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Timestamp: 2019-09-15 16:56:19
Document Index: 55264587

Matched Legal Cases: ['artículo 1182', 'artículo 53', 'artículo 71', 'artículo 126', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 4', 'artículo 74', 'artículo 31', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13']

DESIGNACIÓN DE INTEGRANTE DEL CONSEJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
REGULACIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS DE APLICACIONES DE TRANSPORTE
Sesión 31ª, en martes 9 de julio de 2019
(De 16:26 a 19:37)
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor Alberto Espina Otero; Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt Hesse, y de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Cuevas Merino.
--Se abrió la sesión a las 16:26, en presencia de 28 señores Senadores.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Las actas de las sesiones 29ª, ordinaria, en 2 de julio y 30ª, ordinaria, en 3 de julio de 2019, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con el primero, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión (Boletín N° 11.747-03).
Con el segundo hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho del proyecto de ley que establece la prohibición gradual de funcionamiento de las máquinas de juego que señala (Boletines N°s 10.811-06; 9.068-06; 11.892-07; 12.028-06; 12.029-06; 12.030-06; 12.119-06; 12.179-06, y 12.194-06).
Con los tercero y cuarto, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1.- Sobre migración y extranjería (Boletín N° 8.970-06).
2.- El que modifica la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago (Boletín Nº 11.078-03).
Con el quinto, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica (Boletín N° 12.345-07).
Con los cinco siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- La que crea los Tribunales de Familia, estableciendo normas especiales para la representación en juicio de adultos mayores (Boletín N° 7.507-18).
2.- La que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (Boletín N° 7.550-06).
3.- La que modifica el artículo 1182 del Código Civil declarando incapaz para suceder al difunto a quien ejerce violencia con el adulto mayor (Boletín Nº 8.528-32).
4.- La que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (Boletines N°s 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos).
5.- La que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (Boletín N° 10.315-18).
Con el undécimo, retira y hace presente la urgencia del párrafo segundo del número 5° del artículo 53 de la Constitución Política para el despacho del Oficio N° 834, mediante el que solicita el acuerdo del Senado para nombrar como Ministro del Segundo Tribunal Ambiental a don Cristián Delpiano Lira (Boletín N° S 2.072-05).
Con los dos últimos, retira la urgencia para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1.- Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N° 11.077-07).
2.- El que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento (Boletín N° 12.025-03).
--Se tienen presentes las calificaciones y los retiros, y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el primero, informa que tomó conocimiento que el Senado desechó las enmiendas propuestas por esa Corporación al proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago, y comunica la nómina de Diputados que concurrirán a la formación de la Comisión Mixta que establece el artículo 71 de la Constitución Política (Boletín Nº 11.078-03) (con urgencia calificada de "suma").
Con el segundo, señala que ha aprobado el proyecto de ley que establece el Día Nacional de la Protección y Fomento de la Lactancia Materna (Boletín N° 11.974-24).
Con el siguiente, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que establece el 23 de febrero de cada año como el Día Nacional del Rotario (Boletín N° 11.759-24).
Con el último, comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación (Boletín N° 11.714-07).
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad efectuado respecto del proyecto de ley que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos (Boletín N° 11.818-25).
Pone en conocimiento del Senado la resolución que regula la audiencia que indica en el proceso de oficio sobre la inconstitucionalidad del artículo 126, inciso segundo, parte final, del Código Sanitario.
Responde al proyecto de acuerdo del Senado mediante el cual se solicita a S.E. el Presidente de la República que disponga la implementación de herramientas para el control in situ de la conducción bajo la influencia de estupefacientes o psicotrópicos (Boletín N° S 2.027-12).
Envía antecedentes sobre sumarios sanitarios realizados a causa del varamiento de carbón en la playa de Las Ventanas, comuna de Puchuncaví; información solicitada por el Honorable Senador señor Latorre.
Se refiere a las siguientes consultas del Honorable Senador señor De Urresti:
-Sobre el problema sanitario que aqueja a los vecinos de la Villa Los Castaño, en la comuna de Máfil.
-Relativa a la eventual contaminación de las aguas del Río Bueno.
-Acerca del estado de la solicitud efectuada por la Municipalidad de Paillaco sobre los proyectos de agua potable rural que se gestionan en esa comuna.
Responde a una solicitud de la Honorable Senadora señora Provoste relativa a los pobladores del barrio de emergencia Los Loros, comuna de Tierra Amarilla.
Atiende inquietud del Honorable Senador señor Araya relativa a la posibilidad de enviar un proyecto de ley que incluya a los funcionarios de la atención primaria de salud municipal en el beneficio de asignación de zona.
Allega antecedentes pedidos por la Honorable Senadora señora Provoste sobre un eventual derramamiento de cloruro ferroso al mar en la comuna de Caldera desde una instalación de la Minera Candelaria.
Se refiere a una consulta del Honorable Senador señor Guillier relativa al plan de descarbonización para nuestro país.
Responde a una preocupación expuesta por el Honorable Senador señor Navarro sobre la situación del suministro eléctrico en la isla Mocha.
Contesta consultas del Honorable Senador señor De Urresti sobre recursos destinados a la Región de Los Lagos para implementar el programa Leña más Seca; y sobre los avances de los estudios y evaluaciones que realiza ese Ministerio para la eventual declaración de la leña como combustible.
Informa, a solicitud de la Honorable Senadora señora Provoste, sobre las emanaciones de gases en el sector El Palomar, comuna de Copiapó.
Se refiere a una consulta de la Honorable Senadora señora Provoste acera de la situación de los fondos de los cotizantes fallecidos.
Remite antecedentes requeridos por el Honorable Senador señor De Urresti sobre la distribución de los fondos recaudados por patentes correspondientes a derechos de agua no utilizados.
Atiende solicitud de información de la Honorable Senadora señora Provoste sobre la realización de sondajes en el lecho del río Huasco.
Del señor Director del SERVIU de la Región de Antofagasta:
Contesta a una inquietud del Honorable Senador señor Araya sobre la eventual exclusión de la Región de Antofagasta del primer llamado nacional del Programa de Protección al Patrimonio Familiar.
Del señor Director del SERVIU de la Región de Tarapacá:
Responde una pregunta del Honorable Senador señor Soria sobre los socavamientos de terrenos en la comuna de Alto Hospicio.
Se refiere a una consulta de la Honorable Senadora señora Allende sobre el cumplimiento de una sentencia judicial que ordenó a la Municipalidad de Nogales a resarcir el daño ambiental producto del mal funcionamiento de una planta de aguas servidas.
Atiende consulta de la Honorable Senadora señora Provoste sobre el paso de un convoy de camiones con cien toneladas de mercurio desde Argentina hasta el puerto de San Antonio.
Envía antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor De Urresti sobre entidades con multas impagas por infracciones ambientales.
Del señor Superintendente (S) de Educación:
Explica situación planteada por la Honorable Senadora señora Provoste sobre la situación de los asistentes de la educación que laboran en los establecimientos que indica.
Del señor Director (S) del Servicio de Evaluación Ambiental:
Responde inquietud del Honorable Senador señor Latorre respecto de la línea de transmisión eléctrica Cardones Polpaico.
Envía antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor Guillier sobre dotación de altos oficiales que indica, y reglamentación y convenios internos de las Fuerzas Armadas.
Remite documentación solicitada por el Honorable Senador señor Navarro sobre la concesión del sistema de control de estacionamientos en las vías públicas en la comuna de Concepción.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Zapallar:
Informa consulta del Honorable Senador señor Navarro sobre procesos plebiscitarios desarrollados en esa comuna.
Del señor Alcalde (S) de la Ilustre Municipalidad de Vitacura:
Se refiere a una inquietud del Honorable Senador señor Navarro sobre procesos plebiscitarios desarrollados en esa comuna.
Del señor Director de Tránsito (S) de la Ilustre Municipalidad de Providencia:
Informa, a solicitud del Honorable Senador señor Navarro sobre las denuncias relativas a la empresa Estacionar S.A.
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en materia de consulta, administración y uso, por parte del afiliado, de los excedentes de cotización en Isapres (Boletín N° 11.591-11).
De la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que facilita a la mujer casada la enajenación de sus bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte (Boletín N° 12.468-18).
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre suministro ininterrumpido de electricidad para personas electrodependientes (Boletines Nºs 11.338-11 y 11.339-11, refundidos).
Segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional y segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional (Boletín Nº 7.678-02) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley de Educación Superior (Boletín N° 11.687-04).
De los Honorables Senadores señor Letelier, señora Allende, y señores Elizalde, Galilea y Montes, con la que inician un proyecto de ley que modifica el decreto ley N° 3.516, sobre división de predios rústicos (Boletín N° 12.757-01).
De los Honorables Senadores señor Girardi, señoras Allende y Órdenes, y señores Lagos y Quintana, con la que inician un proyecto de ley que establece normas medioambientales y de adaptación al cambio climático para la industria alguera (Boletín N° 12.758-12).
De los Honorables Senadores señor Latorre, señoras Allende, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer, y señores Araya, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Letelier, Montes, Navarro, Pugh y Quinteros, por el que solicitan a S.E. el Presidente de la República, que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias para implementar una política pública que reintegre al sistema escolar a los menores excluidos de él (Boletín N° S 2.076-12).
Moción de los Honorables Senadores señor Ossandón, señoras Aravena y Rincón, y señor Castro, que modifica la ley N° 19.074 con el objeto de declarar que los títulos profesionales y técnicos obtenidos en Venezuela habilitarán a sus titulares para ejercer sus oficios en Chile.
Moción de los Honorables Senadores señor Bianchi, señoras Provoste y Rincón, y señores Huenchumilla y Quintana, que crea un registro público de pacientes usuarios de cannabis para su tratamiento médico.
--Se declaran inadmisibles por corresponder ambas a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Del Honorable Senador señor Girardi, por las que informa acerca de los siguientes viajes realizados por él:
-el día 11 de abril de 2019, para concurrir al Encuentro "Obesidad infantil y adolescente: un problema de salud pública. Recomendaciones legislativas", organizado por UNICEF Argentina, Observatorio Parlamentario Agenda 2030 de la Cámara de Diputados y el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Buenos Aires, Argentina.
-entre los días 16 y 17 de mayo de 2019, para concurrir a la Ceremonia de Premiación Ciencia de la Paz de la Fundación Interamericana del Corazón, República Dominicana.
-entre los días 22 y 26 de junio de 2019, para concurrir a la Ceremonia de Premiación Jacques Diouf, de la FAO, realizada en la ciudad de Roma.
-el día 10 de junio de 2019, para concurrir al Encuentro público "Desde Chile al futuro", invitado por la Organizacional Internacional Italo-Latino Americana y la Embajada de Chile en Roma, Italia.
-entre los días 10 y 11 de junio de 2019, para concurrir al Simposio sobre el Futuro de la Alimentación, organizado por la FAO y efectuado en la ciudad de Roma.
De los Honorables Senadores señores Ossandón, Sandoval y Guillier, por las que informa acerca de su participación en la 50ª Sesión de los Órganos Subsidiarios de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, realizada en la ciudad de Bonn, Alemania, entre los días 21 y 26 de junio de 2019.
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten (Boletín N° 11.934-15) (con urgencia calificada de "simple").
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Nada más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, señor Prosecretario.
1.- Someter a votación, en segundo lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, la designación del integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
2.- Considerar, en cuarto lugar de la tabla de esta sesión, el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten (boletín N° 11.934-15), autorizando a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones a informar mediante certificado.
3.- Tratar, en primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 10 de julio, el proyecto de ley que establece nuevos mecanismos de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional (boletín N° 7.678-02).
El señor QUINTANA (Presidente).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, solo quiero solicitar que se revise la inadmisibilidad del proyecto que modifica la ley N° 19.074, que Autoriza el Ejercicio Profesional a Personas que Señala que Obtuvieron Títulos o Grados en el Extranjero, en la forma que indica, que presentamos el pasado miércoles los Senadores Castro, Ossandón, Rincón y quien habla.
Ello, debido a que considero que la mencionada iniciativa es admisible, según se desprende de nuestra Constitución Política, ya que no crea ni determina nuevas competencias o atribuciones a organismos públicos.
Lo que busca este proyecto es introducir una nueva hipótesis de hecho para el ejercicio de una competencia o atribución pública que ya existe -y desde hace muchos años-, por lo que difícilmente podría crear o determinar una nueva competencia. Y esto, por la simple razón de que ella ya ha sido creada previamente, pues "es preexistente a esta iniciativa de ley".
La atribución a que hago alusión para el referido proyecto dice relación con otorgar la convalidación o revalidación de un título obtenido en el extranjero por parte de la Comisión Especial de Reconocimiento, previa presentación del caso por el Seremi de Educación, de acuerdo a la ley N° 19.074.
Además, señor Presidente, debo señalar que la interpretación de la Oficina de Partes del artículo 65 de la Constitución Política es extensiva y sería contraria a una adecuada interpretación de la norma.
En reiterados fallos el Tribunal Constitucional ha sostenido que las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República son normas de derecho estricto, excepcionales, por lo que su sentido y alcance deben ser fijados restrictivamente.
Así, por ejemplo, dicho Tribunal ha sostenido que: "La iniciativa de ley en Chile está conferida, por regla general, tanto al Presidente como a los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, en su calidad de órganos colegisladores, tal y como se desprende del inc. 1° del art. 65 CPR. La iniciativa exclusiva del Presidente en materia de ley constituye una excepción a dicha regla general, configurando una prohibición para los parlamentarios que, en cuanto tal, sólo puede ser interpretada restrictivamente".
De otro lado, afirma que: "La iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de ley constituye una excepción a dicha regla general, configurando una prohibición para los parlamentarios que, en cuanto tal, sólo puede ser interpretada restrictivamente. Si así no se entendiera podría llegar a desvirtuarse del todo la función principal del Congreso Nacional y el ejercicio de la soberanía que se cumple a través de él".
En consecuencia, no parece razonable ni ajustado a una interpretación finalista de la Carta Fundamental el extender el concepto de "función, atribución o competencia" a los elementos o materias sobre la cual recaerá.
En tal contexto, creo que sería bueno revisar este asunto y pedir que se vote la admisibilidad de este proyecto.
El señor QUINTANA (Presidente).- Señora Senadora, en opinión de la Mesa, este proyecto de ley amplía las competencias de los órganos que intervienen en esa definición de títulos y grados; el número de beneficiarios, en fin.
En nuestra opinión, es claramente inadmisible conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política.
Pero si Su Señoría quiere someter a votación la admisibilidad de dicha iniciativa, corresponde que procedamos a ello.
El señor COLOMA.- Es un proyecto...
El señor QUINTANA (Presidente).- Es claramente inadmisible a juicio de la Mesa.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, este proyecto busca solucionar el problema que existe hoy día con los venezolanos, pues renueva una normativa -es copia de ella- que se creó a propósito de la operación retorno de los chilenos que estaban en el exilio, quienes pudieron, con un mecanismo mucho más fácil, revalidar sus títulos para trabajar en sus profesiones.
Eso se estableció mediante una ley.
Por lo tanto, lo que estamos haciendo es presentar una iniciativa que se ocupe del problema que afecta a los venezolanos, de tal forma de apurar el proceso para que aquellos que son profesionales validen sus títulos y puedan trabajar en nuestro país.
Esto fue conversado y trabajado con expertos de la Cancillería.
El señor QUINTANA (Presidente).- Sí, señor Senador. Sin embargo, me parece que el proyecto, además, debió haberse conversado y trabajado con el Ministerio de Educación, porque finalmente requiere patrocinio del Ejecutivo, y no lo tiene.
Creo que todos estamos de acuerdo con el fondo de lo planteado por los Senadores señor Ossandón y señora Aravena. Pero, evidentemente, aquí hay dos normas de la Constitución que, en opinión de la Mesa, se pasan a llevar.
Ahora, entiendo que Sus Señorías están solicitando que se vote la admisibilidad de la iniciativa.
No hay ningún representante del Ejecutivo como para haberle pedido su parecer. No obstante, creo que este asunto debería concitar el patrocinio del Gobierno.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, vamos a pedir el patrocinio del Ejecutivo.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en la Cuenta se hizo mención de un proyecto de varios Senadores relacionado con la creación de un registro público de personas que por cuestiones médicas son usuarias de cannabis.
Se ha declarado inadmisible.
Nosotros vamos a ver otras alternativas que tienen que ver con la modificación del artículo 4° de la Ley de Drogas.
Pero particularmente respecto de esta iniciativa me interesa pedir el patrocinio del Ejecutivo, para poner en discusión un asunto de esta índole.
El señor QUINTANA (Presidente).- Creo que ese es el mejor camino, señor Senador.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en el número 23 del Orden del Día de hoy figura un proyecto de ley, del cual soy coautor, que modifica el artículo 74 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades respecto de las inhabilidades de los consejeros regionales para ser candidatos a alcalde y a concejal.
Entonces, sería útil que los Comités pudieran, en algún minuto, revisar esta materia para los efectos de subir de lugar en la tabla esta iniciativa y poder verla.
Ello lo considero importante, dado que se están acercando las fechas para que los consejeros regionales tomen sus decisiones sobre la posibilidad de ser candidatos a alcaldes y a concejales.
La idea es que los Comités puedan revisar este asunto en su oportunidad.
El señor QUINTANA (Presidente).- Esa es una materia que, como bien sabe Su Señoría, es propia de los Comités. Ellos recién se reunieron y este tema no fue planteado.
Entonces, le pediría que hiciera presente el punto en la próxima sesión de Comités.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, le solicito recabar la autorización necesaria al objeto de ampliar, hasta las 18:30, el plazo para presentar indicaciones al proyecto que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (boletín N° 12.250-25) en la Comisión de Seguridad Pública de nuestra Corporación.
Estamos de acuerdo sobre el particular con el Ejecutivo.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, le solicito que recabe el asentimiento de Sus Señorías al objeto de que se nos autorice a sesionar en paralelo con la Sala mañana. Esto, porque tenemos muchos proyectos pendientes que debemos analizar con el Ejecutivo, y algunos ministros nos han manifestado su deseo de concurrir a dicho órgano técnico para expresar su parecer sobre varios de ellos.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el Senador señor Girardi?
El señor QUINTANA (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado.
El señor MONTES.- ¡Sí!
Asimismo, solicito autorización para que ingrese la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Cuevas, para que acompañe a la Ministra señora Plá, quien ya se encuentra en la Sala y a la que le damos nuestra bienvenida.
Boletín N° 11077-07
El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde continuar la discusión general del proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con informe de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.077-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género: sesión 24ª, en 11 de junio de 2019.
Sesión 25ª, en 12 de junio de 2019 (queda pendiente la discusión en general).
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Cabe recordar que el artículo 31 del proyecto es de quorum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 115 a 135 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor QUINTANA (Presidente).- En la discusión general, tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, esta intervención había quedado suspendida hace ya varias sesiones y me alegro de que podamos iniciar la jornada de hoy finalizando el ciclo de intervenciones y llegando a la tan anhelada votación general del proyecto.
En primer lugar, quiero saludar, por su intermedio, a la Ministra de la Mujer y a la Subsecretaria, quienes han estado permanentemente en la propia Comisión aportando al debate y escuchando a los diversos invitados e invitadas.
"La violencia contra las mujeres no es un fenómeno nuevo en nuestro país. Muy por el contrario, es quizás el reflejo más duro de una cultura discriminatoria que valida relaciones históricamente asimétricas entre hombres y mujeres, marcadas por el abuso". Así comienza el mensaje de este proyecto de ley. Sin duda, se trata de un tipo de violencia que constituye una violación fundamental del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la dignidad, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la no discriminación y a la integridad física y mental. No obstante, en pleno siglo XXI estamos todavía muy lejos de erradicar la violencia de género, que sigue afectando a una de cada tres mujeres en Chile.
Evidentemente, nuestro país ha realizado importantes avances en este campo, al ratificar instrumentos del sistema internacional de derechos humanos en los que se compromete a erradicar la violencia contra las mujeres e incorporar marcos conceptuales y recomendaciones en la perspectiva de asegurar a las mujeres y niñas una vida sin violencia. Además de los tratados internacionales, Chile cuenta con un marco jurídico legal sobre prevención y sanción de la violencia hacia las mujeres.
Sin embargo, pese a la existencia de los mencionados avances, la violencia contra las mujeres continúa, invisibilizada en sus diversas expresiones y sostenida en un orden patriarcal que, a través de una multiplicidad de formas y dimensiones, mantiene y recrea una institucionalidad marcada por la jerarquía masculina, que sitúa a las mujeres, de acuerdo con esa lógica, en un estatus inferior. Además, subsisten diversas formas de violencia que no son abordadas por la legislación chilena y que corresponden a la llamada "violencia estructural/institucional contra las mujeres", practicada en el marco de las instituciones del Estado, por sus órganos y por sus agentes. Estas modalidades de violencia se aplican para ejercer control social, elemento que es central, pues el control social incluye -cuando se trata de género- la mantención de estructuras y relaciones de poder, así como de prácticas sociales que se hallan "normalizadas" en el orden de género hegemónico, que no reconoce, discrimina y vulnera derechos, principalmente de las mujeres, pero también de las minorías.
La naturalización de la violencia de género -tortura sexista cotidiana- cobra central relevancia como reflejo de la persistencia del dominio patriarcal. A pesar de la norma jurídica chilena ya citada, la incapacidad de esta indica que la legitimación de la violencia continúa vigente en la formación de la subjetividad masculina y que la tradición patriarcal atraviesa también los códigos y los hace vulnerables. La ley se erige como igualitaria para dirimir conflictos entre iguales, pero lo cierto es que está atravesada por la estructura jerárquica de sexo-género, que la permea por múltiples poros.
Vivir libres de violencia significa mucho más que no vivenciar golpes, humillaciones, violaciones y control abusivo en el cotidiano de la relación de pareja. Implica recuperar el estatus de ciudadanía sin recortes ni opacidades, escapar del miedo y la ansiedad, dejar el lugar de lo ambiguo e instalarse con autonomía en los diversos ámbitos de la vida en sociedad. La apropiación de poder por parte de las mujeres -mediante el conocimiento, la autonomía económica, el protagonismo y el reconocimiento social y la capacidad de decidir libremente- es requisito clave para lograr aquello. También lo es la erradicación de los mitos acerca de la familia, sobre todo aquel que dice que constituye el espacio de máxima protección y seguridad para las mujeres. Las estadísticas evidencian que, por el contrario, la familia es un ámbito de exposición permanente al riesgo de violencia de género, riesgo que también aparece como un continuo en el trabajo, en la calle, en las fronteras, en los establecimientos educacionales, en los medios de comunicación y en la publicidad sexista.
A diferencia de legislaciones de otros países latinoamericanos que han registrado avances sustanciales en la materia, como Argentina y México, la ley chilena no apunta central ni ampliamente hacia lo que se establece como un nudo esencial en la violencia contra las mujeres, sino que se concentra de manera exclusiva, como su nombre lo indica, en una violencia que sucede intrafamiliarmente. La tipificación de la violencia en ese cuerpo legislativo solo recoge las distinciones de violencia física y psicológica, para quien "tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad (...)". El último cambio a la ley, del año 2005, considera la inclusión de la violencia "psíquica". Aunque ello es un avance, resulta claramente insuficiente para proteger a las mujeres de la violencia que sucede en otros ámbitos. Además, la falta de integralidad de esta legislación queda demostrada en los casos de violencia sexual y abuso sexual, ya que son otras las disposiciones legales a las cuales se debe recurrir, las que tienen un carácter general y carecen de una mirada de género.
Con respecto al femicidio, la promulgación de la ley N° 20.480...
El señor QUINTANA (Presidente).- Ya le hemos dado dos.
Pero le concedemos un minuto más.
El señor PIZARRO.- Dele tres más.
La señora PROVOSTE.- Con respecto al femicidio, la promulgación de la ley N° 20.480 constituyó un avance al reconocerlo como delito, modificando el Código Penal y la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar.
Pero, claramente, se requiere aún más.
La ausencia de una política nacional, integral e intersectorial que permita desarrollar acciones consistentes de prevención, protección y reparación de los daños ocasionados por la violencia de género contraviene los acuerdos internacionales suscritos por el Estado en materia de protección de los derechos de las mujeres, en especial lo señalado en la Convención de Belém do Pará, que en su artículo 8 especifica que para evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres los Estados deben adoptar programas y medidas que promuevan la educación pública, la concientización, movilizar a las comunidades, ofrecer servicios y asistencia especializada a las mujeres víctimas de violencia y fomentar una investigación en este campo.
Nos queda aún mucho por avanzar para estar dotados en nuestro país de una institucionalidad plena que proteja a las mujeres de la violencia y las incorpore en igualdad de derechos...
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Lo que pasa es que estamos en la segunda discusión. Entonces, si bien se trata de la discusión general y para ella se cuenta con diez minutos, al encontrarnos en segunda discusión baja a cinco minutos el tiempo de las intervenciones.
Tiene un minuto más para redondear la idea.
Le señora PROVOSTE.- Cuando esta discusión comenzó se contaba con diez minutos para intervenir y yo estaba inscrita desde que se otorgaba ese tiempo. Entonces, me parece que...
El señor QUINTANA (Presidente).- Sí, pero es segunda discusión.
La señora PROVOSTE.- ... si estamos hablando de estos tipos de violencia invisibilizados, no es posible permitir que aquí se restrinja el tiempo que estaba dado inicialmente para intervenir en el debate.
Señor Presidente, este proyecto de ley, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, significa un avance importante desde el punto de vista de la institucionalidad plena, que garantice una protección para las mujeres respecto de aquellos elementos presentes en la vida cotidiana y que generan claramente una barrera para su inclusión a una ciudadanía plena en nuestro desarrollo social.
Estamos convencidos de que esta iniciativa permite incorporar una lógica de igualdad de derechos a la vida cívica chilena. Y por eso votaré a favor del proyecto.
El señor QUINTANA (Presidente).- Gracias, Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.- ¡Es bien lamentable la situación que se ha producido!
El señor QUINTANA (Presidente).- Insisto en que estamos en segunda discusión respecto de la idea de legislar. Si alguien necesita un minuto más, no hay problema, siempre lo concedemos. Pero quería dejar claro el punto.
Si bien es la discusión general, yo tengo que atenerme al Reglamento. No se trata de entrar a valorizar el tema en discusión, que es muy importante.
Como lo he dicho siempre, y lo reitero hoy aquí, en la Sala del Honorable Senado, hay que erradicar efectivamente toda forma de violencia contra las mujeres.
En eso no se pierde ni la UDI, ni el Presidente Piñera, quien lo asumió como compromiso de campaña y de Gobierno, ni la Ministra señora Isabel Plá.
Por tanto, me parece de toda lógica incorporar entre los deberes de los órganos de la Administración del Estado la prevención y represión de las conductas violentas.
En el mismo sentido, toda mejora en la administración de justicia y en la coordinación entre nuestros tribunales, Ministerio Público y policías en resguardo de las víctimas es positiva. Las resoluciones de los tribunales en favor de las víctimas, que con tanta frecuencia se vulneran, no pueden ser ilusorias. Lo mismo, respecto de la coordinación entre las policías. Espero, señor Presidente, que nunca más alguien sea víctima de violencia porque llegó tarde un oficio de una medida de protección.
Es precisamente ahí, en los objetivos del proyecto que compartimos todos, que necesitamos la ayuda de los funcionarios públicos, médicos, nuestras policías y, por cierto, de quienes nos dedicamos a la política.
Aun cuando hay que hacer cambios sustanciales en el articulado, considero que particularmente los Títulos III y IV de la iniciativa van por el camino correcto.
Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con el Título I en particular. Para que la discusión de este proyecto de ley sea eficaz, tiene que ser eminentemente técnica. NO puede convertirse en una discusión IDEOLÓGICA, porque si nos detenemos en conceptos como género, violencia, violencia simbólica, violencia indirecta y violencia política, detendremos también el avance de esta iniciativa, que todos queremos que siga adelante.
Se trata de conceptos en los que, además, debo reparar en su carácter eminentemente subjetivo. Porque decir que violencia es toda práctica discriminatoria que de manera activa o por omisión ponga a la mujer en desventaja con respecto de un hombre "basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados, asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica" parece peligroso. Más aún cuando esa definición pueda tener consecuencias jurídico-penales. Lo considero excesivo.
¿Acaso la galantería y la caballerosidad entran en esa definición? ¿Quien el día de mañana me invite a almorzar y quiera pagar la cuenta me estará violentando? ¿Quien me ceda el paso cuando me abre una puerta estará ejerciendo violencia en mi contra? ¿Cómo afecta este tipo abierto a la tipicidad de los delitos ya existentes o que incorpora el proyecto?
No vaya a ser, señor Presidente, que los cuidados del sacristán maten al señor cura y por querer combatir la violencia contra la mujer pretendamos legislar aun contra la realidad y el sentido común.
Espero que este proyecto, en su discusión en particular, mejore, aclare y precise los conceptos que hoy contiene y que son excesivamente subjetivos e ideológicos.
Señor Presidente, me voy a abstener en esta votación en general.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, derechamente y con mayúscula yo creo que este proyecto ES MALO.
Pero, así como yo he criticado a la Nueva Mayoría porque no quiere legislar en algunas materias que son trascendentes para el país, yo voy a legislar.
El señor MONTES.- ¡Bien! ¡Muy bien!
El señor MOREIRA.- Como se ha señalado aquí, el 50 por ciento de los habitantes de este país son mujeres. Según cifras expuestas en la Comisión, el 31 por ciento de ellas habría sufrido algún tipo de violencia. A ello se suman 40 femicidios anuales.
Si bien nuestras cifras no son superiores a las de otros países de la región, no dejan de ser preocupantes.
Pero debemos empezar por un diagnóstico correcto, para llegar a soluciones duraderas y aceptadas por la inmensa mayoría de la ciudadanía, a fin de que tenga la necesaria legitimidad.
El proyecto tiene partes muy positivas en relación con el acceso a la justicia, la labor del Estado y la intervención de tribunales. Eso hay que rescatarlo.
Sin embargo, temo y lamento el claro sesgo ideológico radical -entre comillas- que trae esta iniciativa en sus conceptos base.
Ya desde la definición planteada en su artículo 2 deja clara una preconcepción muy polarizante y dañina del problema: "La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas, y en general cualquier conducta que menoscabe o amenace sus derechos.".
El proyecto, señor Presidente, define violencia no solo como una acción, sino también como la omisión de conducta. La legislación nacional únicamente en contadas ocasiones sanciona la omisión de conducta y siempre ocurre en casos en que existe un deber de cuidado.
La norma parte de un diagnóstico claramente extremista y sesgado al asumir que existen relaciones de poder históricamente desiguales y que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres; una construcción social, cultural, histórica y económica.
Por lo demás, la ley no es el medio idóneo para establecer verdades históricas, y menos en este caso, donde es al menos discutible.
Pero no solo eso. El artículo determina que el efecto de esa violencia puede ser la muerte, el menoscabo físico, sexual, psicológico, económico, pero también agrega un vago y genérico "o de otra clase".
Aún más, basta la amenaza para que constituya violencia; incluso la amenaza de no realizar una conducta. ¿Cuántos casos conoce la legislación nacional de situaciones en que se sancione la amenaza de omisión de una conducta?
Suma y sigue. Al definir las formas de violencia, establece nueve, entre ellas, la violencia simbólica y la aún más preocupante violencia indirecta, definida como "toda práctica discriminatoria que mediante conductas activas u omisiones ponga a la mujer en desventaja con respecto al hombre.".
La redacción del texto es de tal vaguedad que prácticamente todo puede ser considerado "práctica discriminatoria".
Espero, sinceramente, que se hagan correcciones profundas a esta iniciativa.
¡Lamento que la propia Ministra de mi Gobierno no tome atención a lo que está señalando, a lo que está criticando un parlamentario de Gobierno!
Reitero, señor Presidente, que espero que se hagan correcciones profundas a un proyecto que, aunque nació en la Administración de la Presidenta Bachelet, es promovido por mi Gobierno y por la señora Ministra.
Por ello, y para ser consecuente con lo que he señalado en múltiples ocasiones anteriores, anuncio que aprobaré la idea de legislar. Pero queda hecha la advertencia a nuestro Gobierno en el sentido de que de no corregirse este proyecto, el cual estimo con graves errores, lo rechazaré en la votación en particular.
Por último, quiero señalar que aquí se habla mucho de la discriminación, de la defensa y de la dignidad de las personas, pero ¿cuándo se va a legislar con respecto a Twitter?
En Twitter se invoca la libertad de expresión, pero esta termina siendo, estimados colegas, una fuente para amenazar, denostar, injuriar a las personas. Y este Congreso, porque se invoca la libertad de expresión, nunca ha querido legislar al respecto.
Ojalá que las autoridades de nuestro Gobierno corrijan en este Congreso lo que haya que corregir. De lo contrario, si no se cumplen los compromisos contraídos, muchos parlamentarios vamos a votar en contra en la discusión particular.
El señor BIANCHI.- ¡Qué bien!
La señora MUÑOZ.- ¡Muy bien!
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, yo quiero recordar que nuestro Presidente Piñera hizo un compromiso con el tema de violencia en Chile, y principalmente con la violencia hacia las mujeres.
Esto no es una competencia de quién sufre más violencia. Lamentablemente, las mujeres ganamos.
En ese contexto, estamos en deuda con las mujeres de nuestro país.
La violencia, por lo demás, no es un problema de Chile, ni específicamente de ninguna región en particular. De acuerdo con la ONU Mujeres, el 35 por ciento de las mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia física o sexual en algún minuto de su vida.
La Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales que llevó a cabo el Ministerio del Interior el 2013 también arrojó una cifra cercana: 32 por ciento de las mujeres han recibido algún tipo de violencia alguna vez.
Quiero dejar instalado en esta Sala que al 31 de mayo del 2019 en Chile ya van 24 femicidios consumados y 49 femicidios frustrados. Y, especialmente, me quiero referir al año pasado, donde muchos de estos femicidios consumados afectaron a mujeres de La Araucanía, mi Región. Hoy día, por respeto, las voy a recordar a ellas y a muchas otras que ya no están: Silvia Roxelia Caro Alarcón, de Labranza; Guillermina Huenul Marín, de Perquenco; Mercedes Vera Arévalo, de Carahue; Sara Riquelme Avilés, de Nueva Imperial; Paola Alvarado Cortez, de Curacautín y, por último, Felisa González Pichipillán, de Pucón.
Efectivamente, estos homicidios o femicidios no han sido, quizá, tan divulgados como el caso de Gabriela Alcaíno, quien murió junto con su madre en manos de su pololo; ni tampoco como el último que ocurrió en Chimbarongo.
Hay un compromiso efectivo de nuestro Presidente y de la Ministra por mejorar este proyecto, en conjunto con los legisladores de la Comisión de la Mujer, y despejar algunas dudas que han manifestado nuestros colegas congresistas en relación con situaciones que no estarían tan claras a la hora de legislar y, finalmente, enjuiciar.
En mi particular opinión, creo que es muy necesario dar una señal a muchas mujeres de Chile y al país en el sentido de que efectivamente necesitamos mejorar el orden jurídico en torno a las medidas cautelares, a la función que tiene el sector público y a muchos otros aspectos que aborda este proyecto.
Más allá de legítimamente tener dudas, creo que es superior la importancia de dar una señal al país de cumplir un compromiso con tantas mujeres que esperan y que no han tenido la justicia que se requiere.
Hace pocos días la Ministra Isabel Plá señaló en una entrevista que casi el 40 por ciento de las mujeres que han muerto habían hecho todo lo que tenían que hacer, y aun así fueron asesinadas.
En ese contexto, voy a dar mi aprobación a este proyecto y a manifestar mi compromiso de hacer todo lo posible, en conjunto con las penalistas, con nuestro Ministerio de la Mujer y su Ministra y con todas las mujeres que integramos hoy día la Comisión, por sacar una ley mucho mejor que la actual para abordar un tema tan complejo, tan importante y tan doloroso para las familias de Chile como es el femicidio.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, esta iniciativa es relevante pues reconoce que la violencia ejercida contra las mujeres toma distintas formas, tales como violencia obstétrica, psicológica, sexual, laboral, simbólica, entre otras.
Establecer por medio de una ley las distintas maneras de violencia constituye un comienzo de solución a esta problemática estructural de una cultura patriarcal. Lo anterior es más necesario aún para aquellas clases de violencias que no tienen repercusiones físicas o palpables, las que no por ser invisibles dejan de existir y de ser objeto de reproche social.
Este proyecto insta a que como sociedad tomemos conciencia sobre la violencia sistemática ejercida contra mujeres, lo cual en sí mismo es una medida de prevención de formas de violencia más intensas sobre la mujer. Es una oportunidad para que el Estado de Chile exija hacerse cargo de estas conductas a quienes las ejercen y no a quienes las padecen. Así se rompe el statu quo de las políticas públicas sobre esta materia, las cuales siguen imponiendo cargas a las mujeres, como sucede con la campaña "No lo dejes pasar" que interpela a la mujer agredida y no al sujeto agresor.
Dentro de las medidas concretas que se establecen, cabe destacar las siguientes:
-El rescate de las disposiciones de la Convención de la Organización de Estados Americanos, suscrita y ratificada por Chile en 1996, que encuentran eco en los cuatro primeros artículos del proyecto.
-El establecimiento de deberes a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, del Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, los cuales tendrán que adoptar medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, a incorporar la perspectiva de género, a prevenir la violencia contra las mujeres y a otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla.
-El deber de los órganos del Estado de prevenir las violencias ejercidas contra las mujeres.
-Los principios de proactividad en la investigación penal y de prevención de la victimización secundaria, los cuales regirán los procesos judiciales penales y de derecho de familia en los que se ventilen casos de violencia contra las mujeres, cuestión esencial a la hora de dotar de una perspectiva de género a la persecución de tal clase de comportamientos.
-El desarraigar de la actividad judicial la aplicación de atenuantes de la sanción penal basándose en estereotipos que amparen o refuercen la violencia contra las mujeres.
-Dentro del ámbito privado, se busca erradicar la violencia que se ejerce en el contexto de las relaciones de pareja, con o sin convivencia o matrimonio.
Creemos que la iniciativa y el objetivo que persigue son imprescindibles para la construcción de una sociedad en la que no solo no exista violencia contra las mujeres, sino que además no exista sexismo. Sin perjuicio de esto, es necesario perfeccionar algunas de las disposiciones propuestas a fin de lograr efectividad en la consecución de estos objetivos.
Este proyecto ha sido apoyado por algunas organizaciones relevantes en nuestra sociedad. La Corporación Humanas dice que: "Permite superar la conceptualización restringida de violencia intrafamiliar que Chile ha mantenido vigente por demasiados años, que ha dificultado la comprensión de la violencia contra las mujeres como resultado de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y la discriminación estructural que les afecta". Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos destaca "la disposición de que el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género será el encargado de asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia, así como la ampliación de sus facultades para ello".
Estamos en una ola del feminismo, ¡qué duda cabe! El año pasado y el ahora en curso el movimiento feminista ha sido de los más relevantes en la sociedad chilena y -me atrevería a decir- en el mundo occidental. Es hora de actualizar nuestra legislación y avanzar en este proyecto de ley que protege el derecho de las mujeres a vivir en un contexto libre de violencia.
El señor QUINTANA (Presidente).- Me ha pedido la palabra el Senador Francisco Chahuán por un tema de reglamento.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, simplemente para solicitar -hay acuerdo de los miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en este sentido- que el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros pase del tercer al segundo lugar de la tabla.
Se requiere unanimidad de la Sala.
El señor MONTES.- Señor Presidente, en el segundo lugar está la votación del Instituto de Derechos Humanos.
La señora ALLENDE.- Exacto.
El señor QUINTANA (Presidente).- Me parece que el Senador señor Chahuán se refiere al tercer lugar de la tabla, en reemplazo del proyecto sobre bienestar animal.
El señor MONTES.- Está bien entonces.
El señor QUINTANA (Presidente).- En esos términos, ¿habría acuerdo?
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, hace casi veinte años, el 25 de noviembre de 1999, las Naciones Unidas establecieron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en recuerdo de un hecho acontecido en 1960, cuando fueron asesinadas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las "Mariposas dominicanas".
La dictadura de Trujillo, brutal como la que nos tocó padecer, intentó exterminar la rebeldía eliminando a tres mujeres valientes que nunca se resignaron al horror.
Algunos dirán que el extremo de la violencia política demencial de las dictaduras no tiene comparación con el espacio familiar, pero sabemos que, lamentablemente, no es así. Casos como el de Nabila Riffo, fresco en nuestra memoria; el de Juliana Andrea Acevedo y el de Magaly Carriel Garrido nos señalan lo contrario.
Desafortunadamente, son muchos otros los nombres que podríamos citar.
Son muchos, demasiados los casos en que la violencia contra la mujer ha sido un expediente fácil para someterla, dominarla, situarla en un lugar secundario; demasiados los casos -y demasiado frecuentes- en que la violencia ha sido un recurso naturalizado de subyugación.
Por demasiado tiempo no se identificó la violencia que sufren las mujeres como un problema de derechos humanos, sino como un problema de convivencia de las parejas, o bien, se hizo responsables a las propias mujeres de la violencia ejercida en su contra. ¡Cuán injustas eran estas apreciaciones!
Es cierto, hemos tenido avances muy importantes en igualdad de género, algunos muy notables, como haber elegido a la primera Presidenta de Chile; a Presidentas en ambas Cámaras del Congreso Nacional. Forman parte de este Senado las Senadoras señoras Adriana Muñoz, quien fue la primera Presidenta de la Cámara de Diputados, e Isabel Allende, quien fue la primera Presidenta del Senado. Tenemos una Presidenta en la Central Unitaria de Trabajadores y mujeres en lugares prominentes en distintas organizaciones estudiantiles.
También crece la participación laboral femenina, más mujeres ingresan a la política y ocupan cargos institucionales, aunque sigue habiendo mucho espacio para avanzar, sobre todo en el campo de la participación política y en el mundo empresarial. Faltan más alcaldesas y parlamentarias, faltan más generalas y almirantas, faltan más directoras en las empresas públicas y privadas.
Pero, aun así, existen hoy mayor conciencia y mayores acuerdos que nos permiten debatir, ya no solo sobre la igualdad de capacidades, la igualdad de derechos en la salud, la educación y la participación laboral y política de las mujeres. De lo que se trata ahora es de que el debate nos lleve a avanzar más rápido en la construcción de un mundo más equitativo para mujeres y hombres, con una efectiva igualdad de género.
Pero, con todos estos avances, el mayor problema que las mujeres siguen enfrentando es el de la violencia de género. Aquí hemos presentado avances legales, pero desafortunadamente muy pocos en la realidad de los hechos.
El año pasado hubo más de cuarenta femicidios, y los años anteriores las cifras fueron similares. Es decir, por más que se haya avanzado, los hechos nos indican que la violencia femicida no disminuye sino que, por el contrario, incluso aumenta.
Tenemos una legislación específica que tipifica y eleva las penas para el femicidio, hemos desarrollado una ley que crea alrededor de cincuenta casas de acogida y más de cien centros de la mujer, hemos formado monitores y monitoras y se han hecho campañas para generar conciencia, pero las cifras continúan siendo desoladoras.
¿Qué más necesitamos hacer? Por de pronto, aprobar esta iniciativa de ley, que es el mayor esfuerzo normativo hecho en la materia, de manera integral y no fragmentaria. Es un gran avance en derecho sustantivo, en lo procedimental y en lo orgánico-administrativo.
Pero nada sustituye la movilización y el protagonismo de las propias mujeres. Nadie puede reemplazar a quienes deben ser autoras de su propia historia. Por eso, vemos con orgullo los movimientos que se han potenciado este año, en que las mujeres, sin duda, han tenido un rol protagónico y en que los hombres hemos tenido que aprender a estar a su lado o detrás de ellas, como corresponde a los tiempos de la historia que estamos viviendo.
Y es sobre la base de ese liderazgo que podremos enfrentar y potenciar cambios que nos permitan construir una sociedad más igualitaria, erradicando toda forma de violencia contra la mujer.
Hace veinticinco años Benazir Bhutto, víctima ella misma de la violencia, dijo en la Conferencia de Beijing: "hoy en día, en la lucha por la liberación de la mujer, no hay cabida para los que no toman partido".
Nosotros, los socialistas, hace mucho tiempo tomamos partido, con claridad, desde lo más profundo de nuestras convicciones, para reafirmar nuevamente: "Ni una menos".
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira para un asunto de reglamento.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, es muy breve: simplemente quisiera pedirle que abra la votación.
La señora MUÑOZ.- ¡Hay una norma de quorum especial, señor Presidente!
El señor QUINTANA (Presidente).- Hará uso de la palabra antes la señora Ministra.
La señora PLÁ (Ministra de la Mujer y la Equidad de Género).- Muchas gracias, señor Presidente.
Por su intermedio, saludo a quienes están hoy presentes aquí y agradezco también que la Sala haya permitido el ingreso de Carolina Cuevas, la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género.
Es importante recordar que, tal como fue comprometido en el programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y como ha sido reiterado en el último año y medio, una de nuestras prioridades es avanzar hacia una sociedad de tolerancia cero con la violencia que afecta hoy especialmente a las mujeres.
Sabemos que es una prioridad compartida de manera transversal y por un amplio sector de la ciudadanía. Un país que reconoce la dignidad de la persona humana y la igualdad ante la ley no puede dejar pasar, no puede tolerar, no puede justificar ni naturalizar aquello que cruza la dignidad de miles de mujeres y las mantiene atrapadas en un círculo de violencia, no pocas veces con su vida permanentemente bajo amenaza.
Desde que se discutió este proyecto de ley, hace tres o cuatro sesiones, hasta hoy, han perdido la vida víctimas de femicidio Genoveva en Quinta Normal; Yaricsa en Chillán, Hellen en Chimbarongo. Y han estado al borde de ser asesinadas, entre otras, Valeria, en Peñaflor; Silvia, en Buin y Daniela, en Huenchulao, todas víctimas de femicidios frustrados.
La última víctima, señor Presidente, es Hellen, de Chimbarongo, quien, antes de ser asesinada, pasó por una verdadera posta buscando protección y justicia. Hellen denunció ante la Fiscalía que era víctima de violencia el 30 de abril de este año. Desde ahí fue derivada el 8 de mayo al Tribunal de Familia, donde le agendaron una audiencia preparatoria para el 12 de junio. Cuando llegó el 12 de junio, la audiencia que originalmente había sido fijada para esa fecha fue reprogramada para ¡el 16 de julio!
Tenemos que recordar que ella hizo una denuncia el 30 de abril, y fue asesinada el 26 de junio.
Es decir, nunca, desde el 30 de abril hasta el 26 de junio, Hellen tuvo la oportunidad siquiera de plantearle lo que estaba ocurriendo con su vida a un juez, a un tribunal, de explicar bajo qué amenaza estaba viviendo ella y su familia.
¿Y por qué este proyecto de ley tiene una especial preocupación por las mujeres? Porque en los hechos de violencia tanto al interior del hogar como en el contexto de las relaciones de pareja, y también respecto de los delitos sexuales, las mujeres son las principales víctimas. Y en eso yo creo que no hay ninguna novedad; ha sido así desde hace siglos. La noticia es que en Chile, desde hace ya varios años, estos delitos dejaron de ser tolerados, dejaron de ser naturalizados.
Durante el año 2018 ingresaron más de 130 mil denuncias por violencia intrafamiliar a la Fiscalía, de las cuales, en 99.800 casos las víctimas son niñas o mujeres. Es decir, el 77 por ciento de las denuncias por violencia intrafamiliar afectan a mujeres.
Y en materia de delitos sexuales -es decir, abuso sexual, violación o estupro- la mayoría de las víctimas también son niñas o mujeres: 86,8 por ciento.
Respecto de los femicidios, cuya calificación corresponde a la ley N° 20.480, publicada en el año 2010 -estamos hablando del asesinato de una mujer perpetrado por el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente-, la tasa por cada 100 mil mujeres en Chile es hoy de 0,45.
Aun cuando es una de las tasas más bajas de América Latina, los femicidios corresponden en el país aproximadamente al 6 por ciento de los asesinatos que se registran al año, lo que duplica la tasa de países como Italia, Francia o España.
Y de los 24 femicidios, de acuerdo a la calificación que ya he mencionado, que se han perpetrado en el año 2019, es importante que la Sala sepa, señor Presidente, que 9 víctimas (38,7 por ciento del total) habían hecho una denuncia en algún momento respecto de la violencia de la cual eran objeto. El 38 por ciento de las personas fallecidas por esta causa ya le habían notificado al sistema, sea por la vía policial, por la vía fiscal o por la vía de un tribunal, que estaban siendo víctima de violencia.
Y una de cada cuatro de ellas era inmigrante. Se trata de mujeres que no tenían redes ni respaldo ni un entorno al cual recurrir.
Esas son consideraciones muy importantes.
El proyecto que se está discutiendo en general hoy día básicamente fija un marco jurídico para una política de prevención de la violencia contra las mujeres; perfecciona el acceso a la justicia; modifica la ley que crea los tribunales de familia, para hacer más efectiva la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar; establece deberes de prevención para el Estado y sus funcionarios, y reconoce diferentes formas y espacios de violencia: uno, el que hay al interior de la familia; otro, el que puede tener lugar en la relación de pareja, y un tercero, el que se da fuera de la familia o de la relación de pareja.
Aparte de la Ley de Violencia Intrafamiliar, la iniciativa modifica el Código Penal, la Ley de Tribunales de Familia, al Código Procesal Penal y el decreto ley Nº 3.500.
Tal como lo hemos reiterado durante el transcurso de su tramitación, el proyecto, a juicio del Gobierno, requiere enmiendas importantes para cumplir con su objetivo. En tal sentido, esperamos trabajar con la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género del Senado en un texto sólido que se haga eco de los comentarios que hicieron llegar a dicha instancia, durante seis meses de discusión, distintas instituciones que tienen que ver con la prevención, con la protección de las víctimas y, además, con la persecución de los agresores.
El Presidente Sebastián Piñera va a presentar más de ochenta indicaciones a esta iniciativa de ley, las que modificarán varios aspectos del texto actual y recogerán las observaciones planteadas.
Entre otras, se formularán indicaciones respecto de la definición de "violencia contra las mujeres", para que se plantee en un lenguaje jurídico y sea coherente con nuestra legislación y también con los estándares internacionales establecidos en los tratados que han sido ratificados por Chile.
Asimismo, se buscará precisar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, para que puedan ser identificados no solo por la ciudadanía, sino en especial por la justicia.
Igualmente, las indicaciones incorporarán elementos para contar con una ley integral, a fin de atender, investigar y fallar causas de violencia contra la mujer. Se establecerá, por ejemplo, el procedimiento que se deberá seguir en los tribunales de familia o en los tribunales penales.
Señor Presidente, agradezco a la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, que preside la Senadora Adriana Muñoz e integran las Senadoras Ena von Baer, Carmen Gloria Aravena, Isabel Allende y Yasna Provoste, por la especial preocupación que han tenido durante estos meses para escuchar la opinión de fiscales, de representantes de Carabineros y de la PDI, de académicas, en fin, de una serie de personas de sectores que están vinculados de alguna u otra manera con esta causa, y por haber recogido sus experiencias y sus observaciones sobre esta materia.
Termino dando gracias por el respaldo a la idea de legislar sobre este proyecto y, desde ya, por los acuerdos a que se llegue para que las enmiendas respecto de las cuales hay un consenso puedan ser realidad. Todo ello nos permitirá seguir adelante con esta iniciativa, terminar su tramitación, para que se convierta efectivamente en ley de la república lo antes posible.
El señor QUINTANA (Presidente).- A usted, señora Ministra.
El señor QUINTANA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
En votación el proyecto en general.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palaba el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, hay muchas formas de violencia en la sociedad: de lenguaje, psicológica, física, económica, obstétrica. Todas ellas son contra la mujer y sabemos que existen.
La violencia es una expresión del uso del poder, lo cual es propio de una sociedad que no reconoce a todos sus integrantes con igualdad de condiciones.
Es evidente que esta ley en proyecto, por desgracia, es necesaria, porque vivimos en una sociedad donde el Estado debe asumir su responsabilidad frente a los hechos de violencia brutales que ocurren en nuestro país.
Varios Senadores han mencionado casos de femicidio. Son innumerables los actos de violencia cotidiana que acontecen.
A partir de lo que mencionaba la Ministra, quiero referirme al caso de la joven veinteañera de Chimbarongo, el de Hellen. La situación es más dramática de lo que dicha autoridad señaló -quizás fueron omitidas ciertas partes de la información que le entregaron-, porque esa muchacha fue objeto de algo que todavía no cubre la Ley de Violencia Intrafamiliar: los actos de violencia cometidos por los convivientes, los pololos...
La señora ALLENDE.- Los convivientes sí están considerados.
El señor LETELIER.- Quiero decir los pololos, las parejas. En estas relaciones hoy en día se genera una gran cantidad de actos de violencia brutales.
Siendo nada más que eso, hago un llamado a una Senadora de las bancas de enfrente a que vote a favor de la idea de legislar, por cuanto la violencia de pololos fue lo que llevó a que a Hellen la apuñalaran 52 veces, ¡52 veces!
La otra parte de la información es que ella sí tenía medidas cautelares: hasta la realización de la audiencia, había visitas de carabineros. Pero cuando le postergaron la audiencia, ¡le levantaron tales medidas! Y fue en ese lapso, en que alguien del Poder Judicial determinó esa postergación por un mes, que la asesinaron.
Pero digamos las cosas como son: ¡las medidas cautelares hoy no sirven!
A miles y miles de mujeres se las protege con medidas cautelares para que el hombre abusador no se acerque. Sin embargo, si no avanzamos hacia medidas que vayan más allá de la visita de un carabinero de vez en cuando, no lograremos brindar protección de manera efectiva.
Al respecto, creo que es tiempo de que abracemos la propuesta de la Senadora Muñoz y de otros colegas en orden a utilizar la tecnología en esta materia: a los responsables de actos de violencia, que en muchos de los casos son hombres, se les debiera poner brazaletes o aplicar medios tecnológicos para hacerles un seguimiento a través de GPS y evitar que se acerquen a las víctimas.
No puede ser que el argumento de algunos sea que ello es muy caro, que el Poder Judicial no cuenta con dinero para que las medidas cautelares tengan mayor eficacia.
Pienso que los dos puntos planteados, incluir a los pololos y establecer mejores medidas cautelares, son más que suficientes para aprobar este proyecto.
Estoy seguro de que, sin perjuicio de que se consideren ciertos aspectos declarativos o programáticos, en la discusión en particular podremos avanzar de mejor forma para defender a las mujeres del abuso de poder a manos de hombres que creen que tienen el derecho de ejercer ese poder a través de la violencia contra ellas.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley se enmarca en una decisión de política criminal en orden a erradicar de nuestra sociedad toda forma de violencia contra la mujer.
¡Eso es lo que está pidiendo la ciudadanía y la comunidad!
En el mes de abril del presente año, los ariqueños fuimos testigos del horrendo femicidio de Joice Tello Avilés, mujer ariqueña apuñalada cobardemente por su expareja en plena vía pública.
Necesitamos legislar a fin de que nuestro sistema normativo cuente con una herramienta eficaz para prevenir y generar una cultura ciudadana de respeto a los derechos fundamentales de las mujeres, principalmente su derecho a la vida y a su integridad física y psíquica, libre de toda forma de violencia.
La definición de "violencia contra la mujer" contenida en el proyecto de ley la protege no solo en el ámbito público, sino principalmente en el privado, donde, por diversas circunstancias, se dan con mayor frecuencia situaciones de violencia que quedan en la impunidad.
Por lo tanto, es necesario asumir como legisladores nuestra responsabilidad y generar, con la mayor celeridad posible, un ámbito normativo que no solo castigue conductas que merecen unánime repudio social, sino que también sea oportuno y eficaz para prevenir la violencia, sobre la base de una cultura de respeto y construcción de dignidad.
Sin perjuicio de aquello, lamentablemente este proyecto cuenta con marcados rasgos ideológicos. Así lo refleja la propia definición de "violencia contra la mujer", contenida en su artículo 2, que dice: "La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar muerte, menoscabo físico, sexual", etcétera.
La frase "relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres" está contenida en la propia Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Pero no necesariamente por figurar en un instrumento internacional significa que para el Estado chileno nazca la obligación de atenerse íntegramente a lo que dicha Convención mencione e, incluso, que deba adoptar las mismas definiciones que ella contenga y, en este caso concreto, utilizar su lenguaje con un marcado sesgo ideológico.
En este mismo sentido -finalmente nosotros debemos trabajar en este punto; es lo que la comunidad y la ciudadanía nos pide-, la norma obliga a la identificación de situaciones de vulnerabilidad en las cuales se puedan encontrar las mujeres y determina que diversas entidades del Estado se coordinen para proveer un ámbito de protección que permita enfrentar situaciones riesgosas, en especial, para mujeres que han sido víctimas de violencia anterior.
¡Cuántas mujeres, si hubiesen contado con un sistema de protección en consideración a los hechos de violencia de los que ya habían sido víctimas, hoy continuarían con su vida normal en nuestra sociedad!
Dentro de los objetivos que debemos perseguir con la nueva ley, es necesario prevenir aquellas situaciones que provocan una doble victimización. Para ello se deben regular situaciones tan básicas como el hecho de que la mujer que retira sus efectos personales desde el lugar donde sufre violencia sea acompañada, en todo momento, por Carabineros de Chile. Asimismo, cualquier medida cautelar que decreten los jueces de familia debe ser inmediatamente operativa.
Voy a votar a favor, porque así la ciudadanía lo exige.
Sin embargo, quiero notificar a mi Gobierno lo que han expresado la Senadora Ebensperger y el Senador Moreira, en torno a que en la discusión particular será necesario realizar las modificaciones pertinentes con el objeto de perfeccionar este proyecto, para que no se transforme en un texto puramente ideológico y sesgado.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, nunca ha sido fácil el debate de estos temas.
La primera Ley de Violencia Intrafamiliar se promulgó el año 1994 y la segunda, el 2005, y hoy día estamos viendo una iniciativa que surgió en el gobierno anterior y respecto de la cual valoro muchísimo el papel que ha jugado la Ministra Isabel Plá al impulsarla con fuerza.
Este proyecto busca ampliar el concepto de violencia hacia las mujeres; sacarlo del ámbito privado en que ha estado establecido en esas dos leyes anteriores, y definir una serie de acciones de violencia que ellas sufren en la sociedad y que ocurren por el hecho de ser mujeres.
Eso significa la violencia de género: una mujer sufre violencia, es asesinada, es violada por su condición de tal.
Aquí se habla de sesgo ideológico. Me refiero a lo dicho por el Senador Durana y también a cierto malestar que percibí en la intervención del Senador Moreira. Pero no sé cuál es la ideología.
¡Cuál es la ideología!
La vida está hablando por sí misma, por sí sola.
Cuando un hombre asesina a una mujer y comete un femicidio, lo hace porque quiere controlar su vida, pues existe la idea de que, si la mujer lo abandona, él tiene el derecho a asesinarla.
Hasta hace muy poco, hasta el año 2010, cuando se promulgó la Ley de Femicidio, estos hechos eran parte de la crónica roja: "La mataron por arrebato"; "La mataron por celos". La única estadística de femicidio (cuando un hombre asesina a una mujer por razones de género) que teníamos en esa época eran las noticias que aparecían en La Cuarta, diario que no sé si existe todavía. De ahí sacábamos los antecedentes para poder estudiar los asesinatos a mujeres que estaban ocurriendo en nuestro país.
Entonces, señor Presidente, no sé cuál es el sesgo ideológico que aquí se percibe.
La definición de violencia de género, contenida en el artículo 2 de este proyecto, es un concepto sociológico, una idea que se extrae de la vida y la vivencia cotidiana de las mujeres.
¡Quién puede negar que existe un desequilibrio de poder entre un hombre y una mujer!
¡Basta mirar esta Sala hoy día, señor Presidente! ¡De un total de 43, somos solo 10 mujeres Senadoras!
¿No hay más mujeres capaces en este país para llegar al Senado?
¿No es violento que nuestros partidos pongan barreras para que más mujeres seamos candidatas?
¿No es violento que cuando vamos a un banco a pedir un crédito para una campaña, si no somos casadas, si no tenemos un marido, no se nos otorgue?
Entonces, señor Presidente, esto no se trata de una cuestión de teoría e ideología: ¡es una realidad!
Cuando un ginecólogo no respeta la situación ginecológica de una mujer, le provoca violencia obstétrica. ¡Es violencia y la vivimos muchas mujeres!
Por lo tanto, señor Presidente, aquí no hay un sesgo ideológico. No es ideología plantear que existe un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres: ¡es una realidad!
¡Es una realidad que vivimos todos los días: cuando se busca un empleo, cuando se busca ingresar a la política, cuando se intenta hablar!
Muchas de las mujeres que estamos acá hicimos un largo recorrido en política. Costaba pedir la palabra y que nos escucharan. Tuvieron que pasar largos períodos, largos ciclos, para que nos pusieran atención. Me acuerdo que en los primeros años como Diputada, cuando empezábamos a hablar las mujeres, los colegas se iban al baño o se ponían a fumar en la Sala, porque en esa época estaba permitido, y había un murmullo generalizado.
¡No nos escuchaban!
Entonces, señor Presidente, existen muchos tipos de violencia cotidiana.
Ayer en un programa de televisión se mostraba el acoso sexual a las mujeres en el Metro. Es violento para una mujer, para una joven, sentir cómo le hace tocaciones humillantes cualquier tipo que se instala a su lado.
¡Si eso es ideología, quisiera ver cómo se resuelve el punto desde el punto de vista conceptual!
Reitero, señor Presidente, que ha sido muy complejo instalar estos temas desde el año 90. La misoginia siempre está presente; es un elemento de la cultura.
Por eso, valoro este proyecto, aunque creo que le faltan dientes a la definición del artículo 2, con relación a lo que es "violencia" y "género". Con todo, en su texto figura un concepto sociológico, y existe la sociología jurídica como un instrumento para plasmar decisiones que el Estado debe tomar y que están vinculadas directa y asociativamente con la sociedad.
Nada de lo que ocurre aquí es baladí. Todo lo recogemos de la vida: la delincuencia en las calles, el abuso a menores. Todo es sociedad, todo es cultura. Son comportamientos que la ley trata de corregir.
Entonces, yo no hablaría despectivamente de ese elemento sociológico; al contrario, lo valoraría muchísimo.
Por último, señor Presidente, creo que existe un defecto en la iniciativa, sobre lo cual hemos conversado con la señora Ministra. Habrá que abordarlo en la discusión en particular.
En realidad, no podemos seguir haciendo leyes híbridas sin instrumentos reales y sin recursos ni presupuesto para los operadores de justicia. Lo señalo, porque las dos leyes anteriores, de las cuales soy autora -no reniego-, dada la dificultad política y cultural que hubo al aprobarlas, hoy día son desmoralizadoras para las mujeres que van a reclamar y a poner denuncias en los tribunales, ya que los operadores no cuentan con instrumentos reales para hacerlas efectivas.
Una mujer recorre un periplo humillante en los tribunales: va de una oficina a otra; se le da una respuesta y luego otra. Finalmente, se le otorga una medida de protección, una cautelar, que no se cumple porque nadie puede controlarla ni realizar el seguimiento correspondiente.
Entonces, creo que las potestades que entrega este proyecto a organismos del Estado, tanto a tribunales como a entidades vinculadas a la educación, a la salud, etcétera, tienen que reflejarse en instrumentos reales para que las mujeres puedan sentirse efectivamente acogidas cuando hacen una denuncia.
Es por eso que voy a votar a favor de esta iniciativa, por cierto con las modificaciones tendientes a mayores exigencias para el Estado.
En mi opinión, señor Presidente, cuando contamos femicidios -solamente los contamos-, no estamos actuando realmente y el Estado está cometiendo notable abandono de deberes en la defensa de la vida de las mujeres. ¡Y eso es muy grave!
No podemos seguir...
La señora MUÑOZ.- Concluyo, señor Presidente.
Señalaba que no podemos seguir con una situación en que se hace la denuncia, se pone la cautelar y la mujer termina igualmente asesinada.
Hay un proyecto que hemos reclamado harto. La señora Ministra dice que vamos a ir a Argentina a probar un piloto que existe ahí, no sé si en Mendoza o en Córdoba, pero hasta ahora no hay decisión alguna tendiente a proteger a las mujeres desde el momento en que hacen la denuncia y, producto de ello, reciben medidas cautelares.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, una de las cosas más complejas que uno tiene que hacer en esta Sala es ver cómo se armonizan las ideas que están detrás de unas normas con el contenido de esas mismas normas. Y, de una manera distinta, nosotros siempre debemos generar estructuras que manden, prohíban o permitan y que sean claras para los ciudadanos, claras para los jueces, claras para los fiscales y claras para todos los que tienen el áspero ejercicio de hacer justicia en nuestro país. Y eso es parte del debate parlamentario que aquí debe darse.
En función de esa lógica, el proyecto, llamado "derecho de las mujeres a una vida libre de violencia" -¡quién puede oponerse a esto!-, junto con generar ciertas normas sobre garantías y acceso a la justicia, en mi concepto bien inspiradas, establece otras disposiciones que, a mi juicio, dificultan seriamente la aplicación de aquellas otras.
Voy a leerlas, para que Sus Señorías visualicen dónde está la objeción que desde el punto de vista personal planteo respecto de los objetivos de la ley en proyecto, particularmente cuando se trata de definiciones que constituyen la base de los delitos que posteriormente se configuran.
La definición de violencia, clave en todo el proyecto, dice: "La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión," -sigamos la palabra "omisión"- "sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado," -una omisión privada- "basada en el género" -imagínense lo que significa para un fiscal interpretar dónde hay una omisión, en el ámbito privado, basada en el género- "y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales" -se alude a la sociología como parte de la fijación de una conducta que eventualmente puede ser delictual- "que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, que resultan de una construcción social, cultural, histórica y económica, que cause o pueda causar" -o sea, una omisión que pueda causar, en el ámbito privado- "muerte, menoscabo físico, sexual, psicológico, económico o de otra clase a las mujeres, incluyendo la amenaza de realizarlas". Por tanto, una omisión en el ámbito privado, donde existiera la amenaza de realizar algo, un tema psicológico, sería eventualmente causal de delito.
Entonces, señor Presidente, yo quiero ser bien responsable entre lo que uno busca, que es una vida libre de violencia, y la armonía que planteaba la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra.
Aquí tengo las veinte leyes que hemos aprobado, al menos con mis votos, orientadas a perfeccionar y mejorar las condiciones de acceso a lógicas de igualdad, pero no en función de eso uno va a generar figuras o eventuales tipos de la naturaleza que establece el proyecto. Por ejemplo, respecto de lo que puede ser la violencia simbólica, yo entiendo que, eventualmente, tengamos que colocarnos en situaciones futuras y generarles un texto, pero ¿qué es un ícono o significado que pueda representar o naturalizar relaciones de desigualdad?
Estas, señor Presidente, son leyes; no son declaraciones de voluntad, no son declaraciones de intenciones. Son mandatos: mandatos a los jueces; mandatos -y perdón que mire al señor Secretario- a los fiscales; mandatos a los ciudadanos. Y los mandatos tienen que ser claros, tienen que ser precisos, tienen que configurar las conductas que uno estima que deben ser juzgadas, perseguidas o bien toleradas, como -y lo dijo la Senadora Ebensperger en su muy buena exposición- puede serlo la galantería. Eso lo dijo ella. Si lo hubiera dicho yo, quizás se hubiera generado algún tipo de repudio.
Por eso, señor Presidente, vayamos más allá de las intenciones.
Y le quiero agregar que la parte final del proyecto me parece bien razonable. Creo que en sí misma está bien construida respecto de una serie de accesos, pero la parte declarativa, la parte conceptual, las definiciones, las formas, que son la clave de todo, están, en mi concepto, en un lenguaje que da para cualquier cosa. ¿Y saben qué pasa? Que, cuando da para cualquier cosa, no sirve para nada. ¡Eso es lo que pasa! ¡No sirve para nada si da para cualquier cosa! Porque una conducta ocurrida en Arica, que conforme a las normas planteadas le genere a alguien una violencia psicológica, puede que en Punta Arenas o en Santiago no tenga las mismas características y los criterios utilizados por los jueces o los fiscales sean distintos.
Entonces, yo los invito -si usted, señor Presidente, me da el minuto que tradicionalmente otorga-...
El señor QUINTANA (Presidente).- ¡Generosamente, señor Senador...!
El señor COLOMA.- ¡Generosamente...!
Decía que los invito a repensar esta forma de hacer las cosas.
Yo, obviamente, no voy a aprobar la idea de legislar -me voy a abstener-, porque espero -y es lo que me gustaría- que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución para una discusión más serena acerca de cómo se conforman ciertas definiciones que no son sociología. ¡Son derecho! Esto genera obligaciones, y genera también expectativas.
Entonces, no pensemos que estamos creando una institución que, finalmente, por su contenido, lo que hará, en la práctica, es desarraigar los resultados de lo esperado.
Por eso, señor Presidente, he querido hacer referencia a un par de normas que, a mi juicio, hablan por sí solas, porque se las he planteado a varios expertos jurídicos, todos los cuales entienden algo distinto de la relación que he planteado.
En conclusión, valoro la parte final del texto, pero creo que en el resto hay que ser mucho más precisos.
La señora GOIC.- Señor Presidente, seré muy breve, pues creo que no hay ninguna duda de que debemos legislar en esta materia y, en ese sentido, todavía nos queda -quiero destacarlo- un largo debate particular que permitirá mejorar las normas del proyecto.
Hago presente que este año, tal como indicó la Senadora Aravena, se han registrado -el 2010 se publicó la ley- 24 femicidios. ¿Cuántos frustrados? Y quiero recordar en esta Sala cómo fue la discusión habida en la Cámara de Diputados en ese momento. Estábamos con la Senadora Adriana Muñoz -entonces también Diputada- y fueron las mujeres que llenaron las tribunas las que ejercieron la presión, porque en la Comisión muchos decían "¿Para qué? ¡No necesitamos una ley!". Ahora al menos podemos decir que hay femicidios. Y esos homicidios, que se dan en condiciones distintas, de abuso de poder, hoy se contabilizan, existen.
Estamos hablando de una sociedad que cambia respecto de cómo ve la violencia y que declara que la violencia contra la mujer resulta inaceptable.
Por eso pienso que este proyecto de ley es una tremenda oportunidad, no solo para las mujeres que ese día repletaron las tribunas, sino también para aquellas que tantas veces nos dicen "Tengo que estar con la motosierra al cuello para que me crean", y para aquellas que han sido objeto de medidas cautelares y, a pesar de ello, corren el riesgo de perder la vida.
Esa es la discusión a la que tenemos que apuntar y para la cual necesitamos marcos jurídicos que respondan.
Por eso hoy día, señor Presidente, con gusto voto a favor, después de varias semanas de que este proyecto ha debido esperar su aprobación general. Y los invito -creo que es nuestra tarea y nuestra responsabilidad- a dar la posibilidad de contar con una legislación que garantice un derecho a las mujeres, que coordine nuestra institucionalidad y que dé respuestas efectivas para proteger a aquellas que temen perder sus vidas frente a la violencia, y para erradicar todas las formas de violencia hacia ellas.
Por todo lo anterior, señor Presidente, reafirmo mi voto favorable a la iniciativa.
El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, le ofrezco la palabra a la Senadora señora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, la discusión de un proyecto de ley de esta naturaleza nos convoca a mirarlo de una manera bien amplia. Y voy a hacer la inflexión solo en la década de los noventa.
La gran demanda de la lucha de las mujeres en pos de la democracia fue que existiera una institucionalidad, que se convirtió en el Servicio Nacional de la Mujer, para que el Estado se hiciera cargo de la inequidad de género y se trabajara en políticas públicas que resguardaran la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Ahí aparecen algunas legislaciones que me parece importante mencionar y que ya han nombrado varias de las Senadoras que me han antecedido.
En primer lugar, la Ley de Violencia Intrafamiliar, de 1994, que debió ser perfeccionada porque la figura de la conciliación finalmente terminaba atentando contra el objeto que ella pretendía proteger. Bastaba una mirada, en un espacio de conciliación, para que después de la denuncia generalmente no pasara nada.
Así, fuimos trabajando y perfeccionando la legislación. El año 2010 se produjo un tremendo logro, como fue haber tipificado el femicidio, y espero que prontamente avancemos en la discusión de la "Ley Gabriela", que amplía dicho concepto.
También hay que considerar las estadísticas que se han dado: a la fecha, 24 femicidios que hablan de la expresión más brutal de la violencia contra la mujer.
Pero las legislaciones no lo son todo; son un paso para permear la cultura que ha naturalizado la violencia contra las mujeres. Y, en ese sentido, debemos seguir dando nuevos pasos.
Valoro profundamente esta iniciativa. Y me alegro de que, en general, todas aquellas que estamos en este espacio la defendamos.
Quiero hacer un paralelo haciendo la inflexión en los años noventa. No es casual que la única mujer en el primer gabinete en democracia no tuviera rango de ministra, sino solo de directora nacional de servicio. Ahora tenemos una Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.
Creo que los ámbitos y las expresiones de la inequidad no se pueden eludir. Actualmente estamos en un estado distinto. Ahora ya estamos hablando de legislar sobre acoso sexual, acoso callejero, acoso en el ámbito académico, porque, sin duda, son expresiones más sutiles que, efectivamente, hoy estamos visibilizando.
Al final del día, todas tenemos la experiencia común -hablo desde lo personal- de ser mujeres. Y estoy segura de que todas han sufrido algún tipo de experiencia violenta respecto al acoso sexual. No puede ser que parte de lo que se transmita entre mujeres, de generación en generación, sean casi estrategias de cómo sortear intentos de acoso.
Eso es lo que debe terminar. Y una ley integral como esta lo que hace es ampliar el concepto de violencia, fortalecer las políticas públicas en materia de prevención. ¡Si lo que tenemos que cambiar aquí es la base cultural que permite que estas situaciones de violencia ocurran!
Por eso, y porque además creo que la iniciativa responde al compromiso del Estado de Chile con tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, ratificada por Chile en 1989, y la Convención Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), voto a favor, esperando que el proyecto cuente con el voto mayoritario de todos los presentes en la Sala.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, la verdad es que legislar para evitar la violencia contra las mujeres responde a un sentido común tremendamente fácil, diría yo, de entender. Pero también tenemos que entender que nosotros, como sociedad, vivimos en un mundo machista, lo cual se relaciona mucho con la educación.
Me encantaría que, a propósito de este proyecto de ley, que se va a trabajar y en el que todos tenemos que aportar, entendiéramos que en la educación de nuestros niños, en los colegios, debiéramos ser capaces de tener, a lo mejor, los ramos que fueran necesarios para hablar de lo que significa cuidar a nuestras mujeres.
Todos sabemos que hoy en nuestro país hay más cantidad de mujeres que de hombres; todos sabemos que hay mujeres que son jefas de hogar y que son el pilar fundamental en la crianza de los niños, de la familia, y eso debemos valorarlo, ponderarlo y protegerlo.
Sin duda, todas las mejoras que hagamos para proteger a nuestras mujeres son necesarias. Hay que entender que hoy día nuestras mujeres son las dirigentas de los colegios, son las personas que trabajan en las juntas de vecinos, son quienes hoy toman el control de cualquier actividad donde ellas representan a su comunidad. Y por eso debemos tener la responsabilidad de protegerlas, cuidarlas, quererlas, apreciarlas, y de establecer sanciones que sean realmente ejemplares, de tal manera que nadie se atreva a maltratarlas.
--Se aprueba en general el proyecto (37 votos a favor, 4 abstenciones y un pareo), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido, y se fija como plazo para presentar indicaciones el viernes 26 de julio, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron las señoras Ebensperger y Van Rysselberghe y los señores Coloma y Galilea.
El señor QUINTANA (Presidente).- Pasamos al siguiente punto de la tabla.
Boletín N° s2073-13
El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde pronunciarse sobre la designación de un integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en reemplazo de la señora Carolina Carrera Ferrer, conforme a lo dispuesto en el artículo 6°, letra b), de la ley N° 20.405, con certificado de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
--Los antecedentes sobre la designación de integrante del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (S 2.073-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 27ª, en 18 de junio de 2019.
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (certificado): sesión 28ª, en 19 de junio de 2019.
El señor QUINTANA (Presidente).- Antes de que intervenga el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Senador señor Navarro, le voy a dar la palabra al señor Secretario, porque hay un procedimiento, acordado por los Comités, que hay que explicar.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía deja constancia de que los candidatos propuestos por el Comité Partido por la Democracia e Independientes (señora Marta Maurás Pérez) y por el Comité Partido Socialista (señor Salvador Millaleo Hernández) cumplen con el requisito para su designación, establecido en el artículo 6° de la ley N° 20.405, esto es, que se trate de personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.
En virtud de lo anterior, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Harboe, Latorre y Navarro, la Comisión informa que en la designación se ha dado cumplimiento al requisito previsto por el ordenamiento jurídico en lo que se refiere a la postulación de la señora Maurás y el señor Millaleo para el cargo propuesto.
Cabe tener presente que el acuerdo del Senado requiere el voto favorable de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, esto es, 25 votos.
Conforme a lo resuelto por los Comités el día de hoy, el procedimiento, por tratarse de dos nombres propuestos para una nominación unipersonal, será el siguiente: se someterá a votación los dos nombres propuestos, donde la opción por la señora Marta Maurás estará representada por la abstención, y la opción por el señor Salvador Millaleo, por el pareo.
Las abstenciones efectivas, si las hubiere, se manifestarán mediante mano alzada.
El señor QUINTANA (Presidente).- Vamos a escuchar al Senador señor Navarro, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, la que, según entiendo, recibió a ambos postulantes.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, como titular de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, me correspondió escuchar a ambos candidatos.
El señor Secretario ya ha dado cuenta de lo resuelto por dicho organismo, estableciendo que los dos postulantes cumplen plenamente con los requisitos previstos en el artículo 6° de la ley N° 20.405, dada su reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos. Tengo en mis manos parte del informe, el cual da cuenta de los antecedentes de cada uno de ellos.
Voy a mencionarlos, porque pueden orientar o no la votación de los señores Senadores y las señoras Senadoras.
La señora Marta Maurás es una destacada socióloga, que ha tenido una extensa carrera como funcionaria de Naciones Unidas.
Así, se ha desempeñado en diversos cargos técnicos y de alta gerencia de la Unicef.
También, formó parte del equipo de la Oficina Ejecutiva de la Secretaría General de Naciones Unidas, en la época en que fue dirigida por Kofi Annan.
Posteriormente llegó a la Cepal, donde ejerció el cargo de Secretaria de la Comisión en Chile, asumiendo las relaciones políticas, las comunicaciones y los temas de mujer y género.
Asimismo, en el año 2009 fue elegida como experta independiente del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y se desempeñó como su Vicepresidenta hasta el año 2013.
Entre los años 2014 y 2018, fue designada como Embajadora Representante Permanente de Chile en Ginebra, adoptando posiciones proactivas en la defensa de derechos fundamentales con un enfoque constructivo basado en el diálogo y en el intercambio de experiencias.
Por su parte, el señor Salvador Millaleo Hernández es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile (donde ejerció como profesor de la Facultad de Derecho), y doctor en Filosofía de la Facultad de Sociología de la Universidad de Bielefeld, Alemania.
Se ha destacado en el área de la docencia y de la academia, impartiendo cursos de pregrado, como Introducción al Derecho, Teoría Social, Teoría Crítica del Derecho, Metodología de la Investigación Jurídica. En posgrado, ha participado como docente en el magíster de Derecho y Nuevas Tecnologías; el doctorado en Derecho; el diplomado en Lenguas y Culturas Indígenas, y el diplomado Interdisciplinario en Derechos Humanos. También ha sido profesor de la Academia Judicial en el curso sobre el Convenio N° 169, de la OIT.
Cuenta con un sinnúmero de investigaciones, entre las cuales se pueden mencionar sus trabajos sobre Culturas indígenas y propiedad intelectual: Protección jurídica de los conocimientos tradicionales y conocimientos vinculados al acceso a recursos genéticos de los pueblos indígenas, y Una constitución de los pueblos indígenas en Chile: Para una legitimidad plurinacional de una asamblea constituyente.
También trabajó como editor e investigador del Anuario de Derechos Humanos 2018, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y en varias oportunidades para el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en el proyecto Protección legal del conocimiento tradicional e indígena, y para Anide-Unión Europea, en el proyecto Estudio de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y la Ley Antiterrorista a niñas, niños y adolescentes mapuche en el contexto del conflicto entre su pueblo y el Estado de Chile por la recuperación de tierras ancestrales.
La Comisión ha acordado de manera unánime que ambos candidatos cumplen los requisitos establecidos por la ley.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Terminada la votación.
El señor QUINTANA (Presidente).- Falta un voto.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, esta votación ha sido bien sui géneris y entiendo la lógica de por qué se hace. Pero no podemos dejar de cumplir con los ritos que tenemos, como el relativo a la consulta de la Mesa, antes de cerrar la votación, acerca de si alguno de los señores Senadores no ha emitido su voto.
Yo estaba esperando eso, pero me encontré con que ya estaba cerrada la votación. Y quiero registrar mi voto.
El señor QUINTANA (Presidente).- Señor Secretario, es cierto que faltó la advertencia.
El señor PIZARRO.- Yo, señor Presidente.
Voto por el pareo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahora hay 25 votos.
Resultado de la votación: 25 pareos y 16 abstenciones.
Votaron por el señor Salvador Millaleo Hernández, opción pareo, las señoras Allende, Aravena, Goic, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh y Quinteros.
Votaron por la señora Marta Maurás Pérez, opción abstención, las señoras Ebensperger, Muñoz, Órdenes y Von Baer y los señores Araya, Coloma, Durana, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Lagos, Moreira, Pérez Varela, Quintana, Sandoval y Soria.
El señor QUINTANA (Presidente).- En consecuencia, queda aprobada la designación del señor Salvador Millaleo Hernández para integrar el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Ahora, pasamos a la iniciativa relativa a Uber.
Boletín N° 11934-15
El señor QUINTANA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, con certificado de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.934-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Transportes y Telecomunicaciones (certificado): sesión 31ª, en 9 de julio de 2019.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El principal objetivo del proyecto es actualizar los marcos normativos vigentes aplicables al transporte remunerado de pasajeros, en un contexto de economía colaborativa.
Asimismo, se regula el trato entre los taxis tradicionales y las empresas de aplicaciones de transportes, estableciendo los requisitos que deben reunir estas últimas para el ejercicio de sus actividades, para lo cual se crea un registro a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
De igual modo, se disponen determinados requisitos para los conductores asociados a tales plataformas, el principal de los cuales es que deban contar con licencia profesional. A su turno, se faculta a dicha Secretaría de Estado a fin de contemplar medidas para el acceso, la calidad y la cobertura de los servicios de transportes.
Por último, se pretende contrarrestar eventuales impactos en la congestión vehicular, mediante el establecimiento de un catálogo de infracciones y sus correspondientes sanciones, tanto para las Empresas de Aplicación de Transportes (EAT) como para los conductores, además de la creación de las herramientas administrativas de carácter regulatorio destinadas al mismo fin.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió este proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por mayoría de votos. Se pronunciaron a favor los Senadores señor Chahuán, señora Goic y señores Letelier y Soria, y en contra el Senador señor García-Huidobro.
Cabe tener presente que el artículo 11; el inciso cuarto del artículo 12, y el inciso segundo del artículo 13 del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 26 a 34 del certificado de la respectiva Comisión.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, algunos señores Senadores están pidiendo que se recabe el acuerdo de la Sala para abrir la votación.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Puede continuar, Su Señoría.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, vengo en destacar que la iniciativa en discusión, ya aprobada por la Cámara de Diputados, tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, quien funda su presentación en la necesidad de regular las condiciones en que deberán operar las plataformas digitales de transportes.
En tal sentido, la iniciativa pretende considerar a dichas compañías como empresas de aplicaciones de transportes, entendiendo que la plataforma o aplicación forma parte de un servicio global cuyo elemento principal es una prestación de transporte.
Así, se propone que las empresas tengan la obligación de inscribirse en un Registro de Empresas de Aplicación de Transporte, a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el que se consigne información de las empresas y también de los vehículos y conductores asociados. Lo anterior, con miras a garantizar la transparencia a los usuarios de este ámbito, facilitando la fiscalización de las exigencias fijadas en este contexto.
A su turno, para que las empresas de aplicaciones de transportes puedan prestar servicios de transporte remunerado de pasajeros, se establece la obligación de que deban estar constituidas en Chile, mantener un canal oficial para que los usuarios puedan efectuar consultas o presentar reclamos y contratar seguros de responsabilidad civil para los conductores y pasajeros.
En cuanto a su operación, deben entregar al usuario información suficiente que le permita optar por el mejor servicio disponible.
Asimismo, con el fin de velar por la seguridad de los pasajeros, se establece que los conductores han de contar con una licencia profesional. A su vez, se delegan en un reglamento los requerimientos técnicos, de antigüedad, de seguridad y de capacidad de los vehículos.
Además, el proyecto de ley busca promover el uso de las tecnologías por parte de los taxis, en cualquiera de sus modalidades, permitiéndoles, de ese modo, utilizar aplicaciones de transporte tanto para contactar pasajeros como para utilizarlas como mecanismo de cobro distinto al taxímetro.
Con esto se busca igualar el trato entre los taxis tradicionales y las empresas de aplicaciones de transportes, fijándoles a estas últimas exigencias sobre seguridad y calidad de los vehículos, pero también incentivando a los taxis para incorporarse a las tecnologías, de manera de internalizar sus beneficios.
De igual forma, para adoptar decisiones adecuadas en materia de movilidad y transporte, se establece la obligación de las empresas de aplicaciones de transportes de remitir al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones información adecuada para dichos objetivos. En la misma línea, se faculta a la referida Secretaría de Estado a consignar medidas para el acceso, la calidad y la cobertura de los servicios de transportes, así como para contrarrestar eventuales impactos de congestión.
Finalmente, se establece un catálogo de infracciones y de sus correspondientes sanciones, tanto para las empresas de aplicaciones de transportes como para los conductores, que busca incentivar la correcta prestación del servicio y el cumplimento de las normas sobre seguridad vigentes.
Sin perjuicio de lo anterior, se consiga que el debate de la iniciativa en la Comisión tuvo un carácter eminentemente público y transparente, bajo la modalidad de puertas abiertas, lo que posibilitó que cualquier organización gremial o empresarial que solicitara exponer en dicha instancia fuese efectivamente escuchada.
De ese modo, se recibió a más de cincuenta agrupaciones, las que señalaron sus diversos posicionamientos respecto del particular, posturas que deberán ser analizadas para que, eventualmente, sean tratadas mediante indicaciones durante el debate en particular de la iniciativa.
Cabe resaltar que muchas de las aprensiones manifestadas en la discusión dicen relación con la protección laboral en el rubro, en el sentido de evitar que las plataformas traspasen abusivamente sus costos de operación a los conductores, dejándolos en una significativa precarización.
Asimismo, se debe velar por que la promesa de igualdad de trato sostenida por el Presidente de la República efectivamente se materialice, por lo que se debe resguardar que las exigencias que el proyecto establezca a los vehículos y trabajadores adscritos a las plataformas ciertamente den cuenta de aquello.
En efecto, parece lógico, para tales propósitos, que se disponga de una regulación que al menos utilice los mismos parámetros y criterios a los que se sujeta el gremio de taxis, lo que será debidamente examinado en la discusión del articulado del proyecto.
En esa línea, cuestiones tales como la licencia profesional con la que deberán contar los conductores, la cilindrada y la calidad del vehículo, además de las formas de identificarlo como asociado a una plataforma, deberán ser aspectos de reflexión.
A su turno, es de vital importancia que las compañías respeten a cabalidad la normativa tributaria, laboral y administrativa aplicable a esta actividad, ya que, de lo contrario, no se estarán fijando reglas equitativas, sino que situando a las aplicaciones en una posición ventajosa que puede traer efectos negativos para el desarrollo del transporte y la movilidad de las personas.
De igual modo, y en palabras de la propia Ministra, se debe subrayar que el centro de la regulación debe estar en otorgar un servicio de calidad a los usuarios, cuestión que se debe conciliar adecuadamente con los intereses del gremio, respetando el notable esfuerzo que han desarrollado por décadas miles de taxistas a lo largo del territorio de nuestro país.
Para ello, y como declaración de principios, no se debe permitir que se establezca una competencia desleal con los taxis y taxis colectivos, ni posibilitar una especie de dumping de las aplicaciones a costa de los propios trabajadores, quienes, en muchas ocasiones, son explotados por ellas. En esta misma línea, no se debe permitir...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, le hemos dado tres minutos extras. Ya ha concluido su tiempo.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, estoy informando como titular de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Cómo Presidente de la Comisión?
Perdón, Su Señoría, tiene la palabra para que nos siga informando.
El señor CHAHUÁN.- Decía que no se debe permitir que existan empresas dedicadas al transporte de pasajeros disfrazadas de compañías de aplicaciones, sino que se debe hacer que estas tributen y se constituyan legalmente en Chile, respetando integralmente la normativa laboral aplicable.
En tal sentido, debo destacar que impulsaré con fuerza el proyecto, del cual soy coautor junto con el Senador Alejandro Guillier, que regula la relación laboral que existe entre los conductores y las plataformas, las que, en este caso, son empresas de transportes.
En la misma orientación, destaco enérgicamente que el transporte público debe ser seguro para el usuario, por lo que presentaré una indicación, recogiendo lo sostenido por la Fundación Emilia Silva Figueroa, que impida inscribirse como conductores de plataformas a los condenados por delitos de carácter sexual, siendo importante la relación del proyecto, en este punto, con los registros que actualmente existen para advertir tales situaciones. En efecto, ello solo vendrá a reponer algo incorporado originalmente en el mensaje.
Por último, estimo necesario que este proyecto dialogue directamente con la iniciativa, también aprobada en general por la Comisión que presido, que prorroga en cinco años más el congelamiento del parque de taxis.
Lo anterior, tomando en cuenta que los Senadores miembros de esta instancia han legislado estos tópicos, considerando el impacto vial de las medidas que se estudian, y que han concordado en estimar como inapropiada la existencia de un mercado completamente liberalizado.
Por tales razones, anuncio mi voto a favor del proyecto de ley en referencia, haciendo eco de las observaciones que han planteado distintos gremios del transporte público menor, de taxis y taxis colectivos, en términos de evitar la competencia desleal.
Del mismo modo, como he señalado, hago presente la idea de regular adecuadamente que estas empresas de aplicaciones de transportes deban estar legalmente constituidas en Chile y tributar como le corresponde a cualquier empresa en nuestro país, y que sus conductores han de estar sujetos a las mismas condiciones que los conductores de taxis o taxis colectivos.
Todas y cada una de las más de cincuenta agrupaciones que concurrieron a la Comisión de Transportes formularon aprensiones y propuestas, las cuales fueron recogidas en un apartado, que nos va a permitir, cuando se vote en particular cada uno de los artículos de la iniciativa, presentarlas como indicaciones.
Creemos que es inédito el proceso que se llevó a cabo en la discusión legislativa, no solo porque logramos que todas las sesiones fueran efectivamente publicitadas y, además, televisadas, sino porque adicionalmente conseguimos que todas las organizaciones pudieran incorporar propuestas para mejorar esta iniciativa legal.
De igual forma, la idea es que abramos, dentro del plazo para presentar indicaciones, la posibilidad de que la propia ciudadanía presente propuestas a fin de ir mejorando un proyecto de ley que es de la mayor importancia.
Por todo lo anterior, y haciéndonos eco de que -como señalé- también presentamos una iniciativa para la prórroga del congelamiento del parque de taxis básicos y colectivos (se votó conjuntamente con el proyecto que nos ocupa y fue firmado por todos los miembros de la Comisión y liderado por el Senador Juan Pablo Letelier), esperamos que el Gobierno, y el Ministerio en particular, finalmente entiendan que esta es una señal política para la tramitación de este proyecto de ley.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, hoy estamos discutiendo y votando en general el proyecto que regula a las empresas de transportes que usan plataformas digitales. Algunos lo llaman "Ley Uber", pero también podría ser Ley Uber, Ley Cabify o Ley Didi.
Son empresas que han irrumpido en la vida colectiva no solo en Chile, sino también a nivel planetario, donde existen varias materias que requieren ser normadas, pues hoy día ellas operan en la más absoluta ilegalidad, e ilegalidad en varios planos.
Lo cierto es que, en el caso de las que vamos a hablar, se trata de empresas que intermedian en el transporte privado de pasajeros. Y lo que se busca con esta iniciativa es regular ese proceso de intermediación entre los ciudadanos que quieren transportarse y los vehículos que los trasladan.
El modelo de negocio que han desarrollado esas empresas ha llevado a que, por una parte -y esa es una de las cuestiones que aborda este proyecto-, se les establezcan las mismas condiciones a quienes van a ser conductores y operadores de sus vehículos que las que por ley se les exigen a quienes realizan transporte privado de pasajeros: taxis básicos, taxis vinculados al turismo o taxis ejecutivos.
¿En qué sentido se determinan las mismas condiciones? Mínimo de cilindraje de los automóviles, revisiones técnicas, licencia profesional para conducir. ¿Para garantizar qué? Seguridad en el vehículo, que es algo básico, pues aquí se cumple una función de naturaleza pública, pero que es realizada mediante contratos entre privados.
Por ende, señor Presidente, se plantea una serie de exigencias. Algunos eso lo consideran como barreras de entrada. Yo diría que son exigencias mínimas para garantizar que los que operan como socios -dicen ellos-, colaboradores con las plataformas, den garantías a los usuarios. A esto se une el hecho de que, como se ha dicho, las empresas que se constituyan en Chile van a tener ciertas exigencias básicas.
¿Dónde se fue generando una dificultad, que a mi juicio son tres y que vamos a tener que despejar en el debate en particular?
Primero, el modelo de negocio de las empresas de plataformas tiene una manera de irrumpir en el mercado donde las tarifas que se cobran, que son bajas, no garantizan necesariamente la reposición de la inversión del dueño del vehículo. A este le sirve para ganar ingresos mensuales. Estas empresas le cobran un porcentaje del valor de los viajes que realizan, pero no logra -esa fue una de las denuncias que se hicieron en la Comisión- recuperar lo invertido.
Existe el problema de si debe haber o no tarificación mínima para evitar un dumping en este sector de la economía y para que el día de mañana miles de chilenos no nos vengan a reclamar porque autorizamos el funcionamiento de estas empresas.
Lo segundo tiene que ver con las relaciones laborales.
En el mundo laboral hay una tremenda duda en el sentido de si el chofer o el dueño del vehículo tienen o no contrato con las plataformas, y si lo poseen, qué tipo de contrato es. ¿Es un contrato solo comercial o es de otra naturaleza? Esta inquietud es fundamental, porque estas empresas son las que autorizan quién puede entrar o quién no; cuándo son sancionados o cuándo no.
En esta nueva economía hay, en parte, una relación de subordinación y dependencia que se genera con las plataformas para que puedan operar.
Lo último se halla vinculado al conflicto con otros actores.
En particular existe un problema con respecto a las otras modalidades de transporte menor de pasajeros. Recordemos que hay dos divisiones: taxis colectivos versus taxis básicos, taxis para turistas y taxis ejecutivos.
En esta iniciativa hemos garantizado que en la acción de regular a estos nuevos tipos de taxis no se contamine la labor que realizan en todo el país los taxis colectivos, que tienen otro tipo de regulación. Por ende, se establece que no podrán hacer carpooling ni cambiarse de modalidad.
Finalmente, quiero señalar que hay muchos temas que debemos afinar en la discusión particular. Pero, evidentemente, es absurdo no regular. Porque entre hacerlo o no, es preferible establecer una regulación.
Mañana tendremos que ver en el Código Laboral muchas cuestiones relacionadas con el nuevo trabajo que va a surgir con las plataformas digitales.
Con el Senador Allamand y la Senadora Goic participamos en una gira para conocer la nueva economía que viene.
Necesitamos reflexionar más allá de nuestros cánones históricos sobre cómo entendemos las relaciones laborales. Eso no se aborda en este proyecto. Pero lo que sí es cierto es que la ciudadanía usa plataformas para moverse. Por ello debemos asegurarles a las personas que esta va a ser una oferta disponible, que tendrán conductores responsables y un sistema de empresa que les garantice transparencia.
El señor DE URRESTI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, considero muy interesante la discusión sobre las plataformas digitales, porque esta es la punta del iceberg. En el fondo, constituye un desafío para la democracia regular ámbitos, estructuras o capas en que no había ninguna experiencia.
Porque las plataformas tienen una característica: para funcionar no necesitan Estados, no necesitan leyes, no necesitan fiscalización. Actúan con relación a otro parámetro, que es una economía distinta, la de la reputación, que es virtual y que se construye en la representación digital que cada individuo tiene en la red.
Las personas están trabajando cada vez más, 24/7, su dimensión reputacional. De modo que hay un factor de exposición inmenso a través de los datos, donde todos somos autogestores de nuestra propia identidad, pues ese será el elemento de transacción más importante en la economía que viene.
Por eso Uber funciona: el chofer evalúa al pasajero y el pasajero al conductor.
¿Por qué es relevante esto? Porque lo que está ocurriendo con Uber va a ser la tendencia. Ya tenemos Airbnb, Booking, que han ido en cierta manera disruptando espacios de la economía tradicional muy importantes, como lo eran las agencias de viajes.
Aquello nos enfrenta a otro desafío: la precarización. Porque con Uber un chofer puede estar muy contento por su libertad y autonomía, lo cual es muy respetable; sin embargo, eso no se halla asociado a un elemento tradicionalmente significativo en el siglo XX: la seguridad social. Esas personas no tienen contrato de trabajo, no cotizan para salud, no cuentan con previsión para la vejez, y sienten que ello no es relevante.
Lo que viene es que el concepto de "plataforma" va a ser el gran suministrador de trabajo a través de tareas en el siglo XXI. Ya las empresas no necesitarán contratos de trabajo, porque los costos de transacción, que eran convenientes en el siglo XX, no lo serán en el siglo XXI. Entonces, tendremos que enfrentar una precarización desde el punto de vista de que a futuro cada vez menos las personas van a tener garantizados contratos de trabajo, cotizaciones de salud y previsionales. Y eso debiéramos incorporarlo a la hora de pensar, por ejemplo, en reformas del sistema previsional.
Las plataformas van a transformar profundamente el concepto de "trabajo". Y si uno lo asocia a la inteligencia artificial y a la sustitución de las personas por ella, verá que se presenta un escenario totalmente distinto.
Ahora, yendo al tema del sector que nos ocupa, creo que corresponde disminuir las exigencias que se aplican a quienes trabajan con los taxis convencionales y aumentárselas a aquellos que están laborando en las plataformas digitales de transportes, porque hay una asimetría allí. Porque concuerdo con el hecho de que acá debe haber un trato equivalente.
En segundo término, pienso que es un error mantener el sistema tradicional del taxímetro. Creo que debiera ser obligatorio que todos los modos de transporte funcionen con plataformas digitales, porque son más seguras, porque son más transparentes y porque permitirían contar con un sistema de gestión de ciudad.
Yo les pediría al Estado o a los gobiernos metropolitanos que operaran con plataformas tecnológicas. ¿Para qué? Para hacer gestión de transporte. Por ejemplo, que en una plataforma estuvieran contemplados no solo los taxis, sino también todos los medios de transporte.
Así, si salgo de mi casa podría saber, a través de mi aplicación celular, cuánto debo caminar hasta el Metro; o si voy en bicicleta, a qué hora va a pasar el tren metropolitano; o si necesito tomar un segundo transporte, cuándo va a pasar el bus, y si quiero hacer un último tramo en Uber o en un taxi, cuánto va a demorar en llegar. Tendría todo ello incorporado.
Ahora, si además el sistema central contara con todos esos datos, sería factible efectuar una excelente gestión de transporte público. Tal vez ese sea el sistema inteligente que alguna vez se habló en materia de transporte estatal. Pero esto no solo debiera ser para los buses: también tendría que contemplar a todos los modos de transporte.
Creo que aquí hay una oportunidad muy importante e interesante. Pero los que no tengan plataforma digital van a ser disruptados, como ocurrió con Kodak: dejarán de existir.
A mi juicio, ¿cuál es el único factor limitante? Yo estoy de acuerdo -y pondría atención en ello- con que hay que pagar impuestos y que deben existir restricciones de seguridad: por ejemplo, personas sancionadas por delitos sexuales.
Creo que lo relevante acá es el control de los datos.
¿Qué es una plataforma? Es un sistema de inteligencia artificial.
¿Dónde está el valor de la plataforma? No está en los taxis (no tienen ninguno) ni en los autos, sino en los datos.
Entonces, los datos...
El señor GIRARDI.- ... constituyen la riqueza de los sistemas de plataforma: la inteligencia artificial y los datos. Y el Estado, señor Presidente, debiera garantizar ser usuario de esos datos, independientemente de que la plataforma sea de Uber o de los mismos taxis (hoy día no la usan), o que la provea, como yo pienso que tendría que ocurrir, el Gobierno regional, que podría ser proveedor de una plataforma integral precisamente para hacer gestión de ciudad.
El valor que está ahí presente lo constituyen los datos que generan las personas, y estos debieran ser un bien público que tendría que manejar la ciudad para realizar una buena gestión de transporte.
Pienso que a nosotros nos sería factible hacer mucho más eficiente el sistema; podríamos disminuir de manera muy importante la contaminación y la congestión vehicular si tuviéramos un sistema inteligente a partir de una supraplataforma o de la agregación de todas las plataformas, pero con la integración de los datos en un sistema de inteligencia artificial.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, creo que debiéramos estar legislando para todas las plataformas y no solo respecto de las de transporte público y de transporte menor.
Me parece que el Ministerio de Transportes no ha cumplido con su misión de fiscalizar el transporte público, y ha permitido durante mucho tiempo que se perfore -y cada vez más- el congelamiento del parque de taxis y taxis colectivos.
En ello ha habido una responsabilidad de esa Cartera de muchos años, a través de distintos gobiernos.
Sin duda, también irrumpieron las plataformas digitales, lo que es parte de la realidad de hoy.
Por ello, pienso que se está llegando demasiado tarde al legislar solo sobre la plataforma de transporte público. Creo que hay que establecer una regulación respecto de todas las plataformas que hoy existen en nuestro país y que van a seguir apareciendo.
Asimismo, tenemos que pensar que luego habrá -y lo estamos viendo en otros países- vehículos sin conductores; buses autónomos, sin choferes. De modo que estamos frente a una realidad muy distinta de la tradicional.
Por lo general llegamos tarde. Y en este caso también. Porque aquí se va a crear un conflicto -lo advertí en la Comisión-, pues todos van a quedar disconformes: primero, quienes hoy día son regulados por la ley respectiva, los dueños y los choferes de taxis y taxis colectivos, porque se les perforó el congelamiento de su parque vehicular; en segundo lugar, quienes trabajan hoy día en Uber, porque las restricciones que habrá y las condiciones que se les exigirán serán prácticamente las mismas que se establecen para los taxis y taxis colectivos, por lo que un porcentaje muy importante de ellos quedará fuera del mercado. A raíz de eso, lo más factible es que quienes no puedan cumplir con esas exigencias y tengan un vehículo seguirán laborando en forma pirata.
Entonces, en vez de solucionar un problema, este se va a acrecentar.
La ley que establece el congelamiento del parque de taxis y taxis colectivos rige hasta noviembre del 2020. Pero estamos discutiendo un proyecto para perforar esa normativa el 2019. Y lo más probable, si están los votos necesarios en el Senado y en la Cámara, es que sea ley de la república.
En consecuencia, creo que se está dando una señal compleja, y a la larga no sé si en definitiva esto vaya a crear más conflictos que los que existen hoy día en nuestras calles, donde se ha generado violencia entre conductores de taxis y choferes de Uber.
Lo importante acá es que debemos legislar sobre todo lo relativo a aplicaciones ahora, para que paguen los impuestos pertinentes.
Otra de las cuestiones que se plantearon en la Comisión, fundamentalmente por parte de los conductores de Uber, tiene que ver con la falta de previsión, con la ausencia de contratos, es decir, con la situación laboral de inseguridad de estos trabajadores.
Eso no está regulado en este proyecto. Y es algo fundamental, pues resulta trascendente seguir avanzando en materia de seguridad laboral y en aquello que requieren quienes trabajan en este sector.
De otro lado, considero muy relevante tener en cuenta que estamos legislando sobre plataformas de transporte público, cuando hoy día tenemos el decreto N° 212, que fija el reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros.
Entonces, nos vamos a encontrar con dos modalidades: con el decreto N° 212 y con una normativa superior al decreto, que es el proyecto de ley que ahora estamos votando. Y quienes estarán en desventaja serán los que se hallen regulados por el referido decreto.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que esta iniciativa, en vez de solucionar los problemas que tenemos en materia de transporte público, incrementará los conflictos, y en definitiva quedará sin resolver la dificultad que existe hoy día.
Estamos pasando por encima de una legislación; estamos pasando por sobre quienes se han dedicado una vida entera a ser profesionales del servicio público de transporte. Sin duda que con este proyecto se los pasa a llevar.
No se ha cumplido con la normativa vigente en la materia. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha actuado de manera absolutamente irresponsable al no fiscalizar el transporte público, cuestión que ha sido esencial. Acá se hizo la vista gorda.
Estamos en un escenario que colapsó el sistema, y a larga -y a la corta también- vamos a tener incrementado un conflicto que no se solucionará con esta iniciativa.
Por eso, la voy a votar en contra.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene a continuación la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, me resulta preocupante, como acabo de escuchar, la intervención del Senador García-Huidobro, en el sentido de que sería bien lamentable que no fuésemos capaces, en la discusión en particular, de generar los instrumentos necesarios para el objetivo que se persigue, que en definitiva es mejorar un servicio global de transporte que hoy día está instalado y que usa esta modalidad de aplicación, que llegó para quedarse. Por cierto, debemos avanzar en cuanto a regular las condiciones de trabajo, regular la seguridad para el pasajero, regular las condiciones para la gente que labora en este tipo de plataformas, a la cual, lamentablemente, como decía también el Senador Letelier, a lo mejor ni siquiera le alcanza para renovar su vehículo. Utilizan sus automóviles como una forma para acceder a un ingreso que requieren, pagan por la intermediación y no sé si consiguen reunir lo suficiente para renovar -reitero- su propio vehículo, lo que tampoco deja de ser.
Ahora bien, resulta fundamental que regulemos este sistema. Es cierto que estamos llegando bastante tarde, pero más vale que empecemos ahora, porque no hacerlo sí que sería mucho peor.
Y hemos visto en las calles algo muy lamentable, porque obviamente para el taxista básico, que toda su vida ha trabajado en el rubro del transporte, ha constituido una amenaza y ha significado merma en los pasajeros que puede capturar. Pero ello es evidente, porque en este tipo de servicios, a través de plataformas, existe una conexión directa con el usuario; hay distintas modalidades de pago; la persona sabe de antemano los minutos que se va a demorar, el recorrido que va a realizar. Es decir, el sistema muestra una serie de beneficios. Y lo que uno debería buscar, obviamente, es que nuestros taxis básicos y colectivos recibieran el suficiente apoyo y facilidades para que puedan implementar tecnología como la descrita, en el sentido de que se pudiera aplicar para todos el mismo tipo de trabajo y no seguir con el uso del taxímetro, que presenta además la serie de problemas que se han mencionado.
Es imposible no regular la situación. Resulta imposible desconocer las cifras que entregó -entiendo- la propia Ministra, en el sentido de que el 80 por ciento de los usuarios utiliza estas aplicaciones para trasladarse. Y solo Uber suma más de 2 millones de personas, y no es la única aplicación.
Entonces, claramente, el sistema muestra un crecimiento exponencial, pero con todos los problemas que aquí estamos señalando. Cabe pensar en las condiciones de trabajo de los conductores -sin previsión, sin un contrato formal- y en que las empresas no pagan impuestos. Entiendo que ahora, con la reforma tributaria, tendrán que pagar impuestos, pero no resulta suficiente. Necesitamos, obviamente, el registro que se va a implementar y la obligación de contar con licencia profesional, porque eso va a ayudar a que el sistema presente más seguridad.
Esta es una fuente de trabajo para muchas personas, pero no podemos ignorar la precariedad laboral. Un tercio de los conductores a veces trabaja más de cincuenta horas. Y con un ingreso de 500 mil pesos, como decíamos, les resulta imposible renovar sus vehículos.
Por otra parte, a veces quienes manejan no necesariamente son los que se hallan inscritos en la aplicación. Por lo tanto, no existe la certeza de una de las supuestas ventajas que presentaría el sistema, en el sentido de que habría una identificación y el usuario tendría la seguridad de que se cumplen los requisitos para manejar.
Finalmente, considero que debemos regular el sistema, exigirles que cumplan las condiciones básicas, pero también dar un salto cualitativo. Y ya lo he dicho: no quisiera ver el espectáculo que hemos estado presenciando en el último tiempo, en que se manifiestan dificultades, incluso peleas, entre conductores de taxis básicos y usuarios de este tipo de plataformas, cosa que no corresponde.
Por lo tanto, como país, lo menos que debemos plantearnos es dar un salto cualitativo para decir: "Ojalá que nos pongamos al día con esta tecnología; que regulemos el sistema; que podamos no solo instaurar el registro, sino también establecer las exigencias y las condiciones pertinentes". Al final, lo que queremos es un buen servicio global de transporte, algo de lo que todavía nuestro país carece.
Señor Presidente, aprovecho de saludar por supuesto a la Ministra, quien está presente en la Sala.
Y, además, quiero recordar que justamente en la Región de Valparaíso tenemos graves dificultades. Todavía no ha salido la postergada licitación del transporte público; estamos con carencias de conectividad, en que tenemos muchos lugares donde no hay acceso porque la única modalidad de que se dispone es el taxi colectivo y no siempre llega a los sectores más altos de la población. Piensen ustedes ahora en invierno lo que significa esa condición...
La señora ALLENDE.- Estoy señalando hechos reales que ocurren en nuestra Región, y claramente debemos avanzar en su solución.
Por supuesto, voy a votar a favor del proyecto. Estamos pronunciándonos en general, y entiendo que en el debate en particular se podrán analizar muchos detalles en los cuales se puede mejorar el texto.
Evidentemente, quisiéramos ver un país que se pone al día en esta materia. La electromovilidad ha sido una gran noticia. Resulta algo gratificante ver esos buses eléctricos limpios, nuevos, recorriendo la ciudad. Solo que debemos mejorar mucho más y disponer de mucha más cantidad de buses, y ojalá no solo para la Región Metropolitana. Espero que el resto de nuestras regiones puedan acceder a un buen transporte público, que tanta falta nos hace. Particularmente, no contamos con el nivel de inversión que significa el Metro en la Región Metropolitana, que es cuantiosísimo. Entonces, ¿qué pasa en nuestras regiones?, ¿cómo mejoramos el transporte público?, ¿cómo hacemos que haya más calidad?, ¿qué hacemos con nuestros usuarios...
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene un minuto más, señora Senadora.
La señora ALLENDE.- No puedo dejar de mencionar, señor Presidente, algo que venimos diciendo hace mucho rato: esperamos una conducta proactiva en relación con nuestros adultos mayores.
En verdad, resulta injusto que, por lo menos en la Región de Valparaíso, solo cuenten con acceso subsidiado a Merval, en el caso de aquellos que reciben una pensión básica solidaria. No existe ningún otro tipo de beneficio para los adultos mayores que necesitan y deben transportarse.
Creemos que eso es tremendamente injusto y que ha llegado la hora de tomar medidas. Y espero que esto sea una realidad y que podamos hacernos cargo de la necesidad de generar algún tipo de apoyo o de subsidio para los adultos mayores en relación con el transporte público.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene a continuación la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el 13 de junio del 2018 Chile entero y la comunidad internacional vieron cómo un carabinero disparaba dos veces contra un conductor de Uber en el aeropuerto internacional de Santiago. Eso pudo haber terminado de la peor manera.
En verdad, ese fue un llamado de atención para decir "algo está mal, algo ha fallado, tenemos un problema", problema que nadie había enfrentado hasta ese momento. Es decir, cuando se llega a que un carabinero dispare sobre un conductor de Uber en el principal aeropuerto internacional de Chile es porque algo anda mal.
La plataforma Uber se instaló y desformalizó absolutamente el transporte público, compitió y compite deslealmente con los taxis, con el sistema de transporte regulado y público, y se ha convertido en una forma de empleo alternativo sin ningún riesgo para el dueño de la plataforma y con todos los riesgos para los conductores.
Es decir, el peor de los escenarios: competencia desleal para los taxistas, que tienen en su vehículo un medio de subsistencia y deben cumplir con todos los requisitos de la ley; e inseguridad absoluta para el conductor de Uber, que pone su vehículo al servicio de una plataforma que no le garantiza, por cierto, una adecuada remuneración, pero sí un ingreso inmediato o de corto plazo.
Está claro que debe haber regulación. La verdad es que todavía me pregunto -no he sido parte de la Comisión- cómo vamos a pretender que esa plataforma internacional se inscriba como una empresa jurídica en el país, que es la exigencia que impone el proyecto de ley. ¿Cómo vamos a obligar a esa plataforma a conformar una personalidad jurídica empresarial en Chile, de tal manera que se ajuste a la legalidad vigente?
Creo que el debate en particular va a arrojar mayores luces sobre aquello. Pero lo que sí está claro es que si queremos establecer igualdad de condiciones y los taxis básicos quieren competir, ellos no pueden financiar la plataforma pertinente ni la pueden crear, por lo que debe haber apoyo del Estado.
Si al Transantiago le metemos 1.100 millones de dólares y es un mal servicio, mal diseñado, mal implementado, durante décadas, no veo por qué el Estado no puede poner recursos para el transporte público conformado por los taxis básicos.
Tenemos subsidio para los taxis colectivos, forma parte de la chatarrización; existe subsidio para los taxibuses en las regiones; hay subsidio para las empresas internacionales, que no solo hacen mal la pega, sino que demandan al Estado de Chile, como lo ha hecho Alsacia por 360 millones de dólares (y ahí estamos compitiendo en los tribunales internacionales para salvarnos de una demanda millonaria).
Entonces, cabe preguntarse: ¿Este es un proyecto en el cual el Estado va a asumir responsabilidades o solo se trata de regulaciones?, ¿va a apoyar a los taxistas y también a los conductores de Uber, a fin de que puedan competir lealmente?
¡Yo estoy por la competencia leal!
Muchos de los hijos, nietos de quienes están aquí, jóvenes, usan Uber. Yo pregunto: ¿Quién llega a la casa a buscar a tu hija, a tu sobrina, a tu nieta a bordo de un Uber? ¿Sabemos quién es?
Llegan jóvenes de 21 años que recién aprendieron a manejar, con licencia clase B, en vehículos en donde no hay nada que pudiera establecer la seguridad para el usuario ni para el conductor del Uber: los asaltan al igual que a los taxistas. Tampoco tienen seguro para accidentes contra terceros.
Entonces, uno dice: "La regularización que proponemos tiene que establecer medidas de seguridad para todos". Pero no se puede abandonar el hecho de que, si queremos una adecuada participación en el mercado, el Estado tiene que administrar una plataforma pública, en la que puedan estar los taxistas. Es la única manera de equiparar la desventaja, la deslealtad, la competencia internacional que viven estos pequeños empresarios en Chile.
Se habla de un máximo de dos vehículos: me parece muy bien.
¿Hay que poner recursos del Estado para regular? ¡Pongámoslos!
Por otro lado, ¿hay investigación de mercado que establezca cómo se comportan los Uber?
Lo único que señalo es que la situación de Uber en cualquier momento va a estallar, porque efectivamente hay graves irregularidades. Por ello, les hemos dicho a los gremios de taxistas: "¡Renovarse o morir!".
Esa es la base. Yo espero que lo hayan entendido. Y veo que lo están entendiendo, porque quieren participar. Pero hasta ahora no hay una oferta del Estado que les garantice esa adecuada competencia.
Voto a favor. Y en el debate en particular discutiremos paso a paso este proyecto de ley.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, el Senado debe legislar sobre un asunto que, sin duda, lo necesita.
Ahora bien, este es un mal proyecto, porque todos sabemos cómo los taxistas -los queremos y apreciamos mucho- operan y cómo son responsables de su desprestigio.
Hoy, para mí, el servicio de taxis es una actividad que está un poco obsoleta.
Esa es la verdad, y hay que decirlo por su nombre.
Luego, aparecen las plataformas digitales, y señalamos: "Hay que regular".
Sin duda, es muy fácil conseguir que una plataforma digital se transforme en una empresa que tribute en Chile y que genere recursos para el Estado. ¡Esto se puede hacer!
Los autos que trabajan de Uber tienen revisión técnica por obligación; cuentan con seguro de daños contra terceros; muchos de ellos tienen seguros totales. También se les puede exigir algún seguro adicional. ¡Esto se puede hacer!
La aplicación Uber es una de las más exitosas que existen. Ha llegado a modificar el transporte en nuestro país.
¿Por qué creo que el Estado de Chile tiene una obligación de aceptarla? Porque la tecnología va creciendo más rápido. Cada día que pasa se transforma en una necesidad.
Y también hay una necesidad social. Debemos entender que hay mucha gente -la conocemos- que no tiene trabajo, y sabemos lo desesperante que eso es. Ante ello, aparece el papá diciéndole a su hijo, casado y con dos o tres hijos: "Anda, usa el auto y gánate unas lucas".
¿Por qué el Estado de Chile puede cuestionar eso? El Estado debe garantizar que todos los chilenos tengan una actividad económica.
Y Uber hoy día ayuda mucho a padres a que alimenten a sus hijos; a jóvenes a hacer unas lucas para seguir estudiando; a mujeres jefas de hogar, que también lo hacen. Ninguno de ellos está buscando renovar su auto, porque muchas veces -como dije- es un auto prestado, o es su propio auto y al quedar sin trabajo igual deben pagar una cuota y tienen que ganarle a la vida. Y esta aplicación tecnológica ayuda a eso.
¿Por qué el Estado se podría negar? Lo que el Estado debe hacer es regular. Y regular esta actividad es demasiado fácil.
Pero no les podemos colocar exigencias a estas personas para que tengan una licencia de conducir un poco más cara; para que tengan un auto regulado, lo que puede ser muy difícil, porque quedar sin trabajo significa que no poseen los recursos para comprarlo.
Esta tecnología llegó para quedarse; y si no la regulamos, va a seguir funcionando de la misma forma.
Esta aplicación seguirá rentabilizando con el trabajo que hacen muchos chilenos.
Por lo tanto, hay que regular. Y cobrar impuestos me parece superrazonable. Pero también hay que dar una oportunidad a muchas personas que quieren sacar a sus familias adelante, y esta es una de las mejores herramientas que existen hoy cuando no se tiene trabajo.
Por eso, estoy de acuerdo en que legislemos, en que regulemos, pero no en que vengamos a cambiar un destino que ya está escrito, porque la tecnología no la vamos a parar nosotros. Al contrario, hay que subirse a este carro.
Es importante legislar para hacer las cosas bien y ayudar a muchos chilenos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, de los proyectos que estamos tratando en el Senado, este debe de ser el más complejo sobre el que nos tocará legislar. Y lo es porque, curiosamente, lo que busca es regular el funcionamiento de las aplicaciones de transporte de pasajeros.
Y eso es lo más raro que hay, porque el transporte de pasajeros ya está regulado en el país. Existe una decisión en cuanto a entregar el servicio de taxis básicos a operadores que tienen una serie de normas, de obligaciones y también algunos derechos establecidos por el Estado de Chile.
Sin embargo, nos vemos obligados a legislar respecto de otros operadores que están dando el mismo servicio, pero que no tienen ninguna regulación ni exigencia.
No es fácil armar esta ecuación, porque todos los argumentos que se han entregado hacen mucho sentido.
Las plataformas, aprovechando las tecnologías, contactan a un usuario que requiere un servicio de transporte con un operador, que en este caso es el dueño de un vehículo. Entonces, unen la necesidad del servicio por parte del usuario con la posibilidad de entregar dicho servicio por parte del operador.
Eso es lo que hace la plataforma. Es lo que hoy día está operando en nuestro país y que ha significado un cambio fundamental en relación con el servicio de transporte de pasajeros.
¿Por qué ha tenido éxito? Algo se ha dicho acá: por la responsabilidad de los propios operadores del sector regulado. Porque el servicio otorgado -o que el Estado pretendía garantizar entregándoselo a operadores que debían cumplir determinados requisitos- no era suficiente, pues la demanda quizás era mayor que la oferta que se podía brindar. ¿Por qué? Porque el sector regulado tiene un parque limitado y fórmulas o mecanismos a través de los cuales se da el servicio que lo hacen mucho más rígido.
Estas plataformas, en definitiva, otorgan este servicio al usuario y le dan, por lo que indican los estudios, mayor seguridad, una tarifa más baja -al final, es lo que le interesa al pasajero- y un menor tiempo de espera y de desplazamiento, lo que es muy importante.
Curiosamente, esos son tres de los elementos que el sector regulado debería garantizarles a los usuarios.
Esto ha revolucionado completamente el mercado y su funcionamiento, y hay una distorsión evidente.
¿Y por qué digo que esto es lo más complejo para nosotros hoy día? Porque se trata de equilibrar los derechos que tienen los operadores, a los cuales el Estado les ha entregado la operación de un mercado -llamémoslo así- "cautivo", en donde deben cumplir con una serie de exigencias que van desde el tipo de vehículos, los años, las licencias de conducir de los choferes hasta materias de seguridad. Además, se les establece y garantiza una tarifa mínima que opera a través de los sistemas de taxímetros.
Bueno, ese sistema claramente está siendo superado por la realidad. Pero, a diferencia de lo que dijo recién un colega, me parece que el Estado tiene una responsabilidad con esos operadores, porque no en vano se les entrega una suerte de concesión y de la noche a la mañana se cambian las reglas del juego o se permite que otros operen sin ninguna regla del juego.
Eso es lo complejo.
Lo que nos va a pasar aquí, señor Presidente, es que vamos a estar legislando -como alguien también señaló- desfasados en el tiempo, desfasados por la realidad que significan estas aplicaciones.
Estas aplicaciones, además, no tributan de manera clara ni transparente, porque, si bien se trata de empresas que brindan un servicio de transporte, no son empresas de transporte, no tienen una relación laboral con quienes realizan la operación, que en este caso -y en forma voluntaria- son dueños de vehículos o gente que cumple un trabajo parcial, así como también operadores que creyeron que se trataba de un buen negocio y se metieron en inversiones: compraron vehículos, armaron flotas de transportes, y hoy día se hallan endeudados porque la operación no les resulta rentable...
La señora ALLENDE.- Dele más, Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene un minuto adicional.
El señor PIZARRO.- Seré breve, señor Presidente, pues no quiero abusar de la paciencia.
Pero me interesa plantear acá, con toda claridad, que debemos ser capaces en este Senado de construir con los operadores que hoy día están regulados por parte del Estado: en este caso, las organizaciones, los gremios de taxis básicos y también los de taxis colectivos.
Yo quiero hacer aquí una aclaración. Esto está pensado o planteado solamente para los taxis básicos que transportan pasajeros. Pero en las regiones son los taxis colectivos los que cubren, en algunos casos, el 50 o 60 por ciento del servicio de transporte de pasajeros de la locomoción pública.
Entonces, vamos a necesitar mucha objetividad, mucha frialdad, mucha creatividad para poder buscar un cierto equilibrio que, francamente, veo difícil de lograr. Pero, al menos, debemos llegar a acuerdos a fin de tener pisos mínimos que den garantías a quienes hoy día operan y ya están regulados. Asimismo, habrá que darles la posibilidad de acceder a estas tecnologías que operan en el país -y lo van a seguir haciendo, pues cada día la modernización avanza más en esa línea que hacia la regulación- y garantizar que existan los tributos adecuados y que se establezcan las relaciones comerciales, al menos, entre las plataformas y sus operadores.
A través de esa relación comercial habrá que plantearse de qué manera también hay un mínimo de protección, desde el punto de vista laboral-previsional para esos operadores, porque ese es uno de los reclamos que han formulado. Del mismo modo, hay que entrar a ver el tema de las licencias de conducir y de quiénes están en condiciones de desarrollar esta actividad.
Señor Presidente, hemos recibido a mucha gente y todos tienen argumentos válidos. Por tanto, vamos a requerir de una buena dosis de inteligencia para hacer algo razonable que garantice los derechos de todos.
El señor DURANA.- Señor Presidente, las plataformas digitales llegaron a nuestro país y la verdad es que tendremos que ser muy acuciosos e inteligentes para poder legislar en función de la modernidad.
El proyecto de ley en debate intenta regular en Chile una actividad económica que se ha masificado a nivel global, poniendo de relieve la necesidad de legislar respecto de las actividades de servicios y de comercio que se realizan sobre la base de plataformas digitales, que son, en la práctica, de muy difícil fiscalización por los mecanismos públicos tradicionales.
La iniciativa se refiere a "vehículos de transporte menor de pasajeros", en circunstancias de que hoy las plataformas digitales que permiten la prestación de este tipo de servicios cuentan con vehículos de las más variadas características y condiciones o deficiencias de seguridad.
El proyecto plantea la creación de un registro de estas plataformas, de la nómina de conductores que prestarán el servicio, de la vigencia de los seguros de responsabilidad civil para vehículos y pasajeros y de vida para el conductor, además de los requisitos técnicos, de seguridad y de antigüedad que se determinen.
Asimismo, se exige que los choferes cuenten con licencia profesional y se abre la posibilidad de que los actuales taxis puedan adscribir a dichas plataformas digitales.
Yo voy a aprobar en general este proyecto, pero, obviamente, hay dudas que resulta necesario resolver durante la discusión en particular. Entre ellas están:
-La situación en que quedan los actuales taxistas, quienes con mucho sacrificio y a través de la contratación de créditos han invertido en sus patentes de taxis, y que hoy verán, en la práctica, cómo la creación de un nuevo registro permitirá que cientos, incluso miles de vehículos se incorporen al transporte público de pasajeros.
-Cuál será el sistema de tributación para la presentación de este tipo de servicios, fundamentalmente en lo que significa la regulación impositiva de las plataformas digitales.
-La suspensión de la licencia por seis meses para quienes sean sorprendidos sin estar registrados, junto con el retiro de sus vehículos, aparece como una medida menor frente al impacto que estos tendrán en el comercio del transporte formalizado.
-La forma en que, como Estado, podemos garantizar que estas plataformas digitales, no obstante esta norma, sigan proliferando al margen de la ley.
Son temas que tendremos que definir con mucha cautela, porque, efectivamente, hoy día la gente está con el servicio Uber porque puede pagar con tarjeta de crédito, sin necesidad de tener efectivo; porque puede conocer o identificar si el conductor tiene una buena evaluación, y le quedan los antecedentes de la patente del vehículo, la cual incluso puede ser monitoreada desde la misma familia. Es decir, hay sistemas de seguridad que, a mi juicio, son importantes en nuestra Ley de Uber y que, lamentablemente, los taxistas no los desarrollaron. En muchos reportajes se los ha visto adulterando los taxímetros o, a veces, realizando paseos muy largos.
La verdad es que este proyecto de ley es muy necesario, porque tenemos la responsabilidad, el Gobierno y los legisladores, de ofrecer todas las seguridades. Ya no solo estamos legislando para los taxistas, para los conductores, para este tipo de actividad económica, sino, fundamentalmente, para los usuarios, para darles seguridad a los chilenos y las chilenas que se movilizan permanentemente a través de un medio de locomoción.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, este proyecto define qué se entiende por empresa de aplicaciones de transportes; crea un registro de ellas y los requisitos para inscribirse como conductor; limita el número de vehículos que una persona puede inscribir y obliga al conductor a contar con una licencia profesional; regula que las empresas estén constituidas en Chile y que cuenten con el giro de empresas de transporte remunerado de pasajeros; añade la obligación de contar con un seguro de vida para el conductor y otro de accidentes para los pasajeros, y agrega especificaciones técnicas para el funcionamiento de los vehículos y su mantención.
En principio, estos son algunos de los aspectos positivos del proyecto de ley.
Sin embargo, no contiene una regulación tope del mercado, tanto de vehículos como de conductores que puedan inscribirse, lo que producirá un incremento descontrolado y desregulado en la oferta de plataformas digitales, introduciendo una suerte de competencia desleal con los taxis, puesto que el parque automotor y de patentes en aquel mercado está debidamente regulado.
En seguida, la iniciativa no contempla regulación de tarifa por el servicio y alguna forma de determinarlo, lo que habría constituido un elemento positivo antidumping.
El proyecto no se hace cargo del aspecto laboral que implican las relaciones a través de aplicaciones. No regula condiciones laborales, remuneraciones, condiciones de salud e higiene en el trabajo, cotizaciones para la salud y seguridad social, vínculo de subordinación y dependencia, derecho a sindicalización y duración de la jornada laboral, entre otros.
Obviar aquello no es menor, puesto que supone una forma de explotación moderna, bajo el eslogan de la economía colaborativa, en la cual se trasladan todos los costos de las relaciones laborales a los trabajadores, pasando estos a entenderse como "trabajadores independientes" o "pequeños empresarios", cuando en verdad siempre han sido y serán trabajadores que prestan servicios bajo una relación de subordinación y dependencia. No debemos confundir incorporación de tecnologías a las relaciones económicas y al mercado laboral con desregulación y precarización laboral.
Esta iniciativa solo viene a solventar una parte del gran problema de operación desregulada que ha significado la incorporación de aplicaciones de transporte de pasajeros, introduciendo algunas disposiciones para normalizar la relación. No obstante, es completamente insuficiente.
Además, cabe destacar el tremendo lobby que hacen algunas empresas de comunicación estratégica que han contratado Uber y otras empresas multinacionales para introducir su negocio en nuestros mercados, generando, en el fondo, una competencia desleal con el taxi.
Por esta razón, creo que es imperativo regular, pero el proyecto, así como está, me parece absolutamente insuficiente, por lo que prefiero abstenerme.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, a mí me parece que este proyecto, llamado "Ley Uber" -aunque, como se decía, va mucho más allá de esa empresa, pues se aplica a Cabify, Didi y otras más que puedan venir-, resulta interesante de abordar, porque aquí estamos frente a un cambio de paradigma en un rubro específico, como lo está viviendo la hotelería a través de Airbnb y otras aplicaciones.
Son cambios de paradigma que afectan a sectores enteros de la economía y, por lo tanto, resulta particularmente interesante concentrarse e intentar hacer una buena legislación al respecto.
Y el cambio de paradigma, a mi juicio, obedece a varias cosas. Lo primero es que hay bajísimas barreras de entrada para este servicio. Habitualmente, el mundo del transporte ha sido un sector hiperregulado: en recorridos, en tarifas, en condiciones de los conductores, en medidas de seguridad, etcétera. Y acá nos enfrentamos, repentinamente, a un sistema de transporte con bajísimas barreras de entrada.
Hay otro cambio de paradigma relevante, que es la evaluación. Nosotros estamos muy acostumbrados, particularmente en el mundo hispano, a que lo que es bueno es lo que la autoridad dice que es bueno. Si usted tiene un carné que dice que es profesional, entonces es bueno, suficiente. Si usted tiene un hotel que logró calificar con determinado número de estrellas, ¡ah!, entonces es bueno.
Pero el cambio de paradigma viene por una completa democratización de la definición de quién es bueno y quién es malo. Cada usuario de cada vehículo de estas plataformas, califica. Y, además, cada usuario recibe la información del conductor: edad, foto, tiempo que lleva manejando en esa plataforma, cómo lo han calificado los antecesores, qué auto usa, de qué año es. Uno puede elegir un modelo de auto más baratito, uno un poco más caro o de lujo, en fin. Es un cambio de paradigma absolutamente total. Por eso, plantea desafíos que, para mi gusto, son relevantes.
En primer lugar, habría que legalizar esto, porque, en principio, el transporte de pasajeros en Chile es una actividad que está regulada, tiene una ley específica, y acá estamos como en una tierra de nadie. Así que me parece muy buena idea legislar sobre la materia, para que esta duda de legalidad o ilegalidad, que más bien se cargaba para la ilegalidad, quede definitivamente sancionada y esta sea una actividad legal.
En seguida, tenemos que resolver los temas tributarios. Hace algún tiempo conversábamos con el Presidente de la República, con el Ministro de Hacienda -parte de eso está recogido en la reforma de modernización tributaria-, quienes nos decían: "Bueno, todas estas plataformas finalmente, si no las regulamos de manera adecuada, van a terminar causando un tremendo forado en las arcas fiscales, ¡tremendo!".
Yo he sido usuario de algunas de estas plataformas: a uno le cobran desde cualquier país del mundo y de eso por Chile no pasa nada. Por lo tanto, para preservar los ingresos fiscales es necesario que exista la obligación de que se constituyan en el país, paguen impuestos en Chile, etcétera. Me parece que eso también es relevante.
Otra cosa que hay que abordar es la relación con los conductores, que no creo que vaya por el lado de la subordinación y dependencia, como señalaba un Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Porque así como en Airbnb uno no podría, de ninguna manera, considerar que existe subordinación y dependencia de nadie, acá pienso que ocurre algo similar: no hay horarios, no hay nada.
Pero, siguiendo la ruta de lo que hemos hecho en temas de seguridad social, sí me parece que debiera establecerse que cuando una de estas plataformas le ha de pagar a uno de sus conductores, tenga la obligación, por ejemplo, de destinar una retención para la seguridad social de ese mismo trabajador, para no dejar a la persona en la inopia cuando llegue a la vejez.
También hay que analizar el modelo tarifario. El proyecto de ley establece correctamente que se debe informar cuál será el trayecto y más o menos el precio que se va a cobrar. Hoy día, como hay un algoritmo que maneja a la perfección cuánta gente está pidiendo un vehículo Uber y, además de ello, sabe exactamente cuántos vehículos Uber andan en un perímetro determinado, es muy fácil manejar de manera, no solo arbitraria, sino que quizá abusiva, el precio que finalmente se cobra. Son muchos los testimonios de personas que, para un mismo trayecto, han llegado a pagar tres veces el valor.
Un algoritmo se puede manejar abusivamente. Por lo tanto, el hecho de que se tenga que informar antes del viaje cuánto va a salir, me parece también una alternativa correcta.
Lo del registro, lo de la exigencia de la patente profesional, creo que se debe fundar en la evidencia empírica de si la medida efectivamente trae seguridad a este nuevo uso de plataformas. Me decía la Ministra de Transportes que la evidencia es muy concluyente en ese sentido, así que yo no puedo más que apoyar algo que resulta evidente en la experiencia práctica.
Por lo mismo, señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto, sin perjuicio de presentar las indicaciones que me parecen pertinentes, pero creo que es un gran avance, algo muy importante, que debemos aprobar.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por último, tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, varios señores parlamentarios han señalado que estas plataformas tecnológicas vinculadas al transporte llegaron para quedarse. Yo no solamente estoy de acuerdo con ese concepto, sino que creo que hay que decir: llegaron para quedarse y van a seguir creciendo.
Si uno le da una rápida revisada a las cifras, advierte que estas plataformas hoy día mueven más de tres millones de personas mensualmente, que están disponibles en lugares donde no hay cobertura de locomoción colectiva, que tienen un tiempo de espera promedio de cinco minutos. Como algunos señores Senadores han destacado, desde el punto de vista de los precios y del servicio que prestan, son incluso más convenientes para la ciudadanía que lo que podríamos denominar "el transporte tradicional".
Por otra parte, no hay que dejar de tener en cuenta que estamos hablando de ¿cuánto?, ciento veinte, ciento treinta, ciento cuarenta mil conductores activos, entre los cuales hay una gran diversidad: mujeres, personas de tercera edad, estudiantes, profesionales y un porcentaje de desempleados o de personas que obtienen, a través de estas plataformas, ingresos complementarios.
Entonces, frente a una realidad tan maciza, creo que no corresponde ninguna de las dos posiciones extremas que de alguna manera se insinuaron en esta sesión. Hay algunos a los que les gustaría, más o menos solapadamente, detener este fenómeno y, de alguna manera, prohibirlo o restringirlo. Y, por otra parte, hay quienes quisieran dejarlo en completa libertad, sin ninguna regulación.
Por mi parte, creo que el camino del equilibrio y de la regulación es, sin duda, el que tiene que adoptar este Congreso, teniendo en cuenta, como han señalado diversos señores Senadores, de que es una materia particularmente compleja: estamos frente a paradigmas nuevos; estamos frente a realidades emergentes; estamos frente a la necesidad de equilibrar sectores tradicionales, que de alguna manera parecen irse quedando atrás, con estos sectores emergentes tan pujantes.
Pero también es cierto que la experiencia internacional nos muestra que todos los países -estas plataformas existen hoy día en más de cien naciones- están avanzando hacia la regulación.
Dicho lo anterior, señor Presidente, creo que hay que pensar en cuál debiera ser la tendencia de esta regulación.
Esto podría ser mirado bidireccionalmente. Es posible decir, por ejemplo: "Intentemos que las plataformas de transporte a las que nos estamos refiriendo se parezcan al transporte tradicional". O, al revés, se podría señalar: "No, el camino es el inverso: hay que generar incentivos, ayudas, respaldos para que precisamente el transporte tradicional se vaya moviendo hacia los parámetros y los paradigmas de estos servicios emergentes".
Está claro cuál es la tendencia del mundo y cuáles son las preferencias de los consumidores.
Por supuesto, habrá que buscar un equilibrio razonable entre esos dos impulsos; pero no cabe duda de que es necesario poner arriba de la mesa la orientación que debe tener esta propuesta legislativa. Si yo tuviera que escoger una orientación, me inclinaría por una que, preferentemente, tienda a la modernización del sector tradicional, hacia estas nuevas formas de funcionar, y no a la inversa.
Pretender que los sectores emergentes, que tienen todas esas características y ventajas, retrocedan hacia modalidades de funcionamiento que se van quedando atrás es simplemente ser poco realista. Pareciera que hay que avanzar en la línea contraria.
Dicho lo anterior, señor Presidente, quiero señalar un par de cosas en forma muy breve.
El proyecto, que establece, por ejemplo, la imposibilidad del carpooling, que es una cosa absolutamente correcta, me genera enormes dudas en cuanto a la exigencia de licencia profesional para los conductores de estas plataformas. No sé si hoy día se justifican las diferencias entre las licencias Clase B y Clase A1 desde el punto de vista de sus requisitos. Pero lo que sí tengo claro es que bajo ninguna circunstancia esa exigencia puede transformarse en una barrera de entrada que, en la práctica, termine por hacer imposible que estas plataformas funcionen.
Hoy día se observa una enorme cantidad de dificultades para obtener esas licencias.
Por lo tanto, ahí surge un punto crucial que deberá ser abordado durante la discusión en particular.
Por supuesto que puede haber mecanismos distintos, como considerar una fórmula de certificación que resulte adecuada. Pero, como expresó el Senador Girardi, también es posible pensar, más que en ampliar las exigencias para los conductores de estas plataformas, en reducir los requisitos para los choferes tradicionales.
Deseo reiterar, señor Presidente, que el tema de las licencias no puede transformarse en una barrera de entrada para el funcionamiento de estas aplicaciones.
Por último, hago presente que me merece muchas dudas otro aspecto que de alguna manera se plantea en el proyecto. Me refiero a una suerte de congelamiento del parque desde el punto de vista de las licencias y, en definitiva, la imposibilidad de que nuevos partícipes accedan a estas plataformas.
En consecuencia, voto favorablemente.
En la discusión en particular presentaré indicaciones en la línea de las preocupaciones que he manifestado.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más señores Senadores inscritos.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido, y se fija el 30 de agosto, a las 12 horas, como plazo para presentar indicaciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votó por la negativa el señor García-Huidobro.
Se abstuvieron los señores Latorre, Quinteros y Soria.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora HUTT (Ministra de Transportes y Telecomunicaciones).- Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero partir agradeciendo la votación y el respaldo al proyecto y a su discusión, que dice relación probablemente con uno de los temas más candentes que tiene el Ministerio en este momento para modernizar su política pública.
Solo quiero reforzar algunos objetivos que a nosotros nos motivan para llevar adelante esta iniciativa.
En primer lugar, están el bienestar, la libertad de elección y la seguridad de los pasajeros.
En esta materia hay fuerzas encontradas. Uno observa, por ejemplo, que existe bastante argumentación, la cual se expresa con mucha pasión y dedicación, por parte de los gremios de taxis, que ven alteradas las condiciones en las que han operado durante largo tiempo. Y se ve la misma pasión e igual dedicación desde las empresas, lo que revela que vamos por buen camino, porque nosotros estamos defendiendo el interés de los usuarios y no el de algún gremio en particular.
Creemos, además, que este proyecto nos abre una oportunidad importante para enfrentar los nuevos desafíos de la tecnología.
Si hay un sector que se va a beneficiar de las oportunidades que ofrece el mundo digital, es el del transporte. Recolectar información en este ámbito ha sido siempre costoso, lento, difícil y con muchos errores. Contar con datos directos de viajes, por ejemplo, nos cambiará completamente el escenario de planificación y la posibilidad de reaccionar y de gestionar mucho mejor los sistemas de transporte.
Con este proyecto estamos respondiendo a una necesidad evidente de la población.
Sobre el particular, hay un estudio realizado el año 2018, en el que participó la Universidad Católica, que indica lo siguiente: frente a la pregunta "¿Qué espera usted que el Gobierno haga respecto a los servicios que se proveen por plataformas?", un 87,1 por ciento responde que espera que se regulen y un 0,6 por ciento, que se prohíban.
Es evidente la voluntad mayoritaria de las personas, porque es clara la forma en que desean viajar. Cuando uno mira las generaciones más jóvenes, ve que esa es la manera en que organizan sus desplazamientos.
Creemos también que esta modernización, tan necesaria, tan oportuna y tan contundente en materia de regulación de transporte, que cambia completamente el modo en que hemos llevado adelante la planificación en el sector, no puede concretarse sacrificando lo avanzado.
En este caso, la intención es proteger el interés de los usuarios a través de las normas regulatorias que estamos imponiendo con este proyecto de ley.
En muchos sectores los usuarios tienen a alguien que protege sus intereses, una entidad encargada de supervisar que se preste el servicio de manera adecuada. Pues bien, en esta iniciativa también se considera tal aspecto.
Ahora, respecto de las exigencias de seguridad, consideramos que hay suficiente evidencia que respalda el hecho de que la seguridad ha sido un avance difícil en el caso de Chile. Seguimos estando penúltimos en el ranking OCDE en cuanto a fallecidos en accidentes de tránsito. Ha habido leyes importantes, como la denominada de "Tolerancia Cero al Alcohol", que muy marginalmente han logrado cambiar esa situación. Seguimos en los últimos lugares.
En este sentido, cabe señalar que para todo el mundo la exigencia de licencia profesional está asociada al transporte de pasajeros. No conozco casos en que se haya retrocedido en esa dirección. En general, el requisito de una conducción con experiencia y con una buena capacitación es necesario para proteger el interés de los usuarios.
Uno de los desafíos más importantes que enfrentamos en este proyecto es cómo mantener la flexibilidad que caracteriza a estos servicios con una regulación que proteja el interés de los usuarios y sin usar la misma forma con que se ha regulado durante muchos años. Es muy claro que la regulación vigente, de la manera en que se ha producido y ejecutado, no ha sido consistente con las necesidades nuevas.
No queremos sobrerregular, pero sí reconocer los cambios sociales.
También nos importa utilizar adecuadamente la información que se genera producto de este tipo de viajes. Es algo que nunca habríamos tenido disponible.
La cantidad de datos, su precisión, la posibilidad de segmentar y contar con información sobre los horarios, por ejemplo, y la forma en que se mueven las personas en la ciudad nos permiten hacer un uso mucho más eficiente de la infraestructura y una mejor planificación de todos los demás servicios.
Podemos mejorar la movilidad con una integración digital de muy alto nivel.
Quiero dedicar unos pocos segundos a describir que en los países más desarrollados -en particular, en la ciudad de Viena- los sistemas de integración para la planificación de los viajes son totales. Están conectados, incluso, a la agenda electrónica de las personas. El sistema automáticamente vincula todos los tipos de viajes; selecciona la mejor combinación; compra los tickets, y entrega la ruta.
Estamos caminando hacia una dirección de mayor vanguardia. Es hacia donde queremos avanzar.
Las relaciones laborales no se consideran en este proyecto. En realidad, estas no se cubren en ninguna de las normas regulatorias del Ministerio de Transportes. Ellas están incorporadas en el Código del Trabajo, ámbito que no le corresponde revisar a esta Cartera. Me parece que esa es una materia importante, pero no cabe resolverla a través de esta iniciativa.
Vuelvo a recalcar el interés del Ministerio por modernizar la gestión de transporte y su planificación; usar las nuevas tecnologías; favorecer el interés de los usuarios, y diversificar la oferta: que las personas tengan muchos modos de viaje para elegir; que ellas mismas determinen qué servicio es mejor, más eficiente y más seguro.
Vuelvo a agradecer el apoyo entregado al proyecto en su discusión general y espero que en el debate en particular lleguemos a acuerdos y brindemos a los usuarios las mejores condiciones, que es lo que todos queremos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A usted, señora Ministra.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al Contralor General de la República, pidiéndole que instruya INVESTIGACIÓN RESPECTO DE FALLECIMIENTO, OCURRIDO EL 2 DE JULIO PASADO, DE MENOR DE OCHO MESES DERIVADO DE HOSPITAL DE PUERTO NATALES A HOSPITAL CLÍNICO DE PUNTA ARENAS.
Al Ministro de Defensa Nacional, para que remita información sobre PÉRDIDA DE ARMAMENTO EN EJÉRCITO Y EN OTRA RAMAS DE LAS FUERZAS ARMADAS DESDE 2010 A LA FECHA.
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, consultándole por ALTERNATIVAS QUE SE EVALÚAN PARA ADQUIRIR TERRENO A FIN DE EJECUTAR PROYECTO DE COMITÉ DE VIVIENDA RENACER DEL CALLE CALLE, VALDIVIA.
Al Ministro de Agricultura y al Director Nacional del SAG, requiriéndoles antecedentes acerca de PROHIBICIÓN TARDÍA DE IMPORTACIÓN Y FABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS EN BASE A METAMIDOFÓS.
Y al Ministro de Agricultura y al Director Ejecutivo de la Conaf, solicitándoles COPIA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE CONAF Y EJÉRCITO PARA RESTAURAR Y RECUPERAR ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO Y ARBORIZAR RECINTOS MILITARES.
Al Ministro de Salud, pidiéndole informar sobre TÉRMINOS DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO EN CASO DE MENOR ETHAN CÁRCAMO JARA Y MEDIDAS QUE ADOPTARÁ ANTE DENUNCIA DE PRESUNTA NEGLIGENCIA MÉDICA EN SU TRATAMIENTO.
A la Directora del Servicio de Salud de Aysén, para que informe respecto de DOTACIÓN DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN, ESPECIALIDADES DE MÉDICOS Y RÉGIMEN CONTRACTUAL DE CADA UNO DE ELLOS; y acerca de PROGRAMAS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN DE SALUD MENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITALES DE PUERTO AYSÉN Y COYHAIQUE; PROTOCOLO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL, Y SU IMPLEMENTACIÓN EN AMBAS COMUNAS.
Y a la Directora Regional de Aysén del SAG, consultándole por MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN, RESGUARDO Y PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR BIENESTAR ANIMAL EN LA REGIÓN.
Al Subsecretario del Interior, requiriéndole considerar y adoptar medidas necesarias para CONCESIÓN DE PENSIONES DE GRACIA DE LEY N° 18.056 A GRUPO DE EXTRABAJADORES PORTUARIOS DE VALPARAÍSO.
Al Ministro de Agricultura y al Director Nacional del Indap, recabándoles todos los antecedentes disponibles en cuanto a IMPLEMENTACIÓN DE SEGURO GANADERO BOVINO EN REGIÓN DE AYSÉN.
Y al Gobierno Regional de Aysén, solicitándole enviar toda la información disponible relacionada con PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, ESPECÍFICAMENTE PARA COMUNA DE CHILE CHICO.
Al Ministro de Bienes Nacionales, requiriéndole NÓMINAÍNTEGRA DEPREDIOS CONSISTENTES EN BIENES FISCALES EN REGIÓN DE TARAPACÁ, CON INDICACIÓN DE ROLES, LÍMITES, UBICACIÓN Y CABIDA.
A la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, pidiéndole ESTUDIO DE CIRCUNSTANCIAS EN QUE OCURRIÓ INCENDIO DE DEPÓSITO DE AZUFRE EN COMUNA DE ALTO HOSPICIO EL 22 DE JUNIO PASADO; TOMA DE CONOCIMIENTO DE PROCESOS E INVESTIGACIONES PENALES INCOADAS, Y ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE HACERSE PARTE DE ESTOS.
Y al Director del Servicio de Salud de Iquique, solicitándole informar sobre diversos aspectos referidos a ACOPIO DE AZUFRE Y OPERACIONES DE PLANTA AZUFRERA EN COMUNA DE ALTO HOSPICIO.
--Se levantó la sesión a las 19:37.