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Timestamp: 2018-07-21 07:24:55
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Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 4/2014, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS (BOCM 309 DE 29)
Las medidas fiscales contenidas en este título I, referidas a tributos cedidos por el Estado, se adoptan dentro del ámbito normativo competencial que se atribuye a la Comunidad de Madrid en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 septiembre ( RCL 1980, 2165 ) , de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Ley 22/2009, de 18 de diciembre ( RCL 2009, 2478 ) , por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias y la Ley 29/2010, de 16 de julio ( RCL 2010, 2017 ) , del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
En el artículo 2, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 del Estatuto de Autonomía (RCL 1983, 397; ApNDL 8500), se regulan las modificaciones en materia de tasas y precios públicos. Así, en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos ( RCL 1989, 835 ) de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre ( LCM 2002, 543 y 576) , se establecen las siguientes medidas:
En el Título II se contienen medidas administrativas relativas a la hacienda y el patrimonio de la Comunidad de Madrid, que se dictan en ejercicio de la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno prevista en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía y la competencia para regular el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad de Madrid, su administración, defensa y conservación, en el marco de la legislación básica del Estado, de conformidad con el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía (RCL 1983, 397; ApNDL 8500).
Se modifican varios artículos de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre ( LCM 1990, 141 ) , Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con el objetivo último de racionalizar y aportar mayor transparencia a la gestión de los recursos públicos. Se racionaliza la estructura presupuestaria para conocer mejor quién, para qué y en qué se gastan los créditos aprobados en la Ley de Presupuestos.
Además, se suprimen todas las menciones existentes en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, a la regulación del Programa de Créditos Globales tras la incorporación de la figura del Fondo de Contingencia, como dotación para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, de conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril ( RCL 2012, 607 ) , de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En cuanto a la Ley 3/2001, de 21 de junio ( LCM 2001, 324 ) , de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, se ajusta la distribución competencial en materia de arrendamientos de bienes inmuebles y se racionaliza la regulación actual de la tramitación abreviada de expedientes de arrendamiento.
El Título III contiene medidas de adaptación de la normativa de la Comunidad de Madrid a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre ( RCL 2013, 1772 ) , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que se dictan al amparo de la competencia exclusiva reconocida en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía para la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.
La Comunidad de Madrid quiere implementar las políticas que desarrolla para garantizar el conocimiento por parte de los ciudadanos de la gestión de los asuntos públicos, imprescindible para su participación en los mismos y para el control de su actividad, avanzando decididamente hacia una Administración más dinámica, abierta, moderna y participativa. Sin embargo, no es ajena a la necesidad de optimización y contención del gasto que permitan cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril ( RCL 2012, 607 ) , de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En materia de juego, se modifica parcialmente la Ley 6/2001, de 3 de julio ( LCM 2001, 330 y LCM 2002, 385) , del juego en la Comunidad de Madrid, a fin de adaptar dicha normativa a lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre ( RCL 2013, 1773 y RCL 2014, 528) , de garantía de unidad de mercado. En este sentido, se sustituye el régimen de autorización administrativa previa para la celebración de rifas y tómbolas por el de comunicación, manteniéndose el régimen actual para el resto de actividades en materia de juego que precisan autorización, por entender que este régimen es el más idóneo para garantizar el interés general a proteger en esta actividad por motivos de orden público y de seguridad y salud pública. Asimismo, se realizan determinados ajustes técnicos para dotar de mayor claridad y precisión al texto de la Ley. Estas modificaciones se adoptan en ejercicio de la competencia exclusiva reconocida a la Comunidad de Madrid en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía en materia de casinos, juegos y apuestas con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.
Mediante la Ley 6/2013, de 23 de diciembre ( LCM 2013, 253 ; LCM 2014, 15 y 74) , de Medidas Fiscales y Administrativas se dio una nueva redacción al artículo 30 de la Ley 11/1998, de 9 de julio ( LCM 1998, 325 y 511) , de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, con la finalidad potenciar la mediación y el arbitraje como sistemas de resolución de conflictos entre empresas y consumidores, y en línea con la Unión Europea, que es una firme promotora de la utilización de métodos alternativos de solución conflictos. Con esta modificación se mejoró la protección al consumidor, facilitando a éste la resolución de sus reclamaciones de una manera rápida y eficaz y evitando los gastos derivados de continuar con un procedimiento administrativo de reclamación así como el gasto que le supondría al consumidor acudir a la vía judicial.
Por otro lado, al amparo de las competencias reconocidas en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para el desarrollo legislativo, en materia de sanidad e higiene, se modifica la Ley 12/2001, de 21 de diciembre ( LCM 2001, 596 y LCM 2002, 185) , de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, para permitir que los programas de asignación por objetivos que suscribe el Servicio Madrileño de Salud con los centros que integran la Red Sanitaria de Utilización Pública, puedan ser, excepcionalmente, plurianuales y realizar así una programación a largo plazo más acorde con sus necesidades.
Se introducen, así mismo, modificaciones en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y en la Ley 1/1998, de 2 de marzo ( LCM 1998, 98 , 227 y 432) , de Fundaciones de la Comunidad de Madrid para aclarar que las fundaciones que cumplan los requisitos previstos en la legislación básica, entre ellas, las fundaciones para la investigación biomédica, tienen la consideración de organismos de investigación públicos de la Comunidad de Madrid, y por tanto, le son de aplicación a su personal investigador las especialidades en materia de contratación previstas en la Ley 14/2011, de 1 de junio ( RCL 2011, 1030 ) , de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y otras disposiciones de carácter básico.
En el ejercicio de la competencia de desarrollo legislativo, en materia de ordenación farmacéutica y establecimientos farmacéuticos, atribuida también por el artículo 27 del Estatuto de Autonomía, se modifica la Ley 19/1998, de 25 de noviembre ( LCM 1998, 489 y LCM 1999, 95) , de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, para adaptarla a los cambios normativos y los nuevos hábitos sociales de los últimos años.
En la Ley 1/1990, de 1 de febrero ( LCM 1990, 16 ) , de Protección de los Animales Domésticos, para eliminar la duplicidad competencial que existe en la actualidad entre Ayuntamientos y Consejería respecto de la imposición de sanciones por infracciones graves y leves, se redefinen las competencias sancionadoras, otorgando la sanción de infracciones graves y leves a los Ayuntamientos y la sanción de infracciones muy graves a la Comunidad de Madrid.
En materia ambiental se modifica también la Ley 10/1993, de 26 de octubre ( LCM 1993, 255 y LCM 1994, 309) , sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento, para permitir que el Ayuntamiento de Madrid, además de autorizar los vertidos tratados en las estaciones depuradoras de aguas residuales de su titularidad, pueda emitir, en sustitución de la Consejería competente en materia de medio ambiente, el informe ambiental previo, comunicándolo a dicha Consejería. Así, en estos casos, al unificar en una única Administración la autorización y la emisión del informe, se agiliza y simplifica el procedimiento.
Por otro lado, el 9 de diciembre se aprobó la Ley 21/2013 ( RCL 2013, 1776 ) , de evaluación ambiental. Esta Ley establece un nuevo régimen legal, de carácter mayoritariamente básico, que afecta sustancialmente a la Ley 2/2002, de 19 de junio ( LCM 2002, 371 ) , de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, por cuanto impone a los órganos sustantivos la obligación de participar desde su iniciación, en los procedimientos ambientales, además de otorgarles la facultades de seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y la potestad sancionadora. No obstante, se permite a las Comunidades Autónomas modificar este diferente esquema competencial, cuando los correspondientes procedimientos vayan referidos a planes, programas o proyectos de su competencia.
Con base en el artículo 26.1 apartados 23, 24 y 25 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Madrid promulgó la Ley 11/2002, de 18 de diciembre ( LCM 2002, 612 ) , de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid. Ahora y como consecuencia de las modificaciones normativas que se han producido en la legislación estatal básica, es necesario adaptar el contenido de la citada Ley a dichos cambios y así, evitar solapamientos y contradicciones, especialmente, en todo lo relativo al concepto y efectos de la declaración responsable y de la comunicación previa regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así como a la simplificación de cargas prevista en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, garantía de la unidad de mercado o a la mejora de la calidad en la prestación asistencial de acuerdo con lo regulado en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre ( RCL 2006, 2226 ) , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia.
En cuanto a la modificación de la Ley 5/1985, de 16 de mayo ( LCM 1985, 1388 ) , de creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, por una parte, se justifica en la necesidad de adecuar la normativa a la nueva realidad de la presencia cada vez más activa del Consorcio en la sociedad madrileña, que origina la posibilidad de obtener nuevas fuentes de ingresos que han de formar parte de sus recursos patrimoniales.
Por otra parte, en el ámbito de la Comunidad de Madrid ha existido en los últimos años una decidida voluntad de impulso del ferrocarril, particularmente del metropolitano, cuya red ferroviaria ha experimentado un espectacular crecimiento, expandiéndose más allá de los límites del término municipal de Madrid. Para facilitar el desarrollo de este servicio público esencial, la Ley 22/1999, de 21 de diciembre ( LCM 1999, 614 ) , de creación del Ente de Derecho Público MINTRA eximía de licencia municipal previa la realización de obras de construcción, reparación o conservación de determinadas infraestructuras ferroviarias y de transporte. Derogada esta Ley como consecuencia de la extinción de MINTRA, en julio de 2011, se introduce ahora nuevamente este tratamiento especial para las infraestructuras ferroviarias, en la Ley 5/1985, de 16 de mayo (LCM 1985, 1388), al haber quedado demostrada su eficacia como medida de fomento del desarrollo de este servicio público en la Comunidad de Madrid.
Artículo 1. Modificación parcial del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre ( LCM 2010, 336 y 355)
Para el cálculo del gravamen autonómico de la Comunidad de Madrid se aplicarán los siguientes importes de mínimos por descendientes en sustitución de los establecidos en el artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre ( RCL 2006, 2123 y RCL 2007, 458) , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio:
«2. La base de deducción estará constituida por las cantidades satisfechas por los conceptos de escolaridad y adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar de los hijos o descendientes durante las etapas correspondientes al segundo ciclo de Educación Infantil, a la Educación Básica Obligatoria y la Formación Profesional Básica, a que se refieren los artículos 3.3 , 3.10 , 4 y 14.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo ( RCL 2006, 910 ) , de Educación, así como por la enseñanza de idiomas, tanto si esta se imparte como actividad extraescolar como si tiene el carácter de educación de régimen especial. Dicha base de deducción se minorará en el importe de las becas y ayudas obtenidas de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra Administración Pública que cubran todos o parte de los gastos citados».
«c) Los contribuyentes que pretendan aplicar la deducción establecida en el artículo 8 deberán estar en posesión de una copia del resguardo del depósito de la fianza en el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid formalizado por el arrendador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre ( RCL 1994, 3272 ) , de Arrendamientos Urbanos, y en el Decreto 181/1996, de 5 de diciembre ( LCM 1996, 403 ) , por el que se regula el régimen de depósito de fianzas de arrendamientos en la Comunidad de Madrid, o bien poseer copia de la denuncia presentada ante dicho organismo por no haberles entregado dicho justificante el arrendador».
Cinco. Se modifican los números 2 y 3 de la previsión normativa del artículo 3.4 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero ( RCL 1977, 476 ) , contenido en el artículo 41.Uno, que quedan redactados del siguiente modo:
1. Los adquirentes de objetos fabricados con metales preciosos que estén obligados a la llevanza del libro-registro a que hace referencia el artículo 91 del Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero ( RCL 1988, 537 ) , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de objetos fabricados con metales preciosos, declararán conjuntamente todas las operaciones sujetas a la modalidad de "Transmisiones Patrimoniales Onerosas" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados devengadas en cada mes natural. A tal efecto, presentarán una única autoliquidación comprensiva de la totalidad de las operaciones realizadas en cada mes natural.
2. En todo caso, en aplicación de lo dispuesto en el Reglamento 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre ( LCEur 2013, 2266 ) , relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, el importe de la bonificación no podrá superar el límite de los 200.000 euros en tres ejercicios fiscales o, en su caso, el importe que en dicho Reglamento se fije para determinados sectores. Los referidos límites serán aplicables a todas las ayudas de minimis que perciba el beneficiario cualquiera que sea su forma y Administración que las conceda.
1. Se aplicará una bonificación del 95 por 100 de la cuota tributaria gradual en la modalidad de "Actos Jurídicos Documentados" prevista en el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre ( RCL 1993, 2849 ) , a los documentos notariales que formalicen la adquisición durante el ejercicio 2015 de los inmuebles a que se refiere el apartado Uno anterior, así como a los que documenten las siguientes operaciones registrales vinculadas con la construcción de dichos inmuebles: la agrupación, división y segregación de fincas, la declaración de obra nueva y la de división horizontal.
2. En todo caso, en aplicación de lo dispuesto en el Reglamento 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, el importe de la bonificación no podrá superar el límite de los 200.000 euros en tres ejercicios fiscales o, en su caso, el importe que en dicho Reglamento se fije para determinados sectores. Los referidos límites serán aplicables a todas las ayudas de mínimis que perciba el beneficiario cualquiera que sea su forma y Administración que las conceda».
Hasta el momento en que se inicien las actividades de juego en los centros integrados de desarrollo y entren en vigor las normas a que se refiere el apartado 2 de la disposición final quinta de la Ley 6/2013, de 23 de diciembre ( LCM 2013, 253 ; LCM 2014, 15 y 74) , de Medidas Fiscales y Administrativas, se modifica el número 6 de la previsión normativa del artículo 3.4 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, contenido en el artículo 41.Uno, que queda redactado del siguiente modo:
’6. En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:
Para el cálculo de la plantilla media anual de la empresa se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa’"».
Artículo 2. Modificación parcial del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos ( RCL 1989, 835 ) de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre ( LCM 2002, 543 y 576)
«– La tasa por expedición y duplicado de licencias de caza y pesca, regulada en el Capítulo XXXIII de este Título».
«– La tasa por participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, regulada en el Capítulo LXXXI de este Título».
– 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general».
Deducción de un 20 por 100 en la cuota tributaria de la tasa cuando el establecimiento, matadero de porcino, matadero de equino o sala de caza que faene jabalíes, lleve a cabo los ensayos para la detección de la presencia de triquina conforme al Reglamento (CE) número 2075/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005 ( LCEur 2005, 2954 ) , por el que se establecen normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne».
2. Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria (RCL 2003, 2945), que soliciten la utilización privativa o el aprovechamiento especial que integra su hecho imponible».
1. Gozarán de exención total de la cuantía de la tasa por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y duplicados de los anteriores, las víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho e hijos, los miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial prevista en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre ( RCL 2003, 2694 ) , de Protección a las Familias Numerosas, y las personas desempleadas que figuren inscritas como tales en sus correspondientes Oficinas de Empleo. La condición que da derecho a la exención deberá concurrir al tiempo del devengo de la tasa.
Artículo 3. Modificación parcial de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre ( LCM 1990, 141 ) , Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, podrá autorizar transferencias de crédito entre gastos corrientes y gastos de capital u operaciones financieras de diferentes Secciones, con informe previo favorable de la Comisión de Presupuestos y Hacienda en cuya reunión al efecto serán oídos los portavoces de la Comisión o Comisiones afectadas. El informe deberá ser emitido dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del momento en que la Mesa y los portavoces de la Comisión consideren suficiente la documentación remitida. No obstante, en los períodos a los que se refiere el artículo 79 del Reglamento de la Asamblea (LCM 1997, 57) el informe previo será sustituido por comunicación posterior».
Artículo 4. Modificación parcial de la Ley 3/2001, de 21 de junio ( LCM 2001, 324 ) , de Patrimonio de la Comunidad de Madrid
Los contratos de arrendamiento financiero y contratos mixtos, a que se refiere el párrafo precedente, se reputarán contratos de arrendamiento, a los efectos previstos en materia de gastos plurianuales en el artículo 55 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre ( LCM 1990, 141 ) , Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
a) Los contratos de arrendamiento que quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos ( RCL 1994, 3272 ) . La tramitación de estos contratos requerirá el previo informe de la Dirección General de Patrimonio.
Artículo 5. Modificación parcial de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre (LCM 2007, 429), Reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid
Del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid como Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno.
1. Corresponde al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid el conocimiento y la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre ( RCL 2013, 1772 ) , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando se interpongan potestativamente contra las resoluciones expresas o las desestimaciones presuntas dictadas por la Administración de la Comunidad de Madrid, por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial y por todas las entidades y organismos del sector público de ambas comprendidas en el ámbito de aplicación de la referida Ley.
1. El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es el órgano competente para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento administrativo sancionador previsto en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por las infracciones cometidas en materia de buen gobierno por los altos cargos de la Comunidad de Madrid a que se refiere el artículo 2 de la Ley 14/1995, de 21 de abril ( LCM 1995, 151 ) , de Incompatibilidades de Altos Cargos.
2. Las sanciones se impondrán siguiendo el procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común así como en el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre ( LCM 2000, 567 ) .
Artículo 6. Atribución de competencias en materia de transparencia de la actividad pública
Sin perjuicio de las competencias atribuidas en este Título a otros órganos, en la Comunidad de Madrid corresponde a la Consejería competente en materia de calidad de los servicios promover la transparencia de la actividad pública y velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad en los términos previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre ( RCL 2013, 1772 ) , de transparencia, información pública y buen gobierno.
Artículo 7. Modificación parcial de la Ley 6/2001, de 3 de julio ( LCM 2001, 330 y LCM 2002, 385) , del juego en la Comunidad de Madrid
Artículo 8. Modificación parcial de la Ley 11/1998, de 9 de julio ( LCM 1998, 325 y 511) , de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid
Artículo 9. Modificación parcial de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre ( LCM 2001, 596 y LCM 2002, 185) , de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid
«Artículo 113 bis. Fundaciones para la Investigación Biomédica.
Artículo 10. Modificación parcial de la Ley 19/1998, de 25 de noviembre ( LCM 1998, 489 y LCM 1999, 95) , de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid
Artículo 11. Modificación parcial de la Ley 1/1990, de 1 de febrero ( LCM 1990, 16 ) , de Protección de los Animales Domésticos
Artículo 12. Modificación parcial de la Ley 11/2002, de 18 de diciembre ( LCM 2002, 612 ) , de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
4. La comunicación previa se efectuará a través de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta comunicación previa permite el inicio de la actividad o del acto comunicado desde el día de su presentación, conforme se establece en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 13. Modificación parcial de la Ley 10/1993, de 26 de octubre ( LCM 1993, 255 y LCM 1994, 309) , sobre vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento
En el supuesto de instalaciones industriales incluidas entre las categorías relacionadas en el Anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio ( RCL 2002, 1664 ) , de prevención y control integrado de la contaminación, el informe preceptivo y vinculante quedará incluido dentro de la Autorización Ambiental Integrada regulada en la propia Ley».
Artículo 14. Modificación parcial de la Ley 5/1985, de 16 de mayo ( LCM 1985, 1388 ) , de creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid
Artículo 15. Modificación parcial de la Ley 1/1998, de 2 de marzo ( LCM 1998, 98 , 227 y 432) , de Fundaciones de la Comunidad de Madrid
Artículo 16. Modificación de la Ley 3/1999, de 30 de marzo ( LCM 1999, 173 y 483) , de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Régimen transitorio en materia de evaluación ambiental
1. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, en tanto que se apruebe una nueva legislación autonómica en materia de evaluación ambiental en desarrollo de la normativa básica estatal, se aplicará la Ley 21/2013, de 9 de diciembre ( RCL 2013, 1776 ) , de evaluación ambiental, en los términos previstos en esta disposición, y lo dispuesto en el Título IV, los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el Anexo Quinto, de la Ley 2/2002, de 19 de junio ( LCM 2002, 371 ) , de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento previstos en el artículo 34 de la Ley 9/2001, de 17 de julio ( LCM 2001, 385 y LCM 2002, 61) , del Suelo de la Comunidad de Madrid, se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Vigencia del Reglamento de los Funcionarios de la Escala de Agentes Ambientales, integrada en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración Especial, de la Comunidad de Madrid
Queda vigente, en tanto no se dicte un nuevo Reglamento, el Decreto 73/1996, de 16 de mayo ( LCM 1996, 169 ) , por el que se aprueba el Reglamento de los Funcionarios de la Escala de Agentes Ambientales, integrada en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración Especial, de la Comunidad de Madrid.
2. Queda derogada la disposición adicional segunda del Decreto 19/1999, de 4 de febrero (LCM 1999, 89), del Consejo de Gobierno, por el que se regula la identificación y tenencia de perros de guarda y defensa, relativa a «Actualizaciones de las sanciones previstas en la Ley 1/1990, de 1 de febrero ( LCM 1990, 16 ) , de Protección de los Animales Domésticos».
3. Queda derogada la Ley 2/2002, de 19 de junio ( LCM 2002, 371 ) , de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, a excepción del Título IV, «Evaluación ambiental de actividades», los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el Anexo Quinto.