Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-3-abril-2019-779155453
Timestamp: 2019-05-24 04:54:25
Document Index: 193583160

Matched Legal Cases: ['artículo 118', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 100', 'artículo 524', 'artículo 51']

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Torrelavega n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una sentencia en la que se declara la adquisición de dominio por prescripción de una finca. - Doctrina Administrativa - VLEX 779155453
Publicado en: BOE, 23 de Abril de 2019
Torrelavega, trece de diciembre del año dos mil dieciocho.
La Registradora (firma ilegible) Fdo. Marta E. González San Miguel.
Sin embargo, pasado sobradamente el plazo legal de 16 meses, no se ha presentado o iniciado ninguna acción de rescisión de la sentencia 39/2017, por parte de los señores M. M. G., en concepto de socio y administrador único de la mercantil Construcciones Palyfer S.L., con CIF (…), y del señor I. F. G., en concepto de socio de la mercantil Construcciones Palyfer S.L., con (…), por lo que este motivo debe decaer.
El presente recurso tiene por objeto la posibilidad de inscribir el testimonio de una sentencia que es firme dictada en un procedimiento declarativo por la que se declara la titularidad por usucapión del derecho de dominio de las fincas registrales 19.961 y 19.842 inscritas en el registro de la Propiedad de Torrelavega número 2. El citado procedimiento se dirigió contra don M. M. G. y don I. P. G., los cuales fueron declarados en rebeldía procesal.
Con carácter previo hay que señalar que es doctrina de este centro directivo que los Registradores tienen el deber de colaborar con Jueces y Tribunales en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y de cumplir sus resoluciones firmes (cfr. artículo 118 de la Constitución), pero no por ello ha de quedar excluida la calificación registral de aquellas que pretendan su acceso al Registro; las exigencias constitucionales derivadas del principio de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de exclusión de la indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución), que tiene su específica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria), determinará la supeditación de la inscripción de las resoluciones judiciales firmes, a la previa comprobación de los extremos aludidos en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
En relación con el primero de los defectos apreciados en la nota, consiste en que el procedimiento no se ha dirigido contra el titular registral.
Son numerosas las Resoluciones de este centro directivo las que afirman que el principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento autentico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así, se explica que, aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora, ni la legitimación pasiva desde el punto de vista procesal apreciada por el juzgador, ni tampoco la cumplimentación de los tramites seguidos en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el procedimiento. Por lo tanto, entiende este centro directivo que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino un obstáculo del Registro derivado del tracto sucesivo, conforme a los artículos 18.1 y 20 de la Ley Hipotecaria y 100 de su Reglamento.
En cuanto al segundo de los defectos, dictada la sentencia en rebeldía procesal de los demandados, tal y como consta en la propia resolución, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone: «Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que, dispongan o permitan la inscripción o cancelación de asientos en Registros públicos». Es decir, aun cuando conste acreditado en tiempo y forma la firmeza de la resolución, es aplicable la doctrina reiterada de este centro directivo (cfr. Resoluciones citadas en el «Vistos») según la cual, cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeldía es preciso que, además de ser firme, haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al rebelde. No cabe pues la inscripción, como alega el recurrente, ni siquiera haciendo constar la posibilidad de rescisión.
Finalmente, la necesidad de que el estado civil, como elemento que contribuye a la correcta identificación de las personas físicas a cuyo nombre ha de practicarse la inscripción, conste adecuadamente en el título presentado o en otro que lo complemente es indiscutible a la luz del contenido de la letra a) de la regla novena del artículo 51 del Reglamento Hipotecario. Así lo ha recordado esta Dirección General en numerosas ocasiones (Resoluciones de 23 de diciembre de 1998, 28 de octubre de 2005, 8 de enero de 2010, 13 de noviembre de 2012 y 8 de enero de 2013, entre otras).