Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002011000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Timestamp: 2018-02-24 08:33:48
Document Index: 216671921

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UN NUEVO PANORAMA CONSTITUCIONAL PARA EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
Estudios Constitucionales, Año 9, Nº 2, 2011, pp. 123 - 164.
A new constitutional panorama for the international human rights law in Mexico1
Karlos Castilla Juárez *
UNAM/UPF
karloscastilla@gmail.com
Resumen : A partir del once de junio de dos mil once, México tiene un nuevo texto constitucional que en materia de derechos humanos ha generado grandes expectativas al haberse modificado el contenido de diez artículos constitucionales que, en una medida u otra, cambiarán la manera en la que los derechos humanos son reconocidos, protegidos, respetados y garantizados en el sistema jurídico mexicano. Una de las más importantes modificaciones se encuentra en los tres primeros párrafos del artículo primero constitucional, en el cual se incluyen novedades importantes que no sólo dan un nuevo panorama al derecho internacional de los derechos humanos, sino que también modifican el sistema jurídico mexicano al crear un bloque de constitucionalidad, entre otras novedades. Ante ello, en este trabajo se analizan y establecen los entendimientos generales respecto al origen, alcances y perspectivas que tuvo, tiene y tendrá el nuevo texto constitucional mexicano.
Palabras clave: Reforma constitucional, derechos humanos, bloque de constitucionalidad, interpretación pro persona, obligaciones internacionales.
Abstract: Since June eleven of two thousand eleven Mexico has a new constitutional text that in human rights has generated high expectations by modifying the content of ten constitutional articles that, in one way or other, will change the way that the human rights are recognized, protected, respected and guaranteed in the Mexican juridical system. One of the most important modifications is in the first three paragraphs of the first constitutional article, in which it includes important innovations that not only give a new panorama to the international human rights law, but also they modifies the juridical Mexican system by creating a block of constitutionality, between other innovations. In those terms, in this paper will be analyze and establishing the general understandings about its origin, scopes and perspectives that the new Mexican constitutional text has had, has and will have.
Keywords: Constitutional reform, human rights, block of constitutionality, interpretation pro person, international obligations
El once de junio de dos mil once es una fecha que muchas veces será mencionada en el siglo XXI cuando se hable de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en específico, cuando se haga referencia a los derechos humanos reconocidos en ésta. Esa es la fecha en la cual entró en vigor la reforma constitucional que, publicada un día antes en el Diario Oficial de la Federación 2 , modificó en la letra y esperemos también lo haga en la práctica el entendimiento que de los derechos humanos se tendrá en México, no sólo por el abandono del decimonónico término de "garantías individuales" del texto constitucional, sino porque el conjunto de los cambios normativos propuestos ofrece una de las más grandes posibilidades de redefinición de todo el sistema de protección y garantía de los derechos humanos, tanto por su contenido, como por la precisión expresa que se hace del origen y jerarquía de sus fuentes.
La reforma constitucional modificó el contenido de once artículos: el primero y quinto párrafos del artículo 1º; el segundo párrafo del artículo 3º; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18, el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33, la fracción X del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 102, y el inciso g) de la fracción II del artículo 105; asimismo, la adición de dos nuevos párrafos segundo y tercero al artículo 1º, recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden, y los nuevos párrafos quinto, octavo y undécimo, recorriéndose los actuales en su orden al artículo 102 del apartado B y nueve artículos transitorios, con excepción del segundo párrafo del artículo octavo transitorio; y la denominación del Capítulo I, del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De una lectura de esas reformas constitucionales, podemos darnos cuenta de manera sencilla que se ocupan de aspectos que van desde el impulso del respeto a los derechos humanos por medio de la educación que imparte el Estado, el trato que deberá garantizárseles a los migrantes y extranjeros, así como a las personas que se encuentran sujetas al sistema penitenciario, pasando por las formas más acotadas y precisas en cuanto a su procedimiento en las cuales se podrán suspender los derechos humanos, cuándo y respecto a qué derechos ello es posible y hasta las nuevas formas y alcances con los que la política exterior, la investigación de violaciones graves de los derechos humanos y los planteamientos de inconstitucionalidad por la vulneración de derechos humanos se deberán de regir y funcionar.
Pero, sin duda alguna, la reforma que, en mi opinión, es la más importante por su efecto transversal a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos, y en sí a todo el sistema jurídico mexicano, es la contenida en el artículo primero de la Constitución.
En ese sentido, no obstante la importancia de las reformas constitucionales en su conjunto, en este documento me ocuparé de establecer el origen y sentido que las iniciativas de reforma buscaron darle a ese artículo 1º, a fin de señalar de la manera más clara posible cuál era "la intención" del constituyente permanente, pues ello siempre resultará necesario tenerlo presente e incluso tomarlo en cuenta al interpretar y aplicar dicha norma. Posteriormente, buscaré establecer a partir del contenido literal del artículo 1º constitucional y los antecedentes legislativos antes referidos, los alcances y contenido que, en mi opinión, debe reconocérsele sin mayor objeción a dicha norma, esto es, qué novedades nos ofrece y cómo deben ser entendidos sus tres primeros párrafos. Finalmente, señalaré algunas perspectivas que considero podrían presentarse a futuro con la aplicación de esta norma, atendiendo a los fines que la impulsaron y los resultados que se alcanzaron a manera de conclusiones a las que podría llegar después de ese análisis de una de las reformas constitucionales más importantes que ha tenido México en materia de derechos humanos en muchos años.
II. Los motivos de la reforma constitucional al Artículo 1º
Desde antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional y principalmente durante el proceso de aprobación de ésta por las legislaturas de los Estados, como lo ordena el artículo 135 constitucional 3 , muchas fueron las versiones que se dieron respecto a los alcances con los que se debía tomar lo que incluía la reforma y por qué se incluía ello en el nuevo texto constitucional. Sin embargo, pocas explicaban la intención que tuvo el legislador al promoverlas y aprobarlas a fin de entender de mejor manera sus alcances, con lo cual, se generaron más dudas que certezas que incluso llevaron a mediados de abril de 2011 a poner en duda que la reforma constitucional sería finalmente aprobada. Ante ese panorama, considero que para los fines posteriores de este trabajo y para cualquier investigación que se realice a este respecto, es necesario conocer qué quería el legislador alcanzar con la reforma del artículo 1º, para con ello, tener mayor claridad respecto a la interpretación y contenido bajo el cual debe ser entendido dicho artículo a partir de los motivos reales que la generaron y el resultado que finalmente se alcanzó.
Bajo ese entendido, a continuación estableceremos esos aspectos del proceso de reforma constitucional.
1. Iniciativas de reforma
El proceso de reforma constitucional, previsto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se inició en esta llamada "reforma constitucional en derechos humanos" con la presentación de 33 iniciativas de reforma propuestas por diputados y senadores de, prácticamente, todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión entre noviembre de 2006 y agosto de 2008.
De esas 33 iniciativas, sólo 8 de ellas hicieron referencia al artículo 1º constitucional, esto es, sólo el 24% de las iniciativas de reforma constitucional destinadas a modificar aspectos sustanciales de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano estuvieron directamente dirigidas a dicha norma.
La primera de ellas fue presentada el 25 de abril de 2007 4 por diputados y diputadas federales del Partido de la Revolución Democrática. En ella se decía 5 , entre muchas cosas más y respecto al tema que nos interesa, que: "Estamos en condiciones de incorporar en el texto vigente los conceptos y la filosofía de los derechos humanos que permitan normar el criterio de la actuación de nuestras autoridades, definir los límites del poder frente a los ciudadanos y fortalecer a las instituciones de este país. […] la garantía de aplicación del derecho internacional de los derechos humanos debe darse a través del cauce de los Estados, por medio de su incorporación como normas constitucionales que regulen el actuar de los órganos de Estado y no sólo como normas aplicables en el ámbito interno de manera secundaria".
El texto del artículo 1º que se proponía era:
"Capítulo I De los Derechos Humanos y las Garantías Individuales
Los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano forman parte integral de esta Constitución, los cuales complementan y adicionan las garantías y derechos en ella reconocidos. En caso de contradicción, dichos derechos serán interpretados de acuerdo con lo que sea más favorable para la persona humana".
De esta iniciativa resulta evidente el interés que se tenía de incluir el término derechos humanos con todas sus implicaciones en el texto constitucional, aunque no se eliminaba del todo el término garantías individuales. Asimismo, la iniciativa denota un especial interés en que los tratados de derechos humanos tuvieran plena vigencia en nuestro sistema jurídico, para lo cual resultaba necesario incorporarlos como normas constitucionales y referente principal de derechos. El tema de jerarquías entre el texto constitucional y los tratados parece que no representaba ningún problema, pues en caso de contradicción entre esas normas se optaría por la que resultara más favorable a la persona. Esta iniciativa contiene tres de los ejes fundamentales que siguió al final la reforma constitucional.
La segunda iniciativa de reforma constitucional fue presentada el 6 de septiembre de 2007 6 por un diputado del Partido Acción Nacional. En lo que aquí interesa se decía esencialmente lo siguiente: "[ …] se hace evidente la necesidad de fortalecer nuestro marco jurídico con respecto a la reglamentación del ejercicio de las garantías individuales, toda vez que la sociedad reclama paz y orden para lograr sus fines". El texto que se proponía en la iniciativa era: "Artículo 1. … Las autoridades deben generar las condiciones para hacer posible el ejercicio de todas las garantías individuales, las que deben sujetarse a la cobertura de los bienes que tutelan y restricciones necesarias que permitan la vigencia de otros derechos fundamentales, configurativos del orden público".
Esta iniciativa se encuentra fuera del común denominador de las propuestas de reforma que se presentaron, ya que se mantiene dentro del ámbito de las "garantías individuales", buscando únicamente que éstas tuvieran una mejor protección. Lo relevante, en mi opinión, es que pone de manifiesto que dichas garantías estaban lejos de alcanzar sus fines y, por tanto, resultaba necesario acercar su contenido al de los derechos fundamentales, aunque lo dice de manera poco clara. Tal vez por eso, su influencia fue prácticamente nula.
La tercera iniciativa fue presentada el 8 de noviembre de 2007 7 por una diputada del Partido de la Revolución Democrática. Por los fines que se buscaban, en ésta se proponía de manera relacionada la reforma a los artículos 1º y 133 constitucionales. Bajo ese entendido, la parte más relevante de la exposición de motivos era la siguiente:
"A pesar de que a nivel doctrinal se diferencia entre los términos ‘derechos humanos’ y ‘derechos fundamentales’, en la presente iniciativa se apela al uso del término "derechos humanos" ya que se entiende, al igual que lo hace un vasto sector de la doctrina, que los ‘derechos humanos’ constituyen un concepto más amplio que el de ‘derechos fundamentales’. […] Es necesario también, consagrar que en materia de derechos humanos, se debe aplicar la disposición que sea más favorable para la persona, independientemente del ordenamiento en el que se encuentre consagrada. Así es indistinto si se encuentra en la ley suprema o en un tratado internacional ratificado por México, debe aplicarse aquel ordenamiento que mejor tutele los derechos humanos. […] Por lo que no puede ni debe supeditarse al debate infértil sobre la jerarquía constitucional y legal. […] Por lo cual debe consagrarse constitucionalmente el deber que tienen los tribunales y poderes públicos para aplicar la norma o interpretarla de la forma que más favorezca a los derechos humanos de la persona. También, se debe incluir en el texto constitucional el principio de interpretación conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. […] Con la reforma al artículo 133 se pretende que los tratados de derechos humanos tengan operatividad inmediata; esto es, a diferencia de otros tratados, los de derechos humanos poseen la característica de tener como sujetos beneficiarios a las personas sujetas a la jurisdicción del Estado mexicano (sin importar si son nacionales o extranjeros, ciudadanos o menores de edad), quienes podrán invocar su aplicación inmediata. […] De ahí que sea urgente precisar a nivel constitucional, la recepción en el orden jurídico nacional de las sentencias emitidas por los tribunales internacionales de derechos humanos a los que México les ha reconocido jurisdicción, en específico, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
El texto propuesto en esta iniciativa para el artículo 1º y el artículo 133, que al final como se verá, tuvieron mucha influencia en el contenido final del artículo primero era:
"Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de los derechos humanos y garantías que otorga esta Constitución, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Los derechos humanos y garantías reconocidos en esta Constitución vinculan a todos los poderes públicos y serán interpretados de conformidad con los tratados internacionales sobre la misma materia ratificados por el Estado mexicano. Está prohibida la esclavitud…
Los tratados relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado mexicano, tienen jerarquía constitucional cuando contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución; y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público, los cuales actuarán conforme a la interpretación que más favorezca a la efectiva vigencia de los derechos del ser humano. Las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son plenamente ejecutables en México, de conformidad con la ley respectiva".
Esta iniciativa contiene tres de los ejes fundamentales de la reforma constitucional al incluir el término derechos humanos, la interpretación conforme a tratados de derechos humanos y aunque no en el texto del artículo 1º, pero si en el del artículo 133, el reconocimiento de jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos de los que México fuera parte a fin de que tuvieran una aplicación inmediata y directa. Un aspecto de esta iniciativa que se hizo de lado, pero que sin duda alguna habría sido muy importante tomar en cuenta, es el relativo al cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues de haber sido incluida y aprobada se habría podido dar mejor cauce al cumplimiento de las 6 sentencias condenatorias que hasta junio de 2011 tiene el Estado Mexicano 8 , por lo que ello sigue siendo una asignatura pendiente que no debe dejarse de lado pese a los grandes avances que finalmente se alcanzaron.
La cuarta iniciativa fue presentada por un diputado del Partido Acción Nacional el 31 de octubre de 2007 9 , en ella se hace un análisis histórico de algunos instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la necesidad de modificar el término garantías individuales como lo han hecho en otros países. Como parte de la exposición de motivos que se puede destacar está:
"El fin último de esta iniciativa es, por una parte, poner un dique a la posibilidad latente de que quienes detentan el poder tengan la posibilidad de proclamar como derecho lo que les convenga; y por el otro, insertar en nuestro orden jurídico valores ideales que se sitúen por encima de la mera fuerza, para que finalmente se garantice a los mexicanos el pleno goce de sus derechos humanos".
Bajo ese entendimiento y fines, el diputado federal proponía la modificación del artículo 1º en los siguientes términos:
"Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías y los derechos humanos que reconoce esta Constitución, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece".
Esta iniciativa contenía uno de los ejes fundamentales de la reforma constitucional, con lo cual formó parte de ese importante bloque de propuestas que sirvieron para incluir el término derechos humanos en el Capítulo I y texto del primer párrafo del artículo 1º constitucional, pese a que la fuente de esos derechos en este caso se circunscribía exclusivamente a la Constitución.
La quinta iniciativa relacionada con la reforma al artículo 1º de la Constitución fue presentada el 16 de enero de 2008 10 por un diputado del Partido Revolucionario Institucional, ésta al igual que otra que ya fue antes sintetizada proponía también la reforma del artículo 133 constitucional y se sustentó, en lo que aquí nos interesa, en la siguiente exposición:
"De forma genérica el motivo de la presente iniciativa, que no es otro que el de profundizar en la constitucionalización de los derechos humanos y fortalecer el sistema de la defensa de los mismos.
Respecto de esta disposición [art. 1º], se hacen las siguientes propuestas de reforma y adición:
a) Con el propósito de que el orden jurídico mexicano no se permita ninguna distinción arbitraria entre derecho interno e internacional, a la hora de tutelar los derechos humanos y garantías de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, es insoslayable que desde la apertura del texto constitucional se disponga que todo individuo gozará de los derechos humanos y sus garantías dispuestos en el mismo, pero también, de los previstos en los más importantes tratados internacionales aprobados en términos del artículo 133 constitucional, y que tienen parte del ordenamiento jurídico mexicano después de haber entrado en vigencia en nuestro sistema.
b) De acuerdo con los antecedentes constitucionales, iusinternacionales y doctrinales de que dispone México, la Carta Magna debe pasar del simple otorgamiento o amparo de derechos humanos, al reconocimiento de los mismos. De la mayor importancia consideramos que son las propuestas que ahora hacemos respecto de este artículo [133] constitucional, porque se pretende modificar la pirámide jurídica nacional que del mismo se desprende. […] Como señalamos con antelación, los compromisos internacionales que en este terreno no deben apreciarse como la imposición de uno o varios Estados sobre el nuestro, sino que al ser ratificados conforme al derecho interno, se colocan como otro atributo de nuestra indiscutible soberanía".
El resultado de esas argumentaciones y motivación se reflejó en la propuesta de redacción del texto constitucional en los siguientes términos:
"Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de los derechos humanos que reconocen esta Constitución y los siguientes tratados internacionales firmados y ratificados; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana de Derechos Humanos ‘Pacto de San José’ de Costa Rica, y de las garantías que la misma otorga, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Artículo 133. Esta Constitución; los tratados internacionales que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república con la aprobación y ratificación del Senado y; las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, en ese orden serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces y demás autoridades de las entidades federativas y de los municipios se arreglarán a dicha Constitución, tratados internacionales, y leyes, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados".
Esta iniciativa recoge dos de los ejes fundamentales de la reforma constitucional al proponer la inclusión del término derechos humanos y establecer el lugar que ocuparían los tratados en esa materia, aunque en este caso destaca que
contrario a lo que se hace en otras iniciativas, en ésta se incluye una enumeración de tratados que serían reconocidos de manera expresa como fuente de derechos humanos de rango constitucional, en tanto que en el artículo 133 se incluía el restante grupo de tratados con una jerarquía inferior al texto constitucional. Esto es importante destacar ya que sólo a 3 tratados se les reconocía en esta iniciativa como fuente constitucional de derechos humanos, pese a que la iniciativa estaba encaminada a dar un lugar bien definido a los tratados en general en el sistema jurídico mexicano.
La sexta iniciativa fue presentada el 5 de febrero de 2008 11 por una diputada del Partido de la Revolución Democrática. Ésta es de las pocas iniciativas que se presentaron de manera exclusiva para reformar el artículo 1º constitucional y tras explicar que los derechos humanos no sólo deben hacerse valer frente a autoridades sino también frente a particulares, las razones que finalmente sustentan esta iniciativa son:
"La presente iniciativa tiene como propósito esencial el reconocimiento sustantivo de los derechos fundamentales frente a diversas actuaciones de entes privados que pudieran incurrir en su afectación".
Bajo esa perspectiva de análisis y teniendo en cuenta una necesidad de protección o aplicación concreta de los derechos humanos, el texto que se proponía era:
"Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos… […] […] Los derechos fundamentales son oponibles a todo acto u omisión de entes públicos y privados que lesione, restrinja, altere o amenace en cualquier medida a esta Constitución y a las disposiciones legales que emanen de ella, así como a los tratados internacionales celebrados en términos del artículo 133 constitucional".
Si bien esta iniciativa estaba destinada principalmente a poner énfasis en que los derechos fundamentales, como ahí se les denomina, pudieran ser oponibles no sólo a entes públicos sino también a particulares, en la redacción de la propuesta de texto constitucional se le da un lugar especial a los tratados, al generar esa protección no únicamente respecto de los derechos constitucionalmente "otorgados", sino también de dichos derechos contenidos en los tratados que cumplan con los requisitos de aprobación e incorporación al sistema jurídico mexicano previsto en el artículo 133. Por lo que pese a que no era una iniciativa dirigida en principio a darles un lugar especial a los tratados, al ser detectada la necesidad de que los derechos contenidos en ellos no quedaran al margen de la protección, se les incluye y, con ello, la iniciativa se inscribe dentro de aquellas que recogen uno de los ejes que mayor importancia tuvo en la reforma constitucional.
La séptima iniciativa fue presentada por un diputado del Partido Acción Nacional el 30 de abril de 2008 12 y al igual que la anterior se ocupaba exclusivamente de la reforma al artículo 1º constitucional. De una larga exposición de motivos se destaca para el tema que nos ocupa que:
"El texto vigente de la Constitución mexicana no reconoce de manera expresa y categórica de los derechos humanos, lo que conlleva, por una parte, a que los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, no los adopten como fuente directa de derechos y obligaciones o no los tomen como criterio orientador de su actuación y, por otra, a que algunos de los derechos humanos que hemos incorporado a través de la firma y ratificación de los tratados internacionales, tengan una protección limitada. El reconocimiento y protección constitucional de los derechos humanos abarcaría los que son objeto de las garantías individuales, los que son recogidos en los tratados internacionales, y aquellos que se encuentren establecidos en alguna otra disposición del ordenamiento jurídico mexicano, así como aquellos otros, que por el carácter progresivo que les corresponde a estos derechos, lleguen a formar parte en el futuro del orden jurídico nacional".
El texto propuesto para el artículo 1º en esta iniciativa era el siguiente:
"Artículo1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos y de las garantías para su protección, reconocidos en esta Constitución y en los tratados ratificados por los Estados Unidos Mexicanos. […]."
Esta iniciativa se suma a aquellas que además de incluir el término derechos humanos, contemplaba que los tratados de los que fuera parte México debían ser reconocidos de manera expresa como fuente de derechos dentro del propio texto constitucional. Con lo cual, esta perspectiva se suma al conjunto de iniciativas que de manera clara buscaban abrir el texto constitucional al contenido de los tratados a fin de alcanzar una más amplia regulación y protección de los derechos humanos, recogiendo así dos de los ejes fundamentales de la reforma constitucional.
Finalmente, la octava iniciativa relacionada con el artículo 1º constitucional fue presentada el 24 de abril de 2008 13 por diversos diputados del Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Convergencia, Alternativa y Nueva Alianza. Ésta recoge muchos de los elementos que derivaron de un largo trabajo legislativo en el que tuvo participación además la sociedad civil, organizaciones gubernamentales y académicas dentro de la denominada Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión 14 .
Esta iniciativa podría ser considerada como la más importante al concentrar esfuerzos conjuntos de prácticamente todas las fuerzas políticas del país y de algunos sectores de la sociedad.
De la exposición de motivos de ésta se puede destacar en el tema que nos interesa lo siguiente:
"[…] es preciso que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a cuya sujeción se ha comprometido la comunidad internacional, queden plasmados en la Constitución de tal manera que no exista pretexto ni fundamento legal alguno que entorpezca su aplicación. […] Es menester que los derechos humanos estén establecidos a nivel constitucional no sólo en cuanto a su mención sino en cuanto a su jerarquía, puesto que en ellos deben estar basadas las políticas públicas que promueva el Ejecutivo; en su contenido deben de estar los criterios reguladores que rijan el actuar del poder judicial y sus fundamentos deben ser el eje rector de las leyes y normas que emita el poder legislativo. […] Ahora bien, el término ‘garantías individuales’ debe complementarse con el de ‘derechos humanos’, debido a que cuando se habla de garantías, nos referimos a los mecanismos necesarios para poder prevenir la violación de tales derechos o repararla si es que tal violación ya ha acontecido. […] Es necesario, también, consagrar que en materia de derechos humanos se debe aplicar la disposición que sea más favorable para la persona, independientemente del ordenamiento en el que se encuentre consagrada. Así es indistinto si se encuentra en la ley suprema o en un tratado internacional ratificado por México, debe aplicarse aquel ordenamiento que mejor tutele los derechos humanos. […] El principio de interpretación conforme a los tratados ya es parte de muchas constituciones en Iberoamérica, por lo que de incorporarse a la Constitución mexicana vendría a garantizar de forma más efectiva los derechos humanos ante las resoluciones de los órganos jurisdiccionales internos, los cuales, en ocasiones, omiten aplicar o interpretar los derechos humanos conforme a las disposiciones de los tratados internacionales ratificados por México. […] Con la reforma al artículo 1º se pretende que los tratados de derechos humanos tengan operatividad inmediata; esto es, a diferencia de otros tratados, los de derechos humanos poseen la característica de tener como sujetos beneficiarios a las personas sujetas a la jurisdicción del Estado mexicano (sin importar si son nacionales o extranjeros, ciudadanos o menores de edad), quienes podrán, invocar su aplicación inmediata".
El texto que se proponía en esta iniciativa conjunta, derivada de una primera base de acuerdos parlamentarios, era:
"Capítulo I De los Derechos Humanos Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos y de las garantías para su protección, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecen aquellas que confieran una mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos. Las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y prevalecen sobre el derecho interno en la medida en que confieran una mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos humanos. Los derechos humanos podrán ejercerse a título individual o colectivo. Los derechos humanos son valores esenciales de la convivencia. Toda persona coadyuvará en la defensa de los derechos humanos y en la denuncia de sus violaciones. Los derechos humanos vinculan al Estado, en consecuencia tiene la obligación de respetarlos, protegerlos, garantizarlos y promoverlos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, debiendo prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En los casos en los que la Constitución lo establece, la regulación de los derechos humanos deberá hacerse mediante ley y respetar su contenido esencial".
Esta iniciativa reúne elementos comunes de diversas iniciativas y contiene de manera expresa los cuatro ejes base de la reforma al poner especial énfasis en la necesidad de no denominar más garantías individuales a los derechos humanos, en colocar a los tratados de derechos humanos al mismo nivel jerárquico que la Constitución, sin dar prevalencia al texto de ésta frente al de aquéllos al incluir el principio pro persona como criterio interpretativo que rompe jerarquías y asegura que en todo caso se aplique la norma e interpretación que más proteja a la persona. Además de traer al texto constitucional las obligaciones generales contenidas en los tratados en materia de derechos humanos para que éstas tuvieran una aplicación y observancia directa. Elementos todos que deben tenerse presentes al ser el hilo conductor, esencia y fin de la reforma constitucional. Por el origen y forma en la cual fue presentada esta iniciativa, que siendo una más se convierte en la principal, los elementos que aquí se proponían y las motivaciones que la originaron son aspectos que, en mi opinión, se deben tener presentes en el resultado final que se logró y en los alcances e interpretación que se le darán al artículo 1º constitucional.
A manera de resumen, podemos establecer a partir de conocer el contenido de las 8 iniciativas relacionadas con el artículo primero constitucional que:
6 de las 8 pretendían incluir el término derechos humanos en el texto constitucional al considerar que el de garantías individuales había sido ya superado, por lo cual, la Constitución tenía que actualizarse.
6 de las 8 consideraban necesario incorporar el contenido de los tratados de derechos humanos como referente normativo o fuente de derechos, siendo que 5 de las 6 con algunos matices pero con el mismo fin, pretendían reconocerle rango constitucional a dichos tratados a fin de lograr su plena aplicación y evitar que continuaran siendo simples letras en papel. La incorporación plena de dichos tratados en el texto constitucional y el rompimiento de jerarquías entre esas normas que conformarían el nuevo texto constitucional se solventa en 3 de estas 6 iniciativas con la inclusión de la interpretación más favorable, la interpretación conforme a tratados o la aplicación del principio pro persona, con lo cual se garantiza una entrada más sencilla de los tratados dentro del texto constitucional, pues en caso de conflicto entre normas, se aplicaría simplemente la que mejor proteja a la persona sin importar su origen nacional o internacional.
Con todo lo hasta aquí descrito, resultan claros cuáles eran los ejes rectores de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Por lo que ahora corresponde establecer si finalmente fueron alcanzados y de qué manera.
2. Discusión y aprobación en Cámaras del Congreso de la Unión y en las Legislaturas locales
Con la presentación y sistematización de las 33 iniciativas de reforma (que incluye las 8 antes sintetizadas), el proceso de reforma constitucional continuó al aprobarse el 23 de abril de 2009, por unanimidad, el dictamen de proyecto de decreto que modificaba la denominación del Capítulo I y reformaba diversos artículos de la Constitución, el cual en esa misma fecha fue enviado al Senado a fin de continuar con el proceso legislativo.
Seguidos los trámites correspondientes en el Senado de la República, el 8 de abril de 2010 ese órgano legislativo aprobó con modificaciones el dictamen de reforma a los artículos 1º, 11, 33, 89 y 102; asimismo, incorporaron reformas a los artículos 3º, 15, 18, 29, 97 y 105 de la Constitución, enviando dicho dictamen a la Cámara de Diputados a fin de que hiciera las observaciones que se consideraran oportunas y se siguiera con el proceso legislativo.
En dicha Cámara se continuó con el proceso de reforma que incluyó reuniones con organizaciones de la sociedad civil, académicas y especialistas en derechos humanos. Entre el 13 de abril y el 13 de diciembre de 2010 se dieron al interior de la Cámara de Diputados y, en específico, en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos un importante número de reuniones, debates, negociaciones y acuerdos a fin de alcanzar el texto que mejor satisficiera los fines que se buscaban, situación que no fue del todo sencilla pese a que había acuerdos en los temas más relevantes y sólo generaban desacuerdo aspectos puntuales de terminología en el contenido de algunos artículos.
El 15 de diciembre de 2010 se aprobó con modificaciones el proyecto de decreto de reforma constitucional en materia de derechos humanos y nuevamente fue enviado a la Cámara de Senadores. El 8 de marzo de 2011 dicha Cámara aprobó el proyecto de decreto por el que se modificaba la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reformaban diversos artículos de la Constitución, quedando la minuta, en cuanto al artículo que nos interesa, de la siguiente forma 15 :
"Título Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (…) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".
Con ese contenido, el 23 de marzo de 2011 se aprobó por la Cámara de Diputados el dictamen por el cual con fundamento en los artículos 72, fracción E y 135 de la Constitución, la Cámara de Senadores, como Cámara revisora, remitió a las legislaturas de los Estados la reforma constitucional que había sido aprobada a fin de cumplir en sus términos con el proceso de reforma constitucional.
El 1 de junio de 2011 y tras haber sido puesta en consideración de las legislaturas de los Estados la reforma constitucional al menos dos meses antes, se hizo la declaratoria de aprobación del decreto que modificó la denominación del Capítulo I de la Constitución y reformó diversos artículos de la Constitución al tenerse en esa fecha 21 votos aprobatorios 16 y un voto en contra 17 por parte de los Congresos estatales.
De eso se sigue que, con algunos ajustes, finalmente, los cuatro ejes rectores de la reforma constitucional al artículo 1º se mantuvieron en gran medida como habían sido propuestos desde las iniciativas presentadas entre 2007 y 2008, por lo que una vez aprobado el nuevo texto constitucional, ahora corresponde al legislativo seguir en la misma ruta actualizando las normas nacionales para darle operatividad a todo lo aprobado, en tanto que a los jueces y órganos administrativos les toca velar porque éstos se mantengan en su mejor alcance y sentido, que no se pretenda acotar lo que legislativamente se buscó y que al final no es otra cosa que el permitir que se garantice la protección más amplia a la persona sin importar el origen nacional o internacional de las normas que reconocen los derechos humanos.
III. Los alcances del Artículo 1º constitucional
Con lo descrito en el apartado anterior, parecería innecesario precisar cuáles son los alcances que finalmente tiene el nuevo texto del artículo 1º constitucional, ya que resultan claros los objetivos que se buscaban y finalmente se alcanzaron. Sin embargo, la experiencia mexicana que por muchos años le negó en el trabajo cotidiano de los jueces y demás autoridades valor a los tratados de derechos humanos pese al contenido del artículo 133 constitucional 18 y de las obligaciones adquiridas al ser parte de dichos tratados, me lleva a considerar que ello no está de más y que es necesario puntualizar qué incluyen y cómo deben ser entendidos en mi consideración los 4 ejes rectores contenidos en esa norma para que alcancen su mejor interpretación y aplicación, al ser aspectos que sin duda alguna deberán revolucionar el sistema jurídico mexicano.
Sin pretender ser exhaustivo en cada uno de ellos en esta ocasión por tratarse de una descripción general del contenido principal del artículo 1º constitucional y que cada uno de los temas que se recogen da para hacer una investigación independiente, a continuación fijaré los elementos más importantes de cada uno que, en mi opinión, pueden servir de guía para desarrollos posteriores, bajo el entendido de que la norma acaba de entrar en vigor, que mucho está por construirse y que este trabajo pretende ser tan sólo un primer acercamiento del entendimiento general del artículo primero constitucional, el cual, como ha quedado establecido, aporta en cada uno de sus tres primeros párrafos elementos que antes no existían en el sistema jurídico mexicano.
1. Los derechos humanos como eje central del cambio constitucional
Para quienes de una u otra forma estamos familiarizados con los derechos humanos, la reforma constitucional que se alcanzó en México es la piedra angular de muchos posibles cambios, al ser en gran medida el pago de una deuda muy añeja que se tenía en esa materia, la puesta al día de nuestro texto constitucional frente a una realidad nacional e internacional que lo había rebasado desde hace varios años y un proceso natural que nuestro país tarde o temprano tenía que vivir al estar inmerso en la vorágine de una siempre cambiante comunidad internacional.
Sin embargo, para muchos ello no es entendido así y consideran que tan sólo se trata de un simple cambio normativo-nominativo como muchos otros que se han dado en nuestro texto constitucional que, pese a su supuesta rigidez, ha sido más de 500 veces reformada. Esto es, que es una reforma más sin mayor trascendencia, un cambio terminológico pero no sustantivo, porque nuestras añejas garantías individuales han siempre estado por encima de los derechos humanos, y más si se trata de las garantías con contenido social.
Bajo ese panorama, resulta necesario señalar que el cambio en la denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución de: "De las garantías individuales" a "De los Derechos Humanos y sus Garantías", no es un simple cambio terminológico que tan sólo hará que se denominen de manera distinta ese conjunto de derechos. Su implicación es mucho más profunda pues se trata de un cambio radical en la manera en que deberán ser entendidos, tratados e interpretados dichos derechos, es la adopción del entendimiento más amplio y universalmente aceptado de los derechos que por el simple hecho de ser un ser humano tiene cualquier persona, sin importar ya su nacionalidad o cualquier elemento subjetivo que pudiera diferenciar a una persona de otra, ya que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Derechos humanos es absoluta, concierne [a la persona humana], independientemente de todo contexto y de cualquier otra especificación 19 .
Se trata de la incorporación en la Constitución del término más amplio con que se cuenta para reconocer derechos a la persona por el simple hecho de que éstos son inherentes a la naturaleza humana, de romper la vieja idea de que le corresponde al Estado y a sus leyes otorgar derechos. Un cambio que en México se había relegado y que tal parece no siempre ha sido ni será fácilmente entendido al creerse por las autoridades, y de manera particular por muchos juzgadores, que esos derechos son finalmente una concesión graciosa que ellos hacen en favor de quien así lo consideran por medio de sus resoluciones y no, que en realidad lo único que hacen es reconocer aquello que toda persona tiene por el simple hecho de ser un ser humano.
Pero, además, no sólo significa ponerse en sintonía terminológica con la comunidad internacional, que es el origen principal de este término, y dar la pauta para que el constitucionalismo mexicano retome la idea de que los derechos humanos son inherentes al ser humano. T ambién implica que el tratamiento, interpretación y alcances que deberán dársele a estos derechos no es más el que
de manera cerrada y exclusiva se les dé al interior de un Estado, sino que implica una constante actualización, diálogo y progresión a la par de toda la comunidad internacional de naciones. Implica abrirse a la comunidad internacional no sólo en aspectos comerciales o tecnológicos, que normalmente se aceptan sin mayor oposición, sino también en calidad de vida, de derechos, de libertades, de dignidad humana para todas y todos.
Significa hacerle entender al constitucionalismo mexicano y todo lo que de ello deriva, que la persona y sus derechos son el centro de la protección constitucional aun frente a las instituciones y poderes, frente al Estado mismo en su conjunto, pues los derechos de la persona no son más lo que el Estado y sus instituciones estén dispuestos a otorgar, sino más bien un límite y punto de partida de su actuación, porque los derechos les pertenecen a las personas por su naturaleza humana aun antes de estar frente al Estado. [P]ara los derechos humanos se asume la inviolabilidad, absoluta, en cualquier Estado o en cualquier cultura, en cualquier ordenamiento jurídico o comunidad moral […] 20 .
Así, los derechos humanos y todo lo que ese término significa a partir de la gran influencia del derecho de origen internacional son, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, el eje central que cruza a la Constitución para dar al sistema derivado de ésta una nueva prioridad que se antepone a la Soberanía tradicional, a los Poderes e instituciones del Estado, y que va más allá del concepto de ciudadanía y población, al ser los derechos humanos valores universales constitucionalizados que superan fronteras y ponen en el centro de todo sistema constitucional a la persona y sus derechos, los cuales nunca más serán una concesión del Estado, sino derechos que inherentes a la naturaleza humana, deben ser elemento contante y necesario para la existencia y consolidación de un Estado democrático.
Pero, por si todo ello pareciera poco, no sólo se trata ya de contar con los derechos, esto es, con la atribución que una norma le reconoce a una persona. El texto constitucional establece también el reconocimiento de las garantías de éstos. Es decir, de la obligación que trasladada al Estado implica la creación y establecimiento de los mecanismos que sirven para asegurar, proteger y dar certeza a todos los derechos reconocidos en las normas. En entender que ahora el término garantía se refiere a la expresión del léxico jurídico que se reconoce como medio para tutelar un derecho subjetivo 21 . Que garantía hace referencia al mecanismo, proceso o técnica previsto en el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos humanos en coherencia con su estipulación constitucional 22 .
De esta manera, el marco de derechos y garantías reconocido a las personas llega mucho más allá de un simple reconocimiento y de poner al centro de todo el sistema constitucional al ser humano, sino que también implica que deben existir los instrumentos adecuados y efectivos para que cada uno de los derechos humanos sean una realidad constante que se materialice y sea palpable por las personas y no simples letras en papel. Consiste en que se deje la idea de "yo tengo ese derecho", para dar lugar al "yo disfruto o ejerzo de ese derecho". Es, al final, el contar con un conjunto de derechos y con la o las herramientas que permitan hacerlos efectivos en la realidad.
El cambio, como se puede ver, es de fondo, la reforma es sin duda de la Constitución, porque ésta innegablemente deberá transformar la constitución del Estado mexicano al cruzar los derechos humanos de manera transversal el entendimiento que de muchas cosas y relaciones de poder se tenía. Es una reforma que, si es bien comprendida, mucho nos puede dar como país.
Entender todo lo que significan los derechos humanos y sus garantías no es algo que se asimilará de manera fácil por muchos sectores que alejados de estas concepciones vivieron y entendieron de manera limitada a las garantías individuales. No obstante ello, esa dificultad no puede ni debe llevar a considerarse por comodidad intelectual que sólo se trata de un cambio terminológico. El cambio es de fondo y sólo así puede ser entendido.
Sé que no es un aspecto de sencillo entendimiento por los profundos debates filosóficos y jurídicos a los cuales puede dar lugar y sé que en México, y especialmente en el sector judicial, no será fácil su asimilación. Sin embargo, lo importante al final es que el paso ya está dado y que los derechos humanos ahora deben ser la constante de la evaluación de la regularidad constitucional cuando los derechos de las personas estén involucrados, y la constante en la vida de toda persona que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado, porque así lo ordena la norma fundamental del Estado mexicano.
2. Fuente de derechos y sustento del bloque de constitucionalidad
La segunda novedad de la reforma constitucional se nos ofrece en el primer párrafo del artículo 1º constitucional, el cual de manera textual establece:
"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece".
Lo primero que respecto a esa norma puedo señalar es que, tal y como lo adelantaba en el apartado anterior, el texto constitucional obliga a reconocer los derechos humanos y las garantías para su protección, con lo cual, como también ya lo señalaba, no se trata más de un simple reconocimiento de posibilidades de actuar o de protección, sino que también implica la existencia de mecanismos que permitan que ello sea posible, no en el texto, sino en la vida cotidiana; de hacer posible la máxima eficacia de los derechos humanos en coherencia con su estipulación constitucional.
Pero además de ello, que no es poco por cierto, este primer párrafo incorpora dos aspectos relevantes al sistema jurídico mexicano: a) la ampliación expresa de la fuente normativa de los derechos humanos, y b) la creación de un bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos.
a) Ampliación expresa de la fuente normativa de los derechos humanos
Podría señalarse que esto no es una novedad en el sistema jurídico mexicano, toda vez que antes de la existencia de esta norma, el artículo 133 constitucional ya consideraba como elemento integrante de la Ley Suprema de la Unión a los tratados y, por tanto, en el sistema jurídico mexicano los derechos en ellos contenidos formaban ya parte del sistema normativo nacional y eran una fuente clara de derechos. Sin embargo, pese a ese mandato constitucional, el derecho de origen internacional era prácticamente nulo en su aplicación y utilización cotidiana, salvo contados casos, los tratados internacionales tenían en la realidad poca eficacia y ahí radicaba gran parte del esfuerzo que muchos desarrollamos por lograr que los derechos humanos contenidos en los tratados tuvieran una aplicación directa en el quehacer cotidiano de los jueces y demás autoridades.
Bajo ese entendido, la reforma es muy importante, porque ahora ya no se deja lugar a dudas respecto al valor que tienen los derechos humanos contenidos en tratados, al ya no sólo ser éstos parte integrante de la Ley Suprema de la Unión, sino que también son fuente constitucional de derechos humanos. Así, la reforma establece de manera expresa el valor que tienen en el sistema jurídico mexicano los derechos humanos contenidos en tratados, así como la igualdad jerárquica que tienen como fuente normativa en el nuevo sistema constitucional de derechos humanos.
De ahí se desprende que los derechos humanos en México a partir de la entrada en vigor de ese texto constitucional tienen dos fuentes normativas: i) la Constitu ción y ii) los tratados de los que el Estado mexicano es parte. Aunque como más adelante veremos, en realidad, son una sola norma expandida al haberse creado con ello un bloque de constitucionalidad.
Que sea una doble fuente normativa en realidad significa que además de observar el contenido del texto constitucional en sentido estricto, cuando se hable de derechos humanos en México, necesariamente se tendrá que voltear a ver el conjunto de tratados que en esa materia ha ratificado o se ha adherido el Estado mexicano. Que contrario a lo que ocurría hasta antes de esta reforma, ahora existirán ciertos derechos humanos independientemente de que estén expresamente contenidos en el texto de los 136 artículos que conforman la Constitución, al existir por estar contenidos en un tratado del que México es parte. Significa de manera simple que el derecho de origen nacional y el derecho de origen internacional son, ya sin excusa ni limitación alguna, fuente directa de derechos humanos en México, sustento de atribuciones y protección con los que debe contar toda persona en razón de su naturaleza humana.
Todo lo anterior, de manera práctica se traduce en que el catálogo de derechos humanos ya no se circunscribe como tradicional y de manera cerrada se hacía a los 29 artículos que integran el Título Primero de la Constitución, sino que a los derechos humanos contenidos ahí y en otras partes del texto constitucional hay que sumar los 26 derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 27 derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los 4 derechos reconocidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los 15 derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 41 derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, los 29 derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los 10 derechos contenidos en el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, entre otros tantos más.
Así, al pensar en derechos humanos en México, la mirada se debe dirigir al contenido del texto constitucional y al contenido de más de 50 tratados que relativos a derechos humanos ha ratificado el Estado mexicano. La delimitación del catálogo no parece del todo sencilla, pero tampoco es una labor imposible, aunque ante la ausencia en el texto constitucional de un listado de tratados de derechos humanos como lo hace la Constitución de la Nación Argentina 23 , la pregunta necesaria es ¿qué tratados están incluidos como fuente de derechos? La respuesta no es del todo sencilla, pero en principio podría proponer tres maneras para acercarse a esa distinción:
i) Los derechos contenidos en tratados de los que México sea parte que expresamente tengan en su denominación la expresión derechos humanos (Convención Americana sobre Derechos Humanos), un derecho humano así reconocido (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores) o estén destinados a evitar que se violen dichos derechos (Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convenio sobre la conservación de los derechos de pensión de los migrantes, etc.).
ii) Los contenidos en tratados de los que México sea parte que sin importar su denominación no sean son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Sino que su objeto y fin sean la protección de los derechos de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Esto es, que sean tratados en donde los Estados se sometan a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción (Convenio sobre pueblos indígenas y tribales; Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos), y
iii) Los derechos que contenidos en un tratado multilateral del tipo tradicional del que México sea parte, amplíen un derecho humano específico, esto es, de aquellos que contenidos en un tratado que sólo genera obligaciones entre los Estados contratantes al sólo facultar a éstos para el reclamo de su incumplimiento, generen con su aplicación una ampliación o especificación de un derecho humano contenido en un tratado de esa naturaleza. Por ejemplo, el artículos 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 24 que amplía y especifica el derecho a las garantías del debido proceso reconocido en los artículos 8 de la Convención Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Es decir, el tratado multilateral tradicional no crea un nuevo derecho humano, sino tan sólo añade componentes a un derecho reconocido en un tratado de derechos humanos, lo que significa que sólo excepcionalmente entrarían en esa clasificación y sólo en la porción normativa que cumpla ese fin y no todo el tratado.
Esto no significa que muchos tratados comerciales, de integración económica y de cooperación entre Estados en la medida que tienen como finalidad última favorecer, en una medida u otra, el bienestar de los pueblos, sean tratados de derechos humanos, porque su objeto y fin se dirige a los Estados y no a los individuos, quienes en todo caso se benefician por una acción secundaria del Estado a partir del tratado y no directamente por el tratado, al ser el Estado el único que tiene respecto de las obligaciones ahí contenidas derechos y obligaciones, no frente a los individuos, sino frente a los demás Estados contratantes.
Lo anterior, es tan sólo un primer acercamiento que en mucho deberá precisarse en su entendimiento, pero como lo decía al inicio, el objeto de este trabajo se acota a una descripción general tendiente a señalar las grandes líneas y alcances de la reforma en materia de derechos humanos, por lo que en este rubro, sólo se dan algunas ideas iniciales para identificar de manera clara los derechos derivados de la nueva fuente constitucional de derechos.
b) Creación de un bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos
El segundo aspecto relevante del primer párrafo del artículo 1º constitucional, como hemos visto, está estrechamente relacionada con la primera, incluso, lo que hemos señalado como primera novedad tiene más fines descriptivos que de fondo, pues como lo adelantaba, más que hablar de dos fuentes normativas, debemos hablar del establecimiento de una norma constitucional expandida, o mejor dicho, de un bloque de constitucionalidad.
Esto es así, porque los derechos humanos serán el género y los derechos de fuente constitucional e internacional sus especies, al haber creado el órgano de reformas a la Constitución un bloque de constitucionalidad, un conjunto normativo de jerarquía suprema a partir del cual deberá determinarse la validez de la totalidad de las normas jurídicas distintas a la Constitución y a los tratados. 25
El bloque de constitucionalidad que se constituye en el primer párrafo del artículo 1º constitucional implica, en esencia, que la Constitución en materia de derechos humanos estará integrada por normas dispersas en otros conjuntos normativos (tratados). Esto es así, porque en realidad hablar de bloque de constitucionalidad es hablar de una regla de reconocimiento de la norma constitucional, cuyo criterio de pertenencia no se limita a los contenidos normativos establecidos en un solo texto constitucional, sino que lo extiende a otras normas que comparten determinadas notas materiales o sustantivas, que en el caso de México la nota sustantiva son los derechos humanos. Así, la Constitución mexicana al referirse a derechos humanos se conforma a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos por dos cuerpos normativos: i) los contenidos en la conocida como Constitución Constitución stricto sensu , y ii) los contenidos en los tratados en materia de derechos humanos de los que México es parte Constitución lato sensu .
Teniendo en cuenta el devenir histórico del término bloque de constitucionalidad, las connotaciones o contenido que a éste se le han dado en diferentes latitudes 26 y para sentar las bases del entendimiento que considero debe de dársele finalmente en México, el contenido en el artículo 1º es más del tipo de bloque de constitucionalidad que introdujo el Consejo Constitucional Francés al interpretar la Constitución de 1958 27 , que trasladado con sus justas dimensiones encuentra parecido en el bloque de constitucionalidad construido por la Corte Constitucional Colombiana al interpretar la Constitución de 1991 28 . En tanto que es de cierta forma lejano al bloque de constitucionalidad español.
Por lo que, bajo ese entendimiento, el bloque de constitucionalidad mexicano está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional tratados de derechos humanos, serán utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por mandato de ésta. Y con ello, el bloque de constitucionalidad mexicano es un verdadero conjunto de principios y reglas de valor constitucional, esto es, normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma e incorporación diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu, que servirán para evaluar la constitucionalidad de leyes inferiores a éstos, ya sea por vía del juicio de amparo 29 (artículos 103 y 107 constitucionales) o por medio de las acciones de inconstitucionalidad 30 (artículos 105, fracción II de la Constitución) 31 .
Entendidos los alcances del bloque de constitucionalidad, una pregunta obligada es ¿qué pasa en caso de contradicción entre las normas que integran el bloque de constitucionalidad? La respuesta a ello no la da el primer párrafo del artículo 1º constitucionalidad, toda vez que éste no es claro respecto a si entre las normas que integran el bloque de constitucionalidad existen jerarquías. La lectura de dicho artículo, junto con el artículo 133 y las interpretaciones que de éste se han hecho en el pasado, podría hacer presumir que la Constitución stricto sensu se encontraría por encima de los tratados dentro del bloque. Sin embargo, ello no es así, la solución a esto nos la da el segundo párrafo del artículo 1º, como en el siguiente apartado quedará establecido. Por lo que puedo afirmar que en el bloque de constitucionalidad mexicano no hay jerarquía entre las normas que lo conforman, esto es, que en la Constitución mexicana en materia de derechos humanos conformada por un bloque de constitucionalidad todas sus fuentes normativas gozan de idéntica jerarquía.
Pero si todo lo anterior pareciera poco, la creación del bloque de constitucionalidad vino a solucionar también un debate que se estaba desarrollando de manera creciente en México con el llamado control de convencionalidad. Un debate que, en mi opinión, resultaba altamente complicado, porque no todos los que participábamos en éste teníamos la misma idea respecto a sus alcances y sentido, máxime cuando ni la formalmente creadora de ese término Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía hasta antes del caso Radilla Pacheco claridad ni uniformidad en su jurisprudencia de lo que ello significaba 32 . Además, por la jerarquía normativa que jurisprudencialmente se le había dado a los tratados frente a la Constitución, el llevar a cabo el control de convencionalidad no era una ecuación sencilla por una serie de elementos que necesariamente tenían que estar involucrados al buscar que prevaleciera la norma de origen internacional frente a las normas nacionales, incluida la Constitución.
Afortunadamente, con este nuevo artículo 1º constitucional, el debate ha quedado cerrado, toda vez que en México yo no requerimos hacer ningún tipo de control de convencionalidad, pues al estar integrados los tratados al bloque de constitucionalidad a la Constitución, lo que ahora en todo caso se deberá hacer es un control de constitucionalidad que, contrario a lo que antes pasaba y con base en lo que antes he señalado, ahora sí se autoriza constitucionalmente que los derechos contenidos en los tratados sean aplicados preferentemente, incluso a las normas que integran la Constitución stricto sensu. O bien, si se le quiere ver de otra forma, el control de convencionalidad ha sido constitucionalizado y más que eso, por el contenido del artículo 1º los tratados ahora sí pueden estar por encima de la Constitución, porque son Constitución y no existe jerarquía entre las normas que conforman ésta 33 .
De esta manera, el derecho internacional de los derechos humanos cuenta ya en México en el año 2011 con un nuevo panorama constitucional, pues ha dejado de ser un elemento integrante de la Ley Suprema de la Unión que poco se usaba, para ser por mandato del propio texto constitucional, fuente normativa de derechos, elemento integrante del bloque de constitucionalidad y, con ello, Constitución lato sensu.
3. Principio hermenéutico que rompe jerarquías y supremacías en materia de derechos humanos
El tercer elemento altamente destacado del nuevo artículo 1º constitucional se encuentra establecido en su segundo párrafo, en el cual de manera textual se establece: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia".
En esta norma, como puede observarse, se establece la forma en la cual deberán interpretarse las normas relativas a derechos humanos, esto es, establece el principio hermenéutico que deberá regir el día a día de los derechos humanos en México.
Este párrafo, al igual que el anterior, introduce dos elementos destacados: a) la interpretación conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, y b) la aplicación del principio pro persona como máximo principio interpretativo.
a) Interpretación conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos
De este elemento, en realidad, lo único novedoso es la inclusión de los tratados de derechos humanos como parámetro interpretativo, pues como hemos visto, hasta antes de la existencia de esta norma éstos estaban prácticamente relegados no sólo como fuente de derechos, sino también como parámetros interpretativos a los cuales se podía acudir.
Bajo ese entendido, el hecho que ahora puedan ser considerados como parámetro de la interpretación de los derechos humanos es un gran avance que en conjunto con el párrafo antes analizado, complementan de manera destacada el círculo de consolidación tendiente a la protección de los derechos humanos.
Un aspecto que debe ser especialmente destacado en este punto es que, contrario a lo que ocurre en el párrafo primero del artículo 1º constitucional que establece que sólo pueden ser tomados en cuenta los tratados de los cuales México es parte, este párrafo no tiene esa limitante, con lo cual, cualquier tratado de derechos humanos, incluso aquellos de los que México no es parte pueden servir por mandato constitucional para interpretar los derechos humanos reconocidos de manera genérica en el primer párrafo.
Esta apertura normativa debe permitir que se siga un criterio interpretativo similar al que sigue el Tribunal Constitucional de España a partir del contenido del artículo 10.2 34 de la Constitución de ese país. Esto es, que al tratarse de propósitos estrictamente hermenéuticos y no de fuente de derechos, el Tribunal Constitucional de España ha utilizado diversos tratados e instrumentos internacionales, no limitando sus referencias a los acuerdos de cuya denominación y contenido se deduzca con claridad una finalidad reguladora de esos derechos 35 . El Tribunal Constitucional se ha servido para la interpretación de los derechos fundamentales no sólo de los tratados internacionales en la materia, sino también de las decisiones emanadas de los órganos de protección creados por los propios tratados, así como de otros instrumentos internacionales que sin tener la naturaleza de tratado se han producido en el seno de las organizaciones internacionales en las que España se encuentra integrada. De esta manera, ha abierto la puerta para utilizar en la interpretación, no sólo los tratados de derechos humanos, sino también otros instrumentos de naturaleza diversa e incluso algunos que no han sido ratificados por España 36 , así como documentos que carecen de fuerza vinculante y las resoluciones y decisiones jurisprudencia de los órganos creados por los tratados, tanto del sistema regional europeo, como del comunitario y el universal de derechos humanos.
Criterio similar al antes descrito de manera general se podría seguir en México dadas las características del párrafo que se analiza, lo cual nos permitiría mirar no sólo al contenido de los tratados de los que somos parte, sino también a los trabajos preparatorios de éstos, a instrumentos tan importantes como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y, por supuesto, a la jurisprudencia que emana de órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.
Incluso, el avanzar en ese camino podría dar lugar a que las interpretaciones que hace cada órgano autorizado por un tratado sean consideradas en su justa medida, esto es, aquellas que deriven de un caso en el que el Estado mexicano sea parte, con pleno valor vinculante, aquellas que deriven de la jurisprudencia en general, como herramientas hermenéuticas destacadas que es deseable seguir y, también, dependiendo de la naturaleza de cada órgano que las emite, como criterios autorizados o criterios últimos en la interpretación de los derechos humanos.
Pero sea cual sea la naturaleza que se le pudiera dar a la jurisprudencia internacional, dada la redacción del segundo párrafo del artículo 1º constitucional, lo mejor sería acudir a todos los instrumentos internacionales e interpretaciones que de éstos existan y estén a la mano, a fin de alcanzar, en la medida de lo posible, interpretaciones uniformes y progresivas de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente.
b) Aplicación del principio pro persona
Uno de los aspectos más destacados en la reforma constitucional en temas de interpretación lo es, sin duda alguna, la inclusión del principio pro persona como criterio hermenéutico que deberá prevalecer al interpretar los derechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad. Pero además de ser el principio interpretativo obligado en materia de derechos humano, es también el elemento que rompe jerarquías entre las normas integrantes del bloque de constitucionalidad y evita conflicto entre éstas, ya que en caso de que esté en pugna el contenido de una norma de la Constitución stricto sensu y una norma de la Constitución lato sensu, la aplicación del principio pro persona será la llave que dé la solución, la base para la toma de decisión de la norma que prevalecerá.
Al interpretarse normas que consagran o reconocen derechos humanos se ha considerado que es válido, aceptado y necesario, tener en cuenta una regla que esté orientada a privilegiar, preferir, seleccionar, favorecer, tutelar y, por lo tanto, a adoptar la aplicación de la norma que mejor proteja los derechos fundamentales del ser humano 37 , es decir, que debe hacerse una interpretación extensiva de los alcances de los derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones 38 . El principio pro persona tiene como fin acudir a la norma más protectora y/o a preferir la interpretación de mayor alcance de ésta al reconocer/garantizar el ejercicio de un derecho fundamental; o bien, en sentido complementario, aplicar la norma y/o interpretación más restringida al establecer limitaciones/restricciones al ejercicio de los derechos humanos.
Aunque pudiera parecer que el texto constitucional mexicano configuró de manera inadecuada el principio pro persona, o también conocido en sus inicios como pro homine, al establecer únicamente que se deberá aplicar la protección más amplia, dejando fuera la restricción más limitada, debo aclarar que independientemente de su configuración normativa, el principio pro persona tiene dos manifestaciones o reglas principales: a) preferencia interpretativa 39 y b) preferencia de normas 40 . La preferencia interpretativa, a su vez, tiene dos manifestaciones: i) la interpretativa extensiva y ii) la interpretativa restringida. Por su parte, la preferencia de normas se manifiesta de dos maneras: i) la preferencia de la norma más protectora y ii) la de la conservación de la norma más favorable.
Sin ser ahora mi objetivo profundizar en las maneras en que debe ser utilizado este principio al existir trabajos que desarrollan de manera detallada este punto 41 , es necesario subrayar que la utilización de este principio interpretativo no debe significar ningún problema ni verse como algo que México experimentará sin saber a dónde se llegará, pues éste ha sido mayormente aceptado, tanto por la doctrina como por otros diversos practicantes del derecho, al ser utilizado por tribunales constitucionales, salas constitucionales y cortes supremas de diversos países 42 , así como por los tribunales regionales de derechos humanos europeo e interamericano. Asimismo, ha adquirido una amplia aceptación por el hecho de que el umbral fundamental en materia de derechos humanos es la maximización y optimización del sistema de derechos y el reforzamiento de sus garantías" 43 , además que coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor de [la persona] 44 .
El principio pro persona es y debe ser un importante instrumento para los mecanismos de solución de controversias y una herramienta siempre presente en la labor de todo juzgador. No obstante, también puede manifestarse o ser aplicado por el resto de practicantes del derecho: ministerio público, policía, defensor público, abogado, etc. Pero también, sin lugar a duda, es un principio que debiera ser observado por el legislador a fin de no crear normas regresivaslimitantes de la protección y vigencia de los derechos humanos.
Así, en el caso de México, el principio pro persona no sólo será la herramienta hermenéutica más importante que deberá ser utilizada por cualquier autoridad, sino que también es la base constitucional que autoriza la utilización del tratado e interpretación que favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia y, finalmente, es el mecanismo de solución de controversias entre las normas integrantes del bloque de constitucionalidad y principio constitucional que confirma que no existen jerarquías entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad. Es una fuente de grandes cambios.
4. Las obligaciones internacionales constitucionalizadas
La cuarta novedad de la reforma constitucional se encuentra en el tercer párrafo del artículo 1º constitucional, el cual de manera textual establece:
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley".
Para quienes nos encontramos familiarizados con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es fácil darnos cuenta que el párrafo anterior es la incorporación de las obligaciones genéricas y derivadas que tradicionalmente están contenidas en los primeros artículos de los tratados de derechos humanos y en las interpretaciones que de éstas han hecho los órganos internacionales autorizados para su interpretación al texto constitucional, ni más ni menos.
Si se analiza el contenido del artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2 de la Convención sobre Derechos del Niño, artículo 1 de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros muchos instrumentos internacionales, podremos darnos cuenta que las obligaciones de promover, respetar, proteger, garantizar, prevenir, investigar y sancionar, son una constante a la cual los Estados se comprometen al ratificar o adherirse a dichos tratados.
En ese sentido, al ser términos que se están trayendo directamente del derecho de origen internacional a la Constitución, éstos deben ser entendidos de manera clara a partir del sentido que ahí se les ha dado, pues no son conceptos aislados, colocados al azar en el texto constitucional. Cada uno tiene un fin, una obligación concreta por cumplir por parte de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias.
Atendiendo a ello, sin ser exhaustivo y bajo el sentido descriptivo general primario que he tratado de dar a cada uno de los nuevos párrafos, me parece importante que las autoridades mexicanas tengan claridad respecto a qué significa cada una de esas obligaciones, pues por mandato constitucional expreso a partir del 11 de junio de 2011 están obligadas en el ámbito de sus competencias a satisfacer éstas, tal y como lo habían estado por mandato de cada tratado desde el momento en que México ratificó o se adhirió a cada uno, pero con la diferencia que ahora sí, al estar en el texto constitucional, serán ineludibles o al menos ya no se podrán ocultar esas obligaciones que en materia de derechos humanos tiene toda autoridad en un Estado.
Bajo ese entendido, podemos señalar que:
Promover implica impulsar y difundir por todos los medios posibles a su alcance la cultura de respeto a los derechos humanos, bajo el entendido de que respetar los derechos humanos pesa sobre todos los miembros de la familia humana, sin importar si son nacionales, extranjeros, servidores públicos, particulares, civiles, militares, etc. Es incentivar en todos los ámbitos y en todas partes a que los derechos humanos sean una constante, la guía de actuación de autoridades y particulares, frente a sí y frente a los demás.
Respetar consiste en cumplir directamente la conducta establecida en cada norma, ya sea absteniéndose de actuar o dando una prestación; es asumir siempre frente a los derechos humanos actitudes de consideración, acatamiento y deferencia. Así por ejemplo, respetar el derecho a la libertad individual es abstenerse de incurrir en detenciones ilegales o arbitrarias, en desapariciones forzadas, en secuestros y en tomas de rehenes.
Proteger es una obligación estrechamente relacionada con la de garantizar que implica el establecimiento de medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que sirvan para amparar, favorecer y defender los derechos humanos.
Garantizar implica el deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Es una obligación complementaria a la de respetar, ya que no sólo implica el cumplimiento estricto del mandato normativo que establece cada derecho, sino que una obligación positiva de crear condiciones institucionales, organizativas y procedimentales para que las personas puedan gozar y ejercer plenamente los derechos y libertades. No se agota con la existencia de un orden normativo, sino que implica la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de goce y ejercicio de los derechos humanos. De esta obligación derivan tres específicas: prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos.
Prevenir implica el establecimiento e implementación de todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. Es una obligación de medio o comportamiento.
Investigar se traduce en que toda situación en que se hayan violado los derechos humanos debe ser indagada de forma tal que dicha violación no quede impune, se determine quién causó la violación y se conozca a fondo en sí, las causas, origen y consecuencias de la violación de derechos humanos. Es una obligación de medio por lo que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.
Sancionar implica que toda violación de derechos humanos debe generar responsabilidad y ser castigada a fin de que ésta no quede impune y se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos.
Reparar se constituye en la única forma con que se cuenta para extinguir la obligación generada por la responsabilidad derivada de una violación a derechos humanos. No es una concesión graciosa o de buena fe que puede o no cumplir el que haya violado la obligación primaria (derecho humano), sino simplemente es la única manera que tiene para cumplir con su responsabilidad. En derechos humanos, no es una cuestión de pesos y centavos, no es una transacción que por medio de un pago puede ser satisfecha, en esta materia, se trata de dignidad humana, de personas con derechos, de reconocer que todo ser humano sin distinción alguna debe contar con mínimos de existencia que no le pueden ser afectados por nadie y que, si le son afectados, no se trata de comprar o poner precio a la dignidad y derechos, sino de hacer todo lo posible para que esa dignidad y derechos se mantengan como siempre debieron haber estado, o al menos, se restaure esa dignidad para asegurar la realización como ser humano y que el infractor entienda la gravedad de las consecuencias que su incumplimiento, por simple que le parezca, generó 45 .
Estas cuatro obligaciones las resume de muy buena manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde sus primeras sentencias al señalar que: "El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación". 46
Y como decíamos desde el inicio, todo lo anterior deberá entenderse en el contexto de los derechos humanos, lo cual significa asimilar que éstos se guían por principios como lo de:
Universalidad, que significa que los derechos humanos tienen vigencia en cualquier parte y para cualquier persona porque se trata de derechos inherentes al ser humano y que son reflejo del consenso de la comunidad internacional respecto de dichos derechos, sin que ello tenga que suponer, en principio, la imposición de ningún tipo de hegemonía jurídica, política o cultural, sino más bien, el establecimiento de un referente de valores universales.
Interdependencia, que se refiere a que todos los derechos humanos sin importar cómo se clasifiquen académicamente (civiles y políticos, económicos sociales y culturales), dependen unos de otros y se interrelacionan todos entre sí por la propia naturaleza humana, por lo que la afectación de uno puede derivar en la afectación de muchos o todos los derechos humanos.
Indivisibilidad, que representa que así como el ser humano no puede ser dividido, sus derechos tampoco, con lo cual no pueden respetarse y garantizarse sólo en parte, o unos derechos sí y otros no, sino que todos deben ser atendidos al mismo tiempo logrando los equilibrios que sean necesarios para que todos subsistan en la realidad hasta el máximo de las posibilidades.
Progresividad significa que siempre se debe ir avanzando en la garantía, protección y desarrollo de todos los derechos humanos y que una vez que se ha alcanzado un nivel determinado, no se puede, en principio, retroceder ni reducir éste, siendo un principio aplicable no sólo a los derechos económicos, sociales y culturales, sino a todos los derechos humanos.
Respecto a los alcances y significados de cada uno de esos términos y principios se puede escribir mucho y dar un entendimiento detallado de todo lo que cada uno significa de manera concreta. Por ahora, me parece suficiente dejar este panorama general de lo que implican las obligaciones que se les han impuesto a todas las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus competencias. En este momento me es suficiente plantear el panorama bajo el cual tendrán que desarrollarse por mandato constitucional todas las autoridades en México.
Como se puede observar a partir del significado que en un acercamiento general y primario hemos hecho de cada una de las nuevas obligaciones y principios constitucionales en materia de derechos humanos, los alcances de éstas son expansivos e implicarán una labor más amplia por parte de todas las autoridades de los tres poderes y tres niveles de gobierno. El reto no se muestra sencillo, pero su magnificencia no debe ser motivo de una cerrazón que impida llevar a la práctica el cumplimiento de cada una de esas obligaciones, sino más bien, debe ser tomado como un reto que nos llevará a construir un mejor país.
Si logra asimilarse el significado y contenido de todo lo antes descrito, todas las novedades constitucionales que fueron analizadas en los apartados anteriores serán más fácil adaptadas y ello, nos llevaría, por fin, a tener un país en donde todos los derechos humanos de todos y todas sean una constante. Esperemos que así ocurra.
IV. Las perspectivas a futuro a manera de conclusiones
Seguramente, a pocos días de la entrada en vigor de la reforma constitucional en muchos lugares del país, frente a muy variadas autoridades e involucrando infinidad de derechos humanos, se pondrán a prueba los alcances de ésta. Las primeras conclusiones a las que se llegue tal vez no serán lo que muchos deseamos, sino simples ejercicios que atados al pasado tendrán frente a sí conceptos que nunca antes habían considerado como elementos a tomar en cuenta en su labor cotidiana.
Ante ello y con el fin de construir un futuro más alentador respecto a los derechos humanos, el máximo tribunal del país, en su doble calidad de Suprema Corte y Tribunal Constitucional deberá, en el primer caso en el que tenga oportunidad de pronunciarse sobre esta reforma, establecer las guías y parámetros iniciales que, teniendo ya sólo en mente a los derechos humanos y las novedades constitucionales antes mencionadas, marcarán el camino de actuación de todas las autoridades en el país, especialmente las jurisdiccionales. Por su parte, el Congreso Federal deberá atender sin pretexto alguno las obligaciones que se impuso al aprobar la reforma constitucional, a fin de que en un plazo breve apruebe la legislación secundaria que haga falta para que los derechos humanos y sus garantías no sean una vez más simples letras en papel.
A partir de ese panorama inicial, bien se puede afirmar que la reforma constitucional mexicana de junio de 2011, si es desarrollada en el sentido que el legislador buscó y en el sentido moderno, progresista y garantista de las instituciones jurídicas, términos y perspectivas que se incorporaron al texto constitucional, será una reforma que no sólo transformará la manera en que los derechos humanos son desarrollados en México, sino que también será fuente de grandes cambios en todo el sistema jurídico mexicano.
Concluido el análisis de las novedades que se incorporaron al texto constitucional mexicano nos podemos dar cuenta que muchos de esos elementos en realidad ya se encontraban presentes en el sistema jurídico mexicano, sin embargo, no habían sido desarrollados, se ocultaban y relegaban en gran medida por ese falso nacionalismo jurídico y protección de una aparente Soberanía nacional que debía ser intocada, cuando por vía de los tratados comerciales, al menos desde 1994, estaba más que sometida a intereses económicos internacionales, pero que servía para hacer de lado el derecho de origen internacional que no pone énfasis en las relaciones de poder entre Estados, sino en las personas y que tan sólo busca que éstas vivan de manera digna en un Estado democrático de derecho donde puedan alcanzar su mejor desarrollo personal y colectivo.
El establecimiento de un bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos que será el parámetro a partir del cual se evaluará la regularidad constitucional de actos y normas generales, junto con el principio pro persona como estándar hermenéutico obligatorio en materia de derechos humanos, y la constitucionalización de un conjunto de obligaciones de origen internacional que deberán cumplir las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus competencias, configuran uno de los sistemas de protección de los derechos humanos más sólidos, prometedores y vanguardistas construidos a partir del texto constitucional y no de interpretaciones jurisdiccionales.
Las herramientas jurídicas e interpretativas están ya puestas, las obligaciones están determinadas de manera precisa, ya solo falta poner en marcha la maquinaria a partir de la creación de nuevos parámetros en los que los derechos humanos de todas y todos sean una realidad constante.
La Constitución de 1917 fue la punta de lanza en su época de derechos sociales, la realidad nos muestra que solo fue un texto con buenos deseos. La reforma constitucional de 2011 se muestra como punta de lanza en ciertos ámbitos de la protección de los derechos humanos, esperemos que la realidad próxima y futura nos demuestre que no eran más que simples buenos deseos llevados una vez más a la Constitución.
Podrá hablarse de una constitucionalización del derecho internacional o de una internacionalización de la Constitución, según desde donde se le mire y los fines que se persigan, lo único cierto es que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene un nuevo panorama en México, un panorama que da para soñar en un futuro prometedor, un panorama que nos toca construir a todos y todas, un panorama que hasta el año pasado parecía imposible. Un panorama que ante la situación de violencia que se vive en nuestro país, puede dar mucho a una reconstrucción de México si evitamos ser puristas del derecho y las instituciones, y pensamos más en las personas, en el bien común.
México amaneció el sábado 11 de junio de 2011 con una nueva realidad jurídica-constitucional de la cual pocos se enteraron y se han enterado, México debe amanecer el viernes 11 de junio de 2021 con una realidad en la que los derechos humanos sean la constante, si no es así, tal vez mucho habrá cambiado nuevamente en las normas, pero ello de poco habrá servido en la realidad.
Ante ese panorama de antecedentes poco prometedores y de un nuevo texto constitucional que mucho ilusiona, nos corresponde a todos, desde cualquier trinchera que ocupemos, trabajar porque todo lo nuevo no sea metido en los moldes viejos, porque las novedades que nos ofrece el texto constitucional sean en diez años la base de la que partimos y a partir de la cual hemos avanzado en la protección, garantía y defensa de los derechos humanos. Tenemos las herramientas, tenemos las normas en su máximo nivel que nos respaldan, construyamos un futuro mejor para todos y todas teniendo como eje fundamental a los derechos humanos.
1 Artículo presentado el 29 de julio de 2011 y aprobado el 17 de agosto de 2011.
* Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en Derecho de la Administración y Procuración de Justicia y postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha sido asesor independiente en litigios internacionales de derechos humanos (México).
2 Diario Oficial de la Federación, Tomo DCXCIII, Nº 8, 10 de junio de 2011.
3 Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
4 Gaceta Parlamentaria Nº 2236-IV.
5 Por razones de espacio, únicamente se citarán de manera textual aquellos aspectos que considero son altamente relevantes de cada iniciativa, sin que éstos sean todos los argumentos de cada una de ellas. Para conocer el contenido integral se recomienda consultar las gacetas parlamentarias en donde se publicaron cada una de las iniciativas.
6 Gaceta Parlamentaria Nº 2335-I.
7 Gaceta Parlamentaria Nº 2374-I.
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C, Nº 184, sentencia de 6 de agosto de 2008; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C, Nº 205, sentencia de 16 de noviembre de 2009; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C, Nº 209, sentencia de 23 de noviembre de 2009; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C, Nº 215, sentencia de 30 de agosto de 2010; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C, Nº 216, sentencia de 31 de agosto de 2010; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C, Nº 220, sentencia de 26 de noviembre de 2010.
9 Gaceta Parlamentaria Nº 2388-I.
10 Gaceta Parlamentaria Nº 2425-II.
11 Gaceta Parlamentaria 2438-I.
12 Gaceta Parlamentaria Nº 2485-II.
13 Gaceta Parlamentaria 2492-II
14 Era el órgano rector de la conducción del proceso de la Reforma del Estado en México. Estaba integrada por los Presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, los coordinadores de cada Grupo Parlamentario en ambas Cámaras y las Presidencias de las comisiones de Reforma del Estado de las dos Cámaras. En la Comisión Ejecutiva participaban también representantes del Poder Ejecutivo Federal, así como las presidencias de los partidos políticos nacionales, quienes asistían a las sesiones y reuniones de trabajo con derecho a voz, pero sin derecho a voto. De la misma manera, participaba un representante del Poder Judicial de la Federación, exclusivamente en cuanto al tema de la Reforma del Poder Judicial. De acuerdo a la Ley para la Reforma del Estado, que es la ley que le daba sustento, la Comisión Ejecutiva estaba presidida en períodos de seis meses cada uno, por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en ese orden.
15 Gaceta Parlamentaria 3226-VII.
16 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durando, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz.
17 Guanajuato.
18 Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
19 Palombella (2006), p. 24.
21 Cfr. Ferrajoli (2000), p. 39.
22 Cfr. Ferrajoli (1999), p. 37.
23 Véase artículo 75, inciso 22, segundo párrafo de la Constitución de la Nación Argentina (22 de agosto de 1994).
24 Artículo 36 COMUNICACIÓN CON LOS NACIONALES DEL ESTADO QUE ENVÍA
1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía: a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos; b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado; c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado,detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello.
2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo se ejercerán con arreglo a las leyes y reglamentos del Estado receptor, debiendo entenderse, sin embargo, que dichas leyes y reglamentos no impedirán que tengan pleno efecto los derechos reconocidos por este artículo.
25 Cfr. Cossío (2011).
26 Véase a este respecto, entre otros: Carpio (2005), pp. 79-114; Favoreu (1991), Fernández (1981), García (1999), pp. 403-422, Piniella (1994), Rubio (1991), pp. 3-27, Espina (2005), Uprimny (2005).
27 El Consejo Constitucional le confirió jerarquía y valor constitucional a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, a todos los derechos sociales reconocidos por el Preámbulo de 1946, y a los principios fundamentales que hubieran sido establecidos en las leyes anteriores a la expedición del texto de 1946.
28 Véanse, entre otras, las sentencias C-225 de mayo de 1995, C-582 de once de agosto de 1999, C-988 de doce de octubre de 2004, C-488/09 de veintidós de julio de 2009.
29 Como único medio con el que cuentan las personas para plantear la violación de derechos humanos por normas generales, actos u omisiones de la autoridad.
30 Al ser éstas el mecanismo con que cuentan algunos entes legitimados para plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, si dicha contradicción tiene como elemento sustantivo algún derecho humano, necesariamente se deberá contrastar la norma general con el bloque de constitucionalidad y no sólo con la Constitución strictu sensu, esto es, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional bajo análisis en donde dice "Constitución", tratándose de derechos humanos, debe leerse "bloque de constitucionalidad", lo que significa que el contraste se deberá hacer con las normas que integran dicho bloque.
31 El único medio de control de constitucionalidad que, en mi opinión, queda fuera de la influencia del bloque de constitucionalidad es la llamada Controversia Constitucional, ya que éste es el único medio de control de la regularidad constitucional en el cual los derechos humanos no pueden ser elementos sustantivos de controversia, al tratarse de un medio que sirve para dirimir controversias entre órganos y poderes del Estado.
32 Véase Castilla (2011a), pp. 593-624.
33 Véase en este sentido como referencia de esa afirmación la tesis aislada XXXIX/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, del tomo V, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, enero a junio de 1990, octava época, cuyo rubro es: "CONSTITUCIÓN, TODAS SUS NORMAS TIENEN LA MISMA JERARQUÍA Y NINGUNA DE ELLAS PUEDE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL".
34 Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
35 Saiz (1999), p. 92.
36 Ibidem, p. 109 y STC 184/1990 de 15 de noviembre.
37 Henderson (1999), p. 87.
38 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie A, Nº 5, Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 12.
39 La preferencia interpretativa conlleva dar a una norma que contiene derechos humanos su más amplia interpretación para que éstos se ejerzan, o bien, el mínimo alcance interpretativo posible si se trata de limitar o suspender su ejercicio, sin dejar fuera los matices que entre ambos extremos se pueden presentar. Aquí, el juzgador o intérprete jurídico se encuentra frente a una norma de derechos humanos, con contenido de derechos humanos o que sirve para proteger derechos humanos y una pluralidad de posibles interpretaciones de dicha norma, o bien, una pluralidad de significados, contenidos y alcances de una determinada norma.
40 Esta regla aporta una solución práctica de gran importancia, ya que desplaza la tradicional discusión del conflicto entre las normas de origen internacional y las de origen interno, superando con ello el debate doctrinal entre tradiciones monistas, dualistas o coordinadoras. Asimismo, ayuda a superar otro tradicional debate relacionado con la jerarquía de las normas, pues teniendo como fin último la protección de los derechos de la persona, lo que importa es la aplicación de la norma que mejor dé vigencia a los derechos humanos sin importar la posición que ocupe en el entramado jurídico. Esto se presenta cuando a una determinada situación concreta, le es posible aplicar dos o más normas vigentes.
41 Castilla (2009), pp. 65-83.
42 Véase por ejemplo: Tribunal Constitucional de Perú: EXP. Nº 0075-2004-AA/TC, EXP. Nº 1003-98-AA/ TC y EXP. Nº 8780-2005-PHC/TC; Corte Suprema Argentina: Expediente: J. 23. XXXVI, del 30 de mayo de 2001; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: EXP. 04-001673-0007-CO; Tribunal Constitucional Español: sentencia del recurso de amparo 17/1985, del 9 de febrero de 1985, sentencia STC 47/2000 del 17 de febrero de 2000; Corte Constitucional Colombiana: C-551 de 2003, C-817 y C-1056 de 2004, C-148 de 2005, C-187 de 2006 y T-284/06; Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), sentencia del recurso de reclamación 412/2009.
43 Cfr. bi dAr t (1995), pp. 362-369.
44 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-284/06.
45 Castilla (2011b), pp. 133-166.
46 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C Nº 4, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 174.
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