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Timestamp: 2020-08-14 00:25:23
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 24', 'Artículo 37', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 56', 'Artículo 63', 'artículo 128', 'artículo 80', 'artículo 127', 'artículo 127', 'artículo 74', 'artículo 75', 'artículo 38', 'Artículo 274']

Constitución de la República de El Salvador - Códigos - Legislación - VLEX 431489585
Publicado en: Diario Oficial de El Salvador
CAPÍTULO UNICO. La persona humana y los fines del estado - art. 1
TÍTULO II. Los derechos y garantias fundamentales de la persona
CAPÍTULO I. Derechos individuales y su regimen de excepcion
SECCIÓN PRIMERA. Derechos individuales - arts. 2 a 28
SECCIÓN SEGUNDA. Regimen de excepcion - arts. 29 a 31
SECCIÓN PRIMERA. Familia - arts. 32 a 36
SECCIÓN SEGUNDA. Trabajo y seguridad social - arts. 37 a 52
SECCIÓN TERCERA. Educacion, ciencia y cultura - arts. 53 a 64
SECCIÓN CUARTA. Salud publica y asistencia social - arts. 65 a 70
CAPÍTULO III. Los ciudadanos, sus derechos y deberes politicos y el cuerpo electoral - arts. 71 a 82
TÍTULO III. El estado, su forma de gobierno y sistema politico - arts. 83 a 89
TÍTULO IV. La nacionalidad - arts. 90 a 100
TÍTULO V. Orden economico - arts. 101 a 120
TÍTULO VI. Organos del gobierno, atribuciones y competencias
CAPÍTULO I. Organo legislativo
SECCIÓN PRIMERA. Asamblea legislativa - arts. 121 a 132
SECCIÓN SEGUNDA. La ley, su formacion, promulgacion y vigencia - arts. 133 a 143
SECCIÓN TERCERA. Tratados - arts. 144 a 149
CAPÍTULO II. Organo ejecutivo - arts. 150 a 171
CAPÍTULO III. Organo judicial - arts. 172 a 190
CAPÍTULO IV. Ministerio publico - arts. 191 a 194
CAPÍTULO V. Corte de cuentas de la republica - arts. 195 a 199
SECCIÓN PRIMERA. Las gobernaciones - arts. 200 y 201
SECCIÓN SEGUNDA. Las municipalidades - arts. 202 a 207
CAPÍTULO VII. Tribunal supremo electoral - arts. 208 a 210
CAPÍTULO VIII. Fuerza armada - arts. 211 a 217
TÍTULO VII. Regimen administrativo
CAPÍTULO I. Servicio civil - arts. 218 a 222
CAPÍTULO II. Hacienda publica - arts. 223 a 234
TÍTULO VIII. Responsabilidad de los funcionarios publicos - arts. 235 a 245
TÍTULO IX. Alcances, aplicacion, reformas y derogatorias - arts. 246 a 249
TÍTULO X. Disposiciones transitorias - arts. 250 a 273
TÍTULO XI. Vigencia - art. 274
Norma citada en: 40502 sentencias, 31 artículos doctrinales, 295 noticias
CAPÍTULO UNICO La persona humana y los fines del estado Artículo 1
Artículo citado en: 7895 sentencias, 3 artículos doctrinales, 13 noticias
TÍTULO II Los derechos y garantias fundamentales de la persona Artículos 2 a 82
CAPÍTULO I Derechos individuales y su regimen de excepcion Artículos 2 a 31
SECCIÓN PRIMERA Derechos individuales Artículos 2 a 28
Artículo citado en: 12345 sentencias, 3 artículos doctrinales, 5 noticias
Artículo citado en: 4086 sentencias, un artículo doctrinal, 7 noticias
Artículo citado en: 363 sentencias, una noticia
Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de éste, salvo las limitaciones que la ley establezca.
Artículo citado en: 565 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
Artículo citado en: 302 sentencias, un artículo doctrinal, 5 noticias
Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo citado en: 182 sentencias, un artículo doctrinal, 3 noticias
Artículo citado en: 1288 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
Artículo citado en: 76 sentencias, una noticia
La ley no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida o el irreparable sacrificio de la libertad o dignidad de la persona. Tampoco puede autorizar convenios en que se pacte proscripción o destierro.
Artículo citado en: 118 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa.
Artículo citado en: 20325 sentencias, 3 artículos doctrinales, 4 noticias
Toda persona a quien se le impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa.
Artículo citado en: 15401 sentencias, 2 noticias
Ningún órgano gubernamental, autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de detención o de prisión si no es de conformidad con la ley, y estas órdenes deberán ser siempre escritas.
Cuando un delincuente sea sorprendido infraganti, puede ser detenido por cualquier persona, para entregarlo inmediatamente a la autoridad competente.
Artículo citado en: 2466 sentencias, una noticia
Corresponde únicamente al Órgano Judicial la facultad de imponer penas. No obstante la autoridad administrativa podrá sancionar, mediante resolución o sentencia y previo el debido proceso, las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por cinco días o con multa, la cual podrá permutarse por servicios sociales prestados a la comunidad.
Artículo citado en: 4039 sentencias, 3 artículos doctrinales, una noticia
Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales que previamente haya establecido la ley.
Artículo citado en: 8676 sentencias, 2 artículos doctrinales
Artículo citado en: 327 sentencias, 2 artículos doctrinales
Ningún Órgano, funcionario o autoridad, podrá avocarse causas pendientes, ni abrir juicios o procedimientos fenecidos. En caso de revisión en materia penal el Estado indemnizará conforme a la Ley a las víctimas de los errores judiciales debidamente comprobados.
Artículo citado en: 288 sentencias, 3 artículos doctrinales
Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto.
Artículo citado en: 3511 sentencias, 3 artículos doctrinales
Sólo podrá practicarse el registro o la pesquisa de la persona para prevenir o averiguar delitos o faltas.
Artículo citado en: 682 sentencias, 3 artículos doctrinales
La morada es inviolable y sólo podrá ingresarse a ella por consentimiento de la persona que la habita, por mandato judicial, por flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, o por grave riesgo de las personas.
Artículo citado en: 883 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 noticias
Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente.
Artículo citado en: 1181 sentencias, 4 artículos doctrinales, una noticia
Toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es transmisible en la forma en que determinen las leyes. Habrá libre testamentifacción.
Artículo citado en: 210 sentencias, 3 artículos doctrinales
Se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. Ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramento. En cuanto a las que no tengan esa libre administración, la ley determinará los casos en que puedan hacerlo y los requisitos exigibles.
Artículo citado en: 531 sentencias, 3 artículos doctrinales
La correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hara fe ni podra figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra.
Se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones. de manera excepcional podrá autorizarse judicialmente, de forma escrita y motivada, la intervención temporal de cualquier tipo de telecomunicaciones, preservándose en todo caso el secreto de lo privado que no guarde relación con el proceso. La información proveniente de una intervención ilegal carecera de valor.
Una ley especial determinara los delitos en cuya investigación podra concederse esta autorización. Asimismo señalará los controles, los informes periódicos a la Asamblea Legislativa, y las responsabilidades y sanciones administrativas, civiles y penales en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta medida excepcional. La aprobación y reforma de esta Ley especial requerirá el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de los diputados electos.
Artículo 24, modificado por D.O. Nº 102, T. 383, 4 DE JUNIO DE 2009.
Artículo citado en: 44 sentencias, 3 artículos doctrinales
Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad.
Artículo citado en: 84 sentencias, 2 artículos doctrinales
Sólo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional.
Artículo citado en: 4223 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 noticias
El Salvador concede asilo al extranjero que quiera residir en su territorio, excepto en los casos previstos por las leyes y el Derecho Internacional. No podrá incluirse en los casos de excepción a quien sea perseguido solamente por razones políticas.
La extradición será regulada de acuerdo a los Tratados Internacionales y cuando se trate de
Salvadoreños, sólo procederá si el correspondiente tratado expresamente lo establece y haya sido aprobado por el Órgano Legislativo de los países suscriptores. En todo caso, sus estipulaciones deberán consagrar el principio de reciprocidad y otorgar a los Salvadoreños todas las garantías penales y procesales que esta Constitución establece.
SECCIÓN SEGUNDA Regimen de excepcion Artículos 29 a 31
En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero, 7 inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República, y se hará por medio de decreto del Órgano Legislativo o del Órgano Ejecutivo, en su caso.
Inciso 3º SUPRIMIDO.
Artículo citado en: 76 sentencias, 3 artículos doctrinales, 4 noticias
El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días.
Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron. Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas.
Artículo citado en: 79 sentencias, una noticia
CAPÍTULO II Derechos sociales Artículos 32 a 70
SECCIÓN PRIMERA Familia Artículos 32 a 36
Artículo citado en: 611 sentencias, un artículo doctrinal
Artículo citado en: 280 sentencias, un artículo doctrinal
Artículo citado en: 597 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
Artículo citado en: 361 sentencias, 2 noticias
Artículo citado en: 342 sentencias
SECCIÓN SEGUNDA Trabajo y seguridad social Artículos 37 a 52
El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y no se considera artículo de comercio.
El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. De igual forma promoverá el trabajo y empleo de las personas con alguna discapacidad, sea física, mental, intelectual o sensorial.
Artículo 37 inciso segundo modificado por el Acuerdo de Reforma Constitucional No. 1, Se acuerda reformar la Constitución de la República emitida mediante Decreto Constituyente No. 38, de fecha 15 de diciembre de 1983, y sus reformas posteriores, la cual se entenderá en forma conjunta para su ratificación, publicada en el B.O. de fecha 10/01/2019.
Artículo citado en: 151 sentencias, un artículo doctrinal
- En una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias, a trabajo igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, raza, credo o nacionalidad;
- Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de remuneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural.
- El salario y las prestaciones sociales, en la cuantía que determine la ley, son inembargables y no se pueden compensar ni retener, salvo por obligaciones alimenticias.
- El salario debe pagarse en moneda de curso legal. El salario y las prestaciones sociales constituyen créditos privilegiados en relación con los demás créditos que puedan existir contra el patrono;
- Los patronos darán a sus trabajadores una prima por cada año de trabajo. La ley establecerá la forma en que se determinará su cuantía en relación con los salarios;
- La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no excederá de ocho horas y la semana laboral de cuarenta y cuatro horas.
- Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral, en la forma que exija la ley.
- Los trabajadores tendrán derecho a descanso remunerado en los días de asueto que señala la ley; ésta determinará la clase de labores en que no regirá ésta disposición, pero en tales casos, los trabajadores tendrán derecho a remuneración extraordinaria;
- Todo trabajador que acredite una prestación mínima de servicios durante un lapso dado, tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas en la forma que determinará la ley. Las vacaciones no podrán compensarse en dinero, y a la obligación del patrono de darlas corresponde la del trabajador de tomarlas;
- Los menores de catorce años, y los que habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a la enseñanza obligatoria en virtud de la ley, no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo.
- El patrono que despida a un trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo conforme a la ley;
- La ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos estarán obligados a pagar a sus trabajadores permanentes, que renuncien a su trabajo, una prestación económica cuyo monto se fijará en relación con los salarios y el tiempo de servicio.
Artículo citado en: 568 sentencias, 3 artículos doctrinales, una noticia
Artículo citado en: 47 sentencias, una noticia
El Estado propiciará la creación de un banco de propiedad de los trabajadores.
Los patronos y trabajadores privados, sin distincion de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas politicas y cualquiera que sea su actividad o la naturaleza del trabajo que realicen, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. el mismo derecho tendran los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas, los funcionarios y empleados públicos y los empleados municipales.
No dispondrán del derecho consignado en el inciso anterior, los funcionarios y empleados públicos comprendidos en el inciso tercero del Art. 219 y 236 de esta Constitución, los miembros de la Fuerza Armada, de la Policia Nacional Civil, los miembros de la carrera judicial y los servidores públicos que ejerzan en sus funciones poder decisorio o desempeñan cargos directivos o sean empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial.
En el caso del Ministerio Público, ademas de los titulares de las instituciones que lo integran, no gozarán del derecho a la sindicación sus respectivos adjuntos, ni quienes actúan como agentes auxiliares, procuradores auxiliares, procuradores de trabajo y delegados.
Los miembros de las directivas sindicales deberan ser salvadoreños por nacimiento y durante el período de su elección y mandato, y hasta después de transcurrido un año de haber cesado en sus funciones, no podrán ser despedidos, suspendidos disciplinariamente, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sino por justa causa calificada previamente por la autoridad competente.
Artículo 47, modificado por D.O. Nº 102, T. 383, 4 DE JUNIO DE 2009.
Artículo citado en: 223 sentencias, 2 artículos doctrinales, una noticia
Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga, salvo en los servicios publicos esenciales determinados por la ley. para el ejercicio de estos derechos no sera necesaria la calificacion previa, despues de haberse procurado la solucion del conflicto que los genera mediante las etapas de solucion pacifica establecidas por la ley. los efectos de la huelga o el paro se retrotraeran al momento en que estos se inicien.
La ley regulara estos derechos en cuanto a sus condiciones y ejercicio.
Artículo 48, modificado por D.O. Nº 102, T. 383, 4 DE JUNIO DE 2009.
Artículo citado en: 79 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
Artículo citado en: 85 sentencias, 2 artículos doctrinales
SECCIÓN TERCERA Educacion, ciencia y cultura Artículos 53 a 64
Artículo citado en: 38 sentencias, 4 artículos doctrinales
La educacion parvularia, basica, media y especial sera gratuita cuando la imparta el Estado.
Artículo 56, modificado por D.O. Nº 102, T. 383, 4 DE JUNIO DE 2009.
Ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivo de la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales, religiosos, raciales o políticas.
La educación superior se regirá por una ley especial. La Universidad de El Salvador y las demás del Estado gozarán de autonomía en los aspectos docente, administrativo y económico.
Artículo 63, modificado por D.O. Nº 112, T. 403, 19 DE JUNIO DE 2014.
Los Símbolos Patrios son: el Pabellón o Bandera Nacional, el Escudo de Armas y el
Himno Nacional. Una ley regulará lo concerniente a esta materia.
SECCIÓN CUARTA Salud publica y asistencia social Artículos 65 a 70
Artículo citado en: 641 sentencias, un artículo doctrinal, 4 noticias
El Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos, y a los habitantes en general, cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible. En este caso, toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento.
Los servicios de salud pública serán esencialmente técnicos. Se establecen las carreras sanitarias, hospitalarias, paramédicas y de administración hospitalaria.
Un Consejo Superior de Salud Pública velará por la salud del pueblo. Estará formado por igual número de representantes de los gremios médico, odontológico, químico-farmacéutico, médico veterinario, laboratorio clínico, psicología, enfermería y otros a nivel de licenciatura que el
Consejo Superior de Salud Pública haya calificado para tener su respectiva junta; tendrá un Presidente y un Secretario de nombramiento del Órgano Ejecutivo. La ley determinará su organización.
Estos organismos tendrán facultad para suspender en el ejercicio profesional a los miembros del gremio bajo su control, cuando ejerzan su profesión con manifiesta inmoralidad o incapacidad. La suspensión de profesionales podrá resolverse por los organismos competentes de conformidad al debido proceso.
El Estado tomará a su cargo a los indigentes que, por su edad o incapacidad física o mental, sean inhábiles para el trabajo.
CAPÍTULO III Los ciudadanos, sus derechos y deberes politicos y el cuerpo electoral Artículos 71 a 82
- Ejercer el sufragio;
- Asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos;
- Optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinan esta Constitución y las leyes secundarias.
Artículo citado en: 2971 sentencias, 6 noticias
- Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República;
Artículo citado en: 694 sentencias, un artículo doctrinal, 2 noticias
- Auto de prisión formal;
- Enajenación mental;
- Interdicción judicial;
- Negarse a desempeñar, sin justa causa, un cargo de elección popular; en este caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado.
Artículo citado en: 2098 sentencias
- Los de conducta notoriamente viciada;
- Los condenados por delito;
- Los que compren o vendan votos en las elecciones;
- Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin;
- Los funcionarios, las autoridades y los agentes de éstas que coarten la libertad del sufragio.
Artículo citado en: 3443 sentencias, 2 noticias
Para el ejercicio del sufragio es condición indispensable estar inscrito en el Registro
Electoral elaborado por el Tribunal Supremo Electoral.
Artículo citado en: 22 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 noticias
Artículo citado en: 41 sentencias, 2 noticias
TÍTULO III El estado, su forma de gobierno y sistema politico Artículos 83 a 89
El territorio insular integrado por las islas, islotes y cayos que enumera la Sentencia de la Corte de
Justicia Centroamericana, pronunciada el 9 de marzo de 1917 y que además le corresponden, conforme a otras fuentes del Derecho Internacional; igualmente otras islas, islotes y cayos que también le corresponden conforme al derecho internacional.
El espacio aéreo, el subsuelo y la plataforma continental e insular correspondiente; y además, El
Salvador ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar, el subsuelo y el lecho marinos hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde la línea de más baja marea, todo de conformidad a las regulaciones del derecho internacional.
Artículo citado en: 181 sentencias, 5 noticias
Artículo citado en: 2475 sentencias, 3 artículos doctrinales, 12 noticias
Artículo citado en: 23 sentencias, 6 noticias
TÍTULO IV La nacionalidad Artículos 90 a 100
Son salvadoreños por nacimiento:
- Los originarios de los demás Estados que constituyeron la República Federal de
Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen.
Los salvadoreños por nacimiento tienen derecho a gozar de la doble o múltiple nacionalidad.
Puede adquirir la calidad de salvadoreños por naturalización:
- Los españoles e hispanoamericanos de origen que tuvieren un año de residencia en el país;
- Los extranjeros de cualquier origen que tuvieren cinco años de residencia en el país;
- Los que por servicios notables prestados a la República obtengan esa calidad del Órgano Legislativo;
- El extranjero casado con salvadoreña o la extranjera casada con salvadoreño que acreditaren dos años de residencia en el país, anteriores o posteriores a la celebración del matrimonio.
Los tratados internacionales regularán la forma y condiciones en que los nacionales de países que no formaron parte de la República Federal de Centro América conserven su nacionalidad, no obstante haber adquirido la salvadoreña por naturalización siempre que se respete el principio de reciprocidad.
La calidad de salvadoreño naturalizado se pierde:
- Por residir más de dos años consecutivos en el país de origen o por ausencia del territorio de la República por más de cinco años consecutivos, salvo en caso de permiso otorgado conforme a la ley;
- Por sentencia ejecutoriada, en los casos que determine la ley. Quien pierda así la nacionalidad, no podrá recuperarla.
Son salvadoreñas las personas jurídicas constituidas conforme a las leyes de la República, que tengan domicilio legal en el país.
Los extranjeros, desde el instante en que llegaren al territorio de la República, estarán estrictamente obligados a respetar a las autoridades y a obedecer las leyes, y adquirirán derecho a ser protegidos por ellas.
Ni los salvadoreños ni los extranjeros podrán en ningún caso reclamar al gobierno indemnización alguna por daños o perjuicios que a sus personas o a sus bienes causaren las facciones. Sólo podrán hacerlo contra los funcionarios o particulares culpables.
Los extranjeros no podrán ocurrir a la vía diplomática sino en los casos de denegación de justicia y después de agotados los recursos legales que tengan expeditos.
TÍTULO V Orden economico Artículos 101 a 120
Artículo citado en: 221 sentencias, una noticia
Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social.
Artículo citado en: 225 sentencias, una noticia
Los bienes inmuebles propiedad del Estado podrán ser transferidos a personas naturales o jurídicas dentro de los límites y en la forma establecida por la ley.
El Estado reconoce, fomenta y garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra rústica, ya sea individual, cooperativa, comunal o en cualquier otra forma asociativa, y no podrá por ningún concepto reducir la extensión máxima de tierra que como derecho de propiedad establece esta Constitución.
La expropiación procederá por causas de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización.
Se prohíbe toda especie de vinculación, excepto:
- Los fideicomisos constituidos a favor del Estado, de los municipios, de las entidades públicas, de las instituciones de beneficencia o de cultura, y de los legalmente incapaces;
- Los fideicomisos constituidos por un plazo que no exceda del establecido por la ley y cuyo manejo esté a cargo de bancos o instituciones de crédito legalmente autorizados;
- El bien de familia.
Ninguna corporación o fundación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su denominación u objeto, tendrá capacidad legal para conservar en propiedad o administrar bienes raíces, con excepción de los destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución.
La propiedad de los bienes raíces rústicos no podrá ser adquirida por extranjeros en cuyos países de origen no tengan iguales derechos los salvadoreños, excepto cuando se trate de tierras para establecimientos industriales.
No podrá autorizarse ningún monopolio sino a favor del Estado o de los Municipios, cuando el interés social lo haga imprescindible. Se podrán establecer estancos a favor del Estado.
El Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente, por medio de instituciones oficiales autónomas o de los municipios.
También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas, excepto las que se establezcan de conformidad con tratados o convenios internacionales; las empresas salvadoreñas de servicios públicos tendrán sus centros de trabajo y bases de operaciones en El Salvador.
El poder de emisión de especies monetarias corresponde exclusivamente al Estado, el cual podrá ejercerlo directamente o por medio de un instituto emisor de carácter público. El régimen monetario, bancario y crediticio será regulado por la ley.
El Estado podrá administrar las empresas que presten servicios esenciales a la comunidad, con el objeto de mantener la continuidad de los servicios, cuando los propietarios o empresarios se resistan a acatar las disposiciones legales sobre organización económica y social.
Serán fomentadas y protegidas las asociaciones de tipo económico que tiendan a incrementar la riqueza nacional mediante un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y humanos, y a promover una justa distribución de los beneficios provenientes de sus actividades.
En esta clase de asociaciones, además de los particulares, podrán participar el Estado, los municipios y las entidades de utilidad pública.
El Estado protegerá y fomentará las asociaciones cooperativas, facilitando su organización, expansión y financiamiento.
El comercio, la industria y la prestación de servicios en pequeño son patrimonio de los salvadoreños por nacimiento y de los centroamericanos naturales. Su protección, fomento y desarrollo serán objeto de una ley.
El Estado fomentará el desarrollo de la pequeña propiedad rural. Facilitará al pequeño productor asistencia técnica, créditos y otros medios necesarios para la adquisición y el mejor aprovechamiento de sus tierras.
Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible.
El Estado adoptará políticas de población con el fin de asegurar el mayor bienestar a los habitantes de la República.
Se declara de interés social la construcción de viviendas. El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Fomentará que todo propietario de fincas rústicas proporcione a los trabajadores residentes habitación higiénica y cómoda, e instalaciones adecuadas a los trabajadores temporales; y al efecto, facilitará al pequeño propietario los medios necesarios.
TÍTULO VI Organos del gobierno, atribuciones y competencias Artículos 121 a 217
CAPÍTULO I Organo legislativo Artículos 121 a 149
SECCIÓN PRIMERA Asamblea legislativa Artículos 121 a 132
Artículo citado en: 60 sentencias, 2 noticias
La Asamblea Legislativa se reunirá en la capital de la República, para iniciar su período y sin necesidad de convocatoria, el día primero de mayo del año de la elección de sus miembros.
Podrá trasladarse a otro lugar de la República para celebrar sus sesiones, cuando así lo acordare.
La mayoría de los miembros de la Asamblea será suficiente para deliberar.
Artículo citado en: 30 sentencias, 3 artículos doctrinales
Los miembros de la Asamblea se renovarán cada tres años y podrán ser reelegidos. El período de sus funciones comenzará el primero de mayo del año de su elección.
Los Diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan.
Artículo citado en: 88 sentencias, un artículo doctrinal, 3 noticias
No podrán ser candidatos a Diputados:
- El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de los organismos electorales, los militares de alta, y en general, los funcionarios que ejerzan jurisdicción.
Los Diputados no podrán ser contratistas ni caucioneros de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del Municipio; ni tampoco obtener concesiones del Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, ni aceptar ser representantes o apoderados administrativos de personas nacionales o extranjeras que tengan esos contratos o concesiones.
Los Diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos remunerados durante el tiempo para el que han sido elegidos, excepto los de carácter docente o cultural, y los relacionados con los servicios profesionales de asistencia social.
No obstante, podrán desempeñar los cargos de Ministros o Viceministros de Estado, Presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas, Jefes de Misión Diplomática, Consular o desempeñar
Misiones Diplomáticas Especiales. En estos casos, al cesar en sus funciones se reincorporarán a la Asamblea, si todavía está vigente el período de su elección.
Los Diputados cesarán en su cargo en los casos siguientes:
- Cuando incurrieren en las prohibiciones contenidas en el artículo 128 de esta Constitución
- Cuando renunciaren sin justa causa calificada como tal por la Asamblea.
Corresponde a la Asamblea Legislativa:
- Decretar su reglamento interior;
- Aceptar o desechar las credenciales de sus miembros, recibir a éstos la protesta constitucional, y deducirles responsabilidades en los casos previstos por esta Constitución;
- Conocer de las renuncias que presentaren los Diputados, admitiéndolas cuando se fundaren en causas justas legalmente comprobada;
- Decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos, en relación equitativa; y en caso de invasión, guerra legalmente declarada o calamidad pública, decretar empréstitos forzosos en la misma relación, si no bastaren las rentas públicas ordinarias;
- Ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación;
- Crear y suprimir plazas, y asignar sueldos a los funcionarios y empleados de acuerdo con el régimen de Servicio Civil.
- Aprobar su presupuesto y sistema de salarios, así como sus reformas, consultándolos previamente con el Presidente de la República para el solo efecto de garantizar que existan los fondos necesarios para su cumplimiento. Una vez aprobado dicho presupuesto se incorporará al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública;
- Decretar de una manera general, beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios;
- Decretar leyes sobre el reconocimiento de la deuda pública y crear y asignar los fondos necesarios para su pago;
- Establecer y regular el sistema monetario nacional y resolver sobre la admisión y circulación de la moneda extranjera;
- Elegir, para todo el período presidencial respectivo, en votación nominal y pública, a dos personas que en carácter de Designados deban ejercer la Presidencia de la República, en los casos y en el orden determinados por esta Constitución;
- Recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus Ministros, y aprobarlo o desaprobarlo;
- Elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Fiscal General de la República, Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y Miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.
- Declarar la guerra y ratificar la paz, con base en los informes que le proporcione el Órgano Ejecutivo;
- Conceder amnistía por delitos políticos o comunes conexos con éstos, o por delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte; y conceder indultos, previo informe favorable de la Corte Suprema de Justicia;
- Suspender y restablecer las garantías constitucionales de acuerdo con el Art. 29 de esta Constitución, en votación nominal y pública, con los dos tercios de votos, por lo menos, de los Diputados electos;
- Erigir jurisdicciones y establecer cargos, a propuesta de la Corte Suprema de Justicia, para que los funcionarios respectivos conozcan en toda clase de causas criminales, civiles, mercantiles, laborales, contencioso-administrativas, agrarias y otras;
- Interpelar a los Ministros o Encargados del Despacho y a los Presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas;
- Calificar la fuerza mayor o el caso fortuito a que se refiere el último inciso del artículo 80;
- Recibir el informe de labores que debe rendir el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Presidente de la Corte de Cuentas de la República y el Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador.
- Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los Ministros de Estado; o a los organismos correspondientes, la de funcionarios de instituciones oficiales autónomas, cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación, en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia de Estado por causa de graves violaciones de los Derechos Humanos.
Artículo citado en: 851 sentencias, un artículo doctrinal, 12 noticias
Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de Instituciones Oficiales
Autónomas y los Miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa; y la comparecencia y declaración de aquellos así como las de cualquier otra persona, requerida por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial.
SECCIÓN SEGUNDA La ley, su formacion, promulgacion y vigencia Artículos 133 a 143
- El Presidente de la República por medio de sus Ministros;
- La Corte Suprema de Justicia en materias relativas al Órgano Judicial, al ejercicio del Notariado y de la Abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales;
- El Parlamento Centroamericano, por medio de los Diputados del Estado de El Salvador que lo conforman, en materia relativa a la integración del Istmo Centroamericano, a que se refiere el Art. 89 de esta Constitución.
De igual manera, y en la misma materia, tendrán iniciativa los Diputados del Estado de el Salvador, que conforman el Parlamento Centroamericano.
Artículo citado en: 72 sentencias, un artículo doctrinal, 2 noticias
No será necesaria la sanción del Presidente de la República en los casos de los ordinales 1º, 2º, 3º, 4º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 32º, 34º, 35º, 36º y 37º del Art. 131 de esta Constitución y en los antejuicios en que conozca la Asamblea.
Artículo citado en: 81 sentencias, un artículo doctrinal, 2 noticias
Si lo devolviere con observaciones, la Asamblea las considerará y resolverá lo que crea conveniente por la mayoría establecida en el Art. 123, y lo enviará al Presidente de la República, quien deberá sancionarlo y mandarlo a publicar.
Artículo citado en: 26 sentencias, un artículo doctrinal, 2 noticias
Artículo citado en: 38 sentencias, 2 artículos doctrinales, 4 noticias
Artículo citado en: 28 sentencias, 2 noticias
SECCIÓN TERCERA Tratados Artículos 144 a 149
Artículo citado en: 868 sentencias, 2 noticias
No podrán celebrarse o ratificarse tratados u otorgarse concesiones en que de alguna manera se altere la forma de gobierno o se lesionen o menoscaben la integridad del territorio, la soberanía e independencia de la República o los derechos y garantías fundamentales de la persona humana.
Para la ratificación de todo tratado o pacto por el cual se someta a arbitraje cualquier cuestión relacionada con los límites de la República, será necesario el voto de las tres cuartas partes, por lo menos, de los Diputados electos.
Corresponde a la Asamblea Legislativa facultar al Órgano Ejecutivo para que contrate empréstitos voluntarios, dentro o fuera de la República, cuando una grave y urgente necesidad lo demanda, y para que garantice obligaciones contraídas por entidades estatales o municipales de interés público.
Artículo citado en: 19 sentencias, 3 noticias
La facultad de declarar la inaplicabilidad de las disposiciones de cualquier tratado contrarias a los preceptos constitucionales, se ejercerá por los tribunales dentro de la potestad de administrar justicia.
CAPÍTULO II Organo ejecutivo Artículos 150 a 171
Para ser elegido Presidente de la República se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño; del estado seglar, mayor de treinta años de edad, de moralidad e instrucción notorias; estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano, haberlo estado en los seis años anteriores a la elección y estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente.
No podrán ser candidatos a Presidente de la República:
- El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial;
- El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas que hayan ejercido la Presidencia en los casos del ordinal anterior;
- El que haya sido Presidente de la Asamblea Legislativa o Presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el año anterior al día del inicio del período presidencial;
- El que haya sido Ministro, Viceministro de Estado o Presidente de alguna Institución
Oficial Autónoma y el Director General de la Policía Nacional Civil, dentro del último año del período presidencial inmediato anterior.
- Los militares de profesión que estuvieren de alta o que lo hayan estado en los tres años anteriores al día del inicio del período presidencial;
- El Vicepresidente o Designado que llamado legalmente a ejercer la Presidencia en el período inmediato anterior, se negare a desempeñarla sin justa causa, entendiéndose que ésta existe cuando el Vicepresidente o Designado manifieste su intención de ser candidato a la Presidencia de la República, dentro de los seis meses anteriores al inicio del período presidencial;
- Las personas comprendidas en los ordinales 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. del artículo 127 de esta Constitución.
Artículo citado en: 39 sentencias, 2 noticias
Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se aplicará al Vicepresidente de la República y a los Designados a la Presidencia.
El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más.
En defecto del Presidente de la República, por muerte, renuncia, remoción u otra causa, lo sustituirá el Vicepresidente; a falta de éste, uno de los Designados por el orden de su nominación, y si todos éstos faltaren por cualquier causa legal, la Asamblea designará la persona que habrá de sustituirlo.
Los cargos de Presidente y de Vicepresidente de la República y los de Designados solamente son renunciables por causa grave debidamente comprobada, que calificará la Asamblea.
El Presidente de la República es el Comandante General de la Fuerza Armada.
Se prohíbe al Presidente de la República salir del territorio nacional sin licencia de la Asamblea Legislativa.
Para la gestión de los negocios públicos habrá las Secretarías de Estado que fueren necesarias, entre las cuales se distribuirán los diferentes Ramos de la Administración. Cada Secretaría estará a cargo de un Ministro, quien actuará con la colaboración de uno o más Viceministros. Los Viceministros sustituirán a los Ministros en los casos determinados por la ley.
Artículo citado en: 117 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 noticias
Para ser Ministro o Viceministro de Estado se requiere ser salvadoreño por nacimiento, mayor de veinticinco años de edad, del estado seglar, de moralidad e instrucción notorias; estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores a su nombramiento.
No podrán ser Ministros ni Viceministros de Estado las personas comprendidas en los ordinales 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o., del artículo 127 de esta Constitución.
Corresponde al Presidente de la República nombrar, remover, aceptar renuncias y conceder licencias a los Ministros y Viceministros de Estado, así como al Jefe de Seguridad Pública y al de Inteligencia de Estado.
Artículo citado en: 26 sentencias, una noticia
Los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del Presidente de la República deberán ser refrendados y comunicados por los Ministros en sus respectivos Ramos o por los Viceministros en su caso. Sin estos requisitos no tendrán autenticidad legal.
Todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del Órgano Ejecutivo emitan, excediendo las facultades que esta Constitución establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos, aunque se den a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Artículo citado en: 77 sentencias, 2 artículos doctrinales, una noticia
Los Ministros o Encargados del Despacho y Presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas deberán concurrir a la Asamblea Legislativa para contestar las interpelaciones que se les hicieren.
Habrá un Consejo de Ministros integrado por el Presidente y el Vicepresidente de la República y los Ministros de Estado o quienes hagan sus veces.
- Decretar el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y su propio Reglamento;
- Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y presentarlo a la Asamblea Legislativa, por lo menos tres meses antes de que se inicie el nuevo ejercicio fiscal.
- Conocer y decidir sobre todos los asuntos que someta a su consideración el Presidente de la República.
Artículo citado en: 32 sentencias, 10 noticias
- Presentar por conducto de los Ministros, a la Asamblea Legislativa, dentro de los dos meses siguientes a la terminación de cada año, el informe de labores de la Administración Pública en el año transcurrido. El Ministro de Hacienda presentará además, dentro de los tres meses siguientes a la terminación de cada período fiscal, la cuenta general del último presupuesto y el estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal.
- Organizar, conducir y mantener la Fuerza Armada, conferir los Grados Militares y ordenar el destino, cargo, o la baja de los Oficiales de la misma, de conformidad con la Ley;
- Disponer de la Fuerza Armada para la Defensa de la Soberanía del Estado, de la Integridad de su Territorio. Excepcionalmente, si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada para ese fin. La actuación de la Fuerza Armada se limitará al tiempo y a la medida de lo estrictamente necesario para el restablecimiento del orden y cesará tan pronto se haya alcanzado ese cometido. El Presidente de la República mantendrá informada sobre tales actuaciones a la Asamblea Legislativa, la cual podrá, en cualquier momento, disponer el cese de tales medidas excepcionales. En todo caso, dentro de los quince días siguientes a la terminación de éstas, el Presidente de la República presentará a la Asamblea Legislativa, un informe circunstanciado sobre la actuación de la Fuerza Armada;
- Proponer las ternas de personas de entre las cuales deberá la Asamblea Legislativa elegir a los dos Designados a la Presidencia de la República;
- Organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural, con estricto apego al respeto a los Derechos Humanos y bajo la dirección de autoridades civiles;
- Organizar, conducir y mantener el Organismo de Inteligencia del Estado;
- Fijar anualmente un número razonable de efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil.
- Ejercer las demás atribuciones que le confieren las Leyes.
Artículo citado en: 103 sentencias, un artículo doctrinal, 7 noticias
El nombramiento, remoción, aceptación de renuncias y concesión de licencias de los funcionarios y empleados de la Administración Pública y de la Fuerza Armada, se regirán por el Reglamento Interior del Órgano Ejecutivo u otras leyes y reglamentos que fueren aplicables.
Los representantes diplomáticos y consulares de carrera que acredite la República deberán ser salvadoreños por nacimiento.
El Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los Ministros y los Viceministros de Estado, son responsables solidariamente por los actos que autoricen. De las resoluciones tomadas en Consejo de Ministros, serán responsables los Ministros presentes o quienes hagan sus veces, aunque hubieren salvado su voto, a menos que interpongan su renuncia inmediatamente después de que se adopte la resolución.
CAPÍTULO III Organo judicial Artículos 172 a 190
Artículo citado en: 8360 sentencias, 2 artículos doctrinales, 5 noticias
La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano
Legislativo y el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7ª del Art. 182 de esta Constitución.
Artículo citado en: 102 sentencias, una noticia
Artículo citado en: 48 sentencias, 2 noticias
Artículo citado en: 7005 sentencias, una noticia
- Conocer de los procesos de amparo;
- Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de cualquier fuero y naturaleza;
- Conocer de las causas de presas y de aquellas que no estén reservadas a otra autoridad; ordenar el curso de los suplicatorios o comisiones rogatorias que se libren para practicar diligencias fuera del Estado y mandar a cumplimentar los que procedan de otros países, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados; y conceder la extradición;
- Conceder, conforme a la ley y cuando fuere necesario, el permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros;
- Vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias;
- Conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos en los casos señalados por las leyes;
- Conocer de las causas de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía en los casos comprendidos en los ordinales 2o. y 4o. del artículo 74 y en los ordinales 1o., 3o., 4o. y 5o. del artículo 75 de esta Constitución, así como de la rehabilitación correspondiente;
- Emitir informe y dictamen en las solicitudes de indulto o de conmutación de pena;
- Nombrar a los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz de las ternas que le proponga el Consejo Nacional de la Judicatura; a los Médicos Forenses y a los empleados de las dependencias de la misma; removerlos, conocer de sus renuncias y concederles licencias.
- Nombrar conjueces en los casos determinados por la ley;
- Recibir, por sí o por medio de los funcionarios que designe, la protesta constitucional a los funcionarios de su nombramiento;
- Practicar recibimientos de abogados y autorizarlos para el ejercicio de su profesión; suspenderlos por incumplimiento de sus obligaciones profesionales, por negligencia o ignorancia graves, por mala conducta profesional, o por conducta privada notoriamente inmoral; inhabilitarlos por venalidad, cohecho, fraude, falsedad y otro motivos que establezca la ley y rehabilitarlos por causa legal. En los casos de suspensión e inhabilitación procederá en la forma que la ley establezca, y resolverá con sólo robustez moral de prueba. Las mismas facultades ejercerá respecto de los notarios;
- Elaborar el proyecto de presupuesto de los sueldos y gastos de la administración de justicia y remitirlo al Órgano Ejecutivo para su inclusión sin modificaciones en el proyecto del Presupuesto General del Estado. Los ajustes presupuestarios que la Asamblea Legislativa considere necesario hacer a dicho proyecto, se harán en consulta con la Corte Suprema de Justicia;
- Las demás que determine esta Constitución y la ley.
Artículo citado en: 7817 sentencias
Artículo citado en: 251 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 noticias
Las Cámaras de Segunda Instancia de la capital, de acuerdo a la materia, conocerán en primera instancia de los juicios contra el Estado; y en segunda instancia conocerá la respectiva
Sala de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo citado en: 975 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 noticias
Artículo citado en: 664 sentencias, una noticia
CAPÍTULO IV Ministerio publico Artículos 191 a 194
El Ministerio Público será ejercido por el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos humanos y los demás funcionarios que determine la ley.
La ley determinará los requisitos que deberá reunir el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
Artículo citado en: 21 sentencias, 2 noticias
Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad.
Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil en la forma que determine la ley.
Promover la acción penal de oficio o a petición de parte.
Promover el enjuiciamiento y castigo de los indiciados por delitos de atentados contra las autoridades, y de desacato;
Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar denuncias a los Fiscales de la Corte Suprema de Justicia, de las Cámaras de Segunda Instancia, de los Tribunales Militares y de los tribunales que conocen en primera instancia, y a los Fiscales de Hacienda. Iguales atribuciones ejercerá respecto de los demás funcionarios y empleados de su dependencia;
Artículo citado en: 2402 sentencias, un artículo doctrinal, 2 noticias
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el Procurador General de la República, tendrá las siguientes Funciones:
- Investigar de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de violaciones a los Derechos Humanos;
- Las demás que le atribuyen la Constitución o la Ley.
- Velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces;
- Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y representarlas judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales;
- Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar renuncias a los Procuradores Auxiliares de todos los Tribunales de la República, a los Procuradores de Trabajo y a los demás funcionarios y empleados de su dependencia;
- Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley.
Artículo citado en: 111 sentencias, 2 artículos doctrinales
CAPÍTULO V Corte de cuentas de la republica Artículos 195 a 199
La fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular, estará a cargo de un organismo independiente del Órgano Ejecutivo, que se denominará Corte de Cuentas de la República, y que tendrá las siguientes atribuciones:
1a.- Vigilar la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los fondos públicos; así como la liquidación de impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones, cuando la ley lo determine;
2a.- Aprobar toda salida de fondos del Tesoro Público, de acuerdo con el presupuesto; intervenir en todo acto que de manera directa o indirecta afecte al Tesoro Público o al Patrimonio del Estado, y refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública;
3a.- Vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos, y conocer de los juicios a que den lugar dichas cuentas;
4a.- Fiscalizar la gestión económica de las Instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del Erario o que reciban subvención o subsidio del mismo;
5a.- Examinar la cuenta que sobre la gestión de la Hacienda Pública rinda el Órgano Ejecutivo a la Asamblea, e informar a ésta del resultado de su examen;
6a.- Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;
7a.- Informar por escrito al Presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a los respectivos superiores jerárquicos de las irregularidades relevantes comprobadas a cualquier funcionario o empleado público en el manejo de bienes y fondos sujetos a fiscalización;
8a.- Velar porque se hagan efectivas las deudas a favor del Estado y Municipios;
Las atribuciones 2ª y 4ª las efectuará de una manera adecuada a la naturaleza y fines del organismo de que se trate, de acuerdo con lo que al respecto determine la Ley; y podrá actuar previamente a solicitud del organismo fiscalizado, del superior jerárquico de éste o de oficio cuando lo considere necesario.
Artículo citado en: 37 sentencias, 7 noticias
Estos funcionarios serán elegidos para un período de tres años, podrán ser reelegidos, y no podrán ser separados de sus cargos sino por causa justa, mediante resolución de la Asamblea Legislativa.
Siempre que un acto sometido a conocimiento de la Corte de Cuentas de la República viole a su juicio alguna ley o reglamento en vigor, ha de advertirlo así a los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones legales se lo comuniquen, y el acto de que se trate quedará en suspenso.
El Presidente y los Magistrados de la Corte de Cuentas deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de treinta años, de honradez y competencia notorias; estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores a su elección.
El Presidente de la Corte de Cuentas rendirá anualmente a la Asamblea Legislativa un informe detallado y documentado de las labores de la Corte. Esta obligación deberá cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la terminación del año fiscal.
CAPÍTULO VI Gobierno local Artículos 200 a 207
SECCIÓN PRIMERA Las gobernaciones Artículos 200 y 201
Para la administración política se divide el territorio de la República en departamentos cuyo número y límite fijará la ley. En cada uno de ellos habrá un Gobernador propietario y un suplente, nombrados por el Órgano Ejecutivo y cuyas atribuciones determinará la ley.
Para ser Gobernador se requiere: ser salvadoreño, del estado seglar, mayor de veinticinco años de edad, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores al nombramiento, de moralidad e instrucción notorias, y ser originario o vecino del respectivo departamento, en este último caso, serán necesarios dos años de residencia inmediata anterior al nombramiento.
SECCIÓN SEGUNDA Las municipalidades Artículos 202 a 207
Artículo citado en: 174 sentencias, una noticia
- Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas para la realización de obras determinadas dentro de los límites que una ley general establezca.
- Decretar su Presupuesto de Ingresos y Egresos;
- Gestionar libremente en las materias de su competencia;
- Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de sus dependencias;
- Decretar las ordenanzas y reglamentos locales;
Artículo citado en: 291 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
CAPÍTULO VII Tribunal supremo electoral Artículos 208 a 210
Habrá un Tribunal Supremo Electoral que estará formado por cinco Magistrados, quienes durarán cinco años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial. Los dos Magistrados restantes serán elegidos con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los Diputados electos, de dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán reunir los requisitos para ser Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, y no tener ninguna afiliación partidista.
El Tribunal Supremo Electoral será la autoridad máxima en esta materia, sin perjuicio de los recursos que establece esta Constitución, por violación de la misma.
Artículo citado en: 73 sentencias, 2 noticias
La ley establecerá los organismos necesarios para la recepción, recuento y fiscalización de votos y demás actividades concernientes al sufragio y cuidará de que estén integrados de modo que no predomine en ellos ningún partido o coalición de partidos.
El Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia.
CAPÍTULO VIII Fuerza armada Artículos 211 a 217
TÍTULO VII Regimen administrativo Artículos 218 a 234
CAPÍTULO I Servicio civil Artículos 218 a 222
Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley.
Se establece la carrera administrativa.
No estarán comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios o empleados que desempeñen cargos políticos o de confianza, y, en particular, los Ministros y Viceministros de Estado, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, los Secretarios de la Presidencia de la República, los Embajadores, los Directores Generales, los Gobernadores
Artículo citado en: 837 sentencias, 3 noticias
Una ley especial regulará lo pertinente al retiro de los funcionarios y empleados públicos y municipales, la cual fijará los porcentajes de jubilación a que éstos tendrán derecho de acuerdo a los años de prestación de servicio y a los salarios devengados.
Se prohibe la huelga de los trabajadores públicos y municipales, lo mismo que el abandono colectivo de sus cargos.
Las disposiciones de este Capítulo son extensivas a los funcionarios y empleados municipales.
CAPÍTULO II Hacienda publica Artículos 223 a 234
Forman la Hacienda Pública:
- Los derechos derivados de la aplicación de las leyes relativas a impuestos; tasas y demás contribuciones, así como los que por cualquier otro título le correspondan.
Todos los ingresos de la Hacienda Pública formarán un solo fondo que estará afecto de manera general a las necesidades y obligaciones del Estado.
Cuando la ley lo autorice, el Estado, para la consecución de sus fines, podrá separar bienes de la masa de la Hacienda Pública o asignar recursos del Fondo General, para la constitución o incremento de patrimonios especiales destinados a instituciones públicas.
Artículo citado en: 9 sentencias, un artículo doctrinal, 2 noticias
El Órgano Ejecutivo, en el Ramo correspondiente, tendrá la dirección de las finanzas públicas y estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del Presupuesto, hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado.
Artículo citado en: 17 sentencias, 5 noticias
El Presupuesto General del Estado contendrá, para cada ejercicio fiscal, la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes vigentes a la fecha en que sea votado, así como la autorización de todas las erogaciones que se juzgue convenientes para realizar los fines del Estado.
Artículo citado en: 30 sentencias, un artículo doctrinal, 2 noticias
Ninguna suma podrá comprometerse o abonarse con cargo a fondos públicos, si no es dentro de las limitaciones de un crédito presupuesto.
El Órgano Ejecutivo, con las formalidades legales, podrá efectuar transferencias entre partidas de un mismo ramo u organismo administrativo, excepto las que en el Presupuesto se declaren intransferibles.
Para la percepción, custodia y erogación de los fondos públicos, habrá un Servicio General de Tesorería.
No pueden imponerse contribuciones sino en virtud de una ley y para el servicio público.
Ni el Órgano Legislativo ni el Ejecutivo podrán dispensar del pago de las cantidades reparadas a los funcionarios y empleados que manejen fondos fiscales o municipales, ni de las deudas a favor del Fisco o de los Municipios.
Los bienes raíces de la Hacienda Pública y los de uso público sólo podrán donarse o darse en usufructo, comodato o arrendamiento, con autorización del Órgano Legislativo, a entidades de utilidad general.
Artículo citado en: 17 sentencias, 2 noticias
TÍTULO VIII Responsabilidad de los funcionarios publicos Artículos 235 a 245
Artículo citado en: 352 sentencias, 2 artículos doctrinales, 5 noticias
Artículo citado en: 37 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
Artículo citado en: 22 sentencias, 2 noticias
Artículo citado en: 35 sentencias, una noticia
Artículo citado en: 14 sentencias, 8 noticias
Artículo citado en: 825 sentencias, 2 artículos doctrinales, una noticia
TÍTULO IX Alcances, aplicacion, reformas y derogatorias Artículos 246 a 249
Los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio.
Artículo citado en: 770 sentencias, un artículo doctrinal
Toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violación de los derechos que otorga la presente Constitución.
Artículo citado en: 475 sentencias, 4 artículos doctrinales, una noticia
La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los Diputados electos.
No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la
Artículo citado en: 29 sentencias, 2 noticias
Derógase la Constitución promulgada por Decreto No. 6, de fecha 8 de enero de 1962, publicado en el Diario Oficial No. 110, Tomo 194, de fecha 16 del mismo mes y año, adoptada por Decreto Constituyente No. 3, de fecha 26 de abril de 1982, publicado en el Diario Oficial No. 75,
Tomo 275, de la misma fecha, su régimen de excepciones, así como todas aquellas disposiciones que estuvieren en contra de cualquier precepto de esta Constitución.
TÍTULO X Disposiciones transitorias Artículos 250 a 273
El derecho establecido en el ordinal 12o. del artículo 38 de esta Constitución, tendrá aplicación hasta que sea regulado en la ley secundaria, la cual no podrá tener efecto retroactivo.
Se incorporan a este Título las disposiciones contenidas en el Decreto Constituyente No. 36, de fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el Diario Oficial No. 225, Tomo 281 de fecha 5 de diciembre del mismo año.
Los Vice-Presidentes de la República continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta el día 31 de mayo de 1984, con las atribuciones que establece el Decreto Constituyente No. 9, de fecha 6 de mayo de 1982, publicado en el Diario Oficial Nº 91, Tomo 275, de fecha 19 del mismo mes y año.
Los Concejos Municipales nombrados de conformidad al Decreto Constituyente No. 9 de fecha 6 de mayo de 1982, publicado en el Diario Oficial No. 91, Tomo 275, de fecha 19 del mismo mes y año, durarán en sus cargos hasta el día treinta de abril de mil novecientos ochenta y cinco.
En caso de que se nombraren Ministros y Viceministros de Estado durante el período comprendido desde la fecha de vigencia de esta Constitución, hasta la fecha en que tomen posesión de sus cargos el Presidente y el Vicepresidente de la República, elegidos de conformidad al Decreto Constituyente No. 36, de fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el Diario Oficial No. 225, Tomo 281, de fecha 5 de diciembre del mismo año, éstos deberán ser ratificados por la Asamblea Legislativa.
La creación, modificación y supresión de tasas y contribuciones públicas a que se refiere el ordinal 1º del Art. 204 de esta Constitución, serán aprobadas por la Asamblea Legislativa mientras no entre en vigencia la ley general a que se refiere la misma disposición constitucional.
Los Miembros del Consejo Central de Elecciones elegidos con base a los Decretos Constituyentes Nos. 17 y 18, de fecha 3 de noviembre de 1982, publicados en el Diario Oficial No. 203, Tomo 277, de fecha 4 del mismo mes y año, continuarán en sus funciones hasta el día 31 de julio de 1984.
Se tendrán como documentos fidedignos para la interpretación de esta Constitución, además del acta de la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente, las grabaciones magnetofónicas y de audivideo que contienen las incidencias y participación de los Diputados
Constituyentes en la discusión y aprobación de ella, así como los documentos similares que se elaboraron en la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa deberá dictar las disposiciones pertinentes para garantizar la autenticidad y conservación de tales documentos.
Artículo citado en: 25 sentencias, una noticia
En caso de que por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificados por la Asamblea Legislativa, no pudieren efectuarse las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República en la fecha señalada en el Decreto Constituyente No. 36, de fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el Diario Oficial No. 225, Tomo 281, de fecha 5 de diciembre del mismo año, la misma señalará una nueva fecha. Tanto para la calificación del hecho como para el señalamiento de la nueva fecha de celebración de las elecciones, se necesitará el voto de las tres cuartas partes de los Diputados electos.
La Asamblea Legislativa deberá armonizar con esta Constitución las leyes secundarias de la República y las leyes especiales de creación y demás disposiciones que rigen las
Instituciones Oficiales Autónomas, dentro del período de un año contado a partir de la fecha de vigencia de la misma, a cuyo efecto los órganos competentes deberán presentar los respectivos proyectos, dentro de los primeros seis meses del período indicado.
TÍTULO XI Vigencia Artículo 274
La presente Constitución entrará en vigencia el día veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, previa publicación en el Diario Oficial el día dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.
Roberto D'Aubuisson Arrieta Presidente