Source: http://lavozdelpueblo-ciin.blogspot.com/2009/07/
Timestamp: 2018-06-25 17:07:06
Document Index: 246926731

Matched Legal Cases: ['artículo 80', 'artículo 10', 'artículo 105', 'artículo 10', 'artículo 81', 'artículo 80', 'artículo 105', 'artículo 11']

LA VOZ DEL PUEBLO: julio 2009
Casos recientes de represión
La criminalización de la protesta social, la militarización para una supuesta "guerra contra el narcotráfico", la represión a las organizaciones sociales, la violación constante a los derechos humanos de muchos activistas sociales, etc., son sólo algunos de los medios que el Estado ha utilizado para que acallar las cada vez mayores voces que se oyen en contra de las injusticias, la pobreza y la desigualdad.
FOSSCEPDignidad, Justicia, Libertad
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/29/index.php?section=estados&article=030n1est
Unas 100 personas se manifestaron el lunes fuera de la Procuraduría General de Justicia de Puebla para exigir la presentación del activista social Fermín Mariano Matías, cuyo cadáver fue identificado ayer Foto Abraham Paredes
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/29/index.php?section=politica&article=017n2pol
Golpean policías a un reportero en Sinalo
Mientras tanto, en Culiacán, Sinaloa, agentes de la policía municipal de Ahome golpearon al reportero Luis Fernando Nájera, del periódico El Diario y del semanario Ríodoce, durante un operativo llevado a cabo el sábado pasado en la ciudad de Los Mochis.
El comunicador, quien resultó con heridas en el ojo izquierdo y la garganta, presentó una denuncia ante la agencia tres del Ministerio Público, que abrió la averiguación previa 234/09, y ante la Comisión de Honor y Justicia de la corporación por los delitos de lesiones y abuso de autoridad.
Nájera fue dejado en libertad horas después, luego de permanecer incomunicado en el área de criminalística de la policía y de ser revisado por personal médico.
El juez ordenó la liberación con el argumento de que "no es delito preguntar sobre el operativo, además de que se trató de un reportero".
El incidente ocurrió la medianoche del pasado día 25, en la esquina de Higuera y Álamos, cuando agentes municipales detuvieron a un desconocido, al que golpearon y subieron a una patrulla, acusándolo de romper los cristales del vehículo asignada al comandante Raúl Alberto Muñoz Enrique.
Al percatarse de la agresión, el periodista intentó preguntar a los uniformados, quienes se encontraban a bordo de la patrulla 1352, sobre lo sucedido, pero éstos lo recibieron con golpes en el rostro y lo sujetaron del cuello para inmovilizarlo.
De acuerdo con el parte informativo 1715/09, rendido por los agentes, algunos estaban fuera de turno y al parecer apoyaban a un particular en la detención de una persona, junto con otros policías auxiliados por patrullas y vehículos privados.
Ellos dijeron que yo había querido quitarles al detenido a punta de golpes y empujones, que era la máxima autoridad porque era del cuarto poder y que iba a chingármelos, afirmó Fernando Nájera.
Acción Urgente- Imputación falsa del delito de secuestro de seis policías contra Jacinta FRANCISCO MARCIAL
AU-MEX-27-07-2009
ACCIÓN URGENTE: Imputación falsa del delito de secuestro de seis Agentes Federales de Investigación (AFI) contra la Señora Indígena Jacinta FRANCISCO MARCIAL.
México, a 27 de julio de 2009
C. Licenciada Norma Patricia Valdez Arguelles
Delegada Estatal de la Procuraduría General de la República en Querétaro
El Centro Independiente de Noticias y la Red de Acción por la Defensa de los Derechos Humanos, solicitamos su intervenciónURGENTE ante la imputación falsa del delito de secuestro de seis Agentes Federales de Investigación (AFI) contra la Señora Indígena Jacinta FRANCISCO MARCIAL.
A la Señora indígena Jacinta FRANCISCO MARCIAL, cuya defensa jurídica acompaña el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. se le ha imputado falsamente el secuestro de seis agentes federales de investigación por hechos ocurridos el día 26 de marzo de 2006 en su comunidad de Santiago Mexquititlán. Por lo anterior, fue acusada y sentenciada el día 19 de diciembre de 2008, imponiéndosele una pena privativa de la libertad de 21 años, misma que fue recurrida en apelación revocándosele sentencia a efecto de realizar careos procesales por contradicciones sustanciales.
De acuerdo con información difundida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., información ampliada en este documento, el delito de secuestro nunca existió y por lo tanto no puede acreditarse con las pruebas que se encuentran en el expediente. En este mismo sentido tenemos conocimiento que no existen elementos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Jacinta FRANCISCO MARCIAL.
Nos parece sumamente preocupante que los mismos elementos policíacos, quienes se dicen víctimas, hayan sido los que han asumido desde la averiguación previa el carácter de ofendidos, investigadores y testigos. Además, en la resolución de la apelación, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito con sede en Querétaro, encontró contradicciones sustanciales, imprecisiones e incongruencias en la versión de la parte acusadora. Con base en esas probanzas se ha privado de su libertad y condenado a la señora indígena Jacinta FRANCISCO MARCIAL, una persona inocente, por un delito respecto del cual su probable responsabilidad no se demuestra.
Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 17 de julio del presente, la recomendación 47/2009 dirigida a Usted, en donde señala que le han sido vulnerados a Jacinta y sus co-acusadas los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia, con las probadas actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de los elementos de la antigua Agencia Federal de Investigación, perteneciente a la institución que Usted preside.
Según información difundida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) llegaron al tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán, comunidad ñähñhú del sur de Querétaro. Bajo el pretexto de que en dicho lugar se vendían artículos "pirata", los agentes, que no portaban uniforme, agredieron a los tianguistas con actitud amenazadora, causando destrozos a los productos ahí vendidos.
Ante la agresión, la gente exigió a los policías mostrar su identificación y la orden que avalara dicha actuación, petición apegada a la legalidad, pues exigían el respeto a sus derechos ante un acto arbitrario.
Con la intervención, solicitada por los agentes, de un agente del Ministerio Público Federal y de su superior regional, se llegó a un primer acuerdo: los funcionarios reconocieron que los policías habían cometido un error, por lo que se comprometían a responder por los daños ocasionados. A los comerciantes se les dio mercancía que no era suya, incumpliendo los acuerdos, los que generó indignación por parte de los comerciantes.
Una vez más, funcionarios y comerciantes llegaron a un acuerdo, el pago en efectivo por los daños causados. Ante la imposibilidad de resarcirlos ipso facto, debían trasladarse a San Juan del Río para conseguir la cantidad debida. En garantía de que este nuevo acuerdo sí sería cumplido y, por lo tanto, de que regresarían con el dinero suficiente para pagar los daños, los propios agentes acordaron dejar a uno de sus compañeros en Santiago Mexquititlán. Este agente no fue molestado ni maltratado en ningún momento. Cuando se cumplió lo pactado, aproximadamente a las siete de la tarde, el incidente parecía haber terminado. De ello hay constancia en un documento firmado por el agente del Ministerio Público Federal en el que los agentes de la AFI se comprometen a no molestar más a los pobladores de Santiago Mexquititlán.
Sin embargo, el tres de agosto de 2008, un grupo de personas, de nuevo sin uniforme, llegó a la casa de Jacinta FRANCISCO MARCIAL. Le informaron que tenía que trasladarse con ellas a Querétaro para declarar sobre la poda de un árbol. Sin embargo fue trasladada al Juzgado Cuarto de Distrito en un vehículo sin identificación oficial. Al llegar al lugar, fue presentada ante medios de comunicación sin conocer de qué se le acusaba. No fue sino hasta que llegó al CERESO femenil de San José el Alto que, con complicaciones, sus compañeras le explicaron que le atribuían, junto a Alberta Alcántara y Teresa González, el supuesto secuestro de los seis agentes de la AFI en los hechos del 26 de marzo. El proceso de Jacinta culminó dos años después. El 19 de diciembre de 2008 se le dictó sentencia condenatoria a 21 años de prisión y dos mil días de multa. Las otras dos acusadas fueron sentenciadas con la misma pena un mes después.
La acusación carece de sustento y la sentencia es, a todas luces, injusta. La actuación de las autoridades parece más un acto de venganza contra los pobladores que impidieron la actuación arbitraria de los agentes de la AFI y no un acto de justicia. Las únicas pruebas empleadas para acusar a doña Jacinta fueron aportadas por los mismos agentes e integradas por el agente del Ministerio Público de la Federación que también había participado en los hechos del 26 de marzo. En esas condiciones, es posible presumir que ambas autoridades actuaron de común acuerdo para imputar falsamente delitos a algunos tianguistas de Santiago Mexquititlán en represalia por impedir el abuso que se quería cometer contra ellos.
I. Por lo anterior, y en virtud de que se encuentra aún en el plazo marcado por la ley para aceptar la recomendación de la CNDH, le solicitamos respetuosamente que la acepte y cumpla cabalmente a fin de que no se siga perpetuando una injusticia.
II. Así mismo, consideramos de vital importancia que actúe en consecuencia promoviendo el sobreseimiento del proceso penal 48/2006 instruido en contra de Jacinta Francisco Marcial y sus co-acusadas ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro.
III. Garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por México.
Confiamos plenamente en que analizará minuciosamente el caso y que resolverá con base en la verdad y conforme a los estándares de protección a los derechos humanos.
La noche del miércoles 8 de julio, un piquete de agentes de la Procuraduría General de la República detuvo a Mario Romero cuando salía de una reunión de profesores de la universidad, acusado de "dar información al cártel de la Familia Michoacana". Incomunicado, sin derecho a abogado defensor y teniendo como pruebas "una denuncia anónima", le fue declarado el auto de formal prisión el martes siguiente. Ninguno de los que lo encarcelaron y juzgaron supo a ciencia cierta que él había recibido del Centro de Investigación y Docencia Económicas el Premio Nacional de Gobierno y Gestión Local 2006, así como el Premio Michoacán a la Gestión Municipal 2007 y el Reconocimiento por Gestión de Calidad 2007 por la Asociación Española de Normalización y Certificación, con sede en Madrid.
Pronunciamiento público 30 de julio de 2009
La Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, integrada por organizaciones sociales, civiles y pueblos de los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, manifestamos nuestro repudio y más enérgica condena por la detención arbitraria y el injusto proceso penal al que se encuentran sometidos nuestras compañeras y compañeros Sara López, Guadalupe Lizcano, Joaquín Aguilar, Elmer Castellanos y Guadalupe Borjas, integrantes del Movimiento de Resistencia Civil contra las altas tarifas de energía eléctrica de Candelaria, Campeche.
El encarcelamiento injusto de estos luchadores sociales es parte de un operativo de represión legal, ordenado desde la CFE y la PGR con la permisión del gobierno estatal de Campeche, que incluye 27 órdenes más de aprehensión, la integración de averiguaciones previas contra varias personas por el delito de "robo a la riqueza de la nación" y un hostigamiento constante por parte de agentes de la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva, policía municipal y la Comisión Federal de Electricidad hacia los integrantes de la Resistencia Civil, tal como se denunció el pasado 24 de Julio.
http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article430
Insistimos en recordar que es un derecho constitucional de las personas el hacer valer sus derechos a la libre expresión, manifestación, opinión y crítica, y que es responsabilidad de las autoridades la seguridad de todas las personas y el respeto a estos actos legales, legítimos y pacíficos.
AU-035-2009-ASESINATO PERIODISTA-GRO
PETICIÓN PARA QUE SE PROTEJA A UNA FAMILIA INTIMIDADA
Unos soldados irrumpieron en la casa de la familia Zamora Gómez, en el estado de Morelos, centro de México, y torturaron a tres personas. Registraron la casa y no hallaron armas ni drogas, pero volvieron para mantener el lugar bajo vigilancia. La familia corre peligro de sufrir nuevas violaciones graves de derechos humanos.
El 24 de julio, a las doce y media de la noche, un grupo de 15 soldados, armados y cubiertos por pasamontañas, echó abajo la puerta principal de la casa de la familia Zamora Gómez en el municipio de Jiutepec e irrumpió en su interior. Los soldados no contaban con orden judicial para entrar en la casa. Agarraron y ataron a José Natividad Zamora Gómez (de 25 años), su hermano Andrés Zamora Gómez (de 27) y su cuñado Jorge Hernández Jardón (de 24), y empezaron a golpearlos, preguntándoles sobre "armas y drogas" y sobre lo que sabían acerca de una banda criminal local. Metieron en una habitación a la madre de los dos hermanos, a sus esposas y a sus cuatro hijos de corta edad, y los interrogaron también.
Los soldados pusieron a Andrés Zamora una funda de almohada sobre la cabeza y luego lo empaparon con agua mientras seguían golpeándolo e interrogándolo. Andrés Zamora no podía hablar, ni casi respirar. Luego lo sacaron de la casa y lo arrojaron a la calle. Los soldados registraron también la casa, diciendo que buscaban drogas y armas. No encontraron nada, y a las dos de la madrugada se marcharon. Al preguntárseles por qué hacían todo eso, respondieron que sólo hacían su trabajo, y que volverían para continuar con los interrogatorios. Al poner en orden la casa, la familia se dio cuenta de que faltaban 1000 pesos (75 dólares estadounidenses), cuatro teléfonos móviles y otras cosas. La tarde del 25 de julio, los soldados regresaron en un camión militar, que aparcaron ante la casa. Estuvieron vigilando la casa, dirigiendo la luz de un foco hacia ella, hasta que el 26 de julio se marcharon.
La familia Zamora Gómez presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una denuncia por el trato recibido a manos de los soldados.
instando a las autoridades a garantizar que la familia Zamora Gómez recibe protección adecuada, conforme a sus deseos, tras el registro ilegal y la tortura de tres de sus miembros a manos de soldados el 24 de julio en el municipio de Jiutepec, Morelos;
pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación independiente e imparcial sobre este caso de registro domiciliario ilegal y tortura, y que hagan rendir cuentas a los responsables;
pidiendo que se tomen medidas efectivas para garantizar que las operaciones militares contra la delincuencia se llevan a cabo de acuerdo con la ley y las normas internacionales de derechos humanos, y que todo presunto abuso se investiga de forma inmediata e imparcial.
Compañeros, Enviamos una declaracion sobre implicaciones de coordinacion con el Comando Norte. Es un tema relativamente nuevo que urge difundir Saludos Raul Alvarez
Reprobamos la participación de México en el ejercicio antiterrorista del Comando Norte
El Comando Norte de los Estados Unidos es la instancia encargada de la concepción doctrinaria y la coordinación funcional y operativa de las Fuerzas Conjuntas constituidas por todos los organismos de fuerzas armadas de tierra, mar y aire, de agencias y programas espaciales, de organismos civiles, e incluso de empresas privadas, en todos los niveles, federal, estatal, de condado y de territorios de reservas tribales, relacionados con los planes de seguridad interior de Norteamérica.
Como se sabe en estos días, del 27 al 31 del presente, se está realizando un ejercicio de simulacro de acción antiterrorista del Comando Norte, con la participación de fuerzas multinacionales invitadas, Canadá, Alaska, México, países del Caribe y Australia. La región de operaciones denominada FEMA VI es la correspondiente al límite norte del Golfo de México caracterizada por una concentración muy alta de centros industriales, comerciales y financieros de actividad petrolera. La zona de mayor intensidad del simulacro en los Estados Unidos incluye los Estados de Texas, Luisiana, Arkansas, Oklahoma y Nuevo México, en frontera con los Estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. El ejercicio consiste, según se explica, en una señal de alarma de ataque terrorista, falsa en su contenido pero que se hará llegar como verdadera a algún punto del sistema, para desencadenar desde ahí el conjunto de medidas de seguridad previstas, mecanismos de coordinación, intercambios de información de inteligencia, acciones militares preventivas, etc. y valorar de esa manera el grado de eficacia en los procedimientos del Comando Norte.
Las formulaciones y eufemismos con que se han dado a conocer estas actividades de coordinación entre los organismos mexicanos correspondientes con el Comando Norte difícilmente esconden hechos consumados. En efecto la idea de que México ha sido "invitado" a participar con personal militar nacional en el Comando Norte, y las propias respuestas de la Cancillería mexicana de que "prefiere mantener relaciones más amplias con el Pentágono¨ revelan que la cooperación México – USA en políticas antiterroristas tiene ya un largo tiempo de haber sido establecidas, a partir del atentado a las Torres Gemelas en septiembre del 2001 y en especial de los acuerdos de WACO entre los ex presidentes George W. Bush y Vicente Fox en el año 2005..
En la agenda de seguridad de Norteamérica destacan los temas de seguridad energética en especial de suministros petroleros por el alto nivel de sus importaciones, el sellamiento de la frontera ante eventuales presiones masivas de inmigrantes y el narcotráfico. Petróleo, inmigración y narcotráfico también son temas prioritarios de la agenda de seguridad de México, pero con objetivos y propósitos sustancialmente diferentes a los de Estados Unidos. En consecuencia las políticas, organismos y procedimientos de seguridad en México no tienen porque ser idénticos, ni siquiera semejantes, a los de Estados Unidos.
En ese sentido nos preocupan antecedentes ominosos de políticas de seguridad de inspiración norteamericana que han ensangrentado al Continente con una cauda de crímenes de lesa humanidad dejando miles de desaparecidos. Tal es el caso de la llamada Operación Fénix, implementada desde 1976, que consistió en mecanismos de coordinación de los ejércitos y agencias de inteligencia de los gobiernos sudamericanos para perseguir y asesinar a los opositores estigmatizados como subversivos y perseguidos más allá de sus propias fronteras nacionales, algo semejante a como se está tratando a quienes hoy en día son señalados como "terroristas" y torturados en las cárceles de Abu Grahim en Irak, o trasladados como secuestrados en vuelos clandestinos hacia la prisión de Guantánamo, todo esto en el marco de las disposiciones "legales" de la Ley Patriótica norteamericana que niega los más elementales derechos a quienes son detenidos como simples sospechosos.
Por las razones expuestas demandamos a las más altas autoridades políticas de México, información y explicaciones suficientes de los acuerdos y compromisos establecidos con el gobierno norteamericano en cuestiones de seguridad "conjunta", que presumimos como violatorios de la legalidad constitucional. En particular exigimos lo correspondiente a los casos más recientes de desaparecidos, el defensor de Derechos Humanos michoacano Francisco Paredes Ruiz detenido frente a personal militar el 27 de septiembre de 2007 y los miembros del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos en Oaxaca en mayo del mismo año señalados irresponsablemente por el Procurador Eduardo Medina Mora como presuntos "terroristas", por lo cual podrían eventualmente encontrarse detenidos en Guantánamo o en algún otro centro semejante.
De igual manera demandamos una discusión nacional al más alto nivel, en el Congreso de la Unión, para examinar y definir exhaustivamente como puntos prioritarios los asuntos relativos a la agenda de Seguridad y Justicia que ya acumula numerosos pendientes y que no puede continuar sujeta a improvisaciones y decisiones políticas unilaterales.
México DF a 27 de Julio de 2009
Raúl Alvarez Garín Félix Hernández Gamundi
Denominado Ejercicio a Gran Escala para Oficiales de Alto Nivel (Nacional Level Excercise 09, NLE09 por sus siglas en inglés), el simulacro pretende entrenar a funcionarios mexicanos para enfrentar un eventual ataque de ese tipo.
En el caso de México, participan cerca de 200 funcionarios de 14 dependencias, incluidos militares, quienes están concentrados en las instalaciones del Cisen.
Entre las instancias gubernamentales están las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda y Gobernación, que lo hacen a través del Cisen y del Instituto Nacional de Migración.
De Hacienda participan la Unidad de Inteligencia Financiera y Aduanas, y también están la Procuraduría General de la República, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardia Nuclear.
En los simulacros se prevén más de cuatro mil actividades entre los cinco países, que responden a situaciones de emergencia a través de medios de información virtuales creados ex profeso.
El 1 de octubre, las dependencias deberán emitir un reporte -que será confidencial- sobre la manera en que deben actuar en caso de una situación real de emergencia.
Calderón, el militarista, capacita al ejército en la represión contra las luchas del pueblo
¿Por qué el gobierno hace tanta propaganda de sus batallas cuando la delincuencia organizada es parte de las mismas instituciones?
1. A partir del próximo lunes 27 y durante la próxima semana, publicó El Universal, los oficiales de alto rango de las agencias civiles, a nivel de secretarías y de ejércitos de Estados Unidos, México, Canadá, Australia y el Reino Unido, realizarán ejercicios de comunicaciones que darán paso a un simulacro, que se iniciará cuando los participantes de los servicios de inteligencia y agencias de la ley de dichos países reciban un reporte ficticio sobre un posible ataque terrorista, el cual deberán evitar. La intención de este ejercicio es conocer cómo se reacciona ante este tipo de situaciones, "y es una oportunidad para que los oficiales de las agencias se comuniquen con sus contrapartes de otros países", declaró McEntire, del Departamento de Estado. Aunque este curso se realiza cada año, otras decenas de "entrenamientos" reúnen a los militares siempre.
2. La realidad es que este tipo de información es escondida permanentemente como "secreto de Estado". El personal del ejército mexicano: altos jefes, oficiales y soldados, lleva más de medio siglo asistiendo a escuelas, cuarteles y a entrenamientos llamados "antiterroristas" y "anticomunistas" para cuidar la estabilidad del sistema de explotación capitalista de México y de los EEUU. Y aunque el dirigente chino Mao Tsetung haya dicho alguna vez que "el imperialismo es un gigante con pies de barro" porque en la lucha lo determinante no son las poderosas armas o las estrategias sino el apoyo del pueblo, la realidad es que con esos ejércitos entrenados y bien ideologizados para asesinar, resulta mucho más difícil luchar. Por eso los EEUU no han dejado de impartir cursos, abrir bases militares, firmar pactos y de controlar ejércitos.
3. La realidad es que cuando las masas del pueblo han dicho "¡Basta!" y se ponen en movimiento no hay ejército alguno que las pueda someter. A pesar de las grandes masacres. Pasó en Venezuela en abril de 2002; en Bolivia hace unos años cuando los terratenientes quisieron derrocar al presidente Morales, y esperamos que en Honduras las masas puedan convencer al ejército de no disparar contra sus hermanos indígenas y campesinos. El papel de las masas trabajadores siempre es determinante, como sucedió en México en 1913 cuando después del Golpe de Estado que sufrió Madero por aquel "Pacto de la embajada de los EEUU", a las pocas semanas la rebelión campesina y en las ciudades se extendió hasta hacer caer el golpista Victoriano Huerta a los pocos meses de estar asesinando al pueblo. El pueblo manda, pero debe organizarse.
4. El último presidente militar que gobernó el país, vía proceso electoral, fue Manuel Ávila Camacho (1940/46) A partir de 1946 los gobiernos han sido civiles, pero ninguno de los 10 presidentes anteriores, hasta es gobierno calderonista, le había dado tal fuerza y tal poder al ejército. Esa mentalidad represora del actual presidente panista es una manifestación ideológica de su partido que -como en los tiempos de Porfirio Díaz y su "Paz, Orden y Progreso"- habla de una "Patria ordenada y generosa". Por eso desde los primeros días de su gobierno Calderón, horrorizado por las manifestaciones de protesta lópezobradoristas en las calles reclamándole el fraude electoral, decretó un aumento de salarios a todos los miembros del ejército poniéndolos en las calles con el pretexto del combate contra el narcotráfico y a la llamada "delincuencia organizada".
5. Solo hace algunos meses el gobierno de Calderón se comprometió a engrosar al ejército de la o nU en sus acciones de intervención que practica en otros países. Lo grave es que el ejército de los "cascos azules" interviene casi siempre apoyando a los EEUU y con ello resulta fácil que también México sea un blanco de bombardeo de los países agredidos por los EEUU. La firma de la llamada "Iniciativa Mérida" o Plan México en marzo de 2007 fue un reconocimiento del gobierno yanqui de Bush al gobierno de Calderón porque las cosas se estaban haciendo bien, porque México como su traspatio, estaba cuidando adecuadamente la frontera yanqui. Como pago de esa efectiva e incondicionalidad de México se han comenzado a recibir del gobierno de los EEUU las armas, los helicópteros y todo el instrumental técnico/estratégico de guerra.
6. Da la impresión de que la gente no se entera ni tampoco le importa. Mientras los partidos políticos luchan por tener más legisladores, por ganar comisiones y por lograr más ingresos económicos vía subsidios y salarios; en tanto el pueblo se entretiene en la búsqueda de alguna fuente de ingresos, en defenderse de las agresiones de que es víctima por parte de empresarios y gobierno, el régimen de Calderón avanza en su estrategia "envolvente" dirigida a varias regiones y comunidades indígenas y campesinas considerados peligrosos" por sus antecedentes históricos. Mediante acusaciones de colaborar con el narcotráfico varios pueblos y regiones de Michoacán, Hidalgo, Morelos y Estado de México, que recepcionaron con entusiasmo la "marcha por la tierra" de los zapatistas en 2001, están siendo vigiladas, amenazadas y reprimidas.
7. Pensé que por la "madriza" electoral que dio el PRI al PAN en las elecciones de hace 20 días cambiarían algunas pequeñas cosas: que el PRI pediría (y casi obligaría a Calderón) al retiro del ejército de las calles y que no se volvería a hablar de la aplicación de la carga del IVA a medicinas y alimentos para que comience a recuperarse la confianza ante el gigantesco abstencionismo electoral y las altas manifestaciones del llamado "voto nulo". Pero no: la realidad es que no sabemos quién deba más a quien entre el PRI y el PAN. Hay gobernadores corruptísimos del PRI como los de Oaxaca, Puebla, Sonora que el PAN apoya y hay acusaciones contra la familia Fox y otros panistas por las que el PRI se hace de "la vista gorda". Existe desde hace más de 60 años un maridaje por intereses de esos dos partidos y deben apoyarse uno al otro.
8. La llamada delincuencia organizada se organiza a través del Estado mexicano. Los más grandes políticos y los más poderosos empresarios viven junto a los numerosos grupos de traficantes de droga. Como el narco Estado colombiano, en México se ha comprobado que los narcotraficantes se mueven dentro de los jefes del ejército, entre los jerarcas de la iglesia, invierten en negocios empresariales mediante el lavado de dinero, costean campañas de los políticos y penetran en los medios de información. ¿Por qué el gobierno hace tanta propaganda de sus batallas cuando la delincuencia organizada es parte de las mismas instituciones? ¿Será que pretenda el gobierno con el ejército "en combate" justificar los millones de dólares que recibe del gobierno de EEUU y de los empresarios horrorizados por la llamada inseguridad o es la apariencia?
NO SE COMO EMPEZAR PORQ ME EMBARGA EL CORAJE
HOY 27 JUIO PASADAS LAS 13 HORAS POR TERCER OCASION EL EJERCITO
REVISO MI CASA EN ESTA OCASION ROMPIERON LOS CANDADOS DE LA REJA, QUEBRARON EL VIDRIO DE A PUERTA DE LA ENTRADA E IRRUMPIERON A ELLA.
MI COMPANIERA ESTABA RECOSTADA EN A HABITACION DEL FONDO Y NO PUDO EVITAR QUE ESTOS ORATES DEL EJERCITO ENTRARAN
PEDIAN DOCUMENTOS DE MI TROCA PICK UP 1952 Q INTENTO REPARAR LA CUAL SE ENCONTRABA EN LA COCHERA Y REVIZARON EL INTERIOR DE LA CASA, SE TRATA DE ELEMENTOS DE EJERCITO QUIEN AL SER CUESTIONADOS COMENTARON Q TENIA UNA DENUNCIA ANONIMA
EL EJERCITO COMO SUPUESTAMENTE SE RETIRA DE LA CIUDAD PUES ANDA AMEDRENTANDO A QUIENES NOS OPONEMOS A SU PRESENCIA PUE HAN SIDO BASTANTE INEFICIENTES
NUNCA NADIE EN 28 ANIOS DE VIVIR EN ELIA HABIA REALIZADO TAL ATROPELLO
DESGRACIADAMENTE LA VECINA Q ACUDIO EN NUESTRO AUXILIO NI MI COMPANIERA TOMARON LOS DATOS DEL AUTOMOVIL EN Q SE TRANSPORTABAN MAS DE 20 EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS.
NO HAY DATOS PERO ESTAN LOS CANDADOS, EL VIDRIO ROTO Y LA PALABRA DE ESTAS 2 MUJERES Q ESTUVIERON PRESENTES
OTROS VECINOS TAMBIEN SE DIERON CUENTA DE ESTA ACTIVIDAD, PERO EL MIEDO LOS HACE CALLAR
AGRADESCO LA OPORTUNA SOLIDARIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA KASA DE LA KULTURA Y LOS MAESTROS COMPANIEROS DE LA UNIVERSIDAD
ESTOS ULTIMOS SUGIEREN IR VARIOS A LA GUARNICION DE LA PLAZA A PONER LA DENUNCIA.
DESGRACIADAMENTE ES FIN DE QUINCENA Y NO TENGO LOS RECURSOS PARA PONER EL VIDRIO NI GASOLINA PAL MENEAJE
DESGRACIADAMENTE ESTO SOLO LE SUCEDE A LOS Q MENOS TIENEN
NO HE SABIDO DE Q ALLANEN UNA CASA EN LAS MISIONES, SAN MARCOS O OTRA COLONIA DE ESE TIPO
MSP Jesús Armando Jiménez Gutiérrez
ASESORIA SOCIOMEDICA Y EPIDEMIOLOGÍA LABORAL
Tel. (656) 6-18-47-90 Y 656-618-47-90
Celular 045 656 2 11 20 27
PD.- ESPERO ESTO NOS MOTIVE A BUSCAR UNA SOLUCION A ESTOS PROBLEMAS, COMO DIJE LA PRIMER VEZ ALGO SE TIENE Q HACER
http://www.proceso.com.mx/impreso_articulo.php?articulo=149137
El decretazo promilitar
Después de que en el sexenio de Calderón el Ejército ha recibido más de 50% de las recomendaciones que la CNDH le ha girado desde 1990, y cuando se analiza la iniciativa de ley para que las Fuerzas Armadas puedan establecer estados de excepción en algunas regiones del país, el presidente de la República se lava las manos de los actos que en adelante puedan cometer los militares que él comanda en su guerra contra el narcotráfico.
El presidente Felipe Calderón se deslinda de las acusaciones contra su principal aliado, el Ejército, al darle más facultades al procurador general de Justicia Militar para enfrentar al Congreso o a gobiernos estatales y municipales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que la Presidencia de la República asuma las responsabilidades que le correspondan.
El miércoles 22, el presidente Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que deja sola a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los juicios o acciones legales que se emprendan contra los militares.
El decreto, que está en vigor desde el jueves 23, reformó el Reglamento Interior de la Sedena para que sea el propio Ejército, a través de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), el que haga frente a cualquier acción legal que se enderece en contra del Ejecutivo por actos imputables a la actuación de los militares.
El presidente de la República, quien de acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército es su comandante supremo, evitará de esta manera asumir directamente los juicios que se lleguen a presentar contra el Ejecutivo por la participación de esa fuerza armada en el combate a la delincuencia organizada, en especial por violaciones a los derechos humanos, o en caso de que se alegue invasión de jurisdicción.
El decreto también está encaminado a las facultades que Calderón quiere dar a las Fuerzas Armadas para que asuman el control de la seguridad interior en donde les ordene el propio presidente, lo que podría incluir la adopción de medidas como el estado de excepción (Proceso 1707).
El decreto reforma los artículos 10 y 80 y adiciona dos fracciones al mismo artículo 80 del Reglamento Interior del Ejército para que toda acción legal contra el Ejecutivo en esta materia recaiga en el titular de la Sedena y, en particular, en la PGJM.
La modificación al artículo 10, en su fracción IX, amplía las atribuciones y responsabilidades del secretario de la Defensa Nacional para que éste sea el responsable de representar al presidente en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se presenten en la Suprema Corte.
Hasta el pasado martes, esa representación se limitaba a los juicios en materia de amparo.
La nueva disposición establece la obligación del secretario de "representar al presidente de la República en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo federal".
Aunque el mismo artículo 10 del reglamento se refiere a las "facultades indelegables" del general secretario, la reforma dice que el titular de la Sedena podrá ser reemplazado en esta representación, de conformidad con el artículo 81 del mismo ordenamiento, que se refiere a las suplencias de los servidores públicos de la dependencia.
La reforma al artículo 80 es la que amplía las atribuciones del procurador de Justicia Militar. Ese artículo establece las atribuciones que tiene como consultor jurídico de la secretaría, pero la modificación le confiere el papel de representar al presidente de la República.
El decreto añade la fracción IV bis para asignar al titular de la PGJM la obligación de "representar al presidente de la República en todos los trámites establecidos por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política (…) en aquellos asuntos que corresponda a la Sedena representar al titular del Ejecutivo federal".
También crea la fracción IV ter para que el procurador intervenga en las controversias y acciones de inconstitucionalidad en las que el secretario de la Defensa Nacional represente al presidente de la República.
En la fracción V precisa que el procurador militar deberá representar al general secretario, al subsecretario de la Defensa Nacional, al oficial mayor y a cualquier otro servidor público de los órganos administrativos, con residencia en la Ciudad de México y zona metropolitana del Valle de México, en los juicios de amparo en los que sean parte.
El decreto no menciona la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política, relacionada con las controversias y acciones de nconstitucionalidad que debe conocer la Suprema Corte.
El artículo 11 de dicha ley establece, en su párrafo tercero, que en estos dos recursos de protección constitucional el presidente de la República será representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del gobierno, conforme lo determine el propio titular del Ejecutivo.
El diputado Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa de la saliente LX Legislatura, ve en el reglamento un abandono, por parte de Calderón, de quienes han sido sus principales aliados en el gobierno.
"Calderón se está deslindando de una eventual embestida institucional si se agrava el problema de las violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo en caso de que el Ejército ejerza las nuevas atribuciones que el propio Ejecutivo le quiere dar en materia de seguridad interior", dice el diputado del PRD por el Distrito Federal.
Calderón, en efecto, presentó al Senado de la República, en abril pasado, una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional para que las Fuerzas Armadas puedan asumir el control en aquellos lugares donde el propio presidente considere que está en peligro la seguridad interior.
De acuerdo con el diputado, "Calderón se está lavando las manos de las consecuencias que puedan tener los actos del Ejército. Es algo que ni siquiera hizo Gustavo Díaz Ordaz, pues asumió toda la responsabilidad sobre los hechos del 2 de octubre de 1968".
Añade: "Es un mensaje muy perverso porque, por un lado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reta a La Familia michoacana y a la delincuencia organizada, en general, a enfrentarse con las fuerzas federales, y por otro Calderón le dice al Ejército que se defienda solo".
Suárez del Real asegura que hasta ahora la PGJM había colaborado con la Presidencia en los actos jurídicos emprendidos contra la Sedena, pero que carece de un equipo para enfrentar a otro poder –el Congreso– en el caso de las controversias constitucionales, o a diferentes instancias de gobierno en las acciones de inconstitucionalidad.
Explica que el ámbito de la PGJM es el de la aplicación del fuero militar hacia el interior del Ejército, por lo que su actuación no debe extenderse más allá de la institución. En la práctica, considera, el decreto representa una ampliación del fuero constitucional en relación con el mundo civil.
"Es la respuesta que da Calderón a las demandas internacionales para que en México se acote el fuero militar", añade.
El decreto reformó el Reglamento Interior de la Sedena que apenas había sido publicado el 29 de diciembre del año pasado, en el que se incorporó la creación de la Dirección General de los Derechos Humanos ante el incremento de las violaciones cometidas por el Ejército como resultado de los operativos contra el narcotráfico.
El pasado miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que la Sedena es la institución gubernamental con el mayor número de quejas por violar las garantías individuales.
Según la CNDH, de 2 mil 956 quejas que recibió en el primer semestre del año, 559 fueron contra el Ejército. Al día siguiente, el director general de los Derechos Humanos del Ejército, el general de brigada Jaime López Portillo Robles Gil, desestimó los señalamientos contra el Ejército y negó que se proteja a los militares implicados en ese tipo de violaciones.
Informó que 12 militares han sido sentenciados y 53 más están procesados por diversos delitos, entre ellos homicidio, tortura y secuestro.
Dijo que esas cifras se deben a la participación del Ejército en el combate al narcotráfico y "al incremento de su presencia en las calles, lo que fomenta de forma proporcional el contacto con la población".
De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la propia Sedena, desde la creación de la CNDH en 1990, el Ejército ha recibido 67 recomendaciones, de un total de 5 mil 937 quejas.
De esas recomendaciones, 35 –más de 50% del total– se han registrado en apenas dos años y medio del sexenio de Calderón, en el que se han levantado 2 mil 461 quejas contra el Ejército.
Por región, la secretaría ubica las siguientes estadísticas de quejas promovidas: 195 en Saltillo, Coahuila; 84 en Morelia y 72 en Apatzingán, ambos municipios de Michoacán; 58 en Tijuana, Baja California; 54 en Durango; 52 en
Viernes 31 de julio del 2009.
A las organizaciones y compañeros que nos apoyaron.
Liga mexicana de derechos humanos, LIMEDDH, Foro Social Mundial-México, Marcha Mundial Por la Paz y la NO VIOLENCIA, Organizaciones y compañeros del FNCR, Movimiento urbano Popular de la convención nacional democrática, foro de la izquierda proletaria, Izquierda Democrática-IDP, Consejo para la defensa de los derechos humanos, a.c., consejo pro-derechos humanos a.c., a las organizaciones participantes en el taller continental de poder popular, Barzón de la ciudad de México, etcétera.
Por medio de la presente carta agradecemos todas las actividades y pronunciamientos que se hicieron y que se desarrollaron en lo nacional e internacional, de apoyo hacia nosotros, Fermín y Margarita, compañeros del MLP-FNCR.
Agradecemos a los compañeros que nos acompañaron y que permanecieron en la parte de afuera de la PGR/SIEDO, durante esta comparecencia.
También les comunicamos que el día vieres 24 de julio a las 11 de la mañana nos presentamos en la PGR/Siedo/, para comparecer, ante citatorio en respuesta a nuestro escrito pidiendo información sobre posible Averiguación previa en nuestra contra, por el caso Sucumbios, a esta comparecencia nos acompaño la compañera abogada, Nohemí Velasco Maldonado, del despacho del licenciado en derecho, Edgardo Felipe Canseco Ruiz.
La persona que nos atendió fue el Lic. Víctor Manuel Martínez Mendoza.
Esta comparecencia no duró más de una hora y en ella nos informaron que nosotros no teníamos ningún proceso en nuestra contra y que ni siquiera estamos señalados como probables responsables de los delitos que dos asociaciones civiles y medios de comunicación masiva han venido mencionando y solo nos preguntaron sobre nuestros datos generales.
Ante esta situación no descartamos la posibilidad de que en un futuro se quiera actuar en nuestra contra por toda la campaña difamatoria que se desarrolla en hacia nosotros.
En otras palabras, no hay nada juridico en nuestra contra.
Ángel Fermín García Lara y Margarita Iracema Villanueva Gallegos.
En los últimos meses, la Organización Familia Pasta de Conchos y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral hemos dado pasos importantes en nuestra exigencia del rescate y entrega de los cuerpos de los trabajadores fallecidos en la explosión de la mina Pasta de Conchos, ocurrida en Febrero de 2006. Entre otras medidas, hemos demostrado con expertos en minas de carbón ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el rescate de los cuerpos es técnicamente posible y viable; también hemos establecido relación con los equipos de trabajo de varios Relatores del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes incluso nos recibieron en sus oficinas en Ginebra; y especialmente el Informe del Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo que dictamina la Responsabilidad del Estado Méxicano por incumplimiento de sus obligaciones internacionales en el caso, además de que cada vez más personas y organizaciones se unen a nuestra exigencia.
Como consecuencia de la suma de estos esfuerzos, Grupo México ha modificado su estrategia para recuperar el control y la producción de la mina sin rescatar los cuerpos de nuestros familiares, a través del político priísta Rogelio Montemayor. De forma perversa y haciendo uso de su poder económico, Industrial Minera México, de Grupo México, pretende expulsar a las familias para recuperar su yacimiento que tiene un valor estimado de 200 millones de dólares y evitar el rescate de los mineros aún atrapados en la mina.
Desde hace semanas Rogelio Montemayor -un destacado político priista y ex gobernador de Coahuila que ya no puede ser funcionario público porque la Suprema Corte de Justicia determinó que debe al país 1,400 millones de pesos, que siendo director de PEMEX sustrajo para la campaña del PRI en el año 2000 y que es además asesor de Grupo México- está promoviendo la contratación de personal para la Planta Lavadora de la Mina 8, Pasta de Conchos pero sin aclararle a los trabajadores que se comprometió con las familias de la Organización Familia Pasta de Conchos a no continuar si nos oponíamos; ofrecimientos de contrataciones que llevan la clara intención de confrontar a los trabajadores mineros de la región contra las familias de los fallecidos, para quitarles apoyo social.
Rogelio Montemayor, ni siquiera ha probado la compra de la Planta Lavadora: Nunca mostró el supuesto CONVENIO DE COMPRA-VENTA que jamás entregó; tampoco mostró el ACTA CONSTITUTIVA de su empresa, SIGNUM TRANSPORTES S.A DE C.V., con la que supuestamente compró la Planta Lavadora, “porque aparecen nombres que no deben verse”.
A pesar de ello, el día de ayer 28 de julio de 2009 Montemayor envió a 30 trabajadores y 30 guardias privados con el fin de intentar por segunda ocasión tomar posesión del perímetro de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos. Nuevamente las familias se lo han impedido y lamentamos que los guardias contratados por Rogelio Montemayor golpearan a un trabajador y un familiar que intentaron impedir que los guardias siguieran amenazando e intimidando a las familias y que agredieran a Teresa Contreras y Elvira Martínez de la Organización Familia Pasta de Conchos.
El día de hoy, 29 de julio de 2009, nuevamente se presentaron trabajadores y guardias de seguridad privada de Montemayor, ante la presencia de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. Situación que nos hace temer fundadamente que se pretenden iniciar procedimientos penales en contra de las familias que exigen el rescate, como medio de romper su lucha legal y pacífica mediante la criminalización de la protesta social que hemos sostenido estos tres años.
Coincidiendo con las agresiones en la mina, el día de ayer 28 de Julio de 2009 Cristina Auerbach, defensora del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, sufrió una nueva agresión intimidatoria en su domicilio, al serle cortado el cable de energía electríca de su casa. Esta nueva agresión no es independiente del momento tan ágido que adopta el caso en estos momentos
Por lo anterior, solicitamos su solidaridad a efecto de que se pronuncien ante las autoridades de Coahuila en el sentido de que no se criminalice la protesta social, legal y pacífica, de las familias; y por el contrario, impidan que Rogelio Montemayor continúe implementando actos de provocación y violencia. Pueden usar la carta modelo que se anexa
Enviar sus cartas a las siguientes direcciones, o preferentemente vía fax
Profesor Humberto Moreira. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila. Palacio de Gobierno, 1er. Piso, Juárez y Zaragoza s/n, Zona Centro C.P. 25000 Saltillo, Coah. Fax: (844) 414-7946
Lic. Jesús Torres Charles. Fiscal General del Estado. Centro Metropolitano, Humberto Castilla Salas 600, C.P. 25050 Saltillo, Coah. Fax: (844) 438-0728 y 29
__________________ (NOMBRE DE LA PERSONA U ORGANIZACIÓN), queremos manifestarle nuestra extrema preocupación por las agresiones que ha realizado el C. Rogelio Montemayor Seguy en contra de las familias de los trabajadores mineros que fallecieron en la explosión de la mina Pasta de Conchos.
Como es de su conocimiento, la Organización Familia Pasta de Conchos A.C. ha sostenido por tres años una lucha legal y pacífica por el rescate de los cuerpos de los trabajadores que permenecen sepultados en Pasta de Conchos. Su labor es reconocida no sólo por múltiles organizaciones civiles mexicanas, sino por organizaciones internacionales que han tomado conocimiento del caso.
El día de ayer 28 de julio de 2009 el asesor de Grupo México Rogelio Montemayor Seguy – a quien ustedes debe conocer muy bien como el político inhabilitado para ser funcionario público por actos de corrupción que tanto desprestigio ocasiona al Partido Revolucionario Institucional, y quien se ostenta como nuevo dueño de la Planta Lavadora que se encuentra en el perímetro de la Concesión de Pasta de Conchos sin haber mostrado nunca un s{olo documento que demuestre su compraventa- envió a 30 trabajadores y 30 guardias privados con el fin de intentar por segunda ocasión tomar posesión del perímetro de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos. Nuevamente las familias se lo han impedido y lamentamos que los guardias contratados por Rogelio Montemayor golpearan a un trabajador – Jonás Chávez Gutiérrez - y un familiar – de nombre Luis- que intentaron impedir que los guardias siguieran amenazando e intimidando a las familias y que agredieran a Teresa Contreras y Elvira Martínez de la Organización Familia Pasta de Conchos.
El día de hoy, 29 de julio de 2009, nuevamente se presentaron trabajadores y guardias de seguridad privada de Montemayor, pero esta vez con la presencia de entre 15 a 20 patrullas con elementos de la policía municipal, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y otras sin logotipo, que ingresaron el día de hoy hasta el interior de las instalaciones, al mando del Lic. Manolo Bermea, agente del Ministerio Pùblico de Nueva Rosita, Coahuila, quien pretendía con todo ese aparato investigar las denuncias de la empresa de Montemayor Signum contra las familias. Situación que nos hace temer fundadamente que se pretenden iniciar procedimientos penales en contra de las familias que exigen el rescate, como medio de romper su lucha legal y pacífica mediante la criminalización de la protesta social que hemos sostenido estos tres años. Según la información con que contamos, se han iniciado averiguaciones en contra de 5 familiares.
Por lo anterior, solictamos su necesaria intervención, a efecto de que el Gobierno a su cargo respete y garantice los Derechos Humanos de las familias que exigen su justo reclamo por las consecuencias de la explosión en la mina, evitando que se manipule a la Fiscalía General del Estado para criminalizar la protesta social, legal y pacífica, de las familias; y por el contrario, impidan que Rogelio Montemayor continúe implementando actos de provocación y violencia.
Especialmente porque Rogelio Montemayor no puede legalmente ni moralmente reclamar tomar posesión de todo o parte del perímetro de Pasta de Conchos si tomamos en cuenta que:
1. El perimétro de la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, está sancionado por la Secretaría de Economía con una suspensión definitiva para las obras de exploración y de explotación de carbón, hasta que la empresa, Industrial Minera México S.A. de C.V., restablezca las condiciones de seguridad e higiene para continuar las labores de rescate. La Planta Lavadora se ubica fisicamente dentro del perímetro, por lo que, no se puede utilizar para lavar carbón –aún suponiendo que no sacarán carbón de Pasta de Conchos-, ya que es una operación que se inscribe en el proceso de explotación del carbón.
2. Rogelio Montemayor, NO HA PROBADO LA COMPRA de la PLANTA LAVADORA. Nunca mostró el supuesto CONVENIO DE COMPRA-VENTA que jamás entregó. Tampoco mostró el ACTA CONSTITUTIVA de su empresa, SIGNUM TRANSPORTES S.A DE C.V., con la que supuestamente compró la Planta Lavadora, “porque aparecen nombres que no deben verse”.
3.- La Planta Lavadora es parte integrante de las Concesiones otorgadas por el Gobierno Federal que tiene Grupo México en Pasta de Conchos, por lo que no puede legalmente ceder ningún derecho sobre ella sin el procedimiento administrativo correspondiente ante la Secretaría de Economía; mismo que no ha ocurrido.
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