Source: http://senadorantonioguerra.com/2017/04/06/senador-guerra-propone-crear-el-registro-nacional-de-usuarios-de-publicidad-no-deseada/
Timestamp: 2017-10-22 17:03:19
Document Index: 54547345

Matched Legal Cases: ['Artículo 15', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9']

Tatequieto legal a abusos con la base de datos de usuarios de telefonía movil y fija – Senador Antonio Guerra
Tatequieto legal a abusos con la base de datos de usuarios de telefonía movil y fija
Posted on 6 abril, 2017 by Luis Felipe Gomez Maldonado
Bogotá D.C. abril 06 de 2017.- Ante el Senado se presentó un proyecto que entrega herramientas que permitirán la protección eficaz de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, una salvaguarda legal en materia del uso y manejo de datos personales.
La iniciativa entrega al Estado herramientas para evitar que nuestros datos personales sean utilizados para fines distintos para los que fueron entregados, sin que medie previa autorización de su titular.
El autor del proyecto, senador Antonio Guerra de La Espriella (CR), basa su propuesta en que es común que los usuarios de la telefonía reciban llamadas de personas que poseen su información personal, en algunos casos número de documento de identidad y otros datos, para ofrecerles productos y/o servicios que no han solicitado ni se encuentran interesados en adquirir.
El congresista de Sucre afirma que es ilegal que las empresas telefónicas tengan acceso a la base de datos, y observa que frente a estas conductas los ciudadanos se encuentran desprotegidos, a pesar de contar con una muy completa legislación que protege sus derechos, pero se quedan sin herramientas efectivas en estos casos.
El Registro Nacional de Usuarios de Publicidad No Deseada permite concentrar en una entidad el listado de números telefónicos de los usuarios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, qué manifiesten su decisión de no autorizar ser contactados por empresas que publiciten, ofrezcan, obsequien, comercialicen bienes y/o servicios mediante el contacto telefónico, en cualquiera de las presentaciones existentes en Colombia.
La Superintendencia de Industria y Comercio será la encargada de recibir las quejas de los usuarios de las telefonías móvil y fija.
PROYECTO DE LEY NUMERO DE 2017 SENADO
¨ Por la cual se establece el registro nacional de usuarios de publicidad no deseada ¨
En atención al articulado puesto a consideración de los Honorable Senadores me permito a continuación exponer los siguientes argumentos que lo sustentan:
El objeto principal de la presente iniciativa es la creación de herramientas que permitan la protección eficaz de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, para evitar que sus datos personales, sean utilizados para fines distintos para los que fueron entregados, sin que medie previa autorización de su titular.
Es común en nuestro país, que los usuarios de la telefonía en cualquiera de sus modalidades, reciban llamadas de personas que tienen previamente su información personal, en algunos casos número de documento de identidad y otros datos, en los cuales les ofrecen productos y/o servicios que se insiste, ellos no han solicitado ni se encuentran interesados en adquirir.
En la práctica existen variadas modalidades de uso indebido o no autorizado de la información de contacto de los ciudadanos. Un ejemplo real lo representa la conducta de algunas empresas, que adquieren de manera ilegal bases de datos, para utilizarlas en agresivas campañas de mercadeo, en las cuales se comunican telefónicamente con los ciudadanos a cualquier hora del día, sin respetar su intimidad, para ofrecerles regalos, beneficios inexistentes, bienes y/o servicios que no han solicitado previamente.
En otros casos, son las mismas empresas que han recibido la información del titular por cualquier medio, las que se comunican con los usuarios para ofrecerles otros servicios y/o productos adicionales a los que ya tienen; Sin atender la voluntad de los mismos titulares, de no autorizar o estar interesados en ser contactados para estos efectos comerciales.
Ante estas conductas los ciudadanos se encuentran desprotegidos, a pesar de contar con una muy completa legislación que desde el punto de vista dogmático, protege sus derechos, pero se queda sin herramientas efectivas en estos casos.
En los últimos años han sido crecientes las denuncias e inconformidades de los usuarios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, sobres los abusos en la utilización de los datos personales. Los medios de comunicación han dado cuenta de esta creciente problemática; de manera reciente la Revista Dinero[1], publico en un estudio sobre éste tema, el cual concluye qué:
¨A pesar de que la Ley 1581 de 2012, estableció los fundamentos para el tratamiento de datos personales, aún no existe una “conciencia colectiva” frente al adecuado tratamiento de esa información y por ello en muchos casos se utiliza de manera indiscriminada e inconsulta.¨
Ante ésta realidad y a pesar de la importante legislación vigente en nuestro ordenamiento, hoy día no existe un mecanismo real y efectivo para controlar este tipo de abusos a los derechos fundamentales de los usuarios de éstos servicios. En la práctica los ciudadanos están desprotegidos frente éste tipo de procedimientos que violan su derecho a decidir sobre la utilización que puede darse a sus datos personales; hoy día a pesar de sus denuncias no cuentan con una herramienta que les permita hacer respetar su decisión de no ser contactados para fines comerciales o de mercadeo por medio de sus líneas telefónicas.
En lo que tiene que ver con la protección de los datos personales, se puede afirmar qué nuestro ordenamiento jurídico cuenta con una legislación, bastante completa, desde el punto de vista dogmático y de los principios que la orientan, los cuales se encuentran consagrados en la propia constitución.
Nuestra Carta Política en su Artículo 15º, establece los derechos fundamentales de las personas a la intimidad y al buen nombre, la misma norma consagra garantías de protección como el denominado Habeas Data, para proteger el manejo, tratamiento y circulación de datos personales.
Pasando al rango legal encontramos, una norma muy importante, se trata de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. En ésta norma encontramos un tratamiento integral en materia de protección de datos personales en nuestro ordenamiento. Allí se establece un conjunto de principios, definiciones, categorías, derechos del titular de información, autoridades y procedimientos.
De otra parte, encontramos un desarrollo regulatorio expedido por el Gobierno Nacional mediante la Resolución No. 3066 de 2011; mediante este acto administrativo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, determina el Régimen integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, de conformidad con la facultad regulatoria que tiene el Gobierno nacional, en materia de la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
A pesar de la existencia de ésta abundante normatividad, que hemos relacionado, a los usuarios en la práctica, no se les respeta el derecho a decidir sobre el uso que puede darse a sus datos personales.
La situación que con más frecuencia se presenta, es que los datos de contacto de los ciudadanos, sean utilizados para fines comerciales sin su autorización, debiendo soportar las personas, repetidas llamadas en las cuales con nombre propio les ofrecen y/o venden productos, que no han solicitado o se encuentran interesados.
Con el fin de brindarles una herramienta eficaz a los usuarios para la defensa de sus derechos, así como para las autoridades en el ejercicio de las funciones de control y vigilancia frente a los abusos que hoy día se presenta en Colombia, la presente iniciativa propone la creación del Registro Nacional de Usuarios de Publicidad No Deseada.
Este registro de carácter nacional consiste en concentrar en una entidad, el listado de números telefónicos de los usuarios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, qué manifiesten su decisión de no autorizar ser contactados por empresas que publiciten, ofrezcan, obsequien, comercialicen bienes y/o servicios mediante el contacto telefónico, en cualquiera de las presentaciones existentes en Colombia.
Al tener todo este listado concentrado y ordenado en una entidad, las empresas y/o personas que se dedican a llevar a cabo campañas de mercadeo y ventas por medio de los Call Centers, utilizando como medio de contacto los aparatos telefónicos en cualquiera de sus modalidades, tendrán la obligación de consultar dichos listados y por mandato legal tendrán que abstenerse de llamar a las personas que se encuentren allí registradas.
En caso que los ciudadanos que se encuentre en el citado registro reciban llamadas, podrán interponer las quejas correspondientes ante la autoridad de control y vigilancia. En dicha queja solo se tendrán que probar los registros de la llamada recibida, para que la autoridad de control procederá a con la imposición de las sanciones contempladas en el texto de la presente iniciativa.
La iniciativa propone que sea la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que cuenta con una Delegatura especializada en la Protección de Datos Personales, la entidad que opere el registro e imponga las sanciones a que haya lugar a quienes incumplan la obligación de respeto de la voluntad del titular de la información.
Los ciudadanos podrán inscribirse en el Registro Nacional de Usuarios de Publicidad No Deseada, de manera sencilla y gratuita, presencial o virtualmente, aún por escrito certificado. En caso tal qué algún ciudadano cambie de opinión sobre su permanencia en este registro, podrá de manera gratuita y en cualquier tiempo, realizar el procedimiento de exclusión del mismo, pudiendo en consecuencia ser contactado nuevamente por las empresas que se dedican al mercadeo por vía telefónica.
Con lo anterior se sintetiza la herramienta que se propone crear, la cual como es de esperarse acompaña de las demás disposiciones necesarias para su implementación.
Después de habernos referido a las normas vigentes en Colombia sobre éstas materias, procedamos a dar una mirada al ámbito internacional.
Debe reconocerse que él registro propuesto en la presente iniciativa, establecido como una herramienta de protección de derechos de los usuarios de telefonía para el respeto de sus derechos, es un instrumento que ya ha sido utilizado y puesto en funcionamiento con éxito en otros ordenamientos jurídicos. A continuación presentamos las experiencias internacionales más relevantes.
Estados Unidos en el año 2003, creó el (THE NATIONAL DO NOT CALL REGISTRY) cuyo fin fue la centralización en una basé de datos, administrada por la (FEDERAL TRADE COMMISSION O FTC) en la cual se incluirá el listado de números telefónicos de las personas que no están de acuerdo en recibir comunicación para el ofrecimiento de publicidad y/o venta de bienes o servicios.
La decisión de crear ésta herramienta, fue la conclusión de las amplias discusiones que se dieron durante tres años, alrededor de la revisión de la Ley de Telemercadeo (TELEMARKETING SALES RULE,TSR), la cual duró en aplicación por siete años. La autoridad de control y vigilancia, (FEDERAL TRADE COMMISSION O FTC), realizo reuniones de consulta y sesiones informativas durante todo el proceso de discusión, que le permitieron recibir, más de 64.000 comentarios de las partes interesadas, las cuales se manifestaron a favor de la creación de este registro. El balance luego de varios años de aplicación de esta reglamentación ha sido exitoso, y el resultado en materia del respeto de los derechos de los ciudadanos, ha sido representativo en comparación con la legislación anterior.
De otra parte México, en febrero del año 2004, emitió un Decreto por medio del cual se adicionó la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la cual se incorporó como nuevo mecanismo de protección los consumidores, la creación del Registro Público de Consumidores, el cual es administrado por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.
La normatividad expedida en el año 2004, fue complementada y adicionada por el gobierno Mexicano en el año 2007 y 2012, con el fin de robustecer su aplicación en atención a los logros obtenidos en materia de protección de los usuarios de telefonía.
El senado y la cámara de diputados de la República Argentina, aprobaron la Ley No. 26.95, promulgada el 30 de julio de 2014. Mediante la aprobación de dicha norma se creó el denominado Registro Nacional ¨No Llame¨, dentro de la normatividad que ésta nación ha venido implementando en materia de protección de los derechos de los usuarios de telefonía.
El establecimiento de ésta nueva herramienta, acompañada de las reformas implementadas en materia de protección al consumidor, han posicionado a la Argentina como uno de los países líderes en américa latina en materia de respeto y protección de los datos personales.
Por su importancia, consideramos suficiente referirnos únicamente a los anteriores ejemplos presentados en materia de derecho comparado; sin embargo existen otras experiencias exitosas a nivel internacional similares a la presente propuesta.
La iniciativa que se somete a consideración del Congreso de la Republica, consta de (9) artículos. Su contenido particular me permito describir de manera resumida a continuación.
El Artículo 1º, contiene el objeto de la ley, definido como la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades.
El Artículo 2º. Dispone la creación del Registro Nacional de Usuarios de Publicidad no Deseada.
El Artículo 3º. Determina la Operación y Funcionamiento del Registro, establece los criterios para el registro de los usuarios y las obligaciones de las empresas que desarrollan actividades de mercadeo, por medio del contacto telefónico.
El Artículo 4º, Establece las sanciones a imponer a quienes incumplan las obligaciones establecidas en la ley.
El Artículo 5º. Determina lo concerniente al procedimiento para la imposición de quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
El Artículo 6º. Consagra las excepciones en la cuales a pesar de estar incluidos en el Registro, los ciudadanos podrán ser contactados sin que haya lugar a violar lo dispuesto en la norma en estudio.
El Artículo 7º. Determina qué la autoridad que administrará y operará el Registro será la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
El Artículo 8º. Otorga expresas facultades al Gobierno Nacional, para emitir la reglamentación necesaria para la implementación y puesta en funcionamiento de Registro.
El Artículo 9º, se ocupa de la vigencia y derogatorias.
Esperamos que los argumentos aquí planteados sean de buen recibo para los Honorables Congresistas y logren motivar su apoyo, para que ésta iniciativa se convierta en ley de la República, y así entregar a los ciudadanos y a los organismos de control una herramienta eficaz, para protección de los derechos en materia del uso y manejo de datos personales.
« Una adición presupuestal o una declaratoria de emergencia, no se contraponen.
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