Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00509-de-mayo-2-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e1000640e5b00030e0430a0101510030&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-15 12:24:57
Document Index: 241120757

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 245', 'Artículo 106', 'Artículo 86', 'artículo 33', 'artículo 33']

﻿ Sentencia 2013-00509 de mayo 2 de 2013
SENTENCIA 2013-00509 DE 02 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LA CONTROVERSIA. PARA LA SECCIÓN RESULTA IRRELEVANTE ESTUDIAR COMO CAUSAL PROPIA Y AUTÓNOMA DE PROCEDIBILIDAD DE LAS TUTELAS CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES, LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL PORQUE ÉSTA TIENE SU PROPIA JUSTIFICACIÓN Y DINÁMICA EN EL ESTUDIO QUE REALIZA LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE SELECCIONAR O NO PARA REVISIÓN UN DETERMINADO FALLO DE TUTELA, MIENTRAS QUE LA SECCIÓN, ESTUDIA EN ARMONÍA CON LOS DEMÁS ELEMENTOS GENERALES Y PARTICULARES DE PROCEDIBILIDAD, DENTRO DEL MARCO DE LA SENTENCIA C-590/ 2005, EN EJERCICIO DE SU FUNCIONES DE JUEZ CONSTITUCIONAL DE INSTANCIA, LA EVENTUAL VIOLACIÓN DE UN DERECHO FUNDAMENTAL Y SU CONSECUENTE AMPARO QUE ES SU PROPIA RELEVANCIA O IMPORTANCIA CONSTITUCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHOS FUNDAMENTALES, JUEZ
Sentencia 2013-00509 de mayo 2 de 2013
Rad.: 11001-03-15-000-2013-00509-00(AC)
Actor: Julio César Rodríguez Calderón
La Sala decide sobre la acción de tutela interpuesta por Julio Cesar Rodríguez Calderón contra la sentencia de 11 de julio y el auto de 16 de noviembre, ambos de 2012, proferidos por el Tribunal Administrativo Cundinamarca en el trámite de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho,(1) por una presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso.
1.1. Julio César Rodríguez Calderón ocupaba en provisionalidad el cargo de profesional universitario I de la planta global de personal de la Dirección Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, empleo perteneciente a la carrera administrativa.
1.2. Mediante Resolución 0-309 de febrero de 2002 la Fiscalía General de la Nación declaró insubsistente al hoy demandante en tutela del cargo que ocupaba.
1.3. Inconforme con la anterior decisión Julio Cesar Rodríguez Calderón, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución mediante la cual lo declararon insubsistente.
1.4. Correspondió avocar conocimiento al Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá el cual, una vez surtido el trámite correspondiente profirió sentencia de primera instancia mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
1.5. Julio César Rodríguez Calderón presentó recurso de apelación contra dicha determinación.
1.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el recurso de alzada y mediante sentencia del 11 de julio de 2012 confirmó la sentencia proferida en primera instancia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.
1.7. El 27 de agosto de 2012 la parte actora presentó recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia el cual fue rechazado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 16 de noviembre de 2012.
2.1. El actor presentó acción de tutela contra las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el hoy demandante en tutela: I) sentencia del 11 de julio de 2012 por medio de la cual confirma la sentencia proferida por el Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá que niega las pretensiones de la demanda y II) auto del 16 de noviembre de 2012 por medio del cual rechaza por improcedente el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
En opinión de la parte actora, la sentencia proferida el 11 de julio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca viola sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso por cuanto no está motivada en ninguna norma sustancial, no analizó ninguna de las normas invocadas en la demanda y carece de fundamento legal.
“Respetuosamente solicito se tutele a mi mandante los derechos fundamentales al debido proceso, a la estabilidad, a la igualdad y no discriminación y al trabajo, consagrados por los artículos13, 25, 29 y 53 constitucionales, y en consecuencia se ordene:
a) Dejar sin efecto la sentencia acusada; y,
b) Ordenar a la Subsección “F” de la Sección II de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que debe proferir nueva sentencia, restableciendo los derechos, conforme a los razonamientos de la sentencia de tutela, dentro del término que al efecto se señale”(2).
2.3. Manifestación de los interesados.
2.3.1. Mediante memorial,(3) la jefe de la oficina jurídica de la Fiscalía General de la Nación, en su calidad de tercero interesado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la misma con fundamento en lo siguiente:
• Sostuvo que el Consejo de Estado ha afirmado que la simple circunstancia de ocupar en provisionalidad un empleo de carrera no le otorga al funcionario derechos de carrera respecto del cargo que ocupa.
• Aseguró que desde la vigencia de la Ley 909 de 2004 los funcionarios nombrados en provisionalidad no ostentan los derechos que se derivan de la carrera, y en particular el derecho a la estabilidad laboral que nace de haber accedido por concurso de méritos a la carrera y al cargo correspondiente, razón por la que para cargos distintos a los de carrera el retiro es objeto de la facultad discrecional del nominador.
• Señaló que la pretensión de tutela incumple con el principio de inmediatez de la acción por cuanto los hechos que originaron la resolución objeto de censura ocurrieron hace más de diez años, y entre el fallo censurado y la interposición de la tutela transcurrieron más de nueve meses.
• Concluyó que lo pretendido por la parte actora es abrir una tercera instancia para invalidar providencias que hicieron tránsito a cosa juzgada material, razón por la cual, en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica, debe permanecer incólume el fallo cuestionado.
2.3.2. Mediante memorial,(4) la magistrada ponente de las providencias objeto de censura rindió informe, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones de la misma con fundamento en lo siguiente:
• Recordó que el debido proceso es una garantía instituida a favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial, consistente en que toda persona debe juzgarse conforme a las leyes preexistentes, garantizando para tal efecto los principios de publicidad y contradicción y el derecho de defensa.
• Aseguró que contrario a lo afirmado en el escrito de tutela, la providencia censurada fue motivada conforme a la normativa jurídica aplicable, esto es, las normas que regularon la clasificación de los empleos, la ley estatutaria de la administración de justicia, el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación; además se estudió lo referente a los empleos de la carrera judicial y los diferentes tipos de nombramiento, especialmente el nombramiento en provisionalidad en un cargo de carrera (objeto de la controversia).
• Indicó que al estar demostrado que la insubsistencia del actor en un cargo de carrera desempeñado en provisionalidad se efectuó durante la vigencia de la Ley 443 de 1998, no se requería motivar el acto de insubsistencia por cuanto el hoy demandante en tutela no era titular de una situación jurídica particular y concreta que le proporcionara inamovilidad reforzada en el cargo, de conformidad con la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado de 23 de septiembre de 2010, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve.
• Precisó que la desvinculación del actor se produjo bajo la vigencia de la Ley 443 de 1998, por lo tanto, es esta y no otra norma la que debió ser analizada para resolver la controversia.
• Concluyó que la motivación de la sentencia obedeció al análisis jurídico de la norma aplicable y a la sentencia de unificación del Consejo de Estado, tribunal máximo de cierre de esta jurisdicción(5).
Resolver los cuestionamientos planteados en el apartado anterior presupone, en primer lugar, hacer una revisión somera de los presupuestos y requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que proceda la acción de tutela contra decisiones judiciales (A); para pasar luego a examinar el cumplimiento de los requisitos o presupuestos de procedencia (B) y las causales de procedibilidad en el caso concreto (C). Con base en las anteriores consideraciones se procederá a definir la procedencia de la presente acción de tutela (D).
Antes de entrar a hacer el análisis de estos requisitos, la Sala considera necesario precisar que uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales establecidos en la jurisprudencia mencionada es la relevancia constitucional de la controversia.
En la mecánica de protección de los derechos fundamentales los jueces constitucionales deben pronunciarse y enviar sus fallos a la Corte Constitucional para su eventual revisión(9) como órgano constitucional de cierre. Los magistrados de la Sala de Revisión podrían, en principio, seleccionar providencias para revisión “sin motivación expresa y según su criterio”(10). Jurisprudencialmente la Corte ha establecido los requisitos generales de procedencia, antes mencionados, entre los cuales ha señalado el criterio de “relevancia constitucional” que apunta a fijarle a los magistrados de la Sala de Revisión ciertos lineamientos para escoger o seleccionar sentencias para dichos efectos.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,(11) como órgano de instancia de tutela, acogió la Sentencia C-590 de la Corte Constitucional en esta materia y tomó como referencia los requisitos generales y especiales de procedibilidad previstos por dicha corporación, entre ellos, la referida “relevancia constitucional” que a propósito al resolver la impugnación de sentencias esta Sección ha venido analizando con sumo cuidado en cada caso en particular.
No obstante para la Sección resulta irrelevante estudiar como causal propia y autónoma de procedibilidad de las tutelas contra providencias judiciales, la relevancia constitucional a la que se refiere la jurisprudencia referente porque esta tiene su propia justificación y dinámica en el estudio que realiza la Corte Constitucional para efectos de seleccionar o no para revisión un determinado fallo de tutela, mientras que la Sección, estudia en armonía con los demás elementos generales y particulares de procedibilidad, dentro del marco de la Sentencia C-590 de 2005, en ejercicio de su funciones de juez constitucional de instancia, la eventual violación de un derecho fundamental y su consecuente amparo que es su propia relevancia o importancia constitucional.
• En lo relativo a que el actor haya hecho uso de todos los mecanismos procesales disponibles, se tiene que:
a) La parte actora agotó la vía gubernativa, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que fue fallada en primera instancia por el Juzgado 24 Administrativo del Circuito de Bogotá y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
b) Respecto del auto de 16 de noviembre de 2012, por medio del cual se rechazó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el actor no agotó todos los medios de defensa judicial, por cuanto teniendo a su disposición el recurso de queja consagrado en el artículo 245 del CPACA, no hizo uso de él.
Por lo anterior, el cumplimiento de las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se realizará únicamente respecto de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 16 de noviembre de 2012.
• En lo concerniente al requisito de la inmediatez, se observa que la sentencia del tribunal fue notificada el 23 de agosto de 2012, y la acción de tutela fue interpuesta el día 13 de marzo de 2013, es decir, 6 meses después; lo cual constituye un término razonable.
• El cuarto requerimiento tiene que ver con la incidencia que debe tener la eventual irregularidad procesal que se invoca como fundamento de la acción y su potencial de afectación de derechos fundamentales sobre la decisión cuestionada. La actora sostiene que la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue proferida con desconocimiento del precedente judicial y la normativa aplicable al caso concreto, razón por la cual negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por ella presentada, con lo cual, a su juicio, vulneró los derechos fundamentales invocados.
• Se exige igualmente que quien solicita el amparo identifique debidamente los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados y que hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible. La lectura del escrito de tutela permite apreciar que también se cumple este requisito, pues no se trata de acusaciones vagas o genéricas, sino de cargos formulados con la claridad suficiente para satisfacer razonablemente esta exigencia.
En este caso, teniendo en cuenta los cargos formulados por la parte actora, el análisis a realizar se circunscribirá a la causal invocada, es decir: decisión sin motivación.
• Decisión sin motivación:
Este defecto se origina cuando los servidores judiciales incumplen con el deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimación de su órbita funcional.
A juicio de la parte actora la sentencia proferida el 11 de julio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no está motivada en ninguna norma sustancial y tampoco analizó ninguna de las normas jurídicas invocadas en la demanda.
En la sentencia objeto de censura se pueden apreciar con claridad los fundamentos fácticos que llevaron a los magistrados del Tribunal de Cundinamarca a adoptar la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda; en cuanto a los fundamentos jurídicos la Sala observa que la sentencia del tribunal se apoyó en los siguientes:
• Artículos 130 a 132 de la Ley 270 del 7 de marzo de 1996(12).
• Artículos 66 del Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991(13).
• Artículo 106 del Decreto 261 de 2000(14).
• Artículos 8º a 10 del Decreto 1227 del 21 de abril de 2005(15).
• Ley 443 de 1998(16).
• Ley 909 de 2004(17).
Así mismo encuentra la Sala que en la sentencia censurada el tribunal examinó y resolvió los argumentos planteados por el actor cuando interpuso el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, pues señaló que la normativa que regulaba el acto de insubsistencia acusado era la contenida en la Ley 443 de 1998 y no en la Ley 909 de 2004, como aquel lo reclamaba, al ser en vigencia de la primera de las mencionadas normas que se adoptó dicha decisión. Por ende no es cierto que la providencia cuestionada no se haya motivado en la normativa aplicable al caso.
Con base en las consideraciones expuestas en los apartados anteriores de este pronunciamiento se puede concluir que para el caso concreto no se incurrió en ninguno de los defectos anteriormente estudiados. Por lo anterior la Sala negará el amparo solicitado.
NEGAR el amparo de tutela de los derechos fundamentales solicitado por la parte actora.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 2 de mayo de 2013.
(1) Radicación: 11001333102420070056301. Actor: Julio César Rodríguez Calderón. Magistrada ponente: Marta Jeannette González Gutiérrez (Sección Segunda - Subsección “F”).
(2) Folio 39 del expediente.
(3) Memorial recibido en la secretaría general del Consejo de Estado el 16 de abril de 2013 (fls. 48 a 71 del expediente).
(4) Memorial recibido en la secretaría general del Consejo de Estado el 17 de abril de 2013 (fls. 72 a 80 del expediente).
(5) Sentencia de 31 de marzo de 2011. Consejero ponente: Dr. Luís Rafael Vergara Quintero. Radicación: 2011 00247 00.
(7) Las clasificaciones consignadas en las consideraciones del fallo C-590 de 2005, relacionadas con los “requisitos generales de procedencia” y las “causales generales de procedibilidad”, han sido reiteradas entre muchas otras en las sentencias SU-813 de octubre 4 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería, T-555 de agosto 19 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-549 de agosto 28 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-819 de noviembre 18 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-268 de abril 19 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(9) Artículo 86 Constitución Política y artículo 33 del Decreto-Ley 2951 de 1991.
(10) El artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, “La Corte Constitucional designará dos de sus magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrán solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por estos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses”.
(11) Sentencia Radicación 2009-01328, rectificación y unificación de Sala Plena de 31 de julio de 2012. Ponente: María Elizabeth García González.
(12) Estatutaria de la Administración de Justicia. “considerando que la justicia es un valor superior consagrado en la Constitución Política que debe guiar la acción del Estado y está llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, dentro del marco del Estado social y democrático de derecho, y a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos, y que dada la trascendencia de su misión debe generar responsabilidad de quienes están encargados de ejercerla”.
(13) En virtud del cual se expide el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación.
(14) Por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
(15) Po el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 (por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones) y el Decreto-Ley 1567 de 1998 (por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para empleados del Estado).
(16) Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.
(17) Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.