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Timestamp: 2019-07-18 11:48:05
Document Index: 92351942

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 48', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 39', 'Artículo 39', 'artículo 13']

PENSIÓN DE INVALIDEZ POR ENFERMEDAD. REQUISITOS PARA OBTENERLA.
Accionantes: Rodolfo Miranda Barros y Marlem Pineda Vides.
Rodolfo Miranda Barros y Marlem Pineda Vides, en su calidad de ciudadanos, presentaron acción de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 1° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, ‘por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones’, por considerar que la regla allí contemplada desconoce el principio de igualdad (Art. 13, CP), el derecho al trabajo (Arts. 25 y 53, CP), a la protección especial de las personas con discapacidad (Art. 47, CP) y a la seguridad social (Art. 48, CP). La acción fue admitida para su estudio por la Magistrada Diana Fajardo Rivera.[1]
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.[3]
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.[4]
Los accionantes, Rodolfo Miranda Barros y Marlem Pineda Vides, consideran que el numeral 1° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003 citado, es parcialmente inconstitucional por cuanto viola el principio de igualdad (Art. 13, CP), el derecho al trabajo (Arts. 25 y 53, CP), a la protección especial de las personas con discapacidad (Art. 47, CP) y a la seguridad social (Art. 48, CP).
1. De acuerdo con los accionantes, el aparte normativo acusado amenaza los derechos fundamentales, en tanto su texto lleva a una aplicación que desconoce los derechos de personas que padecen enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas. Al respecto se sostiene,
2. Advierten los accionantes que se trata de una norma que viola el principio de igualdad (Art. 13, CP), porque da protección a las personas que pierden su capacidad laboral, dejando por fuera algunos casos que deben ser objeto de protección más urgente, por la manera en la que la norma puede ser aplicada si se interpreta de forma literal. Dicen al respecto,
3. Los accionantes reconocen que buenos funcionarios están en capacidad de aplicar la norma legal acusada de acuerdo al orden constitucional vigente, sin necesidad de que se discrimine o excluya a sujetos de especial protección, de la garantía pensional de invalidez. No obstante, en la medida en que el propio texto de la norma puede sugerir la exclusión y, de hecho, eso es lo que ocurre en muchas oportunidades, los demandantes consideran que el texto acusado de inconstitucional podría conservarse, siempre y cuando se imponga una interpretación que no afecte los derechos de las personas. Dice la acción presentada:
4. Finalmente se insiste en que no hay cosa juzgada con relación a este cargo de inconstitucionalidad, puesto que la Sentencia C-428 de 2009 que se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma acusada analizó un cargo diferente, que supuso un problema jurídico distinto, en el cual no se consideraron las razones expuestas en la acción presentada.
5. Finalmente concluye la demanda en los siguientes términos,
El Ministerio de Hacienda, por medio de apoderado, Juan Carlos Puerto Acosta, intervino en el proceso de la referencia para pedir a la Corte que se inhiba de hacer un pronunciamiento de fondo y, subsidiariamente, si se decide entrar a analizar de fondo la demanda, defender la constitucionalidad de la norma acusada parcialmente en este proceso.
El Ministerio del Trabajo, a través de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Piedad Constanza Fuentes Rodríguez, intervino para solicitar que se “declare la excepción de cosa juzgada frente a la norma demandada”, y, en caso de que se estudie de fondo la acción de la referencia, que se declare “la exequibilidad del artículo 39 de la Ley 100 de 1993”.
La Academia Colombiana de Jurisprudencia, a través del académico Germán G. Valdés Sánchez participó en el proceso de la referencia para que se declare la constitucionalidad de la norma parcialmente acusada, por considerar que no viola la Constitución. Al respecto señala,
El abogado Marcel Silva Romero, actuando en representación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, participó en el proceso para solicitar a la Corte que declare la inexequibilidad, pues considera que la norma acusada “efectúa una discriminación no aceptable en materia de seguridad social produciendo el efecto contrario al perseguido por esa disposición pues excluye de la protección social a grupos sociales que se encuentran en condición de debilidad manifiesta y que por expreso mandato constitucional e internacional, son precisamente aquellos los que deben gozar del mayor nivel de protección social en nuestra sociedad, máxime cuando la propia Corte Constitucional ha aplicado la excepción de inconstitucionalidad en múltiples ocasiones contra la norma demandada.” La intervención resalta que la jurisprudencia constitucional ya ha resuelto la cuestión, en sede de tutela, como lo indicó la demanda. Dice al respecto,
5. Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda
Fasecolda, a través de su representante legal, Luis Eduardo Clavijo Patiño, participó en el proceso para defender la exequibilidad de la norma. No obstante, su argumentación no se orienta a demostrar que la norma no viola el principio constitucional de igualdad, ni a desvirtuar o controvertir los argumentos de la acción de inconstitucionalidad. La intervención se centra en mostrar el problema y el inconveniente que han generado varias de las decisiones de la Corte Constitucional en materia de pensiones.
El director del Departamento de Derecho Laboral, Jorge Manrique Villanueva, y un docente del área, Germán Ponce Bravo, participaron en el proceso de la referencia para solicitar que se declare la constitucionalidad de la norma acusada parcialmente. A su parecer, si bien si se da la afectación a los derechos fundamentales alegada, consideran que debe ser el Legislador el que corrija el error. Expresamente dicen: “la petición de los accionantes debe ser desestimada, pues si bien es cierto, al tratarse de una situación especial en la que el individuo tiene derecho a la recuperación de su salud y el acceso a un mínimo vital, no es el Sistema de Seguridad Social como está hoy concebido, el camino correcto para hacerlo corresponde al Legislador y al Gobierno Nacional establecer una política pública que permita solventar esta necesidad.
7. Paiis, Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes
El programa Paiis de la Universidad de los Andes, por medio de su directora, Paula Torres Holguín, de dos asesores del área laboral del Consultorio Jurídico, Néstor Javier Ortiz y María Clara Patiño, y de dos estudiantes, Felipe Valderrama Barahona y Juan Pablo Uribe, intervino en el presente proceso para solicitar la declaración de exequibilidad condicionada de la norma parcialmente acusada de inconstitucionalidad.
8. Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos
Asofondos, por medio de su vicepresidenta jurídica, Clara Elena Reales Gutiérrez, participó en el proceso de la referencia para solicitar la inhibición por parte de la Corte, debido a la ineptitud sustancial de la demanda, y, subsidiariamente, defender la constitucionalidad de la norma parcialmente acusada.
“a) Una vez realizado el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, han sido calificados con una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral, por enfermedad o accidente de origen común.
9. Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ACELA
La Asociación Colombiana de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ACELA, intervino en el proceso a través de su Representante legal, María del Rocío Reyes Manjarrés, para respaldar la acción presentada, pues “comparte a plenitud los argumentos expuestos por los accionantes”.[17]
9.1. ACELA comienza por pedir una suerte de integración normativa, al señalar que considera que “la expresión‘dentro de los últimos (3) años inmediatamente anteriores’ sufre la vulneración de los mismos derechos fundamentales, por lo que, apoyada en el principio de proposiciones jurídicas conjuntas, propondrá que esta, sufra la misma suerte del anterior, esto es, la declaratoria constitucional de manera condicionada.” A la vez advierte que habla, ante todo, del especial efecto que la norma en cuestión tiene sobre personas que tienen Esclerosis Lateral Amiotrófica, la cual “es catalogada por la comunidad científica como huérfana, crónica, degenerativa y discapacitante.”
9.2. Luego de explicar algunos aspectos básicos de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que tuvo el brillante científico y líder mundial Stephen Hawking,[18] advierte:
2. Los signos y síntomas de la enfermedad pueden manifestarse de distintas formas. La atrofia muscular puede presentarse por ejemplo, en un brazo, una pierna, el control del cuello, la lengua y como consecuencia de ello la afectación de la voz, etc. Esto significa que, así como en unos casos la pérdida de la movilidad física del paciente puede darse en cuestión de meses, en otros, puede que ese síntoma o esos síntomas, no se desarrolle sino en el transcurso de varios años. En ambos casos la consecuencia definitiva será la perdida de la capacidad muscular en un 99.9%. ¿Cuándo? No se sabe.
3. Como se trata de una enfermedad huérfana, su diagnóstico es de difícil concreción. Bien porque los profesionales de la salud no la conocen, bien porque primero deben descartarse un sin número de enfermedades similares (esclerosis múltiple o lupus, por ejemplo), bien porque el sistema de salud en nuestro país es demorado en la realización de exámenes especializados y atención con especialistas.”
Luego de hacer mención a que Colpensiones, en su Balance Normativo Jurisprudencial N° 25, reconoce los parámetros de la jurisprudencia constitucional, la intervención evidencia la diferencia de ambas cuestiones, pero las razones por las que es importante que la Corte se pronuncie sobre la cuestión. Dice la intervención:
10. Colpensiones
Colpensiones, a través de su Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales, Diego Alejandro Urrego Escobar, intervino en el proceso para manifestar ‘algunas preocupaciones’ sobre la jurisprudencia actual de la Corte en la materia objeto de controversia y para solicitar la exequibilidad de la norma acusada.
10.1. Colpensiones comienza su intervención señalando que si bien han existido algunas tensiones en la jurisprudencia, ésta se ha decantado. Dice la intervención,
“[…] según las estadísticas que ha construido Colpensiones, el 53.20% de las patologías que generan invalidez pueden ser catalogadas como degenerativas, crónicas y/o congénitas (estadísticas de la Dirección de Medicina Laboral de Colpensiones). De manera que una vez el afiliado advierte el origen de su enfermedad, lo único que debe hacer para convertirse en acreedor de la pensión es trabajar por un tiempo más o menos importante en desarrollo de su capacidad residual, para, posteriormente, solicitar que se le reconozca la pensión […]”
10.4. Colpensiones señala que a su juicio la tendencia internacional está orientada a conceder beneficios asistenciales en estos casos, pero “bajo estrictas y precisas condiciones”, pues de no ser así, “su viabilidad se vería comprometida con el transcurso de los años.” Por tal motivo, solicita que de cara a la sostenibilidad financiera de que trata el artículo 48 constitucional, se construya un sistema que permita atender las contingencias que derivan de la invalidez.
1. En efecto, sostiene el Ministerio Público que,
2. Para la Procuraduría la fecha de estructuración, de acuerdo con el Decreto 1507 de 2014, “es perfectamente compatible con las reglas jurisprudenciales en esta materia. En efecto, la jurisprudencia ha sostenido en sede de tutela, que en caso de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas ‘(…) es necesario que la fecha de estructuración de la invalidez se fije teniendo en cuenta el momento en el que efectivamente se pierde la capacidad laboral, en razón a que son enfermedades cuyos efectos se manifiestan de forma progresiva, lo cual tiene como resultado que la capacidad para laborar se pierda poco a poco (T-818 de 2014)’ […]”. Se afirma que el Decreto que se citó permite que se califique la invalidez cuando efectivamente ocurre. Así, se dice,
2. No hay cosa juzgada en el presente caso
3. El cargo presentado por los accionantes no es susceptible de ser analizado de fondo
3.1. Es cierto que la jurisprudencia ha establecido que un cargo de inconstitucionalidad debe cumplir con unos requisitos mínimos para ser estudiado por la Corte Constitucional. Como se ha señalado en varias ocasiones, de acuerdo con la Constitución Política (Arts. 40 y 241-1), la Corte Constitucional es competente para conocer acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas por cualquier persona que sea ciudadana, en ejercicio de sus derechos políticos. Según las reglas constitucionales y reglamentarias aplicables, las acciones de inconstitucionalidad deben contener tres elementos esenciales: (1) referir con precisión el objeto demandado, (2) el concepto de la violación y (3) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto (Art. 241, CP; art. 2, Decreto 2067 de 1991). En cuanto al concepto de la violación, la jurisprudencia constitucional ha indicado de forma reiterada y pacífica que los cargos deben cumplir con tres parámetros básicos: (1) “el señalamiento de las normas constitucionales que consideren infringidas (art. 2, num.2, Decreto 2067 de 1991); (2) la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas” y (3) exponer “las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución”.[26] En tal sentido, la Corte Constitucional ha precisado que las razones expuestas, para sustentar cabalmente la censura constitucional deben ser, al menos: “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”. La claridad, ha sostenido la Corporación, es indispensable “para establecer la conducencia del concepto de la violación”, pues aunque se trate de una acción pública, es necesario seguir un hilo conductor que permita comprenderla. La certeza, por su parte, exige que “la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente” cuyo contenido sea verificable y no sobre deducciones, supuestos o proposiciones hechos por el demandante mas no por el legislador. La especificidad se predica de aquellas razones que “definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política”, formulando, por lo menos un “cargo constitucional concreto contra la norma demandada”[27]para que sea posible determinar si se presenta una confrontación real, objetiva y verificable, dejando de lado argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”. [28] La pertinencia, como atributo esencial de las razones expuestas al demandar una norma por inconstitucional, indica que “el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional”, esto es, basado en la evaluación del contenido de una norma superior frente al de la disposición demandada, apartándose de sustentos “puramente legales y doctrinarios”, [29]o simples puntos de vista del actor buscando un análisis conveniente y parcial de sus efectos. Finalmente, la suficiencia se refiere, por una parte, a “la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche”, y por otra, a la exposición de argumentos que logren despertar “una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada” que haga necesario un pronunciamiento de la Corte.[30]
En el presente caso, se analizó la acción de inconstitucionalidad parcial presentada por Rodolfo Miranda Barros y Marlem Pineda Vides, contra el numeral 1° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, ‘por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones’, por considerar que la regla allí contemplada desconoce el principio de igualdad (Art. 13, CP), el derecho al trabajo (Arts. 25 y 53, CP), a la protección especial de las personas con discapacidad (Art. 47, CP) y a la seguridad social (Art. 48, CP).
[3] Parcialmente declarado inexequible en la Sentencia C-428 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo)
[4] Parcialmente declarado inexequible en la Sentencia C-428 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo).
[17] Profesora Clemencia Uribe Restrepo.
[18] Dice la intervención: “La ELA, como especie de las enfermedades crónicas y degenerativas, es una enfermedad en la que las neuronas motoras, un tipo de células nerviosas que controlan el movimiento de la musculatura voluntaria, gradualmente disminuyen su funcionamiento y mueren, provocando debilidad y atrofia muscular comprometiendo la capacidad de movimiento de la persona. Inicialmente produce una debilidad muscular, pero éste progresa hacia la parálisis, afectando la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración. || Como la ELA ataca solamente a las neuronas motoras, el intelecto, sentido de la vista, del tacto, del oído, del gusto y del olfato, el corazón, los intestinos y los músculos sexuales no se ven afectados. En muchos de los pacientes, los músculos de los ojos y de la vejiga no se ven afectados. || Generalmente (recuérdese que se trata de una enfermedad huérfana) comienza en una región del cuerpo y se extiende a regiones adyacentes hasta que toda la musculatura voluntaria del cuerpo es afecta. Sin embargo, cada individuo vive una experiencia muy diferente, desde los síntomas y la progresión de la enfermedad hasta el periodo de supervivencia luego del diagnóstico. || A menos que elija recibir ayuda mecánica permanente para la respiración, los pacientes fallecen cuando los músculos que se usan para la respiración, ya no cumplen su función. Esto ocurre generalmente entre tres y cinco años después del comienzo de la enfermedad (80% de los casos), sin embargo algunas personas viven más de cinco años (10% de los casos). Stephen Hawking, QEPD, el físico inglés quien comenzó con ELA cuando era joven, vivió con la enfermedad durante 55 años.
[19] Al respecto, la intervención cita la Sentencia T-432 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo).
[22] Corte Constitucional, Sentencia C-428 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo, SPV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva).
[23] Corte Constitucional, Sentencia C-428 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo, SPV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva).
[24] Corte Constitucional, Sentencia C-428 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo; SPV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva).
[25] Corte Constitucional, Sentencia C-428 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo; SPV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva). La norma, tal cual como fue estudiada por la Corte Constitucional era así: “LEY 860 DE 2003, Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones. || Artículo 1 °. El artículo 39 de la Ley 100 quedará así: ‘Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. || 2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. || Parágrafo 1º Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. || Parágrafo 2°. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.”
[26] Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); en esta sentencia se recopilaron los criterios fijados y decantados hasta aquel momento por la jurisprudencia, reiterados en muchas decisiones posteriores de la Sala Plena. Entre otras, ver por ejemplo, las siguientes providencias: Sentencia C-874 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-371 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño), Autos 033 y 128 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), Sentencia C-980 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), Auto 031 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Gutiérrez), Auto 267 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), Auto 091 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 112 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez), Sentencia C-351 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), Sentencia C-459 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Sentencia C-942 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), Auto 070 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-243 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto), Sentencia C-333 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), Auto A71 de 2013 (MP Alexei Egor Julio Estrada), Sentencia C-304 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Auto 145 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos), Auto 324 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), Sentencia C-081 de 2014 (MP Nilson Elías Pinilla Pinilla, AV Nilson Elías Pinilla Pinilla y Alberto Rojas Ríos), Auto 527 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa), Sentencia C-088 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Sentencia C-206 de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo, SV Alberto Rojas Ríos), Sentencia C-351 de 2017 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo), Sentencia C-359 de 2017 (MP José Antonio Cepeda Amarís, SV Iván Humberto Escrucería Mayolo), Sentencia C-389 de 2017 (MP Cristina Pardo Schlesinger), Sentencia C-542 de 2017 (MP Iván Humberto Escrucería Mayolo), Sentencia C-645 de 2017 (MP Diana Fajardo Rivera), C-688 de 2017 (MP Carlos Bernal Pulido, SV José Fernando Reyes Cuartas). En las anteriores providencias se citan y emplean los criterios recogidos en la Sentencia C-1052 de 2001 para resolver los asuntos tratados en cada uno de aquellos procesos.
[27] Corte Constitucional, Sentencia C-568 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[28] Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[29] Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz).
[30] Corte Constitucional, Sentencia C-557 de 2001 (Manuel José Cepeda Espinosa); Sentencia C-803 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño), Sentencia C-802 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández) y Auto 145 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos).
[31] Desde la sentencia C-022 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz), la jurisprudencia ha identificado los tres aspectos básicos que todo cargo por igualdad debe tener. Dijo en aquella oportunidad la Corte: “[…] el concepto de igualdad es relativo, por lo menos en tres aspectos: a. Los sujetos entre los cuales se quieren repartir los bienes o gravámenes; b. Los bienes o gravámenes a repartir; c. El criterio para repartirlos. || En otras palabras, hablar de igualdad o desigualdad, siguiendo alguna variante de la fórmula clásica (como la contenida en el artículo 13 de la Constitución Política), tiene sentido sólo en la medida en que se respondan las siguientes tres preguntas: ¿igualdad entre quiénes?, ¿igualdad en qué?, ¿igualdad con base en qué criterio? […]”. Al respecto ver, entre otras, las sentencias: C-090 de 2001 (MP Carlos Gaviria Díaz), C-913 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-1115 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil), C-033 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), C-520 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa, AV Alberto Rojas Ríos, Gloria Stella Ortiz Delgado, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Aquiles Arrieta Gómez).
[32] Sentencia T-671 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), antes citada. Esta sentencia reiteró lo señalado anteriormente, entre otras, en las sentencias T-420 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez) y T-432 de 2011 (MP. Mauricio González Cuervo).
[33] Esta posición fue asumida por la Corte en la Sentencia T-561 de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), en la cual se estudió una acción de tutela interpuesta por una persona que padecía una enfermedad mental de muy larga evolución, que se afilió al Sistema General de Pensiones desde julio de 1983 y había cotizado de manera ininterrumpida por más de 21 años. Su enfermedad fue calificada con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 51.10%, con fecha de estructuración de su invalidez el 17 de noviembre de 1983, razón por la cual, la entidad accionada le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, por no cumplir el requisito de cotización de 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez. En esa sentencia, la Corte consideró que la fecha de estructuración de la invalidez se había establecido teniendo en cuenta que en ese tiempo la tutelante había sufrido un episodio clínicamente difícil, sin embargo, debido a que la actora había continuado aportando por más de 21 años al Sistema, se consideró poco verosímil asumir que esa hubiera sido la fecha en la que la actora perdió definitivamente su capacidad laboral, razón por la cual, la Corte tomó como fecha de estructuración el momento en que la accionante solicitó el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez. En el mismo sentido ver las sentencias T-699A de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-710 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-561 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-420 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), entre otras.
[34] La Corte Constitucional ha analizado varios procesos en los que se ha reconocido que la fecha de estructuración se decretó con fecha anterior a la real incapacidad total laboral, ver las sentencias T-710 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-509 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo), T-885 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa), T-998 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), T-428 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa), T-481 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos, AV Luis Ernesto Vargas Silva), T-551 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-627 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos), T-690 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-697 de 2013 (MP Nilson Elías Pinilla Pinilla, AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-886 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, SPV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-893 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-158 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-229 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos), T-479 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa), T-819 de 2014 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez), T-040 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa), T-348 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-520 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-712 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SPV Gloria Stella Ortíz Delgado), T-716 de 2015 (MP Gloria Stella Ortíz Delgado), T-356 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio, AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos), T-199 de 2017 (MP Aquiles Arrieta Gómez), T-522 de 2017 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[36] Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2017 (MP Cristina Pardo Schlesinger).