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Timestamp: 2019-01-20 03:01:24
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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 117', 'artículo 66', 'artículo 51', 'artículo 47', 'artículo 138', 'artículo 28', 'artículo 43', 'artículo 33', 'artículo 28', 'artículo 43', 'artículo 28', 'artículo 43', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 102']

Relaciones Laborales nº102 | PDF Flipbook
Relaciones Laborales nº102
/102 relaciones laborales Revista del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia Mayo 2015 Época V Javier Lluch Corell Magistrado de la Sala de lo Social “Todavía es pronto para valorar la influencia de todas estas reformas en el mundo laboral” Información colegial / Noticias sociolaborales Aula técnica / Jurisprudencia
sumario_3 04_reportaje/entrevista Javier Lluch Corell. Magistrado de la Sala de lo Social 07_información colegial 14_aula técnica Próximas actividades formativas organizadas por el Colegio: cursos, jornadas, etc. El fogasa ha de resolver las reclamaciones en tres meses. En caso contrario se entienden estimadas por silencio positivo. 16_noticias sociolaborales 17_jurisprudencia 22_área fiscal Novedades de la Sala IV del Tribunal Supremo. Comentarios de actualidad sobre impuestos. Edita De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos forman parte de un fichero propiedad del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales, cuya finalidad es [la gestión y el control de la actividad profesional y la defensa de los intereses de los Graduados Sociales, organización de eventos y actividades para el interés del colectivo]. La información contenida en el fichero incluye nombre y apellidos, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional (incluyendo domicilio postal completo, número telefónico, número de fax y dirección electrónica) y datos de pertenencia al grupo (número de colegiado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional). Estos datos son imprescindibles para poder realizar adecuadamente las funciones asignadas al Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales y formarán parte de las Guías Profesionales que se editen, teniendo el fichero la consideración de de fuente accesible al público. Empresas privadas podrán acceder al fichero de colegiados. Si no desea que sus datos sean utilizados para el envío de publicidad o información comercial sobre productos o servicios, podrá indicarlo dirigiéndose por escrito al Excmo Colegio Oficial de Graduados Sociales, para que así conste en la Guía Profesional y los soportes electrónicos que se generen. Sus datos podrán ser cedidos al Consejo General de Graduados Sociales y al Consejo Valenciano de Graduados Sociales, para que pueda gestionarse el censo y la realización de actividades que repercutan en beneficio del colectivo. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. CL Grabador Esteve, 4 1ª – 46004 Valencia. Relaciones Laborales es una publicación mensual del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia. Todos aquellos colectivos o personas que deseen colaborar en la misma podrán hacerlo, enviándonos artículos, opiniones o cualquier otro tipo de material periodístico de interés para la linea editorial de la revista a la dirección del Colegio: Grabador Esteve, 4, 1ª • 46004 Valencia • colegio@cograsova.es. Las colaboraciones, opiniones y artículos irán firmados por sus autores y serán responsables a todos los efectos de su contenido. Consejo de Redacción Presidente: Ricardo Gabaldón Gabaldón Directora: Carmen Pleite Broseta Subdirector: Óscar Martorell Tronchoni Jefe de Redacción: Rafa Lupión Ruiz Consejo de Redacción: Salvador Aguado Martínez, Dulce Aguilar Llácer, Enrique Albelda Salom, Joaquín Alcoy Moncholí, José Buenaventura Barberá, Mariano Ferrando Durán, Carmen García Ros, Andrés González Rayo, Teresa Luengo Lloret, José Madolell Pedrajas, Raquel Martínez Pardo, Araceli Sanchis Sanjuán, Lourdes Sanz Calderón, Ana Tur García, Elsa Zamora García. Gerente: Pablo Pernas Verdugo Coordinadora: Mada Rivas Rausell Sede: Grabador Esteve, 4, 1ª 46004 Valencia Impresión: www.iplgrafica.com Depósito legal: V-3244-2007 Núm. ejemplares: 2.500 Distribución gratuita.
4_entrevista Javier Lluch Corell Magistrado de la Sala de lo Social “Hay materias que técnicamente no están bien resueltas” ¿Qué perspectiva tiene desde su puesto de la situación económica valenciana? ¿Si atendemos a los casos que entran en la Sala de lo Social ¿podríamos decir que hay recuperación económica? Desde mi posición en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, no es fácil hacer un diagnóstico certero de la situación económica actual de la Comunidad Valenciana. Me explico, el trabajo en la Sala se centra, esencialmente, en la resolución de los recursos de suplicación que interponen las partes contra las sentencias que dictan los Juzgados de lo Social y, como se puede comprender sin dificultad, desde que surge el conflicto jurídico que da lugar al proceso judicial, hasta el momento en que nosotros intervenimos transcurre un dilatado periodo de tiempo. Dicho de otro modo, por muy rápida que sea nuestra respuesta, estamos actuando sobre cuestiones que se suscitaron en el año 2013 o incluso antes; esto es, en los momentos más duros de la crisis económica. En cualquier caso, no cabe duda que seguimos en una situación complicada desde el punrelaciones laborales to de vista laboral, pues son muchas las empresas que se ven abocadas al cierre y, consiguientemente, muchos los trabajadores que se quedan sin empleo y en una situación muy precaria. Estos últimos años han sido muy difíciles desde el punto de vista del empleo y se han caracterizado por una creciente desindustrialización de nuestra economía que se ha venido sosteniendo muy especialmente por el sector de los servicios. Esta situación ha generado un incremento desmedido de la litigiosidad que ha recaído sobre los Juzgados de lo Social que con los mismos medios que tenían antes, han tenido que dar respuesta al gran número de procesos judiciales de los últimos años. Desde aquí quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta entrevista, para hacer un reconocimiento público a todos los compañeros -magistrados, secretarios y funcionarios- que desempeñan su trabajo en los Juzgados de lo Social y que con gran dedicación y profesionalidad han realizado una labor titánica para dar respuesta a la demanda social que ha generado esta dura y larga crisis económica y social que estamos viviendo.
entrevista_5 ¿Cuáles son los casos más frecuentes que se tramitan en la Sala de lo Social? Aunque el artículo 7 de la LRJS dedica cinco apartados a fijar la competencia de las Salas de lo Social de los TSJ, es lo cierto que el grueso de nuestro trabajo tiene por objeto resolver los recursos de suplicación que se interponen contra las resoluciones –sentencias y autos- que se dictan por los Juzgados de lo Social de nuestra Comunidad. Así, hasta el 30 de abril del presente año, se han registrado en la Sala un total de 1189 recursos, de los que 255 tienen que ver con procesos de extinción del contrato de trabajo, en sus diversas variedades; 683 en materia de Seguridad Social, de los que más de la mitad se corresponden con procedimientos de incapacidad; y 169 son recursos relativos a otras materias, como reclamaciones de cantidad, reconocimiento de derechos, modificación de condiciones de trabajo, etc. El mismo artículo 7 de la LRJS, en sus apartados a) y b), atribuye también a las Salas de lo Social el conocimiento de determinadas materias como órgano de instancia. El mayor número de casos que se han registrado en la Sala de Valencia en lo que va del presente año se corresponde con demandas de conflicto colectivo. Es de destacar el descenso en el número de procesos en materia de despido colectivo, pues hasta la fecha solo se han registrado tres demandas en lo que va de año 2015. Esto se puede deber bien a que se producen en la práctica menos despidos colectivos, o a que se alcanzan más acuerdos durante el periodo de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Quiero resaltar que a pesar de que no están cubiertas todas las plazas de magistrados de la Sala, el tiempo de resolución es muy razonable. Así, a día de hoy, todos los recursos y procesos que tenemos pendientes han entrado en la Sala este mismo año 2015. Y, por ejemplo, los recursos en materia de extinción del contrato de trabajo se resuelven, con carácter general, en un plazo que no supera los dos meses desde que se registran. Esto evidencia el interés que tenemos todos los que trabajamos en la Sala de lo Social el TSJ de Valencia – magistrados, secretarios y funcionarios- en dar una respuesta rápida y eficiente. ¿Qué cambios normativos se han dado en los últimos años? Sería excesivamente prolijo hacer una simple enumeración de todas las reformas sustantivas y procesales que se han producido en los últimos cuatro años. Solo por citar algunas de las más importantes podríamos señalar las siguientes: la publicación de la nueva norma procesal, esto es, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social aprobada por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, que ha venido a sustituir a la vieja Ley de Procedimiento Laboral de 1995 y que aún sin ser una norma rupturista sí que ha introducido importantes novedades procesales respecto del régimen jurídico anterior, siendo, quizás, la de mayor repercusión, la atribución a la jurisdicción social de la impugnación de los despidos colectivos. También hay que mencionar por su importancia la Ley 27/2011 y el RDL 5/2013 en materia de jubilación; y, desde luego, la última reforma laboral operada por el RDL 3/2012 y la Ley 3/2012 que han introducido importantes cambios en la legislación laboral en materia de flexibilidad interna, negociación colectiva y despidos colectivos. Más recientemente se ha publicado la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y el RDL 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, en el que se recogen una serie de bonificaciones para la contratación indefinida. Como se puede ver, el Derecho del Trabajo está en constante proceso de transformación tratando de adaptarse a una realidad cambiante, lo que requiere un esfuerzo adicional de todos los que trabajamos en este ámbito. ¿Cómo han influido los últimos cambios normativos? Todavía es pronto para valorar la influencia de todas estas reformas en el mundo laboral. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, las modificaciones que alteran profundamente el panorama anterior generan, por regla general, una cierta “crisis del derecho”. Esto es, se abren nuevos interrogantes, se postulan diversas interpretaciones y, en ocasiones, se ofrecen respuestas contradictorias ante situaciones iguales o semejantes. En definitiva, se genera una cierta inseguridad jurídica, tanto mayor, cuanto peor es la redacción de la norma. En esto el legislador debería ser más cuidadoso, pues cada vez es más frecuente encontrarnos con preceptos excesivamente largos, redactados de forma oscura, mal puntuados gramaticalmente y, en no pocas ocasiones, contradictorios con otros que siguen en vigor. Con estos mimbres es difícil manejarse en una disciplina tan técnica y ligada al lenguaje como es la jurídica. De modo que en estos casos la norma jurídica deja de ser un instrumento de resolución de conflictos para convertirse en una fuente de litigios. ¿Está de acuerdo con estos cambios? Si se me pregunta como magistrado, lo único que puedo decir es que los jueces estamos sometidos a la ley y esta es la garantía de la independencia judicial sobre la que se asienta el Estado de Derecho. Dice el artículo 117.1 de nuestra Constitución, que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. No cabe duda que los jueces, como cualquier otra persona, tenemos nuestra ideología y nuestra opinión sobre el modo en que se hacen las cosas. Pero cuando actuamos o se nos pregunta en la condición de magistrados, nuestra opinión personal es irrelevante, pues nuestra función constitucional es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado aplicando las leyes aprobadas por las Cortes Generales que representan al pueblo español, según dispone el artículo 66.1 de la Constitución. relaciones laborales
6_entrevista ¿Detecta alguna modificación que considera que habría que hacer? Hay materias que técnicamente no están bien resueltas y que con la experiencia acumulada de estos últimos años pueden ser mejorables. Sirva como ejemplo el tema de las impugnaciones individuales en los despidos colectivos concluidos con acuerdo en el periodo de consultas. El artículo 51 del ET no recoge -ni tampoco lo hace el 124 de la LRJS- una disposición similar a la contemplada en el artículo 47 del ET para los supuestos de suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en el que se establece que si el periodo de consultas concluye con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas de la decisión. De modo que la experiencia demuestra que la nueva regulación del despido colectivo no evita la multiplicidad de reclamaciones individuales de los trabajadores afectados por el despido, a pesar de que el periodo de consultas haya concluido con acuerdo con los representantes de los trabajadores. ¿Qué opina de los Graduados Sociales como profesionales? Desde que en el año 1990 comencé a trabajar en la jurisdicción social, vi un colectivo de profesionales muy activos y muy entregados a su trabajo. Desde luego ocupan un espacio muy importante en el mundo del Derecho del Trabajo que solo ellos pueden llenar. Les he visto evolucionar en todos estos años desde posiciones iniciales de auxilio a la gestión de empresas a otras de carácter técnico-jurídico. Su formación es cada vez más sólida y día tras día se van consolidando en un mundo tan complejo como es el de las relaciones laborales, en el que se entremezclan no solo aspectos jurídicos, sino también económicos, fiscales y de gestión. ¿Qué les pide en su relación con la Sala de lo Social? Es sabido que desde la entrada en vigor de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el recurso de suplicación se puede interponer no solo por los abogados sino también por los graduados sociales. Es igualmente conocido el carácter extraordinario y muy técnico del recurso de suplicación, de modo que en no pocas ocasiones los recursos son rechazados por deficiencias técnicas en la formulación del escrito de interposición. Por eso, lo que pediría a los graduados sociales, como también al colectivo de abogados, es que tuvieran una sólida formación no solo sustantiva o material sobre el derecho aplicable, sino también procesal sobre el modo de hacerlo valer. A veces, en los planes de estudio se descuida este último aspecto en la formación de los profesionales del derecho, y resulta muy frustrante tener que rechazar un recurso porque no se conocen las reglas básicas y los requisitos mínimos que debe contener el escrito de interposición. Por eso, animo a los graduados sociales a que no descuiden su formación para ofrecer un asesoramiento de calidad a sus clientes. ¿Cómo valora el trabajo del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia? Con toda sinceridad, mi valoración personal es muy positiva. Enlazando con la respuesta a la pregunta anterior, no puedo dejar de subrayar la gran labor formativa que realiza el Colegio con la programación de cursos, jornadas, ponencias, desayunos de trabajo, etc., siempre contando con profesionales muy cualificados y de alto nivel. Es difícil encontrar otra institución que realice mayor esfuerzo y dedicación a la formación de sus colegiados. A ello hay que añadir la cercanía y la plena disposición que siempre ha demostrado a la hora de colaborar con los órganos judiciales para el mejor funcionamiento de la Administración de justicia./RL relaciones laborales
información colegial_7 Mayo Curso Los Subsidios del INSS (Régimen jurídico, concepto, beneficiarios, requisitos y tramitación) 27 y 28 de Mayo de 2015 De 16 a 19 h. Salón de Actos del Colegio 50€ colegiados D. Julio Alonso Cabrero, Graduado Social y D.P. del INSS – CAISS “Russafa”. Junio PROGRAMA DE HABILIDADES PARA GRADUADOS SOCIALES TALLER 5: COMUNICACIÓN PARA RELACIONARNOS CON ÉXITO 4 de Junio De 16 a 20 h. Salón de Actos del Colegio 30€ colegiados D. Julián Pelacho, Director de Conmac Consultores. COLABORA: CONMAC ACCIÓN POSITIVA 3er. DESAYUNO DE TRABAJO 2015 5 de Junio De 9 a 11 h. Sede Banco Santander (C/ Las Barcas, 8) Colegiados: 30€ (Incluye desayuno) COMPATIBILIDAD PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL CON LA REALIZACIÓN DE TRABAJO Excma. Sra. D. Mª. Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada Sala IV del Tribunal Supremo. Próximas actividades formativas Septiembre CURSO PRÁCTICO REPRESENTACIÓN COLECTIVA Y SINDICAL 18, 25 de Septiembre, 2 y 16 de Octubre de 2015 De 9´30 a 13´30 h. Salón de Actos del Colegio (C/ Grabador Esteve, 4- 1ª) 110€ colegiados D. Andrés González Fernández, Graduado Social, Abogado y Socio Director de AG&AG Auditores y Consultores Laborales. PROGRAMA DE HABILIDADES PARA GRADUADOS SOCIALES TALLER 6: LIDERAZGO POSITIVO 25 de Junio De 16 a 20 h. Salón de Actos del Colegio 30€ colegiados D. Julián Pelacho, Director de Conmac Consultores. COLABORA: CONMAC ACCIÓN POSITIVA relaciones laborales
8_información colegial CONSULTAS ASESORÍA LABORAL VIRTUAL portal cograsova CARLOS ALFONSO MELLADO Catedrático Derecho del Trabajo y de la S.S de la Universidad de Valencia. GEMMA FABREGAT MONTFORT Vicedecana de Asuntos Económicos y Profesora titular del Dpto. del Trabajo y S.S. de la Universidad de Valencia PREGUNTA 1 DESPIDO COLECTIVO Una empresa cliente con ocho trabajadores, está en pre-concurso, el tema se lo lleva un abogado concursal. Esta empresa me dice en un principio que tiene que despedir a todos los trabajadores, pero no a la vez, sino cuando vayan acabando las obras, hasta finalizar el resto de trabajadores el 31/03/2015, porque me dice la empresa que es cuando habrá un concurso exprés. ¿Cómo tengo que plantear los despidos? Estamos a 19/02/2015 y todavía no se qué hacer, puesto que si voy uno a uno haciéndoles despidos objetivos por causas económicas, la empresa no va a cumplir con el preaviso ni con la indemnización, y al tratarse al final de todos los trabajadores, ¿sería un despido colectivo, y habría que tramitarlo como tal ante la Autoridad Laboral, con todos los plazos que ello conlleva? (Que son difíciles de cumplir a las fechas que estamos) O al tratarse de concurso-exprés, ¿la tramitación de los despidos se gestiona de otra manera? Sería la primera vez que tengo que hacer un despido colectivo, de ahí que me surjan tantas dudas. RESPUESTA 1 Si la empresa tiene previsto ya despedir a todos los trabajadores, debería plantear un despido colectivo, y los plazos sí que se pueden cumplir; conforme al 51.2 ET si no hay representantes debe comunicar a los trabajadores que designen representantes para negociar - para lo que pueden tardar como máximo 15 días, si hubiese representante pueden tardar como máximo 7 días; a partir de esos días, el empresario debe iniciar un periodo de consultas de 15 días y finalizado el mismo puede tomar su decisión, como son naturales, llegará antes del 31/03/2015. Si ya hubiese concurso el despido lo ha de autorizar el juez que tramite el concurso, aunque el período de consultas hay que hacerlo igual con intervención al respecto de la administración concursal, pero si no hay concurso todavía en el momento del despido la decisión es el del empresario y lo ha de tramitar como hemos dicho. Como si despide por causas objetivas individualmente al amparo del art. 52 c) ET debe dar o pagar un preaviso de 15 días, como puede ver la diferencia de plazo no es considerable y así es como debería actuar correctamente. También puede iniciar las extinciones mediante despidos objetivos individuales al amparo del art. 52 c) y en cuanto llegue a cinco (o antes) tramitar el despido colectivo, pero aquí corre el riesgo de que como es cierre total y esa intención se tenía ya desde el principio, se considere que todos los despidos son en fraude de ley al no haber tramitado el despido colectivo. Le aconsejamos, pues, que tramite el despido colectivo y se aseguré de si la empresa está o no en concurso en el momento de despido para seguir uno u otro trámite. PREGUNTA 2 COMPATIBILIDAD PENSION DE JUBILACIÓN Y RENDIMIENTOS He creído conveniente elevar una consulta en relación a un tema de especial relevancia y trascendencia que espero clarifique cosas no sólo a mí sino también a mis compañeros. Se trata del supuesto de una señora que cobra actualmente pensión de jubilación contributiva por importe aproximado de unos 1000 euros netos al mes. Esta señora, además, es titular de números inmuebles y cocheras que alquila generándole ello unos ingresos anuales considerables (hablamos de unos 40000 euros de ingresos brutos al año). Digo esto porque la señora declara los ingresos como actividad económica (no como rendimientos inmobiliarios) ya que fiscalmente le es más beneficioso, y para la gestión de todos esos inmuebles y cocheras tiene contratada a una persona a jornada completa que es la que se encarga de la gestión de todos esos bienes, es decir, ella no trabaja en esa actividad si no que es la persona contratada la que se encarga de todo (recibos, cobros, gestionar bancos, gastos....). La duda que nos surge es saber si su pensión de jubilación peligra por el hecho de estar recibiendo esos ingresos. Hemos tratado las diversas alternativas de compatibilidad (se trató en su día la jubilación activa pero en su caso no es posible porque no cumple los requisitos). La duda radica en saber si la administración, a la vista de esos ingresos, puede efectuar un alta de oficio como autónoma que automáticamente suponga la suspensión de la prestación de jubilación o lo que es lo mismo ¿puede la señora compatibilizar estos ingresos con la percepción de la pensión habida cuenta que no es ella la que gestiona los inmuebles sino la persona contratada y por tanto no está obligada a cursar alta en el reta? RESPUESTA 2 El art. 93 de la Orden de 24.09.1970 establece que “el disfrute de la pensión de vejez será compatible con el mantenimiento de la titularidad del negocio de que se trate y con el desempeño de las funciones inherentes a dicha titularidad” ¿Qué se entiende por funciones inherentes a la titularidad del negocio? Se puede considerar según diversas sentencias del TS que comprenden exclusivamente dictar instrucciones directas y criterios de actuación a las personas que tienen encomendada la gestión y administración de la empresa, así como los actos de disposición que no sean necesarios para efectuar aquéllas. Además, cuando esa titularidad se asimile a un administrador con control sobre la sociedad en los términos de la D.A. 27ª TRLGSS, las “funciones inherentes a la titularidad” incluirán también aquellas actividades que por ley no puedan encomendarse a personas ajenas al órgano de administración. Fuera de lo anterior, es decir, todo lo que suponga gestión, administración y dirección ordinaria de la empresa debe reputarse actividad incompatible con la pensión de jubilación del RETA, tanto para el empresario individual como para el empresario “de hecho” de una sociedad mercantil capitalista, pues dará lugar al alta en el Sistema de la Seguridad Social -RETA-, pudiéndose citar, a título de ejemplo, la firma de contratos en general, solicitudes de crédito, representación en juicio y fuera de él de la empresa, firma de avales y cuantos actos jurídicos requiera la gestión y administración ordinaria. PREGUNTA 3 AMPLIACIÓN DE ERE Una empresa está aplicando un ERE de reducción de jornada de 3 trabajadores y otro de suspensión a 1 trabajador. La empresa se plantea, debido a una punta de trabajo, ampliar el ere reducción para que los trabajadores trabajen más horas. ¿Se puede contratar a un nuevo trabajador para la punta de trabajo o tienen preferencia los trabajadores afectados por el ere para ampliar su jornada? En caso de ampliar la jornada ¿hay que volver a comunicarlo a la autoridad laboral y pasar inspección de trabajo o solo se comunica al SEPE a efectos de que reduzca la prestación de desempleo de los trabajadores? RESPUESTA 3 La Ley no regula expresamente más allá de que existe infracción laboral por no comunicación al SEPE de la medida (art. 22.13 LISOS). La comunicación esencial pues es la del SEPE. Al margen de lo anterior como la decisión inicial se comunica a la autoridad laboral lo lógico es comunicar a esta también la variación, si bien no está tipificado como infracción no hacerlo. Tampoco hay una regulación de preferencias, pero parece lógico que si no hace falta la reducción lo lógico es modificar la medida prevista antes de contratar a un nuevo trabajador. Hay que tener en cuenta que la medida es causal y el incremento del trabajo podría demostrar que no hace falta, o no hace falta en grado tan elevado como el inicialmente previsto. PREGUNTA 4 MODIFICACIÓN DE LOS TURNOS DE TRABAJO Mi consulta es la siguiente: Se trata de una cadena de supermercados con tres centros de trabajo, hay 7 trabajadores de los que 3 están en reducción de jornada por guarda legal por la mañana. En concreto la trabajadora que me plantea la consulta fue la primer en solicitar la reducción de jornada por guarda legal y así tiene su jornada desde 27 de octubre de 2012.Ahora la empresa ha contratado a otro trabajador, por lo que son 8, tres de ellas en jornada de mañana por guarda legal y la empresa le ha comunicado a las 3 trabajadoras con reducción de jornada por guarda legal que con fecha 13 de marzo de 2015 su jornada pasará a ser rotativa de mañana y tarde como la del resto de trabajadores para así conseguir mayor equidad entre los trabajadores. Evidentemente la trabajadora no está de acuerdo, mi duda es, ¿se impugna la decisión empresarial como modificación sustancial de las condiciones de trabajo en el plazo de 20 días hábiles desde su notificación o por la vía del art. 139LRJS en el plazo también de 20 días hábiles? Entiendo que ambas acciones no se pueden acumular pero es evidente que existe una modificación sustancial aunque no haya sido notificada como tal, sino que la empresa sólo le ha comunicado que tendrá que hacer turnos, y es evidente que esto afecta a su derecho a conciliar la vida personal, familiar y laboral. RESPUESTA 4 En realidad cabría plantearla por los dos, pero parece más adecuado el artículo 138, ya que la empresa no se opuso a la medida de reducción inicialmente planteada y lo que hace ahora es una modificación sustancial mal hecha además. Frente a esa modificación puede alegar todo, inclusive la alteración de la medida de conciliación que le priva de eficacia. Además puede usted utilizar un argumento para evitar cualquier problema de procedimiento, pues en un otrosi o en algún lugar de la demanda puede hacer referencia al art. 102.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, alegando que se ha planteado por la vía del art. 138 por considerar que se estaba ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo, pero que si se estimase por el órgano judicial que es más adecuado considerarlo una discrepancia sobre medidas de conciliación se solicita que se reconduzca la demanda al cauce procedimental del art. 139. relaciones laborales
información colegial_9 LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO TOMAN POSESIÓN DE SUS CARGOS Los nuevos Vocales de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales tomaron posesión de sus cargos en la reunión ordina- Toma posesión Miguel Ángel Amador Puga ria del pasado 28 de abril. En las elecciones del pasado 31 de marzo, resultaron elegidos Miguel Ángel Amador Puga, Mariano Ferrando Durán, Carmen García Ros, Teresa Hueso Ballester, Rubén Molina Fernández y Carmen Pleite Broseta. JUNTA DE GOBIERNO PRESIDENTE VICEPRESIDENTA 1ª DIRECTORA REVISTA RRLL PÁGINA y CONSULTORÍA WEB VOCAL CONSEJO VALENCIANO VICEPRESIDENTE 2º EJERCIENTES CONSULTORÍA WEB SECRETARIO GENERAL CONSULTORÍA WEB TESORERA EJERCIENTES EMPRESA CONSULTORÍA WEB MEDIACIÓN PREV. RIESGOS LAB. RRHH MENTOR DE NUEVOS COLEGIADOS VICESECRETARIO JUZGADOS FORMACIÓN CONTADORA VOCAL CONSEJO VALENCIANO INTRUSISMO EXTRANJERÍA INFORMÁTICA/WEB ASUNTOS SOCIALES CONSULTORÍA WEB ÉTICA/DEONTOLOGÍA HONORARIOS CONSULTORÍA WEB DELEGACIONES COMARCALES ILMO. SR. D. RICARDO GABALDÓN GABALDÓN Dª. Mª. CARMEN PLEITE BROSETA Toma posesión Mariano Ferrando Durán D. JOSÉ MOLINA SARIÓ D. VICENTE VERCHER ROSAT Dª. TERESA HUESO BALLESTER Toma posesión Carmen García Ros D. MIGUEL ÁNGEL AMADOR PUGA Dª. MAYTE ALCARAZ REGIDOR Toma posesión Teresa Hueso Ballester D. MARIANO FERRANDO DURÁN Dª. CARMEN GARCÍA ROS Dª. RAQUEL MARTÍNEZ PARDO Dª. ANA TUR GARCÍA Toma posesión Rubén Molina Fernández NO EJERCIENTES D. RUBÉN MOLINA FERNÁNDEZ CORPORACIONES LOCALES/ADMÓN. RELACIONES INSTITUCIONALES SEGUROS SEGURO R.C. VOCAL CONSEJO VALENCIANO FISCAL/TRIBUTARIO NO EJERCIENTES D. JAVIER GARCÍA FERRER Toma posesión Carmen Pleite Broseta relaciones laborales
10_información colegial GRATUITA LA BIBLIOTECA VIRTUAL TIRANT LO BLANCH Os recordamos del Servicio Gratuito, que el Consejo Valenciano de Graduados Sociales, ha puesto a disposición de los colegiados y que se establece, en virtud de un Acuerdo de Colaboración entre el Consejo Valenciano y Grupo Glorieta, para acceder a toda la Biblioteca Virtual de la Editorial Tirant Lo Blanch. La mencionada Biblioteca Virtual está compuesta por un fondo editorial de más de 2000 libros de todas las ramas del Derecho y todos también disponibles en formato e-book. Estos libros se pueden ver a través del ordenador, por Tabla de Contenidos y también en dispositivos moviles Smartphone y Tableta. El Graduado Social colegiado puede hacer búsquedas por materias del Derecho, por títulos, autores, etc., exportar textos y párrafos a su PC, etc. El servicio de Biblioteca Virtual dispone de todos los libros que se publican en la Editorial Tirant, antes incluso de que se comercialicen en la Librería físicamente, e incluye las materias de Financiero, Laboral, Mercantil, Contable, Gestión Inmobiliaria, Extranjería, Civil y Penal. Este Servicio está disponible a través de la página web del Colegio de Graduados Sociales de Valencia. relaciones laborales
información colegial_11 ESPECÍFICO PARA NUESTROS COLEGIADOS PLAN DE PENSIONES BANCO SANTANDER-COGRASOVA Os recordamos que como parte del acuerdo preferente que hemos alcanzado con el Banco Santander (Entidad Líder, siendo el primer banco de la Zona Euro y entre los 15 primeros del mundo por Capitalización Bursátil), se promovió un Plan de Pensiones del Sistema Asociado, con el fin de poner a su disposición un sistema privado de previsión colectiva exclusivo que les facilitara la canalización del ahorro destinado a complementar las pensiones de la Seguridad Social. Con esta iniciativa, ponemos a tu disposición un sistema de previsión individual controlado por la misma Entidad Bancaría y con claras ventajas financieras y económicas en su gestión que sin duda redundara en beneficio del asociado que, de forma voluntaria, decida canalizar su ahorro a la jubilación a través de este producto exclusivo para todos los Colegiados. Este plan de Pensiones Asociado, “PLAN DE PENSIONES DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE VALENCIA” estará integrado en el Fondo SANTANDER ASOCIADOS RENTA FIJA MIXTA, F.P. que está gestionado por Santander Asset Management (Gestora Global con presencia en 13 países entre Europa y Latinoamérica y líder en España en Fondos de Inversión y Planes de Pensiones Asociados) y con depositaría en Santander Securites Services, S.A. El perfil de inversión de este plan mantiene una exposición media a Renta Fija del 85% y a Renta Variable del 15% (máximo 30% y mínimo 0%). Como se puede observar, se trata de un fondo que al tener una baja exposición en renta variable, hace que sea conservador cuyo objetivo es obtener rentabilidades positivas recurrentemente y que intenta evitar grandes oscilaciones (volatilidad). En cualquier caso, te adjunto la ficha de producto en el que vienen recogidas las características concretas y detalladas del plan para su conocimiento. Por tanto, se trata de un plan que por su exclusividad dispone de una serie de ventajas adicionales que, podrían resumirse en los siguientes puntos: •	Existe una importante deducción fiscal por las aportaciones al Plan de Pensiones hasta un máximo de 8.000€ anuales que reduce íntegramente la base imponible. Único producto financiero en la actualidad que permite deducciones fiscales. •	Existencia de una Comisión de Control formada por el Órgano de Gobierno del propio Colegio que velará por los intereses del colectivo con acceso on line a la información financiera del Fondo de Pensiones y con reuniones periódicas de seguimiento con la Entidad Gestora. •	El coste del Plan, es decir, las comisiones derivadas de su gestión y depósito, son inferiores en un 50% a las aplicadas, habitualmente, a los planes de pensiones individuales comercializados por las distintas Entidades Financieras, lo que se traduce en una mayor rentabilidad para el partícipe y, por lo tanto, en un mayor nivel de prestaciones futuras. Como ejemplo, suponiendo dos planes con una rentabilidad anual igual para ambos, uno con la reducción del 50% de comisión, el incremento de la prestación en función de la duración del Plan sería la siguiente: DURACIÓN DEL PLAN 5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS 20 AÑOS 25 AÑOS 30 AÑOS % DE INCREMENTO DE LA PRESTACIÓN FINAL 4,22% 8,25% 12,12% 15,83% 19,37% 22,77% Por otro lado es importante destacar que la flexibilidad que le ofrece este plan colectivo exclusivo para los colegiados es total, ya que pueden decidir el importe y la periodicidad de las aportaciones (mensual, trimestral, semestral o anual) pudiendo modificarlas en cualquier momento, así como realizar aportaciones extraordinarias siempre que lo desee. Además, si fuera necesario, puede dejar de hacer aportaciones sin penalización alguna y reanudarlas en cualquier momento sin coste alguno. Por tanto, el colegiado puede elegir la cantidad que desee en cuotas periódicas, y determinar la cuantía de entregas extraordinarias. Cuanto antes se empiece a realizar las aportaciones al Plan de Pensiones, mayor será el capital acumulado para la jubilación. Seguidamente indicamos varios ejemplos de aportación mensual, en función de la edad de inicio del participe, para ver la prestación final que podría obtener: SIMULACIONS Edad del partícipe: Edad jubilación: Rentabildad TAE estimada: IPC estimado: Crecimiento aportación: 30 años 67 años 4% 2% según IPC 40 años 67 años 4% 2% según IPC 50 años 67 años 4% 2% según IPC Aportación: 90€/mes 150€/mes 90€/mes 150€/mes 90€/mes 150€/mes Total aportaciones: 57.346 Capital estimado acumulado a la 117.605 jubilación: 95.576 196.008 37.358 62.996 62.264 104.994 20.962 29.060 34.936 48.434 * Estos datos son de carácter meramente informáticos Por último, indicar que para cualquier consulta que necesites realizar personalmente, podrá obtenerla a través de las OFICINAS SANTANDER, donde será debidamente atendido. relaciones laborales
12_información colegial Desayuno de trabajo La suspensión del contrato y la reducción de jornada por causas ETOP Curso práctico IRPF 2014 El pasado 10 de abril el Colegio Oficial de Graduado Sociales de Valencia con la colaboración de Grupo Glorieta y Banco Santander organizaron el primer Desayuno de Trabajo de 2015 en el que participó como ponente Gemma Fabregat Monfort, Vicedecana de Asuntos Económicos y Profesora titular del Dpto. del Trabajo y S.S. de la Universidad de Valencia. La inauguración corrió a cargo de Carmen García, vocal de la Junta de Gobierno. Los días 27 y 29 abril se desarrolló en el Salón de Actos del SERVEF el Curso Práctico IRPF 2014 organizado por Cograsova con la colaboración del Banco Sabadell. Como ponente actuó Óscar García Sargues, Técnico de Hacienda de la Administración de la AEAT de Catarroja. La inauguración corrió a cargo de José Molina, Vicepresidente 2º del Colegio. relaciones laborales
información colegial_13 Jornada El trabajo de los autónomos Los días 17, 23 y 24 de abril se desarrollaron las jornadas “El Trabajo de los Autónomos” en el Salón de Actos del Centro de Turismo de Valencia. La primera sesión contó con las ponencias “Trabajo autónomo, regulación jurídica y diferenciación del trabajo laboral” a cargo de Carlos Alfonso, Catedrático de Derecho del Trabajo, “Trabajo de familiares, administradores y colaboradores” con Gemma Fabregat, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y “Trabajo autónomo económicamente dependiente” por Alberto Ara, Graduado Social y Abogado, miembro de ATA. En la segunda jornada participaron Carolina Verdés del Gabinete de estudios de APAFCV y FETTAF; Alejandro Álvaro, Administrador AEATSagunto; Javier Martín, Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Asesor Fiscal; y José Rivaya, Inspector Dependencia Regional de Inspección. Sus ponencias fueron, respectivamente “Repaso a las diferentes modalidades para determinar el rendimiento”, “Repaso al criterio del IVA de caja y gastos deducibles en ED y EDS”, “Aspectos puntuales sobre el IVA en Régimen General y requisitos formales de las facturas” y “Problemática de los socios y administradores de las sociedades mercantiles en el marco de la reforma fiscal”. El último día se dedicó a la Seguridad Social y Trabajo Autónomo y de familiares de Administradores con las ponencias “Encuadramiento y otras cuestiones en materia de Seguridad Social” con Vicente Escrivá Garcerán, Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia y María Luisa Salas Martí, Subdirectora Provincial de Gestión Descentralizada de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valencia; “Prestaciones de cese actividad” con Juan López Gandía, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Politécnica de Valencia; “Concurso del autónomo” a cargo de Santiago Senent, Magistrado; “La financiación de las PYMES y microempresas” que tuvo como ponente a Juan Ignacio Ruiz, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de València; y “Derivación de responsabilidad hacia los administradores” por Carmen Estevan, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universitat de Valencia. Las jornadas estuvieron organizadas por el Colegio de Graduados Sociales, Cátedra, ATA, ICAV, la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y la Asociación Profesional Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Colaboraron Grupo Glorieta, Activa Mutua, Banco Santander, Tirant lo Blanch y Unión de Mutuas. relaciones laborales
Información elaborada por 14_aula técnica EL FOGASA HA DE RESOLVER LAS RECLAMACIONES EN TRES MESES. EN CASO CONTRARIO SE ENTIENDEN ESTIMADAS POR SILENCIO POSITIVO Artículo publicado por José Antonio Panizo Robles en Checkpoint Laboral I. Síntesis de la STS de 16 de marzo de 2015 Con fecha 16 de marzo pasado y en el recuso 802/2014, el Tribunal Supremo (TS) ha dictado sentencia a través de la cual se establece la consecuencia para el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) de no resolver las peticiones en el plazo establecido en la normativa que resulta de aplicación (3 meses, conforme a las previsiones del apartado 7, artículo 28, de Real Decreto 505/1985, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial), consecuencia que consiste en la estimación de la petición, a través de la aplicación de figura del silencio positivo, conforme al artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). La STS de 16 de marzo de 2015 abre una vía de importantes consecuencias para la gestión del FOGASA, que obligará a la resolución de los expedientes en plazo, con la consecuencia de la estimación de las solicitudes que se presenten, una vez que haya transcurrido los tres meses contados desde la fecha de la petición. II. Síntesis del caso que da lugar a la STS de 16 de marzo de 2015. Los hechos que se reflejan en la propia STS de 16 de marzo se pueden sintetizar en los siguientes: a) Con fecha 8 de marzo de 2011, se presentó escrito ante el FOGSA, solicitando el abono del 40% de la indemnización derivada de extinción de la relación laboral (en base a lo establecido en el artículo 33.3 del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo –ET-), solicitud que fue denegada mediante resolución, de fecha 1 de julio de 2011, notificada con fecha 6 de septiembre del mismo año. Frente a la denegación del FOGASA se presentó demanda ante la jurisdicción social1, al entender contraria a derecho la resolución del citado Organismo, por haberse dictado en contra de un acto presunto estimatorio de la pretensión inicial, ya que fue dictada fuera del plazo de tres meses, establecido en el apartado 7 del artículo 28 del RD 505/1985, a tenor del cual el plazo máximo 1 para dictar resolución en primera instancia por el FOGASA es de tres meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud. b) La demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Social de Madrid, nº 36 (autos 872/2012) en sentencia de 13 de noviembre de 2012, confirmando la legalidad de la resolución del FOGASA. Presentado el oportuno recurso de suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 9 de enero de 2014 (rec 964/13) confirmó la sentencia de instancia. c) Contra la STSJ Madrid, de 9 de enero de 2014, se presenta recurso de casación para la unificación de doctrina, señalándose como contradictoria con la sentencia recurrida la de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, de 11 de noviembre de 2013 y alegándose infracción de los artículo 43.1.2 y 3.a) de la LJRPAC. III. Los argumentos de la STS de 16 de marzo de 2015: la aplicación de la figura del silencio positivo. 1. La cuestión que se debate en el proceso radica en la aplicación, en los procedimientos administrativos tramitados por el FOGASA, de la figura del “silencio administrativo positivo”, en aquellos supuestos en que la resolución expresa o la falta de la misma se produce una vez que ha transcurrido el plazo de tres meses de que dispone dicho Organismo para resolver los correspondientes expedientes, en base a lo establecido en el apartado 7 del artículo 28 del mencionado RD 505/19852, de modo que, de aceptarse esa aplicabilidad, una resolución extemporánea del FOGASA, carecería de eficacia para modificar o anular un derecho que se habría ganado, a través del “silencio positivo”, establecido en el artículo 43 LRJPAC. 2. Frente a la tesis contraria tanto de la sentencia de instancia, como de la STSJ Madrid, de 9 de enero de 2014, para el TS ha de considerarse que el artículo 28.7 del RD 505/1985 no establece ninguna excepción o particularidad respecto de su aplicación, por lo que la misma se extiende todos los expediente cuya resolución corresponda al FOGASA, sin que, por otra parte, ni esa normativa, no otra aplicable de forma expresa a este Organismo, regule las consecuencias derivadas del incumplimiento del plazo de los 3 meses. Por ello, y ante la falta de regulación legal en relación con Previamente, ante la denegatoria del FOGASA, el recurrente presentó demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que fue rechazada por el Juzgado Central de lo Contencioso administrativo, por falta de jurisdicción (alegada por el FOGASA), declarando la competencia de la jurisdicción social. El apartado siete del artículo 28 RD 505/1985 prevé de forma expresa que “El plazo máximo para dictar resolución en primera instancia será de tres meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud”. 2 relaciones laborales
aula técnica_15 el transcurso del plazo para resolver, ha de acudirse a la normativa general, contenida en la LRJPAC que es de aplicación al FOGASA (conforme a lo establecido en el artículo 2.2. de dicha Ley3), en cuyo artículo 43.1 se establece, respecto de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, que el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado produce la estimación de los mismos por silencio administrativo, excepto en los supuestos en que una norma con rango de ley o una norma de Derecho Comunitario establezcan lo contrario, todo ello sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa que, de haberse producido la estimación del derecho por silencio, la resolución posterior solo podrá dictarse confirmando aquél. 3. Ante tal situación, la solución que adopta el TS es clara: dado que, en relación con los expedientes del FOGASA (y frente a lo que sucede en otros ámbitos, por ejemplo, en relación con las solicitudes de prestaciones de Seguridad Social) no existe una norma con rango de Ley, ni disposición comunitaria, que regule la desestimación de las solicitudes una vez que haya transcurrido el plazo para resolver, hay que entender aplicable directamente el artículo 43 LRJAPC y, derivado de ello, considerar estimada la reclamación del solicitante por silencio administrativo. 4. El TS se opone a dos argumentaciones de la Administración en la defensa de la resolución denegatoria del FOGASA: a) La primera una presunta identificación de un expediente de abono de indemnizaciones salariales con licencias o autorizaciones, respecto de las que la legislación española prohíbe obtenerlas, por la vía del silencio administrativo, contra legem o contra el ordenamiento jurídico, puesto que en el caso enjuiciado se refiere a un expediente administrativo, en relación con el cual la única posibilidad de no aplicar la figura del silencio sería la existencia de una norma expresa en tal sentido, circunstancia que no concurre en el caso del FOGASA. Por ello, el silencio administrativo puede tener lugar ante cualquier clase de solicitud, siempre que su contenido sea real y posible desde el punto de vista material y jurídico. b) A su vez – y en base a la jurisprudencia4 y con apoyo del Ministerio Fiscalpara el TS, una vez que ha operado el silencio positivo, ya no puede efectuarse un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto, salvo que la Administración siga los procedimientos de revisión establecidos por el artículo 102 LRJPAC, o inste la declaración de lesividad./RL 3 Conforme al mismo, es de aplicación la LRJPAC a las s Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación. Por ejemplo, la STS (Sala Tercera) 25 de septiembre de 2012- (rec. 4332/11). 4 relaciones laborales