Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651985
Timestamp: 2019-07-16 04:55:59
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Diario de Sesión: Sesión Extraordinaria N° 25
IRREGULARIDADES EN INFORME DE COMISIÓN DE INTERESES MARÍTIMOS, PESCA Y ACUICULTURA
ESTABLECIMIENTO Y SANCIÓN DE FIGURA DEL ACOSO SEXUAL
Sesión 25ª, en jueves 6 de enero de 2005
(De 10:42 a 13:59)
III. CUENTA............................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre acoso sexual (1419-07) (se aprueba en particular)...........................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en lo relativo a estructura y funciones de gobiernos regionales (3203-06) (queda pendiente su discusión particular).......
Concurrieron, además, los señores Ministros del Trabajo y Previsión Social y Directora del Servicio Nacional de la Mujer , la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, y señoras y señores Asesores de los Ministerios del Interior y del Trabajo y Previsión Social y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
--Se abrió la sesión a las 10:42, en presencia de 21 señores Senadores.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados, mediante los cuales informa que ha tomado conocimiento de que el Senado rechazó las enmiendas propuestas por esa Cámara a los proyectos que se indican a continuación, a la vez que comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán las Comisiones Mixtas que deberán formarse:
1) El que modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, con el objeto de crear una nueva figura penal y sustituir la unidad en que se expresan sus multas (Boletín Nº 2.726-07).
2) El que enmienda el Código Civil en lo relativo a la exigencia de presentación de antecedentes para dar curso a la demanda de reclamación de maternidad o de paternidad, y a la valoración de los medios de prueba sobre el particular (Boletín Nº 3.043-07).
3) El que modifica el Código Orgánico de Tribunales en cuanto a la designación de notario alterno o adjunto (Boletín Nº 3.259-07).
Del señor Ministro de Obras Públicas, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, sobre sistema de alcantarillado para la comuna de Tortel.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, mediante la cual, de conformidad con lo prescrito en el inciso tercero del artículo 36 bis del Reglamento de la Corporación, solicita a la Sala proponer a la Honorable Cámara de Diputados el archivo del proyecto de reforma constitucional que reduce la duración del mandato presidencial y hace coincidir las elecciones de Presidente de la República con las de Senadores y de Diputados (Boletín Nº 1.766-07).
En este momento, ha llegado a la Mesa el segundo informe complementario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre acoso sexual (Boletín Nº 1.419-07).
Terminada a la Cuenta.
Señor Presidente , deseo denunciar una grave irregularidad en el funcionamiento de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de la Corporación, y solicitar a la Mesa que ordene una investigación para establecer los hechos que voy a denunciar a continuación y que posteriormente se enmiende la situación producida.
En la sesión de ayer del Senado se dio cuenta del informe complementario del segundo informe de la Comisión de Pesca recaído en el proyecto que modifica la Ley General de Pesca. Dicho informe no señala el objetivo que fijó la Sala, cuando envió el proyecto de vuelta a aquélla, en cuanto a la situación de las principales pesquerías del país, cuyo crítico estado denuncié en el Hemiciclo.
Asimismo, nada dice el informe complementario de la primera sesión de la Comisión -que presidí por última vez y en la que hice entrega de los antecedentes que motivaron mi solicitud-, respecto a mi malestar frente a la pésima reacción del Gobierno ante la denuncia, al responder colocando "suma urgencia" al proyecto y evitar, de esta forma, un debate a fondo sobre el problema que afecta a los principales recursos pesqueros.
Nada dice, además, el informe acerca de la exposición del Gobierno en la primera sesión de la Comisión, en que estuvo presente el señor Ministro de Economía . Y no se menciona que al término de la exposición no quedó en la Comisión ninguno de los antecedentes escritos que allí se señalaron.
Tampoco el informe se refiere a la negativa del Senador señor Adolfo Zaldívar para reabrir el debate sobre el proyecto y revisar aquellos aspectos que, a mi juicio, tienen importancia directa con la administración pesquera y que, a la luz de los antecedentes expuestos, ameritan una revisión.
El informe no hace mención alguna de los antecedentes entregados por la señora Barbieri , Presidenta de la Asociación de Profesionales del Sector Pesquero y encargada de los estudios hidroacústicos del IFOP, que demostraban la validez de dichos estudios -que yo solicité hacer- y el rango de certeza que ellos tienen. Igualmente, nada dice el informe de la exposición efectuada en la Comisión por el biólogo marino y Presidente del Sindicato de Trabajadores del IFOP sobre el descarte, donde se demostró claramente la profunda magnitud de éste.
Señor Presidente , el informe presentado en la Sala en la sesión de ayer no es una relación objetiva de lo sucedido en las tres reuniones de la Comisión de Pesca y, por lo tanto, no tiene validez alguna.
En razón de ello, y de acuerdo con el Reglamento, solicito a la Mesa que ordene rehacer dicho informe, a la luz de los antecedentes escritos que deben estar en la Comisión y de los aspectos fundamentales del debate, que tienen que hallarse registrados en las grabaciones de las sesiones de aquélla.
Pido también que se me hagan llegar copias de las grabaciones de las tres sesiones a que hice mención.
Señor Presidente , he tratado en estos años de ser consecuente con mis principios, con el objetivo de servir a los más necesitados. He trabajado con responsabilidad y dedicación en las Comisiones en las que me ha correspondido participar. Acepto que tengamos puntos de vista y opiniones distintas. Debemos aceptar el libre juego del debate reglamentario y de la democracia, el cual permite que las iniciativas se aprueben por mayoría, pero con respeto a las minorías y con transparencia.
Lo sucedido aquí está reñido con la tradición del Senado, y pido que se repare esta situación.
Además, quiero manifestar que participé en las tres sesiones de la Comisión, estuve todo el día de ayer en el Senado, y no se me solicitó que firmara el informe, en circunstancias de que incluso presidí la primera de ellas. Si una persona me lo hubiera traído, podría haberle hecho notar que su texto no concordaba con lo que se discutió y, a lo mejor, se podría haber rehecho. Hubo algo que impidió que yo participara en su firma.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito que se haga la investigación pertinente, se establezcan las responsabilidades correspondientes y se repare el daño causado.
Señor Senador, agradezco sus antecedentes.
La verdad es que me ha sorprendido su opinión, porque tengo a la vista el informe firmado por tres señores Senadores, que, por lo tanto, con ello adquiere plena validez.
Realizaremos las averiguaciones pertinentes antes de analizar el proyecto respectivo, que se encuentra en el tercer lugar de la tabla. Ya tendremos tiempo para tomar una resolución sobre el particular.
Antes había pedido intervenir el Honorable señor Boeninger.
El señor LARRAIN (Presidente).-
Señor Presidente , quería referirme a un asunto distinto...
¿El Honorable señor Ruiz-Esquide deseaba hacer alusión a la misma materia?
Perdón, señor Presidente . Yo también quería hablar brevemente sobre el mismo asunto.
Entendí que Su Señoría se iba a referir a otro tema.
Sí, señor Presidente . Mi intención es hacerlo acerca de dos materias. Sin embargo, puedo empezar por el asunto planteado por el Senador señor Ruiz.
Señor Presidente , sólo quiero comentar que, desgraciadamente, se encuentran ausentes los tres señores Senadores que votaron a favor de volver el proyecto a la Sala con informe de la Comisión.
Yo también asistí a las sesiones de dicho organismo técnico. Creo que existe una legítima discrepancia de opiniones y que, por eso, habría que estudiar el contenido del informe con más cuidado y consultar el criterio de los señores Senadores que lo firmaron.
Por lo tanto, el problema se debe tomar con calma y esperar que los miembros de la Comisión se encuentren presentes -hoy día no lo están- y analicen el informe.
Hago presente que existieron opiniones discrepantes en dicho organismo y que hubo una mayoría que decidió devolver la iniciativa a la Sala.
Señor Presidente, ya que estoy haciendo uso de la palabra, deseo referirme a otro asunto.
Quiero pedirle una cosa muy simple...
¿Consulto al Honorable señor Ruiz-Esquide si desea intervenir sobre el mismo tema?
Señor Presidente , como Comité Demócrata Cristiano, le ruego tomar nota de lo solicitado por el Senador señor Ruiz a fin de que lo veamos en su oportunidad. Además, en igual calidad, me gustaría tener una conversación con la Mesa en el momento apropiado.
Señor Presidente , quiero pedir, por su intermedio, la autorización de la Sala para que el proyecto que otorga bonificación por egreso a personal de Gendarmería de Chile, ingresado a la Corporación y remitido a la Comisión de Hacienda, sea discutido en general y particular a la vez por dicho organismo.
No, sobre lo señalado por el Honorable señor Ruiz.
Señor Presidente , los planteamientos del señor Senador son muy serios y tienen base para ser investigados. A nosotros, como Comité UDI, nos parece útil hacerlo, porque se trata de una situación grave.
Señor Senador , como se trata de un proyecto que figura más adelante en la tabla, mientras tanto vamos a recoger más antecedentes con la Secretaria de la Comisión e intentar conversar -si es posible- con alguno de los señores Senadores firmantes para definir un criterio antes de analizar el tema en la Sala.
Sin embargo, entretanto se toma una decisión al respecto, podemos avanzar en la discusión de los otros dos proyectos que aparecen antes en el Orden del Día.
Señor Presidente , comparto lo señalado por el Comité UDI en el sentido de que se trata de una materia muy delicada. Por eso, solicitaría que, de ser cierto lo planteado, dejáramos el problema para otra sesión, porque no podremos aclararlo en la Sala.
Pido a Sus Señorías no anticipar criterios. Es posible que a esa determinación lleguemos. Pero me parece correcto oír también a los tres señores Senadores que firmaron el referido informe, además de la opinión de la Secretaria de la Comisión, antes de tener una decisión sobre una denuncia que, por cierto, me parece suficiente para tomar todas las medidas precautorias, más todavía cuando ya hay varios Comités que así lo han solicitado.
Por lo tanto, acerca de la materia en cuestión, por ahora, se suspende el debate. No tomaremos ninguna determinación hasta escuchar -es lo que corresponde- a todas las partes que intervinieron en dicho proceso.
Si no hubiese más inquietudes respecto de la Cuenta, pasaríamos a analizar la primera iniciativa de la tabla.
El señor Secretario me recuerda hacer presente, antes de entrar al Orden del Día, el problema suscitado a raíz del proyecto sobre financiamiento de estudios de educación superior.
Respecto de dicha normativa -si Sus Señorías hacen memoria- se solicitó nuevo plazo para presentar indicaciones, el cual fue concedido. Y, en reunión de Comités, uno de sus miembros pidió que las Comisiones de Hacienda y de Educación sesionaran unidas para su estudio. Así ocurrió, pero sólo en cuanto a las indicaciones que, en opinión de los integrantes de la Comisión de Educación, tenían atingencia a su ámbito; pero éstos no participaron en la discusión de las de competencia de la Comisión de Hacienda.
Por lo tanto, solicito autorización de la Sala -entendiendo que así debía operarse- para que se emitan dos informes en cuanto al referido proyecto: uno que contenga lo resuelto por las Comisiones unidas de Hacienda y de Educación respecto de las materias competentes a ambos organismos, que necesariamente requieren la firma de los miembros de esta última; y otro que incluya lo relativo específicamente a la Comisión de Hacienda, puesto que los integrantes de la de Educación, según entiendo, se retiraron de la discusión.
La idea es contar con dos informes separados. De lo contrario se produce un problema, porque al haberse marginado del debate los miembros de la Comisión de Educación habría una parte de él donde no tuvieron participación y se verían obligados a firmar un informe respecto de una materia en la cual no intervinieron.
Señor Presidente , sobre el particular, puedo informar que ayer comenzaron a sesionar las Comisiones unidas de Hacienda y de Educación, con la asistencia de todos los miembros de esta última.
El problema se generó cuando pedimos -cosa que al principio se acordó- discutir tanto las indicaciones ya formuladas como la nueva presentada por el Ejecutivo , con el objeto de que los integrantes de la Comisión de Educación pudiéramos conocer lo que en su momento no se debatió en el seno de nuestro organismo.
Al comienzo de la discusión alcanzamos a votar una materia, pero un miembro de la Comisión de Hacienda manifestó su deseo de no seguir adelante con el estudio y votación de las indicaciones, porque se debía analizar -estaba en su derecho- el proyecto en su integridad, lo cual nos obligaba a los Senadores de la Comisión de Educación a permanecer durante el debate completo de la iniciativa que ya habíamos votado.
Ésa fue la razón por la que se acordó que la Comisión de Hacienda avanzara en las materias de su competencia. Pero los integrantes de la de Educación ¿y creo representar a sus miembros- deseamos discutir la totalidad de las indicaciones. Y no me parece correcto el criterio utilizado para decir que la Comisión de Hacienda entregará un informe sobre aspectos que ella conoció -no la de Educación-, bajo el argumento de que estarían dentro de sus prerrogativas. Eso no lo encuentro adecuado.
Por lo tanto, pido que la Comisión de Educación tenga la posibilidad -porque está en su derecho- de conocer la integridad de las indicaciones a fin de pronunciarse sobre ellas.
Agradezco a Su Señoría la información entregada, porque la Mesa no tenía todos los antecedentes.
En consecuencia, no habría cambio respecto del criterio fijado por los Comités y la Sala en el sentido de que las Comisiones unidas de Educación y de Hacienda deben entregar un informe respecto de las indicaciones presentadas en el nuevo plazo fijado para ello.
Mientras no haya otra voluntad, así queda acordado.
Señor Presidente , quiero saber si tocante al punto 6 de la tabla hay alguna comunicación o antecedente nuevo.
No ha llegado ningún oficio nuevo sobre la materia. Se nos dijo que el Ejecutivo retiraría el proyecto de la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones, pero hasta la fecha ningún documento sobre el particular se ha puesto en conocimiento de la Secretaría del Senado.
Solicito autorización para que ingresen a la Sala los asesores del Ministro del Trabajo y Previsión Social señora Pilar Oyarzún y señor Francisco Del Río, así como la Subdirectora subrogante del SERNAM, señora Patricia Silva.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre acoso sexual, con informe complementario del segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Trabajo (complementario del segundo), sesión 25ª, en 6 de enero de 2005.
Sesiones 54ª, en 5 de mayo de 2004 (discusión general pendiente); 55ª, en 11 mayo de 2004 (se aprueba en general); 20ª, en 14 de diciembre de 2004 (indicación para reabrir el debate); 22ª, en 15 de diciembre de 2004 (se rechaza reabrir el debate y queda pendiente su discusión particular); 23ª, en 4 de enero de 2005 (vuelve a Comisión para nuevo informe complementario del segundo).
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala en la sesión del martes 4 de enero -es decir, anteayer-, la Comisión de Trabajo y Previsión Social emitió un segundo informe complementario que propone modificaciones al texto despachado en el segundo informe, destacándose la incorporación de un Título IV, nuevo, en el Libro II del Código del Trabajo, el cual se denominaría "De la investigación y sanción del acoso sexual".
Todas las enmiendas fueron acordadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables señores Bombal, Canessa, Parra y Ruiz de Giorgio.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe las normas pertinentes del Código del Trabajo; el texto despachado en el segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; las modificaciones efectuadas en el segundo informe complementario, y el articulado que resultaría si se aprobaran dichas enmiendas.
Finalmente, la Comisión informante, por unanimidad, resolvió considerar algunos cambios en la definición de las conductas de acoso sexual -contenida en una norma ya aprobada por el Senado, correspondiente a la letra a) del número 1 del artículo 1º- y pedir a la Sala pronunciarse sobre esta materia de acuerdo con un texto -está siendo repartido en este momento a todos los señores Senadores- que dice:
En consecuencia, la Sala debe reanudar la discusión particular del proyecto, el cual fue reenviado a la Comisión para los efectos de que revisara dos artículos pendientes.
Según ha relatado el señor Secretario , el informe de la Comisión de Trabajo se pronuncia sobre esas dos disposiciones y, adicionalmente, propone una modificación al concepto de acoso sexual, para cuyo análisis se requiere la unanimidad de la Sala.
Ha pedido intervenir el Presidente de dicho organismo, Honorable señor Bombal.
Señor Presidente , la discusión que motivó la solicitud de informe complementario estaba centrada en el procedimiento que debería establecerse en el reglamento de cada empresa con el fin de adoptar las medidas correspondientes después de una denuncia sobre acoso sexual. Como se recordará, tal procedimiento fue objeto de reparos en la Sala.
Junto a lo anterior, la Comisión analizó una propuesta del Senador señor Viera-Gallo , quien, con la finalidad de ampliar la normativa y no dejar restringida la denuncia de los hechos a las empresas que cuenten con reglamento -existen pequeñas y medianas empresas que no lo tienen, así como contratos individuales donde nada se prevé al respecto-, sugirió la idea de incorporar el procedimiento para la investigación y sanción del acoso sexual en el Título IV del Libro II del Código del Trabajo. Esto -lo explicará con mayor detalle Su Señoría en algunos momentos más- permitiría que el empleador llevara adelante la investigación o, también, que el denunciante recurriera a la Inspección del Trabajo, donde existen garantías para que tanto la víctima como el denunciado tengan un debido proceso, con la discreción que corresponda, atendida la naturaleza de la materia que nos ocupa, que es de cierta complejidad.
Ahora bien, no obstante que la Comisión, por mandato de la Sala, debía circunscribirse a dirimir lo relativo al procedimiento, surgió la necesidad de ajustar un poco la definición de acoso sexual, con el propósito de hacer todavía más objetiva la figura.
El Honorable señor Parra hizo cuestión reglamentaria en el sentido de que aquello no era materia propia del encargo de elaborar en la Comisión un informe complementario. Pero, tras conocer los antecedentes, Su Señoría se allanó a analizar el punto, con la condición de que posteriormente, por la unanimidad de la Sala -al respecto, pido al señor Presidente que en su momento recabe el asentimiento pertinente-, se analizara el ajuste ya explicitado por el señor Secretario .
¿Por qué el ajuste a la definición de "acoso sexual"?
Dada la naturaleza del tema que nos ocupa, se estimó del caso precisar el concepto de "conducta indebida", en atención a que no todo acto que pueda suponer acoso es constitutivo de conducta sexual indebida. Como dije -y se va a referir a ello después el autor del referido ajuste, Honorable señor Viera-Gallo -, el propósito es estructurar una norma lo más objetiva posible, en términos de que el perjuicio causado a la víctima del acoso tenga que ver con su función o con su desempeño en el empleo, ya que lo que se persigue es evitar que se produzca un daño en ese ámbito.
En consecuencia, el ajuste de la definición alcanzó una connotación importante para los efectos de que el procedimiento, contenido ahora en el Título IV del Libro II del Código del Trabajo, garantice a los involucrados mayor rapidez y objetividad, sea cuando se acuda al empleador para que inicie la investigación correspondiente, sea cuando se decida recurrir a la Inspección del Trabajo.
Lo otro digno de mención con respecto al texto conocido antes es el acortamiento de los plazos, pues los establecidos primitivamente -tras la sucesión de indicaciones presentadas- se estimaron demasiado largos y no eficaces para personas con contratos de corta duración (30 días, por ejemplo), como sucede con las temporeras, pues, en caso de adoptarse alguna resolución, ella se haría efectiva cuando el contrato ya no estuviera vigente.
En síntesis, la idea es, primero, llevar la normativa pertinente, no al reglamento como se proponía originalmente -porque hay empresas que no lo tienen-, sino a un título del Código del Trabajo donde se garantice que toda persona, cualquiera que sea su régimen contractual, acceda a un procedimiento expedito y fácil; y segundo, ajustar la definición de "acoso sexual" a términos más objetivos, para lo cual se necesita el asentimiento unánime de la Sala, por tratarse de una materia que recae en una disposición ya votada.
La nueva definición, como expresó el señor Secretario , dice:
"Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida," -éste es el aspecto que subrayé denantes- "por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.".
La Comisión estimó que esa definición es más precisa y conduce a un procedimiento más expedito, según se ha señalado.
Señor Presidente , se podría pedir el asentimiento unánime de la Sala para revisar ese concepto en la discusión.
Señor Presidente , sólo quiero reafirmar lo dicho por el Senador señor Bombal en el sentido de que la Comisión de Trabajo acogió una serie de sugerencias que han permitido superar dificultades que entrababan el despacho del proyecto.
En lo referente a la definición de "acoso sexual", hay dos cambios importantes, como lo señaló Su Señoría. Uno, que debe tratarse de una acción indebida.
En nuestra cultura, sabemos perfectamente cuáles son acciones debidas y cuáles indebidas. Las acciones indebidas, por naturaleza, son la amenaza, la presión, el uso de la fuerza; pero también hay otras. Y las debidas son todas las acciones propias de una relación que está partiendo y que tiene un potencial de desarrollo amoroso. Por lo tanto, lo indebido es algo muy importante.
El otro cambio relevante está constituido por la prevención de que el acoso sexual produzca un perjuicio en la situación laboral de la persona o en sus oportunidades en el empleo, y no necesariamente en su salud. Porque el problema de la salud difícilmente es verificable por el inspector del trabajo; en cambio, el perjuicio en la situación laboral o en las oportunidades en el empleo es algo objetivo perfectamente constatable por un inspector y que puede dar origen al procedimiento.
Por otra parte, se trató de reparar la situación expuesta por varios señores Senadores en cuanto a que el procedimiento diseñado no era aplicable a la pequeña y mediana empresas, a las temporeras y a las asesoras del hogar. De manera que se abre la posibilidad de que la denuncia se haga al empresario o al responsable del establecimiento, servicio o empresa, o bien, a la Inspección del Trabajo. Tratándose de una pequeña empresa o de una asesora del hogar, la denuncia podrá hacerse -seguramente así será- en forma directa a dicho organismo.
Luego, en el caso del empleador que recibe una denuncia, se dispone la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para que desde el primer momento se ponga término a la situación, siempre que -y esto es muy importante- existan las posibilidades de hacerlo, según las condiciones de trabajo de la empresa. Si ésta es grande, obviamente, aquél podrá separar los espacios físicos o redistribuir el tiempo de la jornada. Pero si se trata de una empresa pequeña o de una casa, eso no va a ocurrir.
Cuando la denuncia se plantea ante la Inspección del Trabajo, ésta puede sugerir que se adopten con la mayor brevedad las medidas inmediatas para impedir que continúe la situación de acoso.
Si recibe la denuncia el empleador, podrá disponer la realización de una investigación interna, o bien, derivar aquélla inmediatamente a la Inspección del Trabajo, según estime conveniente.
Y así continúa el procedimiento.
Lo relevante -como señaló el Honorable señor Bombal - es que se acortan los plazos. Además, se trata de un procedimiento escrito, confidencial, donde se consignan todas las normas del debido proceso, para evitar que se dé curso a denuncias injustificadas.
De otro lado -esto resulta muy significativo-, si el empleador toma medidas o no, ello tiene consecuencias para el momento del despido, a los efectos de determinar si éste es justificado o injustificado y si procede o no el pago de indemnización. Y en el caso de que el acosador sea el empleador, el afectado tiene la posibilidad de ejercer el derecho de poner término al contrato de trabajo.
Señor Presidente , pienso que, después de la larga y no fácil discusión habida en el Senado, que ha provocado bastantes inquietudes, llegamos a un proyecto que dará origen a una ley, si no perfecta, al menos racional y justa para el país.
Señor Presidente , primero deseo hacer una consulta al señor Presidente de la Comisión de Trabajo .
Entiendo que el procedimiento se cambia desde el artículo 154, número 12, a un título nuevo, donde se contienen los artículos 211-A, etcétera.
Señor Presidente , en primer lugar, debo expresar que los cambios introducidos por la Comisión de Trabajo mejoran sustancialmente la iniciativa, tanto en el procedimiento como en la definición. Y lo hago presente porque tengo grabados los gritos y protestas que escuchamos hace algunos días a unas "barras bravas".
Eso demuestra -como dijo el Presidente de la Comisión de Trabajo- que cuando las cosas se hacen en forma seria, sin apresuramiento ni histeria, en el Senado -¡gracias a Dios!- se despachan buenos proyectos de ley.
La definición de "acoso sexual" era pésima. Desde luego, perjudicaba gravemente a las mujeres. Entre otras cosas, porque las inhibía de ejercer el día de mañana acciones penales en el evento de que el acoso sexual se transformara en abuso deshonesto.
Nada de eso es posible debatir en un ambiente donde en último término, por querer reflexionar, mejorar y perfeccionar un texto, se es objeto de presiones indebidas sustentadas en la creencia de que quienes tienen aquel propósito procuran que no haya ley sobre la materia.
La verdad es que la definición que se nos propone hoy es sustancialmente mejor; protege más, en especial a las mujeres, y elimina un conjunto de obstáculos inaceptables para la víctima de acoso sexual.
Ahora, sólo deseo plantear lo siguiente, para que quede en la historia fidedigna de la ley.
En la definición anterior se exigía que la víctima de acoso sexual estuviera sufriendo simultáneamente una amenaza o un perjuicio concreto a su salud, o bien, a sus oportunidades de empleo o a su situación laboral, tema que dejaré aparte.
Que alguien me explique por qué esa persona tenía que estar sufriendo además una amenaza o un perjuicio a su salud para ser estimada víctima de acoso sexual. Y si así no ocurría, ¿no era víctima de tal conducta?
En otras palabras, según la definición primitiva, una mujer podía ser hostigada permanentemente con la petición de un favor sexual bajo la amenaza de, en caso de no aceptar, perder su trabajo o ver perjudicadas sus posibilidades de ascenso, y, por tener carácter fuerte y no sufrir ningún daño físico, verse privada del derecho a demandar por acoso.
Entonces, ¿perjudicaba esa definición a las mujeres o las favorecía? Las perjudicaba ostensiblemente, porque es inconcebible que, para ser considerada víctima de acoso sexual, la persona deba sufrir en forma simultánea un problema de salud física. Tal vez no lo experimente, pero su dignidad no tiene por qué ser atropellada en un acto de esa índole.
En segundo lugar, se establecía lo relativo al contacto físico. Ello motivaba serias dudas en cuanto a si por esa vía no se estaba inhibiendo el ejercicio de acciones penales contempladas en las enmiendas que introdujeron el Senado y la Cámara de Diputados respecto de los delitos de abuso sexual.
El artículo 366 ter del Código Penal establece que se entiende "por acción sexual cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya afectado", etcétera.
Como la definición de "acoso sexual" se refería de manera expresa al contacto físico y como el ejercicio de acciones civiles distintas de las acciones penales inhiben éstas posteriormente, imagino que las autoridades de Gobierno -y no dudo de que lo saben de memoria, porque son muy estudiosas- se habrán dado cuenta de que la mujer que hubiera denunciado por la vía laboral que era objeto de acoso sexual y de tocaciones que daban lugar al delito de abuso sexual habría perdido la acción penal.
Señalo eso, señor Presidente , simplemente para dejar constancia de que, cuando se intenta mejorar un proyecto y ello se hace en forma seria -así lo hicieron la Comisión de Trabajo, que no integro, y el Senador señor Viera-Gallo , con quien tuve la oportunidad de conversar-, se puede estructurar un buen texto.
La actual definición me parece excelente: apunta en la dirección correcta y define en forma objetiva este tipo de conductas.
Respecto del procedimiento, no tengo la menor duda de que es mucho más claro, más expedito, más dinámico; resuelve los problemas de las pequeñas empresas; permite perfectamente la separación inmediata de la víctima de acoso sexual y no la deja sometida, por carencia de espacio, a una suerte de interregno mientras se investiga.
En suma, creo que la iniciativa fue mejorada en forma sustancial. Y felicito a los miembros de la Comisión de Trabajo, y también al Senador señor Viera-Gallo , que intervino en esto y con quien tuve la oportunidad de conversar, pues me sentí muy representado por lo que hizo.
Termino, señor Presidente, anunciando que votaremos a favor de estas normas. Y, por supuesto, pedimos unanimidad para los efectos de modificar la definición del delito en comento.
Insisto en que ahora la Sala se pronuncie sobre la unanimidad planteada. Luego nos abocaremos a las dos modificaciones referidas a los procedimientos, cuyas votaciones aún se hallan pendientes.
Señor Presidente , quisiera pedir a los autores de la enmienda a que dio lectura el señor Secretario que me aclararan algunas aprensiones acerca del texto que se propone, que dice: "Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.".
Entonces, si se levanta la tesis de que la persona consintió el acoso sexual -lo cual configura, diría yo, una atmósfera bastante genérica y compleja-, prácticamente volveremos a fojas cero.
Y el centro de lo que se pretende al legislar en esta materia se derrumba, porque la presión del acosador, o de la acosadora, es muy fuerte. La persona puede consentir físicamente por miedo, por necesidad o, también, por la estructura de su personalidad.
Por tanto, no me deja satisfecho la frase "no consentidos por quien los recibe", máxime si en el informe se señala que en Chile el 70 por ciento de las mujeres se han sentido acosadas en una u otra oportunidad. Entonces, no es sólo un problema esporádico para un porcentaje mínimo y determinado de la población.
Si tuviera que pronunciarme sobre esta redacción, me agradaría suprimir la frase "no consentidos por quien los recibe", con lo cual el texto diría: "por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo o su dignidad como personas". Porque en esta materia no solamente tenemos que actuar frente a derechos laborales, sino, también, a derechos constitucionales.
Antes había solicitado una interrupción el Honorable señor Viera-Gallo, quien, con la venia de la Mesa, tiene la palabra.
Señor Presidente , lo esencial para que el acoso se configure radica en que el requerimiento de carácter sexual, realizado en forma indebida, no sea consentido, porque la base de las relaciones sexuales es la libertad de las personas. Uno de los factores indispensables -lo dijimos cuando vimos los delitos de carácter sexual- es reconocer la libertad sexual y la madurez sicológica para que esa libertad se exprese, que en el caso que señalé se estableció a los 14 años.
Pues bien, en el acoso lo fundamental es que no haya consentimiento. Se podrá considerar incluso muy aberrante una relación entre dos personas; pero si es consentida, no hay acoso. Se podrá tener un juicio de otra naturaleza. El Honorable señor Muñoz Barra aludió a la posibilidad de que la personalidad de una mujer la lleve a ser acosada. Pero ése es problema de ella. O sea, mientras el consentimiento no tenga un vicio, no hay acoso. Si hay vicio, no existe consentimiento. O sea, si hay fuerza, si se actúa por miedo, por intimidación, por error o por dolo de la otra persona, no existe consentimiento. Es decir, el consentimiento libre excluye el acoso. El consentimiento estaría viciado en el caso a que se refirió el Senador señor Muñoz Barra .
Por lo tanto, la frase que Su Señoría cuestiona -ha sido positivo hacer esta aclaración- al final no influye.
Señor Presidente , en primer lugar, me parece bien la preocupación expresada por el Senador señor Muñoz Barra , porque alguien podría guiarse por su lógica. Es decir, se trata de una persona a la que fuerzan y, forzada, da su consentimiento. En definitiva, la palabra "consentimiento" estaría siendo un obstáculo en la comisión de esta infracción a las relaciones laborales o a la dignidad de una persona.
Pero me quedo con lo que señaló, con toda razón, el Senador señor Viera-Gallo .
Lo que ocurre es que nunca va a existir consentimiento cuando se trate de una decisión forzada. Con dolo o fuerza, no hay consentimiento ni en el Derecho Civil ni en el Derecho Laboral. Y la fuerza puede ser moral. Por ejemplo, una mujer que por temor dice: "Bueno, acepto el acoso". En ese caso, ¿existe consentimiento? No. ¿Qué hay? Fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? Una fuerza moral irresistible. Por tanto, el consentimiento no existió. Y estamos en presencia de dolo cuando hay engaño; y de error, cuando la persona se equivoca.
Señalo esto para que quede constancia de que no habría consentimiento. Con esto quedaría resuelta la legítima inquietud del Senador señor Muñoz Barra .
Señor Presidente, recupero la palabra.
No la recupera, señor Senador, porque ya fue ocupado todo su tiempo.
Entonces, permítame hacer una consulta.
Señor Presidente , la proposición expresa: "requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.". O sea, se hace referencia a un mundo que no es el escenario de una cita amorosa. Porque si una mujer con un varón están en un lugar que no es el entorno que plantea la disposición, que es el de trabajo, evidentemente ahí puede haber o no consentimiento. Pero ocurre que esto apunta a que la persona no se vea amenazada en su situación laboral o en sus oportunidades en el empleo. Entonces, el escenario es absolutamente diferente en materia de consentimiento respecto a lo que puede ocurrir entre un hombre y una mujer en una cita privada, porque en el entorno laboral rigen leyes que determinan los derechos de los trabajadores, sean hombres o mujeres.
Señor Presidente , sin ninguna duda, el acoso sexual atenta contra la dignidad de la mujer. Pero, en la salvaguarda de esta última, es preciso tener mucho cuidado en no dar pie a conductas que pueden ser tan lesivas para las relaciones laborales como el acoso mismo. Por ello, no era fácil conceptualizar en forma rigurosa y precisa esta normativa.
La definición que conocimos en la sesión pasada tenía como rasgos más sobresalientes un tono muy genérico y un amplio campo a la subjetividad. Entonces, era lógico que tuviera que revisarse. De ahí que la molestia que despertó en algunos sectores y autoridades de Gobierno el hecho de que se hubiera retardado aún más el despacho de esta iniciativa no se justifica, por cuanto el Senado hizo la apuesta que responsablemente tenía que hacer; esto es, en una materia tan compleja, tan delicada, esforzarse por aplicar el mayor rigor posible desde el punto de vista de los vocablos empleados.
La definición que se ha alcanzado, si bien difícilmente satisfará un criterio de máxima exigencia, al menos se ubica dentro de una norma que efectivamente alcance el propósito que persigue.
Por esa razón, y porque creo que ya es hora de dar vía libre a la normativa en debate, que lleva tanto tiempo en el Congreso Nacional, votaré favorablemente.
Por último, refiriéndome a la curiosa controversia que surgió hace algunos minutos, debo decir que el acoso con consentimiento equivale a un disco "Pare" con luz verde.
Quiero retomar el tema planteado, para que sirva de esclarecimiento a lo expuesto por el Senador señor Muñoz Barra.
Si recogemos el espíritu de la Comisión -que parece ser similar al de quienes han intervenido, con la salvedad del Honorable señor Muñoz Barra, a lo cual me referiré-, es necesaria la unanimidad para acoger la nueva noción.
La inquietud del Senador señor Muñoz Barra respecto del concepto que ahora se introduce no es obstáculo, porque lo relativo al "consentimiento" también aparece en el anterior. De manera que, si se rechaza esta proposición, el requisito de que el acoso sexual no sea consentido por la afectada se mantiene. O sea, ambas definiciones contemplan el mismo concepto: siempre se requiere que no haya consentimiento. La diferencia entre una y otra radica en otros aspectos. La original de la Comisión alude a que la conducta sea "unilateral, física o verbal". Ahora se refiere a que la conducta "se realice en forma indebida, por cualquier medio".
En seguida, se sustituyen los términos "que le produzca o amenace con producirle un perjuicio a su salud" -ya que en realidad el acoso altera las relaciones laborales- por la frase "que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo". Y si median daños a la salud, estamos en presencia del delito -así lo entiendo- de abusos deshonestos.
En consecuencia, los cambios no apuntan en la dirección que plantea el Senador señor Muñoz Barra.
En ese sentido, solicito el acuerdo de la Sala para incorporar el concepto que modifica letra a) del número 1 del artículo 1º, a fin de resolver esta discusión.
Sólo quiero decir que de ninguna manera me opondré a la unanimidad. Simplemente, hice presente una inquietud. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados, en su tercer trámite constitucional -no sé si habrá Comisión Mixta-, y a lo mejor en ese intervalo es posible perfeccionarlo mucho más, evitando complejidades que a veces obligan a intervenir.
Señor Presidente , deseo agregar un comentario.
En esta definición el consentimiento es lo menos importante, porque no estamos hablando de actos sexuales, sino de actos unilaterales; es decir, de requerimientos sexuales.
Un acto sexual no consentido puede ser delito, abuso, violación, tentativa de delito. En el caso que nos ocupa, se trata de un requerimiento que por definición es unilateral.
El consentimiento importa bien poco. Lo que se está normando es un requerimiento de carácter sexual en el que media la amenaza de perjudicar la situación laboral. No creo que confunda mucho disponer "no consentido", porque esa precisión tiene por objeto evitar los casos en que el requerimiento pueda haber sido de alguna forma inducido o provocado.
Pero no nos detengamos en la palabra "consentimiento", porque la conducta de acoso sexual se refiere a actos unilaterales.
¿Habría unanimidad para acoger esta proposición?
Si no la hubiera, entiendo que se presentará una solicitud de reapertura del debate, cuya resolución quedaría para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión.
Sin embargo, podemos obviar este procedimiento si la Sala acepta el nuevo concepto de acoso sexual propuesto por la Comisión de Trabajo.
Como todavía existe interés para intervenir en el debate, tiene la palabra la Senadora señora Frei.
Señor Presidente , pienso que fue bueno tomarnos más tiempo para analizar esta materia, porque hemos llegado a un acuerdo y la modificación saldrá por unanimidad.
Además, incorporamos en la iniciativa a las trabajadoras temporeras y a las empleadas de casa particular, tema bastante delicado.
No tengo claro en qué parte del proyecto se incluirá la enmienda.
Debiera incluirse en el artículo 1º, número 1, letra a), inciso segundo, después de señalar: "Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual".
En votación electrónica la nueva redacción propuesta por la Comisión para el artículo 1º, número 1, letra a), inciso segundo.
Señor Presidente , el Comité Demócrata Cristiano ha levantado los pareos.
--Se aprueba (33 votos a favor).
Votaron los señores Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Orpis, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Corresponde pronunciarse sobre otras materias pendientes. Se consignan en el segundo informe complementario que se acaba de entregar y se refieren fundamentalmente a procedimientos.
Señor Presidente, el informe es unánime.
¿Perdón, señor Senador ?
El informe es unánime. Todos los acuerdos fueron adoptados por unanimidad.
Sí, pero de todas maneras hay que votarlos, señor Senador.
Como señalé en la relación, todos las modificaciones fueron acordadas unánimemente por la Comisión.
El segundo informe complementario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social propone agregar, en la letra c) del número 3 del artículo 1°, un nuevo numeral 12.
Posteriormente corresponderá pronunciarse sobre todo un Título referente a esta materia.
Aprobémoslo con la misma votación.
Si le parece a la Sala y como todas estas disposiciones de procedimiento fueron acordadas por unanimidad en la Comisión, se podrían aprobar de la misma forma. Es decir, la modificación a la letra c), que propone un nuevo número 12...
Varias de ellas son de referencia, señor Presidente . Lo relevante dice relación a la parte en que se propone un Título IV, llamado "DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL".
En caso de que Su Señoría solicitara la unanimidad de la Sala para acoger todas las modificaciones, pienso que la obtendría.
Efectivamente. Ese espíritu ya fue recogido.
Sólo deseo que quede constancia de las aprobaciones. Son las referentes al artículo 154; al artículo 168; al artículo 171; a la incorporación, a continuación del artículo 211, de un nuevo Título; y al artículo 425.
¿Habría acuerdo para dar por aprobadas estas modificaciones?
--Se aprueban unánimemente, y queda despachado el proyecto.
La señora PÉREZ ( Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-
Señor Presidente , simplemente quiero manifestar la tremenda satisfacción del Gobierno, en especial del Servicio Nacional de la Mujer, por el despacho del proyecto y por la potentísima señal que ha dado el Senado al aprobar una iniciativa tan esperada, tan querida, tan demandada por el mundo de las relaciones laborales, y particularmente, por las mujeres. Éste es un muy buen día para las trabajadoras.
Efectivamente, este proyecto es mucho mejor que el que ingresó a tramitación, y esperamos que se ratifique prontamente en la Cámara de Diputados. Ojalá en marzo o mayo, meses emblemáticos para las mujeres y los trabajadores, podamos celebrar una nueva ley.
Señor Presidente, hemos dado un paso muy importante en materia de igualdad, de no discriminación, al resolver un aspecto pendiente relativo a la violencia contra la mujer.
Sin embargo, quiero señalar muy brevemente que también estamos preocupados por las otras tareas aún no resueltas. Al respecto, en unos días más, seguramente, vamos a discutir el proyecto que reforma la Ley de Violencia Intrafamiliar, el cual se hace urgente,...
...para que nunca más termine un año, como el 2004, con seis mujeres muertas por quienes eran sus parejas o se inaugure otro con dos casos similares (el 1º de enero y esta mañana).
Dicha iniciativa apunta en esa dirección y permitirá reconocernos como sociedad, como Estado, con más dignidad, con más orgullo, por haber resuelto temas pendientes en materia de igualdad, de no discriminación y de no violencia.
El proyecto de acoso sexual también sigue esa orientación.
Gracias, señora Ministra, por sus palabras.
Creo representar al Senado al señalar la enorme satisfacción de haber despachado una iniciativa largamente anhelada, sobre todo por haber logrado conceptos y procedimientos compartidos por todos, a pesar de las tensiones surgidas y de algunas percepciones distintas sobre el tema. Esa actitud le da mucha más fuerza y legitimidad a una definición acordada comúnmente.
El proyecto sobre acoso sexual era necesario para el país, como también lo son las materias pendientes, entre ellas la iniciativa sobre violencia intrafamiliar. Espero que, en su tratamiento, la Corporación logre el mismo consenso que hoy.
Señor Presidente, me alegro de que la iniciativa se haya despachado.
Respecto del proyecto que modifica la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, que también urge resolver, tengo entendido que está parado desde hace un año y medio porque el Ejecutivo no le ha dado la urgencia correspondiente. De manera que, si esto no se ha tratado, es por culpa del Gobierno y no del Parlamento.
Señor Presidente , deseo hacer una aclaración.
Frente a la afirmación hecha por la Honorable señora Matthei , quiero precisar un punto, sin pretender entrar en una controversia.
La Comisión de Constitución conoció hace poco el proyecto que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar que venía de la Cámara de Diputados. Y hace más o menos quince días lo aprobó en general.
En consecuencia, ya estamos en condiciones de debatirlo en la Sala. Y será decisión de los Comités ponerlo en tabla para su discusión. O sea, tenemos la capacidad reglamentaria para despachar esta iniciativa.
En la Comisión existe voluntad para tratar esta materia de forma preferente, según se ha señalado en las conversaciones que hemos sostenido este último tiempo con el señor Presidente respecto de los proyectos pendientes.
Efectivamente. De hecho, dicha iniciativa está incluida en la Tabla. Aparece signada hoy con el número 14 del Orden del Día.
Confiemos en que, con la voluntad de la Corporación, se despachará lo antes posible.
Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en lo relativo a la estructura y funciones de los gobiernos regionales, con segundos informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y de Hacienda, y con urgencia calificada de "simple".
Sesiones 8ª, en 6 de julio de 2004 (se aprueba en general); 24ª, en 5 de enero de 2005 (queda pendiente su discusión particular).
Al final de la sesión de ayer votamos una norma muy determinante, que afecta a una serie de otras disposiciones. El señor Secretario indicará su alcance y, al mismo tiempo, cuáles son las votaciones pendientes.
Está pendiente la letra b) del número 5 del artículo 1º.
El número 6 es consecuencia directa del rechazo registrado ayer.
Los números 7 y 8 están aprobados.
El número 9 hay que someterlo a votación.
El número 10 fue acogido ayer.
Hasta el número 16.
Antes, señora Senadora, el número 11 fue objeto de un pronunciamiento de mayoría, por lo que habría que votarlo.
El número 15 también está aprobado.
El número 16 habría que votarlo, pues se produjo una diferencia entre la Comisión de Hacienda y la de Gobierno. El texto propuesto por esta última fue objeto de varias votaciones divididas.
En el número 19 no hubo unanimidad en la Comisión.
Y, finalmente, cabe mencionar el número 22.
El número 23 es consecuencia exacta de lo que se...
Del 23 al 29 no hay enmiendas.
Señor Presidente , el número 6, que pasa a ser 8, contiene una proposición que no tiene que ver con lo que votamos ayer y, por lo tanto, debiera rechazarse.
Esa disposición fue aprobada, señora Senadora.
¿Es la que dice: "Incorpórase en la letra b) del artículo 32, a continuación de la expresión "los gobernadores", las palabras "los alcaldes."?
Sí. Se debe rechazar.
Reitero que se halla aprobada, Su Señoría.
No puede ser. Si está...
Fue acogida.
Si se encuentra aprobada, ello está mal. Se debe rechazar.
El que se votó es el número 5.
¿Y el número 6?
Entonces, el número 8 debe ser acogido.
Así es, señora Senadora.
Está bien. Porque es una materia distinta de lo que se vio en la votación anterior.
Sí. Y se analizó separadamente. No se pidió votación separada al respecto y se dio por aprobada en la sesión pasada.
Pero se pidió votación separada de los números 5 y 6.
En efecto. Y se ha hecho referencia al número 8. El número 6 está directamente relacionado con el 5, de manera que la votación lo alcanza. Como se trata del mismo criterio, si se rechaza el número 5, debe hacerse lo propio con el número 6.
Señor Presidente , sólo deseo confirmar que no se pidió votación separada respecto del número 8, porque está correcta la disposición. Los alcaldes no pueden ser consejeros regionales, que era la segunda materia que preocupaba a la Senadora señora Frei.
Efectivamente, Su Señoría. Y la norma pertinente fue aprobada con el quórum que se registró en su momento.
Antes de continuar, solicito autorización para que ingresen a la Sala la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Adriana Delpiano, y sus asesores, señores Eduardo Pérez y Nemesio Arancibia.
A modo de resumen, cabe señalar que los números 24, letras a) y b); 25; 26, letras a) y b); 27; 28, y 29 del artículo 1º son consecuencia de lo rechazado, así que no deben ser votados. Por su parte, el número 30 y los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, así como los transitorios, fueron aprobados.
Por consiguiente, sólo hay que pronunciarse sobre las disposiciones que mencioné.
Señor Presidente , solicito analizar el numeral 9, por cuanto establece una incompatibilidad que puede ser bastante nociva.
Esa norma aún no ha sido votada, señor Senador.
Entonces, se seguirá el orden indicado por el señor Secretario , para ir despachando las proposiciones.
Corresponde pronunciarse respecto de la letra b) del número 5 del artículo 1º. Si bien la norma se refiere al alcalde , el señor Presidente estima -mi opinión es la misma- que ello no tiene nada que ver con lo que ha sido rechazado.
La disposición modificada, que es el inciso segundo del artículo 29 de la ley Nº 19.175, hace referencia a la determinación del número de consejeros que corresponda elegir, que el Director Regional del Servicio Electoral efectuará a lo menos con seis meses de anticipación a los comicios. Agrega que "Cualquier consejero regional o concejal de la región podrá reclamar de dicha resolución ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente,". En definitiva, se pretende incluir, después de la palabra "regional", la expresión "alcalde".
Efectivamente, esta situación es distinta, porque no se trata de que el jefe comunal sea miembro de un órgano electoral, sino de otorgarle un derecho similar al de cualquier consejero regional o cualquier concejal para que pueda reclamar frente a una resolución determinada.
Por lo tanto, como es una materia distinta, debe ser votada separadamente. No la afecta la decisión adoptada por la Sala en la sesión de ayer.
Si ayer fue rechazada la proposición en orden a que los alcaldes pudieran participar en la elección de los consejeros regionales,...
...con lo cual no estoy de acuerdo, me parece que, para ser lógicos, no deberían tener la posibilidad de reclamar,...
...porque la impugnación está referida a una resolución que se vincula directamente con la formación del consejo regional.
La norma dice que "Cualquier consejero regional o concejal de la región podrá reclamar de dicha resolución", por lo que parece evidente...
Si es así, señor Senador, ¿por qué los consejeros regionales tendrán derecho a reclamar?
Porque entiendo que están involucrados.
En todo caso, es una materia distinta.
Sólo estoy dando mi opinión, señor Presidente .
Lo que deseo consignar es que esta proposición se puede votar en forma separada. Ése es el tema.
Mi argumentación es que, si en la sesión de ayer se tomó una decisión -que no comparto-, es preciso conservar la coherencia. Porque sería muy raro que un alcalde, quien no contribuye en nada a la elección del consejo regional, pudiera impugnar una resolución que no lo atañe de manera alguna.
Señor Presidente , se trata de situaciones del todo distintas. Y en esta oportunidad voy a respaldar la modificación propuesta por la Comisión.
Es lógico que el alcalde, quien debe representar a su comunidad, lo cual nadie puede discutir ni desconocer, formule este tipo de impugnaciones, porque es algo vinculado a la representación que en definitiva tendrá el conjunto de comunas que conforman la provincia. Sobre esa base se constituye el colegio electoral correspondiente y se determina el número de consejeros regionales por elegir.
Es una cuestión de interés general. Como al alcalde le asiste la representación de los intereses colectivos de su comuna, es lógico, en consecuencia, que cuente con esa facultad de impugnación.
Señor Presidente , pienso que la argumentación del Senador señor Viera-Gallo apunta en el sentido correcto.
Efectivamente, después de las enmiendas introducidas, los interesados en modificar alguna fórmula relacionada con el establecimiento de consejeros regionales serán las personas involucradas en forma directa, o sea, los elegidos y los electores. El interés del alcalde puede ser parecido al de un parlamentario, al de un intendente o al de alguien a quien no le es menor lo que ahí suceda. Pero la filosofía de la capacidad de impugnación -y le encuentro razón al Honorable señor Viera-Gallo - se halla ligada directamente a los electores y los elegidos.
Por eso, guardando concordancia con las modificaciones anteriores, me parece que a los jefes comunales no debería otorgárseles el derecho que se plantea.
Señor Presidente , en forma muy breve, debo decir que comparto plenamente la argumentación de los Senadores señores Viera-Gallo y Coloma, por lo que rechazaré la norma.
Quienes son partidarios de que el alcalde tenga derecho a reclamar deben votar favorablemente.
--Se rechaza la letra b) del número 5 del artículo 1º por 23 votos contra 5.
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Boeninger, Canessa, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Novoa, Núñez, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz (don José), Sabag, Viera-Gallo y Zurita.
Votaron por la afirmativa los señores Cantero, Parra, Romero, Silva y Zaldívar (don Andrés).
Siguiendo con el orden, cabe señalar que el número 6 del artículo 1º es consecuencia de lo ya rechazado y que los números 7 y 8 fueron aprobados.
Por lo tanto, corresponde ocuparse del número 9, que está pendiente y al cual aludieron dos señores Senadores. Su objetivo es reemplazar el artículo 33 por el que se indica.
Señor Presidente , concuerdo con la norma propuesta y con la aclaración efectuada ayer en el sentido de que va a regir respecto de quienes ocupen el cargo de consejero regional en la próxima elección, es decir, en cuatro años más. De esa manera no tendríamos el inconveniente de que algunos de los elegidos el 21 de diciembre recién pasado pudieran estar afectados por estas inhabilidades, porque ellas no existían a esa fecha ni fueron tenidas en cuenta en el momento de realizarse los comicios.
No sé si pudiéramos permitir a la Secretaría que separara un poco las cosas. Porque, como bien señaló ayer el Senador señor Viera-Gallo , aquí se disponen incompatibilidades con los cargos de concejal, de alcalde y de miembro de los consejos económicos y sociales, etcétera, pero también se establece una incompatibilidad con cónyuges entre sí y con personas que tengan relación de parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado con el alcalde o los concejales de las comunas que integran la Región. Esto último me parece sano, pero creo que debiera quedar a lo menos en punto aparte, en un inciso distinto, a fin de no mezclar cosas que son diferentes.
Señor Presidente , coincido en parte con lo señalado por el Senador señor García . Me parece más factible que el artículo 33 del primer informe sea aplicado a los consejeros regionales en lo que dice relación a inhabilidades e incompatibilidades. A mi juicio, la modificación del segundo informe -sobre todo en la parte relacionada con el parentesco y otras limitaciones semejantes- hace que los eventuales consejeros regionales sean muy pocos, pues quedan bastante limitados. Porque debe tenerse presente que un consejero regional recibe como dieta una cantidad que ni siquiera es suficiente para su subsistencia. Entonces, si limitamos mucho, tendremos consejeros regionales de muy bajo nivel.
Necesitamos ampliar un poco la norma. Yo estoy de acuerdo en que haya incompatibilidades. Pero, en mi opinión, el artículo 33 del primer informe era suficiente. Desde luego, estimo que habría que eliminar todo lo relativo al parentesco, porque estamos yendo demasiado lejos en las inhabilidades e incompatibilidades.
En el primer informe se decía que había inhabilidades respecto de los parlamentarios, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales y los que tengan "otro empleo, función o comisión en el mismo gobierno regional o con cargos en las plantas directivas de las municipalidades.". De acuerdo. Todas esas inhabilidades están bien. Pero si aprobamos una disposición excesivamente amplia, vamos a limitar la factibilidad de que gente valiosa, que puede prestar un buen servicio como consejero regional, lo haga. Algunos consejeros regionales han declarado estar dispuestos -ahora no se les va a aplicar esa inhabilidad, según hemos dicho- a no aceptar el cargo o no ejercerlo por esta razón.
Por eso, yo sería partidario de rechazar el artículo 33 como viene en el segundo informe y mantener el del primero.
O sea, como estaba primitivamente.
Señor Presidente , voy a argumentar en la misma línea de lo planteado por el Senador señor Andrés Zaldívar.
Existe una mezcla entre incompatibilidad e inhabilidades, tal como se hizo presente el día de ayer, y, obviamente, tiene que haber una decisión jurídica distinta. No pueden figurar ambos elementos en un mismo artículo.
Respecto del tema de fondo, coincido también en que la idea no es tratar de colocar restricciones adicionales a las actuales. Ojalá existan los mejores consejeros regionales. Creo que ése es el espíritu común, más allá de la manera en que se designen. Pero incluir el parentesco entre las inhabilidades probablemente implique inhibir a personas con mucha capacidad.
Pensemos en las provincias pequeñas, no sólo en las grandes: bastaría ser del partido político equis o miembro de un concejo para que un pariente -cualesquiera sean sus ideas políticas, su vocación, sus ganas de actuar en la vida pública- quedara inhibido de acceder al cargo de consejero regional. Yo creo que eso no se condice con lo que uno busca y espera en cuanto a la naturaleza de este cargo, cuestión que, por lo demás, no existe para otra clase de funciones y que, obviamente, se da para este efecto. Es decir, no hay inhabilidad respecto de los parlamentarios, de los alcaldes, de los concejales. Existiría una situación en la cual no se permitiría a los consejeros regionales tener un grado de parentesco con quienes a veces ni siquiera son electores. Por ejemplo, ser pariente de un alcalde, pues ya quedó claro que este último no tiene ese carácter. Entonces, tener algún grado de afinidad con alguien que, en este caso, no es elector, dada esa lógica, también entraría en incompatibilidad.
Para resolver el problema, señor Presidente , una fórmula sería volver al artículo 33 original; y la otra, votar separadamente lo referente a la inhabilidad. Me parece que el artículo 33, hasta antes de la parte que dice: "...y con el cónyuge o quienes tenga relación de parentesco...", apunta a una relación adecuada.
Por eso pedí separar la votación, pues, en mi opinión, la inhabilidad, en vez de ayudar, puede dar origen a arbitrariedades, ya que lo que haría, en el fondo -particularmente en provincias pequeñas-, sería no posibilitar la existencia de un horizonte y una capacidad superior para tener buenas autoridades.
Señor Presidente, he querido intervenir para argumentar en la misma línea.
Me parecen exageradas las inhabilidades establecidas para todo lo referente a la consanguinidad. Incluso, uno se puede preguntar cuál sería el problema de que alguien fuera pariente de un alcalde. Éste no forma parte del cuerpo electoral. Por lo tanto, dentro del espíritu con que se plantea esa instancia, al quedar en términos reducidos, podría terminar votándose por parientes directos. Puede ser. ¡Pero qué tiene que ver eso con los alcaldes, quienes -repito- no forman parte del cuerpo electoral!
Estimo que, cuando se trata de cargos de representación popular, no se puede establecer una inhabilidad por parentesco. De lo contrario, en el Senado tendríamos varios problemas con miembros emparentados con familias distinguidas. ¡Ni hablar del Gobierno central, o de los municipios, o de los concejales!
No lo digo en el mal sentido. Por el contrario. Creo que es un principio válido para un ente representativo de nivel nacional, en el que no debe haber limitaciones de ningún tipo. Por tratarse de cargos populares, los que eligen son quienes deciden qué representación quieren. Eso no puede ser distinto para órganos de otra naturaleza, pero que obedecen al mismo principio.
Entonces, todo lo referente al parentesco sanguíneo debe eliminarse.
Pero voy más allá, señor Presidente :
En mi concepto, hay suficiente incompatibilidad entre los miembros de los consejos económicos y sociales, provinciales y comunales. Todos sabemos que dichos órganos existen en teoría, pero muy poco en la práctica. Y con lo propuesto puede suceder que muchos se sentirán impedidos de participar en cualquiera de ellos. Ciertamente, más de algún integrante que desee postularse podrá renunciar y, al hacerlo, no quedar afecto a la inhabilidad. Sin embargo, no es ése el espíritu.
Señor Presidente , podrían mantenerse las inhabilidades del artículo 33 original, hasta donde dice -después de las letras a), b), c) y d)- "...con los de secretarios regionales ministeriales y los de directores de servicios regionales...". Incluso, yo sería partidario de eliminar "y con todo otro empleo, función o comisión en el mismo gobierno regional o con cargos de planta...". Son muchas las funciones que se cumplen y ellas no tienen por qué inhabilitar a alguien para participar en un consejo regional, pues éste tiene otras características.
Hay asesores a honorarios, por ejemplo, que pueden entregar un aporte enorme y específico en cualquier nivel -en el de un gobierno regional o de una municipalidad-, y que podrían ser consejeros regionales pese a que cumplen una función absolutamente distinta. En igual situación podría estar alguien vinculado al turismo. Entonces, no por el solo hecho de que una persona forme parte de un gobierno comunal, de entregar una asesoría o de pertenecer a una dirección o función específica en un gobierno regional, quedará impedida de participar en un consejo donde técnica y profesionalmente podría ser un aporte.
Más de alguno dirá: "No, es mejor prevenir y evitar así todo tipo de presiones o de situaciones en las cuales después los consejeros puedan quedar supeditados a los jefes de servicio o a los SEREMI, que son los que presentan los proyectos, o al intendente". Puede ser una razón.
Pero me interesa recalcar el hecho de que, en mi modesta opinión, mientras menos inhabilidades e incompatibilidades existan para los efectos de la representación de los consejeros regionales, tanto mejor. ¿Por qué? Porque la representatividad de ellos más bien la decide el cuerpo electoral, el que, a su vez, tiene su génesis en los concejales.
Sin embargo, como además estamos tratando de avanzar hacia una reforma que permita elegir a los consejeros regionales en forma directa, entonces no podemos poner tantas inhabilidades.
En verdad, todo esto debiera estar supeditado a que en las provincias pudiéramos elegir directamente a los consejeros regionales. Si fuese así, ¿cuál sería el problema de las inhabilidades? Eso tendrá que decidirlo la gente. En ese caso, el origen va a ser exactamente igual al de la Cámara de Diputados o al del Senado.
Ésa es la razón fundamental por la que pienso que mientras menos inhabilidades existan, tanto mejor.
El Honorable señor Cantero me solicita una interrupción, señor Presidente .
Desgraciadamente, no le queda tiempo, señor Senador.
Señor Presidente, coincido con lo manifestado por varios señores Senadores en el sentido de que somos demasiado estrictos en esta materia.
En la práctica, los fondos que los gobiernos regionales puedan aprobar para una municipalidad en donde haya un concejal pariente van a ir todos a la misma, sin que puedan manejarlos los consejeros ni los concejales. Sin embargo, no mantenemos similar criterio con los asuntos municipales. Observamos que en muchas comunas la señora del alcalde o el hijo de él es concejal. ¡Ahí sí que hay una relación muy directa en el manejo de los recursos! En cambio, aquí se trata sólo de la aprobación de proyectos en beneficio local.
Concuerdo en general con el artículo 33, nuevo, pero no respecto a la inclusión del cónyuge y de los demás parientes. Por lo tanto, la disposición debiera llegar hasta "administración del Estado". Y que el resto se elimine.
Con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Honorable señor Cantero.
Muchas gracias por la interrupción, señor Senador.
Señor Presidente , en verdad, me preocupa lo planteado. Me parece extremadamente delicada esta situación. ¡Extremadamente delicada! Creo que no atender una reflexión de este tipo podría poner en cierto riesgo el deseo de probidad en la gestión pública.
El artículo 102 de la Constitución señala que los consejos regionales tienen carácter normativo, resolutivo y fiscalizador. ¡Cómo el asesor del intendente, o el SEREMI que trabaja bajo su dependencia directa, o el técnico que, de manera remunerada, le da orientación, podría fiscalizar lo que el mismo hace y la labor propia de la autoridad regional!
En mi opinión, la situación descrita francamente pone en riesgo la probidad en la gestión pública regional, por lo que anuncio mi voto entusiasta a favor del texto de la Comisión.
Señor Presidente , aunque el debate es muy interesante, creo que en este caso podría aplicarse muy bien lo de "ni tanto ni tan poco", porque ocurre que las inhabilidades quedan subsanadas por la forma de elegir. Pero tengo la impresión de que la principal razón de las dispuestas en este artículo está referida a las funciones de los consejeros regionales.
La experiencia nos enseña que es difícil cumplir el rol fiscalizador normativo cuando hay dependencia de la persona que debe ser supervigilada.
Como lo señaló el Honorable señor Cantero al hacer referencia al artículo 102 de la Carta Fundamental, resulta absolutamente imposible llevar a cabo esa tarea cuando quien debe realizarla es dependiente del fiscalizado. Lo cierto es que todas las inhabilidades y, quizás, la relación de parentesco podrían ser revisadas según la línea de lo planteado por el Honorable señor Coloma . Pero el resto lo considero absolutamente indispensable.
Según lo que hemos visto, en algunos consejos regionales no hay fiscalización. La corrupción y el mal manejo de los recursos fiscales son elementos marcados en rojo en Chile, a pesar de que cuando se los compara con los de otros países salimos favorecidos. En todo caso, es algo que debemos cuidar.
Ésa es la principal razón de las inhabilidades que se consagran, las cuales son absolutamente correctas. No obstante, yo estaría en la línea de lo propuesto por el Senador señor Coloma , en el sentido de separar el inciso final del artículo 33, de manera de establecer una diferencia. Pero las restantes son del todo necesarias.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
Señor Presidente , creo que los Senadores señores Cantero y Prokurica tienen razón. Es bueno separar de la función de fiscalizar lo que pudiera crear dependencia de tipo laboral o jerárquico. Pienso que ello se lograría si elimináramos la parte final del artículo, referente al parentesco.
También suprimiría lo relacionado con los miembros de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales, porque, por ser meramente asesores, pueden cumplir perfectamente ambas funciones, sin el problema mencionado por los señores Senadores que defienden lo relativo a las inhabilidades e incompatibilidades, con las cuales estoy totalmente de acuerdo.
Si elimináramos del artículo 33 la frase que viene a continuación de los términos "alcalde y concejal", que dice "y con el de miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales", así como lo relacionado con el parentesco, que está en el párrafo final, creo que la norma quedaría más o menos en la línea que, como todos pensamos, permitiría operar bien para los efectos de las incompatibilidades e inhabilidades de los consejeros regionales.
Puede continuar el Honorable señor Prokurica.
Señor Presidente , concedo una interrupción al Honorable señor Cantero por su intermedio.
Señor Presidente , en general estoy de acuerdo en que la parte final del artículo 33 se puede eliminar. Pero no concuerdo en suprimir los consejeros económicos sociales. Porque una cosa es el rol resolutivo de un consejero regional en el ámbito de sus facultades, y otra, el consejo económico y social, que busca efectivamente canalizar la participación necesaria que reclama la sociedad civil respecto a priorizar problemáticas que posteriormente debe resolver el consejero regional en el marco de sus atribuciones.
Por tanto, no me parece adecuado mezclar la participación social con la priorización de materias que deben ser atendidas en el marco del gobierno regional. Considero mucho más sano separar ambas tareas, de modo que la sociedad civil, sin contrapeso que la limite, pueda encauzar sus prioridades, inquietudes y necesidades a través de su estructura propia.
Ha terminado el tiempo del Senador señor Prokurica.
Señor Presidente, soy partidario de que respecto de los cónyuges y los hijos se establezcan inhabilidades.
Siento que, independientemente del sector político a que pertenezcan, en determinados lugares se han ido formando verdaderas dinastías entre cónyuges e hijos y entre alcaldes y consejeros regionales.
Por una razón de transparencia, prefiero imponer una barrera y consagrar las inhabilidades en los casos de las municipalidades y de los consejos regionales. De tal manera que estoy de acuerdo con eso. Porque aquí se ha optado por una razón de modernización, de transparencia de la función pública.
Y en verdad, señor Presidente , encuentro indispensable establecerla. Basta recorrer el país para darse cuenta de que en varios lugares existe esa relación entre alcaldes e hijos y cónyuges, quienes constituyen verdaderas dinastías en ciertas provincias y regiones.
Por lo tanto, es más sano poner término a esa situación y fijar la inhabilidad.
Señor Presidente , si observamos con atención el debate que hemos realizado -y entiendo que existe mayoría suficiente para concordar en que la última parte del artículo que se propone no está exactamente en la línea de reflexión que hemos seguido-, lo cierto es que bastaría con rechazar la propuesta de la Comisión y agregar a la norma vigente la modificación introducida en la Cámara de Diputados, ya que se establece allí una incompatibilidad clara, no sólo con el concejal, sino también con el alcalde.
De esa manera se resolvería el problema de inhabilidad generado con los cónyuges, pues todos entendemos que se debe buscar algún otro mecanismo, en vista de que ello claramente no está bien expresado en el precepto sugerido.
En segundo lugar, considero que se ha ido más allá de la línea de lo equilibrado en la norma propuesta por la Comisión de Gobierno -aunque formo parte de ella, no tuve la oportunidad de votarla-, ya que establecer, además, incompatibilidades con los cargos a contrata asimilados a grado o a honorarios significaría sencillamente dejar fuera a personas de ciertas Regiones -me refiero sobre todo a las pequeñas, y no a algunas tan bien dotadas como la Octava o la Segunda-, en donde no existe mucha gente a la cual recurrir, no sólo de Gobierno, sino también de Oposición, para que efectivamente se cumplan las tareas fijadas por la ley orgánica pertinente a los consejeros regionales.
En ese sentido -reitero-, se marginaría a muchas personas.
En cambio, si mantenemos el artículo 33 de la ley vigente, permanecerá un conjunto de incompatibilidades absolutamente lógicas; y es bueno que eso ocurra. Y si agregáramos la frase "con los de alcalde y concejal", apuntaríamos concretamente a la manera como se debe entender el sistema de incompatibilidades e inhabilidades.
En cuanto a lo de los cónyuges, hay allí un grave error, pues, que yo sepa, ser cónyuge no es un cargo público, por lo menos hasta el momento.
Por lo tanto, si se quería establecer esto, debería haberse hecho, o en otro artículo, o por lo menos en un inciso muy distinto del que se está discutiendo.
En tal virtud, propongo rechazar la proposición de la Comisión y dejar el artículo vigente con la modificación incorporada por la Cámara Baja.
Señor Presidente , el debate habido muestra claramente que existe bastante consenso en el Senado para establecer el máximo de idoneidad y transparencia en la función que ejercen los consejeros regionales.
Me parece que lo propuesto por la Comisión es básicamente acertado, porque entra a precisar, más allá de la situación partidista o de gestión que pueda existir, la separación de una función que, a mi juicio, resulta indispensable.
Si un intendente hoy cuenta con más funciones y atribuciones que antes y un consejo regional actualmente recibe más recursos que antes, no me parece adecuado, sea cual fuere el gobierno en ejercicio, que dicha autoridad pueda contratar bajo su dependencia -en forma directa, a honorarios o de otra manera- a personas que van a votar lo que ella misma va a proponer respecto de inversiones o de determinados planes de desarrollo.
Como norma, eso es muy delicado. Porque, aunque tal vez esa situación no ocurra hoy, perfectamente podría darse el caso de que una autoridad como el presidente del consejo regional, de acuerdo con la flexibilidad existente, contrate a honorarios a cierto grupo de consejeros regionales -ni siquiera necesita contratarlos para la planta- y, de ese modo, se asegure una mayoría determinada.
La legislación hoy es ambigua. Alguien podría decir que teóricamente no se puede. Sin embargo, se hace. Y conocemos situaciones en las cuales esto ocurre.
Por lo tanto, soy partidario de aprobar el artículo 33 que propone la Comisión y recoger algunas observaciones que aquí se han hecho.
De partida, si somos coherentes con lo acordado en la tarde de ayer, e incluso en la mañana de hoy, se debería excluir a los alcaldes de la incompatibilidad por consanguinidad. Porque si éstos no van a ser miembros del consejo regional, se estarían estableciendo impedimentos a parientes de un alcalde, en circunstancias de que este último no ha tenido gestión alguna en el consejo regional y ni siquiera puede reclamar respecto de las candidaturas. Obviamente, esa parte del artículo se cayó.
Por consiguiente, soy partidario de acoger lo planteado en el sentido de aprobar el artículo 33 con las dos modificaciones propuestas.
La primera consiste en eliminar el texto que viene después de "administración del Estado", atinente a la incompatibilidad por consanguinidad. Insisto en que en el caso de los alcaldes resulta redundante, pues sería una especie de sanción adicional a lo ya establecido en cuanto a excluir su participación.
La segunda se refiere a los consejos económicos y sociales. Creo que la proposición del Honorable señor Andrés Zaldívar es válida. Por lo menos en la Región que represento en el Senado, muy pocos de estos consejos funcionan. Por lo tanto, me parece excesivo establecer inhabilidades cuando en determinadas comunas o provincias esos organismos ni siquiera están operando. En tal virtud, acogería la sugerencia del Senador señor Zaldívar de suprimir en la primera parte del artículo la mención relativa a los miembros de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales.
No obstante, sí soy partidario de incorporar en el artículo 33 lo que no está en la legislación vigente, en orden a que quede explícito el impedimento para que una persona que ejerce el poder contrate a otras para que aprueben lo que ella misma va a presentar.
Señor Presidente , en primer término, desde luego coincido con la eliminación de la referencia final a la incompatibilidad por parentesco.
En segundo lugar, comparto lo señalado por el Senador señor Andrés Zaldívar en cuanto a que no es apropiado establecer la incompatibilidad con los miembros de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales.
Mi reflexión es la siguiente. Por una parte, se estima conveniente potenciar estas instancias de participación, y por otra, resulta que en la gran mayoría de las comunas del país, que corresponde a las pequeñas, es poca la cantidad de gente disponible que cuente con información de los problemas que se tratan y que se encuentre en condiciones de ayudar a dinamizar y dar más peso a esos organismos de participación y concertación social.
Por consiguiente, dado que no veo un conflicto de intereses en este aspecto, no considero adecuado que la inhabilidad afecte a los miembros de los consejos económicos y sociales.
En consecuencia, propondría que en el artículo 33 se efectuara votación separada de esa frase.
En tercer término, siendo perfectamente correcta la incompatibilidad en relación con empleo, función o comisión en el mismo gobierno regional, no creo -y ello no aparece en la legislación vigente- que aquélla deba ampliarse a los cargos a contrata asimilados a grado o a honorarios en la misma Administración del Estado, pues corresponden a otro nivel dentro de ésta.
Por lo tanto, pienso que se podría realizar votación separada respecto de esas tres frases o partes del artículo, a fin de conservar el resto de su texto.
La otra alternativa, desde mi perspectiva, sería suprimir del artículo 33 vigente la referencia a los consejos económicos y sociales provinciales y comunales.
No sé si, rechazada la indicación, procede reglamentariamente votar partes de un artículo.
En todo caso, acojo lo que la Mesa estime conveniente desde el punto de vista reglamentario.
Señores Senadores, del debate se desprende que existen diversos criterios a través de los cuales se pueden revisar algunas de las adiciones efectuadas por las Comisiones que han intervenido, en el primer informe o en el segundo, respecto de esta materia.
Quizás la fórmula más simple sea realizar votaciones sucesivas de los distintos agregados, es decir, dividir la votación.
Por una parte, se ha solicitado excluir la última frase, relacionada con los cónyuges o demás personas que tengan algún parentesco. Una segunda situación similar es la de los miembros de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales. Y una tercera es la sugerida por el Senador señor Boeninger, que se infiere de los planteamientos del Honorable señor Núñez, de volver al texto original. La diferencia con este último, si elimináramos estos dos agregados, es que se excluye de la incompatibilidad a otras personas a contrata asimiladas a grado o a honorarios en organismos de la Administración del Estado.
Si le pareciera a la Sala, podríamos votar separadamente estas tres incorporaciones.
¿Son de quórum especial?
Este artículo es de quórum orgánico constitucional.
Lo primero que debemos hacer es votarlo, y después, pronunciarnos separadamente sobre si excluimos o no de él las frases señaladas.
¿Se vota en general?
Por mantener el artículo, porque, obviamente, tenemos que dejarlo.
Repito: primero votaremos el artículo en general y después, nos pronunciaremos acerca de si se incorporan o no algunas de las frases que han sido objetadas.
Se procederá a tocar los timbres, porque en este momento no hay número suficiente para alcanzar el quórum requerido.
Primero nos pronunciaremos sobre el artículo, porque, de no existir, mal podríamos alterar su contenido. De aprobarse el precepto, se realizarán tres votaciones para los efectos de si se incorporan o no otras tantas frases específicas. Cada una de ellas requiere quórum especial; de lo contrario, no habría cómo asegurar su contenido.
Señor Presidente , voy a votar en contra el artículo. Y lo haré por las siguientes razones.
En primer lugar, cuando se establecen incompatibilidades o inhabilidades se debe actuar con el máximo de rigor. Y las normas tienen que ser de claridad absoluta, porque se trata de limitar derechos o garantías que la Constitución establece por igual para todos los ciudadanos de la República.
El artículo 1º, inciso final, de la Carta Fundamental establece claramente que es deber del Estado "asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.". Y el artículo 19, Nº 2º, consagra el principio de igualdad ante la ley.
En consecuencia, por la vía de las incompatibilidades o de las inhabilidades se rompe con este principio general. Y para ello hay una razón muy valedera, que es el bien común y el cuidado que debe haber para evitar la confusión de intereses en quienes desempeñan determinadas funciones públicas y para, por esa vía, asegurar que actúen con probidad.
Creo que el artículo 33 despachado por la Cámara de Diputados es, en ese sentido, absolutamente claro y suficiente. No debe olvidarse que los consejeros regionales están afectos también a las normas de la Ley de Probidad. En consecuencia, hay allí un resguardo suficiente para las situaciones que se trata de precaver en los agregados que hizo la Comisión en la norma que ahora nos propone. Y, como cada uno de ellos es discutible en su mérito y en la redacción que se nos sugiere, yo opto por votar en contra la propuesta de la Comisión, para de esa manera contribuir a dejar en pie lo que despachó la Cámara Baja.
En el evento de que no se reuniera el número de votos suficientes para aprobar esta norma, habría que pronunciarse sobre el texto aprobado en general, que exige el mismo quórum y corresponde al despachado por la Cámara de Diputados; es decir, al artículo 33 original, con la modificación que incorpora el de alcalde entre los cargos incompatibles.
Estamos claros de las consecuencias del rechazo del precepto de que se trata. Lo digo a propósito de que se ha anunciado un voto en contra; puede haber otros, y, por lo tanto, es conveniente saber los efectos que de ello se derivan.
Señor Presidente , por tratarse de normas que requieren quórum orgánico constitucional, y siendo evidente que no lo vamos a alcanzar, ¿no será más prudente dejar esta votación para el día martes? Porque, en verdad, éste es el anuncio de un fracaso anticipado. Aquí no se va a reunir el número suficiente. Considero más adecuado realizar la votación el martes próximo, pues ahora no hay posibilidad alguna de que aquéllas sean aprobadas.
En realidad, hay número suficiente.
Señor Presidente , necesitaríamos prácticamente la unanimidad de los Senadores para alcanzar el quórum requerido. Y eso probablemente no va a ocurrir.
Hay 31 señores Senadores en la Sala, número muy cercano al que se requiere para sancionar la norma en cuestión.
Por cierto, cualquier Comité puede pedir segunda discusión.
Yo la estoy solicitando, en mi calidad de Comité.
¿Está pidiendo segunda discusión respecto de esta norma, Su Señoría?
Nosotros solicitamos aplazamiento de esta votación. Porque, si se pide segunda discusión, tendremos que dejar pendiente todo el proyecto.
¿Por qué no acordamos el aplazamiento?
Se puede pedir aplazamiento de la votación de un artículo, si es lo que se desea, para evitar el rechazo de la norma por falta de quórum, y continuar con la votación de los demás preceptos.
Señor Presidente , independiente de la decisión que se tome, a mí me gustaría, para los efectos de la votación, dejar claramente establecido lo siguiente.
Si se va a aprobar esta norma, porque hay quórum suficiente, y luego se procederá a votar cada una de las frases en cuestión, desearía saber si se requerirá dicho quórum para mantenerlas o para sacarlas. ¿Cuál es la interpretación?
La interpretación que he dado es que, si se opta por mantener el artículo 33, cada una de las frases que se ha pedido votar por separado debe reunir el quórum. De no ser así, no se aprobarían.
Señor Presidente , me preocupa la determinación que la Mesa pueda adoptar respecto de este proyecto. Porque, si se pide aplazamiento de la votación, solicito que votemos tal indicación. Y entiendo que si se pide segunda discusión...
El aplazamiento de la votación lo puede pedir un Comité.
Excúseme, señor Presidente . Estoy haciendo uso de la palabra. Yo no interrumpo nunca a Su Señoría.
Quiero aclararle que no hay votación sobre eso.
Entiendo que, cuando se pide aplazar la votación, la Mesa tiene la atribución de decidir o someterla a la consideración de la Sala. Pero creo que optar por este camino es extraordinariamente peligroso, sobre todo este mes, pues Su Señoría sabe perfectamente que un número importante de Senadores está fuera y, en consecuencia, nos vamos a encontrar en una situación tal que no podremos votar.
Por eso le estoy manifestando mi preocupación por el hecho de que se pueda generar un mecanismo muy extraño, en el sentido de pedir segunda discusión o aplazamiento de votaciones cuando nos convenga o no nos convenga.
En este caso, creo que la votación es muy cruzada. Hay opiniones sobre este artículo que, en general, no tienen nada que ver con las de las bancadas presentes. De modo tal que no veo ninguna razón para que no podamos votar en esta oportunidad; pero, obviamente, Su Señoría tiene la atribución para decidir.
Señor Senador, no la tengo -y esto es lo que le quería aclarar-, pues el Reglamento consigna que, si la solicita un Comité, queda aplazada la votación. Yo no tengo la atribución para impedirlo.
No. Eso es en cuanto a la segunda discusión; pero el aplazamiento requiere votación, de acuerdo con el artículo 131 del Reglamento. Es una indicación.
Vamos a verificar la situación reglamentaria.
El señor Secretario me informa que corresponde darle lugar de inmediato, como derecho de los Senadores.
Señor Presidente , si esto requiere votación, entonces pido segunda discusión, y se aplaza la discusión de todo el proyecto.
Le ruego que nos dé un minuto, señora Senadora.
El artículo 135, inciso segundo, del Reglamento señala: "Asimismo, quedará para el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente la votación de los asuntos discutidos en el Orden del Día, cuando lo pida un Comité.".
Un Comité solicitó aplazar la votación de todas las normas que requieren quórum especial. Y si ésa es su voluntad, no está en manos ni de la Mesa ni de la Sala impedirlo.
En consecuencia, la votación de todos los preceptos que precisan quórum especial quedará para el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente.
Entiendo que hay claridad a ese respecto.
En seguida, la Comisión de Gobierno acordó suprimir el Nº 11, con los votos conformes de los Senadores señores Bombal y Cantero, y la abstención del Honorable señor Stange.
En dicho número, la Cámara de Diputados propuso agregar una letra f) al artículo 40 de la ley Nº 19.175. La Comisión, por mayoría, acordó suprimirla.
Señor Presidente, es demasiado amplia la inhabilidad que se desea incorporar mediante la letra f). Y la Comisión hizo bien en rechazarla.
¿Qué significa "Actuar como agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos" Por ejemplo, que un consejero regional llame a alguien y le diga: "¿Por qué no contrata como secretaria a fulana?".
Me parece que, aunque se establezca aquello, 90 por ciento de los consejeros incurrirá en conductas como ésa. Está en la práctica del país; no se trata de algo indebido; es -por decirlo de algún modo- archisabido.
Entonces, ¿para qué colocar normas que son violadas en forma permanente y que caen en desprestigio?
Le sucedió hace poco al Ministro del Interior británico que hizo una gestión a favor de la niñera de su amante para que obtuviera una visa en Inglaterra. Ello era completamente lógico, porque se trataba de una inmigrante.
En Chile, una situación como ésa habría pasado como algo más que natural. Si no, en nuestro país no habría autoridades en sus cargos. ¡Desde luego, en el Parlamento no estaría ninguno de los aquí presentes...!
Por consiguiente, pienso que esta norma es absurda.
¿Lo natural es lo de la amante o lo de la visa...?
Lo que objeta el Honorable señor Viera-Gallo...
Estoy de acuerdo con la Comisión.
El Senador señor Viera-Gallo objeta que los consejeros regionales tengan una situación distinta de la de los parlamentarios.
El artículo 57 de la Constitución sanciona precisamente al Diputado o Senador que actúe "como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos,", etcétera.
Es decir, se reprodujo un texto de la Carta Fundamental.
Así es. Pero lo que yo objeto es una norma absurda de la Constitución, que no se aplica en la realidad.
Está bien. Simplemente, quiero precisar que esa disposición, que viene de la Constitución del 25, es lo que objeta Su Señoría.
En votación electrónica la propuesta de la Comisión.
Pronunciarse a favor significa aprobar la supresión del ya referido Nº 11.
Advierto a la Sala que en este caso no se requiere quórum especial.
--Se rechaza la supresión del Nº 11 (16 votos en contra, 11 a favor y una abstención)
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Canessa, Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, García, Matthei, Novoa, Orpis, Prokurica, Romero, Silva, Vega y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Larraín, Moreno, Núñez, Parra, Pizarro, Viera-Gallo y Zurita.
Por lo tanto, contradiciendo la votación mayoritaria de la Comisión, quedaría aprobada la incorporación de la causal propuesta como conducta en que los consejeros regionales no pueden incurrir.
Señor Presidente , estoy verificando si la aprobación de la norma subsistente requiere quórum especial.
Perdón, señor Presidente . Deseo hacer una consulta.
Sucede que estamos analizando informalmente el resultado de la votación, y parece que algunos colegas, pretendiendo suprimir la norma sugerida, votaron en contra.
No sé si alguien puede aclarar la situación.
Yo aclaré...
Ya sé que usted aclaró, pero sucede que nosotros no siempre estamos tan lúcidos como Su Señoría.
¿Votar que sí significaba aprobar la proposición de la Comisión, consistente en eliminar el Nº 11?
Así es. Y se precisó en forma anticipada que votar favorablemente implicaba aprobar lo que proponía la Comisión: suprimir la ya referida causal de cesación en el cargo de consejero regional.
Señor Presidente , en la medida en que el error haya sido pronunciarse a favor cuando en realidad se deseaba votar en contra, no importa, porque esta última opción ganó. Entonces, ello no hace ninguna diferencia en el resultado.
La objeción es exactamente la contraria.
¡Ah! Es al revés.
La inquietud planteada por el Honorable señor Pizarro es otra.
¿El señor Senador está pidiendo repetir la votación?
No, señor Presidente . Lo que ocurre es que algunos colegas comentaron que habían votado al revés.
¿Alguien solicita que se repita la votación?
En consecuencia, queda zanjada.
Ahora bien, para suprimir una norma no se precisa quórum especial, pero para aprobarla, sí.
En consecuencia, habiéndose rechazado la proposición de la Comisión consistente en suprimir la letra f), nueva, corresponde pronunciarse sobre ésta, para lo cual se requiere quórum especial.
Entonces, la votación debe quedar aplazada.
Conforme al acuerdo que se adoptó en el sentido de no votar hoy las normas de quórum especial, la de la letra f), nueva, también queda aplazada hasta la próxima sesión ordinaria.
En seguida, en el número 14, que pasa a ser 16, la Comisión de Gobierno introdujo varias modificaciones al artículo 70 bis, nuevo. La primera fue aprobada por mayoría, con los votos favorables de los Senadores señora Frei y señores Cantero, Núñez y Stange, y el voto en contra del Honorable señor Ríos. Sin embargo, la Comisión de Hacienda acordó por unanimidad sustituir completamente el referido artículo.
Respecto de esta norma se pidió votación separada.
En discusión el artículo 70 bis, nuevo, propuesto por la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente , creo que este precepto toca un tema de fondo para el país y que debiera ser discutido a propósito del proyecto de reforma constitucional general sobre gobiernos regionales, porque de alguna manera interfiere en el régimen político chileno.
Ya que los consejos regionales puedan distribuir recursos es algo que atenta contra la idea del presidencialismo. Porque este Parlamento, simplemente, aprueba el Presupuesto, pero no asigna recursos. Los consejos regionales, organismos donde están representados el Gobierno y la Oposición, sí los asignan.
Entonces, no hay coherencia entre el sistema político nacional y el sistema político regional.
Sin embargo, eso ya está en la Constitución.
Ahora, por la vía de la ley, se introduce un cambio con el cual, en principio, estoy de acuerdo, siempre que demos el paso con plena conciencia de lo que estamos haciendo y se realicen también los ajustes correspondientes a nivel nacional.
En la norma sugerida se plantea que los secretarios regionales ministeriales, con la participación del consejo regional, elaboren un anteproyecto regional de inversiones, "el que deberá ser considerado en la formulación de los proyectos de presupuestos del gobierno regional y de los respectivos ministerios.". O sea, se obliga al Presidente de la República a tomar en consideración un anteproyecto que ha sido votado por un organismo que no es gubernamental -en el sentido de que no depende de él-, sino de participación popular, aunque indirecta.
Eso no está en la filosofía de la Constitución del 80, ni, obviamente, en la del 25. No se halla en la tradición del presidencialismo chileno.
Yo soy partidario de avanzar hacia un sistema menos presidencialista, pero no por la vía de un artículo que no está contenido en la normativa sustancial sobre gobiernos regionales. Me gustaría que este tema fuera discutido en la reforma constitucional respectiva, presentada por el Ejecutivo y que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados.
Lo peor que podemos hacer es ahondar la asimetría -para no hablar de contradicción- existente entre la naturaleza de los gobiernos regionales y la del gobierno central. Porque sucede que por este camino los consejeros regionales van a tener un poder muy por encima de este Parlamento, tanto más cuanto que elaborarán un anteproyecto que será obligatorio para el gobierno central.
La norma establece que el anteproyecto "deberá ser considerado en la formulación de los proyectos de presupuestos del gobierno regional y de los respectivos ministerios". El "deberá ser considerado" puede entenderse de dos formas. Una, que sea leído y luego tirado al tacho de la basura; pero en tal caso el precepto no serviría de nada, sería un engaño. Y otra manera de entenderlo es que el anteproyecto tenga que ser aceptado como base para la elaboración de los presupuestos.
Entonces, señor Presidente , me gustaría que esta discusión, que es trascendente, se hiciera más a fondo y no a raíz del artículo que se nos propone ahora.
Me pidió una interrupción el Senador señor Andrés Zaldívar , que concedo, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , la observación del Senador señor Viera-Gallo es bastante de fondo. Y creo que podríamos tratar el punto a propósito de la reforma constitucional sobre gobiernos regionales. Sin embargo, estimo que Su Señoría se equivoca cuando dice que el anteproyecto obligará al aparato central, rigidizando el Presupuesto de la nación.
La norma tiene su filosofía. La idea es que, cuando el anteproyecto regional llegue al Ministerio respectivo, éste lo pueda adicionar -ayer se empleó la palabra "apalancar"-, en el sentido de dar sinergia a un proyecto de mayor magnitud, con la participación del gobierno regional.
Según la explicación que me dieron, ése es el único objeto de estos anteproyectos regionales: que sean considerados por los Ministerios y por los secretarios regionales ministeriales. No tienen otro fin.
Estoy de acuerdo con el Honorable señor Viera-Gallo en que esta materia podría ser tratada en otra oportunidad y no a propósito de la iniciativa legal en debate, a fin de estudiarla con mayor profundidad.
Se encuentran inscritos para intervenir los Senadores señores Núñez, Boeninger, Matthei, García, Orpis y Cantero. Sin embargo, antes solicitó hacer uso de la palabra la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional, quien podrá intervenir si así le parece a la Sala.
Más allá de este interesante debate, que sin duda va a continuar cuando venga la reforma constitucional regional, creo que nuestro país ha hecho el enorme esfuerzo de dar pasos seguros en materia de descentralización. Chile tiene una tradición centralista, de un presidencialismo fuerte, pero son muchas las leyes -no sólo reformas constitucionales- que han buscado fortalecer el proceso de descentralización iniciado hace más de 10 años con la constitución de los gobiernos regionales.
En este caso se está consagrando en una norma legal una práctica que tiene lugar desde hace más de dos años, por decisión política pero sin respaldo jurídico, y que busca, no sólo lograr mayor coherencia y dar más poder a las Regiones, sino también hacer cundir de mejor manera los recursos en el país.
Hoy, de acuerdo con la normativa vigente, los Ministerios no tienen ni siquiera la obligación de mirar lo que sucede en la Región para determinar, desde el nivel central, cuántas viviendas se van a construir en tal lugar, qué puente se va a levantar; lo hacen sin considerar necesariamente el pensamiento y la decisión regionales.
Lo que se persigue en esta oportunidad es una mejor articulación entre el nivel central y el nivel regional, con el objeto de que en la distribución de los recursos -éstos casi llegan al 50 por ciento y ya son ley de la República, en términos de la posibilidad de la Región de usar el Fondo de Desarrollo Regional, más todas sus provisiones- se consideren las necesidades y dónde va a estar la inversión nacional en la Región, a fin de colocar los fondos en aquellos elementos que, o articulan de mejor manera, o "apalancan" -como se dijo ayer- los dineros. Es decir, se trata de un instrumento clave para la buena gestión del país en materia de uso de los recursos.
No se está buscando un elemento sustantivamente nuevo, señor Presidente. Y, al respecto, difiero de lo expresado por el Senador señor Viera-Gallo.
Cuando se analizó si esta materia debía formar parte de la ley sobre gobiernos regionales -llamada "ley corta", que es la que estamos discutiendo ahora- o si más bien correspondía a la reforma constitucional regional, después de un intenso debate, resolvimos con los propios Parlamentarios que debía ir en una ley rápida, para entregar instrumentos y sancionar una práctica que hoy se efectúa por política y que el Ministerio de Hacienda exige.
De otro lado, no debemos olvidar que, cualquiera sea el mecanismo previo, el que define u ordena el presupuesto en primera instancia es el Ministerio de Hacienda, el cual está considerado aquí, y que el que lo aprueba o no es finalmente el Parlamento.
Por lo tanto, no se está introduciendo un elemento anómalo, distinto, pero sí consolidando un esfuerzo de buena gestión entre el nivel nacional y el regional, para continuar trabajando después en la articulación de ambos. Porque la verdad es que, sin estas articulaciones, todo el Estado se halla diseñado para caer en el territorio de manera distinta, sin información, sin ninguna visibilidad ni transparencia frente a las cifras.
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez
Señor Presidente , lamento mucho diferir en forma radical de mi estimado compañero de bancada,...
...porque lo cierto es que por primera vez...
¡Es habitual!
No es muy habitual, señor Senador.
¡Su Señoría dijo "en forma radical", no "en forma socialista"...!
También radical. ¡Pero ojalá que no nos pongamos radicales otra vez...!
Lo cierto es que este proyecto viene a materializar algo que motivó hace muchos años una discusión muy profunda en el Senado, la que, al parecer, no se llevó a cabo de la misma manera en la Cámara de Diputados, a la que entonces pertenecían varios actuales Senadores, entre ellos el Honorable señor Viera-Gallo .
En la práctica, fueron profundamente debatidos los artículos 100, 101, 102, 103 y 104 de la Constitución Política, al punto que en el 102 se dispuso: "El consejo regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador," -no sólo fiscalizador como aquí se comentó erróneamente- "dentro del ámbito propio de la competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende, la que regulará además su integración y organización.". Y agrega: "Corresponderá desde luego al consejo regional aprobar los planes de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto del gobierno regional".
Estas normas se hallan en la Carta Fundamental y fueron objeto, como digo, de mucha discusión en el Senado, porque por primera vez se consagró la voluntad constitucional de descentralización y desconcentración. Y ahora la enmienda propuesta impulsa la descentralización efectiva en el ámbito más sensible: el presupuestario. Incluso, se entregan atribuciones a los gobiernos regionales para que, sobre la base de la utilización del concepto de desconcentración, tengan posibilidades ciertas de hacer un poquito más que actuar como meros buzones de las demandas regionales.
Con la precisión introducida por la Comisión de Hacienda -que comparto- estamos dando un paso muy importante. Y no es un paso en el aire, porque por primera vez se concreta algo ya estatuido en la Constitución. En efecto, su artículo 103 dispone: "La ley deberá determinar las formas en que se descentralizará la administración del Estado," -y ésta es una ley- "así como la transferencia de competencias a los gobiernos regionales.". Y el inciso segundo añade: "Sin perjuicio de lo anterior, también establecerá, con las excepciones que procedan, la desconcentración regional de los ministerios y de los servicios públicos. Asimismo, regulará los procedimientos que aseguren la debida coordinación entre los órganos de la administración del Estado", etcétera. Todo ello, con los resguardos destacados por la señora Subsecretaria en el sentido de que sus resoluciones no pueden ir más allá del marco presupuestario acordado en el Parlamento.
En consecuencia, la que analizamos es una muy buena norma. Ojalá -y en este punto también difiero del criterio del Honorable señor Viera-Gallo - cambiara el régimen político del país. Con este artículo no termina el presidencialismo, porque vamos a seguir sometidos a su lógica, que ahoga con fuerza las iniciativas regionales.
Tengo absoluta claridad en cuanto a que debemos acoger el artículo 70 bis, porque constituye un gran avance.
Señor Presidente , también discrepo de lo afirmado por el Honorable señor Viera-Gallo , con quien frecuentemente suelo tener un alto nivel de coincidencia, ¡aunque no sé si ello sea favorable a su carrera...!
El precepto planteado enriquece y ordena el proceso de confección del presupuesto regional, porque permite la participación inicial del intendente, del consejo regional, etcétera, tomando en consideración los objetivos estratégicos, pues se supone que esas instancias tienen cierta visión de hacia dónde se quiere ir, y eso se plasma en el anteproyecto regional, el que "deberá ser considerado en la formulación de los proyectos de presupuestos".
Ahora bien, a la luz de lo que se señala a continuación, nadie puede dudar de que el término "considerado" tiene el sentido de "ser tomado en cuenta" y no obliga a nadie. Si ésa no hubiera sido la intención, se habría usado otra terminología. De todas maneras, si la redacción se estima ambigua, puede perfeccionarse cambiando el vocablo "considerado". Pero yo, por lo menos, no tengo dudas.
En seguida, el anteproyecto se envía a los Ministerios correspondientes (estamos hablando todavía del año anterior), los que podrán mejorarlo incorporando las visiones estratégicas y las prioridades regionales. Y si hay diferencias obviamente, las habrá-, deberán resolverse en la etapa de la elaboración del presupuesto propiamente tal a que se refiere el artículo 72, donde vuelve a insertarse en la parte resolutiva, es decir, en el proceso de discusión y aprobación de los presupuestos.
Simplemente, se trata de dar importancia, de dar presencia, de incluir las visiones del gobierno regional en el momento oportuno de la discusión presupuestaria, y no hacerlo demasiado tarde, en forma inconexa e inorgánica, como probablemente en general sucede hoy día.
En consecuencia, coincido en que el propuesto es un muy buen y necesario artículo.
Señor Presidente , lo que ahora ocurre es que aparentemente ha ido aumentando el porcentaje de inversión pública decidida en Regiones vía incremento del FNDR, con resolución absoluta del intendente y el CORE, y también mediante convenios de programación, que básicamente son acuerdos entre un Ministerio y una Región para hacer obras cofinanciadas: una parte la pone aquél, y la otra, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
El drama es que en muchas Regiones se percibe que los referidos convenios vienen amarrados a ciertas obras. O sea, entre Ministerio y Región no hay diálogo. En vez de decir "¿Qué podemos hacer juntos? o "¿Cuál es la mayor necesidad de la Región?", el Ministerio señala: "Mire, hagamos un convenio de programación, pero para este hospital, no para otro, ni para tal ampliación". Entonces, muchas veces el CORE se ve en la disyuntiva de aceptar o perder los recursos que el Ministerio iba a invertir en la Región. Y si bien los convenios de programación representan montos que son bienvenidos, en ellos la voluntad regional no se halla debidamente expresada.
En el fondo, la Comisión de Hacienda introdujo un artículo que obliga al diálogo. No es más que eso. Pero el anteproyecto no compromete a nadie.
Según el Diccionario de la Lengua Española, "considerar" significa "Pensar, meditar, reflexionar algo con atención y cuidado."; en definitiva, reflexionar algo con atención y cuidado. O sea, básicamente, es escuchar, lo cual creo positivo.
Las regiones y las comunas, con grandes esfuerzos, se esmeran en conocer sus mejores expectativas futuras de desarrollo, pero éste requiere inversiones.
En diversas oportunidades he recordado que don Renán Fuentealba , ex Intendente de la Cuarta Región , dándose cuenta de que su progreso dependía básicamente del agua, se preocupó de construir embalses, revestimiento de canales, obras para riego tecnificado, etcétera. Gracias a Dios, don Renán tenía conexiones personales muy fuertes con los Presidentes de la República y logró todo lo que quería. La verdad es que hizo grandes cosas para la Región. Pero no siempre se presenta ese trato de tuteo entre los intendentes y la primera autoridad del país. Generalmente no es así.
Por lo tanto, necesitamos un camino institucional que permita que la voluntad regional sea al menos conocida -¡al menos conocida!- por el Ministro que decidirá respecto de los convenios de programación. Por eso, la norma propuesta constituye fundamentalmente una instancia de diálogo, de intercambio de información, en que por lo menos los Ministerios consideren la voluntad de la Región.
No obliga absolutamente a nada. Siguen manteniendo la potestad el Ministro de Hacienda , el Director de Presupuestos , los otros Ministros y, también, el Congreso. Creo que esta instancia de diálogo enriquecerá y mejorará la calidad de las inversiones en las Regiones.
Señor Presidente , el inciso segundo del artículo 102 de la Constitución Política, relativo al Consejo Regional, dice: "Corresponderá desde luego al consejo regional aprobar los planes de desarrollo de la región". ¿Cómo puede haber plan de desarrollo de la Región si los distintos Ministerios no conocen los proyectos que en ella piensan financiar?
La referida norma agrega que corresponde al consejo regional aprobar el proyecto de presupuesto del gobierno regional, ajustado a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la nación. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que aquél -por así decir- se arranque con sus propias ideas, porque tiene que ajustarse a la política nacional de desarrollo y, obviamente, al presupuesto de la nación.
Por eso, señor Presidente, los temores del Senador señor Viera-Gallo en mi opinión carecen de base.
Y el artículo 70 bis que se propone persigue como finalidad obligar a una indispensable coordinación entre el gobierno central, los ministerios que ejecutan obras y financian proyectos y el gobierno regional. Así, éste no destinará recursos a proyectos que a lo mejor están siendo financiados vía ministerios, pero sí pueda aportarlos a programas complementarios, de tal forma que la solución que se le ofrezca a la ciudadanía sea mucho más integral.
Asimismo, las intervenciones de la Senadora señora Matthei y de los Honorables señores Núñez y Boeninger ahorran palabras.
En suma, estimo que éste es un artículo que debemos aprobar.
Como no se encuentra presente, le corresponde usar de ella al Honorable señor Cantero.
Señor Presidente , los argumentos en general ya se han dado, de manera que mi intervención será muy económica.
El artículo 105 de la Carta Fundamental es muy claro, pero a su respecto algunos Honorables colegas incurren en confusión.
En el Capítulo sobre el Gobierno y Administración Regional se señala que la administración superior le corresponde al gobierno regional. En realidad, me refiero a los artículos 100, 101 y 102.
"La administración superior de cada región radicará en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región." (inciso segundo del artículo 100 de la Carta).
Este primer concepto deja de manifiesto que la norma propuesta es perfectamente pertinente.
También se planteó que el sistema de planificación nacional, por desgracia, cada día se deteriora en mayor medida. Hoy se cuenta con un banco integrado de proyectos y con normas de evaluación, pero no con un sistema nacional de planificación. No hay coordinación: el gobierno regional no sospecha lo que un ministerio pueda estar pretendiendo hacer en la región. Nada hay que permita integración y coordinación.
Tampoco -y es importante destacarlo- se encuentra en funcionamiento un sistema nacional de inversiones. No hay una memoria técnica a la cual puedan recurrir el Presidente de la República , autoridades o ciudadanos para saber en qué se va a invertir en una región. Son compartimentos estancos, visiones cartesianas, sectoriales, unidimensionales, pero no sistémicas. Y esto me preocupa. Porque, desde la década de los 90 hasta ahora, para nadie es un misterio lo que ha pasado con el Ministerio de Planificación. ¡Llegamos al extremo de que un Presidente de la República anunciara que lo eliminaba de la estructura del país!
Entonces, el tema no es menor.
El artículo en discusión avanza en la línea correcta, en la sana doctrina consagrada en la institucionalidad tanto constitucional como legal.
Adelanto que votaré favorablemente la proposición.
El Honorable señor Viera-Gallo le ha pedido una interrupción, señor Senador.
Con la venia de la Mesa, se la concedo con el mayor agrado.
Señor Presidente, por la importancia que reviste, me alegro de este debate. Y quiero precisar lo siguiente.
El artículo 102 de la Constitución -bien citado por el Senador señor Núñez - establece que al consejo regional le corresponderá aprobar el presupuesto del gobierno regional. Eso no ocurre. Ninguna región tiene hoy un presupuesto. El gobierno regional solamente se dedica a asignar recursos; apenas fiscaliza; no ejerce -que yo sepa- funciones normativas, ni menos elabora un presupuesto.
Presupuesto propio, señor Senador.
Me refiero a que no existe un presupuesto de la región. Y hablo de la que represento -la Octava-, en la que no conozco algo que se llame "Presupuesto de la Región".
El artículo en debate alude a algo que requiere mayor precisión. Y, conforme a lo que señala, es inconstitucional, porque corresponde al gobierno regional aprobar el presupuesto de la región y no, mediante una forma extraña, al intendente, con participación de los representantes del consejo regional. ¡No! El presupuesto de la región debe aprobarlo el gobierno regional.
Estoy haciendo uso de una interrupción, señora Senadora.
En cambio, otros han sostenido que se está regulando la actual práctica respecto del presupuesto central, caso en el cual el artículo en debate adquiere una importancia mucho menor. Simplemente, lo que se está diciendo es que el intendente y algunos funcionarios comunican al Ministerio de Hacienda lo que quieren y éste ve si lo acoge o no. O sea, la proposición pierde mucha trascendencia. Si es así, no sirve de gran cosa. Y si es lo primero, lo estimo inconstitucional.
Señor Presidente , la verdad es que el Honorable señor Viera-Gallo ha puesto énfasis en un tema que considero muy importante.
Discrepo de su extrema interpretación acerca de una norma que no establece lo que Su Señoría teme: que sea una especie de inicio de la dinamitación del presidencialismo. Está muy lejos de ello lo que acá se propone.
Si cupiera alguna crítica, ella consistiría en decir que el artículo propuesto es relativamente impreciso y en extremo presidencialista, porque de su lectura se desprende claramente que corresponde al intendente, con el auxilio de representantes del consejo regional, hacer las observaciones al gobierno central. Estoy de acuerdo en que esto ocurra. Me parece que eso obliga a generar, por así decir, cierto diálogo entre los gobiernos regionales o servicios regionales y la autoridad central.
Tengo la impresión de que tampoco hay debida precisión, por lo menos en lo que se ha expresado en este debate, acerca de lo que estamos hablando. Entiendo que hay un pequeño presupuesto regional, que corresponde a lo que gasta el gobierno regional. Y el gobierno regional es el CORE más el aparato mínimo para resolver su atribución, lo que finalmente recae sobre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Lo que ocurre es que se han inventado figuras raras, como la de la Región del Maule, donde se habla del "gabinete regional", que son los SEREMI más el intendente. Eso no es un gabinete regional. No hay servicios regionales que se dirijan ahí. A INDAP lo dirige Santiago , y también a Obras Públicas, Vialidad, etcétera.
Entonces, ahí se produce cierta confusión, porque el único servicio regional es el gobierno regional, el cual carece, a su vez, de otros. Y también existen algunos, como el de salud, que no dependen del gobierno regional. Entonces, todavía estamos ante muchas imprecisiones.
Lo que entiendo es que no corresponde que el intendente proponga una formulación del presupuesto del gobierno regional, porque ésa es una atribución de este último.
Ahora bien, que el intendente, con el auxilio del CORE, más los SEREMI, haga proposiciones al Gobierno central, una vez al año, sobre cómo establecer los presupuestos de los llamados "fondos sectoriales" -o sea, en vivienda, en infraestructura, etcétera- me parece razonable.
Pero no digamos que nos encontramos ante algo revolucionario o ante un paso significativísimo en el proceso de descentralización real. No. Es un artículo que establece un momento de diálogo, que no obliga al Gobierno y que puede permitir que desde las regiones se presenten anualmente sugerencias o ideas para la asignación de los recursos sectoriales, los cuales son aprobados por el Parlamento a proposición del Ejecutivo.
Por lo tanto, no realicemos en torno a artículos de alcances muy modestos una discusión que estimo carece de la magnitud que se le atribuye.
Finalmente, quiero hacer una observación puramente semántica. Ayer planteé que la palabra "apalancar", la cual ha salido mucho a relucir, no existía. Debo rectificarme: sí figura en el Diccionario de la Lengua Española.
Y, solamente para la historia de la ley y el conocimiento de mis Honorables colegas, quisiera consignar que estamos usando ese vocablo sólo en una de sus cuatro acepciones, a mi juicio.
Porque la cuarta de ellas es "Acomodarse en un sitio sin querer moverse de él". Creo que no la hemos empleado con ese significado.
La tercera es "Conseguir algo, con astucia o por medios ilícitos". Pienso que nadie pretende que apalanquemos recursos en este sentido.
La segunda es "Guardar o esconder". Me parece que nadie aquí quiere tampoco apalancar recursos en el sentido de esconderlos.
Por mi parte, interpreto el término -según lo que han manifestado tanto los representantes del Gobierno como los de Oposición y otros colegas- como una metáfora y en su primera acepción, que es la más pertinente -o casi-: "Levantar, mover algo con ayuda de una palanca.". Habrá que determinar cuál es la palanca que vamos a movilizar en el caso que nos ocupa.
En consecuencia, propongo que queden excluidas del acta las tres últimas acepciones que señala el Diccionario.
No se pueden excluir los sentidos literales de las palabras. Cada una será usada, en su correcto significado, en su momento.
Cabe considerar, entonces, el primero de ellos. Supongo que eso es lo que sugiere Su Señoría.
Señor Presidente , después de la lectura de las cuatro acepciones señaladas por el Senador señor Gazmuri , creo que lo mejor sería no usar esa expresión, para evitar suspicacias.
Insisto en un aspecto que juzgo conveniente para la buena marcha de los gobiernos regionales y los propósitos para los cuales fueron creados. Y eso tiene que ver con la necesidad de que tales organismos, en el momento de decidir cómo van a invertir sus recursos, primero tengan claros sus fines estratégicos. Es decir, conviene que siempre exista una suerte de matriz sobre qué persigue cada región como objetivo del proyecto de desarrollo regional en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político o en el ámbito que corresponda.
Recalco esto porque se olvida con mucha facilidad. A veces los gobiernos regionales cambian las prioridades de un año para otro, producto, o de las decisiones propias, o de los lineamientos que fijan los ministerios del nivel central.
A partir de esa matriz, es evidente que la idea de que el intendente pueda elaborar un anteproyecto regional de inversiones resulta muy positiva.
Pero cabe hacer un distingo respecto de lo que sostuvo el Senador señor Viera-Gallo. En realidad, estamos hablando de un anteproyecto de inversiones, no del presupuesto de la región. Son temas distintos. Nos referimos a los recursos que se invierten para desarrollar determinado tipo de obras, como infraestructura destinada a servicios, al área productiva o de corte social, o para responder a las exigencias o requerimientos de cada una de las regiones.
Creo que en esto es importante tener claridad y es bueno poner ejemplos. En la Región que represento, la entrega de la concesión a las empresas sanitarias generó una importante cantidad de fondos para el Gobierno central. Existió disposición y acuerdo con la medida, siempre y cuando su producto se reinvirtiera, dentro de la Región, en lo que socialmente -como sostuvo una señora Senadora que me precedió en el uso de la palabra- tiene que ver con el buen uso de un recurso que para nosotros es escaso pero fundamental: el agua. Y, básicamente, la idea apuntaba a la ruralidad, a través de potenciar los sistemas de agua potable en ese ámbito y entregar soluciones de alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y otros.
Habiéndose logrado una negociación con el Gobierno central del orden de 20 mil a 22 mil millones de pesos en un lapso de tres años, la decisión o visión de desarrollo sostenida por el gobierno regional se encontró -para decirlo claramente en el ejemplo- con la oposición o la alternativa planteada por todos los municipios de la Región. Éstos querían utilizar esos recursos, en cambio, para financiar, por ejemplo, la implementación del convenio astronómico que declara la región como zona de cielos limpios y aptos para la observación, de modo de cumplir con los instrumentos que hemos suscrito. Ello significaba, en definitiva, usar esas platas para cambiar las luminarias de varias ciudades. O sea, se trataba de dos objetivos, ambos loables, por cierto, pero completamente distintos, los cuales no tenían nada que ver el uno con el otro ni obedecían a la misma matriz o idea central de un proyecto de desarrollo.
Por eso, me parece tremendamente positiva la posibilidad de una determinación al principio de cada año, con la participación y colaboración de todos los involucrados en la administración del gobierno regional, desde el punto de vista de un gobierno central, y los representantes respectivos, en este caso los CORE.
La idea de complementar recursos, con una decisión en conjunto y la fijación de prioridades, ayuda a la implementación de proyectos o programas de desarrollo en cada una de las regiones.
Comparto lo que se ha dicho aquí, pero no, en realidad, con el alcance de que se podría alterar el régimen presidencial o normas de nivel constitucional.
Por lo demás, el objetivo que se persigue está claramente delimitado.
Decía que el objetivo está claramente delimitado y ayuda a una buena gestión en los gobiernos regionales.
Señor Presidente , haré un comentario de carácter general.
Estamos incurriendo en un error que cometemos con mucha frecuencia al tratar de arreglar por la vía legal cosas que son de administración, de política, de cumplimiento de la ley.
El artículo 70 bis que se propone no es muy diferente al artículo 72, en vigencia, de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
Si esa última norma, relativa a que se debe elaborar un presupuesto regional, con un programa de gastos y otro de inversión, y a que será enviado al Ministerio de Hacienda, fijándose un instante para discutir las diferencias, no ha funcionado, ¿por qué el artículo 70 bis, que ahora estamos agregando, va a hacerlo?
El artículo 70 bis es una norma reglamentaria: dice a quién se pregunta, a quién no se pregunta.
Por mi parte, no me opongo a que sea acogido. Lo único que digo es que estamos aprobando ley sobre ley y sobre ley. ¡Y ninguna se cumple!
En todo caso, como se deberá leer en conjunto el artículo 70 bis con el actual artículo 72, cabe tener presente que el primero se refiere a que el anteproyecto regional de inversiones es elaborado por el intendente con representantes del consejo regional.
El Senador señor Gazmuri llamaba la atención sobre qué es eso de los "representantes del consejo". Yo le digo a Su Señoría que no se preocupe mucho, porque el artículo 72 establece que el proyecto de presupuesto del gobierno regional debe ser aprobado por el consejo regional.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable Viera-Gallo.
Señor Presidente , el artículo 72 distingue dos cosas: el presupuesto del gobierno regional y, después -no lo dice con mucha claridad, pero se infiere del último inciso-, el presupuesto nacional.
El presupuesto regional es aprobado por el consejo regional. Respecto del presupuesto nacional, en cambio, se sigue la fórmula expresada por el Honorable señor Novoa , haciendo referencia dicho inciso al "calendario de formulación del Presupuesto del Sector Público" mencionado en determinado decreto ley.
Lo que hace el artículo 70 bis es pormenorizar o reglamentar el presupuesto sectorial nacional de cada Región.
La discusión sirve, al menos, para aclarar de qué estamos hablando.
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Novoa.
En todo caso, hacía presente que, de todas maneras, habrá que aplicar el artículo 70 bis en conjunto con el 72.
La novedad que se incluye en el inciso final del artículo 70 bis es que, en la formulación de los respectivos proyectos de presupuesto, las diferencias suscitadas entre el gobierno regional y algún Ministerio deberán ser resueltas -ello reviste el carácter de obligación- en la etapa mencionada en el artículo 72. Entiendo que esta última es la que corresponde al Ministerio de Hacienda. O sea, al final resolverá la referida Cartera, que es lo que siempre ha pasado.
Por último, tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
Señor Presidente , le atribuyo un alcance radicalmente distinto al artículo 70 bis, porque el artículo 72 solamente se refiere al presupuesto del gobierno regional.
Perdón, señor Senador. Pero no dice eso el último inciso. Léalo y se dará cuenta.
Lo que deseo consignar, señor Presidente , es qué valor tiene para mí este artículo.
Efectivamente, se reglamenta mucho más y se establece el presupuesto y el anteproyecto de los distintos servicios. Y me parece indispensable ir aclarando más, en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuáles son las distintas prioridades de cada Región. Eso también es relevante al momento de decidir, como Parlamentarios, el Presupuesto de la Nación.
El hecho de establecer en dicho cuerpo legal un mecanismo respecto de las prioridades de los ministerios y la Región por lo menos articula, institucionalmente, un diálogo necesario en el nivel regional y que no siempre se encuentra presente.
Por eso, señor Presidente, considero importante incorporar el artículo 70 bis en las instancias del gobierno regional, para los efectos de elaborar el respectivo presupuesto.
Creo que el debate ya está agotado, señor Presidente , así que sólo haré algunas aclaraciones.
Primero, existe el proyecto de presupuesto regional. Puede ser pequeño, grande, mediano; pero existe. Y está establecido en el artículo 72 de la ley.
Segundo, en cuanto al artículo 70 bis, tiene razón un señor Senador cuando dice que es discutible la conveniencia de tratar esta materia ahora, pudiendo esperar la reforma constitucional pertinente. Pero, ya que tenemos a mano esta discusión, pienso que podemos avanzar.
Comparto el planteamiento del Honorable señor Novoa en el sentido de que existe cierta redundancia entre los artículos 70 bis y 72.
También hay que tener presente que aquí se trata sólo de un anteproyecto de inversión regional y no de un presupuesto. ¿Y para qué se propone? Como muy bien explicó la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo -en mi opinión, hizo una intervención muy precisa y clara sobre el tema-, esto tiene un solo objeto. Se trata de convertir en norma legal algo que ya se practica: producir -y omitiré la palabra "apalancar" para evitar discusiones sobre su contenido o alcance- lo que en la economía se denomina "sinergia" entre los recursos regionales y los centrales.
De esta forma. como bien se dijo, al elaborar su proyecto de inversión, un gobierno regional podría plantear lo siguiente: "Mire, yo quisiera mejorar la infraestructura caminera de tal sector y, para ello, propondré destinar parte de mis recursos. Pero, como no son suficientes, efectuaremos una inversión conjunta con el Gobierno central" -tenía razón la Senadora señora Matthei en lo relativo a los convenios de inversión- "y se producirá una sinergia entre los recursos centrales y los regionales.".
Ése es el objetivo del artículo 70 bis, el cual me parece bien, porque constituye un mecanismo que le permite a la Región conducir por lo menos de alguna forma la inversión de recursos en áreas que le interesan.
En consecuencia, debemos aprobar esa disposición, sin perjuicio de incluir, en el proyecto de reforma constitucional -cuando llegue-, las precisiones que estimemos necesarias.
Señor Presidente , no sé si es posible pedir el aplazamiento de la votación del artículo 70 bis, porque no hay quórum en la Sala para aprobarlo.
Pero no se requiere una mayoría especial.
Nos habían informado que sí.
Retiro la petición.
En votación electrónica el número 16, que agrega el artículo 70 bis.
--Se aprueba el número 16 propuesto por la Comisión de Hacienda (25 votos a favor).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Boeninger, Canessa, Cantero, Cordero, Espina, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Novoa, Núñez, Orpis, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Silva, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Después de un largo debate, en que participó prácticamente todo el Senado y tomó gran parte de la mañana, se ha alcanzado una clara unanimidad respecto de esa norma.
Se agradece el tiempo dispensado, que ha sido muy productivo.
La letra c) del número 19, cuyo encabezamiento dice: "Reemplázase la oración final del inciso final, por la siguiente", fue aprobada con los votos favorables de los Honorables señora Frei y señores Bombal, Cantero y Núñez, con la abstención del Senador señor Stange.
¿Habría acuerdo para aprobar esta norma con la misma votación anterior?
--Se aprueba la letra c) del número 19, con la misma votación anterior (25 votos a favor).
La siguiente proposición se refiere al número 22, que dice: "Incorpórase, a continuación del artículo 80, el siguiente artículo nuevo:"
Esta norma, igual que en el caso anterior, fue aprobada con los votos favorables de los Senadores señores Bombal, Cantero y Núñez, y la abstención del Honorable señor Stange.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad con la misma votación anterior.
--Se aprueba, con la misma votación anterior (25 votos a favor).
El número 23 está rechazado por ser consecuencia de lo anterior. Lo mismo pasa con los números 24, letras a) y b), 25, 26, 27, 28 y 29.
El número 30 es una norma de carácter orgánico constitucional y fue aprobado en la sesión de ayer.
Los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y transitorios están aprobados.
Señores Senadores, con estas últimas votaciones y con la revisión final de las normas pendientes, queda casi terminada la discusión particular del proyecto de Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, al cual se le introdujeron enmiendas en lo que dice relación a la estructura y funciones de los gobiernos regionales.
Hay dos votaciones aplazadas. De manera que quedan pendientes a solicitud de algunos Comités.
Con respecto al informe del proyecto que figura a continuación, que introduce modificaciones a la Ley General de Pesca, se ha solicitado un sumario respecto a su contenido y a la manera en que se elaboró.
Sobre la materia, parece prudente -mientras no tengamos esclarecido el asunto- dejar pendiente la discusión y votación.
En verdad, quienes hemos ejercido la Presidencia de Comisiones, cuando revisamos un informe y lo suscribimos, obviamente damos fe de lo que se ha realizado y de lo que se despacha a la Sala.
Por lo tanto, creo que debemos ser particularmente cuidadosos de no cargar en los Secretarios de Comisiones el peso de lo que se plantea. Porque, cuando uno firma algo, exige al funcionario que le presente todos los antecedentes que le interesan. Pero ello no tiene que tomarse como un problema administrativo. Más bien, es un conflicto interno, de carácter político, en la Comisión de Pesca.
Digo lo anterior para que la investigación no vaya por otro lado.
No quiero incurrir en prejuicios, juicios apresurados o juzgamientos anticipados. El informe requiere mayores antecedentes. De eso no cabe la menor duda, porque el texto que se entregó no permite recoger el debate habido. En ese sentido, habrá que completarlo.
Si existen otros datos, serán investigados. No digo que los haya, independiente de las diferencias -ciertamente, las hubo- que están reflejadas en la votación.
Sobre esa base, se va a esclarecer el asunto, a petición de quienes lo plantearon esta mañana.
Señor Presidente , yo no le daría el carácter que le atribuye el Senador señor Horvath al contenido del informe en cuestión.
La verdad es que a todos quienes nos encontramos en la Sala nos consta que muchos documentos se firman, básicamente, para cumplir con la formalidad de rigor. Pero estimo que, en ocasiones especiales -y, particularmente, en materias muy delicadas, como ésta-, debe abundarse en la mayor cantidad de antecedentes, a fin de que el Senado tome cabal conocimiento de lo debatido en una Comisión. Y ese requisito, obviamente, a simple vista, no está presente en el informe que se nos entregó
Por lo tanto, celebro la decisión de la Mesa al respecto.
El informe se va a rehacer, para disponer de todos los antecedentes, y se investigarán otras consideraciones.
Señor Presidente, solicito que dejemos el asunto en el estado en que se mantuvo en la conversación de hace una hora. No me parece adecuado que en la Sala empecemos a efectuar presunciones acerca de lo que se quiere o no se quiere hacer.
Una aseveración como la expresada acá -con todo respeto-, en la cual se previene a la Mesa o al Senado que no se vaya en determinado sentido para no responsabilizar eventualmente a los funcionarios, me parece innecesaria, ya que ningún Senador lo planteó así cuando se solicitó el acuerdo. Nadie pide eso. Quiero dejarlo claro, porque no me parece procedente que se hayan expuesto así las cosas.
En segundo lugar, se encargó a la Mesa que estudie el punto. Ella tomará las medidas. Los Comités deberemos ver después qué se hace. Considero que abundar en este momento en un debate acerca de si es o no es político el problema no resulta adecuado. Entreguemos el asunto a la Presidencia , para que después se informe a los Comités. Estimo que es lo pertinente.
Señor Presidente , lo cierto es que el informe carece de algo muy central: las informaciones entregadas a la Comisión no aparecen consignadas en él. Y entiendo que se trata de antecedentes muy precisos y extraordinariamente delicados y complejos respecto de los recursos hidrobiológicos del país. Si vamos a aprobar una Ley General de Pesca, como lo hicimos antes con la llamada "ley corta", parece bueno contar con información. Eso es obvio.
En consecuencia, independiente de si hubo o no hubo fallas o dificultades, es positivo que la Mesa investigue. De todas maneras, quiero pedir formalmente que el próximo informe contenga todos esos antecedentes.
Señor Senador, como he dicho, se va a solicitar la reformulación del texto, con el objeto de tener toda la información a la vista, sin perjuicio de cualquier otra investigación sobre el particular.
Señor Presidente, solamente deseo que se considere otro elemento: muchas veces nosotros pedimos a los Secretarios de Comisiones que elaboren informes con extrema rapidez.
Yo asistí a la sesión que celebró la Comisión de Pesca. Era un tema que me interesaba. Pero me llamó la atención el hecho de que, justo antes de votarse, se manifestara que había llegado información nueva sobre biomasa, etcétera, lo que resultaba muy perturbador.
Esa reunión se realizó el martes, aproximadamente a las tres de la tarde. Ayer ya estaba confeccionado el informe. Por lo tanto, hubo sólo un par de horas para redactarlo. No sé si se había solicitado con celeridad su elaboración. Pero es un tema que debe ser analizado con todos sus antecedentes. Muchas veces los propios Senadores pedimos a la Secretaría -repito- elaborar esos documentos en forma rápida, lo cual significa dejar importante información fuera.
No sé si sea buena práctica acelerar las cosas, porque al final no queda todo en la historia de la ley.
Señor Presidente , hago presente mi discrepancia respecto de lo afirmado en cuanto a que la firma del Presidente de una Comisión es un mero formalismo y no importa ningún compromiso. Eso es absolutamente equívoco, porque, cualquiera que sea el documento que uno suscribe, al hacerlo asume una obligación. De lo contrario, ¿qué objeto tendría firmarlo? No es una cuestión ornamental. El sentido correcto, en mi opinión, es que uno adquiere un compromiso. En consecuencia, debe preocuparse de que los contenidos estén exactamente representados.
Entiendo que el Secretario-abogado ejerce dos funciones: una de carácter técnico y la otra de ministro de fe.
Simplemente, quiero dejar consignado cómo deben entenderse esos dos elementos en la sana doctrina. Por cierto, la investigación determinará qué ocurrió y quiénes son los responsables. Me parece que ése es el camino correcto.
Respecto de lo que escuché en la Sala en el sentido de que es un mero formalismo la firma de un Parlamentario sobre un documento público, yo por lo menos no concuerdo.
Señor Presidente , al igual que la Honorable señora Matthei , asistí a todas esas sesiones. Y, como ha dicho la mencionada señora Senadora , probablemente no es recomendable -sobre todo tratándose de una materia compleja y que genera de muchas diferencias de opinión- elaborar un informe con demasiada rapidez. No sé cuál fue el origen de la velocidad impuesta en este caso.
En seguida, es evidente que, dada la conflictividad de algunos temas, con mayor razón debieran adjuntarse las informaciones que se suministraron.
Lo único que quisiera agregar, a propósito de lo que acaba de decir el Senador señor Núñez -o, al menos, de lo que le entendí-, es que en esas sesiones se entregaron distintos tipos de datos, bastante contradictorios entre sí en cuanto a las cifras y conclusiones.
En consecuencia, me permito solicitar a la Mesa que, cuando se rehaga el informe, éste contenga todos los antecedentes y no sólo los proporcionados por algunos invitados. Lo señalo porque, al haber documentos oficiales involucrados -yo mismo leí uno-, creo bueno reconstituir la historia en su totalidad.
Por otro lado, es necesario distinguir entre el problema del informe y el hecho de que una Comisión, por medio de una votación, tome determinado acuerdo, que en este caso fue el de devolver el proyecto a la Sala. Puede haber un vicio en el proceso, y es lo que el señor Presidente tendrá que investigar; pero la decisión en sí misma fue tomada soberanamente por cinco Senadores.
Así lo entiendo, Su Señoría. No está en discusión la mayoría habida respecto del acuerdo. Lo que se debate es que el informe no recoge los antecedentes necesarios para que la Sala pueda formarse su propia opinión, ilustrada, por cierto, por los Senadores que la integran.
Ahora, si hubo o no hubo alguna anomalía para haber llegado a esta situación, eso será debidamente investigado.
En todo caso, el informe que va a llegar contendrá todas las informaciones, para la mejor decisión de la Sala.
Señor Presidente , me alegro de lo señalado. Creo importante que se consideren los informes del Instituto de Fomento Pesquero, entre otros, sobre temas muy complejos, muy controvertidos incluso desde el punto de vista de la investigación científica.
Sin perjuicio de lo anterior, quiero saber si este proyecto quedará para ser tratado en el primer lugar de la tabla de la próxima sesión.
No, señor Senador. Sin el informe, no podemos incorporarlo a la Tabla. Tan pronto llegue éste, la iniciativa entrará en el orden que corresponda, en la idea, naturalmente, de tratarla lo antes posible.
Señor Presidente , en relación con lo que planteó el Senador señor Cantero , existe el hábito, en mi concepto, de firmar los informes prácticamente sin leerlos, en el supuesto de que el hacerlo es parte del trabajo del Secretario de la Comisión y una responsabilidad suya. En mi opinión, no constituye una práctica adecuada. Por lo mismo -y a raíz de lo que ahora se señala-, deberíamos dar una recomendación o adoptar ciertas políticas al respecto, porque no hay peor cosa que no proceder correctamente.
En este caso figuran las firmas; pero el 99 por ciento de los Senadores miembros de las Comisiones no leemos el informe que suscribimos.
Por lo tanto, o se suprime la rúbrica, o se leen los informes, para realizar correcciones y hacerlas presentes al Secretario de la Comisión pertinente.
Ahora, si hay discusión, tendrán que revisarse las cintas magnetofónicas, porque el rol de ministro de fe que tiene dicho funcionario, obviamente, queda en entredicho si algún Senador dice que el informe no refleja lo que recuerda.
Hay un problema que debe ser dilucidado.
Esta situación refleja un problema de fondo que, tal vez, no tiene mucha solución; pero, ahora que ha salido a la luz, es bueno que se vea la manera de abordarlo. Y quizás sea oportuno revisarlo a propósito de las modificaciones al Reglamento.
Obviamente, el sistema descansa en último término en el Secretario de Comisión , en cuanto ministro de fe. Y por eso debemos tener mucho cuidado en cómo resolveremos el asunto.