Source: http://cristinabugarin.blogspot.com/2015/
Timestamp: 2020-07-13 04:31:26
Document Index: 375917201

Matched Legal Cases: ['artículo 319', 'artículo 319', 'artículo 319', 'artículo 53', 'artículo 7', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 11', 'artículo 25', 'artículo 125']

EL ENTORNO JURIDICO DE LAS COMUNIDADES DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN: 2015
¡¡ SEÑORÍA, YO NO SABÍA QUE ESTABA COMETIENDO UN DELITO ¡¡ (PARTE I)
Con mi amigo y socio, Manuel Gago Juárez, especialista en Derecho Penal y Derecho Administrativo en general y, en particular, en montes vecinales en mano común
Este artículo ha sido redactado en colaboración por los abogados Cristina Bugarín y Manuel Gago, quienes hemos decidido emprender un proyecto profesional común, con la apertura de nuestro Despacho <<BUGARIN & GAGO ABOGADOS>>, situado en la calle República Argentina, nº 24-6º B de Vigo, con teléfono: 986 173 890.
Cada vez es más habitual en la práctica, la toma de decisiónes de carácter urbanísitico por parte de los miembros de las Juntas Rectoras de las CMVMC que, aun sabiendo que no son del todo legales, no son conscientes de la trascendencia real de las mismas y, mucho menos, de que tales decisiones les pueden acarrear responsabilidades penales.
Toman estas decisiones pensando que, si "les pillan", como mucho podrán incurrir en una infracción administrativa por la que tendrán que abonar una multa, pero lo que muchos desconocen es que algunas de las actuaciones que acuerdan abordar en el ámbito urbanístico, pueden conllevar la comisión de un delito castigado con pena de prisión de libertad.
Prueba de ello es que cuando llegan al abogado con la correspondiente citación judicial y les preguntas ¿pero cómo no me consultaste antes de hacerlo?, la respuesta es siempe la misma: "porque sabía que me ibas a decir que no lo podía hacer, pero nunca pensé que podría acabar en la cárcel por ello".
A fin de evitar este tipo de situaciones, vamos a tratar someramente en este artículo las actuaciones más comunes -de carácter urbanístico- que pueden realizarse en la práctica por parte de las Juntas Rectoras de las CMVMC y que pueden conllevar responsabilidades penales.
II.- DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DE TERRITORIO Y EL URBANISMO
El apartado 1 del artículo 319 del Código Penal castiga con pena de prisión y multa a:
<<los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección>>.
Por su parte, el apartado 2 del mismo artícuo 319 del Código Penal regula un tipo agravado para los:
<<promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable>>.
Pues bien, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) define al promotor como "cualquier persona física o jurídica, pública o privada que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título".
En ese punto, el Tribunal Supremo viene a señalar que promotor es quien organiza la construcción e impulsa y encarga el proyecto, con independencia de que lo haga como profesional de la construcción o como particular, por lo que a pesar de la terminología empleada en el código penal, no se exige la condición de profesional para ser posible sujeto activo del delito.
Respecto a las obras que refiere el código penal de urbanización, construcción o edificación, se viene señalando por la jurisprudencia que el término construcción incluye zanjas, muros, vallados, embalses, en definitiva, toda construcción que no tenga destino principal la habitación del ser humano u otros espacios similares, llegando incluso el Tribunal Supremo a considerar que dentro del concepto de construcción también se debe incluir la aparición de una red de caminos donde antes no existían, puesto que son consecuencia de de la obra del hombre que ha utilizado medios mecánicos y técnicos para su ejecución, teniendo dichas obras vocación de permanencia. Por último señalar que las modificaciones o ampliaciones de construcciones previas son también construcción cuando son relevantes por sí mismas, salvo que se trate de excesos reducidos o insignificantes.
Por tanto, cuando una CMVMC decida proceder a la construcción de una edificación en su monte vecinal en mano común debe asesorarse previamente sobre la calificación urbanística del terreno donde pretende construir, así como si la obra pretendida es o no "AUTORIZABLE".
Es decir, no se castiga penalmente el hecho de construir sin la preceptiva licencia urbanística, sino que lo que se castiga es que la obra NO SEA LEGALIZABLE y se ubique en SUELO NO URBANIZABLE, es decir se ha de constatar que esa obra es contraria al planeamiento vigente y no autorizable en el momento en que se produjeron los hechos, teniendo en cuenta que el hecho de que por el Concello se manifieste una voluntad de proceder a modificar la clasificación del suelo y, finalmente esta modificación se materialice, no afectaría al carácter antijurídico de la conducta pasada, pues lo importante es la normativa que regía en el momento en que se ejecutó la construcción.
En estos casos, la CMVMC promotora o dueña de la obra debe saber que, junto con el expediente administrativo de reposición de la legalidad urbanística, la Fiscalía puede presentar frente a su representante legal la correspondiente querella criminal por el delito tipificado en el artículo 319 del C.P.
Por otra parte, es preciso advertir que este tipo de procedimientos no se están incoando en la actualidad por haber mediado una denuncia de parte (por un vecino, grupo ecologista, etc), sino que en su gran mayoría se incoan de oficio gracias a la labor de inspección que está realizando la Axencia de Protección da legalidade urbanística (APLU), teniendo en cuenta que hoy en día se cuentan con numerosas herramientas probatorias a través de internet, que permiten tanto la geolocalización de las obras, su constatación, así como la determinación del año de inicio de las mismas, su evolución constructiva, etc.
Así en el diario digital "20 minutos" de fecha 20/11/2015 se publicaba la siguiente noticia:
<<Las diligencias abiertas por Fiscalía en 2014 por posibles delitos en el área de ordenación del territorio y el urbanismo han experimentado un "repunte", según ha indicado la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato (...)
Sobre los delitos contra la ordenación del territorio y el patrimonio, el fiscal superior de Galicia ha dicho que constituyen "casi el 60% de las diligencias de investigación en materia medioambiental" por parte de la Fiscalía. En concreto, ha señalado que supusieron "71 querellas criminales o denuncias en los tribunales", ha resumido. Además, ha precisado que este tipo de delitos están "por encima" de los incendios forestales>>.
III.- EJEMPLOS DE OBRAS QUE PUEDEN SER CONSTITUTIVAS DE ESTE TIPO DE DELITO EN EL ÁMBITO DE LAS CMVMC:
1º.- En los montes calificados urbanísticamente como SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL como regla general no están permitidas las actividades comerciales, ello significa que no se pueda construir en este tipo de suelos el típico "chiringuito", kiosko, bar-cafetería, etc.
Ahora bien, esta regla general tiene una excepción que se da cuando la actividad comercial esté englobada dentro de un uso autorizado, por ejemplo la instalación de "chiringuitos" o kioskos en montes lindantes con el dominio público marítimo terrestre que puedan dar servicio a los usuarios de la playa; también cabría la construcción de este tipo de instalaciones cuando se crea dentro de un proyecto más amplio de divulgación de los elementos arqueológicos existentes en el monte, como la señalización de una ruta para visitar las mámoas o petroglifos radicados en el monte vecinal y dentro del mismo entorno de esa ruta construyes un "chiringo" para dar servicio a los visitantes.
2º.- En los montes calificados urbanísticamente como SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES, como regla general se prohibe todo tipo de actividad y, por ende, toda construcción.
Ahora bien, esta regla también admite su excepción, pues en este tipo de suelo pueden ser autorizadas las siguientes construcciones:
.- rehabilitación de edificaciones preexistentes de turismo rural que sirvan como medio potenciador del medio donde se ubiquen.
.- instalaciones de telecomunicación
.- infraestructuras (viales)
.- muros de contención
3º.- En todo tipo de suelo calificado como RÚSTICO se PROHIBEN COMO NORMA GENERAL LOS RELLENOS DE TIERRA, salvo que el relleno esté vinculado a un uso permitido, como por ejemplo la regeneración de una antigua cantera abandonada, que ha de ser rellenada para poder efectuar una plantación sobre la misma.
Pues bien, debe tenerse en cuenta que el apartado 3 del artículo 319 del Código Penal (en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo), dispone que el juez penal podrá acordar, a costa del autor, la demolición de la obra y la reposición del terreno a su estado originario, pudiendo exigirle garantías (fianza) que aseguren el pago de dicha demolición, debiendo destacar que el Tribunal Supremo considera que la reparación del daño, a través de la demolición de la construcción no autorizada será, en principio, la regla general, entendiendo que la demolición deberá acordarse por los tribunales cuando conste patentemente que la construcción de la obra está completamente fuera de la ordenación y no sean legalizables o subsanables, así como en aquellos casos en que haya existido una voluntad rebelde a las órdenes de la Administración, sin que sea argumento que impida la demolición que existan otras construcciones en la zona similares.
En conclusión, como ya hemos adelantado antes, con el fin de evitar el inicio de eventuales procedimientos administrativos o penales, debemos recomendar a las Juntas Rectoras de las CMVMC que, antes de realizar cualquier obra en el monte vecinal, se asesoren debidamente sobre si tal obra está o no permitida en el tipo de suelo donde se pretende ubicar, solicitando los correspondientes permisos, autorizaciones y licencias, puesto que hoy en día el desconocimiento absoluto de que un hecho de esta naturaleza es antijurídico (lo que se conoce en el ámbito jurídico como error de prohibición) es difícil de probar, pues como señala el Tribunal Supremo el ciudadano medio goza del nivel de formación, cultura, aptitud y capacidad para saber que una obra que pretende realizar precisa cumplir una serie de requisitos para ajustarse a las exigencias del plan de urbanismo, habida cuenta el mundo tan intercomunicado y accesible a la información como en el que vivimos.
Vigo, 20 de Diciembre de 2015
EL DESLINDE DEL MONTE VECINAL EN MANO COMÚN: LA VÍA ADMINISTRATIVA Y LA VÍA JUDICIAL
Con este artículo os voy a tratar de explicar las distintas vías que nuestro Ordenamiento Jurídico nos ofrece para proceder al deslinde de un monte vecinal en mano común
La titularidad dominical de un monte vecinal en mano común no viene dada por la resolución de clasificación que dicte el Jurado de montes correspondiente, sino que el título de dominio de un monte es su aprovechamiento inmemorial por el común de vecinos de la parroquia o lugar donde se halla radicado, de tal forma que lo que hace el Jurado de Montes en su resolución de clasificación es constatar la preexistencia de dicho aprovechamiento inmemorial, de ahí la eficacia meramente declarativa que no constitutiva de la resolución de clasificación, tal y como, unánimemente viene disponiendo nuestra Jurisprudencia al interpretar el art. 13 de la Ley 13/89, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común.
Por tanto, no es función del Jurado deslindar el monte que clasifica como vecinal en mano común, sino determinar la preexistencia de un monte vecinal en mano común, una vez acreditado su aprovechamiento inmemorial por el común de vecinos, atribuyendo su propiedad a la Comunidad de montes correspondiente a través de la llamada resolución de clasificación, de tal forma que lo que resulta fundamental a la hora de delimitar el monte clasificado son los concretos linderos expresados en la resolución y, sobre todo, las posibles exclusiones de enclavados que se puedan realizar en la misma.
Así lo ha venido a reconocer tanto el Tribunal Supremo (ver sentencias de 1/3/1954 y 16/10/1998), el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (ver sentencia de 23/3/2004 –RJ 2004\5511), como la propia Audiencia Provincial de Pontevedra, en concreto la Sección 3ª, en su sentencia de 17/6/2015 (JUR 2015\174558), que vino a confirmar la dictada en primera instancia estimatoria de la demanda reivindicatoria que presenté en nombre de una CMVMC del termino municipal de Mos, contra unos particulares que habían ocupado diversas porciones de montes vecinal, al disponer que:
<< … en el campo reivindicatorio enjuiciado, la mayor o menor cabida de un inmueble no afecta a su identidad, la medida superficial es un dato secundario de la identificación, para lo cual, conocida su naturaleza y situación, bastan los linderos - SS. TS. 1.3.1954 y 16.10.1998 -, claros éstos en el caso examinado>>.
Así pues, de todos es conocida que la fijación de la cabida o superficie de los montes vecinales en las resoluciones de clasificación no es exacta o precisa, pues, insisto, no es labor del Jurado de montes la de deslindar el monte vecinal, sino la de fijar los límites concretos del monte clasificado, de forma que, una vez se apruebe su deslinde sobre la base de los linderos clasificados –que, como a continuación expondré, se tramita en vía administrativa ante el Servicio de Montes, conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2012, de 28 de Junio-, se fijará la superficie o cabida exacta del monte vecinal flanqueado por los límites descritos por el Jurado en su resolución de clasificación.
En conclusión, lo importante de la descripción del monte clasificado que se recoge en su respectiva resolución de clasificación no es tanto su superficie, sino los concretos linderos o límites que definen su contorno perimetral.
II.- DESLINDE EN VÍA ADMINISTRATIVA
Hasta la entrada en vigor de la Ley 7/2012, de 28 de Junio, de Montes de Galicia, en relación a los deslindes de los MVMC resultaba de aplicación el artículo 53 del Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de montes vecinales en mano común, que disponía que el deslinde de estos debía tramitarse ante la Administración Forestal “con los mismos requisitos y formalidades que los exigidos para los montes de utilidad pública” y, por tanto, en el mismo expediente de deslinde se delimitaba el perímetro del monte vecinal tanto en su colindancia con otros montes vecinales, como en su colindancia con fincas particulares.
Pues bien, la citada Ley 7/2012 viene a distinguir entre el deslinde de montes vecinales entre sí y el deslinde con propiedades particulares:
A).- Deslinde entre montes vecinales en mano común (art. 53 de la Ley 7/2012):
El procedimiento se inicia con un deslinde provisional del monte con su o sus colindantes, que deberá ser aprobado por las asambleas generales de las respectivas comunidades de montes afectadas, debiendo darse traslado al Jurado de montes de los acuerdos adoptados y la siguiente documentación: 1) acta del deslinde; 2) memoria descriptiva con planos topográficos; 3) acta de conciliación levantada ante el juzgado de paz o de primera instancia correspondiente y 4) certificaciones del acuerdo aprobatorio del deslinde por cada una de las comunidades afectadas.
Una vez realizado el deslinde, el Jurado de montes deberá dictar una resolución aprobatoria en el plazo de 6 meses, que será publicada en el DOG y notificada a las Comunidades afectadas.
Los desacuerdos entre comunidades en cuanto al deslinde se podrán someter a arbitraje de la Consellería, compuesto de 3 miembros nombrados por el Jurado de montes vecianles, siempre que las Comunidades afectadas acuerden previamente someterse a dicho arbitraje, debiendo tenerse en cuenta que el laudo arbitral que se dicte será vinculante y no podrá ser discutido después ante los Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria.
En caso contrario, esto es, si las Comunidades afectadas no sometiesen sus discrepancias al citado arbitraje, deberán resolver las mismas ante los Tribunales Ordinarios.
En conclusión, la Ley 7/2012 ha suprimido el procedimiento de deslinde administrativo entre Comunidades de montes, reduciéndose el mismo a un deslinde amistoso del que se da cuenta al Jurado para su aprobación y, en caso en que no medie acuerdo, las comunidades afectadas habrán de acudir a los tribunales de la Jurisdicción ordinaria, salvo que prefiriesen someterse al arbitraje de la Consellería de la Xunta de Galicia.
B).- Deslinde de montes vecinales con propiedades particulares (art. 54 de la Ley 7/2012):
En este caso el procedimiento se inicia con la aprobación en asamblea general de una propuesta de deslinde “fundamentada histórica y legalmente entre el monte vecinal y las propiedades privadas particulares”, que se presentará ante el Servicio de montes.
La Comunidad examinará y discutirá la documentación presentada y remitirá a la Administración una propuesta de deslinde provisional acompañada de un plano topográfico (que deberá ser aprobada en Asamblea General), junto con toda la documentación y alegaciones presentadas. Tras su análisis, la administración forestal emitirá un informe sobre el citado deslinde provisional.
Si el informe fuese favorable, se dará traslado al Jurado de los ACUERDOS ALCANZADOS y al menos de la siguiente documentación: 1) acta de deslinde; 2) memoria descriptiva con planos topográficos; 3) acta de conciliación levantada en el juzgado de paz o de primera instancia correspondiente y 4) certificaciones de aprobación por la comunidad de montes deslindante.
En los casos de informe negativo sobre la propuesta inicial de deslinde, informe desfavorable del deslinde provisional, no aprobación del mismo por la asamblea general o de no haber avenencia en la conciliación con los particulares, el deslinde se resolverá ante los Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria, salvo que las partes decidan expresamente someterse al arbitraje de la Consellería en los mismos términos antes expresados.
En conclusión, tras la entrada en vigor de la Ley 7/2012, si en el deslinde con particulares no existe acuerdo entre las partes, deberá resolverse las discrepancias ante los Tribunales Ordinarios, o a través del arbitraje de la Consellería si así se sometiesen ambas partes de mutuo acuerdo.
III.- DESLINDE EN VÍA JUDICIAL
Como se ha expuesto, si no es posible llegar a acuerdo entre la comunidad deslindante y sus colindantes, ya sean otras comunidades de montes, ya sean propietarios particulares, la solución de las discrepancias se resolverá ante los Tribunales de Justicia.
La mayoría de los conflictos de deslinde entre los montes vecinales colindantes entre sí tiene su origen en el proceso de clasificación de los mismos ante el Jurado de Montes.
En efecto, la creación en cada una de las cuatro provincias gallegas del Jurado de montes Vecinales en Mano Común, por medio de la Ley 52/1968, de 27 de julio, al que se atribuye la “competencia para conocer de las cuestiones que se promuevan sobre la clasificación de los montes de tal carácter”, generó la necesidad de proceder a la clasificación de la totalidad de los montes vecinales en mano común a partir de la entrada en vigor de dicha Ley.
Para ello fue necesaria la previa confección de unos expedientes de investigación de cada uno de los montes vecinales gallegos (que todos conocemos con el nombre de “carpeta-ficha”), encomendándose tan ingente labor a una única empresa (conocida como “INASTE”), que procedió a confeccionar las citadas carpetas-fichas prácticamente "en serie" y como un trabajo de puro gabinete, sin reconocimiento del monte sobre el terreno y sin apoyo cartográfico alguno.
De sobra es conocida -por los distintos profesionales (abogados y peritos) que nos dedicamos al mundo de los montes vecinales-, la falta de rigor técnico –con carácter general, aunque existen excepciones- de tales carpetas-fichas y de los croquis que adjuntan (escasa 1:25.000), que provocó la existencia de graves discordancias entre la delimitación del monte vecinal descrito y grafiado en la carpeta-ficha respectiva y la delimitación perimetral REAL del mismo, discordancias que generaron y generan numerosos conflictos entre Comunidades por los límites de sus montes vecinales.
Aunque resulte sorprendente, muchas comunidades de montes vecinales no son conscientes ni siquiera a día de hoy del error de delimitación existente en la carpeta-ficha que sirvió de base para la clasificación de su monte vecinal, sino que tal conciencia la toman cuando surge la oportunidad de obtener un rendimiento económico mediante la cesión de parte del monte para su explotación por un tercero (por ejemplo para la constitución de un parque eólico), o bien como consecuencia de un proceso expropiatorio para la construcción de una instalación de carácter público.
Pues bien, la preparación, confección y presentación de este tipo de demandas judiciales no es tarea fácil, ni rápida. Al contrario, en mi experiencia profesional como abogada especializada en montes vecinales en mano común, os puedo asegurar que –salvo escasas excepciones- desde que se me encomienda la preparación de una demanda de deslinde hasta que ésta la presento en el Juzgado puede transcurrir del orden de 1,5 a 2 años.
La razón es obvia, pues en primer lugar es fundamental realizar una labor de búsqueda de documentación histórica en los distintos archivos públicos, relativa a la demarcación tradicional de la parroquia que ha venido aprovechando desde tiempo inmemorial el monte vecinal erróneamente clasificado, así como la posterior confección de un dictamen pericial que identifique sobre la realidad y cartografía oficial los elementos físicos (en su mayoría cruces gravadas en roca nativa) o parajes (cotos más altos) que la documentación histórica menciona como divisorios de la demarcación parroquial tradicional, que permiten acreditar claramente el error del Jurado en la previa clasificación del monte.
Ahora bien, también he de reconocer que el tiempo de espera en la mayoría de los casos merece la pena, pues, resultando positiva la búsqueda de documentación histórica antes referida y siendo posible la identificación de los hitos tradicionales sobre la realidad física actual, la totalidad de las demandas de este tipo que he presentado ante los Tribunales en los últimos 15 años han sido estimadas por sentencia firme.
Vigo, 24 de Octubre de 2015
REGIMEN FISCAL DE LAS COMUNIDADES DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN
I.- ASPECTOS GENERALES DEL REGIMEN TRIBUTARIO DE LAS CMVMC
Si el anterior artículo de este blog versó sobre las obligaciones que tienen las Comunidades de montes en relación a la inversión de los ingresos que genera el monte, en e presente artículo trataré de dar unas breves pinceladas sobre las obligaciones fiscales de dichas Comunidades.
El régimen fiscal de las CMVMC se regula actualmente por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades , en cuyo artículo 7.1.j) se define como contribuyente de dicho impuesto a “Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común reguladas por la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, montes vecinales en mano común, o en la legislación autonómica correspondiente”.
Por tanto, aún cuando las CMVMC no tienen personalidad jurídica propia, sino sólo capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, a efectos fiscales están sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
El régimen fiscal específico de las CMVMC se regula en el artículo 112 de la citada Ley 27/2014, del que debo destacar lo siguiente:
1º.- Las Comunidades de montes tributarán al tipo impositivo del 28% durante el ejercicio de 2015 y del 25% durante el ejercicio de 2016 (conforme disposición final de la Ley 27/2014).
2º.- Las Comunidades de montes no estarán obligadas a presentar declaración por el Impuesto de Sociedades en aquellos períodos impositivos en que no obtengan ingresos, ni incurran en gastos, ni realicen inversiones sujetas a este impuesto.
3º.- Las Comunidades de montes podrán reducir su base imponible en el importe de los beneficios obtenidos que se aplique a:
<<a) Inversiones para la conservación, mejora, protección, acceso y servicios destinados al uso social al que el monte esté destinado.
b) Gastos de conservación y mantenimiento del monte
c) Financiación de obras de infraestructura y servicios públicos, de interés social>>.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que para que se pueda aplicar este beneficio, es preciso que las “inversiones”, “gastos” y “financiación” antes referidas se realicen en el “propio período impositivo o en los cuatro siguientes .”
Es decir, las concretas “inversiones”, “gastos” y “financiación” que permiten reducir la base imponible del impuesto de Sociedades deberán realizarse como máximo en los cuatro períodos impositivos siguientes al de la obtención del beneficio que ha de ser objeto de tributación (ejemplo: percepción del justiprecio de una expropiación).
Pues bien, cabe preguntarse qué ocurre si una Comunidad de montes ha aplicado esa reducción de la base imponible y posteriormente no realiza la inversión o el gasto en el plazo señalado, pues la respuesta nos la da el propio artículo 112 de la Ley 27/2014:
“la parte de la cuota íntegra correspondiente a los beneficios no aplicados efectivamente a las inversiones y gastos descritos, junto con los intereses de demora, se ingresará conjuntamente con la cuota correspondiente al período impositivo en que venció dicho plazo.”
Es decir, la parte del impuesto que la Comunidad se ahorró inicialmente deberá abonarse, junto con el interés de demora, conjuntamente con la cuota del impuesto que corresponda al ejercicio fiscal en que vence el plazo indicado.
4º.- Sin perjuicio de ello, las Comunidades de montes podrán aplicar los beneficios antes referidos en UN PLAZO SUPERIOR a los cinco años indicados, siempre que en ese mismo plazo presenten un PLAN ESPECIAL DE INVERSIONES Y GASTOS, que deberá ser aprobado por la Administración Tributaria.
Esta facultad se regula en al artículo 11 del Reglamento del Impuesto de Sociedades (RD 634/2015, de 10 de Julio), que exige la necesidad de probar que los gastos e inversiones que se pretenden llevar a cabo no pueden ser realizados en el plazo de 5 años referido en el art. 112 de la Ley 27/2014, sino que es necesario un período de tiempo más largo para su realización.
La solicitud de aprobación de este Plan Especial de Inversiones y Gastos deberá contener los siguientes datos:
a) Descripción de los gastos, inversiones y sus importes realizados dentro del plazo previsto en la Ley.
b) Descripción de las inversiones o gastos pendientes que han de ser objeto del plan especial.
Debe tenerse en cuenta, además, que en la práctica, la Administración Tributaria no está admitiendo –para aprobar este Plan Especial de Inversiones y Gastos- la imputación de gastos correspondientes a la gestión ordinaria de la Comunidad de montes, ni tampoco la imputación de aquellos gastos que no deriven de actuaciones contempladas en el Plan de Ordenación del Monte en cuestión.
Finalmente sólo resta por destacar que la resolución que dicta la Administración Tributaria podrá:
a) Aprobar el plan especial de inversiones y gastos formulado por el sujeto pasivo.
b) Aprobar un plan especial de inversiones y gastos alternativo formulado por el sujeto pasivo en el curso del procedimiento.
c) Desestimar el plan especial de inversiones y gastos formulado por el sujeto pasivo.
II.- RÉGIMEN FISCAL DE LOS REPARTOS DE BENEFICIOS ENTRE COMUNEROS
Los repartos de beneficios entre comuneros para que puedan ser válidos es necesario:
1º.- Que estén expresamente permitidos en los Estatutos de la Comunidad Montes.
2º.- Que el concreto reparto se apruebe en Asamblea General con las mayorías exigidas para la aprobación de los "actos de disposición", esto es, el acuerdo debe contar con el voto favorable de los comuneros asistentes a la asamblea que representen, al menos, el 50% del censo de comuneros si la asamblea se celebra en primera convocatoria, o el 30% del censo de comuneros si la asamblea se celebra en segunda convocatoria.
3º.- Que el reparto se realice "en partes iguales entre todos los comuneros",
4º.- Que en ningún caso el reparto supere el 40% de todos los beneficios obtenidos por la Comunidad, que ha de ser destinado obligatoriamente a reinversiones en mejoras y protección forestal.
Pues bien, cuál es el tratamiento fiscal que se da al reparto de beneficios. La respuesta nos la da, una vez más, la Ley del Impuesto de Sociedades, en cuanto dispone que los comuneros integrarán en la base del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las cantidades que les sean efectivamente repartidas por la Comunidad.
Esto quiere decir que cada comunero deberá incluir en su la declaración anual del IRPF las cantidades derivadas del reparto.
Dichos ingresos tendrán el tratamiento previsto para las participaciones en beneficios (dividendos) de cualquier tipo de entidad, a que se refiere el párrafo a del apartado 1 del artículo 25 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo tanto, los ingresos percibidos en el reparto de beneficios de la comunidad de montes tributarán en la declaración de la renta de cada comunero como rendimientos de capital mobiliario.
En definitiva, el reparto de beneficios entre los comuneros constituye una operación con un alto coste fiscal, pues, por un lado, la Comunidad de montes tributa en el Impuesto de Sociedades por el beneficio obtenido sin reducción de ningún tipo y, por otro lado, el comunero tributa en IRPF por la cantidad recibida en concepto de reparto de beneficios.
Vigo, 7 de Octubre de 2015
Publicado por CRISTINA BUGARÍN 4 comentarios:
LA CMVMC DE GUIZAN COBRA UN MILLONARIO JUSTIPRECIO POR LA EXPROPIACIÓN DE UNA PORCIÓN DE SU MONTE VECINAL OCUPADA DESDE HACE MÁS DE MEDIO SIGLO POR EL AEROPUERTO DE PEINADOR
OBLIGACIONES DE LAS COMUNIDADES DE MONTES EN RELACIÓN A LA REINVERSIÓN DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS DEL MONTE VECINAL
(Este artículo se ha escrito con la autorización de la Junta Rectora de la CMVMC de Guizán, permitiendo la toma de fotografías en distintos puntos de la parroquia para su publicación en este artículo)
La Junta Rectora de la CMVMC de Guizán a principios del mes de agosto de este año 2015, tras haber cobrado el justriprecio por la expropiación de la porción del monte vecinal Ancerices o Carballo do Monte, que llevaba ocupada desde hace más de medio siglo por el aeropuerto de Peinador (Pontevedra)
La demanda reivindicatoria de la CMVMC de Guizán (Mos) fue la segunda que presenté en relación a una ocupación de monte vecinal por edificaciones o instalaciones públicas, ejecutadas con anterioridad a la clasificación de tal monte por el Jurado, cuando se hallaba bajo el intervencionismo administrativo del Ayuntamento respectivo.
La primera demanda la presenté en el año 2006 a instancia de la CMVMC de Teis para la reivindicación, entre otras, de la porción del monte vecinal "Madroa" ocupada por el ZOO del Ayuntamiento de Vigo. La siguiente la presenté en 2007, a instancia de la CMVMC de Guizán, para reivindicar la porción del monte vecinal "Ancerices o Carballo de monte" ocupada por parte del aeropuerto de PEINADOR. A ésta le siguió la que presenté en 2007 a instancia de la CMVMC de Cabral para reclamar el dominio de la porción del monte "Cotogrande" ocupada por parte del aeropuerto de PEINADOR, las que presenté en 2009 y 2010 a instancia de las CMVMC de Vilaboa, Salcedo y Figueirido para reclamar el domino de las porciones de sus respectivos montes vecinales ocupadas por el Cuartel de LA BRILAT y, finalmente, en ese mismo año 2010 presenté a instancia de la CMVMC de Torroso la demanda en reclamación del dominio de la porción del monte "Cerdedelo" ocupada también con parte de las instalaciones del aeropuerto de PEINADOR, culmiando así el proceso reivindicatorio de los montes vecinales de los términos municipales de Vigo y Mos ocupados en la década de los 40 del S. XX por el aeropuerto de Peinador.
Todos estos procedimientos cuentan a fecha de hoy con sentencia firme estimatoria de la respectiva demanda presentada. Entre el año 2011 y 2015 he presentado diversas demandas de esta índole, que actualmente todavía se hallan en trámite y no cuentan con sentencia definitiva.
Centrándonos en la reclamación presentada a instancia de la CMVMC de Guizán, debo resaltar que, una vez más, la defensa de la Comunidad propietaria de su monte vecinal en mano común no se redujo a la presentación en el año 2007 de la demanda civil reivindicatoria de su dominio frente a la Administración ocupante (AENA - MINISTERIO DE DEFENSA), sino que se había iniciado nada más y nada menos que 20 años antes, a raíz del intento de ampliación de las instalaciones del aeropuerto de Peindador en el año 1987 sobre el resto del monte vecinal "Ancerices o Carballo de monte" no afectado por las primitivas instalaciones del aeropuerto.
En efecto, entre la década de los años 50 y 60 del pasado S. XX la Administración del Estado procedió a ocupar, con parte de las instalaciones del aeropuerto de Peinador, una porción del monte "Ancerices o Carballo do monte" de la parroquia de Guizán de poco más de 26 Has. En la siguiente fotografía se aprecia el desmonte realizado en dicho monte vecinal para proceder a tal ocupación:
Pues bien, en 1987 la Administración del Estado inicia las obras para ampliar las instalaciones del citado aeropuerto sobre el resto del monte vecinal de Guizán que habían quedado sin ocupar (14 Has), procediendo a la ejecución de unos enormes agujeros sobre dicho monte, lo que puso en pie de guerra a los vecinos de Guizán, pues de continuar avanzado el aeropuerto se quedarían sin en el ya reducido monte vecinal que entonces venían aprovechando.
Parte de la Junta Rectora de la CMVMC de Guizán en la actual explanada de su monte vecinal donde se realizaron los enormes agujeros con la intención de ampliar las instalaciones del aeropuerto de Peinador
Así las cosas, los vecinos proceden a paralizar por sus propios medios tales obras, eso sí, con la consecuente presión de ser condenados por un delito/falta de coaciones y de serle impuestas elevadísimas multas administrativas. Al propio tiempo, se informan en Pontevedra sobre el estado de la clasificación de su monte vecinal, encontrándose con la desagradable sorpresa de que dicho expediente no había sido iniciado porque, según habían informado dos vecinos de su parroquia, la totalidad del monte vecinal de Guizán se encontraba ocupado por el aeropuerto de Peinador. Ante ello, solicitaron formalmente el inicio del expediente de clasificación ante el Jurado de montes de Pontevedra, que concluyó con la resolución de 7/5/1991 por la que se procedió a clasificar como monte vecinal en mano común la totalidad del monte "Ancerices o Carballo do Monte", incluida la porción de 26 Has. que ya estaba ocupada por el Aeropuerto de Peinador.
Dicha resolución fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por parte de la Administración del Estado, dictándose la sentencia de fecha 10/2/1994, por la que se anuló parcialmente la resolución de clasificación del Jurado, ordenando dejar reducida la superficie clasificada como monte vecinal a las 14 Has. no ocupadas por el aeropuerto de Peinador. Dicha sentencia fue confirmada por la del Tribunal Supremo de fecha 24/4/2000.
Ante ello, la Junta rectora de la CMVMC de Guizán inició una larga negociación con el Ministerio de Fomento, con la finalidad de resolver extrajudicialmente el conflicto de propiedad sobre la porción de 26 Has de su monte vecinal que no había resultado clasificada, lo que no dió fruto alguno, por lo que en Asamblea General de 18/6/2006 se acordó presentar la correspondiente demanda reivindicatoria ante los Tribunales Civiles, que fue turnada al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Pontevedra, cuyo titular dictó sentencia el 21/11/2011 estimando sustancialmente la demanda interpuesta con una fundamentación jurídica digna de elogio, por lo que fue contundentemente confirmada por la sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 5/10/2012 (JUR 2012\372930).
Estimada la demanda por sentencia firme (el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado fue inadmitido a trámite), la Junta Rectora inició una negoción con AENA para determinar el importe del justiprecio que debía serle abonado por la expropiación de la parcela de 26 Has, cuyo dominio le había sido reconocido por sentencia firme. Lo que culminó el presente mes de agosto de 2015 con el cobro de más de cinco millones de euros por parte de la CMVMC de Guizán por la expropiación de la citada parcela de su monte vecinal.
II.- OBLIGACIONES DE LAS CMVMC EN LA REINVERSIÓN DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS DEL MONTE VECINAL
El régimen de reinversión de los beneficios obtenidos del monte vecinal actualmente se regula en el artículo 125 de la Ley 7/2012, de 28 de Junio de Montes de Galicia, habiéndose publicado a mediados del mes de Junio de este año 2015 un Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la obligación de reinversión de los beneficios obtenidos del monte vecinal, en actuaciones de puesta en valor y multifuncionalidad, que todavía no ha sido aprobado de forma definitiva.
Las CMVMC deberán reinvertir en mejora y protección forestal del monte el 40% de todos los ingresos generados, si bien los Estatutos podrán establecer una cuota anual de reinversión mayor. Ahora bien, si los ingresos se generan a partir de los productos resultantes de incendios, plagas o temporales, la cuota de reinversión en mejora y protección forestal será del 100%, salvo que se justifique documentalmente ante la administración que no es necesario ese nivel de reinversión en un plazo mínimo de 10 años.
Para el cálculo de los ingresos se ha de computar no sólo los derivados de aprovechamientos o servicios forestales, sino también los derivados de actos de disposición voluntaria (Ej. Arrendamientos, derechos de superficie, cesión temporal, etc.), los procedentes de expropiaciones forzosas o cualquier otro ingreso de naturaleza extraordinaria (Ej. subvenciones o ayudas; indemnizaciones; intereses bancarios, etc.)
Pues bien, las cuotas de reinversión deberán destinarse: 1º en la redacción del instrumento de ordenación o gestión obligatorio, que deberá ser objeto de aprobación por la administración forestal; 2º trabajos programados en dicho instrumento; 3º costes en materia de servicios de gestión que su aplicación conlleve y 4º deslinde y posterior amojonamiento del monte.
Sólo se podrá reducir la cuota de reinversión, si se justifica a la Administración que las precitadas inversiones ya están satisfechas, debiendo ser aprobada la reducción por dicha Administración forestal.
En el caso de la CMVMC de Guizán, ésta ya cuenta con un Proyecto de Ordenación de su monte vecinal, habiendo realizado ya hace años diversas plantaciones, debiendo destacar la ejecutada hace 22 años por los propios miembros de la Junta Rectora y algunos comuneros que colaboraron en las labores de plantación), que es la que refleja la siguiente foto:
Así pues, en la Asamblea General de 8/8/2015, celebrada tras el cobro del justiprecio por la expropiación del Aeropuerto de Peinador, la CMVMC de Guizán aprobó la contratación de las correspondientes brigadas para proceder a la limpieza de la totalidad de su monte vecinal en mano común, así como proceder a su poda y rareo, siguiendo las previsiones que al respecto contiene su Proyecto de Ordenación.
Igualmente, la CMVMC de Guizán aprobó en Asamblea General otras actuaciones de mejora y protección forestal de su monte vecinal como el arreglo de terraplenes y pistas forestales, así como la construcción de un Local Forestal para servicio del monte, donde guardar la maquinaria, trator, leña, etc.
Tal y como establece el art. 125.8 de la Ley 7/2012, antes citada, los ingresos sobrantes (60% de los beneficios) podrán invertirse en todo o parte en: a).- La adquisición de terrenos: b).- La puesta en valor del monte desde el punto de vista social, patrimonial, cultural y ambiental; c).- obras o servicios comunitarios con criterios de reparto proporcional entre los diversos lugares.
Pues bien, la Comunidad de montes de Guizán ha procedido a la aprobación de una serie de actuaciones que la Asamblea General considera beneficiosas para los intereses de toda la parroquia, tales como:
a) Adquisición de un terreno para la construcción en el mismo de un Local Social, para dar servicio a todos los comuneros de Guizán. Tales terrenos se pueden observar en la siguiente en la siguiente fotografía:
b) Instalar hierba sintética al Campo de Futbol construido en su día en el monte vecinal de Guizán, cuyo estado actual se aprecia en las siguientes fotografías:
c) Restauración de la Capilla de Santiaguiño perteneciente a la CMVMC de Guizán, que se halla en un precioso recinto cerrado que forma parte integrante de su monte vecinal, donde existen unos asaderos y mesas con bancos de piedra y además se celebra el primer y tercer sábado de cada mes un mercado. Capilla, recinto y asaderos que podemos observar en las siguientes fotografías:
Pues bien, de acuerdo con el art. 125 de la Ley 7/2012, la reinversión podrá realizarse a lo largo del año natural en que se ha obtenido el ingreso o dentro de un período máximo de 4 años. Ahora bien, Antes de que finalice ese plazo de 4 años, si no hubiera sido posible aplicar la cuota mínima asignada de reinversión, la Comunidad podrá presentar un plan de inversiones plurianual, que deberá ser aprobado en Asamblea General y por la Administración Forestal.
En el primer semestre de cada año natural, la Comunidad comunicará a la Consellería de montes la realización de la totalidad o parte de las actuaciones incluidas en el plan de inversiones para el año anterior.
Sólo me resta destacar que, tal y como disopone la citada Ley 7/2012, el reparto, total o parcial, en partes iguales entre todos los comuneros, de los beneficios sobrantes ha de estar previsto en los Estatutos de cada Comunidad para que se pueda llevar a cabo (en los de la CMVMC de Guizán se prohibe expresamente este reparto). Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en el supuesto de expropiación forzosa, el reparto total o parcial del importe del justiprecio entre comuneros DEBERÁ SER APROBADO POR LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL.
Las fotografías publicadas en este artículo fueron tomadas el pasado 10 de agosto del corriente, en el que pasé una agradable y divertida tarde de mis vacaciones estivales recorriendo el monte vecinal de Guizán en compañía de su Junta rectora, tal y como muestran las siguientes fotos:
Finalmente sólo me queda dar mi más sincera enhorabuena a la Junta Rectora de la CMVMC de Guizán -y, en especial, a su presidente D. Jose Luis Fernández Domínguez-, cuyo enorme esfuerzo, sacrificio y tesón empleados en la lucha y defensa de su monte vecinal durante los últimos 28 años, se ha visto recompensado con la sentencia firme dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Pontevedra reconociendo el dominio del común de los vecinos de Guizán sobre la porción de su monte "Ancerices o Carballo do Monte", ocupada desde hace más de medio siglo con parte de las instalaciones del Aeropuerto de Peinador.
Vigo, 30 de Agosto de 2015
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