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Timestamp: 2020-01-25 15:29:07
Document Index: 378332419

Matched Legal Cases: ['artículo 260', 'artículo 556', 'artículo 17', 'artículo 551', 'artículo 546', 'artículo 35', 'artículo 556', 'artículo 558', 'artículo 549', 'artículo 33', 'artículo 17', 'artículo 202', 'artículo 2', 'artículo 549', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 534']

Sergio braulio gonzalez
Extradición No. 14.022
Proceso N° 14022
Aprobado Acta No. 165 (Oct. 22/99)
Santafé de Bogotá, D.C. veintiséis (26) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Decide la Sala sobre la petición de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América del ciudadano cubano SERGIO BRAULIO GONZALEZ, quien recientemente se fugó del lugar en donde permanecía privado de la libertad por razón de este trámite.
1. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de los Estados Unidos de América con nota verbal 774 del 19 de septiembre de 1.997, solicitó la detención provisional con fines de extradición del extranjero SERGIO BRAULIO GONZALEZ también conocido como SERGIO BRAVILO GONZALEZ, MANUEL ANTONIO RIVAS HERNANDEZ, SERGIO BENCOMO BIEN, ANTONIO RIVAS, o ANTONIO HERNANDEZ.
Demanda acatada por la Fiscalía General de la Nación al proferir la resolución del 30 de septiembre del mismo año que dispuso la captura con fines de extradición del señor SERGIO BRAULIO GONZALEZ, que fue materializada por miembros del D.A.S. en Barranquilla el 3 de octubre siguiente.
Dicho Departamento Administrativo sometió a peritaje dactiloscópico las impresiones dactilares estampadas en la tarjeta decadactilar Master Chief Police Department Miami Beach a nombre de SERGIO GONZALEZ, las tomadas al capturado, y la que obra en la c. de c. No.17,848,231 de Maicao -La Guajira- con la que se identificó como MANUEL ANTONIO RIVAS HERNANDEZ, concluyendo que existe correspondencia en morfología y topográfica entre ellas, determinando, en consecuencia, que todas pertenecen a SERGIO BRAULIO GONZALEZ.
2. Mediante la nota verbal No. 941 del 28 de noviembre de 1.997 cursada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la petición de extradición del extranjero SERGIO BRAULIO GONZALEZ, a objeto de que se le dictara en su contra sentencia, habida cuenta que fue condenado por los delitos de posesión con la intención de distribuir cocaína y porte de arma de fuego durante la comisión de un delito mayor.
Acompañó a la solicitud los siguientes documentos:
2.1. Copia de la resolución de acusación No. 77-378 CR-JE de fecha 4 de agosto de 1.977 proferida por un gran jurado en el Tribunal Federal del Distrito Meridional de Florida, y de la resolución de acusación substitutiva No. 77-378 CR- JE (s) del 28 de septiembre de 1977 a través de la cual se acusa de dos de cinco cargos que ella contiene a SERGIO BRAULIO GONZALEZ así:
“Primer cargo. El 22 de julio de 1977, o alrededor de esa fecha, en el condado de DADE, Distrito Meridional de Florida, los acusados JOSE RAUL PEDRON y SERGIO BRAULIO GONZALEZ, a sabiendas e intencionalmente tuvieron en su poder, con intención de distribuir, una sustancia controlada, a saber: aproximadamente 511 gramos de cocaína, sustancia narcótica controlada de la Lista II, en contravención de la sección 841 a) 1), título 21, del Código de los Estados Unidos.
“Cuarto Cargo. El 22 de julio de 1.977, o alrededor de esa fecha, en el condado de Dade, Distrito Meridional de Florida, el acusado, SERGIO BRAULIO GONZALEZ, en forma ilícita portaba un arma de fuego, es decir una pistola automática Browing de 6 mm, número de serie 287497, durante la comisión del delito de poseer a sabiendas e intencionalmente, con intención de distribuir, aproximadamente 511 gramos de cocaína, sustancia narcótica controlada de la lista II, que es un delito mayor enjuiciable en un tribunal de los Estados Unidos; todo ello, en contravención de la sección 924 c)2), título 18, Código de los Estados Unidos.”
2.3. Copia del cuerpo normativo que describe y sanciona los delitos de posesión con intención de distribuir cocaína y el porte ilegal de arma de fuego en la comisión de un delito mayor (fl.7 anexo y 18 C. Corte).
2.4. Testimonio en apoyo de la solicitud de extradición de la fiscal federal adjunto para el Distrito Meridional de Florida IVETTE RHODES PRESCOTT, en donde refiere detalladamente el trámite judicial seguido en contra del pedido en extradición, particularizando en lo que interesa, que el 4 de agosto de 1.997 un gran jurado reunido en Miami, Florida, expidió una acusación penal en contra de SERGIO BRAULIO GONZALEZ; empero, que el 28 de septiembre de 1.977 tras una investigación ulterior, un gran jurado federal, reunido en Miami, Florida, profirió una acusación penal sustitutiva, que incluía nuevos cargos en contra del cómplice JOSE PEDRON en la acusación del 4 de agosto de 1.997, y en la que se imputa a SERGIO BRAULIO GONZALEZ la posesión de cocaína con intención de distribuirla, y portar un arma de fuego durante la comisión de un delito relacionado con drogas.
Además, advierte que la acción penal no ha prescrito debido a que la acusación fue dictada dentro del término legal.
2.5.También con el ánimo de apoyar la solicitud de extradición rindió declaración el agente especial de la DEA, BARRY CAREW, quien en ella ratifica que a SERGIO BRAULIO GONZALEZ se le acusa en un documento inculpatorio del 28 de septiembre de 1.977 de los delitos referidos, en cuyo propósito hace una relación pormenorizada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que tuvieron ocurrencia los hechos atribuidos como delicituales al reclamado, de las que dice tuvo conocimiento por haber participado en la captura y el decomiso de la droga y la pistola.
En ampliación posterior adjuntó cartilla de las huellas digitales del pedido en extradición y fotografías más recientes con que cuenta la Agencia para el control de las drogas.
2.6. A fin de aclarar las inquietudes planteadas por esta Sala de la Corte, declaró el Procurador Federal adjunto para el Distrito Sur del Estado de Florida JHON ROTH, acotando que al revisar el registro de actos procesales del Tribunal, verificó que SERGIO BRAULIO GONZALEZ fue hallado culpable de todos los cargos imputados luego de un juicio celebrado el 16 de enero de 1.978, que el Juez de Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América firmó una orden de fallo y reclusión luego de pronunciar sentencia contra el acusado, en la que invidualiza los cargos de la condena y la sentencia impuesta, advirtiendo que en razón a que SERGIO BRAULIO GONZALEZ huyo de la justicia antes de que se dictara sentencia, el Tribunal aún no ha emitido una orden de fallo y reclusión, y que por lo tanto, el único documento que refleja el fallo de culpabilidad del acusado es el mencionado registro de actos procesales.
Declaración que fue acompañada con copia del registro aludido y del Estatuto de prescripción, Título 18, Código de Estados Unidos, sección 3282.
Documentación traducida y autenticada en debida forma.
3. Rindiendo tributo a lo preceptuado por el art. 552 del Código Procesal Penal el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a su homólogo de Justicia y del Derecho la documentación recibida, conceptuando que en razón a que no existe convenio aplicable al presente caso es procedente resolverlo conforme con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Penal.
4. Atendiendo al perfeccionamiento del expediente y acorde con lo preceptuado por el art. 555 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio de Justicia y del Derecho lo envió a la Corte para que rindiera el concepto de ley.
5. Observado por la Corporación el rito previsto en el art. 556 del Código de Procedimiento Penal, luego de reconocer como defensor al abogado designado por el solicitado en extradición, la Sala denegó la adjunción y práctica de pruebas postuladas por la defensa y de oficio dispuso allegar del Estado requirente las normas positivas relativas a la prescripción de la acción penal, y obtener aclaración sobre la real situación jurídica del reclamado, anhelo satisfecho con la declaración rendida por el procurador federal JOHN ROTH, quien como ya se vio no solo aclaró la situación jurídica del pedido en extradición sino que además incorporó copia de la preceptiva que en el país requirente regula el fenómeno jurídico de la prescripción, amén de que la Sala dispuso y trasladó dicha normatividad de otro trámite de extradición adelantado a la sazón por la Sala.
6. Descorrido el traslado para alegar previsto en el art. 556 del Código Procesal Penal, se pronunciaron tanto el representante del Ministerio Público como el defensor del reclamado.
6.1. El agente del Ministerio Público depreca a la Colegiatura emita concepto desfavorable a la extradición del señor SERGIO BRAULIO GONZALEZ, en razón a que según su criterio el principio de la doble incriminación no concurre en este caso, comoquiera que pese a que los hechos que se le imputan son típicos en ambos países, la medida de la sanción que exige el Código Procesal Patrio, no menor de cuatro años de prisión, en su extremo inferior, no se presenta; conclusión a la que arriba luego de adecuar los delitos de posesión de cocaína con la intención de distribuirla y porte de arma de fuego en el art. 38 del Decreto 1188 de 1.974 y artículo 260 del Código Penal ( ley 95 de 1.936), los cuales son castigados con prisión de 3 y 1 año en su orden, preceptivas que estima deben ser aplicadas por regir al instante de la ejecución de los hechos y en aplicación del principio de legalidad.
6.2. A su turno la defensa también postula a la Sala que su concepto sea desfavorable, dado que a su juicio la facultad punitiva del Estado Colombiano desapareció al operar el fenómeno de la prescripción, y además por no presentarse el presupuesto del mínimo punitivo en relación con las dos conductas imputadas a su poderdante exigido por el numeral 1o del art. 549 del Código de Procedimiento Penal.
En lo que toca con el primer argumento asevera que pese a que en el tratado público suscrito entre Colombia y Estados Unidos se convino que el fenómeno de la prescripción sería regulado con arreglo a las normas del país requirente, dicho instrumento legal no puede ser aplicado en razón a que su ley aprobatoria fue declarada inexequible por vicios de forma; circunstancia de donde deduce que al igual que el trámite de la extradición pasiva, las normas que regulan la prescripción en nuestro país son las que deben regir este caso, tal como en su momento lo conceptuó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dentro de esta perspectiva estima la defensa, que los presupuestos requeridos por el Código Procesal Penal para conceder la extradición no pueden ser valorados desde un ángulo meramente formal sino desde un punto de vista material o sustancial; hermenéutica de donde deriva que el principio de doble incriminación no puede reducirse a la labor de simple comparación y demostración de que las conductas imputadas están tipificadas en ambas legislaciones, sino que además es imprescindible que las dos naciones conserven
la potestad sancionadora, poder que precisamente desapareció en nuestro país por prescripción de la acción penal.
Postura que asume, según el profesional del derecho, atendiendo de las distintas tesis conocidas la que prefiere la legislación sobre prescripción que más convenga al requerido en extradición.
En relación con el segundo aspecto, explica que el concepto debe ser desfavorable además por cuanto debiéndose aplicar las normas vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos por mandato del principio de legalidad, es claro que en el Estado requirente la sanción a imponer en su mínimo podía ser inferior a los 4 años exigidos por el art. 549 del Código de Procedimiento Penal, hasta el extremo de eventualmente ser sancionados con multa.
Además, porque en Colombia las normas que regulaban las conductas atribuidas al reclamado en extradición para la época de su ejecución eran el Decreto 1188 de 1.974 y el Código Penal de 1.936, y las castigaban con prisión en quantum inferior a cuatro años de prisión, por lo que dicha exigencia no se presenta.
Dado que entre nuestro país y los Estados Unidos de América no existe tratado de extradición aplicable a este asunto, la Sala rituó la demanda de extradición conforme al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Penal, a la luz de lo dispuesto por el articulo 17 del Código Penal, y acorde con el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, como se comprobó que el reclamado en extradición se fugó el pasado 17 de julio de la Clínica del Instituto de Seguros Sociales de la vía 40 de la ciudad de Barranquilla, en donde se encontraba privado de la libertad por cuenta de este procedimiento, corresponde a la Sala hacer las siguientes manifestaciones.
Tradicionalmente la Colegiatura ha concebido el instituto de la extradición, a tono con el concepto mayoritario de la doctrina ecuménica, como aquél acto de derecho internacional, mediante el cual un Estado entrega el delincuente que se ha refugiado en su territorio, para evadir la acción de la justicia, al Estado en donde cometió el injusto penal, a objeto de que lo enjuicie o le aplique la pena impuesta. Considerando la esencia de este dispositivo legal, la Corte viene exigiendo como requisito esencial para dar curso al rito previsto en el artículo 556 del Código de Procedimiento Penal, la demostración de la permanencia del reclamado en extradición en nuestro territorio, de no ser así, se inhibe de proceder y devuelve el expediente al Ministerio de Justicia.
Criterio que a no dudarlo encuentra aval no solo en la naturaleza del instituto, por ser un mecanismo de recíproca colaboración entre los países para combatir la delincuencia, sino con el tenor de los distintos instrumentos internacionales suscritos por Colombia, y en las preceptivas que reglamentan la extradición en el Código de Procedimiento Penal (artículos 547, 548, 550 y 560), observables cuando no existan o no sean aplicables aquellos dispositivos, con arreglo a lo previsto por el artículo 17 del Código Penal.
Importa evocar lo expresado, en este sentido, por la Sala el 6 de mayo de 1.997, con ponencia del Mg. Dr. JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA:
“ La intervención de la Corte Suprema de Justicia dentro del trámite de la extradición pasiva tiene como punto de partida la reunión de tres supuestos que claramente indica el Capítulo III del Título lo ., Libro Quinto del Código de Procedimiento Penal a saber:
1. Que la solicitud se haya tramitado por vía diplomática (excepcionalmente la consular o de gobierno a gobierno), allegando la documentación que indica el artículo 551 del Código Procesal Penal y emitiendo por el Ministerio de Relaciones Exteriores el concepto que exprese si el caso se sujeta a convenciones o usos internacionales, o si procede obrar de acuerdo con la legislación procesal penal colombiana.
2. Que el requerido en extradición se halle en el territorio nacional, posibilitándose su entrega al Estado que lo solicita, como en tal sentido lo hace expreso el Tratado de recíproca extradición de reos que para este caso se aplica, y de manera reiterada lo requiere esta Sala de la Corte en providencias de octubre 21 de 1.986, junio 16 de 1.987 y diciembre 12 de 1.995, y ”.
3. Que no se trate de un colombiano por nacimiento, pues el artículo 546 del Código de procedimiento Penal la veda, en concordancia con el a artículo 35 Constitucional para esta clase de personas, en cuyo caso y cuando ella apunte a infracciones cometidas en el exterior, consideradas tales en la legislación nacional, serán juzgados en Colombia. “
Requisito, que ahora añade la Corte, desapareció con la reforma Constitucional de 1.997 mediante la cual se revivió la posibilidad de extraditar nacionales colombianos.
Y en auto del 12 de diciembre de 1.995, con ponencia del Mg. Dr. CARLOS A. GALVEZ ARGOTE, en un caso en donde pese a existir tratado de extradición vigente, su tenor dispone que el trámite debe sujetarse a la legislación del país requerido:
“Es entonces, imprescindible determinar, cuáles son los requisitos que la ley interna establece para que le sea viable a la CORTE conceptuar en estos eventos, - pues como ya se dijo este tramite se rige por el Código de Procedimiento Penal Colombiano -, y si ellos se cumplen, ya que de no ser así, se impondría su abstención.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 552 , 553, 554 y 555 del Código de Procedimiento Penal, la exigencia inicial de procedibilidad para la emisión del concepto tratándose de la extradición pasiva, es literalmente la de constatar que la documentación requerida por el art. 551 ibídem esté completa, esto es: copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente; indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; todos los datos que se poseen y que sirven para establecer la plena identidad de la persona reclamada y copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso.
Empero, esta general exigencia no puede llevar a que se tenga como única o excluyente, toda vez que necesario resulta advertir cómo la extradición está lejos de ser considerada como una institución eminentemente formal. Por el contrario su contenido material es el que le da razón de ser a la argumentación jurídica y política que lo conceptualiza y materializa y por ende, si se da por sentado que por definición ésta se ha entendido como el instituto mediante el cual puede lograrse que un Estado haga entrega a otro de una persona acusada de la comisión de un delito para que se le pueda juzgar o cumpla la pena impuesta por el Estado requirente, lo cual hace que colinde entre el derecho internacional y el penal, es evidente en criterio de la Corte, que un imprescindible supuesto surge para que la extradición se pueda concretizar: la exigencia de que el procesado cuya extradición se impetra deba encontrarse en el territorio del país requerido para que sea posible su entrega.”.
Más adelante dijo el proveído:
“Como se ve el criterio inicial de la Sala se modificó, en el sentido de exigir como supuesto infranqueable para que sea posible la emisión del concepto sobre extradición, que el extraditado se encuentre en territorio nacional, ya que la tesis de conformidad con la cual sí es posible el trámite de extradición en condiciones opuestas - como afirmó la CORTE en la primera mitad de este siglo -, por cuanto no es a esta Corporación “a la que le compete la función de entregar al sujeto cuya extradición se solicita, sino al Gobierno”, realmente no resulta convincente.
Si bien la afirmación como resultado argumentativo es cierta, también lo es que, el concepto previo de la CORTE debe fundamentarse en supuestos no desnaturalizadores del instituto, pues como se afirmó en la decisión del 21 de octubre de 1.986, “No tendría sentido alguno poner en marcha todo el aparato estatal, para terminar ordenando la entrega teórica de quien se ignora si se halla en territorio nacional”, o diríamos ahora, de quien se sabe no se encuentra en territorio nacional.”.
En el presente caso, es evidente que cuando la Sala dio inicio al trámite previsto en el artículo 556 del Código de Procedimiento Penal, había certeza sobre la presencia del reclamado en el territorio Colombiano, comoquiera que habiendo sido ubicado fue capturado con fines de extradición por disposición de la Fiscalía General de la Nación, permaneciendo en esas condiciones hasta después de registrarse el proyecto de concepto por parte del Magistrado Ponente, lapso dentro del cual logró evadirse del lugar en donde permanecía privado de su libertad. Circunstancias, que con arreglo al criterio que viene sosteniendo la Corporación, y hoy reitera, no solo la legitimaba para adelantar el procedimiento, sino que hoy le permite conceptuar sobre la demanda de extradición, tarea que no sería posible sólo en el evento de encontrarse comprobado dentro del expediente, que el solicitado no se encuentra en suelo Colombiano, cosa que aquí no ocurre, ya que por el contrario, su presencia comprobada en nuestro territorio de tiempo atrás a la demanda de extradición, su permanencia luego de la reclamación, y la inexistencia de prueba que acredite lo contrario, denotan a la Sala que aun se encuentra en nuestra patria.
Ahora, el hecho que el reclamado no se encuentre privado de la libertad en este momento, tampoco le impide a la Sala rendir el concepto sobre la extradición, habida cuenta que la Ley Procesal Penal dentro de este trámite, permite la captura del extraditable antes del procedimiento, discurriendo el mismo, y después de concedida la extradición por parte del Gobierno Nacional, así lo previenen los artículos 566 y 562 del Código de Procedimiento Penal, cuando disponen que el Fiscal General de la Nación deberá ordenar la captura del reclamado tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida; actitud que también debe observar una vez concedida la extradición, si el solicitado goza de la libertad.
Ahora bien, de conformidad con lo normado por el artículo 558 del Código Procesal Penal, el concepto que emitirá la Sala debe fundarse en: la demostración de la validez formal de la documentación presentada por el Estado requirente en apoyo a la petición de extradición, de la identidad del reclamado, del principio de doble incriminación de los hechos por los cuales se eleva la reclamación, de la equivalencia de la decisión proferida en el exterior por lo menos con la resolución de acusación de nuestro régimen interno, y cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.
Este requisito fue cumplido cabalmente por el Estado requirente ya que la demanda de extradición fue cursada por vía diplomática. Efectivamente, en primer término la Embajada de los Estados Unidos de América a través del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó y obtuvo la detención provisional con fines de extradición del ciudadano cubano SERGIO BRAULIO GONZALEZ, la cual formalizó con nota verbal No. 941 del 28 de noviembre de 1.997 proveniente de la Embajada de Estados Unidos en nuestro territorio, y que acompañó con los siguientes documentos: Transcripción auténtica de la resolución de acusación No. 77-378 CR-JE del 4 de agosto de 1.977 y de la resolución substitutiva No. 77-378 CR-JE (s) del 28 de septiembre del mismo año, proferidas por un gran jurado en el Tribunal Federal del Distrito Meridional de Florida, en donde se acusa al reclamado de los delitos de posesión de cocaína con intención de distribuirla y porte de un arma de fuego mientras cometía un delito mayor; de las actas que contienen los testimonios de la Fiscal Federal IVETTE RHODES PRESCOTT, del Agente de la DEA, BARRY CAREW y del Procurador Federal JOHN ROTH rendidos en apoyo de la reclamación; copia de las preceptivas que describen y reprimen los ilícitos imputados, como de las que regulan la prescripción en ese país, y del registro de los actos procesales penales del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América contra SERGIO BRAULIO GONZALEZ; conjunto de medios de prueba que amen de haber sido traducidos al castellano y certificados y autenticados conforme con las prescripciones del Gobierno reclamante, patentizan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron ejecutados los hechos, la captura del implicado y el decomiso del alcaloide y la pistola.
Dentro del expediente y con base en los medios de prueba se ha evidenciado que la persona requerida en extradición por los Estados Unidos de América es idéntica a la que fue capturada en Colombia y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación en razón de este trámite; ciudadano cubano que responde al nombre de SERGIO BRAULIO GONZALEZ, conocido como SERGIO BRAVILO GONZALEZ, MANUEL ANTONIO RIVAS HERNANDEZ, SERGIO BENCOMO BIEN, ANTONIO RIVAS, ANTONIO HERNANDEZ.
En efecto, a la nota verbal que demanda la extradición fueron adosados los testimonios de la Fiscal Federal adjunto para el Distrito Meridional de Florida IVETTE RHODES PRESCOTT y del agente especial de la Administración de los Estados Unidos para el Control de Estupefacientes BARRY CAREW, quienes coinciden con la relación de las características morfológicas del requerido, aportando el último copia de la tarjeta dactilar y las fotografías más recientes con que cuenta la DEA.
Documentos que al ser comparados técnicamente por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad -D.A.S.- con las impresiones dactilares tomadas al capturado y con la estampada en la cédula que lo identificaba como MANUEL ANTONIO RIVAS HERNANDEZ, comprueban que la totalidad de impresiones dactilares corresponden al requerido en extradición.
Pero si aún subsistiera alguna hesitación sobre esta exigencia, es la misma defensa quien se encarga de despejarla al aceptar expresa y abiertamente dentro del discurrir del trámite, la plena correspondencia entre su poderdante y la persona reclamada en extradición.
3. PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACION:
Según la resolución substitutiva No.77-378 CR-JE (s), un gran jurado en el Tribunal Federal de Distrito Meridional de Florida literalmente acusó a SERGIO BRAULIO GONZALEZ , de poseer a sabiendas y con la intención de distribuir 511 gramos de cocaína, en hechos ocurridos en el condado de Dade Distrito Meridional de Florida el 22 de julio de 1.977 o alrededor de esa fecha, en contravención de la sección 841 a) 1) título 21 del Código de los Estados Unidos, y de portar, al instante de ejecutar ese delito mayor, una pistola automática Bowning de 6 mm, contraviniendo la sección 924 c)2) título 18 del Código de los Estados Unidos.
Importa ahora establecer si los hechos así delimitados se hallan descritos como ilícitos en la Ley Penal Sustantiva patria y si su represión cumple el límite inferior de cuatro años de prisión exigido por el numeral 1º del artículo 549 del Código de Procedimiento Penal.
Sobre este tema tanto el Ministerio Público como el defensor del reclamado se apoyan para solicitar de la Sala concepto desfavorable, estimando que con sujeción a los principios superiores de legalidad y favorabilidad, imperativo resulta tener en cuenta las normas sustantivas que tipificaban en ese momento las conductas reprochadas, esto es, el decreto 1188 de 1.974 y el art. 260 del Código de 1.936, y que castigaban a sus infractores, en su extremo mínimo, con prisión inferior a 4 años.
Tesis que no es de recibo para la Corte, pues de antaño ha venido sosteniendo, que en virtud a que el instituto de la extradición es un dispositivo legal de asistencia o cooperación judicial entre los diversos Estados, su trámite no reviste el carácter de juicio criminal, por no trascender al conocimiento del fondo del proceso, ni incumbirle establecer si el imputado es o no responsable del delito que se le acusa; por consiguiente, su objeto se restringe a verificar objetivamente si los presupuestos literalmente previstos en los tratados o convenios internacionales, o en su defecto en la ley penal adjetiva, se reúnen o no para según el caso conceptuar favorable o desfavorablemente a la extradición.
Naturaleza jurídica del instituto que obviamente excluye la posibilidad de que la Corte en el momento de rendir el concepto entre a discernir qué ley de nuestro país le favorece al reclamado, porque de hacerlo no solo excedería su objeto -art. 558 del Código Procesal Penal-, sino que además actuaría como juez de instancia arrebatándole a los funcionarios judiciales que adelantaron el juicio su función natural de dispensar justicia de manera autónoma e independiente. Propósito que le está vedado satisfacer a la Sala (como lo pide la defensa) debido a la intangibilidad de la Soberanía del Estado requirente, con mayor razón si lo que importa para los fines de este trámite, en lo pertinente, es establecer si en éste instante los delitos imputados al reclamado se encuentran tipificados y reprimidos en Colombia por lo menos con cuatro años de prisión, de donde se infiere que la exigencia del quantum de la sanción solo opera como un requisito de procedibilidad para nuestra legislación.
Esta forma de concebir y aplicar la extradición, contrario al sentir del defensor, no sólo cumple con la reglamentación interna, sino que consulta su naturaleza jurídica, su origen y su teleología, ya que dirigida a combatir la delincuencia y evitar la impunidad se reserva al País requirente el poder de aplicar justicia a las personas que habiendo delinquido en su territorio se han refugiado en el nuestro para sustraerse al castigo; quienes, a su vez, conservan la posibilidad de hacer uso del plexo de derechos y garantías que tanto la Constitución y la Ley prescriben a fin de hacer valer sus derechos entre ellos lógicamente el de legalidad y favorabilidad, en el interior del proceso fuente de la postulación.
Materia acerca de la cual la Sala ya se había pronunciado en providencias del 15 de febrero de 1.995 y del 22 de mayo de 1.996 con ponencia de los H. Magistrados EDGAR SAAVEDRA ROJAS y JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA.
Así entonces, corresponde ahora a la Sala ocuparse de estudiar si los comportamientos delictivos atribuidos al reclamado en extradición encuentran adecuación en nuestro Código Penal, sancionados con prisión cuyo mínimo sea o supere los cuatro años de prisión.
Ahora bien, el primer delito imputado al extraditable se contrae a que en su poder, a sabiendas y con la intención de distribuir, se hallaron 511 gramos de cocaína, en contravención de la sección 841 a)1), título 21 del Código de los Estados Unidos, sustancia controlada de la lista II; tipificación que encuentra correspondencia en nuestra Legislación en el modelo comportamental descrito en el artículo 33 de la ley 30 de 1.986 modificado por el artículo 17 de la ley 365 de 1.997, por actualizar el verbo conservar (este tipo de alcaloides) que constituye una de las acciones alternativas allí descritas, y que reprime a su autor con prisión que oscila entre 4 y 12 años. En suma, este requisito se halla agotado en lo que a este delito concierne.
No sucede lo mismo con el segundo cargo referido al porte de una pistola automática browning de 6 mm. cuando ejecutaba el delito anterior, descrito en la sección 924 c) 2), título 18 del Código de los Estados Unidos, puesto que encontrando ubicación en el artículo 202 del Código Penal - modificado por el artículo 2 del decreto 3664, y convertido en legislación permanente por el decreto extraordinario 2266 de 1.991 art. 2º -, por tratarse de una pistola automática, que le da la calidad de arma de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, a despecho de su calibre de acuerdo con lo normado por el art. 8 del decreto 2535 de 1.993; comoquiera que la pena allí prevista es de 3 años de prisión, en su mínimo, inferior al tope exigido por el numeral 1º del artículo 549 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que no concurren causales de agravación.
Ahora, considerando los argumentos precedentes sobre la naturaleza y fines perseguidos por la extradición, es evidente que la defensa no tiene razón al exigir que en el país requirente, los delitos también sean sancionados en su mínimo con prisión por lo menos igual a cuatro años, por cuanto además ese presupuesto está dirigido exclusivamente a nuestra Legislación por el numeral 1º del art. 549 del Código de Procedimiento Penal.
Como tampoco le asiste en lo que toca con la prescripción de la acción penal en nuestro país, puesto que el estudio de esta materia en el caso particular desborda el objeto del concepto, pero que por haber sido invocada por la defensa específicamente, compele a la Sala a pronunciarse sobre ella.
En efecto, el orden de prelación de las fuentes de la extradición aceptada por la doctrina internacional conlleva a atender en primer lugar los tratados de extradición, luego a las leyes internas especiales o las preceptivas de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal que la reglamenten, y en su defecto a la costumbre y la reciprocidad internacional. En consecuencia, la prescripción puede ser regulada específicamente por el tratado, o remitir su tratamiento a la ley interna de alguno de los dos Estados, o en su defecto, el ordenamiento interno puede reglamentar este fenómeno o abstenerse de hacerlo.
En el caso Colombiano con arreglo a lo estipulado por el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal patrio la extradición se solicitará, concederá u ofrecerá de acuerdo con los tratados públicos, y a falta de ellos el gobierno solicitará, ofrecerá o concederá la extradición con arreglo a lo establecido por el Código de Procedimiento Penal. Significa lo anterior, que la prioridad en las fuentes de aplicación de cualquier clase de extradición, la tendrá en su orden, los tratados internacionales suscritos por el Gobierno Nacional y en su defecto la legislación interna.
Así pues, como no existe tratado aplicable de extradición entre los Estados Unidos de América y Colombia, el curso de la reclamación se ha regido por las preceptivas del Código de Procedimiento Penal, las cuales no reglamentan la prescripción de la acción penal ni de la pena, como si ocurre en algunos de los tratados de extradición suscritos por el Gobierno Nacional con otros países. Por consiguiente, al ocuparse la Corte del análisis correspondiente para verificar si la acción penal se encuentra prescrita en cualquiera de los dos Estados, rebasaría el fundamento del concepto que por imperativo legal debe emitir, lesionando de paso el principio de legalidad que cubre este instituto.
Tampoco puede fundarse el pretendido análisis de la prescripción como parte del objeto del concepto, en el principio de la doble incriminación, en virtud a que éste se agota en la constatación de que los hechos atribuidos al reclamado se hallen tipificados en los dos Estados como delitos, y castigados en Colombia con privación de la libertad no inferior a cuatro años, sin que sea necesario averiguar si la facultad punitiva de ellos se mantiene. Y ello es lógico, en razón a que lo que prescribe es la acción penal, o la pena, y no el delito, por tanto, ello no incide en la doble incriminación, pues de presentarse este fenómeno jurídico, el carácter delictual de las conductas pervive en las dos potencias; siendo esa la razón por la cual en los tratados internacionales sobre extradición que reglamentan la prescripción, lo hacen de manera autónoma e independiente a la doble tipicidad.
Ni es procedente acudir en su apoyo a la reciprocidad internacional, ya que siendo ella una fuente supletoria de la extradición admitida por la doctrina internacional, no puede ser operada dado que por mandamiento legal el marco normativo aplicable en los eventos en que no exista tratado de extradición vigente, es el previsto en el Código de Procedimiento Penal, amen de que dicho carácter no se lo dispensa el contenido del artículo 17 del Código Penal ni la ley instrumental penal, como si lo hace el artículo 534 de la Ley de Procedimiento Penal, para la figura jurídica del exequatur.
Tópicos estos que la Sala tuvo en cuenta para proferir el auto 10 de diciembre de 1.997 con ponencia del H. Mg. Dr. JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO, que denegó pedir copia de los textos legales relativos a la prescripción de la acción penal en el país requirente, al señalar:
“Ahora bien, pretender los datos legales sobre prescripción de las respectivas conductas delictivas en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, también es discordante con los objetivos del trámite judicial de la extradición, pues la intervención de la Corte no se orienta a una revisión del proceso penal que con toda autoridad y soberanía adelantan los jueces extranjeros, sino que se trata de realizar confrontaciones objetivas para hacer expedita la asistencia y cooperación jurídica entre los distintos Estados, máxima razón de ser de la figura en cuestión. De tal manera que, si alguna duda asiste al peticionario sobre la vigencia de la acción penal por cualquiera de los delitos atribuidos, es cuestión que debe hacer valer en el respectivo proceso y ante la autoridad extranjera competente.”.
Como corolario de lo expuesto arriba, la Sala conceptuará en favor de la extradición del reclamado en lo que concierne al delito de narcotráfico, además de las razones anteriores por no ser un delito político ni de opinión, y negativamente referente al porte ilegal de armas.
4. EQUIVALENCIA DE LAS DECISIONES:
Igualmente concurre, a juicio de la Sala, la equivalencia de la decisión proferida por el gran jurado del Tribunal Federal del Distrito Meridional de Florida de resolución de acusación sustitutiva, adosada, autenticada y traducida al trámite con los avales del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la resolución de acusación regulada por el art. 441 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que en ella se individualizan los delitos atribuidos a SERGIO BRAULIO GONZALEZ; las conductas que los configuran, la fecha en que fueron ejecutados, el marco normativo que los describe y sanciona; y complementariamente con los testimonios de IVETTE RHODES PRESCOTT, BARRY CAREW y JOHN ROTH, vertidos para apoyo de la solicitud de extradición, y el registro de la actuación con que cuenta el Tribunal, se especifican los medios de convicción que obran en su contra, y el procedimiento hasta este momento cumplido, evidenciando que el solicitado fue hallado culpable por los delitos a él atribuidos en un juicio sin jurado celebrado el 16 de enero de 1.978, habiendo proferido un Juez de Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América una orden de fallo y reclusión, sin que hasta ahora se haya emitido orden de fallo y reclusión por parte del Tribunal, en virtud a que el solicitado huyó de la justicia.
En suma, de lo analizado se infiere el lleno de los requisitos previstos en el capítulo III del Título 1º, libro V del C. de P.P., lo cual conduce a la Corte a emitir concepto favorable a la solicitud de extradición, en lo que tiene que ver con el delito de tráfico de estupefacientes, y de manera adversa en lo atinente con el porte ilegal de armas.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal;
PRIMERO: CONCEPTUAR FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano cubano SERGIO BRAULIO GONZALEZ, también conocido como SERGIO BRAVILO GONZALEZ, MANUEL ANTONIO RIVAS HERNANDEZ, SERGIO BENCOMO BIEN, ANTONIO RIVAS, o ANTONIO HERNANDEZ, quien es solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos de América por un delito de narcotráfico.
SEGUNDO: CONCEPTUAR DESFAVORABLMENTE a la extradición del mismo individuo, por el delito de porte ilegal de armas, por el cual también es requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL JORGE ENRIQUE CORDOBA POVEDA
ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON YESID RAMIREZ BASTIDAS