Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-32-2012-ap-palencia-sec-1-rec-38-2012-06-03-2012-10685181
Timestamp: 2017-08-17 09:46:53
Document Index: 155745627

Matched Legal Cases: ['artículo 631', 'artículo 20', 'artículo 576', 'artículo 976', 'artículo 631', 'artículo 130', 'artículo 132', 'artículo 132']

Sentencia Penal Nº 32/2012, AP - Palencia, Sec. 1, Rec 38/2012, 06-03-2012 | Iberley
Sentencia Penal Nº 32/2012, Audiencia Provincial de Palencia, Sección 1, Rec 38/2012 de 06 de Marzo de 2012
Sentencia Penal Nº 221/2015, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 515/2015, 18-05-2015
Órden: Penal Fecha: 18/05/2015 Tribunal: Ap - Caceres Ponente: Perez Aparicio, Valentin Num. Sentencia: 221/2015 Num. Recurso: 515/2015
Sentencia Penal Nº 50/2010, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 36/2010, 26-04-2010
Órden: Penal Fecha: 26/04/2010 Tribunal: Ap - Caceres Ponente: Perez Aparicio, Valentin Num. Sentencia: 50/2010 Num. Recurso: 36/2010
Sentencia Penal Nº 500/2012, AP - Tarragona, Sec. 2, Rec 882/2012, 31-10-2012
Órden: Penal Fecha: 31/10/2012 Tribunal: Ap - Tarragona Ponente: Romero Adan, Samantha Num. Sentencia: 500/2012 Num. Recurso: 882/2012
Sentencia Penal Nº 38/2012, AP - Las Palmas, Sec. 2, Rec 36/2012, 09-03-2012
Órden: Penal Fecha: 09/03/2012 Tribunal: Ap - Las Palmas Ponente: Alcazar Montero, Yolanda Num. Sentencia: 38/2012 Num. Recurso: 36/2012
Sentencia Penal Nº 196/2006, AP - Sevilla, Sec. 1, Rec 2261/2006, 28-03-2006
Órden: Penal Fecha: 28/03/2006 Tribunal: Ap - Sevilla Ponente: Izquierdo Martin, Pedro Num. Sentencia: 196/2006 Num. Recurso: 2261/2006
La concepción tradicional respecto a la ciencia del derecho penal se centraba en definir a la misma como el estudio técnico del Derecho penal positivo, para conocer y saber aplicar el mismo. Por tanto, la concepción tradicional se basa en lo que...
Órden: Laboral Fecha última revisión: 29/07/2015
Contestación a la demanda de saneamiento por vicios ocultos, acción quanti minoris
NOTA: El vendedor responde de los vicios ocultos, aunque los ignore, así pues, como consecuencia de la obligación de sanear por vicios, el art. 1486 otorga al comprador la opción entre desistir del contrato (acción redhibitoria), o rebajar una c...
Contestación a la demanda de acción de daños y perjuicios y responsabilidad decenal
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Resolución de TEAF Gipuzkoa, 27.776, 28-02-2008
Resolución de TEAF Navarra, 020007, 24-11-2004
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 24/11/2004
Núm. Resolución: 020007
Núm. Sentencia: 32/2012
Núm. Cendoj: 34120370012012100144
FALTA DE DESCUIDO EN CUSTODIA ANIMAL FEROZ/DAÑINO
SENTENCIA Nº 32/12
En la ciudad de Palencia, a 6 de marzo de 2012
Vistos en segunda instancia ante esta Audiencia Provincial, constituida en Tribunal Unipersonal, por el Ilmo. Sr. Magistrado Don Mauricio Bugidos San José los autos de Juicio de Faltas nº 236/10 procedentes del Juzgado de Instrucción nº 4 de Palencia, sobre INTERESES GENERALES DE LA POBLACIÓN, Rollo de Apelación nº 38/12, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la misma, de un lado por Leticia , y de otro por Mariola , actuando en nombre de su hija Paulina , habiendo sido también parte el Ministerio Fiscal.
Se aceptan los antecedentes de hecho expuestos en la sentencia recurrida.
1º.- En el Juicio de Faltas antes descrito y con fecha 5 de diciembre de 2011, se dictó sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
"Que debo condenar y condenó a Doña Leticia , como autora de una falta contra los intereses generales, prevista y penada en el artículo 631 del Código Penal , a la pena de UN MES DE MULTA con una cuota diaria de SIETE EUROS, cuyo impago sujetará a la penada a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, pudiéndose cumplir mediante localización permanente y también acordar con la conformidad del penado que se cumpla mediante trabajos en beneficio de la Comunidad y al pago de las costas procesales y a que indemnice a favor de Paulina en la cantidad de 589,35 € y al SACYL en la cantidad de 90 €, todo ello con la responsabilidad civil directa y solidaria de la Compañía Aseguradora CASER y la responsabilidad civil subsidiaria de Don Jose Enrique .
Las indemnizaciones establecidas devengarán con cargo a la citada Aseguradora el interés previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y para los demás responsables del artículo 576 de la ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de esta sentencia.
Que debo declarar y declaró la libre absolución de Don Jose Enrique de la falta por la que fue acusado ".
2º.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por los aludidos en el encabezamiento de la presente sentencia al amparo de lo dispuesto en el artículo 976, en relación con los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , solicitando la revocación de la sentencia apelada y que se dicte otra de acuerdo con sus conclusiones definitivas y el apelado y el Ministerio Fiscal su confirmación.
Se aceptan los declarados probados de la resolución recurrida.
PRIMERO .- El Juzgado de Instrucción número cuatro de Palencia dictó sentencia cuyo fallo es del tenor literal que se ha reproducido en los antecedentes de hecho de la presente, en la que se condenaba a Leticia como autora penalmente responsable de una falta contra los intereses generales de la población, definida en el artículo 631 del Código Penal . La condenada muestra su disconformidad con la sentencia de instancia, interponiendo recurso de apelación, y alegando en él la prescripción de la falta por la que viene sancionada; pero también interpone recurso de apelación Mariola , que actúa en representación de su hija Paulina , y que pide la condena de Jose Enrique . Éste último recurso se fundamenta en que siendo Jose Enrique el propietario del perro que mordió a Paulina , hechos estos que motivaron el juicio de faltas de que dimana el presente rollo de sala, también debe declararse su responsabilidad penal.
A ambos recursos se opusieron las respectivas contrapartes. En los siguientes fundamentos jurídicos se dará contestación a los mismos.
SEGUNDO .- El recurso presentado por Leticia se va a estimar. Se alega en él la prescripción de la falta por la que viene condenada, prescripción que ha de declararse, puesto que está suficientemente acreditado que transcurrieron más de seis meses, plazo prescriptivo que para las faltas señala el artículo 130 del vigente Código Penal , entre el día en que sucedieron los hechos origen de actuaciones y aquel en que se acordó la citación de la recurrente a juicio en calidad de denunciada, 2 de marzo de 2011.
Debe de precisarse que los hechos enjuiciados sucedieron en el mes de junio del año 2009, y que por ello regía para la prescripción de los ilícitos penales la normativa anterior a la presente, ya que esta última, aprobada por la ley Orgánica 5/2010, entró en vigor en el mes de diciembre del año 2010. La redacción del artículo 132 del Código Penal , entonces, decía que la prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable , y en el caso tal circunstancia sólo se produjo en la fecha indicada, esto es casi dos años después de la interposición de la denuncia por la perjudicada, lo que justifica la decisión que se adopta. Cierto es que en el periodo que media entre la incoación de las diligencias previas que luego se transformaron en juicio de faltas, y el día 2 de marzo de 2011, fecha del primer juicio, se practicaron diligencias, y que en ningún caso medio entre las diversas actuaciones judiciales practicadas un periodo superior a seis meses, pero la prescripción tiene justificación en lo ya advertido, esto es que hasta el mes de marzo del año 2011 no se dirigió el procedimiento contra la ahora recurrente.
Se podría objetar a lo anterior que debe de aplicarse la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, que interpretando el artículo 132 antes referido, y en concreto la expresión " el procedimiento se dirija contra el culpable " dice que basta para esto último "que en el procedimiento hayan aparecido ya unas personas perfectamente identificadas, a las que sea legítimo señalar como posibles responsables, para que pueda decirse que contra ellas está dirigido el procedimiento" , y que en el supuesto que nos ocupa, atendidas las actuaciones, debe de entenderse que desde un principio el procedimiento se dirigió contra Leticia . Ello podría ser así si del contenido del acta del juicio, que luego se suspendió precisamente para citar a la recurrente, celebrado el día 2 de marzo 2011, no se dedujese que el procedimiento hasta entonces no se dirigió contra la misma, pues el Juzgado no la citó a dicho juicio como denunciada, lo que significa que nunca la entendió como tal; pero es que a mayor abundamiento la citación que se acuerda en juicio lo es a petición del Ministerio Fiscal y después de que se oyese al otro denunciado. Es decir sólo en ese momento se dirige la acción contra Leticia , a petición de Ministerio Público, y no antes, y de ahí el transcurso del plazo prescriptivo.
Verdad es también que en el folio 22 de las actuaciones consta manifestación de Mariola ante la guardia civil que dice que Leticia custodiaba al perro que mordió a Paulina ; y en el folio 88 consta que en escrito presentado por la representación de Mariola se hace referencia a Leticia como dueña del perro, pero tales circunstancias que podrían hacer pensar en la imputación dirigida por la denunciante contra la recurrente, y por ello que el procedimiento se dirigía contra esta última, se aclaran en el momento en que se observa que no fue tal la intención de la denunciante ni del juzgado, y que por ello no se la citó al juicio que en principio se pretendía celebrar en su totalidad en el mes de marzo de 2011, y que precisamente se suspendió en su transcurso, a la vista de las manifestaciones del otro denunciado, y para que fuese citada Leticia a un nuevo juicio en calidad de denunciado.
La absolución de Leticia conlleva necesariamente la de los declarados responsables civiles.
TERCERO .- No se va a estimar, sin embargo el recurso presentado por Mariola y en el que se pide la condena de Jose Enrique .
Desde la sentencia 167/02 del Tribunal Constitucional , únicamente es posible para el tribunal de segunda instancia dejar sin efecto la absolución decretada en la primera, cuando el absuelto sea oído en la alzada, y además se haya reproducido antes dicho tribunal la prueba incriminatoria, reproducción que sólo puede hacerse previa petición de parte, y en aquellos supuestos que se regulan en la vigente ley de Enjuiciamiento Criminal. Ello es así en aplicación de los principios de inmediación, de que nadie puede ser condenado sin ser oído, y de interdicción de la arbitrariedad.
Como quiera que en el caso no se ha pedido práctica de prueba en esta segunda instancia, ni tampoco ha sido oído Jose Enrique , la aplicación de la doctrina expuesta impide el dictado de una sentencia condenatoria, que habría de dictarse revocando la de la instancia, sentencia esta última que siguió a la celebración de acto de juicio de faltas y en la que sí fue oído el apelado cuya condena ahora se pide.
CUARTO .- No procede la condena en costas de ninguna de las partes al no apreciarse temeridad ni mala fe.
Que, ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación de Leticia , y DESESTIMANDO el recurso de apelación presentado por Mariola en representación de su hija Paulina , ambos contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Palencia en fecha 5 de diciembre de 2011 , debo REVOCAR y REVOCO PARCIALMENTE la indicada sentencia, para decretar la ABSOLUCION de Leticia de la falta por la que venía condenada, y así también de los declarados responsables civiles en la indicada sentencia, esto es la compañía aseguradora CASER y de Jose Enrique ; y todo ello CONFIRMANDO el resto de pronunciamientos contenidos en la sentencia de instancia, y sin hacer pronunciamiento en las costas de esta alzada.
Así por esta sentencia, que es firme, lo pronuncio, mando y firmo