Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A092-07.htm
Timestamp: 2017-11-25 09:42:49
Document Index: 333522453

Matched Legal Cases: ['artículo 332', 'artículo 241', 'artículo 79', 'artículo 241', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 7', 'artículo 332', 'artículo 332']

A092-07
Auto 092/07
Referencia: expediente D-6722
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo (parcial) del artículo 332 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
Actor: Jorge Alberto Vera Quintero
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil siete (2007).
Mediante Auto proferido el 14 de marzo del año en curso, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda de la referencia y ordenó correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera dentro del asunto de la referencia el concepto previsto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política.
A través de escrito radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 29 de marzo de 2007, el señor Procurador General de la Nación y el señor Viceprocurador General de la Nación solicitaron a la Corte Constitucional les fuera aceptado el impedimento para ejercer sus funciones constitucionales dentro del presente proceso, por haber intervenido en la expedición de la norma sometida al control de constitucionalidad. Indican que el primero de ellos hizo parte de la comisión redactora y el segundo de la subcomisión redactora del proyecto de ley que finalizó con la expedición de la Ley 906 de 2004, de cuyo contenido hacen parte las disposiciones demandadas.
Conforme con lo expuesto, procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver los impedimentos manifestados, de conformidad con los argumentos que se desarrollan a continuación.
1. De manera reiterada esta Corporación ha sostenido que la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para resolver los impedimentos y recusaciones de sus magistrados y conjueces, así como del Procurador General de la Nación, o de quien haga sus veces, en relación con los conceptos que debe emitir dentro de los procesos de constitucionalidad que se adelanten.
En relación con este punto, la Sala Plena, en Auto del 24 de abril de 2003, sostuvo[1]:
“...la competencia de la Corte para conocer sobre los impedimentos y recusaciones presentados por el Procurador General de la Nación se encuentra sustentada en el hecho de que el artículo 241-11 de la Constitución Política autoriza a la Corporación para dictar su propio reglamento, reglamento cuyo artículo 79 establece que “[t]odos los asuntos de constitucionalidad de que conoce la Corte Constitucional se someterán, en lo que hace a impedimentos y recusaciones, a las causales y al trámite consagrados en el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991, en lo pertinente.” (Art. 79 Acuerdo 05 de 1992).
6.- Que la competencia para resolver los impedimentos y recusaciones presentados por el Procurador General en los procesos de constitucionalidad del artículo 241 de la Carta ha sido reconocida por la reiterada práctica judicial de la Corte, ya que, tal como recientemente lo reconoció la Corporación a propósito del citado artículo 79 del Acuerdo 05 de 1992, no existe otra norma en el ordenamiento jurídico a la cual remitirse para resolver tales incidentes. El artículo 79 -dice la Corte- “definió las normas aplicables frente al trámite de los incidentes de recusación e impedimento en procesos de constitucionalidad, y cerró cualquier posibilidad de remisión normativa a otros ordenamientos” (Auto 053 de 2003, Expediente CFR-01).
2. Habida cuenta lo expresado por el señor Procurador General de la Nación en el sentido de haber participado en la comisión redactora de la norma acusada y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, el cual, en armonía con lo señalado en el artículo 26 ibídem, establece entre las razones de impedimento para esta clase de procesos el haber intervenido en la expedición de la disposición acusada, es del caso aceptar el impedimento propuesto y declararlo separado del conocimiento del asunto de la referencia.
3. Respecto al impedimento manifestado por el señor Viceprocurador General de la Nación, la Sala precisa que éste tiene sustento en argumentos análogos a los que sirvieron de base para la aceptación del impedimento manifestado por el señor Procurador General de la Nación. En ese sentido, se impone en su caso la misma solución jurídica.[2].
Sobre este particular debe tenerse en cuenta que la aceptación del impedimento del señor Viceprocurador puede tramitarse simultáneamente a la del titular del Ministerio Público. Como en anteriores oportunidades se ha manifestado, si bien en principio correspondería atender el impedimento planteado por el Viceprocurador General sólo luego de que se aceptara el del Procurador General de la Nación y en consecuencia de ello el Viceprocurador entrará a sustituirlo en sus funciones constitucionales para rendir el correspondiente dictamen; considera la Corte que, en aplicación del principio de economía procesal, que pretende dar celeridad a la solución de los procesos de constitucionalidad,[3] se hace necesario aceptar en esta misma providencia el mencionado impedimento.
4. Vistas las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el asunto de la referencia debe remitirse al Procurador General de la Nación para que, en cumplimiento de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7º del Decreto Ley 262 del 2000, designe el funcionario que deba rendir el concepto correspondiente.
De conformidad con los argumentos expuestos, la Sala Plena de la Corte Constitucional
Primero. ACEPTAR, con base en las razones expresadas en esta providencia, el impedimento manifestado por el Procurador General de la Nación para emitir concepto dentro del expediente D-6722
Segundo. ACEPTAR el impedimento manifestado por el Viceprocurador General de la Nación para emitir concepto dentro del expediente D-6722, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Tercero. ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que, una vez ejecutoriada esta providencia, corra traslado del presente proceso al Procurador General de la Nación, con el objeto que designe el funcionario que debe rendir el correspondiente concepto.
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 262 del 2000 y en armonía con el Decreto 2067 de 1991, ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional que, una vez se levante la suspensión de términos decretada en el proceso de la referencia con ocasión de los impedimentos propuestos, corra traslado por el término que falte al funcionario que designe el Procurador General de la Nación, para que rinda el concepto de su competencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO A-092 DE 2007 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Referencia: D-6722
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo (parcial) del artículo 332 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.”
Con el debido respeto por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito salvar mi voto frente al presente Auto, reiterando para ello mi posición jurídica sostenida en repetidas oportunidades[4] en relación a que esta Corte carece de la competencia tanto constitucional como legal para resolver los impedimentos manifestados por el Procurador General de la Nación y el Viceprocurador para emitir el concepto sobre constitucionalidad, en este caso sobre el parágrafo (parcial) del artículo 332 de la Ley 906 de 2006 demandados en este proceso.
Por la razón expuesta disiento del presente Auto.
[1] Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Auto del 24 de abril de 2003 por el cual se resolvió impedimento presentado dentro del Expediente D-4475. (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[2] Al respecto puede consultarse el Auto proferido por la Sala Plena el 3 de noviembre de 2004, dentro del Expediente D-5428.
[3] Ver al respecto la Sentencia C-037 del 19 de febrero de 1998 (M.P. Jorge Arango Mejía).
[4] Ver Salvamento de Voto al Auto A-159 del 2005 y Salvamento de Voto al Auto A-147 de 2006, entre otros.