Source: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-018/17
Timestamp: 2017-07-26 22:40:52
Document Index: 170037118

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 70', 'artículo 187', 'artículo 333', 'artículo 350', 'artículo 2', 'artículo 6']

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Mensaje del Secretario General sobre Venezuela 14 de julio de 2017
Las fuerzas represivas se han convertido en un ejército de ocupación en su propio país. El régimen propone más abuso, más represión, cada vez menos libertad, y el instrumento que propone para institucionalizar ello es una Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constitucional impuesta por decreto, sin la gente y en contra de la gente, anteponiendo la voluntad de la dictadura a la voluntad popular expresada por sufragio universal y directo. Este régimen ha dejado de aparentar ser una democracia, como solía hacer. Se ha consolidado como una dictadura, donde su ilegitimidad pretende ahora ser constitucionalizada.
Los venezolanos pueden expresarse y participar activamente de la consulta popular de este domingo, 16 de julio, para marcar el camino de retorno a la democracia. La consulta popular convocada por la Asamblea Nacional es una herramienta amparada en sendas disposiciones de la Constitución venezolana, con el objetivo de que sea el pueblo soberano quien decida su futuro respondiendo a tres consultas: Primero: ¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?
La Constitución venezolana de 1999 regula y alienta el ejercicio del mecanismo de consulta popular. En su artículo 5, establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. También promueve el mecanismo de consultas en el artículo 70, que reglamenta los medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía, contemplando entre ellos “la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente”, entre otros. La convocatoria a consulta pública a iniciativa de la Asamblea Nacional se regula en el numeral cuarto del artículo 187, que dice: “Corresponde a la Asamblea Nacional (…) organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia (…)”.
•	El artículo 333 afirma que “esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
•	Por su parte, el artículo 350 dice: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.”
Las respuestas al ataque que sufre la institucionalidad de Venezuela están en la propia Constitución. La solución para Venezuela es de los venezolanos y está en las urnas. Está en la Constitución que la Asamblea Nacional insta a cumplir. Está en el respeto a la ley. Está en el ejercicio de la soberanía popular a través del sufragio libre, universal y directo. En la comunidad hemisférica entendemos que los mecanismos de participación directa no sólo hacen al espíritu de la democracia, sino también fortalecen y protegen la institucionalidad, tal como lo hemos reflejado en la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana alienta expresamente los mecanismos de participación directa del pueblo, como se refleja en su artículo 2 “(…) La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”. El artículo 6 profundiza este concepto estableciendo que “la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”.
La Patria Grande es la patria de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Eso es lo más valioso que compartimos en las Américas. No debemos apartarnos de este camino, por ello no podemos abandonar a Venezuela. La comunidad internacional está frente a la obligación moral y la responsabilidad ética de contribuir a que Venezuela retorne a la democracia.Referencia: D-018/17