Source: https://beta.e-justice.europa.eu/37/ES/costs?GERMANY&action=printMS&init=true&member=1
Timestamp: 2020-07-16 18:09:33
Document Index: 75323711

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 34', 'artículo 22', 'artículo 49', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 183', 'artículo 184', 'artículo 197', 'artículo 183']

Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Alemania. Para un análisis más detallado de las costas procesales, consulte los siguientes casos: Derecho de familia (divorcio) Derecho de familia (custodia de los hijos) Derecho de familia (pensión alimenticia) Derecho mercantil (contratos) Derecho mercantil (responsabilidad)
Alemania no distingue entre abogados, procuradores y asesores jurídicos.
Sus honorarios se rigen por la Ley de retribución de los abogados (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) o por acuerdo al respecto. Estos acuerdos son siempre, en principio, una posible alternativa a las tarifas legales. Debe tenerse en cuenta, no obstante, lo establecido en el artículo 49b del Reglamento federal de la abogacía (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) y los artículos 3a al 4b de la Ley de retribución de los abogados. En particular, si el abogado representa al cliente ante los tribunales, los honorarios convenidos no pueden ser inferiores a los legalmente establecidos. Se admiten siempre remuneraciones superiores a las legales.
El anexo sobre retribuciones de la RVG (anexo 1) establece tarifas fijas o tramos de tarifas para cada actividad. El importe de la tarifa suele estar en función de la cuantía de la reclamación. Los intervalos de tarifas basadas en la cuantía de la reclamación establecen máximos y mínimos. Los niveles efectivos figuran en la tabla de tarifas (anexo 2 de la RVG). En cada caso, la tarifa adecuada en el intervalo asignado debe determinarse ex aequo et bono, teniendo en cuenta todas las circunstancias, en particular el alcance y la dificultad del trabajo, la importancia del caso y los ingresos y la situación económica del cliente. Si el abogado asume un cierto riesgo de responsabilidad, puede tenerse también en cuenta para determinar sus honorarios. Se aplican intervalos de tarifas con límites máximos y mínimos en diversos campos, en especial en materia penal y social.
Los oficiales de justicia (Gerichtsvollzieher) sólo cobran las cantidades establecidas en la Ley de tasas de los oficiales de justicia (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG), que establece una tarifa para cada tipo de acto.
El órgano jurisdiccional percibe normalmente una tasa de procedimiento en función de la cuantía de la reclamación; en los casos civiles, esa tasa se rige por la Ley de tasas judiciales (Gerichtskostengesetz, GKG) y por la Ley de tasas judiciales (Asuntos de familia) (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Las tarifas figuran en el anexo 1 de la Ley correspondiente. Los niveles efectivos en función de la cuantía de la reclamación figuran en la tabla de tarifas (anexo 2 de la RVG). En los casos civiles generales y relacionados con litigios familiares, en particular de alimentos, la tarifa es de 3,0. En los casos matrimoniales, es de 2,0. En los casos relativos a las relaciones paterno-filiales, incluidos la custodia y el derecho de visita, la tarifa es de 0,5. La cuantía del procedimiento se determina del modo siguiente:
En los casos matrimoniales, la fija discrecionalmente el órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada asunto, en particular su dimensión e importancia y las circunstancias económicas y la renta de los cónyuges. Esta se calcula multiplicando por tres los ingresos netos de ambos cónyuges. El tribunal suele fijar la cuantía del procedimiento en esa cantidad.
En los casos relativos a litigios familiares, la cuantía suele depender del importe de la reclamación. En los casos de alimentos, la cuantía se basa en los futuros pagos de alimentos reclamados, sin que pueda exceder de la cantidad anual pagada por este concepto. Los atrasos acumulados hasta la presentación de la solicitud se incluyen en el cálculo.
En los casos relativos a las relaciones paterno-filiales, incluidos la custodia y el derecho de visita, la tarifa es de 3 000 EUR.
Por la representación de abogado ante los tribunales, si no se ha acordado una remuneración, se aplican tarifas en función de la cuantía de la reclamación. La cuantía suele corresponder a la empleada para determinar las tasas judiciales. La Ley de retribución de los abogados (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) establece detalladamente los supuestos e importes de las tarifas, dependiendo del tipo de procedimiento. Los niveles efectivos de las tarifas en función de la cuantía de la reclamación figuran en la tabla del anexo 2 de la RVG. En el procedimiento civil en primera instancia, el abogado suele percibir unos honorarios por procedimiento a una tarifa de 1,3 y unos honorarios por consulta a una tarifa de 1,2. Si el abogado ayuda a alcanzar un acuerdo entre las partes, percibe unos honorarios por liquidación, cuya tarifa en primera instancia es de 1,0.
En los casos civiles generales, de alimentos y matrimoniales, las tasas judiciales deben pagarse al presentar la solicitud o demanda. En los casos relativos a las relaciones paterno-filiales, se pagan al término del proceso. Salvo acuerdo en contrario, la retribución del abogado se paga al finalizar la tramitación del caso. Sin embargo, el abogado tiene derecho legal a percibir un anticipo.
En los casos penales, sólo se imponen tasas judiciales una vez dictada sentencia. El importe se determina en función de la pena impuesta y oscila entre 120 y 900 EUR. Si no se ha alcanzado un acuerdo, el abogado, sea de la defensa o de la acusación, percibe honorarios por cada fase establecida en un marco que la ley exige elaborar a tal fin en cada caso. El importe de cada una de esas fases se establece por ley en cada caso.
Las tasas judiciales se pagan tras la aprobación de la sentencia. Salvo acuerdo en contrario, la retribución del abogado se paga al finalizar su mandato. Sin embargo, el abogado tiene derecho legal a percibir un anticipo.
Excepto en caso de demandas infundadas, no hay tasas judiciales por los procedimientos ante el Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht) (artículo 34 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal [Bundesverfassungsgerichtsgesetzes]). Sólo es necesario contratar abogado (Rechtsanwalt) cuando hay juicio oral (artículo 22 de la Ley).
Salvo acuerdo en contrario, la retribución del abogado se paga al finalizar la tramitación del juicio. Sin embargo, el abogado tiene derecho legal a percibir un anticipo.
El abogado debe prestar al cliente toda la información y asesoramiento, y proponerle los medios más seguros y menos peligrosos para conseguir el objetivo. Ha de advertirle además de los riesgos, de modo que el cliente pueda tomar una decisión informada. El volumen de información depende de lo que considere que necesita saber el cliente. El abogado debe responder íntegra y verazmente a las preguntas de éste. Antes de que el caso vaya a juicio, debe exponerle las previsiones y los riesgos de litigar, incluidos los posibles costes y las previsiones de éxito.
El abogado tiene obligaciones especiales de información en ciertos casos:
Si sus honorarios están en función de la cuantía de la reclamación, está obligado a advertir de este hecho antes de que recibir el encargo de actuar (artículo 49b, apartado 5, del Reglamento federal de la abogacía).
Si se alcanza un acuerdo sobre la retribución del abogado, éste debe advertir que, en caso de imposición de costas, sólo se reembolsarán las costas legales (artículo 3a, apartado 1, inciso 3, de la Ley de retribución de los abogados).
Si el abogado acuerda con el cliente el pago de unos honorarios condicionales, deberá advertirle que el acuerdo no tiene efecto sobre las restantes costas que el cliente tenga que pagar (artículo 4a, apartado 3, inciso 2, de la Ley de retribución de los abogados).
Antes de concluir un acuerdo de representación de un cliente en procedimiento de primera instancia ante un tribunal de trabajo, el abogado debe advertirle de que sus honorarios no son reembolsables (artículo 12a, apartado 1, inciso 2, de la Ley de tribunales de trabajo [Arbeitsgerichtsgesetz]).
La normativa sobre costas puede obtenerse en librerías y, en su versión actualizada, gratuitamente por Internet.
¿En qué lenguas puedo encontrar información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?
Esta información está en alemán.
Sitio web disponible con información sobre las costas
Puede obtenerse la normativa vigente en el sitio web oficial del Ministerio Federal de Justicia. Las diversas normas sobre costas pueden descargarse introduciendo la abreviatura correspondiente (GKG, FamGKG, GvKostG y RVG).
La Oficina Federal de Estadística (Statistisches Bundesamt) elabora una serie anual de publicaciones estadísticas sobre la administración de justicia. La serie 10, subserie 2.1, por ejemplo, contiene datos sobre la duración de los procesos civiles en Alemania, desglosados por territorios de las audiencias regionales y tribunales superiores de justicia regionales. Se ofrecen datos específicos de los juzgados municipales (Amtsgerichte) y las audiencias regionales (Landgerichte), por una parte, y los tribunales superiores de justicia regionales (Oberlandesgerichte), por otra, así como de los procedimientos en primera y segunda instancia. La serie no incluye estadísticas sobre la duración del proceso en las distintas clases de asuntos.
¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?
Pueden adquirirse libros que incluyen tablas con los posibles gastos medios de los procesos civiles.
¿Cómo se da la información? ¿Qué tipos tributarios se aplican?
Los tribunales y los agentes judiciales no están sujetos a impuestos sobre el volumen de negocios. El tipo de este impuesto aplicable a los abogados es el 19 %, y no se incluye en sus honorarios, sino se cobra por separado como un gasto.
Puede obtener asistencia jurídica gratuita cualquier persona que, por sus circunstancias personales y económicas, no pueda sufragar las costas del procedimiento o únicamente pueda asumirlas en parte o a plazos. La defensa jurídica o la actuación judicial previstas deben ofrecer unas perspectivas de éxito suficientes y no han de parecer frívolas. Ahora bien, los litigantes deben utilizar sus propios recursos en la medida de lo razonable. Dependiendo del nivel de renta del solicitante, la asistencia jurídica gratuita puede concederse sin obligación de reembolso, o bien con la obligación de reembolso a plazos. El Ministerio Federal de Justicia ha elaborado un folleto informativo titulado «Asesoramiento jurídico y asistencia jurídica gratuita» (Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe), en el que se da respuesta a las preguntas más habituales, con ejemplos.
Los límites de renta no son aplicables a los sospechosos y los acusados. La asistencia jurídica gratuita se rige por otros criterios.
El reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita está supeditado a que no se superen determinados umbrales de ingresos. Estos umbrales son de carácter flexible y están determinados por las costas previstas del caso, de un lado, y por la situación social del demandante (obligaciones de alimentos, costes de vivienda), de otro. También se ofrece asistencia jurídica a plazos.
Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas
Las víctimas de ciertos delitos graves pueden solicitar un asesor jurídico gratuito, con independencia de su situación económica.
Otras condiciones aplicables al reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita a los demandados
La asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y los acusados (asignación de abogado defensor por el tribunal) no está sujeta a límites de renta, sino a condiciones legales. Estas condiciones están relacionadas principalmente con la gravedad del delito, la amenaza de ciertas consecuencias jurídicas (como la prohibición de ejercer una profesión o el internamiento en un hospital psiquiátrico o neurológico), la situación de libertad bajo fianza o custodia preventiva del acusado, la suspensión de un abogado defensor anterior, la complejidad de la situación fáctica y legal o la imposibilidad del acusado de defenderse a sí mismo.
Conforme al artículo 183 de la Ley de los tribunales de lo social (SGG), los procedimientos ante estos tribunales son gratuitos para las personas con derecho a ello (asegurados, pensionistas, incluidos los perceptores de pensiones de viudedad, discapacitados y sus herederos, siempre que intervengan en el procedimiento como demandantes o demandados). Los demandantes y demandados en procesos ante los tribunales de lo social no incluidos en estas categorías deben pagar una tarifa fija con arreglo al artículo 184 de la SGG (150 euros por los procedimientos ante los tribunales de lo social [Sozialgerichte], 225 euros por los procedimientos ante los tribunales de lo social regionales [Landessozialgerichte] y 300 euros por los procedimientos ante el Tribunal Federal de lo Social [Bundessozialgericht]). El artículo 197a de la SGG establece la inaplicación de estas reglas especiales cuando los gastos habitualmente a pagar con arreglo a la Ley de tasas judiciales sean también aplicables en los procedimientos ante los tribunales de lo social, si ni el demandante ni el demandado se encuentran entre las personas señaladas en el artículo 183 de la SGG.
El régimen aplicable en el procedimiento penal es el siguiente: si se absuelve al acusado, no hay procesamiento o se archivan las actuaciones contra él, las tasas (gastos públicos) y los gastos necesarios del acusado se reembolsan, en principio, con cargo al erario público.
La parte perdedora debe pagar las costas de la otra parte necesarias para la adecuada tramitación del litigio, es decir, los honorarios del abogado y los gastos de viaje de la otra parte, incluido el lucro cesante por la asistencia a juicio.
Los peritos convocados por el tribunal perciben una remuneración por horas establecida en la Ley de retribuciones e indemnizaciones judiciales (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz, JVEG), remuneración que queda a cargo de las partes del procedimiento.
Los derechos de los peritos contratados a título particular por una de las partes no forman parte de las costas procesales impuestas por el juez, por lo que deben reclamarse independientemente. Si una parte contrata un perito para prestar asesoramiento durante un litigio, el reembolso de estos gastos dependerá de la necesidad de su intervención en el caso. El gasto de los peritos contratados por el tribunal para fines de prueba corresponde a la parte ganadora o, si las partes han tenido únicamente un éxito parcial, a ambas partes, en función del grado respetivo de victoria o derrota.
Los traductores y los intérpretes convocados por el tribunal perciben la remuneración establecida en la Ley de retribuciones e indemnizaciones judiciales (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz, JVEG), con cargo a las partes en el proceso. Los intérpretes cobran una tarifa por horas, y los traductores, por línea.
En el procedimiento penal, las costas por traducción e interpretación de los acusados o interesados necesarios para la defensa o el ejercicio de derechos procesales suelen abonarse con cargo al erario público.
Equipo de Mediación de la Asociación de Abogados de Alemania
Asociación Federal de Mediación Familiar
Asociación Federal de Mediación
Asociación Federal de Mediación en el Mundo del Trabajo y la Empresa
Ombudsman de la banca privada
Ombudsman de la banca pública
Junta de Conciliación del Banco Central de Alemania
Ombudsman del grupo bancario cooperativo de Alemania
Ombudsman de las cajas de ahorro privadas para la construcción
Ombudsman de las cajas de ahorro regionales para la construcción
Servicio de Conciliación en Línea para Controversias Comerciales de Internet
Comités consultivos y juntas de conciliación de los colegios de médicos
Junta de Conciliación de Movilidad
Junta de Conciliación del Turismo
Junta de Conciliación del Transporte Local de Renania del Norte-Westfalia
Ombudsman de la Sanidad Privada y el Seguro de Dependencia
Junta de Conciliación de la Asociación Federal Alemana de Directores de Servicios Funerarios
Junta de Conciliación de la Agencia Federal de Redes
Ombudsman Inmobiliario de la Asociación Inmobiliaria Alemana
Juntas de Arbitraje de las Cámaras de Comercio y Oficios
Juntas de Conciliación de Tarifas y Licitaciones
Asociación Central Alemana del Sector del Motor