Source: https://www.scribd.com/book/295459282/La-competencia-desleal-en-Colombia-Un-estudio-sustantivo-de-la-ley
Timestamp: 2018-11-13 23:41:41
Document Index: 172673808

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 3']

La competencia desleal en Colombia by Diosnisio Manuel de la Cruz Camargo by Diosnisio Manuel de la Cruz Camargo - Read Online
by Diosnisio Manuel de la Cruz Camargo
El desarrollo comercial que se avecina gracias a la apertura de los mercados, el otorgamiento de facilidades para la llegada de oferentes extranjeros con tradición, y los mercados altamente competitivos hacen que debamos tener claros los límites del ejercicio del derecho a competir libre y lealmente. Pese al auge que la industria y el comercio han tenido en Colombia, el país cuenta con poca doctrina sobre el tema. Este libro intenta llenar ese vacío al acercarse a los fundamentos de la competencia desleal.
Publisher: Universidad ExternadoReleased: Nov 5, 2014ISBN: 9789587721652Format: book
La competencia desleal en Colombia - Diosnisio Manuel de la Cruz Camargo
Cruz Camargo, Dionisio Manuel de la
La competencia desleal en Colombia, un estudio sustantivo de la Ley / Dionisio Manuel de la Cruz Camargo. -- Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2014.
ISBN: 9789587721652
1. Competencia desleal -- Colombia 2. Competencia económica desleal -- Colombia 3. Delitos económicos -- Colombia 4. Derecho comercial -- Colombia 5. Regulación del comercio -- Colombia I. Universidad Externado de Colombia II. Título
347 SCDD 15
ISBN 978-958-772-165-2
© 2014, DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO
© 2014,w UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Para Alma y Dionisio José, quien estaría orgulloso
El desarrollo comercial que se avecina gracias a la apertura de los mercados, el otorgamiento de facilidades para la llegada de oferentes extranjeros con tradición, y los mercados altamente competitivos hacen que debamos tener claros los límites del ejercicio del derecho a competir libre y lealmente.
Pese al auge que la industria y el comercio han tenido en Colombia, el país cuenta con poca doctrina sobre el tema. Este libro intenta llenar ese vacío al acercarse a los fundamentos de la competencia desleal.
La ausencia de doctrina nacional implicó recurrir a la poca foránea que llegaba al país. Nuestra ley de competencia es claramente inspirada y a veces calcada de la legislación española de 1991, por lo tanto, es posible concluir que la doctrina de ese país –influenciada por la alemana, indudable precursora de la libre y leal competencia en Europa– sería perfectamente aplicable a nuestra legislación. De ahí las referencias históricas y conceptuales de la materia que son recurrentes en el estudio de cada uno de los comportamientos considerados desleales y que se analizan a lo largo de la obra.
Para acceder a la doctrina más actualizada, la Universidad Externado de Colombia, con el respaldo incondicional del señor rector, FERNANDO HINESTROSA (q. e. p. d.), apoyó mi desplazamiento a Madrid, España, en donde hice una estancia de investigación a finales del año 2009, que tuvo como base la Universidad Complutense de Madrid. En dicha institución fueron fundamentales la guía del profesor CARLOS LEMA DEVESA y el apoyo del personal de esa universidad. El proyecto quedó suspendido, ya que en medio del proceso tuve la oportunidad de enriquecer mi curiosidad en la Superintendencia de Industria y Comercio.
El Departamento de Derecho Económico, en cabeza del doctor EMILIO JOSÉ ARCHILA PEÑALOSA, a quien quiero agradecer su amistad y su apoyo, me dio el último impulso. En todas estas etapas, KARIME, JUAN MIGUEL y MARÍA VICTORIA estuvieron ahí. Este es el fruto de ese esfuerzo.
Para acometer el estudio de la Ley de Competencia Desleal colombiana, el presente trabajo se ha dividido en tres grandes bloques. El primer capítulo desarrolla la Ley 256 de 1996 desde sus primeros artículos. Se analizan el objeto de la ley, su alcance y su entendimiento, en consonancia con el artículo sexto de la norma. Este establece los parámetros para su interpretación, con una clara inclinación antitrust que amplía el horizonte de aplicación de la misma. El capítulo cierra con un análisis de los ámbitos de aplicación de la ley, su alcance y fundamentos.
El segundo capítulo contempla el estudio independiente de cada una de las conductas consideradas como desleales por la norma colombiana, destaca el origen, el alcance y el mejor entendimiento de cada una de ellas, y enriquece el análisis con los fundamentos teóricos de la doctrina española y con los extractos más relevantes de la casuística manejada por la Superintendencia de Industria y Comercio hasta el 31 de diciembre de 2012, y las segundas instancias expedidas por los tribunales superiores.
La cláusula general de prohibición de competencia desleal abarca el tercer capítulo, pues la importancia de la norma para el sistema amerita su estudio concienzudo e independiente. Los aspectos procedimentales de la materia y que no son objeto de este trabajo sólo serán abordados tangencialmente.
Ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal
I. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LEY
Son dos las razones por las cuales debemos abordar los ámbitos de aplicación de la Ley de Competencia Desleal. La primera, porque un comportamiento desleal sólo podría ser tal si cumple con cada uno de dichos ámbitos ¹ , que no son otra cosa que las características de un comportamiento que lo hacen susceptible de ser analizado a la luz de la Ley de Competencia Desleal. Es decir, una conducta típica de deslealtad no podrá ser juzgada como tal si incumple alguno de los ámbitos de aplicación establecidos en la ley. Incluso, existen actos a los que no se les puede aplicar la Ley de Competencia Desleal por ser atípicos para esta normatividad y que, no obstante, causan perjuicios. En tal caso, se les aplicaría la norma general de responsabilidad civil extracontractual o contractual, como medio para alcanzar la protección requerida.
La segunda, quizá más importante para este escrito, tiene que ver con el hecho de ser de mercado y tener una finalidad concurrencial, lo cual hace parte de los elementos que componen las conductas desleales. En efecto, la ley supedita la condición de deslealtad de un comportamiento a que la conducta se realice en el mercado y que tenga una finalidad concurrencial, es decir, que cumpla con el ámbito objetivo de aplicación de la ley ² . Este elemento es el que distingue un acto de competencia de cualquier otro que pueda causar perjuicio. G ARCÍA ³ ha sido enfático en considerar al acto de competencia como el ‘concepto central’ de la ley, porque su aplicación requiere como condición previa que nos hallemos precisamente ante un acto de competencia. Por dicho motivo se antepone a la cuestión de si una conducta es leal o desleal otra pregunta previa fundamental: ¿nos encontramos ante un acto de competencia? .
Si bien los ámbitos subjetivo y territorial no hacen parte de los elementos de los tipos desleales, sí son requisitos que debe cumplir cualquier comportamiento para proceder a su análisis como acto desleal, de ahí su necesidad de estudio.
A. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN
El artículo 2.° de la Ley 256 de 1996 establece el ámbito objetivo de aplicación, según el cual [l]os comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales […]
La norma establece dos condiciones para considerar a un acto como de competencia: que el comportamiento se realice en el mercado y que el mismo tenga una finalidad concurrencial.
1. REALIZACIÓN EN EL MERCADO
Entendemos que la exigencia relacionada con que el comportamiento se realice en el mercado es opuesta a aquellos comportamientos que no superen el ámbito privado de quien realice el acto. Nos explicamos con un ejemplo. Pensemos en un aviso publicitario cuyo contenido sea claramente desleal por desacreditar la actividad mercantil de un competidor en el mercado. Dicho aviso nunca salió a la luz pública, se trató de un borrador de una campaña publicitaria que por alguna razón no fue divulgado por ningún medio. En este tipo de hipótesis el comportamiento no podría ser considerado como desleal a la luz de la normatividad vigente, ya que no cumple con el ámbito objetivo de aplicación de la norma por no haber trascendido ⁴ de la esfera interna del actor. En este sentido, es un comportamiento neutro para la competencia ⁵ . Así, por actuación en el mercado ha de inferirse cualquier actividad con trascendencia real o potencial en las relaciones económicas y en la adopción de decisiones de los agentes económicos ⁶ .
Esta trascendencia, a la que hacemos referencia cuando hablamos de un acto de competencia, nos lleva al concepto de mercado como el escenario donde los comportamientos económicos tienen su relevancia.
Actualmente debe entenderse mercado en su sentido amplio, lo que implica que cobija situaciones en las que se involucran empresas situadas en diferentes escalas de la cadena productiva, agentes que no son competidores directos, y mercados virtuales. Adicionalmente, con la influencia del derecho antitrust en la materia hablaremos de mercados relevantes (por producto y área geográfica) dentro del análisis de algunos comportamientos. Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ⁷ , siguiendo para ello a la doctrina española, ha considerado que:
"En la disciplina de la competencia desleal resalta que el concepto de mercado ínsito en el ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Competencia Desleal ‘debe interpretarse además de en sentido lato, de forma que el acto o conducta desleal no sólo deba producirse en el mercado stricto sensu sino que bastaría con que sus consecuencias afecten de algún modo el ámbito del mercado" ⁸ . El mercado no puede ser considerado simplemente como el espacio físico en el cual se realizan transacciones, sino, más bien, como el espacio jurídico en el cual cada empresario que busca atraer clientela para sus productos o servicios realiza las ofertas que conducen a la celebración de negocios jurídicos, acudiendo a diversos instrumentos para tal efecto. Así, cuando un acto es adecuado para evitar la adhesión de consumidores a favor del otro competidor, se trata de una conducta realizada en el mercado, pues opera para obstaculizar los desarrollos que en el mismo deben o pueden tener otros concurrentes ⁹ .
Basado en la doctrina descrita, la SIC ¹⁰ consideró, por ejemplo, que la sola solicitud de registro de una marca se puede suponer como una conducta realizada en el mercado y con finalidad concurrencial; este último aspecto lo analizaremos en el apartado siguiente con este mismo ejemplo. En palabras de la SIC :
Considerando entonces que la razón de ser de una marca es la de diferenciar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil y que con la concesión de su registro se adquiere la obligación de usarlas de forma efectiva en el mercado (aun cuando sean marcas registradas defensivamente), es dable afirmar que, aunque la solicitud de registro de una marca no está condicionada a que el peticionario acredite competir en ese momento en el mercado, su presentación constituye un acto mercantil que comunica implícitamente a terceros que quien solicita el trámite con la finalidad para la cual fue concebido legalmente tiene la intención de concurrir en el mercado con productos o servicios a ser identificados por la marca que aspira sea registrada. Además, la petición puede afectar iniciativas de concurrentes del mercado, ya que su prioridad dificulta el estudio favorable de solicitudes de registro de signos idénticos o similares que puedan presentar competidores que vienen empleándolos extrarregistralmente en el comercio, o empresarios que deseen usarlos por primera vez con las garantías que brinda el registro.
[…] En ese orden de ideas, acogiendo el concepto amplio de mercado expuesto por la doctrina y que los actos que de algún modo afectan el ámbito del mercado por ser adecuados para obstaculizar (lícita o ilícitamente) los desarrollos de otros concurrentes deben considerarse actos realizados en el mercado, se estima que la solicitud de un registro marcario es un acto que tiene lugar en él.
En la decisión que comentamos hay que tener en cuenta que los hechos alrededor del caso concreto incidieron para soportar la interpretación que se dio del comportamiento, para calificarlo de mercado y, además, de desleal. Nos referimos a que el demandado trabajó en la empresa de los demandantes y sabía que estos no tenían registrada como marca el nombre que utilizaban. Con esta información el demandado se retiró de la empresa y procedió a solicitar el registro del nombre como marca.
2. FINALIDAD CONCURRENCIAL
La ley presume que la finalidad concurrencial del acto se da cuando […] por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero ¹¹ .
Más que una definición, la ley establece una presunción. Considera que la finalidad concurrencial opera casi sin excepción para todos los actos de mercado, por cuanto sería muy extraña una conducta de mercado sin finalidad concurrencial. Al respecto comenta EMPARANZA que la exigencia de que exista finalidad concurrencial resulta necesaria porque de no ser requerida, cualquier acto realizado en el mercado promoviendo o asegurando la difusión de prestaciones propias o de un tercero sería un acto de competencia y quedaría por ello sometido a la LCD ¹² .
La finalidad concurrencial viene a complementar el acto que se realiza en el mercado, al darle sentido, por cuanto le exige que se dirija hacia la consecución de un fin comercial, mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero , más allá de una finalidad puramente personal.
a. ¿ ELEMENTO SUBJETIVO U OBJETIVO?
La ley exige que la conducta se realice con finalidad concurrencial. La doctrina ha detectado aquí un requisito subjetivo que no corresponde con la estructura de responsabilidad objetiva y extracontractual de la disciplina de la competencia desleal ¹³ .
La doctrina ha encontrado en este requisito rezagos de las primeras etapas de la competencia desleal, cuando los jueces se enfrentaron a comportamientos desconocidos, aunque con elementos propios de la responsabilidad civil extracontractual como única normatividad vigente que se basaba en la mala fe como fundamento de la responsabilidad ¹⁴ .
Pese a lo anterior, hay quien tiene una visión intermedia. Luego de exponer que no es pacífica ¹⁵ la discusión en la jurisprudencia española de si la finalidad concurrencial constituye un requisito de orden subjetivo, G ARCÍA P ÉREZ considera que
finalidad concurrencial no significa idoneidad objetiva del acto para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero, sino que el acto tenga por finalidad promover o asegurar dicha difusión. Lo que sucede es que cuando existe lo primero, lo segundo se presume; es decir, cuando el acto es objetivamente idóneo para promover o asegurar las prestaciones propias o de un tercero se presume que el acto tiene esa finalidad, pero la presunción puede destruirse". ¹⁶
No obstante lo anterior, la exigencia subjetiva se encuentra matizada por el hecho que dicha intención es prácticamente imposible de desvirtuar cuando nos encontramos ante un acto de mercado que se tipifica en uno de los comportamientos considerados como desleal. En este sentido, en la práctica es un requisito objetivo.
En Colombia la SIC ha reconocido la subjetividad del requisito, aplicando la presunción:
No se requieren complicados razonamientos para concluir que la utilización de signos distintivos para identificar la empresa que desarrolla un competidor en ejercicio de la actividad económica que lleva a cabo, al tiempo que emplea diversos mecanismos (creación de páginas web, por ejemplo) para darse a conocer por el público consumidor, es un acto realizado en el mercado y con finalidad concurrencial, esto es ‘con el propósito de atraer o captar una clientela actual o potencial’. En idéntico sentido, conviene señalar que en este caso debe tenerse por verificada la presunción prevista en el final del citado artículo 2.° de la Ley de Competencia Desleal, pues resulta evidente que la utilización del nombre comercial de la demanda y la promoción de los productos que comercializa son actos objetivamente idóneos para mantener o incrementar la participación en el mercado de XXXX. ¹⁷
En todo caso, al tratarse de una presunción de las de hecho, le corresponde al demandado demostrar que la conducta no ostenta una finalidad concurrencial de su comportamiento.
b. ELEMENTO CONCURRENCIAL DEL COMPORTAMIENTO
Al explicar el ámbito objetivo, la Superintendencia de Industria y Comercio ¹⁸ considera que un participante en el mercado realiza actos de competencia cuando efectúa actos o conductas encaminados a captar o mantener una clientela en el mercado ¹⁹ . Por el contrario, no se encontrará ejecutando actos de competencia cuando la finalidad de su conducta no está dirigida a atraer una clientela sino a cumplir un deber o una obligación propia de la actividad económica que desempeña.
Ahora bien, no sólo a través de la presunción establecida en la ley se puede demostrar la finalidad concurrencial del comportamiento, sino que, también, la misma se puede inferir por las circunstancias del caso, así el demandado no participe en el mercado.
Al respecto, la SIC explica que,
sin embargo, no está de más anotar que, si bien hay lugar a presumir legalmente la finalidad concurrencial del acto cuando por las circunstancias en que se realiza aparece objetivamente idóneo para ‘mantener’ o ‘incrementar’ la participación del demandado o de un tercero dentro del mercado, según lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 2.° LCD, ello no significa que la finalidad concurrencial de la conducta no pueda darse en circunstancias distintas o que no pueda ser demostrada mediante medios probatorios diferentes a las presunciones legales establecidas en el mismo precepto. ²⁰
Sigue la autoridad:
De allí que incluso en casos en que el solicitante de un registro marcario no compita en el mercado al momento de presentar la solicitud y no tenga una clientela que ‘conservar’ o ‘incrementar’, condiciones exigidas por el inciso 2.° del artículo 2.° LCD para que opere la presunción de la finalidad concurrencial del acto, tal finalidad se puede inferir, si bien no presumir legalmente, de otros supuestos que quedan comprendidos en el inciso 1.° del mismo artículo, como cuando el acto es realizado para ‘adquirir’ una clientela. En ese sentido, la petición de registro marcario refleja un ánimo concurrencial al constituir uno de los primeros pasos que generalmente toman las personas interesadas en ‘adquirir’ una clientela para los productos o servicios con que planean incursionar en el mercado, pues es apenas razonable que primero deseen consolidar, a través del registro, la protección legal de los signos distintivos que van a identificarlos y por los cuales se espera sean reconocidos y adquiridos por el público consumidor.
De otra parte, existen actos que, a pesar de ser de mercado y afectarlo, no tienen finalidad concurrencial, ya que no implican provecho para quien los realiza o para un tercero, por cuanto se hacen con fines diferentes, como la protección del medio ambiente, del consumidor, la libertad religiosa y libertad de opinión, entre otras ²¹ .
adviértase que alguien puede realizar actos de mercado y por ello ser idóneo objetivamente para promover o asegurar la difusión de productos ajenos sin tener provecho empresarial ni económico en hacerlo obedeciendo dicha conducta a otros intereses distintos […] El hecho de que estos actos de mercado puedan afectar al plano concurrencial no justifica la aplicación de la LCD, porque eso reduciría ámbitos de comportamiento humano que van más allá de la competencia, y funciones socialmente valiosas podrían quedar seriamente coartadas por el temor a un previsible efecto competitivo y a un juicio de deslealtad, lo que no es pretendido en modo alguno por la LCD. ²²
En un reciente caso ²³ , por ejemplo, la demandante basó su pretensión en una publicación de un diario en la que se informaba de la incautación de un vehículo relacionado con la fabricación de sustancias estupefacientes, cuyo dueño resultó ser una empresa que utilizaba sus mismas siglas para identificarse y de la cual la demandante no tenía conocimiento hasta el momento de la publicación de la noticia, por encontrarse en mercados relevantes geográficos diferentes, no obstante dedicarse a la misma actividad mercantil. De acuerdo con los argumentos la demandante, los hechos originaban confusión, explotación de la reputación ajena y eran contrarios a la cláusula general.
En el análisis del caso la autoridad sentenció que:
En el presente asunto, el despacho evidencia que la presunción de aplicación objetiva de la Ley 256 de 1996 no puede darse por verificada, en la medida en que la demandante fundamenta su demandada en que el 6 de enero del año 2008 en el diario XXXX apareció una reseña respecto de la sociedad YYYY, alusiva a que dicha sociedad desviaba a la mafia el inmunizante químico que compraba a Ecopetrol, para ser usado en el procesamiento del clorhidrato de cocaína, lo que podría ser lesivo para su actividad, en tanto que podría asociarse a la actora con las actividades delictivas comentadas por el uso de su marca ZZZZ, lo cual estimó desleal.
[…] En cuanto a los demás hechos que se estiman desleales, estos se relacionan con las inasistencias de los demandados a las citaciones a conciliación que ha hecho la demandante. […] Ciertamente, la existencia de la publicación en el diario de circulación nacional XXXX, no tiene, per se, un propósito concurrencial. En efecto, no puede endilgarse a la demanda responsabilidad por el ejercicio que hace un periódico de su actividad. […] Por su parte, como lo ha reiterado en varias oportunidades esta superintendencia, la utilización de una marca por parte de la demandada no es suficiente para que se configure un acto de competencia desleal. […] Si bien la referida publicación señaló que la demandada, quien utiliza la expresión ZZZZ, marca que se encuentra registrada por la sociedad demandante, ha incurrido en actos ilegales, ello no es suficiente para que se configure un acto de competencia y menos que el mismo tenga una finalidad concurrencial. Lo anterior debido a que la conducta fundamento de la demanda no tiene la potencialidad de afianzar o aumentar la participación en el mercado.
Al caso expuesto, si bien fue de mercado, no pudo endilgársele una finalidad concurrencial por las circunstancias en las que se desarrolló. No obstante ser un acto de mercado, pesó más la circunstancia de que los hechos se fundaron en la conducta de un tercero en ejercicio de una actividad constitucionalmente protegida, como es el derecho a informar.
Por último, existen empresas que, a pesar de la influencia que sus actos tienen en el mercado, no se considera que posean una finalidad concurrencial, por ser operadores no económicos, como las asociaciones sin ánimo de lucro o las de consumidores, ya que actúan movidas por fines metaconcurreciales ²⁴ .
Comentario aparte merecen los actos de la administración pública, entre los cuales tenemos que diferenciar los realizados en ejercicio de sus potestades de los que no. En cuanto a las actuaciones realizadas por fuera de las potestades públicas,
pueden considerarse como actuaciones de mercado cuando se utilizan medios de derecho privado, como por ejemplo las formas societarias mercantiles, para desarrollar una actividad de producción o mediación de bienes y servicios en el mercado. La administración pública en tales casos no puede gozar de un trato privilegiado frente a sus posibles competidores sólo por el hecho que sean los intereses públicos los que estén detrás de dicha actuación, ya que cuando desarrolla una actividad en el mercado, y en tanto no existan disposiciones legales expresas, la administración deberá sujetarse a las mismas reglas concurrenciales que el resto de sujetos intervinientes en el mercado. ²⁵
3. EXCEPCIONES EN EL CUMPLIMIENTO DEL ÁMBITO OBJETIVO
Lo dicho hasta ahora nos lleva a dos ²⁶ aspectos que aparentemente contradicen el hecho de que para la aplicación de la Ley de Competencia Desleal sea necesario que el comportamiento se haya cometido en el mercado y tenga finalidad concurrencial. Nos referimos a la posibilidad de utilizar la acción preventiva o de prohibición del numeral 2.° del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, que no requiere que la conducta desleal se haya siquiera perfeccionado, luego no se ha tenido trascendencia en el mercado al momento de ejercer la acción, y la finalidad concurrencial del comportamiento no es del todo clara. Así mismo, el acto de violación de secretos no requiere del cumplimiento del requisito. Veamos estos eventos.
a ACCIÓN PREVENTIVA.
A través de la acción preventiva, la persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que se prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno ²⁷ (cursivas nuestras).
La acción se utiliza en dos hipótesis:
La primera tiene que ver con prevenir un comportamiento que aún no se ha perfeccionado y que en caso de hacerlo sería desleal. Es decir, el comportamiento aún no cumple o con los requisitos exigidos en los ámbitos de aplicación o con los presupuestos de hecho de alguno o algunos de los comportamientos tipificados como desleales. La segunda tiene que ver con un comportamiento que no ha producido daño, pero que ya está perfeccionado y es desleal.
Ahora bien, los casos en los que se demanda que se evite la realización de una conducta que aún no se ha perfeccionado están relacionados con que el comportamiento, por las circunstancias específicas, va encaminado a convertirse en desleal. Imaginémonos que un fabricante de jeans sabe de la existencia de una fábrica en la que, sin su consentimiento, se van a reproducir los artículos que fabrica. En las instalaciones del presunto infractor se encuentran las telas, los botones, las marquillas (con la marca del competidor usurpado), los hilos, las máquinas y los operarios, de tal manera que solo falte ensamblar los insumos y salir a venderlos para perfeccionar el ilícito concurrencial.
En este tipo de casos se puede inferir que si bien el acto no se ha perfeccionado, estaba en camino de hacerlo, ya que de otra forma no se entendería la existencia de una infraestructura como la descrita.
En ese orden de ideas, en estas hipótesis, la realización en el mercado de la que habla el ámbito de aplicación debe entenderse como una potencialidad respecto a su ocurrencia, más que una realidad, para no entenderla cumplida.
Cosa distinta sucede con la finalidad concurrencial, debido a que la ley no exige que la misma sea de resultado, simplemente que la conducta sea idónea objetivamente para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero . En este sentido, que la conducta sea potencialmente de mercado no es óbice para no concluir que la misma tenga una finalidad concurrencial por las circunstancias objetivas que rodeen el caso.
Ahora bien, en aquellos eventos en los que la conducta no haya producido daño, se parte de la base que el comportamiento cumplió con todos los elementos necesarios para ser analizado bajo la óptica de la Ley de Competencia Desleal lo que implica el cumplimiento de los ámbitos de aplicación de la ley y los presupuestos de hecho del comportamiento específico considerado como desleal.
De acuerdo con lo anterior, el comportamiento sería considerado como desleal, ya que el perjuicio no es un elemento necesario para calificar un comportamiento como desleal.
b. VIOLACIÓN DE SECRETOS
De acuerdo con la Ley de Competencia Desleal,
se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta ley.
Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.
Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso que concurran los requisitos a que hace referencia el artículo 2.° de esta ley. ²⁸
De acuerdo con la doctrina: ²⁹ La conducta que se pretende reprimir bajo este precepto no es, sin embargo, el conocimiento que se ha conocido para divulgar o desvelar los secretos que se hubieren obtenido, sino precisamente el procedimiento que se ha empleado para alcanzar esos conocimientos que, posteriormente, son revelados o difundidos de forma ilícita […] .
Expresamente, la ley eximió del cumplimiento del ámbito objetivo de aplicación a los comportamientos que se tipifiquen como violación de secretos. Esto implica que la simple sustracción de una información de aplicación industrial o empresarial que se pueda catalogar como secreta, por medios ilegítimos, tipifica un comportamiento desleal sin necesidad de tener en cuenta que se trate de un acto de mercado o que haya sido realizado con finalidad concurrencial. Como explicación a esta excepción, BARONA, citando a MASSAGER, afirma que a través de esta opción legislativa es posible incluir algunos supuestos de espionaje industrial cuya finalidad última no es de carácter concurrencial, tales como podrían ser aquellos que se plantearan en sede militar o científica, por ejemplo, cubriéndose con ello cualquier acto de divulgación, explotación o adquisición, como modalidades de violación de secretos, que contravenga los legítimos intereses del titular del secreto empresarial ³⁰ .
La otra hipótesis que contempla la norma –relacionada con la divulgación o utilización, sin autorización, de información considerada como secreta–, si bien tampoco es necesario que cumpla con el ámbito objetivo de aplicación de la ley, superaría el test, ya que la misma implica una realización del comportamiento en el mercado, por cuanto se requiere que el secreto sea divulgado o utilizado cuando, siendo conocido de manera legítima, no se tenga autorización para ello.
El artículo 3.° de la Ley 256 de 1996 establece: Ámbito subjetivo de aplicación. Esta ley se les aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación de la ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal .
Se eliminó la cualificación de los sujetos a quienes se les aplica la norma y el tinte corporativista que por mucho tiempo cobijó la aplicación de la ley, ampliando su campo de implementación y eliminando el requisito de la necesaria relación de competencia entre las partes del proceso.
I. AMPLIACIÓN SUBJETIVA DEL MERCADO
No solo a los comerciantes se les exige comportarse de manera leal, la obligación se extiende a todos aquellos que participan en el mercado. Como consecuencia de ello, los actos de mercado no solamente son los realizados por los comerciantes o las empresas. En este sentido, tienen
cabida no sólo las actividades propiamente empresariales, sino también las profesionales, artísticas, intelectuales y cualquier otra surgida en el mercado dirigida a quien tome la decisión de producción o consumo. De esta forma se observa que lo más habitual es que una conducta de mercado la realice una empresa o un profesional interesado en influir en las decisiones de consumo o de producción de otros. Pero también puede revestir la condición de conducta de mercado aquella que se realice por un partícipe del mercado, aunque no sea empresario ni profesional, que se demuestre idónea para promover o mantener la actividad de otros. ³¹
En desarrollo de lo anterior, es más sencillo saber quién no participa en el mercado que tratar de hacer una lista exhaustiva de quiénes sí y que, por lo tanto, son destinatarios de la ley.
La doctrina española nos trae ejemplos de aplicación de la ley adicionales a los de los consabidos empresarios: un integrante de un grupo musical, congregaciones religiosas, un gerente de una farmacia veterinaria, una federación deportiva, las profesiones liberales y las entidades públicas cuando actúan como operadores económicos son ejemplos de actividades en competencia ³² . En cuanto a esto último, G ARCÍA P ÉREZ comenta que la jurisprudencia [española] ha establecido que la administración pública está sometida al control de deslealtad concurrencial en cuanto desarrolle una propia actividad económica y en cuanto se procura bienes o servicios en el mercado como tal administración. Sin embargo, no está sometida a dicho control la actividad reguladora de los poderes públicos, en su aspecto normativo o en cuanto gestor de las políticas públicas o relativa a la vigilancia de la actividad de los administrados: […] ³³ .
No obstante lo anterior, cuando se trata de la intervención de la administración pública en el mercado, el Tribunal de Defensa de la Competencia de España (TDC) ³⁴ ha llegado incluso a afirmar que en ocasiones será necesario hacer un mayor esfuerzo interpretativo para ‘levantar el velo’ de la actuación de las administraciones y determinar si bajo la apariencia de actuaciones regulatorias se ocultan actividades económicas . Esta interesante tesis tendría connotaciones muy importantes en aquellos sectores altamente regulados en donde el Estado tiene una importante presencia no sólo como regulador, como es obvio, sino también como uno de sus actores principales, generalmente, en hidrocarburos, telecomunicaciones y servicios públicos.