Source: https://revistamundoelectoral.com/articulo-nacional/el-fuero-electoral-penal-y-laboral-en-la-republica-de-panama/
Timestamp: 2020-07-13 10:56:30
Document Index: 301639361

Matched Legal Cases: ['artículo 224', 'artículo 31', 'artículo 225', 'Artículo 31', 'Artículo 225', 'Artículo 225', 'artículo 210', 'artículo 210', 'Artículo 28', 'artículo 131', 'Artículo 131', 'Artículo 133', 'artículo 131', 'artículo 278', 'artículo 143', 'artículo 269', 'artículo 272', 'artículo 259']

El fuero electoral penal y laboral en la República de Panamá – Revista Mundo Electoral
Inicio/Artículo Nacional/El fuero electoral penal y laboral en la República de Panamá
Considero importante iniciar con un significado de la palabra fuero que, para el tema que nos ocupa, debe entenderse como un privilegio o exención que se concede a una persona.
Por su parte, el fuero electoral es aquella protección con que cuentan los candidatos y que se bifurca en penal y electoral.
Reseñaremos desde la primera aparición del fuero en la legislación panameña en 1983, hasta la normativa que actualmente rige.
Origen del fuero electoral.
El fuero electoral se originó en Europa para proteger a los miembros del Parlamento de acciones derivadas de sus sentires, producto del ejercicio de su cargo.
Inicio y evolución del fuero electoral en Panamá.
El fuero electoral aparece por vez primera en la República de Panamá con la aprobación de la Ley 11 de 10 de agosto de 1983, sancionada por el entonces presidente de la República, Ricardo De La Espriella Toral, publicada el viernes 12 de agosto de 1983 en la Gaceta Oficial 19,875, con la que se aprobó el Código Electoral, durante la época del régimen militar que lideraba el otrora general Manuel Antonio Noriega (q.e.p.d.).
En el mencionado cuerpo legal, se concibe el fuero electoral como fuero sindical; tal como lo consagraba el artículo 224:
“Ninguna persona que opte a cargo de representación popular podrá ser despedido de su cargo o puesto de trabajo, público o privado, desde el momento de su postulación hasta tres meses después de la fecha de las elecciones. Las autoridades electorales garantizarán el cumplimiento de la presente norma. Lo dispuesto en este artí­culo es sin perjuicio del despido fundado en causa justificada, autorizado conforme al procedimiento fijado para el fuero sindical en el caso de trabajadores amparados por el Código de Trabajo, o previa autorización del Tribunal Electoral en el caso de servidores públicos.
El Tribunal Electoral levantará un registro de las candidaturas, y estará obligado a dar certificación de las candidaturas cuando le sean requeridas por los particulares o por los propios partidos políticos.
El despido sin el cumplimiento de los requisitos anteriores da derecho a reclamar el reintegro ante los Tribunales de Trabajo o ante el Tribunal Electoral, según se trate, respectivamente, de trabajadores amparados por el Código de Trabajo o de servidores públicos. El reintegro deberá solicitarse dentro del mes siguiente al despido”.
En aquel momento, el fuero electoral protegía a todos los candidatos que se desempeñaban tanto dentro de empresas privadas como en los entes públicos.
El objetivo de tal medida era garantizar que los candidatos pudiesen participar efectivamente en las elecciones; y que una vez culminados los comicios, pudieran reintegrarse a sus labores habituales en sus áreas laborales públicas o privadas, sin que fuesen despedidos o se prescindiera de sus servicios por su participación política.
DESARROLLO DEL FUERO ELECTORAL PANAMEÑO
Luego de la invasión de las tropas estadounidenses a Panamá en 1989, no es hasta el año 1993 cuando se reforma el Código Electoral a través de la aprobación de la Ley 17 de 30 de junio del referido año, divulgada el primero de julio de 1993 en la Gaceta Oficial 22,319 durante la presidencia del prestigioso abogado y político Guillermo David Endara Galimany, quien fue el primer presidente que asumió el cargo después de la mencionada intervención militar, con la que quedó desmantelado el régimen castrense que operaba en Panamá.
Con respecto al tema objeto de este trabajo, es decir, el fuero electoral, el artículo 31 de la referida Ley 17 modificó el anteriormente evocado artículo 225 consignando:
“Artículo 31. El Artículo 225 del Código Electoral queda así:
Artículo 225. Ninguna persona que opte a cargo de representación popular podrá ser despedida, trasladada o desmejorada en cualquier forma de su cargo opuesto de trabajo, público o privado, desde el momento de su postulación hasta tres meses después del cierre del proceso electoral. El Tribunal Electoral garantizará el cumplimiento de la presente norma. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio del despido fundado en causa justificada, autorizada conforme el procedimiento fijado para el fuero sindical, en el caso de trabajadores amparados por el Código de Trabajo; o previa autorización del Tribunal Electoral, en el caso de servidores públicos. El Tribunal Electoral levantará un registro de las candidaturas y estará obligado a dar certificación de las candidaturas, cuando le sean requeridas por los particulares o por los propios partidos políticos. El despido sin el cumplimiento de los requisitos anteriores da derecho a reclamar el reintegro ante los Tribunales de Trabajo o ante el Tribunal Electoral, según se trate respectivamente, de trabajadores amparados por el Código de Trabajo o de servidores públicos. El reintegro deberá solicitarse dentro de los sesenta días calendario siguientes a la notificación del despido o a la fecha en que se dejó de asistir al trabajo, si no mediase notificación escrita. De proceder al reintegro del trabajador o del servidor público, estos tendrán derecho al pago de los salarios caídos. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los delegados electorales, por el mismo periodo.”
Es así, que se amplía el concepto del fuero electoral para amparar hasta a los delegados electorales.
Luego, en mayo de 1994, el Tribunal Electoral publicó el Decreto 44 que reglamenta el artículo 210 del Código Electoral vigente en esa fecha, estableciendo los pasos que debían seguirse en aras de solicitar la autorización requerida, a fin de poder destituir a las personas amparadas bajo fuero electoral y que a continuación transcribimos:
“Que es necesario reglamentar el trámite a que deberán ajustarse las autorizaciones de despido que otorgue el Tribunal Electoral.
1°: Se establece el siguiente procedimiento para las autorizaciones de despido:
a) La autoridad que solicite la autorización de despido de alguna persona amparada por el fuero contemplado en el artículo 210 del Código Electoral, deberá hacerlo mediante solicitud escrita dirigida a los magistrados del Tribunal Electoral, la cual deberá acompañarse con las pruebas en que basa la justificación del despido.
b) Una vez recibida la solicitud de autorización de despido y luego de que el magistrado al que ha quedado repartida haya asumido la ponencia respectiva, se le correrá traslado a la parte afectada por el término de tres días para que conteste la misma y en el mismo acto presente o aduzca las pruebas en que base su defensa.
c) Vencido el término de traslado, el sustanciador fijará fecha para la práctica de pruebas, hubiere lugar, la cual será notificada mediante edicto.
d) Una vez evacuado el trámite de práctica de pruebas, se dictará la resolución correspondiente.
2°: Este decreto rige a partir de su expedición y se ordena su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral, aplicándose a todas las solicitudes de despido que estén pendientes de trámite actualmente en el Tribunal Electoral”.
Durante el gobierno del presidente Martín Erasto Torrijos Espino, licenciado en ciencias políticas y economía, hijo del general Omar Torrijos Herrera, se reforma nuevamente el Código Electoral con la aprobación de la Ley 60 de 29 de diciembre de 2006, publicada el 2 de enero de 2007 en la Gaceta Oficial Digital número 25,702.
Los artículos 28 y 29 de dicha Ley 60 tratan del fuero penal electoral así:
“Artículo 28. El artículo 131 del Código Electoral queda así:
Artículo 131. Gozarán de fuero penal electoral, por lo que no podrán ser detenidos, arrestados o procesados sin autorización del Tribunal Electoral, excepto en caso de flagrante delito, las siguientes personas:
Los funcionarios electorales, así como los representantes ante las corporaciones electorales de los partidos y de los candidatos de libre postulación, por el tiempo que ejerzan sus funciones durante el proceso electoral y hasta tres meses después del cierre de este. 2. Los candidatos, los presidentes y vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos, desde la convocatoria a consultas populares y hasta tres meses después del cierre del proceso electoral.
Artículo 133. Los partidos políticos y los candidatos de libre postulación tienen derecho a nombrar para el día de las elecciones y durante los escrutinios, un enlace (capitán) en cada centro de votación y uno en las respectivas juntas de escrutinio. Estos enlaces tienen derecho a presenciar las votaciones y los escrutinios, y a presentar las anomalías de cada mesa que consideren necesarias, ante el representante de su respectivo partido o del candidato de libre postulación, en cada mesa de votación o Junta de Escrutinio. En ningún caso, pueden estorbar el trabajo de las Corporaciones Electorales ni participar en sus discusiones. El Tribunal Electoral les extenderá una credencial especial tan pronto reciba, de los respectivos partidos políticos y de los candidatos de libre postulación, los nombres de los enlaces designados. Estos enlaces gozarán del fuero penal descrito en el artículo 131, desde quince días antes de la consulta popular y hasta quince días después de esta”.
Estas modificaciones al Código Electoral traen consigo el fuero penal electoral, con el afán de salvaguardar a los candidatos y a los miembros del engranaje electoral durante el proceso eleccionario.
La prebenda se pierde ante la comprobación de un ilícito, con la posible consecuente detención por parte de los mandos competentes.
En los Capítulos Tercero y Sexto del referido cuerpo legal electoral hay aspectos relativos al fuero electoral penal, aunado a que los artí­culos 131 y 133 se convirtieron a su vez en 143 y 145.
El goce del fuero laboral electoral se consignó en el artículo 278, y es así que las personas que aspiraban a cargos de elección popular no podían ser despedidas, trasladadas o desmejoradas en cualquier forma de su cargo o puesto de trabajo, público o privado, adquirido con anterioridad a la fecha de la elección.
Esta prerrogativa iniciaba al momento de estar en firme la postulación ante el Tribunal Electoral y se extendía hasta tres meses luego de haberse cerrado el proceso electoral.
La comprobación del privilegio frente al empleador quedaba a cargo del candidato, debiendo hacerlo dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del despido, sin perjuicio del despido fundamentado en causa justificada, autorizada conforme al procedimiento fijado para el fuero sindical en los casos de trabajadores amparados por el Código de Trabajo, o previa autorización del Tribunal Electoral si se trata de servidores.
El despido sin el cumplimiento de tales requisitos daba derecho a reclamar el reintegro ante los tribunales de trabajo o el Tribunal Electoral, según el caso.
El reintegro había de pedirse dentro de los treinta dí­as calendario siguientes a la notificación del despido, o a la fecha en que deja de laborar el candidato, y daba derecho al pago de salarios caídos.
El propósito es proteger la fuente de ingreso durante y con posterioridad al ejercicio eleccionario.
También, se extiende a los procesos de elecciones internas partidarias, quedando los candidatos amparados con fuero electoral.
El Decreto 11 del 28 de abril de 2008, expedido por el Tribunal Electoral, reglamenta el fuero electoral, tanto penal como laboral consagrados en los artículos 143 y 278, respectivamente.
Dicho Decreto trae definiciones en sus articulados 2 y 13, que pasamos a transcribir, por ser de nuestro interés en este ensayo:
“Artí­culo 2: El fuero penal electoral es la garantí­a procesal que tienen las personas enunciadas en el artículo 143 del Código Electoral para que no puedan ser detenidas, arrestadas o procesadas en materia criminal, policiva o administrativa, sin que medie autorización expresa y previa del Tribunal, salvo en caso de flagrante delito.
Para efectos de la Ley Electoral, se entiende que una persona adquiere la condición de procesada desde el momento en que una investigación surjan méritos para indagarla o llamarla a responder judicial, policiva o administrativamente.
Artí­culo 13: El fuero laboral electoral es la garantí­a que tienen los candidatos para que no puedan ser despedidos, trasladados, suspendidos o desmejorados en sus condiciones laborales, sin autorización expresa y previa del Tribunal Electoral o jurisdicción laboral, basada en causa justificada, según se trate de servidores públicos o trabajadores de la empresa privada respectivamente. En este último caso, se seguirá el procedimiento fijado para el fuero sindical”.
El 18 de enero de 2016, el entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla Castillero, presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 292 que contemplaba derogar los artículos 143 y 278 que, como ya hemos acotado, se refieren al fuero electoral penal y laboral, para acortar el beneficio y que prevalezca solo hasta 15 días, luego de finalizado el torneo electoral.
Este proyecto de ley contempla aspectos contenidos en el ya mencionado Decreto 11 del 28 de abril del 2008, y envuelve, entre otros, definiciones, marco de aplicación, validez y ordenamientos.
El 18 de abril de 2017, la Asamblea Nacional aprobó la iniciativa que sancionó el ingeniero, empresario, político, anteriormente vicepresidente (1 de julio de 2009 al 30 de agosto de 2011) y posterior presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez (1 de julio de 2014 al 30 de junio 2019), materializándose en la Ley 29 del 29 de mayo de 2017, publicada al día siguiente en la Gaceta Oficial Digital 28289-A.
Para ese momento, el presidente del Tribunal Electoral era el magistrado Heriberto Araúz Sánchez, quien en la actualidad sigue fungiendo como tal.
REGULACIÓN ACTUAL DEL FUERO ELECTORAL EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Para proteger a los actores del proceso electoral de medidas laborales, administrativas o judiciales dirigidas a obstaculizar, ya sea el ejercicio de una función electoral o de sus derechos políticos, se contempla el fuero electoral.
Tenemos, pues, que el Código Electoral panameño contempla dos tipos de fuero electoral: el penal y el laboral. Existe un título, el VI, del mencionado cuerpo legal que trata la materia, por lo que nos parece importante hacer mención de ello e incorporarlo a los anexos de este trabajo.
Al tenor del artículo 269 del Código Electoral, el fuero electoral laboral es la garantía que tienen los candidatos y delegados electorales para no ser despedidos, trasladados, suspendidos o desmejorados en sus condiciones de trabajo sin previa autorización.
Cuando se trata de servidores públicos la autorización compete al Tribunal Electoral.
Para los trabajadores de la empresa privada, se sigue el procedimiento fijado para el fuero sindical, que se surte ante las autoridades de la jurisdicción laboral.
Guía para solicitar reintegro ante violación de fuero laboral.
Con relación al fuero laboral electoral, nos correspondió hacer una guía para solicitar el reintegro de los servidores públicos ante violaciones al fuero laboral, que se encuentra a la disposición del público en general en la página institucional del Tribunal Electoral, en donde se resumen los pasos a seguir y que en esencia son:
El afectado ha de conferir poder a un abogado para que se formalice la solicitud de reintegro ante la Secretaría General del Tribunal Electoral, a más tardar 30 días luego de notificada la medida o, en caso de no mediar resolución, de la fecha en que se dio el hecho, siempre que el fuero hubiese sido invocado oportunamente. Ante un despedido, trasladado, suspensión o desmejoramiento de la situación laboral, el aforado cuenta con 15 días hábiles para acreditar su fuero ante el empleador. De no hacerlo, pierde el derecho (ver artículo 272 del Código Electoral).
El memorial de reintegro deberá señalar la fecha en que se nombró al aforado, el tipo de nombramiento (temporal, eventual, permanente), la fecha de la medida adoptada y la fecha en que se notificó la condición de aforado al empleador.
Una vez ingrese la petición, se incorporará, por parte de la Secretaría General del Tribunal Electoral, una certificación donde conste si el empleador solicitó autorización para aplicar al servidor la medida invocada.
Si procede, el Tribunal Electoral ordenará el reintegro, que se notificará personalmente. La decisión admite recurso de reconsideración, que una vez resuelto se notifica por edicto.
Si el empleador no acata la orden del Tribunal Electoral cae en desacato y conlleva una investigación penal electoral.
En cuanto al fuero electoral penal, el artículo 259 del Código Electoral panameño establece que “es la garantía procesal que tienen los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos, los candidatos, los funcionarios electorales y enlaces para que no puedan ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en materia penal, policiva o administrativa, siempre que estas últimas involucren la imposición de una pena privativa de la libertad, sin que medie autorización expresa y previa del Tribunal Electoral, salvo en caso de flagrante delito”.
Entendiéndose que una persona “adquiere la condición de procesada desde el momento en que de una investigación surjan méritos para responder judicial, policiva o administrativamente, siempre que se trate de casos que involucren la imposición de pena de arresto”.
Además, a través del Decreto 48 de 26 de septiembre de 2018, el Tribunal Electoral de la República de Panamá, reglamentó la vigencia del fuero electoral penal y laboral, publicándose el 24 de octubre de 2018, en el Boletín Electoral 4383.
Hemos hecho una investigación de las resoluciones proferidas desde el año 2014 hasta inicios del año 2017 por el Tribunal Electoral, que niegan solicitudes de levantamiento de fuero electoral penal, por lo que queremos hacer referencia a esos pocos fallos, toda vez que en la mayoría de los casos la petición de que se desafore al aspirante prospera, así que pasaremos a resumirlos y analizarlos a continuación.
ACUERDOS QUE NIEGAN SOLICITUDES DE LEVANTAMIENTO DE FUERO ELECTORAL PENAL
(Periodo comprendido del año 2014 al 2017)
Expediente Número de Acuerdo Fecha del
Acuerdo Solicitante Aforado
33-2014 Acuerdo de Sala 31-3 10 de abril de 2014 Fiscal Electoral Primero del Primer Distrito Judicial Isabel María Ruíz Moya
104-2014 Acuerdo de Sala 59-2 21 de agosto de 2014 Fiscal Electoral Primero, a.i. del Segundo Distrito Judicial Roberto García
227-2014 Acuerdo de Sala 75-11 17 de noviembre de 2014 Fiscal Electoral Primero, a.i. del Segundo Distrito Judicial Juan Camarena Pérez
12-2015 Acuerdo de Sala 6-11 29 de enero de 2015 Fiscal Electoral Primero del Segundo Distrito Judicial Gerardo Felipe Solís Díaz
196-2014 Acuerdo de Sala 7-15 2 de febrero de 2015 Fiscal Electoral Primero del Segundo Distrito Judicial Eurípides Vladimir Herrera De León
260-2014 Acuerdo de Sala 8-15 9 de febrero de 2015 Procuradora General de la Nación Gerardo Felipe Solís Díaz
17-2016 Acuerdo del Pleno 43-2 5 de septiembre de 2016 Fiscal Electoral Primero del Primer Distrito Judicial Idalys Gertrudis Aldeano de Rentería
15-2016 Acuerdo del Pleno 45-2 19 de septiembre de 2016 Fiscal Electoral Primero del Segundo Distrito Judicial María Inés Mendoza Rodríguez
Análisis de los referidos fallos.
Acuerdo de Sala 31-3 de 10 de abril de 2014. Dentro de las pesquisas adelantadas por probable comisión de delito contra la libertad y honradez del sufragio, el fiscal electoral primero del Primer Distrito Judicial pidió el levantamiento del fuero electoral penal de la señora Isabel María Ruíz Moya, candidata al cargo de representante del corregimiento de Juan Díaz, distrito y provincia de Panamá, en las elecciones del 4 de mayo de 2019. Ello fue desestimado por el Tribunal Electoral ante la falta de “indicios serios para proceder a decretar tal medida.” La investigación inició en atención a una denuncia anónima, según la que la candidata referida realizaba proselitismo en su horario regular de labores y, supuestamente, se ausentaba constantemente de su puesto. La señora Ruíz Moya negó lo anterior, afirmando que pidió licencia sin sueldo, tiempo compensatorio y vacaciones. Además, aseveró que cumple con sus funciones y que era después de su jornada de trabajo que realizaba caminatas para promover su candidatura. Dado que la denuncia fue anónima, el máximo exponente de la justicia electoral panameña entiende que cualesquiera que fuesen las motivaciones del denunciante, tales como intereses político partidistas, requieren para que prospere la petición que existan elementos concluyentes, por lo que ante la carencia de aspectos fácticos y jurídicos, no se entra en mayores consideraciones y se mantiene el fuero a la candidata. A mi juicio, el que la denuncia provenga del anonimato no es óbice para que el agente investigador pueda comprobar los dichos y la medida prospere, el tema es que el fiscal no puede accionar sino solicita en principio el levantamiento del fuero, porque hacerlo conllevaría la nulidad de las gestiones.
Acuerdo de Sala 59-2 de 21 de agosto de 2014. El Tribunal Electoral no le levantó el fuero electoral penal al entonces representante y además candidato a representante por el corregimiento y distrito de Santiago, provincia de Veraguas, por el Partido Revolucionario Democrático, Roberto García, en atención a las elecciones generales del 4 de mayo de 2014. La gestión estuvo a cargo del fiscal electoral primero a.i. del Segundo Distrito Judicial dentro de las averiguaciones por posible comisión de delito contra la libertad y pureza del sufragio. El Tribunal Electoral determinó carencia de elementos fácticos y jurídicos, encontrándose que la denuncia fue anónima y no cumplía con las exigencias mínimas para poder proceder al desafuero. Como en el caso anterior, de la señora Ruíz Moya, si el accionante es anónimo y la agencia de instrucción requiere diligenciar para poder hacer las comprobaciones pertinentes o ante la falta de elementos de convicción desestimar la actuación, no puede mantenerse una normativa que le obligue a solicitar el levantamiento del fuero antes de poder siquiera realizar alguna pesquisa, pues no hay señalamiento directo, sino una simple denuncia lo que no implica vinculación alguna. Entiendo que debería permitirse a la agencia investigadora adelantar las averiguaciones y si encuentra aspectos que relacionan a quien goza del fuero, por su condición de candidato, entonces debe solicitarse el levantamiento, pero si la sola mención conlleva el trámite que requiere la validación del Tribunal Electoral, entonces evidentemente hay incongruencia en ello, ya que si no se investiga mal pueden incorporarse pruebas porque el denunciante no provee ninguna. Para evitar el desgaste de la administración electoral sería mejor desestimar desde el inicio las denuncias anónimas contra aforados al saber que de forma alguna ese fuero será levantado.
Acuerdo de Sala 75-11 de 17 de noviembre de 2014. Con este acuerdo, el Tribunal Electoral le negó al fiscal electoral primero a.i. del Segundo Distrito Judicial la posibilidad de continuar investigando al señor Juan Camarena Pérez por la posible materialización de delito contra la libertad y pureza del sufragio. El señor Camarena Pérez fungió como presidente de la Junta Comunal del corregimiento de María, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, en las elecciones del 4 de mayo de 2014, por ello su investidura. El fuero electoral penal se le mantuvo porque la investigación versaba sobre hechos que guardaban relación con el proceso electoral en el que participó con base en afirmaciones sin contenido comprobable porque su génesis fue una llamada telefónica anónima. Seguimos con el tema del anonimato, y como indiqué en líneas anteriores, no tiene sentido activar un trámite que a todas luces resultará infructuoso.
Acuerdo de Sala 6-11de 29 de enero de 2015. Rechaza lo pedido por el fiscal electoral primero del Segundo Distrito Judicial, en el sentido de que se le levantara el fuero electoral penal a quien fue magistrado en su oportunidad del Tribunal Electoral, el señor Gerardo Felipe Solís Díaz, dentro de una investigación seguida por infringir la normativa penal electoral reguladora de la libertad y pureza del sufragio, en atención a la participación del señor Solís Díaz en la elección general del 2014 como candidato a la vicepresidencia por el Partido Revolucionario Democrático, debido a que la causa obedecía a una denuncia anónima “carente de elementos concluyentes”, siendo importante la comprobación de tales afirmaciones, condición que no se evidenció, “por el contrario, el móvil político, los intereses partidistas y cualquiera que haya sido el motivo personal del denunciante no debe ser utilizado como fundamento para aplicar la ley penal electoral y perseguir a una persona que goza de la garantía y protección del fuero”. Seguimos apreciando la constante de que, ante la imposibilidad de poder gestionar lo que corresponde, la Fiscalía recibe negativas ante sus peticiones, pues al encontrarse en una incipiente etapa procesal no cuenta con elementos contundentes que el despacho electoral pueda valorar y se determina que el móvil de un anonimato es meramente político, probablemente de un contendor que quiere causar daño a su competidor.
Acuerdo de Sala 7-15 de 2 de febrero de 2015. Resuelve negar la petición del fiscal electoral primero del Segundo Distrito Judicial, a.i., para levantar el fuero electoral penal que ostentaba Euribiades Vladimir Herrera De León, dentro del sumario seguido por posible comisión de delito contra la honradez del sufragio, por enmarcarse en hechos que responden al proceso electoral. El aforado fue postulado por el partido Cambio Democrático para el cargo de diputado por el Circuito 8-6, en la elección general del 4 de mayo del año 2014, ante el desistimiento de la pretensión en la causa a la que accede, por parte del licenciado Eduardo Luis Lamphrey Jiménez, quien indicó que “lo manipularon para perjudicar a candidatos que participarían en las Elecciones Generales del 4 de mayo de 2014”. En este caso concuerdo con lo resuelto por el ente colegiado, pues el proponente desiste afirmando que fue utilizado para causar un perjuicio, que de forma alguna es el norte perseguido, por el contrario es la justa protección de quien la merece.
Acuerdo de Sala 8-15 de 9 de febrero de 2015. En este fallo no se le levanta el fuero penal electoral al otrora magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, Gerardo Felipe Solís Díaz, dentro de la investigación seguida por la Procuraduría General de la Nación por presunta comisión de delito contra la Administración Pública, la Seguridad tanto Colectiva como Jurídica del Estado, al considerar que “la denuncia interpuesta por Honorio Quesada de Palacios carece de suficientes elementos de fondo para el desafuero”, decretándose la no viabilidad de la solicitud que en su momento propició la procuradora general de la Nación, por el hecho de que el prenombrado Solís Díaz fue candidato a la vicepresidencia de la República de Panamá para las elecciones generales del año 2014, y sus manifestaciones y opiniones se dieron dentro del mencionado proceso electoral, haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión.
Acuerdo del Pleno 43-2 de 5 de septiembre de 2016. Dispone no acceder al requerimiento del fiscal electoral primero del Primer Distrito Judicial de que se levantara el fuero electoral penal a la señora Idalys Gertrudis Aldeano de Rentería, en atención a su postulación al cargo de convencional por el corregimiento de Yape, distrito de Pinogana, provincia de Darién, dentro del proceso eleccionario interno del Partido Panameñista, celebrado el 28 de agosto de 2016, dadas las averiguaciones seguidas por delito contra la honradez del sufragio. La decisión destaca que la petición debe basarse “en hechos concretos y probados, de los que deduzca no solo la existencia del hecho delictivo, sino también la vinculación de la persona que se pretende desaforar.” Señala la resolución que, al ser una de las denunciantes otra candidata que aspiraba al mismo cargo antes acotado, podía ser un “subterfugio en la contienda electoral”. Opino que demeritar a quien acciona por el hecho de ser un contrario no es un planteamiento objetivo, por el contrario es totalmente subjetivo porque se asume que el interés es lo que priva, porque el candidato que acude a denunciar compite por la misma circunscripción y cargo, lo que no debe ser un obstáculo porque precisamente es quien está pendiente de las actuaciones de sus contendores, quien puede lidiar con estos menesteres y de forma alguna debe considerarse como un aspecto negativo que lleve a demeritar la causa, pues al no levantarse el fuero no se puede seguir con la actuación y allí finaliza.
Acuerdo del Pleno 45-2 de 19 de septiembre de 2016. No se le levanta el fuero electoral penal a la señora María Inés Mendoza Rodríguez, ante la petición hecha por el fiscal electoral primero del Segundo Distrito Judicial, quien averiguaba la presunta comisión de delito contra la libertad y pureza del sufragio, dado que la aforada fue candidata al cargo de convencional por el corregimiento y distrito de Penonomé, provincia de Coclé, en las elecciones internas del Partido Panameñista, llevadas a cabo el 28 de agosto de 2016, pues la denuncia que generó la actuación fue anónima “desprovista de elementos concluyentes, en el que no se infieren elementos de pruebas que den indicios de credibilidad”, afirmándose que no puede hacerse solamente un señalamiento, sino que el mismo ha de comprobarse. Se acota que “el móvil político, los intereses partidistas y cualquiera que haya sido el motivo personal del denunciante anónimo, no debe ser utilizado como fundamento para aplicar la ley penal electoral y perseguir a una persona que goza de la garantía y protección del fuero.” En definitiva, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el anonimato en la denuncia es sinónimo de rechazo de la petición de desafuero, pues ha sido la constante en los pocos casos en que la acción no ha prosperado, dado que en la mayoría la solicitud prospera y es solo en pocas oportunidades los que no se promueven, reiterando que son en esencia los que inician o tienen su génesis en denuncias anónimas.
Nuestro objetivo es determinar la practicidad de la permanencia o eliminación de la protección penal y laboral que implica el fuero electoral en el territorio de la República de Panamá.
El beneficio que conlleva revestirse de fuero electoral, en especial del penal, debería reducirse al mínimo, pues el laboral no tiene mayores inconvenientes y los casos que se presentan son aislados; son muy pocos.
Toda vez que se ha convertido en un polémico privilegio, el fuero penal electoral ha sido inclusive calificado por el ciudadano común como un blindaje frente a los procesos judiciales. Pues, incluso, hay personas que saben que no tienen ni el carisma ni los recursos para salir electos, pero se postulan en aras de evadir responsabilidades de índole judicial.
En Panamá, el fuero electoral aparece en 1983, asimilándose al fuero sindical, en el Código Electoral, y con posterioridad tiene modificaciones que demarcan el fuero penal electoral y el fuero laboral electoral.
El actual Código Electoral contiene, como hemos visto, las definiciones de ambos fueros y demás implicaciones que cada uno conlleva.
Estoy a favor de la conservación del fuero laboral electoral y la abolición del penal, pues me parece un obstáculo y una coraza que utilizan los miembros de los colectivos, al igual que los candidatos por libre postulación, para evadir sus responsabilidades y retrasar las causa que en otras esferas se adelantan en su contra que en la mayoría de los casos son válidas, pues, como hemos visto, son muy pocos los casos en que no se levanta la prebenda. Y podemos observar que en dos oportunidades el beneficiado con el hecho de no poder seguir siendo procesado fue el otrora magistrado del Tribunal Electoral Gerardo Felipe Solís Díaz.
Todo ello nos lleva a comentar, que este privilegio en el campo penal debe desaparecer como bien se ha hecho en otras latitudes, por su ineficacia y porque propicia retrasos en la administración de la justicia, en especial la ordinaria.
Hacemos énfasis en que, como ya dijimos, del análisis de la evolución de las figuras en estudio, tenemos que el fuero electoral laboral debe permanecer al ser muy esporádicas las causa que por ello ingresan para conocimiento de la jurisdicción electoral panameña, mientras que el fuero penal electoral es una figura que ha de desaparecer para que la justicia se agilice, ya que en mayor porcentaje se procede a desblindar al aforado y es solo en causas como las de denuncias anónimas que no se ha desprovisto al actor de su privilegio.
El fuero es tan apetecido y amplio que en las elecciones generales del 2014 hubo ciento doce mil personas con fuero penal y laboral electoral, lo que complicó y dilató muchas investigaciones del Ministerio Público, al igual que procesos penales en la esfera ordinaria de la justicia a cargo del Órgano Judicial.
Por lo que estoy más que segura que lo que la ciudadanía agradecería su eliminación, al haberse convertido en un medio para evitar que el brazo de las autoridades llegue a los postulados; es una forma de obstruir el flujo normal de las causas, por lo que una vez más externo que el fuero penal electoral debe ser abolido, pues un recurso que se originó para evitar la persecución política de quienes laboran o participan en los procesos electorales, se ha convertido en un polémico privilegio.
Además su extensión, es preocupante ya que solo debía ser para los que se ven envueltos en elecciones generales cada 5 años y la interpretación de que abarca a los procesos eleccionarios internos es nociva, nefasta, y causa que un número plural esté constantemente saliendo y entrando de la prerrogativa para evitar ser procesados, como evidentemente ocurre con la mayoría de los casos de alto perfil, ya que vemos como muchos de los involucrados en la vida pública se postulan a cuanto cargo pueden aspirar, para utilizar el fuero como escudo protector ante la lluvia de denuncias y procesos de que son objeto.
Histórica y generalmente, el Tribunal Electoral ha levantado el fuero penal electoral a casi todos los ciudadanos que han tenido problemas con la justicia. Como hemos podido apreciar, las negativas son aisladas. Por ende, es un mecanismo que desgasta a la administración y consume los recursos de los contribuyentes, que somos todos los que con esfuerzo trabajamos y pagamos tributos.
Generalmente, el Tribunal Electoral ha considerado que todas las investigaciones que adelanta el Ministerio Público y los casos que lleva el Órgano Judicial tienen fundamento legal y que no pueden considerarse como persecución política del gobierno o de los encargados de llevar las investigaciones, pues mayormente se aprecian abusos cometidos en la gestión pública, pues son los políticos los que finalmente ocupan los cargos en los que luego han de ser regulados y de encontrarse anomalías investigados y procesados, lo que no debe obstaculizarse por el hecho de gozar de un beneficio a todas luces ineficaz y obsoleto.
Somos testigos de que en la práctica el fuero electoral penal solo ha servido para dilatar o complicar los procesos judiciales o investigaciones que adelantan las autoridades.