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Timestamp: 2018-12-12 01:23:17
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 93', 'artículo 93', 'artículo 83', 'artículo 23', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 93', 'artículo 23', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 31', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 241', 'artículo 22', 'artículo 93', 'artículo 150', 'artículo 93']

﻿ SENTENCIA C-281 DE MARZO 24 DE 2004
SENTENCIA C-281 DE 24 DE MARZO DE 2004
CONTENIDO:LA JUDICATURA COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO. INEXEQUIBLE SU EJERCICIO EN ENTIDADES VIGILADAS POR SUPERINTENDENCIAS. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL ARTÍCULO 93 DEL DECRETO LEY 2150 DE 1995.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABOGADO, JUDICATURA, TÍTULO PROFESIONAL, REQUISITOS DE GRADO DEL PROFESIONAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:392 DE AGOSTO DE 2004, PG.1291
Sentencia C-281 de marzo 24 de 2004
LA JUDICATURA COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO
INEXEQUIBLE SU EJERCICIO EN ENTIDADES VIGILADAS POR SUPERINTENDENCIAS
Sentencia C-281 de 2004
Ref.: Expediente D-4802
Actores: Tatiana Lucía Sánchez Prieto, Mario Andrés Zarama Bastidas.
Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 93 (parcial) del Decreto Ley 2150 de 1995 “por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública”.
Bogotá, D.C., marzo veinticuatro de dos mil cuatro.
A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 42.137 del 6 de diciembre de 1995. Se resalta lo demandado.
“DECRETO NÚMERO 2150 DE 1995”
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, oída la opinión de la Comisión prevista en dicho artículo,
ART. 93.—Requisitos para acreditar la judicatura. El literal h) del numeral lo del artículo 23 del Decreto 3200 de 1979 quedará así:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma acusada hace parte de un Decreto con fuerza de ley dictado por el Presidente de la República.
Según se expone por los demandantes, la expresión acusada debe ser declarada inexequible por vulnerar la Constitución Política (C.P., art. 13) ya que, i) la delimitación de las superintendencias en cuyas entidades vigiladas puede cumplirse el requisito de la judicatura, comporta la discriminación de los estudiantes que, habiendo terminado materias, desempeñan funciones de naturaleza jurídica —abogados o asesores jurídicos— en entidades vigiladas por otra de las superintendencias existentes, privándoles de la posibilidad de acreditar el requisito, sin que ningún fundamento objetivo y suficiente respalde tal diferenciación. En estas condiciones, solicitan a la Corte Constitucional que, declare la inexequibilidad de la expresión acusada o, de considerarlo procedente, declare la ocurrencia de la omisión legislativa alegada indicando que la norma debe incluir a las entidades vigiladas por las demás superintendencias.
Así mismo, afirman que la norma acusada vulnera ii) el derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16), iii) el derecho al trabajo (C.P., art. 25) y iv) la libertad de escoger profesión u oficio (C.P., art. 26).
El Ministerio Público en su concepto solicita a la Corte que se declare inhibida para resolver sobre los cargos por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio, como quiera que, advierte, los demandantes “no presentan argumentos encaminados a demostrar la transgresión de los referidos preceptos”. Por otra parte, el señor Procurador General de la Nación afirma que la enumeración que hace la norma no permite afirmar la existencia de una omisión legislativa ya que ella constituye “una manifestación expresa del Congreso de la República encaminada a limitar la posibilidad consagrada en la norma a entidades vigiladas por las superintendencias Bancaria, de Valores y de Sociedades con carácter de exclusividad”.
Finalmente, el Ministerio Público solicita que se declare la inconstitucionalidad de la norma acusada, por compartir los argumentos expuestos en la demanda, según los cuales aquella “comporta una discriminación entre los organismos vigilados por las superintendencias, que es carente de fundamento” y que “se erige violatoria del derecho a la igualdad de las personas a quienes se exige la judicatura como requisito para obtener el título de abogado”.
En armonía con los antecedentes relatados corresponde entonces a la Corte determinar si asiste razón a los demandantes en cuanto que la norma acusada al referirse solo a las entidades vigiladas por algunas de las superintendencias existentes y no a todas ellas habría incurrido en transgresión de las reglas constitucionales.
Al respecto, la Corte observa que en la demanda los únicos fundamentos que se refieren a la vulneración de los preceptos superiores señalados consisten en indicar que “esa norma además de violar de manera contundente el derecho constitucional a la igualdad, también lo hace respecto del pregonado derecho al libre desarrollo de la personalidad, que aunados implican una imposición en el derecho a escoger libremente la forma en que los estudiantes que hayan culminado y debidamente aprobado las materias de derecho han de realizar la práctica jurídica remunerada, desconociendo con ello los derechos al libre ejercicio de una profesión (abogacía) y al trabajo (abogado o asesor jurídico de una entidad vigilada por una superintendencia diferente a la Bancaria, de Valores o Sociedades)” (resaltado fuera de texto).
A lo anterior los demandantes añaden que “No se puede olvidar, que el ejercicio del derecho a escoger profesión u oficio y el campo en el que le gustaría desarrollarla, se relaciona estrechamente con el ya mencionado derecho al trabajo, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad, a la igualdad, y a los derechos económicos y sociales, entre otros”.
En estas condiciones, bien cabe interrogarse si los argumentos así expresados constituyen verdaderas “razones por las cuales dichos textos —los constitucionales— se estiman violados” como se exige por el numeral 3º del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991(8). Vale precisar, una vez más, que esta exigencia no comporta, como ya se ha tenido oportunidad de señalar la jurisprudencia de esta corporación, el cumplimiento de una técnica o rigor formal por parte del demandante en la formulación del cargo, sino un grado de motivación que permita advertir una acusación con trascendencia constitucional.
No obstante que en el auto admisorio de la demanda atendiendo el principio pro actione no se hicieron reparos sobre este particular, tomando en cuenta las precisiones expresadas, considera la Corte oportuno recalcar que la formulación de un cargo de inconstitucionalidad contra una norma no puede fundarse en la simple afirmación, aunque reiterada sobre la supuesta vulneración de preceptos superiores, mediante la utilización de un lenguaje apodíctico, esto es, haciendo afirmaciones indeterminadas que se presentan como incontrovertibles —como sucede en el caso sometido a examen— a pesar de que no se expone un respaldo argumentativo suficiente en relación con cada principio o derecho constitucional que se dice vulnerado.
Sobre este punto, resulta necesario reiterar que “no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública solo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal”(9).
Con base en las consideraciones expuestas, la Corte comparte parcialmente los argumentos expuestos por la vista fiscal y habrá de declararse inhibida para resolver sobre los cargos por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y al trabajo (C.P., arts. 16 y 25).
El concepto del Ministerio Público alude a que las omisiones legislativas relativas solo se configuran si son el producto de un olvido o conducta involuntaria del legislador.
La Corte considera oportuno precisar que este argumento resulta indiferente en lo que atañe a la competencia del juez constitucional, pues la verificación de la supuesta omisión se constata en la norma acusada frente a la Constitución Política y no frente a la voluntad del legislador. En estas condiciones, la ocurrencia de la omisión legislativa relativa, no deja de ser reprochable constitucionalmente si resulta de la intención deliberada del legislador, pues se trata de un juicio objetivo en el que no se indaga sobre la voluntad de aquel sino sobre el efecto de la norma censurada.
3.3. Determinación del cargo de inconstitucionalidad que corresponde analizar al juez constitucional.
De la lectura de la demanda de inconstitucionalidad surge un interrogante que debe ser resuelto de manera previa en la medida que determina el análisis a cargo del juez constitucional. En efecto, es necesario esclarecer si el cargo expuesto en la demanda contra la norma acusada se plantea en definitiva respecto de lo expresado en su texto —su contenido positivo— o si se funda precisamente en lo no expresado por él —omisión legislativa—.
La incertidumbre sobre este punto es consecuencia del hecho de que en la demanda se hace una petición principal consistente en que se declare inexequible la expresión “Bancaria, de Valores o de Sociedades” y, una “subsidiaria”, que apunta a que se declare la inexequibilidad de la norma por la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, lo que a su vez motiva la solicitud de que se indique que deben entenderse incluidas las entidades vigiladas por las demás superintendencias entre aquellas donde puede cumplirse con el requisito de grado.
En estas condiciones, vale precisar que para la Corte no existe en la demanda ningún reparo contra la expresión “Bancaria, de Valores o de Sociedades” incluida en la norma y que en relación con este contenido normativo no se exponen consideraciones que controviertan su constitucionalidad o que le imputen la vulneración de normas superiores, ya que en él no se dispone de manera expresa que no se pueda acreditar el requisito de grado de la judicatura en las entidades vigiladas por las demás superintendencias. Así las cosas, de entenderse que la demanda se dirige contra esta expresión, habría que concluir que ella no cumple con los requisitos necesarios como quiera que el contenido objetivo(10) de la disposición no incorpora en forma explícita los efectos que se le atribuyen(11).
Así las cosas, el cargo sobre el que la Corte adelantará el análisis consiste en establecer si en realidad la norma comporta una omisión legislativa relativa al no haber dispuesto que en todas las entidades vigiladas por la superintendencias se puede cumplir con el requisito de la judicatura, lo que, a juicio de los demandantes, da lugar a la vulneración del derecho a la igualdad (C.P., art. 13) de las propias entidades públicas y de quienes desempeñan funciones de naturaleza jurídica en entidades vigiladas por superintendencias no señaladas por la norma, cuya libertad de escoger profesión u oficio resultaría, además, desconocida.
3.4. Vigencia de la norma acusada.
El artículo 93 del Decreto 2150 de 1995 como ya se ha expresado, dispone que el literal h) del numeral 1º del artículo 23 del Decreto 3200 de 1979 “quedará así” “h) Abogado o asesor jurídico de entidad sometida a la inspección y vigilancia de las superintendencias Bancaria, de Valores o de Sociedades”. Teniendo en cuenta la redacción de la norma acusada es necesario de antemano precisar si ella se encuentra actualmente vigente o no, habida cuenta que con posterioridad se han expedido sobre la materia tanto la Ley 446 de 1998, como la Ley 552 del año de 1999.
El Decreto 3200 de 1979 que la norma acusada dice modificar, fue dictado invocando facultades “constitucionales y legales del Gobierno Nacional”; de ello se sigue que conforme al régimen de las atribuciones que asistían al gobierno en relación con la educación en el marco de los textos constitucionales vigentes hasta antes de la expedición de la Constitución de 1991 (art. 41 en concordancia con el art. 120, ord. 12), se trató de un decreto dirigido a reglamentar no solo la ley sino la propia Constitución, conforme a la construcción jurisprudencial que reconocía para esa materia la existencia de una potestad autónoma de reglamentación de la Constitución.
Si bien es cierto que el Decreto 3200 de 1979 fue derogado de manera expresa por el artículo segundo del Decreto 1221 de 1990 mediante el cual se aprobó el Acuerdo 60 de 24 de mayo del mismo año, expedido por la junta directiva del Icfes, “por el cual se determinan los requisitos mínimos para la creación y funcionamiento de los programas de derecho”, no cabe interpretar que la disposición de jerarquía legal, ahora acusada, hace una errada referencia pues se observa que en el artículo 21 de dicho acuerdo se precisó:
“ART. 21.—Para obtener el título profesional de abogado deberán cumplirse los siguientes requisitos concurrentes:
3. Haber elaborado monografía, que sea aprobada igual que el examen de presentación de la misma, o haber desempeñado con posterioridad a la terminación de estudios durante un año continuo o discontinuo de práctica profesional en uno de los cargos previstos en el Decreto 3200 de 1979, artículo 23; o haber prestado el servicio jurídico voluntario regulado por el Decreto 1862 de 1989; o haber ejercido durante dos (2) años la profesión en las condiciones establecidas en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971” (resaltado fuera de texto).
La Ley 446 de 1998 al disponer sobre el denominado servicio legal popular, creó un nuevo requisito para optar por el título de abogado que se sumó a los existentes y al señalar en su artículo 151 las actividades en las cuales podía cumplirse con el mismo, incluyó una norma sustancialmente idéntica a la ahora acusada en la que se preveía “5. Haber prestado su servicio como abogado o asesor jurídico de entidad bajo la vigilancia de las superintendencias Bancaria, de Valores o de Sociedades”.
Así las cosas, derogado el denominado servicio legal popular a través de la Ley 552 de 1999 ninguna consecuencia jurídica se proyecta frente a la norma acusada pues el mencionado artículo 151 de la Ley 446 de 1998, si bien reprodujo el texto acusado no lo sustituyó como quiera que sus efectos se hallaban circunscritos al nuevo requisito dispuesto en dicha ley, de manera que la mencionada derogatoria no modificó en modo alguno los previstos en normas anteriores y por ende estos conservaron plena vigencia.
4. Exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias. Examen oficioso.
En consideración a las características específicas del decreto acusado, toda vez que se trata de norma expedida en ejercicio de facultades extraordinarias la Corte, previamente y en cumplimiento de su función de control integral de la Constitución que le impone la confrontación de la disposición acusada con el articulado superior en su conjunto, deberá determinar si ella se ajustó o no a las facultades extraordinarias conferidas por el legislador mediante la Ley 190 de 1995 que en el encabezamiento del Decreto 2150 de 1995 se cita como fundamento de la expedición de este último.
Sobre el particular cabe indicar que la ley estatutaria de la administración de justicia —L. 270/96— en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 241 superior dispuso que “la Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a su control con la totalidad de los preceptos de la Constitución”.
“A través de la norma bajo examen se busca que la Corte, en caso de encontrar que un determinado canon constitucional ha sido violado por una norma legal, o que, por el contrario, él sirve para declarar su exequibilidad, entonces pueda fundarse la sentencia en ese precepto, así este no haya sido invocado por el demandante. Lo anterior no significa, y en esos términos lo entiende la corporación, que en todos los casos la Corte deba realizar un análisis de la totalidad del texto de la Carta frente a la disposición legal que se estudia, pues —se reitera— lo que se busca es la posibilidad de invocar argumentos adicionales sustentados en otras normas fundamentales que servirán para adoptar una mejor decisión. Por lo demás, no sobra recordar que el principio consagrado en la norma que se revisa, está previsto en el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, el cual ya ha sido objeto de estudio y pronunciamiento favorable por parte de esta corporación”(12).
Para el cumplimiento del propósito indicado es indispensable, además, integrar unidad formativa(13) con el aparte que no fue acusado del artículo 93 del Decreto 2150, como quiera que el reproche constitucional que cabría hacer por el exceso en el ejercicio de las facultades recae sobre la materia regulada por la totalidad del artículo en la medida en que todo él se refiere al mismo tema y en esas condiciones resulta inescindible su contenido para efectos del control judicial de constitucionalidad.
“ART. 83.—De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la administración pública. En ejercicio de dichas facultades no podrá modificar códigos, ni leyes estatutarias u orgánicas.
Los presidentes de las comisiones primeras constitucionales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes designarán, cada una, dos de sus miembros que colaboren con el gobierno para el ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo” (resaltado fuera de texto).
La jurisprudencia de esta Corte ha insistido en que la habilitación hecha por el legislador ordinario debe ser interpretada en forma restrictiva(14), así como ejercida en los estrictos y precisos términos señalados por aquel(15). En el caso sometido a examen, el tema regulado en la norma acusada evidentemente no corresponde a un trámite o procedimiento ante la administración pública, ni se enmarca en el objetivo señalado por la ley de facultades, cual era el de eliminar trámites o procedimientos innecesarios.
Para la Corte, es claro que con fundamento en los precisos términos de la habilitación referida no cabe interpretar que entre las materias sobre las cuales se autorizaba al Presidente de la República para expedir normas de rango legal estuviere la regulación de los requisitos para optar por un título profesional; en el caso específico, la efectuada a través de la norma acusada en la que se autoriza el cumplimiento del requisito de la judicatura en entidades vigiladas por algunas superintendencias —reiterando lo dispuesto en el D. 3200/79 y con agregación de las entidades vigiladas por la Supervalores—.
La norma acusada se ocupa de aspectos de tipo sustancial relacionados con los requisitos para acceder al título profesional de abogado, tema sobre el que no existía autorización alguna para que se expidiera una regulación mediante el ejercicio de las facultades extraordinarias. Este evidente contraste entre la norma habilitante ya trascrita y el artículo 93 del Decreto 2150 de 1995 está llamado a generar como consecuencia necesaria la declaratoria de inexequibilidad de este último por la trasgresión de los límites materiales establecidos por aquella. Al respecto cabe recordar que en relación con dichos límites la jurisprudencia de esta corporación ha expresado:
“Para que pueda el gobierno legislar amparado en una ley de la naturaleza mencionada, además de hacerlo durante el término perentorio de su excepcional ejercicio, ha de obrar dentro del limitado y específico ámbito que tengan las autorizaciones de las que es investido, las cuales deben ser expresas, de tal forma que, para reclamar su constitucionalidad, las materias tratadas en los decretos que se expidan encajen de modo exacto en el objeto señalado por el Congreso. Esto excluye las facultades implícitas.
El exceso en el uso de las facultades extraordinarias provoca necesariamente la inconstitucionalidad de las normas proferidas por fuera de la habilitación legislativa”(16).
“Dado que la facultad de legislar está asignada al Congreso por mandato expreso de la Carta, cuando el Presidente de la República ejerce dicha función por traslado temporal de esa competencia, debe hacerlo dentro de los estrictos y precisos términos señalados por el legislador ordinario. En consecuencia, al hacer el estudio de constitucionalidad de los decretos leyes expedidos en desarrollo de tales facultades, debe la Corte determinar si el legislador extraordinario respetó o no dichos límites, y para hacerlo ha de definir previamente los conceptos involucrados en la norma habilitante”(17).
(8) En relación con el referido requisito la Corte, en Sentencia C-131 de 1993 reseñó: “Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados: si un ciudadano demanda una norma debe ser por algo. Ese “algo” debe ser expresado. El ataque indeterminado y sin motivos no es razonable y se opone a la inteligencia que debe caracterizar al hombre” resaltado original.
(9) Sentencia C-447 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(10) Cfr. Sentencia C-040 de 2000.
(11) Cfr. Sentencia C-1255 de 2001.
(12) Sentencia C-037 de 1996.
(13) Sobre el particular se pueden consultar entre muchas otras las sentencias C-917 y C-1038 de 2002.
(14) Cfr. Sentencia C-452 de 2002.
(15) Cfr. Sentencia C-271 de 2000.
(16) Sentencia C-039 de 1995.
(17) Sentencia C-180 de 1997.