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Timestamp: 2018-07-23 02:54:09
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Matched Legal Cases: ['Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'artículo 40', 'Artículo 47', 'artículo 34', 'artículo 34', 'Artículo 48', 'artículo 14', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55']

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. TÍTULO III. INVESTIGACIÓN, DESLINDE, ADQUISICIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS MONTES
INVESTIGACIÓN, DESLINDE, ADQUISICIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS MONTES
Investigación e inventario de los montes públicos
Artículo 34 Investigación
1. Los titulares de los montes públicos, y el departamento competente en materia de medio ambiente del Gobierno de Aragón en lo que se refiere a montes catalogados, investigarán la situación de terrenos que se presuman pertenecientes al dominio público forestal, a cuyo efecto podrán recabar todos los datos e informes que se consideren necesarios.
2. Los propietarios a quienes afecte la investigación están obligados a aportar documentación sobre la titularidad de los montes y a permitir la entrada de personal autorizado.
3. El ejercicio de esta potestad podrá efectuarse de oficio por parte del departamento competente en materia de medio ambiente o previa solicitud de otras Administraciones públicas, organismos y cualesquiera particulares interesados.
Artículo 35 Inventario
El departamento competente en materia de medio ambiente recabará de las Administraciones titulares de los montes públicos la información necesaria para elaborar el Inventario de montes públicos, inventario que deberá mantenerse actualizado y que incluirá los montes de propiedad pública de superficie superior a diez hectáreas, consignando, en su caso, su naturaleza demanial, comunal o patrimonial.
Deslinde y amojonamiento de los montes públicos
1. El deslinde es el acto administrativo por el que se delimita el monte de titularidad pública y se declara con carácter definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de la propiedad.
2. La competencia para el deslinde y amojonamiento de los montes públicos no catalogados corresponde a la respectiva Administración pública propietaria, mientras que el deslinde y amojonamiento de los montes públicos catalogados corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma por medio del departamento competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con el procedimiento establecido reglamentariamente y sin perjuicio de lo dispuesto para el deslinde de riberas susceptibles de catalogación.
3. A petición de las entidades propietarias y a sus expensas, el departamento competente en materia de medio ambiente podrá deslindar montes públicos no catalogados con arreglo a los mismos requisitos y formalidades vigentes para los montes catalogados.
Artículo 37 Contenido de la memoria
Todo acuerdo de deslinde deberá ir precedido de una memoria que lo justifique, con descripción general del monte, especificando sus linderos, enclaves, colindancias, perímetros y superficies, así como los datos relativos a la titularidad.
Artículo 38 Inicio del deslinde
El deslinde de los montes catalogados podrá acordarse, de oficio o a solicitud de las entidades propietarias o de los particulares que ostenten un interés legítimo, mediante un acto de inicio, motivado, que declare el estado de deslinde, dándose conocimiento de ello conforme al régimen de audiencia y publicidad propio del procedimiento a que da lugar.
Artículo 39 Efectos del acto inicial del deslinde
1. En el acto que acuerde el inicio del procedimiento de deslinde o, en su caso, por acto posterior motivado, de forma cautelar, hasta que se alce o cumpla el procedimiento su término legal, se podrán limitar los aprovechamientos en el monte a deslindar y en las fincas colindantes o enclavadas, suspender la eficacia de toda autorización, ocupación, servidumbre o concesión, así como adoptar cualesquiera otras medidas provisionales que se consideren oportunas para proteger la efectividad del acto de deslinde que, en su caso, pudiera aprobarse.
2. El acto de iniciación se comunicará al Registro de la Propiedad para su toma de razón, si hubiera lugar a ello, en el correspondiente asiento de inscripción.
3. El acto de iniciación del deslinde faculta a la Administración de la Comunidad Autónoma para ejecutar en los terrenos privados cualesquiera trabajos de toma de datos e instalación de señales u otros indicadores que resulten necesarios para su práctica, así como para recabar a tal fin la presentación de los documentos que acrediten la titularidad de derechos sobre las fincas colindantes afectadas, sin perjuicio, en todo caso, de la potestad independiente de investigación propia de la Administración.
4. Una vez iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión.
Artículo 40 Régimen de audiencia y publicidad
1. De los actos y actuaciones del procedimiento de deslinde se dará audiencia a las entidades titulares de los montes objeto de deslinde, al ayuntamiento y a la comarca que correspondan al término en el que radica el monte, a los propietarios de los predios colindantes y enclavados y a cualesquiera terceros que ostenten un interés legítimo dimanante de derechos sobre las fincas que puedan verse afectadas por el deslinde, mediante su notificación expresa si sus identidades y domicilios son conocidos y, en todo caso, por anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y mediante la fijación de edictos en los ayuntamientos, sin perjuicio de la posibilidad discrecional de utilizar adicionalmente cualesquiera otros medios de difusión.
2. En el caso de su no comparecencia, se continuará el procedimiento sin perjuicio de que los interesados puedan personarse en el mismo en cualquier momento y sin que esto implique retrotraer las actuaciones practicadas.
Artículo 41 Práctica del apeo
1. En la práctica del apeo, el ingeniero operador, que será un técnico con titulación forestal universitaria, funcionario designado al efecto por la Administración, recorrerá los linderos exterior e interior del monte, colocará hitos o mojones provisionales realizando el correspondiente levantamiento topográfico y levantará acta diaria. Los límites del monte quedarán identificados mediante coordenadas geográficas.
2. Las actas de apeo serán firmadas diariamente por todos los asistentes al mismo.
3. Concluido el apeo, el ingeniero operador, que será un técnico con titulación forestal universitaria, emitirá un informe sobre lo actuado, dándose trámite de audiencia por plazo de un mes, conforme al régimen de audiencia y publicidad propio del procedimiento de deslinde, para que los interesados comparezcan y formulen alegaciones.
Artículo 42 Procedimientos de deslinde
1. El deslinde podrá realizarse en una primera fase, en una segunda fase o en ambas sucesivamente.
2. El plazo máximo para resolver el deslinde será de veinticuatro meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, de forma que, transcurrido ese plazo sin que se hubiera notificado la correspondiente resolución, caducará el procedimiento y se acordará el archivo de lo actuado.
Artículo 43 Primera fase del procedimiento de deslinde
1. La primera fase del deslinde consiste en la determinación de aquellas partes de los linderos exteriores e interiores sobre las que se tengan elementos de juicio que permitan su fijación atendiendo al estado posesorio en el que se encuentran en el momento de la práctica del apeo.
2. Las líneas determinadas en la primera fase sobre las que no se hubiere formulado ninguna reclamación ni en el apeo ni en el trámite posterior de audiencia e información pública adquirirán carácter definitivo, pasando el expediente a su resolución si esta situación se extiende a la totalidad de los perímetros.
Artículo 44 Segunda fase del procedimiento de deslinde
1. Se abrirá una segunda fase del procedimiento de deslinde que afectará únicamente a aquellos tramos del perímetro sobre los que se hubieran formulado alegaciones en término y forma legal y que versen sobre el objeto del deslinde, así como respecto de aquellos otros que hubieran quedado pendientes de trazado de no haber resultado elementos de juicio suficientes para la definición de su estado posesorio en el momento de la práctica del apeo.
2. La apertura de esta segunda fase, mediante acto expreso y motivado, obligará a los propietarios de fincas colindantes o enclavadas o titulares de intereses legítimos dimanantes de derechos sobre las fincas que puedan verse afectadas por el deslinde a presentar títulos de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad o pruebas que justifiquen los derechos que aducen a requerimiento de la Administración, y determinará que, para las fincas de los comparecientes, se tome anotación preventiva por el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
3. Los títulos de propiedad y la demás documentación que aporten los interesados se someterán al estudio e informe del letrado de la Comunidad Autónoma, que tendrá carácter preceptivo para su calificación, salvo en el caso en el que el deslinde tenga por objeto montes de titularidad estatal, en cuyo caso será preceptivo el informe de la Abogacía del Estado.
Artículo 45 Condiciones de la aprobación
Los deslindes deberán aprobarse a la vista de los documentos acreditativos o situaciones de posesión cualificada que acrediten la titularidad pública del monte objeto del deslinde, y establecerán los límites con sus cabidas y plano, debiendo concretarse, igualmente, los gravámenes existentes.
Artículo 46 Aprobación del deslinde
1. El deslinde se aprobará mediante orden del departamento competente en materia de medio ambiente, la cual se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y se notificará debidamente a todos los interesados relacionados en el artículo 40 de esta ley.
2. Dicha orden se comunicará al Registro de la Propiedad y al Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón, modificándose en ambos, en su caso, la descripción del monte deslindado de acuerdo con la referida orden.
Artículo 47 Efectos del deslinde
1. La orden aprobatoria del deslinde, una vez firme en vía administrativa, tendrá los siguientes efectos:
a) Delimita el monte de titularidad pública y declara con carácter definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de la propiedad.
b) Es título suficiente para la inmatriculación del monte en el Registro de la Propiedad.
c) Es título suficiente para la cancelación de las anotaciones practicadas con motivo del deslinde en fincas no atribuidas al monte en el deslinde.
d) Es título suficiente para la inscripción de rectificación de la descripción de las fincas afectadas y, en concreto, la rectificación de situaciones contradictorias con el deslinde que no se hallen amparadas por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, incluyendo el cambio de titularidad y la cancelación de inscripciones registrales.
e) La Administración de la Comunidad Autónoma comunicará al Catastro Inmobiliario todos los datos y antecedentes relativos al deslinde.
2. Sin embargo, la resolución aprobatoria del deslinde no es título suficiente para rectificar los derechos anteriormente inscritos a favor de los terceros a que se refiere el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
Artículo 48 Impugnación del acto aprobatorio del deslinde
1. La resolución será recurrible tanto por los interesados como por los colindantes ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotada la vía administrativa, por razones de competencia o procedimiento, y ante la jurisdicción civil si lo que se discute es el dominio, la posesión o cualquier otro derecho real. En este último caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 14.3 de la presente ley, siendo parte demandada la Comunidad Autónoma de Aragón, además de la entidad titular.
2. Podrá pedirse a nombre de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se acordará por los jueces y tribunales, la nulidad de actuaciones en los procedimientos judiciales a que se refiere este artículo cuando no haya sido emplazada a su debido tiempo la representación procesal de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el estado en el que se encuentren los referidos procedimientos.
Artículo 49 Amojonamiento
1. Una vez firme en vía administrativa la orden resolutoria del deslinde, se procederá al amojonamiento definitivo.
2. Las operaciones consistirán en marcar sobre el terreno, con carácter permanente, los límites definidos en el deslinde mediante hitos o mojones, cuya forma, dimensiones y naturaleza se definirán reglamentariamente.
3. De las operaciones se levantará acta diaria, con la descripción y localización de los mojones.
4. Concluidas las operaciones, el ingeniero operador, que será un técnico con titulación forestal universitaria, emitirá informe, procediéndose a su publicación y notificación en los términos previstos para el deslinde.
5. En el procedimiento de amojonamiento únicamente podrán reclamarse y ventilarse cuestiones relativas a la diferencia que pudiera resultar entre lo establecido en la orden que aprueba el deslinde y su práctica material mediante su ejecución en el amojonamiento.
6. El amojonamiento concluirá mediante orden del departamento competente en materia de medio ambiente. Dicha orden se notificará a los interesados, se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y obrará constancia de ella en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón.
7. Las Administraciones públicas titulares de montes deslindados y la Administración forestal autonómica en el caso de montes catalogados que estén deslindados quedan obligadas a la revisión periódica de los hitos o mojones.
Artículo 50 Deslinde de riberas susceptibles de catalogación
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del departamento competente en materia de medio ambiente, podrá deslindar las riberas de los ríos susceptibles de inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, siguiendo el procedimiento previsto para los montes catalogados.
2. Cuando la Administración hidráulica estatal efectúe el deslinde del dominio público hidráulico por el procedimiento establecido a tal fin en la legislación hidráulica, afectando a una ribera susceptible de catalogación, su gestión forestal corresponderá, una vez catalogada, al departamento competente en materia de medio ambiente, salvo en caso de incompatibilidad expresamente declarada en procedimiento de concurrencia.
3. Cuando sea la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del departamento competente en materia de medio ambiente, la que ejercite la potestad de deslinde de una ribera susceptible de catalogación, su gestión forestal, previa catalogación, quedará asimismo atribuida al departamento competente en materia de medio ambiente, pudiendo prevalecer, en los términos establecidos en la legislación forestal y a los efectos que la misma prevé, la titularidad dimanante de su afección forestal cuando se tramite el correspondiente procedimiento de concurrencia.
4. En este último caso, la orden que apruebe el deslinde acordará su inclusión en el Catálogo, con reconocimiento de su titularidad estatal.
Recuperación, adquisición e inscripción
Artículo 51 Recuperación posesoria
1. Los titulares de los montes demaniales y la Administración gestora en los montes catalogados podrán ejercer la potestad de recuperación posesoria de los poseídos indebidamente por terceros, que no estará sometida a plazo y respecto a la que no se admitirán acciones posesorias ni procedimientos especiales.
2. Los titulares de montes patrimoniales podrán ejercer la potestad de recuperación posesoria de los poseídos indebidamente por terceros siempre y cuando la iniciación del procedimiento de recuperación de la posesión haya sido notificada antes de que transcurra el plazo de un año contado desde el día siguiente a la usurpación. Pasado dicho plazo, para recuperar la posesión de estos bienes, deberán ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil.
Artículo 52 Adquisición de montes
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón procurará incrementar su propiedad forestal adquiriendo montes o los derechos existentes sobre los mismos con la finalidad de cumplir los fines perseguidos por la presente ley, con preferencia para aquellos que cumplan las condiciones para su catalogación, siendo obligatoria en este último caso la catalogación con posterioridad a la adquisición.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá subvencionar a las entidades locales para que estas adquieran terrenos enclavados o colindantes en montes de utilidad pública de su propiedad o montes privados que cumplan las condiciones para su inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, siendo obligatoria en este último caso la catalogación con posterioridad a la adquisición.
Artículo 53 Derecho de adquisición preferente, tanteo y retracto
1. El departamento competente en materia de medio ambiente tendrá derecho de adquisición preferente, a reserva de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, en los casos de transmisiones onerosas de montes de extensión superior a las doscientas hectáreas y montes protectores.
2. En el caso de montes consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un monte público o colindantes con él, el derecho de adquisición preferente se aplicará cualquiera que sea la extensión de las mismas, y corresponderá a la Administración titular del monte colindante o que contenga al enclavado.
3. En el caso de montes colindantes con otros pertenecientes a distintas Administraciones públicas, tendrá prioridad en el ejercicio de este derecho aquella cuyo monte tenga mayor linde en común con el monte en cuestión.
4. No habrá derecho de adquisición preferente cuando se trate de aportación de capital en especie a una sociedad en la que los titulares transmitentes deberán ostentar una participación mayoritaria durante cinco años como mínimo.
5. A los efectos previstos en los apartados anteriores, cualquier vía de comunicación, conducciones, infraestructuras lineales, cursos de agua permanentes o temporales y accidentes naturales no anulan la condición de colindancia.
6. Para posibilitar el ejercicio del derecho de adquisición preferente a través de la acción de tanteo, el transmitente deberá notificar fehacientemente a la Administración pública titular de ese derecho los datos y características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de un plazo de tres meses a partir de la notificación para ejercitar dicho derecho mediante el abono o consignación de su importe en las referidas condiciones.
7. Entre los referidos datos y características, se incluirán el precio, nombre y dirección del vendedor y del comprador, así como situación de la finca, límites, cabida, referencias catastrales, cargas y servidumbres.
8. Los notarios y registradores no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se acredite previamente la práctica de dicha notificación de forma fehaciente.
9. Si se llevara a efecto la transmisión sin la referida notificación previa, o sin seguir las condiciones reflejadas en ella, la Administración titular del derecho de adquisición preferente podrá ejercer acción de retracto en el plazo de un año contado desde la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad o, en su defecto, desde que la Administración hubiera tenido conocimiento oficial de las condiciones reales de la transmisión.
10. El derecho de retracto al que se refiere este artículo es preferente a cualquier otro.
11. Deberá abonarse por la Administración adquirente no sólo el precio determinado en la transmisión, sino también los gastos que hubiese originado el contrato y cualquier otro pago legítimo, incluidos impuestos o gravámenes. También se abonarán los estudios previos que, en su caso, se hubieran efectuado debido a la complejidad de la operación.
Artículo 54 Inscripción en el Registro de la Propiedad
1. La titularidad de los montes de dominio público se inscribirá en el Registro de la Propiedad, promoviéndose, en su caso, su inmatriculación o su inscripción por la Administración titular o por la Administración de la Comunidad Autónoma a través del departamento competente, debiendo inscribirse también los actos de deslinde y amojonamiento así como cualquier derecho real constituido o que pudiera afectar a esa titularidad.
2. La inscripción practicará en la forma establecida en la legislación básica forestal o, en su caso, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio de las Administraciones públicas, en la legislación hipotecaria o en la legislación sobre catastro inmobiliario.
3. En las certificaciones que a tal fin expida la Administración de la Comunidad Autónoma podrá completarse la identificación de la finca mediante la incorporación de una base gráfica o mediante su definición topográfica, realizada por técnico competente, con arreglo a un sistema de coordenadas geográficas.
4. En el caso de que la inmatriculación o inscripción se promueva por la Administración titular de un monte catalogado, la inscripción efectiva se deberá poner en conocimiento de la Administración de la Comunidad Autónoma a través del departamento competente en materia de medio ambiente.
Artículo 55 Régimen registral de fincas sitas en términos municipales en los que se hallen montes demaniales
1. Toda inmatriculación o inscripción en el Registro de la Propiedad de exceso de cabida de una finca colindante o enclavada con monte demanial o ubicada en un término municipal en el que existan montes demaniales requerirá, en el caso de montes catalogados, el previo informe favorable del departamento competente en materia de medio ambiente y, para el resto de los montes demaniales, el informe favorable de la entidad titular del predio.
2. Tales informes podrán ser solicitados por el interesado o por el registrador de la propiedad y se entenderán favorables si desde su solicitud transcurre un plazo de tres meses sin que se haya recibido contestación.
3. La no emisión del informe en el plazo previsto en el apartado anterior no impedirá el ejercicio de las oportunas acciones por parte de la Administración destinadas a la corrección del correspondiente asiento registral.
4. A los efectos previstos en los apartados anteriores, cualquier vía de comunicación, conducciones, infraestructuras lineales, cursos permanentes o temporales de agua y accidentes naturales no anulan la condición de colindancia.