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Timestamp: 2017-07-28 08:41:24
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 157']

La SCJN enmienda la plana al INAI - El Mundo del Abogado
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Rigoberto Martínez Becerril* Lunes, 04 Julio 2016	El autor analiza el caso de un recurso de revisión interpuesto por el consejero jurídico del Ejecutivo federal en contra de una resolución del INAI, que pone de manifiesto que los argumentos jurídicos de este órgano garante del derecho de acceso a la información son una mezcla de inocencia, ingenio e ignorancia.
Como es bien sabido, el 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), ordenamiento legal reglamentario del artículo 6º constitucional que tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuya expedición es un gran acierto del Poder Legislativo y representa un gran avance en la consolidación del derecho humano de acceso a la información, y con ello, en la consecución de la transparencia y la rendición de cuentas, remedios necesarios para combatir una de las grandes enfermedades que aquejan a nuestro país: la corrupción.
Esta LGTAIP contempla, alineado al texto constitucional, que las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, con una sola excepción: el recurso de revisión que el Consejero Jurídico del Gobierno Federal puede interponer en materia de seguridad nacional directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando considere que las resoluciones emitidas por el enunciado instituto ponen en peligro la seguridad nacional.
El primer ataque a una resolución del INAI ya ocurrió, por lo que el flamante órgano constitucional autónomo garante del derecho de acceso a la información tiene una nueva oportunidad para legitimarse como un verdadero defensor de un derecho humano. Veremos si tiene la capacidad jurídica para imponerse, aunque en un comienzo ha mostrado deficiencias técnicas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desvelado.
A mayor abundamiento, y para contextualizar al lector, debemos hacer una breve narrativa de los antecedentes.
Resulta que un ciudadano requirió, a través de una solicitud de acceso a la información al Estado Mayor Presidencial, los itinerarios y los planes de vuelo de toda la flota área a disposición de la Presidencia de la República, durante el periodo de julio, agosto, septiembre y octubre de 2014, incluyendo el número y los nombres de la tripulación y los pasajeros.
La Presidencia de la República atendió la mencionada solicitud proporcionando los planes de vuelo, itinerarios y pasajeros que viajaron con el presidente durante sus giras en el periodo solicitado. Sin embargo, determinó que no era posible proporcionar el número y los nombres del personal del Estado Mayor por estar clasificada como información reservada, ya que “difundir esta información puede revelar datos de los procedimientos internos que se realizan para adoptar las prevenciones necesarias, así como detalles de los propios dispositivos de seguridad al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, menoscabando la capacidad de respuesta y la operación organizada del Estado Mayor Presidencial para cumplir con sus misiones generales de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de su reglamento. Lo anterior, en razón de que su divulgación permitiría identificar al personal a cargo de las labores de seguridad y logística; y pondría en peligro las actividades de inteligencia, contrainteligencia, que se llevan a cabo para garantizar la seguridad del presidente de la República y, en consecuencia, se pondría en riesgo su integridad, vida o salud, la de su familia, o, en su caso, a las personas que los rodean…”1
Inconforme con la respuesta otorgada a su solicitud de acceso a la información, el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI, quien antes de agotar las etapas procesales resolvió modificar la respuesta dada por la Presidencia de la República, en los siguientes términos: “Este instituto considera procedente modificar la respuesta de la Presidencia de la República, y se le instruye para que notifique a la particular, en la modalidad de copia simple, la disponibilidad de los itinerarios y las versiones públicas de planes de vuelo de toda la flota aérea de que dispone el Estado Mayor Presidencial, así como de las listas de pasajeros que acompañaron al presidente de la República durante sus giras de trabajo; lo anterior, para los meses de julio a octubre de 2014. Asimismo, el sujeto obligado deberá emitir y notificar a la recurrente la resolución del Estado Mayor Presidencial, en la que clasifique la velocidad y altitud de todo tipo de aeronaves, y la ruta técnica para el caso de helicópteros, así como la información que pueda dar indicio respecto de tales datos, contenida en los apartados ‘Otros datos’, ‘Observaciones’ y/o ‘Espacio reservado para requisitos adicionales’, así como de otros datos técnicos, con fundamento en el artículo 13 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
”Cabe señalar que en las versiones públicas que elabore, la Presidencia de la República no podrá testar los lugares y horarios de salida y llegada de ninguna clase de aeronave, ni la ruta seguida por los aviones.
”A este respecto, es necesario señalar que por ruta de ninguna manera debe entenderse los lugares de salida y llegada de las aeronaves, sino información relativa a aeronavegabilidad, es decir, información técnica que refiera el camino seguido para recorrer la distancia entre dos puntos.
”Además, el sujeto obligado deberá clasificar, con fundamento en el artículo 13, fracción IV de la ley de la materia, los nombres, firmas y cantidad de elementos del Estado Mayor Presidencial que constan dentro de las listas de pasajeros y los planes de vuelo, correspondientes a los meses de julio a octubre de 2014.”2
La resolución anterior es la que da origen al único medio de impugnación que hasta ahora se ha interpuesto por un sujeto obligado en contra de una resolución del INAI al amparo de la LGTAIP, recurso de revisión cuya legitimación activa posee el consejero jurídico del Gobierno Federal, pero sólo en materia de seguridad nacional cuando considere que las resoluciones emitidas por el instituto ponen en peligro la seguridad nacional.
Lo anterior representa un caso sumamente relevante, pues por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará una resolución del órgano constitucional autónomo garante del artículo 6º constitucional, quien deberá demostrar ante el más alto tribunal que su actuar se encuentra apegado al marco constitucional, aunque esta batalla no ha comenzado bien para el INAI, pues en un primer round ha dejado expuestas serias deficiencias jurídicas.
En efecto, una vez promovido el recurso de revisión por el consejero jurídico del Ejecutivo federal, admitido éste por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el director general de Asuntos Jurídicos del INAI, con argumentos “ingeniosos” pero cero efectivos, sugirió que el auto que admitió a trámite el recurso de revisión en comento fuera revocado, lo que no ocurrió atendiendo a lo siguiente:
El INAI “interpuso lo que denominó ‘recurso de revocación’, el cual fue admitido a trámite mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil quince, emitido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentando su procedencia en términos de las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, las cuales estimó eran aplicables de manera supletoria”.3
No obstante, el 6 de octubre de 2015 el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el citado “recurso de revocación” en el sentido de declararlo improcedente, considerando “la ausencia de regulación que al respecto se advierte en la citada ley general (LGTAIPG) y al tratarse de un asunto de naturaleza jurisdiccional de la competencia del pleno de este alto tribunal, tomando en cuenta los argumentos planteados en el desahogo de la vista realizado por el consejero jurídico de la Presidencia”,4 y al ser otra la vía legalmente prevista para impugnar las determinaciones emitidas por la Presidencia de la SCJN al proveer sobre el trámite del recurso de revisión en materia de seguridad nacional. Punto para el consejero jurídico
No obstante el haber declarado improcedente el “recurso de revocación” interpuesto por el INAI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un acto de bondad, aplicó una especie de suplencia en queja y estimó que el medio de impugnación intentado por el INAI —recurso de revocación— podía tramitarse como si fuera un recurso de reclamación, sustentando su procedencia en términos de lo dispuesto en el artículo 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que el “recurso de revocación”, pese a ser un medio de impugnación incorrecto, se interpuso dentro del plazo que tenía el INAI para interponer el recurso adecuado, esto es, el recurso de reclamación.
La SCJN le enmienda la plana al INAI
Una vez enderezada la vía por la SCJN al medio para impugnar el auto admisorio al recurso de revisión promovido por el consejero jurídico del Ejecutivo federal contra la relatada resolución del INAI, el más alto tribunal de nuestro país realizó el estudio de los argumentos por los que el órgano garante del derecho de acceso a la información consideró que dicho recurso de revisión es improcedente, mismo que podríamos resumir con tres “i”, pues son una mezcla de inocencia, ingenio e ignorancia.
Los agravios hechos valer por el INAI fueron resumidos por la ministra ponente, Margarita Luna Ramos, en el recurso de reclamación 1271/2015, de la siguiente manera:
“De la lectura sistemática y funcional de la literalidad de los artículos segundo y quinto transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que la vigencia de las normas que regulan el recurso de revisión en materia de seguridad nacional se encuentra condicionada a reformas legales que en materia federal no se han realizado y a plazos que no han transcurrido, y ello da lugar a desechar el referido medio de defensa.
”Por el momento se ignora la configuración de las reglas, principios, conceptos y clasificaciones que al amparo de la armonización legislativa ordenada en los citados preceptos transitorios, será llevada a cabo por el legislador secundario”.5
Al respecto, como se puede leer en las páginas 26 a 30 del recurso de reclamación 1271/2015, la Segunda Sala de la SCJN calificó de infundados los agravios hechos valer por el INAI, pues consideró que de la lectura de los artículos segundo y quinto transitorios de la LGTAIP se advierte que ambas disposiciones no posponen o difieren en su totalidad la obligatoriedad de dicho ordenamiento legal, sino que únicamente permiten la coexistencia de otras disposiciones que regulen las mismas materias.
En efecto, el régimen transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, externó la Suprema Corte, permite la aplicación de la normatividad en materia de transparencia y de acceso a la información pública emitida con anterioridad a su vigencia.
Por lo tanto, las leyes en dichas materias que fueron previamente aprobadas por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mantendrán su vigencia dentro del plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor de la LGTAIP, y una vez concluido ese periodo el INAI será competente para conocer de los medios de impugnación que se presenten de conformidad con la LGTAIPG.
En consecuencia, afirmó nuestro tribunal constitucional, el INAI partió de una premisa equivocada al señalar que la LGTAIP difirió su obligatoriedad hasta que fueran armonizados los diversos órdenes jurídicos parciales del país, ya que lo único que aconteció fue que transitoriamente y hasta por el plazo de un año dicha ley le impide al INAI hacerse cargo de la resolución de los medios de impugnación generados con base en la normativa de la materia expedida con anterioridad, permitiendo con ello la continuidad en el trámite y la conclusión de los asuntos generados al amparo de esa otra legislación, pero sólo hasta el momento en que ésta sea coincidente con la citada ley general o hasta que transcurra un periodo anual, lo que acontezca primero.
Asimismo, la SCJN expresó que el INAI se equivocó al considerar que el recurso de revisión en materia de seguridad nacional requiere normas complementarias para poder ser interpuesto, ya que se trata de un medio de impugnación instituido contra actos del repetido INAI, por lo que es lógico que el lapso que transcurra para la armonización de la legislación local y federal en nada incide para su procedencia, sobre todo porque es un recurso inédito que cuya decisión no le corresponde a él, sino a la SCJN, de manera que no hay necesidad de esperar la conclusión del periodo anual que marca el artículo segundo transitorio de la ley general en estudio, afirmó.
De esta forma, como el recurso de revisión en materia de seguridad nacional contra resoluciones del INAI, cuyo trámite y resolución está reservado en exclusiva a la SCJN, no tenía una existencia previa en el régimen legal federal ni en algún otro, sino que se trata de un medio de defensa inédito, debe concluirse que la convivencia normativa temporal que regulan los artículos Segundo y Quinto Transitorios no incide en la procedencia de este medio de defensa, en virtud de que las normas preexistentes ni siquiera instituían un recurso de naturaleza análoga, tal como se deduce de la sola lectura del artículo 157 de la vigente LGTAIP.
Además, la Suprema Corte consideró que es inexacto el argumento del INAI consistente en que la vigente LGTAIP carezca de reglas procesales suficientes para el trámite y resolución del medio de impugnación interpuesto por el Consejero Jurídico, ya que de la lectura de su Capítulo IV, denominado “Del Recurso de revisión en materia de seguridad nacional”, se advierte que prevé disposiciones en orden a regular, por ejemplo, la legitimación activa y pasiva; los supuestos de impugnación; los plazos para hacerlo; las medidas cautelares; las reglas para preservar la confidencialidad de la información que sea remitida al alto tribunal durante la sustanciación del recurso; la metodología para el estudio de fondo y los alcances de la resolución definitiva, así como las formas de ejecución de las sentencias, entre otras previsiones procesales.
Lección básica de Derecho: las leyes, todas, las interpreta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no el INAI.
Este recurso de revisión interpuesto por el consejero jurídico en contra de una resolución del INAI, quizá es el primero de muchos que se interpondrán en un futuro; la SCJN tiene la gran labor de hacer un análisis exhaustivo de la colisión que se da en estos casos entre el derecho de acceso a la información y la seguridad nacional; el INAI debe echar mano no sólo de argumentos como los de las tres “i”, sino de conocimiento y capacidad para dictar resoluciones en estricto apego a nuestra Carta Magna, que hagan prevalecer los derechos humanos que por mandato constitucional salvaguarda el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, y que pasen el tamiz del Poder Judicial, en especial de la SCJN. Por el bien de los ciudadanos, ojalá así sea.
El desenlace de este asunto está pendiente. Veremos en los próximos meses qué determina la SCJN: si el INAI está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones o si requiere redoblar esfuerzos. Estaremos atentos para informarlo con oportunidad.
* Director de Proyectos y Coordinación en el IFT. Fue director de Asuntos Contenciosos de Datos en el IFAI, y asesor del titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. Las opiniones contenidas en este artículo son a título estrictamente personal.
[1] Pp. 10-11 del recurso de reclamación 1271/2015, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27 de enero de 2016.
2 Pp. 11-13 del recurso de reclamación 1271/2015, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27 de enero de 2016.
3 P. 2 del recurso de reclamación 1271/2015, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27 de enero de 2016.
4 Véase la p. 4 del recurso de reclamación 1271/2015, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27 de enero de 2016.
5 Pp. 21-22 del recurso de reclamación 1271/2015, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27 de enero de 2016. Twittear
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