Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/67684
Timestamp: 2019-09-21 17:55:32
Document Index: 139822071

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 22', 'artículo8', 'artículo276', 'artículo 25', 'artículo 38']

Gaceta: LXIII/2PPO-60/67684
De la Sen. Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a emitir declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí, solicitada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad.
Laque suscribe, Senadora SONIA MENDOZA DÍAZ integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 en la fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, 108, 109, 110, 164, 169 y 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SEEXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES EMITA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SOLICITADA POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA MISMA ENTIDAD. Lo anterior, al tenor de las siguientes:
Con fecha 11 de noviembre de 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, dio a conocer a la opinión pública el “Informe Especial sobre la situación del respeto de los derechos humanos de las mujeresen el caso de feminicidios en San Luis Potosí”.El citado informe recabó información del periodo comprendido del 23 de julio del 2011, fecha en que entró en vigor el tipo penal de feminicidio en el Estado de San Luis Potosí, hasta el 2 de noviembre del 2015; donde de acuerdo con la información que recabó la Comisión Estatal de Derechos Humanos,se observó el fallecimiento de 169 mujeres que debieron ser investigadas acorde al tipo penal de feminicidio, lo anterior con la información brindada por diversas autoridades como la Procuraduría General del Estado, el Poder Judicial del Estado, la Dirección General del Registro Civil, a Dirección General de la Policía Ministerial, todas del Estado de San Luis Potosí; así como del INEGI y datos hemerográficos de distintos medios de comunicación del Estado, en relación con la privación de la vida de las mujeres.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, observó que si bien el 10 de abril de 2015 entró en vigor el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado de San Luis Potosí, éste no se aplicó en los casos ocurridos de abril a noviembre del 2015, donde es necesario señalar que tal circunstancia ha sido manifestada en las observaciones finales del Comité para Eliminar la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), dirigidas a México en el mes de agosto del año 2012.
La CEDH-SLP, con el propósito de dar impulsar la atención para la investigación de los feminicidios, se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la creación de una Unidad o Fiscalía Especializada en las investigaciones relacionadas con la privación de la vida de las mujeres por razones de género, así como realizar programas de capacitación y profesionalización dirigidos a agentes de Ministerio Público y de la Policía Ministerial del Estado que incluyan el tema de Derechos Humanos, en particular sobre violencia de género, violencia feminicida, técnicas de investigación para casos de homicidio y feminicidio, acceso a la Justicia, Derecho a la Verdad e Investigación Eficaz, así como de manuales y protocolos sobre investigación de feminicidios, que les permita contar con herramientas para una correcta investigación.
De esa información sobre la privación de la vida de mujeres, en el periodo mencionado, el 72.2% de las 169 víctimas que se documentaron, se concentran en los siguientes municipios con esta distribución: 66 mujeres en San Luis Potosí, 22 mujeres en Soledad de Graciano Sánchez, 10 en Tamuín, 10 en Ciudad Valles, 8 en Tamazunchale y 6 en Matehuala. Donde a dicha estadística se agregan dos víctimas por hecho ocurridos del 3 al 15 de noviembre de 2015, en el municipio de Matehuala, lo que arroja un total de 171 mujeres privadas de la vida en el Estado de San Luis Potosí, por lo que aquella Comisión Estatal de Derechos Humanos consideró que en esos seis municipios es donde principalmente se requiere la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
A mayor abundamiento, los artículos 17 y 21, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, 9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; II, XVII y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 4 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos de abusos de Poder; señalan los Derechos de Legalidad, Seguridad Jurídica y Acceso a la Justicia, para que toda persona pueda hacer valer estos derechos que le son propios por el hecho de ser persona, así como el disponer de un procedimiento por el cual la justicia les ampare contra actos de autoridad que violen sus derechos consagrados en estos instrumentos.
Es además, que los artículos 5, 7 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), y 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reconocen que toda mujer tiene el derecho de goce, ejercicio y protección de todos los Derechos Humanos, y a las libertades consagradas por los instrumentos nacionales e internacionales sobre los Derechos Humanos, entre otros, que se respete su vida, integridad física, psicológica y moral, a la libertad y a la seguridad personal. Además, señalan el deber del Estado para actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; establecer procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres que hayan sufrido la violencia y que incluyan, entre otros, el acceso efectivo a tales procedimientos; fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, personal policial y además funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la alerta de género contra las mujeres, es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Por lo que de esta manera, la Alerta de Género representa un mecanismo de actuación de las autoridades públicas que buscan cumplir con las obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, atendiendo específicamente, entre otras, a una de las violaciones más graves a este derecho: la violencia feminicida. Donde el objetivo fundamental de esta Alerta de Género, será garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, a partir del cese de la violencia en su contra, y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que vulnere sus derechos humanos, a través de la determinación de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades públicas federales, en coordinación con la Entidad Federativa en la que se decrete, el enfrentar y erradicar la violencia feminicida en ese territorio determinado.
En ese sentido y con facultades para ello, es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, con escrito fechado el 20 de noviembre de 2015, solicitó a la Lic. Lorena Cruz Sánchez en su calidad de Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; que una vez que se está en la última etapa del proceso que exige la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su respectivo Reglamento, donde el informe que remitió el Gobierno de San Luis Potosí ha sido seriamente señalado y cuestionado en su integración y metodología, donde además se considera que no se implementaron las propuestas contenidas en las conclusiones del Informe que se envió por conducto de la Comisión Nacional.
Por lo anteriormente expuesto, se exponen los siguientes:
I.Queelartículo8numeral 1fracciónII delReglamentodelSenadodelaRepúblicaestablece queesderechodelosSenadores, entreotros, presentarproposicionesanteelSenado, comoeselcasodelpresenteinstrumentoparlamentario;
II.Quedeconformidadconlodispuestoenelartículo276delReglamentodelSenadodela República,lossenadoresylosgruposparlamentariostambiénpresentanproposiciones conpuntodeacuerdo conelobjeto deatenderasuntosqueno constituyeniniciativasde leyodecreto;
III.Que con base en los hechos narrados en el capítulo de antecedentes de esta propuesta y en la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, se demuestra la existencia de los elementos constitutivos de violencia de género en ese Estado de la República, en términos de las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 22 de la LeyLey General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
IV.QuedeacuerdoalaLey General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 25, en relación con el artículo 38 de su Reglamento, corresponde al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación el declarar la alerta de violencia de género y notificar dicha declaratoria al Poder Ejecutivo, en este caso,del Estado de San Luis Potosí, y
V.Que reconociendo que el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promueven la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, implica realizar las acciones necesarias que aseguren reducir los factores de riesgo, anticipar y evitar la generación de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, ésta solicitud, se debe de reconocer como una obligación de medio o de comportamiento para erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado de San Luis Potosí.
Esportodoloanterior,quesometoalaconsideracióndeestaSoberaníaelsiguiente:
PUNTODEACUERDO
ÚNICO.-ElSenado de laRepúblicaexhortarespetuosamentealTitular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación,en ejercicio de las atribuciones anteriormente expuestas y que la ley le otorga, declare la “Alerta de Violencia de Género”en el Estado de San Luis Potosí y notifique dicha Declaratoria al Poder Ejecutivo de ese Estado.
DadoenelSalóndeSesionesde laCámaradeSenadoresdelH.Congresode laUniónaldía29de noviembre de 2016.
1CEDAW/C/MEX/7-8, par. 17
2Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. Párr. 175
3Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs México. Párr. 252
4Art. 7 b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.