Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S90-05.html
Timestamp: 2015-02-28 02:00:17
Document Index: 163490850

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 45', 'artículo 51', 'artículo 45', 'artículo 51', 'artículo 45']

Alejandra Marcela Matus Acuña y otros v. Chile, Caso 12.142, Informe No. 90/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME N° 90/05
4. El 4 de mayo de 1999 la Comisión decidió dar trámite a las peticiones y abrir el caso 12.142. El 2 de octubre de 2000, tras substanciar el trámite correspondiente, la Comisión aprobó el Informe 55/00 sobre admisibilidad en el cual determinó que era competente para analizar el fondo del caso y que la petición cumplía con los requisitos de admisibilidad establecido en el artículo 46 de la Convención Americana. En adelante, al referirse a la posición de los peticionarios, la CIDH resumirá los alegatos de los representantes de la periodista Matus Acuña y, en lo pertinente, de las demás comunicaciones recibidas. 5. La CIDH concluye en este informe que el “Libro Negro de la Justicia Chilena”, escrito por la señora Alejandra Marcela Matus Acuña, fue incautado por orden judicial y su circulación estuvo prohibida por más de dos años. Concluye, asimismo, que la señora Matus Acuña fue sometida a un proceso judicial que la obligó a salir de su país para evitar ser privada de su libertad. Asimismo, establece que se privó a la sociedad chilena del derecho al acceso a la información. La Comisión concluye que no se respetaron el derecho a la libertad de expresión y el derecho de propiedad. Los hechos establecidos en el presente informe constituyen violaciones de los artículos 13 y 21 de la Convención Americana, todo ello en violación del deber de respeto y garantía consagrado en su artículo 1(1) y del deber de adecuar las normas del derecho interno a la misma Convención (artículo 2).
9. El 23 de enero de 2001 los peticionarios solicitaron que se diera por concluido el procedimiento de solución amistosa y que la Comisión continuara con el trámite correspondiente para emitir el informe de fondo sobre el caso. Sostuvieron, fundamentalmente, que “el Estado de Chile no ha mostrado una voluntad de querer llegar a una solución amistosa en esta causa, fundada en el respeto de los derechos humanos, lo que se refleja... en la pertinaz insistencia de sus representantes ante esa Comisión para solicitar prórrogas con una única finalidad dilatoria, sin haber siquiera dado cumplimiento hasta la fecha de las solicitudes de medidas urgentes de protección para mi defendida, ordenadas por esa Comisión hace ya más de un año”. El 24 de enero de 2001 la Comisión comunicó al Estado que los peticionarios habían decidido desistir del procedimiento de solución amistosa. 10. El 2 de febrero de 2001 el Gobierno presentó sus observaciones respecto de la ampliación de alegatos realizada por los peticionarios el 14 de junio de 2000. El 6 de febrero de 2001 se dio traslado de esta respuesta a los peticionarios, quienes, mediante comunicación del 25 de abril de 2001, manifestaron no tener observaciones.
11. Por nota recibida el 24 de septiembre de 2001, los peticionarios solicitaron que se emitiera el informe de fondo correspondiente. Manifestaron que el Estado de Chile había derogado las disposiciones de la Ley de Seguridad del Estado que habían dado fundamento a la causa penal en contra de Alejandra Matus Acuña. Adujeron que, sin embargo, las violaciones a sus derechos humanos no habían sido remediadas. 12. El 2 de octubre de 2001 la CIDH transmitió esta comunicación al Estado. Asimismo, solicitó a los peticionarios que presentaran sus observaciones adicionales sobre el fondo de la cuestión, para lo que fijó un plazo de dos meses. El 29 de noviembre de 2001, la CIDH reiteró a los peticionarios la solicitud de información. El 2 de diciembre de 2001, los peticionarios remitieron sus observaciones. Al día siguiente se dio traslado al Estado por el plazo de dos meses. El 6 de febrero de 2002, el Estado solicitó prórroga, que se le concedió por el plazo de un mes a partir del 14 de febrero. A la fecha del presente informe, el Estado no presentó sus observaciones sobre el fondo del caso.
21. Ese mismo día, el Ministro de la Corte Suprema, señor Servando Jordán López, interpuso una denuncia contra la autora y la editorial ante la Corte de Apelaciones de Santiago por infracción al artículo 6, apartado b) de la ley 12.927 de Seguridad del Estado.[4] Ese mismo día, fue nombrado como Ministro de Fuero para conocer los hechos que dieron lugar al requerimiento, el Ministro Rafael Huerta. 22. El mismo 13 de abril de 1999, el Ministro Huerta ordenó, como medida precautoria, la incautación de todos los ejemplares existentes y prohibió la reedición del libro, con base en lo dispuesto por los artículos 16(1) y 30 de la Ley de Seguridad del Estado.[5] En consecuencia, el 14 de abril, con el auxilio de la fuerza pública, se incautaron todos los ejemplares que se encontraban a la venta en las librerías de Santiago, así como también 1,141 ejemplares que poseía la Editorial en sus bodegas.
33. El artículo 13 de la Convención Americana prohíbe la censura previa.[8] La Corte ha entendido que el deber de no interferir con el goce del derecho de expresarse libremente se extiende a la libre circulación de información, de ideas y la exhibición de obras artísticas que puedan o no contar con la aprobación de las autoridades estatales.[9] En la Opinión Consultiva 5 este Tribunal interpretó que “el artículo 13(2) estipula, en primer lugar, la prohibición de la censura previa la cual es siempre incompatible con la plena vigencia de los derechos enumerados por el artículo 13, salvo las excepciones contempladas en el inciso 4 referentes a espectáculos públicos, incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese medio un abuso eventual de la libertad de expresión. En esta materia toda medida preventiva significa, inevitablemente, el menoscabo de la libertad garantizada por la Convención”.[10] 34. La Comisión, por su parte, se ha expresado de manera similar: la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión[11] establece, en el principio 5, que la censura previa debe estar prohibida por la ley y, además, recientemente ha sostenido:
El artículo 13 de la Convención Americana contiene una prohibición prácticamente absoluta de la censura previa, prohibición que no se encuentra en otros instrumentos internacionales de derechos humanos y que indica la gran importancia que los redactores de la Convención otorgaban al derecho de la libertad de expresión.[12] 35. Similar opinión han manifestado otros tribunales internacionales, entendiendo que la censura previa supone el control y veto de la expresión antes de que ésta sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido censurada, como a la totalidad de la sociedad, ejercer su derecho a la información. En otras palabras, la censura previa produce “una suspensión radical de la libertad de expresión al impedirse la libre circulación de información, ideas, opiniones, o noticias”. Como se dijo, esto constituye una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática.[13]
3. La Compatibilidad del Artículo 6 (b) de La Ley de Seguridad del Estado con laConvención Americana 40. La Comisión considera que el artículo 6(b) de la ley de Seguridad del Estado[17], aplicado a la periodista Alejandra Matus Acuña, era violatorio del artículo 13 de la Convención Americana. Así lo ha señalado en reiteradas oportunidades la Relatoría para la Libertad de Expresión, indicando que constituye una “ley de desacato”[18], en tanto encuadra dentro de “una clase de legislación que penaliza la expresión que ofende, insulta o amenaza a un funcionario público en el desempeño de sus funciones oficiales”.
42. La Comisión observa con beneplácito la derogación del mencionado artículo de la Ley de Seguridad del Estado y llama al Estado a continuar en el esfuerzo por derogar el resto de las normas internas incompatibles con sus deberes bajo la Convención Americana. 4. Obligación de Garantizar los Derechos Protegidos por la Convención y de Adecuar el Ordenamiento Jurídico Interno a las Disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos
44. Por su parte, el artículo 2 de la Convención dispone que: “Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 45. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que “el deber general del Estado, establecido en el artículo 2 de la Convención, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías”.[20]
47. Al respecto, cabe destacar que, por ley 19.733, el Estado de Chile derogó los artículos 6(b) y 16 de la Ley de Seguridad del Estado. Con esta nueva legislación, y en cuanto a este caso particular interesa[21], el Estado de Chile ha adoptado las medidas legislativas necesarias para adecuar su ordenamiento jurídico interno al artículo 13 de la Convención Americana. 48. Sin embargo, la Comisión considera que el Estado de Chile es responsable por no haber cumplido oportunamente con su obligación de garantizar el efectivo goce del derecho protegido en el artículo 13 de la Convención y, por lo tanto, ha violado sus artículos 1 y 2. En efecto, el incumplimiento por parte del Estado chileno ha permitido que las restricciones ilegítimas al derecho a la libertad de expresión se mantuvieran por más de dos años y medio. Durante ese lapso, las normas derogadas permitieron que se impidiera la libre circulación del libro y que, de ese modo, se vulnerara el derecho a la libertad de expresión de su autora y de la sociedad chilena.
5. El Derecho a la Propiedad Privada 49. La peticionaria alega que el Estado de Chile también ha violado su derecho a la propiedad privada. Considera que el derecho de propiedad intelectual de Alejandra Marcela Matus Acuña sobre “El Libro Negro de la Justicia Chilena” debe ser considerado como un bien y que, como tal, se halla protegido por el artículo 21 de la Convención Americana. Explica que la incautación impidió la comercialización del libro “privando a la autora del legítimo goce de sus derechos derivados de la venta de su obra” y aclara que “no se reclama la violación del derecho de propiedad de Editorial Planeta respecto a bienes corporales determinados (los libros físicos), sino contra el hecho objetivo de haberse impedido la comercialización de una obra intelectual y, consecuentemente, el goce del derecho a su propiedad intelectual, por la vía de la requisa de esos ejemplares físicos y de la existencia de una orden de incautación que hacía imposible jurídicamente reemplazar en el mercado los ejemplares requisados”.
VII. CONCLUSIONES 57. En definitiva, la Comisión Interamericana concluye que Marcela Alejandra Matus Acuña fue víctima de censura por el “Libro Negro de la Justicia Chilena”, y que sus libros fueron incautados por orden judicial y estuvieron fuera de circulación por más de dos años. Asimismo, la señora Matus Acuña fue sometida a un proceso judicial que la obligó a salir de su país para evitar ser privada de su libertad. Finalmente, la Comisión establece que se privó a la sociedad chilena del derecho al acceso a la información, en particular a las personas individualizadas en el párrafo 39 supra.
61. El 8 de octubre de 2003, la Comisión aprobó el Informe Nº 46/03, el informe preliminar, de conformidad con el artículo 51 de la Convención Americana. 62. El 5 de enero de 2004, la Comisión transmitió este informe al Estado chileno y a los peticionarios, de conformidad con el estipulado en el artículo 51(1) de la Convención Americana y del artículo 45(1) del Reglamento de la Comisión y otorgó el plazo de un mes al Estado para que fuesen cumplidas las recomendaciones arriba indicadas. Vencido este plazo, la Comisión no ha recibido respuesta del Estado a este respecto. 63. El 27 de febrero de 2004, durante el 119º periodo de sesiones, la Comisión decidió por el voto unánime de los seis miembros votantes, de no enviar el caso a la Corte y de seguir con el tramite reglamentario. 64. En virtud de la ausencia de respuesta del Estado, la Comisión, durante su 122º periodo de sesiones aprobó el Informe Nº 44/05, la versión definitiva del informe, de conformidad con el artículo 51(1) y el artículo 45 (1) del Reglamento de la Comisión. La versión definitiva fue transmitida al Estado chileno y a los peticionarios el 29 de abril de 2005, otorgando de nuevo un plazo de un mes al Estado para cumplir con las recomendaciones, de acuerdo con el artículo 51(2) de la Convención Americana y el artículo 45(2) del Reglamento. Vencido el plazo, la Comisión, otra vez, no ha recibido respuesta del Estado.
65. En virtud de las consideraciones anteriores y de conformidad con los artículos 51(3) de la Convención Americana y 45 de su Reglamento, la Comisión decide reiterar las conclusiones y la recomendación de los párrafos 57 - 60, hacer público este informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. La Comisión, en cumplimiento de su mandato, continuará evaluando las medidas tomadas por el Estado chileno con relación a la recomendación mencionada, hasta que haya sido totalmente cumplida. Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 24 días del mes de octubre de 2005. (Firmado): Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vicepresidente; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.