Source: https://es.scribd.com/document/129358773/LA-ACCION-DE-AMPARO-EN-VENEZUELA-Y-SU-UNIVERSALIDAD
Timestamp: 2017-09-25 20:51:23
Document Index: 133724328

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 49', 'Artículo 27', 'artículo 49', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 49', 'artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 159', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 211', 'artículo 3', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

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LA ACCIÓN DE AMPARO EN VENEZUELA Y SU UNIVERSALIDAD Por Allan R.
Brewer-Carías (Venezuela) Profesor de la Universidad Central de Venezuela Texto publicado en en José de Jesús Naveja Macía (Coordinador), Génesis, Desarrollo y Actualidad de Amparo en América Latina, Tomo I, Ediciones Ilcsa, Tijuana México, pp.109-141
La Constitución venezolana sigue la orientación del constitucionalismo moderno latinoamericano de establecer una extensa declaración y enumeración de derechos fundamentales, la cual se complementa con el establecimiento, en el propio texto constitucional, de la garantía judicial específica de dichos derechos, es decir, configurado como un derecho constitucional de todas las personas a ser amparados por los Tribunales en el goce y ejercicio de dichos derechos fundamentales. Como la ha definido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: “La acción de amparo, es, pues, una garantía de restablecimiento de la lesión actual o inminente a una ventaja esencial, producto de un acto, actuación u omisión antijurídica, en tanto contraria a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental”. Por ello, el proceso de amparo en Venezuela se puede desarrollar, en principio, ante cualquier juez de primera instancia de la jurisdicción ordinaria, es decir, ante los tribunales civiles, mercantiles, laborales, penales, de menores, agrarios o de cualquier otra materia, y de los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa; o ante cualquier juez de la localidad si no hay uno de primera instancia. Se trata, por otra parte, de un proceso constitucional que se puede iniciar mediante el ejercicio de una acción autónoma de amparo, o mediante una petición de amparo formulada conjuntamente con otras acciones o recursos judiciales. Por ello, el amparo en Venezuela, además de ser una de las garantías constitucionales, es un derecho constitucional en si mismo: el derecho de amparo, con características bien definidas en el derecho constitucional comparado de América Latina. Dicho derecho constitucional ha sido regulado ampliamente en el artículo 27 de la Constitución de 1999 siguiendo la orientación del artículo 49 de la Constitución de 1961, así: “Artículo 27: Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales”. Entre las reformas más importantes que introdujo esta norma respecto de lo que establecía el artículo 49 de la Constitución de 1961, se destacan las siguientes: En primer lugar, se estableció en forma expresa la característica del amparo como un “derecho” constitucional de toda persona, “a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”. En segundo lugar, en cuanto a los derechos amparables, se estableció que no sólo son los que la Constitución enumera, sino aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente, no
culturales y educativos. En cuarto lugar. gratuito y no sujeto a formalidad”. hecho u omisión de autoridades o de particulares que viole derechos o garantías constitucionales o amenace violarlos. por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales”. sociales y de las familias. El amparo contra autoridades y contra particulares De acuerdo al artículo 2º de la Ley Orgánica. También procede contra el hecho. sino también frente a las perturbaciones que puedan provenir de particulares. políticos. y agregando. En esta materia. refiriéndonos. conforme se ha desarrollado por la jurisprudencia en aplicación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988. Por otra parte. la cual analizaremos específicamente en estas páginas. su universalidad. conforme a la propia Constitución. sino alternativamente. a los derechos protegidos y las causas de la lesión o amenaza de lesión de los mismos. además. sin la menor duda debe afirmarse . la protección que puede otorgar el juez de amparo al goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Estadal o Municipal. y en segundo lugar. no sólo no hay derechos constitucionales que no sean justiciables mediante la acción de amparo. que hayan violado. además. de los pueblos indígenas. personas jurídicas. a las formas de ejercicio de la acción de amparo. se indica que debe ser “oral. en primer lugar. y ambientales).por ejemplo. acto u omisión originados por ciudadanos. contra cualquier acto. y procede. se plantea en el texto constitucional y en la Ley Orgánica no solo frente a actuaciones de autoridades públicas que puedan perturbar el goce y ejercicio de los derechos. en los cuales el recurso de amparo sólo se concibe frente a autoridades. los cuales. violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley”. en cuanto al procedimiento. que “todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto”. Y en quinto lugar se precisó expresamente que “el ejercicio de este derecho no puede ser afectado. solamente cuando ocupen posiciones de poder o ejerzan funciones públicas . Por tanto. como concesionarios de servicios públicos. y entre ellas. tienen rango constitucional y prevalecen incluso sobre el orden interno si contienen regulaciones más favorables (artículo 23). LA UNIVERSALIDAD DEL AMPARO Y LAS CAUSAS DE LA LESIÓN O AMENAZA DE LESIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES La acción de amparo procede en Venezuela para la protección de todos los derechos constitucionales enumerados en los artículos 19 a 129 de la Constitución (civiles. Por tanto. en lugar de establecer sólo que debía ser “breve y sumario” como lo hacía la Constitución de 1961. en modo alguno. sino que no hay actos. 1. En tercer lugar. Esto también contribuye a diferenciar la acción de amparo en Venezuela de la existente en otros sistemas. la Constitución no distingue. en el caso de protección frente a perturbaciones provenientes de autoridades públicas. grupos u organizaciones privadas. I. De esta norma constitucional derivan las notas distintivas del derecho y acción de amparo en Venezuela. económicos. además. “La acción de amparo procede contra cualquier hecho. no sólo se reiteró la competencia del juez para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. “o la situación que más se asemeje a ella”. en los tratados internacionales relativos a derechos humanos y aquellos inherentes a la persona humana así no estén enumerados en la Constitución o en dichos tratados). por lo que la Ley Orgánica admite la acción de amparo frente a acciones que provienen de particulares. breve. individuos o personas morales. o de la existente en otros países en el sentido de limitar la acción contra particulares. público. hechos u omisiones que escapen de la protección de la misma. acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional.sólo en la Constitución sino en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
La jurisprudencia de esta Sala ha sido consecuente con ambos principios. precisó: “Observa esta Corte que la característica esencial del régimen de amparo. caso: Mariela Morales de Jiménez. 5°). Por tanto. por otra parte. incluso. amenace vulnerarlas o las vulneren efectivamente” (véase además.. tanto de la antigua Corte Suprema como de la Corte Primera de la Contencioso Administrativo. no puede sostenerse que esa protección es viable sólo en los casos en que el acto perturbador reúna determinadas características. del cual pueda predicarse que está excluido per se de su revisión por los jueces de amparo. es decir. en relación a la amplitud de los derechos fundamentales amparables. así: “Son muy amplios los términos en que la acción de amparo está consagrada en el artículo 49 del Texto Fundamental. Así. . contra la abstención en actuar o cumplir una obligación. cuando no puedan ser impugnados por la vía contencioso administrativa. siendo el objetivo de la acción de amparo la protección de cualquier norma que consagre uno de los llamados derechos subjetivos de rango constitucional. contra determinados actos como los de trámite. o grupo u organizaciones privadas. contra las actuaciones materiales de la Administración. Nº 661) En sentencia de 13 de febrero de 1992. así como de los sujetos de los cuales provenga. En decisión del 31 de enero de 1991 (Caso: Anselmo Natale. no como una forma de control jurisdiccional de la inconstitucionalidad de los actos estatales capaz de declarar su nulidad. contra toda forma de actuación de la Administración e.también que tal como lo regula el artículo 27 de la Constitución y la Ley Orgánica. entendiendo ésta. en fin. Esta universalidad del amparo. es decir. es su universalidad. procede. la Corte Primera. debe igualmente permitirse que cualquier acto lesivo –ya sea un acto. e incluso aquéllos que sin estar expresamente previstos en el texto fundamental. registrada bajo el número 22) se señaló que “no puede existir ningún acto estatal que no sea susceptible de ser revisado por vía de amparo. cuando alguna persona natural o jurídica. a todos los sujetos (personas físicas o morales que se encuentran en el territorio de la nación) así como a todos los derechos constitucionalmente garantizados. por supuesto. por ejemplo.. esta protección procede frente a toda actuación pública. sino –como se ha dicho– un remedio de protección de las libertades públicas cuyo objeto es restablecer su goce y disfrute. la acción de amparo procede contra toda actuación de la Administración. por lo demás. frente a todos los actos estatales y ante los actos materiales y vías de hecho de las autoridades públicas (art. tampoco puede limitarse a que la lesión sea producto de determinados actos solamente. independientemente de su naturaleza o carácter. la decisión del 4– 12–90. Así lo señaló la Corte Primera de la Contencioso Administrativo en sentencia de 11 de noviembre de 1993 (Caso: Aura Loreto Rangel): “La lectura del artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo evidencia que no hay prácticamente ningún tipo de conducta. hecho u omisión– de derechos y garantías constitucionales sea posible de cuestionar mediante este medio procesal. fue precisada y desarrollada por la jurisprudencia. contra las omisiones. ya que. por lo cual hace extensiva la protección que por tal medio otorga. contra sus vías de hecho. si bien es incuestionable lo extenso del ámbito de los derechos y garantías susceptibles de ser protegidos y restablecidos mediante esta vía procesal. aun cuando no configure un acto administrativo y no abra la vía contencioso administrativa. tanto en la concepción constitucional como en su desarrollo legislativo. ya sean desde el punto de vista material u orgánico. a los efectos de determinar si vulnera o no algún derecho o garantía constitucional” El mismo criterio lo precisó la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema en sentencia de 24 de mayo de 1993. En efecto.
particularmente por la necesidad de conciliar el ejercicio de la acción de amparo con el ejercicio de las vías de impugnación de dichos actos. cuando alguna persona natural o jurídica. el amparo contra la misma es de tal amplitud que se acuerda contra todos los actos. agregando un tercer sistema de control (además de los métodos concentrado y difuso). Este es el punto de partida para entender el ámbito del amparo constitucional. habiendo solo quedando excluidos de la acción. las mismas podían ser objeto de acción de amparo. A continuación haremos especial mención a los casos de acciones de amparo contra los actos jurídicos del Estado. no hay limitaciones respecto a derechos o garantías específicas. La Ley Orgánica. Ello fue resuelto expresamente por la antigua Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa en sentencia de 31 de enero de 1991 (Caso: Anselmo Natale). si se trata de amparo contra actuaciones de la Administración no es necesario que se trate de un acto administrativo el que cause la lesión.6 de la ley Orgánica. las decisiones de los Cuerpos Legislativos adoptados en uso de sus atribuciones privativas y que conforme al artículo 159 de dicha Constitución no eran susceptibles de veto. 2. entendiendo ésta. Respecto a la Administración. sin hacer exclusión alguna de determinadas materias de su competencia que. conforme a la Constitución de 1961. en este sentido. Los únicos supuestos excluidos de su esfera son aquéllos que expresamente señala el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y. examen o control de los otros Poderes del Estado. en especial contra los actos legislativos. El amparo contra leyes y demás actos normativos De acuerdo al artículo 3º de la Ley Orgánica: “También es procedente la acción de amparo cuando la violación o amenaza de violación deriven de una norma que colida con la Constitución. el cual en ciertos aspectos se puede asimilar al denominado en México “amparo contra leyes”. ninguna actuación u omisión escapa al amparo. no como una forma de control jurisdiccional de la constitucionalidad de los actos estatales capaz de declarar su nulidad. sino como se ha dicho. están siempre vinculadas con el orden público y con el interés social” Por tanto. en la cual señaló que “no puede existir ningún acto estatal que no sea susceptible de ser revisado por vía de amparo. o grupos u organizaciones privadas. conforme se estableció en el artículo 6. como se sabe. En este caso. regula expresamente el amparo contra leyes. . desde el punto de vista sustantivo.son inherentes a la persona humana. de gobierno. un medio de protección de las libertades públicas cuyo objeto es restablecer su goce o disfrute. Por ello. Esta es. amenace vulnerarlas o las vulneren efectivamente”. quizás. administrativos y judiciales (sentencias). “los actos de la Corte Suprema de Justicia”. pudiendo intentarse la acción de amparo contra vías de hecho de la Administración. omisiones y vías de hecho. en virtud de que como lo había previsto el artículo 211 de la Constitución de 1961. Por supuesto. no existía la posibilidad de intentar acción o recurso alguno contra las decisiones de la la más alta autoridad judicial del país. una de las instituciones más novedosas que incorporó la Ley Orgánica referida al denominado “amparo contra normas” que vino a perfeccionar y completar el sistema de control de la constitucionalidad de las leyes. incluso. contra actos administrativos y contra sentencias y providencias judiciales. la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá apreciar inaplicación de la norma impugnada y el Juez informará a la Corte Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisión”.
y que lo que procede. mientras dure el juicio de nulidad”. la Corte Suprema de Justicia. su inaplicabilidad al accionante. a pesar de la claridad del artículo 3º de la Ley Orgánica de Amparo. en todo caso. es decir. que viene a completar el control difuso incidental que establece el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. es decir. Pero en relación al control de la constitucionalidad de las leyes. cuando se faculta al juez de amparo para resolver de inmediato “restablecer la situación jurídica infringida”. incluso. De acuerdo al artículo 3 de la Ley. en el caso concreto. que la Ley Orgánica. sin embargo. el cual en definitiva es el que. Ahora bien. en estos casos la Ley Orgánica ha establecido una innovación fundamental consistente en permitir a la Sala. y no requiere de la emisión de actos de ejecución de la misma. En estos casos de amparo contra normas. si lo estima procedente para la protección constitucional. el suspender los efectos de la ley o acto normativo impugnado respecto de su aplicabilidad al accionante. la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema impuso el criterio de que no procede la acción de amparo directamente contra normas. se permite el ejercicio del control de la constitucionalidad de las leyes por los jueces cuando conozcan de una acción de amparo ejercida contra una ley o un acto normativo que en forma directa e inmediata viole o amenace violar un derecho fundamental. hemos sostenido que se trata de una vía directa de control difuso de la constitucionalidad de las leyes. en cuanto a la acción autónoma de amparo contra normas previstas en el artículo 3º de la Ley Orgánica. La Ley venezolana.Este caso. en este caso equivale a la suspensión de efectos de la ley respecto del accionante. la antigua Corte Suprema había negado sistemáticamente la posibilidad de suspender los efectos de los actos normativos. contrariamente a lo que había sido la tradición jurisprudencial. por otra parte. la propia antigua Corte Suprema. podrá suspender la aplicación de la norma respecto de la situación jurídica concreta cuya violación se alega. o más propiamente la pretensión de amparo. en cuyo caso. cuando lo juzgue necesario para la protección constitucional. el mismo artículo 3º de la Ley Orgánica establece lo siguiente: “La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos. como una decisión de protección. Sin embargo. Como se observa. colida con la Constitución. habiendo reducido su potestad de suspensión de efectos en juicio. que por ello. sino como objeto directo de una acción de amparo. no establece límite alguno respecto de la procedencia de la acción de amparo contra normas. Se trata de un control difuso pues permite a todo juez de amparo pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una ley por violación de derechos y garantías constitucionales. es la acción de amparo contra los actos de ejecución de la norma. En sentencia de 24 de mayo de 1993. mientras dure el juicio de nulidad. en Sala Político Administrativa había considerado como obvio que “el mencionado artículo de la Ley Orgánica de Amparo no consagra la posibilidad de interponer esta acción de protección constitucional contra una ley u otro acto normativo sino contra el acto de aplicación o ejecución de ésta. teniendo la decisión. realmente. en relación al accionante. sino que sólo debe apreciar la inaplicación de la norma respecto de la cual se solicita amparo. y que por tanto. Hasta la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo en los juicios de nulidad de los actos estatales. y es directo pues la cuestión constitucional no se plantea en un juicio en forma incidental. permite ejercer la acción de amparo. En efecto. conjuntamente con la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. además de prever el amparo contra normas. tiene efectos inter partes. efectos inter partes. que serían los actos lesivos. puede ocasionar una lesión particular de los derechos y garantías constitucionales de una persona determinada . la decisión del juez no es anulatoria. respecto de los actos administrativos de efectos particulares.
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