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Timestamp: 2019-11-14 12:33:01
Document Index: 255846422

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 220', 'artículo 29', 'artículo 32', 'artículo 64', 'artículo 6']

﻿ Sentencia SP7855-2016 de junio 15 de 2016
SENTENCIA SP7855-2016 DE 15 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:NO SE CONTEMPLA QUE LA FIGURA DEL INFORMANTE TENGA O AMERITE TRATAMIENTO DIFERENCIADO O PRIVILEGIADO RESPECTO DEL QUE SE CONSAGRA PARA EL AUTOR O PARTÍCIPE EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. SE PRECISA QUE LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR LOS TESTIGOS O LOS INFORMANTES LOS PONEN EN RIESGO, DEBIDO A LAS GRAVES MODALIDADES QUE ADQUIERE EL CRIMEN ORGANIZADO, POR ELLO EL ESTADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN NO SOLO DE RECOMPENSARLOS MONETARIAMENTE POR LA COLABORACIÓN ÚTIL A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SINO DE DARLES UNA PROTECCIÓN. IGUALMENTE, SE INDICA QUE EN NINGÚN CASO LAS VERSIONES SUMINISTRADAS POR LOS INFORMANTES TENDRÁN VALOR PROBATORIO EN EL PROCESO PENAL. ADEMÁS, QUE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA NO PUEDEN IMPONER DEBERES A LA POBLACIÓN CIVIL, PUES QUE ESTO DESCONOCERÍA EL PRINCIPIO DE DISTINCIÓN DERIVADO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y EL MANDATO CONSTITUCIONAL SEGÚN EL CUAL LAS TAREAS DE PROTECCIÓN DE LA SOBERANÍA Y EL ORDEN PÚBLICO CORRESPONDEN A LA FUERZA PÚBLICA Y NO A LOS PARTICULARES.
TEMAS ESPECÍFICOS:LAVADO DE ACTIVOS, PROTECCIÓN AL TESTIGO, SENTENCIA DE CASACIÓN, TESTIGO, PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TESTIGO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:538 DE OCTUBRE DE 2016, PÁG.1909
Sentencia SP7855-2016 de junio 15 de 2016
SP7855-2016
Radicación 35520
(Aprobado Acta 179)
Bogotá, D.C., junio quince de dos mil dieciséis.
1. La Corte es competente para conocer y fallar sobre la presente acción de revisión, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 75-2 de la Ley 600 de 2000, por estar dirigida contra una sentencia dictada en segunda instancia por un Tribunal Superior de Distrito Judicial.
2. La acción de revisión bien puede ser definida como el instrumento de control por cuyo medio se pretende superar los efectos de la cosa juzgada que se entiende injusta por estar fundamentada en supuestos que contradicen abiertamente la realidad, en oposición al deber ser que dice que justicia y verdad han de estar siempre acompasadas.
Sobre el particular la Corte Constitucional ha destacado la materialización del valor justicia y la prevalencia de la verdad material como fin último o razón de ser de la acción de revisión, en cumplimiento de los propósitos esenciales del Estado conforme a la Carta Política de 1991.
En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio ´res iudicata proveritate habertur´ para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado (Sent. C-871/2003, énfasis no original).
3. La postulación de la acción de revisión se sustenta en la causal tercera que consagra la Ley 600 de 2000 en su artículo 220, cuyo tenor enuncia que procederá cuando después de la sentencia de condena aparezcan hechos nuevos, de un parte; o surjan pruebas, por otro lado, desconocidas al tiempo de los debates, y con base en las cuales se establezca la inocencia o inimputabilidad del condenado.
La novedad factual o probatoria, se ha precisado, no deviene del momento en que surgen o adquieren el carácter óntico, sino desde el momento en que se produce su descubrimiento, por lo que imperativo es para la parte interesada establecer siempre las causas por las cuales no se informó, recaudó o llevó al proceso para su evaluación.
No es suficiente demostrar la novedad del hecho o de la prueba, sino que es imprescindible dar cuenta de la potencialidad del uno o de la otra para poner en entredicho los juicios conclusivos de responsabilidad deducidos en el juicio demandado, como lo previene la normatividad aludida al referir que de los hechos o de las pruebas nuevas se ha de establecer la inocencia o inimputabilidad del condenado.
Sobre lo que debe entenderse por hecho nuevo, según la Sala ha definido de vieja data, se tiene que es:
…aquel acaecimiento fáctico vinculado al delito que fue objeto de la investigación procesal, pero que no se conoció en ninguna de las etapas de la actuación judicial de manera que no pudo ser controvertido; no se trata, pues, de algo que haya ocurrido después de la sentencia, pero ni siquiera con posterioridad al delito que se le imputó al procesado y por el cual se le condenó, sino de un suceso ligado al hecho punible materia de la investigación del que, sin embargo, no tuvo conocimiento el juzgador en el desarrollo del itinerario procesal porque no penetró al expediente(4) (resaltado ajeno al texto original).
Acerca de la prueba nueva, la Corporación ha sostenido que es todo:
…mecanismo probatorio (documental, pericial, testimonial) que por cualquier causa no se incorporó al proceso, pero cuyo aporte ex novo tiene tal valor que podría modificar sustancialmente el juicio positivo de responsabilidad penal que se concretó en la condena del procesado. Dicha prueba puede versar sobre el evento hasta entonces desconocido (se demuestra que fue otro el autor del delito) o sobre hecho conocido ya en el proceso (muerte de la víctima, cuando la prueba ex novo demuestra que el agente actuó en legítima defensa), por manera que puede haber prueba nueva sobre hecho nuevo o respecto de variantes sustanciales de un hecho procesalmente conocido que conduzca a la inocencia o irresponsabilidad del procesado(5).
Igualmente, debe precisarse que la acción de revisión no pretende establecer en grado de certeza la verdad que dimana de los hechos o de las pruebas nuevas, sino tan solo arribar al convencimiento de que con el conocimiento de los hechos expuestos como nuevos o el recaudo de la prueba nueva, en desarrollo del juicio correspondiente, se habrían alterado tanto la valoración como los juicios conclusivos alcanzados por el juez cognoscente; acorde con lo sostenido en pretérita oportunidad por la Corte:
Esta conclusión responde a dos fundamentos, uno de contenido lógico sustancial, derivado de las finalidades de la acción, y otro de carácter procesal: (1) Sabido es que la revisión tiene por finalidad remover los efectos de cosa juzgada de una decisión injusta, connotación que la sentencia adquiere no solo cuando logra probarse, más allá de toda duda razonable, que el sentenciado es inocente, o inimputable, sino cuando la evidencia ex novo tiene la entidad probatoria suficiente para tornar la condena en absolución, o el juicio positivo de imputabilidad en declaración de inimputabilidad. (2) De carácter procesal, porque si es aceptado que la revisión solo procede cuando logra demostrarse, en grado de certeza, que el procesado es inocente, o inimputable, el juicio rescisorio se haría innecesario, dado que ningún sentido tendría repetir la actuación para probar lo ya demostrado.
En síntesis, la causal se configura no solo cuando se obtiene conocimiento cierto de que el condenado es inocente, o que actuó en estado de inimputabilidad, hipótesis que implicaría llegar probatoriamente al extremo opuesto del que se presume debe sustentar la sentencia (acreditación, más allá de toda duda razonable que el procesado es responsable, o imputable), sino cuando dejan de cumplirse los presupuestos sustanciales requeridos para proferir el fallo de condena, esto es, cuando la nueva evidencia probatoria torna discutible la declaración de verdad contenida en el fallo, haciendo que no pueda jurídicamente mantenerse (CSJ SP, jul. 25/2002, rad. 13602).
4. En aras de la claridad y concisión, forzoso resulta precisar inicialmente los fundamentos de la declaración de responsabilidad de C.A.H.V., en la forma expuesta en los fallos emitidos en las instancias procesales, siguiendo la síntesis de los hechos presentada en acápite previo de esta decisión.
Se ha decantado como verdad procesal que en enero de 1999 N.P.B., por entonces gerente de la sucursal XXX Banco de XXX, contactó a F.J.V.C. para ofrecerle los servicios de la entidad en la intermediación para la compraventa de dólares por fuera del mercado cambiario regulado; de similar forma, M.G.M.T., en agosto de 1998, fue asesorado por E.J.J.E., gerente de la sucursal XXX de la misma entidad bancaria, con el propósito de ahorrar e invertir en dólares a través de la apertura de cuentas en el exterior.
V.C. y M.T. acogieron esas propuestas, abrieron las cuentas sugeridas y dispusieron según se les instruyó por parte de otros ejecutivos del Banco de XXX, a saber, D.T.T. y J.I.M.E., que desempeñaban los cargos de Asesor de Negocios Internacionales de la Dirección General y Gerente Corporativo de Región, respectivamente.
En concreto, el primero de aquellos —V.C.— abrió la cuenta XXX en el XXX, así como obtuvo que XXX S.A. hiciera depósitos en una cuenta de sucursal bancaria local del Banco de XXX, para pagarle altas cantidades de dinero que le adeudaba; posteriormente, efectuó depósitos y ordenó girar cheques de gerencia a las personas naturales y/o jurídicas indicadas por M.E. y C.A.H.V., resultando que una de esas personas jurídicas receptora de los recursos era una sociedad constituida por M.E. y su cónyuge.
Entre tanto, en la cuenta del XXX, fueron consignadas y transferidas desde diferentes bancos en los XXX, divisas que ascendieron al valor de U$ 485.907.
M.G.M.T., acatando las directrices de los funcionarios bancarios, abrió cuentas de fideicomiso de inversión rentable; una en la sucursal del XXX, y otra con Nº XXX en el Banco de XXX. En la primera se consignaban excedentes de capital que después retiraban los ejecutivos del banco, entre los cuales M.E.; a cambio, en la segunda, fueron depositados en total U$ 492.992,73.
Para diciembre de 1999 la Corte del Distrito Este de XXX intervino las cuentas que en los XXX tenían los inversionistas V.C. y M.T., congelándoles las cantidades de U$ 185.907 y U$ 312.676,17, en su orden, como consecuencia que en esas cuentas se depositaron, aparte de lo girado por sus titulares, dineros entregados por C.A.H.V. a J.I.M.E., que se estableció procedían de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes ejecutadas por ciudadanos colombianos —J.Á.V., L.R. y R.G.S.— en ese país.
Sobre la conducta asumida por H.V., acorde con las investigaciones y pruebas acopiadas, ella suministraba los dólares estadounidenses que eran consignados en las cuentas que indicaba M.E.; a la par, le daba a este los nombres de las personas a las que debían librarse los instrumentos de pago correlativos —cheques de gerencia— por los compradores de divisas.
A partir del consuno entre C.A.H.V. y J.I.M.E., se propició que de las cuentas bancarias de F.J.V.C. y M.G.M.T. salieran cuantiosas sumas de pesos colombianos, y correlativamente ingresaran caudales de denominación extranjera originados o relacionados con actividades ilícitas de narcotráfico en XXX.
En adición, destacaron las instancias judiciales que la explicación manifestada en fase postrera del juzgamiento por H.V., porque fue finalizando la causa en la audiencia de juicio que lo explicitó, carecía de corroboración o sustento, ni siquiera logrados mediando solicitudes del juzgador a quo a través de cartas rogatorias y exhortos dirigidos a autoridades judiciales y diplomáticas de XXX.
Se precisó que la procesada no obstante haber sido escuchada —en declaración y versión libre— en varias oportunidades dentro de las averiguaciones criminales por las quejas de F.J.V. C. y M.G.M.T. y luego del acopio de otros medios de prueba, nada dijo sobre su calidad de agente encubierta o informante de la agencia de aduanas de XXX, sino que apenas lo manifestó en la audiencia de juzgamiento, diligencia llevada a cabo el 14 de abril de 2005.
Fueron analizadas las contradicciones surgidas de las aseveraciones que en distintos momentos procesales al ser interrogada sobre los acontecimientos materia de averiguación dio; en primer lugar, el 21 de julio de 1999, cuando dijo conocer de larga data a J.I.M.E. y haber participado como simple intermediaria, a cambio de comisión, en una negociación entre él y A.P.
En segundo orden, el 28 de septiembre de 2000, hablando de idéntica situación se presentó pero como mensajera entre ellos dos, indicando que el primero mencionado le daba instrucciones y documentos para enviárselos al segundo y, después, cumplía igual misión pero actuando como emisor este y receptor aquél.
Para el 23 de septiembre de 2003, expuso que no participó de ninguna manera en la negociación de divisas entre dichos individuos y que lo único que hizo fue ponerlos en contacto, considerando que el asesoramiento en materia de divisas lo podía realizar alguien que trabajara en un banco, cual era el caso de M.E.
En contraposición, en la audiencia de juzgamiento adujo su inocencia en el asunto debatido y explicó que trabajaba desde 10 años atrás como agente encubierto para la agencia de aduanas de XXX bajo la dirección de la fiscal B.K.; participó en labores de inteligencia para las que recibió entrenamiento especial siendo reclutada por “D.I.”; siempre estuvo bajo la dirección del gobierno americano y todo el tiempo siguió sus instrucciones; dado el interés de ese gobierno en I.M., y el que él le expresaba de conocer personas que facilitaran fondos en dólares, informó esos pormenores al grupo XXX con que trabajaba.
Respecto de haber suministrado el dinero interdicto a M.E., según él lo manifestó, adujo que no tenía acceso directo ni indirecto a ninguna transacción catalogando sus afirmaciones de producto de la imaginación; recalcó que el gobierno extranjero debería dar las explicaciones de su conducta porque siempre actuó como simple empleada suya, pues se le dijo que la Fiscalía de XXX tenía conocimiento de sus actividades.
Sobre todo lo anterior se destacó que la carencia de algún medio de comprobación en debida forma y oportunidad allegado, no permitía darle credibilidad ni resultaba lógico que cuando fue interrogada sobre los acontecimientos omitiera informar a las autoridades instructoras colombianas en detalle de su proceder, en desmedro de la colaboración que se esperaría de un agente encubierto, provocador o informante.
Por consiguiente, fueron descartadas las explicaciones de C.A.H.V., así como que J.I.M. hubiese sido inducido en error por su parte, no resultando admisible el planteamiento de eximirlos de responsabilidad en el delito de lavado de activos, menos al haberse probado que los dineros en cuestión provinieron del narcotráfico.
5. Decantado el marco de la condena emitida en contra de la accionante en revisión, se pasará seguidamente a identificar si los medios de prueba allegados en este procedimiento excepcional cumplen las exigencias de novedad y trascendencia que la ley reclama para sustentar la causal revisora impetrada, evaluándolos en conjunto con los originarios aducidos y estudiados en las instancias para, finalmente, dirimir las pretensiones de la demandante y demás partes procesales.
5.1. Siguiendo el esquema propuesto y con base en la explicación que líneas atrás se consignó sobre el concepto de prueba nueva, atinado es concluir que los instrumentos documentales allegados en copia con el libelo, cuyos originales reposan en el expediente seguido en contra de C.A.H.V. y otro, ciertamente tienen connotación de novedad y no fueron conocidos y sometidos al discernimiento de los falladores de primera y/o segunda instancia, en las oportunidades previstas por el legislador de 2000 para ser aducidos, controvertidos, evaluados y, acorde con la significación persuasiva que pudiera dimanar de ellos, acogidos o desestimados para decidir el fondo de la causa.
De la mera observación del expediente seguido contra H.V., remitido por el Juzgado XXX, resulta cierto que esa autoridad judicial acogiendo solicitud de la defensa del coacusado J.I.M.E., en audiencia preparatoria llevada a cabo el 15 de septiembre de 2004(6), dispuso obtener de la autoridad judicial competente en los XXX, a través de carta rogatoria(7), completa información acerca de las actividades desplegadas en calidad de informante del servicio de aduanas de ese país por la incriminada y que pudieran involucrar a M.E., haciendo énfasis en los hechos materia de la presente investigación.
En igual forma, el estudio del legajo deja saber que después de llevar a cabo la sesión inicial de la audiencia de juzgamiento en cuyo desarrollo fue interrogada C.A.H.V.(8), la sede judicial profirió auto(9) ordenando otras pruebas a fin de corroborar las que tildó tardías informaciones que manifestó en esa vista pública; para ese efecto, se libró exhorto al Cónsul de XXX en XXX - XXX con el propósito que, entre otras cosas, fuera escuchada en declaración la Fiscal B.K.
También se envió oficio para que rindiera testimonio por certificación jurada quien por esa época era Fiscal General de la Nación(10).
Más adelante, se intentó de nuevo el pedimento de colaboración, por lo cual se emitió nueva carta rogatoria(11), mediando intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, con resultados infructuosos, tanto así que el juzgado profirió sentencia de condena el 18 de enero de 2006(12), sin que para ese tiempo se hubiera recibido contestación a las solicitudes remitidas por vía diplomática.
Aparece acreditado, igualmente, que la respuesta echada de menos y reclamada insistentemente por el juzgado de primera instancia, atendiendo la iniciativa de las partes interesadas, apenas arribó al estrado judicial de primer nivel por el conducto oficial el 12 de febrero de 2007, cuando fue allegada con el oficio XXX de 1º de febrero de 2007 emanado de la Coordinación de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores(13).
Con la misiva se aportaron al juzgado, a su vez, copia del oficio XXX de 3 de noviembre de 2006, “…mediante el cual el Ministro Consejero en la Embajada de XXX ante el Gobierno de XXX, XXX, informa que el Departamento de Estado de ese país ha comunicado que el Departamento de Justicia ejecutó la Carta Rogatoria XXX librada por ese Estrado Judicial el 21 de junio de 2005…”, (énfasis no original); y los siguientes documentos:
a. Carta en inglés del Departamento de Estado de los XXX de 26 de septiembre de 2006, dirigida a la Embajada de XXX, y su traducción al español en dos folios.
b. Carta en inglés del Departamento de Justicia XXX de 24 de agosto de 2006, dirigida a Z.M.D. - Especialista de la Oficina de Gerencia de Asuntos del Hemisferio Occidental de la XXX del Departamento de Estado, acompañada del Certificado y Declaración en inglés de B.K., Fiscal Asistente de los XXX de la Oficina del Fiscal de los XXX, incluida copia de un cheque certificado con su traducción en español en trece folios.
Son estos, en esencia, los medios de prueba nuevos a considerar, con los que se corrobora cómo se dio cumplimiento por la autoridad competente del gobierno de XXX a la carta rogatoria XXX del juzgado de conocimiento; y, de otro lado, la declaración de quien era requerida para ese fin, es decir, la Fiscal Asistente B.K.
Acotación aparte debe hacerse sobre la copia de un título valor del XXX con serial XXX, girado a favor de C.H.V. por monto de U$ 110.000(14), que no hay lugar a tenerlo como prueba nueva debido a que hizo parte de la actuación al haber sido presentado en desarrollo de la vista pública por la propia procesada interrogada en ese acto(15); de manera que deberá estarse a lo decidido por los falladores en lo que atañe al mérito que asignaron a ese instrumento en tanto no puede extenderse debate adicional al que ya se produjo en las instancias corrientes, a riesgo de contravenir la lógica que inspira la revisión extraordinaria.
5.2. En la determinación de la trascendencia que tiene la prueba nueva se impone examinar su contenido material, tarea que, valga precisar, será cumplida concentrando atención a las respuestas suministradas a los interrogantes planteados en la Carta Rogatoria XXX, segundo pliego de ruego emitido, porque el restante material documental anexado da fe que se llevaron a cabo las actividades peticionadas por los cauces diplomáticos, a más de la certificación de haberse cumplido por funcionarios habilitados para ese fin en el Departamento de Justicia de los XXX.
En el ámbito precisado, se remite la Sala al examen de la literalidad de dichas respuestas en idioma inglés y su traducción oficial al idioma castellano(16), o español(17) que es como se anuncia en el escrito remisorio(18), cuyos originales se encuentran en las hojas útiles numeradas XXX a XXX, y XXX a XXX, respectivamente, del cuaderno 24 que hace parte del expediente en estudio.
5.2.1. En un primer apartado se encuentra que B.K., Fiscal Asistente de XXX, XXX, dice que el cheque XXX, a favor de C.H.V. por monto de U$ 110.000, se libró por concepto de pago a sus servicios como informante confidencial.
Enseguida, siguiendo la transliteración en español, afirma que la titularidad de la cuenta bancaria desde la cual fue girado, era de la compañía XXX, establecida en las XXX por F.V.(sic).
Llama la Corte la atención acerca de que en el escrito que contiene la traducción, se omitió el segundo párrafo de la respuesta de la Fiscal Asistente, razón que impide tomarlo en cuenta, y que es del siguiente tenor:
The account seized which led to V. prosecution were in the names of: XXX, an account located in the XXX and owned by F.V.; and an account in the name of G.M., located at Banco de XXX, XXX, XXX.
Continúa explicando que en la cuenta bancaria de XXX, todos los ingresos por concepto de drogas eran recolectados por un agente especial del Servicio de Aduanas de XXX, Fuerzas Especiales XXX, en calidad de agente secreto; que esos ingresos luego eran trasferidos a nombre de “V.”; que de esa cuenta fueron decomisados U$ 185.907 por mandato de autoridad judicial del Distrito Este de XXX, ante lo cual hizo reclamación V. (sic), pero el gobierno estadounidense se quedó con U$ 65.000 y le devolvió el resto.
Finalmente, que “V.” actuaba como informante confidencial instruida por el Servicio de Aduanas para hacer esa trasferencia.
Sobre G.M. aduce que mantenía una cuenta en el Banco de XXX en XXX, y que, de similar forma que el anterior, los ingresos por concepto de drogas eran recolectados por un agente especial del Servicio de Aduanas de XXX, Fuerzas Especiales XXX, en calidad de agente secreto y luego eran trasferidos a nombre de “V.”; a dicha cuenta se hicieron dos trasferencias por U$ 225.823 y U$ 171.115, y fueron decomisados por orden de autoridad judicial del Distrito Este de XXX, aproximadamente U$ 40.000 sin que los registros de la Corte revelen que se hubiera hecho petición de su devolución.
Culmina repitiendo que “XXX” actuaba en calidad de informante confidencial instruida por el Servicio de Aduanas para hacer esas trasferencias.
Cotejado el documento originario se advierte, de nuevo, que la traducción omite la siguiente frase: “Find a Link From V. to that Account: see above answer”; por lo mismo, no se tendrá en consideración.
5.2.2. El segundo acápite se refiere a la declaración juramentada de B.K. respecto del caso XXX, quien absuelve las preguntas específicas de la carta rogatoria indicando que es Fiscal Asistente de XXX en el XXX con una antigüedad de 20 años.
A “V.”, la conoció en una o dos ocasiones durante el tiempo que actuó como informante confidencial, en el lapso de 1998 hasta mediados de 2000, bajo la dirección de agentes del Servicio de Aduanas de XXX/ Fuerzas Especiales XXX; el trabajo de “V.” en ese tiempo era de corredor financiero y como parte de su negocio adquirió dinero proveniente de droga que se encontraba en territorio de XXX.
“V.” suministraba el número celular de un agente de la referida fuerza a la persona que tenía esos dineros, quien se contactaría con el agente especial y programaría su entrega; una vez el agente recibía los dineros, serían trasferidos cablegráficamente a la cuenta designada por “V.”, y después se abría la investigación contra los remitentes del dinero.
Menciona el caso de A., R. y G.S., personas que, se entiende, enviaron dinero a un agente encubierto, fueron investigados, procesados y enjuiciados, declarándose culpables de los cargos por lavado de dinero, indicando que “V.” intervino en el primer envío de dineros provenientes de drogas a un agente especial.
Finalizada esa investigación, la oficina del Fiscal del Distrito Este de XXX solicitó al Juez Magistrado una orden de decomiso para la incautación de los fondos de las cuentas a las que había sido trasferido dinero de procedencia ilegal, incluyendo la cuenta de XXX.
Responde que la participación de “V.” como informante fue autorizada por agentes especiales del Servicio de Aduanas, con el aval y aprobación del Fiscal de XXX y en su oficio de corredora financiera suministró información a agentes federales sobre dinero del narcotráfico en ese país; contactó a quienes la habían contratado para que enviara dinero a otros individuos, que eran agentes especiales, cumpliendo labores entre noviembre de 1998 y abril de 2000 cuando fue retirada; su trabajo se desarrolló en XXX, desde donde se comunicó mediante llamadas con los agentes especiales, precisando que los fondos provenientes de la droga eran recogidos en XXX.
Además de “V.”, participaron en la investigación oficiales estatales y federales, ninguno de los cuales viajó a XXX, pues todas las reuniones con ella se dieron en XXX; también intervenían quienes entregaban los dineros a los agentes, incluyendo a A., R. y G.S., sin que se hubiera solicitado asistencia o cooperación del gobierno XXX.
Refiere que existen informes sobre el trabajo de “V.” en el caso, pero que los documentos originales fueron destruidos en el atentado a las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio en 2001, excepto los que fueron computarizados y los de la Corte relacionados con el procesamiento de las personas que enviaban dinero a agentes especiales, que están disponibles.
Informa que el trabajo de “V.” como informante requería que se mantuviese en secreto y confidencial, y así cumplió.
5.2.3. En la tercera parte de la declaración reitera que “V.” fue autorizada para servir de informante por las Fuerzas XXX, en particular por los agentes especiales del Servicio de Aduanas con el aval y aprobación de la oficina del Fiscal de XXX; que en su labor de corredora financiera tenía acceso a los dineros —de ilegal origen, se infiere— en el área de XXX; que acordó lo necesario para entregarlos a agentes encubiertos e instruyó a los mismos acerca de a dónde transferirlos, durante un lapso de 18 meses, periodo en el que actuó en XXX a la vez que los agentes de XXX hacían lo que les correspondía en XXX.
A cambio de la labor “V.” recibió un porcentaje de los dólares que fueron entregados al agente encubierto y, luego, de los incautados en la investigación, pagados por la Fuerza Especiales XXX y el Fondo de Decomisos del Departamento de Justicia, probablemente a través de cheque; empero, repite que los registros de pago fueron destruidos en el Centro Mundial de Comercio.
Añade que el nombre de J.I.M.E. no es familiar para los agentes que estuvieron a cargo de la investigación ni aparece mencionado en algún informe de los que se conserva registro computarizado, recabando la posible destrucción de otra información en el Centro Mundial de Comercio.
No hubo traslado de agentes a XXX, donde “V.” residía, y cuando ella fue a XXX a reunirse con los agentes, las Fuerzas Especiales XXX pagaron su tiquete de viaje, al menos en una ocasión.
Aquí se repite la omisión de la traducción de otra pregunta y la respuesta suministrada por la declarante, con las consecuencias antes definidas, a saber: “Was V. accountable for her efforts: V. was required to report all of her activity to the Special Agents”.
Cierra diciendo que las autoridades colombianas no recibieron información oficial, desconociendo si alguna estaba al tanto de la operación dentro de la cual “V.”, adicionalmente a lo explicado, aportó datos de corredores financieros competidores suyos.
5.3. La evaluación del dicho vertido por la Fiscal Asistente B.K., junto con los medios de prueba originarios, los conocidos en las fases de investigación y juzgamiento en el proceso seguido a C.A.H.V. y otro, infunden convencimiento en la Sala acerca de que no se ha incurrido en un manifiesto acto de injusticia, que carece de fundamento la inocencia reclamada y se predica, en cambio, acierto de los falladores al sancionarla penalmente como coautora del delito de lavado de activos.
El escrutinio sistemático de los medios de conocimiento reafirma no solamente la certeza sobre la ocurrencia de los hechos que motivaron la investigación criminal, sino, en especial, el compromiso de responsabilidad en la ejecución delictiva de la procesada H.V.
Tales conclusiones tienen sustento en que si bien es cierto en las sentencias proferidas por los juzgadores a cargo del proceso penal tramitado a la demandante, se planteó la carencia de prueba sobre la exculpación por ella manifestada, la posterior corroboración de la verdad de sus asertos que se ha logrado, en cuanto se refiere a que actuó como informante confidencial del servicio de aduanas de los XXX, no es correlativa prueba de su inocencia.
Partiendo de la premisa, indiscutida, que los hechos ocurrieron en la forma que fueron considerados en los fallos de condena proferidos por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de XXX y la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de esta capital, como en las decisiones de esta Colegiatura al resolver las demandas de casación interpuestas por la representación de la misma accionante en este evento y el coprocesado M.E., la discusión planteada con la prueba reciente estriba en la responsabilidad discernida a C.A.H.V. en la conducta ilícita.
En esa línea de análisis, para la Sala es inadmisible reputar su inocencia en el reato sojuzgado —lavado de activos—, so pretexto que actuó acatando el compromiso que había asumido con autoridad extranjera de servir como informante confidencial, de intervenir de forma soterrada en la investigación de posibles conductas al margen de la legalidad asumidas por parte de terceros en perjuicio de distinto país, cuando quiera que, al fin y al cabo, atentó contra el orden jurídico nacional colombiano, contra bienes jurídicos tutelados en Colombia, en los precisos términos que resolvieron las sentencias judiciales confutadas.
Inconcebible aceptar que a pesar de estar probada la materialidad del actuar criminal se pueda excluir la responsabilidad en su ejecución porque al incurrir en la especie delictiva estaba sirviendo a un gobierno foráneo, como si se constituyera la situación así planteada en una causal de exclusión del compromiso penal, con desconocimiento de las que se conciben con ese carácter en la legislación de la materia, según insinúa en su intervención el Ministerio Público, en todo caso, sin precisar si se trataría de una justificación o de una exclusión de responsabilidad, en gracia de discusión.
Es de la prueba nueva aportada que surge inviable la pretextada inocencia si en cuenta se tiene que la Fiscal Asistente B.K. deja en claro que “V.” actuó como informante confidencial desde noviembre de 1998 hasta abril de 2000, bajo la dirección de agentes del Servicio de Aduanas - Fuerzas Especiales XXX de XXX, y su actividad se desarrolló enteramente en XXX sin que para ese efecto se acudiera a la asistencia o cooperación del gobierno nacional, a instrumentos legales o pactos interestatales que lo permitieran, y menos informando oficialmente a alguna autoridad del territorio patrio sobre ese proceder.
Es decir, que en XXX actuó, como en efecto se probó incluso con la propia versión que suministró en audiencia de juicio C.A.H.V., al reconocer abiertamente su comportamiento irregular en contra del orden jurídico establecido, sin que en su devenir comportamental confluyera eximente de las previstas en la legislación aplicable al caso, ya se diga las otrora denominadas causales de justificación del artículo 29 del Decreto 100 de 1980, o las previstas como de ausencia de responsabilidad en el artículo 32 de la Ley 599 de 2000.
Es por eso por lo que no es atendible el argumento que proyecta la demanda acerca de que H.V. por haber cometido el reato actuando en calidad de informante confidencial —no agente encubierto o provocador como se le cataloga indistintamente por las partes, figuras absolutamente diferentes— a órdenes de autoridad extranjera, estaría relevada de responder por el resultado lesivo; de ser así se estaría admitiendo la posibilidad que la vulneración de la ley penal nacional no acarree consecuencias para su ejecutor o partícipe, en evidente desconocimiento y desmedro de caros principios como la legalidad y territorialidad, primordialmente.
En adición a lo explicado es oportuno precisar que no ha contemplado el legislador en XXX que la figura del “informante” tenga o amerite tratamiento diferenciado o privilegiado respecto del que se consagra para el autor o partícipe en una infracción al estatuto punitivo; tampoco se le ha otorgado a sus informaciones mérito probatorio especial, ni la jurisprudencia lo ha previsto en uno u otro de estos sentidos.
Para ilustrar, se remite atención a la Sentencia C-673 de 2005 de la Corte Constitucional que, en lo pertinente, enseña:
En relación con la figura de los informantes, en algunas ocasiones(19) la Corte se ha pronunciado sobre determinados aspectos concretos. Así, en Sentencia C-683 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra varias disposiciones de determinados decretos legislativos que fueron adoptados como legislación permanente, la Corte examinó algunos aspectos puntuales relacionados con los informantes.
“La Corte tampoco encuentra vicio alguno de constitucionalidad y por el contrario reitera sus consideraciones anteriores; en efecto, el artículo 64 cuestionado en sus incisos primero, segundo y tercero se fundamenta en la necesidad de proteger a testigos e informantes quienes tienen derecho a obtener recompensa por la colaboración útil a la Administración de Justicia, supuesto que se soporta en la necesidad de una legislación especial ante las modalidades criminales que la provocaron. Las informaciones que ellos suministran los ponen en situación de riesgo, dadas las graves modalidades que adquiere el crimen organizado y por tanto el Estado está en la obligación no solo de recompensarlos monetariamente sino de darles una protección. Adviértese que la expresión “Director Nacional de Instrucción Criminal” deberá entenderse sustituida por la de Director Nacional de Fiscalías, dentro de la nueva estructura del procedimiento penal; en consecuencia de lo anterior, en la parte resolutiva de la sentencia así se decidirá.
Luego, en Sentencia C-392 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, fue declarada exequible una disposición legal según la cual, en ningún caso, las versiones suministradas por los informantes tendrían valor probatorio en el proceso penal. Posteriormente, la Corte en Sentencia C-251 de 2002, con ponencia de los Magistrados Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández(20), adelantó las siguientes consideraciones en relación con el deber ciudadano de brindar información a las autoridades públicas:
“Las estrategias de seguridad y defensa pueden contemplar un papel para los particulares. Así, y sin que esta enumeración sea taxativa, pueden comprender mecanismos de cooperación con la administración de justicia y con la fuerza pública, pero sin colocar a los civiles en la disyuntiva de ser aliados o enemigos; dichas estrategias pueden igualmente establecer programas de sensibilización y alerta frente al terrorismo, pero sin transformar a los particulares en espías al servicio del Estado, o en sucedáneos de la fuerza pública. Esto significa entonces que las mencionadas estrategias de seguridad y defensa no pueden imponer deberes tales a la población civil, que terminen involucrándola en el conflicto armado, ya que no sólo se estaría afectando el principio de distinción derivado del derecho internacional humanitario, sino que además se estaría desconociendo el mandato constitucional, según el cual, las tareas de protección de la soberanía y el orden público corresponden a la Fuerza Pública, y no a los particulares, como se explica más adelante (Ver infra fundamentos 24 a 26) (resaltados agregados).
De tal suerte que, según los pronunciamientos de la Corte en materia de informantes ( i ) dado el elevado riesgo que éstos corren, el Estado está en la obligación no sólo de remunerarlos económicamente sino de protegerlos; (ii) dicho amparo no puede extenderse a autores o partícipes de delitos; (iii) las versiones suministradas por aquéllos carecen de valor probatorio en cuanto a la responsabilidad del imputado; y (iv) el Estado no puede obligar a los miembros de la población civil a convertirse en informantes, so pena de vulnerar el principio de distinción del derecho internacional humanitario. Cabe igualmente señalar que, hasta el momento, esta Corporación no se ha pronunciado sobre la reserva de identidad de los informantes, sino tan sólo acerca de tal situación en relación con testigos(21).
La doctrina especializada(22), al igual que legislaciones como la británica, suelen distinguir entre fuentes de información e informantes. Así, hacen parte de las primeras las personas u organizaciones que brindan información sin obtener compensación alguna, ocasionalmente y sin seguir indicaciones precisas de las autoridades públicas, en tanto que los segundos son personas que bajo la dirección de un funcionario brindan información, usualmente pagada(23), con respecto a personas o actividades ilegales, siendo principalmente empleados para combatir el crimen organizado(24). (Énfasis original; resaltados ajenos al texto citado).
Entonces, la demostración lograda acerca de que en los hechos por los cuales fue investigada y condenada H.V., sí actuó como informante del Departamento de Aduanas de los XXX, siguiendo instrucciones de esas autoridades para identificar, capturar y procesar personas involucradas en actividades de lavado de activos, en nada incide en la variación de la declaración de condena atacada por este medio.
Tampoco hay cabida para considerar que con la prueba nueva se desvirtúa la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en el asunto examinado, primero porque la reconstrucción procesal del acontecer materia de investigación aparece suficientemente sustentada en la prueba acopiada, antes y ahora, de manera que la ocurrencia de los hechos ilícitos y el juicio de adecuación realizado desde la instrucción, ratificado en el juzgamiento y acogido en la sentencia, se corresponde a una reconstrucción fidedigna del acontecer fenoménico y su relevancia jurídico penal.
En ese orden, no se explica ni encuentra razón la Sala para afirmar que la prueba nueva desestructura el marco lógico jurídico del tipo penal de lavado de activos; tampoco de qué manera incide esa prueba en el caso concreto para colegir que se derruyen las elaboradas y ponderadas argumentaciones presentadas en las sentencias en lo que tiene que ver, verbo y gracia, con la determinación de los sujetos activo y pasivo de la ilicitud, la forma en que se plasmaron en la realidad los verbos descriptores compuestos y alternativos del actuar ilícito, etc.
Segundo, puesto que la argumentación judicial que estableció lesión efectiva del bien jurídico tutelado específicamente por el tipo penal de lavado de activos —el orden económico y social—, al igual que la incidencia en los patrimonios particulares de F.J.V.C. y M.G.M.T., en manera alguna decae y, por contrario, se cuenta con elementos suficientes para haber concluido, y sostenerlo todavía, que se produjeron afectaciones a esos intereses protegidos en el estatuto penal que trascendieron al campo de la denominada antijuridicidad material.
Finalmente, el juicio de reproche por la modalidad dolosa de la conducta punible en que se inmiscuyó H.V. permanece incólume, en cuanto la inculpación por haber obrado con plena voluntad de realizar el tipo penal imputado a sabiendas de las circunstancias configurativas de ilicitud y de manera intencional, se aprecia ajustado a los medios de convicción previos y actuales en discusión.
Es así que del interrogatorio rendido por la procesada en el debate oral, dimana que tuvo pleno conocimiento de la índole de su proceder porque interrogada acerca de las negociaciones irregulares que motivaron la investigación criminal, respondió reconociendo su intervención aunque las explicaciones que daba se orientaban a que su conducta obedeció al compromiso de colaboración que suscribió con autoridades de XXX.
Repárese atención, en adición, a la declaración de la Fiscal Asistente B.K. determinante en señalar que en el ejercicio de su actividad C.A.H.V. era contactada por personas que tenían en su poder dineros derivados del narcotráfico, que requerían su intervención para darles visos de legalidad a esos espurios haberes, y era en ese momento que actuaba siguiendo las instrucciones de los agentes secretos para lograr la interdicción del circulante; pero no sólo eso dado que también activaba comunicación con quien se encargaría de sanear los caudales, ni más ni menos que J.I.M.E., acorde con la prueba allegada en la instrucción y la causa. Y más aún, que por esa labor recibía remuneración económica, como en efecto lo reconoció la informante.
Por demás, es el propio M.E. en sus intervenciones procesales quien ratifica esa ligazón, señalando a H.V. como la persona que le suministró las divisas consignadas en las cuentas de F.J.V.C. y M.G.M.T., a cambio de lo cual estos entregaban pesos colombianos librando títulos valores a personas, naturales y jurídicas, que ella directamente indicaba.
Desde esta perspectiva no hay lugar a desdecir de las conclusiones que con fundamento en el estudio integral de la actuación surtida realizaron los jueces en primera y segunda instancia, concluyendo que los hechos objeto del procesamiento configuraron la conducta punible de lavado de activos y sus responsables coautores fueron C.A.H.V. y J.I.M.E.
6. Por consiguiente, las pretensiones de la demanda de revisión no están llamadas a la prosperidad dado que no se demuestra la inocencia de C.A.H.V. por el influjo de la prueba nueva, ni hay lugar a la estructuración de distintas consideraciones y conclusiones sobre la materialidad y/o la responsabilidad, en especial, que en su respecto fueron declaradas judicialmente.
En suma, se declarará infundada la causal de revisión invocada en el libelo.
7. Las diligencias objeto de esta acción regresarán al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de XXX, para los fines de su competencia.
1. DECLARAR infundada la causal de revisión invocada en la demanda instaurada por C.A.H.V., a través de apoderado judicial.
2. REMITIR el proceso al Juzgado de origen, por competencia.
4 Ver CSJ SP, diciembre 1º 1983; y su reiteración, entre otros, en CSJ SP, abril 22/97, radicación 12.460, y CSJ SP, febrero 18/98, radicación 9.901.
6 Cuaderno 21, fl. 19.
7 Ídem fl. 96, Carta Rogatoria XXX de 30 de septiembre de 2004.
8 Cuaderno 22, fl. 1 y ss., diligencia de 14 de abril de 2005.
9 Ibíd., fl. 59, proveído de 23 de abril de 2005.
10 Ibíd., fls. 65 a 72, que corresponden al Exhorto XXX, y el Oficio XXX de 26 de abril ambos.
11 Ibíd., fl. 102, Carta Rogatoria XXX fechada 21 de junio de 2005.
12 Cuaderno 24, fl. 11.
13 Ídem., fl. 198.
14 Ibíd., fl. 210.
15 Cuaderno 22, fl. 51.
16 Ver artículos 10 de la Constitución Política, y 147 de la Ley 600 de 2000.
17 “Español. Para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más apropiada está hoy superada. El término español resulta más recomendable por carecer de ambigüedad, ya que se refiere de modo unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de cuatrocientos millones de personas. Asimismo, es la denominación que se utiliza internacionalmente (Spanish, espagnol, Spanisch, spagnolo, etc.)”. Diccionario panhispánico de dudas, Real Academia Española, 2005.
18 Ver en el cuaderno 24, fl. 198, el oficio XXX de 1º de febrero de 2007 de la Coordinación de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores.
19 Sentencias C-683 de 1996; C-392 de 2000 y C-251 de 2002.
20 Con salvamento de voto de los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra.
21 Sentencia C-053 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
22 Mario Daniel Montoya, Informantes y técnicas de investigación encubiertas. Análisis constitucional y proceso penal, Buenos Aires, 2001, pág. 212.
23 Algunas críticas a los pagos de informantes, o más conocido como pactos contingentes o “contingent fees”, han sido planteadas por Milton Hirsch en “Confidencial informants: when crime pays”, University of Miami Law Review, vol. 39, pág. 131.
24 En lo que concierne a la reserva de identidad de los informantes, en materia de narcotráfico, la Corte Suprema de los XXX, en el asunto Roviaro consideró que, por regla general, un oficial de policía no está obligado a descubrir el nombre de un informante, salvo que se considere que este último participó en la transacción que fue la causa próxima del arresto del imputado, es decir, que el Estado no cuenta con un privilegio absoluto para proteger la identidad de sus fuentes e informantes.
Posteriormente, en el asunto Van Mechelen c. Holanda, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la conformidad o no con el Tratado de unas declaraciones rendidas por personas anónimas dependía de (i) el peso acordado a las mismas dentro del material probatorio; (ii) la intervención del juez con el propósito de verificar la credibilidad de las mismas; y (iii) la posibilidad acordada a la defensa de cuestionar la veracidad de aquéllas. De tal suerte que, en el caso concreto, el Tribunal estimó vulnerado el artículo 6º de la Convención Europea de Derechos Humanos debido a que el único medio de prueba contra el acusado lo constituía unas declaraciones rendidas por unos agentes de la policía, quienes habían preferido conservar el anonimato.