Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/SU339-11.htm
Timestamp: 2017-10-21 12:12:35
Document Index: 264926358

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 99', 'artículo 3', 'artículo 86', 'artículo 25', 'artículo 98', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 149', 'artículo 93', 'ARTÍCULO 96']

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION JUDICIAL-Requisitos para acceder al cargo
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION JUDICIAL-Proceso de selección
ACCION DE TUTELA-Carácter residual/ACCION DE TUTELA FRENTE A MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Procedencia excepcional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Procedencia cuando los mecanismos ordinarios no proporcionan una eficaz y pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Formas de amparo por juez de tutela ante falta de protección eficaz y completa
La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en tratándose de actos administrativos, antes de acudir al mecanismo de protección constitucional se deben agotar las vías ordinarias, salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar.
ACCION DE TUTELA-Oportunidad ante la existencia de acciones ordinarias que retardan los derechos fundamentales
Se ha establecido que las acciones ordinarias como son la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, retardan la protección de los derechos fundamentales de los actores, así mismo se ha señalado que estas acciones carecen, por la forma como están estructurados los procesos, de la capacidad de brindar un remedio integral para la violación de los derechos del accionante, razón por la cual, la tutela es el mecanismo idóneo para dar protección inmediata y definitiva a los derechos al debido proceso, al trabajo y a la igualdad.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Aplicación/ACCION DE TUTELA-Inmediatez
En cuanto al requisito de la inmediatez, si bien el Decreto 2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional puede ser interpuesto en cualquier tiempo, teniendo en cuenta que esta acción pretende dar protección inmediata ante la vulneración o amenaza de los derechos, la jurisprudencia ha precisado que debe ser interpuesta en un tiempo razonable, contado desde que acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que la persona sienta amenazados sus derechos. Sobre este extremo se ha defendido que “la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado.”
ACCION DE TUTELA-Su interposición dentro de un término razonable puede ceder cuando el juez constitucional encuentre una justa causa por la inactividad del demandante/ACCION DE TUTELA-Eventos en que resulta admisible la dilación en su interposición
Si bien la procedibilidad de la acción de tutela exige su interposición dentro de un término razonable y oportuno, requisito que supone una actitud positiva del interesado, de manera que promueva el mecanismo de amparo constitucional de forma consecutiva o próxima al suceso que se controvierte, tal exigencia puede ceder en aras de hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales, cuando el juez constitucional, previo el análisis del caso concreto, encuentre la configuración de una justa causa que justifique la inactividad del demandante. Así, se han reconocido ciertos eventos en que resulta admisible la dilación en la interposición de la acción de tutela, por ejemplo: (i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación del recurso de amparo, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual y (ii) cuando la especial situación del sujeto afectado convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros. Adicionalmente, la jurisprudencia ha señalado que otra causal de justificación válida que explica la tardanza en la interposición de la acción, es la ocurrencia de un hecho nuevo, y éste, ha sido entendido, como una circunstancia fáctica que es jurídicamente relevante, ocurrida entre el momento en que ocurrieron los hechos causantes del daño o de la amenaza de los derechos fundamentales y la interposición de la acción de tutela.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Susceptible de protección por vía de tutela/DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Alcance y contenido/DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Concepto
ACTUACION DE LOS PODERES PUBLICOS-Deben ajustarse al principio de legalidad, buena fe y confianza legítima de los administrados
ACCESO A CARGOS PUBLICOS-Carácter fundamental
ACCESO A CARGOS PUBLICOS-Ámbito de protección
La jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que entran dentro del ámbito de protección de este derecho (i) la posesión de las personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo, (ii) la prohibición de establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el concurso de méritos, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido seleccionado en dos o más concursos, (iv) la prohibición de remover de manera ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona que ocupen un cargo público.
En lo que hace referencia a la igualdad, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que cumple un triple papel en nuestro ordenamiento constitucional por tratarse simultáneamente de un valor, de un principio y de un derecho fundamental. Este múltiple carácter se deriva de su consagración en preceptos de diferente densidad normativa que cumplen distintas funciones en nuestro ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, el preámbulo constitucional establece entre los valores que pretende asegurar el nuevo orden constitucional la igualdad, mientras que por otra parte el artículo 13 de la Carta ha sido considerado como la fuente del principio fundamental de igualdad y del derecho fundamental de igualdad. Adicionalmente existen otros mandatos de igualdad dispersos en el texto constitucional, que en su caso actúan como normas especiales que concretan la igualdad en ciertos ámbitos definidos por el Constituyente.
IGUALDAD-Carece de contenido material específico/IGUALDAD-Carácter relacional/PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD-Contenido y Alcance/PRINCIPIO DE IGUALDAD-Mandatos que comprende
La igualdad carece de contenido material específico, es decir, a diferencia de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado. De la ausencia de un contenido material específico se desprende la característica más importante de la igualdad: su carácter relacional. Ahora bien, la ausencia de un contenido material específico del principio de igualdad no significa que se trate de un precepto constitucional vacío, por el contrario, precisamente su carácter relacional acarrea una plurinomatividad que debe ser objeto de precisión conceptual. De ahí que a partir de la famosa formulación aristotélica de “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”, la doctrina y la jurisprudencia se han esforzado en precisar el alcance del principio general de igualdad –al menos en su acepción de igualdad de trato- del cual se desprenden dos normas que vinculan a los poderes públicos: por una parte un mandamiento de tratamiento igual que obliga a dar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un trato diferente, del mismo modo el principio de igualdad también comprende un mandato de tratamiento desigual que obliga a las autoridades públicas a diferenciar entre situaciones diferentes. Sin embargo, este segundo contenido no tiene un carácter tan estricto como el primero, sobre todo cuando va dirigido al Legislador, pues en virtud de su reconocida libertad de configuración normativa, éste no se encuentra obligado a la creación de una multiplicidad de regímenes jurídicos atendiendo todas las diferencias, por el contrario se admite que con el objeto de simplificar las relaciones sociales ordene de manera similar situaciones de hecho diferentes siempre que no exista una razón suficiente que imponga la diferenciación. Esos dos contenidos iniciales del principio de igualdad pueden a su vez ser descompuestos en cuatro mandatos: (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes. Estos cuatro contenidos tienen sustento en el artículo 13 constitucional, pues mientras el inciso primero del citado precepto señala la igualdad de protección, de trato y en el goce de derechos, libertades y oportunidades, al igual que la prohibición de discriminación; los incisos segundo y tercero contienen mandatos específicos de trato diferenciado a favor de ciertos grupos marginados, discriminados o especialmente vulnerables.
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION JUDICIAL-Proceso de elección
PROVISION DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAMA JUDICIAL-Es un acto complejo/PROVISION DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAMA JUDICIAL-No es un concurso de méritos, pero está sujeto a un marco normativo
La provisión del cargo de Director Ejecutivo de la Rama Judicial es un acto complejo, toda vez que combina un mecanismo dual, la integración de la terna por parte de la Comisión Interinstitucional y la elección y nombramiento entre los nominados a cargo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En esa medida corresponde tanto al nominador, como al órgano encargado de elegir velar por el cumplimiento de los requisitos legales y de las calidades que exige el cargo, es decir, tener título profesional; maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas y la acreditación de experiencia no inferior a cinco años en dichos campos. Pues a pesar de que se trata de un procedimiento esencialmente discrecional y, por lo tanto, no es un concurso de méritos al cual sean aplicables las reglas elaboradas por la jurisprudencia constitucional en la materia, en todo caso está sujeto a un marco normativo, conformado en primer lugar por el artículo 99 de la LEAJ que señala los requisitos que deben reunir los integrantes de la terna y, adicionalmente, por las normas reglamentarias expedidas por la propia Comisión Interinstitucional, de manera tal que si desconoce este marco normativo se vulnera el debido proceso, porque se desatiende el esquema regulador que rige la provisión de cargo al cual deben ceñirse tanto el órgano nominador como el encargado de hacer elección. Y el desconocimiento del debido proceso a su vez acarrea la vulneración prima facie del derecho de acceso a cargos y funciones públicos. Entonces, la labor de conformación de la terna de la cual se elige el Director Ejecutivo de administración judicial por parte de la Comisión Interinstitucional, a pesar que no esta sometida a las reglas de un concurso, precisamente porque de ser así existiría la obligación de nombrar al aspirante con la mejor puntuación y el derecho subjetivo del mismo a ser nombrado, en todo caso está estrictamente limitada por la normativa aplicable
COMISION INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL Y SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Conflicto de competencias con ocasión de la elección del Director Ejecutivo de Administración Judicial
EFICACIA NORMATIVA, DERECHOS FUNDAMENTALES Y PRINCIPIOS DEL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA EN LA CONSTITUCION POLITICA-Permite enmarcar y delimitar el alcance de las competencias de los órganos constitucionales y legales
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE AUTORIDADES PUBLICAS Y ORGANISMOS ESTATALES-Si bien la Acción de tutela prima facie no es la vía idónea para resolverlos, indirectamente puede cumplir tal finalidad cuando estén en juego derechos fundamentales
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Justificación en tardanza para impetrar la acción de tutela
PROVISION DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAMA JUDICIAL-Paralización del proceso de selección afecta el derecho al debido proceso y de acceso a cargos públicos
Debe adoptarse una orden que armonice el derecho al debido proceso y de acceso a cargos públicos de quienes participaron en la convocatoria inicial, con el ejercicio de la potestad nominadora de la cual es titular la Comisión Interinstitucional de la rama judicial y la competencia de elección de la cual es titular la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
PROCESO DE SELECCION DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAMA JUDICIAL-Aspirantes tienen derecho a que concluya dentro de un término razonable y no que se dilate de manera indefinida por los conflictos surgidos entre los órganos que intervienen
PROCESO DE SELECCION DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAMA JUDICIAL-Ninguno de los aspirantes puede alegar ser titular de un derecho subjetivo
PARALIZACION EN PROCESO DE SELECCION DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAMA JUDICIAL-Afectación de la Administración de justicia
1.4. Narra el demandante que se presentaron treinta y cuatro (34) candidatos[1], los cuales fueron entrevistados y se diligenció una “Guía formato de calificación de entrevista” de cada uno de ellos, en la cual se evaluaban factores tales como la competencia analítica y decisional; competencias gerenciales, de autoridad y liderazgo y competencias de motivaciones e intereses.
Afirma el Sr. Juan Carlos Abuabara Eljadue que “en la terna escogida para Director Ejecutivo de administración judicial, al menos uno de los candidatos que la conforma, para no decir que dos o tres, no cumplen con los requisitos de ley, y le corresponde al Accionante estar en el lugar de alguno de ellos”(negrillas originales)[2].
· Sandra Lisset Ibarra Vélez acredita un título de magíster en Derecho administrativo, el cual no corresponde al área de conocimiento de administración, economía o contaduría tal como exige la convocatoria.
· Otto Arnulfo Bolaños en julio de dos mil diez (2010) cumplió sesenta y cinco (65) años, edad de retiro forzoso, razón por la cual no podría cumplir con el período previsto para el Director Ejecutivo de Administración judicial que es de cuatro años.
· Andrés Hiber Arévalo no cumple con el requisito de cinco (5) años en los campos establecidos por la Ley Estatutaria con posterioridad a la fecha de grado. Además fue nombrado Notario 5 de Bogotá y aceptó tal cargo.
También intervino el Director de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, Jorge Mario Rivadeneira Mora, quien sostuvo que la dependencia a su cargo no es responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del actor “por cuanto su participación fue una labor de apoyo técnico consistente en un primer análisis de cumplimiento de requisitos y elaboración de sendos resúmenes de cada hoja de vida de los aspirantes al cargo de Directos Ejecutivo de Administración Judicial; y (…) carece de facultades para eliminar o calificar aspirantes dentro del proceso”[3].
Explica que el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial no es un cargo de carrera sino de período y que no se provee mediante un concurso de méritos, por lo tanto el procedimiento para la elaboración de la terna y la designación del mismo es discrecional. Entiende que no se vulneró el derecho al debido proceso del actor porque la Comisión Interinstitucional ejerció la atribución autónoma de la que es titular dentro del marco legal que regula la materia y los acuerdos proferidos por ella misma. Añade que tampoco se vulneró el derecho a la igualdad por cuanto el accionante no acreditó tener “mejores o iguales condiciones profesionales y personales que los ternados.”[4]
Mediante sentencia proferida el diecisiete (17) de marzo de dos mil diez (2010) la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca declaró improcedente y rechazó parcialmente la tutela presentada por el Sr. Abuabara. Estimó el tribunal de primera instancia el amparo invocado “acusa una manifiesta improcedencia por falta de inmediatez”[5], pues el demandante no justificó por qué esperó más de siete meses para alegar la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales ocasionada por el Acuerdo 17 de 2009 de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, y además contaba con otros medios de defensa judicial para atacar dicho acto administrativo y de esa manera obtener la protección de sus derechos. Consideró así mismo que ni la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ni la Unidad Administrativa de Carrera Judicial habían participado en la elaboración de la terna para la elección del Director Ejecutivo de Administración Judicial y por lo tanto no eran sujetos pasivos de la acción impetrada.
El Sr. Abuabara apeló la sentencia de primera instancia y reiteró los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en el escrito de tutela[6] y añadió otros para controvertir la improcedencia de la acción impetrada. Por un lado, afirmó que en el caso concreto la oportunidad para interponer la acción de tutela debía valorarse no a partir de la fecha de expedición del Acuerdo 17 de 2009 por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, sino desde el momento en que él tuvo conocimiento de las dificultades surgidas para la elección de Director Ejecutivo de Administración Judicial, es decir, en febrero del año siguiente. Por otra parte, alegó que el mentado Acuerdo era un acto administrativo de trámite y no definitivo, razón por la cual no podía ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Pues bien, en cuanto a la procedibilidad de la vía tutelar impetrada, contrario a lo sostenido por el Juez colegiado a quo, considera esta Sala, que en el presente caso, sí es procede su estudio de fondo. En efecto, véase que la Sala a quo, en primer lugar afirmó que la tutela no fue presentada en forma oportuna, puesto que si el actor estaba cuestionado el Acuerdo No. 17 del 6 de Agosto de 2009, emanado de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, no había razón para que sólo hasta el 2 de marzo de 2010 hubiera impetrado la acción de amparo.
Rechazados los argumentos expuestos en primera instancia para descartar la procedencia de la garantía iusfundamental, abordó el examen del caso concreto y concluyó que el cargo de Director Ejecutivo de administración judicial es de “periodo, y su designación es discrecional, en la medida de que independientemente de la obligatoriedad del cumplimiento de requisitos de ley, cualquiera de los que ostentan las calidades necesarias para desempeñarlo, puede ser escogido por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para conformar la terna, y para ello se valen de entrevistas, en las que se valoran sin regla específica, sus capacidades, personalidad, etc., siendo luego sometidos los nombres de la lista a votaciones internas entre los integrantes de la Comisión, para finalmente, escoger los que creen tienen las calidades requeridas para desempeñar tan alto cargo.”
En esa medida consideró que no era pertinente la pretensión del accionante de ser incluido en la terna, dado que no podía alegar derecho alguno en tal sentido “por el solo hecho de cumplir con los requisitos legales para ocupar el cargo, pues desde un principio, es decir desde cuando voluntariamente postuló su nombre, con claridad sabía que bien podía o no ser postulado para ser integrante de la terna.”
5. Pruebas relevantes allegadas al expediente
· Comunicación fechada 16 de octubre de 2009, suscrita por la doctora Martha Silva Arbeláez Gómez, dirigida al doctor Jorge Antonio Castillo Rugeles, Presidente para ese entonces de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Mediante la cual se informa que, en ejercicio de la misión encomendada por el artículo 3° del Acuerdo 02 del 18 de febrero de 2009, relacionada con la realización del análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes, conceptúo que la integrante de la terna, Sandra Lisset Ibarra Vélez, no cumple con el requisito de contar con Maestría en Ciencias, Económicas, Financieras o Administrativas, y que Otto Arnulfo Bolaños Bolaños, si bien había presentado diploma de especialización en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid, no había allegado la convalidación correspondiente.
· Oficio de fecha 8 de febrero de 2010, signado por el doctor Jorge Antonio Castillo Rugeles, dirigido a la Dra. María Mercedes López Mora, en calidad de Presidente, para ese entonces, del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, mediante la cual se manifiesta una serie de cuestionamientos respecto de las personas que fueron elegidas para conformar la terna para proveer el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial, entre ellas el no cumplimiento de requisitos por parte de Sandra Lisset Ibarra Vélez y Andrés Hiber Arévalo Pacheco, este último por no contar con cinco años de experiencia en áreas de ciencias económicas, financieras y administrativas, por cuanto sus labores se han centrado en el cumplimiento de funciones de orden jurídico y además por haber sido designado como Notario 5° de Bogotá.
· Comunicación de fecha 21 de abril de 2010 dirigida al doctor Francisco Escobar Henríquez, actual Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, suscrita por el doctor Hernando Torres Corredor, en calidad de Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la cual informa que en la sesión del día 14 de abril del mismo año, esta última Corporación decidió devolver la terna remitida por la citada Comisión, para proveer el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial.
Desde fecha temprana la Corte Constitucional ha intentado precisar cuales son los requisitos que ha de reunir el otro medio de defensa judicial para que se le considere eficaz para la protección de los derechos fundamentales. Así, en la sentencia T-003 de 1992 sostuvo esta Corporación que el enunciado normativo del inciso tercero del artículo 86 constitucional debía interpretarse en el sentido que el otro medio de defensa judicial “(…) tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho”. Dentro de la misma tónica en la sentencia T-006 de 1992, se aseveró que correspondía al juez de tutela indagar si la “acción legal alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados”. En esa oportunidad la Corte acudió al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos[7] para precisar las características que debía reunir el otro medio de defensa judicial para desplazar a la acción de tutela, y concluyó que éste debía ser sencillo, rápido y efectivo[8], de conformidad a lo previsto en dicho instrumento internacional.
Si bien el proceso de selección del Director Ejecutivo de administración judicial no se adelanta por medio de un concurso de méritos, a juicio de esta sala de revisión son aplicables los precedentes sentados en estos casos sobre la procedibilidad de la acción de tutela porque en definitiva se trata de la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad en el acceso a cargos y funciones públicas.
Sobre este extremo se ha defendido que “la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado.”[14]
Esta exigencia se justifica porque la garantía iusfundamental ha sido creada con el propósito de dar protección urgente a los derechos vulnerados o amenazados, por lo que la “inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.”[15]
Al respecto la Sentencia T-014 de 2008[17] estableció frente a la inmediatez en un caso de indexación de mesada pensional que “el actor interpuso la acción de tutela para reclamar sus derechos en un término razonable, es decir, una vez tuvo conocimiento de la Sentencia C-862 de 2006 (que concretó lo que con anterioridad habían expuesto otras sentencias de tutela, tal y como lo expuso el actor en su demanda), situación que se puede considerar en el presente caso como un hecho nuevo que abrió la posibilidad para que con fundamento en ella, el accionante interpusiera la presente acción de tutela”.
Distintas salas de revisión se han ocupado del alcance y contenido de este derecho, sobre todo cuando se trata de actuaciones de carácter sancionador[18] o de la revocatoria directa de actos propios por parte de la Administración[19], pero también en lo que hace referencia al concurso de méritos para ocupar cargos públicos[20]. Este derecho ha sido definido como “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”[21].
Ahora bien, la ausencia de un contenido material específico del principio de igualdad no significa que se trate de un precepto constitucional vacío, por el contrario, precisamente su carácter relacional acarrea una plurinomatividad que debe ser objeto de precisión conceptual. De ahí que a partir de la famosa formulación aristotélica de “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”, la doctrina y la jurisprudencia se han esforzado en precisar el alcance del principio general de igualdad –al menos en su acepción de igualdad de trato- del cual se desprenden dos normas que vinculan a los poderes públicos: por una parte un mandamiento de tratamiento igual que obliga a dar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un trato diferente, del mismo modo el principio de igualdad también comprende un mandato de tratamiento desigual que obliga a las autoridades públicas a diferenciar entre situaciones diferentes. Sin embargo, este segundo contenido no tiene un carácter tan estricto como el primero, sobre todo cuando va dirigido al Legislador, pues en virtud de su reconocida libertad de configuración normativa, éste no se encuentra obligado a la creación de una multiplicidad de regímenes jurídicos atendiendo todas las diferencias, por el contrario se admite que con el objeto de simplificar las relaciones sociales ordene de manera similar situaciones de hecho diferentes siempre que no exista una razón suficiente que imponga la diferenciación.
5. Del procedimiento de elección del Director Ejecutivo de Administración Judicial
“Por medio del cual se convoca a quienes tengan interés en desempeñar el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial”
Que de conformidad con el artículo 98, inciso 2° de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial debe postular tres (3) candidatos para que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura elija al Director Ejecutivo de Administración Judicial.
Que según el inciso 5° de la citada disposición, “El Director Ejecutivo tendrá un periodo de cuatro (4) años y sólo será removible por causales de mala conducta”.
ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a quienes estén interesados en desempeñar el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial, para efectos de la elaboración de la terna que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, debe enviar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a fin de que realice el correspondiente nombramiento.
“LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL A EFECTOS DE ELABORAR LA TERNA PARA ELEGIR DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL”
A quienes tengan interés en desempañar el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial y que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, para que inscriban su nombre, presentando su hoja de vida, personalmente o por correo certificado, con los documentos que demuestren las calidades exigidas para el desempeño del referido cargo, a más tardar a las 4:00 P.M, del día lunes 4 de mayo de 2009, en la siguiente dirección (Calle 12 No 7 – 65 Palacio de Justicia de Bogotá – Secretaria de la Comisión – Oficina 501).
ARTÍCULO TERCERO: En los tres (3) días siguientes a la fecha límite de inscripción, la Secretaria General de la Comisión Interinstitucional, enviará las hojas de vida de los aspirantes a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para .que realice el análisis de cumplimiento de requisitos y elabore el resumen de cada hoja de vida, los cuales deberán remitirse a la Comisión Interinstitucional, a más tardar el día 27 de mayo de 2009.
En efecto, mediante Acuerdo 17 de seis (6) de agosto de 2009 la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial formuló ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la terna para proveer el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial. A partir de entonces esta última Corporación inició el estudio de los distintos candidatos que formaban la terna y finalmente llegó a la conclusión que no era aconsejable la elección de ninguno de éstos porque no reunían los requisitos señalados en el artículo 99 de la LEAJ o estaban próximos a la edad de retiro forzoso, razón por la cual devolvió la terna[30].
Respecto de la primera condición cabe señalar que en el caso concreto aún no ha sido elegido el Director Ejecutivo de Administración Judicial, de manera tal que no se han consolidado derechos en cabeza de terceras personas que hubiesen hecho improcedente el amparo constitucional precisamente por la mora en activarlo. Respecto de la segunda condición encuentra la Sala que el actor sólo pudo tener conocimiento de las dificultades surgidas en torno a la terna elaborada por la Comisión Interinstitucional cuando esta situación fue ventilada públicamente por los medios de comunicación, pues antes de que esto ocurriera no contaba con elementos de juicio que le permitieran percatarse de la presunta afectación de sus derechos fundamentales debido a que los candidatos inicialmente propuestos no reunían los requisitos legalmente exigidos. Esta situación, como antes se consignó, generó un hecho nuevo a partir del cual ha de contarse el plazo razonable para solicitar la protección de los derechos conculcados. En esa medida considera esta Sala de revisión que la tutela fue impetrada de manera oportuna.
Queda por dilucidar si el actor contaba con otros mecanismos eficaces para la protección de sus derechos fundamentales. Al respeto cabe señalar que en una reciente providencia la Sala Cuarta de Revisión[36], al examinar la tutela incoada por la supuesta vulneración del derecho al debido proceso por una persona que había sido excluida del proceso de construcción de referentes de calidad por medio del cual se elaboraría la lista de elegibles presentada ante el Presidente de la República, para efectos de proveer 5 cargos actualmente vacantes, correspondientes a los de Magistrado del Tribunal Superior Militar, sostuvo que el mecanismo constitucional era improcedente porque el actor contaba con otros medios de defensa judicial, las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y adicionalmente no había logrado acreditar un perjuicio irremediable. Sin embargo, en esa oportunidad la Sala tomó en consideración un hecho relevante para establecer la improcedencia del amparo constitucional: que los cargos en cuestión fueron provistos por el Presidente de la República durante el trámite de la revisión[37].
Por las anteriores razones de orden jurídico, muy respetuosamente, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en desarrollo de su competencia legal y orientada sólo por consideraciones legales, del buen servicio y de cumplir bien con sus funciones, devuelve sin tramitar la terna integrada por la H. Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, mediante Acuerdo 17 de 2009, conscientes de las responsabilidades de orden legal, administrativo y disciplinario que podría acarrearle proceder a nombrar Director Ejecutivo de Administración Judicial sin que todos los postulados acrediten el lleno de los requisitos establecidos en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
Tercero.- ORDENAR a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial que en un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles, en ejercicio de sus competencias y atendiendo las circunstancias actuales, provea lo conducente a la conformación de la terna para la provisión del cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial, recomponiéndola, si es el caso, total o parcialmente con los aspirantes que al efecto decida tener en cuenta, y la presente de inmediato a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la que debe proceder a elegir a dicho funcionario a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio
DEMORA EN PROCESO DE SELECCION PARA CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAMA JUDICIAL-Afectación y vinculación de terceras personas amplió el problema jurídico
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Aplicación/ACCION DE TUTELA-Requisito de inmediatez ha de ser valorado teniendo en cuenta las condiciones y características específicas del caso concreto
PROCESO DE SELECCION DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAMA JUDICIAL-Hechos específicos del caso permiten que excepcionalmente, el juez de tutela intervenga en dicho proceso
JUEZ CONSTITUCIONAL-No puede entrar a resolver cuestiones que son propias de la Comisión Interinstitucional de la Rama judicial/COMISION INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL-Competencias en el proceso de selección de Director Ejecutivo de Administración Judicial
PROCESO DE SELECCION DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAMA JUDICIAL-Dichos de paso y recomendaciones de la sentencia/DICHOS DE PASO Y RECOMENDACIONES DE SENTENCIA-Fines
PROCESO DE SELECCION DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAMA JUDICIAL-Quienes participaron no tienen un derecho subjetivo a que la Comisión Interinstitucional los incluya en la terna de la cual debe elegir la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
DICHOS DE PASO EN JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Si bien no son vinculantes, si expresan parámetros de constitucionalidad que han de ser por lo menos considerados/PROCESO DE SELECCION DEL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAMA JUDICIAL-Aspectos centrales que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial debería tener en cuenta
Acción de tutela instaurada por Juan Carlos Abuabara Eljadue contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Unidad de Administración de la carrera judicial del Consejo Superior de la Judicatura
1. Lo decidido y resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-339 de 2011
“El Sr. Abuabara Eljaude impetra tutela contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, entidades alas que atribuye la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos y funciones públicas durante el proceso de selección del Director Ejecutivo de Administración Judicial. Alega que participó en dicho proceso y no fue incluido en la terna elaborada por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, a pesar de reunir los requisitos señalados por el artículo 99 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (en adelante LEAJ), mientras que ninguno de los integrantes de la terna cumple las condiciones legales. Considera, por lo tanto, que al haber sido desplazado por candidatos no aptos para ocupar el cargo fueron vulnerados sus derechos fundamentales.”
Pero para resolver esa cuestión de fondo planteada por el demandante, se requería resolver una cuestión procesal previa, si la acción de tutela es procedente, teniendo en cuenta la decisión del juez de primera instancia (Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca), que consideró que no, por cuanto no se cumplió con el requisito de inmediatez y por existir otros medios de defensa judicial.[39]
1.2. Teniendo en cuenta que las decisiones adoptadas en el presente proceso, aclara la sentencia SU-339 de 2011, podían afectar a terceras personas, que hubiesen participado en el proceso de elección del Director Ejecutivo en cuestión, dentro del proceso se resolvió vincularlas. Esto, claramente, amplió el problema jurídico en los siguientes términos: ¿la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, violaron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos y funciones públicas del accionante ­–y eventualmente al resto de personas que participaron en el proceso de selección–, por considerar que no se incluyó en la terna elaborada por la Comisión Interinstitucional a personas que, como él, sí reunían los requisitos señalados por el artículo 99 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, mientras que ninguno de los integrantes de la terna, a su juicio, cumple las condiciones legales?
1.3.1. La inmediatez demanda de las personas que recurren a la acción de tutela, el deber de que lo hagan con prontitud. Que reaccionen dentro de un tiempo y plazo razonable para presentar su reclamo ante la autoridad judicial competente. No obstante, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, y lo reitera la Sala Plena en la sentencia SU-339 de 2011, este requisito ha de ser valorado teniendo en cuenta las condiciones y características específicas del caso concreto. En el evento de la referencia, la Sala consideró que el requisito de inmediatez se había respetado, a pesar de que la tutela se interpuso al final del segundo mes de 2010 contra una decisión adoptada en agosto de 2009. Para la Sala, el reclamo del accionante tenía que ver también con hechos ocurridos con posterioridad a la presentación de la terna, que sólo pudo conocer por los medios de comunicación en febrero del año 2010.[40]
1.3.2. La subsidiariedad de la acción de tutela consiste en que este medio de defensa judicial no procede cuando existe otro medio de defensa judicial que sea adecuado para garantizar el goce efectivo del derecho cuya protección se invoca. La Sala consideró que el hecho de que el proceso de elección del funcionario siguiera en desarrollo y que se hubiese detenido de la manera en que se estancó, no habiéndose seleccionado funcionario alguno aún, implica un eventual impacto sobre los derechos del accionante y de las demás personas involucradas al proceso, que justifica la intervención del juez de tutela. Los procesos contencioso administrativos que eventualmente procederían, no constituyen medios de defensa judicial eficaces y céleres para los derechos involucrados, dada la situación fáctica precisa y concreta a la que se llegó en el caso analizado por la Corte en la sentencia SU-339 de 2011. Aunque los Magistrados que aclaramos el voto no compartimos el análisis que se hace del precedente aplicable,[41] coincidimos en que los hechos específicos del caso permiten que excepcionalmente, el juez de tutela intervenga en el presente proceso de selección de Director Ejecutivo de la rama judicial
1.4. En segundo lugar, con relación al problema jurídico de fondo, la sentencia SU-339 de 2011 decidió que “[…] la paralización del procedimiento de selección afectó el derecho de acceso a los cargos públicos de los participantes, pues quedó en suspenso la provisión del cargo.”[42] A su juicio, “a partir de la devolución de la terna inicial se paralizó todo el procedimiento de selección del Director Ejecutivo de Administración Judicial, pues durante un prolongado lapso la Comisión Interinstitucional se abstuvo de nominar una nueva terna, lo que dio lugar a que el Sr. Abuabara finalmente impetrara la tutela. Esta situación, a su vez, supuso la afectación del derecho fundamental de acceso a los cargos públicos de todos los candidatos inscritos pues el proceso de selección quedó truncado indefinidamente y de esta manera fueron desconocidas sus legítimas expectativas de que el certamen finalizaría con la elección de uno de ellos.”[43]
1.4.1. Para la Sala, el accionante y las demás personas que participaron en la convocatoria “tienen derecho a que el proceso iniciado para la selección del Director Ejecutivo de Administración Judicial culmine con el nombramiento de una persona”. En otras palabras, reformula la sentencia, “tienen derecho a que el procedimiento de provisión del cargo concluya dentro de un plazo razonable y no que se dilate de manera indefinida por los conflictos surgidos entre los órganos que intervienen dentro del procedimiento de nominación y de selección del cargo que debe ser provisto.”
1.4.2. No obstante, la Sala aclaró que “no hay un derecho subjetivo de quienes participan en el procedimiento de selección a ser incluidos en la terna elaborada por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial”, así como tampoco tiene “[…] el demandante derecho subjetivo a ser nombrado Director Ejecutivo de administración judicial, a pesar de reunir los requisitos establecidos en la ley, pues la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene un margen discrecional para apreciar a los distintos candidatos y elegir aquel que considere más idóneo para el cargo.”[44] Así pues, al no derivarse del derecho a acceder a cargos públicos el derecho subjetivo invocado por la parte, la Sala decidió que “[…] la acción impetrada no es procedente para ordenar la inclusión en la terna de legibles, cual fue la pretensión planteada por el Sr. Abuabara Eljaude. […]”.[45]
1.4.3. En resumen, para la Sala “[…] ninguno de los aspirantes puede alegar ser titular de un derecho subjetivo a ser nominado Director Ejecutivo de Administración Judicial, pero todos los que reunían los requisitos tenían derecho a que el proceso de selección culminara y finalmente el cargo fuera provisto.”[46]
1.4.4. Finalmente, con relación a la decisión sobre el problema jurídico de fondo, cabe resaltar que para la Corte no sólo se han afectado los derechos fundamentales invocados, sino también la institucionalidad misma de la administración de justicia. En efecto, sostuvo que “tal estado de cosas no sólo supuso una afectación de los derechos fundamentales de aquellos participantes que reunían los requisitos necesarios para ocupar el cargo sino que repercutió de manera negativa en la Administración de la Rama Judicial pues la Dirección Ejecutiva ha permanecido en interinidad desde entonces, pese a las importantes funciones que corresponden a este cargo.”
1.5. Con base en las anteriores decisiones, la Sala resolvió adoptar dos medidas de fondo en el caso.[47]
“Ordenar a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial que en un lapso no mayor a treinta (30) días hábiles, en ejercicio de sus competencias y atendiendo las circunstancias actuales, provea lo conducente a la conformación de la terna para la provisión del cargo de Director Ejecutivo Administrativo de la Rama Judicial, recomponiéndola, si es el caso, total o parcialmente con los aspirantes que al efecto decida tener en cuenta, y la presente de inmediato a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la que debe proceder a elegir dicho funcionario a más tardar dentro de los díez (10) días hábiles siguientes.”[48]
“[…] no corresponde [al] juez de tutela vaciar de contenido las competencias de los órganos que participan en el proceso de selección, tales como son la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pues como se ha insistido a lo largo de esta providencia el proceso de selección del Director Ejecutivo de administración judicial aunque reglado, en todo caso permite actuar dentro de un margen de discrecionalidad en la nominación y en la selección de quien habrá de ocupar ese cargo, lo que permite aplicar criterios de conveniencia y de oportunidad.”[49]
En tal sentido, con el objeto de que la Comisión Interinstitucional cumpla la orden de proveer “[…] lo conducente a la conformación de la terna para la provisión del cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial, recomponiéndola, si es el caso, total o parcialmente […]”, dentro de su plena autonomía, la Corte Constitucional señala que la Comisión Interinstitucional, “para cumplir esta orden deberá adelantar todas las gestiones que considere pertinentes.”[50]
2.2. Así, si bien la sentencia establece que “la nueva terna puede ser integrada con quienes participaron en la primera convocatoria o incluso puede abrirse una nueva convocatoria para efectos de confeccionarla”,[51] como una manera de señalar que la Comisión tiene un amplio espacio de decisión para ejercer su facultad, no aclara en qué condiciones específicas puede abrir una nueva convocatoria, o qué razones o criterios concretos pueden llevar a la Comisión a tomar tal decisión. Y está bien que la Corte no haya entrado en tales pormenores porque, como la propia sentencia lo estableció, no corresponde al juez de tutela vaciar de contenido las competencias de los órganos que participan en el proceso de selección del Director Ejecutivo de Administración Judicial. Es más, para los Magistrados que aclaramos el voto era preferible no haber hecho comentario alguno al respecto. Bastaba con señalar la amplitud de la competencia de la Comisión Interinstitucional. No era necesario plantear o proponer hipótesis específicas de solución que es, precisamente, lo que corresponde a la Comisión.
2.3.1. Primero, la razón por la cual se concedió la tutela en la sentencia SU-339 de 2011 es porque al accionante y al resto de personas concretas y específicas que formaron parte del proceso de selección del cargo de Director Ejecutivo de la rama judicial se les desconoció su derecho fundamental a acceder a cargos públicos. En tal medida, la decisión que adopte la Comisión Interinstitucional debe ser especialmente sensible a los derechos del accionante y las demás personas aludidas. La medida de protección adoptada es, ante todo, una forma de reparación de los derechos fundamentales violados. Debe tenerse presente que la decisión adoptada por la Corte, según sus propias palabras, busca armonizar “[…] el derecho al debido proceso y de acceso a cargos públicos de quienes participaron en la convocatoria inicial, con el ejercicio de la potestad nominadora de la cual es titular la Comisión Interinstitucional de la rama judicial y la competencia de elección de la cual es titular la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.”[52] En otras palabras, sería inaceptable que la Comisión Interinstitucional adopte dentro de su margen de discrecionalidad una medida que no pondere en absoluto el derecho al debido proceso y de acceso a cargos públicos de quienes participaron en la convocatoria inicial.
[1] Según comunicación del presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura fueron 37 aspirantes al cargo, ver folio 23 Cuaderno 2 del Expediente.
[7] Cuyo tenor es el siguiente: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
[8] Términos cuyo alcance fue precisado de la siguiente manera: “La "sencillez" del medio judicial se determina según la mayor o menor complejidad del procedimiento y las limitaciones de orden práctico que ello suponga para que el afectado pueda tener posibilidades reales de iniciar y mantener la correspondiente acción, atendidas sus condiciones socio-económicas, culturales y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encuentre. Las peticiones que a este respecto formulen las personas pertenecientes a los grupos discriminados o marginados deben merecer especial consideración, pues la acción de tutela puede ser una medida de favor que mitigue en algo la desigualdad que tradicionalmente ha acompañado a estos grupos (C.P. art. 13).
[16] Corte Constitucional, Sentencia T-851 del 13 de octubre de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil, Sentencia T-158 de 2 de marzo de 2006, MP. Humberto Antonio Sierra Porto, Sentencia T- 618 del 3 de septiembre de 2009, MP. Jorge Iván Palacio Palacio
[17] Sentencia del 17 de enero de 2008, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Sin duda alguna, el artículo 149 de la Ley Estatutaria establece expresamente para los servidores judiciales la edad de retiro forzoso, como causal de cesación definitiva de sus funciones. En ese sentido, de proceder a su designación a sabiendas de tal circunstancia, implicaría que debería iniciarse nuevamente, en breve lapso, el proceso de selección de su reemplazo, con el consecuente desgaste administrativo que conlleva por lo complejo y dispendioso. Adicionalmente, la Sala Administrativa desde el año 2005 tiene sentada la política de que dicha causal de cesación de funciones es aplicable a todos los servidores de la Rama Judicial, posición esta que ha sido ratificada en febrero y mayo de 2007 y en febrero de 2008.”
“Que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, mediante el Acuerdo No 17 del 6 de agosto de 2009, formuló ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de Judicatura, la terna para proveer el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial.
Que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante fallo de fecha 19 de mayo de 2010, dentro del proceso de acción de tutela No. 11001110200020100085301, resolvió “dejar sin efectos el Acuerdo No. 17 de agosto 6 de 2009, por medio del cual la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, formuló ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la terna de candidatos para proveer el cargo de Director Ejecutivo de Administración”.
Que en cumplimiento de lo anterior la Comisión Interinstitucional profirió el Acuerdo No. 11 del 28 de junio de 2010, mediante el cual se acordó “dejar sin efectos el Acuerdo No. 17 del 6 de agosto de 2009 proferido por esta Comisión”.
[33] El artículo 93 de la Ley Fundamental de Bonn al enumerar en el artículo I las competencias del tribunal Constitucional alemán incluyen primer lugar “la interpretación de la Constitución con motivo de los conflictos acerca de la extensión de los derechos y deberes de uno de los órganos federales superiores, o de otros interesados que estén dotados de derechos propios por la Constitución o por el reglamento d en órgano federal”. Una previsión similar contiene la Constitución italiana que atribuye a la Corte Constitucional la competencia de resolver los conflictos de atribuciones entre los poderes del Estado. En España la Ley orgánica del Tribunal Constitucional le asigna a éste órgano tal función.
ARTÍCULO 96. DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. Habrá una Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial integrada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación, y un representante de los funcionarios y empleados de la Rama elegido por éstos en la forma que señale el reglamento.
De hecho, como se anotó en precedencia, el que la pretensión del actor carezca por completo de eficacia, en razón a que persigue su inclusión en una lista de candidatos que, además de haber sido enviada al Presidente de la República, culminó con la expedición del Decreto 4547 de 2009, conduce necesariamente a afirmar que no es posible retrotraer los efectos al momento coyuntural al que alude como sustento de la vulneración que menciona, como quiera que, de proceder en ese sentido, se quebrantarían los derechos y garantías de terceros de buena fe que, en el presente caso, se radican en cabeza de quienes fueron designados finalmente como Magistrados del Tribunal Superior Militar a través del mencionado Decreto Presidencial.”
[43] Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto, AV María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio).
[44] Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto, AV María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio).
[45] Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto, AV María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio).
[46] Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto, AV María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio).
[51] Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto, AV María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio).
[52] Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto, AV María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio).