Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1997-01429-de-febrero-15-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d656e43cceef0194e0430a0101510194&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-16 06:01:13
Document Index: 336475695

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 315', 'artículo 189', 'artículo 115', 'artículo 37', 'artículo 16']

﻿ Sentencia 1997-1429 de febrero 15 de 2012
SENTENCIA 1997-01429 DE 15 DE FEBRERO DE 2012
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS TERRORISTAS. NO LE SON IMPUTABLES AL ESTADO LOS DAÑOS CAUSADOS POR ACTOS VIOLENTOS COMETIDOS POR TERCEROS CUANDO ÉSTOS SON DIRIGIDOS INDISCRIMINADAMENTE CONTRA LA POBLACIÓN, CON EL FIN DE SEMBRAR PÁNICO Y DESCONCIERTO SOCIAL Y NO CONTRA UN OBJETIVO ESTATAL ESPECÍFICO, BIEN O PERSONA, CLARAMENTE IDENTIFICABLE COMO OBJETIVO PARA LOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, TERRORISMO
Sentencia 1997-1429 de febrero 15 de 2012
SUBSECCION B
Rad.: 19971429-01 (22.160) y 19971438-01 (22.218)
Actor: Elsy del Socorro Baena Espinosa y otros
Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y municipio de Medellín
Asunto: acción de reparación directa (apelación)
Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil doce.
La Corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, $ 22.838.300, que era el valor de 2.000 gramos de oro a la fecha de presentación de la demanda, suma que fue solicitada como indemnización por perjuicios morales, para cada uno de los demandantes, supera la exigida para el efecto por aquella norma(1).
2. La existencia del daño
2.1. La muerte de los señores Alejandro de Jesús Isaza Restrepo y Mario Carlos Suárez Marulanda, en hechos ocurridos en la ciudad de Medellín, el 10 de junio de 1995, quedó demostrada con: i) los protocolos de las necropsias médico legales practicadas a los cadáveres por el Instituto de Medicina Legal, en los cuales se concluyó que su muerte fue consecuencia natural y directa de shock traumático, producido por múltiples lesiones, secundarias al estallido de artefacto explosivo (fls. 156, exp. 22.160 y 100-101, exp. 22.218), y ii) los registros civiles de la defunción (fls. 5, exp. 22.160 y 4, exp. 22.218).
2.2. También se acreditó el parentesco que existía entre los fallecidos y los demandantes, así:
2.2.1. Del grupo familiar que demanda por la muerte del señor Alejandro de Jesús Isaza Restrepo: i) la señora Elcy del Socorro Baena Espinosa acreditó ser cónyuge del fallecido, según consta en el certificado del registro civil del matrimonio que celebraron (fl. 16, exp. 22.160); ii) las menores Leydidiana y Lina Marcela Isaza Baena demostraron ser sus hijas y así figuran en los certificados de los registros civiles del nacimiento de éstas (fls. 6 y 7, exp. 22.160); iii) la señora María Concepción Restrepo de Isaza acreditó ser la madre del fallecido, tal como consta en el certificado del registro civil del nacimiento de éste (fl. 4, exp. 22.160) y iv) las señores María Irma, Luz Marina, Mariela de Jesús, Ligia del Socorro, Cecilia y Margarita Isaza Restrepo y los señores Ramón Gildardo, José Rigoberto y Samuel Isaza Restrepo demostraron ser sus hermanos, porque en los registros civiles de todos ellos consta que eran hijos de los mismos padres (fl. 5, 10-15, 105-107 y exp. 22.160).
La demostración del parentesco en el primero y segundo grados de consanguinidad entre los demandantes y el fallecido y del vínculo matrimonial contraído entre el señor Alejandro de Jesús Isaza Restrepo y la señora Elcy del Socorro Baena Espinosa, unidos a las reglas de la experiencia, permiten inferir el dolor moral que los demandantes sufrieron con la muerte del señor Alejandro de Jesús.
2.2.2. Del grupo familiar que reclama indemnización por la muerte del señor Mario Carlos Suárez Marulanda: (i) la señora Sixta Tulia Marulanda de Suárez acreditó ser la madre. Así consta en el certificado del registro civil del nacimiento de aquél (fl. 3, exp. 22.218) y (ii) las señoras Aleida del Socorro, Elvia de Jesús, Adelaida y Diana Catalina Suárez Marulanda demostraron ser sus hermanas. En efecto, en los certificados de los registros civiles del nacimiento del fallecido y de las demandantes consta que eran hijos de los mismos padres (fls. 6-11, exp. 22.218).
La demostración del parentesco en el primero y segundo grados de consanguinidad entre las demandantes y el señor Mario Carlos Suárez Marulanda, unidas a las reglas de la experiencia, permiten inferir el dolor moral que aquéllos sufrieron por la muerte de este.
En cuanto a los señores Juan Carlos y Paola Andrea Suárez Hincapié, quienes adujeron su calidad de sobrinos del señor Mario Carlos Suárez Marulanda, sólo se demostró que éstos eran hijos del señor Jaime de Jesús Suárez (fls. 10-11, exp. 22.218), pero no se acreditó que los señores Jaime de Jesús y Mario Carlos fueran hermanos, lo cual impide tener por demostrado el parentesco entre los demandantes y el fallecido. Pero además, se advierte que aunque se hubiera acreditado ese hecho, el mismo sería en su caso insuficiente para dar por demostrado el perjuicio moral, porque esa inferencia sólo se predica en relación con los parientes de grado más próximo.
Ahora, los señores Gilberto Antonio Vargas Monsalve y Gloria Cecilia Londoño Ossa, aseguraron que eran amigos de la familia de Suárez Marulanda y por eso les constaba que el fallecido era el soporte económico de la familia; que era él quien sostenía a su madre y velaba por sus sobrinos, hijos de su hermano Jaime, fallecido también trágicamente. Sin embargo, los testigos no se refirieron al dolor moral sufrido por los demandantes como consecuencia de la muerte del señor Carlos Mario y no existe ninguna otra prueba en el expediente que demuestre ese hecho.
2.2.3. Está demostrado el perjuicio material en la modalidad de daño emergente sufrido por ambos grupos familiares, así: i) las exequias del señor Alejandro de Jesús Isaza Restrepo fueron canceladas por la señora Elcy del Socorro Baena Espinosa, según consta en la factura expedida por la Funeraria Ser, por $ 743.000, 10 de junio de 1995 (fl. exp. 22.160) y ii) en relación con las exequias del señor Mario Carlos Suárez Marulanda, obra en el expediente factura expedida a nombre de la señora Elvia Suárez Marulanda, por la Funeraria Medellín Ltda, por $ 1.353.000 (fl. 12, exp. 22.218).
2.2.4. En cuanto a los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, en relación con el grupo que reclama perjuicios materiales por la muerte del señor Isaza Restrepo, obra en el expediente la certificación expedida por la administradora del Edificio Cataluña, conforme a la cual el señor Isaza Restrepo laboró en esa propiedad horizontal, por un período de año y medio, con un salario básico mensual de $ 118.933, hasta el día de su fallecimiento (fl. 18, exp. 22.160), certificación que demuestra que aquél desempeñaba una actividad económica que le permitía cumplir con las obligaciones alimentarias que tenía con su cónyuge y sus hijos.
2.2.5. En relación con el señor Carlos Mario Suárez Marulanda, obra en el expediente el testimonio de los señores Fernando Cardona Vanegas, Wilfredo Carmona Gutiérrez, Gilberto Antonio Vargas Monsalve y Gloria Cecilia Londoño Ossa, quienes aseguraron que el fallecido era electricista, lo cual les constaba porque lo habían contratado para realizar obras en sus residencias y que tenían conocimiento de que con sus ingresos éste sostenía a su madre. Los dos últimos testigos aseguraron además que el fallecido sostenía a sus sobrinos.
Ha dicho la Sala en jurisprudencia que se reitera, que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”(2). Además, se ha considerado que cuando se prueba que los padres recibían ayuda económica de sus hijos antes del fallecimientos de éstos, la privación de dicha ayuda tendría un carácter cierto y habría de presumirse que la misma se prolongaría en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que se reunieran algunas circunstancias como la necesidad de los padres, su situación de invalidez, su condición de hijo único, etc.
En el caso concreto no se acreditó que el fallecido tuviera obligación alimentaria con su madre, dado que no se demostró que ésta se hallara en situación de invalidez o abandono, ni que carecieran de recursos para proveerse su propio sustento; en cambio, sí se acreditó que la familia estaba integrada por otras hermanas mayores, a quienes les correspondería en caso de ser necesario, atender a la subsistencia de su madre y, además, no se aplica la presunción de ayuda económica, acogida por la jurisprudencia en relación con los hijos que fallecen antes de cumplir los 25 años de edad, porque al momento del fallecimiento, el señor Carlos Mario tenía 40 años, dado que nació el 24 de marzo de 1955 (fl. 3, exp. 22.160). Por lo tanto, no se considera demostrado el perjuicio señalado en la demanda.
En cuanto a los señores Juan Carlos y Paola Andrea Suárez Hincapié, no señalan los testigos cuál era la ayuda económica que el fallecido les brindaba, ni desde cuándo lo hacía. Además, debe tenerse en cuenta que para la fecha de los hechos (10 de junio de 1995), aquéllos ya eran mayores de edad, porque nacieron, respectivamente, el 11 de octubre de 1971 y el 22 de septiembre de 1976; por lo tanto, aunque el fallecido hubiera contribuido a su manutención cuando aquéllos eran niños, no se acreditaron los hechos que permitan inferir que esa ayuda habría de mantenerse con posterioridad.
3. Las víctimas fallecieron como consecuencia de un acto terrorista
Quedó demostrado que las víctimas fallecieron como consecuencia de un ataque terrorista ocurrido en la ciudad de Medellín, el 10 de junio de 1995. Las circunstancias en las cuales ocurrió ese hecho quedaron consignadas en el boletín de novedades diarias, para la fecha de los hechos, que fue remitido al a quo, por el subcomandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (fl. 126-129, exp. 22.160), en la cual se señaló:
“Explosión, aprensión e incautación de pólvora
100695, a las 21:00 horas en la Cra. 46 o Calle 47 parque San Antonio, sector de Candelaria, cuando realizábase festival “Yo soy Cartagena” fue aprehendido el sujeto de nombre Jhonny Alexander Ospina Blandón…, a quien se le incautó (sic) 4 frascos con pólvora negra y metralla, siendo trasladado a la estación Candelaria y en momentos en que se le interrogaba hizo explosión un artefacto compuesto por 10 kilos de dinamita aproximadamente, con metralla, sistema eléctrico, el cual fue situado en la escultura de Fernando Botero, ubicada en la mencionada plazuela, causando la muerte a las siguientes personas…6) Alejandro Isaza…18) Carlos Mario (sic) Suárez Marulanda…y resultaron lesionadas las siguientes personas…”.
4. Responsabilidad del Estado por actos terroristas
El artículo 90 de la Constitución prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando dichos daños le sean imputables. Conforme a esta norma, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales daños le sean atribuibles(3).
Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia de la Corporación, bajo dos regímenes básicos: de responsabilidad subjetiva por falla del servicio y de responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional. En todos estos regímenes o criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa del daño bien de manera exclusiva o concurrente con la de la víctima o la de un tercero. Tales criterios están vinculados, por supuesto, con el desarrollo mismo del Estado y, por lo tanto, podrían ser diferentes. Sin embargo, en todo caso para poder atribuir al Estado un daño se requiere, conforme al artículo 90 de la Constitución, demostrar que el mismo fue obra del Estado, por haber sido éste su autor, bien por haberlo causado directamente, o por haberlo propiciado.
Los daños antijurídicos causados por terceros ajenos al Estado, en tanto constitutivos de causa extraña, no le son imputables a éste, salvo cuando el hecho del tercero ha sido facilitado por el mismo Estado, por ejemplo, por haber omitido su deber de protección a los asociados o cuando tales daños constituyen la concreción del riesgo creado de manera consciente y lícita por el Estado, por ejemplo, los daños producidos con ocasión de una actuación policiva dirigida a detener a un delincuente que huye armado, o los daños causados a los vecinos de las bases militares o policiales, cuando éstas son atacadas por grupos al margen de la ley, porque si bien dichas bases tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones.
Por lo tanto, los daños sufridos por las víctimas de actos terroristas cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la Administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(4).
También ha determinado la Sala la imputabilidad al Estado por los daños sufridos por quienes son sometidos a la exposición a un riesgo de naturaleza excepcional, creado por la administración en cumplimiento del deber constitucional y legal de proteger a la comunidad en general. Ha dicho la Sala:
“En otros eventos (...) la imputabilidad surge de la creación de un riesgo, que es considerado excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por ésta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”(5).
Para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que éste haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal(6).
Por lo tanto, se ha considerado que no le son imputables al Estado los daños causados por actos violentos cometidos por terceros cuando éstos son dirigidos indiscriminadamente contra la población, con el fin de sembrar pánico y desconcierto social y no contra un objetivo estatal específico, bien o persona, claramente identificable como objetivo para los grupos al margen de la ley. Ha precisado la Sala:
“Si el atentado es indiscriminado, no es selectivo, y tiene como fin sembrar pánico y desconcierto social como una forma de expresión, por sus propias características cierra las puertas a una posible responsabilidad Estatal ya que es un acto sorpresivo en el tiempo y en el espacio, planeado y ejecutado sigilosamente, y por lo mismo, en principio imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública y como ya se ha dicho, los deberes del Estado, que son irrenunciables y obligatorios, no significan que sea por principio omnisciente, omnipresente ni omnipotente, para que responda indefectiblemente y bajo toda circunstancia”(7).
En síntesis, los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno, le son imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia de una falla del servicio de la administración o del riesgo creado por ésta con el fin de cumplir su función de garantizar la vida e integridad de las personas y que el ataque estuvo dirigido concretamente contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo del Estado o de sus Fuerzas Armadas(8).
5. Sobre la imputación de los daños a las entidades demandadas
El daño sufrido por las víctimas se imputa a título de falla del servicio, a: i) la Policía Nacional porque se adujo que esa entidad no prestó el servicio de vigilancia y control, en tanto no acordonó la zona, para efectuar requisas a los que ingresaran y poder detectar así armas, drogas y bombas; además, porque la situación de inseguridad que vivía el país ameritaba medidas excepcionales de seguridad, y ii) al municipio de Medellín, porque a esa entidad le correspondía ejercer control y vigilancia en las festividades públicas, en particular, porque fue quien patrocinó esos eventos. Además, se imputa el daño a ambas entidades públicas a título de daño especial, porque la muerte de los señores Suárez Marulanda e Isaza Restrepo se produjo como resultado del enfrentamiento del Estado con las bandas de narcotraficantes, confrontación que aquéllos no propiciaron.
5.1. Considera la Sala que la muerte de las víctimas, ocurrida como consecuencia de la explosión del artefacto terrorista no es imputable al municipio de Medellín a título de falla del servicio, porque se demostró que la entidad cumplió con las obligaciones que le correspondían al conceder el permiso para la celebración del festival, en el parque San Antonio de esa ciudad, donde ocurrió la explosión.
En efecto, el municipio de Medellín, concedió permiso para realizar un evento cultural, programado por una organización particular y no por la misma entidad pública, como se afirmó en la demanda. Así consta en el oficio dirigido, en respuesta al a quo, por el alcalde de Medellín (fls. 117-118, exp. 22.160), en el cual manifestó que:
“El municipio de Medellín no realizó ningún festival el día 10 de junio de 1995 en las horas de la noche, en el parque San Antonio de esta ciudad.
“Dicho festival, según autorización dada al señor José Pérez, quien fue el particular que realmente lo realizó y organizó a título personal, era el de llevar a cabo un evento artesanal, denominado “Yo soy Cartagena”.
“No obstante que el municipio de Medellín no cuenta y no puede contar, de conformidad con la Constitución Política y la ley, con un cuerpo armado para la prevención del delito, en dicho festival sí se prestó asistencia de vigilancia policiva, de bomberos y de la Cruz Roja, como consta en las diferentes pruebas aportadas en la contestación de la demanda y que aquí quiero ratificar, pues en materia de espectáculos públicos, existe una reglamentación contenida en el Decreto Municipal 043 de 1986, Circular 009 de agosto de 1991 y Decreto 999 de 1992, en los cuales se indican cuáles deben ser los diferentes requisitos que se deben llenar ante la administración municipal antes de celebrarse cualquier evento público, entre los que se destacan que el peticionario o director del evento debe celebrar un contrato de vigilancia con la Policía Metropolitana, presentar una certificación de la prestación del servicio de vigilancia por parte de la Policía Nacional, como efectivamente sucedió…”.
Los hechos aludidos en ese oficio aparecen confirmados con la prueba documental que obra en el expediente, así:
— Copia del escrito dirigido el 30 de mayo de 1995, por el señor José Pérez, organizador del evento, a la secretaría de gobierno municipal, mediante el cual solicitó autorización para la realización del festival “Yo soy Cartagena”, el 10 de junio siguiente, en el parque San Antonio. Se afirmó en esa solicitud que en dicho evento se pretendía dar “información turística, gastronómica y cultural” de esa ciudad y que el mismo contaría “con el apoyo de la Policía” (fl. 81, exp. 22.160 y 77, exp. 22.218).
— Copia del oficio mediante el cual la empresa Parque San Antonio accedió al cambio de fecha del evento, inicialmente programado para el 3 de junio de 1995, conforme a la solicitud formulada por el director del mismo (fl. 83, exp. 22.160).
— Constancia expedida el 24 de mayo de 1995, por el comandante operativo de la Policía Metropolitana, dirigida a la secretaría de gobierno del municipio de Medellín, según la cual el señor José Pérez, director del programa “Yo soy Cartagena”, solicitó el servicio de vigilancia policiva, para la realización de dicho festival (fl. 82, exp. 22.218).
— Copia del oficio mediante el cual la secretaría de gobierno municipal concedió la autorización para la realización del evento. Se dejó consignado en el oficio que se obraba de conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 103 del Decreto 1355 de 1970, o Código Nacional de Policía y recomendaba que los equipos, altoparlantes, altavoces y demás equipos de sonido funcionaran a volumen moderado, para evitar molestias a los vecinos del sector y que se tuvieran en cuenta las restricciones sobre el consumo de alcohol, hechas por los directivos del parque. Consta en el oficio que del mismo se enviaría respuesta al director de la división inspecciones de esa secretaría; a la inspección especial 3B y al comandante de la Policía Metropolitana (fl. 78, exp. 22.160 y 80, exp. 22.218).
— Copia del oficio mediante el cual el departamento de bomberos de la secretaría de gobierno municipal le informó al señor José Pérez que en respuesta a su solicitud de “colaboración para nuestra asistencia al festival como medida preventiva en el aspecto de la seguridad contra emergencias”, el personal de la sección de educación y prevención de esa dependencia realizaría una inspección previa al festival, para verificar el cumplimiento por parte de los organizadores de los requisitos y medidas de prevención y que sus recomendaciones debían ser atendidas por los directivos del festival (fl. 79, exp. 22.160y 84, exp. 22.218).
En síntesis, el 10 de junio de 1995, se llevó a cabo en el parque San Antonio de la ciudad de Medellín un festival cultural y recreativo, programado por un particular, el cual contó con la autorización de la alcaldía. Para obtener el permiso, los interesados demostraron ante la administración municipal haber solicitado a la Policía Nacional que se brindara el servicio de seguridad y también haber dado aviso del hecho a los bomberos, para su asistencia en caso de emergencia.
Conforme a lo previsto en el artículo 315 de la Constitución y la Ley 136 de 1994, el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. Esto significa que debe hacer efectivas las reglamentaciones señaladas en la ley en materia de restricción de libertades, con el fin de preservar la salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad de las personas. De acuerdo con esas mismas disposiciones, la aplicación material de las medidas orientadas a preservar el orden público corresponde a la Policía Nacional.
Partiendo de la distinción que en vigencia de la Constitución de 1886 hizo la Corte Suprema de Justicia, pero adaptándolo a la Constitución de 1991, la Corte Constitucional distingue: i) el poder de policía, que define la producción de las normas generales de limitación de derechos; ii) la función de policía, que corresponde a la toma de decisiones específicas, y iii) la actividad de policía, que es el desarrollo material de las eventuales coacciones. Considera la Sala que esa distinción resulta útil para la resolución del caso concreto y por eso se remite a ella:
“El poder de policía se caracteriza por su naturaleza normativa y por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos de carácter general e impersonal, con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios y dentro de los términos de la salubridad, seguridad y tranquilidad públicas que lo componen.
“Esta facultad que permite limitar en general el ámbito de las libertades públicas en su relación con estos términos, generalmente se encuentra en cabeza del Congreso, quien debe ejercerla obviamente dentro de los límites de la Constitución. Excepcionalmente, también en los términos de la Carta, ciertas autoridades administrativas pueden ejercer un poder de policía subsidiario o residual, como en el caso de la competencia de las asambleas departamentales para expedir disposiciones complementarias a las previstas en la ley.
“La función de Policía es la gestión administrativa concreta del poder de policía, ejercida dentro del marco impuesto por este, ya que la función de policía se encuentra supeditada al poder de policía. Supone el ejercicio de competencias concretas asignadas por el poder de policía a las autoridades administrativas de policía. Dicha función no otorga competencia de reglamentación ni de regulación de la libertad. Su ejercicio compete al Presidente de la República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, y en las entidades territoriales a los gobernadores y a los alcaldes, quienes ejercen la función de policía (C.P., arts. 303 y 315-2), dentro del marco constitucional, legal y reglamentario. La concreción propia de esta función no solamente se presenta en aquellos eventos en los cuales la autoridad administrativa se limita a la expedición de una licencia y que se contraen a la relación directa entre la administración y el “administrado” o destinatario de la actuación, en atención a la definición de una situación concreta y precisa; además, la función de policía también implica la adopción reglamentaria de ciertas prescripciones de alcance local sobre un tema en particular dirigidas a un grupo específico de personas, y de los habitantes y residentes de la localidad, bajo la orientación de la Constitución, la ley y el reglamento superior, de tal manera que la autoridad de policía local pueda actuar ante condiciones específicas, según los términos que componen la noción de orden público policivo y local, lo que le permite dictar normas que regulen aquellas materias con carácter reglamentario y objetivo.
“En síntesis, el ejercicio del poder de policía a través de la ley y del reglamento superior delimita derechos constitucionales de manera general y abstracta y establece las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para garantizar los elementos que componen la noción de orden público policivo, mientras que a través de la función de policía se hacen cumplir jurídicamente y a través de actos administrativos concretos, las disposiciones establecidas en las hipótesis legales, en virtud del ejercicio del poder de policía.
“Finalmente, la actividad de policía se refiere a los oficiales, suboficiales y agentes de policía quienes no expiden actos sino que actúan, no deciden sino que ejecutan; son ejecutores del poder y de la función de policía; despliegan por orden superior la fuerza material como medio para lograr los fines propuestos por el poder de policía; sus actuaciones están limitadas por actos jurídicos reglados de carácter legal y administrativo. Una instrucción, una orden, que son ejercicio concreto de la función de policía, limitan el campo de acción de un agente de policía, quien es simple ejecutor al hacer cumplir la voluntad decisoria del alcalde o inspector, como funcionario de policía. Es una actividad estrictamente material y no jurídica, corresponde a la competencia del uso reglado de la fuerza, y está necesariamente subordinada al poder y la función de policía. Por lo tanto, tampoco es reglamentaria ni reguladora de la libertad”(9).
De acuerdo con esa distinción, corresponde a los alcaldes el ejercicio de la función de policía, esto es, de la gestión administrativa concreta del poder de policía, de acuerdo con la Constitución, la ley y las directrices que en la materia tracen el Presidente de la República y los respectivos gobernadores. La ejecución material de las decisiones concretas que se adopten con el fin de preservar el orden público, corresponden a la Policía Nacional.
Por lo tanto, en relación con el permiso solicitado por el particular para llevar a cabo una actividad cultural en un espacio público, correspondía a la Administración Municipal verificar el cumplimiento de los requisitos que se considerara necesarios para garantizar el orden público, esto es, las condiciones mínimas de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad, para lo cual debía contarse en el evento con apoyo de la Policía Nacional, a quien correspondía prestar la vigilancia y de otras entidades para la atención de una eventual emergencia, requisitos con los cuales cumplió el particular como se acreditó en este caso.
No se demostró en el expediente la existencia de hecho o circunstancia alguna que la administración del municipio de Medellín hubiera debido tener en cuenta para desautorizar el evento o someter su realización a la adopción de medidas de seguridad excepcionales, dado que no está demostrado que en esa ciudad, para la época de los hechos se estuviera atravesando una grave crisis de orden público. Por lo tanto, no existían motivos para obstaculizar la utilización de ese espacio público por la comunidad interesada en asistir al mismo. No debe perderse de vista que tratándose de un parque, su uso es común y por lo tanto, todas las personas tienen derecho a participar en actividades colectivas de su interés y que el acceso a esos espacios sólo puede ser restringido, cuando se haga de ellos un uso desproporcionado, irrazonable y atentatorio de derechos de terceros.
En ese orden de ideas, el daño sufrido por los demandantes como consecuencia de la explosión de una bomba en el parque San Antonio del municipio de Medellín, hecho en el cual perecieron los señores Suárez Marulanda e Isaza Restrepo, no es imputable a dicho municipio, porque no incurrió en acción, u omisión alguna que hubiera dado lugar al hecho. En efecto: el festival no fue organizado, ni patrocinado por el municipio de Medellín, sino por un particular; la entidad verificó el cumplimiento de los requisitos que la ley exigía para la celebración de ese tipo de eventos, tales como la presencia de la Policía Nacional y del cuerpo de bomberos, y el municipio de Medellín no era el encargado de prestar la seguridad en el mismo, ésta correspondía a las autoridades de Policía.
5.2. En cuanto a la Nación-Policía Nacional, considera la Sala que a dicha entidad sí le son imputables los perjuicios sufridos por los demandantes, dado que, si bien se acreditó que la misma prestó el servicio de vigilancia en el evento, lo cierto es que esa función se cumplió de manera deficiente y que fue como consecuencia de esa falla que se produjo el daño. En efecto:
5.2.1. El Decreto 1355 de 1970 —Código Nacional de Policía—, vigente al momento de los hechos, en tanto regula las obligaciones de las autoridades de policía, relacionadas con los espectáculos públicos, guarda armonía con lo dispuesto en los artículos 2º y 218 de la Constitución Política, que en su orden, consagra el deber de todas las autoridades de la República de proteger a las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y dispone que el fin primordial de la Policía Nacional “es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. De los deberes y facultades que corresponde a las autoridades de policía, relacionadas con la seguridad que deben prestar en los espectáculos públicos, se destacan:
“ART. 133.—Corresponde a la policía asegurar el orden en los espectáculos”.
“ART. 134.—Se entiende por espectáculo la función o representación que se celebra en teatro, circo, estadio, plaza, salón o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarlo u oírlo”.
“ART. 140.—La policía intervendrá para garantizar que ninguna persona entre al lugar en donde se celebre un espectáculo sin billete y para que el público respete las indicaciones de porteros y acomodadores”.
“ART. 143.—Los funcionarios de la policía uniformada podrán entrar a los sitios en que se realicen espectáculos en cualquier momento, únicamente para fines del servicio; si lo hacen como espectadores, deberán cumplir con las condiciones exigidas a las demás personas”.
“ART. 144.—El jefe de Policía impedirá la realización de espectáculos en recinto o lugar impropio o que no ofrezca la debida solidez o que no cumpla con los requisitos de la higiene”.
También podrá impedir los espectáculos que sometan a gran riesgo a los espectadores.
Igualmente, se impedirá la ejecución de espectáculos con fines de lucro en los que se exhiban personas con deformaciones o anormalidades.
“ART. 145.—Por motivos de orden público, la policía podrá aplazar la presentación de un espectáculo o suspender su desarrollo”.
De manera reciente, la subsección condenó al Estado por la muerte de un menor, ocurrida durante un espectáculo público, por considerar que en ese evento, la Policía Nacional no había dado cumplimiento a sus obligaciones. Al referirse al contenido de las mismas, señaló:
“… nuestro ordenamiento jurídico, coincidente por demás con el de cualquier régimen democrático, impone a su “cuerpo de Policía” fundamentalmente dos tipos de obligaciones; unas, que nacen específicamente de su función preventiva y que podrían anunciarse afirmando que la policía debe obrar para impedir cualquier alteración del orden de los espectáculos públicos, y las otras, derivadas de su obligación de asegurar que una vez alterado el orden, intervendrá oportuna y eficazmente a fin de que las consecuencias de dicha alteración no acarreen peligros innecesarios para los asociados.
“De las pruebas allegadas al caso sub lite, se establece de manera irrefutable que la policía no dio cumplimiento ni a una ni a otra función. En efecto, los agentes de policía que se encontraban presentes para salvaguardar el orden del estadio y en particular el de la tribuna sur, por cuanto allí, según quedó demostrado, se presentaban repetidamente hechos potencialmente peligrosos, se limitaron a seguir el curso del partido con interés similar al de cualquiera de los espectadores presentes. No existe constancia de que ni antes del evento, ni en el curso del mismo, los agentes de policía tomaran alguna medida que evitara se sucedieran los hechos previsibles que a la postre se presentaron. Esta omisión de parte suya violó el primer contenido obligacional antes descrito. De la misma manera, una vez se presentaron los incidentes, que según se expresó se dieron porque la policía omitió impedir que se dieran, ésta tampoco actuó para restablecer el orden ya alterado o parar mermar o controlar las consecuencias de dicha perturbación. Limitó su función a reforzar su presencia, sin paralelamente prestar profesionalmente el servicio a su cargo. Faltó por ello a su segunda obligación funcional”(10).
5.2.2. En el caso concreto, se acreditó que la Policía Nacional prestó el servicio de seguridad durante el evento que se adelantó en el parque San Antonio, de la ciudad de Medellín.
En relación con la prestación del servicio de vigilancia en el caso concreto, el subcomandante de la estación Candelaria de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en oficio dirigido el 16 de septiembre de 1997 a la Sijín, manifestó que el 10 de junio de 1995, “el señor SV Loaiza Cano Luis Alberto se encontraba de comandante del servicio en el parque San Antonio, quien realizó el dispositivo de seguridad con 19 auxiliares bachilleres que tenía bajo su mando” (fl. 81, exp. 22.10). Obra en el expediente copia de la minuta de vigilancia de los auxiliares bachilleres de la fecha de los hechos, en la cual figuran relacionados los nombres de quienes prestaron ese servicio en el parque de San Antonio, copia que fue autorizada por el comandante de la misma estación (fls. 50-53, exp. 22.218).
En relación con la prestación del servicio en el lugar de los hechos, el subcomandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en respuesta al oficio del a quo (fls. 124-125, exp. 22.160), certificó que:
“…una vez revisados los archivos que reposan en el archivo general de la Policía Metropolitana y de la estación Candelaria…, no se encontró antecedente alguno de persona natural o jurídica que hubiera solicitado al comandante del Departamento de ese entonces y en su defecto a los jefes de las unidades que orgánicamente de él dependen algún servicio policial; pero de todas formas se corrobora a través de fotocopias que cursan como elementos de prueba, del libro de vigilancia de la estación Candelaria, del personal que se dispuso para esa fecha, a fin de cubrir un servicio en el parque San Antonio para ofrecer seguridad a las personas que asistieran a un evento musical, policiales éstos que estaban adolecidos (sic) de las respectivas consignas en el sentido de extremar las medidas de seguridad personales, como también de las personas espectadoras del evento con base en las respectivas requisas” (subraya fuera del texto).
5.2.3. Pero, si bien se prestó el servicio de vigilancia en el lugar de los hechos, lo cierto es que éste fue deficiente. De acuerdo con el boletín de novedades diarias, para la fecha de los hechos, que fue remitida al a quo, por el subcomandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (fl. 126-129, exp. 22.160), el artefacto que explotó en el parque San Antonio de Medellín, el 10 de junio de 1995, que fue situado en la escultura de Fernando Botero, ubicada en el mismo parque estaba compuesto por 10 kilos de dinamita, aproximadamente, con metralla y sistema eléctrico.
Por su tamaño, el artefacto explosivo no podía ser fácilmente encubierto por quienes lo instalaron antes o durante el evento. El mismo estaba compuesto, según el mismo informe oficial, por 10 kilos de dinamita, con metralla, los cuales, además, fueron ubicados justo al lado de la escultura que adornaba la plaza. Por lo tanto, detectar el explosivo sólo hubiera requerido un sencillo control sobre el área del parque, sin que esa actividad implicara adelantar operativo excepcional alguno, ni usar elementos diferentes a la propia observación.
El hecho de que el explosivo hubiera sido instalado justo al lado de la escultura, sin ser advertido por el suboficial al mando o por los auxiliares que lo acompañaban demuestra que el registro de la plaza y el control sobre las personas que ingresaron a la misma fue deficiente. En razón de esas inexcusables fallas en la prestación del servicio, la entidad demandada está llamada a responder por los perjuicios sufridos por los demandantes, como consecuencia de la muerte de los señores Alejandro de Jesús Isaza Restrepo y Mario Carlos Suárez Marulanda, que fue causada como consecuencia de la explosión de dicho artefacto.
Aunque el parque de San Antonio era un espacio abierto, una plaza pública, el sitio estaba delimitado para la realización del evento y por tal razón se había pedido la prestación del servicio de vigilancia a la Policía Nacional. Su función, por lo tanto, debió concentrarse en garantizar la seguridad del lugar, con la ejecución de acciones ordinarias, como las de vigilar que no existieran en ese espacio objetos que pudieran representar peligro para los asistentes y de ejercer un especial control sobre las personas que acudieran al lugar, a fin de evitar que éstas ingresaran elementos con los cuales se pudiera causar daño a los demás.
Es cierto que la entidad demostró haber retenido en el parque al señor Jhonny Alexánder Ospina Blandón, por haberse hallado en su poder “4 frascos con pólvora negra y metralla”, según el informe rendido por el subcomandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (fl. 126-129, exp. 22.160). Pero, de ese hallazgo no se concluye que el servicio de vigilancia se hubiera prestado de manera adecuada, porque, se insiste, del tamaño mismo del explosivo y del lugar donde fue ubicado se infiere que el control sobre los objetos ubicados en la plaza o llevados allí por los asistentes fue deficiente.
5.2.4. No deja de advertir la Sala que, de acuerdo con su jurisprudencia, de la obligación del Estado de brindar protección a todas las personas residentes en el país, no se sigue que deba responder patrimonialmente por todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(11). Esto significa que están limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, porque en relación con el Estado también cabe la máxima de que “nadie está obligado a lo imposible”(12), sin que ello sea óbice para predicar que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en relación con el caso concreto si, en efecto, le fue imposible cumplir las obligaciones que le correspondían, cuando dichas obligaciones estaban dirigidas a evitar la ocurrencia de un daño(13).
La determinación de las obligaciones del Estado en cada caso concreto ha sido objeto de estricta valoración por la Sala en aquéllos eventos en los cuales se le atribuyen los daños causados por terceros, por falta de vigilancia. Se cita por ejemplo, por guardar similitud con el caso que aquí se decide, el análisis realizado en relación con las pretensiones formuladas por los damnificados con el acto terrorista ocurrido 27 de Noviembre de 1989, al interior del avión de la empresa Avianca S.A., HK 1803, que hacía la ruta Bogotá-Cali.
En esa oportunidad se demandó a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil por falla en el servicio de vigilancia en el terminal aéreo. La Sala negó las pretensiones de la demanda, por considerar que en ese caso no era exigible al Estado evitar el daño, pues para la fecha de ocurrencia de los hechos no existía en el mundo aparato capaz de detectar un artefacto explosivo cuya carga fuera el elemento denominado Sentex, sustancia que tampoco era visible por medio de rayos X o revisiones manuales, pues dadas sus características era fácil de ocultar y que, en consecuencia, el Estado no podía exigírsele que ejecutara acciones que estaban por fuera de su alcance:
“A la luz de los anteriores medios probatorios, que son los únicos que obran dentro del expediente, resulta imposible, como ya se anticipó, concluir que hubo falla del servicio. El apoderado de los demandantes, en el escrito en que sustenta el recurso, pone mucho énfasis en la circunstancia de que la policía portuaria no cumplió con lo dispuesto en los artículos primero y segundo del Decreto 263 de 1988, que le asigna la función de vigilancia y control de las instalaciones aeronáuticas, las personas, aeronaves y equipos en los aeropuertos públicos del país, exigiéndole, además, que ha debido tomar medidas preventivas “... para evitar la ejecución de actos terroristas en los aeropuertos, la interferencia ilícita de aeronaves y demás delitos contra la actividad aeronáutica...”. Quien así razona olvida que la Corporación ha predicado, en forma reiterada, que la falla del servicio tiene un universo relativo, pues al Estado no se le puede exigir que, dada la grave situación de orden público, que desde hace muchos años vive el país, se coloque al pie de cada edificio o casa particular, al lado de todos los vehículos utilizados para el transporte aéreo, terrestre o marítimo, al lado de cada ciudadano, agentes del orden para que protejan, con obligación de resultado, sus vidas o bienes. En sentencia de 28 de abril de 1994, expediente 7733, Actor Álvaro Medina Mendoza,... recordaba:
“Desde un punto de vista teórico y manejando ideales, esa era meta que debería alcanzar el llamado Estado social de derecho o Estado de bienestar. Infortunadamente, como lo reconocen sus mismos teorizantes, ello no es posible por las limitantes de orden presupuestal que tienen los países en vías de desarrollo”.
“En la materia que se estudia la Sala reitera la orientación jurisprudencial que se recoge en fallo de tres (3) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1.994), expediente 7310, actor Sociedad Mosquera Rengifo y Cía SCS, ... en la cual y en lo pertinente, se lee:
“El análisis global del material probatorio ilustra inequívocamente que el Tribunal apreció correctamente la situación fáctica. El siniestro de que tratan estas diligencias no puede atribuirse a la administración y, como consecuencia, tampoco cabe deducirle ningún tipo de responsabilidad patrimonial por los mismos, ya que nada indica que hubiera irregularidad, ineficiencia, retardo u omisión en la prestación del mismo, ni siquiera calificándolas como daño especial ni como desequilibrio o rompimiento de las cargas públicas”.
“Como se ha dicho, a las autoridades públicas no puede exigírseles lo imposible, como adoptar medidas fuera de su alcance en cuanto a recursos económicos se refiere para repeler la acción de mentes desquiciadas y criminales; con las limitantes que tiene la administración en países como el nuestro, no se puede pedir que para cada ciudadano o frente a cada bien que pudiera resultar vulnerado, se disponga de un agente policial o vigilancia especial con el objeto de contrarrestar las [sic] atentados de la delincuencia organizada, so pena de resultar comprometida la responsabilidad patrimonial de la administración”(14).
Pero, la situación en este caso concreto es otra, porque, se reitera, para detectar el artefacto de considerable volumen, ubicado en lugar visible del parque no era necesario el uso de ningún instrumento sofisticado. Hubiera bastado la mera observación del sitio y el control sobre las personas que ingresaran al mismo para evitar el hecho en el que perdieron la vida los señores Isaza Restrepo y Suárez Marulanda.
En conclusión, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes, por no haber adoptado medidas ordinarias pero eficaces, para garantizar la seguridad de las personas que concurrieron al evento público, como era su deber, en los términos de la Constitución Política y del Decreto 1355 de 1979, que como antes se señaló, consagran el deber de las autoridades de policía, como de las demás autoridades públicas, de proteger a todas las personas residentes en el país en su vida, honra, bienes y demás derecho y libertades, y en particular, de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de esos derechos y libertades, debiendo adoptar en relación con los espectáculos públicos, las medidas necesarias para evitar la causación de daños a sus asistentes.
5.2.5. Adujo la entidad demandada que el hecho era imputable únicamente a los terceros, quienes actuaron en forma contraria al orden social y causaron el acto terrorista, el cual no era previsible.
En relación con la situación de orden público que se vivía en la ciudad de Medellín para el momento de los hechos, el subcomandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en respuesta al oficio del a quo (fls. 124-125, exp. 22.160), certificó que para el mes de junio de 1995, en el municipio de Medellín se gozaba de una completa tranquilidad; que la comunidad asistía a toda clase de eventos sociales y no eran en ningún momento víctimas de atentados terroristas.
Debe tenerse en cuenta que la respuesta anterior proviene de la misma entidad demandada en este proceso, por lo tanto, sus afirmaciones son en este caso objeto y no medio de prueba. En consecuencia, es necesario revisar la información contenida en los oficios remitidos por las demás autoridades públicas, con el fin de establecer cuál era realmente la situación de orden público que se vivía en la ciudad de Medellín.
El director seccional del Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, en Antioquia, en respuesta al oficio del a quo (fls. 123-124, exp. 22.160), manifestó que para la época de los hechos, la situación de orden público en Medellín estaba medianamente afectada, por la guerra declarada por el Estado en contra de los narcotraficantes de Cali; que en meses anteriores se habían presentado otros hechos terroristas, por parte de los subversivos y de los narcotraficantes; sin embargo, añadió que de acuerdo con los informes de inteligencia, no se preveía un hecho como el ocurrido.
En la respuesta al oficio del a quo, dada por el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional (fl. 112, exp. 22.160), se afirmó que la situación de orden público para el día de los hechos era normal y que no existía información alguna sobre un posible hecho terrorista en el parque de San Antonio.
En el oficio remitido por el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército al segundo comandante del Ejército Nacional, el 5 de noviembre de 1999 (fl. 140, exp. 22.160), se dejó constancia de que en los archivos de la entidad no se halló solicitud de alguna autoridad, de vigilancia especial para cubrir el festival que se organizó, ni obraba antecedente que demostrara que se hubiera adoptado alguna medida de carácter preventivo. Se aclaró que los eventos públicos que se desarrollaban en el área urbana de Medellín los cubría el Departamento de Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, salvo que mediara solicitud de alguna autoridad civil, que ameritara la presencia de unidades del Ejército.
El oficio remitido por el director de inteligencia del Ejército al jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Defensa, el 4 de mayo de 1998 (fl. 142, exp. 22.160), en la cual manifestó que no se tenían informaciones sobre la posible ejecución de atentados terroristas en particular, pero que ésta era una de las tácticas utilizadas frecuentemente por las organizaciones narcoterroristas Farc y ELN, para demostrar su capacidad bélica.
De acuerdo con estas pruebas, considera la Sala que en efecto no se demostró que, por las circunstancias de orden público que se vivían en la ciudad de Medellín para la época de los hechos, fuera previsible la comisión de un acto terrorista, durante la realización de un evento cultural y recreativo. Sin embargo, esa verificación no impide imputar el daño al Estado, porque, como ya se señaló, esa atribución no se fundamenta en el reproche a las autoridades de policía por no haber adoptado medidas extraordinarias, idóneas para enfrentar un hecho terrorista, sino por la omisión de las medidas ordinarias, necesarias para garantizar la seguridad de las personas que acudieran al evento.
Aunque no fuera previsible la comisión de un hecho terrorista en el lugar, no podían las autoridades de policía perder de vista que ese espacio podía ser aprovechado por los delincuentes para cometer ilícitos. Por lo tanto, sus obligaciones primordiales eran las de realizar un adecuado registro del sitio y de las personas que acudieran al evento, para evitar que se introdujeran allí elementos con los cuales se pudiera causar daño a los demás. Sin embargo, ese control fue inadecuado e insuficiente, lo cual quedó en evidencia al verificar que el artefacto que explotó tenía aproximadamente 10 kilos de dinamita y que fue ubicado junto a la escultura del maestro Fernando Botero, que ocupaba un lugar destacado en el parque y por lo tanto, pudo ser advertido sin mayor esfuerzo.
Como antes se señaló, los daños antijurídicos causados por terceros, en tanto constitutivos de causa extraña, no le son imputables al Estado, salvo cuando éste ha facilitado la causación del daño, al omitir su deber de protección de los asociados y en el caso concreto, si bien es cierto que la causa inmediata de los daños fue un evento terrorista, indiscriminado, cometido por terceros, éstos se atribuyen a la entidad demandada, porque fue como consecuencia de las fallas en la prestación del servicio de vigilancia, que los mismos se produjeron.
6. La indemnización del perjuicio
6.1. Los perjuicios morales
En las demandas acumuladas se solicitó una indemnización equivalente a 2.000 gramos de oro, a favor de cada uno de los demandantes.
La Sala accederá al reconocimiento de la indemnización por perjuicios morales, a favor de los demandantes en relación con los cuales, bien directamente, o por inferencia, quedó acreditado el daño, como antes se señaló. Para establecer el valor de la indemnización por este concepto, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en la sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, en la cual se fijó en salarios mínimos legales mensuales vigentes el valor del perjuicio moral, abandonando así el criterio de aplicación extensiva de las normas que sobre la materia se habían adoptado en el Código Penal, por considerarlo improcedente y para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 16 de la ley 446 de 1998 y 178 del Código Contencioso Administrativo, que ordenan la reparación integral y equitativa del daño y la tasación de las condenas en moneda legal colombiana, respectivamente. Así:
6.1.1. Para el grupo familiar que demanda por la muerte del señor Alejandro de Jesús Isaza Restrepo, se reconocerán: i) cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de cada una de las siguientes personas: la cónyuge del fallecido, señora Elcy del Socorro Baena Espinos; sus hijas, las señoras Leydidiana y Lina Marcela Isaza Baena y su madre, la señora María Concepción Restrepo de Isaza, y ii) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de cada una de las hermanas del fallecido, señoras María Irma, Luz Marina, Mariela de Jesús, Ligia del Socorro, Cecilia y Margarita Isaza Restrepo y de cada uno de sus hermanos, señores Ramón Gildardo, José Rigoberto y Samuel Isaza Restrepo.
6.1.2. Para el grupo familiar que reclama indemnización por la muerte del señor Mario Carlos Suárez Marulanda, se reconocerán: i) cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la madre del fallecido, la señora Sixta Tulia Marulanda de Suárez, y ii) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada una de sus hermanas, las señoras Aleida del Socorro, Elvia de Jesús, Adelaida y Diana Catalina Suárez Marulanda.
6.2. Los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente
Está demostrado el perjuicio material en la modalidad de daño emergente sufrido por ambos grupos familiares, correspondiente a los gastos que realizaron por las exequias de las víctimas y, por lo tanto, se accederá a su indemnización, por los valores acreditados, indexados a la fecha de esta sentencia, así:
6.2.1. Por las exequias del señor Alejandro de Jesús Isaza Restrepo, la señora Elcy del Socorro Baena Espinosa canceló $ 743.000, el 10 de junio de 1995. Ese valor indexado a la fecha de esta sentencia equivale a $ 2.727.641, según el siguiente cálculo:
6.2.2. Por las exequias del señor Mario Carlos Suárez Marulanda, se reconocerá a favor de la señora Elvia Suárez Marulanda, $ 1.353.000, pero se actualizará a la fecha de la sentencia, conforme al siguiente cálculo:
6.3. Los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante
Como antes se señaló, este perjuicio sólo fue acreditado por el grupo familiar que demanda por la muerte del señor Alejandro de Jesús Isaza Restrepo. La liquidación se hará con las siguientes bases:
i) La indemnización se hará a favor de la señora Elcy del Socorro Baena Espinosa, por el término de 37.70 años (452.4 meses), que corresponden a la vida probable del señor Alejandro de Jesús Isaza Restrepo, dado que éste nació el 22 de febrero de 1956 (fl. 4, exp. 22.160) y, por lo tanto, para la fecha de los hechos (10 de junio de 1995), tenía 39.3 años; en tanto que la demandante, nacida el 12 de abril de 1962, según consta en el registro civil de su nacimiento (fl. 8, exp. 22.160), tenía para el momento de los hechos 33.1 años y una vida probable de 44.89 años (538,68 meses), esto es, superior a la del fallecido.
ii) La indemnización a favor de Leydidiana Isaza Baena se hará por 167.5 meses que es el tiempo que le faltaba, el día de los hechos, para cumplir 25 años de edad, porque nació el 26 de mayo de 1984 (fl. 6, exp. 22.160). La indemnización a favor de Lina Marcela Isaza Baena se hará por 192,8 meses, que era el tiempo que le faltaba para cumplir 25 años, dado que nació el 4 de julio de 1986 (fl. 7, exp. 22.160).
iii) Se acreditó que para el momento de los hechos, el fallecido recibía un salario mensual de $ 118.933; pero, como ese valor actualizado a la fecha de la sentencia equivale a $ 436.617, esto es, a un valor inferior al salario mínimo legal mensual, se tomará este último como renta para la liquidación del lucro cesante, esto es, $ 566.700, suma que se incrementará en un 25%, por prestaciones sociales, para un monto de $ 708.375. De ese valor se deduce el 25%, que se presume que la víctima dedicaba a su propia subsistencia ($ 177.093). Por lo tanto, la renta que se tendrá en cuenta para la liquidación será de $ 531.281, de los cuales el 50% corresponde a la renta base para la liquidación del perjuicio padecido por la cónyuge, es decir $ 265.640 y el 50% restante se divide en partes iguales para cada una de las hijas, lo cual corresponde a $ 132.820.
Se aplicarán las fórmulas financieras adoptadas por la Corporación.
i) Indemnización para la señora Elcy del Socorro Baena Espinosa:
Indemnización consolidada o histórica:
S = Es la indemnización a obtener
Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 265.640
i = Interés puro o técnico: 0.004867
n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 10 de junio de 1995, hasta la fecha de la sentencia, esto es, 200,4 meses.
Indemnización futura:
Que abarca el tiempo calculado para la indemnización total (452.4 meses meses), menos el tiempo reconocido por indemnización vencida (200,4 meses), esto es, por 252 meses.
Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 265.640
n = Número de meses que comprende el período indemnizable: 252
Total lucro cesante a favor de la señora Elcy del Socorro Baena Espinosa: $ 89.828.555 + $ 38.522.657 = $ 128.351.212.
ii) Indemnización para la señora Leydidiana Isaza Baena:
Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 132.820
n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 10 de junio de 1995, hasta la fecha en que la demandante cumplió 25 años de edad (26 de mayo de 2009), esto es, 167,5 meses.
iii) Indemnización para la señora Lina Marcela Isaza Baena:
n = Número de meses que comprende el período de la indemnización: desde el día de ocurrencia del hecho: 10 de junio de 1995, hasta la fecha en la que la el demandante cumplió 25 años de edad (4 de julio de 2011), esto es, 192.8 meses
REVOCÁNSE las sentencias recurridas, esto es, las proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Caldas-Chocó-Sala de Descongestión-Sala Quinta de Decisión, el 02 de marzo de 2001 y por el Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Tercera de Decisión, el 10 de julio de 2001 y, en su lugar, se DECIDE:
1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte de los señores Alejandro de Jesús Isaza Restrepo y Mario Carlos Suárez Marulanda, ocurrida el 10 de junio de 1995, en el municipio de Medellín, Antioquia.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se condena a la Nación colombiana - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar las siguientes cantidades:
A. Para el grupo que demandada por la muerte del señor Alejandro de Jesús Isaza Restrepo:
1. Por perjuicios morales: para cada una de las señoras Elcy del Socorro Baena Espinosa, Leydidiana Isaza Baena, Lina Marcela Isaza Baena y María Concepción Restrepo de Isaza: cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y para cada uno de los señores María Irma, Luz Marina, Mariela de Jesús, Ligia del Socorro, Cecilia, Margarita, Ramón Gildardo, José Rigoberto y Samuel Isaza Restrepo: cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente: para la señora Elcy del Socorro Baena Espinosa dos millones setecientos veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos ($ 2.727.641).
3. Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante: para la señora Elcy del Socorro Baena Espinosa: ciento veintiocho millones, trescientos cincuenta un mil doscientos doce pesos ($ 128.351.212); para Leydidiana Isaza Baena: treinta y cuatro millones doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos pesos ($ 34.254.692), y para Lina Marcela Isaza Baena, cuarenta y dos millones, doscientos noventa y ocho mil quinientos treinta y siete pesos ($ 42.298.537).
B. Para el grupo que demandada por la muerte del señor Mario Carlos Suárez Marulanda:
Por perjuicios morales: cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la señora Sixta Tulia Marulanda de Suárez, y cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada una de las señoras Aleida del Socorro, Elvia de Jesús, Adelaida y Diana Catalina Suárez Marulanda.
2. Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente: para la señora Elvia Suárez Marulanda: cuatro millones novecientos sesenta y siete mil veintitrés pesos ($ 4.967.023).
3. DENÍEGANSE las demás pretensiones de la demanda.
4. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
6. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase los expedientes al tribunal de origen.
(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 1997 tuviera vocación de segunda instancia ante esta Corporación era de $ 13.460.000.
(2) Ver, por ejemplo, sentencia del 12 de julio de 1990, expediente 5666, C.P. Julio César Uribe Acosta.
(3) Se reiteran los planteamientos esgrimidos en las sentencia de la Sección Tercera de octubre 1º de 2008, expediente 16920 y junio 9 de 2010, expediente 18536, ambas con ponencia de quien proyecta este fallo.
(4) Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sección Tercera de 11 de diciembre de 1990, expediente 5417, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de marzo de 1991, expediente 5595, C.P. Julio César Uribe Acosta; 19 de agosto de 1994, expediente 9276 y 8222, C.P. Daniel Suárez Hernández; 2 de febrero de 1995, expediente 9273, C.P. Juan de Dios Montes; 16 de febrero de 1995, expediente 9040, C.P. Juan de Dios Montes; 30 de marzo de 1995, expediente 9459, C.P. Juan de Dios Montes; 27 de julio de 1995, expediente 9266, C.P. Juan de Dios Montes; 6 de octubre de 1995, expediente 9587, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 14 de marzo de 1996, expediente 11038, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 29 de agosto de 1996, expediente 10949, C.P. Daniel Suárez Hernández y 11 de julio de 1996, expediente 10822, C.P. Daniel Suárez Hernández, entre otras.
(5) Sentencia del 10 de agosto de 2000, expediente 11518, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; en el mismo sentido, sentencia del 18 de octubre de 2000, expediente 11834, C.P. Alier Hernández.
(6) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, expediente 7577, C.P. Julio César Uribe Acosta.
(7) Sentencia de 27 de enero 2000, expediente 8490, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. En igual sentido, sentencias de 15 de marzo de 1996, expediente 9034, C.P. Juan de dios Montes; 28 de abril de 1994, expediente 7733, C.P. Julio César Uribe Acosta; 17 de junio de 1993, expediente 7533, C.P. Julio César Uribe Acosta; de 13 de mayo de 1996, expediente 10627, C.P. Daniel Suárez Hernández, 5 de septiembre de 1996, expediente 10461, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros 10 de agosto de 2000, expediente 11585, C.P. Alier Hernández; 21 de febrero de 2002, expediente 13661, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 20 de mayo de 2004, expediente 14405, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.
(8) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, expediente 8577, C.P. Julio César Uribe Acosta.
(9) Sentencia C-825 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
(10) Sentencia de 30 de enero de 2012, expediente 22.318, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En este mismo sentido, la Subsección C, condenó a las entidades estatales demandadas por la muerte de una persona ocurrida durante un espectáculo público. Al referirse a la responsabilidad patrimonial del Estado por las fallas en la prestación de los servicios a su cargo, señaló: “Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad. Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía”. Sentencia de 7 de abril de 2011, expediente 20.750, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(11) Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, expediente 11.585.
(12) Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, expediente 5737, dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible”. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1977 en donde dijo: “Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio”. (Expediente 1564, actor: Flota la Macarena, Anales, segundo semestre 1977, pág. 605). Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta que “la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones”, ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub lite, la consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando una parte importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa), pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse para justificar una indefensión de la administración al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de derecho”.
(13) En sentencia de 14 de mayo de 1998, expediente 12.175, dijo la Sala: “...si bien es cierto esta corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del Estado social de derecho no es posible responsabilizar al Estado Colombiano por todo tipo de falencias que las circunstancias de pobreza del país evidencian en multitud de casos “pues el juez tiene que ser consciente de la realidad social en que vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o conceptos políticos o jurídicos”, de allí no puede seguirse, como corolario obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa, libera a éstas de su eventual responsabilidad. Dicho en otros términos, no es aceptable que frente a situaciones concretas de peligro para los ciudadanos, estudiadas y diagnosticadas de vieja data, pueda invocarse una suerte de exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia presupuestal”.
(14) Sentencia de 11 de mayo de 1995, expediente 10.176, C.P. Julio César Uribe Acosta. Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 10 de marzo de 2000, expediente 16.231, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.