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Timestamp: 2017-12-13 20:49:14
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Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 20', 'artículo 32', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 108', 'artículo 27', 'artículo 49', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 14', 'artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 19']

Constitución | La opción de educar en casa | Página 2
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Los límites a la educación en casa
Publicado en julio 11, 2010 por madalen
Los derechos que configuran el complejo normativo constitucional del artículo 27 de la Constitución corresponden a distintos titulares y los intereses que corresponde a estos titulares son diferentes y no necesariamente por ello, confluyentes en una única dirección. Por ello, el acento que corresponda en cada momento a la protección de uno de estos intereses hará inclinarse la balanza del legislador al desarrollar este precepto constitucional, y hará decantarse la interpretación que los tribunales hagan de este complejo normativo en cada caso en concreto, interpretando la normativa en favor de uno u otro de los intereses en juego.
En lo que respecta a los intereses en juego en el caso de los derechos a educativos en los supuestos de menores desescolarizados, la situación no es sustancialmente distinta a la de los intereses en juego con respecto a los derechos educativos de los menores escolarizados. Los titulares de estos derechos fundamentales son tres, el Estado, los padres y los propios menores desescolarizados.
1. El interés del Estado es educar para la ciudadanía, y conseguir que todas las personas se integren de modo adecuado en la sociedad, y eso, desde el punto de vista del propio Estado, se consigue de manera eficaz a través de una educación controlada por el propio Estado, en un sistema escolar en el que concurren centros de titularidad pública o privada, supervisada por el Estado en este último supuesto.
2. Por su parte, el interés del menor derivado de su derecho a la educación es ser educado para la autonomía, una autonomía que le permita poder desarrollar su vida en condiciones de igualdad con respecto al resto de sus conciudadanos, independientemente de su ideología, raza, sexo, orientación sexual o convicciones religiosas. Los menores son, sin duda, titulares del derecho a ser educados, aunque se discute si pudiera defenderse la existencia del derecho a ser escolarizados[1]. Este aspecto jurídico que afecta a la existencia del derecho de los menores a ser escolarizados, aún no ha sido suficiente desarrollado en la doctrina jurídica, ni siquiera en la de origen anglosajón, y por ello no existe aún una base firme sobre la que sostener la existencia del tal derecho.
3. Ninguno de los dos coincide necesariamente con el interés de los padres. El interés de los padres es doble, existe un interés propio, de una parte, a constituir la familia también a través de la educación en base a aquellos valores en los que creen y quieren que toda la familia comparta, y el interés en que sus hijos puedan adquirir una independencia a través de la educación, de otro. Según el art. 27.3 de la Constitución los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una educación moral y religiosa conforme a sus convicciones.
La educación en casa, al ser un complejo de intereses y derechos que no corresponden en exclusiva a los padres, no puede convertirse en el ejercicio de la autoridad absoluta por parte de los titulares de la patria potestad sobre los menores a su cargo, ya que éstos no son de su propiedad. El interés del menor es crecer y ser educado en valores, que no son necesariamente los de sus padres, y por ello, en ciertos casos puede ocurrir que la educación en familia sea poco adecuada para conseguir la realización de ese derecho de los menores. Y ahí debe situarse precisamente el límite que debe imponerse desde el Estado sobre la educación en casa, el límite está en aquellos supuestos en los que no se cumpla el contenido del derecho a la educación de los menores en valores que les doten de autonomía y capacidad para integrasen en una sociedad de la que van a ser ciudadanos.
[1] Daniel MONK (2003) ‘Home Education: A Human Right?’ Evaluation and Research in Education, Vol. 17, No.2&3, pp. 157-166.
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El entramado del art. 27 de la CE
Publicado en junio 17, 2010 por madalen
Al tratar de profundizar en el alcance de lo que en la Constitución Española se entiende por el derecho a la Educación, debemos tener en cuenta dos premisas.
La primera es que los preceptos constitucionales que se refieren al derecho a la educación no se circunscriben al artículo 27, sino que entran en acción otros preceptos constitucionales que recogen otros derechos y libertades, como son, el 16 (libertad ideológica y religiosa); 20 (libertad de expresión y cátedra); y el 10,2 relacionado con el 96 (interpretación de los derechos y libertades fundamentales y aplicación del Derecho internacional), por mencionar los más directamente implicados.
La segunda premisa es que el propio artículo 27 no recoge sólo el derecho a la educación, sino que es un combinado de distintos derechos y libertades como lo son el derecho a la educación (27.1 CE), la libertad de enseñanza (27.2 CE), el derecho de los padres a que la formación religiosa y moral que reciban sus hijos esté de acuerdo con sus convicciones (27.3 CE), la libertad de creación de centros docentes (27.6 CE) y el derecho de docentes, padres y alumnos de participación en los centros públicos ( 27.7 CE).
La libertad de enseñanza con cuya proclamación se inicia el largo artículo 27 de la Constitución, significa la imposibilidad de un monopolio educativo del Estado, la apertura de la enseñanza a la iniciativa de los particulares. La garantía de la libertad de la enseñanza sirve para reafirmar, también en el ámbito docente la libertad de expresión que contiene el artículo 20. Para insistir en que esa libertad de expresión puede tener por objeto la difusión sistemática de pensamientos y conocimientos de tal forma que lleguen a constituir enseñanza. En tal sentido la libertad de enseñanza puede ejercerse fuera y dentro de un centro docente, con la posesión de una titulación o sin ella. Cualquiera es libre de enseñar sus conocimientos, sus intuiciones, su filosofía ante los problemas de la vida o de la muerte. Para ello no es preciso crear formalmente un centro docente, aun cuando esta creación pueda facilitar la dispensación de la enseñanza. La creación del centro docente es, sin embargo, absolutamente necesaria cuando se pretenden impartir las enseñanzas “que comprende el sistema educativo” como indica el artículo 32, párrafo primero de la LOECE al referirse a la libertad de la fundación de centros.
Por tal motivo puede concluirse en que la libertad de creación de centros contenida en el artículo 27, párrafo sexto de la Constitución, es una libertad auxiliar de la de enseñanza y que, a la vez, encuentra su fundamento en ella
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1981 contiene una definición estricta de la libertad de enseñanza y, en cierta forma, coincidente con la que aquí se defiende aun cuando no haya una expresa afirmación del derecho de enseñar al margen del puesto docente concreto y de la fundación de centros.
Véanse las palabras del Tribunal Constitucional:
En cuanto que la enseñanza es una actividad encaminada de modo sistemático y con un mínimo de continuidad a la transmisión de un determinado cuerpo de conocimientos y valores, la libertad de enseñanza, reconocida en el artículo 27.1 de la Constitución, implica, de una parte, el derecho a crear instituciones educativas (art. 27.6) y, de otra, el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar, a desarrollarla con libertad dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan (art. 20.1.c). Del principio de libertad de enseñanza deriva también el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos (art. 27.3) (Embid Irujo, A, Las libertades en la enseñanza, pp. 242 y 243)
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El derecho de los padres a que la formación religiosa y moral de sus hijos sea acorde a sus principios.
Publicado en junio 7, 2010 por madalen
¿En qué consiste el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral acorde a sus convicciones?. El derecho de los padres está íntimamente ligado a la concepción del deber escolar, de manera que la libertad que la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26.3 de la DUDDHH) asegura a los padres para decidir el tipo de formación que han de recibir sus hijos, ha sido entendida, de modo muy restrictivo, como el derecho a elegir libremente el centro al que han de asistir.
La Constitución consagra este derecho de los padres con este enunciado:
Art. 27. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Y es cierto que la Constitución no dice expresamente que exista un derecho a “elegir” el “tipo de educación” que se adecue a sus convicciones. Ni en este artículo, ni en ningún otro de la Constitución hay referencia alguna al “tipo” de educación, a pesar de que cuando se invoca este artículo de la CE, siempre se dice que “Los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que se adecua a sus convicciones”. Actualmente la LOE, ni siquiera sanciona expresamente el precepto constitucional, en toda su extensión, sino que aún realiza una interpretación más restrictiva que las Leyes orgánicas que le han precedido. En lugar de confirmar el precepto constitucional que garantiza a los padres que la educación de sus hijos sea conforme a sus convicciones, simplemente se refiere a la elección de centro. Según el artículo 108.6, «los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho… a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos”, “derechos” reiterados en la Disposición Final 1ª, 1 b).
Veamos aspectos de los Tratados Internacionales suscritos por el Reino de España y que constituyen, por ello, parte de su ordenamiento interno:
Declaración Universal de derechos humanos. Art. 26
Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27
Art. 13, 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto
Art. 18. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Protocolo adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. París, 20 de marzo de 1952. Instrumento de Ratificación de 2 de noviembre de 1990 (BOE nº 11, de 12 de enero de 1991).
En los distintos instrumentos se puede observar que existen distintos niveles de garantía del derecho. Así en el Pacto Internacional de derechos económicos, Sociales y Culturales se garantiza la libertad de los padres de elegir “la educación religiosa y moral” que esté de acuerdo con sus convicciones, siendo esta la redacción por la que se decanta la Constitución. Con la diferencia de que la constitución, en lugar de utilizar el término “educación” utiliza el de “formación”. Por el contrario el protocolo utiliza la expresión enseñanza, pero sin calificar que tipo de enseñanza sea ésta, implicando que se refiere a toda instrucción que se proporcione a los menores.
Existen dos interpretaciones de este derecho.Según una interpretación amplia, se refiere al derecho a la educación de acuerdo con las propias convicciones, según la interpretación estricta se refiere al derecho a que los hijos e hijas reciban una educación religiosa conforme a sus convicciones.
Las consecuencia de una u otra interpretación son significativas.
1.La interpretación amplia: Se basa de una parte en la interpretación de la Carta Magna según los instrumentos internacionales ratificados por el Estado español. Así lo exige la propia constitución que en su art. 10,2 dispone que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la declaración Universal de los derechos Humano y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España”. Además , según el art. 96.1. de la constitución, los tratados internacionales válidamente celebrados una vez publicados oficialmente forman parte del ordenamiento jurídico interno.
Otra tesis avala esta interpretación amplia y es que el término que emplea, es formación, no enseñanza, siendo de una amplitud superior, para incorporar no solamente los contenidos curriculares de estas asignaturas, sino a un concepto más amplio que engloba toda la formación que va a recibir el menor durante esos años.
2. Desde una interpretación estricta, se interpreta la Constitución de un modo literal, para entender que ha querido decir precisamente lo que aparentemente expresamente dice, que los padres pueden elegir el tipo de formación religiosa que se adapta a sus convicciones, y no a otros tipos de enseñanzas que puedan incorporarse a la formación integral del menor, las cuales estarían fuera del control de los padres, sujetas a los respectivos curriculum oficiales.
Francisco Rubio Llorente, “Los deberes constitucionales”, Revista española de derecho constitucional, año 21, num. 62, Mayo-Agosto, 2001.
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Publicado en mayo 25, 2010 por madalen
La Constitución consagra en el primer párrafo de su artículo 27 la libertad de enseñanza. Tradicionalmente se ha interpretado el contenido de esta libertad como la posibilidad para las familias de elegir una educación pública o privada para sus hijos, incluyendo entre las posibilidades de ésta última la de elegir una educación privada religiosa de distinto signo. Con ocasión de la aprobación del art. 27 de la Constitución que consagra uno de los aspectos más problemáticos del consenso puesto en marcha con esa finalidad, dos interpretaciones de la realidad educativa opuestas trajeron como consecuencia que el artículo sea complejo y difícil en su aplicación e interpretación.
El artículo 27 CE es un complejo conjunto de pesos y medidas que pueden calibrarse en uno u otro sentido para favorecer uno de los dos conceptos de la pluralidad educativa en el Estado Español. De un parte, la visión conservadora de la educación, ligada a la iglesia católica y a su inmensa red de centros de enseñanza, que entiende la pluralidad como la posibilidad de mantener centros educativos fuera de la red pública escolar, mientras que, de otra, la visión de la izquierda que entendía la pluralidad, no en la variedad de oferta del sistema sino en la posibilidad de garantizar la pluralidad ideológica dentro del propio centro. En otras palabras, las dos posturas enfrentadas son, de un lado la que defiende el pluralismo de centros en la sociedad, de signo católico y tradicional, y la que defiende el pluralismo ideológico dentro del centro, propia de los partidos de izquierda (Ribes Suriol).Los sectores de izquierda mantenían el viejo proyecto de una escuela pública universal y gratuita, mientras que el conservador defendía los centros privados y, en particular, la secular posición privilegiada de la Iglesia católica (Martinez de Pisón).
En cuanto a la libertad de enseñanza sancionada en el art. 27 1 de la Constitución, el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciando en cuanto a la extensión con la que se debe interpretar este precepto y el alcance de la libertad instaurada con la Constitución y por ello las interpretaciones varían con la realidad social y el contexto legislativo en cada momento.
Actualmente va en aumento el colectivo de personas y de familias que arguyen que esa libertad de enseñanza se ha interpretado de modo estricto, en beneficio de la pretensión del Estado de establecerse como el único garante del contenido de la enseñanza, bien sea a través de los centros instaurados por el Estado, bien se a través de los centros a los que el Estado concede autorización para impartir enseñanza no universitaria.
A este respecto y en desarrollo del artículo 14 de la LODE, se dictó el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias. Ahora es necesario regular el procedimiento que debe seguirse para garantizar que los centros privados, cuya apertura se solicita, reúnen tales requisitos y, por tanto, pueden ser autorizados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la LODE.
Por su parte, Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de Centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias, concreta los requisitos que han de cumplir los centros privados para obtener la autorización correspondiente para impartir enseñanzas no universitarias. Solicitad que irá acompañada de la siguiente documentación:
En virtud de que la solicitud se refiera a la autorización o a la modificación de la autorización de un centro docente privado, y en este caso, en función de la naturaleza de dicha modificación, la documentación a adjuntar a cada modelo de solicitud será la siguiente:
– Documento acreditativo de la existencia de la persona física o jurídica que ostenta la titularidad del centro (ejemplo: DNI, escrito de constitución de la sociedad, etc..).
– Documento acreditativo de que la titularidad del centro dispone del uso de los locales en los que se ubicará el mismo (ejemplo: contrato de arrendamiento, escrito de compraventa, etc..).
– 2 juegos de planos de planta, a escala 1:50 ó 1:100, de todas las instalaciones del centro, con indicación del uso, destino y dimensión de cada espacio.
– 2 juegos de planos, a escala 1:50 ó 1:100, de sección y alzado.
– 2 planos de situación del recinto escolar.
– Justificación de haber liquidado la tasa, según modelo 030.
– Declaración o manifestación de que los titulares o poseedores de, al menos, el 20% del capital social de la entidad titular no incurren en ninguna de las causas de incompatibilidad recogidas en el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general no universitarias.
Con la única de excepción de la regulación para centros extranjeros Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre el régimen de centros docentes extranjeros en España.
De este modo es la LODE la que estableció el sistema de autorización y Registro de los centros Docentes una vez que hubieran cumplido los requisitos para que recayera la citada autorización.
No se prevé pues ninguna otra posibilidad de activar la libertad de enseñanza recogida en la Constitución, y ese es precisamente el aspecto en el que no coinciden el legislador y los tribunales. Porque si bien el legislador ha identificado desde 1990 con ocasión de la publicación de la LOGSE, la educación y la escolarización, y de momento ninguna de las leyes orgánicas que desarrollan el derecho a la educación y la libertad de enseñanza del art. 27 de la Constitución han sido declaradas anti constitucionales por el tribunal Constitucional, la Administración se ve obligada a ejecutar lo que establecen las sucesivas leyes de educación aprobadas desde la entrada en vigor de la Constitución. Sin embargo, como decíamos, los tribunales no vienen interpretando necesariamente que la educación equivale a educación, ni que el derecho a la educación se deba cumplir exclusivamente a través del sistema escolar oficialmente establecido, sea éste público o privado, ya que el Tribunal Supremo, en la única oportunidad que ha tenido de enfrentarse directamente a esta oposición escolarización/educación, ha sancionado que la educación proporcionada por el Estado no puede ser exclusiva ni excluyente y que existen otros medios para garantizar el acceso a la educación de los menores.
El único requisito que podría exigirse a ese cumplimiento debiera ser lo que se identificara en cada momento como el contenido del derecho a la educación:
Art 2 LODE
La Jurisprudencia ha venido marcando un camino distinto, mas fiel al texto de la Constitución que a las sucesivas leyes educativas que desde distintos posicionamientos ideológicos venían a interpretar el derecho a al educación. La LOGSE y la LOCE representaban dos modelos ideológicamente opuestos.
De un lado la LOGSE contó con un amplio consenso de los partidos de izquierda y los nacionalistas, mientras que la LOCE fue apoyada casi en exclusiva por el Partido Popular.
Por último, en cuanto a la aprobación de la LOE, el Congreso de los Diputados dio su apoyo al proyecto de Ley Orgánica de Educación con 184 votos a favor (PSOE, CiU, ERC, PNV, ICV, CC y EA), 134 en contra (PP) y 7 abstenciones (IU, BNG, Chunta y Nafarroa Bai).
En este contexto se mueve la educación en casa en palabras de Ana María Redondo
“Puede afirmarse que el “homeschooling” es una práctica al margen de la ley, en algunos casos perseguida y en otros tolerada, sin que existan reglas generales para su aceptación o rechazo, ni requisitos, ni controles sobre su ejercicio”.
La LOE no procedió a recoger la regularización de esta objeción al sistema escolar y por ello la situación de indecisión y hasta cierto punto de indefensión continúa. La razón de la fata de regularización está en la dimensión de la comunidad que opta por este modo de educar a sus hijos e hijas, mientras se siga manteniendo en números reducidos, no se va a visualizar como un problema y por ello el Estado no va a acudir a regular lo que en principio no es un problema. El efecto disuasorio que puede tener para muchos la intervención de la Administración sobre unos pocos está manteniendo, de facto, el número de familias en una dimensión poco alarmante. Otra cuestión sería si se extendiera el modelo a un mayor número de familias al tiempo que se produjeran casos flagrantes de inadecuación del modelo de la educación familiar a unos parámetros mínimamente aceptables o de familias que se encuentren con dificultades de proporcionar a los menores a su cargo lo que se podría considerar un buen ejercicio de este derecho derivado de la patria potestad. Esta situación ya se previó hace tiempo en uno de los debates producidos en el seno de la red de apoyo Crecer sin escuela. El debate tuvo lugar antes de la constitución de Ale, que precisamente se promovió para hacer frente al problema que el vacío legal estaba provocando en muchas familias. En aquella ocasión Xavi Bosch, aconsejaba que no se diera conocer en exceso la opción ya que la garantía de su éxito residía precisamente en que estuviera al alcance de un número reducido de familias.
Siempre hemos creído que las personas tienen lo que se merecen o necesitan, en este sentido si existen familias que necesitan conocer que existe la posibilidad de educar a sus hijos en casa les llegará esa información por los cauces que existen hoy. Podemos incrementarlos, pero sin dedicarle mucho esfuerzo porque puede llegar a personas que no merezcan tanto esa vía educando a sus hijos inconscientemente o por otros intereses distintos a los de mejorar la educación de sus hijos.
Como todo error en un comportamiento acarrea efectos secundarios negativos, divulgar “a lo grande” CSE puede perjudicar a los que están en esa línea de manera consciente y responsable. Si se detectara, con el paso de los años, una familia con hijos no escolarizados con deficiencias graves en su educación y formación causaría un daño irreparable al resto de familias. Como mínimo y sin ser nada grave el sistema impondría medidas de control o forzaría a matricular a los hijos en empresas educativas.(Crecer sin escuela, Diálogos en la web, p. 31. Boletín nº 10, primavera 2002).
La postura de los tribunales viene marcada por la propia vía por la que se accede a las consecuencia de la intervención. La consideración del delito de abandono está fuera de lugar para estos casos en los que más que abandono existe un exceso de celo por parte de los titulares de la patria potestad al asumir en exclusiva y sin mediación el proceso educativo de sus hijos, y esa visión ha sido ratificada por la sentencia del Tribunal Supremo, ya citada. La aplicación de la vía civil implica la retirada de la patria potestad que parece desmesurada también por la misma razón, ya que estas medidas están diseñadas y previstas para los supuestos de riesgo de los menores por desatención de los titulares de la patria potestad, tanto de sus necesidades físicas como emocionales. Por ello, la ausencia de definición de las vías que recojan la educación fuera de los cauces reconocidos por el Estado, no implica la posibilidad de aplicación de las medidas previstas para los supuestos de incumplimeint0 de los deberes de la patria potestad.
Ante esta situación se hace necesario un procedimiento que ponga en marcha algún tipo de reconocimiento que regule que fuera de las vías previstas por el Estado también pueda haberse dado o estarse dando cumplimiento al derecho a la educación de los menores, conjugando con la libertad de enseñanza de los padres, y el derecho del Estado a exigir que esos menores están siendo educados dentro de los parámetros que exigen las leyes de educación, para que puedan incorporarse a la sociedad como ciudadanos responsables y respetuosos con los principios que la sociedad se da en cada momento. Además de que se cumpla el derecho de los menores a recibir una educación que les prepare para su futuro profesional. Veamos cuales son las exigencias mínimas que establece la LOE:
Estos principios ya formulados en la LODE encuentran una formulación más amplia en la vigente LOE.
Una vez expresados los principios generales que deben inspirar el modelo educativo, la LOE pasa a analizar las áreas de conocimiento y capacidad que deberán ir adquiriendo los alumnos y alumnas en cada etapa, y parecería lógico suponer que si se reconociera en plenitud la libertad de enseñanza de los padres, estos deberán garantizar que se se están impartiendo los mínimos que exige la LOE y evaluar de algún modo la adquisición de las capacidades indicadas en cada una de las áreas previstas.
Alvaro Marchesi, “Ideología educativa y pacto escolar”, Cuadernos de pedagogía,338, 83.
Jose Luis Martínez Lopez-Muñiz, “La educación en la Constitución española. Derechos fundamentales y libertades públicas en materia de enseñanza”, Persona y Derecho, 6 (1979) p. 215.
Martinez de Pisón, “La libertad de conciencia en la Constitución española”, REDUR, nº 2, 2004.
Ana Isabel Ribes Suriol, “El derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos: sentido y alcance”, Revista de Derecho Universitat de Valencia, nº1, 2002.
Raul Canosa Usera, “Sinopsis del artículo 27. Constitución Española”. Congreso de los Diputados.
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Publicado en febrero 11, 2010 por madalen
Objetar la escolarización: La Educación sin escuela, es el título de un buen artículo de Andrea Precht, que publica desde su web titulada La Máquina de educar. Clonlara reseña el artículo, y yo en este blog me decanto por examinar algunos aspectos legales con la finalidad de complementar la información sobre el homechool en Chile desde este lado del Atlántico. Andrea Precht es profesora de la Universidad de Talca en Chile y experta en temas relacionados con la educación.
Según la Wikipedia se estima que existen alrededor de sesenta familias que optan por la educación en casa o homeschooling en Chile. A pesar de que son muy pocas comparadas con las familias europeas, se piensa que las cifras seguirán creciendo considerablemente con el pasar de los años. Aunque este sistema de educación no esté acreditado, debido a que, el Ministerio de educación, acredita infraestructura, existe la opción de rendir exámenes de validación de estudios en cualquier momento del año. A este examen pueden presentarse los menores de edad en cualquier momento del año, si cumplen con uno o todos de los siguientes requisitos: no haber estado en ningún establecimiento escolar en el año que se hace la solicitud y/o haber estado matriculado en un establecimiento no reconocido por el estado. En chile los resultados son favorables, y la educación de las familias que estudian en casa está muy por encima de las que optan por el colegio. Esto también lo plantea “Think Academy” un colegio virtual, pionero en éste sistema de educación que ofrece apoyar a las familias que optan por el “Homeschooling” y busca resultados muy por encima de los colegios normales. Existen varias organizaciones que buscan cooperar con el desarrollo de esta modalidad de estudios, entre ellas Organización Familiar Organización Familiar, Colegio Virtual Yo Aprendo Colegio Virtualquien propone una plataforma educativa que contempla todos los contenidos propuestos por los planes y programas del Ministerio de Educación Chileno.
En Chile no existen leyes específicas que regulen la educación en casa, pero la Constitución proporciona base suficiente para que los padres puedan optar por este modo de educar a sus hijos e hijas
La Constitución chilena establece el derecho de educación y la libertad de enseñanza en su artículo 19 numerales 10 y 11
El Estado promoverá la educación parvularia.La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
Ya que los padres tienen reconocido el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, y a su vez el Estado está obligado a prestar protección a ese derecho, los padres pueden educar en sus casa libremente a sus hijos e hijas. La única limitación es la que le impongan la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.
No hay requisitos de registro ni supervisión por parte del Estado.
La Organización Familia Escolar (OFE)
La directora de OFE cuenta que hay varias familias más interesadas, pero los limita que no exista un reconocimiento legal. McCurdy reconoce que muchas críticas se enfocan sobre las habilidades sociales de los niños, pero asegura que las aprenden de sus padres y generan más confianza en sí mismos. “Tienen todo el día para socializar, lo que en el colegio hacen en el recreo o al irse”.
Alex Zúñiga señala que sus hijos aprenden más en profundidad y sin el estrés del colegio. “Si en algún momento queremos formalizar sus estudios, haremos el proceso normal”, regulación que el Ministerio de Educación realiza mediante el sistema de exámenes libres.
Para Zúñiga, el costo de llevar a su hijo al colegio, cancelar la matricula y el centro de padres, no es equivalente con el resultado final: “Con eso mismo en casa pago de internet, vamos al museo, al cine, y compramos los materiales que él necesita”.
El sistema de convalidación de estudios está garantizado en base a la posibilidad de hacerlo tanto de modo parcial al finalizar cada periodo escolar como de hacerlo de manera global al terminar toda la etapa escolar.
Es un centro de estudios a distancia que prepara materiales para obtener convalidación de los estudios realizados.
Incorporamos alumnos de todo Hispanoamérica, lo que les entrega una base cultural y un conocimiento mayor de las diferentes culturas y costumbres de Hispanoamérica.
Para lo anterior, en el último año de enseñanza secundaria, los acreditamos oficialmente en Estados Unidos. (se mantienen en este colegio y en español) Lo que les permite postular a cualquier Universidad del mundo, incluyendo las principales de Latinoamérica.
Es una web diseñada para familias hispanohablantes. Incluye un “manual” para la familia escolar. Ofrecen asesoramiento para mediar entre las familias y las autoridades educativas.
Homeschool en Chile (Red de Ning)
Blogs de familias chilenas que educan en casa
Andrea Precht La Máquina de educar
Educar en familia- Lo mejor
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