Source: http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechopublicoymedioambiente/2009/12/17/la-inclusion-de-criterios-medioambientales-en-las-bases-administrativas-a-la-luz-de-la-nueva-ley-de-contrataciones-del-estado-y-del-caso-concordia-bus-finland/
Timestamp: 2018-05-23 06:54:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 34', 'artículo 36', 'artículo 6', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 130', 'artículo 6', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'Artículo 76', 'Artículo 1', 'artículo 31', 'Artículo 13', 'artículo 23', 'artículo 34']

La inclusión de criterios medioambientales en las Bases Administrativas, a la luz de la nueva Ley de Contrataciones del Estado” y del caso Concordia Bus Finland | Blog de Cristhiam León
b.1. Recurso de anulación ante el Consejo de Competencia
Concordia interpuso un recurso de anulación contra dicha decisión de la comisión de servicios comerciales ante el Kilpailuneuvosto (Consejo de la Competencia-Finlandia), alegando, en particular, que la asignación de puntos adicionales por unos vehículos cuyas emisiones de óxidos de nitrógeno y ruido son inferiores a determinados límites no es equitativa y resulta discriminatoria. Afirmó, además, que se habían atribuido puntos adicionales por la utilización de un tipo de autobús que, en realidad, un único licitador, a saber, HKL, podía proponer.
El Kilpailuneuvosto desestimó dicho recurso, dado que había considerado que la entidad adjudicadora tiene derecho a determinar el tipo de material que desea utilizar. Declaró que la fijación de los criterios de elección y de su ponderación debía hacerse de manera objetiva, teniendo en cuenta las necesidades de la entidad adjudicadora y la calidad del servicio. Afirmó que, llegado el caso, tal entidad debería poder justificar la procedencia de la elección y de la aplicación de sus criterios de apreciación.
Dicho órgano jurisdiccional señaló que la decisión de la Ciudad de Helsinki, de dar preferencia a los autobuses poco contaminantes forma parte de la política ecológica, cuyo objetivo consiste en reducir los perjuicios para el medio ambiente ocasionados por la circulación de los autobuses. Considera que ello no constituye un vicio de procedimiento. Si se aplicara dicho criterio de forma no equitativa contra un licitador, sería posible una intervención. No obstante, el Kilpailuneuvosto afirmó que, si lo deseaban, todos los licitadores podían adquirir autobuses que funcionaran con gas natural. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que no se había demostrado que el criterio de que se trata fuera discriminatorio para Concordia.
b.2. Recurso de casación ante el KORKEIN HALLINTO-OIKEUS (FINLANDIA)
Concordia interpuso un recurso ante el Korkein hallinto-oikeus con el objeto de que se anulara la decisión del Kilpailuneuvosto. A su juicio, la asignación de puntos adicionales a los autobuses menos contaminantes y menos ruidosos favorecía a HKL, única empresa licitadora que, en la práctica, podía utilizar vehículos capaces de obtener esos puntos. Además, alegaba que, a efectos de la apreciación global de las ofertas, no procedía tener en cuenta dichos factores ecológicos, que carecen de toda relación directa con el objeto de la licitación.
En esa instancia, el Korkein Hallinto-Oikeus decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia tres cuestiones prejudiciales siguientes, de los cuales, fundamentalmente, nos interesa la segunda y tercera:
2. ¿Debe interpretarse la normativa comunitaria relativa a los contratos públicos y, en particular, el artículo 36, apartado 1, de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios […] o la disposición semejante (artículo 34, apartado 1) de la Directiva 93/38/CEE, en el sentido de que un ayuntamiento que, como entidad adjudicadora, organiza una licitación sobre la explotación de un servicio de autobuses urbanos, puede incluir, entre los criterios para adjudicar el contrato público que debe celebrarse sobre la base de la oferta económicamente más ventajosa, además del precio propuesto, la gestión ecológica y cualitativa del explotador u otras características de los vehículos, así como la reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno o de ruidos, según las modalidades que figuran en la licitación, de forma que, si las emisiones de óxidos de nitrógeno o el nivel de ruido de ciertos vehículos son inferiores a un determinado límite, pueden asignarse puntos adicionales a efectos de la comparación de las ofertas?
3) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿deben interpretarse las normas de Derecho comunitario en materia de contratos públicos en el sentido de que, no obstante, está prohibida la asignación de puntos adicionales en razón de las propiedades mencionadas de los vehículos, en lo que atañe a emisiones de óxidos de nitrógeno o al nivel de ruido, siempre que conste de antemano que la propia empresa de transportes de la ciudad organizadora de la licitación, que gestiona la red de autobuses, puede proponer unos vehículos que cumplan los requisitos establecidos, posibilidad que, por lo demás, dadas las circunstancias, sólo tienen unas cuantas empresas del sector?”
c. Sobre las cuestiones prejudiciales
Procede destacar, con carácter preliminar, que tal como se desprende de la resolución de remisión, los motivos invocados por Concordia en apoyo de su recurso de casación ante el Korkein hallinto-oikeus se basan exclusivamente en la supuesta ilegalidad del sistema de puntuación de los criterios relativos a los vehículos previstos en la licitación.
c.1. Sobre la segunda cuestión
Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se dilucide si el artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50 debe interpretarse en el sentido de que, cuando, en el marco de un contrato público relativo a la prestación de servicios de transporte urbano en autobús, una entidad adjudicadora decide adjudicar dicho contrato al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, puede tener en cuenta la reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno o de ruido de los vehículos, de forma que, si tales emisiones o tal nivel de ruido son inferiores a un determinado límite, pueden asignarse puntos adicionales a efectos de la comparación de las ofertas.
c.1.1. Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia
En este caso, Concordia planteó la siguiente observación: “En un procedimiento de contratación pública, los criterios de decisión siempre deben ser de naturaleza económica, según el tenor de las disposiciones de Derecho comunitario pertinentes. Si el objetivo de la entidad adjudicadora fuera ajustarse a consideraciones de orden ecológico o de otro tipo, habría que utilizar un procedimiento distinto del de licitación pública”.
En cambio, las demás partes del asunto principal, los Estados miembros que han presentado observaciones y la Comisión sostienen que pueden incluirse criterios de orden ecológico entre los que rigen la adjudicación de un contrato público. Se refieren, en primer lugar, a los artículos 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50 y 34, apartado 1, letra a), de la Directiva 93/38, que enumeran sólo a modo de ejemplo los elementos que la entidad adjudicadora puede tomar en consideración cuando adjudica un contrato de este tipo; se remiten seguidamente al artículo 6 CE, que, según alegan, exige la integración de la protección del medio ambiente en las demás políticas de la Comunidad; por último, hacen referencia a las sentencias Beentjes así como Evans Medical y Macfarlan Smith, que permiten a la entidad adjudicadora elegir los criterios que considere pertinentes a la hora de apreciar las ofertas presentadas.
En particular, la Ciudad de Helsinki y el Gobierno finlandés señalaron que redundaba en interés de ésta y en el de sus habitantes que las emanaciones nocivas se limiten lo más posible. En efecto, la propia Ciudad de Helsinki, a la que incumbe la protección del medio ambiente en su territorio, lograría de este modo una reducción directa del gasto en el sector medicosocial, que representa alrededor del 50 % de su presupuesto global. Considera que los factores que contribuyen, aunque sea modestamente, a mejorar la salud general de la población, permiten reducir dichas cargas rápidamente y en proporciones considerables.
La Comisión considera que los criterios de adjudicación de contratos públicos que pueden tenerse en cuenta para apreciar la oferta económicamente más ventajosa deben cumplir cuatro requisitos. A su juicio, dichos criterios deben ser objetivos, aplicables a todas las ofertas, estrictamente relacionados con el objeto del contrato de que se trate y suponer una ventaja económica que redunde en beneficio directo de la entidad adjudicadora.
c.1.1.1. Apreciación del Tribunal de Justicia
Por su parte, el Tribunal consideró cuatro criterios que deben ser tomados en cuenta al momento de incluir criterios medio ambientales en las Bases Administrativas o pliegos de condiciones:
– Respecto de la oferta económicamente más ventajosa
Procede recordar que el artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50 establece que los criterios en que pueden basarse las entidades adjudicadoras para la adjudicación de los contratos pueden ser, cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa, distintos criterios que variarán en función del contrato, por ejemplo, en particular, la calidad, la perfección técnica, las características estéticas y funcionales, la asistencia y el servicio técnico, la fecha de entrega, el plazo de entrega o de ejecución, el precio.
Para determinar si la entidad adjudicadora puede, con arreglo al mencionado artículo 36, apartado 1, letra a), tomar en consideración criterios de naturaleza ecológica y, en su caso, en qué condiciones, debe observarse, dos aspectos:
– En primer lugar, tal como se desprende claramente del tenor de dicha disposición y, en particular, del uso de la expresión «por ejemplo», los criterios que pueden adoptarse como criterios de adjudicación de un contrato público a la oferta económicamente más ventajosa no se enumeran con carácter exhaustivo (véase también, en este sentido, la sentencia de 18 de octubre de 2001, SIAC Construction, C-19/00, Rec. p. I-7725, apartado 35).
– En segundo lugar, el referido artículo 36, apartado 1, letra a), no puede interpretarse en el sentido de que cada uno de los criterios de adjudicación adoptados por la entidad adjudicadora con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa debe ser necesariamente de naturaleza meramente económica. En efecto, no cabe excluir que factores que no son puramente económicos puedan afectar al valor de una oferta para dicha entidad adjudicadora. Esta observación queda también corroborada por el propio tenor literal de esta disposición, que alude expresamente al criterio relativo a las características estéticas de una oferta.
Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, la coordinación comunitaria de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos tiene por objeto suprimir las trabas a la libre circulación de servicios y de mercancías (véase, en particular, la sentencia SIAC Construction, antes citada, apartado 32).
Habida cuenta de este objetivo y también del tenor del artículo 130 R, apartado 2, párrafo primero, tercera frase, del Tratado CE, que el Tratado de Amsterdam ha trasladado, modificándolo ligeramente, al artículo 6 CE, y que establece que las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad, procede afirmar que el artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50 no excluye la posibilidad de que la entidad adjudicadora utilice criterios relativos a la conservación del medio ambiente para la apreciación de la oferta económicamente más ventajosa. No obstante, esta afirmación no significa que la mencionada entidad pueda tener en cuenta cualquier criterio de tal naturaleza.
– Relacionado con el objeto de la convocatoria
En efecto, si bien el artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50 deja a la entidad adjudicadora la elección de los criterios de adjudicación del contrato que pretenda aplicar, tal elección sólo puede recaer sobre criterios dirigidos a identificar la oferta más ventajosa económicamente. Como una oferta se refiere necesariamente al objeto del contrato, los criterios de adjudicación que pueden aplicarse con arreglo a dicha disposición deben estar también relacionados con el objeto del contrato.
A este respecto, el Tribunal de Justicia indicó que procede recordar en primer lugar que, como el Tribunal de Justicia ya ha declarado, para determinar la oferta económicamente más ventajosa, la entidad adjudicadora debe, en efecto, poder apreciar las ofertas presentadas y adoptar una decisión sobre la base de criterios cualitativos y cuantitativos que varían en función del contrato de que se trate. Además, se desprende también de la jurisprudencia que resultaría incompatible con el artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50 un criterio de adjudicación que implicase la atribución a la entidad adjudicadora de una libertad incondicional de elección para la adjudicación del contrato a un licitador.
– Debe estar claramente definida en los pliegos de condiciones
Sobre este punto, debe destacarse que la aplicación de los criterios para determinar la oferta económicamente más ventajosa, debe respetar todas las normas de procedimiento de la Directiva 92/50 y, especialmente, las normas de publicidad que contiene. Se desprende de lo anterior que, con arreglo al artículo 36, apartado 2, de la misma, todos los criterios de este tipo han de mencionarse expresamente en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación, cuando resulte posible, en orden decreciente de la importancia que se les atribuye, para que los contratistas puedan conocer su existencia y alcance.
– Respeto de los principios fundamentales del derecho comunitario
Por último, se señaló que tales criterios deben respetar todos los principios fundamentales del Derecho comunitario y, en particular, el principio de no discriminación que se deriva de las disposiciones del Tratado en materia de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios.
De estas consideraciones resulta que, cuando la entidad adjudicadora decide adjudicar un contrato al licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, con arreglo al artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50, puede tener en cuenta criterios relativos a la conservación del medio ambiente siempre que tales criterios estén relacionados con el objeto del contrato, no atribuyan a dicha entidad una libertad incondicional de elección, se mencionen expresamente en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación y respeten todos los principios fundamentales del Derecho comunitario, en particular, el principio de no discriminación.
c.2. Sobre la tercera cuestión
Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita fundamentalmente que se dilucide si el principio de igualdad de trato se opone a que se tomen en consideración criterios relacionados con la protección del medio ambiente, como los controvertidos en el asunto principal, debido a que la propia empresa de transportes de la entidad adjudicadora es una de las pocas empresas que pueden ofrecer unos vehículos que cumplan los criterios mencionados.
c.2.1. Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia
Concordia presentó la siguiente observación: “la posibilidad de utilizar autobuses que funcionaran con gas natural, que, en la práctica, eran los únicos que respondían al criterio adicional de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno y de ruido, era muy limitada”.
Concordia deduce de ello que HKL era la única licitadora que realmente podía ofrecer autobuses que funcionaran con gas. Por lo tanto, propone que se responda a la tercera cuestión, en el sentido de que la asignación de puntos en función de las emisiones de óxidos de nitrógeno y de la reducción del ruido es improcedente, al menos en el caso de que no todos los operadores del sector afectado tengan la posibilidad, siquiera teórica, de ofrecer los servicios que dan derecho a dicha asignación.
La Ciudad de Helsinki alega que no tenía ninguna obligación de someter al procedimiento de adjudicación sus propios transportes en autobús, ni con arreglo a la normativa comunitaria ni a la legislación finlandesa. En efecto, habida cuenta de que una adjudicación entraña siempre actuaciones y costes adicionales, no habría tenido ningún motivo razonable para organizar dicha adjudicación si le hubiera constado que únicamente la empresa de la que es propietaria podía ofrecer unos vehículos que reunieran los requisitos establecidos en el anuncio de licitación, o si realmente hubiera querido reservarse la explotación de dichos transportes.
Según el Gobierno austriaco, la utilización de los criterios de adjudicación de que se trata en el asunto principal era, en principio, lícita, incluso en el caso de que, como sucede en el litigio sometido al órgano jurisdiccional remitente, sólo un número relativamente restringido de licitadores pueda ajustarse a ellos. Considera que, no obstante, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 22 de septiembre de 1988, Comisión/Irlanda, 45/87, Rec. p. 4929), parece que existe un límite a la procedencia de ciertas normas ecológicas mínimas, cuando los criterios empleados restringen el mercado del servicio o del producto que ha de prestarse hasta tal punto que sólo subsista un único licitador. Sin embargo, nada indica que ello ocurra en el asunto principal.
La Comisión estimaba que, habida cuenta de las opiniones divergentes de las partes del litigio principal, no puede determinar si los criterios aplicados en el asunto principal violan el principio de igualdad de trato de los licitadores. Por lo tanto, a su juicio, corresponde al órgano jurisdiccional remitente pronunciarse sobre esta cuestión y determinar, sobre la base de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, si se aplicaron dichos criterios con el fin exclusivo de elegir la empresa admitida o si fueron establecidos para tal fin.
c.2.2. Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal señaló que el deber de respetar el principio de igualdad de trato responde a la esencia misma de las directivas en materia de contratos públicos, que tienen por objeto, en particular, favorecer el desarrollo de una competencia efectiva en los sectores que están comprendidos en sus ámbitos de aplicación respectivos y que enuncian los criterios de adjudicación del contrato tendentes a garantizar dicha competencia. Así, los criterios de adjudicación deben respetar el principio de no discriminación que se deriva de las disposiciones del Tratado en materia de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios.
En el presente caso, el Tribunal señaló tres aspectos:
-Tal como se desprende de la resolución de remisión, los criterios de adjudicación de que se trata en el asunto principal eran objetivos e indistintamente aplicables a todas las ofertas.
-Además, dichos criterios estaban directamente relacionados con los vehículos ofrecidos e integrados en un sistema de asignación de puntos.
-Por último, en el marco de dicho sistema, se podían conceder puntos adicionales sobre la base de otros criterios relacionados con los vehículos, como la utilización de autobuses de plataforma baja, el número de asientos ordinarios y supletorios así como la antigüedad de los autobuses.
Además, como Concordia reconoció en la vista, esta empresa ganó la licitación relativa a la línea n. 15 de la red de autobuses urbanos de la Ciudad de Helsinki, a pesar de que dicha licitación exigía expresamente la utilización de vehículos que funcionaran con gas.
Procede, por tanto, declarar que, en un contexto fáctico de este tipo, el hecho de que sólo un número reducido de empresas entre las que se encontraba una que pertenecía a la entidad adjudicadora pudiera cumplir uno de los criterios aplicados por dicha entidad para determinar la oferta económicamente más ventajosa no puede, por sí solo, constituir una violación del principio de igualdad de trato.
d. Decisión del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia, pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Korkein hallinto-oikeus mediante resolución de 17 de diciembre de 1999, declaró:
“1) El artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, debe interpretarse en el sentido de que, cuando, en el marco de un contrato público relativo a la prestación de servicios de transporte urbano en autobús, la entidad adjudicadora decide adjudicar un contrato al licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, puede tener en cuenta criterios ecológicos, como el nivel de las emisiones de óxidos de nitrógeno o el nivel de ruido de los autobuses, siempre que tales criterios estén relacionados con el objeto del contrato, no confieran a dicha entidad adjudicadora una libertad incondicional de elección, se mencionen expresamente en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación y respeten todos los principios fundamentales del Derecho comunitario, en particular, el principio de no discriminación.
2) El principio de igualdad de trato no se opone a que se tomen en consideración criterios relacionados con la protección del medio ambiente, como los controvertidos en el asunto principal, por el mero hecho de que la propia empresa de transportes de la entidad adjudicadora sea una de las pocas empresas que pueden ofrecer unos vehículos que cumplan los criterios mencionados.
11. Consideraciones finales.
De acuerdo a la interpretación del Tribunal de Justicia en este asunto, es posible que en el caso peruano, las entidades públicas, en todos los niveles, incluyan criterios medioambientales a fin de asegurar el principio de sostenibilidad ambiental previsto en la Ley de Contrataciones del Estado en el marco de una política de gestión ambiental. En ese sentido, de manera inicial, una alternativa podría ser que estos criterios sean incorporados gradualmente en la Administración Pública, empezando por los ministerios y organismos públicos descentralizados, por ejemplo, sin perjuicio de que los gobiernos regionales y locales adopten dicha política paralelamente. Por esos motivos, el caso Concordia resulta muy ilustrativo a fin de iniciar un cambio en la perspectiva de la contratación pública en nuestro ordenamiento.
En ese sentido, toda entidad del Estado que requiera incluir criterios medioambientales en las Bases Administrativas o pliegos de condiciones, deberá cumplir cuatro condiciones:
1.Los criterios medioambientales deben estar vinculados al objeto del contrato. Es un factor esencial que garantiza que los criterios citados guarden relación con las necesidades reales de las entidades púbicas.
2.Los criterios de medioambientales deben ser específicos y cuantificables objetivamente. Tal como se señaló en el caso Concordia, dichos criterios no deben otorgar en ningún caso a las entidades públicas una libertad de elección ilimitada. Deben limitar esta libertad de elección mediante el establecimiento de criterios específicos, mensurables y que estén relacionados con el objeto de la convocatoria, o como expone el Tribunal de justicia, debe ser “criterios suficientemente específicos y cuantificables objetivamente”.
3.Lo criterios medioambientales deben publicarse previamente en la Bases y/o pliegos de condiciones, es decir, deberán indicar si se adjudicará la buena pro en función del precio más bajo o de la oferta económicamente más ventajosa. En este último caso, se mencionarán en el anuncio o en el pliego de condiciones del proceso de selección los criterios medioambientales empleados para determinar la oferta económicamente más ventajosa.
4.Los criterios medioambientales deben respetar el principio de no discriminación y trato justo e igualitario, por lo que los criterios de evaluación y calificación deberán atenerse a éstos principios inspiradores de la Ley de Contrataciones del Estado. Precisamente, a partir del Caso Concordia el Tribunal de Justicia ha destacado de forma explícita la importancia del principio de no discriminación.
1 Amory B. Lovins, L. Hunter Lovins y Paul Hawken, “Una ruta hacia el capitalismo natural”. En: Harvard Business Review, Junio 2008, pág 78.
2Reciente investigación llevada a cabo por un equipo internacional de científicos, analizó las economías de 132 países para determinar cuáles son los más vulnerables al impacto del cambio climático. Los científicos se basaron en factores medioambientales, nutricionales y económicos. Identificaron a 33 países como altamente vulnerables, entre ellos dos en América del Sur: Perú y Colombia. Éste es el primer estudio que analiza la vulnerabilidad de las economías nacionales a las repercusiones del cambio climático en sus pesquerías” dijo a BBC Ciencia la doctora Marie-Caroline Badjeck, investigadora de The WorldFish Center (Centro de Pesca Mundial), y una de las autoras del estudio. Asimismo, precisó que se debería fomentar el desarrollo de políticas y medidas que piensen a largo plazo, es decir, prepararse ahora para cambios que ocurrirán en 20 o 30 años. En el caso de América Latina, explica la experta, no hay muchos estudios ni políticas que vayan más allá de lo que ocurrirá en 4 o 5 años, porque éstos dependen de los gobiernos que cambian, por eso es urgente, en el caso de Perú y Colombia, responder ahora a los futuros cambios. (Ver: www. http://news.bbc.co.uk)
3 Comisión Europea. “¡Compras públicas! Manual sobre contratación pública ecológica”. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 2005, pág. 4.
4 Disposición complementaria derogatoria.
“Única.- A partir de la vigencia de la presente norma, deróguense los siguientes dispositivos:
a.Ley N.º 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normas modificatorias.
b.Las demás normas que se opongan a lo dispuesto en la presente norma”.
5 Artículo 76. Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.
6 A nivel internacional se usa indistintamente el concepto compra verde o compra pública ambientalmente correcta, para referirse a compras con criterios que promuevan la sostenibilidad del medio ambiente, aplicables tanto a la compra de productos como a la contratación de servicios y la ejecución de obras.
7 Una política de gestión medio ambiental supone un avance en relación al mero cumplimiento de las normas legales de la materia. En todo proceso de selección las entidades deberá elaborar las Bases de acuerdo a la normatividad específica, normas que deberán ser cumplidas por los postores a fin de que su propuesta sea aceptada. Está claro que este trabajo no pretende plantear mecanismos para cumplir las normas ambientales sino que va mas allá, es decir, busca actuaciones que contribuyan al desarrollo ambiental a partir de la incorporación de criterios o cláusulas medio ambientales.
8 Fernández González, Manuel.“Contratación pública con criterios de sostenibilidad”. En: Boletín Económico de ICE, N.º 2830 del 10 al 16 de enero de 2005, España, pág. 37.
9 Ledo Nass, Álvaro. “La protección jurídica del medio ambiente en la contratación administrativa. Problemas y perspectivas” (Ver: www.pasceriabogados.com). Noveno párrafo.
10 Fernández Gonzales, Manuel. Pág 37.
11 Op Cit. Pág. 36.
12 El Soft Law hace referencia a un sistema en constante transformación, en su desarrollo trata de adaptarse a la dinámica de los diversos actores de la sociedad, nuevas situaciones y fenómenos que reclaman para sí un tratamiento jurídico, como es el caso de la protección del medio ambiente. Asimismo, no es no vinculante, consiste en normas generales o principios.
13 Gonzales, Manuel. Pág. 38.
14 En las Directivas en materia de Contratación pública (Contratos de servicios Contratos de servicios, 92/50/EEC, contratos de suministros, 93/36/EEC. y Contratos de obras 93/37/EEC) no se incluyó previsión alguna sobre la posibilidad de introducción de criterios de sostenibilidad.
15 Las Directivas se aplican únicamente a los contratos públicos cuyo valor estimado sea superior a determinados umbrales (fijados en las Directiva), el Tribuna de Justicial ha afirmado que también deberán aplicarse los principios de Tratado del CE de igualdad de trato y transparencia, así como el de libre circulación de mercancías, de establecimiento y de provisión de servicios a los contratos con un valor inferior al de estos umbrales. (En: Comisión Europea. “¡Compras públicas! Manual sobre contratación pública ecológica”. Pág. 8)
16 Artículo 1 y 6 de la Ley.
17 El artículo 31 de la citada Ley, se refiere a la evaluación y calificación de propuestas, según el cual:
“El método de evaluación y calificación de propuestas que será establecido en el Reglamento, debe objetivamente permitir una selección de la calidad y tecnología requerida dentro de los plazos más convenientes y al mejor valor total. El método deberá exigir la presentación de los documentos estrictamente necesarios por parte de los postores. El Reglamento establecerá los criterios, el sistema y los factores aplicables para cada tipo de bien, servicio u obra a adquirirse o contratarse.”
18 Artículo 13.- Características de los bienes, servicios y obras a adquirir o contratar.-
“(…). Al plantear su requerimiento, el área usuaria deberá describir el bien, servicio u obra a contratar, definiendo con precisión su cantidad y calidad, indicando la finalidad pública para la que debe ser contratado. La formulación de las especificaciones técnicas deberá ser realizada por el área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, evaluando en cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento. Esta evaluación deberá permitir la concurrencia de la pluralidad de proveedores en el mercado para la convocatoria del respectivo proceso de selección, evitando incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento sólo favorezca a determinados postores. Las especificaciones técnicas deben cumplir obligatoriamente con los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, si las hubiere. Estas podrán recoger las condiciones determinadas en las normas técnicas, si las hubiere. En el caso de obras, además, se deberá contar con la disponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutará la misma y con el expediente técnico aprobado, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento. La Entidad cautelará su adecuada formulación con el fin de asegurar la calidad técnica y reducir al mínimo la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de ejecución de obras (…)”
19 Comisión Europea. “¡Compras públicas! Manual sobre contratación pública ecológica”. Pág. 15.
21 Ibidem. Pág. 17.
22 Véase el artículo 23 de la Directiva 2004/18/E y el artículo 34 de la Directiva 2004/17/CE.
23 Comisión Europea. “¡Compras públicas! Manual sobre contratación pública ecológica”. Pág. 18.
24 Ibidem Pág. 32.
25 Ibidem. Pág. 33
26 En:www.meh.es/es-ES/Servicios/Contratacion/JuntaConsultivadeContratacionAdministrativa/informes.
27El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) es una Institución de la Unión Europea que cumple la función de órgano de control del Derecho comunitario europeo, y que se caracteriza por su naturaleza judicial y supranacional. Las sentencias del TJCE y del TPI tienen carácter vinculante en los Estados miembros y es el garante de un ordenamiento jurídico propio que se ve asistido y aplicado también por los sistemas jurídicos nacionales. El Tribunal acepta recursos de particulares y de Estados y se encarga de comprobar la compatibilidad con las fuentes del Derecho comunitario de los actos de las instituciones europeas y gobiernos. EN: Carlos Francisco Molina del Pozo, “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su contribución al proceso de Integración Europea”, Madrid – 2006. VER: www.ccj.org.ni/press/seminarios/granada-oct-06.
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