Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-10-julio-2007-ministerio-de-justicia-262836
Timestamp: 2016-10-22 18:25:05
Document Index: 14153193

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 38', 'artículo 323', 'artículo 19']

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, frente a la negativa del registrador de la propiedad de Utrera n.º 2, a inscribir la adquisición de determinado inmueble a nombre del Instituto Oficial de Crédito
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, frente a la negativa del registrador de la propiedad de Utrera n.º 2, a inscribir la adquisición de determinado inmueble a nombre del Instituto Oficial de Crédito Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, frente a la negativa del registrador de la propiedad de Utrera n.º 2, a inscribir la adquisición de determinado inmueble a nombre del Instituto Oficial de Crédito Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, doña Aurora Domínguez González, frente a la negativa del Registrador de la Propiedad de Utrera (Registro número dos), don José Manuel Capitán Carmona, a inscribir la adquisición de determinado inmueble a nombre del Instituto Oficial de Crédito.
En escrito de 19 de diciembre de 2006, doña Aurora Domínguez González, Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, solicitó del Registrador de la Propiedad de Utrera (Registro número dos), en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta, apartado 1, de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, según redacción dada por Real Decreto-Ley 13/2005, de 28 de octubre, por el que se modifica la referida Ley 4/1986, la inscripción a nombre de Instituto de Crédito Oficial, de determinado inmueble que se halla inscrito a nombre del Estado a los efectos de la citada Ley, según consta en el inventario que obra en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
«En lo que respecta a la reintegración y compensación de bienes y derechos, UGT ha informado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del contrato de préstamo que tiene suscrito con el Instituto de Crédito Oficial. Dicho contrato fue elevado a escritura pública en fecha 2 de febrero de 1996 y ha sido objeto de diversas novaciones, la última de las cuales tiene fecha de 8 de noviembre de 2006. En esta última y, previa autorización al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 5 de octubre de 2006, se han modificado sus cláusulas quinta y undécima, de manera que la citada organización sindical garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de aquél, con «todos los bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, derivados de la devolución del patrimonio histórico». En ese sentido, la cláusula quinta prevé expresamente la amortización del préstamo si se produjera la «obtención de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, derivados de la devolución del patrimonio histórico» al citado sindicato.
En fecha 16 de noviembre de 2006, ICO ha informado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la elevación a escritura pública de dicha modificación. En consecuencia, conocido dicho contrato de préstamo, así como la voluntad de las partes, procede aplicar los bienes y derechos que se reintegran o, en su caso, se compensan a UGT a la liquidación del citado préstamo.»
La mencionada solicitud, junto a copia del referido acuerdo de Consejo de Ministros, fue presentada en el Registro de la Propiedad número dos de Utrera el 25 de enero de 2007, bajo asiento 1964 del Diario 24, y fue objeto de la calificación negativa que a continuación se transcribe parcialmente:
«Previo examen y calificación del precedente documento que causó el asiento 1965 del Diario 24:
Resultando: ...
1. Que el artículo 33 de la Constitución española dispone que: «Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».
2. Que el artículo 2.1 de la Ley Hipotecaria dispone: «En los Registros se inscribirán: Los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos. Los títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipoteca, censos, servidumbres y otros cualesquiera reales.» Y el artículo siguiente: «Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes, en la forma que prescriban los reglamentos.
3. El artículo 18 de la Ley Hipotecaria dispone: «Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro».
4. El Código civil en su artículo 1.911 dispone: «Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.
5. Y en sus artículos 1.254 y siguientes se regulan las normas de los contratos y en los artículos 1.156 y siguientes las que regulan la extinción de las obligaciones.
6. La doctrina de la Dirección General de los Registros y el Notariado, que establece que si al Registro sólo pueden acceder los actos válidos (artículo 18 de la Ley Hipotecaria), esa validez no viene determinada por el pronunciamiento registral legitimador, sino por la existencia de verdadero poder dispositivo en el transmitente. Cierto que este poder se presume a todos los efectos legales (artículo 38 de la Ley Hipotecaria), cuando así resulta del contenido tabular), pero el Registrador debe calificar no sólo por lo que resulte del Registro, sino también atendiendo al contenido del documento presentado, sin que pueda prescindir del reconocimiento de la inexactitud de aquella presunción cuando se verifica por quien pueda ser favorecido por ella. Resoluciones de l8-9-1989; 22-1-1999; 10-9-2001; 21-1-2004.
Por ello, resultando del acuerdo que se ha recogido en la escritura de préstamo simplemente las previsiones legales del principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor y de un modo de extinguir la obligación de devolver el préstamo, a fin de evitar la indefensión de la entidad que va a ser privada de la propiedad de sus bienes, es necesario que se otorgue por la Unión General de Trabajadores a favor del Instituto de Crédito Oficial la oportuna escritura pública de dación en pago de deuda en que se formalice dicho negocio jurídico, debidamente liquidada del impuesto correspondiente, con el correspondiente juicio notarial de su legalidad y la posterior calificación registral acerca de si es inscribible, por lo que he acordado denegar la inscripción del documento presentado.
De conformidad con el artículo 323 de la Ley Hipotecaria, el asiento de presentación queda prorrogado automáticamente...
De conformidad con el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, podrá solicitar una nueva calificación por el Registrador del número seis de Sevilla...
También, contra esta calificación podrá interponerse recurso ante ...
En Utrera, a veintidós de febrero de dos mil siete.-El Registrador. Fdo.: José Manuel Capitán Carmona».
Dicha calificación fue objeto de la pertinente notificación mediante escrito con fecha del día 22 de febrero de 2007, recibido por su destinatario el 22 de marzo. Y el 2 de abril de 2007 (con entrada en el Registro el 16 de abril), doña Aurora Domínguez González, Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, interpuso recurso frente a la referida calificación registral, en el que alega lo siguiente:
1.º El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) obtuvo un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se protocolizó en escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid el día 2 de febrero de 1996. Y mediante carta de la UGT dirigida al ICO el día 6 de febrero de 2006, la organización sindical señaló que su reivindicación se refería a un conjunto de inmuebles y otros bienes y derechos que, conforme a la estipulación «Decimoprimera» -sic- del contrato de préstamo garantizan especialmente dicho contrato y cuya cuantía permitiría resarcirles totalmente de la responsabilidad que tenían asumida.
2.º El día 5 de octubre de 2006, la CDGAE autorizó al Instituto de Crédito Oficial a modificar la póliza del préstamo concedido a la Unión General de Trabajadores el día 2 de febrero de 1996. En concreto, la autorización se refería a las cláusulas quinta y undécima, en orden a acomodar la póliza a la nueva situación puesta de manifiesto por UGT.
4.º El Consejo de Ministros, en su reunión del día 24 de noviembre de 2006, adoptó un Acuerdo en el que resolvió, entre otras cosas, «reintegrar a la Unión General de Trabajadores en pleno dominio los inmuebles que se relacionan en el anexo I del presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1986, de 8 de enero, en la redacción dada a la misma por el Real Decreto Ley 13/2005, de 28 de octubre» (apartado segundo). Entre ellos, el situado en la calle General Laserna, 100, en Cabezas de San Juan.
Existe un documento en el que se recoge el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 24 de noviembre de 2006, que ordena, entre otras cosas, aplicar los bienes reintegrados a la Unión General de Trabajadores «a la liquidación del préstamo que dicha organización sindical mantiene con el Instituto de Crédito Oficial, elevado a escritura pública en fecha 2 de febrero de 1996, que ha sido objeto de sucesivas novaciones modificativas, la última de fecha 8 de noviembre de 2006».
El Registrador de la Propiedad emitió su informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito de 23 de abril de 2007.
Vistos los artículos 1.166, 1.158, 1.261, 1.275, 1.277 del Código Civil; 2, 3, 18 y 326 de la Ley Hipotecaria; y las Resoluciones de 21 de diciembre de 1987, 18 de enero de 1999 y 23 de abril de 2007.
El Registrador suspende la inscripción porque, a su juicio, «a fin de evitar la indefensión de la entidad que va a ser privada de la propiedad de sus bienes, es necesario que se otorgue por la Unión General de Trabajadores a favor del Instituto de Crédito Oficial la oportuna escritura pública de dación en pago de deuda en que se formalice dicho negocio jurídico, debidamente liquidada del impuesto correspondiente».