Source: https://elblogdelabogadoblog.com/2017/03/27/practica-ii-de-derecho-internacional-privado-ii/
Timestamp: 2018-11-18 21:28:16
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Práctica II de Derecho Internacional Privado II – El blog del abogado blog
Práctica II de Derecho Internacional Privado II
27 marzo, 2017 8 mayo, 2017
Un ciudadano noruego con domicilio en Oslo pero que pasa grandes temporadas en Múnich y en la costa levantina pretende interponer ante los tribunales de Alicante una demanda por un asunto de Seguridad Social en su país. Determina los tribunales de qué país van a ser competentes para conocer del asunto y a qué normativa hay que acudir para determinarlo.
Hay que acudir a la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque, aunque sólo resida una breve temporada en España, no se puede aplicar el Reglamento 1215/2012 porque este se aplica sobre todo en materia civil y mercantil. Y también porque este mismo Reglamento, en su artículo 1, apartado 2, excluye del ámbito de aplicación del Reglamento todo lo relacionado con la Seguridad social.
En concreto, hay que estar a lo establecido en el artículo 22 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Convenio de Lugano es el que afecta a Noruega. Pero también en este convenio está excluida la seguridad social. Hay que remitirse a la normativa interna de Noruega.
La empresa ¨Construcciones del Norte S.L.” con sede en San Sebastián de los Reyes, y la mercantil “Áridos y Hormigón S.L.”, con sede en Murcia, acuerdan un contrato de suministro de material por parte de esta segunda sociedad a la primera que se tiene que efectuar en la ciudad alicantina de Orihuela. A los tres meses del comienzo de la relación contractual surgen desavenencias entre ambas, interponiendo una demanda “Construcciones el Norte S.L.” en los juzgados. Para establecer la competencia judicial el juez, ¿tendrá que acudir al Reglamento Bruselas I bis?
Sí que sería aplicable el Reglamento Bruselas I bis, por lo dispuesto en su artículo 1, pero habría que complementarlo con lo establecido en el Reglamento Roma I, relativo a las relaciones contractuales.
De hecho, el Reglamento Roma I, en su artículo 1, establece que su ámbito de aplicación a las obligaciones contractuales en materia civil y mercantil en las situaciones que impliquen un conflicto de leyes.
El artículo a aplicar es el artículo 22 quinquies. No hay un elemento externo, por lo que habrá que aplicar la normativa interna.
Marcus Hansen, ciudadano alemán y con domicilio en Hamburgo y Peter Harris, ciudadano inglés y con domicilio en Santorini, establecen en un contrato de arrendamiento de un apartamento sito en Barcelona que, en el caso de que existan discrepancias, se someterán a los tribunales holandeses. Cuando estas surgen, Marcus presenta una demanda ante los tribunales de su país. Peter se persona en el asunto, pero plantea declinatoria. ¿Cuáles van a ser los tribunales que terminen conociendo? ¿Qué competencia se ha derogado y cuál se ha prorrogado? ¿Qué normativa hay que aplicar para dar solución a este supuesto?
Los tribunales que van a acabar conociendo del asunto van a ser, conforme a lo previsto en el Reglamento Bruselas I Bis, los españoles. Podría surgir la duda de si habría de aplicarse el Reglamento Roma I, relativo a las obligaciones contractuales, pero su artículo 1, en el cual se establece el ámbito de aplicación material, aclara que no se ha de aplicar, entre otros casos, a los convenios de arbitraje y de elección del tribunal competente.
Y, dicho esto, habría que aplicar, además de lo establecido en el Reglamento Bruselas I bis, lo establecido en materia de arrendamientos en nuestra legislación civil, es decir, la ley de arrendamientos urbanos, junto con las normas establecidas en nuestro Código civil, y también la Ley de Cooperación Jurídica internacional.
Hay que estar a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento Bruselas I Bis. No se ha prorrogado ninguna competencia. En cuanto a la normativa a la normativa, este artículo 24 hay que completarlo con lo establecido en el artículo 25, apartado 4, del mismo Reglamento.
Un ciudadano de nacionalidad suiza y con domicilio en Dinamarca, es demandado en España por incumplimiento de un contrato que tenía que haber ejecutado en Aranda de Duero. ¿Qué texto tendremos que aplicar en este supuesto para determinar la Competencia Judicial Internacional?
En primer lugar, habrá que aplicar las normas relativas a la competencia judicial internacional, es decir, habrá que aplicar tanto el Reglamento Bruselas I bis, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Cooperación Judicial Internacional.
En concreto, habrá que aplicar en este supuesto los artículos 4, 5, 6, y 7 del Reglamento Bruselas I bis, y, en cuanto a la legislación interna, habrá que estar a lo previsto en los artículos 22 y 22 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y también en lo previsto en los artículos 1 y 2 y los respectivos de la Ley de Cooperación Jurídica internacional.
En segundo lugar, habrá que aplicar, una vez que se tenga determinado el tribunal competente, la normativa relativa a los contratos. Aquí habrá que aplicar, en primer lugar, la normativa del Código civil o del Código de Comercio y otra normativa mercantil, dependiendo de si se trata de un contrato civil o mercantil.
Aquí lo que hay que tener en cuenta el domicilio, no el lugar donde se ejecute el contrato. Y también hay que tener en cuenta la jerarquía. Hay que tener en cuenta que tenemos un elemento extranjero, que es una persona nacionalizada suiza.
Si no tenemos ningún convenio, ni ningún supuesto en que haya algunas de las especialidades, hay que aplicar el reglamento de la unión europea.