Source: https://www.sijufor.org/informacioacuten-relevante-en-materia-juriacutedica
Timestamp: 2020-04-06 23:31:03
Document Index: 297500160

Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'ARTÍCULO 267', 'artículo 267', 'artículo 267', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 58', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 135', 'artículo 21', 'artículo 73', 'artículo 78', 'Artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 73', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 76', 'Artículo 89', 'artículo 27', 'artículo 102', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 117', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 85', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 107']

sijufor - Información Relevante en Materia Jurídica
REFORMA JUDICIAL CON Y PARA EL PODER JUDICIAL
"​La iniciativa de reforma recoge la propuesta que elaboró el propio Poder Judicial de la Federación; es producto de la reflexión sobre sus fortalezas y debilidades, es fruto de su experiencia, de su visión y de su compromiso con esta causa que nos une a todos: la de una mejor justicia para las mexicanas y los mexicanos".
reforma-judicial-2020_pjf.pdf
Derechos de la víctima y del imputado en el Sistema Penal Acusatorio
Fuente de información: Suprema Corte de Justicia de la Nación
La víctima u ofendido tiene derecho a:
La atención médica y psicológica (con derecho a elegir el sexo de la persona que la atienda)
Pedir al juez providencias precautorias para evitar amenazas a su persona
La asesoría jurídica y traductor o intérprete, si no comprende el español
Reparación del daño y restitución de derechos
Restricción de publicidad de audiencia por protección
Ser informado del proceso penal
Que se investigue y castigue
Oponerse al procedimiento abreviado
Impugnar omisiones o resoluciones del Ministerio Público
Solicitar la imposición de medidas cautelares y la realización de actos de investigación
Participar en medios alternos de solución de controversias
Tener acceso a los registros de la investigación
El imputado tiene derecho a:
Conocer las razones de la detención
Comunicarse con un familiar y con su defensor
No ser sometido a detenciones arbitrarias, ni técnicas de investigación que atenten contra su dignidad o alteren su libre voluntad
Un defensor de oficio
No declarar o auto incriminarse
Apelar o un recurso efectivo
Ser presentado a un tribunal o juez sin demora
Delito de desacato a una sentencia de amparo, el artículo 267, fracción I, en relación con el último párrafo del mismo numeral, de la Ley de Amparo, no transgrede el Principio de Legalidad en su vertiente de taxatividad
Fuente de información: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación
​bit.ly/2DtdE9t?fbclid=IwAR0JoF5SyUMx5SoM6hSojR2RM9I0rqs8ufYCJKxxvVflJCqYoNTtYPqjmy8
DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO, EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada,en caso de que no se logre el cumplimento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cual es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y sus superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara,de forma tal ,que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fuente de información: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4443
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública prioriza, mediante estrategias específicas, la atención de delitos relacionados con el mercado ilícito de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de autotransporte y de pasajeros en carreteras, y tráfico de armas.
Dada la situación nacional de violencia y de graves violaciones a derechos humanos, cabe cuestionar la selección de estos tipos penales frente a la falta de estrategias específicas para atender los delitos de homicidio, feminicidio, desaparición forzada y por particulares, tortura, trata de personas, privación ilegal de la libertad, secuestro y otros similares.
En cumplimiento a la disposición derivada de la reforma constitucional de 2014, ésta ha sido la primera vez que una administración del Ejecutivo Federal presenta una Estrategia Nacional de Seguridad Pública (Gobierno de México, 2019). La obligación plasmada en la Constitución es la siguiente: "En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde". (CPEUM, Art. 69, párr. 3°).
Aunque la legislación no especifica las características que debe cumplir el documento, son de llamar la atención algunos aspectos de la Estrategia Nacional entregada el pasado 1 de febrero, la cual ha sido dictaminada y se encuentra bajo intenso debate en el Senado de la República. El objetivo de esta nota consiste en discuntir dos aspectos torales de esta Estrategia Nacional, la ausencia de un diagnóstico basado en evidencia empírica, y la priorización de ciertos tipos penales en las estrategias específicas: los relacionados con el mercado ilícito de hidrocarburos, con las operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el tráfico de armas, y el robo de autotransporte de mercancías y pasajeros en las carreteras.
Por principio, cabe hacer notar que la Estrategia Nacional incluye 8 objetivos y 9 estrategias específicas, los cuales no guardan una relación directa y jerarquiza entre sí, como es usual en el enfoque de Gestión Basada en Resultados y se acostumbraba hacer en documentos anteriores de planeación y programación de políticas públicas (por ejemplo, el anterior Programa Nacional de Seguridad Pública; DOF 30/4/14). Obviamente, no existe ninguna obligación de mantener este enfoque de políticas públicas, ni se deben copiar en automático prácticas de administraciones anteriores, pero cabe recordar que el diseño de políticas basadas en evidencias se considera ejemplo de "buenas prácticas":
Emprender la construcción de paz
Recuperación y dignificación de los Centros Penitenciarios
Estrategias focalizadas en la regiones y participación ciudadana
Nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad
Estrategia de combate al uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Estrategia para agilizar los procedimientos de extinción de dominio
Estrategia para combatir el robo de autotransporte y pasajeros en carreteras
Estrategia para abatir el tráfico de armas
Fuente: elaboración propia con base en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (Gobierno de México, 2019).
Interés superior del menor. En atención a este principio, cuando los progenitores ejerzan actos de violencia sobre los hijos, puede restringirse su convivencia.
Fuente de información: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación mobile.twitter.com/SCJN/status/1118539036828717056
Un derecho primordial de los menores radica en no ser separado de sus padres, a menos de que sea necesario en aras de proteger su interés superior. Este derecho se encuentra directamente relacionado con la patria potestad, ya que si bien ésta se encomienda a los padres, ello es un beneficio de los hijos, ya que se dirige a protegerlos, educarlos y formarlos integralmente; así, aunque para dar cumplimiento a la función que se les encomienda a través de la patria potestad, tienen el derecho de corregir a sus hijos, esa corrección debe ser en un ámbito de respeto a su dignidad; de ahí que la patria potestad no puede utilizarse como estandarte para ejercer actos de violencia sobre los hijos, pues ésta, en cualquiera de sus clases, no se justifica como una forma de educación o formación. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, desde la Observación General No. 1, relativa al tema "Propósitos de la educación", señaló que el castigo corporal es incompatible con la educación, pues ésta debe impartirse de tal forma que se respete la dignidad intrínseca del niño y se permita expresar su opinión libremente, insistiendo en la necesidad de prohibir todas las formas de violencia por leves que sean; además, definió en la Observación General No. 8 el castigo corporal o físico como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, por leve que sea, indicando que hay otras formas de castigo que no son físicas, pero igualmente crueles o degradantes, e incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño -como los castigos en los que se menosprecia, humilla, denigra, convierte en chivo expiatorio, amenaza, asusta o ridiculiza al niño-. En atención a lo anterior, cualquier maltrato físico, por leve que sea y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, así como que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor, es incompatible con su dignidad y respeto; no obstante, es importante destacar que cuando el Comité rechazó toda justificación de violencia y humillación como formas de castigos a los niños, no rechazó el concepto positivo de disciplina, pues incluso reconoció que la crianza y el cuidado de los menores, especialmente de los lactantes y niños pequeños, exigen acciones e intervenciones físicas para protegerlos, pero aclaró que ello es totalmente distinto al uso deliberado y punitivo de la fuerza para provocarles cierto grado de dolor, molestia y humillación. Además, destacó que no incumbe a dicha Convención prescribir detalladamente de qué manera los padres deben relacionarse u orientar a sus hijos; sin embargo, sí ofrece un marco de principios que sirve de guía para las relaciones dentro de la familia, porque los niños aprenden lo que hacen los adultos, no sólo de lo que dicen, por ejemplo, cuando los adultos con los que están estrechamente relacionados utilizan violencia y humillación en sus relaciones con los menores, no sólo demuestran una falta de respeto por los derechos humanos, sino que además transmiten un mensaje poderoso y peligroso en el sentido de que son medios legítimos para procurar resolver conflictos o cambiar comportamientos. De lo anterior se concluye que el interés superior del menor autoriza a restringir la convivencia entre el menor y sus progenitores, cuando es objeto de violencia por alguno de éstos. Ahora bien, dicho interés también dicta que tienen derecho a ser cuidados y educados por sus padres; por tal motivo, el principio de protección de los niños contra la agresión, incluida la que tiene lugar en la familia, no implica que en todos los casos cuando salga a la luz el castigo corporal de los niños por sus padres, deban ser juzgados, pues la situación de dependencia de los niños y la intimidad característica de las relaciones familiares, exigen que las decisiones de enjuiciar a los padres o de intervenir oficialmente de otra manera en la familia, deban tomarse con extremo cuidado, pues en la mayoría de los casos no es probable que el enjuiciamiento de los padres redunde en el interés superior de los hijos.
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE REGULAN LOS PROGRAMAS DE AUTOREGULARIZACIÓN
Fuente de información: dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557882&fecha=16/04/2019
IV. En virtud de lo anterior, y debido a que en ejercicio de sus atribuciones en la materia, el Servicio de Administración Tributaria ha detectado que existe un número considerable de sujetos que realizan Actividades Vulnerables que se encuentran omisos en el cumplimiento de las obligaciones referidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se estima conveniente incorporar un marco normativo relacionado con los requisitos que deberán observar los sujetos obligados a la supervisión del Servicio de Administración Tributaria alpresentar los programas de auto regularización respectivos, dando seguimiento a la instrumentación y ejecución de los mismos, implementando un esquema de facilidades que permita que los sujetos referidos, cumplan con sus obligaciones de la materia de prevención de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero y, a su vez, permita a las autoridades competentes obtener la información útil, precisa y eficaz, para el debido ejercicio de sus atribuciones.
V. Que la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en los artículos 1, 3 y 14 fracciones I, III y IX de la Ley del Servicio de Administración Tributaría y Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, tiene la representación legal del Servicio de Administración Tributaria como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad supervisora en términos delartículo 1 y 4 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y puede ejercer las facultades conferidas a este organismo, entre ellas la de emitir las Disposiciones de Carácter General que Regulan los Programas de Auto regularización.
Ríos Farjat.- Rúbrica.​
Fuente de información: www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557700&fecha=12/04/2019
Al margen de un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente:
SCJN resuelve a favor de elegir orden de apellidos
Es inconstitucional obligar a registrar a un recién nacido anteponiendo el apellido paterno. La práctica de colocar el apellido del hombre primero relega a la mujer a un rol secundario en el ámbito familiar.
Amparo en Revisión 208/2016 Ponente: Ministro Arturo Zaldívar.
​La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió que los padres pueden decir el orden de los apellidos de sus hijos, al declarar la inconstitucionalidad de la parte correspondiente del Código Civil de la Ciudad de México, cuyo mandato obliga a que el primer apellido sea el del padre y el segundo el de la madre.
Durante la sesión que celebró ayer la Primera Sala de la SCJN, quedó resuelto el amparo en revisión 208/2016, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Se declaró inconstitucional una porción del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, puesto que dicha norma reitera que “los recién nacidos serán registrados con el apellido paterno primero y el materno después, un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar”.
Así, la Primera Sala señaló que se deberán expedir nuevas actas de nacimiento a las menores con el orden de los apellidos deseado por sus padres.
Dicha norma limita injustificadamente el derecho de los padres a elegir libremente el nombre de sus hijos, señala la sentencia.
La controversia tiene su origen en la negativa que dio un Juez del Registro Civil a una pareja que intentó registrar, de común acuerdo, a sus hijas recién nacidas con el apellido materno primero y el paterno después.
La pareja promovió un amparo en contra de dicho artículo, así como en contra de los actos del Juez.
Así, el amparo fue concedido por una Jueza de Distrito e, inconformes, las autoridades responsables interpusieron recursos de revisión.
En el caso, la Primera Sala estableció que “la decisión de los padres de elegir el orden de los apellidos de sus hijos se encontraba tutelada por el derecho al nombre, en relación con el derecho a la vida privada y familiar”.
Ante esto, la Primera Sala se avocó a responder si el Estado puede limitarlo y con qué alcance.
La Sala advirtió que la finalidad de la norma era brindar seguridad jurídica en las relaciones familiares; sin embargo, al elaborar la norma, el legislador eligió un orden específico que privilegia la posición del varón en la familia.
Efectivamente, la práctica de colocar el apellido del hombre primero tiene como trasfondo histórico la concepción de éste como jefe y portador del apellido de la familia, relegando a la mujer a un rol de mero integrante de ésta, indica.
De tal forma, no se encuentra justificado limitar el derecho de los padres a elegir el nombre de sus hijos a partir de prejuicios que pretendan perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares.
En ese sentido, la resolución concluye que el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal es inconstitucional y, en consecuencia, dicha inconstitucionalidad se extiende a la negativa del Juez del Registro Civil.
Fuente de información: www.scjn.gob.mx/gw/#/derechos-humanos/publicaciones/articulos
Por: Nadia Sierra Campos, asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN.
Así, se vuelven necesarias la aplicación de medidas tendientes a garantizar el acceso a la justicia; evitar la revictimización y garantizar que no se vean menoscabados los derechos del niño o la niña. Para todo ello, se requiere del apoyo y asesoría de profesionales especialistas en la atención de la niñez y la adolescencia, Desafortunadamente, la estadística judicial no aporta información suficiente y desagregada por rango de edad respecto a cuantas niñas, niños o adolescentes intervienen en los procesos jurisdiccionales como víctimas, testigos o partes en un proceso, pero el INEGI en el Censo Nacional de Procuración de Justicia de 2015 reportó que alrededor de 13,559 niñas y niños de los 0 a los 18 años de edad habían sido víctimas de delitos y que 44,971 adolescentes han sido inculpados por algún delito. Ha sido frecuente escuchar que una cantidad significativa de niñas, niños y adolescentes son victimizados o revictimizados por el sistema judicial cuando las y los operadores jurídicos no tienen parámetros para saber cuándo las afirmaciones son ciertas o se están comportando impulsados por el temor a la reacción de los adultos de su entorno, Lo que es cierto es que niñas, niños y adolescentes son sometidos a numerosos exámenes o entrevistas que no son acordes a su desarrollo psíquico ni se emplea un lenguaje adecuado a su edad.
En ocasiones se les expone a situaciones incómodas que les generan temor y afectan su equilibrio emocional. Por todas estas razones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Oficina en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), con la colaboración de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) y la Fundación Reneé Chauffray, I.A.P., prepararon el Curso “Psicología Forense especializada en Infancia”, con la finalidad de que profesionales de la psicología, quienes son auxiliares clave en el juzgamiento de casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, adquieran herramientas teóricas y metodológicas para su intervención en las distintas etapas de los procedimientos judiciales ya sea como peritos, terapeutas o acompañantes.
En los módulos se pone de manifiesto la conveniencia de que las niñas, niños y adolescentes sean entrevistados por una o un psicólogo especialista en niñez o adolescencia, no debiendo ser interrogados en forma directa por las partes. Los expertos sugieren que las entrevistas se lleven a cabo en instalaciones acondicionadas y adecuadas a la edad y etapa evolutiva de la o el menor de edad; y la conveniencia de contar con instrumentos tecnológicos que permitan dejar grabada en video o audio el encuentro con la o el menor de edad para posteriores consultas. Se hacen también recomendaciones a los especialistas para la entrega del informe, reporte clínico o el peritaje correspondiente, explicándoles las diferencias conceptuales y técnicas en ña elaboración de cada documento en cuestión remarcando la trascendencia que cada uno de ellos tiene en el proceso jurisdiccional.
A través de este curso se ve la manera de que la psicología apoye al derecho y que las declaraciones, opiniones y testimonios de las niñas, niños y adolescentes sean tomadas en cuenta para garantizar tanto el acceso a la justicia como el respeto al interés superior de la niñez. Las lecturas y las presentaciones de cada módulo favorecen la comprensión de fenómenos tan complejos como la violencia sexual, física y emocional que desafortunadamente experimentan los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
El curso no se queda solo en el nivel teórico, sino que provee de elementos técnicos para una adecuada intervención en los casos de que se trate, en colaboración y apoyo a los operadores de justicia. Vale la pena comentar que los contenidos temáticos son claros y enriquecen la visión de las y los profesionales de la psicología al conducir quien lo curse por un proceso lógico de adquisición de conocimientos jurídicos o la actualización y repaso, en su caso, de temas que pueden ser ya parte del trabajo cotidiano. Además de contextualizar y ligar los contenidos a conceptos tanto jurídicos como psicológicos.
La Corte cuenta ya con importantes precedentes para atender casos en donde se involucren niñas, niños y adolescentes. Es tarea de la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, dar difusión a los mismos y lograr que, mediante el trabajo interdisciplinario, se vaya extendiendo como práctica positiva en todo el sistema de procuración y administración de justicia. T
Consultar artículo: www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/PSICOLOGIA%20FORENSE%20ESPECIALIZADA%20EN%20NI%C3%91EZ.pdf
Juzgar con una perspectiva de género
Fuente de información: https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/margarita-luna-ramos/nacion/2015/09/8/juzgar-con-una-perspectiva-de
En nuestro país aún no podemos hablar de una igualdad sustantiva, es decir la plena y real igualdad entre hombres y mujeres.
Juzgar con perspectiva de género es un concepto empleado a últimas fechas con mayor incidencia en nuestro país, concretamente a partir de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos. Pero ¿qué es lo que implica impartir justicia con perspectiva de género?
Al resolver el asunto Varios 1396/2011, la Corte nos acerca hacia una noción que permite una mayor claridad para su cabal comprensión.
En principio, es necesario sentar como premisa fundamental que nuestra Constitución prohíbe toda clase de discriminación, al tiempo que reconoce el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, al prescribir en su Artículo 4° que ambos son iguales ante la ley. Esto es lo que se conoce como igualdad formal. Sin embargo, hemos de reconocer que por múltiples factores de origen esencialmente cultural, en nuestro país aún no podemos hablar de una igualdad sustantiva, es decir la plena y real igualdad entre hombres y mujeres; en los hechos, la mujer sigue padeciendo situaciones de violencia o vulnerabilidad que en muchos casos no son imperceptibles, imbuidos en patrones culturales que permean en estereotipos o perjuicios de género que incluso trascienden a las leyes.
De ahí que a partir del reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, se exija que los órganos jurisdiccionales introduzcan la perspectiva de género en la impartición de justicia, como un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. En otras palabras, tener en cuenta los factores de desigualdad real de quienes enfrentan un proceso judicial, adoptando medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de sus intereses.
Derivado de ello, los juzgadores deben cuestionar los estereotipos preconcebidos en las leyes respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, ya que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar con claridad la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.
En esto radica la perspectiva de género al momento de juzgar, atender a todos los hechos en una lectura adecuada a las circunstancias del caso concreto. Como lo señala Francisca Pu Giménez, no pensar que, como arte de magia, el invocar el principio de igualdad o citar una fuente normativa en materia de equidad de género, es suficiente para garantizar la aplicación del derecho con perspectiva de género.
Juzgar con perspectiva de género, debe quedar claro, tampoco implica dar la razón a la mujer por el sólo hecho de serlo (es más, ni siquiera se acota sólo a la mujer), sino juzgar reconociendo la existencia de prejuicios, estereotipos, el impacto diferenciado que puede generar una norma y determinar la solución que mejor garantice el derecho a la igualdad. Reconocer a la persona sus derechos y tutelarlos de manera adecuada, sea en un caso laboral, familiar, administrativo, penal o de cualquier índole.
Con este criterio, la Corte apunta en una mayor claridad de lo que debe entenderse por juzgar con perspectiva de género, en aras de hacer vigente el principio de igualdad.
Presumir la paternidad o maternidad de una persona que se niega a hacerse una prueba de ADN protege el derecho a la identidad
Fuente de información: Comunicado 041/2018 Suprema Corte de Justicia de la Nación
​Con la presunción de que era su padre, una mujer demandó a ese hombre para que la reconociera como hija. Durante el juicio se pidió una prueba de ADN al demandado, sin embargo, éste se negó. El caso llegó a la Corte y ponderó el alto impacto de la prueba de ADN en la protección del derecho a la identidad y consideró que la afectación a la privacidad a quien se le practica esa prueba, es moderada. Determinó constitucional presumir la paternidad de las personas que se rehúsen a que se les practique una prueba de ADN durante el juicio. Amparo Directo en Revisión 2944/2017.
En sesión de 7 de marzo de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte aprobó la propuesta del Ministro Arturo Zaldivar en el amparo directo en revisión 2944/2017, en el que se resolvió que es constitucional presumir la paternidad de las personas que se rehúsen a que se les practique una prueba de ADN en un juicio de paternidad.
En el caso, una mujer demandó a una persona el reconocimiento de paternidad al pensar que era una padre. Durante el juicio se pidió que se le hiciera una prueba de ADN al demandado, sin embargo, éste se negó a que la prueba le fuera practicada. Por esa razón, el Juez estimó que -con fundamento en el Código Civil de Guanajuato- debía presumirse que el demandado si era el padre biológico de la actora y por tanto decretó la paternidad. Dicha decisión fue confirmada en apelación. Inconforme, el condenado promovió amparo en el que dijo que el hecho de que se presumiera la paternidad violaba su derecho a la intimidad ya que lo obligaba a practicarse una prueba genética dándose a conocer información privada contenida en su ADN.
En la propuesta aprobada del Ministro Zaldívar se plantea que en el caso se presenta la colisión de dos derechos: el derecho a la identidad y el derecho a la intimidad. Las personas tienen derecho a conocer su origen biológico ya que esto tiene una enorme trascendencia en la imagen que las personas generan de sí mismas y también tiene importantes consecuencias jurídicas y psicológicas. Por otra parte, la toma de una muestra genética implica recabar información que pertenece al ámbito privado del ser humano, en tanto puede poner en evidencia condiciones genéticas, relacionadas con aspectos patológicos hereditarios o algunas tendencias o proclividad a determinadas conductas.
En consecuencia, la Primera Sala estimó que en el caso era necesario ponderar esos derechos para evaluar si la afectación al derecho a la intimidad era proporcional. En este sentido, se estimó que la prueba de ADN tiene un alto impacto en la protección del derecho a la identidad ya que permite averiguar, con absoluta certeza, quiénes son los padres biológicos. En cambio, la afectación a la privacidad es moderada porque al desahogar la prueba genética no se obtiene toda la información del ADN sino sólo la necesaria para verificar la paternidad; además, no se puede obligar a las personas a que se sometan a la prueba, sino que solamente se presume la paternidad si se rehúsan a que se les practique la prueba.
Principio de Progresividad: Es aplicable a todos los Derechos Humanos y no sólo a los llamados económicos, sociales y culturales
Fuente de información: Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2015306&Clase=DetalleTesisBL
​PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. ES APLICABLE A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y NO SÓLO A LOS LLAMADOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.
El principio de progresividad estuvo originalmente vinculado a los -así llamados- derechos económicos, sociales y culturales, porque se estimaba que éstos imponían a los Estados, sobre todo, obligaciones positivas de actuación que implicaban el suministro de recursos económicos y que su plena realización estaba condicionada por las circunstancias económicas, políticas y jurídicas de cada país. Así, en los primeros instrumentos internacionales que reconocieron estos derechos, se incluyó el principio de progresividad con la finalidad de hacer patente que esos derechos no constituyen meros "objetivos programáticos", sino genuinos derechos humanos que imponen obligaciones de cumplimiento inmediato a los Estados, como la de garantizar niveles mínimos en el disfrute de esos derechos, garantizar su ejercicio sin discriminación, y la obligación de tomar medidas deliberadas, concretas y orientadas a su satisfacción; así como obligaciones de cumplimiento mediato que deben ser acometidas progresivamente en función de las circunstancias específicas de cada país. Ahora bien, esta Primera Sala considera que, a pesar de su génesis histórica, el principio de progresividad en nuestro sistema jurídico es aplicable a todos los derechos humanos y no sólo a los económicos, sociales y culturales. En primer lugar, porque el artículo 1o. constitucional no hace distinción alguna al respecto, pues establece, llanamente, que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos de conformidad, entre otros, con el principio de progresividad. En segundo lugar, porque ésa fue la intención del Constituyente Permanente, como se advierte del proceso legislativo. Pero además, porque la diferente denominación que tradicionalmente se ha empleado para referirse a los derechos civiles y políticos y distinguirlos de los económicos, sociales y culturales, no implica que exista una diferencia sustancial entre ambos grupos, ni en su máxima relevancia moral, porque todos ellos tutelan bienes básicos derivados de los principios fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad; ni en la índole de las obligaciones que imponen, específicamente, al Estado, pues para proteger cualquiera de esos derechos no sólo se requieren abstenciones, sino, en todos los casos, es precisa la provisión de garantías normativas y de garantías institucionales como la existencia de órganos legislativos que dicten normas y de órganos aplicativos e instituciones que aseguren su vigencia, lo que implica, en definitiva, la provisión de recursos económicos por parte del Estado y de la sociedad.
Fuente de información: www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARA REFORMADAS, ADICIONADAS Y DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL"
Artículo Único.- Se reforman los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafos noveno, décimo y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan la fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de lasinstituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación.
III. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, y
II. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley;
XVI. a XXII. ...
XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones;
IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional;
XI. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el plazo que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la secretaría del ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada;
VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley;
VIII. a XX. ...
Segundo. La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República. En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan. De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina.
Tercero. Los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones; la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional.
Cuarto. Al expedir las leyes a que se refiere la fracción XXIII del artículo 73 de esta Constitución, el Congreso de la Unión estará a lo siguiente:
I. Las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán contemplar, al menos, los siguientes elementos:
1. La normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de la seguridad pública en términos de la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución, y
2. La regulación del sistema nacional de información en seguridad pública a que se refiere el inciso b) del párrafo décimo del artículo 21 constitucional.
II. La Ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los siguientes elementos:
1. Los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los Municipios;
2. Las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y Municipios cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la atención de tareas de seguridad pública de competencia local;
3. Lo relativo a la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluya faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial, responsabilidades y servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas que puedan homologarse, en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente;
4. Los criterios de evaluación del desempeño de sus integrantes;
5. La regulación sobre la disposición, posesión, portación y uso de armas de fuego, atendiendo los estándares y mejores prácticas internacionales;
6. Las hipótesis para la delimitación de la actuación de sus integrantes;
7. Los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, conforme a las leyes aplicables, y
8. Los componentes mínimos del informe anual a que se refiere la fracción IV del artículo 76 de esta Constitución.
III. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establecerá, por lo menos, las siguientes previsiones:
1. La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública;
2. Los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública;
3. La sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad;
4. La previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del uso de la fuerza mediante el control físico, el empleo de armas incapacitantes, no letales y de armas letales;
5. Los niveles para el uso de la fuerza pública por los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones para hacer cumplir la ley;
6. La distinción y regulación de las armas e instrumentos incapacitantes, no letales y letales;
7. Las reglas sobre la portación y uso de armas de fuego entre los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así como sus responsabilidades y sanciones;
8. Las previsiones de actuación de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo
9. Las normas para la presentación de informes de los servidores públicos que hagan uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones, así como para su sistematización y archivo, y
10. Las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública.
IV. La Ley Nacional del Registro de Detenciones incorporará, al menos, las siguientes previsiones:
1. Las características del Registro y los principios que rigen su conformación, uso y conservación;
2. El momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento de detención;
3. El tratamiento de los datos personales de la persona detenida, en términos de las leyes en la materia;
4. Los criterios para clasificar la información como reservada o confidencial;
5. Las personas autorizadas para acceder a la base de datos del Registro y los niveles de acceso;
6. Las atribuciones de los servidores públicos que desempeñen funciones en el Registro y sus responsabilidades en la recepción, administración y seguridad de la información, y
7. La actuación que deberá desplegar el Registro y su personal en caso de ocurrir hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos.
Sexto. Durante el periodo a que se refiere el artículo anterior, para la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, las secretarías de los ramos de Defensa Nacional y de Marina participarán, conforme a la ley, con la del ramo de seguridad, para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrán estar homologados en lo conducente, a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armadapermanente.
Séptimo. Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.
Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020.
Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.
Ciudad de México, a 14 de marzo de 2019.- Sen. Marti Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Antares G. Vazquez Alatorre, Secretaria.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019.- Andrés Manuel López Obrador. Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
Fuente de Información: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La Primera Sala de la SCJN resolvió un asunto en el que analizó si la figura de prescripción positiva, también denominada prescripción adquisitiva o usucapión (medio de adquirir el derecho real de propiedad, mediante su posesión pacífica, continua, pública y en concepto de propietario, por el tiempo que establezca la ley aplicable), prevista en los artículos 1039, 1246, 1247 y 1248 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, vulnera el derecho a la propiedad respecto de inmuebles, reconocido en el artículo 27 constitucional.
​Al respecto, la Primera Sala consideró que dicha figura resulta constitucional, pues se trata de un mecanismo legal encaminado a resolver conflictos entre las partes derivados de la posesión de los bienes inmuebles, cuando existe un propietario que no ejerce materialmente las facultades normativas de su derecho de propiedad por un lapso prolongado, ni ejecuta actos para recuperar su posesión, y existe, por otra parte un poseedor que ejerce tales facultades considerándose propietario por alguna causa, siendo que ante ello el Estado, a través de la ley y cumplidos ciertos requisitos, procura que la propiedad se consolide en favor de quien ha venido poseyendo los bienes en forma efectiva, con la finalidad de dar seguridad jurídica a los derechos sobre los bienes inmuebles.
Acción de inconstitucionalidad 101/2015 Ley de Derechos Humanos Querétaro
Fuente de Información: Tribunal en Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación
El Tribunal Pleno de la SCJN analizó las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR, Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y CNDH, a travésde las cuales impugnaron diversos artículos de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, pues consideraron, entre otras cuestiones, que se viola el principio de autonomía de la Defensoría de Derechos Humanos local al impedir a su Presidente remover libremente a su Secretario Ejecutivo concediendo toda decisión a la legislatura local, asimismo por violaciones al procedimiento legislativo para emitir la ley.
El Pleno desestimó la acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos del 122 al 131 y se sobreseyó respecto de los artículos 5, 17, fracción ll, 28, fracción X, 30, párrafo tercero, 33, párrafos primero y tercero, 35, 37, 48, 91, fracción l, 95, 116, 117, 121 y 131, fracciones ll y Vll, todos de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro.
Por otro lado, se reconoció la validez del proceso legislativo del que derivó la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro.
Finalmente, se declaró la invalidez de los artículos 33, párrafo segundo (que impide al Presidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro remover a su Secretario Jurídico) y 106 de dicha ley (en el cual se establece la obligación de las autoridades responsables que no acepten las recomendaciones de la aludida Defensoría de comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la información Pública del Poder Legislativo Local), dado que violan lo estipulado enel artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal referente a la autonomía de gestión y esquemas de facultades de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro.
Acción de Inconstitucionalidad 8/2015
El Tribunal Pleno de la SCJN continuó con el análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, en la que solicitó la invalidez de varios artículos del Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán.
En relación con los artículos que prevén la medida de internamiento domiciliario, el Pleno declaró la invalidez del artículo 116, segundo párrafo, en la porción normativa que señala que "La finalidad de esta medida es la privación del derecho a la libertad de tránsito en los límites del propio domicilio." Lo anterior, ya que se estimó que tal medida no debe confundirse con una de carácter punitiva, pues lo único que se busca es garantizar el bienestar y el futuro del adolescente para su reinserción social.
Por otro lado, se reconoció la validez del resto del contenido de ese artículo 116, así como la validez de lo previsto en el diverso artículo 117, en el que se prevé entre otras cuestiones, que el Juez fijará la duración del internamiento domiciliario, los permisos que correspondan para salir del domicilio y las razones por las que pueden ser concedidos, toda vez que el Pleno consideró que las reglas y principios ahí contemplados satisfacen las exigencias constitucionales.
Sobre los preceptos que regulan la medida de internamiento en tiempo libre, el Pleno declaró la invalidez del artículo 118, segundo párrafo, en la porción normativa que establece que "La finalidad de esta medida es la privación intermitente de la libertad de tránsito". Ello por las mismas razones que en apartado anterior.
En cuanto al tercer párrafo del mencionado artículo 118 que establece que, en lo posible, el juez tendrá en cuenta las obligaciones laborales y educativas del adolescente para determinar los periodos del internamiento, el Pleno declaró la invalidez de la porción normativa "en lo posible", ya que los adolescentes tienen derecho a continuar su educación y formación profesional, por lo que el hecho de que el juez tome en cuenta tales aspectos, debe categorizarse como una conducta de carácter obligatorio, no como una permisión.
Por otro lado, se reconoció la validez del resto del contenido de dicho artículo, así como de lo establecido en los diversos 119 y 120, al estimar que esa medida de internamiento libre es de último recurso y ante condiciones que respeten los derechos de los adolescentes.
Asimismo, se reconoció la validez de los artículos 121 a 124, los cuales establecen la medida de internamiento permanente; del artículo 85, que prevé la medida de prestación de servicios a favor de la comunidad; así como del artículo 8, fracción XIV, el cual señala la definición legal del concepto de víctima.
Finalmente, el Pleno declaró la invalidez del artículo ll, fracciones XIX y XX, en las cuales se prevé al aislamiento como medida disciplinaria. Lo anterior, al estimar que tal medida no es idónea para el régimen penal de justicia para adolescentes, sino que es contraria a los derechos a la dignidad humana, integridad física y mental, salud e interés superior del menor.
Fuente de información: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx
Derecho a la reproducción asistida: Forma parte del derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Tanto hombres como mujeres tienen el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; este derecho está protegido por el Estado Mexicano y encuentra sustento en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 16 consagra el derecho que tienen todos los hombres y mujeres de fundar una familia, señalando que ésta es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. De acuerdo con lo anterior, la decisión de tener hijos a través del empleo de las técnicas de reproducción asistida, pertenece a la esfera más íntima de la vida privada y familiar de una pareja, y la forma en cómo se construye esa decisión, es parte de la autonomía de la voluntad de una persona.
Derecho al libre desarrollo de la personalidad: su dimensión externa e interna
Fuente de Información: Semanario Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación
La libertad "indefinida" que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las otras libertades más específicas, tales como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la "esfera personal" que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las nuevas amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas acciones para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio dela autonomía se observa más claramente a través de la decisión adoptada por la persona.
Informe sobre la implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en México
Fuente de información: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM
De la consulta a la libre determinación de los pueblos: informe sobre la implementación del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado en México.
Consulta el informe completo a continuación:
informe-consulta-final-3570.pdf
Resolución 2/18 Migración forzada de personas Venezolanas
Fuente de Información: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La CIDH considera que las violaciones masivas a los derechos humanos, así como la grave crisis alimentaria y sanitaria que viene enfrentando Venezuela como consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos, también, ha conllevado al crecimiento exponencial de cientos de miles de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar hacia a otros países de la región en los últimos años, como una estrategia de supervivencia que les permita a ellas y sus familias preservar derechos tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la salud y la alimentación, entre otros.
La CIDH observa que un gran número de personas venezolanas se han visto forzadas a huir de Venezuela como consecuencia de violaciones a derechos humanos, la violencia e inseguridad, y la persecución por opiniones políticas. Asimismo, para hacer frente a los efectos que vienen ocasionando la crisis generada por la escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos; y la dificultad para el cobro pensiones, entre otros. La grave crisis alimentaria y sanitaria ha impactado en especial a grupos en situación de exclusión y discriminación histórica, como niños, niñas y adolescentes (NNA), mujeres, personas mayores, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, personas con enfermedades y personas en situación de pobreza.
Consultar y descargar resolución completa:
resolucion-2-18-es.pdf
20 consejos para ganar un juicio: Guía práctica para abogados
Fuente de información: confilegal.com/20180805-20-reglas-oro-ganar-juicio-contencioso-administrativo/?fbclid=IwAR0j7soqSlnQkpiW7WkxVr-iZDNxgkTfRGqeBapUYU1yDvT0T2BU-EAsCQk
Por: José Ramón Chaves García
A José Ramón Chaves García se le conoce como el "juez bloguero". Es un magistrado que está destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, España. Chaves García posee el don de "hablar en dos idiomas", en el de los jueces y en el de la calle. Esta información fue originalmente publicada en su blog: delajusticia.com/2010/10/06/como-ganar-un-juicio-contencioso-administrativo-veinte-reglas-de-oro/
No se trata de un Manual, ni el plano del tesoro de la victoria, sino de ofrecer unas orientaciones que, si bien van destinadas a desvelar los arcanos del fundo forense contencioso-administrativo, son igualmente aplicables al resto de jurisdicciones. Una especie de trucos de magia blanca para conseguir sacar de la chistera judicial el conejo de la victoria.
1. Consejos personales para ganar un juicio
Una retirada a tiempo es una victoria. Explicar al cliente lo atinado de no embarcarse en un pleito largo y costoso, puede dar lugar a una minuta menor pero una mayor satisfacción para cliente y abogado.
Un cliente puede entender una derrota pero es difícil digerir además la decepción o el engaño de su abogado. Una cosa es que un asunto sea defendible y otra muy diferente que esté ganado.
El abogado tipo “House” no es un modelo a imitar. Aunque el cliente sea un empresario creso, un rudo trabajador, un quejoso funcionario o un ciudadano rebelde, todo cliente necesita en su fuero interno que su abogado crea en él, que valore lo que el valora, y que humanice los vericuetos procesales para explicárselos.
El abogado moderno ha de ser un cruce entre letrado y psiquiatra, pues un proceso contencioso-administrativo es parecido al descenso de Dante a los infiernos, donde el atribulado cliente tendrá que soportar minutas, gastos procesales, esperas interminables, incertidumbres y posiblemente decepciones, y para ese viaje, bien viene que el piloto procesal encarnado por el abogado, lo haga mas llevadero.
Nadie tiene todo el Derecho Público en la cabeza, ni nadie es capaz de contar con una bola de cristal infalible sobre el avatar judicial. Hoy día en que hay bases de datos completas y actualizadas de jurisprudencia, buena parte de los abogados se han convertido en sabuesos de sentencias. Buscan la sentencia similar, el precedente o el caso ya resuelto que permita extraer el fragmento o doctrina que avale su tesis. Y eso está muy bien, pero no basta.
El Derecho Administrativo no puede encerrarse en un Manual ni en una sentencia. Es dinámico y poliédrico. Y sobre todo, no puede improvisarse. Hay que conocer el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo y el Derecho Procesal.
No basta con ser un buen civilista, laboralista o penalista, o un administrativista armado solamente con la calificación universitaria. Al igual que por saber mover las piezas de ajedrez no se garantiza el triunfo, el jaque mate en un proceso contencioso pasa por estudiar muchas “aperturas, estrategias” y practicar, practicar mucho.
El letrado no debe convertir su bufete en un máquina de vending, ni en un MacDonald. No todo es la minuta y despachar escritos hacia ese remolino que son los Tribunales. El abogado ha de implicarse en el asunto y luchar tanto lo pequeño como lo grande, con el mismo énfasis y rigor.
Es cierto que hay asuntos de mayor calado y otros de ínfima cuantía o entidad, pero lo que no puede ignorarse es que para el cliente su asunto es vital, y esa perspectiva subjetiva merece un respeto. Además, el éxito del letrado no proporciona solamente dinero y elogios, sino que le dota de seguridad en sí mismo.
Con cada éxito, el abogado aprende a arriesgar más, a minorar el temor reverencial de los juicios, y se vuelve mas exigente. Y con ello, se ganan mas y mas juicios…
Los escritos procesales reflejan el impulso de su autor, y ya que los tratamientos de textos actuales permiten corregir, ampliar o reducir para un “photoshop jurídico”, hay que releer los escritos principales (demanda y contestación).
Las segundas lecturas, con un intervalo temporal, arrojan nuevas perspectivas. Lo ideal es que un compañero de bufete o un tercero lo lean y efectúen observaciones, pero en su defecto, el propio autor ha de buscar los defectos de sus propios escritos, y revisarlo detenidamente hasta que cree en ellos, y si se da cuenta de que ha dicho algo estúpido deberá tener la valentía de suprimirlo.
2. Consejos profesionales para ganar un juicio
Hay que zambullirse en el litigio con el interés de quien presiente que esa sentencia será histórica. No basta con leer transversalmente el expediente, o con recordar algún caso similar o con asumir el comentario de un colega en el café sobre el desenlace de cuestiones similares. Hay que estudiar el asunto y entrar “en trance”.
Hay un momento del letrado, entre papeles y bajo el flexo, en que se da cuenta, como tan a menudo ocurre a los místicos, que su mente se abre de forma aparentemente inexplicable y se capta la clave del enfoque jurídico. Ahí está la llave sobre la que construir la demanda o la contestación, pero es una musa que sólo acude con el estudio y la reflexión.
El abogado debe escudriñar el expediente administrativo como un "piel roja", buscando huellas, incongruencias, problemas de actos propios, un funcionario que se extralimita, una notificación defectuosa, un certificado sin firma, etc… Una mirada serena al expediente posiblemente cosechará los ases del triunfo. Y a veces para pescar unos pocos peces hay que pasar muchas horas en el río…
No citar doctrina
Como regla general. El juez está sometido al imperio de la Ley, y bien está la doctrina que ilustra la interpretación de aquélla, pero jamás debe convertirse la demanda en una invocación de autoridades académicas, ni un “corta y pega” de citas bibliográficas.
Las demandas no son tesis doctorales, y si se trata de acompañar un dictamen de un Catedrático – aunque revela seriedad del demandante- mejor será que ese dictamen se reconvierta en demanda o contestación y en boca de abogado ( el propio profesor, en su caso).
Además de contar con el apoyo de la norma, hay que intentar demostrar al juez que se actúa por convicción personal y por confianza en la Justicia. Demuéstrese que el pleito no es por capricho ni para fastidiar a nadie. Buena fe.
"Contar con paracaídas"
El letrado, para el caso de reveses judiciales ha de contar con un plan B, y C, y D… Sin perder la perspectiva realista, frente a la sentencia o auto desfavorable hay que barajar desde el inicio la posibilidad de apelación, la casación, la nulidad de actuaciones, el Tribunal Constitucional, e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc.
Y si la sentencia favorable para el particular se queda corta en el fallo, habrá que intentar forzarla en el incidente de ejecución, de igual manera que si es desfavorable para la Administración, ésta intentará la inejecución, mas o menos disimulada.
Lo importante para el abogado es explicar al cliente, sin tremendismo pero con realismo, el "via crucis" posible y las distintas opciones a corto, medio y largo plazo.
3. Consejos de dialéctica para ganar un juicio
Hasta para dirigirse a Dios, Jesús recomendó el sencillo Padrenuestro. Con mayor razón, un escrito dirigido a un juez puede ser sencillo y eficaz, si incorpora una buena argumentación, que además suplirá la falta de jurisprudencia o normas favorables.
Hay que presumir que el juez está agobiado de tiempo, por lo que ser didáctico y con lenguaje accesible, bajo una argumentación impecable y amena, posiblemente conseguirá captar la atención y comprensión del juzgador.
El letrado debe conocer al juez y la otra parte. Los jueces suelen tener un perfil psicológico ( pro administración o pro ciudadano; reacio o proclive a las cautelares; generoso o rígido para admitir pruebas, etc).
También hay que explotar las debilidades del contrario: hay abogados agresivos y benevolos; abogados rigurosos y frívolos; abogados de sustancia y de formas, etc. Y la mejor manera de conocer la "fauna forense" es cambiar impresiones y anécdotas con los compañeros.
Explotar el impulso o dejadez del contrarioAl igual que en los deportes de lucha libre y judo, hay que saben aprovechar el impulso del oponente, el abogado debe sacar ventaja de la acción u omisión del contrario.
Si es demandante tendrá que aprovechar la carga de la prueba de la Administración ( cuando es quien tiene archivos y documentos, o cuando sanciona o impone actos de gravamen) y si es demandado examinará con lupa el escrito de interposición y la demanda para ver desajustes. Cada parte ha de rastrear el escrito de la contraparte para encontrar la valiosa incongruencia, el error u omisión, la pista definitiva, etc.
No abusar de la adulación al juez ni denigrar a la otra parte. No insultar. En un mundo donde la solución al litigio ( bien por dudas de derecho, o bien por discutirse la prueba de hechos), es dudosa, bien está no provocar la animadversión judicial por las malas formas.
4. Consejos organizativos para ganar un juicio
Evitar rodeos
El atajo es el camino más corto. En el mundo contencioso-administrativo pueden obtenerse victorias pírricas con sentencias que no satisfacen al cliente, y hay ocasiones en que hay que sacrificar esas pequeñas conquistas parciales.
Es el caso de algunos defectos de motivación en resoluciones administrativas que sólo conducen a una sentencia favorable pero que condena a la Administración a retrotraer el procedimiento con lo que todas las partes vuelven a estar en la “casilla de salida”. O el caso de algunos motivos de inadmisión (ej. Falta de postulación) que provocan la demora del proceso hasta uno nuevo que los subsane.
En la tesitura de esgrimir esos motivos impugnatorios que son puros rodeos, quizás hay que recordar que a veces ceder un poco sirve para ganar mucho.
Los escritos procesales deben estar limpios, ordenados y claros. Indicando apartados y epígrafes. No son bien recibidos los escritos que se olvidan de las reglas ortográficas y de la sintaxis (que los hay). Tampoco los que se olvidan de los puntos y aparte ni los que ahorran el papel ( y las ideas).
Hay que utilizar ese “neón de las ideas” que son la letra negrita y en cursiva, o el subrayado, pero eso sí, si todo se resalta como importante, nada lo es. Si se trata de una vista oral, nada de verborrea ni chorros argumentales difíciles de seguir; y si se facilita minuta escrita de la exposición vertida oralmente, pues mucho mejor ( si la acepta el juez, beneficia, y si la rechaza, nada perjudica).
Si se quiere vencer, hay que convencer….al juez. Un escrito procesal claro y ordenado tiene mucho ganado. El letrado no debe divagar ni refugiarse en la cita de “notoria jurisprudencia” sin precisarla. En el ámbito contencioso-administrativo, es fundamental distribuir los hechos, y los fundamentos para desembocar en un “ Suplico, bien clarito”.
La prueba debe “apostillarse”, aunque la norma procesal no lo imponga ya que tampoco lo prohibe, y por tanto, si se propone un grupo de testigos, no está de más explicar mínimamente la posición o quién es ese testigo, para facilitar su admisión. Las conclusiones jamás deben ser la repetición “corta y pega” de demanda y contestación. Es una ocasión de oro para resumir y centrar el litigio, y demostrar que no se trata de un asunto rutinario.
Administrar el tiempoCamarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Los plazos no deben agotarse, ni es buena técnica el consabido hábito de apurarlos al máximo. El tiempo del letrado y el tiempo del juez requieren atención. Hay un tiempo para explicarse el letrado y un tiempo para convencerse el juez.
Objeciones: Definición, principios, características, tipos, estrategias, ejemplos, sanciones.
Fuente de información: legis.pe/objeciones-definicion-principios-caracteristicas-tipos-estrategias-ejemplos-sanciones/
Por: Roberto Carlos Reynaldi Román
Objeción: Mecanismo para ejercer el derecho de contradicción en el juicio oral, con el objetivo de evitar vicios que distorsionen la actividad probatoria, en su alcance y contenido y/o qué finalmente permitan que dicha actividad se desvíe hacia temas o discusiones irrelevantes o intrascendentes.
Respuestas objetables
Forma de objetar
Esperar la decisión del Juez y sólo si es absolutamente necesario responder
PRINCIPIOS PROCESALES QUE GUÍAN LA OBJECIÓN
Principio de especificidad o concreción
Principio de fundamento correcto
Sanción de inadmisibilidad
Control de admisibilidad de oficio
OBJECIONES A LAS PREGUNTAS
J: Fundada, señor fiscal, sabe que no puedo permitirle preguntar eso.​
Fuente de información: cenitpsicologos.com
Como ya hemos comentado, cuando se habla de agente o perpetrador no se refiere únicamente a personas físicas, sino también a grupos o estructuras, como podría ser por ejemplo el sistema judicial/legal de un país. Es más, es en las instituciones judiciales o, incluso en algunos casos, en los medios de comunicación, donde se produce con más frecuencia este fenómeno (aunque también en el contexto sociosanitario). Otras fuentes agentes podrían ser familiares, profesionales del ámbito educativo, redes sociales, etc.
Según García-Pablos de la Molina, experto penal y criminológico: "La víctima sufre a menudo un severo impacto psicológico que se añade al daño material o físico en que el delito consiste. La vivencia criminal se actualiza, revive y perpetúa en la mente de la víctima. La impotencia ante el mal y el temor a que éste se repita producen prolongadas sensaciones de angustia, ansiedad, depresión, etc."
El abatimiento genera, no pocas veces sutiles y asombrosas reacciones psicológicas, producto de la necesidad de explicar un hecho traumático como el injustamente padecido, que dan lugar a genuinos complejos de culpa, como la propia atribución de la responsabilidad o autoculpabilización. La sociedad misma, de otra parte, estigmatiza a la víctima. La víctima queda “tocada”, es el “perdedor”.
La victimización produce, pues, aislamiento social y marginación que incrementará en lo sucesivo el riesgo de victimización, haciendo más vulnerable a quien padeció los efectos del delito; se cierra así un fatídico círculo vicioso que a corto plazo modifica los estilos y hábitos de vida de la víctima, afecta negativamente a su vida cotidiana y doméstica, a sus relaciones interpersonales, actividad profesional, social, etc."
Conclusión; la revictimización genera fuertes impactos psicosocialesporque remueven las situaciones traumáticas generadas por la violación de la dignidad y de derechos, así como un atentado a la reputación y el honor de la persona. En definitiva, una marcada merma en la calidad de vida y bienestar de la víctima.
Ver en: cenitpsicologos.com/no-revictimizar-a-la-victima-que-es-la-doble-victimizacion-en-los-procesos-judiciales/
Amparo adhesivo y las consecuencias de su omisión
Registro: 2017206
Publicación: viernes 22 de junio de 2018 10:28 h
Tesis: I.6o.T. J/44 (10a.)
AMPARO ADHESIVO. LA OMISIÓN DE PROMOVERLO OPORTUNAMENTE, TIENE COMO CONSECUENCIA LA INOPERANCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGAN VIOLACIONES PROCESALES.
La reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, por lo que se refiere al artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, al establecer que la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, tiene como objeto mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, imponiendo al interesado la carga de invocar las violaciones procesales que, cometidas en el procedimiento de origen, estime que puedan violar sus derechos, de modo que, en un solo juicio queden resueltas las violaciones procesales que puedan aducirse, respecto de la totalidad de un proceso y no a través de diversos amparos, en el entendido de que la falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho para hacerlas valer posteriormente. En ese sentido, los gobernados se encuentran en posibilidad de promover amparo adhesivo ante el órgano colegiado correspondiente quien, en pleno ejercicio de su función jurisdiccional y con base en los criterios que delinean el marco procesal de dicha figura, determinará la procedencia o no de su reclamo, por lo que, de omitir instarlo, no podrán alegar las violaciones procesales en posteriores juicios de amparo al haber operado la preclusión respectiva, pues de hacerlas valer, los conceptos de violación en que se llegaran a plantear resultarán inoperantes.
Ver en: coem.mx/amparo-adhesivo-y-las-consecuencias-de-su-omision/