Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L731.html
Timestamp: 2019-03-26 02:25:43
Document Index: 236283250

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'in dubio', 'artículo 1', 'artículo 75', 'artículo 124', 'in dubio', 'in dubio']

as20151L731
AUTO SUPREMO Nº 731/2015-RRC-L
Por memorial presentado el 30 de noviembre de 2010 cursante de fs. 590 a 592 vta., Jhonny Pardo Ramírez en representación legal de la Alcaldía Municipal del municipio de Mizque, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 18 de febrero de 2010 de fs. 575 a 579, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Ismael Rojas Duran, por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias en grado de complicidad y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, previstos y sancionados por los arts. 146 con relación al 23 y 150, todos del Código Penal (CP).
b) Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Jhonny Pardo Ramírez interpuso recurso de apelación restringida (fs. 515 a 520); resuelto por Auto de Vista de 18 de febrero de 2010 (fs. 575 a 579), pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba que declaró improcedente el recurso planteado; por ende, confirmó la Sentencia apelada, lo que motivó la interposición del recurso de casación.
Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 431/2015-RA-L de 4 de Agosto (fs. 605 a 607) dictado en el caso de autos, se extrae la denuncia a ser analizada en la presente Resolución, aspecto sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
1) El recurrente afirma que en su alzada restringida acusó que la Sentencia incurre en la causal del art. 370 inc. 1) del CPP, al existir errónea aplicación de ley sustantiva (art. 150 del CP) y de la ley adjetiva (valoración defectuosa de la prueba), manifestando que el Tribunal de Sentencia no valoró correctamente las pruebas judicializadas (F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11, F-12, F-13, F-14, F-15, F-19 y F-20) bajo los principios de la lógica, psicología y la experiencia, omitiendo otorgar el valor que les correspondía, tampoco valoró las declaraciones de los testigos Eddy Jhonny Cavimontes Antezana, María Roxana Lazcano Negrete y Esther Soria Gonzales, quienes refirieron que el imputado era la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación para la adquisición de insumos para el Hospital Augusto Morales Asúa de Mizque, que el instrumental médico e implementos de cama adquiridos eran de mala calidad, lo cual, el recurrente considera que no pueden ser tomados como comentarios y sindicaciones, como advierten los Tribunales de juicio y apelación, arguyendo adicionalmente que una de las referidas atestaciones señaló que el acusado, manifestó que las frazadas fueron adquiridas de un vendedor ambulante.
Al respecto el recurrente alega, que no pretende que el Tribunal de apelación realice una nueva valoración de la prueba; por cuanto, en su alzada precisó que el Tribunal a quo no efectuó una correcta valoración de la prueba testifical ni documental incurriendo en el inc. 6) del art. 370 del CPP; sin embargo, el Tribunal de alzada concluyó que no es evidente que exista valoración defectuosa de la prueba, sin tomar en cuenta que dentro de la fundamentación de la Sentencia no están descritos los medios o elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, tampoco existe una correcta fundamentación intelectiva sobre la prueba testifical y documental. Como doctrina legal invocada, cita los Autos Supremos 233 de 4 de julio de 2006 y 314 de 25 de agosto de 2006.
2) Adicionalmente denuncia que con relación a su agravio apelado acusando la existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva incurriendo la Sentencia en la causal del inc. 1) del art. 370 del CPP, el Tribunal de alzada señaló que carece de sustento y que la falta de valoración de la prueba no tiene relación con el indicado defecto de la Sentencia; aspecto que el recurrente considera contrario al Auto Supremo, aduciendo que plantea el presente recurso de casación al amparo de los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); e invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005.
El recurrente solicita se remita antecedentes a este Tribunal.
Mediante Auto Supremo 431/2015-RA-L de 4 de Agosto (fs. 605 a 607), este Tribunal admitió dos motivos del recurso formulado por Jhonny Pardo Ramírez en representación legal de la Alcaldía Municipal del municipio de Mizque para su análisis de fondo.
Concluido el juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dictó la Sentencia 38/2008 de 12 de septiembre, declarando al imputado Ismael Rojas Duran absuelto de la comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias en grado de complicidad y Negociaciones Incompatibles en el Ejercicio de Funciones Públicas, previstos y sancionados por los arts. 146 con relación al 23 y 150 del CP; fallo que en el Considerando III Actividad Probatoria, que contiene la Fundamentación Probatoria Descriptiva, Intelectiva y Valoración, hace referencia a la prueba aportada por las partes; donde se encuentra la prueba presentada por la acusación fiscal y particular que a su vez cita la prueba testifical y documental, para luego señalar que la defensa renunció a la prueba testifical, documental y pericial propuesta. A continuación ingresa a la fundamentación de hecho, hechos probados y no probados, y ya ingresando en el Cuarto Considerando hace hincapié en los fundamentación jurídica, la fundamentación doctrinal y de las costas.
Ese Tribunal, advierte en su parte sobresaliente que evidenció anomalías en el proceso de adjudicación y adquisición de los insumos e instrumentos médicos, así como de los implementos de cama para el Hospital Morales Asúa de Mizque, deficiencias administrativas que denotan la falta de un Manual de Adquisiciones de Materiales y Suministros de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que el Municipio no cuenta con un Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios en cumplimiento del art. 27 de la Ley 1178, observando irregularidades en los procesos de adquisición de materiales y suministros y deficiencias en el control interno de acuerdo al informe pericial (F-20) así como las declaraciones de Máximo García, Responsable de Almacén, quien afirma que no tenía documentación en la recepción en custodia de los materiales e insumos entregados por la empresa Hospitalaria y que fueron retirados por Maria Solíz, Administradora del Hospital para la entrega el 20 de octubre de 2003 quien le hizo firmar algunos documentos como encargado del almacén.
Asimismo observa que no cuentan con fecha los cuadros de cotizaciones, facturas, proformas que no establecen fecha de recepción, así como las firmas del cotizador que se confunden con el verificador, además de existir contradicciones sobre este hecho con la posible participación de David Escobar y Sandro Morales, así como informes de las resoluciones municipales (prueba documental), las atestaciones de Eddy Jhonny Calvimontes Antezana que posterior al hecho cumplía las funciones de Gerente de Red de Salud en el Municipio de Mizque; que sin embargo, desconoce la documentación y la existencia en almacenes o la distribución a las postas de los insumos adquiridos haciendo conjeturas al igual que los otros testigos Esther Soria Gonzales, María Roxana Lazcano Negrete, Héctor Rene Rodrigues Orellana y Gonzalo Villarroel que desconocen la documentación y el detalle de la ubicación de la adquisición realizada por Resolución DILOS 06/2003 de 2 de septiembre de 2003, que aun después del hecho no se han mejorado, ni implementado los mecanismos de control interno, que la prueba testifical y gran parte de la documental se esfuerzan en determinar la existencia de sobreprecios de frazadas y ropa de cama, aspecto que según ese Tribunal a quo surge por comentarios y sindicaciones que nacen de la generalidad en una conglomeración de personas, en la entrega del material adquirido el 20 de octubre de 2003 donde se conforma una comisión, al respecto los testigos Encarnación Rojas y Fidel Camacho representantes de la Central Campesina, sostienen que existían sobreprecios; pero, por conocimiento común, deficiencia que es arrastrada en las resoluciones municipales e incluso la acusación; empero, no se realizó una investigación seria al respecto, tampoco advierte –el Tribunal a quo- que se hubiere demostrado los elementos del tipo, es decir que Ismael Rojas Duran habría realizado la negociación entre el municipio y con interés propio o para un tercero, la empresa Hospitalaria para la obtención de beneficio para sacar provecho de ella, mas al contrario, considera que no se ha demostrado la existencia de especificaciones en calidad y detalles técnicos para la adquisición del material hospitalario que sumado a la falta de control interno y un adecuado proceso de adquisición de suministros y materiales devienen en evidente responsabilidad por la que fue sancionado administrativamente según la prueba documental (F-15); sin embargo, aseveran que la conducta del encausado de acuerdo a la prueba presentada en juicio no es suficiente para determinar su responsabilidad, existiendo duda sobre su participación en el hecho, así como la concurrencia de los elementos constitutivos de los ilícitos atribuidos, encontrándose frente a una duda razonable, en virtud al in dubio pro reo que favorece al encausado, de acuerdo al art. 363 del CPP.
II.2.De la apelación restringida Jhonny Pardo Ramírez.
El nombrado recurrente, interpuso recurso de apelación restringida, denunciando, en síntesis: La errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 370 inc. 1 del CPP) respecto al art. 150 del CP (Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas); la errónea aplicación de la ley adjetiva y valoración defectuosa de la prueba (art. 370 inc. 6 del CPP).
La Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, emite el Auto de Vista de 18 de febrero de 2010 (fs. 575 a 579), declarando improcedente el recurso planteado y confirmando la Sentencia apelada, de acuerdo a los siguientes argumentos:
Sobre la denuncia de defectuosa valoración de la prueba “errónea aplicación de la ley adjetiva”, luego de hacer hincapié en conceptos doctrinales sobre la valoración defectuosa, así como la doctrina legal adoptada por la entonces Corte Suprema de Justicia a través del Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2006 y las Sentencias Constitucionales 1274/2001-R de 4 de diciembre, 023/2004-R de 7 de enero y 065/2004-R de 13 de enero, el Tribunal de alzada advierte que se encuentra impedido de revalorizar la prueba y que su labor es revisar si en la valoración de los elementos de prueba del Tribunal inferior ha existido error en la aplicación de las reglas de la sana critica, si es confusa, contradictoria o insuficiente o no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento y lógica, es en ese sentido que afirma que de la revisión de la Sentencia apelada se evidencia que el Tribunal a quo en el considerando III realiza la fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva describiendo y valorando como medios probatorios producidos en el juicio.
Continúa señalando que, el A quo determinó, mediante un análisis cognoscitivo de los elementos probatorios que emergen de cada uno de los medios probatorios, en vinculación con otros elementos que surgen de otros medios que analizados de modo integral, los hechos probados y no probados para concluir en la fundamentación jurídica, respecto al delito contenido en el art. 146 con relación al 23 del CP.
Posteriormente, el Tribunal de alzada procede a realizar una transcripción de las partes más esenciales de la Sentencia, para luego afirmar que estas conclusiones emanan de la valoración conjunta y armónica de los medios probatorios producidos en el juicio, apreciación efectuada que no relega los datos que aportan las pruebas, conteniendo a su criterio un razonamiento correcto, porque no se aparta de los criterios legales, la lógica, la psicología y la experiencia, explica suficientemente los fundamentos de su convicción asignando el valor correspondiente a los elementos esenciales de prueba, manifestando en cada caso los motivos por los cuales les otorga o resta valor probatorio con aplicación de las reglas de la sana critica, justificando y fundamentando suficientemente sus razones, la valoración experiencia, conocimiento o de la lógica, el tribunal utiliza adecuadamente las técnicas de argumentación por lo cual en definitiva no se verifican motivos que pongan en duda las razones expuestas y que ameriten la revalorización de la prueba como pretende el apelante, lo cual le lleva a considerar que no es evidente que la Sentencia contenga una valoración defectuosa de la prueba, concluyendo que la Sentencia apelada no incurre en el defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP.
Adicionalmente, hace constar que el apelante no fundamenta el defecto previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP, dejando establecido que el Ad quo ha realizado una descripción pormenorizada de los elementos probatorios incorporados al juicio, expresando de manera detallada su contenido individual y la valoración conjunta de las pruebas de acuerdo al art. 173 del CPP, llegando a la convicción que no se ha probado la concurrencia de los elementos de los tipos delictivos previstos en los arts. 146 con relación al 23 y 150 del CP, reflejando una adecuada y suficiente fundamentación probatoria tanto descriptiva como intelectiva, así como una fundamentación fáctica y jurídica; por lo que, no es evidente que la sentencia carezca de fundamentación o que esta sea insuficiente o contradictoria; consecuentemente, resulta evidente que no contiene el defecto previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP.
Respecto a la errónea aplicación de la ley sustantiva [(inc. 1) del art. 370 del CPP)] sobre el art. 150 del CP, el Tribunal ad quem refiere que en todo caso sería inobservancia de dicha disposición legal sustantiva al no haber sido aplicada por el tribunal al absolver al imputado, reiterando que la valoración defectuosa de la prueba sobre la participación del imputado en el delito acusado, no importa inobservancia o errónea aplicación de la sustantiva, es decir que no existe una valoración correcta de las pruebas en la determinación de los hechos y la participación del imputado situaciones que son propias de otro defecto de la sentencia y no del previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP; sin embargo, de todo ello con relación al delito de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas que es la norma observada por el recurrente, de la revisión de la Sentencia –indica- que se puede constatar que el tribunal si bien admite la existencia de anomalías en el proceso de adjudicación y adquisición de los insumos instrumentos médicos e implementos de cama para el Hospital Morales Asúa de Mizque se debe a las deficiencias administrativas ante la falta de Manual de adquisiciones en la Alcaldía de Mizque, asimismo la existencia de sobreprecios en especial en las frazadas y ropa de cama sólo surge de comentarios y sindicaciones del simple conocimiento común que carece de demostración documental que determine su existencia, tampoco se demostró la existencia de especificación en calidad y detalles técnicos para la adquisición del material hospitalario, no se probó que Ismael Rojas Duran hubiere realizado la negociación entre el Municipio y la empresa “Hospitalia import-export” para sacar provecho en interés propio o para un tercero, y que si bien por las deficiencias detectadas el imputado ha sido sancionado administrativamente, la prueba presentada en juicio es insuficiente para determinar su responsabilidad penal; por lo que, al existir duda sobre su participación en el hecho acusado y la concurrencia de los elementos constitutivos del ilícito, le favorece el principio in dubio pro reo, concluyendo que la absolución determinada por el Tribunal a quo responde a la aplicación del art. 363 inc. 2) del CPP en relación al art. 13 del CP, razones por las que el Ad quem no advierte que el A quo incurra en inobservancia de la ley sustantiva prevista en el art. 150 del CP, por lo que la Sentencia no incurrió en el defecto previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP, en consecuencia asevera que el apelante no acredita los fundamentos de su apelación.
Este Tribunal admitió el recurso interpuesto por el acusador particular, abriendo su competencia a objeto de verificar la posible contradicción del Auto de Vista impugnado con los precedentes invocados y en definitiva establecer si el agravio planteado tiene mérito o no, labor para el cual es pertinente recordar que el recurrente, centra sus agravios ante sus denuncias de defectuosa valoración de la prueba, que no pretende que el Tribunal de alzada realice una nueva; y, que a su agravio referido a la existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva, el Tribunal de alzada señaló, que carece de sustento y que la falta de valoración de la prueba no tiene relación con el indicado defecto de la Sentencia, previamente citado; a cuyo efecto invoca los Autos Supremos 233 de 4 de julio de 2006, 314 de 25 de agosto de 2006 y 444 de 15 de octubre de 2005, para el análisis de fondo.
Para dicho fin, en primer término se procederá a identificar el fundamento de los precedentes invocados, para luego realizar algunas consideraciones de orden doctrinal y normativo respecto a la temática que se denuncia y que serán parte del fundamento del presente Auto, y finalmente, ingresar al análisis concreto del recurso.
El recurrente con relación al primer motivo sujeto al análisis, invocó los siguientes autos supremos:
El Auto Supremo 233 de 4 de julio de 2006, fue pronunciado dentro de un proceso sobre el delito de fabricación de sustancias controladas, donde inicialmente se emitió Sentencia condenatoria, apelada que fue, por Auto de Vista se modifica la Sentencia en cuanto a la pena impuesta incrementándola, recurrido de casación este fallo, fue dejado sin efecto a raíz de que el Tribunal a quo incumplió disposiciones incurriendo en errónea aplicación de la ley sustantiva, valoración defectuosa de la prueba e insuficiente fundamentación, incs. 1), 6) y 5) del art. 370 del CPP; asimismo, el Ministerio Público incumplió el deber de estudio de las actuaciones policiales, habiéndose emitido la siguiente doctrina legal aplicable: “El debido proceso es una garantía de legalidad procesal que protege la seguridad jurídica, la racionalidad de la sanción impuesta y la fundamentación de las resoluciones judiciales de las cuales emerge, de tal forma que las determinaciones de los Tribunales estén siempre reguladas por el ordenamiento jurídico, obedeciendo a los procedimientos señalados por ley. El insuficiente estudio de las actuaciones policiales, la consiguiente imputación errónea, la inadecuada aplicación de la ley sustantiva, la valoración defectuosa de la prueba y la insuficiente fundamentación de los fallos judiciales, constituyen un conjunto de atropellos a las garantías consagradas por la Constitución Política del Estado, que derivan tanto en un procesamiento injusto para los inculpados respecto a los cuales la subsunción en un tipo penal errado atropella sus derechos fundamentales, como a la vez propicia la impunidad para los verdaderos responsables del hecho punible, poniendo en riesgo la credibilidad de la administración de justicia intolerable en un Estado de Derecho. Cometido un ilícito que transgrede la ley especial, debe aplicarse en su procesamiento dicha ley observando el cumplimiento del principio de probidad previsto en el artículo 1° de la Ley de Organización Judicial y considerando tanto en la calificación del delito, como en la aplicación de la penas, la ley especial en su conjunto y las disposiciones contenidas en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Punitivo; igualmente debe tenerse presente el origen de los involucrados en el ilícito, cual es el caso de los indígenas cuya relación marital permanente y estable entraña entre marido y mujer fuertes lazos de compromiso entre sí e ineludibles deberes morales de lealtad, reconocidos en la legislación familiar de la República, al punto de originar excepción de sanción, como la prevista en el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley Especial No 1008. En consecuencia, tales disposiciones corresponden sean valoradas en la aplicación de la penas, observando los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Punitivo”.
Y el Auto Supremo 314 de 25 de agosto de 2006, pronunciado en un caso sobre calumnias e injurias, en el que se dictó Sentencia absolutoria, apelada que fue, por Auto de Vista se declaró improcedente el recurso planteado, que recurrido de casación este fallo fue dejado sin efecto, porque inobservó que la fundamentación de la Sentencia incurre en defectos en su parte descriptiva, lo que no permite ingresar en la consideración del análisis de la Sentencia en su fundamentación intelectiva a efecto de considerar la defectuosa valoración de la prueba incurriendo en el inc. 5 del art. 370 del CPP, resultando los fundamentos del Auto de Vista contradictorios, por lo que se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Considerando, que a tiempo de interponer un recurso, es obligación del recurrente cumplir los requisitos formales, que son a la vez que un instrumento, un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso; es también, una obligación de los administradores de justicia, en resguardo de la garantía constitucional y procesal a la segunda opinión, que a tiempo de dictar sus resoluciones, provean en sus fallos todos los elementos que objetivicen la aplicación efectiva del método de la Sana Crítica en cuanto a la valoración de la prueba, realizando una completa descripción de los medios de prueba, refiriendo qué elementos de prueba rescata de cada medio de prueba, asignándoles el valor correspondiente, relacionando estos elementos en su conjunto y finalmente realizando una fundamentación jurídica coherente, aspectos que hacen al debido proceso y al derecho fundamental a la seguridad jurídica. La motivación es una parte estructural de las resoluciones y su ausencia hace presumir que el juzgador ha asumido una decisión de hecho y no de derecho, vulnerando la garantía del debido proceso y dando razonables motivos a las partes, para dudar de la correcta actividad del titular del órgano jurisdiccional, al desconocer cuales son las razones para que se declare en tal o cual sentido. El estricto cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal por parte del órgano jurisdiccional, provee a las partes los elementos necesarios para cumplir con los requisitos de los diferentes recursos y denunciar los errores que se pudieran haber cometido, no en el concepto de culpa sino en otro más amplio: error en la hermenéutica, en el discurso del Juez o Tribunal al determinar el contenido axiológico de la norma jurídica para aplicarla al caso concreto. En esta medida no debe interpretarse que la interposición de un recurso sea una agresión al Juez o a los miembros del Tribunal que emitió la resolución cuestionada, por cuanto se debe allanar el ejercicio del derecho al recurso judicial efectivo, resguardando el derecho a la seguridad jurídica y garantizando a las partes procesales el debido proceso de ley”.
Con relación al segundo motivo admitido en casación, el recurrente, invocó el siguiente auto supremo:
Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005, pronunciado dentro de un proceso sobre tráfico de sustancias controladas, donde se dictó Sentencia absolutoria, apelada esta determinación, por Auto de Vista se declara improcedente el recurso deducido y confirma la Sentencia, el cual recurrido de casación, fue dejado sin efecto a raíz de que inadvirtió la insuficiente fundamentación y valoración defectuosa de la prueba en la sentencia, en consecuencia emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Que se consideran defectos absolutos cuando en la sentencia no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, omisión que se constituye en defecto insalvable, porque genera incertidumbre a la parte acusadora, este defecto, además se inscribe en el inciso 1) del articulo 370 del Código de Procedimiento Penal, por afectar a la aplicación de la ley sustantiva, tribunales que desconociendo sus atribuciones como el de aplicar la ley que se encuentra estatuida en el articulo 116 de la Constitución Política del Estado en los términos que siguen: "La ley determina las atribuciones de los tribunales y juzgados de la República" y la seguridad jurídica prevista en el articulo 7 inc. a) de la misma Carta Magna. Que la falta de precisión en términos claros, sobre la adecuación del hecho ilícito a los elementos constitutivos, sancionado en el articulo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 19 de julio de 1988, contraviene el principio de legalidad por cuanto en autos, se colige que la resolución emitida por el tribunal de sentencia, no cumplió con la subsunción del hecho al tipo penal de tráfico de sustancias controladas; vicio o defecto que ha surgido en la emisión de la sentencia, por la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, en la concreción del marco penal para la calificación del hecho, la insuficiente fundamentación del fallo y la valoración defectuosa de las pruebas, conforme el articulo 370 incs. 1), 5) y 6) de la Ley 1970, lo que convierte en una indebida resolución de reposición de juicio, así se declara”.
En el primer motivo admitido el recurrente afirma que en su alzada restringida acusó que la Sentencia incurre en la causal del inc. 1) del art. 370 del CPP, al existir errónea aplicación de ley sustantiva (art. 150 del CP) y de la ley adjetiva (valoración defectuosa de la prueba), manifestando que el Tribunal de Sentencia no valoró correctamente las pruebas judicializadas (F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11, F-12, F-13, F-14, F-15, F-19 y F-20) bajo los principios de la lógica, psicología y la experiencia, omitiendo otorgar el valor que les correspondía, tampoco valoró las declaraciones de los testigos Eddy Jhonny Calvimontes Antezana, María Roxana Lazcano Negrete y Esther Soria Gonzales, quienes refirieron que el imputado era la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación para la adquisición de insumos para el Hospital Augusto Morales Asúa, que el instrumental médico e implementos de cama adquiridos eran de mala calidad, lo cual, el recurrente considera que no pueden ser tomados como comentarios y sindicaciones, como advierten los Tribunales de juicio y apelación, arguyendo adicionalmente que una de las referidas atestaciones señalo que el acusado, manifestó que las frazadas fueron adquiridas de un vendedor ambulante. Asimismo alega, que no pretende que el Tribunal de apelación realice una nueva valoración de la prueba; por cuanto, en su alzada precisó que el Tribunal a quo no efectuó una correcta valoración de la prueba testifical ni documental incurriendo en el inc. 6) del art. 370 del CPP; sin embargo, el Tribunal de alzada concluyó que no es evidente que exista valoración defectuosa de la prueba, sin tomar en cuenta que dentro de la fundamentación de la Sentencia no están descritos los medios o elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, tampoco existe una correcta fundamentación intelectiva sobre la prueba testifical y documental.
Al respecto; si bien es evidente que el ahora recurrente planteó inicialmente su alzada denunciando la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 370 inc. 1 del CPP) del art. 150 del CP (Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas); y, errónea aplicación de la ley adjetiva y valoración defectuosa de la prueba (art. 370 inc. 6 del CPP); este Tribunal advierte que el Tribunal ad quem ha momento de resolver la alzada sobre los puntos cuestionados, ha señalado:
En cuanto la errónea aplicación de la ley sustantiva [(inc. 1) del art. 370 del CPP)], sobre el art. 150 del CP, que las alegaciones del apelante, no puede ser constitutivos de una errónea aplicación de la citada norma legal, porque en todo caso sería inobservancia de dicha disposición legal sustantiva al no haber sido aplicada por el A quo al absolver al imputado, efectuando un análisis sobre este planteamiento, sin embargo el Ad quem indica que el a quo si bien admite la existencia de anomalías en el proceso de adjudicación y adquisición de los insumos, instrumentos médicos e implementos de cama para el Hospital Morales Asúa de Mizque, ha precisado que se debe a deficiencias de orden administrativo, ante la falta de un Manual de adquisiciones en la alcaldía de Mizque y que la existencia de sobreprecios en frazadas y ropa de cama, surge de comentarios y sindicaciones del simple conocimiento común, sin que exista demostración documental que la determine, considerando además que tampoco se demostró la especificación de calidad y detalles técnicos para su adquisición; por consiguiente, no se probó que el imputado hubiere realizado la negociación entre el municipio y la empresa “Hospitalia import-export” para sacar provecho en interés propio o para un tercero; y si bien por las deficiencias detectadas éste fue sancionado administrativamente, la prueba presentada en juicio no es suficiente para determinar su responsabilidad penal; por lo que, al existir duda sobre su participación en el hecho acusado y sobre la concurrencia efectiva de los elementos constitutivos del ilícito juzgado le favorece el principio in dubio pro reo, concluyendo que evidencia que la absolución determinada por el Tribunal a quo responde a la aplicación de las previsiones contenidas en el art. 363 inc. 2) del CPP en relación al art. 13 del CP, razones por las que el Tribunal ad quem no advirtió que el Tribunal a quo habría incurrido en inobservancia de la ley sustantiva prevista en el art. 150 del CP, ni que la Sentencia haya incurrido en el defecto previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP.
Asimismo este Tribunal, observa que el Tribunal de alzada a momento de absolver la apelación sobre defectuosa valoración de la prueba “errónea aplicación de la ley adjetiva” (subrayado propio), luego de hacer hincapié en conceptos doctrinales sobre la valoración defectuosa, así como la doctrina legal adoptada por la Corte Suprema de Justicia a través del Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2006 y las Sentencias Constitucionales 1274/2001-R de 4 de diciembre, 023/2004-R de 7 de enero y 065/2004-R de 13 de enero, advierte que se encuentra impedido de revalorizar la prueba, correspondiéndole revisar si en la valoración de los elementos de prueba del Tribunal a quo ha existido error en la aplicación de las reglas de la sana critica, si es confusa, contradictoria o insuficiente o no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento y lógica.
También señala que de la revisión de la Sentencia apelada evidencia que el Tribunal a quo en el considerando III realiza la fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva de la prueba, describiendo y valorándolas como medios probatorios producidos en el juicio, a cuyo efecto procedió a detallar las pruebas que fueron objeto de análisis y que el apelante cuestiona a través de su alzada; es decir, refiere que la prueba de cargo se hallaba comprendida por las declaraciones testificales de Héctor Rene Rodríguez Orellana, Gonzalo Villarroel Moreira, Máximo García, Encarnación Rojas Sarabia, Fidel Camacho, Eddy Jhonny Calvimontes Antezana, Esther Soria Gonzales y María Roxana Lazcano Negrete; prueba pericial con el informe de auditoría especial del Jorge Osvaldo Arnez Miranda F-20; las documentales F-1, F-2 y F-3 Resoluciones municipales del Concejo Municipal de Mizque; F-8, informe sobre seguimiento y revisión de 9 de febrero de 2004; F-9, Informe Final de la Comisión de Ética del Concejo Municipal de Mizque; F-10, Resolución de la Dirección Local de Salud Municipal de Mizque de 2 de septiembre de 2003; F-11, facturas de la empresa “Hospitalia Import-Export” de 10 de octubre de 2003; F-12, Informe de la Comisión de Salud del Concejo Municipal de Mizque de 14 de febrero de 2004; F-13, oficio de los miembros de la Comisión de Ética de 9 de junio de 2004; F-14, nota de la Gerente Propietaria de la empresa aludida de 29 de abril de 2004; F-15, fotocopias de proceso administrativo; F-16, F-17 y F-18 contratos de 16 de febrero de 2004, 22 de noviembre de 2003 y 13 de septiembre de 2003; y, F-19 cuadros comparativos y cotizaciones, advirtiendo que el Tribunal a quo mediante análisis cognoscitivo de las pruebas relacionadas con otros elementos que emergen de otros medios que analizados de modo integral, condujeron a sus miembros al establecimiento de los hechos probados y no probados para concluir en la fundamentación jurídica, sobre el delito contenido en el art. 146 con relación al 23 del CP, llegando inclusive el Tribunal de alzada a transcribir partes de la sentencia, para luego afirmar que estas conclusiones emanan de la valoración conjunta y armónica de los medios probatorios producidos en el juicio, apreciación efectuada que no relega los datos que aportan las pruebas, conteniendo un razonamiento correcto, porque no se aparta de los criterios legales, la lógica, la psicología y la experiencia, las cuales extraña el ahora recurrente y que fueron objeto de verificación por el Tribunal de alzada, quien además aduce que por el contrario, en la Sentencia se explica suficientemente los fundamentos de su convicción asignando el valor correspondiente a los elementos esenciales de prueba, manifestando en cada caso los motivos por los cuales les otorga o resta valor probatorio con aplicación de las reglas de la sana critica, justificando y fundamentando suficientemente sus razones, la valoración experiencia, conocimiento o de la lógica; asimismo, asevera que el tribunal a quo utiliza adecuadamente las técnicas de argumentación, sin que hubiere evidenciado que se cause duda de las razones expuestas y que ameriten la revalorización de la prueba como en el fondo el apelante y ahora recurrente pretende sea nuevamente revisada, analizada y valorada; sin embargo, de ello, del análisis y control efectuado por el Tribunal de alzada concluye que no es evidente que la Sentencia contenga una valoración defectuosa de la prueba, en consecuencia no incurre en el defecto previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP.
Aspectos que desvirtúan la conjetura del recurrente de que el tribunal de Ad quem no hubiere tomado en cuenta que dentro de la fundamentación de la Sentencia no están descritos los medios o elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, tampoco existe una correcta fundamentación intelectiva sobre la prueba testifical y documental, tal cual aduce el recurrente, ya que por el contrario ha procedido a efectivizar su labor de control y revisión del fallo apelado, conforme se desprende de lo precedentemente expuesto; llegando inclusive a señalar de forma expresa y reiterada que el Ad quo ha realizado una descripción pormenorizada de los elementos probatorios incorporados al juicio, de manera detallada su contenido individual, que realiza también la valoración conjunta de las pruebas de acuerdo al art. 173 del CPP, para establecer los hechos probados en el juicio, luego efectúa la subsunción de los hechos probados a los delitos acusados, causando convicción que no se ha probado la concurrencia de los elementos de los tipos delictivos previstos en los arts. 146 con relación al 23 y 150 del CP, lo que conllevó a dictar Sentencia absolutoria, denotando una adecuada y suficiente fundamentación probatoria, tanto descriptiva como intelectiva, así como una fundamentación fáctica y jurídica razonablemente suficientes, exteriorizando las convicciones determinativas que justifican la decisión asumida, razones que el Tribunal de alzada ha expresado en el Auto de Vista ahora impugnado, y que justifican su conclusiones de que no es evidente que la Sentencia carezca de fundamentación o que esta sea insuficiente o contradictoria, ni haya incurrido en defectuosa valoración probatoria [art. 370 incs. 5) y 6) del CPP]; consiguientemente, no se ha demostrado la posible contradicción con los precedentes invocados por el recurrente, resultando el presente motivo infundado.
En el segundo motivo admitido del recurso de casación para su análisis de fondo, el recurrente refiere que apeló, acusando la existencia de errónea aplicación de la ley sustantiva incurriendo la Sentencia en la causal del inc. 1) del art. 370 del CPP; sin embargo, el Tribunal de alzada señaló que carece de sustento y que la falta de valoración de la prueba no tiene relación con el indicado defecto de la Sentencia.
Al respecto, este Tribunal advierte que el Tribunal ad quem ha momento de pronunciarse sobre la errónea aplicación de la ley sustantiva [inc. 1) del art. 370 del CPP] en cuanto al art. 150 del CP; considera que los argumentos disgregados por el entonces apelante no puede ser constitutivos de una errónea aplicación del art. 150 del CP, porque en todo caso sería inobservancia de dicha disposición legal sustantiva al no haber sido aplicada por el Tribunal al absolver al imputado, que no tienen además sustento en los errores de aplicación e interpretación de leyes sustantivas en que hubiere incurrido el Tribunal a quo; sino, en supuestos relativos a una errónea valoración de la prueba y errónea fundamentación probatoria intelectiva que habrían dado como resultado que se establezca de manera incorrecta que el imputado no incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, reiterando que la valoración defectuosa de la prueba sobre la participación del imputado en el delito acusado, no importa inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva -afirmando-, que inobservar la ley significa que no se ha aplicado al caso una norma sustantiva que por su vinculación con el hecho que se juzga debió ser aplicada de manera inexcusable; y, errónea aplicación de la ley sustantiva, quiere decir que por inadecuación o falta de coincidencia existe defecto de subsumir el caso en una norma que no es aplicable, en tanto que la valoración defectuosa de la prueba implica deficiencias en la aprehensión de los elementos probatorios, en el análisis crítico de ellos o en la obtención del resultado, es decir que no existe una valoración correcta de las pruebas en la determinación de los hechos y la participación del imputado situaciones que son propias de otro defecto de la sentencia y no del previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP; no obstante estas aclaraciones del Tribunal ad quem refiere que con relación al delito de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, que es la norma observada por el recurrente, en la Sentencia, el Tribunal a quo observó la existencia de anomalías en el proceso de adjudicación y adquisición de los insumos, instrumentos médicos e implementos de cama para el Hospital Morales Asúa de Mizque; pero, estableció que se han debido a deficiencias de orden administrativo y que al carecer de certeza sobre la responsabilidad del imputado se aplicó el principio in dubio pro reo; por lo que, no se demostró que la Sentencia hubiere incurrido en el defecto previsto en el inc. 1) del art. 370 del CPP; en consecuencia, no consta contradicción alguna entre el Auto de Vista recurrido, con el contenido del precedente invocado, resultando el presente motivo infundado.
Razones por las que se concluye que el Auto de Vista ha resuelto los agravios formulados por la ahora recurrente, explicitando y desarrollando motivo por motivo y las razones por las que no acogió la alzada, consecuentemente no se advierte vulneración del derecho alguno, ni infracción a los arts. 124 y 398 del CPP, en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el recurso de casación en análisis.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jhonny Pardo Ramírez en representación legal de la Alcaldía Municipal del Municipio de Mizque.