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Timestamp: 2020-02-27 16:19:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 122', 'artículo 117', 'artículo 122', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 112', 'artículo 114', 'artículo 127', 'artículo 122', 'artículo 570', 'artículo 107', 'artículo 610', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 122', 'artículo 127', 'artículo 122']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 199-1418, de 05/06/2013
cve: BOCG_D_10_199_1418
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX), y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 27 de mayo de 2013.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
Con la reforma que plantea el proyecto del Gobierno se pierde una oportunidad para dar respuesta adecuada a la desafección social de la que no se libra ninguna de las instituciones y que, por tanto, también alcanza al Poder Judicial, salpicado además por errores en el funcionamiento de su órgano de gobierno y por comportamientos inadecuados algunos de sus miembros.
En este caso, el veto al Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, no cuestiona la oportunidad de la iniciativa, en coherencia con la posición mantenida, a través de diversas iniciativas, por nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados durante las últimas legislaturas. Al contrario, incluso podríamos considerar que la reforma del Consejo General del Poder Judicial, llega muy tarde. Sin embargo, pese a la necesidad de abordar la reforma del modelo actual de gobierno del poder judicial, no podemos compartir ni la forma ni orientación del Proyecto de Ley, en su redacción actual, con las enmiendas
introducidas durante la tramitación parlamentaria, lo que justifica plenamente el mantenimiento de este veto a la totalidad del mismo.
En primer lugar, tratándose de una cuestión de Estado, que afecta a uno de sus poderes, tenemos que poner de relieve las importantes carencias del proceso que ha precedido al Proyecto de Ley, sin diálogo y sin el mínimo consenso ni entre los Grupos Parlamentarios ni entre la inmensa mayoría de los colectivos implicados en la Justicia.
En segundo lugar, presentamos esta enmienda de totalidad por cuestiones de fondo. Entendemos que el contenido del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno es claramente insuficiente. En todo caso, la orientación y las carencias podrían haberse solventado mediante el dialogo y el acercamiento de posiciones entre los Grupos Parlamentarios, las asociaciones profesionales y la ciudadanía movilizada contra los recortes en la Justicia. Más aún, en una coyuntura compleja para nuestra democracia como la actual, pero el Gobierno ha optado por una rapidez, ahora injustificada, y una opacidad inaceptable.
A nuestro juicio el Proyecto de Ley parece responder a una necesidad coyuntural y oportunista, en lugar de abordar a fondo la revisión del modelo de Consejo General del Poder después de treinta años y buscar un modelo que pueda perdurar en el tiempo.
En este sentido, consideramos necesario abrir un debate serio, riguroso y alejado de apriorismos y prejuicios de todo tipo. Esto no significa necesariamente dilatar la reforma, más bien significa legitimarla y robustecerla. Un debate abierto, no sólo a los grupos parlamentarios y asociaciones profesionales, sino también a la ciudadanía, que se ha movilizado a través de plataformas y colectivos para defender la Justicia como servicio público. En definitiva, el debate sobre uno de los poderes del Estado, debiera ser fundamentalmente cívico y abierto a la participación ciudadana.
Por otro lado, no podemos obviar las deficiencias del actual modelo de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cumplir con las funciones constitucionalmente atribuidas. Podríamos decir que es un modelo fracasado, cuya debilidad democrática se ha certificado por los acontecimientos que han rodeado a esta institución durante los últimos años. El resultado ha sido la percepción negativa de la ciudadanía y el descrédito de la institución.
Ciñéndonos al contenido del Proyecto de Ley, pese a observar aspectos positivos en su redacción inicial, consideramos que el resultado global es decepcionante. Es más, valoramos positivamente que el Gobierno haya salido parcialmente de las posiciones más conservadoras, apostando por ampliar la elección corporativa de los cargos de gobierno del Poder Judicial de, entre, y por los miembros de la judicatura, reduciendo al mínimo constitucional la participación del legislativo. No obstante, el texto continúa planteando cuestiones de fondo que pueden incidir negativamente en la independencia del Poder Judicial, además de obviar la transparencia, la participación ciudadana y el control parlamentario.
Y la independencia del Poder Judicial es uno de los fundamentos claves del sistema democrático como expresión del principio de división de poderes que no se está viendo precisamente fortalecido por diferentes iniciativas legislativas del Gobierno que ha sacado adelante con la mayoría absoluta que lo sustenta. Por ello es necesario ratificar lo afirmado por Montesquieu en «El espíritu de las leyes» (1748) sosteniendo la Justicia debe estar separado del poder legislativo y del ejecutivo porque «estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador, y estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor».
En líneas generales, este Proyecto de Ley, en su redacción actual, supone una oportunidad perdida para abordar la necesaria profundización democrática en el nuevo modelo del gobierno del poder judicial, lejos de los pactos entre cúpulas, con intereses partidistas o corporativos. Dicho esto, tampoco es aceptable el intento de deslegitimación y asfixia económica que el Gobierno ha iniciado, contra las asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales tal y como hace en el ámbito general con las organizaciones sindicales.
El artículo 122.2 de la Constitución establece el marco de actuación del CGPJ, cuya función es la defensa de la independencia judicial que establece el artículo 117 de la misma. En dicho artículo 122.2 se establece sus competencias que son las que corresponden a nombramientos, ascensos, inspección, y régimen disciplinario.
El Proyecto de Ley aborda la reforma de las atribuciones y competencias del CGPJ, el sistema de elección de vocales y el ejercicio a tiempo parcial del cargo, la eliminación de situaciones de bloqueo en su constitución y la transformación de la Comisión Disciplinaria.
Como punto de partida, defendemos la elección parlamentaria pura de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial. En su calidad de órgano de gobierno de los jueces y de garantía de su independencia es vital y, por lo tanto, la forma en que este consejo sea elegido y estructurado es clave.
Consideramos que la elección parlamentaria de los miembros del Consejo General del Poder Judicial es la única forma de conectar al Poder Judicial con el Pueblo del que nuestra Constitución dice que emana la Justicia.
En este sentido, el Proyecto de Ley debería incorporar un sistema que permitiera elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial a través a propuesta de profesionales del sector, usuarios de la Justicia, sindicatos, colegios, universidades, etc, examinados por las comisiones competentes del Congreso y el Senado (de forma y manera que puedan conocerse las ideas respecto a la Administración de la Justicia y la administración de la Administración de la Justicia de los candidatos) y finalmente elegidos por el Congreso y el Senado.
También debería de exigir un número mayor de avales de los candidatos no respaldados por las asociaciones profesionales para reducir las posibilidades formulación de candidaturas impulsadas desde grupos de interés.
Es necesario garantizar un Poder Judicial fuerte, seguro, independiente, capaz de afrontar los conflictos sociales de todo tipo sin dejarse arrastrar por las presiones políticas, mediáticas y de grupos.
Resulta imprescindible que el Juez pueda realizar sus funciones con medios suficientes, apoyado en una estructura organizativa ágil y eficiente, estructura que debe estar diseñada e implementada teniendo en cuenta las necesidades del Poder Judicial para que sirva a su objetivo de servicio al ciudadano, de tutela efectiva de derechos e intereses legítimo.
El Proyecto de Ley, sin embargo, contiene aspectos que pueden suponer un ataque a la independencia judicial. La absoluta independencia de jueces y magistrados en su función jurisdiccional, es un pilar esencial de un estado democrático y de derecho. Entre otras podemos señalar:
Algunas cuestiones relativas al modelo de elección de vocales, tales como la incorporación del criterio de proporcionalidad para la selección parlamentaria de los candidatos admitidos al proceso resulta totalmente ajeno a la realidad de la Carrera (en la que la diferencia en el desempeño entre Jueces y Magistrados es inexistente) y de las funciones que deberán ejercer quienes resulten elegidos. Estas deben ser criterio prioritario para analizar el perfil del candidato y no la pertenencia a grupos mayoritarios, minoritarios o a ninguno, o estar en determinado lugar en el escalafón.
No resulta justificado que 3 de los vocales del CGPJ tengan que ser necesariamente magistrados del Tribunal Supremo. Tampoco que otros tres deban ser magistrados con más de 25 años de antigüedad. Se trata de una sobrerrepresentación de determinados sectores de la judicatura que no se explica por razones de interés general.
Por otro lado, el ejercicio a tiempo del cargo de Vocal, compatibilizándolo con la actividad profesional anterior, puede suponer un obstáculo en el ejercicio de sus funciones, además de, en algunos casos, es susceptible de generar conflictos de intereses. Resultando imprescindible redefinir competencias, ajustar y optimizar la estructura y finalmente reducir gastos superfluos, lo cierto es que sería necesario repensar el modelo de tal forma que se pueda reducir el gasto sin menoscabar las funciones de todos los Vocales y las condiciones de igualdad para desempeñarlas. Es decir, en nuevo modelo no puede sentar las bases para que haya vocales de primera y vocales de segunda. De ahí que resulte preferible garantizar la rotación de todos los miembros del Consejo en la Comisión Permanente, la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Asuntos Económicos y la Comisión de Igualdad.
Otra cuestión que podría repercutir negativamente en la independencia judicial, es la supresión de la Comisión de Calificación, cuyas funciones de preparación de los nombramientos pasan a la Comisión Permanente. También que se amplíen las competencias de la Comisión Permanente; de hecho lo razonable es que el Servicio de Inspección dependa del Pleno.
Por último, dos motivos que justifican la enmienda de totalidad a este Proyecto de Ley:
— El Poder Judicial no puede quedar exento de control, parlamentario y ciudadano. No puede ser ajeno a las exigencias de transparencia y a la responsabilidad. En el Proyecto de Ley hay una ausencia total de fórmulas de control ciudadano también sobre la actuación del poder judicial, tanto sobre la gestión cotidiana del mismo, como sucede con el poder ejecutivo, así como establecer mecanismos democráticos para censurar su actuación, cuando se den determinadas circunstancias
como las sucedidas en el seno del CGPJ en el pasado año, tanto en el seno del órgano como en las Cámaras. En este último caso a imagen y semejanza de los mecanismos para censurar la acción del jefe del ejecutivo o sus ministros.
— Se pierde una nueva ocasión para abordar la descentralización del gobierno del Poder Judicial, a través de la creación de los Consejos del Poder Judicial autonómicos, coherencia con el proceso de descentralización de la administración de Justicia y el desarrollo del modelo de Estado.
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 3 de junio de 2013.—Ester Capella i Farré.
La soberanía reside en el pueblo y de éste emanan y deben emanar los poderes de un Estado democrático, así se proclama en la C.E. artículos 1 y 117. Las modificaciones que se pretenden del Consejo General del Poder Judicial a través del proyecto de Ley Orgánica de reforma del CGPJ constituyen un atentado a la estructura democrática del Estado y a la división de poderes, al sistema de pesos y contrapesos existentes entre los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), al incidir sobre uno de los principios fundamentales del Poder Judicial, su independencia.
Efectivamente, el presente proyecto de Ley pone en peligro una de las funciones principales del órgano de gobierno del Poder Judicial, que no es otra que garantizar la independencia judicial, al sustraer competencias del CGPJ y atribuirlas al Ministerio de Justicia, al tiempo que modifica sustancialmente la estructura, la organización y composición del CGPJ.
El Gobierno del Poder Judicial debe poder garantizar que los Jueces en el ejercicio de sus funciones, al resolver las controversias, al garantizar y hacer efectivo el derecho fundamental de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva, debe estar en el mismo plano de igualdad que el resto de Poderes del Estado, debe garantizar que no existan injerencias que imposibiliten el pleno ejercicio del derecho fundamental. Asimismo, debe tener la capacidad, (competencia y dotación presupuestaria), para poder determinar las políticas necesarias en materia de Justicia.
El proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, en palabras utilizadas en su Preámbulo, dice obedecer a la necesidad de «(…) una reforma en profundidad de su estructura y funcionamiento que permita poner fin a los problemas que a lo largo de los años se han puesto de manifiesto, así como dotarlo de una estructura más eficiente».
A nadie se le escapa que los problemas que a lo largo de los años ha tenido el Consejo General del Poder Judicial no son otros que la obsesión de los distintos gobiernos que se han sucedido en el Estado por controlar el Poder Judicial y en consecuencia limitar la independencia del mismo y, por otro, la falta de dotación presupuestaria que configure la Administración de Justicia como auténtico servicio público.
El presente proyecto de ley constituye un ataque a la función constitucional reservada al Consejo General del Poder Judicial básicamente a través de la atribución de funciones propias del Consejo General del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y que afectan al estatuto personal y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados, de manera que al limitar las atribuciones del CGPJ y la potestad reglamentaria a la esfera puramente interna y sólo de forma excepcional a aspectos accesorios de las actuaciones judiciales supone cercenar la garantía de la independencia judicial. El CGPJ debería continuar manteniendo la competencia exclusiva sobre la selección y la formación de Jueces, así como la competencia para desarrollar reglamentariamente los derechos y deberes del estatuto judicial, la salvaguarda del asociacionismo judicial, entre otras competencias más.
El cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ previsto en el proyecto de ley no garantizará la independencia del órgano de Gobierno de los jueces, como tampoco es garantía de independencia los diferentes grados de dedicación de los vocales elegidos haciendo compatible el cargo de vocal con la actividad profesional. Por otra parte, que tres de los vocales deban ser magistrados del Tribunal Supremo y otros tres deban tener una antigüedad superior a 25 años, rompe la proporcionalidad exigida por la Ley de Igualdad, reduciendo la ya escasa presencia de mujeres, en atención a los porcentajes de mujeres existentes en el T.S. y en la franja de antigüedad superior a 25 años.
Por todo ello, Esquerra Republicana de Catalunya presenta la siguiente enmienda de veto, reclamando la devolución del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio, del Poder Judicial.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 3 de junio de 2013.–El Portavoz Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.
La tramitación separada de la reforma del Consejo General del Poder Judicial de una reforma más general del conjunto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) responde básicamente, como explicita la Memoria de Impacto Normativo del Anteproyecto, a garantizar que la próxima elección de Vocales pueda hacerse conforme al nuevo sistema y evitar que el sistema vigente se mantenga cinco años más.
Para ello, el Gobierno presentó a las Cortes, un proyecto de Ley de suspensión de los artículos 112 y 114, para detener —de forma artificiosa y al margen del derecho— el mecanismo de renovación del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, tal y como fue presentado el anteproyecto de ley, mereció dos informes severamente críticos por parte del Consejo Fiscal y del propio Consejo General del Poder Judicial que, además, contó con un voto particular, extremadamente duro, de cinco vocales del Consejo.
Y de hecho, tras no prosperar en el Senado los numerosos vetos formulados a este texto, la publicación en el BOE del texto de la Ley Orgánica 1/2013, de 11 de abril, sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se produjo el pasado 12 de abril, con posterioridad a la fecha del 25 de marzo en la que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, en cumplimiento del vigente artículo 114 de la LOPJ, y mediante sendas comunicaciones remitidas al Congreso de los Diputados y al Senado, había procedido ya a iniciar los trámites para renovación de este órgano de acuerdo con el actual modelo en vigor de elección de los vocales. Una chapuza jurídica e improvisación más de un Gobierno poco respetuoso con las formas y las esencias democráticas.
En cualquier caso y más allá de las formas, reconociendo que el Consejo General del Poder Judicial, es un órgano básicamente de gobierno del poder judicial, que en ningún caso, debe ser entendido, como así parece desprenderse de la filosofía que subyace y a la que parece querer dar respuesta este Proyecto, como órgano de fiscalización del Ejecutivo o de limitación del poder del Ejecutivo. Así pues, la finalidad de su reforma solo puede ser garantizar, de manera valiente, el funcionamiento de la Justicia, en el ámbito de sus competencias y especialmente garantizar la independencia de Jueces y Magistrados. Es por ello que el Grupo Socialista cree que esta reforma debe ser una oportunidad para superar las disfunciones en que han incurrido los distintos Consejos, pero no, como hace el texto del Gobierno, un medio para privarle de parte de sus funciones básicas, invocando razones de eficiencia y simplificación del órgano, porque con ello, solo conseguirá la muerte del mismo.
Esta creencia, que no es solo del Grupo Socialista, encuentra su reflejo en las conclusiones del Informe del propio Consejo General del Poder Judicial que, en su primera conclusión califica el modelo que configura el Proyecto de Ley de «desapoderamiento de importantes funciones del Consejo General
del Poder Judicial. Desapoderamiento en favor del Poder Ejecutivo, al atribuir al Ministerio de Justicia la potestad reglamentaria relativa a las condiciones accesorias al estatuto de Jueces y Magistrados, posibilitando el control y condicionamiento de su funcionamiento, menoscabando en consecuencia su independencia y colocando al Poder Judicial en una relación de subordinación respecto al mismo». Para más tarde añadir que «dicho régimen jurídico no parece conciliable con el mandato constitucional del artículo 127.1 de la CE que establece que los Jueces, Magistrados y Fiscales, mientras se hallen en activo no podrán desempeñar otros cargos públicos, lo que en especial para Jueces y Magistrados, es garantía de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional».
Es pues, imprescindible, acertar en la racionalización de una institución en la que no solo unos pocos consejeros estén liberados de sus funciones de procedencia, sino y en tanto el sistema constitucional que se plasma en el artículo 122 de la CE sea el que es, adoptar medidas para que todos los miembros elegidos trabajen en la finalidad para la que han sido evaluados y seleccionados por las Cámaras y que no es otra que garantizar la independencia de los miembros de la carrera judicial, lo que será una garantía de buen servicio público para todos los ciudadanos y de libertad de competencia para el entramado empresarial .
A nadie se le escapa que la apertura del sistema a más candidatos, haciéndolo más transparente y competitivo, incrementa las posibilidades de mejora en cuanto al factor humano que es el que finalmente puede ser el más decisivo, pero sin perder de vista que un órgano colegiado como el Consejo, está pensado para que el mismo refleje la pluralidad, no solo ideológica, asociativa y del escalafón, sino también debe representar la pluralidad social, elemento esencial por donde el Proyecto ni siquiera transita en ninguno de sus postulados. En cuanto a la composición paritaria en materia de género, este es el único elemento que realmente no ha sido contrastado, sobre cómo incidirá en la mejora del funcionamiento del órgano.
De otra parte, y claramente en contra de las previsiones constitucionales, el Proyecto del Gobierno, tiene otros elementos que afectarán sin duda a su funcionamiento y que son, de una parte, un marcado presidencialismo y una sobrerrepresentación del Tribunal Supremo y la parte más antigua de la carrera, lo que por sí mismo no comporta garantías adicionales, respecto a la mejora de su funcionamiento, reforzando los requisitos de antigüedad para poder ser Vocal, y exigiendo para una serie de puestos que se crean ex novo la pertenencia a una determinada categoría, a la que a 31 de diciembre del pasado año solo pertenecían 81 Magistrados frente a los cerca de 6.000 Jueces y Magistrados de otras categorías. Y todo lo anterior sin ninguna justificación explicada y explicable, que parece responder a una lógica de futuras reformas, ignoradas por las Cámaras a la hora de tramitar esta reforma parcial, sobre la que se proyecta una idea carente de justificación por sí misma. En cuanto a la proporcionalidad que debe ser respetada, la Constitución exige que sean elegibles miembros de todas y cada una de las categorías de la Carrera Judicial, pero no comporta la exigencia de presencia efectiva de representantes de todas ellas en la composición del órgano, lo que este Proyecto sí impone, limitando con ello la libertad de elección de las Cámaras.
El Grupo Socialista no puede compartir que se desvirtúe el funcionamiento como órgano colegiado del Consejo General del Poder Judicial y por ello rechaza el Proyecto de Ley. Este sistema «marcadamente presidencialista» en el que se atribuye al Presidente facultades discrecionales para el cese del Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario General, Director de Comunicación. Además, de que se opera, en la práctica, una equiparación entre cargos como el Vicepresidente y el personal eventual a quien el Presidente puede cesar libremente, la disparidad entre los órganos que pueden nombrar y cesar a determinados cargos debilita el funcionamiento colegiado del Consejo General del Poder Judicial diseñado en la Constitución y es ajena a la normativa administrativa que, tradicionalmente, residencia la capacidad para cesar a un cargo, precisamente en el órgano que lo eligió o nombró.
Tampoco comparte el Grupo Socialista otro aspecto clave del Proyecto, que posibilita la constitución de un nuevo Consejo con los diez vocales de la Cámara que hubiera procedido a la renovación, dicha renovación parcial prevista en el artículo 570 del Proyecto de Ley podría resultar contrario al mandato constitucional de que sean veinte los vocales y que sean nombrados, como afirma el Consejo General del Poder Judicial, en unidad de acto por el Rey, mediante Real Decreto. Además de que la previsión de renovación parcial podría dar lugar a un mandato de duración inferior a dicho período si alguna de las Cámaras no procediera, en plazo, a la renovación de los Vocales que le corresponde designar.
Si realmente se pretende garantizar que todos los vocales, salvo los adscritos a la Comisión Disciplinaria, formen parte durante una anualidad de la Comisión Permanente, resulta necesario establecer
con carácter preceptivo la renovación integral de los Vocales que formen parte de la misma. El carácter inalterable y la composición numerosa de la Comisión Disciplinaria, unido a la prohibición general de formar parte de más de una Comisión, dará lugar a que los miembros de la citada Comisión no podrán llegar a formar parte de la Comisión Permanente durante todo su mandato. Y ello por no mencionar, el hecho de que la configuración de la Comisión Permanente debe responder a la misma lógica que el Constituyente eligió para la conformación del Pleno.
Quizá el elemento que más puede favorecer una mayor legitimidad y un mejor funcionamiento del Consejo sea claramente un incremento sustancial de la transparencia y de la necesidad de adoptar por mayorías reforzadas los acuerdos en materias importantes para el cumplimiento de la finalidad de la existencia del Consejo y que más sometidas están al escrutinio público. Mayorías reforzadas que fueron avaladas por el Tribunal Constitucional en su sentencia de diciembre de 2012. Para ello conviene que, con carácter general, sean públicas las deliberaciones de los órganos del Consejo y que sean motivados sus acuerdos sobre materias no regladas, lo que es contrario a la previsión del Proyecto de Ley de que las deliberaciones del Consejo sean, con carácter general, reservadas.
En esa línea de transparencia, no puede aceptarse, que el órgano político de Gobierno de los Jueces no rinda cuentas a quien lo nombra. Y así, la comparecencia del Presidente no puede estar limitada a la presentación de la Memoria anual de actividades del Consejo, sino que las Cortes Generales deberán poder llamarle a comparecer para obtener información acerca de otras actividades o decisiones, aunque queden excluidas aquellas de contenido jurisdiccional.
Tampoco podemos estar de acuerdo los socialistas con el intento de devaluar a las Asociaciones Judiciales y su capacidad de actuación en ámbitos donde ahora mismo ya tienen consolidada su presencia. Estamos seguros que para poder hacer mejoras en la justicia es imprescindible la interlocución intensa con los justiciables, pero no menos con aquellos representantes de los colectivos que tienen que llevar a delante las reformas y propuestas para su mejora, posibilitando un espacio de actuación que no solo les legitime para defender los intereses corporativos, sino también el interés general y del correcto funcionamiento de la Administración de justicia, evitando esa sensación de desconfianza, que con carácter general, parece informar toda la actuación del Gobierno.
Finalmente, la mejora de los nombramientos de los miembros del órgano de Gobierno del Poder Judicial y de su funcionamiento solo puede tener una finalidad, mejorar la administración de justicia, porque el problema de la justicia es de eficacia y de organización. Su mejora depende de que la calidad del servicio público de la justicia se preste en plazos razonables y no en los plazos de solución actual, y de la seguridad jurídica para los ciudadanos y las empresas exclusivamente basada en el imperio de la ley. Necesitamos adoptar medios del siglo XXI, de los que ya gozan administraciones como Hacienda o la Seguridad Social y no más leyes para recargar a los actuales servidores de la administración de justicia que es el único camino transitado por este Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula el presente veto al Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, solicitando su devolución al Gobierno
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 3 de junio de 2013.–El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.
El Consejo General del Poder Judicial es definido como el órgano de gobierno del Poder Judicial del Estado español. Su principal función por una parte es velar por la garantía de la independencia de los
jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado, además de velar por la calidad, y buen funcionamiento de todos sus órganos.
Todo ello debe moverse en base a dos criterios, como son el de la cercanía a la ciudadanía, así como un funcionamiento independiente y transparente, que haga que la ciudadanía en general confíe plenamente en el poder judicial en general. Ello significa que cualquier definición normativa debe aproximarnos a que la justicia inspire una gran confianza tanto desde el punto de vista del logro de la cohesión social como desde la identificación de la ciudadanía con sus instituciones.
Es evidente que la situación de la justicia no está en sus mejores momentos. Tal como expresaba el propio ministro en su comparecencia en esta misma cámara:
«España no estará en auténtica igualdad de condiciones para medirse con otras economías y otros mercados hasta que no consiga que su sistema de justicia acredite la agilidad, la claridad y la seguridad que los distintos actores económicos y sociales esperan de ella».
Pues bien, en ese sentido entendemos que el Consejo General del Poder Judicial puede jugar un gran papel, y por ese motivo necesita de elementos que le hagan mejorar en eficacia, cercanía y modernización en todos los procesos de trabajo que les sean atribuidos por ley.
Como traducción a lo anteriormente expresado, la reforma de la Ley orgánica 6/1985 del Poder Judicial que se propone, tiene las siguientes carencias:
• Por una parte, el criterio de cercanía; entendemos importante e imprescindible la creación de los Consejos de Justicia Autonómicos: la falta de reconocimiento de los citados Consejos, previstos en diversos Estatutos de Autonomía, importantes herramientas de descentralización y eficacia en la gestión, reafirman la necesidad de presentar el presento veto.
• Por otra parte, el de profesionalización e independencia de todos sus órganos: viendo la situación que vive la justicia en el Estado español, no se entiende que de los 20 vocales miembros del CGPJ, sean únicamente 6 de ellos los que vayan a trabajar con dedicación exclusiva en las atribuciones que la LOPJ vaya a dictarles. El Consejo General del Poder Judicial no puede funcionar como órgano que desarrolle su labor en régimen de amateurismo.
• Además de ello, el Proyecto de Ley objeto de discusión carece del necesario enfoque en el ámbito de la igualdad de género; la concreción que se realiza en el artículo 610.1 hace temer que el Proyecto de Ley únicamente defina este requisito para la citada comisión, dejando el resto del Proyecto de Ley a una indefinición imposible en lo referente al equilibrio necesario en el ámbito del género.
Por las razones aducidas presentamos este veto, con el objetivo de lograr un mayor acuerdo en base a las diferentes sensibilidades presentes en la Cámara.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 3 de junio de 2013.–Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
En este caso, la propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, no cuestiona la oportunidad de la iniciativa, en coherencia con la posición mantenida, a través de diversas iniciativas que se han presentado en anteriores legislatura. Al contrario, incluso podríamos considerar que la reforma del Consejo General del Poder Judicial, llega muy tarde. Sin embargo, pese a la necesidad de abordar la reforma del modelo actual de gobierno del poder judicial, no podemos compartir ni la forma ni orientación
del Proyecto de Ley, en su redacción actual, con las enmiendas introducidas durante la tramitación parlamentaria, lo que justifica plenamente el mantenimiento de este veto a la totalidad del mismo.
En segundo lugar, presentamos esta propuesta de veto por cuestiones de fondo. Entendemos que el contenido del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno es claramente insuficiente. En todo caso, la orientación y las carencias podrían haberse solventado mediante el dialogo y el acercamiento de posiciones entre los Grupos Parlamentarios, las asociaciones profesionales y la ciudadanía movilizada contra los recortes en la Justicia. Más aún, en una coyuntura compleja para nuestra democracia como la actual, pero el Gobierno ha optado por una rapidez, ahora injustificada, y una opacidad inaceptable.
En este sentido, el Proyecto de Ley debería incorporar un sistema que permitiera elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial a través a propuesta de profesionales del sector, usuarios de la Justicia, sindicatos, colegios, universidades, etc, examinados por las comisiones competentes del
Congreso y el Senado (de forma y manera que puedan conocerse las ideas respecto a la Administración de la Justicia y la administración de la Administración de la Justicia de los candidatos) y finalmente elegidos por el Congreso y el Senado.
Por otro lado, el ejercicio a tiempo del cargo de Vocal, compatibilizándolo con la actividad profesional anterior, puede suponer un obstáculo en el ejercicio de sus funciones. Resultando imprescindible redefinir competencias, ajustar y optimizar la estructura y finalmente reducir gastos superfluos, lo cierto es que sería necesario repensar el modelo de tal forma que se pueda reducir el gasto sin menoscabar las funciones de todos los Vocales y las condiciones de igualdad para desempeñarlas. Es decir, en nuevo modelo no puede sentar las bases para que haya vocales de primera y vocales de segunda.
Otra cuestión que podría repercutir negativamente en la independencia judicial, es la supresión de la Comisión de Calificación, cuyas funciones de preparación de los nombramientos pasan a la Comisión Permanente,
Por último, dos motivos que justifican la propuesta de veto a este Proyecto de Ley:
— El Poder Judicial no puede quedar exento de control, parlamentario y ciudadano. No puede ser ajeno a las exigencias de transparencia y a la responsabilidad. En el Proyecto de Ley hay una ausencia total de fórmulas de control ciudadano también sobre la actuación del poder judicial, tanto sobre la gestión cotidiana del mismo, como sucede con el poder ejecutivo, así como establecer mecanismos democráticos para censurar su actuación, cuando se den determinadas circunstancias como las sucedidas en el seno del CGPJ en el pasado año. En este último caso a imagen y semejanza de los mecanismos para censurar la acción del jefe del ejecutivo o sus ministros.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Senado, 3 de junio de 2013.–Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
El Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, inicia su trámite en el Senado con la oposición del propio Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Consejo Fiscal, los presidentes de Audiencias Provinciales, gran parte de las Asociaciones de jueces, y todos los grupos parlamentarios en el Congreso, excepto el del Partido Popular.
Esta forma de legislar, en contra de la mayoría de agentes del sector regulado y sin un diálogo sincero, una negociación que busque acuerdos y consensos como principio fundamental del trámite democrático legislativo, se está convirtiendo en una norma de este Gobierno y del grupo parlamentario que le da soporte.
Pedimos la devolución de este proyecto de ley al Gobierno porque atenta gravemente contra uno de los pilares básicos de nuestra democracia sacralizado por la Constitución, como es la independencia del Poder Judicial.
Muchas de las modificaciones que incluye la norma tienen como finalidad debilitar el máximo órgano de gobierno de los Jueces, ya sea mediante la usurpación de funciones por parte del Ministerio de Justicia, desvirtuando su funcionamiento como órgano colegiado, o proponiendo la renovación parcial de sus miembros contraviniendo claramente el artículo 122.3 de la Constitución. Es intolerable que en el propio Preámbulo del proyecto de ley se justifique la reforma «en profundidad» del Consejo General del Poder Judicial para «poner fin a los problemas que a lo largo de los años se han puesto de manifiesto», sin explicar o justificar esta acusación tan grave al funcionamiento del Consejo.
El Informe del Consejo General del Poder Judicial al texto de la norma presentada por el Gobierno es bastante explícito en su oposición al mismo al asegurar que su aprobación dará lugar a «un desapoderamiento de importantes funciones que la normativa hoy vigente ha otorgado al CGPJ, como medio para garantizar la independencia de Jueces y Magistrados». En primer lugar, se reducen considerablemente las competencias del Consejo y se transfiere al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, la potestad para regular reglamentariamente las condiciones accesorias al estatuto de Jueces y Magistrados. Esta es una injerencia grave contra la independencia del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo al tener la capacidad de controlar y condicionar su funcionamiento.
Otro de los motivos de especial gravedad por los que no estamos de acuerdo con esta norma, es el diseño de un Consejo extremadamente presidencialista, que asigna las principales competencias de gobierno al Presidente y a los cinco miembros que ocupen la comisión permanente, desvirtuando su funcionamiento como órgano colegiado. Además, en contra de la previsión del artículo 127.1 de la Constitución, el Gobierno abre la puerta a que la mayoría de los vocales del Consejo puedan compatibilizar su actividad en el mismo con sus trabajos judiciales y no, como hasta ahora, que centraban todo su trabajo y sus esfuerzos en velar por garantizar la independencia de los miembros de la carrera judicial. Una tarea de servicio público imprescindible para el funcionamiento democrático y constitucional del Poder Judicial.
El Gobierno también ataca a la independencia del Consejo, al limitar la capacidad presupuestaria y de gasto mediante la exigencia de informe favorable de la Administración ante cualquier gasto que se pueda derivar del desarrollo de la ley. Además, tampoco se permite la posibilidad de organización interna del Consejo al estar definidas en esta norma el número exacto de Comisiones que puede tener.
Tampoco podemos estar de acuerdo en la inclusión en el Proyecto de Ley de un nuevo sistema de elección de vocales parcial y claramente en contra de la previsión constitucional, y que esconde intereses partidistas. Así, la norma permite, ante el acuerdo solo en una Cámara legislativa, la renovación parcial de 10 miembros del Consejo, y la incorporación de los restantes miembros en el momento de su aprobación definitiva. Esto podría provocar que algunos de los vocales designados por el Parlamento más tarde de la constitución del Consejo se incorporen al mismo sólo por el tiempo que reste para la siguiente renovación.
Esto está en contra del artículo 122.3 de la CE que explicita que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por «veinte miembros nombrados por el Rey, por un periodo de cinco años».
Esta posibilidad de renovación parcial de los miembros del Consejo parece diseñada por el Gobierno para posibilitar que en la próxima renovación prevista para el mes de septiembre, la mayoría suficiente del grupo parlamentario Popular del Senado pueda nombrar a 10 vocales sin necesidad de pactar con ningún otro grupo parlamentario.
Además, en un momento crucial de la democracia en nuestro país, en el que la sociedad nos reclama la máxima transparencia en el funcionamiento interno y en el desarrollo de las actividades de las instituciones, el Gobierno hace más opaco al órgano de gobierno del Poder Judicial. Así, el proyecto de ley mantiene, con carácter general, que las deliberaciones del Consejo sean reservadas, limita la comparecencia de su Presidente en el Parlamento solo para presentar la memoria anual de actividades y, mediante enmienda del grupo popular incorporada en el Congreso, limita el acceso a la información y documentación que pueden pedir los vocales.
Así mismo, esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial no aborda ninguna fórmula de descentralización del órgano de gobierno de la judicatura, incluyendo la previsión de creación de los Consejo de Justicia Autonómicos, como recomienda el propio CGPJ en su informe, o reforzando las Salas de gobierno de los Tribunales autonómicos.