Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-8171-de-abril-18-de-1997?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920416697f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-02-25 15:13:38
Document Index: 38608014

Matched Legal Cases: ['artículo 835', 'artículo 135', 'artículo 829', 'artículo 561', 'artículo 829', 'artículo 563']

﻿ SENTENCIA 8171 DE ABRIL 18 DE 1997
SENTENCIA 8171 DE 18 DE ABRIL DE 1997
CONTENIDO:PARA LA SALA ES CLARO QUE NO SIEMPRE EL AGOTAMIENTO GUBERNATIVO, POR ACTO EXPRESO O PRESUNTO, ES CONDICIÓN INDISPENSABLE DE ACCESO AL PROCEDIMIENTO ANTE LA JURISDICCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
TEMAS ESPECÍFICOS:AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA, ATRIBUCIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FUNCIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SUJETOS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ESTRUCTURA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INTEGRACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PROCEDENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sentencia 8171 de abril 18 de 1997
Ref.: Radicación 8171
Apelación sentencia de 19 de septiembre de 1996 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter fiscal. Impuesto renta del período impositivo de 1989.
Actor: Carlos Alberto Sánchez Sarmiento
Santafé de Bogotá, D.C., abril 18 de 1997.
EXTRACTOS: «En el tema de la aptitud de la demanda se destacan, a su vez, como asuntos debatidos, la falta de notificación del auto ejecutivo Nº 0126-5769 de 30 de mayo de 1995, respecto del cual operó la conducta concluyente, y de la liquidación de revisión Nº 50014 de 25 de junio de 1993, integrante del título de ejecución, cuyo desconocimiento, al decir del autor, impidió la interposición de los recursos existentes.
Según el artículo 835 del estatuto tributario, oportunamente invocado por la sentencia, los actos que desecharon las excepciones eran demandables, pues fallaron éstas, independientemente de que el pronunciamiento fuera, o no, de mérito, toda vez que la norma no distingue.
Por otra parte, como también lo advirtieron acertadamente la sentencia y la procuraduría delegada, siendo cuestión litigiosa, casualmente, la falta de notificación tanto del mandamiento de pago, como de la liquidación oficial constitutiva del título ejecutivo, procedía, contrario a lo que erróneamente supuso la parte demandada, conceder eficacia a la notificación por conducta concluyente del mandamiento ejecutivo, admitir la demanda y examinar y decidir de fondo las excepciones.
Para la Sala, es claro que no siempre el agotamiento gubernativo, por acto expreso o presunto, es condición indispensable de acceso al procedimiento ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pues, en el último inciso del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo se dispone, que cualquier demanda es asequible directamente, “si las autoridades administrativas no hubieren dado oportunidad de interponer los recursos procedentes”.
Como entre los planteamientos de la demanda figuraban, precisamente, los de que la administración no hubiera notificado, correctamente, ni el mandamiento de pago ni la liquidación oficial en que se había hecho consistir el título ejecutivo ni, de suyo, dado oportunidad para interponer las excepciones y recursos existentes, no era rigurosamente exigible el agotamiento que alega la parte impugnadora y que la motivó, a proponer la excepción de inepta demanda por el infundado hecho exceptivo que se comenta.
Por consiguiente, es desacertado sostener que, en el caso, las resoluciones desestimatorias de las excepciones propuestas contra el mandamiento ejecutivo, no constituyeran, “instancias del proceso de reclamación previa o vía gubernativa”; o que los funcionarios impositivos, válidos de semejante tesis, dispusieran de atribuciones para arrogarse la facultad de denegar, “el mecanismo exceptivo con el cual se truncó todo pleito con la administración y, por ende, se abortó la gestión ante la vía jurisdiccional, dado que no hubo vía gubernativa”; o que el proceso administrativo coactivo no fuera idóneo para discutir elementos del título ejecutivo.
Cuando los incisos 1º del artículo 829-1 del estatuto tributario y último del artículo 561 del Código de Procedimiento Civil, dicen que el proceso administrativo de cobro de deudas fiscales, no admite ningún debate sobre, “cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa”, o de “recursos por la vía gubernativa”, obviamente suponen la existencia y surtimiento de tales vías y recursos, o también su inexistencia, pero por causa exclusivamente atribuible al contribuyente, y no a los funcionarios.
Esto significa, que si no hubo vía gubernativa ni, de suyo, recursos, o inversamente, porque el interesado no interpuso éstos, o no los presentó en forma, o renunció a ellos, o los desistió, necesariamente el correspondiente acto, conforme a las previsiones 2ª y 3ª del artículo 829 del estatuto tributario, adquiere ejecutoriedad y carácter de título ejecutivo y rechaza cualquier discusión referente al mismo, que debiera promoverse como recurso gubernativo.
Pero si no se dieron dicha vía y recursos, porque ciertas informalidades de la actuación impidieron que los mismos se surtieran, resulta claro que para el interesado son perfectamente viables la efectividad de su derecho de defensa y la vindicación del debido proceso, dentro del procedimiento que, como en el caso, se adelante para el cobro coactivo del crédito fiscal o, en general, en el curso de cualquier otro proceso en su contra y que se base en actos no producidos con arreglo a la ley.
Ahora bien, la Sala encuentra manifiesta la falta de notificación, tanto de la liquidación de revisión que sirvió de título ejecutivo, como del mandamiento de pago soportado en ésta, toda vez que los mismos figuran remitidos por correo a una dirección que había dejado de regir desde la presentación, el 24 de julio de 1992, de la declaración de renta por 1991, hasta el 20 de junio de 1995, cuando menos, fecha de presentación de la declaración de renta por 1994, no siendo exacto, de otro lado, que al accionante incumbiera la prueba de no haber recibido dichos actos, pues al mismo le bastaba acreditar que éstos se habían remitido a dirección distinta de la que, de conformidad con el artículo 563 del estatuto tributario, era su dirección hábil para efectos tributarios».