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Timestamp: 2018-10-24 03:09:09
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 149', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 25', 'artículo 13', 'artículo 15']

Vigencia desde 05 de Agosto de 2012
ANEXO . Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2012, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo
ANEXO . Plan Anual de Política de Empleo 2012
2. Situación actual del mercado de trabajo
3. El Plan Anual de Políticas de Empleo 2012
4. Objetivos prioritarios del Plan Anual de Política de empleo para 2012
5. Vinculación de los objetivos prioritarios con la reforma laboral
6. Plan Nacional de Reformas y Plan Anual de Política de Empleo
– Revisión de las políticas activas de empleo:
– Plan de Empleo Juvenil:
– Plan de lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social:
7. Criterios de elaboración del Plan Anual de Política de Empleo para 2012
8. Acciones y medidas de políticas activas de empleo para cada uno de los objetivos prioritarios
Objetivo 1. Medidas para solventar la actual tasa de desempleo juvenil
Objetivo 2. Medidas para mejorar la empleabilidad de los demás colectivos afectados por el paro
Objetivo 3. Medidas para apoyar a los emprendedores y el mantenimiento de los mismos en el mercado de trabajo
Objetivo 4. Acentuar la colaboración público-privada
Objetivo 5. Medidas para colectivos específicos
Objetivo 6. Lucha contra el fraude
Formación de Ocupados:
9. Evaluación del Plan Anual de Políticas Activas de Empleo 2012
ANEXO I . PAPE 2012 Medidas propuestas por CCAA y SEPE
ANEXO II . PAPE 2012 - Medidas por objetivo prioritario, CA y SEPE
ANEXO III . PAPE 2012 - Medidas por objetivo y ámbito
ANEXO IV . Medidas por objetivo ámbito y CCAA
ANEXO V . Indicadores de contexto para la evaluación
Objetivo 1. Reducir la tasa de desempleo juvenil
Objetivo 2. Mejorar la empleabilidad de los demás colectivos afectados por el paro
Objetivo 3. Apoyar a los emprendedores a través de medidas que contribuyan a crear empleo y posibilitar el mantenimiento de los mismos en el mercado de trabajo
Objetivo 4. Acentuar la colaboración público-privada con el fin de realzar los mecanismos de búsqueda de empleo por los desempleados
Objetivo 5. Desarrollar medidas para colectivos específicos, con especial atención a las personas con discapacidad
Objetivo 6. Lucha contra el fraude y vinculación entre políticas activas y pasivas
Modernización de los servicios públicos de empleo.
Formación de ocupados.
R Empleo 28 Ago. 2013 (Acuerdo Consejo de Ministros 2 Ago. 2013, aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2013)
Véase la Res. de 28 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2013 («B.O.E.» 10 septiembre).
El Consejo de Ministros en su reunión del 6 de julio de 2012 ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
A los efectos de dar publicidad al mencionado Acuerdo, esta Secretaría de Estado de Empleo ha resuelto disponer la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado como Anexo a la presente Resolución.
Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2012, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo
Desde mediados del año 2007 las magnitudes macroeconómicas de la economía española experimentan una evolución negativa que ha tenido su reflejo en el mercado de trabajo con el consiguiente incremento de la tasa de desempleo que en el primer trimestre de 2012 ha alcanzado el 24,44% mientras que en el primer trimestre de 2008 suponía el 9,63%.
La destrucción de empleo ha sido especialmente acusada entre los menores de 25 años, donde alcanza el 54,02%.
En una situación como la actual resulta esencial mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones implicadas en la realización de las acciones y medidas de políticas activas de empleo, de cara a conseguir una eficaz utilización de los recursos destinados a facilitar la inserción laboral de los trabajadores desempleados en el mercado laboral a la par que una mayor eficiencia en el uso de los mismos.
El artículo 149.1.7 de la Constitución establece que la competencia legislativa en materia laboral corresponde al Estado sin perjuicio de su ejecución por las Comunidades Autónomas. En el ámbito del empleo, el artículo 7 bis de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, define el Plan Anual de Política de Empleo como uno de los instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, del cual forman parte tanto el Servicio Público de Empleo Estatal como los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.
El artículo 4 ter de la citada Ley 56/2003 establece que el Plan Anual de Política de Empleo concretará en cada ejercicio los objetivos de la Estrategia Española de Empleo a alcanzar en todo el Estado y en las distintas Comunidades Autónomas, así como los indicadores que se utilizarán para conocer el grado de cumplimiento de los mismos. De tal forma, el Plan Anual de Política de Empleo se configura como un instrumento de evaluación de las acciones y medidas de políticas activas de empleo desarrolladas por el Servicio Público de Empleo Estatal y las Comunidades Autónomas.
Además, el citado Plan contendrá la concreción anual de determinados contenidos enunciados en la Estrategia Española de Empleo aprobada mediante el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre.
De hecho, las acciones y medidas que tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán en el marco de este Plan Anual de Política de Empleo para 2012, han de estar vinculadas con los ámbitos de las políticas activas de empleo que se establecen en la Ley 56/2003, y que están definidos y desarrollados en la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobada por Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre.
Así, el Plan contiene las acciones y medidas de políticas activas de empleo que se proponen llevar a cabo las Comunidades Autónomas, tanto las financiadas mediante fondos estatales, distribuidos de acuerdo con los criterios objetivos acordados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, como con recursos económicos propios, así como las acciones y medidas que va a realizar, en su ámbito de competencia, el propio Servicio Público de Empleo Estatal.
Por todo ello, el Plan Anual de Política de Empleo es un instrumento destinado por un lado a mejorar la coordinación entre las Administraciones Públicas competentes en la materialización de las políticas activas de empleo, y por otro lado a mejorar la evaluación de éstas.
El contenido del Plan Anual de Política de Empleo para 2012, además de tener presente la modificación que la Estrategia Española de Empleo supuso para las políticas activas de empleo del Estado, ha recogido los aspectos del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que tienen una relación directa con las mismas, estableciendo entre otros objetivos la reducción de la tasa de desempleo juvenil, el apoyo a los emprendedores o el desarrollo de la colaboración público-privada para mejorar los mecanismos de búsqueda de empleo.
En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el 24 de mayo de 2012 se presentó el texto del Plan Anual de Política de Empleo para 2012, y el mismo se presentó a informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo en la reunión celebrada el 25 de mayo de 2012. Con ello se cumple lo dispuesto en el artículo 4 ter.2 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 ter.2 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, la aprobación del Plan Anual de Política de Empleo para 2012 se realiza junto con la formalización por el Consejo de Ministros de los criterios objetivos de distribución de fondos entre las distintas Comunidades Autónomas con competencias de ejecución asumidas en materia de políticas activas de empleo, según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre General Presupuestaria.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de julio de 2012, ha adoptado el siguiente
Se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2012 que se adjunta como anexo.
La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, la Estrategia Española de Empleo, el Plan Anual de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. Estos instrumentos se configuran como el marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en el conjunto de España y como marco de referencia compartido, a partir del cual los Servicios Públicos de Empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas activas de empleo.
De este modo, la Estrategia Española de Empleo constituye el marco para la determinación de objetivos comunes a conseguir por el conjunto de Servicios Públicos de Empleo, estableciendo un marco que permite garantizar la igualdad en el acceso y atención a los beneficiarios de las políticas activas de empleo en toda España, sin perjuicio de permitir la suficiente flexibilidad para permitir su adaptación a las especiales características de los beneficiarios de las mismas en las distintas Comunidades Autónomas, de tal manera que se garantice, en todo momento, la igualdad de acceso, la cohesión social y la complementariedad entre la unidad de mercado y la diversidad territorial, así como la eficacia y eficiencia en la utilización de fondos públicos.
Esta Estrategia Española de Empleo contiene los elementos y criterios para que, por parte del conjunto de los Servicios Públicos de Empleo, se diseñen y gestionen las políticas activas de empleo. Entendidas como tales políticas las definidas en el artículo 23 de La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, como «el conjunto de acciones y medidas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social».
La articulación de la estrategia se realiza de acuerdo con los diez ámbitos de actuación de las políticas activas de empleo que se determinan en el artículo 25 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, ámbitos que constituyen la estructura funcional de dicha Estrategia.
El Plan Anual de Política de Empleo 2012, según lo previsto en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece los objetivos de la Estrategia Española de Empleo a alcanzar en este año en el conjunto de España y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, así como los indicadores que se van a utilizar para valorar su grado de consecución.
Asimismo, para alcanzar los objetivos señalados, el Plan Anual de Política de Empleo contiene las acciones y medidas de políticas activas de empleo que van a llevar a cabo, las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias de ejecución de las políticas activas y el Servicio Público de Empleo Estatal en ejecución de la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos.
En un contexto de colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo, las Comunidades Autónomas, a fin de determinar las acciones y medidas que van a desarrollar con cargo a los fondos distribuidos por el Servicio Público de Empleo Estatal en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, para su inclusión en el Plan Anual de Política de Empleo para 2012, han podido optar por realizar medidas de ámbito estatal de las recogidas en la relación de normas no derogadas por el Real Decreto-ley 3/2012 o bien realizar medidas propias que establezcan las Comunidades Autónomas, o una combinación de ambas, siempre que necesariamente se dirijan a la consecución de los objetivos prioritarios establecidos en el Plan Anual.
EL Plan Anual de Política de Empleo 2012 debe gestionarse en un periodo en el que la crisis económica sigue teniendo un fuerte impacto negativo sobre el empleo. Lo que se traduce en un crecimiento sostenido del número de trabajadores en paro, que en el primer trimestre de este año alcanzaron la cifra de 5.639.500. De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa a lo largo de los doce meses anteriores, el paro ha experimentado un crecimiento en 729.300 personas.
Al finalizar el primer trimestre de 2012 España contaba con una población activa de 23.072.800 personas, de las cuales 17.433.300 estaban ocupadas (40% mujeres y 50,75% hombres). En consecuencia, la tasa de paro alcanza un valor del 24,44% (24,86% mujeres y 24,09% hombres).
La destrucción de empleo ha afectado especialmente a los jóvenes, lo que se ha tenido en cuenta para establecer los objetivos prioritarios del Plan. Entre los menores de 25 años, el número de parados se sitúa ya en 921.800. Lo que supone 54.600 parados más que en el primer trimestre de 2011. El desempleo alcanza a una de cada dos personas jóvenes; entre este colectivo, la tasa de paro llega hasta un 52,01%, más del doble de la tasa global.
El tiempo medio en que los trabajadores permanecen en situación de desempleo, también se ha incrementado de manera notable. El número de personas que lleva más de doce meses en paro, se ha quintuplicado en los últimos cuatro años, convirtiendo a este colectivo en uno de los más golpeados por la crisis.
Las dificultades por las que está atravesando nuestro mercado de trabajo, tienen también un claro reflejo en las cifras que muestran los registros administrativos del conjunto de Servicios Públicos de Empleo.
El paro registrado alcanza en abril de 2012 la cifra de 4.744.235 personas (2.379.468 mujeres y 2.364.767 hombres). Un año antes, en abril de 2011, ascendía a 4.269.360 (2.148.889 mujeres y 2.120.471 hombres). Se ha producido por tanto un incremento de 474.875 personas registradas como paradas, lo que supone en términos relativos un aumento del 11,1%.
Asimismo, en abril de 2012, el número de desempleados menores de 30 años era de 1.041.315, lo que supone 57.160 más (5,8%) que en abril de 2011.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2, del artículo 4 ter, de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2011), «El Plan Anual de Política de Empleo se elaborará, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se informará por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, regulado en el artículo 7.1.b), y se aprobará por el Consejo de Ministros junto con la formalización de los criterios objetivos de distribución de los fondos de empleo contemplados en el artículo 14» (...)
Por otro lado, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, ha supuesto la aprobación de medidas para la reforma del mercado laboral que trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social. Asimismo, en la reforma se establecen medidas para mejorar la empleabilidad de los trabajadores e incentivar la contratación de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.
Con esta finalidad, la reforma laboral recoge un conjunto coherente de medidas con los siguientes objetivos:
– Fomentar la empleabilidad de los trabajadores, reformando aspectos relativos a la intermediación laboral y a la formación profesional .
– Fomentar la contratación indefinida y otras formas de trabajo, con especial hincapié en promover la contratación por PYMES y de jóvenes y mujeres.
– Incentivar la flexibilidad interna en la empresa como medida alternativa a la destrucción de empleo.
– Favorecer la eficiencia del mercado de trabajo como elemento vinculado a la reducción de la dualidad laboral, con medidas que afectan principalmente a la extinción de contratos de trabajo.
Por otro lado, como marco general de actuaciones en el que se sitúan las medidas dirigidas a la reforma del marco laboral y los instrumentos de políticas activas de empleo necesarios para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores desempleados, el Gobierno de España ha elaborado y aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de abril la remisión a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas de España 2012. Dicho documento recoge la Estrategia de política económica del Gobierno para los próximos años e incluye un apartado dedicado a las políticas activas de empleo, exigiéndose una revisión progresiva de su funcionamiento al objeto de comprobar la contribución de dichas políticas a mejorar la empleabilidad de los desempleados.
En el sentido apuntado más arriba, el Programa Nacional de Reformas de España 2012 procederá a una reorientación de los programas de promoción de empleo y de formación profesional, se crearán nuevos instrumentos para la intermediación y la orientación hacia el mercado laboral, se priorizará que el gasto en incentivos económicos se destine a los colectivos con mayores problemas de inserción laboral y se fomentará la coordinación entre las diferentes Administraciones competentes para evaluar los resultados.
Asimismo, dentro del Plan Nacional de Reformas, se incluye un Plan de Empleo Juvenil con el objetivo de impulsar diversas medidas dirigidas a reducir, a corto plazo, el desempleo juvenil, haciendo hincapié en aquellas medidas que faciliten la inserción laboral, especialmente a través del aprendizaje profesional.
También se incluyen en dicho Plan Nacional un Plan de lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social que recoge medidas de control y seguimiento de las prestaciones por desempleo y de los incentivos mediante bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social.
A fin de dar cumplimiento a todas estas iniciativas se ha procedido a la elaboración del Plan Anual de Política de Empleo, habiéndose determinado en el mismo los objetivos prioritarios de política de empleo que configurarán las políticas activas de empleo que serán objeto de desarrollo por los Servicios Públicos de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia.
A fin de dar una eficaz respuesta a los principales retos que en materia de política de empleo se presentan en el contexto socioeconómico actual de crisis económica-financiera y adecuación a las limitadas disponibilidades presupuestarias y, en consecuencia, estructurar adecuadamente las acciones y medidas que se integran en el Plan Anual de Política de Empleo para 2012, en este Plan se han establecido seis objetivos prioritarios a los cuales deberán necesariamente estar vinculadas todas las acciones y medidas del Plan Anual que se desarrollen por los Servicios Públicos de Empleo.
Estos objetivos prioritarios son los siguientes:
1. Reducir la tasa de desempleo juvenil.
2. Mejorar la empleabilidad de los demás colectivos afectados por el paro.
3. Apoyar a los emprendedores a través de medidas que contribuyan a crear empleo y posibilitar el mantenimiento de los mismos en el mercado de trabajo.
4. Acentuar la colaboración público-privada con el fin de realzar los mecanismos de búsqueda de empleo por los desempleados.
5. Desarrollar medidas para colectivos específicos, con especial atención a las personas con discapacidad.
6. Lucha contra el fraude.
Asimismo, se tendrán en cuenta en el Plan Anual de Política de Empleo para 2012 las acciones y medidas dirigidas a la formación de ocupados y la modernización de los Servicios Públicos de Empleo.
En todo caso, estas acciones y medidas deberán, a su vez, incardinarse en los diez ámbitos establecidos en el artículo 25.1 de la Ley 56/2003, de Empleo.
Las medidas de políticas activas de empleo que se desarrollen por los Servicios Públicos de Empleo serán objeto de evaluación respecto de la consecución de estos objetivos en los términos contemplados en el apartado correspondiente, de esta forma se mantendrá permanentemente actualizadas el conjunto de medidas de políticas activas de empleo a fin de que resulten eficaces para contribuir a que se alcancen los objetivos que se determinen en cada momento.
Como ya se ha indicado, las acciones y medidas que tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán en el marco de este Plan Anual de Política de Empleo para 2012, también han de estar vinculadas con los ámbitos de las políticas activas de empleo que se establecen en la Ley 56/2003 de Empleo y que están desarrollados y definidos en la Estrategia Española de Empleo, aprobada por el por el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre.
Estos ámbitos son el fundamento para la determinación de las partidas presupuestarias del Servicio Público de Empleo Estatal a efectos de la definición de los conceptos de gasto y su clasificación económica en materia de políticas activas de empleo. Estos conceptos sirven de base para la distribución de los fondos a las Comunidades Autónomas de acuerdo con los criterios aprobados en Conferencia Sectorial, siendo la referencia para llevar a cabo dicha distribución.
Los ámbitos de políticas activas de empleo referidos, incluyen las siguientes medidas y acciones definidas en la Estrategia Española de Empleo:
– Ámbito de orientación profesional: Acciones y medidas de información, acompañamiento, motivación y asesoramiento para la búsqueda de empleo o la puesta en práctica de iniciativas empresariales.
– Ámbito de formación y recualificación: Acciones y medidas de aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional incluidas en el subsistema de formación profesional para el empleo que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades.
– Ámbito de oportunidades de empleo y fomento de la contratación: Acciones y medidas de estímulo de la contratación y apoyo al mantenimiento de puestos de trabajo.
– Ámbito de oportunidades de empleo y formación: Acciones y medidas que impliquen la realización de un trabajo efectivo en un entorno real y permitan adquirir simultáneamente formación o experiencia profesional dirigidas a la cualificación o inserción laboral.
– Ámbito de fomento de la igualdad de oportunidades en el empleo: Acciones y medidas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, la permanencia en el mismo y la promoción profesional, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
– Ámbito de oportunidades para colectivos con especiales dificultades: Acciones y medidas de inserción laboral de personas que, de forma estructural o coyuntural, presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo. A estos efectos, se tendrá especialmente en consideración la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, de las víctimas de violencia doméstica, de las víctimas del terrorismo y de las personas con discapacidad o en situación de exclusión social.
– Ámbito de autoempleo y creación de empresas: Acciones y medidas dirigidas a fomentar las iniciativas empresariales mediante el empleo autónomo, o la economía social, o bien encaminadas a la generación de empleo, creación y promoción de todo tipo de actividad empresarial.
– Ámbito de promoción del desarrollo y la actividad económica territorial: Acciones y medidas encaminadas a la generación de empleo, la creación de actividad y la dinamización e impulso del desarrollo económico local.
– Ámbito de fomento de la movilidad: Acciones y medidas encaminadas a facilitar el desplazamiento temporal o definitivo de la residencia habitual para la obtención y desempeño de un empleo o puesto de trabajo.
– Ámbito de proyectos integrados: Acciones y medidas que combinen o conjuguen varias de las medidas incluidas en los ámbitos recogidos con anterioridad.
Las medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores establecidas en la reforma laboral aprobada por el Real Decreto-ley 3/2012 tienen una estrecha vinculación con los objetivos prioritarios determinados en el Plan Anual de Política de Empleo y se completan con el resto de medidas de políticas activas de empleo a fin de dar respuesta a dichos objetivos. Estas medidas y su relación con los objetivos prioritarios, son las siguientes:
– Se reforma el marco regulador de las empresas de trabajo temporal autorizándolas a operar como agencias de colocación. (Objetivo 4: acentuar la colaboración público-privada con el fin de realzar los mecanismos de búsqueda de empleo por los desempleados).
– Se modifica la formación profesional en los siguientes aspectos (Objetivo 1: reducir la tasa de desempleo juvenil y Objetivo 2: mejorar la empleabilidad de los demás colectivos afectados por el paro):
• Reconocimiento de la formación profesional como un derecho individual, estableciéndose como un derecho de los trabajadores un permiso retribuido con fines formativos.
• Reconocimiento a los trabajadores el derecho a la formación profesional dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo.
• Establecimiento para cada trabajador de una cuenta de formación asociada al número de afiliación a la Seguridad Social que gestionarán los Servicios Públicos de Empleo.
• Reconocimiento a los centros y entidades de formación, debidamente acreditados, de la posibilidad de participar directamente en el sistema de formación profesional para el empleo, con la finalidad de que la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficiente.
• Modificación del contrato para la formación y el aprendizaje para potenciar el empleo juvenil y la mejora de su cualificación en un régimen de alternancia de la actividad formativa y laboral.
– Se establecen medidas para fomentar la contratación indefinida y la creación de empleo, especialmente dirigidas a los jóvenes desempleados y las Pymes (Objetivo 1: reducir la tasa de desempleo juvenil y Objetivo 2: mejorar la empleabilidad de los demás colectivos afectados por el paro), estas medidas son:
• Reforma del contrato de trabajo a tiempo parcial con el objetivo de buscar un mayor equilibrio entre flexibilidad y protección social, admitiendo la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, e incluyendo las mismas en la base de cotización por contingencias comunes.
• Modificación de la ordenación del tradicional trabajo a domicilio, para dar acogida, mediante una regulación equilibrada de derechos y obligaciones, al trabajo a distancia basado en el uso intensivo de las nuevas tecnologías.
• Creación de una nueva modalidad de contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores de la que sólo podrán hacer uso las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores que apuesten por la creación de empleo. Además, se establecen incentivos para estos contratos, incluyendo deducciones fiscales por la contratación de jóvenes y beneficiarios de prestaciones por desempleo, incrementando su cuantía cuando se concierten con mujeres en sectores donde estén menos representadas.
• Racionalización del sistema de bonificaciones por la contratación indefinida, así las bonificaciones previstas en el Real Decreto Ley se dirigen exclusivamente a las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores, bien por la transformación de contratos en prácticas, de relevo o de sustitución de la edad por jubilación en contratos indefinidos, o bien por la contratación indefinida, a través de la nueva modalidad contractual para emprendedores, de jóvenes de entre 16 y 30 años o mayores de 45 años inscritos como demandantes de empleo al menos doce meses en los dieciocho anteriores a la contratación, incrementando su cuantía cuando se concierten con mujeres en sectores donde estén menos representadas.
El conjunto de los efectos de la reforma laboral hace más favorable ya desde 2012 la relación producción-empleo. La negociación de los salarios en condiciones más competitivas, la mitigación de los mecanismos y la persistencia de los salarios nominales redundarán en una menor destrucción de empleo. Además, el umbral de creación de empleo se rebajará, de modo que en un escenario macroeconómico puede suponerse que con tasas de crecimiento del PIB algo superiores al 1% ya comenzarán a crear un pequeño volumen de empleo.
Como se ha señalado anteriormente, entre las materias más destacadas dentro del apartado dedicado al mercado laboral del Plan Anual de Reformas 2012 son las relativas a la revisión de las políticas activas de empleo, la mejora de la empleabilidad de los jóvenes a través de la formación profesional y el Plan de Empleo Juvenil. Asimismo dentro de las medidas para procurar la sostenibilidad y eficiencia del sistema público de Seguridad Social, se incluye un Plan de lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social.
Todas estas actuaciones tienen su reflejo tanto en los objetivos prioritarios recogidos en el Plan Anual de Política de Empleo, como en las acciones y medidas que se integran en el citado Plan y que tienden a dar cumplimiento a dichos objetivos.
Las Políticas Activas de Empleo constituyen un instrumento esencial para prevenir el desempleo y configurar un funcionamiento de los mercados de trabajo más eficiente. La reforma laboral ha introducido diversas medidas que sientan las bases para una transformación de las Políticas Activas de Empleo con el objetivo de incrementar su eficiencia y eficacia.
Para la consecución de dicho objetivo, la implantación del nuevo modelo iniciado con la reforma laboral va a exigir una revisión progresiva de las Políticas Activas de Empleo, lo que pasa por una continua evaluación de las medidas puestas en práctica y una reorientación de las mismas a la luz de los resultados de tal evaluación. Esta evaluación permitirá que en cada momento los Servicios Públicos de Empleo dispongan de un elenco de medidas de políticas activas de empleo eficaces de cara al objetivo de promover la empleabilidad de los trabajadores desempleados y contribuir de ese modo a tener un mercado de trabajo más integrado y equilibrado.
Los objetivos últimos deben ser los apuntados por las recomendaciones europeas derivadas de la Estrategia Europa 2020 y las directrices para las Políticas de Empleo adoptadas por decisión del Consejo de la UE, de 21 de octubre de 2010; esto es, una políticas activas que tengan un enfoque preventivo para facilitar nuevas oportunidades de incorporación al empleo a los desempleados, mejorando su empleabilidad y aumentando su proactividad, de forma que se reduzca su tiempo de permanencia en desempleo.
Con este enfoque de las políticas activas de empleo se pretende seguir las orientaciones reflejadas en las Recomendaciones del Consejo Europeo, de 12 de julio de 2011, en particular en lo relativo a adoptar nuevas medidas encaminadas a mejorar el aprendizaje de los trabajadores y formular nuevas reformas para reducir la segmentación del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes.
La revisión de las políticas activas de empleo en aras de estos grandes objetivos se efectuará progresivamente, en un contexto de restricción presupuestaria, lo que incrementa las exigencias de eficiencia de estas políticas, y siempre en el marco de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014.
Evidentemente, las acciones y medidas de políticas activas de empleo que desarrollarán los Servicios Públicos de Empleo y que se incluyen en este Plan Anual de Política de Empleo serán objeto de revisión y evaluación permanente al objeto de dar cumplimiento a los objetivos anteriores según lo recogido en el apartado 6.
Las medidas programadas para una progresiva revisión de las Políticas Activas de Empleo en España, pueden estructurarse en torno a cinco grandes líneas de actuación:
a) Reorientación de los programas de promoción del empleo, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y eficacia de aquellas medidas de políticas activas de empleo que van destinadas a fomentar la inserción laboral, tanto a través del trabajo por cuenta ajena como mediante el autoempleo, dando prioridad a reducir el desempleo juvenil.
b) Reorientación de los programas de formación profesional para el Empleo cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y gestión del sistema para la formación para el empleo, introduciendo una mayor competencia, transparencia y evaluación en el uso de los recursos públicos para maximizar el impacto del gasto dirigido a mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
c) Nuevos instrumentos para la orientación profesional y la intermediación en el mercado laboral cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de los servicios destinados a proporcionar orientación profesional de los desempleados y a la intermediación entre la oferta y demanda en el mercado de trabajo con el objetivo de reducir la duración de las situaciones de desempleo y aumentar la cantidad y calidad de los emparejamientos entre oferta y demanda de trabajo.
d) Racionalización de los incentivos económicos a la contratación laboral cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de los incentivos económicos a la contratación laboral y centrar el grueso gasto en incentivos para el empleo estable de aquellos colectivos con mayores problemas de inserción laboral, en particular los jóvenes.
e) Coordinación y evaluación por parte de los Servicios Públicos de Empleo cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de los servicios públicos encargados de gestionar las políticas activas de empleo mediante una adecuada coordinación entre las diferentes administraciones competentes y la implantación de una cultura de la evaluación en materia de políticas activas de empleo.
Por otro lado, adicionalmente, hay que señalar que en el marco de la Iniciativa de Oportunidades para la Juventud puesta en marcha por la Comisión Europea y a partir del encuentro celebrado entre el «Equipo de acción para España» de esta iniciativa y las autoridades españolas se acordó seguir trabajando conjuntamente para evaluar una reorientación de los fondos asignados a España con el objetivo de aumentar la participación de los jóvenes en los programas del FSE y acometer medidas mas específicas relacionadas con el empleo juvenil.
Este Plan contempla un conjunto de medidas para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social de tal manera que se garantice que las políticas sociales se cumplen con igual intensidad en toda España.
El objetivo de la lucha contra el fraude es reforzar el cumplimiento de las obligaciones de trabajadores y empresarios. Este objetivo es uno de los objetivos prioritarios del Plan Anual de Política de Empleo y así se recoge en el mismo.
Entre las medidas contempladas en el Plan de lucha contra el fraude en materia de Seguridad Social y que están vinculadas con la actuación de los Servicios Públicos de Empleo y el citado Plan Anual de Política de Empleo, se encuentran las actuaciones dirigidas a mejorar la vinculación de las políticas activas de empleo con las pasivas. Asimismo, se proponen medidas para el control y seguimiento de bonificaciones y otros incentivos en materia de Seguridad Social, tanto en el ámbito de la contratación como en la formación profesional para el empleo.
El Plan Anual de Política de Empleo para 2012 que se presenta, contiene el conjunto de las acciones y medidas que cada Comunidad Autónoma llevará a cabo, comprendiendo tanto las que establezca libremente, ajustándose a la realidad de las personas desempleadas y del tejido productivo de su ámbito territorial, como las medidas de ámbito estatal que preserven la unidad en la atención a las personas en situación de desempleo, y que son de aplicación en todo el Estado con independencia del ámbito territorial en el que vivan las personas destinatarias de las mismas.
Para la elaboración del Plan Anual de Política de Empleo para 2012, y a fin de recoger de forma sistematizada y homogénea las acciones y medidas de políticas activas de empleo a incluir en el mismo, tanto por parte de las Comunidades Autónomas como por el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, han proporcionado, para su análisis y consideración, una relación enumeración y descripción de cada una de las medidas que se prevé realizar durante 2012.
En la descripción se ha recogido para cada una de las acciones y medidas incluidas la información necesaria para conocer en qué consiste, su instrumentalización, incidencia y los costes que se financian, así como su vinculación con los objetivos prioritarios y los ámbitos de la Estrategia Española de Empleo. Asimismo, en la documentación recibida, se ha señalado la vía de financiación de las medidas propuesto, ya sea por financiación propia o por fondos estatales distribuidos a las Comunidades Autónomas de acuerdo con los criterios objetivos acordados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Finalmente, se ha solicitado una estimación del coste de la medida y de los beneficiarios finales a atender.
En un contexto de colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo, las Comunidades Autónomas, a fin de determinar las acciones y medidas que van a desarrollar con cargo a los fondos distribuidos por el Servicio Público de Empleo Estatal en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, para su inclusión en el Plan Anual de Política de Empleo para 2012, tal y como se indica en la introducción de este documento, han podido optar por realizar medidas de ámbito estatal de las recogidas en la relación de normas no derogadas por el Real Decreto-ley 3/2012 o bien realizar medidas propias que establezcan las Comunidades Autónomas, o una combinación de ambas, siempre que necesariamente se dirijan a atender los objetivos prioritarios establecidos en el Plan Anual.
De esta forma, se han ofrecido vías alternativas a las Comunidades Autónomas para desarrollar las acciones y medidas de políticas activas de empleo que se adecuen a los objetivos prioritarios anteriormente mencionados y se integren en los distintos ámbitos de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014.
Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Empleo, el Plan Anual de Política de Empleo recoge también la información correspondiente a las acciones y medidas de políticas activas de empleo que las Comunidades Autónomas realicen con recursos económicos propios.
Por último, como se ha indicado anteriormente, también se recogen en el Plan Anual de Política de Empleo las acciones y medidas de políticas activas de empleo que desarrollará el Servicio Público de Empleo Estatal dentro de su ámbito de gestión. Dentro de ese ámbito se incluyen tanto las medidas en territorio no transferido (Ceuta y Melilla), como las gestionadas con cargo a la reserva de gestión establecida en el artículo 13.h) de la Ley 56/2003 de Empleo y los programas que no son objeto de traspaso a las Comunidades Autónomas, como son el Programa de Fomento de Empleo Agrario, los incentivos de fomento de empleo mediante bonificaciones a la contratación y las acciones formativas que realizan las empresas para sus trabajadores (formación de demanda).
Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal han propuesto para su inclusión en el Plan Anual de Política de Empleo de 2012 un total de 522 acciones y medidas para cada uno de los objetivos, que se corresponden en unos casos con los programas de ámbito estatal en vigor y en otros con acciones y medidas que los reformulan. También se incluyen acciones y medidas novedosas y no vinculadas con los citados programas. Asimismo, todas estas medidas se incardinan en los diez ámbitos de políticas activas de empleo que se establecen en la Ley 56/2003 de Empleo y que están desarrollados en la Estrategia Española de Empleo.
El conjunto de acciones y medidas que han propuesto y que se van a ejecutar por las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal serán objeto de evaluación periódica, tal y como se ha indicado anteriormente, con el fin de que en todo momento los Servicios Públicos de Empleo dispongan de una información que permitan conocer el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y la evaluación de las acciones desarrolladas.
Los objetivos y las medidas de política de empleo que tanto las Comunidades Autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán en el marco de este Plan Anual de Política de Empleo para 2012, se recogen de manera detallada en el anexo que acompaña a este Plan y, de manera resumida, se agrupan para cada uno de los objetivos prioritarios de la siguiente forma:
Se incluyen 101 medidas para la mejora de la ocupabilidad de los jóvenes desempleados e incentivar su contratación, que se corresponden con la siguiente tipología:
– Actuaciones dirigidas a la Orientación Profesional como la realización de itinerarios de inserción para jóvenes.
– Acciones formativas dirigidas a jóvenes desempleados, realización de prácticas no laborales en empresas y desarrollo de prácticas para jóvenes desempleados.
– Incentivos a la contratación de carácter indefinido.
– Programas de empleo-formación como escuelas taller y otros similares.
– Medidas a favor del autoempleo para jóvenes.
– Programas integrados que incluyen varias medidas dirigidas a la inserción de jóvenes.
Se incluyen 204 medidas cuyo objetivo es desarrollar actuaciones que mejoren las condiciones de empleabilidad de las personas desempleadas distintas de los jóvenes, que ya son objeto de atención en el objetivo. Estas medidas se corresponden con la siguiente tipología:
– Actuaciones dirigidas a la Orientación Profesional como la realización de itinerarios de inserción para desempleados, así como acciones de orientación para el empleo y el autoempleo.
– Acciones formativas de oferta dirigidas a desempleados, realización de prácticas no laborales en empresas y desarrollo de prácticas para desempleados. Asimismo se incluyen actuaciones para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
– Planes de recualificación para la atención de desempleados procedentes de sectores en crisis.
– Incentivos a la contratación de carácter indefinido y a las transformaciones de contratos temporales en indefinidos.
– Programas de colaboración para la contratación temporal de trabajadores desempleados con Administraciones públicas, instituciones sin ánimo de lucro y corporaciones locales.
– Programas de empleo-formación como talleres de empleo y otros similares.
– Programas de fomento de igualdad de oportunidades con incentivos para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores.
– Medidas a favor del autoempleo para desempleados, incluyendo formación en cooperativas y sociedades laborales, así como entidades de economía social.
Se incluyen 117 medidas cuyo objetivo es establecer actuaciones que contribuyan a la creación de empresas, especialmente las derivadas de autoempleo y economía social y se corresponden con la siguiente tipología:
– Actuaciones de Orientación Profesional para el autoempleo.
– Programas en materia de formación de tutorización de nuevos emprendedores.
– Incentivos a la contratación de carácter indefinido en pymes y en cooperativas y sociedades laborales.
– Programas de fomento de igualdad de oportunidades con incentivos para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores autónomos.
– Diversas medidas (financieras, inversiones directa, incorporaciones en las TIC, apoyo a entidades representativas de la economía social...) dirigidas directamente a favorecer el autoempleo y la creación de empresas.
– Actuaciones para el fomento de la actividad económica territorial, como la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local y apoyo a las Iniciativas Locales de Empleo.
Se incluyen 31 medidas cuyo objetivo es desarrollar actuaciones que favorezcan la participación de entidades privadas en la realización de medidas de políticas activas y en la intermediación laboral. Estas medidas se corresponden con la siguiente tipología:
– Actuaciones dirigidas a la Orientación Profesional para el empleo y el autoempleo y la realización de itinerarios de inserción.
– Convenios de colaboración con las Agencias de Colocación para la inserción Laboral.
– Participación de entidades colaboradoras en la gestión de oferta de empleo dirigidas a desempleados.
– Desarrollo de Proyectos Integrados de Empleo para desempleados.
Se incluyen 108 medidas cuyo objetivo es desarrollar actuaciones que mejoren las condiciones de empleabilidad e incentiven la contratación de las personas con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, especialmente las personas con discapacidad. Estas medidas se corresponden con la siguiente tipología:
– Actuaciones dirigidas a la Orientación Profesional como la realización de itinerarios de inserción, así como acciones de orientación para el empleo y el autoempleo.
– Acciones formativas de oferta dirigidas a desempleados y ocupados, realización de prácticas no laborales en empresas y desarrollo de prácticas para desempleados. Asimismo se incluyen actuaciones para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
– Planes específicos para la atención de desempleados.
– Incentivos a la creación y mantenimiento de empleo de las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.
– Incentivos a la creación y mantenimiento de empleo de las personas en situación de exclusión social, incluyendo el fomento del empleo en empresas de inserción y del tercer sector.
– Programas de fomento a favor del empleo de mujeres víctimas de la violencia de género.
– Programas de formación e inserción para inmigrantes.
– Medidas a favor del autoempleo para discapacitados, incluyendo formación en cooperativas y sociedades laborales, así como entidades de economía social.
– Proyectos Integrados para colectivos con dificultades de inserción.
Se incluyen 9 medidas cuyo objetivo es desarrollar actuaciones que impidan la percepción indebida de prestaciones y la correcta aplicación de las políticas activas de empleo y se corresponden con la siguiente tipología:
– Campaña de concienciación sobre los costes de la formación.
– Programa de lucha contra el trabajo no declarado.
– Planes de inspección y control del fraude en políticas activas.
– Seguimiento de los acuerdos personales de empleo de las personas perceptoras de prestaciones.
A las medidas propuestas por las CCAA hay que añadir las propuestas por el grupo técnico constituido al efecto en el marco de la Comisión Técnica de Trabajo de Directores Generales de Servicios Públicos de Empleo.
Las principales actuaciones propuestas para cumplir con el objetivo de lucha contra el fraude y una mayor vinculación entre políticas activas y pasivas son:
– Efectuar el seguimiento del compromiso de actividad de todos los beneficiarios de Renta Activa de Inserción (RAI).
– Atender mediante actuaciones de intermediación laboral y gestión de políticas activas de empleo, como mínimo, al volumen de beneficiarios proporcional a la participación que los mismos tengan en el total de desempleados de su territorio.
– Realizar el seguimiento de los procedimientos sancionadores efectuados como consecuencia de las comunicaciones de los Servicios Públicos de Empleo al Servicio Público de Empleo Estatal derivadas de las situaciones detectadas de incumplimiento del compromiso de actividad por parte de los perceptores.
Asimismo, el grupo ha propuesto las siguientes líneas de trabajo para profundizar y hacer más efectiva la mayor relación entre las prestaciones y las políticas activas de empleo:
• Articular un procedimiento para que el compromiso de actividad previsto en la Ley de Empleo quede formalizado ante los Servicios Públicos Autonómicos. Actualmente este compromiso se formaliza en la solicitud de las prestaciones y por tanto ante el Servicio Público de Empleo Estatal.
• Garantizar que la situación de demandante de empleo de los perceptores sea acorde con los requisitos que la ley exige a los beneficiarios de prestaciones.
• Garantizar la situación de demandante de empleo de los solicitantes de Renta Activa de Inserción, durante el período previo de inscripción de doce meses.
• Reorientar progresivamente las actuaciones de los Servicios Públicos de Empleo hacia acciones centradas en la comprobación y seguimiento de la disponibilidad de compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones.
• Los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas deben comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal los incumplimientos, para que éste inicie el procedimiento sancionador que corresponda.
Además de las medidas propuestas para los seis objetivos prioritarios, se incluyen las vinculadas con la modernización de los Servicios Públicos de Empleo y a la formación de personas ocupadas.
Se incluyen 12 medidas cuyo objetivo es desarrollar actuaciones de modernización de los Servicios Públicos de Empleo, en relación con:
– Planes de modernización de las oficinas de empleo.
– Fomento de las nuevas TIC para el empleo.
Se incluyen 19 medidas cuyo objetivo es desarrollar actuaciones que mejoren las condiciones de empleabilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas ocupadas y se corresponden con:
– Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.
– Actuaciones de Orientación Profesional para trabajadores ocupados.
Una de las carencias en la gestión de las políticas activas de empleo en los últimos años ha sido la falta de una cultura de evaluación de los resultados de las mismas. Para mejorar su eficacia y eficiencia, resulta necesario someterlas a una evaluación que permita concretar los esfuerzos y recursos en las medidas que tengan un mayor impacto en la empleabilidad de los trabajadores.
La elección de indicadores es determinante para poder medir la eficacia de las medidas en el cumplimiento de los objetivos prioritarios, tanto consideradas individualmente como agrupadas por objetivos o por territorios. Para ello, las Comunidades Autónomas deberán facilitar al Servicio Público de Empleo Estatal toda la información sobre la ejecución de las acciones y medidas incluidas en el Plan para la evaluación de las mismas.
El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, como instrumento de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, será el soporte a través del que se podrá identificar y seguir la participación en esas acciones y medidas. El Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las CCAA tomarán las decisiones técnicas que sean precisas para adaptar sus sistemas de información a las necesidades planteadas por estos procesos de identificación y seguimiento.
La evaluación de este Plan Anual deberá enriquecerse con fuentes de información y datos procedentes de otras administraciones y organismos, en especial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los resultados de la evaluación apoyarán la toma de las decisiones sobre la oportunidad de su mantenimiento y revisión, así como sobre los criterios de distribución de fondos para los sucesivos años.
Hay que señalar que el Plan Anual de Política de Empleo para 2012 presenta varias particularidades que afectan a la evaluación del mismo y a la selección de indicadores:
• Debido al ajuste presupuestario, un elevado porcentaje de las medidas que se desarrollen en este ejercicio serán anualidades posteriores de actuaciones ya iniciadas o comprometidas en ejercicios anteriores.
• La puesta en marcha de las actuaciones nuevas se producirá en muchos casos a mediados del año 2012, por lo que los plazos para su ejecución, período natural de efectividad y posterior medición de resultados se prolongarán más allá del año natural.
• La gran diversidad de medidas propuestas obliga a utilizar diferentes niveles de indicadores, atendiendo a la agrupación de aquellas y al objetivo perseguido con éstos.
• Determinados indicadores estratégicos, que por su propia naturaleza son los más útiles para medir el cumplimiento de los objetivos del Plan, pueden estar vinculados a varias medidas distintas o a factores externos, tales como el contexto económico.
Como consecuencia de todo ello, se ha considerado que la línea de actuación más efectiva para el presente Plan es la siguiente:
• Utilizar en este primer Plan Anual de Política de Empleo para 2012 una serie de indicadores de obtención sencilla, asociados principalmente a objetivos de contexto. Preferentemente se utilizarán indicadores que se vienen utilizando en organismos internacionales, tales como el Comité de Empleo de la Unión Europea, o en los programas operativos del Fondo Social Europeo.
• En paralelo, se constituirá un grupo técnico permanente con la finalidad de definir y consensuar un sistema de evaluación de los Planes Anuales de Política de Empleo para, que se pueda implementar inicialmente en el Plan para 2013 y perfeccionar gradualmente en años posteriores.
• En este primer Plan Anual para 2012 se van a utilizar los siguientes niveles de indicadores:
a) De seguimiento, tanto de gestión como de resultados o eficacia, vinculados a las medidas concretas realizadas, que serán recogidos en la Orden Ministerial por la que se distribuyan territorialmente para el ejercicio 2012 los fondos para la gestión por las Comunidades Autónomas de las políticas activas de empleo financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Para ello se tendrán en cuenta los indicadores planteados por las Comunidades Autónomas para cada una de las medidas.
b) De contexto, que son los previstos en el presente Plan Anual de Política de Empleo para cada uno de los objetivos prioritarios y en cada Comunidad Autónoma, y que no tienen que estar necesariamente vinculados a medidas concretas (Anexo V).
Además de estos grupos de indicadores, y en el Plan Anual de Evaluación del conjunto del subsistema de Formación Profesional para el Empleo 2012, se incluirá un proceso evaluativo específico para la formación vinculada a Certificados de Profesionalidad que incluirá, entre otros, los procedimientos de gestión y control implantados por las Administraciones competentes, así como la calidad de la formación impartida.
Por último, señalar que aquellas medidas de ámbito autonómico que hayan mostrado su efectividad como política activa de empleo se considerarán en el futuro como buenas prácticas a efectos de su extensión en otros ámbitos territoriales o su inclusión para el conjunto de España.
Al no haberse aprobado en 2011 los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2012, la dotación financiera que se ha tenido en consideración en la elaboración del Plan Anual de Política de Empleo 2012, en relación con la aportación incluida en los Presupuestos Generales del Estado para financiar acciones y medidas de políticas activas de empleo es la recogida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que asciende a 5.807.219,74 miles de euros.
Se ha estimado que de esta cifra 650.000,00 miles de euros se financiarán con aportaciones del Fondo Social Europeo, y 1.390.228,50 miles de euros serán distribuidos para su gestión por las Comunidades Autónomas de acuerdo a los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 24 de mayo de 2012. De esta cifra, 47.614,00 miles de euros financiarán la contratación de los orientadores previstos en el Plan Extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral; 23.840,25 miles de euros financiarán la contratación de los promotores de empleo previstos en el artículo 15 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, y 1.318.774,25 miles de euros financiarán las restantes acciones y medidas de políticas activas de empleo.
Proyecto Presupuestos Generales del Estado 2012
Orientación profesional 121.963,00
Formación y Recualificación 1.682.933,32
Oportunidades de empleo y fomento de la contratación 2.850.839,89
Fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo 500,00
Oportunidades de empleo y formación 261.750,25
Oportunidades de empleo para colectivos con especiales dificultades 210.737,00
Autoempleo y creación de empresas 51.001,08
Promoción del desarrollo y la actividad económica territorial 5.141,00
Fomento de la movilidad (geográfica y sectorial) 2.210,18
Planes y programas que incluyen acciones y medidas de varios ámbitos de políticas activas 590.087,45
Modernización Servicios Públicos de empleo 30.000,00
Cuotas a organismos internacionales 56,57
Total 5.807.219,74
PAPE 2012 Medidas propuestas por CCAA y SEPE
CCAA y SEPE Medidas
1 Andalucía 59
2 Aragón 30
3 Principado de Asturias 32
4 Illes Balears 13
5 Canarias 24
6 Cantabria 21
7 Castilla-La Mancha 19
8 Castilla y León 18
9 Cataluña 27
10 Comunidad Valenciana 23
11 Extremadura 21
12 Galicia 38
13 Comunidad de Madrid 17
14 Región de Murcia 17
15 Com. Foral de Navarra 63
16 País Vasco 51
17 La Rioja 18
18 SEPE 36
TOTAL ......................................................... 527
* Nota: SEPE incluye Ceuta, Melilla, Fondo de reserva, AEPSA, Bonificaciones empleo y Bonificaciones formación.
PAPE 2012 - Medidas por objetivo prioritario, CA y SEPE
CCAA y SEPE Objetivos Totales Únicas
1 Andalucía 12 23 12 4 9 60 59
2 Aragón 5 10 4 2 9 1 31 30
3 Principado de Asturias 11 14 5 1 3 1 35 32
4 IIIes Balears 5 7 4 4 2 1 23 13
5 Canarias 3 11 5 2 5 26 24
6 Cantabria 7 11 7 1 5 31 21
7 Castilla-La Mancha 5 7 5 3 2 2 2 26 19
8 Castilla y León 9 9 3 1 4 1 2 29 18
9 Cataluña 3 12 5 2 2 2 1 1 28 27
10 Comunidad Valenciana 5 4 8 13 1 31 23
11 Extremadura 7 6 4 3 1 2 23 21
12 Galicia 1 12 16 9 1 1 40 38
13 Comunidad de Madrid 1 5 10 1 1 18 17
14 Región de Murcia 2 4 2 1 4 1 2 2 18 17
15 Com. Foral de Navarra 4 18 18 2 18 1 3 64 63
16 País Vasco 6 21 2 9 11 1 3 53 51
17 La Rioja 1 12 3 1 1 18 18
18 SEPE 14 18 4 2 6 3 47 36
Total 101 204 117 31 108 9 12 19 601 527
1. Medidas para solventar la actual tasa de desempleo juvenil.
2. Medidas para mejorar la empleabilidad de los demás colectivos afectados por el paro.
3. Medidas para apoyar a Ios emprendedores y el mantenimiento de los mismos en el mercado de trabajo.
4. Acentuar la colaboración público-privada.
5. Medidas para colectivos específicos.
7. Modernización.
8. Formación de ocupados.
*Nota: SEPE incluye Ceuta, Melilla, Fondo de reserva, AEPSA, Bonificaciones empleo y Bonificaciones formación.
Nota: De las 522 medidas únicas propuestas, existen medidas transversales que se dirigen al cumplimiento de varios objetivos. Imputando a cada objetivo cada una de estas medidas, lo que se convierte en 590 totales.
PAPE 2012 - Medidas por objetivo y ámbito
Objetivo EEE Ámbitos EEE
A5.1 A5.2 A5.3 A5.4 A5.5 A5.6 A5.7 A5.8 A5.9 A5.10
1 Medidas para solventar la actual tasa de desempleo juvenil 14 42 23 27 7 3 7 2 2 2
2 Medidas para mejorar la empleabilidad de los demás colectivos afectados por el paro 32 98 43 23 12 7 9 5 3 6
3 Medidas para apoyar a los emprendedores y el mantenimiento de los mismos en el mercado de trabajo 9 9 22 2 2 3 63 26 3
4 Acentuar la colaboración público-privad 6 2 5 2 5 1 8 7
5 Otras medidas para colectivos específic. 8 8 13 4 4 81 2 3 2 3
6 Lucha contra el fraude 2 1 1 1
Grupo Formación de ocupados 1 17 2
Grupo Modernización 2 5 2 2 3 4 1
Medidas por objetivo ámbito y CCAA
Indicadores de contexto para la evaluación
Los indicadores de contexto que se proponen para el presente Plan Anual son los siguientes:
• Tasa de desempleo de jóvenes (15-24 años) por sexo según territorio.
• Tasa de empleo de la población más joven (20-29 años) por sexo según territorio.
• Tasa NEET (población desempleada y que no sigue ningún tipo de educación/formación) de jóvenes (15-24 años) por sexo, grupo de edad (15-19/20-24/25-29) y nivel de formación alcanzado, según territorio.
• Tasa de empleo (20-64 años) por sexo según territorio.
• Tasa de empleo de la población de más edad (55-64 años) por sexo según territorio.
• Tasa de desempleo (20-64 años) por sexo según territorio.
• Tasa de creación de empresas, medida como la proporción de empresas creadas durante un año, respecto de las existentes a 1 de enero de ese mismo año, por sector de actividad, según territorio.
• Porcentaje de trabajadores por cuenta ajena respecto al total de ocupados por sexo, según territorio.
• Número de agencias de colocación con actividad en el territorio.
• Número de personas trabajadoras que han participado en actuaciones (tanto de orientación profesional como de intermediación) público-privadas por sexo, según territorio.
• Número de personas, clasificadas por colectivo, que han participado en estas medidas por sexo, según territorio.
• Número de medidas destinadas a desarrollar el objetivo, según territorio.
• Tasas de empleo y desempleo por colectivos específicos por sexo, según territorio.
• Número de personas clasificadas por colectivo específico contratadas al amparo de las medidas, según territorio.
• Número de actuaciones de seguimiento del compromiso de actividad sobre beneficiarios de renta activa de inserción, respecto del total.
• Número de procedimientos sancionadores por no renovación de la demanda.
• Número de comunicaciones realizadas por los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos al Servicio Público de Empleo Estatal, que den lugar al inicio de procedimientos sancionadores.
• Número de resoluciones de procedimientos sancionadores iniciados por comunicaciones de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos al Servicio Público de Empleo Estatal.
• Gastos e inversiones devengadas en la modernización de: sistemas y tecnologías de la información; medios materiales no TIC y bienes inmuebles; mejoras organizativas y/o de procesos; y formación del personal de los Servicios Públicos de Empleo.
• Porcentaje de la población adulta (25-64 años) ocupada que ha participado en actividades de formación y aprendizaje por sexo, según territorio.