Source: https://actualicese.com/sentencia-t-578a-de-21-07-2010/
Timestamp: 2020-06-03 05:20:50
Document Index: 107555283

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 37', 'artículo 37']

Sentencia T-578A
Referencia: expediente T- 2597009
2. La abogada de la señora Urrego advierte que presentó ante el FONCEP solicitud de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. No obstante, mediante resolución No. 000347 de 11 de marzo de 2009, el FONCEP le negó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva por cuanto, en su concepto, no cumple con los requisitos legales pues no tiene la calidad de afiliado a la Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y no cotizó en los términos previstos en la Ley 100 de 1993.
3. La representante de la peticionaria manifiesta que interpuso recurso de reposición contra la decisión mencionada. Sin embargo, a través de resolución No 000703 de 20 de mayo de 2009, el FONCEP confirmó la decisión de negar la indemnización sustitutiva.
5. En virtud de lo expuesto, la señora Myriam Elisa Urrego Beltrán, por medio de apoderada, interpuso acción de tutela contra el FONCEP, con el propósito que “se tutele como mecanismo definitivo los derechos de mi poderdante como son: DERECHO A LA SALUD, DERECHO A LA VIDA DIGNA, DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, DERECHO A LA IGUALDAD, AL TRABAJO, AL MINIMO VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS CONEXOS”, y en consecuencia, se ordene al FONCEP reconocer y pagar la indemnización sustitutiva correspondiente.
7.2. Copia de la Resolución No 00703 del 20 de mayo de 2009 emitida por el FONCEP, mediante la cual se confirma la decisión de negar la indemnización sustitutiva a la señora Myriam Elisa Urrego Beltrán.
7.3 Formato de certificación de información laboral expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el que consta que Myriam Elisa Urrego Beltrán trabajó en la Secretaría Distrital de Gobierno entre el 28 de enero de 1971 y el 19 de mayo de 1978, en el cargo de Inspector de Policía, grado 15. En el mismo formato consta que se hacían aportes a la Caja de Previsión del Distrito, de la Secretaría de Hacienda Distrital.
7.4 Declaración juramentada de la señora Myriam Elisa Urrego Beltrán, ante la Notaria 19 del Círculo Bogotá, rendida el 27 de octubre de 2008, en la cual manifiesta su incapacidad de seguir cotizando al Sistema General de Pensiones para acceder a la pensión de vejez.
9. La Gerente de Pensiones del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones solicitó desestimar las pretensiones de la accionante. Para ello, reiteró las razones planteadas en la Resolución No 00347 de 11 de marzo de 2009, según la cual la señora Myriam Elisa Urrego Beltrán no cumple con los requisitos previstos en el Decreto 1730 de 2001, modificado por el Decreto 4640 de 2005, para acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Lo anterior, porque “(…) de la documentación aportada por la señora MYRIAM ELISA URREGO BELTRÁN, se concluye que nunca estuvo afiliada y por tanto no efectuó aportes al Sistema General de Seguridad Social consagrado en la Ley 100 de 1993, norma esta que contempló por primera vez la indemnización sustitutiva como una prestación económica, y en tal virtud, no podría ser beneficiaria de la prestación”.
Agrega que su representada no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante comoquiera que dio trámite al recurso de reposición mediante la Resolución No 00703 de 20 de mayo de 2009, que confirmó la decisión de negar la indemnización sustitutiva. Al respecto, resalta que se encuentra agotada la vía gubernativa y la peticionaria cuenta con otro mecanismo de defensa judicial lo que hace improcedente la acción de tutela interpuesta, máxime si se trata del reconocimiento de prestaciones económicas. Finaliza, señalando que la acción no resulta procedente como mecanismo transitorio pues no se encuentra acreditado un perjuicio irremediable ni se explica que la “(…) vida decorosa de la señora MYRIAM ELISA URREGO BELTRÁN dependa exclusivamente de la indemnización que por este medio pretende obtener, teniendo en cuenta que desde la última fecha que cotizó para pensión hasta el presente, han transcurrido aproximadamente treinta (30) años sin que haya acudido a la justicia ordinaria para reclamar el derecho que considera, le corresponde.”.
13. El Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 4 de febrero de 2010, confirmó la decisión de primera instancia. El juez reafirmó la existencia de otro medio de defensa judicial y la ausencia de material probatorio en la demostración del perjuicio irremediable, en los siguientes términos: “Al respecto tenemos que la accionante invocó fundamentos jurídicos, dejándolos huérfanos de respaldo fáctico, concadenado con lo anterior, la actora no reúne los requisitos de las personas de especial protección, manifestó encontrarse desempleada, empero, tiene una profesión liberal como es la abogacía, la cual puede ejercer sin ningún tipo de limitación y en ningún momento demostró algún impedimento, a su vez, manifestó afectación del mínimo vital sin acreditar tal situación.”
(i) “Manifieste en qué condiciones económicas vive actualmente. En especial, debe hacer una relación de los bienes de su propiedad, muebles e inmuebles de valor significativo, ingresos y gastos mensuales, anexando, además, copia simple de un recibo de cualquier servicio domiciliario de su residencia.
(ii) Responda el siguiente cuestionario: (a) ¿cuál es su actual estado de salud?; (b) ¿a qué EPS se encuentra afiliada actualmente?; (c) si pertenece al régimen subsidiado o contributivo de salud; y (d) si cuenta con otro servicio o plan de salud que la beneficie.
(iii) Señale quiénes componen su núcleo familiar, la edad de cada uno de ellos, así como el nivel de escolaridad e ingresos de los mismos.”
15. Mediante escrito presentado el 12 de julio de 2010, la señora Myriam Elisa Urrego Beltrán, informó lo siguiente: “(…) Vivo actualmente en arriendo, en la calle (…), estrato tres (3), mis condiciones económicas son regulares, que alcanzan para la manutención y subsistencias básicas.
La suscrita por la edad y condiciones de salud no tengo ingresos fijos mensuales, solo ingresos periódicos por asesoría como Abogada, que no superan el $1.000.000 de pesos mensuales.
b.) Con relación a los gastos mensuales, pago:
Un promedio de $480.000. Pesos mensuales por concepto de canon de arrendamiento
En total de gastos un promedio de $1.180.000 pesos mensuales.
c.)Relación de Bienes Inmueble (sic)
1.) No poseo bienes inmuebles.
2.) Tengo bienes mueble (sic), como son: esenciales de un hogar, como son bienes enseres sin ningún valor significativo.”
Reiteración de jurisprudencia. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de derechos prestacionales.
3. Esta Corporación ha precisado que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución y el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en virtud del principio de subsidiariedad, por regla general, la acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento de derechos pensionales. Bajo este criterio, la jurisprudencia ha entendido que la acción de tutela no puede ser tramitada para decidir conflictos sobre el reconocimiento de una pensión, pues con ese propósito el legislador dispuso los medios y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces competentes.
4. Sin embargo, dada la necesidad de garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales, la Corte ha sostenido que se deben considerar las siguientes excepciones a la subregla de la improcedencia:
(i) La acción de tutela es procedente si no existe otro medio judicial de protección. Como se indicó, en principio, respecto de las prestaciones que se derivan de Sistema General de Pensiones, el legislador dispuso los medios y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces competentes. Sin embargo, puede ocurrir que aunque dicho medio exista, luego de analizar las circunstancias especiales que fundamentan el caso concreto, se concluya que éste no es idóneo o eficaz para garantizar la protección constitucional reclamada. Esta comprobación da lugar a que la acción de tutela sea concedida como mecanismo definitivo de protección de los derechos invocados. En este sentido, de manera reiterada la Corte ha considerado que la condición de sujeto de especial protección constitucional -personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), discapacitados (Art. 47 C.P.) y madres cabeza de familia (Art. 43 C.P.), por ejemplo- y la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se encuentre el accionante, permiten presumir que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos y, por tanto, que la acción de tutela es procedente y debe ser concedida.
(ii) La acción de tutela también será procedente cuando a pesar de existir un medio ordinario de protección idóneo y eficaz, se hace necesario evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del actor. En estos casos, ha dicho la Corte, esa comprobación da lugar a que la acción de tutela sea concedida como mecanismo transitorio hasta tanto la jurisdicción competente resuelva el litigio. Al respecto, es menester considerar que las circunstancias especiales que dan lugar a la configuración de un perjuicio irremediable deben ser analizadas por el juez de tutela a la luz de las especificidades del caso concreto.
(iii) Con relación al análisis sustancial de la solicitud de amparo, la Corte ha sostenido que “es necesario que la controversia planteada suponga un problema de relevancia constitucional”,es decir, que transcienda del ámbito de un conflicto del orden legal y tenga relación directa con el contenido normativo superior. De conformidad con la jurisprudencia, el reconocimiento de una pensión adquiere relevancia constitucional cuando: a.) del conjunto de condiciones objetivas en las cuales se encuentra el accionante, por ejemplo, su edad avanzada, su estado de salud, su precaria situación económica, se concluye que se encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta; b.) se verifica la grave afectación del derecho fundamental a la seguridad social y de otros de derechos fundamentales como la vida digna, la salud, el mínimo vital y el debido proceso; y c.) se constata la afectación de principios constitucionales como el principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la ley, el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal o el principio de irrenunciabilidad de los beneficios económicos establecidos en las normas que dan contenido prestacional al derecho a la seguridad social.
(iv) Por último, esta Corporación ha afirmado que la acción de tutela procede cuando se encuentra debidamente probado que el accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión y, sin embargo, la entidad encargada, luego de la solicitud respectiva, no ha actuado en consecuencia. Así, para admitir la procedibilidad de la acción de tutela en estos casos, quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia de la falta de reconocimiento de una pensión, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, de la titularidad del derecho exigido y de que ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener la protección de sus derechos, salvo que haya resultado imposible hacerlo por motivos ajenos a su voluntad.
Reiteración de jurisprudencia. Alcance de la figura de la indemnización sustitutiva a la pensión de vejez en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
7. En la sentencia T-546 de 2008, se ubicó la figura de la indemnización sustitutiva como parte integral del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Asimismo, se destacó su objetivo cuando no se cumplen los requisitos para acceder a la pensión de vejez o de invalidez en los siguientes términos: “La Seguridad Social, prevista en el ordenamiento Superior como un derecho de naturaleza prestacional y un servicio público de carácter obligatorio, debe garantizarse a todos los habitantes del territorio nacional, y se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado y se sujetará a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
En virtud del citado mandato constitucional, el legislador en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, dictó el Régimen de Seguridad Social Integral, mediante la Ley 100 de 1993, entendido como “el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.”
El primer régimen, estableció la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, como una solución alternativa al pago de la pensión para quienes no logran acreditar los requisitos para obtener el reconocimiento de una cualquiera de esas pensiones. Se trata de un medio para reclamar una compensación por el valor de las sumas efectivamente cotizadas, cuyo monto se calcula teniendo en cuenta la fórmula matemática prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.
Por su parte, el segundo régimen refiere una figura distinta a la indemnización sustitutiva, denominada “devolución de saldos” que opera cuando los afiliados no han alcanzado a cotizar las semanas mínimas, ya sea para que sea concedida la pensión de vejez, de invalidez o cuando no reúne los requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, disponiendo la entrega de “la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos financieros y adicionado con el valor del bono pensional si a ello hubiere lugar.””
8. En suma, la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos constituyen una alternativa para recuperar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones cuando no se cumplen los requisitos para acceder a la prestación bien sea en régimen de prima media o en el de ahorro individual, respectivamente.
9.1 En lo relacionado con la condición de imprescriptibilidad de la indemnización sustitutiva la Corte ha advertido que: “(…) el derecho a la indemnización sustitutiva, como las demás prestaciones consagradas en el sistema general de pensiones, es imprescriptible, en el sentido de que puede ser reclamada en cualquier tiempo. Así, la indemnización sustitutiva, sólo se sujeta a las normas de prescripción desde el momento en que ha sido reconocida por la entidad responsable, previa solicitud del interesado, quien, como se anotó, puede libremente optar bien por elevar el requerimiento para el reconocimiento de esta prestación, o bien por continuar cotizando hasta cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez.”
9.2 En cuanto a que para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva no se exige estar afiliado ni haber cotizado al Sistema General de Seguridad en Pensiones previsto por la Ley 100 de 1993, la Corte ha establecido que: “el artículo 37 de la citada Ley, (…) no consagró ningún límite temporal a su aplicación ni condicionó la misma a circunstancias tales como que la persona hubiera efectuado las cotizaciones con posterioridad a la fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993 o que aquél que pretenda acceder a ella hubiere cumplido la edad para pensionarse bajo el imperio de la nueva normatividad, razón por la cual es evidente que el ámbito de aplicación de la misma está dado por la regla general en materia de normas laborales, esto es, por su carácter de normas de orden público de inmediata y obligatoria aplicación”.
En el mismo sentido, la Sala Cuarta de Revisión resolvió en la sentencia T-1088 de 2007 ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de una persona que había trabajado en el Ministerio de Transporte durante periodos comprendidos entre 1960 y 1967. Así, concluyó que: “(…) el hecho de que el actor se hubiere retirado del servicio con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que, en consecuencia, las cotizaciones que efectuó hayan sido aportadas en una fecha anterior a ese momento, en nada afecta su derecho a que su situación pensional sea definida en aplicación de las normas del nuevo régimen.”
También en la sentencia T-099 de 2008, este Tribunal concluyó que no era válido fundamentar la negativa de reconocimiento de la indemnización sustitutiva en el hecho de que el actor no tuvo la calidad de afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, porque sólo realizó cotizaciones hasta noviembre de 1991. En consecuencia, se ordenó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva al accionante, quien laboró para el Departamento de Cundinamarca, durante los años 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1982 a 1984 y 1991.
Por su parte, la Corte en la sentencia T-850 de 2008, considerando que la sentencia T-1088 de 2007 había resuelto un problema jurídico similar, reiteró que: “(…) el derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se encuentra en cabeza de aquellas personas que, independientemente de haber estado afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social en el momento de entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 pero que habiendo cumplido con la edad para reclamar la pensión, no cuenten con el número de semanas cotizadas para acceder a dicha prestación. Además las entidades de previsión social a las que en algún momento cotizó el accionante, deben reconocer y pagar la indemnización so pena de que se incurra en un enriquecimiento sin causa.”. Y en consecuencia, ordenó al Fondo de Pensiones del Departamento del Tolima el pago de la indemnización sustitutiva al accionante, quien había prestado sus servicios como conductor en la Universidad del Tolima desde el 19 de febrero de 1971 hasta el 7 de marzo de 1982.
Asimismo, la sentencia T-982 de 2008 ordena al municipio de Sincé (Sucre) pronunciarse sobre el reconocimiento de la indemnización sustitutiva del accionante, sin que pueda invocarse como excusa para negar la prestación que aquel laboró antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Del mismo modo, con fundamento en las sentencias T-972 de 2006, T-1088 de 2007 y T-099 de 2008, la Corte reiteró en la sentencia T-539 de 2009, que: “(…) las entidades responsables del reconocimiento de la indemnización sustitutiva no pueden oponer a los beneficiarios de esta prestación la circunstancia de haber realizado los aportes correspondientes antes de la promulgación de la Ley 100 de 1993, como argumento para rechazar dichas peticiones. De acuerdo con la reiteración jurisprudencial adelantada, esta oposición desconoce que las disposiciones incluidas en la Ley 100 de 1993 son de orden público, razón por la que son de inmediato y obligatorio cumplimiento y, por ende, han de ser aplicadas a situaciones no consolidadas que se encuentren en curso.”. En esa medida, ordenó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva a un exfuncionario del Departamento Administrativo de Seguridad que había cotizado únicamente en los períodos comprendidos entre el 1° de junio de 1960 al 2° de octubre de 1971 y del 4° de febrero de 1975 al 17 de noviembre de 1977.
En igual sentido, en la sentencia T-080 de 2010, se ordenó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva al accionante, quien prestó sus servicios al Departamento del Tolima desde el 4 de noviembre de 1973 hasta el 5 de mayo de 1992. Para ello la Corte reiteró lo siguiente: “(…) el derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez radica en las personas que, independientemente de haber estado o no afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social en el momento de entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, cumplen en cualquier tiempo con la edad exigida, pero no las semanas mínimas de cotización al sistema para acceder a la pensión de vejez. Por contera, resulta factible que les devuelvan en un solo pago el ahorro que realizaron durante su vida laboral, para que con él suplan las necesidades básicas que les procure una digna subsistencia.”
Finalmente, en reciente sentencia de esta misma Sala se advirtió: “(…) la normatividad que regula el acceso a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, es aplicable a todas aquellas situaciones que al momento en que entró a regir el artículo 37 de la ley 100 de 1993 no se hubieren consolidado, con independencia del régimen pensional de que sea beneficiario el trabajador cotizante. Del mismo modo, no es constitucionalmente admisible negar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez señalando entre otras, las siguientes razones: (i) que las cotizaciones a pensión se realizaron con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y por ello, en virtud del principio de irretroactividad de la Ley, no son aplicables las disposiciones normativas de dicha Ley y; (ii) que a la fecha de retiro definitivo del servicio, el trabajador no había cumplido el requisito de edad exigido en el artículo 1 del Decreto 1730 de 2001.”. En esa oportunidad la Corte estudió el caso de una persona que prestó sus servicios en la Contraloría General de la República desde el 13 de enero de 1978 hasta el 30 de septiembre de 1992, que no pudo seguir cotizando y reclamaba el reconocimiento de la indemnización sustitutiva. De acuerdo con los precedentes jurisprudenciales sobre la aplicación del artículo 37 de la Ley 100 de 1993, la Sala ordenó el reconocimiento de la prestación solicitada.
9.3 Ahora bien, para acceder a la indemnización sustitutiva, según el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, es necesario que el solicitante acredite tener la edad que dispone la norma para pensionarse, así como la manifestación de la imposibilidad de seguir cotizando para pensiones.
11. La señora Myriam Elisa Urrego Beltrán solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva al FONCEP. Sin embargo, mediante resolución No. 000347 de 11 de marzo de 2009, el FONCEP le negó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva por cuanto, en su concepto, no cumple con los requisitos legales pues no tiene la calidad de afiliado a la Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y no cotizó en los términos previstos en la Ley 100 de 1993. De acuerdo con la representante de la peticionaria, luego de instaurado el recurso de reposición contra la decisión mencionada, el FONCEP a través de la resolución No 000703 de 20 de mayo de 2009, confirmó la decisión de negar la indemnización sustitutiva.
13. De acuerdo con el acervo probatorio que obra en el expediente la señora Myriam Elisa Urrego Beltrán trabajó para la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá entre el veintiocho (28) de enero de mil novecientos setenta y uno (1971) y el diecinueve (19) de mayo de mil novecientos setenta y ocho (1978). Con base en ese periodo laborado la accionante solicitó al FONCEP el pago de la indemnización sustitutiva, pues según declaró: “por mi edad y condiciones económicas no estoy en capacidad de seguir cotizando para acceder a una pensión, de vejez y/o jubilación.”.
Sin embargo, el FONCEP le negó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva a la señora Urrego Beltrán, mediante resolución No. 000347 de 11 de marzo de 2009, la cual fue confirmada a través de la resolución No 000703 de 20 de mayo de 2009. El argumento central para denegar el reconocimiento lo constituye la falta de afiliación al Sistema de General de Pensiones de acuerdo con lo previsto en los artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1º del Decreto 1730 de 2001, este último dispone:
d) Que el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera, con posterioridad a la vigencia del Decreto-ley 1295 de 1994, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto-ley 1295 de 1994”. (Subrayado añadido)
Al respecto, la resolución No 000703 de 20 de mayo de 2009 emitida por el FONCEP, concluyó lo siguiente: “Que de los documentos aportados por la señora MYRIAM ELISA URREGO BELTRÁN, no quedó demostrada la calidad de afiliada al Sistema General de Pensiones, pues conforme con la certificación laboral se establece que trabajó al servicio de la Secretaría Distrital de Gobierno, hasta el 19 de mayo de 1978, fecha para la cual no había cumplido con la edad requerida para acceder a la pensión de vejez, y anterior a la entrada en vigencia de dicho Sistema, razón por la cual no resulta favorable el reconocimiento de la prestación, toda vez que no se cumplen con los presupuestos descritos en la norma transcrita.”
15. En segundo término, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales expuestos, no es necesario que el solicitante hubiere cotizado aportes en vigencia de la Ley 100 de 1993 ni que se encuentre afiliado al Sistema General de Pensiones previsto en la misma ley para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva. Esto, para evitar un enriquecimiento sin causa de las entidades que recaudaron los aportes reclamados y reconocer el carácter de orden público que tienen las leyes laborales.
Por consiguiente, se dejarán sin efecto las resoluciones No. 000347 de 11 de marzo de 2009 y No 000703 de 20 de mayo de 2009, mediante las cuales el FONCEP denegó la solicitud de reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de la señora Myriam Elisa Urrego Beltrán, y se ordenará al FONCEP que reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en favor de la accionante, de acuerdo con las semanas de cotización que se encuentren debidamente acreditadas, para lo cual deberá aplicar integralmente lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.
Primero. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, que resolvieron negar la acción de tutela promovida por Myriam Elisa Urrego Beltrán contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, y en consecuencia, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Myriam Elisa Urrego Beltrán.
Segundo. Dejar sin efectos las resoluciones No. 000347 de 11 de marzo de 2009 y No 000703 de 20 de mayo de 2009, mediante las cuales el FONCEP denegó la solicitud de reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de la señora Myriam Elisa Urrego Beltrán.
Tercero.- Ordenar al representante legal del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP- o a quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en favor de la señora Myriam Elisa Urrego Beltrán, de acuerdo con las semanas de cotización que se encuentren debidamente acreditadas, para lo cual deberá aplicar integralmente lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.
Encontre un error en: Sentencia T-578A de 21-07-2010
Comparte Sentencia T-578A de 21-07-2010