Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20044815
Timestamp: 2019-12-07 01:16:24
Document Index: 404924695

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 13', 'ARTÍCULO 268', 'artículo 442', 'artículo 442', 'artículo 442', 'artículo 442', 'artículo 268', 'artículo 442', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 250', 'artículo 136', 'artículo 11', 'artículo 333', 'artículo 391', 'artículo 137', 'artículo 333', 'artículo 344', 'artículo 358', 'artículo 333', 'artículo 289', 'artículo 11', 'artículo 136', 'artículo 340', 'artículo 13', 'Artículo 268', 'Artículo 271', 'Artículo 272', 'Artículo 442', 'artículo 11', 'artículo 136']

C-942 de 2010
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020044815CC-SENTENCIAC942201024/11/2010CC-SENTENCIA_C_942__2010_24/11/2010200448152010Sentencia C-942/10 FACULTADES DEL IMPUTADO -Inhibición por ineptitud sustancial de la demanda por el cargo de omisión legislativa relativa ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Naturaleza CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- No es oficioso Como lo ha expresado la jurisprudencia de esta Corporación, no es función de ésta actuar de oficio, suplir al demandante y pronunciarse sobre la exequibilidad de disposiciones que no han sido acusadas, ni tienen cargos concretos y conceptos de violación constitucional reconocibles, pues de actuar así la Corte se estaría convirtiendo en juez y parte, suplantando al ciudadano y contrariando su función institucional de ser guardiana imparcial de la Carta DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Requisitos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Objeto demandado El objeto demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como inconstitucionales (artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991), cuya transcripción debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su contenido y permita verificar las razones por las cuales para el actor ese contenido normativo es contrario a la Constitución. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Concepto de violación El concepto de la violación, consiste en la "exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda". Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede "escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto", en todo caso debe concretar: i) los "cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas"; (ii.) el "'contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan'"; (iii.) "las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 1991)", que sean para el juez constitucional "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes". Esto último significa que se deben plantear acusaciones comprensibles o claras, recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en ese orden ser ciertas, mostrar de forma específica cómo la o las disposiciones objeto de demanda vulneran la Carta, utilizando para tales efectos argumentos pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y no legal o doctrinario ni referidos a situaciones puramente individuales. Por último, la argumentación del demandante debe ser suficiente, en el sentido de ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Requisito de competencia UNIDAD NORMATIVA- Alcance excepcional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Argumentación del actor es más rigurosa DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Condiciones El estudio de fondo de la omisión legislativa relativa por el juez constitucional, reclama que el demandante haya acreditado los siguientes presupuestos "(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador. OMISION LEGISLATIVA RELATIVA EN MATERIA DE PROTECCION DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL- Línea jurisprudencial CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Procedencia La Corte constitucional retomó lo dicho en la sentencia C-509 de 2004, en la que se señaló que el legislador incurre en una omisión legislativa relativa cuando ha regulado "de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o cuando de dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un ingrediente que de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho a la igualdad". INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA- Convertir cargo de omisión legislativa relativa en una demanda en torno de la violación de derechos fundamentales, significa suplantar al ciudadano y convertirse en juez y parte Referencia: expediente D-8145
Mauricio Pava Lugo | Jacobo Alejandro González CortésCONSTITUCIONALIDADJuan Carlos Henao PérezDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 268, 271, 272 y 442 (parciales) de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.D8145Identificadores20020044816true66274Versión original20044816Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 268, 271, 272 y 442 (parciales) de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.
El estudio de fondo de la omisión legislativa relativa por el juez constitucional, reclama que el demandante haya acreditado los siguientes presupuestos "(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.
La Corte constitucional retomó lo dicho en la sentencia C-509 de 2004, en la que se señaló que el legislador incurre en una omisión legislativa relativa cuando ha regulado "de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o cuando de dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un ingrediente que de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho a la igualdad".
La demanda fue admitida mediante Auto del 10 de junio de 2010 (folio 83), que simultáneamente ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiera concepto en los términos de los artículos 242-2 y 278-5 de la Carta Política. Además, se dispuso la comunicación de la iniciación del presente proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, De igual modo, se invitó a participar a las Universidades Pontificia Bolivariana de Medellín, de Antioquia y EAFIT, así como al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia y Risaralda, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez", a la Corporación Excelencia en la Justicia y al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con el objeto de que emitieran concepto técnico sobre las normas demandadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991. Finalmente, se fijó en lista para que cualquier ciudadano participara en el asunto.
ARTÍCULO 268. FACULTADES DEL IMPUTADO. El imputado o su defensor, durante la investigación, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Con la solicitud para que sean examinados y la constancia dela Fiscalía de que es imputado o defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo recibo[1].
Dice al respecto que los artículos 268, 271 y 272 de la ley 906 de 2004, incurren en omisión legislativa relativa porque excluyen a un ciudadano que se encuentra en una situación asimilable a los sujetos contemplados por las disposiciones que se acusan. "En efecto, mientras se prevé la posibilidad de que la defensa busque, identifique, empíricamente, recoja y embale los elementos materiales probatorios y evidencia física, como que pueda entrevistar y tomar declaraciones juradas, se excluye a las víctimas de esa posibilidad" (folio 6). No encuentra que exista una razón objetiva y suficiente que justifique la exclusión de las víctimas en las actuaciones de que tratan esas disposiciones, impidiéndoles así alcanzar sus pretensiones de justicia, verdad y reparación. Menos aún cuando, de conformidad con la sentencia C-454 de 2006, las víctimas tienen derecho a pedir pruebas y en lo que se refiere a la reparación, deben también aportar los medios para acreditar el daño y los perjuicios sufridos. Por ello la víctima "requiere, al igual que la defensa, de la autorización normativa para que tenga la posibilidad previa de realizar entrevistas, tomar declaraciones juradas y recaudar empíricamente evidencia e información útil a su pretensión de verdad y reparación" (folio 7).
Precisa que si bien la Fiscalía General de la Nación puede realizar estas actividades en nombre de la víctima, la jurisprudencia de la Corte impone admitir la actuación de esta última de manera directa y sin intermediarios, durante la etapa de investigación. Dado lo anterior, "es inconstitucional excluirla [a la víctima] de la posibilidad de recaudar información que posteriormente, por ejemplo, sustenten la base de su petición probatoria" (folios 7- 8).
Así se habría de operar en un "esquema procesal equitativo" entre los intereses de la víctima y los del imputado, entendidos como los dos protagonistas del proceso (folio 8).
En cuanto al artículo 442 del C.P.P., se censura su constitucionalidad por cercenar el derecho de la víctima a ser oída, pues no obstante todas las oportunidades de actuación que tiene durante la investigación y durante el juicio y aún después de él, "no tiene derecho a ser oída, si el defensor, y más grave aún, si el Fiscal, piden absolución perentoria [sic]", casos en los cuales el juez resolverá sin oír a la víctima (folio 10).
Igualmente observa que es común a todos los preceptos acusados, el carecer de razón objetiva y suficiente. Pero también con ellos se incumple un deber del legislador de "configurar una verdadera 'intervención' de la víctima en el proceso penal", particularmente en lo que se refiere a su no inclusión dentro de las facultades conferidas a la defensa para recaudar información o a su imposibilidad de participar ante la solicitud de absolución perentoria.
A continuación presenta los "fundamentos de la censura" a las proposiciones jurídicas acusadas. Para ello presenta una evolución de la figura de la víctima en el proceso penal y la forma como se ha ido adoptando en el orden jurídico colombiano, hasta adquirir su identidad propia. "La víctima, a la que en algún momento se le tenía relegada y aislada en cuanto a facultades procesales de postulación directa ya, en este momento es uno de los protagonistas de primera línea del sistema que nos rige" (folio 13). Hace un breve recuento de la historia de la víctima en el Derecho punitivo, que ha ido desde el derecho a la indemnización hasta el derecho a la verdad. Ya no se le desconoce su capacidad procesal, y al contrario se tiende a "reconocer la importancia de que la víctima pudiese intervenir de manera directa y sin intermediarios en el escenario judicial, y para que fuera facultada su participación, en todos los momentos procesales esenciales y decisivos en cuanto a sus derechos a la verdad, justicia y reparación" (folio 14).
Y como quiera que con la sentencia C-454 de 2006 se facultó a la víctima, entre otras, a pedir pruebas de manera directa y sin intermediarios y también como quiera que en el sistema acusatorio el aporte de pruebas depende de manera fundamental del recaudo de información que antecede al ejercicio del derecho de aportación probatoria, a juicio de los demandantes las facultades de la víctima podrían entenderse como "un derecho minusválido" (folio 14). Una condición que se hace más evidente frente a la petición de la absolución perentoria del art. 442 del C.P.P., "más si es por parte de la Fiscalía, no permitir que la víctima intervenga", con todo y ser "protagonista principal del conflicto penal" (folio 15).
Observa una vez más cómo en la configuración inicial del proceso penal de la ley 906 de 2004, la víctima estaba autorizada para unas cuantas actuaciones como presentar denuncia, aportar pruebas, solicitar medidas cautelares, etc., sin que pudiera pedir pruebas ni estar presente en la práctica de las mismas durante el juicio oral. El origen de esta limitación radica, según los demandantes, en que desde su "génesis", el sistema procesal penal se consideraba "exclusivamente adversarial y de partes, en el cual el juez como espectador imparcial decidía sobre el enfrentamiento dialéctico que propiciaban las dos partes (acusación y defensa)".
Ilustra su demanda con la referencia a los sistemas procesales de países como Italia que limita la participación de la víctima en el proceso, o España, Nicaragua u Honduras, donde cabe la participación activa de la víctima y de un acusador popular. Por su parte, trae a colación apartes de la sentencia C-591 de 2005, en donde se reconoce la fisonomía propia del sistema procesal penal colombiano. Y con base en lo anterior estima que debe completarse la labor de protección constitucional de las víctimas que ha ido construyendo la jurisprudencia de la Corte (sentencias C-454 de 2006, C-209 de 2007, C-516 de 2007). Por ello se dice, es necesario habilitar normativamente a la víctima para la "'aportación probatoria'", tanto durante la indagación y la investigación, como durante el juicio, de modo que se haga efectivo en la víctima su derecho a la defensa (folio 33).
Otro tanto se predica respecto de su participación ante la solicitud de absolución perentoria, pues "si lo puede hacer ante una petición de archivo de la indagación, de preclusión de investigación, de aplicación del principio de oportunidad, cómo va a ser admisible constitucionalmente que no lo pueda hacer ante una solicitud de absolución perentoria, en donde sus derechos de justicia y verdad estarían definiéndose negativamente" (folio 34).
A partir de lo anterior, retoma las sentencias C-228 de 2002 y C-454 de 2006, para concluir que con ellas, en particular con la última, se ha producido un cambio radical desde el cual la víctima "es ahora (…) pilar fundamental para la indagación; y cualquier maltrato (en sus facultades de intervención directa), cualquier disminución, o trato de interviniente de segunda categoría que se le dé a la misma, desconoce nuestro ordenamiento constitucional" (folio 36).
Pero la importancia de la víctima en el proceso penal no sólo quedó esclarecida en la sentencia C-454 de 2006. También se aprecia en lo señalado en la sentencia C-209 de 2007, así como en lo previsto en la sentencia C-591 de 2005, donde se destacó el carácter adversarial no puro del sistema procesal penal, en el que no hay solamente "dos partes y un árbitro de la contienda, sino que se trata de un sistema de roles, en el cual tienen cabida directa todos los protagonistas de la conducta punible, ciudadano imputado, ciudadano víctima, sociedad y Estado (Juez, Fiscal, Ministerio Público)" (folio 40).
Así mismo, con base en la sentencia C-1154 de 2005 (donde se estableció la posibilidad de que ante la decisión de archivo de una diligencia adoptada por el Fiscal, pudiere ser controvertida por las víctimas y en ese tanto pudieren éstas solicitar ante el juez de garantías la reanudación de la investigación y de aportar nuevos elementos probatorios para justificar dicha reapertura) y en la sentencia C-209 de 2007 (donde se determina que junto con el Fiscal, la defensa y el Ministerio público, también la víctima debe ser autorizada para solicitar la práctica de pruebas anticipadas, o para intervenir en la audiencia preparatoria con el objeto de solicitar la exhibición de los elementos materiales de prueba a los demás sujetos procesales), considera que las facultades procesales reconocidas en esas decisiones, "podrían ser inanes o claramente disminuidas si se excluye a la víctima, como en efecto lo hizo el legislador, de la posibilidad de recaudar evidencia, de recepcionar entrevistas y declaraciones juradas". (folio 48).
Y con relación al art. 442 C.P.P., señala que "la limitante en el desarrollo práctico de la audiencia de juicio oral [prevista en la ley y declarada constitucional en la sentencia C-209 de 2007], en punto de interrogatorios y contra interrogatorios, no puede tomarse de base para impedirle a la víctima a ser oída por el fallador, como al respecto lo hace el legislador en (…) [la norma demandada], pues en aquel momento estaría en vilo el derecho de impunidad como derivado que es de los intereses de verdad, justicia y reparación que en el marco de nuestra Carta Política resultan fundamentales para este actor procesal y protagonista de primera línea, por pasiva, del delito cometido" (folio 49).
De igual modo los actores observan que si se declaró contrario a la Constitución que a la víctima "no se le permitiera controvertir -probatoriamente un petición de preclusión (lo cual sí tiene recursos para el debido control jurisdiccional en las instancias), mal podría considerarse que ante una petición de absolución perentoria o definitiva, a la víctima no se le permita, ni si quiera [sic], ser oída". Estas decisiones, precisan, tienen los mismos efectos procesales de terminar con el proceso y hacer tránsito a cosa juzgada, por lo que era del caso aplicar el razonamiento de la citada sentencia C-209 de 2007, sobre preclusión y en general sobre todas las materias de que trató y con las que arropó de garantías de participación y control durante el proceso penal, a las víctimas del delito investigado (folios 52-56).
Con base en la "línea jurisprudencial vigente", estima que es claro que los artículos 268, 271 y 272 de la ley 906 de 2004 son contrarios a la Constitución. Y aunque estas disposiciones hacen referencia a las facultades del imputado, existe omisión legislativa relativa respecto de la víctima, pues actualmente es claro que conforme a la misma Carta, se protege el derecho de defensa del imputado, como el de la víctima. Y la actuación de la Fiscalía no suple a la víctima, como lo demuestra el hecho de que la primera decida archivar las diligencias de indagación, actuación que sólo podría ser revocada en el evento que la víctima pudiera recoger evidencias, entrevistas o declaraciones juradas, para que el fiscal revocara su decisión y optara por abrir de nuevo el caso.
Sobre la inconstitucionalidad parcial del art. 442 C.P.P., incluye un análisis de la aplicación del precepto, en el caso de que se admitiera que la víctima fuera oída, previo a la solicitud de absolución perentoria. Se pregunta si aún en ese caso podría el juez hacer cosa distinta que absolver, a lo cual contesta: "En un modelo procesal puramente acusatorio, ante la petición de absolución de un Fiscal, el juez no le queda otro camino que absolver, el Tribunal no podrá revocar y la Sala Penal de la Corte no podrá casar dictando fallo de reemplazo condenatorio. Este es el camino en un sistema donde no se le reconozca la facultad de intervención directa de la víctima (…)". Pero siguiendo la sentencia C-591 de 2005, es claro ya que el sistema procesal penal colombiano se rige por una identidad propia (folio 63).
Con todo, con la cita de extensos extractos de sentencias de la Corte Suprema de Justicia[2], formulan como dato relevante que "En vigencia de la ley 906 de 2004 la petición de absolución del Fiscal es equivalente al retiro de cargos y en tales condiciones el Juez no puede emitir decisión condenatoria" (folio 74). Por ello propone una solución al problema procesal que plantea la solicitud de la Fiscalía de absolución perentoria como forma de retirar los cargos, pues aunque esto supondría la declinación del interés del Estado en el hecho investigado, en cuanto el Fiscal ha presentado la teoría del caso, ha desarrollado toda la actividad probatoria de cargo, aunque "bien puede en su intervención pedir la absolución, (…) el Juez, en virtud de que la acusación ya se materializó y se verificó (…) [pude decidir] si acoge o no las propuestas formuladas por quienes conforme al Art. 443 del C.P.P. están autorizados a alegar en la conclusión del juicio oral" (folio 78).
A su juicio, la omisión legislativa relativa formulada respecto de los artículos 268, 271 y 272 del C.P.P., es resultado de una lectura aislada de las disposiciones y las decisiones de la Corte Constitucional que regulan los derechos de las víctimas en el proceso penal. Por esto, luego de mencionar las sentencias C-516 de 2007, C-209 de 2007 y la C-454 de 2006, dice que "se infiere claramente que no hay omisión legislativa en los artículos [citados] (…) en cuanto a que los mismos excluyan a la víctima de la facultad de recabar las pruebas allí enunciadas (elementos materiales probatorios y evidencia física; entrevistar a personas con el fin de encontrar información útil; y, declaración jurada de persona, cuya exposición pueda resultar de especial utilidad para la investigación), porque estas disposiciones acusadas deben aplicarse en consonancia con lo establecido en todas las normas mencionadas en las referidas sentencias, con el alcance dado en ellas, de tal manera que de la lectura integral del bloque normativo en materia probatoria, contenido en la ley 906 de 2004, se infiere que no le está vedado legalmente a las víctimas obtener y hacer valer en el proceso penal los elementos probatorios a que aluden las normas demandadas en este caso" (folio 115).
Por lo demás, admite que las facultades reconocidas en aquellos preceptos "pueden ser realizadas por cualquier persona". Mas al mismo tiempo indica que estos preceptos están en el capítulo del C.P.P. sobre facultades de la defensa en la investigación, "sin perjuicio de las facultades que en materia probatoria tenga la víctima en virtud de disposiciones legales contenidas en otros apartes del mismo Código o de otras disposiciones del ordenamiento jurídico, incluyendo la jurisprudencia constitucional al respecto" (folio 115).
Sobre el artículo 442 C.P.P., estima el Ministerio que la acusación formulada por los accionantes obedece a una apreciación subjetiva del contenido y alcance de la disposición, sin tener en cuenta que en su tenor literal delimita las razones por las cuales el juez no está obligado a oír a las partes, a saber que los hechos sean ostensiblemente atípicos. "Es decir, la norma demandada contempla una causal objetiva de absolución basada en una situación que no amerita discusión o controversia alguna y que puede ser apreciada de manera clara y evidente por el juez de conocimiento sin intervención de las partes o de las víctimas (…)". Por lo demás, la inexistencia de hechos típicos también hace ostensible la inexistencia de víctima alguna, por lo que por carencia de objeto no habrá lugar a establecer el derecho de una víctima inexistente a ser oída en la decisión de absolución perentoria del investigado o inculpado.
Integrantes de la Comisión acompañan a los actores en su demanda, pues encuentran que no reconocer las facultades previstas para la defensa a las víctimas, "supone un desconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación" (folio 123).
Una conclusión semejante se formula respecto de lo previsto en el artículo 442 del C.P.P., en especial porque impedir que la víctima se oponga a la solicitud de absolución perentoria, implica que una vez haya sido aprobada por el juez, surte efectos de cosa juzgada y no pueda reabrirse la investigación para obtener la verdad, la justicia y la reparación debidas. Pero adicionalmente observa que ante figuras procesales similares en sus efectos, la Corte ha aducido que deben reconocerse facultades procesales a las víctimas, para que estas puedan presentar sus opiniones y sus pretensiones propias, incluyendo naturalmente la posibilidad de allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse. "Siendo así, la necesidad de conservar el precedente y la coherencia en la jurisprudencia de la Corte impone que se declare que el artículo 442 de la ley 906 de 2004 incurrió en una omisión legislativa relativa (…)" (folio 128).
A continuación aborda el problema de si la petición de la demanda desconoce principios esenciales del sistema penal acusatorio establecido en Colombia, para lo cual destaca en primer lugar la naturaleza del mismo, su carácter propio y particular, el cual tiene por primacía la protección de los derechos fundamentales tanto del imputado como de las víctimas. No responde, dicen los miembros de la comisión, a un característico proceso adversarial donde sólo participan dos partes dentro del proceso. Por ello el principio de igualdad de armas debe ser respetado "especialmente en lo que respecta a los derechos fundamentales tanto de imputados como de víctimas, para que cuenten con iguales garantías de defensa y protección" (folio 129).
Mediante escrito radicado el 9 de julio de 2010, la Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo estimó que no se dan los elementos para configurar la omisión legislativa relativa respecto de los artículo 268, 271 y 272 de la ley 906 de 2004, de manera que ellos resultan ajustados a la Constitución. Por el contrario, se estima que la expresión "y el juez resolverá sin escuchar alegatos de las partes e intervinientes" del art. 442 C.P.P., es contraria a la Carta y por tanto debe ser declarada inexequible (folios 154 y 179).
Según la Vista fiscal, en atención a que la acción de inconstitucionalidad aunque es pública e informal, debe cumplir unos requisitos mínimos que concreten un problema jurídico real, indicando de manera clara, cierta, específica, pertinente y suficiente, en qué forma se considera que la disposición acusada vulnera la Carta. En el caso bajo examen, a juicio del Ministerio Público, "la demanda no se dirige en contra del texto, general y abstracto de los artículos demandados, sino en contra de una interpretación subjetiva, errónea y antitécnica que hacen los actores de ellos. Esta interpretación no corresponde ni al texto literal de los artículos ni a su intención, pues se pretende reprocharles el que, pese a regular las facultades de la defensa en el Capítulo VI del Título I del Libro II del Código, se omita incluir en este apartado normativo a las víctimas de los delitos, con los mismos derechos que a los procesados".
En este sentido, encuentra el Procurador que "por razones de coherencia y de técnica legislativa", los derechos de la víctima, no pueden estar regulados en los mismos artículos que se ocupan de la defensa. De este modo, "dentro de un sistema codificado no hay omisión alguna cuando no se incluye los derechos y las facultades de un interviniente, en el capítulo dedicado a regular los derechos y las facultades de una de las partes, sino en otro: en el que les corresponde". Por lo demás, observa que en la demanda "se omite formular al menos un cargo directo en contra de las normas demandas. Su propósito es que la Corte, en contravía del sistema codificado, además del capítulo del código dedicado a las víctimas y a sus derechos, condicione la exequibilidad de la norma demandada para incluir a unas y a otros en el capítulo y en los artículos que regulan la defensa y sus derechos".
Y en lo que hace al artículo 442 C.P.P., dice el Ministerio Público que no se entiende el sentido del cargo, pues lo que se pretende no es equiparar a la víctima en las facultades reconocidas por este precepto al imputado, su defensa o a la Fiscalía: solicitar la absolución perentoria. Lo que se quiere es adscribirle una facultad que ninguna de las partes o intervinientes tiene, es decir, el ser escuchadas por el juez antes de decidir la solicitud correspondiente. En este sentido, aprecia, no se da realmente un trato desigual como el que exige la demanda por omisión legislativa relativa, menos aún cuando la víctima ha tenido múltiples oportunidades para ser escuchada en el proceso. Tampoco hay razón alguna para sostener que "'si el Fiscal pide absolución, el Juez, (…) no tiene otro camino que absolver'", pues éste goza de autonomía para el ejercicio de su función.
Finalmente señala que, según la jurisprudencia trazada en la sentencia C-1043 de 2006, la demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa presentada en este caso, no reúne las condiciones específicas que le son exigidas al ciudadano, "pues no señala por qué la inclusión de la víctima en los supuestos regulados por las normas demandadas es indispensable para que éstas se ajusten a los mandatos constitucionales, no indica por qué la exclusión denunciada es irrazonable o genera alguna desigualdad negativa, y no muestra por qué ella es fruto del incumplimiento de un deber del legislador".
9. Por lo que hace a los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en reiterada jurisprudencia, en particular desde la sentencia C-1052 de 2001[7] que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta Corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de "razones conducentes para hacer posible el debate", con las que se informe adecuadamente al juez constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados.
El concepto de la violación, consiste en la "exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda". Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede "escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto", en todo caso debe concretar: i) los "cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas"[8]; (ii.) el "'contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan[9]'"; (iii.) "las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 1991)", que sean para el juez constitucional "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes"[10].
En efecto, como lo ha dicho la jurisprudencia, una omisión es relativa, "cuando se vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad específica; pero aquella se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento que, por razones lógicas o jurídicas -específicamente por razones constitucionales-, debería estar incluido en el sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o ineficiente"[13], en particular por producir por lo general violaciones del derecho a la igualdad[14] o el derecho al debido proceso[15].
De este modo, cuando el ciudadano plantea ante el Juez constitucional que el legislador ha omitido un deber de regulación, con lo cual se crea una discriminación negativa injustificada, éste debe cumplir con unas cargas de argumentación más exigentes. Es decir que "cuando de activar el control de constitucionalidad abstracto por vía de acción se trata, aduciendo la existencia de una omisión legislativa relativa, es menester que el ciudadano demuestre con razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[16], que la norma acusada contiene una omisión legislativa relativa de conformidad con el artículo 2º numerales 3 y 5 del Decreto 2067 de 1991"[17].
12. El estudio de fondo de la omisión legislativa relativa por el juez constitucional, reclama entonces que el demandante haya acreditado los siguientes presupuestos "(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador"[18].
Con tales exigencias adicionales no se procura restringir per se el derecho a participar en la defensa de la supremacía de la Constitución, sino hacer "eficaz el diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior"[19]. Un diálogo en el que se garantice que sea el demandante y no el juez quien define los contornos dentro de los cuales se ejerce en cada caso el control constitucional sobre las leyes y actos objeto de acusación[20].
16. A ese propósito, con base en la jurisprudencia, la Corte retomó los requisitos que deben reunir las demandas en donde se plantea la omisión legislativa relativa, señalando en lo referente a la norma sobre la cual se formula tal reparo, la importancia de que fuera sobre ella misma predicable la omisión alegada, en el sentido de excluir de sus consecuencias "aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico"[21].
En el mismo sentido, entonces se precisó cómo "la doctrina de esta Corporación ha definido también que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada. En este sentido, la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso[22]".
De este modo, se afirmó reiterando lo dicho en sentencia C - 041 de 2002, que para establecer la admisibilidad de un cargo de inconstitucionalidad derivado de omisión legislativa relativa, es necesaria "la determinación del objeto normativo sobre el cual recae la impugnación, lo cual se obtiene vinculando la omisión que se acusa a una norma específica contra la cual se dirige la demanda, y a la que es posible imputar válidamente el contenido normativo que se echa de menos".
En efecto, observa que el demandante formula una crítica general frente a la manera como el legislador desarrolló el mandato constitucional del artículo 250.7 de "fijar los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal", al no haberle otorgado condición de "parte". Mas precisa enseguida la Corte, que lo que se esperaría de un planteamiento de tal naturaleza, "sería la impugnación de todas aquellas disposiciones a las cuales se pudiesen vincular válidamente las omisiones que el demandante acusa". Es decir, que "tratándose de una impugnación fundada en la estructuración de una omisión legislativa relativa, presuntamente inconstitucional, relacionada con las facultades procesales de la víctima en el proceso penal,es claro que las omisiones que acusa el demandante deben estar vinculadas con los específicos contenidos normativos demandados, de los cuales surjan o emerjan claramente las omisiones denunciadas" (resaltado sobrepuesto).
Tampoco le resulta admisible a la Corte en aquél entonces, la impugnación contra los artículos 132, 133 y 134, por cuanto encontró "[carente] de coherencia una acusación al legislador consistente en haber omitido incluir unas facultades procesales, en normas que tienen cometidos y finalidades distintas, como son los de regular medidas de protección y atención a las víctimas de los delitos. La acusación que se formula en contra de estas normas no cumple así con la exigencia de procedibilidad, consistente en vincular la omisión que se acusa con un contenido normativo específico, al cual le es imputable el contenido omitido".
Otro tanto sucede respecto de la impugnación contra el artículo 136, pues en ella tampoco se encuentra una omisión específica "cuyo contenido pueda adscribirse legítimamente a la materia regulada por la norma". Porque el cometido de esa norma es el "señalar el alcance del derecho a recibir información en el proceso", no lo que el demandante extraña, a saber promover la igualdad de partes, auspiciar las posibilidades probatorias de la víctima respecto de los elementos que estructuran la responsabilidad civil.
Un reparo que también encuentra la Corte respecto del cargo contra el artículo 11 también acusado en aquella ocasión, pues la norma se limita a consagrar un catálogo de derechos a favor de las víctimas, dentro de los "los principios rectores y las garantías procesales" que rigen la actuación penal, pero no establecer de manera minuciosa las reglas de participación en el proceso, de los sujetos e intervinientes. Es decir que tampoco en este caso se encontró admisible el cargo por no existir "la vinculación de la omisión a un contenido normativo específico en el cual debería incluirse la materia que extraña el demandante. No se respeta en la formulación de este cargo la regla de coherencia, según la cual se debe vincular el vacío legislativo que se acusa a un contenido normativo específico, al cual podría imputarse válidamente la materia omitida".
20. Sobre los cargos formulados, la Corte más adelante los ordena de esta manera "1) En materia de facultades probatorias de la víctima, el demandante señala que los artículos 284, 344, 356, 357, 358, 359, 371, 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004, son inconstitucionales porque le impiden a la víctima participar en el debate probatorio y en el esclarecimiento de la verdad, al no permitir que solicite o controvierta los elementos materiales probatorios aportados por las partes en las distintas etapas de la actuación penal donde está previsto el debate probatorio. 2) En cuanto a la adopción de medidas de protección y de aseguramiento, el demandante considera que los artículos 137, 306, 316 y 342 de la Ley 906 de 2004, le impiden a la víctima obtener una protección contra posibles amenazas y la obliga a depender de la actuación del Fiscal en la solicitud de tales medidas, sean estas de protección propiamente dichas o de aseguramiento. 3) En relación con la aplicación del principio de oportunidad, el accionante considera que los artículos 324 y 327 de la Ley 906 de 2004, le impiden a la víctima controvertir adecuadamente la decisión del Fiscal y no ofrecen una garantía adecuada de sus derechos en la medida que no exigen que la aplicación de tal principio dependa de una satisfacción razonable de los derechos de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación. 4) En lo que tiene que ver con la preclusión del proceso, el demandante considera que el artículo 333 de la Ley 906 de 2004, le impide a la víctima controvertir adecuadamente la solicitud del fiscal. 5) En cuanto a las facultades de acusación, el demandante señala que los artículos 337, 339 y 371 de la Ley 906 de 2004, excluyen a la víctima quienes pueden participar en la formulación de la acusación y en la presentación de la teoría del caso, cercena sus derechos a la verdad y a la justicia. 6) En cuanto a las facultades de impugnación de decisiones fundamentales, el demandante considera que los artículos 11 y 137 vulneran este derecho al no prever expresamente la posibilidad de que la víctima pueda apelar decisiones trascendentales para la efectividad de sus derechos".
A este respecto, la Corte constitucional retomó lo dicho en la sentencia C-509 de 2004[23], en la que se señaló que el legislador incurre en una omisión legislativa relativa cuando ha regulado "de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o cuando de dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un ingrediente que de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho a la igualdad[24]".También repasó los requisitos de la demanda de inconstitucionalidad en general y para el caso de la omisión legislativa relativa.
De estos elementos concluyó que si bien respecto de los mencionados artículos la argumentación del actor fue escasa y dispersa, de todas maneras había logrado confrontar las normas cuestionadas con el alcance de los derechos de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, y en algunos casos logró ejemplificar el tratamiento discriminatorio que de ellas surge al no incluir a la víctima. Dicho lo anterior, concluyó que los cargos formulados contra tales preceptos (artículos 306, 316, 324, 342, y 371 de la Ley 906 de 2004), revestían "las condiciones mínimas de claridad y certeza exigidos para un pronunciamiento de fondo".
22. Por lo demás, la Corte apunta que "Adicionalmente, ya hubo inhibición cuando en otro proceso se atacó sólo un artículo. Aquí se ataca el conjunto de artículos que presumiblemente afectan los derechos de las víctimas".
"Si a la luz de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación derivados de los artículos 1, 2, 15, 21, 93, 229, y 250 de la Carta:
(i) ¿Son inconstitucionales en lo demandado los artículos 284, 344, 356, 357, 358, 359, 371, 378, y 395, 391 y el artículo 391, en razón de no prever que la víctima participe directamente en el debate probatorio y en el esclarecimiento de la verdad, ni solicite o controvierta los elementos probatorios aportados por las partes en las distintas fases de la actuación penal
(ii) ¿Son inconstitucionales el artículo 137, y en lo demandado, los artículos 306, 316 y 342 de la Ley 906 de 2004, al no prever que la víctima pueda directamente y sin la intervención del fiscal, solicitar al juez competente medidas de aseguramiento o de protección, según el caso
(iii) ¿Son inconstitucionales los artículos 324 y 327 de la Ley 906 de 2004, en lo demandado, al no exigir que la aplicación del principio de oportunidad dependa de la satisfacción razonable de los derechos de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas
(iv) ¿Es inconstitucional el artículo 333 de la Ley 906 de 2004, en lo demandado, al no permitir la solicitud y práctica de pruebas por parte de la víctima para controvertir la solicitud de preclusión que haga el fiscal
(v) ¿Son inconstitucionales los artículos 337, 371 y 339, en lo demandado, de la Ley 906 de 2004, al no prever la participación de la víctima en la formulación de la acusación y en la definición de la teoría del caso en la etapa del juicio
(vi) ¿Son inconstitucionales los artículos 11 y 137 de la Ley 906 de 2004, por no garantizar de manera efectiva que la víctima pueda impugnar decisiones fundamentales a lo largo de la actuación penal ".
En primer lugar lo efectuó respecto del artículo 344, puesto que las expresiones acusadas de "la Fiscalía" y la "defensa" empleadas en el inciso segundo, no podían analizarse aisladamente sino que era necesario situarlas en el contexto de toda la disposición para comprender su sentido normativo[25].
Lo propio hace con el artículo 358, puesto que la expresión acusada de "a solicitud de las partes", tampoco puede analizarse aisladamente sino que es necesario situarla en el contexto de toda la disposición para comprender su sentido normativo[26]; y con los artículos 378 y 395, en la medida en que la expresión "las partes" que se demanda del primero y "la parte que no está interrogando o el Ministerio Público" utilizada en el segundo, sólo pueden ser entendidas según el cargo propuesto, desde el estudio de la totalidad de la disposición[27].
Ocurre otro tanto con el artículo 333, puesto que la acusación formulada sobre el inciso 4 que establece que "en ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas" y por la cual se alegaba en la demanda que se impedía a la víctima controvertir adecuadamente la solicitud de preclusión que presente el fiscal, no podía ser estudiado sino a través del análisis global de la disposición respectiva[28].
En fin, reconoce la necesidad de integración normativa, ya no respecto de apartes de una disposición acusada no incluidos por el demandante, sino respecto de una norma no tenida en cuenta por él, sino de otras disposiciones que contemplen la participación de la víctima en las diferentes etapas del proceso. Se dijo en concreto: "Habiendo examinado las normas cuestionadas por el demandante en las que se excluía a la víctima de intervenir efectivamente en las etapas críticas del proceso penal, se pregunta la Corte Constitucional si existen otras disposiciones de la Ley 906 de 2004 relativas a etapas cruciales de la actuación penal en las que la intervención de la víctima no haya sido prevista ni se le haya reconocido la posibilidad de controlar las inacciones u omisiones del fiscal" [29].
A este respecto en la decisión en comento, la Corte encuentra que "el artículo 289[30] de la Ley 906 de 2004, que regula la audiencia de formulación de la imputación, no prevé la intervención efectiva de la víctima para la protección de sus derechos", lo integra a la demanda y se pronuncia sobre su constitucionalidad.
27. En este caso también se alegó por la Procuraduría y los intervinientes ineptitud sustantiva de la demanda respecto de algunas expresiones del artículo 11 ordinal "d", y del artículo 136 numeral 11 de la Ley 906 de 2004, así como respecto del primer segmento del artículo 340.
Mas retomando los criterios señalados de manera reiterada por la jurisprudencia y a los que se aludió en el presente caso[31], la Corte encontró admisible la demanda, pues frente a los artículos 11 ordinal "d" y 136 numeral 11, estimó que los demandantes presentaban argumentos sobre la omisión alegada, en cuanto las expresiones acusadas "entrañan formas incompletas del derecho de acceso pleno a un mecanismo judicial efectivo para la garantía de los derechos de las víctimas, en cuanto no incluyen la posibilidad de controvertir la prueba, de determinar libremente los testimonios que quieren llevar al proceso y de acceder al expediente".
También entonces verificó la Corte, que los demandantes efectuaron "un esfuerzo analítico orientado a aplicar las reglas que regulan la omisión legislativa relativa al objeto normativo que impugnan para concluir que la restricción que hace el legislador en las normas acusadas respecto de la participación de las víctimas dentro del proceso penal - representada en el silencio sobre otras formas de participación - es un desconocimiento de preceptos superiores, en particular aquellos relacionados con el derecho a la justicia, el cual contiene dentro de sus elementos el acceso a un mecanismo judicial efectivo". Aprecia entonces la Corte en la sentencia C-516 de 2007, que el cargo que por omisión legislativa que se formula contra los artículos 11 ordinal "d" y 136 numeral 11, cumple con los requisitos mínimos de claridad, pues logra demostrar "que el legislador reguló de manera insuficiente o incompleta el mandato constitucional de protección de los derechos de las víctimas, creando una situación de inequidad de este interviniente procesal, vinculando en su argumentación la omisión a un objeto normativo que consideró de relevancia en impacto en las facultades probatorias de las víctimas, en tanto se trata de una norma o principio rector y por ende con poder irradiador sobre la actuación probatoria de la víctima[32]".
- Permitir tales actuaciones a las víctimas, permitiría un "esquema procesal equitativo" entre los intereses de la víctima y los del imputado, entendidos como los dos protagonistas del proceso.
Esta proposición de los ciudadanos que interponen la demanda, de algún modo plantea el problema de falta de certeza en ella, en cuanto la omisión legislativa propuesta no recae sobre una proposición jurídica real y existente, sino deducida por el actor o implícita. Pues el reclamar desde la perspectiva de la omisión en la que incurrió el legislador en los artículos 268, 271 y 272 del C.P.P., la inconstitucionalidad por diferencia de trato entre la víctima y el inculpado o imputado en materia "aportación probatoria", plantea una ausencia de comprensión de estas disposiciones. O sea que hay allí una interpretación errada de los mismos, de cuyo contenido no verificable deduce una omisión antes que inexistente imposible, al menos en esos preceptos. Pues, se reitera, en ellos se incluyen algunas de las facultades que durante la investigación tiene la defensa, no actuaciones procesales ni derechos de partes e intervinientes en materia probatoria, de las que se pudiera inferir la exclusión ilegítima de la víctima. Se deduce pues una inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa que no se puede desprender de los textos acusados.
Por lo demás y dejando de lado el anterior supuesto, a pesar de que la demanda es rica en referencias sobre la importancia de proteger a la víctima del delito en el proceso penal, lo cierto es que no cuenta con razones específicas que definan con nitidez la manera como en ellas se desconoce o vulnera en particular el artículo 13 constitucional, a los efectos de reconocer el argumento exigido para este tipo de demandas, a saber "que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma"[33].
Los ciudadanos demandantes, parten de una equiparación plena entre la víctima y el inculpado o acusado como protagonistas del proceso, que no tiene soporte en la propia jurisprudencia que se cita. Pero además, no exponen las razones por las cuales no hay justificación para el trato diferenciado alegado ni por qué el mismo, en caso de existir, resulta ilegítimo e inconstitucional. De esta manera el cargo de omisión legislativa no es específico, en el sentido de que no establece "si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política"[34], lo que naturalmente impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 268 LEY_906_2004_31/08/2004
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 271 LEY_906_2004_31/08/2004
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 272 LEY_906_2004_31/08/2004
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 442 LEY_906_2004_31/08/2004
[1]Mediante la sentencia C-536 de 2008, la expresión tachada fue declarada inexequible. Así mismo el último apartado del precepto según el cual "los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo recibo" fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en la misma sentencia, "en el entendido de que el imputado o su defensor también podrán trasladar los elementos materiales probatorios y evidencia física a cualquier otro laboratorio público o privado, nacional o extranjero, para su respectivo examen".
[12] Al respecto se señaló en la sentencia C-320 de 1997, reiterada en numerosas ocasiones, que "la Corte concluye que la unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondosobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado por los actores. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad" (subrayado fuera de texto). En el mismo sentido la sentencia C-185 de 2002, donde la Corte observó: "La atribución legal reconocida a esta Corporación para integrar la unidad normativa, es decir, para vincular al proceso de inconstitucionalidad otros preceptos que no fueron materia de acusación, al margen de tener un alcance excepcional y restrictivo, sólo puede ejercerse cuando se ha verificado previamente que la demanda fue presentada en debida forma; esto es, cuando se determine que la misma ha cumplido con los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad".
[25] Se explica en la sentencia que en ese evento, la integración normativa procede bajo la primera hipótesis señalada en la sentencia C-320 de 1997, MP. Alejandro Martínez Caballero. Según esa sentencia, la integración de unidad normativa sólo procede de manera excepcional en tres eventos: (1) "cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada." (2) "Cuando la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas." Y (3) "pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad." Sobre el tema de integración normativa, también se citan como referencias, las sentencias C-357 de 1999, C-539 de 1999, C-781 de 2003, C-227 de 2004; C-271 de 2003; C-409 de 2004; C-538 de 2005, C-536 de 2006.
[26] En este evento la integración de unidad normativa se hace bajo la primera hipótesis planteada en la sentencia C-320 de 1997, esto es (1) "cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada.".
[27] También en este caso se produce la integración de unidad normativa bajo la primera hipótesis de la sentencia C-320 de 1997, "esto es, porque lo demandado no tiene un sentido claro o unívoco que sea posible entenderlo o aplicarlo sin integrar su contenido normativo con el resto del artículo".
[29] En este evento la integración de unidad normativa se hace bajo la tercera hipótesis planteada en la sentencia C-320 de 1997, en la que a pesar de no ser necesario hacer la integración para asegurar su aplicación y entendimiento del texto normativo, ni porque lo demandado se encuentre reproducido en otras disposiciones, sino porque "la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad".
[32] En este caso se precisa cómo en la sentencia C- 454 de 2006, la Corte declaró la ineptitud sustantiva de una demanda por omisión legislativa relativa, la cual se dirigía contra todo el contenido del artículo 11 y todo el contenido del artículo 136 de la Ley 906 de 2004 sin vincular la omisión a un contenido normativo específico. La formulación del cargo se consideró, en esa oportunidad, "genérica y global, por lo que no responde a los principios de especificidad y concreción que determinan la aptitud de un cargo".