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Timestamp: 2018-02-22 17:52:52
Document Index: 300968370

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 96', 'artículo 92', 'artículo 86', 'artículo 94', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 86', 'artículo 104', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 26', 'Artículo 1', 'artículo 413', 'artículo 141', 'artículo 93', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 93', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 97', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 258', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 41', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 76', 'artículo 5', 'artículo 76', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 79', 'artículo 86', 'artículo 41', 'artículo 17', 'artículo 79', 'artículo 40', 'artículo 86', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 76', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 49', 'artículo 93', 'artículo 5', 'artículo 79', 'artículo 97', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 76', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 92', 'artículo 97', 'artículo 91', 'artículo 13', 'artículo 14']

SELECCIÓN DE DECISIONES DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS ADOPTADAS CON ARREGLO AL PROTOCOLO FACULTATIVO - PDF
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Elena Venegas Fernández
1 SELECCIÓN DE DECISIONES DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS ADOPTADAS CON ARREGLO AL PROTOCOLO FACULTATIVO Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Derechos Humanos Volumen 9
2 CCPR/C/OP/9 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS SELECCIÓN DE DECISIONES DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS adoptadas con arreglo al PROTOCOLO FACULTATIVO Volumen 9 Períodos de sesiones 85º a 91º (octubre de 2005 a octubre de 2007) NACIONES UNIDAS Nueva York y Ginebra, 2008
3 NOTA Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no entrañan, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. * * * Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La mención de una de tales signaturas significa que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas. CCPR/C/OP/9 PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Nº de venta S.08.XIV.9 ISBN ii
4 ÍNDICE Página Introducción... 1 DECISIONES FINALES A. Decisiones por las que se declara inadmisible una comunicación (Los períodos de sesiones del Comité se indican entre paréntesis) Nº 1078/2002 (85) Yurich c. Chile... 3 Nº 1102/2002 (86) Semey c. España... 7 Nº 1219/2003 (89) Raosavljevic c. Bosnia y Herzegovina... 9 Nº 1315/2004 (86) Singh c. el Canadá Nº 1341/2005 (89) Zundel c. el Canadá Nº 1355/2005 (89) X c. Serbia Nº 1424/2005 (88) Anton c. Argelia Nº 1434/2005 (86) Fillacier c. Francia Nº 1452/2006 (90) Chytil c. la República Checa B. Dictámenes del Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo Nº 812/1998 (86) Persaud c. Guyana Nº 915/2000 (86) Ruzmetov c. Uzbekistán Nº 992/2001 (86) Bousroual c. Argelia Nº 1016/2001 (86) Hinostroza Solís c. el Perú Nº 1036/2001 (85) Faure c. Australia Nº 1052/2002 (89) J. T. c. el Canadá Nº 1100/2002 (86) Bandajevsky c. Belarús Nos. 1108/2002 y 1121/2002 (89) Karimov y Nursatov c. Tayikistán Nº 1123/2002 (86) Correia de Matos c. Portugal Nº 1126/2002 (85) Carranza Alegre c. el Perú Nº 1153/2003 (85) K. N. L. H. c. el Perú Nº 1156/2003 (86) Pérez Escolar c. España Nº 1159/2003 (86) Sankara c. Burkina Faso Nº 1172/2003 (89) Madani c. Argelia Nº 1173/2003 (90) Benhadj c. Argelia Nº 1180/2003 (85) Bodroži c. Serbia y Montenegro Nº 1184/2003 (86) Brough c. Australia Nº 1223/2003 (91) Tsarjov c. Estonia Nº 1249/2004 (85) Joseph y otros c. Sri Lanka GE (S) iii
5 Nº 1296/2004 (90) Belyatsky y otros c. Belarús Nº 1297/2004 (87) Medjnoune c. Argelia Nº 1298/2004 (87) Becerra c. Colombia Nº 1306/2004 (91) Haraldsson y Sveinsson c. Islandia Nº 1314/2004 (87) O'Neill y Quinn c. Irlanda Nº 1320/2004 (89) Pimentel c. Filipinas Nos. 1321/2004 y 1322/2004 (88) Yoon y Choi c. la República de Corea Nº 1325/2004 (88) Conde Conde c. España Nº 1327/2004 (90) Grioua c. Argelia Nº 1361/2005 (89) X c. Colombia Nº 1416/2005 (88) Alzery c. Suecia Nº 1421/2005 (87) Larrañaga c. Filipinas Nº 1454/2006 (90) Lederbauer c. Austria ANEXO Resumen de las respuestas de los Estados partes a raíz de la aprobación de los dictámenes por el Comité de Derechos Humanos ÍNDICES Índice por artículo del Pacto Índice por artículos del Protocolo Facultativo Índice por temas Índice por autores y víctimas iv
6 INTRODUCCIÓN 1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966 y entraron en vigor el 23 de marzo de En cumplimiento del artículo 28 del Pacto, los Estados partes establecieron el Comité de Derechos Humanos el 20 de septiembre de De conformidad con el Protocolo Facultativo, todo individuo que alegue una violación de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya agotado todos los recursos internos disponibles en su país podrá presentar una comunicación por escrito al Comité de Derechos Humanos para que este la examine. El Comité no puede recibir ninguna comunicación que concierna a un Estado parte en el Pacto que no sea también parte en el Protocolo Facultativo. Hasta el 31 de diciembre de 2007, de los 156 Estados que se habían adherido al Pacto, o lo habían ratificado, 110 habían aceptado la competencia del Comité para recibir y examinar las denuncias presentadas por individuos al ratificar el Protocolo Facultativo o al adherirse a él. 4. De conformidad con el Protocolo Facultativo, el Comité solo puede examinar una comunicación si se cumplen determinadas condiciones de admisibilidad. Estas condiciones figuran en los artículos 1, 2, 3 y 5 del Protocolo Facultativo y se vuelven a enunciar en el artículo 96 del reglamento del Comité (CCPR/C/3/ Rev.9), en virtud del cual este comprobará: a) Que la comunicación no es anónima y que procede de un individuo o de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado parte en el Protocolo; b) Que el individuo alega, de modo suficientemente justificado, ser víctima de una violación por ese Estado parte de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. Normalmente, la comunicación deberá ser presentada por el propio individuo o por su representante, no obstante se podrá aceptar una comunicación presentada en nombre de una presunta víctima cuando sea evidente que esta no está en condiciones de presentar personalmente la comunicación; c) Que la comunicación no constituye un abuso del derecho a presentar una comunicación en virtud del Protocolo; d) Que la comunicación no es incompatible con las disposiciones del Pacto; e) Que el mismo asunto no esté siendo sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional; f) Que el individuo ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. 5. De conformidad con el artículo 92 (antiguo artículo 86) de su reglamento, el Comité podrá informar al Estado parte, antes de remitirle sus dictámenes definitivos sobre la comunicación, de si estima conveniente la adopción de "medidas provisionales" de protección para evitar un daño irreparable a la víctima de la violación alegada. Sin embargo, la petición de adopción de medidas provisionales no implica ningún juicio sobre el fondo de la comunicación. El Comité ha pedido la adopción de esas medidas provisionales en diversos casos, por ejemplo, cuando parecía inminente la ejecución de una sentencia de muerte o la expulsión o extradición de una persona. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 94, el Comité podrá decidir, cuando lo considere apropiado, el examen conjunto de dos o más comunicaciones. 6. Con respecto a la cuestión de la carga de la prueba, el Comité ha determinado que esa obligación no puede ser exclusiva del autor de una comunicación, sobre todo si se considera que el autor y el Estado parte no siempre tienen igual acceso a las pruebas y que, con frecuencia, solo el Estado parte está en posesión de la información pertinente. En el párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo está implícito que el Estado parte tiene el deber de investigar de buena fe todas las denuncias de violaciones del Pacto formuladas contra ese mismo Estado o sus autoridades. 7. El Comité inició sus trabajos en el marco del Protocolo Facultativo en su segundo período de sesiones de Desde entonces hasta el 91º período de sesiones, celebrado en octubre de 2007, se presentaron para examen del Comité 1745 comunicaciones en relación con violaciones presuntamente cometidas por 82 Estados partes. A fines de 2007, la situación de esas comunicaciones era la siguiente: a) Resueltas mediante la aprobación de un dictamen de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo: 605; b) Declaradas inadmisibles: 483; c) Suspendidas o retiradas: 242; d) Declaradas inadmisibles pero todavía no resueltas: 16; e) Pendientes en la etapa de la preadmisibilidad: Desde 1976, el Comité ha recibido muchas más de las 1745 comunicaciones registradas mencionadas en el párrafo anterior. La Secretaría recibe regularmente consultas de individuos que tienen intención de presentar una comunicación al Comité. Esas consultas no se registran inmediatamente como casos. En realidad, el número de autores que acaban presentando sus casos a la consideración del Comité con arreglo al 1
7 Protocolo Facultativo es relativamente reducido, debido en parte a que los autores se dan cuenta de que sus casos no se ajustan a ciertos criterios básicos de admisibilidad, como el de haber agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, y en parte a que se den cuenta de que una reserva o una declaración del Estado parte interesado puede tener el efecto de privar al Comité de competencia para considerar el caso. A pesar de esas observaciones, el número de comunicaciones que se presentan todos los años al Comité aumenta sin cesar, y la labor del Comité está siendo mejor conocida por los juristas, los investigadores y el público en general. El propósito de la serie de Selección de decisiones es contribuir a la difusión de su labor. 9. El primer paso hacia una más amplia difusión de la labor del Comité fue la decisión, adoptada durante el séptimo período de sesiones, de publicar sus dictámenes, dado que la publicación contribuía a una mayor efectividad del ejercicio de las funciones del Comité con arreglo al Protocolo, y de que la publicación íntegra era preferible a la publicación en forma de breves resúmenes. En los informes anuales del Comité de Derechos Humanos, a partir del informe de 1979 hasta el de 2007, que abarcan hasta el 90º período de sesiones celebrado en julio de 2007 inclusive, se han publicado íntegramente todos los dictámenes del Comité y todas las decisiones por las que declaren inadmisible una comunicación. 10. En su 15º período de sesiones, el Comité decidió iniciar otro proyecto, a saber, la publicación periódica de una selección de sus decisiones adoptadas en virtud del Protocolo Facultativo, con inclusión de algunas importantes decisiones que declaraban las comunicaciones admisibles y de otras decisiones de carácter interlocutorio. El volumen 1 de esa serie, que abarca las decisiones adoptadas en los períodos de sesiones 2º a 16º, ambos inclusive, fue publicado en inglés en El volumen 2 abarca las decisiones adoptadas en los períodos de sesiones 17º a 32º con arreglo al párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, e incluye todas las decisiones por las que se declaran admisibles las comunicaciones, dos decisiones provisionales por las que se pide información adicional al autor y al Estado 1 Comité de Derechos Humanos, Selección de decisiones adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo (2º a 16º períodos de sesiones, Nueva York, 1985, publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.84.XIV.2), publicación denominada en adelante Selección de decisiones, vol. 1. Las versiones en español y francés se publicaron en junio de 1988 (CCPR/C/OP/1). Véase una introducción de la jurisprudencia del Comité desde el 2º al 28º períodos de sesiones en A. de Zayas, J. Möller, T. Opsahl, "Application of the International Covenant on Civil and Political Rights under the Optional Protocol by de Human Rights Committee", en German Yearbook of International Law, vol. 28, 1985, págs. 9 a 64. Reproducido por el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como reimpresión Nº 1, Se encontrará un análisis más reciente en Manfred Novak, "ICCPR Commentary", segunda edición (Engel Verlag, 2005). parte y dos decisiones con arreglo al artículo 86 del reglamento del Comité por las que se piden medidas provisionales de protección 2. El volumen 3 contiene una selección de las decisiones adoptadas desde el 33º hasta el 39º período de sesiones, el volumen 4 una selección de las decisiones adoptadas desde el 40º hasta el 46º período de sesiones, el volumen 5 abarca los períodos de sesiones 47º a 55º, el volumen 6 comprende los períodos de sesiones 56º a 65º, el volumen 7 comprende los períodos de sesiones 66º a 74º y el volumen 8 los períodos de sesiones 75º a 84º. 11. Durante el período al que se refiere el presente volumen, volvió a aumentar el número de comunicaciones presentadas al Comité. El Relator Especial sobre nuevas comunicaciones, cuyo mandato fue modificado en 1991 para hacer frente al creciente volumen de trabajo, ha continuado estudiando y mejorando sus métodos de trabajo. En el período abarcado por este volumen, el Relator Especial solicitó la adopción de medidas de protección en algunos casos. 12. El Relator Especial para el seguimiento de los dictámenes también ha continuado estudiando sus métodos de trabajo durante el período al que se refiere el presente volumen. En 1997 se examinó formalmente su mandato, y los cambios que se introdujeron en él fueron incorporados en el reglamento del Comité. Con arreglo al procedimiento de seguimiento revisado, en principio el Comité ya no estudia confidencialmente, sino en sesión pública, la información sobre el seguimiento. 13. En el período abarcado por este volumen se siguió utilizando el nuevo formato para las decisiones sobre la admisibilidad y los dictámenes, adoptado por el Comité en su 37º período de sesiones en 1989 para lograr una mayor precisión y brevedad. 14. Una novedad importante en materia de jurisprudencia fue el constante aumento del número de opiniones individuales de los miembros del Comité agregadas en forma de apéndices a las decisiones sobre la admisibilidad o los dictámenes finales (artículo 104 del reglamento). Cabe destacar en particular que muchos miembros emiten opiniones conjuntas, bien coincidentes, bien discrepantes. El lector encontrará numerosos ejemplos de esta práctica en este volumen. 2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Selección de decisiones adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo (17º a 32º períodos de sesiones), Nueva York, Las versiones en español y francés se publicaron en
8 DECISIONES FINALES A. Decisiones por las que se declara inadmisible una comunicación Comunicación Nº 1078/2002 Presentada por: Norma Yurich (no representada por abogado) Presunta víctima: La autora y su hija, Jacqueline Drouilly Yurich Estado parte: Chile Declarada inadmisible: 2 de noviembre de 2005 Asunto: Desaparición forzada de la hija de la autora Cuestiones de procedimiento: Inadmisibilidad ratione temporis Falta de agotamiento de recursos internos Cuestiones de fondo: En relación con la autora, violación del derecho a la integridad física y a la vida familiar En relación con su hija, violación entre otros del derecho a la vida y denegación de justicia Artículos del Pacto: Artículo 5; párrafos 1 y 3 del artículo 6; 7; párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 9; párrafos 1 y 2 del artículo 10; párrafo 4 del artículo 12; 13; párrafos 1, 2, 3 y 5 del artículo 14; 16; párrafos 1 y 2 del artículo 17; párrafo 1 del artículo 18 y artículo 26 del Pacto Artículos del Protocolo Facultativo: Artículo 1; apartado b) del párrafo 2 del artículo La autora de la comunicación es la Sra. Norma Yurich, de nacionalidad chilena, quien presenta la misma en nombre propio y en el de su hija desaparecida, Jacqueline Drouilly Yurich, estudiante, nacida en Alega que han sido víctimas de violaciones por Chile de los artículos 5; 6, párrafos 1 y 3; 7; 9, párrafos 1, 2, 3 y 4; 10, párrafos 1 y 2; 12, párrafo 4; 13; 14, párrafos 1, 2, 3 y 5; 16; 17, párrafos 1 y 2; 18, párrafo 1 y 26 del Pacto. La autora no está representada por abogado. 1.2 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entró en vigor para el Estado parte el 23 de marzo de 1976, y el Protocolo Facultativo el 28 de agosto de Antecedentes de hecho 2.1 Según la autora, el 30 de octubre de 1974 ocho individuos vestidos de civil y armados, quienes se identificaron verbalmente como agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), llegaron a casa de la hermana de Marcelo Salinas, marido de Jacqueline Drouilly en Santiago, y la interrogaron acerca del domicilio de aquél. Los agentes se desplazaron a continuación al mencionado domicilio y, al descubrir que Marcelo Salinas no estaba, detuvieron a Jacqueline Drouilly, quien en aquel entonces estaba embarazada. Desde entonces se encuentra desaparecida. Jacqueline Drouilly y su esposo, quien también fue detenido al día siguiente, eran miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). 2.2 Dos días después, los mismos individuos volvieron al domicilio junto con Marcelo Salinas, quien estaba esposado, y se llevaron varias pertenencias del matrimonio. Algunos días más tarde, dos hombres vestidos de civil que se identificaron como funcionarios de Inteligencia Militar, se personaron en el domicilio y se llevaron ropa, supuestamente para entregarla a la pareja. 2.3 La autora adjunta copia de los testimonios de dos personas que afirman haber estado detenidas a finales de octubre y principios de noviembre de 1974 en un centro de detención de la DINA situado en la calle José Domingo Cañas, comuna de Ñuñoa, Santiago. Afirman también que en dicho lugar se encontraban detenidos Jacqueline Drouilly y su esposo, los cuales fueron torturados, y que todos ellos fueron trasladados alrededor del 10 de noviembre de 1974 al centro de detención de Cuatro Alamos. 2.4 La autora adjunta también el testimonio, fechado el 16 de agosto de 1999, de una persona que fue detenida en noviembre de 1974 por personal de la DINA y que afirma haber pasado parte de su detención en el centro de detención de Cuatro Alamos (sector Vicuña Mackenna y Departamental) de Santiago. Durante su estancia allí compartió celda entre noviembre y diciembre de 1974, con Jacqueline Drouilly. Esta persona afirma igualmente haber sido testigo de que la autora y su esposo fueron sacados de sus respectivas celdas por personal de la DINA una noche a fines de diciembre de No volvió a verlos desde entonces. Otros testigos afirmaron haber visto a Jacqueline Drouilly, con posterioridad al 20 de noviembre de 1974, en el centro de detención conocido como Villa Grimaldi. Posteriormente habría regresado a Cuatro Alamos. 3
9 2.5 El 11 de noviembre de 1974 la autora interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol Nº 1390). Con fecha 29 de noviembre de 1974 la Corte lo declaró sin lugar y ordenó remitir los antecedentes al 11º Juzgado del Crimen a fin de instruir sumario. 2.6 El 9 de diciembre de 1974 se inició un proceso por presunta desgracia ante el 11º Juzgado del Crimen de Santiago (Rol Nº 796-2), pero las investigaciones efectuadas no permitieron establecer el paradero de Jacqueline Drouilly. Con fecha 31 de enero de 1975 la causa fue sobreseída. Apelada esta resolución, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. 2.7 El 26 de febrero de 1975 la autora interpuso un nuevo recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol Nº 294). Mediante oficio de 17 de marzo de 1975 el Ministerio del Interior informó a la Corte que la afectada no se encontraba detenida por orden de aquél. Esta información fue reiterada en junio de El 13 de junio de 1975, la Corte rechazó el recurso y ordenó remitir los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente a fin de que instruyera sumario. El 19 de ese mes se inició causa por presunta desgracia ante el 11º Juzgado del Crimen de Santiago (Rol Nº 2681). Varios meses más tarde la causa fue sobreseída. Paralelamente a la tramitación de este proceso la autora presentó ante el mismo Juzgado, con fecha 16 de julio de 1975, una denuncia por el delito de secuestro de Jacqueline Drouilly y Marcelo Salinas. Inicialmente esta denuncia fue registrada con el Rol Nº 2994, pero posteriormente se acumuló a la causa por presunta desgracia, conservando el Rol Nº La causa fue sobreseída el 31 de marzo de 1976, al no encontrarse acreditada la existencia de un delito. Apelada esta resolución, la Corte de Apelaciones aprobó el sobreseimiento el 18 de junio de El 3 de octubre de 1975 la autora interpuso un nuevo recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones (Rol Nº 1263), en el que planteó la condición de embarazada de Jacqueline Drouilly en el momento de la detención. El recurso fue declarado sin lugar el 20 de octubre de Apelada esta resolución, fue confirmada por la Corte Suprema el 27 de octubre del mismo año. 2.8 El nombre de Jacqueline Drouilly fue incluido, el 28 de mayo de 1975, en una denuncia por secuestro masivo presentada ante la Corte de Apelaciones de Santiago por un total de 163 personas desaparecidas, solicitándose la designación de un Ministro en Visita que dirigiera las investigaciones. La solicitud fue rechazada. En julio y agosto de 1975 se interpuso de nuevo, esta vez ante la Corte Suprema, pero también fue rechazada. 2.9 La autora menciona igualmente la interposición de una querella criminal ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 29 de marzo de 2001, por la desaparición de más de 500 miembros del MIR, entre los que se encontraba Jacqueline Drouilly. La autora alega la excesiva duración de los procesos. La denuncia 3.1 La autora alega que su hija fue víctima de violaciones de los artículos 5; 6, párrafos 1 y 3; 7; 9, párrafos 1, 2, 3 y 4; 10, párrafos 1 y 2; 12, párrafo 4; 13; 14, párrafos 1, 2, 3 y 5; 16; 17, párrafos 1 y 2; 18, párrafo 1 y 26 del Pacto. 3.2 En relación con ella misma señala que la búsqueda de su hija desaparecida durante tantos años afectó su salud física y psicológica, por lo que padece, entre otros, estados depresivos y problemas cardiacos que requirieron la instalación de un marcapasos. Además, su núcleo familiar resultó afectado, ya que su esposo y sus otros dos hijos debieron salir del país por temor. La autora señala que ello constituye una tortura permanente (art. 7). 3.3 En relación con la investigación por la desaparición de su hija, la autora señala que ha habido denegación de justicia. Además, la vigencia del Decreto-ley de amnistía Nº 2191 de 1978 ha impedido el procesamiento de los responsables. Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo y comentarios de la autora 4.1 En sus observaciones de 25 de mayo de 2004 el Estado parte sostiene que, si bien la autora presenta la comunicación en su propio nombre y en el de su hija, los hechos alegados que le sirven de fundamento dan cuenta de la vulneración de los derechos consagrados en el Pacto solo respecto de esta última. En consecuencia, para el Estado parte la comunicación se presenta, en definitiva, en nombre de Jacqueline Drouilly. Los antecedentes reunidos durante años por organismos estatales, de derechos humanos y por los tribunales de justicia, han establecido que la última vez que fue vista con vida data aproximadamente de los meses de enero o marzo de 1975, en el recinto de incomunicados "Cuatro Alamos", a cargo de la extinta DINA. En consecuencia, la comunicación presentada por la autora debe ser declarada inadmisible "ratione temporis", ya que los hechos que le sirven de fundamento ocurrieron o iniciaron su ejecución con anterioridad a la entrada en vigor para Chile del Protocolo Facultativo. 4.2 La ratificación del Protocolo fue acompañada de una declaración en los siguientes términos: "al reconocer la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y examinar comunicaciones de individuos, el Gobierno de Chile entiende que esta competencia es aplicable respecto a los actos realizados después de la entrada en vigor para ese Estado del Protocolo Facultativo o, en todo caso, a actos iniciados después del 11 de marzo de 1990". Ello es aplicable aun cuando se argumentara que la denegación de justicia ha continuado perpetrándose con motivo de resoluciones judiciales dictadas con posterioridad al 11 de marzo de 1990, pues los hechos que dieron origen a la presente comunicación, acaecidos a partir del 30 de octubre de 1974, ocurrieron antes del 23 de marzo de 1976, fecha de la entrada en vigor con carácter internacional del Pacto. 4
10 4.3 En lo que respecta a la denuncia formulada por la autora a nombre propio, tiene un carácter general. La autora no ha acreditado la forma en que los derechos consagrados en el Pacto han sido vulnerados por el Estado, ni el agotamiento de los recursos internos disponibles. 4.4 El Estado parte recuerda las decisiones del Comité en las que declara inadmisibles, por los motivos expuestos, las comunicaciones contra Chile Nos. 717/1996 (Acuña Hinostroza), 718/1996 (Vargas), 740/1997 (Barzana Yutronic) y 746/1997 (Menanteau y Vásquez). 4.5 En relación con el fondo el Estado parte sostiene que no hay violación del Pacto. Con fecha 17 de julio de 1996, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación solicitó la reapertura del sumario. La investigación fue también sobreseída en diciembre de En la fecha en que el Estado parte envió sus observaciones se encontraba abierto en la Corte de Apelaciones de Santiago un proceso iniciado a raíz de la querella interpuesta por el padre de Jacqueline Drouilly por el delito de secuestro agravado. Tres exagentes de la DINA se encontraban procesados. También se encontraba abierto en la Corte un proceso como resultado de la querella criminal interpuesta por el Colegio de Asistentes Sociales por el secuestro de varios de sus miembros, entre los que figura Jacqueline Drouilly. 4.6 La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación consideró que Jacqueline Drouilly y su cónyuge Marcelo Salinas fueron víctimas de violación grave de los derechos humanos cometida por agentes del Estado. El Estado parte explica las políticas de los gobiernos democráticos de Chile en materia de violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, cometidas bajo el anterior régimen. Señala, entre otros, que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior está cooperando en las investigaciones de alrededor de 300 causas por violaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra la desaparición de Jacqueline Drouilly. 4.7 El Decreto-ley sobre amnistía de 1978 extingue la responsabilidad penal de los autores, cómplices o encubridores de delitos ocurridos durante la vigencia en Chile del estado de sitio, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de Durante muchos años la Corte Suprema confirmó los sobreseimientos definitivos dictados por los tribunales de primera instancia en virtud de este decreto-ley, aplicando la doctrina que sostenía que el juez estaba impedido de investigar los hechos e individualizar a los responsables del delito. Esta jurisprudencia comenzó a experimentar un cambio substancial a partir de La Corte Suprema, en virtud de lo establecido en el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, ha resuelto reiteradamente que el sobreseimiento definitivo solo puede decretarse cuando esté agotada la investigación para comprobar el cuerpo del delito y determinar la persona del delincuente. 4.8 En el caso de las personas detenidas desaparecidas o ejecutadas cuyos restos no fueron entregados, la Corte Suprema ha acogido la tesis según la cual esas personas se estiman secuestradas con arreglo al artículo 141 del Código Penal. Siendo el secuestro, según la doctrina, un delito permanente o de efecto continuo, es decir, que mantiene su acción y vigencia en el tiempo hasta que la víctima aparezca, viva o muerta, toda petición o resolución sobre amnistía es considerada extemporánea mientras alguna de las condiciones anteriores no se acredite. Mientras no se establezca la fecha en que la persona recuperó su libertad o falleció no es posible establecer judicialmente la fecha concreta hasta la cual se mantuvo a la víctima privada de libertad. Si dicha privación de libertad excede el período al que se refiere el decreto-ley, es decir del 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978, no es posible aplicar la amnistía al caso concreto. 4.9 En estos fundamentos se ha basado la Corte Suprema para revocar los sobreseimientos decretados por aplicación del Decreto-ley sobre amnistía, continuar la investigación de los hechos constitutivos de violación de derechos humanos y someter a proceso a quienes tuvieron participación en los mismos. Además, la Corte Suprema ha resuelto que una sentencia definitiva que ha sobreseído definitivamente una causa por detención irregular no produce excepción de cosa juzgada Paralelamente, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ha planteado la necesidad de interpretar la aplicación del decreto-ley de manera tal que no se perpetúe como un obstáculo insalvable para el establecimiento de la verdad y la determinación de las responsabilidades penales por los delitos que se investigan. Tal planteamiento se ha orientado a especificar que la amnistía es inaplicable a los delitos que según el Derecho Internacional Humanitario no se pueden amnistiar, como los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de desaparición forzada. 5. En sus comentarios de fecha 22 de septiembre de 2004, la autora señala que, en sus declaraciones ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, dio el nombre del responsable del secuestro de su hija, pese a lo cual no se inició ningún proceso durante el Gobierno del Presidente Aylwin. Solo durante el gobierno del Presidente Lagos se han reactivado las causas por violaciones de derechos humanos. El delito del que su hija fue objeto es un delito permanente, inamnistiable e imprescriptible. Con arreglo a los criterios utilizados actualmente, el juez que persigue la causa necesita que los propios responsables declaren la fecha exacta y presuntiva de la muerte de la víctima. Con ello el secuestro se transforma en homicidio, delito que prescribe a los 15 años. Ello equivale a dar atribuciones al juez para que él fije la fecha presuntiva de la muerte de la víctima, aunque no haya cuerpo. La autora critica esta situación por considerar que favorece a los responsables de los delitos y no aporta justicia a las víctimas. Deliberaciones del Comité 6.1 De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar la reclamación que figura en 5
11 una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si dicha reclamación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto. 6.2 La autora afirma que la detención de su hija en octubre de 1974 y su posterior desaparición constituyen una violación de varias disposiciones del Pacto. El Estado parte considera que la comunicación debe ser declarada inadmisible "ratione temporis", ya que los hechos que le sirven de fundamento ocurrieron o iniciaron su ejecución con anterioridad a la entrada en vigor para Chile del Protocolo Facultativo. El Estado parte recuerda además que la ratificación de dicho instrumento fue acompañada de una declaración con arreglo a la cual el Comité sería competente solo respecto a los actos realizados después de la entrada en vigor del mismo para Chile o, en todo caso, los actos iniciados después del 11 de marzo de El Comité toma nota de que los hechos alegados por la autora en relación a la desaparición de su hija ocurrieron antes de la entrada en vigor no solo del Protocolo Facultativo sino también del Pacto. El Comité recuerda la definición de desaparición forzada que figura en el artículo 7, párrafo 2 i) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. En el presente caso, los actos originales de aprehensión, detención o secuestro, así como la negativa a informar sobre la privación de libertad ambos elementos cruciales del delito o violación sucedieron antes de la entrada en vigor del Pacto para el Estado parte. 6.4 Además, en el momento de presentarse la comunicación, el Estado parte, lejos de negarse a reconocer la detención, la admitió y asumió responsabilidad por la misma. Asimismo, la autora no menciona ninguna acción del Estado parte posterior al 28 de agosto de 1992 (fecha en que el Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte) que constituya una confirmación de la desaparición forzada. En esta situación, el Comité considera que, aunque los tribunales chilenos, del mismo modo que el Comité, entienden la desaparición forzada como un delito continuado, la declaración del Estado parte ratione temporis también es relevante en el presente caso. A la luz de lo que precede, el Comité considera que la comunicación es inadmisible ratione temporis de conformidad con el artículo 1 del Protocolo Facultativo. En consecuencia, el Comité no considera necesario pronunciarse sobre la cuestión de los recursos internos. 6.5 La autora considera que la búsqueda de su hija desaparecida afectó negativamente su salud física y psicológica y su vida familiar, lo que equivale a una violación de sus derechos conforme al Pacto, en particular el artículo 7. El Estado parte considera que estas alegaciones tienen un carácter general y que los recursos internos no han sido agotados al respecto. El Comité constata que la autora no ha demostrado que dichos recursos hayan sido utilizados. Por consiguiente, el Comité considera esta parte de la comunicación inadmisible de conformidad con el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo. 7. En consecuencia, el Comité de Derechos Humanos decide: a) Que la comunicación es inadmisible con arreglo a los artículos 1 y 5, párrafo 2, apartado b) del Protocolo Facultativo; b) Que se comunique la presente decisión al Estado parte y a la autora de la comunicación. APÉNDICE Voto particular disconforme de los miembros del Comité Sra. Christine Chanet, Sr. Rajsoomer Lallah, Sr. Michael O'Flaherty, Sra. Elizabeth Palm y Sr. Hipólito Solari-Yrigoyen Para proponer una nueva visión del tema de la desaparición forzada el Comité de Derechos Humanos (párr. 6.3) se basa en la definición de aquélla contenida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, definición diferente de la recogida en el proyecto de Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Según el Comité, esa definición contiene dos elementos fundamentales en la violación: el acto inicial de la detención, la aprehensión o el secuestro, y la negativa a admitir la privación de libertad. Al hacer suyos esos criterios, que pertenecen a otro tratado internacional, el Comité pierde de vista que debe aplicar el Pacto, todo el Pacto y solo el Pacto. El artículo 9, párrafo 1 del Pacto dispone que "todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta". Por otra parte, el artículo 16 del Pacto estipula que "Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica". En el presente caso, los actos de detención, aprehensión o secuestro fueron cometidos sin que el Estado, que no los contesta, esté en condiciones, conforme al artículo 16, de determinar la situación actual de la persona desaparecida. La desaparición constituye, como el Comité mismo señala en el párrafo 6.4 de su decisión, una violación continua. El carácter continuo de esta violación excluye la aplicación de la excepción ratione temporis y de la reserva de Chile, en la medida en que esta última no puede excluir la competencia del Comité en relación con las violaciones que siguen en curso. 6
12 La solución adoptada por el Comité lleva a exonerar al Estado de su responsabilidad por la única razón de que este no niega los hechos penales, como demuestra el hecho de que no ha realizado ninguna acción consistente en "confirmar" la desaparición forzada. Este análisis podría aplicarse a los actos que entren dentro del campo de aplicación del Estatuto de Roma, pero no puede prevalecer en el marco de los artículos 9 y 16 del Pacto, tratándose de violaciones continuas de estas dos disposiciones. En efecto, para evadir su responsabilidad el Estado no puede limitarse a adoptar una actitud de asentimiento pasivo: debe presentar la prueba de que utilizó todos los medios de que dispone para determinar el paradero de la persona desaparecida. Esto no se produjo en el presente caso, y los abajo firmantes no pueden aceptar que no se haya producido ninguna violación del Pacto. Comunicación Nº 1102/2002 Presentada por: Semey Joe Johnson (no representado por abogado) Presunta víctima: El autor Estado parte: España Declarada inadmisible: 27 de marzo de 2006 Asunto: Determinación de culpabilidad en juicio por homicidio imprudente, derecho a la doble instancia judicial Cuestiones de procedimiento: Falta de sustanciación de las alegaciones Cuestiones de fondo: Derecho a un proceso con las garantías debidas Derecho a la doble instancia judicial Igualdad ante la ley Artículos del Pacto: Artículos 14 y 26 Artículos del Protocolo Facultativo: Artículo El autor de la comunicación, de fecha 15 de agosto de 2001, es Semey Joe Johnson 1, ciudadano canadiense y camerunés nacido en 1969, actualmente detenido en el Centro Penitenciario Torrendondo de Madrid. Afirma ser víctima de una violación por España de los párrafos 1, 2, 3 e) y 5 del artículo 14, y del artículo 26, del Pacto. No está representado por abogado. 1.2 El Protocolo Facultativo entró en vigor para España el 25 de abril de Antecedentes de hecho 2.1 El autor fue juzgado como presunto causante de un accidente de tráfico ocurrido el 21 de febrero de 1998, en el que resultó un muerto. El conductor del vehículo causante del accidente llevaba una matrícula falsa y un permiso de conducir falso con los datos del autor. Dicho permiso fue retenido por la policía, permitiéndose al conductor retirar su vehículo. Durante 1 También conocido con el nombre de "Joseph Semey", nombre con el que se identifica en la comunicación Nº 986/2001, anteriormente presentada por el autor ante este Comité en relación con su condena por otro delito. el juicio, el autor negó en todo momento toda vinculación con los hechos descritos, alegando que su permiso de conducir se había extraviado y que alguien había usado sus datos para falsificar el permiso en poder judicial. 2.2 El 19 de junio de 2000, el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid condenó al autor, por un delito de homicidio imprudente, a tres años y medio de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del permiso de conducir durante cuatro años, y por dos delitos de falsedad, a dos años de prisión por cada uno, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y doce meses de multa con cuota diaria de 200 pesetas (1,20 euros), con un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. 2.3 El autor interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, alegando una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, error en la apreciación de las pruebas supuestamente contradictorias respecto al informe derivado de la rueda de reconocimiento y falta de motivación de la sentencia condenatoria. Mediante sentencia de 5 de octubre de 2000, la Audiencia Provincial desestimó el recurso y confirmó la sentencia del Juzgado de lo Penal, considerando que tanto la prueba testifical como la pericial caligráfica practicadas en primera instancia, fueron válidas y suficientes para demostrar la culpabilidad del autor como autor del delito que se le imputó. 2.4 El autor interpuso recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo, aduciendo la existencia de una nueva prueba de descargo a su favor, que había obtenido con posterioridad a las sentencias de primera y segunda instancia, a través de un servicio de investigación privada por él contratado. Dicha prueba consistía en un testigo que supuestamente podía declarar 7
13 que, aproximadamente en el momento del accidente, estaba previsto que el autor participara en un programa de radio. El 17 de mayo de 2001, el Tribunal Supremo dictó sentencia desestimando el recurso de revisión, por considerar que la prueba propuesta no señalaba nuevos hechos o elementos que evidenciaran la inocencia del autor y que, además, se refería a elementos probatorios de los que pudo disponer con anterioridad a la celebración del juicio y sentencia recurrida. 2.5 El autor recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando una violación del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. El 4 de junio de 2001, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso, tras considerar que las sentencias impugnadas contenían razonamientos suficientes sobre la inadmisibilidad de las quejas del autor y sobre la existencia de una prueba de cargo suficiente para fundamentar la condena. La denuncia 3.1 El autor alega una violación del párrafo 1 del artículo 14, ya que la sentencia condenatoria fue arbitraria por basarse meramente en el reconocimiento practicado durante el juicio oral, que incurrió en contradicciones respecto al informe derivado de la rueda de reconocimiento. 3.2 El autor sostiene que la sentencia condenatoria se basó en meros indicios, sin que existiera una prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, con lo que se habría violado el derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el párrafo 2 del artículo Alega, asimismo, que el Tribunal Supremo no permitió la comparecencia del testigo propuesto por el autor en el recurso de revisión, lo cual violó el párrafo 3 e) del artículo El autor añade que se habría violado el párrafo 5 del artículo 14, ya que la Audiencia Provincial no volvió a evaluar los indicios por los que se le condenó en primera instancia. 3.5 Por último, el autor considera violado el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 26, ya que no se le ofreció un juicio con todas las garantías y que la práctica de las pruebas durante el juicio oral no respetó los principios de audiencia y contradicción. Observaciones del Estado parte y comentarios del autor 4.1 En observaciones de 10 de septiembre de 2002, el Estado parte contesta la admisibilidad y los méritos de la comunicación, observando que, tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Constitucional, examinaron las alegaciones del autor y las desestimaron de forma razonada y motivada. El Estado parte añade que el autor no puede pretender sustituir la valoración efectuada lógica y razonadamente por los órganos judiciales por su propia valoración de la prueba. 4.2 Asimismo, el Estado parte hace notar que el Tribunal Supremo razonó claramente la desestimación del recurso extraordinario de revisión, observando que el recurrente no señalaba nuevos hechos o elementos de prueba que evidenciaran su inocencia, elementos que, por otro lado, pudo haber obtenido con anterioridad a la celebración del juicio. 5. Con fecha 25 de marzo de 2003, el autor contesta los argumentos del Estado parte, reiterando sus alegaciones iniciales. El autor hace notar, asimismo, que los antecedentes penales no son motivo suficiente para justificar la inadmisibilidad de su comunicación ni demuestran su autoría respecto a los hechos imputados en el caso enjuiciado. Deliberaciones del Comité 6.1 De conformidad con el artículo 93 de su Reglamento, antes de examinar la reclamación que figura en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si dicha reclamación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto. 6.2 Conforme al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5, el Comité ha comprobado que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional. 6.3 El Comité ha comprobado asimismo que el autor ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, a los efectos del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo. 6.4 Respecto a la presunta violación de los párrafos 1 y 2 del artículo 14, el Comité recuerda su reiterada jurisprudencia en el sentido de que, en principio, corresponde a los tribunales de los Estados partes evaluar los hechos y las pruebas, a menos que la evaluación de los hechos y las pruebas fuera manifiestamente arbitraria o constituyera denegación de justicia 2. El Comité considera que el autor no ha logrado demostrar, a los efectos de la admisibilidad, que la conducta de los tribunales del Estado parte fuera arbitraria o constituyera una denegación de justicia, y por consiguiente declara inadmisibles ambas quejas de conformidad con el artículo 2 del Protocolo Facultativo. 6.5 Con respecto a la alegación del autor sobre una presunta violación del apartado e) del párrafo 3 del artículo 14, por la denegación de la prueba pericial presentada en revisión, el Comité recuerda que el derecho contenido en la provisión invocada no es absoluto, en el sentido de permitir la presentación de pruebas en cualquier momento y modo, sino que pretende garantizar la igualdad de armas entre las partes durante el proceso. El Comité toma nota del razonamiento del Tribunal 2 Véanse, entre otras, las comunicaciones Nos. 811/1998, Mula c. la República de Guyana; 867/1999, Smartt c. la República de Guyana; 917/2000, Arutyunyan c. Uzbekistán; 927/2000 Svetik c. Bielorrusia; 1006/2001, Martínez Muñoz c. España; 1084/2002, Bochaton c. Francia; 1138/2002, Arenz c. Alemania; 1167/2003, Ramil Rayos c. Filipinas; y 1399/2005, Cuartero Casado c. España. 8
14 Supremo en el sentido que el autor no hizo uso de su derecho a presentar la prueba en cuestión en primera ni segunda instancia, si bien dicha prueba hubiera podido obtenerse con anterioridad a la celebración del juicio ante el Juzgado de lo Penal. En consecuencia, el Comité entiende que esta parte de la comunicación no se ha fundamentado suficientemente, a los efectos de la admisibilidad, y concluye que es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo. 6.6 En relación a la presunta violación del párrafo 5 del artículo 14, el Comité considera que del fallo de la Audiencia Provincial de Madrid se desprende que este órgano examinó con detenimiento la valoración de las pruebas hecha por el Juzgado de lo Penal. A este respecto, la Audiencia Provincial consideró que los elementos de prueba presentados contra el autor eran suficientes para contrarrestar la presunción de inocencia de aquél. En consecuencia, esta parte de la comunicación no se ha fundamentado suficientemente, a los efectos de la admisibilidad, y el Comité concluye que es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo En relación con las alegaciones del autor relativas a una supuesta violación del artículo 26, en el sentido que no disfrutó de un trato igualitario ante la ley, el Comité considera que el autor no ha indicado el tipo de trato supuestamente discriminatorio recibido por los tribunales internos, a la luz del artículo citado. En consecuencia, el Comité considera que dichas alegaciones no han sido suficientemente fundamentadas, a los efectos de la admisibilidad, por lo que considera dicha parte de la comunicación inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo. 7. En consecuencia, el Comité decide: a) Que la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo; b) Que se comunique la presente decisión al autor de la comunicación y al Estado parte. 3 En el mismo sentido, véanse las comunicaciones Nos. 1399/2005, Cuartero Casado c. España, párr. 4.4, y 1059/2002, Carvallo Villar c. España, párr Comunicación Nº 1219/2003 Presentada por: Sr. Vladimir Raosavljevic (no está representado) Presunta víctima: El autor Estado parte: Bosnia y Herzegovina Declarada inadmisible: 28 de marzo de 2007 Asunto: No renovación del nombramiento como magistrado del Tribunal Supremo por participación en sentencias polémicas Supuesta falta de un recurso efectivo para impugnar la decisión del Alto Consejo Judicial y Fiscal (HJPC) Cuestiones de fondo: Derecho de igualdad de acceso a cargos públicos Derecho a un recurso efectivo Cuestiones de procedimiento: Admisibilidad ratione materiae Grado de fundamentación de la reclamación Agotamiento de los recursos internos Artículos del Pacto: Párrafos 1 y 3 del artículo 2, artículo 17 y apartado c) del artículo 25 Artículos del ProtocoloFacultativo: Artículos 2, 3 y apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 5 1. El autor de la comunicación es Vladimir Raosavljevic, nacional de Bosnia y Herzegovina, nacido el 28 de julio de Afirma ser víctima de violaciones por parte de Bosnia y Herzegovina 1 del artículo 25, por sí solo y leído junto con los párrafos 1 y 3 del artículo 2, e indirectamente el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el Pacto). No está representado por ningún abogado. 1.2 El 19 de enero de 2004 el Estado parte pidió al Comité que examinara la admisibilidad de la comunicación en forma separada del fondo de la cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 97 del reglamento del Comité. El 11 de febrero de 2004 el Comité, por conducto de su Relator Especial sobre nuevas comunicaciones, decidió examinar la admisibilidad de la comunicación junto con el fondo de la cuestión. Antecedentes de hecho 2.1 De 1965 a 2003, el autor ejerció como magistrado en el Tribunal Municipal de Prnjavor (5 años), en el Tribunal de Distrito (23 años) y, de El Pacto y el Protocolo Facultativo entraron en vigor para el Estado parte el 6 de marzo de 1992 y el 1º de junio de 1995, respectivamente. 9
15 a 2003, en el Tribunal Supremo de la República Srpska, donde presidió la sala de lo penal. 2.2 En 2002, el Alto Representante de Bosnia y Herzegovina estableció el Alto Consejo Judicial y Fiscal a nivel estatal y en ambas Entidades de Bosnia. Todos los puestos judiciales existentes en el Estado parte se declararon vacantes y los titulares tuvieron que volver a solicitar su nombramiento. El Alto Consejo Judicial y Fiscal de la República Srpska (HJPC) se ocupó del proceso de selección y nombramiento en la República Srpska (RS), de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 41 2 de la Ley sobre el Alto Consejo Judicial y Fiscal de la República Srpska (Ley de la RS sobre el HJPC). 2.3 El 4 de noviembre de 2002, en un procedimiento de revisión extraordinario, una sala del Tribunal Supremo de la RS presidida por el autor anuló una sentencia definitiva de los tribunales básico y de distrito de Bijeljina en que se declaraba culpables a varios acusados de secuestro y aborto forzado y se les condenaba a penas de prisión de entre cuatro años y seis meses y seis años y seis meses. El Tribunal Supremo remitió nuevamente la cuestión al tribunal de primera instancia. En otro caso, una sala también presidida por el autor, actuando como tribunal de segunda instancia, confirmó una condena por asesinato, a pesar de que al parecer las pruebas eran insuficientes y de que no se había revisado debidamente la sentencia. En ambos casos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bosnia y Herzegovina y el padre del condenado por asesinato presentaron respectivamente quejas contra el autor. 2 El artículo 41 ("Criterios para el nombramiento") de la Ley de la RS sobre el HJPC (23 de mayo de 2002) dispone lo siguiente: "El Consejo evaluará si el solicitante está en condiciones de desempeñar funciones judiciales o fiscales, teniendo en cuenta los criterios siguientes: 1) Capacidad y conocimientos profesionales; 2) Capacidad demostrada mediante publicaciones académicas y actividades en asociaciones profesionales; 3) Capacidad profesional demostrada sobre la base de la experiencia profesional, en particular la participación en programas de formación continua; 4) Capacidad de trabajo y capacidad para analizar problemas jurídicos; 5) Capacidad para desempeñar las funciones del cargo para el cual postula, de manera imparcial, concienzuda, diligente, decisiva y responsable; 6) Aptitudes de comunicación; 7) Relación con los colegas, conducta fuera del ejercicio de sus funciones, integridad y reputación; y 8) Experiencia y calificaciones en gestión (para los cargos de presidente de tribunal y fiscal). El Consejo aplicará las disposiciones constitucionales pertinentes relativas a la igualdad de derechos y la representación de los pueblos constituyentes y otros. Los nombramientos en todos los niveles de la judicatura también tendrán, como objetivo, velar por la igualdad entre hombres y mujeres." 2.4 Según el autor, a principios de 2003, la oficina del HJPC en Banja Luka evaluó su solicitud para la renovación de su nombramiento en el Tribunal Supremo de la RS. El investigador, basándose en la investigación de las dos quejas, determinó que las sentencias mencionadas eran ilegales y ponían en tela de juicio la capacidad profesional del autor. El 12 de marzo de 2003, el HJPC decidió no volver a nombrar al autor como magistrado del Tribunal Supremo. El hecho de que no hubiera sido seleccionado no impedía un nombramiento futuro al cargo de juez o fiscal. La decisión se basó en un complejo sistema de evaluación (véase también el párrafo 5.2 infra). 2.5 En carta de fecha 17 de marzo de 2003, el autor y otro magistrado del Tribunal Supremo a quien se denegó la renovación de nombramiento debido a su participación en las sentencias mencionadas impugnaron la decisión del HJPC aduciendo que en el juicio por secuestro y aborto forzado, los tribunales de primera instancia debían haber ordenado un examen pericial para evaluar la capacidad mental del principal acusado en el momento de cometer el delito; su evaluación de la prueba médica había sido parcial. 2.6 El 20 de marzo de 2003 el autor pidió al HJPC que reconsiderara su decisión de poner fin a su nombramiento, subrayando su capacidad profesional, la eficiencia de la sala de lo penal del Tribunal Supremo de la RS que presidía y el enorme respeto de que gozaba entre sus colegas. El 2 de abril de 2003 el HJPC rechazó su solicitud por considerar que la decisión no estaba sujeta a apelación. La denuncia 3.1 El autor afirma que el hecho de que no se renovara su nombramiento sobre la base de la evaluación jurídica que realizó en los dos casos mencionados era discriminatorio, constituía una denegación de su derecho a la igualdad de acceso a los cargos públicos, atentaba contra su independencia como juez y lesionaba su honor y reputación, en violación del párrafo 1 del artículo 2, del artículo 17 y el párrafo c) del artículo 25, leídos juntamente con el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto (por la falta de un recurso efectivo para impugnar la decisión del HJPC). 3.2 El autor reitera que la sala de lo penal del Tribunal Supremo de la RS, que él presidía, era la más eficiente de Bosnia y Herzegovina, con solo tres casos no resueltos al 12 de febrero de Señala que ha participado en varios equipos de expertos para estudiar y redactar leyes en la RS y el Distrito de Brcko. Si bien la puntuación que obtuvo en el proceso de evaluación fue superior a la de los candidatos que fueron nombrados para integrar el Tribunal Supremo, la decisión de poner fin a su nombramiento antes de que cumpliera los 70 años, edad para la jubilación, se basó únicamente en dos sentencias polémicas. El HJPC no tuvo en cuenta ninguno de los criterios siguientes: la eficiencia de la sala que presidía, su profesionalidad y la experiencia de trabajo, la falta de irregularidades en los 10
16 casos anteriores y la falta de medidas disciplinarias en su contra. 3.3 Haciendo referencia al artículo 258 del Código de Procedimiento Penal, el autor afirma que la decisión del 4 de noviembre de 2002 de anular las condenas en los casos de secuestro y aborto forzado era legal, ya que se basaba en el dictamen de varios psiquiatras forenses en que se establecía que el acusado padecía una enfermedad mental en el momento de cometer el delito. 3.4 El autor afirma que, además de atentar contra su independencia como juez, el HJPC no estaba integrado debidamente cuando tomó la decisión sobre su solicitud, ya que uno de los miembros había sido seleccionado de la categoría inferior de abogados profesionales, cuando en realidad tendría que haber sido nombrado por la Fiscalía General. 3.5 El autor sostiene que no pudo apelar contra la decisión del HJPC ante ninguna otra instancia y que no pudo tener acceso a los expedientes tras la conclusión del proceso de evaluación. Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación 4. El Estado parte impugnó el 19 de enero de 2004 la admisibilidad de la comunicación alegando que el autor no había agotado los recursos internos puesto que no había presentado una petición de revisión de la decisión del HJPC ante el Tribunal Supremo de la RS, ni ningún otro recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional o la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina creada en virtud del anexo V del Acuerdo de Dayton. Solicitó al Comité que se cerciorara de que el mismo asunto no esté siendo examinado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 5.1 El 30 de abril de 2004 el Estado parte reiteró sus argumentos por los que impugnaba la admisibilidad de la comunicación y formuló observaciones sobre el fondo, alegando que los hechos presentados no planteaban ninguna cuestión en relación con el artículo 17 y los apartados a) y b) del artículo 25 del Pacto. 5.2 En cuanto a la reclamación en virtud del párrafo c) del artículo 25 del Pacto, el Estado parte sostiene que la petición del autor se inscribía en el procedimiento para la designación de 16 magistrados del Tribunal Supremo de la RS. De los 98 candidatos que se presentaron para los 16 puestos, se entrevistó a 91. Todos ellos reunían los requisitos establecidos para ser designados magistrados del Tribunal Supremo. El HJPC era competente para seleccionar los candidatos que consideraba más idóneos sobre la base de los criterios estipulados en el artículo 41 de la Ley de la RS sobre el HJPC. En virtud de las constituciones del Estado y la RS, la composición étnica del Tribunal Supremo debía reflejar la composición étnica de la población de la RS de conformidad con el censo realizado en 1991 en la ex-república Socialista de Yugoslavia. Así pues, los 13 jueces propuestos por el grupo que examinaba las candidaturas incluían a 8 serbios, 2 bosnios, 2 croatas y 1 persona de "otra nacionalidad". El autor recibió una nota de evaluación alta del grupo pero estaba por debajo del umbral establecido para los 8 jueces del grupo étnico serbio. El proceso de selección se basó en criterios objetivos y no en la opinión y filiación política y se le dio al autor "la debida oportunidad" de presentarse como candidato al puesto de juez de conformidad con la legislación interna y el apartado c) del artículo 25 del Pacto. 5.3 El Estado parte sostiene que durante el proceso de selección el HJPC estaba constituido de conformidad con los artículos 5 3 y 76 4 de la Ley de la RS sobre el HJPC. Si bien el artículo 5 definía en principio la composición del Consejo, el artículo 76 daba al Alto Representante cierto margen de discreción para desviarse de esta disposición en la designación de los miembros del HJPC durante el período de transición. 3 El artículo 5 ("Miembros del Consejo") de la Ley de la RS sobre el HJPC dice lo siguiente: "El Consejo estará compuesto por los siguientes miembros: Un magistrado del Tribunal Supremo de la República Srpska elegido por todos los magistrados del Tribunal; Un fiscal de la Fiscalía de la República Srpska elegido por el Fiscal de la República y fiscales adjuntos de la Fiscalía; Un juez, ya sea procedente de un tribunal de distrito o de un tribunal básico, elegido por la Asociación de Jueces y Fiscales de la República Srpska; Un fiscal o fiscal adjunto, procedente de una fiscalía de distrito o de una fiscalía básica, elegido por la Asociación de Jueces y Fiscales de la República Srpska; Un juez del tribunal de delitos menores elegido por la Asociación de Jueces del Tribunal de Delitos Menores de la República Srpska; Un abogado elegido por la Asociación de Abogados de la República Srpska; Una persona de probado carácter e integridad moral designada por el Presidente de la República Srpska; y Los miembros del Alto Consejo Judicial y Fiscal establecido de conformidad con la Constitución y las leyes de la Federación de Bosnia y Herzegovina. Los miembros del Consejo serán independientes e imparciales en el ejercicio de sus funciones, gozarán de probada reputación e integridad moral, y se destacarán por su reconocida eficiencia, competencia e integridad." 4 El artículo 76 ("Composición, designación y mandato") de la Ley de la RS sobre el HJPC dice lo siguiente: "Durante el período de transición, el Alto Representante designará, en la medida de lo posible, los miembros del Consejo conforme a lo previsto en el artículo 5. Durante este período, el Consejo no incluirá un juez del tribunal de delitos menores. Los mandatos de los miembros nacionales tendrán una duración de cuatro años, tal como se establece en el artículo 6 de la presente ley. El Alto Representante designará también un máximo de ocho (8) miembros internacionales para el Consejo. El mandato de los miembros internacionales se limitará al período de transición." 11
17 Comentarios del autor 6.1 El 22 de mayo de 2004, el autor presentó sus comentarios. Sostuvo que nunca se había puesto en contacto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que el Estado parte no había citado ninguna disposición de la legislación interna que le habría permitido impugnar la decisión del HJPC en otra instancia. Agotó el único recurso de que disponía al presentar una solicitud de reconsideración de conformidad con el artículo 79 3) 5 de la Ley de la RS sobre el HJPC. La decisión del HJPC en la que se rechazaba esta petición indicaba claramente que era inapelable. Además, el artículo 86 6 de la Ley de la RS sobre el HJPC, que define esta ley como lex specialis, excluía la posibilidad de hacer valer los recursos previstos en otras leyes. La reciente inclusión de una disposición sobre la protección judicial en el nuevo proyecto de ley estatal sobre el HJPC solo se refiere a los procedimientos disciplinarios y no tiene efecto retroactivo. En el momento en que el autor tuvo la intención de apelar contra la decisión del HJPC, la Cámara de Derechos Humanos ya no recibía casos para examen. No se trataba de un recurso interno, por lo que el autor agotó todos los recursos de la jurisdicción interna disponibles. 6.2 El autor, citando informes estadísticos que demuestran que superó la carga de trabajo que le correspondía en un 217,4% en 2000 y en un 161,5% en 2001, reitera que se puso fin a su nombramiento pese al hecho de que obtuvo el puntaje más alto de todos los candidatos sobre la base de los criterios expuestos en el artículo 41 de la Ley de la RS sobre el HJPC. De conformidad con el artículo 17 del reglamento del HJPC, los registros en donde constan los puntajes son confidenciales y no pueden ser revelados a los candidatos. El Estado parte no presentó esos registros al Comité a fin de ocultar el puntaje del autor, así como el de los demás candidatos. 6.3 El autor, si bien no impugna la selección de los 5 El artículo 79 3) de la Ley de la RS sobre el HJPC dice lo siguiente: "El juez, fiscal o fiscal adjunto titular que no sea seleccionado para ocupar un cargo en la judicatura o en la fiscalía de conformidad con este artículo podrá presentar una solicitud de reconsideración: 1) Si el Consejo no examinó hechos materiales que fueran favorables al postulante siempre que se hubiera presentado la información al Consejo en el momento de la postulación, o 2) Si el postulante ejerció su derecho a revisar los antecedentes pertinentes a su solicitud de conformidad con el artículo 40 antes de la decisión del Consejo y este adoptó una decisión en su contra sobre la base de información de que no disponía el postulante." 6 El artículo 86 de la Ley de la RS sobre el HJPC dice lo siguiente: "[...] Las disposiciones reglamentarias contenidas en las leyes de la República Srpska guardarán conformidad con esta ley, quedando por la presente derogadas todas las disposiciones incompatibles con ella." jueces sobre la base de cupos en función del origen étnico, sostiene que el origen étnico no era un problema en este caso dado que los ocho magistrados designados para integrar la sala de lo penal del Tribunal Supremo de la RS eran todos serbios. Cuatro de ellos provenían de tribunales inferiores y uno nunca había ejercido cargos en un tribunal de apelación en su carrera. 6.4 El autor destaca que el único motivo por el que no se renovó su nombramiento al Tribunal Supremo de la RS fue su determinación sobre cuestiones de derecho en las dos sentencias sobre la base de las cuales el HJPC lo consideró no idóneo, a diferencia de los otros candidatos que fueron designados para integrar el Tribunal Supremo de la RS o el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina aunque habían participado en las mismas sentencias. El HJPC no solo le privó de su derecho de igualdad de acceso al Tribunal Supremo de la RS sino que también recomendó que se rechazara su candidatura para cualquier otro cargo judicial. 6.5 A juicio del autor, el hecho de que las sentencias fueran declaradas ilegales por el HJPC después de que este recibiera quejas de las partes insatisfechas atenta gravemente contra su independencia como juez, y equivale a usurpación, por un órgano ejecutivo, de la autoridad judicial que solo puede ser ejercida por un tribunal superior. Mientras estudiaba los casos, el autor había tenido que soportar fuertes presiones de los investigadores del HJPC, que mostraban un gran interés en ambos casos. Si bien los investigadores no estaban calificados para ejercer atribuciones judiciales, examinaron las sentencias, dictadas tras años de trabajo, en pocos días y resumieron sus análisis de estos casos complejos en unas pocas oraciones. Sus conclusiones sobre ambas fueron arbitrarias, incompletas e inexactas. 6.6 El autor sostiene que la composición del HJPC está minuciosamente reglamentada en la Ley de la RS sobre el HJPC de manera de asegurar un procedimiento imparcial y transparente para los nombramientos. Este proceso estuvo viciado en su caso puesto que uno de los miembros del HJPC, un tal S. M., fiscal adjunto de la fiscalía básica, no había sido elegido por la Asociación de Jueces y Fiscales de la RS, tal como establecía el artículo 5 de la Ley de la RS sobre el HJPC. La lista de candidatos elegidos enviada al Alto Representante para su aprobación no incluía a S. M. Además, habría sido posible designar un fiscal de la Fiscalía de la RS de conformidad con el artículo 5. La cláusula de flexibilidad del artículo 76, que exigía al Alto Representante designar a los miembros especificados en el artículo 5 solo "en la medida de lo posible" durante un período de transición no justificaba la composición ilícita del HJPC en el momento en que se puso fin a su nombramiento. El Estado parte debería haber revelado las pruebas pertinentes si deseaba demostrar que la composición del Consejo era la apropiada. 6.7 El autor sostiene que el Estado parte no ha previsto un recurso efectivo para examinar las decisiones sobre la designación de jueces, en violación del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. La negativa del HJPC de 12
18 reconsiderar su caso fue el resultado de una decisión estereotipada concebida para los medios de comunicación que no abordó ninguna de las cuestiones planteadas por él. La posibilidad de presentar esa solicitud no constituyó un recurso efectivo puesto que no trajo consigo la revisión por otra instancia. La facultad discrecional que tiene el HJPC de designar jueces no puede ser ilimitada, sino que debe respetar las normas nacionales e internacionales aplicables. 6.8 El autor afirma que se le denegó la oportunidad de presentar sus argumentos y defender sus derechos. Las alegaciones en su contra deberían haber sido tratadas en procedimientos disciplinarios de conformidad con el artículo 49 de la Ley de la RS sobre el HJPC. Solo se le permitió tener acceso a los expedientes del HJPC después de que el Estado parte hubiese recibido su comunicación. El autor pide indemnización por los daños morales y materiales sufridos, en particular por haberse lesionado su honor y reputación después de 38 años de carrera judicial. Deliberaciones del Comité 7.1 De conformidad con el artículo 93 de su reglamento, antes de examinar cualquier reclamación que figure en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir si esta es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto. 7.2 Conforme a lo exigido en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que esta cuestión no estaba siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de investigación o arreglo internacional. 7.3 En cuanto a la cuestión del agotamiento de los recursos internos, el Comité toma nota de que el Estado parte afirma que el autor no presentó solicitud de revisión de la decisión de 12 de marzo de 2003 del HJPC al Tribunal Supremo de la República Srpska, ni apeló ante el Tribunal Constitucional o la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina. También toma nota de la objeción del autor de que el único recurso a su alcance con arreglo a la legislación nacional era su solicitud de revisión con arreglo al artículo 79 3) de la Ley de la RS sobre el HJPC. 7.4 El Comité recuerda que del artículo 97 de su reglamento y del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo se desprende implícitamente que todo Estado parte en el Pacto debe poner en conocimiento del Comité todas las informaciones de que disponga, incluso, en la fase en que este ha de pronunciarse sobre la admisibilidad de una comunicación, información detallada sobre los recursos que pueden interponer, en las circunstancias propias de cada caso, las personas que afirman ser víctimas de una violación de sus derechos. El Comité considera que, aunque se refiere de manera general a los recursos ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina, el Estado parte no ha facilitado información detallada sobre la disponibilidad y eficacia de tales recursos en las circunstancias del caso del autor. Por consiguiente, el Comité concluye que el autor ha agotado los recursos de la jurisdicción interna, de acuerdo con el apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo con la presentación de una solicitud de revisión ante el HJPC. 7.5 En cuanto a la denuncia por el autor de la violación de sus derechos con arreglo a los apartados a) y b) del artículo 25 del Pacto, el Comité observa que sus denuncias son inadmisibles ratione materiae a tenor del artículo 3 del Protocolo Facultativo. 7.6 En lo que respecta a la alegación del autor de que, a tenor del apartado c) del artículo 25, la decisión del HJPC de no renovar su nombramiento como juez del Tribunal Supremo vulnera su derecho a la igualdad de acceso a la función pública, el Comité señala que el apartado c) del artículo 25 garantiza no solo el acceso a la función pública, sino también el derecho a permanecer en la función pública en condiciones generales de igualdad. En principio, pues, la reclamación está abarcada por esta disposición. El principio de acceso a la función pública de condiciones generales de igualdad implica que el Estado parte no debe discriminar a nadie por ninguno de los motivos enunciados en el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto. El autor afirma que la única razón para no volverlo a nombrar fue la decisión que él tomó en dos sentencias polémicas y que otros magistrados que participaron en los mismos veredictos fueron nombrados magistrados del Tribunal Supremo de la RS o del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina. El Comité observa, sin embargo, que el sistema de evaluación utilizado para determinar la admisibilidad e idoneidad de los magistrados era complejo y se basaba en criterios objetivos (véase el párrafo 5.2) y que, si bien el autor recibió una nota de evaluación alta del grupo, quedó por debajo del umbral establecido para los jueces del grupo étnico serbio. Sobre la base del material de que dispone, el Comité considera que el autor no ha fundamentado lo suficiente, a efectos de la admisibilidad, que su exclusión de la lista de magistrados designados se basara exclusivamente en las dos sentencias polémicas que había dictado, y no en otros criterios objetivos del sistema de evaluación. Por consiguiente, esta denuncia es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo. 7.7 En cuanto a la afirmación de que el HJPC no estuvo constituido debidamente, atentó contra su independencia como juez y lesionó su honor y reputación, el Comité observa que el autor no se refiere expresamente a una disposición concreta del Pacto en relación con esta denuncia. Considera que no ha fundamentado, a efectos de la admisibilidad, que el nombramiento de un fiscal adjunto de la fiscalía básica, no elegido por la Asociación de Jueces y Fiscales de la RS, no estuviera contemplado por la cláusula de flexibilidad del artículo 76 y que, por consiguiente, vulneraba lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de la RS sobre el HJPC. Asimismo, el autor no ha fundamentado, a efectos de la admisibilidad, que la evaluación de su idoneidad hecha por el HJPC basada, entre otras cosas, en dos sentencias, lo que dio lugar a quejas en las que se cuestionaba su integridad e imparcialidad, 13
19 atentara contra su independencia judicial o lesionara su honor y reputación. Por consiguiente, esta parte de la comunicación es inadmisible a tenor del artículo 2 del Protocolo Facultativo. 7.8 El autor ha hecho valer el artículo 2 del Pacto junto con el artículo 17 y el apartado c) del artículo 25. Esto plantea la cuestión de si el hecho de que el autor no haya tenido la posibilidad de impugnar la decisión del HJPC equivale a una violación del derecho a un recurso efectivo establecido en los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. El Comité recuerda que el artículo 2 solo puede hacerse valer conjuntamente con denuncias de violación de otro derecho sustantivo protegido por el Pacto 7 y solo si las denuncias están suficientemente fundadas como para poder acogerse al 7 Comunicación Nº 275/1988, S. E. c. la Argentina, decisión sobre admisibilidad adoptada el 26 de marzo de 1990, párr Pacto 8. Como el autor no ha fundamentado, a efectos de la admisibilidad, sus alegaciones con arreglo al artículo 17 y al apartado c) del artículo 25, su denuncia de una violación del artículo 2 del Pacto también es, en consecuencia, inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo. 8. Por consiguiente, el Comité de Derechos Humanos decide: a) Que la comunicación es inadmisible en virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Protocolo Facultativo; b) Que se comunique la presente decisión al Estado parte y al autor. 8 Comunicación Nº 972/2001, Kazantzis c. Chipre, decisión sobre admisibilidad adoptada el 7 de agosto de 2003, párr Comunicación Nº 1315/2004 Presentada por: Sr. Daljit Singh (representado por abogado) Presunta víctima: El autor Estado parte: Canadá Declarada inadmisible: 30 de marzo de 2006 Asunto: Deportación al país de origen con riesgo de tortura Cuestiones de procedimiento: Medidas provisionales Petición del Estado parte para que cesen las medidas provisionales Cuestiones de fondo: Riesgo de tortura y muerte Revisión de la orden de expulsión Procedimiento parcial y recurso ineficaz Artículos del Pacto: Artículos 2, 6, 7, 13, 14 Artículos del Protocolo Facultativo: Artículos 1 y El autor de la comunicación es el Sr. Daljit Singh, ciudadano de la India, actualmente en espera de ser expulsado del Canadá. Alega que su expulsión constituiría una violación por el Canadá de los derechos reconocidos en los artículos 2, 6, 7, 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está representado por un abogado. 1.2 El 5 de noviembre de 2004, el Comité de Derechos Humanos, por intermedio de su Relator Especial sobre nuevas comunicaciones, pidió al Estado parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de su Reglamento, que no expulsase "al autor antes de facilitar al Comité información sobre su intención o no de expulsar al autor a la India ni antes de presentar al Comité sus observaciones sobre la comunicación, de conformidad con el artículo 97 (antiguo artículo 91) del Reglamento". El 9 de noviembre de 2004, después de una solicitud de aclaraciones, el Comité pidió al Estado parte que no expulsase "al Sr. Daljit Singh a la India antes de que el Estado parte haya formulado sus observaciones sobre la admisibilidad o sobre el fondo de las alegaciones del autor y el Comité haya acusado recibo". Antecedentes de hecho 2.1 El autor vivía en la aldea de Sonet, en el distrito de Ludhiana (Punjab). Es propietario de una empresa de transporte por carretera y poseía cuatro camiones. Está casado y tiene dos hijos. Su esposa y sus hijos residen aún en la aldea de Sonet. Su madre, su hermano, su hermana y las familias de estos últimos viven en el Canadá, en la provincia de Columbia Británica. El padre del autor falleció el 1º de junio de 1999 en Columbia Británica. 2.2 El 15 de septiembre de 1998, el cuñado y el conductor de uno de los camiones del autor fueron detenidos por la policía en Jammu y acusados de prestar apoyo a un grupo de militantes. El autor fue detenido en su domicilio a las cinco de la mañana del día siguiente y encarcelado por la policía. Afirma que durante su detención fue golpeado y torturado. El 17 de septiembre fue puesto en libertad tras la intervención del alcalde (sarpanch) de la aldea, del consejo municipal y del presidente del sindicato de transportistas por carretera, bajo la condición de que informara a la policía acerca de 14
20 las actividades de los militantes. Su liberación se obtuvo mediante soborno. El autor afirma que su cuñado y su conductor estuvieron detenidos durante una semana y fueron torturados. Para su liberación se les impuso las mismas condiciones que a él. Afirma que los tres recibieron tratamiento médico después de su liberación. 2.3 En abril de 1999, el autor fue detenido nuevamente por sospecharse que había ayudado a los militantes a transportar armas, municiones y explosivos. Después de dos días de detención durante los cuales, según dice, fue torturado de nuevo, el autor fue puesto en libertad gracias a la intervención del alcalde de la aldea (sarpanch), a condición de que se presentara todos los meses en el puesto de policía para informar acerca de su conductor y otros militantes. Afirma que recibió tratamiento médico después de su liberación y sufre de estrés postraumático como consecuencia de ello. Temiendo por su vida, decidió huir de la India. Afirma que su esposa y su hijo fueron torturados en abril de 2003 después de su huida. 2.4 El 3 de junio de 1999, el autor solicitó un visado turístico, que le fue concedido, para viajar al Canadá con objeto de asistir al entierro de su hermano. Llegó al Canadá el 6 de junio de 1999 y el día 30 de ese mes solicitó asilo. El 15 de diciembre de 2000, la División de Refugiados de la Junta de Inmigración y Refugiados ("la Junta") oyó su solicitud de que se le reconociera la condición de refugiado y concluyó, el 28 de febrero de 2001, que el autor no era refugiado según la Convención habida cuenta de la inverosimilitud de su testimonio y la poca credibilidad de su relación de los hechos. 2.5 El 10 de julio de 2001, el Tribunal Federal denegó al autor su petición de autorización para solicitar la revisión judicial de la decisión de la Junta. El 5 de noviembre de 2003, la petición del autor de que se procediera a la evaluación previa del riesgo que correría en caso de expulsión dio lugar a una evaluación negativa. El 5 de noviembre de 2003 se rechazó su solicitud de residencia permanente basada en motivos humanitarios y de índole personal. El 18 de diciembre de 2003, el autor pidió autorización para solicitar la revisión judicial de la evaluación previa del riesgo y presentar una moción para que se suspendiera la ejecución de la orden de expulsión. El 19 de enero de 2004, el Tribunal Federal accedió a que se aplazara dicha expulsión mientras estuviera pendiente de decisión su solicitud de revisión judicial. El 3 de mayo de 2004, el Tribunal Federal rechazó la solicitud de revisión judicial. La denuncia 3.1 El autor sostiene que, si es expulsado a la India, el Estado parte cometería una violación de los artículos 6 y 7 del Pacto, por cuanto correría el riesgo de ser torturado, no tendría la posibilidad de obtener tratamiento médico y posiblemente perdería la vida. En apoyo de su reclamación, hace referencia a las torturas a las que, según dice, fue sometido en 1998 y 1999 y alega que miembros de su familia fueron apaleados y hostigados por la policía desde que se fue del país. 3.2 El autor sostiene que las actuaciones internas que dieron lugar a la orden de expulsión constituyen también una violación de los artículos 13, 14 y 2 del Pacto. Afirma que se infringió el artículo 13 por el "procedimiento" adoptado en este caso y que el procedimiento de evaluación previa del riesgo derivado de su expulsión es contrario a la Carta de Derechos y Libertades del Canadá. Afirma que se ha violado el artículo 14, ya que las autoridades nacionales canadienses no procedieron a un examen cuidadoso de las pruebas presentadas en apoyo de su causa. Las autoridades nacionales no tuvieron en cuenta los informes médicos ni las fotografías que probaban que él y algunos miembros de su familia fueron sometidos a tortura, ni las declaraciones juradas de los alcaldes de las aldeas cercanas sobre los problemas que había tenido con la policía, ni un informe del Grupo Sij de Derechos Humanos elaborado tras la investigación de los incidentes referidos. Además, no se tuvo en cuenta la información procedente de otras fuentes sobre la situación general reinante en la India en materia de derechos humanos, entre ellas un informe de Human Rights Watch de 10 de junio de 2003 y una revista científica. En ellas se dice que el análisis de la situación de los derechos humanos en la India efectuado por la Junta y durante el procedimiento de evaluación previa del riesgo era inexacto. El autor pide al Comité que examine las pruebas que presentó al Tribunal Federal, que a su juicio demuestran de manera suficiente su actual estado psicológico y el riesgo que correrá si es expulsado El autor denuncia asimismo una violación de los artículos 14 y 2, pues los recursos jurídicos de que dispone no son eficaces. Afirma que en el Canadá no existe la posibilidad de examinar de manera independiente el riesgo de tortura que corren los solicitantes de asilo si son expulsados a sus países de origen y que el procedimiento es administrativo y da lugar a la adopción de decisiones sumarias de expulsión. Los agentes encargados de la evaluación del riesgo inherente al retorno no son independientes, ya que son empleados del Ministerio que desea expulsar al solicitante, y no existe un control judicial efectivo de esas decisiones. El solicitante debe pedir primero autorización para apelar ante el Tribunal Federal y, si se le concede, el juez solo puede examinar la existencia de errores de derecho. El autor se remite al 1 El autor proporciona los siguientes elementos de prueba: información sobre la situación general de los derechos humanos en la India, procedente de diversas organizaciones no gubernamentales; una declaración jurada de un abogado indio en apoyo de su alegación; un informe médico de 31 de mayo de 2000 que concluye que "la comprobación objetiva del estado físico de este hombre y sus alegaciones subjetivas de tortura no son incompatibles"; un informe psicológico de 20 de junio de 2000 en el que se concluye que es verosímil que los trastornos sufridos por el autor como consecuencia del estrés postraumático tengan su origen en los acontecimientos traumatizantes por él denunciados, en particular la tortura durante su detención; fotocopias de fotografías de la espalda del autor (demasiado difíciles de evaluar); y declaraciones juradas de los alcaldes de aldeas de su región en apoyo de su relato. 15