Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/194157/ley-1-1999-de-31-de-marzo-de-atencion-a-las-personas-con-discapacidad-en-andalucia
Timestamp: 2018-05-21 10:47:15
Document Index: 310015439

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'artículo 42', 'artículo 31']

Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 1/1999, DE 31 DE MARZO, DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA (BOJA DE 17 DE ABRIL; BOE DE 5 DE MAYO)
Título I. Principios generales (Arts. 1 a 8)
Art. 2. Medios
Art. 3. Participación de la iniciativa social
Art. 4. Principio de integración
Art. 5. Principio de normalización
Art. 6. Fomento de la investigación
Art. 7. Definición de conceptos
Art. 8. Reconocimiento de derechos
Título II. De la salud (Arts. 9 a 13)
Capítulo I. Prevención de las discapacidades (Arts. 9 a 11)
Art. 9. Prevención de las discapacidades
Art. 10. Medidas prioritarias
Art. 11. Detección de las deficiencias y atención temprana
Capítulo II. Asistencia sanitaria y rehabilitación médico-funcional (Arts. 12 y 13)
Art. 12. Garantía de prestaciones
Art. 13. Rehabilitación médico-funcional
Título III. De atención a las necesidades educativas especiales (Arts. 14 a 18)
Art. 14. Disposiciones generales
Art. 15. Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria
Art. 16. Acceso a estudios superiores
Art. 17. Servicios complementarios
Art. 18. Orientación posescolarización
Título IV. De la integración laboral (Arts. 19 a 24)
Art. 19. Objetivos
Capítulo I. Formación Profesional Ocupacional (Art. 20)
Art. 20. Integración en los centros ordinarios y atención especial
Capítulo II. Inserción laboral (Arts. 21 a 26)
Art. 21. Empleo ordinario y protegido
Art. 22. Medidas de fomento
Art. 23. Acceso a la Función Pública
Art. 24. Ayudas a las empresas para la integración laboral
Art. 25. Centros especiales de empleo
Art. 26. Empleo con apoyo
Capítulo III. Medidas complementarias (Art. 27)
Art. 27. Servicios de apoyo a la integración laboral
Título V. De los servicios sociales a las personas con discapacidad (Arts. 28 a 43)
Capítulo I. Disposiciones generales (Art. 28)
Art. 28. Norma general
Capítulo II. Atención comunitaria (Art. 29)
Art. 29. Servicios Sociales Comunitarios
Capítulo III. Servicios Sociales Especializados (Arts. 30 a 36)
Art. 30. Clasificación
Art. 31. Centros de valoración y orientación
Art. 32. Centros residenciales
Art. 33. Centros de día
Art. 34. Derechos de los usuarios de los centros residenciales y de día
Art. 35. Deberes de los usuarios de centros residenciales y de día
Art. 36. Atención en supuestos de penas de privación de libertad
Capítulo IV. Recursos tutelares (Art. 37)
Art. 37. Fomento de entidades tutelares
Capítulo V. Protección económica (Arts. 38 a 43)
Sección 1.ª Principios generales (Arts. 38 y 39)
Art. 38. Seguridad económica y social
Art. 39. Coherencia entre las medidas protectoras e integradoras
Sección 2.ª Protección de necesidades básicas a través de prestaciones de carácter periódico (Art. 40)
Art. 40. Prestaciones económicas
Sección 3.ª Protección de necesidades específicas a través de prestaciones de carácter no periódico (Arts. 41 a 43)
Art. 41. Acción protectora
Art. 42. Ayuda de habilitación profesional
Art. 43. Requisitos
Título VI. Del ocio, la cultura y el deporte (Arts. 44 y 45)
Art. 44. Integración y atención especial
Art. 45. Medidas de fomento
Título VII. De la accesibilidad urbanística, arquitectónica, en el transporte y la comunicación (Arts. 46 a 62)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 46 y 47)
Art. 46. Disposiciones generales sobre accesibilidad
Art. 47. Definiciones
Capítulo II. Accesibilidad urbanística y de las infraestructuras (Art. 48)
Art. 48. Normas generales
Capítulo III. Accesibilidad a edificios, establecimientos e instalaciones (Arts. 49 a 54)
Sección 1.ª Edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública (Arts. 49 a 51)
Art. 49. Normas generales
Art. 50. Itinerarios y espacios accesibles
Art. 51. Reserva de espacios
Sección 2.ª Edificaciones de viviendas (Arts. 52 a 54)
Art. 52. Normas generales
Art. 53. Itinerarios y espacios accesibles
Art. 54. Reservas de viviendas
Capítulo IV. Accesibilidad en el transporte (Art. 55)
Art. 55. Normas generales
Capítulo V. Accesibilidad en comunicación (Arts. 56 a 58)
Art. 56. Normas generales
Art. 57. Intérpretes y guías
Art. 58. Medios audiovisuales
Capítulo VI. Medidas de control (Arts. 59 a 61)
Art. 59. Licencias y autorizaciones
Art. 60. Contratación administrativa
Art. 61. Inspecciones técnicas
Capítulo VII. Medidas de fomento (Art. 62)
Art. 62. Criterio general
Título VIII. De la gestión, coordinación interadministrativa y financiación (Arts. 63 a 66)
Capítulo I. De la gestión y coordinación interadministrativa (Arts. 63 a 65)
Art. 63. Gestión de las prestaciones
Art. 64. Coordinación entre las prestaciones económicas y las de integración laboral
Art. 65. Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad
Capítulo II. De la financiación (Art. 66)
Art. 66. Fondo para la supresión de barreras
Título IX. Régimen sancionador (Arts. 67 a 78)
Capítulo I. Infracciones (Arts. 67 a 72)
Art. 67. Definición y clasificación
Art. 68. Infracciones leves
Art. 69. Infracciones graves
Art. 70. Infracciones muy graves
Art. 71. Responsabilidad
Art. 72. Prescripción de las infracciones
Capítulo III. Medidas cautelares (Art. 73)
Art. 73. Medidas cautelares
Capítulo III. Sanciones (Arts. 74 a 78)
Art. 74. Multas
Art. 75. Otras sanciones
Art. 76. Graduación de sanciones
Art. 77. Órganos competentes
Art. 78. Prescripción de las sanciones
Ahora bien, el panorama actual del desarrollo de todas las normas existentes en aras a la especial protección de las personas con discapacidad en Andalucía hace necesario establecer en nuestra Comunidad Autónoma el marco adecuado que, desde una perspectiva integradora, asegure una respuesta uniforme y coordinada de todos los sistemas públicos de protección social a la problemática de las personas con discapacidad en base a las competencias que el Estatuto de Autonomía de Andalucía confiere a nuestra Comunidad Autónoma: Sanidad, educación, asistencia y servicios sociales, desarrollo comunitario, régimen local, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, deporte y ocio, cultura, seguridad social, así como autoorganización. Ha sido reivindicación del mismo movimiento asociativo, representante de este colectivo, disponer de una Ley andaluza que dé respuestas a sus necesidades.
Así, internacionalmente se viene optando por utilizar el término de «personas con discapacidad» de forma general. Por una parte, para evitar la sustantivación de los adjetivos que entrañan las palabras «discapacitado» o «deficiente» o «minusválido». Por otra parte, porque no todas las personas con deficiencia tienen discapacidad, y porque no todas las personas con discapacidad tienen minusvalía, siendo «discapacidad» el término que menos connotaciones negativas alberga.
Así pues, en el texto legal se utiliza generalmente «persona con discapacidad» y sólo se habla de «minusvalía» cuando sea obligado por las derivaciones legales que conlleva.
Artículo 1. Objeto de la Ley.—La presente Ley tiene como objeto regular las actuaciones dirigidas a la atención y promoción del bienestar de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y posibilitar su rehabilitación e integración social, así como la prevención de las causas que generan deficiencias, discapacidades y minusvalías.
Artículo 2. Medios.—La Administración de la Junta de Andalucía, las entidades locales de Andalucía, así como los organismos, entidades y empresas públicas, dependientes o vinculadas a cualesquiera de ellas, realizarán las actuaciones precisas para la plena efectividad de lo previsto en esta Ley, de acuerdo con sus competencias y destinarán los recursos necesarios para que los derechos enunciados se hagan efectivos.
Artículo 3. Participación de la iniciativa social.—1. Las administraciones públicas ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las instituciones, asociaciones y fundaciones sin fin de lucro, promovidas por las personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.
Artículo 4. Principio de integración.—Las administraciones públicas promoverán las medidas necesarias para la completa sensibilización de la sociedad, al objeto de que ésta, en su conjunto, colabore en el reconocimiento y aceptación de las diferencias, y en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad para su total integración.
Artículo 5. Principio de normalización.—Las medidas tendentes a la promoción educativa, cultural, laboral y social de las personas con discapacidad se llevarán a cabo atendiendo a sus características individuales mediante su acceso a las instituciones o actuaciones de carácter general, excepto cuando por las características de su discapacidad requieran una atención peculiar a través de actividades, servicios y centros especiales.
Artículo 6. Fomento de la investigación.—Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas competencias, promoverán planes de investigación sobre las deficiencias, especialmente en el ámbito de la prevención, detección y tratamiento, con el fin de buscar nuevas alternativas para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Artículo 7. Definición de conceptos.—Los conceptos y términos que se enumeran a continuación tienen, a efectos de la presente Ley, el siguiente significado:
1. Persona con discapacidad: Toda aquella que tenga una ausencia o restricción de la capacidad de realizar una actividad como consecuencia de una deficiencia.
Artículo 8. Reconocimiento de derechos.—1. El reconocimiento del derecho a la aplicación de los beneficios previstos en esta Ley deberá ser efectuado de manera personalizada por los distintos órganos de la Administración previo informe o calificación, en su caso, del correspondiente equipo de valoración y orientación.
Artículo 9. Prevención de las discapacidades.—1. Las administraciones públicas desarrollarán una política orientada a la prevención de las discapacidades a fin de evitar que se produzcan deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales, así como reducir la repercusión negativa de las mismas en los aspectos físicos, psicológicos y sociales de las personas, fomentando las medidas encaminadas a potenciar las capacidades residuales en cualquier edad y desde el momento de su aparición.
Artículo 10. Medidas prioritarias.—En el marco de sus respectivas competencias, las administraciones públicas desarrollarán prioritariamente las siguientes medidas:
Artículo 11. Detección de las deficiencias y atención temprana.—1. Se establecerán sistemas de prevención y detección de las deficiencias y de atención temprana una vez diagnosticadas éstas, a través de programas y protocolos de actuación que se realizarán de forma continuada sobre las personas con discapacidad.
Artículo 12. Garantía de prestaciones.—Quedarán garantizadas, de acuerdo con el régimen de Seguridad Social aplicable, las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y, en su caso, los tratamientos dietoterápicos complejos, para la correcta atención a las personas con discapacidad cuando sea imprescindible para su desarrollo físico y psíquico.
Artículo 13. Rehabilitación médico-funcional.—1. Toda persona con deficiencia tendrá derecho a beneficiarse de la rehabilitación médico-funcional necesaria para compensar o mantener su estado físico, psíquico o sensorial para su integración educativa, laboral y social.
De atención a las necesidades educativas especiales
Artículo 14. Disposiciones generales.—1. La presente Ley reconoce a las personas con una discapacidad de tipo físico, psíquico o sensorial, en sus diversos grados y manifestaciones, el derecho a recibir la atención educativa específica que por sus necesidades educativas especiales requieran, tan pronto como se adviertan circunstancias que aconsejen tal atención o se detecte riesgo de aparición de la discapacidad, con el fin de garantizar su derecho a la educación y al desarrollo de un proceso educativo adecuado y asistido con los complementos y apoyos necesarios.
b) La evaluación psicopedagógica que determine sus necesidades educativas, las medidas curriculares y de escolarización, y los apoyos y recursos necesarios para atenderlas. Así como a la evaluación de su aprendizaje a través de las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a las posibilidades y características de cada persona.
Artículo 15. Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.—La escolarización del alumnado con discapacidad de tipo físico, psíquico y sensorial se efectuará prioritariamente en los centros sostenidos con fondos públicos, en la modalidad educativa más adecuada, teniendo en cuenta las posibilidades y características del alumno o alumna y el objetivo del mayor grado de integración posible. Cuando se aprecie de forma razonada que las necesidades de dicho alumnado no puedan ser adecuadamente satisfechas en un centro ordinario se propondrá su escolarización en unidades y centros específicos de Educación Especial.
Artículo 16. Acceso a estudios superiores.—1. Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria tendrán prioridad para ocupar puestos escolares en los niveles de enseñanza postobligatoria, en centros sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional. Asimismo, se velará para que estos centros dispongan de los medios personales ymateriales necesarios y para que este alumnado pueda continuar sus estudios con las adaptaciones curriculares pertinentes.
Artículo 17. Servicios complementarios.—Las administraciones públicas realizarán convocatorias específicas de becas y ayudas económicas individuales para garantizar el desplazamiento, la residencia y manutención cuando las circunstancias así lo exijan.
Artículo 18. Orientación posescolarización.—Las personas con discapacidad que habiendo agotado el tiempo máximo de permanencia en el período de educación básica y obligatoria no puedan continuar su formación dentro del sistema educativo, así como sus familias, recibirán orientación sobre las distintas posibilidades de formación y de inserción sociolaboral, por parte de los servicios especializados de las distintas administraciones con competencias en estos ámbitos.
Artículo 19. Objetivos.—Las administraciones públicas dirigirán la política de integración laboral de las personas con minusvalía al cumplimiento de estos dos objetivos:
Artículo 20. Integración en los centros ordinarios y atención especial.—1. La Formación Profesional Ocupacional dirigida a las personas con discapacidad posibilitará:
Artículo 21. Empleo ordinario y protegido.—El desarrollo de las acciones contenidas en este capítulo se articulará a través del apoyo a:
Artículo 22. Medidas de fomento.—Se potenciará la integración de los trabajadores con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo mediante la adopción de medidas que fomenten su contratación, en el marco de las reguladas por la normativa estatal y autonómica aplicables en la materia, primando de manera especial la primera inserción en el mercado ordinario de trabajo, así como la posibilidad de constituirse en trabajadores autónomos o la de integrarse en empresas de economía social.
Artículo 23. Acceso a la Función Pública.—1. Se garantiza la igualdad de condiciones con los demás aspirantes a las personas con minusvalía que concurran a las pruebas selectivas para ingreso en los cuerpos de funcionarios y en las categorías de personal laboral y estatutario al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades locales. Para ello se reservará un cupo no inferior al 3 por 100 del conjunto de las plazas vacantes de la Oferta de Empleo Público para las personas cuya minusvalía se determine reglamentariamente.
Artículo 24. Ayudas a las empresas para la integración laboral.—Se potenciará la acción que en la integración laboral realizan las empresas de empleo protegido mediante ayudas para la creación de puestos de trabajo.
Artículo 25. Centros especiales de empleo.—Se fomentará el empleo estable de los trabajadores con minusvalía mediante programas destinados a la creación y mantenimiento de centros especiales de empleo, que, previamente, hayan sido calificados como tales.
Artículo 26. Empleo con apoyo.—Como fórmula de tránsito a su inserción plena en el sistema ordinario de trabajo se desarrollarán programas basados en el empleo con apoyo a través de convenios de colaboración entre las administraciones públicas y entidades privadas.
Artículo 27. Servicios de apoyo a la integración laboral.—Para la consecución de los objetivos expuestos en los capítulos anteriores se crearán servicios de apoyo a la integración laboral de las personas con discapacidad que llevarán a cabo un seguimiento y evaluación individualizado de los procesos de inserción laboral de aquellas personas que lo requieran.
Artículo 28. Norma general.—El Sistema Andaluz de Servicios Sociales garantizará la adecuada prestación de servicios, tanto comunitarios como especializados, a las personas con discapacidad conforme al marco establecido en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.
Artículo 29. Servicios Sociales Comunitarios.—1. Los Servicios Sociales Comunitarios, en cuanto estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, configuran el primer nivel de atención a las personas con discapacidad.
Artículo 30. Clasificación.—Los Servicios Sociales Especializados, en cuanto instrumentos de atención específica a las personas con discapacidad dirigidos a posibilitar su integración social, se estructurarán, fundamentalmente, a través de:
Artículo 31. Centros de valoración y orientación.—1. Los centros de valoración y orientación se configuran como la estructura física y funcional de carácter público destinada a la valoración y orientación de las personas con discapacidad.
Artículo 32. Centros residenciales.—1. Los centros residenciales se configuran como recursos de atención integral destinados a aquellas personas que, al no poder ser asistidos en su medio familiar, lo precisen temporal o permanentemente.
3. Para mantener los posibles vínculos familiares existentes se favorecerá que los servicios residenciales acojan a las personas con discapacidad acompañadas de sus padres o familiares más cercanos cuando éstos también precisen de atención por su edad o situación física.
Artículo 33. Centros de día.—Los centros de día se configuran como establecimientos destinados a la atención de aquellas personas que no puedan integrarse -transitoria o permanentemente-en un medio laboral normalizado o que por su gravedad, requiriendo de atención continuada, no puedan ser atendidos por su núcleo familiar durante el día.
Artículo 34. Derechos de los usuarios de los centros residenciales y de día.—Los usuarios de los centros a que se refieren los artículos 32 y 33 gozarán de los siguientes derechos:
7. A que se les facilite las prestaciones sanitaria, farmacéutica, formativa, recreativas y similares, así como a la satisfacción de las necesidades que sean imprescindibles para conseguir un adecuado desarrollo personal.
8. A cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia o de sus representantes legales, sin perjuicio de los supuestos en los que la permanencia en el centro esté sometida a decisión judicial.
Artículo 35. Deberes de los usuarios de centros residenciales y de día.—Los usuarios de estos centros, sus familiares y, en su caso, sus representantes legales vienen obligados a:
Artículo 36. Atención en supuestos de penas de privación de libertad.—Se atenderá a las personas con minusvalía psíquica que se vean obligadas a ser privadas de libertad, como medida de seguridad por decisión judicial en centros penitenciarios, promoviendo, además, programas sociales que posibiliten a los jueces y tribunales adoptarlos como medidas sustitutivas. Para ello, los servicios sociales se coordinarán con la administración competente en instituciones penitenciarias y con el poder judicial.
Artículo 37. Fomento de entidades tutelares.—La Administración de la Junta de Andalucía promoverá, coordinada con la autoridad judicial, la atención a las personas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente, promoviendo entidades sociales sin ánimo de lucro que puedan desempeñar la tutela o curatela de aquéllas, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil.
Artículo 38. Seguridad económica y social.—Los poderes públicos velarán por la seguridad económica y social de las personas con minusvalía a fin de contribuir a su desarrollo personal y calidad de vida.
Artículo 39. Coherencia entre las medidas protectoras e integradoras.—Las administraciones públicas competentes en esta materia velarán por la necesaria coherencia entre las pensiones y las medidas de habilitación profesional e inserción laboral, de forma que aquéllas no sean un freno para la inserción laboral.
SECCIÓN 2.ª PROTECCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS A TRAVÉS DE PRESTACIONES DE CARÁCTER PERIÓDICO
Artículo 40. Prestaciones económicas.—La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá establecer prestaciones económicas de carácter periódico destinadas a personas con discapacidad que no puedan atender sus necesidades básicas de subsistencia, distintas y compatibles con las prestaciones del sistema de la Seguridad Social y a las que pueda otorgar la Administración del Estado.
SECCIÓN 3.ª PROTECCIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS A TRAVÉS DE PRESTACIONES DE CARÁCTER NO PERIÓDICO
Artículo 41. Acción protectora.—La acción protectora consistirá en aportaciones económicas que financien total o parcialmente los gastos derivados de la adquisición de ayudas técnicas, asistencia en centros, adaptación funcional del hogar, ayudas a la movilidad y a la comunicación, así como aquellas otras que favorezcan su integración social.
Artículo 42. Ayuda de habilitación profesional.—Con objeto de sufragar las necesidades de aquellas personas con minusvalía que, no alcanzando el grado necesario para acceder a una pensión no contributiva de invalidez, y teniendo dificultades de integración laboral, realicen un programa de habilitación profesional que les capacite para su posible inserción laboral, se establece una prestación económica de carácter temporal, en las condiciones y con los límites que se determinan reglamentariamente, denominada ayuda de habilitación profesional.
Artículo 43. Requisitos.—Para el reconocimiento del derecho a la percepción de alguna de las ayudas que se citan en los artículos precedentes, se tendrá en cuenta:
Artículo 44. Integración y atención especial.—Las iniciativas relacionadas con las actividades del ocio, la cultura y el deporte de las personas con discapacidad se llevarán a cabo atendiendo a sus características individuales, procurando su integración en las actuaciones destinadas a toda la población.
Artículo 45. Medidas de fomento.—Las administraciones públicas establecerán los cauces normativos y las medidas de fomento adecuadas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las actividades de ocio, culturales y deportivas, tanto las desarrolladas por iniciativa pública como privada.
Artículo 46. Disposiciones generales sobre accesibilidad.—En los planes urbanísticos, así como en todas las actuaciones que se realicen por cualquier entidad pública o privada o por personas individuales en materia de infraestructura, urbanización, edificación, transporte y comunicación, se garantizará a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad física, permanente o circunstancial, la accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento, de acuerdo con los contenidos de la presente Ley y en los términos que reglamentariamente se fijen.
Artículo 47. Definiciones.—Los conceptos y términos que se enumeran a continuación tienen, a los efectos de la presente Ley, el siguiente significado:
Artículo 48. Normas generales.—1. La planificación territorial y urbanística atenderá a que los medios urbanos e interurbanos resulten accesibles.
Para ello, los planes de ordenación urbana contemplarán la accesibilidad de manera expresa en sus estudios y determinaciones.
SECCIÓN 1.ª EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES DE CONCURRENCIA PÚBLICA
Artículo 49. Normas generales.—1. Para la construcción, reforma, cambio de uso o de actividad de edificios, establecimientos e instalaciones que impliquen concurrencia de público, será preceptivo que los espacios y dependencias, exteriores e interiores, de utilización colectiva, resulten accesibles a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Artículo 50. Itinerarios y espacios accesibles.—1. Deberán ser accesibles para personas con movilidad reducida, al menos, los siguientes espacios e itinerarios:
Artículo 51. Reserva de espacios.—1. Cuando se dispongan aseos, vestuarios, duchas, probadores, dormitorios u otras dependencias de utilización colectiva, cuyo uso requiera condiciones de intimidad, se reservará un número de ellos que serán accesibles para personas con movilidad reducida o con discapacidad sensorial en función del uso, actividad y aforo del edificio, establecimiento, instalación o número de habitaciones, en caso de establecimientos hoteleros, turísticos y similares, y según se establezca en las normas de desarrollo a la presente Ley.
SECCIÓN 2.ª EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
Artículo 52. Normas generales.—La construcción o reforma de viviendas destinadas a personas con minusvalía y de los espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario correspondientes a viviendas, cualquiera que sea su destino, sean de promoción pública o privada, se realizará de manera que resulten accesibles a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Las instalaciones, establecimientos y edificaciones complementarias de uso comunitario de las viviendas se regirán por lo establecido en la sección 1." del presente capítulo.
Artículo 53. Itinerarios y espacios accesibles.—En las zonas de uso comunitario de los edificios de viviendas, cualquiera que sea el destino de éstas, habrán de ser accesibles los siguientes itinerarios y espacios:
Artículo 54. Reservas de viviendas.—1. A fin de garantizar a las personas con movilidad reducida por causa de su minusvalía el acceso a una vivienda, en los proyectos de viviendas de protección oficial y de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan, financien o subvencionen por las administraciones públicas y demás entidades vinculadas o dependientes de éstas, se reservará un mínimo del 3 por 100 de viviendas de las promociones referidas, en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.
Artículo 55. Normas generales.—1. Los transportes públicos de viajeros cuya competencia corresponda a las administraciones autonómica y local habrán de cumplir las condiciones de accesibilidad establecidas en la presente Ley y en las disposiciones de carácter reglamentario que regulen las mismas.
Artículo 56. Normas generales.—Las administraciones públicas promoverán la supresión de las barreras en la comunicación, estableciendo los mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de comunicación y señalización a toda la población, garantizando especialmente el derecho a la información, a la comunicación, a la cultura, a la educación, a la sanidad, al trabajo, a los servicios sociales y al ocio.
Artículo 57. Intérpretes y guías.—Las administraciones públicas impulsarán la Formación Profesional en interpretación de la lengua de signos y en guías-intérpretes de personas sordo-ciegas.
Artículo 58. Medios audiovisuales.—Los medios audiovisuales dependientes de las administraciones públicas andaluzas elaborarán un plan de medidas técnicas que, de forma gradual, permita, mediante el uso de la lengua de signos, de subtitulaciones, de técnicas de audiodescripción o de otras medidas, garantizar el derecho a la información en el plazo más breve posible. La Administración de la Junta de Andalucía emprenderá las actuaciones necesarias destinadas a fomentar que los medios audiovisuales de titularidad privada secunden y adopten las medidas descritas en el presente artículo.
Artículo 59. Licencias y autorizaciones.—1. El cumplimiento de las previsiones contenidas en el presente Título y de las normas que lo desarrollen será exigible para el visado y supervisión de los proyectos y documentos técnicos, para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, proyectos y documentos técnicos, para la concesión de las preceptivas licencias de edificación y uso del suelo y para el otorgamiento de cualquier concesión, calificación, o autorización administrativa.
Artículo 60. Contratación administrativa.—En los pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares y de prescripciones técnicas que sirvan de base para la contratación pública de trabajos de consultaría y asistencia técnica relativos a la elaboración de proyectos y direcciones de obras y en las normas e instrucciones que se elaboren por los órganos de contratación para la redacción de proyectos y documentos técnicos y para dirección de obras, se recogerá la obligación de observar el cumplimiento de lo preceptuado por el presente Título y sus normas de desarrollo.
Artículo 61. Inspecciones técnicas.—Los órganos de control técnico con funciones inspectoras en la ejecución del objeto de los proyectos o documentos técnicos, así como los que hayan de intervenir en las recepciones, calificaciones y autorizaciones finales, observarán el cumplimiento de lo establecido en el presente Título y sus normas de desarrollo.
Artículo 62. Criterio general.—Cualquier medida tendente a adecuar las obras de infraestructura, edificios, establecimientos e instalaciones, medios de transporte y comunicación existentes a lo dispuesto en el presente Título y otras disposiciones de desarrollo, así como aquellas otras actuaciones no incluidas en su ámbito de aplicación que persigan la misma finalidad, gozarán de preferencia en el otorgamiento de subvenciones y ayudas y cualquier otra medida de fomento de naturaleza análoga que se conceda o gestione por la Administración de la Junta de Andalucía o sus empresas públicas, según se determine reglamentariamente.
Artículo 63. Gestión de las prestaciones.—Con objeto de garantizar la adecuada ejecución de las diferentes prestaciones establecidas en la presente Ley, las disposiciones de desarrollo de la misma determinarán los órganos a los que queda encomendada su gestión, sin perjuicio, en su caso, de los instrumentos específicos de coordinación y colaboración que hubieran de preverse al respecto.
Artículo 64. Coordinación entre las prestaciones económicas y las de integración laboral.—Los organismos y órganos responsables de las prestaciones económicas y de la habilitación, recuperación profesional e integración laboral establecerán la debida coordinación y colaboración.
Artículo 65. Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad.—1. Se crea, con naturaleza de órgano asesor, el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad con el objeto de promover el impulso y la coordinación de las actuaciones previstas en esta Ley, velar por su cumplimiento y hacer un seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Artículo 66. Fondo para la supresión de barreras.—1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de las consejerías competentes, creará un fondo destinado a subvencionar la supresión de barreras. Este fondo se nutrirá de las correspondientes dotaciones presupuestarias y del importe percibido de las sanciones pecuniarias impuestas por la Comisión de infracciones tipificadas en la presente Ley.
Artículo 67. Definición y clasificación.—1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan las obligaciones para con las personas con discapacidad y que estén previstas como tales infracciones en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que se pueda incurrir.
Artículo 68. Infracciones leves.—Se tipifican como infracciones leves:
Artículo 69. Infracciones graves.—Se tipifican como infracciones graves:
Artículo 70. Infracciones muy graves.—Se tipifican como infracciones muy graves:
Artículo 71. Responsabilidad.—1. La responsabilidad administrativa por las infracciones cometidas podrá corresponder, en cada caso, a:
Artículo 72. Prescripción de las infracciones.—Las infracciones reguladas en la presente Ley prescribirán:
Artículo 73. Medidas cautelares.—1. El órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.
Artículo 74. Multas.—1. Las infracciones previstas en la presente Ley serán sancionadas con multa, con arreglo a la siguiente escala:
Artículo 75. Otras sanciones.—1. Con independencia de las multas que puedan imponerse a los titulares de los centros o servicios de atención a las personas con discapacidad, en los supuestos de faltas muy graves y en función de la naturaleza de las circunstancias que concurran en la infracción, el órgano competente podrá acordar:
3. Con carácter accesorio, el órgano sancionador podrá acordar, en la resolución del expediente sancionador, la publicación de las sanciones impuestas, una vez hayan adquirido firmeza, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de los sujetos responsables y de la naturaleza y características de las infracciones en el ´Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ª, en los de la provincia y a través de los medios de comunicación social.
Artículo 76. Graduación de sanciones.—En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:
Artículo 77. Órganos competentes.— 1. La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores corresponde a:
VIGENTE DE 17 DE JULIO DE 1999 A 22 DE JULIO DE 2010.
Artículo 77. Órganos competentes.—Los órganos competentes para resolver el procedimiento sancionador e imponer las sanciones son:
Artículo 78. Prescripción de las sanciones.—Las sanciones reguladas en la presente Ley prescribirán:
Disposición adicional primera.—Las entidades locales, en el marco de sus competencias, llevarán a cabo la adaptación de sus ordenanzas sobre accesibilidad arquitectónica, urbanística, en el transporte y en la comunicación, a cuanto queda dispuesto en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo en el plazo de un año desde la entrada en vigor de las mismas. En ese mismo plazo, los municipios de más de 20.000 habitantes y las provincias elaborarán las prescripciones técnicas para la normalización y accesibilidad de los elementos del mobiliario urbano.
Disposición adicional segunda.—Los planes de evacuación y seguridad de edificios, establecimientos e instalaciones, de concurrencia pública, incluirán las determinaciones oportunas para garantizar su adecuación a las necesidades de las personas con discapacidad.
Disposición adicional tercera.—Excepcionalmente, cuando las condiciones físicas del terreno o las de la propia construcción, en el caso de obras a realizar en espacios públicos, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, así como cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico omedioambiental imposibiliten el total cumplimiento de la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, podrán aprobarse los proyectos o documentos técnicos correspondientes y otorgarse las licencias o autorizaciones pertinentes, siempre que quede debidamente justificado en el proyecto y motivado en los informes y resoluciones pertinentes tal imposibilidad. Para lo que habrá de observarse el procedimiento que reglamentariamente se regule.
Disposición adicional cuarta.—La Administración de la Junta de Andalucía y sus empresas públicas anualmente elaborarán un plan de actuaciones para la adaptación de los edificios, establecimientos, instalaciones, medios de transporte y de comunicación de ellos dependientes de la presente Ley y sus normas de desarrollo. En dicho plan se determinarán las fases, programas de tiempos, la cuantificación económica de las distintas intervenciones y el orden de prioridades de las mismas, así como los instrumentos para el seguimiento y control del plan.
Disposición adicional quinta.—Los planes de adaptación y supresión de barreras dispuestos en la presente Ley serán elaborados por las correspondientes administraciones públicas en el plazo de dos años desde su entrada en vigor y realizados en un plazo máximo de diez años.
Disposición adicional sexta.—La aplicación de las disposiciones de esta Ley a aquellos edificios o inmuebles declarados de interés cultural, inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz o con expediente incoado a tales efectos, así como a los incluidos en catálogos municipales, se sujetará al régimen previsto en la legislación vigente sobre la materia.
Diposición derogatoria única.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Disposición final primera.—En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará las normas reguladoras de los ingresos y traslados en los centros regulados en los artículos 32 y 33, de la ayuda de habilitación profesional del artículo 42, de los centros de valoración y orientación conforme al artículo 31, del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, de las ayudas económicas que protejan las necesidades específicas individuales de las personas con discapacidad a través de las prestaciones de carácter no periódico recogidas en la sección 3.ª del capítulo V, Título V de esta Ley, así como las disposiciones reguladoras de las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación en Andalucía.
Disposición final segunda.—Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente Ley.
Disposición final tercera.—La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».