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Timestamp: 2017-09-21 05:01:56
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 10', 'Artículo 11']

MISIÓN SUCRE MONTALBÁN: 2011-09-11
Publicadas por Misión Sucre Montalbán el 9/17/2011 07:27:00 p. m.
La intención de este desarrollo, es la de definir los términos y conceptos de jurisdicción, competencia y fraude a la ley. Lo hago en sus aspectos fundamentales y lo refiero, concretamente, al territorio de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Se establece en los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES de la constitución vigente venezolana, en el Artículo 1, “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.”, y agrega además que “Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.”. Continúa en el Artículo 2 y expresa que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”. Así mismo consagra en su Artículo 3, que “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz,...”. Luego, en el Artículo 5 declara, “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo,...” y concreta este artículo afirmando que “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.”, y en el Artículo 7 se establece que “La Constitución es la norma suprema...Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.”
En el TÍTULO II trata lo relativo al ESPACIO GEOGRÁFICO Y LA DIVISIÓN POLÍTICA, y en el Capítulo I, en lo referente al Territorio y demás Espacios Geográficos, en su Artículo 10, expresa que “El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.”; continúa y establece en el Artículo 11, al decir que “La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; ...”. Esto espacios son
“... el archipiélago de Los Monjes, archipiélago de Las Aves, archipiélago de Los Roques, archipiélago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La Blanquilla, archipiélago Los Hermanos, islas de Margarita, Cubagua y Coche, archipiélago de Los Frailes, isla La Sola, archipiélago de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y, además, las islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los límites de la zona económica exclusiva.
Finalmente, en el artículo citado, agrega “Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional público y la ley...”.
1. Poder o autoridad que tiene alguien para gobernar.
6. Territorio al que se extiende.”
De acuerdo al criterio de Eugenio Hernández-Breton:
“La jurisdicción, en su acepción de facultas iurisdictionis (competencia docente), es una potestad estatal resultante de la soberanía y que consiste en el poder abstracto de componer conflictos intersubjetivos con fuerza de cosa juzgada. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Público esta facultad le es reconocida a cada Estado soberano exclusivamente en consideración a su carácter de tal. Señalan los autores más autorizados, que los Estados no gozan de potestades ilimitadas en el ejercicio de la jurisdicción. Corresponde al Derecho Internacional Público precisar los límites de esa facultad. Estos límites son independientes de la voluntad de los Estados y afectan en forma inmediata una prerrogativa inseparable de la soberanía de cada Estado. De esta manera, resulta lógico poder afirmar que los Estados soberanos sólo pueden ejercer aquellas facultades sobre las cuales tienen poder de disposición. Dichos límites fijados por el Derecho Internacional Público son impuestos para garantizar el respeto debido a los demás Estados soberanos. No obstante lo anterior, la doctrina ha enfrentado numerosos inconvenientes para determinar con exactitud los verdaderos límites impuestos por el Derecho Internacional Público al ejercicio de la jurisdicción, y las decisiones de los tribunales internacionales, se han inclinado por reconocer la casi absoluta inexistencia de principios o reglas internacional-publicistas que limiten el ejercicio de la jurisdicción por parte de los Estados, indicando que "todo lo que puede ser exigido a un Estado es que no traspase los límites que el Derecho Internacional Público señala al ejercicio de su jurisdicción, y dentro de estos límites, el criterio que asuma para ejercer su jurisdicción corresponde a su soberanía"
(Hernández-Bretón, E. )
Esta es una definición esencialmente estadista. Descarta a cualquier otra persona de la facultad de administrar justicia.
“La función pública realizada por órgano competente del Estado, con las formas requeridas por ley, en virtud del cual. Por acto de juicio y la participación de sujetos procesales, se determina el derecho de partes, con el objeto de dirimir sus conflictos de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución” .
Se refiere al nacimiento de la ley, ya sea formalmente, por procedimiento legislativo o materialmente. De acuerdo al acto de juicio, se refiere al proceso y su procedimiento. Aquí, E. Costure, introduce dos elementos más del la jurisdicción: la coerción y la ejecución, según Iban Escobar Fornoci.
NATURALEZA DE LA JURISDICCIÓN.
1) Cuando un juez aplica la ley no lo hace a ciegas.
2) El juez no actúa sin razonar. Tiene que pensar para aplicar la ley a un caso concreto. Al efectuar la aplicación de la ley a un caso concreto, está incorporando un valor agregado a la norma, debido a que la jurisdicción cumple una función integradora.
En esta fase el tribunal expone el derecho frente al caso en litigio, accionado por las partes, lo que hace a través del acto procesal denominado, generalmente, sentencia judicial. Esta etapa de juicio se supone que siempre es precedida por la fase anterior. La misma se considera como el momento más importante de la jurisdicción, ya que pone término a la querella mediante el pronunciamiento de la sentencia.
Tiene límites en relación al tiempo puesto que una persona es juez porque está investido de la jurisdicción, y la detenta por ser juez. El límite de la jurisdicción será el tiempo señalado por la norma constitucional o las leyes para el desempeño del cargo de juez.
Las limitantes relativas al espacio se clasifican en:
Los Límites externos , que de refieren a todos los elementos que permiten demarcar la zona de vigencia y la aplicación en el espacio. Por ejemplo, la soberanía de los Estados se considera límite de la jurisdicción.
Los límites internos, que son los que miran a la misma jurisdicción, prescindiendo de aquella que pertenece a otros Estados, así como también de las funciones atribuidas a los demás órganos del propio Estado. Surge así la noción de competencia.
La jurisdicción se diferencia de la competencia en que la primera es el genero y la segunda la especie.
LA COMPETENCIA es la medida o el alcance de la jurisdicción, es decir, el limite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganos jurisdiccionales. La competencia es la aptitud otorgada a los jueces por la ley para conocer en causas determinadas según la materia, grado, valor o territorio. Desde un punto de vista subjetivo es el deber y el derecho que tiene el juez de administrar justicia en un proceso específico. Desde un punto de vista objetivo es la enunciación de las reglas dadas para atribuir a los distintos jueces el conocimiento de determinados casos. (Rodríguez, M. 2007).
(Puppio, 2004:167).
Aplicando estos factores a una controversia, es posible determinar qué tribunal es competente para ella, es decir, que o a cual tribunal le corresponde resolver dicho asunto.
El mandato legislativo no sólo se infringe por actos francamente opuestos a su precepto, sino que también se provoca el criterio legal desarrollando una actividad que no resulta contraria al precepto literalmente considerado, pero sí que contradice su finalidad. Sentido antiguo del fraude que hoy está superado por los mecanismos de la interpretación, frente al cual se incorpora el nuevo significado, como acto, que al relacionarse con dos normas distintas, viola una con aparente apoyo en la otra; concepto del fraude que deriva de la noción unitaria del Ordenamiento. (Idem)
Es frecuente en algunas legislaciones que se adquiera la nacionalidad por matrimonio. Quien pretende aquélla, sin desear éste, puede recurrir al negocio familiar como medio de eludir la ausencia de otros requisitos objetivos para conseguir la nacionalidad deseada. (Idem)
"Se considera como fraude a la ley la utilización de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley imperativa española". (Art. 12-4 del título preliminar del Código Civil español).
"Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude a la ley, y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir". (Art. 6-4 del título preliminar del Código Civil español).
El fraude a la ley "consiste en la utilización del mecanismo conflictual para lograr un resultado que, de otra manera, normalmente no sería posible. Es decir, mediante el cambio voluntario de los puntos de contacto". (PÉREZ NIETO, LEONEL)
El profesor NIBOYET afirma :
"La noción de fraude a la ley, en derecho internacional privado, es el remedio necesario para que la ley conserve su carácter imperativo y su sanción en los casos en que deje de ser aplicable a una relación jurídica por haberse acogido los interesados fraudulentamente a una nueva ley".
Esta definición es técnica, ya que considera el fraude a la ley como el orden público, constituyendo un remedio, al cual se recurre a falta de otro remedio contra la aplicación de la ley extranjera. Esto, porque se debe evitar que en el plano internacional la ley imperativa se convierta en facultativa.
"La realización de actos que aisladamente serían válidos, pero que se hallan presididos en su comisión por una intención, dolosa del agente con la finalidad de alcanzar un resultado prohibido por el derecho y más específicamente por la norma de derechos internacional privado".
El fraude a la ley se reduce a burlar un precepto imperativo del derecho interno, mediante un uso artificial de la norma de conflicto. El fraude reside en el hecho de cambiar el elemento de contacto para obtener el resultado deseado, sin aceptar las consecuencias esenciales normalmente emergentes de este cambio. Se aproxima a la noción de "abuso de derecho", por cuanto la persona que lo comete, conoce de antemano los efectos jurídicos de la ley bajo la cual desplaza la situación jurídica, que es una ley que mejor le conviene a sus intereses. En consecuencia, cuando hablamos de una manipulación del factor de conexión, no nos referimos al acto de cambiar los factores de conexión, que en este caso sería un acto propio al legislador, sino al acto de modificar las circunstancias sobre los cuales se basa el factor de conexión para designar la ley aplicable.
Publicadas por Misión Sucre Montalbán el 9/15/2011 05:05:00 p. m.