Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve05abr2018.html
Timestamp: 2018-05-25 08:57:01
Document Index: 269776211

Matched Legal Cases: ['artículo 90', 'artículo 3', 'artículo 72', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 10', 'Artículo 6', 'artículo 144', 'artículo 90', 'artículo 104', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 104', 'artículo 90', 'artículo 144', 'artículo 90', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 45', 'artículo 19', 'artículo 111', 'artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 87', 'artículo 79', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 40', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 5', 'artículo 264', 'artículo 227']

Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 5 de abril de 2018
De la Mesa Directiva, con modificaciones de turno; dela Junta, con cambios en comisiones; de diputadas, con retiro de iniciativas; de coordinadores de grupos parlamentarios, con incorporación de diputado y de diputada, respectivamente; de diversas autoridades, contestaciones a grupos parlamentarios; de las secretarías de Hacienda y Desarrollo Social, de Pemex y del INEE, con informes; reincorporación de diputado; solicitud de licencia
Protesta como diputadas de la ciudadana Agustina Toledo Hernández, y como diputados de los ciudadanos Manuel León Chávez y Ángel Rojas Ángeles
De la Cámara de Senadores, con devoluciones y minutas
Por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, votación en lo general y lo particular
Por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil, fundamentación
Omar Corzo Olán, PRI
Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, PAN
Hilda Miranda Miranda, PRD
Yaret Adriana Guevara Jiménez, PVEM
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, PMC
Mario Alberto Mata Quintero, PRI
Christian Alejandro Carrillo Fregoso, PAN
Por el que la Cámara de Diputados rechaza enérgicamente las declaraciones del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, sobre el uso o presencia de la Guardia Nacional o cualquier otro cuerpo militar en la frontera con México
Por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, en el marco de sus atribuciones y facultades, suscriba a nombre del Estado mexicano, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
Solicitud de licencia de diputada
El presidente diputado Edgar Romo García (12:41 horas): Se abre la sesión. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 282 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y está disponible en el monitor de sus curules.
El presidente diputado Edgar Romo García: En virtud de que el acta de la sesión anterior, de igual manera se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, si es de aprobarse.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúe la Secretaría con una comunicación de la Mesa Directiva.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Honorable asamblea:
La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a los siguientes asuntos.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 172, 173 y 174, y se adicionan los artículos 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentada por el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 5 de diciembre de 2017. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Policía Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, en materia de pornografía de menores de 18 años, presentada por la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de marzo de 2018. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen, y a las Comisiones Especiales contra la Trata de Personas y, de Tecnologías de Información y Comunicación, para opinión.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por el Congreso del estado de Veracruz el 13 de febrero de 2018. Se turna a las Comisiones de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para opinión.
Ciudad de México, 5 de abril de 2018. Lo firma el diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva.
El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno de las iniciativas mencionadas y por tanto deben actualizarse los registros parlamentarios.
Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibieron de las diputadas Araceli Guerrero Esquivel y Sharon María Teresa Cuenca Ayala, solicitudes de retiro de iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibió comunicación del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que comunica la integración del diputado Julio César Tinoco Oros a ese grupo parlamentario.
El presidente diputado Edgar Romo García: De enterado. Comuníquese. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibió comunicación del coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que comunica la integración de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco a ese grupo parlamentario.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibieron de diversas dependencias, cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítanse a las comisiones correspondientes, y a los promoventes para su conocimiento.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de febrero de 2018.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Sofía Del Sagrario de León Maza: La Secretaría de Desarrollo Social remite 64 fichas de desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2016-2017, considerando 32 para el Fondo de Infraestructura Social Estatal y 32 para el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítanse a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.
La secretaria diputada Sofía Del Sagrario de León Maza: Se recibió de la Gerencia Fiscal Central de Petróleos Mexicanos, el informe anual de los costos y gastos devengados de exploración y extracción 2017.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítase a la Comisión de Energía, para su conocimiento.
La secretaria diputada Sofía Del Sagrario de León Maza: Se recibió del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el documento, La educación obligatoria en México, Informe 2018, y el Informe anual de gestión del Instituto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.
La secretaria diputada Sofía Del Sagrario de León Maza: Se recibió oficio del diputado Alfredo Anaya Orozco, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas, a partir de esta fecha.
El presidente diputado Edgar Romo García: De enterado. Comuníquese. Se recibió solicitud de licencia de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero. Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.
La secretaria diputada Sofía Del Sagrario de León Maza: Se concede licencia, por tiempo indefinido, a la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por el segundo distrito electoral del estado de Chihuahua, a partir del 29 de marzo del año en curso. Llámese al suplente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse.
La secretaria diputada Sofía Del Sagrario de León Maza: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobada. Comuníquese. Solicita el uso de la palabra la diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, desde su curul. Adelante, diputada.
La diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero hacer un exhorto al gobierno Verde de Chiapas, a que se comprometa a proteger el medio ambiente e impida que se siga deforestando de manera inmoderada nuestro estado y nuestra capital.
La riqueza forestal del estado ha sido explotada de forma irracional, es de sorprenderse el caso de la capital, la cual se encuentra en una situación verdaderamente frágil, ya que ha perdido gran parte de su vegetación original debido al crecimiento urbano irregular y a los cambios de uso de suelo de manera indiscriminada.
Es por ello que he presentado un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, a la Sedatu y al gobierno del estado, para que realicen las acciones pertinentes para proteger las áreas naturales y evitar la progresiva deforestación de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputada, sus expresiones quedarán registradas en el Diario de los Debates.
La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la voz la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario el PRI, ¿con qué objeto, diputada?
La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (desde la curul): Con permiso, señor presidente. Hoy, hombres, mujeres, niñas y niños saldrán a marchar en Tabasco, para exigir justicia ante un crimen que nos sacudió a todos como sociedad.
El feminicidio de Alba Jiménez, en Nacajuca, nos ha sacudido a todos y nos ha dejado sin aliento, porque no solo le arrebataron la vida a ella, sino al bebé que estaba esperando. No logro entender tanta maldad para asesinar a una mujer embarazada y por eso me aterra lo que está sucediendo en mi estado contra las mujeres.
Tabasco es el cuarto estado más peligroso para ser mujer y no podemos seguir permitiéndolo. Me sumo a las voces que exigen justicia para Alba y que pide un alto a la impunidad a los feminicidios. Ya basta que nos maten y que no pase nada.
Como activista, como mujer, como madre y como legisladora, hago un llamado desde este recinto legislativo y le pido al gobierno del estado que no quede impune ni este feminicidio ni los 60 que ya van en el transcurso del gobierno de Arturo Núñez.
Ya basta, estamos cansadas de vivir con miedo, de salir a la calle, de ver que cada vez hay más saña en contra de las mujeres. Hoy quiero pedir justicia y paz, no solamente para todas las tabasqueñas, sino para todas las mexicanas que han muerto por la indolencia y queremos que no haya más impunidad en Tabasco. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Sus expresiones se registraron en el Diario de los Debates. Tiene el uso de la voz el diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Morena desde su curul. Diputado.
El diputado René Cervera García (desde la curul): Gracias, presidente. Hoy en Coyoacán vivimos algo que quisiéramos ver desterrado de la vida política nacional. Hoy vemos el intento de un grupo que con distintos instrumentos y con distintas estrategias quiere eliminar la posibilidad real de que la gente cambie la orientación que ha seguido esa delegación en los últimos años.
Los medios nacionales están llenos de notas respecto de compra de voto, respecto de violencia, respecto de intentos de intimidación hacia la población.
Eliminación de personas de los padrones de los programas sociales que no simpatizan en este momento con el grupo de Mauricio Toledo.
Nos parece muy importante exhortar a las autoridades a que cumplan con sus deberes y actúen en consecuencia.
Por su parte, las y los candidatos de Morena en esa jefatura delegacional van a interponer diversos recursos de orden jurídico y de orden político, por supuesto. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputado, sus expresiones deberán registrarse en el Diario de los Debates. Finalmente, tiene el uso de la voz la diputada Laura Plascencia Pacheco, desde su curul.
La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (desde la curul): Gracias, presidente. El motivo de hacer el uso de la palabra es para condenar los hechos de intimidación, de acoso y de violencia en contra de la reportera, analista política Frida Gómez, ocurridos hace dos días.
La analista el día de ayer en sus redes sociales dio a conocer no solamente la brutalidad de la tentativa de homicidio que fue orquestada por Ilich Valdez del periódico Milenio, sino que también denunció la falta de compromiso de las autoridades capitalinas de procuración de justicia en la atención de su caso.
El caso de Frida se suma a casos incontables a lo largo y ancho del país, casos de feminicidio que quedan con absoluta impunidad. Recordemos que diariamente siete mujeres en este país son lastimadas por el hecho de ser mujeres y que el 90 por ciento de los casos quedan con impunidad.
Hoy le exigimos al comentarista no solamente su renuncia por ética, sino al periódico también Milenio, o Grupo Milenio que tome cartas en el asunto. No pueden tener como reportero a un feminicida.
Y comentar también, presidente, o solicitar amablemente a la Mesa Directiva, dada la situación que viven mujeres a lo largo y ancho del país, la grave crisis de seguridad y los feminicidios, que se tenga a bien someter los dictámenes que tiene la Mesa Directiva de la Comisión de Igualdad de Género.
En específico dos de ellos. Uno, que obliga a los estados y municipios a especializar a las policías municipales, periciales y las procuradurías de los estados para que puedan atender con diligencia y con correcta actuación los casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres.
El día de hoy la Mesa Directiva tiene en su poder cuatro dictámenes. Uno de ellos este en comento y otro que habla de los indicadores de la alerta de violencia de género. Por lo cual pediría a la Mesa Directiva que pueda someter en las próximas sesiones estos dictámenes a discusión para poder darles certeza jurídica a las víctimas de feminicidios. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputada, sus expresiones van a quedar registradas en el Diario de los Debates. Se toma nota de su petición para hacer la correspondiente comunicación a la Junta de Coordinación Política y tome en cuenta los dictámenes referidos en el próximo orden del día de las siguientes sesiones.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se encuentran a la puerta de este recinto la ciudadana y los ciudadanos: Agustina Toledo Hernández, Ángel Rojas Ángeles y Manuel León Chávez, para rendir la protesta de ley y entrar en funciones como diputados federales. Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a la siguiente diputada y diputados: diputada Mayra Herrera Saynes, diputado Jorge Roldán Pérez, diputado Ángel II Alanís Pedraza, diputado Jorge Ramírez Rosete, diputado Ángel Santis Espinoza, diputado Moisés Guerra Mota, diputado Abel Cruz Hernández.
El presidente diputado Edgar Romo García: ciudadanos Agustina Toledo Hernández, Ángel Rojas Ángeles y Manuel León Chávez, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
La ciudadana Agustina Toledo Hernández y los ciudadanos Manuel León Chávez y Ángel Rojas Ángeles: Sí protesto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Si así no lo hicieren, que la nació se los demande. Bienvenidos, diputados. Pueden tomar asiento.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: La Cámara de Senadores devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, los siguientes expedientes que contienen:
Proyecto de decreto por el que se declara el 25 de septiembre como Día del Estado Laico.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la ley General de Turismo.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen.
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Con proyecto de decreto por el que se declara el día 14 de junio de cada año, como Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII al artículo 3o., recorriéndose las subsecuentes, de la Ley General de Vida Silvestre.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho réplica.
El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día, es la votación del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que quedó inconcluso la sesión anterior. En tal virtud, procederemos a la votación del mismo. Se pide a la Secretaría abra el sistema de votación hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Diputado Manuel León Chávez, el sentido de su voto.
El diputado Manuel León Chávez (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Diputado Ángel Rojas Ángeles, el sentido de su voto.
El diputado Ángel Rojas Ángeles (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Diputada Agustina Toledo Hernández, el sentido de su voto.
La diputada Agustina Toledo Hernández (desde la curul): A favor. El sistema aún se encuentra abierto, diputados. Diputado Alfredo Anaya Orozco, el sentido de su voto.
El diputado Alfredo Anaya Orozco (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron... Sigue abierto aún el sistema, diputado. Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 299 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se emitieron 299 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Se tiene aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Adán Pérez Utrera, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Adán Pérez Utrera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En nombre de la Comisión de Protección Civil vengo a fundamentar el dictamen que el día de hoy se somete a su consideración.
Lo que se propone es reformar el primer párrafo del artículo 90 de la Ley General de Protección Civil, con ello se actualiza la redacción del mismo, toda vez que actualmente dicho párrafo señala que la autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos, en cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente se considerará una conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos respectivas.
Sin embargo, esta ley fue abrogada y dejó de tener vigencia con la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, y que si bien tiene muchos pendientes por atender, en su transitorio segundo señala que dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en ese decreto.
Asimismo, el transitorio tercero, séptimo párrafo de dicho ordenamiento, a la letra dice:
Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y se derogaran los títulos primero, tercero y cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por tanto, con el dictamen que se somete a su consideración no solo se da cumplimiento a un mandato legal, sino que se da un avance en la larga tarea pendiente de tener leyes claras, precisas y actualizadas.
En virtud de lo anterior, de manera respetuosa pido su voto a favor para actualizar el texto del artículo 90 de la Ley General de Protección Civil. Es cuanto. Gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos para fijar posición como promovente, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Gracias, presidente. Honorable asamblea, nuestro grupo parlamentario agradece la resolución de la comisión dictaminadora de la iniciativa del diputado con licencia de nuestra bancada parlamentaria, Abdies Pineda Morín.
La reforma al artículo 90 de la Ley General de Protección Civil que nos propone la comisión dictaminadora ofrece una doble dimensión, por un lado, eficientar la aplicación de la norma en materia de protección civil, y por el otro, incrementar la armonización de las leyes al marco del combate a la corrupción.
Pareciera mínima la formulación de lo que resuelve la comisión, sin embargo la precisión de la ley en la que se establecen sanciones a las faltas cometidas por servidores públicos favorece la armonización de los asuntos mencionados, es decir la aplicación exacta de las sanciones a los que falten a la puntualidad de la ley.
En Encuentro Social, en el ejercicio fiscal 2017 donamos el 20 por ciento de nuestras prerrogativas, lo hicimos con la convicción de apoyar a la reconstrucción de las viviendas de las familias mexicanas. Hoy la reforma que atendemos nos dará mayores garantías de que los recursos llegarán a quienes lo necesitan y que en caso de ocurrir lo contrario la ley sancionará con precisión a quien desvíe, oculte o condicione la entrega de apoyos y recursos a damnificados por desastres naturales.
Varios fueron los hechos que motivaron a nuestra bancada a presentar la iniciativa materia del presente dictamen. Una de ellas fue lo ocurrido en julio de 2017, en la que se reportó en Tamaulipas una bodega con apoyos supuestamente para ser entregados a damnificados de noviembre de 2016, y se presumía que estos iban a ser utilizados para hacer campaña de reelección de la alcaldesa.
En el interior de esta bodega existían licuadoras, ropa, colchones, pisos cerámicos, zapatos de todas las tallas, refrigeradores, estufas, entre otros.
Hoy más que nunca, la actualización de la legislación de Protección Civil a las nuevas realidades cobra mayor importancia. Los sismos de 1985 y 2017 nos han dejado enseñanzas que hoy se ven reflejadas en la resolución del cuerpo legislativo dictaminador. Es decir, que no basta con prevenir o atender las emergencias, es fundamental atajar con prontitud los abusos, que en nombre de damnificados incurren algunos malos funcionarios, sancionándolos con severidad, ya que se trata en esencia de proteger la confianza y buena voluntad de la gente.
Nuestro grupo parlamentario se encuentra satisfecho con el contenido que sustentó la resolución de la dictaminadora. La comparte y la suscribe, porque motiva suficientemente la reforma legislativa aprobada.
Actualizar la Ley General de Protección para que se sancionen algunas conductas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, favorece la confianza de la gente en la ley y en las instituciones.
En Encuentro Social votaremos a favor y hacemos un llamado a las demás bancadas a expresar su voluntad en el mismo sentido. Por su atención, muchas gracias, es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Vamos a tomar la votación de viva voz de los siguientes diputados y diputadas. Por favor, el diputado Alfredo Anaya Orozco, de viva voz.
La diputada Agustina Toledo Hernández (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: El sistema continúa abierto para los compañeros que pueden votar desde su curul, por favor. ¿Alguna diputada o diputado falta? Está abierto el sistema. ¿Alguna diputada, algún diputado que falte por emitir el voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, se emitieron 316 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por 316 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Ley General de Protección Civil. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes:
1. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 14 y 32 de la Ley General de Educación.
2. De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo.
3. De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.
4. De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 19, 21 y 41 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
5. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Octavo, denominado De los delitos, Capítulo único de la Ley General para el Control del Tabaco.
6. De la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano.
7. De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Policía Federal.
8. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adiciona a la fracción X del artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
9. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guías y Animales de Servicio.
10. De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley General de la Pesca y Acuacultura Sustentables.
11. De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.
12. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración.
13. De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.
14. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 30 Bis a la Ley de Migración.
15. De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de estadística geográfica de turismo.
16. De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración.
17. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, en materia de asistencia social para hombres.
18. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
19. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, en materia de profesionalización del personal que brinda atención médica hospitalaria. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: En consecuencia, en el siguiente punto del orden del día tiene la palabra por cinco minutos el diputado Omar Corzo Olán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
El diputado Omar Corzo Olán: Buenos días. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el marco internacional del Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz, quiero manifestar que para nadie es sorpresa que la pirámide poblacional en nuestro país se ha transformado y la tan gastada frase de que somos un país de jóvenes cada vez se acerca más a una realidad para la que parece no alcanzamos a darnos cuenta de que ahora es cuando debemos actuar y prepararnos.
Las transformaciones demográficas en diversos países del mundo han demandado una alerta que obliga a preparar a las instituciones y a los profesionales que requieren los servicios para albergar expectativas de desarrollo y de plenitud. La enorme dignidad que conlleva la edad adulta representa también una vida de esfuerzo que implica para la familia y la sociedad, cultura y la vida en comunidad.
Las Naciones Unidas señalan que la población mundial está envejeciendo, la mayoría de los países del mundo están experimentando un aumento en el número y en la proporción de personas mayores. Advierten que el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos en el mercado laboral, financiero y la demanda de bienes y servicios, viviendas, transporte, protección social, así como la estructura familiar y los lazos intergeneracionales.
Para México, de acuerdo a las investigaciones recientes realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México, de no actuar con profunda determinación y sin el temor de romper paradigmas, para 2050 estaremos enfrentando los escenarios con una población adulta con graves problemas de salud y en situación de aguda pobreza.
Uno de los grandes retos para nuestras generaciones es el de preparar las condiciones, instituciones, organizaciones y formas de vida que aseguren para la población adulta una etapa de plenitud y de estándares de vida congruentes con la dignidad humana. La satisfacción como recompensa a su contribución y aportación a las familias y a la sociedad en general.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que para mejorar las funciones cardio respiratorias y musculares y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, depresión y deterioro cognitivo se realicen actividades deportivas.
La iniciativa que nos ocupa tiene por objeto fortalecer el sistema de derechos y de las personas adultas mayores, así como iniciar el fortalecimiento de las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la inclusión de la política pública nacional para la plenitud de las personas adultas mayores.
Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional.
El diseño de actividades, recursos, instalaciones y profesionales, tanto del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Se requiere de una perspectiva especialmente sensible para que muchas veces no estamos acostumbrados, por fuerte que parezca. Nos hemos deshumanizado y difícilmente reconocemos la importancia que para nuestra sociedad debe tener la población adulta mayor. Es una tarea en la que debe de intervenir toda la sociedad.
El deporte para la edad en plenitud es fundamental. Es una tarea donde los especialistas de Conade y del Inapam deberán de estar en estrecho vínculo con las autoridades del sector alud, productivas e incluso educativas y de esparcimiento con una categoría especial.
La iniciativa que propongo es una apuesta a México de plenitud. Es una propuesta a una sociedad capaz de hacer coincidir diversas entidades para un mismo fin, el de asegurar que a la población más sensible con la que muchas veces no somos lo suficientemente agradecidos y que pueda contar con estructuras capaces de asegurar su calidad de vida y la plenitud de esa extraordinaria etapa del ciclo vital.
Finalmente, lo que no hagamos hoy habremos de pagarlo con altos nosotros mismos. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Deporte para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de garantía de no revictimizar violencia patrimonial, económica e integridad sicológica.
Si me permite tantito, diputada, nada más para agradecer la presencia de personas de la tercera edad del municipio de Chicoloapan, que fueron invitados por el diputado Andrés Aguirre Moreno, así como dar la cordial bienvenida a los alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad México del municipio de Texcoco, estado de México, invitados por la diputada Cristina Sánchez Coronel. Sean todos ustedes bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que hoy presento, como bien ha dicho la presidenta, busca reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y con ello dar solución a algunos problemas que enfrentan las mujeres víctimas de violencia y que hacen la correspondiente denuncia y a lo que se enfrentan es a autoridades que no les dan el apoyo y el auxilio necesario para superar la situación que las ha dañado de numerosas maneras.
Actualmente nuestra ley no incluye el concepto de revictimización y su correspondiente prohibición como una garantía para todas las mujeres y, segundo, no está considerada como parte de la violencia institucional, lo que significa que las mismas autoridades pueden estar fomentando la violencia de la mujer y la impunidad.
Recordemos que la revictimización o la victimización secundaria de la mujer, surge cuando una vez que se ha sufrido una experiencia traumática y que entra en contacto con las autoridades o instituciones del Estado, es receptora de tratos injustos, e incluso puede ser criminalizada por el mismo acto del que fue víctima.
Existe revictimización en cada mujer que es tratada con desdén de las autoridades cuando denuncia un delito, en cada mujer que es invitada a no presentar denuncia o cuando recibe insinuaciones de que ella pudo provocar los actos violentos, cuando de las instituciones en vez de ayuda recibe trabas y largas esperas, cuando recibe desesperanza en vez de justicia.
Existe revictimización en cada ficha de impunidad y en cada expediente de violencia de género sin resolver.
La propuesta contempla incluir el concepto de revictimización de las mujeres dentro del cuerpo de la ley, la garantía de no revictimización como uno de los principios rectores para una vida libre de violencia y adicionalmente, incluye la revictimización como parte de la violencia institucional.
Pero así como la revictimización es un tipo de invisibilidad social que se da a la mujer, también existe la invisibilidad al gran problema que se desprende de la violencia patrimonial y la violencia económica, y es que en nuestro país vivimos tantos casos de violencia que no le damos importancia a la violencia que no genera muertos o lesiones, sin embargo la violencia patrimonial y la violencia económica tienen efectos que invisibilizan a las mujeres que son víctimas de actos que afectan su patrimonio y su calidad de vida.
Estoy hablando de la violencia que ejercen familiares hacia aquellas mujeres pensionadas a las que el día del pago les quitan sus ingresos, a las que les secuestran el fruto de su trabajo, o esos hombres que oprimen a las mujeres cerrando la llave del dinero en su casa haciendo indigna la vida de ellos y de sus hijos, hombres que se adueñan de las herencias o de los negocios de sus parejas de forma ilícita y que a nadie parece importarles, o peor, aquellos hombres que ejercen violencia al literalmente robarle a sus parejas sus bienes en la misma casa o simplemente destruírselos.
Si bien existen las consideraciones sobre lo que significan los tipos de violencia patrimonial y económica, la ley no contempla obligaciones a las fiscalías o ministerios públicos de pronunciarse sobre su comisión cuando conocen sobre causas en las que la mujer es víctima.
Esta iniciativa propone también que el Estado mexicano detecte cuando los delitos tienen estas motivaciones contra las mujeres porque en el fondo lo que el victimario pretende es acabar con la subsistencia de la víctima.
El camino, como les hemos dicho y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, aún es largo. Pero nuestra responsabilidad como legisladores es continuar sin descanso en esta lucha por asegurar a las mujeres mexicanas las condiciones para una vida segura y digna.
Parte de lo que persigue esta iniciativa, es que la autoridad deje de ser ajena a esta realidad que impide a las mujeres a que se diera su autonomía e independencia.
En la medida en que cada acto de violencia contra la mujer no quede impune, estaremos más cerca de lograr nuestro objetivo. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene uso de la palabra, la diputada Hilda Miranda Miranda, a nombre del diputado Jesús Zambrano Grijalva, por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de contrataciones públicas.
La diputada Hilda Miranda Miranda: Con su venia, señora presidente.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante diputada.
La diputada Hilda Miranda Miranda: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD y del vicecoordinador, el diputado Jesús Zambrano Grijalva y del mío propio.
Hoy presento ante esta tribuna la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de contrataciones públicas.
Hoy es urgente que hagamos y restablezcamos, sobre todo mecanismos claros ante la corrupción en México. Es por ello que es urgente que avancemos en el marco regulatorio que nos permita acotar, reducir y, finalmente desterrar la corrupción de cualquier espacio de la actividad pública con el concurso de entes privados.
Sin embargo, en esta actividad se han registrado gran cantidad de actos de corrupción, y esto además de la falta de ética y de honestidad de funcionarios y proveedores se debe al rezago que se encuentra en el marco legal en cuanto a las adquisiciones de bienes y servicios por lo que propicia el amparo de estos vacíos jurídicos.
Sin embargo, ante la inercia de estos vacíos, existe la inercia de negativas que arrastran los procesos internos de contratación, y por lo tanto aflora la corrupción generando la pérdida de millones de pesos del erario público.
Existen reiteradas prácticas negativas derivadas de una redacción confusa y ventajosa de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Servicio Público, como bien se ha observado la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, ha señalado que las contrataciones que se ha realizado al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Servicios Público pone en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos, ya que presenta un ambiente de excesivas discrecionalidades que ha propiciado condiciones para que la comisión de irregularidades al no darse cuenta de los controles mínimos contemplados en los procesos de licitación pública.
Por lo tanto, la Auditoría Superior ha constatado que en este tipo de esquemas participan universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios, lo que se ha llamado la gran estafa.
Este modus operandi también fue detectado por Sedesol y Sedatu, la que desviaron más de 2 mil 130 millones de pesos entre 2014 y 2016, con la colusión de 126 empresas. Adicionalmente, en reiteradas prácticas de la cuenta pública 2016 se identificó la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos, como son empresas paraestatales, entidades federativas y ocasionalmente también la Federación.
Cabe destacar que la contratación de entes públicos fuera de las licitaciones es válida, pero sujetándose a las premisas propias de ley que establecen, así como la excepción de algunas funciones administrativas.
Sin embargo, es por ello que este Grupo Parlamentario del PRD presenta ante esta soberanía la presente iniciativa, que propone reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos, para que se eliminen las excepciones que están contenidas en su artículo 1, que se ha utilizado con premeditación, alevosía y ventaja por parte de servidores públicos y contratistas particulares, para lucrar al amparo de la ley con jugosos contratos amañados y para permanecer impunes.
Esto ya basta. Estamos propiciando también que los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades suscriban directamente los contratos como convenios que tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios que sean responsables directos en los actos jurídicos derivados de estos y así también a efecto que emita la Secretaría de Hacienda, de la Función Pública, políticas transparentes que generen la contratación del sistema CompraNet. Se necesitan bases y lineamientos claros que se refiere este artículo.
Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo para que estas normas cumplan con su cometido ante cualquier violación de la ley y se hagan las investigaciones correspondientes y, sobre todo, que se sancionen.
Por otra parte, el organismo de contratación interna pública de la Ley General de Responsabilidades Públicas. Sírvase a la presente, el Grupo Parlamentario del PRD, para abrir este debate a un nuevo paquete de reformas en materia de anticorrupción. Es cuanto, gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Hilda Miranda Miranda. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, misma iniciativa suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.
La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Con la venia de la Presidencia. Honorable Cámara, México es uno de los países con mayor diversidad cultural, tan solo en nuestro país la población indígena representa un importante grupo social, que por su historia y cultura se identifican como pueblos indígenas, como pueblos originarios.
A lo largo del territorio mexicano se habla de una gran variedad de lenguas indígenas que definen la existencia de una rica conformación étnica, lo cual le ha dado a nuestro país una importante riqueza pluricultural reconocida a nivel mundial.
Cierto es que las comunidades indígenas en México han pasado por un proceso histórico muy abrupto, ubicándoles en los niveles más bajos dentro de la estructura social y económica. Esta población es la que mayoritariamente padece pobreza extrema y exclusión social, así como carencias y dificultades para acceder a servicios de salud, educación, alimentación suficiente y calidad en los espacios de vivienda.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, referenció que más del 89 por ciento de los pueblos indígenas en el país viven por debajo de la línea de pobreza, habitando espacios de alta y muy alta marginación, que los va rezagando dejándolos en un eminente desequilibrio en relación al grueso de la población.
Es una realidad la prevaleciente y marcada connotación de que ser indígena es una característica que pone en total desventaja y que por esa condición difícilmente se tendrá una calidad de vida en igualdad de circunstancias.
Diversos estudios han coincidido que existen factores subjetivos que están ligados a una desigualdad de oportunidades, principalmente al no respeto de los derechos de los indígenas, la discriminación en cubierta y factores que hacen difícil su integración y cohesión social.
Lo que es de destacarse, es que pese a todo este contexto integrantes de la población indígena han buscado por diferentes medios destacar en diversos escenarios, situación que en la mayoría de los casos ha sido resultado de un esfuerzo personal de tenacidad y constancia, ha sido resultado que no importando de su origen indígena han sobresalido en la literatura, en la cultura, en la docencia e investigación y en el deporte.
Es justamente en el ámbito deportivo en donde hago especial énfasis, constantemente nos enteramos de casos que motivan y que son dignos de admiración, casos como el de Silvino Cubesare Químare, un indígena rarámuri, originario de Chihuahua, quien tuvo una participación sobresaliente en la competencia Ultimate Race Marseille 2017, en Francia, en la categoría Master. O el caso de María Lorena Ramírez, que se ha destacado al ser una de las mejores corredoras de largas distancias en la comunidad indígena rarámuri.
No olvidemos al equipo de básquetbol de los niños triquis, que gracias a su entrega y esfuerzo se consolidaron con los más altos reconocimientos a nivel internacional. O qué decir de todos aquellos atletas con alguna raíz indígena que nos han demostrado que pese a todos los obstáculos es posible triunfar.
Lo que nos queda claro es que todas estas historias tienen algo en común, comparten esfuerzos unitarios para romper paradigmas, pese al poco apoyo institucional y al limitado alcance oportuno que se tiene para ese importante grupo.
Creemos que con el impulso necesario será posible contar con más casos de éxitos que nos enorgullezcan y marquen la diferencia y marquen la pauta.
Es en ese sentido que el día de hoy presentamos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Lo anterior para que se promueva la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte en las comunidades indígenas, conservando su identidad cultural. Porque en el Partido Verde Ecologista de México estamos seguros que no vamos a resolver los problemas fundamentales de México si no somos capaces de asegurar la igualdad dentro de la propia pluralidad.
Han sido diversos los esfuerzos con los que se ha buscado impulsar acciones encaminadas en atender de manera integral el desarrollo de los pueblos indígenas. Y con ello lograr una mayor participación de los pueblos indígenas en los diferentes ámbitos. No obstante, reconozcamos que aún faltan acciones por concretar.
Debemos avanzar en una misma dirección y eliminar esa etiqueta histórica de que ser indígena representa una gran desventaja y de que no es posible incluirse en el desarrollo de una sociedad.
El promover acciones concretas para asegurar el desarrollo de los pueblos indígenas en sus diferentes vertientes permitirá que legalmente rompamos con el círculo de vida que ha prevalecido para este importante grupo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, por su excelente participación. Túrnese a la Comisión de Deporte para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señora presidente. Buenas tardes, compañeros. Una de las grandes simulaciones que tenemos en nuestro sistema ese la existencia del juicio político. Con su presencia en nuestras leyes se hace creer al mexicano que cuenta con un instrumento para llevar a juicio y fincar responsabilidades a tantos y tantos políticos corruptos como los tenemos. Tenemos no cientos, miles, comaladas, como decía Emilio Portes Gil.
Lo que pasa es que el juicio político está mal estructurado jurídicamente en la Constitución y leyes secundarias. Es una institución que viene del siglo XIX y que está plagada en su normatividad de contradicciones y oscuridades que hacen difícil su aplicación.
Y si a esta le agregamos la falta de voluntad política para someter a juicios políticos a malos servidores públicos, peor todavía. De tal manera que el mexicano cree que tiene ahí forma de enjuiciar a los malos servidores y no la tiene, al contrario, tiene una ilusión que es fallida y que nunca lleva nada. Prueba de ello es que hace años, décadas, diría yo, que nadie es sometido a un juicio político ni menos sentenciado en este país.
Qué envidia me da Brasil, por ejemplo, que ya se deshizo de Dilma Rousseff. Que está a punto de hacerlo con Luiz Inácio Lula da Silva. Qué envidia me da Paraguay y Guatemala, aquí no tenemos eso.
Cuando empezó esta legislatura, como miembro de la Comisión Jurisdiccional, vi con pasmo que había más de 300 juicios políticos congelados aquí en la Cámara de Diputados. Tenía por lo menos 10 años de no integrarse la Subcomisión de Examen Previo, imagínense ustedes.
De tal manera que hubo necesidad de que muchos diputados de nosotros –de momento ciudadanos del PRD, de Morena y del PAN, los que no somos oficialistas– insistiéramos ante las omisas y negligentes presidencias de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Gobernación para que se integrase esta Subcomisión de Examen Previo, cosa que se hizo tardíamente, hasta 2016.
Y aun así, amigos, tuvo que interponerse un amparo para que esa Subcomisión de Examen Previo fuese convocada y comenzara a trabajar. Fíjense ustedes, una vez más el Poder Judicial tuvo que ser convocado por un ciudadano inconforme, violentado en sus derechos fundamentales para llamar la atención a un Poder Legislativo omiso. Qué vergüenza para nosotros.
Y aun así esa Subcomisión trabajó con tal lentitud, con tal parsimonia, con tal indiferencia –y digo yo complicidad y encubrimiento– que la mayoría de juicios políticos fueron desechados por prescripción, incluyendo de personajes tan oscuros y tan cuestionados como Rodrigo Medina, el exgobernador ominoso y vergonzoso del estado de Nuevo León.
De tal manera que mi propuesta –además de ser este discurso una oportunidad para llamar la atención y señalar estas gravísimas omisiones, deseando que no se repitan en lo sucesivo– de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos es para que la Subcomisión de Examen Previo, junto con la Comisión Jurisdiccional de la cual procede, se instalen en forma oficiosa, espontánea y naturalmente en cuanto comiencen las legislaturas, en un plazo no menor a 30 días. Y también tengan 30 días de tiempo para resolver los juicios políticos pendientes.
También en la iniciativa propongo que se incluya a los diputados independientes a esta Comisión Jurisdiccional y Subcomisión de Examen Previo.
También propongo que se finquen responsabilidades a partir de que se dé parte al órgano interno de control de esta Cámara, cuando los diputados de esa Subcomisión y Comisión no cumplan con su objetivo. Con esto, además de llamar la atención, insisto, de estas graves omisiones, pienso que podemos enriquecer todavía el marco jurídico y tener una mejor institución para que los mexicanos puedan desahogar con toda justicia sus anhelos de que las cosas se hagan bien en este país. Es cuanto tengo que decir. Gracias por su atención.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias. Gracias, diputado Macedonio Salomón. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación le concedemos el uso de la palabra, por cinco minutos, a la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 407 del Código Penal Federal.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con el permiso de la Presidencia.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Compañeras y compañeros diputados. El respeto al Estado de derecho como hilo conductor del actuar del Estado y de la sociedad es un principio básico para la consolidación de los procesos democráticos en nuestro país, es por ello que quienes ostentan cargos públicos deben conducirse con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez e imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones, de sus empleos, cargos y comisiones, conductas contrarias a estos principios atentan contra el interés público y ponen en riesgo nuestra democracia.
En Nueva Alianza no solo nos regimos y apoyamos estos principios, sino que impulsamos las modificaciones ascendentes a garantizarnos, pues entendemos su importancia en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. A pesar de los avances legales en materia electoral y en las amplias y complejas regulaciones, para evitar añejas prácticas de propaganda política con recursos públicos, aún persiste la utilización de estratagemas que violan las reglas democráticas para favorecer a un partido o a un candidato.
Tal es el caso de la utilización de espacios públicos como oficinas gubernamentales, centros comunitarios, hospitales, escuelas, que se han convertido en estandartes de identificación ideológica. Por medio del uso de los colores partidistas de la administración en turno.
Sin duda el uso de colores partidistas en este tipo de inmuebles constituye una violación a diversos ordenamientos legales en la materia. Sin embargo, al no contemplarse en la norma supervisión expresa y, en su caso, las correspondientes sanciones, se abre un margen de discrecionalidad para incurrir en ellas con total impunidad. Preocupados por esta situación propongo a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 407 del Código Penal Federal.
El objetivo es incluir en la norma la prohibición expresa, así como la sanción para aquellos servidores públicos que ordenen o instruyan la identificación de los espacios y edificios públicos bajo su administración con los colores o variaciones de lemas, imágenes o logotipos que se asocien con algún partido político. La propuesta es por demás pertinente si tomamos en cuenta que dicha práctica suele agudizarse durante los periodos electorales como el que tenemos en puerta.
Compañeras y compañeros legisladores y representantes populares, es nuestro deber establecer los mecanismos que posibiliten frenar ese tipo de acciones en aras de contribuir a la legalidad de los procesos democráticos, que es lo mínimo que la sociedad merece hoy en la exigencia de la transparencia de los resultados y de la legalidad de todas las instituciones que deben darnos esta certeza legal a todas y todos los mexicanos. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias a usted, diputada María Eugenia Ocampo Bedolla. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación le concedemos el uso de la palabra por cinco minutos al diputado Abel Cruz Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado Abel Cruz Hernández: Con su venia, presidenta.
El diputado Abel Cruz Hernández: Honorable asamblea. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con la publicación Breve Historia del Canal del Congreso, en 60 países se transmiten las sesiones legislativas de sus congresos. Los modelos más avanzados son los Estados Unidos, Francia, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia. Brasil fue el primer país de la región que contó con un canal legislativo.
La breve historia del Canal del Congreso apunta que en nuestro caso el canal parlamentario nacional nace cuando el 17 de noviembre de 1997 la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que le permitiera al Congreso contar con una estación televisiva.
El 29 de enero de 1998, se creó una Subcomisión Técnica para fundar el canal legislativo. Es así que el 18 de marzo de 1998 nació el canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Surge con el objeto de difundir e informar de la actividad del Congreso y de sus procesos deliberativos y resolutivos.
La breve historia del Canal del Congreso refiere que a partir de septiembre del 2010 se introdujo la lengua de señas mexicanas, y en sus transmisiones de las sesiones de las cámaras y de los noticieros del canal, hecho que nuestro medio de comunicación se encuentra a la vanguardia mundial.
En 20 años el Canal del Congreso ha evolucionado hasta aproximarse al cumplimiento de cinco de los 10 principios del parlamento abierto: derecho a la información, participación ciudadana, información parlamentaria, información histórica, accesibilidad y difusión.
Por lo anterior el marco jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos debe encontrarse armónico.
A 20 años de la creación del canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere que el presente Reglamento sea actualizado en lo concerniente a la elección de su director, que implique la participación de la sociedad civil para proponer candidatos, para integrar una terna de la cual la Comisión Bicameral resuelva sobre la idoneidad de uno de ellos para llevar la resolución a la Junta de Coordinación Política, y esta a la Mesa Directiva a fin de que sea sancionada en los plenos de las cámaras del Congreso de la Unión.
Otro elemento sustancial es el tránsito del régimen de contratación de los servidores públicos del canal al Servicio Profesional de Carrera de la Cámara de Diputados, como mecanismo para garantizar su situación laboral.
Además, es necesario ajustar algunas disposiciones del reglamento en cuanto al funcionamiento del Canal.
Con ello, la participación social y la seguridad laboral en el Canal, serán dos pilares para garantizar su mejora con miras a las nuevas realidades que próximamente acontecerán, producto de la pluralidad democrática de este México del siglo XXI.
Encuentro Social dice: no al fuero. Por su atención, gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias diputado Abel Cruz Hernández. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Mario Alberto Mata Quintero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.
El diputado Mario Alberto Mata Quintero: Con el permiso de la Presidencia.
El diputado Mario Alberto Mata Quintero: Existen temas que nos hieren a todos de una misma, pero también diferente manera. Nos hieren a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos, pero hieren también y de una manera mucho más profunda, casi insoportable, a madres, padres, hijas, hijos etcétera. Es el tema de las desapariciones forzadas en nuestro país.
Hasta hace relativamente pocos años, las desapariciones forzadas no pasaban de ser un tema tabú sobre el que poco podía hablarse. Con profunda tristeza y consternación, las desapariciones forzadas son hoy uno de los temas más actuales, con mayor vigencia, son por no decir, el tema que debe guiar la agenda política y de derechos humanos en nuestro país.
Por esta razón, en esta legislatura nos decidimos a dar una respuesta enérgica desde el Estado, que contribuya a ser una luz de esperanza para las familias de estas personas. Nunca más un México con desapariciones y además, nunca más un México que no acompañe a las familias.
El gobierno de la República ha publicado la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada, pero aún falta mucho por hacer. La iniciativa que hoy presento ante ustedes, busca dar continuidad a esa gran tarea.
Concretamente, mediante la presente iniciativa buscamos incluir dentro de la Ley General de Educación, en su artículo 33, la obligación para las diversas autoridades educativas de impulsar acciones, a fin de asegurar mediante becas y demás apoyos, el ingreso y la permanencia de los alumnos que sean hijos de personas desaparecidas.
Como sabemos, la educación es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como una amplia variedad de instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Garantizar adecuadamente los derechos no implica únicamente supervisión legal en una norma o en la propia Constitución, sino la efectiva tutela del mismo. Es decir, en los derechos se garantiza el goce y ejercicio de ese derecho.
En algunos casos, por diversas circunstancias un derecho puede ser ejercido en mayor o menor medida, dependiendo de las condiciones sociales, culturales, históricas o particulares de cada individuo. Corresponde al Estado generar ese piso mínimo a partir del cual todos los individuos puedan partir de las mismas oportunidades para el ejercicio de sus derechos.
En el caso concreto, nos centramos en los hijos e hijas de personas que han sufrido la desaparición forzada. Como es sabido, es un hecho que ha golpeado fuertemente a nuestro país dando lugar a miles de huérfanos, mujeres viudas, padres desconsolados, familiares y amigos consternados. A pesar de los dolores del alma de familiares y conocidos, tienen que enfrentarse en muchos casos a problemas civiles, laborales, administrativos, penales, etcétera.
El problema resulta ser tremendo porque hasta hace poco la persona desaparecida carecía de un estatus jurídico que le permitiera ser considerada como viva o muerta, y por tanto en lo que hace de sus derechos para sus familias, la pensión alimenticia, indemnizaciones, beneficiarios de ciertos derechos, etcétera.
La nueva Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas es un gran avance, pues establece una base a partir de la figura de declaración especial de ausencia, pero como hemos dicho, es solo un piso mínimo que debe ser desarrollado en la legislación secundaria.
Por ello planteamos la reflexión en torno a los hijos e hijas de quienes han sido objeto de desaparición forzada, por ello los eventos particulares por los que han tenido que atravesar, los colocan una situación en la que difícilmente podrán gozar de una real igualdad, pues además de que en muchos casos el padre o madre era la única fuente de recursos económicos, también tiene que atravesar por el doloroso momento de la angustia, tristeza, soledad y desconsuelo.
En estas condiciones, la permanencia en los estudios se dificulta, colocando en riesgo la continuidad y limitando a futuro las posibilidades del individuo para desarrollarse plenamente su potencial.
Señores y señoras, aún queda mucho por hacer en el tema de la desaparición forzada y no tengo duda que una acción como esta contribuirá a ser una luz más para estas familias. Esos niños y niñas que han sufrido una tremenda violencia y que no podemos permitir dejarlos en el desamparo. Es cuanto, señora presidente.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Mario Alberto Mata Quintero. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Christian Alejandro Carrillo Fregoso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El diputado Christian Alejandro Carrillo Fregoso: Con su venia, diputada presidenta.
El diputado Christian Alejandro Carrillo Fregoso: Compañeras y compañeros legisladores, de conformidad con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como la OCDE, en México solo el 17 por ciento de las personas entre 25 y 64 años logran tener estudios universitarios, el 1 por ciento cuenta con una maestría o su equivalente y menos del 1 por ciento tiene un doctorado. Por lo que no es posible que de acuerdo a la visión de crecimiento económico de este país tengamos el contraste de frenar la preparación de gran nivel académico y científico que nuestro país requiere.
La OCDE ha señalado que la conclusión de estudios de nivel postgrado es determinante para el crecimiento económico de un país, herramienta fundamental para el combate a la pobreza y al a desigualdad.
En México el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mejor conocido como Conacyt, creó el Programa Nacional de Postgrados de Calidad, política pública que tiene como finalidad fomentar la calidad del postgrado, así como formular, financiar e incrementar becas para estudiantes de este nivel.
Sin embargo, para ser beneficiario de una beca del Conacyt es necesario cumplir con una serie de requisitos, dedicarse exclusivamente a los estudios, mantener un promedio superior a 80, no reprobar alguna materia y que el postgrado se curse de manera presencial.
En cuanto a los últimos tres requisitos, nos parece que se puede cumplir a cabalidad, no así la exclusividad de estudiar y no contar con la facilidad para trabajar al mismo tiempo. Si bien sabemos que la gente más trabajadora tiene la mayor posibilidad de salir adelante, no es justo limitar sus aspiraciones, si están cumpliendo con cada uno de estos tres requisitos.
Por esta razón, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, la exclusividad de solo estudiar mientras tengas el beneficio de una beca viola el derecho para la realización de estudios de postgrado, y por otra, el derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por ello es necesario promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos fundamentales de los estudiantes de nivel postgrado que tienen una beca del Conacyt. Esa es la finalidad de la iniciativa que hoy presento ante ustedes.
Es indispensable impulsar y alentar, a través de la educación superior, a mujeres y hombres que están convencidos de avanzar y salir adelante por su propio esfuerzo y voluntad.
En un México donde peligramos con tener jóvenes que no estudian o trabajan, es urgente dar contrapeso con aquellos que tienen la oportunidad y el deseo de estudiar y trabajar, para aportar con su talento a su prosperidad, como a la prosperidad de nuestro país.
A estas personas que ya están cumpliendo con su obligación de mantener un promedio superior al 80, de no reprobar alguna materia y de cursar de manera presencial, debemos impulsarlos. Es nuestro deber ayudar a estos luchadores dinámicos, que son capaces de desempeñarse con alto rendimiento en ambos entornos educativo y laboral.
Esta es la gente de la cual depende el progreso de nuestra nación, y que quede claro que la gente trabajadora, con ganas de seguir preparándose, no debe ser excluida de una beca de posgrado, cosa que avala la máxima autoridad judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por esa razón propongo ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Compañeras y compañeros diputados, en la recta final de esa legislatura todavía tenemos el tiempo y la oportunidad para otorgar a la ciudadanía los instrumentos necesarios en su beneficio, en este caso la educación para el desarrollo y perfeccionamiento de nuestros profesionistas trabajadores, por lo que pido a ustedes su apoyo a la presente iniciativa y, en su momento, su voto a favor. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidenta. Mesa Directiva, con su permiso.
Compañeros, compañeras, miren, en el 2014 fue creado el Código Nacional de Procedimientos Penales con la finalidad de dar un protocolo de actuación en el proceso penal, garantías para la víctima e imputado, así como el protocolo de actuación para los policías al momento de una detención y obviamente del resguardo tanto de la escena del crimen como de la recolección de las pruebas que se llegan a encontrar con ayuda de un perito experto en la ciencia, arte o técnica idónea, sin embargo, no especifica las facultades o alcances de cada uno de ellos.
Para que una prueba sea viable y la acepten dentro de un proceso se requiere que esta tenga licitud, es decir, que los datos y pruebas sean obtenidos y producidos lícitamente para su admisión y desahogo en el proceso, por lo que se debe de seguir el protocolo de actuación para evitar que las pruebas se contaminen o sean violatorias de derechos humanos y así evitar caer en supuestos del artículo 264 de la nulidad de la prueba.
La nulidad de la prueba ha beneficiado a un número infinito de presuntos delincuentes acusados por diversos delitos, incluso con pruebas contundentes en su contra.
Uno de los casos más sonados ha sido aquel tan famoso de la francesa Florence Cassez, que como todos sabemos, a pesar de la existencia de pruebas plenas en su contra logró su libertad debido al montaje y contaminación del lugar de los hechos por parte de las autoridades y una televisora.
Desde secuestradores, líderes del narcotráfico hasta pederastas han sido beneficiados por la falta de preparación de los elementos de seguridad al momento de recabar las pruebas de la escena del delito.
Ante esto, resulta de suma importancia tomar en cuenta las diferencias entre la labor del policía de cualquier rango y la actuación del policía de investigación o encargado de la recolección de los hallazgos.
Ya que al momento de hacer el resguardo y la recolección de las pruebas por parte del elemento policial que llega primero al lugar de los hechos no sigue los protocolos de medidas para recabarlas. Y no las siguen, ¿saben por qué? Porque ni siquiera las conocen. No cuentan con preparación adecuada, preparación que en el mejor de los casos recibieron una sola vez en la academia, pero a la que no le dan continuidad con cursos que fortalezcan esos conocimientos.
¿Cuántas veces hemos escuchado noticias de que presuntos delincuentes quedan en libertad por errores cometidos en este paso del proceso o del debido proceso? Y si eso sucede en las grandes ciudades, imaginemos un poco lo que sucede en los municipios en los que no pasan de una docena de policías, que no tienen capacitación o conocimiento de cómo actuar ante determinadas situaciones.
Hay reclamos de que la impartición de justicia no se convierta en una puerta giratoria para que los delincuentes salgan. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido opiniones sobre las violaciones presentadas por los policías y demás autoridades que actúan de manera indebida, desde que inicia el proceso hasta su conclusión, con la finalidad de evitar que se vulneren los derechos de las víctimas. Sin embargo, esto no garantiza que se haga justicia, ya que el probable responsable sale en libertad y la sanción de la que el servidor público es acreedor no resarce la pena del delito en cuestión.
Es increíble que tanto los probables criminales como sus defensores se percaten del desconocimiento y poca preparación de las autoridades, y que las mismas autoridades no hagan absolutamente nada.
Se debe redefinir el concepto de resguardo y recolección de pruebas, distinguiendo las facultades entre policías y policías especializados o de investigación. Y lo más importante: proporcionarles de manera continua una preparación y capacitación constante que les permita tener presente el protocolo de actuación y los límites de sus funciones ante un ilícito y resguardo del lugar de los hechos.
El mínimo detalle puede contaminar y permitir que las pruebas se conviertan en ilícitas o viciadas, siendo las periciales el principal instrumento probatorio cuando se obtienen de manera lícita y se resguardan de forma adecuada.
La responsabilidad de la recolección, embalaje y traslado de los indicios o evidencias es de los policías y peritos, motivo por el cual se les debe dar, especificar y limitar su facultad a cada uno, siguiendo el protocolo que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 227 y los acuerdos que se llevan a cabo en cada estado y municipio.
Al mismo tiempo, se debe contar con el equipamiento necesario por parte de los policías de investigación o policías expertos en recolección de pruebas e indicios, para que puedan seguir con los protocolos antes mencionados, sin alterar su propia naturaleza.
El Ministerio Público, a su vez, debe contar con un espacio e instrumentos adecuados al momento en que reciba la cadena de custodia, por lo que debe ser requisito indispensable que todos los elementos que intervengan en la cadena de custodia y recolección de pruebas, los policías, peritos y Ministerios Públicos deban por obligación saber todos los lineamientos y requisitos necesarios para llevar a cabo los documentos o formatos desde el lugar de la intervención.
La cadena de custodia y la entrega recepción de los indicios o elementos materiales probatorios es fundamental. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Edgar Romo García: Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, rechaza enérgicamente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, respecto al uso o presencia de la Guardia Nacional o cualquier otro cuerpo militar de dicha nación en la frontera con México.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el Acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Comuníquese.
El presidente diputado Edgar Romo García: La histórica relación entre nuestro país y los Estados Unidos requiere de visiones de Estado, comprensivas y de largo plazo que valoren con objetividad los complejos fenómenos que se manifiestan en ella, por ello hacemos un firme llamado a que la relación bilateral preserve y amplíe los canales diplomáticos que han regido la buena relación entre ambas naciones, considerando estos como principales medios para resolver cualquier controversia de la agenda bilateral.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Único. La Cámara de Diputados con pleno respeto al principio republicano de división y equilibrio de Poderes exhorta, de manera respetuosa, al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el marco de sus atribuciones y facultades suscriba a nombre del Estado mexicano, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Firmado por los coordinadores en la Junta de Coordinación Política.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Comuníquese. Saludamos cordialmente a las personas que nos visitan el día de hoy procedentes del distrito 9 de Guadalajara, Jalisco y que son invitadas por la diputada Candelaria Ochoa y por la diputada Verónica Bermúdez. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se recibió solicitud de licencia de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral. Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo correspondientes.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por la primera circunscripción plurinominal a partir de esta fecha. Llámese al suplente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse.
La secretaria diputada Mariana Arámbula Meléndez: Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García (14:29 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 10 de abril de 2018 a las 11 horas.