Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-620-de-junio-30-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f59af034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-19 02:33:14
Document Index: 387655472

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 241', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 104']

﻿ SENTENCIA C-620 DE JUNIO 30 DE 2004
SENTENCIA C-620 DE 30 DE JUNIO DE 2004
CONTENIDO:JURADOS DE VOTACIÓN. NOTIFICACIÓN. SE ENTENDERÁ NOTIFICADO EN LUGAR PÚBLICO, AQUEL SITIO DE AMPLIO CONOCIMIENTO PARA LA CIUDADANÍA, SEÑALADO CON ANTERIORIDAD A LA FIJACIÓN DE LAS LISTA DE JURADOS DE VOTACIÓN, DE FÁCIL Y EXTENSO ACCESO, DE COMÚN AFLUENCIA Y QUE EN CONCURRENCIA CON LAS ANTERIORESPERMITA QUE LOS CIUDADANOS SELECCIONADOS COMO JURADOS DE VOTACIÓN CONOZCAN, CON LA ANTELACIÓN INDICADA EL PRECEPTO JURÍDICO, SU DEBER CONSTITUCIONAL. SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE APARTES DEL ARTÍCULO 105 DEL DECRETO 2241 DE 1986.
TEMAS ESPECÍFICOS:JURADO DE VOTACIÓN, DESIGNACIÓN DE JURADO DE VOTACIÓN, SANCIONES AL JURADO DE VOTACIÓN, SORTEO DEL JURADO DE VOTACIÓN, DEBERES DEL JURADO DE VOTACIÓN, NOTIFICACIÓN AL JURADO DE VOTACIÓN
Sentencia C-620 de junio 30 de 2004
Sentencia C-620 de 2004
Ref.: Expediente D-4992
Demandante: Hernán Darío Velásquez Gómez.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 105 (parcial) del Decreto 2241 de 1986.
Bogotá, D.C., junio treinta de dos mil cuatro.
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 35.571 del 1º de agosto de 1986 y se resalta lo demandado
en uso, de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 96 de 1985, previo dictamen del Consejo de Estado,
ART. 105.—El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva, que hará el Registrador del Estado Civil o su delegado diez ( 10 ) días calendario antes de la votación.
Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurados de votación o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñen, si fueren empleados oficiales; y si no lo fueren, a una multa de cinco mil ($ 5.000) pesos, mediante resolución dictada por el Registrador del Estado Civil.
Esta corporación es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad del artículo 105 (parcial), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Carta Política, toda vez que él forma parte integrante de un decreto con fuerza de ley.
El demandante afirma que el artículo 105 (parcial) del Decreto 2241 de 1986, vulnera los artículos 1º, 2º, 6º, 29 y 95 de la Constitución Política, toda vez que el método de notificación allí establecido, según él, es irrazonable y desproporcionado, lo que a su vez produce un menoscabo en la dignidad del ciudadano al tener que cumplir con un deber constitucional que no ha conocido, aparejando de igual manera como consecuencia; una imposibilidad de participar en la vida política y un desconocimiento del debido proceso en el evento de que se le imponga una sanción.
Así las cosas, a efectos de realizar el correspondiente examen, la Corte se concentrará en los siguientes temas: (i) Naturaleza jurídica del acto de nombramiento de jurado de votación (ii) Notificación de dicho acto, (iii) el caso concreto.
Se ha entendido por acto administrativo “La declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria“(1).
En otras palabras, “puede existir un acto general referido, en la práctica, solo a algunas pocas personas o a ninguna y viceversa , un acto individual referido a muchas personas concretamente identificadas”(2).
Pues bien, el nombramiento de los jurados de votación, es un acto administrativo mediante el cual la administración pública selecciona, de un espectro amplio de ciudadanos; aquellos que deberán cumplir con el deber constitucional de apoyar, como jurados de votación, los procesos electorales(3).
(i) las normas constitucionales y legales que sustentan la posibilidad por parte de la administración pública de nombrar jurados de votación, (ii) las sanciones a que se verán sujetos los ciudadanos que no cumplan con el deber constitucional ya señalado, (iii) las causales de exoneración específicas para el no desempeño de la labor referida, (iv) el nombramiento de los ciudadanos seleccionados, para tal efecto se individualizan indicando sus apellidos, sus nombres, el número de la cédula de ciudadanía y la mesa electoral a la que fueron asignados(4).
En este orden de ideas, este acto administrativo describe notoriamente los ciudadanos hacia los cuales va dirigido, predeterminándoles el deber de ser jurados de votación. Por ende, es un acto administrativo de carácter particular y concreto. Así las cosas, puede afirmarse que es “un acto individual referido a muchas personas concretamente identificadas”.
2. El principio de publicidad en los actos administrativos de contenido particular y concreto.
2.1. Notificación de los actos administrativos de contenido particular y concreto. El principio general.
El principio de publicidad que recae sobre la administración pública es uno de los pilares que sustentan cualquier Estado democrático constitucional(5). Así las cosas, este principio consiste en que las actuaciones administrativas en general puedan ser conocidas por cualquier persona, y con mayor énfasis cuando se traten de actos de la administración que lo afecten de manera directa(6).
La Corte Constitucional ha afirmado en varias ocasiones, que los objetivos que se buscan con el principio de publicidad respecto de los actos administrativos son dos; el primero determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contienen el respectivo acto y el segundo garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados para el efecto(7).
Así las cosas, para garantizar estos objetivos aludidos, el Código Contencioso Administrativo(8) estableció el mecanismo de notificación personal a través del cual se hiciere presente el principio de publicidad, en los actos administrativos de carácter particular.
“Los actos administrativos, por disposición del legislador, admiten dos formas concretas de publicidad, su publicación en el diario oficial, gaceta o cualquier otro medio oficial de divulgación, si se trata de contenidos abstractos u objetivos, esto es impersonales, y la notificación, si se trata de contenidos subjetivos y concretos que afectan a un individuo en particular, o a varios, identificables y determinables como tales, lo anterior por cuanto la publicidad se ha establecido como una garantía jurídica con la cual se pretende proteger a los administrados, brindándoles a estos certeza y seguridad en las relaciones jurídicas que emanan de su expedición. En cuanto a los actos administrativos subjetivos, cuya acción de nulidad tenga caducidad, ellos deberán ser debidamente publicitados”(9) (negrilla fuera de texto).
“La omisión o la irregularidad de la publicidad de los actos administrativos, y la notificación personal es una forma de ella, no afecta o no incide sobre la validez de los mismos, puesto que se trata de un trámite o diligencia externa y posterior a la formación o al nacimiento de ellos. Afecta sí su eficacia u oponibilidad frente a los administrados cuando le impone deberes u obligaciones, o establece restricciones a sus derechos; y, en consecuencia, de ejecutarse sin la previa notificación y firmeza, puede dar paso a una vía de hecho, que en tal caso sería atacable...”(10) (negrilla fuera del texto).
ART. 105.—El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva, que hará el Registrador del Estado Civil o su delegado diez (10) días calendario antes de la votación (negrilla fuera de texto).
En concordancia con aquello, el legislador extraordinario, estableció un sistema que no fuera altamente dispendioso para la administración pública —que hubiera consistido en realizar una notificación personal a cada jurado seleccionado(11)— y optó por realizar una notificación que se entendería efectuada con la fijación o publicación de la lista de jurados seleccionados, en un lugar público.
De lo anterior se desprende entonces, que el acto de nombramiento de jurados de votación es un acto administrativo. Que por el hecho de estar dirigido a una gran cantidad de ciudadanos, debidamente especificados e individualizados; adquiere la característica de ser un acto administrativo de carácter particular y concreto. Que la publicidad de este es una excepción al principio general de notificación personal de este tipo de actos administrativos, debido a la abundancia de ciudadanos a los que va dirigidos.
Pues bien, el conocimiento del ciudadano del deber constitucional de ejercer como jurado de votación —en desarrollo del principio de publicidad— se presenta con la observación de las listas de seleccionados cuya publicación o fijación se dará en un lugar público. Mecanismo de notificación designado excepcionalmente para este tipo especial de actos administrativos de carácter particular.
Así las cosas, encuentra esta Corte, que dicho dispositivo de notificación muy por el contrario de lo afirmado por el demandante; es razonable y proporcional, y por ende ajustado a la Constitución. Lo anotado, debido a que el acto administrativo a notificar es sui generis —por la cantidad de personas a comunicar— dentro de aquellos de carácter particular y concreto; lo que produce que el mecanismo sea proporcional y razonable en punto de la cantidad de específicos destinatarios.
No obstante lo referido, mecanismos accesorios como las informaciones vía telefónica, vía internet o las comunicaciones a los ciudadanos por intermedio de los empleadores o entidades públicas, entre otros; son bienvenidos con el propósito de informar sobre el deber constitucional de ser jurado de votación.
Sin embargo, dichos mecanismos deben seguir siendo accesorios al principal. Este consiste en la publicación o fijación de la lista en un lugar público, de aquellos ciudadanos seleccionados como jurados de votación. Lo mencionado, por cuanto los primeros no son necesariamente comunes a todos los ciudadanos, como si lo es el mecanismo principal: entiéndase los casos de información telefónica o vía internet.
En primer lugar, el concepto “lugar público”(12) es de los denominados por la doctrina “cláusulas abiertas” o “conceptos jurídicos indeterminados”.
“Respecto de los conceptos jurídicos indeterminados, como lo sostenía Kelsen, las normas jurídicas tienen una estructura indeterminada, a veces de manera inconsciente a veces de manera consciente. Las causas de esta indeterminación son múltiples: ambigüedad del lenguaje utilizado en las normas; la vaguedad del concepto (no se puede confundir esta con la primera), etc. Un concepto es ambiguo si tiene más de un significado y en el contexto que se usa se utiliza en un significado y al mismo tiempo en el otro; dicho más claramente, no se distingue en cual de los varios significados se le está usando. Para evitar este error, que da lugar a una falacia en el razonamiento se utilizan como solución las denominadas definiciones léxico gráficas.
En cambio un concepto es vago no por que tenga más de un significado, sino que teniendo un significado preciso y existiendo una categoría de objetos a los cuales es claramente aplicable; sin embargo, en el límite existe una zona de nebulosa en la cual no se sabe si a otros objetos también se aplica o no; por ejemplo, el impuesto que se aplica a las casas, ¿se aplica también a los carros, casa? Con el fin de reducir la vaguedad de un concepto se debe utilizar una definición aclaratoria, que cobije no solo a las casas sino también de manera expresa a los carros, casa (o que los excluye expresamente).
Así como podemos tener dificultades para determinar si estamos ante un problema sanitario que constituye una peste o no; podemos tener dificultades para decir si el trato es cruel o no y si la conducta fue justa o no. Como se puede observar existen problemas adicionales para los conceptos jurídicos indeterminados de valor, ya que su discusión no versa sobre hechos sino sobre actitudes, lo que los hace subjetivos, pues los juicios de valor intrínsecos y los principios morales no puede ser demostrados ni verificados, no son falsos ni verdaderos”.
“Deben tener mucha prudencia y mesura las autoridades encargadas de calificar los conceptos jurídicos indeterminados contenidos en la norma estudiada, con el fin de evitar la arbitrariedad”(13).
En segundo lugar, esta corporación entiende que la interpretación que debe otorgársele al concepto “lugar público“ para que esté ajustado a la Constitución y no se preste a arbitrariedades por parte de las autoridades, es el siguiente:
• Se entenderá por lugar público, para los efectos de la notificación de que trata el artículo 105 del Decreto 2241 de 1986, aquel sitio de amplio conocimiento para la ciudadanía (la alcaldía, la registraduría, la plaza central del municipio, entre otros) de fácil y extenso acceso, de común afluencia y que en concurrencia con las anteriores; permita que los ciudadanos seleccionados como jurados de votación conozcan, con la antelación indicada en el mismo precepto jurídico, su deber constitucional.
1. Declarar la EXEQUIBILIDAD del aparte demandado del artículo 105 del Decreto 2241 que consagra “y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva” en el entendido que el concepto lugar público se refiere a aquel sitio de amplio conocimiento para la ciudadanía, señalado con anterioridad a la fijación de la lista de jurados de votación, de fácil y extenso acceso, de común afluencia y que en concurrencia con las anteriores; permita que los ciudadanos seleccionados como jurados de votación conozcan, con la antelación indicada en el mismo precepto jurídico, su deber constitucional.
(1) García de Enterría, Eduardo. Curso de derecho administrativo I. Civitas Ediciones. Madrid. España, 2001, pág 540.
(2) Sentencia Consejo de Estado. Exp. N1570A de 1997. Sección Quinta.
(3) En punto del deber constitucional de los ciudadanos de ser jurados de votación; la Corte ha señalado en Sentencia SU-747 de 1998 “El deber de los ciudadanos de colaborar con los procesos electorales:
10. La democracia procedimental es entonces una conquista, un derecho de los asociados que merece la mayor protección de las instituciones del Estado (C.P., art. 40). Por eso, esta Corte ya ha señalado que el Estado se encuentra en la obligación de suministrarle a todos los ciudadanos las condiciones materiales para que estos puedan ejercer sus derechos como tales. Mas el derecho fundamental de los ciudadanos “a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” implica también obligaciones para ellos. La democracia no puede subsistir si los asociados no asumen una posición de compromiso para con ella. La realización de la democracia implica obligaciones tanto para el Estado como para los asociados.
En distintas sentencias la Corte se ha referido a los deberes constitucionales, a los cuales define como “aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal.” Esta corporación ha expresado que si bien normalmente los deberes constitucionales deben ser regulados por la ley, en ocasiones, pueden ser aplicados directamente por el juez de tutela, cuando su incumplimiento afecte los derechos fundamentales de otra persona.
13. El Código Electoral prevé la figura de los jurados de votación, que son las personas encargadas de atender las mesas de votación, de colaborarle a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho de sufragio, de controlar que la votación se realice en orden y en forma transparente y de realizar el primer conteo de los votos. Los nombramientos son realizados por los registradores municipales o distritales y pueden recaer en funcionarios públicos o personas dedicadas a actividades particulares. El artículo 104 del Código Electoral establece que “todos los funcionarios y empleados públicos pueden ser designados jurados de votación, con excepción de los de la jurisdicción contencioso administrativa, de las primeras autoridades civiles en el orden nacional, seccional y municipal, las que tienen funciones propiamente electorales, los miembros de las Fuerzas Armadas, los operadores del Ministerio de Comunicaciones, Telecom, empresas de teléfonos, los auxiliares de los mismos y los funcionarios de la Administración Postal Nacional...”. También establece que no podrán ser designados como tales los miembros de directorios políticos ni los candidatos.
(4) Son ejemplos de dichos actos administrativos, la Resolución 410 y 430 de 2003, emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
(5) Sentencia C-641 de 2002 “El principio de publicidad se ha estructurado como un elemento trascendental del Estado social de derecho y de los regímenes democráticos, ya que mediante el conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas , y de las razones de hecho y de derecho que les sirven de fundamento, se garantiza la imparcialidad y la transparencia de las decisiones adoptadas por las autoridades , alejándose de cualquier actuación oculta o arbitraria contraria a los principios, mandatos y reglas que gobiernan la función pública. “En cuanto al principio de publicidad y el principio de transparencia en las actuaciones administrativas , véase la Sentencia T-456 de 1994.
(6) Sentencia T-187 de 1993.
(7) Véanse Sentencia del Consejo de Estado Sección Primera Exp. 3443 de 1999, sentencias C- 370 de 1994 y C-646 de 2000.
(8) Artículos 44 y 45.
(9) Sentencia C-646 de 2000.
(11) Téngase en cuenta que en Bogotá , por ejemplo, los jurados de votación generalmente pasan de la cifra de cien mil.
(12) No puede confundirse el concepto lugar público con espacio público, por cuanto este último posee particularidades propias como derecho colectivo. Al respecto véase la Sentencia del Consejo de Estado AP-095 de 2001.
(13) Sentencia C-530 de 1993.