Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-608-de-agosto-2-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920422425f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-26 13:35:14
Document Index: 70827396

Matched Legal Cases: ['artículo 320', 'artículo 320', 'artículo 505', 'artículo 320', 'artículo 318', 'artículo 315', 'artículo 320', 'artículo 318', 'artículo 320', 'artículo 315', 'artículo 320', 'artículo 315', 'artículo 555', 'artículo 509', 'artículo 318', 'artículo 320', 'artículo 699', 'artículo 315', 'artículo 112', 'artículo 320', 'artículo 555', 'artículo 315', 'artículo 29', 'artículo 320', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 140', 'artículo 70']

﻿ SENTENCIA T-608 DE AGOSTO 2 DE 2006
SENTENCIA T-608 DE 02 DE AGOSTO DE 2006
CONTENIDO:PROCESOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS. NOTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EXCEPCIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO, CONTRATO DE MUTUO, NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO, AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA
Sentencia T-608 de agosto 2 de 2006
Sentencia T-608 de 2006
Ref.: expediente T-1337669
Accionante: Gustavo Agudelo Marín
Demandados: Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
en el proceso de revisión de la sentencia de tutela dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
El accionante considera que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali le han vulnerado sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
1. Manifiesta el accionante que, en vigencia de la anterior legislación procesal civil, le llegó un aviso para notificarlo del auto de mandamiento ejecutivo proferido el 10 de enero de 2002 por el Juzgado Sexto del Circuito de Cali. Asegura que los diez días para que se presentara el demandando a notificarse personalmente, vencieron el 23 de enero de 2002, “y no se fijó el edicto correspondiente”, y que el 9 de junio de 2003 se cerró el juzgado por inventario.
2. Habiendo entrado en vigor la Ley 794 de 2003, el 17 de junio de 2003, le llegó al demandado el correspondiente aviso con copia de la demanda y del mandamiento ejecutivo, “incluso estando el despacho cerrado por inventario”. El 18 de junio de 2003 se dio por notificado por aviso al demandado, “continúa en inventario el juzgado”.
3. El 1º de julio de 2003 el despacho abrió para atención al público, “por cuanto no corrieron términos del nueve (9) de junio al veintisiete (27) de junio de dos mil tres (2003)”.
4. Según el accionante, a partir del 1º de julio de 2003 comenzaron a correr los términos para presentar las correspondientes excepciones de fondo. Con todo, el 25 de julio de ese año, el juez de conocimiento declaró que las excepciones habían sido presentadas extemporáneamente.
5. El 29 de julio de 2003, el accionante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el mencionado auto. Mediante providencia del 10 de noviembre de 2003, el juzgado resolvió no reponer su auto y tampoco concedió el recurso de apelación.
6. El 13 de noviembre de 2003 el accionante interpuso recurso de queja ante el superior jerárquico, con el fin de que fuese surtido el recurso de apelación.
7. El 11 de mayo de 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali accedió al recurso de queja, concediendo la apelación en efecto diferido.
8. El 30 de agosto de 2005 fue sustentado el recurso de apelación contra el auto que declaró extemporáneas las excepciones de mérito presentadas dentro del proceso ejecutivo hipotecario.
9. El 25 de octubre de 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó el auto recurrido y el 2 de diciembre de ese mismo año, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali dictó sentencia, “sin tener en consideración las excepciones presentadas y por consiguiente se produce un fallo adverso a mi patrocinado”.
El accionante argumenta además que la decisión adoptada por el Juzgado 6º Civil del Circuito de Cali, confirmada por el tribunal de esa ciudad, constituye una vía de hecho ya que las excepciones no fueron planteadas extemporáneamente, por cuanto se allegaron al juzgado el 10 de julio de 2003, es decir, “dentro del término, pues el despacho abrió al público el primero (1º) de julio de dos mil tres (2003), a partir de esta fecha corren tres (3) días para el retiro de las copias del traslado de la demanda y vencidos estos comienza a correr el término para excepcionar, o sea, el término corre los días 4, 7, 8, 9 y 10 de julio de dos mil tres (2003), conforme al artículo 320 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil”.
De igual manera, el peticionario alega que “el juzgado de conocimiento debió proceder a notificar al demandado personalmente conforme a la ley anterior, para que el demandado se notificara personalmente, pero el despacho lo omitió y año y medio después envía aviso al demandado, haciendo una fusión de la norma anterior con la norma actual, ya que toma el primer aviso como comunicado y enviado el diecisiete (17) de julio de dos mil tres (2003) como el aviso según la reforma, notificando así al demandado, en lo cual hay un proceder errado también hay falencia en el aviso, toda vez que no expresa la fecha del mismo conforme a los parámetros del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil…”.
En pocas palabras, la petición de tutela se sustenta sobre la existencia de una vía de hecho judicial consistente en que el demandado cuenta con tres días para el retiro de copias del traslado de la demanda, transcurridos los cuales empieza a correr el término para proponer excepciones, término que no fue tomado en cuenta por el juzgado, ya que consideró que las excepciones de mérito habían sido presentadas extemporáneamente, decisión que fue confirmada por el tribunal.
El día 27 de febrero de 2006 la señora Juez 6ª Civil del Circuito de Cali contestó la petición de tutela oponiéndose a la misma argumentando que carece de todo sustento fáctico y jurídico, “en tanto que las argumentaciones que en su momento se expusieron rebaten las afirmaciones sesgadas de lo acaecido dentro del plenario, pues considero que analizadas las actuaciones cumplidas por el operador jurídico de turno se puede concluir que en momento alguno se incurrió en vía de hecho que amerite ser objeto de tutela”.
En igual sentido, el 24 de febrero de 2006, la magistrada Nubia Agudelo Bustamante explicó que la decisión adoptada no carece de fundamento objetivo ni obedece a la sola voluntad o capricho del fallador, sino que es razonable, basada en normas procesales “que si bien no coinciden con la interpretación dada por el tutelante no puede desconocerse el principio democrático de la autonomía del juez y mucho menos aún endilgar por esta circunstancia vía de hecho”.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 6 de marzo de 2006, decidió negar por improcedente la acción de tutela incoada por el señor Agudelo Marín, por cuanto el amparo contra providencias judiciales solo procede cuando el administrador de justicia incurre en una irrefutable y grosera arbitrariedad.
En el caso concreto, a juicio de la Corte, el criterio esbozado por los accionados no resulta ser irrazonable “u opuesto abiertamente al orden jurídico que haya considerado que de acuerdo con la reforma introducida sobre el punto por la Ley 794 de 2003, no es indispensable, en tratándose del proceso ejecutivo hipotecario, la entrega de anexos al ejecutado a efectos de surtir el traslado de la demanda”.
Agrega que, suprimida por la Ley 794 la obligación que establecía el inciso 2º del artículo 505 del estatuto procesal civil de entregar copias de los anexos de la demanda al ejecutado en el acto de intimación, “norma que a su turno varió la regla que sobre el particular establecía el Código de Procedimiento Civil de 1970, donde nada acerca del punto estaba previsto ni tampoco autorizaba el traslado al demandado en procesos de ejecución, no es descaminado o arbitrario concluir, como concluyeron en efecto los juzgadores accionados, quienes simplemente, por lo mismo, ejercieron la función interpretativa que les atañe ante un cuadro normativo como el que acaba de mencionarse”.
El despacho, mediante auto del 5 de julio de 2006, decretó como prueba que, por secretaría general se le solicitará al Juzgado 6º Civil de Circuito de Cali, que en el término de tres días enviara el cuaderno de copias del proceso ejecutivo hipotecario adelantado contra el accionante, e igualmente, certificara cuándo se había fijado y desfijado el correspondiente edicto en el proceso de la referencia y si durante el año 2003 el juzgado había estado cerrado por inventario. Vencido el término probatorio, según consta en informe secretarial del 19 de julio de 2006, “no se recibió documento alguno”.
En esta oportunidad le corresponde a la Sala determinar si, como lo sostiene la accionante, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali y la Sala Civil del tribunal de distrito judicial de la misma ciudad, vulneraron su derecho al debido proceso debido a que supuestamente de manera arbitraria en sus sentencias consideraron que las excepciones de fondo que planteó en el curso de un proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra, habían sido presentadas extemporáneamente, en los términos de la Ley 794 de 2003, cuando lo cierto es que la ley aplicable al caso era la norma derogada.
Para tales efectos, la Corte (i) reiterará su jurisprudencia en materia de causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) reiterará las líneas jurisprudenciales referentes a la notificación en tanto que elemento esencial del derecho al debido proceso; (iii) examinará las modificaciones introducidas en la legislación procesal civil en materia de notificaciones y presentación de excepciones en procesos ejecutivos hipotecarios, analizando el tema de la ley procesal en el tiempo; y (iv) resolverá el caso concreto.
d. Cuando la violación de los derechos fundamentales por parte del funcionario judicial es consecuencia de la inducción en error de que es víctima por una circunstancia estructural del aparato de administración de justicia, lo que corresponde a la denominado vía de hecho por consecuencia (6) .
4. La notificación como elemento fundamental del derecho al debido proceso. Reiteración.
En tanto que elemento esencial del derecho al debido proceso, a lo largo de los años, la Corte ha mantenido una sólida línea jurisprudencial, en el sentido de que la notificación, en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales. Al respecto, la Corte en Sentencia C-370 de 1994 consideró lo siguiente:
Posteriormente, esta corporación en Sentencia T-684 de 1998 estimó lo siguiente:
Al año siguiente, mediante Sentencia T-1012 de 1999 la Corte examinó en detalle las normas procesales civiles que rigen la notificación personal en los casos en que el demandado no es hallado o se impide la práctica de la diligencia:
“En ese orden de ideas, el Código de Procedimiento Civil dedica a las notificaciones el título XV del libro I y, aceptado que la personal lo es por excelencia, regula luego las demás como subsidiarias de aquella. El legislador, en el código en mención, en el propósito inequívoco de procurar la comparecencia del demandado al proceso, en el artículo 320 lo rodea de mayores garantías para que pueda cumplirse con él la notificación personal y, precisamente para ese efecto, dispone que si en la dirección indicada en la demanda no se encuentra a quien deba ser notificado personalmente, se le dé aviso de la existencia del proceso incoado contra él, que se dejará con la persona que se encuentre allí y manifieste que habita o trabaja en ese lugar, aviso en el cual se indicará con precisión “el proceso de que se trata, la orden de comparecer y el objeto de la comparecencia”, con señalamiento del término de que disponga para comparecer. Además, la norma señalada ordena fijar el aviso en la puerta de acceso a dicho lugar, salvo que se impida que el notificador haga tal fijación; y, si el acto de comunicación procesal que ha de cumplirse es el de la notificación del auto admisorio de la demanda o del que libra mandamiento de pago, el legislador, de manera expresa, ordena que en tal aviso se informe al demandado que ese término para concurrir a recibir la notificación personal, será “dentro de los diez días siguientes al de su fijación”, con la advertencia de que si no concurre al despacho judicial respectivo, se procederá a su emplazamiento, para que, cumplidas las formalidades establecidas por el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, si tampoco se notifica de manera personal, se le designe entonces curador ad litem con quien se surtirá entonces la notificación para que el proceso pueda válidamente adelantarse, sin que la contumacia del demandado a la notificación personal se erija como obstáculo insalvable para enervar la actuación e impedir de esa manera, carente de probidad y buena fe, que el Estado administre justicia en el caso concreto.
En suma, la notificación es un acto procesal de la mayor importancia por cuanto garantiza el ejercicio del derecho de defensa del demandado, razón por la cual su indebida realización vulnera el derecho al debido proceso civil.
5. Modificaciones introducidas en la legislación procesal civil en materia de notificaciones y presentación de excepciones en procesos ejecutivos hipotecarios. Aplicación de la ley procesal en el tiempo.
La Ley 794 de 2003, la cual entró en vigencia el 8 de abril de ese año (9) , introdujo importantes modificaciones en materia de notificaciones y presentación de excepciones en el trámite del proceso ejecutivo hipotecario.
En tal sentido, en lo que concierne a la notificación personal, prevista en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, (i) se prevé el cumplimiento de dos actos procesales por separado: citación y notificación; (ii) la notificación se precede de un trámite citatorio mediante la utilización de correo; (iii) la parte interesada, para tales efectos, solicita al secretario que se efectúe la notificación; (iv) el secretario, sin necesidad de auto que lo ordene, remite en un plazo máximo de cinco (5) días, una comunicación a quien deba ser notificado, a su representante o apoderado; (v) la citación se envía por medio de un servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones; (vi) en la comunicación se le informará al citado sobre la existencia del proceso, su naturaleza y fecha de la providencia que se debe notificar, la prevención para que comparezca al juzgado a recibir notificación y se le hará saber que debe hacerlo dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino; (v) para el caso de que el secretario no envíe la comunicación en el término señalado, esta podrá ser remitida de modo directo por la parte interesada en que se efectúe la notificación; (vi) si se envían ambas comunicaciones, para todos los efectos legales, se tendrá en cuenta la primera que haya sido entregada; (vii) una copia de la comunicación, cotejada y sellada por la empresa de servicio postal, deberá ser entregada al funcionario judicial o a la parte que la remitió; (viii) a la copia se acompañará una constancia expedida por dicha empresa sobre su entrega en la dirección correspondiente, para ser incorporada al expediente; (ix) si la persona por notificar comparece, se le pondrá en conocimiento la providencia, previa identificación, extendiéndose un acta en la que se exprese la fecha en que se practica, el nombre del notificado y la providencia que se notifica, acta que deberá ser firmada por el notificado y el empleado que realice la notificación; (x) al notificado no se le admitirán otras manifestaciones que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación de lo actuado y la interposición de recursos de apelación y casación; (xi) cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada y el interesado allegue al proceso la copia de la comunicación y la constancia de su entrega en el lugar de destino, el secretario, sin necesidad de auto que así lo ordene, procederá de manera inmediata a practicar la notificación por aviso en la forma establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil; y (xii) si la comunicación es devuelta con la anotación de que la persona no reside o no trabaja en el lugar, o porque la dirección no existe, se procederá, a petición del interesado, según lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, es decir, a emplazarlo.
Así mismo, se llevaron a cabo importantes modificaciones en lo atinente a la notificación por aviso, regulada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, como son (i) se suprimió la actuación del notificador del juzgado en la entrega del aviso; (ii) procede cuando no se le pueda hacer la notificación personal al demandado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, o no sea posible notificar el auto que ordena citar a un tercero o no sea logró adelantar la notificación de cualquier otra providencia que se deba hacer de manera personal; (iii) el aviso debe contener la fecha del mismo, la fecha de la providencia que se notifica, la identificación del juzgado en el cual cursa el proceso, la naturaleza del proceso, los nombres de las partes y la expresa advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino; (iv) cuando deba surtirse un traslado con entrega de copias, el notificado podrá retirarlas de la secretaría dentro de los tres días siguientes; (v) vencidos los tres días comenzará a correr el término respectivo; (vi) el interesado remitirá el aviso mediante servicio postal a la misma dirección a la que fue enviada la comunicación de que trata el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil; (vii) cuando se trate de auto admisorio de la demanda o mandamiento de pago, el aviso deberá ir acompañado de copia informal de la providencia que se notifica y de la demanda, sin incluir los anexos; (viii) el secretario agregará al expediente copia del aviso, acompañada de la constancia expedida por la empresa de servicio postal, de haber sido entregado en la respectiva dirección; y (ix) en caso de personas jurídicas de derecho privado con domicilio en Colombia, el aviso podrá ser remitido a su dirección electrónica; para tales efectos, la parte interesada deberá suministrar la demanda en medio magnético.
Así mismo, es necesario precisar que los artículos 29 y 32 de la Ley 794 de 2003, contentivos de sendas reformas a los artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil fueron declarados exequibles, por los cargos analizados, por la Corte en Sentencia C-783 de 2004, por las siguientes razones:
“7. Así mismo, en relación con la supuesta violación de los derechos de defensa y debido proceso puede señalarse lo siguiente:
Por otra parte, la Corte recalca que el supuesto normativo de la notificación por aviso es la imposibilidad de practicar la notificación personal, de acuerdo con el texto de la primera parte del primer inciso del artículo 320 demandado, en virtud del cual “[c]uando no se pueda hacer la notificación personal al demandado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, o la del auto que ordena citar a un tercero, o la de cualquiera otra providencia que se deba realizar personalmente, se hará por medio de aviso (…)”, lo cual significa que en primer lugar se debe cumplir el trámite para ese efecto, contemplado en el artículo 315, también demandado, del mismo código y que solo en caso de que este último resulte fallido se podrá acudir al trámite de la notificación por aviso.
Aunado a lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura ha expedido varios acuerdos reglamentarios de los artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil, mediante los cuales se regula el arancel judicial en asuntos civiles y de familia (10) , e igualmente, se precisan ciertos aspectos de las notificaciones personales y por aviso (11) .
Por otra parte, en lo que concierne a la presentación de excepciones previas y de mérito en los procesos ejecutivos hipotecarios, es preciso señalar que la Ley 794 de 2003 no modificó el artículo 555 del Código de Procedimiento Civil según el cual “el ejecutado podrá proponer excepciones previas y de mérito en el término de cinco días, “en la forma que regula el artículo 509”, el cual dispone que “dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de mérito, expresando los hechos en que se funda”.
Por último, en materia de vigencia de la ley procesal civil en el tiempo, se aplican las reglas generales, esto es, los procesos terminados antes del 9 de abril de 2003 no tiene incidencia alguna la reforma; a aquellos iniciados a partir de la mencionada fecha se les aplica por completo la nueva normatividad; por último, existe un régimen de transición según el cual los recursos interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los términos que hubieran comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se deben regir por las normas vigentes y en el momento en el que, cada una de estas actuaciones procesales se empezaron a cumplir.
En el presente caso se tiene que, por conducto de apoderado judicial, la entidad Banco AV Villas instauró demanda ejecutiva con título hipotecario contra el accionante, a efectos de perseguir el pago de una obligación dineraria derivada de un contrato de mutuo garantizada con título hipotecario constituido por el demandado a favor de la misma entidad, más los respectivos intereses de mora y costal procesales.
El 8 de agosto de 2001 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali libró mandamiento de pago decretando conjuntamente el embargo y secuestro del bien inmueble dado en garantía.
En vigencia de la normatividad procesal anterior, al accionante le llegó el 10 de enero de 2002 un aviso para notificarlo del mandamiento de pago. Los diez días con que contaba para presentarse al juzgado para notificarse personalmente de aquél, vencieron el 23 de enero de 2002. Además, según la apoderada del accionante el correspondiente edicto, en los términos del artículo 318 de la normatividad anterior, no fue fijado.
El día 9 de junio de 2003 el juzgado fue cerrado por inventario volviendo a abrir el 27 de junio del mismo año. Durante ese tiempo se le remitió al accionante un nuevo aviso, en los términos de la nueva Ley 794 de 2003, la cual había entrado en vigor el 8 de abril de ese año. De allí que, aplicando la nueva normatividad, el juez entendió que la notificación quedaba surtida al día siguiente de la entrega del aviso, es decir, el 1º de julio de 2003, contando a partir de allí con un término de cinco días para presentar excepciones, las cuales fueron planteadas solo hasta el 10 de julio de ese año, es decir, de manera extemporánea para el juzgado y en término para el demandante si se tiene en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo 2255 del Consejo Superior de la Judicatura a cuyo tenor “cuando deba surtirse el traslado con entrega de copias, el notificado podrá retirarlas del despacho judicial dentro de los tres (3) días siguientes, al que se surta la notificación, vencidos los cuales comenzará a correr el término respectivo”.
El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali, mediante auto interlocutorio del 4 de noviembre de 2003, por medio del cual resolvió el recurso de reposición interpuesto “por la apoderada judicial de la parte actora contra el auto fechado el 21 de julio de 2003, por virtud del cual se agregan a los autos las excepciones allegadas por estar fuera de término”, consideró lo siguiente:
“Tenemos que al realizar el control legal de las actuaciones relacionadas con la inconformidad de la recurrente, se observa antes que nada, que al demandado no se le ha conculcado su derecho de defensa, porque si bien es cierto que por el cúmulo de trabajo en el juzgado no se dio aplicación al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil durante la vigencia de la norma anterior, tampoco este compareció a notificarse de la demanda.
Ahora bien, alega la recurrente que el despacho no cumplió con lo establecido en el artículo 699 ibídem, pero al respecto se aclara que antes de entrar en vigor la Ley 974 de 2003, no estaba corriendo ningún término para el demandado, pues el de los 10 días que concedía el artículo 315 ejusdem le precluyó el 7 de marzo de 2003 y el 27 de mayo de 2003 el apoderado de la parte actora aportó las expensas para notificar al demandado y continuar con el trámite adecuado a la reforma al Código de Procedimiento Civil Ley 974 de 2003, la cual dio como resultado positivo la diligencia de notificación realizada el 17 de junio de 2003, cuando estaba cerrado el juzgado por inventario.
Por disposición del artículo 112 ibídem se cerró el despacho el 9 de junio de 2003 para realizar inventario por cambio de secretario. Así las cosas, tenemos que la notificación quedó surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso, es decir, el 1º de julio de 2003 a las 6:00 de la tarde y el término para proponer excepciones comenzó a correr el 2 de julio de 2003, venciéndose el 8 de julio de 2003 a las 6:00 de la tarde; en el caso de autos y en tratándose de proceso ejecutivo con título hipotecario, solo se proponen excepciones, por consiguiente, el término de tres días para recibir los anexos de la demanda para contestarla no se aplica en estos procesos. Y por estar cerrado el despacho, no corrieron términos, pero sí la notificación al demandado realizada el 17 de junio de 2003 quedó surtida, porque es sabido, la misma puede realizarse en día hábil o no. Por lo tanto, no le asiste la razón a la recurrente cuando en el numeral 5º de su escrito, asevera que el 18 de junio de 2003 damos por notificado al demandado, siendo lo cierto que para el cómputo de los términos para proferir el auto atacado, se realizó a partir del 2 de julio de 2003 vencido este el 8 de julio de 2003 y el escrito de excepciones lo allegó la apoderada de la parte ejecutada el 10 de julio de 2003. Como observamos, se aportó en forma extemporánea.
El 29 de julio de 2003 el accionante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el anterior auto. Mediante providencia del 10 de noviembre de ese mismo año, el juzgado decidió no reponer y negar el recurso de apelación. Ante tal situación, el día 13 de noviembre de 2003 el demandado interpuso recurso de queja ante el inmediato superior, el cual concedió la apelación en efecto diferido.
Con fecha 21 de octubre de 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó el auto recurrido, con los siguientes argumentos:
“En el caso que ocupa a la Sala, el aviso se entregó a la parte interesada el 17 de junio de 2003, es dentro de la entrada en vigencia de la Ley 794 del mismo año. En efecto, de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso. Sin embargo, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali se encontraba cerrado por inventario desde el 9 hasta el 27 de junio de 2003. De ahí, pues, que el término hábil siguiente para la notificación empezó a correr desde el 1º de julio. De esta manera, si el aviso fue recibido el 17 de junio de 2003 y la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega, esto sucedió el 1º de julio de 2003 a las 6:00 p.m. Por lo tanto, como se trata de un proceso ejecutivo con título hipotecario, una vez notificado el demandado del auto de mandamiento de pago, el numeral 2º del artículo 555 lo faculta para proponer excepciones previas y de mérito en el término de cinco días. De ahí, pues, que el lapso para ello empezó a correr el día siguiente hábil, o sea el 2 de julio. Los otros cuatro días corrieron el 3, 4, 7 y 8. Sin embargo, las excepciones de mérito se presentaron el 10 de julio, cuando ya había vencido la oportunidad para hacerlo válidamente”.
Posteriormente, en su sentencia del 28 de noviembre de 2005, mediante la cual se ordena seguir adelante con la ejecución, el mencionado juzgado estimó lo siguiente:
“Realizados los trámites legales para notificar al demandado en la forma prevista en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, el demandado se tuvo por notificado por conducta concluyente el 10 de julio de 2003, conforme al poder que le otorgó a la abogada Lizeth Carrascal Borrero, quien propuso excepciones y contestó la demanda en forma extemporánea, por lo que precluidos los términos de que disponía para pagar o excepcionar sin ejercitarlos oportunamente, el proceso pasó al despacho para proferir el fallo que en derecho corresponda”.
Pues bien, una vez examinado en detalle lo sucedido en el proceso ejecutivo hipotecario adelantado contra el señor Gustavo Agudelo Marín, así como las decisiones adoptadas por los jueces de instancia, la Sala considera que la acción de tutela no está llamada a prosperar por las siguientes razones.
En lo que concierne al del mandamiento de pago, como se ha explicado, su adecuada notificación constituye un elemento esencial del derecho al debido proceso civil, por cuanto garantiza el ejercicio del derecho de defensa, en los términos del artículo 29 superior.
En el presente caso, se tiene que el mandamiento de pago fue proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali el 8 de agosto de 2001; el 10 de enero de 2002 recibió el correspondiente aviso para notificarlo del mandamiento de pago; los diez días con que contaba para presentarse al juzgado a efectos de notificarse vencieron el 23 de enero. En tal sentido, en los términos del anterior artículo 320 del Código de Procedimiento Civil procedía entonces el adelantamiento del correspondiente emplazamiento y nombramiento de curador ad litem. Sin embargo, debido a que la Ley 794 de 2003 entró a regir el 8 de abril de 2003 modificando, como se ha analizado, algunos aspectos de la notificación personal y por aviso, el juzgado, ante la imposibilidad de notificar personalmente al demandado, decidió enviarle un nuevo aviso de conformidad con los requisitos y formalidades, más rigurosos por lo demás, estipulados en la nueva normatividad procesal civil.
Se podría pensar, en consecuencia, que el juzgado incurrió en una causal de procedencia de la acción de tutela debido a que no aplicó una tradicional regla procesal, de rango legal, según la cual la notificación debió haberse regido estrictamente por la ley vigente al momento en que comenzó a surtirse aquella, es decir, los anteriores artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil y no por la Ley 794 de 2003. Sin embargo, la Sala estima que dicha irregularidad no ofrece relevancia constitucional, debido a que el derecho de defensa del demandado, en los términos del artículo 29 superior, no se vio perjudicado en lo más mínimo con la aplicación de una nueva normativa procesal civil a la notificación que se venía surtiendo, regulación que incluso, como se ha estudiado, resulta ser más técnica y garantista de los derechos del demandado que la anterior; tanto es así que debido a este segundo aviso se enteró realmente del proceso que se adelantaba en su contra, motivo por el cual decidió presentar excepciones de fondo, lo cual no hubiese sucedido de haberse nombrado un curador ad litem. En otras palabras, las normas procesales referentes a la vigencia de la ley en el tiempo necesariamente deben ser interpretadas a la luz del artículo 29 superior.
Aunado a lo anterior, la Sala considera que la referida irregularidad en la que se incurrió al momento de terminar de surtir la notificación el mandamiento de pago bien hubiera podido ser invocada por el demandado como una causal de nulidad del proceso, en los términos del artículo 140.9 del Código de Procedimiento Civil según el cual aquella procede “cuando no se practica de forma legal la notificación a personas determinadas”, nulidad que puede presentarse en cualquiera de las instancias antes de dictar sentencia. En otras palabras, el accionante contaba con otra vía procesal efectiva para alegar la supuesta vulneración de su derecho de defensa. Es más, decidió presentar la presente acción de tutela contando todavía con la posibilidad de apelar la sentencia mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución.
Ahora, una segunda irregularidad alegada por la demandante consiste en que el juzgado y el tribunal le habrían vulnerado su derecho de defensa, por cuanto, a su juicio presentó en tiempo unas excepciones de fondo, las cuales fueron estimadas extemporáneas. Como respaldo de su afirmación, trae a colación lo dispuesto en el Acuerdo 2255 del Consejo Superior de la Judicatura a cuyo tenor “cuando deba surtirse el traslado con entrega de copias, el notificado podrá retirarlas del despacho judicial dentro de los tres (3) días siguientes, al que se surta la notificación, vencidos los cuales comenzará a correr el término respectivo”.
Las autoridades públicas accionadas coincidieron en que para el caso de los procesos ejecutivos hipotecarios, los demandados no contaban con el término de los tres días, vencidos los cuales se corre el respectivo término procesal, es decir, aquel de cinco días para esta clase de procesos civiles. Tal interpretación de la ley, no configura causal alguna de procedencia de la acción de tutela, por la sencilla razón de que una de las reformas que trajo la Ley 794 de 2003 es precisamente aquella según la cual cuando se trate de auto admisorio de la demanda o mandamiento de pago, el aviso deberá ir acompañado de copia informal de la providencia que se notifica y de la demanda, sin incluir los anexos, es decir, no se cumple el supuesto de hecho consagrado en el acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
En este orden de ideas, la Sala Séptima de Revisión confirmará la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se negó el amparo solicitado.
1. CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 6 de marzo de 2006 por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se negó el amparo solicitado por el señor Gustavo Agudelo Marín.
(9) La Ley 794 de 2003 fue promulgada el 8 de enero de ese año, y en los términos de su artículo 70 entró a regir “(3) meses después de su promulgación”, es decir, el 9 de abril de 2003.
(10) Acuerdo 1772 del 10 de abril de 2003, “Por medio del cual se establece el arancel judicial en asuntos civiles y de familia”.
(11) Acuerdo 1175 del 24 de abril de 2003, “Por medio del cual se regula el procedimiento para las notificaciones personales y por aviso de que trata la Ley 794 de 2003”.