Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-314-18.htm
Timestamp: 2019-05-26 19:04:25
Document Index: 211961678

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 48', 'artículo 334', 'artículo 6', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 5', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 48', 'artículo 16', 'Artículo 6']

T-314-18
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Requisitos para que se configure/ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Para que se configure temeridad debe evidenciarse la mala fe en el actuar del peticionario
TEMERIDAD-Inexistencia para el caso
La sustitución pensional o pensión sustitutiva y la pensión de sobreviviente pertenecen a una de las expresiones del derecho a la seguridad social establecido en el artículo 48 de la Constitución Política, las cuales se definen como prestaciones económicas cuyo fin es evitar que los allegados al trabajador queden desamparados por el sólo hecho de su deceso, esto es, que los beneficiarios obtengan recursos económicos, producto de la actividad laboral del causante, para tener una vida digna y justa expresada en la obtención de la mesada pensional que tenía el causante.
SUSTITUCION PENSIONAL PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Requisitos conforme el Decreto 4433 de 2004
Tres requisitos se han aceptado para que proceda este reconocimiento: i) el parentesco con el causante, ii) la condición de invalidez del solicitante y iii) su dependencia económica del padre.
ACUERDO 048 DE 2007 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL-Establece los parámetros de calificación de invalidez absoluta y permanente de los beneficiarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares
ACUERDO 048 DE 2007 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL-Requisitos para acceder a la evaluación y calificación de invalidez
Para la determinación de la invalidez se requiere los siguientes documentos. 1. Fotocopia del carné de servicios médicos del afiliado vigente. 2. Fotocopia del documento de identidad del beneficiario y afiliado. 3. Resumen de historia clínica del beneficiario elaborada por el centro de atención y concepto actualizado. 4. Registro de nacimiento del beneficiario. 5. Constancia de estudio, si es del caso. 6. Manifestación bajo juramento del afiliado sobre la dependencia económica del beneficiario y la no constitución de familia por vínculo natural o civil. 7. Verificación de afiliación única al SSMP por parte del afiliado y beneficiario a la Dirección de Sanidad correspondiente.
MANIFESTACION BAJO JURAMENTO SOBRE LA NO CONFORMACION DE VINCULO MATRIMONIAL PARA ACCEDER A LA CALIFICACION DE INVALIDEZ Y AL TRAMITE DE RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL-Constituye vulneración de la Constitución y la ley
La exigencia formal del artículo 6º del Acuerdo que se analiza, deviene ilegal a inconstitucional. Ilegal por crear un requisito no establecido en la ley (decreto con fuerza de ley 1795 de 2000). Inconstitucional, por restringir en forma indebida, injustificada y desproporcionada los derechos fundamentales a la seguridad social, salud, vida, mínimo vital, vida en condiciones dignas, familia y libre desarrollo de la personalidad del accionante. Efectivamente, de una parte, desconoce la ley a la que debería sujetarse, en cuanto al solicitar unos documentos especiales, establece un nuevo requisito para acceder a la calificación de la invalidez y al trámite de reconocimiento de la sustitución pensional (“… no haber formado vínculo matrimonial…”), que no se encuentra en el Decreto Ley 1795 de 2000, pues éste se limita a señalar en su artículo 24 literal c) que son beneficiarios de los afiliados cotizantes: “… c) Los hijos mayores de 18 años con invalidez absoluta y permanente, que dependan económicamente del afiliado y cuyo diagnóstico se haya establecido dentro del límite de edad de cobertura.” De otra parte, desconoce garantías constitucionales, en la medida que determina que se niegue al actor el acceso a los servicios médicos y el posterior reconocimiento de la eventual sustitución pensional a que tuviera derecho. Con ello se vulneran sus derechos fundamentales a la seguridad social, salud, vida, mínimo vital, vida en condiciones dignas y a la familia y al libre desarrollo de la personalidad.
MANIFESTACION BAJO JURAMENTO SOBRE LA NO CONFORMACION DE VINCULO MATRIMONIAL PARA ACCEDER A LA CALIFICACION DE INVALIDEZ Y AL TRAMITE DE RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL-Juicio de proporcionalidad
i) Adecuación. Al parecer la exigencia del numeral 6º del artículo 6º del Acuerdo 48 de 2007 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, busca la finalidad consagrada en el inciso 7º del artículo 48 en concordancia con el 334 de la Constitución Política relacionada con la sostenibilidad financiera del sistema. En este sentido, resulta adecuada por cuanto busca un fin constitucionalmente válido. ii) Necesidad. La necesidad vincula la exigencia del reglamento, a la inexistencia de otros medios por los cuales se logre el mismo objetivo con un menor sacrificio de principios constitucionales. De la atenta lectura del acuerdo se desprende que todos los requisitos, excepto el relacionado con la declaración bajo la gravedad de juramento de la no conformación de vínculo matrimonial, tienden a que el interesado compruebe los elementos esenciales que garantizan su derecho a los servicios y la prestación económica: invalidez, parentesco y dependencia económica. Este requisito en particular no se relaciona directamente con ninguno de ellos. Se relaciona indirectamente, aunque no en forma determinante, con el último mencionado, el cual ya se halla cubierto con la declaración juramentada de la existencia de dependencia económica. Ello lo hace innecesario y además con un gran costo en materia de limitación de derechos fundamentales. iii) Proporcionalidad. Si la finalidad de la exigencia tiene que ver con la sostenibilidad financiera del sistema, según se vio, se torna en una demanda desproporcionada para tal fin, puesto que no solo es innecesaria según se adujo, sino que restringe en grado sumo los derechos fundamentales del interesado, al punto de hacerlos nugatorios. Es decir, el excesivo ritualismo que implica la manifestación bajo la gravedad de juramento que no se ha formado vínculo familiar, cuyo fin se relaciona con la protección de la sostenibilidad fiscal (artículo 334 de la Constitución Política), resulta desproporcionado frente al grado en que se restringen los derechos fundamentales a la seguridad social, salud, vida, mínimo vital, vida en condiciones dignas, familia y libre desarrollo de la personalidad del interesado. La medida es, en consecuencia, desproporcionada, frente a la finalidad que busca.
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL O DE ASIGNACION DE RETIRO PARA HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden de reconocer sustitución pensional o de asignación de retiro si accionante conserva condición de invalidez en los porcentajes y características de ley
Acción de tutela instaurada por Javier Enrique Chávez Julio contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de Sanidad Naval – DISAN y otros.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, en virtud de la remisión efectuada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral del expediente T-6.600.943, y la selección para revisión por parte de ésta Corporación, mediante Auto del 27 de febrero de 2018, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión de los fallos proferidos en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral del 09 de octubre de 2017 y la sentencia de tutela de segunda instancia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, del 13 de diciembre de 2017, en el trámite de la acción de tutela incoada por el ciudadano Javier Enrique Chávez Julio contra la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional y/o el Jefe de Medicina Laboral de dicha dependencia.
El señor Javier Enrique Chávez Julio formuló, el 25 de septiembre de 2017, acción de tutela contra la Dirección de Sanidad Naval – DISAN y otras autoridades, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, salud, vida, mínimo vital, vida en condiciones dignas y a la familia, al negarle la activación de los servicios de salud y la calificación de la invalidez, así como la sustitución pensional en calidad de hijo del causante en condición de discapacidad.
2.1. El señor Javier Enrique Chávez Julio, nació el 16 de agosto de 1977 en la ciudad de Cartagena, Bolívar[1].
2.7. El día 15 de agosto de 2014 contrajo matrimonio con Gloria Beatriz Ardila Gómez, de cuyo matrimonio nació una hija, Mariana Chávez Ardila, el 27 de mayo de 2015[12].
2.11. El 2 de mayo de 2017, presentó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, acción de tutela en la cual solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la salud, entre otros, la cual fue denegada el 17 de mayo del mismo año por dicha autoridad judicial[17].
Con fundamento en los hechos expuestos, Javier Enrique Chávez Julio solicitó que se ordenara a la Dirección de Sanidad Naval, la reactivación de los servicios de salud, la realización, de ser necesario, de una nueva valoración sobre su condición de invalidez, y que se ordene, al menos de manera provisional hasta tanto se efectúe una nueva calificación, la asignación del 50% de la pensión sustitutiva por fallecimiento del pensionado[22].
4.4. Certificación del Grupo de Afiliación y Validación de Derechos del 16 de junio de 2010 en que se señala la vinculación del señor Miguel Ángel Chávez Álvarez, padre del peticionario, y la afiliación de este último en calidad de beneficiario – hijo discapacitado (fl.13 cuaderno principal).
4.5. Copia de la Declaración Extrajuicio No. 1107 de la Notaría 19 de Bogotá, de la señora Elida Julio Marriaga, madre del accionante, en la cual declara que su hijo dependía económicamente de su fallecido padre (fl. 14 cuaderno principal).
4.7. Registros civiles de matrimonio del solicitante con Gloria Beatriz Ardila Gómez y del nacimiento de su hija Mariana Chávez Ardila (fls. 15 y 16 cuaderno principal).
4.14. Copia de solicitud a la Sra. Capitán de Corbeta, Jefe de Medicina Laboral – Dirección de Sanidad Naval. Sin fecha ni radicado (fl.38 cuaderno principal).
Mediante oficio No. 14615 del 27 de septiembre de 2017, y en cumplimiento del Auto del día 26 del mismo mes y año, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, notificó al Ministerio de Defensa Nacional del presente proceso[24]. Adicionalmente, el Director de Asuntos Legales y Administrativos de la Armada Nacional remitió copias de esta acción a la Dirección de Sanidad, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y el Grupo de Prestaciones Sociales[25], sin embargo, ninguna de dichas dependencias o sus áreas encargadas, como el Grupo de Afiliación y Validación de Derechos de la Dirección General de Sanidad Militar, se pronunció durante el trámite de la presente tutela.
6.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral
En sentencia del 9 octubre de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, negó el amparo solicitado con fundamento en que a su juicio, se ha presentado actuación temeraria por parte del accionante dado que “…en anterior oportunidad el señor JAVIER ENRIQUE CHÁVEZ JULIO interpuso acción de tutela en contra de la DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL, y los fundamentos fácticos, los elementos probatorios y las pretensiones expuestos en aquella oportunidad son similares a los que sustentan la presente solicitud de amparo”[26].
Añadió el a quo que esta es la segunda vez “… en que el actor pretende un pronunciamiento a fin de establecer ‘si había constituido una familia por vínculo natural o civil’”. Todo lo cual demarca en su parecer, un propósito desleal tendiente a obtener la satisfacción de su interés “a toda costa”[27]. (Negrillas fuera del texto)
El señor Javier Enrique Chávez Julio presentó escrito de impugnación contra el fallo de primera instancia[28]. En este afirmó que a diferencia de lo sostenido por el Tribunal, él no busca la determinación de si tenía o no una familia, sino el acceso a los servicios médicos y la sustitución pensional en calidad de hijo en condición de discapacidad del causante.
6.3. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral
En sentencia del 13 de diciembre de 2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia, con base en que lo pretendido por el actor ya fue resuelto en trámite de tutela, sin que las modificaciones que hizo al segundo escrito tuvieran la sustancialidad para determinar serias diferencias entre los dos escritos.
Esta Corte es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del veintisiete (27) de febrero de dos mil dieciocho (2018) expedido por la Sala de Selección Número Dos de esta Corporación, que decidió someter a revisión el presente asunto[30].
Con base en los antecedentes reseñados, y atendiendo al criterio de relevancia constitucional que el asunto bajo estudio plantea derivado de la necesidad de estudiar el fondo del asunto en sede de tutela, dadas las anteriores consideraciones, le corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
¿Vulneró el Ministerio de Defensa y la Dirección de Sanidad de la Armada Naval los derechos fundamentales a la seguridad social, salud, vida, mínimo vital, vida en condiciones dignas y a la familia, al ciudadano Javier Enrique Chávez Julio, al negarle el reconocimiento de la sustitución pensional en la proporción que le corresponde y la prestación de los servicios de salud por invalidez por no aportar declaración bajo juramento de no haber formado un vínculo matrimonial, teniendo en cuenta: (i) la grave y crónica situación de salud en que se encuentra el accionante de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, mencionadas en el numeral 4.18 supra; (ii) la dependencia económica de su fallecido padre; y (iii) que siempre recibió los servicios de salud por parte de la Armada Naval a título de persona dependiente del afiliado hasta el fallecimiento de este último?
A fin de dar solución al problema jurídico planteado, la Sala de Revisión abordará los siguientes asuntos: a) Temeridad de la acción. b) Asuntos de procedibilidad: (i) legitimación por activa y por pasiva; (ii) requisito de la inmediatez; y (iii) subsidiariedad. c) Asuntos de fondo: (i) precisiones en torno a la sustitución pensional; (ii) la exigencia del Acuerdo 48 de 2007; iii) la continuidad en el servicio de salud. Y d) El caso concreto: (i) hipótesis de hecho probadas; (ii) conclusión jurídica; y (iii) decisión.
3. Actuación temeraria
Estudia ahora la Sala la posible actuación temeraria aducida por parte de los jueces de instancia para denegar el amparo[31].
En torno a la última condición, ha manifestado esta Corporación que se entiende como motivo justificado, cualquier hecho sobreviniente que haya sido nuevo y desconocido por el accionante, o que se haya presentado con posterioridad a la acción inicialmente presentada. Adiciona también que es necesario que “el tutelante actúe de mala fe, vulnerando los principios constitucionales de la buena fe, eficacia y eficiencia, al abusar del derecho al acceso a la administración de justicia interponiendo la acción de tutela en repetidas ocasiones”[33].
El señor Javier Enrique Chávez Julio interpuso escrito de tutela el 2 de mayo de 2017 ante el Tribunal Superior de Bogotá contra el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Sanidad de la Armada Nacional, en la cual solicitó la reactivación de los servicios de salud que venía recibiendo en calidad de persona discapacitada y el otorgamiento de la sustitución pensional con ocasión de la muerte de su padre de quien manifestó dependía económicamente en vida[37].
Esta acción de tutela fue resuelta desfavorablemente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, el día 17 de mayo de 2017, el cual denegó el amparo con base en que no aportó la declaración bajo juramento sobre dependencia económica y no constitución de vínculo familiar acorde con las exigencias del artículo 6º del Acuerdo 048 de 2007 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Adujo el Tribunal que la acción de tutela no era la vía idónea para controvertir el mencionado requisito consagrado en una norma de carácter general[38].
Adicionalmente, observa la Sala que la decisión expresa y final en que se negaron definitivamente los servicios de salud y la sustitución de la pensión / asignación de retiro fue proferido con posterioridad a la decisión del primer fallo de tutela, el 25 de agosto de 2017, siendo éste proferido el anterior 17 de mayo del mismo año[42] lo cual constituye a todas luces un hecho nuevo que afecta los derechos fundamentales del accionante.
Las circunstancias anteriormente establecidas, configuran, en parecer de la Sala, los criterios requeridos por esta Corporación[44] para excluir la temeridad, y por ende determinan la necesidad de proseguir con el estudio del asunto planteado en la acción constitucional.
4. Asuntos de procedibilidad
Debe en primer lugar la Sala referirse a la legitimación de las partes intervinientes en el proceso de tutela. En cuanto a legitimación por activa, se observa que el señor Javier Enrique Sánchez Julio ha presentado la acción constitucional en su propio nombre[45]. De acuerdo con ello, se cumple con este requisito constitucional esbozado en el artículo 86 de la Constitución Política en los siguientes términos: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,… por sí misma o por quien actúe a su nombre la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales…” (Subrayado fuera del texto).
En relación con la legitimación por pasiva, las autoridades públicas contra las cuales se presentó el escrito de tutela fueron en primer lugar, la Dirección de Sanidad Naval y/o el Jefe de Medicina Laboral de dicha dependencia. Y posteriormente, según se manifestó anteriormente[46], el Magistrado Ponente de la corporación de primera instancia, vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa y a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional[47], con lo que se complementó la vinculación de la autoridad pública y sus dependencias administrativas, que representan a la demandada y/o adoptaron la decisión acusada o les corresponde tomar la decisión, lo que da por cumplido el requisito de la legitimación por pasiva conforme con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991.
De igual forma, dentro del proceso ha participado la señora madre del accionante, Elida Julio Marriaga, quien bajo la gravedad de juramento, hizo varias declaraciones relacionadas con los elementos a probar dentro del trámite de la acción[48]. Como quiera que la decisión que se adopte puede llegar a afectar situaciones jurídicas de la mencionada señora en cuanto es actual beneficiaria del 100% de la sustitución pensional, se ha cumplido a cabalidad con la vinculación de todos los que por parte activa y pasiva pudieran tener interés en las resultas del proceso.
Advierte la Sala que las oficinas dependientes de cada una de las autoridades demandadas se entienden también vinculadas en la medida que sus superiores jerárquicos lo fueron oportunamente, sin que sea necesario para esta jurisdicción enviar comunicaciones a cada una de sus múltiples oficinas subordinadas. Es deber de los respectivos superiores jerárquicos remitir y ordenar respuestas a sus subalternos, en tanto la división del trabajo al interior de cada una de las oficinas del Estado le es inoponible a este juzgador para efectos de la legitimación por pasiva.
“Insistentemente ha resaltado esta Corporación que la razonabilidad del plazo no puede determinarse a priori, lo que se traduciría en la imposición de un término de caducidad o prescripción prohibido por el artículo 86 de la Constitución, sino de conformidad con los hechos de cada caso concreto. Es por ello que “en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso.” [51]
Aplicando lo anterior al caso objeto de estudio, encuentra la Sala que la decisión de la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional de negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al señor Chávez Julio, quedó consignado finalmente en el oficio 20170423670318141 del 25 de agosto de 2017[54]. Con este documento se dio final decisión a una serie de peticiones que había presentado el accionante, ante lo cual y dada la urgencia de su caso (se observa que esta respuesta negativa definitiva se produjo apenas cinco días antes de que sufriera el paciente infarto agudo de miocardio (30 de agosto de 2017[55]), se vio abocado a interponer la acción de tutela que se estudia, el 17 de septiembre del mismo año. Es decir, menos de un mes después del acto de la autoridad pública que le negó los referidos derechos.
Este breve lapso transcurrido entre uno y otro hecho y la continuidad en la vulneración de los derechos del afectado, determinan que, en criterio de la Sala Novena de Revisión, se considere cumplido cabalmente con el principio de inmediatez, lo cual se concilia con la realidad de la situación gravísima de salud del interesado y determina por ende, la procedencia del estudio de la acción.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Adicionalmente, como se analizará más adelante, ha sostenido esta Corporación que, aún si el actor cuenta con otro medio de defensa pero éste no resultare idóneo o eficaz para lograr la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados[56], procederá entonces la interposición directa y en forma definitiva de la acción, como mecanismo principal.
Adicionalmente, al tratarse de personas en estado de debilidad manifiesta, el perjuicio irremediable debe ser analizado y comprendido de manera amplia[60], por lo que los requisitos de procedibilidad de la tutela se hacen más flexibles dada la relevancia constitucional, razón por la cual se dijo que el estudio de la viabilidad de la tutela para estos casos se hace bajo una óptica “si bien no menos rigurosa, si menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”[61].
“En primer lugar, la acción de tutela procederá como mecanismo principal y definitivo en el evento en que el medio de defensa judicial previsto para este tipo de controversias no resulte idóneo y/o eficaz en el caso concreto. La Corte ha considerado que los mecanismos laborales ordinarios, aunque idóneos, no son eficaces cuando se trata de personas que reclaman el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta por su avanzada edad, por su mal estado de salud, por la carencia de ingreso económico, por su condición de madre cabeza de familia con hijos menores y/o por si situación de desplazamiento forzado, entre otras. Frente a estas circunstancias, las acciones ordinarias no son lo suficientemente expeditas frente a la exigencia de la protección inmediata de derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a la alimentación adecuada y a la seguridad social”. (Negrillas fuera del texto)
5. Asuntos de fondo: Procedencia material del derecho
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica[83].
3. No constituye independencia económica recibir otra prestación[84].
4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional[85].
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes[86].
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica[87].”
i) Derecho a la seguridad social. Se consagra en la Constitución como la garantía “… a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social” (artículo 48). Ha sido descrito por esta Corporación como: “…la totalidad de las medidas que propenden por el bienestar de la población en lo relacionado con la protección y cobertura de unas necesidades que han sido socialmente reconocidas… ‘… incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.[91]” (Negrillas fuera del texto)
vi) Libre desarrollo de la personalidad. Cuya finalidad ha reconocido la Corte así: “El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad protege la capacidad de las personas para definir, en forma autónoma, las opciones vitales que habrán de guiar el curso de su existencia. En esta medida, ha señalado que, en el artículo 16 de la Carta Política, se consagra la libertad in nuce, toda vez que cualquier tipo de libertad se reduce finalmente a ella o, dicho de otro modo, la anotada norma constitucional constituye una cláusula general de libertad. Así caracterizado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad presupone, en cuanto a su efectividad, que el titular del mismo tenga la capacidad volitiva y autonomía suficientes para llevar a cabo juicios de valor que le permitan establecer las opciones vitales conforme a las cuales dirigirá su senda existencial.[100]” (Negrillas y subrayado fuera del texto)
Adicionalmente, dicho reconocimiento se compensa con los requisitos exigidos para acceder a las mencionadas prestaciones, los cuales constituyen el medio idóneo para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, equilibrio expresado claramente en el inciso 7º de dicho artículo, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005, que señala que “El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley…”.
… Adicionalmente, la prestación del servicio de salud debe darse de forma continua. La jurisprudencia constitucional ha señalado que los usuarios del sistema de seguridad social en salud deben recibir la atención de manera completa, según lo prescrito por el médico tratante, en consideración al principio de integralidad. Es decir, deben recibir “todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud”.
b. Es hijo del señor Miguel Ángel Chávez, afiliado cotizante, al momento de su muerte, al sistema de salud de las Fuerzas Militares – Armada Nacional. Por tal razón recibía los servicios continuos de salud en condición de hijo en situación de discapacidad[105].
f. Contrajo matrimonio con Gloria Beatriz Ardila Gómez el día 15 de agosto de 2014[111].
g. De dicho matrimonio nació una hija, Mariana Chávez Ardila, el 27 de mayo de 2015[112].
h. Recibió desde su nacimiento los servicios de salud por parte de la Dirección de Sanidad Militar en calidad de beneficiario – hijo en condición de discapacidad de Miguel Ángel Chávez Álvarez, quien era su padre, como consta en la certificación expedida al efecto por dicha Dirección General, en el carné de servicios médicos y en el registro civil de nacimiento[113].
k. Toda su vida dependió económicamente de su padre, como lo manifestó el accionante y, en declaración juramentada, su señora madre, Elida Julio Marriaga. Este hecho no cambió con la celebración del matrimonio, un año antes de la muerte de su padre[116].
n. El 2 de mayo de 2017, presentó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, acción de tutela en la cual solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la salud, entre otros, la cual fue denegada el 17 de mayo del mismo año por dicha autoridad judicial[118]. Esta primera acción no determina temeridad según se explicó[119].
Confrontando las anteriores hipótesis de hecho demostradas en el proceso con los principios reguladores de esta situación en particular, según se explicó ampliamente, la Sala considera que con la negativa de las autoridades públicas demandadas a prestar los servicios de salud y a practicar la calificación de invalidez para el reconocimiento de la sustitución pensional, se vulneran los derechos fundamentales a la vida, mínimo vital, salud, seguridad social, vida en condiciones dignas, familia y libre desarrollo de la personalidad a que tiene derecho el señor Javier Enrique Chávez Julio.
Por las razones expuestas, la Sala Novena de Revisión revocará las sentencias proferidas por el del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, del 9 de octubre de 2017, por la cual negó el amparo constitucional solicitado por estimar que el asunto fue decidido ya en acción previa de tutela; y en segunda instancia, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, del 13 de diciembre de 2017, que confirmó la decisión del a quo con fundamento en la existencia de cosa juzgada derivada de la previa decisión de tutela.
En su lugar, se tutelarán los derechos fundamentales a la seguridad social, salud, vida, familia, mínimo vital, vida en condiciones dignas y libre desarrollo de la personalidad de Javier Enrique Chávez Julio.
Como consecuencia de lo anterior, se dejará sin efectos la decisión administrativa contenida en el oficio 20170423670318141 del 25 de agosto de 2017 proferido por el Jefe de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad Naval – DISAN mediante la cual negó las peticiones del interesado relacionadas con la reactivación de los servicios médicos y su calificación de invalidez, y se ordenará a la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares y a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional, a través de sus dependencias competentes para ello, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, reactiven los servicios médicos del ciudadano Javier Enrique Chávez Julio y que en el término de quince (15) días hábiles a partir de dicha notificación, se practique su calificación de invalidez.
Por último se ordenará a la Nación – Ministerio de Defensa - Grupo de Prestaciones Sociales, que en el término de setenta y dos (72) horas a partir de la recepción de la calificación de la invalidez del accionante, si esta es en el porcentaje y condiciones requeridos por las disposiciones aplicables para el efecto, le reconozca al accionante, la pensión sustitutiva del 50% del monto de la pensión y/o asignación de retiro del señor Miguel Ángel Chávez, en su condición de hijo incapacitado con dependencia económica, para lo cual deberá tener en cuenta que el hecho de haber constituido familia no obsta para existencia de dependencia económica, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
En el presente caso, la Sala Novena de Revisión examinó la acción de tutela del hijo de un ex miembro de la Armada Nacional de Colombia, a quien le fueron negados los servicios de salud que venía recibiendo desde su nacimiento, la práctica de la calificación de invalidez y la sustitución pensional o de asignación de retiro en su condición de hijo en condición de discapacidad con dependencia económica del causante.
El análisis ius fundamental se basó en el siguiente problema jurídico: ¿Vulneró el Ministerio de Defensa y la Dirección de Sanidad de la Armada Naval los derechos fundamentales a la seguridad social, salud, vida, familia, mínimo vital, vida en condiciones dignas y libre desarrollo de la personalidad al ciudadano Javier Enrique Chávez Julio, al negarle el reconocimiento de la sustitución pensional en la proporción que le corresponde y la prestación de los servicios de salud por invalidez por haber formado vínculo matrimonial teniendo en cuenta: (i) la grave y crónica situación de salud en que se encuentra el accionante de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, mencionadas en el numeral 4.18 supra; (ii) la dependencia económica de su fallecido padre; y (iii) que siempre recibió los servicios de salud por parte de la Armada Naval a título de persona dependiente del afiliado hasta el fallecimiento de este último?”
Primero.- REVOCAR las sentencias de tutela de segunda instancia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, del 13 de diciembre de 2017, confirmatoria de primera instancia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, del 09 de octubre de 2017, por la cual negó el amparo constitucional solicitado. En su lugar AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social, salud, vida, familia, mínimo vital, vida en condiciones dignas y libre desarrollo de la personalidad de Javier Enrique Chávez Julio.
Segundo.- En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la decisión administrativa contenida en el oficio 20170423670318141 del 25 de agosto de 2017, proferido por el Jefe de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad Naval – DISAN, mediante la cual negó las peticiones del interesado relacionadas con la activación de los servicios médicos y su calificación de invalidez.
Tercero.- ORDENAR a la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares y a la Dirección de Sanidad Naval, para que a través de sus dependencias competentes y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, reactiven los servicios médicos del ciudadano Javier Enrique Chávez Julio.
Cuarto.- ORDENAR a la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Militares y a la Dirección de Sanidad Naval, para que a través de sus dependencias competentes y dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, practiquen la calificación de invalidez del señor Javier Enrique Chávez Julio.
Sexto.- ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa - Grupo de Prestaciones Sociales o a la dependencia competente, orgánica o vinculada a dicho Ministerio, que dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la recepción de la calificación de invalidez, si el solicitante conserva tal condición en los porcentajes y características de ley, reconozca la sustitución pensional o de asignación de retiro en el monto correspondiente, al señor Javier Ernesto Chávez Julio en su condición de hijo en condición de discapacidad con dependencia económica de Miguel Ángel Chávez Álvarez, sin que obste para ello el haber constituido familia de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
Séptimo.- ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Laboral, para que en su condición de juez de tutela de primera instancia, haga seguimiento del cumplimiento de todas las órdenes dadas mediante este proveído a las autoridades públicas demandadas.
[2] Carné de Servicios de Salud, Fl. 13 Cuaderno Principal; Cédula de Ciudadanía Fl. 11 cuaderno principal; Certificación del Grupo de Afiliación y Validación, Fl. 13 cuaderno principal.
[7] La hidrocefalia es una acumulación de líquido cefalorraquídeo (LCR) en ventrículos y/o espacios pericerebrales por alteraciones en la circulación del mismo, hidrocefalia obstructiva o no comunicante, o por una disminución en la reabsorción, hidrocefalia obstructiva o no comunicante1. La hidrocefalia obstructiva en el niño se produce sobre todo por anomalías del acueducto de Silvio o lesiones del cuarto ventrículo. Destacan la estenosis congénita del acueducto, la gliosis ependimaria del mismo, secundaria a infecciones o sangrados, y las lesiones o malformaciones de la fosa posterior por compresión del sistema ventricular, con dilatación del sistema ventricular proximal al punto de obstrucción3. El pronóstico del sangrado intraventricular asociado a otras lesiones traumáticas es malo, pero parece estar más relacionado con dichas lesiones que con el propio sangrado intraventricular, dado que el pronóstico del sangrado intraventricular aislado es mucho mejor8,9, encontrándose únicamente casos aislados de mal pronóstico. http://www.analesdepediatria.org/es-hidrocefalia-obstructiva-transitoria-como-complicacion-articulo-S1695403312004377.
[13] Declaración Extrajuicio de Elidia Julio Marriaga,fl. 14, cuaderno principal.
[14] Refiriéndose a su esposa e hija. Supra #2.5.
[19] Oficio 2017 042 367 0318 141 del 25 de agosto de 2017 de la CC Jefe de Medicina Laboral – DISAN, fl. 18 cuaderno principal.
[20] Supra #2.5, Hechos.
[21] “Artículo 6o. Requisitos para acceder a la evaluación y calificación de invalidez. Para la determinación de la invalidez se requiere los siguientes documentos. 1. Fotocopia del carné de servicios médicos del afiliado vigente. 2. Fotocopia del documento de identidad del beneficiario y afiliado. 3. Resumen de historia clínica del beneficiario elaborada por el centro de atención y concepto actualizado. 4. Registro de nacimiento del beneficiario. 5. Constancia de estudio, si es del caso. 6. Manifestación bajo juramento del afiliado sobre la dependencia económica del beneficiario y la no constitución de familia por vínculo natural o civil. 7. Verificación de afiliación única al SSMP por parte del afiliado y beneficiario a la Dirección de Sanidad correspondiente”. (Negrillas fuera del texto)
[51] Sentencia T-328 de 2010. En esta oportunidad, la Corte se pronunció sobre la negativa del acceso a la pensión de sobrevivientes de una mujer, quien formuló la acción de tutela 32 meses después del hecho vulnerador. La Sala de Revisión consideró que debía efectuarse un análisis flexible de la inmediatez, teniendo en cuenta la edad de la peticionaria, el carácter permanente y actual de la violación alegada y su situación de vulnerabilidad económica. En aquella oportunidad, el alto Tribunal Constitucional sostuvo que a pesar de haberse presentado la tutela despues de 32 meses del hecho vulnerador: “La finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata, como se logra ver en el presente caso”.
[66] Sentencia T-651 de 2009. En este caso la Sala de turno concluyó que en efecto, la solicitante de la prestación pensional, había cumplido con el requisito de haber adelantado las actuaciones necesarias para solicitar la prestación pensional antes de acudir a la acción.
[67] Supra #2 Hechos y #4. Pruebas.
[85] Sentencias T-574 de 2002 y T- 996 de 2005. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 11 de mayo de 2004.
[87] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 9 de abril de 2003.
[90] Supra #2.12. Hechos.
[93] Supra 2.3. y 2.4. Hechos y 4.18 Pruebas.
[95] Supra #2.5., Hechos.
[104] Supra #2.1. Hechos.
[107] Supra #2.5. Hechos.
[110] Supra #2.6. Hechos.
[116] Supra #2.8. Hechos.
[117] Supra #2.10. Hechos.
[118] Supra #2.11. Hechos.
[120] Supra #2.13. Hechos.
[121] Supra #2.12. Hechos