Source: https://es.scribd.com/document/109051434/SENTENCIA-TENTATIVA
Timestamp: 2017-05-29 00:27:17
Document Index: 12545282

Matched Legal Cases: ['artículo 245', 'artículo 8', 'artículo 467', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 340', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 276', 'artículo 22', 'artículo 27', 'artículo 269', 'artículo 245', 'artículo 5', 'artículo 244', 'artículo 63', 'artículo 11', 'artículo 63', 'artículo 38', 'artículo 64']

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P. los dos primeros. fue resuelta la situación jurídica de MALAGÓN GORDILLO. el 23 de junio de 2004. extorsión agravada y concierto para delinquir. y la captura en flagrancia operó el 23 de julio del mismo año. Consecuentemente. el día 24 siguiente se abrió la investigación formal. en consonancia con el numeral tercero del artículo 245 ibídem. La situación jurídica de Daza Tovar y Castellanos Beltrán. modificado por el artículo 8° de la Ley 733 de 2002. es capturado LEONEL ÁLVARO MALAGÓN GORDILLO. contemplado en el artículo 467 del C.P. en contra del cual se decretó medida de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a excarcelación provisional. imponiéndoseles medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional. vincularon ellos en el hecho a LEONEL ÁLVARO MALAGÓN GORDILLO. modificado por el artículo 5° de la Ley 733 de 2002. fue resuelta el 29 de julio de 2003. respecto del primero.Recabada la indagatoria de los capturados. y concierto para delinquir y extorsión agravada.
. en lo que atiende al segundo El 17 de septiembre de 2003. modificado por el artículo 6° de la Ley 733 en cita. por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir. y 244 del C. se declaró persona ausente a LEONEL ÁLVARO MALAGÓN GORDILLO. El 10 de octubre de 2003. Al tercero de los nombrados se le llamó a juicio también por el delito de rebelión. fue calificado el mérito del sumario. profiriéndose resolución de acusación en contra de LEONEL ÁLVARO MALAGÓN GORDILLO. El 17 de marzo de 2004.P. Ulises Castellanos Beltrán y Pedro Julio Daza Tovar. ACTUACIÓN PROCESAL Dado que los hechos fueron denunciados el 13 de julio de 2003. y se nombró en su favor defensora de oficio. de los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada. señalándolo como la persona que entregó los datos de la víctima y propuso la exigencia de la alta suma de dinero.. por los delitos de rebelión. a título de coautores. se decretó el cierre de la investigación. dispuestos en el artículo 340 del C. El 29 de julio de 2004. En esa misma fecha se recogió la indagatoria de los dos capturados en flagrancia y se dictó orden de captura contra LEONEL ÁLVARO MALAGÓN GORDILLO.
como coautores del delito de extorsión agravada. el 6 de octubre de 2006. la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Bogotá. cuerpo primero. el asunto es repartido. el cual fue concedido por el Tribunal e ingresó a la Corte el 9 de abril de 2007. se llevó a cabo diligencia de aceptación de cargos para sentencia anticipada con Pedro Julio Daza Tovar. se ordena el envío del expediente a los Juzgados Penales del circuito Especializados de Depuración de Bogotá. para adelantar la fase del juicio. se profirió el fallo de primer grado. la sentencia de primer grado. El 20 de abril siguiente se admitió la demanda y ordenó el inmediato traslado al Procurador. Contra ella interpuso el recurso de casación el mismo defensor. discurrió la audiencia pública de juzgamiento. estos fueron efectivamente pagados. a través de interlocutorio datado el 24 de enero de 2005. El 22 de junio de 2005. por el cual también se les formularon cargos. El 10 de mayo de 2007. Apelada por el defensor de MALAGÓN GORDILLO. Durante los días 10 y 25 de octubre de 2005. correspondiéndole al asunto al Primero de ellos. Con base en la causal primera. a al pena de 72 meses de prisión y multa en cuantía de 1500 salarios mínimos legales mensuales. emitió la decisión de segundo grado que confirmó en su integridad lo dispuesto por el A quo. se llevó a cabo la audiencia preparatoria. febrero 27 y febrero 28 de 2006. en el cual se condena a LEONEL ÁLVARO MALAGÓN GORDILLO y Ulises Castellanos Beltrán. respecto de éste se ordenó la ruptura de la unidad del proceso. al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá. SÍNTESIS DE LA DEMANDA Cargo único. En esa misma providencia se absolvió a los acusados del delito de concierto para cometer delitos de extorsión. Habida cuenta de que el 21 de julio de 2005. dispuesta en el artículo
. razón por la cual. el cual rindió su concepto el 3 de febrero de 2009. se decreta la libertad de MALAGÓN GORDILLO. El 7 de marzo de 2005. finalmente.Ejecutoriada la resolución de acusación. la que se materializa el 21 de febrero de 2005. Luego de solicitarse la correspondiente avaluación de perjuicios y rendido el dictamen del perito designado para el efecto.
cuyo contenido es económico. para doblegar la voluntad del afectado y. despejado tácticamente por las instancias. particularmente. dado que no se tuvo en cuenta la atemperante de pena contemplada en la norma. también afecta la autonomía personal-. Empero. En otras palabras. debió emitirse sentencia por un delito de extorsión en grado de tentativa y no.
. por los artículos 5° y 6° de la Ley 733 de 2002. si se exige un resultado patrimonial. en la cual los delincuentes se decían miembros de las FARC. acorde con lo ocurrido. en cuanto. que el afectado acudió ante el GAULA . que serviría de señuelo para la captura en flagrancia de éstos. incurrió en el vicio que se le atribuye. la jurisprudencia de la Corte ya tiene suficientemente decantado el tema -cita. no se puede entender consumada la conducta. En sustento del cargo. sin controversias.. referido a la tentativa. dejó de aplicar lo contemplado en el artículo 27 del C. cuando el mismo no se alcanza debe acudirse a la figura de la tentativa.207 de la Ley 600 de 2000. en consecuencia. no se ha cubierto la pretensión monetaria que se erige en finalidad del delito. en consecuencia.P. hasta definir que cuando se realizan este tipo de operativos encaminados a capturar a los extorsionistas a través de la entrega de paquetes simulando dinero.P. descartó la existencia de un delito tentado. parte por relacionar. como sucedió. Destaca el recurrente la forma en que el a quo advirtió suficiente el contenido de la nota extorsiva. como efectivamente sucedió. aduce el impugnante. y allí se le instruyó para negociar con los extorsionistas. respectivamente. y no se trata de uno de los punibles denominados de mera conducta. consumado. transcribiéndolos. y la falta de aplicación del artículo 27 del Código Penal. agrega el casacionista. la Corte ya tiene definido que el delito de extorsión atenta contra el bien jurídico del patrimonio económico –así pueda estimarse pluriofensivo. el casacionista acusa al fallo de segundo grado de violar directamente la ley sustancial. una vez recibiera la nota extorsiva. por aplicar indebidamente los artículos 244 y 245 -3 y 6. y afectó con ello a los procesados. modificados. pues. y. a más de preparar el paquete simulando dinero. Al efecto. cuando el Tribunal ratificó la condena por un delito consumado. en consecuencia. dos fallos proferidos por ésta Corporación en los años 1986 y 1995-. por manera que. estima el recurrente que. los apartados de las sentencias de primero y segundo grados donde se señala. del C. concluye el recurrente. De esta forma.
Concluye el representante del Ministerio Público.P. su naturaleza. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Para la Corte. en consecuencia. se degrade la pena de conformidad con lo estipulado en el artículo 27 del C. el bien jurídico tutelado y la posibilidad de que la conducta pueda emerger tentada. Ello fue lo que pasaron por alto los funcionarios judiciales de ambas instancias. el patrimonio económico. en particular. el asunto discutido surge nítido en su resolución. y por ese motivo debe casar la Corte la sentencia. reconociendo la existencia del dispositivo amplificador del tipo y. favoreciendo a ambos condenados con la atemperante de pena allí dispuesta. debe anunciarse desde ya. que si bien.P. su naturaleza. como así lo solicita el demandante. la efectiva intervención de las autoridades de policía impidió la consumación del ilícito.Acorde con ello. Para ese efecto. los extorsionistas desarrollaron actos idóneos e inequívocamente dirigidos a doblegar la voluntad del afectado para obtener el desembolso de la alta suma de dinero exigida. efectivamente las instancias pasaron por alto la ya reiterada y pacífica doctrina expedida por la Corte en punto del delito de extorsión. desde antaño la Sala ha construido una sólida. En torno de la actitud de la víctima que acude ante la autoridad y luego simula entregar el dinero exigido. donde se precisa que en razón al bien jurídico tutelado. CONCEPTO DEL PROCURADOR PRIMERO DELEGADO PARA LA CASACIÓN PENAL De entrada. resalta el Procurador. también existe pronunciamiento de la Corte. culmina deprecando el Delegado del Ministerio Público. dado que. el bien jurídico principal tutelado y la posibilidad de que
. escogido por el legislador como el de mayor acento a proteger. cita pertinente doctrina y jurisprudencia de esta Corporación. de la consumación del delito. advierte. solicita el casacionista se case parcialmente la sentencia. advirtiendo que el hecho queda en la fase de tentativa. pacífica y reiterada jurisprudencia sobre el delito de extorsión. a pesar de que puede verificarse también afectada la autonomía personal. quienes dejaron de aplicar lo consignado en el artículo 27 del C. debe partir por examinar si se obtuvo o no la finalidad buscada. la evaluación del iter criminis y. pues. el representante del Ministerio Público pide casar la sentencia parcialmente.
beneficio o utilidad. a despecho de lo que su función determina. A la par. desconozcan flagrantemente esa jurisprudencia. tanto el Juzgado Especializado. Ahora.
. y sin mayores preámbulos discursivos asuman consumado el delito. Asiste la razón al impugnante. como fines inherentes a la actividad del extorsionista. advierte del provecho. obedece a causas ajenas al querer o intervención del sujeto activo. Por ello. independientemente de que también la autonomía personal pueda verse afectada con el actuar contra derecho de quien plantea la exigencia. también de forma amplia y pacífica la Corte ha delimitado bajo la férula del conato el asunto. las más de las veces con la entrega de un paquete simulando contener el dinero exigido. el patrimonio económico. entonces. respecto del caso específico. la materialización del provecho. Así lo sostuvo la Corte . ninguna duda cabe de que se cubren en suficiencia los elementos fácticos y jurídicos que integran el dispositivo amplificador del tipo de la tentativa.admita el dispositivo amplificador del tipo consagrado en el artículo 27 de la Ley 599 de 2000. acorde con lo que hoy dispone el artículo 27 de la Ley 599 de 2000. Y si esa interrupción. evidente como surge que esa entrega es apenas aparente y precisamente la decisión de acudir ante las autoridades enerva la posibilidad efectiva de que el provecho o utilidad buscados puedan materializarse. escogido por el legislador con el de mayor acento a proteger. la ubicación de la conducta punible dentro del Título Vll. particularmente la referencia al bien jurídico tutelado. ya recurrente en este tipo de delitos. una vez planteada la amenaza extorsiva. definido de resultado el delito. como la Sala del Tribunal encargada de resolver la apelación. acude a las autoridades de policía y de consuno con ellas se realiza el operativo encaminado a capturar en flagrancia a los delincuentes. De entrada. y revelan que el delito no puede estimarse de mera conducta. o mejor. en el cual la víctima. beneficio o utilidad. cuando traen a colación lo dicho por ésta Corporación en torno del delito de extorsión. pese a que en ambas instancias el asunto fue discutido. cuando los actos ejecutivos asoman idóneos e inequívocamente dirigidos a la consecución del fin. resulta bastante particular que. prohijado por el Delegado de la Procuraduría. es posible establecer en etapa ejecutiva la posibilidad de interrupción que impida la consumación.
es decir. precisamente cuando acudieron a recibir el dinero simulado. que cuando el legislador dice "El que constriña a otro a hacer. debe tenerse muy presente que el ingrediente subjetivo
. porque es un hecho punible pluriofensivo de resultado. Además. sino que subsiste. por causas ajenas a su voluntad. no por ello el delito deja de existir en términos de lo punible. cuando es claro que ninguna razón existe para variar su posición. es considerar consumado el delito con la sola amenaza del mal futuro. provecho que ha de ser necesariamente de orden económico. en el asunto examinado el afectado dio cuenta a las autoridades de la amenaza extorsiva y se planeó el operativo que dio con la captura inicial de dos de los presuntos extorsionistas. De donde debe inferirse necesariamente que si el comportamiento del sujeto activo no logra doblegar la voluntad de la víctima en la medida en que ésta hace. lo cual ciertamente no estuvo en la mente del legislador. ya que menoscaba principalmente dos bienes jurídicos: la libertad de autodeterminación y el patrimonio económico sin que sea menester para este último evento que el provecho se obtenga.” Como no se discute que. condensada en pronunciamiento de 1995 : “Por manera. Si los actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación del delito realizados por el sujeto activo no alcanzan la perfección del tipo básico. salir del país.000. tolera u omite cosa distinta a lo exigido con la finalidad indicada (como acudir a la autoridad. se reitera la que ha sido posición reiterada de la Sala. en efecto. simular la entrega.). pero en la connotación de imperfecto o en grado de tentativa.“Precisamente. la Corte no estima necesario profundizar en un tema ya suficientemente decantado. tolerar u omitir aquello que el sujeto activo de esa conducta quiere. porque los diez millones de pesos ($ 10. Ello se refiere al agotamiento. Apenas a título de colofón. darle otro alcance a esa expresión. el delito ha quedado en la fase de la tentativa. debido a la interferencia del operativo de inteligencia. el Tribunal Superior de Cúcuta profirió sentencia condenatoria por el delito en la modalidad de tentativa.000) finalmente exigidos por los extorsionistas nunca llegaron a sus manos. como en el caso se examina. a juzgar por la ubicación de este tipo penal dentro de los delitos que protegen el bien jurídico patrimonial de esa naturaleza. tolerar u omitir alguna cosa. con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero". ni es el alcance que le dan otras legislaciones similares. está exigiendo una conducta con propósito definido capaz de doblegar la voluntad de una persona para hacer. etc.
entidad que se le sugirió acudiera a la cita llevando un paquete o envoltorio que simulaba el dinero ilegítimamente pedido para que pudiese ser capturado el encargado de recibirlo. Lo que el proceso revela es que su comportamiento estuvo encaminado no a cumplir lo exigido ilegalmente. el cargo prospera. Significa ello que en el caso presente ha debido aplicarse el dispositivo amplificador de la tentativa que demanda el casacionista. conforme a lo anotado. que una vez la señora Carballo Díaz recibió las misivas en las que se le exigía una suma apreciable de dinero a cambio de no revelar secretos de la vida íntima de su hija.señalado en la norma lo es fundamentalmente para diferenciarla del tipo penal referido en el artículo 276 del C. como efectivamente ocurrió. ni acudió a dicha autoridad por el temor de que los extorsionistas pudiesen cumplir su amenaza futura. pues de haber padecido tal estado de ánimo habría aceptado simplemente la ilícita exigencia. nos encontraríamos cuando hay finalidad económica. sino lo dispuesto por la autoridad que intervenía a petición suya para lograr la captura de quienes con el propósito de lucrarse actuaban de esa manera. frente al delito de extorsión : "Si solo se atenta contra la libertad de determinación fulminando una amenaza y no se logra el hacer. y así lo aceptaron los falladores de las instancias. sostiene que no se desvirtuó “la modalidad del delito material del mismo. con lo que no aparece un argumento jurídicamente sólido que permita variar la calificación jurídica de la ilicitud”. respaldando la tipificación del delito de extorsión agravada
. En consecuencia. pese a conocer los hechos. P. en el terreno de la tentativa". Como el proceso da cuenta. Hasta el presente esa posición no ha variado y es por ello que resulta extraña la manifestación del Tribunal cuando en el fallo atacado. Y como no ocurrió así. pero con cualquiera finalidad. menos la económica. se puso en contacto con el DAS. en concreto. -que vulnera también la libertad de autodeterminación o autonomía personal con el constreñimiento mediante iguales conductas-. omitir o tolerar. Razón para que la Corte sostenga. se casará parcialmente la sentencia impugnada para reconocer que el procesado sentenciado lo es únicamente por un delito de Extorsión en grado de tentativa y ajustar la pena deducida en la forma indicada en el artículo 22 del C. Evidente. que el Tribunal incurrió en yerro mayúsculo cuando decidió confirmar la sentencia de primer grado. luego de verificar que no asistía la razón al impugnante respecto a la supuesta incongruencia entre la sentencia de primer grado y el contenido de la resolución de acusación. mal hicieron los falladores de las instancias en considerar que la voluntad de la señora Carballo Díaz había sido doblegada por la amenaza consignada en los escritos. P.
se casará el fallo de conformidad con lo solicitado por el demandante. Empero. así como multa entre 3000 y 6000 salarios mínimos legales mensuales (respecto de la multa la norma no establece el incremento de la tercera parte. en respeto de su criterio. A esa sanción debe incrementársele “hasta en una tercera parte”. Al efecto. dada la modalidad agravada del delito. purgarán pena de 36 meses de prisión y multa en cuantía de 750 salarios mínimos legales mensuales. con lo cual desatendió lo contemplado en el artículo 27del C. como así lo dispone el artículo 269 del C. sino esos nuevos topes específicos). como sanción a cumplir por los acusados. P. Ahora bien. y 21 años y 4 meses de prisión. ya que el despacho A quo estimó necesario. en lo que atiende a la pena de prisión. aunque ninguna argumentación intentó para el efecto.como consumado. y límites entre 1500 y 4500 salarios mínimos legales mensuales. que imponía pena de 12 a 16 años de prisión y multa en cuantía de 600 a 1. como lo demanda el artículo 245 ibídem.. se hace menester reducir la pena. con lo cual surge un nuevo parámetro dosificador que oscila entre 12 años. En igual lapso se
. se determinan 72 meses de prisión y multa en cuantía de 1500 salarios mínimos legales mensuales. lo que significa.P. No es necesario despejar los cuatro cuartos que componen el ámbito de movilidad punitiva. casado el fallo para incluir la modalidad atenuada del delito imperfecto. dados sus efectos benéficos. vale decir. partir del mínimo de pena. habida cuenta de que los perjuicios causados con el ilícito fueron indemnizados integralmente durante el proceso. modificado por el artículo 5° de la Ley 733 de 2002. esos límites han de reducirse en proporción “no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo”. Ello implica realizar una nueva dosificación de la sanción que tome en cuenta el factor de atemperación punitiva pasado por alto y respete en lo posible el criterio del fallador al momento de establecer la pena. emergiendo de ello un tope mínimo de 72 meses y uno máximo de 192 meses. dado que el fallo de casación también vincula oficiosamente al no impugnante. que finalmente ambos condenados. para la época de los hechos se hallaba vigente el artículo 244 de la Ley 599 de 2000.200 salarios mínimos legales mensuales. El juzgado de primer grado estimó que ese pago ameritaba la atenuación de la mitad de lo dispuesto. respecto de la sanción pecuniaria.
pues. En lo que respecta al no impugnante. denotando ello enorme insensibilidad de parte de los delincuentes. asimilable al cumplimiento de parte de la pena. por cerca de siete meses únicamente. así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena. el numeral 2° del artículo 63 del C.” Respecto de LEONEL ÁLVARO MALAGÓN GORDILLO y Ulises Castellanos Beltrán.. estuvo en detención preventiva. el delito reviste inusitada gravedad. dado que esas limitaciones fueron derogadas con la expedición de la Ley 890 de 2004 . ni tampoco las exclusiones reguladas en la Ley 1121 de 2006.P. por obra de la indemnización de perjuicios. se le capturó el 29 de junio de 2004 y obtuvo la libertad. se recuerda. ha de abordar la Sala el examen del elemento subjetivo. desde luego encaminada a doblegar más fácilmente la voluntad de la víctima. para examinar si los procesados tienen o no derecho a acceder a la excarcelación. esto es. a quien oficiosamente se transmite el efecto benéficio del fallo de
. sociales y familiares del sentenciado.fija la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. es necesario precisar que esos requisitos no se suplen satisfactoriamente. establece que para otorgar el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. con una ostensible superlativización de la amenaza. la misiva extorsiva se hizo a nombre de un grupo subversivo y además se planteó la posibilidad de causar la muerte a los hijos del afectado. conforme lo registra la foliatura. dado que. en julio de 2003-. Ahora bien. ULISES CASTELLANOS BELTRÁN. previamente debe señalarse que aquí no opera la prohibición que para otorgar este tipo de subrogados contempla el artículo 11 de la Ley 733 de 2002. en tanto. e incluso a él. dado que no se hallaba vigente para la época de los hechos -ocurridos. Como quiera que la pena dispuesta cubre la exigencia objetiva establecida en el artículo 63 de la Ley 599 de 2000. una vez cubierto el requisito objetivo –que la pena impuesta no sea superior a 3 años-. En este sentido. el 21 de febrero de 2005. para viabilizar el estudio del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. ha de verificarse “que los antecedentes personales. para cuyo efecto sigue vigente la decisión de la primera instancia ordenando su captura. Esos factores sirven para que la Corte estime necesario aplicar tratamiento penitenciario en todo su vigor a LEONEL ÁLVARO MALAGÓN GORDILLO.
por solicitud de la Sala se obtuvo copia de auto emitido el 21 de noviembre de 2006. Y. al parecer también denegada-.casación. supera los 5 años de tope máximo establecidos en la norma –recuérdese que la rebaja por indemnización integral. solo resta que la Corte decrete aquí la libertad definitiva. en el cual ese despacho otorgó al procesado la “LIBERTAD CONDICIONAL”.P. y que a pesar de ordenarse su libertad provisional por indemnización integral. por orden del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá. en decisión del 17 de marzo de 2005 .P. No abordará la Corte el examen del subrogado de prisión domiciliaria. dado que no se cumple el requisito objetivo consagrado para el efecto por el artículo 38 del C. e incluso presentó acción de tutela. de vieja data lo tiene dicho la Sala. corresponde a un factor post delictual que no se erige en circunstancia modificatoria de los límites de pena establecidos por el legislador-. la totalidad de la pena hoy impuesta -36 meses-. de ULISES CASTELLANOS BELTRÁN. se tiene claro que se le capturó en flagrancia el 23 de julio de 2003 . la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. al folio 51 del cuaderno original de segunda instancia. en efecto. en razón de este proceso. ya había cubierto las dos terceras partes de la pena de 72 meses originalmente impuesta. En mérito de lo expuesto. ella no se materializó por cuanto no fue pagada la caución de 70 salarios mínimos legales mensuales ordenada –respecto de ello el procesado hizo solicitud de rebaja que le fue negada. por pena cumplida. en virtud de que la pena dispuesta por el legislador para el delito despejado. extorsión agravada en la modalidad de tentativa. Como quiera que se observa patente que para el 27 de noviembre de 2006. se anexó constancia de que obtuvo la libertad el 27 de noviembre de 2006. Sin embargo. ya se había cubierto ampliamente.. fecha en que obtuvo materialmente la libertad el acusado. en efectiva reclusión. RESUELVE 1. CASAR la sentencia impugnada. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. por entender que para ese momento CASTELLANOS BELTRÁN.. proferida por el Tribunal Superior de
. acorde con lo dispuesto en el artículo 64 del C.
notifíquese. en lo que a este caso compete. de ULISES CASTELLANOS BELTRÁN. 2. que será de treinta y seis (36) meses de prisión y multa en cuantía de 750 salarios mínimos legales mensuales. En consecuencia. permanece incólume el fallo.
AUGUSTO J. Decretar la libertad definitiva por pena cumplida. En lo demás. En igual lapso al de la pena privativa de la libertad se fija la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. los subrogados de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARIA DEL ROSARIOGONZÁLEZ DE L. 4. Contra esta decisión no procede recurso alguno.Bogotá. devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase. 5. 3. MODIFICAR la pena impuesta a los acusados LEONEL ÁLVARO MALAGÓN GORDILLO y ULISES CASTELLANOS BELTRÁN. Negar a los acusados LEONEL ÁLVARO MALAGÓN GORDILLO y ULISES CASTELLANOS BELTRÁN. en relación con el cargo propuesto por el defensor del procesado LEONEL ÁLVARO MALAGÓN GORDILLO. IBAÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
. Cópiese.
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