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Timestamp: 2019-04-23 11:56:38
Document Index: 67317108

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 1', 'Artículo 110', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 16', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'artículo 148', 'artículo 7', 'artículo 2', 'Artículo 7', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 46', 'artículo 74', 'artículo 75', 'artículo 77', 'Artículo 82', 'artículo 90', 'artículo 1', 'artículo 60', 'artículo 8', 'artículo 20', 'artículo 31', 'artículo 50', 'artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 59']

Novedades Jurídicas Marzo 2015 - El Síndrome de Down
Novedades Jurídicas Marzo 2015
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE 29 enero 2015)
Se trata de una norma de carácter básico, dictada por el Ministerio de Educación, aplicable en toda España.
La única mención a los alumnos con discapacidad que se realiza es en el Artículo 7, que se refiere a la evaluación de las competencias clave, y cuyo apartado 5 obliga a lo siguiente:
«5. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.»
Ley 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOE 3 febrero 2015)
IRPF. Artículo 1. El Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, se modifica en los términos siguientes:
«Artículo 110-3. Deducción de la cuota íntegra autonómica del impuesto en atención al grado de discapacidad de alguno de los hijos.
Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado (BOE 3 febrero 2015).
Hay algunos artículos de interés para personas con discapacidad que se reproducen a continuación:
«Artículo 4. Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual en el Principado de Asturias para contribuyentes con discapacidad.
3. La base máxima de esta deducción será de 13.664 euros.»
«Artículo 5. Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual para contribuyentes con los que convivan sus cónyuges, ascendientes o descendientes con discapacidad.
3. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de esta deducción respecto de los mismos ascendientes o descendientes para un mismo período impositivo, la base máxima de la deducción se prorrateará entre ellos por partes iguales. No obstante, cuando los contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente o descendiente, la aplicación de la reducción corresponderá a los de grado más cercano.»
«Artículo 11. Deducción para familias numerosas.
4. Sólo tendrá derecho a esta deducción el contribuyente cuya base imponible no resulte superior a 25.009 euros en tributación individual ni a 35.240 euros en tributación conjunta.»
«Artículo 12. Deducción para familias monoparentales.
7. Cuando a lo largo del ejercicio se lleve a cabo una alteración de la situación familiar por cualquier causa, a efectos de aplicación de la deducción, se entenderá que ha existido convivencia cuando tal situación se haya producido durante al menos 183 días al año.»
«Artículo 16. Bonificación de los patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con discapacidad.
Si entre los bienes o derechos de contenido económico computados para la determinación de la base imponible se incluyen aquéllos que forman parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente constituido al amparo de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, podrá aplicarse una bonificación del 99 por ciento en la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a dichos bienes o derechos.»
«Artículo 20. Reducción en las donaciones dinerarias de ascendientes a descendientes para la adquisición de la primera vivienda habitual que tenga la consideración de protegida.
5. En caso de incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el apartado 1, el adquirente beneficiario de esta reducción deberá comunicar tal circunstancia a la oficina liquidadora competente, dentro del plazo de 30 días hábiles desde la fecha en que se produzca el incumplimiento, y pagar la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada, así como los correspondientes intereses de demora.»
«Artículo 23. Bonificación para contribuyentes del Grupo II de parentesco y personas discapacitadas aplicable en transmisiones «mortis causa».
2. La presente bonificación resultará asimismo de aplicación a los contribuyentes con discapacidad con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 por ciento, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, siempre y cuando cumplan el requisito establecido en la letra b del apartado anterior, con independencia de su grado de parentesco con el causante.»
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública (BOE 6 febrero 2015)
En el artículo 7 que regula la obligación de transparencia, en el apartado 3 se señala que toda la información prevista en esta ley estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha (BOE 18 febrero 2015).
Esta ley deroga y sustituye a la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La Mancha.
Tiene entre sus principios rectores la no discriminación por razón de discapacidad física, psíquica o sensorial (artículo 2.b).
En relación con la protección de los menores frente a la violencia regula un especial cuidado para los menores con discapacidad, los cuales sufren violencia en mayor número:
«Artículo 7. Derecho a la vida y a la integridad física y moral.
Las Administraciones Públicas velarán porque los menores no sean objeto de tratos crueles, vejatorios, inhumanos o degradantes en los ámbitos institucional o familiar. Se pondrá especial cuidado en el trato que reciben los menores con algún tipo de discapacidad, trastorno de salud mental, o ambos.»
El artículo 13, que se refiere a la protección de la salud, consta de un apartado que se refiere a la protección de la salud del nasciturus, es decir del niño no nacido. Recoge también el derecho a la detección y al tratamiento precoz de las enfermedades congénitas y la elaboración de programas de salud:
«Artículo 13. Derecho a la protección de la salud.
Con el fin de garantizar la atención sanitaria integral de los menores con discapacidad, la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha elaborará programas de salud que comprendan el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación en relación con las patologías más relevantes, prevalentes o que supongan una especial dedicación social y familiar.»
Se recogen además disposiciones en las que se establece respecto al derecho a la educación una atención prioritaria a los alumnos con necesidades educativas especiales por parte de la Administración (artículo 14. apartado 1.d) y acciones que fomenten la participación en activides de ocio, deportivas y culturales (artículo 15 apartado 4):
«Artículo 14. Derecho a la educación.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el ejercicio del derecho a la educación de la infancia y la adolescencia:
d) Facilitará una atención prioritaria a los menores con necesidades educativas especiales con objeto de garantizar que alcancen el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.»
«Artículo 15. Derecho a la cultura y al ocio.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha fomentará el que los menores con discapacidad tengan un acceso a la participación en actividades lúdicas, recreativas y deportivas, así como a los servicios, bienes y productos culturales, adecuados a su capacidad.»
Asimismo , se establece un derecho a la integración social para menores con discapacidad y /o con necesidades educativas especiales (artículo 17 apartado 1 letras a y c):
«Artículo 17. Derecho a la integración social.
c) Presenten necesidades educativas especiales, para que reciban una formación educativa y profesional que les permita la integración social, el desarrollo y la realización personal y el acceso a un puesto de trabajo en el contexto más normalizado posible y de acuerdo con sus aspiraciones y aptitudes.»
La ley regula la situación de los menores con conducta inadaptada diferenciándolos de aquellos que tienen una enfermedad mental o una discapacidad psíquica (artículo 46).
Regula profusamente el acogimiento incluido figuras como el acogimiento familiar especializado (en familias cualificadas para las necesidades del niño y remuneradas, artículo 74), el acogimiento en hogar funcional (que no es una familia pero se asemeja al acogimiento familias especializado y están sujetas a control administrativo, artículo 75), la declaración de idoneidad, la promoción del acogimiento familiar mediante campañas de sensibilización social especialmente en las modalidades de temporal y permanente y en relación con menores con características, circunstancias o necesidades especiales (artículo 77).
También se regulan los centros especiales de acogimiento residencial sin explicitar que serán separados para los tres grupos de menores definidos:
«Artículo 82. Centros especiales de acogimiento residencial.
2. Cuando el interés del menor requiera su acogimiento en un centro de características específicas y no exista ninguno en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se acordará, en su caso, su acogimiento residencial en un centro adecuado de otra Comunidad Autónoma en la forma que se establezca reglamentariamente y previa comunicación al Ministerio Fiscal.»
Los menores con discapacidad son definidos como menores con necesidades especiales en el capítulo que regula la adopción (artículo 90).
Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha (BOE 18 febrero 2015)
Según su propia Exposición de Motivos, en la elaboración de esta ley, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad constituye el referente principal.
Se trata de una ley muy ambiciosa, en la que se pretende abordar, por vez primera, la imprescindible transversalidad de las políticas de atención a las personas con discapacidad, la adecuada regulación de la coordinación, cooperación y colaboración entre los distintos poderes públicos y las garantías para la defensa y protección de sus derechos. Todo ello en aras a conseguir que la igualdad de oportunidades, no discriminación, inclusión y normalización de las personas con discapacidad sean reales y efectivas.
Regula por tanto temas de sanidad, de educación, de empleo, de servicios sociales (incluido atención temprana y asistente personal), protección económica, fiscalidad, etc.
IRPF. Se modifica el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre. En relación con personas con discapacidad, se recogen las siguientes disposiciones, en el apartado 4 del nuevo artículo 1bis:
«Se establecen los siguientes importes para el mínimo por discapacidad regulado en el artículo 60 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre:
Todo ello es idéntico a las cifras establecidas en la norma estatal, la Ley 35/2006.
Tasas. Se contempla una modificación de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León.
En concreto se exime de pagar la cuota de licencia de pesca a los residentes en Castilla y León cuya base imponible total menos el mínimo personal y familiar del sujeto pasivo de la tasa no supere los 18.900 euros en tributación individual o 31.500 euros en tributación conjunta, y que además cumplan una o más de las siguientes condiciones:
Además, en relación con la Tasa por la participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, se contempla una exención total de la cuota si el sujeto pasivo pertenece a una familia numerosa de categoría especial, o es una persona desempleada que figure inscrita como tal en su correspondiente oficina de empleo, o tiene una discapacidad igual o superior al 33%.
Ley Foral 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de medidas de incentivación de la actividad económica (BOE 4 febrero 2015)
Esta ley foral modifica el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las modificaciones son muy escasas pero de enorme importancia. Se pretende con ellas establecer una rebaja generalizada pero equilibrada de la carga tributaria a todos los navarros, pero introduciendo mayor progresividad y corrigiendo los efectos de la inflación en los últimos años (se deflactan los tramos bajos y medios en un 3 por 100) de manera que la reducción de la carga tributaria se haga sentir principalmente en las rentas bajas y medias, y de mucha menor forma en las rentas altas.
En aras de actualizar las cuantías a reducir por circunstancias personales y familiares, los mínimos personal y por hijos se aumentan en un 5 por 100 y los de discapacitados en un 10 por 100.
Se modifica el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. En concreto, nos interesan los artículos 55 apartados 3, 4 y 5, en lo que se refiere a discapacidad:
Esta última reducción por contratación de cuidadores es interesante, pues pocas Comunidades Autónomas la contemplan.
Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat (BOE 10 febrero 2015).
En el Texto refundido de la Ley de tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto legislativo 1/2005, de 25 de febrero, se introduce un nuevo capítulo, capítulo II, Tasas por la prestación de servicios de atención social, el cual incluye una Tasa por la prestación del servicio de atención residencial, Tasa por la prestación del servicio de centro de día o de noche, Tasa por la prestación del servicio de vivienda tutelada.
Esta ley viene a regular mediante ley y como tasa, lo que venía regulado como precios públicos en el Decreto 113/2013, de 2 de agosto, por el que se establecía el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales, decreto que fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su sentencia nº 3429/2014 del 1 de octubre de 2014 al estimar un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el CERMI Comunidad Valenciana. El motivo de la declaración de nulidad fue precisamente que la naturaleza de lo que se pretendía cobrar era una tasa y que se requería de una ley para imponerla.
Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana (BOE 10 febrero 2015).
Esta ley contiene numerosas referencias a las personas con discapacidad:
En el artículo 8 apartado b) se establece que en el cumplimiento de sus fines, el Sistema Valenciano de Salud velará por: b) La coordinación de todos sus recursos sanitarios y de éstos con los recursos sociosanitarios, para favorecer, entre otros aspectos, la detección de situaciones de violencia de género o de maltrato infantil, a personas mayores o con discapacidad.
En el artículo 20 que se refiere a la Participación ciudadana en el Sistema Valenciano de Salud, se recoge expresamente la participación de las asociaciones de personas con discapacidad como colectivo con intereses en las competencias en materia sanitaria.
En el artículo 31.2 que se refiere a herramientas para la promoción de la salud se contempla la creación de redes de promoción de la salud, concebidas como herramientas de intercambio de conocimiento y aprovechamiento de experiencias y proyectos realizados en distintos ámbitos. Constituyen ámbitos propicios para la creación de redes los centros de atención a personas con discapacidad.
En el artículo 50, que se refiere al Derecho a una atención personalizada, la cual comprende el derecho de los pacientes y usuarios a recibir información sanitaria en las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana, en la forma más idónea para su comprensión. También se dice que, en la medida en que la planificación sanitaria lo permita, los centros y servicios sanitarios del Sistema Valenciano de Salud implantarán los medios necesarios para atender las necesidades lingüísticas de los pacientes y usuarios extranjeros. Asimismo, se establecerán los mecanismos y alternativas técnicas oportunas para hacer accesible la información a los discapacitados sensoriales. Sin embargo nada se dice sobre accesibilidad cognitiva en la atención a pacientes con discapacidad intelectual.
No obstante, en el artículo 57, que se refiere a derechos en la atención sanitaria, en su apartado 7 se establece que «El entorno y los procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos destinados a las personas hospitalizadas con discapacidad, deberán reunir las condiciones idóneas de accesibilidad.» Dicha norma incluye por tanto la accesibilidad cognitiva.
El artículo 58 que se refiere a los derechos en situación de vulnerabilidad, en su apartado 1 señala que «La Generalitat desarrollará actividades para garantizar la promoción, prevención, atención integral y temprana, rehabilitación e integración mediante recursos ambulatorios, de día, hospitalarios, residenciales y unidades especializadas para atender las necesidades de las personas con discapacidad, enfermedades crónicas o mentales. Para ello se elaborarán planes individualizados de atención y programas diseñados y ejecutados por equipos multidisciplinares.»
En relación con la salud escolar, el artículo 59 apartado 8. establece que «Los centros docentes específicos de educación especial estarán dotados de personal de enfermería, que dependerá orgánicamente del departamento sanitario correspondiente». Se trata de una norma poco normalizadota pues el resto de colegios, normalmente más grandes, tiene relación con el centro de salud más cercano y no se les exige personal de enfermería.
En el artado 9 del mismo artículo se manifiesta que se favorecerá el proceso de integración escolar de los alumnos con necesidades educativas especiales. Esto es muy necesario, ya que Valencia es la Comunidad Autónoma con menos porcentaje de alumnos integrados.
El Consejo de Ministros, el 20 de febrero de 2015 ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Se trata de una reforma legislativa que da respuesta al compromiso de agilizar los procesos de acogimiento y adopción, además de mejorar la atención a la infancia en riesgo y a los menores víctimas de violencia. Su objetivo principal es garantizar la especial protección de los menores en todo el Estado y responder a sus necesidades actuales.
En segundo lugar, la reforma configura un nuevo sistema de protección de la infancia. Se definen, por primera vez en una norma estatal, las situaciones de riesgo y desamparo, y ésta última queda determinada por el abandono, riesgo para la vida, salud o integridad física; o la inducción a la mendicidad, la delincuencia o la prostitución.
En el próximo número de la revista se comentarán los proyectos de ley una vez que hayan sido publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.