Source: https://es.scribd.com/doc/76789919/sentencias-y-jurisprudencias
Timestamp: 2016-07-26 07:13:20
Document Index: 226443063

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 91', 'artículo 10', 'artículo 486', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 150', 'artículo 149', 'artículo 25', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 149', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 163', 'Artículo 2', 'artículo 189', 'Artículo 3', 'Artículo 1']

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Las administradoras tienen la obligación de reconocer el pago de las prestaciones económicas a sus afiliados y deberá realizarse dentro de los dos (2) meses siguientes contados desde la fecha en la cual se alleguen o acrediten los requisitos exigidos para su reconocimiento. Vencido este término, la administradora de riesgos profesionales deberá reconocer y pagar, en adición a la prestación económica, un interés moratorio igual al que rige para el impuesto de renta y complementarios en proporción a la duración de la mora. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar (artículo 1 de la Ley 776 de 2002). El Literal c) del artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, define que las entidades Administradoras de Riesgos Profesionales que incurran en conductas tendientes a dilatar injustificadamente el pago de las prestaciones económicas por enfermedad o accidente de trabajo, serán sancionadas por la Superintendencia Financiera. Las prestaciones a que tiene derecho todo trabajador son: Incapacidad temporal (de origen profesional). Se da cuando el trabajador se encuentra imposibilitado temporalmente para trabajar tiene derecho a subsidio equivalente al 100% del salario base de cotización por cada día que ha sido incapacitado. El derecho se adquiere desde el día siguiente de la ocurrencia del accidente de trabajo o diagnostico de enfermedad profesional y podrá percibirse durante 180 días prorrogables más. Sin embargo, si existe concepto favorable de rehabilitación, la entidad Administradora de Riesgos profesionales podrá posponer el reconocimiento de la pensión por invalidez hasta por 720 días más, tiempo durante el cual el afiliado continuara percibiendo su incapacidad. Incapacidad permanente parcial. Es la pérdida de capacidad laboral permanente por daño parcial, en la salud del trabajador, calificado entre el 5 y el 49,9 por ciento. Esta genera la prestación económica de indemnización. El Decreto 2644 de 1994, define la Tabla única para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación económica correspondiente, como parte integrante del Manual Único de Calificación de Invalidez. El valor a reconocer por parte de la Administradora de Riesgos Profesionales es el resultado del porcentaje de pérdida de capacidad laboral frente al monto de la indemnización en meses que se de multiplicar el ingreso base de liquidación definido en el Decreto 2644 de 1994. Pensión de invalidez. Es un pago mensual que se adquiere por haber perdido el 50% o más de la capacidad laboral, como consecuencia de un Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional. El artículo 10 de la Ley 776 de 2002, define que todo afiliado al que se le establezca una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso: a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación;
De la misma manera. tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación: c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida. ANA MARIA CABRERA VIDELA Directora General de Riesgos Profesionales
Ministerio de la Protección Social Concepto 8786 13-01-2009 REFERENCIA: Radicado Nº 381295 despido sin justa causa. es oportuno manifestarle que los funcionarios del Ministerio de la Protección Social no están facultados para determinar si el despido realizado por el empleador estuvo motivado en la justas causas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Así mismo. estará obligado al reconocimiento y pago de la indemnización por los perjuicios que pueda causarle al trabajador. en los siguientes términos: En primer lugar. toda vez que esta competencia está atribuida a los jueces laborales de la República. En este sentido. los funcionarios no están facultados para declarar derechos ni dirimir controversias. ubicada en la carrera 7 Nº 32-63 piso 2º de esta ciudad. el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%). es necesario señalar que de conformidad con las competencias otorgadas a este ministerio establecidas en el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo. que al ser este un contrato bilateral.com Respetado señor Saavedra: Damos respuesta a su solicitud radicada con el número de la referencia. Cordialmente. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Señor LUIS EDUARDO SAAVEDRA GALVIS E-mail: leduardos2000@hotmail. así como tampoco pueden acceder a lo solicitado en su escrito. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento. Por lo anterior y en caso de necesitar asesoría de forma personalizada. o a la Dirección Territorial de su domicilio. le indicamos siempre que usted haya sido vinculado mediante un contrato de trabajo. las partes contratantes están facultadas para dar por finalizado el vínculo laboral en cualquier momento. el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo consagra las justas causas de
.b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%). consensual y de tracto sucesivo. Sin embargo. si el contrato de trabajo ha sido terminado unilateralmente por parte del empleador sin ninguna de las justas causas contempladas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. le sugiere esta oficina acudir a la Dirección Territorial de Cundinamarca. mediante la cual solicita colaboración respecto del despido sin justa causa por parte de su empleador y la retención del salario en virtud de un crédito bancario.
instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas. o el arresto correccional que exceda de ocho (8) días. sin razones válidas. el patrono
. Todo acto de violencia. por parte del trabajador. 14. para la terminación del contrato. 12. injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio. injuria. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al patrono de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. En los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo. La ineptitud del trabajador para realizarla labor encomendada. El haber sufrido engaño por parte del trabajador. 9. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: a) Por parte del empleador: 1. 15. obras. Todo acto grave de violencia. o aun por un tiempo menor. cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del patrono. el personal directivo o los compañeros de trabajo. 3. 4. 11. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo a los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas. así: “ART. 5. fallos arbítrales. establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. contratos individuales o reglamentos. jefes de taller. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días. así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo. contra el patrono. profilácticas o curativas. cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato. de los miembros de su familia o de sus representantes y socios. prescritas por el médico del patrono o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes. 13. vigilantes o celadores. cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días.terminación de los contratos de trabajo. de las obligaciones convencionales o legales. maquinarias y materias primas. con perjuicio de la empresa. en contra del patrono. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador. los miembros de su familia. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios. —Terminación del contrato por justa causa. mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. La sistemática inejecución. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller. que no tenga carácter de profesional. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado. 2. 8. 6. y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. 62. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas. a menos que posteriormente sea absuelto. 10. 7.
Sin perjuicio de lo anterior. Adicionalmente. deducción y compensación de salarios. se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos del numeral 1° anterior. Si el empleador dio por finalizado el contrato de trabajo de manera unilateral por una causa distinta a las consagradas en la norma precitada. con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. En todo contrato va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado. esto es. el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato. o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada. deberá indemnizar al trabajador por los perjuicios que le haya causado. b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10). en la cual se reafirma que el empleador tiene la obligación de manifestar al trabajador los motivos concretos y específicos por los cuales está dando por terminado con justa causa su contrato de trabajo. en las condiciones que a continuación se señalan: “ART. vacaciones. La indemnización a la que se refiere la norma preinserta comprende el lucro cesante y el daño emergente. se señala que a la finalización del contrato de trabajo. Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año. lit. 1. 2. salarios mínimos legales mensuales. magistrado ponente doctor Alejandro Martínez Caballero. 62 y 63. 64. nos permitimos indicarle que en cuanto a la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador. En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así: a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales: 1. debe informar al trabajador el estado de cuenta de los pagos a la seguridad social y parafiscales. el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan: En los contratos a término fijo. Ahora bien. por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción”. por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año. 2. en materia de retención. que se cancela por número de salarios de acuerdo a la duración del contrato y el tiempo laborado. al empleador le surge la obligación de efectuar la liquidación. el pago de salarios debidos. establece el Código
. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 1°. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. y liquidar las prestaciones sociales. por la terminación unilateral del contrato de trabajo sin una justa causa. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo. prestaciones sociales y demás derechos laborales que deja de percibir. la Corte Constitucional acogió una línea jurisprudencial sostenida por la Corte Suprema de Justicia. B). En Sentencia C-594 de 1998. por parte del empleador o si este da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley (CST. caso en el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días.deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de quince (15) días”. con la cual el empleador le está resarciendo al trabajador por los salarios. arts.
No obstante lo anterior. máquinas. el Código Sustantivo del Trabajo consagra los conceptos por los cuales son viables las retenciones. La razón que expuso la corporación es que del pago del sueldo. descuentos y compensaciones de salarios. Son permitidos los descuentos y retenciones por concepto de cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorros. en aquellos casos en los cuales los afectados con la retención de su dinero son personas que devengan el salario mínimo legal mensual. 59. establece que: “ART. o lo ordene un juez. 2. para cubrir sus créditos. y b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento 50% de salarios y prestaciones. 150. o en cuanto el total de la deuda supere al monto del salario del trabajador en tres meses”. y de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento interno de trabajo
. Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales. respecto al salario de su trabajador. por el trabajador. o sin mandamiento judicial…”. 151. 150. autorizadas en forma legal. sin autorización previa escrita de estos en cada caso. o sin mandamiento judicial con excepción de los siguientes: a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones. depende el cubrimiento básico de las necesidades de una persona y su familia. Las normas antes transcritas revelan la protección legal que ampara al salario de descuentos y deducciones indiscriminadas y arbitrarias que en un momento dado puede llegar a efectuar un empleador. 149: 1. 59. al considerar que la situación es aún más grave. de cuotas con destino al seguro social obligatorio. los cuales únicamente los puede realizar el empleador cuando el trabajador lo autorice previamente y por escrito para ello y no sea un salario mínimo legal. El artículo 59 del citado código. o la parte del salario declarada inembargable por la ley. para cada caso. retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores.—Se prohíbe a los empleadores: 1. sin orden suscrita. —Se prohíbe a los empleadores: 1. Deducir. aunque exista orden escrita del trabajador. De la misma manera. las siguientes prohibiciones: “ART. entre ellos el siguiente: “ART. entrega de mercancías. sin autorización previa escrita de estos en cada caso. o pérdidas o averías de elementos de trabajo. El patrono no puede deducir. herramientas o útiles de trabajo.—Descuentos permitidos. y precio de alojamiento. A su vez. Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial. deudas del trabajador para con el patrono. Así lo consideró la Corte Constitucional en el fallo de tutela T-716 del 2007. sus parientes o sus representantes. materias primas o productos elaborados. provisión de alimentos. en la forma y en los casos que la ley los autorice”.Sustantivo del Trabajo en su artículo 59. 152 y 400. sus socios. preceptúa el artículo 150 del Código Sustantivo del Trabajo que: “ART. cuando quiera que se afecte el salario mínimo legal o convencional. el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo señala los descuentos prohibidos por parte del empleador. o sin mandamiento judicial. avances o anticipos del salario. retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores. Deducir. indemnización por daños ocasionados a los locales. retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113. retener o compensar suma alguna del salario.
se absuelve en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. el funcionario debe fijar la cuota que puede ser objeto de deducción o compensación por parte del patrono. En la misma providencia en que autorice la operación. le autorice al empleado por escrito el descuento de su salario. se le sugiere acudir a la Dirección Territorial de Cundinamarca. aunque la ley consagra una protección especial que ampara al salario de descuentos y deducciones indiscriminadas y arbitrarias que en un momento dado puede llegar a efectuar un empleador. Los inspectores de trabajo pueden autorizar por escrito. aunque haya de afectarse el salario mínimo o la parte inembargable. Lo anteriormente indicado frente al tema objeto de consulta significa que. tendrían que solicitar conjuntamente el empleador y el trabajador al inspector de Trabajo.
. o aunque el total de la deuda supere el monto del salario en tres (3) meses. deben observar detenidamente qué normas pueden ser aplicables en cada uno de los casos que estudien. y el plazo para la amortización gradual de la deuda”. o acudir ante la jurisdicción laboral para la reclamación de sus eventuales derechos. los inspectores de Trabajo tienen la facultad legal de autorizar por escrito las retenciones y descuentos del salario. La presente consulta. siempre que medie autorización tanto del empleador como del trabajador. Así se desprende de una acción de tutela fallada por la Corte Constitucional en favor de Alexander Osorio Cifuentes. el artículo 151 del citado código determina que: “ART. Igualmente. argumentando que en su caso la norma aplicable era el artículo primero de la ley 860 de 2003.debidamente aprobado”. En consecuencia y en caso de considerar que su despido fue sin justa causa y que las retenciones de su salario fueron realizados sin el cumplimiento de las anteriores condiciones. con el fin de solicitar una citación para una audiencia de conciliación ante un inspector de Trabajo y con la asistencia de su empleador lograr la solución del conflicto. ubicada en la carrera 7 Nº 32-63 piso 2º de esta ciudad o la de su domicilio. mediante el cual se modificó el articulo 39 de la Ley 100 de 1993 (seguridad social) estableciendo unos requisitos más estrictos para acceder a dicho beneficio. anticipos. que en uso de la facultad que le concede el artículo 151. En efecto. antes de proceder a negar o conceder ese beneficio.—Autorización especial. incluyendo el salario mínimo legal. y previa calificación en cada caso. retenciones. o compensaciones del salario. de la misma manera determina que los trabajadores tienen la libertad de comprometer su salario y prestaciones sociales para los fines que ellos consideren convenientes. un hombre a quien el fondo al que estaba afiliado le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez. 151. a solicitud conjunta del empleador y del trabajador. constituyéndose simplemente en un criterio orientador. deducciones. el salario mínimo legal. Los fondos encargados de reconocer pensiones por invalidez. ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. en virtud del cual las respuestas dadas no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden. La coordinadora Grupo de Consultas. préstamos. Ligia Rodríguez Rodríguez
Fuente: La República Colprensa Bogotá. y en el evento de que el monto del compromiso que adquiere afecte los mínimos que menciona el numeral 2º del artículo 149. esto es.
el señor Alexander Osorio Cifuentes empezó a cotizar al sistema en el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección. organismo que aclaró que eso hacía que “la modificación introducida por la Ley 860 de 2003 no había empezado a regir”. la administradora de fondos de pensiones accionada dé aplicación al artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original”. la Corte manifestó que “las razones aducidas para la implementación de los requisitos consagrados en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. al haberse evidenciado “la regresividad injustificada de la norma y el perjuicio que su aplicación irroga sobre los derechos del actor. momento para el cual. concluye la tutela. Al analizar el caso concreto. la Sala inaplicará el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 y ordenará que. el principio de progresividad inherente a los derechos que. “la aplicación de la citada norma (artículo 1 de la ley 860 – tal como lo está haciendo Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S. por lo que ante la ausencia de justificación. Por tal razón. y partiendo de la gravedad del estado actual de salud del señor Cifuentes y el hecho de que los tratamientos a los que debe someterse sean tan agresivos. tendrían derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez siempre que hubiesen efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se configuró el estado de invalidez”.
. Protección especial por invalidez El artículo que cobijaba al demandante – señala la sentencia – “establecía que aquellos afiliados declarados inválidos que hubieren dejado de cotizar al sistema. recobrara vida y por ende pudiera ser cobijado por ésta. son claramente desproporcionadas. señala la Corte Constitucional. el primero de diciembre de 2003. un fallo de la propia Corte Constitucional hizo que una norma anterior a la Ley 860. manifestó la Corte Constitucional al recordar que “en este caso el actor ha sido calificado como inválido por una entidad competente para el efecto. lo que genera que dicha regla jurisprudencial tenga aplicación en el presente asunto”.A) genera como consecuencia la vulneración de los derechos al mínimo vital y a la seguridad social del accionante. se encontraba vigente el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original”. son circunstancias que han impedido que el actor desarrolle alguna actividad productiva que le permita solventar sus necesidades básicas. en virtud de la declaratoria de inexequibilidad que la Corte Constitucional profirió en relación con el artículo 11 de la Ley 797 de 2003 por existir vicios de procedimiento. manifiesta la providencia. se torna más flexible”. como la seguridad social. en su lugar y como mecanismo para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales del actor. Así las cosas. proporcionalidad y razonabilidad de la medida. La decisión aclara que “la aplicación del requisito de fidelidad consagrado en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 desconoce. circunstancia que resulta más evidente a la luz de los elementos fácticos del presente asunto”. “La condición de invalidez de una persona hace que ésta sea sujeto de especial protección constitucional. en este caso concreto. tienen el carácter de prestacionales. En consecuencia. resulta necesario inaplicar la disposición atrás señalada”. “De acuerdo con los elementos probatorios que se encuentran en el expediente. teniendo en cuenta que se trata de una persona que es sujeto de especial protección y que no se encuentra en capacidad de trabajar. razón por la cual el análisis de procedibilidad de la acción de tutela cuando el afectado es una persona que ostenta tal condición. más favorable para el demandante.Lo que no tuvo en cuenta el fondo de pensiones – aclara la decisión – es que en el caso particular del señor Cifuentes.
el actor elevó una solicitud de reconocimiento pensional ante la dirección de sanidad del ejército nacional. ordenar a la entidad accionada que reconozca la pensión de invalidez. En sede de revisión se abordó el estudio del caso a través del análisis de la siguiente temática: i). Con dicho dictamen la actora solicitó ante el iss el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez. pero la respuesta recibida no hizo alusión alguna frente a la prestación requerida. De la ley 860 de 2003. La procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones económicas y. con origen profesional. Concedida. La seguridad social como derecho fundamental. 17 de Mayo de 2011
Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto Actor: Mauricio Acevedo Bustos Demandado: Direccion de Sanidad del Ejercito Nacional Mínimo vital. le generó una pérdida de la capacidad laboral equivalente al 52. seguridad social. sino que se limitó a indicar el término de cuatro meses con que contó el actor para recurrir el dictamen del tribunal médico. según dictamen de la junta médica laboral emitido en el año 2007. que sea valorado nuevamente por la junta médica laboral para que se determine el deterioro y porcentaje actual de la disminución de su capacidad psicofísica. presenta una patología denominada discopatía degenerativa por lo que fue intervenida quirúrgicamente de una hernia discal. La peticionaria. La junta regional de calificación le determinó una perdida de capacidad laboral por enfermedad común equivalente al 56. La sala de revisión estudió el caso desde la perspectiva del tratamiento constitucional y legal que se le ha dado al derecho fundamental de la seguridad social y se basó en el principio de progresividad en el caso de reconocimiento de la pensión de invalidez y el posterior análisis de constitucionalidad del artículo 1º.329.486. En el 2010.083.Sentencia de Tutela nº 115/11 de Corte Constitucional. seguridad social. además del reconocimiento y pago de su pensión de invalidez.55%. por lo que fue declarado no apto para la actividad militar y desvinculado del servicio. En el año 2004 el actor sufrió un impacto con arma de fuego en ejercicio de sus labores como soldado profesional del ejército nacional. de cuyo pago será compensado el valor de la indemnización
Sentencia de Tutela nº 391/11 de Corte Constitucional. mujer de 59 años de edad.845. sin embargo la entidad accionada le negó la pensión por no acreditar el requisito de fidelidad. durante un enfrentamiento con una cuadrilla de las farc. previo reconocimiento de una indemnización por $36. 24 de Febrero de 2011
Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto Actor: Letty Cecilia Lazaro Pabon Demandado: Instituto de Seguros Sociales Resumen Mínimo vital. El demandante solicita. con fecha de estructuración del 10 de noviembre de 2004. iii). ii). Se decide conceder el amparo de los derechos invocados por el accionante y consecuentemente. razón por la cual le concedió una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en una cuantía de $ 4.1%. La anterior situación. El régimen aplicable para el reconocimiento de la pensión de invalidez en beneficio de miembros de las fuerzas militares.
Diario Oficial de Colombia núm. trabajadores independientes afiliados al Sistema de Seguridad Social y pensionados por invalidez. Las juntas regionales de calificación de invalidez actuarán como segunda y última instancia. podrán calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral en el evento previsto en el artículo 163 de la Ley 100 de 1993. Ley 361 de 1997. al personal civil del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. 4. c) Cuando se presenten controversias relacionadas con los dictámenes emitidos por las entidades promotoras de salud o entidades administradoras del régim
. así como las contenidas en el presente decreto y demás normas que lo complementen. Ley 100 de 1993. Las juntas de calificación de invalidez también actuarán como peritos en los casos de solicitudes dirigidas por compañías de seguros cuando se requiera calificar la pérdida de capacidad laboral. a los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Calificación del grado de pérdida de la capacidad laboral. sustituyan o adicionen. 2.reconocida a favor del actor. Principios rectores. financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. modifiquen. El presente decreto se aplicará a todos los trabajadores y servidores públicos del territorio nacional de los sectores público y privado. Artículo 2°. Ley 418 de 1997. sólo cuando se requiera determinar la incapacidad permanente parcial de sus afiliados. en los siguientes casos: a) Cuando se solicite la calificación de la invalidez. su actuación será como peritos asignados en el proceso. en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993.622 DECRETO 2463 20/11/2001 por el cual se reglamenta la integración. a las personas que requieran el certificado de pérdida de capacidad laboral para reclamar un derecho o para aportarlo como prueba en procesos judiciales o administrativos. El Presidente de la República de Colombia. Las juntas regionales de calificación de invalidez decidirán sobre las solicitudes de calificación de pérdida de la capacidad laboral requeridos por las autoridades judiciales o administrativas. las disposiciones del Manual único para la Calificación de la Invalidez. Corresponderá a las siguientes entidades calificar el grado de pérdida de la capacidad laboral en caso de accidente o enfermedad: 1. Las entidades promotoras de salud y las entidades administradoras del régimen subsidiado. a los afiliados al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. 3. 44622. en la calificación tanto de los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como de los servidores públicos de Ecopetrol. Campo de aplicación. emitidos por las entidades administradoras de riesgos profesionales. para el pago de prestaciones asistenciales y/o económicas por parte de las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social y entidades de previsión social o entidades que asuman el pago de prestaciones. Artículo 3°. Las juntas regionales de calificación de invalidez en primera instancia. Se exceptúan de su aplicación a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Las entidades administradoras de riesgos profesionales. La actuación de los integrantes de la junta de calificación de invalidez estará regida por los postulados de la buena fe y consultará los principios establecidos en la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993. 5. También se aplicará entre otras. DECRETA: CAPITULO I Disposiciones Generales Artículo 1°. 21 de Noviembre de 2001 › Decretos › Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Decreto 2463 DIARIO OFICIAL 44. cuando se presenten controversias relacionadas con los dictámenes emitidos por los profesionales o entidades encargadas de la calificación de pérdida de la capacidad laboral de estas personas. a las personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en la Ley 21 de 1982. evento en el cual. b) Cuando se presenten controversias relacionadas con los conceptos o dictámenes sobre incapacidad permanente parcial. a los trabajadores no afiliados al sistema de seguridad social. a los trabajadores y pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleos.
En consecuencia. a los cuales no se les ha dado respuesta. al momento de la estructuracion de la invalidez. la cual fue negada por la entidad al no cumplir con el requisito de fidelidad al sistema establecido en el articulo 1º de la ley 860 de 2003 y pese a haber instaurado oportunamente los recursos de la via gubernativa. minimo vital y peticion de persona de la tercera edad que solicito el reconocimiento de la pension de invalidez. respecto d. Solicita se ordene el reconocimiento de la pension de invalidez. De conformidad con las circunstancias facticas del caso particular. 31 de Enero de 2008
Ponente: Manuel Jose Cepeda Espinosa Actor: Joaquin Emilio Santamaria Ciro Mediante Apoderado Demandado: Instituto de Seguros Sociales Derecho a la seguridad social.
Sentencia de Tutela nº 069/08 de Corte Constitucional.en subsidiado. Concedida
. se tienen como acreditadas las reglas constitucionales sobre las cuales se identifica una vulneracion del principio de progresividad en la proteccion de los derechos sociales constitucionales. por lo que esta corte procedera a aplicar la excepcion de inconstitucionalidad del articulo 1º de la ley 860 de 2003 con el objetivo de proteger los derechos del accionante. Asi. esta corporacion encuentra que existe una considerable cercania entre el porcentaje de semanas cotizadas por el actor entre el momento en que cumplio 20 años de edad y la fecha de estructuracion de la invalidez. como quiera que acredito 411 de las 428 semanas requeridas. de haberle sido aplicable la version original del articulo 39 de la ley 100 de 1993... Inaplicacion de los requisitos para obtener la pension de invalidez por desconocimiento del principio de no regresividad. hubiera tenido derecho al reconocimiento de la prestacion economica que pretende. Las condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la accion de tutela para el reconocimiento y cobro de acreencias laborales y pensionales.
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sentencias y jurisprudencias by Julia Aydee Ocampo Rendon74 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less