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Timestamp: 2018-09-24 12:10:44
Document Index: 369239109

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 66', 'artículo 305', 'artículo 1', 'artículo 305', 'artículo 305', 'Artículo 66']

﻿ Sentencia 39023 de octubre 16 de 2013
SENTENCIA 39023 DE 16 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE CONFIANZA. LA IMPUTACIÓN JURÍDICA NO SE CONFIGURA, O DESAPARECE, SI AÚN EN DESARROLLO DE UNA LABOR PELIGROSA, EL AUTOR NO TRASCIENDE EL RIESGO JURÍDICAMENTE ADMITIDO, O NO PRODUCE EL RESULTADO OFENSIVO. UNA CIRCUNSTANCIA QUE EXIME DE LA IMPUTACIÓN JURÍDICA U OBJETIVA POR DISOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PELIGROSA O POR DESAPARICIÓN DE LA SUPERACIÓN DEL RIESGO PERMITIDO, ES EL PRINCIPIO DE CONFIANZA, EN VIRTUD DEL CUAL EL HOMBRE NORMAL ESPERA QUE LOS DEMÁS ACTÚEN DE ACUERDO CON LOS MANDATOS LEGALES QUE LE CORRESPONDE OBSERVAR. DICHO PRINCIPIO, SE EXCEPTÚA POR EL PRINCIPIO DE SEGURIDADDICHA EXCEPCIÓN ESTÁ GUIADA POR LA APRECIACIÓN RACIONAL DE LAS PAUTAS QUE LA EXPERIENCIA BRINDA O DE LAS CONCRETAS CONDICIONES EN QUE SE DESENVUELVE UNA ACTIVIDAD U ORGANIZACIÓN DETERMINADA, PORQUE SON ELEMENTOS QUE POSIBILITAN SEÑALAR SI UNA PERSONA, AL SATISFACER LAS REGLAS DE COMPORTAMIENTO QUE DE ELLA SE ESPERAN, ESTÁ HABILITADA PARA CONFIAR EN QUE EL DOLO O LA CULPA DE LOS DEMÁS QUE INTERACTÚAN EN EL TRÁFICO JURÍDICO NO LA VAN A AFECTAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL, ACTIVIDAD PELIGROSA, CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL, PRINCIPIO DE SEGURIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:504 DE DICIEMBRE DE 2013, PÁG.2246
Sentencia 39023 de octubre 16 de 2013
La corporación anticipa su decisión de desestimar el primer cargo y casar parcialmente la sentencia por razón del segundo. Las razones son las siguientes:
1. Primer cargo: violación directa de la ley sustancial.
1.1. El argumento del censor radica, en síntesis, en que como la sentencia admitió que el semáforo estaba en verde para la volqueta conducida por Zabala Ortiz, entonces aquel tenía prioridad para avanzar en el cruce y, al mismo tiempo, operaba el principio de confianza, en el sentido de que el hoy procesado, conductor del camión, podía asumir que el automóvil Mazda se iba a abstener de seguir su marcha, puesto que su semáforo estaba dañado. A lo anterior agrega que las circunstancias que menciona el sentenciador para tratar de sustentar que el camión no tenía la prevalencia vial no están consagradas en la norma (CNT, art. 111), de suerte que no se le podía exigir a Zabala Ortiz cumplir deberes de cuidado y de constatación que la norma no prevé. Lo anterior, al amparo de la violación directa de la ley sustancial, por vía de la interpretación errónea de los artículos 66, inciso 1º, y 111 del Código Nacional de Tránsito.
1.2. Respecto de la causal de casación seleccionada, la Sala tiene dicho(2) que cuando se denuncia violación directa por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de normas de derecho sustancial, es deber del demandante aceptar los hechos y las pruebas de ellos tal como fueron declarados unos y apreciadas las otras por el juzgador de segunda instancia. Debe, entonces, exponer su discrepancia en el ámbito del raciocinio estrictamente jurídico, es decir, sólo con las consecuencias jurídicas atribuidas a los hechos declarados, sin que resulte viable alegar o sugerir al tiempo la presencia de errores de apreciación probatoria, dado que para ello la ley ha previsto la vía indirecta.
A este respecto resulta pertinente precisar, además, que la violación directa de la ley sustancial, puede llegar a presentarse por: i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii) interpretación errónea de un determinado precepto, acogiendo de esta manera el criterio de clasificación trimembre de los sentidos de la violación, que reconoce total autonomía al último de ellos.
Dentro de esta categorización, se tiene entendido que la falta de aplicación de normas de derecho sustancial se presenta cuando el juzgador deja de aplicar al caso la disposición que lo rige; la aplicación indebida tiene lugar cuando aduce una norma equivocada y la interpretación errónea consiste en el desacierto en que incurre el fallador cuando, habiendo seleccionado adecuadamente la norma que regula el caso sometido a su consideración, decide aplicarla, pero con un entendimiento equivocado, que rebasa, mengua o desfigura su contenido o alcance. De esta manera resulta claro que la diferencia de las dos primeras hipótesis de error con la última, radica en que mientras en la falta de aplicación y la aplicación indebida subyace un error en la selección del precepto, en la interpretación errónea el yerro es sólo de hermenéutica, pues se parte del supuesto de que la norma aplicada es la correcta, sólo que con un entendimiento que no es el que jurídicamente le corresponde, llevando con ello a hacerla producir por exceso o defecto consecuencias distintas.
En síntesis, si una determinada norma de derecho sustancial ha sido incorrectamente seleccionada, y este error ha sido determinado por equivocaciones del juez en la auscultación de su alcance, habrá aplicación indebida o falta de aplicación, pero no errónea interpretación del precepto, puesto que para la estructuración de este último sentido de la violación se requiere que la norma haya sido y deba ser aplicada(3).
Pues bien, confrontados los lineamientos precedentes con los argumentos del censor y el contenido de la sentencia, surge nítido que el yerro pregonado no se configura.
1.3. En efecto: es verdad que la sentencia admitió que el vehículo conducido por Zabala Ortiz tenía de frente la luz verde, pero también lo es que, al mismo tiempo, el juzgador determinó que se presentaban circunstancias específicas salidas de lo usual, raras y poco comunes (el daño de uno de los semáforos del cruce, el cual era evidente para cualquiera que se acercara al mismo, el excesivo flujo de vehículos en la zona, la deficiente iluminación y el mal clima) que hacían que la luz verde no pudiera tenerse en este caso como signo de prelación vial, esto es que “todos los participantes de aquel tráfico vehicular, vinieran de donde vinieran y/o fueran para donde fueran, tuvieran sus semáforos funcionando o no extremaran las precauciones y las medidas de cautela, atención prevención y prudencia”. Más claro aún: “no valía prelación vial de semáforo alguno en verde, pues la verdad es que el panorama daba a entender que esos específicos aparatos de control estaban fallando”.
En apoyo del anterior razonamiento, el fallador invocó el principio de confianza, más exactamente las circunstancias que lo exceptúan. En este sentido, explicó que aún cuando pudiera afirmarse que la volqueta tenía la prelación vial por tener el semáforo en verde lo cierto era que por razón de las específicas circunstancias que reinaban en el lugar su conductor debía detener la marcha y advertir que el automóvil Mazda ya había avanzado y permitirle continuar su trayecto.
1.4. Sobre el principio de confianza, esta colegiatura ha precisado que tiene su origen en la dinámica y complejidad del mundo moderno, en el que se presenta un actuar conjunto que involucra diversos aportes especializados (división de trabajo) dirigidos a la consecución de un fin, sin que sea viable que una sola persona controle todo el proceso ni exigible que cada individuo revise el trabajo ajeno. Así, es claro que uno de los soportes de las actividades de equipo con especialización funcional es la confianza entre sus miembros, situación que se aplica a aquella actividad compleja por su especialización funcional que conocemos como el tráfico rodado.
El principio de confianza guarda estrecha relación con el concepto de riesgo permitido. Se dice, entonces, que la simple relación de causalidad material no es suficiente para concluir en la responsabilidad penal del procesado (“la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado” artículo 9º del Código Penal) y, por tanto, es preciso acreditar que la consecuencia lesiva es “obra suya”, o sea, que depende de su comportamiento como ser humano; en últimas, que le es atribuible.
Le es imputable al agente un determinado resultado (imputación jurídica u objetiva) si con su comportamiento despliega una actividad riesgosa, es decir, va más allá del riesgo jurídicamente permitido o aprobado. Si así actúa, entra al terreno de lo jurídicamente desaprobado porque crea un riesgo no permitido, y el resultado dañoso le será atribuible si, además del ejercicio de la actividad riesgosa y la superación de un riesgo permitido, el resultado antijurídico tiene vínculo con dichos antecedentes. Dicho de otra forma, a la asunción de la actividad peligrosa debe seguir la superación del riesgo legalmente admitido y a éste, en perfecta ilación, el suceso fatal.
En contraste, la imputación jurídica no se configura, o desaparece, si aún en desarrollo de una labor peligrosa, el autor no trasciende el riesgo jurídicamente admitido, o no produce el resultado ofensivo, por ejemplo porque el evento es imputable exclusivamente a la conducta de la víctima.
Ahora bien, una circunstancia que exime de la imputación jurídica u objetiva por disolución de la actividad peligrosa o por desaparición de la superación del riesgo permitido, es el denominado principio de confianza, en virtud del cual el hombre normal espera que los demás actúen de acuerdo con los mandatos legales que le corresponde observar.
Así lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala:
“Tal principio de confianza opera en una comunidad determinada de interrelación, cuando quien realiza el riesgo tolerado conforme a las normas que disciplinan la actividad correspondiente puede esperar que quienes intervienen en el tráfico jurídico también observen a su vez las reglas pertinentes, de modo que no se le puede imputar un resultado antijurídico en desarrollo de la actividad riesgosa permitida conforme al deber de atención, si en ésta interfiere un tercero que desatiende la norma de cuidado que le es exigible, o si a pesar de no atender la norma de cuidado esta desatención no fue determinante en tal producto, sino la injerencia, dolosa o culposa, de ese tercero”(4).
Por otra parte, como no todo principio es absoluto, se tiene que el de confianza se exceptúa por el también conocido como principio de seguridad. Este postulado significa que el hombre medio debe prever que si bien su comportamiento puede, en general, sujetarse al principio de confianza y así tener una cierta seguridad en cuanto a que aquel con quien interactúa también cumplirá su función, de todos modos existen circunstancias excepcionales en las que, con el fin de evitar el riesgo y el consiguiente daño antijurídico, debe actuar conforme el principio de defensa y así adecuar su comportamiento a una excepcional situación en la que no tiene vigencia el principio de confianza. Si así no lo hiciere, el agente creará un riesgo no permitido y le será imputable el resultado dañoso que se produzca como consecuencia de no obrar conforme el principio de defensa.
Sobre las situaciones específicas en las que se exceptúa el principio de confianza, especialmente en el tráfico vehicular, se ha citado, entre otras, el comportamiento de individuos, quienes por sus especiales características o por la alteración de sus facultades mentales superiores (v. gr. menores de edad, ancianos, personas en estado de embriaguez) no se espera de ellas razonablemente que ajusten su actuar como lo haría una persona en condiciones normales.
Pero más allá de estas particulares situaciones, la jurisprudencia de la corporación ha señalado que la excepción del principio de confianza está guiada por la apreciación racional de las pautas que la experiencia brinda o de las concretas condiciones en que se desenvuelve una actividad u organización determinada, porque son elementos que posibilitan señalar si una persona, al satisfacer las reglas de comportamiento que de ella se esperan, está habilitada para confiar en que el dolo o la culpa de los demás que interactúan en el tráfico jurídico no la van a afectar(5).
1.5. De regreso al caso presente, se tiene que el juzgador, al fijar los hechos relevantes, admitió que la volqueta tenía el semáforo en verde, pero que la situación que reinaba en el cruce donde ocurrió el choque revestía tales características de anormalidad y peligrosidad que el conductor de dicho vehículo, en aras de extremar la prudencia como le era exigible, debía hacer caso omiso de la luz del semáforo y, por tanto, suspender la marcha, con el fin de vigilar y atender el paso de los demás vehículos que transitaban por la vía que tenía el semáforo dañado. El fallador apreció que, por no hacerlo así, siéndole exigible, Zabala Ortiz desencadenó el siniestro, al tiempo que el automóvil Mazda que conducía la víctima, como así lo demostró la prueba, observó las precauciones que le imponía la especial situación y, aún así, no pudo prever que la volqueta no actuaría de igual manera.
En contraste, el censor contrae su argumento a afirmar que como el juzgador admitió que el semáforo estaba en verde para la volqueta, entonces debía también apreciar que tenía la prelación, y que no era de recibo exigirle al agente deberes de cuidado y de abstención que no están incluidos en las normas (art. 111, en asocio con el 66, inc. 1º, del Código Nacional de Tránsito(6)).
Pues bien, insiste la Sala en que es cierto que el sentenciador, al fijar los hechos, halló que el camión tenía la luz verde, pero de allí no dedujo que por esa sola circunstancia necesariamente tuviera la prelación vial, pues se presentaban situaciones anormales que le imponían detener su marcha. Ante tal panorama fáctico es evidente que en esa situación no operaba el principio de confianza sino el de defensa, lo que hacía inaplicable el citado artículo 66, inciso 1º, del Código Nacional de Tránsito y el conductor del automóvil Mazda actuó acertadamente al proceder como si no hubiera semáforo, pues el estar averiado es tanto como si no existiera, razón por la cual Zabala Ortiz ha debido atenerse a las reglas que operan para los cruces sin semaforización, esto es, permitiendo el paso de quien se encuentra a su derecha, en este caso, el carro conducido por Velásquez García.
Ahora, el hecho de que la citada norma, o bien los artículos 23 y 120 del Código Penal, no establezcan de manera taxativa cuáles son las situaciones anormales y excepcionales que desvirtúan la vigencia del principio de confianza y, en consecuencia, hacen prevalecer el de defensa, no configura el yerro de interpretación normativa que pregona el casacionista, pues, como ya se dijo y se subrayó, la determinación de la efectividad del principio de confianza en un ámbito de interrelación está guiada por la apreciación racional de las pautas que la experiencia brinda o de las concretas condiciones en que se desenvuelve una actividad u organización determinada(7), de suerte que no es procedente ni exigible fijar, de manera taxativa y excluyente, las particulares situaciones que hacen prevalecer el principio de defensa frente al de confianza.
Así las cosas, admitir la tesis del censor supondría reconocer también que la experiencia en el tráfico rodado no le permite prever a un conductor experimentado, prudente y razonable, advertir que escasa seguridad para sí y para los terceros ofrece la luz verde, cuando se tiene que los semáforos del cruce están dañados, existe escasa luminosidad, un clima lluvioso y una importante congestión de vehículos, de suerte que se le impone al agente el deber de advertir que la señal de prelación en realidad pasa a un segundo plano, frente a las más elementales exigencias de prudencia.
No se requiere, pues, una norma específica que le enseñe al conductor experimentado que, como bien lo dijo el Juzgado Penal del Circuito, “los más mínimos dictados de prudencia aconsejaban a cualquier conductor, con absoluta independencia de su lugar de origen y de destino, a que en tales condiciones, por lo menos redujera al máximo su velocidad, esperara con calma a que se desembotellara el tráfico, y una vez dado ello de manera lenta y cuidadosa cruzara la intersección y/o continuara su camino”, razonamiento que lo condujo a asegurar que en este caso “con ocasión de esa variación de las normales circunstancias, nadie contaba ahí con prelación vial alguna, y todos absolutamente quienes participaban en ese tráfico estaban llamados a título de deber, a extremar o maximizar las precauciones y medidas de cautela, siendo la principal de estas el detener o parar sus vehículos, mientras realizaban la respectiva maniobra”.
En estas condiciones, la Sala encuentra que en verdad un correcto entendimiento de las normas le permitió al ad quem reprocharle a Zabala Ortiz que “lo único que le interesó fue la luz verde de su semáforo, sin importarle nada más, con lo cual desbordó los límites del riesgo permitido, e incursionó en uno de carácter prohibido, en el cual se dio el resultado lesiones personales del automovilista Carlos Eduardo Velásquez García, quien según la prueba antes valorada, al advertir que el semáforo acusaba fallas hizo el pertinente pare, siguió la marcha despacio, sin que le pasara por la mente que la volqueta que tomaba la vía a Puerto Tejada se le fuera a venir encima, pues estimó que dada aquella falla semaforal este automotor haría lo mismo que él hizo…”.
Por todo lo anterior, no existe en la sentencia la indebida interpretación normativa que pregona el impugnante.
2. Segundo cargo: nulidad.
Dice el casacionista, en síntesis, que la condena por razón de los perjuicios derivados de la conducta punible se excedió con relación a lo reclamado en la demanda presentada por el apoderado de la parte civil, es decir, en esta específica materia fue un fallo ‘ultra petita’.
2.1. Parcialmente le asiste razón al casacionista en el aserto precedente.
Ello surge palmario, en la medida en que mientras la parte civil formuló como pretensión indemnizatoria, a través del escrito de reforma de la correspondiente demanda, el equivalente al valor de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicios morales y 40 por perjuicios fisiológicos, el Juzgado Penal del Circuito, por su parte, condenó, por cada uno de dichos conceptos, al pago de la cuantía correspondiente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando se configura una situación como la descrita en precedencia, la Sala tiene dicho lo siguiente:
“Es cierto que el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, regula el principio de congruencia en materia civil, al señalar que:
“No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
“A este principio procesal se refirió la Sala de Casación Penal en el fallo del 13 de abril de 2011 (rad. 34145), en el que concluyó que en materia civil, el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita), ni más de lo pedido (ultra petita), ni dejar de resolver lo que le fue solicitado (citra petita), pues en cualquiera de tales eventos estaría desbordando, positiva o negativamente, los límites de su potestad, como ha sido decantado pacifica y reiteradamente por la jurisprudencia civil, entre otras decisiones, en la sentencia del 22 de febrero de 2002 (ref. exp. 6666), en la cual se dijo que:
“En virtud del principio de la congruencia, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, motivo por el cual no le permite al juzgador desbordar cualitativa o cuantitativamente la pretensión y sus fundamentos, como tampoco dejar de resolver sobre lo que fue solicitado o debió ser objeto de pronunciamiento, de donde se colige que habrá incongruencia si el fallo resulta omiso o diminuto (citra petita), o cuando se excede sobre el ‘thema decidendum’, cual sucede si el fallo se profiere sobre lo que jamás se reclamó de la jurisdicción (extra petita), o cuando se concede más de lo pedido (ultra petita)”.
“Principio que por supuesto irradia en toda su extensión la acción civil cuando se ejerce dentro del proceso penal, al punto que si la sentencia que pone fin al debate, recae sobre materias no debatidas en el curso del mismo, ausentes de la relación jurídico-procesal trabada, la incongruencia se traduce inexorablemente en una violación clara del derecho de defensa de la parte afectada con ella”(8).
Por tanto, como bien lo señala la Procuradora Delegada para la Casación Penal, el Juzgado ad quem no podía desbordar la pretensión indemnizatoria de la parte civil en lo que se refiere a los conceptos de perjuicios morales y fisiológicos. Por hacerlo así concedió a la víctima más de lo pedido (‘ultra petita’), lo que desborda los límites que le asisten al juez civil en esta materia, así como al penal cuando la acción indemnizatoria se ejerce dentro de procesos de esta naturaleza, pues en ambos casos rige el principio de congruencia entre lo reclamado en la demanda civil y lo reconocido en la sentencia, ya sea esta civil o penal.
2.2. El casacionista alega que la incongruencia se configuró también en lo referente al perjuicio por daño material, en la modalidad de lucro cesante. Dice que mientras la parte civil reclamó por dicho concepto la suma de $ 25.000.000, el sentenciador, acogiendo el peritaje, condenó al pago de $ 400.179.110.
Pues bien, en este caso, al contrario de lo que al unísono pregonan el impugnante y el Ministerio Público, la incongruencia no se presenta, pues vista la reforma de la demanda civil, allí aparece explícito que lo pedido por el sujeto procesal, en razón lucro cesante, fue la cuantía de $ 300.000.000 “o por la suma que resulta demostrada en el proceso”, expresión esta última que, como lo ha fijado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, hace desaparecer la alegada incongruencia.
Es cierto que en precedentes que datan del año 1956 se había fijado como absoluto el principio de congruencia entre lo solicitado en la demanda y lo reconocido en el fallo. Se dijo en aquellos que cuando lo solicitado viene acompañado de la expresión “o lo que se demuestre en el proceso”, u otra de naturaleza similar, ello debía entenderse como cualquier suma inferior a lo reclamado.
Pero en los últimos tiempos la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha recogido dicha postura y ha admitido que cuando la pretensión del demandante civil viene formulada de la manera ya descrita, la incongruencia del fallo desaparece, si acaso el juzgador llega a condenar por valores superiores a los fijados en el libelo indemnizatorio. Así lo dijo la Sala de Casación Civil (sent. de cas., abr. 15/2009, ref.: 08001-3103-005-1995-10351-01):
“Establecido lo precedente, corresponde entonces definir lo atinente a los perjuicios reclamados por la demandante […]; y en esta dirección es menester resaltar que como la pretensión se enderezó a obtener el pago de $ 60’000.000 “…o lo que resultara probado…”, acontecería, acorde con la jurisprudencia vigente sobre el particular, que la Corte, posicionada ahora en sede de instancia, al definir el monto de la condena a imponer se encontrara limitada por la cuantificación que así de modo expreso aquélla determinó”.
“No obstante, analizado hoy el fundamento basilar de dicha posición, considera la Sala indispensable en este momento su rectificación, de tal manera que se pueda admitir, al contrario de lo que se desprende de la tesis actual, que la única limitación que tiene el juez en orden a establecer el quantum de la condenación, en situaciones como la acabada de particularizar, está constituida sólo por el monto que se pruebe, conforme a los elementos de persuasión regular y oportunamente allegados al proceso”.
En efecto, con arreglo a la memorada doctrina de la corporación, que se remonta a la sentencia de 15 de octubre de 1956 de la Sala de Negocios Generales, el juez se encontraba imposibilitado para conceder una cantidad superior a la invocada en el acto introductorio en aquellos casos donde el demandante pidiera condenar al demandado a pagar la suma allí concretada “…o la que se pruebe…”, o “la que resultare probada…”, o “…la que se probare en el proceso…”, o cualquiera otra de similar contenido, por razón de que se entendía que en tales eventualidades el alcance de estas últimas expresiones quedaba subordinado, en todo caso, al monto que de manera expresa fuera indicado.
Es así como en el mencionado fallo, después de anotar que la cuantía pretendida podía “…ser variable o invariable…” y que esta última tenía lugar cuando era “…señalada por el sujeto activo de la acción…” en “…una cantidad determinada, cuya cifra…” representaba, en tal supuesto, “…el máximo de interés que…” le asistía en el litigio, la Corte señaló que en aquellos asuntos en que el actor exprese “…su interés máximo en una suma determinada, no puede el juez, sin incurrir en una plus petita, condenar a una suma de dinero superior a la señalada en el libelo, por más que… haya solicitado alternativamente con aquélla, que se condene a lo que aparezca acreditado en el juicio, porque esta petición está subordinada a aquella en que implora el pago de una suma invariable y determinada que… es el máximo del interés que anima al actor en la controversia…”; fue de esta manera como estimó que en vista de que la invocación de locuciones como las que vienen reseñadas “…no opera ni juega papel por encima…” de la cantidad explicitada, porque en tal hipótesis el interés del demandante “…de antemano está señalado y concretado…” en dicha cuantía, “…el quantum que se deduzca de las probanzas no puede exceder de la suma…” que éste “…ha fijado en el libelo como cifra determinada…”. Este criterio lo reiteró la corporación, entre otras decisiones, en las sentencias 190 de 29 de noviembre de 1993 (exp. # 3719) y 077 de 29 de junio de 2007 (exp. # 01518), al señalar, en la primera de ellas, que cuando el actor haya determinado “…sus aspiraciones… de un modo tal que su presentación asume el cariz dominante en el respectivo sintagma, esa cuantía … a la pretensión… le traza un límite… que al fallador no le es dable desconocer…”.
“Al contrario de lo que en el pasado estimó, la Corte considera ahora que en aquellos asuntos en cuya demanda, reforma o sustitución de esta la parte actora pretenda condenación por una suma explícitamente determinada, pero acompañada de expresiones como las particularizadas arriba, que son las palabras con las que de modo usual se formulan o plantean las súplicas que tengan como propósito una condena pecuniaria, ninguno de esos agregados se puede concebir como dependiente o subordinado de la cifra expresada que a su alrededor se hubiere manifestado; todo lo contrario, una cabal comprensión del tema permite admitir que dichos complementos la modifican de tal manera que amplían el espectro dentro del cual el juzgador válidamente puede o debe moverse, hacia arriba o hacia abajo de esa cuantificación, sin caer, desde luego, en una resolución infra petita o plus petita, pues en tal supuesto está limitado, eso sí, sólo por el importe probado a través de los diversos elementos de convicción incorporados al plenario”.
“Este es, desde luego, el sentido lógico y coherente de las mencionadas locuciones, en tanto están llamadas a representar el verdadero querer del promotor de la causa judicial cuando las súplicas fueren formuladas de la anotada manera; y es bajo el entendimiento que se viene sustentando como ellas adquieren su verdadera eficacia, su importancia y real concreción, pues, con arreglo a esta nueva posición, si las mismas no aparecen en el escrito contentivo de las pretensiones al juez le estará vedado sobrepasar el monto allí indicado, mas si llegaren a ser incluidas éste entonces no estará supeditado a la cuantía que le haya sido expresamente demandada, puesto que con el presente cambio tendrá la posibilidad de otorgar una suma superior, en aquellos casos que se lo permita el haz probatorio; expresado de otro modo, las memoradas frases resultarán provechosas bajo la doctrina que ahora se prohíja, porque si están incluidas en la súplica respectiva y si el acopio probativo permite establecerlo, harán posible imponer una cifra mayor de la que en términos numéricos la parte actora haya solicitado”.
“Al abrirse paso este nuevo entendimiento, se le quitan al juez las amarras que en aquella posición lo ataban, en la que, por lo mismo, le era imposible condenar por encima del importe determinado, ya que si el libelo no albergaba alguna de las citadas expresiones, bajo esa interpretación a él no le era dable imponer suma superior a la abiertamente indicada en la súplica respectiva, mas si las ostentaba, de igual modo se encontraba sujeto al quantum demarcado; en ese orden de ideas, resultaba que con arreglo a tal postura daba igual que esos agregados se insertaran u omitieran, por cuanto en nada afectaba lo uno o lo otro, de nada servían tales complementos y, por tanto, afloraban inútiles”.
“A la inversa de lo acabado de señalar, ha de verse cómo la nueva concepción sobre la materia analizada acompasa, por un lado, con el postulado de la congruencia de las sentencias, establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, según el cual el juez tiene definidos los lindes de su actividad desde la demanda, al punto que le es prohibido condenar por causa diferente de la invocada, por objeto distinto del pretendido —extra petita—, en cuantía superior a la suplicada —plus petita—, o por cantidad menor de la que haya sido solicitada y probada en el proceso —mínima petita—; y, por el otro, con el moderno principio de favor victimae, conforme al cual las dudas que puedan surgir a la hora de establecer la dimensión de la reparación han de resolverse en beneficio de quien injustamente sufrió el daño, por cuanto una definición contraria a la acabada de señalar restringiría, sin motivo racional alguno y en detrimento de aquél, sus posibilidades indemnizatorias —como ocurriría de aplicarse la postura objeto de esta rectificación—, al tiempo que supondría, aún contra las reglas de la experiencia y en contravía del postulado de la equidad pregonado en la Ley 446 de 1998, que el agraviado no quisiese el resarcimiento íntegro, sino uno parcial o fragmentario”.
“Además, desde el punto de vista meramente gramatical existe otro argumento que obra a favor del nuevo alcance, habida cuenta que la disyuntiva “o”, utilizada en casi todos los asuntos en los que se hace uso de algunas de aquellas expresiones, implica una alternativa con el firme propósito de que el juez, a la hora que le corresponda, pueda optar por una posibilidad o por la otra, según como se lo permita el caso específico”.
“Por tanto, si al decir del artículo 305 del estatuto procesal civil, “…la sentencia deberá estar en consonancia…”, en particular, con “…las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades…” que dicho código “…contempla…”, y si en el acto introductorio la parte demandante deprecó que se ordenara a la demandada a pagar, por concepto de la indemnización de perjuicios, la cantidad de dinero allí dicha en una cifra concreta, o “…la suma que se probare…”, con arreglo a la doctrina que ahora se rectifica el juzgador, de hallarse demostrado dentro del proceso por tal concepto una cuantía superior a la que de aquel modo el actor hubiera determinado, tendrá forzosamente que imponer la condena por la suma así probada y no por la cifra exacta fijada, porque, ha de reiterarse, al haberse invocado en la pretensión la condenación a cargo de la opositora por la cantidad precisa aducida o “…por la que se probare…”, él no tendrá ninguna restricción legal para disponerla en la extensión real y efectivamente demostrada, pues aún de este modo estará pronunciándose dentro de los precisos límites trazados por el mentado precepto normativo; antes bien, si en tal supuesto, esto es, de encontrar evidenciado un quantum mayor del expresamente pedido en el libelo, llegara a reducir la condena al guarismo explicitado en la demanda, incurrirá en un fallo incongruente, por mínima petita, por cuanto en tal hipótesis la definición de la controversia judicial no estará en consonancia con “…las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades…” legalmente previstas”.
“Con sustento, pues, en esta nueva doctrina puede en este momento la Sala, en sede de instancia, imponer a una cantidad superior a los sesenta millones de pesos deprecados por la parte actora, sin que por ello violente el lindero de lo pedido o incurra en plus petita, dado que, al haber sido redactado de esta forma el petitum, es palmario que ella no limitó exclusivamente las súplicas a esa única extensión, por supuesto que así dejó abierta la posibilidad de ir más allá de tal cantidad”.
En el caso que ocupa la atención de la Sala, se tiene que no existe la incongruencia pregonada por el casacionista respecto de la condena por lucro cesante, pues en el escrito de reforma de la demanda de parte civil consta con claridad que el demandante fijó dicho concepto en la suma de $ 300.000.000, “o por la suma que resulta demostrada en el proceso”, lo que en verdad le permitía al sentenciador condenar por un valor superior al mencionado, cual fue el que efectivamente halló demostrado en el proceso, con la prueba legal y válidamente aducida. No ocurre lo mismo respecto de los conceptos referentes a perjuicios morales y fisiológicos, pues en la modificación de la demanda civil no aparece una expresión similar a la ya citada, la cual le hubiera permitido al sentenciador apartarse de lo expresamente solicitado.
2.3. Por tanto, la Sala accederá parcialmente a lo solicitado por el impugnante en el segundo cargo.
Como consecuencia de lo anterior, casará en parte el fallo del Juzgado 6º Penal del Circuito, únicamente en lo referente a la condena en perjuicios por los conceptos de perjuicios morales y fisiológicos y, en su lugar, ajustará las sumas correspondientes a lo pedido en la demanda civil, esto es, a las cuantías de 100 y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, respectivamente, los cuales fueron fijados en el escrito de reforma a la demanda civil(9).
2.4. Por último, es pertinente aclarar que como el tercero civilmente responsable, la Sociedad Calizas y Derivados S.A., fue condenado de manera solidaria junto con el procesado al pago del valor de los perjuicios y, por tanto, fue afectado por la sentencia, los efectos de la decisión aquí adoptada se extenderán a dicho sujeto procesal.
En lo demás, el fallo recurrido mantendrá su vigencia.
PRIMERO: NO CASAR el fallo por razón del primer cargo de la demanda de casación.
SEGUNDO: CASAR PARCIALMENTE la sentencia del 24 de noviembre de 2011, proferida por el Juzgado 6º Penal del Circuito de Cali, conforme el segundo cargo de la demanda formulada por el defensor del procesado.
SEGUNDO(sic): Como consecuencia de lo anterior, REVOCAR PARCIALMENTE el numeral tercero de la decisión recurrida. Por tanto, CONDENAR a Geison Zabala Ortiz y al tercero civilmente responsable, Sociedad Calizas y Derivados S.A., al pago solidario, a favor del ofendido Carlos Eduardo Velásquez García, del valor equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2005 y cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la misma época, por los conceptos de perjuicios morales y fisiológicos, respectivamente.
SEGUNDO(sic): En lo demás, el fallo de primera grado se mantiene incólume.
Cópiese, notifíquese, devuélvase al juzgado de origen y cúmplase.»
(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 4 de septiembre de 2012, radicación 38126.
(3) Cfr. cas. de mayo 20 de 2003, radicación 14699.
(4) Ibíd., radicación 22941.
(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de única instancia del 17 de diciembre de 2003, radicación 17765.
(6) Artículo 66, inciso primero, Ley 769 de 2002: “Giros en cruce de intersección. El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y donde no haya semáforo tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando le corresponda”.
ART. 111.—“Prelación de las señales. La prelación entre las distintas señales de tránsito será la siguiente: señales y órdenes emitidas por los agentes de tránsito; señales transitorias; semáforos; señales verticales; señales horizontales o demarcadas sobre la vía”.
(7) Ibíd., radicación 17765.
(8) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto sentencia del 13 de marzo de 2013, radicación 37285. En igual sentido, sentencia del 7 de marzo de 2012, radicación 34816.
(9) En el libelo de casación, el recurrente señala que la demanda civil reclamó 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicio moral. Lo anterior desconoce la realidad procesal, pues lo cierto es que en la reforma de la demanda la cuantía del perjuicio por dicho concepto se fijó en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.