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Timestamp: 2014-04-19 13:05:39
Document Index: 244643121

Matched Legal Cases: ['artículo 1243', 'artículo 29', 'artículo 1234', 'artículo 1234', 'artículo 1604', 'artículo 1234', 'artículo 1604', 'artículo 1234', 'artículo 1604', 'artículo 1234', 'artículo 27', 'artículo 1234', 'artículo 1234', 'artículo 1625', 'artículo 1687', 'artículo 830', 'artículo 1244', 'artículo 830', 'artículo 2341', 'artículo 830', 'artículo 871', 'artículo 1506', 'artículo 864', 'artículo 158']

Laudo Arbitral de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, Julio 18, 2005 - Jurisprudencia
Laudo Arbitral de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, Julio 18, 2005
CONDICIÓN PROFESIONAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
CONTRATO DE FIDUCIA - fiduciante fiduciario y beneficiario
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ENTIDADES FINANCIERAS -servicio público de interés general CLÁUSULAS NULAS O ABUSIVAS
El tribunal de arbitramento constituido para dirimir en derecho las diferencias surgidas entre José Manuel Espinosa contra Fiduestado S.A. y Banco del Estado S.A, administrando justicia y en nombre de la República de Colombia, profiere el siguiente laudo arbitral
Solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento.
Mediante escrito presentado ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 29 de julio del 2004, el señor José Manuel Espinosa Osorio solicitó la convocatoria de un tribunal de arbitramento para que resolviera a través de un proceso arbitral las pretensiones contenidas en la demanda formulada contra la Fiduciaria del Estado S.A.
y el Banco del Estado S.A.
En el presente caso el pacto arbitral, en su modalidad de cláusula compromisoria, se encuentra contenido en cláusula 17 del contrato de fiducia mercantil celebrado, entre el señor José Manuel Espinosa Osorio y la Fiduciaria del Estado S.A.
en liquidación, el 18 de enero de 1995.
Cláusula décima séptima. Arbitramento. Se pacta expresamente que todas aquellas diferencias que se presenten entre las partes con ocasión de la celebración del presente contrato y que no puedan ser arregladas amigablemente serán dirimidas de acuerdo con los términos establecidos en el Decreto 2279 de 1989 de acuerdo con las siguientes reglas: a) El tribunal estará integrado por 1 árbitro; b) La organización interna del tribunal se sujetará a la reglamentación prevista para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. c) El tribunal decidirá en derecho; d) El tribunal funcionará en Bogotá. e) Las partes recibirán notificaciones en las direcciones suministradas anteriormente .
Nombramiento de árbitro único.
Instalación del tribunal.
Contestación de la demanda y su traslado.
Sumas a cargo de las partes.
Trámite arbitral.
Las partes y su representación.
Los hechos en los que se sustenta la demanda.
José Manuel Espinosa, en su calidad de fiduciante y Fiduciaria del Estado S.A., en su condición de fiduciaria, celebraron un contrato de fiducia mercantil en garantía, según consta en la E.P. 0258 de enero 18 de 1995 de la notaría 37 de Bogotá.
En desarrollo del mencionado contrato de fiducia en garantía, se expidió el certificado de garantía 001 de marzo 17 de 1995 por la suma de $ 80.000.000, a favor del Banco del Estado.
Posteriormente se expidió el certificado de garantía 002 de septiembre 1º de 1997 a favor del Banco del Estado, por la suma de $ 49.621.100.
En la cláusula novena del contrato de fiducia en garantía contenido en la E.P. 0258, se estableció el siguiente procedimiento de ejecución de garantía, en caso que el fideicomitente incumpliera cualquiera de las obligaciones surgidas de los certificados de garantía, a saber:
Información sobre cumplimientos de la obligación, mediante comunicación escrita remitida por el beneficiario a la fiduciaria.
Requerimiento de la fiduciaria al fiduciante para que dentro de los 10 días siguientes, acredite el cumplimiento de la obligación reclamada.
Si vencido el término de los 10 días, no se acredita lo anterior, la fiduciaria procederá a ofrecer en venta los inmuebles fideicomitidos.
Si pasados dos meses no se ha podido vender los inmuebles, se procederá a efectuar la dación en pago a favor de los acreedores.
Fiduciaria del Estado es una sociedad comercial especializada en contratos de fiducia mercantil.
El Banco de Estado S.A., es una entidad financiera especializada en operaciones bancarias y de crédito en general.
Fiduciaria del Estado S.A., en su calidad de profesional, fue quien diseñó, dispuso y elaboró la minuta del contrato de fiducia, suscrito con José Manuel Espinosa.
El Banco de Estado S.A., al aceptar los certificados de garantía, aceptó igualmente someterse a lo estipulado en el contrato de fiducia contenido en la escritura 0258 de enero 18 de 1995 en la notaría 37 de Bogotá.
El Banco de Estado S.A., en su calidad de matriz y la Fiduciaria del Estado, en su calidad de subordinada, pertenecen al mismo grupo financiero.
A finales del año 1994, José Manuel Espinosa solicitó la apertura de un crédito de la línea redescenso IFI, ante el Banco del Estado.
Con el fin de continuar con la tramitación del crédito, Banestado exigió a mi cliente la constitución de una garantía previa, la cual se otorgó mediante escritura pública 0258 de enero 18 de 1996 consistente en la celebración de un contrato de fiducia en garantía con Fiduestado, subordinada de Banestado.
Constituida la garantía, el 24 de febrero de 1995, Banestado suscribió y desembolsó el crédito 001-1995-00121-7, por la suma de $ 80.000.000, a mi cliente.
Para garantizar dicho crédito se expidió el certificado de fiducia en garantía 001, anteriormente mencionado.
Por problemas de solvencia económica, mi cliente incurrió en mora en el pago de cuotas e intereses respecto a la obligación 001-1995-00121-7, desde el día 14 de marzo de 1995.
No obstante la mora y lo regulado en el contrato de fiducia, respecto a la ejecución inmediata de la garantía, el Banco del Estado, incumpliendo con dicho contrato, empezó a cobrar intereses sobre intereses pues la mora del deudor le resultaba más lucrativa, que la ejecución del contrato de fiducia en garantía.
Banestado no solamente incumplió con la obligación de solicitar la ejecución de la garantía, sino que igualmente requirió los servicios de abogados independientes para realizar el cobro (anexo pruebas 1, fl. 183).
Fiduestado conocía la mora de mi cliente en relación a la obligación garantizada y tampoco hizo nada para comenzar la ejecución de la garantía fiduciaria.
Banestado solo informó a la fiduciaria del incumplimiento de la obligación el día 10 de julio de 1997 (fl. 144, anexo de pruebas 1).
Fiduestado solamente dio inicio al procedimiento de ejecución de la garantía, el día 14 de julio de 1997, aunque desde mucho antes conocía el incumplimiento.
Cobrando suculentos intereses de mora e incurriendo en la práctica de anatocismo, entre Banestado y Fiduestado, presionaron a mi cliente a refinanciar la deuda; lo cual ocurrió el día 11 de septiembre de 1997 bajo el número 001-1997.00104-5, por la suma de $ 130.000.000.
Para garantizar la nueva reestructuración del crédito, se expidió el certificado de garantía 002, el día 1º de septiembre de 1997.
No obstante la reestructuración del crédito, mi cliente volvió a incurrir en mora.
Pasando por alto lo previsto en el contrato de fiducia, y sin haber cubierto la obligación en mora, la fiduciaria nuevamente requiere a mi cliente para dar inicio a la ejecución de la garantía, el día 9 de marzo de 1999 (fl. 127 anexo de pruebas 1).
Durante todo el procedimiento y desarrollo de las operaciones crediticias, el Banco del Estado y su subordinada Fiduestado, obraron de común acuerdo, abusando de su posición dominante y en contra de los intereses de mi cliente.
La situación llegó a tal punto que, olvidando el procedimiento de ejecución previsto en el contrato, la fiduciaria se negó a darle trámite, hasta cuando no recibiera las instrucciones y las condiciones al efecto, impartidas por Banestado.
Si la ejecución de la garantía se hubiera iniciado a finales de esa marzo de 1995, ya que mi cliente se encontraba en mora, en esa época, los 10 días de requerimiento vencían a mediados de abril de 1995 y los 2 meses para la venta expiraron a mediados de junio de 1995; fecha en la cual debió realizarse la dación en pago a favor de Banestado y la devolución del remanente a favor de mi cliente.
La dación en pago solo se perfeccionó mediante escritura pública 2013 de septiembre 5 de 2001, de la notaría 11 de Bogotá.
Es decir, la fiduciaria dilató por más de seis años la ejecución de la garantía, desconociendo lo previsto en el contrato de fiducia, permitiendo que durante dicho lapso se le cobraran intereses moratorios a mi cliente y algunas veces intereses sobre intereses. Igualmente la actitud de la fiduciaria obligó a mi cliente a hacerse cargo de pagar servicios, cuotas de administración, impuestos y celaduría, sobre los bienes fideicomitidos durante dicho lapso.
En la mencionada escritura de dación en pago, la fiduciaria consciente de las irregularidades en que había incurrido y de la enorme responsabilidad de su parte, nuevamente en asocio con el Banco del Estado, predispuso la minuta e incorporó una serie de cláusulas leoninas y abusivas que no pueden tener eficacia, mediante las cuales supuestamente se prohibía a mi cliente el inicio de cualquier acción arbitral en contra de la fiduciaria.
Para no seguir perjudicándose, mi cliente se vio en la necesidad de firmar la escritura de dación en pago, no obstante las cláusulas de irresponsabilidad incorporadas en ella.
Fiduestado y Banestado son profesionales de los servicios financieros y detentan una posición dominante frente a mi cliente que es de profesión economista.
En el contrato de fiducia, cláusula décima séptima, se incluyó la cláusula compromisoria .
Que como consecuencia de lo anterior, se condene a Fiduciaria del Estado S.A. y/o Banestado, a resarcir los perjuicios que se acrediten en el proceso, a favor del señor José Manuel Espinosa Osorio, tanto por daño emergente como por lucro cesante.
Que se manifieste que la cláusula G de título II (entrega al Banestado) contenida en el acta de recibo y entrega del inmueble, suscrita el 6 de septiembre de 2001, es abusiva.
Que se manifieste que las cláusulas séptima y la cláusula final sobre comparecencia de José Manuel Espinosa, en sus numerales 1º y 6º que forman parte de la dación en pago; así como las cláusulas segunda (liquidación del contrato), tercera (declaración de paz y salvo), octava (libertad de gravámenes) inciso segundo y novena (transacción) de la parte denominada liquidación y restitución, cláusulas todas contenidas en su escritura pública 0258 de fecha enero 18 de 1995 de la notaría 11 de Bogotá, son abusivas.
Que se condene en costas y agencias en derecho a los demandados.
Que como consecuencia de lo anterior, se condene a Fiduciaria del Estado S.A., a resarcir los perjuicios que se acrediten en el proceso, a favor del señor José Manuel Espinosa Osorio, tanto por daño emergente como por lucro cesante.
Que se condene en costas y agencias en derecho a los demandados .
Falta de competencia del tribunal de arbitramento frente el Banco del Estado.
Ausencia de elementos de la responsabilidad civil contractual.
Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales.
Ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones.
Paz y salvo contractual y de responsabilidad.
Contrato cumplido.
Garantía de derechos del fideicomitente en todos los actos de constitución y ejecución del fideicomiso.
Autonomía de la voluntas del fideicomitente frente al acta de entrega del inmueble.
Para nadie es lícito sacar provecho de su propia culpa o dolo.
El día 13 de enero de 2005, se dio inicio a la primera audiencia de trámite y el tribunal, mediante auto 5 se declaró competente para conocer y decidir en derecho las controversias surgidas entre José Manuel Espinosa Osorio, de una parte, y de la otra, Fiduciaria del Estado S.A.
en liquidación- y el Banco de Estado S.A.
Término del proceso.
La condición profesional de las entidades financieras.
Se invoca en la demanda y así se acepta por las convocadas que, tanto Fiduciaria del Estado como Banestado, son entidades financieras especializadas en la prestación de servicios financieros. Tal especialización viene demarcada por la determinación y especificación del objeto social que ha señalado el mismo legislador, en los artículos 29 y 7º del estatuto orgánico del sistema financiero (EOSF), (en este mismo sentido se ha pronunciado el C.E., Sec. Cuarta, exp. 8176. sent. jun. 6/97). A lo anterior, se añade el hecho que, la prestación de este servicio especializado, el cual se considera de conveniencia pública, está sometido a un control y vigilancia especial a cargo de la Superintendencia Bancaria.
Tratándose de entidades especializadas en servicios financieros y bajo un control estatal; resulta apenas evidente que estas se convierten en verdaderos profesionales en la prestación de servicios fiduciarios y bancarios y así se presentan al público en general, bajo el eslogan: vigilada por la Superintendencia Bancaria .
Siguiendo el profesor Gean Sabatier, para calificar un derecho como profesional se quiere que el ordenamiento correspondiente reconozca unos derechos particulares a quienes ejercen la profesión; al propio tiempo debe imponerles unas obligaciones correlativas para proteger los intereses generales de la profesión y, finalmente debe subordinar los intereses profesionales a los intereses sociales y/a la seguridad de los terceros.
Precisamente todas aquella condiciones se predican del derecho bancario. Es evidente, de un lado, que las instituciones bancarias gozan de unos privilegios o prerrogativas respecto de los demás particulares, dada su particular naturaleza y la actividad en la que se ocupan en especial son los únicos agentes económicos que pueden administrar el ahorro del público y utilizar la denominación genérica que distingue su actividad, a través del empleo de las palabras banco, corporación financiera, etc., en su nombre comercial. De otra parte, solo ellas tienen acceso a la liquidez de la banca central, que a su turno actúa como banquero de los bancos y banco de última instancia. Y la legislación procesal les establece un régimen especial para el cobro de los créditos que, como activo sustancial de su estructura financiera, constituyen la fuente de respaldo del ahorro que captan del público (Néstor Humberto Martínez Neira. Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Legis. Segunda edición. Pág. 26).
¿Qué lectura hemos de sacar, entonces de todo lo expuesto?
Pues que por ambos caminos esto es, tanto por la vía de calificación de profesional de la responsabilidad del banquero, como por el camino de considerar que estamos, sino por ante un servicio público o cuasipúblico , por lo menos ante una actividad de interés público
no solo no habremos de encontrarnos cuando nos enfrentemos a los bancos ante sujetos privilegiados como los organismos de derecho público con los cuales solía identificárselos hace décadas, sino que nos hallaremos antes instituciones cuyos deberes y obligaciones frente a sus clientes se los deberá considerar sensiblemente agravados (Ernesto Eduardo Matorell. Tratado de los contratos de empresa. Tomo I. Depalma, año 2000. Pág. 47).
En efecto, si de lo que se trata es de preservar la confianza en la idoneidad profesional y moral en el ejercicio de la función pública o en la prestación del servicio público, no pueden resultar indiferente los antecedentes de las personas llamadas a ese cometido. (...) Dicha actividad financiera constituye un servicio público de interés general, como arriba se dijo... (Sent. C-1062, nov. 11/2003).
... Todo lo cual se haya estrechamente vinculado al insoslayable y aquilatado deber de información que, en guarda de la buena fe tiene el profesional de este tipo de negocios, con mayor razón cuando funge como predisponente del contenido contractual (sent., exp. 6462, dic. 13/2002).
Las obligaciones de las fiduciarias
En relación a las obligaciones que asumen las fiduciarias y su responsabilidad, hay que partir de los principios generales establecidos en el artículo 1243 del Código de Comercio y en el artículo 29 numeral 3º del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero . Conforme al primero, El fiduciario responde hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su gestión y, de acuerdo al segundo, como principio general, las obligaciones de las fiduciarias son de medios y no de resultado.
En relación a las obligaciones de medio, se tiene establecido por la doctrina que estas constituyen verdaderas obligaciones de diligencia, consistentes en realizar el mejor esfuerzo para procurar el objetivo buscado con el contrato. ¿Pero hasta dónde debe llegar la prudencia y diligencia de la fiduciaria en el cumplimiento del encargo realizado por el fideicomitente? El artículo 1234 del Código de Comercio , numerales 1º y 6º, establece la pauta orientadora en este sentido, al disponer que corresponde a la fiduciaria:
Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia .
Procurar el mayor rendimiento de los bienes objeto del negocio fiduciario... .
De manera que, a la fiduciaria le corresponde hacer absolutamente todo lo que esté a su alcance, para que se cumplan las finalidades del contrato. El legislador no deja duda alguna y califica la diligencia de la fiduciaria bajo la frase: Todos los actos . Lo anterior implica, necesariamente, el obrar con la misma prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios y hacer todo lo posible para que el contrato sea un éxito.
Adicionalmente, la ley le encarga la obligación de procurar el mayor rendimiento, respecto al patrimonio autónomo. Nótese cómo la diligencia y prudencia no se restringe a la obtención de un rendimiento mediano, sino que se exige a la fiduciaria, el buscar el mayor rendimiento posible.
A todo lo anterior, se une el hecho que el artículo 1234 del Código de Comercio constituye una norma de orden público, inmodificable por las partes. Si bien es cierto que la doctrina y jurisprudencia colombiana suelen acudir al artículo 1604 del Código Civil para establecer la graduación de la responsabilidad de la fiduciaria; es de advertir que, dicha norma solo se aplica parcialmente al contrato de fiducia. En primer término, dispone el mencionado texto que; La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo . Con lo anterior, aparece claro que corresponde a la fiduciaria acreditar que realizó diligentemente todos los actos necesarios para lograr el fin del contrato y que procuró obtener el mayor rendimiento posible, en relación al patrimonio autónomo. No queda duda pues, que, la fiduciaria, como obligación de medios, asume una obligación de diligencia, como expresamente lo determina el legislador, en el artículo 1234 del Código de Comercio , numeral 1º.
Por otra parte y en relación a la parte final del artículo 1604 del Código Civil ( Todo lo cual, sin embargo se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones expresas de las partes ), dicho inciso no aplica al contrato de fiducia. En efecto, cuando el artículo 1234 del Código de Comercio dispone que: Son deberes indelegables del fiduciario, además de los previstos en el acto constitutivo, los siguientes... ; no se está disponiendo otra cosa diferente al hecho que, las partes, no pueden pactar en contrario. Los deberes indelegables son aquellos que solamente puede cumplir una persona y que además, debe asumirlos obligatoriamente, pues no existe posibilidad que alguien más los cumpla. Por razón de lo anterior, y pese a que el artículo 1604 del Código Civil , permite a los contratantes graduar la culpa, hasta llegar al extremo de consagrar cláusulas de irresponsabilidad o de liberación de culpa; en relación a las obligaciones expresamente pactadas en el contrato de fiducia y las que taxativamente regula el legislador en el artículo 1234 tantas veces comentado, resulta imposible pactar en contrario. Se insiste, todas estas obligaciones conforman el universo de deberes indelegables de la fiduciaria. En palabras sencillas: los deberes indelegables de la fiduciaria, son deberes que solamente asume y debe cumplir dicho contratante y que asume por voluntad del legislador, así no consten en el contrato mismo y al ser indelegables, resultan irrenunciables.
Finalmente, a fin de compatibilizar los artículos 1243 del Código de Comercio (responsabilidad por culpa leve) y 63 del Código Civil (noción del culpa leve), por una parte; con lo previsto en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (D. 663/93) en concordancia con la regulación especial del contenido del artículo 1234 del Código de Comercio , por otra parte; hay que efectuar el siguiente análisis: Si bien, el responder hasta por culpa leve implica actuar con la diligencia o cuidado ordinario o mediano , tratándose de profesionales como las fiduciarias, a quienes una ley posterior al Código de Comercio les endilga una responsabilidad de medios (EOSF) y el mismo Código de Comercio (art. 1234) les exige una diligencia profesional; hay que concluir que esa diligencia ordinaria o mediana (C.C. , art. 63) se mide en relación a otros profesionales que desarrollan la misma actividad financiera y no tomando en consideración al común de las gentes. Lo anterior significa que su diligencia y cuidado no se encuadra en los parámetros del comportamiento de un buen padre de familia sino en relación a buen hombre de negocios.
En cuanto a la responsabilidad de los bancos, según se desprende de lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero , estos son verdaderos profesionales que deben comportarse como tales y también le son aplicables la mayoría de las consideraciones anteriores.
El contrato de fiducia en garantía
El contrato de fiducia bajo la modalidad de fiducia en garantía , suscrito mediante escritura 258 del 18 de enero de 1995 de la notaría 37 de Bogotá, en su cláusula segunda, dispuso que su fin principal era transferir un inmueble... con el objeto de garantizar a los beneficiarios, con el bien fideicometido... En el parágrafo primero del mencionado artículo, se acordó, igualmente:
El fideicomitente autoriza expresa e irrevocablemente a la fiduciaria para que en caso de incumplimiento debidamente acreditado de alguna de las obligaciones que el patrimonio respalde, la fiduciaria enajene el bien que constituye la garantía del presente contrato, a solicitud de los beneficiarios en la forma y términos establecidos en este contrato .
Las garantías se harán efectivas siempre y cuando las deudas no hayan sido cubiertas .
Incumplimiento y condiciones para la enajenación de la garantía. El bien fideicomitido sirve de garantía y asegura el pago de las obligaciones adquiridas por el fideicomitente en la forma y términos previstos en los documentos correspondientes y puede hacerse efectiva cuando cualquiera de ellos se haga exigible de acuerdo con los términos establecidos en los mismos documentos. Incumplidas las obligaciones garantizadas, uno o todos los beneficiarios solicitarán por escrito a el fiduciario que realice la venta del bien dado en fiducia en razón del incumplimiento de las obligaciones garantizadas exhibiendo a esta el título de crédito vencido, para lo cual el fiduciario al recibir del beneficiario la demostración del incumplimiento y la solicitad para que proceda la venta del bien fideicomitido, notificará por escrito a el fideicomitente para que este dentro de los diez (10) días ordinarios siguientes a la fecha de la comunicación remitida por correo certificado a la dirección registrada de el fideicomitente, demuestre haber dado cumplimiento a las obligaciones garantizadas o las cumpla si a la fecha continúan pendientes. Si el fideicomitente no cumpliere con lo aquí estipulado, el fiduciario procederá a la enajenación del bien dado en fiducia en los siguientes términos y condiciones: 1) De acuerdo con el valor del avalúo comercial que debe realizarse cada año a costa del fideicomitente, el 80% del último avalúo será considerado como precio de venta. 2) El fiduciario podrá ofrecer y se entiende autorizado para enajenar el inmueble objeto de fiducia. El costo de la enajenación será con cargo a los recursos del patrimonio autónomo o al producto de la venta si este no es suficiente. 3) Si transcurridos dos (2) meses desde la puesta en venta del bien, este no se ha vendido, el fiduciario procederá a realizar las correspondientes daciones en pago con cargo al patrimonio autónomo. 4) Una vez cubiertos los pasivos del patrimonio se restituirán al fideicomitente los bienes muebles o inmuebles restantes .
Cuando se acredite el incumplimiento de una obligación garantizada, la fiduciaria debe proceder a enajenar el bien en la forma y términos establecidos en el contrato.
El contrato dispone la forma y términos del procedimiento de ejecución, en la cláusula novena, consagrando los siguientes pasos:
Se expiden los certificados de garantía a favor del acreedor garantizando (en este caso, Banestado).
El monto, naturaleza, exigibilidad y vencimiento de las obligaciones garantizadas, se establece por escrito, de común acuerdo entre el fideicomitente y el beneficiario.
En caso de incumplimiento de alguna obligación garantizada, el beneficiario solicitará a la fiduciaria, por escrito, que se realice la venta del bien dado en fiducia; afirmando el incumplimiento de la obligación y exhibiendo el título del crédito vencido.
Cumplido lo anterior, la fiduciaria notificará por escrito al fideicomitente para que dentro de los 10 días ordinarios siguientes al requerimiento, cumpla con la obligación incumplida o demuestre su cumplimiento previo.
Si el fiduciante no cumpliere o no demostrare el cumplimiento de la obligación, dentro del término de las 10 días anotados. el fiduciario procederá a la enajenación del bien dado en fiducia (El procederá implica que es un actuación obligatoria y no meramente opcional de Fiduestado).
Para la venta, se tomará como precio base, el 80% del último avalúo, el cual deberá actualizarse anualmente.
El costo de la enajenación se asumirá con los recursos del patrimonio autónomo.
Transcurridos 2 meses contados a partir del momento en que se inicia la fase o etapa de venta del bien, sin que el inmueble fideicomitido efectivamente haya sido enajenado; la fiduciaria procederá a realizar las correspondientes daciones en pago (naturalmente el procederá , implica también una obligación indelegable y no una mera posibilidad).
El procedimiento de ejecución y enajenación efectivamente realizado
En el proceso se acreditó que a finales de 1994, el señor José Manuel Espinosa (fideicomitente), solicitó al Banco del Estado un crédito bajo la línea de redescuento IFI. Previamente al otorgamiento del crédito, el banco exigió la constitución de una garantía, la cual, precisamente se otorgó mediante la celebración del contrato de fiducia objeto de este proceso.
El 17 de marzo de 1995 se expidió el certificado de garantía 1 por la suma de ochenta millones de pesos ($ 80.000.000), a favor del Banco del Estado.
El fideicomitente entró en mora el día 24 de marzo de 1995.
Banestado comunicó a la fiduciaria el incumplimiento de la obligación, tan solo el día 10 de julio de 1997.
Fiduestado inició la ejecución de la garantía el día 14 de julio de 1997.
El día 11 de septiembre de 1997 se refinanció la deuda por la suma de ciento treinta millones de pesos ($ 130.000.000) y se expidió el certificado de garantía 02 por la suma de cuarenta y nueve millones seiscientos veinte y un mil cien pesos ($ 49.621.100).
Reestructurada la deuda, el Banco del Estado comunica a la fiduciaria que el fideicomitente se encuentra en mora desde el día 11 de diciembre de 1998, según oficio del 16 de febrero de 1999.
La fiduciaria requiere al banco para que remita el pagaré que respalda las obligaciones, mediante comunicación de febrero 19 de 1999.
La fiduciaria requiere al fiduciante, para que cumpla o acredite el cumplimiento de la obligación, dentro de los 10 días siguientes, según comunicación 833 del 9 de marzo de 1999.
La dación en pago solo se perfeccionó mediante escritura 2013 de septiembre 5 de 2001.
La ejecución del contrato conforme a la ley
De acuerdo al artículo 1234 del Código de Comercio , son deberes indelegables de la fiduciaria realizar diligentemente lo establecido en el contrato y en especial, todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad prevista en la fiducia. En razón a lo anterior, en los contratos de fiducia en garantía como el aquí analizado se diseña un procedimiento de ejecución de la garantía, con el fin de que presentado el incumplimiento y requerido el fideicomitente para que cumpla, dentro del término estipulado, sin que eventualmente lo haga; la fiduciaria proceda a enajenar el bien que sirve de garantía y con el producto de la venta, satisfaga los créditos garantizados. Si dentro del término estipulado, no se pudiese vender el bien, la fiduciaria procederá a efectuar la dación en pago, a favor de los acreedores y a adjudicar el remanente al fideicomitente (si lo hubiere), en los términos previstos en el contrato.
Por otra parte, la fiduciaria, para realizar el procedimiento, no debe solicitar órdenes o instrucciones al fideicomitente y a los beneficiarios, ya que se debe ajustar estrictamente a lo pactado. En caso que tenga serias dudas sobre la forma de ejecutar la garantía, porque en su concepto, las instrucciones establecidas en el contrato de fiducia no son claras o tienen muchos vacíos o contradicciones, debe pedir instrucciones a la Superintendencia Bancaria (C.Co., art. 1234, num. 5º). Se insiste, no puede pedir instrucciones al fiduciante o al beneficiario y menos cuando dicho beneficiario es su propia casa matriz.
Como se estableció en el punto anterior; la fiduciaria debió ejecutar la garantía en los términos pactados, lo cual no ocurrió como se verá más adelante, por su propia culpa y precisamente por la ingerencia y preponderancia que asumió el Banco del Estado, en este asunto; llegándose al extremo de requerir y esperar las órdenes del banco, para continuar y concluir la ejecución de la garantía. Así, al folio 025 del cuaderno de pruebas 1 aparece una comunicación de la fiduciaria, al banco que dice: Con base a lo anterior y en lo por ustedes instruido, esta entidad ha procedido a elaborar la minuta de dación de pago .
En oficio 833
1136 y respecto a la fecha de entrega de los inmuebles, la fiduciaria expresa: Consideramos que es conveniente que el banco nos fije una nueva ... .
En oficio 880-DE-126 de junio 28 de 2001 la fiduciaria manifestó: La obligación de efectuar la dación en pago por el valor que acuerden deudor y acreedor... .
En comunicación de la fiduciaria de mayo 21 de 2001 se expresa: ... nos permitimos informarle que el Banco del Estado, nos ha remitido algunas observaciones a la minuta de dación en pago del patrimonio de la referencia .
Al folio 81 del cuaderno de pruebas aparece una carta de la fiduciaria al banco en estos términos: Con preocupación notamos el incumplimiento del banco en las reuniones de los fideicomisos, lo que no ha permitido un pronunciamiento formal de dicha entidad en los procesos de ejecución de la garantía... .
En comunicación de mayo 9 de 200 (fl. 202), la fiduciaria informa a Banestado y refiriéndose a los bienes fideicomitentes, expresa: Por lo anterior y teniendo en cuenta que tanto el fideicomitente como el acreedor beneficiario coinciden en proceder a la declaración, le solicitamos nos indiquen cuál es la posición del Banestado ante la propuesta presentada... .
En carta de la fiduciaria de mayo 25 de 2000 se lee: Cumpliendo con las instrucciones impartidas por el Banestado, en su calidad de acreedor beneficiario.... .
En la comunicación de fecha mayo 18 de 2000 de la fiduciaria se expresa: en la cual solicitamos (al banco), nos den instrucciones claras y precisas que nos permitan proceder a la dación en pago... .
Al folio 107 del cuaderno de pruebas se lee: Le solicitamos nos indiquen cuál es la posición del banco... quedo en espera de lo solicitado para poder proceder de conformidad... .
En oficio de 07 de 2001 dirigido por el banco a la fiduciaria se lee: Me permito remitirle las observaciones a la minuta de dación, realizadas por la división jurídica del banco, las cuales agradecemos sean incluidos en el texto final del documento... .
En comunicación de mayo 14 del 2001 dirigido por el banco a la fiduciaria se lee: Me permito informarle las observaciones legales realizadas por la división jurídica del banco, las cuales deberán tenerse en cuenta en la minuta definitiva para efectos de perfeccionar la dación en pago... .
En carta del banco dirigida a la fiduciaria el 9 de mayo de 2001 se lee: En respuesta a su comunicación 5428 relacionada con la revisión de la minuta de dación en pago en referencia, elaborada por la Fiduciaria del Estado S.A. a fin de obtener nuestro visto bueno y comentarios, nos permitimos manifestar .
Del análisis de la documentación anterior y del hecho que la fiduciaria sea subordinada de Banestado, al tribunal no le queda duda que el procedimiento de la ejecución de la garantía se manejó conforme a las instrucciones del Banco del Estado, razón por la cual, se considera que por los perjuicios que se le hayan irrogado al fideicomitente, por la demora injustificada en la ejecución de la garantía, deben responder solidariamente Fiduestado y Banestado (C.C. , art. 2344) pues ambas entidades conocían, de antemano, cual era el procedimiento pactado y sin embargo, procedieron a cambiar las reglas de juego.
No hay que perder de vista que, jurídicamente, el pago , constituye un negocio jurídico, mas no un contrato. Precisamente, el pago de una obligación equivale al cumplimiento de la misma y por eso procede de manera unilateral, por parte del deudor y aun contra la voluntad del acreedor.
La obligación nace y surge del contrato y el pago se constituye en la honra de la misma y es su manera natural de extinguirla, como bien lo determina el artículo 1625 del Código Civil . Teniendo como finalidad el solucionar o extinguir una obligación; el pago, como acto unilateral del deudor, procede aun contra la voluntad del acreedor, siempre que se realice en los términos pactados en el contrato. Por razón de lo anterior la ley prevé el pago por subrogación (C.C. , arts. 1666 y 1668) y el pago por consignación (C.C. , art. 1656), dejando en claro que cualquiera de estas formas, procede aún en contra de la voluntad del acreedor.
Si bien es cierto que el pago hay que hacerlo en la forma que reza el contrato, (C.C. , art. 1627) y la dación en pago, generalmente, surge como un acuerdo modificatorio posterior al nacimiento de la obligación de pagar y por lo tanto, el cambio debe ser nuevamente aceptado por el acreedor y deudor; tal situación no se presenta en la fiducia en garantía. A la dación en pago se le conoce como aquel mecanismo mediante el cual el acreedor acepta recibir por oferta del deudor, una cosa diferente a la inicialmente pactada, (dinero, casi siempre). Tal mutación no se presenta realmente, en la fiducia en garantía. Para claridad, se anota que en la dación en pago como tradicionalmente se la conoce, se presenta, una relación jurídica compleja que la doctrina trata de encuadrar bajo las siguientes teorías:
De la variedad o modalidad de pago; b) La compraventa seguida de compensación; c) Del contrato real y d) De la novación por cambio de objeto. Considerando como la más adecuada esta última, traemos a colación las palabras del profesor Uribe Holguín:
Como la dación en pago supone que el acreedor reciba cosa distinta de la que se le debía, para que el fenómeno pueda tener lugar con efecto extintivo de la obligación se requiere indefectiblemente un acuerdo de voluntades entre acreedor y deudor, por cuya virtud se cancele la antigua deuda mediante su reemplazo con una nueva, que tenga por objeto el que se da en pago y sea distinto del que aquella otra tenía.
Entendido así el asunto, la dación resulta ser la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida , que es como define la novación el artículo 1687 del código. Y de los tres modos como esta puede efectuarse según el 1690, la dación en pago pertenece al primero (Ricardo Uribe Holguín. Cincuenta Breves Ensayos sobre Obligaciones y Contratos).
Séptima. Paz y salvo: Fiduciaria del Estado S.A., el fideicomitente y Banestado. Con la suscripción del presente instrumento público se declaran mutuamente a paz y salvo por cualquier concepto originado en la celebración, ejecución, terminación y liquidación del mencionado contrato de fiducia mercantil que originó la constitución del patrimonio autónomo denominado fideicomiso José Manuel Espinosa Osorio. En consecuencia, el fideicomitente y Banestado, se obligan a no adelantar reclamaciones o acciones judiciales, extrajudiciales o a través del tribunal de arbitramento en contra del fideicomiso o de Fiduciaria del Estado S.A. por cualquier concepto, toda vez que Fiduciaria del Estado S.A. obró de conformidad con las instrucciones impartidas por el fideicomitente, según el contrato de fiducia y y por Banestado en su calidad de acreedor garantizado .
Está de acuerdo con la dación en pago que mediante el presente instrumento público realiza el fideicomiso a favor de Banestado, por ser acorde a las instrucciones por él impartidas, las cuales ratifica con la suscripción de esta escritura pública. 5) Acepta en forma expresa e irrevocable la presente escritura pública en todas y cada una de sus partes, por encontrarla ajustada a la realidad .
Segunda. Liquidación del contrato. El fideicomitente y la fiduciaria en consecuencia de lo mencionado en la cláusula anterior, manifiestan que liquidan el citado patrimonio autónomo declarándose mutuamente a paz y salvo por cualquier concepto originado en la celebración, desarrollo y ejecución del mismo.
Tercera. Declaración de paz y salvo. El fideicomitente manifiesta que la gestión realizada por la fiduciaria fue plenamente satisfactoria y adicionalmente estuvo enmarcada dentro de los términos contractuales legales y de las instrucciones que para el efecto le impartió, motivo por el cual mediante la suscripción del presente instrumento manifiesta que renuncia expresamente a adelantar cualquier tipo de reclamación o acción judicial, extrajudicial, administrativa o a través del tribunal de arbitramento en contra de la fiduciaria o del fideicomiso, por cualquier concepto derivado de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato de fiducia que originó la constitución del citado patrimonio autónomo .
El fideicomitente manifiesta desde ahora que por los anteriores conceptos así como por ningún otro, existe lugar a iniciar o adelantara cualquier tipo de acción judicial, extrajudicial o administrativa, ni en contra de la fiduciaria ni del fideicomiso ratificando a favor de estas una vez más que se encuentran a paz y salvo con él por todo concepto derivado de la celebración, ejecución terminación y liquidación del contrato de fiducia constitutivo del fideicomiso José Manuel Espinosa Osorio .
Novena. Transacción. Las partes declaran que el contenido del presente documento constituye transacción sobre los derechos y obligaciones derivados del contrato de fiducia contenido en la escritura pública 0258 del 18 de enero de 1995 otorgada en la Notaría 37 del Círculo Notarial de Bogotá, incrementado mediante escritura pública 2049 del 4 de junio de 1997 de la Notaría 49 de este círculo notarial, haciendo tránsito a cosa juzgada al tenor de lo dispuesto en los artículos 2169 y siguientes del Código Civil y demás normas concordantes y pertinentes .
Que el fideicomitente, y el Banestado, renuncia a la posibilidad de adelantar cualquier tipo de reclamación, acción judicial, extrajudicial o a través de tribunal de arbitramento en contra de la fiduciaria, derivada de la entrega de material, gestión, manejo y administración del patrimonio autónomo denominado José Manuel Espinosa Osorio, cuyo bien fideicometido recibió la fiduciaria, como su vocera por medio de este documento y así mismo entregó materialmente al Banestado en cumplimiento de la orden impartida por el fideicomitente .
En verdad, el análisis de una cláusula abusiva resulta completamente diferente del estudio de una cláusula inválida. El juicio del juzgador no se centra en determinar los presupuestos de validez para declarar la nulidad y sus efectos consecuenciales; sino que entra a establecer los antecedentes, la calidad de las partes y el equilibrio contractual. De esta suerte, independientemente de que una cláusula no esté viciada, puede dejarse sin efectos, por considerarse abusiva. El criterio del abuso resulta de un análisis eminentemente subjetivo (por quedar a criterio del juez), individual y único; y a este resultado se llega, aplicando el principio de la equidad, para cada caso en particular. El juicio de invalidez, por el contrario, es eminentemente objetivo (por corresponder a un juicio general que establece el legislador) y resulta de la imposición normativa previamente establecida, de tal suerte que, el juez mira la ley y no el comportamiento o la igualdad de las partes. Con razón ha dicho la doctrina:
Obsérvese que cuando el juez va a analizar la justicia del contrato su análisis, en principio, va dirigido a examinar si el contrato es equilibrado o proporcionado y el resultado de tal análisis debe terminar con el restablecimiento del equilibrio si este ha sido desconocido o vulnerado; en cuanto que cuando el análisis es sobre la validez del negocio el juez debe observar si los presupuestos de validez del contrato se cumplieron. De ahí que se pueda afirmar que el control sobre el contenido del negocio es un control subjetivo, en tanto que el control sobre la validez del mismo, es un control objetivo por corresponder a un juicio general establecido por el legislador. En otras palabras: en el control subjetivo el juez mira en esencia el comportamiento y la igualdad de las partes; en tanto que en el control objetivo el juez mira a ley y a la normativa particular que ha disciplinado los presupuestos de validez del contrato (Ernesto Rengifo García. Del Abuso del Derecho al Abuso de la Posición Dominante. Pág. 192).
Es solo en épocas recientes que apareció la protección de una parte débil y desarmada frente al dominio de la otra, gracias a la noción de la cláusula abusiva. Es una forma totalmente nueva de proteccionismo contractual. Se trata de permitir la supresión en forma general en todos los contratos de las cláusulas que aparecen abusivas, o sea de las estipulaciones que le confieren a una parte contratante una ventaja excesiva. Es evidente que no se puede, sin aniquilar el principio de la palabra otorgada consagrada en los códigos civiles de nuestro países, autorizar al juez a declarar ineficaz cualquier cláusula de cualquier contrato pretextando su carácter abusivo. El amparo contra las cláusulas abusivas debe estar encerrado dentro de ciertos límites (Larroumet, Christian. Política y derecho del consumo. Biblioteca Milenio, pág. 168).
El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios .
Como se observa, la acción por abuso del derecho, en cualquiera de sus formas, como efectivamente lo es la utilización de cláusulas abusivas, conduce a que una vez declarado el abuso, se penalice al infractor condenándolo a indemnizar los perjuicios. La acción de nulidad, por el contrario, constituye una acción restitutoria , en el sentido que a ninguna de las partes se la indemniza, sino que se vuelven las cosas al estado anterior, como si nunca se hubiera contratado, produciéndose, como consecuencia, las restituciones mutuas (no indemnizaciones).
En primer lugar, debe resaltarse que en primera aludida materia operan los contratos por adhesión, en los cuales el acreedor impone las condiciones del acuerdo contractual, mientras que el deudor parte débil de la relación limita su papel a la aceptación de las reglas previamente establecidas por el primero.
Es indiscutible que quien pide el préstamo para la adquisición se ve sometido a las imposiciones contractuales de las entidades financieras (C.Const., sent. C-1140, ago.30/2000).
Conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, los bancos y en general, las entidades financieras, se encuentran en posición dominante respecto a los usuarios del crédito o consumidores; verdad que es refrendada por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero , en donde se les prohíbe abusar de su posición dominante (en este sentido pueden consultarse la sentencia de la Sala Civil de la Corte. Exp. 3972 de octubre 19 de 1994 y Exp. 5670, sentencia de febrero 2 de 2001; así como las sentencias T-661 de 2001 y T 1085 de la Corte Constitucional).
Una vez incorporadas por la notaría las observaciones por usted realizadas a las minutas de la referencia y encontrándose debidamente firmadas por los demás intervinientes... .
Al tenor de las cláusulas impugnadas, si bien es cierto que la renuncia a toda reclamación judicial, la transacción y la declaración a paz y salvo mutuo, en principio, favorece por igual a todos los contratantes, incluyendo al fiduciante; la verdad es que toda la prueba indiciaria conduce al tribunal a concluir que las cláusulas objeto de análisis, efectivamente son abusivas y se estipularon con el único fin de proteger al banco y a la fiduciaria, en relación a las actuaciones que pudieren haber perjudicado al fiduciante. Aquí resulta importante anotar que conforme a la letra q, punto 1 de la directiva 93/13/CEE, son abusivas, las cláusulas que tiendan a: suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones o de recursos por parte del consumidor... .
Bien sabe usted doctor Herrera, que estoy pendiente y muy urgido para que el trámite de dación en pago ya en curso, quede concluido la más pronto posible... .
Certifico por medio de la presente mi conformidad para proceder de inmediato según sus instrucciones .
... Sin más dilación por parte del banco para la dación en pago que le confirmé en mi carta del 29 de enero de 1999... .
...Queda pendiente de la formalización de la dación en pago... .
Así podremos perfeccionar la operación, según el plazo de 90 días calendario estipulado por Banestado en el referido oficio 004199 del 20 de febrero de 2001... .
Habiendo cumplido con todas las condiciones impuestas por ustedes para cancelar en su totalidad dicho patrimonio autónomo le agradeceré se sirva ordenar me sean devueltos todos los documentos... .
En conclusión, las cláusulas abusivas no son nulas pero sí deben ser dejadas sin efecto por el juez del contrato, para dar sentido a lo mandado en el artículo 830 del Código de Comercio . En cuanto a la indemnización de perjuicios que se pudieron haber irrogado por su consagración, en el caso de autos, no se solicita la condena consecuencial. En todo caso, al dejarse sin efectos las manifestaciones relativas a la declaración a paz y salvó a la fiduciaria y el banco; la supuesta transacción realizada en torno a todas las diferencias surgidas entre las partes y la renuncia a ejercer cualquier acción judicial; este tribunal tiene competencia para definir lo relativo a la indemnización de perjuicios causados al fideicomitente, por la demora y dilación en la ejecución de la garantía, debido a que las mencionadas cláusulas, carecen de efecto vinculante.
La teoría del disgregard
Conforme al precepto anterior, no podrá la fiduciaria, de manera directa o indirecta, adquirir los bienes fideicomitidos. En este sentido, la fórmula consistente en que la fiduciaria subordinada de un banco-matriz obre como fiduciaria, en la constitución de una fiducia en garantía; la cual garantizará exclusivamente los créditos otorgados por el banco
matriz al fiduciante deudor; en la práctica, dependiendo del comportamiento que en el futuro desarrollen la fiduciaria y el banco
matriz, puede conducir a la violación del artículo 1244 del Código de Comercio .
En efecto, cuando la fiduciaria subordinada realiza la dación en pago a favor del banco
matriz y estos dos, desde los tratos preliminares y en el transcurso de la ejecución de la garantía, se han comportado como un solo contratante, bien puede llegarse a la conclusión que el bien fideicomitido, quedó en manos del fiduciario beneficiario, como que así se desprende del itinerario negocial.
En Colombia, la teoría del abuso del derecho de la personalidad jurídica, lentamente, viene despejando el camino para permitir concluir que en determinadas circunstancias y de acuerdo al verdadero comportamiento de las partes, el juez puede considerar el levantamiento del velo corporativo o allanamiento de la personería jurídica; cuando las circunstancias en que se desarrolló y efectúo la relación jurídica, denoten que el beneficio de la personería jurídica, fue utilizado como mera instrumentalidad para sustentar artificialmente la separación de sujetos de derecho; mientras que en la práctica, dichos sujetos de derecho, se comportaron como uno solo. Es que, como ya lo aceptó sin ambigüedad la jurisprudencia nacional, la teoría del disgregard o allanamiento de la personería jurídica, es aplicable no solamente cuando existe norma expresa al respecto ( tal como se establece en los arts. 71, 148 y 207 de la L. 222/95; la L. 190/95 o la L. 356/97), sino que igualmente es aplicable, a la luz del artículo 830 del Código de Comercio , cuando así lo determinan las circunstancias particulares del caso enjuiciado:
Estas herramientas legales se conocen en la doctrina como la teoría del levantamiento del velo corporativo o disgregard of the legal entity o piercing the corporate veil cuya finalidad es desconocer la limitación de la responsabilidad de los asociados al monto de sus aportaciones, en circunstancias excepcionales ligadas a la utilización defraudatoria del beneficio de la separación.
En nuestro ordenamiento jurídico se consagran algunos instrumentos que cumplen la misma función de la teoría del levantamiento del velo corporativo, prevista expresamente en otros ordenamientos, al respecto, se pueden destacar: i) el deber constitucional y legal de no hacer daño a otro (neminem laedere), de acuerdo con los artículos 58 y 83 de la constitución y con el artículo 2341 del Código Civil ; ii) La responsabilidad por el abuso del derecho según el artículo 830 del Código de Comercio (C.Const., Sent. C-865, sep. 7/2004).
Las consideraciones anteriores pretenden simplemente ilustrar hasta donde se puede llegar en las prácticas financieras que involucran la actuación directa y activa del banco
matriz y fiduciaria subordinada, sin que sea motivo de decisión.
La garantía se hará efectiva cuando el beneficiario notifique por escrito a la fiducia sobre el incumplimiento... .
Incumplida una obligación garantizada, el beneficiario comunicará dicho incumplimiento a la fiduciaria, exhibiendo copia del título que incorpore la obligación garantizada.
En este sentido ha de entenderse la frase la demostración del incumplimiento , utilizada en la cláusula novena, por la sencilla razón que en los certificados de garantía expedidos por la fiduciaria, así se estipuló (que para acreditar el incumplimiento bastaba la manifestación del acreedor y la exhibición de copia del título). Por dicha razón la fiduciaria procedió a requerir al deudor fiduciante, pese a que el incumplimiento no se le demostró, en otra forma diferente a la aquí señalada.
La fiduciaria requiere por correo certificado al fiduciario para que dentro de los 10 días siguientes cumpla o acredite el cumplimiento de la obligación.
Si vencido el término anterior, el fiduciante no acredita el cumplimiento, la fiduciaria procederá a la enajenación del bien dado en fiducia.
Si vencidos dos meses desde la puesta en venta del inmueble, este no se pudiere vender, se procederá a efectuar la dación en pago.
Así mismo informa que el plazo para la venta de acuerdo con la escritura de fideicomiso es de dos meses y una vez vencido el plazo, el paso a seguir sería la dación en pago .
De lo contrario, la fiduciaria procederá a la ejecución de la garantía, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula novena... .
El principio de la razonabilidad en la ejecución de las obligaciones a cargo de un profesional, si bien no aparece estipulado expresamente por el legislador, se desprende del principio de la buena fe objetiva e integradora, consagrado en el artículo 871 del Código de Comercio . Según dicho precepto, los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a lo expresamente pactado si no que se entienden pertenecerle, lo que sea de su naturaleza, según la ley, la costumbre y la equidad. Por lo tanto, aplicando la equidad natural, ha de entenderse que si el término máximo para pretender la venta del inmueble es de dos meses, igual término será el prudencial para hacer todos los preparativos destinados a realizar formalmente la dación en pago, tales como avalúos, obtención de paz y salvo, certificados de libertad, preparación de minutas, firma de escritura, etc. El principio de la razonabilidad en las actuaciones de los profesionales, fue expresamente acogido por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en su sentencia de 27 de marzo de 1998. En relación a este principio de la contratación moderna, la doctrina expresa:
La confianza es un amplio principio, pero, visto desde otro ángulo, comporta una regla interpretativa, pues lleva a determinar el sentido de una manifestación de voluntad (real o aparente) según el significado que el destinatario podía y debía conferirle en miras a las circunstancias presentes.
Debe, pues, el juez, colocarse en la posición del receptor de la promesa (en un sentido general, que marca la dirección que llevó una comunicación entre sujetos jurídicos); situarse a la vez en el momento de la declaración y tener en cuenta las circunstancias en que se encontraba entonces el destinatario y, des de ese punto de vista, establecer como pudo y debió aprehender o interpretar aquella declaración el receptor, obrando este con buena fe comme un homme de bonne foi, dice alguna doctrina y jurisprudencia suiza , es decir, como un hombre razonable y probo con consideración de todas las circunstancias que le eran reconocibles (Juan C. Rezzonico, Principios Fundamentales de los Contratos. Astrea. Pág. 379).
Sobre este aspecto la sala considera que, entre otros, son deberes indelegables del fiduciario el realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia e invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en la forma y con los requisitos previstos en el acto constitutivo; pero que, así mismo, es de obligatorio cumplimiento el pedir instrucciones al Superintendente Bancario cuando deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando las circunstancias así lo exijan para poder cumplir cabalmente con su encargo (C.E., S. Contencioso Administrativo. Sec. Cuarta. Sent. sep. 26. Exp. 8300).
Es importante tener en cuenta que ese deber de cooperación y ayuda comienza ya en el período precontractual, como cuando una de las partes requiere la cooperación de la otra para poder materializar el contrato .
Sin duda es aquella finalidad común la meta determinada por las partes al plantear y asentir el plan del contrato lo que indica el mejor camino para cooperar (co-operar), es decir, actuar con concierto en la acción necesaria. Esto se hará armónicamente, de manera que no se desvíe el esfuerzo, con reciprocidad en el intento.
Pero, ¿cómo se puede saber cuál es la manera apropiada para lograr la finalidad del contrato? Parece claro que la buena fe, las reglas del correcto proceder, han de ser los criterios
guía para enseñar el camino. Esto se obtendrá primordialmente en el terreno social, a través de valoraciones aceptadas con coincidencia en la comunidad (Juan C. Rezzónica. Principios Fundamentales de los contratos. Astrea. Pág. 476).
Tenemos entonces que, el 19 de marzo venció el término para que el fiduciante acreditara el cumplimiento de la obligación garantizada. Como lo anterior no ocurrió; el 19 de mayo (dos meses después), venció el término establecido para vender el inmueble y el 19 de junio de 1999 venció el término razonable para formalizar la dación en pago. Por lo tanto, a partir del día 20 de julio del año 1999 la fiduciaria incurrió en mora en cumplir con la obligación de formalizar la dación en pago. Teniendo en cuenta que la dación en pago sólo se perfeccionó el día 5 de septiembre del 2001, la fiduciaria incurrió en mora de 25 meses y 15 días en la ejecución de la garantía.
Con el proceder de la fiduciaria, se incumplió con su principal obligación de actuar diligentemente en procura de obtener el fin previsto en el contrato; así como incumplió con el deber de procurar el mayor rendimiento de los bienes. Resulta apenas natural que el mejor rendimiento, respecto a los bienes fideicomitidos, solo se logra cuando procede al pago oportuno de los créditos garantizados, puesto que por este andar, generalmente se puede pagar la totalidad de las deudas y restituir una parte de los bienes al deudor fiduciante, con el máximo provecho para acreedor y deudor.
Los perjuicios acreditados
Octubre, noviembre y diciembre 1999
$ 1.052.100
Mayo y junio de 2000
$ 771.408
$ 422.293
$ 10.222.346
Liquidación perjuicios.
Pagos por intereses de mora
$ 19.715.001
$ 29.937.347
Total indexación
$13.265.239=
En relación a las excepciones de mérito o fondo propuestas por Fiduestado y Banestado, por haber prosperado las pretensiones de la demanda, todas serán negadas, como consecuencia natural. Sin embargo, en relación a la excepción formulada por el apoderado del Banco del Estado y denominada falta de competencia del tribunal de arbitramento frente al Banco del Estado . Por tocar a la competencia misma del tribunal, es necesario pronunciarse sobre la misma. Al efecto, el tribunal reitera sus consideraciones contenidas en el auto de enero 19 de 2005:
Continuando con la primera audiencia de trámite y como primera medida, procede el tribunal a resolver el recurso de reposición interpuesto por el apoderado del Banco del Estado contra el acto proferido en la audiencia de fecha 13 de enero de 2005 y en relación de la asunción de competencia respecto al Banco del Estado como parte demandada. Los argumentos esbozados por el recurrente, pueden sintetizarse en los siguientes términos: a) la vinculación entre el demandante y el Banco del Estado, solo surge a través de un contrato de mutuo y un contrato de dación en pago y en ninguno de los dos, se estipuló cláusula compromisoria; b) El Banco del Estado es un tercero respecto al contrato de fiducia suscrito entre el demandante y Fiduestado; c) En los contratos de fiducia, el beneficiario, en su condición de tercero, por existir una estipulación en su favor, en los términos del artículo 1506 del Código de Comercio , solamente queda vinculado a la cláusula compromisoria cuando en su calidad de demandante, hace uso de la misma; d) En el presente caso, el Banco del Estado no ha invocado la cláusula compromisoria; es más, no quiere hacer uso de la misma y por lo tanto, no queda vinculado al convenio arbitral.
Visto lo anterior, cuando es el mismo beneficiario el que invoca la cláusula compromisoria contenida en un contrato de fiducia que ha sido suscrito inicialmente entre el fiduciante y el fiduciario; no cabe duda que este, ha aceptado aún tácitamente la estipulación en su favor, consistente en la sujeción de las diferencias resultantes frente al fiduciante y/o fiduciario, a un tribunal arbitral, como efectivamente lo consideró el tribunal de arbitramento de Leasing Mundial vs. Fidufes, en la jurisprudencia ya transcrita por el mismo recurrente.
En el caso de autos, la situación es diferente en la medida que el beneficiario (Banco del Estado) no es la parte convocante de este proceso arbitral y por el contrario, ha rechazado expresamente su vinculación al convenio arbitral. Sin embargo, a juicio del tribunal, la aceptación expresa y por lo tanto, la sumisión del Banco del Estado a la justicia arbitral, aparece acreditada en las pruebas aportadas al proceso. En primer término, el Banco del Estado fue beneficiario del certificado de garantía 001 que figura a los folios 16 y 17 del cuaderno de pruebas. Con posterioridad, aceptó como beneficiario el certificado de garantía 002 que figura a los folios 13 a 15. Es de anotar que entre el certificado 01 y el 02, para los efectos de este estudio, hay una diferencia sustancial, debido a que en el segundo se incluyó la siguiente frase: con la recepción del presente certificado se entiende que el acreedor beneficiario del mismo conoce y acepta el avaluó y el contrato de fiducia mercantil en cuyo patrimonio autónomo garantiza su acreencia, aceptación que se tendrá en firme si dentro de los 5 días hábiles a su recibo, la Fiduciaria del Estado S.A., como vocera del patrimonio autónomo no recibe observación alguna .
La aceptación expresa a las condiciones del contrato, se ve reforzada por el hecho que el Banco del Estado solicitó la ejecución de la garantía, acudiendo precisamente a lo estipulado en el contrato de fiducia; es decir, invocando unos derechos contractuales en su favor y dando aplicación al trámite previsto en el contrato de fiducia, como obligación propia del beneficiario .
Finalmente, sin perjuicio de lo que definitivamente pueda resolver el tribunal al momento del laudo sobre este mismo asunto, se considera que en todo caso, la tesis más adecuada para entender los vínculos jurídicos existentes entre el fiduciante, fiduciario y beneficiario es que, se trata de un contrato plurilateral, en los términos del artículo 864 del Código de Comercio . Siendo un contrato plurilateral, no necesariamente será de colaboración, aunque pueda serlo, en la medida que queden claras las obligaciones de las partes de contribuir al cumplimiento del fin común establecido como condición de desarrollo del patrimonio autónomo.
En resumen de lo anterior, si la naturaleza jurídica de la fiducia, es de contrato plurilateral, resulta claro que el beneficiario es parte contractual, una vez sea determinado y acepte expresa o tácitamente su condición de beneficiario. Por las razones anteriores, habrá de confirmarse en auto impugnado .
Declarar que Fiduciaria del Estado S.A. y el Banco del Estado S.A. incumplieron con las obligaciones previstas en el contrato de fiducia mercantil contenido en la escritura 0258 de enero 18 de 1995 de la notaría 37 de Bogotá, en perjuicio de José Manuel Espinosa.
Condenar a Fiduciaria del Estado S.A. y el Banco del Estado S.A. a pagar a favor de José Manuel Espinosa, la siguiente suma de dinero y a título de indemnización de perjuicios: cuarenta y tres millones doscientos dos mil quinientos ochenta y seis ($ 43.202.586).
Declárase como abusiva y sin ningún efecto la cláusula G) del título II contenido en el acta de recibo y entrega del inmueble fideicomitido, al Banco del Estado S.A. de fecha 6 de septiembre de 2001.
Decláranse como abusivas y sin ningún efecto la cláusula séptima y las cláusulas relativas a la comparecencia del señor José Manuel Espinosa en sus numerales 1º y 5º. Contenidas en la escritura de dación en pago 2013 de septiembre 5 de 2001 de la notaría 11 de Bogotá.
Niéguense las pretensiones tercera y cuarta principal.
Decláranse improcedentes las excepciones de mérito o de fondo formuladas por Fiduciaria del Estado S.A. y Banco del Estado S.A.
Por haber prosperado parcialmente las pretensiones principales, no hay condena en costas y agencias en derecho.
Protocolícese el expediente en una notaría de la ciudad de Bogotá, en los términos previstos por el artículo 158 del Decreto 1818 de 1998.