Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Speru46-00.html
Timestamp: 2015-07-31 09:22:27
Document Index: 36670593

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo\n68', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 51', 'artículo 1']

Meneses Sotacuro and Felix Inga Cuya v. Peru, Caso 10.904, Informe Nº 46/00, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 1150 (1999). I. RESUMEN
1. Mediante petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") por la organización no gubernamental Centro de Estudios y Acción para la Paz (CEAPAZ) (en adelante "el peticionario") el 4 de febrero de 1991, se denunció que la República del Perú (en adelante "Perú", "el Estado" o "el Estado peruano") violó los derechos humanos de los señores Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya, al detenerlos el 20 de mayo de 1991 por medio de efectivos policiales y luego desaparecerlos. El Estado alega que los señores Meneses Sotacuro e Inga Cuya no fueron detenidos por fuerzas militares. La Comisión concluye que Perú violó en perjuicio de las mencionadas personas los derechos consagrados en los artículos 7, 5 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana"), en concordancia con lo establecido en su artículo 1(1), y efectúa las recomendaciones
4. Refiere que durante los días de la Asamblea Sinodal, el señor Meneses Sotacuro se alojó en la casa del hermano Saturnino Vílchez, ubicada
en el barrio "Esquinas", en Huancayo. Al término de la reunión, el joven Manuel Meneses Sotacuro decidió quedarse unos días más en Huancayo para
realizar algunas compras. Indica que lo anterior consta en la manifestación
del señor Francisco Meneses Taype, padre de Manuel Meneses Sotacuro, así
en la declaración de la señora Jacinta Blancas de Vílchez, esposa del señor
Saturnino Vílches, en cuya casa se alojó el joven Meneses Sotacuro, las mismas
que fueron tomadas en la Oficina de la Fiscalía Especial de Defensoría y
Humanos de la ciudad de Huancayo, por la Fiscal Especial, Dra. Imelda Tumialán,
el 3 de junio de 1991.
5. Alega que el 20 de mayo de 1991, a las 8:00 a.m., el joven Meneses Sotacuro se dirigió al local de "Audiencias Radiales del Centro", que es una estación de Radio Evangélica de la Misión Peruano-Germana que se encuentra ubicada en la Urbanización de Millotingo de la ciudad de Huancayo. Refiere que en el mismo local de dicha estación de Radio se encuentra también la Librería de la Radio Evangélica de la Misión Peruano-Germana que atiende a partir de las 8:30 a.m. Señala que cuando Manuel Meneses esperaba que abrieran la librería, llegó Félix Inga Cuya, miembro de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, con el interés de cambiar algunos cursos bíblicos que la radio ofrece en forma gratuita, y que ambos jóvenes decidieron esperar juntos a que los atendieran. Indica que tales hechos se pueden constatar de la manifestación del señor Antonio Canchari Borja, trabajador de la librería de la Estación de Radio "Audiciones Radiales del Centro" y profesor de ambos jóvenes de un curso bíblico por correspondencia, prestada ante la Fiscal Especial de Defensoría del Pueblo
y Derechos Humanos de la ciudad de Huancayo, el 21 de mayo de 1991, de la cual
acompañó copia.
6. Relata que frente a la librería vivía Manuel Enrique Ruiz Smith, funcionario de la Empresa de Telecomunicaciones del Perú (ENTEL-PERU), quien al ver a los jóvenes Meneses e Inga en las inmediaciones habría llamado a un puesto cercano de la Policía de Seguridad de la Policía Nacional, informando de la presencia de dos sospechosos en las inmediaciones. 7. Asevera que inmediatamente llegó al lugar una camioneta de doble cabina, color rojo, de la Empresa de Telecomunicaciones del Perú (ENTEL-PERU),
la que habría estado conducida por Marcos Araujo, chofer del funcionario
Enrique Ruiz Smith, acompañado de Raúl Palomino, integrante del personal de
seguridad, y de dos efectivos de la Policía de Seguridad del destacamento
Millotingo. A continuación, dichas personas, en forma sorpresiva y violenta,
sin permitir identificarse, introdujeron en la camioneta a los jóvenes Manuel
Meneses y Félix Inga y los llevaron al puesto de la Policía de Seguridad
Millotingo. Dicha detención fue presenciada por Antonio Canchari Borja y Luzvelia
Villegas, trabajadores de la Librería de la estación de Radio "Audiciones Radiales del Centro", quienes así lo declararon en sus manifestaciones ante la Fiscal Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, el 21
de mayo de 1991, y ante el Juez del Primer Juzgado de Instrucción de Huancayo,
el 3 de junio de 1991, respectivamente. El peticionario acompañó pruebas de
dichos testimonios.
9. Señala que los jóvenes Meneses Sotacuro e Inga Cuya habrían sido llevados luego al Cuartel del Ejército Peruano "9 de diciembre". Esta versión habría sido corroborada por personal subalterno de la Policía
de Seguridad y por un oficial de la Policía Técnica de la ciudad de Huancayo,
reservaron su identidad por razones de seguridad personal.
10. Menciona que el día de los hechos, la Policía de Seguridad del Destacamento de Millotingo registró la detención de dos jóvenes, en el
mismo lugar, día y hora en que fueron detenidos Manuel Meneses Sotacuro y
Félix Inga
Cuya, y además con sus mismas características, los cuales fueron puestos a
disposición del ejército y trasladados al cuartel "9 de Diciembre". La hora y fecha de detención coincide con la de los jóvenes evangélicos, pero los nombres
que figuran en el registro son distintos. El registro y traslado de los dos
detenidos con similares características consta en el oficio No. 006-VIII-SR-PNP-PS/JDJ.O.D.,
de fecha 22 de mayo de 1991. El peticionario señala que era práctica policial
común en Huancayo registrar con otros nombres a las personas detenidas, para
entorpecer así las labores del Ministerio Público. De esa manera la Policía
pretendía explicar las acciones como la presente, en que detuvo a dos personas
en plena vía pública, y ante diversos testigos. Agrega que en el presente
no se verificó la identidad de las personas que había detenido la policía y
que supuestamente no eran los jóvenes Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga
Cuya. 11. Indica que luego de las primeras averiguaciones en la Estación de la Policía de Seguridad de Millotingo, en donde se negó la detención, se denunció el hecho a la Fiscalía de Derechos Humanos de Huancayo, ante la Fiscal Dra. Imelda Tumialán. El 24 de mayo de 1991 CEAPAZ interpuso un recurso de habeas corpus. Asimismo, miembros de la Iglesia Evangélica Peruana interpusieron otros cuatro habeas corpus, en fechas 28 de mayo, 1° de junio, 3 de junio y 13 de junio de 1991, todos los cuales fueron declarados infundados por los
respectivos Juzgados, en base a la sola comprobación de que Manuel Meneses
y Félix Inga Cuya no estaban detenidos en la dependencia policial de Millotingo
ni en el Cuartel "9 de Diciembre" del Ejército peruano, sin haber realizado una exhaustiva investigación sobre los hechos. No obstante las diversas
gestiones realizadas, los jóvenes Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya
seguían en condición de detenidos-desaparecidos. 12. Manifiesta que la situación en la zona era de mucha tensión, pues al parecer los testigos y las personas que estaban realizando las investigaciones
y gestionando las acciones legales venían siendo hostilizadas y amenazadas,
mediante llamadas telefónicas. Indican que las autoridades policiales y militares
niegan toda colaboración para el esclarecimiento de los hechos, y que suponían
que estaban tratando de encubrir a los responsables de estas desapariciones.
Solicitó la intervención de la CIDH para que se resguardara la integridad
y las vidas de los jóvenes Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya, para
que se otorgaran las garantías del caso a Luis Enrique Minaya Ballón, Secretario
General y representante de la Iglesia Evangélica Peruana, y Andrés Vilchez
miembro del Consejo Ejecutivo de la Iglesia Evangélica, quienes se encontraban
efectuando las acciones legales para la ubicación de los mencionados jóvenes,
y para que se protegiera a los testigos Antonio Canchari Borja, Tabita Vílchez Blancas y Jacinta Blancas de Vílchez.
13. El Estado contestó el 12 de septiembre de 1991, y alegó que conforme a información del Ministerio del Interior y del Ministerio
de Defensa, dichos Ministerios "no han intervenido, capturado ni detenido a los antes mencionados señores".
14. El 9 de enero de 1992 Perú sostuvo que el Fiscal de la Nación informó que de acuerdo a las acciones realizadas por el Fiscal Provincial
de la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos de Huancayo, "las autoridades militares de la Zona descartan que el ciudadano Meneses Sotacuro haya sido intervenido, detenido o capturado por efectivos de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales". 15. El 22 de septiembre de 1992 Perú alegó que conforme a información obtenida de la Fiscalía de la Nación, los señores Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya no fueron intervenidos ni detenidos por unidad policial alguna.
16. El 16 de julio de 1993 el Estado puso en conocimiento de la Comisión que el Ministerio de Defensa informó que los señores Meneses Sotacuro e Inga Cuyo no fueron detenidos por personal de la 31a. División ni por personal policial. Agregó que el Juez Instructor de Huancayo declaró infundado un recurso de habeas corpus intentado. 17. El 10 de septiembre de 1993 Perú insistió en que la Policía Nacional no detuvo a los señores Meneses Sotacuro e Inga Cuya, y manifestó que la Policía proseguía intentando ubicarlos. III. ANÁLISIS A. Consideraciones sobre admisibilidad La Comisión pasa a analizar los requisitos de admisibilidad de una petición establecidos en la Convención Americana. a. Competencia ratione materiae, ratione personae, ratione temporis y rationi loci de la Comisión
19. El hecho de que en las primeras etapas del proceso, es decir, dentro de los 90 días que se le conceden para informar sobre los hechos denunciados, el Estado no haya objetado el agotamiento de los recursos internos sería suficiente para que la Comisión tenga por satisfecho el requisito establecido en el artículo 46(1)(a) de la Convención. 20. La Comisión decidió recientemente en forma conjunta un grupo de 35 casos que involucraban a 67 personas desaparecidas en diversos Departamentos del Perú durante el período 1989-1993, y analizó en detalle el fenómeno general de las desapariciones en ese país. En tales informes la Comisión señaló que el habeas corpus era el recurso adecuado en los casos de desapariciones para tratar de hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar sobre la legalidad de la detención y, llegado el caso, lograr su libertad. La CIDH concluyó igualmente que a los fines de la admisibilidad de denuncias ante este organismo no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro--, con el objeto de agotar los recursos internos, dado que durante el período 1989-1993 existió en Perú una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público, que tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones. En dichos informes la Comisión señaló textualmente lo siguiente: Tal y como se ha referido anteriormente, los familiares de las víctimas efectuaron numerosas gestiones ante diversas autoridades, judiciales, ejecutivas (militares) y legislativas, tendientes a la localización y liberación de las víctimas. Tales gestiones incluían normalmente recursos de habeas corpus; denuncias al Fiscal de la Nación, al Fiscal Superior Decano (), al Fiscal Especial de Derechos Humanos (), a la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo, a las Fiscalías Provinciales; gestiones
Sin embargo, la Corte ha también establecido que los recursos internos deben ser eficaces, es decir, que deben ser capaces de producir el resultado para el que han sido concebidos y que en caso de comprobarse la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás, acudir a dichos recursos se convierte en una formalidad sin sentido, por lo que se hacen plenamente aplicables las excepciones al agotamiento de los recursos internos contempladas en el artículo 46(2) de la Convención. En el análisis del fondo del asunto, contenido en la sección VI, infra, la Comisión determina que en Perú existió durante el período en el que ocurrieron los hechos denunciados una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público. Por tanto, y comoquiera que dicha práctica tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones, la Comisión establece que, a los fines de la admisibilidad de denuncias a esta Comisión, no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro--, con el objeto de agotar los recursos internos. En consecuencia, la Comisión considera plenamente aplicable la regla de excepción al agotamiento de los recursos internos establecida en el artículo 46(2) de la Convención. 2
21. La Comisión considera plenamente aplicables las anteriores consideraciones al presente caso, por tratarse de una denuncia de desaparición forzada ocurrida en el año 1991, que ha sido imputada a la policía peruana. Dicha desaparición habría ocurrido dentro de la época (1989-1993) en que la Comisión determinó, conforme a la cita anterior, que en Perú existió una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público que tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones, por lo que la Comisión estableció que a los fines de la admisibilidad de denuncias a la Comisión, no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro-- con el objeto de agotar los recursos internos. Por tanto, la Comisión concluye que en el presente caso
23. La Comisión, sin prejuzgar sobre el fondo, debe agregar que la desaparición forzada de una persona por parte de agentes estatales configura una violación continuada por parte de los Estados que persiste como infracción permanente de diversos artículos de la Convención Americana, hasta que aparezca la persona o su cadáver. Por tanto, en dichos casos no opera el requisito concerniente al plazo de presentación de peticiones contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana. d. Duplicidad de procedimientos y cosa juzgada
e. Caracterización de los hechos 25. La Comisión considera que la exposición del peticionario se refiere a hechos que de ser ciertos podrían caracterizar una violación de derechos garantizados en la Convención, puesto que tal y como se estableció supra, el tema sometido a la decisión de la Comisión es la desaparición forzada de dos personas. 26. Por todas las razones anteriormente expuestas la Comisión considera que tiene competencia para conocer de este caso y que de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana la petición es admisible, en los términos anteriormente expuestos. B. Consideraciones sobre el fondo
enero de 1998, párr. 297. (Traducción no oficial)].
Una vez determinada la condición de "sospechosa" de la persona, se procedía a su detención, que en numerosas ocasiones era el primer paso de la desaparición. Algunas veces las detenciones se producían
en plena vía pública y otras veces en el domicilio de la víctima, generalmente
en horas de la madrugada y en presencia de testigos. Los encargados de
las detenciones eran efectivos militares o policiales, fuertemente armados,
que algunas veces vestían de civil, pero la mayoría de ellas vestía sus
uniformes respectivos. Por lo general, a los funcionarios militares o policiales no les importaba en modo alguno la presencia de testigos, pues procedían de todas maneras. Cuando la detención se realizaba en el domicilio de la víctima, lo usual era que se efectuara delante de los familiares que se encontraban en la casa: esposas, hijos, padres, madres, etc. El patrón general era entonces que los funcionarios detenían a la víctima en frente de quien estuviera presente, sin ningún intento de ocultar el carácter oficial con que obraban. Negación oficial de las detenciones
sin duda una forma de sufrimiento doblemente paralizante: para las víctimas, recluidas sin saber qué suerte les espera, muchas veces
esta forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan.
29. De acuerdo a la doctrina de la Comisión anteriormente reseñada, el principio general es que en los casos de desapariciones en donde haya suficientes indicios de prueba, a juicio de la Comisión, de que la detención fue efectuada presumiblemente por agentes del Estado en el marco general de la política oficial de desapariciones, la Comisión presumirá que la víctima fue desaparecida por agentes del Estado peruano, salvo que dicho Estado haya probado lo contrario. 30. En aplicación de dichas consideraciones al presente caso, la Comisión, en relación a la detención de las víctimas, observa que el peticionario alega que los señores Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya fueron detenidos el 20 de mayo de 1991 por efectivos de la Policía de Seguridad de la Policía Nacional, del destacamento de Millotingo, en la ciudad de Huancayo y que el Estado niega por su parte haber efectuado dichas detenciones. 31. Al respecto, y en base a los hechos narrados por el peticionario, el testimonio del señor Antonio Canchari Borja, el testimonio de las señoras Luzvelia Villegas, Tabita Vílchez Blancas y Jacinta Blancas de Vílchez, el modus operandi de la detención, y los demás indicios probatorios, entre los cuales se cuentan las gestiones y recursos desplegados a nivel interno tendientes a la localización y liberación de las víctimas, los informes elaborados por los propios policías para negar que las detenciones hayan sido practicadas por efectivos policiales, sin que el Estado peruano haya llevado a cabo una investigación judicial seria de los graves hechos ocurridos, a lo cual puede sumarse la circunstancia de que dichas detenciones ocurrieron en 1991, época en que conforme a lo establecido por la Comisión existió una práctica sistemática y selectiva de desapariciones forzadas, llevada a cabo por agentes del Estado peruano, o al menos tolerada por dicho Estado, la Comisión concluye que cuenta con suficiente ilustración para establecer la veracidad de los hechos denunciados, respecto a la detención de las víctimas.4 32. De acuerdo con lo anterior, la Comisión da por cierto que las víctimas fueron detenidas el 20 de mayo de 1991 en la ciudad de Huancayo, por efectivos de la Policía de Seguridad de la Policía Nacional, del destacamento de Millotingo. 33. Por tanto, y conforme a la mencionada doctrina de la Comisión, correspondía al Estado peruano probar que no desapareció a los señores Meneses Sotacuro e Inga Cuya. Al efecto, la Comisión observa que el Estado no consignó ninguna prueba tendiente a demostrar que no desapareció a los señores Meneses Sotacuro e Inga Cuya, sino más bien negó que los hubiera detenido. 34. Con base en las razones anteriormente expuestas la Comisión concluye que el Estado peruano, a través de efectivos de la Policía de Seguridad de la Policía Nacional, del destacamento de Millotingo, en la ciudad de Huancayo, detuvo a los señores Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya el 20 de mayo de 1991 y que posteriormente procedió a desaparecerlos.
36. La Comisión procede ahora a analizar las violaciones específicas de los derechos consagrados en la Convención que la desaparición de los señores Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya implica, por parte del Estado peruano. Derecho a la libertad personal (artículo 7 de la Convención)
39. En el presente caso, los ciudadanos peruanos Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria por miembros de la policía peruana. 40. Es necesario tomar en cuenta el contexto existente en Perú, que afectaba en general a la mayoría de los Departamentos en donde ocurrieron las detenciones y desapariciones. Las continuas incursiones de grupos armados habían provocado un estado de permanente zozobra sobre la población. Por tal motivo se había declarado en diversos Departamentos el estado de excepción, lo cual prima facie encontraba justificación en la crisis enfrentada por el Estado peruano para combatir el terrorismo. En virtud de tal estado de emergencia, había quedado suspendido en muchos Departamentos el artículo 2(20)(g),5 de la Constitución de Perú de 1979, de manera que las fuerzas militares estaban legalmente facultadas para detener a una persona sin orden de juez competente y sin necesidad de que existiera situación de flagrancia.
44. En este sentido, el artículo 7(5) de la Convención Americana prescribe que "toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad". El numeral 6 de dicho artículo añade: "Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención (...)". La Comisión también ha señalado que toda persona privada de su libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos
51. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la desaparición forzada de personas implica "con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención". La Corte estableció asimismo que el hecho de que una persona esté desaparecida
de su vida.8 52. En el caso de los señores Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya ha quedado establecida su desaparición por agentes estatales, y existen elementos suficientes para presumir su muerte, considerando que ya han transcurrido más de ocho años de su detención y desaparición, y que los responsables son agentes del Estado.
53. Por lo tanto, la Comisión considera que el Estado peruano violó, en perjuicio de las víctimas, el derecho a la vida, que es un derecho
61. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirma lo establecido en la legislación interna cuando se refiere
62. El Estado no puede eludir, bajo argumento alguno, su deber de investigar un caso que involucre la violación de derechos humanos elementales.
63. El derecho a ser presentado ante un juez competente es una garantía fundamental de los derechos de todo detenido. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la supervisión judicial sobre la detención, a través del habeas corpus, "cumple una función esencial, como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".14 64. Precisamente por este motivo es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 27, ha establecido que no pueden suspenderse
65. Asimismo, ha señalado la Corte: "El carácter judicial de tales medios implica la intervención de un órgano independiente e imparcial,
Estado de excepción"16 y "[D]ebe entenderse que... la implantación del estado de emergencia --cualquiera que sea la dimensión o denominación con que se le considere en el derecho interno-- no puede comportar la supresión o la pérdida de la efectividad de las garantías judiciales que los Estados Partes están obligados a establecer, según la misma Convención, para la protección de los derechos no susceptibles de suspensión o de los no suspendidos en virtud del estado de emergencia".17 66. Esto incluye también --según la Corte Interamericana de Derechos Humanos-- el derecho al debido proceso legal contenido en el artículo
68. En el presente caso se ha demostrado que el Estado peruano no ha cumplido con la previsión del artículo 1(1) de la Convención de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción", por haber violado los derechos contemplados en los artículos 7, 5, 4, 3, 8 y 25 de la
69. La primera obligación de los Estados, emergente del artículo 1(1) de la Convención, es la de respetar los derechos y libertades de todos
71. La segunda obligación prevista en el artículo 1(1) es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
72. El Estado en un caso de "desaparición forzada" tiene el deber de determinar el destino y situación de la víctima, sancionar
ejercicio de los derechos y garantías de los señores Manuel Meneses Sotacuro
y Félix Inga Cuya.
74. Mediante Nota No 7-5-M/557 de fecha 17 de diciembre de 1999, el Estado transmitió a la Comisión sus consideraciones al Informe No 97/99 y manifestó su desacuerdo con aspectos de hecho y de derecho reflejados
habría agotado los recursos internos, y agregó que "la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46°(2)(a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es aplicable al presente caso, por cuanto no es cierto que en el Perú haya existido una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por las autoridades del poder público".
75. El Estado peruano indicó su discrepancia específica con la conclusión de la CIDH a que se refiere el párrafo 79 infra, insistiendo al efecto que los señores Meneses Sotacuro e Inga Cuya no fueron detenidos
por efectivos militares. Agregó que "en consecuencia, no resultan admisibles las recomendaciones de la CIDH, más aún cuando la investigación efectuada en su oportunidad sobre la presunta desaparición y posterior desaparición de Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya, considerando las circunstancias de violencia terrorista, fue seria e imparcial, y no determinó responsabilidad alguna de los agentes del Estado Peruano". 76. Finalmente el Estado señaló, respecto a las leyes de amnistía Nos. 26479 y 26492, que "ambas normas fueron aprobadas por el Congreso de la República en el ejercicio de las funciones que la Constitución política le confiere, y forman parte de la política de pacificación iniciada por el Estado peruano".
78. Con respecto al alegato de Perú respecto a que las leyes de amnistía se ajustan a la Constitución peruana, la Comisión considera importante
tanto de la Declaración Americana como de la Convención.22 Estas decisiones, coincidentes con el criterio de otros órganos i nternacionales de derechos
humanos respecto a las amnistías,23 han declarado en forma uniforme que tanto las leyes de amnistía como las medidas legislativas comparables que impiden o dan por terminada la investigación y juzgamiento de agentes del Estado que puedan ser responsables de serias violaciones de la Convención o la Declaración Americana, violan múltiples disposiciones de estos instrumentos24. Esta doctrina ha sido confirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que los
Estados partes tienen el deber de "investigar las violaciones de los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad".25 La Corte ha definido la impunidad como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, y ha afirmado que los Estados tienen la obligación de combatir esta situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares.26 Los Estados partes en la Convención Americana no pueden invocar disposiciones de su derecho interno, tales como leyes de amnistía, para incumplir su obligación de garantizar el funcionamiento completo y debido de la justicia.27
Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya y para sancionar a los responsables
con arreglo a la legislación peruana. 2. Dejar sin efecto toda medida interna, legislativa o de otra naturaleza, que tienda a impedir la investigación, procesamiento y sanción
Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya. En tal virtud, el Estado debe dejar sin
efecto las Leyes Nos. 26479 y 26492.
3. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de los señores Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya reciban adecuada y
oportuna reparación por las violaciones aquí establecidas.
VIII. PUBLICACIÓN 80. El 1º de marzo de 2000, la Comisión transmitió el informe 15/00 --cuyo texto es el que antecede-- al Estado peruano y al peticionario, de conformidad con lo establecido en el artículo 51(2) de la Convención, y le otorgó un plazo adicional al Estado para el cumplimiento de las recomendaciones precedentes. En fecha 31 de marzo de 2000, Perú remitió una comunicación a la Comisión en la cual reiteró consideraciones efectuadas respecto a las conclusiones de hecho y de derecho de la Comisión, y no acreditó haber efectuado ninguna acción relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión. 81. En virtud de las consideraciones que anteceden, y de lo dispuesto en los artículos 51(3) de la Convención Americana y 48 del Reglamento de la Comisión, ésta decide reiterar la conclusión y las recomendaciones contenidas en los capítulos VI y VII supra; hacer público el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. La Comisión, conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos que rigen su mandato, continuará evaluando las medidas adoptadas por el Estado peruano respecto a las recomendaciones formuladas, hasta que éstas hayan sido cumplidas por dicho Estado.
artículo 1.2, define la desaparición como "una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica". Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 47/133, 18 de diciembre de 1992.