Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-107-02.htm
Timestamp: 2018-06-23 02:22:51
Document Index: 65962458

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 31', 'artículo 61', 'artículo 39', 'artículo 6', 'artículo 53', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 62', 'artículo 33', 'artículo 48', 'artículo 46', 'artículo 33', 'artículo 64', 'artículo 33', 'Artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 64', 'artículo 6']

C-107-02
SEGURIDAD SOCIAL­-Principios/SEGURIDAD SOCIAL-Concepto ampliado
En cuanto al régimen de la seguridad social en materia de pensiones recientemente la Corte expresó que “ su objetivo es garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la Ley 100 de 1993, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los sectores de la población no amparados con un sistema de pensiones”.
La expresión demandada “durante 5 años más” es constitucional, siempre que se entienda que se trata de una garantía especial de estabilidad para el trabajador que dentro de dicho término está en la posibilidad de adquirir el status de pensionado. Quienes no estén en esta situación no quedan cobijados con este amparo, pues ello implicaría que so pretexto de la expectativa de adquirir la pensión se le imprimiera al principio de estabilidad laboral un carácter absoluto del cual carece.
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3° (parcial) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos HORACIO PERDOMO PARADA y GERMÁN ALFONSO ROJAS SÁNCHEZ demandan parcialmente el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”.
PARÁGRAFO 3. No obstante el requisito establecido en el numeral dos (2) de este artículo, cuando el trabajador lo estime conveniente, podrá seguir trabajando y cotizando durante 5 años más, ya sea para aumentar el monto de la pensión o para completar los requisitos si fuere el caso”.
Al respecto anotan“no vemos que exista impedimento constitucional, físico, moral o económico para tener una expectativa a la pensión de jubilación y poder llegar a ella trabajando y cotizando hasta que esa persona complete las mil semanas así tenga ochenta años de edad”.
“....de ahí entonces que la reforma hubiese afirmado, de un lado, la necesidad social del trabajo como elemento dinámico y de energía propulsora del quehacer comunitario que los individuos estaban obligados a aportar como elemento del desarrollo general y, de otro lado, hubiese proclamado su dignidad y alto rango dentro de los derechos reconocidos al individuo para alcanzar sus propios fines de gozar de una vida plena y decorosa para sí mismo y su familia, según principios que aceptó y amplió la Constitución de 1991. El trabajo, subordinado o no, es la médula de la vida en sociedad y el eje primordial de la existencia humana, de manera que el principio constitucional es la consagración de una verdad inconcusa.
“La ley, pues, debe rodear de especiales circunstancias de cuidado y favor, de estímulo y apoyo, de garantía y respeto y de realce y exaltación, el trabajo humano dentro de los marcos sociales e individuales en los que se ubica.”[1]
“Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente en la construcción de la nueva legalidad”. [2]
La jurisprudencia constitucional también ha considerado el derecho al trabajo como “... un derecho fundamental que goza de especial protección del Estado y, es uno de los bienes que para todos pretende conseguir la organización social, según el preámbulo, y uno de los valores fundamentales de la República, conforme al artículo 1º. Ibídem..”[3]. Y si bien ha considerado que es susceptible de tutela, la prosperidad de la acción en el campo laboral depende de que los derechos que se pretenden tutelar consagrados en la Constitución a favor de los trabajadores hayan sido desarrollados por la ley o los tratados internacionales, que permitan precisar su contenido y delimitar sus alcances.
“Ante todo, hay que aclarar que una cosa es el derecho al trabajo in genere, que abarca la facultad de trabajar, y otra la vocación legal hacia un cargo específico, que puede ser, perfectamente, determinada por el legislador, en virtud de la voluntad general que representa y del interés común que busca. En el supuesto bajo estudio, no se viola el derecho in genere al trabajo, porque la facultad del sujeto para trabajar queda intacta. Lo que ocurre es que para el cargo público específico, no reune los requisitos adecuados, según el legislador, para ejercerlo. Sería totalmente absurdo que, bajo el argumento de una vocación ilimitada hacia cualquier cargo público, se dijera que es inconstitucional cualquier requisito que determine condiciones y limitaciones para el desempeño de ese cargo.
“Otro argumento, en fin, es el de que la Constitución Política, de acuerdo con su artículo 13, busca que la igualdad sea real y efectiva, y que en principio se ve vulnerado por el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, puesto que los mayores de 65 años quedan en inferioridad de condiciones, con lo cual, de paso, se desconoce la protección especial a los ancianos.
“Los miembros de la tercera edad con esta disposición no quedan en condiciones de inferioridad, básicamente por tres motivos: primero, porque ella misma prevé que habrá una compensación, es decir, la pensión de vejez, con lo cual se le da lo debido en justicia a las personas mayores de 65 años, y no quedan en estado de necesidad, ni de indefensión ante la vida. Segundo, porque ya ejercieron su derecho específico, con lo cual queda claro que no se les negó tal derecho ni el del libre desarrollo de su personalidad. Y tercero, porque al llegar a esa edad -además de la pensión- se hacen también acreedores a diversas formas de protección por parte del Estado y de la sociedad civil. Como si lo anterior fuera poco, es evidente que pueden seguir trabajando en otros oficios, si así lo desean. El derecho al trabajo no se concreta en un sólo cargo, se repite, sino que implica la facultad del agente para perfeccionar el entorno indeterminado, pero determinable”.[4]
Teniendo en cuenta que se ha aludido a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, y dada la importancia del tema para la solución del asunto bajo revisión, considera pertinente la Corte hacer algunas consideraciones en torno al principio de la estabilidad laboral según el cual “...se busca asegurar que el empleado goce de una certeza mínima en el sentido de que el vínculo laboral contraído no se romperá de manera abrupta y sorpresiva, de manera que no esté expuesto en forma permanente a perder su trabajo y con él los ingresos que permiten su propio sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria del patrono”[5].
Garantía que como lo ha determinado esta Corporación no reviste un carácter absoluto, como quedó consignado en la Sentencia C-016 de 1998, en la que se declaró la constitucionalidad del literal c) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra la posibilidad de terminar el contrato individual de trabajo por expiración del plazo fijo pactado. Dijo entonces la Corte que “...El principio de estabilidad en el empleo no se opone a la celebración de contratos a término definido. Las relaciones laborales no son perennes o indefinidas, pues tanto el empleador como el trabajador, en las condiciones previstas en la ley y en el contrato tienen libertad para ponerles fin...”.
Y también reconoció el carácter relativo de la estabilidad laboral al proferir la Sentencia C-1341 de 2000 en la que declaró la constitucionalidad del parágrafo segundo del artículo 39 de la Ley 443 de 1998, que consagró que el término de caducidad establecido en el Código Contencioso Administrativo para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se contará a partir de la nulidad del acto administrativo que originó la supresión del empleo. Dijo entonces “... si bien esta garantía no reviste un carácter absoluto, por cuanto no significa un derecho del trabajador a permanecer indefinidamente en el cargo, concretándose tan sólo en el contenido de continuidad y permanencia que deben revestir las relaciones obrero-patronales, si involucra la necesidad de pagar una indemnización cuando dichas expectativas de permanencia resultan ser injustificadamente defraudadas...”.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia cuando actuaba como Juez de la Carta, también tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre este tópico al decidir sobre la constitucionalidad del artículo 6° literal d) del numeral 4º y de su parágrafo transitorio (parcialmente) de la Ley 50 de 1990, relativo a la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, caso en el cual el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización en los términos señalados en el mismo artículo. Expresó entonces que“...a pesar de que el artículo 53 de la nueva Constitución haya comprendido dentro de los principios que han de inspirar la legislación laboral el de que ésta consagre el de la “estabilidad en el empleo”, pues no se trata de una estabilidad absoluta e ilímite que solamente terminaría con la muerte, sino de una protección razonable y prudente que conduzca a la preservación de la vocación de permanencia que tiene la relación laboral, dentro de unas condiciones económicas y de mercado concretas y prácticas, así como a lograr la indemnidad del trabajador....”.[6]
Igualmente, al decidir sobre la constitucionalidad del numeral 5º del artículo 8º del Decreto Ley 2351 de 1965 en relación con la acción de reintegro dijo esta Corporación dijo “... pues si bien la Constitución establece que la estabilidad laboral es un derecho del cual gozan todos los trabajadores (CP art. 53), por lo cual la ley debe consagrar mecanismos para proteger ese valor superior, lo cierto es que la Carta no prohíbe que el mecanismo protector sea, en determinados casos, una indemnización tarifada, que debe pagar el patrono cuando despide sin justa causa a un trabajador, siempre y cuando la indemnización sea suficientemente alta, no solo para reparar el daño al asalariado sino también para disuadir al empresario de llevar a cabo conductas contrarias a la ley.”[7]
Este carácter relativo de la garantía de estabilidad laboral se aprecia con mayor claridad cuando un trabajador adquiere el status de pensionado, dado que el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, que subrogó el artículo 62 del C.S.T., al señalar las justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajadores particulares por parte del empleador, consagra como una de ellas el reconocimiento al afiliado de la pensión de vejez estando al servicio de la empresa, causal que fue declarada constitucional en la Sentencia C-1443 de 2000 “bajo la condición señalada en esta sentencia. Es decir, que el empleador cuando el trabajador haya cumplido los requisitos para obtener su pensión, no puede dar por terminado el contrato de trabajo, en forma unilateral, por justa causa, si previamente al reconocimiento de la pensión de jubilación, omitió consultar al trabajador si deseaba hacer uso de la facultad prevista en el artículo 33, parágrafo 3, de la Ley 100 de 1993. Bajo cualquier otra interpretación, se declara inexequible”.
La Constitución de 1991 consagró el derecho irrenunciable a la seguridad social y lo garantizó a todos los habitantes como un servicio público de carácter obligatorio, que debe prestarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley[8].
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.
“De esta manera, el legislador quedó habilitado constitucionalmente para configurar el sistema de seguridad social sometido a dichos principios y a los parámetros fundamentales establecidos en la citada disposición superior[9].
“A través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el sistema de seguridad social integral cuyo objeto es garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. Dicho sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios u otras que se incorporen en el futuro[10].
“En su condición de servicio público esencial, el legislador igualmente dispuso que su prestación se haga con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación[11].
“El sistema de seguridad social integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios[12] que se definen en la misma Ley 100 de 1993”.[13]
“La Carta adopta pues, un concepto ampliado de la seguridad social que incluye el mayor número de servicios, auxilios, asistencias y prestaciones en general, diferenciándose de la escuela que la limita a lo básico. Un conjunto de derechos cuya eficacia compromete al Estado, la sociedad, la familia y la persona, gradualmente deben quedar comprendidos en la seguridad social. También muestra la norma superior con claridad el derecho de los particulares en la realización de la seguridad social. Sin perjuicio de que la tarea superior en la dirección, coordinación, reglamentación y vigilancia, corresponde al Estado, los particulares tienen el derecho y el deber concomitante de participar en la ampliación de la cobertura y en la ejecución de las prestaciones que les son propias.
“El servicio público se prestará, por mandato superior, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, que definirá, como en efecto lo hace, la ley. EFICIENCIA, es la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. UNIVERSALIDAD, es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida. SOLIDARIDAD, Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio de protección del más fuerte hacia el más débil; es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de seguridad social mediante su participación, control y dirección del mismo; los recursos provenientes del erario público en el sistema de seguridad se aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables. INTEGRALIDAD. Es la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien contribuye según su capacidad y recibe lo necesario para atender sus contingencias; UNIDAD, es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social; PARTICIPACION, es la intervención de la comunidad a través de los beneficios de la seguridad social en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto. Estos conceptos, sumados al de la progresividad que retoma el legislador en la ley que se revisa, aportan una mejor comprensión de los alcances que de los mismos se fija en las disposiciones de la Carta sobre seguridad social”.[14]
En cuanto al régimen de la seguridad social en materia de pensiones recientemente la Corte expresó que “ su objetivo es garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la Ley 100 de 1993, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los sectores de la población no amparados con un sistema de pensiones[15]”.
Al efecto, en la Ley 100 de 1993 se establecieron dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten: el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. El primero, es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas[16], independientemente del monto de las cotizaciones acumuladas, siempre que se cumpla con los requisitos legales. El segundo, está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de las garantías de pensión mínima y aportes al fondo de solidaridad[17].
En un comienzo la pensión consistía en una gracia o recompensa gratuita que otorgaba el Estado[18]. Es más, en aquellos tiempos las pensiones no se consideraban un derecho adquirido del trabajador que mereciera tutela jurídica[19]. Posteriormente, se varió la tesis y se aceptó que "Desde que un agente público ha llenado las condiciones preestablecidas y se ha producido por los medios legales el reconocimiento de una pensión en su favor, tiene el status que corresponde a una pensión adquirida. El derecho del agente público es entonces irrevocable en el sentido de que las condiciones, las bases de la liquidación, las tarifas que resultan de los textos legislativos en vigor en tal momento, no podrían ser modificados en detrimento suyo".[20]
En un momento ulterior, la jurisprudencia constitucional reconoce que las pensiones son derechos personales de los beneficiarios y créditos contra la entidad que la concede[21], y que cuando configuran una situación jurídica concreta ésta no puede ser menoscabada.
“...el reconocimiento de pensiones a favor de los ciudadanos, en especial, respecto de las denominadas de jubilación, ha tenido en la legislación colombiana una abundante regulación encaminada a retribuir a sus trabajadores y beneficiarios los servicios prestados al Estado, con las distintas ramas del poder público, con una concepción diferente a la establecida en la Ley 14 de 1.821 que determinó la supresión de todas aquellas pensiones conferidas por el gobierno español, en los siguientes términos: “...han cesado las pensiones asignadas a varias personas por sus servicios en tiempo del gobierno español.”.
“Por ello dentro de la nueva organización política de la república, constituyó una gran conquista laboral y social la transformación que en nuestro ordenamiento jurídico, se le dio a la pensión de jubilación, pasando de ser un privilegio o premio que recibía el trabajador, otorgado de cierto modo por mera liberalidad del Estado en términos de gratitud o gracia a un reconocimiento del Estado como retribución a los servicios prestados al mismo, reflejado en el derecho a percibir una prestación económica, como compensación a la actividad desarrollada durante un considerable tiempo que genera la disminución de la fuerza laboral”.[22]
En la actualidad la pensión de vejez se define como “un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo -20 años-, es decir, que el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al trabajador”[23].
En cuanto a su finalidad, nadie pone en duda que la pensión de vejez tiene por objeto “garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un cierto lapso de prestación de servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, podrá pasar al retiro sin que ello signifique la pérdida del derecho a unos ingresos regulares que le permitan su digna subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en que, cumplido ya el deber social en que consiste el trabajo y disminuida su fuerza laboral, requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de trato que amerita la vejez”[24].
Resulta clara, entonces, la conexidad que tiene el derecho a la pensión con el derecho fundamental al trabajo ya que "El reconocimiento y pago de la pensión de vejez encuentra sustento constitucional en la protección especial que debe brindar el Estado al trabajo humano en todas sus modalidades (art. 25), pues se impone que el fruto del trabajo continuado durante largos años sea la base para disfrutar el descanso, en condiciones dignas, cuando la disminución de la producción laboral es evidente. Así mismo, la pensión de vejez goza de amparo superior en los artículos 48 y 53 de la Constitución, los cuales establecen que el pago de la pensión debe realizarse de manera oportuna dentro de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, propios de la seguridad social en Colombia.”[25]
En razón de su naturaleza y teleología, y tomando como presupuesto el mandato expreso del artículo 46 Superior, según el cual “el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección de las personas de la tercera edad... el Estado les garantizará los servicios de seguridad social integral...”, el derecho a la pensión de vejez ha sido erigido a la categoría de derecho fundamental que está amparado con la acción de tutela, pero solamente para efectos de definir si se reconoce o no una pensión, solicitar que se cancelen las mesadas debidas por afectación al mínimo vital o que se ordene el pago de bonos pensionales[26], entre otras aplicaciones sobresalientes.
El derecho a la pensión de vejez, como derecho constitucional de carácter fundamental, es de amplia configuración legal, toda vez que corresponde al legislador definir los requisitos y condiciones para acceder a su reconocimiento. En este orden, la pensión no puede considerarse un derecho gratuito como quiera que surge con ocasión de una acumulación de cotizaciones y de tiempos de servicio efectuados por el trabajador [27].
Lo anterior significa que en la medida en que un trabajador ha realizado las cotizaciones determinadas por la ley, o ha llegado a la edad legalmente prevista, adquiere el derecho al reconocimiento y pago oportuno de la pensión legalmente establecida. A este respecto, esta Corporación ya había señalado que “quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, exigidas por la ley para acceder a una pensión de jubilación o de vejez, tiene un derecho adquirido a gozar de la misma”.[28]
Sin embargo, en el parágrafo tercero de este artículo dispuso que “No obstante el requisito establecido en el numeral dos (2) de este artículo, cuando el trabajador lo estime conveniente, podrá seguir trabajando y cotizando durante 5 años más, ya sea para aumentar el monto de la pensión o para completar los requisitos si fuere el caso”. (Se resalta lo acusado)
Este supuesto, así entendido, es constitucional pues permite advertir cómo la expresión acusada “durante 5 años más” del parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, lejos de consagrar una restricción del derecho al trabajo representa un beneficio para los trabajadores que han reunido los requisitos de su pensión de vejez, consistente en que pueden continuar trabajando y cotizando durante ese término con el fin de aumentar el monto pensional y así puedan retirarse en mejores condiciones económicas. Así lo entendió la Corte en la Sentencia C-1443 de 2000 prohibiendo al empleador dar por terminada la relación laboral por el mero hecho de habérsele reconocido la pensión a un trabajador, considerando que dicho parágrafo otorga una garantía de estabilidad, por dicho término, solamente en función del aumento del monto de la pensión.
Esta interpretación acorde con la Constitución es importante, puesto que antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 existía la posibilidad de que un empleador diera por terminado, en cualquier momento, el contrato de trabajo sin una justa causa comprobada, caso en el cual el trabajador tenía derecho sólo al pago de una indemnización en los términos previstos por el artículo 64 del C.S.T. [29], norma aplicable aún a quienes estuvieran próximos a adquirir el status de pensionado. De modo que ningún amparo existía para quienes no habían cumplido los requisitos para pensionarse pero que estaban próximos a lograr dicho objetivo, evento en cual si eran despedidos, sólo tenían derecho a una indemnización que probablemente no les cubriría las contingencias derivadas de la vejez, como si lo haría la pensión.
Para la Corte nada impide que en desarrollo de su libertad de configuración en materia pensional el legislador también pueda consagrar garantías para la pensión de vejez adicionales a las establecidas en la misma Constitución -su irrenunciabilidad[30] e imprescriptibilidad[31]-, tales como la posibilidad de mejorar su cuantía una vez se ha adquirido el derecho a la misma o amparar la situación de los trabajadores que están próximos a adquirir su status pensional, garantizándoles una relativa estabilidad laboral a efectos de que puedan cumplir los requisitos exigidos por la ley para pensionarse.
En conclusión la Corte declarará la exequibilidad de las expresiones acusadas “durante 5 años más” del parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 bajo el entendido que se trata de una garantía especial de estabilidad para el trabajador que dentro de dicho término desea aumentar el monto de la pensión o seguir trabajando y cotizando para adquirir el status de pensionado, y que este lapso en ningún caso impide que una persona continúe trabajando por un período superior hasta adquirir cualquiera de los dos requisitos exigidos para la pensión de vejez.
[1] Sentencia No. 115 Corte Suprema de Justicia Sala Plena. Sep. 26 de 1991
[2] Sentencia T-222 de 1992
[3] Sentencia T-457 de 1992
[4] Sentencia C-351 de 1995
[5] Sentencia C-016 de 1998
[6] Sentencia No. 115 Corte Suprema de Justicia Sala Plena, 26 de Septiembre de 1991
[7] Sentencia C-594 de 1997
[8] Artículo 48 C.N.
[9] El artículo 48 de la carta Política dispone: “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”.
[10] Ley 100 de 1993, art. 1º
[11] Ley 100 de 1993, art. 2º
[12] Ley 100 de 1993, art. 8º
[13] Sentencia C-086 de 2002
[14] Sentencia C-408 de 1994
[15] Ley 100 de 1993, art. 10º
[16] Ley 100 de 1993, art. 31
[17] Ley 100 de 1993, art. 59
[18]Sentencia de 25 de octubre de 1918, Ponente: Gnecco Laborde, ver G.J.T. XXVI, #1380, pág. 378 y la de 10 de diciembre de 1915 (g.j. #1225, p.165) ambas de la Corte Suprema, Sala Plena.
[19]Ver. G.J.T. XLV, # 1928, pág. 600. Sentencia de 18 de octubre de 1937, Ponente: Pedro Alejo Rodríguez.
[20] Sentencia del 28 de febrero de 1946 M.P. Anibal Cardozo Gaitán. Gaceta Judicial Nº 2029, pág. 1.
[21]Sentencia de 11 de diciembre de 1961, Ponente: Enrique López de Pava, ver. G.J.T. XCVII, Nº 2246-9, pág. 18.
[22] Cfr. Sentencia C-230 de 1998
[23] Cfr. Sentencia C-546 de 1992
[24] Cfr. Sentencia T-183 de 1996
[25] Sentencia C-177 de 1998
[26] Cfr. Sentencia T-577/99
[27] Cfr. Sentencia C-177 de 1998
[28] Sentencia C-168 de 1995
[29] Antes de la vigencia de la Ley 50 de 1990, un trabajador no podía ser despedido si había cumplido 10 años de servicio a la misma empresa. A partir de dicha ley el despido sin justa causa no está sometido a límite temporal alguno, pero se le debe pagar una indemnización al trabajador. Sin embargo, a los trabajadores que al entrar en vigencia la ley citada tenían más de 10 años de servicios se les otorgó la posibilidad de acogerse al régimen anterior, caso en el cual tenían, si eran despedidos sin justa causa, derecho a ejercitar la acción de reintegro o en subsidio la indemnización del artículo 64 del C.S.T. (Parágrafo del artículo 6° de la Ley 50 de 1990)
[30] Artículos 48 y 53 de la Carta, éste último que establece el principio de la “irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales”.
[31] Cfr. Sentencia C-230 de 1998