Source: https://revistas.ucc.edu.co/html_revistas/ColFor/5(1)/5(1)3/5(1)3.html
Timestamp: 2019-08-24 08:47:32
Document Index: 43175358

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 74', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 74', 'artículo 42', 'artículo 116']

Colombia Forense 5(1)3 ISSN: 2145-0684 e-ISSN: 2145-9649
DOI: https://doi.org/10.16925/cf.v5i1.2302
Lina María Ramos-Aldana, Med. Esp. Directora Regional Sur, Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, calle 13 n.° 5-140, Neiva, Huila, Colombia. Correo electrónico: lina.ramos@medicinalegal.gov.co
Libia Andrea Jiménez-Torres, Mg. Facultad de Psicología, Universidad Santo Tomás, Bogotá
Yudy Yesenia Thola-Ospitia, Mg. Facultad de Educación, Universidad Interamericana, Panamá
Recibido: 20 de enero del 2018 Aceptado:7 de marzo del 2018 Publicado: 1 de abril del 2018
Introducción: las mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja, valoradas en la Regional Sur del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ( INML yCF), expresan su sentir durante la ruta de atención; algunas reconocen deserciones, intereses por minimizar la violencia intrafamiliar o los fundamentos de la denuncia. En la intervención jurídica se ofrece orientación respecto de sus derechos y se reconocen expectativas para restaurarlos.
Metodología: el estudio es cuantitativo descriptivo, y mediante este se analizaron aspectos sociodemográficos tanto de la víctima como del presunto agresor. Los datos fueron recolectados mediante una entrevista semiestructurada y la aplicación de la Escala da (Danger Assesment) de Campbell, O’Sullivan, Roehl y Webster [1], citado en el Protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra mujeres elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia [2].
Resultados: algunas usuarias desconocen los pasos de la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia basada en género, pero logran clarificar su expectativa en la denuncia; el nivel de escolaridad en los presuntos victimarios es inversamente proporcional a la violencia; se citan algunos detonantes de los conflictos y se proponen terapias psicoeducativas a los presuntos agresores con orientación cognitivo-conductual, ofreciendo medidas restaurativas a las mujeres violentadas.
Conclusiones: aunque desconocen la ruta de atención, al ingresar a ella, a través de la denuncia, la mayoría de las mujeres participantes del estudio la califican como buena; ellas proporcionaron información sociodemográfica que, combinada con los resultados, permite proponer mejoras en la atención, tales como las psicoterapias a los presuntos agresores, sustentadas en el pilotaje que generó hallazgos para una nueva visión en manejo de la población afectada.
Palabras clave: impacto jurídico, riesgo mortal, terapias psicoeducativas, víctima, violencia de pareja.
Legal Impact of Intimate Partner Violence Against Women
Introduction: Women victims of intimate partner violence, examined at the South Regional Office of the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences (INMLyCF) in Colombia, expressed their opinion on the care procedure; some of them admitted abandonment of action, their interest to minimize domestic violence, or the foundations for the report. The legal intervention offers guidance on their rights and identifies expectations to restore them.
Methods: This is a quantitative descriptive study in which sociodemographic aspects of both the victim and the alleged aggressor were analyzed. The data were collected by a semi-structured interview and the administration of the Campbell, O’Sullivan, Roehl and Webster’s Danger Assessment ( da ) Scale [1], cited in the protocol for assessing the risk of deadly violence against women prepared by the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences [2].
Results: Some users ignore the steps of the care procedure for women victims of gender-based violence, but they manage to clear up their expectations during the report. The level of education of suspected perpetrators is inversely proportional to violence. Some triggers of conflict are mentioned, and psychoeducational therapies with cognitive-behavioral guidance are proposed to alleged aggressors, offering restorative measures to female victims.
Conclusions: Although they did not know the care procedure, upon initiating it through the report, most of the women participating in the study described it as good. They supplied sociodemographic data that, combined with the results, allow to propose improvements in care, such as psychotherapies for alleged aggressors, based on the piloting that provided a new vision for the management of affected population.
Keywords: Legal impact, fatal risk, psychoeducational therapies, victim, intimate partner violence.
Impacto jurídico em mulheres vítimas de violência de parceiros ou ex parceiros
Introdução: as mulheres vítimas de violência de parceiro ou ex parceiro, valorizadas na Regional Sul do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLyCF), expressam seus sentimentos durante a rota de atenção; algumas delas reconhecem deserções, interesses por minimizar a violência doméstica ou os fundamentos da denúncia. Na intervenção jurídica, oferece-se lhes orientação sobre seus direitos e reconhecem-se as expectativas para restaurá-los.
Metodologia: o estudo é quantitativo descritivo. Através dele, analisaram-se aspectos sociodemográficos da vítima e do alegado agressor. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista semiestruturada e da aplicação da Escala de Avaliação de Risco (Danger Assessment) de Campbell, O’Sullivan, Roehl e Webster [1], citada no Protocolo de avaliação de risco da violência mortal contra as mulheres, elaborado pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses da Colômbia [2].
Resultados: algumas usuárias desconhecem as etapas da rota de atenção às mulheres vítimas de violência de gênero, mas conseguem esclarecer suas expectativas na denúncia; o nível de educação dos alegados agressores é inversamente proporcional à violência; mencionam-se algumas causas dos conflitos e propõem-se terapias psicoeducacionais com orientação cognitivo-comportamental aos alegados agressores, oferecendo assim medidas restaurativas às mulheres vitimadas.
Conclusões: apesar de não conhecerem a rota de atenção, ao entrar nela através da denúncia, a maioria das mulheres que participam do estudo a qualificam como boa; elas forneceram informações sociodemográficas que, combinadas com os resultados, permitem propor melhorias na atenção (como as psicoterapias para os alegados agressores) com base na pilotagem que gerou descobertas para uma nova visão no manejo da população afetada.
Palavras-chave: impacto jurídico, risco mortal, terapias psicoeducacionais, vítima, violência conjugal.
Ramos-Aldana LN, Jiménez-Torres LA, Thola-Ospitia YY. Impacto jurídico de las violencias contra mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja. Colomb Forense , vol. 5, no. 1, pp. 1933, abril 2018. doi: https:// doi.org/10.16925/cf.v5i1.2302
La violencia contra la mujer se ha hecho visible mediante estructuras legales que amparan sus dere chos con los alcances de los movimientos feminis tas que han identificado las violencias basadas en género, remembrando la asimetría social estable cida entre hombres y mujeres como una violación de los derechos humanos, puesto que las agresio nes a las mujeres y la violencia en el hogar se con tinúan percibiendo como situaciones del ámbito privado; y a pesar de la lucha contra la subordina ción femenina, la violencia de pareja sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial, puesto que la violencia al interior del hogar, o aún después de terminada la convivencia, ha generado afectación en la salud física y mental de las mujeres maltratadas.
En Colombia, según Forensis : datos para la vida [3], en los últimos años se observa que las mujeres continúan siendo la población con mayo res niveles de victimización. Por ello, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses propuso la aplicación del Modelo de Atención a las Violencias Basadas en Género a nivel nacional, que iniciaría en algunas capitales con el Protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal con tra mujeres por parte de su pareja o expareja [2]. Asimismo, la corporación señalada promueve en su espacio de atención el reconocimiento de la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia de pareja, y les ofrece orientación sobre su plan de protección integral para sensibilizar a las víctimas y motivar las a rescatar sus derechos, involucrando a las dife rentes instituciones que hacen parte del proceso de la denuncia.
En el trabajo diario de clínica forense que se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Medicina Legal, los médicos expertos valoran un número importante de mujeres víctimas de violencia de pareja, cuyos presuntos victimarios han tenido algún tipo de vínculo afectivo con convivencia o sin ella, con o sin hijos. Al margen de estas situacio nes, el haber tenido un acercamiento como pareja y haber sosteniendo cualquier tipo de relación senti mental que involucra lazos afectivos, hace conoce dor al presunto agresor de las instancias en las que se desenvuelve la víctima y logra conocer rutinas, familiares, amigos, lugar de residencia o sitio de trabajo de la misma, lo que la hace más vulnerable y la violencia tiende a repetirse, por lo cual difiere de manera significativa de un caso de lesiones per sonales. Desde la perspectiva forense señalada en el Protocolo de valoración del riesgo de violen cia mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja [2] mediante el examen y la entrevista realizada por los profesionales en medicina, psico logía y trabajo social, se analiza la dinámica de la relación de pareja y la evolución de la violencia para enfrentar el sistema de justicia. Desde la arista que proyecta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se señalan las lesiones físicas y mentales, o secuelas que se detectan en el momento de la valoración; se escrudiñan factores de riesgo en la víctima, factores predisponentes, detonan tes y de mantenimiento de la violencia; y se define el nivel de riesgo mortal enfocado la trazabilidad de la legislación vigente para las violencias basadas en género que sancionan cualquier tipo de discri minación de las mujeres, amparada en un amplio marco legal nacional e internacional.
Deschner [4] y Walter [54] manifiestan que esta realidad lleva a estigmatizar a la mujer como “una persona a la que le gusta ser maltratada”, alimen tando mitos, revictimizando, generando tensión sobre las implicaciones de la denuncia y desestabi lizando a la víctima; esto crea en el funcionario una sensación de impotencia por las dudas de la usua ria y puede obstaculizar el acceso a la administra ción de justicia, hecho que trae como consecuencia negativa la deserción de la víctima que se encuen tra en el proceso de denunciar. La poca explora ción sobre el impacto jurídico, o las expectativas de las mujeres que ingresan a la ruta de atención, son algunas razones que pueden explicar por qué este tipo de violencia parece agravarse en la escalada del crimen hasta terminar en feminicidio; asimismo, se cuentan entre ellas la incertidumbre en sus expec tativas, el desconocimiento del correcto abordaje para mitigar los actos violentos en la pareja y la poca aplicación de la justicia restaurativa, estable cida en el artículo 17 de la Ley 1257 del 2008 [6]. Este último alude a las medidas de protección en casos de Violencia Intrafamiliar:
Si la autoridad competente determina que el soli citante o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra si milar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las establecidas en el artículo 18 de la presente Ley: “d) Obligación de acudir a un trata miento reeducativo y terapéutico en una institu ción pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor” [6].
Desde la entrada en vigor de la Ley 1257 del 2008 [6] y sus decretos reglamentarios, se han incrementado las medidas de protección para las mujeres víctimas y sus hijos, y se ha buscado imple mentar mecanismos que permitan a la mujer tener una vida libre de violencias. La Ley 1542 del 2012 [7], que modificó el artículo 74 de la Ley 906 del 2004, eliminó el carácter de querellable y desisti ble a los delitos de violencia intrafamiliar e inasis tencia alimentaria; por lo tanto, la conciliación ya no es una opción. Por su parte, el artículo 5 de la Ley 294 de 1996 [8], modificado por el artículo 2 de la Ley 575 del 2000, menciona que ya no es nece sario que el agresor tenga antecedentes en materia de violencia intrafamiliar, y que basta con la pri mera agresión para ordenar un tratamiento educativo y terapéutico para el agresor; sin embargo, en las reuniones y mesas de trabajo donde se dis cute la ruta de atención de este tipo de víctimas es muy frecuente encontrar que las medidas de segu ridad no son expedidas por la autoridad de manera clara y detallada, y hasta la fecha no se evidencia una orden expedida por autoridad competente en la cual se indique al agresor que debe asistir a este tipo de tratamientos. La violencia intrafamiliar se hace visible cuando las mujeres deciden romper su silen cio ante la sumisión por cualquier tipo de depen dencias que las mantienen en una relación abusiva o conflictiva —con violencia física, psicológica, económica o patrimonial y, en muchos casos silen ciosos, violencia sexual—, que se han visibilizado y toman fuerza con la importancia que se les ha dado en los ámbitos nacional e internacional.
El estudio realizado fue uno con diseño no expe rimental y enfoque cuantitativo descriptivo trans versal, basado en estadísticas, que describe el impacto jurídico de las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de maltrato ejercido por su pareja o expareja. La recolección de informa ción se adelantó mediante una entrevista semies tructurada y la aplicación de la escala da (Danger Assesment) de Campbell y otros [1], adaptada a la población colombiana en el Protocolo de valora ción del riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja [2].
La muestra fue definida de manera intencional y voluntaria, según Tamayo y Tamayo [9]; y estuvo conformada por las mujeres atendidas por medi cina forense y psicología forense en valoración de riesgo mortal de marzo a octubre del 2016 en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Sur, sede Neiva (Depto. del Huila, Colombia). El tamaño de la muestra fue calculado en 380 participantes, la totalidad de los cuales firmaron el consentimiento informado en concordancia con los estándares éticos de la Institución, del Comité Nacional de Investigación y de la Declaración de Helsinski (1964). La recolección de información se tabuló en un archivo plano de Microsoft Excel.
Se realizó un pilotaje en sesiones reeducativas con presuntos victimarios; funcionarios de la policía metropolitana de la ciudad de Neiva; miembros de la Novena Brigada del Ejército que hubieran pre sentado antecedentes de violencia hacia su pareja; internos en el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) del Municipio de Rivera (Huila) que hubie ran presentado antecedentes de violencia intrafa miliar y se encontraran en procesos legales; y un grupo de presuntos agresores que fue convocado por la Fiscalía Cuarta (Cavif) y las comisarías de familia. Se excluyeron a menores de edad, agreso res que usaron armas (blancas o de fuego) contra su pareja, personas que no supieran leer y escribir (analfabetas) e individuos con déficit mental.
A partir de la información suministrada por las 380 participantes, se obtuvo que 129 de ellas se encuentran en nivel de riesgo grave de muerte ,
Tabla 1. Cuantificación de variables
Variable Definición Indicador
Expectativa de la usuaria Se indaga sobre la pretensión de la usuaria al realizar el proceso de denuncia.
1. Espera detención carcelaria.
2. Tiene medida de protección.
3. Quiere terminar la relación sin daño.
4. Desea terapia de pareja.
Calificación de la ruta de atención VP De acuerdo con el recorrido para lograr denunciar a la pareja o expareja, calificación de la atención prestada.
Evento desencadenante Según el último hecho denunciado, motivación del agresor para emitir la violencia o malos tratos.
1. Celos de él
2. Infidelidad de él, de ella o de ambos
3. Consumo de spa o alcohol
4. Problemas económicos
5. Otros (emergentes)
Nivel de riesgo De acuerdo con la entrevista y la aplicación de la escala DA, se estima el nivel de riesgo para la usuaria.
1. Riesgo variable (R.1)
2. Riesgo moderado (R.2)
3. Riesgo grave (R.3)
4. Riesgo extremo (R.4)
Situación de mantenimiento Según la entrevista, es el evento que exige permanencia a la víctima dentro de la relación.
1. Dependencia afectiva
2. Dependencia económica
3. Evita el estigma social
4. Otros (emergentes)
Nivel de escolaridad Grado cursado en una institución educativa.
3. Técnico/tecnólogo
seguidas de 112 que presentan un nivel de riesgo moderado; 86 se encuentran en nivel extremo; y 53 de ellas en nivel variable , sin desconocerse que este último, aun cuando es el de menor gravedad, tiene un peligro per se que motiva a la usuaria a realizar la denuncia.
Algunos casos evidencian claras tendencias a aumentar la violencia, dado que las participantes expresaron la posibilidad de nuevas riñas o situa ciones más graves como consecuencia de haber denunciado. También sugirieron que el nivel de riesgo aumenta porque el presunto agresor conoce sus rutinas de trabajo, lugares de residencia, el colegio al que asisten sus hijos, los lugares que fre cuentan y demás datos que facilitan al denunciado vigilar o controlar las actividades de su víctima. Asimismo, algunas de las participantes expresa ron su temor ante la intimidación o agresión con armas de fuego o blancas; las recurrentes amenazas de muerte dirigidas a ellas o a sus familiares, amigos, exparejas o nuevos compañeros sentimen tales, entre otros; el chantaje de suicidio por parte del denunciado; los intentos de estrangulamiento; los comportamientos celotípicos; y el consumo problemático de alcohol o desustancias psicoacti vas (comúnmente marihuana, cocaína, bazuco y pega nte).
La tabla 2 muestra la manera como las víctimas encuestadas relatan diferentes escenarios de violencia y cómo ha ido evolucionando el maltrato con su pareja o expareja durante la relación o poste rior a la terminación; de modo concreto, se indagó sobre su pretensión al realizar el proceso de denun cia, argumento que cobra relevancia en la reinci dencia o en la terminación de la violencia contra la mujer. 81% de las participantes manifestaron su deseo de terminar la relación, principal motivo que las incentivó a denunciar; 12% afirmó lo contrario y solicitó terapia de pareja o acompañamiento psi cológico; y el 7% reconoció estar confundido en el momento de denunciar y no saber qué esperar del proceso. Estas participantes argumentaron que el impacto del pasar por instancias jurídicas y pensar en sus complicaciones las hacía dudar de la exis tencia de lazos afectivos significativos entre ellas y los denunciados, así como de rutinas o norma lizaciones en el maltrato en pareja, situaciones que las desubicaban emocionalmente; ante ello, se pro puso realizar acompañamiento psicológico para que replantearan su proyecto de vida.
Tabla 2. Expectativas en la ruta de atención en casos de violencia de pareja
Expectativa de la usuaria Si No No sabe
Desea terminar la relación 81% 12% 7%
Desea detención carcelaria 59% 40% 1%
Cuenta con medida de protección 57,7% 40,3% 0%
Conoce la ruta 31,8% 68,2% 0%
El 59% de las víctimas atendidas afirmó que lo mejor para garantizar su seguridad y reducir su riesgo de muerte sería que el denunciado fuera puesto tras las rejas; incluso en algunos casos, con sideraron que el mero hecho de denunciar también garantizaría la seguridad de sus hijos o familia res. En el trayecto de la ruta de atención, al 57% de las usuarias se les otorgó de inmediato la medida de protección; empero, cuando se explicó a algu nas de ellas que el proceso penal acarreaba deten ción carcelaria y que era ese el principal objetivo de la medida de protección, desistieron del trámite en fiscalías y consideraron más conveniente optar por realizar el trámite en las comisarías de familia, hecho que evidencia, en su mayoría, dependencias económicas. Las usuarias hicieron, entre otras, las siguientes declaraciones: “(...) quiero que me deje tranquila y me pase la cuota de mis hijos (...)”; “(...) no quiero que lo metan a la cárcel porque no tengo como sostener a mis hijos (...)”; “(...) si se lo llevan para la cárcel, desde allá no me va a dar la cuota de mis hijos, me sirve más afuera, pero que no se me acerque”; “(...) quiero que se haga justicia y que me colaboren porque siento miedo a que pueda pasar algo peor, varias veces lo he denunciado (...)”; “(...) quiero poner en conocimiento lo que él me hizo por si me llega a matar (...)”; “(...) que se vaya para la cárcel si es necesario, porque él es un peligro para mí y para mi bebé (...)”; “(...) ni estando en la cár cel me siento segura porque puede mandar a que me maten (...)”.
Como expectativas emergentes se encontró que varias de las usuarias manifestaron descono cer sus derechos como mujeres, o los sitios donde podían denunciar la violencia contra ellas. Además hubo usuarias con reincidencia en la denuncia, las cuales consideraron que no se había contado con el apoyo suficiente de las entidades para mitigar la violencia de pareja o expareja, y querían adver tir que podrían actuar en defensa propia o como mecanismo de defensa.
Figura 1. Calificación de la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja Fuente: elaboración propia
69% de las usuarias consideraron que la orien tación y atención prestadas en la ruta de atención de mujeres fueron buenas y el 2% las calificó como excelentes, reconociendo que se les prestó la colabo ración necesaria y la guía pertinente para cada caso. Por el contrario, 24% de ellas no quedaron confor mes con la atención, debido principalmente a que se complicaba el proceso de la denuncia por la tra mitología y la falta de orientación: “(...) fui a poner la denuncia al cai y allá me mandaron para la uri , de la uri me dijeron que fuera al médico y que el lunes me atendían en la Casa de Justicia (...)”; “(...) en la uri no me quisieron recibir la demanda y me dijeron que fuera el lunes a la Fiscalía (...).
5% de las encuestadas manifestó que hubo negligencia en la atención, y principalmente de la policía, que no actuó de manera oportuna aun cuando se contaba con una medida de protección: “(...) la vez pasada que denuncié, me dieron una medida de protección para que él no se me acer cara y la policía me dijo que estaba vencida (...)”; “(...) llamé a la policía al 123 y nunca me contes taron (...)”; “...llamé a la policía y me dijeron que iba la motorizada, llamé como 3 veces y nunca fue ron (...)”; “(...) llegó la policía, hablaron con él y me dijeron que yo me tenía que ir, amanecí donde una vecina con los niños (...)”; “(...) lo cogieron y ya está libre otra vez, sigue persiguiéndome y amenazán dome (...)”; “(...) en el CAI me dijeron que otra vez yo peleando (...)”; “(...) los policías llegaron y me dijeron a mí que me fuera porque él estaba borra cho, tuve que irme a media noche con mis hijos para donde una vecina (...)”, “(...) llegó la patrulla, pero me dijeron que ellos en problemas de pareja no se metían y que era mejor que arregláramos las cosas debajo de las cobijas (...)”.
Generalmente, las usuarias que califica ron como “mala” la atención en la ruta ya habían denunciado antes a sus agresores.
La figura 2 muestra que el evento más común que detona la violencia contra la mujer son los celos del presunto agresor, pues el 40,8% de las mujeres encuestadas lo señalaron como la causa principal de sus discusiones; esto engloba el pensamiento machista y la ideología de tener propiedad sobre la mujer. A este factor lo sigue el consumo de sustan cias psicoactivas ( spa ), también de incidencia sig nificativa en la violencia de pareja: en el 20% de los casos se señaló el consumo de estas sustancias por parte del denunciado —la más frecuente es la marihuana—. El consumo de alcohol ocupa el ter cer lugar, con el 18,9%, muy cercano al consumo de SPA, aunque hay casos en los que se mezclan estos dos factores con problemas económicos e infideli dades, lo cual acarrea situaciones graves.
El trabajo de Martin-Fumadó, Taranilla, Trias-R, Bernal y Rebollo-Soria,Trias [10], en el cual se refieren eventos desencadenantes de violencia de pareja, ostenta múltiples similitudes con el presente estudio: en el 45% de los casos, los celos son deto nante principal de la violencia, en algunas situacio nes acompañados del consumo de drogas o alcohol. Catalá-Miñana, Lila y Oliver [11], en el abordaje que realizan a los hombres consumidores de alcohol penados por violencia contra la mujer en relacio nes de pareja, identifican que el consumo de alcohol hace parte de los 50 factores de riesgo en la violen cia contra la pareja y la violencia sexual. El 6,1% de las riñas se desencadenó por las infidelidades del agresor, que fue descubierto por su víctima; otro 11,6% de ellas devino de problemas financieros, en una gran proporción porque el presunto agresor no cumplió con la cuota de alimentos de sus hijos, y en otra por la separación de bienes y responsabi lidades bancarias o préstamos; y el 2,4% derivó de eventos emergentes para el presente estudio, tales como abuso sexual de la hija de la víctima e hijastra del presunto agresor, violencia sexual a la víctima, agresores con trastornos mentales como esquizo frenia, deseo de dominio y sumisión de la víctima.
El consumo de alcohol y de spa , per se , son un detonante. En cambio, entre los menos fre cuentes están los problemas económicos, los cua les se presentan principalmente cuando la pareja se ha separado y tiene deudas pendientes, o no se ha conciliado la cuota de alimentos de los hijos. En parejas de edades adultas se encontró que algunas convivían en la misma casa, pero ambos cónyuges se negaban a salir de su vivienda por no ceder los derechos al otro. Adicionalmente, la negación de la mujer a tener relaciones sexuales desencadena crí ticas de infidelidades que terminan en reclamos y agresiones, y en todos los casos desencadena la intolerancia.
Tabla 3.Nivel de riesgo en la violencia de pareja
Extremo 22,6%
Grave 33,9%
Moderado 29,5%
Variable 13,9%
De acuerdo con la aplicación de la escala da [2], el 33,9% de las usuarias se encuentra en riesgo grave, seguido del 29,5% que presenta riesgo mode rado. Este último tiende a ser mayor dado que en las usuarias evaluadas existía tendencia a que las riñas se repitieran o empeoraran como consecuencia de las denuncias; a este respecto, gran parte de las par ticipantes temían por su vida debido a la intimida ción con armas de fuego, el uso de armas blancas y las recurrentes amenazas de muerte.
En los casos de riesgo extremo hay convergencia de varios factores amenazantes para las usua rias, tales como amenazas de muerte dirigidas a ellas y sus familias, el uso de armas, intento de sui cidio del victimario, intento de estrangulamiento a la usuaria, comportamientos celotípicos y con sumo problemático o perjudicial de alcohol y spa (los más comunes son cocaína, marihuana, bazuco y pegante). Además, al triangular el nivel de riesgo con el nivel de escolaridad del victimario se puede detectar que los riesgos más elevados se encuentran en los niveles de escolaridad más bajos; es decir, el nivel de escolaridad es indirectamente proporcio nal al de riesgo.
La figura 3 muestra las diferentes situacio nes que obligan a las víctimas a mantenerse en una relación de pareja que reconocen como conflictiva y problemática, con lo cual continúan en riesgo de muerte. En su mayoría, las mujeres estudiadas mantenían la convivencia para conservar la figura del hogar y una familia nuclear: el 20,26% de ellas terminaron por aceptar condiciones denigrantes que exigían sacrificio para mantener una imagen ante sus hijos y no quitarles beneficios económi cos proveídos por su padre o padrastro. El 19,74% de las mujeres participantes no había denunciado la situación por miedo a la reacción del presunto victimario ante la denuncia; el 12,11% de ellas fue ron amenazadas como consecuencia de una denun cia; otro 18,95% reconoció no sentirse capaz de mantener la economía familiar, razón por la que se mantenía en la relación en virtud de su depen dencia económica del agresor; el 18,42% reconoció tener dudas respecto a sus sentimientos y una posi ble dependencia afectiva; y el 99,21% de las muje res que denunciaron han sido víctimas de algún tipo de maltrato en más de una ocasión. Esto es, solo 0,79% de las mujeres participantes ha sufrido un episodio único de violencia física de parte de su presunto victimario.
Figura 3. Situación de mantenimiento Fuente: elaboración propia
Figura 4. Nivel de escolaridad Fuente: elaboración propia
La figura 4 muestra que el nivel educativo de las mujeres es superior al de los hombres agresores en los niveles técnicos y universitarios.
Talleres del buen trato
La prueba piloto de terapias psicoeducativas para agresores se realizó con base en la información suministrada por las participantes, teniendo en cuenta criterios de inclusión a los presuntos vic timarios según el nivel de riesgo mortal en que se encontraban las víctimas. Para llevar a cabo la propuesta fue necesario generar las condicio nes de lugar, tiempo y número de participan tes requeridas para validar los instrumentos y las técnicas a utilizar en cada uno de los encuentros programados.
La prueba piloto de los talleres del buen trato para victimarios se realizó mediante un pretest al iniciar los talleres y un postest en su culmina ción, con la posterior obtención de la evolución en la cognición de los presuntos maltratadores. Los resultados provinieron de las encuestas realizadas en instituciones como la Policía Metropolitana de Neiva (Huila); la Novena Brigada de Neiva (Huila); personal interno en el Instituto Nacional Penitenciario y carcelario de Rivera, Huila que enfrentaba cargos de violencia intrafamiliar; y hombres denunciados en instancias como la Fiscalía Cuarta local (Cavif) y las comisarías de familia. Estas personas fueron convocadas para evaluar sus creencias como presuntos protagonis tas del maltrato a la mujer y su rol dentro de la sociedad y la familia, en busca de generar sensibi lización para propiciar su cambio.
En el pretest aplicado a los presuntos victima rios se encontró que la mayoría de los participantes justificaron y consideraron necesaria la violencia hacia la mujer; al respecto, estuvo marcada la creen cia cultural asociada al machismo en cuanto a los roles del hombre y los oficios caseros de una mujer. Existen múltiples mitos que inducen a inculpar a la mujer por la violencia en el hogar, así como afirma ciones por medio de las cuales el hombre legitima como propiedad a la mujer cuando se convierte en su esposa o compañera sentimental.
En los encuentros acordados para la ejecu ción de los talleres se abordaron temas concernien tes a estereotipos de género, emociones, influencia de la cultura en la violencia, corrientes feministas y machistas. Asimismo, se abordó cada una de las temáticas que estructuran el impacto de la violencia intrafamiliar y las consecuencias de los actos vio lentos, a través de técnicas apropiadas para inda gar sobre los sentimientos, pensamientos, creencias y mitos de los hombres, presuntos victimarios en torno a la violencia de pareja. Con los hombres se trabajó en la pesquisa de temores ligados al hecho de perder su hogar, sus hijos o su esposa a causa del maltrato, y ellos creyeron necesario conocer estra tegias y recibir ayuda profesional para cambiar su condición de maltratadores.
Los talleres en cuestión abarcaron cuatro fac tores, a saber: 1), cognitivo, en tanto se conocieron previamente sus expectativas, perspectivas, creen cias y consideraciones en cuanto a la violencia con tra la mujer y sus derechos; 2), emocional , en el marco del cual los hombres expresaron sus senti mientos y detonantes en una situación conflictiva y se trabajan ejemplos para su exteriorización; 3), sociocultural , a través del que se trataron estereo tipos de género y su relación con los dos factores anteriores, mediante la articulación entre la cultura y el pensamiento social de los hombres y las muje res que influenciados por padres, escuela, familia o la comunidad, enseñan conductas generadoras de conflictos; y 4), educativo, como cierre y evaluación de lo aprendido con la intervención del área legal para brindar una explicación sobre las consecuen cias jurídicas de las acciones de maltrato.
En el postest se evidenció un aumento con siderable de negaciones (respuesta “no”) con rela ción a las situaciones expuestas en las encuestas que justificaban el trato desigual entre hombres y mujeres. El pilotaje hizo un aporte positivo al pro ceso de sensibilización a los victimarios dado que fue considerable el cambio de pensamientos de los participantes, en tanto modificaron algunas de las creencias y mitos que usaban para justificar el maltrato. Al respecto, Echeburúa [12] afirma que la posibilidad de cambio “se mide cuando el mal tratador es consciente de que ha causado daño y sufrimiento a su víctima... que muestre disposi ción al cambio de conducta y a aceptar su respon sabilidad por el daño causado a la víctima”. Así, se hace necesario continuar en psicoterapia de segui miento para abolir actitudes violentas, manejar un buen diálogo y tener pleno dominio de su autocon trol. Echeburúa plantea un enfoque de tipo cog nitivo conductual en el cual se enseñan formas alternativas de comportamiento que buscan elimi nar actos violentos, a la vez que propone el apren dizaje de comportamientos adecuados adaptativos como una alternativa que varía según el progreso manifestado por el agresor.
A pesar de tratarse de una terapia breve, la prueba piloto descrita generó un impacto posi tivo con relación a los aspectos cognitivos de los participantes frente a la violencia ejercida hacia la mujer. Lo anterior se explica claramente a partir de los resultados del pretest y el postest realizados en el primer y último taller; sin embargo, también se extrajo de la experiencia que se deben realizar psi coterapias a mediano y largo plazos en aras de obte ner resultados evaluables, y se debe continuar con el seguimiento.
Los derechos de la mujer han adquirido impor tancia a través de los años. No obstante, el hombre permanece como eje político central, al tiempo que las grandes empresas, e incluso los estudios cien tíficos, son liderados por hombres en su mayoría. Según Gerber [13], una de las causas más impor tantes de la violencia que se ejerce contra las muje res radica en las diferencias de género en estatus y poder: se utiliza el sexismo para legitimar y mante ner las diferencias entre hombres y mujeres.
Bandura y Walter [14] afirman que se apren den y se imitan comportamientos observados, y se reproducen modelos que reciben estímulos positivos o compensaciones, los cuales se pue den llegar a erradicar si se trabaja en los refuerzos negativos o castigos a las conductas no debidas. Por esto, se hace importante trabajar en los modelos de crianza, tanto en el presunto agresor —quien puede imitar el maltrato de su padre a su madre— como en la usuaria quien se muestra tolerante ante las agre siones porque las ha normalizado en la infancia.
Margolin [15] fundamenta el tratamiento de los agresores en el modelo de aprendizaje social, mientras que las perspectivas culturales, estruc turales y jurídicas apuntan hacia la necesidad de intervenir sobre factores sociales de amplio espec tro. Browne [16] encontró que gran parte de los presuntos agresores reconocieron haber vivido violencia en la infancia, mientras que otros reco nocieron haber sufrido el abandono de sus padres y maltrato infantil, ante lo cual elaboran una explica ción que constituye un mecanismo de defensa: “(...) viví una infancia muy difícil, mi padre le pegaba a mi madre y a nosotros si la defendíamos (...)”
Delgado Álvarez [17] estudió la naturalización de la violencia contra la mujer justificándola en la ideología de la desigualdad histórica y universal entre mujeres y hombres; para el presente estudio cabe anotar que varias de las participantes referían que los malos tratos iniciaban de una forma nor mal, aceptando que en la pareja debe existir algún tipo de maltrato. Al respecto, Akers [18] refiere que existe un tipo de aprendizaje en los actos violentos cuya frecuencia aumenta, hecho que también refie ren las mujeres víctimas.
Heise, Ellsberg y Gottemoeller [19] anotan situaciones por las que las mujeres se ven obligadas a permanecer en una relación sentimental y con tinúan la convivencia en relaciones dañinas por temor al rol de madre cabeza de hogar, la inesta bilidad laboral o dependencia económica, la preo cupación por los niños, las escasas redes de apoyo familiar o la esperanza del cambio. En este sentido, en los resultados del presente estudio, las víctimas no habían denunciado a sus agresores por man tener un hogar (familia nuclear); por miedo a las consecuencias de la denuncia; por amenazas del denunciado; por dependencia económica, porque el victimario es la principal fuente de financiación del hogar; por dependencia afectiva —con la cual se abriga la esperanza de que el agresor pueda cam biar—; por temor a fracasar y al estigma social; o por miedo a que la denuncia no progrese y las consecuencias por haberlo intentado sean peores. Todas estas situaciones mantienen a la pareja en una relación intermitente con ataduras involuntarias.
En el estudio multipaís de la oms sobre salud de la mujer y violencia doméstica, GarcíaMoreno [20] narra que, pese a las dependencias, sí hay mujeres que se arriesgan y abandonan a su pareja. En este sentido, y para el presente estudio, una de las situaciones que mantienen a las muje res en una relación es la dependencia económica (la víctima evita disminuir la calidad de vida de sus hijos); cuando deciden dejar permanentemente a su pareja por el maltrato, pese al cambio de condición económica, generalmente lo hacen por el aumento del riesgo mortal, enfrentamien tos con sus hijos o cambios negativos en el com portamiento de los mismos. La mayoría de mujeres que son radicales en la separación no tienen hijos, mientras que las demás vuelven por la necesidad económica de los mismos.
Martin-Fumadó; Taranilla; Trias-R; Bernal y Rebollo-Soria,Trias [10] señalan que en los prime ros años de la relación se concentra la mayoría de los episodios de violencia de pareja, y esta decrece conforme pasa el tiempo. En el presente estu dio se detectó el efecto contrario, proporcional al tiempo de la relación: cuando el tiempo de relación es menor, la frecuencia de tales episodios es redu cida. Incluso cuando se presenta un episodio único o una primera vez de violencia física, en su mayoría el riesgo fluctúa entre variable y moderado (riesgos menores, pero existentes).
Tal como lo propone el modelo ecológico, en el protocolo de valoración del riesgo de violen cia mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja [2], las mujeres participantes conside ran que el hecho de denunciar aumenta el riesgo de volver a ser objeto de maltrato; justifican y terminan por normalizarlo, llegan a tolerar la realidad de ser víctimas (por dependencias que varían según el caso), y se mantienen aún más cuando no cuentan con el respaldo de la autoridad y existe la tendencia a tener violencias recíprocas.
Los estudios evaluativos revisados por Saunders y Azar [21] muestran que las tasas de reincidencia, especialmente en agresión física, fue ron inferiores en los grupos tratados que en el de control; los tratamientos fueron, en cambio, menos efectivos para reducir la violencia psicológica. En el caso del grupo piloto en la ciudad de Neiva se encontró que no hubo reincidencia en la agresión física, aunque se tiene conocimiento de un caso en el que persiste el maltrato psicológico (acoso).
En la Universidad de Montreal, Lemire, Rondeau, Brochu y Brodeur [22] revisaron 126 estudios evaluativos y compararon las peculia ridades y la efectividad de los programas aplica dos en la comunidad y en el marco del sistema de justicia, especialmente dentro de las prisiones. Respecto de lo anterior, y para el caso de este pro grama piloto, se encontró que la mayoría de los internos de la cárcel de Rivera (Huila) experimen tan desesperanza y consideran injusta la sentencia de reclusión porque no aceptan que maltratar a sus compañeras sentimentales sea un delito. En este sentido, los mismos autores señalan la necesidad de vincular a las familias en programas de trata miento: el victimario debe sentir una red de apoyo sólida que lo ayude a reestructurar su cognición y su comportamiento.
Según onu Mujer [23], las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación y los estereotipos de género, y las normas sociales que la perpetúan. Dados los efectos devas tadores que la violencia tiene en las mujeres, los esfuerzos se han concentrado principalmente en brindar respuestas y servicios para las sobrevivien tes; sin embargo, la mejor manera de contrarres tar la violencia de género es prevenirla mediante el abordaje de sus orígenes y causas estructurales. El presente estudio permitió conocer varias causas que explican la manera como la discriminación de género, así como la normalización de las situacio nes por parte de hombres y mujeres, naturalizan la violencia.
Algunas mujeres que son víctimas de violencia de pareja desertan por causas como la tramitolo gía; la falta de interés de un funcionario o la revicti mización durante la denuncia; el desconocimiento de los derechos que les asisten en el sistema inte grado por la ruta de atención. A este respecto, basta la atención negligente o insuficiente de un solo fun cionario que intervenga en la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja para que se generalice un concepto negativo del ser vicio y de falta de compromiso de las instituciones, hecho que puede acarrear la deserción del proceso de denuncia por parte de la usuaria.
Las mujeres víctima de las situaciones dis cutidas que reinciden en la denuncia, anotan que conocen la ruta de atención y califican como mala la actuación del sistema porque no se sienten cobi jadas con una medida de protección —en algu nos casos inservible por el desconocimiento de la Ley que ostentan ciertos funcionarios de atención directa—. Otras mujeres en la misma situación temen llegar al proceso de denuncia penal por que existe una dependencia económica que se con vierte en factor de mantenimiento de la violencia de pareja: existen dependencias afectivas o temor a que la situación conflictiva empeore y aumente el riesgo de muerte, por lo cual prefieren que se rea lice una conciliación o una reparación integral que exige trámites distintos.
Las mujeres maltratadas psicológicamente no denuncian con tanta frecuencia porque consi deran que esa situación no es importante para el sistema judicial y no la consideran un tipo de vio lencia. A este respecto, se presentan casos que no son enviados a valoración del riesgo en el Instituto de Medicina Legal por no probarse lesiones físicas en la víctima, con lo cual se aplaza su atención para el momento en que existan “evidencias”; en opo sición a lo anterior, cabe anotar que la violencia de pareja inicia desde lo psicológico y aumenta en escalada hasta llegar a otros tipos de violencia, al feminicidio, o bien a la inducción al suicidio.
Los victimarios manifestaron que los talle res del buen trato sirven como reflexión y mejo ramiento de sus comportamientos agresivos en quienes reconocen haber sido violentos, pero tam bién se detectó que intentaban justificar sus acciones culpabilizando a las víctimas y señalando la necesi dad de que los talleres también fueran impartidos a ellas para ser reeducadas; esto podría interpre tarse como un mecanismo para proyectar la culpa, o como la expresión de una necesidad de poseer herramientas efectivas distintas a la violencia para resolver conflictos. Las instituciones participantes, a su turno, reconocen que los talleres son una even tualidad positiva en lo que atañe a impacto social, a la vez que responden a la sentida necesidad de ree ducar a los protagonistas de la violencia de pareja como mecanismo para reducir los casos de femini cidio. En este sentido, la violencia contra la mujer por parte de su pareja o expareja se ha tomado como un delito de lesiones personales que dista de la gravedad que realmente tiene: a pesar de que no existan hijos en la relación en la cual se presenten dichas situaciones y en el momento de los hechos no exista convivencia, debe contemplarse que el victimario es un autor conocido por la víctima y tiene amplios conocimientos de los sitios que esta frecuenta, así como de sus rutinas, amigos y sitio de trabajo.
Los victimarios anotaron que la condición de ser hombre y el temor al estigma social les impi dieron denunciar cuando fueron agredidos por su pareja o expareja (mujer), y que la justicia solo actúa en contra de ellos. Sin embargo, algunas de las mujeres evaluadas señalaron que su pareja las inculpaba de haberlas agredido; además, algunos de los presuntos agresores que asistieron a los talle res del buen trato adjudicaban a la mujer el inicio de las polémicas de pareja y se consideraban vícti mas tanto de su pareja como del aparato jurídico. En ese punto se evidenciaban justificaciones de los agresores basadas en creencias sexistas, con com portamientos impulsivos de ira, negación y mini mización de los hechos.
Las respuestas de los agresores en relación con las agresiones sexuales en la violencia de pareja per miten inferir que existe una idea equivocada con relación a la pertenencia o propiedad del cuerpo femenino al hombre, especialmente cuando se habla del sexo dentro del matrimonio: la mayoría de los hombres considera que este es obligatorio y el deber conyugal de la mujer radica en permitir las relaciones sexuales cuando el hombre lo solicite, aun si esto va en contra de la voluntad de ellas.
Una de las formas de tratar a los agresores radica en la intervención de forma directa en el aprendizaje social, según la hipótesis del déficit de habilidades sociales de dichos individuos y la pers pectiva según la cual debieran erradicarse factores externos estresantes, tales como los problemas labo rales y económicos o los relativos a la crianza de los hijos, según lo mencionaba Margolin [15], que a su vez hacía referencia al método de crianza. El apren dizaje social que se presentó durante la interven ción realizada con los diferentes grupos, por medio del cual los agresores buscaron atenderse y mejorar de manera directa, generó un impacto en ellos que se reflejó en los resultados del postest.
En los talleres del buen trato se utilizaron medi das psicoeducativas, mencionadas por Margolin [15], que promueven la orientación mediante inter venciones de carácter psicológico, social y educa tivo a fin de romper el aislamiento, con lo cual se reduce la dependencia de la pareja. Se logró a través de ello que hombres violentos reconocieran su pro blema de falta de control, generándose en ellos modelos de conducta adecuada y nuevas perspec tivas para cambiar su comportamiento, y se llegó a establecer una práctica dentro del grupo en rela ción con las nuevas habilidades adquiridas.
La ruta de atención para las mujeres víctimas de violencia de pareja o expareja aún se encuen tra en proceso de estructuración y unificación. Se han establecido estrategias que judicializan o pena lizan a los presuntos agresores, pero no hay hasta el momento una que pueda generar un cambio positivo en su conducta. Por tal razón, los méto dos usados en los talleres realizados en el marco de esta investigación plantearon técnicas de carácter cognitivo-conductual cuya prioridad radica en cambiar los conocimientos adquiridos (cognición) del agresor para que comprenda la manera correcta de comportarse (conductual) frente a su pareja, grupo familiar o ámbito social.
Debido al alto número de casos de muje res denunciantes que abandonan el proceso penal porque califican la atención durante la ruta como desinteresada o negligente, es importante capaci tar al personal de atención a la usuaria y generar empatía: esto es, hacer sentir a la denunciante que cada palabra suya es muy importante para el pro ceso en el que se encuentra; y orientarla con ama bilidad para elevar una denuncia que responda a su pretensión frente al victimario —una conciliación cuando los hechos lo ameriten, o bien un proceso penal si está dispuesta a ello—. Así entonces, escu char a la víctima y sus necesidades es fundamental en la justicia restaurativa, y debería orientar la jus ticia en casos de violencia de género, como lo sos tienen Saénz y González [25].
La articulación de las entidades, su disposi ción y la comunicación oportuna impiden que la usuaria deserte del proceso de denuncia, con lo cual se evita la revictimización en las mujeres mal tratadas, quienes sienten en el aparato jurídico un flagelo que las victimiza desde una nueva arista. La Ley 1257 de 2008 [6] en su capítulo V menciona las medidas de protección que se pueden emitir a las víctimas de violencia intrafamiliar y puede ordenar al agresor “abstenerse de realizar la con ducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del grupo familiar” (s. p.), así como señala en el literal (d), que podrá imponer al agresor “un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada” (s. p.), actividad que aún no se desarrolla conscientemente en la ciudad de Neiva y según pesquisas no se han realizado en otras ciudades del país, por lo tanto, la ciudad de Neiva es pionera en el pilotaje de las terapias con enfo que cognitivo conductual como impacto social del estudio.
El feminicidio de Rosa Elvira Cely en el Parque Nacional de Bogotá evidencia la debilidad legisla tiva del amplio marco nacional e internacional sobre los derechos de las mujeres y niñas, evoca un proyecto de Ley aprobado el 6 de Julio de 2015 por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo para garantizar la investigación y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibili zación colombiana para tener mujeres libres de vio lencias y con principios de igualdad, contemplado en el Ley 1761 de 2015 [25].
Natalia Ponce de León, víctima de violencia de pareja y de un ataque con ácido en su rostro, decidió descubrirse por primera vez en público en el 2014, en el Palacio de Nariño (casa presidencial colom biana). Su lucha dio lugar a la propuesta de la Ley 1773 del 6 de enero de 2016 [26], donde se tipifican las lesiones con agentes químicos, otro factor que amenaza a las mujeres que son víctimas de violen cia ejercida por su pareja o expareja con el ánimo de cumplir la popular frase “mía o de nadie”, situa ción en la que la mujer ve ultrajado su aspecto físico y deteriorada su autoestima.
De acuerdo con las pesquisas realizadas, la mejor forma de disminuir la presencia de un problema de salud pública es previniéndolo. Si bien al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ingresan las víctimas ya agredidas, la función de las instituciones que hacen parte de la ruta de atención a las mismas debe ir más allá y articular esfuerzos para propender a la garantía, protección y restitución de los derechos vulnerados a estas personas.
Es importante conocer las expectativas de las mujeres para ofrecer psicoterapias cognitivo-conductuales como una herramienta de justicia restaurativa.
Vale la pena incentivar a la promoción de talleres, charlas y asesorías sobre la problemática estudiada mediante diversos medios de comunicación, con el fin de disminuir la cifra de maltrato y maltratadores por carencia de conocimiento y ayuda frente a sus necesidades de ayuda psicológica, interacción social y conductual.
Conocer las expectativas de las mujeres que han sido víctimas de violencia de pareja o de su expareja al ingresar a la ruta de atención, así como el impacto jurídico que provocan las normas y la atención recibida, puede mejorar el resultado de las denuncias y disminuir la repetición del ciclo de violencia. Adicionalmente, esto permitirá reconocer los factores de riesgo y los puntos en los cuales las políticas sociales deben trabajar para disminuir las cifras de víctimas, mediante la aplicación de las medidas de protección a la mujer contempladas en la Ley 1257 de 2008 y de las terapias educativas para los agresores allí mencionadas.
Medir la prevalencia de las violencias al interior de una familia es un reto, puesto que las mujeres a menudo no denuncian estas experiencias violentas; sin embargo, se ha logrado tener una estimación aproximada de esta prevalencia por medio de encuestas basadas en la población (de demográficas, de salud y de salud reproductiva), implementadas por Macro International y los Centers for Disease Control and Prevention (cdc), así como a través del estudio multipaís de la oms sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la misma.
Se requieren estudios que permitan conocer las concepciones sexistas de los hombres a fin de proponer psicoterapias enfocadas a desestructurar estas distorsiones cognitivas y disminuir la ocurrencia de hechos de violencia de género, evaluando la interrelación entre víctima y victimario (factores desencadenantes).
Es imperativo aplicar en los penados o agresores tests de diversas funciones, entre esos de personalidad, para estudiar algunas de las posibles raíces o principios de los comportamientos agresivos y violentos, en aras de hacer un acer camiento tipológico y orientar las psicoterapias a los diferentes tipos de violencia que ejerce el agres or.
Se hace necesario trabajar tanto con la víctima como con su presunto agresor, por lo cual es pertinente elaborar e implementar una propuesta de acompañamiento para ambas partes trazando una perspectiva más amplia sobre la violencia intrafamiliar y su incidencia al interior del hogar, los hijos y la comunidad, en la que ellos sean partícipes en la concientización sobre esta problemática.
Para la realización del presente estudio se contó con la colaboración del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se canaliza ron las participantes, al tiempo que esta institu ción puso a disposición su material bibliográfico. La Fundación Fuente de Apoyo para Familias en Conflicto – Fundafe se hizo partícipe en el acom pañamiento de los talleres; y las directivas de la Policía Metropolitana de Neiva, de la Novena Brigada del Ejército, del Instituto Penitenciario y Carcelario – Inpec de Rivera (Huila), la Fiscalía Cuarta (Cavif) y las comisarías de familia de Neiva nos permitieron llegar hasta la población de pre suntos victimarios. De la manera más atenta expre samos nuestro agradecimiento a todos ellos.
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