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Timestamp: 2017-11-19 01:18:08
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El derecho de acceso a la información en el ámbito científico. La Ley 26.899 y su impacto en la democratización del conocimiento | DERECHO Y COMUNICACIÓN 2.0
DERECHO Y COMUNICACIÓN 2.0
El derecho de acceso a la información en el ámbito científico. La Ley 26.899 y su impacto en la democratización del conocimiento
Por mariaclaraguida
Por Gabriela Chávez y María Clara Güida / Marzo 2013.
Este artículo constituye un avance parcial de un proyecto de investigación actualmente en curso que tiene como objetivo el estudio de la importancia del derecho de acceso a la información y a la cultura, en general, y en el ámbito científico-académico, en particular.
En este trabajo nos proponemos abordar el análisis de las iniciativas de modelos de acceso a abierto a las investigaciones científicas, teniendo en cuenta el anclaje jurídico-normativo en el cual las mismas se insertan. Particularmente, focalizaremos en el estudio de la recientemente sancionada Ley Nº 26.899 de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto.
Bajo la consigna de que los repositorios digitales garantizarán el libre acceso a sus documentos y datos a través de Internet u otras tecnologías de la información, la anteriormente mencionada normativa establece la obligación de los organismos o instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propio o compartido.
“La información científica es el resultado más significativo de un investigador y el recurso fundamental de la innovación tecnológica.” (Mishra, 2013:8)
La presente ponencia forma parte de un proyecto de investigación más vasto denominado “La comunidad científica y el acceso a la información pública”[1], que tiene por objetivo indagar acerca del estado en el que se encuentra el derecho de acceso a la información científica en Argentina.
Consideramos que el mentado derecho es una parte constitutiva del derecho de acceso a la información pública, un derecho humano fundamental, de carácter universal y de sustantiva importancia como herramienta de participación necesaria para el ejercicio de una ciudadanía plena en toda sociedad democrática. Forma parte de los derechos innatos, imprescindibles e irrenunciables del ser humano, que deben ejercerse en condiciones de igualdad, y de cumplimiento obligatorio por parte de los Estados[2].
Tiene por objetivo primordial asegurar el acceso a los documentos y archivos en manos del Estado, en pos de garantizar el derecho de las personas a mejorar su calidad de vida, en tanto la información es un elemento esencial para la toma de decisiones. El derecho de acceso a la información constituye, entonces, un atributo natural de la condición de ciudadano, puesto que deriva del principio de soberanía popular y de la forma republicana de gobierno, que supone la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la gestión pública. Ningún gobierno democrático puede sobrevivir sin rendición de cuentas y el postulado básico de la rendición de cuentas es que el pueblo cuente con información acerca del funcionamiento del gobierno (S.P. Gupta v. Union of India, 1981 – Suprema Corte de la India).
El acceso a la información científica representa el derecho de todos los individuos a tomar conocimiento del resultado de las investigaciones científicas, siempre que las mismas fuesen financiadas por el erario público[3]. Nuestro trabajo busca abordar la importancia de la relación entre el acceso a la información pública y el acceso a las producciones científicas, a partir de la vinculación que distintos actores sociales como los científicos, el Estado y la comunidad poseen; al trabajar sobre las normas vigentes acerca de la obligatoriedad de publicidad de la información, el conocimiento de los investigadores sobre esa legislación y, por último, en las acciones estatales para garantizar el derecho de todos los individuos al acceso a la información científica.
El contexto general en el cual se enmarca el análisis de este derecho en está signado por la objetivo de tener una comprensión integral de las políticas digitales en materia de comunicación a aplicar y de las normas jurídicos o principios a implementar para que la Argentina pueda generar un salto cualitativo hacia la Sociedad del Conocimiento, un nuevo tipo de sociedad -basado fundamentalmente en el intercambio de intangibles- surgido de un importante proceso de transformaciones tecnológicas que, desde la década pasada, han ido marcando, progresivamente, el ingreso a una nueva Era de carácter digital.
El antiguo paradigma industrial da paso, ahora, a un nuevo paradigma tecnológico-informativo caracterizado por dos expresiones específicas y esenciales que se fusionan e interactúan, complementándose: Internet -no sólo como tecnología, sino también como producción cultural- y el conocimiento. La llamada Revolución Digital y su consecuente Revolución del Conocimiento han marcado el paso de la Era Industrial a la Era de la Sociedad del Conocimiento, en la cual el principal generador de valor económico es el saber.
De acuerdo con la Carta de los Derechos Civiles para una Sociedad del Conocimiento, uno de los principales desafíos para esta nueva Era, que revoluciona estructuralmente el modo de crecimiento y competencia de las economías nacionales, reconfigurando el mapa mundial, consiste en “asegurar la disponibilidad del conocimiento y un acceso libre a los recursos de información (puesto que) el conocimiento y la información son los medios primarios para proveer a la ciudadanía de una base para la acción”. Esto se debe a que “sólo el acceso libre a al conocimiento y a la información hace posible una participación democrática en los asuntos públicos y estimula la creatividad y la innovación en la economía, la ciencia y la cultura”.
La revolución de la transparencia informativa cambia profundamente nuestra cultura, puesto que en la Era del saber repartido, del acceso universal a la información, la principal fuente de un país radica en la capacidad intelectual y operativa de su gente y en la formación recibida, que le permite afrontar los nuevos cambios. Para ello, debemos ser capaces de generar políticas de Estado en las que todos concordemos priorizando ciertas líneas de acción. La Sociedad del Conocimiento requiere adquirir la cultura del permanente intercambio con los demás de información y de conocimiento, del trabajo asociativo, colaborativo, de co-construcción permanente.
Consecuentemente, el derecho, que no puede mantenerse ajeno a esta situación, debe reaccionar para adecuarse a la nueva realidad y brindar la estructura normativa pertinente a los cambios que se han suscitado, garantizando el derecho de acceso a la información de manera plena en tanto constituye uno de los prerrequisitos para el desarrollo personal, la participación política y para el desarrollo de la humanidad en su conjunto.
Asimismo, buscaremos dar a conocer el punto de vista de los becarios, docentes e investigadores sobre esta cuestión que los afecta de manera directa, así como también de funcionarios de la administración pública involucrados en la temática.
El trabajo propuesto conjuga la utilización de metodologías de tipo cuali y cuantitativas mediante el uso de técnicas de recolección de información como entrevistas en profundidad a especialistas en el tema de acceso abierto y derechos de autor, el análisis normativo de la legislación relacionada con el objeto de estudio y encuestas a becarios, investigadores y docentes.
EL MODELO DE ACCESO ABIERTO. ANTECEDENTES.
“El Acceso Abierto (AA) es el suministro de acceso gratuito a información científica académica y revisada por pares para todos. Ello requiere que el propietario de los derechos entregue el derecho irrevocable y global a copiar, usar, distribuir, transmitir y hacer trabajos derivados en cualquier formato para cualquier actividad legal, con el reconocimiento apropiado del autor original. El Acceso Abierto usa las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para incrementar y mejorar la diseminación del conocimiento. El Acceso Abierto se refiere a Libertad, Flexibilidad e Imparcialidad.” (Mishra, 2013:8)
De acuerdo con la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALyC), “acceso abierto” es el nombre de un movimiento internacional cuyo objetivo es lograr que cualquier persona en el mundo, con una conexión a Internet, pueda acceder libremente, sin ninguna restricción de tipo económico, técnico o legal, a la información científica, académica y cultural.
Siguiendo esta concepción, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación entiende que “El modelo de Acceso Abierto (AA) a la producción científico-tecnológica implica que los usuarios de este tipo de material pueden, en forma gratuita, leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos, y usarlos con propósitos legítimos ligados a la investigación científica, a la educación o a la gestión de políticas públicas, sin otras barreras económicas, legales o técnicas que las que suponga Internet en sí misma. La única condición que plantea este modelo para la reproducción y distribución de las obras que se pongan a disposición es la obligación de otorgar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.”
Ahora bien, el modelo de Acceso Abierto (AA) -Open Access (OA)- de la producción científico-tecnológica se encuentra principalmente contemplado en el marco general de tres declaraciones de carácter internacional, a saber: la Declaración de Budapest (Budapest Open Access Initiative – BOAI) del 14 de febrero de 2002, considera que Internet la nueva tecnología que “hace posible la distribución electrónica en la red de redes de literatura periódica revisada por pares completamente gratuita y sin restricciones de acceso por todos los científicos, académicos, maestros, estudiantes y otras mentes curiosas”[4]; la Declaración de Bethesda (Bethesda Statement Open Access Publishing) del 20 de junio de 2003, establece que “Las publicaciones electrónicas de resultados de investigación ofrecen la oportunidad y la obligación de compartir resultados de investigación, ideas y descubrimientos libremente con la comunidad científica y el público”; y la Declaración de Berlín (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) del 22 de octubre de 2003, explicita las importantes ventajas que brinda Internet como herramienta de difusión del conocimiento[5].
A las llamadas 3B – D (Budapest, Bethesda and Berlin Declarations), cabe agregar la Declaración de Salvador sobre “Acceso Abierto”: la perspectiva del mundo en desarrollo (Salvador, Bahía, Brasil) del 23 de septiembre de 2005[6] y la Declaración sobre Acceso a los Datos de Investigación con Fondos Públicos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE) de enero de 2004[7].
Finalmente, cabe destacar que nuestro país se ha incorporado recientemente a diversos proyectos internacionales y regionales a favor del AA a la producción tecnológica, como ser la Confederación Internacional de Repositorios de Acceso Abierto (COAR) y el Proyecto BID/Bien Público Regional (BPR) – Estrategia Regional y Marco de Interoperabilidad y Gestión para una Red Federada Latinoamericana de Repositorios Institucionales de Documentación Científica[1] (cuya agencia ejecutora es la Red Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas – Red CLARA).
En Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Países Bajos, España, Perú y Brasil, ya existen sistemas científicos tecnológicos consolidados de esta índole, que permiten brindar acceso abierto a los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos, contrarrestando, al mismo tiempo, los efectos de la llamada “exclusión cognitiva” (originada a partir de la mercantilización y difusión del conocimiento científico).
En materia legislativa cabe destacar que mientras la Comisión Europea promueve el acceso abierto con iniciativas aisladas, al igual que los Estados Unidos -donde la obligatoriedad de publicar las investigaciones sólo alcanza a aquellas financiadas con fondos públicos a través de sus Institutos Nacionales de Salud (NIH)-; en América Latina se promueven iniciativas más integrales. Es el caso de países como Perú y Argentina, que al día de hoy son los únicos de la región que poseen una ley nacional de Acceso Abierto.
En esta línea, vale resaltar que el viernes 14 de marzo del corriente año, la Cámara de Senadores de los Estados Unidos Mexicanos dio media sanción a un proyecto de ley de acceso abierto, al aprobar por unanimidad -con 74 votos- el principio legal de la difusión de información científica, académica, de investigación e innovación mediante el uso de plataformas cibernéticas. Dicho proyecto, que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados a la espera de tratamiento, faculta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), a promover el conocimiento mediante un Repositorio Nacional de Acceso Abierto, el cual debe coordinar su actividad con los ya existentes, en pos de que el conocimiento universal esté disponible para la población en general.
LA LEY Nº 26. 899 DE CREACIÓN DE REPOSITORIOS DIGITALES INSTITUCIONALES DE ACCESO ABIERTO
La Ley Nº 26.899 de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto fue aprobada por el Honorable Senado de la
Nación el 23 de noviembre de 2013 y promulgado el 3 de diciembre de dicho año (B.O. 9/12/2013), dando lugar a un importante avance en materia de acceso a la información y democratización del conocimiento.
Dicha normativa tiene un extenso recorrido en su haber, ya que se trata de una cuestión cuya concreción gran parte de la comunidad científica reclamaba desde unos años atrás. Cabe destacar que esta iniciativa encuentra su origen en un documento elaborado en 2010 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica -a cargo del Dr. en Física Alejandro Ceccatto- con el objetivo de que “la producción científica financiada con fondos públicos sea accesible por aquel que lo requiera (y) que el país se inserte dentro de lo que son las actitudes que en general la comunidad científica y los distintos países a nivel internacional están teniendo en el área”[8]. Dicha propuesta fue presentada a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 19 de octubre de 2010 en calidad de Anteproyecto de Ley de Creación de Repositorios Digitales Abiertos de Ciencia y Tecnología – Ciencia Abierta Argentina 2010.
El entonces proyecto de ley fue elevado a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) en 2011 e impulsado por los Diputados del Frente para la Victoria Graciela Giannettasio, Carlos Kunkel, María Teresa García, José María Díaz Bancalari y Juan Mario Pais, quienes presentaron oficialmente el proyecto el 18 de abril de ese año. El expediente 1927-D-2011 fue girado a las Comisiones de Ciencia y Tecnología, Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda para su tratamiento y, obtuvo dictamen (Orden del día Nº 326) para ser tratado por el pleno de la Cámara, que lo consideró y aprobó con modificaciones (en la votación en particular del proyecto se aceptaron las modificaciones propuestas por la diputada Alcira Argumedo a los artículos 1º y 6º, mientras que los artículos 2º a 5º, 7º y 8º se aprobaron sin observaciones) el 23 de mayo de 2012 (la votación en general obtuvo 160 de 161 votos a favor).
La media sanción (DAE 107) pasó, entonces, a la Cámara Alta[9], donde fue girada[10] a las Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad De Expresión. Una vez allí, fue tratada por separado, con despacho positivo de ambas Comisiones. Las mismas sólo se reunieron de forma conjunta el 11 de septiembre de 2013, con el objeto de someter el documento a la opinión de especialistas en la materia y darle curso a la firma del dictamen[11]. Finalmente, bajo el Orden del Día 556/13, el documento fue sometido a votación en el recinto el 23 de noviembre de 2013, donde fue convertido en ley.
Siguiendo el modelo de AA, la normativa tiene como objetivo la creación y el desarrollo de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, en los que se deberá depositar la producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos que sean financiados total o parcialmente con fondos públicos, de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado. Dicha producción debe abarcar el conjunto de documentos[12] que se obtengan como resultado de actividades de investigación (artículo 1º).
De acuerdo con la ley, el desarrollo de los mentados repositorios queda a cargo de los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)[13] y que reciben financiamiento del Estado nacional (artículo 1º). Éstos tienen la responsabilidad de establecer políticas para el acceso público a datos primarios[14] de investigación a través de los repositorios arriba mencionados o de portales de sistemas nacionales de grandes instrumentos y bases de datos, así como también deben implementar políticas institucionales para su gestión y preservación a largo plazo (artículo 2º).
Un aspecto a destacar es el deber de interoperabilidad: el documento establece en su artículo 4º que los repositorios deben ser compatibles con las normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente y deben garantizar el libre acceso a sus documentos y datos a través de Internet u otras tecnologías de información adecuadas a dichos efectos, facilitando las condiciones necesarias para la protección de los derechos de la institución y del autor sobre la producción científico-tecnológica.
En cuanto al manejo de los plazos, cabe destacar que el proyecto obliga a los sujetos contemplados en el artículo 1º a colocar en los repositorios o autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final de su producción[15] en un período no mayor a 6 meses[16]. Asimismo, establece que los datos primarios de investigación deben ser depositados en repositorios o archivos digitales propios o compartidos y estar disponibles públicamente en un plazo no mayor a 5 años[17].
Quienes defienden el proyecto sostienen que bajo este nuevo régimen de acceso, los autores mantienen los derechos de control sobre la integridad de su trabajo y a ser adecuadamente reconocidos y citados. En este sentido, el Dr. Alejandro Ceccatto sostiene que “la propiedad intelectual de esas investigaciones (…) pasaría a dominio público inmediatamente producida la investigación, que debería cargarse en los repositorios de la institución de pertenencia. El derecho moral pertenece al autor y la parte patrimonial corresponde a la institución que le paga el salario al investigador o, eventualmente, a la institución pública que ha financiado ese desarrollo. Lo que hace la ley es poner visible esa producción sin influir ni alterar de manera alguna ese tipo de relaciones”[18]. Sin embargo, no todas las voces se levantaron a favor de la iniciativa en lo que a los plazos respecta: hay quienes sostienen que la normativa acorta los plazos previstos[19] en la Ley Nº 11.723/33 de Propiedad Intelectual y viola los regímenes de exclusividad allí previstos.
Ahora bien, al resguardo de la normativa existente en materia de propiedad intelectual, el artículo 6º establece que dado el caso que las producciones y datos primarios estén protegidos por derechos de propiedad industrial y/o acuerdos previos con terceros, los autores deben proporcionar y autorizar el acceso público a los metadatos[20] de dicho material de forma completa a partir del vencimiento del plazo de protección de dichos derechos de propiedad industrial y/o acuerdos previos[21].
La ley establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, organismo al que le asigna las funciones de: a) promoción, consolidación, articulación y difusión de los repositorios; b) fijación de los estándares de interoperabilidad en el marco del Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología[22]; c) promoción y asistencia técnica integral a las instituciones del SNCTI para la generación y gestión de sus repositorios; y d) implementación de las medidas necesarias para la aplicación de la ley.
Finalmente, el artículo 8º incorpora sanciones y estipula que el incumplimiento de la normativa tornará a los sujetos enumerados en los artículos 1º, 2º y 5º no elegibles para obtener ayuda financiera pública para soporte de sus investigaciones.
EL SISTEMA NACIONAL DE REPOSITORIOS DIGITALES HOY
En primer lugar, es preciso que tener en cuenta que, si bien la ley fue aprobada, aún falta la reglamentación, que es donde definirán los detalles de su implementación. Como afirma Alejandro Cecatto, “la reglamentación es un tema que requiere de un análisis minucioso porque están involucradas determinadas cuestiones que hay que proteger: el derecho moral del autor a la integridad de su obra y a ser reconocido como autor; información sensible que puede ser sometida a procesos de patentamiento, no necesariamente es conveniente que se suba a un repositorio público. Hay múltiples detalles a tener en cuenta”[23].
Empero, a cuatro meses de su sanción, pueden observarse ciertos avances en vinculaciones institucionales y resoluciones que garantizan el libre acceso y circulación de los investigadores, docentes, becario y estudiantes a los documentos necesarios para su labor, tal y como se menciona en el artículo 7º de la ley.
En cuanto a la cuestión de la accesibilidad, vale resaltar que el 20 de noviembre de 2013 se creó el “Portal oficial de Repositorios Digitales”, en el ámbito de la Biblioteca Electrónica (BE)[24] y que cuenta con el acceso a los repositorios de las instituciones adheridas[25]. Mediante este sitio se puede acceder a los archivos publicados con una entrada al mapa de driver de cada una de dichas instituciones[26]. Este portal de datos también menciona el trabajo en conjunto que realizan con la BE, siendo ésta la base de los Repositorios.
En el mes de diciembre de 2013 se dictó la Resolución 081/13, donde el Secretario de Articulación Científica resuelve “La adhesión provisoria al Sistema Nacional de Repositorios Digitales” a las siguientes instituciones, teniendo en cuenta el pedido de éstas para formar parte del SNRD, a saber:
Institución Cantidad de Repositorios Adhesión Provisoria al SNDR Negativa a la adhesión
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS)- Repositorio Digital de la ANLIS Uno (1) Si
Facultad de Agronomía-Universidad Nacional de Buenos Aire (UBA)- FAUBA Digital: Repositorio Institucional Científico y Académico. Uno (1) Si
Universidad Nacional de Lanús (UNLAR)- Repositorio Digital Institucional “José María Rosa”. Uno (1) Si
Facultad de Filosofía y Letras- Universidad de Buenos Aires (UBA) – FFYL Digital. Uno (1) Si
Universidad Nacional de Rosario (UNR)- Repositorio Hipermedial de la UNR. Uno (1) Si
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- Universidad Nacional de Misiones (UNAM)- Argos Uno (1) Si
Universidad Abierta Interamericana (UAI)- Publicaciones de la Secretaría de Investigación. Uno (1) Si
Universidad Abierta Interamericana (UAI)- Base de conocimiento. Uno (1) Si
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)- CONICET Digital. Uno (1) Si
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET- Plataforma interactiva de investigación en ciencias sociales – PLIICS Dos (2) Si
Como determina la ley, para formar parte de ella es necesario pertenecer al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación (SNCTI), tener al menos un repositorio digital y llenar la solicitud correspondiente para que sea evaluada por el Comité de Expertos en Repositorios Digitales[27]. Este mecanismo fue llevado a cabo con las instituciones arriba mencionadas por lo que cuentan con el permiso provisorio de adhesión al SNRD.
En el caso de CONICET- PLIICS, en el artículo 2º de la Resolución 081/13 del 12 de diciembre del 2013, se resuelve: “Rechazar la solicitud de adhesión al Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD)”.
El Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) es, además, integrante de los Programas “Grandes Instrumentos”[28] y “Bases de Datos”[29], una iniciativa conjunta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT). Estos programas están integrados por sistemas que actúan de forma conjunta y coordinada en diversas áreas de interés para la comunidad científica, facilitando datos o equipamientos de organismos públicos. También brindan apoyo económico a las instituciones que forman parte del sistema para garantizar su actualización constante. Su fin es poder articular de una manera conjunta el correcto uso de los grandes equipamientos y garantizar un mejor orden a la hora de acceder a las bases de datos científicos de diversas instituciones de ciencia y tecnología de toda la república. Todos los Sistemas Nacionales forman parte de este Programa con la idea de lograr el objetivo antes planteado.
LA MIRADA DE LOS INVESTIGADORES
El breve estudio que se expone a continuación se inició con dos objetivos principales, por un lado indagar acerca del conocimiento que tienen los docentes, becarios e investigadores de nivel universitario sobre el proyecto de ley que regula acerca de la publicación de la producción científica por medio de repositorios digitales y, al mismo tiempo, conocer la opinión de los individuos consultados sobre la posible sanción de una ley que determinara la obligatoriedad en la difusión de la información producida con fondos del Estado.
La encuesta fue enviada por correo electrónico a través de listas de distribución de mensajes de distintas instituciones como por ejemplo el Instituto de Investigaciones Gino Germani, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, la Lista Latinoamericana de Acceso Abierto y Repositorios, la lista de interés Bibliotecas Universitarias Argentinas y en forma personal a investigadores de distintas áreas.
Lo que se describe a continuación es un relevamiento de la primera etapa de realización de las encuestas en la cual se han obtenido 61 respuestas hasta finales del mes de diciembre de 2013.
Esta primera lectura si bien no puede interpretarse como expresión acabada sobre la opinión de los científicos acerca de la ley de repositorios digitales, sí nos permite apreciar algunas tendencias iniciales. De las 61 encuestas realizadas el 53, 96% fueron a personas del sexo femenino y el 46,03% del sexo masculino. La presencia de investigadores de las Ciencias Sociales es altamente mayor, con 61,90%, luego de quienes trabajan en las Ciencias Médicas con el 19,04%, y le siguen el 17,46% de individuos de las Ciencias Exactas y Naturales, y el 1,58% de Ingeniería.
Con el fin de conocer la experiencia de los académicos en la divulgación de sus trabajos se les consultó sobre la cantidad de artículos publicados en revistas científicas, de esta forma el 42,85% dijo haber publicado de 1 a 5 artículos, el 22,22% contestó no haber realizado nunca la difusión de un trabajo propio, el 12,69% de 6 a 10 y el 22,22% restante más de 10.
Es destacable que la mayoría de los científicos consultados (el 65,07%) dijo no tener ningún conocimiento sobre el proyecto de ley. De todas formas el 34,92% dijo tener alguna información del mismo y sobre las fuentes por medio de las cuales la han recibido, el 45,45% ha expresado que fue por comentarios de sus colegas y el 54,54% por medios de comunicación (entendiendo por éstos a los medios de comunicación masivos y/o mensajes de distribución e información institucional enviada por correo electrónico).
Finalmente, a la pregunta sobre “¿Cuál es su opinión sobre la posible sanción de una norma que estipule que cualquier persona pueda acceder a los resultados de la producción científico tecnológica de investigaciones financiadas con fondos públicos, ya sea de investigadores, docentes, becarios de postdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado?”, el 92,06% se manifestó a favor de la existencia de la norma, el 3,17% en descuerdo y el 4,76% no supo contestar.
De las respuestas obtenidas sería importante destacar el planteo de la mayoría acerca de la obligatoriedad de la difusión de toda producción que se realizara con dinero público. Sin embargo, también resultan interesantes algunos comentarios que se han volcado en las encuestas.
En relación a los beneficios que se podrían obtener con la sanción del proyecto se encuentra la cuestión de la mejora en el aprovechamiento del espacio físico por la obligatoriedad de almacenamiento en forma virtual. También han destacado los encuestados que la ley sobre repositorios digitales podría mejorar las condiciones en las cuales se investiga en la Argentina, ya que esta herramienta permitiría promover el contacto entre los investigadores nacionales que trabajasen temas afines así como también “alentando nuevas preguntas” o informando a los científicos sobre nuevos enfoques que se estuvieran llevando adelante para “pensar un problema ya abordado”.
Los becarios, investigadores y docentes consultados han hecho hincapié en la necesidad de democratizar la información y ésto significaría que organismos gubernamentales y de la sociedad civil, así como el periodismo en general, pudieran hacer uso de la información aprovechando “los resultados de recursos ya invertidos por el Estado”. De ésta manera, para los encuestados, la mejora en el acceso a la información de las investigaciones ya realizadas beneficiaría a todos los sectores de la sociedad: “podría ser una medida positiva (…) en el caso de procesos identitarios, en los cuales cierta población se hace de categorizaciones científicas para reivindicar derechos o pertenencias grupales. O para que la información que circula por los medios de comunicación sea más y mejor actualizada, a la par de lo que se está pensando en el campo científico sobre un área temática”.
Si bien el porcentaje de opiniones que se volcaron a favor de la ley fue altamente superior sobre las negativas, es importante destacar algunos comentarios sobre los riesgos de la puesta en vigencia de la norma sobre los repositorios, y que en algunos casos han sido realizados aún por quienes la apoyan.
En lo que respecta a la protección de la identidad e intimidad de las poblaciones estudiadas se ha expresado la necesidad de proteger los datos personales de quienes las componen. Asimismo, en relación al posible uso que se le dé a la información publicada varios encuestados dijeron que existe el riesgo que ésta fuera “reproducida de manera errónea o tergiversada” y en otros casos han sostenido que el sector privado podría hacer uso para su propio beneficio de la información que fuera conseguida con dinero público.
¿UN CAMINO ABIERTO HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO?
El escenario argentino respecto a los repositorios digitales, muestra a claras quienes logran llevarlos adelante son las universidades de experiencia y trayectoria. En la mayoría de los casos, los documentos digitalizados son los trabajos de los alumnos, sean tesinas o proyectos de beca, siendo los trabajos de los profesores en menor medida divulgados en estos formatos. Resulta interesante, por ende, proyectar a futuro la repercusión en el campo académico de la reciente sanción de la Ley.
Ahora que las instituciones total o parcialmente subsidiadas por el Estado tienen la obligación de crear un repositorio digital para los trabajos que allí se hagan, los investigadores de años de trayectoria verán cambiar por completo el circuito de distribución de sus trabajos. En principio, las condiciones de circulación cambiarían de tal forma que obligarían a modificar las de producción, ya que el autor tendrá noción de la publicación de su trabajo en forma digital para que cualquiera lo lea.
Las reacciones de los investigadores pueden en principio tomar dos tintes. Por un lado, se puede tomar las consecuencias de la ley como un obstáculo para los réditos personales, para la elección del lugar de publicación, y principalmente con los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. Por otro lado, los investigadores pueden tomar la medida como una forma de sociabilizar los conocimientos, enriquecer la comunicación dentro y fuera del campo académico e incrementar y facilitar las fuentes de investigación.
Este último punto de vista iría de la mano de la supuesta facilidad para acceder a trabajos de colegas como así suponer la divulgación de los propios, y del mismo modo permitir el acceso de la sociedad hacia los conocimientos generados. Es posible que los investigadores no se aferren a uno sólo de estos puntos de vista sino que tomen un poco de cada uno, sin embargo, el grado de resistencia que opongan será clave para el funcionamiento de hecho de la ley y su real efectividad.
La información en manos del Estado, que le pertenece al pueblo soberano es pública y debe ser directamente accesible. En otras palabras, la estructura de los sistemas administrativos, económicos e informativos de los gobiernos debe respetar el principio de que la norma es la publicación y que debe poder accederse directamente a la información agregada y a los datos desagregados que la componen. Utilizar las TIC para poner a disposición del pueblo la información que por principio le pertenece, es avanzar hacia un nuevo modelo de sociedad más transparente en todos los sentidos. La apuesta por lo digital es una apuesta por la educación, el conocimiento y la capacitación de las personas, quienes usan la tecnología como su complemento.
En esta instancia, el estado de derecho puede posibilitar el cambio y preparar el camino hacia una digitalización y apertura de las relaciones económicas, sociales y políticas o transformarse en el mayor obstáculo frente al cambio por su rigidez y falta de adaptación (Aguiar, 2007).
[1] Proyecto con Reconocimiento Institucional UBA 2013-2015. Directora: Lic. Wanda Fraiman; Co-Directora: Prof. María Clara Güida. El proyecto nuclea al Grupo de Estudios sobre Derecho a la Comunicación, un equipo conformado por egresados de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires que tiene como objetivo investigar en cuestiones vinculadas al acceso a la información y la libertad de expresión.
[2] Obliga al Estado a intervenir para garantizar su ejercicio.
[3] Ahora bien, en aras de indagar acerca de este derecho nos vemos obligados a realizar una separación metodológica entre las producciones intelectuales que llevan adelante algunos investigadores, los cuales forman parte de la academia de manera autónoma, de aquéllas que reciben subsidios del Estado a través de proyectos de investigación (reconocidos por instituciones científicas y/o por medio de los estipendios a quienes participan en ellos).
[4] De acuerdo con dicha declaración, “por acceso abierto a la literatura (científica), entendemos su disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al texto completo, recolectar los artículos para su indexación, pasarlos como datos para software o utilizarlos para cualquier otro propósito legítimo, sin más barreras financieras, legales o técnicas que aquellas que supongan acceder a Internet. El único límite a la reproducción y distribución de los artículos publicados y la única función del copyright en este marco, no puede ser otra que garantizar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser reconocido y citado”.
[5] Esta Declaración afirma que “para que un trabajo sea de acceso abierto, tiene que cumplir dos condiciones: 1. El/los autor/es y el/los propietario/s de los derechos de propiedad intelectual otorguen a los usuarios un derecho libre, irrevocable, universal y perpetuo de acceso y licencia para copiar, utilizar, distribuir, transmitir y presentar el trabajo públicamente y hacer y distribuir obras derivadas, en cualquier soporte digital para cualquier finalidad responsable, sujeto a la apropiada atribución de la autoría, así como el derecho de hacer una pequeña cantidad de copias impresas para su uso personal. 2. Una versión completa de la obra y todos los materiales suplementarios, incluyendo una copia de los permisos citados anteriormente, en un formato electrónico estándar apropiado, se depositará de forma inmediata a la publicación inicial en al menos un repositorio en línea apoyado por una institución académica, una sociedad de intelectuales, una agencia gubernamental, o cualquier otra organización debidamente establecida que persiga facilitar el acceso abierto, la distribución sin restricciones, la interoperabilidad y el archivado a largo plazo”.
[6] De acuerdo con dicha Declaración, el acceso abierto implica un acceso irrestricto a la información científica, permite la educación y el uso de la información científica por parte de toda la población. Considera también que “el acceso abierto debe facilitar la participación activa de los países en desarrollo en el intercambio mundial de la información científica, incluido el acceso gratuito al patrimonio del conocimiento científico, la participación eficaz en el proceso de generación y difusión del conocimiento y el fortalecimiento de la cobertura de los tópicos de relevancia directa para los países en desarrollo”. Es por ello que insta a los gobiernos a que hagan del AA una alta prioridad en las políticas de desarrollo científico a través de diversas medidas, tales como: exigir que la investigación financiada con fondos públicos esté disponible en forma abierta; considerar el costo de la publicación como parte del costo de la investigación; fortalecer las revistas locales de “Acceso Abierto”, los repositorios y otras iniciativas pertinentes; y promover la integración de la información científica de los países en desarrollo en el acervo del conocimiento mundial, entre otras.
[7] Esta Declaración entiende que el acceso abierto a y el uso irrestricto de los datos de investigación promueve el progreso científico y facilita la capacitación de los investigadores, maximiza el valor derivado de las inversiones públicas en colecciones de datos y contribuye decisivamente al avance de la investigación científica y la innovación, entre otras cuestiones.
[8] “Diputados dio media sanción al proyecto de “repositorios digitales”” (Entrevista al Dr. Alejandro Ceccatto) en Agenda Digital – TELAM, miércoles 23 de mayo de 2012. Disponible en: http://agendadigital.telam.com.ar/?p=2714
[9] Ingresó por Mesa de Entradas el 24 de mayo del corriente (Expediente Nº 26/12).
[10] Con fecha 7 de junio de 2012.
[11] En dicha reunión, estuvieron presentes en representación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva el Dr. Sergio Matheos, Subsecretario de Coordinación Institucional; la Lic. Silvia Nakano, Directora Nacional de Recursos Físicos; el Lic. Miguel Martín, asesor del Secretario de Articulación Científico Tecnológica y; además, la Prof. Delia Lipszyc, especialista en Derecho de Autor.
[12] Se entiende bajo el concepto de documentos a los artículos de revistas, trabajos técnico-científicos y tesis académicas, entre otras producciones.
[13] Conforme lo establecido en la Ley Nº 25.467/01 de Ciencia, Tecnología e Innovación (sancionada el 29 de agosto de 2001 -B.O. 26/9/2001- y promulgada por el Decreto 1192/01).
[14] “Todo dato en bruto sobre los que se basa cualquier investigación y que puede o no ser publicado cuando se comunica un avance científico pero que son los que fundamentan un nuevo conocimiento” (Artículo 3º).
[15] Publicada o aceptada para publicación y/o que haya atravesado un proceso de aprobación por una autoridad competente o con jurisdicción en la materia.
[16] A contar desde la fecha de su publicación oficial o de su aprobación.
[17] A contar desde el momento de su recolección.
[18] “Diputados dio media sanción al proyecto de “repositorios digitales”” (Entrevista al Dr. Alejandro Ceccatto) en Agenda Digital – TELAM, miércoles 23 de mayo de 2012. Disponible en: http://agendadigital.telam.com.ar/?p=2714
[19] El artículo 5º de dicha ley establece que “la propiedad intelectual de sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de la muerte del autor…”
[20] “Toda aquella información descriptiva sobre el contexto, calidad, condición o característica de un recurso, dato u objeto, que tiene la finalidad de facilitar su búsqueda, recuperación, autentificación, evaluación, preservación y/o interoperabilidad” (artículo 6º).
[21] Es dable destacar que se establece una excepción a dicha obligatoriedad: el mismo artículo estipula que “podrá excluirse la difusión de aquellos datos primarios o resultados preliminares y/o definitivos de una investigación no publicada ni patentada que deban mantenerse en confidencialidad, requiriéndose a tal fin la debida justificación institucional de los motivos que impidan su difusión. Será potestad de la institución responsable en acuerdo con el investigador o equipo de investigación, establecer la pertinencia del momento en que dicha información deberá darse a conocer”.
[22] Creada mediante la Resolución 253/02 de la entonces Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva como resultado del Acuerdo Bilateral con Brasil y en concordancia con la Ley Nº 25.467. Desde 2007, la BE funciona en el marco de la Subsecretaría de Coordinación Institucional que depende de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Su principal objetivo es brindar acceso, a través de Internet, a artículos completos de publicaciones periódicas científicas y tecnológicas, bases de datos referenciales, resúmenes y demás información bibliográfica nacional e internacional de interés para los integrantes del Sistema de Ciencia y Tecnología
[23] Rocca, Gabriel “Ingreso irrestricto” en Noticias.exactas.uba.ar, 16 de diciembre de 2013. Disponible en: http://noticias.exactas.uba.ar/acceso-archivos-abiertos-repositorios-institucionales-ceccatto
[24] http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/
[25] http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar:8380/dnet-web-generic/showRepositories.action
[26] http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar:8280/is/mvc/userinterface/maps.do#repo
[27] http://repositorios.mincyt.gob.ar/pdfs/Resol_MINCYT_521-12_SNRD.pdf
[28] Sistemas que componen el programa “Grandes equipos”: Sistema Nacional de Rayos X, Sistema Nacional de Microscopía, Sistema Nacional de Resonancia Magnética, Sistema Nacional de Espectrometría de Masas, Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño, Sistema Nacional de Láseres, Sistema Nacional de Redes Avanzadas, Sistema Nacional de Bioterios y Sistema Nacional de Magnetometría.
[29] Sistemas que componen el programa “Bases de datos”: Sistema Nacional de Datos de Mar, Sistema Nacional de Datos Biológicos, Sistema Nacional de Datos Climáticos, Sistema Nacional Repositorios Digitales.
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Profesora de Educación Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente e investigadora. Asesora en el Honorable Senado de la Nación.	Ver todas las entradas de mariaclaraguida
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MARÍA CLARA GÜIDA. Profesora de Educación Media y Superior en Ciencias de la Comunicación Social (UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente e investigadora. Asesora en el Honorable Senado de la Nación.
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