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Timestamp: 2020-08-13 05:51:42
Document Index: 339968773

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 979', 'artículo 923', 'artículo 927', 'artículo 29', 'artículo 48', 'artículo 203', 'artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 48', 'artículo 26', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 26']

ESTUDIO CASTIGLIONI GHIGLINO & ABOGADOS: octubre 2015
EL INGRESO BÁSICO FORMA PARTE DE PATRIMONIO DEL TRABAJADOR.
La Corte Suprema estableció como criterio jurisprudencial mediante la sentencia recaída en la Casación N° 5913-2013 La Libertad, la cual declara improcedente dicho recurso.
El ingreso básico podría no existir en la estructura remunerativa del trabajador, cuando con el empleador acuerdan incorporarlo en la remuneración mensual, aquel se convierte en parte del patrimonio subjetivo del trabajador.
El tribunal descarta la posibilidad de que la remuneración básica pueda ser disminuida libremente por el empleador, a menos que exista de por medio un acuerdo con el trabajador.
Lima, 02 de setiembre de 2014
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El Tribunal Constitucional (TC) estableció este lineamiento jurisprudencial mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 00005-2010-PA/TC, que declara fundada en parte una demanda de amparo.
A criterio del colegiado, la queja procede contra actuaciones o procedimientos de la administración tributaria que afecten en forma indebida al administrado, así como contra las actuaciones que signifiquen la contravención de las normas que inciden en la relación jurídico-tributaria. La queja se configura como un remedio procesal, cuyo objeto es que se respete la formalidad prevista para cada procedimiento.
Se puede cuestionar toda actuación de la administración tributaria en cualquier clase de procedimiento, por lo que se puede interponer para cuestionar alguna actuación del ente recaudador en una ejecución coactiva.
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INTERPELACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
Para el TC, el derecho de acceso a la información pública está estrechamente vinculado con uno de los contenidos protegidos por la libertad de información, y tiene una doble dimensión. Es un derecho individual que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a información que guarden las entidades, y desde su dimensión colectiva garantiza el derecho de todos de recibir la información necesaria y oportuna.
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SITUACIONES QUE IMPIDEN LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO.
El Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 015/2013, fija las pautas para la aplicación del supuesto de impedimento para ser postor y/o contratista regulado en el literal k) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones.
El colegiado considera que está impedida de ser participante, postor y/o contratista del Estado la persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formen parte de un proveedor sancionado. También está impedida la persona jurídica cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales formaron parte del proveedor sancionado dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la sanción.
El tribunal determina que no se configura el impedimento si la persona jurídica ya no cuenta con quien la vinculaba con el proveedor sancionado o si es que este había dejado de formar parte del proveedor sancionado antes de que le sea impuesta la sanción.
La relación entre la persona jurídica vinculada y el proveedor sancionado se genere por la participación que tiene un socio, accionista, participacionista o titular en la empresa o entidad vinculada y que tiene o tuvo en el proveedor sancionado. Así, se requerirá que dicha participación sea superior al 5% del capital o patrimonio social, en ambas.
El Tribunal del OSCE estableció por Acuerdo Sala Plena N° 017/2013 que cuando la entidad incumpla con remitir la información requerida por el colegiado, en la etapa de indagaciones previas del procedimiento administrativo sancionador, se archivará el expediente, sin que ello implique un pronunciamiento respecto al fondo. Pero, cuando el tribunal cuente con información suficiente sobre falta de los presupuestos para que se configure la infracción, dispondrá la declaración de no ha lugar el inicio del procedimiento; y cuando cuente con información suficiente sobre indicios de infracción, iniciará el procedimiento. Este acuerdo se aplicará a los expedientes que estén en trámite a partir del 20 de setiembre de 2012.
INDECOPI DECLARA BARRERA BUROCRATICA
Mediante escrito presentado el 29 de octubre de 2012, la denunciante interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital de La Victoria por la imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad, originada en el impedimento que le impone la Municipalidad para realizar la actividad económica autorizada mediante Licencia de Funcionamiento Nº 6238, en el establecimiento ubicado en la Av. Canadá Nº 474, distrito de La Victoria, efectivizado en la Resolución de Gerencia Nº 254-2012-MDLV-GM.
La denunciante es propietaria de un local comercial dedicado a la venta de muebles, ubicado en zona de comercio vecinal, catalogada así por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
La denuncia culminó con la Resolución de Gerencia Municipal Nº 254 que resolvió revocar su Autorización Municipal de Apertura de Establecimiento Nº 006238 y dispuso la clausura de su local comercial.
La revocación es ilegal por no respetar los requisitos establecidos en los artículos 203º y 205º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Resuelven declarar barrera burocrática ilegal el impedimento que le impone la Municipalidad para realizar la actividad económica autorizada mediante Licencia de Funcionamiento Nº 6238, en el establecimiento ubicado en la Av. Canadá Nº 474, distrito de La Victoria, efectivizado en la Resolución de Gerencia Nº 254-2012-MDLV- GM; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada contra la Municipalidad Distrital de la Victoria.
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SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA RESUELVE CASACIÓN SOBRE REIVINDICACION DE MERCADO MUNICIPAL.
Se trata del recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Miraflores obrante a fojas mil ciento sesenta y siete contra la sentencia de vista expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que revoca la resolución de primera instancia que declaró fundada la demanda y reformando la misma la declaró infundada en todos sus extremos.
Según escrito de demanda obrante a fojas veintidós la Municipalidad Distrital de Miraflores pretende la reivindicación y restitución de la administración del inmueble constituido por el Mercado número 1 ubicado en la intersección de la Avenida Paseo de la República antes Calle Ferrocarril y la Calle Narciso de Colina - antes calle Barcelona Distrito de Surquillo y accesoriamente se le entregue los frutos civiles indebidamente percibidos los que se liquidarán en ejecución de sentencia; como fundamentos de su pretensión señala que mediante Escritura Pública de fecha diez de febrero de mil novecientos treinta y siete la demandante adquirió de su anterior propietario Aurora Thorndike Viuda de Castro Iglesias el inmueble antes citado constituido por el terreno de tres mil cuatrocientos treinta y ocho punto ochenta y cinco metros cuadrados (3,438.85 m2) inscribiéndose dicho dominio en los Registros Públicos; sostiene asimismo que en el mes de agosto de mil novecientos treinta y nueve siendo Presidente de la República Oscar R. Benavides y Alcalde de Miraflores Eduardo Villena Rey se terminó de construir e inaugurar el Moderno Mercado sobre el terreno antes descrito debido a la antigüedad de la obra más de sesenta años no existiendo en los archivos municipales documentos relacionados con la construcción constándose sin embargo este hecho no solamente con la existencia física de la obra sino también con la placa recordatoria colocada a la entrada de la edificación a partir de su inauguración por el Municipio de Miraflores el cual condujo y administró directamente el aludido Mercado de Abastos en beneficio de la Comunidad Miraflorina y que con fecha quince de julio de mil novecientos cuarenta y nueve casi diez años después de la puesta en funcionamiento del antes mercado el Gobierno de Manuel Apolinario Odría expidió el Decreto Ley número 11058 mediante el cual se crea el Distrito de Surquillo sobre la base de la segregación de las Urbanizaciones Surquillo, Lima, San Antonio, Miraflores, Tejada, Aurora, La Palma y Manrique de las jurisdicciones de los Distritos de Miraflores y Santiago de Surco siendo esto así algunos años después y bajo pretexto de los límites asignados al recién creado Distrito de Surquillo el inmueble materia de litis quedó dentro de la jurisdicción territorial de Surquillo siendo la Municipalidad Distrital de Miraflores despojada de la posesión física y directa del Mercado el cual quedó en posesión, conducción, administración y usufructo de las autoridades ediles de Surquillo no existiendo norma ni disposición legal alguna o acto administrativo que haya determinado válidamente el traspaso del aludido Mercado a la Municipalidad Distrital de Surquillo así como tampoco existe al respecto pacto alguno entre ambas administraciones ediles existiendo un despojo arbitrario e ilegal por lo que su actual posesión debe ser calificada de mala fe no existiendo tampoco pago alguno ni por el terreno ni por la construcción levantada; en cuanto a la pretensión accesoria señala que desde el año mil novecientos cuarenta y nueve la Municipalidad Distrital de Surquillo viene poseyendo injustificadamente los frutos civiles provenientes de la conducción de más de doscientos cincuenta puestos que conforman el Mercado de los cuales obtiene rentas mensuales en su propio beneficio.
Son elementos constitutivos de la reivindicación los siguientes: a) due la ejercite el propietario que no tiene la posesión del bien.- La acción de re\vindicación corresponde exclusivamente al propietario exclusivo como al copropietario de bienes muebles como de inmuebles de conformidad a lo preceptuado por el artículo 979 del Código Civil pues nace del derecho de propiedad aunque sus efectos recaen en la posesión del bien; b) Que esté destinada a recuperar el bien no el derecho de propiedad.- Se funda en el derecho de propiedad que concede el ius possidendi es decir el derecho a la posesión regulado por el artículo 923 del citado cuerpo legal siendo este derecho a la posesión el que se reclama en la acción reivindicatoria en la que el propietario podrá ejercer la acción en cualquier momento conforme a las reglas establecidas por el artículo 927 del Código Civil; c) Que el bien esté poseído por otro que no sea el dueño.- Debe estar bajo la posesión de otra persona ajena al propietario ni de quien tenga título legítimo para la posesión si el poseedor fuese el dueño la acción será improcedente y el actor condenado a pagar las costas del juicio puesto que tiene título legítimo a la posesión como el arrendatario, usufructuario, el que usa, quien tiene derecho de habitación etcétera no siendo tampoco procedente la reivindicación cuando el propietario ha cedido su derecho de posesión en favor del poseedor quien presentaría así un título legítimo de posesión oponible a la pretensión de reivindicación puesto que se trataría de un poseedor inmediato que recibió la posesión del propietario; y d) Que el bien sea una cosa determinada.­ el bien objeto de la reivindicación será necesariamente una cosa mueble o inmueble y habrá de ser determinada para que pueda ser identificada.
Que, en ese contexto y atendiendo a las alegaciones expuestas por la Municipalidad recurrente se colige que la resolución cuestionada incurre en error al revocar la decisión de primera instancia y desestimar la demanda al concluir que al haberse producido la mutación dominial subjetiva respecto al Mercado de Abastos número 1 la demandada acredita tener título oponible frente al de la demandante inaplicando lo establecido por los artículos 923 y 927 del Código Civil inobservando la concurrencia de los efectos constitutivos de la reivindicación desarrollados en la presente resolución los mismos que fueron tomados en cuenta por el Juez de la causa al colegir que de la copia literal que corre a fojas doscientos veintitrés se acredita que la Municipalidad actora adquirió el inmueble por compraventa hecho que también fue admitido por la demandada al reconocer la propiedad del terreno a favor de la demandante consignado que a mérito de la declaración de fábrica inscrita a nombre de la accionante la cual no ha sido cuestionada se advierte que la demandada es propietaria de la edificación a partir de su inscripción en los Registros Públicos desvirtuándose lo alegado al no haber demostrado ser dueña del inmueble ya que sólo se limita a señalar que las edificaciones las hizo Invermet Institución Pública que en todo caso beneficia a los Gobiernos Locales situación que modifica lo decidido por el Tribunal Constitucional refiriéndose en cuanto a la pretensión accesoria referida a que desde el quince de julio de mil novecientos cuarenta y nueve es poseedora del inmueble a mérito al Decreto Ley número 11058 por el que se creó el Distrito de Surquillo siendo esto así se concluye que la posesión es de buena fe hasta la fecha de la inscripción de la edificación a favor de la demandante y al tiempo transcurrido es decir al cuatro de enero de dos mil seis dicha posesión no ha sido de buena fe por lo que corresponde amparar la devolución de los frutos los mismos que se determinarán en ejecución de sentencia y si bien la demandada teniendo en cuenta su posesión de buena fe inició un proceso de prescripción adquisitiva de dominio el cual se tramitó en el expediente número 4310-1998 este fue declarado en abandono y atendiendo a que para alegar derecho de propiedad éste debe ser declarado por el órgano jurisdiccional lo que no se da en el caso de autos decisión con la que esta Sala concuerda es evidente que con la decisión adoptada se ha transgredido el derecho de la recurrente al no sustanciarse la presente causa en mérito al pedido del actor por la cual debe casarse la recurrida y confirmar en sede de instancia la apelada que ampara la demanda.
Declararon fundado el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Miraflores obrante a fojas mil ciento sesenta y siete; casaron la sentencia de vista dictada por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima el diez de setiembre de dos mil doce; y actuando en sede de instancia confirmaron la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda de reivindicación y fundada en parte la entrega de frutos demandada a fojas veintidós.
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PODER JUDICIAL ESTABLECE PROHIBICION DE PAGO A FUNCIONARIOS VÍA PACTO COLECTIVO.
El 1° Juzgado Civil de Huaura , Expediente N° 03233-2010-0-1302-JR-CI-01, declaró fundada la demanda contenciosa administrativa contra la Municipalidad Provincial de Huaral a fin de que se declare la nulidad parcial del Acuerdo del Pliego Petitorio de la Comisión Paritaria de Empleados Permanentes de la Municipalidad Provincial de Huaral, de fecha 27 de diciembre del 2007 en el extremo que concede el incremento de remuneraciones de los funcionarios de confianza y la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 334-2007-MPH de fecha 28 de diciembre de 2007 que aprueba dicha Acta Paritaria. Teniendo en cuenta que los funcionarios públicos se encuentran prohibidos de sindicalizarse y que dicho Acuerdo no formó parte del pliego de reclamos 2007 y éste fue incluido en la negociación bilateral y ratificado mediante la Resolución de Alcaldía.
La Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, Expediente N° 03233-2010-0-1302-JR-CI-01 confirmó la sentencia en grado de apelación ratificando los criterios establecidos por el juez de primera instancia.
La Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, Expediente N° 7559-2012, declaró improcedente el Recurso de Casación interpuesto contra la sentencia de vista ratificando los criterios establecidos en primera y segunda instancia.
Este pronunciamiento del Poder Judicial es importante porque establece dos criterios, el primero de ellos que está prohibido el incremento de remuneraciones para los cargos de funcionarios públicos villa pacto colectivo; y el segundo, que es la demanda contenciosa administrativa, la vía idónea para enervar la validez de los pactos colectivos. En Tanto no se dejen sin efecto éstos en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional surten sus efectos por el principio de presunción de validez del acto administrativo.
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CAMBIO DE APELLIDOS: SE ADICIONARÁ NOMBRE SI EVITA CONFUSIÓN EMOCIONAL.
De acuerdo con el artículo 29 del Código Civil, la sala considera que por regla general nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y vía autorización judicial, publicada e inscrita.
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Mediante escrito presentado el 30 de enero del 2013, la denunciante interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Bellavista, por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en:
Resuelven declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas por la Municipalidad Distrital de Bellavista; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por la empresa Olo del Perú S.A.C.:
Lima, 17 de agosto de 2014
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En el supuesto de que termine la relación laboral de forma unilateral y sin que medie incumplimiento del contrato, se genera el derecho a percibir la indemnización prevista en el Decreto Legislativo N° 1057 y sus normas reglamentarias.
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Disponen que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
CONSTITUYE BARRERA BUROCRATICA SOLICITAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA MANTENER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
Mediante escritos presentados, la denunciante interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Barranco, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la exigencia de contar con un contrato de arrendamiento vigente como requisito para mantener la vigencia de la licencia de funcionamiento.
Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un contrato de arrendamiento vigente como requisito para mantener la vigencia de la licencia de funcionamiento impuesta por la Municipalidad Distrital de Barranco, materializada en la Carta Nº 312-2012-GM/MDB, debido a que el procedimiento iniciado para revocar la referida licencia no se sustenta en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 203° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual señala: Revocación: 203.1 Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia; 203.2 Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 203.2.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma, 203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada, 203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros; y, 203.3 La revocación prevista en este numeral sólo podrá ser declarada por la más alta autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para presentar sus alegatos y evidencia en su favor. En concordancia con el artículo 7° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, el cual señala que: Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya: 1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda; 2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. b) Copia de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. En los casos en que no existan observaciones en el informe de inspección y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado se encuentra facultado a solicitar la emisión de la licencia de funcionamiento reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite de la licencia de funcionamiento, bajo responsabilidad. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, las Municipalidades podrán disponer en los TUPA el reemplazo del certificado de Inspección por el informe de inspección sin observaciones para efectos del trámite de Licencia de Funcionamiento. d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración Jurada. d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia. Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace referencia el artículo 15 de esta Ley.
Disponen que se inaplique a la denunciante barrera burocrática declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi.
Resolvieron declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un contrato de arrendamiento vigente como requisito para mantener la vigencia de la licencia de funcionamiento, materializada en la Carta Nº 312-2012-GM/MDB impuesta por la Municipalidad Distrital de Barranco; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada por Entretenimiento y Alimentos S.A.C.
Lima, 09 de agosto de 2014
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La Municipalidad Distrital de San Antonio – Cañete, incumplió lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al cobrar tasas por estacionamiento vehicular como condición para ingresar y salir de la playa León Dormido ubicada en el distrito de San Antonio durante la temporada de verano 2013.
El artículo 61° del D.S N° 156-2004-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación, señala que: Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado.
En ese sentido, en aplicación del artículo 26º del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi, se dispone sancionar con una multa de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias a los funcionarios, al calificar sus conductas como una falta muy grave.
En su condición de representante legal y máxima autoridad municipal, se sancionar al Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Antonio; y, al Gerente de Rentas de la Municipalidad.
Se dispone sancionar con una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria a las encargadas de efectuar cobros a nombre de la Municipalidad.
De igual modo requirieron al Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Antonio - Cañete, que adopten las acciones necesarias para que en las siguientes temporadas de verano, los cobros que se efectúen por concepto de parqueo vehicular en su municipio sean realizados en estricto cumplimiento del marco legal vigente.
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