Source: http://psicolog.org/dpos-disabledpersonsorganizations-elsalvador-crpd10-doc.html?page=2
Timestamp: 2019-01-23 13:09:05
Document Index: 372522857

Matched Legal Cases: ['artículo 147', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 26', 'artículo 24', 'artículo 31', 'artículo 36', 'artículo 22257', 'artículo 27', 'artículo 167', 'artículo 222', 'artículo 7', 'artículo 37', 'artículo 32', 'artículo 33', 'Artículo 50']

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Es necesario reiterar que el sistema de salud continúa implementando procedimientos en la atención psiquiátrica basados en el enfoque médico y no en el de derechos humanos, que no son acordes a la necesidad particular de la persona y no se brinda la información a los servicios de atención psiquiátrica al “paciente”, que garantice su consentimiento libre e informado.
En fecha reciente fue presentada una denuncia ante la PDDH por parte de una persona con discapacidad psicosocial, quien aseguró haber sido objeto de “experimentación” por parte de personal médico del Hospital Nacional Psiquiátrico y haber sufrido malos tratos durante su internamiento. Manifestó que ni a ella, ni a su familia se le comunicó del procedimiento al que sería sujeta, así como tampoco las consecuencias en su salud. A partir de su reclamo por esa situación y en razón a que ha debido continuar su tratamiento en ese nosocomio, la persona denunciante expresó que se ha visto expuesta a situación de discriminación por haber reclamado tal situación25. La denuncia referida se encuentra en proceso de investigación en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por lo que esta Institución al momento de elaborar el presente informe, no puede afirmar o negar la veracidad de los hechos denunciados.
En el muestreo realizado se percibe que la población entrevistada al consultarle si a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial se les “debe” proporcionar tranquilizantes, el 24.1% está de acuerdo en medicarlas; concluyéndose que continua la percepción de la población sobre el enfoque médico – biológico en la atención de la discapacidad.
Recomendaciones sugeridas:
- Que el Estado proteja a las personas con discapacidad frente a experimentos o tratamientos médicos sin su consentimiento libre e informado, así también debe implementar las medidas para evitar la sustitución en la toma de decisiones respecto de ambas situaciones.
- Que el Estado proceda a la creación de procesos accesibles de denuncia en casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes; así como en casos de experimentos o tratamientos médicos no consentidos.
- Que el Estado ratifique urgentemente el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
En la prensa escrita se dio a conocer el caso de un enfermero del Hospital Nacional Psiquiátrico que abusó sexualmente en repetidas ocasiones de una niña de 14 años “paciente” de ese centro, a quien amenazaba para que no lo delatara26. El victimario habría sido condenado a la pena mínima de 14 años de prisión para el delito de “violación en menor o incapaz”, de acuerdo al medio de comunicación que reportó el hecho. Al respecto, la PDDH ha iniciado las indagaciones correspondientes sobre ese caso y otras situaciones similares en dicho centro hospitalario, según su mandato constitucional y legal.
De acuerdo a la encuesta antes referida, al consultar sobre el conocimiento de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, el 57.3 % informó no haber recibido orientación sobre tales derechos; del resto de personas que afirmaron haberla recibido un 20.9% manifestó que dicha orientación provino de la escuela, mientras que sólo el 8.6% fue orientada en su hogar. Al preguntar sobre si las mujeres con discapacidad deberían quedar embarazadas el 41% manifestó que no deberían; por lo que de estas apreciaciones se puede percibir la falta de orientación de la familia en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y específicamente de las mujeres.
En las zonas urbanas de El Salvador es común encontrar a niños y niñas con discapacidad mendigando solos por las calles o siendo utilizados por adultos con la misma finalidad. Al respecto de la protección de la niñez y la adolescencia, se requiere que las instancias competentes realicen acciones de monitoreo de este tipo de situaciones, a fin de tomar medidas para erradicarlas, particularmente en casos de la niñez con discapacidad. Este tipo de prácticas se sostienen ante la falta de políticas y programas concretos que apoyen a las personas con discapacidad, cuidadores y/o familias.
- Que el Estado proceda a la creación de programas y/o políticas de prevención y protección a personas con discapacidad contra la explotación, la violencia y el abuso, incluyendo la violencia sexual, la trata y la explotación sexual; de igual manera garantice la calidad, eficacia, eficiencia y cobertura de los programas de atención en esta área a las personas con discapacidad y la existencia de datos estadísticos de las personas atendidas relacionadas a la explotación, violencia o abuso.
- Que el Estado garantice la eliminación de la mendicidad de las personas con discapacidad que viven bajo esta condición, a través de programas y/o políticas de apoyo a las personas con discapacidad, sus familias y/o cuidadores.
A pesar de la reiteración de casos en los talleres referidos, sobre esterilización forzada contra niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial, así como los abortos –clandestinos- a los que han sido sometidas a causa de su discapacidad, ha sido difícil sustentarlos debido al temor de las víctimas y sus familiares para conversar al respecto. Y es así que se han recibido avisos o denuncias de padres, madres o familiares de personas con discapacidad psicosocial e intelectual, quienes consideran que la esterilización forzosa es adecuada para la “protección” de estas personas. Los casos planteados han sido referidos exclusivamente sobre niñas, adolescentes y mujeres.
Se conoció en los mismos talleres para la elaboración del presente informe, del caso de una niña con discapacidad, víctima de violación por parte de un familiar, pero que sus demás parientes tuvieron “temor” a denunciar judicialmente el hecho por causa de los prejuicios sociales, sin considerar la afectación a la integridad física, psíquica y moral de la niña. En el caso no sólo toleraron la impunidad del hecho, sino que la abuela de la niña tomó la decisión de esterilizarla en un centro de salud, pero cuando al crecer ella se casó y quiso procrear conoció que había sido sometida a una esterilización sin dar su consentimiento.
Resulta preocupante que esa práctica podría estar implicando en ciertos casos la intervención de las instituciones públicas de salud. Al respecto, el Código Penal vigente en su artículo 147, exime de responsabilidad penal la esterilización de “persona incapaz que adolezca de grave deficiencia psíquica, cuando sea autorizada por el juez o tribunal a petición del representante legal del incapaz, previo dictamen del facultativo”. Por medio de esa disposición se omite el requerimiento del consentimiento directo de la persona con discapacidad psicosocial o intelectual y se posibilita que legalmente este tipo de prácticas continúen sin que exista penalización.
- Que el Estado proteja a las personas con discapacidad contra la esterilización forzada, derogando la norma penal referida a la disposición que faculta al representante legal para avalar la esterilización de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, omitiendo la expresión de su consentimiento.
- Que el Estado asegure las medidas específicas, tanto legislativas como administrativas, en contra de las esterilizaciones y abortos forzosos en perjuicio de las personas con discapacidad para evitar y/o eliminar definitivamente esta práctica. Así como también proteja a las mujeres sordas, sordociegas, ciegas y con discapacidad intelectual y psicosocial de tales prácticas.
- Que el Estado garantice que las personas con discapacidad, especialmente las mujeres con discapacidad, ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos, decidiendo directamente sobre cualquier tipo de procedimientos médicos, lo que incluye el procedimiento de esterilización.
-Que el Estado incluya la formación para la toma de conciencia de padres y madres sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva de sus hijos o hijas con discapacidad.
Algunas personas participantes de los talleres antes referidos, expresaron la persistencia de casos de personas con discapacidad, sobre todo en las áreas rurales, que no han sido registradas desde su nacimiento y que permanecen sin ningún registro de identidad. A partir del resultado del Cuestionario sobre la Aplicación de la Convención, de la población entrevistada –de la cual sólo el 2.4% son menores de 18 años–, el 66.4% cuenta con certificación de partida de nacimiento y documento único de identidad (DUI), mientras que un 22% cuenta sólo con certificación de partida de nacimiento. Ello nos refleja que probablemente una buena parte de la población con discapacidad en el país no cuenta con sus documentos de identidad, lo que conlleva a reafirmar la necesidad de contar con un registro real de personas con discapacidad en El Salvador.
En relación a libertad de desplazarse de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, específicamente de las personas consideradas “incapaces” judicialmente, así como a la libertad de decidir el lugar de su residencia, concretamente para la salida del país, la Ley de Expedición y Revalidación de Pasaportes y Autorizaciones de Entrada a la República27, al igual que la Ley de Migración28, siguen siendo obstáculos, puesto que para expedirle el pasaporte se necesita la autorización de quienes ejerzan la autoridad parental, tutela o curatela general de la persona con discapacidad. Por el momento no se conoce que el Estado haya puesto en marcha las acciones para abolir el referido obstáculo en perjuicio de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual que pretendan la obtención del pasaporte.
- Que el Estado de El Salvador realice acciones para reformular y armonizar su Ley de Expedición y Revalidación de Pasaportes y Autorizaciones de Entrada a la República, de conformidad con la Convención y asegurar a las personas con discapacidad un igual tratamiento en los trámites y procedimientos de expedición o emisión del pasaporte y autorizaciones de entrada y salida del país.
- Que se promuevan campañas de registro de las personas con discapacidad desde su nacimiento, asegurando que los servicios de registro estén descentralizados y se puedan llevar a cabo de manera sencilla, expedita y gratuita
Son variados los factores que inciden negativamente en la vida independiente de las personas con discapacidad, uno de estos es la dependencia económica, ya que ello hace que carezcan de la oportunidad de elegir dónde y con quién vivir, lo que les origina a que lo hagan con sus familias y se vean limitados en el ejercicio de su autonomía en distintos aspectos de su vida por tal situación.
Contrario al espíritu de la Convención, en el ámbito familiar, el Estado ha omitido las medidas para erradicar en la práctica y en la legislación29 el internamiento involuntario de las personas con discapacidad intelectual y con discapacidad psicosocial en el Hospital Nacional Psiquiátrico.
El Estado cuenta con entidades destinadas a atender a personas con discapacidad psicosocial de manera institucionalizada, lo que impide su inclusión plena en la sociedad y la promoción de la autonomía de la persona con discapacidad. Un caso conocido al respecto es el del Centro de Educación Especial del Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia –ISNA–, ubicado en el municipio de San Martín en el departamento de San Salvador, el cual es tramitado en la PDDH en perjuicio de la población con discapacidad psicosocial, intelectual y física en situación de abandono que habita en tal lugar, todos mayores de edad en la actualidad, pero que ingresaron al mismo desde su niñez30. Es oportuno mencionar, que se ha comprobado la realización de algunas mejoras en las condiciones del lugar en relación al hacinamiento, no obstante, la infraestructura, la situación de los residentes –hombres y mujeres– continúa siendo precaria, pues las autoridades competentes no están atendiendo la situación de manera integral. La PDDH continuará realizando el monitoreo del caso, según sus atribuciones constitucionales y legales.
- Que el Estado realice las estrategias oportunas y urgentes para garantizar a las personas con discapacidad una vida independiente, a través de acciones concretas –programas– a favor de la toma de decisión libre de las personas con discapacidad y creando las condiciones del entorno social para tal fin.
- Que el Estado realice las acciones tendentes para la reforma legal del Código de Familia, destinadas a la eliminación de la medida del internamiento involuntario de las personas con discapacidad. Así también que sea implementada una política para la erradicación progresiva de la institucionalización de personas con discapacidad, con plazos concretos e indicadores de monitoreo. Para ello será necesario que el Estado proceda a crear y financiar estructuras o redes de apoyo a las familias, de servicios a nivel comunitario, como los servicios de salud mental desde el enfoque de derechos, tomando en cuenta la efectiva participación de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones.
En El Salvador no se garantiza la cobertura nacional de las ayudas técnicas a cargo del Instituto de Rehabilitación Integral –ISRI–, debido a que está centralizado en San Salvador, San Miguel y Santa Ana. Al mismo tiempo a esa institución no se le ha asignado el presupuesto, ni el equipo técnico, ni la capacidad instalada para atender adecuadamente la demanda de la población con discapacidad. Asimismo, al momento del presente Informe no se ha conocido que la entrega de las ayudas técnicas se encuentre actualizada por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social –ISSS– y que tales ayudas sean atinadas a las necesidades de las personas con discapacidad. En consecuencia, las personas con discapacidad estarían asumiendo el costo para la obtención de esas ayudas que le son necesarias para su movilidad. Sobre lo último, la encuesta evidencia que el 48.4% de las personas entrevistadas sí realizan gastos adicionales en ayudas técnicas por su discapacidad.
Existen otras instituciones proveedoras de ayudas técnicas como el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado – FOPROLYD –, institución responsable del seguimiento al proceso de rehabilitación y reinserción productiva y del otorgamiento de prestaciones a las personas que resultaron “lisiadas y discapacitadas” a consecuencia del conflicto armado31. La misma reporta que para el año 2012 brindó un total de 1,105 “especies” como bastones, muletas, andaderas, sillas de ruedas, entre otras32. Sin embargo este tipo de ayudas técnicas que facilitan la movilidad de las personas con discapacidad, como lo establece el artículo 22 de la Ley de Beneficio para la Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, son otorgadas únicamente a las beneficiarias de la misma33.
- Que el Estado asegure la designación de presupuestos adecuados para la promoción de la movilidad de las personas con discapacidad y la dotación de ayudas técnicas adecuadas, oportunas y de calidad a las mismas, con cobertura a nivel nacional.
- Que el Estado promueva la formación de funcionarios públicos y/o personal de entidades privadas que prestan servicios públicos, que en sus labores atienden a personas con discapacidad en habilidades relacionadas con la movilidad, como los conductores de buses, agentes policiales, personal médico y de enfermería, entre otros.
En los mensajes oficiales del Gobierno, las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa, la conferencia semanal del Arzobispo Metropolitano de San Salvador, así como en los programas informativos de la PDDH, se tiene la interpretación de la lengua de señas. Ello también se ha procurado sobre información que debe trasladarse a la población en situaciones de emergencia nacional, siendo estos los únicos espacios televisivos, además del noticiario del canal nacional, que incluye información para las personas sordas. Tales acciones son obviamente muy positivas, no obstante, las personas con discapacidad, en concreto las personas sordas, tienen acceso limitado a la información en general, debido a la poca cantidad de espacios que cuentan con interpretación de lengua de señas en nuestro país.
Ha sido importante la ilustración en los talleres de trabajo, para conocer que las personas sordas por regla general no son incluidas en la información sobre asuntos que pudieran afectarles, tales como consultas sobre proyectos de legislación o iniciativas de reformas legales, así como tampoco se les facilita la divulgación en formatos accesibles de la legislación salvadoreña o al menos la específica sobre las personas con discapacidad y sus derechos, tal es el caso de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, los Decretos No. 65 y No. 80 de Creación de CONAIPD, entre otras.
Basta con ingresar a los sitios electrónicos de distintas instituciones del Estado para confirmar que gran parte de ellos no son accesibles. Esto permite concluir que el Estado no ha asignado recursos adecuados para hacer cumplir debidamente los requisitos legales de acceso a edificios, información y comunicaciones a favor de las personas con discapacidad.
Sobre el conocimiento de las tecnologías de comunicación que facilitan el acceso a la información a las personas con discapacidad, sólo un 29.2% de las personas entrevistadas afirmaron conocerlas, mientras que el resto indicó que no. A partir de lo anterior, puede concluirse que sólo una reducida parte de la población con discapacidad tiene acceso a la información. Ante ese contexto desfavorable, las personas con discapacidad en el ejercicio pleno de su libertad de expresión, de opinión, así como de control ciudadano, se ve considerablemente menguado, particularmente en aquello que pueda afectar el ejercicio de sus libertades y derechos humanos. Al respecto, precisamente la interrogante referida a que si efectivamente la información y/o publicaciones de las instituciones de gobierno son accesibles para las personas con discapacidad, únicamente un 23.4% de las personas entrevistadas dieron una respuesta afirmativa. Con ello es posible afirmar que las diferentes entidades que integran la Administración Pública, no sólo del Órgano Ejecutivo, sino también el Órgano Judicial y el Órgano Legislativo, y el mismo Ministerio Público, no han dado la relevancia suficiente a la inclusión de las personas con discapacidad en la difusión de la información sobre sus atribuciones, planes y programas, los servicios a la población, así como sus presupuestos institucionales, entre otros aspectos de importancia, en el marco de la rendición de cuentas y la transparencia en cada una de las actuaciones del Estado.
Pese al objeto de la Ley de Acceso a la Información Pública34, que en su artículo 1 determina que es: “… garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir a la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado” - así como en el Reglamento de la misma35 -, se observa que el acceso a la información para las personas con discapacidad, especialmente para la discapacidad visual o auditiva, no es garantizada en ninguna de sus disposiciones. El tema de la accesibilidad y los formatos accesibles está ausente en esta normativa, lo que supone una omisión en perjuicio de la población con discapacidad cuando se legisla –en todas las etapas de formación de ley- sobre distintos temas de interés vital para el colectivo con discapacidad y la falta de promoción de su participación en la fiscalización y control ciudadano del Estado.
- Concretar las medidas por parte del Estado para garantizar que los sitios web de las instituciones públicas y privadas sean accesibles a las personas con discapacidad.
-Que el Estado realice las acciones para la adecuación de la Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Que el Estado asigne el presupuesto necesario para garantizar la accesibilidad a la información pública y a la comunicación, incluida la comunicación en los medios privados, periódicos, páginas web, radio y televisión, en formatos aumentativos y todos los demás formatos de comunicación accesibles.
- Que el Estado adopte las medidas de carácter legislativo y administrativo, para el reconocimiento de la lengua de señas salvadoreña como lengua oficial.
El Estado de El Salvador contempla en su legislación de familia los "impedimentos absolutos” para contraer matrimonio, entre los cuales se incluye: “3°) Los que no se hallaren en el pleno uso de su razón y los que no puedan expresar su consentimiento de manera inequívoca”36. Esa disposición hace alusión a las personas sordas “que no puedan darse a entender”, a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, considerándolo como una “protección” a las personas con discapacidad. Esto es altamente preocupante porque jurídicamente se deniega el derecho a las personas a decidir formar una familia, ya sea en unión matrimonial o en unión no matrimonial37.
En los últimos talleres de trabajo desarrollados, se plantearon situaciones gravemente atentatorias de los derechos humanos de niñas y mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial quienes habrían sido esterilizadas por decisión de sus familiares. De igual forma se expresó que en la práctica ocurre que por razones diversas, los familiares –abuelos y abuelas, principalmente- suplantan la maternidad de la mujer con discapacidad al negarles el reconocimiento jurídico –por tanto social y afectivo- del hijo o hija. Entre las causas de reiteración de esta situación podemos referirnos a falta de información que las instituciones del Estado deben dar a los familiares y/o cuidadores de personas con discapacidad, para que el derecho a decidir formar una familia les sea asegurado.
Sobre el respeto del hogar y de la familia en el muestreo, al preguntar si la persona con discapacidad había sido sometida a planificación familiar sin consultarle, se respondió que sí por un 11.88% del total de mujeres entrevistadas. Podría interpretarse seguramente que es un porcentaje mínimo, sin embargo, la posición de la PDDH y de las personas con discapacidad, es que tal situación no debería suceder por respeto a la autonomía de la persona con discapacidad para decidir voluntariamente procrear hijos e hijas o someterse a control de la natalidad. Ello reviste especial gravedad cuando son las entidades de salud, a través de su personal, las que habrían inducido o impuesto a los familiares la decisión sobre la planificación familiar de la joven o mujer con discapacidad, sin el consentimiento libre e informado de ella.
- Que el Estado realice las medidas efectivas y adecuadas, para la pronta derogación de la legislación restrictiva en materia del derecho al matrimonio de las personas con discapacidad y para armonizar el Código de Familia y otras normas relativas con el texto de la Convención.
- Que el Estado adopte medidas urgentes para impedir que niños y niñas con discapacidad sean separados de sus padres, así como los padres y madres con discapacidad no sean separados de sus hijos e hijas.
- Que el Estado instituya programas a padres, madres y/o cuidadores con y sin discapacidad para la conservación y protección de la familia y que estos incluyan la creación de entidades de apoyo comunitario que acoja a la población con discapacidad que no cuenta con alternativas para su cuido permanente.
- Que el Estado desarrolle campañas permanentes sobre el derecho de las personas con discapacidad a la salud sexual y reproductiva, dirigidas a personal médico y demás profesionales de la salud; así como a las personas con discapacidad y a sus familiares.
Conforme al documento de “Política de Educación Inclusiva”38, impulsada por el Estado salvadoreño, se ha conceptualizado que Educación Inclusiva “es aquella que promueve oportunidades de acceso, permanencia y egreso educativo en condiciones de igualdad a todas y todos, teniendo como premisa el respeto a las condiciones de discapacidad, credo, raza y condición social, económica, opción política, etc.”. Al respecto, es menester señalar que no obstante la anterior conceptualización de educación inclusiva, contenida en la Política en mención, en ésta no se han contemplado medidas efectivas y suficientes para la inclusión de personas con discapacidad39, convirtiéndose en la práctica, en un planteamiento homogenizado; es decir, que a pesar de los positivos propósitos y algunos avances en esta materia por parte del Estado, aún persiste la situación de invisibilidad de niñas, niños y jóvenes con discapacidad, quienes aún no reciben atención y apoyos específicos o individualizados, necesarios para su desarrollo personal y social.
A continuación se presentan algunos casos que fueron compartidos por las y los participantes de los talleres comentados, que reflejan la urgencia de adoptar con prontitud medidas adecuadas para asegurar, por parte del Estado, el pleno acceso al derecho a la educación de la niñez y juventud con discapacidad. Los casos en referencia, sobre los cuales la PDDH ha iniciado procedimientos de verificación, se resumen de la siguiente manera:
Caso 1. El Centro Escolar “Cantón Vaquerano”, municipio de Tecoluca del departamento de San Vicente, negó el derecho a la educación a una niña y a un niño con parálisis cerebral (ambos ambulatorios), usuarios de silla de ruedas. Estos niños a pesar de la deficiencia, pueden asistir a la escuela; las madres de la niña y el niño, al iniciar el año escolar se acercaron a la escuela con el propósito de solicitar matrícula para que sus hijos entraran a parvularia. Sin embargo, la respuesta por parte de la docente de parvularia fue la siguiente: “Los inscribo con la condición que de manera permanente estos niños sean asistidos dentro y fuera del aula por un responsable”, ante ello, las madres de familia propusieron turnarse un día cada una para asistir a los niños dentro del Centro Escolar. No obstante, esta decisión también fue rechazada por la maestra quien insistió en que debía haber un responsable por cada niño. Dado que las madres tienen otros compromisos familiares les fue imposible dar cumplimiento a la exigencia de la maestra, de modo que se vieron obligadas a desistir de enviar a sus hijos a la escuela en una de las fases más importantes de la educación, como es la educación inicial.
Caso 2. En el Centro Escolar “Cantón El Tamarindo”, del municipio de San Antonio de la Cruz, departamento de Chalatenango, un niño de 8 años con parálisis cerebral fue aceptado en la escuela con la condición de que fuera asistido por un pariente de forma permanente en el aula de clases. La madre y la hermana del niño deben turnarse para asistirlo; sin embargo, permanecer en el aula no siempre es posible dado que la hermana estudia y la madre no siempre puede acudir debido a su trabajo.
Caso 3. En el Centro Escolar del municipio de Arcatao, departamento de Chalatenango, un niño de 12 años con deficiencia intelectual moderada fue expulsado poco antes de finalizar el año escolar por “mala conducta” (a causa de su misma deficiencia). La madre “suplicó” al maestro que le permitiera terminar el año escolar, luego de ello fue aceptado. En este mismo centro escolar, según se informó, ha sido construido un salón específico para aula de apoyo, pero aun así se pretende excluir a los niños con discapacidad de esta aula y del centro escolar en general.
Caso 4. Centro Escolar “Las Vueltas”, en el municipio de Las Vueltas del departamento de Chalatenango. En esta escuela se había negado la matrícula a un niño con parálisis cerebral infantil por sus condiciones de discapacidad (además de ser usuario de silla de rueda por Atetosis Severa). Fue sólo después de que la familia y una asociación que trabaja en la zona con personas con discapacidad, hicieran ver a las autoridades de la escuela que ello ameritaba una denuncia formal, que el niño fue aceptado y matriculado.
Debemos reconocer el esfuerzo del Estado al elaborar una Política de Educación Inclusiva, la cual generó grandes expectativas sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad. No obstante lo anterior, en víspera de cumplirse tres años de contar con la referida Política, las estrategias principales, derivaron en líneas de acción y metas estratégicas40, que a la fecha aún no se han expresado en cambios sustanciales a favor de la población con discapacidad, tradicionalmente excluida del sistema educativo regular.
La percepción mayoritaria –un 48.7% de las personas entrevistadas, según nuestra encuesta–, es que las personas con discapacidad, no tienen las mismas oportunidades de educación básica y superior que las personas sin discapacidad. Y es que, según datos del Ministerio de Educación –MINED–, de la matrícula global en los años 2008 y 2009, solamente el 1% corresponde a estudiantes con alguna discapacidad; en promedio para estos dos años, se cuenta con registro de la atención a 16,000 estudiantes con discapacidad; para los años 2009, 2010 y 2011, las estadísticas de estudiantes con discapacidad matriculados ascienden a las cifras siguientes: 15,952; 17,886 y 16,553 respectivamente41, cabe destacar que para el año 2011 –que ya se contaba con la Política de Educación Inclusiva– en comparación al 2010 ha bajado la matrícula de estudiantes.
El MINED ha desglosado las discapacidades de la población estudiantil en el sistema regular de esta forma: “ceguera, baja visión, sordera, hipoacusia, síndrome de Down, retardo mental, problemas motores, ausencia de miembros, autismo y otra”, la cual no se adecua a la clasificación de discapacidades contenidas en el texto de la CDPD. Además, llama la atención que los y las estudiantes en las clasificaciones “baja visión” –un promedio de 36.52%– y “otra” –un promedio de 23.65%–, son las que mayor porcentaje de matrícula muestran en ese período. Respecto de la primera, debería tenerse el cuidado de no incluir en la clasificación de “baja visión” a cualquier alumna o alumno que tenga una dificultad visual, sin que esta represente necesariamente una discapacidad; por otra parte, no es claro cuáles discapacidades están englobadas en la categoría “otra”, lo que dificultaría la adopción de medidas apropiadas e integrales a favor de la población estudiantil con discapacidad.
Sigue siendo motivo de preocupación que sea tan escasa la capacitación de docentes, que según la cifra registrada por el MINED es de tan sólo 675 profesionales que recibieron capacitación sobre educación inclusiva y atención a la diversidad. Si se toma en consideración que la planta de maestras y maestros registrados para el año 2011 sumaban 54,14642, la cifra anterior se traduce a un 1.25% de ese total de docentes, lo que no resulta significativo para garantizar logros suficientes a partir del nuevo paradigma educativo de inclusión implementado desde el año 2010.
Es preciso destacar que el MINED no ha efectuado esfuerzos suficientes para ampliar la cobertura y calidad educativa en la escuela regular para los niños y niñas con discapacidad, particularmente en el área rural. Según el documento “Línea de Base 2009, Personas con Discapacidad”43, refleja que a ese momento un 44.95% del total de 17,602 estudiantes con discapacidad en el sistema regular del país residían en la zona rural. Mientras que en los centros de educación especial el 6% del total de estudiantes provenía de la misma zona. También es necesario subrayar que las 30 escuelas de “educación especial” existentes en el país, se hallan ubicadas en las ciudades principales –cabeceras departamentales–, las cuales debido a la distancia, a las inadecuadas vías de acceso y la ausencia de adaptaciones en los medios de transporte, se vuelven inaccesibles y de alto costo. Sin mencionar que la escuela especial en sí misma reviste una segregación para las personas con discapacidad.
Lo señalado anteriormente, marca una alarmante brecha entre las oportunidades de acceso a la educación para estudiantes con discapacidad en el área rural y los estudiantes con discapacidad en el área urbana, en desventaja obvia de los primeros, no necesariamente porque sea inferior la demanda en el ámbito rural, sino porque el acceso a la educación regular y/o especial para las personas con discapacidad en esta zona, no se ofrece en la misma proporción por el sistema de educación nacional.
Aún cuando la apuesta institucional del Estado sea que las escuelas regulares en el área rural como urbana sean “inclusivas”, para ello se requiere de personal calificado y capacitado para la atención a la diversidad en el aula, así como el apoyo técnico especializado que de manera continua sea un recurso de apoyo al maestro del aula regular, para la efectiva inclusión de niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Si en su mayoría, las escuelas en el área urbana, no cuentan con instalaciones que garanticen la accesibilidad para las personas con discapacidad, en la zona rural la situación es aún más complicada; en consecuencia, para la juventud con discapacidad acceder a la educación superior es todavía más difícil. Lo anterior, reafirma la necesidad de contar con cifras estadísticas que den cuenta de la matricula, permanencia y egreso de la educación superior de personas con discapacidad.
Sobre las apreciaciones de las personas que fueron encuestadas, en el muestro anexo, en relación al derecho a la educación, el 47% aseguró que el centro de estudios –escuela, universidad o centro de capacitación– no realiza ajustes relacionados con su discapacidad, mientras que el 31.4% respondió que no asiste a la escuela. Por tanto, se vuelve importante fortalecer los esfuerzos orientados a concretar la Educación Inclusiva, que necesita contar con los mecanismos apropiados de seguimiento desde el MINED.
- Que el Estado ejecute las acciones inmediatas tendentes a garantizar el derecho a la educación inclusiva de niñas, niños y jóvenes con discapacidad en los diferentes niveles de la enseñanza, con especial atención en el área rural.
- Que el Estado establezca medidas concretas para la inclusión de personas con discapacidad en el sistema de educación a corto y mediano plazo, como: mejorar la infraestructura de los centros escolares, apoyos técnicos y tecnológicos a los docentes (Braille y lengua de señas salvadoreña, entre otros), campañas de promoción de derechos al interior de los centros escolares, dirigidas tanto a la población estudiantil como al personal docente.
- Que el MINED incorpore de manera urgente y transversal los derechos de las personas con discapacidad en la currícula de formación docente.
De acuerdo a nuestra encuesta, sobre el derecho a la atención adecuada a su discapacidad en relación a los servicios de salud, un porcentaje importante –35.7% de las personas entrevistadas– indicó no sentirse satisfecha con la atención; sobre la interrogante relativa al conocimiento del profesional de la salud sobre su discapacidad, un 27.5% aseguró que la desconoce.
En el año 2010 entró en vigencia la Política Nacional de Salud44, la cual reformuló completamente el Sistema Nacional de Salud en El Salvador. Entre los aportes positivos de ésta podemos mencionar que enfatiza en el derecho a la salud como derecho humano fundamental y sostiene un sistema que “promueve la equidad en salud y la solidaridad social, ajustando los servicios de salud hacia la promoción y la prevención”. De tal manera, el objetivo de la misma está planteado así: “Garantizar el derecho a la salud a toda la población... a través de un Sistema Nacional de Salud que fortalezca sostenidamente lo público (incluyendo a la seguridad social) y regule efectivamente lo privado; el acceso a la promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud;… y con acceso equitativo a servicios de calidad para todas las personas”.
La Política contempla la “Estrategia 17[.] Atención Integral a la Persona con Discapacidad”, que determina la responsabilidad del Estado “en la prevención de la discapacidad, así como la atención, rehabilitación integral, inserción y reinserción social de las personas con discapacidad”. Así también en las líneas de acción a implementar en esa estrategia, se establece la coordinación entre los sectores y las instituciones vinculadas; la dotación de recursos humanos especializados y el equipamiento para el servicio de la rehabilitación integral; hacer cumplir y ampliar lo correspondiente a la “participación de las asociaciones del sector, la Política de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”. A pesar de los avances en la Política de Salud, el enfoque “médico-asistencialista” respecto de la atención a las personas con discapacidad, sigue prevaleciendo, pues son evidentes las debilidades en aspectos como la atención con enfoque multidisciplinario y basada en los derechos humanos. No se ha hecho pública hasta hoy, información respecto a que el Sistema de Salud cuente con un programa sistemático de intervención inmediata en la atención de la niñez con discapacidad y de la diversidad de necesidades que surgen a lo largo de la vida de la persona con discapacidad.
Pese a la intencionalidad de la Política Nacional de Salud en la Estrategia No. 17, la cual remite a la Política de Equiparación de Oportunidades (no actualizada), la misma no se ajusta al enfoque de la dignidad humana de las personas con discapacidad y se aparta de lo que al respecto del derecho a la salud contempla la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Estado de El Salvador ha reconocido en su informe inicial, la existencia de problemas de accesibilidad física y de comunicación en el ámbito de la salud, al igual que problemas de falta de medicamentos y de mecanismos para evaluar la calidad de servicios que se destinan a las personas con discapacidad.
Desde el año 2010 que se encuentra vigente esta Política, el problema más grave identificado por las y los participantes en los talleres sobre la atención en salud en los distintos establecimientos son las barreras actitudinales y la discriminación, que llevan a la falta de accesibilidad arquitectónica, así como de la comunicación, especialmente para personas sordas, sordociegas, ciegas y con discapacidad intelectual y psicosocial, tanto en el nivel primario, como en centros hospitalarios de segundo y tercer nivel. A ello se suma que en muchas ocasiones el personal de salud desconoce los derechos de las personas con discapacidad y no les brindan a las mismas un trato digno y cálido.
Asimismo, se precisa señalar que la atención ginecológica para mujeres con discapacidad física es inadecuada, entre otros motivos, por la carencia de equipos adecuados.
Aún cuando se señala que el Estado precisa concretar acciones adecuadas, oportunas e integrales, no puede desconocerse que sí se han producido acciones a favor de las personas con discapacidad, como incluir fisioterapistas y psicólogos en los centros de salud. Pese a ello, como ya se dijo, se percibe que muchos servidores públicos en el ámbito de la salud, continúan tratando a las personas con discapacidad desde los enfoques tradicional y médico, así como también siguen tomándose decisiones en materia de salud sin informar ni consultar a las personas con discapacidad.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el pasado mes de mayo, constató –mediante verificación– la discriminación contra una persona sorda a quien se le denegaba realizar una donación de sangre en el Hospital Nacional Rosales, por motivo de su discapacidad. Los argumentos expresados por el encargado del Banco de Sangre no eran válidos desde ningún punto de vista, ya que la falta de un intérprete de lengua de señas en esta entidad, es responsabilidad del nosocomio y no de la persona con discapacidad; asimismo, aun cuando la persona afectada se expresaba a través de intérprete que le acompañaba, el funcionario no lo aceptaba por indicar que la información es “confidencial” entre el donante y el entrevistador del Banco de Sangre. En este caso concreto se “permitió” a la persona sorda ser donante como una deferencia, no como el reconocimiento de un derecho humano que se debe respetar y garantizar a las personas con discapacidad.
Asimismo, a pesar de que oficialmente no se conoce la última versión de la Política Nacional de Servicios de Sangre, la cual fue sometida a “consulta ciudadana”, sí es conocido - a través del Informe de Labores 2012-2013 del MINSAL - que se plantea como un logro la “elaboración” del documento, pero no se refiere a ésta como una política vigente. Al revisarse el documento en elaboración para la consulta pública se verificó que el enfoque de discapacidad está ausente y por ende no están abordadas las facilidades que se les deben brindar a las personas con discapacidad cuando participan en procesos de donación de sangre.
Para tratar la problemática aquí descrita, la PDDH solicitó información por escrito a la señora Viceministra de Servicios de Salud y actual Presidenta del Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad –CONAIPD– proponiendo una reunión de trabajo entre los titulares de ambas instituciones, con la participación de representantes de las organizaciones de personas con discapacidad que integran la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la PDDH45. Al momento de la emisión del presente informe, aún no se ha establecido fecha para concretar la reunión solicitada.
- Que el Estado salvadoreño ejecute las acciones concretas e inmediatas para garantizar el acceso a la salud a las personas con discapacidad, incluida la accesibilidad física y de comunicación, el acceso a medicamentos, los servicios de salud sexual y reproductiva, servicios de sangre, entre otros, para evitar cualquier tipo de discriminación en la atención entendida de la manera más amplia. Así como también se asignen los presupuestos adecuados tanto en la atención en salud en las zonas urbanas como rurales.
- Que el Estado proceda a la creación de programas de toma de conciencia y formación en derechos humanos a profesionales de la salud de todas las áreas y especialidades, en especial sobre los derechos de las personas con discapacidad.
- Que el Estado incremente los presupuestos destinados para la atención en salud pública y seguridad social.
- Que el Estado proceda a la creación de programas de educación en salud sexual y reproductiva para las personas con discapacidad y sus familias.
- Que el Estado proceda a crear protocolos de atención a personas con discapacidad, especialmente a personas con discapacidad psicosocial, intelectual y sensorial, en concordancia con el espíritu de la Convención.
Fue opinión generalizada en los talleres para la elaboración del presente informe, que persiste el enfoque médico en la concepción de la habilitación y rehabilitación por parte del Estado. Ello restringe los procesos de habilitación/rehabilitación a la salud y no permite su ampliación a otros ámbitos de la vida de las personas con discapacidad como la educación, el trabajo, el empleo y los servicios sociales, entre otros; además, es una visión que limita la atención que brindan las instituciones prestadoras de ese servicio que se traduce en escaso apoyo a las personas con discapacidad y sus familias para una real inclusión en la sociedad.
Ejemplo de ello es el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que establece que el Ministerio de Salud Pública –MINSAL– es el ente responsable del diseño, planificación, coordinación y dirección de los programas de control de las acciones en atención y rehabilitación para las personas con discapacidad, la cual reduce al ámbito de la salud los procesos de rehabilitación, delegando al ISRI como la entidad directamente responsable de la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad a nivel nacional.
Es así que las acciones en habilitación y rehabilitación se han impulsado en el marco de la salud, sin alcanzar aún el estándar requerido por el artículo 26 de la CDPD, que demanda a los Estados medidas efectivas que tengan como finalidad la inclusión y participación plena de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida.
Como en párrafos anteriores se reconociera, ha sido importante que en el marco de la Reforma Integral de Salud, el MINSAL incorporara la profesión fisioterapéutica en los equipos multidisciplinarios de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar Especializados, conocidos como ECOS. Por otra parte, aún cuando en los lineamientos de funcionamiento de los ECOS46 se adopta la rehabilitación basada en la comunidad –RBC– como estrategia oficial de abordaje de la discapacidad, en la práctica se observa todavía el abordaje inapropiado de la habilitación y rehabilitación, así como la falta de evaluación.
Actualmente la niñez con discapacidad que logra acceso a los servicios del ISRI debe separarse de su familia para entrar en procesos de habilitación/rehabilitación, dado que la mayor parte de los centros tienen entre sus modalidades los “Internados”, por lo que madres y padres se ven en la necesidad de acogerse a dicha modalidad por cuestiones económicas y no tienen la posibilidad de trasladarse diariamente y cubrir los costos de transporte. Dicha situación es más compleja para quienes no residen en las tres ciudades principales del país, en donde se encuentran centralizados los servicios de esa institución. De igual manera, otra modalidad de atención se realiza mediante terapias en sesiones de dos o tres veces semanales, lo que implica también hacer uso del transporte público y solo en pocos casos la población usuaria recibe apoyo de transporte institucional.
Además de lo anterior, los usuarios y usuarias de los servicios que brinda el ISRI, han identificado ciertas barreras en cuanto a la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, entre las que se destacan una atención insuficiente, ya que no llega a las zonas rurales en donde la necesidad de sus servicios sería más apremiante. Sin embargo, es importante destacar la iniciativa positiva –en el recién pasado mes de mayo– de un Convenio de Cooperación que han firmado el MINED y el ISRI. La noticia al respecto, dada a conocer a través de portal electrónico del MINED47 expresa que la finalidad del mismo es coordinar acciones conjuntas y promover la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito educativo y su rehabilitación integral. Por su parte el ISRI ha expresado que con tal Convenio se impulsará el programa de orientación y educación a usuarios y familiares para la atención a las personas con discapacidad y el autocuido.
Aun cuando no ha sido posible conocer con precisión el contenido del Convenio, por no estar disponible al público, para dimensionar el posible impacto de las obligaciones asumidas por cada una de las instituciones firmantes, se esperaría que con ello la atención que proporciona el ISRI pueda ampliarse y ser oportuna, considerando que la misma en el caso puntual, se concreta y está limitada a la población con discapacidad en el ámbito educativo.
- Que el Estado amplíe el enfoque de la habilitación y rehabilitación más allá del ámbito de la salud, dimensionando acciones en la educación, trabajo, empleo y servicios sociales en el ámbito público y privado.
- Que el Estado prevea la adopción de medidas inmediatas para superar las dificultades relacionadas con los servicios de habilitación y rehabilitación e incremente la cobertura para su acceso, además provea la dotación de ayudas técnicas y tecnologías de apoyo a las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
- Que el Estado en su compromiso de implementar la estrategia de la RBC para el abordaje de la discapacidad y en coherencia con lo establecido en la Convención asuma su obligación al respecto, sin trasladarla a las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones de base comunitaria, para lo cual deberá mantener su intervención directa en el marco de sus obligaciones estatales.
- Que el Estado defina y precise la proyección temporal para la ampliación de los ECOS especializados a nivel nacional.
- Que el Estado implemente acciones de promoción de derechos a funcionarias y funcionarios, profesionales y personal administrativo en general del ISRI y de las demás instituciones que participan en la habilitación y rehabilitación, de manera que posibilite el avance en el abordaje integral de la discapacidad con enfoque social basado en derechos.
Art. 27. Trabajo y empleo
En cuanto al tema de empleo y de acuerdo a nuestra encuesta realizada se refleja que el 51.3% de las personas no se encontraban trabajando al momento de ser entrevistadas, mientras que solo el 37.7% sí se encontraba trabajando, de ese porcentaje sólo el 30% realiza labores acorde a sus capacidades. Así también sobre el aspecto salarial un 21.7% de las personas consideró recibir una remuneración acorde a sus labores.
En los mismos talleres de consulta se reconoció, que en la actual administración del Gobierno, se han impulsado acciones para la colocación y reinserción laboral de personas con discapacidad. No obstante, aún se carece de un programa efectivo de intermediación y seguimiento laboral por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MTPS–, y se requiere de planes y programas que permitan crear y mejorar las habilidades y destrezas vocacionales y profesionales, orientadas a formar mano de obra calificada y la profesionalización de las personas con discapacidad. Se tuvo conocimiento que en los primeros foros de discusión de la construcción en el año 2011 de la Política Nacional de Empleo48 no se tomó en cuenta a las personas con discapacidad, argumentando que pertenecían al sector de “población dependiente”.
Las personas con discapacidad participantes en los talleres, consideraron que el Estado debe apostarle a los programas de formación profesional y vocacional para incrementar las posibilidades de las personas con discapacidad de lograr un empleo digno que permita el goce de un nivel de vida adecuado. No obstante, al consultar al Ministerio de Trabajo sobre cuántas personas con discapacidad han sido incluidas en programas de formación profesional y/o vocacional, ha informado que “la Dirección General de Previsión Social, a través del Departamento Nacional de Empleo, coordina con los centros de formación cuando así lo requieren los usuarios, ya que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, no tiene competencia en la formación laboral”49; esto refleja una débil coordinación interinstitucional entre el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional –INSAFORP– y el Ministerio de Trabajo para darle adecuado tratamiento a la formación tanto profesional como vocacional y, posteriormente, a la inserción de las personas con discapacidad, evitando que luego de concluir los procesos de formación se vean nuevamente sin posibilidades de ingresar al campo laboral.
Se ha conocido que en la intermediación e inserción que realiza el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se ubica a personas con discapacidad en ocupaciones que no reúnen las condiciones necesarias para disminuir algún impacto negativo en su discapacidad: para el caso vale citar la colocación de personas con discapacidad física –con prótesis en pierna– como vigilantes de seguridad privada, cuya labor les obliga a permanecer de pie durante toda la jornada laboral. Asimismo, se les ofrece a las personas con discapacidad psicosocial50 –a quien los movimientos repetitivos representan barreras-, como operarias de fábrica de maquila. A partir de lo anterior se infiere que se producen colocaciones de personas con discapacidad bajo procesos deficientes; asimismo, es conocido que en los sectores laborales mencionados, las condiciones de trabajo son de las más precarias, entre otras razones por los bajos salarios –incluso las remuneraciones son inferiores al mínimo legal–, aplicación de descuentos arbitrarios, excesos de jornadas laborales sin remuneración extraordinaria, malos tratos, falta de los servicios de seguridad social y salud, constituyendo una franca violación a sus derechos laborales.
Aunque se perciben algunos cambios a nivel de capacitación laboral que demuestra el potencial de las personas con discapacidad, persisten las barreras actitudinales en la sociedad salvadoreña. La sociedad en general y la gran mayoría de empleadores públicos y privados todavía ven a las personas con discapacidad como “no aptas” para aportar a la productividad y contribuir al desarrollo del país, aspecto que afecta negativamente la dignidad de las personas con discapacidad, como por ejemplo personas con discapacidad psicosocial e intelectual, en contraposición a los preceptos establecidos en los convenios de la OIT (C111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación; y C159, relativo a la readaptación profesional y el empleo de personas “inválidas”). Además, es necesaria la formulación de una Política de Empleo, en la cual se considere seriamente la inclusión laboral de las personas con discapacidad y promueva la armonización de la normativa laboral con la Convención.
En uno de los talleres realizados este año, se indicó que la información presentada en el Informe inicial del Estado, párrafo 229, que mostraba como logro “la inserción de 11 personas con discapacidad, específicamente con recursos humanos del Ministerio de Turismo (En ‘sic’ el Balneario Los Chorros); de los cuales al menos seis personas se tomarán en cuenta para plazas fijas”. Sobre ello, uno de los partícipes de ese proceso explicó que tal información sobre la contratación no era cierta, ya que luego de varias comunicaciones con el Director Presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo –ISTU–, así como con la Directora de Discapacidad de la SIS51, se le indicó por escrito por el citado funcionario del ISTU, que debido a las políticas de “ahorro y austeridad” implementadas para el año 2011 y 2012, no había sido posible la contratación de personas en esa institución en las plazas mencionadas. Con esa posición institucional, que consta por escrito52, se contradice lo que fue afirmado al respecto en el Informe Inicial de País.
Se ha conocido, además, del caso de personas sordas en el Departamento de San Miguel, contratadas para trabajar en lavados de autos en los estacionamientos de centros comerciales de esa ciudad, pero que no reciben el mismo salario, ni cuentan con las mismas prestaciones laborales que el resto de trabajadores sin discapacidad, situación que habría de considerarse discriminatoria a raíz de su discapacidad. Al respecto, el MTPS ha omitido hasta hoy la realización de inspecciones periódicas en los centros de trabajo para verificar el porcentaje de personas con discapacidad contratadas en las empresas, además de las condiciones y prestaciones laborales, la continuidad de las mismas y otros aspectos, incumpliendo el mandato establecido en el artículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
Sobre esta omisión, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos solicitó formalmente al actual Ministro de Trabajo y Previsión Social, la realización de una inspección en una empresa de seguridad privada, en razón que trabajadores con discapacidad recibían descuento de su salario en los permisos para asistir a las citas médicas y de rehabilitación. De tal requerimiento, realizado en abril de este año53, la citada Secretaría de Estado no ha dado respuesta al momento de emitir el presente Informe en relación a haber realizado tal inspección, ni de sus resultados.
- Que el Estado implemente las medidas concretas para hacer efectiva la obligación legal que tienen los sectores públicos y privados de cumplir la contratación de personas con discapacidad y que adopte las medidas pertinentes para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto.
- Que el Estado implemente programas eficaces para crear y mejorar las habilidades y destrezas profesionales, técnicas y mano de obra calificada de las personas con discapacidad para su empleabilidad.
- Que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ejerza su papel de inspección y vigilancia en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral; asimismo, que se recopile y presenten datos reales sobre la cantidad de personas con discapacidad insertadas en el mercado laboral, así como su permanencia y/o estabilidad en el mismo.
- Que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, establezca medidas efectivas para que las inspecciones y las multas que impone, sean aplicadas también al sector público, además de asegurar la igualdad de derechos laborales.
- Que el Estado asigne los fondos recaudados de las multas para programas de profesionalización técnica y vocacional a personas con discapacidad.
- Que el Estado proceda a la creación de planes o programas específicos de formación profesional para las personas con discapacidad y que los servicios del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) se amplíen para la inclusión de personas con discapacidad.
- Que el Estado descentralice los servicios del ISRI y que estos servicios sean integrales y más especializados, y que los mismos no se limiten a talleres vocacionales para las personas con discapacidad.
- Que los centros de formación existentes en algunas Alcaldías Municipales sean accesibles a las personas con discapacidad, así como los futuros centros que se creen.
- Que las Alcaldías Municipales incorporen en sus planes de desarrollo local la inclusión y participación de las personas con discapacidad.
- Que el Estado destine parte de las contrataciones públicas a empresas conformadas por personas con discapacidad o que emplean a personas con discapacidad.
Sólo cuentan con una pensión por vejez e invalidez, las personas con discapacidad que previamente han trabajado en el sector formal y cotizado con el ISSS o con una Administradora de Fondos de Pensiones –AFP´s–; sin embargo, tales pensiones son en su mayoría muy reducidas y por ende insuficientes para satisfacer las necesidades básicas. En atención a las serias dificultades que impiden a las personas con discapacidad contar con un empleo digno, se concluye que son muy pocas quienes llegan a obtener una pensión adecuada para cubrir sus necesidades básicas.
Con un panorama así, las personas con discapacidad consideran necesario contar con beneficios y prestaciones adicionales en materia de protección social, las cuales podrían estar contenidas en la normativa específica, así como también incluirse en la Política Nacional de Desarrollo Integral de la persona con discapacidad, que se encuentra en elaboración, para que promueva acciones destinadas al mejoramiento de sus condiciones de vida.
Es importante mencionar que existen procedimientos de evaluación para determinar la discapacidad. Uno de ellos es el que realiza el ISRI destinado al ámbito de la inserción laboral; otro, es el que efectúa el CONAIPD en coordinación con el VMT, para la obtención de las licencias de conducir para las personas con discapacidad. Aunque estos avances son relevantes, aún es necesario articular un sistema unificado basado en los estándares internacionales de clasificación de las discapacidades y con enfoque de derechos.
En cuanto a la protección social de las personas con discapacidad, a través del ISSS, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue informada de la notificación el pasado mes de mayo de 2013, de sentencia pronunciada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. La demanda del caso fue presentada en mayo de 2009 por denegación para inscribir como beneficiaria de las prestaciones de seguridad social a su hija por sobrepasar la edad establecida para considerarse hija o hijo beneficiario de éstas, particularmente la atención médica y tratamientos, en este caso referida a una niña con parálisis cerebral54.
En el texto de esa sentencia, se expresa que la madre solicitó al ISSS la inscripción de su hija en base al artículo 31 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad55 y otros cuerpos normativos, pero de su petición no recibió respuesta por parte de las autoridades de tal entidad. El fallo en el caso determinó la declaratoria de ilegalidad de la denegación de inscripción de la niña como beneficiaria los servicios médicos y hospitalarios que brinda el ISSS, así como también realizó el requerimiento para que se efectúen las “reformas correspondientes” para brindar la atención a los hijos e hijas con discapacidad, sin importar la edad, de los derechohabientes de tal institución.
En la sentencia referida se denota que tanto la Ley del ISSS como su Reglamento de Aplicación, no están armonizados con la Ley de Equiparación de Oportunidades para la Persona con Discapacidad, mucho menos con la Convención. De igual forma en el caso particular, se evidencia la falta de medidas suficientes por parte del CONAIPD, a partir de lo que prescribe el artículo 36 de la última Ley citada56, para establecer la efectiva coordinación de acciones con el ISSS, entre otras entidades, en relación a la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad y a la misma Ley de Equiparación.
- Que el Estado ejecute medidas de protección efectivas que garanticen un nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad, sus familias y/o cuidadores.
- Que el Estado tome las medidas urgentes, administrativas y legislativas, para proveer servicios integrales de protección social a las personas con discapacidad.
- Que el Estado asegure que las políticas de lucha contra la pobreza contemplen un enfoque específico para personas con discapacidad.
- Que el Estado garantice la inclusión y participación de las personas con discapacidad, sus familias y/o cuidadores en las políticas de alivio a la pobreza a nivel municipal y nacional.
En el año 2011, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Electoral, añadiendo el numeral 4 al artículo 22257, a través del cual se establecía que no podrán postularse como candidatos a los Concejos Municipales “los enajenados mentales”. Ello constituyó un serio y grave retroceso, así como un desatino conforme a la Convención, porque se denegaba a través de una ley, la participación política a las personas con discapacidad como candidatos o candidatas. Contrario a lo que se hubiere esperado, que fuera el artículo 27 literal d) del Código Municipal - que data del año de 1986 y que se refiere a esa misma restricción- el que se hubiere derogado por ser incompatible con la Convención, la reforma al Código Electoral reforzó esa prohibición en perjuicio de la participación política de las personas con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual. A lo anterior se agrega que el pasado mes de julio de 201358 fue aprobado un nuevo Código Electoral59 que derogó el anterior que estuvo vigente desde 1992; sin embargo, se ha constatado que en la normativa de reciente aprobación y vigencia, no fue modificada la discriminación y exclusión en contra de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, ya que conforme al ahora artículo 167 literales a y d60 (antes artículo 222 numeral 4) se sostiene la privación del derecho a postular su candidatura para integrar los gobiernos municipales.
Asimismo, resulta grave que esta nueva normativa en materia Electoral, persiste en el artículo 7, literales b y c61, en la inhabilitación de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial para el ejercicio del sufragio –voto-, tal como el Código Electoral derogado lo establecía62. Lo anterior, demuestra que el Estado insiste en legislar desatendiendo sus obligaciones generales contenidas en el texto de la Convención.
Los participantes del taller de marzo de este año, informaron que en los pocos casos de accesibilidad física garantizadas para las personas usuarias de sillas de ruedas o de ayudas técnicas, en los centros de votación, las autoridades públicas han promovido rampas de acceso removibles –que no cumplen con las normas de accesibilidad arquitectónica–, y que al término del evento electoral, las mismas son retiradas del lugar, sin que esto se traduzca en una accesibilidad permanente pensada para esas instalaciones públicas que generalmente son centros educativos.
Por otra parte, se puede mencionar que para algunas personas con discapacidad no se respeta el derecho a que su voto sea secreto, debido entre otras razones, a que los anaqueles para emitir el voto son de medidas estándares y aún no se cuenta con mecanismos adecuados para hacerlo de forma independiente; a la fecha, existe una iniciativa de nuevas tecnologías para mejorar el acceso al voto, pero aún se está a la espera de su concreción. Lo que se considera de suma importancia, son las campañas de promoción de derechos humanos de las personas con discapacidad para su participación ciudadana, por lo que se precisa que los diferentes partidos políticos promuevan candidaturas para cargos públicos a personas con discapacidad, tal como se regulara en el caso de las mujeres, en el que el artículo 37 de la Ley de Partidos Políticos63 que establece que los partidos políticos deberán integrar sus planillas para elección de diputados a la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano y miembros de los Concejos Municipales, “al menos con un treinta por ciento de participación de la mujer”.
A lo anterior se suma la falta de accesibilidad de la información en las campañas que realizan los institutos políticos en cuñas televisivas, portales electrónicos accesibles, redes sociales, materiales en Braille, en lengua de señas salvadoreña, entre otros. Se agrega también que aún no se conoce si se proyecta para el próximo evento electoral, la capacitación por parte del Tribunal Supremo Electoral –TSE– a sus funcionarios, empleados y a los mismos partidos políticos sobre los derechos de las personas con discapacidad, lo cual podría derivar, como ha ocurrido anteriormente, en la exclusión de las personas con discapacidad del ámbito político y público que establece la CDPD.
Se percibe positivamente el tema del voto domiciliar –en la comunidad–, ya que esta modalidad posibilitaría a las personas con discapacidad aprovechar el acceso a espacios abiertos, especialmente en los diferentes municipios; no obstante, debe profundizarse en el tema de todas las formas de accesibilidad.
Son las personas con discapacidad y sus organizaciones, no el Estado, quienes están promoviendo la creación de espacios de participación ciudadana de la población con discapacidad en los gobiernos locales y a nivel nacional. Asimismo, han impulsado la generación de diferentes propuestas de importancia y beneficio de las personas con discapacidad, como por ejemplo el Decreto N° 80 de creación del CONAIPD, que establece una participación equitativa entre representantes del gobierno y de las organizaciones de personas con discapacidad. Así también, el colectivo con discapacidad ha brindado aportes significativos a la Reforma Integral de Salud, como al tema de educación inclusiva, entre otras; no obstante, estas propuestas no siempre son atendidas, a pesar del compromiso, interés y disposición de las organizaciones para contribuir en los distintos espacios públicos y privados, para favorecer la progresividad de los derechos de las personas con discapacidad.
- Que el Estado derogue inmediatamente las disposiciones del Código Electoral y Código Municipal que impiden a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial postularse como candidatas para formar parte de los Concejos Municipales; asimismo, que proceda a la derogación de la normativa electoral relativa a la inhabilitación para el ejercicio del sufragio de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial.
- Que el Estado tome las medidas urgentes para garantizar plenamente el derecho al voto de todas las personas con discapacidad, incluyendo las medidas adoptadas para eliminar la restricción del derecho al voto de personas con discapacidad privadas de su capacidad jurídica.
- Que el Estado asegure la participación activa y plena de las personas con discapacidad y que sus aportes en la política nacional de desarrollo integral para las personas con discapacidad (en proceso de elaboración) sean respetados y tomados en cuenta.
- Que el Estado fomente y apoye la conformación de organizaciones de personas con discapacidad en los niveles comunitario, municipal y nacional, asegurando su participación real y efectiva en la vida nacional.
- Que el Estado parte adopte las medidas oportunas para mejorar la accesibilidad permanente de los recintos electorales para las personas con discapacidad.
Art. 31. Recopilación de datos y estadísticas
En El Salvador existe la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos –DIGESTYC-, Institución responsable del levantamiento de censos y datos estadísticos a nivel nacional. Esta entidad refleja en el último Censo de Población y Vivienda más reciente, que data del año 2007, que en El Salvador un 4.1% de sus habitantes tiene alguna discapacidad; de estos el 53% corresponde a mujeres y el 47% a hombres. Datos que son totalmente discordantes con informes mundiales que reflejan porcentajes mucho más altos de la población mundial con discapacidad, sobre todo en países que han sido golpeados por un conflicto armado, como es el caso de nuestro país.
Cabe mencionar, que el instrumento para el levantamiento del último censo mencionado no fue consultado con las personas con discapacidad y sus organizaciones; ello implicó el no poder recabar la información que serviría para lograr datos reales de cuántas personas con discapacidad hay en El Salvador y sobre todo, para conocer sus condiciones generales de vida. Según opinión de personas con discapacidad, participantes de los talleres de trabajo para los informes, el personal responsable del levantamiento del censo no fue previamente capacitado sobre el conocimiento de las diferentes discapacidades y de los derechos de las personas con discapacidad; por tanto, se infiere que en ese proceso quedaba a criterio de la persona encuestadora, a partir de la “visibilidad” de la discapacidad, que este dato, es decir, la existencia de la discapacidad, fuera registrado. A la fecha se cuenta con sub-registros de diferentes instituciones gubernamentales de acuerdo a las atribuciones y funciones de las mismas.
Es preciso señalar que se han concretado algunos esfuerzos positivos específicos como: la firma de un Convenio en mayo de 2013 entre CONAIPD y el Registro Nacional de las Personas Naturales –RNPN–64. Sin embargo, aunque la iniciativa es positiva, se remite exclusivamente a reflejar estadísticas relativas a personas con discapacidad mayores de 18 años que cuentan con certificación de nacimiento –partida de nacimiento- y acuden a solicitar su Documento Único de Identidad –DUI–. Por tanto, en esos datos además de no incluir a la niñez con discapacidad por la naturaleza de ese registro, también deja al margen a personas con discapacidad –especialmente con discapacidad intelectual y psicosocial- que no fueron registradas desde su nacimiento por sus progenitores, quienes pudieron considerar innecesario ese registro por el estigma hacia las personas con discapacidad. Así tampoco contempla a las personas con discapacidad quienes por el costo económico – no sólo del documento, sino por el transporte para trasladarse hasta las oficinas respectivas-, que implica la tramitación del DUI, no les resulta de interés o beneficio su obtención.
El registro de información confiable sobre las personas con discapacidad, ha sido una exigencia primordial y constante de ellas mismas y sus organizaciones, así como de la misma Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos, quienes han señalado la urgencia de recopilación de datos estadísticos y de investigación por parte del Estado salvadoreño. Se reitera que no sólo para el colectivo con discapacidad, sino también para el Estado mismo, es urgente contar con la información adecuada y confiable para comprender la realidad de la situación de éstas y así diseñar apropiadamente las políticas, programas y planes adecuados para asegurar plenamente los derechos de las personas con discapacidad, tal como lo determina la Convención.
Precisamente sobre el censo en referencia, la Presidenta del CONAIPD declaró públicamente en fecha reciente, que en El Salvador existe un “proceso para la construcción de un censo o catastro de personas con discapacidad ya avanzando”65, para el cual el Gobierno de Ecuador brindará amplio apoyo, a través del programa “Manuela Espejo” a cargo de la Vicepresidencia de Ecuador. Este anuncio es muy positivo y las organizaciones, así como la PDDH, darán seguimiento a su eventual implementación.
Recomendación sugerida:
-Que el Estado, proceda a la creación inmediata de un sistema nacional de datos estadísticos, actualizado y desglosado de personas con discapacidad, incluidas las personas indígenas y la niñez con discapacidad, a fin de conocer sus condiciones socioeconómicas, tomando en cuenta su plena participación y la de sus organizaciones.
Es sabido de gestiones de la cooperación internacional destinadas a rubros para la educación, salud y el transporte, que de alguna forma podrían vincularse al fomento de acciones tendentes al cumplimiento de la Convención, conforme al artículo 32. Ejemplo de ello ha sido la reciente publicación en Braille de la Ley de Acceso a la Información Pública con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID–. Así también se identificó el apoyo concreto de la cooperación internacional para la construcción del Edificio Multifuncional, con condiciones de accesibilidad, que alberga a las oficinas del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado –FOPROLYD-, al igual que para la facilitación del acceso a la vivienda de la población “lisiada y discapacitada” a consecuencia del conflicto armado66.
No obstante, en los talleres de trabajo, las personas con discapacidad y sus organizaciones indicaron que, en términos generales, el Estado no incluye su participación en los procesos de diseño, implementación y evaluación de los proyectos financiados con fondos de cooperación internacional, destinados a promover sus derechos. Expresaron que prácticamente se limitan a informar y/o presentar el proyecto elaborado y, algunas veces, hasta en ejecución. En tal sentido, esas consultas son más informativas que para recibir la opinión y propuestas de las personas con discapacidad, lo que conlleva al incumplimiento de lo establecido en la CDPD.
Específicamente, las y los participantes de los talleres referidos, no identificaron gestiones concretas por parte del Estado en relación a proyectos de cooperación internacional, tendentes a apoyar técnica y financieramente los esfuerzos nacionales para el cumplimiento pleno y efectivo de los objetivos de la Convención. En su Informe de Rendición de Cuentas, el CONAIPD sólo evidencia la cooperación a través del convenio con OXFAM América, para “desarrollar programas educativos en derechos de las personas con discapacidad con perspectiva de género, dirigido a funcionarios gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales”67.
-Que el Estado promueva que los proyectos o programas de cooperación internacional, inclusive los programas para el fomento del desarrollo, incluyan a las personas con discapacidad y sus organizaciones, asegurando que estas sean consultadas adecuadamente, desde el proceso de diseño hasta su evaluación.
- Que el Estado garantice el apoyo de la cooperación internacional en la investigación y el acceso a los conocimientos técnicos y científicos que aseguren el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.
El Estado ha comprendido en su informe inicial, que el artículo 33 de la Convención se enfoca únicamente al seguimiento de dicho instrumento por parte del organismo gubernamental, que en nuestro caso sería el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad –CONAIPD–. Empero la citada disposición convencional, alude al mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y niveles, que efectivamente puede ser el CONAIPD. Asimismo, para la tal finalidad se necesitan de puntos de contacto o puntos focales para que en cada institución estatal haya al menos una persona de enlace directo con ese Consejo que pueda orientar y asesorar a los titulares en todo lo relacionado al tema de discapacidad y sobre los derechos de las personas con discapacidad, como eje transversal en el accionar de las entidades del Estado.
En cuanto al mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar la Convención no podría ser esa misma institución, sino una institución autónoma, con independencia financiera y articulada con la sociedad civil, esto significaría, con participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones. La sociedad civil reconoce en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la institución idónea para dar seguimiento a las acciones del Estado y para monitorear el cumplimiento de la Convención, ya que es una institución de rango constitucional, plenamente independiente, no ligada a ninguno de los órganos del Estado y es la Institución Nacional de Derechos Humanos establecida conforme a los Principios de París. Sin embargo, para cumplir con tan amplio cometido, la PDDH requiere que el Estado promueva su fortalecimiento integral a través de mayor presupuesto, que sea suficiente para cumplir con el amplio mandato que le determina la Constitución de la República, así como la supervisión y/o monitoreo de los derechos humanos, particularmente de las personas con discapacidad conforme a la Convención.
- Que el Estado realice acciones inmediatas que formalicen la designación de la entidad independiente, encargada de monitorear el nivel de cumplimiento de la Convención; asimismo le sea asignado presupuesto propio y suficiente para realizar tal función, previendo la participación efectiva de las personas con discapacidad y sus organizaciones.
- Que el Estado asegure que la creación o designación del mecanismo de coordinación nacional interno, con el mandato de dar seguimiento a la aplicación de la Convención, sea un mecanismo creado mediante decreto legislativo, como una entidad independiente financiera y políticamente; así como con la participación efectiva de las personas con discapacidad y sus organizaciones.
- Que el Estado proceda a la creación de enlaces ministeriales que sean referente en los temas específicos de atención integral a las personas con discapacidad, dotándoles del presupuesto correspondiente y de un nivel jerárquico que pueda incidir y/u orientar a tomadores de decisiones en las instituciones estatales que les corresponde el cumplimiento de los derechos y que facilite la labor de seguimiento con los mecanismos de coordinación y de monitoreo independiente.
- Que el Estado salvadoreño priorice acciones de fortalecimiento, dotación de recursos humanos y financieros para el cumplimiento de la función de monitoreo independiente a nivel nacional que realiza la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tomando en cuenta que no puede prescindirse de la coordinación con la sociedad civil organizada. Para tal efecto se deberá asegurar la amplia participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en todo el proceso de fortalecimiento del ente de monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad.
San Salvador, 23 de agosto de 2013.
1 Por medio de oficio DD y DH N°005/2013, de fecha 3 de mayo de 2013.
2 Nota periodística de El Diario de Hoy, de fecha 30 de septiembre de 2011 http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=624843
3 Decreto Legislativo No. 645 del 17 de marzo de 2011. Publicado en el Diario Oficial No. 70, tomo No. 391, de fecha 08 de abril de 2011. http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-igualdad-equidad-y-erradicacion-de-la-discriminacion-contra-las-mujeres.
4Decreto Legislativo No. 520 del 25 de noviembre de 2010. Publicado en el Diario Oficial No. 2, tomo No. 390, de fecha 04 de enero de 2011 http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-especial-integral-para-una-vida-libre-de-violncia-para-las-mujeres.
5Decreto Legislativo No. 403 del 28 de noviembre de 1996. Publicado en el Diario Oficial No. 178, tomo No. 364, de fecha 27 de septiembre de 2004 http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-contra-la-violencia-intrafamiliar.
6Informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF--. Informe Estado Mundial de la Infancia 2013: niñas y niños con discapacidad. Mayo de 2013. http://www.unicef.org/spanish/sowc2013/files/SPANISH_SOWC2013_Lo_res.pdf.
7 Ibíd. Página 49.
8 CRC/C/OPSC/SLV/CO/1 53° Periodo de Sesiones del Comité de los Derechos del Niño, del 11 al 29 de enero de 2010., Distribución General 12 de enero de 2010.
9Nota periodística de La Prensa Gráfica, de fecha 16 de junio de 2011. http://m.laprensagrafica.com/2011/06/16/isna-busca-albergue-a-sus-adultos/.
10Expediente SS-0595-2011.
11Pronunciamiento público Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del 3 de mayo de 2013, en ocasión de la conmemoración de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
12Decreto Ejecutivo No. 61 de fecha 01 de enero de 1996. Publicado en el Diario Oficial No. 121, Tomo No. 332, de fecha 01 de julio de 1996. http://www.vmt.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&catid=132:reglamentos-de-transito-&id=653:reglamento-general-de-transito-y-segu&Itemid=166
13 Plan Estratégico Institucional 2009-2014 MOP
http://saip.mop.gob.sv/administrator/components/com_docestandar/upload/documentos/PLAN%20ESTRATGICO%20INSTITUCIONAL%202009-2024%20VERSIONFINAL%203.pdf
14Nota periodística del Diario Co Latino, de fecha 11 de mayo de 2013. Página 8.
15Plan Operativo Anual 2013 del MOP. Estos proyectos/actividades son: 1. Construcción del circuito accesible médico-hospitalario, Municipio de San Salvador. 2. Construcción del circuito accesible Escuela de Ciegos, Municipio de San Salvador. 3. Administración del taller de baldosas táctiles y adoquines, Municipio de Soyapango.
16 Plan Anual Operativo 2012.
http://saip.mop.gob.sv/administrator/components/com_docestandar/upload/documentos/PLAN%20OPERATIVO%20ANUAL%20VMOP%202012.pdf.
17 Nota periodística de La Prensa Gráfica, de fecha 21 de agosto de 2012.
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/278760-avanza-circuito-para-personas-ciegas-en-san-salvador
18Nota Periodística de El Diario de Hoy, de fecha 08 de junio de 2013. Página 41.
19 PDDH. Informe de Labores junio 2010-mayo 2011, página 150; PDDH. Informe de Labores junio 2011-mayo 2012, página 156.
20 Como la ocurrida en el cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico del departamento de La Libertad, lugar en el cual existe una emergencia ambiental decretada desde el año 2010 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así como la acontecida en el cantón Loma de Gallo, municipio de San Luis Talpa en el departamento de La Paz, lo cual ha derivado en afectaciones graves a la salud y a la vida de las personas habitantes del lugar.
21“Art. 292.- Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial, en virtud de causas legales y con la
“Art. 293.- Son causas de incapacidad: 1ª) La enfermedad mental crónica e incurable, aunque existan intervalos lúcidos y, 2º) La sordera, salvo que el sordo pueda entender y darse a entender de manera indudable”.
22Aprobadas por la XIV Conferencia Judicial Iberoamericana en marzo de 2008.
23 Reportaje televisivo del Programa Código 21, Canal 21, El Salvador. Julio de 2012. http://www.youtube.com/watch?v=W82yGzuLHXw
24Informe Preliminar del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, sobre su misión oficial a El Salvador, en el período del 23 de enero al 01 de febrero de 2012. Emitido el 01 de febrero de 2012. http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11795&LangID=S
25Expediente SS-0380-2013, cuya denuncia se encuentra en proceso de investigación.
26Nota periodística de El Diario de Hoy, de fecha 16 de abril de 2013. http://www.elsalvadornoticias.net/2013/04/16/imponen-14-anos-de-prision-a-empleado-del-psiquiatrico-acusado-de-violar-a-paciente/
27 Artículos 21, literal e) y 53 de la referida Ley.
28 Artículo 50, literal b).
29 Código de Familia: “Art. 294.- El internamiento de un presunto enfermo mental en un centro siquiátrico, requerirá de autorización judicial previa; salvo que por grave urgencia fuere necesario tomar tal medida, en cuyo caso el titular del centro que aceptare el internamiento dará cuenta inmediatamente al juez, y a la familia de aquél o a su representante si fueren conocidos, y en todo caso al Procurador General de la República o Procuradores Auxiliares Departamentales, so pena de incurrir en responsabilidad el mencionado titular”.
30 Expediente No. SS-0595-2011. A partir de gestiones realizadas por la PDDH en el año 2011 fue trasladada toda la población de niños y niñas de ese Centro al Hogar de Niños y Niñas “Adalberto Guirola”, otra dependencia del ISNA, quedando solamente la población adulta mencionada.
http://www.elfaro.net/es/201306/fotos/12556.
31Memoria de Labores 2012 “En el camino correcto para dignificar a las víctimas del conflicto armado”, Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, página 10.
32Ibíd., página 60.
33Ley de Beneficio para la Protección de de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado. http://www.fondolisiados.gob.sv/Descargas/1.%20LEYFONDO%5B1%5D.pdf
34Decreto Legislativo No. 534 del 02 de diciembre de 2010. Publicado en el Diario Oficial No. 70, Tomo No. 391, de fecha 08 de abril de 2011.
35Decreto Ejecutivo No. 136 del 01 de septiembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial No. 163, Tomo No. 392, del 02 de septiembre de 2011.
36 “Art. 14.- No podrán contraer matrimonio:
1o) Los menores de dieciocho años de edad;
3o) Los que no se hallaren en el pleno uso de su razón y los que no puedan expresar su consentimiento de manera inequívoca.
No obstante lo dispuesto en el ordinal primero de este artículo, los menores de dieciocho años podrán casarse si siendo púberes, tuvieren ya un hijo en común, o si la mujer estuviere embarazada”.
37 “Art. 118.- La unión no matrimonial que regula este Código, es la constituida por un hombre y una mujer que sin impedimento legal para contraer matrimonio entre sí, hicieren vida en común libremente, en forma singular, continua, estable y notoria, por un período de uno o más años.
Los integrantes de la unión, serán denominados convivientes o compañeros de vida y gozarán de los derechos que se les confiere en este capítulo. Asimismo gozarán de esos derechos las personas que siendo púberes y reuniendo los demás requisitos, en razón de la convivencia hubieren procreado un hijo y alguna de ellas no tuviere la edad requerida para contraer matrimonio o falleciere antes de completar el período de convivencia”.
38MINED. Política de Educación Inclusiva, diciembre de 2010.
39 “La Política de Educación Inclusiva responde a las necesidades de niñas y niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas que:
No acceden a la escuela
No avanzan como se espera (o avanzan demasiado con relación a los demás)
Repiten grado, llegan con sobre edad o abandonan la escuela
Estando dentro de la escuela, son segregadas o marginadas por sus diferencias (necesidades educativas especiales, etnia, género o condición social)…”. Documento Política de Educación Inclusiva. Página 8.
40 En Estrategia “normas y políticas de gestión” destacan:
-“En un año se habrá capacitado, en materia de gestión de la Educación Inclusiva, al personal clave del Ministerio de Educación.
- En tres años se tendrá una participación efectiva de las familias y grupos comunitarios en apoyo a la escuela inclusiva”.
-En tres años se habrán eliminado las principales barreras de accesibilidad arquitectónica, tecnológica y de comunicación en las escuelas.
-En un año estarán desarrollándose programas específicos de provisión de recursos básicos para la equiparación de oportunidades de acceso y de permanencia de los diferentes grupos de estudiantes en riesgo de exclusión”.
41 La Educación de El Salvador en Cifras, Período 2004-2011, MINED. Página 28.
http://www.mined.gob.sv/EstadisticaWeb/publicacion/El%20Salvador%20en%20Cifras%202011.pdf
42 Ibíd. Página 28.
43Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA); Economía y Colaboración Solidaria con las Personas Sordas (ECOSOL-sord), 2009. A partir de datos brindador por MINED, por medio del Censo Escolar Regular 2008.
44 Política Nacional de Salud 2009-2014. Diario Oficial No. 33, Tomo No. 386, del 17 de febrero de 2010.
http://www.salud.gob.sv/index.php/servicios/descargas/documentos/Documentaci%C3%B3n-Institucional/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Salud/Diario-Oficial-No.33-Tomo-No.386-del-17-02-2010.-Acuerdo-No.126.-Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Salud-2009-2014
45 Oficio DD y DH N° 006/2013, de fecha 29 de mayo de 2013.
46Lineamientos Operativos para el Desarrollo de Actividades en los ECOS Familiares y ECOS Especializados http://www.salud.gob.sv/servicios/descargas/documentos/Documentación-Institucional/Lineamientos-y-Filtros/Equipos-Comunitarios-de-Salud-Familiar-y-Especializados/Lineamientos-operativos-para-el-desarrollo-de-actividades-en-los-ECOS-Familiares-y-ECOS-Especializados
47 Noticia del portal electrónico del MINED sobre Convenio ISRI-MINED. http://www.mined.gob.sv/index.php/component/k2/item/6320-mined-e-isri-juntos-por-la-inclusi%C3%B3n.html
49Información brindada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de fecha 22 de julio de 2013, en respuesta a solicitud de esa y otra información realizada por la PDDH. Oficio DD y DH No. 008/2013, de fecha 03 de julio de 2013.
50Este caso fue atendido en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ya que la persona acudió a solicitar orientación al respecto, por lo cual se le brindó acompañamiento.
51Nota enviada por el Síndico de la Asociación de Personas con Discapacidad de Colón, con fecha 12 de diciembre de 2012, dirigida al Presidente del ISTU.
52 Oficio firmado por el Director Presidente del ISTU y dirigido al Síndico de la Asociación de Personas con Discapacidad de Colón. Ref. PRES-ISTU-002/2012 del 23 de enero de 2012. “Asunto: Informando estatus de plazas para personas con discapacidad”.
53Oficio DD y DH N° 001/2013, del 28 de abril de 2013
54 Sentencia 3010-2009, fechada 31 de octubre de 2012, pronunciada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. http://www.jurisprudencia.gob.sv/visormlx/pdf/310-2009.pdf
55 “Art. 31.- Cuando un asegurado, tenga beneficiarios con discapacidades ya sean congénitas o adquiridas no rehabilitables, éstos tendrán derecho a recibir del Instituto Salvadoreño del Seguro Social o de la institución que haga sus veces, los servicios de salud mientras dure la relación laboral de aquél”.
56 Que establece que el CONAIPD coordinará las acciones desarrolladas por los diversos sectores en beneficio de las personas con discapacidad.
57Decreto Legislativo No. 643 del 17 de marzo de 2011. Publicado en el Diario Oficial No. 73, Tomo No. 39 del 13 de abril de 2011.
58 Nota periodística de La Prensa Gráfica, de fecha 23 de julio de 2013. http://www.laprensagrafica.com/nuevo-codigo-electoral--sancionado-por-presidente-funes
Nota periodística del periódico digital Verdad Digital, de fecha 07 de agosto de 2013. http://www.verdaddigital.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5552:nuevo-codigo-electoral-ya-entro-en-vigencia&catid=3:politica&Itemid=1
59Decreto Legislativo No. 413 del 03 de julio de 2013, que ha derogado el Decreto Legislativo No. 417 de fecha 14 de diciembre de 1992. Publicado en el Diario Oficial No. 16, Tomo No. 318, de fecha 25 de enero de 1993, a través del cual se emitió el Código Electoral.
60 “Inhabilidades
Art. 167.-No podrán postularse como candidatos a Concejos Municipales:
61 “Inhabilidades
62“Art. 7.- Son incapaces de ejercer el sufragio:
63Decreto legislativo No. 307 del 27 de febrero de 2013, publicado en el Diario Oficial N° 40, Tomo N° 398.
64 CONAIPD. Informe de Rendición de Cuentas Junio 2012-Mayo 2013. Página 12.
65Nota periodística de La Prensa Gráfica, de fecha 14 de agosto de 2013.
http://www.laprensagrafica.com/conaipd-tendra-apoyo-para-un-censo
66Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado. Memoria de Labores 2012. Páginas 19 y 41.
67 CONAIPD. Informe de Rendición de Cuentas Junio 2012-Mayo 2013. Página 11.