Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-3-2005-01-02-2007-49541
Timestamp: 2018-12-15 07:51:57
Document Index: 83849568

Matched Legal Cases: ['artículo 239', 'artículo 88', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 31', 'artículo 26', 'Artículo 126', 'artículo 31', 'artículo 103', 'artículo 104', 'artículo 239']

Resolución de TEAC, 00/3/2005, 01-02-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3/2005 de 01 de Febrero de 2007
Núm. Resolución: 00/3/2005
Se inadmite de acuerdo con el artículo 239.4 de la LGT (Ley 58/2003) la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la resolución desestimatoria presunta del Jefe de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, referida a una solicitud de devolución de IVA soportado, en adquisiciones de carburantes y lubricantes del Cuartel General de la OTAN en Madrid, dado que no existe acto reclamable en vía administrativa. La exención prevista en el Acuerdo entre el Reino de España y la OTAN, relativo a las condiciones especiales aplicables al establecimiento y explotación en territorio español de un Cuartel General Militar Internacional, de 27 de marzo de 2000 y el posterior Canje de Cartas, incluye el IVA y no sólo el Impuesto Especial. Sin embargo, en el caso concreto, la denegación del derecho a la devolución de las cuotas de IVA soportadas no se había producido en la fecha de interposición de la reclamación pues, a falta de plazo expreso para resolver en el Real Decreto 1967/1999, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31, 103, 104 y 126 de la LGT (Ley 58/2003) debe aplicarse el plazo de seis meses para resolver desde la entrada del documento en el Registro del órgano competente para su tramitación. La falta de resolución por parte de la Administración en nada prejuzga el derecho del interesado, puesto que aquélla se halla obligada a adoptar resolución expresa en todo caso, abriéndose plazo para la interposición de nuevo recurso a partir de la notificación de tal resolución expresa.
En la Villa de Madrid, a 1 de febrero de 2007 el Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, ha visto la reclamación económico-administrativa interpuesta por D. ... NIE: ..., de nacionalidad británica, y con domicilio a efecto de notificaciones en ..., contra la resolución desestimatoria presunta del Jefe de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, en la solicitud de devolución de IVA soportado correspondiente al 1T de 2004, por importe de 74,36 € (12.372 pesetas) (12.966 ptas).
Primero.- El día 8 de noviembre la aquí recurrente dirigió escrito al presente Tribunal indicando que la Delegación Especial de ... de la Agencia Tributaria no había procedido a conceder la devolución de IVA solicitada, por lo que, habiendo trascurrido tres meses de la solicitud, la consideraba desestimada y contra la resolución presunta formulaba reclamación económico-administrativa.
Segundo.- Según consta en el expediente, el 20 de mayo de 2004 tuvo entrada en la Delegación de ... modelo por el que se solicitaba la devolución de las cuotas de IVA soportadas en las adquisiciones de mobiliario y electrodomésticos realizadas, solicitud realizada al amparo de lo dispuesto por el art. 14.2.i del Acuerdo entre el Reino de España y la OTAN, relativo a las condiciones especiales aplicables al establecimiento y explotación en territorio español de un Cuartel General Militar Internacional, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2000.
Tercero.- La falta de resolución de la solicitud llevó a la interposición de la presente reclamación el 8 de noviembre, indicando el recurrente en su escrito de alegaciones que la devolución solicitada recae en el IVA soportado por la adquisición de carburante para el desplazamiento del interesado hasta el Cuartel General Subregional Conjunto Sudoeste de la OTAN; plantea el derecho que le asiste a obtener la devolución de todos los impuestos que gravan los carburantes y no sólo el impuesto especial y formula las alegaciones sobre las que funda su reclamación conforme a lo previsto en el artículo 88.1.b) del RPEA, con el fin de agilizar el procedimiento. En síntesis, son las siguientes:
- Se alega contra la denegación presunta de la devolución del IVA soportado en la adquisición de carburante;
- Se indica que entre los compromisos adquiridos por España frente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tras la firma el 28 de febrero de 2000, del Acuerdo relativo a las condiciones especiales aplicables al establecimiento y explotación en territorio español de un Cuartel General Militar Internacional (BOE de 16 de mayo de 2000), se encuentra el recogido en su artículo 14.2.g). que establece que "los miembros y las personas dependientes gozarán de exención de derechos e impuestos respecto de cantidades razonables de tabaco, bebidas alcohólicas y carburantes, de conformidad con las cifras convenidas en el CC".
- Que es difuso el papel que juega el Real Decreto 1967/1999 que, en teoría y por materia, debería ser el que resultara de aplicación, si bien en la práctica ni la propia Agencia lo aplica, remitiéndoles por vía analógica a la utilización de los procedimientos del Real Decreto 3485/2000 y de la Orden del Ministerio de Hacienda de 24 de mayo de 2001.
Primero.- Este Tribunal Central es competente para conocer de la presente reclamación, de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 391/1996, de 1 de abril, de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas.
Segundo.- Del examen del expediente en cuestión se desprende que las cuestiones sobre las que debe decidirse son: a) análisis de la procedencia de la exención pretendida en el Impuesto sobre el Valor Añadido; y, en caso de ser procedente, b) procedimiento de aplicación de la citada exención.
Tercero.- Respecto a la procedencia de la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido de los carburantes es necesario indicar en primer lugar que del expediente resulta que si bien la solicitud de devolución se ampara en el art. 14.2.i), relativo a las adquisiciones de mobiliario y electrodomésticos, posteriormente la reclamación económico-administrativa se insta por la vía del 14.2.g), reservado al alcohol, tabaco y carburantes. El hecho de que junto a la solicitud por el 14.2.i) se incluyan facturas de adquisición de carburantes parece llevar a pensar que lo que se pretendió realmente fue la devolución por la vía del 14.2.g).
Por ello, sin un análisis más profundo de las adquisiciones reales que ampararon la solicitud de devolución del impuesto soportado, análisis y comprobación que compete a la Oficina Gestora, vamos a examinar la solicitud desde la óptica de la adquisición de carburantes. Para ello debemos acudir en primer lugar al Acuerdo entre el Reino de España y la OTAN, relativo a las condiciones especiales aplicables al establecimiento y explotación en territorio español de un Cuartel General Militar Internacional, de 27 de marzo de 2000, aplicable provisionalmente desde 28 de febrero de 2000, cuyo artículo 14.2.g) dispone lo siguiente: "14.2. Las importaciones con exención de derechos desde fuera de la Comunidad Europea de efectos personales, mobiliario y vehículos de motor y otros privilegios de exención de derechos para los miembros de los Cuarteles Generales, convenidos entre SHAPE, o su representante designado, y el MDE (Ministerio de Defensa Español), o su representante designado, se aplicarán según lo expresado en un CC (Canje de Cartas) separado, entre SHAPE y el MDE. A continuación se detallan los principios generales por los que se regirán dichos privilegios": entre otras, las letras b, c, d, de este artículo 14.2 se refieren respectivamente a la "adquisición de vehículos de motor y motocicletas (...), adquisición de caravanas/remolques (...), y embarcaciones de recreo"...
Más adelante, la letra g) continúa refiriéndose a otros productos con esta expresión:
"g) Alcohol, tabaco y carburantes: Los miembros y las personas dependientes gozarán de exención de derechos e impuestos respecto de cantidades razonables de tabaco, bebidas alcohólicas y carburantes, de conformidad con las cifras convenidas en el CC...."
Por su parte, el Canje de Cartas producido en desarrollo del Acuerdo, y por el cual se pone en efecto el mismo, mediante misivas de 13 de abril del Jefe del Estado Mayor de Defensa y de 28 de abril del Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa, recoge la exención controvertida en los mismos términos en cuanto al ámbito aplicable, perfilando las cantidades de carburante y lubricantes beneficiados de la exención; en concreto su artículo 7 dispone lo siguiente:
"Los miembros podrán comprar con exención de derechos e impuestos las siguientes cantidades de carburante y lubricantes para utilizarlas en desplazamientos en vehículos de propiedad particular entre el Cuartel General y su domicilio:
Entre 150 y 400 litros al mes, según la capacidad del motor, de conformidad con los siguientes criterios:
Motocicletas: 100 litros
Automóviles de menos de 5 CV: 100 litros
Automóviles desde 5 CV hasta 9 CV inclusive: 200 litros
Automóviles de 10 CV (1751 CC o más): 400 litros
Hasta 10 litros de lubricantes al mes, según la capacidad del motor".
Si bien ni en el Acuerdo referido ni en el Canje de Cartas se especifica que se incluye la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido, este Tribunal considera que debe interpretarse que la mencionada exención sí comprende el IVA, en primer lugar porque dado que el propio Acuerdo establece de forma genérica la exención de impuestos, debe entenderse que ésta abarca a todos los impuestos que gravan el citado combustible; en segundo lugar, porque el Real Decreto 1967/1999, de 23 de diciembre, sobre exenciones en los impuestos indirectos relativas a la OTAN y a los Estados parte de dicho Tratado - y si bien previo al Acuerdo de 27 de marzo de 2000, que resulta de aplicación a las exenciones relativas a la OTAN y a los Estados parte de dicho Tratado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, relativo a franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales-, recoge expresamente en su artículo 3. Exenciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido en las operaciones interiores e intracomunitarias, las siguientes operaciones: "...". c) Las entregas y adquisiciones intracomunitarias de combustibles, aceites y lubricantes que se destinen a ser utilizados exclusivamente por vehículos, aeronaves y navíos afectos al uso oficial de una fuerza o un elemento civil de los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte distintos de España".
De acuerdo con lo anterior, este Tribunal considera que la exención prevista en las normas anteriores incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido, y no sólo el Impuesto Especial.
Por último, cabe mencionar que la doctrina de la Dirección General de Tributos (consulta de 15 de julio de 1998) - y si bien emitida con anterioridad a la aprobación del Acuerdo específico aplicable, aplicando el artículo XI del Convenio entre Estados partes del Tratado del Atlántico Norte, relativo al Estatuto de sus fuerzas, hecho en Londres el 19 de junio de 1951, al que se adhirió España por Instrumento de 17 de julio de 1987, que disponía la exención de derechos e impuestos indirectos en el caso controvertido en términos similares al Acuerdo actual- consideraba ajustada a Derecho la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a las entregas de combustibles que se destinasen a ser utilizados exclusivamente por vehículos, aeronaves y navíos oficiales de una fuerza o un elemento civil de los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte distintos de España.
Cuarto.- Queda, por último, considerar el procedimiento que debe utilizarse en la aplicación de la mencionada exención. A este respecto, y como anteriormente se indicó, procede la aplicación del Real Decreto 1967/1999, cuyo artículo 4.3, dispone que en aplicación de las exenciones por IVA (artículo 3.1.c) del mismo Real Decreto), si se trata de operaciones efectuadas para un elemento civil de un Estado parte de la OTAN distinto de España, se aplique lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. Es decir, a través del sistema de tarjetas de crédito, de débito o de compras, y considerando adicionalmente el procedimiento establecido en el artículo 4.2 del mismo Reglamento de Impuestos Especiales.
A este respecto, hay que resaltar que los órganos económico-administrativos no pueden sustituir a los órganos de gestión en las competencias atribuidas a los mismos, correspondiendo a los órganos de gestión proceder al examen del cumplimiento de los requisitos exigidos. No obstante, debe hacerse notar que si, tal y como parece alegar el reclamante, se procedió por parte de la Administración a la concesión del beneficio de exención de las cuotas relativas al Impuesto Especial de dicho carburante, por haberse cumplido los requisitos expuestos anteriormente, tanto cuantitativos como procedimentales, también deberá procederse a la devolución de las cuotas correspondientes del impuesto sobre el valor añadido.
Quinto.- Si bien, una vez indicado lo anterior y antes de dar por concluido el expediente es preciso fijar la atención sobre un aspecto de la controversia, por las consecuencias que para su resolución pudiera tener.
Para ello es necesario fijar el supuesto de hecho. Así, encontramos que con fecha de 20 de mayo de 2004, y por modelo al efecto, se solicita la devolución de cuotas soportadas de IVA en el marco de la exención relativa a la OTAN y a los Estados parte de dicho Tratado. Esta solicitud comprendía cuotas por importe de 74,36 € (12.372 pesetas).
Esta solicitud no fue objeto de resolución expresa por la Oficina Gestora, ante lo cual el aquí recurrente procede a la interposición de la presente reclamación económico-administrativa el 8 de noviembre de 2004, como reza el sello de correos que figura en el escrito de interposición.
Y es en este momento cuando parece procedente sustentar la resolución del supuesto planteado en el análisis de las fechas. Así, la solicitud de devolución se planteó el 20 de mayo del año 2004. Con dicha solicitud se abría un periodo para la actuación de la Administración, sin que ésta pudiera demorarse en el tiempo indefinidamente.
El Real Decreto 1967/1999 antes mencionado regula en dos apartados límites temporales en relación con las solicitudes en el ámbito que nos ocupa:
- En su artículo 4.1, indica que, para determinadas exenciones aplicadas mediante el mecanismo de reconocimiento previo, el plazo para adoptar la resolución procedente será de tres meses, pues tras este plazo se entenderá producido el reconocimiento de la exención. No obstante, y pese a la indefinición normativa, no parece que sea éste el procedimiento al que venga abocada la solicitud efectuada, por la naturaleza de las operaciones realizadas.
- El artículo 4.2 establece un nuevo plazo, en este caso de seis meses, pero fijado como límite al ejercicio del derecho del particular. Ello porque se indica que "Las solicitudes de devolución deberán referirse a las cuotas soportadas en cada trimestre natural y se formularán ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo de los seis meses siguientes a la terminación del periodo a que correspondan (...)".
La falta de determinación por el Real Decreto de un plazo para resolver las solicitudes formuladas a la Administración no debe suponer que la resolución pueda dilatarse sine die. A falta de disposición expresa, debemos acudir a la norma general tributaria, en este caso, la Ley General Tributaria de 2003, aprobada por Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en particular a dos de sus artículos:
"Artículo 31. Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.
La Administración tributaria devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa de cada tributo. Son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo.
Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora regulado en el artículo 26 de esta ley, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el interés de demora se devengará desde la finalización de dicho plazo hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución".
"Artículo 126. Devoluciones derivadas de la presentación de solicitudes o comunicaciones de datos.
Cuando así lo señale la normativa tributaria, el procedimiento de devolución se iniciará mediante la presentación de una solicitud ante la Administración tributaria o, en el caso de obligados tributarios que no tengan obligación de presentar autoliquidación, mediante la presentación de una comunicación de datos.
El plazo para practicar la devolución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de esta ley comenzará a contarse desde la presentación de la solicitud o desde la finalización del plazo previsto para la presentación de la comunicación de datos.
El procedimiento se regulará por las normas propias de cada tributo".
Por otra parte, los artículos 103 y 104 de la LGT de 2003 establecen la obligación de resolver y los plazos de resolución.
El artículo 103.1 establece que:
"La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así como a notificar dicha resolución expresa".
Por su parte, el artículo 104.1 regula los plazos de resolución y el cómputo de tales plazos:
"El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de ley o venga previsto en la normativa comunitaria europea.
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses.
Por tanto, el plazo de seis meses desde la entrada del documento en el Registro del órgano competente para su tramitación empezó a correr el 20 de mayo de 2004, por lo que de acuerdo con la regulación de la Ley General Tributaria antes trascrita, y tras considerar que la reclamación fue interpuesta el día 8 de noviembre del año 2004, es necesario concluir que en este día aún no había expresión de voluntad administrativa contra la que reclamar en vía económico-administrativa. En conclusión, a falta de pronunciamiento administrativo, el actuar silente de la Administración sólo llevaría aparejados sus efectos con posterioridad al trascurso de los seis meses en que la resolución expresa debía ser adoptada.
La falta de resolución por parte de la Administración en nada prejuzga el derecho del interesado, puesto que aquélla se halla obligada a adoptar resolución expresa en todo caso, abriéndose plazo para la interposición de nuevo recurso a partir de la notificación de tal resolución expresa.
En consecuencia, procede la declaración de la inadmisibildad de la reclamación formulada, con fundamento en el artículo 239.4 de la Ley General Tributaria de 2003, cuando se refiere a que:
"Se declarará la inadmisibilidad en los siguientes supuestos:
a) Cuando se impugnen actos o resoluciones no susceptibles de reclamación o recurso en vía económico-administrativa".
La denegación del derecho a la devolución de las cuotas de IVA soportadas no se había producido aún a la fecha de interposición de la reclamación, por lo que la inexistencia de resolución debe llevar a determinar la inadmisibilidad de la reclamación planteada, al no deber ser susceptible de reclamación un acto que no ha nacido a la vida jurídica, ni siquiera bajo la forma ficta del acto producido por silencio (puesto que según la Ley 30/92, la desestimación por silencio administrativo no constituye verdadero acto, sino que tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente), y ello, en todo caso, y como se ha indicado, sin prejuzgar el derecho a la devolución que al particular asista, derecho que deberá ser examinado por la Oficina gestora.
El Tribunal Economico-Administrativo Central, en Sala, en la reclamación interpuesta por D. ...; ACUERDA: declarar la inadmisibilidad de la reclamación planteada por no existir aún manifestación de voluntad administrativa susceptible de recurso, indicando, no obstante, la obligación de adoptar resolución expresa sobre el particular por la Oficina gestora.
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