Source: https://es.scribd.com/document/171145137/Obligatoriedad-Del-Decreto-de-Medidas-Cautelares
Timestamp: 2019-04-19 20:37:53
Document Index: 54308771

Matched Legal Cases: ['artículo 313', 'artículo 585', 'artículo 243', 'artículo 320', 'artículo 12', 'artículo 313', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 921', 'artículo 588', 'artículo 585', 'artículo 23', 'artículo 586', 'artículo 585', 'artículo 588', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 243', 'artículo 588', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 23', 'artículo 585', 'artículo 590', 'artículo 589', 'Artículo 588', 'Artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 588', 'artículo 601', 'artículo 23', 'Artículo 601', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 585', 'Artículo 115', 'Artículo 49', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 601', 'artículo 585', 'artículo 588', 'artículo 243', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 588', 'artículo 585', 'artículo 243', 'artículo 588', 'artículo 23', 'artículo 585', 'artículo 588', 'artículo 26', 'artículo 257', 'artículo 585', 'artículo 1', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 168', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 313', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 320', 'artículo 326', 'artículo 585', 'artículo 601', 'artículo 23', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 585', 'artículo 585']

Cargado por Christian A. Pino M Virla
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SALA DE CASACIÓN CIVIL Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO.
En la incidencia de embargo preventivo surgida en el juicio por cobro de bolívares, vía intimación, seguido por la sociedad mercantil OPERADORA COLONA C.A., representada por los abogados Moisés Guidón Gallego, Samuel Guidón Malavé, Ana Elina Aguana Santa María y Mary Luz D´Alessandro, contra los ciudadanos JOSÉ LINO DE ANDRADE, JOAO RUY ANDRADE, MARÍA ADRIANA DO LIVRAMENTO DE ANDRADE y MARÍA LIDIA
FERNÁNDES DE ANDRADE y las sociedades de comercio FRIGORÍFICO REY ANDRADE I C.A., TRANSPORTE REY ANDRADE C.A., y FRIGORÍFICO REY ANDRADE II. C.A., todos, representados por los abogados Giuseppe Melone Esposito, Antonio Melone Cesarini, Roberto Hung, Luis Alejandro Ocanto y Osmar Rafael Vásquez García; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 13 de mayo de 2004, mediante la cual declaró sin lugar la oposición a la medida de embargo decretada y sin lugar la apelación, confirmando así la sentencia dictada en fecha 8 de julio de 2002, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.
Contra la referida sentencia, la representación judicial de los demandados anunció recurso de casación, el cual fue negado por auto de fecha 3 de junio de 2004, en los términos siguiente:
“...En el caso sub-litis, el pronunciamiento proferido por este Órgano Jurisdiccional no revocó, no modificó, ni mucho menos acordó medida cautelar alguna, sino que confirmó la decisión dictada por el A-quo del 8 de Julio de 2002, (...). De ahí, que no encontrándose el caso de autos dentro de los supuestos esenciales antes señalados para que este Órgano Jurisdiccional pueda admitir dicho recurso, y en procura de la uniformidad de la doctrina y la jurisprudencia patria, niega la admisión del recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte actora ...”.
La parte demandada anunció recurso de hecho contra la negativa de admisión del de casación, el cual fue declarado con lugar por esta Sala en decisión de fecha 9 de septiembre de 2004. Fue presentado escrito de formalización en tiempo oportuno. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala procede a dictar sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, previas las siguientes consideraciones:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD I La Sala agrupa en el presente capítulo las denuncias primera y segunda del escrito de formalización, dada la similitud en su contenido.
De conformidad con lo previsto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem . El formalizante sostiene que el ad quem confirmó el embargo decretado por el juez de primera instancia sin pruebas que sustenten ese pronunciamiento y sin que los actores cumplieran los requisitos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.
En ese orden de ideas, expresa que el juez de alzada incurrió en el vicio de incongruencia positiva, al confirmar la medida de embargo decretada, acogiendo la solicitud planteada en el libelo referida a la desestimación de la personalidad jurídica de sus representadas y el levantamiento del velo corporativo de las empresas demandadas, sin que curse en autos “... alguna prueba que indique que las citadas empresas fueron creadas de manera fraudulenta, carga que corresponde a la parte actora, además es imposible que exista, prueba alguna, habida cuenta que las empresas demandadas, fueron registradas en el Registro Mercantil correspondiente en fechas anteriores en la que fue registrada la demandante...”.
El requisito de congruencia del fallo está previsto en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que toda sentencia
que dispone.A. la recurrida no infringió . de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos (incongruencia negativa).A. sino el error cometido por el juez en el juzgamiento de los hechos y las pruebas. con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. que sólo puede ser formulado a través de la respectiva denuncia de infracción de ley por error en el establecimiento o apreciación de los hechos y las pruebas. Las disposiciones citadas sujetan el pronunciamiento del juez a todos los alegatos formulados por las partes. Esta norma es acorde con lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. caso: Rolando José Piñango c/ Banco Unión. Sent. 11/4/96. lo cual constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico. extender su decisión sobre excepciones o argumentos de hechos no formulados en el proceso (incongruencia positiva). Por tanto. (Ver. positiva y precisa.C. o por el contrario. Ahora bien.). entre otras cuestiones. S. entre otras.debe contener decisión expresa. esta Sala considera que lo que objeta el formalizante no constituye el vicio de incongruencia. que el juez debe decidir conforme a lo alegado en autos. sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes.
los artículos 12 y 243... RECURSO DE INFRACCIÓN DE LEY I De conformidad con lo previsto en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.sin tomar en consideración que la facultad para decretar la medida cautelar está sujeta a la prueba del fumus boni iuris y el periculum in mora. “. el formalizante denuncia la infracción del artículo 585 del mismo Código. la Sala observa: El error de interpretación se configura cuando el juez selecciona acertadamente la norma legal aplicable al caso pero yerra en la interpretación sobre el contenido y alcance de la misma. motivo por el cual debe ser desechada la presente denuncia.. Para decidir. .. al concluir que de conformidad con ese artículo el juez tiene un poder discrecional para decretar medidas cautelares.”. expresa que de haber interpretado correctamente la citada norma hubiese declarado suspender el embargo y ordenado la restitución de los bienes a la demandada. ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. El formalizante alega que el juez de alzada erró en la interpretación del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece. En este sentido.
Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias.. . En relación con el periculum in mora. entre otras. y. el formalizante denuncia la infracción. respecto de la capacidad de decisión del juez en el decreto de las medidas preventivas. De conformidad con lo previsto en el precedente artículo.. del artículo 585 del Código de Procedimiento. conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente. quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos.En el caso concreto.. 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva ( “periculum in mora”).El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. que regula los presupuestos establecidos para el decreto de la medida. esto es. Sobre ese particular.. en la cual dejó sentado: “. por errónea interpretación. debe imponerse el rechazo de la petición cautelar.En sede cautelar el juez debe en general establecer la certeza (en las diversas configuraciones concretas que estos extremos puedan asumir según la providencia solicitada) de la existencia del temor de un daño jurídico. señala lo siguiente: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez. Piero Calamandrei sostiene lo siguiente: . a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”). denunciado como infringido. en sentencia de 27 de julio de 2004. sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión. las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia. la Sala se ha pronunciado.
. 1984. la certeza (juicio de verdad. De igual forma. Civ. por lo que se refiere a la existencia del derecho.de la existencia de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho. a) En ciertos casos la declaración de certeza del peligro se realiza de un modo pleno y profundo. y no está prohibido.. dentro del procedimiento cautelar.. . el conocimiento en vía cautelar puede dirigirse a conseguir. y en general a la existencia de todas las circunstancias que pueden servir para establecer la conveniencia de la cautela pedida. está basada sobre un juicio de verdad. pues. hay casos en los que. por ejemplo. serían tales que harían verdaderamente temer el daño inherente a la no satisfacción del mismo. o también en el secuestro conservativo. pero en cuanto a la existencia del peligro. dentro del mismo procedimiento cautelar y antes de que se dicte la providencia principal.II) Por lo que se refiere a la investigación sobre el peligro. Aquí la concesión de la providencia cautelar se basa siempre en un juicio de probabilidades. antes de la concesión de la medida cautelar: piénsese. antes e independientemente de la emanación de la providencia principal.. en lugar de utilizar el procedimiento especial del recurso. se solicita mediante citación en las formas del proceso ordinario. c) Finalmente. el autor Rafael Ortiz -Ortiz expresa: . considerarse estas dos: 1ª la existencia de un derecho. la declaración de certeza del peligro puede obtenerse de diversas maneras. págs.. cuando. b) Otras veces.”. Buenos Aires. se vuelve a examinar con cognición a fondo la existencia de los extremos de la medida cautelar. no va seguida de una fase ulterior. Sin embargo. de Proc. en la que. la declaración de la certeza del peligro se realiza.. pedirlo mediante citación. Las condiciones de la providencia cautelar podrían. en los casos en que el interesado. (Providencia Cautelares. ordinario en el segundo.. (Negritas de la Sala). no de simple verosimilitud) sobre la existencia de las condiciones de hecho que. como también una cognición completa y a fondo sobre el punto exclusivo del peligro podría exigir una dilación incompatible con la urgencia de la providencia. según nos enseña la jurisprudencia dominante. en el secuestro judicial previsto por el artículo 921 del Cód. aún cuando la cognición sobre la acción cautelar tenga lugar en vía sumaria.. correspondientes a las especiales finalidades asegurativas a que cada tipo de medida cautelar debe servir. 2ª el peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho. 7881). en dos tiempos: conocimiento sumario en el primer tiempo. si el derecho existiese. prefiera..
. Tomo IV.1995. Este peligro –que bien puede denominarse peligro de infructuosidad del fallono se presume sino que debe manifestarse de manera probable o potencial.Doctrinariamente.(Negritas de la Sala). (Negrillas de la Sala).”.. como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. además de ser cierto y serio. debido al retardo de los procesos jurisdiccionales.“. . 299 y 300). tal vez. otra causa es los hechos del demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.La otra condición de procedibilidad inserida en este articulo bajo comento –sea. el peligro en el retardo. A este supuesto se refiere la presunción hominis exigida por este artículo en comento. el autor Ricardo Henríquez La Roche señala: “…Fumus Periculum in mora. podemos definir este requisito de la siguiente manera: Es la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial. o de que una de las partes pueda causar una daño en los derechos de la otra. Esta condición de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia. págs. serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. tipificados en varios ordinales. aunado a otras circunstancias provenientes de las partes con la consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto práctico. (Código de Procedimiento Civil. Por su parte. págs.. cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento. constituyendo esta presunción un contenido mínimo probatorio .. el Periculum in mora no se presume por la sola tardanza del proceso sino que debe probarse de manera sumaria. Caracas. El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada. Caracas-2002.. si el derecho existiera. el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada. esto es a los efectos de la comunidad científica.. 283 y 284).concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que. (El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas.. No establece la ley supuestos de peligro de daño. en otras palabras. prueba esta que debe ser a lo menos una presunción grave.
no sólo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes. no solo en virtud del posible retardo de la actividad del juez. de conformidad con lo previsto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. lo que dicho con otras palabras significa que en cada caso el juez deberá ponderar si el demandado ha querido hacer nugatoria de cualquier forma la pretensión del accionante. Como puede observarse. valiéndose de la demora de la tramitación del juicio. sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho. para lo cual tiene amplia discrecionalidad.”.. (Negritas de la sentencia). es decir.. considere cumplidos los extremos exigidos por el artículo 585 eiusdem . todo lo cual debe ser apreciado en conjunto. contra Mercedes Mariñez de Ventura y Manuel Ventura Rujano).que la discrecionalidad con que debe obrar el juez.. no podrá satisfacerse la pretensión del actor. sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra cuyos bienes la que recae la medida. De esta forma. en forma alguna lo exime . pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en sí mismo un hecho notorio y constante que no amerita prueba. este Supremo Tribunal ha indicado “.La Sala acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales que anteceden. el sentenciador deberá apreciar. Asimismo. el juez puede establecer si se han cumplido los extremos de acuerdo a la cautela solicitada. 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“ periculum in mora”). sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo.. si así fuere alegado por el solicitante de la cautela. para lo cual deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivado de la insatisfacción del derecho. para que proceda el decreto de la medida cautelar no solo debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado. al momento de decretar la cautela. en aquellos casos en los que durante la pendencia de un juicio. a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama (“ fumus boni iuris”) y. (Caso: Joseph Dergham Akra. el Juez “podrá” decretar las medidas nominadas o típicas. (Omissis) En consecuencia. cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia. y en consecuencia considera que de acuerdo a la naturaleza de la cautelar solicitada.
expediente 99-740 (caso: Carlos Valentín Herrera Gómez c/ Juan Carlos Dorado García.A. contra Valores y Desarrollos Vadesa.. Acorde con ello.. la Sala ha establecido que “. 9/12/02.Según el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. se reduciría la eficacia procesal de la figura de la oposición y su existencia procesal se vería reducida a una simple figura decorativa.. C.A.De estar llenos los extremos para el decreto de la medida.. pues de entender que la discrecionalidad actúa en tal sentido. cuando la ley dice que el Juez puede o podrá se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio consultando siempre lo más equitativo o racional. S.. Ahora. en materia de medidas preventivas esa discrecionalidad no es absoluta sino que es menester el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y que se haya acompañado ... como consecuencia de la apelación la Alzada revisa la materia en las mismas condiciones que lo hizo el Tribunal de la cognición. esta Sala en decisión de fecha 31 de marzo de 2000...). c/ Microsoft Corporation). desde luego que. Al mismo tiempo.”. el tribunal de la causa es soberano para acordarla con la única limitación establecida en el artículo 586 eiusdem. (Sent... vacía. dejó sentado lo que se transcribe a continuación: “. en obsequio de la justicia y de la imparcialidad . sin utilidad práctica alguna dentro del proceso cautelar. caso: Cedel Mercado de Capitales. caso: Miguel Ángel Capriles Cannizzaro..para omitir las aportaciones sobre la procedencia que de la medida haga la parte opositora.”. 30/11/00.el decreto de la medida supone un análisis probatorio. (Sent. el Tribunal de Alzada no podía revocar la medida cautelar sin analizar las pruebas en que se basó la primera instancia. Por este motivo.
. también lo está para lo menos. Así lo disponen los artículos 585 y 586 del Código de Procedimiento Civil. el Juez debe limitar las medidas a los bienes que sean estrictamente necesarias para garantizar las resultas del juicio. sin embargo. si el Juez en estos casos está facultado para lo máximo. que lo autoriza a obrar según su prudente arbitrio.no se observa que se haya dado los supuestos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil’. dado que puede constituir una limitación al derecho de propiedad de la parte contra la cual obra.. y además debe describir las consideraciones por las cuales cree que la medida decretada se limita a los bienes estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio.el medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Además. negarse al decreto de la medida requerida por cuanto el artículo 588 eiusdem lo faculta y no lo obliga a ello.. vale decir. respectivamente. En efecto. razón por la cual no es susceptible de censura por no adaptarse a sus previsiones. desde luego que podía actuar de manera soberana. no estando obligado el Juez al decreto de ninguna medida aun cuando estén llenos los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. que ‘. muy bien podía el sentenciador llegar a la conclusión de que se le habían demostrado los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil y. desde luego que la facultad . para negarse a ella. por cuanto en este supuesto. Es decir que la negativa a decretar una medida preventiva es facultad soberana del Juez por lo cual su decisión no está condicionada al cumplimiento estricto del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. que es el decreto. por cuanto el artículo 588 eiusdem dispone que el Tribunal. De forma y manera que. Consecuencialmente. No basta entonces que el solicitante de la medida acredite los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. no se le puede censurar por decir. en conformidad con el artículo 585 puede decretar alguna de las medidas allí previstas. desde luego que el Juez no está obligado al decreto de las medidas.de los recaudos presentados no se determinan los elementos contenidos en la norma invocada’ y que ‘. que es su negativa. el Tribunal está obligado a fundamentar las razones y motivos que lo llevaron a considerar probado el ‘periculum in mora’ y el ‘fumus bonus iuris’.. Caso contrario sucede cuando el Juez opta por decretar la medida requerida.
(“periculum in mora”). la Sala presenta serias dudas respecto del criterio sostenido hasta ahora en el sentido de que cumplidos los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. En otras palabras. de apreciar la existencia o no de la presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”) y. y el deber del juez por su parte. Asimismo. debe justificar el por qué niega la medida que le fue solicitada por la parte interesada. . y por ende..para su decreto está condicionada (Subrayado de sentencia).. la Sala reitera estos criterios jurisprudenciales en lo que respecta a la carga del solicitante de la medida de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión. el juez sigue siendo soberano para negar la medida. el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva. pues para declarar la improcedencia de la cautela debe expresar las razones por las cuales considera que no se encuentran cumplidos los extremos exigidos por el legislador. niegue o revoque la medida ya decretada. conjuntamente con las pruebas que la sustenten. empleado en el referido artículo. a esos extremos. con pretexto en la interpretación literal del término “podrá”. no le está permitido basar ese pronunciamiento en la potestad discrecionalidad. la Sala deja sentado que en el supuesto de que el sentenciador considere que no están llenos los requisitos de procedibilidad exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.”. No obstante. de conformidad con lo previsto en el artículo 23 iusdem. Ahora bien.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas. el Tribunal puede decretar. y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585. la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella.Ello encuentra justificación en que las normas referidas a un mismo supuesto de hecho no deben ser interpretadas de forma aislada. . cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado. en cualquier estado y grado de la causa. si la parte contra quien obre diere caución de las establecidas en el artículo 590. sino en su conjunto. 588 y 601 del Código de Procedimiento Civil disponen: “. el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas. 3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía. para lograr la determinación armónica y clara de la intención del legislador. se aplicará lo dispuesto en el único aparte del artículo 589. el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos. y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. Parágrafo Segundo: Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares previstas en el Parágrafo Primero de este artículo. y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los artículos 602. Artículo 588.. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez. En ese sentido.. En estos casos para evitar el daño. atendiendo a las circunstancias.Artículo 585. 603 y 604 de este Código. las siguientes medidas: 1° El embargo de bienes muebles. suspender la providencia cautelar que hubiere decretado. En conformidad con el artículo 585 de este Código. sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. la Sala observa que los artículos 585. 2° El secuestro de bienes determinados. Parágrafo Tercero: El Tribunal podrá.
que cumplidos esos extremos. empleado en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. esto es. Asimismo. Es evidente. dicho decreto deberá dictarse en el mismo día en que se haga la solicitud. el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil. sin que en modo alguno pueda ser entendido que aún conserva la facultad para negarla. el juez “decretará” la medida y procederá a su ejecución. Esta norma es clara al señalar que cumplidos esos extremos el juez decretará la medida. esa norma dispone que en caso contrario. con lo cual le es impartida una orden. y no tendrá apelación. cuyo contenido y alcance es determinado de conformidad con el artículo 23 eiusdem. el juez debe decretar la medida. El criterio actual de la Sala se basa en la interpretación literal del término “podrá”. determinándolo. es más claro aún.. con la sola justificación literal de un término empleado de forma incorrecta en una . Si por el contrario hallase bastante la prueba. el cual establece los presupuestos necesarios para el decreto de la medida.Artículo 601.”. Cuando el Tribunal encontrare deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas. pues establece que de ser insuficiente la prueba consignada para acreditar los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia. determinándolo. a pesar de que esa norma remite de forma directa al artículo 585 del mismo Código.. cuya norma emplea el término “decretará” en modo imperativo. pues. el juez mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia. En concordancia con ello. En ambos casos. decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución. si considera suficiente la prueba aportada para acreditar los extremos del referido artículo 585 del mismo Código. que no debe desacatar.
norma. sin atender que las restantes normas referidas al mismo supuesto de hecho y que por lo tanto deben ser aplicadas en conjunto. es en todo acorde con los derechos constitucionales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. en sus artículos 26 y 257. es oportuno advertir que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. no es en modo alguno caprichosa. la limitación de ese derecho particular. frente al interés particular del titular del derecho de propiedad. entre otras cosas. que contempla. sin los cuales las medidas no pueden ser decretadas. En efecto. deja claramente evidenciada la voluntad del constituyente de preservar a toda costa la justicia. por tanto. sino que está sujeto al cumplimiento de los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. y no de forma aislada. el derecho a acceder al órgano judicial para obtener un pronunciamiento oportuno y eficaz. y que está íntimamente relacionado con la . refieren la intención clara del legislador de impartir una orden y no prever una facultad. se erige como un derecho constitucional que nació para hacer frente a la injusticia. Sobre este particular. Esta interpretación armónica de las normas que regulan la actividad del sentenciador en el decreto de la medida. el mencionado artículo 26 desarrolla lo que la doctrina y la jurisprudencia ha denominado el derecho a la tutela judicial efectiva. debe prevalecer. En todo caso. que por estar involucrado el interés general.
el derecho a la ejecutoriedad de la sentencia obtenida en derecho. De la misma manera. que ofrezca unas mínimas garantías. pues. la Sala Constitucional ha dejado sentado que “… los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen el derecho de . además de contravenir los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil. Respecto del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva. también llamada el derecho a la tutela judicial efectiva. atribuido a toda persona. pues ello. Exp. Es. asimismo. y su acatamiento. (Sentencia Nº 576 de fecha 27-4-01. el derecho de acceso a la justicia mediante un proceso dirigido por un órgano. la obligación de someter la tramitación de sus pretensiones a los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado mediante las vías y los medios procesales contemplados en las leyes adjetivas. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende. caso: María Josefina Hernández M). de manera alguna. la Garantía Jurisdiccional. individuales y colectivos. en el entendido que dicho derecho en manera alguna comprende que la decisión sea la solicitada por el actor o favorezca su pretensión. dicha garantía implica. en su artículo 26 consagra la Garantía Jurisdiccional. podría configurar el abuso de derecho generador de responsabilidad patrimonial u otras responsabilidades.”. Ahora bien. para conseguir una decisión dictada conforme el derecho mediante la utilización de las vías procesales prescritas para el fin específico perseguido. lo que conlleva la obligación de no realizar actos inútiles ni innecesarios a la defensa del derecho que se pretenda sea declarado. que ha sido definido como aquél. la administración de justicia desarrollada por el Estado en cumplimiento de sus funciones.. así como también la de no obstruir.. ni que en el curso del mismo se observen todos los trámites e incidencias que el actor considere favorables a él. Nº 002794... la Sala Constitucional ha establecido: “.garantía de la seguridad jurídica que. Asimismo. también preestablecido para ello por el Estado. de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus pretensiones sean tramitadas mediante un proceso. para los administrados. todo lo cual sólo es posible cuando se cumplen en él los principios establecidos en la Constitución.La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. debe concebirse como un mecanismo capaz de garantizar el respeto al ordenamiento jurídico. esencialmente protege la dignidad humana y el respeto de los derechos personales y patrimoniales.
negarle tutela cautelar a quien cumple plenamente los .1984. sino que. Exp. la tutela cautelar también es garantía del derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto. el órgano jurisdiccional debe dictarlas.los ciudadanos gozar de una tutela judicial efectiva. y al contrario... puede evitarse a través de la cautela cautelar.. pues otorgar una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva de la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos..esa especie de befa la justicia que el deudor demandado en el procedimiento ordinario podría tranquilamente llevar a cabo aprovechando las largas dilaciones del procedimiento para poner a salvo sus bienes y reírse después de la condena prácticamente impotente para afectarlo. Nº 001752.. (Sentencia Nº 2615 de fecha 11-12-01. no sólo el acceso a la justicia. enseña el maestro Piero Calamandrei que las medidas cautelares están dirigidas a garantizar la eficacia de la función jurisdiccional. caso: Freddy Ríos Acevedo). Buenos Aires. Precisamente. sino que toda sentencia sea oportunamente ejecutada en los términos en que fue proferida…”. Editorial Bibliográfica Argentina.”.las medidas cautelares no son meramente discrecionales de los jueces. pág. (Providencias Cautelares. De igual manera. una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento. 140). expresa el autor Jesús Pérez González que “. la cual comprende.. por cuanto constituye un derecho constitucional que la sentencia pueda ser ejecutada en los términos que fue conferida. “.
el órgano jurisdiccional debe dictarlas. Jesús.. la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal ha establecido: “.requisitos implica una violación de su derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho a la tutela jurisdiccional . sino que. en función a la tutela judicial efectiva. esto es. pp. Asimismo. Civitas. a través de la tutela cautelar. en la mayoría de los casos..”.”. y al contrario. en relación con el poder cautelar del juez. en la mayoría de los casos. uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la eficaz ejecución del fallo. lo cual solo se consigue. Es evidente. una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento. 227 y ss). pues.puede afirmarse que el juez dictará la medida preventiva cuando exista presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo.. el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos. pues con ello pierde la finalidad la tutela cautelar. de que no sean plenamente ejecutables las resultas del juicio (periculum in mora). la negación de la tutela cautelar a quien cumple plenamente los requisitos implica una violación a ese mismo derecho fundamental. a través de la tutela cautelar. Madrid. (Negritas de la Sala). la cual persigue que la majestad de la justicia en su aspecto práctico no sea ineficaz. las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces. 1989. Caso: Eduardo Parilli Wilhem). 14/12/04. segunda edición. En definitiva... uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la efectiva ejecución del fallo. ya que. al existir la probabilidad . (Pérez González.. (Sent. lo cual sólo se consigue. que no puede quedar a la discrecionalidad del juez la posibilidad de negar las medidas preventivas a pesar de estar llenos los extremos para su decreto.
Quién no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal... tiene derecho a un intérprete. esto es. por un tribunal competente. aunado a otras circunstancias provenientes de las partes... Sólo por causa de utilidad pública o interés social. debido al retardo de los procesos jurisdiccionales. mediante sentencia firme y pago oportuno de una justa indemnización.”.. El primer requisito exigido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la presunción de buen derecho. 3. o de que una de las partes pueda causar daño en los derechos de la otra. restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o interés social. podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Toda persona tiene derecho al uso... las razones de hecho y de derecho de la pretensión.. La propiedad estará sometida a las contribuciones. Artículo 115.. en consecuencia. previstos en los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.Artículo 49. los cuales establecen respectivamente: “. conjuntamente con las pruebas que la sustenten. debe ser advertido que los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para el decreto de la medida. con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente..Se garantiza el derecho de propiedad.El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y.potencial de peligro que el contenido del dispositivo del fallo pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial. goce y disfrute de sus bienes. obedecen a la protección de dos derechos constitucionales en conflicto: el derecho de acceso a la justicia y el derecho de propiedad.Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso. . Aunado a ello. independiente e imparcial establecido con anterioridad..
si el derecho existiera. esto es. Ahora bien.Este extremo persigue justificar la posibilidad de limitar el derecho constitucional de propiedad del demandado. que al adquirir la fuerza de cosa juzgada. sino que comprende. . Estos dos extremos constituyen el soporte para que el juez dirima el conflicto entre el derecho constitucional de propiedad del demandado y el derecho constitucional de acceso a la justicia del actor. la posibilidad de ejecución de la sentencia definitivamente firme en los términos en que ha sido pronunciada. como una circunstancia que involucra y afecta el interés particular del afectado. esto es. serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. quien debe crear en el juez la convicción de que es titular del derecho reclamado. que supone la necesidad cierta de garantizar no sólo accionar frente a los tribunales. por causa de la obligación contraída por éste en cabeza del actor. El criterio actual de la Sala sólo toma en consideración el primero. del título ejecutivo que en definitiva declare la voluntad de la ley. será susceptible de ejecución. sin tomar en consideración que en contraposición de ese derecho constitucional surge el acceso a la justicia como manifestación esencial de la tutela judicial efectiva. la limitación del derecho de propiedad. respecto del periculum in mora es oportuno indicar que este requisito se refiere a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que.
se encuentre con un título inejecutable por haberse hecho insolvente el condenado. frustra el acceso a la justicia. quedando ilusoria la ejecución del fallo. y totalmente desarmonizado con las otras normas de rango legal que prevén el mismo supuesto de hecho. a todas luces contrarias al derecho subjetivo constitucional de acceso a la justicia.Es comprensible la frustración de quien pone en movimiento a los órganos jurisdiccionales para obtener la tutela de sus derechos. pues la parte se aventura a finalizar un proceso mediante una sentencia que quizás nunca logre ejecutar. para luego poner de lado la necesidad de tomar las medidas necesarias que garanticen la posibilidad de ejecución del fallo. esta razón de orden social que afecta gravemente el interés general. en caso de que éste resulte favorable a los intereses del actor. está afectando gravemente a quienes acuden a los órganos jurisdiccionales para solicitar la protección de sus derechos. aun cuando están cumplidos los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. que debe sobreponerse frente al interés particular de cualquier persona. No es posible conceder el derecho a la acción. En efecto. La sola negativa de la medida. y en un todo aislada de las otras normas establecidas por el legislador para regular el mismo supuesto de . completamente divorciada de la realidad social a la que está dirigida. y ello sólo encuentra justificación en una interpretación literal. y lograda la declaración respecto de la voluntad de la ley y una sentencia favorable a sus intereses. por consecuencia de interpretaciones de normas de rango legal.
A. Por consiguiente. (caso: Cedel Mercado de Capitales. En efecto.hecho. C.. Así se establece De igual manera. en virtud del cual era inadmisible el recurso de casación contra las decisiones en las cuales se niega una medida cautelar solicitada.. y en protección del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva y con soporte en una interpretación armónica de las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.. la Sala considera necesario modificar la doctrina sentada en fecha 30 de noviembre de 2000. c/ Microsoft Corporation).la Sala observa que la sentencia contra la cual se anunció y fue declarado inadmisible el recurso de casación anunciado es una interlocutoria que niega la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar solicitada. debe proceder al decreto de la medida en un todo conforme a lo pautado en el artículo 601 eiusdem. C. (caso: Luis Manuel Silva Casado contra Agropecuaria La Montañuela. expediente Nº 01-144). deja sentado que reconociendo la potestad del juez en la apreciación de las pruebas y argumentos en las incidencias cautelares cuando considere que están debidamente cumplidos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. la Sala abandona el criterio sostenido en el fallo de fecha 25 de junio de 2001.A. en la referida decisión se dejó sentado lo siguiente: “. relacionadas con el poder cautelar del juez. la doctrina de la Sala ha sostenido que las decisiones . las cuales han debido ser analizadas en conjunto para escudriñar la intención del legislador.. Sobre el asunto de la admisibilidad del recurso de casación contra este tipo de pronunciamientos.
no es menos cierto que mas allá del deber del jurisdicente. por lo cual en apego a la doctrina ratificada. reiterado en fallo de fecha 22 de mayo de 2001. bien sea negándolas. suspendiéndolas o revocándolas. En sentencia de fecha 31 de marzo de 2000. sin dar importancia a su conformación material como elemento documental. Ahora bien. la Sala estableció criterio sobre la naturaleza de la decisión denegatoria de las medidas preventivas. esta Sala considera oportuno atemperar el señalado criterio jurisprudencial.Estas evidencias. está. éllo en atención con la soberanía que le asiste en materia de medidas cautelares para negarlas. sentencia Nº 134. modificándolas. conforme con el artículo 588 eiusdem.. al limitarse a enunciar la prueba como un alegato invocado por el recurrente. en lo que respecta a los supuestos de las sentencias interlocutorias que se dictan con motivo de una incidencia de medidas preventivas y. pudiera considerarse incursa en el denunciado vicio del silencio de prueba. si bien es cierto que en principio pudieran no guardar sintonía con los planteamientos consignados en la recurrida. rige para el caso particular. tramitadas por cuaderno separado que no suspenden el curso de la causa principal. 99-017. sería de inutilidad manifiesta ordenar el examen de la documental..recaídas en las incidencias sobre medidas preventivas por cuanto se refieren a incidencias autónomas. Visto así. la facultad soberana que le ha otorgado el legislador al juez para negar las medidas cautelares que le puedan ser solicitadas. en uso de la soberanía comentada. en especial en lo que respecta a las interlocutorias que la niegan. en la cual señaló lo siguiente: ‘. dada la facultad que otorga el Código de Procedimiento Civil a los jueces para decretar medidas preventivas. con ponencia del magistrado que suscribe el presente fallo. la conducta del ad quem. lo que hace admisible de inmediato el recurso de casación anunciado contra ellas. considera igualmente oportuno ratificar el tenor establecido en sentencia número 88 del 31 de marzo de . cuando igualmente pudiera considerar el Juez. probatorio o no de los hechos. de pronunciarse sobre el contenido de la documental en cuestión. acordándolas. (caso: José Sabino Teixeira y otra contra José Durán Araujo y otra). son interlocutorias con fuerza de definitiva. no obstante a que. es criterio de la Sala que la misma no puede ser censurada y por consiguiente mucho menos revisada. la Sala a objeto de mantener el criterio aludido en relación a la soberanía de los jueces de instancia para negar el decreto de medidas cautelares. asimilables a una sentencia definitiva en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia. expediente Nº. En cuanto a la infracción denunciada del artículo 243 ordinal 4° del mentado Código Procesal. negar la medida en cuestión.
No basta entonces que el solicitante de la medida acredite los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. para negarse a ella. dado que puede constituir una limitación al derecho de propiedad de la parte contra la cual obra.. muy bien podía el sentenciador llegar a la conclusión de que se le habían demostrado los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil y. no estando obligado el Juez al decreto de ninguna medida aun cuando estén llenos los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. vale decir. que es el decreto. por cuanto el artículo 588 eiusdem dispone que el Tribunal... por cuanto en este supuesto. cuando la ley dice que el Juez puede o podrá se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio consultando siempre lo más equitativo o racional. desde luego que podía actuar de manera soberana. Ahora. no se le puede censurar por decir.2000. que lo autoriza a obrar según su prudente arbitrio. en conformidad con el artículo 585 puede decretar alguna de las medidas allí previstas. Así lo disponen los artículos 585 y 586 del Código de Procedimiento Civil. En efecto. Caso contrario sucede cuando el Juez opta por decretar la medida requerida. De forma y manera que.. sin embargo. Es decir que la negativa a decretar una medida preventiva es facultad soberana del Juez por lo cual su decisión no está condicionada al cumplimiento estricto del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. el Tribunal está obligado a fundamentar las razones y motivos que lo . el cual es del tenor siguiente: ‘. negarse al decreto de la medida requerida por cuanto el artículo 588 eiusdem lo faculta y no lo obliga a ello.de los recaudos presentados no se determinan los elementos contenidos en la norma invocada” y que’. en obsequio de la justicia y de la imparcialidad. Además. respectivamente. en materia de medidas preventivas esa discrecionalidad no es absoluta sino que es menester el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y que se haya acompañado el medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. también lo está para lo menos. si el Juez en estos casos está facultado para lo máximo.Según el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. desde luego que el Juez no está obligado al decreto de las medidas.. que ‘. el Juez debe limitar las medidas a los bienes que sean estrictamente necesarias para garantizar las resultas del juicio. no se observa que se haya dado los supuestos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil’.. que es su negativa. razón por la cual no es susceptible de censura por no adaptarse a sus previsiones. Consecuencialmente. expediente 99-740 en el juicio de Carlos Valentín Herrera Gómez contra Juan Carlos Dorado García.
todo lo cual estaría en contradicción con el espíritu del constituyente.’. (Subrayado del texto y negritas de la Sala ).”. la Sala atempera la doctrina citada. por ser asimilables a una sentencia definitiva en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia. En cuanto a las otras decisiones recaídas en materia de medidas preventivas. está autorizado a obrar según su prudente arbitrio. la medida. Del criterio ut supra transcrito y por mandato expreso del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. que en el artículo 26 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. que si bien por una parte el Legislador confiere al Juez la potestad de actuar con amplias facultades.. desde luego que la facultad para su decreto está condicionada a esos extremos. propugna una justicia sin dilaciones indebidas. siendo ello así. cuando sea acordándolas. se le considere que incumplió su deber por negar. pues no tiene la obligación ni el deber de acordarla. resulta inoficioso declarar con lugar el recurso de hecho. Así se decide. para lo cual actúa con absoluta discrecionalidad. suspendiéndolas. En fuerza de las anteriores consideraciones y aplicando el criterio supra invocado debe declararse inadmisible el recurso de casación anunciado en el caso sub iudice. lo que es una facultad soberana del Juez. tal como se hará mediante pronunciamiento expreso. por el contrario.negar el decreto de la medida preventiva solicitada.. observa la Sala que sólo para el caso en que el Juez niegue el decreto de la medida preventiva solicitada. .. en la dispositiva de la presente decisión.llevaron a considerar probado el ‘periculum in mora’ y el ‘fumus bonus iuris’. por otra parte.. soberanamente. modificándolas o revocándolas se mantiene el criterio de admisibilidad inmediata. y considera inadmisible el recurso de casación cuando éste se interponga contra la decisión que niegue una solicitud de medida preventiva.. y además debe describir las consideraciones por las cuales cree que la medida decretada se limita a los bienes estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio. todo lo cual motiva la declaratoria sin lugar del recurso de hecho interpuesto. positivo y preciso. En este sentido. resultaría contradictorio. se evidencia que en materia de medidas preventivas el juez es soberano y tiene amplias facultades para -aún cuando estén llenos los extremos legales. ya que se estaría acordando la admisibilidad del recurso de casación que es improcedente in limine litis. En aplicación del criterio citado al sub iudice. pues lo fue contra la sentencia que negó la solicitud de decretar la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar.
En consecuencia. pues todas ellas son interlocutorias con fuerza de definitiva. ya que el juez debe decretar la medida si están llenos los extremos de ley. por esa razón. principios éstos que exigen que las instituciones procesales sean interpretadas en armonía con este texto y con las corrientes jurídicas contemporáneas que le sirven de fundamento. sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles. en lo sucesivo deberá admitirse el recurso de casación contra las decisiones que nieguen las medidas preventivas. por tanto. suspendan o revoquen. sin que pueda escudarse en su discrecionalidad para negarla. y el 26 garantiza que ésta sea expedita. al igual que aquellas que las acuerden. basándose en su prudente arbitrio. esta Sala dejó establecido en reiteradas oportunidades que era inadmisible el recurso de casación contra las decisiones que negaran la medida preventiva. esta . Ahora bien. debido a que el texto constitucional consagra en su artículo 257 que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. modifiquen. era posible que los jueces de instancia negaran la medida aún cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.Conforme al criterio jurisprudencial precedentemente transcrito. asimilables a una sentencia de fondo en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia. La Sala abandona el citado criterio.
de conformidad con los artículos 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil..A.896. establece lo siguiente: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez. la representación judicial de la accionante solicitó en su libelo medida de embargo sobre bienes muebles propiedad de los demandados.562) (sic)..A. se deriva que el Juez tiene la más amplia potestad mediante su poder cautelar para autorizar. C. 495. las cuales se aprecian conforme al artículo 1. De la precitada norma procesal. Frigorífico Rey Andrade II C. la recurrida declaró sin lugar las oposiciones formuladas por los codemandados FRIGORÍFICOS REY ANDRADE I C. dejó sentado: “. prohibir o acordar la ejecución de determinados actos para garantizar la efectividad del derecho cuya procedencia es al menos presumible. sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre de que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.Sala establece que el criterio aquí asumido se aplicará a éste y cualquier otro caso en que fuese ejercido el poder cautelar del juez.. En contra del decreto en referencia el 9 de julio de 2001 formularon oposición a la medida Frigorífico Rey Andrade I. José Lino de Andrade y Transporte Rey Andrade C. la Sala observa que en caso concreto que el juez de alzada respecto de los presupuestos necesarios para el decreto de la medida. la cual fue acordada el 30 de mayo de 2001 hasta por la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL (sic) QUINIENTOS SESENTA Y DOS BOLÍVARES (Bs.384 del Código Civil. JOSÉ LINO DE .. En el caso sometido a consideración de esta Alzada. Como bien se deriva de las copias certificadas remitidas por el a-quo.El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.. Hecha estas consideraciones.A.A.
Esta Superioridad observa: En la oposición formulada el 9 de julio de 2001. TRANSPORTE REY ANDRADE C. La referida decisión fue recurrida por la parte demandada. Las razones de hecho y de derecho que evidencian la extinción que dieron origen al contrato de refinanciamiento entre Matadero Industrial Maracaibo y José Lino de Andrade.A. que la medida recayó sobre bienes inmuebles por su destinación.A. la oposición realizada por la representación del ciudadano José Lino de Andrade y Transporte Rey Andrade C. Planteada de esta forma la apelación.oo) y no en cincuenta millones de bolívares (Bs.500. 9. en el sentido de que no fuese realizada la revisión de mencionado Decreto. que el 19 de junio de 2001 se practicó embargo sobre los siguientes bienes de José Lino de Andrade: Un camión Mack CH613hd. la representación de Frigorífico Rey Andrade I. que la actora no alegó supuesto alguno en base al cual pretende extender la supuesta responsabilidad patrimonial de José Lino Martínez a sus representados.000. C. una motocicleta Yamaha placa AAM-476 y un compresor Cermac serial 0080D. adujeron entre otros hechos: que no se acreditó el fumus boni iuris ni el periculum in mora. corresponde a esta Alzada adentrarse al análisis de la decisión recurrida e ineluctablemente al examen de los requisitos de procedencia de la medida preventiva acordada. toda vez que la misma constituye en sí una ratificación del decreto dictado el 30 de mayo de 2001.A. 50.. señalando además: que se reservan el derecho de hacer valer en la contestación de la demanda.000. un vehículo Fiat color blanco. . que se debió requerir fianza. Y FRIGORÍFICO REY ANDRADE I. por lo cual queda desestimada la solicitud formulada como punto previo por la representación de la parte actora. que no se acreditó los requisitos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. y en consecuencia ratificó la medida de embargo decretada el 30 de mayo de 2001. Quien centró su apelación sobre la base de que no se cumplió con los dos requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. se basó en argumentos similares (algunos idénticos) a los ya señalados precedentemente. que todos los bienes incorporados a sus representadas son del uso exclusivo de ellas y no de José Lino de Andrade.oo). y Frigorífico Rey Andrade II.000. C. que se produjo deterioro. Por su parte.ANDRADE... que se le violó el derecho de defensa al segundo de los opositores al haber sido estimado el valor de los bienes embargados en nueve millones quinientos mil bolívares (Bs.A. que no se solicitó fianza a la actora.
MARÍA LIDIA FERNÁNDES ANDRADE Y MARÍA ADRIANA DO LIVRAMENTO DE ANDRADE.. C. En cuanto a las aseveraciones de Frigorífico Rey Andrade II. la misma se desestima en virtud de que es discrecional del Órgano Jurisdiccional acordar las medidas cautelares que le sean solicitadas cuando las circunstancias lo ameriten y el juez.A.. que los bienes embargados pertenecen a la comunidad conyugal. en los cuales basó la parte demandada su oposición y la apelación ejercida. y al cuestionamiento del avaluó efectuado por el perito. Asimismo. C. Efectuado el anterior análisis. C.A. hasta prueba en contrario..) en contra de TRANSPORTE REY ANDRADE C.A. de la revisión de los autos se deriva que la acción por la cual se contrae el proceso principal es la de cobro de cantidades dinerarias interpuesta por OPERADORA COLONA.Con relación a la oposición formulada por Frigorífico Rey Andrade I. por lo que conforme a lo pautado en el artículo 168 del Código Civil. JOAO RUY DE ANDRADE. en el sentido de que no fue fijada fianza para acordar la medida. FRIGORÍFICO REY ANDRADE I. a que se produjo deterioro en el inmueble. o la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. por lo que se le desestima. por los cuales se desestiman tales alegaciones. las consideren procedentes. según su prudente arbitrio. debe entenderse. . la presunción grave del derecho que se reclama. y de los ciudadanos JOSÉ LINO DE ANDRADE. con relación a la afirmación de Transporte Rey Andrade. C.A. FRIGORÍFICO REY ANDRADE II. 2) el periculum in mora. (Cesionaria de Matadero Industrial Maracaibo. como un litisconsorcio necesario. el cual declaró sin lugar la misma en virtud de que la medida de embargo practicada no recayó sobre bienes de esa empresa. se evidencia que el mismo es casado.A.. En lo atinente a la oposición del ciudadano José Lino de Andrade. esta alzada observa que tales hechos no fueron demostrados en el lapso probatorio de la incidencia. esta alzada comparte el criterio del a-quo. C. esta Superioridad debe ingresar al examen de los requisitos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para el decreto de medidas cautelares. Conforme al artículo 585 eiusdem.A. para el decreto de una medida cautelar se requiere por vía de causalidad de dos requisitos: 1) el fumus boni iuris. relativas a que los bienes muebles embargados en el acta respectiva deben considerarse inmuebles por su destinación. por lo que el mencionado ciudadano carece de legitimación para proponer la oposición en referencia ya que tenía que hacerlo conjuntamente con su cónyuge. Ahora bien.
mediante los cuales el ciudadano JOSÉ LINO ANDRADE ANDRADE reconoce ser deudor del Matadero Industrial Maracaibo.272. quien ha accionado por el cobro de cantidades dinerarias. los cuales rielan en copias certificadas. ciento siete millones novecientos cincuenta mil doscientos setenta y dos bolívares (Bs. (del 295-2001) y Transporte Rey Andrade C. C.. dejan sin efecto la venta efectuada entre ellos el 27 de junio de 2001 sobre las acciones de la empresa Transporte Rey Andrade. ambos con la autorización de su esposa MARÍA LIDIA FERNÁNDES DE ANDRADE.A.448. c) Actas Asambleas de las empresas Frigorífico El Rey Andrade I C.200. b) documento autenticado el 24 de abril de 2001 por ante la Notaría Pública Décimo del Municipio Libertador. que se aprecian procesalmente.. solicitándose además que se desestime la personalidad jurídica y se corra el velo corporativo de las empresas Frigoríficos Rey Andrade I. y Frigoríficos Rey Andrade II.A. d) documentos autenticados el 13 de julio de 2001 por ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Baruta del estado Miranda. e) instrumento mediante el cual Joao Ruy de Andrade y Manuel Camacho Livramento. También pidió la accionante el pago de ciento doce millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos bolívares (Bs. se deriva la presunción de buen derecho de la parte actora. 107.oo) por intereses dejados de percibir desde el 3 de febrero de 1993 hasta el 3 de febrero de 2001.oo) del saldo deudor cedido. C. C. y Frigorífico Rey Andrade II. la totalidad de crédito por ciento doce millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos bolívares (Bs. 112. Transporte Rey Andrade.. . C.A. A través del cual Matadero Industrial Maracaibo (MAIMCA) cede a Operadora Colona. mediante los cuales los ciudadanos José Lino de Andrade y Armiño Marques Gaspar acordaron dejar sin efecto la venta de las acciones efectuadas el 27 de junio de 2001. Igualmente.A. los que continuasen debiéndose y la indexación respectiva. C.A. 112. como ya se señaló anteriormente.. según los autos: a) instrumentos autenticados en fechas 20 de octubre de 1992 y 3 de febrero de 1993 por ante la Notaría Pública Undécima del Municipio Autónomo Sucre del estado Miranda. De los mencionados instrumentos. y da como parte de pago unos vehículos y un inmueble..A. alusivas a las empresas y Frigoríficos Rey Andrade I..A. demandándose a las referidas empresas y solidariamente a los ciudadanos José Lino de Andrade y su cónyuge María Lidia Fernándes de Andrade y al hermano de aquél Joao Ruy Andrade y su esposa María Adriana Do Livramento de Andrade. C.. ( del 1-6-2001) Frigorífico Rey Andrade II C.448.950. C. se desprende que la accionante produjo con el libelo.Asimismo. C..A.A. la parte actora solicitó en su libelo la revocación de las referidas sociedades y que se corra el velo corporativo. (del 26-5-2001).A.200.A.oo) que tenía con aquélla el ciudadano JOSÉ LINO DE ANDRADE..
. el Juez debe limitar las medidas a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio. el juez de alzada expresó erradamente que de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil “... la presunción grave del derecho que se reclama (“ fumus boni iuris”) y.. que existiendo la presunción de buen derecho y el riesgo de que quede ilusoria la ejecución de la sentencia. Además. Como puede observarse. No obstante. esta alzada considera procedente mantener la misma y confirmar la decisión proferida el 8 de julio de 2002.”..la presunción de buen derecho y el riesgo de . el juez superior procedió a analizar las pruebas consignadas en autos y expuso las razones de hecho y de derecho que lo llevaron a concluir que en el presente caso si existe “.el juez tiene la más amplia potestad mediante su poder cautelar para autorizar. las cuales se encuentran referidas al juicio de mérito de la controversia. esto es. lo cual conllevó al decreto de la medida en cuestión.Ante la situación planteada en el libelo y con base en los instrumentos ya referidos. el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la sentencia definitiva (“ periculum in mora”).. este Alto Tribunal observa que a pesar de haber hecho ese pronunciamiento. se hacía necesario para el Tribunal de la causa evitar que quedará ilusoria la ejecución de un posible fallo a favor de la parte demandante. aunado a que la parte recurrente no promovió prueba alguna tendiente a socavar el decreto de medida preventiva. seguidamente. prohibir o acordar la ejecución de determinados actos para garantizar la efectividad del derecho cuya procedencia es al menos presumible”. puesto que para el decreto de una medida cautelar deben estar cumplidos los extremos exigidos para su decreto. De ahí. correspondiendo al a quo realizar en la sentencia definitiva el análisis de las demás alegaciones esgrimidas por la parte demandada.
. en concordancia con el 320 ejusdem el formalizante denuncia la infracción de los artículos 588 del mismo Código y 1. la parte dispositiva del fallo es consecuencia de una suposición falsa al dar por demostrada la procedencia de la medida de embargo. y con base a ese razonamiento confirmó la medida de embargo decretada por el juez de primera instancia y desechó las oposiciones propuestas por las demandadas.359 y 1.. es decir. En consecuencia. Señala el formalizante que el juez de alzada al motivar su decisión incurrió en el tercer caso de suposición falsa. II De conformidad con lo previsto en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece. aunado a que la parte recurrente no promovió prueba alguna tendiente a socavar el decreto de medida preventiva. lo cual determina la improcedencia de esta denuncia de infracción. todos por falta de aplicación. .360 del Código Civil.que quede ilusoria la ejecución de la sentencia. la Sala considera que ese error de interpretación del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil no es determinante en el dispositivo del fallo. basándose en unos instrumentos que no eran capaces de evidenciar el cumplimiento de los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.” .
Para decidir.).). o porque dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en los autos. f) Indicación de la norma que el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia. 11/10/2001. Sent. la Sala ha establecido que la denuncia de este tipo de motivo del recurso de casación debe tener por soporte los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil.A. 11-8-2004. Asimismo. Sent. bien porque atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene. c/ Constructora Gival C. porque el Juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa. pues el encabezamiento del artículo 320 eiusdem . (Vid. la Sala observa: Esta Sala ha sostenido de forma reiterada que la suposición falsa se configura cuando el Juez en su sentencia afirma o establece un hecho positivo y concreto. o porque la inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo . prevé tres (3) hipótesis distintas. caso: Carlos Rodríguez Palomo c/ Inversiones Visil C. c) Señalar el acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición falsa. d) Indicar y denunciar el texto o los textos aplicados falsamente. (Vid. b) Indicar el caso específico de suposición falsa a que se refiere la denuncia. y comprende: a)Indicar el hecho positivo y concreto que el juzgador haya dado por cierto valiéndose de una suposición falsa. caso: Mixto Lara C. e) Exponer las razones que demuestren que la infracción cometida fue determinante de lo dispositivo de la sentencia.A. . por causa de un error de percepción.A. que resulta falso o inexacto.
sin prueba que lo sustente” . una apreciación o una inferencia. sino su desacuerdo con las conclusiones obtenidas por el juez de la recurrida luego de examinar las pruebas.360 del Código Civil. mientras que la suposición falsa que contempla el legislador está constituida por la afirmación de un hecho falso. ya que el formalizante delata la infracción de los artículos 1. ello no podría ser calificado de suposición falsa.359 y 1.La Sala observa una inadecuada fundamentación. y para arribar a esa conclusión efectuó una operación intelectual de análisis y apreciación de los hechos y de las pruebas aportados por las partes para apoyar su razonamiento sobre la procedencia de la medida. de 11-11-1965. caso: A. siempre de naturaleza meramente intelectual. porque “un razonamiento. si son errados. este Supremo Tribunal constata que lo planteado por el formalizante no es el error de percepción cometido por el juez al establecer un hecho positivo y concreto. pueden configurar conceptos falsos o erróneos. En el presente caso. Aún cuando fuera errado lo expuesto por el juez de alzada al respecto. reiterada . (Sent. y tal asunto. a través de una denuncia de suposición falsa. no constituye un caso de suposición falsa. el juez de alzada confirmó la medida de embargo decretada sobre bienes muebles propiedad de los demandados porque consideró que se cumplieron los extremos. Compañía Anónima contra María Luisa López de García. Aunado a ello. Henríquez & Cia. según pacífica y reiterada jurisprudencia de la Sala. B. que constituyen reglas de valoración de pruebas. sino la infracción de una regla de establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas.
de 5/4/01. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado. se condena al recurrente al pago de las costas. este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. contra la sociedad mercantil Inversiones Bayahibe C.359 y 1. Publíquese y regístrese. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Por las razones expuestas.360 del Código Civil.). caso: Condominio de la Primera Etapa el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Así se establece. Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. declara SIN LUGAR el recurso de casación formalizado contra la decisión de fecha 13 de mayo de 2004.en Sent.A. la Sala desestima esta denuncia de infracción de los artículos 588 del Código de Procedimiento Civil y 1. Por haber resultado infructuoso el recurso formalizado. dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil. Remítase el expediente al Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil. . DECISIÓN En mérito de las anteriores consideraciones. en Sala de Casación Civil.
en Caracas. _____________________________ ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ Magistrada Ponente. . __________________________ YRIS PEÑA DE ANDUEZA Magistrado. Dada. _________________________________ CARLOS OBERTO VÉLEZ Vicepresidenta. _________________________________ ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO Magistrado. a los veintiún (21) días del mes de junio de dos mil cinco. firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación. Presidente de la Sala. _____________________________________ LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ Secretario.todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
AA20-C-2004-000805 .________________________________ ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ Exp.
En tal sentido. El nuevo criterio de la Sala se fundamentó en la preeminencia de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso reconocidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución. aunado a otras circunstancias provenientes de las partes”. la Sala abandonó la interpretación restringida que tenía sobre el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. aún cumplidos los requisitos previstos en dicha norma. esa norma dispone que en caso contrario. Explica así que “el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil. por lo que. debido al retardo de los procesos jurisdiccionales. ( Véase sentencia del 31 de marzo de 2000. el juez sigue siendo soberano para negar la medida. es más claro aún. al existir la probabilidad potencial de peligro que el contenido del dispositivo del fallo pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial. el juez mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia. pues con ello pierde la finalidad la tutela cautelar. con pretexto en la interpretación literal del término “podrá”. empleado en el referido artículo y de conformidad con lo previsto en el artículo 23 iusdem.RESUMEN Mediante sentencia de fecha 21 de junio de 2005 la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. la cual persigue que la majestad de la justicia en su aspecto práctico no sea ineficaz. dicha norma es clara al señalar que cumplidos esos extremos el juez decretará la medida. pues establece que de ser insuficiente la prueba consignada para acreditar los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. según la cual. que no debe desacatar. la Sala afirmó que es evidente que “ no puede quedar a la discrecionalidad del juez la posibilidad de negar las medidas preventivas a pesar de estar llenos los extremos para su decreto. o de que una de las partes pueda causar daño en los derechos de la otra. negó la discrecionalidad del juez para otorgar medidas cautelares conforme a lo establecido en el artículo 585 del ódigo de Procedimiento Civil. exigiéndose de esa manera una valoración meramente objetiva de los argumentos y pruebas aportadas por el actor. de modo de que si se verifican los extremos exigidos en la citada norma. reiterado en sentencia del 22 de mayo de 2001). con lo cual le es impartida una orden. Con esta decisión. Asimismo. respectivamente. expediente 99-740 caso: Carlos Valentín Herrera Gómez c/ Juan Carlos Dorado García. el juez está obligado a decretar la medida solicitada. con ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO . esto es. si . De esa manera. en su criterio. la Sala reconoció que el artículo 585 utiliza el término “decretará” en modo imperativo. determinándolo.
”. 1989. en la doctrina expuesta por el Tribunal Constitucional en sentencia 14 de diciembre de 2004 (Caso: Eduardo Parilli Wilhem).. lo cual sólo se consigue.considera suficiente la prueba aportada para acreditar los extremos del referido artículo 585 del mismo Código. en la mayoría de los casos. según la cual: “… las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces.” . negarle tutela cautelar a quien cumple plenamente los requisitos implica una violación de su derecho a la tutela judicial efectiva. a través de la tutela cautelar. uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la eficaz ejecución del fallo. pp. el órgano jurisdiccional debe dictarlas. y al contrario. la Sala sustentó su posición conforme a los criterios expuestos por la doctrina española –González Pérez. el órgano jurisdiccional debe dictarlas. Civitas.”. y al contrario.que de manera categórica ha afirmado que “…las medidas cautelares no son meramente discrecionales de los jueces. pues otorgar una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva de la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos. Madrid. en la mayoría de los casos. uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la efectiva ejecución del fallo.. a través de la tutela cautelar. lo cual solo se consigue. sino que. (Pérez González. una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento. segunda edición. la negación de la tutela cautelar a quien cumple plenamente los requisitos implica una violación a ese mismo derecho fundamental. el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos. 227 y ss). Asimismo. La Sala fundamentó su criterio. el juez “decretará” la medida y procederá a su ejecución”.. En definitiva. una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento. Jesús. El derecho a la tutela jurisdiccional. sino que..
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