Source: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=231&lang=en
Timestamp: 2017-10-20 05:05:43
Document Index: 309554639

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 13', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 2', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8']

Technical Data: Gudiel Álvarez (“Diario Militar”) Vs. Guatemala
Keywords: Calidad de vida, Defensores de los derechos humanos, Derecho a la integridad personal, Derecho a la vida, Derechos de los niños y las niñas, Derechos económicos y políticos, Desaparición forzada, Familia, Garantías judiciales y procesales, Libertad de asociación, Libertad de circulación y residencia, Libertad de pensamiento y expresión, Libertad personal, Personalidad jurídica, Protección judicial, Vida privada
American Convention: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 13 (Libertad de pensamiento y expresión) , Artículo 16 (Derecho a la Libertad de Asociación) , Artículo 17 ( Protección a la Familia) , Artículo 19 (Derecho de niño) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 22 ( Derecho de circulación y de residencia) , Artículo 23 (Derechos políticos) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 3 (Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales)
Other instruments: Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas – Naciones Unidas, Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas – Naciones Unidas, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional – Naciones Unidas
32. La Corte ha establecido que cuando un Estado reconoce su responsabilidad internacional por violaciones a la Convención Americana ocurridas antes del reconocimiento de la competencia de la Corte, dicho Estado renuncia a la limitación temporal al ejercicio de su competencia, respecto de los hechos o las violaciones reconocidas, otorgando así su consentimiento para que el Tribunal examine los hechos ocurridos y se pronuncie sobre las violaciones que se configuren al respecto. Por tanto, en virtud del reconocimiento de responsabilidad del Estado, el Tribunal considera que en el presente caso tiene competencia para conocer de la alegada violación de los artículos 16 y 19 de la Convención, alegadas en perjuicio de las 26 víctimas de desaparición forzada y de Juan Pablo y María Quirina Armira López, respectivamente.
319. Por último, respecto a la alegada violación de la libertad de expresión en perjuicio de los familiares, la Corte advierte que ambas libertades (de asociación y de expresión) son derechos intrínsecamente relacionados. En efecto, el Tribunal Europeo ha reconocido que la protección a la libertad de pensamiento y expresión es uno de los propósitos de la libertad de asociación. Sin perjuicio de esto, la Corte considera que cada uno de los derechos contenidos en la Convención tiene su ámbito, sentido y alcance propios. A juicio de la Corte, la violación del derecho a la libertad de asociación puede generar una afectación a la libertad de expresión. No obstante, para que se configure una violación del derecho a la libertad de expresión sería necesario demostrar que el mismo fue afectado más allá de la afectación intrínseca a la violación declarada del derecho a la libertad de asociación, lo cual no ha sucedido en el presente caso. Además, la Corte observa que la Comisión y las representantes alegaron dicha violación en virtud de la presunta falta de garantías para denunciar graves violaciones de derechos humanos por las alegadas amenazas y hostigamientos que habrían sufrido estas personas. En su jurisprudencia constante, la Corte ha reafirmado que la protección a la libertad de expresión respecto de las opiniones o informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado, o que afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes. Para la Corte, las denuncias públicas de las desapariciones forzadas de las 26 víctimas desaparecidas, la falta de investigación de éstas, así como la falta de investigación de la alegada ejecución extrajudicial de Rudy Gustavo Figuera Muñoz, son asuntos de interés público. No obstante, el Tribunal considera que no fueron aportados elementos suficientes para determinar que existió una violación autónoma al derecho a la libertad de expresión en perjuicio de los familiares en relación con este punto.