Source: http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2017/11/
Timestamp: 2017-11-19 11:54:52
Document Index: 90248627

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'Artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 16', 'artículo 21', 'artículo 15', 'artículo 16', 'Artículo 63', 'Artículo 9', 'Artículo 8', 'Artículo 28', 'Artículo 19', 'artículo 45', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 73', 'artículo 3']

Conflictus Legum: 1/11/17 - 1/12/17
Bibliografía - Registro de la Propiedad y escritura de compraventa bajo régimen económico-matrimonial extranjero
Inscripción en el Registro de la Propiedad de una escritura de compraventa bajo régimen económico-matrimonial extranjero: La RDGRN de 10 de mayo de 2017
Pablo QUINZÁ REDONDO, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Privado (Universidad de Valencia)
SUMARIO: I. Introducción. II. Planteamiento global del problema.1. La norma de conflicto reguladora del régimen económico matrimonial. 2. La mención del régimen económico matrimonial en la escritura de compraventa. 3. La prueba del derecho extranjero. III. Análisis particular de la RDGRN de 10 de Mayo de 2017. 1. El art. 9.2 Cc. 2. La mención “bajo el régimen legal económico matrimonial de Ucrania”. 3. La fotocopia de determinados artículos del Código de Familia de Ucrania. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.
El presente trabajo aborda las cuestiones más controvertidas en torno a la inscripción en el Registro de la Propiedad de una escritura de compraventa bajo régimen económico matrimonial extranjero, realizando un planteamiento global del problema para posteriormente analizar la RDGRN de 10 de Mayo de 2017. Son tres los aspectos esenciales que se abordan en el trabajo: la ley aplicable al régimen económico matrimonial, la mención en la escritura del régimen económico matrimonial y la prueba del derecho extranjero.
This paper seeks to analyse the recording in the Land register of a real estate sale of a notarial deed under a foreign matrimonial property regime, taking as a reference the Resolution of the General Directorate of registers and notaries of 10 May 2017 and focusing on three particular issues: the conflict-of-law, the matrimonial property regime in the notarial deed and the proof of foreing law.
Etiquetas: Bibliografía, D.Familia, D.Obligaciones, DPCI, Reglamento REM
-Neue Juristische Wochenschrift - NJW: 2017, núm. 14; 2017, núm. 15; 2017, núm. 16; 2017, núm. 17; 2017, núm. 18; 2017, núm. 19; 2017, núm. 20; 2017, núm. 21.
Nota: Esta norma establece los requisitos mínimos que deben reunir las operaciones relacionadas con la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino, para prevenir accidentes graves y limitar sus consecuencias (art. 1.1).
En relación con su ámbito de aplicación se establece que lo será, exclusivamente en el medio marino, a los permisos de investigación de hidrocarburos y a las concesiones de explotación sean estas de yacimientos de hidrocarburos o de almacenamiento subterráneo para los mismos, así como a las operaciones asociadas a aquellos (art. 2.1). Más concretamente, en relación con su ámbito territorial se establece que el medio marino comprenderá las aguas interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, incluidos el lecho y su subsuelo, sobre los que el Reino de España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción conforme a los tratados internacionales y la legislación vigente (art. 2.1).
[BOE n. 280, de 18.11.2017]
Congreso de los Diputados - Proyecto de Ley y convenios internacionales
Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 12-1, de 17.11.2017).
Nota: Este proyecto incorpora parcialmente al ordenamiento español la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014 , sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n ° 1093/2010 (DF 10ª) (véase la entrada de este blog del día 28.2.2014). En el proyecto cabe destacar las siguientes disposiciones:
-Art. 18: regula los préstamos inmobiliarios en moneda extranjera.
-Art. 25.2: en él se establece que las secciones 2ª (Intermediarios de crédito inmobiliario), 3ª (Representantes designados de los intermediarios de crédito inmobiliario) y 4ª (Prestamistas inmobiliarios) del capítulo III (Régimen jurídico de los intermediarios de crédito inmobiliario, sus representantes y los prestamistas inmobiliarios) no se aplicarán a las entidades de crédito, a las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras o que operen en régimen de libre prestación de servicios, a los establecimientos financieros de crédito ni a las entidades de pago o de dinero electrónico híbridas a que se refiere el art. 11 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
-Art. 26.2: en relación con la inscripción en un registro de los intermediarios de crédito inmobiliario establece:
"Los intermediarios de crédito inmobiliario autorizados en un Estado miembro de la Unión Europea que actúen a través de sucursal o en régimen de libre prestación de servicios serán inscritos por el Banco de España en el registro a que se refiere el artículo 27.2.b), a efectos meramente informativos, una vez sea comunicada por parte de la autoridad competente de origen la voluntad del intermediario de prestar su actividad en España."
-Art. 30.2, p. 2º: por lo que se refiere a la información y publicidad de los registros de intermediarios de crédito inmobiliario, determina que "el Banco de España informará, asimismo, sobre los órganos competentes para el registro y supervisión de los intermediarios de crédito inmobiliario en cada comunidad autónoma y Estado miembro de la Unión Europea."
-Art. 33: reglamenta la supervisión de la actuación a través de sucursales y en régimen de libre prestación de servicios de los intermediarios de crédito inmobiliario.
-DA 1ª: reglamenta la reclamación extrajudicial en los siguientes términos:
"1. El prestamista inmobiliario o el intermediario de crédito inmobiliario y el prestatario consumidor podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo, de mutuo acuerdo o mediante adhesión de aquéllos al Sistema Arbitral del Consumo o a otros sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, que figuren en la lista que publica la Comisión Europea sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos con consumidores y que respete los principios establecidos por la normativa europea. Los prestatarios podrán también someter unilateralmente los conflictos a los mecanismos previstos en la legislación sobre protección de los clientes de servicios financieros.
2. Los órganos arbitrales de consumo o los órganos previstos en la legislación sobre protección de los clientes de servicios financieros, que intervengan en la resolución de estas reclamaciones, habrán de cooperar en la resolución de los conflictos de carácter transfronterizo que se produzcan a nivel intracomunitario, a través de la Red transfronteriza de denuncia extrajudicial sobre servicios financieros o cualquier otro mecanismo habilitado al efecto."
-DA 2ª: se ocupa del tema de la cooperación con otras autoridades supervisoras competentes.
-DF 5ª, número uno: modifica el apartado primero del art. 60 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que pasa a tener el siguiente contenido:
Igualmente, el Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación de los siguientes instrumentos internacionales:
-Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de la India, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 73-1, de 17.11.2017).
-Acuerdo entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre transporte aéreo, hecho ad referendum en Madrid el 9 de junio de 2015 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 75-1, de 17.11.2017).
-Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 9 de diciembre de 2014 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 76-1, de 17.11.2017).
-Convenio sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Madrid el 20 de abril de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 77-1, de 17.11.2017).
Publicado por Federico Garau a las 17:45:00 0 comentarios
Etiquetas: Arbitraje, Cortes Generales, D.Obligaciones, M.Capitales, Proyectos, RAL (ADR)
Jurisprudencia - Eliminación de los ingresos no relacionados con la comunicación audiovisual de la cuota de financiación del cine europeo
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 1613/2017 de 25 Oct. 2017, Rec. 11/2016: Telecomunicaciones. Nulidad del art. 6.3 RD 988/2015 que regula el régimen jurídico de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas. Errónea consideración como ingresos computables de los obtenidos por la venta a terceros de los contenidos producidos o coproducidos por el prestador de servicios y de los obtenidos por la explotación directa del contenido independientemente de la modalidad utilizada. El Gobierno ha incurrido en una contradicción in terminis porque ha considerado como ingresos computables los provenientes de actividades no relacionadas con la actividad audiovisual, que están expresamente excluidos del cómputo.
Nº de Sentencia: 1613/2017
Nº de Recurso: 11/2016
Diario La Ley, Nº 9083, Sección Jurisprudencia, 17 de Noviembre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:3735
Tribunal de Justicia de la Union Europea (16.11.2017)
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MELCHIOR WATHELET, presentadas el 16 de noviembre de 2017, en el asunto C‑560/16 (Dědouch y otros): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo, República Checa)] Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Competencias exclusivas — Artículo 22, punto 2 — Validez de las decisiones de los órganos de las sociedades o de las personas jurídicas que están domiciliadas en un Estado miembro — Competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro — Decisión de la junta general de una sociedad por la que se ordena la transmisión obligatoria al accionista mayoritario de dicha sociedad de los títulos de los accionistas minoritarios de la misma sociedad y se establece el importe de la contraprestación que debe abonarles el citado accionista mayoritario — Procedimiento judicial que tiene por objeto apreciar el carácter razonable de dicha contraprestación.
Nota: El Abogado General propone la Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El artículo 22, punto 2, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a un procedimiento en el marco del cual debe apreciarse el carácter razonable de la contraprestación que el accionista mayoritario ha de abonar a los anteriores propietarios de títulos participativos (accionistas minoritarios), como contravalor de dichos títulos, que le han sido transmitidos en virtud de un acuerdo adoptado por la junta general de una sociedad anónima que obliga a transmitir los demás títulos participativos al accionista mayoritario."
Etiquetas: D.Sociedades/P.Jurídicas, DPCI, Reglamento Bruselas I, TJUE
-Decisión (UE) 2017/2083 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y Antigua y Barbuda por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Mediante el presente acto se autoriza la firma del Acuerdo entre la UE y Antigua y Barbuda por el que se modifica el Acuerdo entre la CE y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta duración.
-Decisión (UE) 2017/2084 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y Barbados por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Se autoriza la firma del Acuerdo entre la UE y Barbados por el que se modifica el Acuerdo entre la CE y Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración.
-Decisión (UE) 2017/2085 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la Commonwealth de las Bahamas por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Se autoriza la firma del Acuerdo entre la UE y las Bahamas por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y las Bahamas sobre exención de visados para estancias de corta duración.
-Decisión (UE) 2017/2086 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Queda autorizada la firma del Acuerdo entre la UE y San Cristóbal y Nieves por el que se modifica el Acuerdo entre la CE y San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados para estancias de corta duración.
-Decisión (UE) 2017/2087 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Mauricio por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Se autoriza la firma del Acuerdo entre la UE y Mauricio por el que se modifica el Acuerdo entre la CE y Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta duración.
-Decisión (UE) 2017/2088 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de las Seychelles por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Queda autorizada la firma del Acuerdo entre la UE y las Seychelles por el que se modifica el Acuerdo entre la CE y las Seychelles sobre exención de visados para estancias de corta duración.
[DOUE L297, de 15.11.2017]
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (14.11.2017)
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 14 de noviembre de 2017, en el asunto C‑165/16 (Lounes): Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 21 TFUE — Directiva 2004/38/CE — Beneficiarios — Doble nacionalidad — Ciudadano de la Unión que ha adquirido la nacionalidad del Estado miembro de acogida conservando su nacionalidad de origen — Derecho de residencia, en dicho Estado miembro, de un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia del ciudadano de la Unión.
Fallo del Tribunal: "La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación en la cual un ciudadano de la Unión Europea ha hecho uso de su libertad de circulación al trasladarse a un Estado miembro distinto del de su nacionalidad y residir en él, en virtud del artículo 7, apartado 1, o del artículo 16, apartado 1, de esta Directiva, ha adquirido posteriormente la nacionalidad de ese Estado miembro, conservando al mismo tiempo su nacionalidad de origen, y, varios años después, ha contraído matrimonio con un nacional de un tercer Estado con el que continúa residiendo en el territorio de dicho Estado miembro, ese nacional no disfruta de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro en cuestión sobre la base de la citada Directiva. No obstante, puede disfrutar de tal derecho de residencia en virtud del artículo 21 TFUE, apartado 1, con sujeción a unos requisitos que no deberán ser más estrictos que los contemplados en la Directiva 2004/38 para la concesión de ese derecho a un nacional de un tercer Estado que es miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho de libre circulación instalándose en un Estado miembro distinto de aquel cuya nacionalidad posee."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MICHAL BOBEK, presentadas el 14 de noviembre de 2017, en el asunto C‑498/16 (Schrems): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Austria)] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Competencia judicial en materia de contratos celebrados por consumidores — Concepto de consumidor — Redes sociales — Cuentas de Facebook y páginas de Facebook — Cesión de acciones por consumidores domiciliados en el mismo Estado miembro, en otros Estados miembros y en Estados no miembros — Recurso colectivo.
"1) El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, ha de interpretarse en el sentido de que realizar actividades tales como publicar, pronunciar conferencias, gestionar sitios web o recaudar fondos para el ejercicio de acciones no conlleva la pérdida de la condición de consumidor por lo que respecta a las acciones relativas a la propia cuenta personal de Facebook utilizada para fines privados.
2) Sobre la base del artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001, un consumidor no puede ejercitar, junto con sus propias acciones, las acciones en idéntico sentido que le hayan sido cedidas por otros consumidores domiciliados en otros lugares del mismo Estado miembro, en otros Estados miembros o en Estados no miembros."
Publicado por Federico Garau a las 17:26:00 0 comentarios
Etiquetas: Ciudadanía UE, D.Obligaciones, DPCI, Extranjería, Internet, Jurisprudencia, Reglamento Bruselas I, TJUE
Jurisprudencia - Contratación de extranjeros como pastores sin descanso semanal y ofreciéndoles alojamientos insalubres
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 639/2017 de 28 Sep. 2017, Rec. 1789/2016: Delito contra los derechos de los trabajadores. Imposición de condiciones laborales con abuso de situación de necesidad y engaño que suprimen o restringen derechos laborales reconocidos legal o convencionalmente a los trabajadores. Elementos. Doctrina general. La conducta de imposición a la que se refiere el tipo no supone una nota de intimidación o violencia, sino una situación en la que el trabajador no tiene libertad de optar. Cuando la alternativa es dejar de trabajar, es claro que eso no es fruto de una opción libre. La imposición con relevancia penal exige que se materialice a través de engaño o situación de necesidad. Tal es lo que acontece en este caso, en el que los trabajadores extranjeros -sin apenas instrucción y con poco conocimiento del idioma- consintieron en trabajar de pastores sin el preceptivo descanso semanal, y viviendo en instalaciones junto al ganado sin las mínimas condiciones de salubridad. Dolo. Inexistencia de error en la valoración de la prueba.
Nº de Sentencia: 639/2017
Nº de Recurso: 1789/2016
Diario La Ley, Nº 9080, Sección Jurisprudencia, 14 de Noviembre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:3389
-Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de cooperación en materia de patentes (Unión PCT) en su 48ª reunión (28ª sesión extraordinaria).
Nota: Estas modificaciones entraron en vigor de forma general y para España el 1 de julio de 2017, esto es, hace más de cuatro meses (!!).
Véase el texto del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en vigor a partir del 1 de julio de 2017.
-Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
Nota: El objeto de esta norma es desarrollar las previsiones contenidas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en lo que se refiere a la memoria del análisis de impacto normativo que debe acompañar a los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias.
Se deroga el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo (disposición derogatoria única). Entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE (DF única) y no será de aplicación para aquellos proyectos normativos que hayan iniciado su tramitación con anterioridad a la entrada en vigor del mismo (DT única).
[BOE n. 276, de 14.11.2017]
Etiquetas: BOE, Fuentes, IP
-Asunto C-628/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de septiembre de 2017 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Reino Unido] — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Artículo 63 TFUE — Ámbito de aplicación — Legislación fiscal de un Estado miembro — Impuesto sobre sociedades — Crédito fiscal — Fondo de pensiones — Negativa a conceder un crédito fiscal por dividendos de fuente extranjera a los accionistas no sujetos al impuesto en relación con los rendimientos del capital mobiliario — Interpretación de la sentencia de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — Crédito fiscal retenido ilegalmente — Medios de impugnación judicial]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 14.9.2017.
-Asunto C-646/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de septiembre de 2017 [petición de decisión prejudicial planteada por el First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Reino Unido] — Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Procedimiento prejudicial — Fiscalidad directa — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Libre circulación de capitales — Fideicomiso — Administradores fiduciarios — Demás personas jurídicas — Concepto — Impuesto sobre las plusvalías de los bienes incluidos en un fideicomiso como consecuencia del traslado del lugar de residencia fiscal de los administradores fiduciarios a otro Estado miembro — Liquidación del gravamen en el momento de ese traslado — Cobro inmediato del impuesto — Justificación — Proporcionalidad)
-Asunto C-18/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 14 de septiembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Países Bajos) — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [Procedimiento prejudicial — Normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 9 — Derecho de permanencia en un Estado miembro durante el examen de la solicitud — Directiva 2013/33/UE — Artículo 8, apartado 3, párrafo primero, letras a) y b) — Internamiento — Verificación de la identidad o de la nacionalidad — Determinación de los elementos en que se basa la solicitud de protección internacional — Validez — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 6 y 52 — Limitación — Proporcionalidad]
-Asunto C-60/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 13 de septiembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suecia) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket [Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.° 604/2013 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país — Artículo 28 — Internamiento de un solicitante de protección internacional para su traslado al Estado miembro responsable — Plazo para efectuar el traslado — Duración máxima del internamiento — Cálculo — Aceptación de la petición a efectos de la toma a cargo antes del internamiento — Suspensión de la ejecución de la decisión de traslado]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 13.9.2017.
-Asuntos acumulados C-168/16 y C-169/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de septiembre de 2017 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Cour du travail de Mons — Bélgica) — Sandra Nogueira y otros/Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osácar/Ryanair Designated Activity Company, anteriormente Ryanair Ltd (C-169/16) [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial — Competencia en materia de contratos individuales de trabajo — Reglamento (CE) n.° 44/2001 — Artículo 19, punto 2, letra a) — Concepto de «lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo» — Sector de la aviación — Personal de vuelo — Reglamento (CEE) n.° 3922/91 — Concepto de «base»]
-Asunto C-184/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de septiembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/38/CE — Directiva 2008/115/CE — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Estancia de un nacional de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro a pesar de la prohibición de acceso al territorio de ese Estado — Legalidad de la decisión de revocar un certificado de registro y una segunda resolución de expulsión del territorio — Posibilidad de invocar por vía de excepción la ilegalidad de una resolución anterior — Obligación de traducción)
-Asunto C-503/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 14 de septiembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação de Évora — Portugal) — Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A. (Procedimiento prejudicial — Seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles — Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE y 2009/103/CE — Hurto de vehículo — Accidente de circulación — Daños corporales y materiales sufridos como peatón por el propietario asegurado del vehículo — Responsabilidad civil — Indemnización — Cobertura por el seguro obligatorio — Cláusulas de exclusión — Normativa nacional que excluye de la indemnización por el seguro al propietario asegurado del vehículo — Compatibilidad con esas Directivas — Concepto de «tercero víctima»)
-Asunto C-437/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 19 de julio de 2017 — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH.
Cuestión planteada: "¿Deben interpretarse el artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 492/2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la que es objeto del procedimiento principal (artículo 3, apartado 2, punto 1, en relación con los artículos 3, apartado 3, y 2, apartado 1, de la Urlaubsgesetz), con arreglo a la cual un trabajador que acumula un total de 25 años de servicio pero no los ha prestado en la misma empresa austriaca sólo tiene derecho a cinco semanas de vacaciones anuales, mientras que un trabajador que ha prestado 25 años de servicio en la misma empresa austriaca tiene derecho a seis semanas de vacaciones anuales?"
-Asunto C-474/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 8 de agosto de 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Sociedad de Transportes S.A.
2. ¿Autorizan los artículos 22 y 23 del Código de fronteras Schengen una normativa nacional que prevé, a efectos del cumplimiento de la obligación, la adopción de una orden de prohibición con apercibimiento de imposición de multa
coercitiva contra una empresa de autobuses cuando, debido a la falta de inspecciones, han sido transportados al territorio de la República Federal de Alemania extranjeros sin pasaporte ni permiso de residencia?
[DOUE C382, de 13.11.2017]
Publicado por Federico Garau a las 12:00:00 0 comentarios
Etiquetas: D.Obligaciones, DOUE, DPCI, Extranjería, Fiscalidad, Jurisprudencia, M.Capitales, Reglamento Bruselas I, TJUE
Ha aparecido el volumen de los "Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2016", publicado por Thomson Reuters - Aranzadi.
El presente volumen recoge una nueva edición de los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz organizados por la Universidad del País Vasco, correspondiente a la edición del año 2016. Los cursos de Derecho Internacional Privado de este volumen son los siguientes:
Régimen jurídico de la comercialización internacional de mercancías, por Ángel Espiniella Menéndez, pp. 271-348
Sumario: 1. PRESENTACIÓN. 2. REGULACIÓN DE LOS CANALES INTERNACIONALES DE COMERCIALIZACIÓN. 2.1. Canales directos de comercialización. 2.1.1. Internacionalización del establecimiento comercial. 2.1.2. Creación de sucursales en el extranjero. 2.2. Canales indirectos de comercialización. 2.2.1. Modalidades de intermediación comercial. 2.2.2. El mercado de referencia. 2.3. Canales mixtos de comercialización. 2.3.1. Estrategias intra-grupo de comercialización. 2.3.2. Estrategias de “marcas blancas”. 3. REGULACIÓN DE LA COLOCACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MERCANCÍAS EN EL MERCADO. 3.1. Actividades de marketing y publicidad para la colocación. 3.2. Colocación en el mercado mayorista. 3.2.1. Ventas estándar. 3.2.2. Ventas al distribuidor. 3.2.3. Fabricaciones “contra pedido”. 3.2.4. Intercambios compensados. 3.3. Colocación en el mercado final. 3.3.1. La captación del consumidor. 3.3.2. La protección del consumidor captado. 4. REGULACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO INTERNACIONAL DE LAS MERCANCÍAS. 4.1. Expedición de las mercancías. 4.1.1. Prestaciones individuales de servicios. 4.1.2. Prestación integral de servicios logísticos. 4.2. Exportación e importación de las mercancías en la cadena comercial. 4.2.1. Destinos aduaneros. 4.2.2. La práctica del comercio paralelo.4.3. Entrega de las mercancías a los distribuidores. 4.3.1. Lugar. 4.3.2. Momento y forma. 4.3.3. Transmisión de la propiedad. 5. REGULACIÓN DEL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE POSTVENTA. 5.1. Garantías comerciales y servicios postventa. 5.1.1. La garantía voluntaria y los servicios adicionales. 5.1.2. La garantía legal y los servicios obligatorios. 5.2. Responsabilidad por daños. 5.2.1. Relación entre responsabilidad y comercialización. 5.2.2. Daños a clientes en función de su perfil. 6. VALORACIÓN FINAL
Resumen: Hipótesis de partida: la comercialización internacional de mercancías es una actividad económica fundamental para las empresas, que, como tal, no está delimitada o acotada ni por el Derecho internacional privado ni por el Derecho del comercio internacional.
Objetivos: el curso pretende acotar el régimen jurídico de la comercialización internacional para, a partir de dicha delimitación, analizar la eficiencia del sistema en su conjunto.
Metodología: se propone un análisis transversal de los distintos sectores del Derecho internacional privado y del Derecho del comercio internacional, en la medida en que estos afectan a la cadena de comercialización internacional de mercancías. Se seleccionarán los aspectos más relevantes de Derecho privado, esto es, de las relaciones entre empresas (B2B) y de las empresas con los consumidores (B2C), sin perjuicio de alguna alusión a otras normas, más propias de Derecho público o económico, en lo que respecta a los escenarios de la comercialización internacional.
Estructura: partiendo de la comercialización internacional de mercancías como un “hecho económico”, se estructuran cuatro momentos fundamentales de dicha actividad económica a los que debe darse respuesta jurídica: los canales internacionales de comercialización, la colocación internacional de los bienes en el mercado, el desplazamiento internacional de las mercancías y el posicionamiento internacional de los operadores en la postventa.
Impacto: se propone una perspectiva mínimamente innovadora analizando sectores como el Derecho internacional societario, contractual, de consumo, de transporte, de marcas o de daños, no de modo aislado o autónomo, sino de una forma práctica, transversal y conjunta, en la medida necesaria para que las empresas desarrollen su actividad de comercialización de mercancías.
El concepto de "país seguro" y otros dispositivos restrictivos del derecho de asilo en España y la Unión Europea, por Patricia Orejudo Prieto de los Mozos, pp. 435-486
Sumario: 1. INTRODUCCIÓN. 2. LA CONVENCIÓN DE GINEBRA DE 1951 Y EL PROTOCOLO DE NUEVA YORK DE 1967. 2.1. Instrumentos base para la protección de las personas refugiadas. 2.2. Alcance y limitaciones. 3. INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 3.1. Reconocimiento del derecho al asilo. 3.2. Garantía del principio de no devolución e incidencia de otros derechos. 4. INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE ASILO. 4.1. Conformación de un sistema regional ¿al servicio de la CG 51 y el PNY 67? 4.2. El Sistema Europeo Común de Asilo. 4.2.1. Primeras dos fases: establecimiento de las bases. 4.2.2. El fracaso del SECA y la futura tercera fase. 5. REGULACIÓN ESTATAL. 6. OBTENCIÓN DEL ESTATUTO: REQUISITOS Y OBSTÁCULOS. 6.1. Ubicación y nacionalidad de la persona solicitante. 6.1.1. Encontrarse fuera del país de origen: visados, externalización de las fronteras y retorno a tercer país seguro. 6.1.2. Tener nacionalidad extranjera: exclusiones y determinación. Los tests de nacionalidad. 6.2. Temor fundado a persecución. 6.2.1. Componentes del temor fundado. Situación del país de origen en el momento de presentación de la solicitud: el “criterio de prudencia”. 6.2.2. Empleo del concepto de país de origen seguro. 6.2.3. Agentes y actos de persecución. La “discreción razonable”. 6.3. Motivos de persecución. La alternativa de huida interna. 7. CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA. 8. CONCLUSIONES.
Resumen: La protección internacional que diversos instrumentos de derechos humanos y, en particular, la Convención de Ginebra de 1951 confieren a determinadas personas frente a la persecución o los daños que padecen o pueden sufrir en sus países de origen se está viendo cada vez más comprometida por el Derecho de la Unión Europea. Las instituciones de la UE han activado diversos mecanismos que procuran evitar que accedan al territorio de los Estados Miembros esas personas necesitadas de protección; y expedientes que, cuando sí logran llegar, facilitan que las solicitudes de protección sean inadmitidas o desestimadas. Entre estos expedientes ocupa un lugar destacado el concepto de país seguro, que también subyace en uno de esos mecanismos dirigidos a mantener alejadas a las potenciales solicitantes de asilo y a hacer posible su deportación: los acuerdos con terceros Estados.
F.J. Quel López, Mª.D. Bollo Arocena (Coords.)
"Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2016"
Thomson Reuters - Aranzadi, agosto 2017
ISBN: 978-84-9152-047-4
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-Anuario de Justicia Alternativa: núm. 14 (2017).
-Journal du Droit International (Clunet): 2017, núm. 2.
-Rivista di Diritto Internazionale: 2017, núm. 3.
-Reglamento Delegado (UE) 2017/2055 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes en relación con el ejercicio del derecho de establecimiento y la libertad de prestación de servicios de las entidades de pago.
Nota: Esta disposición establece las normas relativas a la cooperación y al intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida en relación con las notificaciones para el ejercicio del derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios por parte de las entidades de pago, de conformidad con el art. 28 de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior(véase la entrada de este blog del día 23.12.2015).
Nota: Y aquí nos llega la segunda corrección de errores del texto español de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (véase la entrada de este blog del día 23.12.2015). Véase igualmente la primera corrección de errores.
[DOUE L294, de 11.11.2017]
Etiquetas: D.Sociedades/P.Jurídicas, DOUE, IP, M.Capitales
-Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Nota: Aquí nos llega la segunda corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio. ¿Para cuándo la tercera? Véase la entrada de este blog del día 28.6.2017, así como la primera corrección de errores.
-Modificaciones al Reglamento Común del Acta de 1999 y del Acta de 1960 del Arreglo de La Haya sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales, adoptadas en la 36.ª sesión de la Asamblea de la Unión de La Haya, celebrada en Ginebra el 11 de octubre de 2016.
Nota: Estas modificaciones entraron en vigor de forma general y para España el 1 de enero de 2017, es decir, hace más de diez meses. ¡Y ahora se publica en el BOE!
-Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Ceuta a la inscripción de sendas escrituras de aportación a la sociedad de gananciales y ulterior de capitulaciones matrimoniales y liquidación de sociedad conyugal.
Nota: Los antecedentes del caso se contraen en un escritura autorizada por un notario de Ceuta el 5.2.2014, en la que los esposos don MMA y doña MSA, de nacionalidad española, convinieron la aportación de una finca, que se indicaba pertenecía privativamente a uno de ellos, «a la sociedad de gananciales habida con su esposa compareciente, y que la causa de dicha aportación tiene su origen en eliminar dificultades a la hora de liquidar su sociedad de gananciales debido a los gastos habidos al contraer matrimonio». Se indicaba, a continuación, que se había solicitado la autorización de la Delegación del Gobierno en Ceuta para adquirir la finca en cuestión, «sin que la pueda exhibir en este acto, de lo que yo, el Notario, advierto expresamente». Posteriormente, los consortes, mediante escritura otorgada ante el mismo notario el día 18.11.2016, procedieron a disolver y liquidar su sociedad de gananciales, adjudicándose el bien descrito por mitad e iguales partes, con carácter privativo (no se contiene referencia alguna a la autorización de la Delegación del Gobierno). Por último, mediante escritura otorgada el 24.5.2017 se subsanaron determinados errores materiales en la descripción de la finca.
Presentadas las escrituras en el Registro de la Propiedad de Ceuta, el registrador suspendió la inscripción por no acompañarse ni testimoniarse la preceptiva autorización para la adquisición de dominio o la constitución del derecho real de hipoteca en la Ciudad de Ceuta cualquiera que sea la nacionalidad del adquirente, tal como se establece en la DF 1ª del Reglamento de Ejecución de la ley 8/1975 de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero.
En este recurso, por tanto, se plantea si se ajusta o no a derecho el defecto expresado en la calificación registral. El notario recurrente alega que la disposición adicional introducida por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, en la Ley 8/1975 (norma de rango superior al Reglamento y que además es posterior en el tiempo) habría dejado tácitamente sin aplicación la norma reglamentaria invocada como fundamento de la calificación negativa (disposición ésta que, además de ser de rango inferior a la disposición legal referida, es anterior en el tiempo).
En primer término, por lo que se refiere al posible conflicto de carácter temporal entre normas al que se refiere el notario en su recurso, la disposición adicional de la Ley de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, en su redacción por la Ley 37/1990, de 27 de diciembre, determina lo siguiente: «1. Las limitaciones que para la adquisición de la propiedad y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, así como para la realización de obras y edificaciones de cualquier clase, son de aplicación en los territorios declarados, o que se declaren, zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, en virtud de las previsiones contenidas en las disposiciones que integran el capítulo III, no regirán respecto de las personas físicas que ostenten la nacionalidad de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea; tratándose de personas jurídicas que ostenten dicha nacionalidad, el aludido régimen será de aplicación en los mismos términos que se prevé respecto de las personas jurídicas españolas». Debe tenerse en cuenta que, en relación con el verdadero alcance esta norma, se ha entendido que tal disposición adicional se ocuparía de determinar el ámbito subjetivo de las limitaciones que nacen de la Ley de 1975 y concretamente de su Capítulo III, básicamente para equiparar la condición jurídica de empresas y nacionales comunitarios a la de las empresas y nacionales españoles, para evitar una discriminación legal entre nacionales españoles y comunitarios, que se estimaría incompatible con los tratados de las Comunidades Europeas.
A su vez, la disposición final primera del ya citado Reglamento en desarrollo de la Ley 8/1975 (Real Decreto 689/1978, modificado por el Real Decreto 374/1989) tiene un alcance diferente, al tratarse de la ejecución de una autorización que el Congreso, a través de la Ley 37/1998, confirió al Gobierno en la disposición final segunda de la misma Ley de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional (tal y como quedó redactada por la disposición adicional segunda de la ley 37/1998), a cuyo tenor: «Con independencia de lo dispuesto en esta Ley, y sin perjuicio de su aplicación a Ceuta y Melilla, el Gobierno queda expresamente facultado para dictar, con relación a las mismas, las normas especiales que las necesidades de la defensa nacional aconsejaren según las circunstancias de cada momento y, entre aquéllas, la exigencia de autorización del Consejo de Ministros en todos los casos de transmisión y gravamen de la propiedad de bienes inmuebles, así como construcción de obras o edificaciones, cualquiera que sea la nacionalidad del adquiriente. Mediante Real Decreto, el Gobierno podrá acordar la desconcentración de la facultad para otorgar estas autorizaciones. Los órganos a los que se atribuya tal facultad tendrán la potestad sancionadora prevista en los párrafos primero y segundo del artículo treinta de esta Ley». En ese sentido la reformada disposición final primera de dicho Reglamento comienza expresando que se dicta: «De conformidad con lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 8/1975, en la redacción dada por la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, y sin perjuicio de la aplicación de los preceptos de ésta, y sus normas reglamentarias en Ceuta y Melilla» y añade que «cuando los actos a que se refieren los artículos 37 y 46 de este Reglamento recaigan sobre inmuebles sitos en las mismas, será necesaria la previa autorización del Consejo de Ministros, cualquiera que fuese la nacionalidad del adquirente o interesado, sustituyendo, en todo caso, dicha autorización a la de carácter militar prevista en este Reglamento».
Por tanto, es indudable que hay especificas determinaciones legales aplicables en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla por razón de defensa nacional, independientemente de lo ya dispuesto en la Ley 8/1975, pues se autoriza al Gobierno para dictar en el futuro cualesquiera desarrollos normativos especiales que sean aconsejables según las circunstancias; y fija específicamente una muy concreta limitación que el Gobierno puede establecer mediante la aprobación de la correspondiente norma reglamentaria, cual es la necesidad de autorización del Consejo de Ministros (luego desconcentrada reglamentariamente en las respectivas Delegaciones del Gobierno), para todos los casos de transmisión y gravamen de la propiedad y declaraciones de obra sobre inmuebles sitos en Ceuta y Melilla.
Por ello la finalidad de tal limitación específica nada tiene que ver con las genéricas limitaciones impuestas por la Ley 8/1975, cuyo núcleo radica en la distinción entre españoles y extranjeros, lo cual precisamente se corrige para no vulnerar la legislación comunitaria, debiendo repararse además en un dato esencial, cual es que la reforma operada en 1990 respecto de la disposición adicional de la ley tiene como sujetos a las empresas y nacionales de países comunitarios, en tanto que la disposición final primera del Reglamento no tiene ningún sujeto determinado, dada la fórmula inclusiva usada por la norma habilitante (cualquiera que sea la nacionalidad del adquirente), de modo que el origen y fundamentación de la tanta veces referida norma reglamentaria deriva de la potestad delegada al poder Ejecutivo por el Legislativo para dictar los instrumentos normativos necesarios para acomodar las futuras necesidades de defensa nacional en esa Ciudades Autónomas. En suma, estamos ante un evidente supuesto de delegación, vía autorización por parte del legislador al Gobierno, por lo que no cabe entender que se trate de un supuesto de derogación tácita "ex lex posterior".
Debe añadirse que se ha puesto de relieve cómo la eventual imposición por razones de defensa militar de la necesidad de autorización para nacionales españoles y para comunitarios, por igual (esto es sin discriminar entre nacionales y comunitarios), para acceder a la propiedad de inmuebles en determinadas zonas consideradas estratégicas no se opone a la Constitución Europea [sic.], no siendo ocioso recordar que ya con referencia a su antecedente, el art. 73.B) del TUE, se determinó por la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13.7.2000 (Asunto Albore), sobre la cuestión planteada por la Corte de Apelación de Nápoles a propósito de la exigencia de autorización para la adquisición de inmuebles por dos alemanes en zona estratégica militar italiana, cuando no se exigía este requisito para los nacionales italianos, que el citado artículo 73.B) se oponía a la legislación nacional de que se tratara cuando por razones de defensa militar dispensara a los nacionales de dicho Estado, y sólo a ellos, del deber de solicitar una autorización administrativa para adquirir un inmuebles situado en zona declara de importancia militar.
Finalmente, y abordando un plano teórico la cuestión que se plantea en el recurso respecto de la derogación tácita de las normas de rango inferior a la ley, es admitido que ésta puede ser apreciada y declarada por cualquier órgano administrativo o jurisdiccional que haya de aplicarlas (aunque también este principio tiene excepciones). Ahora bien, también hay acuerdo general en entender que la apreciación de la existencia de derogación tácita de normas con rango legal es materia propiamente jurisdiccional; y éste sería hipotéticamente el supuesto del presente recurso, pues el Reglamento de desarrollo vendría a ser ejecución, vía habilitación al Gobierno por parte del Legislativo, de la disposición final segunda de la Ley 8/1975, (derivando así una norma legal), por lo que el supuesto conflicto se produciría entre normas del mismo rango de ley, y en este punto ni notarios ni registradores estarían habilitados para resolverlo.
Por todas las consideraciones anteriores, la DGRN desestima el recurso y confirma la calificación del registrador.
[BOE n. 274, de 11.11.2017]
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Jurisprudencia - Renovación por razones humanitarias de autorización de residencia por reagrupación familiar
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Sentencia de 17 febrero 2017, Rec. 165/2016: Renovación de la autorización de residencia por reagrupación familiar. Reagrupante con permiso de larga duración y con vive con la esposa. Sin embargo no cuenta con los medios económicos de la unidad familiar en la cuantía vigente del IPREM exigidos legalmente. Si bien en la renovación de la autorización se debe cumplir, entre otros, el requisito de suficientes medios económicos, la cuantía puede ser minorada por razones humanitarias cuando se dan circunstancias excepcionales acreditadas que lo aconsejen. La unidad familiar vive en una vivienda arrendada en la que se encuentran empadronados, que ha sido informada por el Ayuntamiento como adecuada para atender las necesidades del reagrupante y su familia; el matrimonio tiene cuatro hijos que nacieron el España y dos de ellos se encuentran escolarizados.
Ponente: Cassinello Gómez Pardo, Indalecio.
Nº de Recurso: 165/2016
Iustel - Diario Del Derecho, 10 noviembre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto en CENDOJ: STSJ MU 201/2017 - ECLI: ES:TSJMU:2017:201]
Nota: En esta Resolución se recogen las comunicaciones sobre tratados recibidas en el MAEC hasta el 15.10.2017. Para los convenios en materia de Derecho Internacional Privado véase la págs. 108315 a 108319 (págs. 21 a 25 del documento). Para los de Derecho Penal y Procesal, véanse las págs. 108320 a 108329 (págs. 26 a 35 del documento).
[BOE n. 273, de 10.11.2017]
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (9.11.2017)
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 9 de noviembre de 2017, en el asunto C‑641/16 (Tünkers France y Tünkers Maschinenbau): Procedimiento prejudicial — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) n.º 1346/2000 — Órgano jurisdiccional competente — Acción por competencia desleal presentada en el marco de un procedimiento de insolvencia — Acción interpuesta por una sociedad que tiene su domicilio en otro Estado miembro, contra el cesionario de una rama de actividad de la sociedad sujeta al procedimiento de insolvencia — Acción ajena al procedimiento de insolvencia o acción emanada directamente de dicho procedimiento con el que está en estrecha relación.
Fallo del Tribunal: "El artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que no está incluida en la competencia del órgano jurisdiccional que abrió el procedimiento de insolvencia una acción de indemnización por competencia desleal mediante la que se reprocha al cesionario de una rama de actividad adquirida en el marco de un procedimiento de insolvencia haberse presentado de forma engañosa como el distribuidor exclusivo de artículos fabricados por el deudor."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 9 de noviembre de 2017, en el asunto C‑298/16 (Ispas): Procedimiento prejudicial — Principios generales del Derecho de la Unión — Derecho a una buena administración y derecho de defensa — Normativa tributaria nacional que establece el derecho a ser oído y a ser informado durante un procedimiento administrativo tributario — Resolución relativa a una liquidación complementaria del impuesto sobre el valor añadido girada por las autoridades tributarias nacionales sin conceder al contribuyente acceso a la información y los documentos que sirven de base a la mencionada resolución.
Fallo del Tribunal: "El principio general del Derecho de la Unión de respeto del derecho de defensa debe interpretarse en el sentido de que, en los procedimientos administrativos relativos a la inspección y a la determinación de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido, un particular debe tener la posibilidad de que se le transmitan, si así lo solicita, la información y los documentos incluidos en el expediente administrativo que la autoridad pública haya tomado en consideración para adoptar su resolución, a menos que la restricción del acceso a la información y documentos mencionados esté justificada por objetivos de interés general."
Etiquetas: D.Obligaciones, D.Persona, Fiscalidad, Insolvencia, Jurisprudencia, Reglamento Insolvencia, TJUE
(Sesión del 10 de marzo de 2014)
-Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre la evaluación de la justicia en relación con la justicia penal y el Estado de Derecho (2014/2006(INI))
-Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013 — Ciudadanos de la UE: vuestros derechos, vuestro futuro (2013/2186(INI))
Nota: véase el documento COM(2013) 269 final, INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES: Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013. Ciudadanos de la UE: vuestros derechos, vuestro futuro.
-Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534 — 2013/0255(APP)).
-Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (COM(2013)0045) — C7-0032/2013 — 2013/0025(COD)) P7_TC1-COD(2013)0025 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de marzo de 2014 con vistas a la adopción de la Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismoTexto pertinente a efectos del EEE.
-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Azerbaiyán sobre la readmisión de residentes ilegales (15596/2013 — C7-0079/2014 — 2013/0358(NLE))
-Viajes combinados y servicios asistidos de viaje
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los viajes combinados y los servicios asistidos de viaje, por la que se modifican el Reglamento (CE) n° 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo (COM(2013)0512 — C7-0215/2013 — 2013/0246(COD)) P7_TC1-COD(2013)0246 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de marzo de 2014 con vistas a la adopción de la Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los viajes combinados , las vacaciones combinadas, los circuitos combinados y los servicios asistidos asociados de viaje, por la que se modifican el Reglamento (CE) n° 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE [Enm. 1]
-Libre circulación de los trabajadores
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos concedidos a los trabajadores en el marco de la libre circulación de los trabajadores (COM(2013)0236 — C7-0114/2013 — 2013/0124(COD)) P7_TC1-COD(2013)0124 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de marzo de 2014 con vistas a la adopción de la Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores.
[DOUE C378, de 9.11.2017]
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-Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos.
Nota: Esta norma regula, de acuerdo con su art. 1, el sistema de licencia que permite a los particulares introducir en España, adquirir, poseer o utilizar precursores de explosivos restringidos, así como la comunicación por parte de los operadores económicos de las transacciones sospechosas, la sustracción o desaparición de precursores de explosivos y el régimen sancionador aplicable en caso de infracción a las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, sobre la comercialización y utilización de precursores de explosivos.
Los particulares que pretendan adquirir, poseer, utilizar o introducir en España los precursores de explosivos restringidos que se relacionan en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo deberán solicitar y obtener previamente la correspondiente licencia (art. 4).
De acuerdo con la DF 3ª, la ley entrará en vigor al mes de su publicación en el BOE, excepto la infracción grave prevista en el art. 12.2.f) (no comunicar la sustracción o desaparición de los precursores de explosivos restringidos que se posean legítimamente), que lo hará a los dos años de la publicación en el BOE.
Sobre el Proyecto de Ley remitido por el gobierno a las Cortes Generales véase la entrada de este blog del día 23.12.2016.
- Art. 5: El n.1, el n.2, letras a) y b), y el n.4, letras a) y b), excluyen del ámbito de la Ley determinados negocios y contratos: los incluidos en el ámbito del art. 346 del TFUE que se concluyan en el sector de la defensa y la seguridad; determinados contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios, que se celebren en el ámbito de la seguridad y de la defensa, en los que concurra determinadas circunstancias o que deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico.
- Art. 7: regula los negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito internacional:
"1. Se excluyen del ámbito de la presente Ley los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional.
3. Asimismo, quedarán excluidos del ámbito de la presente Ley los contratos que deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico que haya sido establecido en virtud de las normas de contratación aprobadas por una organización internacional o por una institución financiera internacional, siempre y cuando estén financiados íntegramente o mayoritariamente por esa institución."
- Art. 19.2: de termina que no se consideran sujetos a la regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, entre otros, los contratos que forman parte del ámbito definido por el art. 346 del TFUE que se concluyan en el sector de la defensa (letra b); igualmente, los contratos que tengan por objeto la representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado, ya sea en un arbitraje o una conciliación celebrada en un Estado o ante una instancia internacional de conciliación o arbitraje, o ya sea en un procedimiento judicial ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado o ante órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales (letra e.1º).
- Art. 65.1: recoge las condiciones de aptitud de las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, para contratar con el sector público.
- Art. 67: se ocupa de la contratación con empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el EEE.
- Art. 68: hace lo propio en relación con las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la UE o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el EEE.
- Art. 69.5: para la contratación de uniones de empresarios en los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la UE ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el EEE y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la UE o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el EEE, determina que los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y los últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
- Art. 71.1.b): establece que no podrán contratar las personas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia, entre otras, de extranjería.
- Art. 78.1: establece que no será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la UE o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el EEE, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia.
- Art. 84: regula la acreditación de la capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la UE o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el EEE (n. 2), y de los demás empresarios extranjeros (n. 3).
- Art. 88.1.a9, p. 2º: en relación con la solvencia técnica de los contratos de obras, determina que las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos en el art. 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.
- Arts. 93.2 y 94.2: establece que los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes a los de cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de las normas de gestión medioambiental expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la UE.
- Art. 97: se ocupa del valor de los Certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.
- Art. 140.1: en relación con la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, se establece que:
"f) Además de la declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante."
- Art. 149.5: regula la exclusión por el órgano de contratación de ofertas anormalmente bajas debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado: "En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada."
- Art. 159.4: en relación con el procedimiento abierto simplificado se determina que, "en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración responsable incluirá el sometimiento al fuero español" (letra c). Igualmente, se establece que, en los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la UE o signatario del EEE, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva (letra g).
- Art. 288.d): establece que el concesionario estará sujeto al cumplimiento, entre otras, de obligación de respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de concesión de servicios.
- DA 1ª: regula la contratación en el extranjero.
- DA 16ª. 1, párrafo último: establece que, cuando a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado Miembro de la UE o signatario del EEE, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de empresarios autorizados para contratar establecida por un Estado Miembro de la UE, o bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva.
- DA 21ª: se ocupa de los contratos de suministro con empresas extranjeras.
- DA 26ª: se ocupa de las agrupaciones europeas de cooperación territorial.
- DA 50ª: regula lo relativo a paraísos fiscales.
En relación con la publicidad en el DOUE de aspectos de los procesos de contratación pueden verse los arts. 39.2.c), 134, 135, 154, 207.3, la DA 5ª, la DA 19ª.2 y DA 36ª.
Queda derogado el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley (disposición derogatoria).
La DF 16ª regula la entrada en vigor de la ley, que lo hará a los cuatro meses de su publicación en el BOE. No obstante, la letra a) del ap. 4 del art. 159 y la letra d) del ap. 2 del art. 32, lo harán a los diez meses de la citada publicación; y los arts. 328 a 334, así como la DF 10ª lo harán al día siguiente de la referida publicación. El tercer párrafo del ap. 1 del art. 150 entrará en vigor en el momento en que lo haga la disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo.
Sobre este nuevo texto legal véase el comentario de Julio V. González García, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, en Glogal Politics and Law.
[BOE n. 272, de 9.11.2017]
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