Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43676203
Timestamp: 2019-06-26 14:00:00
Document Index: 179709939

Matched Legal Cases: ['Artículo 15', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 6', 'Artículo 14', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 81', 'artículo 1', 'artículo 81', 'artículo 8', 'artículo 330', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 44', 'artículo 54', 'artículo 67', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 80', 'artículo 334', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 70', 'artículo 330', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 81', 'artículo 2', 'artículo 49', 'artículo 65', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 81', 'artículo 79', 'artículo 49', 'artículo 65', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 150', 'artículo 227', 'artículo 227', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 150', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 3']

Sentencia de Constitucionalidad nº 137/96 de Corte Constitucional, 9 de Abril de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 43676203
Sentencia de Constitucionalidad nº 137/96 de Corte Constitucional, 9 de Abril de 1996
Ley aprobatoria y tratado: ley 208/95 estatuto del centro internacional de ingenieria genetica y biotecnologia
Sentencia citada en: 85 sentencias, 17 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas
El concepto de supranacionalidad encuentra claro fundamento en la Constitución colombiana cuando ella establece que las relaciones internacionales del país se "orientarán hacia la integración latinoamericana y del C.". En este sentido, el Congreso de la República podrá "aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados. Pese a que aspectos de la regulación en materia de propiedad industrial e intelectual, incluso en tratándose de recursos vivos o de material genético, puede ser transferida a un órgano supranacional, lo que resulta claramente inaceptable, desde el punto de vista constitucional, es que se transfieran amplias facultades legislativas que tienen implicaciones respecto de bienes y derechos constitucionalmente tutelados, a organismos que no responden a un proceso de integración supranacional.
Revisión de la Ley 208 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el 'Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología' hecho en Madrid el 13 de septiembre de 1983"
En el proceso de revisión de la Ley 208 de 1995 "Por medio de la cual se aprueba el 'Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología' hecho en Madrid el 13 de septiembre de 1983".
Visto el texto del "ESTATUTO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INGENIERIA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA", hecho en Madrid el 13 de Septiembre de 1983.
Por el presente Estatuto se crea un Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (que en adelante se denominará el "Centro") como organización internacional que comprenderá un centro y una red de centros nacionales, regionales y subregionales asociados.
El Centro tendrá su sede en ...
Promover la cooperación internacional para desarrollar y aplicar la utilización pacífica de la ingeniería genética y la biotecnología, en particular para los países en desarrollo;
Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas en la esfera de la ingeniería genética y la biotecnología;
Estimular actividades en los planos regional y nacional en la esfera de la ingeniería genética y biotecnología y prestar asistencia al respecto;
Desarrollar y promover la aplicación de la ingeniería genética y la biotecnología para resolver los problemas del desarrollo, en particular de los países en desarrollo:
Servir de tribuna para el intercambio de experiencias entre los científicos y tecnólogos de todos los Estados Miembros;
Utilizar las capacidades científicas y tecnológicas de los países en desarrollo y de otros países en la esfera de la ingeniería genética y la biotecnología; y
Actuar como punto focal de una red de centros de investigación y desarrollo asociados (nacionales, subregionales y regionales).
Emprenderá actividades de investigación y desarrollo, incluido el establecimiento de plantas piloto, en la esfera de la ingeniería genética y la biotecnología;
C. en el Centro y organizará la capacitación en otros lugares de personal científico y tecnológico procedente, en particular, de los países en desarrollo;
Proporcionará a los Miembros, previa solicitud, servicios de asesoramiento con el fin de desarrollar sus capacidades tecnológicas nacionales;
Fomentará la interacción entre las comunidades científicas y tecnológicas de los Estados Miembros mediante programas que permitan visitas de científicos y tecnólogos al Centro y mediante programas de asociación y otras actividades;
Convocará reuniones de expertos para fortalecer las actividades del Centro;
Promoverá, según proceda, redes de instituciones nacionales e internacionales que faciliten actividades tales como programas conjuntos de investigación, capacitación, el ensayo y la coparticipación en los resultados, las actividades de plantas piloto y el intercambio de información y de materiales;
Identificará y promoverá sin demora la creación de la red inicial de centros de investigación altamente calificados que funcionen como Centros Asociados, promoverá las actividades de las redes de laboratorios nacionales, subregionales, regionales e internacionales existentes, incluidas aquéllas vinculadas con las organizaciones mencionadas en el Artículo 15, que se dediquen a la esfera de la ingeniería genética y la biotecnología o relacionadas con ella para que funcionen como Redes Asociadas y fomentará el establecimiento de nuevos centros de investigación altamente calificados;
Emprenderá un programa de bioinformática para apoyar en especial las actividades de investigación y desarrollo y su aplicación en beneficio de los países en desarrollo;
Recopilará y difundirá información sobre esferas de actividades de interés para el Centro y los Centros Asociados;
Mantendrá estrechos contactos con la industria.
Serán Miembros del Centro todos los Estados que hayan llegado a ser partes en el presente Estatuto de conformidad con lo dispuesto en su Artículo 20.
Serán Estados fundadores del Centro todos los Miembros que hayan firmado el presente Estatuto antes de su entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en su Artículo 21.
Los órganos del Centro serán:
El Consejo de Asesores Científicos,
La Junta de Gobernadores podrá crear otros órganos subsidiarios de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.
La Junta de Gobernadores estará compuesta por un representante de cada uno de los Miembros del Centro y, como miembro nato sin derecho a voto, el Jefe Ejecutivo de la ONUDI o su representante. Al designar a sus representantes los Miembros tendrán debidamente en cuenta su capacidad administrativa y su formación científica.
La Junta, además de desempeñar otras funciones especificadas en el presente Estatuto, tendrá las atribuciones siguientes:
Determinar las políticas y los principios generales que regirán las actividades del Centro;
Admitir a los nuevos Miembros del Centro;
Aprobar el programa de trabajo y el presupuesto teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones del Consejo de Asesores Científicos, aprobar el reglamento financiero del Centro y decidir sobre cualquier otro asunto financiero, particularmente la movilización de recursos para el funcionamiento eficaz del Centro;
Otorgar, como cuestión de la más alta prioridad, sobre una base individual, la condición jurídica del Centro Asociado (nacional, subregional, regional e internacional) a centros de investigación de Estados Miembros que satisfagan los criterios de excelencia científica aceptados y de Red Asociada a laboratorios nacionales, regionales e internacionales;
Establecer, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14, las normas de reglamentación de patentes, concesión de licencias, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, incluida la transferencia de los resultados que emanen de la labor de investigación del Centro;
Por recomendación del Consejo, tomar cualquier otra medida apropiada que permita al Centro promover sus objetivos y desempeñar sus funciones.
La Junta celebrará una vez al año un período ordinario de sesiones, a menos que decida otra cosa. Los períodos ordinarios de sesiones se celebrarán en la sede del Centro, a menos que la Junta decida de otra manera.
La Junta aprobará su propio reglamento.
La mayoría de los Miembros de la Junta constituirá quorum.
Cada Miembro de la Junta tendrá un voto. Las decisiones se tomarán de preferencia por consenso, o, en su defecto, por mayoría de los Miembros presentes y votantes, salvo las decisiones sobre el nombramiento del Director, los programas de trabajo y el presupuesto que deberán adoptarse por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes.
Representantes de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, podrán, previa invitación de la Junta, participar en sus deliberaciones en calidad de observadores. Con este fin, la Junta preparará una lista de las organizaciones que establezcan relaciones con el Centro y que hayan expresado interés en sus labores.
La Junta podrá establecer órganos subsidiarios con carácter permanente o especial, según sea necesario para el eficaz cumplimiento de sus funciones; esos órganos presentarán informes a la junta.
El Consejo estará compuesto de hasta diez científicos y tecnólogos especializados en las esferas sustantivas del Centro. Será miembro del Consejo un científico del Estado Huésped. Los miembros serán elegidos por la Junta. Se tendrá debidamente en cuenta la importancia de elegir a los miembros sobre la base de una representación geográfica equilibrada. El Director desempeñará las funciones de S. del Consejo.
Excepto en lo que se refiere a la primera elección, los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones por un período de tres años y podrán ser nombrados nuevamente por otro período de tres años. Los mandatos de los miembros se fijarán de manera que no se elija a más de un tercio en cada oportunidad.
El Consejo elegirá un presidente de entre sus miembros.
El Consejo, además de desempeñar otras funciones especificadas en el presente Estatuto o que le hayan sido delegadas por la Junta, tendrá las atribuciones siguientes:
Examinar el proyecto del programa de trabajo y el presupuesto del Centro y formular recomendaciones a la Junta;
Revisar la ejecución del programa de trabajo aprobado y presentar el informe correspondiente a la Junta;
Exponer en mayor detalle las perspectivas a mediano y largo plazo de los programas y la planificación del Centro, incluidas las esferas especializadas y las nuevas esferas de investigación, y formular recomendaciones a la Junta;
Auxiliar al Director en todas las cuestiones sustantivas, científicas y técnicas relacionadas con las actividades del Centro, incluida la cooperación con los Centros y las Redes Asociados;
Aprobar normas de seguridad para el trabajo de investigación del Centro;
Asesorar al Director respecto del nombramiento del personal de categoría superior (de Jefes de Departamento en adelante).
El Consejo podrá constituir grupos ad-hoc de científicos de Estados Miembros para la preparación de informes científicos especializados a fin de facilitar su tarea de aconsejar y recomendar a la Junta la adopción de medidas apropiadas.
a) El Consejo celebrará cada año un período ordinario de sesiones, a menos que decida otra cosa.
Los períodos de sesiones se celebrarán en la sede del Centro, a menos que el Consejo decida de otra manera.
Los Jefes de los Centros Asociados y un representante de cada una de las Redes Asociadas podrán participar en las deliberaciones del Consejo en calidad de observadores.
El personal científico de categoría superior podrá asistir a las reuniones del Consejo, si así se le requiere.
La Secretaría estará compuesta por el Director y el personal.
El Director será nombrado por la Junta de entre los candidatos de los Estados Miembros previa consulta con el Consejo, y desempeñará sus funciones por un período de cinco años. Podrá ser nombrado nuevamente por un período adicional de cinco años, pasado el cual no podrá ser nombrado nuevamente. Se nombrará como Director a una persona prominente que goce del mayor prestigio y renombre posibles en las esferas científicas y tecnológicas del Centro. También se tendrá debidamente en cuenta la experiencia que tenga el candidato para dirigir un centro científico y un grupo multidisciplinario de científicos.
El personal comprenderá un Director Adjunto, Jefes de Departamento y demás personal profesional, técnico, administrativo y de oficina, incluidos trabajadores manuales, que pueda requerir el Centro.
El Director será el más alto funcionario científico y administrativo del Centro, y su representante jurídico. Actuará como tal en todas las sesiones de la Junta y sus órganos subsidiarios. El Director, ateniéndose a las directrices de la Junta o del Consejo y bajo su supervisión tendrá la responsabilidad y autoridad globales en la dirección de la labor del Centro. Desempeñará todas las demás funciones que le confíen dichos órganos. El Director tendrá a su cargo el nombramiento, la organización y la administración del personal. El Director podrá establecer un mecanismo de consulta con los científicos de categoría superior del Centro en relación con la evaluación de los resultados científicos y la planificación en curso del trabajo científico.
En el desempeño de sus funciones, el Director y el personal no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena al Centro. Se abstendrán de cualquier medida que pueda afectar a su situación de funcionarios internacionales que sólo responden de sus actividades ante el Centro. Cada uno de los Miembros se compromete a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Director y del personal y a no tratar de influir sobre ellos en el cumplimiento de sus tareas.
El Director nombrará al personal de acuerdo con las normas que apruebe la Junta. Las condiciones de servicio del personal seguirán en la medida de lo posible la pauta del sistema común de las Naciones Unidas. El criterio primordial que se seguirá en la contratación de personal científico y técnico y en la determinación de las condiciones de trabajo será la necesidad de asegurar los máximos niveles de eficiencia, competencia e integridad.
De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 1, el inciso g) del Artículo 2 y el inciso g) del Artículo 3, el Centro establecerá y promoverá un sistema de Centros Asociados y de Redes Asociadas con el objeto de alcanzar los objetivos del Centro.
Sobre la base de la recomendación del Consejo, la Junta establecerá los criterios que regirán el otorgamiento de la condición de Centro Asociado a centros de investigación y decidirá el ámbito de sus relaciones oficiales con los órganos del Centro.
Sobre la base de la recomendación del Consejo, la Junta establecerá los criterios que regirán el otorgamiento de la condición de Redes Asociadas a aquellos grupos nacionales, regionales e internacionales de laboratorios de Estados Miembros que de un modo especial puedan fortalecer las actividades del Centro.
Previa aprobación de la Junta el Centro concertará acuerdos por los que se determine su relación con los Centros y Redes Asociados. Estos acuerdos podrán comprender aspectos científicos y financieros, sin estar limitados a ellos.
El Centro podrá contribuir a la financiación de los Centros y Redes Asociados con arreglo a una fórmula que apruebe la Junta de acuerdo con los Estados Miembros interesados.
La financiación del Centro provendrá generalmente de:
Las contribuciones iniciales para poner en marcha el Centro;
Las contribuciones anuales de los Miembros de preferencia en moneda convertible;
Las contribuciones voluntarias generales y especiales, incluidas donaciones, legados, subvenciones y fondos fiduciarios de los Miembros, Estados no miembros, las Naciones Unidas, sus organismos especializados, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, fundaciones, instituciones y personas particulares, a reserva de la aprobación de la Junta;
Cualquier otra fuente, a reserva de la aprobación de la Junta.
Por razones de orden financiero, los países en desarrollo menos adelantados, de acuerdo con la definición de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, podrán convertirse en Miembros del Centro sobre la base de criterios más favorables, establecidos por la Junta.
El Estado huésped hará una contribución inicial poniendo a disposición del Centro la infraestructura necesaria (terreno, edificios, mobiliario, equipo, etc.) así como a través de una contribución a los gastos de funcionamiento del Centro durante sus primeros años de existencia.
El Director preparará y presentará a la Junta, a través del Consejo, un proyecto de programa de trabajo para el ejercicio económico siguiente, junto con las correspondientes estimaciones financieras.
El ejercicio económico del Centro corresponderá al año civil.
Durante los primeros cinco años, el presupuesto ordinario se basará en las cantidades prometidas anualmente por cada Miembro para esos cinco años. Después del primer período de cinco años, se podrá considerar la posibilidad de que la Junta asigne cada año las contribuciones anuales para el año siguiente sobre la base de una fórmula recomendada por la Comisión Preparatoria, que tendrá en cuenta la contribución de cada Miembro al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, basada en su escala de cuotas más reciente.
Los Estados que pasen a ser Miembros del Centro después del 31 de diciembre podrán considerar la posibilidad de aportar una contribución especial a los gastos de capital y a los costos corrientes de funcionamiento para el año en que adquieran aquella condición.
Las contribuciones aportadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del presente Artículo se dedicarán a disminuir las contribuciones de los demás Miembros, salvo decisión en contrario de la Junta adoptada por mayoría de todos sus Miembros.
La Junta designará auditores para examinar las cuentas del Centro. Los auditores presentarán a la Junta, por conducto del Consejo, un informe sobre las cuentas anuales.
El Director proporcionará a los auditores la información y la asistencia que necesiten en el desempeño de sus funciones.
Los Estados donde se deba obtener la aprobación del presente Estatuto por las autoridades legislativas para poder participar en el Centro y que, por lo tanto, hayan firmado el Estatuto ad referéndum no estarán obligados a pagar una contribución especial, según lo previsto en el párrafo 2 del presente Artículo, para poder hacer efectiva su participación.
El Centro tendrá personalidad jurídica. Estará plenamente capacitado para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos, incluidos los siguientes:
concertar acuerdos con Estados u organizaciones internacionales;
adquirir y enajenar bienes mobiliarios e inmobiliarios;
El Centro, sus bienes y sus haberes, dondequiera que se encuentren, gozarán de inmunidad respecto de toda forma de proceso jurídico, salvo en los casos concretos en que haya renunciado expresamente a su inmunidad. No obstante, ninguna renuncia a la inmunidad será válida para medidas de ejecución.
Todos los locales del Centro serán inviolables. Los bienes y haberes del Centro, dondequiera que se hallen, no podrán ser objeto de registro, requisiciones, confiscaciones, expropiaciones ni de cualquier otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo-administrativo, judicial o legislativo.
El Centro, sus bienes, haberes, ingresos y transacciones estarán exentos de toda forma de imposición fiscal y de aranceles y no estarán sujetos a prohibiciones ni a restricciones de importación y exportación cuando se trate de artículos que el Centro importe o exporte para su uso oficial. Asimismo, el Centro estará exento de toda obligación relativa al pago, la retención o la recaudación de cualquier impuesto o derecho.
Los representantes de los Miembros gozarán de las prerrogativas e inmunidades que dispone el Artículo IV de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
Los funcionarios del Centro gozarán de las prerrogativas e inmunidades que dispone el Artículo V de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
Los expertos del Centro gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades estipuladas para los funcionarios del Centro en el párrafo 6 que antecede.
Todas las personas que estén recibiendo capacitación o participando en un programa de intercambio de personal en la sede del Centro o en otro lugar dentro del territorio de los Miembros según lo dispuesto en el presente Estatuto tendrán derecho a obtener permisos de entrada, residencia o salida cuando sea necesario para su capacitación o para el intercambio de personal. Se les darán facilidades para viajar con rapidez y, en los casos necesarios, también se concederán los visados rápida y gratuitamente.
El Centro cooperará en todo momento con las autoridades competentes del Estado Huésped y demás Miembros a fin de facilitar la adecuada administración de la justicia, asegurar el cumplimiento de las leyes nacionales y evitar cualquier abuso en relación con las prerrogativas, las inmunidades y las facilidades mencionadas en el presente Artículo.
El Centro deberá publicar todos los resultados de sus actividades, de investigación, siempre y cuando las publicaciones pertinentes no estén en contradicción con su política general relativa a los derechos de propiedad intelectual aprobada por la Junta.
Corresponderán al Centro todos los derechos, incluidos el título, el derecho de autor y los derechos de patente, sobre cualquier trabajo producido o desarrollado por el Centro.
La política del Centro consistirá en obtener patentes o intereses en patentes sobre los resultados de las actividades de ingeniería genética y biotecnología desarrolladas a través de los proyectos del Centro.
Se concederá acceso a los derechos de propiedad intelectual relativos a los resultados que emanen de la labor de investigación del Centro a los Miembros y a los países en desarrollo que no sean Miembros del Centro de conformidad con las convenciones internacionales aplicables. Al formular las normas que regulen el acceso a la propiedad intelectual, la Junta no establecerá criterios que sean perjudiciales para ningún Miembro o grupo de Miembros.
El Centro utilizará sus derechos de patente y otros derechos, así como los beneficios financieros y de otra clase que comporten, para promover, con fines pacíficos, el desarrollo, la producción y la amplia aplicación de la biotecnología esencialmente en beneficio de los países en desarrollo.
Todo miembro podrá proponer enmiendas al presente Estatuto. El Director comunicará con prontitud a todos los Miembros los textos de las enmiendas propuestas, los cuales serán examinados por la Junta únicamente después de transcurridos noventa días del envío de la comunicación.
Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de todos los Miembros y entrarán en vigor respecto de aquellos Miembros que hayan depositado instrumentos de ratificación.
Todo Miembro podrá retirarse en cualquier momento al cabo de cinco años de afiliación previa notificación presentada por escrito al D. con un año de antelación.
El presente Estatuto estará abierto a la firma de todos los Estados en la Reunión de Plenipotenciarios celebrada en Madrid el 12 y 13 de septiembre de 1983 y, después, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta la fecha de su entrada en vigor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21.
El presente Estatuto estará sujeto a la ratificación o aceptación de los Estados signatarios. Los instrumentos pertinentes serán depositados en poder del D..
Una vez entrado en vigor el presente Estatuto de acuerdo con el Artículo 21, los Estados que no hayan firmado el Estatuto podrán adherirse a él depositando los instrumentos de adhesión en poder del D. una vez que su petición de afiliación haya sido aprobada por la Junta.
Los Estados donde se deba obtener la aprobación del presente Estatuto por las autoridades legislativas podrán firmarlo ad referendum hasta que se haya conseguido la aprobación pertinente.
El presente Estatuto entrará en vigor cuando al menos 24 Estados, incluido el Estado Huésped del Centro, hayan depositado instrumentos de ratificación o aceptación y, tras haberse asegurado en mutua consulta de que están garantizados recursos financieros suficientes, cuando notifiquen al D. que el presente Estatuto entrará en vigor.
El presente Estatuto entrará en vigor para cada Estado que lo acepte una vez transcurridos 30 días de la fecha en que ese Estado depositó su instrumento de aceptación.
Hasta que entre en vigor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 que antecede, el Estatuto se aplicará en forma provisional tras la firma, dentro de los límites en que lo permita la legislación nacional.
El S. General de las Naciones Unidas será D. del presente Estatuto y enviará las notificaciones que expida en calidad de tal al Director y a los Miembros.
ARTICULO PRIMERO: Apruébese el "ESTATUTO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INGENIERIA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA", hecho en Madrid el 13 de Septiembre de 1983.
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 7ª de 1944, el "ESTATUTO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INGENIERIA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA", hecho en Madrid el 13 de Septiembre de 1983, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
El Congreso de la República expidió la Ley 208 de 1995, publicada en el Diario Oficial N° 41.960 de Agosto 11 de 1995, por medio de la cual se aprueba el "Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología".
Mediante oficio de agosto 15 de 1995, el S. Jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 208 de 1995, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 241-10 de la Constitución.
El Ciudadano R.A.R.A., presentó un escrito en el cual solicita a la Corporación que declare la exequibilidad del Tratado.
El Ministerio del Medio Ambiente, por intermedio de apoderado especial, solicita la declaratoria de inconstitucionalidad parcial del Tratado.
El P. General de la Nación, al rendir su concepto de rigor, solicita a la Corte que declare la constitucionalidad condicionada del Tratado.
En el auto mediante el cual se asumió la revisión del Tratado, el Magistrado Ponente solicitó, a expertos en el tema, la resolución del siguiente cuestionario:
¿Qué se entiende por ingeniería genética y biotecnología en los términos del "Estatuto del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología", hecho en Madrid el 13 de diciembre de 1983?.
¿Comprende la ingeniería genética o la biotecnología, en el ámbito del Estatuto, la investigación genética humana?
¿Qué relación podría existir entre los laboratorios farmacéuticos y el Centro?.
¿Podría ser financiado el Centro por las multinacionales en el campo de los productos alimenticios o farmacéuticos?.
¿Qué normatividad, a nivel nacional, regula la propiedad intelectual, los derechos de autor y las patentes en materia de ingeniería genética y biotecnología?.
¿Podría derivarse de las actividades del Centro algún tipo de presión sobre los recursos genéticos nacionales?.
La invitación a resolver el cuestionario fue atendida por el Director del Proyecto Biopacífico, el Director de la Fundación Puerto Rastrojo, la Directora del Instituto de Gestión Ambiental, el Director del Instituto de Genética de la Universidad de los Andes, el Director del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia y la Subdirectora de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.
Los Estatutos del Centro no definen los conceptos de ingeniería genética y de biotecnología. De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), por Biotecnología se entiende "toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procedimientos para usos específicos" y, por material genético, el "material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de herencia".
Si bien el CDB no define el concepto de ingeniería genética, a su amparo se puede entender que la ingeniería genética es "un subgrupo dentro de las biotecnologías, que utilizan sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos, la cual se caracteriza por utilizar técnicas modernas de DNA recombinante". Es decir, "tecnologías usadas para el aislamiento de genes de un organismo, su manipulación en laboratorios y su inserción o sustitución en el punto que ocupa un gen dado en un cromosoma".
Participación de los laboratorios como asociados en las redes de centros asociados.
Participación en la financiación, ya sea del Centro o de los centros asociados.
Los laboratorios podrían ser receptores de licencias o de patente y, en general, de todo lo relativo a propiedad industrial.
Los laboratorios podrán participar - como observadores - en las deliberaciones del Centro.
Intervención del ciudadano R.A.R.A.
2.1. El Ministerio del Medio Ambiente, antes de entrar a cuestionar la constitucionalidad de algunos artículos del Tratado, subraya el hecho de que "la creación de un Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología que funcionará como una organización internacional... comprende un centro y una red de centros nacionales, regionales y subregionales asociados" (subrayas del texto).
Señala, igualmente, que los términos en los cuales fue negociado el Convenio, corresponden a una visión propia de 1983 que difiere, en gran medida, del manejo que se ha dado al tema con posterioridad a la Declaración de Río y al Convenio sobre la Diversidad Biológica. "En efecto, con la Declaración de Río - que podría tildarse como Carta Fundamental del medio ambiente - firmada en 1992, y de la cual nuestro país hace parte, se dejó plasmada la premisa según la cual, el intercambio científico y la transferencia de tecnología constituye uno de los soportes fundamentales para estimular el desarrollo sostenible, es decir, la responsabilidad para generaciones futuras. Pero esto enmarcado de manera definitiva dentro del principio del derecho soberano de los Estados de aprovechar sus recursos de acuerdo a sus propias políticas ambientales y de desarrollo. De otro lado, la misma Declaración de Río reafirma la importancia de las poblaciones indígenas tanto en la ordenación del medio ambiente como en el desarrollo, dados sus conocimientos y prácticas tradicionales".
Para el Ministerio del Medio Ambiente, "esta norma viola el artículo 9° en concordancia con el artículo 8° y el inciso segundo del artículo 81 de la Constitución Política de Colombia porque al establecer que la Junta de Gobernadores determinará las políticas y los principios generales que regirán las actividades del Centro, está disponiendo, de igual manera, que dicho órgano determinará también las políticas y los principios generales que regirán las actividades de los centros nacionales asociados teniendo en cuenta que, (...), el numeral 1° del artículo 1° del Tratado cuestionado dispone que el 'Centro' incluye centros nacionales".
En opinión del Ministerio del Medio Ambiente, la disposición desconoce los artículos 8, 9 y 81 de la Carta, toda vez que corresponderá al Consejo de Asesores Científicos la aprobación de las normas de seguridad para las investigaciones del Centro, lo que supone dejar en manos de un ente internacional la decisión sobre normas de bioseguridad en los "centros nacionales" ubicados en el país. Cuando la Carta, en su artículo 81, habla de utilización de los recursos, deben incluirse las normas sobre bioseguridad.
Por otra parte, la norma obligaría al país a desatender las obligaciones derivadas del Convenio sobre la Diversidad Biológica que, en su artículo 8°, literal g), exige a Colombia "establecer y mantener medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos como resultado de la biotecnología".
"Mal puede entonces un Tratado de la naturaleza del que es objeto de revisión imponer normas de seguridad a centros nacionales que funcionen en territorio nacional y que trabajen con recursos biogenéticos, constitutivos del patrimonio natural de origen nacional, cuando Colombia ha ratificado un Convenio en el que se otorga plena autonomía a los países parte para convenir las normas de bioseguridad. Y menos aún cuando, como ya se afirmó, eso atenta contra la soberanía del país".
En su escrito, el P. General de la Nación resalta la importancia de los temas relativos a la biotecnología y la ingeniería genética. Este interés surge en la medida en que los recursos genéticos se han convertido en recursos estratégicos para todas las naciones, en cuanto ofrecen innumerables posibilidades para la medicina, la industria y la agricultura.
Habida cuenta de su riqueza en biodiversidad, el Estado colombiano "debe ser cauto al negociar con países industrializados la explotación de ese material genético, pues tales acuerdos deben acarrear para nuestro país no sólo beneficios económicos sino, lo que es de mayor interés, preparación e información científica y tecnológica que permita en un futuro adelantar nuestras propias investigaciones en estos asuntos y también contar con información permanente respecto de los avances científicos que se hayan logrado con base en recursos genéticos extraídos del territorio colombiano".
Por otra parte, el Representante del Ministerio Público señala que debe tenerse en cuenta la importancia que reviste la información sobre recursos genéticos, "que ha sido aprovechada por las comunidades indígenas, negras y campesinas - principalmente -, cuyo conocimiento tradicional debe ser reconocido y respetado al momento de entrar a negociar sobre una riqueza que le pertenece al Estado Colombiano, pero que requiere de la activa participación de esas comunidades, como lo exige, para el caso de los indígenas, el parágrafo del artículo 330 constitucional".
La vista fiscal reseña ciertos antecedentes del Tratado, con el fin de señalar que el Centro es producto de una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - ONUDI - que, consciente de los problemas generados por la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, propuso la creación de un centro "donde los científicos de estos países tuvieran un marco favorable para las actividades de investigación, conducentes a desarrollar y aplicar la biotecnología y la ingeniería genética".
Señala el P. que, en 1991, en una reunión de los países latinoamericanos participantes en el Centro, celebrada en Chile, Colombia presentó un informe sobre la situación de la biotecnología en el país. Como resultado de esta reunión, se recomendó la ratificación de los Estatutos del Centro con el fin de "favorecer un enfoque regional para establecer los montos de las contribuciones; usar sus buenos oficios para estimular la incorporación de nuevos países al CIIGB e incluir a científicos biotecnólogos en sus delegaciones oficiales al Comité Preparatorio del CIIGB y al futuro Consejo de Gobierno del Centro".
Observaciones al Estatuto
El primer aspecto que el concepto fiscal considera problemático es la ausencia de definición de los conceptos de biotecnología e ingeniería genética, los cuales comprenden multiplicidad de elementos vivos, incluido el ser humano. Frente a esta situación y en tratándose de una organización internacional de las Naciones Unidas, el P. sugiere el recurso a la terminología adoptada en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que, en todo caso, no define qué debe entenderse por "ingeniería genética". Para paliar esta insuficiencia, puede acudirse a los elementos que, sobre este punto, ofreció la reunión de expertos sobre bioseguridad, sostenida en el marco del CDB. Los documentos derivados de esta reunión sostienen que la ingeniería genética constituye una "de las múltiples aplicaciones de la biotecnología moderna, que utilizan sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos, lo cual se caracteriza por utilizar las técnicas modernas del DNA recombinante. Se trata de tecnologías usadas para el aislamiento de genes de un organismo, su manipulación en laboratorio y su inserción o sustitución en el punto que ocupa un gen dado en un cromosoma".
Por otra parte, la vista fiscal señala que el Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología no excluye expresamente de las investigaciones que el Centro realizará las relativas a material genético humano, como tampoco lo hace el CDB. Por este motivo, debe concluirse que los conceptos de biotecnología e ingeniería genética incluyen la investigación genética humana. Esta afirmación se soporta, también, en el hecho de que en la reunión de los países latinoamericanos miembros de este Centro, sostenida en Chile en octubre de 1991, se propuso la investigación relativa a determinadas patologías humanas tales como la Hepatitis B y la malaria. En todo caso, debe tenerse en cuenta que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en su aparte referente a patentes) establece que este tipo de material genético no puede ser objeto de investigación. Igualmente, el señor P. manifiesta que la Decisión 344 será próximamente complementada por una Decisión Andina sobre Acceso a los Recursos Genéticos que excluye de su ámbito de aplicación, en forma categórica, el material genético humano. En este orden de ideas, el concepto del representante del Ministerio Público sugiere que debe estarse a lo dispuesto en la mencionada Decisión Andina, que "ofrece el marco legal requerido para evitar que el Centro manipule recursos genéticos humanos".
El P. General de la Nación considera que las prerrogativas e inmunidades consagradas en el artículo 13 del Estatuto del Centro atentan contra los principios del CDB y de la Decisión Andina sobre Acceso a los Recursos Genéticos próxima a expedirse. De igual forma, las disposiciones del mencionado artículo 13 impedirían la garantía de la bioseguridad y de la seguridad ambiental y alimentaria, toda vez que el Centro no estaría atado por las normas nacionales y andinas sobre estas materias y las autoridades se verían imposibilitadas para ejercer cualquier acción judicial en contra de este organismo internacional. Por este motivo, la vista fiscal opina que la decisión de la Corte sobre este punto deberá tener como referencia las normas contenidas en los artículos 9 y 81 de la Carta Política.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Corporación que el instrumento internacional objeto de revisión fue negociado por intermedio del Dr. C.A.H., representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, obrando conforme a plenos poderes otorgados por el Presidente de la República de la época, Dr. V.B.V..
La Ley 208 de 1995 fue aprobada por el Congreso de la República por medio del siguiente trámite:
La ponencia para primer debate fue publicada en la Gaceta N° 215 de noviembre 24 de 1994 y aprobada, en primer debate, el día 22 de noviembre de 1994, con diez (10) votos afirmativos y ninguno en contra, como consta en el oficio CSS-008 firmado por el S. General de la Comisión Segunda del Senado.
La ponencia para segundo debate fue publicada en la Gaceta N° 234 de diciembre 6 de 1994 y aprobada - por unanimidad con 99 votos -, en segundo debate, el día 13 de diciembre de 1994, como consta en la Gaceta N° 248 bis de diciembre 14 de 1994 y en certificación remitida por el S. General del Senado de la República.
Con el fin de facilitar el análisis del Tratado sub examine, éste ha sido dividido en tres partes, agrupadas según la temática que cada una de ellas contempla.
El fomento a la educación, el patrocinio del conocimiento y el apoyo al desarrollo científico y tecnológico, dentro del respeto por la cultura, en sus diversas manifestaciones, son pilares fundamentales en la búsqueda común de la satisfacción de las necesidades de la población y de la construcción de una sociedad civilizada fundada en el respeto y la tolerancia. El logro de índices cada vez mayores de productividad, diversificación, competitividad, modernización e inserción de las economías a los mercados internacionales depende, en buena parte, del impulso que cada país otorgue al acceso de sus ciudadanos al conocimiento y la educación. Por otra parte, la promoción de estos factores dentro del respeto por las distintas manifestaciones culturales se convierte en una herramienta básica para el desarrollo del ser humano en el contexto de una cultura de la tolerancia, tan cara para los propósitos de la paz y la vigencia de los derechos humanos.
El Constituyente de 1991, acorde con estas tendencias, determinó, en el Preámbulo de la Carta Política, que el conocimiento es uno de los valores en que se sustenta el orden jurídico y político de Colombia. Lo anterior es desarrollado en el articulado de la Constitución cuando ésta establece que la educación y la cultura son derechos fundamentales de los niños (C.P., artículo 44); que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación técnica y profesional a quienes lo requieran (C.P., artículo 54); que la educación es un derecho de todas las personas (C.P., artículo 67); que es deber del Estado la promoción y el fomento del acceso a la cultura de todos los colombianos a través de la educación y la promoción de la enseñanza científica, técnica, artística y profesional (C.P., artículo 70). A su turno el artículo 71 de la Carta dispone: "La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a las personas e instituciones que ejerzan estas actividades" (Resalta la Corte).
Uno de los temas que mayor preocupación causa a los Estados, a la comunidad científica internacional e, incluso, al ciudadano común, es el de la búsqueda de condiciones de desarrollo que garanticen la permanencia y, a la vez, el aprovechamiento de los recursos naturales. La explotación indiscriminada de estos recursos, que ha colocado a la Tierra y al género humano frente a la posibilidad de una crisis ambiental, ha determinado la necesidad de implementar un modelo de desarrollo que tenga en cuenta, dentro de sus variables principales, al medio ambiente y a los recursos naturales. Es así como se ha forjado el concepto de desarrollo sostenible, entendido como el modelo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias.
El concepto de biotecnología ha sido definido por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, e incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 162 de 1994 que, en su artículo 2°, inciso 2°, establece:
Según esta definición, la biotecnología es una forma de explotación o aprovechamiento de un tipo particular de recursos naturales, tendiente al logro de un conocimiento sobre los recursos biológicos El artículo 2°, inciso 14, del Convenio sobre la Diversidad Biológica define este tipo de la siguiente manera:
Por 'recursos biológicos' se entienden los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad.
que permita la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Las aplicaciones fundamentales de la biotecnología aparecen en diversas áreas como la salud humana; la producción de fármacos; la prevención de enfermedades congénitas; la producción de vegetales con mayores niveles nutricionales, con maduración retardada, resistentes a diversas condiciones ambientales o enfermedades, etc.; la productividad de animales domésticos; el control de plagas y de la contaminación ambiental.
La Carta Política de Colombia otorga al concepto de desarrollo sostenible y a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente una importancia fundamental. En efecto, en los artículos 8 y 95-8 de la Constitución se establece la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales y culturales de la nación y de velar por la conservación del medio ambiente. Por su parte, el artículo 80 del Estatuto Fundamental consagra la necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible que garantice su conservación, restauración o sustitución. En este mismo sentido, el artículo 334 de la Carta encomienda la dirección general de la economía al Estado, que deberá intervenir, por mandato legal, en la explotación de los recursos naturales para lograr el mejoramiento de la calidad de vida, la distribución equitativa de oportunidades y la preservación de un medio ambiente sano.
De igual modo, de la normatividad constitucional reseñada, relativa a la protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, se desprende que la formulación de políticas y, en especial, la fijación de las reglas de seguridad atinentes a las condiciones de explotación y aprovechamiento de estos bienes en territorio colombiano y a su control y vigilancia, son competencia del Estado colombiano. El fundamento de esta competencia radica en el hecho de que la preservación del medio ambiente constituye una responsabilidad inherente a la soberanía del Estado. En efecto, el mandato constitucional en materia de protección ambiental, que recae sobre los poderes públicos les impide despojarse de sus atribuciones de control y vigilancia en materia de recursos naturales, dentro de los que se encuentran los recursos biológicos y genéticos.
Los más autorizados expertos no dudan en sostener que buena parte de la biodiversidad ha sido protegida gracias a la acción de las culturas minoritarias. En efecto, las comunidades indígenas, negras y campesinas han desarrollado prácticas y conocimientos tradicionales a través de los cuales han logrado una utilización racional y sostenible de los recursos naturales. La importancia de estas prácticas autóctonas es de tal grado que se ha afirmado que las necesidades de un 80% de la población del mundo, así como el suministro de alimentos de cerca de la mitad de los habitantes de la Tierra, depende del conocimiento y plantaciones indígenas Cfr. Conservación de conocimientos autóctonos, Estudio Independiente realizado por Rural Advancement Foundation International. Documento PNUD.
. Lo anterior ha determinado la necesidad de relacionar la noción de desarrollo sostenible con el reconocimiento y la importancia de la diversidad cultural especialmente en cuanto se refiere a las diversas formas de relación entre el hombre y la naturaleza. De este modo, se concluye que la protección de la biodiversidad depende, en gran medida, de la preservación de las prácticas tradicionales a través de las cuales una determinada cultura se relaciona con los recursos biológicos a los que accede Sobre este punto, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en el literal j) de su artículo 8°, es explícito prescribir:
"Artículo 8. Conservación in situ. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente."
De igual forma, el Convenio N° 169 de la OIT, "CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES", en su artículo 15 establece:
Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos".
La Carta Política de 1991 no desconoce estas realidades y, por el contrario, consagra una serie de normas tendentes a la protección de las minorías étnicas y de las culturas tradicionales. En efecto, el artículo 7 de la Constitución enuncia, como principio fundamental del orden jurídico-político, el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Concordante con el anterior postulado, el inciso 2° del artículo 70 dispone que la diversidad cultural es fundamento de la nacionalidad y, por ello, el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en Colombia. Frente al tema específico de la protección de las prácticas tradicionales de producción y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los grupos étnicos, el parágrafo del artículo 330 establece que "la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas". Por su parte, el artículo 55 transitorio de la Constitución se refiere a la obligatoriedad de expedir una ley que reconozca la propiedad colectiva de las comunidades negras asentadas en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción. De igual modo, esta ley deberá contemplar mecanismos de protección a la identidad cultural y a los derechos de estas comunidades La Ley 70 de 1993 desarrolló el mandato contenido en el artículo 55 transitorio de la Carta. En el artículo 2°, numeral 7°, de la mencionada ley se definió lo que ésta entiende por "prácticas tradicionales de producción" en los siguientes términos:
A juicio de esta Corporación, los artículos 1 (creación y sede del Centro), 2 (objetivos del Centro) y 3 (funciones del Centro) del Estatuto que se analiza, en términos generales se ajustan a las disposiciones de la Carta, toda vez que - como ya se anotó más arriba - desarrollan mandatos tan importantes como los relativos a la promoción de la educación, el conocimiento y la enseñanza; el desarrollo sostenible; y, la conservación y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Por otro lado, el artículo 4, atingente a la composición del centro, tampoco pugna con norma alguna de la Constitución Política.
Merece, sin embargo, un análisis más detenido el literal a) del artículo 3° del Convenio sub-judice, según el cual el Centro, dentro de sus funciones, "Emprenderá actividades de investigación y desarrollo, incluido el establecimiento de plantas piloto, en la esfera de la ingeniería genética y la biotecnología" (se subraya). La Corte considera que esta norma es constitucional siempre y cuando la instalación de las mencionadas plantas piloto, en territorio colombiano, se adecue a las regulaciones sobre manejo de los recursos genéticos (C.P., artículo 81) que dicten las autoridades de la República y sea respetuosa de las normas de seguridad que implican la salvaguarda de la vida (C.P., artículo 2 y 11) y de la salud (C.P., artículo 49) de los colombianos, así como de la protección de la producción alimentaria (C.P., artículo 65). Por otra parte, la implementación de plantas piloto por parte del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología - en caso de hacerse en Colombia - debe ser particularmente respetuosa de los territorios indígenas, de la propiedad comunitaria de las comunidades negras, y de las formas y prácticas tradicionales de producción, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de estas comunidades étnicas (C.P., artículos 7° y 330 - parágrafo - y Ley 70 de 1993).
Los artículos 4 a 9 del tratado sub examine definen la estructura orgánica y funcional del Centro. Todo Estado depositario de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Convenio hace parte del órgano supremo, denominado Junta de Gobernadores, con derecho a voto en los términos del numeral 6° del artículo 6°. A la Junta se le asigna la tarea de diseñar las políticas y los principios generales que regirán las actividades del Centro.
En su intervención, el Ministerio del Medio Ambiente solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad del literal a) del numeral 2° del artículo 6° (según el cual es función de la Junta de Gobernadores la de "Determinar las políticas y los principios generales que regirán las actividades del Centro"), y del literal e) del numeral 4° del artículo 7° (en donde se establece que corresponde al Consejo de Asesores Científicos, "Aprobar normas de seguridad para el trabajo de investigación del Centro"), en cuanto que las políticas y normas sobre seguridad de que tratan las mencionadas disposiciones habrán de aplicarse en los centros nacionales asociados que tengan como sede el territorio colombiano. El Ministerio señala que las facultades señaladas de los órganos del Centro atentan contra la soberanía del Estado colombiano, al sustraerle su capacidad para dictar normas relativas al manejo de los recursos genéticos de acuerdo con criterios de interés nacional (C.P., artículos 8°, 9° y 81).
En consecuencia, debe precisarse si a la luz de la Constitución, puede el Estado Colombiano despojarse de su facultad reguladora y fiscalizadora respecto de actividades que involucren investigación en materia de biotecnología y recursos genéticos.
Ciertamente el Centro debe contar con un grado de independencia y autonomía que garantice su operación con plena libertad, sin intervenciones ilegítimas. El reconocimiento de la autonomía de organismos internacionales en punto al diseño y ejecución de las tareas a ellos asignadas a través de tratados multilaterales de los cuales forme parte el Estado colombiano, no pugna en principio con la Carta política. Sin embargo, en el caso específico del manejo de recursos genéticos y de la experimentación tecnológica sobre recursos vivos (biotecnología), el Estado colombiano se halla frente al deber constitucional irrenunciable de intervenir, tanto para proteger los recursos biológicos (C.P. artículos 8°, 79 y 80) como para garantizar que el manejo de recursos genéticos se adecue al interés nacional (C.P., artículo 81). Se trata, en suma, de proteger la diversidad biológica como patrimonio de todos los colombianos (C.P., artículo 79), la salud de los habitantes (C.P., artículo 49), la diversidad cultural (C.P., artículos 7° y 70) y la producción de alimentos (C.P., artículo 65), bienes constitucionalmente tutelados que pueden verse seriamente afectados a raíz de la utilización indebida de los recursos genéticos o de la experimentación inadecuada en la órbita de la biotecnología.
El Ministerio del Medio Ambiente solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad de los numerales 2° y 3° del artículo 9 (que atribuyen a la Junta de Gobernadores la facultad de establecer los criterios necesarios para el otorgamiento de la condición de Centro o Red Asociado y el ámbito de relaciones de éstos con los órganos del Centro) del Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología.
El literal e) del numeral 2° del artículo 6 consagra, en cabeza de la Junta de Gobernadores, la facultad de establecer las normas sobre patentes, concesión de licencias, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, incluída la transferencia de los resultados que emanen de la labor de investigación del Centro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.
En su memorial el Ministerio del Medio Ambiente advierte sobre la virtual inconstitucionalidad del literal e), del numeral 2°, del artículo 6° y el numeral 2° del artículo 14 del Tratado Internacional sub-judice. En opinión del Ministerio, éstas normas son contrarias a la Carta Política de Colombia en la medida en que desconocen el conocimiento tradicional de las comunidades étnicas, que debe ser tenido en cuenta dentro del proceso de registro de derechos derivados de la propiedad intelectual. A su juicio, los artículos 7, 58 y 61 de la Carta obligan al Estado colombiano a fomentar la participación de las comunidades indígenas, campesinas y de las minorías étnicas en los beneficios económicos que puedan derivarse de los conocimientos por ellas desarrollados y, por tanto, no puede ceder a la Junta de Gobernadores la facultad de determinar de manera libre y autónoma las normas sobre propiedad intelectual e industrial de que tratan los artículos cuestionados.
Resulta legítimo que un Centro de la naturaleza del que se crea mediante el Estatuto analizado, tenga como política la obtención de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los resultados de las actividades de ingeniería genética y biotecnología que se obtengan. En este sentido, parece razonable que se pretenda el reconocimiento de los derechos mencionados. Se trata de la recompensa por el trabajo de investigación realizado, la que de conformidad con el numeral 5° del artículo 14, será destinada a la promoción, con fines pacíficos, del desarrollo, la producción y la amplia aplicación de la biotecnología en los países en desarrollo.
Sin embargo, la regulación de la propiedad industrial e intelectual, en materia de genética y biotecnología, abarca aspectos distintos del mero reconocimiento de los trabajos producidos o desarrollados por el Centro.
La transferencia de facultades legislativas sólo puede realizarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150-16 y 227 de la Carta, a órganos de integración supranacional, y no simplemente, a centros internacionales, cualquiera sea su naturaleza y las funciones encomendadas.
Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y
Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud".
Como es sabido, el concepto de supranacionalidad - dentro del que se inscribe el Acuerdo de Cartagena - implica que los países miembros de una organización de esta índole se desprendan de determinadas atribuciones que, a través de un tratado internacional, son asumidas por el organismo supranacional que adquiere la competencia de regular de manera uniforme para todos los países miembros sobre las precisas materias que le han sido transferidas, con miras a lograr procesos de integración económica de carácter subregional. Las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, que no se derivan del común de las normas de derecho internacional. Por una parte, esta legislación tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando ésta regule algún asunto sometido a su conocimiento. En segundo lugar, la legislación expedida por el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga) - dentro del efecto conocido como preemption - a la norma nacional Estos efectos fueron reconocidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en su concepto de septiembre 6 de 1979, C.P.: J.P.T...
El concepto de supranacionalidad encuentra claro fundamento en la Constitución colombiana cuando ella establece que las relaciones internacionales del país se "orientarán hacia la integración latinoamericana y del C." (C.P., artículo 9). En este sentido, el Congreso de la República podrá "aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados" (C.P., artículo 150-16). La filosofía integracionista, se reitera en el artículo 227 de la Carta, a cuyo tenor: "el Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del C. mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones" (C.P. artículo 227).
Pese a que aspectos de la regulación en materia de propiedad industrial e intelectual, incluso en tratándose de recursos vivos o de material genético, puede ser transferida a un órgano supranacional, lo que resulta claramente inaceptable, desde el punto de vista constitucional, es que se transfieran amplias facultades legislativas que tienen implicaciones respecto de bienes y derechos constitucionalmente tutelados, a organismos que no responden a un proceso de integración supranacional.
El artículo 14 del instrumento internacional sub-examine, relativo a publicaciones y derechos de propiedad intelectual, merece un análisis especial. El numeral 1° del artículo en mención, que establece la publicación de todos los resultados de sus actividades de investigación salvo que exista contradicción con "la política general relativa a los derechos de propiedad intelectual aprobada por la Junta", se ajusta a la Carta Política de Colombia, siempre que la "política general" de propiedad intelectual se ciña - como se anotó en el párrafo inmediatamente anterior - a las disposiciones nacionales, supranacionales y de derecho internacional vigentes en el territorio colombiano sobre propiedad intelectual.
Por su parte, los numerales 2° - en el cual se consagra que "Corresponderán al Centro todos los derechos, incluidos el título, el derecho de autor y los derechos de patente, sobre cualquier trabajo producido o desarrollado por el Centro" - y 3° - que establece que "La política del Centro consistirá en obtener patentes o intereses en patentes sobre los resultados de las actividades de ingeniería genética y biotecnología desarrolladas a través de los proyectos del Centro" - del artículo 14 del Convenio bajo revisión, se conforman a la Constitución colombiana siempre y cuando se observen las siguientes condiciones: (1) el Centro no podrá adquirir derecho alguno sobre ningún trabajo que desarrolle o produzca con base en material biológico o genético colombiano, si el desarrollo o producto es de aquellos contemplados por los artículos 6 (desarrollos que no se consideran invenciones) y 7 (invenciones no patentables) de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o, en general, contraviene los regímenes establecidos en las Decisiones 344 y 345 de 1993, expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, o las normas que ésta dicte en el futuro, siempre que se ajusten a las normas constitucionales; (2) no serán patentables por parte del Centro ni éste podrá ejercer ningún derecho sobre invenciones que surjan del conocimiento, aprovechamiento o explotación tradicionales de los recursos biológicos o genéticos desarrolladas por comunidades negras, indígenas y campesinas colombianas, salvo en los casos en los cuales las comunidades mencionadas, de común acuerdo, y previo el pago de los derechos a que hubiere lugar según las disposiciones vigentes, cedieren los respectivos derechos.
Por último, el numeral 4° del artículo 14 del Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, señala que "Se concederá acceso a los derechos de propiedad intelectual relativos a los resultados que emanen de la labor de investigación del Centro de conformidad con las convenciones internacionales aplicables. Al formular las normas que regulen el acceso a la propiedad intelectual, la Junta no establecerá criterios que sean perjudiciales para ningún miembro o grupo de miembros" (se subraya). La Corte estima necesario señalar que el alcance de los apartes resaltados de este numeral 4° deben interpretarse de conformidad con los principios de equidad y reciprocidad que gobiernan las relaciones internacionales de Colombia (C.P., artículo 150-16 y 226). En efecto, para que pueda considerarse que el Tratado sub-judice se suscribió de manera equitativa y recíproca, el acceso a los derechos de propiedad intelectual emanados de las investigaciones del Centro debe ser particularmente favorable a Colombia, cuando los mencionados derechos sean el fruto de investigaciones desarrolladas a partir de material biológico o genético colombiano. En particular, debe considerarse la posibilidad de eximir a Colombia del pago de regalías cuando se trate de productos logrados con base en recursos pertenecientes a la biodiversidad del territorio nacional.
En relación con los artículos 10 (asuntos financieros), 11 (prorrateo de contribuciones y auditorías), 12 (acuerdo relativo a la sede) y 15 (relaciones con otras organizaciones) del instrumento internacional bajo revisión, la Corte considera que se ajustan a las normas constitucionales colombianas, toda vez que hacen referencia a aspectos operativos y de organización interna propios de cualquier organismo internacional, y se sujetan a los principios de autodeterminación de los pueblos, equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, consagrados en los artículos 9, 150-16 y 227 de la Carta.
El artículo 13 de los Estatutos del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología se refiere a las prerrogativas e inmunidades que el Estado colombiano otorga a los bienes, haberes, locales, ingresos, transacciones, representantes de los miembros, funcionarios, expertos, y educandos del Centro cuando ellos se encuentren en territorio nacional, o pretendan ingresar o salir del mismo.
En opinión del P. General de la Nación, el artículo bajo estudio, es inconstitucional ya que podría impedir la garantía de la seguridad ambiental, biológica y alimentaria al permitir el desconocimiento de las normas del Convenio sobre la Diversidad Biológica y las normas del Pacto Andino que regulan el acceso a los recursos genéticos. Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente considera que los numerales 2°, 3°, 5°, 6°, 7° y 9° del artículo 13 del Tratado sometido a la revisión de la Corte violan la Carta Política al establecer un trato discriminatorio frente a los nacionales colombianos. A su juicio, las disposiciones consagran privilegios para los funcionarios, bienes y haberes del Centro, que desconocen la normatividad constitucional relativa a la obligación de nacionales y extranjeros de respetar la Constitución y las leyes de Colombia. Igualmente, el Ministerio considera que el numeral 9° del artículo 13 del Convenio atenta contra los artículos 9 y 81, inciso 2° del Estatuto Superior, como quiera que allí se consagra una mera cooperación del Centro con las autoridades colombianas y no una plena sujeción a las normas nacionales sobre recursos genéticos y biodiversidad.
Del principio de soberanía, independencia e igualdad de los Estados se deriva una regla de derecho internacional público, reconocida por la costumbre y las convenciones internacionales en virtud de la cual los agentes y bienes de Estados extranjeros deben ser inmunes frente a la actuación coercitiva de las autoridades públicas de los Estados huéspedes. Este principio se hizo extensivo a los funcionarios y bienes de las agencias o centros internacionales a fin de garantizar, fundamentalmente, la independencia de dichos organismos en el cumplimiento de sus funciones, donde quiera que, en virtud de un acuerdo internacional, operaran.
En tratándose del reconocimiento de un principio de derecho internacional, mal puede afirmarse que la mera concesión de prerrogativas e inmunidades de que trata el artículo 13, contravenga lo dispuesto en la Carta Política. Por el contrario, el otorgamiento de los privilegios anotados tiene asidero en el imperativo constitucional en virtud del cual las relaciones internacionales del Estado colombiano deben fundarse en el respeto de "los principios de derecho internacional aceptados por Colombia" (C.P. artículo 9). Tampoco puede prosperar el cargo formulado por el representante legal del Ministerio de Medio Ambiente en virtud del cual la concesión de prerrogativas e inmunidades vulnera, por si misma, el artículo 13 del Estatuto Fundamental. El trato disímil que las prerrogativas e inmunidades otorgan, se encuentra justificado por los principios y valores que tales concesiones procuran, tales como la defensa de la integridad y autonomía de los organismos internacionales, en el ejercicio de las funciones encomendadas por los Estados que, de manera autónoma y soberana, se constituyen en parte de las convenciones que los crean. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional, en sentencia C-203 de 1995, al señalar:
Sin embargo las prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser, totales o absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica de otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o representante de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier actividad que cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que le competen como estado libre y soberano para asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la misma manera, a la luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible afirmar que toda prerrogativa es legítima. Para que la concesión de estos derechos y beneficios especiales resulte constitucional, se requiere que concurra la defensa de los principios de independencia, soberanía e igualdad - reciprocidad - entre los Estados. Son estos principios y no una mera liberalidad o una imposición del derecho internacional, los que tornan legítimas e incluso necesarias las garantías y privilegios que se conceden a funcionarios de Estados extranjeros o de organismos internacionales en el territorio de cada Estado.
El numeral 1° del artículo 13 no reviste problema alguno de constitucionalidad. En efecto, el reconocimiento de la personalidad jurídica del Centro y de la correlativa capacidad para operar en el trafico jurídico en nada se opone a las disposiciones constitucionales.
El numeral 2 de la citada norma consagra la inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución. En virtud de la primera los órganos de justicia local se tornan incompetentes para fallar de fondo sobre cualquier conflicto, con independencia de las causas o razones que lo pudieran haber ocasionado o de los bienes o derechos implicados, que involucre al Centro. La segunda, garantiza que en ningún caso las autoridades de la república pueden llevar a cabo medidas de ejecución sobre bienes o haberes del Centro.
El numeral 3° del artículo estudiado establece la inviolabilidad de todos los locales del Centro y la inmunidad de sus bienes y haberes frente a registros, requisiciones, expropiaciones, confiscaciones y cualquier otra forma de interferencia de carácter ejecutivo - administrativo, judicial o legislativo.
El numeral 4 del artículo bajo estudio establece que el Centro, sus bienes, haberes, ingresos y transacciones estarán exentos de toda forma de imposición fiscal y de aranceles. Añade que no estarán sujetos a prohibiciones ni a restricciones de importación y exportación cuando se trate de artículos que el Centro importe o exporte para su uso oficial. Por ultimo establece que el Centro estará exento de toda obligación relativa al pago, la retención o la recaudación de cualquier impuesto o derecho.
Los privilegios e inmunidades de los representantes de los Miembros y de los funcionarios del Centro, se encuentran consagradas en los numerales 5°, 6° y 7° del Estatuto que se analiza. Los privilegios más importantes son los siguientes: inmunidad contra detención o arresto personal, embargo de equipaje personal y toda forma de procedimiento judicial; inviolabilidad de todo papel o documento; derecho de usar claves y recibir documentos y correspondencia por estafeta y valija sellada; exención de toda restricción de inmigración y registro de extranjeros; franquicias sobre divisas extranjeras; exención de impuestos sobre sueldos y emolumentos; etc.
El numeral 8 del artículo 13 señala que las personas que estén recibiendo capacitación o participando en un programa de intercambio de personal en desarrollo de las actividades del Centro tendrán derecho a obtener permisos de entrada, residencia o salida en cada uno de los Estados signatarios. Agrega que a las mencionadas personas se les darán facilidades para viajar con rapidez y, de ser necesario, también se concederá los visados rápida y gratuitamente. A juicio de la Corte la mencionada norma, aplicada en condiciones de reciprocidad entre los distintos Estados miembros del tratado que se analiza y con las limitaciones que establece el numeral 9, se conforma a la Carta Política. Las facilidades de ingreso y salida del país constituyen una prerrogativa necesaria para adelantar las labores de capacitación, fundamentales en programas de transferencia de tecnología como el que pretende adelantar el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología.
La última parte del Tratado se refiere a aspectos relacionados con el trámite y proposición de enmiendas (artículo 16); al retiro de miembros (artículo 17); a la liquidación del Centro (artículo 18); a los mecanismos de solución de controversias (artículo 19); a las cuestiones atinentes a la firma, ratificación, adhesión y aceptación (artículo 20); a las reglas relativas a la entrada en vigor del Tratado (artículo 21); y, a los textos auténticos (artículo 23). Estos artículos no merecen tacha alguna de constitucionalidad, toda vez que consagran mecanismos tradicionales de ejecución de los tratados internacionales.
PRIMERO.- Con la salvedades que se señalan en los artículos siguientes, declarar EXEQUIBLE el "Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología" hecho en Madrid el 13 de septiembre de 1983, así como la Ley 208 de 1995, aprobatoria de los mismos.
SEGUNDO.- Declarar la EXEQUIBILIDAD del literal a) del artículo 3 del tratado por el cual se aprueba el "Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología", bajo el entendido de que la instalación de las plantas piloto en territorio colombiano, se sujeta a las normas vigentes sobre manejo de los recursos genéticos, bioseguridad, salvaguarda de la vida, la salud, la producción alimentaria, y la integridad cultural de las comunidades indígenas, negras y campesinas, conforme quedó establecido en el fundamento 13 de esta providencia.