Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/840587584
Timestamp: 2020-04-05 17:06:01
Document Index: 132273332

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 185', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 56', 'artículo 17']

Auto nº 015/20 de Corte Constitucional, 22 de Enero de 2020 - Jurisprudencia - VLEX 840587584
Auto nº 015/20 de Corte Constitucional, 22 de Enero de 2020
El Procurador General de la Nación le manifestó a la Corte estar impedido para rendir concepto sobre la constitucionalidad de la norma demandada, por estar incurso en la causal consistente en tener interés directo en la decisión, prevista en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991. Considera la Corte que la situación alegada por el Jefe del Ministerio Público configura un interés actual, personal y directo que afecta la imparcialidad con que debe ejercer la función y la confianza que la ciudadanía debe tener respecto del ejercicio objetivo y desinteresado de las funciones públicas en el trámite del control de constitucionalidad. La Sala Plena de la Corporación ACEPTA el impedimento propuesto y dispone correr traslado al Viceprocurador General, por el término restante del otorgando inicialmente al Procurador General, para que rinda el concepto correspondiente. Recibo Relatoria:
Auto 015/20
Expediente: D-13476
Demanda de inconstitucionalidad formulada en contra de los artículos 82, 185, 186, 187, 188 y 218 del Decreto Ley 262 de 2000 “Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”.
Actores: D.F.M.S. y P.A.Q.S., actuando mediante apoderado judicial.
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veinte (2020).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de las facultades constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud presentada por el señor P. General de la Nación quien, alegando una causal de impedimento, solicita ser relevado del deber de rendir concepto en el presente juicio de constitucionalidad.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241, numeral 5, de la Constitución Política, los ciudadanos D.F.M.S. y P.A.Q.S., actuando mediante apoderado judicial, solicitaron la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 82, 185, 186, 187, 188 y 218 del Decreto Ley 262 de 2000,“Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”.
Mediante providencias del 27 de septiembre de 2019 y del 21 de octubre de 2019, el Magistrado sustanciador dispuso, entre otras órdenes: (i) admitir la demanda en contra de los artículos 82, 185, 186, 187, 188 y 218 del Decreto Ley 262 de 2000, por la posible vulneración de los artículos 1, 2, 4, 13, 40 numeral 7, 53, 25, 130, 209 y 279 de la Constitución Política, al constatar que reunía los requisitos exigidos por el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991; (ii) correr traslado al P. General de la Nación, a fin de que emitiera su concepto al respecto, en los términos de los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución.
En escrito radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 10 de diciembre de 2019, el P. General de la Nación, F.C.F., manifestó su impedimento para rendir concepto sobre la constitucionalidad de la disposición demandada, por considerar que se encuentra incurso en la causal consistente en tener interés directo en la decisión, prevista en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991.
El P. General de la Nación afirma que en el presente caso, la demanda de inconstitucionalidad cuestiona la vinculación de servidores públicos mediante el nombramiento en provisionalidad para que, en su lugar, rija un sistema en el que las vacantes sean provistas con personas que ya integran la carrera en la Procuraduría, de modo que, “el nominador no pueda seleccionar personas que no se encuentren en la entidad”. En este sentido, explica que es precisamente el P. General de la Nación quien funge como titular de la facultad nominadora, de conformidad con el Decreto Ley 262 de 2000, norma aquí demandada. Agrega que aunque “es evidente que la mencionada facultad se ejerce de conformidad con los principios de la función pública (art. 209 C.P.) y que está sujeta a los parámetros legales, razón por la cual no se trata de un ejercicio arbitrario de esta, o político como lo sostienen los accionantes (…) también es cierto que esta facultad implica un margen de apreciación razonable para efectuar los nombramientos y en esa medida la decisión de la Corte Constitucional puede afectar la facultad nominadora del P. General de la Nación”, de modo que, no le es dable conceptuar dentro del presente proceso, al recaer en él dicha calidad.
La Corte Constitucional es competente para resolver los impedimentos y recusaciones respecto de los magistrados del tribunal, así como de los conjueces y del P. General de la Nación, en lo que se refiere al ejercicio de su función constitucional de rendir concepto en los procesos de control de constitucionalidad, de acuerdo con la jurisprudencia constante en la materia[1].
De acuerdo con el Auto 472 de 2017, los derechos de los justiciables, amparados por el derecho fundamental al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, giran alrededor de dos condiciones imprescindibles que presuponen el resto de las garantías: la independencia y la imparcialidad del juez, del tribunal y del proceso. A pesar de su cercanía, y dependencia mutua, la independencia y la imparcialidad son condiciones diferenciables entre sí, pero igualmente imprescindibles para un sistema judicial propio de un Estado Democrático de Derecho.
En lo que respecta a la imparcialidad, entendida como la objetividad y desinterés en la resolución del asunto, ésta tiene dos componentes: uno que se predica de quien participa en el ejercicio de la función jurisdiccional (jueces, agentes del Ministerio Público, auxiliares de la justicia) y otro desligado de la persona en concreto que ejerce la función, y se predica del tribunal como órgano y de la estructura y lógica del proceso. Tradicionalmente al primero de estos componentes de la imparcialidad se le conoce como imparcialidad subjetiva y al segundo, imparcialidad objetiva.
No obstante, esta Corte se pronunció en los siguientes términos en la sentencia C-205 de 2016: “imparcialidad subjetiva e imparcialidad objetiva, se trata de expresiones que poco a poco están siendo superadas, en la medida en que pueden dar lugar a confusiones. Así, las razones individuales que pueden comprometer la objetividad de determinado juez, pueden ser objetivas. De la misma manera, la sensación de confianza o desconfianza que le genera el tribunal al justiciable, si bien debe partir de elementos constatables, es necesariamente subjetiva. Es por esta razón que la Corte Constitucional preferirá, en este caso, referirse, por una parte, a la imparcialidad del juez o imparcialidad personal y, por otra parte, a la imparcialidad institucional y del proceso. Esta segunda es la que coincide con la tradicionalmente llamada imparcialidad objetiva y se refiere a los elementos orgánicos y funcionales que puedan afectar la percepción de objetividad que debe ofrecer todo tribunal, respecto de los justiciables. Se parte del supuesto de la necesaria confianza que debe inspirar la justicia en sus usuarios. A manera simplemente enunciativa, la imparcialidad institucional y del proceso puede verse afectada por la composición del tribunal, por la participación de sus miembros en labores de consulta o asesoría institucional[2] o por la no separación de las etapas de instrucción, acusación y juzgamiento. La imparcialidad del juez, en concreto, se garantiza a través de las declaraciones de impedimentos y la posibilidad de formular recusaciones. La imparcialidad institucional y del proceso, debe ser verificada, en abstracto, por parte de la Corte Constitucional, en su ejercicio de control de la constitucionalidad de las leyes”[3].
De la consideración anterior se deriva que para garantizar la imparcialidad personal, es necesario que se dé trámite a los impedimentos y recusaciones formuladas.
De acuerdo con los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991, las causales de impedimento y recusación de los magistrados de la Corte Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad vía acción pública de inconstitucionalidad, predicables igualmente del P. General de la Nación, son: (i) haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada; (ii) haber intervenido en su expedición; (iii) haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto; (iv) tener interés en la decisión; y (v) tener vínculo por matrimonio o por unión permanente, o de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el demandante.
Esta corporación judicial ha señalado que para que proceda un impedimento por la causal de “interés directo en la decisión”, dicho interés debe ser (i) actual, es decir, no eventual o hipotético, sino debe ser concomitante al ejercicio de la función o latente[4], (ii) personal[5] (de naturaleza patrimonial o moral[6]), por lo que los intereses institucionales no configuran esta causal[7] y (iii) directo[8], como explícitamente lo exige la causal, por el efecto (beneficio o afectación) que lo decidido tendría para él mismo, o para sus familiares.
Aunque la jurisprudencia constitucional ha admitido que las causales de impedimento y recusación de los Magistrados de la Corte Constitucional también se predican del P. General de la Nación, ha precisado, no obstante, que ello no implica que se trate de exigencias de igual intensidad o rigor, que respecto de los Magistrados de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que “(i) la función del P. es la de rendir concepto en relación con la constitucionalidad de las disposiciones sometidas a control de la Corte y no la de intervenir en la decisión sobre su constitucionalidad, función que compete exclusivamente a la Corte; (ii) El concepto rendido por el P. no es vinculante para la Corte a la hora de decidir sobre la constitucionalidad de las disposiciones, no obstante el importante rol que le atribuye la Constitución al P. en el trámite de los procesos de control de constitucionalidad, conforme al diseño participativo y deliberativo de tales procesos; y (iii) no se trata de una regulación expresa acerca del régimen de impedimentos y recusaciones aplicable al ejercicio de su función de conceptuar en los procesos de control de constitucionalidad”[9].
Con el fin de garantizar el componente de juez natural del derecho fundamental al debido proceso, así como la legalidad e imparcialidad, las causales de impedimento y recusación deben ser objeto de una interpretación restrictiva[10], en la que se excluyen la extensión teleológica o las analogías.
Análisis de la causal invocada
En el caso bajo estudio de la Sala Plena de la Corte Constitucional, el P. General de la Nación, F.C.F., alude un interés directo respecto del concepto que emita ante la Corte Constitucional frente a la norma acusada, por tratarse de una disposición que en este momento lo faculta para nombrar a servidores públicos en provisionalidad y que, de prosperar la demanda, lo privaría de dicha facultad.
Al tratarse de la causal de interés directo en la decisión, procede la Sala Plena a examinar si la situación puesta de presente por el P., para ser relevado de su función frente a los procesos de control de constitucional, reúne las características antes explicadas:
Interés actual: el artículo 185 del Decreto Ley 262 de 2000, aquí demandado, dispone que “por razones del servicio, el P. General de la Nación podrá nombrar a cualquier persona en provisionalidad siempre que ésta reúna los requisitos legales exigidos para el desempeño del empleo por proveer”. Esta facultad de nombramientos en provisionalidad, atribuida a quien ejerza la función de P. General de la Nación es permanente y se activa en cuanto ocurran vacantes de servidores de carrera, lo que ocurre, por distintas razones, en cualquier momento. Por lo tanto, el interés alegado reúne el requisito de ser actual.
Interés personal: La situación puesta de presente por el P. configura un interés personal, de orden moral, porque el hecho de que éste disponga o no de la facultad nominadora en cuestión, afecta en su fuero interno el desinterés u objetividad en el ejercicio de la función de conceptuar respecto de la constitucionalidad de la norma misma que le atribuye esta potestad. Así, el nombramiento en provisionalidad no exige la realización de concursos previos, sino se trata de una facultad discrecional, en la que el nominador dispone de amplio margen para la selección de la persona que ocupará el empleo, en situación de provisionalidad, hasta tanto la vacante sea provista de manera definitiva, por concurso de méritos. Por lo tanto, es razonable identificar que las resultas del presente proceso puedan confirmar o limitar las facultades legales para el ejercicio de su cargo, como P. General de la Nación, en una materia tan sensible como la nominación de servidores públicos. Dicho interés no es institucional, ya que en su escrito el P. no alega que la provisionalidad o el encargo beneficien o tengan efectos adversos para el correcto funcionamiento de la entidad, sino pone de presente únicamente que el asunto debatido tiene incidencia en la amplitud de sus facultades.
Interés directo: en el caso bajo estudio, el interés puesto de presente por el P. es directo, en la medida en la que no resulta de una afectación o beneficio que recibirán terceras personas sin relación con él, sino se refiere a las potestades que él mismo ejerce como P. General de la Nación. Lo debatido en este proceso influye inmediatamente respecto de las facultades nominadoras que el doctor C.F. detenta actualmente, en su condición de P. General de la Nación.
Una situación parecida ocurrió en el expediente D-12856, en donde se solicitaba la declaratoria de inconstitucionalidad del parágrafo 1 (parcial), del artículo 1 del Decreto 1512 de 2018 “Por el cual se modifica la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación”, ya que esta norma catalogó 218 cargos como empleos de libre nombramiento y remoción. En dicha oportunidad, el P. General de la Nación manifestó igualmente su impedimento por interés directo en las resultas del proceso, ya que al tratarse de nombramientos discrecionales, se comprometía su desinterés moral en la decisión. En aquella ocasión, mediante Auto 723 de 2018, la Sala Plena decidió aceptar el impedimento, luego de considerar que “el impedimento manifestado por el P. General de la Nación tiene relación con las funciones de nominación propias de su cargo, por lo que al igual que se ha resuelto en anteriores oportunidades[11]”[12], deberá garantizarse la imparcialidad y separarlo del ejercicio de esta función.
Lo decidido en dicha ocasión, resulta igualmente predicable del presente asunto, ya que aunque allí se trataba de empleos de libre nombramiento y remoción por parte del P. General, mientras que aquí se refiere a nombramientos en provisionalidad, ambas categorías tienen en común que la facultad nominadora no es precedida de concursos de méritos y es el titular de la función, quien dispone de una competencia discrecional para seleccionar a quien ejercerá el cargo. En ambos casos, lo debatido en el control de constitucional impacta directa y personalmente, sobre la facultad nominadora del P. General de la Nación quien, a la vez, debería emitir concepto respecto de su constitucionalidad.
Así las cosas, la situación alegada por el doctor F.C.F., a partir de la cual solicita ser relevado de la función de conceptuar en el presente proceso, configura un interés actual, personal y directo, que afecta la imparcialidad con que debe ejercerse esta función y la confianza que la ciudadanía debe tener respecto del ejercicio objetivo y desinteresado de las funciones públicas, en el trámite del control de constitucionalidad. Por consiguiente, la Sala Plena de la Corte Constitucional aceptará el impedimento formulado en el expediente D-13476 y, de acuerdo con el artículo 17-3 del Decreto Ley 262 de 2000[13], le corresponderá al P. General de la Nación designar al V. General para que rinda el concepto respectivo, en lo que resta del término concedido.
Finalmente, debe aclararse que la aceptación de este impedimento, no constituye forma alguna de preconcepto de la Corte respecto de la constitucionalidad de las normas demandadas, sino que se refiere únicamente a la garantía del principio de imparcialidad, para proteger la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia.
Primero.- ACEPTAR, con base en las razones expresadas en esta providencia, el impedimento manifestado por el P. General de la Nación para emitir concepto dentro del expediente D-13476.
Segundo.- ORDENAR a la Secretaría General de la corporación que levante la suspensión de términos decretada con ocasión del impedimento propuesto y corra traslado al V. General de la Nación, por el término restante del otorgado inicialmente al P. General de la Nación, para que rinda el concepto correspondiente.
[1] Puede consultarse, a manera enunciativa: Corte Constitucional, Auto A-008/06; Auto 104/07; Auto 156/07; Auto 286/07; Auto 086A-12 y Auto 283/12.
[2] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencia del 28 de septiembre de 1995, Procola c. Luxemburgo, demanda n. 14570/89.
[3] Corte Constitucional, sentencia C-205/16.
[4] “(…) es actual, cuando el vicio que se endilga de la capacidad interna del juzgador, se encuentra latente o concomitante al momento de tomar la decisión”: Auto 237/14.
[5] “(…) el interés debe ser personal, es decir, debe afectar positiva o negativamente y de forma directa al juez, cónyuge o compañero permanente, o pariente en los términos del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. Por lo tanto, éste no es procedente en los casos en que el juez exclusivamente alega la afectación de la institución que representa, pero no se demuestra una afectación directa al juzgador como persona natural”: Corte Constitucional, Auto 444/15.
[6] “si lo que se pretende probar es la existencia de un interés moral, debe acreditarse con absoluta claridad la afectación de su fuero interno, o en otras palabras, de su capacidad subjetiva para deliberar y falla”: Auto 334/09.
[7] “cuando no se afectan los intereses propios, sino los de la institución a la que pertenece el juez, no se podría concluir razonablemente ni presumir de derecho la pérdida de la objetividad y neutralidad”: Auto 477A-15.
[8] “Es directo cuando el juzgador obtiene, para sí o para los suyos, una ventaja o provecho de tipo patrimonial o moral, y es actual, cuando el vicio que se endilga de la capacidad interna del juzgador, se encuentra latente o concomitante al momento de tomar la decisión. De suerte que, ni los hechos pasados, ni los hechos futuros tienen la entidad suficiente para deslegitimar la competencia subjetiva del juez” Auto 080A/04.
[9] Corte Constitucional, Auto 369/18.
[10] “con el fin de evitar que esta figura se convierta en un medio para evadir el ejercicio de las competencias judiciales de carácter permanente, la jurisprudencia consolidada de esta Corte, ha determinado que los impedimentos tienen un carácter taxativo y que su interpretación debe efectuarse de forma restringida”: Corte Constitucional, Auto 120/16.
[11] Ver, por ejemplo, los Autos 285 de 2007, 191 de 2008 y 139 de 2016.
[12] Auto 723/18.
[13] Decreto Ley 262 de 2000, artículo 17. Funciones del V. General de la Nación. El V. General tiene las siguientes funciones: \\ (…) 3. Reemplazar al P. General en todos los casos de impedimento. (…).