Source: https://es.scribd.com/document/335494555/0008-2005-AI
Timestamp: 2019-04-26 12:35:25
Document Index: 15233138

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 40', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 26', 'artículo 22', 'artículo 15', 'artículo 40', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 22', 'in dubio', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 3', 'artículo 109', 'artículo 40', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 109', 'artículo 200', 'artículo 51', 'artículo 106', 'artículo 78', 'artículo 118', 'artículo 102', 'artículo 45', 'artículo 43', 'artículo 106', 'artículo 3', 'artículo 43', 'artículo 169', 'artículo 43', 'artículo 45', 'artículo 39', 'artículo 34', 'artículo 40', 'artículo 39', 'artículo 44', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 23', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 103', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 153']

Cargado por Paolo Ricardo Calcine Ayala
Justicia Joel
Ase of Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna Er.n.e. v. Spain Spanish Translation by The
Juan José Gorriti y más de cinco mil ciudadanos
(demandantes) c. Congreso de la República (demandado)
por don Juan José Gorriti y más de cinco mil
ciudadano contra la Ley N.° 28175
En Lima, a los 12 días del mes de agosto de 2005, el
Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los
magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen,
Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
José Gorriti y más de cinco mil ciudadanos, con firmas
debidamente comprobadas por el Jurado Nacional de
Elecciones, contra diversos artículos de la Ley N.° 28175,
publicada el 19 de febrero de 2004 en el Diario Oficial El
Peruano y vigente desde el 1 de enero de 2005.
Tipo de proceso : Proceso de
Demandante : Juan José Gorriti y más
de cinco mil ciudadanos
Norma sometida a control : Ley N.º 28175, Ley
Marco del Empleo Público.
cuya vulneración se alega : Artículos 26.°, 28.°, y
40.° de la Constitución.
: Se declare la
inconstitucionalidad de la Ley N.° 28175.
8. Principios de Derecho Laboral.- (...) En la colisión entre
principios laborales que protegen intereses individuales y los
que protegen intereses generales, se debe procurar soluciones
de consenso y equilibrio.
10. Principio de provisión presupuestaria.- Todo acto relativo al
empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar
debidamente autorizado y presupuestado.
El empleado público, sin excluir otros que le otorgan la
Constitución y las leyes, tiene derecho a:
d) Percibir en contraprestación de sus servicios sólo lo
determinado en el contrato de trabajo y las fuentes normativas
del empleo público; (...)
de retribución justa y equitativa y su regulación por un sistema único y homologado. propiciándose de este modo una discriminación para los trabajadores públicos. Sustentan su pretensión en los siguientes argumentos: a) Que el artículo 15° de la Ley Marco del Empleo Público omite incluir el derecho de los servidores públicos a la carrera administrativa que la Constitución Política del Estado garantiza en su artículo 40°.1. tales como el de estabilidad. Estiman que por efecto de ello se eliminan una serie de principios laborales que la Constitución ampara y que son recogidos en el Decreto Legislativo N. Añaden que esta situación puede . b) Que se vulnera el derecho de sindicación garantizado en la Constitución.° 28175. toda vez que la Ley N. 28º y 40º de la Constitución. de garantía del nivel establecido. ya que este derecho sí es reconocido para los trabajadores de la actividad privada. Con fecha 3 de marzo de 2005.° 276. contra la Ley N. Argumentos de la demanda. los demandantes interponen acción de inconstitucionalidad. por considerar que vulnera los artículos 26º.° 28175 no hace ninguna referencia a éste.
Manifiestan que esta disposición en la práctica hace imposible la realización de las convenciones colectivas en el sector público vulnerando de este modo la libertad sindical.abrir paso a la disolución de los sindicatos de las entidades del Sector Publico. c) Que la Ley N. consagrado en el numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar de la referida ley. por establecer que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe encontrarse debidamente autorizado y presupuestado.° 28175 viola el derecho a la huelga porque el artículo 15° de dicha ley también lo omite. propia de los . por tanto. Consideran que no basta que el artículo en mención enuncie que la enumeración de derechos que hace se efectúa sin exclusión de otros que la Constitución y las leyes otorgan. conforme al principio de legalidad. no está prevista la solución de pliegos de reclamos. puesto que la normatividad presupuestal no contempla la participación de los trabajadores sindicalizados y. d) Que el numeral 10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N. su reconocimiento debe ser expreso.° 28175 vulnera el derecho a la negociación colectiva. ya que. e) Que el inciso d) del artículo 16 de la ley impugnada introduce la figura del contrato de trabajo.
° 28175.° 28175. El Apoderado del Congreso de la República contesta la demanda solicitando que se la declare infundada. al consagrar el mutuo disenso como causal de terminación del empleo público. ya que el acceso a ella se hace por concurso y al trabajador se le otorga un nombramiento.trabajadores privados. del artículo IV del Título Preliminar del la Ley N.° de la Ley N. para los empleados públicos. y no un contrato de trabajo. al establecer que en la colisión entre principios laborales que protegen intereses individuales y los que protegen intereses generales se debe procurar soluciones de consenso y equilibrio. viola el principio de interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Contestación de la demanda. vulnerándose con ello el derecho a la carrera administrativa. f) Que el numeral 8. 2. alegando . vulnera el principio constitucional del carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. relativo a los principios de derecho laboral. consagrado en el numeral 2 del artículo 26° de la Constitución. g) Que el inciso c) del artículo 22.
porque dicha ley se refiere a los derechos del empleado público con carácter general y no a los derechos de los servidores públicos en particular. funcionarios públicos o empleados de confianza.que no contraviene la Constitución por el fondo ni por la forma. c) Que el hecho de que la Ley Marco del Empleo Público no declare los derechos de sindicación y huelga no quiere . b) Que los demandantes incurren en un error al considerar que el artículo 15° de la Ley N.° 28175 viola el artículo 40° de la Constitución relativa a la carrera administrativa. Sustenta su pretensión en los siguientes argumentos: a) Que la Ley Marco del Empleo Público no estipula normas relativas a los derechos particulares de los servidores públicos. que son los comprendidos en la carrera administrativa conforme al precepto constitucional anteriormente referido de la Constitución. sino que establece una regulación general referida al personal del empleo público que presta servicios al Estado y enuncia normas específicas para la regulación de los derechos y deberes de los servidores públicos comprendidos en la carrera administrativa y los que corresponden a los funcionarios públicos y empleados de confianza.
decir que los desconozca. precisa que en la expresión “leyes” también se incluye a los tratados. Del mismo modo. no viola la libertad sindical ni el derecho a la sindicación. que crea el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos. e) Que el inciso d) del artículo 16° de la ley impugnada. solo es de aplicación a los empleados públicos sujetos a modalidad de empleo temporal y a los cargos de confianza. . referido al contrato de trabajo para los empleados públicos.° 27556. ya que están reconocidos por la Constitución. d) Que la previsión presupuestal consagrada en el numeral 10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N. Añade que la Ley del Empleo Público no viola ningún principio de legalidad ni la Constitución porque se deja claro que el carácter enunciativo de los derechos comprendidos en el artículo 15.° no desconoce los derechos que la propia Constitución y otras leyes reconocen a los empleados. como el Convenio 151 de la OIT. los Convenios Internacionales de Protección de los Derechos Humanos y la Ley N.° 28175. puesto que este deriva del principio constitucional de legalidad presupuestaria y porque con ella lo único que se pretende es que los gastos relativos al empleo público deben estar autorizados y presupuestados.
Añade que gran parte de la Administración Pública está dedicada a la prestación de los servicios públicos que requieren continuidad. g) Que la incorporación del mutuo disenso como causal de extinción del empleo público a que se refiere el artículo 22.f) Que el numeral 8 del artículo IV del Título Preliminar de la ley cuestionada. MATERIAS CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES .° de la Ley impugnada no es aplicable a los servidores públicos sujetos al régimen de carrera administrativa. estabilidad y forman parte de los intereses generales que deben sobreponerse o primar sobre intereses individuales o colectivos. sino a los funcionarios sujetos a contrato temporal o a los empleados de confianza. V. manifiesta que dicha norma no se refiere al principio in dubio pro operario. h) Que la Ley N. sino al tema de los límites de los derechos fundamentales.° 28175 no está vigente porque no se han aprobado hasta la fecha los proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo que la desarrollan y otorgarían contenido al nuevo régimen de carrera que se propone.
c.1.) La igualdad de oportunidades.1.3.) Los principios laborales constitucionales. b.2) Finalidad esencial de la función pública al servicio de la Nación conforme a la Constitución y confianza de los ciudadanos.° 26889. a.) Indubio pro operario. c.4.3.° 28175.a) Consideraciones sobre la vigencia y la denominación de la ley impugnada. c.2) La Ley y su denominación en el marco de la Constitución y la Ley N.1.2.3.4.3.) Titulares de la función pública.) Los derechos colectivos de los trabajadores según la Constitución.4.3.3.1. b) La función pública conforme a la Constitución.) Referencia a la regla de no discriminación en materia laboral.) La irrenunciabilidad de derechos. c. c.) Estado y trabajo.) Algunos consideraciones liminares sobre de la noción trabajo. c. c.1) El artículo 109. . a. c) Régimen Constitucional del Trabajo.2.) La libertad sindical.° de la Constitución y la vigencia de la Ley N. c. c. b.
) El caso del convenio colectivo articulado (rama de actividad). c.3. c.2.6.4. c.) La intervención de terceros en la solución de los conflictos laborales. c.6.4. VI. c. c. FUNDAMENTOS .4.6.4.4.) La huelga.4.3) Cuestiones relativas a la relación laboral de los empleados públicos en el marco de la Constitución.4.4.4.) Las limitaciones del ejercicio del derecho de huelga.1. d. c.1) La carrera administrativa como bien jurídico constitucional. c.4.4.3.) La titularidad del derecho de huelga.) Los alcances de la libertad sindical.5. c.4. c.4.) Las características del convenio colectivo.4. d.) El convenio colectivo.2.1.2) Derechos de sindicación.4.2.4. c.5.4.4. huelga y negociación colectiva de los servidores públicos conforme a la Constitución. d.) Tipología del convenio colectivo.) La Constitución y los sindicatos. c.4. d) Evaluación de la constitucionalidad de los artículos impugnados.) El carácter y alcance del convenio colectivo.) Los elementos del convenio colectivo.
000 trabajadores públicos administrativos que se desempeñan en la modalidad de servicios no personales. con contratos que vencen cada dos o tres meses. situación que no puede ser tolerable en un Estado Democrático y Social de Derecho. de la revisión de los cuadros estadísticos del mismo informe. Respecto al empleo público en el Perú. La materia regulada por la ley se refiere al empleo público. sin seguridad social. una dispersión de conceptos remunerados y no remunerados. 2.° 004-2001-TR) presentado el 15 de julio de 2001. Del mismo modo. Asimismo. ni CTS. elemento fundamental para el adecuado funcionamiento del Estado. este Tribunal comprueba la inequidad existente en las remuneraciones de los servidores del Estado en sus diversas jerarquías y de instituciones públicas frente a otras. 1. reflejado en la existencia de múltiples organismos y sistemas de pagos al personal. constató que existe un verdadero caos en la Administración Pública. y una gran variedad de montos. la subsistencia de diferentes regímenes legales de contratación del empleado público ha generado la cantidad de 60. ni vacaciones. el Informe Final de la Comisión Multisectorial Encargada de Estudiar la Situación del Personal de la Administración Pública Central (creada por Decreto Supremo N. (Véase Verdades .
expresa en su punto 17 como una de las medidas de corto plazo a implementarse hasta el año 2006. procederemos a evaluar la constitucionalidad de las normas cuestionadas. en el Compromiso Político. sin lo cual no puede haber un adecuado funcionamiento de la Administración Pública. se dispone en el numeral 114 plantear un nuevo sistema de remuneraciones en el sector público. La Reforma del Empleo Público. 10 de mayo de 2005). a) Consideraciones sobre la vigencia y la denominación de la ley impugnada . el Tribunal Constitucional reconoce que le corresponde al Congreso de la República la tarea de revertir la situación descrita con carácter prioritario y urgente. Establecidas estas premisas. Por las consideraciones precedentes. Asimismo. equidad y modernización del empleo público. El Peruano. Encarte de Derecho. y Mitos. la síntesis del Acuerdo Nacional de fecha 19 de abril de 2004. En tal sentido. que se debe establecer un sistema adecuado de la carrera pública y realizar un censo integral de todos los funcionarios que reciben pago por parte del Estado. a fin de iniciar la uniformidad. Social y Económico de Corto Plazo del Acuerdo Nacional del 19 de abril de 2004.
° de la Constitución y la vigencia de la Ley N. resultaría lógico afirmar “(. mediante su segunda disposición transitoria se estableció que el Poder Ejecutivo. - Ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza.a. remitiría al Congreso de la República las propuestas legislativas sobre: - Ley de la carrera del servidor público.° 28175. - Ley del sistema de remuneraciones de empleo público. no estaría vigente. complementaria y final de la ley dispuso que ésta entraría en vigencia el 1 de enero de 2005.. Afirma que si bien la primera disposición transitoria. Ley N.) que la intención del legislador al promulgar la Ley Marco del Empleo Público. en el plazo de 120 días. Consecuentemente y efectuando una interpretación sistemática de ambas disposiciones.. - Ley de gestión del empleo público.° 28175 y postergar su vigencia al año 2005.° 28175 3. contados a partir de la publicación de la ley.1) El artículo 109. El Apoderado del Congreso de la República alega que la Ley N. - Ley de incompatibilidades y responsabilidades. publicada el 19 de febrero de 2004. le otorgaba un plazo prudencial al Congreso de la República para la aprobación de las cinco normas que la desarrollan y así .
° 28175. éstas entraron en vigencia el 1 de enero de . 4. salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3°. complementaria y final de la Ley N. 19 de febrero de 2004. El Tribunal Constitucional no comparte la tesis del Apoderado del Congreso. 5.° 28175 estableció que ella entraba en vigencia el 1 de enero de 2005. no es posible dar cumplimiento a lo dispuesto en su primera disposición complementaria”. referido a la percepción de dietas. Con relación a las demás disposiciones de la Ley N. al no haberse dado este supuesto. permitir la entrada en vigencia de la Ley Marco en forma integral con los proyectos que la desarrollan. estas últimas disposiciones de la Ley entraron en vigencia antes del 1 de enero de 2005. El artículo 109° de la Constitución dispone que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Como puede observarse. y la prescripción de que la segunda y cuarta disposiciones transitorias entrarán en vigencia al día siguiente de la publicación de la Ley. La primera disposición transitoria. y no estando aprobadas las leyes que la desarrollan. que entraría en vigencia a los treinta (30) días de la publicación de dicha Ley.
Ley Marco del Empleo Público.) el Poder Ejecutivo a manifestado públicamente a través de un comunicado difundido por la Presidencia del Consejo de Ministros.º 28562. la quinta disposición transitoria de la Ley N. del 3 de febrero de 2005.º 006-2005-EF/76. establece en su artículo 40°. que “Las personas al servicio del Estado y que en representación del mismo formen parte de Directorios. fecha a partir de la cual empezó a ser aplicada por diversas entidades del Estado.Ley Marco del Empleo Público”. publicado el 17 de enero de 2005 en el Diario Oficial El Peruano.° 28175. que la ley marco del empleo . El Apoderado del Congreso también sostiene que: “(. Del mismo modo.º 28175 . no podrán percibir dietas en más de una (1) entidad.° de la Ley N. 6.. de Ejecución del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2005. Ley que autoriza el Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005. en concordancia con el artículo 3 de la Ley N. publicada el 30 de junio de 2005. aplicando el segundo párrafo del artículo 3° de la Ley N. exceptuó a determinadas entidades del Estado por cinco días calendario de lo dispuesto en el artículo 5. En efecto. 2005.01.. la Directiva N.° 28175.
Por tanto. .° de la Constitución. este Tribunal Constitucional considera pertinente precisar que la Ley N. cuestión distinta a la vigencia de la ley. requieren de otras leyes. Al respecto. y no todas. conforme al artículo 109. dicho comunicado no afirma que la ley no esté vigente sino que se refiere a que específicas disposiciones de la ley.° 28175 está vigente desde el 1 de enero de 2005. para ser aplicadas e implementadas. la clasificación del empleo público en nuevos grupos ocupacionales. la adecuación de los regímenes existentes en la administración pública. público requiere para su aplicación que previamente entren en vigencia sus leyes complementarias”. cabe señalar que dicho comunicado corresponde a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM y en él se consigna que “Las normas contenidas en la LMEP referidas a la instalación del Consejo Superior del Empleo Público – COSEP. requieren de leyes complementarias. requieren que previamente entren en vigencia las cinco leyes complementarias a que se refiere la segunda disposición transitoria. para ser aplicadas en su integridad. y que en el caso de algunas disposiciones específicas. para comenzar su aplicación. Como puede apreciarse. 7. complementaria y final”. entre otras.
2) La ley y su denominación en el marco de la Constitución y la Ley N. tratados. Consecuentemente. reglamentos del Congreso. tiene un procedimiento especial de votación y regula determinadas materias. y dispone que la Constitución prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía. y así sucesivamente. de las normas precitadas se colige que. el inciso 4° del artículo 200° de la Constitución establece las normas que. decretos legislativos. el artículo 51° de la Constitución consagra el principio de jerarquía normativa y supremacía normativa de la Constitución. Del mismo modo. producción normativa y en la materia que regulan. el primer rango normativo corresponde a la Constitución y el segundo a la ley y a las normas con rango de ley. tienen rango de ley: las leyes. o el del Decreto . Otro aspecto que debe tratarse es el de la denominación de la ley cuestionada. configurándose en este segundo nivel una diversidad de fuentes normativas del mismo rango pero que. en el sistema de fuentes normativas diseñado por ella. decretos de urgencia. varían en su denominación. a. normas regionales de carácter general y ordenanzas. Al respecto. conforme al artículo 106° de la Constitución.° 26889 8. conforme a la Constitución. en nuestro ordenamiento jurídico. tal es el caso de la Ley Orgánica que. Sin ánimo exhaustivo.
° de la Constitución). En primer lugar. la ley de endeudamiento y de equilibrio financiero (artículo 78.° de la Constitución) y la . por ejemplo la ley de presupuesto. sino en su procedimiento de aprobación y en las materias que regulan. Atribución que descansa en los principios de soberanía política. que para la Constitución la fuente normativa denominada ley comprende a las leyes ordinarias.de Urgencia que regula materia determinada (inciso 18 del artículo 118. Y en segundo lugar. En efecto. que establece que es atribución del Congreso dar leyes. en muchas disposiciones del texto constitucional se hace referencia a la ley con carácter general y en otras se especifica una denominación particular relativa a la materia a regular. deben tenerse presentes dos puntos. su expedición corresponde al Congreso de la República conforme al inciso 1 del artículo 102° de la Constitución. que establece que el Poder emana del pueblo. consagrado en el artículo 45° de la Constitución. las leyes orgánicas. Con relación a la fuente normativa denominada ley. y en el principio representativo reconocido en el artículo 43° de la Constitución. las leyes de desarrollo constitucional y las que tienen una denominación asignada directamente por la Constitución y cuyas diferencias no radican en su jerarquía ni en el órgano que las expide. 9. en sentido material.
en tanto que mediante ellas se regula la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución. sino a una diversidad de ellas. Tal expresión no alude a una categoría unitaria de fuentes. por poner dos ejemplos. la Octava Disposición Final y Transitoria de la Constitución no ha creado una categoría normativa especial entre las fuentes que tienen el rango de la ley. En el caso de las denominadas leyes de desarrollo constitucional. debe incluirse a las denominadas leyes orgánicas sujetas a los requisitos materiales y formales establecidos por el artículo 106° de la Constitución. y de otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. este Colegiado ha afirmado que “Con la expresión ‘Ley de desarrollo constitucional’. (Caso sesenta y cuatro Congresistas de la República contra los artículos 1°. . que tienen como elemento común constituir un desarrollo de las materias previstas en diversos preceptos constitucionales. Igualmente. 2° 3°. así como las leyes ordinarias como las que demandan los artículos 7° y 27° de la Constitución. cuya reglamentación la Norma Suprema ha encargado al legislador. Forman parte de su contenido “natural” las denominadas leyes orgánicas. ley autoritativa para el caso de la delegación de facultades. a las que se les ha encomendado la tarea de precisar los alcances de determinados derechos o instituciones constitucionalmente previstas”.
Basándose en las consideraciones precedentes. el caso de la Ley N. La denominación .° dispone que: “La Ley debe tener una denominación oficial que exprese su alcance integral. cuyo artículo 3. y la Primera y Segunda Disposición Final y Transitoria de la Ley N. Exp. La facultad de otorgar una denominación ha sido desarrollada por la Ley N. fundamento 38).° 005-2003-AI/TC. para precisar la denominación de las leyes que expide. radica en que es expedida por el Congreso de la República conforme a las normas que establece para su producción jurídica (Capítulo II del Título IV de la Constitución.° 28175. el Tribunal Constitucional concluye en que la característica principal de la fuente normativa denominada ley. mutatis mutandis. 10. del Reglamento del Congreso y de las leyes. N. Este Colegiado estima también que el Congreso de la República. hoy cuestionada por los demandantes. goza de la autonomía inherente. Ley Marco para la producción y sistematización legislativa. así por ejemplo. con sus variantes mencionadas. en el marco de la Constitución. relativo a la función legislativa). al detentar la competencia exclusiva en la producción de la fuente normativa de ley.° 26889.° 26285. constitucionalmente hablando. que fue denominada Ley Marco del Empleo Público.
según corresponda. en el caso de Decretos Legislativos.° 27783 (20/07/02). entre las principales. empleando para ello las denominaciones de Ley de Bases. Ley N. son competentes para asignar determinadas denominaciones cuando se trata de leyes que regulan aspectos generales sobre una materia a fin de sintetizar su alcance integral. Ley Marco . que. Decreto Legislativo N. En ese sentido. en los cuales es el Poder Ejecutivo quien asigna la denominación”. constituyen la fuente normativa de ley expedida por el Congreso de la República. Ley Marco y Ley General.° 276 (24/03/84).forma parte del texto oficial de la Ley y corresponde al Congreso de la República asignársela. en definitiva. - Ley de Bases de la Descentralización. salvo en los casos de Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia. forman parte de nuestro ordenamiento constitucional: Ley de Bases - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneración del Sector Público. Tal es el caso de las siguientes denominaciones de la ley. el Congreso de la República e incluso el Poder Ejecutivo. pero que.
Ley N. Ley N. Decreto Legislativo N. Decreto Legislativo N. - Ley Marco del Sistema Tributario Nacional.º 26887 (09/12/97). - Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador. - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos Ley N. - Ley General de Residuos Sólidos.º 28056 (08/08/03). - Ley General de Educación. - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ley N.° 757 (13/11/91).° 24656 (14/04/87).º 28298 (22/07/04).° 28044 (29/07/03).º 27332 (29/07/00). Ley N. - Ley General de Sociedades. .º 771 (31/12/93).° 26572 (05/01/96). Ley N. - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. - Ley General de Arbitraje.º 910 (17/03/01). Ley N. Decreto Legislativo N. Ley N.º 27314 (21/07/2000). Ley N. Ley General - Ley General de Comunidades Campesinas. Ley N.º 26702 (09/12/96). - Ley Marco del Presupuesto Participativo.º 27181 (08/10/99). - Ley Marco para el Desarrollo Económico del Sector Rural.- Ley Marco del Crecimiento de la Inversión Privada.
además que se tendrá también como parámetro para evaluar la constitucionalidad de la ley cuestionada. Asimismo. Ingresando al análisis de fondo. que regula la función pública. Por tanto. la Ley N.° de la Constitución dispone que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están subordinadas al poder constitucional. en el presente proceso de inconstitucionalidad este Tribunal Constitucional se pronunciará sobre el modelo de función pública que diseña nuestra Constitución en una sociedad democrática.° de la Constitución). b) La función pública conforme a la Constitución 11. es preciso referirse al capítulo IV del Título I de la Constitución. En tal sentido. el poder del Estado emana del pueblo y el gobierno de la República del Perú es representativo y se organiza según el principio de separación de poderes (artículo 43. el artículo 169. El artículo 43. toda vez que dicho articulado es obligatorio y vincula a todos aquellos que ejercen función pública. Ley Marco del Empleo Público.° 28175.° de la Constitución define al Estado como una República Democrática. conforme al artículo 45°. Por tanto. de las disposiciones constitucionales citadas se deriva el principio . ha sido denominada dentro de la competencia que le corresponde al Congreso de la República para ello. Del mismo modo.
° de la Constitución. Exp. en ese orden. ya sean civiles. N. Con relación a esta norma debemos recordar que.) Titulares de la función pública 12. . miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura. en igual categoría.000 ciudadanos.° 28212. ministros de Estado. b. los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía y. fundamento 15). conforme a los artículos 161. de acuerdo a ley. y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes. A tenor del artículo 39.democrático que configura la convivencia de los ciudadanos del Perú.° 0038-2004-AI/TC.° de la Constitución. los representantes al Congreso.° y 201° de la Constitución. militares o policías. el Defensor del Pueblo y los Magistrados del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas laborales y funcionales que los Congresistas (Caso Jorge Power Manchego Muñoz. en representación de 5.1. el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo. contra diversos artículos de la Ley N. conforme al artículo 34. los Magistrados Supremos.
° de la misma Norma Suprema establecen que el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y que organiza. si al Presidente de la República le corresponde la más alta jerarquía en el servicio de la Nación. 13.° de la Constitución. Por su parte los artículos 137. es claro que sus subordinados también sirven a la Nación. estos altos funcionarios y autoridades del Estado. Entonces. que están subordinadas al Poder Constitucional y que participan en el desarrollo económico y social del país.Consecuentemente. a que se refiere el artículo 40. Pero no sólo los artículos constitucionales citados permiten interpretar que la Constitución reconoce a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional como servidores de la Nación en el desempeño de la función pública que la Constitución y las leyes les asignan.° inciso 14. distribuye y dispone el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. así como los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza y los servidores públicos sujetos a la carrera administrativa.° de la Constitución dispone que el Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la Nación. sino también los artículos 169° y 171° de la Constitución. como ya se expuso.° y 118. están al servicio de la Nación. Del mismo modo. el artículo 39. cuando disponen que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. .
a los fundamentos precedentes y al principio democrático. la ejercen dos grandes grupos de servidores estatales. es decir a los ciudadanos.º de la Constitución. En suma. proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. a saber: los servidores civiles y los servidores que cumplen función militar y policial. Por tanto. para la Constitución la función pública que. civil y constitucional. garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. de las normas citadas se concluye que la finalidad esencial del servicio a la Nación radica en prestar los servicios públicos a los destinatarios de tales deberes. b. sean civiles. conforme a las normas constitucionales. por tal.2. En relación a estas últimas. conforme el artículo 44. están obligados. se encuentra al servicio de la Nación. por los deberes primordiales de defender la soberanía nacional. con sujeción a la . militares o policías. ejercen sus funciones bajo la supremacía del poder democrático. Los servidores del Estado.) Finalidad esencial de la función pública al servicio de la Nación conforme a la Constitución y confianza de los ciudadanos 14.
Los artículos 40. sean civiles. El segundo párrafo del artículo 40. los derechos fundamentales. el artículo 41. el principio democrático.primacía de la Constitución.° establece que los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste. El precitado artículo 41. durante su ejercicio y al cesar en los mismos.° de la Constitución establecen una serie de normas relativas a la publicidad de los ingresos que perciben los servidores del Estado.° y 41. por todo concepto. el Fiscal de la Nación. militares o policías. los valores derivados de la Constitución y al poder democrático y civil en el ejercicio de la función pública.° precisa que es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que. en razón de sus cargos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. cuando se presume éste. deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos. 15. perciben los altos funcionarios y otros servidores públicos que señala la ley. como por ejemplo que.º de la Constitución señala algunas normas relativas al control frente al enriquecimiento ilícito. Por su parte. por denuncia de .
Sentencia del 2 de setiembre de 1998. así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. 16. N. formula cargos ante el Poder Judicial. fundamento 33). este Colegiado ya se refirió a la independencia judicial como elemento necesario para inspirar la confianza ciudadana en los tribunales (Caso Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo. el Tribunal Constitucional del Perú considera como uno de los elementos esenciales de nuestro modelo de Estado Social y Democrático de Derecho la obligación de todos los servidores de la Nación. Exp. En efecto.° 0004-2004-CC.terceros o de oficio. fundamento 53). En esta oportunidad. la ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. siguiendo al mismo alto Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (Caso Ahmed y otros vs. mutatis mutandis. por ser un hecho que socava la confianza ciudadana en los servidores de la Nación. El Reino Unido. independientemente de su . Las normas constitucionales citadas se justifican en la medida que la Constitución pretende prevenir y sancionar el mal uso de los recursos públicos. asimismo. y que el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Al trabajo puede definírsele como la aplicación o ejercicio de las fuerzas humanas.) Algunas consideraciones liminares sobre la noción trabajo 18. de que ejerzan dicha función con probidad. implica la acción del hombre. con todas sus facultades . jerarquía y la función pública que cumplan en los ámbitos civil. para la producción de algo útil.1. para el análisis de la constitucionalidad de los artículos impugnados. En ese contexto. en su plexo espiritual y material. militar y policial. c) Régimen constitucional del trabajo 17. c. es necesario desarrollar el marco constitucional del régimen del trabajo. se aplican tanto al régimen público como al privado de trabajo y nos servirán conjuntamente con el marco constitucional de la función pública. Del mismo modo y dada su vinculación con la materia evaluada. toda vez que sus normas. con las particularidades y excepciones que ella misma prevé. necesarias para generar la confianza ciudadana en los servidores de la Nación a través de la cual el modelo democrático establecido por la Constitución se legitima. honestidad y austeridad en el manejo de los recursos públicos.
en un cierto sentido se hace más hombre”. intelectuales y físicas. Es personal. El trabajo se identifica inseparablemente con la persona misma. 1966] el trabajo tiene el doble signo de lo personal y necesario. generar un servicio. una huella. Lima. porque mediante éste no sólo se transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades. o sea. porque del fruto de su trabajo el hombre se sirve para sustentar su vida. en aras de producir un bien. marca o sello que caracteriza su plasmación. como lo enfatiza el Papa León XIII [Encíclica rerum novarum. En toda actividad laboral queda algo de su ejecutor: el hombre. Lima: Paulinas. sino que se realiza a sí mismo como hombre. Salesiana. Asimismo. es más. es un bien de la humanidad. etc. . morales. El Papa Juan Pablo II [Encíclica laborem exercens. porque la fuerza con que se trabaja es inherente a la persona y enteramente propia de aquel que con ella labora. S/F] señala que: “El trabajo es un bien del hombre. lo cual es un deber imprescindible impuesto por la misma naturaleza. Es necesario. A través del trabajo se presenta siempre la impronta del ser humano.
- Vocación y exigencia de la naturaleza humana. El trabajo es sinónimo y expresión de vida. - Asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconozca o rebaje la dignidad del trabajador. verdadero fin de todo proceso productivo. tiene la obligación de establecer políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.) Estado y trabajo 19. o sea. La importancia del trabajo descansa en tres aspectos sustantivos: - Esencialidad del acto humano. destinado al mantenimiento y desarrollo de la existencia y coexistencia sociales.Es evidente que la verdadera dignidad del trabajador radica en su condición de sujeto y autor y. el Estado asume las siguientes responsabilidades con relación al trabajo: - Promover condiciones para el progreso social y económico. . trabajando con y para los otros. ya que sólo es posible laborar verdaderamente a través de la colaboración directa o indirecta de otro ser humano.° de la Constitución. por consiguiente. c. De conformidad con lo que dispone el artículo 23. Para tal efecto.2. - Carácter social de la función.
en el campo jurídico sustancial el rasgo más característico de la relación de trabajo es la . aplicación o integración normativas. Mario Pasco Cosmópolis [El principio protector en el proceso laboral. lo que hace que el empleador devenga en la parte “fuerte” e “imponente” y el trabajador en la parte “débil” e “impotente”.º 1. el menor de edad y el impedido. En: Revista de Iure N. entre otros.) Los principios laborales constitucionales 20. Denomínase como tales a aquellas reglas rectoras que informan la elaboración de las normas de carácter laboral. sea mediante la interpretación. p.3. Editada por los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. La relación laboral se caracteriza en sí misma por la desigualdad. c. En efecto.- Asegurar que a ningún trabajador se le obligue a prestar servicios sin retribución compensatoria o sin su libre consentimiento. en los campos jurídico y económico. 77] reconoce dicha situación asimétrica. 1999. - Proteger especialmente la actividad laboral de la madre. amén de servir de fuente de inspiración directa o indirecta en la solución de conflictos.
el artículo 26. la nota más específica es que frente a la propiedad del medio de producción. Nuestra Constitución exige la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.3. el trabajador sólo puede exponer su fuerza de trabajo. en el campo económico.subordinación y los deberes imputables al trabajador. Para hacer frente a ello se afirman los principios protectores o de igualación compensatoria. y en el campo jurídico procesal se constata la capacidad intimidatoria que se puede crear para impedir los reclamos en vía litigiosa y la extensión de la posición predominante en materia de prueba. Asimismo. por el cual. reconociéndose la existencia asimétrica de la relación laboral. Al respecto. vale decir que se acredite que a pesar de los aportes de las fuentes de interpretación. la norma deviene indubitablemente en un contenido incierto e indeterminado.° de la Constitución expresa una pluralidad de principios de dicha naturaleza. se promueve por la vía constitucional y legal la búsqueda de un equilibrio entre los sujetos de la misma. . a saber: c.1. Hace referencia a la traslación de la vieja regla del derecho romano indubio pro reo. Indubio pro operario 21.
los reglamentos. etc. Ergo. La noción de “norma” abarca a la misma Constitución. el aplicador del derecho deberá asignarle un sentido concordante y compatible con la razón de ésta). los convenios colectivos de trabajo. mas no de integración normativa. - Respeto a la ratio juris de la norma objeto de interpretación (para tal efecto. Pasco Cosmopolis precisa que la aplicación de este principio debe ajustarse a los siguientes dos requisitos: - Existencia de una duda insalvable o inexpugnable. como consecuencia del proceso de interpretación. ofrece varios . los tratados. leyes. La noción de duda insalvable debe ser entendida como aquella que no puede ser resuelta por medio de la técnica hermenéutica. los contratos de trabajo. nace de un conflicto de interpretación. El principio indubio pro operario será aplicable cuando exista un problema de asignación de significado de los alcances y contenido de una norma. El Tribunal Constitucional considera que la aplicación del referido principio está sujeta a las cuatro consideraciones siguientes: - Existencia de una norma jurídica que.
Hace referencia a la regla de no discriminación en materia laboral.) La igualdad de oportunidades 22.3. ya que el principio no se refiere a suplir la voluntad de éste. c. la isonomia entre las personas se manifiesta en dos planos: La . Esta regla de igualdad asegura.3. en lo relativo a los derechos laborales. plantea la plasmación de la isonomia en el trato previsto implícitamente en el inciso 2) del artículo 2º de la Constitución.3. c. sino a adjudicarle el sentido más favorable al trabajador. el cual específicamente hace referencia a la igualdad ante la ley.2. - Obligación de adoptar como sentido normativo a aquél que ofrece mayores beneficios al trabajador. - Imposibilidad del operador de integrar la norma.) Referencia a la regla de no discriminación en materia laboral 23.sentidos. En puridad. la igualdad de oportunidades de acceso al empleo. Tal como se ha precisado anteriormente. - Imposibilidad lógico-axiológica de dirimir esta duda mediante la utilización de cualquier método de interpretación admitido como válido por el ordenamiento nacional.
no genere una diferenciación no razonable y. sino por la naturaleza de las cosas. igualdad ante la ley y la igualdad de trato (en este caso aplicable al ámbito de las actividades laborales). en relación a las actividades laborales. el artículo 103° de la Constitución compromete al Estado a no dictar leyes por razón de las personas. salvo que existan razones justificadas para ello. El artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige a dicho ente no apartarse de sus precedentes judiciales. . arbitraria. Al respecto. y el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. La igualdad ante la ley obliga a que el Estado asuma una determinada conducta al momento de legislar o de impartir justicia. por ende. La igualdad de oportunidades –en estricto. igualdad de trato– obliga a que la conducta ya sea del Estado o los particulares. prescribe que el Tribunal Constitucional sólo podrá apartarse de sus precedentes vinculantes cuando exprese los fundamentos de hecho y derecho que sustenten la sentencia y las razones del apartamiento del precedente jurisprudencial.
Tecnos. La discriminación en materia laboral. 1986. por su mera condición de no afiliados a una organización . Tal el caso de la negación de acceso al empleo derivada de la opción política o sexual del postulante. o cuando se vulnera la claúsula de no discriminación prevista por la Constitución. 47) exponen que para establecer si una conducta en una empresa es discriminatoria o una diferenciación es razonable. strictu sensu. p. En ese sentido. la intervención y el efecto perseguibles se fundamentan en un juicio y una decisión carente de razonabilidad y proporcionalidad. Miguel Rodríguez Piñeiro y Mejía Fernández López [Igualdad y discriminación. se acredita por los dos tipos de acciones siguientes: Por acción directa: la conducta del empleador forja una distinción basada en una razón inconstitucional. En esta hipótesis. la discriminación en materia laboral aparece cuando se afecta al trabajador en sus características innatas como ser humano (lo propio y privativo de la especie). Madrid. por la concesión de mayores beneficios a unos trabajadores sobre otros. es necesario precisar cuándo dos situaciones reales son equiparables y cuándo sus similitudes predominan sobre sus diferencias.
otorgamiento de beneficios. empero. sindical. etc. . etc. se regulan los actos de discriminación. promociones. tanto en el acceso al empleo como en el trato dentro de una relación laboral.). Mediante la Ley N. por ejemplo. el despido por el solo hecho del ejercicio de las actividades sindicales. de las reglas de evaluación laboral sobre la base de exigencia de conocimientos no vinculados con la actividad laboral del o los trabajadores. modificada por la Ley N. Tal el caso.º 27270.º 26772. pueden darse en las condiciones o circunstancias siguientes: - Acto de diferenciación arbitraria al momento de postular a un empleo. proscritas por la Constitución. - Acto de diferenciación arbitraria durante la relación laboral (formación y capacitación laboral. son intrínsecamente discriminatorios para uno o más trabajadores. Dichas acciones. cuya intención y efecto perseguible. Por acción indirecta: la conducta del empleador forja una distinción basada en una discrecionalidad antojadiza y veleidosa revestida con la apariencia de “lo constitucional”.
opinión. toda vez que estos constituyen el estándar mínimo de derechos que los Estados se obligan a garantizar a sus ciudadanos [Remotti Carbonell. origen social. 18]. cuando las situaciones de postulación son idénticas. En ese sentido. Barcelona. Hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al trabajador por la Constitución y la ley. religión. sexo. Instituto Europeo de Derecho. p. Al respecto. .3. amén de tratos diferenciados basado en motivos de raza. 2003.) La irrenunciabilidad de derechos 24. la renuncia a dichos derechos sería nula y sin efecto legal alguno.4. José Carlos: La Corte Interamericana de Derechos Humanos.En ese contexto. es preciso considerar que también tienen la condición de irrenunciables los derechos reconocidos por los tratados de Derechos Humanos. Estructura. etc. funcionamiento y jurisprudencia. c. se proscribe la utilización de criterios de selección que carezcan de una justificación objetiva y razonable. de conformidad con lo establecido en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil. la adhesión a criterios de selección simultáneamente distintos.
y por otorgar a los sujetos de una relación laboral la atribución de regulación con pleno albedrío dentro del marco de la Constitución y la ley. pues. debe precisarse que un derecho de naturaleza laboral puede provenir de una norma dispositiva o taxativa. Así.º de la Constitución. En ese contexto.. de . conforme se desprende de lo previsto en el inciso 2) del artículo 26.) derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. Las normas dispositivas se caracterizan por suplir o interpretar una voluntad no declarada o precisar y aclararla por defecto de manifestación. El Estado las hace valer únicamente por defecto u omisión en la expresión de voluntad de los sujetos de la relación laboral. No cubre. la irrenunciabilidad sólo alcanza a aquellos “(. a aquellos provenientes de la convención colectiva de trabajo o la costumbre. Por otro lado. el trabajador puede libremente decidir sobre la conveniencia. Ante este tipo de modalidad normativa. la irrenunciabilidad es sólo operativa en el caso de la segunda.. La norma dispositiva es aquella que opera sólo cuando no existe manifestación de voluntad o cuando ésta se expresa con ausencia de claridad. o no.
este puede disponer hasta de quince días para continuar prestando servicios a su empleador. la norma taxativa es aquella que ordena y dispone sin tomar en cuenta la voluntad de los sujetos de la relación laboral. en donde se establece que el trabajador tiene derecho a treinta días naturales de descanso remunerado al año y. Por ende. permutar o renunciar a los beneficios. 103] manifiesta que el principio de irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que los actos de disposición del trabajador. dentro de ese contexto. recaigan sobre normas taxativas. el trabajador no puede “despojarse”. Javier Neves Mujica [Introducción al derecho laboral. Lima: Fondo Editorial de la PUCP. 2003. puede citarse el caso del derecho a vacaciones contemplado en el Decreto Legislativo N. tiene la capacidad autodeterminativa de decidir un “canje” sobre aquello. a cambio de una compensación extraordinaria.º 713. facultades o atribuciones que le concede la norma. Al respecto. como titular de un derecho. ejercitar total o parcialmente un derecho de naturaleza individual. por la prerrogativa de la voluntad establecida en dicha norma. y sanciona con la invalidez la transgresión de esta pauta basilar. En ese ámbito. En cambio. p. .
por tales.. de otro lado.° 1396-2001-AA/TC). situación que. por encontrarse previsto en la misma. partes taxativas y dispositivas. La irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta al ámbito de las normas taxativas que. lo expuesto no sólo no contradice el principio contenido en el inciso 2) del artículo 26. porque el derecho protegido en la Carta Magna es el relativo a una jornada de trabajo que no excede de las cuarenta y ocho horas semanales (. relativo al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. de por si..). El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la materia en el caso Sindicato de Trabajadores de Toquepala vs. Es conveniente consignar que una norma jurídica puede contener dentro de su texto. Southern Perú Copper Corporation (Expediente N. son de orden público y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación laboral.. sino sólo cuando dicha estipulación sea indebidamente aplicada. será también las jornadas atípicas.) Los derechos colectivos de los trabajadores según la Constitución ..º de la Constitución.) las partes acordaron no solo la duración de la jornada ordinaria de trabajo. no violenta derecho fundamental de los afiliados al Sindicato. en donde estableció que si “(.” c. sino también. como se ha observado.4.
Estos hacen referencia a las facultades o atribuciones que ejerce el trabajador en concordancia. . Por ende. el Tribunal Constitucional Español. precisa que los sindicatos son “(.4.° de la Constitución identifican los derechos laborales de naturaleza colectiva. 1999. En ese sentido. Madrid: Tecnos. En ese contexto viabilizan las actividades de las organizaciones sindicales. y se vincula con la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho.) este derecho fundamental (. también de la naturaleza de los derechos de participación política”. por tanto..) La libertad sindical 26. ya que constitucionaliza la creación y fundamentación de las organizaciones sindicales. en la STC 292/1993.25. unión o asociación con sus pares. en la estructura pluralista de una sociedad democrática”. gozando.1. a saber: c.° y 29. 457] señala que “(. alude a un atributo directo. Los artículos 28. Se la define como la capacidad autoderminativa para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical.. Enrique Álvarez Conde [Curso de derecho constitucional VI. ya que relaciona un derecho civil y un derecho político..) formaciones de relevancia social... p.) debe ser considerado como una manifestación del derecho de asociación..
en defensa de los intereses de sus afiliados. implica un haz de facultades y el ejercicio autónomo de homus faver –homus politicus. Dentro de ese contexto se plantea el ejercicio de la actividad sindical. Esta facultad se manifiesta en dos planos: el intuito persona y el plural. referido a aspectos tales como: - El derecho a fundar organizaciones sindicales.) Los alcances de la libertad sindical 27. la autonomía en la gestión. . la representación institucional. - El derecho a que el Estado no interfiera –salvo el caso de violación de la Constitución o la ley. - El derecho a la actividad sindical. En ese contexto. c.2. etc.4. La libertad sindical intuito persona plantea dos aspectos: - Aspecto positivo: Comprende el derecho de un trabajador a constituir organizaciones sindicales y a afiliarse a los sindicatos ya constituidos.en las actividades de las organizaciones sindicales. - El derecho de libre afiliación. desafiliación y reafiliación en las organizaciones sindicales existentes. Ello comprende la reglamentación interna. - El derecho de las organizaciones sindicales a ejercer libremente las funciones que la Constitución y las leyes le asignen.
la proscripción de las cláusulas sindicales. - Ante los empleadores: Comprende el fuero sindical y la proscripción de prácticas desleales. - Ante las otras organizaciones sindicales: Comprende la diversidad sindical.° de la Constitución).- Aspecto negativo: Comprende el derecho de un trabajador a no afiliarse o a desafiliarse de una organización sindical.º de la Constitución.° de la Constitución). La libertad sindical intuito persona se encuentra amparada genéricamente por el inciso 1 del artículo 28. etc. Empero. una lectura integral de dicho texto demuestra que se encuentran excluidos de su goce los siguientes componentes del Estado peruano: - Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (artículo 42.° de la Constitución). con poder de decisión o que desempeñen cargos de confianza o dirección (artículo 42. - Los miembros del Ministerio Público y del Órgano Judicial (artículo 153. - Los miembros de la Administración Pública. La libertad sindical plural plantea tres aspectos: - Ante el Estado: Comprende la autonomía sindical. . la personalidad jurídica y la diversidad sindical.
c. ejerciendo el mismo oficio o profesión. en las controversias o reclamaciones de carácter individual. controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva. protección y defensa de los derechos e intereses de sus miembros. Entre los principales fines y funciones que nuestra legislación establece para los sindicatos en el ámbito de la legislación privada.).) La Constitución y los sindicatos 28. - Celebrar convenciones colectivas de trabajo y. cajasfondos. se tienen los siguientes: - Representar al conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito. desarrollo. El sindicato es una organización o asociación integrada por personas que. etc. . - Promover la creación de organismos de auxilio y promoción social de sus miembros (cooperativas. o trabajando en un mismo centro de labores. se unen para alcanzar principalmente los siguientes objetivos: - Estudio.3. en los conflictos. - Mejoramiento social. exigir su cumplimiento. económico y moral de sus miembros. dentro de ese contexto.4. - Representar o defender a sus miembros a su solicitud.
profesión u oficio que corresponda según el tipo de sindicato y.) El convenio colectivo 29. haber superado el período de prueba. condiciones de trabajo. c. modificar o extinguir derechos y obligaciones referidas a remuneraciones. salvo que el estatuto de la empresa expresamente lo admita. En el caso de los sindicatos del sector público. - No encontrarse afiliado a otro sindicato.4. así como la educación general. Para ser miembro de un sindicato. la Ley N. productividad y demás aspectos concernientes a las relaciones laborales.4. . - No formar parte del personal de dirección ni desempeñar cargo de confianza del empleador.° 27556 creó el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos. dentro de ese contexto. la legislación del régimen privado exige lo siguiente: - Ser trabajador de la empresa. N.- Promover el mejoramiento cultural.S. técnica y gremial de sus miembros.° 003-82-PCM del 22 de enero de 1982. relativo a las organizaciones sindicales de los servidores. Se le define como el acuerdo que permite crear. En puridad. emana de una autonomía relativa consistente en la capacidad de regulación de las relaciones laborales entre los representantes de los trabajadores y sus empleadores. Así como el D.
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