Source: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-21620
Timestamp: 2019-04-26 07:53:54
Document Index: 159223511

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 40', 'artículo 1', 'artículo 66']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1998-21620
Documento consolidado BOE-A-1998-21620
Publicado en: «BON» núm. 85, de 17/07/1998, «BOE» núm. 221, de 15/09/1998.
Entrada en vigor: 18/07/1998
Referencia: BOE-A-1998-21620
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es-nc/lf/1998/07/03/11/con
Seleccionar redacción: Última actualización publicada el 30/10/2012 Texto original publicado el 17/07/1998
TEXTO CONSOLIDADO: «Última actualización publicada el 30/10/2012»
Ir a: [Preámbulo] Artículo 1 Artículo 2 Artículo 3 Artículo 4 Artículo 5 Disposición adicional Disposición final [Firma]
Es preciso señalar que nada impide que las ayudas se hagan directamente en favor de los alumnos, mediante el procedimiento de becas, o mediante la ayuda indirecta a través de los centros. En cualquier caso se trata de una previsión constitucional que, si bien está limitada a las disponibilidades presupuestarias, sin embargo el Tribunal Constitucional establece como deber del legislador: «No puede interpretarse como una afirmación retórica, de manera que quede absolutamente en manos del legislador la posibilidad de conceder o no esa ayuda, ya que como señala el artículo 9 de la CE, los poderes públicos están sujetos a la Constitución y, por ello, los preceptos de ésta –expuestos o no, como en este caso, en forma imperativa– tiene fuerza vinculante para ellos».
De lo expuesto por el Tribunal Constitucional, parece desprenderse una gradación en las prioridades del gasto público, por lo que se refiere al ámbito educativo. Esas prioridades se concretan, en primer lugar, en la satisfacción del deber constitucional de garantizar las condiciones de gratuidad de la educación básica; las cuales vendrían a ser uno de los mencionados límites del legislador. Pero también hay otros valores a los que se refirió el Tribunal Constitucional, citando entre ellos, el artículo 40.1, la distribución más equitativa de la renta regional y personal.
La financiación directa en favor del educando en niveles no obligatorios deriva de lo dispuesto en el artículo 1.2 de la LODE y del artículo 66 de la LOGSE. En ellos se establece el derecho a acceder a los niveles educativos superiores en función de las «aptitudes y vocación», sin que el ejercicio del derecho pueda estar «sujeto a discriminaciones debidas a la capacidad económica, nivel social o lugar de residencia del alumno»; estableciéndose que las becas deberán dirigirse a compensar las condiciones socioeconómicas desfavorables.
Supondría una clara discriminación la presunción de determinadas condiciones económicas en los educandos por el hecho de optar por un centro público o por uno privado. La elección del tipo de educación no responde necesariamente a planteamientos puramente económicos, de lo contrario se producirían situaciones injustas: La de quienes, por su posición económica, podrían costearse la enseñanza y se vean exonerados de hacerlo en un centro público; y la de quienes, con ímprobos sacrificios por su modesta economía personal o familiar, se vean obligados a pagar una enseñanza en un centro privado.
Tendrán la condición de centros susceptibles de ser concertados todos los centros de iniciativa social ubicados en la Comunidad Foral de Navarra y que estén autorizados para impartir enseñanzas de primer curso de bachillerato (LOGSE), COU, ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social.
El importe anual y el desglose del módulo económico por unidad escolar para la enseñanza de primer curso de bachillerato (LOGSE) será el establecido para el tercer curso de bachillerato unificado polivalente por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Foral 21/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 1998.
4. Serán nulos de pleno derecho todos los actos que se dicten en infracción de lo dispuesto en esta disposición.
Se añade por el art. único de la Ley Foral 17/2012, de 19 de octubre. Ref. BOE-A-2012-14018.
Texto añadido, publicado el 30/10/2012, en vigor a partir del 31/10/2012.
Pamplona, 3 de julio de 1998.