Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0299_ES.html
Timestamp: 2020-01-27 04:42:18
Document Index: 276558757

Matched Legal Cases: ['artículo 218', 'artículo 25', 'artículo 218', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 218']

Textos aprobados - Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Marruecos sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo - Miércoles 4 de julio de 2018
Procedimiento : 2018/2064(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0238/2018
Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Marruecos sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades marroquíes competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)0808 – 2018/2064(INI))
– Vista la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades marroquíes competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)0808),
– Visto el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (COM(2017)0008), y en particular el capítulo relativo al tratamiento de datos personales operativos aplicable a los organismos, órganos y agencias de la Unión en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del TFUE,
– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0238/2018),
A. Considerando que el Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) permite la transferencia de datos personales a una autoridad de un tercer país o a una organización internacional, en la medida en que dicha transferencia sea necesaria para el desempeño de los cometidos de Europol, sobre la base de una decisión de adecuación de la Comisión en virtud de la Directiva (UE) 2016/680, un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas o acuerdos de cooperación que permitan el intercambio de datos personales celebrados antes del 1 de mayo de 2017, y en situaciones excepcionales, caso por caso, bajo condiciones estrictas establecidas en el artículo 25, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/794, siempre y cuando se ofrezcan las garantías adecuadas;
C. Considerando que una transferencia de ese tipo debe basarse en un acuerdo internacional celebrado entre la Unión y el país tercero de que se trate con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas con respecto a la protección de la intimidad y los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas;
D. Considerando que en el documento de programación de Europol para 2018-2020(7) se destaca la creciente importancia de un enfoque multidisciplinar reforzado, incluida la puesta en común de los necesarios conocimientos especializados e información de un creciente abanico de interlocutores, con el objetivo de cumplir el mandato de Europol;
E. Considerando que, en su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, el Parlamento subrayó que los acuerdos de cooperación policial y estratégica entre Europol y terceros países facilitan el intercambio de información y la cooperación práctica en la lucha contra la ciberdelincuencia;
F. Considerando que en el pasado Europol ya ha establecido varios acuerdos sobre el intercambio de datos con terceros países, como Albania, Australia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Colombia, los Estados Unidos de América, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza y Ucrania;
G. Considerando que el SEPD ha sido el supervisor de Europol desde el 1 de mayo de 2017 y también es el asesor de las instituciones de la Unión en el ámbito de las políticas y la legislación en materia de protección de datos;
1. Considera que es preciso evaluar adecuadamente la necesidad de la cooperación con el Reino de Marruecos en el ámbito de la garantía del cumplimiento de la ley para los intereses de la Unión Europea en materia de seguridad, así como su proporcionalidad; pide a la Comisión, en ese contexto, que lleve a cabo una evaluación de impacto exhaustiva; destaca que se requiere la debida cautela al definir el mandato de negociación para un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades marroquíes competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo;
3. Toma nota de que, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación de impacto adecuada para valorar en profundidad los riesgos derivados de las transferencias de datos personales al Reino de Marruecos en lo que respecta a los derechos de las personas a la privacidad y a la protección de datos, aunque también respecto de otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; solicita a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto adecuada para definir las garantías necesarias que deberán integrarse en el acuerdo;
4. Insiste en que el nivel de protección derivado del acuerdo debe ser esencialmente equivalente al nivel de protección en el Derecho de la Unión; destaca que, si dicho nivel no puede garantizarse tanto en la legislación como en la práctica, el acuerdo no puede celebrarse;
5. Pide que, a fin de respetar plenamente lo dispuesto en el artículo 8 de la Carta y en el artículo 16 del TFUE, y para evitar cualquier posible responsabilidad de Europol en lo que respecta a una vulneración del Derecho de la Unión sobre protección de datos resultante de una transferencia de datos personales realizada sin las garantías necesarias y adecuadas, el acuerdo contenga disposiciones específicas y estrictas que impongan la observancia del principio de limitación de la finalidad, con condiciones claras para el tratamiento de los datos personales transferidos;
6. Pide que se complete la Directriz B para indicar expresamente el acuerdo por el que Europol, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Europol, debe respetar toda restricción impuesta a los datos personales transmitidos a Europol por Estados miembros u otros proveedores en relación con el uso y el acceso a los datos que deben transferirse al Reino de Marruecos;
7. Pide que en el acuerdo se disponga claramente que todo tratamiento posterior siempre debe requerir la autorización previa y por escrito de Europol; hace hincapié en que las autorizaciones deben ser documentadas por Europol y ponerse a disposición del SEPD a petición de este; pide que el acuerdo contenga también una disposición por la que se obligue a las autoridades competentes del Reino de Marruecos a respetar esas restricciones y especificar de qué modo se aplicarían;
8. Insiste en que el acuerdo contenga una disposición clara y precisa que establezca el período de retención de los datos personales que hayan sido transferidos y exija la supresión de los datos personales transferidos al término de dicho período; pide que las medidas de procedimiento se incluyan en el acuerdo para garantizar el cumplimiento; insiste en que, en los casos excepcionales en que existan motivos debidamente justificados para almacenar los datos durante un período de tiempo prolongado, una vez expirado el plazo de retención de los datos se comuniquen dichos motivos y la correspondiente documentación a Europol y al SEPD;
9. Espera que se apliquen los criterios incluidos en el considerando 71 de la Directiva (UE) 2016/680, según el cual las transferencias de datos personales deben estar sujetas a obligaciones de confidencialidad de las autoridades marroquíes competentes que reciban datos personales de Europol y al principio de especificidad, y los datos personales no deben utilizarse en ningún caso para solicitar, dictar o ejecutar la pena capital u otra forma de trato cruel o inhumano;
10. Considera que las categorías de delitos respecto de los cuales se intercambiarán datos personales tienen que estar claramente definidas y enumeradas en el propio acuerdo internacional, en consonancia con las definiciones de delitos de la Unión que estén disponibles; señala que dicha lista debe definir de forma clara y precisa las actividades cubiertas por tales delitos, y las personas, los grupos y las organizaciones que puedan verse afectados por la transferencia;
11. Insta al Consejo y a la Comisión a que determinen, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, de la Carta, conjuntamente con el Gobierno del Reino de Marruecos, qué autoridad de control independiente será responsable de supervisar la aplicación del acuerdo internacional; insta a que se acuerde y determine dicha autoridad antes de que pueda entrar en vigor el acuerdo internacional; insiste en que el nombre de dicha autoridad debe figurar expresamente en un anexo del acuerdo;
12. Considera que las partes contratantes deben tener la posibilidad de suspender o revocar el acuerdo internacional en caso de que se vulnere, y que el organismo de supervisión independiente también debe estar facultado para proponer que se suspenda o se denuncie el acuerdo en caso de que se vulnere; considera que los datos personales incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo que hayan sido transferidos con anterioridad a su suspensión o denuncia deben poder seguir siendo tratados de conformidad con el acuerdo; estima que se debe prever una evaluación periódica del acuerdo con el fin de evaluar su cumplimiento por las partes contratantes;
13. Opina que debe establecerse una definición clara de la noción de «casos individuales», ya que esta noción es necesaria para evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; hace hincapié en que esa definición debe referirse a las investigaciones penales efectivas;
14. Considera que se ha de definir la noción de «motivos razonables» para poder evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; hace hincapié en que esa definición debe referirse a las investigaciones penales efectivas;
15. Subraya que los datos transferidos a una autoridad receptora nunca pueden ser objeto de un tratamiento posterior por otras autoridades y que, con este fin, debe elaborarse una lista exhaustiva de autoridades competentes del Reino de Marruecos a las que Europol puede transferir datos, incluyendo una descripción de las competencias de dichas autoridades; considera que toda modificación de dicha lista por la que se sustituya o añada una nueva autoridad competente debe requerir la revisión del acuerdo internacional;
16. Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes del Reino de Marruecos a otras autoridades del Reino de Marruecos solo pueden permitirse al objeto de cumplir la finalidad inicial de la transferencia de Europol y siempre deben notificarse a la autoridad independiente, al SEPD y a Europol;
17. Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes del Reino de Marruecos a otros países están prohibidas y darían lugar a la denuncia inmediata del acuerdo internacional;
18. Considera que el acuerdo internacional con el Reino de Marruecos debe incluir el derecho de los interesados a la información, rectificación y supresión conforme a lo establecido en otros actos legislativos de la Unión en materia de protección de datos;
19. Destaca que la transferencia de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos y datos relativos a la salud y a la vida sexual de las personas reviste un carácter extremadamente sensible y genera una profunda preocupación, habida cuenta de las diferencias en cuanto al marco jurídico, las características sociales y el trasfondo cultural entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea; destaca que en la Unión los actos delictivos se definen de manera diferente a como se definen en el Reino de Marruecos; opina que, en consecuencia, tal transferencia de datos solo debe realizarse en casos muy excepcionales y con garantías claras para la persona interesada y las personas vinculadas a ella; considera que es necesario definir garantías específicas que el Reino de Marruecos debe respetar en lo que se refiere a los derechos y las libertades fundamentales, incluido el respeto de la libertad de expresión, la libertad de religión y la dignidad humana;
20. Considera que se debe incluir un mecanismo de control en el acuerdo y que este debe ser objeto de evaluaciones periódicas con el fin de examinar su funcionamiento en relación con las necesidades operativas de Europol, así como su respeto de los derechos y principios europeos en materia de protección de datos;
21. Pide a la Comisión que solicite el asesoramiento del SEPD antes de la conclusión del acuerdo internacional de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 2016/794 y el Reglamento (CE) n.º 45/2001;
22. Hace hincapié en que la aprobación del Parlamento para la celebración del acuerdo estará condicionada a la participación satisfactoria del Parlamento en todas las fases del procedimiento de conformidad con el artículo 218 del TFUE;
23. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno del Reino de Marruecos.