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Timestamp: 2018-11-16 08:07:21
Document Index: 365200204

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 83', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 30', 'Artículo 37']

﻿ Sentencia 2010-00814 de septiembre 21 de 2010
SENTENCIA 2010-00814 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:ACTUACIÓN TEMERARIA. EL JUEZ CONSTITUCIONAL NO PUEDE MEDIANTE UN SILOGISMO DECLARAR LA PRESENCIA DE TAL FIGURA, SIN ANTES INDICAR LOS JUICIOS REALIZADOS QUE LE LLEVARON AL PLENO CONVENCIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD EN TÉRMINOS DE LA MALA FE DEL ACTOR AL INSTAURAR LAS DIFERENTES ACCIONES DE TUTELA, MÁXIME CUANDO TAL DECLARACIÓN DE TEMERIDAD TRAE CONSIGO CONSECUENCIAS PENALES LIGADAS AL FALSO TESTIMONIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, MALA FE, JURISDICCIÓN
Sentencia 2010-00814 de septiembre 21 de 2010
Radicación número: 11001-03-15-000-2010-00814-00(AC)
Actor: Peter Joseph Pachón Bermúdez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico y otros.
Bogotá, DC., veintidós de octubre de dos mil diez.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000(1), esta Sala es competente para conocer de la presente acción, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y otros.
En el sub lite, el señor Peter Joseph Pachón Bermúdez invocó la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso. Señaló, que el hecho o acción que transgrede los derechos invocados en protección, radica en que las autoridades judiciales a quienes por reparto les ha correspondido el conocimiento de la demanda instaurada desde el año 2002, se abstuvieron de continuar su trámite y procedieron a su rechazo, alegando ausencia de jurisdicción y la omisión del actor en su deber de corrección del libelo, sin tener en cuenta los años transcurridos entre las decisiones adoptadas, y la dificultad de ubicar el expediente por las constantes modificaciones en el número de radicación del proceso.
Previamente a abordar el problema jurídico dispuesto, la Sala se ocupará del estudio de temeridad en la presente acción, como quiera que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, advirtió que la misma fue instaurada por el señor Pachón Bermúdez ante la Corte Suprema de Justicia, por idénticos hechos y aduciendo la vulneración de los mismos derechos.
3.1. De la temeridad en la acción de tutela. Análisis de su configuración en el caso concreto.
La figura de la temeridad se encuentra prescrita en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual “Cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (...)”.
El enunciado jurídico precitado es desarrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 83 que preceptúa la presunción de buena fe en las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas. Tal concepto encuentra su razón de ser en la imposibilidad jurídica y fáctica de los jueces de instancia para establecer cuántas tutelas por los mismos hechos e incoadas por los mismos actores se presentan en los diferentes juzgados y tribunales. El movimiento de la jurisdicción en este sentido, en los jueces de instancia constitucional, supone una actuación dinámica y oportuna en el ámbito de protección de los derechos fundamentales; en tal sentido, se establece como un compromiso de la parte el deber de manifestar bajo la gravedad del juramento si ha interpuesto diversas acciones de tutela sobre los mismos hechos “el que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio”(2).
En este orden de ideas, la figura de la temeridad se encuentra ligada al deber del actor de tutela de obrar de buena fe en la presentación de su escrito, con ánimo de ilustrar al juez constitucional en las situaciones de hecho que pone a su consideración, actuando bajo criterios de veracidad en lo indicado. Así mismo, la temeridad supone un obrar doloso de las partes que en uso de la acción de amparo constitucional buscan obtener el cumplimiento de sus intereses y pretensiones personales a toda costa. Al respecto la Corte Constitucional ha definido:
“La actuación temeraria es aquella que delata un propósito desleal de obtener la satisfacción de un interés individual a toda costa que expresa un abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”(3).
Es preciso indicar, que el solo hecho de que una persona interponga varias acciones de tutela, no configura en sí misma la existencia de temeridad en los actos referidos. Para que esta logre constituirse, debe establecerse a juicio del fallador la concurrencia de tres elementos a saber: (i) identidad de las partes, es decir que las acciones de tutela se interpongan por el mismo actor y se dirijan contra las mismas entidades accionadas, (ii) identidad de causa petendi, en tanto que las diferentes acciones versen sobre los mismos hechos que le sirvan de causa, (iii) identidad del objeto, que se dirijan en busca la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental.
Es claro considerar que el juez constitucional no puede mediante un silogismo declarar la presencia de tal figura, sin antes indicar los juicios realizados que le llevaron al pleno convencimiento de la configuración de la temeridad en términos de la mala fe del actor al instaurar las diferentes acciones de tutela, máxime cuando tal declaración de “temeridad” trae consigo consecuencias penales ligadas al falso testimonio.
Para determinar si en el sub examine se configuró la temeridad, es necesario proceder al siguiente análisis:
Una vez conocida por esta Sala de Decisión la advertencia realizada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la contestación de la acción, se procedió a consultar el sistema de información de procesos de la página web de la Rama Judicial, encontrándose que efectivamente, el día trece (13) de julio del año dos mil diez (2010) el ciudadano Peter Joseph Pachón Bermúdez instauró acción de tutela ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, correspondiéndole por reparto al magistrado Eduardo López Villegas. Tan pronto se accedió al documento por medio magnético, se advirtió que el accionante instauró la acción “al considerar que se le han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la tercera edad, con las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas en el trámite del proceso ordinario laboral que adelantó en contra de la Universidad del Atlántico”.
Igualmente, la Sala constató que el fallo de tutela se profirió el día veintisiete (27) de julio de la presente anualidad, resolviendo negar el amparo constitucional invocado, porque la acción no satisfizo el cumplimiento del principio de inmediatez.
De acuerdo con lo descrito precedentemente, se extrae que las acciones de tutela interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia y ante el Consejo de Estado poseen identidad de causa petendi e identidad de objeto. No obstante, pese a que en el escrito de tutela se señalaron como autoridades demandadas tanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, como el Tribunal Administrativo del Atlántico, se aprecia que el encabezado de la acción es claro en indicar que el escrito radicado ante el Consejo de Estado se dirige contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, y que el incoado ante la Corte Suprema de Justicia, se instaura contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por ser estas cortes, respectivamente, los superiores funcionales de los accionados.
Así las cosas, no encuentra la Sala que en estricto sentido, exista identidad de parte demandada en la presente acción de tutela, pues mientras una está dirigida contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, la otra, se presentó contra el Tribunal Administrativo del Atlántico. Esta circunstancia es comprensible, si se tienen en cuenta los numerosos trámites surtidos con ocasión de la demanda instaurada en el año 2002 por el señor Pachón Bermúdez, que comprometieron actuaciones de ambas jurisdicciones: la ordinaria y la contencioso administrativa.
Adicionalmente, considera esta subsección que el tutelante no actuó dolosamente al presentar las acciones de tutela ante esta corporación y la Corte Suprema de Justicia; más bien observa, que su actuar obedeció a un último intento para que su caso fuera realmente estudiado por un juez, en vista de que no obtuvo ninguna solución por parte de los diversos despachos judiciales por los que transitó su expediente a lo largo de los últimos 8 años. Así mismo, se aprecia que el petente realizó un gran esfuerzo por exponer ampliamente los argumentos fácticos que sustentaron sus peticiones, pese a ser una persona de edad avanzada y sin formación jurídica alguna.
En este orden de ideas se concluye, que no existió la intención del actor de obtener pronunciamiento de fondo en dos acciones independientes, por el contrario, se advierte el desconocimiento acerca de las reglas jurídicas que rigen el procedimiento de la acción de tutela. Es decir, que en el sub judice la actuación del petente no puede calificarse como temeraria.
Se advierte además, que no existe cosa juzgada en relación con la acción de tutela fallada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues ésta no resolvió el asunto de fondo y negó la demanda por incumplir el requisito procesal de la inmediatez, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del hecho que generó la acción, esto es, el rechazo de la demanda (2007), y la interposición de la misma (2010), desconociendo que el petente tuvo conocimiento del proveído que dispuso el rechazo de la acción, hasta el año 2009.
Por lo anterior, esta Sala encuentra la necesidad de entrar a conocer la acción de tutela interpuesta ante esta corporación, teniendo en cuenta que el petente es una persona de la tercera edad que merece especial protección, y que pretende el reconocimiento del derecho prestacional a la reliquidación de la pensión, derecho que por su naturaleza ligada con derechos de carácter fundamental como el mínimo vital y demás inherentes a las personas de la tercera edad, puede llegar a convertirse en un derecho objeto de tutela, configurándose así una regla de prioridad.
4. Problema jurídico y análisis del caso concreto.
El problema jurídico a resolver por esta Sala consiste en determinar si las actuaciones de las autoridades judiciales demandadas, que culminaron con la decisión de rechazar la demanda interpuesta por el petente, dieron lugar a la vulneración de los derechos invocados en protección.
Para desatar la cuestión litigiosa, es necesario realizar el siguiente recuento de lo ocurrido:
De conformidad con lo narrado en el expediente y con los documentos que lo conforman, el señor Peter Joseph Pachón Bermúdez instauró demanda laboral en el año 2002 ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla, la cual fue admitida con el número de radicación 8001-31-05-002-2002-00363, sin que de las piezas procesales pueda deducirse la fecha de dicha actuación.
Posteriormente, el 21 de octubre 2004 el juzgado profirió auto declarando probada la excepción de falta de jurisdicción, pues de conformidad con la normatividad aplicable, el actor tenía la calidad de empleado público, por lo que su controversia debía ventilarse ante la jurisdicción contencioso administrativa. El anterior proveído fue objeto de los recursos de reposición y apelación. En virtud del recurso de apelación, el proceso se remitió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, correspondiéndole al expediente el 08-001-31-05-002-2003-00035-05 con radicación interna 19883-C. Por medio de auto de 13 de septiembre de 2006, el Tribunal Superior confirmó la decisión del a quo y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, por ser el competente para conocerlo.
Recibido el expediente por el Tribunal Administrativo el día 22 de marzo de 2007 (fl.1 cuaderno remitido en préstamo), le fue asignado el número 08-001-23-31-004-2007-00209-00-ch. Al percatarse el magistrado sustanciador, de que el escrito de demanda adolecía de diversas irregularidades de orden formal, el 5 de junio de 2007 ordenó su corrección otorgándole al actor un término de 5 días para subsanarla, so pena de ser rechazada. Dicho auto se notificó por Estado el día 13 de junio de 2007.
En vista de que el actor no corrigió el escrito de demanda en la oportunidad concedida, se ordenó su rechazo mediante auto de 13 de agosto de 2007, providencia que fue notificada por Estado el 22 de agosto del mismo año.
Con ocasión de los constantes cambios en el número de radicación del proceso, el actor tuvo dificultad en localizarlo entre los años 2004 y 2009. Por lo anterior, y en procura de tener conocimiento de la suerte del mismo, el 24 de junio de 2009, dirigió oficio al Procurador 14 judicial en lo administrativo de la ciudad de Barranquilla, solicitándole vigilancia especial sobre su caso.
La respuesta del agente del ministerio público se surtió el 21 de agosto de 2009, informándole que con el fin de revisar el expediente, se había dirigido al Tribunal Administrativo del Atlántico, pero que no le fue posible ubicar el proceso con el radicado 80013105002-2002-00363, de tal manera, que solo accedió a su localización, con el número de cédula del demandante. Una vez ubicado, le expresó al petente que el radicado correcto era el 2007-00209, y así mismo, le informó que por no haber sido corregida, la demanda había sido rechazada el 13 de agosto de 2007, y que en consecuencia, el expediente se encontraba archivado desde ese año.
En vista de lo anterior, el actor retiró la demanda el día 9 de septiembre de 2009, de conformidad con la anotación suscrita por éste, visible a folio 5 vto. del expediente remitido en préstamo a esta corporación por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Se tiene entonces, que transcurrieron cinco años entre la interposición de la demanda laboral en el 2002, y la fecha en que la autoridad judicial se declaró competente para conocerla y decidió el rechazo del libelo en el 2007; Y dos años más, para que el señor Pachón Bermúdez tuviera conocimiento de la decisión adoptada, como quiera que se enteró en el 2009. Es decir, que durante siete años (2002-2009) el tutelante no tuvo certeza de la suerte de su demanda, y finalmente conoció que su proceso se encontraba archivado.
Frente a circunstancias similares a la aquí planteada(4), esta Sala se ha pronunciado en el sentido de señalar que actuaciones como la anterior, en la que se inadmite y rechaza la demanda, sin reparar las circunstancias que rodean el asunto, desconocen la primacía de los principios y valores que por mandato constitucional deben observarse en la actuaciones judiciales, entre ellos, el acceso a la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial. Al respecto, expresó la Sala al decidir la acción de tutela 2010-00149-01:
“Al inadmitir la demanda, por una supuesta diferencia de enfoque entre una acción de responsabilidad civil extracontractual con una de reparación directa, sin concretar defecto formal alguno y luego rechazarla, la autoridad judicial no sólo dejó de observar el principio iura novit curia que permite al juez hacer una interpretación integral de la demanda, sino que incurrió en el pecado que señala el aforismo latino “summun ius summa injuria” —derecho estricto injusticia suprema”— que suele utilizarse para indicar que al juez no puede considerársele como un autómata o esclavo de la norma escrita”.
Para la Sala, el hecho que el magistrado niegue al demandante la posibilidad de acudir a la administración de justicia so pretexto de que no corrigió la demanda dentro del término concedido de 5 días, pasando por alto que este se vio sometido a una larga espera de varios años para que los jueces de la República definieran cual de ellos tenían jurisdicción para conocer de su asunto, y desconociendo que la modificación en el número de radicación del proceso le generó confusión y dificultad en su búsqueda, implica una decisión descontextualizada que genera desproporción en las cargas procesales impuestas.
Esta circunstancia además, desconoce el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial y el derecho de acceso a la administración de justicia del señor Peter Joseph Pachón Bermúdez, quien merece especial protección por ser una persona de la tercera edad que a la fecha de interposición del presente recurso de amparo, cuenta con 69 años de edad.
En razón de lo expuesto, por encontrar configurada la vulneración de los derechos ius fundamentales mencionados, esta Sala, en aras de darle cumplimiento a la tutela judicial efectiva, amparará el derecho de acceso a la administración de justicia del señor Peter Joseph Pachón Bermúdez, para lo cual, le ordenará al Tribunal Administrativo del Atlántico que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a dejar sin efectos el proveído de trece (13) de agosto de dos mil siete (2007) que ordenó el rechazo de la demanda laboral instaurada por el tutelante contra la Universidad del Atlántico, y así mismo, le ordenará que habilite los términos del auto de cinco (5) de junio de dos mil siete (2007), por medio del cual se dispuso su inadmisión, proveído que deberá ser notificado de forma personal al actor.
De igual forma, una vez establecida la litis contestatio, el magistrado ponente le dará prioridad al trámite del expediente, en estricto cumplimiento y sin dilación alguna de los términos procesales establecidos en el Código Contencioso Administrativo, en relación con el período probatorio (art. 209), traslado de alegatos (art. 210), registro del proyecto y fallo (art. 211).
La Sala observa la necesidad de prevenir al señor Peter Joseph Pachón Bermúdez, para que una vez otorgado nuevamente el término de corrección del libelo demandatorio, actúe en derecho, cumpliendo en debida forma con la carga procesal que le impone la ley, con el fin de que las órdenes aquí impartidas satisfagan el objetivo propuesto.
El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico – Sala Administrativa, le imprimirá vigilancia especial al trámite que el Tribunal Administrativo del Atlántico le surta al proceso, y al cumplimiento de las órdenes aquí impartidas.
Por otra parte, se le exhortará al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, para que de cumplimiento al parágrafo del artículo 4º del Acuerdo 4937 de 8 de julio de 2008 expedido por esa autoridad, que dispone:
“PAR:—Con el propósito de garantizar la consulta de los procesos judiciales cuando estos cambien de despacho judicial, la unidad de informática de la Sala Administrativa incluirá como criterio de búsqueda en la página web de la Rama Judicial la cédula de ciudadanía y el nombre del demandante” (la negrilla es de la Sala).
Lo anterior, con el propósito de que en lo sucesivo no ocurran situaciones como la aquí acontecida, relativa a que las modificaciones en el número de radicación de los procesos con ocasión del cambio de despacho judicial, se convierta en un obstáculo para que los coasociados accedan fácilmente a los sistemas de información.
TUTELAR el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del demandante.
En consecuencia se dispone,
I. ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Atlántico que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) contadas a partir de la notificación de esta providencia, DEJE SIN EFECTOS el proveído de trece (13) de agosto de dos mil siete (2007) que dispuso el rechazo de la demanda laboral instaurada por Peter Joseph Pachón Bermúdez contra la Universidad del Atlántico, identificada con la radicación 08-001-23-31-004-2007-00209-ch. La anterior decisión será notificada personalmente al actor.
II. ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Atlántico que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) contadas a partir de la notificación de esta providencia, HABILITE LOS TÉRMINOS del auto de cinco (5) de junio de dos mil siete (2007) que dispuso la inadmisión del libelo demandatorio, para que el actor proceda a subsanar los defectos formales, decisión que le será notificada de forma personal.
III. PREVÉNGASE al señor Peter Joseph Pachón Bermúdez para que de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, asuma y cumpla los deberes procesales que como parte demandante, le corresponden en el transcurso del proceso.
IV. ORDÉNASE al magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Atlántico, que una vez establecida la litis contestatio, le de orden de prioridad al trámite del expediente, con estricta observancia y cumplimiento de los términos procesales establecidos en el Código Contencioso Administrativo, de conformidad con la parte motiva de este proveído.
V. REQUIÉRASE al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico – Sala Administrativa, para que le imprima especial vigilancia al cumplimiento del presente fallo, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos del mismo.
VI. EXHÓRTASE al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, a darle cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 4º del Acuerdo 4937 de 8 de julio de 2008, en el sentido de incluir como criterio de búsqueda en el sistema de gestión siglo XXI de la página web de la Rama Judicial, el número de cédula de ciudadanía del demandante.
VII. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
VIII. DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, remítase el expediente a la honorable corte constitucional para su eventual revisión.
(2) Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
(4) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia de tutela de 12 de agosto de 2010. Radicación 52001-23-31-000-2010-00149-01. Actor: Gladys Ordóñez Meléndez. Magistrado Ponente: Alfonso Vargas Rincón.