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Timestamp: 2020-07-04 00:05:22
Document Index: 100762697

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 22', 'artículo 28', 'artículo 22', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 38', 'artículo 10', 'artículo 70', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 71', 'artículo 23', 'artículo 35', 'artículo 10', 'artículo 25', 'artículo 30', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 149']

Real Decreto 304/2010, de 15 de marzo, por el que se establece el régimen de ayudas a la cobertura de costes excepcionales en sustitución del suministro gratuito de carbón.
Artículo 3 Límites temporales
Artículo 8 Criterios para la cuantificación de las ayudas
Artículo 10 Documentos que deben acompañar a la solicitud
Artículo 11 Instrucción de las ayudas
Artículo 12 Propuesta y Resolución
Artículo 13 Justificación y pago de las ayudas
Disposición adicional primera Autorización de la Comisión Europea
Disposición adicional segunda Concesión de ayudas a trabajadores prejubilados de empresas mineras del carbón cuya actividad extractiva hubiese cesado
Disposición transitoria primera Régimen transitorio de las ayudas derivadas de la Orden ECO/239/2004, de 5 de febrero
Disposición transitoria segunda Solicitud de ayudas referidas a los años 2006, 2007, 2008 y 2009
El Reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre ayudas estatales a la industria del carbón, considerando las importantes repercusiones sociales y regionales que se derivan de la racionalización y reestructuración de la industria del carbón, justifica la existencia de ayudas que permitan cubrir los costes que se produzcan o se hayan producido a causa de la racionalización y reestructuración de la industria del carbón no relacionados con la producción corriente («cargas heredadas del pasado»). Estas ayudas a la cobertura de cargas excepcionales, previstas en su artículo 7, permiten a las empresas mineras cubrir los costes que, estando vinculados a esos procesos de reestructuración, se encuentren expresamente definidos en el anexo de la norma.
Entre estos costes excepcionales se contemplan, en el apartado 1.e) del anexo del referido texto comunitario, los costes derivados de los suministros gratuitos de carbón a los trabajadores privados de su puesto de trabajo a raíz de reestructuraciones y medidas de racionalización, así como a aquellos que tuvieran derecho a ello antes de la reestructuración.
La adopción del plan estratégico «Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras» en el que se recoge el compromiso de garantizar, a través de acuerdos con las empresas o a través de las ayudas a la ordenación y racionalización, la percepción del «vale de carbón» al personal en activo y al personal pasivo, así como, la necesaria adecuación de tales ayudas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, hacen necesario la aprobación de una norma que regule su concesión directa.
Por otro lado, la Decisión de la Comisión Europea de 24 de febrero de 2010, C(2010)986 final, «Ayuda estatal N 684/2009-España. Ayuda en sustitución del suministro gratuito de carbón», declara la compatibilidad de esta ayuda con el mercado interior de conformidad con lo establecido en artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre ayudas estatales a la industria del carbón.
En la actualidad, el Real Decreto 808/2006, de 30 de junio, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales mediante prejubilaciones, destinadas a cubrir cargas excepcionales vinculadas a planes de racionalización y reestructuración de la actividad de las empresas mineras del carbón, está sirviendo como vehículo de concesión, con carácter periódico mensual, de las citadas ayudas, mientras permanecen en dicha situación de prejubilación y hasta que alcanzan la edad de jubilación ordinaria.
Se hace necesario, en consecuencia, la constitución de un marco normativo que permita, en los mismos términos, la concesión directa y a tanto alzado de la referida ayuda en sustitución del suministro gratuito del carbón, desde la fecha del cumplimiento de la edad de la jubilación ordinaria y hasta los 75 años de edad física, no estableciéndose por ello, una duplicidad de ayudas, sino una doble regulación del mismo tipo de ayuda que por referirse a periodos distintos y formas de pago diferentes, requieren una regulación específica, aunque complementaria.
Estas ayudas se concederán a las empresas mineras que resulten beneficiarias, en función del cumplimiento de un conjunto de requisitos objetivos que, una vez acreditados, permiten al trabajador interesado que ha extinguido su relación laboral con la empresa beneficiaria y accedido al sistema de prejubilación, sustituir el suministro gratuito de carbón que venía percibiendo por un importe indemnizatorio, circunstancia que determina que puedan ser procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
Sin embargo, respecto de los trabajadores prejubilados de las empresas mineras del carbón cuya actividad extractiva hubiese cesado, será el propio Organismo concedente el que previa verificación de los requisitos exigidos en la norma reglamentaria otorgue estas ayudas a la cobertura de costes excepcionales, con objeto de que no se frustre la finalidad pública y el interés social perseguido con la subvención.
En efecto, singulares razones de interés público, económico y social, derivadas de la necesidad de proseguir el proceso de reestructuración de la industria del carbón y del importante impacto social que la reducción de la actividad de las empresas mineras conlleva, justifican la especial regulación de estas ayudas y su régimen de concesión directa. Por ello, a las ayudas para la cobertura de costes excepcionales en sustitución del suministro gratuito del carbón les resulta de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativo a ayudas en régimen de concesión directa, siendo preciso un real decreto que, de conformidad con el artículo 28.2 de la referida ley, apruebe las normas especiales de las subvenciones reguladas en el mencionado artículo 22.2.c).
La vigencia del presente real decreto se vincula al citado Plan del Carbón 2006-2012, por lo que regulará las ayudas a la cobertura de costes excepcionales hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, al dictarse al amparo del Reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, cuyo ámbito de aplicación se limita hasta el 31 de diciembre de 2010, las ayudas correspondientes a los ejercicios 2011-2012 quedan condicionadas al cumplimiento de la nueva normativa comunitaria que, en su caso, se apruebe y a la observancia de las condiciones y criterios que se establezcan.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de marzo de 2010,
Constituye el objeto de este real decreto la regulación de la concesión directa de las ayudas a la cobertura de costes excepcionales en sustitución del suministro gratuito de carbón desde la fecha del cumplimiento de la edad de la jubilación ordinaria y hasta los 75 años de edad física, en el marco de lo previsto en el «Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras».
1. Estas ayudas a la cobertura de costes excepcionales se concretan en la sustitución del suministro gratuito de carbón («vale del carbón») a los trabajadores prejubilados o a sus cónyuges viudos, por un importe a percibir, de una sola vez, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.1 y el apartado 1.e) del anexo del reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre ayudas estatales a la industria del carbón.
2. Este importe será objeto de ayuda específica por parte del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (Instituto), de acuerdo con el procedimiento y sujeción a los requisitos y límites establecidos en este real decreto.
3. Se otorgarán en régimen de concesión directa, atendiendo a su carácter singular, dado su interés público, económico y eminentemente social, derivado de la necesidad de proseguir el proceso de reestructuración de la industria del carbón y de su evidente repercusión social, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. No serán compatibles con otras ayudas concedidas a los beneficiarios con el mismo objeto o finalidad por cualquier Administración Pública o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Con sujeción a lo dispuesto en la disposición adicional primera, respecto a la adecuación del régimen de ayudas a la normativa comunitaria, las ayudas por cargas excepcionales derivadas de planes de reestructuración y racionalización reguladas en este real decreto se concederán a los trabajadores que hubieran accedido a la prejubilación desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre del año 2012.
1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas mineras privadas que tengan o hayan tenido ayudas destinadas a cubrir pérdidas de la producción corriente, en los términos señalados en los artículos 4 y 5 del Reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 7 y siempre que procedan a sustituir el vale del carbón por un pago único según lo previsto en el presente real decreto.
2. De acuerdo con la naturaleza y la finalidad de las ayudas previstas en este real decreto, que se refieren a la cobertura de cargas excepcionales a favor de los trabajadores, las empresas beneficiarias de estas ayudas quedan expresamente exceptuadas de los requisitos establecidos en las letras b), e) y g) del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Las ayudas por cargas excepcionales contempladas en este real decreto se financiarán con cargo a los créditos presupuestarios del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, vigentes en cada ejercicio.
Las ayudas a que se refiere este real decreto, además de por lo previsto en el mismo, se regirán por lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás legislación que resulte de aplicación.
1. Las empresas podrán solicitar la cobertura de costes excepcionales en sustitución del suministro gratuito de carbón a favor de:
a) Los trabajadores prejubilados acogidos al Real Decreto 808/2006, de 30 de junio, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales mediante prejubilaciones, que estuviesen percibiendo mientras se encontraban en activo el denominado «vale del carbón».
b) Los cónyuges o, en su defecto, los hijos menores de veintiséis años, de los prejubilados a que se refiere la letra a) si éstos hubiesen fallecido con anterioridad a la solicitud de esta subvención.
2. Las empresas que soliciten estas ayudas por cargas excepcionales heredadas del pasado para los trabajadores prejubilados o sus cónyuges viudos (en su defecto, hijos menores de veintiséis años), habrán de certificar las circunstancias exigidas en el apartado anterior.
1. La sustitución del «vale de carbón» por una cantidad a percibir por una sola vez, se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
a) A los trabajadores prejubilados que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 7.1.a) se les abonará, al entrar en el sistema de prejubilaciones, además de la cifra de 216,36 € anuales durante el período de prejubilación prevista en el Real Decreto 808/2006, de 30 de junio, una cantidad por una sola vez, equivalente a 216,36 €/año por el número de anualidades que le resten desde su edad física de jubilación ordinaria, hasta alcanzar los 75 años físicos.
El número de anualidades se obtendrá estimando como unidad la fracción de año. Para calcular este valor actual se aplicará una revalorización del 2 por ciento anual desde la edad física de la jubilación ordinaria y se aplicará una tasa de descuento del 6 por ciento anual hasta la fecha de incorporación al plan de prejubilación. Las cantidades que corresponden a la aplicación de estos parámetros son las contenidas en el anexo de este real decreto.
b) A los cónyuges beneficiarios o, en su defecto, hijos menores de veintiséis años, de trabajadores prejubilados fallecidos que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 7.1 b), se les abonará de una sola vez una cantidad equivalente a 216,36 €/año por el número de anualidades que les resten desde la fecha de solicitud de la ayuda, hasta que el titular del derecho hubiera alcanzado los 75 años, con un límite de 10 anualidades.
1. Las solicitudes de los beneficiarios que deseen acogerse a estas ayudas deberán ser presentadas antes del 15 de febrero de cada ejercicio anual, ante el Presidente del Instituto, en cualesquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Junto con la solicitud se aportará la documentación descrita en el artículo 10.
2. La solicitud deberá estar referida al personal de la empresa que haya accedido al sistema de prejubilaciones a 31 de diciembre del año anterior al ejercicio anual en el que se solicitan las ayudas previstas en este real decreto.
1. Las solicitudes, además de contener la información requerida por el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se acompañaran de la siguiente documentación:
a) Declaración responsable en la que se manifieste que no se han solicitado, se pretenden solicitar o se han obtenido otras ayudas con el mismo objeto.
b) Relación nominal y Número de Identificación Fiscal de perceptores del «vale de carbón» identificados según lo previsto en el artículo 7.1.
c) Certificado de la empresa en el que se acredite que cada uno de los prejubilados o cónyuges de prejubilados fallecidos que figura en la relación nominal que acompaña a la solicitud percibía el «vale de carbón» estando en situación de activo, y cumple con el resto de los requisitos exigidos en el artículo 7 del presente real decreto. El certificado deberá contener la aceptación del prejubilado, o en su caso, del cónyuge beneficiario.
d) Certificado de defunción, cuando proceda.
e) Apertura, identificación y comunicación al Instituto, de una cuenta corriente de carácter finalista, específicamente destinada al pago de estas ayudas. La mencionada cuenta identificada como «cuenta de la empresa para el pago de las ayudas por el «vale de carbón» se abrirá en la entidad financiera en que habitualmente pague la nómina la empresa. Los gastos derivados del mantenimiento de esta cuenta corriente serán a cargo de las empresas receptoras de las ayudas.
2. Si la solicitud o la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de la solicitud, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los interesados podrán no aportar los documentos que obren en poder de este Instituto acogiéndose a lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión será el Gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, el cual examinará las solicitudes y documentos anexos presentados y efectuará la petición de cuantas aclaraciones estime necesarias, requiriendo al interesado para que, en su caso, subsane la falta o presente los documentos preceptivos en el plazo señalado en el artículo 10.2.
1. El Gerente del Instituto elevará la propuesta de resolución al Presidente del Instituto. Dicha propuesta se notificará a los solicitantes de las ayudas, para que en un plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, manifiesten su aceptación o formulen las alegaciones que estimen oportunas. En el caso de que se produzca la aceptación plena sin alegaciones la propuesta será considerada definitiva. Se entenderá que se renuncia a la ayuda si transcurrido el plazo concedido al efecto no se hubiese aceptado la propuesta o formulado las alegaciones oportunas.
2. El Presidente del Instituto resolverá en el plazo máximo de seis meses desde la presentación por parte de los solicitantes de la documentación necesaria para la aprobación de las ayudas, mediante resolución que será notificada a los interesados conforme a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Si en dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada la concesión de la ayuda conforme a lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. La resolución, debidamente motivada, pondrá fin a la vía administrativa y deberá incluir la relación nominal de los prejubilados o cónyuges viudos destinatarios de las ayudas así como su importe individualizado.
El pago de las ayudas a la cobertura de costes excepcionales en sustitución del suministro gratuito del carbón, salvo lo dispuesto en la disposición adicional segunda del presente real decreto, se llevará a cabo teniendo en cuenta lo siguiente:
a) El importe de la ayuda se ingresará en la cuenta corriente de carácter finalista abierta por la empresa minera beneficiaria, la cual dispondrá de un plazo de treinta días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la transferencia correspondiente, para efectuar el abono a los afectados.
b) Una vez retirado el importe individualizado por prejubilados y cónyuges o beneficiarios afectados, la empresa remitirá al Instituto los documentos acreditativos de ese cobro, en original o fotocopia compulsada, firmados individualmente por cada uno de los perceptores, a efectos de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En el supuesto de que el prejubilado falleciese con posterioridad a la solicitud de las ayudas, el importe individualizado podrá ser retirado por su cónyuge, o en su defecto, por sus herederos legales.
c) Si el importe individualizado no fuese retirado en el plazo antes señalado, la empresa beneficiaria lo deberá comunicar al Instituto para proceder a su posterior reintegro.
d) El plazo máximo para presentar la justificación será de un mes a contar desde la finalización del plazo fijado para efectuar el abono a los afectados, salvo en el supuesto a que se refiere el inciso final del apartado b) de este precepto, en cuyo caso, será de tres meses.
El Instituto podrá solicitar a los peticionarios de las ayudas cuanta información de orden técnico, laboral y contable sea necesaria para ejercer el oportuno control sobre la subvención.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, que sean incompatibles, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro, en los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. En todo caso, la graduación de los incumplimientos de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la ayuda y, si procede, del correspondiente reintegro, se realizará en función del principio de proporcionalidad.
El Instituto podrá contratar para la gestión y el pago de estas ayudas, mediante un procedimiento objetivo, transparente y no discriminatorio, a una o varias entidades colaboradoras, que se someterán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El ámbito de actuación de dichas entidades colaboradoras podrá ser provincial, autonómico o nacional.
Las ayudas correspondientes a los ejercicios 2011-2012 se condicionan a su adecuación a la normativa comunitaria que, en su caso, se dicte sobre ayudas estatales a la industria del carbón a partir del 31 de diciembre de 2010. En el supuesto de que se autoricen las ayudas estatales por ese periodo, pero las condiciones y criterios establecidos por la normativa comunitaria sean incompatibles con los previstos en esta norma reglamentaria, procederá su modificación a los efectos de preservar, simultáneamente, el otorgamiento de las ayudas y la observancia de las normas comunitarias.
1. El Instituto en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto resolverá el otorgamiento de estas ayudas a la cobertura de costes excepcionales a favor de los trabajadores prejubilados de las empresas mineras del carbón, a que se refiere el artículo 4.1, cuya actividad extractiva hubiese cesado; siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la subvención y con sujeción a lo prevenido en los artículos 7.1 y 8 de esta norma reglamentaria.
2. Esta previsión únicamente será aplicable a los trabajadores que hubiesen accedido al Plan de prejubilación al amparo del Real Decreto 808/2006, de 30 de junio.
A los procedimientos de concesión iniciados al amparo de la Orden ECO/239/2004, de 5 de febrero, por la que se regulan las ayudas a la industria del carbón, correspondientes a las previstas en el apartado 1) del artículo 7 y el apartado 1.e) del anexo del Reglamento (CE) n.º 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre ayudas estatales a la industria del carbón, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor de este real decreto, les será de aplicación lo dispuesto en la referida Orden ECO/239/2004, de 5 de febrero, como norma vigente en el momento de su inicio.
El plazo de presentación de la solicitud de las ayudas a la cobertura de costes excepcionales en sustitución del suministro gratuito del carbón de los trabajadores que hubieran accedido a la prejubilación en virtud de resoluciones de otorgamiento adoptadas en los años 2006, 2007, 2008 y 2009 será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor de este real decreto.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, en el ámbito de sus competencias, podrá dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente real decreto.