Source: http://absta.info/sentencia-c-66716-norma-sobre-duracion-de-contrato-de-trabajo.html
Timestamp: 2018-03-20 17:22:02
Document Index: 325920302

Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 241', 'artículo 60', 'artículo 242', 'artículo 2', 'artículo 45', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 45']

Descargar 97,15 Kb.
Tamaño 97,15 Kb.
Los demandantes establecen en su escrito de demanda que “(…) cuando fue expedido el Código Sustantivo del Trabajo, Colombia aún no conocía la Constitución Política de 1991, por lo cual la normatividad del trabajo no tenía la posibilidad de protección constitucional frente a los derechos al debido proceso y a la estabilidad relativa.”
En este sentido, indican los demandantes que la norma impugnada, se convierte en una cláusula para despedir en cualquier momento y sin derecho a indemnización a un trabajador, por cuanto, este tipo de contratos no garantizan la estabilidad en el empleo, “(…) ya que tal y como la norma está escrita al empleador le basta con pactar en las cláusulas (por regla general escritas por el empleador), que el contrato se mantendrá mientras dure la obra labor, sin que sea necesario que se indique por escrito en qué consiste dicha obra labor, o por lo menos el término determinable en el cual la persona podría saber que la obra labor ha terminado”. Así mismo, indican los demandantes que la norma le permite al empleador a su arbitrio definir que cualquier actividad pueda ser considerada como obra labor, cuánto tiempo dura, en qué momento se acaba y cuáles son las actividades que se desarrollan en dicho marco, y la norma no obliga al empleador a definir todos los parámetros con el trabajador, por lo cual, en cualquier momento podría presentarse un despido de forma sorpresiva, siendo violatorio del debido proceso (art. 29 Superior).
Teniendo en cuenta lo anterior, en opinión de los accionantes el trabajador que está contratado bajo la modalidad de obra labor, se encontrará en “desigualdad con los trabajadores que tienen otro tipo de contratación, pues aquellos saben muy bien en qué momento se puede terminar el trabajo y de ser despedidos sin justa causa tienen derecho a exigir indemnización”. De esta forma, manifiestan los demandantes que este tipo de trabajadores no pueden defenderse de una terminación sorpresiva del contrato laboral, lo que viola lo dispuesto en los artículos 13 y 29 de la Carta.
Por lo demás, señalan los demandantes que se vulnera el artículo 53 de la Carta, por cuanto, no se garantiza la estabilidad mínima del empleo, ya que con un contrato de obra labor contratada no se puede evidenciar y encontrar la diferencia respecto de un contrato a término indefinido, y su trabajo no se desarrolla en condiciones dignas, ya que en todo momento el trabajador está sometido a la posibilidad de que su contrato se acabe sorpresivamente sin derecho a ser indemnizado, vulnerando así lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Política.
En consecuencia, en opinión de los accionantes la norma contiene una omisión legislativa relativa que permite la probable violación de los derechos del trabajador a la igualdad, a la estabilidad laboral y al debido proceso, ya que “(…) pone en desigualdad a quienes están contratados por obra labor pues es imposible para los mismos determinar cuáles son las condiciones que tendrían para que el contrato se diera terminado, pues no hay certeza sobre el tiempo del contrato, ni claridad sobre los límites de configuración contractual por parte del empleador. (…) cómo puede garantizarse un debido proceso permitiendo un despido en cualquier momento sin que tenga que pasar la persona por descargos (…) pues no hay normatividad que le imponga límites a la determinación contractual. (…) Las personas se someten a que el patrón pueda determinar la obra labor y con ella la terminación unilateral de la misma, sin que medie para ello una regulación que evite los abusos del empleador”.
El interviniente1 solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para decidir por ineptitud sustancial de la demanda. No obstante, manifiesta el interviniente que en caso de que la Corte estime que procede una decisión de fondo, solicita que se declare la exequibilidad del aparte impugnado del artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo. En cuanto a la solicitud de inhibición, considera el Ministerio que los argumentos usados por los demandantes se limitan a una interpretación subjetiva de los hipotéticos efectos del artículo demandado, otorgando así al texto demandado unos efectos que no tiene. Así mismo, la falta en la debida argumentación de la demanda no permite que se pueda entrabar la controversia constitucional pues no es claro en la demanda porque los tipos de relaciones laborales y su extensión en el tiempo se convierten en una omisión legislativa relativa.
El interviniente2 solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de la norma (parcial) demandada, bajo el entendido que no se vulnera el principio de igualdad, pues es propio de la naturaleza de este contrato la fijación temporal por la duración del objeto contratado, en el mismo sentido, no se da el despido al arbitrio del empleador pues si bien no tienen una fecha de terminación exacta, esta depende del cumplimiento del objeto contractual que de no ser así resultaría ser un contrato a término indefinido y finalmente de existir despido injustificado se da lugar a la indemnización correspondiente.
El interviniente3 informó mediante oficio que la Universidad no cuenta con el profesional disponible para emitir el concepto y por ende, en esta oportunidad, no les era posible contribuir con una opinión.
El interviniente4 solicita a la Corte Constitucional la exequibilidad del aparte impugnado del artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo. Al respecto, en el escrito se presenta una diferenciación de la modalidad de contrato por obra y de contrato por labor. Así mismo, resalta que la Carta de 1991, no marca una pauta diferencial para la creación de los principios que rigen el derecho laboral, por cuanto desde la Ley 6 de 1945 y el Código Sustantivo de Trabajo se evidencia que el derecho social colombiano se encuentra a la vanguardia. Finalmente, afirma el interviniente que de declarar inexequible el aparte acusado, equivale a mutilar al estatuto en su sentido y su integridad, privando la posibilidad de acudir a sus adecuadas formas de contratación
El interviniente5 solicita declarar la inexequibilidad de la norma (parcial) demandada. Sostiene el interviniente en su escrito que esta clase de contrato se halla en desuso, por cuanto, el derecho laboral se encuentra constitucionalizado en la Carta de 1991, y obviamente el aparte demandado no se amolda a las nuevas preceptivas constitucionales. Así mismo, se indica que este tipo de contrato se asimila a un contrato de adhesión, en el cual se le imponen de manera unilateral las condiciones al empleador, quebrantando la voluntad de éste y desconociendo el principio protector que es una garantía prevalente a favor del trabajador, el cual fundamenta en doctrina internacional, para sostener que el derecho al trabajo goza de una protección especial, por tratarse de la desigualdad real que existe en la relación laboral. De ahí que en la Constitución de 1991, el trabajo hubiese sido considerado como un valor y un principio fundamental, y al respecto cita la sentencia C-055 de 1999 para significar que la Constitución introdujo una gran transformación en la concepción del derecho al trabajo, concluyendo que la disposición demandada no corresponde a la nueva concepción “(…) transformadora que pregona la nueva carta constitucional y, por tanto la demanda está llamada a prosperar”.
El interviniente6 solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para decidir por ineptitud sustancial de la demanda. No obstante, manifiesta el interviniente que en caso de que la Corte estime que procede una decisión de fondo, solicita que se declare la exequibilidad del aparte impugnado del artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo. En relación a la ineptitud de la demanda, señala el interviniente que en reiterada jurisprudencia la Corte ha estimado que el demandante debe explicar las razones por las cuales la norma acusada es contraria a la Constitución, por lo cual no basta con alegar una vulneración indeterminada sino que es preciso que el cargo de constitucionalidad sea claro, cierto o específico, pertinente y suficiente. Teniendo en cuenta lo anterior, considera el interviniente que en el presente caso el cargo de omisión legislativa relativa formulado por los accionantes, no es pertinente ni suficiente, por cuanto, no atiende al contenido normativo del texto acusado, y parte de ocurrencias y sentires subjetivos de los demandantes.
El interviniente7 solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para decidir por ineptitud sustancial de la demanda. No obstante, manifiesta el interviniente que en caso de que la Corte estime que procede una decisión de fondo, solicita que se declare la exequibilidad del aparte impugnado del artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo.
El interviniente8 informó a la Corte que remitió por competencia al Ministerio de Trabajo la comunicación de la Secretaría General, relacionada con el auto admisorio del presente expediente.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Constitución Política, este tribunal es competente para conocer de la presente demanda, por dirigirse contra el numeral segundo del artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo.
Es importante mencionar que la acción de constitucionalidad tiene un carácter público, pues en virtud de lo dispuesto en el artículo 242 superior, “cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidos a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública”. La naturaleza de esta acción como se explica en la sentencia C-096 de 2013, parte por reconocer la supremacía de la Carta Política, pues como este mecanismo tiene por objeto garantizar jurisdiccionalmente su prevalencia sobre las demás normas que integran el ordenamiento jurídico, expulsando aquellas que le sean contrarias, su protección debe ser considerada como un asunto público, abierto y accesible a todos los ciudadanos. De igual modo, debido al ejercicio y el control del poder político, este dispositivo debe ser de acceso a todas las personas interesadas en la protección de la juridicidad del sistema jurídico.
En virtud de estos principios, la Corte preserva un amplio margen de apertura y flexibilidad, de modo que la evaluación de la admisibilidad de una demanda de constitucionalidad está exenta de formalismos que tengan por objeto o efecto obstaculizar el control de constitucionalidad y el acceso a la justicia. En este sentido, no se pretende que las demandas contengan argumentos sofisticados, sino únicamente que contengan una justificación razonable que logre poner en duda la compatibilidad entre el ordenamiento superior y el precepto demandado. Sin embargo, como se manifiesta en la sentencia C-096 de 2013, la presunción de constitucionalidad del sistema jurídico y la legitimidad democrática que detengan los órganos de producción normativa, obligan a la Corte a tener un mínimo de cautela a la hora de poner en duda la validez del ordenamiento. Por este motivo, no cualquier reparo o crítica amerita un pronunciamiento de fondo, sino únicamente aquellos que cuestionan razonablemente la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas.
Sobre la base de lo anteriormente expuesto, la Corte ha definido unos estándares argumentativos elementales, en garantía de la supremacía de la Carta, por lo cual, el Decreto 2067 de 1991, que contiene el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional, en su artículo 2 precisa que las demandas de inconstitucionalidad deben presentarse por escrito, en duplicado, y deben cumplir con los siguientes requisitos: (i) señalar las normas cuya inconstitucionalidad se demanda y transcribir literalmente su contenido o aportar un ejemplar de su publicación oficial; (ii) señalar las normas constitucionales que se consideran infringidas; (iii) presentar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) si la demanda se basa en un vicio en el proceso de formación de la norma demandada, se debe señalar el trámite fijado en la Constitución para expedirlo y la forma en que éste fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda. El tercero de los requisitos antedichos, que se conoce como concepto de la violación, implica una carga material y no meramente formal que no se satisface con la presentación de cualquier tipo de razones o motivos, sino que exige unos mínimos argumentativos, de tal suerte que dichas razones o motivos no sean vagos, abstractos, imprecisos o globales, al punto de impedir que surja una verdadera controversia constitucional.
En el caso concreto, varios de los intervinientes señalaron que la demanda no cumple con los requisitos argumentativos que le permitan llegar a la Corte a proferir un pronunciamiento de fondo. En este sentido, la ANDI manifiesta que la indeterminación alegada por los demandantes no se deriva de la norma, ya que, como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia la determinación de la obra o labor, impone que la estipulación y terminación del contrato no dependan de la voluntad de las partes, sino de la naturaleza de la misma obra, lo cual, también ha sido reconocido por la Corte en su sentencia T-1083 de 2007. Así mismo, señala el interviniente que los argumentos esbozados por los accionantes no tienen relevancia constitucional, ya que son apreciaciones que parten de la mala fe del empleador. De la misma forma, tanto el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio Público y la Universidad Externado de Colombia, solicitan a la Corte se declare inhibida para proferir un pronunciamiento de fondo.
En este marco, la Corte pasa a evaluar el cargo de omisión legislativa relativa formulado por los actores, en contra del artículo 45 (parcial) del Código Sustantivo de Trabajo. Según los accionantes, la transgresión de los artículos 13, 25, 29 y 53 del ordenamiento superior tienen un único origen la omisión legislativa relativa, al permitir que mediante el contrato por obra o labor un trabajador no pueda defenderse ante la terminación sorpresiva del contrato laboral, y no pueda alegar su derecho a ser indemnizado como sí lo podría hacer quien suscriba otro tipo de contrato. Como puede evidenciarse, los accionantes consideran que dada la existencia de una omisión legislativa relativa, los trabajadores contratados bajo esta modalidad por obra o labor, están sujetos a la voluntad unilateral del empleador, excluyéndoles del régimen de indemnizaciones, impidiéndoles gozar de una estabilidad laboral, y se viola la primacía de la realidad sobre las formas al imposibilitar la diferenciación de un contrato a término indefinido y uno por obra o labor.
En efecto, a juicio de los demandantes la vulneración al artículo 13 de la Carta se da por la desigualdad que se genera con otros trabajadores que tienen otro tipo de contratación, quienes tienen claridad sobre el momento en que se puede terminar el trabajo y de ser despedidos a exigir el derecho a indemnización. Así mismo, indican los accionantes que el derecho del empleador de definir unilateralmente las condiciones del contrato por obra o labor, podría conllevar a que se presente un despido de forma sorpresiva, siendo violatorio de lo dispuesto en el artículo 29 Superior. Por lo demás, los demandantes indican que no se garantiza la estabilidad mínima del empleo, ya que en todo momento el trabajador está sometido a la posibilidad de que su contrato se acabe sorpresivamente sin derecho a ser indemnizado, vulnerando lo dispuesto en los artículos 25 y 53 de la Carta.
No obstante lo anterior, observa la Sala que la demanda no cumple los estándares argumentativos mínimos que se deben satisfacer cuando la acusación se sustenta en la supuesta existencia de una omisión legislativa relativa. En este sentido, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, en este tipo de demandas el accionante debe aportar razones necesarias y suficientes para acreditar que de la omisión se deriva directamente la transgresión del ordenamiento superior. De esta exigencia general se desprende la necesidad de identificar: (i) el precepto legal específico sobre el cual se predica la omisión que pueda calificarse de incompleta o excluyente, en suma, omisiva; (ii) la hipótesis fáctica o el ingrediente normativo excluido, esto es, la ausencia de un contenido legal relacionado con la materia propia de la normatividad impugnada, siempre que guarde relación temática; (iii) el deber constitucional de prever e incluir la hipótesis fáctica o el ingrediente normativo eludido en la norma impugnada, esto es, el mandato constitucional específico de regulación que constituye el parámetro superior de control constitucional de la ley omisiva (tales como mandatos de regulación igualitaria, mandatos de regulación contextual); y (iv) las razones por la que la exclusión carece de un principio de razón suficiente. Solo cuando se acreditan las circunstancias anteriores, así sea de manera sumaria, hay lugar a un pronunciamiento de fondo por esta Corte.
En este caso en particular, observa la Sala que el cargo no satisface la carga de certeza, en la medida en que el actor atribuye al precepto demandado un contenido que no se desprende de su sentido real, y tampoco justifica su particular comprensión de la norma. En efecto, en la demanda se asume (i) que se trata de un contrato de adhesión, (ii) la mala fe del empleador en la determinación de las condiciones aplicables a la obra o labor contratada, (iii) ausencia de un régimen de indemnizaciones y un debido proceso aplicable a este tipo de trabajadores, y (iv) que bajo esta modalidad de contrato no se garantiza una estabilidad laboral al trabajador. Es decir que los accionantes asumen una condición de desventaja o inferioridad del trabajador, para la negociación de los términos del contrato, así como la mala fe del empleador al pactar condiciones no favorables para el trabajador, facilitando así un despido sorpresivo sin justa causa. Dichos supuestos no son necesariamente ciertos, y los accionantes no aportan ninguna razón para llegar a una conclusión de dicha naturaleza. En efecto, se observa que los artículos 62 y 64 del Código Sustantivo de Trabajo, regulan aquellos escenarios de terminación del contrato por obra o labor, así como el régimen de indemnizaciones aplicable, por lo que la lectura de los demandantes es inconsistente con una interpretación sistemática del precepto acusado, y no se fundan en una proposición jurídica real y existente, sino que parten de una interpretación subjetiva de la norma.
Así mismo, la demanda no satisface las exigencias especiales predicables de los cargos de omisión legislativa relativa. En este sentido, en la demanda no se demuestra que existe una norma sobre la cual se puede predicar necesariamente el cargo, así como tampoco se evidencia la hipótesis fáctica o el ingrediente normativo excluido, ni el deber constitucional o el mandato constitucional específico de prever o incluir dicha hipótesis o ingrediente en la norma impugnada, ni se evidencia en la demanda las razones por las cuales la exclusión carece de un principio de razón suficiente o las razones por las cuales deberían tener el mismo tratamiento jurídico.
En conclusión, los cargos de los demandantes se estructuran a partir de una interpretación inadecuada de la norma que no se justifica o fundamenta, así como tampoco demuestran la existencia de una omisión ni el deber constitucional del legislador de prever la hipótesis fácticamente omitida, sino que se sustenta en criterios subjetivos. En tales condiciones, se configura el fenómeno de la ineptitud sustancial de la demanda y, en consecuencia, este tribunal debe inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 45 (parcial) del Código Sustantivo de Trabajo.
1 Representado por Luis Nelson Fontalvo Prieto, obrando en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Trabajo.
2 Representado por Jorge Kenneth Burbano Villamarin, actuando como ciudadano y Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la mencionada Universidad, y Diana Jiménez Aguirre, actuando como ciudadana y Docente del Área de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la mencionada Universidad.
3 Representado por Catalina Lasso Ruales, en su calidad de Directora de la Oficina Jurídica.
4 Representado por Rafael Forero Contreras, en su calidad de representante de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
5 Representado por Luis Eduardo Pineda Palomino, actuando en su calidad de presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores.
6 Representado por Bruce Mac Master, actuando en su calidad de representante legal de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.
7 Representado por Jorge Eliecer Manrique, actuando en su calidad de Director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia.
8 Representado por Therly Farjeth Hernandez Murcia, en su calidad de Coordinadora del Grupo de Defensa Legal del Ministerio de Salud y Protección Social.