Source: https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=128599&IDTIPO=60&RASTRO=c575$m5806,5808,5967
Timestamp: 2019-07-22 09:56:03
Document Index: 798394

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 16', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'artículo 50', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 22', 'artículo 3', 'Artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 46', 'artículo 81', 'artículo 89', 'artículo 51', 'artículo 17']

Corrección de error a la corrección de error en Decreto n.º 44/2009, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto Básico de Centros Sociales de Personas Mayores de la Región de Murcia Dependientes del Instituto Murciano de Acción Social. (BORM nº 75 de 1 de abril de 2009) y corrección de error en Decreto n.º 44/2009, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto Básico de Centros Sociales de Personas Mayores de la Región de Murcia Dependientes del Instituto Murciano de Acción Social. (BORM nº 71 de 27 de marzo de 2009):
"Donde dice:
Proyecto de Decreto n.º 44/2009, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto Básico de Centros Sociales de Personas Mayores de la Región de Murcia Dependientes del Instituto Murciano de Acción Social.”
Decreto n.º 44/2009, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto Básico de Centros Sociales de Personas Mayores de la Región de Murcia Dependientes del Instituto Murciano de Acción Social.”
Los usuarios de los Centros. Derechos y Deberes.
Artículo 4. Derechos de los usuarios.
Artículo 5. Deberes de los usuarios:
Artículo 7. Pérdida de la condición de usuario.
Artículo 8. Dirección del Centro.
Artículo 10. Participación de los usuarios en el funcionamiento de los Centros.
Artículo 11. Áreas de Actividad.
Artículo 12. Definición y composición.
Artículo 16. Mesa de la Asamblea.
Artículo 19. Suplencia.
Artículo 20. Régimen de sesiones.
Artículo 22. Quórum.
Artículo 24. Mandato.
Artículo 25. Revocación del mandato.
Artículo 26. Presidente.
Artículo 28. Secretario.
Artículo 29. Electores y elegibles.
Artículo 30. Censo.
Artículo 31. Convocatoria de elecciones.
Artículo 32. Elección de Delegados de actividad, taller o grupo.
Artículo 33. Elección de Representantes de Área.
Artículo 34. Constitución del Consejo de Participación.
Reglamento de Régimen Interior de los Centros Sociales de Personas Mayores
Artículo 36. Procedimiento de elaboración del Reglamento de Régimen Interior.
Artículo 41. Órganos competentes.
Artículo 42. Información previa.
Artículo 44. Forma de iniciación.
Artículo 45. Acuerdo de inicio.
Artículo 46. Alegaciones.
Artículo 47. Fase probatoria.
Artículo 49. Audiencia.
Artículo 50. Remisión del expediente al órgano competente.
Artículo 51. Actuaciones complementarias.
Artículo 53. Efectos de la resolución.
Artículo 54. Duración del procedimiento.
Disposición adicional primera. Plazo para la convocatoria y celebración de elecciones.
Disposición adicional segunda. Reglamentos de Régimen Interior.
Disposición adicional tercera. Horario de los Centros.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio para el procedimiento disciplinario.
Disposición transitoria segunda. Juntas de Gobierno.
El artículo 50 de la Constitución Española señala como uno de los principios rectores de la política social la promoción del bienestar de las personas mayores mediante el establecimiento de un sistema de servicios sociales que venga a satisfacer sus necesidades específicas de salud, vivienda, cultura y ocio. Asimismo, establece la obligación de los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
La Región de Murcia, en virtud del artículo 10.Uno.18 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, y en el marco de lo dispuesto en la Constitución tiene asumidas competencias exclusivas en materia de Bienestar y Servicios Sociales, que en la actualidad están desarrolladas por la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, la cual entre sus principios inspiradores señala los de “prevención, participación, planificación y coordinación”, así como los de “globalidad y trato personalizado e integración y normalización”, entre otros. La propia Ley, en sus artículos 31 y 32 ampara el derecho de todo usuario de centros y servicios sociales a la participación en los centros, entidades y servicios, así como en las actividades que en ellas se desarrollen. A dicho fin, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mantiene los Centros Sociales de Personas Mayores dependientes del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), adscrito a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, oído el Consejo Asesor Regional de Personas Mayores y el Consejo Regional de Servicios Sociales, previo dictamen del Consejo Económico y Social, informe preceptivo de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, y de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, tras la deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión de fecha 20 de marzo de 2009 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 5.8, en relación con el artículo 22.12 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y los artículos 21.a) y 53 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia,
b) Tras la comprobación de la adecuación de la solicitud a los requisitos establecidos en el artículo 3 de este Decreto, al solicitante se le expedirá por la Dirección del Centro un carnet acreditativo de la condición de usuario del Centro Social de Personas Mayores que haya solicitado o en su caso se le renovará el carnet por cinco años.
Participación y representación de los usuarios
Sección 1.ª De la participación de los usuarios
4.- Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, salvo los casos previstos por este Estatuto que requieran otra distinta. Se levantará Acta por el Secretario que especificará el número de asistentes a la Asamblea, constitución de la Mesa, orden del día, circunstancias de lugar y tiempo, así como acuerdos adoptados. Una copia de la misma deberá hacerse pública en el tablón de anuncios del Centro y otra será remitida al IMAS.
Artículo 17. La Asamblea General:
Sección 3.ª Del Consejo de Participación
En caso de renuncia expresa, ausencia, muerte, enfermedad, pérdida de la condición de usuario, baja en el Área de actividad para el que haya sido elegido o revocación del mandato contemplado en el artículo 25, los miembros electos del Consejo de Participación, serán sustituidos por sus respectivos suplentes. Si llegado el caso no existiesen suplentes en una determinada Área, procederá la realización de elecciones parciales.
La convocatoria de reunión del Consejo de Participación, tanto ordinaria como extraordinaria, la realizará el Presidente, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, señalando el orden del día, lugar y hora de la reunión. La comunicación habrá de contener primera y segunda convocatoria, con una diferencia horaria entre las mismas de treinta minutos, y se hará pública en el tablón de anuncios del Centro.
Sección 4.ª Del procedimiento para la elección de delegados y representantes de área
1. Serán electores y elegibles en las Áreas de Actividad recogidas en el artículo 11 apartados 6 y 7, los usuarios del Centro que estén inscritos en una actividad, taller o grupo para el que se elija delegado, figuren en el censo y no se encuentren privados de sus derechos de socio.
2. En las Áreas de Actividad recogidas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 11, para ser elector y elegible, además deberán acreditarse como mínimo, seis meses de participación activa en la respectiva actividad, inmediatamente anteriores a la convocatoria de elección.
Solo podrán ser sancionados por los hechos constitutivos de los incumplimientos tipificados en este Decreto, las personas que tengan reconocida la condición de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de esta norma.
c) La vulneración de las normas generales de funcionamiento del Centro, a que se refiere la letra a) del artículo 35, salvo cuando aquella sea constitutiva de incumplimiento leve o muy grave.
2. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados entendiendo en todo caso por tal al presunto responsable. En la notificación se advertirá a los interesados que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 46.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
1. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo establecido a tal efecto, el instructor, en los diez días siguientes, podrá acordar de conformidad con lo previsto en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la apertura del trámite de prueba o denegarla de forma motivada, procediendo a su notificación a los interesados. La apertura del trámite de prueba sólo podrá ser denegada en base a la improcedencia de las pruebas propuestas por los interesados.
En el supuesto que se acuerde su apertura, se expresará, según el caso, aquellas pruebas admitidas y las que hayan de practicarse a instancia del instructor, así como el plazo, no inferior a diez días ni superior a treinta, para practicarlas de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 30/1992, y de forma motivada aquellas otras rechazadas como improcedentes, que solo lo serán aquellas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable.
1. Recibida la propuesta de resolución y los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el expediente, el órgano competente dictará en el plazo de diez días resolución motivada, decidiendo todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento. En todo caso deberá manifestarse expresamente sobre la ratificación de las medidas cautelares, a fin de garantizar la eficacia de la resolución en tanto no sea ejecutiva, o la revocación de las mismas, en su caso y contendrá además de los elementos previstos en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, la valoración de las pruebas practicadas y especialmente aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y en su caso la persona responsable, el incumplimiento o incumplimientos cometidos y la sanción o sanciones que se imponen o bien la declaración de no existencia de incumplimiento o responsabilidad.
3. El plazo de diez días referido en el apartado 1 de este artículo, se contará desde la recepción del expediente, siempre y cuando no se haya acordado la realización de las actuaciones complementarias previstas en el artículo 51 del presente Decreto, en cuyo caso el día de inicio del plazo será aquel en que finalicen dichas actuaciones. No obstante, si se produjera el supuesto previsto en el apartado anterior, el plazo empezará a contar una vez que el interesado haya presentado sus alegaciones o haya transcurrido el plazo concedido al efecto.
5. Si durante el procedimiento disciplinario no hubiere quedado determinada la cuantía de los daños y perjuicios irrogados a la Administración Regional, la indemnización por los daños y perjuicios causados se determinará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el interesado de la resolución que pudiera recaer implicará el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.
1. Contra la resolución dictada en el procedimiento disciplinario, cabe interponer recurso de alzada ante el Presidente del IMAS en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del IMAS y en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.