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y sentencias C-774 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. AV. Manuel José Espinosa); C-394 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); C-030/2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y C-181/2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
6 Sentencias C-301/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. SPV. Fabio Morón Díaz, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa; y SV. Jorge Arango Mejía, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero); C-774/2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. AV. Manuel José cepeda Espinosa); y C-310/2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
7 Ver sentencias C-030/2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); C-181/2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
8 Ver sentencias C-030/2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis); y C-211/2007 (M.P. Álvaro Tafur Galvis. SPV. Antonio Humberto Sierra Porto).
9 Ver entre otras las sentencias C-427/96 (M.P. Alejandro Martínez Caballero. AV. y SV. José Gregorio Hernández Galindo), en la que la Corte señaló que el fenómeno de la cosa juzgada material se da cuando se trata, no de una norma cuyo texto normativo es exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino cuando los contenidos normativos son iguales.
10 Ver Sentencia C-228/2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. AV. Jaime Araújo Rentería).
11 Cfr. Sentencias C-310/2002, C-647/2006, C-516/2007, C-469/2008, C-149, C-406 y C-729 de 2009, C-061, C-819 y C-978 de 2010 y C-542/2011.
12 Cfr. sentencias C-310/2002, C-647/2006, C-516/2007, C-469/2008, C-149, C-406 y C-729 de 2009, C-061, C-819 y C-978 de 2010 y C-542/2011.
13 Cfr. Sentencia C-228/2009.
14 M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
17 Sentencia de la Corte Constitucional C-472/95, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
18 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Tomo II. Sexta edición. Editorial Temis. Bogotá, 2012, pág. 2.
19 Artículo 211 Código de Procedimiento Civil.
20 http://www.icdp.org.co/esp/descargas/cgp/ExposicionMotivos.pdf, pág. 3.
21 Régimen probatorio. Promueve la solidaridad de las partes en la actividad probatoria e introduce la doctrina de las cargas dinámicas; estimula el recaudo de pruebas fuera del proceso, unilateralmente o con citación de la contraparte; suprime obstáculos normativos para la reconstrucción de los hechos; dinamiza la contradicción de la prueba; corrige vicios que entorpecen el objetivo del interrogatorio de parte; fortalece la efectividad del juramento estimatorio; ajusta el régimen del dictamen pericial al esquema de proceso por audiencias y asegura la transparencia y la seriedad del dictamen; circunscribe el alcance de la inspección judicial; fortalece el poder decisivo de los indicios derivados de la conducta procesal de las partes; extiende a todos los documentos, en original o en copia, la presunción de autenticidad a partir de la presunción de buena fe, y facilita su aportación.
22 4. Régimen probatorio. Promueve el principio de igualdad imponiéndole al juez la obligación de decretar pruebas de oficio, la solidaridad de las partes en la actividad probatoria e introduce la doctrina de la carga dinámica de la prueba; estimula el recaudo de pruebas fuera del proceso, unilateralmente o con citación de la contraparte; suprime obstáculos normativos para la reconstrucción de los hechos; dinamiza la contradicción de la prueba; corrige vicios que entorpecen el objetivo del interrogatorio de parte; fortalece la efectividad del juramento estimatorio; ajusta el régimen del dictamen pericial al esquema de proceso por audiencias y asegura la transparencia y la seriedad del mismo; circunscribe el alcance de la inspección judicial; fortalece el poder decisivo de los indicios derivados de la conducta procesal de las partes; extiende a todos los documentos, en original o en copia, la presunción de autenticidad a partir de la presunción de buena fe, y facilita su aportación.
23 “Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento...”.
24 Informe de ponencia para primer debate Proyecto de Ley Número 159 de 2011 Senado, 196 de 2011 Cámara. Gaceta 261 de 2012.
25 Informe de ponencia para segundo debate en el honorable senado de la república (plenaria) al Proyecto de Ley número 159 de 2011 Senado, 196 de 2011 Cámara: “Artículo 206. Juramento estimatorio. En el inciso final se incluye una regla de acuerdo con la cual no es admisible el juramento estimatorio como prueba ni como tope en los procesos en los que se reclamen indemnizaciones, frutos o mejoras a favor de un incapaz, como una disposición protectora de sus intereses. También se realizan ajustes de redacción a la disposición contenida en el parágrafo, sin variar su sentido”.
26 Informe de conciliación al Proyecto de Ley número 159 de 2011 Senado, 196 de 2011 Cámara por medio de la cual se expide el Código General del Proceso.
27 Corte Constitucional. Sentencia C-435/2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
28 Corte Constitucional. Sentencia C-279/2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
29 Sentencia de la Corte Constitucional C-927/2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
30 Sentencia de la Corte Constitucional C-316/2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-227 de 2009, M.P. Luis Eduardo Vargas Silva.
31 Sentencia de la Corte Constitucional C-012/2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
32 Congreso de la República. Gaceta Nº 678 martes, 4 de noviembre de 2014, pág. 21.
33 Con excepción de la reforma hoy derogada que introdujo la Ley 1395 de 2010, en la cual se estableció un margen de error de 30%.
34 El inciso 2º del artículo 625 del Código Judicial Ley 105 de 1931 estableció: “si la cantidad estimada por el interesado excede en más del doble de la en que se regule (...)”. Y el inciso 4º del artículo 211 del Código de Procedimiento Civil por su parte dispuso: “si la cantidad estimada excediere el doble de la que resulte en la regulación (...)”.