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Timestamp: 2020-05-29 01:33:27
Document Index: 15287716

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 42', 'artículo 45', 'artículo 41']

Boletín Nº 101 del viernes 3 de mayo de 2013
Anuncio relativo al trámite de participación pública en el marco del procedimiento para la aprobación del instrumento de gestión integrado de diversos espacios protegidos en la ría del Eo.
Los espacios Natura 2000 conforman una red europea de espacios naturales protegidos bajo dos figuras de protección, Zonas de Especial Protección para las Aves (en adelante ZEPA) y Lugares de Interés Comunitario (en adelante LIC), que se denomina Red Natura 2000. La declaración de estos espacios viene determinada, en el caso de las ZEPA, por la aplicación en cada estado miembro de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves) y, en el caso de los LIC y posteriores Zonas de Especial Conservación (en adelante ZEC), de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva hábitat).
Tras varias ampliaciones, el listado de los LIC en el Principado de Asturias queda conformado por 49 espacios (de acuerdo con la Decisión de Ejecución de la Comisión de 16 de noviembre de 2012 por la que se adopta la sexta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica) y el de ZEPA por 13 espacios (propuestos por el Gobierno del Principado de Asturias en 1989 y en 2003).
La Directiva hábitat, en su artículo 2 establece que “una vez elegido un lugar de importancia comunitaria (…), el Estado miembro dará a dicho lugar la designación de Zona Especial de Conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años”. También menciona en el artículo 6.1 que “con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias”, y en el 6.2 que “los estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de esas zonas”.
De igual modo, la Directiva Aves, establece en su artículo 4 que “las especies mencionadas en el anexo I serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat” y también que “los Estados miembros tomarán medidas semejantes con respecto a las especies migratorias no contempladas en el anexo I cuya llegada sea regular”.
En España; la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incorpora en la legislación estatal estas indicaciones recogidas en las Directivas Aves y hábitat. Así en su artículo 42.3, queda establecido que se ha de proceder a la declaración de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en el plazo máximo de 6 años desde la aprobación de las listas de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), junto con la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión. Estos planes o instrumentos de gestión responden también a la obligación que establece el artículo 45.1 de la citada Ley, el cuál recoge que “respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, las Comunidades Autónomas fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitat naturales y de las especies presentes en tales áreas”, que en todo caso implicarán “adecuados planes o instrumentos de gestión (…) que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable”.
En el artículo 41.3, esta Ley 42/2007 establece que el entonces Ministerio de Medio Ambiente con la participación de las Comunidades Autónomas, debe elaborar unas directrices de conservación de la Red Natura.
En cumplimiento de la legislación mencionada para proceder a la declaración de las ZEC, junto con la correspondiente aprobación de los planes de gestión de estos espacios, y habiéndose aprobado por acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente unas Directrices para la elaboración de los instrumentos de gestión de la Red Natura 2000 en España, en marzo de 2012 se procedió a someter a participación pública la estructura de los planes de gestión como punto de inicio de la tramitación necesaria para su aprobación final (BOPA 67 de 21 de marzo de 2012).
Posteriormente, el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, modifica la mencionada Ley 42/2007 en el sentido de que «Si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras de los mismos así como los mecanismos de planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrado, al objeto de que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo coherente».
Asimismo establece que las Comunidades Autónomas fijarán las medidas de conservación necesarias mediante la aprobación de «adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable. Estos planes deberán tener en especial consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares».
Esta variación en el planteamiento inicial generará modificaciones en la estructura del documento que fue sometida a participación pública (BOPA 67 de 21 de marzo de 2012), lo que motiva la apertura de un nuevo proceso de participación para determinar la estructura de los planes de gestión integrados que se redacten para aquellos territorios en los que confluyan diferentes figuras de protección.
Por Resolución de 17 de abril de 2013 se inicia el procedimiento para la aprobación del Instrumento de Gestión Integrado de los siguientes espacios protegidos en la Ría del Eo:
y se ordena someter al procedimiento de participación pública la estructura del mismo.
Este trámite de participación estará abierto por un período de 30 días a partir de su publicación en el BOPA, y las observaciones deberán ser remitidas al Servicio de Medio Natural, Dirección General de Recursos Naturales de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, debiendo adjuntar la información suficiente referente al remitente para que, solventado el trámite, se le informe del resultado definitivo del proceso en el que ha participado y de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada; según recogen los derechos relativos a la participación pública en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Esta participación pública está abierta al público y a las personas interesadas, conforme a lo establecido en los artículos 2.1, 2.2 y 23 de la Ley 27/2006.
Por lo tanto, conforme a lo establecido en la Leyes 42/2007 y 27/2006 en cuanto a la planificación participativa, se comunica la apertura de un trámite de participación pública en lo referente a la estructura del Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios protegidos en la Ría del Eo, el cual aparece recogido en el anexo I del presente anuncio y cuyo ámbito territorial puede consultarse en:
http://sitpa.cartografia.asturias.es/sitpav30/pages/presentation/Presentation.aspx.
En Oviedo, a 24 de abril de 2013.—La Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez González.—Cód. 2013-08144.
ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN INTEGRADO DE DIVERSOS ESPACIOS PROTEGIDOS EN LA RÍA DEL EO
Los apartados que se incluirían en este Instrumento de Gestión Integrado son los siguientes:
En este apartado se desarrollará la descripción del ámbito de aplicación del Instrumento de gestión, de su naturaleza y vigencia que se adaptará según las diferentes figuras de protección de que goce el espacio, la finalidad y objetivos que tenga el instrumento, que aglutinarán los que son propios de los espacios Natura 2000 y los que ya se encuentren recogidos en la normativa del espacio que coincida geográficamente en el ámbito de aplicación del plan. El último apartado se refiere a la definición del organismo en el que recaen las competencias de la gestión de los espacios incluidos en el instrumento.
En este apartado se recogerá la información concreta que se refiere a los hábitats y taxones sobre los que se aplicarán las medidas de gestión oportunas para mejorar o garantizar su estado de conservación. Se centrará la información en listar para cada hábitat o taxón, o grupo de ellos por sus similitudes, las presiones y amenazas que sufren y los objetivos de conservación que se plantean para los mismos, a los que se debe tender mediante la aplicación de las medidas de conservación que se definirán más adelante.
2.2.1.1. Presiones y amenazas.
2.2.1.2. Objetivos de conservación.
2.2.2. Taxones de fauna de interés comunitario para los que se adoptan medidas de gestión.
2.2.2.1. Presiones y amenazas.
2.2.2.2. Objetivos de conservación.
2.2.3. Otros taxones para los que se adoptan medidas de gestión.
2.3. Otros elementos naturales para los que se adoptan objetivos y medidas de conservación.
En este apartado se incluirán los trámites ambientales y limitaciones necesarias para actividades sectoriales, que permitan el cumplimiento de los objetivos de conservación fijados en el apartado anterior.
3.2. Evaluación ambiental.
En este apartado contemplan las medidas de gestión activa a desarrollar por el Gobierno del Principado de Asturias para el logro de los objetivos de gestión del territorio dentro del ámbito de aplicación de este instrumento de gestión.
En este apartado se recogerán las medidas destinadas a evaluar la eficacia de las medidas de gestión propuestas. Se incluirá la relación de los informes de evaluación requeridos por normativa, así como la relación de los taxones que deben ser informados y la periodicidad de los informes dependiendo de su catalogación.
Este apartado contendrá una valoración económica estimativa de las medidas propuestas. Las medidas estarán ordenadas de acuerdo a una priorización en su aplicación, independiente de su coste.
En este apartado se recogerá la información que, debido bien a su extensión, o bien a su estructuración, es más fácil consultar en esta parte final del documento.
Anexo V: Normativa de aplicación citada en el plan.