Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014_09_01_archive.html
Timestamp: 2017-12-11 11:35:24
Document Index: 64878632

Matched Legal Cases: ['Artículo 128', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 14', 'Artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 3', 'Artículo 16', 'artículo 73', 'artículo 128', 'artículo 19']

Cuestiones (prácticas) no resueltas en el debate sobre la ultraactividad de los convenios colectivos. Notas a la sentencia (y posterior auto de aclaración) del TSJ del País Vasco de 16 de julio (que sigue la doctrina de las dictadas los días 13 y 18 de mayo).
1. En una entrada anterior del blog realicé un muy breve comentario de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Bilbao, a cuyo frente se encuentra la magistrada-juez Cristina Padro, en el conflicto suscitado sobre la vigencia o no del convenio colectivo de la empresa Hotel Abba Parque (ParqueBilbao SA). La sentencia, que amablemente me envió el letrado Javier Rodríguez, desestimó la petición de mantenimiento de la vigencia del convenio solicitada por la parte demandante, CGT de Euskadi, por no existir cláusula expresa en el mismo que así lo estableciera, y habiendo además un convenio de ámbito superior, el provincial de hostelería que podía ser de aplicación, trayendo a colación en defensa de su tesis doctrina sentada por el TSJ del País Vasco en sentencias de 19 y 26 de noviembre de 2013, rechazando la tesis de la parte demandante de que pudieran mantenerse las condiciones laborales convencionales en cuanto que condiciones más beneficiosas aplicables a todos los trabajadores que prestaran sus servicios en la empresa en el momento que finalizaba su vigencia.
Despidos colectivos en la Administración. Sobre qué debe entenderse por insuficiencia presupuestaria sobrevenida, la documentación debida y el fraude de ley. Notas a la sentencia del TS de 23 de mayo (caso Diputación de Ourense) (y II).
3. Como he indicado con anterioridad, contra la sentencia de instancia se interpusieron recursos de casación tanto por las partes demandantes como por las demandadas. La Sala procede a examinar en primer lugar el recurso de la Diputación, articulado al amparo del art. 207 e) de la Ley reguladora de la jurisdicciónsocial (“Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate”). Es decir, los tres motivos alegados son de índole jurídica sustantiva, sin poner en tela de juicio ni pedir la revisión de los hechos probados en la instancia. Ya adelanto que todos ellos serán rechazados por la Sala, a pesar de la buena valoración que realiza del recurso, del que afirma que tiene un “importante contenido jurídico”.
Despidos colectivos en la Administración. Sobre qué debe entenderse por insuficiencia presupuestaria sobrevenida, la documentación debida y el fraude de ley. Notas a la sentencia del TS de 23 de mayo (caso Diputación de Ourense) (I).
1- Es objeto de esta entrada el comentario del llamado “caso de la Diputación de Ourense”, más concretamente los despidos colectivos de 25 trabajadores, declarados no conformes a derecho por la sentencia de la Sala de lo Social del TribunalSuperior de Justicia de Galicia de 2 de mayo de 2013, que fue confirmada por la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de mayo (dictada por unanimidad), de la que fue ponente el magistrado Gonzalo Moliner Tamborero. El TS desestima, en los mismos términos que proponía el preceptivo informe del Ministerio Fiscal, los recursos de casación interpuestos por quienes fueron partes demandantes en la instancia, el sindicato nacional de CC OO de Galicia y el comité de empresa, y también por quien fue la parte demandada, la Diputación.
12. Regreso al PAPE 2014, estructurado en ocho bloques y acompañado de cinco anexos. La introducción reitera lo ya explicado y recogido en la EEAE sobre las PAE y las “nuevas líneas” marcadas a partir de 2013 (remito a mi comentario del PAPE 2013 para el análisis de documentos del SPEE que fueron tenidos presentes en su redacción y que siguen inspirando el plan del año en curso). Desde la perspectiva de las competencias autonómicas en materia de empleo y formación sí me interesa destacar la afirmación, que parece validar y reforzar tales competencias, eso sí dentro del marco general o paraguas de las normas de ámbito estatal, dado que afirma que las CC AA “han podido optar por realizar servicios (acciones) y programas (medidas) de ámbito estatal reguladas en la normativa estatal vigente o bien realizar servicios (acciones) y programas (medidas) de políticas activas de empleo propias, distintas de las anteriores, adaptadas a la realidad de las personas desempleadas y del tejido productivo de su ámbito territorial, que establezcan las Comunidades Autónomas”.
1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà ahir, dimarts 23 de setembre, les dades generals d’afiliació de la poblacióestrangera corresponents al mes d'agost.
O se estima o no se estima un ERE, pero el tribunal no puede decidir el número de trabajadores despedidos según su criterio. Notas a la sentencia del TS de 15 de abril de 2014, que estima el recurso de la empresa contra la del TSJ de Canarias de 26 de febrero de 2013 (Caso Gesplan).
1. Es objeto de esta entrada el comentario a la sentencia dictada el 15 de abril por la Salade lo Social del Tribunal Supremo, de la que fue ponente el magistrado José Manuel López. La sentencia (adoptada por unanimidad) estima el recurso de casación interpuesto por la empresa, y desestima el presentado por la representación unitaria de los trabajadores, contra la sentencia de 26 de febrero de 2013dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias(sede Las Palmas), de la que fue ponente la magistrada Mª Jesús García, y en consecuencia desestima la demanda origen del procedimiento. La síntesis oficial de la sentencia en la base de datos del CENDOJ es la siguiente: “RC. Despido colectivo. Concurrencia de las causas económicas y productivas. Alcance de las ofertas empresariales durante la negociación. Criterio de proporcionalidad en los ceses”. Cabe indicar que en el informe preceptivo del Ministerio Fiscal se proponía la desestimación de los dos recursos de casación presentados, tesis que como puede comprobarse sólo ha sido seguida en un 50 % (recurso de la parte trabajadora) y rechazado en otro 50 % (recurso de la parte empresarial).
Sobre la reunión de los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 (septiembre 2014). Los documentos de la OIT, OCDE y Banco Mundial y las aportaciones del sindicalismo internacional.
1. Los días 10 y 11 de este mes se reunieron en la ciudad australiana de Melbourne, la ciudad que algunos estudios han calificado como la mejor de todo el mundo para vivir en ella (tomando en consideración los indicadores de “salud, violencia y estabilidad, educación, infraestructuras y medio ambiente y entretenimiento”) los Ministros de Trabajo y Empleo del G20. Forman parte de este grupo África del Sur, Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos Francia, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido República de Corea, Rusia, Turquía, y la Unión Europea. España asiste a las reuniones del G20, como invitado permanente, desde la cumbre extraordinaria de Washington en noviembre de 2008. La relación de todas las reuniones celebradas desde 2010, y de buena parte de los documentos presentados y las resoluciones aprobadas pueden encontrarse en la página web cuyo enlace adjunto. En este blog también me he ocupado en varias ocasiones de las reuniones de los Ministros de Trabajo y Empleo, por lo que remito a las entradas correspondientes para quien quiera conocer mi parecer sobre ellas.
Etiquetas: empleo, G20, OIT
1. Compruebo con satisfacción, al igual que un alumno al final del curso cuando ve los resultados positivos del esfuerzo de todo el año, que el tiempo dedicado a los comentarios de la mayor parte de la sentencias dictadas por las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y de muchas de los Tribunales Superiores de Justicia durante 2012 y 2013 en materia de despidos colectivos, ha valido la pena. El estudio y análisis que estoy llevando a cabo de un buen número de las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, desde su primera sentencia de 20 de marzo de 2013, parte del conocimiento detallado del caso por mi parte al haber leído y estudiado con detenimiento (bastante mayor que en la actualidad, dado que el volumen de sentencias era entonces mucho menor) todos los datos facticos, la normativa internacional, europeo y estatal aplicable, y las resoluciones de los tribunales, algo a lo que añado que en varios de los litigios me detuve en el seguimiento del mismo desde la perspectiva de los propios sujetos colectivos implicados mediante el acceso a las medios de comunicación digitales y a las redes sociales.
Publicado por Eduardo Rojo 24 comentarios:
Despidos colectivos. Caso Teletech. Legitimación del grupo de empresa laboral y concurrencia de las causas. Nota a la sentencia del TS de 25 de junio, que confirma la dictada el 18 de diciembre de 2012 por la AN.
1. La actualización de la base de datos del CENDOJ ha incorporado numerosas sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de despidos colectivos que no había tenido oportunidad de leer y que a partir de ahora, y en la medida del tiempo disponible, intentaré que sean objeto de anotación breve o comentario algo más detallado, según mi valoración obviamente muy subjetiva de la importancia que tenga cada una de ellas, en el blog.
Despidos colectivos. El caso VAERSA. Sobre la normativa aplicable, la justificación de las causas, y muy en especial la diferente percepción de la buena fe negocial según el TSJ y el TS. Nota a la sentencia del TS de 21 de mayo de 2014.
1. Me propongo en esta entrada efectuar un comentario del llamado “Caso VAERSA”, ya que a mediados del pasado mes de julio fue hecha pública la sentencia dictada por laSala de lo Social del Tribunal Supremo el 21 de mayo, de la que fue ponente la magistrada Lourdes Arastey, con unanimidad de sus miembros (hago constar esta circunstancia porque nos estamos acostumbrando a sentencias con votos particulares, por lo que también debe resaltarse, al menos en alguna ocasión, el acuerdo alcanzado por todos los magistrados y magistradas de la Sala).
Reflexiones de un bloguero laboralista sobre el empleo y la formación. Recopilación de entradas publicadas desde el 9 de septiembre de 2007 al 9 de septiembre de 2014.
Pongo a disposición de los lectores y lectoras del blog una recopilación de las entradas que he publicado desde el 9 de septiembre de 2007 al 9 de septiembre de 2014 dedicadas al empleo y la formación, o mejor dicho de las que he considerado más interesantes, un total de 177, por el orden cronológico de publicación. En todos los incorporados a esta recopilación hay, a mi parecer, aportaciones, reflexiones y documentos que son sin duda de interés para abordar con mayor y mejor conocimiento de causa la realidad del empleo y la formación, tanto a escala internacional como europea y española en el período transcurrido de siete años y con muy importantes cambios políticos, económicos, sociales y jurídicos. No he incorporado las referencias autonómicas, no porque no sean importantes, que sí lo son y en algunas ocasiones especialmente relevantes, sino porque el documento hubiera sido mucho más extenso de lo que ya es, por lo que remito a las personas interesadas a la consulta directa del blog donde encontrarán dichas reflexiones y análisis.
La ultraactividad del convenio colectivo y su aplicación en caso de sucesión de empresa. Nota a una interesante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
1. El pasado jueves, día 11, el TJUE (Sala Cuarta) hizo pública una sentencia (AsuntoC-328/13) que considero interesante y a la que, por ello, dedico esta breve entrada. Una vez leída, realicé su difusión mediante un tweet en la red social con este texto: “Importante sentencia TJUE 11.9. Concepto de convenio colectivo. Ultraactividad y afectación en sucesión de empresa”, que mereció el interés de muchos usuarios de la red. En el ámbito periodístico, la sentencia ya ha merecido la atención del diario “Público”, con una buena síntesis de la sentencia a cargo de su redactora Julia Pérez con dos titulares “de impacto”: en primer lugar, el que aparece en la página principal del diario, “Europa hace temblar el principal pilar de la reforma laboral del PP”, y en segundo término el que aparece cuando consultas el artículo, “Europa abre brecha ante lareforma laboral y confirma la ultraactividad de un convenio”.
Etiquetas: TJUE, ultraactividad
Referencias a la normativa laboral en las últimas reformas en materia concursal (RDL 11/2014).
1 Los laboralistas sabemos por experiencia que hemos de prestar atención a la mayor parte de normas aprobadas, y desde luego no sólo a las de nuestro ámbito profesional. Por ello, cuando el gobierno aprueba un nuevo Real Decreto-Ley, como ocurrió el viernes 5 de septiembre, hay que leerlo con atención porque siempre se pueden encontrar preceptos que afecten a la regulación de las relaciones de trabajo, ya sea en el texto articulado o en las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
Texto (revisado) de la intervención en la Subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil.
El pasado martes, 9 de septiembre, tuve la oportunidad de intervenir en la Subcomisióncreada en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso delos Diputados “para el estudio de lasmejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleojuvenil”. Durante 20 minutos expuse mis reflexiones y traté posteriormente, durante 40 minutos, de responder a las distintas preguntas formuladas por los representantes de los grupos parlamentarios presentes.
Se anuncian nuevas, y amplias, reformas legales en la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Proyecto de ley de régimen jurídico de las MATyEP de la Seguridad Social.
1. El Boletín Oficial del Congreso de los Diputados publicó el 25 de julio el “Proyecto deLey por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la SeguridadSocial en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes deTrabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”. El debate y, en su caso, aprobación del proyecto ha sido encomendado a la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados con competencia legislativa plena, estando abierto el plazo de presentación de enmiendas (salvo ampliación del mismo, algo que suele ocurrir habitualmente) hasta el 17 de septiembre.
Tal como se explica en la Exposición de motivos la futura norma tiene por finalidad modernizar el régimen jurídico de aplicación de las que, a partir de su entrada en vigor, pasarán a denominarse “Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social”. Entre las modificaciones introducidas, que sin duda deberán ser objeto de atención detallada cuando se apruebe el texto definitivo, se encuentran las relativas a lo que se denomina “las particularidades de la gestión” de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, explicándose en la exposición de motivos y concretándose después en las modificaciones introducidas en la disposición adicional undécima de la LGSS, que “La nueva regulación articula distintos mecanismos existentes para elevar los niveles de coordinación y eficacia con los Servicios Públicos de Salud, a quienes corresponde dispensar la asistencia sanitaria en estos casos. A tal efecto se facilita a las Mutuas la facultad de realizar las actividades de control y seguimiento desde la baja médica. Por otro lado, se mejora la coordinación antes mencionada, mediante la figura de la propuesta de alta médica, debidamente fundamentada, estableciéndose un procedimiento de plazos breves para obtener una respuesta más ágil. Esta coordinación se concretará asimismo en la articulación de procedimientos de incorporación de la información clínica generada por las Mutuas a la historia clínica electrónica de los pacientes atendidos, a los efectos de evitar duplicidades y generar sinergias con los Servicios Públicos de Salud”. Dejo constancia de la relación existente entre estas futuras modificaciones y el Real Decreto 625/2014, de 18de julio, “por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y controlde los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta ycinco días de su duración”, que entró en vigor el día 1 de septiembre.
2. Ahora bien, el proyecto de ley introduce igualmente importantes reformas en la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, modificando numerosos preceptos de la norma vigente, la “Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistemaespecífico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos”. Tal como se explica nuevamente en la Exposición de Motivos, la finalidad de la reforma es en primer lugar “suavizar los requisitos y formalidades que en la actualidad se exigen y que impiden en la práctica el legítimo disfrute del derecho, así como para ampliar su ámbito a beneficiarios excluidos del mismo y que sin embargo se encuentran en la situación de necesidad. Simultáneamente se elimina la obligación de proteger las contingencias profesionales para acceder a la protección, porque supone una carga económica para el autónomo que no guarda relación financiera ni material con el sistema de protección por cese de actividad..”. Igualmente, y entre las modificaciones de carácter sustantivo, “se reduce el excesivo nivel de pérdidas que en la actualidad se exige al autónomo para incurrir en la situación de necesidad, entre el 20 y el 30 por ciento de los ingresos, para situar el requisito en el 10 por ciento”, y se amplía la cobertura a “los autónomos que por las características de su actividad se asimilan a los trabajadores económicamente dependientes, pero que carecen de la calificación legal por ausencia de las formalidades establecidas al efecto”. Se trata, sin duda, de cambios relevantes y que está por ver, si llegan a aprobarse, qué incidencia indirecta pueden tener sobre la regulación de las causas económicas que se regulan en el art. 51 de la Ley del Estatuto de los trabajadores para justificar un despido colectivo, cuestión que sólo dejo ahora apuntada como hipótesis de trabajo.
A la espera de conocer las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios del Congreso, y del texto finalmente aprobado por la Comisión para su remisión al Senado, he procedido a una comparación de la normativa vigente con el texto del proyecto de ley, al objeto de que los lectores y lectoras del blog puedan tener un conocimiento adecuado de la importancia de los cambios introducidos, destacando en negrita los más significativos. Desde luego, como podrán comprobar, no es menor importancia la reducción de la cuantía de las pérdidas económicas, y tampoco la ampliación de la protección a los autónomos dependientes “reales pero no formales”.
Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. http://bit.ly/WHovE7
http://bit.ly/1shlk2K
Artículo 128. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2014.
1. Desde el 1 de enero de 2014, los tipos de cotización de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, serán los siguientes:
b) Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado será del 3,30 por 100, ó del 2,80 por 100 si el interesado está acogido al sistema de protección por cese de actividad.
Se mantiene el carácter voluntario de acceso al sistema de protección. No obstante, la disposición adicional segunda establece que en el plazo de cinco años el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un estudio sobre la evolución de los principales parámetros que configuran el sistema de protección para, en función de sus resultados, valorar la conveniencia de convertirlo en obligatorio o mantener su carácter voluntario, así como para valorar su régimen financiero. Se trata de una medida prudente como exige la toma de decisiones de la indicada naturaleza, que deben basarse en estrictos motivos financieros y debidamente justificados. En la misma línea se modifica el sistema de financiación y en orden a dotarlo de seguridad jurídica, objetividad y transparencia, se establece una fórmula matemática que se aplicará para adaptar el tipo de cotización según sus necesidades financiera, situándolo entre un mínimo del 2,2 por ciento y un máximo del 4 por ciento, que no se podrá rebasar.
En cuanto a las modificaciones de carácter sustantivo, se reduce el excesivo nivel de pérdidas que en la actualidad se exige al autónomo para incurrir en la situación de necesidad, entre el 20 y el 30 por ciento de los ingresos, para situar el requisito en el 10 por ciento. La situación de pérdidas a la que se refiere la letra a)1.º del apartado 1 del artículo 5 de la Ley mencionada, se acreditará mediante la entrega de la documentación contable, de la forma que se determine reglamentariamente en atención a las distintas obligaciones de mantenimiento de registros contables o fiscales de los autónomos, así como de las declaraciones del IVA, IRPF y demás documentos preceptivos.
La Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, queda redactada en los siguientes términos:
"Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
3. El régimen de protección de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios se regirá por lo dispuesto en la disposición adicional octava."
"Artículo 2. Régimen jurídico.
La protección por cese de actividad forma parte de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social, es de carácter voluntario y se rige por lo dispuesto en esta ley y en sus normas de desarrollo, así como, supletoriamente, por las normas que regulan el Régimen Especial de la Seguridad Social de encuadramiento."
"a) La prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad."
"2. El sistema de protección por cese de actividad comprenderá, además, medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios del mismo, cuya gestión corresponderá a las entidades previstas en el artículo 14.5."
"a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Espacial de los Trabajadores del Mar, en su caso."
"e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección."
"Artículo 5. Situación legal de cese de actividad.
e) Por divorcio o separación matrimonial, mediante resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su ex cónyuge o de la persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.
2. La situación legal de cese de la actividad respecto de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por aplicación de la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se producirá cuando cesen involuntariamente en el cargo de consejero o administrador de la sociedad o en la prestación de servicios a la misma y la sociedad haya incurrido en pérdidas en los términos previstos en el apartado 1.a).1.º o bien haya disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital social.
3. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores autónomos económicamente dependientes que, sin perjuicio de lo previsto en el primer apartado de este artículo cesen su actividad por extinción del contrato suscrito con el cliente del que dependan económicamente, en los siguientes supuestos:
La situación legal de cese de actividad establecida en este apartado será también de aplicación a los trabajadores autónomos que carezcan del reconocimiento de económicamente dependientes, siempre que su actividad cumpla las condiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se aprueba el Estatuto del Trabajo Autónomo, excepto la correspondiente al nivel de ingresos procedentes del mismo cliente, que, a efectos del sistema de protección objeto de esta ley, será al menos del 90 por ciento de sus rendimientos por trabajo o actividades económicas o profesionales, salvo que el trabajador autónomo acredite haber solicitado tal reconocimiento de su cliente y éste no haya formalizado el contrato de trabajador autónomo económicamente dependiente. Este porcentaje se aplicará de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.
a) A aquéllos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo en el supuesto previsto en el apartado 3.b) del presente artículo.
b) A los trabajadores autónomos previstos en el apartado 3 que tras cesar su relación con el cliente y percibir la prestación por cese de actividad, vuelvan a contratar con el mismo cliente en el plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación, en cuyo caso deberán reintegrar la prestación recibida."
"1. Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se acreditarán mediante declaración jurada del solicitante, en la que se consignará el motivo o motivos concurrentes y la fecha de efectos del cese, a la que acompañará los documentos que seguidamente se establecen, sin perjuicio de aportarse, si aquel lo estima conveniente, cualquier medio de prueba admitido legalmente.
Sin perjuicio de los documentos señalados en el párrafo anterior, la concurrencia de motivos económicos se considerará acreditada mediante la aportación, en los términos que reglamentariamente se establezcan, de la documentación contable que confeccione el trabajador autónomo, en la que se registre el nivel de pérdidas exigido en los términos del artículo 5.1.a).1º, así como mediante las declaraciones del IVA, del IRPF y demás documentos preceptivos que, a su vez, justifiquen las partidas correspondientes consignadas en las cuentas aportadas. En todo caso, las partidas que se consignen corresponderán a conceptos admitidos en las normas que regulan la contabilidad.
En ambos casos se requerirá la acreditación de la situación de pérdidas o de disminución del patrimonio neto en los términos establecidos en el artículo 1.2.
e) El divorcio o acuerdo de separación matrimonial de los familiares incursos en la situación prevista en el artículo 1.e) se acreditará mediante la correspondiente resolución judicial, a la que acompañarán la documentación correspondiente en la que se constate la pérdida de ejercicio de las funciones de ayuda familiar directa en el negocio, que venían realizándose con anterioridad a la ruptura o separación matrimoniales."
"2. Sin perjuicio de los previsto en el apartado 1 del presente artículo, las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como de los mencionados en el artículo 5.3, se acreditarán a través de los siguientes medios:"
"1. Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 deberán solicitar a la misma Mutua Colaboradora de la Seguridad Social a la que se encuentren adheridos el reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad.
Dicho reconocimiento supondrá el nacimiento del derecho al disfrute de la correspondiente prestación económica, a partir del segundo mes posterior a aquel en que se produjo el hecho causante del cese de actividad. Cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, para tener derecho al disfrute de la prestación, no podrá tener actividad con otros clientes a partir del día en que inicie el cobro de la prestación."
"e) En el Régimen Especial del Mar, los períodos de veda obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el cómputo del período de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación por cese de actividad."
"1. La base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. En el Régimen Especial del Mar la base reguladora se calculará sobre la totalidad de la base de cotización por esta contingencia, sin aplicación de los coeficientes correctores de cotización, y además, los períodos de veda obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el cómputo del período de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación por cese de actividad."
"1. La protección por cese de actividad se financiará exclusivamente con cargo a la cotización por dicha contingencia. La fecha de efectos de la cobertura comenzará a partir del primer día del mismo mes en que sea formalizada.
TCt = G/BC*100.
G = suma del gasto por prestaciones de cese de actividad de los meses comprendidos desde 1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1.
b) No obstante lo anterior, no corresponderá aplicar el tipo resultante de la formula, manteniéndose el tipo vigente, cuando:
2.º Suponga reducir el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos porcentuales, o cuando siendo la reducción del tipo mayor de 0,5 puntos porcentuales las reservas de esta prestación a las que se refiere el artículo 16.2 de la presente Ley previstas al cierre del año t-1 no supere el gasto presupuestado por la prestación de cese de actividad para el año t.
4. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá emitir opinión conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, respecto a la aplicación por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de lo previsto en los apartados anteriores, así como respecto a la sostenibilidad financiera del sistema de prestación por cese de actividad.
5. Las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad, a las que se refiere el artículo 3.2 de esta ley, se financiarán con un 1 por ciento de los ingresos establecidos en este artículo. Dichas medidas serán gestionadas por el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma competente y por el Instituto Social de la Marina, en proporción al número de beneficiarios que gestionen."
"Artículo 16. Órgano gestor.
1. Salvo lo establecido en el artículo anterior y en la disposición adicional cuarta, corresponde a las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social la gestión de las funciones y servicios derivados de la protección por cese de actividad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos competentes en materia de sanciones por infracciones en el orden social y de las competencias de dirección y tutela atribuidas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el artículo 73.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
A tal fin, la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá a la Mutua con quien el trabajador autónomo haya formalizado el documento de adhesión, mediante la suscripción del Anexo correspondiente. El procedimiento de formalización de la protección por cese de actividad, su periodo de vigencia y efectos se regirá por las normas de aplicación a la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad Social.
2. El resultado positivo anual que las Mutuas obtengan de la gestión del sistema de protección se destinará a la constitución de una Reserva de Estabilización por Cese de Actividad, cuyo nivel mínimo de dotación equivaldrá al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio por esta contingencia, que podrá incrementarse voluntariamente hasta alcanzar el 25 por ciento de las mismas cuotas, que constituirá el nivel máximo de dotación, y cuya finalidad será el atender los posibles resultados negativos futuros que se produzcan en esta gestión.
En ningún caso será de aplicación el sistema de responsabilidad mancomunada establecido para los empresarios asociados."
"Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, tendrán derecho a las prestaciones por cese de actividad siempre que cumplan las condiciones generales establecidas en esta ley y las particulares que seguidamente se disponen:"
Trece. La letra c) del apartado uno de la disposición adicional séptima queda redactada del siguiente modo:
"c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por la comisión de infracciones penales."
Con efectos desde el día de entrada en vigor de esta ley, el artículo 128 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, queda redactado en los siguientes términos:
Uno. El primer párrafo del apartado Cinco.5, queda redactado del siguiente modo:
"5. El tipo de cotización en este Régimen Especial de la Seguridad Social será el 29,80 % o el 29,30 % si el interesado está acogido al sistema de protección por contingencias profesionales. Cuando el interesado no tenga cubierta la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será del 26,50 %."
Dos. El apartado Seis.1 b), queda redactado del siguiente modo:
"b) Respecto a la mejora voluntaria de incapacidad temporal por contingencias comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de cotización del interesado será del 3,30 %, o del 2,80 % si el interesado está acogido al sistema de protección por contingencias profesionales."
Tres. El apartado Siete.1, queda redactado del siguiente modo:
"1. Lo establecido en los apartados Uno y Dos será de aplicación en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio, en su caso, y para la cotización por contingencias comunes, de lo dispuesto en el artículo 19.6 del Texto Refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, de lo que se establece en el apartado 2 siguiente, y con excepción del tipo de cotización por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia, que será del 29,30 % o del 29,80 % si el interesado no está acogido al sistema de protección por contingencias profesionales."
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