Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/republic-bank-limited-vs-etecsa-comentarios-al?documento=rmercantil&contexto=rmercantil_ae2f33c31c750044e0430a0101510044&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 13:51:07
Document Index: 187115948

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 257', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 51', 'artículo 46', 'artículo 50', 'artículo 52', 'artículo 35', 'artículo 49', 'artículo 25', 'artículo 45', 'artículo 61', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 71', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 476', 'Artículo 35', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 6', 'artículo 40', 'Artículo 55']

﻿ REPUBLIC BANK LIMITED VS. ETECSA: COMENTARIOS AL FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR DE CUBA EN UN CASO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS
CONTENIDO:EL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR DE CUBA, MEDIANTE FALLO DE JUNIO DEL 2008 RESOLVIÓ UN RECURSO EN RELACIÓN CON UNA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LA HABANA A PARTIR DE UNA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL. EN ESTAS NOTAS, SE DESTACAN Y COMENTAN ALGUNAS DE LAS CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS DE LA QUE SON PARTE ACTUALMENTE 76 PAÍSES, ENTRE ELLOS VARIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
TÍTULO:REPUBLIC BANK LIMITED VS. ETECSA: COMENTARIOS AL FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR DE CUBA EN UN CASO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS
TEMAS GENÉRICOS:DERECHO MERCANTIL
REVISTA FORO DERECHO MERCANTIL N°:32, JUL.-SEP./2011, PÁGS. 165-182
Republic Bank Limited vs. Etecsa: Comentarios al fallo del Tribunal Supremo Popular de Cuba en un caso de compraventa internacional de mercaderías
1. Nota introductoria
El Tribunal Supremo Popular de Cuba, Sala de lo económico, mediante fallo de 16 de junio del 2008 publicado en el Boletín del Tribunal Supremo Popular, 2008, pp. 285 a 291, resolvió un recurso de revisión presentado por la parte demandada en relación con una decisión del Tribunal Supremo de La Habana a partir de una operación de compraventa internacional.
En estas notas, se destacan y comentan algunas de las consideraciones del tribunal relativas a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de la que son parte actualmente 76 países, entre ellos varios de América Latina y el Caribe. Cabe señalar que a la fecha son escasas las decisiones de tribunales latinoamericanos en aplicación de esta convención, al contrario de lo que sucede en otras latitudes, y, además, las que existen son poco conocidas. Esto resulta contrario al clima favorable para el desarrollo de negocios internacionales que se quiere generar en varios países de América Latina. Por esto, además de análisis doctrinales, resulta necesario difundir la legislación y jurisprudencia dictadas a propósito de operaciones de comercio internacional, todo con el fin de brindar mejores elementos de juicio a los operadores jurídicos encargados de asesorar tales negocios.
2. Resumen del fallo
La controversia gira en torno al contrato de venta de equipos de comunicaciones con destino a la telefonía móvil celebrado entre la sociedad Istatel Telecom —vendedora—, establecida en Sudáfrica, y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. – Etecsa —compradora—, establecida en Cuba. Luego de suscrito el contrato Istatel Telecom cedió el crédito que le correspondía por el pago del precio de venta a Republic Bank Limited, entidad establecida en Cuba, quien a su vez tomó la decisión de demandar a Etecsa para el pago de $ 295.900 dólares de los Estados Unidos y una cifra adicional de $ 24.211.19 dólares por intereses moratorios. La demandada interpuso un recurso de revisión contra la Sentencia 181 de 23 de mayo de 2006, de la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de La Habana, que le ordenó el pago alegando la inexistencia del crédito cedido, para que se decretara su suspensión y revocación.
La Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular de la ciudad de La Habana determinó la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, sin importar que Sudáfrica, país donde estaba establecido el vendedor, no fuere Estado contratante, toda vez que en el contrato se pactó, como derecho aplicable el cubano, del cual hace parte la Convención.
Igualmente, se consideró que las partes habían excluido la cláusula compromisoria de sometimiento a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, que establecía a su vez el sometimiento a la ley cubana. Esto, por el hecho de que la demandante requirió en proceso ordinario sin oposición de la demandada, de donde el tribunal entendió que las partes habían convenido la inaplicabilidad de la cláusula, confirmando la legitimidad del sometimiento a los tribunales ordinarios de Cuba. No obstante, asumió que dicha exclusión se entendía en cuanto a la elección del foro, mas no a la de ley aplicable. El tribunal consideró que si se hubiera decidido la nulidad de la cláusula de elección de ley aplicable se habría obtenido el mismo resultado que finalmente se dio, pues conforme al artículo 17 del Código Civil, el contrato se hubiera regido por el derecho cubano, en el cual se encuentra incorporada, por ratificación, la Convención.
Etecsa, en su momento, resolvió el contrato por incumplimiento esencial, ante la falta de conformidad de los bienes objeto del contrato. Notificó de ello a Istatel Telecom y a Republic Bank, en su condición de prestamista a cargo del financiamiento de la operación, advirtiéndoles de los problemas técnicos de los equipos importados. Igualmente, dispuso la devolución de la totalidad del lote de terminales móviles GSM entregado y requirió el reembolso del valor pagado de la mercancía. El tribunal de primera instancia determinó que Etecsa estaba facultada para retener el pago de aquella parte de la telefonía ya recibida, en compensación por los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento, entendiendo que el derecho a retener la ejecución de una prestación debida sujeta al cumplimiento satisfactorio de la otra parte está basado en un principio de equidad y equilibrio en las prestaciones, apoyándose, para tal interpretación, en el artículo 7.º de la Convención al igual que en las leyes civiles cubanas.
Así mismo, el tribunal determinó que la cesión del crédito le daba derecho a la parte cedida, en este caso la compradora, a oponer al cesionario todas las excepciones que tenía contra el cedente en virtud del contrato de venta, según el artículo 257 apartado 2 del Código Civil de Cuba, de forma que el crédito cedido estaba afectado a la compensación de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del cedente, lo que es válido también ante el cesionario.
De manera opuesta, la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular, en proceso de revisión promovido por Etecsa, concluyó que el fallo revisado había incurrido en una apreciación inadecuada de los elementos de hecho y de derecho, por lo cual lo revocó, negando la pretensión de la demandante.
3. Consideraciones generales
Independientemente de las múltiples aristas que genera este caso y de los comentarios que sobre las mismas se pueden hacer, a continuación, se incluyen algunas consideraciones relacionadas con algunos de los tópicos más sobresalientes.
El primero de ellos corresponde a la forma como el tribunal que conoce del recurso de revisión establece que la ley aplicable es la Convención de las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías.
La Convención resulta aplicable, según el factor geográfico, si las dos partes, vendedor y comprador, están establecidas en Estados parte de la Convención al momento de celebrar el contrato, conforme se deduce de los artículos 1.º y 100. No obstante lo anterior, también resulta aplicable si las normas de conflicto determinan que se aplicará el derecho de un Estado que haya adherido a la Convención, tal como lo consagra el artículo 1.1.b de la misma.
En sus consideraciones, el tribunal destaca este factor de aplicación, además de la posibilidad de exclusión de la Convención conforme lo establece el artículo 6.º, posibilidad que no fue seguida en el caso. Adicionalmente, el tribunal hace comentarios en relación con la autonomía conflictual, al señalar que las partes, cuando invocan una ley nacional de forma genérica, como sucedió en el caso con la referencia que las partes hacen al derecho cubano, lo hacen incluyendo las convenciones que formen parte de dicho derecho nacional.
También corresponde destacar que, no obstante la exclusión tácita que las partes hicieron de la cláusula compromisoria pactada en el contrato —conforme a la cual las partes se someterían a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cuba y se aplicaría el derecho cubano, toda vez que haciendo caso omiso de la misma el cesionario del vendedor demandó ante los tribunales estatales y el demandado no objetó dicho procedimiento— ello afecta solamente la selección de foro, pero no la de ley aplicable. Incluso, dijo el tribunal, si se hubiere asumido que la exclusión de la cláusula arbitral abarcaba también el derecho aplicable, de todas formas hubiera sido el derecho cubano, y dentro de él la Convención sobre Compraventa Internacional, pues la regla de conflicto, en este caso, el artículo 17 del Código Civil cubano que consagra la lex loci solutionis, hubiere conducido a ello(1).
Estas consideraciones corresponden a lo que la doctrina y los fallos de tribunales extranjeros ya han entendido en relación con la ley aplicable y la exclusión de la Convención conforme al acuerdo de las partes. En efecto, la doctrina ha precisado que en caso de remisión a las normas nacionales conforme a las reglas de conflicto, deberá aplicarse la Convención como parte del respectivo derecho nacional excluyéndose a su vez la aplicación de otras normas internas del Estado(2). También sobre este aspecto resulta pertinente anotar que por la vía del artículo 1.1. (b) del Convenio de Viena puede resultar aplicable la ley de un Estado parte en la Convención, en cuyo caso se aplicará dicha normativa como derecho propio(3). En este sentido hay varios fallos en la jurisprudencia extranjera(4).
Por otra parte, en relación con la falta de conformidad del artículo 35 de la Convención, el tribunal explica que las mercancías no serán conformes al contrato a menos que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinan, así como para el uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato, posean las cualidades de la muestra presentada por el comprador y estén envasadas o embaladas en la forma habitual para tales mercaderías a fin de garantizar su conservación y protección.
No obstante lo anterior, el tribunal incurre a nuestro juicio en una imprecisión al señalar que estos criterios son de carácter acumulativo. En efecto, la obligación de conformidad está regulada en la sección segunda, capítulo segundo, de la parte III de la Convención, a partir del artículo 35, y admite dos modalidades: la conformidad material y la conformidad jurídica, tal como se deriva del título mismo de dicha sección: “conformidad de las mercaderías y pretensiones de terceros”, además del propio desarrollo normativo(5).
El artículo 35 permite afirmar que el vendedor cumplirá con la obligación de conformidad material cuando la cantidad, calidad y tipo de las mercaderías correspondan a las estipuladas en el contrato y estén envasadas y embaladas en la forma fijada en el mismo. De esta manera, las mercaderías deben cumplir con una “adecuación material” no solo por corresponder con los requerimientos de cantidad, calidad y tipo(6), sino también por servir al propósito para el cual se destinen mercancías del mismo tipo o el que se hubiese convenido y que estén envasadas o embaladas en debida forma(7). Esto último se deriva de los casos de no conformidad consagrados en el numeral segundo de dicho artículo que no son de carácter acumulativo, sino supuestos que la constituyen, los cuales, de forma negativa, se pueden expresar así:
a) Cuando no sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinen mercaderías del mismo tipo;
b) Cuando no son aptas para cualquier uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las circunstancias resulte que el comprador no confió, o no era razonable que confiara, en la competencia y el juicio del vendedor;
c) Que no posean las cualidades de la muestra o modelo que el vendedor haya presentado al comprador;
d) Que no estén envasadas o embaladas en la forma habitual para tales mercaderías o, si no existe tal forma, de una forma adecuada para conservarlas y protegerlas.
Adicionalmente, el numeral 3.º de dicha norma establece que el vendedor no será responsable, en virtud de los apartados a), b), c) y d) precedentes, de ninguna falta de conformidad de las mercaderías que el comprador conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato(8).
Dentro de los supuestos de falta de conformidad del artículo 35 también se mencionan las faltas de cantidad, que podría ser mayor o menor a la contratada. Si fuere menor, de acuerdo con el artículo 51, cabe acudir a las reglas generales sobre incumplimiento, concretamente a los remedios del artículo 46, que permite, en este caso, la reparación mediante la entrega del faltante o la sustitución si el incumplimiento fuere esencial, y a la rebaja de precio conforme al artículo 50, teniendo en cuenta la diferencia existente entre el valor que las mercaderías efectivamente entregadas tenían en el momento de entrega y el valor que habrían tenido en ese momento mercaderías conformes al contrato. También, si fuere mayor, el artículo 52.2 de la Convención establece que el comprador podrá aceptar o rehusar la recepción del excedente y si acepta, deberá pagarla al precio del contrato.
También cabe afirmar que el artículo 35 de la Convención no se ocupa en señalar si la falta de conformidad debe tener un carácter grave o no, como sí ocurre, por ejemplo, en las normatividades nacionales que regulan el vicio redhibitorio. No obstante, no se puede afirmar que por no mencionarlo lo desconozca. En efecto, la gravedad o no de la falta de conformidad material incidirá en el sistema de remedios, de forma que solo cuando la falta de conformidad sea de cierta magnitud podrá pedirse la sustitución de las mercaderías o decretarse la resolución por incumplimiento esencial, conforme a los artículos 46.2 y 49, o a los otros remedios, cuando sea de poca importancia, todo conforme a las circunstancias particulares(9).
Adicionalmente, el tribunal en sus consideraciones destaca la posibilidad, que fue utilizada por el comprador en el caso en comento, consagrada en el artículo 49 de la Convención, de declarar la resolución del contrato en caso de incumplimiento esencial por parte del vendedor, según lo establecido en el artículo 25.
Si bien es cierto que la Convención sobre Compraventa Internacional no incluye un concepto de incumplimiento, ella hace una referencia implícita a que éste se origina en la no realización de las obligaciones de vendedor y comprador o bien en un cumplimiento defectuoso o tardío de las mismas. No obstante, debe tenerse claridad que en el contexto de la Convención no se habla de incumplimiento de obligaciones aisladamente consideradas, sino del contrato, entendiendo de esta forma que en éste se incumple cuando se “… produce la insatisfacción del interés contractual del acreedor”, lo que abarca tanto la falta de cumplimiento como el cumplimiento defectuoso(10). Ello se deduce de las normas que regulan las acciones a las que pueden acudir vendedor y comprador frente al incumplimiento de la otra parte, que puede incluir: la no entrega del bien por parte del vendedor —artículo 45 y ss.—, el no pago del precio por el comprador —artículo 61 y ss.— y falta de conformidad jurídica o material —no libre de pretensiones de terceros o cuando sirva defectuosamente—(11).
Así, la Convención concibe el incumplimiento de dos formas:
Una primera posibilidad puede denominarse “incumplimiento simple”, e incluye la inejecución de las prestaciones contractuales y la ejecución defectuosa de las mismas. El efecto que produce es que como regla general la parte afectada solo puede pretender una indemnización por los daños derivados de tal situación y otros remedios que conducen a preservar la relación contractual ante lo cual puede afirmarse que las reglas sobre cumplimiento de las obligaciones de las partes en la Convención tienden a mantener el contrato, desalentando la ruptura de las relaciones contractuales ante el incumplimiento de cualquiera de las partes(12).
La segunda, se produce cuando el incumplimiento es esencial —el que se genera conforme al artículo 25 de la Convención—, es decir, cuando la inejecución de las prestaciones o la ejecución defectuosa priva sustancialmente a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación, siguiendo en esto a la tradición inglesa, que permite distinguir entre incumplimiento esencial y no esencial, siendo tan solo el primero el que conduce a la resolución del contrato, para el que los jueces considerarán la gravedad del incumplimiento, de forma que si afecta la base del contrato, frustra la finalidad del mismo o priva de manera sustancial del beneficio que se pretendía obtener, es calificado como incumplimiento esencial y faculta al afectado para resolver el contrato(13).
Finalmente, cabe destacar la consideración del tribunal en relación con la facultad del comprador de retener el precio por el incumplimiento del vendedor y como forma de compensar los daños y perjuicios por el incumplimiento de este. El tribunal afirmó que esto puede entenderse conforme a los principios de equidad y equilibrio en las prestaciones, como lo afirma el artículo 7.º, que establece que los temas no resueltos por la Convención pueden dirimirse según los principios en los que esta se base.
Al respecto caben dos anotaciones. La primera consiste en afirmar que, en efecto, la Convención consagra en el artículo 71.1 —norma que el tribunal no tuvo en cuenta— que cualquiera de las partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si después de la celebración del contrato resulta manifiesto que la otra no cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones a causa, ya sea de un menoscabo grave de su capacidad para cumplirlas, o de su solvencia, o de su comportamiento al disponerse a cumplir o al cumplir el contrato.
En cuanto a la compensación de las obligaciones recíprocas, ya la doctrina y la jurisprudencia se han pronunciado en el sentido de entender que así no sea un tema expresamente resuelto por la Convención es un principio que se deriva de la misma, por lo que resulta atinada la decisión del tribunal de resolver este tema sin necesidad de acudir a las soluciones probables que el tema tuviere en el derecho nacional aplicable según las reglas de conflicto(14).
Tal como se ha destacado en los comentarios anteriores, salvo la consideración hecha en torno al carácter acumulativo de los supuestos de falta de conformidad, el análisis que realizó la jurisprudencia cubana en relación con la aplicación de la Convención, el carácter de incumplimiento esencial y la posibilidad de resolución unilateral de parte del contratante afectado, además de la posibilidad de considerar la compensación como uno de los principios en los que se basa la Convención, corresponden a las interpretaciones que tanto la doctrina generalizada como los tribunales extranjeros han hecho sobre temas similares.
Resta esperar los futuros fallos latinoamericanos en aplicación de la Convención, para lo que debiera anticiparse un análisis que propenda por la interpretación uniforme y autónoma de la Convención. La jurisprudencia cubana ha dado un buen paso.
Tribunal Supremo Popular de Cuba. Sala de lo Económico. Sentencia Nº 3, de 16 de junio del 2008
Aplicabilidad de la Convención de NN. UU. sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Viena 1980. Exclusión de la cláusula compromisoria y tácita confirmación de la jurisdicción ordinaria. Resolución del contrato por incumplimiento esencial. Derecho de retención de la prestación debida: principios generales. Inexistencia de cesión de contrato. No subsistencia del crédito exigido por resolución del contrato.
VISTO: por la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular el proceso de revisión promovido por el Lic. VFLÁ, a nombre y en representación de la empresa mixta cubana, Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., Etecsa, con domicilio social en E, nsd, eAyG, HV, ciudad de La Habana, contra la sentencia número ciento ochenta y uno, de veintitrés de mayo de dos mil seis, dictada por la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de ciudad de La Habana, recaída en el expediente número seiscientos setenta y nueve de dos mil cinco, radicado en virtud de la demanda interpuesta contra la misma por la entidad Republic Bank Limited, con representación en Oto, EJ, MB, AT esoyo, M, P Ciudad de La Habana, representada en este proceso por el Lic. JAGG, abogado de Consultores y Abogados Internacionales, Conabi.
RESULTANDO: Que la sentencia objeto de impugnación declaró con lugar la demanda interpuesta por Republic Bank, en su condición de demandante, y dispuso el pago por la demandada, Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en lo adelante Etecsa, promovente de la presente revisión, de la suma ascendente a doscientos noventa y cinco mil novecientos dólares estadounidenses ($ 295 900.00 USD), como principal de la deuda, más veinticuatro mil doscientos once dólares estadounidenses con diecinueve centavos de dólar ($ 24 211.19 USD), por concepto de intereses moratorios, para un total de trescientos veinte mil ciento once dólares estadounidenses con diecinueve centavos de dólar ($ 320 111.19 USD), en virtud de un crédito que le fuera cedido por Istatel Telecom, originariamente parte del contrato de compraventa internacional número ciento treinta y uno-trece-cero cuatro-setecientos treinta y uno, 131/13/04/731, suscrito por la misma, en calidad de vendedor, con Etecsa, como comprador, para la importación de medios con destino a la telefonía móvil.
RESULTANDO: Que la promovente funda su escrito de revisión en el artículo ciento once, inciso c), del Decreto 89 “Reglas de Procedimiento de Arbitraje Estatal”, de aplicación con sujeción a lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Decreto-Ley número doscientos cuarenta y uno, de veintiséis de septiembre de dos mil seis, sosteniendo, en lo fundamental, que se trata de la cesión de un crédito inexistente al haber quedado legítimamente resuelto el contrato con antelación a la misma, al amparo y de conformidad con la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, de Viena mil novecientos ochenta, la que reputa de aplicación, solicitando la suspensión de la sentencia impugnada y su ulterior revocación,
RESULTANDO: Que, admitido el escrito de revisión y habiéndole dado traslado del mismo a Republic Bank, este presentó escrito de oposición, rechazando las razones invocadas por la promovente para suspender la ejecución del fallo alcanzado en el tribunal de instancia y reafirmando su validez y eficacia y plena conformidad con el ordenamiento legal cubano, precisando que la cesión del aludido crédito se produjo de manera simultánea a la presunta resolución del contrato de Istatel Telecom con Etecsa, y significando que el expresado crédito se encontraba referido a aquella parte de la mercancía entregada al amparo de dicho contrato recibida a plena satisfacción de esta última, y sin que se hubiera producido el pago de la misma, impugnando finalmente la aplicación de la Convención de Viena (sic) mil novecientos ochenta.
La Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular resolvió:
CONSIDERANDO: Que la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, adoptada en Viena en mil novecientos ochenta, fue suscrita por el gobierno de la República de Cuba y ratificada con fecha dos de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, entrando en vigor para este país el primero de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por lo que, de conformidad con el derecho cubano la compraventa internacional se encuentra sometida a la expresada Convención.
CONSIDERANDO: Que en el artículo uno de la expresada Convención, en lo que se contrae a su ámbito espacial de validez, se contienen dos posibles fundamentos para su aplicación, por una parte como primer supuesto la adopción de la misma por los Estados en que se localizan los establecimientos de ambas partes contratantes, o en segundo lugar, aun en el supuesto en que la adopción de esta haya tenido lugar por uno solo de estos Estados, cuando su derecho haya sido declarado aplicable en virtud de una norma de derecho internacional privado.
CONSIDERANDO: Que en tal sentido, el hecho de no ser Sudáfrica, país sede de Istatel Telecom, signatario de la expresada Convención, no debe erigirse en obstáculo para la aplicación de la misma al contrato de compraventa suscrito por dicha firma con Etecsa, empresa mixta de nacionalidad cubana, cuyo país sede, Cuba, sí resulta ser signatario de la misma.
CONSIDERANDO: Que, de conformidad con la propia sistemática de la citada Convención, son las partes las que determinan la aplicación o no de la misma a sus contratos en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, a cuyo fin, más que obligar a estas a un pronunciamiento positivo en la expresada dirección, exige que las mismas opten por decidir, en su caso, sobre su exclusión —artículo seis—, lo que puede tener lugar de manera expresa o implícitamente al elegir las partes una normativa diferente aplicable a la relación contractual, o estableciendo como aplicable el derecho de un país no signatario; no siendo este el caso, sin embargo, del contrato suscrito por Istatel Telecom con Etecsa, del que no consta expresamente exclusión alguna y cuya única remisión lo es al derecho cubano que a su vez contempla, como parte del mismo, la vigencia y aplicación de la referida Convención de Viena.
CONSIDERANDO: Que asimismo es importante hacer notar que en la práctica comercial internacional, al hacer referencia las partes a una ley nacional, genéricamente, sin otra especificación, tal como resulta en el presente caso, se entiende dicha referencia hecha al derecho del país, comprendidas las convenciones de las que dicho país sea parte.
CONSIDERANDO: Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, es de advertir que en el presente caso la cláusula compromisoria de sometimiento a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, contenida en el contrato número ciento treinta y uno-trece-cero cuatro-setecientos treinta y uno, 131/13/04/731, suscrito por Istatel Telecom con Etecsa, por la cual se excluyó expresamente la jurisdicción ordinaria, es la que establece a la vez como aplicable la ley cubana, por lo que, al no ser esta tomada en cuenta por Republic Bank, en su condición de demandante, en virtud del crédito que le fuera cedido por Istatel Telecom, al establecer demanda en proceso ordinario contra Etecsa, ni ser opuesta por esta última al contestar dicha demanda, es de apreciar que ambas partes convenían en su inaplicabilidad, confirmando su voluntad de someterse a los tribunales ordinarios de la República de Cuba, siendo para ello forzoso reputar de inexistente dicha cláusula, exclusión que debe entenderse contraída a la elección de foro, no así en cuanto se refiere al derecho aplicable, el que debe estimarse como subsistente, sin perjuicio de lo cual es asimismo de advertir que, de extender a este último la nulidad de la cláusula ello no haría otra cosa que permitir considerar de aplicación directa la expresada Convención, como parte del derecho cubano, al amparo y de conformidad con el principio contenido en el artículo diecisiete del vigente Código Civil.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo treinta y cinco de la citada Convención, las mercancías no serán conforme al contrato a menos que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinan, así como para el uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato, posean las cualidades de la muestra presentada por el comprador, y estén envasadas o embaladas en la forma habitual para tales mercaderías a fin de garantizar su conservación y protección, siendo estos criterios establecidos de carácter acumulativo, por lo que no serán conformes al contrato aquellas mercancías que no respondan a las expresadas exigencias, tal y como resulta en el presente caso en relación con los equipos terminales de telecomunicaciones importados por Etecsa, de todo lo cual fue oportunamente impuesto Istatel, en su condición de proveedor.
CONSIDERANDO: Que, en estricta correspondencia con ello, el artículo cuarenta y nueve de la Convención contempla la posibilidad de que el comprador proceda a declarar resuelto el contrato si dicho incumplimiento por el vendedor constituye un incumplimiento esencial del mismo, reputándose como tal, de conformidad con el artículo veinticinco de la propia Convención, el que “cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado”, siendo lo cierto que las circunstancias que concurren en el presente caso alcanzan a anular de manera significativa los objetivos perseguidos a través de la contratación, no tratándose de un incumplimiento simple, en el cual el comprador pueda, sin mayores inconvenientes, utilizar o revender el producto, o dar a este un uso alternativo, ninguna de cuyas posibilidades se abren ante el comprador de la mercancía, siendo claramente previsibles las consecuencias de dicho incumplimiento en razón del destino último de las mismas, del pleno conocimiento del proveedor, en razón de lo cual Etecsa se encontraba en su derecho de proceder, como en efecto procedió, a resolver el expresado contrato.
CONSIDERANDO: Que, configurado el incumplimiento esencial del contrato y resuelto este por Etecsa, en su carácter de comprador, con sujeción al artículo setenta y cinco de la Convención le asiste a este el derecho, si procede a una compra de reemplazo, a obtener la diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en la operación de reemplazo, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo setenta y cuatro de la propia Convención.
CONSIDERANDO: Que en correspondencia con ello, al proceder a la resolución del contrato suscrito por Etecsa con Istatel Telecom, luego de reiteradas comunicaciones a este último como proveedor, así como a Republic Bank, en su condición de prestamista a cargo del financiamiento de dicha operación, imponiéndoles de los problemas técnicos advertidos en los equipos importados, y disponiendo la paralización inmediata de los embarques y por consiguiente de los pagos, Etecsa procedió igualmente a disponer la devolución de la totalidad del lote entregado de terminales móviles GSM y a requerir el reembolso del valor pagado por dicha mercancía, lo que tuvo lugar mediante comunicación de veintiuno de mayo de dos mil cinco, de lo cual se dio conocimiento asimismo a Republic Bank diez días después, con fecha treinta y uno del propio mes, actuando en consecuencia de ello según resulta de su propia comunicación de trece de junio y catorce de octubre de dos mil cinco, y del escrito de solicitud que le dirigiera Istatel Telecom a Etecsa con fecha veintiséis de septiembre del propio año dos mil cinco.
CONSIDERANDO: Que, con sujeción a lo dispuesto en el artículo siete de la Convención de Viena las cuestiones relativas a las materias que se rigen por esta y que no estén expresamente resueltas en ella “se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente Convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado”, resultando de ello que es un principio confirmado en el ámbito de las relaciones comerciales internacionales, que en las relaciones recíprocas es conforme a los principios de equidad y de equilibrio en las prestaciones, retener la ejecución de una prestación debida sujeta al cumplimiento satisfactorio de la otra parte, principio que igualmente rige en el derecho nacional tal como se consagra en el artículo trescientos seis de la Ley número cincuenta y nueve de mil novecientos ochenta y siete, del Código Civil, vigente en Cuba, por otra parte de aplicación preceptiva conforme a la regla de derecho internacional privado contenida en su artículo diecisiete; por lo que, a juicio de este tribunal, igual le asiste a Etecsa el derecho a retener el pago de aquella parte de la telefonía, ya recibida, en compensación de los daños y perjuicios resultantes del expresado incumplimiento.
CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, estando afectado dicho crédito a la debida compensación conforme le fuera anunciado y exigido por Etecsa a Istatel Telecom, y puesto ello en el conocimiento de Republic Bank con anterioridad a que estas dos últimas convinieran en su cesión, es evidente que su indisponibilidad, más allá de todo carácter litigioso, viene determinada por estar el mismo integrado, de manera unitaria, a una relación contractual cuyas estipulaciones han de ser examinadas, interpretadas y exigidas unas respecto a otras, y que contenían obligaciones que no habiendo sido debidamente satisfechas debían ser compensadas con la consiguiente afectación de su importe al pago de las mismas, obligación de la cual no puede sustraerse Istatel Telecom sin faltar a los principios de buena fe contractual y de conservación del contrato.
CONSIDERANDO: Que, en lo que se contrae a la cesión que tuviera lugar entre Istatel Telecom y Republic Bank, es de advertir que no se trata de una cesión de contrato dirigida a mantener la circulación de este y a asegurar su continuidad, solo posible en aquellos contratos bilaterales cuyas prestaciones no hayan sido aún plenamente ejecutadas y conserven su vigencia, situación esta última que no es dable reconocer en el presente caso por haber sido este resuelto, y en la que se requiere del consentimiento expreso de Etecsa en su carácter de cedido, presupuesto que igualmente no concurre como claramente se evidencia de lo actuado por las partes y consta de la documentación aportada al presente proceso.
CONSIDERANDO: Que, a su vez, para que se materialice la cesión de crédito que se invoca por la promovente, se requiere, en primer término, junto a la capacidad del cedente para disponer del mismo, la cesibilidad de este, para lo que igualmente, se exige que dicho crédito esté referido a una prestación que permanezca pendiente de ejecución y resulte exigible por el cesionario en lugar y grado del cedente, presupuestos estos que no concurren en el presente caso al haber sido resuelto íntegramente el contrato y afectado dicho crédito a compensar los daños y perjuicios originados por el incumplimiento de este último que diera lugar a la resolución misma de! contrato, por los fundamentos que constan de la presente resolución.
CONSIDERANDO: Que, en cualquier supuesto, cuando la cesión se realiza sin conocimiento del cedido, como con toda evidencia resulta en el presente caso, este puede oponer al cesionario todas las excepciones que ostentaba contra el cedente, por lo que, al transferirse este en la misma condición y estado tenga al realizarse la operación, tal como lo dispone el apartado dos del artículo doscientos cincuenta y siete del vigente Código Civil, la afectación del expresado crédito a la compensación de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del cedente, previamente opuesta por Etecsa a Istatel Telecom, es igualmente válida y eficaz frente a República Bank, en su condición de cesionario.
CONSIDERANDO: Que, sin perjuicio de ello, resulta de advertir que el negocio de cesión, como el que se invoca por la promoverte y se hace constar mediante escrito de trece de junio de dos mil cinco, debe ajustarse a las formas especiales requeridas para el negocio causal, ausentes en la expresada comunicación.
CONSIDERANDO: Que en mérito a los expresados fundamentos, apreciando que en efecto la sentencia número ciento ochenta y uno, de veintitrés de mayo de dos mil seis, dictada por la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, recaída en el expediente número seiscientos setenta y nueve de dos mil cinco, radicado en virtud de la demanda interpuesta por la entidad República Bank Limitad contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etusa, incurre en una apreciación inadecuada de elementos de hecho y de derecho, conforme fuera alegado y sostenido por esta última en su escrito de revisión.
FALLAMOS: Declarar Con Lugar la revisión interpuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba y disponer la revocación de la sentencia número ciento ochenta y uno, de veintitrés de mayo de dos mil seis, dictada por la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, recaída en el expediente número seiscientos setenta y nueve de dos mil cinco, radicado en virtud de la demanda interpuesta por la entidad República Bank Limitad contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etusa, cuya pretensión se declara Sin Lugar. Sin imposición de costas.
Ponente: Narciso A. Cobo Rojura
Jueces: Lidia S. Rosario López, Elpidio Pérez Suárez, Luis IIS. Medina Menda.
(1) La norma establece: “A falta de sumisión expresa o tácita de las partes, las obligaciones contractuales se rigen por la ley del lugar de ejecución del contrato”.
(2) Vázquez Lépinette, Tomás. Compraventa internacional de mercaderías. Una visión jurisprudencial. Aranzadi, Elcano (Navarra): 2000, p. 71. Este autor realiza una enumeración de las sentencias y laudos arbitrales que han seguido este criterio. Entre ellos, por ejemplo: Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, 27 de abril de 1992, Suiza, lout N.º 56, donde el tribunal determinó que la Convención era aplicable como ley de Italia. Disponible en: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920427s1.html.
(3) Vázquez Lepinette, ob. cit., pp. 158 y 159.
(4) Véase, por ejemplo, el caso Cervecería y Maltería Paysandú S.A. v. Cervecería Argentina S.A., 21 de julio de 2002, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires —segunda instancia—, Argentina. Disponible en: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020721a1.html. Los hechos y argumentos del tribunal en este caso fueron los siguientes: se celebró un contrato de venta de 135.320 kilogramos de cebada por US$ 37.213, entre Cervecería Argentina —compradora— establecida en Argentina y Paysandú —vendedora— establecida en Uruguay. La cebada se entregó en la planta de Cervecería Argentina establecida en Zárate, provincia de Buenos Aires a principios de 1995. Posteriormente, Paysandú demandó a Cervecería Argentina por el cobro del precio. Esta se negó alegando que los bienes eran de mala calidad. La sentencia de primera instancia condenó a la compradora. El tribunal de apelación basado en uno de los votos, al que adhirieron los otros miembros del tribunal, aplicó la Convención sobre Compraventa Internacional según el factor geográfico indirecto del artículo 1.1.b, razonando de la siguiente forma: al tratarse de un contrato celebrado entre una persona jurídica de derecho argentino y una persona jurídica extranjera, corresponde determinar si se trata de una compraventa internacional. En principio, la Convención no es aplicable según el artículo 1.1.a de la Convención puesto que Uruguay no era parte de ella al momento de celebrarse el contrato. Por otro lado, las reglas de derecho internacional privado argentinas —artículos 1209 y 1210 del Código Civil—, conectan al contrato con el derecho argentino, toda vez que, según estas, los contratos celebrados fuera de dicho país, pero ejecutados dentro de él, se regirán por el derecho argentino en cuanto a su validez, naturaleza y obligaciones. Así, el fallo consideró que “(...) toda vez que las reglas de derecho internacional privado antes mencionadas designan el derecho de la República Argentina —por tratarse de un Estado contratante—, cabe concluir que el “sub lite” se encuentra dentro de aplicación de la Convención, en virtud de lo dispuesto en su artículo 1.1.b”. El fallo determinó además que no obstante: “(...)la Convención regula detalladamente las obligaciones del vendedor respecto de la entrega de las mercaderías y los derechos del comprador en supuestos de que la cantidad, calidad y tipo no correspondan a lo estipulado en el contrato —v., entre otros arts. 30, 35, 36, 39 y 45 a 52—; reglamentación que coincide en esencia con la contenida en nuestros Código Civil y Código de Comercio —v. exposición de motivos de la Ley 22.765—. Más no contiene ninguna regla —ni principio general— concerniente al procedimiento a seguir para determinar la calidad de los efectos, cuando es impugnada por el adquirente. Ante esta omisión, debe acudirse a la solución contemplada en el artículo 7.2, en cuanto establece que las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la Convención que no estén expresamente resueltas en ellas ni en los principios generales en que se basa la misma, se dirimirán de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado —v. “Villegas”, ob. cit., par. 4, p. 31—”. Así entonces, consideró que en tal supuesto debía acudirse a las normas nacionales según el derecho internacional privado y por ello, “... la cuestión relativa a la justificación de los vicios atribuidos a las mercaderías enajenadas debe regirse por el Código de Comercio”. Según esto, se consideró que debió acudirse al artículo 476 de dicho Código de Comercio, según el cual el comprador que impugna la calidad de las mercaderías debe recurrir a la pericia arbitral, lo que fue omitido por el comprador, ante lo cual no se acogió el recurso respectivo. Adicionalmente, decidió que la sentencia de primera instancia que obligaba a pagar el precio demandado con intereses, resulta ajustada a lo dispuesto en los artículos 28, 53, 59, 61, 62, 78 y concordantes de la Convención, por lo cual la confirmó.
(5) Audit, Bernard. La compraventa internacional de mercaderías, traducción de Ricardo de Zavalía, Editorial Zavalía, Buenos Aires: 1994, p. 113.
(6) Morales Moreno, Antonio Manuel. “Artículo 35”. En: La compraventa internacional de mercaderías. Comentario de la Convención de Viena. Luis Díez Picazo y Ponce de León —director y coordinador—, Civitas, Madrid: 1998, p. 287.
(7) Audit, ob. cit., p. 114. Farnsworth, E. Allan. Rigths and Obligations of the Seller. En: The 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods, Lausanne Colloquium of November 19-20, 1984. Institut Suisse de Droit Comparé, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zúrich: 1985, p. 87.
(8) Morales Moreno agrega, basado en el artículo 80 de la Convención, el caso en que la falta de conformidad resulta imputable al comprador, como en el evento en que el comprador suministra una parte no sustancial de los materiales que han de ser empleados en la manufactura o producción y estos son los que provocan la falta de conformidad. El artículo 80 en mención dispone: “Una parte no podrá invocar el incumplimiento de la otra en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado por acción u omisión de aquella”. Igualmente, adiciona el autor como evento de exclusión de la responsabilidad del vendedor, cuando las partes hayan pactado que el comprador asume el riesgo de falta de conformidad, basándose en el principio de autonomía de la voluntad del artículo 6.º, aunque limitada la cláusula por la falta de conformidad que el vendedor conocía o no podía ignorar y no haya revelado al comprador, conforme al artículo 40. Morales Moreno, ob. cit., pp. 308-310.
(9) Morales Moreno, ob. cit., p. 306.
(10) Vidal Olivares, Álvaro Rodrigo. El incumplimiento contractual y los remedios de que dispone el acreedor en la compraventa internacional. En: Revista Chilena de Derecho, vol. 33, n.º 3, p. 451.
(11) Clemente Meoro, Mario E. La facultad de resolver los contratos por incumplimiento. Tirant lo Blanch, Valencia: 1999, pp. 239 y 240.
(12) Cabanillas Sánchez, Antonio. Artículo 55. En: La compraventa internacional de mercaderías. Comentario de la convención de Viena. Luis Díez Picazo y Ponce de León —director—, Civitas, Madrid: 1998, pp. 212, 213, 221 y 222.
(13) Cabanillas, ob. cit., p. 212. Calamari, John y Perillo, joseph. The law of contracts. West Law, 4.th edition, St. Paul (Minn.): 1998, p. 414. En el derecho inglés se distingue entre conditions y warranties, siendo las primeras aquellas obligaciones que se consideran esenciales para el contrato, de tal forma que si se incumplen, se produce un incumplimiento esencial que genera la posibilidad de resolver el pacto. Por el contrario, el incumplimiento de las warranties, que son términos menos importantes, solo genera el derecho a reclamar indemnización de daños, pero no a resolver el contrato. Treitel, G.H. The law of contract. Thomson Sweet y Maxwell, 11 edition, London: 2003, pp. 225-241.
(14) Mucenic, Vladia Ruxandra. “Lagunas de la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías”, 2005. Disponible en: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/mucenic.html#iv. Oberlandesgericht Hamburg, Alemania, 26 de noviembre de 1999, clout n.º 348. Disponible en: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991126g1.html. El caso se refería al derecho concedido al comprador de no pagar el precio en compensación por la indemnización debida por el vendedor por el incumplimiento del contrato. De todas formas conviene anotar que en otros casos, los tribunales han considerado que la compensación no es un tema resuelto por la Convención, razón que justifica buscar su solución en el derecho nacional que corresponda. Los fallos respectivos, según el compendio de Uncitral, en el Compendio de Jurisprudencia relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, en http://www.uncitral.org, son: Oberster Gerichtshof, 22 de octubre de 2001, clout n.º 605; Tribunale di Vigevano, Italia, 12 de julio de 2000, clout n.º 378; Amtsgericht Duisburg, Alemania, 13 de abril de 2000, clout n.º 360; Oberlandesgericht München, Alemania, 11 de marzo de 1998, clout n.º 232; Kantonsgericht Freiburg, Suiza, 23 de enero de 1998, clout n.º 259; Landgericht Hagen, Alemania, 15 de octubre de 1997, en http://www.jura.uni–freiburg.de/ipr1/cisg/; Landgericht München, Alemania, 6 de mayo de 1997, en http://www.jura.uni–freiburg.de/ipr1/cisg/urteile/text/341.htm; Oberlandesgericht Düsseldorf, Alemania, 24 de abril de 1997, clout n.º 275; Oberlandesgericht Düsseldorf, Alemania, 11 de julio de 1996, clout n.º 169; Landgericht Duisburg, Alemania, 17 de abril de 1996, en http://www.jura.uni–freiburg.de/ipr1/cisg/; Oberlandesgericht Stuttgart, Alemania, 21 de agosto de 1995, clout n.º 289; Landgericht München, Alemania, 20 de marzo de 1995,en http://www.jura.uni–freiburg.de/ipr1/cisg/urteile/text/164.htm; Rechtbank Middelburg,Países Bajos, 25 de enero de 1995, en Nederlands Internationaal Privaatrecht, 1996, Nº 127; Amtsgericht Mayen, Alemania, 19 de septiembre de 1994, en http://www.jura.uni–freiburg.de/ipr1/cisg/; Oberlandesgericht Koblenz, Alemania, 17 de septiembre de 1993, clout n.º 281; Oberlandesgericht Hamm, Alemania, 9 de junio de 1995, clout n.º 125; Rechtbank Roermond, Países Bajos, 6 de mayo de 1993; Unilex y Rechtbank Arnhem, Países Bajos, 25 de febrero de 1993, clout n.º 99.