Source: http://legislacion.derecho.com/ley-11-2006-de-evaluaciones-de-impacto-ambiental-y-evaluaciones-ambientales-estrategicas-en-las-illes-balears
Timestamp: 2016-10-01 20:42:28
Document Index: 353845076

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 50', 'artículo 30', 'Artículo 38', 'artículo 8', 'Artículo 46', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 93', 'artículo 62', 'Artículo 124', 'artículo 44', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 17']

LEY 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears
LEY 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears	LEY 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears Mis Leyes
LEY 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears Estado	:
SECCIÓN I. PROYECTOS.
SECCIÓN II. PLANES Y PROGRAMAS.
TÍTULO II. EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.
CAPÍTULO I. EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DEL ANEXO I.
SECCIÓN I. FASE PREVIA DE CONSULTAS.
SECCIÓN II. INICIO.
SECCIÓN III. TRAMITACIÓN.
SECCIÓN IV. DECLARACIÓN DE IMPACTO.
CAPÍTULO II. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL ANEXO II Y DE LOS PROYECTOS NO INCLUIDOS EN EL ANEXO I QUE PUEDAN AFECTAR A LOS ESPACIOS DE LA RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000.
SECCIÓN I. SUPUESTOS.
CAPÍTULO III. INFORMES AMBIENTALES.
CAPÍTULO IV. DISCIPLINA AMBIENTAL.
SECCIÓN II. FIANZAS Y SEGUROS DE RESPONSABILIDAD.
SECCIÓN III. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO.
SECCIÓN IV. CADUCIDAD O MODIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO.
SECCIÓN V. EL RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES.
SECCIÓN VI. SUSPENSIÓN Y OTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
SECCIÓN VII. LA RESTITUCIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA Y LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
SECCIÓN VIII. EJECUCIÓN FORZOSA.
SECCIÓN IX. PRESTACIÓN AMBIENTAL SUSTITUTORIA.
TÍTULO III. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y PROGRAMAS.
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO APLICABLE A LOS PLANES O PROGRAMAS DE REDUCIDO ÁMBITO TERRITORIAL, MODIFICACIONES MENORES Y PLANES Y PROGRAMAS NO SUJETOS QUE ESTABLEZCAN UN MARCO DE FUTUROS PROYECTOS.
ANEXO I. PROYECTOS SUJETOS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
ANEXO II. PROYECTOS SUJETOS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CUANDO LO DECIDA EL ÓRGANO AMBIENTAL.
ANEXO III. PLANES Y PROGRAMAS SUJETOS A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.
El artículo 149.1.23 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva en legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.
El título I contiene las disposiciones comunes a las evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas. Se establecen el objeto y la finalidad de la ley y se fija una serie de definiciones y previsiones sobre la confidencialidad, nulidad y suspensión del procedimiento sustantivo. Asimismo, en él se establece el ámbito de aplicación de la Ley indicando los proyectos, planes y programas sujetos y se regula el órgano ambiental de la comunidad autónoma.
El título II regula la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, diferenciando entre la evaluación de impacto ambiental de los proyectos del anexo I, con la fases de consultas previas, inicio, tramitación y declaración de impacto; y la evaluación de impacto ambiental de los proyectos del anexo II y de los proyectos no incluidos en el anexo I que puedan afectar a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, que será necesaria en los casos que así lo decida el órgano ambiental de acuerdo con unos criterios y un procedimiento específicos.
El título III regula la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, de tal forma que los planes y programas sujetos integren el componente medioambiental en su procedimiento de preparación, elaboración, tramitación, aprobación y seguimiento. El procedimiento consta de las fases de informe de sostenibilidad ambiental, consulta, memoria ambiental, toma de decisión y ejecución y seguimiento ambiental. Está previsto un procedimiento para determinar si los planes o programas de reducido ámbito territorial, modificaciones menores y planes y programas no sujetos que establezcan un marco de futuros proyectos, han de sujetarse a evaluación ambiental estratégica.
La evaluación de impacto ambiental de los proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que han de autorizar o elaborar la comunidad autónoma de las Illes Balears, los consejos insulares o la administración local, con el objetivo de conocer, valorar, eliminar o reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente.
La evaluación ambiental de los planes y programas que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente y que han de aprobar la comunidad autónoma de las Illes Balears, los consejos insulares o la administración local.
Medio ambiente: conjunto de factores o elementos físicos (tierra, agua, aire, clima...), biológicos (fauna, flora y suelo...) y socioculturales (asentamientos y actividad humana, uso y disfrute del territorio, formas de vida, patrimonio artístico y cultural, salud de las personas...), así como la interacción entre los factores o elementos indicados, que integran el entorno donde se desarrolla la vida del hombre y de la sociedad.
Órgano ambiental: órgano de la comunidad autónoma que ejerce las competencias en materia de medio ambiente previstas en la presente ley, especialmente emitiendo las adecuadas declaraciones de impacto ambiental y, en colaboración con el órgano promotor, velando por la integración de los aspectos ambientales en la elaboración de los planes y programas.
Evaluación de impacto ambiental de proyectos: procedimiento administrativo que, fundamentado en un estudio de impacto ambiental y con un trámite de participación pública, tiene por objeto identificar, describir y evaluar, de forma apropiada, a través de una declaración de impacto, los efectos directos e indirectos de un proyecto o una actividad sobre el medio ambiente.
Evaluación ambiental estratégica: procedimiento administrativo que permite la integración de los aspectos ambientales en los planes y programas mediante la preparación del informe de sostenibilidad ambiental, de la celebración de consultas, de la consideración del informe de sostenibilidad ambiental y de los resultados de las consultas, de la memoria ambiental y del acuerdo del órgano ambiental sobre la misma, y del suministro de información sobre la aprobación de los planes y programas citados.
Informe ambiental: pronunciamiento del órgano ambiental sobre la conveniencia o no de autorizar un proyecto o una actividad y, en su caso, las medidas de todo tipo para minimizar los impactos negativos, que se emitirá en los casos de los artículos 15, 45 y 47 de esta Ley.
Administraciones públicas afectadas: aquellas que, a los efectos de la presente Ley, tienen competencias específicas en las materias siguientes: biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, paisaje, la ordenación del territorio y el urbanismo.
Estudio de alternativas: conjunto de opciones técnicamente viables que definen las diferentes posibilidades, incluyendo la alternativa cero, para la ejecución de un proyecto o para la redacción de un plan o programa.
Alternativa cero: opción considerada en el estudio de alternativas que señala los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en el caso de no ejecución del proyecto o no redacción del plan o programa.
Proyecto: realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u obras, así como otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluyendo las destinadas a la explotación de los recursos del suelo.
Promotor (en la evaluación de impacto ambiental): órgano sustantivo que promueve un proyecto, o persona física o jurídica que solicita su autorización o aprobación.
Órgano sustantivo (en la evaluación de impacto ambiental): órgano que tiene la competencia para otorgar la autorización, la licencia, el permiso, la declaración de interés general o la concesión que habilita al promotor para llevar a cabo un proyecto, de acuerdo con la legislación aplicable, o que, en su caso, promueve la actividad o el proyecto cuando se trata de actividades o proyectos de las administraciones públicas.
En los casos de concurrencia de los títulos habilitantes a que se refiere el párrafo anterior, se entiende como órgano sustantivo, a los efectos de esta ley, el primero que la otorga, excepto la disciplina ambiental prevista en esta ley, en la que se considera órgano sustantivo la Administración pública que otorgue el título que, en último término, faculta o habilita a la realización efectiva de la actuación.
Estudio de impacto ambiental: documento técnico elaborado por un equipo multidisciplinar que debe presentar el titular o promotor de un proyecto o actividad para identificar, describir y valorar de manera adecuada los efectos previsibles que la realización del proyecto o de la actividad producirá sobre el medio ambiente en todas sus fases (construcción, funcionamiento y clausura).
Inventario ambiental: descripción completa del medio tal y como es en un área donde se plantea ubicar una actuación o un proyecto determinados.
Declaración de impacto ambiental: pronunciamiento del órgano ambiental en las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos que determina, respecto a los efectos ambientales previsibles, la conveniencia o no de realizar el proyecto y, en caso afirmativo, fija las condiciones en que se tendrá que realizar, así como las medidas protectoras, correctoras y compensatorias y un plan o programa de vigilancia ambiental.
Medidas correctoras: conjunto de actuaciones que tienen por objeto la reducción, la eliminación o la modificación de los efectos ambientales negativos significativos de un proyecto o de una actividad, de un plan o de un programa, tanto por lo que se refiere al diseño y a la ubicación, como a los procedimientos de anticontaminación, depuración y dispositivos genéricos de protección del medio ambiente.
Medidas protectoras: conjunto de actuaciones que tienen por objeto evitar los efectos ambientales negativos significativos de un proyecto o de una actividad, de un plan o de un programa, modificando algunos de los elementos o procesos del proyecto, plan o programa.
Medidas compensatorias: conjunto de actuaciones que, en relación con los efectos ambientales negativos inevitables de un proyecto o de una actividad, de un plan o de un programa, no admite corrección, consistente en compensar dichos efectos negativos por medio de otros de signo positivo, si es posible con acciones de restauración o de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción o empresa.
Plan o programa de vigilancia ambiental: documento que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las previsiones y medidas correctoras, protectoras y compensatorias contenidas en el estudio de impacto ambiental y, en su caso, en la declaración de impacto ambiental, cuyo contenido se materializa en un seguimiento y una vigilancia por parte de un equipo específico durante la ejecución del proyecto o durante las fases de funcionamiento o desmantelamiento.
Planes y programas: conjunto de estrategias, directrices y propuestas que prevé una administración pública para satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de un conjunto de proyectos.
Órgano promotor (en la evaluación ambiental estratégica): el órgano que inicia el procedimiento para la elaboración y adopción de un plan o programa y que debe integrar los aspectos ambientales en su contenido a través de un proceso de evaluación ambiental.
Informe de sostenibilidad ambiental: informe elaborado por un equipo multidisciplinar que debe presentar el órgano promotor y que forma parte integrante del plan o programa, en el cual se identifican, describen y evalúan de manera apropiada las repercusiones ambientales de la aplicación de dicho plan o programa, incluyendo todas las fases en que éste se desarrolle, así como las distintas alternativas que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa.
Memoria ambiental: documento que valora la integración de los aspectos ambientales realizada durante el proceso de evaluación, así como el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, el resultado de las consultas y cómo éstas se han tomado en consideración, además de la previsión sobre los impactos significativos de la aplicación del plan o programa, y que establece las determinaciones finales.
Zonas de reducido ámbito territorial: ámbito territorial en el que por sus escasas dimensiones el nivel de protección del medio ambiente y la integración ambiental pueden conseguirse de forma similar, bien mediante la aplicación de la evaluación ambiental de un plan o programa, bien mediante la aplicación de la evaluación ambiental de los proyectos que lo realizan.
Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.
A los efectos de esta ley se entiende por público interesado:
Artículo 5. Nulidad. Son nulos de pleno derecho las resoluciones o los acuerdos de autorización o aprobación de cualquier proyecto, plan o programa sujetos a evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica según la presente ley que se adopten sin evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica y las resoluciones o los acuerdos de autorización que se adopten prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica que regula esta Ley. Estas resoluciones y estos acuerdos no producen ningún efecto y, respecto de las actuaciones que se puedan realizar a su amparo, se aplicarán las medidas de protección y defensa de la legalidad ambiental que se prevén en la presente Ley.
Artículo 6 bis. Tramitación de urgencia. 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de la administración pública y del procedimiento administrativo común, cuando razones de interés público lo aconsejen, el órgano ambiental puede acordar, de oficio o a petición de la persona interesada, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la que se reducen a la mitad los plazos establecidos para los procedimientos fijados en esta ley, incluyendo el período de información pública.
Informará al Gobierno del Estado sobre los motivos que justifiquen la exención concedida, antes de otorgar la autorización, para que se pueda informar a la Comisión de la Unión Europea.
Pondrá a disposición del público interesado las informaciones relativas a la exención y las razones por las que se ha concedido.
Examinará la conveniencia de otra forma de evaluación y, si corresponde, determinará si es procedente hacer públicas las informaciones que se recogen.
Que los elabore o apruebe una administración pública.
Que su elaboración y aprobación vengan exigidas por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.
Los planes y programas sujetos que establecen el uso de zonas de reducido ámbito territorial.
Las modificaciones menores en los planes y programas sujetos.
Los planes y programas diferentes de los indicados en el artículo anterior que establezcan un marco para la autorización futura de proyectos.
Los que tienen como único objetivo servir a los intereses de la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia.
EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.
EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DEL ANEXO I.
Copia completa del proyecto sujeto a evaluación de impacto ambiental.
Estudio de impacto ambiental, debidamente firmado.
Certificado de la información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental así como copia de las alegaciones formuladas y un informe valorativo de las mismas, que puedan ser relevantes a efectos ambientales.
Certificación de la no necesidad de información pública del proyecto según la legislación sustantiva, en su caso.
Informes emitidos obrantes en el expediente que puedan ser relevantes a efectos ambientales.
Resguardo acreditativo del pago de la tasa correspondiente.
Una descripción general del proyecto y una relación de todas las acciones derivadas de la actuación susceptibles de producir impactos en el medio ambiente, tanto en la fase de realización, como en la de funcionamiento y, en su caso, en la de clausura.
Una exposición de las principales alternativas técnicamente viables y una justificación de la solución adoptada desde el punto de vista ambiental.
Un inventario ambiental.
Una identificación de los impactos sobre el medio ambiente, con una especial mención a la salud de las personas y, en su caso, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, el medio marino, los factores climáticos, el paisaje, los bienes materiales incluido el patrimonio cultural, y el riesgo de incendio forestal.
Una valoración de los impactos señalando los indicadores o parámetros de comparación utilizados.
Una ponderación de los impactos y una valoración global donde estarán incluidas las distintas alternativas estudiadas.
Las medidas protectoras, correctoras o compensatorias de los impactos.
Un plan o programa de vigilancia ambiental.
Las conclusiones del estudio de impacto ambiental.
Un documento de síntesis, que contendrá el resumen del estudio y las conclusiones en términos fácilmente comprensibles.
La solicitud de autorización del proyecto.
El hecho de que el proyecto está sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, así como, en su caso, que puede resultar de aplicación lo previsto en el artículo 30 en materia de consultas transfronterizas.
Identificación del órgano competente para resolver el procedimiento, de aquellos de los que puede obtenerse información pertinente, y de aquellos a los que puedan presentarse observaciones, alegaciones y consultas, así como del plazo disponible para su presentación.
Naturaleza de las decisiones o, en su caso, de los borradores o del proyecto de decisiones que vayan a adoptarse.
Indicación de la disponibilidad de la información recogida de acuerdo con los artículos 23 y 27 de esta Ley, y de la fecha y el lugar o los lugares en los que se pondrá a disposición del público dicha información.
Toda la información recogida en virtud de los artículos 23 y 27 de esta Ley.
Emitir un informe favorable, con o sin condiciones.
Emitir un informe desfavorable, debidamente motivado.
No emitir informe hasta que se subsanen las deficiencias o se aporte la documentación, una vez analizado el contenido del expediente.
El Consejo de Gobierno, si se trata de proyectos o actividades a autorizar o aprobar por la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Un órgano de composición paritaria, integrado por representantes del Gobierno de las Illes Balears y del consejo insular o ayuntamiento correspondiente, según a quien corresponda aprobar el proyecto, si se trata de proyectos o actividades a autorizar o aprobar por los consejos insulares o ayuntamientos. En caso de empate en la votación, el órgano sustantivo tendrá voto de calidad.
Una descripción general del proyecto.
Un resumen del estudio del impacto ambiental.
El resultado de las consultas y la información pública sobre el impacto ambiental del proyecto.
El acuerdo del órgano ambiental sobre la declaración de impacto ambiental.
El acuerdo de resolución de discrepancias, en su caso.
Artículo 38. Publicación de la decisión sobre la ejecución del proyecto. Una vez adoptada la decisión sobre la ejecución del proyecto, el órgano sustantivo la hará pública y la remitirá al Butlletí Oficial de les Illes Balears para su publicación en un plazo máximo de quince días, poniendo a disposición del público, de acuerdo con el artículo 8 de esta ley y, en su caso, de los estados miembros consultados, la siguiente información:
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL ANEXO II Y DE LOS PROYECTOS NO INCLUIDOS EN EL ANEXO I QUE PUEDAN AFECTAR A LOS ESPACIOS DE LA RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000.
La definición, las características y la ubicación del proyecto, indicando la clasificación del suelo y el régimen jurídico aplicable, y su posible inclusión en un espacio natural protegido, así como la cartografía de la zona.
La posible acumulación con otros proyectos existentes o futuros.
Una descripción del medio afectado y un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente.
La posibilidad de introducir mejoras ambientales y medidas preventivas, correctoras o compensatorias.
Las características de los proyectos, sobre todo desde el punto de vista de la dimensión, la acumulación con otros proyectos, el uso de recursos naturales, la generación de residuos, la contaminación y otros inconvenientes, y también el riesgo de accidentes, considerando de una manera especial las sustancias y tecnologías utilizadas.
La ubicación de los proyectos, de manera que se tenga en cuenta la sensibilidad ambiental de las áreas geográficas afectadas y, en particular, el uso existente del suelo y la relativa abundancia, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de cada zona.
La capacidad de carga del medio natural, con una atención especial a las zonas húmedas, las zonas costeras, las áreas de montaña y de bosque, los espacios naturales protegidos, las zonas de especial protección designadas en aplicación de las directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, las áreas donde ya se hayan ultrapasado los objetivos de calidad ambiental que establece el derecho comunitario, las áreas de densidad demográfica alta y el patrimonio cultural.
Las características del impacto potencial del proyecto, en relación con los criterios que establecen los apartados a y b de este artículo y, en particular, la extensión del impacto; esto es, la dimensión del área geográfica y de la población afectadas, el carácter transfronterizo, la magnitud y la complejidad, la probabilidad y la duración, la frecuencia y la reversibilidad.
Artículo 46. Procedimiento. 1. Los proyectos incluidos en el anexo II que por decisión motivada del órgano ambiental se sujeten a evaluación de impacto ambiental se ajustarán al procedimiento establecido en los artículos 22 a 39 de esta Ley.
2. No obstante lo que determina el apartado anterior, si asisten al comité técnico los representantes de las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto y manifiestan expresamente conocer el contenido del proyecto así como su conformidad, se puede dar por realizada la fase previa de consultas establecida en el artículo 22. La referida manifestación debe constar expresamente en el acta de la sesión del comité técnico.
Las fianzas y los seguros de responsabilidad.
La vigilancia y el seguimiento.
La caducidad o modificación.
La suspensión de la ejecución del proyecto y otras medidas cautelares.
La restitución de la realidad física alterada y la indemnización por daños y perjuicios.
La prestación ambiental sustitutoria.
Las indemnizaciones por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
Las indemnizaciones por daños en los bienes.
Los costos de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.
Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el proyecto y las condiciones en que se haya autorizado, y realizar las manifestaciones oportunas sobre la eficacia de la declaración de impacto ambiental.
Valorar la eficacia de las medidas correctoras, protectoras y compensatorias aplicables, a efectos de introducir las modificaciones que sean adecuadas a través del plan o programa de vigilancia ambiental.
Cuando surjan circunstancias sobrevenidas que exijan la revisión de las condiciones establecidas en la declaración de impacto.
Cuando así lo exija la legislación vigente aplicable al proyecto.
El autor del proyecto y/o el técnico director.
El redactor del estudio de impacto ambiental.
El contratista de las obras.
El auditor ambiental, en su caso.
El inicio de la ejecución de un proyecto sujeto a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con el anexo I, que incumpla este requisito.
El inicio o la ejecución de un proyecto contemplado en el anexo II o de un proyecto no incluido en el anexo I que pueda afectar a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, que se haya de someter a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 10 de esta Ley.
Cometer más de dos infracciones graves en el plazo de dos años. En tal caso, la tercera y las siguientes serán consideradas muy graves.
La ocultación de datos, el falseamiento o la manipulación maliciosa en la redacción del proyecto y en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
El incumplimiento de las condiciones ambientales fijadas en la declaración de impacto ambiental o, en su caso, en el acuerdo de resolución de discrepancias, así como el incumplimiento grave de las correspondientes medidas correctoras, protectoras o compensatorias.
El incumplimiento grave del plan o programa de vigilancia ambiental o el falseamiento de los datos de dicho plan o programa.
El incumplimiento de la obligación de comunicar la intención de realizar un proyecto incluido en el anexo II de esta Ley o de un proyecto no incluido en el anexo I que pueda afectar a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, al que se refiere el artículo 41.1 de esta Ley.
La obstrucción grave en los trabajos de vigilancia y seguimiento de la administración.
El incumplimiento de la obligación de suministrar a la administración la documentación a que se refiere el artículo 41.2 de esta Ley en relación a los proyectos del anexo II y a los proyectos no incluidos en el anexo I que puedan afectar a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
La comisión de alguna de las infracciones tipificadas en el artículo anterior cuando por su cuantía y entidad no merezcan la cualificación de muy graves.
El incumplimiento de las resoluciones de cierre o clausura de establecimientos, de suspensión de actividades, de adopción de medidas correctoras o de restauración del medio físico o biológico.
El incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por el órgano competente de acuerdo con esta Ley.
Cometer más de dos infracciones leves en el plazo de dos años. En tal caso, la tercera y las siguientes serán consideradas graves.
El incumplimiento de cualquiera de las previsiones contenidas en esta Ley, cuando no esté tipificado como infracción muy grave o grave, de acuerdo con los apartados anteriores.
La adopción de medidas correctoras, protectoras o compensatorias, así como la restitución de la realidad física o biológica, fuera del plazo concedido al efecto.
La falta de colaboración en los trabajos de vigilancia y seguimiento de la administración, cuando no esté tipificada como infracción grave.
La comisión de alguna de las infracciones tipificadas en el artículo anterior, cuando por su cuantía y entidad no merezcan la cualificación de graves.
Multa desde 300.001 hasta 3.000.000 euros.
Cierre del establecimiento por un período no superior a cuatro años ni inferior a dos.
Suspensión total o parcial de la actividad por un período no superior a cuatro años ni inferior a dos.
Prohibición de obtención de subvenciones de la comunidad autónoma por un período no superior a cuatro años ni inferior a dos.
Prohibición de contratar con la comunidad autónoma por un período no superior a cuatro años ni inferior a dos.
Multa desde 30.001 hasta 300.000 euros.
Cierre del establecimiento por un período no superior a dos años ni inferior a seis meses.
Suspensión total o parcial de la actividad por un período no superior a dos años ni inferior a seis meses.
Prohibición de obtención de subvenciones de la comunidad autónoma por un período no superior a dos años.
Prohibición de contratar con la comunidad autónoma por un período no superior a dos años.
Multa de hasta 30.000 euros.
Cierre del establecimiento o suspensión total o parcial de la actividad por un período no superior a seis meses.
El riesgo o daño ocasionado, su repercusión y trascendencia social, el coste de la restitución o la irreversibilidad del daño o deterioro producido en la calidad del recurso o del bien protegido, la intencionalidad de la conducta y la reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones al medio ambiente.
La comisión de la infracción en áreas objeto de una especial protección, por razones territoriales o medioambientales.
La adopción de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los efectos perjudiciales que sobre el medio ambiente deriven de la actuación, así como de medidas protectoras o compensatorias, con antelación a la finalización del procedimiento sancionador, y previo consentimiento del órgano ambiental competente.
Cuando el órgano sustantivo no inicie el procedimiento sancionador en el plazo de un mes desde que tenga conocimiento de la comisión de la infracción o tenga paralizado el procedimiento por un plazo no superior a tres meses.
Cuando se trate de infracciones relativas a documentación o información que debe remitirse al órgano ambiental.
La suspensión de la ejecución del proyecto y/o la actividad.
El cierre de locales y establecimientos.
Cualquier otra medida cautelar idónea que tienda a evitar la continuidad o la extensión de los daños al medio ambiente.
La ocultación de datos o su falseamiento o la manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación, siempre que haya influido de manera determinante en el resultado de esta evaluación.
El incumplimiento o la trasgresión de las condiciones ambientales impuestas por la ejecución del proyecto.
El retraso en el cumplimiento.
Fase de informe de sostenibilidad ambiental.
Fase de consulta.
Fase de memoria ambiental.
Fase de toma de decisión.
Fase de ejecución y seguimiento ambiental.
La coherencia externa de los objetivos generales del plan, a fin de garantizar la armonización de los objetivos del plan con los objetivos de sostenibilidad definidos por la normativa y, en su caso, por el planeamiento de jerarquía superior.
Los efectos ambientales de las alternativas del plan o programa, incluida la alternativa cero, lo que permitirá la selección de la alternativa más adecuada.
La coherencia interna de los objetivos, las estrategias y las acciones del plan o programa, y la evaluación de los efectos ambientales derivados del plan.
Un esquema suficiente del contenido, de los objetivos principales del plan o programa y las relaciones con otros planes o programas pertinentes.
Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en el caso de no aplicación del plan o programa.
Las características medioambientales de las zonas que pueden resultar afectadas de manera significativa.
Cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o programa, incluidos, en concreto, los problemas relacionados con cualquier zona de importancia medioambiental especial, como las zonas designadas de conformidad con las directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.
Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario, nacional o autonómico que tengan relación con el plan o programa y la manera en que estos objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración.
Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural -incluido el patrimonio arquitectónico y arqueológico-, el paisaje y la interrelación entre estos elementos. Estos efectos deberán comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.
Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa.
Una exposición de las principales alternativas estudiadas y un resumen de los motivos de la selección de las alternativas consideradas, así como una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades que se hayan podido encontrar a la hora de recabar la información requerida (por ejemplo, deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia).
Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir, paliar o compensar los efectos negativos del plan o programa.
Una descripción de las medidas previstas para la supervisión de conformidad con el artículo 93 de esta Ley.
Un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el plan en cuestión, prevea los efectos que el desarrollo del plan producirá y defina las medidas protectoras, correctoras o compensatorias de estos efectos.
Los conocimientos y los métodos de evaluación existentes.
El contenido y grado de especificación del plan o programa.
La fase de proceso de decisión en que se encuentra.
La medida en que la evaluación de determinados aspectos es más adecuada en otras fases del proceso, a fin de evitar su repetición.
Un ejemplar del proyecto del plan o programa.
Una memoria sucinta en la cual se expongan de manera motivada los fundamentos de hecho y de derecho que justifiquen la necesidad de poner en conocimiento de otro estado miembro el plan o programa de que se trate y en la cual se identifiquen los representantes de la administración pública promotora que, en su caso, deberá integrarse en la delegación del órgano de la Administración General competente.
Una declaración que indique la integración de los aspectos ambientales, la consideración del informe de sostenibilidad ambiental, los resultados de las consultas y, en su caso, las consultas transfronterizas, la memoria ambiental y el acuerdo del órgano ambiental sobre la misma, así como las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso y las razones de la elección de la alternativa recogida en el plan o programa aprobado, en relación a las distintas alternativas consideradas.
PROCEDIMIENTO APLICABLE A LOS PLANES O PROGRAMAS DE REDUCIDO ÁMBITO TERRITORIAL, MODIFICACIONES MENORES Y PLANES Y PROGRAMAS NO SUJETOS QUE ESTABLEZCAN UN MARCO DE FUTUROS PROYECTOS.
4. La decisión del órgano ambiental se deberá formular en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la entrada de la solicitud y de la totalidad de documentación en el registro del órgano competente para emitirla. La falta de emisión y notificación de la decisión en el plazo indicado implicará la no sujeción del plan o programa a evaluación ambiental estratégica, sin perjuicio de la resolución expresa posterior, que sólo podrá ser confirmatoria de la no sujeción, sin perjuicio, si procede, del inicio del procedimiento de revisión de oficio del acto presunto por la causa prevista en el artículo 62.1 f de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las características del plan o programa, considerando en particular:
Las características de los efectos y de la zona de influencia probable, considerando en particular:
La ejecución y el seguimiento.
Artículo 124. Cuantía.
Evaluación de impacto ambiental de proyectos del anexo I de la Ley de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears: 605 euros.
Evaluación de impacto ambiental de proyectos del anexo II de la Ley de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears y proyectos no incluidos en el anexo I que puedan afectar a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000: 270 euros.
Evaluación de impacto ambiental de proyectos exigida por la normativa sectorial o los instrumentos de ordenación territorial o medioambiental: 270 euros.
Decisión del órgano ambiental del artículo 44 de la Ley de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears: 200 euros.
Informes ambientales: 135 euros.
Exoneración: 135 euros.
Evaluación ambiental estratégica de planes y programas: 605 euros.
Decisión del órgano ambiental sobre la sujeción a evaluación ambiental estratégica de planes y programas de reducido ámbito territorial, modificaciones menores y planes y programas no sujetos que establezcan un marco de futuros proyectos: 200 euros.
La intervención del órgano ambiental en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica a que se deberán sujetar las figuras del planeamiento urbanístico, de conformidad con la normativa vigente en el ámbito de la comunidad autónoma.
La intervención del órgano ambiental en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica a que se deberán sujetar los instrumentos de ordenación territorial, de conformidad con la normativa vigente en el ámbito de la comunidad autónoma.
2. Se añade al capítulo IV -Disposiciones comunes- del título II de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial, un artículo 13 bis que, bajo el título de Integración ambiental de los instrumentos de ordenación territorial, quedará redactado de la siguiente manera:
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Evaluación ambiental de normas de carácter transitorio o provisional. 1. En la tramitación de normas territoriales cautelares previas a la formulación, revisión o modificación de un instrumento de ordenación territorial, es preceptivo que, tras los plazos de información pública y de consulta a las administraciones públicas posteriores a su aprobación inicial y antes de su aprobación definitiva, se someta el documento a dictamen del órgano ambiental.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Quedan derogadas todas las disposiciones del mismo rango o inferior que se opongan a lo establecido en esta ley y, expresamente, el Decreto 4/1986, de 23 de enero, de implantación y regulación de los estudios de evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de lo que establecen las disposiciones transitorias segunda y tercera de la presente Ley.
PROYECTOS SUJETOS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
a. Repoblaciones forestales de extensión superior a 50 ha, y a partir de 10 ha cuando impliquen graves transformaciones ecológicas negativas o bien la utilización de especies no autóctonas.
b. Proyectos para destinar a la explotación agrícola intensiva terrenos yermos o áreas naturales o seminaturales, que ocupen una superficie mayor a 5 ha.
c. Nuevos regadíos de extensión superior a 50 ha y a partir de 5 ha cuando se prevea la utilización de aguas residuales depuradas aunque se trate de un regadío existente.
d. Instalaciones de ganadería intensiva que superen las siguientes capacidades:
Explotaciones avícolas desde 5.000 cabezas de capacidad.
Explotaciones de ganado porcino desde 100 cabezas de capacidad.
Explotaciones de ganado ovino y caprino desde 200 cabezas de capacidad.
Explotaciones de ganado bovino desde 100 cabezas de capacidad.
Granjas de conejos desde 2.500 cabezas de capacidad.
e. Instalaciones para la acuicultura intensiva.
f. Pistas forestales a partir de 2 Km. o en pendientes superiores al 15% y pistas agrícolas también en pendiente superior al 15%.
g. Introducción de especies exóticas vegetales o faunísticas excepto plantas de cultivo agrícola o de ganado doméstico.
h. Campañas antiplagas (insecticidas, fungicidas y herbicidas) a partir de 50 ha cuando se utilicen productos tipo C o D.
i. Tala de especies forestales realizada con el propósito de cambiar a otro uso del suelo cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a más de 5 ha.
a. Pedreras: restauración y/o extracción.
b. Explotaciones mineras.
c. Extracción de petróleo y de gas natural.
Grupo 3. Energía.
a. Refinerías de petróleo bruto, como también las instalaciones de gasificación/ regasificación y de licuefacción.
b. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión.
c. Instalaciones industriales para producir electricidad, vapor y agua caliente con potencia térmica de, como mínimo, 50 MW.
d. Tuberías para transportar gas y petróleo en suelo rústico a partir de 10 km de longitud con un diámetro nominal de tubería de más de 160 mm.
e. Oleoductos y gasoductos, incluidos los submarinos.
f. Subestaciones de transformación de energía eléctrica a partir de 10 MW.
g. Líneas de transporte de energía eléctrica entre 15 y 66 kV en suelo rústico protegido, con la calificación de ANEI y ARIP, espacios protegidos al amparo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, y espacios de relevancia ambiental de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, de conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).
h. Líneas de transporte de energía eléctrica de tensión igual o superior a 66 kV.
i. Instalaciones para almacenar productos petrolíferos con una capacidad superior a 500 m³ o que ocupen más de 3.500 m².
j. Producción y almacenamiento de gases combustibles a partir de 100 m³ de capacidad.
k. Instalaciones eólicas de 100 kW o superiores, incluidos los tendidos de conexión a la red.
l. Instalaciones fotovoltaicas, incluidos los tendidos de conexión a la red siguientes:
Instalaciones de más de 100 kW situadas en suelos rústico, excepto que estén situadas en cualquier tipo de cubierta.
Instalaciones de más de 10 kW que estén situadas en suelo rústico protegido.
m. Centrales nucleares y otros reactores nucleares, así como las instalaciones vinculadas a la producción, el tratamiento o el almacenamiento de materiales radioactivos.
a. Plantas siderúrgicas integrales. Instalaciones para producir metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
b. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto. Tratamiento y transformación del amianto y de los productos que lo contienen.
c. Instalaciones para producir lingotes de hierro o acero (fusión primaria o secundaria), incluidas las instalaciones de fosa continua.
d. Instalaciones para elaborar metales ferrosos donde se haga alguna de las siguientes actividades:
Forjado con martillos.
e. Fundiciones de metales ferrosos.
f. Instalaciones para fundir (incluida la aleación) metales no ferrosos excepto metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinación, restos de fundición...).
g. Instalaciones para tratar la superficie de metales y materiales plásticos mediante un proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas utilizadas para el tratamiento sea superior a 5 m³.
h. Instalaciones de calcinación y de sinterización de minerales metálicos, con capacidad superior a 5.000 toneladas por año de mineral procesado.
i. Instalaciones para fabricar cemento, clinker u hormigón preparado.
j. Fabricación de yesos y cal a partir de 5.000 toneladas por año.
k. Instalaciones para fabricar vidrio o fibra de vidrio.
l. Instalaciones para fundir sustancias minerales, incluida la producción de fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.
m. Instalaciones para fabricar productos cerámicos mediante horno; en particular tejas, ladrillos, baldosas, gres o porcelana.
n. Instalaciones para fabricar aglomerados asfálticos en caliente.
o. Plantas de tratamiento de áridos y plantas de fabricación de materiales de construcción.
a. Instalaciones para la fabricación a escala industrial de sustancias mediante transformación química, que se utilicen para:
La producción de productos químicos orgánicos o inorgánicos básicos.
La producción de fertilizantes simples o compuestos que contengan fósforo, nitrógeno o potasio.
La producción de productos farmacéuticos básicos.
b. Conducciones para transporte de productos químicos con un diámetro de más de 800 milímetros y una longitud superior a 10 kilómetros.
c. Instalaciones para almacenar productos petroquímicos o químicos, con una capacidad mínima de 20.000 toneladas.
d. Plantas para el tratamiento previo (operaciones como lavado, blanqueado o mercerizado) o para teñir fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere 1 tonelada diaria.
e. Las plantas para curar pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento supere 1 tonelada de productos acabados por día.
f. La producción de pasta de papel, papel y cartón, con una capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.
g. Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de producción superior a 2 toneladas diarias.
h. Plantas de biodiesel o similares.
Grupo 6. Otras industrias.
a. Instalaciones industriales situadas en suelo rústico o a menos de 500 metros de una zona residencial.
b. Industrias de cualquier tipo, cuando produzcan residuos líquidos que no se evacuen a través de la red de alcantarillado.
c. Centros autorizados para la recogida y descontaminación de vehículos.
d. Instalaciones industriales para sacrificar y/o trocear animales, como también los mataderos municipales en poblaciones de más de 5.000 habitantes.
Construcción de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo trazado.
Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 1 kilómetro o más de 3 discontinuamente.
Ampliación de carreteras convencionales que las transforme en autopistas, autovías o carreteras de doble calzada en una longitud continuada de más de 1 kilómetro o más de 3 discontinuamente.
Variantes para la supresión de travesías de núcleos urbanos y túneles, ambos de más de 500 metros de longitud.
b. Construcción de líneas de ferrocarril, tranvías, metros aéreos o subterráneos, líneas suspendidas o similares.
c. Electrificación de ferrocarriles.
d. Aeropuertos y aeródromos.
e. Puertos comerciales, pesqueros o deportivos, o su ampliación.
f. Nuevas instalaciones de recepción de combustibles ubicadas fuera de puertos actuales.
g. Espigones y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan buques de arqueo superior a 1.350 toneladas.
h. Obras costaneras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, la construcción de diques, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excepto el mantenimiento y la reconstrucción de éstas.
a. Embalses y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla de manera permanente, cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 500.000 m³.
b. Plantas de tratamiento de aguas residuales con una capacidad superior a 5.000 habitantes equivalentes.
c. Instalaciones de desalación de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 1.000 m³/día de capacidad.
d. Acueductos y conducciones que supongan trasvases de unidades hidrogeológicas o de acuíferos.
e. Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 500.000 m3.
f. Emisarios submarinos de aguas depuradas y de plantas de desalación.
g. Instalaciones de conducción de agua en suelo rústico cuando la longitud sea superior a 2 kilómetros y, en todo caso, las situadas dentro de ANEI de alto nivel de protección.
a. Instalaciones para tratar o eliminar (incluida la incineración) residuos peligrosos (definidas en el artículo 3.c de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos), en cualquier caso.
b. Instalaciones de almacenamiento de residuos peligrosos (definidas en el artículo 3.n de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos), con una capacidad superior a 100 toneladas.
c. Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación mediante tratamiento químico, con una capacidad superior a 10 toneladas diarias.
d. Instalaciones para tratar y/o eliminar los residuos no peligrosos en lugares diferentes de los vertederos, con una capacidad de más de 10 toneladas por día.
e. Vertederos de cualquier tipo de residuos que reciban más de 1 tonelada por día o que tengan una capacidad total de más 2.500 toneladas.
f. Cierre y sellado de vertederos.
g. Plantas de compostaje, incluidos depósitos de lodos.
h. Fabricación de productos derivados de residuos sólidos.
Primeras repoblaciones forestales cuando supongan riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas.
Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con la inclusión de proyectos de riego y de drenaje de terrenos.
Transformaciones de usos del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal.
Tuberías para el transporte de gas y petróleo.
Proyectos de urbanizaciones y de complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos.
a. Parques temáticos.
b. Todas las actuaciones que de acuerdo con el plan de ordenación de los recursos naturales han de ser objeto de un estudio de evaluación de impacto ambiental.
c. Equipamientos sanitarios y docentes no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela superior a 2.700 m².
d. Equipamientos deportivos no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela superior a 1.600 m².
e. Equipamientos comerciales no previstos en el planeamiento urbanístico con una superficie construida superior a 400 m².
f. Campos de golf y de pitch & putt.
g. Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.
h. Astilleros para buques superiores a 1.000 toneladas.
i. Dragados marinos para la obtención de arena.
j. Obras de alimentación artificial de playas.
k. Pistas de carreras y de pruebas para vehículos a motor.
l. Hundimientos de buques de eslora superior a 25 metros para crear escollos artificiales.
m. Cualquier modificación o extensión de un proyecto previo a este anexo, cuando dicha modificación o extensión cumpla, por si sola, los posibles umbrales establecidos en este anexo.
PROYECTOS SUJETOS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CUANDO LO DECIDA EL ÓRGANO AMBIENTAL.
a. Proyectos no incluidos en el anexo I, para destinar a explotación agrícola intensiva áreas naturales o seminaturales.
b. c. Instalaciones ganaderas y avícolas de especies no incluidas en el apartado d del grupo 1 del anexo I.
Grupo 2. Energía.
a. Líneas de transporte de energía eléctrica inferiores a 15 kV ubicadas en suelo rústico protegido, con la calificación de ANEI y ARIP, espacios protegidos al amparo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres, y espacios de relevancia ambiental de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, de conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).
b. Grupo 3. Industria siderúrgica y del mineral. Producción y elaboración de metales.
a. Instalaciones para fabricar fibras minerales artificiales.
b. Astilleros para buques de hasta 1.000 toneladas.
c. Instalaciones para construir y reparar aeronaves.
d. Instalaciones para fabricar material ferroviario.
b. Proyectos de urbanización, incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos de vehículos.
c. Construcción de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales.
Grupo 5. Industrias de productos alimenticios.
a. Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales, siempre que se den de forma simultanea las siguientes circunstancias:
Que estén situadas fuera de polígonos industriales.
Que estén a menos de 500 metros de una zona residencial.
Que ocupen una superficie de al menos 2.500 m².
b. Instalaciones industriales para envasar y enlatar productos animales y vegetales, con una capacidad de producción superior a 2 toneladas por día de productos acabados (valores medios trimestrales).
c. Instalaciones industriales para fabricar productos lácteos, siempre que la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).
d. Instalaciones industriales para fabricar cerveza y malta.
e. Instalaciones industriales para elaborar confituras y almíbares.
f. Instalaciones industriales para fabricar féculas.
g. Instalaciones industriales para fabricar harina de pescado y aceite de pescado.
h. Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a las 300 toneladas diarias.
Grupo 6. Industria extractiva.
a. Perforaciones profundas, entendiendo como tales las superiores a 400 metros, excepto las perforaciones para investigar la estabilidad de los suelos, en particular:
Perforaciones para almacenar residuos nucleares.
b. Instalaciones industriales en el exterior y en el interior para gasificar carbón y pizarras bituminosas.
Grupo 7. Otros proyectos.
a. Instalaciones de residuos no previstas en el anexo I.
b. Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas.
c. Recuperación de tierras al mar.
d. e. Dragados.
f. Jardines botánicos y zoológicos.
g. Obras de canalización y proyectos de defensa de cursos naturales.
h. Urbanizaciones de vacaciones y establecimientos hoteleros fuera de áreas urbanas y construcciones asociadas.
i. Infraestructuras de telecomunicación o energía que unen los diversos territorios insulares.
j. k. Cualquier proyecto o actuación que pueda afectar a los ecosistemas marinos.
l. Paseos marítimos o senderos litorales que alteren la orografía del dominio público marítimo-terrestre.
m. Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución (modificación o extensión no recogida en el anexo I) que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir, cuando se produzca alguna de las siguientes incidencias:
Afección a áreas de especial protección designadas por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres, por la Ley 5/2005, de 26 de mayo, de conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) o en zonas húmedas incluidas en la lista del Convenio de Ramsar.
n. Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
o. Instalaciones para recuperar o destruir sustancias explosivas.
p. Equipamientos sanitarios y docentes no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela inferior a 2.700 m².
q. Equipamientos deportivos no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela inferior a 1.600 m².
Planes territoriales insulares.
La modificación, revisión y/o adaptación de los instrumentos de planificación territorial y urbanística a que se refiere este grupo, sin perjuicio de lo que establece el artículo 17 de esta Ley.
En todo caso, se considera que no tienen efectos significativos en el medio ambiente y, por tanto, no se sujetan a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica las modificaciones menores de planes de este grupo que tengan como objeto exclusivo alguna de las finalidades expresadas a continuación:
Implementación o extensión de medidas de protección del medio ambiente, del suelo rústico o de los bienes integrantes del patrimonio histórico, incluyendo las modificaciones de los catálogos de protección del patrimonio histórico, de los planes de ordenación de los recursos naturales y de los planes rectores de uso y gestión.
5. Los catálogos de protección del patrimonio histórico, los planes de ordenación de los recursos naturales, los planes rectores de uso y gestión, en la medida que supongan un mayor grado de protección del medio ambiente y del patrimonio histórico, no se sujetan a evaluación ambiental estratégica. El Plan especialde la Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura, previsto en la disposición adicional única del Decreto 19/2007, de 16 de marzo, se someterá a evaluación ambiental estratégica cuando el órgano ambiental lo decida siguiendo el procedimiento que establecen los artículos 95 a 97 de esta Ley.
a. Planes y programas no incluidos en los grupos anteriores, que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en las siguientes materias:
Gestión de recursos hídricos, incluidos el saneamiento y la depuración.
b. Los que requieran una evaluación de conformidad con la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
c. La modificación, revisión y/o adaptación de los planes y programas a que se refiere este grupo, sin perjuicio de lo que establece el artículo 17 de esta Ley.
Palma, a 14 de septiembre de 2006.
Artículos 3 (letras o, p y q), 22 (apdo. 1), 61 (letra c), 62 (letra j) y 92 (apdo. 2); Disposición derogatoria única; Anexos I (grupo 8.g) y II (grupo 4.b):
Redacción según Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas. Artículos 29 (apdo. 1 segundo párrafo), 44 (apdo. 3), 89 (letra a) del apdo.3) y 96 (apdo. 4):
Redacción según Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible Anexo II ( grupo 1, letra b), grupo 2, letra b y grupo 7, letras d y j):
Derogado por Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias Anexos I (grupo 3, letras d y l):
Redacción según Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias Disposiciones adicional séptima y transitoria tercera (apdo. 4):
Añadido por Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas. Artículos 3 (letra k), 5, 22 (apdos. 1 y 2), 24 (apdo. 1), 28 (apdos. 1 y 5), 29 (apdo. 1), 38, 41 (apdo. 1), 42 (apdo. 2), 46, 87 (apdo. 1.k), 91 (apdo. 2), 92 (apdo. 1) y 96 (apdo. 2); Anexos I (grupo 11, letras c y d):
Artículos 6 bis, 27 (apdo. 1.k), 28 (apdo. 1, último párrafo), 87 (apdo. 1, letras l, m y n), 89 (apdo. 3) y 96 (apdo. 6); Anexos II (grupo 7, letras p y q) y III (grupo 1, apdos. 4 y 5):
Añadido por Decreto-ley 3/2009 de 29 de mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears.
Artículos 3 (letra k), 5, 22 (apdos. 1 y 2), 24 (apdo. 1), 28 (apdos. 1 y 5), 29 (apdo. 1), 38, 41 (apdo. 1), 42 (apdo. 2), 46, 87 (apdo. 1.k), 91 (apdo. 2), 92 (apdo. 1) y 96 (apdo. 2); Anexos I (grupo 11, letras c y d):
Redacción según Ley 6/2009 de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears Artículos 6 bis, 27 (apdo. 1.k), 28 (apdo. 1, último párrafo), 87 (apdo. 1, letras l, m y n), 89 (apdo. 3) y 96 (apdo. 6); Anexos II (grupo 7, letras p y q) y III (grupo 1, apdos. 4 y 5):
Añadido por Ley 6/2009 de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears Artículos 29 (apdo. 1 segundo párrafo), 44 (apdo. 3), 89 (apdo.3) y 96 (apdo. 4):
Redacción según Decreto-ley 2/2012, de 17 de febrero, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible
Anexos I (letra d) y l) del grupo 3):
Anexos II ( letra b) del grupo 1, la letra b) del grupo 2, y las letras d) y j) del grupo 7):
Información pública estudio evaluación impacto ambientalInformación pública estudio evaluación impacto ambientalInformación pública del proyecto y del estudio de evaluación de impacto ambiental de la instalación de un centro de descontaminación de vehículos al final de su vida útil t. m FelanitxInformación pública del estudio de impacto ambiental y proyecto de restauración titulado Proyecto de apertura, explotación y restauración de la cantera SA MÀNIGA en el término municipal de Llucmajor, en la isla de MallorcaInformación pública del proyecto y del estudio de evaluación de impacto ambiental car descontaminación de turismos y vehículos industriales T. M. BunyolaAcuerdo de la Comisión Balear de Medio Ambiente sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Modificado Nº 1 de la Instalación Desaladora Agua Marina (Andratx)(18619/07)Información pública sobre el proyecto Reconstrucción de muros en el torrente de Biniaraix, T. M. de SóllerInformación pública sobre el proyecto Reconstrucción de muros en el torrente Major de Sóller, T. M. de SóllerInformación pública sobre el proyecto Obra de fábrica i reconstrucción de muros en el torrente Xiclatí, T. M. de Son ServeraInformación pública del proyecto de restauración titulado Plan de actuación para la reutilización y restauración de la cantera Es Puig en el término municipal de Soller, en la isla de MallorcaAcuerdo de la Comissió Balear de Medi Ambient sobre Evaluació dImpacte Ambiental del Projecte Consulta Modificación núm. 1 proyecto construcción y explotación instalación desaladora de agua marina, Santa Eulària del Riu (Eivissa). (00180/08)Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), de 14 de mayo de 2008, por la que se modifica la Resolución de la Presidenta del FOGAIBA de 21 de diciembre de 2007 por la que se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, subvenciones para la medida del aumento del valor añadido de los productos agrícolas, correspondientes al año 2008Información pública del estudio de impacto ambiental y proyecto de apertura, explotación y restauración de cantera Sa Màniga, en el término municipal de Llucmajor, en la isla de MallorcaAcuerdo del Pleno del Consell Insular dEivissa de día 9 de junio de 2008, de aprobación inicial de una Norma territorial cautelar por la cual se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular dEivissa, y apertura del período de información públicaPublicación del estudio de evaluación de impacto ambiental del expediente de obras en suelo rústico núm. 22/08 Publicación del estudio de evaluación de impacto ambiental del expediente de obras en suelo rústico núm. 002/07 Publicación del estudio de evaluación de impacto ambiental del expediente de obras en suelo rústico núm. 64/08Acuerdos de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico, de sesión de dia 27 de febrero de 2009, relativos a expedientes para la declaración de intereses generales de diversos términos municipalesLEY 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears	Cerrar PDF
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