Source: http://valdeperrillos.com/book/export/html/4717
Timestamp: 2014-10-21 21:33:48
Document Index: 335085132

Matched Legal Cases: ['Artículo 117', 'artículo 65', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 607', 'artículo 131', 'artículo 1']

Del Alzamiento Nacional a la Memoria Histórica. Hacia una justicia penal universal
DerechoLey de AmnistíaLey de Memoria HistóricaInicie sesión para comentar
Visto que tras el planteamiento inicial del tema sobre Amnistía y memoria, ha quedado demostrado que los españoles aún poseemos heridas de la guerra, nos ha parecido que tal vez un libro en el que abordarlas, quizá más adelante, cuando vaya teniendo forma, una sección fija, podría contribuir a cerrarlas.
La estructura del libro y su contenido los decidiremos nosotros: Santo y Sintética. Por favor, comenta cuantas sugerencias y pegas se te ocurran en las distintas páginas que se vayan añadiendo. Si quieres incluir una página en este libro, simplemente publícala en tu blog usando estas tres etiquetas: Derecho, Ley de Aministía, Ley de Memoria Histórica y valoraremos la pertinencia de añadirla independientemente de la ideología que la oriente, pero no con independencia del fin para el que abrimos este libro: cerrar heridas, por mucho que haya que limpiarlas antes.
Dilema jurídico. Amnistía y Memoria
Hace más de setenta años, en un país imaginario, un grupo de jóvenes pertrechados con escopetas y latas de refresco fue a un descampado. Una vez allí, colocaron alineadas las latas y pasaron un buen rato disparando hasta que no quedó ninguna en pie.
Hace más de treinta años, se aprobó una ley de absolución total, de indulto completo para esos chavales, por la cual quedaban exentos de responsabilidad criminal y penal.
Hace más de dos años, se aprobó otra ley de recuerdo de esas latas, por la cual se hace constar que aquellos envases no debieron recibir aquellos disparos y que por ello tienen derecho a su identificación y reconocimiento personal y económico.
Resulta que se sabe que hay algunas latas que faltan, que no se han encontrado. Ha pasado bastante tiempo. Algunos familiares de esas latas (vamos a llamarles “latosos”) que sospechan fueron llevadas al descampado, quieren hacer uso de esa reciente ley.
¿Cuál es la contradicción entre la ley que permite al verdugo no responder por sus actos ni que en su expediente quede mancha alguna y la ley que permite a la víctima ser buscada, identificada y compensada?
La pregunta es: ¿cómo podemos satisfacer a los “latosos”?
El caso es que hoy es 24 de abril de 2010 y más de cien mil personas se presumen muertas y enterradas en una cuneta o en una fosa sin santo ni seña en esta España nuestra. Hoy, 24 de abril de 2010.
El caso es que hoy, 24 de abril de 2010, hay, al menos, cien mil hijos, cien mil nietos buscando un lugar en donde poner flores y dignidad a sus seres queridos.
El caso es que algunos de estos cien mil hijos hace poco se atrevieron a acudir al juzgado: Quiero saber dónde está mi desaparecido, se llama Antonio. Quiero saber, y pruebas e indicios muy documentados tengo y aporto, de que mi Antonio fue asesinado y enterrado con otros tanto cerca de un olivar sin nombre. Quiero saber quién lo mató, cómo, dónde y por qué. Y no sólo quiero saber: quiero el cuerpo de Antonio. Y no sólo quiero saber: exijo Justicia.
El caso es que el primer Juez dijo que sí, que investiguemos. Ostras! ¿A qué ventanilla le toca? Que tú, Audiencia Nacional, que no, que a cada juzgado local, que votemos, que discrepo. Voto particular al canto!
¿Investigar qué? Una leche: esto está atado y bien atado! Que si Derecho, que si Ley de Amnistía, que si Ley de Memoria, que si Nacionales, Republicanos, Nuremberg y mil latinajos....Garzón deja de salir en la tele: al truyo, al menos pena de banquillo! Que empiece el juicio: que pase el culpable!
El caso es que hoy, 24 de abril de 2010, hay, al menos, cien mil hijos, cien mil nietos buscando un lugar en donde poner flores y dignidad a sus seres queridos y la Justicia española está de carnaval.
ANTONIO ELORZA 24/04/2010 En el filme La noche de los muertos vivientes, los difuntos abandonaban sus tumbas para entregarse al saludable deporte de devorar a los humanos. El caso Garzón tuvo como punto de partida las demandas de los familiares de quienes fueron ejecutados desde la sublevación franquista, pero no son estos muertos los que ahora ocupan la escena. De hecho, para los adversarios del juez no han existido nunca, salvo en los autos condenatorios a la hora de recordar la irregularidad del procedimiento propuesto para recuperar sus restos. Ninguno de ellos piensa en cuál sería la mejor fórmula compatible con la ley para atender esa demanda social de los descendientes de las víctimas. Los auténticos muertos vivientes del día son las organizaciones fascistas que plantearon las querellas y seguirán obrando así, sirviéndose de las complicidades en el seno del Estado de derecho. Su resurrección ha sido además posible por la supervivencia larvada de una mentalidad filofranquista que ahora encuentra la posibilidad de repuntar, nada menos que rehabilitar un genocidio y eliminando a quien pretendió hacer justicia sobre el mismo.
Sólo los grupúsculos franquistas se benefician de la ofensiva contra Baltasar Garzón
Los autos del juez Varela intervienen en ese sentido por omisión, al no plantearse si desde julio de 1936 tuvo o no lugar un crimen contra la humanidad, ni cual sería la instancia más adecuada para ofrecer justicia a las víctimas. El caso del juez Adolfo Prego, protagonista de la admisión de la querella, es ya harina de otro costal. Habla en público sin tapujos, y así, desde la revista de la Hermandad del Valle de los Caídos nos explica que en los años cincuenta, esto es, bajo Franco, había más machismo pero menos asesinatos de mujeres. ¿Por qué? Entonces "había respeto, moral, conciencia del bien y del mal", sumisión a "valores superiores". Perdido eso en España, nación "milenaria", "el hombre se convierte en una bestia" y mata ancianos, mujeres y niños. La nación española, nos dice entre metáfora y metáfora -antológica la de la Constitución y el chorizo-, resulta hoy destruida desde el BOE; es decir, por las normas promulgadas del Estado democrático. Semejante magistrado está en condiciones de aplicar tales planteamientos más allá del caso Garzón, desde el Tribunal Supremo. ¿Qué más queremos?
La crítica del ex fiscal Jiménez Villarejo apuntaba con argumentos convincentes al desastre que una actuación judicial así sesgada contra un "juez justo" está causando a la convivencia democrática. Sólo los grupúsculos franquistas se benefician de la ofensiva: Villarejo lo subrayó con toda razón y magistrados como Varela debieran haberlo tenido en cuenta. Una vez obtenida la patente de corso, acusarán a todo aquel que se mueva: Villarejo y el rector Berzosa son los primeros afectados. Buen servicio a la democracia.
En torno al eje del PP, la reacción de la derecha contra el acto de la Complutense ha sido brutal. Por supuesto ningún medio, personaje o tertuliano se pregunta si hubo justicia o injusticia en los objetivos de Garzón y en los procedimientos contra él. Y si la Universidad y los sindicatos tienen o no razón para protestar contra el olvido forzoso del franquismo. Ahí están todos en una puja para ver quién encuentra las palabras más contundentes: "aquelarre", "chekismo", "guerracivilismo", "semi-bolcheviques" o bolcheviques a secas, "extremismo izquierdista". Un alto cargo de la Comunidad se ceba en la actuación del rector Berzosa. Alude a su aspecto físico: sin duda él mismo no se mira en el espejo. La autonomía universitaria, a la basura. Rajoy supera sus conocidos límites como político convirtiéndose en inquisidor surrealista, al solicitar dimisiones de altos cargos socialistas por asistir a un acto legal. Y Rosa Díez habla de "golpe contra la democracia".
Cierra el círculo la infamia eficazmente administrada. Portada del diario "líder de información", día 14: "El Supremo acusado de torturas entre aplausos de la izquierda". Puro montaje, ya que frente al auto de Varela, lo dicho por Villarejo fue que bajo el franquismo fiscales y jueces encubrieron las torturas. Verdad incuestionable. Y citó expresamente al TOP, no al Supremo, como puede comprobarse consultando el vídeo de Libertad Digital. Ante las cámaras pude comprobar que al número dos de la Cosa los documentos prueba de la falsificación no le impresionan. Se mantuvo agresivo en la falsedad. Y es que la intoxicación ha sido muy eficaz; sus ecos se han escuchado en todos los medios derechistas, presentándose gracias a ello como los paladines de una conciencia democrática fiel a esa transición que los defensores de la memoria republicana intentarían dinamitar. Crímenes contra la humanidad: provocación. Hay que blindar al franquismo. Elogiable lealtad.
http://www.elpais.com/articulo/espana/Intoxicacion/elpepiesp/20100424elpepinac_7/Tes
Estructura y competencias de la Administración de Justicia en España
DerechoAdministración de JusticiaInicie sesión para comentar
Los principios que rigen la administración de justicia en España, sus competencias y organización, están reguladas, antes que nada, en el Título VI de la Constitución, dedicado al Poder judicial.
Artículo 117.1 “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Tanto los juzgados y tribunales como el Ministerio Fiscal forman parte del poder judicial, pero son órganos separados con jerarquías separadas.
La tarea de los jueces es “juzgar y hacer cumplir lo juzgado”; la tarea del Ministerio Fiscal es distinta, consiste en “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social” , art. 123.1 CE.
Siguiendo el mandato de la Constitución, el Poder Judicial está regulado en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio (BOE del martes 2 de julio de 1985). Aquí puede consultarse la ley y sus posteriores modificaciones: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1985-12666#analisis
El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional aparecen en el título IV, sobre la composición y atribuciones de los órganos jurisdiccionales. El capítulo I de ese título se refiere al Tribunal Supremo, el capítulo II a la Audiencia Nacional, a continuación las audiencias y juzgados territoriales. Como miembro del Poder Judicial, también el Ministerio Fiscal aparece en esa Ley, sin embargo, lo allí dicho se limita a reproducir lo afirmado en la Constitución. El Estatuto de este órgano está regulado en la ley 50/1981, (http://boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1982-837).
Si deseas añadir contenido a esta sección, simplemente publica el texto en tu blog con las etiquetas: Derecho, Administración de Justicia. Valoraremos la posibilidad de añadirlo al índice.
La Audiencia Nacional se organiza en salas y secciones. En el orden penal tiene dos salas, la de lo penal y la de apelación, en la que se tramitan los recursos que se presenten contra las resoluciones de la Sala de lo penal. Cuenta además con otras dos salas, la de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Social.
El presidente de la Audiencia Nacional tiene el rango de presidente de sala del Tribunal Supremo, lo nombra el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde el 26 de marzo de 2009, el cargo lo ocupa Ángel Juanes en sustitución de Carlos Dívar quien, desde el 24 de septiembre de 2008, preside el Tribunal Supremo.
Las competencias de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional están recogidas en el artículo 65 de la ley 6/1985. Incluyen, entre otros, delitos contra los altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno, falsificación de moneda y delitos de bandas organizadas que afecten a más de una comunidad autónoma.
Ángel Juanes. Llega a la Audiencia Nacional desde la Sala de lo militar del Tribunal Supremo. Es miembro de Jueces para la Democracia, asociación de la que fue fundador junto a muchos otros jueces, entre ellos Cándido Conde-Pumpido, Margarita Salas, Luciano Varela y Juan Alberto Belloch. Es conocida la participación en esa asociación de María Teresa Fernández de la Vega, actual Vicepresidenta primera del Gobierno, aunque no se cuenta entre sus fundadores.
El asunto de las asociaciones de jueces tiene bastante interés, sirva de ejemplo la procedencia de los actuales vocales del Consejo General del Poder Judicial, del órgano de gobierno de los jueces. La renovación fue tortuosa porque sus miembros son elegidos por mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado y la distribución de escaños de la legislatura anterior dificultaba el acuerdo: al PP le interesaba no pactar porque de ese modo mantenía en sus puestos a los vocales elegidos en la legislatura anterior, 2000-2004, en la que disfrutó de mayoría absoluta. Finalmente se consiguió el acuerdo en septiembre de 2008, quedó así: nueve vocales a propuesta del PSOE, de los cuales cuatro son miembros de Jueces para la Democracia, dos de la Asociación Francisco de Victoria y tres no son jueces; nueve a propuesta del PP, de los cuales cinco pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura y tres no son jueces; un vocal a propuesta de CiU y el último a propuesta del PNV. Si no me equivoco, el único juez que actualmente ocupa un cargo en el CGPJ sin ser a la vez miembro de alguna asociación es Antonio Montserrat Quintana. La mitad de los jueces españoles no están afiliados a ninguna asociación, sin embargo, la inmensa mayoría de los que llegan a ocupar los cargos más altos lo están. La Asociación Profesional de la Magistratura, supuestamente conservadora, es la tiene más afiliados, le sigue la Asociación Francisco de Victoria y, por fin, Jueces para la Democracia, supuestamente progresista.
Javier Gómez Bermúdez. Es el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde 2004. Es juez desde 1987, cuando tenía 24 años. Fue nombrado magistrado en 1989. Presidió de manera solvente el Tribunal que juzgó los atentados del 11m.
Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Al cargo de presidente de la sala de lo penal optaron también Baltasar Garzón, José Ricardo de Prada y Alfonso Guevara. Finalmente fue elegido Bermúdez en cuarta votación por once votos contra ocho. El nombramiento de Bermúdez fue recurrido por de Prada, quien alegó que se llevó a cabo por “razones puramente políticas” y que había recibido un “trato de favor” por parte del CGPJ en un procedimiento marcado por la “falta de limpieza”, que no reúne los méritos necesarios; que la elección se había realizado en cuarta votación cuando el reglamento solo permite tres votaciones y que se había hecho por el procedimiento de libre designación en lugar del correspondiente concurso de méritos: "La designación está viciada, no ha sido limpia y debe ser anulada con repetición del proceso y, por supuesto, obvia exclusión de la candidatura que ha ejecutado la irregularidad, la del señor Gómez Bermúdez". El Tribunal Supremo acordó por unanimidad anular la elección de Gómez Bermúdez casi dos años después, en mayo de 2006. Sin embargo, Bermúdez pudo volver a solicitar la plaza, lo hizo y fue nombrado nuevamente por el CGPJ, en junio de 2006, esta vez por 10 votos a favor (los de la mayoría conservadora) y uno en blanco, los restantes consejeros se negaron a participar en la votación por considerar que el proceso había sido “irregular”. Contra este nuevo nombramiento recurrió Garzón (creo que De Prada también lo hizo) al entender que el Consejo habría incumplido la sentencia del Supremo por valorar méritos posteriores a 2004. En noviembre de 2006 el Tribunal Supremo anuló el segundo nombramiento de Bermúdez. El 17 de enero de 2007, el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros actuaban en funciones en ese momento por haber concluido su mandato dos meses antes, nombra a Bermúdez, por tercera vez, presidente de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional y de De Prada vuelve a recurrir, pero esta vez el recurso será rechazado y Bermúdez confirmado en el cargo. De Prada recurre una vez más, su recurso será desestimado en enero de 2008. Baltasar Garzón. Aprobó la oposición den 1981, es magistrado desde 1983, en 1988 fue nombrado titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. Se presentó como número dos por Madrid en las listas del PSOE en las elecciones generales de 1993, el número uno de esa lista fue Felipe González, y, tras la victoria del PSOE en las elecciones, fue nombrado Delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas. Pocos meses después abandonó el cargo y volvió a la Audiencia Nacional donde comenzó a instruir el caso Gal, un sumario en el que se juzgó y condenó a altos cargos del Gobierno de Felipe González. Será conocido en todo el mundo a raíz de la orden de detención contra Pinochet . Ha procesado a un centenar de militares argentinos involucrados en la dictadura que sufrió ese país, a traficantes de drogas, dictó el auto que suspendió todas las actividades de Batasuna, Batasuna era en ese momento la tercera fuerza política vasca. En 2008 se declaró competente para enjuiciar los crímenes cometidos durante la dictadura española, causa por la que ha sido suspendido de funciones al haberse abierto contra él un juicio oral por prevaricación.
José Ricardo de Prada Salaesa. Juez desde 1986, magistrado en 1989, en la Audiencia Nacional desde 1990. Participó en los casos de Pinochet y Scilingo, es experto en derecho penal internacional, fue magistrado en la Corte de Bosnia Herzegovina. Firmó un voto particular, junto a Clara Bayarri García y Ramón Sáez Valcárcel, en el que se oponía al acuerdo del pleno de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional por el que se declaró la falta de competencia del juzgado de Garzón para investigar los crímenes de la dictadura franquista. Este voto particular será alegado sin duda por la defensa de Garzón durante el juicio oral al que habrá de enfrentarse.
El Ministerio Fiscal está regulado en la ley 50/1981 (http://boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1982-837). A su titular lo propone el Gobierno, "oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión", y lo nombra el Rey. En los actos oficiales, su titular ocupa el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo, aunque los dos cobran lo mismo.
Entre sus funciones están (art. 3) “velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes”; defender la independencia de los jueces y tribunales; intervenir en los procesos judiciales de amparo y en las cuestiones de constitucionalidad; “mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción, y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros”.
Cuenta, entre otros, con los siguientes órganos: el Fiscal General del Estado, El Consejo Fiscal, la Junta de Fiscales de Sala, la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El Jefe del Ministerio Fiscal es el Fiscal General del Estado. Desde 2004, este cargo lo ocupa Cándido Conde-Pumpido.
Son competencias del Fiscal General del Estado: proponer al Gobierno los nombramientos para los distintos cargos, previo informe del Consejo Fiscal; proponer al Gobierno los ascensos conforme a los informes del Consejo (art.13); “El Fiscal General del Estado podrá llamar a su presencia a cualquier miembro del Ministerio Fiscal para recibir directamente sus informes y darle las instrucciones que estime oportunas, trasladando, en este caso, dichas instrucciones al Fiscal Jefe respectivo. El Fiscal General del Estado podrá designar a cualquiera de los miembros del Ministerio Fiscal para que actúe en un asunto determinado, ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales en que el Ministerio Fiscal está legitimado para intervenir, oído el Consejo Fiscal. Las mismas facultades tendrán los Fiscales Jefes respecto de los funcionarios que les están subordinados, oída la Junta de Fiscalía”, (art. 26).
La Fiscalía de la Audiencia Nacional está integrada por un Fiscal Jefe, un Teniente Fiscal y fiscales de plantilla. El Fiscal Jefe, que actúa siempre en representación del Ministerio Fiscal (art. 22.3), se encarga, entre otras cosas, de repartir el trabajo. Me resulta especialmente interesante el artículo 23:
“Los miembros del Ministerio Fiscal son autoridad a todos los efectos. Actuarán siempre en representación de la Institución y por delegación de su jefe respectivo. En cualquier momento del proceso o de la actividad que un Fiscal realice, en cumplimiento de sus funciones, podrá su superior inmediato sustituirlo por otro, si razones fundadas así lo aconsejan. Esta sustitución será comunicada al Consejo Fiscal”.
El artículo 23 significa que en cada ocasión en que un Fiscal habla, quien habla es el Ministerio Fiscal. Se reúnen para “mantener la unidad de criterios, estudiar los asuntos de especial trascendencia o complejidad o fijar posiciones respecto a temas relativos a su función”. El modo en el que fijan sus criterios es muy claro: Se reúnen, debaten y prevalece el criterio del Fiscal Jefe; en el caso de que su posición sea minoritaria deben remitirse ambas posiciones al superior jerárquico (art.24), que será quién finalmente decida.
El Fiscal General del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos. (art. 25).
El Presidente del Gobierno puede dirigirse al Fiscal General del Estado cuando lo estime conveniente (art. 8.2), sin embargo, el Fiscal General del Estado no tiene por qué llevar a cabo la actuación que le indique el Gobierno, la decisión final es suya, tras oír a la Junta de Fiscales de sala del Tribunal Supremo.
Está obligado a informar al Gobierno, cada vez que el Gobierno quiera, sobre cualquier asunto en los que intervenga el Ministerio Fiscal, a no ser que exista impedimento legal. Igualmente, está obligado a informar a las Cortes Generales.
Los miembros del Ministerio Fiscal no pueden ser recusados; sí cabe pedir a su superior jerárquico que ordene su no intervención en un proceso. Si se trata de impedir que sea el Fiscal General del Estado quien no intervenga en un proceso la decisión corresponde al Ministro de Justicia.
Entiendo que no cabe dudar de que todos los actos de los Fiscales de la Audiencia Nacional y del Supremo cuentan con la aquiescencia de su jefe, Cándido Conde-Pumpido. Igualmente, es perfectamente legal que el Gobierno haga indicaciones al Fiscal General del Estado cada vez que le interese algún asunto, de donde puede afirmarse que todos los casos en los que el Gobierno no haya indicado nada al Fiscal General son casos que, por la razón que sea, no le interesan. Sumario 53/2008 de la Audiencia Nacional (antes Procedimiento abreviado 399/2006)
DerechoSumario 53/2008Inicie sesión para comentar
Dedico esta sección a reconstruir el sumario 53/2008. Pretendo colocar por orden cronológico las distintas denuncias, resoluciones, autos, recursos, hasta que el juez Baltasar Garzón se inhibe de la causa.
Si deseas colaborar a completar esta sección, simplemente publica en tu blog el texto que quieras añadir escribiendo en el campo Temas las etiquetas Derecho, sumario 53/2008. Santo y yo valoraremos la posibilidad de añadir tu texto al índice del libro.
Debería sobrar decirlo, en cualquier caso, esta invitación no se dirige exclusivamente a las personas que tengan ideas parecidas a las mías, sino a todo el que quiera añadir textos en esta sección.
1. Denuncias iniciales en el procedimiento abreviado 399/2006
El 15 de Diciembre de 2006, el Decanato de los Juzgados Centrales de Instrucción, remite al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el juzgado de Baltarsar Garzón, estas cinco denuncias:
14 de Diciembre de 2006, denuncia presentada por D. Marcial MUÑOZ SANCHEZ, en nombre propio y de la asociación “NUESTRA MEMORIA, Sierra de Gredos y Toledo”.
Más tarde se sumaron estas otras asociaciones y particulares:
19 de Mayo de 2008, denuncia de D. Francisco Javier JIMENEZ CORCHO.
Denuncia de D. Juan Pérez Silva y de Dª Francisca Maqueda Fernández.
28 de Julio de 2008, denuncia de la Asociación “Fòrum per la Memòria del País Valencià”.
31 de Julio de 2008, denuncia de la “Confederación General del Trabajo”.
12 de Septiembre de 2008, denuncia de la “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada” y de Dª Nieves García Catalán.
22 de Septiembre de 2008, denuncia de la “Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra”, “Asociación de Héroes de la República y la Libertad”, “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en El Bierzo, León, Burgos y Zamora”, “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Soria”.
Todos y cada uno de los denunciantes se ratificaron, este es un trámite necesario. Presentaron las denuncias por "presuntos delitos de detención ilegal en el marco de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de Guerra Civil y los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español".
Los datos proceden del auto de Garzón de fecha 16-10-2008, dentro de las diligencias previas del procedimiento abreviado 399/2006V, que posteriormente pasaría a ser el sumario número 53/08. Actualmente puede leerse el texto íntegro del documento que he usado aquí: http://www.scribd.com/doc/7404452/Auto-Garzon
Entiendo que vale la pena entretenerse a recopilar cuanta información haya disponible sobre estas personas y asociaciones. Si deseas colaborar en este punto, por favor, añade una entrada en tu blog cuyo título sea el nombre de la persona o la asociación sobre la que quieras tratar y utiliza estas etiquetas: sumario 53/08, denuncias iniciales procedimiento abreviado 399/2006. Valoraremos la posibilidad de añadir tu texto al índice del libro.
2. Dictamen sobre la admisibilidad a trámite presentado por el Ministerio Fiscal el 29 de enero de 2008 DerechoSumario 53/2008Inicie sesión para comentar
Tras la remisión, por reparto, de las denuncias al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, el siguiente paso lo da la Fiscalía más de un año después, el 29 de enero de 2008. El documento es el dictamen sobre la admisibilidad a trámite, firmado por el fiscal Carlos Miguel Bautista Samaniego, de las denuncias presentadas por distintas asociaciones de víctimas de la dictadura. No sobra conocer qué es la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Fiscal es el único órgano del Poder Judicial cuyo titular es propuesto por el Presidente del Gobierno (El presidente del Gobierno también ‘propone’ a los ministros). El titular del Ministerio Fiscal es el Fiscal General del Estado, cargo ocupado desde 2004 por Cándido Conde Pumpido, entre sus competencias está ‘proponer’ el nombramiento del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional. El 12 de abril de 2005, Cándido Conde Pumpido propuso a Javier Zaragoza Aguado para este cargo, en sustitución del conocido Eduardo Fungairiño, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta el 5 de mayo de 2006, es el actual titular del cargo.
Presidente del Gobierno → Fiscal General del Estado → Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.
Cada uno de ellos puede cesar en cualquier momento a la persona a la que propuso para ocupar el cargo. He desarrollado este punto con algo más de detalle aquí: http://valdeperrillos.com/blogs/sint-tica/ministerio-fiscal
El 29 de enero de 2008, el Ministerio Fiscal dijo que:
“Se presentan en el juzgado diversas denuncias relativas a las desapariciones, sacas, posibles asesinatos, detenciones ilegales, torturas y exilios forzosos producidas durante la guerra civil española (1936-1939) en el ámbito territorial dominado por el bando nacional como parte de una generalizada política represiva encaminada a eliminar cualquier obstáculo en la implantación del nuevo estado debida a la pervivencia de personas con ideología política opuesta y a suprimir cualquier resistencia eliminando fisicamente a una parte de la población, exclusivamente, por motivo de sus ideas políticas o, alternativamente, provocando su exilio forzado por miedo a la represalía”. (Estoy copiando de una página que lo ha introducido en formato html, http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/samaniego.html, ignoro si las faltas de ortografía están también presentes en el documento original, no lo he encontrado)
“Dichas denuncias de los hechos, tal cual formuladas, incluyen la calificación jurídica de delito de lesa humanidad del artículo 607 bis)”.
Concluye que “no procede admitir a trámite las denuncias presentadas, ex art 313 Lecrim, al no ser competente el Juzgado Central de Instrucción, debiendo procederse al archivo”.
Su argumentación no es muy original, es más o menos la misma que la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, con el visto bueno del mismo Ministerio Fiscal, venía rechazando en todos los recursos presentados en los casos de crímenes contra la humanidad, al menos en los casos de ciudadanos argentinos, en resumen, la argumentación del fiscal para que no se admitan a trámite las denuncias es el siguiente:
Que el delito de lesa humanidad se recoge por primera vez en nuestro código penal en 2004 (art. 607bis).
Que en el código penal de 1932 no aparecía esta tipificación, aunque sí los delitos de detención ilegal y violación, pero “sin la especial calificación derivada de la finalidad de acabar con un grupo político o de asegurar el predominio frente a un sector de la población que se considera sospechoso por sus ideas políticas, utilizando todos los medios para ellos, incluso los más violentos”.
Que la aplicación del tipo penal “delito de lesa humanidad” supone una vulneración del principio de legalidad recogido en la Constitución (art. 25.1) y para ello se acoge a la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Scilingo.
Que cabe la posibilidad de aplicar al caso la ley de Aministía del 15 de octubre de 1977.
Que, al no tratarse de delitos de lesa humanidad, la competencia no es de la Audiencia Nacional, sino de las audiencias y juzgados territoriales.
3. Providencia de 29-08-2008 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional
DerechoDiligencias previas 399/2006Inicie sesión para comentar
Tras el dictamen del Fiscal de la Audiencia Nacional concluyendo que no procede admitir a trámite las numerosas denuncias presentadas por las víctimas de la represión franquista (hay un resumen aquí del dictamen del fiscal), desde el Juzgado Central de Instrucción número cinco se dictaron varias providencias.
23 de junio de 2008, en la que se pedía más información a las víctimas.
17 de julio de 2008, en la que se piden datos sobre posibles víctimas al Archivo General de la Guerra Civil y al Archivo Histórico Nacional.
Distintas asociaciones de víctimas han seguido presentando documentación y sumándose a la causa. El 29 de julio de 2008, las siete asociaciones siguientes: Fòrum per la memoria del país valencià, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas, Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Valladolid, Associació per la Recuperació de la Memoria Històrica de Catalunya, Comisión pola Memoria Histórica do 36 de Ponteareas y Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo) contestan, entre otras cosas, que:
El Archivo General de la Guerra Civil "originariamente, hasta 1977/1979, fue la Oficina de Investigación y Propaganda anticomunista, creada por Orden de 20 de abril de 1937; la Delegación Nacional de Asuntos Especiales, creada por otra del 29 de mayo de 1937; más Delegación del Estado para Recuperación de Documentos creada por Decreto de 26 de abril de 1938, cuyos fondos quedaron depositados en el Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil”). En el Archivo Histórico Nacional se conserva, pueblo a pueblo, para toda España, la información que fue elaborada por los vencedores del denominado Alzamiento Nacional para Instrucción de la «Causa general» sobre los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja, creada por Decreto de 26 de Abril de 1940 y encomendada al Ministerio Fiscal. Entre los nueve estados creados para obtener esta información, los más relevantes, aquí y ahora, serían el estado número 1 que se denominó “RELACION de personas residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecieron y se cree fueran asesinas”, más el estado número 2 que fue denominado “RELACION de cadáveres recogidos en este término municipal, de personas no reconocidas como residentes en él, que sufrieron muerte violenta durante la dominación roja”. Los cuales pudieran aportar, quizás, alguna luz sobre lo que es el objeto de esta causa.
Muchas de las victimas objeto de muerte, mediante tal método revestido de esta apariencia judicial, han sido también objeto de desapariciones forzadas pues de muchísimas nunca fue dada razón de paradero de sus restos humanos ni tampoco estas muertes han tenido su anotación civil por fallecimiento. A modo de ejemplo, los casos planteados en las presentes diligencias por D. Javier Jiménez Corcho y por D. Alfonso Fernández Pacheco, que serán ampliados de inmediato.
Remiten la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Valladolid, que había planteado lo ocurrido en una exhumación practicada en Aldeaseca (Ávila).
Denuncia que se sintetiza en que, una vez que no fueron hallados los restos humanos que se pretendieron exhumar, en el mes de Octubre de 2003, resultó comprobado que éstos ya lo habían sido con anterioridad, en 1959, para su traslado al denominado Valle de los Caídos, un mes antes de la inauguración.
Es decir, que la denuncia queda tomada como muestra de lo que seguidamente pasamos a detallar sucintamente:
sobre el 31 de octubre de 1958, el entonces Ministro de Gobernación del régimen, Camilo Alonso Vega, remitió circular a todos los gobernadores provinciales de España en la que se daban instrucciones de recabar información sobre los restos humanos susceptibles de ser trasladados al denominado “Valle de los Caídos”, con motivo de su inmediata inauguración, lo que tuvo lugar al año siguiente, pese a que su construcción se ordenó e inició en 1940. (Con todas las cautelas, entendemos que esto podría tener cierta relación, o cierta continuidad, con los estados 1 y 2, antes citados, éstos confeccionados a raíz de la instrucción de la Causa General en 1940). Toda la información oficial, provincia a provincia, de estas exhumaciones e inhumaciones masivas, y sin ninguna clase de información pública, se encuentra depositada en el Archivo General de la Administración, C/ Paseo de Aguadores, 2 CP 28871 Alcalá de Henares (Madrid), en el Fondo Antiguo de Gobernación e Interior (sección 8).
Pero bien, es, al mismo tiempo, cuestión relevante que, por indicios diversos que poseemos, se apunta a que, en el monasterio de la Abadía Benedictina de la Sta. Cruz del Valle de los Caídos, sita en lugar de Cuelgamuros, administrada por una fundación dependiente de Patrimonio Nacional, órgano éste del Ministerio de Presidencia, podrían hallarse los restos humanos de unas 50.000 personas, muertas con motivo del denominado Alzamiento Nacional (citaremos ilustrativamente que el número de registro del padre del firmante de dicha denuncia es el 26.569 hecha el 21 de julio de 1965 y el número de orden de las cajas con los restos de los desaparecidos – que incluían una mujer - de Pajares de Adaja del 359 al 364). Personas todas las enterradas en este lugar que, en porcentajes análogos, son tanto afines al bando sublevado como afines a la II Republica Española, aunque el monumento está erigido solamente en honor de los primeros. Aprovechamos esa ocasión también para reseñar que a la gestión de este lugar ha quedado hecha referencia en la D.A. sexta de la Ley 52/2007, de 27 de Diciembre.
Como se indicaba en la citada denuncia, registrada a finales del 2007, la comprobación de los promotores es también que, tanto la Abadía de dicho monasterio como la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial tienen acceso a los nombres de un importante número de las personas allí enterradas, aproximadamente la mitad, mediante fichas con los datos de aproximadamente la mitad de los allí enterrados y que se encuentran en 19 archivos.
Solicitan al juzgado que pida a distintos organismos y departamentos datos sobre víctimas de la represión franquista: al Archivo General de la Administración, especialmente el Fondo Antiguo de Gobernación e Interior (sección 8); a la Abadía Benedictina de la Sta. Cruz del Valle de los Caídos para que “informe sobre los nombres de la personas que están enterradas allí, procedencia geográfica de los restos y causa del enterramiento allí hecho” y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo de El Escorial.
Esta petición, entre otras, como la personación de la CGT, será atendida en una providencia de fecha 28 de agosto de 2008, firmada por Baltasar Garzón (así subrayado en el original):
“6. El escrito de fecha 31 de julio de 2008 [entiendo que se refiere a la fecha de entrada, no a la de la firma] presentado por la Procuradora Sra. Dª María José Millán Valero, en la representación legal que ostenta, únase y se tiene por efectuadas las manifestaciones contenidas en el mismo y líbrese oficio al Archivo General de la Administración a fin de que emita un informe o identifique el organismo que pueda dictaminar sobre el número de desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936 como consecuencia directa del denominado “alzamiento nacional”, y la situación de guerra civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España. En la medida de lo posible se identificarán los casos y si han existido denuncias por las desapariciones.
Asimismo, líbrense oficios a la Abadía Benedictina de la Sta. Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial, en el mismo sentido que el anterior, para que se proporcione oportuna información sobre los nombres de las personas que en este lugar están enterradas, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento allí hecho”.
Y más adelante, en el mismo texto:
“A la Conferencia Episcopal Española para que comunique a todas y cada una de las parroquias de España que deberán permitir el acceso a la Policía Judicial, que será designada por este Juzgado, para la finalidad de la identificación de las posibles víctimas desaparecidas a partir de aquella fecha y en virtud de que el Centro Documental de la Memoria Histórica informa en fecha 14 de agosto de 2008 que una de las fuentes de información que interesa a esta causa es de los libros de difuntos de las parroquias de la Iglesia Católica”.
Esta providencia y, especialmente, los tres párrafos que acabo de citar, tendrán una repercusión notable, acabando el mes de agosto, a la hora de la siesta. Todos los periódicos nacionales y un buen número de blogs recogieron la noticia a partir del 1 de septiembre, más o menos con el mismo titular:“Garzón pide al Valle de los Caídos la cifra de enterrados durante el Franquismo”.
Libertaddigital, siempre original, preferirá este titular:
"A PETICIÓN DE CUATRO ASOCIACIONES. Garzón quiere censar a los republicanos desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo"
“El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos. Garzón comienza estas actuaciones sin haber resuelto todavía el chivatazo a ETA.”
Ya.es, también muy original, titula así: "PIDE AL VALLE DE LOS CAÍDOS UN LISTADO SOBRE LOS DESAPARECIDOS EN LA GUERRA CIVIL. Garzón investigará la Memoria Histórica, pero sólo a partir del "alzamiento nacional". ---------
La información sobre la petición de las víctimas la he obtenido de aquí: http://lamemoriaviva.files.wordpress.com/2008/12/audiencia-nacional-archivos.doc. El documento contiene un curioso párrafo final.
Aquí está el extracto al que me he referido más arriba. Aquí el auto de Garzón de 28 de agosto citado. 4. Juzgado Central de Instrucción número 5. Providencia de 25 de septiembre de 2008
Diligencias previas 399/2006Inicie sesión para comentar
Una copia del auto puede descargarse haciendo clic aquí.
Responde a distintas solicitudes de los demandantes: lo interesado por Ana Gutiérrez del Álamo, en representación de Carmen Dorado Ortiz, el 8 de septiembre de 2008; lo interesado el 12 de septiembre, en dos escritos distintos, por María José Millán Valero, procuradora de varias asociaciones de víctimas; en general a numerosos escritos sobre relaciones de personas desaparecidas enviados a la Audiencia Nacional.
Se continúan los trámites con la conferencia Episcopal, con el Abad de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, con el director del Archivo General de la Administración y con el Ministerio de Defensa.
Carmen Dorado Ortiz
Su petición, cuyo contenido ignoro, fue tomada en cuenta, pero se pospuso hasta que se decidiera sobre la competencia de la causa. En este momento, el titular del juzgado, Baltasar Garzón, está realizando diligencias previas para determinar si es competente para instruir lo solicitado en las distintas querellas, lo requerido por Carmen Dorado, dice, no cabe en este momento del proceso.
Buscando a Carmen Ortiz por la Red he encontrado más información sobre su caso, hay bastante. Escojo una carta de su hija dirigida al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido:
“Con fecha 23.6.2006 tuvo entrada en la Fiscalía General del Estado la denuncia interpuesta por mi madre Dñª Carmen Dorado Ortiz referente al secuestro y asesinato de su padre D. Luis Dorado Luque, Diputado socialista por la ciudad de Málaga en las elecciones de febrero al congreso de los diputados de 1936. Hechos que documentalmente acreditamos tanto en lo referente a su condición de diputado como al secuestro en la estación ferroviaria de Alcolea, así como documentos que acreditan su estancia, los días previos a su asesinato, en dependencias militares de la ciudad de Córdoba, el registro de entrada y enterramiento del cementerio de la Salud de dicha ciudad y el informe de la autopsia practicada a mi difunto abuelo que acreditan que murió por arma de fuego .
A la vez, denunciamos la manipulación del Registro Civil al inscribirlo como “varón desconocido” cuando figuraba identificado por su documentación, se procede a su enterramiento por orden judicial y es trasladado en una ambulancia de la cruz roja al cementerio.
También se le comunica que durante los años 1979-80 la viuda de D. Luis Dorado Luque inicia acciones para su reconocimiento como viuda y que esto no ocurrió hasta 1993 y después de tener que recurrir a la justicia ordinaria para declarar fallecido a su marido por medio de la declaración voluntaria de fallecimiento.
Se pone en su conocimiento que con fecha de hoy su hija y nietos todavía no tienen el cadáver de su deudo ni se ha modificado la inscripción manipulada del registro civil de Córdoba, ni han sido reparado moral ni económicamente por tan palmaría injusticia a los que el Estado Español parece que responde con desprecio y burla”.
Primer escrito de fecha 12 de septiembre de 2008 presentado por María José Millán Valero María José Millán Valero es una procuradora que representa a numerosas asociaciones de víctimas. Sí he localizado este documento, puede consultarse aquí (*). La procuradora, en este caso en representación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada y de Nieves García Catalán, a la vista de las numerosas investigaciones privadas que concluyen que el 18 de agosto de 1936 Federico García Lorca, Dioscoro Galindo, Francisco Galadí Melgar y Joaquín A. Cabezas fueron asesinados en una cuneta entre Víznar y Alfacar y enterrados a pocos metros de allí, acompaña un proyecto técnico para la exhumación de los restos de Dioscoro Galindo y Francisco Galadí Melgar y solicita que se proceda a ella.
El juez instructor contesta que no procede atender lo solicitado en tanto no se resuelva la cuestión de competencia. Segundo escrito de fecha 12 de septiembre de 2008 presentado por María José Millán. Enlace (*)
En el que, actuando en representación del Fòrum per la memòria del País Valencià, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas, la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Valladolid, la Asociación para Recuperación de la Memoria y la Justicia de Andalucía, la Associació per la Recuperació de la Memoria Històrica de Catalunya, la Associació per la Recuperació de la Memoria Històrica de Mallorca, la Comisión po la Memoria Histórica do 36 de Ponteareas y la asociación Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo), aporta una “relación de las juntas militares y gobiernos creados en España con motivo de la sublevación militar de 17 de julio de 1936” y “el Bando de Guerra de 28 de Julio de 1936 (dictado para todo el territorio nacional y derogado por decreto de 7 de Abril de 1948)(…), durante cuyas vigencias produjeron las desapariciones y los hechos que son objeto de este procedimiento” y solicita que se admita el escrito y “se acuerde incorporar a las presentes actuaciones el detalle de las juntas militares y los gobiernos creados a raíz del citado golpe militar y el bando de guerra que sus promotores dictaron”.
Garzón admite el escrito y da por efectuadas "las manifestaciones contenidas en el mismo respecto de la relación de Juntas Militares y Gobiernos creados en España con motivo de la sublevación militar de 17 de julio de 1936”. Escritos conteniendo relaciones de personas desaparecidas
Dado que existe la posibilidad de que haya identidades repetidas, solicita a los denunciantes que aporten un listado único en el plazo de una semana.
En la providencia de 29 de agosto, el Juzgado Central de Instrucción número 5, solicitaba a la Conferencia Episcopal Española que “comunique a todas y cada una de las parroquias de España que deberán permitir el acceso a la Policía Judicial… para la finalidad de la identificación de las posibles víctimas”, dirigió su oficio a la Junta de Asuntos Jurídicos de la Conferencia, presidida por el obispo de Salamanca, Carlos López. No he podido localizar en la Red el documento con el que respondieron los obispos, lo recogido en la fecha por el diario ABC fueron estas declaraciones: “la Conferencia es un órgano de asesoría interna que «no tiene jurisdicción ni capacidad de decisión» y, por tanto, el presidente de la misma no tiene competencias para responder al requerimiento del juez”. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas ordena que si un órgano recibe una petición que no está dentro de su competencia debe remitirla al órgano que estime competente, es una garantía para los solicitantes; obviamente, la Conferencia Episcopal Española, los obispos españoles, no están obligados por esta ley. Otro tema es si tendrían alguna obligación moral.
Las relaciones entre el Estado español y el Vaticano estaban reguladas en ese momento por un acuerdo de 1979, supongo que aún sigue vigente, en el que se reconoce que “el Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas”. Legalmente pueden negarse.
Garzón ordena que se curse nuevo oficio “para que por el organismo que corresponda de la Junta Episcopal o de la Conferencia Episcopal, y, en aras a la colaboración con la Administración de Justicia, se dé traslado del mismo a cada uno de los Ordinarios de las diferentes diócesis españolas, con el fin de que por estos se impartan las órdenes oportunas a cada una de las parroquias y registros respectivos de su jurisdicción para que, guardando la debida confidencialidad, aporten la información requerida de forma precisa para tomar las decisiones oportunas sobre el objeto de la causa, una vez se decida la competencia y para este mismo fin”.
El Abad de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos
Igualmente, en la providencia anterior, el Abad había sido requerido para que informara sobre los nombres de las personas enterradas en la abadía, al parecer unas 50.000, según los demandantes. Encuentro una aproximación a la respuesta emitida en las declaraciones del Abad, Anselmo Álvarez, a la Cadena Ser, recogidas por el diario 20minutos en un artículo titulado “Desenterrar la memoria”: todos los allí enterrados “son muertos durante la guerra o en acciones de guerra”. El abad aseguró asimismo que en la abadía no existe ningún listado de fusilados durante la guerra civil y los primeros años de la dictadura franquista”. De hecho, actualmente se ignora el número exacto de las personas enterradas allí.
Garzón incorpora la respuesta del Abad y ordena que se le remita un nuevo oficio para que “en plazo razonable pero urgente, evacúe la contestación y proceda al cumplimiento de lo solicitado, expresando, en su caso, las dificultades y forma de subsanarlas”.
Director del Archivo General de la Administración
En la providencia de 29 de agosto, se le había solicitado que emitiera un informe o identificara al organismo que pudiera dictaminar sobre el número de desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936 y durante la posguerra y que indicara si constan denuncias por las desapariciones. A la vista de la respuesta recibida, ordena que se curse un oficio a la Dirección General de los Registros y del Notariado y, en cuanto a la documentación disponible en el Archivo General, se interesa por distintos fondos documentales, entre ellos y por citar alguno, los fondos del antiguo Ministerio de la Gobernación, concretamente por los expedientes de traslados de restos al Valle de los Caídos entre los años 1958 y 1968; el fondo documental de la Dirección General de Prisiones para extraer un listado de “detenidos como consecuencia de la guerra, juzgados y condenados y fallecidos por “causas comunes” en prisión” o del Fondo documental de la Administración Central para que se faciliten los datos sobre funcionarios separados de la función pública durante y después de la guerra, aportando información sobre si el funcionario falleció, emigró o está en paradero desconocido.
Se interesa por distintos archivos militares. Del Archivo General de Ávila y el de Segovia, que elaboren un informe, basado en los partes de guerra disponibles, sobre desaparecidos, muertos, heridos o desertores, excepto los que hayan aparecido posteriormente; del Archivo Militar de Guadalajara, para que elabore un listado en el que se contenga la identidad y el número de personas condenadas a muerte por los consejos de Guerra que hubieran sido ejecutadas, indicando el lugar en el que están enterradas o el modo de localizarlas.
(*) Documento obtenido de aquí: http://lamemoriaviva.files.wordpress.com/2008/12/audiencia-nacional-archivos.doc.
Ligeras variaciones locales del idioma español
Sumario 53/2008AntecedentesInicie sesión para comentar
Acuerdo de la Audiencia Nacional, de fecha 21/09/2006, sobre una reclamación de extradición que nos hizo el Gobierno de Argentina: (http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp y allí Audiencia Nacional, Sala de lo penal, 21/09/2006).
Los jueces que intervienen pertenecen al Juzgado Central de Instrucción número 4, son: Félix Alfonso Guevara Marcos, Fermín Javier Echarri Casi, Flor María Luisa Sánchez Martínez. Supongo que se nota, pero lo aclaro: no está Baltarsar Garzón.
Contiene Fundamentos de Derecho muy sorprendentes:
"SEXTO. Por último alega la defensa que los hechos estarían prescritos, al venir referidos a los días 8 y 10 de diciembre de 1977. Dicha argumentación debe ser desestimada de plano. De la propia documental acompañada por las Autoridades argentinas, en concreto del Auto de Procesamiento de 13 de marzo de 2006, se desprende que los delitos reseñados se encontrarían inscritos dentro del marco de los crímenes de lesa humanidad, y por ende los mismos resultan imprescriptibles, de conformidad con la Ley 25.778, cuyo artículo primero otorga jerarquía constitucional a la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad", adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968 y aprobada por la Ley 24.584. Efectivamente, considerados aisladamente los hechos como unas meras detenciones ilegales o como unos aislados delitos de tortura, es obvio que, pasados casi treinta años de su acaecimiento, estaría prescrita la acción penal. Pero no puede olvidarse que tales hechos son encuadrables, como así se desprende de la propia documentación remitida por las autoridades argentinas, en el marco de una represión generalizada ordenada por los integrantes de la Dictadura militar que gobernaba Argentina en aquellos años, y llevados a cabo por un grupo de personas pertenecientes al Ejército, Armada y Policía Federal de aquél país, con base operativa en la tristemente celebre Escuela Superior de Mecánica de la Armada (E.S.M.A). Así las cosas, los hechos acaecidos, en base a la demanda extradicional y a la documentación remitida serían susceptibles de ser calificados como delitos de genocidio y/o de lesa humanidad y como tales imprescriptibles en base al artículo 131.4 del vigente Código Penal español y del artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, sancionada por Argentina mediante Ley 24.584 de 8 de agosto de 2003 . La alegación debe, pues, ser desestimada".
Acuerdan que procede extraditar.
Y me pregunto si el Fiscal General del Estado, el mismo en 2006 que ahora, está enterado de esto y me pregunto cómo actuó la fiscalía y me pregunto si puedo pensar que toda la Audiencia Nacional prevarica.
En España solo redactamos así cuando queremos hacer amigos fuera, el mismo párrafo, pero para consumo interno, queda redactado de esta manera:
Efectivamente, considerados tales hechos como encuadrables en el marco de una represión generalizada ordenada por los integrantes de la Dictadura militar que gobernaba España en aquellos años, no habrían prescrito. Ahora bien, considerados aisladamente los hechos como unas meras detenciones ilegales o como unos aislados delitos de tortura, es obvio que, pasados más de treinta años de su acaecimiento, estaría prescrita la acción penal. Por todo lo anterior resolvemos: que se trata de meras detenciones ilegales o de delitos aislados de tortura; que, así considerados, no son competencia de la Audiencia Nacional; que se empure al que sostenga lo contrario.