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Timestamp: 2018-07-18 22:42:37
Document Index: 131855056

Matched Legal Cases: ['artículo 166', 'artículo 3', 'artículo 63', 'Artículo 4', 'Artículo 100', 'artículo 166', 'artículo 100', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 94', 'artículo 100', 'artículo 94', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 62', 'artículo 63', 'artículo 135', 'artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 8', 'artículo 74', 'artículo 93', 'artículo 7', 'artículo 72', 'in fine', 'artículo 186', 'artículo 3', 'Artículo 37', 'Artículo 55', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70']

República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN NOMBE DE LA REPÚBLICA - PDF
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Trinidad Castillo Zúñiga
1 EN NOMBE DE LA REPÚBLICA SENTENCIA TC/0217/13 Referencia: Expediente núm. TC , relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo, interpuesto por Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar, contra la Sentencia núm , dictada el seis (6) del mes de julio de dos mil once (2011) por la Segunda Sala del Tribunal Superior En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, República Dominicana; a los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil trece (2013). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Wilson Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos y 277 de la Constitución, 9 y 94 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), ha rendido la siguiente Sentencia. Página 1 de 38
2 I. ANTECEDENTES 1. Descripción de la sentencia recurrida 1.1. La sentencia objeto del presente recurso, marcada con el núm , fue dictada en fecha seis (6) de de julio de dos mil once (2011) por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante la cual se rechaza por improcedente la acción de amparo interpuesta por los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar contra el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y el Lic. Melanio Paredes, en su calidad de ministro de Educación Dicha sentencia fue comunicada a los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar, el siete (7) de julio de dos mil once (2011), mediante el Oficio núm , instrumentado por Greisy Rijo Gómez, secretaria general del Tribunal Superior 2. Presentación del recurso de revisión 2.1. El Tribunal Superior Administrativo fue apoderado de una acción de amparo interpuesta por los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar, contra el Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Lic. Melanio Paredes, ministro de Educación, por el hecho de haberlos trasladado y degradado de sus puestos de trabajo como servidores en dicha institución. Los recurrentres alegan vulneración a los derechos fundamentales de la tutela judicial efectiva y debido proceso, derecho al trabajo, no discriminación y la dignidad humana. Dicha acción de amparo fue rechazada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Mediante la Sentencia núm , de fecha seis (6) de Página 2 de 38
3 julio de dos mil once (2011). República Dominicana 2.2. No conforme con el rechazo de la acción, los recurrentes, señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar, interpusieron formal recurso de revisión de amparo contra la referida sentencia núm El presente recurso de revisión fue notificado el veinte (20) de julio de dos mil once (2011) a la Procuraduría General Administrativa y al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) mediante el Auto núm. 1713/2011, de fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil once (2011), por la magistrada Sara Henríquez Marín, juez presidenta del Tribunal Superior El Ministerio de Educación, mediante instancia dirigida a los jueces del Tribunal Superior Administrativo, comunicó que se adhiere al dictamen del Procurador General Administrativo, en virtud del artículo 166 de la Constitución de la República. 3. Fundamentos de la sentencia recurrida 3.1. La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante la Sentencia núm , rechazó la acción de amparo interpuesta por los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar contra el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), por los motivos esenciales siguientes: a. CONSIDERANDO: que cuando a los jueces se le plantea algún medio de inadmisión, es obligación de estos estatuir sobre el mismo, previo a decidir cualquier otro asunto de derecho; que en la especie, el Procurador General y la parte accionada han solicitado que la Página 3 de 38
4 presente acción de amparo se declare inadmisible por ser notoriamente improcedente, al tenor del artículo 3, literal c de la Ley ; que en cuanto a este medio este tribunal asume el criterio externado por nuestra Suprema Corte de Justicia, en Sentencia No. 2 de fecha 10 de septiembre del año 2008, que consagra lo siguiente: "Considerando, que la procedencia del amparo está condicionada a que el acto u omisión impugnado, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace el derecho o garantía constitucional, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta; que, en este sentido, ;( ) el amparo constituye un mecanismo para proteger la situación jurídica de un ciudadano, desde la perspectiva del goce y ejercicio de los derechos fundamentales, puesto que la defensa de los derechos subjetivos - aquéllos que sean diferentes a los derechos fundamentales y las libertades públicas- y los intereses legítimos, se realiza mediante las acciones ordinarias judiciales o mediante los recursos administrativos indicados por la ley. b. CONSIDERANDO: que en la especie, se ha podido comprobar que la parte accionante tenía otros remedios a su alcance para constreñir a la parte accionada a cumplir con el acuerdo concertado, por lo que al ser el amparo una acción extraordinaria para la protección de derechos fundamentales, que solo debe interponerse cuando el sistema jurídico vigente no contemple otras soluciones, la solución vía el amparo no es la indicada, en consecuencia, este tribunal procede a rechazar la acción de amparo interpuesta por los señores BERNARDINO ADAMES DÍAZ y RAFAELA ARGENTINA MARTÍNEZ ALMÁNZAR, de fecha 09 de agosto del 2010, contra el Estado Dominicano, el Ministerio de Educación y el Lic. Melanio Paredes, por ser notoriamente improcedente. Página 4 de 38
5 4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión 4.1. Los recurrentes procuran que se revoque la decisión objeto del recurso. Para justificar su pretensión, alegan, entre otros motivos: a. ATENDIDO: Los señores BERNARDINO ADÁMES DÍAZ Y RAFAELA ARGENTINA MARTÍNEZ ALMÁNZAR, recurrieron a la Acción de Amparo, en contra de la disposición del Ministerio de educación (MINERD) que los degrada injustamente del puesto de Técnicos Docentes Nacionales a Técnicos de distritos. (sic) b. ATENDIDO: La Sentencia núm , de fecha 6 de Julio del 2011, del Tribunal Superior Administrativo donde se rechaza el recurso elevado por los demandantes por el motivo de que el Ministerio de Educación los había degradado en las funciones de Técnicos Docentes a Técnicos distritales y rebajándoles el sueldo que devengaban. (sic) c. Los demandantes, BERNARDINO ADAMES DÍAZ Y RAFAELA ARGENTINA MARTÍNEZ ALMÁNZAR, recurrieron a la acción de Amparo como una forma de protección y de solución al conflicto existente y a la negativa del Ministerio de Educación después de haber agotado múltiples procedimientos a los fines de solucionar el problema de forma amigable y que en el Acta de No Conciliación No se demuestra el poco interés del MINERD. (sic) d. ( ) La degradación atenta contra la dignidad humana y como humillación (discriminación) del ser humano, la cual es condenada Página 5 de 38
6 por la Constitución de la República; es importante tener en cuenta su definición a la luz del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su versión 23, que define la degradación como privar a alguien de dignidades, honores empleos o privilegios que tiene, o humillar, rebajar o envilecer. Así como también en el vocabulario jurídico de Capi, página 193, hace una definición sobre la degradación cívica. (sic) e. Con la degradación de los señores Adames y Martínez, el MINERD violó este derecho; que además, la Carta Magna en su artículo núm. 5, establece Fundamento de la Constitución. (sic) f. Al MINERD degradar injustamente a los concurrentes, el solo hecho de la degradación constituye en sí un acto de discriminación, de marginalidad y exclusión, que tiene por objeto a humillar, rebajar o envilecer a las personas afectadas. Además, como se puede apreciar en las comunicaciones anexas a la instancia que sustenta este caso y que fue entregada al Tribunal en fecha , donde los concurrentes solicitan en varias oportunidades que les permitan ver y obtener copias de los supuestos expedientes, así como el derecho a ser escuchados y sobre todo el derecho a la defensa. Han recibido un trato desigual y vejatorio de las autoridades del MINERD. (sic) g. Con la degradación, los señores Adames y Martínez, a pesar de que son empleados de carrera docente; protegida su estabilidad laboral por la Ley y poseer títulos de maestrías en sus áreas de desempeño, han sido discriminados por razones de opinión filosófica y/o personal, como lo consigna el artículo referido. (sic) Página 6 de 38
7 h. El derecho al trabajo consagrado en este artículo le fue violado a los concurrentes por la acción de degradación injustificada del MINERD, al socavarles las garantías del derecho básico del respeto a la capacidad física e intelectual, la dignidad personal y la discriminación que han sido objetos los agraviados. En los argumentos del recurso de amparo, se detalla que los señores Adames y Martínez fueron solicitados por dependencia de la sede central del MINERD, lo que evidencia que (además de la formación profesional y capacidad intelectual de ellos) les reconocen su experiencia laboral y responsabilidad en el trabajo. (sic) i. En el artículo núm. 63 sobre el derecho a la educación, la Carta Magna establece en su numeral 5 que el Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de la Nación dominicana y, por consiguiente, es su obligación propender a la profesionalización, a la estabilidad y dignificación de los y las docentes. (sic) j. Al momento de atentar contra la estabilidad laboral de un docente de carrera, no solo se viola el artículo 63 que obliga a preservar derechos fundamentales de los docentes, sino que también, se violan los artículos Nos. 142 de la Función Pública, 146 de la Constitución y los derechos laborales reconocidos por la ley en sus artículos Nos. 4, numeral 7 ; 58, numerales 1 y 2 ; Ley de Educación 66 97, artículos 132, literal d ; 137 y su Reglamento del Estatuto de la Carrera Docente, artículos Nos. 33, 37 y su párrafo, 61 y el 93, literal a. (sic) k. En este caso se violó el artículo No. 69 en la fase administrativa en Página 7 de 38
8 el momento en que a los concurrentes, a pesar de haber solicitado entrevistas, en varias ocasiones, no se las concedieron para resarcir el derecho a ser oídos; se elaboran unos supuestos expedientes y no se les permitió el derecho de acceso para ejercer con posterioridad el derecho a su legítima defensa. (sic) l. Además se les condenó administrativamente a ser degradados sin justificación alguna y bajo amenaza de ser destituidos si no asumían sus injustas condenas en un plazo de 24 horas, como consta en el telegrama de fecha , adjunto a la instancia de referencia. (sic) m. Como se observa, el recurso de amparo es una acción autónoma y no está subordinada al cumplimiento de formalidades previas o al agotamiento de otras vías de recurso o impugnación establecidas en la ley para combatir el acto u omisión que pretendidamente ha vulnerado un derecho fundamental. Por cuanto, no es necesario e indispensable o de prerrequisito agotar otras vías de recursos. Por lo que carece de validez su solicitud de inadmisibilidad de este recurso de amparo. (sic) 5. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General Administrativa y del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) 5.1. La Procuraduría General Administrativa, mediante su escrito de defensa motivado en fecha veinticinco (25) de julio de dos mil once (2011), persigue la inadmisibilidad o rechazo del presente recurso, pedimento al cual se adhiere el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), alegando entre otros motivos, los siguientes: Página 8 de 38
9 a) ATENDIDO: A que el recurso de revisión de sentencia fue interpuesto por los recurrentes en fecha 15 de julio del año 2011 y la sentencia atacada fue notificada a los accionantes en fecha 7 de julio del año 2011, en tal sentido el plazo está prescrito, lo cual es causa de inadmisibilidad. (sic) b) ATENDIDO: A que la Suprema Corte de Justicia es de criterio que el vencimiento de los plazos constituye formalidad sustancial que da lugar a la inadmisibilidad por ser de orden público. (sic) c) ATENDIDO: A que los recurrentes sostienen que no están de acuerdo con el fallo del Tribunal y recurren en revisión y revocación de la citada Sentencia, invocando los siguientes medios: primer medio: dignidad humana y derecho a la igualdad; segundo medio: derecho al trabajo; tercer medio: derecho a la educación; cuarto medio: tutela judicial efectiva y debido proceso; quinto medio: violación fase administrativa. (sic) d) ATENDIDO: A que los recurrentes invocan en el recurso de revisión la supuesta violación a derechos fundamentales por parte del Ministerio de Educación (MINERD) y no atacan la sentencia recurrida, que es el fundamento del recurso de revisión de sentencia, establecido si el fallo es contrario a la Constitución o no. (sic) e) ATENDIDO: A que si bien es cierto que los accionantes tenían todos sus derechos de accionar en justicia, no menos cierto es que la vía del amparo no era la correcta, sino el agotamiento de la vía Administrativa, y posteriormente ante la inconformidad, apoderar la Página 9 de 38
10 Jurisdicción Contenciosa administrativa conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Función Pública y Carrera Administrativa, en los Artículos 3- numeral 7, 72, 75, 76 y el Artículo 4 de la Ley (sic) f) ATENDIDO: A que la sentencia cuya revisión y revocación se solicita no condena a los solicitantes, sino que rechaza dicha acción de amparo por ser notoriamente improcedente por las razones antes expuestas. (sic) g) ATENDIDO: A que la referida sentencia núm , no dispone ninguna medida para ser ejecutada por la autoridad pública como tampoco los solicitantes han establecido ningún agravio nuevo violatorio a la Constitución, que pudiera dar lugar a la revocación de la misma, en este sentido la solicitud de Revocación carece de fundamentación jurídica sólida y por demás carece de objeto, por lo que debe ser rechazada. (sic) h) ATENDIDO: A que los recurrentes pretenden revocar la Sentencia núm desnaturalizando los motivos que fundamentaron la misma, lo cual es ilegal e improcedente y sobre todo desconociendo el objeto de la acción de amparo que es restituir y tutelar los derechos fundamentales del reclamante de las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad pública si fuera concedido el amparo. (sic) i) ATENDIDO: A que la Sentencia núm no es susceptible de revocación por no ser ejecutoria, careciendo el presente recurso de revisión de objeto, debiendo ser rechazado, declarándolo inadmisible. (sic) Página 10 de 38
11 j) ATENDIDO: A que conforme al Artículo 100 de la Ley núm , la admisibilidad del recurso de revisión está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional del caso planteado, apreciando la interpretación de la Constitución. (sic) k) ATENDIDO: A que en la especie no se trata de interpretación de la Carta Magna, sino que la solución por la vía de amparo no es la indicada, motivo más que suficiente para que el recurso de revisión sea rechazado por ser notoriamente improcedente. (sic) 6. Pruebas documentales 6.1. En el trámite de la presente acción en revisión constitucional de decisión jurisdiccional, los documentos depositados por la parte en litis son los siguientes: 1. Instancia de solicitud de revisión de la Sentencia núm , depositado ante el Tribunal Superior Administrativo en fecha quince (15) de julio de dos mil once (2011). 2. Escrito de defensa presentado por la Procuraduría General Administrativa y depositado ante el Tribunal Superior Administrativo en fecha veinticinco (25) de julio de dos mil once (2011). 3. Sentencia núm , dictada en fecha seis (6) de julio de dos mil once (2011) por la Segunda Sala del Tribunal Superior 4. Oficio núm , de fecha seis (6) de junio de dos mil once (2011), Página 11 de 38
12 por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, contentivo de notificación de sentencia. 5. Auto núm , de fecha diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011), emitido por la Juez Presidente del Tribunal Superior Administrativo, contentivo de comunicación de instancia de recurso de revisión a la Procuraduría General Administrativa y al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). 6. Misiva suscrita por las abogadas del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil once (2011), contentiva de comunicación dirigida a la juez presidente del Tribunal Superior Administrativo, en la cual le comunica su adhesión al dictamen del Ministerio Público, en virtud de lo establecido en el artículo 166 de la Constitución Dominicana. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL 7. Síntesis del conflicto 7.1. Los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar fueron trasladados y degradados de sus puestos de trabajo como servidores en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, por lo que procedieron a interponer una acción de amparo ante la Segunda Sala de Tribunal Superior Administrativo, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al trabajo, a la educación y a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Dicha acción fue rechazada, por lo que procedieron a interponer el presente recurso de revisión. Página 12 de 38
13 8. Competencia 8.1. El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de revisión, en virtud de lo establecido en los artículos de la Constitución y los artículos 9 y 94 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 9. Admisibilidad del presente recurso de revisión 9.1. Previo a determinar la admisibilidad del presente recurso, el Tribunal Constitucional procederá a contestar el medio de inadmisión presentado por la parte recurrida. Dicho medio de inadmisión será rechazado por las razones siguientes: a. La Procuraduría General Administrativa, mediante su escrito de defensa depositado en fecha veinticinco (25) de julio de dos mil once (2011), solicita a este tribunal lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE el presente recurso de revisión y revocación de sentencia interpuesto por los señores BERNARDINO ADAMES DÍAZ y RAFAELA ARGENTINA MARTÍNEZ ALMÁNZAR, contra la Sentencia núm , pronunciada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha 6 de Julio del año 2011, por estar éste fuera de plazo, o sea, por extemporáneo y porque el recurso de revisión no cumple con los requisitos de admisibilidad conforme lo establece el artículo 100 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. Página 13 de 38
14 b. Como se desprende de las pruebas documentales aportadas al Tribunal, la sentencia objeto del presente recurso de revisión le fue notificada a la parte accionante, señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar, en fecha siete (7) de julio de dos mil once (2011); sin embargo, el recurso de revisión que nos ocupa fue interpuesto para el día quince (15) de julio de dos mil once (2011), es decir, ocho (8) días después de la notificación de la sentencia recurrida. c. El artículo 95 de la Ley núm establece que el recurso de revisión de una sentencia de amparo debe interponerse por ante la Secretaría del tribunal que emitió la decisión en el plazo de cinco días contados a partir de la fecha de notificación. El Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), interpretando el referido artículo 95, estableció que el plazo establecido en el citado texto legal es franco, es decir no se le computan los días no laborables ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia d. A los recurrentes les fue notificada la Sentencia núm , el jueves siete (7) de julio de dos mil once (2011), día no computable por ser el primer día franco, e interpusieron el recurso de revisión de la misma el día viernes quince (15) de julio de dos mil once (2011), día no computable por ser el último del plazo franco, al igual que no se computan los días sábado nueve (9) y domingo diez (10), por lo que transcurrieron cinco (5) días, plazo fijado en la Ley Orgánica del Tribunal, quedando claro que los recurrentes actuaron dentro del plazo establecido para interponer el recurso de revisión contra una sentencia de amparo, por lo que procede rechazar el medio de inadmisión presentado por la parte recurrida, sin la necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de esta sentencia. Página 14 de 38
15 9.2. Antes de conocer el fondo del presente recurso en revisión de amparo, procede determinar la admisibilidad del mismo. En ese sentido, este tribunal estima que dicho recurso resulta admisible, por las razones siguientes: a. En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 94 de la Ley núm , este tribunal constitucional está facultado para conocer de la revisión de las decisiones emitidas por el juez de amparo. b. El presente recurso de revisión cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. El referido artículo establece Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, a que se demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del caso. c. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada, definida como tal por este tribunal mediante la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). d. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en Página 15 de 38
16 el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que se aprecia un conflicto que involucra derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Sustantiva, como son la tutela judicial efectiva y debido proceso, derecho al trabajo, no discriminación y la dignidad humana, concretamente al proceso de degradación de un servidor por parte del Ministerio de Educación de la República Dominicana, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. 10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión de amparo En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos: a. De la documentación depositada y de los alegatos vertidos por las partes en el presente proceso, se desprende que los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar fueron trasladados y degradados de sus respectivos puestos de trabajo como empleados en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, por lo que procedieron a interponer una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, alegando que con el referido traslado y degradación se les vulneró los derechos fundamentales del debido proceso y la tutela judicial efectiva, el derecho al trabajo, el derecho a la no discriminación y la dignidad humana. b. Constituye un hecho no controvertido que los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar se desempeñaban como técnicos docentes a nivel nacional del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y que los mismos fueron degradados a técnicos docentes distritales. Página 16 de 38
17 c. La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha seis (6) de de julio de dos mil once (2011), mediante la Sentencia núm , rechazó la acción de amparo interpuesta por los hoy recurrentes, por ser notoriamente improcedente, señalando en su página 13: Que en la especie, se ha podido comprobar que la parte accionante tenía otros remedios a su alcance para constreñir a la parte accionada a cumplir con el acuerdo concertado, por lo que al ser el amparo una acción extraordinaria para la protección de derechos fundamentales, que solo debe imponerse cuando el sistema jurídico vigente no contemple otras soluciones, la solución vía el amparo no es la indicada, en consecuencia, este tribunal procede a rechazar la acción de amparo interpuesta por los señores BERNARDINO ADAMES DÍAZ y RAFAELA ARGENTINA MARTÍNEZ ALMÁNZAR de fecha 09 de agosto del 2010, contra el Estado Dominicano, el Ministerio de Educación y el Lic. Melanio Paredes, por ser notoriamente improcedente. (sic) d. Con la finalidad de que sea revisada la Sentencia núm , los recurrentes Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar, amparándose en el artículo 94 de la Ley núm , interpusieron el recurso que hoy nos ocupa, alegando que le fueron vulnerados los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al trabajo, a la educación, a la tutela judicial efectiva y debido proceso y violación a la fase administrativa. e. Al rechazar la acción de amparo utilizando el argumento de que la parte accionante tenía otros medios a su alcance para imponer a la parte accionada el cumplimiento de un acuerdo concertado, sin indicar cuáles son los medios disponibles, el tribunal de amparo incurrió en un error procesal. En efecto, dado Página 17 de 38
18 que el artículo 70 de la Ley núm establece que el juez apoderado de una acción de amparo, luego de instruido un proceso puede dictar sentencia declarando la inadmisibilidad de la acción cuando existen otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado, dicho tribunal debió declarar su inadmisibilidad en lugar de rechazar la acción, y señalar la vía más efectiva para tutelar los derechos vulnerados. f. Este tribunal constitucional, en la Sentencia TC/0021/2012, del 21 de junio de 2012 (página 10, párrafo 11, literal c), asentó el precedente que corresponde al juez de amparo indicar la vía más efectiva a disposición del accionante para poder declarar inadmisible la acción de amparo bajo el supuesto del artículo 70 numeral 1 de la Ley núm g. El ejercicio de la facultad de inadmisión contemplada en el referido artículo 70.1 de la Ley Núm se encuentra supeditada a la identificación de la vía judicial que el tribunal considere idónea, así como de las razones por las cuales la misma reúne los elementos de eficacia requeridos por el legislador. En el caso de la especie, el tribunal de amparo no indició cuál era la vía más efectiva prevista ni indicó los motivos, por lo que la sentencia recurrida adolece de motivación en el aspecto examinado. h. De igual manera, este tribunal constitucional entiende que la acción de amparo es la vía más idónea que tiene toda persona para tutelar los derechos fundamentales vulnerados, por lo que no existe otra vía más eficaz para tutelar los derechos fundamentales que reclaman los recurrentes. En consecuencia, procede revocar la Sentencia No , dictada en fecha seis (6) de julio de dos mil once (2011) por la Segunda Sala del Tribunal Superior Página 18 de 38
19 i. Revocada la sentencia objeto del presente recurso, este tribunal constitucional procederá de forma detallada a analizar los argumentos vertidos por las partes en litis y examinar el fondo de la acción. j. Los recurrentes en amparo manifiestan que al ser degradados de sus puestos de técnicos docentes nacionales a técnicos docentes distritales del Ministerio de Educación de la República Dominicana, se le ha vulnerado el derecho fundamental a su dignidad puesto que la degradación atenta contra la dignidad humana y como humillación (discriminación) del ser humano es condenada por la Constitución de la República. k. Respecto a la dignidad humana, el artículo 38 de la Constitución, establece: El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. l. Del estudio combinado de los artículos 5, 7 y 8 de la Ley Sustantiva se desprende que el respeto a la dignidad humana es una función esencial en la que se fundamenta la Constitución y el Estado social y democrático de derecho en República Dominicana. Una decisión similar asumió la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia C , cuando señaló: El reconocimiento superior de la dignidad como principio fundante de nuestro ordenamiento constitucional, exige un trato especial para el individuo, de tal forma que la persona se constituye en un fin para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes públicos, en especial al juez, que en su función hermenéutica debe convertir este principio Página 19 de 38
20 en un parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico. De lo expuesto fluye que cuando el Estado, independientemente de cualquier consideración histórica, cultural, política o social, establece normas sustanciales o procedimentales dirigidas a regular las libertades, derechos o deberes del individuo, sin tener presente el valor superior de la dignidad humana, serán regulaciones lógica y sociológicamente inadecuadas a la índole de la condición personal del ser humano y, por contera, contrarias a la Constitución, en la medida en que se afectarían igualmente los derechos fundamentales, dado que éstos constituyen condiciones mínimas para la vida digna" del ser humano; en efecto, cuando se alude a los derechos fundamentales se hace referencia a aquéllos valores que son ajenos a la dignidad humana. m. Para este tribunal, la degradación laboral consiste en colocar en una posición inferior a una persona que ostenta un grado superior en una institución o empresa en la que se desempeña como empleado; ésta atenta contra el respeto a la dignidad humana (que es una función esencial en la que se fundamenta nuestra norma suprema y el Estado social y democrático de derecho en República Dominicana), más que la separación misma del servidor o empleado. n. Al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) degradar del puesto de técnicos docentes nacionales que desempeñaban los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar a técnicos docentes distritales, violó la dignidad de los recurrentes, que es sagrada, innata e inviolable, de conformidad con el artículo 38 de la Carta Magna y que es responsabilidad de todos los poderes públicos, respetarla y protegerla. Página 20 de 38
21 o. Otro de los argumentos utilizados por los recurrentes, es la violación al principio fundamental de no discriminación, cuando afirma : Al MINERD degradar injustamente a los concurrentes, el sólo hecho de la degradación constituye en sí un acto de discriminación, de marginalidad y exclusión ( ) Con la degradación los Señores Adames y Martínez, a pesar de que son empleados de carrera docente; protegida su estabilidad laboral por la Ley y poseer títulos de maestrías en sus áreas de desempeño, han sido discriminados por razones de opinión filosófica y/o personal, como lo consigna el artículo referido p. La Constitución condena todo tipo de discriminación cuando consagra en su artículo 39 que Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o persona ( ) y especialmente la discriminación laboral en el artículo 62.5 de la Carta Magna, al establecer que se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora. q. Al momento de ser degradados los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar de sus puestos laborales, motivado en las razones de opinión filosófica y/o personal, argumento este que no fue atacado en el escrito de defensa de la parte recurrida, el Ministerio de Educación incurrió en violación al principio constitucional de no discriminación laboral. Página 21 de 38
22 r. En su escrito de revisión, los recurrentes alegan que se les violentó el derecho fundamental a la educación y a la carrera docente. Al respecto, la Constitución de la República otorga rango constitucional a la educación y a la carrera docente, en su artículo 63 numeral 5, en los siguientes términos: Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia: ( ) 5) El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de la Nación dominicana y, por consiguiente, es su obligación propender a la profesionalización, a la estabilidad y dignificación de los docentes. s. La Ley General de Educación núm , en su artículo 135, define la carrera docente, como ( ) la vinculación del servidor de la educación al conjunto de disposiciones organizativas y legales que regulan el ingreso, la permanencia, la promoción y el retiro de los docentes durante su ejercicio profesional; así como sus deberes y sus derechos laborales. La Carrera Docente comprende también el conjunto de disposiciones atinentes a la clasificación y valoración de cargos, el reclutamiento, la selección, el nombramiento de personal, la estabilidad, promoción y evaluación del personal, que brinden a la educación los mejores recursos humanos. t. A tales fines, el Poder Ejecutivo emitió, en fecha veintiséis (26) de junio de año dos mil tres (2003), el Decreto núm , mediante el cual se instituye Página 22 de 38
23 el Reglamento del Estatuto Docente, cuyo objetivo principal consiste en facilitar la aplicación de todo lo relativo a esta materia. u. Al Ministerio de Educación degradar a los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar atentó contra la estabilidad laboral de los recurrentes, violando consigo el principio constitucional que instituye la carrera docente. v. De igual manera, los recurrentes alegan que les ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en virtud de que no fueron oídas, ni se presumió su inocencia al momento de ser degradados. w. El artículo 68 de la Constitución de la República Dominicana garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley. x. El artículo 69 prescribe que: Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva de debido proceso, que estará conformada por las garantías mínimas ( ), entre las cuales se resaltan las siguientes: 2) el derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad a la ley ; 3) el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 10) las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Al Página 23 de 38
24 establecer este tipo de garantías, el legislador trazó la línea para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. y. El debido proceso, que se encuentra configurado en el ordenamiento constitucional dominicano, está contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prescribiendo que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, quedando incorporando como parte íntegra de nuestra Carta Magna, en virtud del artículo 74.3 de la Constitución de z. Por su parte, el Reglamento del Estatuto Docente, en su artículo 93, establece un régimen disciplinario del personal de la carrera docente en el que se procura que las faltas disciplinarias cometidas por dicho personal sean juzgadas sobre la base de criterios de objetividad e imparcialidad, y conforme un procedimiento rápido que garantice el derecho de defensa y las reglas del debido proceso. aa. El indicado reglamento establece que las faltas cometidas por los empleados de carrera docente y la severidad que estas conllevan serán establecidas por el Tribunal de Carrera Docente, faltas que no fueron comprobadas, hechos que indican el no apoderamiento del referido tribunal. bb. Este tribunal constitucional, mediante la Sentencia núm. TC/0048/2012 del 8 de octubre de 2012, con relación a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, marcó como precedente: Página 24 de 38
25 y) En ese tenor, el respeto al debido proceso y, consecuentemente al derecho de defensa, se realiza en el cumplimiento de supuestos tales como la recomendación previa a la adopción de la decisión sancionatoria; que dicha recomendación haya sido precedida de una investigación; que dicha investigación haya sido puesta en conocimiento del afectado; y que éste haya podido defenderse; y Z) Cuando se realiza un acto administrativo en el que se ordena la cancelación del nombramiento de un oficial de la Policía Nacional, sin que, como ocurre en la especie, se hayan realizado las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, se lesiona su derecho de defensa, se violenta el debido proceso y, consecuentemente, se comete una infracción constitucional. cc. Al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) degradar a los recurrentes sin ser oídos, sin un juicio público en el que se debaten oral y contradictoriamente los alegatos de las partes, vulnera el derecho de defensa, y por consiguiente el debido proceso y la tutela judicial efectiva consagrado en la Carta Sustantiva. dd. Comprobada la violación a los derechos fundamentales más arriba indicados, este tribunal constitucional considera pertinente ordenar al Ministerio de Educación de la República Dominicana, que sean restituidos los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar a los cargos de técnicos docentes nacionales que ostentaban al momento de su degradación, con todas sus cualidades, atributos y derechos adquiridos desde ese momento hasta la fecha. Página 25 de 38
26 ee. Este tribunal constitucional, en su Sentencia núm. TC/0048/12, de fecha ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), estableció que la naturaleza de la figura del astreinte es la de una sanción pecuniaria y no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado. Señalando más adelante: Toda vulneración a la Constitución y a un derecho fundamental, así como toda violación a una decisión de este órgano constitucional, genera un daño social, a cuya reparación el Tribunal podría contribuir. ( ) En esa línea, el Tribunal podría, más aún, procurar que la señalada reparación se realice no ya de forma indirecta, a través de las vías señaladas en el párrafo anterior, sino directamente, a través de instituciones específicas, en este caso estatales y preferiblemente dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la sentencia en la que se dispone la astreinte. ff. En virtud del principio de oficiosidad consagrado en el numeral 11 del artículo 7, mediante el cual se persigue que todo juez pueda adoptar de oficio, todas las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, este tribunal constitucional estima que para la efectiva protección de los derechos fundamentales vulnerados y la ejecución de la presente decisión, es pertinente imponer un astreinte. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de las magistradas Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; y Katia Página 26 de 38
27 Miguelina Jiménez Martínez; así como el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: ADMITIR el presente recurso de revisión de amparo incoado por los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar contra la Sentencia núm , emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCA por falta de fundamentación la Sentencia núm , dictada en fecha seis (6) de julio de dos mil once (2011), por la Segunda Sala del Tribunal Superior TERCERO: DISPONER que los recurrentes, señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar, sean restituidos al cargo de técnicos docentes nacionales que ostentaban al momento de su degradación en el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), con todas sus calidades, atributos y derechos adquiridos desde ese momento hasta la fecha. CUARTO: DISPONER que a los recurrentes le sean saldados los salarios dejados de pagar desde el momento de su degradación hasta la fecha en que se produzca su reintegración a la función de técnico docente nacional. Página 27 de 38
28 QUINTO: ORDENAR que lo dispuesto en los numerales tercero y cuarto del presente dispositivo sea ejecutado en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días a contar desde la notificación de la presente sentencia. SEXTO: IMPONER una astreinte de mil pesos con 00/100 (RD$1,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, en contra del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) en favor del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. SÉPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. OCTAVO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar a la parte recurrente, señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar y a las partes recurridas, Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y Procuraduría General Administrativa. NOVENO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Página 28 de 38
29 Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA LEYDA MARGARITA PIÑA MEDRANO La magistrada Leyda Margarita Piña Medrano tiene un voto salvado con relación al destinatario del astreinte en los mismos términos y por iguales razones que las expresadas en la Sentencia TC/0017/13, de fecha veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013). Firmado: Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza. VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta Sentencia y conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las razones por las cuales no estamos de acuerdo con el mismo. Este voto disidente lo ejercemos amparándonos en el artículo 186 de la Constitución, texto según dicho texto constitucional ( ) Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada. 1. Mediante la presente sentencia se revocó la decisión recurrida y se acogió la acción de amparo interpuesta por Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar, contra el Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Lic. Melanio Paredes y, en consecuencia, se ordenó a los demandados reintegrarlos a sus puestos de trabajo originales. Página 29 de 38
30 2. En este voto disidente nos referiremos al principio de aplicación inmediata de la ley procesal y a lo decidido por la mayoría del Tribunal en el caso que nos ocupa. 3. En lo que respecta al principio de aplicación inmediata de la ley procesal, en el presente caso la acción de amparo fue interpuesta el tres (3) de agosto de dos mil diez (2010), es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley núm , la cual fue promulgada el trece (13) de julio de dos mil once (2011). En este sentido, los presupuestos procesales de admisibilidad deben valorarse tomando en cuenta las previsiones de la referida Ley núm que era la vigente cuando se accionó. En esto consiste, precisamente, la aplicación inmediata de la ley procesal, tal y como lo hemos explicado en los votos salvados relativos a las sentencias TC/0108/13 del 4 de julio de 2013; TC/0161/13 del 12 de septiembre de 2013; TC/0163/13 del 16 de septiembre de 2013; TC/0169/13 de 27 de septiembre de 2013 y TC/0175/13 del 27 de septiembre de En los referidos votos salvados hemos establecido, siguiendo la doctrina desarrollada sobre la materia, que no es razonable ni congruente exigir a un accionante el cumplimiento de presupuestos procesales no previstos al momento de accionar, de tal suerte que no es procedente aplicar sanciones por el incumplimiento de requisitos inexistentes. 5. En el artículo 3 de la indicada ley núm se contemplaban las siguientes causales de admisibilidad: a) Cuando se trate de actos jurisdiccionales emanados de cualquier tribunal de los que conforman el Poder Judicial; b) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los treinta (30) días que sigan a la fecha en que el agraviado tuvo Página 30 de 38
31 conocimiento de la conculcación de su derechos; c) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente, a juicio del juez apoderado; d) Cuando se trate de las suspensiones de garantías ciudadanas estipuladas en el Artículo 37, Inciso 7, o en el Artículo 55, Inciso 7, de la Constitución de la República. 6. En cambio en la vigente Ley núm las causales de admisibilidad que se prevén son, según el artículo 70, las siguientes: 1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado. 2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental. 3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente. 7. Como se observa, en la ley vigente al momento en que se interpuso la acción de amparo, es decir, la núm no se consagraba la existencia de otra vía como causal de inadmisibilidad. En este sentido, el tribunal que dictó la sentencia recurrida no podía declarar inadmisible la acción fundamentándose en la indicada causal. Por esta razón no estamos de acuerdo con las motivaciones desarrolladas en las letras e) y g) del numeral 10 de la presente sentencia, cuyo contenido es el siguiente: e. Al rechazar la acción de amparo, utilizando el argumento de que la parte accionante tenía otros medios a su alcance para imponer a la parte accionada el cumplimiento de un acuerdo concertado, sin indicar cuales son los medios disponibles, el tribunal de amparo incurrió en un error procesal. En efecto, dado que el artículo 70 de la Ley núm establece que el Página 31 de 38
32 juez apoderado de una acción de amparo, luego de instruido un proceso puede dictar sentencia declarando la inadmisibilidad de la acción cuando existen otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado, dicho tribunal debió declarar su inadmisibilidad en vez de rechazar la acción y señalar la vía más efectiva para tutelar los derechos vulnerados. g. El ejercicio de la facultad de inadmisión contemplada en el referido artículo 70.1 de la Ley núm se encuentra supeditada a la identificación de la vía judicial que el tribunal considere idónea, así como de las razones por las cuales la misma reúne los elementos de eficacia requeridos por el legislador. En el caso de la especie, el tribunal de amparo no indició cuál era la vía más efectiva prevista ni indicó los motivos, por lo que la sentencia recurrida adolece de motivación en el aspecto examinado. 8. Nos parece importante destacar que en la especie, durante la vigencia de la Ley núm no solo se incoo la acción de amparo, sino que también se decidió la misma, ya que la sentencia recurrida es de fecha 6 de julio de 2011, y la Ley núm (que deroga la referida ley núm ) fue promulgada el trece (13) de julio de dos mil once (2011). 9. En lo que respecta a la solución tomada por la mayoría de este Tribunal en esta sentencia, coincidimos en la revocación de la sentencia no así en lo concerniente a acoger la acción, ya que consideramos que la misma es inadmisible, por ser notoriamente improcedente, causal que estaba contemplada en la referida ley núm (ley aplicable al caso). Página 32 de 38