Source: http://parcan.es/participacion/index.py
Timestamp: 2018-11-21 06:56:01
Document Index: 166305319

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 32', 'artículo 61', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 49', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4']

Iniciativas legislativas abiertas a la participación - Parlamento de Canarias
El Parlamento de Canarias abre sus procesos legislativos a la participación de los ciudadanos para enriquecer los debates con sus aportaciones y sugerencias. Este modelo participativo y colaborativo da oportunidad a la ciudadanía para que formule comentarios durante la tramitación de cada proyecto o proposición de ley, que serán trasladados a los diputados y grupos parlamentarios y podrán ser incorporados al texto final aprobado a través de las enmiendas presentadas por estos.
Quienes deseen aportar ideas y comentarios a la iniciativa legislativa deberán identificarse y rellenar un sencillo formulario electrónico. Los debates generados se moderarán para asegurar un intercambio constructivo y enriquecedor, en el que podrán participar los propios diputados. El periodo en que se admitirán aportaciones coincidirá con el de presentación de enmiendas al articulado de la iniciativa legislativa, y al final del debate se elaborará un documento que incorporará todas las aportaciones ciudadanas realizadas. Este documento será publicado en la web y trasladado a los grupos parlamentarios para su estudio.
En este momento hay 16 iniciativas legislativas cerradas.
Proposición de Ley de Memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista
La presente iniciativa tiene como objeto regular, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, diversas medidas para recuperar la memoria histórica en relación con las víctimas canarias de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, con el objeto de lograr su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar. Esta proposición de ley tiene como finalidad, entre otras: a) Fomentar la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, en colaboración tanto con las administraciones públicas canarias como con las organizaciones y asociaciones de memoria histórica. b) Satisfacer el interés legítimo de los familiares de las personas fallecidas o desaparecidas durante el citado periodo y, en particular, en lo relativo a la identificación de las víctimas, la localización y exhumación de sus restos humanos, y la elaboración de un registro de víctimas. c) La divulgación de los hechos ocurridos en Canarias desde el pronunciamiento militar y sus antecedentes hasta el fin de la dictadura franquista. La iniciativa se dicta al amparo, entre otros, de los títulos competenciales autonómicos recogidos en el Estatuto de Autonomía de Canarias de cultura y patrimonio histórico y artístico (artículo 30.9) y de enseñanza (artículo 32.1), establece diversos mandatos para los poderes públicos de Canarias en distintos ámbitos y se estructura en cuatro títulos y dos disposiciones finales. En el título preliminar se establecen tanto el objeto como la finalidad de la ley, así como una definición de víctima canaria. El título I prevé las actuaciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de memoria histórica, disponiendo la creación de un Registro de víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista, un mapa de fosas del archipiélago, la aprobación de un Protocolo de exhumaciones y, finalmente, la creación de un Banco de ADN para la identificación de personas desaparecidas. Asimismo, dicho título contempla la aprobación de la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias y la creación de una Comisión Técnica de la Memoria Histórica. Por su parte, en el título II se establecen las medidas relativas a símbolos y actos contrarios a la memoria histórica, consignando un catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, acompañado de las actuaciones concretas para la retirada de dicha simbología, y se prevé la anulación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales vinculados con hechos o prácticas represivas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por último, el título III se refiere a las medidas para el conocimiento y la divulgación de la memoria histórica, como una forma de compilar y recoger para el futuro el patrimonio documental relativo a la etapa de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Asimismo, se establece un Centro Virtual Documental de la Memoria Histórica que habrá de proponer medidas para recuperar y facilitar el acceso a la información contenida en los documentos de la memoria histórica de Canarias. Igualmente, prevé el establecimiento de lugares y monumentos para el conocimiento de la memoria histórica de Canarias, a fin de señalizar y dar perdurabilidad a estos bienes.
El presente proyecto de ley supone una actualización de la vigente Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, revisando determinados aspectos de la misma. Así, el texto plantea las siguientes novedades principales: 1) se clarifica la distribución de competencias entre las administraciones públicas de Canarias en materia de deporte; 2) incorpora la definición del deporte, así como un elenco de definiciones en el ámbito deportivo; 3) en materia de seguridad en competiciones deportivas, se incorporan las medidas necesarias para la cobertura de los riesgos que conlleva la práctica deportiva; 4) se incluyen los derechos y deberes de las personas deportistas, personal técnico, árbitros y jueces deportivos, y también se abordan los denominados derechos de “retención” y “formación”, cuya finalidad no es otra que la de proteger la promoción y proyección de las personas deportistas menores de 16 años; 5) se retoca el catálogo de los deportes y juegos autóctonos y tradicionales de Canarias; 6) se abordan la asistencia sanitaria de las personas deportistas y el correspondiente seguro obligatorio de accidentes para todas aquellas personas que participen de una actividad física; 7) se incluye del patrocinio deportivo como forma de colaboración del sector público y privado en la financiación del deporte, aunque tendrá como límite la prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco en las instalaciones y actividades deportivas con el fin de promover hábitos saludables, de conformidad con la legislación sobre publicidad y protección de los usuarios y usuarias; 8) se avanza en lo concerniente a las infraestructuras deportivas, estableciendo las bases de un futuro plan director y otras previsiones urbanísticas en materia de deporte; 9) respecto a las instalaciones deportivas, se incorporan a la ley los diferentes tipos y usos de estas, y se especifica que en los proyectos de construcción, ampliación o mejora de instalaciones deportivas públicas, estarán integrados necesariamente programas de utilización y gestión, que garantice su polivalencia, accesibilidad, seguridad, la rentabilidad social y deportiva de las mismas y la incorporación de la perspectiva de género; finalmente 10) en materia de entidades deportivas, además de los clubes y federaciones deportivas canarias, se mantiene y redefine el grupo de recreación deportiva, pensado para la actividad deportiva al margen de las federaciones, y se retoma una vieja figura, la agrupación deportiva, también ideada para dar cauce a estas entidades cuando deseen agruparse y organizar actividades y competiciones fuera del deporte federado.
La Ley 4/1989, de 2 de mayo, crea la Audiencia de Cuentas de Canarias como órgano dependiente del Parlamento de Canarias, al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma conforme se establece en el artículo 61 del Estatuto de Autonomía. Transcurridos 28 años de la entrada en vigor de la citada ley, y tras algunas modificaciones puntuales en la misma, la presente proposición de ley persigue: a) Adecuar el marco normativo a las diversas modificaciones legislativas que se han producido con posterioridad, tales como la entrada en vigor de Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se deroga, salvo determinadas excepciones, la Ley 7/1984, de 11 de diciembre. b) Igualmente, incidir en la Ley 4/1989, de 2 de mayo, por el nuevo escenario en el que se desarrolla la actividad económico-financiera del sector público derivado de la promulgación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como la entrada en vigor de la nueva Ley General Presupuestaria. c) Adecuar el plazo de examen y comprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, a fin de ajustarlo al de presentación del informe ante el Parlamento de Canarias. d) Aclarar los aspectos de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, referidos al sistema de elección de los miembros de la Audiencia de Cuentas, puesto que, si bien el artículo 21.1 de aquella norma indica que dicha institución está integrada por cinco auditores elegidos por el Parlamento de Canarias por mayoría de tres quintos de sus miembros, renovándose por periodos de tres y dos años las tres y dos quintas partes sucesivamente, el apartado 2 del mismo artículo 21 determina que el mandato de los miembros de la Audiencia de Cuentas tendrá una duración de cinco años a contar desde el momento de efectividad de su elección, observándose confusión entre los dos apartados. Por ello, tras la última renovación de los miembros del Pleno de la Audiencia de Cuentas, se propone renovar a todos sus miembros en un solo acto. e) Diferenciar a los miembros que se nombran por el Parlamento como consejeros auditores de la Audiencia de Cuentas, de los técnicos auditores al servicio de la misma en calidad de funcionarios, denominaciones que, fuera del ámbito interno de la institución, suelen dar lugar a confusiones que originan ciertos problemas en el orden funcional y de procedimiento, considerándose más ajustada la denominación de consejero/a auditor/a, dando a su vez mayor similitud con la de los miembros de otras instituciones parlamentarias. f) Finalmente, derogar las disposiciones transitorias de la ley, al haberse llevado a cabo las medidas que las mismas contemplan y que, por tanto, carecen ya de vigencia.
La protección, ordenación y uso del suelo insular (territorio) requiere de normas y reglas que lo aseguren y que ordenen el conjunto de intereses legítimos, tanto públicos como privados, que confluyen sobre el mismo, de un modo racional y sostenible. Las normas territoriales y urbanísticas aprobadas hasta la fecha en Canarias, así como su desarrollo y aplicación por los instrumentos de planeamiento, se han revelado, en cierta medida, como una limitación que va mucho más allá de lo necesario para la consecución de los fines que las justifican; que, en ocasiones, se transforman en obstáculos, no siempre explicables; que dificultan, o, incluso, impiden, un desarrollo racional y sostenible del territorio. Para dar respuesta a esa realidad, la regulación del suelo contenida en el proyecto de ley se sustenta en tres criterios: simplificación, racionalización y actualización de las reglas aplicables para la protección, ordenación y utilización del territorio. La reforma legislativa que persigue el proyecto de ley es completa y se proyecta sobre la regulación de la propiedad urbana, la ordenación por planes, los modos de ejecución, las técnicas de intervención pública sobre los usos del suelo y la disciplina territorial y urbanística.
PPL De medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias
Canarias presenta múltiples factores estructurales que exponen a su población a mayores restricciones que las del resto de CCAA para acceder a una vivienda, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler. Por un lado, éste es un territorio donde conviven una débil demanda interna, caracterizada por una alta tasa de paro estructural, los salarios más bajos de todo el Estado y un altísimo nivel de temporalidad, con una demanda externa pujante. Por el lado de la oferta, Canarias presenta un territorio altamente protegido desde el punto de vista medioambiental y paisajístico, en el que la oferta de viviendas mantiene las debilidades derivadas de la crisis económica. El cúmulo de estos condicionantes, unido a la dinámica que presenta el sector inmobiliario en los últimos años, está produciendo un encarecimiento del precio de la vivienda tanto en el mercado de alquiler como en el de compraventa. Encarecimiento que afecta de manera más directa a las capas sociales con menos recursos hasta el punto de no solo dificultar sino imposibilitar su acceso a una vivienda. En definitiva, esta norma pretende reducir los precios de la vivienda en Canarias para facilitar el acceso a la misma al conjunto de la población. Y para ello ofrece una reducción de tipos general, mantiene la estructura general de las figuras impositivas y establece una regulación simplificada para propiciar su interiorización y mayor aplicación por sus potenciales beneficiarios, y todo ello sin renunciar a aportar soluciones novedosas que podrán ir perfeccionándose en la medida que resulte preciso. A tal efecto, se introducen diversas modificaciones en las dos normas que concentran nuestra actual legislación tributaria: el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, y la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
Proyecto de ley de Régimen Jurídico de la Inspección Técnica de Vehículos en Canarias
El Decreto 93/2007, de 8 de mayo, además de instaurar el sistema de autorización administrativa para el servicio de ITV y de aprobar el correspondiente Reglamento, clarificó la situación en que quedaban las empresas concesionarias como consecuencia del nuevo régimen jurídico de prestación del servicio. El Decreto, además, pretendía facilitar la continuidad del servicio tras la finalización de las concesiones, para lo cual previó la adopción de una serie de medidas en relación con las estaciones de ITV objeto de reversión. Estas medidas debían adoptarse con un año de antelación, buscando precisamente evitar interrupciones en la prestación del servicio. La puesta en práctica del régimen de autorización administrativa, como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto 93/2007, de 8 de mayo, ha supuesto una gran dinamización del sector de la inspección técnica de vehículos en Canarias. Esta liberalización parcial ha permitido duplicar el número de estaciones de ITV, lo que ha originado un considerable aumento del empleo en el sector y ha mejorado de forma significativa la calidad del servicio, acercándolo a los usuarios y reduciendo los tiempos de espera. No obstante, dada la importancia del sector de cara a la mejora de la seguridad vial, es conveniente dotar de mayor rango normativo al régimen jurídico del servicio de inspección técnica de vehículos, de forma que se asiente en una disposición con rango de ley que pueda ser desarrollada reglamentariamente sin que sea posible cuestionar la legalidad del procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones administrativas. La presente iniciativa legislativa se dicta bajo los parámetros fijados por la Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE. Igualmente, en su redacción de este proyecto de ley se ha tenido en cuenta, además, el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, puesto que esta norma incorpora al ordenamiento jurídico español la citada Directiva 2014/45/UE. Por tanto, la presente iniciativa legislativa pretende confirmar y avalar el régimen de autorización administrativa para la prestación del servicio de ITV ya establecido en Canarias mediante el Decreto 93/2007, de 8 de mayo, a través de una norma de rango superior, y respetando el principio de libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La iniciativa legislativa consta de trece artículos, agrupados en tres capítulos, e incluye una disposición adicional, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. El primer capítulo establece disposiciones de carácter general relativas a la ley, definiendo en primer lugar su objeto, título habilitante y formas de prestación de la actividad de inspección técnica de vehículos, para, a continuación, dictar determinadas prescripciones generales de regulación de la actividad de prestación de este servicio por parte de las empresas y de la intervención administrativa en el sector. El segundo capítulo establece determinados criterios relativos a la finalización de las distintas concesiones administrativas, de forma que se cumpla con las prescripciones de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias y que, en cualquier caso, se favorezca la continuidad del servicio en las instalaciones afectadas por el vencimiento de sus respectivos contratos concesionales. Por último, el tercer capítulo establece el régimen sancionador aplicable al sector de la inspección técnica de vehículos.
PL reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y buen gobierno
Con la finalidad de garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente de la Administración, la presente iniciativa legislativa persigue incorporar al ordenamiento autonómico los principios, valores y reglas de actuación que deben servir de guía para las decisiones y conducta de los miembros del Gobierno de Canarias y cargos públicos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con los objetivos tanto de incrementar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la actuación transparente y responsable de quienes desempeñan cargos relevantes en las mismas como de dar cumplimiento y desarrollar los mandatos contenidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Canarias. De acuerdo con lo anterior, con este proyecto de ley se recogen los requisitos exigibles a las personas para su nombramiento como cargos públicos, en los que se requiere no solo su honorabilidad, sino también la formación y experiencia profesional, disponiendo, además, que los órganos competentes para efectuar los nombramientos tienen la obligación de hacer público el curriculum vitae, con los méritos profesionales y técnicos, en el Portal de Transparencia. En segundo lugar, se recoge y desarrolla la ordenación del ejercicio de los cargos públicos, estableciendo los derechos, deberes y obligaciones de quienes los ejercen, reforzando las normas para detectar y evitar los conflictos de intereses, mejorando el régimen de incompatibilidades y las limitaciones que implican el desempeño de un cargo público, así como incrementando el régimen de transparencia de las actividades, intereses, bienes y derecho patrimoniales. Por otra parte, en concordancia con la legislación estatal básica en materia de buen gobierno, se acogen en esta ley las normas de conducta y actuación a que deben ajustarse los cargos públicos, en la medida en que la ciudadanía viene demandando y exigiendo que quienes ejerzan responsabilidades públicas no solo estén sujetos a la observancia y cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, sino que sus decisiones y conducta se ajusten a una serie de pautas, reglas y principios que tienen más una dimensión ética, pero que conforman el comportamiento exigible y que espera la sociedad de quienes desempeñan cargos públicos. Finalmente, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que se prevén en la ley, se refuerza y perfecciona el régimen para exigir responsabilidades a quienes sean nombrados cargos públicos. El proyecto de ley se compone de ochenta y ocho artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales, y se estructura en cuatro títulos. El título I, con la rúbrica de Disposiciones generales, recoge las disposiciones referidas al objeto y ámbito de aplicación de la ley. El título II está destinado a fijar el régimen jurídico de los cargos públicos sujetos a la ley, recogiendo las normas aplicables a los mismos, abarcando desde los requisitos exigidos para su nombramiento hasta las limitaciones que les afectan durante un período de dos años desde que sean cesados en el cargo público que desempeñaban. El título III se ocupa de los principios de buen gobierno, de actuación y conducta de quienes desempeñan cargos públicos del Gobierno de Canarias y de las entidades que integran el sector público autonómico. Finalmente, el título IV desarrolla el régimen de infracciones y sanciones, como mecanismo para garantizar la eficacia de la regulación contenida en la ley, y sin cuya existencia difícilmente podría salvaguardarse.
Proposición de ley de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Parlamento de Canarias acometió, con la aprobación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, la tarea de la necesaria actualización de la radiotelevisión pública canaria a los cambios legales, políticos, sociales, económicos y tecnológicos que se han sucedido desde la promulgación, hace casi tres décadas, de la Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias, su antecesora y, hasta ahora, única norma reguladora del sector en el archipiélago. Aquel texto pretendía ir más allá del mero cambio en el procedimiento de designación de los órganos directivos del ente público RTVC, generando un marco normativo adecuado para que esta institución potenciara sus objetivos primigenios. Sin embargo, la realidad ha demostrado que tal aspiración se ha visto claramente limitada, cuando no imposibilitada, por la complejidad de aplicación de las fórmulas escogidas para el gobierno de la institución. Por ello, a través de esta proposición de ley se pretende introducir una serie de modificaciones en su articulado que, en línea con los modelos de gestión del gobierno de las televisiones autonómicas de mayor eficiencia en la relación entre gasto público y audiencia, profundice en el control parlamentario y social de los medios audiovisuales públicos de la comunidad autónoma, al tiempo que posibilite una gestión profesional, ágil, eficaz, rentable y transparente. En este sentido, la modificación principal en relación con la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, se concreta en el capítulo II, Organización del ente público RTVC, en el que se reformulan, a lo largo de sus tres secciones, los distintos órganos que regirán su devenir: la Junta de Control, órgano de administración y representación de la institución; la Dirección General, responsable ejecutiva de la gestión y dirección administrativas; y el Consejo Asesor como órgano de participación de la sociedad civil en la RTVC.
El Parlamento de Canarias acometió, con la aprobación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, la necesaria actualización de la Radiotelevisión pública canaria a los cambios legales, políticos, sociales, económicos y tecnológicos que se han sucedido desde la promulgación, hace más de tres décadas, de la Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias, su antecesora y, hasta ahora, la norma reguladora del sector en el archipiélago. Tal y como se indicaba en la exposición de motivos de la nueva ley, la misma pretendía ir más allá del mero cambio en el procedimiento de designación de los órganos directivos del ente público RTVC, generando un marco normativo adecuado para que esta institución potenciara sus objetivos primigenios. Sin embargo, la realidad ha demostrado que tal aspiración se ha visto claramente limitada, cuando no imposibilitada, por la complejidad de la aplicación de las fórmulas escogidas para el gobierno de la institución. Asimismo, esta iniciativa obedece a la necesidad de modificar el modo de gestión de los servicios informativos del ente público RTVC, al entenderse un elemento esencial del servicio público audiovisual. Con la misma se pretende cambiar la forma de gestión externalizada a una forma de gestión internalizada de la actividad informativa de la corporación, para lo cual se desarrollarán los estudios necesarios orientados a dar respuesta a su viabilidad económica. Por todo ello, se introducen una serie de modificaciones en su articulado que, en línea con los modelos de gestión del gobierno de las televisiones autonómicas de mayor eficiencia en la relación entre gasto público y audiencia, profundice en el control parlamentario y social de los medios audiovisuales públicos de la comunidad autónoma, al tiempo que posibilite una gestión profesional, ágil, eficaz, rentable y transparente. Así, se modifica el artículo 4 por la carta del servicio público al ente público RTVC, para concretar los campos preferentes de actuación de la RTVC y sus sociedades que, en la ley vigente, adolecían de especificación. En el artículo 7 se modifica el apartado 5, en relación con el ente público RTVC y sus sociedades prestadoras de servicio público. Y en el capítulo II, Organización del ente público RTVC, se reformulan, a lo largo de sus tres secciones, los distintos órganos que regirán el devenir del mismo: el Consejo de Administración, órgano de administración de la institución; la Dirección General, órgano responsable ejecutivo de la gestión y dirección administrativa, y el Consejo Asesor, órgano de participación de la sociedad en la RTVC.
Proyecto de ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias.
Las cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son corporaciones de derecho público que realizan funciones de carácter consultivo y de colaboración con las administraciones públicas en todo aquello que tenga relación con la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios. La presente iniciativa tiene por objeto establecer la regulación del régimen jurídico de dicha cámaras oficiales, así como del Consejo General de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias, en el marco de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. La ley consta de 37 artículos que se estructuran en ocho capítulos, tres disposiciones transitorias, una derogatoria, cinco finales y un anexo. El capítulo I regula el objeto de la ley, la naturaleza y régimen jurídico, la finalidad y las funciones de las cámaras oficiales. El capítulo II recoge el ámbito de actuación territorial, estableciendo la posibilidad de la existencia de una cámara por cada una de las siete islas que componen la Comunidad Autónoma de Canarias. El capítulo III encuadra los órganos de gobierno de las mismas abordando la regulación del Pleno, el Comité Ejecutivo, la Presidencia, la Secretaría General, los cargos de alta dirección y el personal. El capítulo IV aborda la regulación del régimen electoral. El capítulo V, con la denominación “Régimen económico-presupuestario”, comprende ámbitos de tanta importancia como la financiación de las cámaras y del Consejo General de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias. El capítulo VI está dedicado a las relaciones institucionales e intercamerales. El capítulo VII se dedica a regular el Consejo General de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias. Finalmente, el capítulo VIII regula la tutela que ejerce la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las cámaras oficiales y el Consejo General de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias.
La aprobación de una Ley de Bibliotecas de Canarias pretende dar solución a la carencia de un marco jurídico y dotar de una regulación suficiente y necesaria para el desarrollo de las políticas bibliotecarias, de fomento de la lectura y de protección del patrimonio bibliográfico de Canarias. En este sentido, su aprobación ha de permitir poner al día las posibilidades que la sociedad del conocimiento y de la información proporciona, dando acceso libre a los recursos documentales de las bibliotecas y centros de documentación que conforman el Sistema Bibliotecario de Canarias y paliando los problemas que la brecha digital plantea en este inicio del siglo XXI. La ley concibe la promoción de la lectura como una tarea común de toda la sociedad, fruto de la colaboración entre los responsables de políticas culturales, sociales, educativas y de comunicación, más allá de la tarea de la formación de la habilidad de leer, que se inicia en la familia y en la escuela. Igualmente, la ley establece la necesidad de elaboración del mapa de bibliotecas públicas de Canarias, como instrumento de planificación territorial que definirá el tipo de centros bibliotecarios, sus servicios y fijará los parámetros que deben cumplirse en lo que concierne a superficie, equipamiento, personal, fondo bibliográfico y mantenimiento de cada biblioteca, conforme a las directrices y pautas profesionalmente reconocidas. La ley se estructura en nueve títulos, completándose con cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales. El título I, se dedica a las disposiciones generales, expone el objeto y ámbito de aplicación de la ley, e incluye la definición de biblioteca y su clasificación, así como los principios, valores y servicios que deben aplicarse y prestarse en las bibliotecas de Canarias. El título II viene a regular el Sistema Bibliotecario de Canarias. La red de bibliotecas públicas de Canarias, como el conjunto organizado y coordinado de las bibliotecas de uso público existentes en Canarias, con el fin de facilitar el acceso a sus fondos y ofrecer unos servicios bibliotecarios de calidad, es objeto de regulación en el título III. En el título IV se regula la estructura organizativa del Sistema Bibliotecario de Canarias, mientras que en el V de los planes de promoción de la lectura; en el VI, el reparto competencial de las administraciones públicas canarias; en el VII, la regulación de los medios personales y financieros; en el VIII, el patrimonio bibliográfico canario; y en el IX, se define el régimen sancionador.
Proyecto de ley por la que se deroga el apartado c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias
La Sentencia 209/2015, de 8 de octubre de 2015, dictada por el Tribunal Constitucional en relación con los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, falló declarar que el apartado a) y el último inciso del apartado c), en la parte que se refiere a los apartamentos de cinco estrellas o superior, del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, en su redacción inicial, son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucionales y nulos.Durante la pendencia del proceso, los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, fueron modificados por la Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación del citado texto legal, y de otras leyes relativas a la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y asimismo de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias La nueva redacción del apartado a) del artículo 4.2, en cuanto que, a efectos del otorgamiento de la preceptiva autorización, ya no diferencia entre establecimientos en función de su calificación turística ni la limita a la de una determinada categoría, limitando el otorgamiento de la preceptiva autorización a criterios de naturaleza medioambiental y de ordenación territorial, y no a criterios económicos, no vulnera la normativa básica estatal. Por el contrario, la nueva redacción del apartado c) del artículo 4.2, sigue proporcionando un tratamiento diferenciado a los establecimientos de cinco estrellas o categorías superiores, los cuales, además, no están sometidos a los requisitos previstos en el nuevo artículo 4.2 a), por lo que la redacción del nuevo apartado c) del artículo 4.2 no se adecua a la normativa básica estatal, como así lo ha puesto de manifiesto la sentencia del TC de 8 de octubre de 2015.
La presente iniciativa tiene por objeto establecer el marco normativo que permita garantizar la calidad estándar y diferenciada de los productos agroalimentarios, producidos, elaborados o comercializados en la Comunidad Autónoma de Canarias, con sujeción a la normativa comunitaria y estatal de aplicación. Consta de una exposición de motivos, donde se resume de forma breve los objetivos del texto, y una parte dispositiva, dividida en un título preliminar, cinco títulos, y las correspondientes disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. El título preliminar incluye las disposiciones de carácter directivo, destinadas a establecer el objeto, fines y ámbito de aplicación de la ley, al tiempo que se establece la definición de algunos de los términos empleados en el texto. El título I regula la calidad agroalimentaria estándar, establece la obligación de que los operadores dispongan de un sistema interno de control de la calidad y define el control oficial. Asimismo, regula determinadas menciones facultativas en el etiquetado de los productos. El título II se ocupa de la calidad agroalimentaria diferenciada, definida como el conjunto de las propiedades o características de un producto, vinculadas a un origen geográfico, tradición o método de producción, consecuencia del cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones de cumplimiento voluntario. A tales efectos, aborda la titularidad de los nombres protegidos por una figura de calidad, así como el alcance y contenido de la protección otorgada por los regímenes de calidad reconocidos y se fijan los criterios que deben cumplirse para el establecimiento de nuevos regímenes de calidad de ámbito autonómico. El título III regula la inspección en el ámbito del control oficial de los productos agroalimentarios, tanto en materia de calidad estándar para todos los operadores agroalimentarios, como en materia de calidad diferenciada para aquellos operadores voluntariamente integrados en algún régimen de calidad. El título IV, por su parte, regula el régimen sancionador, estableciendo un catálogo de infracciones y sanciones en la materia para todos los operadores agroalimentarios, así como para los órganos de gestión y entidades de control y certificación. Finalmente, el título V crea el Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria como órgano de coordinación entre los distintos departamentos del Gobierno con competencias en materia de inspección y control alimentario.
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto establecer el régimen jurídico del patrimonio cultural de Canarias con el fin de garantizar su protección, recuperación, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento, así como su investigación, valorización y transmisión a generaciones futuras, de forma que sirva a la ciudadanía como una herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural. La situación de partida está constituida, por la existencia de una ley anterior, la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, a la que esta iniciativa viene a sustituir, por haber quedado obsoleta después del tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, debido a la evolución que ha sufrido la materia regulada, tanto desde el punto de vista del concepto de patrimonio histórico o cultural, como desde el punto de vista de los instrumentos de protección del mismo, y sus conexiones con las demás disciplinas que, no regulando el ámbito patrimonial, tienen, sin embargo, incidencia en el mismo. El proyecto de ley se estructura en 148 artículos, diez títulos, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El título I, se dedica a las disposiciones generales, y expone, entre otras cuestiones, el objeto y el ámbito de aplicación de la ley, en el que se incluyen definiciones de patrimonio cultural inmueble, mueble, e inmaterial, e incluye el principio de unidad del patrimonio cultural de Canarias, con un carácter más amplio del previsto en la ley anterior. El título II viene a regular el modelo de protección del patrimonio cultural, describiendo los niveles de protección a los que se puede someter, y se refiere también a la definición del Sistema de Información del Patrimonio Cultural de Canarias. El título III clarifica y sistematiza las competencias que las administraciones públicas canarias ostentan en la materia. El título IV regula las categorías de bienes del patrimonio cultural de Canarias, y los instrumentos de protección. Dedica el proyecto de ley su título V al régimen común de protección y conservación del patrimonio cultural de Canarias, que contiene unas normas generales aplicables a todas las categorías de bienes. El título VI contempla el régimen de protección del patrimonio, no ya el común, al que se dedicaba el título anterior, sino el específico, aplicable a cada bien en función del nivel de protección que le corresponda. El título VIII se titula “Museos” y en él se aborda el concepto de museo como institución abierta al público, accesible, inclusiva, intercultural y sostenible, al servicio de la sociedad y de su desarrollo. El título IX, por su parte, contiene preceptos relativos a las medidas de fomento; y el título X unifica la regulación de la inspección del patrimonio cultural y del régimen sancionador, dedicando a cada una de estas materias un capítulo.