Source: http://doctoralvaroalbornoz.blogspot.com/
Timestamp: 2017-02-19 23:13:38
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Me pregunto qué te hizo convertirte en el ser perverso que eres hoy en día. Cuando vendiste tus principios y tu ética? Cómo te puedes arrastrar ante un régimen narcoterrorista que destruye a Venezuela? No te da remordimiento al ver el sufrimiento de los pequeños hijos de Leopoldo López? Déjame decirte que me siento muy avergonzado de tu conducta y de tu proceder durante el injusto juicio y siento pena por tu criminal conducta.
Análisis de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de Honduras que elimina artículos constitucionales pétreos y establece la reelección presidencial indefinida.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó una sentencia en fecha 22 de abril de 2015 donde se resuelven favorablemente los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por un grupo de diputados y por un expresidente de la República, en los cuales se solicita se declare la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 239 y numeral 5 del artículo 42 de la Constitución y por otra parte se declare la inaplicabilidad del artículo 239 ya mencionado. Ambos recursos fueron acumulados en un mismo expediente y resueltos en una misma sentencia.
Los diputados alegan que los artículos constitucionales impugnados les restringen ilegítimamente los derechos que les asisten en su condición de diputados, vulnerando así su derecho a la libertad de expresión y al debido proceso. El expresidente alega que se viola el derecho a la igualdad, a ser electo y a la participación en las elecciones presidenciales.
El artículo 239 de la Constitución señala: “Artículo 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado de la República.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública”.
El artículo 42 numeral 5 constitucional establece: “Artículo 42.- La calidad de ciudadano se pierde:
5. Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”.
La Sala de lo Constitucional declara con lugar los recursos y proclama la “inaplicabilidad” de los mencionados artículos y del último párrafo del artículo 4 y parte del artículo 374, por violentar el derecho a la igualdad y a la participación política de los expresidentes de la República y por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de los diputados.
Ahora bien, ante esta sentencia de trascendencia nacional es necesario hacer varias consideraciones jurídicas para analizar si el fallo está ajustado a Derecho o no.
PRIMERO: Hay que señalar que la Sala de lo Constitucional no tiene competencia para conocer de la inconstitucionalidad de normas constitucionales. Ni la Constitución Nacional ni la Ley sobre Justicia Constitucional le dan competencias en ese sentido. Es sabido que en un Estado de Derecho existe un orden jerárquico normativo, donde la norma suprema está representada por la Constitución y que todo el resto del ordenamiento jurídico se subordina a la Carta Magna, procediendo la declaratoria de nulidad de todo lo que vulnere las normas constitucionales. Es lo que nos enseña Hans Kelsen en su conocida Pirámide Jurídica, y que todo abogado debe conocer. El recurso de inconstitucionalidad no procede contra normas constitucionales originarias. La Ley sobre Justicia Constitucional solo permite el recurso contra las reformas constitucionales, cuando se aprueben con inobservancia de los requisitos establecidos en la propia Constitución. En consecuencia, la Sala de lo Constitucional ha debido declararse incompetente para conocer de este recurso. La Sala de lo Constitucional es manifiestamente incompetente para tramitar un recurso de inconstitucionalidad contra una norma constitucional originaria. La Sala de lo Constitucional actuó en clara usurpación de funciones del Poder Constituyente, que es el único que puede cambiar o eliminar un artículo pétreo, de conformidad al régimen establecido en la propia Constitución.
SEGUNDO: Resulta absolutamente ilógico e incongruente que una norma constitucional pueda ser a la vez inconstitucional. Todo lo que esté en la Constitución es constitucional, solo lo que esté por debajo de la Constitución en el orden jerárquico normativo, es lo que puede ser inconstitucional. Está claro que el recurso de inconstitucionalidad solo procede contra normas infraconstitucionales y solo contra una reforma constitucional por inobservancia del procedimiento establecido en la propia Constitución para llevarla a cabo. La Constitución, como sabemos desde nuestros estudios de Introducción al Derecho es el vértice de la conocida Pirámide de Kelsen y por tanto el fundamento del ordenamiento jurídico, y todas las normas y leyes deben estar sometidas a los mandatos de la Constitución so pena de ser declarados inconstitucionales. Pero es ilógico, absurdo y totalmente contrario a Derecho, pretender declarar “inconstitucional” una norma de la propia Constitución y además que forma parte de los denominados artículos pétreos.
TERCERO: Las Constituciones se redactan para consagrar y restringir derechos, además de organizar la estructura fundamental del Estado. Es mentira que todos los derechos son absolutos o que la Constitución, en aras de salvaguardar intereses superiores, no pueda limitar algunos derechos. Los ejemplos sobran. El derecho a la propiedad está limitado por causa de necesidad o interés público. El derecho a la protesta está limitado a que sea pacífica. La libertad religiosa se permite siempre que no contravenga las leyes y el orden público. La libertad de expresión está limitada por el honor y reputación de las personas, y así sucesivamente. Por lo que es perfectamente legítimo que la Constitución de Honduras haya establecido límites a la reelección presidencial prohibiéndola de manera absoluta, en función de los intereses generales que el Constituyente de 1982 consideró oportuno tutelar. Asimismo, el derecho de participación de los expresidentes no se ve vulnerado, ya que ellos pueden perfectamente ejercer su derecho al voto y además pueden postularse para otros cargos como diputados al Congreso Nacional, diputados al Parlamento Centroamericano o alcaldes. En consecuencia, no hay violación de los derechos alegados por los recurrentes.
CUARTO: La sentencia in comento se puede encuadrar dentro de la Teoría del Acto Jurídico Inexistente o Teoría de la Inexistencia del Acto Jurídico, o como la denominan algunos autores, Teoría de la Nada Jurídica, en virtud de las graves violaciones al ordenamiento jurídico y a la manifiesta incompetencia por parte de la Sala para anular o desaplicar normas constitucionales. Es una sentencia que carece de virtualidad jurídica o que no puede producir ningún efecto jurídico, ya que contradice y vulnera el orden constitucional contemplado por el Constituyente de 1982, al anular un artículo pétreo como el 239 y al trastocar el régimen de prohibición absoluta de la reelección presidencial, la cual está relacionada con el principio de alternabilidad que con tanto celo protege la Constitución hondureña. La Constitución solo puede ser reformada por el Congreso Nacional siguiendo el procedimiento establecido para tal fin, pero los artículos pétreos solo pudieran ser cambiados a través de una nueva Constituyente, que al redactar otra Constitución decidiera establecer un sistema diferente sobre la reelección presidencial. Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional contraría tan gravemente la Constitución Nacional, que no se puede considerar legítima ni con efectos jurídicos, ya que el orden constitucional establecido desde 1982 no le reconoce efectividad. Es como si la Sala dictara una sentencia donde se anulara el artículo que garantiza el derecho a la vida y estableciera la pena de muerte, contrariando el principio de progresividad de los derechos humanos. O que dictara una sentencia donde se permitiera el genocidio. Esas sentencias no tendrían ninguna validez jurídica y serían actos jurídicos inexistentes. O por ejemplo, la sentencia penal condenatoria por homicidio en que se constata que la supuesta víctima se encuentra viva. Esa sentencia sería también un acto jurídico inexistente.
El hecho de que una sentencia sea dictada por una Sala de lo Constitucional, no le da fuerza o validez jurídica a cualquier desaguisado que puedan decidir. No siempre se puede considerar como sentencia firme y con efectos jurídicos válidos. Para profundizar sobre esta tesis jurídica se puede leer el artículo: “La inexistencia jurídica de los actos jurisdiccionales” escrito por Gabriel Bocksang, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el siguiente link:
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372013000200009&script=sci_arttext
QUINTO: La Sala de lo Constitucional forma parte de un órgano del Poder Constituido como lo es la Corte Suprema de Justicia, y como tal está subordinado al Poder Constituyente, quien fue su creador. Los poderes constituidos no pueden estar por encima del Poder Constituyente, ya que eso significaría subvertir todo el orden jurídico y los principios que rigen un Estado de Derecho. El artículo 374 de la Constitución es sumamente claro cuando ordena que no podrán reformarse, en ningún caso, los artículos constitucionales que se refieren a la prohibición de ser nuevamente Presidente de la República, entre otros. Es evidente que la sentencia de la Sala de lo Constitucional anuló o desaplicó el artículo pétreo 239, en franca y abierta violación del texto constitucional. Solo una nueva Asamblea Nacional Constituyente pudiera modificar, en una Constitución que creara, esa prohibición de reelección, que es un desiderátum de los constituyentes del año 1982. Esta tendencia de consagrar artículos pétreos o irreformables comenzó con la Constitución de 1894, que prohibía reformar la norma que establecía la no reelección presidencial. Luego la Constitución de 1924 repitió la misma prohibición. Lo mismo hizo la Constitución de 1957 y la de 1965. Por lo que no es una novedad de la Constitución vigente de 1982 establecer normas pétreas o irreformables por el poder constituido. Es una situación que ya tiene una tradición constitucional en Honduras.
SEXTO: Al dictar esta sentencia, careciendo de la competencia para hacerlo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional incurrieron en el supuesto previsto en el artículo 239 constitucional y en consecuencia cesaron de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedaron inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública, ya que la decisión judicial permite la reelección presidencial indefinida, la cual está absolutamente prohibida. Al permitirlo incurrieron en el supuesto de la norma que da origen a las sanciones.
SEPTIMO: La decisión fue tomada supuestamente por unanimidad de los cinco magistrados, sin embargo, al día siguiente en horas de la mañana, cuando todavía no había sido notificada la sentencia a los recurrentes, uno de los magistrados que firmó el fallo, el abogado Elmer Lizardo, consignó en el expediente una diligencia donde solicita retirar su firma de la sentencia por no estar de acuerdo con su contenido. Esto añadió un nuevo inconveniente para la validez de la sentencia, la cual queda en entredicho, ya que no se han aclarado las circunstancias por las cuales el mencionado magistrado retiró su firma, quedando la duda si se trató de un caso de coacción o violencia para conseguir su rúbrica. A pesar de este problema, el resto de los magistrados dejaron en firme la sentencia y la enviaron al Congreso Nacional a los fines de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
OCTAVO: Al anular o desaplicar el artículo 239 de la Constitución, la Sala de lo Constitucional pretende establecer una reelección presidencial indefinida, continua o perpetua, equiparando a Honduras a países no democráticos como Venezuela y Nicaragua, donde impera la reelección indefinida de los presidentes. No hay nada más antidemocrático que una reelección indefinida porque atenta contra el principio de la alternabilidad o alternancia en el poder, y establece gobiernos autoritarios con fachadas democráticas que no permiten el relevo generacional en la política.
Los gobiernos democráticos, constitucionales, republicanos, pero sobre todo éticos, no deben ser de décadas ni mucho menos eternos. La alternabilidad o alternancia en el poder, se pueden justificar con facilidad. Podemos afirmar, recordando al constitucionalista Duverger, que este principio es una medida precautelar contra la tendencia opresora de aquellos que se entronizan en el Poder. También lo decía Simón Bolívar en su famosa frase del Discurso de Angostura que todos conocemos: “Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente”.
Ahora bien, las Constituciones son instrumentos para poner freno al ejercicio del poder, para limitarlo en beneficio del colectivo. Las Constituciones no son ligas de goma que se pueden estirar a la medida del gobernante de turno. Son pactos sociales que se deben respetar. Dentro de esos pactos sociales hay principios fundamentales que son intangibles, pétreos o inmodificables, que no se pueden alterar así lo quiera la mayoría de la población; porque justamente garantizan y preservan a la sociedad de manipulaciones mesiánicas y populistas que a la final acaben con los bienes tutelados por la Constitución, entre ellos la democracia y la República como forma de gobierno. Esos principios fundamentales no pueden estar sometidos ni siquiera a mayorías circunstanciales que pueden ser producto de esquizofrenias sociales o colectivas o de manipulaciones logradas a través del abuso del poder y el uso de sofismas jurídicos.
La reelección indefinida vulnera el principio de alternabilidad, porque permite o hace posible que una misma persona se mantenga en el poder sin limitación temporal alguna. Y eso es justamente, lo que pretende evitar ese principio. No se pueden confundir los principios “electivo” y “alternativo”, ya que son dos principios diferentes. El hecho de que el presidente pueda ser elegido en votaciones universales no quiere decir que sea alternativo. La elección no implica la alternabilidad. Son principios diferentes y no se pueden manipular. La circunstancia de que el pueblo tenga la posibilidad de escoger cada periodo un nuevo presidente no implica el respeto a la alternabilidad, la cual se da sólo si existe una limitación temporal al ejercicio del poder que permita que otros ciudadanos se alternen en el mismo.
NOVENO: Es importante recordar el contenido de los artículos 272 y 375 constitucionales que señalan:
“Artículo 272.- Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante.
A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República, pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Nacional de Elecciones, desde un mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas”.
“Artículo 375.- Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella mismo dispone. En estos casos, todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su efectiva vigencia.
Serán juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior, lo mismo que los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer inmediatamente el imperio de esta Constitución y a las autoridades constituidas conforme a ella. El Congreso puede decretar con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la suplantación”.
DECIMO: No hay que “partidizar” o politizar este debate jurídico, ya que no se trata de posiciones ideológicas o partidistas. Se trata de la defensa de la Constitución y de la institucionalidad de Honduras. Se trata del respeto al orden jurídico y de la inviolabilidad de la Constitución. Se trata de la vigencia de la República y de la democracia. Todos debemos obediencia a la Carta Magna y a ella debemos someternos.
DECIMO PRIMERO: Se puede estar de acuerdo o no con la reelección, ya sea por un período continuo o alterna (nunca con la indefinida o perpetua ya que es profundamente antidemocrática), pero la forma para establecerla en nuestro ordenamiento jurídico, solo es posible a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y que esta Asamblea decida incluirla en la nueva Constitución. De lo contrario, no hay manera jurídica de poder consagrar el sistema de reelección presidencial en Honduras, y mucho menos a través de una sentencia de un órgano de un Poder Constituido que no tiene competencias para ello, ya que se lo prohíbe expresamente la Constitución de Honduras.
DECIMO SEGUNDO: De conformidad al criterio de la Sala de lo Constitucional para “inaplicar” o anular los artículos pétreos de la Constitución, se pudiera anular casi toda la Constitución. En base a las mismas razones argumentadas para decir que la prohibición de la reelección presidencial vulnera el derecho a la participación y a la igualdad de los expresidentes de la República y que en consecuencia es nulo el artículo que lo establece, pudiéramos decir que también es nulo el artículo que prohíbe a los militares votar, el artículo que le suspende los derechos políticos a los condenados por una sentencia firme; ya que violan el derecho a la igualdad y a la participación de los militares y de los presos; los artículos que limitan ciertos cargos importantes a ser ejercidos solo por hondureños por nacimiento ya que violan el derecho a la igualdad y a la participación de los hondureños por naturalización; los artículos que establecen limitaciones de edad para ser electos en ciertos cargos públicos, ya que vulnera el derecho a la igualdad y a la participación de los hondureños que son menores de las edades permitidas; el artículo que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que vulnera el derecho a la igualdad de las personas con tendencias sexuales diversas. En fin, pudiéramos anular o dejar sin efecto más de la mitad de la Constitución, lo cual sería un absurdo jurídico, que generaría un caos en nuestro ordenamiento constitucional.
En conclusión, la sentencia de la Sala de lo Constitucional analizada, subvierte el orden constitucional de Honduras, vulnera el Estado de Derecho, quebranta los principios constitutivos de la República y transgrede los requisitos básicos de la democracia, generando una gran inseguridad jurídica con graves repercusiones en el ámbito económico, social y jurídico del país.
“La capacidad de expresar opiniones contrarias apasionadamente es el mayor signo de una democracia sana.” (Steve Maraboli)
La Interpretación del artículo 231 CRBV
Venezuela atraviesa por una profunda crisis política con consecuencias jurídicas debido al estado de salud del señor Hugo Chávez, quien a pesar de estar inhabilitado para ser electo Presidente, debido a su condición de militar activo de conformidad con el artículo 330 constitucional, ganó mediante un sistema electoral fraudulento, las elecciones del pasado 7 de octubre, burlándose de todo el país al mentir sobre su estado de salud y haberse postulado a sabiendas que tenía un cáncer mortal que tarde o temprano lo postraría en una cama y no le permitiría gobernar.
En estas circunstancias, Chávez partió para Cuba a mediados de diciembre para someterse a una operación y desde entonces no se ha vuelto a ver ni a oír, dejando a Venezuela bajo un manto de incertidumbre e inestabilidad política ante la toma de posesión que debe realizar el 10 de enero de este año para iniciar el nuevo período de gobierno. Ahora bien, ante la posible ausencia de Chávez el 10 de enero, se presentan varias interrogantes políticas que tienen que ser resueltas jurídicamente en el marco de la Constitución Nacional.
Es necesario, entonces partir de lo dispuesto en el artículo 231 CRBV para poder hacer el análisis respectivo.
Artículo 231: “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.
Para comenzar hay que señalar que el juramento es un requisito indispensable y solemne para poder entrar en ejercicio del cargo. Sin ese juramento de cumplir fielmente lo dispuesto en la Constitución, no puede dar inicio el candidato electo su período de gobierno. Es un acto solemne, formal, necesario, que no se puede obviar ni sustituir.
Asimismo, la Constitución es clara al establecer que ese juramento debe hacerse obligatoriamente ante la Asamblea Nacional y el día 10 de enero del primer año del período constitucional, el cual inicia este año 2013.
En este sentido, la Asamblea Nacional tiene su sede en la ciudad de Caracas, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución; el cual autoriza a trasladar ese asiento a otros lugares de la República; es decir, dentro de los límites territoriales de Venezuela, que son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad, tal como lo establece el artículo 10 de la Carta Magna venezolana.
Igualmente, preceptúa el artículo 231 comentado, que si por alguna razón sobrevenida el Presidente no pueda tomar posesión ante la Asamblea Nacional entonces lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esta disposición ha estado consagrada en casi todas las Constituciones de Venezuela, incluida la anterior de 1961. Esto se ha previsto así, previendo algún conflicto político entre el Presidente electo y el Parlamento o para evitar que algún conflicto político interno del órgano legislativo impida al Presidente tomar posesión. Es decir, que el Presidente prestaría juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia por causas imputables a la Asamblea Nacional y no por causas imputables al propio Presidente electo. Y en ese caso, el juramento debe hacerse en la misma fecha, o sea, el 10 de enero.
Aclarado esto, entramos a analizar la situación que se puede presentar llegado el día 10 de enero en caso de que Hugo Chávez no se presente ante la Asamblea Nacional a prestar juramento.
En este sentido, la Constitución de Venezuela establece un sistema de faltas absolutas y de faltas temporales, que se explica a continuación:
El artículo 233 consagra las faltas absolutas del Presidente de la República, las cuales pueden ocurrir “antes” de tomar posesión del cargo y “después” de la toma de posesión; y en cada caso varía la persona que asume el cargo de Presidente provisional: En el primero, asume el Presidente de la Asamblea Nacional y se debe proceder a una nueva elección presidencial dentro de los 30 días consecutivos siguientes y en el segundo, asume el Vicepresidente Ejecutivo y se debe convocar una nueva elección presidencial dentro de los 30 días consecutivos siguientes, siempre que la falta absoluta se produzca dentro de los primeros 4 años del período constitucional, ya que si se produce dentro de los 2 últimos años, el Vicepresidente Ejecutivo asumiría la Presidencia de la República hasta completar dicho periodo.
El artículo 234 regula las faltas temporales del Presidente de la República, las cuales de acuerdo a la interpretación literal de la norma constitucional, solo son aplicables al Presidente en ejercicio; es decir, “después” de haber tomado posesión del cargo, ya que las mismas son suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo y para que exista este funcionario, debe haber sido nombrado previamente por el Presidente, el cual sólo puede hacerlo, una vez juramentado ante la Asamblea Nacional o en su defecto ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, las faltas absolutas pueden ocurrir por alguna de estas causales:
3. Destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
4. Incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional.
5. Abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional.
6. Revocación popular del mandato.
Siendo esto así y sabiendo que es un hecho público, notorio y comunicacional que el señor Hugo Chávez se encuentra hospitalizado desde hace varias semanas en Cuba por una grave enfermedad y que no se tienen evidencias fehacientes de vida debido al misterioso tratamiento de la situación dado por el gobierno, o certeza plena de que el candidato electo se vaya a presentar el próximo 10 de enero ante la Asamblea Nacional a prestar juramento de su cargo; ya se ha debido nombrar una comisión o junta médica de alto nivel para verificar si efectivamente el señor está vivo o no, y si está vivo, determinar si tendrá la capacidad física o mental para asumir el cargo el 10 de enero; de lo contrario se debe declarar la falta absoluta y proceder a convocar a nuevas elecciones, tal como lo dispone la Constitución de Venezuela.
La Constitución de 1961 era un poco más flexible en la regulación de esta situación ya que los artículos 186 y 187 establecían lo siguiente:
Artículo 186: “El candidato electo tomará posesión del cargo de Presidente de la República mediante juramento ante las Cámaras reunidas en sesión conjunta, dentro de los diez primeros días de aquel en que deben instalarse en sus sesiones ordinarias del año en que comience el período constitucional. Si por cualquier circunstancia no pudiere prestar el juramento ante las Cámaras en sesión conjunta, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia. Cuando el Presidente electo no tomare posesión dentro del término previsto en este artículo, el Presidente saliente resignará sus poderes ante la persona llamada a suplirlo provisionalmente en caso de falta absoluta, según el artículo siguiente, quién los ejercerá con el carácter de Encargado de la Presidencia de la República hasta que el primero asuma el cargo”. Artículo 187: “Cuando se produzca falta absoluta del Presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a nueva elección universal y directa en la fecha que señalen las Cámaras en sesión conjunta. Cuando la falta absoluta se produzca después de la toma de posesión, las Cámaras procederán, dentro de los treinta días siguientes, a elegir, por votación secreta y en sesión conjunta convocada expresamente, un nuevo Presidente por el resto del período constitucional. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el único aparte del artículo 184. En uno y otro caso, mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente del Congreso; a falta de éste, el Vice-Presidente del mismo, y, en su defecto, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia”. (Negritas y subrayado mío).
Como se observa, la Constitución de 1961 no establecía una fecha fija para la juramentación como lo hace la Constitución de 1999, sino que preceptuaba un lapso de 10 días para hacerlo, transcurridos los cuales sin que se presentara a tomar posesión, hacían incurrir en falta absoluta al presidente electo.
En cambio, la Constitución vigente de Venezuela es más rígida al señalar un día específico para proceder a la juramentación, lo que puede acarrear que algún presidente electo que por algún percance ocurrido justo el día de la toma de posesión y no se pueda presentar incurra en una falta absoluta, lo cual pudiera ser considerado injusto y contrario a la voluntad popular expresada en las urnas electorales. En ese caso, haciendo una interpretación teleológica de la norma y en aras de preservar la decisión soberana del pueblo se podría fijar otra fecha para que el Presidente electo tomare posesión de su cargo a la brevedad posible, en virtud del percance ya sea de salud o de otro tipo que haya sufrido, y mientras tanto asumiría el Poder Ejecutivo el Presidente de la Asamblea Nacional.
Esta solución, no es aplicable al caso del señor Hugo Chávez debido a que es un hecho notorio, público y comunicacional que padece de un cáncer muy agresivo y de serias complicaciones de salud que comprometen la posibilidad de asumir el gobierno de Venezuela con todas las responsabilidades que ello conlleva. En virtud de este conocimiento es indispensable que la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia ya hubieran determinado a través de la Junta Médica la capacidad física y mental de Chávez y si es posible que se pueda sanar para asumir las riendas del gobierno, ya que de lo contrario se debe proceder a declarar la falta absoluta y convocar nuevas elecciones de manera inmediata.
El hecho de que Chávez no se pueda trasladar de Cuba hacia Venezuela a tomar juramento de su cargo, ya por sí mismo es un hecho que evidencia la incapacidad física para asumir sus funciones como Presidente de Venezuela.
Inclusive, la Asamblea Nacional visto el panorama, podría perfectamente declarar la falta absoluta por abandono del cargo sin necesidad de esperar por un informe médico.
Aplicar, como lo plantean algunos sectores, de manera analógica, las regulaciones de las faltas temporales del Presidente y darle un lapso de 90 días prorrogables por 90 días mas y dejar un Presidente provisorio durante ese tiempo para a la final declarar la falta absoluta, es contrario al espíritu del constituyente y contrario al principio de soberanía popular, a través del cual, el Presidente debe ser electo por votación universal, directa y secreta. Además constituye un desconocimiento de la realidad de salud que padece Chávez.
La Constitución prevé un régimen expreso que no puede ser acomodado a los intereses políticos de quienes detentan el poder. El periodo constitucional del gobierno actual de Chávez finaliza el 10 de enero con la toma de posesión del nuevo Presidente, que en este caso es la misma persona. Y en ese momento inicia un nuevo y diferente periodo constitucional que solo se puede iniciar una vez realizado el juramento solemne ante la Asamblea Nacional o en su defecto ante el Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, no puede haber falta temporal de quien no ha entrado en ejercicio del cargo.
Por lo que, una vez llegado el 10 de enero, el Presidente actual cesa en sus funciones y con él cesa también en sus funciones el Vicepresidente Ejecutivo, ya no teniendo facultades para suplir al Presidente de la República. A partir, de esa fecha el único que puede asumir provisionalmente la Presidencia de la República, en el caso de que el Presidente electo no se juramente, es el titular de la Asamblea Nacional.
Podemos decir, que hay un vacío en la Constitución, al no prever la norma la posibilidad de una falta de juramentación por un motivo distinto a las causales de falta absoluta y en este sentido se puede dar flexibilidad a la fecha de juramentación siempre y cuando sea evidente que se deba a un motivo que pueda ser solventado a la brevedad. Caso que no es el del señor Chávez, ya que es conocido por todos que está hospitalizado con un estado de salud delicado de acuerdo a lo poco que se ha podido saber oficialmente y en este caso se puede presumir la existencia de una falta absoluta, por lo que no se puede aplicar analógicamente el régimen de faltas temporales, sino que se debe dar primacía al principio de soberanía popular y convocar a elecciones para que el pueblo sea el que elija su Presidente y no dejar interinamente a un Presidente que no fue electo para ese cargo.
La Asamblea Nacional no debe esperar más para nombrar a la junta médica, sino que debe hacerlo a la brevedad posible para tener la respuesta antes del 10 de enero y así evitar una crisis de gobernabilidad o de interpretaciones constitucionales antípodas. Lamentablemente, el poder en Venezuela está secuestrado por el partido de Chávez y por los dictadores cubanos quienes deciden y hacen las cosas a su conveniencia con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia y demás órganos del Poder público. Por esto, harán lo que consideren más apegado a sus intereses políticos sin importarles violar la Constitución. Al parecer, el interés del régimen es que Nicolás Maduro asuma la Presidencia interina mientras se convocan elecciones. Entonces, una solución para que se preserven las formas y procedimientos constitucionales pudiera ser, que asuma la Presidencia de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, inmediatamente designe a Nicolás Maduro como Vicepresidente Ejecutivo y posteriormente renuncie a fin de que Maduro asuma la presidencia interina y de esta manera no violar la Constitución o al menos preservar las formalidades constitucionales.
Otra salida pudiera ser que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declarara con lugar el recurso interpuesto por un grupo de honorables militares en situación de retiro y declare el no cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte de Chávez para postularse a la Presidencia de la República por violar el artículo 330 de la Constitución, que prohíbe a los militares activos aspirar cargos de elección popular, ya que Chávez asumió un grado militar activo con la aprobación en el 2010 de una nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales que creó para Chávez el grado de Comandante en Jefe, transformando en grado militar activo la función que previamente ostentaba el cargo de presidente de la Republica. De esta manera se anula su elección como Presidente y se convoca a nuevas elecciones.
Por último, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 335 de la Carta Magna venezolana, puede interpretar las normas que regulan la toma de posesión del Presidente de la República y buscarle otra salida jurídica, la cual sería vinculante por ser el máximo y último intérprete de la Constitución.
EL JUICIO POLITICO EN PARAGUAY
EL JUICIO POLÍTICO EN PARAGUAY
El soberano Congreso de la República de Paraguay, en decisión de la Cámara de Diputados, aprobó con 73 diputados a favor y uno en contra, el juicio político contra el Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, de conformidad con lo expresamente establecido en el artículo 225 de la Constitución de ese país suramericano. El artículo 225 forma parte de Título II (de la Estructura y Organización del Estado), Capítulo I (del Poder Legislativo), Sección IV de la Constitución (del Juicio Político) y textualmente señala lo siguiente: “El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargo. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria”. Es decir, que la Carta Magna por la cual se rige la vida política de Paraguay prevé de manera explícita el juicio político o impeachment, como es denominado en el derecho anglosajón.
Por medio de este procedimiento el Congreso está facultado constitucionalmente para destituir al Presidente de la República y otros altos funcionarios por tres causales: 1) Por mal desempeño de sus funciones, 2) Por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos y 3) Por delitos comunes.
El procedimiento se inicia a instancia de la Cámara de Diputados, quienes se convierten en acusadores y es juzgado o decidido por la Cámara de Senadores, quienes pueden declarar procedente la acusación, lo cual trae como consecuencia la separación o destitución del ejercicio del cargo, y en el caso del Presidente, implica la asunción del poder por parte del Vicepresidente de la República, Federico Franco (del Partido Liberal), hasta que termine el período presidencial.
El mencionado juicio político comenzó este jueves 21 de junio con la presentación de la acusación por “mal desempeño” a cargo de cinco diputados que ejercen como "fiscales", quienes responsabilizaron a Fernando Lugo por la muerte de seis policías y once campesinos durante un desalojo de "sin tierras" en una hacienda de Curuguaty, el pasado día 15 en el nordeste del país.
Hay que señalar, que el “mal desempeño” de las funciones es una cláusula amplia y su interpretación queda a discreción de los parlamentarios, ya que puede deberse a falta o pérdida de idoneidad o aptitud para su ejercicio, a negligencia o incluso a inhabilidad física o psíquica o a falta de idoneidad moral. Entonces los senadores paraguayos deberán evaluar cada caso concreto, a fin de establecer si existió o no mal desempeño.
En el libelo acusatorio leído por el diputado del partido opositor Colorado Justo Cárdenas, le atribuyen al Presidente Lugo varios hechos reñidos con la Constitución, la Ley y la moral, entre ellos:
1.- Responsabilidad en la violencia reinante en el país, y su presunta connivencia tanto con dirigentes del ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) como con líderes violentos de los "sin tierras". 2.- La firma del Protocolo "Ushuaia II", que según el diputado Cárdenas, atenta contra la soberanía nacional, al permitir la intervención de otros países ante una simple denuncia del presidente.
3.- Haber permitido una reunión de jóvenes izquierdistas latinoamericanos en un cuartel militar, siendo que las fuerzas armadas son apolíticas. 4.- Presunta corrupción en el intento de compra de unas tierras para reforma agraria, cuyo acuerdo inicial ya fue firmado por él, y que fue abortado mediante denuncias de la prensa de su precio enormemente sobrefacturado. 5.- Nepotismo debido a una larga lista de parientes del presidente nombrados en la función pública.
Y esto sin contar con la escandalosa vida que llevó el Presidente Lugo cuando fue Obispo de la Iglesia Católica, violando su voto de castidad, al engendrar diversos hijos reconocidos y no reconocidos, aprovechándose de su condición de Obispo, ensuciando de esta manera la imagen de la Iglesia y afectando la credibilidad y confianza depositada en su alta jerarquía religiosa.
En definitiva, hay que dejar claro que el Congreso Nacional del Paraguay es soberano y plenamente competente para llevar a cabo el juicio político de defenestración constitucional del Presidente Lugo; por lo que resultan absolutamente fuera de lugar y una muestra de ignorancia total las declaraciones de los sectores afines al comunismo internacional y al eje castro-chavista que denuncian un supuesto golpe de Estado en Paraguay.
Resulta, asimismo, inaceptable que UNASUR se entrometa en asuntos internos que solo competen a los órganos y poderes de Paraguay por expresas disposiciones de la Constitución nacional que rige los destinos de ese país.
Al parecer y a juicio, de los sátrapas del denominado socialismo del Siglo XXI, los Presidentes afines a su ideología pueden violar impunemente las Constituciones de sus países y pueden vulnerar los Derechos Humanos sin que ello les acarree ninguna consecuencia y sin que nadie pueda juzgarlos. Al contrario, de lo que piensan estos dictadorzuelos tropicales, el juicio político constituye un instrumento fundamental para la preservación de la democracia y un aspecto indispensable de la separación de poderes. Es un mecanismo de control de las arbitrariedades del Presidente de la República para salvaguardar la vigencia plena de la Constitución.
En este sentido, el Congreso tiene toda la legitimidad otorgada por el pueblo que lo elige a través del voto universal, directo y secreto, para enjuiciar y sancionar a un Presidente que no cumple con sus obligaciones constitucionales y que por el contrario mantiene una conducta opuesta a los intereses nacionales y violatoria del ordenamiento jurídico.
Paraguay está siendo ejemplo de lo que es una verdadera democracia y un auténtico Estado de derecho, al poner en funcionamiento un mecanismo previsto en la Constitución para sancionar a un funcionario que ha tenido un mal desempeño en el ejercicio de sus atribuciones ocasionándole perjuicios al país.
El juicio político está previsto en muchas Constituciones del mundo y es un procedimiento normal y democrático que ha servido para mantener la paz y la estabilidad política en varios países. Y el Congreso de Paraguay está actuando apegado a la letra de la Constitución y ejerciendo una competencia que tiene atribuida; por lo que constituye un exabrupto jurídico expresar que hay un golpe de Estado o algo ilegítimo en el procedimiento que llevan a cabo los honorables diputados y senadores paraguayos.
Así que desde esta tribuna, mis palabras de solidaridad y apoyo para el Congreso de Paraguay por su digna y soberana actitud en defensa de su Constitución y Estado de derecho.
EL CANDIDATO DE LA UNIDAD NACIONALPor: Dr. Álvaro F. Albornoz P.dr.alvaroalbornoz@gmail.comEl próximo domingo 12 de febrero de 2012 los venezolanos estaremos escogiendo al candidato de la unidad nacional que se medirá en las elecciones del 7 de octubre con el señor Hugo Chávez, quien ejerce de manera despótica el poder.Ha sido un esfuerzo inconmensurable por parte de la oposición venezolana el lograr estas Primarias organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a través de las cuales el pueblo elegirá a quien nos representará en esta importante gesta para salir de la espantosa pesadilla en que vivimos desde hace más de 13 años.Es un deber de todos los demócratas acudir a votar masivamente para demostrar fuerza y contundencia ante el régimen comunista que desea asustar y hacer fracasar el esfuerzo unitario.Cada quien debe votar a conciencia por su candidato de preferencia, por el que le dicte su corazón. Aquí no habrá perdedores. El único ganador será el país. Venezuela unida logrará su ansiada Libertad, después de tantos años de oprobio y humillación.Los cinco candidatos que quedan compitiendo tienen cualidades y virtudes. Todos son demócratas y combatirán el autoritarismo militar del régimen chavista.Henrique Capriles Radonski, es un joven abogado caraqueño de 39 años de edad, quien ha tenido una trayectoria política importante al ocupar cargos como Diputado del extinto Congreso Nacional, Alcalde de Baruta y Gobernador del estado Miranda. Además, demostró valentía al enfrentar sin miedo, desde la cárcel, el amañado juicio político que le ordenó abrir el régimen despótico.Pablo Pérez, es un abogado de 42 años, oriundo de la ciudad de Maracaibo, talentoso y buen gerente, con una dilatada trayectoria en cargos municipales y estadales en el Zulia, siendo su Gobernador actualmente. Profesa valores religiosos y familiares, tan importantes para ocupar la primera Magistratura nacional.María Corina Machado, ingeniero industrial de 44 años y caraqueña, es una aguerrida y corajuda mujer que ocupa actualmente un curul de Diputada a la Asamblea Nacional y quien ha representado dignamente a la mujer venezolana en esta contienda electoral. Su enfrentamiento cara a cara con Chávez en su interminable y aburrida rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, le dio la vuelta al mundo, demostrando que es una mujer con los ovarios bien puestos.Diego Arria, es el mayor de los candidatos con 73 años, caraqueño y economista, con un gran prestigio internacional. Llegó a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Ha sido una de las víctimas del afán expropiatorio o mejor dicho confiscatorio del régimen chavista. Arria se enfrenta sin miedo a Chávez y representa el lado duro de la oposición.Por último, Pablo Medina, con 64 años de edad y una larga trayectoria política en Venezuela, donde ocupó cargos de Diputado al Congreso Nacional y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999; representa la amplitud dentro de la oposición, ya que su ideología y militancia de izquierda hacen ver que hay un verdadero espíritu de unidad nacional, sin distinciones y discriminaciones.En fin, hay diversas opciones para escoger, para todos los gustos y para todas las tendencias. Lo importante es que acudamos a votar para legitimar el proceso, darle fuerza a la oposición y poder elegir a quien derrotará a Chávez en octubre, para salvar a Venezuela del caos en que está sumergida. Es un deber para con la Patria participar y apoyar al candidato que resulte triunfador. ¡Juntos lo lograremos! Venezuela nos necesita unidos.