Source: https://www.scribd.com/document/357064738/Comentario-Romero-Cacharane-VERSION-DEFINITIVA
Timestamp: 2018-12-10 17:47:01
Document Index: 58012938

Matched Legal Cases: ['artículo 491', 'artículo 524', 'artículo 491', 'artículo 491', 'artículo 18', 'artículo 491', 'artículo 99', 'artículo 4', 'artículo 3']

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La judicialización y el principio de legalidad en la etapa
de ejecución penal. A propósito del fallo “Romero
Cacharane” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
por Rubén A. Alderete Lobo
El 9 de marzo de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante
CSJN) emitió un pronunciamiento de suma trascendencia para la vigencia y
aplicación práctica del denominado derecho penitenciario o de ejecución penal.
Además de poner fin a una controversia jurisprudencial que prácticamente
implicó la pérdida del derecho de los condenados a recurrir los pronunciamientos
de los jueces de ejecución, el fallo sujeto a nuestro comentario tiene la virtud de
reafirmar varios principios generales de rango constitucional que rigen la
materia, y de revalidar la situación jurídica de las personas privadas de su
libertad como sujetos de derecho.
Paradójicamente, el decisorio del máximo tribunal del país apareció justamente
en la antesala de la una de las peores reformas penitenciarias de la historia
nacional. Casi dos meses después, el Congreso Argentino, con una velocidad
tan inusual como inapropiada, desde el punto de vista democrático, sancionó la
ley 25.8921 modificatoria del régimen de libertad condicional regulado en los
artículos 13, 14 y 15 del Código Penal. 2 Esta ley apareció como una de las
Sancionada el 5 de mayo de 2004, promulgada el 25 de mayo de 2004 (B.O. 26/5/2004)
Entre las modificaciones introducidas se destacan la exigencia de un informe previo de peritos que
pronostique en forma individualizada y favorable la reinserción social del interno, y la exclusión de la
posibilidad de gozar de soltura anticipada a los condenados por los delitos previstos en los artículos 80 inc.
7, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo párrafo.
“respuestas” al reclamo de un sector de la sociedad y fue apoyada desde el
Congreso por los mismos actores que oportunamente impulsaron la reforma
procesal y penitenciaria llevada a cabo en la provincia de Buenos Aires que,
lejos de haber repercutido positivamente en los niveles de seguridad, sumergió a
la provincia en una de las peores crisis carcelarias que se recuerden. 3
Lamentablemente, la modificación al régimen de libertad condicional parece ser
sólo el comienzo de lo que, sin exagerar, podríamos denominar proceso de
desaparición del derecho penitenciario, pues mientras se escriben estas líneas,
el Congreso Nacional continúa estudiando proyectos para modificar los restantes
institutos de atenuación del encierro como la libertad asistida y el régimen de
Frente a este cuadro de retroceso en la materia, el fallo emitido por la CSJN
cobra una importancia mayor. La doctrina que sientan los votos de cada ministro
constituye una guía que puede transformarse en la última valla para contener el
avance de un sistema que pretende reafirmar la idea de que la cárcel debe ser
un “espacio sin ley”4. La actividad del poder judicial, órgano que en el marco
actual también ha sido objeto de presiones intolerables en un estado de
derecho, será la que defina si el largo proceso de evolución que se ha verificado
en nuestro país respecto del derecho de ejecución penal, es borrado de la
historia por esta reforma oportunista y demagógica sólo comparable a la
A partir de las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires por
la ley 12.405 y a la Ley de Ejecución Penal a través de la ley 12.543, la cantidad de personas detenidas en
establecimientos penitenciarios y comisarías de la provincia registró la siguiente progresión: 20.760 en el
año 2000, 23.103 en 2001, 26.438 en 2002 y 27.817 en 2003. Fuente: CELS, en base a datos del Servicio
Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
BOVINO, Alberto “Control Judicial de la Privación de Libertad y Derechos Humanos” en A.A. V.V.
Revista de Ciencias Jurídicas ¿Más Derecho? Nro. 1, Fabián Di Placido Editor, 2000.
modificación al régimen de libertad condicional efectuada por la “ley” 22.156 del
5 de febrero de 1980.5
En base a estas consideraciones preliminares, nos hemos propuesto no sólo
analizar la importancia del fallo en función de la solución que aporta a la
controversia jurisprudencial que lo generó, sino también destacar que en los
argumentos utilizados para sustentar el decisorio, se vislumbra una guía para la
solución de algunas de las cuestiones que hoy deben resolver los jueces de
ejecución y de las que se presentarán a partir de la sanción de la ley 25.892.
II. LA CAMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL Y EL LÍMITE AL
EJERCICIO DEL DERECHO AL RECURSO
II.1 Planteo del problema
La reforma procesal de 1991, mediante la cual se sancionó el actual Código
Procesal Penal de la Nación, constituyó el fortalecimiento en el ámbito nacional
del llamado “proceso de judicialización de la etapa ejecutiva de la pena”. La
reforma aludida, dio lugar a la creación de la figura del juez de ejecución, un
órgano unipersonal y especializado sobre el que recae la responsabilidad de
resolver las variadas y complejas cuestiones que se suscitan en esta etapa del
Mediante esta ley se agregó como requisito de procedencia para la obtención de la libertad condicional, un
informe previo del Ministerio del Interior sobre la personalidad y antecedentes de aquellos condenados por
delitos con motivación o finalidad subversiva.
a su defensor y al ministerio público fiscal. 491 del CPPN). someramente. Si bien puede sostenerse que la interpretación de la disposición mencionada no ha traído mayores controversias en la práctica.. que se mantuvo vigente durante más de diez años y que la CSJN trató expresamente en el fallo que aquí se comenta. previa vista a la parte contraria. a plantear cualquier cuestión inherente a la ejecución de la sentencia con el fin de que el juez.”.1 El fallo “AMMANNATO” . Pese a que el artículo 491 resuelve la cuestión con una fórmula terminante: “Contra la resolución sólo procederá el recurso de casación.2. sin dudas la excepción la constituye la determinación de la vía impugnativa para atacar las decisiones adoptadas en el marco de estos incidentes.2 La opinión de la Cámara Nacional de Casación Penal II.. la resuelva en el término de cinco días hábiles. el contenido de los pronunciamientos que dieron origen a esta doctrina. la Cámara Nacional de Casación Penal (en adelante CNCP) ha elaborado una particular doctrina respecto a la procedencia del recurso casatorio en esta etapa.A su vez. la vía procesal por la que optó el legislador para que las personas privadas de su libertad puedan obtener un pronunciamiento jurisdiccional por parte de estos órganos. II. Para entender la naturaleza de la controversia y su implicancia práctica es necesario repasar. Este mecanismo de acceso a la justicia habilita al interesado. es el “incidente de ejecución” (art.
en el que la casación expresó su particular opinión sobre la vía recursiva en los incidentes de ejecución. es acotada. c. no todo lo que se resuelve en esa etapa debe tramitar por incidente. que luego sería la base de todos los fallos subsiguientes. Respecto a lo que aquí nos interesa la sala I expresó que si bien el art. no todo lo decidido puede excitar su competencia revisora excepcional. y que los límites se desprenden de la diferencia entre la naturaleza de las cuestiones sometidas a su estudio entre las que se hallan aquellas netamente jurídicas y las administrativas relacionadas con la función del control penitenciario. 57. de manera concreta. Sala I. la sala determinó que la materia propia de la función jurisdiccional del juez de ejecución penal. reg. Este pronunciamiento del tribunal de casación aparece en el marco de la vigencia de la “vieja” Ley Penitenciaria Nacional 7 y se motivó en el recurso deducido por la defensa oficial del interno contra un pronunciamiento del juez de ejecución penal que rechazó el otorgamiento de visitas íntimas a favor del condenado. tuvo lugar en el caso “AMMANNATO” 6. acerca de la procedencia del recurso de casación contra las decisiones de los jueces de ejecución penal. 7 Dec. rto el 17/11/1993. susceptible de esa vía impugnativa. y aún así. Fue en este primer caso. . ley 412/58. 6 CNCP. En base a esta afirmación. 87.La primera oportunidad en la que la CNCP se expidió. 491 del código de forma establece la procedencia de la vía casatoria contra las decisiones recaídas en los incidentes de ejecución penal.
se reconocen al juez facultades discrecionales no susceptibles de la impugnación extraordinaria prevista en el art. enfermedad y visitas íntimas. debían quedar bajo su 8 Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. c. 456 del Código Procesal Penal de la Nación. 1358. sancionada el 19/6/96. cómputos de pena. rto. Sostuvo que estas cuestiones no están relacionadas con el título ejecutivo de la condena. detención domiciliaria). sino con la forma de cumplimiento de la pena impuesta en tanto se vinculan con normas o reglamentos de derecho penitenciario y que. mientras que para otros casos. y medidas de seguridad. se resolvió que aquellas cuestiones sobre las que la ley 24. II. promulgada el 8/7/96 (BO. la CNCP procedió a adaptar la doctrina sentada en “AMMANNATO” a los preceptos contenidos en la nueva norma. 16/7/96). . también de competencia del juez de ejecución (salidas transitorias. la sala infirió que el trámite incidental ha sido previsto por la ley cuando están en juego institutos del código penal como la libertad condicional y su revocación. Bajo el manto de una aparente intención de reafirmar la idea de judicialización contenida en la ley de ejecución.De todo ello. en el fallo “ROLDAN” 9. 13/8/1997.2 El fallo “ROLDAN” Con la sanción de la ley 24. De esta manera. 9 CNCP. 1709. reg. la sala I mantuvo la postura originalmente adoptada restringiendo la vía casatoria a aquellas incidencias que versaren sobre institutos estrictamente contenidos en el Código Penal. Sala I.660 asigna competencia al juez de ejecución.660 8.2. no se ha fijado la vía del incidente pudiendo dicho juez resolverlos “de plano”. respecto de ellas.
sin esgrimir motivos de peso que justifiquen el cambio de postura. 229). en consecuencia. La interpretación restrictiva sentada en este precedente ha sido receptada por la totalidad de las salas de la CNCP 10. 11 Para comprender acabadamente la gravedad de las consecuencias de esta decisión basta con decir que la restricción alcanzó a la gran mayoría de los institutos de atenuación del encierro. y ha permanecido vigente negando el derecho de las personas privadas de su libertad a que el pronunciamiento dictado por un juez de ejecución.exclusiva órbita de actuación.12 10 Sin embargo ello no ha ocurrido de manera uniforme y la jurisprudencia de las distintas salas se encuentra plagada de excepciones y contradicciones. la última etapa del régimen progresivo. El estudio de estos precedentes y el análisis del radical cambio de postura de la casación. lo que derivó. Año IX. “ad -hoc”. pues soslaya que la ley 24.660. (Un acercamiento a la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal y de Apelación en lo Criminal y Correccional)”. 1. por ello. 275.VV. en AA. merecen un trabajo aparte y. siguiendo el criterio de la casación. hemos optado por sólo mencionar el problema. pag. en la eliminación de la posibilidad de que la casación intervenga en estas incidencias. 12 SALT. según la ley de ejecución. que desde el año 2003. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. las distintas salas de la CNCP hicieron lugar a la mayoría de los recursos interpuestos por el fiscal de ejecución penal contra las decisiones del juez Sergio Delgado a cargo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. Para un análisis completo de esta coyuntura cfr. Ed.660 prevé expresamente la incorporación de sus normas al Código Penal (art. GARCIA YOMHA. Es en este aspecto donde la doctrina del fallo presenta su mayor contradicción. . Marcos en Iñaqui Rivera Beiras-Marcos Salt “Los derechos fundamentales de los Reclusos España y Argentina”. Editores del Puerto. 11 No podemos evitar señalar . que la libertad condicional es. en las que se concedían salidas transitorias a los internos. Número 17 “Especial de Ejecución Penal”. Diego “El problema de la vía recursiva en el marco de la ley 24. pues el único previsto en el Código Penal. sea revisado por un tribunal superior. y que ésta no presenta diferencias en cuanto a su naturaleza jurídica con los demás institutos no revisables en casación. es la libertad condicional (art. sin embargo. 13). 1999.
pag. La naturaleza de las cuestiones que se discuten en un incidente de ejecución (donde debe valorarse. Lo cierto es que. al asignarse competencia para resolver los incidentes de ejecución a un tribunal colegiado. como bien advierte Salt. Un desacierto normativo. el contenido de informes penitenciarios). 270. que preveía exclusivamente el recurso de casación para atacar lo resuelto en un incidente de ejecución. II. mas allá del problema generado por la doctrina elaborada por la casación. es atendible la inclusión de la vía casatoria como instancia recursiva. pero no advirtió que en ese ordenamiento procesal el órgano encargado de cumplir las funciones propias de la etapa de ejecución es el mismo tribunal que dictó la sentencia. Lejos de ello. . sería incorrecto atribuir a la CNCP la responsabilidad exclusiva de esta coyuntura.No obstante. presenta serias deficiencias desde el punto de vista normativo. determinan que sea aconsejable que se cuente con un recurso amplio para atacar las decisiones allí adoptadas. 13 En el caso del ordenamiento cordobés. la cuestión relativa a la vía recursiva prevista para impugnar las decisiones de los jueces de ejecución.3 El recurso de casación en la etapa de ejecución penal. pero es llamativo que el legislador nacional haya mantenido ese criterio cuando 13 Ibídem. entre otras cosas. el legislador nacional ha optado por la vía casatoria copiando el artículo 524 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.
O. 7/1/1992. Esta interpretación de la CNCP presenta cierta inconsistencia pues. 24 del Código Procesal Penal. podían ser revisadas por vía de apelación y. cuyo control también está asignado al juez de ejecución. el Código Procesal Penal nacional estableció competencia a la Cámara de Apelaciones para conocer de los recursos interpuestos contra las resoluciones de los jueces de ejecución en los casos de suspensión del juicio a prueba (art. parecería contemplar una excepción a la regla del artículo 491. a priori.asignó las decisiones en la etapa ejecutiva de la sentencia a un órgano unipersonal y especializado. además de la terminante fórmula del artículo 491. Pero el problema normativo se agrava en función de lo dispuesto por el artículo 18 de la ley 24. omite explicar en qué casos y bajo qué condiciones es posible recurrir ante la Cámara de Apelaciones. según su propia doctrina. lo que transforma a la postura en una afirmación 14 Ley de Competencia Penal del Poder Judicial de la Nación. habilitar el recurso extraordinario ante la CSJN. eventualmente. por un lado. llevó a la casación a sugerir tanto en “AMMANNATO” como en “ROLDAN” que aquellas cuestiones resueltas por el juez de ejecución que no admitían. la vía casatoria. B. Por su parte. fijando la posibilidad de recurrir por vía de apelación aquellas decisiones relacionadas con el cumplimiento del instituto mencionado. Este complejo juego de normas. Esta decisión. 24 CPPN). .050 14 que dispone que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal será tribunal de alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces de ejecución así como en los demás supuestos del art.
de suma relevancia práctica. por su parte. en el que se entremezclan problemas de orden normativo y jurisprudencial. no ha respondido al llamado del tribunal casatorio y. deja a un lado la circunstancia de que el recurso de apelación no está previsto en el ordenamiento procesal nacional como vía para impugnar las decisiones de los jueces de ejecución por lo que se estaría creando. GARCIA YOMHA. cit. p. . p. la desaparición material de la posibilidad de recurrir una decisión adversa en el proceso ejecutivo de la sentencia penal. Diego. cit. “Los recursos en la etapa de ejecución penal” en: Los recursos en el procedimiento penal. 249 y ss. 17 Para un análisis de la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones cfr. la CSJN ha emitido el pronunciamiento que aquí comentamos y cuyo contenido procederemos a analizar seguidamente.16 La Cámara de Apelaciones. en general. EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA Y EL FIN A LA CONTROVERSIA La irrecurribilidad de las cuestiones relacionadas con la ejecución penal. III. op. ya que. del Puerto. Marcos. 273. ha rechazado su competencia para entender en los recursos deducidos en los incidentes de ejecución.carente de sustento. op. p. 17 lo que implicó. Bajo este complicado cuadro de situación. una vía impugnativa en violación al principio de taxatividad de los recursos. se cerró definitivamente la discución asignando 15 SALT. Ed.15 Por el otro. como afirmamos al inicio de este apartado. Marcos. mediante este pronunciamiento. Buenos Aires 1999.. 16 SALT. jurisprudencialmente. originada en los precedentes “AMMANNATO” y “ROLDAN”. tiene su capitulo final en la doctrina sentada por la CSJN en “ROMERO CACHARANE”. 204.
Ed. en gran medida. “ad -hoc”. legalidad ejecutiva. antes bien. sino que. “Régimen disciplinario en el marco de la Ejecución Penal: Discrecionalidad Administrativa” en AA. Laura. y su contralor judicial (A propósito de la entrada en vigencia de la nueva ley de ejecución de penas privativas de la libertad)” en AA. lejos de ser caprichosa o meramente casual. “ad -hoc” y GARRIGOS DE RÉBORI. en esta distinción. si existe una cuestión relacionada con el derecho penitenciario sobre la cual hay controversia en cuanto a su naturaleza jurídica (penal o administrativa) es. atendiendo a que los fundamentos de la casación para límitar la vía recuriva se apoyaron. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. En efecto. Ezequiel. “Sanciones penitenciarias. “producto del mero voluntarismo judicial”18. Ed. . El máximo tribunal del país ha sido categórico y sumamente crítico con la postura adoptada por la CNCP llegando a calificarla de construcción “meramente dogmatica y carente de sustento legal”.competencia a la casación para entender en los recursos contra las decisiones de los jueces de ejecución penal. justamente. Año IX.VV. indica la amplitud que pretendió dársele a la competencia revisora de la cámara de casación. el ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito carcelario. la elección del caso. y decisión tomada en base a la “creación de categorías vacías” 19. Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. Petracchi. 20 Al respecto cfr. A su vez. Número 6. Fayt.VV. 19 Considerando 11 del voto del juez Enrique S. debe ser entendida como una señal con consecuencias de importancia. la elección del caso en el que la corte se pronunció sobre la cuestión (apelación ante el juez de ejecución de una sanción disciplinaria impuesta al interno por la administración penitenciaria) no es intrascendente. 18 Considerando 7 del voto del juez Carlos S. 20 En función de ello. MALARINO. Número 17 “Especial de Ejecución Penal”.
con criterio que compartimos.21 Señala el fallo.III. íntimamente vinculadas a estas dos cuestiones. A su vez.660 los postulados actuales de la ciencia del derecho penal que tienden a la necesidad de un control judicial total de la ejecución penal y que este contralor jurisdiccional tiene como consecuencia forzosa la vigencia de las garantías constitucionales del proceso penal en esta etapa. la corte sostuvo que nuestro ordenamiento ha recogido a través de la ley 24. III. De este modo. Fayt. el tribunal 21 Ver considerando 4 y 5 del voto del juez Carlos S.2.1 Los argumentos principales del fallo En líneas generales.1. se desprenden del fallo consideraciones relacionadas con otros aspectos de importancia como la delimitación de la función administrativa y judicial del juez de ejecución y la vigencia del principio de legalidad en la etapa ejecutiva de la sentencia. el decisorio ataca la doctrina de la CNCP en base al tratamiento de dos temas centrales: el principio de judicialización de la ejecución penal y el recurso como garantía procesal con jerarquía constitucional. . La judicialización y el derecho al recurso en la etapa ejecutiva de la sentencia Respecto al principio de judicialización. que la única forma de que la judicialización no se transforme en un concepto vacío de contenido es que las decisiones que se adoptan en la faz ejecutiva de la sentencia estén enmarcadas en un proceso respetuoso de las garantías constitucionales del derecho penal formal y material.
. Como señala Maier. cabe señalar que se trata de dos conceptos que es necesario diferenciar. Si bien la corte relaciona. imponiendo que toda decisión que pretenda introducir modificaciones en el aspecto cualitativo de la sanción penal deba estar sujeta a la misma doble confomidad judicial. J. p. 713. 2da edición. Ed. el principio de judicialización y la garantía de la doble instancia judicial. expresamente. 22 A través de la judicialización de la ejecución penal. Julio B. esta garantía procesal conduce necesariamente a la exigencia de que para ejecutar una pena contra una persona. El derecho del condenado a recurrir el pronunciamiento del juez aparece como consecuencia del traslado de las garantías del proceso penal a la etapa de ejecución. esta fórmula debe trasladarse a la etepa ejecutiva. “Derecho Procesal Penal” Tomo I. 22 MAIER. adelantamos ya nuestro parecer y señalamos que coincidimos con la posición que aconseja un recurso amplio que garantice la revisión de las cuestiones de hecho y prueba que debe valorar el juez de ejecución. del Puerto. 2002. acertadamente. sostiene que la pretendida vigencia de las garantías procesales y materiales incluye el derecho del condenado a recurrir la decisión que considera adversa.promueve una intervención judicial plena de la ejecución en todo lo que afecta cualitativamente la sentencia condenatoria y. exista una doble conformidad judicial si el condenado la requiere. Fundamentos. Con relación a la controversia acerca de si es la vía casatoria la idónea para materializar esta garantía en la etapa de ejecución penal. pero no integra la idea de judicialización en sí misma.
en www. 355 y. lo que la casación ha generado a través de la doctrina sentada en “AMANNATTO” y “ROLDAN”. Asimismo. en la exposición de motivos. no puede solucionarse mediante la negación a las personas privadas de su libertad del ejercicio de su derecho al recurso y esto es. no es menos cierto que el yerro legislativo cometido al asignarle competencia en esta etapa. art. el punto “n” del capítulo dedicado a los aspectos centrales del proyecto. surge claramente del fallo que es considerado uno de los principios que adquiere más relevancia en el ámbito de las prisiones. El principio de legalidad y la naturaleza de la función del juez de ejecución En cuanto al tratamiento de la vigencia del principio de legalidad en la etapa ejecutiva de la sentencia. en definitiva. arresto domiciliario. la modificación al art.org).1. . salidas transitorias o semilibertad.Sin embargo. procederá el recurso de apelación”. el anteproyecto del CPPN elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) establece un mecanismo de revisión de las decisiones de los jueces de ejecución por tres jueces distintos al que adoptó la medida. (cfr.3. Aunque coincidamos en que la Cámara de Casación Penal se encuentra lejos de ser la alzada natural del fuero de ejecución penal. A criterio de la corte. En este sentido. el pronunciamiento de la corte acierta pues puso fin a una situación claramente ilegítima. prisión discontinua o semidetención y trabajos para la comunidad. 491 del CPPN se ha propuesto a través de un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia que contenía la siguiente redacción: “Contra las resoluciones de los incidentes sobre cómputos de pena. aunque no por ello puede soslayarse la necesidad de que se proceda cuanto antes a evaluar una modificación legislativa sobre el punto. la corte no ha entrado en esta discución y se ha limitado a indicar que el artículo 491 es terminante y no deja otra interpretación posible. las sucesivas alteraciones al cumplimiento de la pena y la 23 En este sentido. incorporación del interno a los institutos de libertad condicional.incep. libertad asistida. 23 III.
26 24 Ver considerando 16 del voto conjunto de los jueces Maqueda y Zaffaroni. 26 Ver considerando 7 del voto del juez Carlos S. Por ahora. 25 Asimismo. Fayt. Respecto a la delimitación de la función administrativa y judicial del juez de ejecución. deben quedar a resguardo de aquella garantía. al ablandamiento del principio de legalidad y al debilitamiento del control jurisdiccional. se ha señalado que la negativa a habilitar la vía casatoria. 24 La presencia del principio de legalidad durante la ejecución de la pena es un postulado que posee consecuencias de suma trascedencia que señalaremos oportunamente. en la práctica.modificación sustancial de la condena que estas decisiones pueden implicar. 25 Idem. En este sentido. con sustento en diferenciar cuestiones administrativas de cuestiones jurídicas responde a una concepción anacrónica de la ejecución de la pena en la que la relación de sujeción especial del condenado con el estado se da dentro de un ámbito administrativo. . se desprende del fallo una postura en favor de mantener la vigencia de todas las garantías penales y procesales en todos aquellos casos en los que se encuentre en juego algún derecho de las personas privadas de su libertad. ello de manera independendiente de la naturaleza de los actos que afecten aquellos derechos. basta con destacar positivamente el tratamiento que la corte hizo del principio y la amplitud que le asignó en esta etapa procesal. se dijo que aquellos casos que impliquen una alteración fundamental en el contenido cualitativo o cuantitativo de la pena jamás podrían integrar categorías diferentes exigiendo siempre un proceso imbuído de todas las garantías. considerando 7. a restricciones a los derechos fundamentales de los reclusos. lo que conlleva.
Aunque el análisis realizado en este apartado se limitó en forma casi exclusiva al marco del pronunciamiento. a nuestro parecer. debe garantizarse a toda persona privada de su . Un lectura no demasiado detenida del fallo permite advertir. concluir que. es preciso a esta altura señalar que coincidimos con la reafirmación que el fallo hace de los principios hasta aquí enunciados. que las personas privadas de su libertad son sujetos de derecho y que todo el razonamiento utilizado por los ministros en sus votos. debe operar a raíz del fallo. En este sentido. determina que el problema relacionado con el derecho al recurso en esta etapa también sea fácil de advertir. generan en la práctica alguno de los criterios sentados por el máximo tribunal. sin mayores dificultades. la naturaleza de la controversia jurisprudencial que generó el fallo de la corte. por el otro. con el status jurídico de las personas privadas de su libertad y. A continuación señalaremos las consecuencias que. IV. De la misma forma. CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL PRONUNCIAMIENTO Existen dos consecuencias que se desprenden de manera directa del pronunciamiento de la corte y que se vinculan. con la vigencia del derecho al recurso en la etapa ejecutiva de la sentencia. por un lado. analizando la realidad actual de la justicia de ejecución penal y el cambio que. a partir del fallo en estudio. creemos. parte de considerar de este modo a las personas detenidas en los distintos establecimientos penitenciarios del país.
. IV. sino también una regulación de las condiciones de cumplimiento de las penas en general. 199. Consecuencias jurídicas relacionadas con el principio de legalidad ejecutiva De la lectura de los votos de cada ministro se desprende que este principio se erige en pilar fundamental de la estructura de razonamiento que sustenta la decisión que se adoptó en el caso. Claro que ello no es casual puesto que. no presenta mayor complejidad. actualmente. Por el contrario. partiremos del análisis del principio de legalidad penal y de su vigencia en la etapa ejecutiva de la sentencia. la ley debe regular las características cualitativas de la pena y de qué manera se va a desarrollar su ejecución.. por lo cual pretenderemos aquí centrar nuestro análisis en estos dos principios.. op. . p. Marcos “Los derechos fundamentales.libertad el derecho a obtener un pronunciamiento jurisdiccional por parte de un tribunal distinto al que resolvió en contra de sus intereses.”.27 27 SALT. las consecuencias prácticas que genera el criterio de la corte respecto al principio de legalidad ejecutiva y el de judicialización de la ejecución penal pueden no aparecer de forma tan evidente. Para intentar cumplir este objetivo.1. Es decir. cit. casi no está en discución que la interpretación correcta del principio de legalidad penal no sólo exige una definición previa (al hecho) del tipo y duración de la condena. para continuar luego con el estudio del significado que la corte dio a la llamada judicialización de la ejecución penal.
1. sólo podrán aplicarse respecto a aquellas personas condenadas por hechos posteriores a su entrada en vigencia.En base a ello creemos importante destacar. la obligación de los jueces de ejecución de velar por el respeto de ese límite. sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca”28 y que “no existen razones aceptables para considerar que esta definición del principio de legalidad no abarca también la etapa de ejecución de la pena”29.892. IV. . 28 Ver considerando 16 del voto conjunto de los jueces Maqueda y Zaffaroni. y. expuso en su pronunciamiento que “las penas de cualquier clase que sean. De esta afirmación. 29 Ibídem. al definir al principio de legalidad. Por un lado.2 La importancia del principio de legalidad en el control de constitucionalidad de los reglamentos penitenciarios. De ello se deduce que una de las consecuencias de la reafirmación de este principio. que respecto a las normas de ejecución que regulan y describen el modo en que se deben cumplir la penas. por su relevancia actual. rige el principio de irretroactividad de la ley penal a excepción. claro está. la actuación de la ley como límite a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo. de aquella que beneficia al condenado. consiste en que las modificaciones introducidas en el régimen de libertad condicional a través de la reciente ley 25. La CSJN. extraemos dos consecuencias de suma trascendencia. por el otro.
radica en que en relación a la ley 24.Creemos que esta concepción de la corte acerca del contenido del principio de legalidad ejecutiva trae consigo un postulado básico que indica que toda medida que repercuta en el modo en que se ejecuta la sanción penal debe estar prevista en una ley formal del Congreso que no puede ser alterada ni restringida por las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia. lleva a considerar que. el Poder Ejecutivo ha dictado diversos decretos reglamentarios30 que. 62-69. que es el Poder Judicial como encargado del control de constitucionalidad a quien le cabe la celosa custodia de la legitimidad de los reglamentos dictados.140 5/5/99). tiene como límite al principio de legalidad ejecutiva. todo avance de ésta sobre lo preceptuado por la ley. José Daniel “Estudios de Derecho Penitenciario”. Ediar 2003. 31 CESANO. . a nuestro entender de manera ilegítima. resultando ilegítima toda delegación legislativa a la administración para reglar aspectos relacionados con las modificaciones cualitativas de la sentencia y también. en materia penitenciaria. Por otra parte. mediante el cual la administración ha regulado todo el sistema de avances y retrocesos dentro del régimen progresivo supliendo la deficiencia legislativa en este aspecto.31 Entendemos que el pronunciamiento de la corte y 30 Entre ellos se destaca el “Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución” Decreto 396/99 (B. regulan aspectos de la ejecución que tienen que ver con el modo en que se cumple la sentencia penal. nro. pp.O. 2 de la Constitución Nacional. en sentido inverso. 29. La importancia práctica de la correcta lectura de este aspecto del fallo. con acierto señala Cesano -aunque asocia el problema más a la división constitucional de poderes y la supremacía de las leyes que a un conflicto con el principio de legalidad penal-. Nos parece que el modo en que la corte ha definido al principio en análisis.660. la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo contenida en el artículo 99 inc.
“Derecho y Razón” Editorial Trotta. Ferrajoli señala que todo el sistema diseñado para atenuar en sede ejecutiva las condiciones de cumplimiento de la pena impuesta en el juicio. Massimo. Entre la parsimonia y el despilfarro represivo” en Cuadernos e Doctrina y Jurisprudencia Penal. refiriendo que los sistemas progresivos encuentran en la ideología preventivo-especial “la coartada para justificar la más amplia discrecionalidad en la producción de un derecho penal desigual y especial” (PAVARINI. no podemos soslayar que un sector de la doctrina se ha pronunciado manifiestamente en contra de que la pena sufra modificaciones en la etapa ejecutiva de la sentencia. prevista en la ley. independientemente de que las normas que hagan esto posible emanen (o no) de una ley formal. IV. “ad hoc” p. se expresa en igual sentido crítico. sin excepción. Sin embargo. 1. Su importancia como punto de partida para el análisis de la garantía jurisdiccional De lo dicho hasta aquí podemos afirmar entonces que la doctrina del fallo exige considerar que toda cuestión relativa a la alteración de la condena o con incidencia directa o indirecta sobre ésta.la amplitud con que se trató el principio de legalidad ha respondido a este llamado. 32 En este sentido. 1997. 30.1. atenta de manera perversa contra la certeza acerca de la pena a cumplir. 409).3 Breve referencia a las críticas a la modificación de la pena en la etapa de ejecución. es cierto que la implementación de un sistema premial en el régimen penitenciario puede generar falta de certeza y desigualdad en la 32 Así por ejemplo. Por su parte Pavarini. p. “La negociabilidad de la pena. y ello. Tomo nro. por lo que sólo resta esperar que los tribunales inferiores analicen seriamente la constitucionalidad de la reglamentación vigente y eviten su aplicación automática. . Luigi.). debe estar. generando en el encarcelado “un mañana incierto que deberá contratar día a día con sus carceleros” (FERRAJOLI. 2002 Ed. Criminología Teoría y Praxis.
las críticas efectuadas a la determinación de la pena en su fase ejecutiva. no trataremos aquí. el problema planteado sirve de nexo para introducirnos en el estudio de la naturaleza y función de los jueces de ejecución en el marco de lo resuelto por la CSJN. . se vincula con el órgano al cual se asigna competencia para entender en estas cuestiones y el marco de garantías bajo el cual se toman las decisiones. por su extensión. “El juicio sobre el grado de resocialización alcanzado” en A. que sí está relacionado con el fallo que comentamos. es un elemento importante para superar la falta de certeza y desigualdad que. sin duda. pues consideramos que la vigencia del principio de legalidad en esta etapa. genera la implementación de regímenes penitenciarios progresivos. En este sentido. 1984 y LEWIS. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. otra cuestión de relevancia que analizaremos a continuación. creemos que las causas que posibilitan este fenómeno responden a factores que exceden la naturaleza de los regímenes progresivos. Esta última cuestión es la que motivó que hayamos escogido mencionar aquí.ejecución de la pena. muy brevemente.V. impone ser complementada y materializada a través de la garantía jurisdiccional. MAPELLI CAFFARENA.A. según sus críticos. por nuestra parte.33 Otro. Ediciones Suarez. Alcalá de Henares. 33 Para un acercamiento al problema de confundir el régimen progresivo con el tratamiento penitenciario y la utilización de criterios subjetivos para determinar el avance en las distintas fases cfr. Borja “Sistema Progresivo y tratamiento” en Lecciones de Derecho Penitenciario. problema que. bien entendido.V. Uno de ellos es. Anuario de Derecho de Ejecución Penal. aunque. 2002. ponencias presentadas para las I Jornadas de Derecho Penitenciario. Así. el principio de judicialización. la inclusión de criterios positivistas apoyados en ideologías re para evaluar el avance y retroceso de los internos por las distintas fases con menores restricciones a la libertad. Juan T.
Aún asumiendo el riesgo de apartarnos peligrosamente del objeto que motiva este trabajo. en nuestro país. vislumbra la solución a algunos de estos problemas. Entre ellos destacamos: a) el desprestigio que ostenta la actividad penitenciaria.660. una de las cuestiones sobre la que el pronunciamiento del máximo tribunal del país ha puesto más énfasis es la significancia y amplitud con que debe interpretarse la idea judicializadora contenida en la ley 24. por cuanto creemos que la posición de la corte acerca de lo que significa “judicializar la etapa ejecutiva de la sentencia”. Consecuencias jurídicas derivadas del principio de judicialización de la ejecución penal. de la figura del juez de ejecución. en favor de la eficacia del principio. Ello así. La opción de utilizar a la figura del juez de ejecución como herramienta para hacer efectiva la judicialización en esta importante etapa del proceso. La importancia y extensión que la corte dió a este principio contrasta seriamente con la evaluación que hoy puede hacerse de los resultados obtenidos desde la implementación. b) la controversia acerca de la naturaleza .2. se ha enfrentado con varios obstáculos. hemos optado por dar tratamiento a las consecuencias dogmáticas del principio de judicialización desde el análisis de los inconvenientes que ha tenido su desarrollo en nuestro medio.IV. Como ya señalamos al analizar la doctrina del fallo.
El fenómeno. en parte. a . De manera general. por ello. En mayor o menor medida. que en mayor o menor grado se ha manifestado en la mayoría de los sistemas que adoptaron la figura del juez de ejecución. responde. existen algunas otras vallas importantes que es necesario sortear.2. Tradicionalmente la actividad penitenciaria se ha caracterizado por poseer un notorio desprestigio frente a otras ramas del derecho punitivo y. puede decirse que la tendencia en el ámbito nacional se ha inclinado más a asimilar al juez de ejecución a un “homologador de la actividad de los órganos administrativos” que a un órgano jurisdiccional con el poder de tomar las decisiones que tienen relación con la condena misma. y luego. es común que el juez de ejecución sea considerado por el resto del poder judicial como un juez “de segunda categoría”.jurídica del juez de ejecución y de su actividad y c) la falta de precisión normativa para delimitar la esfera de competencia de estos magistrados. a las personas privadas de su libertad. para alcanzar esa meta. creemos que la postura de la corte frente a la judicialización tiene un aporte fundamental para la superación de estos problemas de innegable relavancia práctica.1 El desprestigio de la actividad penitenciaria. cabe decir que. IV. Esta concepción del juez de ejecución que parte de la misma agencia judicial suele hacerse extensiva rápidamente a la administración penitenciaria. Si bien es posible pensar que el pronunciamiento de la corte puede constituir el puntapié para un cambio radical de este efecto negativo.
que la prisionización alcanza a personas provenientes de los sectores más vulnerables de la sociedad. 20. en algunos países. incluso por las mismas fuerzas de seguridad que. En muchos casos. Del Puerto. siendo su función desjerarquizada. Eugenio Raúl. la experiencia en el ámbito nacional enseña que el desprestigio de la función judicial en el proceso de ejecución penal. Buenos Aires. p. Ediar. utilizan la actividad penitenciaria como destino de castigo a agentes de los segmentos policiales. que la ubican en una situación altamente vulnerable frente a las políticas y los medios de comunicación. 2002. la actividad de los magistrados ha contribuido a reforzar esta presunción. Eugenio Raúl. 35 ZAFFARONI. a quienes las agencias policiales y tribunales sólo contactan “transitoriamente” hasta lograr ejercer el poder punitivo materializado a través de la pena. en nuestro medio. As. desórdenes y fugas. el hecho de que la ejecución de las penas haya estado históricamente a cargo de la administración penitenciaria. 34 ZAFFARONI..V. El derecho penal hoy. Homenaje al Prof. Ed. V. tiene también su aporte a esta realidad. Bs. su peso en el reparto de poder del sistema penal no es muy significativo. la posición de esta agencia.34 A su vez. es particularmente frágil ya que debe sobrevivir enfrentando el riesgo de motines. es el juez de ejecución quien debe lidiar de manera más o menos prolongada con este sector social generalmente víctima de prejuicio y discriminación. . A diferencia. Alejandro “Derecho Penal-Parte General”. 1995. Como bien señalan Zaffaroni. 2da edición. “Los objetivos del sistema penitenciario y las normas constitucionales” en A. no sólo se sustenta en la imagen heredada de otras agencias o en la falta de consideración hacia la importancia de la materia sobre la cual se debe administrar justicia. Alejandro. SLOKAR.A. 35 No obstante. Por su parte. David Baigún. ALAGIA. Alagia y Slokar.
SLOKAR. Este efecto devastador para cualquier intento de trasladar las garantías del proceso penal a la etapa ejecutiva de la sentencia. en el ámbito nacional. se ha contagiado rápidamente delegando todo (o casi todo) su poder de actuación a la administración penitenciaria. judicializar la ejecución propiamente dicha. En rigor. se trata de un mal que aqueja al Poder Judicial en general y que es atribuible a la racionalización (legitimación) del ejercicio del poder punitivo que proviene de las mismas agencias judiciales y que tiene como efecto paradójico la reducción de su propio poder jurídico. es el eje central del fracaso del proceso que. máxime cuando es a esta agencia. ALAGIA. 36 Para citar un ejemplo.37 Mas allá de ello. los jueces de ejecución penal no han demostrado gran interés en corporativizarse y ser los principales defensores de la importancia de su actividad. Eugenio Raúl. la necesidad de que se regule un procedimiento y se indiquen qué recursos existen frente a las resoluciones judiciales y de que exista una mayor intervención por parte del Ministerio Público Fiscal. p. Entre los temas que vienen analizando los magistrados españoles.pues no han logrado con su propia labor jerarquizar la función que se les ha encomendado36. Alejandro. creada hace relativamente poco tiempo. Alagia y Slokar. el reclamo de plenas competencias. Esta realidad tiene como consecuencia más grave. op. . 26. creemos. 37 ZAFFARONI. Lejos de ello. no deja de sorprender cómo una figura como la del juez de ejecución. es decir. con el objeto de tratar los problemas más graves con los que se enfrenta la jurisdicción penitenciaria. un efecto reductor del poder del órgano jurisdiccional de ejecución penal en desmedro de la eficacia de su propia función. al menos en el ámbito académico. cit. jornadas y actividades que con el transcurso de los años han ido jerarquizando a la ejecución penal. se encuentran problemas comunes a los existentes en nuestro ámbito como la imposibilidad material de asumir todas las funciones encomendadas por falta de medios. Alejandro. y se han mantenido al margen de los distintos congresos. precisamente. claramente diferenciado con nuestra realidad. desde 1982 los jueces de vigilancia penitenciaria españoles realizan reuniones. a la cual el proceso de judicialización pretendió expropiar la facultad de hacer cumplir las sentencias. como bien señalan Zaffaroni. entre muchos otros. que luego dan a publicidad. hasta ahora se ha verificado en el ámbito nacional.
. a través de la vía casatoria. En base a ello. de la Constitución Nacional”38.En el fallo que aquí se comenta. el máximo tribunal del país no ha guardado reparos al momento de reafirmar la importancia de la actividad penitenciaria y de los jueces de ejecución.2. Señalamos también. Advertimos oportunamente que la controversia que generó el pronunciamiento de la corte tuvo su génesis en el límite que la CNCP estableció a la posibilidad de recurrir. debería contribuir a revertir el desprecio de la actividad penitenciaria y de la función judicial que opera en esta etapa. en primer lugar. las decisiones que adoptan los jueces de ejecución penal. criterio que no es más que un corolario de aquellos principios que procuran garantizar que el ingreso a una prisión en tal calidad no despoje al hombre de la protección de las leyes y.2 La naturaleza jurídica del juez de ejecución y de su actividad. pues ese desprecio es inequívocamente dirigido a la propia Constitución Nacional y a quienes deben ser los guardianes de su vigencia en la cárcel. IV. Fayt. que esta doctrina restrictiva estuvo 38 Ver considerando 4 del voto del juez Carlos S. afirmando que la existencia de estos órganos jurisdiccionales “responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y los tratados internacionales respecto de los condenados. la correcta lectura del pronunciamiento de la corte por parte de los tribunales inferiores.
ha optado por la denominación de juez de ejecución al definir al órgano encargado de resolver las cuestiones relativas al cumplimiento de las penas. Si bien en varios pasajes del pronunciamiento. frente a otras posibles denominaciones como juez de vigilancia penitenciaria o juez de contralor de la ejecución penal. la postura que se adopte frente a la naturaleza de la actividad penitenciaria como así también la de la propia figura del juez de ejecución. . las atribuciones de este órgano jurisdiccional no se limitan exclusivamente a la vigilancia del establecimiento penitenciario y del interno sino que. también quedó clara su posición respecto a que esa diferenciación no puede ser utilizada para restringir la intervención del tribunal de casación. antes bien. Petracchi. Aunque tan sólo parezca un problema nominalista. ver considerando 9 del voto del juez Enrique S. puede contribuir a resolver problemas de importancia como la delimitación de la competencia de estos magistrados.respaldada por el establecimiento de una diferenciación entre la naturaleza jurídica de la actividad del juez de ejecución (administrativa o jurisdiccional). deben incluirse entre ellas facultades amplias para resolver 39 Por ejemplo. En este aspecto corresponde señalar que el código procesal nacional. En efecto. creemos que esta decisión del legislador tiene cierta repercusión al momento de dar solución a la controversia acerca de la naturaleza de estos magistrados y de su actividad. Sin embargo. se advierte que la corte ha aceptado que algunas de las actividades de los jueces de ejecución pueden ser calificadas de administrativas39.
la condena en sí misma. 1982 p. Nro. queda salvada la objeción a que la denominación de juez de ejecución de penas carece de precisión por obviar las funciones de control de las relaciones administrativas penitenciarias de sujeción del interno con la administración. sin escindir. GONZALEZ CANO. Madrid. 1. 40 El complejo conjunto de actividades que desarrolla el juez de ejecución ha llevado a que algún sector de la doctrina lo haya caracterizado como un órgano mixto. MONTES REYES. 1982 pp. Nro. pp 8 y 10. Sobre este punto es correcta la observación de Mapelli Caffarena quien sostiene que la naturaleza administrativa de las normas penitenciarias. María Isabel “La ejecución de la Pena Privativa de la Libertad” Ed. El juez no debe permanecer ajeno al modo cómo la administración hace cumplir la sentencia sino que debe “ejecutar”. GIMENO GOMEZ. 40 Cfr. que permitiría la intervención de la administración y el desplazamiento parcial del control judicial. Valencia 1994. José Luis “La problemática actual del juez de vigilancia” separata de la Revista de Estudios Penitenciarios números 232-235. Tirant Lo Blanch. 1. 90 y 91. claro está. Es decir. Madrid. 49 y 50. 124. el control de la actividad de la agencia penitenciaria en lo que a su competencia específica respecta. Avelina “El Juez de Vigilancia Penitenciaria”. que no dimanan del principio de exclusividad jurisdiccional.cuestiones que hacen específicamente a la ejecución misma de la pena. Editorial Civitas. MANZANARES SAMANIEGO. 41 Cfr.41 No nos parece tan desacertada esta apreciación. todos ellos citados por ALONSO DE ESCAMILLA. en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana. A. p. desde su órbita de actuación. “Administración y jurisdicción en la Ejecución de las Penas”. en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana. “Los juzgados de Vigilancia Penitenciaria”. 1981. siempre y cuando se determine criteriosamente cuáles de las funciones del juez de ejecución son de carácter jurisdiccional y cuáles no. . p. 1995. la vigilancia es sólo una veta de la función jurisdiccional del juez que consiste en hacer “ejecutar” la pena propiamente dicha mediante sus decisiones acerca del modo y aspecto cualitativo de ella. V. 31. De este modo. judicial y administrativo.
Las decisiones relativas a la ejecución se entienden declarativas y pertenecientes al orden jurisdiccional.cienciaspenales. 44 MANZANARES SAMANIEGO. Borja “La Judicialización Penitenciaria. Un proceso inconcluso”. también publicado en www. por ejemplo. mientras que cumplimiento equivale a la realización material de la pena. en tanto que los problemas de cumplimiento y demás cuestiones no incluidas en el concepto anterior son competencias de naturaleza administrativa y.44 Lo mismo ocurre con la autorización de retiro anticipado del fondo de reserva (art. deben estar incluidas dentro de las facultades jurisdiccionales del órgano de ejecución. las inspecciones a establecimientos. Madrid. en consecuencia. y las instrucciones generales a la administración penitenciaria. Por el contrario. sin dudas. La actuación del juez de ejecución en estos casos bien merece la calificación de meramente administrativa.42 Siguiendo el criterio expuesto. José Luis “Jueces de Vigilancia Penitenciaria” Conferencia pronunciada en el curso sobre “Derecho Penitenciario y Democracia” celebrado entre el 6 de noviembre de 1993 y el 12 de marzo de 1994 en la sala Villacís. 128 de la ley 24. 43 Así. 43 Ibídem.660). . 1995 pp. 42 MAPELLI CAFFARENA. 166 de la ley 24. en Cuadernos de Derecho Judicial.660). todas aquellas decisiones que implican la modificación sustancial de los aspectos cualitativos de la sanción penal. bajo la idea de ejecución deben incluirse todos los actos destinados a promover la imposición material del fallo. compartidas con la administración.puede determinarse en base a una sutil diferencia entre cumplimiento y ejecución. los permisos de traslado por fallecimiento o enfermedad grave de familiares (art. no son más que simples autorizaciones que guardan íntima relación con una actividad penitenciaria que el juez homologa una vez que la misma administración comprobó el supuesto. Sevilla-España.org. 279-301.
Ad-Hoc. la revisión de sanciones disciplinarias y los traslados de internos de un establecimiento a otro. la judicialización del proceso de ejecución no sólo implica la creación de mecanismos procesales para el control de la ejecución de la condena. p. haciendo respetar las finalidades allí enunciadas y actuando también. p.. prisión domiciliaria. la concesión de salidas transitorias. . consideramos que el avance y retroceso de los internos por los distintos períodos de atenuación de las condiciones de encierro.. La opción del legislador de definir al órgano encargado de las cuestiones relativas al cumplimiento de la pena como “Juez de Ejecución Penal”. en consecuencia. no pueden ser otra cosa que objeto de una decisión de carácter jurisdiccional. la sustitución de la pena por trabajos comunitarios. Alberto M. 298. As. sino también permitir que el interno pueda defenderse cuando la pena de prisión no se ejecute de acuerdo a su finalidad constitucional. expropiando a la administración toda decisión en este aspecto. 1999. quien debe actuar como defensor de los derechos fundamentales de todos los internos y de la Constitución Nacional. semilibertad.46 45 BINDER. 46 MANZANARES SAMANIEGO. en su caso. Así entendida.” op. indica su naturaleza de encargado directo de todas las cuestiones que afecten a la pena misma. 45 Es el juez de ejecución. “Introducción al Derecho Procesal Penal”. José Luis “Jueces de.En este sentido. libertad asistida y libertad condicional. en tanto resultan ser cuestiones que afectan de manera directa las condiciones cualitativas de la pena. 171. cit. Ed. Bs. como órgano administrativo titular de iniciativas frente a la administración penitenciaria.
Más allá de la naturaleza de la actividad del juez de ejecución. obliga a analizar cada supuesto no para restringir derechos sino. la aceptación de la corte de esta dualidad en la naturaleza de la función de los jueces en la etapa ejecutiva de la sentencia. La aparente inconsistencia normativa para delimitar el ámbito de competencia del juez de ejecución. Ya dijimos que el fallo de la corte tiene la virtud de entender a la judicialización de la ejecución penal como un concepto amplísimo que autoriza una intervención plena del poder judicial durante el cumplimiento de las condenas.2. IV. el problema de la delimitación de su competencia frente a la del poder ejecutivo es una cuestión de relevancia sobre la cual resulta necesario fijar posición.3. Si bien en nuestra legislación la cuestión está regulada mediante disposiciones aparentemente contradictorias. en nuestro país. Sin embargo. Seguidamente analizaremos este problema desde el aspecto normativo y expondremos la interpretación que a raíz del pronunciamiento de la corte.En definitiva. para determinar los casos en que debe verificarse una intervención exclusiva de la jurisdicción por sobre el poder administrativo. creemos corresponde hacer de las disposiciones que rigen la competencia de los jueces de ejecución. la determinación de la esfera de competencia de los jueces de ejecución ha sido tan problemática que el proceso de judicialización se halla lejos de reunir estas características. por el contrario. creemos que el pronunciamiento de la corte y la amplitud con .
.660 establecen facultades amplias a los jueces de ejecución para . En el mismo sentido el artículo 4 inc. estará sometida al permanente control judicial. c) resolver todos los incidentes que se susciten en dicho período. presos y personas sometidas a medidas de seguridad. Más allá que.que se ha entendido al principio de judicialización.660 refuerza este principio al disponer que: “La ejecución de la pena privativa de la libertad en todas sus modalidades. b) controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena dictadas por el Poder Judicial de la Nación. De la lectura de la norma puede extraerse una competencia amplia para hacer cumplir la sentencia de acuerdo al marco de garantías mínimo exigido por la Constitución Nacional. en el trato otorgado a los condenados. en lo que aquí importa. A su vez el artículo 3 de la ley 24.”. los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley. El juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales. a) de la misma ley establece que “será de competencia judicial durante la ejecución de la pena resolver las cuestiones que se susciten cuando se considere vulnerado alguno de los derechos del condenado”.. de manera genérica. El art. facultades para: a) controlar que se respeten todas las garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por la República Argentina. tanto el Código Procesal Penal nacional como la ley 24. contribuye a elaborar una interpretación constitucional de este juego de normas. 493 del CPPN asigna al juez de ejecución.
de las sanciones disciplinarias administrativas a los internos (art. prisión domiciliaria. sustitución de pena 47 SALT. 47 Con ello debiéramos concluir que la totalidad de las cuestiones suscitadas durante la ejecución de la pena.. por vía de recurso. libertad asistida. Esta norma tiene la característica de poder ser interpretada como una limitación al poder jurisdiccional y a su intervención exclusiva en las incidencias en las cuales. específicamente. cit. 10 de la ley 24. 19). y la revisión.”.. Estas disposiciones. No obstante. op. . son la base normativa del llamado principio de judicialización de la ejecución penal y las que otorgan a la jurisdicción facultades para adoptar toda decisión con repercusiones en el aspecto cualitativo de la sanción penal. 96). la ley de ejecución ha optado también por establecer de manera específica la competencia judicial para ciertas cuestiones antes reservadas a la administración como ser: la concesión de salidas transitorias y semilibertad (art. deben ser resueltas por la administración. en tanto no estén específicamente asignadas a la autoridad judicial”.. la cláusula contenida en el art. se indica la competencia judicial. Esta norma dispone que: “La conducción desarrollo y supervisión de las actividades que conforman el régimen penitenciario serán de competencia y responsabilidad administrativa. con la salvedad de lo atinente a la libertad condicional. que hasta aquí hemos mencionado.resolver cualquier cuestión relativa a las condiciones en que se ejecuta la pena.660 introduce un serio problema para delimitar concretamente la competencia judicial de la reservada a la administración. p. 266. Marcos “Los derechos fundamentales.
fácil es advertir que la cláusula del art. Todas las demás decisiones deben estar sujetas exclusivamente a la jurisdicción. ofrecida tal posibilidad. siempre estuvo asignado al poder judicial.230 y 231). 10 tan sólo asigna a la administración la conducción y desarrollo de todo lo relacionado con el régimen penitenciario en tanto ataña a la seguridad en el establecimiento y la aplicación del tratamiento penitenciario48 a aquellos internos a los que. Bajo esta concepción. la facultad judicial para decidir la concesión de salidas transitorias y de revisar las sanciones impuestas por la administración. pp. del mismo modo que la corte. esto es. y que ello se funda en que en esta etapa opera una modificación sustancial de las condiciones cualitativas de la pena. no se encontraban regulados en la derogada Ley Penitenciaria Nacional. el otorgamiento de la libertad condicional. la concesión de salidas transitorias. la hayan aceptado libremente. y la revisión de sanciones disciplinarias.por trabajos comunitarios. y la libertad asistida y demás institutos innovadores. el principio de judicialización habría introducido sólo dos modificaciones respecto al régimen tradicional de ejecución de penas. la que 48 Debemos señalar que entendemos al “tratamiento penitenciario” como conjunto de acciones terapéutico- asistenciales tendientes a la modificación de la personalidad del interno lo cual sólo puede llevarse a cabo mediante la expresa voluntad del condenado. ¿Cuál es la interpretación correcta que debe hacerse de este juego de normas a raíz del pronunciamiento de la corte? A nuestro juicio. prisión discontinua. recordemos. y cuyos resultados en modo alguno deben inferir en el sistema de atenuación de las condiciones de encierro (cfr. puesto que. Marcos op cit. semidetención. que judicializar implica transportar todo el marco de garantías del proceso a la etapa ejecutiva de la sentencia. la cuestión es clara en base a la naturaleza jurídica que asignamos al juez de ejecución y el contenido que le damos al denominado proceso de judicialización de la ejecución penal. SALT. . Si entendemos.
más que un problema normativo es. concretar a partir de la legislación vigente qué competencias ostenta el juez de ejecución frente a la actividad penitenciaria en el cumplimiento de la pena. bajo su exclusivo criterio fundado en la legislación aplicable.. sin dudas. . op cit. un problema de operadores jurídicos.. el juez de ejecución es competente en todo aquello que afecte al fallo condenatorio o a los derechos fundamentales de los internos. pues teniendo en cuenta que el juez de ejecución sustituye al órgano sentenciador. por su complejidad. aquél asume sin mayores dificultades todas las competencias que le hubieran correspondido a éste.50 En definitiva..”.debe determinar en cada caso.660 no permite otra interpretación. El buen funcionamiento de la justicia depende de los 49 MAPELLI CAFFARENA. allí radican las claves para establecer los límites exteriores de las competencias objetivas de la jurisdicción penitenciaria. 4 de la ley 24. más aún cuando resulta problemático.49 El sentido literal del apartado a) del art. las condiciones en que la pena se irá a ejecutar analizando la correspondencia de su mayor o menor rigurosidad. “La judicialización. 50 Ibídem. Borja. la controversia acerca de los límites de la competencia del juez de ejecución. Debe considerarse que la propia naturaleza de la cuestión penitenciaria incluye aspectos totalmente dispares que dificultan que la ley suministre una información acabada sobre las materias controladas por el juez de ejecución y esto explica que se haya recurrido a una cláusula general para regular las facultades del órgano jurisdiccional. Por lo tanto. Como bien señala Mapelli Caffarena.
Luis “ El juez penal: su formación y sus funciones” en El Criminalista. 1956 y JIMÉNEZ DE ASÚA. los derechos no dependen de cómo los describen las normas. Manuela Carmena “Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. . p. En nuestra opinión. As.hombres y no de las leyes. como vimos. conviene contar con buenos jueces antes que con óptimas leyes ante la imposibilidad de la presencia simultánea de ambos. Revista de la Facultad de Derecho de México. 66-67. Piero “También los jueces son hombres (páginas introductorias a la edición alemana del Elogio de los Jueces)”. Ad-Hoc Bs. para que tomen el control de la ejecución penal y asuman sin reparos ni matices la función de mantener vigente la Constitución Nacional en los establecimientos penitenciarios. La eficacia del control jurisdiccional en el cumplimiento e la legislación penitenciaria” ponencia presentada en la VI Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria. Tipográfica Editora Argentina t. 52 V. 1996. 1949. De ahí que la judicialización de la actividad penitenciaria presente una significativa trascendencia en el aspecto constitucional sobre el cumplimiento de la pena privativa de la libertad. nos muestra la vigencia de la legalidad en la etapa ejecutiva de la sentencia y su defensa a través de una jurisdicción con poderes amplísimos. citado por KENT. la correcta interpretación de las normas vigentes ya indica que deben ser jurisdiccionales. Jorge “Derecho de la Ejecución Penal” ed. vale decir.3. PALABRAS FINALES La correcta lectura del pronunciamiento de la corte. 24 pp. y. 52 CASTRILLO. Esto sólo puede lograrse. 99. sino de la eficacia o el acertado funcionamiento de los procesos diseñados para hacerlos exigibles. 51 CALAMANDREI. VI nro. el fallo del alto tribunal constituye un llamado de atención a los órganos judiciales encargados de hacer cumplir las sentencias condenatorias.51 En la práctica. Madrid 21-23 de mayo de 1992. por otro. por un lado. t. expropiando efectivamente a la administración aquellas decisiones que. Buenos Aires.
por el contrario. . pues se ha generado un sistema integrado por diversos actores. La forma en que se supere esta etapa determinará la vigencia del derecho penitenciario y su progresiva jerarquización. en el fallo de la corte se encuentran las herramientas para detener este quiebre en el estado de derecho. pues la doctrina del fallo y la interpretación que allí se hace de los principios fundamentales que rigen la materia. o bien.declarando la inconstitucionalidad de las reglamentaciones que tratan aspectos de la ejecución cuya regulación debe quedar reservada en forma exclusiva a la ley. Sabemos que actualmente existe un cuadro de situación bastante complejo para que estos principios se materialicen. su paulatina eliminación en detrimento del estado de derecho. Como ya dijimos. continúa observando y esperando pacientemente para dar su estocada final a la independencia de lo jueces de ejecución. esperamos que el desenlace se incline por la primera de las opciones. Sólo resta esperar que la actuación de los jueces de ejecución se oriente en la misma línea de pensamiento. De nuestra parte. son la clave para sortear esta crisis por la que atraviesa el derecho de ejecución penal. que mas allá de las medidas ya dictadas.
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