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Timestamp: 2019-01-23 16:41:03
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﻿ SENTENCIA T-260 DE ABRIL 22 DE 1999
SENTENCIA T-260 DE 22 DE ABRIL DE 1999
CONTENIDO:HÁBEAS CORPUS. CASOS EN QUE PROCEDE
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:331 DE JULIO DE 1999, PÁG.1355
•Sentencia T-260 de abril 22 de 1999
Actor: Carlos Eduardo Muñoz Dávila
— Vía de hecho judicial.
— Competencias del juez de tutela al evaluar los elementos fácticos de una presunta vía de hecho judicial.
— Doctrina constitucional sobre habeas corpus.
— Doctrina constitucional sobre el principio de non bis in idem.
Santafé de Bogotá, D.C., veintiuno de abril de mil novecientos noventa y nueve.
EXTRACTOS: «Los hechos que originaron el presente caso pueden resumirse como sigue:
Los ciudadanos Carlos Alberto Arias Giraldo y John Francisco Cruz Romero fueron capturados el 21 de febrero de 1996, en situación de flagrancia, por la presunta comisión del delito de homicidio. Al día siguiente de la captura, se practicó la diligencia de indagatoria. No obstante, el fiscal correspondiente dejó vencer los términos de ley para definir situación jurídica de los indagados. El 6 de marzo de 1996, el fiscal impuso a los sindicados medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.
Tanto la fiscalía como el Ministerio Público consideraron que la acción impetrada era improcedente dado que existía una decisión judicial que ordenaba la detención de los solicitantes y que la solicitud de habeas corpus había sido realizada con posterioridad a que fuera proferida la mencionada edición judicial. En su criterio, en las condiciones descritas, las solicitudes de libertad no pueden formularse a través de la acción de habeas corpus. En estos casos, las mencionadas solicitudes deben realizarse dentro del proceso penal, mediante los recursos ordinarios que para ello establece la ley. Concluyeron su alegato afirmando que el habeas corpus sólo procede si se solicita antes de proferida la decisión judicial que sirve de base a la privación de la libertad.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca ordenó archivar definitivamente el expediente disciplinario. Para sustentar su decisión, afirmó que el juez querellado produjo una providencia “basada en su criterio jurídico, fundamentada en la Constitución, en la ley penal vigente, ante lo cual esta jurisdicción no puede inmiscuirse”.
Sin embargo, tanto la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá como la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia consideraron que el funcionario judicial investigado había incurrido en el delito de prevaricato por acción. A su juicio, no existe ninguna duda sobre la improcedencia de la acción de habeas corpus por privación ilegal de la libertad por vencimiento de términos para resolver situación jurídica, cuando la acción se interpone luego de que se ha proferido una decisión judicial que ordena la detención del sindicado. Sostienen que al amparo de lo dispuesto por el artículo 430 del Código de Procedimiento Penal (modificado por la L. 15/92, art. 2º) —declarado exequible por la Corte Constitucional—, una vez se ha proferido la decisión judicial que ordena la detención, las solicitudes de libertad deben realizarse a través de los recursos ordinarios existentes y no mediante la acción de habeas corpus. Indican que, habiendo sido declarada exequible la norma en cuestión, mal puede omitirse su aplicación a un caso concreto bajo el pretexto de la aplicación directa del artículo 30 de la Carta.
2. En desarrollo de principios medulares del sistema constitucional, como los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley, el ordenamiento asigna a las más altas cortes la tarea de unificar la jurisprudencia de cada una de las respectivas jurisdiccionales.
Mientras la Carta de 1886 establecía sólo dos tribunales supremos, la Carta Política de 1991 creó una nueva Corte como cabeza de la jurisdicción constitucional. Así, la Constitución de 1991 asignó a la Corte Suprema de Justicia la función primordial de unificar la jurisprudencia ordinaria (C.P., art. 235), al Consejo de Estado, la jurisprudencia contencioso administrativa (C.P., art. 237) y, a la Corte Constitucional, la jurisprudencia constitucional (C.P., art. 241)(1). No obstante, algunos operadores jurídicos no han acabado de aceptar y entender el cambio constitucional que implica la creación de una verdadera jurisdicción constitucional y de un nuevo órgano de cierre en esta particular área del derecho. Por ello, todavía rehusan admitir que el órgano encargado de definir, en último instancia, los parámetros de interpretación de la carta, es la Corte Constitucional.
Ahora bien, como ya lo había reconocido esta Corte “tal fenómeno no es exclusivo de nuestro país, como quiera que se ha presentado en todos los estados que, en la segunda mitad del presente siglo, modificaron, en forma sustancial, la estructura constitucional del poder judicial. Sin embargo, lo cierto es que en esos estados, más temprano que tarde, los más altos tribunales se adaptaron a los cambios constitucionales, lo que en nuestro país, al parecer, todavía no ha terminado de suceder”(2).
Según la jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales. No obstante, la citada regla encuentra una excepción en aquellos casos en los cuales la acción se interpone contra una auténtica vía de hecho judicial. Al respecto, esta corporación ha indicado que existe vía de hecho judicial cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actúo completamente al margen del procedimiento establecido. En criterio de la corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”(3).
Ahora bien, según la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela no puede reemplazar al juez de la causa ni puede convertirse en una última instancia de decisión. Para asegurar que ello no ocurra, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que “sólo hay lugar a la calificación del acto judicial como una auténtica vía de hecho si el vicio que origina la impugnación resulta evidente o incuestionable. Aquellos asuntos que puedan ser objeto de polémica judicial o que no surjan a simple vista como lesiones superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar origen a la descalificación, por vía de tutela, de la sentencia impugnada”(4).
En virtud de los criterios anteriores, debe la Sala entrar a estudiar, si, como lo afirma el actor, las providencias impugnadas constituyen auténticas vías de hecho judiciales a través de las cuales amenazan o lesionan sus derechos fundamentales.
4. Según la acción de tutela que se estudia, las decisiones proferidas por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia presentan un defecto sustantivo en tanto se fundan en el artículo 430 del Código de Procedimiento Penal (modificado por la L. 15/92, art. 2º), norma que, en su criterio, resulta absolutamente inaplicable para definir la procedencia de la acción de habeas corpus. A juicio del actor, el citado artículo no determina la improcedencia de la acción de habeas corpus cuando, con posterioridad al vencimiento de los términos para resolver la situación jurídica, se profiere una medida de aseguramiento que convalida la privación ilegal de la libertad. Sostiene que la hipótesis mencionada, de improcedencia del habeas corpus, se encontraba consagrada en el artículo 464 del Decreto 50 de 1987. No obstante, indica que dicha disposición fue derogada por el nuevo Código de Procedimiento Penal, sin que éste hubiere establecido una norma similar. Alega que de ninguna manera puede entenderse —como lo hacen las decisiones impugnadas— que el mencionado artículo 430 del Código de Procedimiento Penal consagra la causal de improcedencia del habeas corpus que antes consagraba el artículo 464 del Decreto 50 de 1987.
De otro lado, la representante judicial del actor señaló que la providencia emanada de la Corte Suprema de Justicia omite citar los apartes de la sentencia C-010 de 1994, proferida por la corte Constitucional, en los cuales (1) se establece que el habeas corpus puede ser invocado para controvertir aquellas decisiones judiciales de privación de la libertad que constituyan actuaciones de hecho, y (2) que el inciso 2º del artículo 430 del Código de Procedimiento Penal no es una norma referente a la acción de habeas corpus sino a la órbita de actuación ordinaria de los jueces. En este orden de ideas, agregó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sólo citó aquellos pasajes de la sentencia constitucional mencionada que perjudican a su poderdante. Igualmente, indicó que la sentencia C-301 de 1993 permite establecer “la viabilidad de interponer acción de habeas corpus por vencimiento de términos sin resolver situación jurídica conforme con los preceptos contenidos en el artículo 387 del Código de Procedimiento Penal”.
Según la apoderada del demandante, la interpretación que, en torno a la procedencia de habeas corpus, efectuaron la Sala Penal del tribunal Superior de Santafé de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, restringe la efectividad de esta acción de protección de la libertad y, por ende, viola las disposiciones del artículo 30 de la Constitución Política. En particular, indicó que su representado no aplicó una excepción de inconstitucionalidad con respecto al artículo 430 del Código de Procedimiento Penal, sino que interpretó tal norma de modo que tuviese la máxima eficacia posible el derecho fundamental establecido en el artículo 30 del estatuto superior.
5. Para verificar si se produjo el defecto material alegado, la Sala debe determinar, si, como lo afirma el demandante, las decisiones impugnadas se fundaron en una disposición absolutamente inaplicable. Para ello, es necesario definir si es razonable —o si no es jurídicamente imposible— sostener que el segundo inciso del artículo 430 del Código de Procedimiento Penal (modificado por la L. 15/92, art. 2º), dispone la improcedencia de la acción de habeas corpus cuando se interpone por una persona que ha sido privada de la libertad en virtud de una providencia judicial, una vez ésta ha sido expedida.
Podría sostenerse que la interpretación del derecho legislado no es una cuestión que competa a la Corte Constitucional. Ello es cierto. En principio, quien debe definir el significado y alcance de las disposiciones que integran el derecho penal —procesal y sustancial— es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en casos como el presente la tarea del juez constitucional no es la de definir si la interpretación dada por el juez penal a una disposición del derecho legislado, es la mejor posible, sino la de estudiar si se trata de una interpretación jurídicamente viable. En otras palabras, dado que el juez de tutela no es un juez de instancia, su labor se contrae a verificar si la interpretación de la ley presuntamente aplicada al caso concreto, se produjo de una manera completamente contra evidente o absolutamente irracional. Sólo en este evento, la decisión judicial impugnada constituiría una verdadera vía de hecho judicial, pues se estaría produciendo al margen del derecho vigente.
Pero en el presente caso existe una razón adicional que avala la intervención del juez constitucional. En efecto, se trata de definir el alcance de una norma que desarrolla, directamente, una acción constitucional. Según el actor, la interpretación realizada por los falladores de instancia dentro del proceso penal, contradice la doctrina de la Corte Constitucional sobre el artículo 30 de la Carta. Esto, sin duda, es una cuestión que compete definir a esta Corte. En consecuencia, procede la corporación, a recordar la doctrina constitucional vigente en materia de habeas corpus.
Cabe anotar que el derecho al habeas corpus no sólo se encuentra consagrado en el artículo 30 de la Carta. Adicionalmente, corresponde a un derecho establecido en los tratados internacionales sobre derechos humanos que no pueden ser suspendidos en estados de excepción. En consecuencia, forma parte del llamado bloque de constitucionalidad(5).
7. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha indicado que el habeas corpus es tanto un derecho fundamental(6) como un mecanismo de protección de la libertad personal(7). En cuanto se refiere al habeas corpus entendido como garantía procesal destinado a la defensa de la libertad, la Corte ha señalado:
“El habeas corpus, precisamente, es una acción pública y sumaria enderezada a garantizar la libertad —uno de los más importantes derechos fundamentales si no el primero y más fundamental de todos— y a resguardar su esfera intangible de los ataques e intromisiones abusivos. Se trata de la principal garantía de la inviolabilidad de la libertad personal. Su relación genética y funcional con el ejercicio y disfrute de la libertad, física y moral, no limita su designio a reaccionar simplemente contra las detenciones o arrestos arbitrarios. La privación de la libertad, de cualquier naturaleza con tal que incida en su núcleo esencial, proceda ella de un agente público o privado, justifica la invocación de esta especial técnica de protección de los derechos fundamentales, cuyo resultado, de otra parte, es independiente de las consecuencias penales o civiles que contra estos últimos necesariamente han de sobrevenir si se comprueba que su actuación fue ilegítima o arbitraria”(8).
8. En la sentencia T-046 de 1993(9) la Corte Constitucional consideró que las medidas restrictivas del derecho a la libertad personal, proferidas con posterioridad a la solicitud de habeas corpus, y encaminadas a legalizar la privación ilegal de la libertad, debían ser tenidas como inexistentes. En criterio de esta corporación, la tardía “regulación” de una situación de privación indebida de la libertad por prolongación ilícita contra la cual se ha interpuesto el recurso de habeas corpus, es inconstitucional.
Según la decisión transcrita, la acción de habeas corpus debe concederse siempre que se hubiere solicitado durante la privación ilegal de la libertad, con independencia de que, con posterioridad, se expida una decisión judicial que pretenda legalizar la arbitrariedad cometida. No obstante, en el caso que ocupa la atención de la Sala, la solicitud de habeas corpus se realizó casi dos meses después de expedida la providencia judicial que ordenaba la detención de los sindicados y previa solución de los recursos de reposición y apelación contra la mencionada providencia. En consecuencia, queda claro que se trata de un evento no cobijado bajo la doctrina sentada por la sentencia T-043 de 1993.
9. El artículo 3º del Decreto 1156 del 10 de julio de 1992, expedido en ejercicio de facultades de estados de excepción, señaló con claridad, que el habeas corpus no era procedente para alegar alguna de las causales previstas por el ordenamiento para obtener la libertad provisional cuando una persona se encontrare privada de la libertad por orden judicial. Según tal disposición, en estos casos, el interesado debe acudir a los mecanismos ordinarios existentes dentro del proceso penal.
Al realizar el juicio de constitucionalidad de la norma mencionada, la Corte Constitucional consideró que no se oponía a la Constitución la norma legal que restringe la acción de habeas corpus a la garantía de la libertad física de la persona frente a las detenciones arbitrarias decretadas por autoridades no judiciales. En consecuencia, consideró ajustada a la Carta la disposición según la cual, para repeler una decisión judicial que, proferida al margen del ordenamiento jurídico, ordena la privación de la libertad, el interesado debe acudir, en principio, a los mecanismos ordinarios dentro del proceso penal. De otra manera, dijo la Corte, se auspiciaría la anarquía judicial(10).
Ahora bien, una interpretación sistemática de las dos decisiones que hasta ahora han sido citadas indica con claridad que para la Corte Constitucional, aun en estados de excepción, de verificarse una de las dos hipótesis de restricción ilegal del derecho a la libertad personal —captura ilegal o retención pese al vencimiento de términos—, las decisiones judiciales restrictivas de la libertad posteriores a la solicitud del habeas corpus deben ser tenidas como inexistentes.
10. Como lo señala la apoderada del actor, el antiguo artículo 464 del Decreto 50 de 1987 establecía que “en los casos de prolongación ilícita de privación de libertad no procederá el habeas corpus cuando, con anterioridad a la petición, se haya proferido auto de detención o sentencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario”. Sin embargo, el Decreto 50 de 1987 fue derogado por el nuevo Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), que reguló, en sus artículos 430 y subsiguientes, los alcances y el trámite de la acción de habeas corpus. Con posterioridad, el artículo 2º de la Ley 15 de 1992 (que adoptó, como legislación permanente, entre otras cosas, lo dispuesto en el D. 1156/92, art. 3º) modificó, en los siguientes términos, lo dispuesto por el citado artículo 430, norma actualmente vigente.
“ART. 430.—Del Código de Procedimiento Penal (modificado por la L. 15/92, art. 2º). Habeas corpus. El habeas corpus es una acción pública que tutela la libertad personal cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolongue ilegalmente la privación de su libertad.
Las peticiones sobre libertad de quien se encuentra legalmente privado de ella deberán formularse dentro del respectivo proceso”.
Según el actor, la disposición transcrita no impide que prospere una acción de habeas corpus cuando se ha interpuesto una vez la autoridad judicial competente ha proferido la providencia judicial que ordena la detención. A su juicio, según el artículo 30 de la Carta, basta que el juez constate que en algún momento del proceso se produjo el fenómeno de privación ilegal de la libertad, para que, en cualquier tiempo y con independencia de las decisiones que entre tanto se hubieren adoptado, deba prosperar el habeas corpus. Sostiene el actor, que su tesis se ampara en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los alcances del artículo 30 de la Carta y las limitaciones del artículo 430 del Código de Procedimiento Penal (modificado por la L. 15/92, art. 2º), antes transcrito.
En la correspondiente sentencia(11), la Corte señaló que el habeas corpus opera, especialmente, cuando se trata de solicitar la libertad de una persona que ha sido capturada, de manera arbitraria, por orden de una autoridad no judicial. Adicionalmente, la acción debe prosperar para garantizar la libertad de una persona que permanece detenida sin que exista orden judicial que ampare la retención. No obstante, en aquellos eventos regulados por el inciso segundo de la norma transcrita, en los cuales la privación de la libertad se encuentra fundada en una providencia judicial presuntamente válida, las solicitudes de libertad deben formularse dentro del proceso penal respectivo, mediante los recursos legales existentes. Para la Corte, en los casos descritos, sólo procedería el habeas corpus en dos eventos (1) cuando la decisión judicial constituya una auténtica actuación de hecho o, (2) cuando, contra la providencia judicial que ordena la privación de la libertad, no exista un recurso ordinario que pueda ser resuelto por un funcionario judicial distinto a aquél que la profirió. No obstante, como se demuestra en la sentencia referida, con excepción de aquellas dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuando actúa como juez penal de única instancia, en la actualidad las providencias a través de las cuales se puede ordenar privación de la libertad, pueden ser controvertidas ante un juez de segunda instancia. En consecuencia, la corporación declaró exequible, en su integridad, al artículo 2º transcrito indicando que se refería, de manera clara y expresa, a la procedencia de la acción de habeas corpus cuando se solicita por una persona que se encuentra privada de la libertad en virtud de una orden judicial.
En el mismo sentido se manifestó la Corte en la sentencia C-10 de 1994(12) en la que consideró que las peticiones de libertad de quien se encuentre privado de ella en virtud de una orden judicial, no se pueden tramitar, en principio, a través del recurso de habeas corpus. Para ello deben utilizarse los recursos ordinarios que permiten la revisión del acto judicial por un juez imparcial, salvo que se trate de una auténtica actuación de hecho.
De lo anterior queda claro que, a diferencia de lo señalado por el actor, la Corte Constitucional en su jurisprudencia, entendió que el inciso segundo del artículo 430 del Código de Procedimiento Penal definía una causal de improcedencia de la acción de habeas corpus. En consecuencia, de ninguna manera puede apoyarse en la jurisprudencia constitucional la tesis según la cual la mencionada acción procede cuando ha sido interpuesta luego de haberse proferido una decisión judicial que dispone la restricción de la libertad, salvo cuando dicha decisión pueda ser calificada como una vía de hecho judicial».
(1) Sobre las competencias diferenciadas de cada una de las altas cortes, véase, en general, la sentencia 037 de 1996. (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
(2) Sentencia T-008 de 1998. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(3) Sentencia T-231 de 1994. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(4) Sentencia T-008 de 1998. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(5) Al respecto, en la sentencia C-496 de 1994. (M.P. Alejandro Martínez Caballero), dijo la Corte: “Así, dentro del marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, aprobada y ratificada por Colombia (L. 16/72), el habeas corpus es una garantía a la libertad y un derecho fundamental que no puede ser limitado, ni siquiera durante los estados de excepción. En efecto, la Convención Interamericana establece en su artículo 27 el listado de los derechos que no pueden ser suspendidos en ningún caso, agregando que tampoco pueden ser suspendidas “las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. En dos opiniones consultivas, la Corte Interamericana ha establecido de manera unívoca que el habeas corpus, contenido en el artículo 7.6 de la convención, es uno de los derechos y una de las garantías judiciales que no son susceptibles de limitación en los estados de excepción. Así, en la primera de tales opiniones, la Corte Interamericana señaló que si bien la Convención Interamericana admite la limitación de la libertad personal durante los estados de excepción, eso no significa que sea factible la suspensión del habeas corpus, por las siguientes dos razones. De un lado, porque el habeas corpus, al controlar la licitud de las detenciones, opera también como una garantía de la vida y la integridad personal, derechos que, al tenor del artículo 27-2 de la convención son intangibles. Así, para la Corte Interamericana es “esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes. De otro lado, según la Corte Interamericana, el mantenimiento del habeas corpus es también necesario para controlar, en los casos concretos, la razonabilidad de las limitaciones a la libertad personal establecidas durante los estados de excepción”.
(6) Sentencias T-046 de 1993. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-10 de 1994. (M.P. Fabio Morón Díaz).
(7) Sentencias C-301 de 1993. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-10 de 1994. (M.P. Fabio Morón Díaz).
(8) Sentencia C-301 de 1994. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(10) Sentencia C-557 de 1992.
(11) Sentencia C-301 de 1993. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).