Source: http://www.saludyfarmacos.org/boletin-farmacos/boletines/nov2009/regulacion-y-politicas-america-latina/
Timestamp: 2019-05-19 16:25:44
Document Index: 114895924

Matched Legal Cases: ['Artículo 32', 'Artículo 3', 'Artículo 363', 'Artículo 31', 'Artículo 1', 'Artículo 6']

Argentina. Antes de fin de año el Congreso aprobaría nueva ley de trazabilidad de medicamentos
Pm Farma Argentina, 7 de octubre de 2009
argentina.pmfarma.com/noticias/noti.asp?ref=35900
Argentina. Piden informes por investigaciones en seres humanos
Impulsobaires, 14 de septiembre de 2009
www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=78446
Argentina. Sólo las farmacias podrán vender remedios
Pm Farma Argentina, 19 de octubre de 2009
argentina.pmfarma.com/noticias/noti.asp?ref=3622
Bolivia. Control de medicamentos con compras únicas y fabrica de genéricos
Ver en Economía y Acceso sección Genéricos
Colombia. Gobierno suspenderá la importación de antigripales
El País, 26 de octubre de 2009
www.elpais.com.co/paisonline/notas/Octubre262009/antigrip.html
Ecuador. Correa busca dar medicinas baratas
El Universal, 18 de octubre de 2009
Ver en Economía y Acceso sección Precios
Ecuador. Proceso para farmacias por vender antigripales
La Hora, 23 de septiembre de 2009
www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=936269
Ecuador. Ecuador deroga patentes de transnacionales farmacéuticas
Prensa Latina, 24 de octubre de 2009
www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=131540&Itemid=1
Decreto ejecutado por el Presidente Constitucional de la Republica de Ecuador Rafael Correa Delgado
Ecuador. Farmacéuticas transnacionales acatan derogatoria de patentes en Ecuador
AFP, 28 de octubre de 2009
www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hYYVrH7JAoZxMB9iuYmpuHPUQXtA
Ecuador libera patentes a medicinas para que laboratorios nacionales fabriquen remedios
Forosalud, 27 de octubre 2009
El Salvador. Hay medicinas por $48 mil colones varadas en el aeropuerto (1.00USD=$8.75 Colones)
El Salvador, 2 de septiembre de 2009
www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=3969296
Diario Colatino, 20 de octubre de 2009
www.diariocolatino.com/es/20091020/nacionales/72717/
México.Verifica salud estatal venta de medicamento en máquinas
Milenio, 7 de octubre de 2009
www.milenio.com/node/299332
República Dominicana. Secretaría Salud Pública prohíbe la venta de medicamentos
B. Apolinar
Listín Diario, 3 de octubre de 2009
www.listindiario.com.do/app/article.aspx?id=116885
República Dominicana. ARAPF objeta la receta única para medicamentos en la Seguridad Social
Hoy, 13 de septiembre de 2009.
www.hoy.com.do/economia/2009/9/13/293483/Encuentro-EconomicoARAPF-objeta-la-receta-unica-para-medicamentos-en-la
Avanza la posibilidad de que antes de fin de año el congreso haga ley la prohibición de venta de medicamentos por fuera de las farmacias. El dictamen favorable en la comisión de Salud del Senado de la semana pasada abre la puerta a la aprobación de esta ley fundamental para controlar el comercio ilegal de fármacos, que en estos días de mafias y adulteraciones esta en el centro del debate. Pero parece no será la única ley del sector que se apruebe. Desde la Cámara de Diputados, buscan aprobar una ley que establece claramente la trazabilidad de los medicamentos, evitando mediante tecnología de punta la falsificación de los productos.
El diputado nacional por Jujuy Mario Maritiarena explicó en una entrevista el avance de esta norma, que podría ser aprobada antes del recambio legislativo de diciembre.
“Hubo bastantes avances: ya se reunió la comisión de Comercio incluso, la semana pasada, donde yo participe de la reunión, y siguen analizando y recogiendo distintas opiniones de la gente que esta en quehacer medico farmacéutico. El Proyecto avanza, creo que es importante, y hay que darle una pronta salida”, dijo el diputado, en entrevista reproducida en fin de semana por el diario Jujuy al Día.
El Proyecto de trazabilidad busca imponer un chip a los medicamentos, que contenga toda la información del producto y controle que se respete la cadena de comercialización, que comienza en el laboratorio y finaliza en la farmacia. En este sentido, Maritiarena explico que “solucionaría bastantes problemas, y lo único que quedaba a discutir era la gradualidad de la implementación de la ley. En principio habíamos establecido, en el proyecto original, que primero se hiciera en las farmacias hospitalarias y luego se extendiera a los medicamentos de alto costo y baja incidencia, para después en una etapa posterior, llegar a todos o casi todos los medicamentos”.
El legislador anticipó que una de las trabas del proyecto es establecer donde se fabrican los chips. “Alguien dice que tendría que ser en una empresa privada, nosotros sostenemos que debe ser en La Casa de la Moneda, porque es un organismo “oficial”, sosuvo.
En cuanto al costo del equipamiento necesario, “es un equipamiento de muy bajo costo, máxime en las cantidades que se van a necesitar en su momento. Ellos hablan de 450 millones de envases de medicamentos por año, e imagínese que con esa cantidad el costo se reduce a lo mínimo necesario.
Por el momento, y según sondeos previos, el proyecto de Maritiarena cuenta con amplio consenso. “En general el proyecto ha sido elaborado por nosotros, y ha sido tratado en la Comisión de Salud con el apoyo de todos los bloques: todos han ido haciendo aportes, y creo que estamos en condiciones de poderlo sacar. Yo creo que tendría que ser antes de que se renueve la Cámara”, dijo el legislador.
De aprobarse antes de fin de año, esta nueva ley podría completar un auspicioso panorama luego de años de pelea del sector, sumándose al avance de la reforma que prohíbe la venta por fuera de farmacias. En este sentido, cabe recordar que la Comisión de Salud de la Cámara Alta aprobó la semana pasada la norma que prohíbe esta actividad, una demanda del sector farmacéutico que el escándalo mediático que por la mafia de los medicamentos sacó a la luz.
La reforma de a ley ya tenía desde el 2008 media sanción de la Cámara de Diputados, y el tema del tráfico de medicamentos adulterados, sacó de su letargo en la Comisión del Honorable Senado de la Nación. La reforma25/08 modifica los Artículos 1 y 2 de la Ley 17565 que regula el sector, y fue redactada por el diputado santafesino Juan Silvestre Begni.
La Diputada provincial Liliana Piani (ARI-CC), exige información sobre las investigaciones con medicamentos y nuevos procedimientos médicos en seres humanos que se realizarán en la provincia.
La iniciativa, presentada ante la Legislatura bonaerense, exige información sobre diversas investigaciones que se realizarán en seres humanos en los hospitales provinciales, como así también las medidas implementadas por el Estado para controlar dichos ensayos.
Cabe aclarar que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, luego de reglamentar la Ley 11.044 de ensayos clínicos que regula las investigaciones con medicamentos y nuevos procedimientos médicos en seres humanos dentro de los hospitales públicos y privados, ha anunciado la puesta en marcha de más de 700 investigaciones clínicas en el territorio bonaerense a partir del 1º de septiembre del corriente.
“Si bien estas investigaciones son importantes para lograr avances científicos en materia de salud, deben ser realizadas bajo estricta normativa que reglamente el funcionamiento de los Comités de Ética Hospitalarios y provea procedimientos que acrediten la capacidad de los integrantes, como así también la exclusión de integrantes que realicen investigaciones clínicas, favoreciendo la imparcialidad en la aprobación de los mismos. Por lo tanto solicitamos información acerca de la constitución de la Comisión
Conjunta de Investigación de Salud, y de la Comisión de Ética Central, encargadas de monitorear las investigaciones a realizar” expresó la Diputada Piani, quien a su vez remarcó “la obligatoriedad de que existan convenios formales donde quede garantizado el cumplimiento del marco legal de la actividad de investigación, lo que a su vez permite el ingreso de beneficios económicos y otros, tanto al tesoro público como al sistema prestacional estatal”.
“Al mismo tiempo es sabido que toda experimentación médica en seres humanos implica riesgos y costos, y por ello es de suma importancia que los pacientes conozcan y acepten dichas condiciones. Debido a esto se solicita información, entre otras, acerca de los mecanismos de consentimiento y representación legal previstos para que las personas participantes dispongan de la información necesaria referida a la investigación, y que el consentimiento informado esté debidamente documentado”, concluyó la Diputada Piani.
La ley por sancionarse dispone, además, que la venta dentro de una farmacia deberá efectuarse en el mostrador "por personas autorizadas". Con este proyecto, cuyo autor es el diputado Juan Héctor Sylvestre Begnis (Frente para la Victoria-Santa Fe), el Congreso Nacional pretende combatir la comercialización de medicamentos robados, adulterados o falsificados, y la automedicación, ambas propiciadas -según los fundamentos de la iniciativa- por la desregulación del mercado, que amplió la oferta, pero en un ámbito sobre el que las autoridades sanitarias no tienen potestad de fiscalización.
La iniciativa ha enfrentado a representantes de los farmacéuticos, de la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre (Capemvel) por un lado y de los quiosqueros, por el otro.
Juan Tonelli, director ejecutivo de la Capemvel sostuvo: "El canal normal de venta de medicamentos es la farmacia; así y todo, hay medicamentos de venta libre que también se venden afuera, porque el Estado los considera lo suficientemente seguros. Esta ley no tiene nada que ver con aquello que pretende combatir: los remedios que se falsifican o adulteran no son los de venta libre, sino otros más sofisticados y carísimos, destinados a patologías complejas, como las drogas oncológicas y contra el VIH. Sería bueno trabajar en una ley de falsificación, en vez de prohibir los antiácidos fuera de la farmacia".
Otras fuentes de la Capemvel dudaron de uno de los principios de los que parte la ley. "Es una falacia creer que una farmacia es un centro de salud que te cuida y te protege, y que brinda un valor agregado", dijeron, y recordaron que con frecuencia, en las farmacias, remedios que deben ser vendidos con prescripción médica se entregan sin ese requisito
En el Ministerio de Salud de la Nación consideraron positiva la aprobación de la ley, pero reconocieron que resta encarar el combate sobre la venta sin receta de medicamentos que la exigen. "Si bien el mercado de medicamentos de venta libre no es uno de los segmentos fundamentales donde se produce la falsificación o se usan medicamentos inadecuados, vemos con agrado que se vuelvan a vender en farmacias todos los remedios, que siempre tienen capacidad terapéutica", dijo Fernando Avellaneda, secretario nacional de Políticas, Regulación e Institutos.
El Gobierno Nacional anunció este fin de semana que suspenderá la importación de efedrina y seudoefedrina, sustancias utilizadas como antigripales, pero que están siendo usadas para la producción de drogas sintéticas, tales como el Éxtasis y el Cristal.
Uribe explicó que la efedrina y la seudoeferedina se utilizaban para la producción de anfetaminas o meta-anfetaminas que son compuestos de drogas que se venden ilícitamente. “Las drogas se venden mezcladas con toda clase de cosas, donde con un procedimiento casero, en una cocina o en un baño, se pueden hacer pepas de éxtasis o de cristal”, dijo.
La decisión se sustenta, según el parlamentario Uribe, en que desde el año pasado Colombia se catalogó como un país consumidor de éxtasis y de drogas sintéticas, pero lo más preocupante es que el 33% de los consumidores son menores de edad, según recientes estudios realizados en Colombia.
Aunque en la actualidad existe un mercado ilegal de efedrinas y seudoefedrinas de origen chino e indio, “lo que nos inquietaba era que quienes elaboraban las meta-anfetaminas lo hacían por la venta legal de la droga. Acababan con las existencias de las estanterías de droguerías y supermercados de manera inmediata”, dijo el parlamentario.
A turno, el neurólogo Jorge Daza argumentó que el problema no es del medicamento sino de los usos. “Las personas no se pueden quedar huérfanas de este medicamento por los usos que se le den, si no que tendrían que privarnos de otros medicamentos útiles por los usos que hacen un grupo de personas”, afirmó el médico.
Para Daza la efedrina y la seudoefedrina son drogas útiles que deberían ser restringidas para que las pueda utilizar el cuerpo médico y las personas que realmente las necesitan.
No obstante, el neurólogo aclaró que existen otros medicamentos que podrían contrarrestar los problemas de salud que alivian las anfetaminas que se producen con la efedrina o la seudoefedrina
Hace 15 días, inspectores de la Dirección de Salud de Imbabura visitaron la farmacia Sui Géneris, ubicada en la calle Sucre y Neptalí Ordóñez, en Otavalo. Marcia Chacón, dependiente, recordó que uno de los funcionarios pidió Mesulid, tras asegurar un principio de gripe, pero que le negó su venta.
Chacón dijo que desde que recibieron la notificación de la Dirección de Salud de no vender antigripales, antiinflamatorios, antitusivos, sin receta médica, se abstiene de comercializarlo. “Es hacer un mal”, dijo la dependiente, quien aseguró que a pesar de eso hay molestias de clientes, pese a que la farmacia está a pocos pasos del hospital San Luis.
Gonzalo Jaramillo, director de Salud de Imbabura, anunció ayer el establecimiento de juicios sanitarios contra 10 farmacias y un Supermercado, por expender antiinflamatorios y antigripales.
Jaramillo dijo que, una vez que termine el proceso legal se establecerán las sanciones, que van desde multas de US$1.100 hasta la clausura temporal o definitiva, según el agravante del caso. La autoridad pidió a los dependientes de farmacias no vender esos fármacos, pues van a continuar con los operativos y se establecerán las sanciones en caso de ser necesario.
Alfonso Beltrán, químico farmacéutico, dijo que no se puede explicar que un producto de libre venta tengan prohibición, pues aunque no está comprobado que esos antigripales causan confusión en el desarrollo del virus.
Sin embargo, reconoció que la circulación del virus AH1N1 terminó la vieja práctica de recetar en la farmacia, aunque hay clientes con cierta astucia de querer infringir la disposición. Es más, aseguró que cuando se presentan con síntomas de gripe, dolor de cabeza y temperatura aconsejan ir a una Unidad de Salud.
El gobierno de Ecuador anunció hoy la promulgación de un decreto ejecutivo para que más de dos mil medicamentos puedan ser producidos en el país o importarlos sin patentes de transnacionales farmacéuticas.
Esta medida, anunciada hace una semana por el presidente Rafael Correa, busca garantizar el acceso masivo a las medicinas, posteriormente a los agroquímicos, y obligar a las farmacéuticas a que otorguen licencias para que puedan ser producidas en el país. "No creemos en esos derechos de patentes o de propiedad intelectual del neoliberalismo que busca llenar los bolsillos de las transnacionales. Todas las medicinas que podamos producir y copiar las haremos en Ecuador", había advertido Correa.
Para el mandatario los medicamentos "no son una mercancía", y con el nuevo decreto se espera que bajen drásticamente el precio de muchos de ellos y sólo se admitirán excepciones como las cosméticas y no indispensables.
En Ecuador operan 243 empresas farmacéuticas, de las cuales 177 son firmas extranjeras que controlan el 78 por ciento de un negocio que mueve al año US$720 millones, y sólo 66 son nacionales, según cifras oficiales y de entidades privadas.
Las ventas de la industria nacional representan apenas un 13 por ciento del total, y analistas locales calculan las diferencias del precio promedio de un medicamento genérico en el rango de US$3,85 frente a US$46 de un producto similar sin competencia.
"No se puede justificar que más personas fallezcan por la falta de recursos económicos para la adquisición de medicinas", sostuvo Correa en una comparecencia al declarar que "un medicamento que puede salvar una vida, es un bien público, un derecho humano".
Que el Artículo 32 de la Constitución de la República establece que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos que sustentan el buen vivir.
Que en el Artículo 3.1 de la misma Constitución se señala que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución.
Que en Artículo 363 No.7 de la Constitución de la Republica se señala que para la consecución del régimen del buen vivir, es obligación del Estado, en materia de salud el “garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población.”
Que el Artículo 31 de las normas sobre Aspectos Relacionados al Comercio de la Propiedad Intelectual (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio, reconoce el derecho de los países a emitir licencias obligatorias para patentes de medicamentos que sirvan para combatir y mitigar enfermedades de interés publico.
Que la Declaración de Doha sobre los acuerdos de ADPIC y la Salud Pública, puntualiza que dicho acuerdo debería ser interpretado y aplicado para promover el acceso a los medicamentos para todos.
Que la Norma Andina contemplada en la Decisión 486, que establece el Régimen Común de la Propiedad Industrial, contempla el Régimen de Licencias Obligatorias, al igual que lo contempla la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.
Artículo 1.- Declarar de interés público el acceso a las medicinas utilizadas para el tratamiento de enfermedades que afecten a la población ecuatoriana, pudiendo conceder licencias obligatorias sobre las patentes de los medicamentos de uso humano que sean necesarios.
Articulo 2 y 4.- Que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, es la Oficina Competente para otorgar las licencias obligatorias y establecerá el alcance, objeto y plazo por el cual se concede la licencia, así como el monto y condiciones de pago de la regalías de dicha licencia.
Artículo 6.- El plazo de la licencia obligatoria será fijado por el órgano competente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
El decreto completo se puede leer en (véase Decreto 118):
www.sigob.gov.ec/decretos/Decretos20092013.aspx
Los altos precios de los medicamentos llevaron a Ecuador a abolir patentes de laboratorios, en su mayoría extranjeros que controlan el 82% del mercado, en una medida que fue acatada este miércoles por 14 firmas europeas y estadounidenses.
"Los costos elevados, la producción insuficiente y la falta de investigación han contribuido a que millones de habitantes de países en vías de desarrollo como Ecuador no tengan acceso equitativo a medicamentos", dijo el presidente del Instituto de la Propiedad Intelectual (IEPI), Andrés Ycaza. La emisión de "licencias obligatorias" es una solución para que el derecho a la salud sea una realidad, agregó.
El presidente Rafael Correa decretó el pasado viernes que las patentes sean reemplazadas por esos permisos, en un plan que permitirá producir localmente o importar medicinas a bajo costo y que prevé regalías para los laboratorios que podrían llegar a 10% de las ventas netas."Aceptamos democráticamente esta decisión del presidente de viabilizar legalmente este mecanismo excepcional, observando los derechos y responsabilidades consagrados en la legislación ecuatoriana, la normativa andina y los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador", expresó la Industria Farmacéutica de Investigación (IFI).
Ese gremio, que reúne en Ecuador a 14 transnacionales como Bayer, GSK y Pfizer, agregó en un comunicado que "somos consientes de que ningún derecho de cualquier índole se superpone a los intereses de salud pública, sobre todo en circunstancias de especial gravedad".
Ycaza citó que un laboratorio nacional solicitó en 2002 una licencia obligatoria para un antirretroviral de la británica GSK y que, a pesar de que ese permiso no fue emitido, el fabricante redujo el precio de 350 a 60 dólares para una dosis mensual.
El gobierno asegura que el precio promedio de un medicamento con competidores es de 3,85 dólares, frente a 46 dólares de uno sin competencia, excluyendo los oncológicos y antirretrovirales.
La derogatoria afectará a unas 2.200 patentes, entre ellas las de 177 empresas extranjeras que controlan el 82% de un negocio que mueve 720 millones de dólares al año en el país. Además de abaratar los costos, la industria nacional prevé la generación de unos 12.000 empleos para funcionar con toda su capacidad, actualmente en 40%.
Pero expertos en propiedad intelectual advierten que la medida marginará al país de los conocimientos e investigaciones de las multinacionales. "Ninguna de ellas querrá registrar sus inventos aquí debido a la inseguridad jurídica, lo cual también implica menos inversión", manifestó Fernando Benítez, de Estudio Legal, al diario El Comercio.
"El monopolio que ejercen los titulares de las patentes y los precios elevados en los cuales se comercializan estos productos impiden que los pacientes reciban los medicamentos que necesitan", replicó el IEPI.
El decreto establece que "no se considerarán de prioridad para la salud pública las medicinas cosméticas, estéticas, de aseo y (…) las que no sean para el tratamiento de enfermedades".
Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Rafael Correa, ordenó emitir licencias obligatorias a más de 2.000 medicinas y así liberar las patentes para que los laboratorios nacionales elaboren remedios.
Rafael Correa, presidente ecuatoriano, afirmó que la ley y los tratados internacionales permiten por decreto establecer licencias obligatorias para medicamentos. Las licencias obligatorias son un mecanismo incluido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y del cual Ecuador es parte.
Andrés Ycaza, presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de Ecuador, declaró que el recurso está dentro del marco legal de la OMC, la normativa andina sobre propiedad industrial y la legislación nacional. “La idea es generar competidores en el mercado y lograr bajar precios”, afirmó. Según indicó Ycaza, en 2002 ya Ecuador pidió una licencia obligatoria para un medicamento antirretroviral que logró bajar el precio de US$ 350 a US$ 50. ICTSD
La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual es la oficina competente para otorgar la licencia obligatoria para quienes la soliciten, pero cumpliendo los requisitos exigidos en la legislación. La autorización de las licencias se entregará en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.
Además, el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez concederá los registros sanitarios para los medicamentos que produzcan o importen al amparo del régimen de licencias obligatorias, en un plazo de 30 días contados desde la presentación de la solicitud.
La derogación de patentes de las farmacéuticas transnacionales afecta a 2.214 franquicias y 177 empresas, en un negocio que mueve al año $ 720 millones, según cálculos de las autoridades del sector.
Nota de editores: véase el Decreto Presidencia en la sección de Regulación y Políticas de este número del Boletín Fármacos
La Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador inició ayer una campaña de salud con personal médico especializado, pero con menos medicina de la esperada.
El motivo es que el embarque con el donativo de medicamentos no ingresó al país debido a trámites que, según los afectados, nunca antes les habían exigido. La jornada, que se prolongará hasta el sábado, se lleva a cabo en coordinación con la Iglesia Episcopal de Santísima Trinidad en Houston Texas, Estados Unidos que donó insumos como acetaminofén, antiácidos, antidiarréicos e ibuprofeno, entre otros.
La iglesia, con sede en Estados Unidos, realiza este tipo de eventos de salud todos los años en enero. Esta vez decidieron hacer una segunda visita en septiembre, pero en la oficina de aduana aérea les piden el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del producto. Lo extraño es que el embarque es producto de donaciones de ciudadanos y, por el fin social con que fue enviado, puede tramitarse la franquicia presidencial para que quede exento de impuesto.
Los representantes de la iglesia enviaron la solicitud al Presidente Mauricio Funes el viernes 21 de agosto pasado, pero no han tenido respuesta.
La iglesia no cuenta con facturas del medicamento porque fue recolectado entre los feligreses. En la Dirección General de Aduanas han valorado el cargamento en $48.000 ($1.00 USD=$8.75 colones) y, por tanto, tendrían que pagar $6 mil en impuestos. "El gobierno está obstaculizando la ayuda a la gente. En otras ocasiones ya hemos hecho esta campaña y no tenemos problema", objetó Martín Barahona, obispo de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador.
Al país ya ingresaron 11 voluntarios norteamericanos con siete maletas con medicamentos y lentes. En total esperaban cerca de 14 con insumos y medicina. La iglesia está dando consulta en San Bartolo, con poca medicina.
Por años la adquisición de medicamentos para la red hospitalaria pública ha sido un problema. Los pacientes se quejan de la escasez de fármacos y se ven obligados a comprarlos en las farmacias, donde los precios son exorbitantes.
“Todo esto repercute en la falta de medicamentos que la población tiene y si vemos, al menos el 60% del gasto en salud proviene del gasto de bolsillo de los ciudadanos”, señaló el diputado del FMLN, Guillermo Mata Benett.
Según el parlamentario, a finales del año podría aprobarse la Ley de Medicamentos, la cual en varias ocasiones fue encajonada por los mismos “padres de la patria”, específicamente por parte de los partidos de derecha.
Sin embargo, el panorama parece ir cambiando, sobre todo desde las autoridades de salud, quienes ya abolieron la mal llamada “cuota voluntaria” y ahora van por más, al buscar el completo abastecimiento y calidad de los medicamentos.
En la actualidad, el Ministerio de Salud dispone del 90% de medicamentos de un listado de 300 productos básicos, cuando en las administraciones pasadas sólo se alcanzaba a suplir el 50%.
A este esfuerzo se han sumado los diputados de las diversas fracciones, quienes ayer inauguraron el “Foro Nacional sobre Medicamentos”, que abordó como tema principal: la calidad de los productos médicos. “No hay un organismo que pueda certificar la calidad de los medicamentos, y esto lo podemos ver cuando con un mismo medicamento no obtenemos los mismos resultados favorables”, explicó el también doctor Mata Benett. En consecuencia, se hace necesaria la creación de un ente que regule la calidad de las medicinas.
En el país, hay dos laboratorios que revisan la calidad de los productos, uno es el Consejo Superior de Salud Pública y el otro, el Ministerio de Salud, pero en ambos hay sospechas de conflicto de intereses, porque sus miembros están ligados a la industria química farmacéutica. “Planteamos la creación de, al menos 3 instancias, que no sea el consejo superior, pues ahí hay muchos intereses creados”, aseguró Espinoza.
El proyecto de ley contempla la creación de un instituto independiente que rinda cuentas al Ministerio de Salud, el cual dictará las políticas referentes a medicamentos. Asimismo, se crearía un Consejo Asesor del instituto y otra instancia que pueda vigilar los precios de los medicamentos para cuando haya abusos se tomen las medidas pertinentes.
“Obviamente, uno de los puntos de mayor discusión será el costo de los medicamentos, ya que hemos visto que hay intereses encontrados”, denunció el diputado del FMLN. Sin embargo, Mata Benett ve favorable el ambiente político para la aprobación de la ley, la cual aseguraría el presupuesto para la compra de fármacos, mecanismos que garanticen la calidad, el precio razonable y abastecimiento de los mismos. La Ley de Medicamentos también transparentaría las compras y para ello, será necesario reformar algunos incisos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
“Todos los países en Latinoamérica tienen estas instituciones, por lo que El Salvador sería la excepción de la regla”, enfatizó el Viceministro de Salud.
Derivado de las acciones de control sanitario en las que se indica que se prohíbe la venta de medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió la alerta para detectar la existencia de máquinas automáticas expendedoras de medicamentos en el estado.
Lo anterior lo informó el doctor Roberto Hernández Báez, Comisionado Estatal de Cofepris, al señalar que la Comisión Federal detectó la existencia de este tipo de aparatos automáticos en los que se venden medicamentos del Grupo 4, los cuales son medicamentos controlados que requieren de receta médica para su adquisición.
“Entre las acciones de control sanitario destacan el inspeccionar la venta de los medicamentos y principalmente si se trata de medicamentos controlados como lo son los que corresponden al grupo 4”, expuso Hernández Báez. Dijo que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 411 y 412 de la Ley General de Salud en donde se destaca prohibir la comercialización de medicamentos u otros insumos para la salud en módulos móviles, se ha dado la instrucción a los verificadores sanitarios para que determinen si existen estos aparatos y realizar las acciones correspondientes.
Por último, el titular de la Cofepris manifestó que estas máquinas automáticas expendedoras de medicamentos no están permitidas por la legislación sanitaria vigente y fueron detectadas en territorio nacional, por lo que se procedió a su retiro inmediato y se emitió la alerta sanitaria para evitar que sean instaladas en otros estados.
La Secretaría de Salud Pública prohibió en el país la comercialización y uso de Cordial de Monell y de Lasco, un analgésico oral para las encías de los niños que inician su dentadura. A pesar de esa prohibición, algunas farmacias de la capital continuaban ayer vendiendo el Cordial de Monell,
La cartera que rige el sistema sanitario nacional prohíbe la comercialización del Cordial de Monell y de Lasco por los reportes y alertas internacionales que relacionan el uso de productos que contienen el principio activo bromuro de potasio con reacciones adversas graves, por ser un depresor del sistema nervioso central. Recientemente, en Santo Domingo causó la muerte de un menor en el hospital Darío Contreras.
De acuerdo a Salud Pública, el fabricante de este medicamento ya fue notificado y está llevando a cabo las acciones necesarias para el retiro del producto del mercado nacional.
En un anuncio publicado por Salud Pública en el día de ayer, se explica que la prohibición surge luego de la revisión por parte de la Dirección de Drogas y Farmacias de la información farmacológica y científica pertinente sobre la seguridad del producto, así como de los datos presentados por el fabricante.
Como autoridad sanitaria, Salud Pública advierte que de comprobar que cualquier persona o establecimiento está incurriendo en la fabricación o comercialización de productos conteniendo este principio activo, utilizará todos los procedimientos legales establecidos en la Ley General de Salud Pública y el Reglamento sobre Medicamentos para que la acción sea debidamente sancionada.
La cartera llama a la población a no adquirir medicamentos en la vía pública, por Internet o en establecimientos no autorizados.
La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Arapf) pide eliminar la Receta Única del Seguro Familiar de Salud (SFS) que estableció el sistema de seguridad social.
Los importadores y productores de medicamentos sugieren mantener las prescripciones de medicamentos a los pacientes en los recetarios personales de los médicos que, según Arapf, daría a los pacientes mayor acceso a los medicamentos del plan básico de salud.
El presidente de la asociación, José Mallén Santos, participó en el encuentro económico semanal de HOY, junto a Fernando Ferreira Azcona, vicepresidente ejecutivo, y Carlos Laroux Moya, directivo, quienes consideran que la Receta Única limita a los asegurados de los servicios de salud.
Revelaron que debido a que los pacientes desconocen sus derechos desaprovechan los medicamentos por los que pagan a la Seguridad Social y las aseguradoras “se quedan con el dinero de los usuarios”.
El vicepresidente ejecutivo de Arapf, Azcona, observó que las importaciones de medicamentos proyectadas a crecer entre 10 y 12% anualmente se han mantenido estáticas en los últimos años, sin que las enfermedades disminuyan. Dijo que la baja en este sector alcanza un 20% fruto de la recesión.
Fraudes en mercado
Por su parte, el directivo Laroux Moya, declaró que a pesar de que falsos medicamentos han causado muertes en el país, este delito sigue contando con apoyo de sectores del Estado. Agregó que Arapf lleva tres años exigiendo aprobar una ley que en verdad criminalice esa práctica sin tener respuestas. Informó que no sólo se adulteran marcas internacionales sino también nacionales.
La entidad indicó que aunque la Ley 22-06 que modifica la Ley General de Salud criminaliza la falsificación, el contrabando y la venta no autorizada de fármacos, la justicia se limita a sancionar con multas de cinco y diez salarios mínimos a los infractores.
Mallén Santos explicó que las farmacias ligadas a esa práctica compran los medicamentos falsificados más baratos y los venden al mismo precio que los originales. Señaló que esa ilegalidad se ha apoderado tanto de ese mercado, que en Moca también están adulterando las muestras médicas.
Cuestionó que pese a que han probado ante las autoridades el contubernio entre farmacias y falsicadores en el interior, sus propietarios no han sido sometidos a la justicia por estar vinculados con los fiscales locales. “Porque la justicia no permite que en los operativos participen fiscales nacionales, por eso no hay éxito en los operativos.”
Otra modalidad dolosa denunciada son los asaltos a furgones de medicamentos, a farmacias y almacenes, por lo que los productores farmacéuticos pagan seguridad privada para transportación de furgones de los muelles a los almacenes.
La Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS) defiende que los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) del régimen contributivo exijan al médico hacer la indicación de medicamentos en la Receta Única, porque implica ahorrar un 70 por ciento del precio del medicamento. Mientras, el Colegio Médico asegura que menos del 1% de sus afiliados utiliza la Receta Única, porque es “muy compleja”.