Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-374-02.htm
Timestamp: 2017-11-21 00:52:22
Document Index: 227238275

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'e contrario', 'artículo 71', 'artículo 6', 'artículo 84', 'artículo 6', 'artículo 71', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 90', 'artículo 83', 'artículo 83']

C-374-02
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Admisión que adolece de alguno de requisitos sustanciales/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Admisión que adolece de concepto de violación/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Análisis flexible en admisión/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Nueva ponderación del contenido al fallar/INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL­-Nueva ponderación del contenido de la demanda/INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No tránsito a cosa juzgada
Afirma que la norma citada al establecer que la conducta se presume gravemente culposa “por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”, vulnera la Constitución Política, debido a que a la presunción de culpa se le imponen mayores exigencias que a la presunción de dolo cuando debe ser éste el que suponga mayor atribución de antijuridicidad en la conducta del agente infractor, lo cual no resulta aceptable en el ámbito constitucional. Lo anterior en razón de que el artículo 5° acusado al consagrar la presunción de dolo en caso de que se expida resolución auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial, no exige la concurrencia de los factores “manifiesta e inexcusable” como sí lo hace el numeral impugnado respecto de la presunción de culpa grave.
Señala que la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, al regular la responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales establece en el numeral 1° del artículo 71 que se presume culpa grave o dolo la violación de normas de derecho sustancial o procesal determinada por error inexcusable, sin exigir que también sea manifiesto. En consecuencia, el numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, que es una ley ordinaria, en este aspecto, al incorporar el ingrediente “manifiesta” está modificando una ley estatutaria que es de rango superior, vulnerando además el artículo 84 de la Carta Política que prohíbe exigir requisitos adicionales sobre el ejercicio de un derecho ya reglamentado.
Al cargo formulado por el demandante Pabón Apicella (D- 3756) contra el artículo 6 numeral 1º de la Ley 678 de 2001, primera causal de presunción de la culpa grave que es la “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”, se anteponen los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996, que avalaron la primera causal de presunción señalada en el artículo 71 de la Ley 270 de 1996 y justifican la razonabilidad de la causal enjuiciada, toda vez que como se manifestó en dicho pronunciamiento, el yerro que exige la norma ha de ser cualificado e intenso y no una simple equivocación humana en el ejercicio de la interpretación jurídica de las reglas de derecho.
Estima que en la norma acusada el legislador ha entendido que se actúa con culpa grave cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la Ley, o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, agregando a las expresiones utilizadas por el artículo 6° de la Carta los calificativos de “directa” e “ inexcusable” para dar a entender que no se trata de cualquier violación de la ley ni de cualquier omisión o extralimitación.
En relación con numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, que establece como conducta gravemente culposa la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, en sentir de la Agencia Fiscal la culpa del agente estatal debe tener la connotación de grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución, para que ésta pueda promoverse. Es así, que la culpa grave tiene unas características esenciales que difieren de las otras clases de culpa, por lo que los calificativos “manifiesto” e “inexcusable” son los elementos que consideró el legislador adecuados para que el error de conducta del servidor o ex-servidor público se erija en culpa grave, con base en la cual, la entidad estatal puede acudir al organismo judicial a impetrar la mencionada acción.
Uno de tales requerimientos es la existencia de un cargo concreto de constitucionalidad que, según la jurisprudencia, constituye presupuesto material para que pueda proferirse un fallo de mérito. Por consiguiente, “el actor no cumple ese requisito si se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad”.[1]
Sobre este particular se ha precisado que la sustentación específica del concepto de la violación, como carga mínima que en cabeza del ciudadano que ejercita la acción de inconstitucionalidad, racionaliza el trabajo de esta Corporación en la medida en que permite situar la controversia en el plano constitucional. De ahí que antes de pronunciarse sobre el fondo de una demanda sea necesario entrar a verificar si el actor ha formulado materialmente un cargo, “pues de no ser así, la decisión debe ser, en principio, inhibitoria, ya que la demanda sería sustantivamente inepta, por no contener cargos concretos de inexequibilidad susceptibles de ser analizados y evaluados por ella mediante el ejercicio del control de constitucionalidad”.[2]
La Corte es particularmente celosa de la observancia de este requisito, pues si se admiten demandas que no satisfacen esta mínima exigencia la acción de inconstitucionalidad se convertiría en una suerte de control oficioso de constitucionalidad que no está previsto en la Carta. Por ello, para evitar tal situación “se necesita saber en concreto las razones por las que el demandante encuentra que la norma acusada viola las normas constitucionales invocadas”, puesto que la informalidad de la acción de inconstitucionalidad “no se traduce en la inexistencia absoluta de parámetros para su ejercicio ya que a la Corte Constitucional no le corresponde construir el escenario de la confrontación jurídica pues, en tales circunstancias, estaría ejerciendo una revisión oficiosa de inconstitucionalidad, la cual no le está permitida por la Carta Política”.[3]
Para que la argumentación expuesta en el concepto de violación sea admisible constitucionalmente se requiere además que exista una correspondencia lógica entre las normas acusadas como inconstitucionales, las normas constitucionales que se consideran infringidas y las razones por las cuales dichos textos se estiman violados, por lo cual es menester que los cargos del demandante giren en torno a las normas demandadas y no a otras distintas. En consecuencia, si las razones que esgrime el actor en su libelo no se predican de las normas demandadas sino de normas diferentes, la Corte no puede emitir pronunciamiento de fondo alguno, por cuanto “tampoco le está permitido considerar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley con base en los cargos planteados en relación con una disposición diferente”.[4]
Para la Corte la existencia de presunciones es un asunto que concierne con el aspecto probatorio de determinado supuesto de hecho, pues “al probarse los antecedentes o circunstancias conocidos, resulta probado el hecho al cual se refiere la presunción. Así pues, a quien favorece una presunción sólo corresponde demostrar estos antecedentes o circunstancias y la ley infiere de ellos la existencia del hecho presumido y del derecho subsiguiente, correspondiéndole a la parte que se opone demostrar la inexistencia del hecho que se presume o de los antecedentes o circunstancias de donde se infirió, si la presunción es simplemente legal, o solamente la inexistencia de estos últimos, si la presunción es de derecho”. [5]
Igualmente, según la jurisprudencia constitucional las presunciones de carácter legal no comprometen, en principio, el debido proceso pues “nada obsta para que el legislador, con el fin de dar seguridad a ciertos estados, situaciones o hechos jurídicamente relevantes y de proteger bienes jurídicos particularmente valiosos, respetando las reglas de la lógica y de la experiencia, establezca presunciones legales. En estos casos, la ley reconoce la existencia empírica de situaciones reiteradas y recurrentes, comúnmente aceptadas, para elevarlas, por razones de equidad, al nivel de presunciones”. [6]
Estos propósitos quedaron consignados en la exposición de motivos al proyecto de ley que luego se convirtió en la Ley 678 de 2001, donde se justificó el régimen de presunciones contemplado en las normas impugnadas al reconocer que “el legislador debe facilitar el debate probatorio para no hacer de la acción de repetición una misión imposible. Señalar causales de presunción de dolo y la culpa grave resulta conveniente y necesario, puesto que en el proceso de repetición sólo deberá probarse el supuesto de hecho en que se funda la presunción, con el objeto de invertir la carga de la prueba para hacer de la acción una herramienta efectiva y eficaz. En otras palabras, resultará suficiente para la parte demandante demostrar una de las causales que se señalan para presumir que el funcionario actuó con dolo o culpa y, por consiguiente, a la parte demandad demostrar que el supuesto de hecho que se alega no se configuró”. [7]
Y en cuanto hace a la violación del principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta, para la Corte es evidente que el cargo es improcedente, pues la norma Superior no puede ser quebrantada por los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, ya que como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional la presunción de buena fe está orientada a proteger al particular de los obstáculos y trabas que las autoridades públicas, y los particulares que ejercen funciones públicas, ponen frente a él en todas sus gestiones, como si se presumiera su mala fe, y no su buena fe.[8] Al efecto, valga recordar que según del artículo 83 Superior“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”
[1] Sentencia C-447 de 1997, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero
[2] Sentencia C-1256 de 2001. M.P. (E) Rodrigo Uprimny Yepes
[3] Sentencia C-087 de 2002
[4] Sentencia C-652 de 2001
[5] Sentencia C-238 de 1997
[6] Sentencia C-388 de 2000
[7] Ponencia para primer debate en el Senado de la República. Gaceta del Congreso No. 14 del 10 de febrero de 2000. Página 16
[8] Sentencias C-544 de 1994 y C-540 de 1995