Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/56933
Timestamp: 2019-11-17 21:01:50
Document Index: 209103519

Matched Legal Cases: ['artículo 123', 'artículo 3', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 40', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 11']

Gaceta: LXII/3SPR-23/56933
DICTAMEN CONJUNTO DE DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDOEN RELACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS Y LOS DERECHOS LABORALES DE LOS MAESTROS EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen diversas proposiciones con punto de acuerdo en relación a los derechos de las niñas y niños y los derechos laborales de los maestros en el sistema educativo.
1. Con fecha 17 de junio de 2015, el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita un Dialogo Nacional por la Educación, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. Con fecha24 de junio de 2015, el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara integrante de la agrupación MORENA y el Senador Manuel Bartlett Díaz miembro del Partido del Trabajo, se solicita al gobernador del estado de Veracruz asistir a una reunión de trabajo para que informe sobre la implementación de la evaluación educativa en su entidad, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
3. Con fechade 8 de julio de 2015, el Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta su pleno respaldo a la Secretaría de Educación Pública en la coordinación de los procesos de ingreso a funciones docentes, de promoción a cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, para repudiar las acciones de violencia suscitadas el pasado fin de semana en Chiapas.
4. Con fecha8 de julio de 2015, de la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, al Gobernador del Estado de Chiapas, alInstituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a las Instancias de Seguridad Pública Federal y del Estado de Chiapas, para que garanticen la seguridad y dignidad de los maestros que presenten las evaluaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
5. Con fecha 29 de julio de 2015, del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la creación de un fondo especial para terminar con el rezago en infraestructura y equipamiento de las escuelas más marginadas del país.
6.- Con fecha 29 de julio de 2015, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que solicita elevar la eficiencia terminal como parte de la reforma educativa.
1.- Del Senador Armando Ríos Piter, en relación al punto de acuerdo por el que convoca a un Dialogo Nacional por la Educación, señala expresamente en sus consideraciones:
“El pasado 3 de junio, se presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, mediante el cual se solicitó: “La comparecencia del titular de la Secretaría de Educación, Emilio Chuayffet Chemor y de la Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Sylvia Irene Schmelkes del Valle, con el objeto de explicar las razones de la suspensión del proceso de evaluación e informar los avances de la implementación de la reforma educativa, respectivamente”. Dicha solicitud se derivó del comunicado No. 129, emitido el 29 de Mayo de 2015, por la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, anunciando la suspensión indefinida de los procesos de evaluación educativa por tener “nuevos elementos a considerar en el proceso”.
El 8 de Junio de 2015, el Secretario de Educación, dio a conocer un comunicado sobre el mismo tema, dirigido al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el que informó:
Que “los procesos de evaluación habrán de seguir durante el resto del sexenio como una herramienta fundamental de la Reforma Educativa y que esta decisión se tomó con la finalidad de salvaguardar los derechos de los participantes en los concursos a nivel nacional……”
Advirtió, “que respetarían las fechas marcadas por el INEE, que no hay ni suplantación de facultades, ni detención de las reformas, ni mucho menos el deseo de cancelar la evaluación porque, sin ella, no habría Reforma Educativa”.
En conclusión señaló que, “el boletín obedeció a dos razones: una de carácter técnico por no contar con los lugares para practicar el proceso de evaluación y por no contar todavía totalmente con las computadoras y la conectividad necesaria. Y otra, de carácter político, que nos exigía mantener una extrema prudencia para no vulnerar el desarrollo de un proceso electoral trascendente para el país”.
El punto central que originó este debate, es el comunicado que suspendió la evaluación educativa, ante lo cual ya hubo una respuesta de titular de la SEP, sin embargo, ante la próxima comparecencia del Secretario Emilio Chuayffet Chemor, no es posible concentrar la discusión en este tema, cuando hay otros más importantes, que mantienen al tema educativo en una grave crisis en nuestro país.
El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad ante la falta de capacidad para resolver un conflicto magisterial que lleva meses activo en el país, que viola derechos de una generación entera de infantes. No podemos tener desatendido y mal capacitado a uno de los gremios más importantes para el desarrollo de una nación, así mismo, hay que trabajar para erradicar toda práctica de corrupción que inunda su vida sindical.
Para arreglar el conflicto que hoy detiene las clases en las aulas, paraliza el tráfico en las calles, afecta la actividad productiva y empobrece con cada día de paro el futuro de la infancia y la juventud de este país, el primer paso es considerar a la mayor prioridad de cualquier sistema educativo: los alumnos.
El conflicto magisterial nos involucra a todos los aquí presentes, de alguna u otra forma, podemos considerarnos parte de las y los maestros de México. Nosotros enseñamos con cada acción que tomamos y con cada inacción también. Somos referentes para muchos. Especialmente para las niñas y los niños que nos rodean.
Es momento de poner en el centro de la mesa a la infancia y la juventud de México y a la calidad de la educación pública a la que tienen acceso. Hay que buscar que nuestros alumnos tengan una educación que sea competitiva a nivel internacional. Que les agregue valor a sus vidas y que se traduzca en oportunidades de progreso en lo individual y también en lo colectivo; en las comunidades y en el país. Hay que reivindicar el papel del docente como centro del sistema educativo con mejores prestaciones y una vida digna.
La preocupación en el tema no es menor, de acuerdo al Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) de 2000 a 2012:
En todas las ediciones de la prueba PISA, el país obtuvo la calificación promedio más baja entre los países de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias.
Los alumnos mexicanos obtuvieron un puntaje promedio en matemáticas de 413 (promedio OCDE: 493). A pesar de dicho avance, el porcentaje de alumnos mexicanos por debajo del nivel de suficiencia (nivel 2) sigue siendo notoriamente alto (55 por ciento contra 23 por ciento en promedio en países OCDE y 40 por ciento en promedio para países con niveles de ingreso per cápita similar a los de México).
México no sólo está lejos del promedio de la OCDE (13%) y en los últimos lugares, sino que está por debajo de su desempeño esperado dado su nivel de ingreso, gasto y características del sistema educativo. De acuerdo con el estudio, dadas sus características económicas, México debería tener 7% en los niveles 5 y 6.
Con estas prioridades, frente al conflicto magisterial necesitamos regresar al diálogo, necesitamos foros de entendimiento y necesitamos también traer más actores a la mesa. Hay que representar a todas las partes interesadas y que somos parte en el conflicto.
Uno de los objetivos centrales de estas mesas debe ser el tema de las evaluaciones que, como lo sostuve al momento de la aprobación de la reforma educativa, deben incorporar el contexto geográfico y socioeconómico que enfrentan maestros, alumnos y padres de familia en las diversas escuelas que existen en México. Insisto nuevamente, si no tomamos estos factores en cuenta, entonces caeremos en el riesgo de que las evaluaciones sean entendidas como un instrumento de discriminación y castigo laboral, y no como instrumentos para medir el desempeño, la calidad educativa y apoyo a los docentes en su crecimiento profesional.
Tenemos que sentarnos a dialogar como legisladores, como padres de familia, tienen que estar los funcionarios del INEE, los directores de las escuelas, las organizaciones de padres de familia que son los primeros interesados, las ONG´s en materia educativa, tienen que estar sentados las y los líderes que representen la reserva intelectual del país, para que sean los testigos sociales de este proceso.
Frente a esta realidad de atraso generalizado en educación pública y de desarrollo regional tan dispar, reitero mi llamado a un Foro Nacional para un Nuevo Entendimiento sobre la Educación en México, que esté fundamentado en una metodología de solución de conflictos y que tenga como sede el Senado de la República, como símbolo del Pacto Federal y de un acercamiento de responsabilidad compartida para resolver el futuro de nuestro país a través de su infancia y juventud, y la calidad de la educación que reciben.”
“ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un diálogo entre autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil, profesores, representantes de padres de familia y las fuerzas políticas, para resolver el conflicto magisterial y garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Reforma Educativa, con el fin de salvaguardar el derecho de las niñas y los niños de acceso a la educación, de reconocer y apoyar al personal docente que cumple con sus responsabilidades y fortalecer al sistema nacional de educación.”
2. Del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara integrante de la agrupación MORENA y el Senador Manuel Bartlett Díaz, por el que solicita al gobernador del estado de Veracruz asistir a una reunión de trabajo para que informe sobre la implementación de la evaluación educativa en su entidad, los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:
“El 2 de diciembre de 2012, PRI, PAN y PRD firmaron con el Presidente dela República lo que se conoció como el Pacto Por México, que contenía un conjunto de reformas a la Constitución y a la legislación secundaria, redactadas fuera de las Cámaras del Congreso y a espaldas de la representación popular. Antes que ser un ejercicio democrático de concertación el Pacto se convirtió en el instrumento de Enrique Peña Nieto para legitimar sus acciones de gobierno. La primera gran reforma impulsada desde el Pacto contra México fue la educativa, que no contó con el consenso ni el respaldo de la mayoría de los docentes.
El argumento que se esgrimió entonces fue que el Congreso de la Unión, atendiendo a la necesidad de los mexicanos para obtener una educación de calidad debía legislar para modificar los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma,la cual fue promulgada por el Ejecutivo Federal el 26 de febrero de 2013, contempló como eje principal implementar el servicio profesional docente, con la finalidad de fijar a nivel nacional las bases de ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el servicio educativo; estableciéndose, según sus promotores, como elemento primordial la evaluación en dicha actividad, a fin de contribuir a incentivar el desarrollo profesional del mismo, y así alcanzar una educación de calidad. Al introducir la disposición de sujetar el resultado de la evaluación a la permanencia, quienes impulsaron y aprobaron los cambios constitucionales, dieron un duro golpe al principio de estabilidad en el empleo, previsto en el Apartado B del artículo 123 constitucional, y por el que se rigen las relaciones laborales de los trabajadores de la educación, como entonces lo hicieron notar los diputados que militan hoy en MORENA. Ese es el origen de las protestas magisteriales que desde aquellas fechas se realizan en diversas partes del país.
Así, la Constitución establece que el sistema educativo evalúe los conocimientos y las aptitudes del docente activo o del aspirante, regulándose bajo el sistema de valoración las promociones en función del conocimiento, aptitudes y antigüedad que reconozcan la labor de los encargados de la enseñanza de nuestros niños y jóvenes. En la Carta Magna se dio origen al servicio profesional docente, generándose no una reforma educativa sino laboral-administrativa, para dotar, según se dijo, de transparencia el ingreso, la promoción y la permanencia de los docentes en servicio, así como para crear una institución autónoma: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Según los cambios introducidos en la Constitución,éste que tiene entre sus fines garantizar la prestación de servicios educativos de calidad con fundamento en el interés superior de la niñez, a través de ceñir su operación a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, lo cual se complementó con la posterior publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y con la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE), a las que también se opuso MORENA.
Sin embargo, a pesar de lo estipulado en las leyes antes enunciadas, emitidas por el Congreso de la Unión, el pasado 29 de Mayo de 2015, la Secretaría de Educación Pública, de manera inesperada, y a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, anunció en el comunicado 129 la suspensión indefinida de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en la Educación Básica y Media Superior por tener “nuevos elementos a considerar en el proceso”. Esta decisión reflejaba la inviabilidad de aplicar la reforma, sobre todo en las entidades donde existe una fuerte protesta magisterial, y atentaba contra la autonomía del INEE, lo que provocó protestas airadas de distintos sectores.
Una vez pasadas las elecciones, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, ofreció una conferencia de prensa para“garantizar” la aplicación de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en el magisterio, como una herramienta fundamental de la reforma educativa, según dijo. De acuerdo conel calendario pactado entre la SEP y el INEE,los días 20 y 21 de junio se dio inicio con dicha evaluación. No obstante, surgieron problemas en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán que pusieron en tela de juicio dicho ejercicio, lo que ha motivado la solicitud de que los gobernadores de las mencionadas entidades informen a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre los problemas que están enfrentado la reformas para su aplicación.
En el marco del proceso de evaluación docente, los maestros de la SNTE del estado de Veracruz se sometieron a la aplicación de la Evaluación para la Promoción a Funciones de Dirección, Supervisión Escolar y Asesoría Técnica Pedagógica. A pesar de que las autoridades educativas de la entidad reportan avances, nosotros dudamos de que los haya, pues la evaluación diseñada desde las reformas legales tiene un carácter punitivo que la vicia de origen.
Al ser evaluados un total de mil 989 maestros veracruzanos de los dos mil 214 registrados no dudamos de la convocatoria, más bien nuestras interrogantes tienen que ver con el uso que se le pretender dar a sus resultados, por lo que creemos conveniente invitar a una reunión de trabajo al gobernador de Veracruz, con el objeto de que nos informe, al igual que lo harán los gobernadores de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán en días próximos, así como de las dificultades que está teniendo en la entidad la aplicación de la reforma educativa.
Para MORENA uno de los temas más importante de las familias mexicanas gira alrededor del futuro educativo de sus hijos, de la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida a partir del esfuerzo y la preparación.
El debate de la calidad educativa es un tema que va más allá de las posiciones ideológicas de los partidos políticos, la educación de nuestros hijos es uno de los pilares del pacto social alcanzado por el Constituyente de 1917, solicitado por la clase trabajadora y asumido como una prioridad por José Vasconcelos, como una condición fundamental para mantener la salud del tejido social de la República. En este sentido consideramos que es indispensable que el gobernador de Veracruz informe a está soberanía, el estado que guarda el programa de evaluación docente.”
“ÚNICO.- La comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, asista a una reunión de trabajo para que informe, de manera pormenorizada, sobre el estado que guarda la evaluación educativa en la entidad, derivada de las reformas constitucionales y legales en la materia.”
3. Con fechade 8 de julio de 2015, el Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta su pleno respaldo a la Secretaría de Educación Pública en la coordinación de los procesos de ingreso a funciones docentes, de promoción a cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, para repudiar las acciones de violencia suscitadas el pasado fin de semana en Chiapas, el legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones:
“El fin de semana pasado se llevaron a cabo los concursos de oposición para el ingreso a funciones docentes y técnicos docentes, así como para la promoción a cargos de dirección (directores, subdirectores y jefes de departamento de las escuelas), supervisión y asesoría técnica pedagógica en la Educación Media Superior en 29 entidades federativas. [*]
La Secretaría de Educación Pública informó que el total de participantes programados fue de 40 mil 672:
36 mil 263 para ingreso a funciones docentes y técnico docentes fueron;
4 mil 409 participantes para promoción;
3 mil 703 a cargos de dirección
475 a cargos de supervisor,
y 231 a asesoría técnica pedagógica.
La participación contabilizada durante la jornada de dos días fue de 29 mil 831 sustentantes, equivalente al 73.3 por ciento.
Junto con los concursos de oposición para promoción en Educación Básica se llevaron a cabo los días 20, 21 y 22 de junio, conforme el calendario establecido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se avanza un palmo más para la concreción de uno de los pilares de la Reforma Educativa, que es la evaluación docente.
Desafortunadamente, como todos sabemos, este proceso no ha estado exento de escollos. En el proceso de evaluación de los días 20 a 22de junio, a petición de los gobiernos de los estados de Michoacán y Oaxaca, debió reprogramarse el proceso, al no reunirse las condiciones de certidumbre que garantizaran el proceso, mismo que a la fecha ha sido repuesto. Asimismo, fue preciso que en Chiapas, igualmente, ante hechos de violencia, fuera necesario posponer la aplicación de los exámenes a 294 participantes.
No obstante que en términos globales es digno de reconocerse el éxito del proceso, debemos hacer un alto para manifestar nuestra indignación por los hechos de violencia acaecidos el pasado fin de semana y que escapan, bajo cualquier óptica, a toda consideración comprensiva de la normal conflictividad de un proceso de este tipo.
Como todos sabemos, en el estado de Chiapas, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación golpearon, amenazaron y raparon a los docentes que acudieron a realizar un examen de promoción, hechos ante los que, desde luego, manifestamos nuestro repudio.
Acompañamos el señalamiento enérgico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al condenar las agresiones a aspirantes de los procesos de evaluación en Chiapas.
Semejantes acciones son indignas, vergonzosas e impropias de miembros del magisterio.
Saludamos el anuncio de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al ratificar su disposición de proteger la integridad de los sustentantes, y recalendarizar las evaluaciones donde no haya las condiciones para la aplicación de los instrumentos de evaluación y de procurar las condiciones para garantizar que todas las personas registradas ejerzan su derecho a ser evaluados. [*]
La violencia es injustificable en el contexto de una labor encaminada a dignificar una función sustantiva del Estado.
En ese tenor, consideramos necesario que esta Comisión Permanente se manifieste en apoyo de las autoridades encargadas de conducir el proceso y de preservar el orden, así como su completo rechazo de las acciones de violencia.
La Reforma Educativa avanza; de ella haya claro mensaje y testimonio.”
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, manifiesta su pleno respaldo a la Secretaría de Educación Pública en la coordinación de los procesos de ingreso a funciones docentes y técnicos docentes, así como para la promoción a cargos de dirección supervisión y asesoría técnica pedagógica y su repudio a las acciones de violencia suscitadas el pasado fin de semana en Chiapas.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un atento llamado a las autoridades del gobierno del Estado de Chiapas a actuar con prontitud para investigar y castigar a los responsables de estas agresiones.”
4.- De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por el que exhorta a las autoridades garantizar la seguridad y dignidad de los maestros que presenten las evaluaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Servicio Profesional Docente, señala expresamente en sus consideraciones:
“Con la reforma a los artículos 3o. y 73, fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se consolidaron entre otros aspectos, la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria que se imparte en el país, así como la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad y confirió su coordinación al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Ésta reforma, en la fracción IX del artículo 3o. contempló la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como un organismo constitucional autónomo, con el objeto de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa; correspondiendo al Instituto, evaluar la calidad, el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Dicho Instituto tiene el mandato legal de expedir los lineamientos a los que deben sujetarse las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, así como generar y difundir información y con base en ello entre otros.
El 11 de Septiembre del 2013, se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
En su articulado, específicamente en el artículo 29, fracciones I y II, de la Ley General de Educación, se establece la obligación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de fungir como autoridad en materia de evaluación educativa, coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y emitir los lineamientos a que se sujetarán todas las Autoridades Educativas para realizar las evaluaciones que les correspondan en el marco de sus atribuciones.
Atendiendo a lo anterior, en diciembre de 2014, el Instituto, tomando en cuenta las observaciones y sugerencias realizadas por las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados, publicó el Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del Servicio Profesional Docente 2015-2020 (PMPSPD 2015-2020). Como instrumento de planeación, el PMP-SPD 2015-2020 plantea, entre sus metas anuales y para cada uno de los procesos de evaluación en el año 2015, la publicación del calendario anual de actividades para la implementación de dichos procesos.
En cumplimiento de este compromiso, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicó el Calendario, en el cual se precisan las acciones que deberán realizarse durante el 2015 así como la distribución de responsabilidades entre las autoridades competentes para desarrollar las evaluaciones establecidas en la legislación correspondiente.
A este proceso y convocatoria, han acudido miles de maestras y maestros en todo el país, así como quienes aspiran a incorporarse al servicio educativo, creo que ante esta justa aspiración, es responsabilidad del Estado el garantizar su seguridad e integridad física, así como el respeto a su dignidad personal.
La reforma educativa es un proceso que sin duda requiere un análisis permanente, y la vertiente de la evaluación exige a las autoridades, contar con elementos para brindar el apoyo y las herramientas necesarias a los docentes que obligatoriamente deberán acudir a realizarla, sin embargo, la falta de información y el ambiente en el que se han dado en diversas entidades de la República y en el estado de Chiapas, no les garantiza a los docentes acudir en un ambiente de tranquilidad.
Los hechos recientes son inaceptables y las imágenes de las que fue testigo la sociedad no deben repetirse, es responsabilidad del estado y de la federación, generar las condiciones para que la evaluación se realice en un clima de seguridad y certeza.
Con el presente punto de acuerdo me sumo a las voces que exigen el respeto a la dignidad de los maestros y maestras de México, quienes en uso de su derecho y libertad acuden con responsabilidad a los centros en los que se desarrolla la evaluación tanto para el ingreso como para quienes por sus méritos aspiran a cargos directivos.”
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, al Gobernador del Estado de Chiapas, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a las Instancias de Seguridad Pública Federal y del Estado de Chiapas, para que garanticen la seguridad y dignidad de los maestros que presenten las evaluaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado, a que asuma su responsabilidad y tome las medidas necesarias para el respeto del estado de derecho y se den las condiciones de tranquilidad para la realización de los procesos de la evaluación establecidos por el INEE.”
5. Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la creación de un fondo especial para terminar con el rezago en infraestructura y equipamiento de las escuelas más marginadas del país, donde expresamente pone en sus consideraciones:
“El 16 de julio de 2015, con la presencia del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, dieron inicio una serie de reuniones de trabajo con gobernadores de diferentes Estados, denominadas “Mesas de Análisis Intergubernamental” de la Reforma Educativa, organizadas por la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente.
Después de la primera reunión, se tomaron medidas importantes que provocaron reacciones polémicas a favor y en contra, una de ellas, fue la trasformación de fondo que ofreció el Gobernador de Oaxaca, en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Existen antecedentes que dan evidencia de actos de corrupción que involucran a miembros del sindicato y a funcionarios públicos, en desvíos de recursos destinados al sector educativo:
En el mes de mayo de 2014, la organización Mexicanos Primero, dio a conocer que a nivel nacional “cada año se pagan de forma irregular 35 mil millones de pesos a comisionados, aviadores y líderes sindicales, es decir 95 millones de pesos diarios”del presupuesto educativo.
El 1 de abril de 2015, se dieron a conocer por parte del Secretario de Educación Pública, Lic. Emilio Chuayffet Chemor y el Titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Dr. Eduardo Sojo Garza-Aldape, los resultados del censo educativo que fue aplicado del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2014 con una participación del 90.6% de los centros escolares (Existen 270,000 Centros) a excepción de Chiapas, Oaxaca y Michoacán que no respondieron. En este informe, mencionaron que “en México hay 1,949,105 trabajadores de la Educación; de los cuales 1,128,319 plazas de maestros son ocupadas por 978,118 personas que laboran como profesores frente a grupo; 30,195 gozan de comisión o licencia; y 39 mil 222 más, no son conocidos en el centro de trabajo donde están inscritos”.
Lo más reciente, es que en la nómina del IEEPO cobraban aviadores: políticos, funcionarios y líderes sindicales, que entre enero y marzo de 2015, tan sólo en tres meses, cobraron más de 916 mil pesos.
Lo que sucede en el estado de Oaxaca, es una situación que se repite en Guerrero, Michoacán, Chiapas y todas las entidades del país, en mayor o menor proporción.Lo grave del problema, es que independientemente que un estado tenga mayor o menor desvío de recursos o lo utilizan para pagos indebidos, esta situación de corrupción es insostenible presupuestalmente.
Es urgente un diagnóstico oficial por parte de las autoridades involucradas (SHCP, SEP, Gobiernos Estatales), acerca de irregularidades que se han venido dando para informarle a la ciudadanía el monto real de estos recursos que tienen un uso indebido, fincar responsabilidades y destinarlos a la creación de un fondo especial para terminar con el rezago en infraestructura y equipamiento de las escuelas más marginadas del país. Dicho diagnóstico debe contener las acciones, plazos y montos necesarios para terminar con el rezago en esta materia.
De todos es sabido que miles de escuelas, principalmente, en las zonas rurales y de más alta marginación del país, carecen de infraestructura y equipamiento, desde aulas, sanitarios, bardas perimetrales, explanadas cívicas, techumbres, mobiliario, hasta herramientas de nuevas tecnologías como computadoras y/o tabletas electrónicas.
La política educativa, debe garantizar condiciones de infraestructura igualitarias a todos los alumnos del país; espacios educativos dignos construidos con recursos que actualmente son desaprovechados por prácticas corruptas, bien canalizados lograrían reducir la brecha de desigualdad y contribuirían a una mejor formación de jóvenes y niños de las regiones con mayor rezago.
Un diagnóstico oficial, nos permitirá hacer estimaciones de las acciones que se podrían lograr con los recursos recuperados, por ejemplo: con costos actuales en el mercado, podemos estimar que por cada $612,560.00 que sean recuperados, podríamos construir un aula equipada con pizarrón, escritorio y silla para el profesor, sillas y computadoras, para 30 alumnos cada uno.
Queda claro, que la sana implementación de la reforma educativa, depende de información transparente, delimitación de responsabilidades y de una relación de respeto conciliada entre los órdenes de gobierno y el sindicato, con la finalidad de separar las labores sindicales de las funciones que corresponden a la autoridad.
Debemos generar las condiciones para una nueva relación, no politizada entre gobierno y magisterio, con un objetivo común: mejorar la calidad educativa. Para ello es indispensable el saneamiento de las finanzas estatales en torno a las nóminas, que permitan la conciliación de todos los trabajadores del sector educativo, para garantizar la sostenibilidad financiera en la implementación de la reforma educativa y los emolumentos a los maestros que hoy no tienen certeza de pago.
No podemos permitir, que la educación sea un rehén político; debemos pugnar para que sea utilizada como una herramienta de progreso de las personas y de las naciones.”
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitala creación de un Fondo Especial para terminar con el rezago en infraestructura y equipamiento de las escuelas más marginadas del país, derivado de un diagnóstico que realicen la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos estatales sobre desvíos de recursos destinados a la educación, que incluya acciones, plazos y rubros precisos para terminar con los rezagos en esta materia.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita se realice una mesa de trabajo entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y entidades federativas que permita la conciliación de las nóminas de todos los trabajadores del sector educativo, para garantizar la sostenibilidad financiera de la implementación de la reforma educativa y el pago a los maestros que hoy no tienen certeza de pago.
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita revisar y restructurar las atribuciones y responsabilidades de los miembros de los Institutos o Secretarías de Educación en las Entidades Federativas, con la finalidad de separar las labores sindicales de las funciones que corresponden a la autoridad, es decir, que los líderes sindicales hagan vida sindical y los funcionarios cumplan únicamente con actividades relativas a sus atribuciones.”
6.- De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que solicita elevar la eficiencia terminal como parte de la reforma educativa, señala expresamente en sus consideraciones:
“La reforma en materia educativa tiene como principal propósito mejorar la calidad de la educación en nuestro país, a fin de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
El texto constitucional refiere que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodoseducativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos; y que ésta será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos.
Aunado a lo anterior, la Ley General de Educación añade otros fines de la educación, entre los que se encuentran: favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos y mejorar la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables; impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal y nacional; y promover y fomentar la lectura y el libro.
A mayor abundamiento, el artículo 8, fracción IV, define que la calidad en la educación se entenderá como la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.
A pesar de lo anteriormente señalado, la postura de la autoridad educativa parece tender más a satisfacer los indicadores de eficiencia terminal que a cumplir con la finalidad y objetivos primordiales de lo que persigue la reforma, y que es precisamente,la calidad educativa.
Ejemplo de lo anterior es el estudio “Habilidades lingüísticas de los estudiantes de primer ingreso a las instituciones de educación superior. Área metropolitana de la Ciudad de México”, realizado a petición de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
El citado estudio revela que 65% de los estudiantes de primer ingreso a la educación superior no conocen a fondo la lingüística del español, sólo 9% tienen un dominio adecuado de la ortografía y la acentuación y 43.2% carece de estrategias para dar forma a un texto. Dichos datos muestran una formación precaria en los niveles previos a la universidad.
Dicha investigación señala que los estudiantes de universidades privadas registran mejores resultados, ya que provienen de hogares con mayores ingresos económicos, donde se lee más y se fomenta la educación bilingüe o trilingüe. Esta situación pone en evidencia la inequidad en el derecho a la educación de calidad establecida en el precepto constitucional.
Según el numeral 68 de las Normas de Control Escolar 2014-2015,referente a la evaluación de la comprensión lectora, se menciona que el objeto de que el maestro lleve un registro de la comprensión de leer y escribir de los alumnos es sólo con fines informativos y no determinarán por sí mismos la promoción de grado.
Más grave aún resulta lo que dispone el numeral 73.2.1 de las normas referidas, al señalar que“la acreditación del primer grado de la educación primaria se obtendrá por el solo hecho de haberlo cursado”.
Estas disposiciones fueron probablemente planteadas con la intención de contribuir a elevar la eficiencia terminal. Sin embargo, lo que se ha conseguido es que los alumnos no tengan un aprovechamiento acorde a sus capacidades al no exigírseles ningún esfuerzo para aprender.
Los docentes se enfrentan entonces a una situación que frustra su intención de conseguir un mayor aprendizaje y aprovechamiento escolar, debido a que los alumnos no cuentan con los conocimientos necesarios para pasar de grado.
En Nueva Alianza comprendemos los obstáculos que enfrenta las y los docentes, ya que por más que se esmeren en su labor, si los alumnos no cuentan con las herramientas elementales, como son leer y escribir, es muy difícil lograr los fines de la educación de calidad que se busca con la reforma constitucional y normativa en la materia.
Estamos convencidos de que la eficiencia terminal no debe ir en detrimento del aprovechamiento escolar. No se puede fomentar la lectura si a los niños se les pasa de grado aunque no sepan leer.
Disminuir las exigencias para la promoción de grado no contribuye en modo alguno a una verdadera calidad de la educación.
A los maestros se les exige que mejoren sus capacidades y cumplan con los criterios evaluativos que marca la ley, pero si se les permite a los alumnos arrastrar deficiencias y limitaciones desde la educación preescolar y primaria, el esfuerzo del docente se vuelve estéril porque es muy difícil que el alumno alcance su potencial en grados subsecuentes.
Por ello no es vana la inquietud de los maestros respecto a la impresión que colegas y superiores puedan tener de su desempeño profesional, dada la mala preparación que puedan mostrar los alumnos que no cuentan con las capacidades para un grado escolar más avanzado y que no debieron pasar de año.
El numeral 74.2.2.2 de las Normas de Control Escolar SEP 2014-2015 dice que será promovido quien “obtenga un promedio mínimo de 6.0 en el grado cursado, aún si no acredita el total de asignaturas”.
El último párrafo de éste numeral señala que “Cuando un alumno no se encuentre en alguno de los supuestos anteriores, podrá ser promovido al siguiente grado o retenido en el mismo grado, según lo determine conveniente el docente. En caso de que el docente determine la promoción del menor, está podrá condicionarse a la suscripción por parte de los padres de familia o tutores de los compromisos necesarios para brindar apoyo al menor, por medio de laCARTA COMPROMISOprevista en el Anexo 13 (modelo sugerido) que incluya un plan de trabajo extraescolar con estrategias pedagógicas para apoyar el aprendizaje del alumno en el siguiente grado [*]”.
Esta idea de brindar apoyo al menor por medio de una carta compromiso resulta poco realista y contraproducente para el aprendizaje del educando, dado queel hecho de que firmen la referida carta compromiso, no conduce a una certeza de que éste recibirá la atención que un maestro puede ofrecerle en el aula.
Ahora bien, según este modelo de promoción, no es posible retener a un alumno, sin importar sus deficiencias en el aprovechamiento; lo anterior debido a que la educación primaria está divida en dos periodos de educación básica, del primero a tercer grado y de cuarto a sexto grado, y las normas refieren que un docente podrá tomar la decisión de “no promover” a un niño “por una sola vez en durante el segundo periodo de la educación básica”.
Con la nueva flexibilidad para la promoción de grado no solo se está vulnerando la labor de los docentes al desestimar su criterio, también, y más grave aún, es el hecho de que los niños y niñas del país están egresando de la educación básica con deficiencias que los colocan en una situación de desventaja en el momento de su ingreso a la educación superior y esas mismas deficiencias se verán reflejadas en la falta de oportunidades para su desarrollo laboral; como lo muestra claramente el estudio citado anteriormente.
La finalidad de la reforma educativa es muy clara en sus objetivos. Si lo que se busca es una educación de excelencia, los criterios de evaluación, en lugar de disminuir, deberían elevar su nivel.
Por esta razón, para Nueva Alianza es de la mayor trascendencia que la eficiencia terminal vaya de la mano con el aprovechamiento de los educandos; de otro modo, las cifras de egreso serán mayores, sin duda, pero no contribuirán a cumplir con los objetivos que la Constitución y la reforma educativa persigue.”
“PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a promover políticas y programas a fin de fortalecer la eficiencia terminal, sin afectar el aprovechamiento escolar, para con ello contribuir a la verdadera calidad educativa.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a revisar las Normas de Control Escolar del próximo periodo 2015-1016, a fin de que se dé una mayor importancia al aprovechamiento para la promoción de grado, y con ello, contribuir efectivamente en el cumplimiento delos fines que persigue la reforma educativa.”
I. Que con fecha 26 de febrero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de evaluación docente.
II. Que el citado Decreto dispone en la fracción III del artículo 3º que “la ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.
III. Que a partir de la reforma, el mismo precepto constitucional establece en su fracción IX la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo público autónomo al que corresponderá evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, para lo cual deberá, entre otras cosas, “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”.
IV. Con fecha 11 de septiembre de 2013 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación sendos decretos por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente; por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación, todos reglamentarios de la reforma constitucional citada.
V. Que en los ordenamientos citados se establecen y emiten las disposiciones para la puesta en marcha del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y del Servicio Profesional Docente, mediante un esquema de distribución de competencias en diversas materias, entre las que destacan el diseño e implementación de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio educativo, y su vinculación con la formación continua y desarrollo profesional, así como el reconocimiento y el estímulo de los docentes en servicio. Asimismo incorpora la Participación Social en la Evaluación.
Así, el Sistema Nacional de Evaluación y el Servicio Profesional Docente, se incorporan como componentes que como una parte esencial pero no total del Sistema Educativo Nacional. En el Sistema destacan también los mecanismos de coordinación entre el Instituto y autoridades educativas federales y de las entidades federativas. Desde los instrumentos para el intercambio de información y experiencias, como es la Conferencia; hasta los esquemas de coordinación para el desarrollo de los procesos de evaluación, que coordina el INEE mediante lineamientos y bajo una programación compartida con la Secretaría de Educación Pública.
VI. Que, como es del conocimiento público, los procesos de implementación de la reforma constitucional en materia educativa y sus leyes reglamentarias han sido accidentados. Su desarrollo ha transitado en medio de un complejo contexto social y político que ha oscilado desde la protesta social organizada, incluido el cuestionamiento por la vía jurisdiccional en distintas etapas, hasta la negociación y la toma de decisiones gubernamentales de las diversas autoridades educativas que inciden en dichos procesos.
VII. Que a más de dos años de la reforma constitucional en la materia, es oportuno que el Legislador federal conozca de parte de las autoridades involucradas en las distintas tareas que, de manera coordinada, comprenden los procesos de implementación de las disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión, con la finalidad de contar con una visión integral de la problemática, retos, necesidades y perspectivas que enfrenta la implementación de los instrumentos legislativos generados como parte de una reforma educativa integral aún en ciernes, y está en su obligación brindar la información que demanda la sociedad y ofrecer certeza y seguridad a los actores involucrados con el objetivo de mejorar la calidad del sistema educativo.
VIII. Que la discusión de esta temática con la autoridad educativa federal así como con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se ha desarrollado ya por vía del ejercicio de potestades constitucionales de esta Soberanía.
VIII.- Que los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos con el espíritu que motiva las proposiciones de mérito. Así mismo, recordamos que los hechos que sustentan el contenido de las proposiciones en análisis han derivado en una profunda revisión de los hechos públicos e históricos al interior de la Segunda Comisión y del Pleno de la Comisión Permanente alrededor de la implementación de la reforma educativa a tal grado que se convirtió en un tema central de los trabajos legislativos.
IX.- A partir de la suspensión de la evaluación docente en fecha previa del proceso electoral y la reconsideración por parte de las autoridades competentes, la Segunda Comisión ha realizado sendos debates legislativos, ha convocado a través de la Comisión Permanente a dialogar con los legisladores, con fecha 23 de junio de 2015, al titular de la Secretaria de Educación Pública y a los integrantes de la Instituto Nacional para la Evaluación Docente.
X.- Es importante recordar que de acuerdo al Artículo 40 Constitucional, el Congreso de la Unión ni la Comisión Permanente en consecuencia, tiene facultades para citar a comparecer a Gobernadores de las entidades federativas, sin embargo, por oficio político, y como un espacio republicano de dialogo sobre un tema de relevancia nacional, la Comisión aprobó un acuerdo el pasado 7 de julio de 2015, para establecer una “Mesa de Análisis Intergubernamental” con relación a los procesos de implementación de las reformas constitucional y legal en materia educativa entre los distintos órdenes de gobierno, la creación de un espacio público entre la representación del Congreso de la Unión y los gobernadores para establecer un dialogo sobre los retos de la implementación de la reforma educativa, a la convocatoria emitida tuvo respuesta del Lic. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador del Estado Libre de Oaxaca, el16 de julio de 2015 y del Lic. Rogelio Ortega, Gobernador del Estado Libre de Guerrero, el pasado 23 de julio de 2015.
XI.- En relación a la segunda proposición del Senador Armando Ríos Piter, por el que se solicita la creación de un fondo federal para abatir el rezago en infraestructura escolar, esta dictaminadora coincide plenamente con el promovente en mejorar las condiciones de estudio de millones de estudiantes, así como salvaguardar los derechos de los docentes en el proceso de implementación y operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Esta dictaminadora considera que a partir de la publicación de laLey General de la Infraestructura Física Educativa en 2008,y de la reforma al artículo 7 en 2014, donde se estableció que la infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios–, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional.
La Reforma Constitucional en materia educativa mandató la modificación al marco jurídico, con la finalidad de, entre otros aspectos, “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.”
En este sentido, la Ley General de Educación, incorpora como componente constitutivo del Sistema Educativo Nacional la infraestructura educativa e incorpora los componentes definidos en el marco constitucional.
Con este objetivo, a partir del año 2014 se crea el Programa Escuelas de Excelencia para abatir el rezago educativo, mismo que, el 1º de septiembre del mismo año se transforma en el Programa de la Reforma Educativa, a través del cual se busca atender el rezago en las condiciones físicas de los inmuebles escolares con el fin de mejorar la operación de las escuelas públicas de educación básica y fortalecer la autonomía de gestión escolar, como lo mandata la Reforma Constitucional.
Dicho Programa se suma al denominado “Escuelas Dignas”, a través del cual, a partir del diagnóstico y la elaboración de proyectos de mejora en los planteles educativos de educación básica que así lo requieran, se otorgan subsidios para la rehabilitación de los planteles escolares.
Asimismo, el Programa “Escuelas de Calidad”, creado a partir del ciclo escolar 2001-2002 como una iniciativa de reforma de la gestión institucional y escolar para superar los diversos obstáculos para mejorar el logro educativo, ha brindado subsidios para atender los rezagos en la construcción, mantenimiento y equipamiento de los espacios escolares públicos; y coadyuvar a fortalecer acciones orientadas a transformar la gestión escolar.
El Programa de Rehabilitación de Planteles Escolares “Escuelas Dignas” es el proyecto por el que a través de un diagnóstico se evalúa y programan proyectos de mejora de los planteles educativos que así lo requieran, en el nivel básico o en su caso media superior y superior; con la finalidad de que éstos obtengan la certificación a través del cumplimiento de los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Los planteles beneficiados son aquellos que presenten mayores condiciones de rezago, y serán atendidos hasta que sus condiciones físicas sean susceptibles a la certificación de “Escuela Digna” que emite el gobierno federal.
Dentro de los Lineamientos Generales para la operación, aplicación de recursos, sistema de seguimiento, rendición de cuentas, y transparencia del Programa Escuelas Dignas 2015, se establece que la infraestructura física educativa requiere actualización y mantenimiento, así como la incorporación de elementos que se derivan de los avances tecnológicos que facilitan e impulsan la tarea pedagógica, por lo que no es suficiente contar con la infraestructura física necesaria, sino que ésta se actualice y se adecúe a efecto de dignificar las tareas del docente y particularmente el desarrollo de los alumnos en espacios que cuenten con las mejores condiciones tal como lo marcan los componentes del Programa "Escuelas Dignas".
El responsable de la implementación del Programa es el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), el Programa de rehabilitación y mantenimiento escolar "Escuelas Dignas", conjuntamente con instancias estatales competentes en la materia y con la participación responsable de la sociedad civil y padres de familia, que se verán beneficiadas con las acciones a realizar.
Este Programa funciona a partir de la aplicación de un subsidio federal, en espacios educativos, a efecto de optimizar las condiciones físicas de los planteles con que se cuenta, sujetando las acciones y sus resultados a una Certificación. Los actuales lineamientos junto con el Manual de Operación tienen por objeto definir los criterios de aplicación, erogación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los subsidios federales autorizados, a fin de contar con espacios físicos educativos dignos y actualizados, de acuerdo al artículo 11 del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Es importante mencionar que para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se tienen destinados dentro del Programa presupuestario U074 Escuelas Dignas, la cantidad de $3,330,000,000.00 (tres mil trescientos treinta millones de pesos).
Sin embargo, para el año fiscal 2016, el dato del presupuesto para Escuelas Dignas no es punto de referencia, ya que de acuerdo con la estructura programática remitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco del proceso de planeación del Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, que se construye bajo el enfoque “Base Cero”, se prevé la fusión de los Programas Escuelas de Calidad, Escuelas Dignas y Programa de la Reforma Educativa para convertirse en un solo Programa Presupuestario que tendrá la denominación de “Programa de la Reforma Educativa.”
Clave Pp 2015
Nombre Pp 2015
Clave Pp 2016
Nombre Pp 2016
En relación al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y en el marco de la obligación de asignar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para tal efecto, se han celebrado convenios entre las entidades Federativas, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para conciliar y efectuar el pago de las nóminas del Sector Educativo, sin embargo, al haberse incumplido las disposiciones establecidas en los tiempos dispuestos por la Ley de Coordinación Fiscal 2015, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 estableció en su Transitorio Sexto la salvaguarda para aquellas entidades federativas que no concluyeron en proceso, sin que hasta el momento el Congreso de la Unión cuente con información fidedigna que dé cuenta del grado de avance del mismo.
En relación a propuesta que pronunciamiento por el que “La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita revisar y restructurar las atribuciones y responsabilidades de los miembros de los Institutos o Secretarías de Educación en las Entidades Federativas, con la objeto de separar claramente las labores sindicales de las funciones que corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos que bajo a rectoría y responsabilidad del Estado Mexicano para hacer cumplir fehacientemente con el interés público y lo que marca la Ley.” Las leyes reglamentarias de los Artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen con puntualidad las obligaciones y atribuciones de las autoridades educativas y el tratamiento que debe otorgarse a cualquier tipo de comisión o encargo que acepten los docentes. Planteado en los términos en que se redacta el resolutivo, quedaría sin materia.
Con estos antecedentes y con el fehaciente conocimiento por los integrantes de esta Segunda Comisión que la implementación de la reforma educativa para lograr sus objetivo será un proceso de varios años, se manifiesta por salvaguardar los derechos de las niñas y los niños para acceder a un educación de calidad, por transparentar el uso de recursos públicos destinados al sector educativo, por reconstruir el dialogo en tiempos estridentes para la vida nacional entre autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil, profesores, representantes de padres de familia y las fuerzas políticas, para resolver el conflicto magisterial y garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Reforma Educativa, y sobre todo, reconocer y apoyar al personal docente que cumple con sus responsabilidades y fortalecer al sistema nacional de educación.
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los legisladores de la LXIII Legislatura a vigilar el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la Reforma Educativa, con el fin de salvaguardar el derecho de las niñas, niños y jóvenes, reconocer y apoyar la labor de los docentes en estricto respeto a sus derechos humanos, laborales y profesionales y fortalecer al Sistema Educativo Nacional; para lo cual se sugiere propiciar los espacios de diálogo que, en su caso, resulten necesarios, en los que se involucre la participación de todos los actores interesados en el proceso educativo.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que en la programación y presupuestación anual del gasto público, a partir del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se considere el incluir asignaciones presupuestales que permitan abatir por completo las insuficiencias y rezagos en materia de infraestructura, equipamiento, disposición de materiales educativos y resolver problemas de operación básicos que persisten en las escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional. Asimismo solicita un informe a la Secretaría de Educación Pública sobre el avance para atender las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación entorno a los Programas Escuela Digna y Escuelas de Calidad, en un plazo no mayor a 15 días.
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la SEP que informe, en un plazo no mayor a quince días, el estado que guarda el proceso de conciliación de plazas/horas establecido en el artículo Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013.
CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública un informe pormenorizado del estado que guarda el proceso de armonización y/o adecuación de la Reforma Educativa con las respectivas Legislaciones de los Estados de la República Mexicana, así como los avances y retos que enfrenta cada entidad federativa en el proceso de cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes reglamentarias de los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a promover políticas y programas a fin de fortalecer la eficiencia terminal, sin afectar el aprovechamiento escolar, para con ello contribuir a la verdadera calidad educativa.
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de agosto del año 2015.
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que convoca a un diálogo nacional por la educación de las niñas y niños.
Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de Veracruz asistir a una reunión de trabajo para que informe sobre la implementación de la evaluación educativa en su entidad.