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Timestamp: 2017-05-26 05:20:58
Document Index: 270894763

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 33', 'artículo 86', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 13', 'artículo 33', 'artículo 36']

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[Sentencia T-0100-12] – Pensión de vejez
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1.	Demanda de la accionada.
La señora Teresita Gallo de Bravo, instauró acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales -ISS-:
1.2.1. El ISS ha negado en varias oportunidades el reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la accionante, aduciendo que no cumple con el número de semanas cotizadas requeridas por la ley para acceder a dicha prestación.
1.2.2. La accionante cotizó al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones -SGSSP- hasta el mes de marzo de 2007; y asevera que sumadas las semanas laboradas y cotizadas al servicio del Estado y las laboradas con empleadores privados y cotizadas directamente al ISS, cuenta con un total de 1032 semanas. Razón por la cual, al ser beneficiaria del régimen de transición, tendría derecho a la pensión de vejez.
1.2..3. El ISS, al resolver la última solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez presentada por la accionante negó la misma al considerar que no cumple con la densidad de semanas exigidas, tanto por el Régimen General de Pensiones consagrado en el artículo 9º de la ley 797 de 2003, como por los regímenes aplicables en transición. Esto, por cuanto el ISS afirma que el único régimen pensional que permite la acumulación de los tiempos laborados y cotizados al servicio del Estado y las laboradas con empleadores privados y cotizadas directamente al ISS, es el consagrado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
2.	Respuesta de la entidad accionada.
La entidad accionada guardó silencio frente a las pretensiones de la demanda.
3.1. Primera instancia: Sentencia del 28 de junio de 2011 del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Cali.
3.2. Segunda instancia: Sentencia de 9 de agosto de 2011 del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
El juez de segunda instancia confirmó el fallo del a quo, reiterando que el presente asunto litigioso debe ser resuelto por el juez ordinario y no por el juez constitucional, puesto que no encontró plenamente acreditada la titularidad del derecho pensional y considera que para determinar la misma se amerita un estudio de fondo “no solo de las semanas cotizadas sino del régimen que le es aplicable, el cual implica un debate más amplio”. II. CONSIDERACIONES.
Esta Sala es competente para revisar la providencia de tutela antes reseñada, con base en la Constitución Política, artículos 86 y 241 numeral 9, desarrollada en el Decreto 2591 de 1991, artículos 33 a 36. 2. Procedencia de la demanda de tutela.
2.2. Legitimación por activa. La accionante ejerció de la acción de tutela a través de abogado, con poder debidamente otorgado.
2.3. Legitimación por pasiva. El Instituto de Seguros Sociales se encuentra legitimado como parte pasiva en el presente proceso, dada su calidad de autoridad públicay sujeto al que se atribuye la violación de los derechos fundamentales en discusión.
2.4. Subsidiaridad. Si en principio, la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para reclamar el reconocimiento de derechos prestacionales, la necesidad de garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales ha llevado a la Corte a las siguientes excepciones, con base en el artículo 86 constitucional: (i) que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, sea ineficaz para lograr la protección solicitada; o, que (ii) la acción de tutela sea utilizada como un mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual es necesario acreditar la existencia o inminencia de dicho perjuicio. En relación con la primera de estas excepciones, la Corte ha considerado que los mecanismos laborales ordinarios, aunque idóneos, no son eficaces cuando se trata de personas que reclaman el reconocimiento de un derecho pensional y se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta por su avanzada edad, entre otras situaciones. Así, la Sala encuentra que el proceso de tutela es el mecanismo idóneo con el que cuenta la actora para realizar su derecho prestacional, teniendo en cuenta que se trata de una señora de la tercera edad -77 años-, esto es, sujeto de especial protección constitucional.
2.5. Inmediatez. La decisión del ISS de negarle el reconocimiento y pago de pensión de vejez a la accionante, quedó consagrada en la Resolución No 003215 de 2008, decisión que adquirió firmeza con posterioridad al 29 de julio de 2010 -fecha en la cual se profirió la Resolución No. 14258 que confirmó el mentado acto administrativo-. En consecuencia, el número de meses transcurridos entre aquella fecha y la de la interposición de la tutela -junio de 2011-, son lapso razonable, no excesivo, que permite a la Sala afirmar que no hubo violación al principio de inmediatez, propio de la acción de tutela, máxime contando la complejidad documental que normalmente acompaña las discusiones sobre el derecho pensional y la condición de sujeto de especial protección de la peticionaria.
4. Cargo único: vulneración del derecho fundamental al mínimo vital, por la negativa al reconocimiento pensional.
4.1. Requisitos para acceder a pensión de vejez. Reiteración de jurisprudencia.
4.1.1. Del material probatorio obrante en el expediente, la Sala encuentra probado: (i) que la peticionaria, de 77 años de edad, -tal como lo ha reconocido la entidad accionada en diversos actos administrativos- laboró 405,57 semanas como servidor público remunerado (sin cotizar al ISS) y 596,86 semanas cotizadas al ISS; y (ii) que la accionante es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al 1º de abril de 1994 tenía 60 años de edad.
4.1.2. En este sentido, la verificación de la edad y el tiempo de servicio o número de semanas cotizadas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, debe realizarse de acuerdo con los requisitos del régimen al cual se encontraba afiliada la actora al momento de entrada en vigencia del SGSSP. En este caso, dado que la accionante se encontraba afiliada al Seguro Social al 1º de abril de 1994, el régimen a tener en cuenta es aquel consagrado en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
4.1.3. En el caso sub examine, la presunta vulneración de los derechos fundamentales anteriormente mencionados, gira en torno a la interpretación del ISS respecto de la posibilidad de acumular el tiempo laborado en el sector público sin cotización al ISS y aquel cotizado directamente a la entidad, con el fin de acreditar la cantidad mínima de semanas requeridas para el reconocimiento de la pensión de vejez, bajo el régimen del referido Acuerdo. La interpretación que hace el ISS, tanto del Decreto 758 de 1990 como de la Ley 100 de 1993, excluye la posibilidad de acumular dichos tiempos bajo el Acuerdo 049 de 1990 pues al no encontrarlo consignado expresamente en el texto, el Seguro Social afirma que “el tiempo no cotizado al ISS y servido a las entidades públicas no se puede contabilizar por dicho régimen” y sostiene que la “única normatividad que permite acumular tiempo laborado al servicio del Estado y no aportado a Caja de previsión alguna, tiempos aportados a cualquier Caja o Fondo de Previsión Social y periodos cotizados al Seguro Social en calidad de trabajador vinculado a una empresa privada, es el articulo 33 de la Ley 100 de 1993,[…]”.
4.1.4. En relación con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática al resaltar que esta interpretación de la normativa es errónea y atenta contra los derechos fundamentales de los beneficiarios del régimen de transición. Esto por cuanto: (i) al exigir que para acceder a la pensión de vejez de acuerdo con el Decreto 758 de 1990 las cotizaciones se hayan realizado de manera exclusiva al Seguro Social, se está requiriendo el cumplimiento de un elemento que la norma no consagra; (ii) los requisitos para acceder a los beneficios Sistema General de Seguridad Social se acreditan es ante el sistema mismo y no ante las entidades que lo conforman; y (iii) el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 limitó el régimen de transición a solo tres ítems (edad, tiempo y monto)y estableció que “[l]as demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley”, por lo que haciendo una lectura integral de la Ley 100 de 1993 -especialmente del literal f) del artículo 13, el parágrafo 1º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la misma-, los tiempos deben acumularse para efectos de la contabilización del número de semanas de cotización requeridas.
4.1.5. En este sentido, dado que el mismo Instituto de Seguros Sociales ha reconocido que “sumado el tiempo laborado en el sector público sin cotización al ISS y las semanas cotizadas al ISS a través de diferentes entidades, descontando las simultaneidades existentes y ya explicadas arroja un total de 1002,43 [semanas]” y que la acumulación de estos tiempos sí es posible de acuerdo con los argumentos anteriormente esgrimidos, la peticionaria cumple con los requisitos del Decreto 758 de 1990 y tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez.
4.2. Conclusión del caso concreto.