Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/47733/sentencia-ts-sala-1-de-3-de-diciembre-de-1990-derecho-al-juez-predeterminado-por-ley-requisito
Timestamp: 2017-12-17 04:08:44
Document Index: 175338247

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 1692', 'artículo 219', 'artículo 1692', 'artículo 1692', 'artículo 1692', 'artículo 464', 'artículo 1692', 'artículo 609', 'artículo 1462', 'artículo 1158', 'artículo 1692', 'artículo 41', 'artículo 1692', 'artículo 219', 'artículo 24', 'artículo 219', 'artículo 1715', 'artículo 1715']

Sentencia T.S. (Sala 1) de 3 de diciembre de 1990. Derecho al juez predeterminado por Ley. Requisitos. Indefensión - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. (Sala 1) de 3 de diciembre de 1990
Derecho al Juez predeterminado por la Ley: Requisitos determinados por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias. Infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales con evidente indefensión para la recurrente: Incorrecta constitución del Tribunal. Existencia. Nulidad de actuaciones y reposición al momento en que se cometió la falta.
Primero.-1. La Procuradora doña María Victoria Vallejo Hevia, en nombre y representación de don Agustín, formuló demanda de tercería de dominio contra «Banco Hispano Americano, S. A.», y «Explotadora de Minas de Quirós, S.A.», ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Oviedo, en la cual tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado que, admitiendo y estimando esta tercería de dominio, declare que el mobiliario de oficina relacionado bajo los números 1 a 25 de la diligencia de embargo (documento número 1) es propiedad del actor; condenando a las partes demandadas a respetar al actor en el dominio y en la posesión de tal mobiliario, y a las costas del juicio.
2. Por su parte, la Procuradora doña M.ª Victoria Arguelles Landeta, en nombre de «Banco Hispano Americano, S.A.», contestó a la demanda formulada de contrario, negando y rechazando la misma, basándose en los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por convenientes, para terminar suplicando al Juzgado que en su día, previos los demás trámites, dicte sentencia desestimando totalmente la demanda y absolviendo de la misma a las demandadas; con expresa imposición de costas al actor. 3. Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Oviedo, dictó sentencia en fecha 4 de octubre de 1986, cuyo fallo es como sigue: «Que desestimando la demanda de tercería de dominio formulada por la Procuradora doña María Victoria Vallejo Hevia, en representación de don Agustín, contra el "Banco Hispano Americano, S.A.", y contra la Compañía "Explotadora de Minas de Quirós, S.A.", debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones contenidas en la súplica de la demanda; con expresa imposición al actor don Agustín de las costas procesales.»
Segundo.-Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de Primera Instancia por la representación procesal de don Agustín, y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Oviedo dictó sentencia en fecha 13 de octubre de 1988, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Se desestima el recurso de apelación interpuesto por don Agustín contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de esta Capital, confirmando dicha resolución y con expresa imposición de las costas al recurrente.»
Tercero.-1. Notificada la sentencia a las partes, la Procuradora doña Consuelo Rodríguez Chacón, en representación de don Agustín, interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Oviedo, con apoyo en los siguientes motivos: 1.º Con fundamento en lo establecido por el artículo 1692.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto se refiere al quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, siempre que en este último caso se haya producido indefensión, infringe las normas que regulan los actos y garantías procesales, artículos 24.1 y 2 de la Constitución Española y el artículo 219.10.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2.º Con fundamento en lo establecido por el artículo 1692.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto se refiere al error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos y que demuestran la equivocación del Juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, la sentencia recurrida ignora totalmente la posesión de mi representado sobre el mobiliario embargado y reclamado en esta tercería. 3.º Con fundamento en lo establecido por el artículo 1692.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto se refiere al error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos, y que demuestren la equivocación del Juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, la sentencia recurrida cuestiona esencialmente la propiedad de mi representado sobre el mobiliario embargado y reclamado en esta tercería. 4.º Con fundamento en lo establecido por el artículo 1692.5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto se refiere a la infracción de las normas del ordenamiento jurídico que fueron aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate en este juicio, en el fundamento de Derecho 3.º de la sentencia recurrida infringe las normas del Código Civil, artículo 464 y 434 del Código Civil. 5.º Con fundamento en lo establecido por el artículo 1692.5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto se refiere a la infracción de las normas del ordenamiento jurídico que fueron aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate en este juicio, se insta la casación de la sentencia recurrida, que, en su fundamento de derecho 3.º, infringe las normas del Código Civil, artículo 609 del Código Civil, en relación con el artículo 1462 del mismo Código Civil, y el artículo 1158 del Código Civil. 7.º Con fundamento en lo establecido por el artículo 1692.5.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto se refiere a la infracción de las normas del ordenamiento jurídico que fueron aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate en este juicio, se insta la casación de la sentencia recurrida, que en su fundamento de Derecho 3.º infringe el artículo 41 del Código Civil.
2. Convocadas las partes, se celebró la preceptiva vista el día 21 de noviembre del año en curso, con asistencia del Letrado don José Antonio Dávila García Miranda, defensor de la parte recurrente, quien informó en defensa de sus pretensiones.
Único.-El motivo primero del recurso se articula al amparo del número 3.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, siempre que hayan producido indefensión y se alegan como infringidos los artículos 24.1 y 2 de la Constitución Española así como el artículo 219.10.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial ; se hace consistir la infracción denunciada en el hecho de haber formado parte de la Sala que dictó la resolución recurrida en casación, el Magistrado-Juez que dictó la sentencia de primer grado. Del examen de las actuaciones consta que la sentencia de primera instancia fue dictada por el Magistrado-Juez de Primera Instancia número 3 de Oviedo, y que asimismo este Magistrado formó parte de la Sala de la Audiencia Territorial que conoció del asunto en grado de apelación dictando la sentencia contra la que ahora se recurre; el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley que proclama el primer inciso del número 2 del artículo 24 de la Constitución de 1978, que viene a recoger las disposiciones que sobre el Tribunal independiente e imparcial se contienen en el Convenio de Roma de 1950 y en el Pacto de Nueva York de 1966, ha sido delimitado en su contenido por el Tribunal Constitucional al establecer en su sentencia de 31 de mayo de 1983 que este derecho «exige, en primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta lo haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial, y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial o excepcional. Pero exige también que la composición venga determinada por la ley y que en cada caso concreto se siga el procedimiento establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente», habiendo afirmado en su sentencia de 12 de julio de 1982 que «el derecho a ser juzgado por el Juez predeterminado por la Ley comprende recusar a aquellos funcionarios en quienes se estime que concurran las causas legalmente tipificadas como circunstancias de privación de la entidad subjetiva o de las condiciones de imparcialidad y de neutralidad»; elevada esta intervención en sucesivas instancias de un mismo Juez o Magistrado a causa de recusación y, por tanto, de abstención por el número 10.° del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tal derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley ha sido desconocido en el presente caso, al haberse integrado la Sala que conoció del recurso de apelación y dictó la sentencia recurrida con el Magistrado que pronunció la de primer grado objeto de la apelación, dándose así lugar a una incorrecta constitución del Tribunal por inaplicación de la referida causa de abstención que debió ser observada de oficio, aun sin mediar recusación de la parte; se ha producido una infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales con evidente indefensión para la parte recurrente por lo que ha de prosperar este primer motivo del recurso con la consiguiente nulidad de las actuaciones y su reposición al momento en que se cometió la falta ( artículo 1715.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), momento que es el de la providencia de veinticinco de mayo de 1988 dictada con intervención del citado Magistrado, sin que proceda hacer especial condena en cuanto a las costas de este recurso, a tenor del artículo 1715.4.º de la citada Ley Procesal, no siendo pertinente, por otra parte, entrar en el examen de los restantes motivos del recurso.
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Agustín contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Oviedo de fecha trece de octubre de 1988 que casamos y anulamos; y debemos declarar y declaramos nulas las actuaciones practicadas en el recurso de apelación en que se dictó dicha sentencia a partir de la providencia de veinticinco de mayo de 1988, a cuyo momento se reponen las actuaciones; sin hacer expresa condena en las costas de este recurso. Y líbrese a la Audiencia citada la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.