Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1186495
Timestamp: 2019-03-22 19:04:17
Document Index: 342973108

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 52', 'artículo 138', 'artículo 147', 'artículo 145', 'artículo 81', 'artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 52', 'artículo 138']

Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en materia de participación de la Generalitat Valenciana en las decisiones sobre inversión del Estado
Ley Orgánica 3/2019, de 12 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en materia de participación de la Generalitat Valenciana en las decisiones sobre inversión del Estado en la Comunidad Valenciana (BOE de 13 de marzo de 2019). Texto completo.
Durante sus más de cuatro años de vigencia, la reforma operada en el Estatut d’Autonomia a través de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril , ha supuesto un salto cualitativo muy importante para las legítimas aspiraciones de la Comunitat Valenciana a la hora de alcanzar el máximo nivel competencial, siempre desde el respeto hacia las competencias del Estado y sin cuestionar ni poner en riesgo la preservación de un modelo autonómico basado en la igualdad y la solidaridad interterritoriales.
De este modo, la Comunitat Valenciana acometió un proceso de reforma al que, durante 2006 y 2007, se sumaron otras cinco comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León e Illes Balears-, y que se está prolongando en el tiempo con la adopción de nuevas iniciativas de reforma estatutaria -Navarra, a través de la Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre , hasta el momento.
Ese distinto modo de afrontar y llevar a cabo una reforma estatutaria ha tenido un inmediato reflejo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En sus Sentencias 247/2007, de 12 de diciembre, y 249/2007, de 13 de diciembre, el máximo intérprete de la Constitución enjuició la adecuación a la norma suprema del artículo 17.1 del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, y estimó que el precepto aludido era perfectamente compatible con la Constitución , sin que de él pudiera derivarse, por tanto, infracción alguna del bloque de la constitucionalidad ni del orden de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
La aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio , de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, provocó la inmediata interposición de hasta siete recursos de inconstitucionalidad contra un gran número de preceptos de la nueva norma institucional básica catalana, recursos que, tras prolongados debates y una procelosa tramitación, han dado pie, durante la segunda mitad de 2010, a que el Tribunal Constitucional emita distintas sentencias en las que ha declarado nulos varios artículos e incisos estatutarios y ha acudido a la técnica de la interpretación conforme para salvar la constitucionalidad de otros muchos preceptos.
Desde la Comunitat Valenciana no se quiso, en su momento, incluir dentro del nuevo Estatut d’Autonomia cláusulas o previsiones que pudieran condicionar indebidamente al Estado en el ejercicio de sus competencias y que, por esto mismo, pudieran ser dudosamente compatibles con la Constitución . Pero en el Fundamento Jurídico 138 de su Sentencia 31/2010, de 28 de junio, el Tribunal Constitucional ha establecido, al enjuiciar la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que un inciso como el antes indicado no vincula a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pues los compromisos financieros formalizados en los estatutos de autonomía no constituyen un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los Presupuestos Generales de cada ejercicio económico.
Según el Alto Tribunal, es el propio Estado el que, atendiendo a todas las variables concurrentes en cada caso, debe decidir si procede dotar, y en qué cuantía, las asignaciones correspondientes. En consecuencia, a tenor de la decisión adoptada por el máximo intérprete de la norma suprema, la disposición adicional tercera del Estatuto catalán, interpretada en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones, no es contraria a la Constitución .
Por todo ello, el nuevo apartado cuarto del artículo 52 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana prevé que la Generalitat participará en las decisiones sobre la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana la cual, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será equivalente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución, al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un período de siete años. Con esta finalidad, se constituirá una Comisión integrada por la administración estatal, autonómica y local que será la encargada de velar por el cumplimiento de ese criterio distributivo. El artículo 147.3 de la Constitución española establece que la reforma de los estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 145 del Reglamento del Congreso de los Diputados. En línea con lo indicado por el precepto constitucional, el título X del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, integrado únicamente por su artículo 81, determina el procedimiento que seguir para llevar a cabo una reforma estatutaria, y atribuye la iniciativa al Consell, a una tercera parte de los miembros de Les Corts, a dos grupos parlamentarios y a las Cortes Generales. En relación con dicho precepto, los artículos 129 y 170 del Reglamento de Les Corts regulan cómo ha de tramitarse la iniciativa de reforma, y el apartado a) del artículo 18 de la Ley del Consell asigna a este, entre otras funciones de carácter normativo, la de proponer a Les Corts la reforma del Estatut d’Autonomia. Finalmente, el artículo 10.1 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, indica que dicha institución ha de dictaminar, con carácter preceptivo, “los anteproyectos de reforma del Estatut d’Autonomia”.
Se adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 52, integrado en el Título IV (“Las competencias”) del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, del siguiente tenor:
“4. La Generalitat participará en las decisiones sobre la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana la cual, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será equivalente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución, al peso de la población de la Comunitat Valenciana sobre el conjunto del Estado por un período de siete años. Con esta finalidad, se constituirá una Comisión integrada por la administración estatal, autonómica y local.”
Esta ley orgánica entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.