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Timestamp: 2019-08-21 00:48:06
Document Index: 305081361

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 19']

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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE LHOMME CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
CASO ESPINOZA GONZÁLES VS. PERÚ SENTENCIA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas )
Excepciones Preliminares y Consideraciones Previas
Reparaciones_y_Costas_)'>CASO ESPINOZA GONZÁLES VS. PERÚ
SENTENCIA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014
El 20 de noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó Sentencia, mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado del Perú por la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal, protección de la honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial, así como por el incumplimiento del deber de no discriminar, todos en perjuicio de Gladys Carol Espinoza Gonzáles. Además, declaró la responsabilidad del Perú por la violación del derecho a la integridad personal de Teodora Gonzáles de Espinoza y Manuel Espinoza Gonzáles, madre y hermano de Gladys Espinoza.
En el marco del conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares que se vivió en el Perú entre 1980 y 2000, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyeron una práctica sistemática y generalizada y se utilizaron como instrumento de la lucha contrasubversiva en el marco de investigaciones criminales por los delitos de traición a la patria y terrorismo. En particular, se produjeron numerosos actos que configuraron una práctica generalizada y aberrante de violación sexual y otras formas de violencia sexual que afectó principalmente a las mujeres y se enmarcó en un contexto más amplio de discriminación contra la mujer. Dichas prácticas fueron facilitadas por el permanente recurso a los estados de emergencia y la legislación antiterrorista vigente para la fecha, la cual se caracterizó por la ausencia de garantías mínimas para los detenidos, además de disponer, entre otros, la potestad de incomunicar a los detenidos y el aislamiento celular.
En el marco de dicho contexto, el 17 de abril de 1993 Gladys Carol Espinoza Gonzáles fue interceptada junto con su pareja sentimental Rafael Salgado en Lima por agentes de la División de Investigación de Secuestros (DIVISE) de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes habían montado el operativo denominado “Oriente”, a fin de dar con los autores del secuestro de un empresario. Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la DIVISE y, al día siguiente, Gladys Espinoza fue trasladada a instalaciones de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE). En dichas instalaciones, a la madre de Gladys Espinoza, Teodora Gonzáles le negaron que aquella estuviera detenida y no le permitieron verla sino hasta aproximadamente tres semanas después. El 26 de abril de 1993 Teodora Gonzáles presentó un escrito ante la 14a Fiscalía Especial de Terrorismo, mediante el cual solicitó la intervención de un médico legista para verificar la vida y estado de salud de su hija. Dos días después, el entonces Coordinador General de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) denunció ante la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, y ante la Fiscalía de la Nación, Ministerio Público, que Gladys Espinoza había sido sometida a abuso sexual y maltratos físicos, entre otros, los cuales tendrían una secuencia desde el día de la detención. Durante su permanencia en la DINCOTE Gladys Espinoza fue objeto de atención y tratamiento médico. Al respecto, se emitieron al menos cinco exámenes, informes y certificados médicos, en los cuales se certificó la presencia de lesiones y hematomas en diversas partes del cuerpo.
El 25 de junio de 1993 el Juez Instructor Militar Especial condenó a Gladys Espinoza como autora del delito de traición a la patria. El 17 de febrero de 2003 la Sala Penal Superior de la Corte Suprema declaró nulo todo lo actuado en el proceso penal seguido ante el Fuero Militar por delito de traición a la patria. El 1 de marzo de 2004 la Sala Nacional de Terrorismo dictó Sentencia, mediante la cual condenó a Gladys Espinoza por el delito contra la Tranquilidad Pública – Terrorismo. El 24 de noviembre de 2004 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia impuso a Gladys Espinoza la pena privativa de libertad de 25 años a vencer el 17 de abril de 2018. Gladys Espinoza ha permanecido en diversos establecimientos penitenciarios en el Perú y actualmente continúa recluida. Entre 1996 y 2001 permaneció en el Establecimiento Penal de Yanamayo.
En el marco de los referidos procesos penales y en diversas oportunidades, Gladys Espinoza relató, ante autoridades del Perú, que fue víctima de actos de violencia durante su detención, así como de actos de tortura, violación y otras formas de violencia sexual durante el tiempo en que permaneció en las instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE. A su vez, en el año 2004 se realizó a Gladys Espinoza un “Protocolo de Reconocimiento Médico Legal para la Detección de Lesiones Resultantes de Tortura en Personas Vivas”.
A pesar de las numerosas denuncias formuladas desde 1993 en adelante, y de los informes médicos que constataban su estado de salud, no hubo investigación alguna sobre los alegados actos de violencia, y en particular de violencia sexual, perpetrados en contra de Gladys Espinoza. Fue recién el 8 de junio de 2011 cuando la Comisión Interamericana notificó al Perú el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 67/11 correspondiente al presente caso, que se puso en marcha el procedimiento que llevó a la investigación a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, la cual dio inició el 16 de abril de 2012. Una vez realizadas las diligencias investigativas correspondientes en el marco de las cuales el Instituto de Medicina Legal elaboró el 7 de enero de 2014 un “Protocolo de Investigación de Tortura o Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes” respecto de Gladys Espinoza, el 30 de abril de 2014 el Fiscal formalizó la denuncia penal ante el Juzgado Penal Nacional de Turno de Lima, y el 20 de mayo de 2014, el Primer Juzgado Penal Nacional emitió auto de procesamiento, mediante el cual promovió la acción penal en contra de varias personas por los delitos de secuestro, violación sexual y tortura.
La Corte resolvió dos excepciones preliminares interpuestas por el Estado, alegando la falta de competencia ratione materia y ratione temporis de la Corte para conocer sobre el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Respecto a su competencia ratione materia, la Corte reiteró que el artículo 12 de dicho instrumento concede competencia a la Corte al no exceptuar de su aplicación ninguna de las normas y requisitos de procedimiento para las comunicaciones individuales, y desestimó dicha excepción preliminar. En lo que se refiere a su competencia ratione temporis, la Corte determinó que no tenía competencia para pronunciarse, con base en dicho tratado, sobre los hechos y la falta de investigación previos al 4 de junio de 1996, fecha en que el Perú ratificó ese instrumento, por tanto, admitió parcialmente la excepción preliminar. Además, la Corte resolvió dos consideraciones previas relativas a la determinación de las presuntas víctimas y el marco fáctico del caso. En cuanto a la primera, se excluyó como presuntas víctimas a dos personas ante su solicitud expresa. En relación con la segunda, se excluyeron determinados hechos alegados por las partes que no formaban parte del marco fáctico del presente caso. Al respecto, la Corte tomó en consideración que la Comisión Interamericana excluyó expresamente del marco fáctico del caso los hechos relacionados con los procesos penales seguidos en contra de Gladys Espinoza, incluyendo únicamente su “supuesta detención ilegal y arbitraria” y “[las] presuntas torturas y condiciones inhumanas de detención de las que habría sido objeto, así como la alegada ausencia de investigaciones al respecto”.
La Corte determinó que el Perú violó, en perjuicio de Gladys Espinoza, y en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: a) los artículos 7.1 y 7.2 de dicho tratado, por la falta de un registro adecuado de dicha detención; b) los artículos 7.1 y 7.4 del tratado, en razón que no se le informó de las razones de la detención ni se le notificaron los cargos formulados según los estándares convencionales; c) los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 del mismo, por la falta de control judicial de la detención por al menos 30 días, que hizo que la detención pasase a ser arbitraria, y d) los artículos 7.1 y 7.6 de la Convención, en relación con el artículo 2 de la misma, debido a la imposibilidad de interponer el recurso de hábeas corpus o cualquier otra acción de garantía durante la vigencia del Decreto Ley 25.659 de agosto de 1992, que dispuso la improcedencia de las Acciones de Garantía de los detenidos, implicados o procesados por los delitos de terrorismo.
Por otro lado, el Tribunal determinó que, durante su detención el 17 de abril de 1993, Gladys Espinoza fue golpeada y amenazada de muerte, entre otros, y que el Perú no justificó la fuerza utilizada por sus agentes, en violación a su derecho a la integridad personal. Asimismo, la Corte determinó que la forma en que se dio dicha detención constituyó tortura psicológica. Una vez trasladada a instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE, Gladys Espinoza fue víctima de tratos inhumanos y degradantes, ya que estuvo sometida a incomunicación por aproximadamente tres semanas, sin acceso a su familia. Asimismo, en dichos recintos fue víctima de tortura en razón que se ejerció violencia psicológica y física contra ella con la finalidad de conseguir información respecto del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y el secuestro mencionado. A su vez, Gladys Espinoza fue víctima de violación sexual y otros tipos de violencia sexual en reiteradas ocasiones y por un período prolongado de tiempo. Al respecto, la Corte determinó que, debido a que lo sucedido a la señora Espinoza fue consistente con la práctica generalizada de violación sexual y otras formas de violencia sexual que afectaron principalmente a las mujeres durante el conflicto, los actos de violencia sexual en contra de Gladys Espinoza también constituyeron actos de tortura. Por todo lo anterior, la Corte consideró que el Perú violó, en perjuicio de Gladys Espinoza, los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, e incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura por los actos perpetrados en su contra en las instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE en 1993. Además, en cuanto a los hechos de violencia y violación sexual, la Corte consideró también violados los artículos 11.1 y 11.2 de la Convención.
Por otro lado, la Corte concluyó que, durante su permanencia en el Establecimiento Penitenciario de Yanamayo entre 1996 y 2001, el Estado sometió a Gladys Espinoza a trato cruel, inhumano y degradante, en violación de los artículos 5.2 y 5.1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, teniendo en cuenta: i) las condiciones de detención en dicho penal; ii) el régimen al que fue sometida, previsto para procesados y/o sentenciados por terrorismo y traición a la patria, y iii) la ausencia de atención médica especializada, adecuada y oportuna, ante el deterioro progresivo de salud de Gladys Espinoza evidenciado en los informes médicos practicados a ella en la época. Igualmente, la Corte determinó que el Estado violó los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención en perjuicio de Gladys Espinoza, por la magnitud de la fuerza utilizada en su contra en el marco de una requisa ocurrida en el Establecimiento Penitenciario de Yanamayo el 5 de agosto de 1999 con la participación de efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), lo cual constituyó una forma de tortura. La Corte afirmó que en ningún caso el uso de violencia sexual es una medida permisible en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
La Corte consideró que la práctica generalizada de la violencia sexual por las fuerzas de seguridad durante el período del conflicto constituyó violencia basada en género pues afectó a las mujeres por el solo hecho de serlo. A la luz de ese contexto, la Corte consideró que el cuerpo de Gladys Espinoza como mujer fue utilizado a fin de obtener información de su compañero sentimental y humillar e intimidar a ambos. Estos actos confirman que los agentes estatales utilizaron la violencia sexual y la amenaza de violencia sexual en contra de Gladys Carol Espinoza Gonzáles como estrategia en la lucha contra el mencionado grupo subversivo. Como consecuencia, la Corte concluyó que Gladys Espinoza fue víctima de trato discriminatorio individualizado por su condición de ser mujer, en violación al artículo 1.1 de la Convención, en relación con los artículos 5.1, 5.2 y 11 del mismo tratado, y los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST).
En razón que Gladys Espinoza fue sometida a torturas, las cuales incluyeron la violencia y la violación sexual, así como a otros tratos inhumanos y degradantes, todo ello en el marco de una práctica generalizada de los mismos, la Corte aplicó la presunción iuris tantum sobre la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de su madre, Teodora Gonzáles. Igualmente, consideró que el Estado violó la integridad personal de su hermano, Manuel Espinoza. Por todo lo anterior, se violó el artículo 5.1 de la Convención Americana.
Por otra parte, la Corte consideró que el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, e incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST y el artículo 7.b de la Convención Belém do Pará (en cuanto a esta última, a partir de la fecha en que fue ratificada), por el retardo injustificado para iniciar la investigación de los hechos ocurridos en perjuicio de Gladys Espinoza. Asimismo, en su análisis de fondo, la Corte observó que ni las declaraciones que se le tomaron a Gladys Espinoza ni los informes médicos correspondientes a los exámenes que se le practicaron cumplieron con los estándares internacionales aplicables para la recaudación de prueba en casos de tortura y violencia sexual, y en particular, a la recopilación de declaraciones y la realización de evaluaciones médicas y psicológicas.
La Corte consideró que, en cuanto a las entrevistas que se realicen a una persona que afirma haber sido sometida a actos de tortura: i) se debe permitir que ésta pueda exponer lo que considere relevante con libertad, por lo que los funcionarios deben evitar limitarse a formular preguntas; ii) no debe exigirse a nadie hablar de ninguna forma de tortura si se siente incómodo al hacerlo; iii) se debe documentar durante la entrevista la historia psicosocial y previa al arresto de la presunta víctima, el resumen de los hechos narrados por ésta relacionados al momento de su detención inicial, las circunstancias, el lugar y las condiciones en las que se encontraba durante su permanencia bajo custodia estatal, los malos tratos o actos de tortura presuntamente sufridos, así como los métodos presuntamente utilizados para ello, y iv) se debe grabar y hacer transcribir la declaración detallada. En casos de que la alegada tortura incluya actos de violencia o violación sexual, dicha grabación deberá ser consentida por la presunta víctima. Además, la Corte reiteró que en la entrevista que se realiza a una presunta víctima de actos de violencia o violación sexual, es necesario que la declaración de ésta se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza, y que la declaración se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición. Dicha declaración deberá contener, con el consentimiento de la presunta víctima: i) la fecha, hora y lugar del acto de violencia sexual perpetrado, incluyendo la descripción del lugar donde ocurrió el acto; ii) el nombre, identidad y número de agresores; iii) la naturaleza de los contactos físicos de los que habría sido víctima; iv) si existió uso de armas o retenedores; v) el uso de medicación, drogas, alcohol u otras substancias; vi) la forma en la que la ropa fue removida, de ser el caso; vii) los detalles sobre las actividades sexuales perpetradas o intentadas en contra de la presunta víctima; viii) si existió el uso de preservativos o lubricantes; ix) si existieron otras conductas que podrían alterar la evidencia, y x) detalles sobre los síntomas que ha padecido la presunta víctima desde ese momento.
Por otra parte, la Corte consideró que, en casos donde existen indicios de tortura, los exámenes médicos que se realicen a una potencial víctima de tortura deben ser realizados con consentimiento previo e informado, sin la presencia de agentes de seguridad u otros agentes estatales, y los informes correspondientes deben incluir, al menos, los siguientes elementos: a) las circunstancias de la entrevista: el nombre del sujeto y el nombre y la filiación de todas las personas presentes en el examen; la fecha y hora exactas; la ubicación, carácter y domicilio de la institución donde se realizó el examen; circunstancias particulares en el momento del examen, y cualquier otro factor que el médico considere pertinente; b) una exposición detallada de los hechos relatados por el sujeto durante la entrevista; c) una descripción de todas las observaciones físicas y psicológicas del examen clínico, incluidas las pruebas de diagnóstico correspondientes y, cuando sea posible, fotografías en color de todas las lesiones; d) una interpretación de la relación probable entre los síntomas físicos y psicológicos y las posibles torturas o malos tratos, y una opinión respecto a la recomendación de un tratamiento médico y psicológico o de nuevos exámenes, y e) el informe deberá ir firmado y en él se identificará claramente a las personas que hayan llevado a cabo el examen.
Asimismo, la Corte recordó que en casos de violencia contra la mujer, al tomar conocimiento de los actos alegados, es necesario que se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea. Dicho examen deberá ser realizado de conformidad con protocolos dirigidos específicamente a documentar evidencias en casos de violencia de género. Más aún, la Corte recordó que en casos de violencia sexual la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia traumática a la presunta víctima, y consideró que el peritaje ginecológico y anal debe ser realizado, de considerarse procedente su realización y con el consentimiento previo e informado de la presunta víctima, durante las primeras 72 horas a partir del hecho denunciado, con base en un protocolo específico de atención a las víctimas de violencia sexual. Esto no obsta a que el peritaje ginecológico se realice con posterioridad a este período, con el consentimiento de la presunta víctima, toda vez que evidencias pueden ser encontradas tiempo después del acto de violencia sexual, particularmente con el desarrollo de la tecnología en materia de investigación forense. En vista de ello, la Corte consideró que la procedencia de un peritaje ginecológico debe ser motivada detalladamente por la autoridad que lo solicita y, en caso de no ser procedente o no contar con el consentimiento informado de la presunta víctima, el examen debe ser omitido, lo que en ninguna circunstancia debe servir de excusa para desacreditar a la presunta víctima y/o impedir una investigación.
Por otra parte, la Corte afirmó que los médicos y demás miembros del personal de salud están en la obligación de no participar, ni activa ni pasivamente, en actos que constituyan participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incitación a ello o intento de cometerlos. En particular, el médico forense está en la obligación de plasmar en sus informes la existencia de prueba de malos tratos, de ser el caso. Así, los médicos forenses deben adoptar medidas a fin de notificar posibles abusos a las autoridades correspondientes o, si ello implica riesgos previsibles para los profesionales de la salud o sus pacientes, a autoridades ajenas a la jurisdicción inmediata. Además, el Estado debe proporcionar las garantías necesarias para que, si un examen médico forense apoyara la posibilidad de que se hayan cometido actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el detenido o la detenida no regrese al lugar de detención donde éstos habrían ocurrido. Asimismo, el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos de manera que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión. El deber de independencia exige que el médico tenga plena libertad de actuar en interés del paciente, e implica que los médicos hagan uso de las prácticas médicas óptimas, sean cuales fueren las presiones a las que puedan estar sometidos, incluidas las instrucciones que puedan darle sus empleadores, autoridades penitenciarias o fuerzas de seguridad. En esta línea, el Estado tiene la obligación de abstenerse de obligar de cualquier forma a los médicos de comprometer su independencia profesional. Si bien no basta con afirmar que un médico sea funcionario del Estado para determinar que no es independiente, el Estado debe asegurarse de que sus condiciones contractuales le otorguen la independencia profesional necesaria para realizar sus juicios clínicos libres de presiones. El médico forense tiene igualmente una obligación de imparcialidad y objetividad frente a la evaluación de la persona a quien examina.
Finalmente, la Corte consideró que el Estado incumplió su obligación contenida en el artículo 1.1 de la Convención, en relación con los artículos 8 y 25 y 2 de la misma, y con los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST y el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará, por la valoración estereotipada de la prueba por parte de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que derivó en que en el año 2004 nuevamente no se ordenara la investigación de los hechos denunciados, lo cual constituyó discriminación en el acceso a la justicia por razones de género. En este sentido, la Corte reconoció y rechazó el estereotipo de género por el cual se considera a las mujeres sospechosas de haber cometido un delito como intrínsecamente no confiables o manipuladoras, especialmente en el marco de procesos judiciales. Además, la Corte señaló que una garantía para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual debe ser la previsión de reglas para la valoración de la prueba, que evite afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, las cuales no existieron en el presente caso. Finalmente, la Corte concluyó que en el Perú se tornó invisible el patrón grave de violencia sexual del cual fueron víctimas las mujeres detenidas en razón de su presunta participación en delitos de terrorismo y traición a la patria, lo cual constituyó un obstáculo a la judicialización de dichos hechos, favoreciendo su impunidad hasta la fecha, y configuró discriminación en el acceso a la justicia por razones de género.
La Corte estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación. Además, ordenó al Estado: i) abrir, impulsar, dirigir, continuar y concluir, según corresponda y con la mayor diligencia, las investigaciones y procesos penales pertinentes, a fin de identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de las graves afectaciones a la integridad personal ocasionadas en perjuicio de Gladys Espinoza; ii) brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten; iii) publicar la Sentencia y su resumen oficial; iv) desarrollar protocolos de investigación para que los casos de tortura, violación sexual y otras formas de violencia sexual sean debidamente investigados y juzgados de conformidad con los estándares indicados en la Sentencia; v) incorporar en los programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a quienes están encargados de la persecución penal y su judicialización los estándares establecidos en la Sentencia; vi) implementar un mecanismo que permita a todas las mujeres víctimas de la práctica generalizada de la violación sexual y otras formas de violencia sexual durante el conflicto peruano tener acceso gratuito a una rehabilitación especializada de carácter médico, psicológico y/o psiquiátrico dirigido a reparar este tipo de violaciones; vii) pagar los montos señalados en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños inmateriales, y el reintegro de costas y gastos. Asimismo, la Corte dispuso que el Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte las cantidades erogadas durante la tramitación del presente caso.
 Integrada por los siguientes jueces: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez. Presentes, además, el Secretario del Tribunal Pablo Saavedra Alessandri y la Secretaria Adjunta Emilia Segares Rodríguez. De conformidad con el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte Interamericana aplicable al presente caso, el Juez Diego García-Sayán, de nacionalidad peruana, no participó de la deliberación de esta Sentencia. Por su parte, el Juez Alberto Pérez Pérez no participó de la deliberación de esta Sentencia por razones de fuerza mayor.