Source: https://www.slideshare.net/scompetencia/recopilacin-de-artculos-2006-2009
Timestamp: 2018-02-21 09:46:56
Document Index: 344372885

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 18', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 33', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 33', 'artículo 18']

Recopilación de Artículos 2006 - 2009
Contabilidad gubernamental by Amadeo Estupinian 17322 views
Recopilación de Artículos de Opinión emitidos por La Superintendencia de Competencia
1. RECOPILACIÓN DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN EMITIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 2006 – Mayo 2009 1
2. INDICE PÁG. 1. La tarea pendiente ………………….……………………………………………………………………….……3 2. Técnicas para la investigación de cárteles I ………………………………………….…………………………..4 3. Técnicas para la investigación de cárteles II…………………………………………………………...…….…..5 4. Técnicas para la investigación de cárteles III……………………………….………………..………….….……6 5. Sector Eléctrico y régimen de Competencia ……………………………………………………...……….….….7 6. El rol de los Medios en el Derecho de Competencia ………………………………………………..….….……9 7. Banca y Ley de Competencia en El Salvador ………………………………………………………...………...10 8. Ley de Competencia y Protección al Consumidor……………………………………………………..….……11 9. Competencia en la banca ……………………………………………………….................................……..…..13 10. Banca y Ley de Competencia ……………………………………………………..……………………....……14 11. El Rol de los Medios en el Derecho de Competencia …………………………………………………..…..….16 12. Importancia del Derecho de Competencia en la Curricula Universitaria……………………………..……..….17 13. Los estudios de mercado en función de la Competencia ……………………………………………..…..…….18 14. Importancia de los Estudios de Mercado II ………………………………………………………..……..…….19 15. Política Comercial y Política de Competencia ………………………………………………………..…..……20 16. Normas Técnicas y Competencia …………………………………………………………………..……..……21 17. La Abogacía por la competencia ……………...……………………………………………………..…..……..22 18. Competencia en el Sistema Financiero Salvadoreño ……………………………………………….…...……...23 19. Políticas y Ley, exámenes inter – pares ……………………………………………………………..…..……...24 20. Política de Competencia en la Integración Centroamericana …………………………………….………...…..25 21. Coordinación institucional y competencia ………………………………………………………………....…...26 22. De la facultad de inspeccionar……………………………………………………………………………....…..27 23. La definición del Mercado Relevante……………………………………………………………………….…..28 24. Competencia en las Adquisiciones y Contrataciones Públicas …………….……………………….…………..29 25. Competencia en las Adquisiciones y Contrataciones Públicas…………………………………………….……31 26. Los beneficios de la Competencia I……………………………………………………………………………..32 27. Los beneficios de la Competencia II……………………………………………………………………………33 28. La impugnación de las resoluciones…………………………………………………………………………….34 29. Derecho de Competencia versus Competencia Desleal en Comercio Internacional……………………………35 30. Diferencias entre Prácticas Anticompetitivas y Competencia Desleal………………………………………….36 31. De las consultas de los Agentes Económicos a la Superintendencia de Competencia………………………….37 32. Nuestra Superintendencia de Competencia……………………………………………………………………..38 33. Contradicciones entre la Administración Pública y el Órgano Judicial….……………………………………..39 34. “Carteles”: la amenaza al libre mercado……………………………………………………………….………..40 35. Competencia en los procesos de concesiones……………………………………………………….…………..41 36. Prácticas anticompetitivas en las licitaciones…………………………………………………………………...42 37. Avances y retrocesos en la cúpula empresarial…………………………………………………………………43 38. Competencia………………………………………………………………...…………………………………..44 39. Allanamiento de agentes económicos por mandato judicial…………………………………………………….45 40. Libertad económica y Ley de Competencia …………………………………………………………………....46 41. El derecho de audiencia en la Ley de Competencia…………………………………………………………….47 42. Intercambio de información entre gremiales y Superintendencia de Competencia…………………………….48 43. De las Consultas de los Agentes Económicos a la Superintendencia de Competencia…………………………49 44. Artículo publicado en Competition and Antitrust Review 2007………………………………………………..50 45. Artículo publicado en Competition and Antitrust Review 2008………………………………………………..51 46. Artículo publicado en Competition and Antitrust Review 2009………………………………………………..52 2
3. Art. 01-06 La tarea pendiente Por Ignacio de León Consultor internacional La semana pasada fue divulgado el Informe Anual de Competitividad del INCAE Business School, donde se informa que El Salvador actualmente ocupa el cuarto lugar en competitividad en Latinoamérica, y el primero en Centroamérica. Esta buena noticia reafirma los reportes emanados de Economic Freedom Index, del Heritage Foundation, y otros, donde se comprueba la creciente consolidación de las instituciones económicas del país. Sin embargo hay una tarea pendiente: la instrumentación de una política de competencia. Esta política tiene por objeto abrir los espacios de mercado para propiciar el desarrollo de las capacidades empresariales, que frecuentemente no se emplean a fondo debido a la existencia de barreras legales y otros obstáculos al ingreso de empresas en el mercado impuestos por sectores renuentes a competir. Frecuentemente, la actividad gremial se orienta hacia la consolidación de barreras y condiciones en el ejercicio de la profesión respectiva, o del comercio de bienes, que limitan la actividad innovadora de empresarios que desean explorar nuevas formas de satisfacer los consumidores en el mercado. Por ello, la capacitación técnica y la fortaleza institucional de la autoridad de competencia son indispensables. Esto supone, en primer lugar, que ella desarrolle una orientación muy clara de su propia actuación, para lo cual la autoridad de competencia debe adecuarse su comprensión de los mercados a la realidad de los sectores industriales y comerciales que comprenden el mercado salvadoreño. A diferencia de la orientación dada en los Estados Unidos o la Unión Europea a la política antimonopolios, donde es normal esperar la presencia de muchos más participantes en cada sector, en El Salvador el reducido número de empresas por sector industrial es a menudo consecuencia de la reducida escala del mercado; no de restricciones anticompetitivas. La política de competencia debe evitar condenar per se posiciones de dominio que resulten de estos mercados, inevitablemente concentrados. Igualmente, la autoridad de competencia debe calibrar si las conductas de asociación entre empresarios encubren una intención monopolística, o por el contrario son el producto de las necesidades de dotar a los mercados de una institucionalidad necesaria para resolver problemas de riesgo e incertidumbre, que no son pocos en nuestra realidad económica. Por ejemplo, muchas veces las empresas prefieren integrarse verticalmente con sus proveedores y clientes, que celebrar contratos de suministro o distribución, dada la incierta ejecución de éstos en los tribunales. Otras veces, empresas competidoras encuentran útil asociarse para generar “externalidades positivas de redes”, como es el caso del Valle del Silicón, en California, donde la cercanía de diversas empresas de software apalanca la transmisión de información útil sobre el desarrollo de productos que potencia innovaciones entre todos; no un cartel restrictivo de la oferta. Por estas razones, en El Salvador, la política de competencia debe cuidar no dejarse llevar por el conteo de empresas en un mercado o la alineación de comportamientos para deducir la existencia de restricciones anticompetitivas, sino evaluar, en qué medida los competidores potenciales se ven impedidos de ingresar al mercado por leyes emanadas del Estado, y decisiones gremiales con el mismo efecto. Este enfoque se ajusta a nuestra realidad institucional, pues en América Latina, dada la tradición mercantilista que ha caracterizado nuestras políticas económicas, donde la cercanía al gobierno es percibida como factor de riqueza, el Estado ha sido el principal responsable de restringir la competencia a través de eso que los economistas llaman educadamente “la repartición de rentas”. Por ello, la autoridad de competencia debe volver su mirada hacia leyes y reglamentos que obstaculizan la competencia en el mercado. Ahora bien, revertir esa tradición institucional no es sencillo. Se requiere un gran peso político, amén de una capacidad inusual de persuasión hacia los sectores económicos favorecidos por el status quo, quienes no siempre aceptan de buen grado un cambio de las reglas de un juego económico en el que se sienten cómodos. 1 Componente adicional a los Términos de Referencia Contrato N°09/BID-ATN/SF-9321-ES/2005 3
4. Art. 02-06 Técnicas para la investigación de cárteles I Por Celina Escolán Suay Superintendenta de Competencia El análisis microeconómico tradicional ha desarrollado modelos para explicar el comportamiento de las empresas e industrias bajo distintas estructuras de mercado. En los extremos está el modelo de competencia perfecta y el del monopolio. Estos modelos abstractos son relativamente sencillos como referencia para ubicar una realidad industrial concreta. Se utilizan para saber qué tan lejos o cerca está determinada industria de los referidos modelos. En economía, se concibe la competencia perfecta como el extremo ideal teórico para el cual los mercados deben tender (con excepción del caso de los monopolios naturales); el monopolio “puro”¹ se sitúa en el otro lado del extremo, como la estructura de mercado más ineficiente y que más daño causa a los consumidores. En competencia perfecta, las empresas son tomadoras de precio. En el caso de monopolio, la empresa es la industria, no existe competencia. En ambos modelos no interesa mucho la estrategia. Las estructuras de mercado intermedias arrojan más interés para un análisis estratégico al interior de las empresas individuales. En la práctica, la mayoría de estructuras industriales se asemejan a estructuras de mercado intermedias. Cuando varios agentes económicos que compiten en un mercado de un bien o servicio en particular forman un cártel, tomando decisiones en cuanto a precio, producción o calidad de un bien o servicio en forma paralela, pueden causar un daño muy similar al señalado por el modelo de un monopolio “puro”, dañando más a la competencia y a los consumidores que otras prácticas anticompetitivas perseguidas por la legislación en materia de competencia. De lograrse consolidar y mantener un cártel en forma sistemática; por lo general, el precio de un bien o servicio es elevado a niveles monopólicos, repartiéndose los réditos extras que resultan del funcionamiento del cártel entre los miembros del mismo, réditos extraídos de los consumidores y de la sociedad en general. Por lo antes expuesto, puede entenderse por qué usualmente las prácticas anticompetitivas absolutas² están prohibidas per se en mucha de la legislación en materia de competencia, y son perseguidas y sancionadas de forma tajante. Vale hacer notar que en los países en desarrollo centroamericanos en particular, la lucha contra las prácticas absolutas se complica más por no haberse consolidado una cultura de competencia que coadyuve en la implementación de la política de competencia, al facilitar su aplicación, así como por la falta de una entidad supranacional que vigile y persiga el desarrollo de prácticas anticompetitivas absolutas que involucren a más de un país centroamericano³. 1. Por practicidad, se excluye la estructura de mercado monopsónica “pura”. 2. Las prácticas absolutas se entienden como aquellas realizadas entre competidores, y para efectos de este documento, como las realizadas por un cártel expreso. 3. El “Protocolo de Guatemala” , instrumento de integración, contiene disposiciones en materia de competencia supranacional. 4
5. Art. 03-06 Técnicas para la investigación de cárteles II Por Celina Escolán Suay Superintendenta de Competencia La Ley de Competencia de El Salvador, de manera general, prohíbe los acuerdos, pactos, convenios, contratos entre competidores, así como los actos entre competidores cuyo objeto sea limitar o restringir la competencia o impedir el acceso al mercado a cualquier agente económico. La Ley de Competencia de El Salvador tipifica de manera no exhaustiva las siguientes prácticas absolutas que están prohibidas per se: -Establecer acuerdos para fijar precios u otras condiciones de compra o venta bajo cualquier forma. -Fijación o limitación de cantidades de producción. - Fijación o limitación de precios en subastas o en cualquier otra forma de licitación pública o privada, nacional o internacional, a excepción de la oferta presentada conjuntamente por agentes económicos que claramente sea identificada como tal en el documento presentado por los oferentes. -División del mercado, ya sea por territorio, por volumen de ventas o compras, por tipo de productos vendidos, por clientes o vendedores, o cualquier otro medio. -Asimismo, cuando la Superintendencia de Competencia estime la ocurrencia de una nueva modalidad de prácticas prohibidas que atenten contra la competencia, distintas de las estipuladas en la Ley de Competencia, deberá motivar suficientemente la respectiva resolución y de manera especial deberá consignar en la misma, según sea el caso, el grado de incidencia o gravedad de la infracción, el daño causado, el efecto sobre terceros, la duración de la práctica anticompetitiva, las dimensiones del mercado o reincidencia. Los agentes económicos que incurran en las referidas prácticas no podrán defenderlas con objetivos valiosos o al presentar argumentos atenuantes. Las infracciones por incurrir en las referidas prácticas serán sancionadas con una multa de un máximo de $740 mil. El superintendente de Competencia, funcionario que dirigirá la autoridad de Competencia de El Salvador, tiene la facultad de realizar inspecciones a través de las cuales se examine, ordene compulsas o se realice extractos de los libros, documentos, incluso de carácter contable, y si procediere a retenerlos por un plazo máximo de diez días. Investigación de cárteles Los cárteles se caracterizan por su comportamiento colusivo, al tomar sus decisiones en forma paralela, en aras de crear o fortalecer una posición de dominio en un mercado en particular. Hay dos tipos de conductas: -Colusión expresa: Hay un acuerdo expreso y formal de los agentes económicos de comportarse de manera paralela o conjunta, a fin de maximizar sus utilidades a niveles monopólicos en menoscabo del bienestar del consumidor. -Colusión tácita: Son aquellas donde no hay un acuerdo expreso o formal entre los agentes económicos; empero, actúan de manera conjunta, al alejar sus utilidades de las esperadas en mercados competitivos. Por su misma naturaleza, la colusión tácita es muy difícil de probar y sancionarse, siendo al mismo tiempo este comportamiento generalmente más difícil de mantener, por los agentes económicos involucrados, que el de la colusión expresa. 5
6. Art. 04-06 Técnicas para la investigación de cárteles III Por Celina Escolán Suay Superintendenta de Competencia La Ley de Competencia de El Salvador otorga la facultad al superintendente de Competencia de requerir los informes o documentos relevantes para realizar sus investigaciones —incluso de libros contables—, citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trata, así como realizar las investigaciones necesarias para la debida aplicación de la Ley de Competencia. La información empresarial, comercial u oficial recabada por la superintendencia o presentada a esta por los agentes económicos será protegida por el principio de confidencialidad. Precisamente, para ser efectiva la facultad señalada previamente, el artículo 38 inciso segundo de la comentada ley faculta a la superintendencia a imponer multas hasta por un monto de diez salarios mínimos mensuales urbanos en la industria por cada día de atraso, a las personas que deliberadamente o por negligencia no suministren la colaboración requerida o que, haciéndolo, sea de manera incompleta o inexacta. De las técnicas Entre las técnicas que se dimensionan para la detección de existencia de prácticas anticompetitivas absolutas se contemplan las siguientes: - Análisis histórico de la evolución y comportamiento de las principales variables del mercado relevante del bien o servicio en cuestión. Para lo anterior, principalmente se contempla el análisis de los precios de los principales competidores en los últimos tres años, en particular, la frecuencia del cambio de precios, su dispersión, desviación estándar, así como otras políticas que tengan un impacto directo en los mismos. - Revisión de publicaciones en determinados medios de información, tales como periódicos, revistas o publicaciones industriales especializadas, en donde se publiquen o sugieran precios de venta. - De existir una gremial o asociación que aglutine a los principales agentes económicos del mercado en cuestión, se contempla la revisión y análisis de sus objetivos, el efectivo cumplimento de estos y su legitimidad, reglamentación o estatutos internos, las memorias de labores, el aporte en efectivo o especie que los agentes económicos miembros destinen, así como los funcionarios de los agentes económicos involucrados en la gremial o asociación (jerarquía, responsabilidades, etc.). - Siempre que se tenga indicios suficientes de que determinados agentes económicos están realizando prácticas anticompetitivas absolutas y con el debido respaldo legal, se contempla la inspección in situ de documentos no contables que potencialmente brinden pruebas de las referidas prácticas, tales como notas, correos electrónicos, u otro medio de comunicación entre competidores en donde se acuerde, de forma directa o indirecta, la realización de prácticas anticompetitivas absolutas. - El testimonio de personas que hayan estado involucradas, ya sea de manera directa o indirecta, en el desarrollo de prácticas anticompetitivas absolutas. 6
7. Art.05-06 Sector Eléctrico y régimen de Competencia Por: Ricardo Tablas Intendente Legal de Competencia Uno de los principios fundamentales que provee orientación a los procesos de apertura y liberalización de servicios, que previamente han sido prestados en condiciones de monopolio estatal o por concesión a un único prestatario, hacia una multiplicidad de proveedores, es introducir competencia donde puede haberla y regular donde no se puede. Tradicionalmente, se consideraba que los servicios asociados al uso de una red como la telefonía, el agua o la energía eléctrica, sólo podrían prestarse en un área geográfica determinada por un único prestatario por ser “monopolios naturales”. Sin embargo, en la actualidad, se ha conceptualizado un diseño que permite a múltiples prestatarios tener acceso a una red única como mecanismo para posibilitar la competencia. Esto se logra segmentando las diversas etapas que involucran el proceso industrial que implica la prestación del servicio y obligando al titular de la red que otorgue acceso a precios razonables, no discriminatorios y orientados a costos. En el sector eléctrico se delimitaron cuatro funciones que integran el proceso de prestación del servicio, los cuales son: - Generación de energía eléctrica. - Transmisión de energía eléctrica. - Distribución de energía eléctrica. - Comercialización de energía eléctrica. La transmisión y distribución de energía eléctrica implica la propiedad de redes, la primera de alto voltaje y la segunda de mediano y bajo voltaje. La totalidad de la red de transmisión, constituye un solo sistema interconectado, pues conecta las diversas fuentes de generación con las distintas áreas de distribución; es decir, constituye la autopista que interconecta diversas localidades. Por su parte, continuando con el símil, la red de distribución constituye la red vial propia de cada municipalidad, urbanización y colonias. REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION Y TRANSMISIÓN La transmisión constituye una función que recae lógicamente sobre un dueño único, que debe estar obligado a dar libre acceso a todos los generadores y distribuidores, cobrándoles un peaje por el uso de la misma, el cual no constituye un servicio prestado en condiciones de competencia entre prestatarios sino que un cargo regulado, en nuestro caso regulado por la SIGET. Por otra parte, aunque la actividad de distribución no goza de exclusividad en las diversas regiones o zonas geográficas, de la misma forma que no resultaría lógico construir una calle a doble nivel sobre otra que ya existe para llegar a la misma ubicación, con la única finalidad de permitir dos titulares de carreteras y así “introducir competencia”, no es, en la mayoría de los casos, económicamente viable llevar a cabo las inversiones necesarias para duplicar una red de distribución. Por lo anterior, la actividad de distribución está sujeta a regulación, lo que implica que la prestación del servicio no podría darse bajo condiciones de competencia en un mercado libre, sino que es necesaria la existencia de una autoridad estatal que regule, determine, apruebe y supervise el precio que las empresas distribuidoras cobran por el uso de su red. Esto significa que las empresas distribuidoras no están en la libertad de subir los precios de acuerdo a una estrategia comercial y empresarial determinada, pues tanto la calidad (seguridad, estándares de construcción, continuidad del servicio, entre otros), como los cargos están normados con carácter obligatorio. En conclusión, la actividad de distribución tiene un componente propio de regulación mayor que de competencia, ya que su actividad es propensa, por su propia naturaleza, a una mayor regulación control y estatal. LA GENERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA Ahora bien, los segmentos que sí admiten una mayor pluralidad de empresas en condiciones de competencia son las de generación y comercialización de energía eléctrica. Por ello, múltiples empresas y diversas tecnologías como la hídrica, la térmica o la geotérmica, que poseen individualmente una estructura de costos muy diversa, suman sus producciones para suplir la variante demanda horaria y estacionaria. 7
8. En este mercado no existe una determinación por acto de autoridad de los precios que se ofertan, sino que cada una de ellas presenta su oferta de energía con veinticuatro horas de anticipación para cada bloque horario y la más barata de ellas necesaria para suplir la demanda es la que se despacha. Por su parte, la comercialización de energía eléctrica es el segmento menos desarrollado del mercado, esta actividad implica la compra al por mayor de energía eléctrica a los generadores y venta a los usuarios ubicados en cualquier área de las distribuidoras. Actualmente, todas las empresas distribuidoras, además de dedicarse a dicho servicio, comercializan la energía eléctrica a los usuarios ubicados en su red y existe muy poco conocimiento de que se puede contratar con una empresa comercializadora distinta que compite en el mercado de suministro de energía. La mayoría de los clientes ubicados en el área de cada distribuidora son clientes de esa distribuidora y al desconocimiento mencionado se añade la mayor o menor complejidad que los trámites necesarios para cambiarse de una empresa a otra pueden presentar. La competencia en cualquier mercado supone el manejo por parte de los usuarios de basta y buena información respecto de los productos y funcionamiento de los mismos, el poder de sus decisiones es el contrapeso que origina el proceso de eficientización en la colocación de recursos en el proceso productivo. Sin consumidores informados el funcionamiento de cualquier mercado se ve fuertemente distorsionado, con ello, se potencian abusos y además se torna susceptible a influencias de intereses distintos de los propiamente económicos o técnicos; el servicio tiende a ser presa política, lo que en sí provoca inestabilidad, y esto es freno de inversión y desarrollo y factor, por sí mismo, de encarecimiento artificial del servicio. 8
9. Art.06-06 El rol de los Medios en el Derecho de Competencia Por: Xiomara Acosta de Ochoa Jefe de Comunicaciones Superintendencia de Competencia En toda sociedad los medios de comunicación se constituyen como un pilar fundamental en su contribución al desarrollo económico y social de los países; en el ámbito de Competencia de igual manera, los medios tienen un papel preponderante, tanto en el sentido de promoción de la Ley, como por constituirse en fuente de información para los casos de investigación y estudios que se realicen por la autoridad de Competencia. En ese sentido es que se vuelve imprescindible el conocimiento que sobre la aplicación de la Ley tengan los que escriben y hacen noticias. El objeto de la Ley es promover, proteger y garantizar la competencia, mediante la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas que limiten, restrinjan o impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico, precepto que es de vital conocimiento, pero también es necesario comprender qué se entiende sobre prácticas anticompetitivas, cuales son y como pueden darse. El interés nuestro es que los periodistas estén conscientes del importante rol que tienen en sus manos; que los procedimientos, a diferencia de otras leyes, se rigen por un término de tiempo fundamentado en la Ley, porque deben estar sustentados en un análisis económico, técnico y legal. Para los agentes económicos es importante que se les garantice la confidencialidad de información dentro de la investigación; la infracción a esta disposición por parte funcionarios y empleados puede ser motivo para la destitución del cargo, sin perjuicio de la responsabilidad penal que amerite (artículo 18 de la Ley de Competencia). Lo anterior explica porqué no podemos dar a conocer los detalles y hallazgos de un proceso de investigación. En el tema de competencia, los medios de comunicación pueden coadyuvar en los esfuerzos que realiza la Superintendencia en promover una cultura de Competencia a través de reportajes, editoriales, investigaciones y notas periodísticas, entre otros, con fundamento en el conocimiento pleno de la normativa aplicable y los procedimientos correspondientes. En El Salvador, periodistas, agentes económicos y la sociedad en general están conociendo casos en los que podría verse afectada la competencia; por ello es importante el grado de comprensión que tenga la sociedad, tanto de la Ley como de otras políticas relacionadas. Es vital que todos conozcan que la Superintendencia de Competencia debe, por Ley, dar a conocer las resoluciones firmes, contribuyendo con esto al desarrollo de una cultura de competencia y al mejor entendimiento de la aplicación de la Ley. En el Plan Operativo 2006-2010 se contempla el desarrollo de un Programa de Divulgación y Promoción Institucional, que consiste en una difusión masiva de la Ley de Competencia y del quehacer de la Superintendencia, con el objeto que la sociedad salvadoreña, en general, conozca la nueva herramienta que permite velar por la eficiencia económica en función de una sana competencia en el país y del bienestar de los consumidores. Como parte de dicho Programa se ha girado invitación a los distintos medios de comunicación la que se espera tenga eco y respuesta positiva, ya que esta parte de la agenda aún está pendiente de desarrollarse, despertando el interés por el tema. Estamos creando cultura de competencia, por lo que este momento resulta idóneo para instar a todos los agentes económicos a brindar su colaboración y ayuda para difundir todos los aspectos de la Ley. Lo nuevo puede encontrar resistencia y este es otro de los puntos donde los medios juegan un papel preponderante, el abrir brecha y hablar de temas casi desconocidos para la población, creando cultura, ratificando el rol educador de los medios de comunicación. Las puertas de la Superintendencia están abiertas para todos los sectores: empresarios, comerciantes, industriales, académicos, organismos no gubernamentales, servicios, sociedad civil en general y medios de comunicación; la invitación está hecha. * Las ideas vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona que escribe y no representan una posición oficial de la Superintendencia de Competencia o autoridad alguna 9
10. Art.07-06 Banca y Ley de Competencia en El Salvador II Por: Marlene Tobar Economista Superintendencia de Competencia El debate sobre la estructura adecuada en el sector bancario continúa estando vigente sin que exista un consenso definitivo al respecto. Carol Ann Northcott en su documento “Competition in Banking: a Review of the Literature” afirma que la meta no debería ser eliminar el poder de mercado, sino facilitar un ambiente que promueva la competencia. Así, los costos potenciales del poder de mercado son mitigados, y los impactos indeseables posibles de la competencia en la estabilidad y solvencia del sistema se reducen por medio de una regulación prudencial que promueva la contestabilidad del mercado1. La ley de Competencia salvadoreña está en línea con estos argumentos que sostienen que los objetivos de eficiencia y estabilidad pueden ser alcanzados independientemente del número de instituciones participantes en dicha actividad. Por tanto, no persigue una determinada estructura sino propicia, promueve y asegura igualdad de condiciones para los agentes económicos buscando remover o limitar posibles obstáculos a la entrada. La superintendencia de Competencia en su labor de abogacía de la competencia deberá estudiar el sector en aras de realizar recomendaciones concretas en materia de políticas públicas o reformas de leyes que pudieran limitar o impedir la entrada a nuevos competidores. De forma ilustrativa y ejemplificativa puede mencionarse los prototipos de prácticas que hipotéticamente podrían darse y que se encuentran dispuestas en la ley de competencia. En el artículo 25, se prohíbe los acuerdos entre competidores, por precio, cantidad o territorio. En el sistema bancario se traduciría en prohibición explícita de acuerdos en la fijación de diversos cargos cobrados como serían las comisiones, o la limitación en la cantidad de ofrecida de crédito que no sea justificable económicamente. Adicionalmente, estaría prohibida la distribución de clientes por tipo, territorio geográfico o servicio ofrecido o por otro criterio que nuevamente no se justifique mediante razones económicas o financieras válidas. El artículo 26, postula la imposibilidad de realizar ventas atadas, es decir la venta de un producto bajo la condición de adquirir otro bien o servicio afín de esta misma empresa o de otra relacionada. En el sistema bancario esto prohíbe condicionar el otorgamiento de un crédito para vivienda a la adquisición de un seguro de vida de una empresa determinada. Las prácticas referidas en dicho artículo son analizadas caso por caso para determinar que efectivamente constituyan un obstáculo a la libre competencia. Finalmente, el artículo 33 establece obligación de notificación y solicitud de autorización de concentraciones económicas que impliquen una combinación de activos totales que superen los 50,000 o ingresos totales de 60,000 salarios mínimos anuales urbanos de la industria. Para la resolución de estos casos, se realizará un estudio para determinar si dicha concentración genera ganancias importantes en eficiencia económica que redunde en ganancias que sean trasladadas al consumidor. En este último caso la superintendencia no podrá denegar la realización de dicha concentración financiera. *Las ideas vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona que escribe y no representan una posición oficial de la Superintendencia de Competencia o autoridad alguna. 1 Eliminación o reducción de barreras a la entrada a nuevos competidores 10
11. Art.08-06 Ley de Competencia y Protección al Consumidor Por: Mario Cruz Intendente Económico Superintendencia de Competencia El objetivo de la política de competencia es promover, proteger, garantizar y mantener las condiciones de competencia en el mercado con la finalidad de eliminar o limitar obstáculos que pudieran incidir negativamente en la eficiente asignación de los recursos en la economía. De esta forma contribuye a promover un mayor crecimiento económico que redunda en un mayor bienestar para el consumidor. Mediante la consecución de este objetivo, la política de competencia se relaciona intrínsecamente con una gama de políticas públicas como son la protección al consumidor, propiedad intelectual y las políticas comerciales las cuales comparten la finalidad de regular el funcionamiento de los mercados. En el presente artículo se aborda la interrelación entre defensa de la competencia y protección al consumidor. Dicho tema ha comenzado a abordarse enfáticamente de manera reciente tanto en el ámbito académico como de los formuladores de política. Resulta en este momento muy ilustrativo citar las palabras de Spencer Weber quien afirma que “Las leyes de competencia y de protección al consumidor están íntimamente relacionadas, dos caras de la misma moneda de la soberanía del consumidor y por lo tanto de la justicia económica” (In Search of Economic Justice: Considering Competition and Consumer Protection Law). La aseveración anterior encuentra un mayor sustento si se observa que ambas políticas sirven a un objetivo común el cual es en última instancia mejorar el bienestar que el consumidor encuentra en el mercado y por lo tanto se complementan de una forma natural. A pesar que ambas ramas del derecho económico comparten un objetivo común y la necesidad reconocida que éstas operen interrelacionadamente, es importante estudiar las diferencias existentes al momento de poner en práctica los instrumentos jurídicos y económicos de cada una de ellas, así como para generar un mayor conocimiento por parte de la población salvadoreña respecto de los beneficios que pueden obtener en el momento de hacer valer sus derechos en los diversos ámbitos. Diferente racionalidad económica. Sin embargo, la racionalidad económica tras de cada una de éstos campos es diferente y se encuentra definida por el problema económico que cada una de ellas puede afrontar de una manera eficiente. Las políticas de competencia persiguen establecer una estructura de mercado similar a la competencia perfecta. El apelativo de “similar” se utiliza en la medida que intentar reproducir las condiciones de competencia perfecta puede ser un objetivo inalcanzable y algunas veces contraproducente como en el caso de la existencia de economías de escala. Por lo tanto estableciendo objetivos más realistas se prohíben aquellos acuerdos que violan la competencia en igualdad de condiciones, siendo los acuerdos de fijación de precios o cantidades y la división de mercado por parte de competidores las acciones prototipo censuradas por dicha ley. Adicionalmente, son vedadas otro grupo de acciones como son el abuso de la posición de dominio, y escrutadas las fusiones y adquisiciones que pudieran poner en riesgo la libre competencia y en esta medida afectar el bienestar del consumidor. 488 11
12. Segundo titulo La defensa del consumidor está orientada a remediar las ineficiencias del mercado en que se desenvuelven los consumidores y que proviene de la “asimetría en la información” que surge desde el momento que un productor posee mucha más información sobre el producto que está vendiendo o el servicio que ofrece que aquella que los consumidores conocen en el momento de realizar la búsqueda en el mercado. En este sentido, la tutela de los derechos del consumidor abarca un espectro más amplio de áreas entre las que están la prohibición a la publicidad engañosa, regular los contratos de adhesión que realizan los consumidores, las garantías otorgadas por las tiendas que pueden ser reguladas por diversas vías, pero fundamentalmente en el mandato de hacer del conocimiento público los términos, condiciones y cargos a los que serán sujetos los consumidores al realizar una compra, es decir, tal como establece como objetivo la regulación salvadoreña: brindar certeza y seguridad jurídica en las relaciones con los proveedores. Esta diferencia de elementos que tratan ambas disciplinas, establece una independencia sustancial en las funciones económicas, es decir, las herramientas que son utilizadas par la defensa del consumidor son inapropiadas e ineficientes para injerir en la prohibición de prácticas anticompetitivas, y viceversa en relación a los instrumentos de la defensa de la competencia. Interrelación entre ambas. No obstante las diferencias reportadas, lograr una coordinación e interrelación entre ambas políticas contribuye a mejorar el funcionamiento de los mercados y constituye un objetivo importante a perseguir. Por una parte la defensa de la competencia propicia la existencia de productos y servicios competitivos en el mercado y mientras la protección al consumidor por su parte posibilita que los consumidores realicen su elección de los productos libres de fraude, engaños o falsa información (Muris, T, chairman of Federal Trade Comision “The Interface of Competition and Consumer Protection). Dicha interrelación es bidireccional, ya que en la medida que la protección al consumidor incentive a los vendedores a realizar acciones competitivas, transparentes y honestas en el mercado, su ámbito trasciende al objetivo de incrementar el bienestar del consumidor individual ya que adicionalmente está promoviendo una mayor competencia en el mercado. Al mismo tiempo los estudios realizados por las agencias de protección al consumidor pueden contribuir el entendimiento del funcionamiento de los mercados y contribuir así a desarrollar una mayor competencia. Como relación directa, un mercado que posea un buen grado de competencia en los mercados presiona a los productores para que éstos satisfagan las exigencias de los consumidores en cuanto a precio y calidad de los productos. 423 OTRO TITULO Coordinación de Políticas. Se pueden citar numerosos ejemplos en los cuales la coordinación entre las políticas se requiere sin embargo en este apartado se aborda solamente dos de ellos. Primero, la protección al consumidor tiene un rol fundamental en la regulación de la publicidad vertida por los proveedores, sin embargo es posible que un agente que pretenda entrar a cierto mercado encuentre que la publicidad ejercida por alguna empresa que sea dominante en el mercado constituya una fuerte barrera a la entrada. En este sentido la defensa del consumidor debe tomar en cuenta que el agente pretendiendo entrar a competir puede requerir un tipo de publicidad más agresiva que resalte las ventajas de dicho competidor y que al mismo tiempo contribuya a fomentar la competencia.. Como segundo ejemplo, se tiene que los procesos de globalización han propiciado la universalización de la información y las ventas en Internet se encuentran cada vez más popularizadas, en este aspecto las autoridades de protección al consumidor tienen un papel relevante en evitar los fraudes mediante esta vía, mientras que las autoridades de competencia deberán determinar que éstas ventas no signifiquen una disminución en el grado de competencia existente en el mercado. Como punto final, la razón principal para realizar una coordinación de éstas políticas se centra en el hecho que ambas instituciones de reciente nacimiento en el país, constituyen dos herramientas importantes al servicio de la economía salvadoreña las cuales pueden optimizar sus resultados positivos mediante la sinergia de esfuerzos entre ambas. 245 12
13. Art.09-06 Competencia en la banca Por: Marlene Tobar Economista Superintendencia de Competencia Uno de los retos para la aplicación de la ley de Competencia en El Salvador consiste en coordinar su accionar con las instituciones con potestad para vigilar los sectores denominados regulados de la economía, como lo es el sistema financiero. Este comprende el conjunto de instituciones encargadas de trasladar el ahorro hacia los consumidores y empresas que demandan crédito para la realización de sus actividades de consumo e inversión. En el presente artículo se abordará la relación existente entre el sistema bancario y la defensa de la competencia debido que el sector bancario salvadoreño es el más importante del sistema financiero constituyendo el eje principal del sistema de pagos. Por otra parte, en la medida que este sector asigne eficientemente los recursos financieros contribuye de manera directa a impulsar el crecimiento económico del país. La Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva velan por mantener un sistema bancario eficiente y estable, mientras la Superintendencia de Competencia tiene bajo su cargo promover, proteger y garantizar la competencia en dicho sector (al igual que en el resto de sectores) como medio para asegurar una mayor eficiencia en la distribución de los recursos financieros. Evidentemente ambos objetivos (estabilidad y eficiencia) se consideran prioritarios para los formuladores de política económica en esta materia, principalmente por el impacto y los alcances económicos que conlleva el funcionamiento de dicho sector. No obstante, la consecución de estos fines dista mucho de ser fácilmente realizable. En este sentido, la teoría económica propugna la existencia de un trade-off entre ambas metas económicas sin que exista en la actualidad un consenso empírico o teórico definitivo al respecto. Según el enfoque denominado Estructura-Conducta-Desempeño (SCP por sus siglas en inglés) desarrollada por Mason y Jonh Bain (1940) mercados concentrados (con participantes que poseen una alta porción del mercado y cuyos casos típicos son el monopolio u oligopolio) permiten a las firmas obtener mayores ganancias mediante su capacidad de fijar precios por encima de su costo marginal (ejercicio de poder de mercado) y por lo tanto más altos que aquéllos que prevalecerían en una situación de competencia perfecta con un número considerable de firmas pequeñas. Aplicado al sistema bancario, este enfoque apoyaría que la estructura ideal de este mercado sería la competencia perfecta la cual permitiría maximizar la cantidad ofrecida de crédito a la más baja tasa de interés. No obstante, estudios teóricos y empíricos posteriores en Organización Industrial encontraron evidencia mixta que no apoyan totalmente dicha visión, señalando entre otros argumentos, que una relación directa entre concentración de mercado y ganancias de las firmas (es decir entre estructura y desempeño) puede también reflejar diferencias en eficiencia asociadas por ejemplo a un manejo superior de la tecnología o a escalas de producción más eficientes. Por lo tanto, mercados concentrados estaría indicando bancos más eficientes y no necesariamente un incremento en el poder de mercado (Angelini y Cetorelli, 2000). * Las ideas vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona que escribe y no representan una posición oficial de la Superintendencia de Competencia o autoridad alguna. 13
14. Art.10-06 Banca y Ley de Competencia (752) Por: Marlene Tobar Economista Superintendencia de Competencia La literatura sobre los mercados contestables ha revolucionado la hipótesis de SCP al enfatizar que precios competitivos pueden aparecer en cualquier mercado, independientemente del número de empresas operando si una nueva firma que entra en la industria ofrece el mismo servicio a más bajo precio. En esta línea, durante mucho tiempo los formuladores de la política se han enfocado en la búsqueda de la estabilidad del sistema bancario mediante regulaciones dirigidas a proteger la solvencia de los bancos, dejado de largo el tema de la competencia. Esto apoya que bancos más rentables y bien capitalizados están mejor preparados para enfrentar choques a su hoja de balance. Bajo esta perspectiva, sería incluso necesario y deseable contar con bancos que posean cierto poder de mercado en aras de lograr un sistema bancario más estable. Adicionalmente, también se ha argumentado que dichas regulaciones de tipo prudencial diseñadas para proteger la estabilidad del sistema tienden a generar una mayor concentración en el mercado y por lo tanto a limitar la competencia1. Este debate continúa estando vigente sin existir un consenso definitivo sobre la estructura adecuada de mercado que posibilita el logro de los dos grandes objetivos encomendados a las instituciones rectoras involucradas. Legislación en línea La ley de Competencia salvadoreña se encuentra en línea con los argumentos presentados la semana anterior en esta misma columna ya que su objetivo no es promover o proteger una determinada estructura de mercado en el sector bancario. Esto en la medida que ambos objetivos de eficiencia y estabilidad pueden ser obtenidos independientemente del número de instituciones participando en la actividad de intermediación bancaria. En este sentido el objetivo de la ley es propiciar, promover y asegurar igualdad de condiciones para los participantes del mercado y de esta forma promover la contestabilidad de los mercados. En el campo de la investigación se han llevado a cabo algunos análisis de las condiciones de competencia en el sector bancario (Herrera M. 2005 y Fuentes, J.,2001, entre otros) los cuales brindan un punto de partida importante para el análisis sectorial. No obstante, la superintendencia deberá estudiar el sector en aras de realizar recomendaciones concretas en materia de políticas públicas o reformas de leyes que pudieran constituir barreras a la entrada para nuevos competidores, cumpliendo con ello con el objetivo de realizar una abogacía activa de la competencia. Pese a la carencia actual de este estudio que realizaría un análisis detallado del mercado, puede mencionarse los prototipos de prácticas que hipotéticamente podrían darse y que se encuentran dispuestas en la ley de competencia. Se tiene primeramente que en el artículo 25 de la ley se prohíbe enfáticamente los acuerdos llevados a cabo entre competidores, ya sea por precio, cantidad o territorio. Este tipo de prácticas en el sistema bancario se traduciría en prohibición explícita de acuerdo en la fijación de diversos cargos cobrados por los servicios bancarios como por ejemplo los cobrados por concepto de comisiones, o la limitación en la cantidad de dinero ofrecida al público demandante que no se tengan una justificación económico-financiera verdadera. Adicionalmente, estaría prohibida la distribución de atención de clientes por tipo, territorio geográfico o servicio ofrecido o por cualquier otro criterio que nuevamente no se justifique mediante razones económicas o financieras válidas. Como segundo punto, en el artículo 26 de la ley se postula la imposibilidad de realizar cualquier tipo de ventas atadas, es decir la venta de un producto o servicio bajo la condición de adquirir otro bien o servicio afín ya sea de esta misma empresa oferente o de alguna empresa relacionada. En el sistema bancario esta norma legal puede prohibir por ejemplo la práctica de condicionar el otorgamiento de un crédito para vivienda a la adquisición de un seguro de vida de una empresa determinada. Cabe mencionar que las prácticas anti-competitivas referidas en dicho artículo son analizadas caso por caso para determinar que efectivamente constituyan un obstáculo a la libre competencia. 1 Rivera, E y Rodríguez A. (2006): “Competencia y Regulación en la banca de Centroamérica y México. Un estudio Comparativo”. CEPAL. 14
15. Finalmente, el artículo 33 establece que deberán notificarse y solicitar autorización de las concentraciones económicas que impliquen una combinación de activos totales que superen los 50,000 salarios mínimos anuales urbanos de la industria o ingresos totales de 60,000 salarios mínimos lo cual aproximadamente asciende a US$93 millones y US$112 millones, respectivamente. Una vez presentada la solicitud de autorización, la superintendencia realizará un análisis económico y financiero para determinar si dicha concentración en el mercado financiero genera ganancias importantes en eficiencia económica que redunde en ganancias que sean trasladadas al consumidor. En este último caso la superintendencia no podrá denegar la realización de dicha concentración. *Las ideas vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona que escribe y no representan una posición oficial de la Superintendencia de Competencia o autoridad alguna. 15
16. Art.11-06 El rol de los Medios en el Derecho de Competencia Por: Xiomara Acosta de Ochoa Jefe de Comunicaciones Superintendencia de Competencia En toda sociedad los medios de comunicación se constituyen como un pilar fundamental en su contribución al desarrollo económico y social de los países; en el ámbito de Competencia de igual manera, los medios tienen un papel preponderante, tanto en el sentido de promoción de la Ley, como por constituirse en fuente de información para los casos de investigación y estudios que se realicen por la autoridad de Competencia. En ese sentido es que se vuelve imprescindible el conocimiento que sobre la aplicación de la Ley tengan los que escriben y hacen noticias. El objeto de la Ley es promover, proteger y garantizar la competencia, mediante la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas que limiten, restrinjan o impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico, precepto que es de vital conocimiento, pero también es necesario comprender qué se entiende sobre prácticas anticompetitivas, cuales son y como pueden darse. El interés nuestro es que los periodistas estén conscientes del importante rol que tienen en sus manos; que los procedimientos, a diferencia de otras leyes, se rigen por un término de tiempo fundamentado en la Ley, porque deben estar sustentados en un análisis económico, técnico y legal. Para los agentes económicos es importante que se les garantice la confidencialidad de información dentro de la investigación; la infracción a esta disposición por parte funcionarios y empleados puede ser motivo para la destitución del cargo, sin perjuicio de la responsabilidad penal que amerite (artículo 18 de la Ley de Competencia). Lo anterior explica porqué no podemos dar a conocer los detalles y hallazgos de un proceso de investigación. En el tema de competencia, los medios de comunicación pueden coadyuvar en los esfuerzos que realiza la Superintendencia en promover una cultura de Competencia a través de reportajes, editoriales, investigaciones y notas periodísticas, entre otros, con fundamento en el conocimiento pleno de la normativa aplicable y los procedimientos correspondientes. En El Salvador, periodistas, agentes económicos y la sociedad en general están conociendo casos en los que podría verse afectada la competencia; por ello es importante el grado de comprensión que tenga la sociedad, tanto de la Ley como de otras políticas relacionadas. Es vital que todos conozcan que la Superintendencia de Competencia debe, por Ley, dar a conocer las resoluciones firmes, contribuyendo con esto al desarrollo de una cultura de competencia y al mejor entendimiento de la aplicación de la Ley. En el Plan Operativo 2006-2010 se contempla el desarrollo de un Programa de Divulgación y Promoción Institucional, que consiste en una difusión masiva de la Ley de Competencia y del quehacer de la Superintendencia, con el objeto que la sociedad salvadoreña, en general, conozca la nueva herramienta que permite velar por la eficiencia económica en función de una sana competencia en el país y del bienestar de los consumidores. Como parte de dicho Programa se ha girado invitación a los distintos medios de comunicación la que se espera tenga eco y respuesta positiva, ya que esta parte de la agenda aún está pendiente de desarrollarse, despertando el interés por el tema. Estamos creando cultura de competencia, por lo que este momento resulta idóneo para instar a todos los agentes económicos a brindar su colaboración y ayuda para difundir todos los aspectos de la Ley. Lo nuevo puede encontrar resistencia y este es otro de los puntos donde los medios juegan un papel preponderante, el abrir brecha y hablar de temas casi desconocidos para la población, creando cultura, ratificando el rol educador de los medios de comunicación. Las puertas de la Superintendencia están abiertas para todos los sectores: empresarios, comerciantes, industriales, académicos, organismos no gubernamentales, servicios, sociedad civil en general y medios de comunicación; la invitación está hecha. 16
17. Art. 12-06 Importancia del Derecho de Competencia en la Curricula Universitaria Por: Lorena Duke Secretaria General Superintendencia de Competencia “El Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos será cada día un poco menos Abogado.” (Tomado del Decálogo de Eduardo J. Couture). Desde la suscripción de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, El Salvador con paso seguro ha ido formando parte de un mundo globalizado, que requiere de un ordenamiento jurídico, que satisfaga las necesidades de la sociedad en forma oportuna y eficaz. Así, el marco legal patrio debe fungir como la piedra angular que asegure la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores, dentro de un mercado en el cual se promueva, proteja y garantice la competencia, surgiendo como imperiosa necesidad: el Derecho de Competencia. El Derecho de Competencia conforma, a nuestro entender, un esfuerzo por consolidar una nueva rama del Derecho en el campo de la formación e información del estudiante y del profesional del Derecho. Cabe destacar, que esta nueva rama del Derecho lleva a pensar en una disciplina cuya vinculación es indefectible: La economía. El Derecho de Competencia se trata, en efecto, de una disciplina donde los conceptos jurídicos y económicos convergen y se entremezclan. De allí, que la interpretación jurídica puede dar lugar a argumentaciones en demasía técnicas, siendo ésta la causa fundamental de su complejidad. La inquietud fundamental que mueve a formular la necesidad de incluir el Derecho de la Competencia dentro de la curricula universitaria patria es la ostensible transformación que acontece con relación al papel del Estado a nivel del orbe y como un efecto de la transformación del Derecho. Este cuestionamiento de la función del Estado, sumado a la proliferada política de suscripción de acuerdos de libre comercio y la conformación de verdaderos mercados regionales e internacionales, hace que las relaciones económicas se rijan por otra lógica distinta a la del Estado; y en virtud que estas relaciones se mueven en el mercado, surge como principio rector: la eficiencia. Ergo, es un imperativo contar con una asignatura dentro de la citada curricula que prepare al estudiante universitario (futuro profesional) para el conocimiento, comprensión, análisis, interpretación y aplicación de este conjunto normas que regulan las conductas anticompetitivas de los agentes económicos públicos o privados, que limiten o restrinjan la competencia o impidan el acceso a los mercados, que es precisamente lo que constituye el Derecho de Competencia. Esta asignatura respondería a la necesidad de sistematizar a nivel técnico, los elementos que se consideran ab-sustancia en el Derecho de Competencia, con base en la regulación salvadoreña sobre la materia, cumpliendo, de este modo, el principio del jurista Eduardo J. Couture enunciado al inicio del presente artículo. * Las ideas vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona que escribe y no representan una posición oficial de la Superintendencia de Competencia o autoridad alguna. 17
18. Art.13-06 Los estudios de mercado en función de la Competencia Por: Celina Escolán Suay Superintendenta de Competencia La Ley de Competencia, faculta a la Superintendencia de Competencia, a realizar estudios de mercado necesarios para cumplir con el objetivo de dicha ley, “”promover proteger y garantizar la competencia, mediante la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas, que manifestadas bajo cualquier forma limiten o restrinjan la competencia o impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico, a efecto de incrementar la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores”” Con los estudios de mercado la Superintendencia busca conocer el funcionamiento de un mercado determinado: ejemplo: transporte terrestre de carga, medicamentos, combustibles líquidos. Entre los objetivos de los estudios de mercado pueden mencionarse, la determinación de condiciones de competencia en un sector, tales como: los distintos mercados relevantes, las barreras a la entrada, la existencia de posición de dominio de agentes económicos que operan en cada mercado relevante, así como recopilar y sistematizar datos estadísticos del sector, con el objeto de realizar análisis económicos y econométricos, como herramientas para observar el funcionamiento de los mismos. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Competencia y la operatividad de la Superintendencia (1º. de enero de 2006), en esta etapa, también los estudios contribuyen al fortalecimiento de la capacidad institucional de la Superintendencia de Competencia: dotándola de herramientas técnicas para el análisis de investigaciones sobre prácticas anticompetitivas; también sirven a la Institución para brindar recomendaciones de políticas públicas que conlleven mayor transparencia y eficiencia a los mercados y no menos importante coadyuvando en el proceso de difusión y consolidación de una cultura de competencia en el país. Los Estudios aseguran a los agentes económicos y a la sociedad civil en general que la Superintendencia analiza todos los casos utilizando la misma metodología de manera sistemática, sin riesgo de arbitrariedades o subjetividades como aplicadora de la Ley. Los estudios requieren de información suficiente para un buen análisis y resultado; debe de tenerse en cuenta que el país apenas comienza a incursionar en investigaciones y estudios en materia del derecho de la competencia, por lo que es necesario información directa de los agentes económicos involucrados dentro del mercado relevante, algunas veces se precia de información desagregada. Asimismo, en el tema de información es importante destacar que los sectores estudiados pueden estar regulados y no regulados; en el caso de los sectores regulados, algunos entes reguladores cuentan con información sistemática que se puede utilizar, lo cual facilita los estudios; no así en el caso de los sectores no regulados que la información debe obtenerse con la colaboración directa de los agentes económicos involucrados, tal como se ha indicado. __________________________________________ Las ideas vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona que escribe y no representan una posición oficial de la Superintendencia de Competencia o autoridad alguna. 18
19. Art.14-06 Importancia de los Estudios de Mercado II Por: Celina Escolán Suay Superintendenta de Competencia Algunos ejemplos de información requerida a los agentes económicos, especialmente a los sectores no regulados, son: series históricas de precios internacionales, de precios promedios al consumidor final, por producto, por zona geográfica, etc., series históricas de ventas por volumen y valor, tanto de la producción, como de las importaciones, de los diferentes agentes económicos en el sector investigado, información sobre exportaciones e importaciones, así como países de importación. Los estudios de competencia, sirven a futuro también para que la Superintendencia mantenga un monitoreo constante de los mercados. Los estudios no conllevan un objetivo sancionador; sin embargo por Ley: “el Superintendente, en el ejercicio de sus atribuciones podrá requerir informes o documentación relevante para realizar sus investigaciones, así como citar a declarar a quienes tengan relación con los casos de que se trata””, pudiendo sancionar con multas de hasta diez salarios mínimos mensuales urbanos en la industria1 /1 por cada día de atraso, a las personas que deliberadamente o por negligencia no suministren la colaboración requerida o que haciéndolo lo hagan de manera incompleta o inexacta”. De igual manera, los estudios de mercado son parte vital de la Abogacía de la Competencia, ya que permiten conocer aspectos claves y recomendar acciones que conlleven a mejorar el funcionamiento de los mercados en función de la eficiencia económica. También, es importante indicar que los estudios de mercados se realizan en algunos casos con el apoyo de consultores, tanto nacionales como internacionales, de tal manera que permitan fortalecer las capacidades técnicas de la Superintendencia, en cuanto a la metodología utilizada, lo que servirá de base para la realización de futuros estudios por parte del personal técnico de la Institución. En resumen, los estudios de mercados en función de la generación de condiciones adecuadas de competencia, se consideran como una herramienta de vital importancia para la nueva institucionalidad de competencia con que cuenta el país. *Las ideas vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona que escribe y no representan una posición oficial de la Superintendencia de Competencia o autoridad alguna. 1 $1,548.00 dólares de los Estados Unidos de América 19
20. Art.15-06 Política Comercial y Política de Competencia Por: Regina Vargas Jefe de Relaciones Internacionales Superintendencia de Competencia El Salvador, desde 1989, entra a la corriente de apertura de los mercados con una política comercial enfocada a promover el acceso a nuevas tecnologías y procesos productivos, la eliminación de obstáculos al comercio, la ampliación de los espacios comerciales en el ámbito regional y mundial, así como el propiciar un clima atractivo para la inversión. En ese sentido, cambian las condiciones del mercado interno siendo necesario la diversificación de los productos, la competitividad en las empresas y lo mas importante un cambio en la institucionalidad en materia regulatoria a nivel nacional. Esta nueva corriente motiva la adopción de una normativa en materia de competencia que ayude al ordenamiento del mercado interno. Es así como, que dentro de su política económica empieza a plantearse una política de competencia a través de la adopción de una Ley de Competencia y la autoridad que aplique dicha legislación, la negociación de capítulos de competencia en los acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales y la desregulación de los mercados. El vínculo entre la Política Comercial y la Política de Competencia se centra principalmente en los procesos de apertura comercial. Dichos procesos de liberalización comercial cambian las condiciones de competencia, afectando tanto a los mercados internacionales como al mercado nacional. Los cambios generados por la Política Comercial en los mercados tienen su incidencia en las ventajas comparativa de la economía, la competitividad de las empresas, la especialización y diversificación de bienes y servicios, la capacidad exportadora y el grado de apertura previo. Sin embargo, no se debe de olvidar la importancia de un marco regulatorio que genere las condiciones necesarias para competir en una ambiente en el cual los beneficios de un Tratado o Acuerdo comercial no se vean menoscabados por prácticas anticompetitivas. En muchas ocasiones, las prácticas restrictivas comerciales pueden tener un efecto transfronterizo ocasionando distorsiones en otros mercados. Es por eso el estrechar lazos entre agencia de competencia se convierte en una de las labores principales de ellas. La cooperación entre autoridades de competencia es uno de los pilares para la efectiva aplicación de sus Leyes. La cooperación entre autoridades de competencia tiene dos objetivos principales: colaborar para enfrentar casos específicos mediante el intercambio de información y cooperar para el fortalecimiento y capacidad institucional. Los efectos transfronterizos de las prácticas anticompetitivas, en gran parte, se debe a que una vez se elimina las barreras arancelarias y no arancelarias estas podrían ser sustituidas por prácticas anticompetitivas de los agentes económicos. La cooperación en la investigación de casos entre las autoridades de competencia en estos casos específicos, juega un rol primordial dentro de la investigación, compartiendo enfoques y esfuerzos de las autoridades, experiencias de resolución de casos y otros conocimientos concernientes a la economías, especialmente cuando los efectos de las prácticas provienen de una economía desarrollada con amplia trayectoria en materia de competencia. ___________________________________________________________________________________________________ Las ideas vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona que escribe y no representan una posición oficial de la Superintendencia de Competencia o autoridad alguna. 20
21. Art.16-06 Normas Técnicas y Competencia Por: Mario Cruz Intendente Económico En el campo de la normalización, metrología y calidad, El Salvador ha logrado avances y experiencia que le han permitido en alguna medida organizarse en los esfuerzos de sistematizar la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios. En ese sentido, las normas técnicas juegan un rol determinante como bases que contribuyen a la elevación de los niveles de competitividad y productividad de las empresas y para garantizar la calidad y cantidad a los usuarios y consumidores. En ese marco, la política de normalización, metrología y certificación y verificación de la calidad de bienes y servicios, constituye un instrumento vital para la consecución de los objetivos que persiguen las normas técnicas, ya sean estas obligatorias o recomendadas. Asimismo, la puesta en práctica de las normas y la vigilancia de su cumplimiento, permiten también preparar a los productores, comercializadores y distribuidores de bienes y servicios, no solo para atender en términos de excelencia al mercado doméstico, sino también para incursionar y penetrar en los mercados internacionales. Sin embargo, en el tema del funcionamiento de los mercados, debe considerarse que las normas no representen un obstáculo a la competencia, y mucho menos que no se constituyan en barreras de entrada o de salida de competidores. Es importante tener presente que en el procedimiento de análisis, discusión y aprobación de normas técnicas que representen una necesidad para el interés social, debe siempre considerarse también que prevalezcan condiciones de competencia en el país, con el fin de lograr una economía más competitiva y eficiente que beneficie la libre iniciativa y al mayor número de habitantes, lo que permita evidenciar y comprobar lo imprescindible que significa contar con instrumentos adecuados como las normas técnicas que sirvan para potenciar nuestro desarrollo económico y social con equidad. Por ello, el papel de la autoridad de competencia en este campo es de vital importancia, ya que se constituye en la institucionalidad que promueve, protege y garantiza la competencia, mediante la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas que bajo cualquier forman limiten o restrinjan la competencia o impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico; y esto con la finalidad de incrementar la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. En conclusión, las normas técnicas, obligatorias o recomendadas, son necesarias para el desarrollo de los mercados, siempre y cuando beneficien la competencia y el bienestar de consumidores y usuarios, siendo indispensable que la Superintendencia de Competencia emita opinión en los procesos de formación y adopción de las normas referidas, con el fin de propiciar y garantizar la sana competencia y la eficiencia de los mercados. *Las ideas vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona que escribe y no representan una posición oficial de la Superintendencia de Competencia o autoridad alguna. 21
22. Art.17-06 La Abogacía por la competencia Por: Celina Escolán Suay Superintendenta de Competencia En el marco de la Red Internacional de Competencia (International Competition Network o ICN por sus siglas en Inglés)), en el año 2002, el Grupo de Trabajo sobre Abogacía, preparó un informe el cual incluía una definición de “abogacía por la competencia”: “””La Labor de protección y promoción de la competencia y la libre concurrencia en los mercados, distinta de la que representa la aplicación de la ley (enforcement); es la labor de gestión y comunicación para procurar un entorno favorable entre las entidades gubernamentales y para crear conciencia en la población de las ventajas y los beneficios de la competencia””” La Ley de Competencia en El Salvador, tiene como objeto: “promover, proteger y garantizar la competencia, mediante la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas que, manifestadas bajo cualquier forma limiten o restrinjan la competencia o impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico, a efecto de incrementar la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. Es por ello que la Superintendencia de Competencia tiene en su Plan Operativo 2006-2010, prioridad principalmente a dos actividades: garantizar la competencia mediante la aplicación de la ley a casos concretos, con sanciones y medidas correctivas, y no menos importante: promover y proteger la competencia mediante la abogacía de la competencia. La competencia puede verse limitada por conductas anticompetitivas de agentes económicos privados, tales como los carteles, acuerdos verticales y actos unilaterales producto del abuso de una posición de dominio, sin embargo, también la intervención regulatoria pública y la misma regulación, pueden en algunos casos ir más allá de justificaciones importantes como serían economías de escala, fallas de mercados o factores externos y afectar la competencia. Las autoridades de competencia suelen participar en las reformas regulatorias, emitiendo opiniones, haciendo recomendaciones o evaluando las regulaciones sectoriales con el propósito que no generen efectos anticompetitivos. Algunas legislaciones sobre competencia sólo aplican a prácticas o conductas realizadas por agentes económicos privados; otras en cambio, aplican también a los agentes económicos públicos, incluyendo a los Entes Reguladores; en este último caso, la autoridad de competencia pretende con su actuación a través de recomendaciones, incidir en el marco regulatorio de manera que se favorezca la competencia en algunos mercados específicos. También implica que la autoridad de competencia pueda realizar recomendaciones de política pública, a efecto que las autoridades adopten medidas pro-competitivas en beneficio del interés público. Esto supone un reto a la autoridad, de conocer los mercados en los que pudiese tener injerencia su accionar. Otras actividades que realizan las autoridades de competencia en cuanto a la abogacía, son relativas a elevar a la sociedad civil en general, el nivel de conocimientos sobre los beneficios que acarrea la competencia. En esencia, puede afirmarse que la abogacía por la competencia comprende todas las actividades necesarias que la autoridad encargada de aplicar la Ley, realiza para promover y proteger la competencia y que comúnmente se conoce como cultura de la competencia. El éxito de la abogacía de la competencia, dependerá en gran medida del incremento al nivel de cultura de competencia que se logre en el país. El entendimiento sobre la importancia de la competencia en la comunidad empresarial, universidades, autoridades gubernamentales y en general en la sociedad civil, constituye una herramienta esencial para fortalecer la capacidad institucional en pro de la competencia. *Las ideas vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona que escribe y no representan una posición oficial de la Superintendencia de Competencia o autoridad alguna. 22
23. Art.18-06 Competencia en el Sistema Financiero Salvadoreño Por: Oscar Ovidio Cabrera Melgar Director Suplente Superintendencia de Competencia En los últimos veintiséis años, los cambios ocurridos en la entidades del sistema financiero salvadoreño han sido de una magnitud notable. En efecto, en este corto período de tiempo ha tenido lugar una completa sustitución del marco regulatorio fuertemente intervencionista que fijaba los precios, las posiciones de crédito, las inversiones en instrumentos y las decisiones en las juntas directivas, por otro marco liberalizado y donde la regulación y sus normas se apoyan en criterios prudenciales y de protección a los depositantes. Otro cambio importante que ha presentado el sistema financiero ha sido la desintermediación de los flujos financieros apoyados en el desarrollo de mercados nacionales como producto de la institucionalización del ahorro de los hogares en fondos de pensiones basados en capitalización y el desarrollo del mercado de valores. El proceso de internacionalización de los flujos financieros que en la región se han hecho presentes con una integración financiera de facto liderada por la expansión de grupos financieros locales y de entidades financieras fuera de la región. Otro cambio sustancial en la industria se apoya en el papel de los avances tecnológicos en las comunicaciones, en la gestión de riesgos, el tratamiento de la información y el desarrollo de nuevos canales de comercialización. Los avances tecnológicos constituyen uno de los factores dinamizadores de las entidades y de incremento en la competencia. Estas transformaciones han tenido gran incidencia en el desarrollo de nuevas alternativas a la competencia vía precio que ha dado lugar a que la manera tradicional de medir las condiciones de la competencia (Estructura-Conducta- Resultados) debe ser complementada mediante otros paradigmas, tales como, el grado de contestabilidad y la competencia eficaz. El enfoque estructura-conducta-resultados, concibe la competencia en una industria mediante el estudio de algunos factores, entre ellos: la cantidad de entidades en la industria, la cuota de mercado de los agentes dominantes (estimados mediante medidas de concentración: CN, Herfindahl y dominancia, entre otros). Según el el criterio aplicado por el Depto. de Justicia de los Estados Unidos, una industria se cataloga como altamente concentrada cuando el puntaje estimado sobrepasa 1,800 puntos en el índice de Herfindahl. El segundo paradigma se sucede en la industria financiera porque en algunos mercados relevantes ha aumentado la contestabilidad. Un mercado se considera contestable cuando las barreras de entrada o salida son relativamente fáciles de traspasar. En un mercado contestable, el número de competidores reales no es en absoluto relevante a la hora de determinar las condiciones de la competencia. Desde la última década, en el sistema bancario salvadoreño se ha desarrollado un profundo proceso de transformación de la red de distribución como resultado de un proceso de sustitución de oficinas por cajeros automáticos, redundando en ganancias de eficiencia asignativa y en menores costes operativos, además, de facilitar la introducción de nuevos procesos de alto contenido tecnológico. Como resultado, el sistema bancario ocupa el quinto lugar en América Latina en estadísticas de cajeros por oficinas (2.4) después de Chile (2.6). (World Bank, 2005). Se ha incrementado la competencia a través de internet y vía telefónica dando como consecuencia, un proceso paulatino de disminución de las barreras de entrada en algunos submercados, tales como tarjetas de crédito, crédito al consumo para adquisición de automóviles y créditos hipotecarios. Las innovaciones tecnológicas mediante el dinero electrónico y el uso de internet han restado importancia al papel de la distancia y la localización de los agentes económicos, y reducido los costes de búsqueda de información a los consumidores aumentando la transparencia. La competencia eficaz, menciona que existirá “competencia” en la manera que los consumidores sean capaces de tomar decisiones de forma racional entre los diferentes competidores y a un coste de transacción bajo. 23
24. Art.19-06 Políticas y Ley, exámenes inter-pares Por: Celina Escolán Suay Superintendenta de Competencia La División de Competencia de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha jugado un papel crucial en la demostración de los beneficios obtenidos de la aplicación de principios que rigen la Política de Competencia, los países miembros de este organismo han hecho esfuerzos importantes, entre otros, para poner paro a los carteles cuyos efectos perjudiciales afectan los mercados y a consumidores en general. El examen inter-pares (peer review) constituye un elemento central de colaboración de la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde su fundación. Estos exámenes consisten en que un país se somete voluntariamente a evaluación de su política y legislación de competencia. Un especialista en materia de competencia, contratado por la OCDE, levanta un informe, el cual es remitido a dos países que fungen como examinadores; el informe concluye con recomendaciones puntuales. El informe, además, es discutido y comentado por los delegados de los países participantes dentro de un Foro de Competencia, según el caso, Global o Latinoamericano. Es importante aclarar que las conclusiones y recomendaciones no tienen un carácter vinculante para el país examinado. Sin embargo, algunos países utilizan en buena medida, algunas de las recomendaciones en sus procesos de reforma, así como para su fortalecimiento institucional. Los exámenes además de brindar al país examinado valiosos aportes para futuras mejoras, también propician la transparencia en beneficio del mayor número de habitantes. Dentro del Foro Global de Competencia, donde participan países miembros de OCDE y países observadores, se han llevado a cabo varios exámenes, tal es el caso de México 1998, país miembro, cinco años después de la puesta en marcha su ley (1993), es de resaltar que en el presente año reformó su Ley de Competencia Económica. También Sud- África, Federación Rusa, Turquía, China Taipei, países no miembros, también han llevado a cabo estos exámenes. En los Foros Latinoamericanos de Competencia, instaurados en el año 2002, se han llevado a cabo los exámenes de competencia de Chile, 2003, Perú, 2004 y Brasil, 2005, en París, Washington y Madrid, respectivamente. Este año el examen le correspondió a Argentina, dentro del IV Foro Latinoamericano de Competencia que se celebró esta semana en El Salvador, dentro de la Semana de la Competencia. Algunas de las recomendaciones hechas al país argentino son el de continuar y ampliar los efectos para construir una cultura de competencia; llevar a cabo la elaboración de un día de la competencia; promover una buena relación con los medios de comunicación; y desarrollar relaciones de cooperación con los entes reguladores de los distintos sectores regulados. Importante es resaltar que Chile realizó cambios en su legislación en el año 2004, Perú y Brasil están actualmente discutiendo reformas a sus marcos normativos que datan de principios de la década de los años noventas. Es importante destacar que el apoyo brindado por el BID ha sido vital en la ejecución de actividades relacionadas con el tema de competencia en general, y sobre todo en la realización de los Foros Latinoamericanos de Competencia. Existen otros foros, donde también se realizan exámenes inter-pares, la Conferencia de las Naciones Unidas, dentro de la Quinta Conferencia de las Naciones Unidas, encargada de examinar todos los aspectos del Conjunto de Normas Equitativas Convenidas Multilateralmente para el control de Prácticas Comerciales Restrictivas, celebrada en Turquía en el año 2005, presentó los exámenes de Jamaica y Kenya. La realización del IV Foro Latinoamericano de Competencia en El Salvador, permite promover el diálogo, construir consensos e intercambiar experiencias entre autoridades, además de identificar y diseminar las mejores prácticas en derecho de Competencia. Existe un consenso respecto a que las leyes y políticas de competencia contribuyen a promover el desarrollo económico y el empleo, así como a generar mayor eficiencia y aumentar el nivel de vida a mediano y largo plazo. ___________________________________________________________________________________________________ * Las ideas vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona que escribe y no representan una posición oficial de la Superintendencia de Competencia o autoridad alguna. 24
25. Art.20-06 Política de Competencia en la Integración Centroamericana Por: Regina Vargas Jefe de Relaciones Internacionales Desde 1960, la región centroamericana ha realizado esfuerzos de integración. Este e esfuerzo se transforma en los compromisos plasmados en el Protocolo de Tegucigalpa, instrumento que da vida al sistema de Integración Económica Centroamericana. Adicionalmente se cuentan con otros instrumentos, como el Protocolo de Guatemala que permiten la operatividad del comercio entre la región. La Integración Económica Centroamericana ha tenido avances importantes en los últimos años, logrando contar con la libre movilidad de bienes y personas a excepción de las pocas restricciones comunes entre los cinco países de la región y las bilaterales establecidas en el Anexo A del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA). Dentro de los principales instrumentos jurídicos de la integración se encuentran el CAUCA y su respetivo reglamento (RECAUCA), junto a otros instrumentos enfocados a establecer y desarrollar la legislación aduanera básica de los países centroamericanos; así como de adecuar la normativa aduanera a las realidades actuales del comercio internacional. Para complementar la legislación aduanera se cuentan con reglamentos centroamericanos en: Origen de mercancías, Medidas de Salvaguardia, Prácticas Desleales de Comercio, Medidas de Normalización, Metrología y Procedimientos de Autorización, Mecanismo de Solución de Conflictos, entre otros que se encuentran en negociación. Todo este avance alcanzado es visible y reafirma que las fronteras entre los países de la Región van desapareciendo, expandiendo los mercados nacionales a un mercado regional. Dicho esto, se puede percibir la necesidad de complementar los instrumentos jurídicos de la integración, con un marco legal sobre competencia a fin que los beneficios alcanzados no sean menoscabados por prácticas anticompetitivas en alguno de los países parte del Mercado Común Centroamericano. Es un gran reto el que se tiene en l a integración en materia de competencia, ya que a la fecha, solo tres países de la región (Costa Rica 1995, El Salvador 2004 y Honduras 2006) cuentan con una Ley de Competencia aprobada por los congresos nacionales. Las prácticas ocasionadas por actividades económicas realizadas en países que no cuentan con un marco legal en la materia podrían distorsionar los mercados en los cuales ya cuentan con una y difícilmente podrían ser sancionadas. Para tales efectos, los esfuerzos de la región en esta materia deberán esta enfocados apoyar a los países que no cuentan con un marco normativo de competencia a impulsar el proceso de adopción a través de cooperación para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, incrementar, optimizar la actuación y lograr el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades en la prevención, detección y persecución de prácticas anticompetitivas que puedan presentarse en el comercio regional y prestarse la colaboración y llevar a cabo todas las acciones y gestiones necesarias para la consecución de los objetivos asignados regionalmente en defensa de la competencia. *Las ideas vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona que escribe y no representan una posición oficial de la Superintendencia de Competencia o autoridad alguna. 25