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Timestamp: 2019-12-07 01:26:56
Document Index: 125041544

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 64', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 49', 'artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 10', 'artículo 49', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 131, de 03/11/2004
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 131
- Sobre adecuación de la formación profesional a las necesidades de las personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000105.) ... (Página 2)
- Relativa a la elaboración de un estudio epidemiológico sobre el daño cerebral sobrevenido. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000111.) ... (Página 4)
- Sobre el reconocimiento oficial de la lengua de signos. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000128.) ...
- Para adoptar las medidas adecuadas para que las personas con discapacidad acompañadas por perros de asistencia puedan acceder a los lugares y servicios de uso público, así como a los transportes públicos.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000131.) ... (Página 12)
- Relativa al uso del sistema Braille en las administraciones públicas.
(Número de expediente 161/000294.) ... (Página 15)
- Comparecencia del señor secretario general para la Administración Pública (Velázquez López), para informar del contenido del borrador del Real decreto que regula el acceso al empleo público de las personas discapacitadas. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000112.) ... (Página 18)
- SOBRE ADECUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/000105.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión no permanente para las políticas integrales de discapacidad convocada para hoy. Antes de empezar quería indicarles que vamos a acumular las votaciones de las cinco proposiciones no de ley una vez haya terminado el debate de cada una de ellas, que se llevará de forma sucesiva, con una previsión no anterior a las once y media de la mañana. A partir de las once y media de la mañana comenzaríamos en todo caso la votación. Vamos a comenzar con el primer punto, que es una proposición no de ley sobre adecuación de la formación profesional a las necesidades de las personas con discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y para su defensa tiene la palabra don José Oreiro Rodríguez.
El señor OREIRO RODRÍGUEZ: Alguien decía que nada es tan malo que no pueda ser aprovechable en alguna de sus partes, y esta afirmación me sirve para comentar lo que hace bastantes años yo he oído de una película muy mala, pero tenía uno de sus personajes una frase en la que definía la felicidad como la conciencia de la propia valía. Esta definición en un contexto normal no deja de ser una frase, pero en un contexto de discapacidad puede llegar a tener tintes dramáticos cuando a alguien le resulta prácticamente imposible aceptar la conciencia de su propia valía en una sociedad en la que los valores son, sobre todo, materiales.
Todo ser humano aspira a una cierta autonomía, a liberarse de la dependencia. Entendemos que el trabajo retribuido es fundamental para la realización personal, para la mejora de la autoestima, es un factor de integración social, proporciona autosuficiencia económica, necesaria en todo caso, y es un elemento tranquilizador del discapacitado y de su entorno familiar. Para acceder al mercado laboral es necesario un nivel de formación adecuado, mucho más en el caso de discapacitados, en donde sus limitaciones físicas hacen que tenga que incrementar su nivel de competencia a otros ámbitos, a otros niveles. En este sentido, el escaso grado de especialización formativa del discapacitado en gran parte, que en buena parte se debe al fuerte grado de dispersión, escasa conexión y brevedad de los cursos ofrecidos, favorecido todo ello por la ausencia de itinerarios formativos individualizados, además de la no siempre adecuación del transporte, hacen que la formación para el discapacitado sea una aspiración difícil de conseguir. Ayer leía una noticia en El Correo Gallego, en donde el presidente de una asociación de disminuidos decía que la oferta para minusválidos se reduce a puestos no cualificados. Decía que sólo el 22 por ciento de ellos participan en actividades de aprendizaje, y son los integrantes de este porcentaje del 22 por ciento los que consiguen integrarse en plantillas en empresas ordinarias. El nivel de ocupación de los discapacitados con toda seguridad mejorará en la medida en que mejore su formación, y de esta forma daríamos cumplimiento estricto al mandato constitucional, que en su artículo 49 habla de que los poderes públicos deben adoptar posiciones activas para lograr la atención, rehabilitación e integración social del discapacitado.
En España, según la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2002, más de dos millones de personas entre 16 y 64 años manifiestan tener algún problema de salud o discapacidad, lo que supone un 8,7
por ciento de la población en ese tramo. Todas SS.SS. seguro que conocen estas cifras, pero no está de más repetirlas. De las personas entre 16 y 64 años con discapacidad, el 7,5 por ciento son analfabetas; el 51,2 por ciento ha finalizado la educación primaria; el 22,1 ha realizado estudios secundarios de primera etapa, los obligatorios; y el 19,2 por ciento ha completado estudios secundarios superiores. Por tanto, el nivel de ocupación laboral de los discapacitados es precario. Dos de cada tres discapacitados en edad laboral se encuentran inactivos; el 33,7 por ciento están en el mercado laboral, frente al 70 por ciento del resto de trabajadores. Estudios hechos sobre el colectivo de trabajadores discapacitados demuestran que no tienen más absentismo laboral, todo lo contrario, que un trabajador normal; tienen menos índices de accidentalidad e influyen positivamente en el nivel de satisfacción de las plantillas laborales. Una sociedad moderna, nuestra sociedad, no puede permitirse el derroche de prescindir de sujetos potencialmente rentables. El Banco Mundial, en un estudio económico reciente, sitúa las pérdidas anuales por el enorme desempleo de discapacitados entre 1,3 y 1,9 trillones de dólares.
En los últimos años, por el Gobierno anterior se adoptaron diversas medidas encaminadas a estimular ofertas de empleo dirigidas al colectivo de discapacitados, garantizando unas condiciones atractivas para que los demandantes de empleo pudieran incorporarse al mundo laboral. Algunas de esas medidas se concretaron en la Ley de protección del patrimonio del discapacitado, ley de igualdades y no discriminación, II Plan de empleo para discapacitados, Plan nacional de accesibilidad, Plan de acción para personas con discapacidad 2003-2007, y todos estos instrumentos han logrado crear un buen entorno a través de medidas concretas, como bonificación por contratación, contratación temporal e incentivos de mujeres discapacitadas, apoyo de sustitución de discapacitados por incapacidad temporal, mejora de condiciones de acceso al mercado de trabajo, apoyo a agencias de colocación sin ánimo de lucro, contratos en formación, escuelas taller, casas de oficios, deducción de cuotas de impuestos de sociedades, jubilación anticipada sin reducción, etcétera, etcétera.
Evidentemente, los resultados están en los números. En 1996 los centros especiales de empleo en este país eran 562, a principios de 2004 son 2810 centros de empleo para discapacitados. Los contratos indefinidos en 2001 fueron 12.138; contratos temporales, 6.000. En el 2002, indefinidos 7.096 y temporales 7.700. No quiero abrumarles con cifras. En definitiva, lo que pretendemos con esta proposición no de ley es instar al Gobierno, acompañado de todas las instituciones, todos los grupos políticos y todos los colectivos que están en el entorno del mundo de la discapacidad, a que continúe trabajando en el ámbito de la formación profesional para avanzar en estos objetivos. Por ello la proposición no de ley insta al Gobierno a adecuar, con la participación de todos los agentes, administraciones y colectivos afectados, la formación profesional a las necesidades de las personas con discapacidad, diversificando las ofertas formativas, impulsando programas y talleres adaptados a las necesidades de las personas discapacitadas, desarrollando la formación profesional en las empresas e implantando itinerarios de formación dirigidos a mujeres y jóvenes.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de fijar posición, ¿grupos que desean intervenir? Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Isabel López Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señorías, después de escuchar al portavoz del Grupo Popular en su exposición, obviamente con las cifras, los datos e incluso con su pequeña introducción, yo creo que en esta sala no hay nadie que no esté de acuerdo; no hay nadie que no esté de acuerdo en este grupo parlamentario con la iniciativa de buscar fórmulas para acercar la formación continua a las personas con discapacidad, buscar fórmulas que faciliten su integración en el mercado laboral en plena igualdad con el resto de trabajadores. Ese es uno de nuestros objetivos, y así figura en nuestro programa electoral. Baste recordar que en la presente legislatura se ha creado esta Comisión específica, que no existía con anterioridad.
Creo que eso ya demuestra la voluntad del Grupo Socialista y del Gobierno. Por lo tanto, quiero que vaya por delante nuestro compromiso en esos objetivos.
Hay que recordar, cuando se hacen estas propuestas por parte del Grupo Popular, que llevamos seis meses con este Gobierno. En esos seis meses en esta Cámara se han debatido varias iniciativas sobre discapacidad, con el compromiso del ministro de Trabajo, señor Caldera, y de la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad, sobre la incorporación al trabajo, a la formación de las personas con discapacidad. El 30 de junio, en el Pleno, en contestación a una interpelación del Grupo Popular, el ministro establecía el compromiso del Gobierno de alcanzar un contrato de inclusión del 9 por ciento, cumpliendo la cuota legal de reserva de empleo en la Administración pública, que hemos de reconocer que en los últimos años en el empleo público, en las ofertas públicas, no se cumplía y no se han cubierto las plazas establecidas por ley. En ese mismo día el ministro también establecía un plan de formación y promoción para el empleo para personas con discapacidad dentro del Plan de empleo de España. Por lo tanto, es un compromiso firme del propio Gobierno por boca de su ministro.
En esta Comisión, el 29 de junio la secretaria de Estado volvió a expresar el compromiso de establecer ese plan de empleo y formación continua para personas con discapacidad. El 14 de septiembre en el Pleno, a consecuencia de la interpelación que les mencionaba antes, se aprobó por todos los grupos parlamentarios de
la Cámara una moción del PP con una transaccional del Grupo Socialista. En esa moción, que tiene 12 medidas concretas, hay dos que hacen expresa mención a lo que hoy estamos debatiendo. Habla en su apartado primero de la puesta en marcha de las medidas contempladas de un Plan de empleo 2002-2004 y las del Plan de acción para las personas con discapacidad 2003-2007, a fin de elaborar un plan de promoción de la formación y del empleo de las personas con discapacidad en el marco del Plan de empleo de España. Y en su apartado e) dice: Estudiar que se adecue la formación profesional a las necesidades de los discapacitados y así facilitar su integración laboral. Asimismo, estudiar nuevos yacimientos de empleo y los perfiles profesionales más adecuados para potenciar las capacidades laborales de cada persona con disminución, en función de cada tipo y niveles de discapacidad.
Señorías, creo que en esta moción aprobada el 14 de septiembre, hace un mes y medio escaso, está recogido todo aquello que, a nuestro juicio, pretende la proposición del PP. Esto ya lo aprobamos en esta Cámara con los votos afirmativos de todos los grupos parlamentarios. Por lo tanto, no entendemos la necesidad de que hoy aquí volvamos otra vez a incidir sobre lo mismo. Lo que no podemos hacer en este Parlamento es aprobar unas medidas y, sin dar tiempo a que se desarrollen, volver a plantear otras al Gobierno. Creo que no es necesario. Debemos dar un espacio de tiempo para que se cumpla la moción, estos 12 mandatos, y si dentro de un año no se hubieran cumplido, aunque sí se hará porque está en la voluntad del Gobierno, tendría sentido otra iniciativa.
Esta va a ser mi tercera legislatura y les puedo asegurar que en las dos anteriores nunca se habían debatido tantos temas relacionadas con las personas con discapacidad como se ha hecho en los últimos seis meses por parte de todos los grupos parlamentarios. Con la moción que aprobamos el 14 de septiembre va a trabajar el Gobierno y hay que cumplirla, por lo que no es necesaria esta proposición no de ley, cuyo contenido está incluido en la moción a que he hecho referencia. He estado hablando con las personas que están desarrollando los planes de formación continua.
Debo manifestar que están trabajando, de acuerdo con el Cermi, en la formación continua para el próximo año, donde incluyen la alfabetización de personas, las nuevas tecnologías, desarrollos especiales de planes para el mundo rural, para las personas con discapacidad en el mundo rural, es decir, que lo tienen ya casi a punto de desarrollo, en colaboración repito con el Cermi. Creo que se está trabajando en la línea adecuada, por lo que esta proposición no la vamos a apoyar, no porque no la compartamos, sino porque, repito, creemos que está incluida en la moción que aprobamos el 14 de septiembre todos los grupos parlamentarios.
- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE EL DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 161/000111.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley relativa a la elaboración de un estudio epidemiológico sobre el daño cerebral sobrevenido. Para su defensa, y en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, Convergència i Unió ha presentado esta proposición no de ley orientada a la elaboración de un estudio epidemiológico sobre el daño cerebral sobrevenido. Es esta una iniciativa nacida como resultado de las actuaciones que en los últimos tiempos ha venido impulsando la sociedad civil organizada en este ámbito, más en concreto la Fedace, entidad que agrupa a familiares y afectados por el daño cerebral sobrevenido. Una entidad con presencia en todo el Estado, que agrupa a diversas asociaciones de ámbito nacional y regional y a familiares y afectados por estas enfermedades. Una sociedad que pretende hacer emerger una realidad dramática, grave, importante, que afecta a un número importante de ciudadanos del Estado español, pero que al mismo tiempo ha estado, al menos hasta ahora, en la periferia de buena parte de las políticas públicas básicamente asistenciales de nuestras administraciones públicas por lo que hace referencia al apoyo a las familias de estas personas afectadas por el daño cerebral.
Estamos hablando de un segmento no menor de la población, personas que padecen este daño cerebral no como resultado de un mal nacimiento o de un proceso degenerativo, sino de un accidente de carretera, que por otro lado es el origen del mayor número de afectados por el daño cerebral, pero también por accidentes laborales, por accidentes deportivos y por otro tipo de enfermedades, por tumores, por pérdidas de oxígeno que afectan al cerebro, etcétera. Además, señorías, afecta a un segmento de población también joven. El 70 por ciento de los afectados de los que se tiene conocimiento están en la franja de edad entre los 14 y los 30 años.
Hoy buena parte de las familias que se ven afectadas por el daño cerebral se encuentran con que, si bien el proceso de atención sanitaria funciona bien, incluso funciona extremadamente bien, -en otras épocas hubiese llevado a la muerte de los afectados-, hoy en día estas situaciones se superan y esa persona termina sobreviviendo, aunque afectada por ese daño cerebral.
Pues bien, esas familias afectadas por esta realidad donde no encuentran el apoyo público es precisamente en su capacidad de rehabilitación o de incorporación a la vida cotidiana, a un posible puesto de trabajo; en situaciones más extremas, personas que quedan afectadas en su casa, sin ninguna capacidad de movilidad, de
operatividad, deben hacer frente ellas solas a esas situaciones. Fedace, la Federación Española de Daño Cerebral, insisto, viene planteando esta cuestión a los grupos parlamentarios. Afirma que el coste medio para una familia de atención a un afectado por daño cerebral se sitúa alrededor de los 3.600 euros al mes. Por tanto, un coste importante para familias muchas veces de clase media, familias modestas, que deben hacer frente a estas situaciones a través de un esfuerzo de toda la unidad familiar absolutamente desproporcionado sobre sus capacidades económicas o de otro tipo. En este contexto de ausencia de políticas públicas de apoyo a estas familias, mi grupo plantea la necesidad de realizar este estudio, orientado especialmente a obtener una foto veraz y real de la realidad del daño cerebral en España. Hoy las cifras que estamos manejando corresponden fundamentalmente a cálculos que se pueden hacer desde las entidades de afectados, desde enlazar informaciones relacionadas, por ejemplo, con accidentes de carretera, pero no existe un estudio riguroso, serio, científico, epidemiológico, que permita hacer emerger en su totalidad la realidad del daño cerebral. A nuestro entender, la realización de un estudio de estas características permitiría, por un lado, que las administraciones públicas tuviesen una buena foto de la realidad, pero también que nos permitiese a todos concienciarnos de la dimensión del drama que rodea al daño cerebral y que, por tanto, obligase al conjunto de las administraciones públicas a desarrollar las políticas necesarias de apoyo a las familias que se ocupan de estas personas discapacitadas, de estos también enfermos sin lugar a dudas.
Señorías, no deja de ser un absurdo que por un lado nuestras mejoras en las políticas de salud, en la ciencia médica, permitan evitar la muerte de muchos ciudadanos afectados por un accidente de carretera, por un accidente de trabajo, por un accidente deportivo, por una determinada enfermedad, y que en cambio nuestro sistema público, nuestro sistema de servicios sociales, nuestro sistema de rehabilitación no tenga los instrumentos necesarios para hacer frente a las consecuencias de estas situaciones sobrevenidas. Por tanto, desde la convicción de que este estudio puede ser útil para impulsar una política pública en esta materia, planteamos esta proposición no de ley. Además, nos ha llegado una comunicación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dirigida a Fedace en la que, en relación a esta iniciativa, la directora del gabinete de la señora Valcarce manifiesta su apoyo y su simpatía hacia esta iniciativa. Por ello mi grupo cree importante que aprobemos hoy esta proposición no de ley, que insta al Gobierno a realizar este estudio.
Creo que todos vamos a coincidir en que los afectados por el daño cerebral y las familias que les acompañan merecen esta movilización de recursos, que en el fondo es lo que plantea esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene, en primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la palabra don Armando González López.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: El Grupo Popular, como no podía ser de otra manera, está absolutamente de acuerdo con esta proposición no de ley que el Grupo Catalán plantea. Es conocido de todos, para hacer una buena planificación, la necesidad de tener los datos suficientes y poder dimensionar las necesidades que puedan existir ante cualquier tipo de problema. Es por eso que, conociendo también la opinión y el interés del movimiento asociativo, de todas las asociaciones que tienen que ver con el daño cerebral, debemos apoyar esta proposición no de ley. Si bien no existe ningún tipo de estudio fiable que nos pueda permitir conocer exactamente la dimensión que tiene el daño cerebral sobrevenido, se calcula aproximadamente una cifra de incidencia de cien mil personas al año, de las cuales del 3 al 5 por ciento se mantienen en estado vegetativo, en coma, y prácticamente el 50 por ciento es consecuencia de accidentes de tráfico, y de éstos un 40 por ciento incide en personas en edades muy jóvenes.
Por otra parte, sabemos que los recursos públicos que existen a nivel estatal y en toda España con respecto a la atención asistecial tan importante, que se basa fundamentalmente en lo que es la rehabilitación, es extremadamente escasa. Se puso en marcha en Madrid un único centro dedicado a esta cuestión, que es el Ceadac, por parte del anterior Gobierno; un centro con una capacidad de 120 plazas, pero que en estos momentos están operativas exclusivamente 30. También este centro tiene unos límites de edad, entre los 16 y los 45 años. Ello quiere decir que cualquier persona con daño cerebral sobrevenido, sea secundario a accidente de tráfico o a un daño cerebral vascular, que es también la segunda causa de esta patología, no tiene donde ser asistida, donde ser atendida, donde poder ser rehabilitada de una forma integral por parte de todos los profesionales que son necesarios, como médicos rehabilitadores, neurocirujanos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos clínicos, neuropsicólogos, logopedas, un largo etcétera. Sin olvidar también lo que es la preparación, la adaptación de una familia que de pronto se encuentra con una persona de su unidad familiar que necesita unas ayudas, unos cuidados, necesita unos cambios en la estructura de su domicilio, necesita un conocimiento de las ayudas, subvenciones, normativas que existen para esta cuestión, y esta es fundamentalmente la aportación que tienen estos centros.
Por ello el Grupo Popular no sólo apoya esta proposición no de ley del Grupo Catalán en la que insta al Gobierno a la realización de un estudio epidemiológico sobre el daño cerebral, sino que presenta una enmienda de adición, en la que se plantea que este centro de Madrid, el Ceadac, este centro estatal que depende del Imserso, en el plazo más breve posible pueda estar operativo al cien por cien para ir reduciendo la lista de espera. Para elcentro de Bergondo, que en su día fue creado también por el anterior Gobierno y que iba a ser
inaugurado en marzo, coincidiendo con las elecciones -por este motivo no se inauguró, por lo que no está operativo en estos momentos- tratamos de conseguir el respaldo del resto de los grupos para que se pueda poner en marcha y esté operativo para esta patología,por la incidencia tan importante que tiene en toda España. También es necesario plantearse que se debe hacer con todas las personas con daño cerebral sobrevenido que no están incluidas en lo que es la atención del Ceadac, es decir, las personas menores de 16 años, las personas mayores de 45 años y las personas en coma, a fin de buscar una salida a esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: En primer lugar, quería hacer una definición de lo que puede ser el daño cerebral sobrevenido o adquirido, que incluye una serie de secuelas de lesiones del parénquima cerebral de distintas causas, no sólo traumáticas sino vasculares, infecciosas, neoplásicas, tóxicas y de distintos niveles de gravedad. Una de sus características más peculiares es su origen, frecuentemente agudo, y la naturaleza de su carácter residual y no progresivo, que, independientemente de su causa, determina unas necesidades de asistencia especializada, fundamentalmente relacionadas con la rehabilitación e integración de los pacientes. El concepto no está relacionado con la edad del enfermo, y en sentido estricto la causa más frecuente de daño cerebral sobrevenido es la enfermedad cerebro vascular; pero la frecuente afectación de jóvenes, la exigencia del tratamiento, hacen que el término se refiera preferentemente a graves lesiones encefálicas en enfermos de edad menor de 65 años, cuya causa más importante en nuestro entorno es el traumatismo craneal, y más concretamente el producido en los accidentes de tráfico.
En el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral, Ceadac, creado en el 2002 y dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hubo un servicio de referencia que constituye un recurso sociosanitario público para rehabilitación integral e intensiva de personas con lesiones cerebrales adquiridas, y tiene, entre otros cometidos, la promoción de estudios, investigaciones o experiencias piloto referidas a este colectivo. Restringe su atención a pacientes de edades comprendidas entre los 16 y 45 años y constituye un paradigma de institución sanitaria monográficamente orientada a esta patología. Asimismo, en el marco del Plan de estudios del Imserso para el 2005 está prevista la realización de un estudio que bajo el título de Personas con daño cerebral: situación y demanda sociosanitaria es continuación del que se publicó en el año 2000 con el título Y después del accidente, ¿qué?
La propuesta que hoy aquí se trae hace referencia a un estudio epidemiológico de daño cerebral sobrevenido y se acompaña de un propósito explícito: definir adecuadamente las acciones que habrían de constituir un plan integral de atención, es decir, planificación de la asistencia sanitaria y no prevención del daño cerebral sobrevenido. En dicho estudio se debe efectuar el análisis de las causas de esta discapacidad y su evolución en el tiempo, aspectos que resultan fundamentales a la hora de poner en marcha una adecuada política sociosanitaria en el desarrollo de los recursos adecuados para su planificación. Consideramos, además, las dificultades para realizar el citado estudio, puesto que la frecuencia del daño cerebral sobrevenido es mal conocida, ya que los estudios poblacionales se refieren habitualmente a lesiones cerebrales por causas como lesiones cerebrales traumáticas o enfermedades cerebrovasculares.
Componentes importantes en el daño cerebral sobrevenido, fundamentalmente el de origen traumático, han sido propuestos por la Organización Mundial de la Salud como susceptibles de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, el estudio aquí propuesto supondría la obtención de información de origen hospitalario a partir de diversos códigos, diagnósticos de alta hospitalaria, registrados en el conjunto mínimo de datos básicos, seleccionados en combinación con indicadores de gravedad de enfermedad como son ingresos en UCI, duración del servicio en ingresos de agudos, etcétera, y posteriormente validado con un indicador personal de discapacidad obtenidos de una serie limitada de pacientes y centros.
La existencia de servicios como los referidos al centro estatal anteriormente mencionado, con acceso seguramente limitado y listas de espera, podría proporcionar una idea de la necesidad no satisfecha de los mismos. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, contiene diversas previsiones relacionadas con el contenido de la presente proposición. De acuerdo con su artículo 64, el Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos competentes de las comunidades autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y en colaboración con las sociedades científicas, elaborarán planes integrales de salud sobre las patologías más relevantes que supongan una especial carga sociofamiliar, garantizando una atención sanitaria integral que comprenda su prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Como conclusión a todo lo expuesto, entendemos que la propuesta puede resultar de interés, aunque consideramos que la redacción del texto no es la idónea, ya que establece un plazo de tiempo excesivamente corto para las dificultades que conllevaría la elaboración del citado estudio, y lo que es más importante, obvia al Consejo Interterritorial, lugar y foro indicado para proponer actuaciones específicas en el conjunto del sistema. Por otro lado, quiero decir que los estudios epidemiológicos, máxime cuando se intenta que sean una realidad de lo que ocurre a nivel nacional, deberían ser multicéntricos y no limitados a dos centros específicos, como sería el de Madrid y el de Galicia, sino realizarlos a nivel de todo el Estado español, para conocer la realidad
específica de lo que ocurre en daño cerebral sobrevenido en toda España, porque si solamente se realizan en Madrid y en Galicia tendremos una visión bastante parcial. Si lo que se precisa es optimizar los recursos y racionalizar el uso de los centros, lo que necesitamos es un estudio multicéntrico de todos los centros a nivel del Estado. Por lo tanto, incorporamos una enmienda a la citada PNL que sería: El Congreso de los Diputados insta a que el Gobierno proponga, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, a las distintas comunidades autónomas, y previa consulta con el movimiento asociativo de personas con discapacidad articulado en torno al daño cerebral sobrevenido, la posibilidad de elaborar un estudio epidemiológico multicéntrico sobre el daño cerebral sobrevenido, para conocer la incidencia y el alcance de esta causa de discapacidad en el plazo de tiempo más breve posible.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición?
A los efectos de aceptación o rechazo tiene la palabra, en nombre del grupo proponente, don Carlos Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, se han planteado dos enmiendas, una de ellas del Grupo Socialista orientada a precisar de manera más correcta los términos de la petición que el Congreso formularía al Gobierno en esta materia. La intervención de la portavoz del Grupo Socialista ha sido suficientemente clara para que mi grupo no tenga ningún problema en incorporar su enmienda, a efectos de poder canalizar de manera adecuada la necesidad de efectuar este estudio.
Por otro lado, la enmienda que nos plantea el Grupo Popular aborda otra cuestión que afecta a esta problemática. Una hace referencia a la operatividad del Ceadac, y la otra a la puesta en marcha de este centro de Bergondo, en A Coruña. Mi grupo incorporaría en forma de transaccional la enmienda del Grupo Socialista en su literalidad, e incluiríamos un segundo párrafo en el que diríamos lo siguiente: Asimismo se insta al Gobierno a impulsar la operatividad del Ceadac, situado en Madrid, así como a poner en funcionamiento el centro de Bergondo, situado en Coruña.
Con esta propuesta recogeríamos también claramente el espíritu de la enmienda del Grupo Popular y en su literalidad la propuesta del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Acepta el Grupo Parlamentario Popular la enmienda transaccional? (Asentimiento.)
- SOBRE EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA LENGUA DE SIGNOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000128.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos por tanto al punto 3 del orden del día, sobre el reconocimiento oficial de la lengua de signos. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra doña Begoña Lagasabaster.
La señora LAGASABASTER OLAZÁBAL: Planteo en esta Comisión esta iniciativa que desde luego no es novedosa. Sus señorías conocerán perfectamente que esta cuestión ha sido planteada desde ya hace mucho tiempo de una u otra forma en el Congreso de los Diputados, tanto en Comisión como en el Pleno. Recientemente, la última iniciativa, yo creo que importante, presentada por el Grupo Socialista fue una proposición de ley sobre esta cuestión en noviembre del 2002. Creemos que sobre este tema es ya momento de avanzar y de tener realmente compromisos claros en relación a lo que se pretende, que es el reconocimiento oficial de la lengua de signo o las lenguas de signos, en la medida en que también en esta cuestión pueda haber diferentes matices al respecto. Desde nuestra perspectiva también ese reconocimiento oficial tendría que venir materializado en una plasmación en los textos jurídicos. Nosotros, es evidente, como luego señalaré, que entendíamos que parecía más lógico que tuviera el mayor nivel de protección jurídica, y por tanto estar inserto en el propio texto de la Constitución.
No se la oculta a nadie que es una razón de justicia, de necesidad para las personas que tienen problemas de audición, las que padecen sordera, y que necesitan recursos diferentes al lenguaje oral para poder comunicarse. Los datos estadísticos señalan que existen en el Estado español cerca de un millón de personas que tienen diferentes problemas de audición, problemas de sordera, de los que alrededor de cien mil requieren la utilización del lenguaje de signos para poder comunicarse con su entorno. Esta necesidad no solamente hace referencia a las personas concretas con este padecimiento, con esta situación, sino lógicamente también a las personas que están en su entorno, ya sean familiares, educadores, que necesitan y deben utilizar también este recurso diferente al lenguaje oral, que es el que se utiliza normalmente.
Esto supone que exista una necesidad de reconocimiento, una necesidad de plasmar este ofrecimiento en todos los ámbitos para que estas personas tengan las mismas posibilidades de desarrollar, de tener una vida normalizada en relación a su propio ocio, en relación a su propio trabajo, en relación a la educación o en relación a la sanidad. Podríamos citar algunos aspectos en los que son necesarios.
La cuestión que planteamos es ese reconocimiento oficial, y nosotros lo trasladábamos a ese nivel máximo de protección al incluirlo en el propio texto constitucional. Esto no es algo diferente a lo que ya se ha hecho en algunos países de nuestro entorno; por ejemplo, la Constitución reconoce la lengua de signo en Finlandia, la Constitución alude a ella en Portugal. Si atendemos a otro tipo de regulación jurídica que no esté en la Constitución, pero sí de reconocimiento oficial y regulación
legal, podríamos encontrar que hay legislación específica en la República Checa, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega. En este momento hay países en los que se están produciendo propuestas de reconocimiento legal, como Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Islandia, Holanda, Gran Bretaña, Irlanda y Grecia. También si vamos más allá del entorno de Europa podemos encontrarnos con países con legislación específica en Canadá, en Colombia, Estados Unidos y Uruguay. Es decir, lo que estamos pidiendo es, además de una necesidad básica, un reconocimiento oficial, una regulación por ley, que para nosotros -vuelvo a decir- entraría en esa máxima protección. Entendemos que es algo que se está produciendo en todos los países de nuestro entorno, más cercanos en Europa, pero también en otros países. Además, la Asamblea del Consejo de Europa, como se señala en la proposición, ha recomendado que se produzca ese reconocimiento oficial de esas lenguas de signos, por ser las lenguas propias de las personas con sordera, que deben utilizarla. Aquí es evidente que hay una cuestión relativa a las lenguas de signos. Podemos entender que puede haber distintas lenguas de signos o hay otra corriente con distintas variables a la hora de realizar el contenido propio de esa lengua de signo.
Nosotros entendíamos que esto era posible y planteábamos esta iniciativa en el mes de junio.
Esta es una iniciativa que Eusko Alkartasuna ha planteado en diferentes Parlamentos. En el Parlamento de Navarra se debatió en el mes de septiembre y el 16 de septiembre de este mismo año ha sido aprobado el texto literal de lo que hoy nosotros presentamos. En relación a este tema creo que se ha avanzado, y lo voy a decir sinceramente, respecto a lo que podía existir desde la última legislatura, y nos congratulamos de que en octubre, también después de la presentación de nuestra iniciativa, en el Senado, aunque no fue en el Congreso de los Diputados, por primera vez se utilizó en una comparecencia de la secretaria de Estado la lengua de signo. Nos parece importante. Ya el Gobierno parece que en esa comparecencia recoge la necesidad de la regulación legal porque es coherente con los propósitos y posicionamiento del propio Grupo Socialista, que ya lo había planteado, como decía, en una proposición de ley. Pero nos parece que en este momento en el Congreso de los Diputados los grupos parlamentarios podían establecer ese reconocimiento oficial a fin de instar al Gobierno para que en un plazo determinado se produzca esa necesidad de regulación legal. Vuelvo a decir que sería conveniente también que figurara en la Constitución, como en otros países lo han hecho; es decir, no somos los primeros que lo pedimos, ya hay países en Europa que lo han hecho, pero en todo caso estaremos y hemos estado abiertos a las conversaciones con otros grupos para poder llegar a una transaccional.
Para nosotros lo importante en este momento sería, primero, reconocimiento oficial a través de una regulación jurídica, a través de una regulación por ley, y también sería muy importante que se recogiera un plazo concreto para que este tema ya pueda entrar en el camino de su desarrollo y no de las peticiones y solicitudes de reconocimiento. Estas serían nuestras pretensiones para poder llegar a la transaccional. No voy a hablar, si le parece al presidente -o si lo considera oportuno sí lo haría-, del acuerdo que hemos llegado al final, pero en todo caso esta es nuestra pretensión, que ya es conocida en esta Cámara, porque no somos el único grupo, como es lógico; hay otros que también están en esta misma iniciativa, en esta misma dinámica, y nos gustaría que el día de hoy fuera el momento en el cual al menos en el Congreso de los Diputados hubiera una concreción en relación a esta necesidad y a ese plazo.
Entendemos que puede haber también el matiz de las distintas lenguas de signos o la lengua de signo, pero esto quedaría para los expertos y para aquellos que lo conocen bien, para ver cómo se tiene que determinar si es lengua de signo o lengua de signos, en atención a los diferentes matices y contenidos que se producen en relación a su utilización en diversas naciones.
El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, si me lo permite, desearía intervenir.
El señor PRESIDENTE: ¿Sobre este punto?
El señor TARDÁ I COMA: Sí.
El señor PRESIDENTE: Le daré la palabra dentro de un momento para fijar posición.
El señor TARDÁ I COMA: Lo que sucede es que tengo que estar en otra Comisión.
El señor PRESIDENTE: Si no tienen inconveniente los grupos enmendantes, le daría ahora la palabra para que fijara posición. ¿Hay algún problema por parte de los portavoces de los grupos enmendantes? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMAS: Muy brevemente, dos minutos. Tal como ya ha anunciado la diputada Begoña Lasagabaster, queríamos remarcar que en Cataluña hay en estos momentos 12.000 personas sordas. No tengo las cifras referidas al País Valencià y a las Illes Balears, pero hay 20.000 usuarios de la lengua de signos catalana. Ignoro las cifras de otros territorios de los països catalans, pero deberíamos sumarlas. Creo que vamos por buen camino porque, si no estoy equivocado, la señora Amparo Valcarce prometió que serían reguladas por ley todas las lenguas de signos. Teniendo en cuenta cuál es el arduo trabajo que han llevado a cabo tanto el Centro de Estudios de la Llingua de Signes Catalana como los pedagogos de esta entidad sería un gran progreso, para evitar problemas a las personas discapacitadas, que se reconociera que en el Estado español hay la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Repito que existe una lengua de signos catalana que
es usada por 20.000 personas solamente en Cataluña, a los que habría que sumar los usuarios en el País Valenciá y en las Illes Balears.
El señor PRESIDENTE: El señor Tardá ha fijado posición en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Ahora van a intervenir los grupos enmendantes.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Teófilo de Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: La intervención que hoy hago en nombre de mi grupo pretende no solamente valorar la iniciativa que ha presentado el Grupo Mixto, sino también hacer una explicación del contenido de la enmienda que presentamos en el día de ayer, cumpliendo lo establecido en el Reglamento.
Como antecedente sería bueno que la Comisión reflexionara sobre esta materia. Para nosotros el tema que se plantea en este punto de la Comisión, el reconocimiento de la lengua de signos, no es nuevo en esta Cámara y tiene una gran trascendencia para las personas con discapacidad auditiva, para el colectivo de los sordos. Sería justo reconocer que mi grupo parlamentario -y no hay más que revisar la historia del Congreso de los Diputados en los últimos 8 años, incluso en la última etapa en la oposición, antes de 1996- ha sido beligerante, y utilizo esta palabra como eliminación de las barreras de comunicación. Hemos reconocido siempre en todo debate y en toda iniciativa que acabar con las barreras de comunicación es un requisito fundamental para la exposición de motivos de que el sordo pueda integrarse en la sociedad. Tal y como señala la exposición de motivos de la proposición no de ley sometida a trámite acabando con las barreras de comunicación mejoramos las oportunidades del sordo y mejoramos también su calidad de vida. En este punto coincido sin lugar a dudas con la señora Lasagabaster. Conseguir este objetivo, que como digo está en nuestro ánimo desde hace muchos años y que como después veremos se ha materializado en muchas iniciativas y algunos objetivos se han alcanzado en los últimos años a iniciativa de mi grupo, no es exclulsivamente producto del conocimiento de la lengua de signos, sino que es necesario un tratamiento multidisciplinar. El reconocimiento solo de una determinada forma de expresión no puede conseguir el objetivo que la señora Lasagabaster y yo compartimos en este momento. Creemos que hay que actuar en muchísimos frentes. Por ello, hemos actuado en el ámbito de la educación, cuidando especialmente el contenido de la Ley de Calidad de la Educación en lo que se refiere a atención y a aprovechar los recursos de las personas afectadas por discapacidad en el sistema educativo; en la Comisión de Control de RTVE nuestra presión ha sido constante no solamente para incrementar la programación especial dedicada al mundo del sordo, sino también para subtitular el mayor número de programas de la parrilla. Hemos mejorado sustancialmente en los últimos años el conjunto de horas subtituladas que TVE emite en los distintos canales, y en este momento estamos presionando para conseguir mejores resultados en audiodescripción de los contenidos de Televisión Española. Ya que estamos hablando de televisión, recuerdo debates promovidos por mi grupo en la Comisión de Ciencia y Tecnología en la legislatura pasada, en donde intentamos establecer una relación directa entre la renovación de las licencias para los operadores de televisión y la presentación por los candidatos a ser renovados de un determinado conjunto de programas y programación dedicada al mundo del sordo y subtitulada. También hemos cuidado que en determinados ámbitos estrictamente públicos, como el de la Administración de Justicia, las especiales características del sordo, las dificultades de comunicación, fueran contempladas, garantizando el derecho a la justicia a todo ciudadano. No debemos olvidar que si hoy en día en este país se están financiando los audífonos, que es un instrumento fundamental para evitar el aislamiento del sordo, es debido a una iniciativa de este grupo parlamentario en la legislatura de 1996, cuando estaba en minoría, y que se está poniendo en marcha ya un plan de detección precoz de la sordera, porque atajar cuanto antes la deficiencia auditiva es fundamental para la recuperación e integración de la persona que tiene esta minusvalía. No debe de pasar mucho tiempo desde que un niño nace y se detecta una disfunción en este ámbito, para que pueda tener mayores oportunidades y mayores garantías de integración.
El elenco de iniciativas que mi grupo ha presentado, demuestra, nuestro real y firme compromiso con el objetivo de la integración del sordo y la eliminación de las barreras de comunicación. Espero que los grupos parlamentarios reconozcan en el análisis que voy a hacer a continuación la honestidad de este grupo parlamentario al acercarnos a este problema, de gran magnitud.
Como la señora Lasagabaster ha explicado al analizar la proposición no de ley sometida a debate, pretende la modificación de la Constitución en su artículo 3.1, el reconocimiento oficial de la lengua de signos, y que, derivado de ese reconocimiento, se adapte nuestro cuerpo legislativo a aquella reforma. El tercer punto de la iniciativa propone que las administraciones públicas adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos que la Constitución reconoce a todas las personas, al sordo también.
En los términos en los que está planteada esta proposición no de ley tal y como ha explicado la representante del Grupo Mixto, es muy similar a la, que el Grupo Socialista presentó en Pleno, hace dos años, en la que yo intervine como portavoz de mi grupo.
Nuestra valoración del planteamiento que hoy se reafirma a través de una proposición no de ley, tal y como ha quedado expresado, parte de dos supuestos: primero, la integración social de los discapacitados no solamente es un mandato constitucional, sino que a
nosotros como miembros del cuerpo legislativo del país nos corresponde ser sensibles y responsables e impulsar cuantas medidas sean convenientes para conseguir el objetivo; segundo, en el mundo del sordo eliminar la barrera de comunicación es algo fundamental. Partiendo de esas dos premisas iniciales, las dudas que mi grupo tenía y que yo transmití al Pleno en aquella sesión de 2002 en este momento no han sido despejadas.
Entre las personas con discapacidad auditiva hay que distinguir aquellos que tienen la disfunción por nacimiento de aquellos que la tienen sobrevenida, porque es algo muy especial y significativo en todo lo que puede dificultar la integración del sordo. No es lo mismo que una persona oyente pierda de repente la audición a otra que nace sin el sentido desarrollado; es un matiz muy importante. La señora Lasagabaster señalaba que del total de un millón de personas afectadas por discapacidad auditiva, un 10 por ciento podría recurrir a la lengua de signos. Es un dato a tener muy en cuenta para que la Comisión vote de forma responsable.
Quiero matizar que en el mundo del sordo no existe unanimidad completa en el planteamiento literal de la proposición no de ley del Grupo Mixto.
Existe cierta representación del mundo del sordo, personas afectadas por el problema que consideran que la lengua de signos, igual que los audífonos o los implantes, son medidas que permiten al sordo romper esa barrera, y comunicarse con su entorno y mejorar sus oportunidades y prosperar. En esos términos, es justo reconocer la pluralidad. A mí me gusta mucho más la pluralidad que la dificultad para optar.
Otra de las dudas que en aquel debate en Pleno yo transmitía a la Cámara es que pretendemos que la persona sorda pueda comunicarse, trabajar, gozar del ocio, de la cultura, tener mejor calidad de vida y prosperar con la misma intensidad que una persona oyente. Nadie me ha sabido explicar si el reconocimiento de la lengua de signos va a significar que para comunicarme con una persona sorda, puede reclamar exclusivamente el uso de la lengua de signos, en cuyo caso, en lugar de facilitar la integración, estaremos dificultando la integración. Lo que debemos hacer aquí es intentar que se pueda comunicar con sordos y con oyentes en las mejores condiciones para evitar cualquier limitación que pueda perjudicar su integración y su desarrollo. Otra cuestión que no se resolvió en aquel debate ni en éste es cómo se puede garantizar que, reconocida la lengua oficial de signos, quien ejerza ese legítimo derecho puede ver satisfechos sus derechos constitucionales cuando, por ejemplo, acude a un servicio público como la educación, la cultura, la justicia o la sanidad; cuáles serían las necesidades de los servicios públicos para atender convenientemente el derecho.
Todas estas reflexiones no son palos que quiero meter en la rueda para dificultar la integración de los sordos ni acabar con las barreras de comunicación. Lo que quiero es que la Comisión vote con responsabilidad y que todos tengamos muy presente que ante una carencia de esta naturaleza, que en muchas ocasiones ofrece una visión menos favorable de un futuro mejor, que es para lo que todos estamos sentados aquí, con personas que tienen un problema de esta naturaleza hay que ser muy responsables, no hay que jugar con falsas expectativas ni hacer gestos que no puedan ser continuados de forma satisfactoria.
Como consecuencia de este análisis, mi grupo ha presentado una enmienda que nos gustaría fuera aceptada por la señora Lasagabaster. No voy a leerla porque ya ha sido presentada y los grupos que van a votar la conocen, pero pretende reafirmar la voluntad de la Cámara para continuar trabajando por la integración social del discapacitado como un derecho inexcusable, como un compromiso firme de todos los grupos. En segundo lugar reconoce la necesidad, en el mundo del sordo, de continuar trabajando de forma multidisciplinar o en distintos frentes para eliminar las barreras de comunicación. En tercer lugar reconoce que junto con otros instrumentos o medios de comunicación, y dependiendo de la voluntad del afectado, la lengua de signos es un instrumento de gran utilidad: Quiero destacar en este punto que no podemos pasar por encima de la voluntad del afectado ni de los consejos de los especialistas. Y, por último, que se realice por el Gobierno un informe en el que se evalúen las consecuencias que tendría en la legislación vigente, en los derechos individuales y colectivos del sordo al que se le hubiera reconocido la lengua de signos. Asimismo sería conveniente que en un ámbito muy concreto, el mercado laboral, ese informe contemplara las consecuencias que tendría la incorporación al mercado de trabajo de los discapacitados en general, en el caso que nos ocupa, del sordo. Es un camino muy directo a la integración social, le permite relacionarse con su entorno, le evita estar aislado y le ofrece, a él y a su entorno familiar más próximo, una garantía de seguridad en el futuro. Hay que ser extremadamente prudente para no perjudicar ninguna de las expectativas de incorporación al mercado laboral con medidas bienintencionadas que puedan tener efectos negativos. Antes de proceder a un reconocimiento, sea como lengua oficial o de cualquier índole, sería de obligado cumplimiento la elaboración de un informe con la participación de expertos, asociaciones y el Gobierno, sobre las distintas consecuencias que pudiera tener, partiendo de la base de que en los objetivos que han animado la actividad del Grupo Parlamentario Popular en estos últimos años que, como decía, eran la integración y la eliminación de las barreras de comunicación, estamos todos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Lucía Corral.
La señora CORRAL RUIZ: El Grupo Socialista está de acuerdo con el objeto final de la proposición no de ley que presenta el Grupo Mixto, pero también es
cierto que hay una cuestión, el punto 1, que no vemos viable, y es la modificación del artículo 3.1 de la Constitución española. El artículo 3.1 pertenece al título preliminar de la Constitución española, que define el modelo de Estado, la soberanía, el ordenamiento jurídico, los valores superiores, el modelo territorial, y entendemos que no cabe la modificación ni la inclusión de la lengua de signos en el citado artículo. Nos dicen los teóricos que la lengua de signos no es sino la expresión oral o escrita por el medio alternativo de los signos de las respectivas lenguas. Como tal, por supuesto, tiene un valor muy importante, constituye un lenguaje de expresión universal. No es patrimonio cultural de un determinado Estado o país, ni tampoco puede establecerse el deber de su conocimiento. Sin embargo, es cierto que el derecho a su uso tiene fundamento constitucional y hay artículos en la Constitución que así lo defienden, como son los números 14, 49 y 53 de nuestra Carta Magna.
Los puntos 2 y 3 de la proposición no de ley se detallan en la Liondau, Ley 51/2003, lde igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; ley que aprobamos en la legislatura pasada, el 2 de diciembre del 2003, que determina que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, el Gobierno regulará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad (artículo 10.1); dichas condiciones básicas se establecerán para cada ámbito o área, se adoptarán medidas concretas para compensar desventajas o dificultades, incluyéndose disposiciones sobre determinados aspectos. La letra c) dice: en particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación como sistemas de apoyo a la comunicación oral y lengua de signos u otros dispositivos que permitan la comunicación (artículo 10.2). Liondau, da un plazo de dos años para la entrada en vigor de estas medidas y dice que el Gobierno regulará los efectos que surtirá la lengua de signos española, con la finalidad de garantizar a las personas sordas y con dificultad auditiva la posibilidad de aprendizaje, del conocimiento de la lengua de signos y de su uso, así como la libertad de elección respecto a los distintos medios utilizables para su conocimiento en el entorno.
La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, en su última comparecencia en esta Comisión, de 29 de junio, dijo que la regulación de la lengua de signos garantizará a las personas sordas el apoyo que necesitan para poder acceder a los servicios públicos de información, el sistema legal y los medios de comunicación. Supongo que SS.SS. conocen que el Gobierno está avanzando en esta dirección y ha puesto en funcionamiento ya, después de diez años de demora, el Centro Español de Subtitulado. Leía hace unos días en una revista que la presidenta de la FIAPAS estaba muy satisfecha de esta iniciativa. No podemos olvidar que el subtitulado es imprescindible para el 90 por ciento de la población con disminución auditiva cuyo vehículo de comunicación es la lengua oral, ya que el 95 por ciento de los sordos -lo han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- nacen en familias de oyentes y por tanto esta es su lengua materna. El subtitulado no sólo posibilita el acceso a la información, a la cultura y al ocio, sino que en el caso de los niños también tiene un valor didáctico añadido.
Señorías, voy a terminar con las palabras de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, pronunciadas en el Senado el pasado día 4. Dice la señora Valcarce, en el "Diario de Sesiones": Vamos a regular por ley la lengua de signos, que es la lengua de muchas personas sordas que han optado en España por esta modalidad". Me consta -añadía- que ya se está trabajando con las federaciones, confederaciones y entidades del sector, y que pronto contaremos aquí con un anteproyecto al respecto.
Hemos tenido conversaciones previas con el portavoz del Grupo Mixto, y le hemos ofrecido una transaccional habida cuenta, como decía al principio, que estamos de acuerdo con el fundamento y con el espíritu de esta proposición no de ley, que dice que se garantizará de esta manera -queremos significar que se hará por ley, aunque no en el mismo ámbito de la ley- el derecho a las personas sordas o con discapacidad a educarse, formarse tanto personal como profesionalmente en la lengua que deseen, tanto oral como de signos, para permitir su inserción y participación en todos los aspectos de la sociedad en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía. Añadiríamos al acuerdo la elaboración de un informe en el que participarán los colectivos organizados de los afectados, de sordos o con discapacidad auditiva, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Del estudio de este informe se derivarían las bases para la formulación de una ley que de resolviera el derecho de las personas sordas o con discapacidad auditiva.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: El interés es común a todos los grupos parlamentarios, como no podía ser de otra manera, y lo que nosotros planteamos es el nivel jurídico de protección de derechos, para el que luego, lógicamente, tiene que haber un desarrollo y una práctica en las administraciones correspondientes que den cobertura al reconocimiento de derechos, si no cualquier derecho sería ineficaz. Hemos llegado a una transaccional con la enmienda del Grupo Socialista, explicativa en sí misma, que recoge dos pretensiones que nos parecen importantes ahora y en el mes de junio, cuando presentamos la iniciativa. La primera, que haya una regulación legal, nos agrada que
meses después plasmaran en la declaración de la secretaria de Estado en el Senado esta cuestión por lo que recogemos en esta transaccional. Segunda, que haya un plazo para realizar esta regulación. En esta transaccional entraría la necesidad que exponía el portavoz del Grupo Popular, el señor De Luis, que nos parece muy interesante, de que haya los informes precisos, se consulte con los expertos y se celebren las reuniones necesarias con las asociaciones representativas, que lógicamente son plurales -en la mayor parte de la vida las cosas son plurales- aunque nosotros añadimos que se debe regular legalmente, cualquiera que sea el contenido final de la ley, en la medida en que se ha debatido con los expertos, con las comunidades autónomas y con las asociaciones.
Leo la enmienda que hemos transaccionado con el Grupo Socialista y a la que pediríamos que los demás grupos se unieran. Dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo más breve posible, y no superior a un año, tras las pertinentes audiencias a los expertos correspondientes, reuniones con las asociaciones representativas de los intereses colectivos de personas sordas, así como representantes de las comunidades autónomas, elabore un informe que sea la base para el reconocimiento y regulación por ley de las lenguas de signos. Igualmente, dicho informe evaluará las necesidades y consecuencias que tendría para las distintas administraciones su implantación generalizada.
Trasladaremos a la mesa el texto correspondiente para que así conste en acta.
El señor PRESIDENTE: ¿Por parte del Grupo Socialista es aceptada la transaccional?
El señor PRESIDENTE: ¿Por parte del Grupo Popular?
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: La enmienda transaccional que ha leído la señora Lasagabaster se acerca bastante a la posición de nuestra enmienda, habla del reconocimiento de la lengua de signos como una forma eficaz para comunicarse con el entorno del mundo sordo; de un informe que contemple las consecuencias que de ello se pueden derivar tanto desde el punto de vista jurídico como real de satisfacción de los derechos; y, aunque nos reservamos hasta que veamos la literalidad definitiva de la enmienda, mi grupo va a apoyar la enmienda transaccional. Nos resta señalar a la portavoz del Grupo Socialista que ha hablado del centro de subtitulado y dice que está en marcha. Me alegraría enormemente de que así fuera porque en una pregunta escrita que hice al Gobierno, me contesta que no puede darme datos de los medios materiales y humanos disponibles para el centro de subtitulados. Si la información que S.S.
tiene es más reciente que la pregunta escrita que yo he obtenido del Gobierno a través de esta Cámara, me congratulo. El Grupo Popular ha recibido una información distinta.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000131.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IV: Proposición no de ley para adoptar las medidas adecuadas para que las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia puedan acceder a los lugares y servicios de uso público, así como a los transportes públicos. Para su defensa, y en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra don Miguel Ángel Heredia Díaz.
El señor HEREDIA DÍAZ: La Constitución española en su artículo 14 reconoce el derecho a la igualdad de todos los españoles ante la ley. Por su parte, el artículo 49 dirige un mandato a los poderes públicos para realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, a las que se prestará especial atención en el disfrute de los derechos que el título primero otorga a todos los ciudadanos. Este último precepto debe ponerse en relación directa con el apartado segundo del artículo 9 de la Constitución, con un mandato específico también a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integren sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan y dificulten su plenitud. En este contexto, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que el sistema de ayuda de perros guía se ha demostrado muy eficaz con las personas con discapacidad visual, pero no hay que olvidar otro amplio grupo de personas con otras discapacidades que utilizan perros de asistencia para su desenvolvimiento diario, a fin de garantizar o mejorar su autonomía personal y de la eliminación de las barreras con las que diariamente se encuentran. La utilización de perros de asistencia permite que las personas sordas, parapléjicas, tetrapléjicas, con esclerosis u otras discapacidades deambulen o permanezcan con las garantías que preceptivamente se establecen en la Constitución y en la reciente Ley 51/2003, garantizando de esta forma la participación de los ciudadanos con discapacidades en la vida política, social, económica o cultural.
Los perros de asistencia realizan labores de ayuda concreta como recoger cosas del suelo, tirar de una silla de ruedas, apagar y encender luces, marcar una llamada telefónica de emergencia, emitir un ladrido de aviso.
Dependiendo de las necesidades del propietario y el
adiestramiento recibido, un perro de asistencia puede realizar hasta una docena de tareas diferentes. Además de estas labores de ayuda, los perros de asistencia son ante todo un auténtico catalizador social, es decir, una persona discapacitada acompañada de perro de asistencia se relaciona más, se comunica más y desarrolla una vida social mayor, facilitando, como digo, su vida cotidiana. El perro puede tener mucha importancia como apoyo psicológico, ofrece cariño, juego, compañía, y además otra consecuencia positiva es que el dueño, al tener que salir a la calle más a menudo, se relaciona más y por tanto también mejora la calidad de los momentos de ocio, hace más ejercicio, etcétera. Parece lógico, por tanto, que los perros puedan acompañar a sus dueños al cine, teatro, instalaciones municipales y medios de transporte, es decir, a todos aquellos lugares a los que una persona de estas características, discapacitada, desee ir. Sin embargo, desgraciadamente esto no es así, en la mayoría de los casos se les impide el paso. En algunos países de Europa y en Estados Unidos las asociaciones de perros de asistencia llevan ya algunos años funcionando, y en España estamos hablando de un tipo de trabajo que está introduciéndose y hay muy pocos adiestradores profesionales para esta labor con experiencia, salvo los preparadores de los perros guía. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista demanda hoy aquí al Gobierno, a través de esta iniciativa parlamentaria, que se adopten las medidas adecuadas para garantizar a toda persona con discapacidad que tenga necesidad para su desarrollo personal el uso de perro de asistencia. Se insta al Gobierno a adoptar todas las medidas adecuadas en este sentido.
Esta propuesta no por modesta es menos importante, puesto que contribuye a facilitar la vida cotidiana de aquellos a favor de los que, conforme al artículo 49 de nuestra Constitución, los poderes públicos han de disponer las medidas necesarias para su integración social. Además, se halla en consonancia con el artículo 10 de la Ley de igualdad de oportunidades, de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, puesto que si no se permite el acompañamiento de perros en lugares, servicios de uso público y transportes públicos, se impide de forma no justificada el uso y utilización de tal entorno y servicios a determinados discapacitados, a los que se les colocaría en una muy grave situación de desigualdad.
Obviamente, esta medida habrá que ponerla en marcha en coordinación con las asociaciones más representativas de los discapacitados, y en especial del Consejo Nacional de Discapacidad, así como de las comunidades autónomas a través de la conferencia sectorial correspondiente, y de las corporaciones locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, conforme a la disposición final primera de la Ley 51/2003.
La iniciativa que hemos presentado los socialistas dice textualmente: Se insta al Gobierno a adoptar las medidas adecuadas para que las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia puedan acceder a los lugares y servicios de uso público, así como a los transportes públicos.
El Partido Popular ha presentado una enmienda a esta iniciativa, en la que parece hay un acercamiento. Propone incluir a la propuesta que hacemos los socialistas el siguiente texto: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las asociaciones más representativas de los discapacitados, y en especial del Consejo Nacional de la Discapacidad, así como de las comunidades autónomas a través de la conferencia sectorial correspondiente y también de las corporaciones locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se adopten... y continuaría la proposición no de ley del Partido Socialista. Confiamos en el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta propuesta que solucione un problema que afecta a miles de personas discapacitadas en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular tiene la palabra don Leopoldo Bertrand de la Riera.
El señor BERTRAND DE LA RIERA: Yo quisiera comenzar mi intervención haciendo algunas reflexiones sobre los perros de asistencia. Empezaría con tres preguntas. ¿Cómo puede un señor en silla de ruedas recoger la llave de entrada de su casa cuando al intentar abrir la puerta se le cae escaleras abajo? ¿Cómo escucha una madre sorda el llanto de su hijo en la cuna que está en la habitación cercana? ¿Cómo un ciego que quiere cruzar un semáforo y está solo, sin que nadie le pueda decir si está verde o está rojo, puede cruzar ese semáforo? La respuesta a éstos y otros problemas la tenemos en el apasionante mundo de los perros de asistencia y por eso yo quería hacer algunas reflexiones, muchas de las cuales ya hizo el diputado Heredia en estos momentos.
¿Qué es un perro de asistencia? Un perro de asistencia es un perro especialmente entrenado para dar apoyo físico y psicológico a su dueño.
La Organización Española de Perros de Asistencia le define como los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos o los brazos o las piernas de los señores que van en silla de ruedas. Con la compañía de un perro de asistencia se logra que las personas con discapacidad aumenten su autoestima, su autoconfianza, sus habilidades sociales, su afecto y sobre todo es un potente antidepresivo en personas que sufren trastornos físicos o psíquicos de cualquier índole. Los primeros perros de asistencia que se conocen son los llamados perros guías o perros lazarillos, denominación que no gusta nada a los miembros de la ONCE, prefieren llamarlos perros guía que perros lazarillos. Nacieron en la Primera Guerra Mundial, en el año 1916, cuando el doctor Stelling se dedicaba a amaestrar perros para tenerlos como exploradores o como armas en las contiendas. Terminada la guerra, aparecieron muchísimos ciegos y se dio la casualidad de que el doctor Stelling se encontraba en una clínica
con uno perro de guerra y un señor ciego lo cogió y se dio cuenta de cómo libraba los obstáculos y cómo lo sacaba a la calle. Allí nació el primer perro guía y la primera sociedad para adiestrar perros para ciegos. Con el tiempo se abrieron muchísimas escuelas de perros. En España tenemos en estos momentos dos escuelas muy importantes, una que se fundó en el año 1966, que se llama Club de los Leones, que está subvencionada totalmente por la ONCE, y la otra, que está en Boadilla del Monte, que es de la ONCE la finca, con una superficie de más de 100.000 metros cuadrados, donde no solamente adiestran a los perros, sino que los crían. Es un proceso larguísimo y costosísimo, y al final el perro y el dueño del perro se unen en una simbiosis que suele costar alrededor de 6 ó 7 millones de pesetas. La ONCE da gratuitamente esos perros a sus afiliados, a uno de los de los seiscientos y pico mil afiliados que tiene en estos momentos hay en España 600 perros guía. Se preparan del orden de 100 perros guía al año. En España tenemos sólo 600 perros guía.
Hay un tema muy importante, que a mí me lo comentaron en la ONCE. Hay que recordar que cuando un perro de ciego está trabajando no se le puede llamar ni acariciar, porque puede causar un importante accidente; se desconcentra y puede pasar una desgracia. Los tipos de perros guía son muy amplios. Hay perros de ciegos, que se llaman perros guía; perros de escucha; perros de sordos; perros de rescate, para algún desastre como un terremoto; perros de terapia, para los discapacitados; perros salvavidas y perros de silla de ruedas. Como dijo muy bien el señor Heredia, los perros hacen muchísimas funciones. Voy a repetir algunas: guía de ciegos, recoger objetos del suelo, abrir o cerrar puertas y cajones, avisar de ruidos, emitir ladridos de aviso, ayudar a subir bordillos o rampas, apoyo psicológico, tirar de las sillas, encendido de luces, búsqueda y localización, ayudar a acostarse, ayudar a desvestirse al usuario y, sobre todo, hacer compañía, proporcionar apoyo y alegrar la vida del dueño.
Hay muchísimos programas de perros y de caballos que en este momento no voy a citar, porque son muchos y sería muy largo. Vamos a contar en forma de cuento cuál es la legislación en materia de perros guías o perros de asistencia: Uva no es un perro cualquiera, es la perra de asistencia de Raúl. Ella es los oídos de Raúl, le avisa de ruidos tanto en casa como en la calle y Raúl quiere que Uva le acompañe a todas partes, al supermercado, al autobús, a su casa, a un teatro... Sin embargo, desgraciadamente eso no es así. En la mayoría de los casos se les impide el paso y esta falta de sensibilidad hace necesaria la existencia de legislación que regule este libre paso. No hay legislación para perros videntes, para perros que no sean de ciegos, para personas que ven con perros de asistencia. La Asociación de Perros de Asistencia de España hizo un intento en dos municipios, en Salamanca y en Cáceres, primer equipo que estaba trabajando. Pueden tener libertad de acceso a todo tipo de establecimiento. Esto, que parece algo sencillo de conseguir, en realidad no lo es, ya que la legislación española sólo está pensada para los usuarios de perros guías, es decir, para los ciegos. Y los equipos formados por personas con otra discapacidad, acompañados por un perro de asistencia, no tienen los mismos derechos que las personas ciegas acompañadas de sus perros guía. La mejor manera de conseguir el libre acceso será la legislación. Pero será a largo plazo. Por lo tanto, a corto plazo es mejor dirigirse a las comunidades o a los municipios y que ellos regulen el acceso de los equipos formados por una persona discapacitada y un perro de asistencia. Sin embargo, hay dos comunidades autónomas, que han legislado ya sobre perros de asistencia para personas con discapacidad, para permitir que toda persona con discapacidad -visual, auditiva, locomotora o de cualquier otra índole- total o parcial, que tenga necesidad o sea recomendable el uso de perros de asistencia, tenga el derecho al acceso, deambulación y permanencia junto con éste a todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales y demás espacios de uso público. Estas comunidades son la gallega y la valenciana, llegando incluso a multar con cuantías que oscilan entre los 150 euros y los 12.500 euros. Ambas leyes son del año 2003, la primera, del 26 de diciembre, y la segunda, de abril del mismo año. No tengo aquí los datos, pero por si a alguien le interesa, la de la Comunidad gallega es la número 10/2003, y la de la Generalidad Valenciana es la número 12/2003. Mi grupo presentó una enmienda de modificación que tiene el portavoz, de la que antes se habló, por lo que no me voy a detener en este tema.
Cuando estuve en la ONCE preparando este trabajo, estimé interesante lo que me decían allí: Los perros potencialmente peligrosos son similares a los perros de asistencia, porque tienen un peso superior a 20 kilos, un tamaño de la cabeza de no sé qué superficie y una altura determinada.
Temen que pueda interferir una ley con la otra, hecho que el legislador debe tener presente cuando legisle sobre los perros de asistencia.
Quisiera terminar con un pequeño relato muy reciente, de este año, de un señor de Santander, que muy bien podría llamarse: "Dos ruedas y ocho patas". El relato dice así. El camino es largo para cualquiera, pero para algunos lo es un poquito más. Lo que a unos les parece un obstáculo inocente, a otros les supone un abismo insalvable. Pero todos, y el Apóstol sería el primero en decirlo si pudiera, absolutamente todos, tienen que tener la oportunidad de llegar hasta Santiago (hasta Santiago de Compostela, se refiere). Para demostrarlo, un joven llevó a cabo una iniciativa singular: una silla de ruedas, dos perros de asistencia y buenos propósitos en la mochila. Se convirtió en peregrino sobre dos ruedas y ocho patas. Su objetivo: sensibilizar y abrir caminos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición? ¿El portavoz del Grupo Socialista autor de la proposición no de ley acepta la enmienda en los términos
que anteriormente expresó en su intervención? (Asentimiento.)
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. (Número de expediente 161/000294.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 5, presentada por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.
Para su defensa tiene la palabra el señor Tardá i Coma.
El señor TARDÁ I COMA: Seré breve. Nosotros actuamos por mandato y sugerencia de colectivos de invidentes que nos han hecho llegar esta demanda que estamos convencidos será compartida por todos los grupos aquí presentes. Debemos recordar que el invento del señor Braille fue una auténtica revolución cultural para los ciegos de todo el mundo, pues supuso la posibilidad real de alfabetización cuando la clase obrera luchaba por alfabetizarse y fuera de este proceso histórico quedaban los invidentes. Hay que contextualizar, pues, lo que representó el invento del señor Braille. Aunque los primeros beneficiados fueron las clases más favorecidas, en el transcurso del siglo XX todas las clases sociales pudieron beneficiase de él en la medida en que se socializó.
Actualmente sigue siendo básico para aprender a leer y a escribir y continúa aportando posibilidades que de momento no ofrecen -y aquí aparece el problema inmediato- las nuevas tecnologías. Esta proposición no de ley incide en que las nuevas tecnologías aportan contradicciones sobre hasta qué punto conviene o no intensificar el desarrollo del sistema Braille. La aparición en el mercado de aparatos con voz sintética, capaces de leer el texto en la pantalla de un ordenador y la información acumulada en el disco duro, los disquetes y scaners que nos acercan a los libros, agendas hablantes, relojes con voz, pueden parecer (de hecho hay gente que lo cree así) que el sistema de lectoescritura Braille ha caducado que es algo del pasado que ha sido superado. Sucede algo parecido a lo que ocurrió con la radio cuando surgió la televisión; parecía que aquélla iba a desaparecer, pero no ha sido así. Los mismo sucede con el sistema Braille y con los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías: no son excluyentes (y es importante destacarlo), de la misma manera que no lo son el bolígrafo y el ordenador. Es cierto que hay un sector de ciegos que tiene dificultades para leer el braille, porque se han quedado ciegos de adultos o porque su aprendizaje resulta dificultoso, pero existe otro colectivo de sordos ciegos para los cuales el tacto y el uso del sistema braille son fundamentales. Si se incorporara el braille en las cuestiones prácticas desde el momento de la producción de los bienes y servicios por parte de las empresas e instituciones muchas personas ciegas estarían motivadas a usarlo. Me refiero a este colectivo de personas que tienen problemas, por razones de salud o estrictamente culturales, para incorporarlo en sus aprendizajes.
No queremos renunciar a ningún recurso, ni antiguo ni nuevo, lo que deseamos es sumarlos. Hay una serie de aspectos que el braille resuelve mejor que otras iniciativas u medios tecnológicos. Podría mencionar unos cuantos, pero es de sobra conocido hasta qué punto dignifica la vida cotidiana de la persona invidente o con graves problemas de visión el hecho de ser conocedora del sistema de lectoescritura braille. La lista sería larguísima y no hace falta que las apunte. Quien debería tirar del carro -si se me permite la expresión-, son las administraciones públicas.
Papeletas electorales, guías de metro y autobuses, toda aquella información derivada de medios de comunicación de carácter público, museos, monumentos, planos, guías..., de la misma manera que hay un listado larguísimo de posibles usos en el ámbito privado, podríamos hacer una larga lista de aspectos susceptibles de ser tratados con el sistema braille que afectan al ámbito público y que servirían de motor, de catalizador, para que el mundo privado se lo tomara más seriamente.
Naturalmente, el proceso de normalización del sistema braille tiene que establecer prioridades, pero sin que esto signifique que se deba renunciar a su aplicación.
Resumiendo, podemos decir que el sistema braille presenta múltiples ventajas, puede resolver un gran número de barreras de comunicación de naturaleza muy diversa. Es, en general, una adaptación mucho más barata que otras excesivamente dependientes de las nuevas tecnologías. No es disyuntivo el reconocer el método de lectoescritura braille junto a las nuevas tecnologías, debe ser complementario. Nuestra proposición no de ley propone la realización de un estudio por parte de las administraciones públicas, que debería hacerse en seis meses. Si se considera un término demasiado corto, no tendríamos problema en aceptar otras propuestas. Con ese estudio avanzaríamos un paso, hecho que sería muy reconocido por aquellas personas que desgraciadamente tienen que hacer uso de este sistema.
El señor PRESIDENTE: En defensa de las enmiendas presentadas, tiene en primer lugar la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, doña María Amelia Caracuel del Olmo.
La señora CARACUEL DEL OLMO: Señorías, permítanme que comience mi intervención mencionando la Constitución de 1978 y la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982, que desarrolla el artículo 49 de la Constitución, ya que ambas supusieron un impulso a la necesidad de articular políticas públicas que tuvieran como objetivo principal el garantizar el disfrute de los derechos reconocidos a todos los
ciudadanos, incluidos, por supuesto, las personas discapacitadas.
Pues bien, señorías, desde la aprobación de la Constitución, y gracias al trabajo del movimiento asociativo, al mayor compromiso de los poderes públicos, de los partidos políticos y de la sociedad en general, se han experimentado avances y progresos. Concretamente, en las legislaturas anteriores es mucho lo realizado en relación con la discapacidad en general desde todos los campos. Recordamos los programas específicos en las distintas incapacidades, los beneficios fiscales sobre la renta de las personas físicas o la nueva Ley de Propiedad Horizontal, que mejora las posibilidades de accesibilidad en la vivienda, u otros programas promoviendo la eliminación de barreras y accesibilidad. Tampoco deberíamos de olvidarnos de los acuerdos suscritos entre el CERMI y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Señorías, reconocemos todo lo que se ha hecho y somos conscientes de que todavía queda mucho por hacer.
Para el Partido Popular el colectivo de ciegos tiene gran importancia no sólo por su número sino también por las necesidades reales que tienen hoy de poder gozar de la plenitud de derechos que les reconoce la Constitución. Me voy a centrar en la proposición no de ley presentada por el Grupo de Esquerra. Reconocemos que las personas ciegas o con graves disfunciones visuales han encontrado en el sistema braille una oportunidad relevante desde hace muchos años, ya que la manera tradicional de acceso a la edición de textos escritos en tinta para personas ciegas ha sido la transcripción a braille desde su invención y difusión en los siglos XIX y XX. Sin embargo, y para decirlo de una forma lo más sencilla posible, mediante los avances tecnológicos posteriores, los contenidos de los textos pueden ser grabados hoy en soporte sonoro, también hacía alusión a ello el proponente. Por lo tanto, además de incrementar su independencia en todos los ámbitos, estos avances potencian cada vez más la capacidad de cualquier persona para ponerse en contacto con la cultura o el saber de su país o de otros países.
Señorías, según datos de la propia ONCE, son sólo 1.200 de los 60.000 ciegos afiliados los que hoy utilizan el sistema braille y también, y según el mismo colectivo, es necesario y prioritario no quedarse atrás.
De ahí que el esfuerzo deba de ir encaminado a emplear y fomentar las nuevas tecnologías. Por ello, los esfuerzos de todos, empezando por las propias administraciones, deben de ir en esta dirección, es decir, seguir trabajando y profundizando, por ejemplo, en la tiflotecnología, que es la parte de la informática que estudia todas aquellas adaptaciones y equipos específicos que permiten a las personas ciegas y deficientes visuales trabajar con sistemas de tipo informático y electrónico. Por ello, mi grupo presenta hoy una enmienda a la proposición no de ley del Grupo de Esquerra, enmienda en la que queremos dejar de manifiesto que nuestro acuerdo debe ser el de instar al Gobierno a seguir profundizando en el sistema braille, pero aún más, que se impulsa por las administraciones públicas la utilización de los nuevos medios tecnológicos como puedan ser los soportes digitales, el correo electrónico, las comunicaciones por red, etcétera, ya que permiten un acceso más rápido, y con frecuencia más eficaz, a las personas con discapacidad visual de la información que se le está dando hoy día a todos los ciudadanos.
Señorías, como he querido dejar de manifiesto en mi intervención, nuestra enmienda es más progresista, no se opone a la enmienda del PSOE ni tampoco a la propia proposición no de ley, sino que va más allá. Con la enmienda del PSOE y con la proposición no de ley nos seguiríamos quedando atrás, cosa, entre otras cosas, negativa para el pleno desarrollo de las personas ciegas, así como para la plena integración social de los ciegos y de las personas con graves disfunciones visuales, ya que no les estaríamos facilitando los medios adecuados hoy -y repito hoy- para avanzar al ritmo que las nuevas tecnologías están imponiendo en la sociedad actual, por lo que no estaríamos dando garantía plena a los ciegos para el disfrute de los derechos reconocidos por la propia Constitución y por la propia Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1988, que es, señorías, por donde empecé mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Corral.
La señora CORRAL RUIZ: Como queda recogido en la proposición no de ley del Grupo de Esquerra, el Grupo Socialista también apuesta por facilitar la máxima accesibilidad a las personas afectadas de ceguera o con visión reducida, considerando imprescindible para el derecho de su ciudadanía eliminar todas las barreras para favorecer su autonomía y su verdadera integración normalizada en la sociedad. Una vez más, como en la moción anterior, apostamos por el desarrollo de la Ley 51/2003, la Ley de igualdad de oportunidades y no discriminación. Esta ley, en el artículo 5 dice que, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas de dos tipos: medidas de no discriminación y medidas de acción positiva. Así, en el artículo 7 habla de las medidas contra la discriminación, las medidas que apuestan por eliminar todas las barreras; dice la ley que hay que hacer un diseño para todos y para todas, accesibilidad plena. En este sentido, propone hacer ajustes razonables en torno a los servicios, a las normas, también a las prácticas, atendiendo siempre a las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Esto, en relación a las medidas que dicta la ley contra la discriminación, pero también habla la ley en el artículo 9 de las medidas de acción positiva, de prestar apoyos complementarios de servicios auxiliares para la comunicación. En este contexto podríamos
situar perfectamente la proposición no de ley que presenta el Grupo de Esquerra Republicana. Aquí podríamos impulsar el sistema braille como código de lectoescritura para personas ciegas, promoviendo su uso en las administraciones públicas. Entendemos también que habría que avanzar en una atención personalizada a las personas afectadas del problema de ceguera o de discapacidad visual, atención personalizada que les permitiera realizar gestiones con más facilidad, complementar también escritos, etcétera.
No nos queremos olvidar de los discapacitados visuales que tienen un resto de visión aprovechable. En este sentido, también las Administraciones podíamos hacerles más fácil la comunicación, pues a través de formularios que pudieran leer con tinta impresa con letra de tipología de tamaño más grueso, con mayor contraste en el papel. Dentro de estas acciones positivas que contempla la ley, no nos podemos olvidar de las nuevas tecnologías. Insistiendo en la misma norma jurídica, el artículo 10 obliga al Gobierno a regular, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad. No nos cabe duda de que el Gobierno así lo está trabajando y así está avanzando. Por lo que respecta las administraciones públicas, aquí es donde está sin duda el ámbito de desarrollo, en concreto las administraciones más afectadas son la administración autonómica y también la administración local, porque en los pueblos y ciudades es donde se desarrolla la vida social y pública de los ciudadanos y allí es donde ejercen sus derechos y sus deberes fundamentales.
Esta ley, y aquí es donde solicitamos la generosidad del Grupo de Esquerra en relación a esta proposición no de ley, en su disposición final quinta habla de un compromiso de tiempo para llevar a cabo todas estas medidas, un tiempo de dos años que terminará a finales del 2005. En estos años el Gobierno se compromete a eliminar todas las barreras y a conseguir una accesibilidad plena a todas las oficinas públicas, a los dispositivos y servicios de atención al ciudadano, a todos aquellos que permitan la participación en los asuntos públicos, incluidos también los relativos a la Administración de justicia y a la participación en la vida política y en los procesos electorales.
Voy a hacer una mención muy breve, porque me parece un acontecimiento modélico, al convenio establecido desde hace ya casi diez años entre el Instituto de Educación y Ciencia con la ONCE, por el que se regula las bases sobre las que debe fundamentarse la atención educativa de las alumnas y los alumnos ciegos y deficientes visuales. Es un convenio marco que se hizo antes de que se produjeran las transferencias y que ahora se está repitiendo entre la ONCE y las diferentes comunidades autónomas con gran éxito. También existe otro convenio en el mismo sentido, en materia educativa, de formación permanente del profesorado, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la ONCE, que se renueva anualmente mediante adenda. Yo creo que tenemos una parte del camino andada.
Finalizo leyendo el final de nuestra enmienda, que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco de la regulación que deberá establecer conforme a lo previsto en la disposición final quinta de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, respecto a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en las relaciones con las administraciones públicas de las personas con discapacidad, reconozca e impulse el sistema braille como código de lectura y escritura de las personas ciegas promoviendo su uso en las administraciones públicas, a fin de que puedan acceder a la información que emana de ellas, en especial y prioritariamente aquella que sea de general cumplimiento o cuyo conocimiento garantice el efectivo ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, el Gobierno deberá promover la utilización de cualquier otro medio tecnológico que facilite dicha información a las personas ciegas o con visión gravemente disminuida.
Por parte del grupo proponente de la proposición no de ley, tiene la palabra, por Esquerra Republicana, a los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas propuestas, el señor Tardá i Coma.
El señor TARDÁ I COMA: Aceptamos la enmienda del Grupo Socialista y rechazamos la enmienda del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley que han sido debatidas. En primer lugar, sobre adecuación de la formación profesional a las necesidades de las personas con discapacidad.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 18; abstenciones, tres.
Segunda, relativa a la elaboración de un estudio epidemiológico sobre el daño cerebral sobrevenido, con las incorporaciones que se indicaron en su momento; se aceptó incorporar en su literalidad la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y la transaccional ofrecida, y aceptada, por el Grupo Popular.
Tercera, sobre el reconocimiento oficial de la lengua de signos, con las incorporaciones siguientes: enmienda
transaccional a la enmienda del Grupo Socialista y aceptada también por el Grupo Popular. (El señor De Luis Rodríguez pide la palabra.)
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Quizá, a efectos del "Diario de Sesiones", convendría corregir el título de la iniciativa, porque el reconocimiento oficial es reconocimiento y en esos términos va a quedar aprobado. No es una matización menor y es aclaratorio de lo que se va a votar.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay inconveniente por el grupo proponente?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: No tengo inconveniente, aunque me parece que lo que es importante es la parte dispositiva que es, en definitiva, lo que se aprueba. No es una cuestión casus belli. En todo caso, habría que hacer dos modificaciones, reconocimiento de las lenguas de signos, porque efectivamente en la parte dispositiva se ha modificado. No sería un solo cambio, serían dos cambios. A efectos de facilitar la tarea, lo que estamos aprobando es la parte dispositiva, no la expositiva, y el título, pero en todo caso no tendría ningún inconveniente en hacer esos dos cambios.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación en estos términos.
Cuarta, para adoptar las medidas adecuadas para que las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia puedan acceder a los lugares y servicios de uso público, así como a los transportes públicos.
Quinta, relativa al uso del sistema braille en las administraciones públicas, con la aceptación de la enmienda aportada por el Grupo Socialista.
Se suspende la sesión por diez minutos. Reanudaremos la misma a las 12,30 con la comparecencia del secretario general para las Administraciones Públicas. (Pausa.)
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (VELÁZQUEZ LÓPEZ), PARA INFORMAR DEL CONTENIDO DEL BORRADOR DEL REAL DECRETO QUE REGULA EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000112.)
El señor PRESIDENTE: Comparece el secretario general para las Administraciones Públicas, según el acuerdo adoptado por la Mesa en su reunión de portavoces del 19 de octubre de 2004. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta también su Comisión a don Francisco Javier Velázquez, que va a comparecer y a informarnos de acuerdo con la petición que en su momento el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) dirigió a esta Comisión.
Por tanto, tiene la palabra el señor secretario general para la Administración Pública.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Velázquez López): Doy las gracias al grupo parlamentario por haber propuesto mi comparecencia en un momento en que yo creo que hay proyectos interesantes sobre la materia y porque trasladar esta información al Parlamento puede ser de utilidad para todos. Les voy a hacer una exposición de carácter general y luego, con mucho gusto, me someteré a las preguntas de sus señorías.
Señoras y señores diputados, comparezco por primera vez en esta Comisión no permanente para las políticas integrales de la discapacidad para poner de manifiesto las actuaciones que desde la Secretaría General para la Administración Pública estamos llevando a cabo y también las que vamos a desarrollar en los próximos años, de cara a mejorar el acceso y las condiciones de trabajo en la Administración pública de las personas con discapacidad. En este ámbito de actuaciones se enmarca el proyecto de real decreto de acceso al empleo público de las personas con discapacidad que estamos elaborando.
En primer lugar, me gustaría expresar la importancia que tiene la creación de esta Comisión para impulsar medidas encaminadas a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las personas que padecen algún tipo de limitación tanto física, como psíquica o sensorial. Es una muy buena noticia que el Parlamento sea también un foro privilegiado sobre esta cuestión de tanta trascendencia social y que afecta en nuestro país a cerca de tres millones y medio de personas. Todos somos conscientes de que las especiales necesidades de las personas con discapacidad abarcan ámbitos muy distintos y a la vez complementarios entre sí. Es el caso de la accesibilidad universal para la eliminación de las barreras físicas, de comunicación, incluso psicológicas,
de la protección social, la salud, la asistencia sanitaria, la educación, la ayuda a sus familias y, en definitiva, la lucha con todos los medios posibles contra la discriminación y a favor de la igualdad de oportunidades. Entre estas necesidades que les acabo de enumerar he de hacer una especial mención al empleo. Los elevados índices de desempleo que acompañan a este colectivo dificultan aún más su integración a una vida activa e independiente. Y en este ámbito tenemos que recuperar el papel de las administraciones públicas como instrumento de equilibrio de las desigualdades sociales y como vehículo de satisfacción de necesidades de aquellas personas que no pueden satisfacerlas por sí mismas. De este modo estamos trabajando para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, así como sus condiciones de trabajo una vez que han accedido a las administraciones públicas.
Las cifras actuales sobre el número de personas con discapacidad al servicio de las administraciones públicas, al igual de lo que sucede en el sector privado, son muy reducidas y reclaman por sí mismas una intervención activa y urgente. No obstante, es muy difícil cuantificar su número y distribución a la Administración pública, ya que los datos sobre la discapacidad, al entrar en el ámbito de la privacidad de cada empleado, no figuran en los registros. Este es el caso del registro central de personal. Sin embargo, estimamos que tan sólo el 0,7 por ciento de los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas son desempeñados por personas con discapacidad. Estos datos negativos se han producido a pesar de las diferentes medidas legislativas y administrativas puestas en práctica en los últimos años, entre las que se encuentra la existencia de un cupo de plazas reservadas. La disposición adicional decimonovena de la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función pública, en su redacción dada por la Ley 53/2003, establece que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento, de modo que progresivamente se alcance el 2 por ciento de los efectivos totales de la Administración del Estado. El sistema utilizado para el cumplimiento de esta disposición legal es la reserva en cada convocatoria del número de plazas que se determine. Posteriormente, las plazas reservadas a este cupo que no se cubran se acumulan a las de ingreso libre. La distribución entre los distintos cuerpos, escalas y categorías del 5 por ciento de las plazas reservadas las realiza el Ministerio de Administraciones Públicas, informándose de las mismas el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Una vez determinada dicha distribución, el número de plazas reservadas queda recogido en las bases de las correspondientes convocatorias de los procesos selectivos. En consecuencia, la reserva se refiere globalmente a las plazas de nuevo ingreso recogidas en la oferta de empleo público y no a las plazas incluidas en cada convocatoria específica. De este modo la reserva se concentra en aquellos cuerpos o escalas cuyos integrantes normalmente desempeñan actividades compatibles en mayor medida con la posible existencia de una discapacidad. En las diferentes convocatorias de la oferta de empleo público para 2004 se han reservado 269 plazas del total de las 5.329 convocadas, lo que supone un 5,05 por ciento.
Otra de las medidas que se viene poniendo en práctica es la exención del pago de la tasa por derechos de examen. Así, las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, accedan o no por el cupo de reserva, están exentas del pago de la tasa por derechos de examen por participación en pruebas selectivas, recogiéndose esta exención en las correspondientes convocatorias. Por otra parte, el artículo 19 del Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado prevé la adaptación de las pruebas en tiempos y medios. Así, los interesados deben formular una petición concreta de adaptación de las pruebas y los motivos que la justifican.
Esta posibilidad no se circunscribe únicamente a los aspirantes que participen por el cupo de reserva, sino que también pueden solicitarlo los aspirantes con grado de minusvalía inferior al 33 por ciento o los que teniéndolo superior no participen por el cupo de reserva. La previsión de la adaptación se extiende no sólo al desarrollo de los ejercicios de la fase de oposición, sino también al curso de formación o período de prácticas que pudiera prever cada convocatoria. Por último, a la hora de la incorporación al puesto de trabajo, cada departamento ministerial se encarga de la adaptación de aquél, una vez que ha superado el proceso selectivo el funcionario correspondiente.
Sin embargo, las medidas señaladas no han dado los resultados esperados y la plena integración en la Administración pública de las personas con discapacidad está lejos de ser una realidad. El cupo de plazas reservadas sólo ha alcanzado el 5 por ciento en la convocatoria de 2004, como consecuencia de la modificación realizada mediante la Ley 53/2003, y pese a esa reserva, la práctica nos demuestra que no todas esas plazas son cubiertas con personas discapacitadas, ya que las vacantes del turno reservado se acumulan automáticamente a las plazas del turno libre. Esto sucede especialmente en las oposiciones a los cuerpos superiores y técnicos de la Administración. En el año 2003, tan sólo el 0,3 por ciento del total de los puestos ofertados para los grupos A y B de la Administración General del Estado fueron cubiertos por personas con discapacidad, mientras que para el grupo auxiliar el porcentaje ascendió al 3,4 por ciento, prácticamente el total de plazas reservadas para ese nivel de la Administración en el mencionado año 2003.
Por lo que respecta a la adaptación de tiempos y medios para la realización de las pruebas selectivas, pese a los avances producidos en los últimos años, tampoco se observa una aplicación fiel de la prescripción normativa existente al respecto. Entendemos que este
hecho puede explicarse por la inexistencia de un cuerpo legal específico destinado a este colectivo, el cual provocaría la concienciación de los gestores de recursos humanos de las distintas organizaciones públicas de que nos encontramos ante un personal con unas necesidades específicas para las que hay que responder con unos medios ajustados, de tal manera que se garantice la igualdad de oportunidades.
A la vista de estas disfuncionalidades, en el Ministerio de Administraciones Públicas hemos decidido elaborar un real decreto dirigido al fomento del acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Esta norma, como les detallaré a continuación, introduce medidas novedosas como, por ejemplo, la adjudicación de puestos de trabajo en los ámbitos geográficos solicitados. Otras medidas refuerzan obligaciones legales ya contempladas en las normas y armonizan en un solo texto disposiciones actualmente dispersas, lo que ha dificultado a veces su cumplimiento. El borrador de real decreto ha sido debatido con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el cual ha mostrado un apoyo claro a la promulgación de la norma.
Actualmente estamos ultimando los trámites administrativos, y una vez que el texto ya ha sido informado favorablemente por la comisión superior de personal, acaba de ser remitido al Consejo de Estado para que este órgano consultivo emita su dictamen preceptivo. Esperamos someter el texto para su aprobación al Consejo de Ministro el próximo mes de diciembre. El real decreto tiene por objeto fomentar la práctica de acciones positivas que favorezcan la igualdad de oportunidades, sin perjuicio de la igualdad de condiciones de acceso que debe imperar entre los candidatos a la hora de la cobertura de puestos de empleo público. Contempla el espíritu de la Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Esta norma comunitaria tiene también entre sus destinatarios a las personas con discapacidad y dispone medidas contra la discriminación y de garantía de la igualdad efectiva de oportunidades. La norma que estamos elaborando regulará el sistema de acceso al empleo público de las personas con discapacidad, entendiendo por tales lo que establece la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, es decir, aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. El acceso al empleo público se inspirará en todo caso en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de desventajas. La norma que proponemos refuerza la reserva en las ofertas de empleo público de un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, pudiéndose incluir las plazas reservadas dentro de las convocatorias de plazas de ingreso ordinario o convocarse -y esta es la gran novedad- en un turno independiente. El objetivo último es ir aproximándonos a esa ambiciosa cifra de ocupación del 2 por ciento de los efectivos totales de la Administración General del Estado. Como les decía, se podrán realizar convocatorias ordinarias con reserva de plaza para persona con discapacidad o convocatorias en turno independiente. En el caso de las convocatorias ordinarias, el Ministerio de Administraciones Públicas realizará la distribución de la reserva de plazas, dando preferencia y mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos, escalas o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñen actividades compatibles en mayor medida, con la posible existencia de una discapacidad. Una vez determinada dicha distribución, el número de plazas reservadas quedará recogido en la correspondiente convocatoria.
Con el fin de avanzar en el objetivo de la igualdad de oportunidades, en el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el cupo de reserva de personas con discapacidad superase los ejercicios correspondientes pero no tuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general. Por tanto, discriminación positiva. Además, si los puestos ocupados por las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del 3 por ciento en las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del 5 por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 10 por ciento. Esto supone eliminar, en la mayoría de los casos, la acumulación al turno libre de las plazas no ocupadas, hecho que tradicionalmente ha desvirtuado la finalidad del cupo de reserva. En cualquier caso, las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes, independientemente del turno por el que se opte.
Por lo que se refiere a las convocatorias en turno independiente para personas con discapacidad, se podrán realizar pruebas independientes no supeditadas a las ordinarias, en las que las plazas estarán reservadas a personas con discapacidad. Estas pruebas tendrán el mismo contenido y grado de exigencia que las que se realicen en las convocatorias ordinarias.
Otra de las novedades que introduciremos en el real decreto es la obligatoriedad de reserva de plazas en convocatorias por promoción interna. La reserva será no inferior al 5 por ciento de las vacantes.
Asimismo, la reserva de plazas se hará extensible a las convocatorias de personal temporal, siempre que éstas incluyan entre sus pruebas fase de oposición y se convoquen al menos 20 plazas en un mismo ámbito de participación. La norma que les vengo describiendo también persigue la aplicación generalizada de las adaptaciones técnicas y ajustes razonables que el desarrollo de cada proceso selectivo exija. Este es un factor básico para garantizar la igualdad en el acceso y de él han de ser conscientes tanto los diferentes sectores de pruebas selectivas, como los propios afectados. La adaptación de tiempos consiste en la concesión de tiempo adicional para la
realización de los ejercicios, de acuerdo con unos criterios generales que determinen esa adaptación. La adaptación de medios y los ajustes razonables consisten en la puesta a disposición del aspirante de medios materiales y humanos, de asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas y tecnologías asistidas que precise para la realización de las pruebas en las que participe, así como en la garantía de la accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle. La adaptación solicitada por el aspirante se concederá cuando la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.
Otra importante y novedosa medida que se introducirá en el real decreto hay que situarla en el marco de la adjudicación de los puestos de trabajo, una vez que se ha superado el proceso selectivo. Y es que el aprobado discapacitado podrá solicitar al órgano convocante la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas. De este modo, y siempre que el tipo y grado de la discapacidad así lo justifique, se otorga preferencia en la elección de destino a los aspirantes con discapacidad, evitándose así la inadecuación de una plaza que pueda incluso llegar a provocar la no incorporación al puesto de trabajo del candidato que ha superado las pruebas. También vamos a mantener la posibilidad de realizar adaptaciones de puestos de trabajo cuando la compatibilidad con el desempeño de las funciones acredite la procedencia de la adaptación. Dentro de las actuaciones que estamos llevando a cabo para favorecer la integración de las personas discapacitadas en la Administración pública, cobra una especial relevancia las del ámbito de la formación. Por ello, realizaremos las adaptaciones y ajustes razonables necesarios para que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad en los procesos formativos. Además, se podrán realizar cursos de formación destinados únicamente a personas con discapacidad. Esos cursos se ofrecerán en condiciones de accesibilidad y estarán dirigidos, bien a la formación de los trabajadores para el mejor desempeño de su puesto de trabajo, bien a la formación para apoyar la promoción desde puestos de trabajo reservados para personas con discapacidades específicas. Por otra parte, y como les decía anteriormente, la información de la que disponemos actualmente en materia de acceso y ocupación de personas discapacitadas en la Administración pública es escasa y poco sistematizada. Para poder evaluar correctamente el grado de cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado implantaremos un sistema de indicadores y registros que nos permitan disponer de información estadística exacta y actualizada.
Además del proyecto normativo que les acabo de exponer, y cuya aprobación, como les decía, se prevé para este próximo mes de diciembre, desde el Ministerio de Administraciones Públicas, en constante diálogo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, y con los propios afectados representados por el Cermi, impulsaremos toda medida tendente a eliminar la exclusión que, desde el punto de vista de las administraciones públicas sufren las personas discapacitadas. De este modo mejoraremos el grado de accesibilidad que ofrecen las administraciones, poniendo especial énfasis en la información vía internet, más concretamente en la información que ofrece el portal del ciudadano. Y no sólo pretendemos mejorar los servicios telemáticos sino que entendemos que esta vía ágil y transparente ha de convertirse en un cauce a través del cual las personas discapacitadas manifiesten sus demandas a la Administración, de modo que ésta pueda reaccionar con prontitud a dichas demandas. Desde este departamento también estamos estudiando las medidas que puedan aplicarse en ámbitos sectoriales concretos y que en función de sus resultados podían ser susceptibles de aplicación con carácter general. Es el caso del Plan Moncloa 5 por ciento, articulado en torno a medidas de empleo y de accesibilidad física e informativa.
Como conclusión, me gustaría incidir en los esfuerzos que estamos realizando para remover los obstáculos y condiciones limitativas con las que se encuentran las personas discapacitadas a la hora de acceder a la Administración. Su plena participación es posible, pero para ello hay que introducir los instrumentos necesarios que la hagan viable. Es el caso de las modificaciones que vamos a introducir en los procesos selectivos. Y no pretendemos conformarnos con la promulgación de una norma concreta, sino que además nos centraremos en la aplicación efectiva de esas normas y en la evaluación de sus resultados, de manera que seamos capaces de superar las disfuncionalidades que pudieran aparecer. Todo ello a través de un diálogo permanente con los representantes de las personas discapacitadas, con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el propio Parlamento a través de esta importante Comisión y con todas aquellas organizaciones afectadas por la transversalidad que inspira las políticas en la materia. Las acciones que desarrollemos darán cumplimiento al artículo 49 de nuestra Carta Magna mediante la prestación de una atención especializada que reconozca el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida y que, según las palabras del presidente del Gobierno, eliminen el déficit de ciudadanía al que están sometidas estas personas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), proponente de esta comparecencia, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señor secretario general, quiero que mis primeras palabras, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sean para darle la bienvenida a esta Comisión, para agradecer su comparecencia -que, como bien ha
señalado el señor presidente, había sido solicitada por mi grupo parlamentario- y no sólo las explicaciones que nos ha dado acerca del objeto de nuestra solicitud, que era el contenido de este borrador, sino también la mención expresa que ha hecho a la valoración positiva que a su juicio merece la creación de esta Comisión. Se lo agradecemos porque esta Comisión también fue creada precisamente a impulso de mi grupo parlamentario.
Coincidimos con muchas de las explicaciones que nos ha dado con respecto al borrador del proyecto. Creemos que los objetivos que nos ha planteado son el buen camino por el que se ha de ir. Pensamos que este reglamento tiene que ser un buen instrumento -esperamos que sea muy eficaz- para fomentar no sólo la práctica de acciones positivas que favorezcan la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos de empleo sino también para fomentar y favorecer las solicitudes para las plazas ofertadas. Aunque la legislación es buena -que a nuestro juicio lo es-, entendemos que por sí sola no va a ser suficiente para lograr el objetivo que usted ha mencionado de llegar al 2 por ciento. Lo cierto es que en cifras que usted también nos ha dado, la foto actual de la realidad en materia de empleo público y discapacidad en España es cuando menos preocupante. Los datos que tenemos, como usted bien dice, son difíciles de contrastar. Quizá ahí sometería a su consideración una primera sugerencia, que es ver de qué manera podríamos casar la protección de la intimidad de los datos con la necesidad de conocerlos, incluso para poder comprobar no sólo si las leyes o los reglamentos sino también las políticas que usted nos ha dicho que se van a impulsar son adecuadas para fomentar este acceso al empleo. En este punto le traslado una primera cuestión, que es ver si realmente tienen pensado de qué manera se pueden articular esas políticas para compaginar estas dos necesidades.
Según los datos de la encuesta de población activa vemos que 900.000 personas calificadas como discapacitadas ni siquiera son demandantes de empleo sino que están inactivas. Pensamos que una de las razones es la incompatibilidad que existía hasta ahora entre la percepción de la prestación social por discapacidad y el trabajo remunerado. Creo que está incompatibilidad está en vías de solución puesto que se ha tomado en consideración una iniciativa, presentada también por mi grupo parlamentario, para que en determinadas circunstancias no exista esta incompatibilidad y que, por tanto, no actúe como antiestímulo para que las personas con alguna discapacidad y que son perceptoras de esta prestación puedan acceder a puestos de trabajo remunerados.
Usted ha dado aquí la cifra de que el total de personas con discapacidad que acceden al empleo público no llega al 1 por ciento. Esto coincide, como no podía ser de otra manera, con la respuesta que recientemente ha dado el Gobierno al diputado de mi grupo parlamentario, señor Campuzano, diciendo además que justamente este borrador de reglamento pretende ser un estímulo para pasar de este 1 por ciento al 2 por ciento, que es el objetivo que usted nos ha marcado. También hay -al menos así consta en una respuesta que se da por el Gobierno al señor Campuzano en julio pasado- un desconocimiento por parte del Estado de cuál es la cuota de cumplimiento de la reserva en las empresas privadas. Creo que como se hace a través de la Inspección de Trabajo no se conocen las cifras y también le traslado la necesidad de impulsar algún tipo de mecanismo para que pudiéramos tener conocimiento del grado de cumplimiento de esta reserva.
Desde mi grupo se hace una valoración positiva de las líneas generales que usted nos ha dado sobre el contenido de este reglamento, pero quisiera trasladarle algunas dudas concretas que nos consta que respecto a este borrador hay en el sector. Es un borrador a cuyo texto hemos tenido acceso y por tanto me va a permitir -por la deformación que me da mi formación jurídica- que en las preguntas que le formule haga referencia a su contenido, aunque no de manera muy pormenorizada.
Con respecto al artículo 1 del borrador, cuando se habla del ámbito de aplicación, le pregunto si usted no cree que sería conveniente precisar la definición de persona con discapacidad haciendo una remisión a lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Entendemos que si constara esta definición se ganaría en seguridad jurídica y también se daría coherencia a todo el marco jurídico de la discapacidad, es decir, se daría coherencia al contenido del borrador con lo dispuesto en la ley. También en relación con este primer artículo, cuando se refiere al ámbito de aplicación dice que tendrá carácter supletorio para el sector público no incluido en el ámbito de aplicación descrito en el apartado 2 de este mismo artículo 1.
Aquí le trasladamos la siguiente cuestión. ¿A qué ámbitos se entiende por el ministerio que se aplicará esta subsidiariedad? ¿Se entienden como integrantes del sector público, por ejemplo, las sociedades mercantiles estatales, las fundaciones estatales y las entidades públicas empresariales y otros organismos o entes públicos? Lo decimos porque este tipo de entidades a veces en la práctica no suelen cumplir con la cuota de reserva por considerarse no obligadas. Entendemos que quedaría mejor especificado el criterio del Gobierno si se hiciera una mención expresa a las mismas en el texto de este borrador. Por lo que se refiere al ámbito de aplicación, quizá sería bueno que se añadiera que este ámbito de aplicación se inspirara en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de las desventajas. Estas son las líneas generales que usted ha expuesto; ya vemos que son las líneas generales del borrador, pero sería bueno que estas líneas generales entraran en la explicitación concreta del texto articulado.
Con respecto al artículo 3, sobre las convocatorias, entendemos que se entraría en una contradicción entre el segundo y el tercer párrafo de este apartado, pues mientras el segundo dice que las plazas para personas con discapacidad que queden vacantes se podrán acumular al turno ordinario, algo a lo que usted ha hecho mención en su exposición, el párrafo tercero señala que las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del 5 por ciento de la oferta siguiente. Debiera aclararse si pasan al turno ordinario o si se acumulan. Esto es algo que usted ha dicho en su exposición, que además era una propuesta que el Grupo Socialista llevaba en su discurso y en sus propuestas la pasada legislatura y que va en la línea de mejorar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público.
Por lo que se refiere al artículo 4, hacemos una valoración positiva de las convocatorias independientes para personas con discapacidad, pero sobre que sean los candidatos quienes acrediten su discapacidad y el porcentaje de esta, que es perfectamente admisible y lógico, que tengan que ser ellos mismos los que acrediten su discapacidad quizá podría mejorarse diciendo que fueran los responsables de la selección de la Administración pública los que fijaran los criterios y los que acreditaran esta discapacidad. También me gustaría saber si esto va a quedar definitivamente así o si hay alguna previsión de que se pueda cambiar en el tiempo que falta para su aprobación.
El artículo 8 se refiere a la adaptación de tiempo y medios,. Se dice que en las convocatorias se indicará expresamente esta posibilidad, así como que los interesados deberán formular la petición concreta en la solicitud de participación. ¿No creen que sería conveniente que se reflejaran las necesidades específicas que tiene el candidato para acceder al proceso de selección?
Con respecto a la discapacidad sobrevenida en los empleados públicos, ¿hay alguna previsión para que el reglamento contenga algún tipo de regulación para las personas que ya están empleadas y presenten alguna discapacidad sobrevenida? Tampoco hay ninguna previsión en el borrador de que consten expresamente los sistemas y vías de recursos que asisten al candidato con discapacidad frente a las resoluciones y decisiones del órgano administrativo. ¿Cree usted que se podría incorporar algún tipo de previsión al respecto? El tema del acceso va íntimamente ligado a que quizá la información sobre el empleo público no llega con suficiente nitidez a las personas con discapacidad. Me gustaría saber qué previsiones tienen acerca de, aparte de la formación de las personas con discapacidad, que es importante, políticas o previsiones que tienen respecto a la información, a cómo piensan hacerla llegar a las personas con discapacidad.
Por último, le voy a hacer una sugerencia, se trata de la necesidad de modificar la ley para permitir que personas con discapacidad por debajo del 33 por ciento pudieran acogerse a la reserva para dar cabida a las personas con inteligencia límite. Aquí le tengo que trasladar una experiencia interesante que ha habido en Cataluña con un grupo de niños, de adolescentes, de personas jóvenes con inteligencia límite, de común acuerdo con la Generalitat, cuando el Gobierno era de Convergència i Unió y que se ha mantenido con el nuevo Gobierno, consistente en un convenio para incorporar a trabajos administrativos y ordenanzas a chicos y chicas con inteligencia límite, por debajo del 33 por ciento. Ha sido una experiencia muy positiva, ha dado muy buen resultado y me gustaría saber si podría incorporarse alguna medida de inserción al empleo público, partiendo, como digo, de esta experiencia catalana.
Finalizo agradeciendo sus palabras y la respuesta que pueda dar a mis preguntas, y ofreciendo la colaboración y la cooperación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en todo lo que pueda ser de interés para la secretaría general y para el ministerio.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Francisco Vañó Ferré.
El señor VAÑÓ FERRER: En primer lugar quiero darles la bienvenida en nombre de mi grupo y agradecerles su presencia para tratar el real decreto, que nos parece muy interesante y que viene de la proposición de ley que el Grupo Socialista presentó en la pasada legislatura, apoyada por todos los grupos parlamentarios, conscientes de la necesidad de aumentar el empleo en el sector de la discapacidad; pasó del 3 al 5 por ciento la reserva de plazas para personas con discapacidad en la Administración, aunque, efectivamente, el porcentaje todavía es bajo, no llega al 1 por ciento, como usted dice, y nuestro interés es, como también usted ha propuesto, que por lo menos se doble y, en la medida en que se pueda, vaya aumentando.
El interés del Partido Popular en años anteriores queda patente repasando los datos de las convocatorias de empleo público desde 1999. La oferta de empleo público por parte de las administraciones públicas se situaba ligeramente por encima del 3 por ciento. Quiero recordar que el 5 de mayo de 2003 ya se firmó entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la ONCE un acuerdo para que se desarrollasen acciones conjuntas que permitiesen la accesibilidad de las personas con discapacidad a la Administración. Sobre todo, quiero aludir a una interesante mesa redonda que se celebró en junio de 2003 entre los grupos parlamentarios y el Comité español de representantes de minusválidos sobre empleo público y discapacidad, en la que se recogieron las siguientes conclusiones que yo quiero recordar, porque nos parece que son interesantes a fin de mejorar la situación. Entre las conclusiones, las más importantes fueron las siguientes. Realizar un análisis o balance social. Coordinar la detección precoz de la discapacidad y hacerlo además con las organizaciones que puedan acompañar el proceso de desarrollo para la formación adecuada. La formación específica de las personas
con discapacidad, que creemos que es otro de los handicap que tienen a la hora de conseguir ciertas pruebas en la Administración pública. Priorizar dentro de la discapacidad los grupos con más dificultades de acceso al empleo, es decir, establecer una discriminación positiva en el caso de mujer y discapacidad o discapacitados severamente afectados -como aludía la señora Pigem, citando el caso de Barcelona, que es muy interesante y que deberíamos contemplar también- y sensibilizar y educar en cierto modo a la propia Administración pública para que compartir trabajo con personas discapacitadas forme parte de la normalidad. Nuestro grupo cree que es importante orientar la solución para que en la medida de lo posible se vaya aumentando el porcentaje hasta conseguir ese 5 por ciento de plazas ofertadas. Aunque queda mucho por hacer, damos por buena la propuesta y los deseos del ministro de empezar por doblar el cupo hasta llegar al 2 por ciento. Para ello sugerimos insistir en la formación; buscar una adecuada formación puede ser un cauce muy bueno para ese logro.
El proyecto del real decreto nos consta que ha sido bien recibido en general por los sectores de la discapacidad, el Comité español de representantes de minusválidos. Coincidiendo con la señora Pigem, hay algunos puntos sobre los que me gustaría incidir en la medida en que pueden ser importantes para conseguir el objetivo que busca este real decreto. En primer lugar, que se adopten medidas de adaptación y ajuste razonables a las necesidades de las personas con discapacidad en los procesos de selección; decimos ajustes razonables. En segundo lugar -también lo ha citado la señora Pigem y yo quiero insistir en ello-, contemplar el ámbito de las administraciones públicas, además de las autonómicas y locales, pero también llegar a sociedades mercantiles, estatales, fundaciones estatales, entidades públicas empresariales, es decir, lo que se entiende como sector público en el artículo 1.1., de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, no quedarse solamente en la Administración pública; lo que se ha entendido como ministerios. Y por supuesto promover acuerdos -y esto nos parece muy interesante- entre la Administración y las organizaciones representativas para la mejor preparación y formación de los candidatos con discapacidad, para que estos puedan acceder en condiciones más favorables a estas pruebas. Por último, contemplar la formación y adaptación personal a empleados públicos con discapacidad sobrevenida para que puedan reincorporarse a su propio trabajo, después de una formación adecuada.
Nos parece de mucho interés establecer un control y un seguimiento del desarrollo de este decreto y de los logros que se van consiguiendo con un sistema de indicadores o informes de balances anuales, de modo que podamos ver el resultado de todo ello. Nosotros apuntamos posibles argumentos para no haber llegado a esa consecución del empleo público que estaba establecido hasta el real decreto en el 3 por ciento y que se aumenta al 5. Nos gustaría que se tuviese en cuenta la adecuación de las pruebas de las convocatorias para contemplarla con magnanimidad en el caso de los discapacitados, la formación y educación de las personas con discapacidad para su preparación. Hacemos una sugerencia y es que creemos que puede ser interesante establecer la formación en prácticas en la Administración; también nos parece que la compatibilidad de trabajo-pensión en algunos casos puede ser disuasoria a la hora de buscar trabajo. Esperemos que esto se desarrolle y se lleve a efecto.
Mi pregunta es la misma que le hicimos al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y quiero que la tengan en cuenta. ¿Qué medidas se piensan tomar en este sentido? ¿En qué medida se piensa hacer hincapié para la consecución de estos logros? Esperamos, como decía el ministro de Administraciones Públicas, que con las medidas que el Gobierno va a poner en marcha se pueda duplicar la tasa de ocupación de las personas con discapacidad. Otro argumento en el que queremos insistir es el siguiente: se garantizó la accesibilidad en todos los edificios públicos al concluir la legislatura, pero me gustaría que se tuviese en cuenta, a la hora de hablar de accesibilidad, la accesibilidad global no sólo a edificios públicos, sino también al entorno, a bienes y a servicios. Por último, quería preguntarles si el Ministerio de Administraciones Públicas tiene previsto establecer, entre los criterios de valoración a la hora de adquirir bienes o servicios por parte de la Administración, que los proveedores puedan ser o centros ocupacionales, o centros especiales de empleo o empresas privadas que superen el porcentaje de discapacitados.
Esto sería también un buen apoyo para el empleo en la empresa privada.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Miguel Ángel Heredia Díaz.
El señor HEREDIA DÍAZ: En primer lugar quiero darle la bienvenida en nombre de mi grupo parlamentario y agradecer su comparecencia. Voy a hacer brevemente una puntualización previa diciendo que fueron las Cortes de Castilla-La Mancha en la pasada legislatura, en concreto en 2003, quienes propusieron pasar del 3 al 5 por ciento de reserva de empleo, algo que el señor Vañó debe conocer perfectamente, porque es de Toledo, de esa comunidad, y ha sido una comunidad socialista la que llevó a cabo esa propuesta.
Dicho esto, quiero comenzar mi intervención diciendo que el Consejo Económico y Social de España presentó hace aproximadamente medio año un informe sobre la situación de las personas con discapacidad en nuestro país. En él se pone de relieve que son estas personas las que siguen encabezando las listas de desempleo. De hecho se indica que la tasa de empleo en estas personas con discapacidad es sólo del 8 por ciento. A ello habría que añadir la última encuesta sobre discapacidad, deficiencia y salud, que estima en algo más de
un millón de personas discapacitadas entre los 16 y los 64 años y sólo un 32 por ciento se encontraba en situación activa.
Pasaré a hacer un balance de todos los anuncios realizados por parte del Gobierno socialista que concluyen con su intervención en ese borrador de decreto ley que hay previsto, comenzando con la intervención de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, que en su comparecencia del pasado 29 de junio se comprometió a trabajar por impulsar medidas que faciliten el acceso al empleo, porque la verdadera integración social -decía la señora Valcarce- pasaba por una plena inserción en el mercado de trabajo. A este grupo parlamentario le consta que es propósito de este Gobierno mejorar el empleo de los discapacitados. Para ello ya se está trabajando en el Plan estatal de promoción de la formación y el empleo de las personas con discapacidad dentro del Plan de empleo de España, en el que se quiere que estén incluidos textos como la alfabetización digital, la revisión del marco de incentivos que favorezca la inserción laboral de las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que tienen mayores dificultades y en especial el cumplimiento efectivo de la cuota legal de reserva de empleo.
Conviene recordar que fue el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales quien el pasado mes de julio anunció también aquí en el Congreso la voluntad del Gobierno de reservar un turno específico para discapacitados en las próximas ofertas de empleo público, con una novedad y es que en los casos en los que no se cubran las citadas plazas de reserva estas se acumularían al turno libre. En esta idea volvía a incidir la secretaria de Estado de Discapacidad el pasado 4 de octubre en el Senado, asegurando que el compromiso radicaba en hacer efectivo el cumplimiento de esa cuota del 5 por ciento. Para ello aseguró que se iba a crear una bolsa específica y que, en los supuestos en los que no se cubrieran dichas plazas de reserva, estas no se acumularían al turno libre, sino que se incorporarían a la oferta de la siguiente convocatoria específica, a fin de garantizar que sólo se cubrieran con personas con discapacidad. Cabe destacar en este punto el impulso al Plan Moncloa 5 por ciento, que conlleva un proyecto integral de accesibilidad laboral, física y virtual.
También desde el Gobierno existe la voluntad de multiplicar el esfuerzo en cuanto atañe a la mujer discapacitada, algo en lo que ha incidido tanto el ministro de Trabajo como la secretaria de Estado de Discapacidad. Si el paro de las personas con discapacidad se sitúa en torno a un 70 por ciento, en el caso de las mujeres es del 84 por ciento.
Eso es algo en lo que hemos coincidido todos los grupos parlamentarios, por lo que nos parece fundamental garantizar un conjunto sistemático de medidas y acciones para favorecer su acceso al empleo, a la formación y a la conciliación de su vida laboral y familiar.
En la actualidad -y lo ha explicado usted muy bien-, pese a que la legislación prevé la reserva del 5 por ciento de empleo público para discapacitados y que desde el año 1982 la Lismi ha venido reservando un 3 por ciento, sólo están ocupadas el 0,7 por ciento de estas plazas. Esto supone, desde nuestro punto de vista, que algo ha debido de hacer mal el anterior Gobierno del Partido Popular para que la realidad sea que actualmente no se ha llegado ni tan siquiera al 1 por ciento del total de empleo público ocupado por personas discapacitadas. Fue el ministro de Administraciones Públicas quien planteó el pasado mes de septiembre ante el Pleno del Congreso la conveniencia de corregir esa realidad, asumiendo el compromiso de duplicar esa cifra hasta alcanzar el 2 por ciento, a través de medidas concretas que hagan posible el cumplimiento de ese objetivo, una idea en la que usted ha incidido y que además ha desarrollado.
Al Grupo Socialista le parece muy positivo el proyecto de real decreto de reglamento sobre el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, sobre todo teniendo en cuenta que el borrador se ha llevado a cabo con una voluntad de diálogo, de consenso y de talante, como le gusta a este Gobierno socialista hacer las cosas. De hecho, usted ha afirmado que el proyecto responde a las reivindicaciones del Cermi y de otras asociaciones representativas, con el objeto de que tenga el mayor apoyo social posible. Nos parece esencial que con esta norma se produzca una discriminación positiva para garantizar a estos funcionarios la igualdad de oportunidades en el acceso a las administraciones y en el desempeño de su trabajo. Cabe destacar asimismo en el citado borrador la obligatoriedad para todas las administraciones públicas de reservar un 5 por ciento mínimo de vacantes en las nuevas ofertas de empleo público para personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. Además, cabe resaltar que las plazas reservadas se puedan convocar en un turno diferenciado, dentro del total de las plazas, o en un turno independiente de aquel, con la obligatoriedad de establecer mecanismos de adaptación y medios en función del grado de discapacidad de los opositores, favoreciendo medidas que permitan que se pueda desarrollar el trabajo una vez que se haya obtenido este. Dentro de las medidas favorecedoras del desarrollo del puesto de trabajo, a este grupo parlamentario también le parece destacable que los empleados públicos con discapacidad tengan preferencia a la hora de elegir la provincia de destino, que se adjudiquen puestos de trabajo adecuados en función de las necesidades concretas y las posibilidades de cada persona con discapacidad y que haya una garantía de adaptación obligatoria de los puestos de trabajo a sus necesidades, así como que se impulsen medidas formativas específicas que permitan una adecuada promoción profesional.
Para terminar, me gustaría hacer una breve alusión a los dos grupos que han intervenido previamente, tanto Convergència i Unió como el Grupo Popular, diciendo que la mayoría de las reflexiones y observaciones que han hecho se corresponden a las propuestas que hizo el Cermi en el primer borrador, pero hay que decir que la inmensa mayoría de esas cuestiones hoy en día ya están
solucionadas y están incorporadas en el último borrador que se ha elaborado y que parece ser -si no es así, corríjame- que se envió ayer mismo al Cermi. Termino diciendo que para facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad es imprescindible articular medidas como este real decreto, impulsado por un Gobierno socialista, que con propuestas como estas deja muy claro que tiene la discapacidad como un objetivo prioritario.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones expuestas por los portavoces, tiene la palabra el secretario general para la Administración Pública.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Velázquez López): En primer lugar, quiero agradecer a los tres grupos que han intervenido sus amables palabras y su apoyo al contenido del proyecto de real decreto. La preocupación que se ha puesto de manifiesto en las tres intervenciones es compartida por esta secretaría general y por el Ministerio de Administraciones Públicas. Estamos intentando elaborar una norma que permita un mayor acceso de estas personas con discapacidad a la Función pública, al empleo público. No estoy seguro de que hayamos encontrado todos los métodos o todos los sistemas para lograr este objetivo, pero sí les puedo señalar que al menos estamos intentando mejorar esa posibilidad de acceso. Como han destacado en general los tres grupos parlamentarios, es evidente que todo lo que se viene haciendo en esta materia durante los últimos veinte años no ha conseguido los resultados que todos desearíamos y por tanto hay que insistir en algunos aspectos e inventar otros nuevos. Entendemos que, para el adecuado cumplimiento de la igualdad de oportunidades, esto se debe realizar así y creo que los tres grupos estamos de acuerdo en ello.
Voy a contestar a cada uno de ellos, especialmente a la portavoz de Convergència i Unió, que ha sido el grupo que ha pedido mi comparecencia.
En primer lugar le agradezco sus palabras cordiales de bienvenida; al mismo tiempo, le diré que he tomado tres páginas de datos sobre todas sus observaciones. Voy a intentar responder a todas o a casi todas, porque alguna se me olvidará. Le agradezco sinceramente el trabajo que ha hecho, igual que a los otros grupos, porque entiendo que se han estudiado con cierta profundidad el proyecto de real decreto. En algunos momentos, yo mismo me he perdido en sus observaciones; menos mal que mis colaboradores me han dado el proyecto de real decreto y más o menos he podido seguirle.
En todo caso se lo agradezco. También quiero decirle que algunas de sus observaciones, como ha señalado el responsable del Grupo Parlamentario Socialista, han sido ya corregidas. El proceso de elaboración del real decreto comenzó con un borrador que nosotros realizamos y que dimos al Cermi. El Cermi nos hizo algunas observaciones; posteriormente debatimos con ellos, modificamos el proyecto de real decreto y luego lo enviamos a la Secretaría de Estado de Discapacidad, que también nos hizo algunas observaciones, que modificamos. La secretaría general técnica del ministerio también nos ha hecho algunas observaciones, y finalmente lo hemos enviado al Consejo de Estado, que estoy seguro de que también hará algunas observaciones. Posteriormente lo enviaremos a la comisión de subsecretarios, donde habrá algunas observaciones de algunos ministerios, y esperamos que en la primera semana de diciembre se pueda aprobar el real decreto. Este es el proceso normal que ustedes conocen, pero muchas de las observaciones y sugerencias que han señalado ustedes han sido ya recogidas; de otras he tomado buena nota, porque es posible que podamos recogerlas.
La representante de Convergència i Unió ha hecho algunas afirmaciones con carácter general. Ha hablado de favorecer las solicitudes. Le diré una cosa que es esperanzadora. En los últimos dos años, el número de solicitudes se ha incrementado considerablemente, al menos en lo que se refiere a la oferta de empleo público que gestiona directamente el Ministerio de Administraciones Públicas, probablemente con un factor positivo y esperanzador: que vienen más personas; y un segundo factor un poquito descorazonador: que no aprobaba el número suficiente de personas.
Sin embargo, sí se han incrementado, y esto es positivo, pero conlleva también un hecho que señalaba el portavoz del Grupo Popular: qué medidas de información vamos a tomar. En general, los colectivos están relativamente informados. En todo caso, en la próxima oferta de empleo público para el año 2005 vamos a hacer unas comunicaciones específicas a todas las asociaciones relacionadas con la materia. Probablemente nos encontremos con una cierta demanda incrementada en este aspecto. Por tanto, solicitudes hay.
Ha señalado también que con la legislación no es suficiente. Estoy absolutamente de acuerdo. Hasta ahora la legislación no ha sido suficiente. Estoy convencido de que vamos a mejorar, pero probablemente este sea el principio de una batería de medidas que haya que ir modificando -incluso estas medidas que proponemos ahora- en función de los resultados. Hacemos esto para intentar cumplir este gran objetivo de la igualdad de oportunidades. Si no lo logramos, habrá que introducirse en otros campos en los que hasta ahora no lo hemos hecho. Usted señalaba con claridad que esta contradicción entre la protección a la intimidad y la necesidad de obtener los datos es una carencia que nosotros mismos notamos y que estamos estudiando. Estamos intentando llevar a cabo actuaciones en las que es muy difícil preguntar a los funcionarios si tienen algún tipo de discapacidad; solamente si ellos lo declaran directamente, nosotros podemos retener el dato, y lo estamos reteniendo ahora porque se están presentando a las plazas de promoción interna y declaran una discapacidad determinada. Esto tiene que ver también con alguna de las cuestiones que han señalado
algunas de SS.SS. relacionadas con la incapacidad sobrevenida.
En la incapacidad sobrevenida estamos llevando a cabo dos tipos de actuaciones. La primera es que si se trata de personas que se presentan a pruebas selectivas de promoción interna, se les reconoce, y si tienen la condición de personas con discapacidad, la tienen. La segunda es que si son personas que necesitan cualquier tipo de adaptación de medios o de lo que fuere dentro de su oficina, dentro de su lugar de trabajo, el Ministerio de Administraciones Públicas fomenta -y me consta que el Ministerio de Trabajo también- que estos medios les sean proporcionados en los lugares correspondientes. Así se está haciendo en general porque, si no, en la medida en que nosotros recibimos algún tipo de comunicación por parte de este tipo de personas, inmediatamente actuamos. El Ministerio de Administraciones Públicas es beligerante en esta materia, pero le diré también que en los ministerios no se suelen producir problemas en ese sentido. Quizás hay problemas de tiempo, de que se les señala que se les van a hacer ciertas adaptaciones y se tarda un poquito de tiempo, aunque también es verdad -se lo puedo asegurar y ustedes lo conocen- que la accesibilidad global de la que ustedes hablaban no la hemos conseguido, eso es algo absolutamente evidente. Es complicado desde el punto de vista físico. En el Ministerio de Administraciones Públicas tenemos un plan de accesibilidad, que es mucho más fácil, como ustedes conocen, en los grandes edificios, donde se ponen determinadas rampas y se hacen determinadas inversiones; pero es sumamente difícil cuando, por ejemplo, intentamos hacerlo en todos los edificios que tiene el Ministerio de Administraciones Públicas en la periferia, que son miles.
Eso significa que no es fácil acceder a un piso cuarto, en un lugar determinado, cuando es muy difícil modificar el ascensor para que quepa una silla de ruedas. Por tanto, tenemos carencias importantes. Estamos intentando hacerlo, sobre todo en todas aquellas oficinas en las que trabaja alguna persona con cierta minusvalía o tienen acceso directo al público. En todo caso, tenemos deficiencias en esa materia y estamos intentando combatirlas.
Usted hablaba de algunas cuestiones relacionadas con los datos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que no alcanzamos el 1 por ciento, estamos en el 0,7 y que esto al menos hay que doblarlo. Nos va a costar tiempo porque las pruebas selectivas no son fáciles. Como ustedes saben, por imperativo constitucional, las pruebas selectivas que hacemos en las administraciones públicas tienen que ser idénticas, tienen que ser iguales; sin embargo, hemos dado un paso adelante importante que consiste en que ahora no sólo vamos a tener un turno como el que ha habido tradicionalmente, sino que tendremos la posibilidad de hacer convocatorias independientes. Nosotros entendemos que con estas convocatorias independientes, y siendo dirigidas estas plazas sólo a minusválidos, a personas con discapacidad, en principio se cubrirán y por tanto iremos poco a poco aumentando el número de personas con discapacidad que acceden al empleo público; al menos esta es nuestra intención. Les adelanto ya que estas son las medidas que en principio, en discusión con el sector, se nos han ocurrido y que se proponían en algunas otras jornadas que se han hecho en años anteriores, pero en todo caso estamos dispuestos a modificarlas en la medida en que no den un resultado positivo, que es lo que pretendemos y yo creo que todos los grupos estamos de acuerdo en esta materia. Por tanto, agradezco a todos los grupos esta valoración positiva.
En relación con las actuaciones o sugerencias concretas que el portavoz de Convergència i Unió me propone, por ejemplo en relación con el ámbito de aplicación del real decreto, nosotros hemos modificado el texto y hemos hecho una definición de quiénes son estas personas. Decimos que son las de minusvalía igual o superior a 33 por ciento, pero yo creo que la legislación, como ustedes conocen perfectamente, determina quiénes son y determina cuáles son los órganos competentes para declarar esta minusvalía. Por tanto, en el real decreto lo único que hacemos es recoger la legislación vigente, que es la que determina quiénes son las personas que tienen una discapacidad, que son, por un lado, los que determinaba antiguamente el Inserso, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en este momento con una competencia transferida y con unos equipos multidisciplinares que existen en todas las comunidades autónomas, donde lo que hace la Administración General del Estado es tomar cuenta del certificado que trae cada una de las personas correspondientes. Creo que en este aspecto todos estamos de acuerdo. Son órganos especializados los que determinan esa incapacidad, que puede ser superior al 33 por ciento o no. En el caso de que sea inferior al 33 por ciento, el planteamiento que nos hace siempre el Ministerio de Trabajo es que no deberíamos discriminar, porque puede haber minusvalías de menos del 33 por ciento, y las hay en general, que no necesiten ningún tipo de adaptación, pero le diré que, por ejemplo, en las pruebas selectivas también se hace cuando se trata de alguna incapacidad de menos del 33 por ciento y así lo solicitan las personas que van a examinarse.
Me plantea usted que por qué es solo supletorio en relación con las sociedades estatales. Porque este real decreto se hace en aplicación de la Ley de medidas para la reforma de la Función pública y, por tanto, su ámbito de aplicación no puede ser superior al ámbito de la ley. En todo caso, estoy de acuerdo con el contenido de su sugerencia. Entiendo que la Administración General del Estado, de alguna forma, y así lo vamos a estudiar, debería extender esta idea a la totalidad del sector público, al menos al que está dentro de la Administración General del Estado o en su entorno, porque en este momento, como ustedes conocen, la variedad de figuras jurídicas y de fórmulas organizativas es muy alta. ¿Qué es lo que podemos hacer en esta materia? Yo
retengo su sugerencia y a lo mejor impulsamos también algún tipo de norma en la materia o incluso la introducimos en el proyecto de estatuto de los empleados públicos, que de alguna forma hará también referencia a todas estas fórmulas organizativas alrededor de la Administración General del Estado.
Quizás el aspecto más importante del real decreto, y nos lo reconocían así los representantes del Cermi y de otras asociaciones, se refiere a su efecto demostración y ejemplarizante relativo no tanto a comunidades autónomas -porque como decía el representante del Grupo Socialista, hay que reconocer que algunas comunidades autónomas iban más adelantadas incluso que la Administración General del Estado en la materia, y particularmente Castilla-La Mancha, que en esto ha sido probablemente la pionera, aunque también Aragón, Cataluña y algunas otras- cuanto hacia las corporaciones locales, donde sí sería de aplicación, con su carácter supletorio, porque obviamente no tiene un reglamento específico sobre la materia. El problema que nos señalaban siempre los propios opositores y sus representantes era que en las corporaciones locales no se cumplía en absoluto y el hecho de tener un reglamento en la materia siempre es un elemento importante que ellos pueden enarbolar por el no cumplimiento de esos cupos y de esas, incluso, posibilidades de adaptación en tiempo y medios. En todo caso, le agradezco su observación en esta materia.
En relación con el artículo 3 me hace S.S. la observación de que no pasarían al turno ordinario, sino que se acumularían. Les he comentado algunas de las novedades que tenía este real decreto, pero una de las más importantes es precisamente que en el supuesto de que no se cubran las plazas para el personal con discapacidad, estas no se acumularían al turno libre, porque lo que estaba sucediendo en este momento es que, aunque se pusiera un 5 por ciento, si solo aprobaba un 0,7 por ciento, el resultado era que el turno libre tenía un 4 y pico por ciento más de plazas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Decimos: vamos a acumularlo, aunque sea a la oferta del año siguiente, y así hasta un límite. ¿Por qué un límite? Porque, si no, en un determinado momento, podríamos encontrarnos con que estábamos casi, casi diciendo que la totalidad de las plazas era para el personal con discapacidad. ¿Por qué? Porque, ustedes lo saben como yo, no es fácil cubrir estas plazas. No es fácil para una persona que tiene discapacidad, además, superar unas pruebas selectivas que objetivamente son difíciles.
Respecto al artículo 4, me hablaba usted de algún tema en el que efectivamente puede haber alguna dificultad y que yo creo que todos desearíamos solucionar, y es que fueran las bases de datos de las administraciones públicas las que tuvieran la acreditación de su condición. Estoy totalmente de acuerdo con usted; ahora, le garantizo que sería aún más complicado. Le voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de la oferta de empleo público de la Administración General del Estado a la que el año pasado se presentaron ochenta y tantas mil personas, entre las que había varios miles de discapacitados, y ellos deben presentar el certificado, que le garantizo a usted que ellos lo tienen en la cartera.
No es difícil para ellos presentarlo y en esta ocasión se les pide ese certificado, junto con el que dan el Ministerio de Trabajo y los equipos multidisciplinares de las comunidades autónomas con relación a su capacidad de desempeño de determinados puestos de trabajo, que es lo que nos sirve a nosotros, de acuerdo con el Inserso, para determinar la adaptación concreta para cada discapacidad. Estoy de acuerdo con su sugerencia, trabajaremos en ella, pero es sumamente difícil en este momento porque no tenemos a nuestra disposición las bases de datos, y en este momento hay diecisiete, más las antiguas del Inserso, dieciocho bases de datos emitiendo certificados en la materia. Ese es uno de los problemas. Trabajaremos para obtener estas bases de datos y no tener que exigírselo, pero en este momento es imposible de realizar en términos técnicos. En todo caso, estoy de acuerdo con usted en el objetivo.
En cuanto a otras adaptaciones de tiempos y medios, teniendo en cuenta las necesidades específicas, está recogido en las solicitudes de presentación de las pruebas selectivas, donde hay un cuadrado que dice: diga usted qué adaptación precisa. Podríamos recogerlo en el real decreto, pero ahí se hace una mención de carácter genérico, porque pueden ser muy distintas: el señor que tiene una silla de ruedas solicita espacio para la misma; el señor ciego o sordo necesita alguna medida específica.
Con relación a los recursos, son exactamente los mismos. Lo que puede hacer el personal con discapacidad es recurrir en la convocatoria correspondiente ante el órgano superior jerárquico, en recurso de alzada o con el recurso correspondiente. ¿Por qué? Es lógico, ya que es ante el superior del órgano convocante de acuerdo con la legislación de la Función pública, que desde luego no atenderá a los principios clásicos de la Función pública sino a los principios de este reglamento para solucionarlo adecuadamente, pero tenga la seguridad de que en el ámbito de las garantías jurídicas de los recursos y de su solución en tiempo y forma estamos tan preocupados como usted.
En cuanto al tema de la información creo que ya he contestado. Estamos preocupados y en la oferta de empleo público nueva vamos a hacer una extensión aún mayor para que este grupo de personas tenga su audiencia y pueda en su momento presentarse a la prueba si así lo desean.
Luego habla usted de algunas cuestiones con relación a grupos de personas, a experiencias que se han adoptado con relación a determinadas comunidades autónomas. Nosotros hemos discutido bastante este tema con el Cermi y, de acuerdo con él, no lo hemos tratado y le diré por qué, porque nos parece, y el Cermi estuvo de acuerdo con nosotros, que los principios de acceso a la Función pública tienen que ser iguales, al
menos iguales para los distintos colectivos, y así lo vamos a hacer. Hemos establecido una diferencia entre el colectivo de personas con discapacidad y el resto, pero entre las personas con discapacidad hemos hecho, para entendernos, una oposición entre ellos, y van a superarla los que puedan. Esto puede suponer situaciones que nos conmuevan, situaciones que no nos gusten, pero en todo caso, hasta ahora, nos parece que con un cierto dominio o garantía del principio de igualdad protegemos más que con el planteamiento, que es positivo, no lo niego, de poner determinados colectivos a hacer determinadas funciones. En todo caso, insisto en esta materia, tampoco están prohibidos por el real decreto, pero nos parece que deberíamos ir a un planteamiento más general, y con el transcurso de la experiencia probablemente vayamos a recoger aspectos concretos de demandas de determinados colectivos en algunas experiencias que, estoy de acuerdo con usted, han sido exitosas para la Administración, para los colectivos y para las propias personas.
Con relación a las cuestiones que ha planteado el representante del Grupo Popular estoy absolutamente de acuerdo en que hay antecedentes sobre la materia. Yo creo que se ha venido avanzando por los diversos gobiernos, no con demasiado éxito, y yo espero que este Gobierno tenga más éxito, porque esta es la realidad, hemos dado los datos y estamos en términos muy reducidos. Hablaba usted de hacer ajustes razonables. En las pruebas selectivas es muy difícil hacer ajustes razonables, pero por supuesto vamos a intentar no incrementar esa discapacidad y vamos a dar facilidades. Las experiencias que tenemos en adaptación del tiempo son muy generosas en el ámbito de la Administración General del Estado, pero en cuanto a los conocimientos que se exijan en las pruebas selectivas tienen que ser iguales, esto es absolutamente obligatorio de acuerdo con nuestra Constitución y con las propias sentencias del Tribunal Constitucional.
En cuanto a extender el ámbito de aplicación, ya he explicado al representante del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que nosotros vamos a intentarlo, y de hecho en las reuniones que tenemos con los directores generales de la Función pública de las comunidades autónomas ya hemos entregado el proyecto de real decreto, que fue bien recibido y fueron señaladas algunas experiencias que tenían algunas comunidades autónomas, y tenemos la impresión de que, una vez que se apruebe este real decreto, muchas de las comunidades harán normas más o menos de contenido similar, lo cual creo que es de facto una extensión del ámbito de aplicación. Otra cosa no podíamos hacer de acuerdo con nuestra legislación actual; la Ley de medidas para la reforma de la Función pública tiene un ámbito de aplicación determinado y hay partes de la ley y de su desarrollo que tendrían carácter básico y otras no, y esta no la tendría.
Vamos a llegar a acuerdos con las organizaciones más representativas, con el Cermi, vamos a hacer un seguimiento sobre la materia, vamos a prevenir, como usted señalaba también, algunas actuaciones sobre la incapacidad sobrevenida. Entendemos que en principio no existen dificultades, pero en todo caso estaremos vigilantes en la materia, como debe ser. También vamos a tomar algunas medidas de formación en prácticas. Creo que es interesante la idea que usted ha señalado. Ya hay en algunos casos algún pequeño colectivo, muy escaso, que ha hecho algunas prácticas, como hacen los estudiantes en el ámbito de las administraciones públicas, y vamos a intentar fomentarlas, como vamos a intentar fomentar lo que usted ha señalado en relación con la accesibilidad global, pues efectivamente existen fuertes carencias en ese sentido.
Con relación al tema de los proveedores que usted ha señalado, tomo nota porque, aunque no es competencia mía, me parece una idea interesante.
En cuanto a los planteamientos del diputado Heredia, del Grupo Parlamentario Socialista, agradezco sus palabras de aliento, la información y el discurso, en el que ha señalado otros datos complementarios a los que yo he aportado, y tengan la seguridad -y eso también dirigido a los tres grupos parlamentarios que han tenido la cortesía de intervenir- de que estaremos bastante de acuerdo con los planteamientos de carácter general, porque lo que todos pretendemos yo creo que se resume en facilitar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, y tengan ustedes la garantía de que el Ministerio de Administraciones Públicas y esta Secretaría General haremos todo cuanto esté en nuestras manos para incrementar este número de personas, que todavía es lamentablemente demasiado escaso.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos a don Francisco Javier Velázquez su presencia y la información que nos ha ofrecido, las respuestas que ha aportado a los planteamientos y a las cuestiones que las señoras y señores portavoces han suscitado y habiendo concluido el orden del día, se levanta la sesión.