Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016AE3427&from=CS
Timestamp: 2019-10-21 18:34:47
Document Index: 129366378

Matched Legal Cases: ['Artículo 53', 'artículo 62', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 27', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 30', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 27', 'artículo 30']

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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, a la vista de la evolución de las realidades del mercado
Comisión Europea, 6/7/2016
Artículo 53, apartado 1, y artículo 62 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
El CESE reconoce que, frente a la evolución del mercado audiovisual resultante de la emergencia de nuevas formas de servicios, la aparición de nuevos operadores y el desarrollo de nuevas formas de consumo «a la carta», la adaptación del marco normativo europeo de los servicios de comunicación audiovisual se ha hecho imprescindible. Apoya a la Comisión Europea en sus gestiones para actualizar la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (DSCA) de 2010, sin perjuicio de las observaciones que siguen.
Los servicios de comunicación audiovisual no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial. El CESE considera que las medidas de protección de menores y adolescentes, así como las medidas dirigidas a garantizar la participación de las personas con discapacidad, las personas de edad avanzada, los desfavorecidos o excluidos de la vida social y cultural, no pueden estar subordinadas a consideraciones económicas.
El CESE toma nota de la prevista supresión del actual artículo 7 de la DSCA relativo a la accesibilidad de las personas con discapacidad, que será sustituido por la propuesta de Directiva relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios [COM(2015) 615 final]. Si no se materializara esta propuesta de la Comisión, habría que revalorizar dicho artículo 7 obligando a los Estados miembros a promover, de manera no exhaustiva, el lenguaje de signos, el subtitulado, la audiodescripción y los menús de navegación fáciles de comprender.
El CESE acoge favorablemente el hecho de que, en aras de la diversidad cultural, la Unión favorezca la difusión de obras europeas y que los grandes prestadores de servicios de comunicación audiovisual se vean obligados a proponer una cuota determinada de las mismas en sus programas o catálogos. Sin embargo, propone revisar al alza la cuota mínima del 20 % de obras europeas impuesta a los grandes proveedores de vídeo a la carta hasta llegar a un 50 %, a semejanza de la cuota mínima fijada para la radiodifusión televisiva. También propone prever una cuota mínima del 20 % para los proveedores con un bajo volumen de negocios o una baja audiencia, precisando qué es lo que hay que entender por «bajo volumen de negocios» y «baja audiencia».
El CESE se pronuncia contra la opción facultativa concedida a los Estados miembros de imponer a los servicios a la carta que sean de su competencia, así como a los situados fuera de sus fronteras y dirigidos a su público nacional, contribuciones financieras en forma de inversiones directas en obras o pagos a los fondos cinematográficos nacionales, lo que podría falsear la competencia en función de si un Estado miembro introduce o no dichas contribuciones y penalizar a los servicios audiovisuales de un Estado miembro destinados a sus ciudadanos establecidos en otro Estado miembro.
En cuanto a la protección de los menores, el CESE aprueba que la propuesta de Directiva prevea alinear las normas de protección aplicables a los proveedores de plataformas de distribución de vídeos con las aplicables a la radiodifusión televisiva. Sin embargo, pide que se aproveche la ocasión para aclarar la disposición del artículo 27 de la DSCA (2010/13/UE), que dispone que los Estados miembros tomen medidas para que las emisiones de televisión no incluyan, durante las horas en que los menores se encuentren en el campo de difusión, ningún programa que pueda perjudicar seriamente su desarrollo físico, mental y moral. El CESE propone fijar un horario preciso e incluir en ese horario una prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas.
El CESE aprueba la modificación propuesta del nuevo artículo 6, que precisa que los servicios de comunicación audiovisual no pueden contener incitaciones a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con el sexo, el origen racial o étnico, la religión o creencia, la discapacidad, la edad o la orientación sexual. Sin embargo, hace hincapié en que en el nuevo artículo 28 bis, relativo a las plataformas de distribución de vídeos, se ha olvidado la referencia al sexo, la orientación sexual y la discapacidad y que la terminología utilizada es a veces diferente. Se propone recoger en el artículo 28 bis, apartado 1, letra b), las mismas formulaciones que en el artículo 6.
En el marco de la protección de todos los ciudadanos contra los contenidos que supongan una incitación a la violencia o al odio y de la protección de los menores contra los contenidos perjudiciales para su desarrollo, el CESE aprueba el fomento de la corregulación y la autorregulación por medio de códigos deontológicos, siempre y cuando se constituya efectivamente el Grupo de entidades reguladoras europeas para los servicios de comunicación audiovisual (ERGA) y se le dote de los medios necesarios para el ejercicio efectivo de sus competencias, especialmente la prevista en el artículo 30 bis, apartado 3, letra c).
El CESE se pronuncia contra la propuesta de la Comisión Europea de reservar más espacio y flexibilidad a la publicidad de los servicios de comunicación audiovisual en detrimento de los consumidores, que sufrirán un mayor número de interrupciones de programas para la inserción de publicidad de más larga duración durante las horas punta y de máxima audiencia. Estas nuevas normas sobre las interrupciones publicitarias también podrían ir en detrimento de la integridad de las obras y el derecho moral de los autores.
El CESE considera que las normas de supervisión por las autoridades reguladoras nacionales son ineficaces en el caso de las empresas ficticias de un Estado miembro que utilizan los satélites de un tercer país para llegar a una gran audiencia en otro Estado miembro, y que deberán revisarse y completarse con una disposición que someta a cualquier operador que disponga de una licencia audiovisual en un Estado miembro, pero que ofrezca servicios audiovisuales en otro Estado miembro, a las disposiciones de ambos.
Desde 1989, las normas europeas regulan los medios audiovisuales y garantizan la diversidad cultural y la libre circulación de los contenidos en la UE. La Directiva de servicios de comunicación audiovisual (DSCA), que se ha actualizado en reiteradas ocasiones en función de la evolución tecnológica y comercial, armoniza a nivel europeo todas las legislaciones nacionales relativas a los medios audiovisuales. Actualmente, abarca las emisiones de televisión y los servicios de vídeo a la carta.
Ahora bien, el paisaje audiovisual está transformándose a un ritmo acelerado, debido a la creciente convergencia entre la televisión y los servicios distribuidos a través de internet. Aparecen nuevos modelos económicos, mientras que nuevos instrumentos tecnológicos de comunicación y nuevos actores, como los proveedores de vídeo a la carta y las plataformas de distribución de vídeos, ofrecen contenidos audiovisuales en internet.
La radiodifusión televisiva y el vídeo a la carta están sujetos a normativas diferentes y a niveles de protección de los consumidores desiguales. Por ello, la Comisión se propone lograr un mayor equilibrio de las normas que se impongan a los organismos tradicionales de radiodifusión televisiva, los proveedores de vídeo a la carta y las plataformas de distribución de vídeos.
3. Síntesis de la propuesta de la Comisión
En el marco de su estrategia para un mercado único digital, la Comisión propone una actualización de la DSCA a fin de crear un entorno más equitativo para todos los agentes del mercado, fomentar la diversidad cultural europea y las películas europeas, proteger mejor a los menores, combatir los discursos de incitación al odio y a la violencia, garantizar la independencia de las autoridades reguladoras del sector audiovisual y ofrecer una mayor flexibilidad a los organismos de difusión en materia de publicidad. La DSCA modificada se aplicará también a las plataformas en línea y los sitios web para la distribución de vídeos y contenidos.
La Comisión propone las siguientes medidas:
3.2.1. Actitud responsable de las plataformas de distribución de vídeos
Las plataformas de distribución de vídeos deberán proteger a los menores de los contenidos nocivos y proteger a todos los ciudadanos de la incitación a la violencia, el odio o el racismo. La Comisión invitará a todas las plataformas de distribución de vídeos a cooperar en la Alianza para una mejor protección de los menores en línea, a fin de elaborar un código de conducta para la industria. Las autoridades reguladoras nacionales del sector audiovisual tendrán competencias para hacer cumplir las normas, lo que, según la legislación nacional aplicable, también podrá dar lugar a la imposición de multas. Las medidas de protección de los consumidores previstas en la Directiva sobre el comercio electrónico también serán aplicables a las plataformas de distribución de vídeos.
3.2.2. Un mayor papel para las autoridades reguladoras nacionales del sector audiovisual
A partir de ahora la Directiva garantizará la independencia de las autoridades reguladoras nacionales. El papel del Grupo de entidades reguladoras europeas para los servicios de los medios de comunicación audiovisual (ERGA), compuesto por el conjunto de las 28 autoridades nacionales del sector audiovisual, se definirá en la legislación de la UE. El ERGA evaluará los códigos de conducta en materia de corregulación y asesorará a la Comisión Europea.
3.2.3. Una creatividad europea más desarrollada
La Comisión desea que los organismos de radiodifusión televisiva sigan dedicando al menos la mitad del tiempo de visionado a obras europeas y obligará a los prestadores de servicios a la carta a garantizar un porcentaje mínimo del 20 % de los contenidos europeos en sus catálogos. La propuesta también establece que los Estados miembros podrán pedir a los servicios a la carta disponibles o distribuidos en su territorio contribuir financieramente a la producción de obras europeas.
3.2.4. Una mayor flexibilidad para la publicidad difundida por los organismos de radiodifusión televisiva
La nueva normativa audiovisual no aumenta, para los organismos de radiodifusión televisiva, la duración total del tiempo de publicidad admisible durante el período comprendido entre las 7:00 y las 23:00 horas, pero les otorga una mayor flexibilidad al permitirles elegir el momento en el que programar los anuncios. Así, se propone suprimir la limitación horaria e introducir un límite diario de un 20 % de publicidad en el período comprendido entre las 7:00 y las 23:00 horas. Los organismos de radiodifusión y los prestadores de servicios a la carta gozarán también de una mayor flexibilidad para recurrir al emplazamiento de productos y el patrocinio.
El CESE expresa su compromiso con la diversidad de servicios de comunicación audiovisual (SCA), que promueve la libre circulación de la información, el desarrollo de la cultura y la libre formación de opinión, en condiciones que permitan proteger el pluralismo de la información, así como la diversidad cultural y lingüística.
Asimismo, aprueba que la Directiva sometida a examen preste atención al respeto de los derechos fundamentales y la observancia de los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como el derecho a la libertad de expresión, la libertad de empresa, el derecho a un recurso jurisdiccional y la promoción del respeto de los derechos del niño.
Asimismo, apoya a la Comisión en su objetivo de valorizar el patrimonio europeo, desarrollar la creación audiovisual de Europa y aumentar la producción y circulación de programas europeos de alta calidad, respetando los principios de la dignidad humana y asegurando un alto nivel de protección de los menores, los consumidores y los datos personales, así como una competencia justa y leal.
El CESE reconoce que, frente a la evolución del mercado audiovisual resultante de la emergencia de nuevas formas de servicios y de nuevos instrumentos tecnológicos de comunicación, de la aparición de nuevos operadores y del desarrollo de nuevas formas de consumo «a la carta», la adaptación del marco normativo europeo de los servicios de comunicación audiovisual se ha hecho imprescindible.
Dada la complejidad de las disposiciones legislativas relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, el CESE considera que, en aras de la claridad y la racionalidad, sería oportuno recoger en un texto consolidado las modificaciones y añadidos que la Directiva sometida a examen pretende introducir en la Directiva 2010/13/UE de 10 de marzo de 2010 sobre los SCA.
Los servicios de comunicación audiovisual son servicios públicos esenciales de carácter económico, social y cultural, portadores de valores y de sentido que, en gran parte, pertenecen a la esfera de los derechos humanos y que no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial. Esto vale sobre todo para los menores y adolescentes, cuya formación y educación dependen cada vez más de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la influencia de los servicios de comunicación audiovisual en la manera en que los auditores se forman una opinión, pero también para las personas con discapacidad, las personas de edad avanzada, los desfavorecidos o los excluidos, que deberían participar e integrarse en la vida social y cultural, algo indisociable de la prestación de unos servicios de comunicación accesibles y asequibles.
El CESE toma nota de que el actual artículo 7 de la DSCA, sumamente vago y poco explícito, se ha suprimido y ha de ser sustituido por la Directiva relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios [COM(2015) 615 final], que por el momento solo se encuentra en la fase de propuesta de Directiva.
Si no prosperase la iniciativa de la Comisión consistente en establecer, mediante un acto legislativo europeo, un marco general sobre la accesibilidad de los productos y servicios, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, habría que recoger en un nuevo artículo 7 de la DSCA disposiciones legislativas más vinculantes que obligaran a los Estados miembros a promover, de manera no exhaustiva, el lenguaje de signos, el subtitulado, la audiodescripción y menús de navegación fácilmente comprensibles, conforme al considerando 46 de la DSCA de 2010. En este contexto, el CESE señala que en los Estados miembros en los que, por regla general, las emisiones audiovisuales son subtituladas, el número de ciudadanos bilingües o multilingües es particularmente elevado.
El CESE acoge favorablemente el hecho de que, en aras de la diversidad cultural, la Unión favorezca la difusión de obras europeas y que los grandes prestadores de servicios de comunicación audiovisual se vean obligados a proponer una cuota determinada de las mismas en sus programas o catálogos.
En cuanto a la cuota mínima del 20 % de obras europeas impuesta a los grandes proveedores de servicios de vídeo a la carta, esta obligación no les exigirá esfuerzos adicionales puesto que ya la cumplen (véanse las estadísticas del Observatorio Europeo del Sector Audiovisual). Por otra parte, esta cuota es muy modesta en relación con la aplicable a las cadenas lineales de radiodifusión televisiva, que siguen estando obligadas a respetar una proporción mínima del 50 % de obras europeas. Por consiguiente, la cuota mínima para los servicios de vídeo a la carta debería ser igual a la impuesta a la radiodifusión televisiva.
El CESE emite sus reservas sobre la posibilidad de conceder a las pequeñas y medianas empresas con un bajo volumen de negocios o una baja audiencia excepciones a la difusión de obras europeas, ya que ello podría constituir una nueva forma de competencia desleal. Considera que procede fijar una cuota mínima del 20 % y solicita que se precise qué debe entenderse por «bajo volumen de negocios» y «baja audiencia.»
Los Estados miembros serán autorizados a imponer a los servicios a la carta que sean de su competencia, así como a los establecidos fuera de sus fronteras y dirigidos a su público nacional, contribuciones financieras en la forma de inversiones directas en obras o pagos a los fondos cinematográficos nacionales.
El CESE se pronuncia contra el carácter facultativo de esa medida, ya que podría falsear las normas de competencia en función de que un Estado miembro introduzca o no dichas contribuciones y podría penalizar a los servicios audiovisuales de un Estado miembro destinados a sus ciudadanos establecidos en otro Estado miembro.
En cuanto a la protección de los menores, el CESE aprueba que la propuesta de Directiva prevea alinear las normas de protección aplicables a los proveedores de plataformas de distribución de vídeos con las aplicables a la radiodifusión televisiva. Sin embargo, el CESE pide que se aproveche la ocasión para aclarar la disposición del artículo 27 de la DSCA (2010/13/UE), que dispone que los Estados miembros tomen medidas para que las emisiones de televisión no incluyan, durante las horas en que los menores se encuentren en el campo de difusión, ningún programa que pueda perjudicar seriamente su desarrollo físico, mental y moral. El CESE propone fijar un horario preciso e incluir en ese horario una prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas, así como de fármacos de venta libre y bienes alimentarios considerados nocivos por sus efectos en el aumento de la obesidad infantil.
En el marco de la protección de todos los ciudadanos contra los contenidos que supongan una incitación a la violencia o al odio y de los menores contra los contenidos perjudiciales para su desarrollo, el CESE aprueba el fomento de la corregulación y la autorregulación por medio de códigos deontológicos que deberán concebirse de manera que sean ampliamente aceptados por los principales operadores. El CESE recuerda (1) que, para que esos instrumentos de regulación sean válidos y reconocidos en cualquier ordenamiento jurídico, su configuración y ámbito de aplicación deben definirse en disposiciones expresas y explícitas de la legislación vinculante y deben ser judicialmente aplicables, tanto a nivel nacional como de la UE; dichas disposiciones deberán respetar, al mismo tiempo, la propia naturaleza de estos instrumentos, en especial el acuerdo voluntario de los participantes. En este contexto asume particular importancia la necesidad de instituir el ERGA y de dotarlo con los medios necesarios para el ejercicio efectivo de sus competencias, especialmente la prevista en el artículo 30 bis, apartado 3, letra c).
La Comisión Europea desea dar más espacio y flexibilidad a la publicidad para todos los servicios de comunicación audiovisual. Así, la transmisión de películas realizadas para la televisión, obras cinematográficas y programas informativos podrá ser interrumpida por publicidad televisiva o televenta una vez por cada período programado de veinte minutos como mínimo, mientras que en la fase actual ese período es de treinta minutos como mínimo, lo que significa que a partir de ahora podrá haber una interrupción adicional por hora. Además, la duración máxima de publicidad permitida por período programado de una hora, que actualmente se sitúa en el 20 %, es decir, doce minutos por hora, se sustituye por una proporción diaria de anuncios publicitarios o de anuncios de televenta del 20 % durante el período comprendido entre las 7:00 y las 23:00 horas, es decir, 192 minutos en total. Además, se autorizarán los anuncios aislados, mientras que las disposiciones relativas al patrocinio y el emplazamiento de productos serán más flexibles.
Por consiguiente, las difusiones en cuestión podrán interrumpirse con mayor frecuencia y durante más tiempo durante horas elegidas por los organismos de radiodifusión televisiva en el respeto del máximo de 192 minutos de publicidad entre las 7:00 y las 23:00 horas.
Es evidente que, a partir de ahora, las interrupciones de programas para insertar publicidad se realizarán de manera sostenida durante las horas punta y de gran audiencia, mientras que temprano por la mañana y tarde por la noche la publicidad será poco frecuente, a fin de crear el margen de maniobra necesario para respetar la cuota del 20 % de publicidad al día. Estas nuevas normas sobre las interrupciones publicitarias también podrían ir en detrimento de la integridad de las obras y el derecho moral de los autores.
El CESE se pronuncia en contra de estas nuevas normas de publicidad y pide que se mantengan las disposiciones actualmente en vigor, o incluso que se refuercen, como ya recomendó el CESE anteriormente.
La diferenciación entre «servicios lineales» y «servicios no lineales», que ha quedado desfasada por la evolución digital, podría abandonarse.
El CESE aprueba las medidas adoptadas para garantizar la independencia de la autoridad nacional de regulación audiovisual, teniendo en cuenta que, en algunos Estados miembros, la separación jurídica y funcional de cualquier otra entidad pública o privada no estaba garantizada y estaba sujeta a abusos.
El CESE considera que las normas de supervisión por las autoridades reguladoras nacionales son ineficaces en el caso de las empresas ficticias de un Estado miembro que utilizan los satélites de un tercer país para llegar a una gran audiencia en otro Estado miembro. Para evitar este tipo de prácticas abusivas, el CESE recomienda completar la Directiva sometida a examen con una disposición por la que se someta a cualquier operador que disponga de una licencia audiovisual en un Estado miembro, pero que ofrezca servicios audiovisuales en otro Estado miembro, a las disposiciones de ambos.
(1) DO C 248, 25.8.2011, p. 118.