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Timestamp: 2019-02-18 01:46:37
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Pignoración y prenda créditos | Alvarez Abogados Tenerife
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El cumplimiento de las obligaciones está asegurado por la fuerza vinculante del acuerdo inter partes. Sin embargo, por su cuantía, ciertas obligaciones exigen una garantía añadida a la responsabilidad universal. Estas garantías añadidas se han concretado en la figura de las garantías reales, en especial: la hipoteca, la prenda y la anticresis.
La figura que ha experimentado una mayor evolución ha sido la de la prenda pues se han ampliado los objetos que pueden darse en garantía, se ha modificado la forma de hacer efectiva esta garantía flexibilizando los términos restrictivos del pacto comisorio y se ha matizado el requisito de traslación posesoria que caracterizaba a este ius in re aliena en sus inicios.
Las garantías reales son una seguridad reforzada para el acreedor ya que se concreta una sujeción patrimonial cualificada del deudor sobre determinados bienes (reipersecutoriedad) y se reconoce preferencia exclusiva del acreedor para realizar el bien y obtener satisfacción de su crédito con el importe obtenido (ius distraendi). La importancia de estas cualidades de los derechos reales en cosa ajena se acentúa en caso de concurrencia de créditos en concurso de acreedores y también en caso de concurrencia de créditos cuando no haya lugar al concurso. Pero además, para mayor seguridad del acreedor garantizado, sólo los derechos reales (salvo excepciones) tienen acceso al sistema registral español lo que opera como medio de prueba cualificado de su existencia y contenido. También opera como medio cualificado de protección frente a cualquier actuación de tercero que le perjudique. Además, el acceso al registro supone una garantía frente a los créditos de la Administración, tal y como veremos.
El objeto de la prenda debe ser una cosa mueble presente, determinada o determinable y que sea susceptible de comercio. Respecto de las cosas futuras sólo cabe promesa de prenda porque no puede ser entregada y que carece de las virtudes de los derechos reales. Sin embargo, es distinto el caso de los créditos que nacen en el marco de una relación contractual ya existente, puesto que aunque estrictamente el derecho de crédito concreto no exista todavía sí pueden ser objeto de prenda (por ejemplo las rentas futuras, las certificaciones de obra futuras). Con carácter general, en este punto tener en cuenta los casos especiales en que la rentas se consideren como inmuebles, puesto que no sería posible la prenda sino otra forma de garantía.
Sobre la identificación de los bienes que pueden ser objeto de prenda, inicialmente sólo se admitió a los bienes muebles corporales. Por la configuración histórica de este derecho. Sin embargo, la interpretación literal de este artículo se ha ido flexibilizando. A partir del artículo 1.868 CC que prevé “Si la prenda produce interés…”, se intuía una posibilidad de reconocer a la prenda un objeto distinto de los bienes muebles corporales. Esta teoría ganó peso uniéndola con la remisión del artículo 1.872 CC al 322 y ss CdeCom. Se admitió así la prenda sobre créditos titulizados, con base documental. Así expresamente se reconoce la prenda de derechos de valores cotizables en el artículo 1.872 CC, pero también en el artículo 106.1 y 132 de TRLSC. Si bien, la inercia continuó, y hoy la admisión de la prenda sobre créditos abstractos (no titulizados) ha sido admitida finalmente por la jurisprudencia indubitadamente desde la Sentencia del Tribunal Supremo del 19 de abril de 1997 “por ser (el “crédito”) un valor patrimonial imponente para el deudor pignorante, que como tal tiene entidad suficiente para garantizar una obligación”. En la misma sentencia además se consagra el régimen de preferencia ordinaria en la garantía pignoraticia a favor del acreedor.
La primera regulación expresa en el Derecho español de la prenda sobre derecho de crédito abstractos, con sus propias características, se hizo en el Código Civil de Cataluña Ley 25/2010, de 29 de julio, exigiendo constitución por documento público y notificación al deudor.
Una segunda cuestión es si además de la prenda sobre créditos se permite la prenda sobre créditos futuros, como sería el caso de la prenda sobre créditos derivados de arrendamientos. Esta opción ha venido a ser consagrada legalmente a partir del artículo 54 de la LHMYPSD y el 90.1.6º LC.
Hay diferentes formas de constituir la garantía real que se pretende: La prenda ordinaria, la prenda sin desplazamiento o la prenda en garantía de operaciones financieras. Cada una de estas tiene sus características y efectos diferenciados, tal y como señala la Dirección General del Registro y Notariado, son garantías diferentes.
La prenda ordinaria exigiría la traslación posesoria del bien objeto de garantía. Si bien el requisito de traslación posesoria se ha venido a flexibilizar con la admisión de la prenda sobre derechos de créditos no instrumentalizados. En el caso de los derechos no instrumentalizados no es posible la traslación posesoria, por eso se sustituye por una notificación. El valor sustitutivo de esta notificación del requisito del artículo 1.863 CC ha sido reconocido por la jurisprudencia. Si bien, mientras la traslación posesoria tiene lugar entre acreedor pignorante y deudor pignoraticio, la notificación sustitutiva se produce con el deudor del derecho de crédito objeto de prenda.
Por otra parte el CC refuerza la exigencia de forma para que la prenda ordinaria sea oponible a terceros: exige la constancia en documento público de la fecha de constitución. Si bien, es un requisito de eficacia y no de constitución.
En consecuencia, la prenda ordinaria se constituye con el único requisito de forma de traslación material de la cosa, el cual puede sustituirse por una traditio ficta realizada por medio de la comunicación efectiva al deudor. En este sentido, “La carta con acuse de recibo es una verdadera notificación de la situación del crédito”. Esto permite reconocer dos subespecies de prenda ordinaria, según haya habido o no traslación posesoria.
La prenda sin desplazamiento, la principal diferencia que aporta la Prenda sin desplazamiento strictu censu es que se puede inscribir en el Registro de Bienes Muebles. El artículo 3 LHMYPSD reconoce que es necesario constitución en documento público e inscripción. Pero a pesar de ello, según la RGDRN 18 de marzo del 2008, esta inscripción no es elemento constitutivo, pero sí de eficacia. La RDGRN reconoce que para que esta prenda quede constituida basta el documento público, pero afirma que la inscripción aporta unos beneficios importantes en materia de prelación crediticia general, también en caso de insolvencia y en caso de concurrencia con créditos públicos. Asimismo en caso de ser necesaria intervención judicial, el juez comprobará la subsistencia de la prenda por medio de la inscripción, ex artículo 63 LHMYPSD.
Sobre los requisitos de constitución de la PSD, es la constitución de en documento público. Esta se puede hacer por escritura pública o por póliza intervenida. La póliza tiene el beneficio de la no sujeción del impuesto de actos Jurídicos Documentados, ex artículo 30 y 31.2 TRITPYAJD, puesto que éstos delimitan el objeto del impuesto en las Escrituras Públicas y actas notariales, excluyéndose del hecho imponible las pólizas notariales. Sobre la posibilidad de que la prenda ordinaria se constituya en póliza para beneficiarse de esta no sujeción, habrá que estar a la definición del concepto. La prenda ordinaria podría constituirse en póliza si justificamos el cumplimiento del contrato garantizado de los requisitos de la “poliza” como instrumento público, ex artículo 17 LN y 144 RN. En principio, si justificamos la mercantilidad de la operación garantizada, la vis atractiva de la naturaleza accesoria del contrato de garantía haría participar de la naturaleza mercantil a la prenda que estudiamos, pero no deja de ser esta una argumentación que podría dar pie a objeciones.
Pero además, en caso de concurrencia de préstamos, la inscripción de la PSD atribuye preferencia concursal a favor del acreedor pignoraticio. Si bien, la preferencia concursal de la prenda sin desplazamiento aparece expresamente reconocida sin limitación ni condicionante en el artículo 90.1.1º. En este sentido, la Instrucción de la DGRN de 12 de mayo del 2012 reconoce en que el artículo 90.1.6º in fine se refiere a la PSD. Este criterio es criticable pues la dicción del artículo no se refiere a las prendas que tengan por objeto un crédito sino que garanticen créditos. Tampoco puede fundarse ese criterio en que a través de este artículo se reconoció la legalidad de la prenda sobre créditos, puesto que el artículo no se refiere a ellos, pero es que además, la reforma que introdujo esta dicción en el 90.1.6º LC es del año 2011, mientras que la reforma del 54 LHMPSD es del 2007. Puesto que la legalidad de la prenda de créditos futuros que nos interesa está reconocida por el artículo 54 LHMYPSD, no haría falta acudir a las limitaciones de la prenda de créditos futuros del artículo 90.1.6º LC, sino al reconocimiento incondicionado del artículo 90.1.1º LC. En cualquier caso, aceptando el criterio jurisprudencial de que el artículo 90.1.6º LC se refiere a las prenda sobre créditos, y aceptando el criterio de la Instrucción DGRN 2012 de que el artículo 90.1.6º in fine se refiere a la PSD, es una cuestión que no debe preocupar. Esto es así porque la inscripción exigida por el artículo 3 LHMYPSD excluye la posibilidad de limitar la prelación del artículo 90.1.6º LC.
Así, asumiendo la aplicación del artículo 90.1.6º LC, en ella se incluyen una mención a: la prenda ordinaria, la prenda sobre créditos, y la prenda sobre créditos futuros. Sobre los requisitos para gozar de preferencia, dispone que en la prenda sobre créditos basta el requisito del artículo 1.865 CC. En el caso de prenda sobre créditos futuros, para extender el contenido de la garantía tanto de los créditos anteriores como posteriores del concurso, se requiere la inscripción. Todo ello sin perjuicio de las limitaciones especiales del concurso en la ejecución de garantías reales, así como la línea jurisprudencial existente que limita la garantía pignoraticia sobre préstamos nacidos después del concurso en determinados casos.
En caso de concurrencia del préstamo con créditos de titularidad pública, habrá que distinguir la naturaleza del crédito público, su fecha y su constancia documental. Así, se aplicará la regla general de los artículo 1.922 y 1.924 CC, pero también debemos tener en cuenta el artículo 77 LGT, puesto que se reconoce la preferencia de la Administración en todos los créditos salvo los garantizados con garantía real INSCRITA, y la única forma de inscripción de la prenda es el registro de bienes muebles a través de la PSD.
En este punto merece hacer un pequeño análisis de la eficacia frente a terceros que supone la inscripción en el registro de Bienes Muebles. Al margen de valorar el requisito de inscripción en la PSD como un requisito constitutivo o de eficacia, lo que interesa es el valor de oponibilidad frente a terceros que otorga al acreedor. En este sentido hemos de atender a las normas que regulan el RBM en esta cuestión: LHMYPSD y la Orden de 19 de julio de 1999 por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, la cual se aplica extensivamente por razón del artículo 4.1 CC, y por la integración de este Registro de Venta a plazos en el RBM que tuvo lugar con el RD 1928/1999 de 3 de Diciembre. Además, añadir la consideración de que estamos ante una garantía real, que lleva implícito la repersecución del bien objeto de garantía, y por lo tanto la sujeción del mismo a la satisfacción del crédito garantizado. Esta eficacia real sólo puede alcanzarse con un sistema de publicidad registral con efectos frente a terceros y con un procedimiento ágil de realización del bien. En este sentido, “La única forma de asegurar un rango entre acreedores y evitar conflictos de preferencias, es acudir a la publicidad registral con fuerte efectos frente a terceros. Esto es el Registro de Bienes Muebles basados en principios propios de los Registros Inmobiliarios” del Profesor Javier Gómez-Gálligo en su trabajo “Sistemas Registrales: el Registro de Bienes Muebles”.
Así, el Registro de Bienes Muebles no es un registro de gravámenes sino de titularidades como afirma el Profesor Gómez-Gálligo en el trabajo citado y la RDGRN del 11 de abril del 2000. Así el artículo 24 de la Orden reconoce que se presume que el derecho existe y pertenece al titular registral a todos los efectos. Ello a pesar de que la RDGRN 18 de marzo del 2008 interpretó lo contrario y negó oponibilidad frente a terceros en la PSD sobre derechos de crédito, pero ello supondría una desnaturalización de la figura registral que quedaría inservible para fin que la justifica. Además este criterio de la DGRN es contrario a la sustancia del registro jurídico y se justificó la DGRN en la dificultad para los terceros de consultar el Registro adecuado cuando la garantía recae sobre un bien naturaleza abstracta como es el derecho de crédito. Sin embargo, este criterio debe quedar superado por la fijación de los criterios establecidos por la Instrucción de la DGRN del 12 de mayo del 2012 que determinan el lugar correcto para la inscripción. Sólo puede negarse esa oponibilidad cuando siendo susceptible de inscripción, no haya accedido al RBM, ex art. 28 de la Orden. En este punto, tener en cuenta también el principio de fe pública registral, siendo la base registral suficiente para defender el derecho adquirido conforme al registro frente a cualquier tercero.
Prenda de garantía financiera de conformidad a la Ley 5/2005 de 11 de marzo. Si bien, esta prenda aporta con claridad el beneficio indubitado de poderse compensar sin temor de transgredir la limitación del pacto comisorio. Así mismo se permite su constitución sin formalidad alguna, basta con que conste constituida por escrito u por otra forma jurídicamente admisible. Sin embargo, carecería de los beneficios de las prendas inscritas que ya hemos expuesto. Así mismo, el supuesto de prenda sobre rentas de arrendamientos queda fuera del ámbito objetivo de aplicación de esta ley de garantía financiera en virtud de la delimitación de los créditos que pueden ser objeto de la prenda regulada por esta Ley 5/2005. Por lo tanto, esta ley no es aplicable a nuestro caso.
La línea jurisprudencial que apoya la constitución de prenda por medio de la cesión de créditos a mi juicio incurre en el error de confundir la sustancia de la figura jurídica de prenda con la forma de ejecución. Son figuras distintas tanto en sus características como en sus efectos. De modo de ejemplo, la cesión es un contrato principal y no accesorio, o bien, la cesión transmite la propiedad y la prenda no. Pero sobre la ejecución, la prenda de créditos pecuniarios puede ejecutarse por compensación directa con un pacto de compensación, o bien representar esta compensación por una cesión de créditos. Esa es la única forma de vincular ambas figuras sin que se incurra relativamente en el riesgo de la causa de nulidad del 1.276 CC.
“…la constitución de una prenda de crédito… pued(a) comprender una cesión de dicho crédito y… se pued(a) construir… a través del mecanismo de la cesión” STS de 12 de diciembre de 2002, no quiere decir que un negocio de cesión de créditos en garantía sea una prenda de créditos -y que por tanto confiera privilegio especial al acreedor-.
2°. El art. 89.2 de la Ley Concursal EDL 2003/29207 dispone que “no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley”, y la Ley no prevé la atribución de privilegio en los casos de cesiones de derechos en garantía.
3º. La exposición de motivos de la Ley Concursal indica que “se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas.” En este caso no nos encontramos ante una de las contadas excepciones que incorpora la Ley Concursal, ni existen motivos justificados para incluirla como excepción de nuevo cuño…. “
Sin embargo, el caso de la prenda sobre derechos de crédito pecunario (rentas de alquileres), se trata de un supuesto intermedio entre la prenda irregular y la prenda de derechos de créditos instrumentalizados. La cuestión es si la compensación de las rentas que se devenguen con cuotas que adeude el deudor pignorante supone o no una vulneración del pacto comisorio. En este sentido hemos de tener en cuenta la dificultad práctica de transmitir un derecho de cobro de rentas, y por otro que la compensación directa supone una apropiación del importe del derecho de crédito.
En este punto, al tratarse de figuras contractuales desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia, la solución la hemos de buscar ellas. Si bien el carácter imperativo del pacto comisorio se reconoce por la jurisprudencia, afirmando que “La prohibición del comiso, es imperativa y de orden público” (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 abril 2001). Señalando que los fundamentos de la prohibición se encuentran en asegurar la observancia de los cauces de ejecución previstos por la ley y ser medio para evitar abusos por el acreedor al deudor necesitado imponiéndoles garantías desproporcionadas.
Esta prohibición es aplicable tanto a las prendas constituidas por la vía ordinaria del CC como las constituidas por la LHMYPSD, afirmándose así la virtualidad el artículo 6.4 CC y reiterándose que al emanar de una norma imperativa, la prohibición del pacto comisorio no se circunscribe a los contratos de garantía típicos, sino que resulta también aplicable a toda suerte de negocios jurídicos. En consecuencia, mientras exista una causa garantiae, se habrá de aplicar igualmente la norma prohibitiva del artículo 1859 del Código Civil, siendo nulas las estipulaciones contrarias al espíritu y finalidad de aquélla, si bien esta nulidad, en principio, sólo afecta a la cláusula comisoria.
“La pignoración lo es del crédito a la restitución, lo cual desemboca en una compensación cuando su titular, que lo pignora, resulta deudor del que debe restituir o sea, del acreedor en cuyo favor se ha hecho la pignoración. El que exista como contenido de la misma un pacto de compensabilidad es algo añadido, no hace más que dar expresión literal a lo que es intrínseco debido a la naturaleza de tal pignoración desde el punto de vista económico, pues la enajenación de la prenda por el artículo 1.872 CC deviene inútil. El pacto de compensabilidad evita dicha aplicación.”
“Una vez cobrado por el acreedor pignoraticio el importe del crédito, el pacto de compensación con lo debido por el deudor pignorante para extinguir la deuda no repugna a la prohibición del pacto comisorio porque el Banco que goza de la pignoración no a obtener ni más ni menos de lo que aquella imposición represente… “.
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