Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-411-de-agosto-28-de-1997?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920417149f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-13 20:43:13
Document Index: 1209511

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 68', 'artículo 68', 'artículo 5', 'artículo 235', 'artículo 68', 'artículo 31', 'artículo 235', 'artículo 68', 'artículo 243', 'artículo 68', 'artículo 69']

﻿ SENTENCIA C-411 DE AGOSTO 28 DE 1997
SENTENCIA C-411 DE 28 DE AGOSTO DE 1997
CONTENIDO:DECLARA EXEQUIBLE, EN LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA, LA PALABRA "ÚNICA" DEL ARTÍCULO 68, NUMERAL 2 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, RELATIVO A LA COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL REFERENTE A LA ACCIÓN DE REVISIÓN
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, PROCEDIMIENTO PENAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, CÓDIGO PENAL
Sentencia C-411 de agosto 28 de 1997
Ref.: Expediente D-1589
Sentencia C-411/97
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 (parcial) del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91).
Actor: Jaime Ribero Medina.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete.
en uso de las facultades que le confiere el literal a) del artículo 5º del capítulo 1 de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de Colombia, previa consideración y no improbación por la comisión especial,
ART. 68.—Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:
6. Del juzgamiento de funcionarios a que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo 235 de la Constitución Nacional.
9. Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, fiscales y procuradores delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Nacional y los tribunales superiores”.
2. La revisión de sentencias ejecutoriadas de única instancia
Demanda el actor la palabra “única”, del artículo 68-2 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal), referida a la instancia en que hayan sido proferidos fallos de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Nacional o de los tribunales superiores de distrito, cuando se trate de efectuar la revisión de los mismos por parte de la Sala de Casación Penal de la primera de las corporaciones enunciadas.
Al efectuar el análisis de constitucionalidad solicitado, esta Corte ha de reiterar que el principio de la doble instancia, con todo y ser uno de los principales dentro del conjunto de garantías que estructuran el debido proceso, no tiene un carácter absoluto, como resulta del precepto constitucional que lo consagra (artículo 31 C.P.), a cuyo tenor “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada salvo las excepciones que consagre la ley” (subraya la Corte).
Pero, por otra parte, la misma Constitución Política se ha ocupado en definir ciertos juicios como de única instancia, pues los ha confiado a las corporaciones que tienen la mayor jerarquía dentro de la respectiva jurisdicción. Sin ir más lejos, los artículos 174, 175 y 178 de la Carta, que desarrollan las reglas aplicables a los procesos iniciados contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, contra los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, o contra el Fiscal General de la Nación, plasman la única instancia, tanto ante el Senado, en lo que a él corresponde, como ante la Corte Suprema de Justicia en lo relativo a la responsabilidad penal si los hechos ameritan una pena adicional a las de destitución del empleo, privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos (fuero constitucional especial). A los congresistas y a otros altos servidores del Estado la Constitución ha reservado un fuero, previsto en el artículo 235, en cuya virtud, en única instancia, han de ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia. La pérdida de la investidura, contemplada en los artículos 183 y 184 de la Constitución, carece también de segunda instancia y está reservada de manera exclusiva al Consejo de Estado, como lo destacó la Corte en las sentencias C-319 del 14 de julio de 1994, C-247 del 1º de junio de 1995 y C-037 del 5 de febrero de 1996.
Esta Corte declaró exequible el numeral 6 del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, mediante Sentencia C-142 del 20 de abril de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía).
No es posible entonces entrar de nuevo a considerar su materia, pues ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (artículo 243 C.P.), circunstancia que impone obedecer lo ya resuelto.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala Plena, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Primero. Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, la palabra “única” del artículo 68, numeral 2, del Código de Procedimiento Penal, adoptado mediante Decreto 2700 de 1991.
Segundo. ESTÉSE A LO RESUELTO por la Corte en Sentencia C-142 del 20 de abril de 1993, acerca de la constitucionalidad del numeral 6 del artículo 69 del Código de Procedimiento Penal.