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Timestamp: 2017-09-22 15:27:45
Document Index: 110457063

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 183', 'artículo 191', 'artículo 183', 'artículo 179', 'artículo 184', 'artículo 191', 'artículo 183', 'artículo 179', 'artículo 63', 'artículo 96', 'artículo 139']

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IP. Sujetos pasivos. Residencia habitual. Convenio Hispano-Mexicano de doble imposición. Centro de intereses vitales
de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) Sentencia núm. 1148/2015 de 8 junio
JT\2015\1281
Recurso contencioso-administrativo 183/2012
Ponente: Ilmo. Sr. D. Alejandro Valentín Sastre
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León (Valladolid) estima en parte el recurso contencioso-administrativo, interpuesto frente a la Resolución del TEAR de Castilla y León de 25-11-2011, desestimatoria de reclamaciones interpuestas frente a liquidaciones y sanciones en materia del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007.
SENTENCIA: 01148/2015
Sección de Refuerzo A
N.I.G: 47186 33 3 2012 0100364
Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000183 /2012
De D./ña. Encarna , Gema
LETRADO JULIA LUCIA PARIENTE,
PROCURADOR D./Dª. JOSE LUIS MORENO GIL,
Contra D./Dª. CONSEJERIA DE HACIENDA, TEAR
LETRADO DIREC. SERV. JUR. JUNTA DE CASTILLA Y LEON, ABOGADO DEL ESTADO
Rec. nº: 183/2012
Don Jesús Mozo Amo
SENTENCIA Nº 1148/2015
En la ciudad de Valladolid a 8 de junio de 2015
Vistos los autos correspondientes al recurso contencioso-administrativo sustanciado en esta Sala y tramitado conforme a las reglas del procedimiento ordinario, sobre ADMINISTRACION TRIBUTARIA, a instancia de Encarna y Gema , representadas por el Proc. Sr. Moreno Gil y defendidas por letrado, siendo demandadas el TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEON, representado y defendido, a su vez, por el Señor Abogado del Estado, y la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEON, representada y defendida por el Letrado de la Comunidad Autónoma.
PRIMERO. Mediante escrito presentado se interpuso ante esta Sala recurso contencioso-administrativo contra la resolución de fecha 25 de noviembre de 2011, del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, por la que se acuerda desestimar las reclamaciones económico- administrativas nº NUM000 , NUM001 y NUM002 interpuestas, por la representación de Dª. Encarna y Dª. Gema , contra la desestimación de los recursos de reposición interpuestos frente a los acuerdos adoptados por la Jefa del Servicio de Inspección y Valoración de la Junta de Castilla y León, a través de los que se practican las liquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 y se impone una sanción tributaria por los mencionados impuesto y ejercicios.
SEGUNDO. Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.
TERCERO. Que asimismo se confirió traslado a la Administración demandada para contestación a la demanda, lo que se verificó, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.
Que igualmente se confirió traslado a la codemandada para contestación a la demanda, lo que se verificó, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.
CUARTO. Continuando el recurso por sus trámites, se señaló, para votación y fallo del asunto, el día 1 de junio de 2015, en que se reunió, al efecto, la Sala.
QUINTO. En la sustanciación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.
VISTOS. - Siendo Magistrado Ponente el Sr. Alejandro Valentín Sastre.
Es objeto de impugnación en el presente procedimiento la resolución de fecha 25 de noviembre de 2011, del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, por la que se acuerda desestimar las reclamaciones económico- administrativas nº NUM000 , NUM001 y NUM002 interpuestas, por la representación de Dª. Encarna y Dª. Gema , contra la desestimación de los recursos de reposición interpuestos frente a los acuerdos adoptados por la Jefa del Servicio de Inspección y Valoración de la Junta de Castilla y León, a través de los que se practican las liquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 y se impone una sanción tributaria por los mencionados impuesto y ejercicios.
La parte demandante, constituida por Dª. Encarna y Dª. Gema , pretende que se anule el acto administrativo impugnado, así como los acuerdos que confirma, con la imposición de las costas causadas a la Administración demandada.
Alega la parte actora, en fundamentación de la pretensión que deduce, los siguientes motivos: I- las recurrentes han acreditado su residencia fiscal en México a efectos de la aplicación de los tratados para evitar la doble imposición a través de los certificados de residencia fiscal emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Servicio de Administración Tributaria y acreditan también que el centro de intereses vitales y económicos radica en México. II- Improcedencia de los acuerdos de imposición de sanción por la improcedencia de los acuerdos de liquidación de los que traen causa. III- Improcedencia de los acuerdos de imposición de sanción por ausencia de culpabilidad. IV- Falta de motivación de los acuerdos de imposición de sanción.
La Administración demandada y la codemandada se han opuesto a la demanda y han solicitado la desestimación del recurso contencioso administrativo.
Como se ha señalado en el anterior fundamento de derecho, se interpone el recurso contencioso administrativo contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR en adelante) de Castilla y León, por la que se acuerda desestimar las reclamaciones económico-administrativas interpuestas, por la representación de las recurrentes, contra la desestimación de los recursos de reposición interpuestos frente a los acuerdos adoptados por la Jefa del Servicio de Inspección y Valoración de la Junta de Castilla y León, a través de los que se practican las liquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio (IP en adelante) correspondiente a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 y se impone una sanción tributaria por los mencionados impuesto y ejercicios.
Se alega, por la parte actora, como primer motivo de impugnación del acto administrativo, que las recurrentes se encuentran en situación de doble residencia fiscal (española y mexicana), por lo que debe aplicarse el convenio de doble imposición firmado el 24 de julio de 1992 entre España y México, en el que se establecen una serie de criterios aplicables de manera jerárquica, entre ellos el del país con el que se mantengan relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales), acreditando que esto sucede en México.
Del examen de la resolución administrativa impugnada, resultan los siguientes antecedentes de interés para el examen de este motivo: I- la Hacienda autonómica concluye que las recurrentes (las obligadas tributarias) han sido residentes en España en los ejercicios 2004 a 2007, que son objeto de comprobación, por lo que deben tributar por el IP en este estado, no habiendo presentado ninguna autoliquidación por este impuesto (el artículo 5 de la Ley del Impuesto prevé que son sujetos pasivos del impuesto: a) por obligación personal, las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español, exigiéndose el impuesto por la totalidad de su patrimonio neto con independencia del lugar donde se encuentren situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos). II- En el presente supuesto, habida cuenta de que existe un Convenio firmado el 24 de julio de 1992 (instrumento de ratificación de 5 de octubre de 1994), entre España y México, para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y protocolo anejo, debe acudirse a las normas allí establecidas para determinar cuál es la residencia a efectos fiscales que debe considerarse y por tanto si las reclamantes deben o no tributar por IP en España. III- En base al artículo 4 del Convenio, apartado 1, y a los datos obrantes en el expediente administrativo, debe concluirse que las reclamantes, en los ejercicios objeto de comprobación, fueron residentes en ambos países, pues ha quedado probado, a través de los pasaportes facilitados por las interesadas, que en todos los periodos han permanecido en España más de 183 días ( artículo 5.2 de la Ley del IP , que remite al artículo 9 de la Ley del IRPF ), por lo que la residencia fiscal de las reclamantes debe fijarse inicialmente en España. IV- También las reclamantes aportan unos certificados de residencia fiscal en México emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, según el artículo 3 del Convenio, es la autoridad competente para hacerlo y por tanto también deben considerarse residentes en México. V- Ante esta situación de doble residencia fiscal, el Convenio para evitar la doble imposición prevé una serie de normas o criterios para dirimir en qué estado tributarán las interesadas, determinando el artículo 4, apartado 2, del Convenio que cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona física sea residente en ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera: a) esta persona será considerada residente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición, si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente del Estado en el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales). VI- Entendida la vivienda permanente a su disposición como todo tipo de vivienda de la que pueda disponer de manera continuada, resulta que ambas reclamantes poseen una vivienda unifamiliar sita en la CALLE000 nº NUM003 de Villaquilambre (León) dirección sobre la que se han obtenido numerosos indicios indicativos de ser una vivienda permanente (consta como dirección en extractos de cuentas, figura como domicilio en la autorización administrativa ante la AEAT, en los censos fiscales de la AEAT, en diversas facturas, en la información catastral, en las páginas blancas). VII- Si se atiende a la vinculación económica y personal, centro de intereses vitales, también debe situarse en España la residencia fiscal de las reclamantes, pues son titulares de diversos bienes, depósitos en cuenta corriente, de ahorro, a la vista y a plazo y valores representativos de la cesión a terceros de fondos propios negociados en mercados organizados y de valores representativos de la participación en fondos propios, además, cada una de ellas, del 50% de una entidad mercantil con domicilio en León, de la que son administradoras, la cual carece de personal asalariado en los años 2005 y 2006, declarando en 2007 tres asalariados; asimismo, constan operaciones de reintegros e imposiciones en diferentes productos, documentos firmados por las reclamantes, así como cargos en cuentas corrientes de gastos o compras por mantenimiento de jardinería y plantas. Además, una de las reclamantes posee dos vehículos en España. VIII- Frente a todo lo anterior, manifiestan las reclamantes que poseen una vivienda en México aportando una serie de facturas de lo que parece Ia construcción de una vivienda en Tapachuela (México) que podrían poner de relieve la existencia de una vivienda pero que, incluso en el supuesto de que se considerase como tal vivienda con disposición permanente, tampoco permitiría en este supuesto situar en México la Residencia de las reclamantes a los efectos que aquí interesan puesto que en ese supuesto, habría que acudir al siguiente criterio determinado en el Convenio, es decir, al criterio del centro de intereses vitales y, a la vista de la dificultad de situar en España o en México el núcleo fundamental de sus relaciones personales es necesario centrarse en los aspectos económicos y, en las actuaciones seguidas por la Inspección, ha quedado suficientemente probado que es en España donde radican la mayor cantidad de bienes y rentas, no habiendo por otra parte acreditado las interesadas que posean intereses económicos fuera del territorio español, por lo que, en definitiva, es a España a la que cabe considerar como país de residencia y donde les corresponde, en consecuencia, tributar a las reclamantes por su renta mundial.
Es decir; la resolución administrativa que se impugna considera: I- concurre un supuesto de doble residencia fiscal (las recurrentes ha permanecido más de 183 días en el año natural en España, pero también han aportado unos certificados de residencia fiscal en México emitidos por la autoridad competente para hacerlo). II- Acudiendo al Convenio para evitar la doble imposición, resulta: a) criterio vivienda permanente a disposición: ambas reclamantes poseen una vivienda en Villaquilambre (León), sobre la que existen numerosos indicios de que se trata de una vivienda permanente; las facturas aportadas por las recurrentes acreditan lo que parece la construcción de una vivienda en Tapachuela (México). III- En el supuesto de considerarse la vivienda en Tapachuela como vivienda con disposición permanente, el criterio del centro de intereses vitales, a la vista de la dificultad de situar en España o en México el núcleo fundamental de sus relaciones personales, es necesario centrarse en los aspectos económicos, considerando probado la resolución que es en España donde radican la mayor parte de los bienes y rentas de las recurrentes, no habiendo acreditado que posean intereses económicos fuera de España.
La parte actora plantea el primer motivo que esgrime en los siguientes términos: 1- no se cuestiona que las recurrentes permanecieron en España más de 183 días en un año natural y que son residentes fiscales en ambos países (España y México). 2- No se cuestiona que son titulares para el periodo comprobado: a) Dª. Gema : de diversos activos financieros, de una vivienda de su propiedad situada en Villaquilambre, del 5% proindiviso de un local comercial en León y del 50% del capital social de una sociedad que tiene su actividad en el mencionado local, de la que es administradora solidaria con cargo gratuito; b) Dª. Encarna : de diversos activos financieros, de dos vehículos, así como del 50% del capital social de la misma sociedad que Dª. Gema , de la que también es administradora solidaria con cargo gratuito.
Ahora bien; las recurrentes alegan: 1- no han obtenido rentas de trabajo o del ejercicio de actividades profesionales y/o empresariales en España durante los periodos objeto de comprobación. 2- Dª. Gema efectuó alta en México en enero de 2005 en la actividad de alquiler de fincas destinadas a fines agrícolas o ganaderos. 3- Aportan documentación que acredita que su residencia fiscal se encuentra no radica en España. 4- A través de sus pasaportes acreditan sus nacionalidades mexicanas. 5- Dª. Gema , hija única de Dª. Encarna con la que aquélla convivía en el periodo inspeccionado, tiene una casa habitación situada en Tapachula (México), pero también dispone de una vivienda de su propiedad en Villaquilambre (León). 6- Acreditan que el centro de intereses vitales radica en México.
En el caso de Dª. Gema , la Inspección considera acreditado que es titular: -de cuentas bancarias y de valores que han generado rentas en España (intereses, ganancias patrimoniales y otros rendimientos); -de bienes inmuebles urbanos. En el caso de Dª. Encarna , la Inspección considera acreditado que es titular: -de cuentas bancarias y de valores que han generado rentas en España (intereses, ganancias patrimoniales y otros rendimientos); -de dos vehículos.
Previamente al examen del motivo que esgrimen las recurrentes, se considera oportuno efectuar las siguientes consideraciones: 1- el artículo 5 de la Ley 19/1991 del IP establece: Uno. Son sujetos pasivos del impuesto: a) Por obligación personal, las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español, exigiéndose el impuesto por la totalidad de su patrimonio neto con independencia del lugar donde se encuentren situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos. 2- El Convenio de 24 de julio de 1992 entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y protocolo anejo, firmado en Madrid, establece: -artículo 1 : El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes. - Artículo 2: 1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de su exacción. 2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, así como los impuestos sobre las plusvalías. 3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica este Convenio son, en particular: a) En el caso del Reino de España: ... - El Impuesto sobre el Patrimonio. b) En el caso de los Estados Unidos Mexicanos: ... - El impuesto al activo. -Artículo 4: 1. A los efectos de este Convenio, la expresión «residente de un Estado Contratante» significa toda persona que en virtud de la legislación de este Estado esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en este Estado exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio que posean en el mismo. 2. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera: a) Esta persona será considerada residente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales). b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente del Estado Contratante donde viva habitualmente. c) Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea nacional.
. El examen del expediente administrativo, en lo que respecta al motivo objeto de estudia, evidencia que las recurrentes aportaron los siguientes documentos: 1- certificados de residencia fiscal en México, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativos a los ejercicios fiscales objeto de comprobación, de los que resulta: a) Dª. Encarna tiene su domicilio fiscal en C/ CARRETERA000 km NUM004 , Colonia Magisterial, Tapachula; b) Dª. Gema tiene su domicilio fiscal en C/ NUM005 NUM006 AVENIDA000 NUM007 colonia Centro, Tapachula, entre las calles DIRECCION000 NUM008 CALLE001 . NUM004 - A) Recibos por trabajos de herrería, cancelería de aluminio y cancelería y otros trabajos realizados y a realizar en casa habitación propiedad de Dª. Gema , ubicada en NUM005 AVENIDA000 esquina con NUM008 CALLE001 en Tapachula, de fechas febrero y marzo de 2005. B) Relación de gastos correspondientes a obras a realizar en la misma casa antes citada, fechada en marzo de 2005. C) Facturas de materiales. D) Facturas de electricidad y teléfono. E) Histórico de lecturas y facturas de suministro eléctrico. 3- Inscripción en el RFC, Administración local de Tapachula, de Dª. Gema , en la actividad de alquiler de fincas destinadas fines agrícolas o ganaderos, en situación de activo desde el 15.01.2005. En el documento se indican las obligaciones consistentes en presentar las declaraciones de distintos impuestos (Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Activo). 4- Constancia emitida por la Secretaría del Ayuntamiento de Tapachula de que Dª. Gema radica en esta ciudad, en CALLE001 NUM007 , si bien, no se indica la fecha desde la que radica la recurrente en tal localidad. 5- Credencial para votar de Dª. Gema .
En el expediente administrativo obran también los siguientes documentos: 1- orden de reembolso de fondos de inversión en León a 9 de febrero de 2005. 2- Retiradas de efectivo realizadas por Dª. Gema el día 19.12.2005, de una cuenta de titularidad de Dª. Encarna , del BSCH. 3- Pasaportes de Dª. Encarna y de Dª. Gema . 4- Titularidad del inmueble sito en Villaquilambre. 5- Página de las Páginas Blancas en la que figura el número de teléfono de Dª. Gema , correspondiente a la vivienda sita en Villaquilambre. En la misma dirección figura un teléfono del que es titular D. Gervasio , padre de Dª. Gema . 6- Documento de cambio de domicilio alta en la AEAT, de Dª. Encarna , en el que figura como domicilio fiscal actual CALLE000 nº NUM003 , en Villaquilambre. 7- Ordenes de reembolso de fondos de inversión en León a 18.01.2005, 20.01.2005. 8- Documento de formalización de préstamo a favor de Galvari SL, por importe de 1.569.000 euros, para compra de local comercial, concedido por el Banco de Santander, sucursal de León.
Partiendo de que no se cuestiona en la demanda que las recurrentes permanecieron en España más de 183 días en un año natural y que son residentes fiscales en ambos países (España y México -ésta última admitida por la resolución del TEAR que se impugna, a partir de la aportación de los certificados de residencia fiscal emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-), para evitar la doble imposición debe acudirse a los criterios que contempla el apartado 2 del artículo 4 del Convenio para evitar la doble imposición, precepto anteriormente trascrito.
El primer criterio previsto, como se ha señalado, es el de tener el contribuyente una vivienda permanente a su disposición.
Pues bien; del examen de los documentos obrantes en el expediente administrativo, resulta que las recurrentes tienen una vivienda a su disposición en España, CALLE000 nº NUM003 , en Villaquilambre. De esta vivienda figura en las páginas blancas un número de teléfono del que es titular Dª. Gema , que figura también como titular catastral. Este domicilio figura también como domicilio fiscal de Dª. Encarna .
Del examen del expediente administrativo puede concluirse también la disponibilidad de una vivienda en México por parte de las recurrentes, pues, en los certificados de residencia fiscal aportados figuran domicilios fiscales de las recurrentes (Dª. Encarna en C/ CARRETERA000 km NUM004 , Colonia Magisterial, Tapachula y Dª. Gema en C/ NUM005 NUM006 AVENIDA000 NUM007 colonia Centro, Tapachula, entre las calles DIRECCION000 NUM008 CALLE001 ), se aporta Constancia emitida por la Secretaría del Ayuntamiento de Tapachula de que Dª. Gema radica en esta ciudad, en CALLE001 NUM007 , aunque cierto es que no se indica la fecha desde la que radica en tal localidad Dª. Gema , también se aporta facturación por electricidad correspondiente al periodo comprobado y al mismo domicilio; aunque es cierto que las recurrentes aportan facturas que hacen referencia a la ejecución de obras en la casa habitación ubicada en NUM005 AVENIDA000 esquina con NUM008 CALLE001 , la ejecución de estas obras no excluye que las recurrentes no puedan disponer de la vivienda en México, pues se desconoce el concreto alcance de las obras.
Ha de concluirse, a partir de lo expuesto, que las recurrentes disponen de una vivienda permanente en ambos estados, por lo que ha de examinarse la aplicación del criterio relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales).
Como se ha dicho, las recurrentes son titulares de depósitos en cuenta corriente, de ahorro, a la vista y a plazo y de fondos, constando que han efectuado reintegros de efectivo y otras operaciones en la ciudad de León, durante el año 2005. También son titulares del 50% de una entidad mercantil cada una de ellas, entidad que es titular del 95% del local donde ejerce la actividad, siéndolo de un 5% Dª. Gema (debiendo destacarse la obtención de un préstamo por importe de más de 1.500.000 euros para la citada entidad, Galvari SL). Tienen cargos en sus cuentas corrientes por gastos en televisión digital, teléfono, seguros, mantenimiento de jardinería y plantas y Dª. Encarna es titular de dos vehículos adquiridos los años 2004 y 2005, ha adquirido gasóleo los años 2004, 2006 y 2007.
Los días de permanencia en España, según los pasaportes, son 280 días en 2004, 273 en 2005, 259 en 2006 y 313 en 2007, en lo que respecta a Dª. Encarna , y 340 en 2004, 338 en 2005, 324 en 2006 y 365 días en 2007 Dª. Gema .
Las recurrentes aportaron al expediente administrativo Inscripción en el RFC, Administración local de Tapachula, de Dª. Gema , en la actividad de alquiler de fincas destinadas fines agrícolas o ganaderos, en situación de activo desde el 15.01.2005. Esta es la única actividad económica que acreditan las recurrentes, en el expediente administrativo, ejercida en México.
Pues bien; a la vista de estos datos reseñados, ha de considerarse conforme a derecho la conclusión alcanzada por el TEAR cuando considera suficientemente probado que es en España donde radican la mayor parte de bienes y rentas de las recurrentes, que, desde luego, no acreditaron rendimiento de actividades económicas en México.
Con el escrito de demanda, la parte actora aporta los siguientes documentos: 1- credenciales para votar en México y registros nacionales de población de D. Gines y de Dª. Reyes . 2- Escritura de compraventa otorgada en Tapachula el día 6 de mayo de 1996, sobre fracción del predio rústico denominado "LAS TRES A", en virtud de la cual Dª. Gema adquiere esta fracción del predio. 3- Escritura de compraventa otorgada en Tapachula el día 29 de noviembre de 2002, del predio rústico denominado Rancho El Cajemito, en virtud de la cual Dª. Gema adquiere el predio. 4- Escritura de compraventa del 50% del predio urbano y construcción destinada a casa-habitación ubicado en la Séptima AVENIDA000 Esquina con NUM008 CALLE001 de la ciudad de Tapachula, otorgada el día 25 de noviembre de 2004, en virtud de la cual Dª. Gema adquiere el 50% del predio. 4- Contrato de arrendamiento celebrado entre Dª. Gema , representada por Dª. Encarna , y la empresa Patentes y Servicios Inmobiliarios SA de CV, sobre predio urbano ubicado en la Segunda Avenida Sur y Central calle Poniente de Tapachula, de fecha 1 de diciembre de 2006. 5- Recibos de los ejercicios 2006 y 2007 del impuesto predial urbano de estudio construida en Segunda Avenida Sur CL Centro Tapachula. 6- Solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes en fecha 28.01.2005, efectuada por Dª. Gema , señalando como domicilio fiscal NUM005 NUM006 AVENIDA000 NUM007 entre las calles DIRECCION000 NUM008 CALLE001 Colonia Centro, de Tapachula, en la actividad enajenación de bienes. 7- Inscripción en el R.F.C de Dª. Gema en la actividad alquiler de viviendas no amuebladas, indicando como fecha de inicio de operaciones NUM009 . 8- Inscripción en el R.F.C de Dª. Gema en la actividad alquiler de fincas destinadas a fines agrícolas o ganaderos, indicando como fecha de inicio de operaciones 15.01.2005. 9- Recibo de arrendamiento de noviembre de 2007 y recibo bancario de pago de contribuciones de fecha 19 de diciembre de 2007, efectuado por Dª. Gema . 10- Determinación de pagos provisionales mensuales de IVA 2007 y de pagos provisionales mensuales de ISR 2007, así como relación de cheques emitidos a Dª. Gema por Patentes y Servicios Inmobiliarios SA de CV cobrados el día 1 de noviembre de 2007. 11- Recibo de arrendamiento de inmueble NUM004 NUM006 AVENIDA001 Y DIRECCION001 de Tapachula, de fecha 2 de enero de 2009. 12- Constancia de pagos y retenciones del IVA, ISR e IEPS del periodo 1.01.2009. 13- Informe emitido por Banco de Santander, sucursal de León, en el que se indica que Dª. Gema , desde el día 30.10.2003 hasta el día de la fecha, 12.03.2012, ha mantenido y mantiene en todas las cuentas aperturadas en la entidad la condición de no residente con todos los certificados correctamente renovados. 14- Constancia de percepciones y retenciones por intereses y dividendos que emite el retenedor, Banco Nacional de México, periodo enero de 2004 a diciembre de 2007, correspondiente a Dª. Gema . 15- Documento del Banco Nacional de México sobre inversión en renta fija y otros movimientos por parte de Dª. Gema , en el periodo diciembre-noviembre de 2004, 2005, 2006 y 2007. 16- Documentos del Banco Nacional de México sobre movimientos de cuenta de Dª. Gema a 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006 y 2007, así como de domiciliación de recibos de teléfono. 17- Certificado de situación censal emitido por la Delegación de León de la AEAT, de fecha 28.06.2012, en el que se indica que no consta que Dª. Gema haya ejercido alguna actividad económica en España, ni alta en IAE ni presentación de IVA. 18- Escritura de compraventa del predio urbano ubicado en la NUM005 AVENIDA001 y NUM010 CALLE001 nº NUM011 de Tapachula, otorgada el día 8 de mayo de 1976, en virtud de la que Dª. Encarna adquiere el mencionado predio. 19- Escritura de compraventa otorgada el 26 de febrero de 1986, en virtud de la que Dª. Encarna adquiere el predio urbano y construcción destinada a casa habitación, ubicado en la ventitreceava CALLE001 de Tapachula. 20- Recibos de pagos de impuestos prediales efectuados por Dª. Encarna en el municipio de Tapachula. 21- Recibos de pago de impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007, vehículo con origen en Tapachula. 22- Carátula de póliza de seguro de un vehículo, del que es titular Dª. Encarna . 23- Inscripción de Dª. Encarna en el RFC en la actividad servicios de consultoría en computación, fecha de inicio de operaciones 1.06.1990. 24- Nóminas de Dª. Encarna , periodo 1 de enero a 28 de febrero de 2008; impuesto sobre nóminas pagado el 12.03.2008. 25- Informe emitido por Banco de Santander, sucursal de León, en el que se indica que Dª. Encarna , desde el día 23.10.2002 hasta el día de la fecha, 12.03.2012, ha mantenido y mantiene en todas las cuentas aperturadas en la entidad la condición de no residente con todos los certificados correctamente renovados. 26- Certificado de situación censal emitido por la Delegación de León de la AEAT, de fecha 28.06.2012, en el que se indica que no consta que Dª. Encarna haya ejercido alguna actividad económica en España, ni alta en IAE ni presentación de IVA.
Pues bien; la aportación de estos documentos no es suficiente para desvirtuar la conclusión alcanzada por el TEAR, en cuanto a que el criterio del centro de intereses vitales determina que es en España donde radican la mayor cantidad de bienes y rentas.
Así, y en primer lugar, ha de destacarse que si bien las recurrentes acreditan la titularidad de bienes y ejercicio de actividades económicas en México, lo cierto es que no han aportado las declaraciones presentadas en México correspondientes a los impuestos similares al IRPF y al IP españoles, que en México serían el ISR y el Impuesto de Activos, no pudiendo sustituir la aportación de documentos que acreditan el pago de algunos impuestos o el pago parcial de otros a la información que facilitan estas declaraciones a efectos de comprobar donde radica la mayor cantidad de bienes y rentas.
Se considera oportuno destacar que en los documentos que acreditan la inscripción en el R.F.C., aportados por las recurrentes, se describen como obligaciones la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta (ISR) de personad físicas, la declaración y pago provisional mensual del impuesto sobre la renta (ISR) por la renta de inmuebles, así como del impuesto empresarial a la tasa única (IETU) y del impuesto del valor agregado (IVA). Pues bien; las declaraciones anuales no se indica la razón por la que no se han aportado.
En segundo lugar, ha de señalarse que las actuaciones inspectoras se inician en el año 2007, constando diligencias desde octubre de 2007. Pues bien; algunos de los documentos que se aportan (así, determinación de pagos provisionales mensuales de impuestos o cheques expedidos) no tienen ninguna fiabilidad, pues se trata de relaciones que no consta su autor, pudiendo destacarse que la determinación de pagos provisionales de impuestos o la relación de cheques es del ejercicio 2007. Otros documentos aportados son de fecha posterior al inicio de las actuaciones inspectoras (así, hoja para el pago de ayudas de contribuciones federales -noviembre 2007 pagado en diciembre de 2007, cuando hay actuaciones inspectoras anteriores-, recibo de arrendamiento de inmuebles de 2.01.2009, o constante de pagos y retenciones del IRS, IVA e IEPS, relación de nóminas de Dª. Encarna y pagos de tributos, que aporta los de enero y febrero de 2008, pero no anteriores).
En tercer lugar, ha de señalarse que los certificados de situación censal que emite la delegación de León de la AEAT son de fecha 28 de junio de 2012, no concretando el ejercicio o ejercicios al/os que se refieren. Por lo tanto, estos certificados no excluyen que en los ejercicios comprobados las recurrentes hayan podido realizar actividad económica en España.
En cuarto lugar, la titularidad de un vehículo en Méjico no resulta muy significativa a efectos de acreditar el centro de intereses vitales, si se tiene en cuenta que Dª. Encarna es titular de dos vehículos en España, adquiridos los años 2004 y 2005; es decir, en el periodo comprobado.
En quinto lugar, ha de señalarse que no obstante la titularidad de bienes inmuebles en México y la matrícula en actividades económicas, también en México, lo cierto es que las recurrentes permanecen bastantes más días del año en España que en México, en el periodo comprobado, más de 200 días al año Dª. Encarna y más de 300 días al año Dª. Gema , a lo que ha de añadirse la importancia de la operación de préstamo concertada en el año 2005 por la entidad mercantil de la que son partícipes ambas, así como los gastos en teléfono, gasóleo, seguros, mantenimiento de jardín, televisión ....
Finalmente, tampoco las credenciales para votar de D. Gines y de Dª. Reyes son datos en base a los que pueda considerarse acreditada la mayor vinculación con México, como centro de interés vital, pues en la misma demanda se refiere que Dª. Gema y Dª. Encarna convivían en el periodo inspeccionado, siendo titular Dª. Gema de una vivienda en la Calle NUM005 NUM006 AVENIDA000 ... Tapachula y de otra vivienda en Villaquilambre, dato que unido al tiempo de permanencia en España de las recurrentes evidencia una escasa vinculación con los citados D. Gines y de Dª. Reyes .
En consecuencia, la aportación de nuevos documentos en sede de recurso contencioso-administrativo no ha desvirtuado la conclusión alcanzada por la Administración en la aplicación del criterio centro de intereses vitales, lo que determina que son procedentes las liquidaciones giradas por el IP, correspondientes a los ejercicios comprobados.
. En la demanda se alega la improcedencia de los acuerdos de imposición de sanción por la improcedencia de los acuerdos de liquidación de los que traen causa.
Habiéndose concluido la conformidad a derecho de los acuerdos de liquidación, el motivo no puede encontrar favorable acogida.
Se alega también, por las recurrentes, la improcedencia de los acuerdos de imposición de sanción por ausencia de culpabilidad y la falta de motivación de estos acuerdos.
Sostienen las recurrentes que su actuación ha sido totalmente ajustada a derecho, bajo la premisa del cumplimiento de sus obligaciones fiscales según su condición de no residentes en España, habiendo presentado Dª. Gema los correspondientes IRPF no residente y el IP por obligación real, mientras en el caso de Dª. Encarna , al originarse la mayor parte de sus rendimientos desde sus cuentas de no residente, éstas estuvieron exentas de tributación. En cuanto al resto de rendimientos y posiciones patrimoniales, éstas no se someten a imposición en España de acuerdo con lo dispuesto en el CDI.
También sostienen que no hubo ocultación en el proceso de comprobación, existiendo plena colaboración con la Inspección.
El artículo 183 de la LGT establece: 1. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley.
El artículo 191 de la LGT establece: 1. Constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice con arreglo al art. 27 o proceda la aplicación del párrafo b) del apartado 1 del art. 161, ambos de esta ley .... La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o muy grave de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes. La base de la sanción será la cuantía no ingresada en la autoliquidación como consecuencia de la comisión de la infracción. 2. La infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no exista ocultación.
En las resoluciones de imposición de sanción se dice: PRIMERO.- Los hechos y circunstancias recogidos en el presente documento se estiman probados, considerándose subsumibles en el tipo de infracción descrita, toda vez que el obligado tributario dejó de ingresar dentro del plazo establecido en la norma de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de una correcta autoliquidación. SEGUNDO.- Considerando los hechos anteriormente descritos, se estima que la conducta del obligado tributario es dolosa o culposa con cualquier grado de negligencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183.1 de la LGT . Por lo que no apreciándose la concurrencia de ninguna de las causas de exclusión de responsabilidad previstas en el artículo 179.2 de la LGT , se estima que procede la imposición de sanción.
En el caso de Dª. Encarna , los importes de las sanciones ascienden a 18.636'01 euros, en el año 2004; 25.565'65 euros en el año 2005; 33.716'67 euros en el año 2006 y 35.598'25 euros en el año 2007. Todas las infracciones se califican como graves, aplicándose un porcentaje del 75% sobre la base sancionable, al ser la base de la sanción superior a 3.000 euros y existir ocultación al no haberse presentado las autoliquidaciones correspondientes.
En el caso de Dª. Gema , los importes de las sanciones ascienden a 1.736'01 euros, en el año 2004; 4.301'23 euros en el año 2005; 4.024'09 euros en el año 2006 y 528'82 euros en el año 2007. Las infracciones por los años 2004 a 2006 se califican como graves, aplicándose un porcentaje del 75% sobre la base sancionable, al ser la base de la sanción superior a 3.000 euros y existir ocultación al no haberse presentado las autoliquidaciones correspondientes; la infracción del año 2007 se califica como leve al ser la base de la sanción inferior a 3.000 euros.
El artículo 184.1 de la LGT establece: Las infracciones tributarias se calificarán como leves, graves o muy graves de acuerdo con lo dispuesto en cada caso en los arts. 191 a 206 de esta ley .
El número 2: A efectos de lo establecido en este título, se entenderá que existe ocultación de datos a la Administración tributaria cuando no se presenten declaraciones o se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la sanción sea superior al 10 por ciento.
En el presente supuesto que se examina, las recurrentes dejaron de ingresar la cuota tributaria correspondiente al IP, ejercicios 2004 a 2007, por obligación personal. Dª. Gema presentó declaraciones por el IP, ejercicios 2004 y 2007, por obligación real; no así Dª Encarna , o, al menos, no consta que lo hiciera.
En consecuencia, está acreditado el elemento objetivo de la infracción. Así, puede citarse la sentencia de esta Sala de fecha 28 de noviembre de 2014 (rec. 1037/2011 ), en la que se señala: SÉPTIMO.- Partiendo de las anteriores consideraciones y constando acreditado que no pudiendo admitirse la deducción de gastos antedicha (comidas, estancias y vehiculo), al no quedar acreditada su afectación exclusiva a la actividad desarrollada, así como que no se han declarado ingresos, resulta evidente que el recurrente ha dejado de ingresar dentro de plazo establecido en la normativa aplicable la totalidad por parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, quedando acreditada en principio la comisión de las infracciones tributarias previstas en el artículo 191 de la LGT 58/2003.
La STS de 23 de febrero de 2015 , recurso de casación 3855/2013 (ponente Excmo. Sr. Huelin Martínez de Velasco), señala que « En efecto, para determinar, en cada supuesto, si la resolución administrativa sancionadora cumple o no con la exigencia de motivar la culpabilidad es necesario tener en cuenta tanto las circunstancias fácticas que aquélla contempla como las normas tributarias que aplica. Y, a este respecto, aunque no puede ser suficiente la mera afirmación de voluntariedad en la conducta - incluso acompañada de la no apreciación de circunstancias que excluyan la responsabilidad-, debe, sin embargo considerarse bastante en el presente caso la descripción de conductas que realizan las resoluciones sancionadoras, que no son concebibles sin la concurrencia de dolo, culpa o cuando menos de negligencia».
En el presente supuesto, como se ha dicho, las resoluciones sancionadoras, en lo que respecta al requisito de la culpabilidad, señalan: Considerando los hechos anteriormente descritos, se estima que la conducta del obligado tributario es dolosa o culposa con cualquier grado de negligencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183.1 de la LGT . Por lo que no apreciándose la concurrencia de ninguna de las causas de exclusión de responsabilidad previstas en el artículo 179.2 de la LGT , se estima que procede la imposición de sanción.
Pues bien; esta fundamentación no puede sino considerarse estereotipada y aplicable a cualquier supuesto en el que el obligado tributario ha dejado de ingresar, dentro del plazo establecido en la normativa, la totalidad o parte de la deuda tributaria.
Dice la STS de 10 de julio de 2014 (rec. 1516/2013 ): ... Teniendo en cuenta la presunción de buena fe que acompaña a la actuación de los contribuyentes, debe ser el acuerdo correspondiente el que, en virtud de la exigencia de motivación que impone a la Administración la Ley General Tributaria, refleje todos los elementos que justifican la imposición de la sanción, sin que la mera referencia al precepto legal que se supone infringido (sin contemplar la concreta conducta del sujeto pasivo o su grado de culpabilidad) sea suficiente para dar cumplimiento a las garantías de todo procedimiento sancionador, ya que tal proceder impide el control jurisdiccional sobre el modo en que la Administración ha hecho uso de su potestad, al desconocer las razones o valoraciones que ha tenido en cuenta para imponer una determinada sanción.
En los acuerdos de imposición de sanción no se describe ningún hecho, salvo dejar de ingresar la totalidad o parte de la deuda tributaria, del que resulte que la conducta del obligado tributario es dolosa o culposa con cualquier grado de negligencia, o que excluya la concurrencia de ninguna de las causas de exclusión de responsabilidad, no indicándose tampoco la razón por la que se alcanza esta conclusión, motivación que es importante si se tiene en cuenta que Dª. Gema ha presentado declaración del IP por obligación real y que a Dª. Encarna no se le imputa titularidad de bienes inmuebles en España.
En consecuencia, los acuerdos sancionadores carecen de la motivación suficiente, por lo que son contrarios a derecho, debiendo ser anulados (artículo 63.1 de la LRJAyPAC ).
Por todo lo expuesto, ha de estimarse en parte el recurso contencioso-administrativo.
La cuantía del recurso se fija en 317.756'67 euros, por lo que frente a la presente sentencia cabe interponer el recurso de casación previsto en el artículo 96 de la LJCA .
De conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional , en la redacción aplicable por razones cronológicas, al estimarse en parte el recurso contencioso-administrativo, no procede hacer una condena en costas.
VISTOS los preceptos legales citados y demás generales de pertinente aplicación
Que debemos estimar y estimamos en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Dª. Encarna y de Dª. Gema , contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León de fecha 25 de no viembre de 2011, reseñada al antecedente de hechos primero de esta sentencia, que declaramos contraria a derecho y anulamos, exclusivamente, en cuanto mantiene la conformidad a derecho de los acuerdos de imposición de sanción derivados de los acuerdos de liquidación, acuerdos de imposición de sanción que también se anulan, declarando conforme a derecho la resolución administrativa impugnada en cuanto mantiene la conformidad a derecho de los acuerdos de liquidación del IP, ejercicios 2004 a 2007, girados a las recurrentes.
Todo ello, sin que proceda hacer una condena en costas.
Así por esta nuestra Sentencia, que es susceptible de recurso de casación para unificación de doctrina, -de la que se llevará literal testimonio a los autos-, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado-Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que como Secretario de la misma, certifico.