Source: https://www.scribd.com/document/328340746/C-319-96
Timestamp: 2018-10-20 20:02:29
Document Index: 62433698

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 248', 'artículo 248', 'artículo 248', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 26', 'Artículo 148', 'artículo 29', 'Artículo 148', 'artículo 242', 'artículo 29', 'artículo 148', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 1', 'artículo 250', 'artículo 249', 'artículo 81', 'artículo\n148', 'artículo 1', 'artículo 148', 'artículo 26', 'artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo\n121', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 34', 'artículo 214', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 1', 'Artículo 34', 'artículo 122', 'artículo 34', 'artículo 268', 'artículo 183', 'artículo 58', 'artículo 209', 'artículo 278', 'artículo 109', 'artículo 26', 'artículo 148', 'artículo 18', 'artículo 63', 'artículo 148', 'artículo 338', 'artículo 123', 'artículo 250', 'artículo 122', 'artículo 148', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 148', 'artículo 26', 'artículo 10', 'artículo 34', 'artículo 248', 'artículo 248', 'artículo 248', 'artículo 248', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 148', 'artículo 26', 'artículo 248', 'artículo 248', 'Artículo 248', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 58', 'artículo 29', 'artículo 122', 'artículo 248', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'e contrario', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 34', 'artículo 58', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 148', 'artículo 278', 'artículo 3', 'artículo 29', 'artículo 81', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 1', 'artículo 122', 'artículo 148', 'artículo 248', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 248', 'artículo 248', 'artículo 248', 'artículo 12', 'artículo 176', 'artículo 177', 'artículo 232']

Tecnica Legislativa Penal
Oposición a Sobreseimiento
Informe Defensorial 28. Establecimiento Penitenciario de Yanamayo, Puno (1)
ORDENES JURIDICOS LATINOAMERICANOS
Primer Respond i Ente
C-516-07.rtf
60914531 Fpj 07 Rotulo Cadena de Custodia
Modelo de Acción de Tutela.
Sentencia C-319/96
NORMA SUBROGADA-Efectos actuales
La Sentencia de constitucionalidad C-127 de 1993, que declaró exequible el
artículo 10 del decreto 2266 de 1991, no impide que ahora se adelante el
estudio por parte de la Corte acerca del subrogado artículo 1º del decreto 1895
de 1989, pues aunque la redacción de las normas es idéntica, no por ello la
Corte debe inhibirse por carencia actual de objeto, si se tiene en cuenta que el
artículo subrogado aun está produciendo efectos en forma autónoma.
Efectivamente, las conductas de enriquecimiento ilícito de particulares
ocurridas antes de la expedición y vigencia del decreto 2266 de 1991 y que se
encuentran actualmente en curso, son sancionadas conforme al artículo 1o. del
decreto 1895 de 1989 demandado, y no con fundamento en el artículo 10o. del
decreto 2266 de 1991.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DECRETO
El ordinal 7 del artículo 24 de la C.P. no descarta la acción ciudadana contra
aquellos decretos legislativos que no han sido objeto de control constitucional
bajo la vigencia de la constitución de 1991 y que, como se anotó, siguen
produciendo efectos jurídicos. Excluir dichas normas de la acción pública de
inconstitucionalidad, dejaría esos actos fuera de todo control judicial, lo cual es
incompatible con la supremacía de la Constitución, cuya guarda e integridad
corresponde a la Corte Constitucional.
El delito de enriquecimiento ilícito es pues, así, un delito que tiene autonomía
de rango constitucional, en cuanto a su existencia, y que no puede, por tanto
entenderse como subsidiario, al menos cuando se trata de sujetos
indeterminados. Desde el punto de vista del derecho comparado, pareciere
exótico el que una Constitución se ocupe específicamente de un determinado
delito, como lo hace en este caso la de Colombia con el enriquecimiento ilícito.
Pero no debe olvidarse que las constituciones -y en general cualquier norma-,
deben amoldarse a las exigencias que plantean las realidades sociales,
políticas, económicas o culturales de una determinada sociedad, atendiendo a
las circunstancias cambiantes de los tiempos.
RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL/ENRIQUECIMIENTO
ILICITO-Delito autónomo
Si bien es cierto el Constituyente tiene plena potestad para señalar figuras
delictivas -que luego necesariamente deben tipificarse a través de la ley-, como
lo ha hecho en el caso del enriquecimiento ilícito, en cuanto se refiere al
conjunto de los poderes constituidos, la consagración de figuras delictivas que
penalicen el incremento patrimonial “no justificado”, es un asunto que compete
exclusivamente al legislador. La reserva de ley en materia penal, es una de las
principales garantías constitucionales. De otra manera, no se podría garantizar
el debido proceso y la libertad. La Constitución prefigura el delito de
enriquecimiento ilícito y mal pueden, entonces, considerarse inconstitucionales
las leyes que, en perfecta consonancia con ella y con su filosofía, sancionan
penalmente las conductas que lo evidencian.
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEL SERVIDOR PUBLICO
Se trata de un delito que se manifiesta en el incremento patrimonial del
servidor público sin causa que lo justifique de acuerdo con la ley y la
ética, y que, para configurarse como tal, exige el dolo. Tiene carácter
subsidiario, en cuanto a que la ley supedita su aplicación a que la
conducta típica no configure otro delito en el que hubiere podido incurrir
el sujeto cualificado. Esta última característica, excluye la posibilidad de la
figura del concurso frente a otros tipos penales de la misma categoría
-concurso aparente de tipos-. Ello quiere decir, que si las pruebas aportadas al
proceso permiten deducir con certeza que el incremento fue fruto, por ejemplo,
de un peculado, de un cohecho, etc., obviamente al servidor público se le
condenará por el peculado, o por el cohecho, quedando excluido de su
aplicación el enriquecimiento ilícito -lex primaria derogat legi subsidiariae-.
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEL SERVIDOR PUBLICO-Carga
En el caso del enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, debe el Estado
demostrar que el enriquecimiento es real e injustificado, ocurrido por razón del
cargo que desempeña. Así, una vez establecida la diferencia patrimonial real y
su no justificación, opera el fenómeno de la adecuación típica que va a permitir
el desarrollo del proceso en sus etapas sumarial y de juicio. Es entonces la falta
de justificación el elemento determinante para dar origen a la investigación y,
por tanto, la explicación que brinde el sindicado del delito, no es otra cosa que
el ejercicio de su derecho a la defensa frente a las imputaciones que le haga el
Estado en ejercicio de su función investigativa. No se trata pues de establecer
una presunción de ilicitud sobre todo incremento, sino de presumir no
justificado todo aquel incremento desproporcionado que carezca de explicación
razonable de tipo financiero, contable y, por su puesto, legal.
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEL PARTICULAR-Características
El enriquecimiento ilícito de particulares guarda relación directa con los
principios que dieron origen a la tipificación de la conducta punible de los
servidores públicos. Sin embargo, presenta algunas diferencias estructurales:
En primer lugar, se trata de un tipo penal de sujeto activo indeterminado, es
decir, el delito puede ser cometido por cualquier persona sin características
especiales; en segundo lugar, y como consecuencia de la calidad del sujeto, el
tipo penal condiciona la punibilidad del enriquecimiento no solo a que éste sea
injustificado, sino que además provenga de “actividades delictivas”; en tercer
lugar, se trata de un delito especial y autónomo, como quiera que describe un
modelo de comportamiento al que puede adecuarse en forma directa o
inmediata la conducta del actor, sin necesidad de recurrir a otro tipo penal, ni a
otro ordenamiento jurídico. Demostrar el origen de un incremento patrimonial
es una obligación general que el Estado puede hacer exigible en todo momento
a cualquier persona natural o jurídica; es una consecuencia del principio
constitucional de que toda persona debe vivir sometida a la Constitución y a la
ley En el caso de los particulares, cabe recordar que éstos deben demostrar al
Estado anualmente sus ingresos y la procedencia de los mismos mediante la
declaración de renta, no sólo para que el Estado, de conformidad con leyes
preestablecidas, grave en alguna medida su patrimonio, sino además para
ejercer control sobre su licitud. Un desproporcionado e injustificado incremento
es precisamente lo que da lugar al ejercicio de la acción penal por
enriquecimiento ilícito, debiendo el Estado establecer plenamente la
responsabilidad del imputado o su inocencia.
DERECHO A LA NO AUTOINCRIMINACION
El derecho a la no autoincriminación ciertamente autoriza al sindicado o
procesado a asumir ciertos comportamientos procesales, pero su silencio o sus
aserciones carentes de sustento, pueden objetivamente demeritar su posición si
en su contra se reúnen suficientes elementos probatorios allegados por el
Estado y no refutados.
ILICITO-Actividades
delictivas/INGREDIENTES NORMATIVOS DEL TIPO
Respecto de la expresión “actividades delictivas”, es importante anotar que
ésta corresponde a un ingrediente especial del tipo de orden normativo. Los
ingredientes normativos no son propiamente elementos del tipo sino
corresponden a expresiones que pueden predicarse de cualquiera de ellos y
buscan cualificar a los sujetos activo o pasivo o al objeto material, o pretenden
precisar el alcance y contenido de la propia conducta o de una circunstancia
derivada de la misma, correspondiéndole al juez penal en todo caso, examinar
su ocurrencia; es decir, valorar la conducta como delictiva. El ingrediente
normativo que contiene el enriquecimiento ilícito de particulares, según el cual
el incremento patrimonial debe ser “derivado, en una u otra forma, de
actividades delictivas”, en manera alguna debe interpretarse en el sentido de
que deba provenir de un sujeto condenado previamente por el delito de
narcotráfico o cualquiera otro delito. No fue eso lo pretendido por el legislador;
si ello hubiese sido así, lo hubiera estipulado expresamente. Lo que pretendió el
legislador fue respetar el ámbito de competencia del juez, para que fuera él
quien estableciera, de conformidad con los medios de prueba y frente a cada
caso concreto, la ilicitud de la actividad y el grado de compromiso que tuviese
con la ley el sujeto activo del delito.
ENRIQUECIMIENTO ILICITO-Delito autónomo
El delito de enriquecimiento es un delito especial y autónomo, pues describe un
no tiene que ver directamente con el debido proceso. El artículo 248. de conformidad con el artículo 248 de la Constitución Política.C. en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución . La ilicitud del comportamiento en el enriquecimiento ilícito de particulares. y no se extiende al sujeto. VLADIMIRO NARANJO MESA Aprobado según Acta No. como comportamiento típico y antijurídico. únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen esa calidad de antecedentes. la norma constitucional se refiere únicamente a “antecedentes”. se repite. al buen nombre o al habeas data. el primero no sólo es un ingrediente normativo del tipo cuyo alcance y contenido le corresponde precisar al funcionario penal al momento de aplicar la norma. y menos esperar un fallo previo de otro sujeto por otro delito. de mil novecientos noventa y seis (1996) dieciocho (18) de julio I.inmediata la conducta del actor. como lo es. por ejemplo. 36 Santafé de Bogotá. por otra parte. sino que además. sin necesidad de recurrir a otro tipo penal ni a otro ordenamiento jurídico. Actor: Jaime Gaviria Bazzani Magistrado Ponente: Dr. proviene pues de la conducta misma del sindicado de este delito y no de la condena concreta que por otro delito se le haya impuesto a terceras personas. Referencia: Expediente D-1253 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 148 del Código Penal y 1º del Decreto Ley 1895 de 1989. El objeto jurídico tutelado en el enriquecimiento ilícito es de orden constitucional -la moral pública.. ACTIVIDAD DELICTIVA/ANTECEDENTES PENALES No puede confundirse el concepto de “actividad delictiva” con el de “antecedentes penales” de que trata el artículo 248 de la Carta Política. se refiere a la actividad en sí misma. El concepto de “antecedentes penales”. donde otro es el sujeto activo. se predica de la persona en sí misma y. D. el narcotráfico. ANTECEDENTES El ciudadano Jaime Gaviria Bazzani. sino con los derechos fundamentales al honor. pues.y en manera alguna puede condicionarse su independencia a la ocurrencia de otro comportamiento delictivo que difiere en el objeto jurídico tutelado.
II. incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años. Fundamentos de la demanda . quien rindió el concepto de su competencia. 2. En la misma pena incurrirá la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado". en prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa equivalente al valor del incremento ilícito logrado".Política. demandó la inexequibilidad de los artículos 148 del Código Penal y 1° del decreto ley 1895 de 1989. derivado. ( Se subraya lo demandado) III. Artículo 1º del decreto 1895 de 1989: "Artículo 1° El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado. subrogado por el artículo 26 de la ley 190 de 1995: "Artículo 148. por ese solo hecho. se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes. multa equivalente al valor del enriquecimiento e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal. obtenga incremento patrimonial no justificado. Normas constitucionales que se consideran infringidas Estima el actor que las disposiciones acusadas son violatorias del artículo 29 de la Constitución Política. simultáneamente. siempre que el hecho no constituya otro delito. incurrirá. Admitida la demanda. de actividades delictivas. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA El tenor literal de las disposiciones demandadas es el siguiente: Artículo 148 del código penal. Una vez cumplidos todos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el decreto 2067 de 1991. se fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la Corporación para efectos de la intervención ciudadana y. LA DEMANDA 1. procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia. se dio traslado al Procurador General de la Nación. en una u otra forma. El empleado oficial que por razón del cargo o de sus funciones.
. traslada la carga de la prueba a quien no le corresponde probar nada dentro del proceso penal. La inversión aludida... Sobre el particular. cuando es la Administración de Justicia quien debe adelantar toda actuación investigadora con su fuerza jurisdiccional para allegar a las actuaciones o a las indagaciones preliminares. precisa: "(. es decir. quien solicitó a esta Corporación la declaratoria de exequibilidad de los apartes demandados. considera que si bien los argumentos no se refieren al comportamiento mismo descrito en el tipo penal. según él. ningún .)en forma alguna resulta invertida.. quien le debe probar al individuo.. por no contar con dichos medios. tendría que asumir una pena a costa de su pobreza". INTERVENCIONES 1. es violatorio del derecho al debido proceso. y la consecuencia obviamente resulta desastrosa pues desaparecería el enriquecimiento ilícito dentro del concierto del derecho penal colombiano. toda vez que." Señala igualmente que la carga de la prueba "(. y del otro lado. crea una situación desigual que beneficia a quienes. si se excluye de su redacción la expresión demandada. debe ponerse en la tarea de justificar todos y cada uno de los ingresos y de los bienes de fortuna que posea. Sin esta conjunción de fundamentos. en consideración del demandante.. los medios probatorios idóneos que de manera alguna lleven al investigador o juzgador a actuar conforme a derecho. por cuanto elevaría a la categoría de delito.. estima el señor fiscal que. por cuestiones propias de la redacción de las normas transcritas. por virtud de sus medios económicos. previsto en las dos normas demandadas.)recae sobre el ente administrador de justicia.) el sindicado o encausado incurso en la actuación por la presunta infracción al tipo penal del enriquecimiento ilícito ya sea de particulares o de empleado oficial.El actor considera que el término "no justificado". contenido en el artículo 29 de la Constitución Política. pueden tener acceso a "(. el precepto pierde plena validez y total sentido.. tendríamos a otro ciudadano que. al sindicado. a que la imputación solo procede frente a la existencia de indicios graves de presunta responsabilidad y de la ocurrencia del hecho. sí se refieren a un elemento fundamental de la figura jurídica en tanto que. Intervención de la Fiscalía General de la Nación. incluso la percepción del salario a que tiene derecho el servidor público por la retribución de su trabajo. en virtud." En cuanto a la inversión de la carga de la prueba. Si el término "no justificado" se obvia del texto de la norma "se transforma la preceptiva demandada en un absurdo jurídico. "(. IV. con base en los siguientes razonamientos: Refiriéndose al cargo específico que el actor hace contra el artículo 148 del código penal. su responsabilidad antes de imponerle la pena prevista para el correspondiente ilícito imputado".)un investigador privado encargado de probar su inocencia. Dentro de la oportunidad legal intervino en el proceso el señor Fiscal General de la Nación. lo que llevaría a tener que ser declarada inconstitucional.
en razón del estado de sitio.. 2. Entonces.. considera que en virtud del control de constitucionalidad adelantado por la Corte Suprema de Justicia sobre el decreto 1895 de 1989. y por la Corte Constitucional al revisar el artículo 10 del decreto 2266 de 1991 que incorporó a la legislación permanente el artículo 1° del decreto 1895. quien defendió la constitucionalidad de las expresiones impugnadas con los siguientes argumentos: Inicialmente el interviniente describe los orígenes legales de la figura del enriquecimiento ilícito en el orden jurídico colombiano y su inclusión en el campo específico del derecho penal. “La inclusión de la figura en el ordenamiento penal es el resultado del constante interés del gobierno y de los conocedores del derecho por establecer como tipo penal la conducta mediante la cual. que es el Estado a través de la investigación quien tiene la carga de la prueba.. la licitud debe entenderse como la indebida obtención de la riqueza" Luego de un completo análisis relacionado con la figura de la carga de la prueba en el derecho internacional.” Posteriormente. considera que "(. inhibición o preclusión en la investigación.. luego la carga de la prueba se desplazará según que el sindicado acepte o no las imputaciones. no es procedente un nuevo pronunciamiento por cuanto la constitucionalidad de las normas está plenamente definida. Finalmente. el impugnante manifiesta que se puede "(." Según el representante de la Fiscalía General. inicialmente.funcionario podría llegar a realizar imputaciones.) la ley no prohibe que el inculpado haga uso de su legítimo . y posteriormente de haber acusación. la expresión "no justificado" no vulnera los principios constitucionales del debido proceso pues "(.. un sujeto obtiene un enriquecimiento patrimonial de manera ilícita. Si no acepta o niega deberá demostrar los fundamentos de su inconformidad. una acusación. entra a analizar los cargos formulados contra el artículo 148 del Código Penal.)más allá de la mera presentación de pruebas para justificar un comportamiento.. la justificación del enriquecimiento desvirtúa de plano la tipicidad en la medida en que la no adecuación del ingrediente normativo hace la conducta totalmente legal y lícita. el juez en el proceso de adecuación típica deberá determinar si el incremento patrimonial fue lícito o ilícito. un juicio". en la medida en que debe aportar al proceso elementos de juicio que permitan. En representación del Ministerio de Justicia y del Derecho intervino el ciudadano Álvaro Namén Vargas.. En relación con éste último señala que.. como sería el tener que soportar una medida de aseguramiento como la detención preventiva". En su opinión. esas obligaciones pueden ir "(.)inferir claramente. De otra forma no se comprende cómo puede configurarse lo ilícito del delito.) Al presentarse la conducta tipificada en las normas demandadas. Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho. Adicionalmente.
derecho de defensa y presente pruebas que desvirtúen que su enriquecimiento es
producto de actividades ilícitas. Ello no implica per se, que lo haga porque así lo
exige la ley, y en razón a que la carga de la prueba radica en él. Bien podría
permanecer inactivo mientras el Estado, en su obligación de investigar lo
desfavorable y lo favorable a la causa, corrobora la sospecha de la ilicitud del
enriquecimiento, o por el contrario no encuentra motivos para sustentar dicha
Por último, en tratándose de los particulares, considera que declarar
inconstitucional la expresión demandada -”no justificado”- dejaría a la norma
sin sentido alguno, al convertirla en un absurdo jurídico.
En la oportunidad legal, el señor Procurador General de la Nación se pronunció
sobre la demanda presentada por el actor y solicitó a esta Corporación que se
declare la exequibilidad del artículo 148 y que se inhiba de resolver respecto del
artículo 1° del decreto 1895 de 1989.
El Ministerio Público estima que la demanda, antes que dirigirse contra el
contenido material de la norma, ataca una posible práctica procedimental
relativa a la inversión que, en algunos casos, se hace de la carga de la prueba en
los procesos por enriquecimiento ilícito. En opinión de la procuraduría, los
cargos pretenden atacar "(...) una supuesta práctica probatoria anómala en el
desarrollo de los procesos penales que tienen lugar con motivo de la ocurrencia
de la conducta tipificada, en tanto tal práctica hace que la expresión cuestionada
invierta la carga de la prueba, trasladándola del aparato judicial del Estado al
funcionario que es objeto de la imputación correspondiente."
Sobre el particular agrega que, "(...) siendo la apelación a esa supuesta práctica,
el núcleo de la argumentación de la demanda, se observa entonces que la
solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad no apunta contra una norma
sino contra una supuesta desviación de la misma en su aplicación, lo cual antes
que ser objeto de un juicio de inconstitucionalidad es propio, bien de los
denominados remedios procesales (recursos, nulidades, etc.) o de acusación ante
los organismos de vigilancia judicial en cada caso particular en que el
comportamiento de los jueces se aparte de los preceptos legales y
constitucionales que rigen lo relacionado con el desarrollo probatorio de los
procesos penales".
Para el representante del Ministerio Público, otras normas permiten afirmar que
la carga de la prueba jamás se ha pretendido trasladar al imputado, explica que
"el artículo 250 superior cuando le atribuye a la Fiscalía General de la Nación,
ente acusador en los procesos penales, la obligación de investigar tanto lo
favorable como lo desfavorable al imputado. Igualmente para la etapa de
juzgamiento, el Código de Procedimiento Penal dispone en su artículo 249 que
la carga de la prueba corresponde a la Fiscalía. Y, en forma por demás categórica
el artículo 81 de Ley 190 de 1995 establece que: ´... en todo proceso penal,
disciplinario o contravencional la carga de la prueba estará siempre a cargo del
Estado, tanto en las etapas de indagación como en la del proceso ´."
Agrega la vista fiscal que la obligación que tienen los servidores públicos de
declarar bajo juramento los bienes y rentas que se encuentran en cabeza suya, es
de orden constitucional y debe ser cumplida al momento de asumir el cargo, sin
perjuicio que durante su ejercicio la solicite una autoridad competente. De esta
forma, se entiende que ante la eventualidad de un proceso penal por
enriquecimiento ilícito, la declaración sirve como referencia para dilucidar la
realidad de los hechos. Sobre el particular opina que, "(...)Lo anterior, además de
significar que las tareas concernientes a la demostración del patrimonio
lícitamente obtenido por los empleados oficiales es una obligación
constitucional, se traduce en el campo probatorio ante la eventualidad de un
proceso por enriquecimiento ilícito, en que la declaración juramentada puede ser
tenida en cuenta como referencia objetiva para el esclarecimiento de la verdad.
Lo cual le evita al funcionario investigado tener que elaborar el informe de sus
bienes, desvirtuándose con ello la práctica de trámites onerosos que correrían
por cuenta de él, como lo sostiene el demandante y, de otra parte, facilitaría la
actividad judicial del investigador a quien le corresponde probar el
enriquecimiento sin justa causa, pues éste se puede determinar o no mediante la
confrontación de la declaración juramentada con los bienes que supuestamente
han sido adquiridos en forma ilícita".
Señala el procurador que entre las funciones de su cargo se encuentra la de
"desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al
funcionario público que incurra en alguna de las siguientes fallas: infringir de
manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho
patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones ..."; y que por lo tanto,
la expresión "indebido", según el Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia Española, se refiere a lo injusto o ilícito, que viene a ser la expresión
demandada por el actor.
En relación con el enriquecimiento ilícito de particulares, la Procuraduría
General considera que la Corte Constitucional se debe inhibir para conocer de su
constitucionalidad, porque el artículo contentivo de la norma no se encuentra
"vigente en la actualidad como tal en el ordenamiento legal".
1. Competencia de la Corte para conocer de la constitucionalidad del artículo
148 del Código Penal y del artículo 1o. del decreto 1895 de 1989..
La Corte Constitucional es competente para decidir sobre la constitucionalidad
del artículo 148 del Código Penal, subrogado por el artículo 26 de la ley 190 de
1995, por tratarse de una disposición que forma parte de una ley de la República,
según lo prescribe el numeral 4o. del artículo 241 de la Carta Fundamental.
De otro lado, teniendo en cuenta que el Ministerio Público solicitó a esta
corporación se declarara inhibida para rendir concepto de fondo sobre la
exequibilidad del artículo 1º del decreto de estado de sitio No. 1895 de 1989,
incorporado a la legislación permanente por el artículo 10° del decreto 2266 de
1991, por cuanto sobre éste ya se había pronunciado la Corte Constitucional en
sentencia C-127 de 1993, entra esta Corporación a estudiar las razones que
justifican el estudio material de la norma acusada.
El decreto 1895 de 1989 dejó de regir el día de entrada en vigencia de la
Constitución de 1991; pero en virtud del artículo 8º transitorio de la nueva Carta
Fundamental, se prorrogó su vigencia por noventa días, lapso dentro del cual el
Gobierno lo incorporó a la legislación permanente, mediante el decreto 2266 de
1991, que no fue improbado por la Comisión Especial legislativa.
Es de anotar que aunque la redacción de los artículos 1o. del decreto 1895 de
1989 y 10 del decreto 2266 de 1991 es, por razón de la subrogación, idéntica, y
de que fue el mismo texto transitorio el que se incorporó a la legislación
permanente, sin embargo, en razón de las fuentes formales de validez, las
normas son diferentes, como enseguida se explica.
En efecto, cuando el decreto No.1895 de 1989 fue examinado por la Corte
Suprema de Justicia, en ejercicio del control automático previsto en el artículo
121 de la Constitución de 1886, entonces vigente, esa Corporación lo declaró
constitucional, mediante Sentencia del 3 de octubre de 1989, pero bajo el
entendido de que las “actividades delictivas” allí mencionadas eran unicamente
el narcotráfico y delitos conexos, pues la articulación existente entre el decreto y
los motivos que llevaron a la declaratoria del estado de sitio así lo exigían.
Posteriormente, al haber sido demandado ante la Corte Constitucional, entre
otros, el artículo 10° del decreto 2266 de 1991, esta Corporación lo declaró
exequible (Sentencia C-127 de 1993, M.P., Dr. Alejandro Martínez Caballero), e
hizo la aclaración de que la “expresión ‘ de una u otra forma’, debe entenderse
como incremento patrimonial no justificado, derivado de actividades delictivas,
en cualquier forma que se presenten éstas” (negrillas fuera de texto). Es decir,
que ya no se limitaría al delito de narcotráfico y conexos sino a cualquiera otro.
Partiendo de las anteriores premisas, la Sentencia de constitucionalidad C-127
de 1993, que declaró exequible el artículo 10 del decreto 2266 de 1991, no
impide que ahora se adelante el estudio por parte de la Corte acerca del
subrogado artículo 1º del decreto 1895 de 1989, pues aunque la redacción de las
normas es idéntica, no por ello la Corte debe inhibirse por carencia actual de
objeto, si se tiene en cuenta que el artículo subrogado aun está produciendo
efectos en forma autónoma. Efectivamente, las conductas de enriquecimiento
ilícito de particulares ocurridas antes de la expedición y vigencia del decreto
2266 de 1991 y que se encuentran actualmente en curso, son sancionadas
conforme al artículo 1o. del decreto 1895 de 1989 demandado, y no con
fundamento en el artículo 10o. del decreto 2266 de 1991, situación que se pudo
establecer, entre otras, en Sentencia del Tribunal Nacional de Orden Público del
18 de marzo de 1996.
considera esta Corporación procedente adelantar el examen material de fondo sobre el Decreto 1895 de 1989. . (Subrayas de la Corte). “No obstante. corresponde a esta Corporación confrontar las disposiciones legales precitadas. del decreto 1895 de 1989. De conformidad con los argumentos expresados. Se trata. esta norma no descarta la acción ciudadana contra aquellos decretos legislativos que no han sido objeto de control constitucional bajo la vigencia de la constitución de 1991 y que. Es claro que la disposición constitucional de manera alguna se refiere a demandas ciudadanas contra dichos decretos. ante todo. se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. dentro de un marco jurídico distinto al de la Constitución de 1991. frente a la Carta que hoy rige.1 El delito de enriquecimiento ilícito en el marco constitucional. pero a su vez. de la Constitución Política. este tipo delictivo se encuentra plasmado en el segundo inciso del artículo 34. Finalmente. en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social”..P. El bien jurídico protegido por esta norma es. de un delito que lesiona gravemente este valor.” (Sentencia C-060 de 1994. bien jurídico objeto de expresa tutela constitucional. Magistrado Ponente. pues como lo ha señalado reiteradamente esta Corporación “ (. dejaría esos actos fuera de todo control judicial.). Consideraciones Generales 2. siguen produciendo efectos jurídicos. En primer término debe señalar la Corte que el enriquecimiento ilícito es una conducta delictiva a la cual se refiere expresamente la Constitución Política y que. no impide un nuevo examen de constitucionalidad de la norma por vicios de fondo. 4o. como se anotó. la moral social.. cuya guarda e integridad corresponde a la Corte Constitucional. por sentencia judicial. Excluir dichas normas de la acción pública de inconstitucionalidad.. corresponde a esta Corporación decidir definitivamente sobre los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los estados de excepción. más aún cuando el artículo 214 del mismo ordenamiento prevé para ellos una revisión oficiosa que se adelantará en los estrictos y precisos términos del artículo 241. de conformidad con el artículo 241 ordinal 7o. demanda como exigencia imperativa ineludible su adecuada tipificación legal. doctor Carlos Gaviria Díaz). con el fin de determinar si se ajustan o no a sus mandatos. el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya declarado exequible el artículo 1o. que el Constituyente de 1991 buscó preservar . el de la Constitución de 1886. C. por tanto.Ahora bien. En efecto.) ante la existencia de un nuevo orden constitucional. así: “Artículo 34. 2. en efecto. lo cual es incompatible con la supremacía de la Constitución (art..
En ambos casos. y que “sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley. el artículo 122. y que no puede. Todas estas normas están en concordancia con la del artículo 34 y tienen en común con éste el objetivo de proteger la moral social. es decir. que establece que “los partidos. que señala entre las funciones del procurador general de la Nación la de desvincular del cargo. el artículo 268. no sólo a nivel de la administración pública en general sino también de los particulares. políticas. pareciere exótico el que una Constitución se ocupe específicamente de un determinado delito. como lo hace en este caso la de Colombia con el enriquecimiento ilícito. deben amoldarse a las exigencias que plantean las realidades sociales. bajo juramento. el artículo 183. y que ha adquirido dimensiones verdaderamente alarmantes. que dispone que los servidores públicos “antes de tomar posesión del cargo. al funcionario público que incurra. no sólo a través del precepto constitucional citado. al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar. Así el artículo 58 que garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos. en la de “derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones”. sino de otros varios que se encuentran igualmente consagrados en la Constitución Política. Pero no debe olvidarse que las constituciones -y en general cualquier norma-. como más adelante se explicará. que señala entre los principios que deben inspirar la función administrativa el de la moralidad. El delito de enriquecimiento ilícito es pues. con justo título. el monto de sus bienes y rentas”. entre otras faltas. aportando las pruebas respectivas. atendiendo a las circunstancias cambiantes de los tiempos. el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado. uno de los valores primordiales que busca preservar la Constitución Política vigente. movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen. el artículo 209.y defender. pero “con arreglo a las leyes civiles”. económicas o culturales de una determinada sociedad. origen y destino de sus ingresos” (Subrayas de la Corte). previa audiencia y mediante decisión motivada. el artículo 278. en cuanto a su existencia. En el caso colombiano. quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas”. así. al menos cuando se trata de sujetos indeterminados. fenómeno que se ha traducido en una desenfrenada corrupción.”. investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. por tanto entenderse como subsidiario. lo que llevó al Constituyente de 1991 a darle fundamento constitucional al delito de enriquecimiento ilícito fue el proceso de grave deterioro de la moral pública y de los valores éticos que ha venido padeciendo nuestra sociedad en las últimas décadas. un delito que tiene autonomía de rango constitucional. como se ha dicho. que es. que señala entre las atribuciones del contralor general de la República la de “promover ante las autoridades competentes. que prevé entre las causales de pérdida de la investidura de los congresistas la de “indebida destinación de dineros públicos”. ha sido evidente la incidencia . Desde el punto de vista del derecho comparado. el artículo 109.
en general. corresponde al ámbito de configuración normativa. el legislador puede establecer los tipos penales que juzgue necesarios con el objeto de reprimir los comportamientos que lesionan las bases de la convivencia. 34). pues únicamente la empresa que actúa dentro de los límites del bien común. deben ser tales que los mismos sean capaces de ser sometidos a un procedimiento lógico de verificación.funesta del narcotráfico y su enorme poder corruptor. la creación de un tipo penal. por el contrario. 333).. tiene una función social y se hace merecedora de la protección de las leyes y de las autoridades (C. sanciona directamente a las personas que detenten patrimonios signados por ése origen con la extinción del dominio. perteneciente al legislador. . por medio o al abrigo de actividades ilícitas. En el caso concreto. que el sacrificio de la libertad y de la autonomía sea el menor posible. no se podría garantizar el debido proceso y la libertad. en modo alguno significa la violación o desconocimiento de las garantías sustanciales o procesales contenidas en la Constitución. La actividad económica que de cualquier manera se lucre de esta misma suerte de actividades. La propiedad y. adquiridos al margen de las leyes civiles. de suerte que los jueces puedan derivar la premisa legal de modo preciso y que. desde luego. De otro lado. 2. En particular. El enriquecimiento ilícito no es ni puede ser protegido por la Constitución que. en principio. 58). la consagración de figuras delictivas que penalicen el incremento patrimonial “no justificado”.P. vale decir. art. los derechos. que ha penetrado de manera ostensible en casi todas las esferas de la sociedad colombiana. art. buscando. en cuanto se refiere al conjunto de los poderes constituidos. Es menester que la ley lo haga de manera clara e inequívoca. De otra manera. tampoco están cubiertos con la tutela del Estado (C. la consagración legal de los tipos penales a los que se refieren las normas acusadas. carece del patrocinio del Estado. como lo ha hecho en el caso del enriquecimiento ilícito. No basta sin embargo que la ley defina los elementos que integran el hecho punible. las personas puedan conocer los comportamientos reprochables sancionados y abstenerse de incurrir en ellos. Siempre que en esta materia no se superen los límites que nacen de las garantías sustanciales y procesales dispuestas por la Constitución Política y no se violen los derechos fundamentales.P.P. es una de las principales garantías constitucionales. La reserva de ley en materia penal. como conviene a un sistema fundado en la libertad y en el ejercicio de los derechos. art. igualmente. los juicios y aserciones de los jueces.2 El enriquecimiento ilícito como delito autónomo Si bien es cierto el Constituyente tiene plena potestad para señalar figuras delictivas -que luego necesariamente deben tipificarse a través de la ley-. es un asunto que compete exclusivamente al legislador. la que se debe declarar a través de sentencia judicial (C.
P. a su vez. en perfecta consonancia con ella y con su filosofía. incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años. considerarse inconstitucionales las leyes que. la ley podría desarrollar el texto constitucional.Como se ha señalado. . pasa la Corte a examinar cada una de las normas demandadas. los empleados y trabajadores del estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. subrogado por el artículo 26 de la ley 190 de 1995. El enriquecimiento ilícito del Servidor Público El artículo 148 del Código penal. tiene una equivalente en las palabras empleadas por el mismo constituyente al anatematizar las fortunas o patrimonios conformados por “los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. Más aún. en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social” (C. entrañe una violación a la presunción de inocencia. 34). entonces. La expresión “incremento patrimonial no justificado”. “En la misma pena incurrirá la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado. debe la Corte aclarar que la expresión “empleado oficial” no debe entenderse en el sentido administrativo del término. de perseguir su violación. Hechas las anteriores consideraciones generales. que sobre el particular señala: “Para todos los efectos de la ley penal. penaliza el enriquecimiento ilícito del servidor público así: “El empleado oficial que por razón del cargo o de sus funciones.” Previo al análisis de fondo. modificado por el artículo 18 de la ley 190 de 1995. de la citada norma. son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas. la Constitución prefigura el delito de enriquecimiento ilícito y mal pueden. 3. art. surge positivamente el deber a cargo de toda persona de no enriquecerse ilícitamente -de lo contrario no tendría sentido la sanción de extinción del dominio que en ella se impone. siempre que el hecho no constituya otro delito. Por lo demás. No puede aducirse que las normas acusadas utilicen un lenguaje impreciso y equívoco y que éste. sino de conformidad con la interpretación dada por el artículo 63 del Código Penal. de la correlativa obligación de las autoridades. estableciendo deberes y cargas de información con miras a prevenir y sancionar dichos comportamientos desviados.y. sancionan penalmente las conductas que lo evidencian. multa equivalente al valor del enriquecimiento e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal. obtenga incremento patrimonial no justificado.
. en cuanto a que la ley supedita su aplicación a que la conducta típica no configure otro delito en el que hubiere podido incurrir el sujeto cualificado. el sujeto activo del artículo 148 no es el empleado oficial como lo entendía el derecho administrativo. los integrantes de la comisión nacional ciudadana de lucha contra la corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política. como ya se anotó éste tiene un claro origen constitucional que se refleja en el interés que le asiste al Estado no solo de legitimar la adquisición de la propiedad. siempre que el hecho no constituya otro delito”. 122 y 123 de la Constitución Política. de un cohecho. y que. en forma general. debe la Corte señalar que dicha afirmación se aparta por completo de la realidad. cuyo patrimonio se ve afectado por la conducta indebida de aquellos servidores que por el ejercicio de su cargo incrementan de manera injustificada su propio peculio con grave detrimento de la moral social. de un peculado. los funcionarios y trabajadores del Banco de la República.. para configurarse como tal. excluye la posibilidad de la figura del concurso frente a otros tipos penales de la misma categoría -concurso aparente de tipos-.” (Negrillas fuera de texto) Por su parte el artículo 123 de la Constitución Política define en su primer inciso quienes son servidores públicos: “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas.“Para los mismos efectos se considerarán servidores públicos los miembros de la fuerza pública. Tiene carácter subsidiario. exige el dolo.“que por razón del cargo o de sus funciones. ya que es el Estado quien está en la obligación de . sino que lo es.. los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria.. el artículo reglamenta una conducta dirigida a sancionar al servidor público -sujeto activo cualificado. Se trata de un delito que se manifiesta en el incremento patrimonial del servidor público sin causa que lo justifique de acuerdo con la ley y la ética. los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. el servidor público. etc. “PAR: La expresión ‘empleado oficial’ se sustituye por la expresión ‘servidor público’. quedando excluido de su aplicación el enriquecimiento ilícito -lex primaria derogat legi subsidiariae-. Así entonces. que si las pruebas aportadas al proceso permiten deducir con certeza que el incremento fue fruto. En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. sino además de sanear la Administración pública. Ahora bien. frente a la afirmación del actor en cuanto que la expresión “no justificado” contenida en el tipo genera una inversión de la carga de prueba como quiera que conlleva a que sea el funcionario quien deba probar el carácter lícito de sus ingresos. por ejemplo. Esta última característica. siempre que aquella sea utilizada en el código penal o en el código de procedimiento penal. obtenga incremento patrimonial no justificado. o por el cohecho. expresión que está en armonía con los artículos 6o.” En este orden de ideas. obviamente al servidor público se le condenará por el peculado. Ello quiere decir.
le corresponde investigar. la moral social. Debe aclararse que nadie está obligado a .los que dentro del desarrollo de la investigación van a constituirse en elementos de juicio suficientes para llamar a indagatoria. por su puesto. que. documentos. Es entonces la falta de justificación el elemento determinante para dar origen a la investigación y. a la Fiscalía como ente acusador en los procesos penales.). para adelantar el proceso respectivo. En el caso del enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. en particular. frente a la configuración de indicios graves de presunta responsabilidad y de la ocurrencia del hecho punible. son los demás medios de prueba -testimonio. legal. refiriéndose a los servidores públicos. dictar auto de detención o precluir investigación y. Así. 29 de la C.. el artículo 250 de la Constitución Política le asigna a la Fiscalía General de la Nación la función de “investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes e Igualmente.) y con ello se pretende proteger la función pública y. ocurrido por razón del cargo que desempeña. no es otra cosa que el ejercicio de su derecho a la defensa frente a las imputaciones que le haga el Estado en ejercicio de su función investigativa.P. bajo juramento. al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar. opera el fenómeno de la adecuación típica que va a permitir el desarrollo del proceso en sus etapas sumarial y de juicio. indistintamente. 209 de la C. (Subrayas de la Corte). es una obligación constitucional de toda persona que ostenta esa especial condición.P. antijurídica y culpable. indicios etc.demostrar la existencia de la conducta típica. el monto de sus bienes y rentas”. tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado. no se deriva en forma exclusiva de la explicación que éste presente a las autoridades judiciales en ejercicio de su derecho de defensa (art. la explicación que brinde el sindicado del delito. No se trata pues de establecer una presunción de ilicitud sobre todo incremento. “calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas”. una vez establecida la diferencia patrimonial real y su no justificación. Además. con el objetivo de determinar la ocurrencia de un hecho punible y los responsables del mismo. “antes de tomar posesión del cargo. antes que una carga constituye un principio que debe gobernar sus actuaciones (art. Pero el conocimiento efectivo de las rentas y bienes del servidor público y su incremento injustificado. Efectivamente. sino de presumir no justificado todo aquel incremento desproporcionado que carezca de explicación razonable de tipo financiero. por tanto. la explicación relacionada con el incremento patrimonial de los servidores públicos no es un acto impositivo derivado de un proceso penal. El conocimiento que tenga el Estado sobre los bienes y rentas de los servidores públicos. en general. debe el Estado demostrar que el enriquecimiento es real e injustificado. Es decir. pues el artículo 122 de la Carta señala expresamente. contable y.
“en la misma pena incurrirá la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado”. pues como ya se anotó. es un delito de origen constitucional (art.P. No es entonces la explicación que rinde el sindicado frente a una acusación de incremento patrimonial no justificado un acto de violación al principio constitucional de la presunción de inocencia. la Corte no encuentra ninguna objeción de inconstitucionalidad. . la moral social. cuando el Estado ha probado plenamente los elementos de responsabilidad descritos en el tipo penal.) que. La disposición citada. esta Corporación declarará la exequibilidad del artículo 148 del Código Penal. pues efectivamente debe entenderse que la interpuesta persona también es responsable de la conducta. El enriquecimiento ilícito de los particulares El artículo 1o. en relación con el inciso segundo del artículo acusado. en una u otra forma. promulgado bajo la vigencia del antiguo Estado de Sitio. se trata de una labor en la que los ciudadanos deciden participar libremente. en lo que se refiere al monto y manejo de sus bienes. 4. del decreto 1895 de 1989. incurrirá. para que en desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política. El artículo bajo examen consagra entonces un deber específico y concreto de transparencia en el manejo de los bienes públicos por parte de los servidores públicos. al igual que el artículo 148 del Código Penal. no puede consentir que la propiedad tenga un origen distinto al justo título y por ello sanciona a quienes incrementen su patrimonio ilícitamente. El Estado evidentemente. penaliza el enriquecimiento ilícito de particulares así: “El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado derivado. Finalmente. que en nada contraviene el debido proceso ni ningún otro derecho consagrado en la Constitución Política. en prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa equivalente al valor del incremento ilícito logrado”.ejercer una función pública. busca castigar la propiedad obtenida ilícitamente y cualquier otro interés económico que de ella se pueda derivar. 34 de la C. para el caso de los particulares. por ese sólo hecho. tenga la oportunidad de explicar su conducta. De conformidad con lo dicho. pero al aceptarla están asumiendo no sólo las cargas y responsabilidades que se deriven del ejercicio del cargo. en defensa de la propiedad lícitamente adquirida. se están colocando en una situación permanente de exigibilidad por parte del Estado. con lo cual se busca tutelar. que como ya se ha explicado suficientemente. se trata de una justificación de sus actos frente a las imputaciones debidamente formuladas por el Estado en su contra. también sanciona el enriquecimiento ilícito. en la forma en que fue subrogado por el artículo 26 de la ley 190 de 1995. de actividades delictivas. (Subrayas de la Corte). sino que además. el cual señala que. como se ha dicho.
se trata de sujeto activo cualificado. sin necesidad de recurrir a otro tipo penal. se trata de un delito especial y autónomo. sino además para ejercer control sobre su licitud.).P. de conformidad con leyes preestablecidas. En el segundo caso. sino que además provenga de “actividades delictivas”. no existe dificultad alguna para entender su campo de acción. ni a otro ordenamiento jurídico. había avalado la constitucionalidad de la penalización del enriquecimiento ilícito de particulares al sostener que. 58 (función social de la propiedad) y 83 de la Carta Política (principio de la buena fe). pues en este último caso. en relación con el sujeto activo. y en relación con la expresión “no justificado”. como quiera que describe un modelo de comportamiento al que puede adecuarse en forma directa o inmediata la conducta del actor. en tercer lugar. “Es conforme con la Constitución el artículo transcrito por disposición de los artículos 34 (extinción del dominio de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito). No debe olvidarse que el enriquecimiento se establece por la comparación del patrimonio del presunto ilícito en dos momentos distintos. Sin embargo. Es clara la diferencia que existe frente al delito de enriquecimiento ilícito de servidores públicos. al declarar exequible el artículo 10 del decreto 2266 de 1991. es una consecuencia del principio constitucional de que toda persona debe vivir sometida a la Constitución y a la ley (Arts. no sólo para que el Estado. el tipo penal condiciona la punibilidad del enriquecimiento no solo a que éste sea injustificado. 6o y 95 de la C.Esta Corporación mediante la Sentencia C-127 de 1993. se trata de un tipo penal de sujeto activo indeterminado. presenta algunas diferencias estructurales: En primer lugar. en cuanto que en dicha conducta puede incurrir todo aquel que se enriquezca ilícitamente. de conformidad con los medios de prueba existentes y los elementos de juicio aportados al proceso.. Demostrar el origen de un incremento patrimonial es una obligación general que el Estado puede hacer exigible en todo momento a cualquier persona natural o jurídica. como quiera que en las instancias procesales debe permitírsele al sindicado explicar su conducta. antijurídico y culpable. es decir. como ya se anotó. . el delito puede ser cometido por cualquier persona sin características especiales. Se reitera que la explicación que brinde el imputado en relación con el presunto incremento patrimonial injustificado corresponde a un acto propio del ejercicio del derecho de defensa. En el primer caso. en segundo lugar. grave en alguna medida su patrimonio.” El enriquecimiento ilícito de particulares guarda relación directa con los principios que dieron origen a la tipificación de la conducta punible de los servidores públicos. 4o. cabe recordar que éstos deben demostrar al Estado anualmente sus ingresos y la procedencia de los mismos mediante la declaración de renta. pues es al Estado a quien corresponde en última instancia probar el hecho típico. y como consecuencia de la calidad del sujeto. En el caso de los particulares. debe recordarse lo dicho en el punto anterior en cuanto a que su operancia no conduce en manera alguna a una inversión de la carga de la prueba.
es importante anotar que ésta corresponde a un ingrediente especial del tipo de orden normativo. “Que la acción de esos grupos y de esas organizaciones vinculadas al narcotráfico ha producido el incremento patrimonial de diferentes personas. examinar su ocurrencia. no puede sostenerse que abruptamente cese todo asomo de colaboración de la persona a la que se pide explicaciones sobre sus movimientos patrimoniales (C. 95 nums. pueden objetivamente demeritar su posición si en su contra se reúnen suficientes elementos probatorios allegados por el Estado y no refutados. .Un desproporcionado e injustificado incremento es precisamente lo que da lugar al ejercicio de la acción penal por enriquecimiento ilícito. en una u otra forma. de actividades delictivas”. de conformidad con los medios de prueba y frente a cada caso concreto. para que fuera él quien estableciera. la acción persistente de grupos armados y de organizaciones relacionadas con el narcotráfico.P. Lo que pretendió el legislador fue respetar el ámbito de competencia del juez. “Que dicho decreto señaló como una de las causas de turbación del orden público. en manera alguna debe interpretarse en el sentido de que deba provenir de un sujeto condenado previamente por el delito de narcotráfico o cualquier otro delito. si ello hubiese sido así. Respecto de la expresión “actividades delictivas”. No fue eso lo pretendido por el legislador. a tipificar la conducta de enriquecimiento ilícito de particulares -decreto 1895-. la ilicitud de la actividad y el grado de compromiso que tuviese con la ley el sujeto activo del delito. la etapa de investigación no supone calificación. valorar la conducta como delictiva. lo hubiera estipulado expresamente. Art. Por lo demás. sólo habiendo pruebas suficientes se llama a juicio. o pretenden precisar el alcance y contenido de la propia conducta o de una circunstancia derivada de la misma. El razonamiento anterior. el proceso penal implica necesariamente una valoración de conducta. Los ingredientes normativos no son propiamente elementos del tipo sino corresponden a expresiones que pueden predicarse de cualquiera de ellos y buscan cualificar a los sujetos activo o pasivo o al objeto material. proveniente de “actividades delictivas”: “CONSIDERANDO. debiendo el Estado establecer plenamente la responsabilidad del imputado o su inocencia. pero su silencio o sus aserciones carentes de sustento. Pero además. El derecho a la no autoincriminación ciertamente autoriza al sindicado o procesado a asumir ciertos comportamientos procesales. guarda armonía con los motivos que llevaron al legislador extraordinario de 1989. correspondiéndole al juez penal en todo caso. Al pasar al terreno penal. se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional. 7 y 9).1038 de 1984. según el cual el incremento patrimonial debe ser “derivado. es decir. orientada a desestabilizar el funcionamiento de las instituciones. el ingrediente normativo que contiene el enriquecimiento ilícito de particulares. Que mediante Decreto No.
en su primera parte. según el cual el incremento patrimonial debe ser ‘derivado de actividades delictivas’.. y a continuación introduce una excepción. Serían estos elementos con que cuenta el Estado de derecho. no puede interpretarse en el sentido de que debe provenir de una persona condenada por ese delito. Magistrado Ponente. El hecho de que el constituyente del 91 haya considerado necesario proteger la moral social de este tipo de actividades. En relación con el enriquecimiento ilícito frente a particulares.al absurdo de considerar legítimo el incremento patrimonial injustificado de una persona. de manera que. o por haberse probado una causal de inculpabilidad. y dejando en manos del juzgador la valoración sobre si es delictiva o no. en providencia de 14 de junio de 1996-. proscribe la confiscación.“que en la medida que se combata ese incremento patrimonial injustificado de personas vinculadas directa o indirectamente a dichos grupos. e impidiendo siquiera iniciar una simple investigación penal por enriquecimiento ilícito. perdiendo también eficacia jurídica figuras como la confesión o la captura en flagrancia. elemento gravísimo de descomposición social y de desestabilización institucional. si en gracia de discusión las “actividades delictivas” a las que se refiere la norma impugnada necesariamente debieran estar judicialmente probadas en el proceso penal. De la independencia normativa de las expresiones “injustificado” y “actividades delictivas”. el juicio de . mediante la existencia de condena de narcotráfico u otro delito proferida en sentencia judicial en firme. por haber tenido origen en la actividad delictiva de otra en cuyo favor se hubiere declarado la extinción de la acción penal por muerte. DECRETA . argumentos intranscendentes dentro de un juicio penal por este delito. Efectivamente. se deriva la especialidad y autonomía del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.” (negrillas fuera de texto) (Resolución acusatoria aprobada mediante acta No. se llegaría -como se señaló en la providencia antes citada. ¿por qué? Porque este tipo de actividad ilícita corroe la moral social. implica que a la hora de analizar la conducta ella se mire en forma independiente y autónoma. Y. así como de la entidad constitucional de la conducta.” (Negrillas fuera de texto).. independientemente de que por ese comportamiento resulte alguien condenado. el artículo 34 de la Carta. o por prescripción. entendido según la sentencia de revisión constitucional como de narcotráfico. 89 de junio 12 de 1996. sostuvo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: “El ingrediente normativo que contiene el tipo. pues el legislador hizo la distinción refiriéndose únicamente a la ‘actividad’. doctor Ricardo Calvete Rangel). De esta manera sólo se podría procesar por enriquecimiento ilícito a quien recibiera dinero después de la condena ejecutoriada. como consecuencia de ello se generaría la más escandalosa impunidad. como se ha dicho. podrá atacarse esta actividad delictiva y lograrse el restablecimiento del orden público. Pero además.
proviene pues de la conducta misma del sindicado de este delito y no de la condena concreta que por otro delito se le haya impuesto a terceras personas. La inclusión de una nueva figura delictiva. naturalmente. de conformidad con el artículo 248 de la Constitución Política. ni menos aún de las que integran el Código Procesal Penal. no sufren alteración alguna. sino con los derechos fundamentales al honor. y no se extiende al sujeto. por ejemplo. Por ello. como comportamiento típico y antijurídico. Resulta insólito que la Corte Constitucional deba analizar la constitucionalidad de una norma legal sustancial. no puede dejar de considerar que la investigación y el juzgamiento. se repite. sujetas a todas las garantías. lejos se encuentra la expresión “incremento patrimonial no justificado” de violar dicha presunción. La ilicitud del comportamiento en el enriquecimiento ilícito de particulares. pues. pues describe un modelo de comportamiento al que puede adecuarse en forma directa o inmediata la conducta del actor. La función de investigación y juzgamiento. la norma constitucional se refiere únicamente a “antecedentes”. donde otro es el sujeto activo.valor lo deba adelantar el juez que conoce del enriquecimiento ilícito y no el juez que conoce de otra causa. sino que además. a partir de la praxis asociada a su peculiar investigación y juzgamiento. pues siempre se presupone que es el que de manera general se tiene previsto. únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen esa calidad de antecedentes. como lo es. se refiere a la actividad en sí misma. se predica de la persona en sí misma y. respecto de la supuesta violación de la presunción de inocencia. se nutren de la hipótesis fáctica y jurídica que provee el Estado a través del fiscal y del juez competentes y. Por otra parte no puede confundirse el concepto de “actividad delictiva” con el de “antecedentes penales” de que trata el artículo 248 de la Carta Política. . Por lo demás. sin embargo. el delito de enriquecimiento es un delito especial y autónomo. El concepto de “antecedentes penales”.y en manera alguna puede condicionarse su independencia a la ocurrencia de otro comportamiento delictivo que difiere en el objeto jurídico tutelado. como lo sugiere el demandante. El objeto jurídico tutelado en el enriquecimiento ilícito es de orden constitucional -la moral pública. y menos esperar un fallo previo de otro sujeto por otro delito. respecto de estos delitos. el primero no sólo es un ingrediente normativo del tipo cuyo alcance y contenido le corresponde precisar al funcionario penal al momento de aplicar la norma. Se reitera que las normas se limitan a formular sendos tipos penales. de lo que surge del contradictorio. De ninguna manera. por otra parte. no tiene que ver directamente con el debido proceso. sin necesidad de recurrir a otro tipo penal ni a otro ordenamiento jurídico. no obliga al legislador a prever simultáneamente el modo específico de cómo ha de adelantarse su investigación y juzgamiento. En este punto la Corte. El artículo 248. el narcotráfico. al buen nombre o al habeas data. se ordena hacer caso omiso de las normas legales de la parte general del Código Penal.
la Sala Plena de la Corte Constitucional. aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente básica. oído el concepto del señor Procurador General de la Nación (e) y cumplidos los trámites . esto es. en el sentido de que “la expresión ‘de una u otra forma’.. la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional. que fue declarado exequible por esta Corte establece. del decreto legislativo 1895 de 1989 es exequible. únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional. la Corte se ve precisada a reconsiderar el planteamiento hecho en la parte motiva de la Sentencia C-127 de 1993. directa e inescindible con la parte resolutiva. Vladimiro Naranjo Mesa) lo siguiente: “. derivado de actividades delictivas. y el artículo 248 de la Constitución Política.. esta constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. Debe aclararse que no se trata en este caso de un cambio de jurisprudencia. para no violar el debido proceso. según el cual únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”. y que “la parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general”. sólo será de obligatorio cumplimiento. por cuanto. sólo tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha. es decir del delito de enriquecimiento ilícito tal como estaba concebido en ellas y. la decisión adoptada en esa providencia fue de exequibilidad de las normas acusadas. respecto de las sentencias de la Corte Constitucional proferidas en cumplimiento del control constitucional que “sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva”.P. como lo establece la norma. Necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella”. Estatutaria de la Administración de Justicia. En cuanto a la parte motiva. la Corte concluye que el artículo 1o. De conformidad con todo lo dicho. en otras palabras. el artículo 48 de la Ley 270 de 1996.Por todas las anteriores razones. debe entenderse como incremento patrimonial no justificado. DECISIÓN En mérito de lo expuesto. en cualquier forma que se presenten éstas. A este respecto. Las actividades delictivas deben estar judicialmente declaradas. y así lo declarará en la parte resolutiva de la presente sentencia. la Corte explicó en la Sentencia C-037 de febrero 5 de 1996 (M. por otra parte. por una parte.
comuníquese.previstos en el decreto 2067 de 1991. del decreto 1895 de 1989. Declarar EXEQUIBLE el artículo 1o. Notifíquese. CARLOS GAVIRIA DÍAZ Presidente JORGE ARANGO MEJÍA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado . R E S U E LVE : 1. 2. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. cúmplase. Declarar EXEQUIBLE el artículo 148 del Código Penal. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. subrogado por el artículo 26 de la ley 190 de 1995.
HERNANDO HERRERA VERGARA Magistrado ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado Ponente JULIO CESAR ORTIZ GUTIÉRREZ Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General .
considero que es evidente que existen casos en los cuales puede configurarse el delito de enriquecimiento ilícito. no por la declaración de exequibilidad de las normas demandadas (tal como se expresa en la parte resolutoria). sino sólo con “los derechos fundamentales al honor. se repite. al estimar que no tiene que ver directamente con el debido proceso. y crea las condiciones para la aparición de cazadores de brujas. ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEL PARTICULAR-No es delito autónomo (Salvamento de voto) Es contrario al debido proceso el considerar el enriquecimiento ilícito de particulares como delito autónomo. sino por las motivaciones del fallo. que no debería figurar entonces en una Constitución. al estimar que no tiene que ver directamente con el debido proceso. como se desprende fácilmente de su simple lectura: . no estoy de acuerdo en los siguientes aspectos: Juzgo inaceptable el restringido alcance que en la sentencia se da al artículo 248 de la Constitución. interpretación que lo convierte en una norma baladí. Como consecuencia directa del artículo citado. interpretación que lo convierte en una norma baladí. No obstante. que dejan mucho campo al arbitrio del juez. consagrar delitos mediante fórmulas indefinidas y confusas. en principio. sin la existencia de la sentencia previa. se repite. al buen nombre o al habeas data. que no debería figurar entonces en una Constitución.” Por el contrario. Concretamente. en especial en sociedades atemorizadas. Por eso. declaración que comparto. Disiento de la sentencia. sino sólo con “los derechos fundamentales al honor. es decir. pues. es parte del debido proceso. sin exigir la prueba de la existencia del otro delito del cual proviene la riqueza indebidamente adquirida. que compruebe la comisión del delito que origina la riqueza indebidamente adquirida por el tercero.Salvamento de voto a la Sentencia C-319/96 ANTECEDENTES PENALES/ENRIQUECIMIENTO ILICITO-No es delito autónomo/ENRIQUECIMIENTO ILICITO-Se puede configurar sin existencia de sentencia previa (Salvamento de voto) Juzgo inaceptable el restringido alcance que en la sentencia se da al artículo 248 de la Constitución. a quien se acusa de esta clase de ilícito. es contrario al debido proceso. el mencionado artículo no contiene este tipo de restricciones. al buen nombre o al habeas data. la norma constitucional se refiere únicamente a ´antecedentes´. por ejemplo. pues. La propia definición del delito. el mencionado artículo no contiene este tipo de restricciones. el delito de enriquecimiento ilícito no es un delito autónomo. la norma constitucional se refiere únicamente a ´antecedentes´.” Por el contrario. requiere de sentencia previa.
3o.. Vale decir.” Como consecuencia directa del artículo citado. pues todos los hechos o actos que lo configuran tienen que ser plenamente demostrados por el Estado. Que esté plenamente demostrada en el proceso la relación entre el delito que se califica como hecho notorio y público. lo mismo que su conocimiento por el sindicado de enriquecimiento. en principio.“Artículo 248. es condición indispensable que esté plenamente probada esta circunstancia. En mi opinión. . En ningún caso hay inversión de la carga de la prueba. pues siempre es el Estado el que tiene que probar. es claro que en relación con este delito. 6o. Al no existir inversión de la carga de la prueba. 3o. especialmente en lo relativo a lo expuesto en los ordinales 2o. sea un hecho público y notorio.. es decir. es decir la existencia del hecho delictivo en sí. Que esté plenamente demostrado el aumento patrimonial no justificado. sólo se puede dar cuando se reúnan todas las condiciones que se enumeran a continuación: 1o. que origina el enriquecimiento ilícito. y con su autoría. que esté plenamente comprobado que los bienes provienen de un determinado delito. esta excepcional situación. el delito de enriquecimiento ilícito no es un delito autónomo. se hace por intermedio de uno o más testaferros. conocimiento previo a la adquisición de los bienes. conocía el origen de los bienes. pues éste no se presume legalmente. Que esté plenamente probado en el proceso que la persona a quien se acusa de haberse enriquecido ilícitamente. 5o. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales. Esto. que no necesita demostración en el proceso. 4o. Que el delito. y 5o. Si la adquisición de los bienes que constituye el enriquecimiento ilícito. a quien se acusa de esta clase de ilícito. Tal conocimiento tiene que haber sido anterior a la adquisición de los bienes. considero que es evidente que existen casos en los cuales puede configurarse el delito de enriquecimiento ilícito. requiere de sentencia previa. y los bienes cuya adquisición es elemento del delito. No obstante. 4o. que compruebe la comisión del delito que origina la riqueza indebidamente adquirida por el tercero. ni simplemente legales ni de derecho. no pueden existir presunciones legales. que éstos se derivaban precisamente de un delito. sin la existencia de la sentencia previa. 2o. es decir.
y crea las condiciones para la aparición de cazadores de brujas. de confundir la moral con el derecho. en especial en sociedades atemorizadas.Finalmente. es contrario al debido proceso. julio 18 de 1996. que dejan mucho campo al arbitrio del juez. evidente en la sentencia. Por eso. Bogotá. La propia definición del delito. y permitir que algunos se apoderen de aquélla. rechazo la pretensión. consagrar delitos mediante fórmulas indefinidas y confusas. es parte del debido proceso. JORGE ARANGO MEJÍA . para consagrar delitos en forma indeterminada y difusa. sin exigir la prueba de la existencia del otro delito del cual proviene la riqueza indebidamente adquirida. por ejemplo. Pienso que es contrario al debido proceso el considerar el enriquecimiento ilícito de particulares como delito autónomo.
pero que no se deriva de ningún otro delito DEBIDO PROCESO (Salvamento de voto) PENAL-Postulado constitucional fundante De ninguna manera compartimos esta noción del debido proceso.Salvamento de voto a la Sentencia C-319/96 MORAL SOCIAL-Idealización como bien jurídico tutelado (Salvamento de voto) En una interpretación errónea del artículo 34 de la Carta Política. ella desvirtúa su carácter de derecho de la persona. Así. el error se concreta en la conversión automática que de esa "moral social" se hace. el artículo 34 de la Constitución Política hace referencia al enriquecimiento ilícito. y en extremo contradictoria. desde sí mismo. que por ende. en una deducción automática. y más aún. Bien jurídico que no existe en el orden jurídico. DEBIDO PROCESO-Carga de la prueba/PRINCIPIO DEMOSTRABILIDAD (Salvamento de voto) DE . que se hace del enriquecimiento ilícito de particulares en tanto delito autónomo. de tal manera que éste puede ser vulnerado. en materia penal. encuentra la mayoría un precepto constitucional que se refiere expresamente al enriquecimiento ilícito y. el debido proceso es una institucionalización del principio de legalidad. en cuanto bien jurídico supuestamente tutelado por el enriquecimiento ilícito: de la Constitución Política al derecho penal. es decir. la alusión genérica de un precepto constitucional que. Ciertamente. significa negar de plano su carácter fundante y de límite constitucional a la función punitiva. paradójicamente. como luego se verá en cuanto a la función instrumental que le da al enriquecimiento ilícito. convertida dicha alusión automáticamente en un bien jurídico tutelado. al contrario. lo contradice y le niega su condición axiológica promovida por el Constituyente y defendida reiteradamente por esta Corporación. Admitir tales obligaciones desvirtúa el sentido de la norma constitucional y aniquila el derecho fundamental al debido proceso. En efecto. 29). del derecho de defensa y de la presunción de inocencia (CP art. situándolo en el marco de la protección de la propiedad lícitamente obtenida. sino que es construido como recurso "ad hoc" funcional sobre todo a la reducción también errónea. pero el error interpretativo reside en la falsa idealización de la "moral social" a la cual alude la disposición. es aquí. "demanda como exigencia imperativa ineludible su adecuada tipificación legal". que es "derivado" como la norma lo establece. por lo cual resulta contradictorio que se pretenda deducir obligaciones para los sindicados y limitaciones a sus posibilidades de defensa y a la presunción de inocencia a partir de supuestas obligaciones derivadas del debido proceso. Mezclar la función punitiva del Estado y los derechos de los particulares.para de allí deducir supuestos deberes -en relación con el debido proceso.
ello no significa que cualquier tipificación sea admisible constitucionalmente: ni menos aún que la tipificación de la conducta se autorice a partir de una interpretación errada del artículo 34. y en el horizonte del enriquecimiento ilícito. se antepone aquella que se obtiene de manera lícita. denominó en varias ocasiones el principio de "demostrabilidad" como presupuesto de la punibilidad de un comportamiento. Esto significa no sólo que la conducta punible debe estar claramente descrita por una ley previa sino. por lo cual no puede ser sancionada una persona por un hecho punible cuyos elementos estructurales no hayan sido judicialmente probados y declarados. de la antijuridicidad y de la culpabilidad. deben ser demostrados por el Estado dentro del proceso correspondiente. Es una noción que se dirige más al campo ético-político de la función pública. Es pues claro que el Estado puede penalizar el enriquecimiento ilícito y que "corresponde al legislador definir el alcance o contenido" de tal conducta. sustituya la reflexión sobre la licitud o ilicitud de la obtención de la propiedad. en especial. ENRIQUECIMIENTO ILICITO-Fundamento constitucional de la penalización (Salvamento de voto) La Corte ha abordado el carácter instrumental de la norma y la intención expresa del Constituyente de reaccionar frente a la propiedad de bienes obtenidos a través del enriquecimiento ilícito. esto es la culpabilidad. pues una persona sólo puede ser condenada conforme a una ley preexistente y observando la plenitud de la formas del juicio. que los distintos elementos del tipo penal. pues se trata de un lógico desarrollo del debido proceso. Sólo lo lícito genera derechos y por fuera de la ley no puede haber amparo del Estado. así como la responsabilidad subjetiva de la persona. un origen al margen de la ley. en general.El Estado debe entonces probar la existencia material del ilícito o del injusto típico. además. En efecto. Sin embargo. lo cual otorga al Legislador legitimidad para penalizar aquella que no lo sea. pues únicamente así se desvirtúa la presunción de inocencia. pese a la dificultad en su definición. La propiedad "sólo merece protección del Estado cuando su adquisición ha estado precedida de justo título y obviamente no tiene por fuente el delito ni. Presupone la . Esta noción de moralidad. Acogemos el principio de "demostrabilidad" desarrollado por la Corte Suprema. cuando ejercía el control constitucional de lo penal. pues a la propiedad obtenida ilícitamente. de los elementos que conforman su tipicidad y antijuridicidad. ha sido concebida de manera muy especial en relación con la corrupción política y administrativa. en la cual. Esto es lo que la Corte Suprema de Justicia. la idealización como valor casi absoluto de la "moral social". esto es. pues la Constitución protege la propiedad obtenida lícitamente. ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEL PUBLICO/PRINCIPIO DE MORALIDAD DE PUBLICA (Salvamento de voto) SERVIDOR LA FUNCION Este tipo penal de sujeto activo cualificado busca proteger la función pública y. su moralidad. que es un principio que debe gobernar sus actuaciones. el artículo 34 tiene que ser interpretado en armonía con el artículo 58 que protege la propiedad privada adquirida con "arreglo a las leyes".
debe. pese a la generalidad del principio. Desde la entrada en vigor de la norma. la prueba de este dolo puede fundarse en los mismos elementos probatorios que permiten comprobar la autoría material del enriquecimiento. el artículo impugnado no presupone una violación del principio citado: no es el empleado oficial el que debe entrar a demostrar el carácter justificado de su ingreso patrimonial. ofrecen mayor claridad a la noción de moralidad. Es esta una falencia grande de la sentencia: la alusión al carácter doloso del comportamiento se mezcla con la alusión a la violación de normas éticas.transparencia en la gestión pública. como es obvio. Ahora bien. sino aquél que ocurra por razón de las funciones del cargo. la doctrina ha entendido de manera general que el principio de moralidad debe presidir toda la actividad administrativa. Por ello. y dentro del marco global del debido proceso. demostrarse cierta e indudablemente. por lo cual se puede decir que este artículo consagra un deber específico de transparencia de estos servidores. la aceptó. DECLARACION DE BIENES Y RENTAS DE SERVIDOR PUBLICO/DEBER CONSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA (Salvamento de voto) Por mandato constitucional. pero no se enfrenta en ningún momento el problema de la responsabilidad objetiva y sus implicaciones sobre el principio de inocencia. Por esta razón hemos asumido el análisis de la figura. ha sido objeto de discusión si la noción de "no justificado" exigida por el tipo penal. el servidor público se encuentra en una situación permanente de exigibilidad por parte del Estado. es indudable que el enriquecimiento ilícito de servidor público sólo es punible a título de dolo. Sin embargo. en razón a todo lo expuesto y en virtud a la prescripción de toda responsabilidad objetiva. ENRIQUECIMIENTO DE SERVIDORES PUBLICOS-Es punible a título de dolo (Salvamento de voto) Si se interpretan los alcances de este tipo penal a la luz de la parte general del Código Penal. por lo cual debe entenderse que el Estado tiene también la carga de demostrar que el servidor conocía la ilicitud del enriquecimiento y la realizó voluntariamente o al menos previéndola. La actuación adelantada bajo la buena fe es constitutiva del principio de moralidad. sino que es el Estado el que debe demostrar la condición de no justificado de tal ingreso. Claro que. el tipo penal colombiano no sanciona el incremento patrimonial no justificado obtenido por el funcionario durante el ejercicio del cargo. los cambios fundamentales introducidos por la nueva Carta Política en relación con la función administrativa y especialmente en relación con su finalidad. desde el principio penal de la culpabilidad: la no explicación del incremento no configura en sí y de manera abstracta el ilícito penal. a diferencia de lo establecido en otros países y de lo propuesto en los anteproyectos de 1974 y 1976. genera una violación del principio general de la presunción de inocencia dispuesto en el artículo 29 de la Carta. ¿qué sentido puede tener esa exigencia de declarar bajo juramento el monto de los bienes y . el dolo en la conducta. En efecto. Nótese en efecto que. en relación con el monto y manejo de sus bienes.
Desde luego. en una economía de mercado una penalización tal no encuentra asidero constitucional. no es cualquier declaración: se habla de la sentencia en forma definitiva. demostrado el incremento patrimonial desproporcionado. En este muy particular campo y como excepción constitucional taxativa. por lo cual son factibles regulaciones que establezcan presunciones desvirtuables de enriquecimiento ilícito del servidor público sí. están asumiendo todas las responsabilidades que están ligadas al cargo y que derivan de las funciones de interés general que le están asociadas. Se enlazan entonces los dos elementos que estructuran el párrafo: de un lado. y . la actividad delictiva y una declaración judicial que la determine. Pueden surgir situaciones en las cuales no sea realmente posible establecer la derivación de los delitos exclusivamente a través de la sentencia judicial. pueden admitirse estrictas excepciones. en cuanto a la protección de la moralidad de la función pública. por cuanto cualquier aumento de patrimonio debería ser justificado por el ciudadano. Frente a un mandato constitucional de transparencia tan estricto como el consagrado por el artículo 122 de la Constitución. según el cual tiene que estar en capacidad de justificar en todo momento sus incrementos patrimoniales? Ese particular deber de transparencia se justifica por las razones expuestas en el presente salvamento. es perfectamente válido lo sostenido por la doctrina penal nacional y extranjera: que el servidor. del otro: la sentencia judicial en firme como aquella declaración judicial exigida para producir las consecuencias. Además. sino que ésta es una tarea en la que los ciudadanos deciden participar libremente. el funcionario no logra justificar tal incremento. Por lo cual. a ello hay que agregar que. de la cual deriva la especial sujeción del servidor público. en el caso del particular. sería legítimo que la ley pudiera sancionar la ruptura de ese deber constitucional de transparencia. ENRIQUECIMIENTO ILICITO DEL PARTICULAR (Salvamento de voto) Se precisa que el incremento patrimonial debe derivar "de actividades delictivas". se encuentra en una situación que conduce indiciariamente a concluir que se ha enriquecido ilícitamente aprovechando su cargo. nadie está obligado a ejercer una función pública.las rentas si no es porque la Constitución ha consagrado al servidor público un deber específico. con lo cual el ordenamiento estaría estableciendo una presunción de ilicitud del mismo. Pero al hacerlo. ENRIQUECIMIENTO ILICITO-Sentencia judicial previa/ENRIQUECIMIENTO ILICITO-Excepciones a sentencia judicial previa (Salvamento de voto) La declaración judicial que se exige en relación con la actividad delictiva respecto de la cual deriva el enriquecimiento en su carácter derivado. En efecto. Eso es lo que justifica la norma. la penalización del simple incremento patrimonial que no sea justificado por la persona frente a un requerimiento del Estado. en términos generales. al romper ese deber de transparencia. implicaría realmente una inversión de la carga de la prueba y una violación de la presunción de inocencia y de la buena fe. por cuanto.
Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero. 1. Su realidad jurídica. en cuanto a los riesgos que en perspectiva esta decisión entraña. la comisión efectiva de un comportamiento delictivo. lo hace la sentencia. los contenidos de una norma jurídica y sus condiciones de regulación -en este caso los dos tipos penales que criminalizan el .somos claros en ello. es decir. Es altamente riesgoso que en un pronunciamiento del juez constitucional. En la sentencia. Más allá de las discusiones que ello puede suscitar en términos de responsabilidad del Estado.durante varios años.en la práctica una expresión máxima de declaración judicial -la persona no ha cometido el delito. Los magistrados que salvamos el voto en el presente escrito.. de la noción de buena fe y en relación inclusive con el buen nombre. debe necesariamente estar sujeta al principio de demostrabilidad que hemos reseñado. supone que la sentencia judicial es la única que constata en la realidad del derecho. El pronunciamiento indudable en relación con el delito. Los Suscritos Magistrados. Nuestro distanciamiento se da en relación con los fundamentos de dicha decisión. lleva cumpliendo su condena. éste debe entenderse en el horizonte del debido proceso. sino la privación efectiva de la libertad. toda excepción que se establezca al principio de la sentencia judicial previa. pues consideramos igualmente que las figuras son exequibles. el núcleo central de la argumentación -y de la decisión. en la cual produce consecuencias frente al derecho. del castigo por años a un inocente. y desde allí. existiendo no sólo sentencias. sobre la base de una confusión entre política y derecho. debe demostrar todos los elementos que lo configuran. en este contexto lo importante es entender la dimensión que en el marco de lo jurídico posee la sentencia judicial definitiva. La lógica del recurso extraordinario de casación puede ilustrar lo que se expone: una persona ha sido sentenciada en dos instancias. etc.se subraya una vez más -no fue demostrada. nos apartamos respetuosamente de la decisión mayoritaria. como claras declaraciones judiciales. En virtud del recurso de casación. Así. vinculado en forma genérica al debido proceso. expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión tomada por la mayoría. la actividad delictiva no pudo ser identificada como tal en el mundo del derecho. De la confusión entre moral y derecho como criterio de política criminal para la adopción de figuras delictivas. Así. en virtud de las razones que se exponen a continuación. no nos alejamos en cuanto a la parte resolutiva. la Sala Penal de la Corte casa en su totalidad la sentencia del tribunal superior.como ocurre en la dinámica procesal penal concreta. ANTECEDENTES PENALES (Salvamento de voto) Aunque es ciertamente antitécnico el lugar en el cual se encuentra situado en la Carta Política el artículo 248. la declaración judicial del delito previo.está construido sobre la base de una confusión entre las esferas de la moral y el derecho.
1. el primer sacrificado en su capacidad real de resolución de los conflictos. De la política criminal como la política. Es un riesgo real que esos contenidos obedezcan a criterios coyunturales. Darle contenido por fuera de la dogmática jurídico penal a figuras legislativas y dárselo más con base en criterios de política criminal. Ha ocurrido así a nuestro juicio con la sentencia respecto de la cual nos apartamos y es ese el motivo fundamental de nuestro cuestionamiento. en última instancia -y es éste un aspecto básico de la discusiónutilizado como puro instrumento al servicio de intereses políticos coyunturales. el sacrificio de libertades y garantías. no sean dados por la dogmática jurídico penal y por la dogmática constitucional. a restarle incluso capacidad real de tematización y manejo de las conductas que aquél pretende neutralizar. Como decimos: a una acción política que en su dinámica habitual de invasión al derecho. sino preceptos específicos que la contienen. a criterios de pura política criminal. y la necesidad de ajustar dichas conductas a las reglas de juego constitucionales.1.y en la necesidad de responder penalmente a conductas que son en extremo desestabilizadoras-. y sobre todo el derecho penal. con ello. cualquier concesión del juez constitucional. en el que las decisiones político criminales no han obedecido a criterios en perspectiva del sistema penal y fundados en valoraciones también empíricas y ajustadas a realidades muy particulares. sea o no él consciente de ello e incluso sin pretenderlo. Tanto más grave aún: el coyunturalismo se ha traducido. en la práctica. la tensión entre decisión político criminal y derechos fundamentales que la ajusten. en un instrumento de regulación de toda clase de problemas que sólo de manera residual o en todo caso no en forma prioritaria y absoluta a él le corresponden. se convierte en la práctica en una concesión a la política. 1.2. dejando de una vez claro que compartimos la necesidad político criminal de una respuesta estatal a conductas reprochables. . han sido en nuestro país abordadas tradicionalmente con criterios que no son propios de la discusión jurídica. ha terminado por instrumentalizar el derecho penal y. es tanto más riesgoso en un país en el que la política criminal ha sido tradicionalmente absorbida por la política a secas. nos apartamos de la decisión mayoritaria en la cual han prevalecido criterios cuestionables desde el punto de vista constitucional. se ha resuelto radicalmente a favor de la primera y en detrimento de los segundos. Sin embargo. sino que esos contenidos sean definidos más con recursos "ad hoc" tomados por fuera del propio derecho. situadas en una tensión permanente entre criterios de política criminal. Figuras jurídicas. Es decir. Así. desconociendo no sólo la filosofía de la Constitución Política. en un pragmatismo instrumental que convierte el derecho. como está expuesto y en relación con la consistencia misma que debe tener la respuesta estatal penal. es el derecho penal y con él la justicia penal que éste busca prohijar. sobre todo reactivos: criterios de ocasión en la acción política han sustituido la construcción ponderada de criterios de política criminal. sino que han obedecido a criterios coyunturales de la política. Es decir. siendo su consecuencia más radical. De la idealización de la "moral social" y de su construcción "ad hoc" como bien jurídico tutelado.enriquecimiento ilícito-.
o en el caso del servidor público y de allí irradiando todo el ámbito de aplicación de las dos normas. En segundo lugar y constituyendo entonces la moral social un valor ya idealizado y con efectos sobre la función punitiva estatal. es aquí. punto que se entrará a estudiar con detalle más adelante. el artículo 34 de la Constitución Política hace referencia al enriquecimiento ilícito. como se ha advertido. y lo hace para convertir el delito. en autónomo. Así. encuentra la mayoría un precepto constitucional que se refiere expresamente al enriquecimiento ilícito y. sino que es construido como recurso "ad hoc" funcional sobre todo a la reducción también errónea. situándolo en el marco de la protección de la propiedad lícitamente obtenida. en cuanto bien jurídico supuestamente tutelado por el enriquecimiento ilícito: de la Constitución Política al derecho penal. En efecto. y en extremo contradictoria. que se hace del enriquecimiento ilícito de particulares en tanto delito autónomo. a la alusión que hace la norma a la "moral social". Ciertamente. En tercer lugar. como conjuntos de reglas y principios esclarecedores de las normas y de sus alcances. que del artículo 34 de la Constitución política se deduce el fundamento constitucional del enriquecimiento ilícito. Sintetizando la secuencia lógica de la sentencia se encuentra. que por ende. convertida dicha alusión automáticamente en un bien jurídico tutelado. se establecen los contenidos de las normas legales. Bien jurídico que no existe en el orden jurídico. una interpretación fundada sobre la confusión entre la moral y el derecho. que es "derivado" como la norma lo establece. pero que no se deriva de ningún otro delito. como luego se verá -y como la ha dicho la propia Corte Constitucional. convertida la moral social en un bien jurídico ad hoc como recurso criminalizante por fuera del derecho -más allá de la lógica jurídica. pero se lo liga. que es derivado. se expresa claramente lo expuesto en este salvamento desde el principio: por fuera del orden jurídico y de la dogmática.En una interpretación errónea del artículo 34 de la Carta Política. la sentencia desconoce el texto literal de la norma. el de ser concebido su enriquecimiento injustificado como un delito autónomo-.se derivan interpretaciones contradictorias de las normas -como en el caso de los particulares.en cuanto a la función instrumental que le da al enriquecimiento ilícito. la alusión genérica de un precepto constitucional que. Dice así la sentencia en el punto 4º de sus consideraciones generales: . el error se concreta en la conversión automática que de esa "moral social" se hace. de él se deduce en consecuencia un bien jurídico supuestamente tutelado por el enriquecimiento ilícito. En dicha deducción contradictoria. y más aún. pero el error interpretativo reside en la falsa idealización de la "moral social" a la cual alude la disposición. al contrario. como lo expresa contradictoriamente la Corte en el punto 4º de sus consideraciones. es decir. respecto de los particulares. "demanda como exigencia imperativa ineludible su adecuada tipificación legal". en primer lugar. dándole un valor absoluto. en una deducción automática.
y con una vocación eficientista a ultranza en el cual prima la eficacia sobre los derechos fundamentales.. 58 (función social de la propiedad) y 83 de la Carta Política (principio de la buena fe). en el punto 3º de sus consideraciones. Dice la sentencia. es decir. prima la eficacia sobre la legitimidad: la pura razón instrumental. Ello pertenece a un derecho penal premoderno. Lo desplaza. como lo hemos advertido en relación con el servidor público. en la discriminación moral de las conductas y de sus actores. Precisamente el uso instrumental del derecho penal encuentra su mayor fuerza y se constituye en mayor amenaza. o de ambiguos universos morales. El mal es legado a un ámbito que no será relevante más para la acción penal estatal. Sin embargo. en segundo lugar. Si la política criminal es la política. sino que además provenga de “actividades delictivas”. Justamente. Si la política absorbe y neutraliza el derecho. el riesgo de aparición de nuevos inquisidores será siempre un riesgo no deleznable. En seguida. el delito puede ser cometido por cualquier persona sin características especiales. sino que es transferido al universo de las leyes éticas. que los bienes jurídicos vagos. sin necesidad de recurrir a otro tipo penal. una de las características esenciales del derecho penal moderno es que resuelve el problema del mal. en tercer lugar. inquisitorial. o simplemente como un elemento de tipicidad."Es conforme con la Constitución el artículo transcrito por disposición de los artículos 34 (extinción del dominio de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito).” El enriquecimiento ilícito de particulares guarda relación directa con los principios que dieron origen a la tipificación de la conducta punible de los servidores públicos. se trata de un tipo penal de sujeto activo indeterminado. y como consecuencia de la calidad del sujeto. De esta manera. sobre todo cuando la vaguedad está fundada en la apelación a la moral. se trata de un delito especial y autónomo. . ni a otro ordenamiento jurídico". sin causa que lo justifique de acuerdo con la ley y la ética. que en la norma en cuestión "se trata de un tipo penal doloso que se manifiesta en el incremento patrimonial del servidor público.. El derecho penal se edifica entonces sobre la teoría del delito que presupone la violación de una norma jurídica y no de normas éticas. gaseosos y difusos. Nada más complicado para el derecho penal y para las garantías constitucionales. lo injustificado de un patrimonio no es evaluado como un elemento de antijuridicidad que puede invadir la esfera de la tipicidad. sobre la razón valorativa. es decir. como quiera que describe un modelo de comportamiento al que puede adecuarse en forma directa o inmediata la conducta del actor. presenta algunas diferencias estructurales: En primer lugar. el tipo penal condiciona la punibilidad del enriquecimiento no sólo a que éste sea injustificado. se mezclan la moral y el derecho.". Si ello opera además bajo el supuesto de una confusión premoderna entre la moral y el derecho. si el interés político usa la moral como recurso ad hoc para instrumentalizar el derecho y específicamente el derecho penal.
la moral.Son todos estos cuestionamientos válidos. etc. y entre ésta y la guerra o las distintas guerras que a la política y al derecho se le han encargado y se le encargan. se traduce en aquella terminología que hace curso en el ambiente social y político y que se expresa en la práctica: la administración de justicia como el estandarte de la "guerra" contra la corrupción política. a través de la función punitiva. constituye sin duda la corrupción política y administrativa una gran amenaza tanto para la administración de justicia. más aún. que no le corresponde y que por ello mismo será en la realidad ineficaz. llamar la atención sobre los límites en la capacidad de respuesta del sistema penal y no contribuir con la falsa ilusión de soluciones que no le son posibles y que les corresponden a otras agencias estatales o que pasan por dinámicas de control político-social. Tanto más delicado es ello. y mañana un enemigo extraído de cualquier fuente de confusión entre el derecho. político. ni contra la corrupción. exigirlo del sistema del derecho penal. que son legítimas dentro del orden social. la política. como quiera que esta desnaturalización del sistema judicial en Colombia. como ocurre con todo problema pluridimensional. las diversas formas de una justicia social. Al lado del crimen organizado. de organización de la sociedad civil. . etc. fundadas en un derecho situacional. una respuesta radical de justicia general.. A la justicia no le corresponde hacer la "Guerra". pues en acciones abiertas de "limpieza moral". Del falso supuesto de una "guerra" de la justicia contra la corrupción política. son siempre mayores a las respuestas que el sistema del derecho puede ofrecer. ha estado ligada a la histórica confusión entre el derecho y la política. dinámicas ligadas concretamente al fenómeno de la corrupción y en todo caso extrañas por principio a la actividad del derecho penal: éste no puede suplir deficiencias estructurales situadas en otros ámbitos sociales. Sin embargo. cuanto mayor sea la carga simbólica ilusoria con la cual se haya manejado su pretendida respuesta. Una de las concreciones más reales que surge como consecuencia de la confusión de ámbitos que hemos reseñado. pretender abordarlos y resolverlos de manera casi absoluta y excluyente. sino que entraña por ello mismo el riesgo de la decepción. supone exigirle a la justicia una repuesta que ésta no pueda dar. 2. Por ello. entraña el riesgo de distorsionarlo y desnaturalizarlo. Pretendemos por ello. Trasladar al aparato judicial semejante responsabilidad. los destinatarios de dicha limpieza serán intercambiables: hoy el gran corrupto. no sólo entraña el riesgo de la ineficacia. eficientista. la justicia del derecho es siempre limitada frente a esas grandes demandas de justicia. exigir al sistema del derecho y. como para las instituciones estatales en su conjunto. de participación política. que será tanto más grave para el propio aparato de justicia. Las diversas demandas de "justicia". en el cual están comprometidos fenómenos de carácter histórico. social y económico. ni contra otros fenómenos desestabilizadores.
sino porque en tanto se lo hace. por fuera de él mismo y como recursos ad hoc. al derecho. la sobrepolitización es contraria a la justicia como actuación consistente. causa trastornos e involuciones que repercuten negativamente sobre el funcionamiento de toda la sociedad en conjunto. si en su funcionamiento es invadido por la política. el derecho y la política son sistemas autodiferenciados cada uno de ellos respecto de los demás. involución que es mirada por Luhmann como propiciatoria siempre de toda forma de autoritarismo. como es el derecho penal. pasamos al estudio concreto de los aspectos más relevantes en relación con las figuras delictivas que tematizan el enriquecimiento ilícito. elaboradas por el sociólogo alemán Niklas Luhmann. Por esa razón. la sobrepolitización del sistema penal asediado por demandas que no alcanza a canalizar termina por bloquearlo. En situación de crisis profunda de legitimidad. La moral. Estos impiden toda involución del sistema mismo. 3. la posición que nos une a los magistrados que salvamos el voto. frente a la pretensión siempre mayor de invasión del sistema de la política al del derecho. la urgencia de castigo sin medida termina por desestructurar la propia función de justicia. Llevado al extremo este desplazamiento y sobre todo en cuanto él se concentra en la función punitiva. Los derechos fundamentales son para el sociólogo. constituye una gran ayuda para entender esta dimensión de confusión de esferas: el sistema del derecho. La teoría sociológica de los sistemas. no les corresponde la guerra contra la corrupción política. pues se bloquea con elementos extraños y que aquél no reconoce y no logra procesar. y sobre todo su visión de los derechos fundamentales como estructuras intrasistémicas que sirven de límites permanentes del sistema del derecho. . Al recurrir el derecho penal a la moral. Toda confusión de ámbitos y toda invasión de un sistema a otro. pensamos que ajustar rigurosamente las figuras delictivas al marco constitucional. no sólo está enmarcada dentro del propósito de ajustar las figuras delictivas a la Carta Política. se niega el sistema. Ello opera simultáneamente como demanda de la sociedad civil y en razón a la falta de respuesta institucional.Por todo lo anterior se repite: a la justicia y a la justicia penal en particular. al debido proceso. Del debido proceso como límite material a la función punitiva. Una vez expuestos los presupuestos básicos de nuestro disentimiento en relación con la sentencia. está incapacitado para ofrecer justicia. constituye su propia condición real de eficacia. una "institución" que el sistema del derecho en su evolución ha incorporado y sin los cuales no es posible su funcionamiento. es decir. Ninguno constituye el centro de la sociedad y cada cual debe "reducir complejidad". ésta tiende a desplazarse o concentrarse en la administración de justicia. o un subsistema del mismo. es siempre más posible la consistencia misma de la respuesta penal a estos comportamientos reprochables. concretamente la Sociología del Derecho. tematizar y resolver los dilemas y problemas que se le plantean. al servirse de fórmulas como la "moral social" por ejemplo. se neutraliza su función. coherente del sistema.
1. 1Corte Suprema de Justicia. La Constitución proscribe las formas de responsabilidad objetiva y exige un derecho penal de culpabilidad. 29) no sólo está consagrando el principio de legalidad y de estricta tipicidad penal. para ser sancionable. Es claro entonces que el juicio de reproche penal sólo puede recaer sobre una persona que debe haber tenido la capacidad de comprender las exigencias que le imponía el ordenamiento y de actuar conforme a tales exigencias. . Los derechos fundamentales y el reconocimiento de la dignidad de la persona humana (CP art. y ha proscrito todo derecho penal de autor o toda forma de culpabilidad por el carácter de la persona. con el reconocimiento de la dignidad (CP art. 16). Este vínculo estrecho de un derecho penal de culpabilidad con la dignidad y libertad de la persona. para ello. Sentencia del 2 de junio de 1981. el mandato constitucional según el cual "nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (subrayas no originales)" (CP art. Del debido proceso como postulado constitucional fundante. MP Manuel Gaona Cruz. en relación con la inversión de la carga de la prueba que ellos. propiciarían. Sala Constitucional. según el demandante. lo más pertinente es abordar el estudio del derecho fundamental al debido proceso en un contexto siempre más global de reflexión en el marco de los derechos fundamentales como límites materiales a la función punitiva estatal. Los derechos fundamentales. 1º) y el libre desarrollo de la personalidad (CP art. cuando ejercía la guarda de la Constitución. si ésta no hubiera podido comportarse de otra forma. En efecto. constituyen límites materiales al ejercicio de la función punitiva del Estado. De igual manera. pues según esa Corporación. encuentran su significación originaria en tanto instrumentos ético-políticos y jurídicos frente a las instituciones que ostentan el legítimo monopolio de la coacción. Es necesario profundizar en el tema y. la exigencia de culpabilidad era una de las mayores garantías para la vida libre y la honra de los coasociados 1. por cuanto era una conducta que no podía controlar. así como la misma regulación del debido proceso (CP art. aparece claro que la Constitución ha establecido un derecho penal de acto o del hecho. como base ética. esto es. MP Carlos Gaviria Díaz. pues el hecho punible. debe ser imputable a la persona como obra suya no sólo de manera objetiva (autoría material) sino también subjetiva (culpabilidad).No está resuelto en la sentencia el cargo que se formula a los dos tipos penales en cuestión. en cuanto sujeto dotado de dignidad y libertad (CP arts 1º y 16). Por ello. si se relaciona esa norma. en las cuales señaló que "es de una evidencia absoluta el que la responsabilidad penal objetiva es incompatible con el principio de la dignidad humana"2. no es conforme a la dignidad humana que se reproche jurídicamente y se sancione penalmente a una persona por un hecho. ya había sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia. política y jurídica de la sociedad. que hubiera debido y podido actuar de otra forma. sino que posee también un alcance más amplio: en efecto. 2Sentencia C-563/95. 29). 3. 1º). ello ha sido previamente establecido por la Corte Constitucional en anteriores decisiones.
3Ver entre otras. En última instancia: la inversión de la carga de la prueba en el terreno específico del proceso penal. . Admitir tales obligaciones desvirtúa el sentido de la norma constitucional y aniquila el derecho fundamental al debido proceso. la sentencia C-006/93. tendrían en consecuencia el deber de acatar y respetar esas exigencias. De ninguna manera compartimos esta noción del debido proceso.se impone desde el debido proceso mismo.Uno de los intervinientes en el caso que se estudia.para de allí deducir supuestos deberes -en relación con el debido proceso. en el caso del funcionario público la explicación del incremento patrimonial. lo contradice y le niega su condición axiológica promovida por el Constituyente y defendida reiteradamente por esta Corporación. según su criterio.no pueden en ningún momento utilizarse para limitar el derecho constitucional de toda persona a un debido proceso. ella desvirtúa su carácter de derecho de la persona. como se anota en la intervención. de tener que explicar o justificar un determinado comportamiento que se considere contrario a la normatividad preestablecida. el debido proceso es una institucionalización del principio de legalidad. es decir. El debido proceso no participa de la tensión entre derechos y deberes. como una verdadera condición antecedente de todo desarrollo doctrinario y legislativo de los fenómenos procesales. La construcción dogmática procesal del itinerario fijado legislativamente para la atribución de responsabilidad penal a un procesado. Su carácter de fundante y de dogma político lo otorga su condición de límite constitucional a la función punitiva estatal. Por ello. Por consiguiente. sería posible desde el debido proceso despojado así de su carácter fundante. que el propio derecho fundamental al debido proceso coloca al funcionario en una condición especial de exigibilidad que lo puede hacer incluso en la práctica más vulnerable a la acción punitiva estatal. deberes. pues se trastocaría la lógica de la norma superior que consagra tal derecho. como esta Corte ya lo ha señalado en repetidas ocasiones3. es posterior al debido proceso como postulado constitucional fundante. obligaciones y prohibiciones para el Estado y para los coasociados". Este le antecede. más que un derecho de la persona. En efecto. considera que el derecho fundamental al debido proceso. constituye un "principio" del cual "emanan. significa negar de plano su carácter fundante y de límite constitucional a la función punitiva. por su parte. Mezclar la función punitiva del Estado y los derechos de los particulares. de tal manera que éste puede ser vulnerado. Parecería deducirse de esta posición que la exigibilidad de un comportamiento especial -por ejemplo. del derecho de defensa y de la presunción de inocencia (CP art. el señor Fiscal General de la Nación. por lo cual resulta contradictorio que se pretenda deducir obligaciones para los sindicados y limitaciones a sus posibilidades de defensa y a la presunción de inocencia a partir de supuestas obligaciones derivadas del debido proceso. 29). en materia penal. desde sí mismo. prefija sus contenidos y limita sus alcances. el Estado puede imponer cargas a los ciudadanos y éstos. derechos. Tal sería el caso. nociones como "lealtad procesal" por ejemplo -a partir de la cual podrían algunos adherir a la posición prohijada por la Fiscalía General. paradójicamente.
las sentencias T-460/92. que podría llevar por consiguiente en la práctica a situaciones contrarias al sentido mismo del Estado de derecho. quedaría fracturado desde sí mismo. . en virtud del debido proceso. encuentra en el terreno procesal concreto. Al dejar de ser derecho subjetivo y llevársele más a la órbita del Estado. se ha construido un bien jurídico en extremo peligroso. más claro aún se presenta dicho riesgo en el campo probatorio. se lo inscribe más en la órbita estatal y se lo convierte en un puro derecho derivado y no fundante. también operaría una imposición de cargas y obligaciones a los ciudadanos. según la intervención ciudadana. De esta manera.Al deducirse deberes desde el debido proceso. Ha señalado en efecto la Corte: 4Ver. la fábrica artificial de pruebas. bajo esta concepción del debido proceso. esta construcción. Por esa razón. como es la "moral social". en el cual. propia de un modelo de derecho penal eficientista-autoritario. Al contrario. puede ser convertido apenas en un elemento situacional y ajustable en razón a conveniencias concebidas por fuera del derecho. no lo ha hecho posible. C-003/93 y C-176/94. fenómenos tan problemáticos hoy como es el caso de la llamada "fidelidad institucional". entre otras. con un debido proceso situado artificialmente en la órbita estatal. o la "lealtad a las instituciones". Este derecho fundamental. en la prueba se expresa la subjetividad radical del derecho al debido proceso. se desconoce la presunción de inocencia4. En este inciso reivindica el debido proceso su carácter fundante respecto de cada caso penal concreto que se ventile en la práctica.2. En el terreno probatorio se observa concretamente cómo aquel derecho se radica en cabeza del individuo. el terreno allanado para un desconocimiento de derechos y valores constitucionales en el ejercicio práctico de la función punitiva. no habría límites para la actuación estatal de reconstrucción probatoria de los hechos. como es el caso del llamado "empapelamiento" dentro del lenguaje popular de la práctica judicial. Aquello que por esencia es límite. La prueba es la verdad en el proceso y la verdad se dirige directamente a la existencia o no de responsabilidad del sindicado. el último inciso del artículo 29.por fortuna para los derechos y las garantías-. pues de esa manera. que han buscado ser fuente de criminalización de conductas. la negación en la práctica de la inocencia del sindicado. como se ha sustentado. encontrarían espacio propicio con los riesgos que le son inherentes. Debido proceso. o las imputaciones sin sustento. que desvirtúa de plano las pruebas recogidas violando el debido proceso. carga de la prueba y noción de "demostrabilidad". es un logro excepcional de la Carta Política: constituye el límite esencial impuesto al Estado en su tarea de dirección y de construcción de la verdad procesal. etc. Por eso. Es decir. cuando en el caso concreto de la sentencia de la cual nos apartamos. deberes genéricos como el de colaborar con la justicia. Tanto más grave es todo ello aún. lo sustantivo y lo procesal serían ajustados en conjunto a dichas conveniencias. 3. pero cuya dificultad para ser elaborados dogmáticamente como bienes jurídicos tutelados. La Corte Constitucional ha sido clara de manera reiterada en cuanto a su rechazo a cualquier regulación legal que suponga la inversión de la carga de la prueba.
de la antijuridicidad y de la culpabilidad. por último. se halla fusionada dentro del principio que. como requisito ineludible del debido proceso. Esto significa no sólo que la conducta punible debe estar claramente descrita por una ley previa sino. previo a la exigencia de responsabilidad. esto es. Fundamento Jurídico c.. antijurídica y culpable. no obstante la penuria del lenguaje. además.) Quiere ello significar. equivoca o ambigua no se pueda demostrar. O sea que.) Se puede entonces concluir que la presunción de inocencia es uno de los derechos más importantes con que cuenta todo individuo. que un hecho punible que no se pueda demostrar no da lugar a punibilidad. en rigor la determinación de una conducta típica."El sistema penal y procesal colombiano se encuentra edificado sobre el principio de la presunción de inocencia.. denominó en varias ocasiones el principio de "demostrabilidad" como presupuesto de la punibilidad de un comportamiento. 29). discusión y valoración de las pruebas y la definición de responsabilidades y sanciones. para desvirtuarla es necesario demostrar la culpabilidad de la persona con apoyo en pruebas fehacientes debidamente controvertidas. Y ésta supone la indubitable y plena demostración probatoria de la inequívoca conducta punible. pues únicamente así se desvirtúa la presunción de inocencia. de los elementos que conforman su tipicidad y antijuridicidad.) .. que los distintos elementos del tipo penal. cuando ejercía el control constitucional de lo penal. pues una persona sólo puede ser condenada conforme a una ley preexistente y observando la plenitud de la formas del juicio (CP art. Dijo entonces esa Corporación: “Obsérvese. esto es la culpabilidad. dentro de un esquema que asegure la plenitud de las garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos. la práctica. 'toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable". así como la responsabilidad subjetiva de la persona. además de lo relatado. que el orden jurídico penal comprende no sólo la estricta prescripción legal delictiva.. (. y que resulta invalidable frente al orden jurídico el condenar por una conducta que por insuficiente. (. según el cual. deben ser demostrados por el Estado dentro del proceso correspondiente. sino la procesal. podría denominarse de ‘demostrabilidad’ el cual presupone no sólo la 5Sentencia C-176/94. Colombia no puede de ninguna forma aprobar un texto que invite a la inversión de la carga de la prueba"5. Esto es lo que la Corte Suprema de Justicia. El Estado debe entonces probar la existencia material del ilícito o del injusto típico. Así pues. consagrado en el artículo 29 de la Constitución.
Consideración jurídica No 4. p 27. 8Gaceta Constitucional. la propia Asamblea Nacional Constituyente. sino también los criterios consagrados en la parte general de ese mismo estatuto. reiterado. Fundamentos constitucionales de la penalización del enriquecimiento ilícito. 7Ver sentencias C-127/93 y C-389/94. 6Sentencia No 5 del 10 de febrero de 1983. lunes 15 de abril de 1991. citado por la Corte en la Sentencia C-389/94. no sólo por lo que implica el delito en sí mismo. dentro de esos elementos estructurales del hecho punible se encuentran no solamente los propios de las distintas descripciones de delitos de la parte especial del Código Penal o de otras normas penales. los constituyentes señalaron al respecto: "El enriquecimiento ilícito ha sido un factor de corrupción social en Colombia. con especial dramatismo. "De esta situación de impunidad se ha derivado un ejemplo letal para la comunidad. La penalización del enriquecimiento ilícito tanto de particulares como de servidores públicos tiene un fundamento constitucional claro. Los ciudadanos se sienten desestimulados enfrente al esfuerzo de buscar sustento y progreso en actividades legales que no traen como compensación la fácil obtención de bienes costosos. sino porque quienes lo cometen hacen ostentación ante los demás con bienes lujosos que en verdad no les pertenecen y que no fueron obtenidos como fruto del trabajo honrado. 58 (función social de la propiedad) y 83 de la Carta Política (principio de la buena fe). entre otras. 93) en lo que para ello sea relevante. 4. Acogemos el principio de "demostrabilidad" desarrollado por la Corte Suprema. .7 Esta base sólida de la penalización del enriquecimiento ilícito no es casual sino que encuentra su explicación en razones de política criminal que tuvo en cuenta. MP Manuel Gaona Cruz. en la propia Constitución (CP art. como los artículos 34 (extinción del dominio de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito). por lo cual no puede ser sancionada una persona por un hecho punible cuyos elementos estructurales no hayan sido judicialmente probados y declarados.claridad normativa de la descripción de una conducta sino la comprobación de ésta6 (subrayas no originales)”. antecedente normativo cuya importancia fue resaltada por la Corte en anterior ocasión y es reiterada en el presente salvamento. tal y como esta Corporación ya lo ha señalado en anteriores decisiones. cuando al tiempo ven expuestas ante sus ojos las riquezas conseguidas en forma rápida y fácil por quienes infringen la ley8". Como es obvio. pues se trata de un lógico desarrollo del debido proceso. 4º) y en los pactos internacionales de derechos humanos (CP art. En efecto. por las sentencias del 10 de mayo de 1983 y del 7 de marzo de 1985.
es decir. en general. o con grave deterioro de la moral social". Por ello ha subrayado esta Corporación que la propiedad "sólo merece protección del Estado cuando su adquisición ha estado precedida de justo título y obviamente no tiene por fuente el delito ni. Una de las transformaciones más radicales que sufre el derecho penal en la actualidad. pues a la propiedad obtenida ilícitamente. en consecuencia no cobija a la riqueza que proviene de la actividad delictuosa de las personas. El único presupuesto de admisibilidad eventual de figuras delictivas prohijadas 9Ibidem 10Sentencia C-389/94.Por ello. lo cual otorga al Legislador legitimidad para penalizar aquella que no lo sea. el artículo 34 tiene que ser interpretado en armonía con el artículo 58 que protege la propiedad privada adquirida con "arreglo a las leyes". Consideración jurídica No 2 11Ibidem. La Corte ha estudiado en su momento el alcance del precepto. no puede premiarse con el amparo de la autoridad estatal la adquisición de bienes por la vía del delito. la Corte sintetizó los alcances del artículo 34 con palabras que justifican constitucionalmente la penalización del enriquecimiento ilícito. En esa misma sentencia. ello no significa que cualquier tipificación sea admisible constitucionalmente: ni menos aún que la tipificación de la conducta se autorice a partir de una interpretación errada del artículo 34. Es pues claro que el Estado puede penalizar el enriquecimiento ilícito y que "corresponde al legislador definir el alcance o contenido" de tal conducta 12.. un origen al margen de la ley.. 12Ibidem. sino que por el contrario coloca a éste en la obligación de otorgar una retribución a la sociedad a través de la pena" (subrayas no originales)11. Sólo lo lícito genera derechos y por fuera de la ley no puede haber amparo del Estado (subrayas no originales)"10.) "La protección estatal. el delincuente debe saber que el delito no produce utilidades. sustituya la reflexión sobre la licitud o ilicitud de la obtención de la propiedad. Sin embargo. en la cual. en perjuicio del Tesoro Público. pues la Constitución protege la propiedad obtenida lícitamente. que son los que se quieren enfrentar por medio de tales tipos penales. llevaron a la adopción del artículo 34. . Dijo entonces la Corte: (. El centro de las transformaciones se revela sobre todo en relación con las garantías procesales y en el impacto generalizado sobre el debido proceso. la idealización como valor casi absoluto de la "moral social". que autoriza la extinción de dominio sobre "los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. Consideración jurídica No 4. se antepone aquella que se obtiene de manera lícita. una grave extensión de formas de corrupción y de criminalidad que atentaban incluso "contra la propia estabilidad de la nación y de sus instituciones9". Ha abordado el carácter instrumental de la norma y la intención expresa del Constituyente de reaccionar frente a la propiedad de bienes obtenidos a través del enriquecimiento ilícito. En efecto. se da en la dinámica de la respuesta estatal a modelos de criminalidad especiales como es el caso de la criminalidad organizada y sus nexos con fenómenos de corrupción política y administrativa.
13Ver. Fundamento jurídico No 8. art. Finalmente. se encuentra también en una posición diferente del simple particular frente a las instituciones públicas. también lo sitúa sin embargo en un ámbito especial de sancionabilidad política. el sujeto activo de la conducta. por lo cual se estudiarán en detalle las dos figuras delictivas. de lo público. en donde ha indicado que las exigencias jurídicas sobre los servidores son mayores. La cercanía directa con los medios y recursos estatales. es el servidor público en forma genérica. Esta especial sujeción deriva del interés general que es consustancial al ejercicio de las funciones públicas (CP. El artículo 148 del Código Penal consagra un sujeto activo cualificado. 124) 14. 14Ver sentencia C-284/96. C-244/96 y C-284/96. de un interés más allá de lo individual. de la adopción de la figura en el marco de la lucha contra la corrupción política. sino un supuesto de política criminal. la Constitución establece que la ley deberá determinar la responsabilidad específica del servidor público y la manera de hacerla efectiva (CP art. 5. pues el servidor público. 123 209) y se manifiesta también en cargas concretas que les impone la Constitución. como quiera que está ligado de manera directa no sólo a la función pública. medios y funciones de la administración pública. la moralidad de la función pública y el enriquecimiento ilícito. sitúa al funcionario en una posición especial frente al interés público: le da la posibilidad de actuar en beneficio de la comunidad. La especial sujeción del servidor público. sino a los bienes de la propia administración. 128). Su tarea es la de ajustarlas siempre dentro de los límites constitucionales del debido proceso. como la obligación de declarar el monto de bienes y rentas (CP. El enriquecimiento ilícito del servidor público. fiscal. art. pues se encuentran en una especial sujeción frente al Estado como la propia Carta lo estipula al estatuir que ellos son responsables no sólo por violar la Constitución y la ley sino también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (CP art. 5. con los bienes. MP Alejandro Martínez Caballero. que estas figuras exigen un pronunciamiento detenido del juez constitucional. es su absoluta excepcionalidad. 6º) 13. Es justamente por ese carácter excepcional. Es decir. De la misma forma. . 122) o la imposibilidad de celebrar contratos con entidades que manejen recursos públicos.1. Esta cualificación del sujeto activo encuentra justificación constitucional. que se encuentra en una relación directa con el destino predispuesto constitucional y legalmente para ellos. el no convertirse en una práctica generalizada. como lo ha señalado esta Corporación en recientes fallos. art. El presupuesto de la excepcionalidad no es un presupuesto de discusión dogmática penal. 2º. disciplinaria y penal.con el propósito de combatir estos niveles de criminalidad. las sentencias C-345/95. Como bien lo señala la Corte en la sentencia. pues la norma habla de "empleado oficial". se prohibe que un funcionario desempeñe más de un cargo público o derive más de una asignación que provenga del Estado o respecto de las cuales éste posea parte mayoritaria (CP. entre otras.
Ahora bien. Así. la opción de defensa de la sociedad frente al abuso en su ejercicio.Es el poder y su ejercicio concreto el que se encuentra en el centro del asunto que se estudia. del patrimonio común. los acompaña una normatividad celosa. la finalidad señalada no constituye un fenómeno abstracto: se expresa en su cotidianeidad en procedimientos que constituyen reglas de juego entre la administración y el administrado. En cualquier caso. como "injusto". Es una noción que se dirige más al campo ético-político de la función pública. La actuación adelantada bajo la buena fe es constitutiva del principio de moralidad. La finalidad renovada de la función pública. A juicio del Ministerio Público. como bien lo trae al análisis la Vista Fiscal. Como quiera que ello se observa en una práctica funcional permanente. Esta noción de moralidad. También al destino de los recursos públicos. la doctrina ha entendido de manera general que el principio de moralidad debe presidir toda la actividad administrativa. la finalidad más genérica que asiste hoy a la administración es la de acercar. y en el horizonte del enriquecimiento ilícito. transparentes. Por ello. En las reglas procedimentales obra en última instancia el propio proceso de legitimación de la administración. En el marco general de los derechos humanos y de su violación por parte de funcionarios estatales. Estas tienen que ser claras. Así. en virtud del artículo 278 de la Carta Política. se encuentra este fenómeno del acceso directo a los medios del poder y del desequilibrio que causa frente a quienes son simplemente destinatarios del ejercicio concreto de ese poder. existe una expresa alusión constitucional. la noción de "indebido" debe ser comprendida como "ilícito". redefine la propia . pese a la dificultad en su definición. desde el ámbito de la vigilancia que ejerce el Ministerio Público. ofrecen mayor claridad a la noción de moralidad. este tipo penal de sujeto activo cualificado busca proteger la función pública y. En todo el desarrollo nacional e internacional de la normatividad de los derechos humanos. ha sido concebida de manera muy especial en relación con la corrupción política y administrativa. El ejercicio del poder institucional se encuentra por ello reglamentado celosamente y más celosamente debe estarlo. 209). Presupone la transparencia en la gestión pública. su moralidad. dentro de las funciones del Procurador General se encuentra. lo colocan en una situación clara de preponderancia que lleva implícito siempre el riesgo de un ejercicio abusivo del poder que concretamente esa cercanía le ofrece. es la de ligar realmente. los cambios fundamentales introducidos por la nueva Carta Política en relación con la función administrativa y especialmente en relación con su finalidad. al indebido provecho patrimonial por parte del funcionario público. que es un principio que debe gobernar sus actuaciones (CP art. en una dinámica de acción administrativa con espacios abiertos para la participación ciudadana. la comunidad social a la administración. el asunto es claro: la cercanía del funcionario frente a los medios y recursos estatales. el administrado a la administración. Como vemos. pese a la generalidad del principio. la de desvincular al funcionario público que derive "evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones". en especial. vincular más y verdaderamente.
procesos de autogestión.noción de legitimación dentro de la administración pública. En efecto. siempre y cuando ella "no constituya otro delito" y como lo reconoce la sentencia. 5. sino que es el propio Estado y sus instituciones las que son construidas. llenadas de contenido y de sentido. como expresión en la dinámica real de los procedimientos y su transparencia. etc. condición y límite en el artículo 3.2. como instrumento para combatir la corrupción política y administrativa. De allí no sólo su incorporación como norma en la parte especial del código penal. explica en gran medida. De esta forma. La participación de la comunidad social en los procesos decisionales. por lo cual es indispensable adelantar las siguientes precisiones. a la legitimación del orden constitucional. Como lo señala la norma al penalizar la conducta. las razones de política criminal invocadas para su creación. La penalización del enriquecimiento ilícito del servidor público es entonces expresión de importantes valores constitucionales. Sin embargo. La conducta punible: el carácter "no justificado" del incremento patrimonial y el debido proceso. el fundamento de su tipificación se encuentra en la imposibilidad de probar en el terreno jurídicoprocesal concreto. por lo cual un tipo penal de esta naturaleza no sólo no contradice la Carta sino que puede ser considerado desarrollo de la misma. gracias a su moralidad. concertación. Por ello el principio de moralidad adquiere también actual importancia en el marco de la tarea pública administrativa abierto por la Carta Política: aquella se vive en la transparencia de los procesos a través de los cuales actúa la administración. de la nueva Constitución Política. a una soberanía popular. la injerencia directa en determinaciones sobre puntos centrales de la administración y especialmente sensibles en la ciudadanía. intermediación. hallan así sentido. La subsidiariedad de la norma. comportamientos del funcionario que no se encuadraban en los otros delitos que tienen como bien jurídico protegido la administración pública. se trata de un tipo penal subsidiario.como es el caso de los servicios públicos por ejemplo-. Pero no sólo en el área de los derechos adquiere pleno vigor este tránsito: él llena de sentido la finalidad administrativa que hemos destacado y condiciona los procesos a través de los cuales actúa la administración. deben entenderse dentro de esta nueva dinámica. por la sociedad. El enlace necesario entre la comunidad y la administración. ha entrañado a su vez un cambio radical en relación con el universo de los derechos fundamentales consagrados por la Carta Política.. Este cambio radical de paradigma. sino el carácter de subsidiariedad que le es inherente: no puede . los propios procesos administrativos deben contribuir. en el Estado social y democrático de derecho. En el marco de esta ecuación se sitúa además la exposición hecha por esta Corporación de manera reiterada en relación con el debido proceso. el control ciudadano sobre actuaciones administrativas. Lo expuesto anteriormente se encuentra además respaldado por el tránsito constitucional fundamental que ha traído consigo la nueva Carta al pasar de una soberanía nacional. el actor en su demanda cuestiona no tanto la existencia de la figura sino la regulación establecida por la norma impugnada. Ello significa que no es la sociedad la que se construye a partir de la actuación estatal vertical.
Nótese además que en la discusión no estuvo presente el problema del "mal". El delito de enriquecimiento ilícito. sí constituye un poderoso instrumento en la lucha por el saneamiento de la administración pública.confundirse con ninguno de los otros delitos contra la administración pública. en el proyecto de Código Penal de 1976. el artículo impugnado no presupone una violación del principio citado: no es el empleado oficial el que debe entrar a demostrar el carácter justificado de su 15Ver Luis Carlos Giraldo Marín. de otra parte. es allí donde se registra su especificidad. o inmediatamente después de la dejación de éste. pues "es corriente por desgracia. desde la entrada en vigor de la norma. Ahora bien. "Ciertamente. sino el marco institucional democrático que tiene que servirle de sustento. igualmente. Por ello. producirá óptimos resultados"17. Librería del Profesional. Tomo III. que aplicado con criterio rígido. Bogotá. se anotó. dentro del marco de unas instituciones penales de orientación democrática. Este hecho. la sanción penal que castigue tan vituperado proceder"15. en norma que ha sido reestructurada para hacerla más operante"16. Es allí donde opera además la incorporación de la antijuridicidad dentro de la tipicidad del tipo. en la exposición de motivos presentada por el señor Ministro de Justicia en apoyo a un proyecto de ley sobre el tema llevado al Congreso en octubre del año de 1976. Así. . en la exposición de motivos y respecto de la conducta. estuvieron presentes en la discusión hasta el final de la aprobación del artículo que rige actualmente. Por su parte. 1981. se consideró necesaria una norma que reprimiera el enriquecimiento ilícito del funcionario público. aunque no será por sí solo suficiente para sanear las costumbres políticas administrativas. p 324. sin que sea posible imputarles la comisión de un determinado delito. afirma uno de los comisionados. genera una violación del principio general de la presunción de inocencia dispuesto en el artículo 29 de la Carta. Bogotá. Actas del nuevo código penal colombiano. que era usual el caso de servidores públicos que se "enriquecen indebidamente en el ejercicio de su cargo. ha sido objeto de discusión si la noción de "no justificado" exigida por el tipo penal. p 325 16 Citado por Antonio Cancino. ni exista. el caso de los servidores públicos que se enriquecen al servicio de la administración. la creación de un tipo penal amplio como el ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. sin que puedan explicar el exagerado y repentino incremento de su patrimonio. 17 Ver Luis Carlos Giraldo Marín. Estas consideraciones de política criminal se expresan en la discusión que tuvo lugar en la comisión redactora del actual código y que propuso la inclusión de la norma en la legislación penal. p 2. las nociones de incremento patrimonial y la incapacidad de ser explicado. que escandaliza a la opinión nacional y que indudablemente es una consecuencia del torcido ejercicio de la función pública. fue erigido en delito por el Anteproyecto. y dentro del marco global del debido proceso. Sin embargo. 1986. Pequeño Foro. cuya Comisión revisó el anteproyecto de 1974. Loc-cit. De todo lo anterior se deduce no sólo la lógica político criminal que subyace al tipo penal en revisión.
1990. el dolo en la conducta. demostrarse con los hechos la conducta. como lo ha señalado la doctrina. pero no se enfrenta en ningún momento el problema de la responsabilidad objetiva y sus implicaciones sobre el principio de inocencia. la prueba de este dolo puede fundarse en los mismos elementos probatorios que permiten comprobar la autoría material del enriquecimiento. sino que es el Estado el que debe demostrar la condición de no justificado de tal ingreso. se presentan los argumentos de la defensa. Este delito no se funda entonces en presunciones: el enriquecimiento debe ser real y no presunto. la aceptó. al demostrar el Estado la diferencia patrimonial y su no justificación opera en la práctica una incorporación de la antijuridicidad del tipo. Bogotá. y debe además ser desproporcionado pues. Una vez se adelante dicha investigación. el análisis de los ingresos y las diferencias. debe. Claro que. el tipo penal en cuestión no presupone una inversión a la carga de la prueba." Debe. desde el principio penal de la culpabilidad: la no explicación del incremento no configura en sí y de manera abstracta el ilícito penal. por lo cual debe entenderse que el Estado tiene también la carga de demostrar que el servidor conocía la ilicitud del enriquecimiento y la realizó voluntariamente o al menos previéndola. si se interpretan los alcances de este tipo penal a la luz de la parte general del Código Penal.ingreso patrimonial. como es obvio. Derecho Penal. Tomo III. sino aquél que ocurra por razón de las funciones del cargo. Es decir. y no al revés como a juicio del demandante sucede en la práctica. le corresponde al Estado en su función investigativa. Así. En ese mismo orden de ideas. Por esta razón hemos asumido el análisis de la figura. "lo digno de tenerse en cuenta es la falta de proporción entre las disponibilidades del empleado al asumir el cargo y aquellas de que disfruta después18. Por ende. la alusión que hace el 18Cf Luis Carlos Pérez. a diferencia de lo establecido en otros países y de lo propuesto en los anteproyectos de 1974 y 1976. siguiendo todas las pautas que la rigen y limitan. y éstos tienen que hallarse vinculados con el ejercicio del cargo por el funcionario. demostrarse cierta e indudablemente. de tal manera que la ilicitud del comportamiento se expresa en la no justificación. p 238. es indudable que el enriquecimiento ilícito de servidor público sólo es punible a título de dolo. el Estado está claramente obligado a reconstruir probatoriamente el patrimonio del funcionario: toda diferencia patrimonial. Es esta una falencia grande de la sentencia: la alusión al carácter doloso del comportamiento se mezcla con la alusión a la violación de normas éticas. la explicación relacionada con el incremento patrimonial como actividad del empleado oficial sindicado tiene lugar en relación con el adelanto propio de su defensa. el tipo penal colombiano no sanciona el incremento patrimonial no justificado obtenido por el funcionario durante el ejercicio del cargo. Temis. Basta apenas agregar finalmente. dentro de la tipicidad del mismo. en consecuencia. en razón a todo lo expuesto y en virtud a la prescripción de toda responsabilidad objetiva. De esta forma entonces. . Nótese en efecto que.
disciplinario o contravencional la carga de la prueba estará siempre a cargo del Estado. esta norma ordena en su aparte central: "Antes de tomar posesión del cargo. Esto significa que. de la cual deriva la especial sujeción del servidor público. dice en su cuarto apartado con nítida claridad: "En desarrollo de las actuaciones penales. podría brindar más claridad en relación con el tema de la presunción de inocencia. nadie está obligado a ejercer una función pública. en cuanto a la protección de la moralidad de la función pública.artículo 81 de la Ley 190 de 1995 o "Estatuto Anticorrupción" que. cuando ejercía la guarda de la Constitución. como en las del proceso". consideramos que la constitucionalidad de esta regulación del enriquecimiento ilícito no excluye la posibilidad de normatividades más estrictas basadas en el deber constitucional específico de los servidores públicos establecido por el artículo 122 de la Carta. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público". prevalece el principio de inocencia. en todo proceso penal. el monto de sus bienes y rentas. En un Estatuto expedido justamente con el propósito específico de combatir la corrupción. al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar. La propia Corte Suprema de Justicia. por lo cual se puede decir que este artículo consagra un deber específico de transparencia de estos servidores. a ello hay que agregar que. Así. bajo juramento. En efecto. sino que ésta es una tarea en la que los ciudadanos deciden participar libremente. esa Corporación señaló unos criterios que esta Corte Constitucional prohíja: . Ahora bien. en relación con el monto y manejo de sus bienes. dentro del contexto particular que nos ocupa. ya había destacado esa especial sujeción del empleado público que los ciudadanos asumían libremente. Además. En consecuencia. Pero al hacerlo. Así. están asumiendo todas las responsabilidades que están ligadas al cargo y que derivan de las funciones de interés general que le están asociadas. tanto en las etapas de indagación preliminar. se garantiza expresamente que la carga de la prueba estará siempre en cabeza del Estado. en términos generales. Ningún otro precepto normativo. disciplinarias y contravencionales. por mandato constitucional. el servidor público se encuentra en una situación permanente de exigibilidad por parte del Estado. ¿qué sentido puede tener esa exigencia de declarar bajo juramento el monto de los bienes y las rentas si no es porque la Constitución ha consagrado al servidor público un deber específico. respecto de las garantías procesales. según el cual tiene que estar en capacidad de justificar en todo momento sus incrementos patrimoniales? Ese particular deber de transparencia se justifica por las razones expuestas en el presente salvamento.
no hay nada desmedido. sería legítimo que la ley pudiera sancionar la ruptura de ese deber constitucional de transparencia. 19Sentencia del 12 de agosto de 1982 y con ponencia del Magistrado Manuel Gaona Cruz. ¿Qué sucede entonces si el servidor público incumple ese deber específico de transparencia establecido por la propia Constitución? Esto es. . bajo amenaza penal. la asunción de un cargo público comporta un deber semejante. probidad. y el propio funcionario no justifica el incremento patrimonial. capacidad e idoneidad de los funcionarios que el Estado le debe a sus gobernados"19. op. que en este muy particular campo y como excepción constitucional taxativa. cit. Lo anterior demuestra entonces. De la confusión entre lo público y lo privado en el marco de la función punitiva. por lo cual son factibles regulaciones que establezcan presunciones desvirtuables de enriquecimiento ilícito del servidor público sí. un deber de especial pulcritud y claridad en la situación patrimonial”20."Quien decida asumir una función pública. aptitud. 5. y frente a un mandato constitucional de transparencia tan estricto como el consagrado por el artículo 122 de la Constitución. siendo libre de hacerlo o de abstenerse. sino también la fundamental y explícita de garantía de imparcialidad. es perfectamente válido lo sostenido por la doctrina penal nacional y extranjera: que el servidor. se encuentra en una situación que conduce indiciariamente a concluir que se ha enriquecido ilícitamente aprovechando su cargo. demostrado el incremento patrimonial desproporcionado. Son muchas las figuras en cuya base se encuentra una exigencia positiva: en delitos de comisión por omisión esa es también la regla. Pues bien. ¿qué sucede si establecida la calidad de servidor público de una persona. una rendición de cuentas con la cuidadosa separación de los bienes del administrado. p 236. Ello lo señala con claridad Sebastián Soler: "Ya en otros casos hemos señalado la necesidad de subrayar la existencia positiva de deberes. el funcionario no logra justificar tal incremento. dignidad. de oficio o de profesión. al cual se le exige. el Estado demuestra el hecho objetivo de un enriquecimiento desproporcionado en relación con los ingresos lícitos de este servidor. con las correspondientes incompatibilidades que de allí se derivan. decoro. a pesar de tener el deber constitucional de hacerlo? En tal caso.3. se acoge al régimen estatutario constitucional y legal del funcionario y se somete a sus mandatos. irregular o excesivamente severo en imponer a los funcionarios un deber semejante al que recae sobre un administrador común. al romper ese deber de transparencia. pero no de sustraerse de ellos una vez adquiera el estatus de funcionario público. 20Citado por Luis Carlos Pérez. Pues la función pública supone no sólo la tutela implícita a la libertad del trabajo y de escogencia de actividad. Pues bien.
Demostrar el origen de un incremento patrimonial es una obligación general que el Estado puede hacer exigible en todo momento a cualquier persona natural o jurídica. justificada además en una errónea interpretación de los artículos 4. es una consecuencia del principio constitucional de que toda persona debe vivir sometida a la Constitución y a la ley (Arts. pues puede ser cometido por cualquier persona y. no puede sostenerse que abruptamente cese todo asomo de colaboración de la persona a la que se pide explicaciones sobre sus movimientos patrimoniales (C. El enriquecimiento ilícito de particulares. penaliza a todo aquel que "de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado.). derivadas ellas de una extensión de efectos normativos que sólo tienen sentido dentro de la órbita estatal. Un esquema de riesgo impulsado por el modelo eficientista de la sentencia. y debe analizarse además. 7 y 9)". De un lado.P. sino además para ejercer control sobre su licitud. 6. la sentencia equipara la declaración juramentada exigida por el artículo 122 de la Carta Política. 4o. Sin embargo. el artículo 1º del decreto legislativo 1895 de 1989. esta disposición también sanciona el enriquecimiento ilícito. de actividades delictivas". a la declaración de renta de los particulares. Una confusión. 95 nums. en relación con la consecuencia global que tal confusión ejerce sobre la función punitiva estatal. Art.. Esta deducción debe analizarse en el marco general de confusión de ámbitos distintos y que establece la sentencia que hemos objetado. deduce que en tal condición se hallan también de hecho todos los particulares. Como se ve. La segunda norma bajo revisión.P. se trata de un tipo penal sin sujeto activo cualificado. y frente a ello expresamos los magistrados disidentes nuestro desconcierto. Al pasar al terreno penal.Lo señalado constituye ciertamente un problema arduo que suscita el artículo 122 constitucional y la condición particular del servidor público a él sujeto. de esa condición excepcional de exigibilidad para el funcionario. debiendo el Estado establecer plenamente la responsabilidad del imputado o su inocencia. Dice la Corte en el punto 4 de sus consideraciones: "No debe olvidarse que el enriquecimiento se establece por la comparación del patrimonio del presunto ilícito en dos momentos distintos. pero tiene dos diferencias estructurales fundamentales en relación con el artículo 148 del Código Penal. esto es. Un desproporcionado e injustificado incremento es precisamente lo que da lugar al ejercicio de la acción penal por enriquecimiento ilícito. grave en alguna medida su patrimonio. no sólo para que el Estado. de otro lado. de conformidad con leyes preestablecidas. derivado. En una extrema confusión entre el ámbito estatal-institucional y el ámbito de la sociedad civil. la Corte en la sentencia en mayoría. la norma . en una u otra forma. En el caso de los particulares. es radicalizado por esta última deducción que impone consecuencias penales para particulares. 6 y 95 de la Constitución Política. 6o y 95 de la C. cabe recordar que éstos deben demostrar al Estado anualmente sus ingresos y la procedencia de los mismos mediante la declaración de renta.
Por eso no puede tener el mismo alcance la penalización del incremento patrimonial no justificado de un servidor público que el de un particular.condiciona la punibilidad del enriquecimiento no sólo a que éste no se halle justificado sino. Del carácter derivado del enriquecimiento ilícito de particulares. Las razones de política criminal que asistieron a la decisión de sancionar también el enriquecimiento ilícito de particulares. en una economía de mercado una penalización tal no encuentra asidero constitucional. Colombia es una economía de mercado (CP arts 58 y 333) y por esa razón. Sin embargo. es una sociedad que se nutre de actividades que llevan a un incremento patrimonial constante de quienes la componen y se fundamenta. esta norma es producto del estado de sitio y fue dictada en el contexto de la lucha general contra el narcotráfico. en el caso del particular. por cuanto. la Corte Constitucional precisó los alcances del tipo en los siguientes términos: "La expresión ´de una u otra forma´. Eso es lo que justifica la norma. y siendo éste el precepto normativo demandado en el caso en estudio. además. se precisa entonces. Ello amerita un detenido análisis constitucional. Las actividades delictivas deben estar judicialmente declaradas. La tensión existente entre el respeto al debido proceso y la necesidad de combatir la corrupción política y administrativa en relación con los criterios de política criminal que han llevado a penalizar el enriquecimiento ilícito en forma genérica. 29) y de la buena fe (CP art. 6. derivado de actividades delictivas. pues no se puede olvidar que. a que se derive de actividades delictivas. 83). implicaría realmente una inversión de la carga de la prueba y una violación de la presunción de inocencia (CP art. Así. . con lo cual el ordenamiento estaría estableciendo una presunción de ilicitud del mismo. y el artículo 248 de la Constitución Política. En ese sentido. existen diferencias importantes. al declarar exequible el artículo 10 del decreto 2266 de 1991 que convirtió en norma de carácter permanente el artículo 1º del decreto 1895 de 1989. que el incremento patrimonial debe derivar "de actividades delictivas"." De un lado. por lo cual.1. la penalización del simple incremento patrimonial que no sea justificado por la persona frente a un requerimiento del Estado. conforme a la Carta. según el cual únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales. En efecto. en parte. son de manera general similares a aquellas que justifican la sanción del enriquecimiento ilícito del servidor público. debe entenderse como incremento patrimonial no justificado. frente a ella es plenamente válido lo señalado previamente al explicar los alcances del artículo 34 de la Carta Política. por cuanto cualquier aumento de patrimonio debería ser justificado por el ciudadano. para no violar el debido proceso. en la búsqueda del lucro y la ganancia. en cualquier forma que se presenten éstas. encuentra su mayor grado cuando se trata de los particulares.
como elemento inescindible del delito. Ahora bien. pues. sólo penaliza el enriquecimiento derivado del narcotráfico y delitos conexos. por razones de conexidad con el estado de sitio entonces vigente. reside el gran mérito sin el cual es impensable el derecho penal moderno: el de haber sentado los postulados filosóficos para una construcción jurídica coherente del sistema penal. en la construcción de una teoría que lo explique y le brinde su carácter específico dentro del universo del derecho. es que sólo es punible la conducta preterintencional o culposa cuando así esté expresamente prevista por la ley (Código Penal art.2. De la sentencia judicial definitiva como presupuesto para la prueba de una conducta delictiva. y cuya concreción más elaborada se encuentra en el sistema penal de Francesco Carrara. en quien. se trata de una discusión del alcance legal de la disposición que no corresponde al juez constitucional definir. que se refiere a la conducta del enriquecimiento ilícito en sí misma y a la necesidad de ser ella probada. En todo caso. por obligación legal y constitucional. un elemento central de la tesis expuesta sobre la demostrabilidad. no existen razones constitucionales para justificar tal restricción en relación con dicha norma. "El delito no es un ente de hecho. a su vez. a que el delito se derive. precisó que.Siendo igualmente una norma dictada al amparo del estado de sitio anterior. de tal manera que le corresponde al funcionario judicial. es un objeto cultural. A su vez. con él. En la moderna ciencia del derecho penal en Italia. La norma cuestionada condiciona el enriquecimiento ilícito del particular. el delito no tiene una existencia o preexistencia ontológica a la sociedad o al sujeto: el delito es una construcción humana. en la revisión constitucional que en su momento hizo la Corte Suprema de Justicia de dicha norma. serios interrogantes que tienen relevancia constitucional y que ameritan un estudio detenido. analizar todo los elementos allegados al juicio sobre la base de la existencia de una conducta dolosa. sino un ente . y como toda construcción del hombre. la regla general en materia penal. de otro lado. es decir. es preciso retroceder a conceptos esenciales del derecho penal liberal clásico. La primera expresión de este desarrollo esencial se encuentra en la noción de delito y. dilucidar la noción de actividad delictiva y sus consecuencias concretas en relación con la conducta de enriquecimiento ilícito. el artículo 1º del decreto legislativo 1895 de 1989. 39). respecto del artículo 10 de decreto 2266 de 1991. por lo cual es indudable que el enriquecimiento ilícito del particular requiere de dolo para que sea punible. Acogemos la interpretación en relación con esta norma. Sin embargo. surgen del tipo penal y su estructura. al recoger toda la elaboración de la filosofía del derecho penal italiano del iluminismo. la primera consecuencia que se deriva de ello es clara: el delito no existe como un ente objetivo por fuera del sujeto. Por ello. se refiere a la exigencia perentoria de ser demostrado también el dolo en la conducta. Para aclarar este asunto. 6. de actividades delictivas. Aclarado lo anterior. que la convirtió en norma permanente. Es necesario.
existe la construcción dogmática por excelencia que es la teoría del delito. en la práctica y con el riesgo concreto de producir consecuencias sobre la libertad de las personas. . p 4. actuaciones. 1988. aquello que es irrelevante para el derecho penal. actividades. en tanto tal no conserva un "ser" por fuera del derecho. 22Ibidem. porque su esencia debe consistir necesariamente en la violación de un derecho (. plasmada en los distintos sistemas del derecho y compuesta por un entramado de conceptos. de una vez para siempre. desde una dogmática de orientación valorativa.. sino en la práctica concreta: se trata del llamado "hecho notorio". de hechos. de reglas. el delito. yace una premisa que ninguna de las escuelas discute: la elaboración categorial y la integración de los diferentes conceptos jurídico penales en un sistema. Allí y sólo allí.22 De esta manera entonces. Programa de Derecho Criminal. Denuncia cómo. en razón a una confusión entre la moral y el derecho. de preceptos que otorgan sentido a sus propias construcciones. un concepto gaseoso. hacia una dogmática nutrida por la teoría sociológica de los sistemas como se discute hoy. como complejísima elaboración cultural. Por esta vía llega Carrara a su conclusión fundamental: "El delito es un ente jurídico. Para hacer posible este tránsito. aquella actividad que desee ser concebida como delictiva. p 5. Es decir. en una conducta delictiva. Volumen I. la extracción. Nos hemos detenido en este punto central. Parte General. En todas las construcciones dogmáticas. prueben que una persona comete actividad delictiva. pueden derivarse consecuencias del mismo.".. que por su supuesta "notoriedad". dice Carrara en el volumen uno de su "Programa de derecho criminal". En su dinámica concreta. en la Roma imperial. ello es indiscutible. encausada en límites concretos. etéreo como éste.jurídico".. fueron castigados como delitos comportamientos que anteriormente sólo incumbían a los censores.21 Enfrenta Carrara las meras transgresiones. En el caso específico del sistema del derecho penal. convierte el acto en sí mismo y en la medida en que se encuentre excusado ello por su "notoriedad". la dogmática jurídico penal cumple una de las más importantes funciones encomendadas a la actividad jurídica en general dentro de un Estado Social de Derecho: la protección de los derechos fundamentales frente a la función punitiva estatal que.). ella debe ingresar al universo de lo jurídico. Definido el delito como un ente jurídico. editorial temis. funcionan como reglas de juego frente a la acción punitiva y proporcionan una seguridad jurídica de otro modo inexistente. requiere de manera permanente el control y la seguridad de esos límites. que es la condición natural del hombre en sociedad. Tanto más cuanto que estas consecuencias se reflejan en el terreno de la libertad. el neokantismo y el finalismo. el límite perenne de lo prohibido.como es el delito -tiene que concebirse como expresión radical del interés por la seguridad jurídica y por la protección de los derechos. 21Francesco Carrara. sino porque a través suyo expresamos nuestra gran preocupación frente a "nociones" que hoy parecen hacer curso no sólo en la opinión. desde el mero formalismo. de lo objetivo al mundo del derecho. Si. no sólo porque con ello se busque aclarar aspectos concretos sobre el tipo penal en discusión. La dogmática. queda establecido. Bogotá.
de actividades que se camuflan. independientemente de los castigos individuales: actores colectivos ajustan los límites de la fundamentación de la pena en estas sociedades. y no en una excusa para sindicar y juzgar de manera indiscriminada y colocando en riesgo el derecho fundamental al debido proceso. El juez constitucional no puede dudar frente al dilema: la dificultad debe traducirse en una mayor exigencia y profesionalidad de la actividad investigativa. No por esta razón sin embargo. Esta misma Corporación ha abordado el tema de la diversidad cultural. pues considera que lo debe juzgar la jurisdicción indígena.perviven al lado de una cultura mayoritaria que se nutre. no se agota en la construcción inicial de la conducta como delito: 23Veánse las sentencias Nº. siendo ello central en la discusión general sobre corrupción política y administrativa.y ello se vive hoy más a partir de la nueva Carta Política . se exige como lo dice la norma. comunidades indígenas que. penal del circuito de la Plata en el departamento del Huila. del enriquecimiento ilícito. se insertan soterradamente en la sociedad. Repetimos por ello y en consecuencia: es necesaria la descripción normativa como delito de la respectiva conducta para que ésta sea delictiva. una conexión con la actividad delictiva y ésta se deduce de "hechos notorios". se puede permitir que la actividad penal del Estado se traduzca en un proceso de búsqueda y rastreo indiscriminado a partir de hechos notorios: de meras suposiciones. promueven concepciones radicalmente diversas de los comportamientos merecedores de reproche social y penalizados en sus comunidades. de la cultura de occidente. en ciertas comunidades es rapto de mujeres como inicio de una relación de pareja. T-251/94 MP Eduardo Cifuentes Muñoz y Nº. 24 Es el caso de un indígena Paez que a través de la acción de tutela pide que se anule la sentencia de un juez penal. en este caso. 24 Sin considerar ello un caso extremo ni mucho menos. volvemos a la pregunta inicial: ¿qué es una conducta delictiva? ¿qué es un hecho notorio y cómo se pueden deducir responsabilidades de éste en universos culturales mezclados y radicalmente disímiles? Incluso en ámbitos culturales homogéneos no tiene ninguna cabida la noción de hecho notorio. Es cierto que se trata. En la extrema dificultad de las acciones que se quieren castigar. en otras comunidades se liga más al proceso de enmienda de la ofensa entre el grupo familiar ofendido y el ofensor.. y tanto más si hay comunidades cercanas a actividades de narcotráfico por ejemplo y que sus miembros pueden verse involucrados en situaciones que tengan que ver con esa actividad. Ahora bien. . Es tan claro el fenómeno del delito como construcción cultural y su referencia a valores que tienen arraigo específico en entornos culturales concretos. Esto hace que dichos comportamientos sean de difícil prueba. de manera general. Caso fallado el 26 de abril de 1995 por el juzgado 3o. por ejemplo. Aquello que para el Código Penal es secuestro. de las tensiones por ejemplo entre jurisdicción indígena y legislación positiva ordinaria. la función decisiva que frente a las garantías posee la dogmática jurídico penal.23 Existen además casos fallados por jueces de tutela sobre la confrontación de valores en el terreno específico de la norma penal.en el caso que nos ocupa. que en Colombia. se diluyen. aquello que es pena en la legislación penal ordinaria. estriba la gran paradoja que yace en la norma ideada para hacerlo. C-139/96 MP Carlos Gaviria Díaz. se crearía en la práctica una inseguridad jurídica y una violación de la Carta Política impermisibles.
En muchas ocasiones. con consecuencias sobre la libertad. no dirigida por el derecho. como dice la norma. a deficiencias estructurales en las etapas de investigación y juzgamiento. no sea acompañada por una declaración jurídico-procesal definitiva para darle existencia a dicha actividad en el derecho. Es decir. produciendo consecuencias en términos de responsabilidad penal. por la realidad objetiva de una conducta que no se castiga efectivamente. cuando las produce en relación con otro comportamiento. hacerlo además. se desestructura la lógica procesal de construcción de su verdad. la existencia real de la conducta delictiva.cuando éste produce consecuencias de manera general. cuando. de modo que la objetividad de una conducta descrita como delictiva. Pero el fenómeno de la impunidad es mucho más complejo y él no puede manejarse esquemáticamente y reducirse a su puro efecto simbólico: está más ligado a la inoperancia del sistema judicial. En la esfera procesal es aún más claro lo descrito: si a cualquier declaración judicial se le concede carácter demostrativo de conductas ilícitas. el juego dogmático de reglas y principios se proyecta hasta la deducción de sus consecuencias. se desinstitucionaliza la reacción penal estatal con todos los riesgos que le son inherentes. en razón a la intervención de elementos extraprocesales. situados en general en ámbitos propios de la correlación de fuerzas políticas y en todo caso extraños al derecho. y allí producir sus efectos. desinstitucionalizar la función punitiva estatal: abre el riesgo de una lógica de acción. no basta la mera existencia objetiva de la conducta delictiva: ésta debe existir en el universo del derecho. o éstas se dan por demostradas a partir de hechos notorios o públicos. Frente al caso que nos ocupa. hace incontrovertible la conducta y la hace generar sus efectos respecto del enriquecimiento ilícito. Tanto más relevante se hace lo expuesto. cuanto el aspecto central de disentimiento nuestro con la sentencia. de tal forma que no haya coherencia con la deducción del elemento subjetivo que la debe acompañar siempre para ser incuestionada toda deducción efectiva de responsabilidad. es concebida sin embargo. Frente a ello no puede ser indiferente el juez constitucional. . significa. el incremento patrimonial no justificado sea derivado de una conducta delictiva. De esta manera. castigar lo que no es merecedor de serlo. Así mismo. Lo jurídico sustancial y lo jurídico procesal se sitúan los dos en el ámbito del derecho y están los dos condicionados por la dogmática jurídico penal: separarlos. en la sentencia de la mayoría. como propiciatoria de una escandalosa impunidad. como es el caso del enriquecimiento ilícito. No se configura por sí misma y menos se agota exclusivamente en ello. Es está sin duda una preocupación cierta. Fragmentar lo sustantivo y lo procesal. supone transgredir peligrosamente los límites de la función punitiva institucional. constituye también impunidad.la expresa y le da publicidad -una sentencia judicial definitiva que. La exigencia planteada. con este carácter. existe verdaderamente la conducta delictiva como tal: la sentencia del juez le ha dado esa condición. la verdad procesal. extrajurídicos. justo por las consecuencias que de ello se derivan. no se castiga tampoco. surge a partir de su permisibilidad de intromisión de elementos extraños al derecho y de la mezcla de éste con ámbitos que lo desestructuran. como decimos.
Así. 4º C. adquiere sentido igualmente el pronunciamiento previo de la Corte Constitucional en relación con el artículo 10 del decreto 2266 de 1991. del otro: la sentencia judicial en firme como aquella declaración judicial exigida para producir las consecuencias. Aunque es ciertamente antitécnico el lugar en el cual se encuentra situado en la Carta Política el artículo 248. lo hace la sentencia.. MP Jaime Sanin Greiffenstein. existiendo no sólo sentencias. . éste debe entenderse en el horizonte del debido proceso.se subraya una vez más -no fue demostrada.durante varios años. Se enlazan entonces los dos elementos que estructuran el párrafo: de un lado.P. del castigo por años a un inocente. en este contexto lo importante es entender la dimensión que en el marco de lo jurídico posee la sentencia judicial definitiva. no es cualquier declaración: se habla de la sentencia en forma definitiva. pues la sola sindicación y vinculación de un sujeto no los constituye per se y significaría no sólo el desconocimiento de la norma citada. p 426.25 25Sentencia T-023/93. Gaceta de la Corte Constitucional. como claras declaraciones judiciales. lo que quiere decir que se hayan agotado todas las instancias legalmente establecidas para que se pueda hablar de antecedentes.como ocurre en la dinámica procesal penal concreta.en la práctica una expresión máxima de declaración judicial -la persona no ha cometido el delito. supone que la sentencia judicial es la única que constata en la realidad del derecho.. Así. la actividad delictiva y una declaración judicial que la determine.Son todos estos arduos dilemas que acompañan a la función punitiva estatal. Tomo I. Más allá de las discusiones que ello puede suscitar en términos de responsabilidad del Estado. sino la privación efectiva de la libertad.P. Su realidad jurídica. La lógica del recurso extraordinario de casación puede ilustrar lo que se expone: una persona ha sido sentenciada en dos instancias. de la noción de buena fe y en relación inclusive con el buen nombre. lleva cumpliendo su condena. vinculado en forma genérica al debido proceso. El pronunciamiento indudable en relación con el delito. en la cual produce consecuencias frente al derecho. en razón a lo expuesto. sino del derecho en virtud del cual ´toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable": (Art. la Sala Penal de la Corte casa en su totalidad la sentencia del tribunal superior. etc. sobre todo cuando ésta enfrenta conductas altamente desestabilizadoras. Santafé de Bogotá.). 29 inc. la comisión efectiva de un comportamiento delictivo. De otra parte. la actividad delictiva no pudo ser identificada como tal en el mundo del derecho. En aquel pronunciamiento la declaración judicial que se exige en relación con la actividad delictiva respecto de la cual deriva el enriquecimiento en su carácter derivado. enero de 1993. Ya esta Corporación se ha pronunciado a propósito de la relación entre el artículo 248 y el debido proceso: "El artículo 248 de la Carta Magna exige además que las condenas proferidas en sentencia judicial sean definitivas.N. la cual ha sido reproducida como principio rector en el artículo 12 del C. En virtud del recurso de casación.
sin necesidad de recurrir a otro tipo penal. como quiera que describe un modelo de comportamiento al que puede adecuarse en forma directa o inmediata la conducta del actor. sino que están presentes en la comunidad jurídica. suscita dilemas que enfrenta no sólo el juez constitucional. se sitúa sin embargo más allá de toda discusión sobre cuál debe ser la forma de una declaración judicial que deduzca la existencia de una conducta delictiva. sino que además provenga de “actividades delictivas”. reconocemos que pueden surgir situaciones estrictamente excepcionales en las cuales no se exija exclusivamente dicha sentencia judicial. con esta posición. presenta algunas diferencias estructurales: En primer lugar. ni siquiera hay cabida para pensar en cómo se estructuran dos conductas derivadas. en cómo obra la conexidad entre ellas. Sin embargo. La posición de la sentencia de esta Corporación de la cual nos apartamos. sólo debe aceptarse como estrictamente excepcional. que el tipo penal lo establece. . y como consecuencia de la calidad del sujeto. ni a otro ordenamiento jurídico". es decir. Traemos de nuevo el aparte correspondiente de la sentencia.6. Ahora bien. cuyo texto ya ha sido citado: El enriquecimiento ilícito de particulares guarda relación directa con los principios que dieron origen a la tipificación de la conducta punible de los servidores públicos. Se evade así el estudio riguroso de aspectos de fondo en relación con la figura de enriquecimiento ilícito de particulares. en este caso. En otros delitos por ejemplo. en relación con la exigencia de sentencia judicial previa para el delito del cual deriva el enriquecimiento ilícito. en tercer lugar. en el enriquecimiento ilícito de particulares. en segundo lugar. se trata de un delito especial y autónomo. Para la sentencia. (subrayado fuera del texto). se niega contradictoriamente el carácter derivado de la conducta. lo es a tal punto. pero no se logra. cualquier declaración judicial que obre como sustituto eventual de la sentencia. etc. como lo hemos dicho. De las excepciones al principio general de la sentencia judicial previa definitiva. En razón a ello. el delito puede ser cometido por cualquier persona sin características especiales. se trata de un tipo penal de sujeto activo indeterminado. la doctrina y la jurisprudencia establecen su carácter derivado. Ahora bien. el tipo penal condiciona la punibilidad del enriquecimiento no sólo a que éste sea injustificado. no debe entonces ni siquiera existir la otra actividad delictiva. lo anteriormente expuesto. en qué tipo de declaraciones judiciales se requieren para deducir los efectos de una conducta sobre la otra. los magistrados en disidencia. entre pronunciamientos contradictorios en términos de responsabilidad para distintos sindicados. En su propia descripción normativa está incorporada la acepción "derivado". como lo hemos advertido. En las últimas páginas de la misma se intenta resolver esta contradicción.3. Allí. Como decimos.
porque su autor fue absuelto por haber actuado en legítima defensa"26. puede compararse el tipo penal de enriquecimiento ilícito de particulares. en razón a lo dicho. que pruebe la ocurrencia efectiva del delito previo. los ha acompañado. "Delitos contra la Administración de Justicia". no sólo un proceso difícil de decantación en cuanto a su diferencia con las formas de cooparticipación. de manera que no existiendo éste. En este sentido la doctrina es unánime en exigir para la configuración del encubrimiento la existencia previa del hecho punible con todos sus elementos y además judicialmente declarado (L. III.Para traer elementos a la reflexión. cuando éste se deriva de otro. en Universidad Externado de Colombia. 1984. Bogotá. no es un proceso meramente mecánico. pues a él le corresponde justamente expresarse en relación con dichos contenidos de verdad: deducir y controlar su sustrato axiológico. "constituyen una ayuda que se presta con posterioridad a un hecho punible y por tanto de él dependen. en el marco de la conexión necesaria entre los delitos. le son accesorias. En todo caso. De esta manera. se predican y generan consecuencias. 1987. como del encubrimiento mismo. Sobre todo -y en último juicio es este un problema ligado a todas las figuras sustantivas creadas en virtud de los estados de excepción. que los dos tipos penales que describen conductas encubridoras -favorecimiento (artículo 176 del Código Penal) y receptación (artículo 177). . En una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que ha constituido jurisprudencia unificadora se establece. Al encubrimiento y sus modalidades. Su papel es trascendental. tomo I. se trata en realidad de uno de los aspectos del problema esencial de los contenidos de verdad que subyacen a los decretos de excepción. El juez constitucional debe estar atento a ello. se establece. en cuanto a la relación entre la conducta en sí y el hecho encubierto. no es pues irrelevante: éste le da sentido como norma y le especifica sus alcances. como decimos. la comparación que se adelante. en cuanto a lo inadmisible de generarse consecuencias autónomas para un delito. La adscripción de la norma a uno u otro bien jurídico. como es el caso del encubrimiento. Así. Pérez. ha prevalecido la tesis expuesta en el presente salvamento. C. lo hace problemático de suyo y en sí mismo. no puede ni siquiera plantearse la existencia de aquella. con figuras de alguna manera similares. no sería posible condenar a una persona por encubrir un hecho que a la postre resulta no punible. las causales de exclusión de culpabilidad. No lo es sobre todo. Justamente. Comparación que no es automática: el constituir aquél un tipo penal dictado en virtud del estado de sitio. en múltiples autores y en la misma jurisprudencia. 408-409). Derecho Penal. lo siguiente: 26Jaime Camacho Flórez. Parte Especial. sino y sobre todo. respecto de las dos conductas: tanto del hecho encubierto.por su adscripción a uno u otro bien jurídico por él tutelado-. en relación con la conexidad de las conductas para que se dé el encubrimiento. las causales de justificación y con ellas. por ejemplo. p 455. si dicha comparación se hace con el propósito exclusivo de problematizar la necesidad de sentencia judicial definitiva.
sino que. los actos encubridores. Sala Penal. Sentencia de junio 4 de 1982. Es necesaria la certeza del mismo. trayendo distintos autores a la reflexión."(. no es incriminable de encubrimiento en el caso de que la persona a quien estima culpable no lo sea. RENDON GAVIRIA observó: 'La subordinación que resulta para el encubrimiento con relación al hecho principal. el expendio de la cosa. En efecto. Lo que no es delictivo o contravencional para el uno tampoco lo es para el encubridor. a su juicio. 27 Luis Carlos Pérez.) El encubrimiento tiene carácter accesorio o subordinado. nexo en el cual hemos insistido. el depósito de la misma aun en lugar oculto. la duda. Lo injurídico sería que no sucediera tal cosa. cuando estableció que "los efectos del reconocimiento de una causal de justificación no se producen a partir de un reconocimiento ex nunc.. que él denomina como "hecho cierto". Es decir. por el convencimiento pleno". p 409. sin esto. lejos de poder considerarse insólito el hecho de que se juzguen en un mismo proceso el encubrimiento y el delito encubierto.30 "La conducta es jurídica o antijurídica -enfatiza el autor-. no cabe otra posición. que no se tuviera en cuenta la evidente conexidad de ambos delitos y se juzgara en procesos separados". respecto de la prueba de la conducta encubierta. a saber: 1) el hecho principal ha de tener jurídica y procesalmente las condiciones de infracción penal para que los actos del encubridor constituyan delito.. dice lo siguiente: "no basta la incertidumbre del sujeto activo sobre la existencia del delito anterior. Es atribuible o no. Jesús Bernal Pinzón. 28Luis Carlos Pérez. No sería lógico que la entidad se desintegrara para el primero y permaneciera completa para el segundo". ex tunc". Bogotá. provoca especiales consecuencias penales y procesales. necesariamente debe tener efecto retroactivo. desde el nacimiento de la conducta que se califica como ilícita. resultarían perfectamente ilícitos. por exclusión de culpabilidad o por justificación. 29ibidem. pues. p 409. Temis p 408. tomo III. por ejemplo. 2) la exigencia concreta de responsabilidad en cuanto al hecho principal es condición previa 27Corte Suprema de Justicia. es decir. 30Ibidem. resulta este fenómeno no sólo natural sino absolutamente lógico. Todo lo cual lleva a la conclusión de que.29 Así lo resolvió también. Aquí no caben términos medios: el debía saber hay que reemplazarlo por el saber positivo y actual. que "aunque el agente crea sinceramente en la existencia del hecho punible.28 Agrega el autor en relación con el nexo entre lo sustantivo y lo procesal. Es culpable o inculpable.. Derecho Penal. etc. . no puede sancionarse la conducta encubridora si previamente no se ha determinado la ilicitud del acto encubierto. y avanzando sobre el fenómeno de las causales de justificación.
la actividad de narcotráfico y que existan múltiples otros elementos probatorios que confirmen la veracidad de tal confesión y comprometan a terceros por enriquecimiento ilícito. que las pruebas allegadas en el primer caso. Ya vimos que las causales de justificación o las causales de inculpabilidad. al hacer la evaluación correspondiente de todo el conjunto probatorio. 3) el encubrimiento es siempre un delito accesorio". tiene lugar entonces la pregunta: ¿ha sido o no probada judicialmente la conducta delictiva? O incluso aún: ¿deja de ser delictiva la conducta confesada expresamente y por ende se hace imposible sancionar a quienes se hayan enriquecido de esas actividades? La pregunta no es respondida automáticamente por el hecho de la confesión. debe demostrar todos los elementos que lo configuran. La muerte de una persona. Una vez evaluada y unida a otros elementos de juicio. toda excepción que se establezca al principio de la sentencia judicial previa. constituyan pruebas dentro de este proceso. Un ejemplo puede brindar claridad al respecto: es posible que una persona confiese la realización de cierta conducta delictiva. que pueden surgir situaciones en las cuales no sea realmente posible establecer la derivación de los delitos exclusivamente a través de la sentencia judicial. p 409. dentro del contexto que nos ocupa. El dilema central en este punto es la desintegración de la entidad delictiva en virtud del carácter derivado de la conducta. pueda declarar judicialmente la existencia de una actividad ilícita de la cual deriva el enriquecimiento ilícito. La confesión por sí misma no es prueba absoluta o incontrovertible: ella debe ser evaluada siempre por el juez. Por lo cual. es sólo probable como 31Ibidem. los magistrados que salvamos el voto. y somos claros en ello. Por ende. Es decir. la declaración judicial del delito previo. probados cada uno observando estrictamente la ritualidad del debido proceso. no desintegran tal entidad. en tanto imposibilidad radical para llegar a una sentencia previa definitiva. pueden admitirse estrictas excepciones. debe necesariamente estar sujeta al principio de demostrabilidad que hemos reseñado. comprometan a quienes se les investigue por el delito de enriquecimiento. Ahora bien. Como lo anota Luis Carlos Pérez en uno de los textos ya reseñados.31 Ahora bien. y operar entonces la correspondiente adecuación típica. pueden llevar a la autoridad judicial a declarar probada esa conducta dentro del proceso de enriquecimiento ilícito. es decir. como sería el caso. si este sindicado fallece. y con ello se extingue la acción penal y se hace imposible en consecuencia dictar sentencia definitiva respecto del delito confesado. admitiría la eventualidad de no ser aquella sentencia exigida. reconocemos sin embargo. tal y como lo hemos advertido. . si ese material probatorio se ventila y se lleva como elemento de prueba en el caso concreto que se sigue por enriquecimiento ilícito. "no sería lógico que la entidad se desintegrara para el primero y permaneciera completa para el segundo". cuando dicha confesión y los otros elementos. Admitir dicha desintegración. Desde luego.para sancionar el encubrimiento. es eventualmente admisible que el funcionario judicial.
se deriva la especialidad y autonomía del delito de enriquecimiento ilícito de particulares. el delito precedente. en caso de ocurrir alguna eventualidad extrema. para que se inicie. se establece el carácter autónomo del enriquecimiento ilícito. Así entonces. y menos esperar un fallo previo de otro sujeto por otro delito. como se ha dicho. podrían seguirse las siguientes pautas: Para iniciar el proceso por enriquecimiento ilícito.decimos. el juicio de valor lo deba adelantar el juez que conoce del enriquecimiento ilícito y no el juez que conoce de otra causa. por ejemplo. así como de la entidad constitucional de la conducta. En todo caso la condena por enriquecimiento no puede tener lugar si primero no se ha reconocido judicialmente como existente. será posible ello. en todos sus elementos esenciales de acuerdo a la aplicación estricta del principio de demostrabilidad. Además de lo ya citado. implica que a la hora de analizar la conducta ella se mire en forma independiente y autónoma.y en manera alguna puede condicionarse su independencia a la ocurrencia de otro comportamiento delictivo que difiere en el objeto jurídico tutelado. siempre y cuando tenga un carácter en todo caso excepcional. Por ello. si obedece a una situación en todo caso excepcional Repetimos: aceptando aun. El hecho de que el constituyente del 91 haya considerado necesario proteger la moral social de éste tipo de actividades. en relación con los momentos procesales y respecto a la ocurrencia de alguna excepción eventual a la sentencia judicial en firme. como lo es. en casos realmente extremos. pues no es delito querellable. Si no se ha iniciado el proceso por el delito previo. el juez adelantará lo pertinente frente a las autoridades competentes. el delito de enriquecimiento es un delito especial y autónomo. agrega la sentencia: "De la independencia normativa de las expresiones 'injustificado' y 'actividades delictivas'. Finalmente. . no se exigiría que el delito anterior haya sido establecido judicialmente mediante sentencia en firme. donde otro es el sujeto activo". sin necesidad de recurrir a otro tipo penal ni a otro ordenamiento jurídico. el juicio por enriquecimiento ilícito queda aplazado hasta que no haya una declaración judicial definitiva sobre el otro proceso. para comenzar a investigar el enriquecimiento ilícito. no se requeriría de condena definitiva por el delito previo. el narcotráfico. Si por alguna razón no es posible acumular los dos procesos. como se ha advertido. El objeto jurídico tutelado en el enriquecimiento ilícito es de orden constitucional -la moral pública. Algo muy distinto ocurre con lo expuesto en la sentencia que discutimos. en la cual. de manera que. pues describe un modelo de comportamiento al que puede adecuarse en forma directa o inmediata la conducta del actor. Por lo cual se repite: la sustitución de la sentencia judicial definitiva es sólo posible. una declaración judicial distinta de la sentencia judicial en firme.
es imposible la investigación conjunta o la acumulación. lo lógico es que se proceda a su acumulación en la fase del juicio (C de PP art. La decisión definitiva que en el proceso por el delito previo determine la inexistencia de ese hecho punible. según el caso. Cuando haya sindicado conocido del delito previo. en virtud a que de estas eventualidades pueden surgir siempre hechos inadmisibles. deberá adelantarse autónomamente (C. Quedan así expuestos los argumentos de fondo por las cuales nos hemos apartado de la sentencia aprobada por la mayoría. y se está investigando el delito previo -pues hay sindicado conocido. En todos los casos señalados corresponde al juez de legalidad adelantar los ajustes pertinentes. art. el proceso por enriquecimiento ilícito.podría operar una prejudicialidad y no podría haber. o cesación de procedimiento (CP de P art. respetar siempre el carácter excepcional de las situaciones que susciten dichos ajustes. 23). 247). 88). mientras que se comprueba que el delito previo no se cometió. puesto que guardan una conexidad que justifica tal decisión (C de PP art. Deberá haber sentencia absolutoria (C de PP art. 36). Ahora bien. 23). comporta automáticamente la imposibilidad de condenar en el enriquecimiento ilícito. si no hay sindicado ni decisión definitiva en el proceso por aquel delito inicial.P. la segunda persona condenada por un delito que no se derivó de ningún otro. En esos casos.sino de investigación oficiosa. . y todo hecho punible origina acción penal (Código de Procedimiento Penal art. así como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en la providencia anteriormente citada sobre encubrimiento. Lo importante es. es decir. 40). como la condena de una persona por enriquecimiento ilícito. calificación del sumario o sentencia por enriquecimiento ilícito. según el caso. sin que previamente se haya decidido el caso del delito inicial (C de PP art. Dentro del mismo ordenamiento deben hallarse las necesarias fórmulas para subsanar situaciones inadmisibles y contrarias a los derechos fundamentales. Y si no se pudieron investigar de manera conexa. por ausencia de tipicidad. los dos delitos deberán ser investigados y fallados en un mismo proceso. En cambio. 443). preclusión (C de PP art. habrá lugar a revisión. de P. Si por determinado motivo. 91). según el artículo 232 de la legislación procesal penal.
CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado .
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