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Timestamp: 2018-03-23 16:58:01
Document Index: 347597572

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 53', 'artículo 53', 'Artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 127', 'artículo 113', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 113']

ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO TRANSITORIO PARA ELECCIÓN DE CONSEJEROS REGIONALES
Pérez S., Martín Lily
Sesión 83ª, en miércoles 12 de diciembre de 2012
(De 10:14 a 11:54)
Concurrió, además, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera, y el Subsecretario de Desarrollo Regional, señor Miguel Flores Vargas.
--Se abrió la sesión a las 10:14, en presencia de 15 señores Senadores.
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para la tramitación de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que regula la venta y arriendo de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas (boletín N° 5.579-03).
3.- Proyecto que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985 (boletín Nº 7.761-24).
4.- Proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (boletines Nos. 5.917-18 y 7.007-18, refundidos).
5.- Proyecto de ley que autoriza la publicación en medios electrónicos de actos que deban ser publicados en periódicos de circulación nacional, regional o local (boletín Nº 8.314-07).
6.- Proyecto de ley que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones (boletín N° 7.829-13).
Con el primero solicita el acuerdo del Senado para nombrar como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Juan Manuel Muñoz Pardo (boletín Nº S 1.535-05), respecto de lo cual hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
Con el segundo solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por el plazo de un año, la permanencia de tropas y medios nacionales fuera del territorio de la República y continuar integrando la Misión de Estabilización de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina (Misión EUFOR-ALTHEA), con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política de la República (boletín N° S 1.536-05).
Artículo 25, inciso primero, del Código del Trabajo.
b) Artículo tercero, letra a), del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de las normas sobre el sistema único de prestaciones familiares, respecto de las expresiones "en la forma que determine el reglamento" e "inválido", contenidas en él.
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre la República de Chile y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), sobre los privilegios e inmunidades de la OPAQ", suscrito en La Haya, el 30 de octubre de 2007 (boletín N° 7.685-10).
De los Senadores señoras Pérez (doña Lily), Alvear y Rincón y señores Bianchi, Chahuán, Kuschel, Larraín (don Hernán), Pizarro y Tuma, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República el envío a tramitación legislativa de un proyecto de ley que otorgue a don Vicente Bianchi Alarcón un premio de honor por su trayectoria musical que le confiera los mismos galardones y pensiones asignados a los Premios Nacionales por el artículo 3° de la ley N° 19.169 (boletín Nº S 1.538-12).
De los Senadores señora Pérez (doña Lily) y señores Chahuán, Gómez, Horvath, Lagos, Navarro y Walker (don Ignacio), con el que piden a Su Excelencia el Presidente de la República la adopción de medidas especiales que permitan la continuidad de la Orquesta Marga Marga (boletín Nº S 1.539-12).
De los Senadores señores Navarro, Gómez y Quintana, relativos a los siguientes asuntos:
1.- Pedir a Su Excelencia el Presidente de la República que instruya al señor Ministro de Economía para coordinar el establecimiento de una política pública de interconexión de sistemas y plataformas diversos, que considere servicios de "computación en la nube" (cloud computing), en las modalidades de arrendamiento o suscripción de equipamiento computacional, con el fin de favorecer la reducción de costos, el aumento de eficiencia y el acceso de los usuarios de esos servicios a dichas tecnologías (boletín Nº S 1.540-12).
2.- Requerir al señor Ministro de Salud la elaboración de un registro estadístico epidemiológico de los casos de fibromialgia que permita evaluar su incorporación a las patologías AUGE (boletín Nº S 1.541-12).
Moción de los Senadores señor Muñoz Aburto, señora Rincón y señores Bianchi y Escalona, con la que proponen un proyecto de ley que establece un beneficio económico a los trabajadores despedidos en los casos que indica.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el número 4° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Moción de los Senadores señor Escalona, señora Alvear y señores Letelier, Muñoz Aburto y Walker (don Patricio), con la que proponen un proyecto de ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
--Se declara inadmisible por contener materias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el número 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política.
Si le parece a la Sala, se oficiará a Su Excelencia el Presidente de la República solicitándole su patrocinio para el proyecto de ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que ha sido declarado inadmisible.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath para referirse a una cuestión de Reglamento.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, ayer se constituyó la Comisión Mixta para resolver las divergencias entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto al proyecto modificatorio de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Se trabajó hasta la una de la mañana. Hoy comenzamos la sesión a las 9:45, y la suspendimos para que los Diputados pudieran concurrir a la Sala de la Cámara Baja a fin de reunir los quórums que precisan para despachar sus asuntos. La reanudaremos a las 10:45 a efectos de resolver algunos pequeños puntos pendientes.
En tal virtud, solicito el asentimiento del Senado para que se nos autorice a sesionar en forma paralela con la Sala. Desde luego estaremos atentos y concurriremos a ella cuando se nos llame a votar.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha pedido autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Desarrollo Regional.
Si no hay objeción, se autorizará.
Boletín N° 8715-06
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite e iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que establece un mecanismo transitorio para la elección de consejeros regionales, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8715-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 79ª, en 28 de noviembre de 2012.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 82ª, en 11 de diciembre de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto es prorrogar el mandato de los actuales consejeros regionales y establecer un mecanismo transitorio para elegir a los del período siguiente.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió la iniciativa en general y en particular en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Bianchi, Orpis, Rossi, Sabag y Zaldívar.
En cuanto a la discusión en particular, la Comisión realizó diversas enmiendas, las que aprobó en forma unánime.
Cabe hacer presente que el proyecto en debate requiere para su aprobación de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 23 votos favorables.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado en que se consignan las modificaciones introducidas por el referido órgano técnico y el texto que quedaría si se aprobaran dichas enmiendas.
El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general y particular la iniciativa.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, nuestra actual institucionalidad es excesivamente centralista. Decisiones de mucha importancia siguen adoptándose en la Capital. Santiago agobia a las Regiones y les entrega insuficientes atribuciones y recursos para atender las necesidades de sus habitantes.
Ello es más evidente en zonas apartadas, como Aysén y Magallanes. En estos casos es aún más inapropiado que las decisiones se adopten a miles de kilómetros de distancia, sin siquiera conocer la realidad de la zona. A modo de ejemplo podemos citar lo ocurrido con el aumento en el valor del gas en la Región de Magallanes.
A lo anterior se agrega un sistema de representación política que a nivel regional no presenta ningún espacio para la participación de los ciudadanos.
Intendentes y gobernadores son designados por el Presidente de la República, en tanto hasta ahora los consejeros regionales son elegidos de un modo indirecto por los concejales, mediante un sistema que, bien sabemos, se ha prestado para todo tipo de irregularidades.
Se trata de cargos de bastante relevancia, que inciden hoy directamente en la aprobación de la cartera de inversiones de cada Región. Muchos de los proyectos que se ejecutan en materias tan sentidas por la ciudadanía, como obras públicas; pavimentaciones; extensión de redes de agua potable, alcantarillado y electricidad; fomento productivo; apoyo a situaciones de emergencia, dependen de la decisión de estos consejeros. Por lo tanto, es fundamental que la gente sea la que los elija.
Se viene proponiendo desde hace varios años avanzar en esta materia a través de la elección directa de los consejeros regionales por votación popular, en representación, fundamentalmente, de las distintas provincias de nuestro territorio.
En la pasada elección presidencial, todas las candidaturas abogaron por perfeccionar la regionalización y la participación. Hubo consenso en la necesidad de elegir a los consejeros regionales. El programa del actual Presidente, Sebastián Piñera, era claro al respecto.
Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado concretar por la falta de un acuerdo en cuanto a detalles puntuales del sistema electoral para permitir su elección.
Posibilitar lo anterior implica algunos meses de trabajo, por lo que es preciso buscar una fórmula transitoria para el año que resta, dado que los consejeros actuales culminan su período próximamente.
Prorrogar el actual mandato por un año, mientras se dicta la nueva reglamentación, parece razonable. Creemos, en todo caso, que ello debe lograrse. Por eso, discrepamos de la fórmula que había propuesto el Ejecutivo, y que se ponía en el caso de que ello no ocurriera.
No es posible seguir sin elegir a los consejeros regionales. Las fuerzas políticas debemos llegar a un acuerdo que nos permita destrabar esta materia y avanzar.
Los magallánicos y los habitantes de todas las Regiones del país tenemos derecho a elegir a nuestros consejeros regionales. Es un paso elemental en la profundización democrática que necesita Chile.
Sin embargo, quiero ser muy claro en que ello no soluciona el problema de representación y participación de la actual institucionalidad regional.
Espero que se agregue, en un futuro próximo también, la elección del intendente regional y el traspaso de más atribuciones a los gobiernos locales.
Las Regiones de todo el país, y en particular las de las zonas extremas, reclaman que sus autoridades regionales deben ser elegidas democráticamente.
Creemos que los únicos que tienen visión del futuro y desarrollo de cada una de las Regiones son sus propios habitantes, a través de la elección de sus mandatarios, ya sean intendentes, gobernadores, seremis o quienes forman parte de la administración regional.
Nuestro país no puede continuar ahogándose en este esquema centralista, que sigue el supuesto decimonónico de que Santiago es Chile. Y así lo dicen. Cuando uno se ve imposibilitado de resolver los problemas más mínimos que ocurren en las Regiones, siempre se expresa: "Santiago es Chile. Tú debes recurrir a Santiago para que se te resuelvan tus problemas".
Todos los países que crecen logran armonizar sus grandes urbes y contar con diversos polos de desarrollo. Poseen una situación bastante diferente a la de Chile. Son naciones más descentralizadas que la nuestra.
Nuestra Patagonia, ese inmenso territorio, es un foco de progreso si contamos con una normativa que le dé atribuciones y recursos para desarrollarse y crecer.
Queremos que se avance en la democratización institucional de nuestro país; queremos que se avance en la democratización de las Regiones; queremos que se avance en la descentralización y en una efectiva regionalización.
Por eso, voy a votar a favor de esta iniciativa presentada por el Gobierno, que prorroga el actual mandato de los consejeros regionales y nos da la certeza de que el 17 de noviembre del próximo año todos los magallánicos, los habitantes de todas las Regiones elegirán por votación popular, por sufragio universal, a sus consejeros regionales.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, voy a votar favorablemente este proyecto de reforma constitucional, que prorroga el mandato de los actuales consejeros regionales por espacio de un año, para que luego puedan ser elegidos en votación popular, en la próxima elección presidencial y parlamentaria del 17 de noviembre de 2013.
En primer lugar, señor Presidente, quisiera recordar que el artículo 113 de nuestra Carta Fundamental, en su inciso segundo, establece: "El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva". Es decir, nuestro actual ordenamiento constitucional dispone que estos tienen que ser elegidos por votación popular. ¡Tienen que serlo!
Por lo tanto, no es factible que los actuales concejales elijan el nuevo CORE, como se ha manifestado en algunas intervenciones y publicaciones de prensa. Ello sería manifiestamente inconstitucional. La Carta señala que han de ser "elegidos por sufragio universal en votación directa".
Sin embargo, al no existir la ley orgánica que determine el número de consejeros que corresponderá a cada Región y el sistema electoral que los regirá, no nos queda otra solución práctica que prorrogar por un año, como lo plantea el presente proyecto, el mandato de los actuales CORE.
Lo manifestó muy bien el Senador señor Muñoz Aburto, quien me antecedió en el uso de la palabra: debemos expresar nuestra voluntad de querer elección directa de los consejeros regionales en la ley orgánica respectiva. Y para ello, tenemos que ponernos de acuerdo en el número de consejeros que se requieren y en el sistema electoral que se aplicará.
Ahora bien, pese a la redacción con que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización finalmente despachó la iniciativa, podría ocurrir que pase el tiempo hasta el 20 de julio del próximo año y que aún no haya ley sobre la materia, con lo cual nuevamente no sería posible elegir a los integrantes de los CORE.
Entonces, hay que poner todo el esfuerzo -y más que el esfuerzo, la buena voluntad y la mayor generosidad posibles- para sacar adelante una ley orgánica que posibilite la elección de los consejeros. Si no, otra vez vamos a entrar en un vacío constitucional.
Creo que la Comisión de Gobierno hizo bien en eliminar las normas que regulaban la situación en el caso de que no hubiera ley al 20 de julio del 2013 -fecha límite para inscribir candidatos-, porque eso, de alguna manera, nos coloca una camisa de fuerza y nos obliga a sacar la normativa sobre gobiernos regionales.
Si se hubiese mantenido la redacción original propuesta por el Ejecutivo, en caso de no disponer de normativa orgánica constitucional en la fecha antes señalada, serían los concejales quienes elegirían a los CORE, ya no en votación secreta, sino a viva voz. En tal escenario, lo más probable era que nunca se dictaría la ley y que nuevamente entraríamos en un procedimiento de elección de los consejeros regionales -democrática, evidentemente- que no corresponde a la que mandata la Constitución: que sean "elegidos por sufragio universal en votación directa".
Por eso, señor Presidente, estimo que el proyecto se hace cargo de un problema práctico que se nos ha presentado: debemos tener gobiernos regionales funcionando a partir del próximo 21 de diciembre, fecha de expiración de los actuales integrantes de los CORE, y se requiere que ellos decidan importantes inversiones a materializarse durante 2013.
Si no hacemos nada, simplemente nos quedaremos sin CORE, sin gobiernos regionales y sin posibilidad alguna de administrar los significativos recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros dineros que también se hallan entregados a la decisión de aquellos.
Por último, quiero anticipar algo que me parece sumamente relevante.
La tradición en Chile dicta que los ciudadanos votan por personas, no por listas. Les confieren su confianza a distintas personas: para que administre el país, en el caso del Presidente de la República; para que los representen en el Senado y en la Cámara de Diputados; para que se hagan cargo de la comuna, en el caso de los alcaldes y de los miembros del concejo municipal.
Los consejeros regionales van a ser los representantes de la ciudadanía ante el gobierno regional.
Reitero: la tradición en Chile es votar por personas uninominales, no por listas; menos aún, por listas de partidos políticos. Espero que la ley orgánica constitucional mantenga esa sana tradición republicana.
Votaré a favor del proyecto, porque es indispensable hacerlo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, 1992 fue el año de las comunas y de los municipios. Fuimos capaces de elegir a alcaldes y concejales mediante la expresión de la voluntad popular. Veinte años después, en 2012, es la hora de las Regiones y de los consejos regionales.
Por lo tanto, la reforma constitucional que estamos tratando es algo muy importante.
Nuestra aproximación como país -Gobierno y Oposición; Derecha e Izquierda- al tema de la descentralización ha sido muy tímida.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Para que no se nos vaya toda la sesión de la mañana en el debate, solicito la anuencia de la Sala para abrir la votación, manteniendo los tiempos de intervención.
El señor WALKER (don Ignacio).- Por supuesto.
El señor LAGOS.- No.
El señor BIANCHI.- Sí lo hay.
El señor ESCALONA (Presidente).- No es así.
El señor LAGOS.- Yo no doy el acuerdo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede continuar, Senador señor Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Veo que estamos dando todas la facilidades en todo tipo de materias en la mañana de hoy...!
El señor LAGOS.- ¿Habrá intentado ser irónico el Senador...?
El señor WALKER (don Ignacio).- Decía que nuestra aproximación al tema de la descentralización ha sido bastante tímida, muy lenta, insuficiente.
Hemos hecho de un país unitario un sinónimo de país altamente centralista. La promesa de la "comuna autónoma" de 1891 sigue estando pendiente, sigue siendo una aspiración. No contamos propiamente con municipios autónomos.
Es cierto que ya no son los gobiernos del aseo y del ornato. Poseen mayores facultades y atribuciones, y algunos recursos, por ejemplo, en materia de educación y de atención primaria de salud. Pero se hallan muy lejos de ser gobiernos comunales autónomos.
¡Para qué hablar del caso de las Regiones! Un solo ejemplo: las intendencias -el gran gobierno de las Regiones- fueron instituidas por los Borbones a fines del siglo XVIII. Y ahí estamos todavía. Y estos, que sucedieron a los Habsburgos, recentralizaron luego el control de la Corona sobre las colonias.
Las reformas centralistas borbónicas de fines del siglo XVIII crearon las intendencias. Y ahí están aún, dos siglos después, en un país que dice querer avanzar en dirección a la descentralización.
Muchos de nosotros somos partidarios de democratizar no solo los consejos regionales, sino también las gobernaciones regionales, cuyos representantes podrían sustituir a los intendentes, los cuales corresponden a una institución absolutamente centralista. Estos son designados por el Presidente de la República y son de su confianza.
Por lo tanto, si queremos apostar verdaderamente a las Regiones, en una perspectiva de descentralización, de regionalización, debiéramos ser capaces de dar un paso adicional y elegir intendentes o gobernadores regionales por la voluntad popular.
Ante esta propuesta, siempre se plantea la dificultad de cómo se continuarían los programas de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Eso es muy fácil: basta nombrar un delegado regional del Ministerio del Interior y se acabó el problema.
Pero las Regiones de nuestro país -yo represento a la Quinta- no tendrán personalidad ni liderazgo si no cuentan con un gobernador regional elegido directamente por la voluntad popular.
La Democracia Cristiana ha definido de forma muy clara y categórica su posición respecto de materias como descentralización, municipalización, regionalización.
En el V Congreso Ideológico y Programático, celebrado en 2007, establecimos todo un capítulo sobre la descentralización, que contempla justamente avanzar hacia autoridades regionales elegidas directa y libremente por sufragio universal. De lo contrario, no habrá verdadera descentralización en Chile.
El año pasado, cinco parlamentarios de la Democracia Cristiana (los Senadores Soledad Alvear y Patricio Walker; los Diputados Jorge Burgos y Aldo Cornejo, y quien habla) fuimos a La Moneda a entregarles a los tres Ministros políticos una propuesta con diez reformas político-institucionales, entre las cuales se planteaba lo relativo al sistema binominal y a las supermayorías. Otra de esas reformas buscaba propender a la generación de estructuras regionales mediante elección directa, tanto de la máxima autoridad regional como de los consejos regionales.
Es más, en enero de este año, con Renovación Nacional suscribimos un acuerdo, denominado "Hacia un nuevo régimen político para Chile". En él se abordó lo concerniente a los partidos políticos, a la democracia interna, a las primarias. También se incluyó el tema del régimen político propiamente tal, para tender a un mayor equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por cierto, se contempló la sustitución del sistema electoral binominal por uno de representación proporcional moderado. En fin, junto con esas y otras materias, propusimos la elección de estructuras regionales mediante votación ciudadana directa.
Por lo tanto, la Democracia Cristiana tiene un compromiso muy definitivo sobre este asunto.
En ese contexto se inserta el proyecto de reforma a la Carta Fundamental que nos ocupa. Hubiésemos querido que este no existiera, que se hubiese promulgado la ley orgánica respectiva para viabilizar la reforma constitucional de 2009. Pero ello no fue posible.
En la Cámara de Diputados, diversos parlamentarios presentaron en su momento una moción para solicitar esta prórroga. Hay que decirlo: los votos de la UDI lo impidieron. Votaron en contra, legítimamente. Ni siquiera es un reproche. Eso no prosperó.
Y hoy día nos enfrentábamos a una suerte de vacío constitucional. ¡Porque esto está lleno de problemas!
Habiéndose efectuado una reforma constitucional para elegir directamente a los consejeros regionales, sería un contrasentido insistir en la elección de estos mediante el sistema antiguo.
Algunos Senadores del PPD, legítimamente, han sugerido que los concejales recientemente electos elijan a los integrantes del CORE por un año. ¡Pero eso habría sido un doble contrasentido! Daríamos una pésima señal si volvemos al sistema anterior para elegir a los consejeros regionales, aunque sea por un año.
Por lo tanto, la reforma a la Carta que estamos analizando, a mi juicio, es un mal menor. Prorrogar no pareciera ser una buena práctica jurídica o constitucional, pero es inevitable. ¿Para qué? Para asegurar la elección directa de los consejeros regionales el 17 de noviembre del próximo año, haciéndola coincidir con las elecciones presidencial y parlamentaria. Así, todas las autoridades (Presidente de la República, Senadores, Diputados, Consejeros Regionales) asumirían el 11 de marzo de 2014.
En consecuencia, a nosotros, como Democracia Cristiana, nos parece lógico -aunque sea bajo el concepto de un mal menor- prorrogar el mandato de los actuales CORE por un año, a fin de asegurar -insisto- la elección directa de los nuevos consejeros regionales el 17 de noviembre de 2013.
Y entiendo que el señor Ministro del Interior -se encuentra presente en la Sala-, en nombre del Ejecutivo, comprometerá los esfuerzos y los votos de los partidos de Gobierno para asegurar que despachemos la ley orgánica constitucional pendiente, con el objeto de garantizar la elección directa de los consejeros regionales.
Por lo expuesto, votaré a favor de este proyecto de reforma constitucional.
El señor ESCALONA (Presidente).- Está inscrita la Senadora señora Allende, pero no se halla presente en este momento.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, comparto lo que manifestó el Senador Ignacio Walker. Creo que a nadie le gusta estar analizando hoy día esta iniciativa. Hubiésemos querido contar con la ley orgánica que llevara a la práctica la reforma constitucional de 2009.
Considero que es importante para la democracia elegir directamente a los consejeros regionales, porque ello fortalece el proceso de regionalización.
Precisamente, hoy día estuvimos analizando un proyecto que entrega nuevas atribuciones a los consejeros y crea la figura de un presidente del CORE. Respecto de esto último, me gustaría -presenté una reforma constitucional en esa línea- que fuese elegido por sufragio universal y no entre los pares, para que no se trate de una mera figura decorativa, sino de un contrapeso efectivo al representante del nivel central: el intendente o la intendenta de cada Región.
No habrá nunca regionalización efectiva si se siguen usando mecanismos indirectos, como sucede hasta hoy, para seleccionar, elegir o, más bien, designar a dedo entre cuatro paredes, con cero participación, a los consejeros regionales.
Muchos de ellos se han molestado cuando he planteado que este sistema se presta para las más malas prácticas. No quiero generalizar, pero todos sabemos que en cada una de las Regiones, en cada una de las provincias, los concejales muchas veces, lamentablemente, ceden a todo tipo de presiones y se ponen de acuerdo para seleccionar a consejeros que ni siquiera cumplen con los méritos para asumir una función de esa naturaleza.
El objetivo de este proyecto simplemente es prorrogar por poco más de un año -voy a explicar por qué- el mandato de los actuales consejeros regionales, a la espera de que aprobemos una ley orgánica que establezca un procedimiento para elegirlos. Entre paréntesis, a mí me gusta mucho la fórmula de voto a la persona, en lista, con un mecanismo proporcional, al igual que el sistema mediante el cual elegimos a los concejales.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Exacto.
El señor ROSSI.- ¿Por qué se propone prorrogar dicho mandato hasta el 11 de marzo de 2014 a través de la nueva disposición Vigésimo sexta transitoria? Porque ello calza con la asunción del nuevo Presidente de la República y de los parlamentarios correspondientes. Incorporamos este cambio para hacer coincidir -se están efectuando todas las adecuaciones legales necesarias- las elecciones de los consejeros regionales con los comicios parlamentarios y presidencial. Por lo tanto, todas esas elecciones se realizarán en noviembre del próximo año -incluidas las de los CORE, con el nuevo procedimiento que se establecerá en la ley orgánica pertinente-, y las autoridades electas asumirán juntas en marzo del año siguiente.
Esa es la razón por la cual se prorroga el mandato de los consejeros actuales hasta el 11 de marzo de 2014.
A partir de entonces, cada cuatro años y en la misma fecha, se elegirá a los nuevos miembros de los CORE, de manera democrática, con procedimientos transparentes, participativos y que favorecerán la regionalización.
Muchos se preguntan -y quiero dar una respuesta- por qué me hace sentido votar a favor de este proyecto.
Otros plantean por qué no prorrogamos la aplicación de la norma que existía antes, gracias a la cual los concejales en ejercicio designaban a los consejeros. En este caso, estamos hablando de los concejales electos en la última elección, quienes asumieron el jueves pasado. Efectivamente, si el mandato de los concejales que dieron origen a los actuales consejeros regionales ya expiró -algunos seguirán, otros perdieron, en fin-, no resultaría lógico que los concejales recién elegidos y que acaban de asumir designaran a quienes se desempeñarían solo hasta el 11 de marzo de 2014, para permitir el despacho del proyecto que establece el procedimiento y el de la ley orgánica constitucional, y la elección de nuevos consejeros regionales en noviembre del próximo año.
¿Saben Sus Señorías qué es lo que me hace más sentido? Ya he visto en varias Regiones las peores prácticas para ponerse de acuerdo, hasta con compensaciones, lamentablemente, de las más diversas características.
Aquí todo el mundo se alarma, muchas veces: "¡Oh, qué está diciendo el Senador!". Pero se trata de algo transversal. O sea, no es una cuestión propia solo de la Concertación o de la Derecha. Es como el acarreo. Por eso, en la Comisión de Gobierno queremos terminar con ello. Porque todos lo llevan a cabo. Y comunas chicas concluyen eligiendo autoridades que no representan los intereses locales y se distorsiona la voluntad de gente que se ve afectada por las decisiones que allí se toman.
En el caso que nos ocupa ocurre algo similar, porque el mecanismo en vigencia se presta para hábitos deplorables: concejales que designan a hijos; concejales que designan a padres; concejales que se ponen de acuerdo entre ellos. Ha pasado que los de la UDI terminan eligiendo a un socialista, y viceversa. ¡Por favor!
Si ya se aplicó un sistema más o menos espurio para elegir consejeros regionales, prefiero justamente no volver a dar la posibilidad de que se replique un procedimiento que daña la política.
Aquí se ha dicho que se registra este último efecto si prorrogamos el mandato de los actuales consejeros regionales. Creo que si permitimos la reproducción de malas prácticas, será peor. Prefiero la prórroga y trabajar duro para que se dicte antes del 20 de julio próximo la ley que permita la elección directa, democrática, como corresponde, de personas que cumplen funciones tan importantes como definir el destino final de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Ahora, sé que se va a hablar de la constitucionalidad de la medida. Leeré un análisis al respecto, sin perjuicio del cual voy a votar a favor de la iniciativa, por las razones que he expuesto:
"El Ministro del Interior, señor Andrés Chadwick," -quien nos acompaña- "señaló que el presente proyecto no cabe dentro de la hipótesis del artículo 68 de la Constitución Política, toda vez que dicha norma dispone que `el proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año'. Recordó que efectivamente la iniciativa del Boletín Nº 8.572-07 que rechazó la Honorable Cámara por falta de quórum trata sobre el tema que hoy se debate, pero que, sin embargo," -esto es bien importante- "tuvo su origen en una moción parlamentaria" -ojo, correspondió a una iniciativa de esa índole- "y no se renovó en dicha Corporación. La que hoy conoce la Comisión de Gobierno del Senado" -que presido- "no es una insistencia ni tampoco una renovación, sino que es un nuevo proyecto de autoría del Ejecutivo para solucionar una anomalía constitucional en materia de elección de los consejeros regionales. La norma del artículo 68, según dijo, hay que entenderla en el sentido de no debatir en una misma Cámara dos veces un mismo tema en el plazo de un año, puesto que, de otra forma, cualquier moción presentada en cada uno de los trámites legislativos pudiera ser utilizado como un entorpecimiento en la tramitación legislativa.
"Agregó que los nuevos incisos tercero y cuarto que contiene el proyecto del Ejecutivo contienen un claro elemento diferenciador del proyecto" -cosa que comparto- "al que hizo alusión en el párrafo primero," -es decir, la moción que se presentó en la Cámara- "pues se colocan en dos situaciones opuestas según sea o no aprobado el proyecto de ley que modifica la forma de elección de los consejeros regionales.".
Efectivamente, la iniciativa establece que si al 20 de julio próximo no se ha aprobado la ley orgánica constitucional que determina el procedimiento para elegir democráticamente a los consejeros regionales, entonces regirá el sistema antiguo.
Eso ya es un elemento distintivo: no es el mismo proyecto. Por lo tanto, no constituye una renovación ni una insistencia. Es otro, de otra autoría y presentado en otra Cámara.
Ahora bien, si alguien piensa que el establecimiento de esos incisos podía significar un estímulo para que algún parlamentario se inhibiera frente a la necesidad de legislar con miras a contar con un procedimiento antes del 20 de julio próximo, cabe consignar que en la Comisión de Gobierno los rechazamos por unanimidad y establecimos que es un imperativo despachar el proyecto de ley orgánica constitucional antes de esa fecha, para que en noviembre de 2013, junto con los comicios presidenciales y parlamentarios, se celebre una elección democrática de consejeros regionales.
Así que, desde los puntos de vista ético -por eso argumenté lo primero- y constitucional, creo que el proyecto, aun cuando nos gustaría contar ya con el mecanismo para lograr más democracia y fortalecer la regionalización, permite avanzar justamente en la dirección correcta, que es la de entregarle el poder a la ciudadanía para que elija consejeros regionales. Porque si hoy día preguntamos quiénes son ellos, qué hacen, mucha gente no tiene idea. ¿Y por qué? Por el mecanismo de selección.
Eso es lo que quería comentar, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, me provoca una cierta decepción que el 21 de diciembre próximo -en pocos días más- no podamos emitir, como ciudadanía, el voto directo para elegir a miembros de los gobiernos regionales.
Y quiero enfatizarlo.
Comprendo que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo.
Comprendo lo que nos ha presentado en los últimos días, en términos de que constituye un mal menor, como lo expresó mi Honorable colega Ignacio Walker; de que lo importante es resolver algo a lo cual es necesario hincarle el diente ahora.
Pero me resulta frustrante no poder elegir directamente a los miembros de los consejos regionales. Los gobiernos regionales son, probablemente, uno de los más importantes vínculos con la ciudadanía. Y en ella hay un profundo desconocimiento sobre el particular.
Señor Presidente, el tema realmente me apasiona.
Fui concejal, fundadora del movimiento municipal, primera Vicepresidenta, Diputada y Secretaria General de mi Partido, y ahora soy Senadora.
Le pido a mi Honorable colega Pérez Varela respetar mi derecho a usar de la palabra.
El señor ESCALONA (Presidente).- Saludamos a los jóvenes que ingresan a las tribunas, que provienen de la Escuela Comunitaria de Lo Espejo, de la Región Metropolitana.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Muchas gracias.
Me parece muy relevante que la ciudadanía tenga cada día más claridad acerca de cuál es el rol de los gobiernos regionales. ¿Qué hacen sus miembros? ¿Qué función les corresponde a los intendentes? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Qué pasa con las nuevas provincias?
En la Región de Valparaíso, circunscripción Cordillera, por la cual fui elegida Senadora, tenemos la nueva provincia de Marga Marga, que carece de representación en el gobierno regional. Han tenido que ejercerla, en la práctica -y muy bien-, miembros actuales de este último que representan a la provincia de Quillota y a otras. Pero eso no quita el reconocimiento de que la gente de Marga Marga, las autoridades municipales, no tienen hoy día dicha representación.
Y eso sucede en todo el país con la creación de nuevas Regiones y de la nueva provincia a que hago referencia.
Dicho eso, me parece que debiéramos avanzar tal como lo hacemos con el paso que estamos dando ahora. Mi Honorable colega García lo dijo también con mucha propiedad y fuerza. La elección directa de los miembros de gobiernos regionales debiera ir acompañada, a mi juicio, de una medida similar respecto -y mantengo una legítima duda- de sus presidentes o de intendentes.
En mi calidad de Senadora e integrante de la bancada de un Partido perteneciente a la coalición de Gobierno, juzgo que los intendentes debieran representar siempre los intereses de las Regiones, no los de la Administración de turno, ya que, en tal caso, lo otro resulta muy difícil. O bien, cabe considerar a los presidentes de gobiernos regionales, con el contrapeso de un equilibrio político de los intendentes de turno.
Estimo muy importante que avancemos sobre el particular y sostengamos una discusión profunda con respecto a qué rol queremos darles a las Regiones. Hoy día, muchas cosas o la mayoría aún se siguen decidiendo en un escritorio en la Región Metropolitana. O sea, la descentralización está en el papel, en los discursos, en todos los anuncios, en los programas presidenciales. Se han registrado avances, pero aún son insuficientes. Mantenemos una mentalidad absolutamente centralista con respecto a la toma de decisiones. Y, más aún, todavía hay mucho miedo a la dispersión del poder y a entregarles facultad de decisión a las Regiones.
Por tales motivos, señor Presidente, es muy importante, sin lugar a dudas, la elección directa de las autoridades regionales, y, en este caso, la de quienes componen los gobiernos regionales.
Desde ese punto de vista, resulta evidente que es preciso prorrogar el mandato de los actuales consejeros; pero lo más relevante -y no hay que perder el enfoque- es que tenemos que lograr el objetivo final de una elección popular directa. Ello, para impedir algo que subrayó el Senador señor Rossi y que dice relación con eventuales arreglos bajo cuerda, como convenios entre concejales, quienes son hoy día electores de los consejeros regionales y respecto de los cuales no se sabe, muchas veces, dado que su voto es secreto, si representan sus propios intereses o los de las comunas.
Eso también es preciso tenerlo claro en la discusión.
Con todo, apoyo la iniciativa propuesta por el Gobierno, porque comprendo que estamos contra el tiempo. Espero, al igual que el resto de los Senadores, que el proyecto de ley orgánica constitucional se despache antes de julio de 2013, porque, de lo contrario, no vamos a tener una elección directa. Y eso es parte de nuestro Programa de Gobierno. Existe un compromiso presidencial que se debe cumplir en materia de elección directa de autoridades y miembros de gobiernos regionales.
No obstante, anuncio que no votaré, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° del Reglamento, ya que mi marido es miembro del Gobierno Regional de Coquimbo, y me parece impropio pronunciarme sobre un aspecto en el que se encuentra involucrado el interés particular de mi cónyuge.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, deseo manifestar mi opinión favorable, por cierto, a lo que se plantea en una situación que es un poco obligatoria por las circunstancias, como la de establecer un mecanismo transitorio respecto del período de los consejeros regionales. Ello conduce, sin embargo, a un objetivo final muy importante. A mi juicio, la elección indirecta de esas autoridades ya no da para más.
Aclaro que no estoy sosteniendo que el conjunto de los consejeros regionales usen malas prácticas. Podrá haber algunos casos.
Lo que sí creo es que los habitantes de nuestras Regiones merecen que la elección sea directa, transparente, informada, como corresponde. Me parece que eso origina un vínculo, una responsabilidad y una claridad con relación a la ciudadanía, en el sentido de que, habiéndose presentado candidatos, será ella la que determine, por provincia, quiénes serán sus representantes nada menos que ante el Consejo Regional, órgano que, en definitiva, gestiona y toma decisiones extremadamente importantes, desde la perspectiva de los recursos que se ejecutan.
Ahora, tengo la impresión -y lo digo muy sinceramente; nosotros estuvimos 20 años en el Gobierno y ahora llevamos casi 3 años en la Oposición-, de que hemos avanzado muy poco en una auténtica regionalización.
Han mediado muchas palabras, muchos discursos, muchas promesas, pero, en la realidad, Chile es un país no solo presidencialista, sino también extraordinariamente centralista. Y ello se comprueba a cada instante, incluso cuando se enfrentan problemas graves, como los que se han generado en el último tiempo en la Región de Atacama, que represento. La verdad es que la solución solo se logra una vez que intervienen actores desde Santiago, como los Ministros correspondientes. De otra manera, no hay forma de terminar con situaciones a veces extraordinariamente complejas o graves, como la vivida ahora último.
Entonces, pienso que es muy relevante que seamos capaces de disponer, aunque sea de manera transitoria, una solución por la vía de prorrogar el actual mandato solo para poder generar el espacio de tiempo que nos permita determinar, en virtud de una ley que tenemos que comprometernos a sacar, los detalles de la forma en que será posible elegir en votación directa.
Abrigo la profunda convicción de que el mecanismo de elección indirecta -repito- no da para más, porque no es transparente; porque la gente no sabe cómo votaron los concejales, qué compromisos contrajeron y qué razones los impulsaron, y, sobre todo, porque entonces los consejeros regionales no tienen una obligación frente a la ciudadanía, sino ante los primeros, habiendo mediado acuerdos políticos, por lo demás.
Es imprescindible que los consejeros sí mantengan un compromiso con sus Regiones, con quienes van a elegirlos, lo que va a legitimarlos y a significar que la ciudadanía podrá conocer mucho más a fondo las decisiones que se tomen.
Como fui elegida representante de una Región, estimo que tengo que levantar la voz con motivo de la ejecución presupuestaria, como ocurrió, por ejemplo, el año pasado, cuando, lamentablemente, teníamos el triste récord de registrar la peor. Entre noviembre y diciembre íbamos casi en el 40 por ciento. En un mes, ello se arregló.
Prefiero que se cuente con un gobierno regional que, con previsión, sea capaz realmente de tomar las mejores medidas posibles y que Atacama no siga mostrando, por desgracia, la más baja ejecución presupuestaria. El hecho de que ello se solucione el último mes del año no habla bien de la situación.
Asimismo, no puedo dejar de manifestar que tal vez hacen falta menos palabras y más avances por la vía real de atribuciones para las Regiones y de una disminución del centralismo. Estoy convencida de que se necesita la elección directa de los intendentes. A mi juicio, la figura máxima en cada Región tiene que generarse por votación popular, para el efecto de su legitimidad frente al consejo y gobierno regionales y de un trabajo en conjunto.
Eso nos haría bien.
Los gobernadores se pueden mantener, y serán responsables, por cierto -trabajan a nivel provincial-, de la fuerza pública. En un momento dado, es importante, por supuesto, que alguien del Gobierno asuma esa responsabilidad.
Insisto en que las Regiones ganarían con una elección directa, por votación popular, de intendentes. Ese sería un gran paso si se sumara al que se da ahora en el caso de los consejeros regionales.
En verdad, en nuestro país se ha caído en un centralismo excesivo. Es cierto que hoy día se decide desde la Región un porcentaje significativo del presupuesto. Sin embargo, en la práctica, se entregan orientaciones desde el centro incluso acerca de votaciones extraordinariamente importantes, como las atinentes al sistema de evaluación ambiental. Es lo que se hace desde el Ministerio del ramo. Se trata de decisiones de suma relevancia que afectan la realidad local, y, cuando no son aceptadas o existen hechos no transparentes, se termina en los tribunales y en la judicialización de los problemas. Por eso, me importa, más que nunca, consignar que el actual sistema no da para más. Uno escucha la molestia creciente de la gente al sentir que las determinaciones siempre se toman -repito- desde el centro.
Es necesario realizar un esfuerzo mayor ante el hecho de que en las Regiones, muchas veces, faltan profesionales adecuados, particularmente en el área de la salud. Vallenar y Copiapó están al borde de una crisis ante la falta de médicos especialistas que quieran radicarse.
Eso tiene mucho que ver con la forma en que desarrollamos las Regiones; con nuestra capacidad de proyectarlas; con las oportunidades que les entregamos; con nuestra mirada para los próximos 30 años, no para el período de cuatro años de un alcalde. Es algo que involucra la forma en que consideramos sus potencialidades, su desarrollo, su toma de decisiones, su calidad de vida, su diseño urbanístico, en fin, así como también la generación de las mejores condiciones de los servicios para que se vuelvan atractivas, desde el punto de vista de la realización de proyectos viables y sustentables. Y repito la palabra "sustentables" porque, a veces, ellos no lo son en nuestras Regiones.
Por eso, demos este primer paso.
Voto a favor para lograr la elección directa de consejeros regionales, que considero indispensable.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, como lo han manifestado otros parlamentarios, deseo destacar la importancia de generar instancias de representación y de trabajo con personas elegidas democráticamente al interior de las propias Regiones, a fin de empoderarlas.
En tal sentido, uno puede sostener tajantemente que el gobierno regional es, hoy en día, una entelequia, pues está dirigido por un intendente o una intendenta nombrada por el Presidente de la República, de su total confianza, y por consejeros regionales elegidos en forma indirecta a través de los concejales. Y sabemos que en esto último se produce todo tipo de ajustes políticos -por ejemplo, "tú me ayudas posteriormente en esto o en lo otro"-, lo cual hace que paguen justos por pecadores. Efectivamente, dentro de los consejeros regionales hay personas que sacrifican su tiempo y el de su familia, y que empujan bien a su Región.
Desde luego, la elección directa y -lo que es muy importante- descentralizada al interior de la Región de los consejeros constituye una tarea fundamental. Y digo descentralizada porque, si no, tendremos la concentración de estas nuevas autoridades en las ciudades o en las provincias más numerosas, en desmedro de la armonización del territorio y de la identidad cultural y natural de cada una de las Regiones.
Este tema es muy relevante, por lo que deseamos hacer llegar al Ejecutivo -por su intermedio, señor Presidente- nuestra sugerencia de trabajar aún más lo relativo a las divisiones al interior de las Regiones, provincias y comunas más pobladas, de manera que, de acuerdo a su identidad cultural y natural, se genere una armonización para que su diversidad quede bien representada por los nuevos consejeros regionales.
De tal modo, vamos a resolver lo que hoy día constituye una clara desconexión entre las Regiones y el nivel central. Y esto ocurre no solo en el mundo público, sino también en el privado. Las decisiones a nivel central no se identifican ni siquiera con los códigos con que se toman las decisiones en las Regiones y se desarrolla la vida en cada una de ellas. El ejemplo más palpable son los conflictos vividos en distintas zonas. Tal es el caso del gas en Magallanes; del movimiento social en Aysén; de las termoeléctricas en el borde costero; de las manifestaciones en Freirina, etcétera. Pueden ser buenos o malos proyectos, pero evidencian una clara desconexión entre la instancia regional y la nacional.
¿Por qué se exacerba esto? Porque las oportunidades de participación ciudadana definidas en nuestra institucionalidad y legislación no son vinculantes. Por lo tanto, a la gente se le pregunta, se le hace participar; pero, en definitiva, la autoridad toma una decisión distinta. Y ese tipo de participación solo genera frustración ciudadana, que es lo que estamos viviendo.
Por consiguiente, esta materia hay que ligarla también con la planificación estratégica. Esta de alguna manera se encuentra presente en la legislación, pero se la debe profundizar para permitir, a través del ordenamiento territorial, de la zonificación del borde costero y del manejo integrado de cuencas, consolidar en cada una de las Regiones proyectos armoniosos que satisfagan tanto las necesidades regionales como las del nivel central. Me refiero a la energía, al medio ambiente, a los recursos naturales, al agua y a otros temas.
En consecuencia, este proyecto representa un mecanismo transitorio que nos permitirá avanzar positivamente en esta línea y tener, de una vez por todas, consejeros regionales elegidos de modo descentralizado y democrático al interior de cada Región.
Por otro lado, solicitamos la realización de un esfuerzo para permitir que también lleguemos a tener intendentes elegidos por la ciudadanía.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, una de las preguntas que debemos hacernos y sobre la cual debemos reflexionar es si tenemos o no gobiernos regionales. Y la respuesta es, simplemente, no. ¡No existen los gobiernos regionales! Lo que hay son administraciones regionales.
En las Regiones no se gobierna. Tenemos un Estado unitario -esa es nuestra característica-, donde el Gobierno de turno designa a los intendentes. De esa manera, se establece la administración en las Regiones con un grupo de mujeres y hombres nombrados por los partidos políticos, a través de los concejales, quienes se transforman en consejeros regionales, y, en definitiva, dicen "sí" o "no" a las propuestas de los intendentes en cuanto a las inversiones en cada una de ellas.
Entonces, hay que partir despejando de inmediato este punto: no tenemos gobiernos regionales, sino administraciones regionales.
Hace un par de años, los Senadores Pérez Varela, Orpis, Sabag, el que habla y el entonces Senador Núñez, entre otros, presentamos un proyecto de reforma constitucional para establecer gobiernos regionales que tomen decisiones, manteniendo el carácter unitario del país, y un consejo regional integrado por consejeros electos por votación popular, que elijan entre sus pares a quien deba presidir el gobierno regional.
A esa proposición se le agregaba el concepto de "traspaso de competencias". Ello tiene que ver con si los consejeros regionales están únicamente para decir "sí" o "no" a lo que proponga el intendente, o bien para abordar materias tremendamente necesarias en cada una de las Regiones.
Tenemos el ejemplo del transporte público, que no es igual en todas partes. Chile ha visto como el Transantiago terminó transformándose en un tema país, cuando debió haber sido solucionado simplemente a nivel de la Región Metropolitana, en donde se generó. Y mire usted, señor Presidente, la gran cantidad de dinero que se tuvo que destinar, además de las discusiones habidas sobre políticas públicas, para resolver un problema de Santiago que no tenía nada que ver con las Regiones, pero que, al final, las terminó involucrando.
Por eso, es muy importante lo que hemos denominado como "traspaso de competencias", asunto que, cuando fue votado en esta Sala, se perdió por tres votos, y que se encuentra absolutamente pendiente de discusión aquí, en el Senado.
La iniciativa que hoy día nos convoca, señor Presidente, es algo que veníamos pidiendo permanente e insistentemente, y me alegra que el Gobierno, a pesar de que no es la fórmula, proponga un mecanismo que, por única vez, prorrogue por un año el mandato de los consejeros regionales, a la espera de que luego sean electos mediante votación popular por un primer período de tres años para acomodar los plazos y, luego, cada cuatro, para hacer coincidir su votación con las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Así que hoy día estamos aprobando una prórroga, con el fin de que quienes actualmente están en ejercicio puedan continuar hasta noviembre próximo, y en este mes tomen la decisión de postularse o no al cargo mediante votación popular.
Señor Presidente, lo importante es hacer un llamado a la ciudadanía para que se sumen voluntades en cada una de las Regiones con el objeto de tener la posibilidad, a través del voto popular, de representar a su propia Región en esa oportunidad y de llevar adelante un trabajo en beneficio de ella.
De ahí que resulta muy relevante que, ojalá, cuando se dé la posibilidad de que los partidos políticos elijan a quienes vayan a postular a esos cargos, se aplique la igualdad establecida en el artículo 18 de la Constitución y se permita que, en definitiva, los independientes puedan hacer pactos y estar en igualdad de condiciones con los partidos políticos. De esa forma, se oxigenará absolutamente la representación de los futuros consejeros regionales, para que personas que no militan en un partido político cuenten con las mismas posibilidades de quienes sí pertenecen a uno y, así, pueda haber representantes en los gobiernos regionales con una participación como la que deseamos.
Además, aquí se ha mencionado que está pendiente lo relativo a la situación de los intendentes.
Al respecto, debo señalar que somos un país unitario, y lo que estamos proponiendo es lo siguiente.
Primero, mantener la misma situación en el caso de los intendentes, quienes aplican en las Regiones las políticas públicas de la Administración de turno. Esto a lo menos mantiene ese carácter unitario.
En lo que vamos a innovar es en cuanto a quién va a presidir los futuros gobiernos regionales. Si será un presidente -en esto hay discusión-, como también si será electo entre sus pares o se realizará una votación por separado.
Ahí se va a generar un cierto problema, y el Ejecutivo tendrá que decirnos cómo lo va a despejar, porque habrá un cruce de poderes entre el intendente, que es nominado por la Administración de turno, y el presidente o la presidenta de los futuros gobiernos regionales, que deberá tener una participación no solamente en la tabla por tratar, sino también en materias relevantes para cada una de las Regiones si hay traspaso de competencias.
A mí esto me alegra profundamente, señor Presidente. Me alegra que estemos oxigenando el recambio de autoridades con el objeto de que se identifiquen de modo absoluto con el desarrollo de las Regiones. Ojalá pudiéramos incorporar lo relativo al traspaso de competencias para que quienes ocupen en el futuro el cargo de consejero regional no solo participen en votaciones diciendo "sí" o "no", sino que también puedan disponer de atribuciones mucho más allá de las que tienen hoy día y, de esa manera, lleven adelante tareas tan importantes como las relacionadas con el transporte público, la energía, la educación pública, la salud primaria, etcétera. Es un largo listado en que los futuros consejeros o consejeras regionales pueden lograr una activa participación en el desarrollo de cada una de las Regiones.
Por de pronto, votaré a favor del proyecto, que vimos en la Comisión de Gobierno.
Sé que hay quienes aspiran a que los recién electos concejales elijan por el período de un año a los consejeros regionales. Pero esto solo significaría alargar la agonía, y consideramos que no es el mecanismo apropiado.
Recién conversaba sobre ese asunto con el Senador Tuma -lo digo, por supuesto, respetando su posición en esta línea-, pero no tenemos coincidencia. Yo creo que debemos partir "sí o sí" de alguna forma.
¿Qué llevó el Ejecutivo a la Comisión de Gobierno? Esta propuesta, y en la eventualidad de que fracasara, agregaba un inciso tercero o cuarto -no lo recuerdo bien- donde señalaba que, si el mecanismo no funcionaba en forma adecuada, el Gobierno permitiría que los actuales concejales eligieran nuevamente a los futuros consejeros regionales, pero esta vez a viva voz.
Eso, obviamente, sería una pésima señal para el país.
¡O estamos o no estamos! ¡O somos o no somos! ¡O queremos o no queremos consejeros regionales!
"No queremos, no somos, ni nada" dice el Senador Lagos.
Bueno, ¡yo quiero consejeros electos por voto popular! ¡Quiero que exista el traspaso de competencias en las Regiones! ¡Quiero algo más de autonomía para ellas!
Por tal motivo, me pronuncio a favor de la iniciativa.
El señor TUMA.- Señor Presidente, sin duda, todos somos partidarios de que las autoridades de los gobiernos regionales sean elegidas de manera directa por los ciudadanos. Sin embargo, ello no es concordante con lo que estamos votando. No tiene nada que ver.
Todos se han referido a lo importante que es tener autoridades regionales, a lo importante que es que ellas sean elegidas por los ciudadanos; a lo importante que es el trasladar competencias; a lo importante que es el hecho de que los gobiernos regionales tengan autonomía, independencia.
La verdad es que este es un "baile de máscaras", un "baile de disfraces".
¡No se está diciendo la verdad respecto de lo que estamos votando hoy día!
En ningún caso esta iniciativa resuelve el impasse que tenemos con la reforma constitucional que se presentó durante el período del Presidente Lagos, que se aprobó en el mandato de la Presidenta Bachelet y respecto de la cual este Gobierno no ha hecho la pega en tres años de enviar un proyecto con urgencia, con "discusión inmediata" y con todo lo que se requiere para hacer ver que efectivamente tanto la Derecha como el Ejecutivo desean contar con gobiernos regionales con autoridades elegidas en forma directa.
Entonces, ¡no nos hagan comulgar con "ruedas de carreta"! La ciudadanía ya no está en condiciones de seguir soportando que le tomen el pelo. La paciencia de los ciudadanos está colmada. Tanto es así que más del 50 por ciento de la gente no se acercó a votar en la última elección municipal. Al día siguiente dijimos: "Vamos a escuchar la voz de la ciudadanía". Sin embargo, en el primer proyecto vinculado con los ciudadanos y con su elección, se dice: "Vamos a prorrogar el mandato de los consejeros regionales por cuanto ya tienen vencido su plazo. Fíjense que esas personas fueron elegidas en un procedimiento indirecto que no nos gusta, y ahora vamos a comprometernos a que en seis meses más sí contaremos con una iniciativa legal para elegirlas en forma directa".
¿Y mientras tanto qué? Mientras tanto vamos a elegir "a dedocracia", con el dedo, a quienes van a ejercer ese cargo hasta por un año. Se sostiene que es por ese tiempo; seguramente después estaremos otra vez discutiendo una normativa de prórroga. Porque si en diez años -desde el 2003- no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para ver cómo elegir a las autoridades regionales, menos lo haremos en seis meses, ni muchos menos con un Gobierno que no ha mostrado ninguna intención de mandar una iniciativa al Congreso, como sucedió ahora, con premura, con "discusión inmediata", con apremio.
Sin embargo, algunos Senadores se prestan para construir mayoría, para colaborar con una Administración que ha sido ineficiente en el manejo de los proyectos de ley que les interesan a los ciudadanos.
¡No se puede seguir abusando de la paciencia de la gente!
Las cosas hay que decirlas por su nombre: esta iniciativa no permite que los chilenos puedan elegir directamente a dichas autoridades, sino que les quita competencia y decisión a los concejales que juraron hace cinco días. Esos mismos con los cuales los Senadores que están acá se sacaron fotos, a los que acompañaron en sus campañas, de quienes dijeron que merecían estar en el Concejo, por los que pidieron votar. Muchos seguramente se perdieron, y quizás por esa razón, como esas personas no podrán elegir a los CORE que algunos quieren, aquí tratan de mantener a los que hay.
Pero, señor Presidente, yo represento a aquellos Senadores que creen que se debe ser fiel al testimonio que dieron los ciudadanos para elegir a sus autoridades. Ellos eligieron recientemente a los concejales, que son las autoridades más legitimadas que tenemos, para que de un modo indirecto, como el que existe -no contamos con uno mejor-, se nombre a los miembros del CORE.
¿Por qué vamos a prorrogar el mandato de personas a las cuales les está por vencer y que fueron elegidas por concejales que ya no están, porque cumplieron su período?
Por lo tanto, es preciso referirse al debate relacionado con el proyecto en cuestión, porque este es un "diálogo de sordos". La mayoría de los parlamentarios partidarios de la iniciativa presentada por el Gobierno cuando intervienen se refieren principalmente a que ella es un avance para elegir directamente a los CORE. ¡Y eso no es cierto! Digamos la verdad: ¡Esto no tiene nada que ver con ningún avance en materia de consejeros regionales!
Ahora bien, ¿qué pasa si el Gobierno, que no ha hecho su pega en tres años, no la hace en seis meses? ¿Qué hará al respecto? ¿Le dará un "chirlito" al Ministro o lo cambiará?
Eso no les importa a los ciudadanos. Estos desean elegir en forma directa sus gobiernos regionales, pero también quieren que no les tomen el pelo cuando votan por concejales, quienes, por lo demás, están perfectamente en condiciones de elegir de manera indirecta hoy día a los CORE.
El SERVEL tiene la alternativa; está llamando a inscribir. En este momento todos los partidos están corriendo, ¡corriendo!, porque mañana vence el plazo para la inscripción de candidatos a consejeros regionales. Bueno, y si están tan interesados en resolver los problemas del país, los asuntos nacionales, ¿por qué no votamos hoy día una indicación como la que formulamos con el Senador Lagos? ¿Por qué el Ejecutivo y los parlamentarios no la respaldan en orden a que se prorrogue la fecha de inscripción de los candidatos para el 11 de enero, y con toda calma se permite que los partidos presenten candidatos para que, de entre ellos, los actuales concejales elijan a los consejeros regionales?
Ese sistema, que no nos gusta y no es bueno, resulta mucho mejor que nombrar a dedo a personas cuyo mandato ya venció.
Entonces, ¿qué señal estamos dando desde el punto de vista del respeto a la democracia, a los derechos de los ciudadanos, a la legitimidad de las autoridades que van a regir los gobiernos regionales?
Este acuerdo daña a los gobiernos regionales. Entendemos la vocación de los CORE. Me han llamado varios de ellos -incluso algunos de mi Partido hicieron una declaración- para comunicarme su preocupación y su aspiración de renovar y prorrogar sus mandatos por un año más. Los entiendo, pues muchos de ellos son muy buenos; no obstante, yo me refiero a la legitimidad de la elección, porque resulta más propio que los actuales concejales sean los encargados de elegir a los consejeros.
En ese sentido, he presentado una indicación para postergar la entrada en vigencia del sistema de elección directa de los consejeros. Con eso hacemos una reforma constitucional. Si alguien dice que tiene dudas de constitucionalidad porque los consejeros no se pueden elegir, ¿por qué no aprueban la indicación que hemos formulado para postergar la entrada en vigencia del sistema de elección directa de los consejeros regionales hasta las próximas elecciones presidencial y parlamentaria?
¡Eso sí tiene sentido!
Con eso viabilizamos la solución al problema. Nadie va a dudar de que pueda seguir vigente el actual sistema de elección de los consejeros regionales a través de los concejales.
Si quieren más transparencia, me parece legítimo que alguien diga que la votación debe ser abierta. ¡Bueno, que sea así! Mientras más transparencia, mejor para la representación de los ciudadanos.
Sin embargo, lo que estamos discutiendo en este proyecto no es la elección directa de los consejeros regionales -que eso quede claro-, porque ciertas personas pretenden disfrazar esa acción como si fuera eso. Incluso algunos han dicho que el Senador que habla y el PPD -porque esta es una decisión de la bancada de mi Partido- no quieren la elección directa.
¡Claro que la queremos! ¡Lo que no queremos es un proyecto como este; lo que no queremos es elegir autoridades por medio de otras a las que ya se les venció su período; lo que no queremos es que se designen autoridades a dedo como se hacía antes!
Por lo tanto, pido que sea considerada la indicación que hemos presentado en ese sentido.
Asimismo, me voy a permitir también hacer reserva de constitucionalidad, porque tengo dudas respecto de la forma como se plantea esta enmienda y porque, en definitiva, creo que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos en materia de representación y de elecciones populares.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro del Interior, a quien me permito felicitar, porque -según entiendo- esta es su primera intervención en este Hemiciclo desde su nombramiento en su condición de tal.
El señor CHADWICK (Ministro del Interior).- Muchas gracias, señor Presidente.
¡Solo aspiro a que las felicitaciones también sean al final de mi intervención, cosa que entiendo es más difícil...!
Señor Presidente, en el debate se han planteado muy bien cuáles son los fundamentos del proyecto que nos ocupa, pero, a la vez, han surgido las legítimas diferencias que pueden existir a su respecto, porque -como bien dijo el Senador señor Tuma- aquí no estamos discutiendo las bondades de la elección directa y universal, en cada Región o provincia, de los miembros del Consejo Regional. Esa discusión la tuvimos y la norma correspondiente se consagró definitivamente en el artículo 113, inciso segundo, de la Constitución Política, después de un largo cambio de ideas. Obedeció a una muy buena decisión del Congreso Nacional en el sentido de establecer la elección directa y por sufragio universal de los miembros del Consejo Regional.
Lo que estamos discutiendo hoy es un problema jurídico presentado en virtud de que, al aprobarse esa reforma constitucional, no se estableció plazo, forma ni condición para los efectos de introducir las modificaciones en la ley orgánica constitucional respectiva, con el objeto de determinar el plazo, la condición y la forma en que debían realizarse dichas elecciones.
Por ello nos encontramos frente a una situación de hecho: las modificaciones a la ley orgánica constitucional aún no se han dictado, en circunstancias de que ya llegó la fecha para la renovación del Consejo Regional.
Entonces, no me parece justo plantear el tema desde la perspectiva de legitimidad o ilegitimidad, pues pueden ser igualmente legítimas la prórroga de autoridades que tuvieron su origen o generación según la ley vigente y la celebración de una nueva elección, con la dificultad de que tal proceso solo cubriría el mandato por el breve plazo de un año.
En consecuencia, como ambos procedimientos son legítimos, el Gobierno presentó un proyecto de reforma a la Carta Fundamental, consistente en una disposición transitoria que nos permita dar solución jurídica al momento en que nos encontramos, sobre la base de prorrogar el mandato de los actuales miembros de los Consejos Regionales elegidos de acuerdo a las normas vigentes -de ahí arranca su legitimidad-, lo que cumple dos objetivos: uno, debe ser por un tiempo muy determinado y corto -un año-; y segundo, conforma un elemento que queremos incorporar en la disposición constitucional que nos ayude y colabore a las modificaciones que debemos introducir a la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios y a la Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional para tenerla lista en la fecha que estamos proponiendo.
Por lo tanto, la prórroga es, fundamentalmente, por un año.
Junto con ello, sugerimos que la próxima elección de consejeros regionales se realice de manera directa junto con la presidencial y parlamentaria del 17 de noviembre de 2013.
En virtud de lo nterior, creemos conveniente celebrar dicha elección en la forma antedicha, porque es exactamente el próximo acto que aparece en nuestro calendario electoral, lo que nos permitiría no esperar otras opciones ni tampoco que el día de mañana tengamos que hacer calces distintos a los períodos de cuatro años de los Consejos Regionales.
Con eso nos queda un calendario electoral ordenado y podemos, a partir del próximo año, tener los mandatos de los consejeros regionales por el plazo correspondiente de cuatro años.
La norma transitoria se propone en forma completamente imperativa, con el propósito de reforzar a través de la disposición constitucional la voluntad política que expresamos en conversaciones previas con los distintos sectores y bancadas parlamentarias -que reafirmamos hoy día en la Sala-, en el sentido de que el Gobierno dispondrá de todos los instrumentos que tiene en su poder -como las urgencias y sus calificaciones máximas- para que el proyecto de ley sobre modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional esté completamente despachado y entre en vigencia, a más tardar, el día 20 de julio del próximo año.
¿Por qué esa fecha, señor Presidente? Porque es el plazo máximo que tenemos para que el SERVEL pueda adoptar todas las medidas del caso, con el objeto de llevar a cabo ese proceso junto con la elección presidencial y la parlamentaria.
Por lo tanto, lo reafirmamos en la Constitución, lo hemos señalado a las distintas bancadas parlamentarias aquí presentes y lo repetimos en la Sala: si existe necesidad de que el Gobierno incorpore en la Carta Fundamental la disposición transitoria, el proyecto deberá ser despachado antes del 20 de julio del año 2013. No tenemos inconveniente en que así sea, como lo establece precisamente la disposición transitoria que estamos proponiendo.
Finalmente, señor Presidente, quiero referirme a las dudas de constitucionalidad.
En primer lugar, en cuanto al fondo, las reformas constitucionales no son inconstitucionales.
El señor PROKURICA.- ¡Hay que explicar eso al Senador señor Tuma!
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Son reformas a la Constitución. Lo que puede ser inconstitucional es un proyecto de ley. Pero las reformas a la Carta Fundamental son, por definición, constitucionales.
Eso en cuanto al fondo.
Con relación a la forma, de que se hubiese presentado un proyecto previamente en la Cámara de Diputados, tenemos dos elementos: por una parte, el articulado propuesto introduce enmiendas distintas a las de la Cámara de Diputados; y, por otra, más allá de modificaciones pequeñas, el argumento sustantivo está en que el texto que se presentó en esa rama legislativa, como Cámara de origen, era una moción y el que nos ocupa hoy es un mensaje. Si nosotros aceptáramos -hay mucha jurisprudencia en la materia- que una moción puede bloquear la iniciativa del Presidente de la República por un año, aconsejaría a los Diputados que presentaran inmediatamente múltiples proyectos, que, no obstante que fueren rechazados, bloquearían toda iniciativa legislativa por el plazo de un año a quien ejerza la Presidencia de la República hoy o mañana.
Por lo tanto, no caben las suposiciones absurdas o ilógicas en la interpretación del Derecho.
En consecuencia, creo que la iniciativa no presenta problema de constitucionalidad, sino que viene a resolver un problema jurídico que surgió por no haber incluido una disposición transitoria cuando se aprobó el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución.
El señor ESCALONA (Presidente).- Permítanme saludar a los jóvenes estudiantes del Colegio San Lorenzo de Coya, de la comuna de Machalí, quienes se encuentran en las tribunas, invitados por el Senador señor Letelier.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que lo relativo a Regiones nos apasiona a todos los parlamentarios, en especial a quienes provenimos de ellas y hemos estado bregando de manera permanente porque los gobiernos regionales tengan más atribuciones y recursos y mayor legitimidad democrática.
Por eso, en cada iniciativa de ley que aprobamos, hemos ido diciendo: "Que lo decida el gobierno regional". Y así fuimos, durante tantos años, traspasándoles atribuciones y otorgándoles recursos, al punto que hoy día son organismos de mucho poder y que disponen de cuantiosos recursos. Y ello debido a que nosotros hemos querido darles la importancia, los fondos y las atribuciones que se merecen.
El artículo 113 de nuestra Constitución señala: "El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos".
Destaco la frase: "de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva".
La reforma se realizó el 2009. Estamos en el 2012 y ya venció el mandato de los consejeros regionales. Nos encontramos en el último minuto haciendo una reforma constitucional para salvar una impasse. Porque el SERVEL ya está llamando a que se postulen los candidatos a consejeros regionales.
¿Podríamos nosotros alegar que el Ejecutivo actuó tarde o lento en esta materia? Yo diría que no. Porque el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional para permitir la elección directa de los consejeros fue ingresado al Parlamento el 12 de septiembre del 2011. Se encuentra en la Cámara de Diputados. Hubo tiempo más que suficiente para que ya hoy día hubiese sido ley. Pero se encuentra en el primer trámite y aprobado solo en general.
¿Por qué ha habido tantas dificultades para aprobar esa iniciativa en la Cámara de Diputados? Porque hay diferencias. La principal está en cómo se van a elegir y por qué territorio. ¿Por provincias? ¿Por distritos? Algunas provincias tienen tres distritos. Y resulta que un Diputado sale elegido con 30 mil votos y un consejero regional lo sería con 120 mil.
O sea, hay que ajustar y determinar cuál es la parte territorial que van a representar.
Lo otro es la aprobación de las inversiones. Ellos están votando hoy día proyecto por proyecto. Eso ha provocado distorsiones y observaciones de los parlamentarios a lo largo del país. Yo no tengo observaciones respecto de los consejeros de la Octava Región, pero aquí se han dicho cosas terribles de otras Regiones en cuanto a la forma de manejar los recursos.
Por lo tanto, es necesario saber cuáles son estos tres temas centrales que tendrán que dirimirse cuando se vea la Ley Orgánica Constitucional.
Ante estos hechos, es absolutamente razonable aprobar esta reforma constitucional; extender el mandato a los consejeros regionales hasta el 11 de marzo del 2014 y hacer que sean elegidos para un período de cuatro años, junto con el Presidente de la República, los Diputados y los Senadores, el 17 de noviembre del 2013.
Eso es lo más conveniente para todo el mundo, para la transparencia y el buen manejo de los numerosos recursos regionales que nosotros estamos aprobando permanentemente, con miras a dar mayores facultades a los gobiernos regionales.
Por lo tanto, voy a votar favorablemente esta reforma. Creo que es lo más conveniente y sano para el interés del país y de las Regiones.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, este proyecto de reforma constitucional, a mi juicio, tiene dos características muy propias.
La primera es que es inevitable. Es una de las pocas iniciativas en donde uno llega con marcha forzada. Y, en verdad, si uno cree en la institucionalidad, no hay otra alternativa distinta que no sea la de aprobarla. Uno siempre puede rechazarla, con el ánimo de crear una suerte de caos de hecho, pero ese no es el espíritu que nos convoca. Y eso tiene una razón excluyente, la cual debe dar lugar a una reflexión profunda para la futura legislación: la existencia de una ley orgánica que no tuvo norma transitoria, como bien se ha dicho.
Efectivamente -tienen razón algunos de los parlamentarios que me precedieron en el uso de la palabra-, en cuanto al tema de fondo, no se trata de decir si estamos a favor o en contra de la elección directa de los cores. Eso está ultra resuelto, bien o mal, no lo sé.
Ocurre que la Ley Orgánica que tenía que implementarse -y no por falta de voluntad ni por error de este Gobierno- no ha encontrado los acuerdos necesarios, lo que produce una situación de hecho y de Derecho muy compleja. En efecto, como tiene que haber consejeros regionales -a menos que acordemos que no los haya-, deben ser elegidos de una o dos formas: por los nuevos concejales -creo que también entraña una duda jurídica muy de fondo, caso en el cual la tentación de que estén por cuatro años es muy alta- o se busca una segunda oportunidad, en términos de prorrogar su mandato por un período breve de tiempo y tratar de forzar a que la Ley Orgánica se resuelva en ese lapso.
Esa es la verdad. Estamos ante una disyuntiva y probablemente todos hemos recibido múltiples inquietudes o consultas respecto de qué hacer en esta situación que se está desarrollando efectivamente en estos días en forma muy extraña. Los partidos y las personas no sabemos si hay inscripción a esta altura, en el caso de que esta iniciativa llegara a fracasar; o si, al contrario, hay que confiar en que ella se va a aprobar y, de esa manera, concentrarse en lo que va a ser la modificación definitiva a la Ley Orgánica.
Tiendo a pensar que, como esto resulta inevitable, es mejor la reforma a que los cores sean elegidos por los actuales concejales, porque mi impresión es que eso va durar cuatro años, lo que atrasará de hecho la elección directa de los consejeros, lo que, en mi modesta visión, hay que tratar de evitar.
Pero lo otro, señor Presidente, que no solo es inevitable, sino extraordinariamente exigente para este Parlamento -exigente, porque de alguna manera nos estamos poniendo en un pie forzado-, dice relación con dictar una legislación que hasta ahora no se ha podido establecer.
Y debemos hacerlo. De algún modo tenemos que resolver cuál será el número futuro de consejeros regionales; también su duración, porque si bien se fijaron cuatro años, aquí tenemos una situación de hecho rara, en que se prorroga su mandato por un año más y en que después serán elegidos por tres.
Asimismo, debemos precisar cuál será la fecha definitiva de su elección: si coincidirá hacia adelante con las elecciones municipales, lo que me parece más razonable, o si se efectuará en conjunto con las de Presidente de la República y parlamentarios. Porque recordemos que el planteamiento original del Gobierno era que la elección de los consejeros se realizara, por única vez, mediante la fórmula indicada en la disposición propuesta, pero, al cambiar esta, ello quedó sin efecto.
Lo más relevante es ponerse de acuerdo con respecto a la forma de elegir a los CORE. Y aquí tenemos un tema grueso, ya planteado por otros legisladores. Yo al menos soy de aquellos a los que les parece indispensable, central, decisivo, que esta elección se lleve a cabo votando por personas, un poco al estilo de lo que ocurre con los concejales.
Algunos proponen que la elección se haga por listas, en donde los partidos designen con un cierto orden a las personas que podrían ocupar los cargos, cuestión que a mi juicio resulta completamente contradictoria con las normas de primarias y de transparencia que este mismo Parlamento ha estado impulsando.
Si uno busca mayor participación ciudadana en la designación de cargos que tienen relevancia pública, ello no se condice con el hecho de que la elección de los CORE se efectúe previa lista donde los partidos fijen y entreguen sus prioridades, pues, en tal caso, la opacidad con respecto a la forma de confeccionarla será eje de cualquier discusión política futura.
Por eso, hago un llamado -como debe hacerse, en positivo- a quienes han manifestado dudas en relación con esta legislación, que es inevitable. Porque no dictar la norma genera una perturbación constitucional muy seria y, a todo evento, atrasa el objetivo de dictar la ley orgánica que dispondrá la forma de elegir directamente a los consejeros regionales.
He conversado algunos de los puntos en materia de atribuciones, de lo que se puede y no se puede hacer, y considero fundamental enfrentar, de una vez por todas, una situación que ya no da para más y que ya se ha explicitado, lo que me parece bien: el actual sistema claramente se halla en crisis. Pero no solo por cómo se elige a los consejeros regionales -comparto la opinión de que ello estaba generando problemas cada día más complejos-, sino también por un conjunto de facultades que estimo indispensable revisar en profundidad si queremos tener consejos regionales realmente eficientes y que cumplan su función, tarea en la cual muchos CORE han dado ideas muy importantes para producir tal innovación.
Me he constreñido lo más posible en el uso de la palabra. Ojalá que podamos hacerlo todos, porque, si no, ocurrirá algo bastante grave: que, tratando de implementar la norma, lo hagamos con tal atraso, que la iniciativa no pueda ser vista después por la Cámara de Diputados en tiempo y forma, con lo cual, por la vía de la dilación, estemos consagrando la elección de los consejeros regionales a través de los actuales concejales, lo que, desde mi perspectiva, constituye un error tanto para el Parlamento como para el país.
He completado mi intervención en siete minutos justos, señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Agradecemos mucho su esfuerzo de síntesis, señor Senador. Lamentablemente, desde el punto de vista del trámite de este proyecto, ello resultado infructuoso, porque ha llegado la hora de término del Orden del Día, de manera que su discusión continuará en la sesión citada para las 15 de hoy.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto .
--Se levantó a las 11:54.