Source: http://www.scribd.com/doc/134749556/Jdc-042013
Timestamp: 2015-05-25 22:12:17
Document Index: 34020192

Matched Legal Cases: ['artículo139', 'artículo 139', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo200', 'artículo 1']

Jdc 042013
P. 1Jdc 042013Jdc 042013Ratings: (0)|Views: 1|Likes: 0Published by Carlos Leon MoyaMore info:Published by: Carlos Leon Moya on Apr 08, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/134749556/Jdc-04201309/10/2014pdftextoriginal 1
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMAQUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONALEXPEDIENTE : 00461-2013-0-1801-JR-CI-05ESPECIALISTA : JULIO CESAR CARBAJAL CAYLLAHUADEMANDANTE : JAVIER DIEZ CANSECO CISNEROS.DEMANDADO : CONGRESO DE LA REPUBLICAMATERIA : PROCESO DE AMPARO
RESOLUCION: 07Lima, 04 de abril de 2013.VISTOS:ASUNTO:Proceso de amparo iniciado por el señor Javier Diez Canseco Cisneroscontra el Congreso de la República.ANTECEDENTES.De la demanda:
Fluye del texto de la demanda, que el petitorio del actor, esque se declare nulo el informe final N° 13, recaído en el expediente: N° 39-2011-2013/CEP-CR y la decisión del Pleno del Congreso de la República que,tras aprobar dicho informe, acordó suspenderlo del cargo por noventa (90) díasen el ejercicio de las funciones para las que fue elegido por la ciudadanía parael período legislativo 2011-2016 y que se restituyan las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos constitucionales. Alega que se ha vulnerado susderechos constitucionales relacionados con el debido proceso legal (artículo139.3 de la Constitución Política y 8° de la Convención Americana de losDerechos Humanos), tales como: el derecho a la defensa, el respeto de losprincipios de legalidad y taxatividad y el derecho a la motivación de lasresoluciones judiciales (artículo 139.5 de la Constitución Política y artículo 8 dela Convención Americana de los Derechos Humanos); y el derecho a no ser sometido a un procedimiento distinto al previsto en la ley. Agrega, que ladecisión del pleno del Congreso habría afectado su derecho al honor yvulnerado su protección y defensa de su dignidad como persona reconocido enel artículo 2.7 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Fundamentos de hechos de la demanda:
El actor sustenta su demanda- en síntesis- en los siguientes hechos:
Señala que presentó el proyecto de ley denominado “Proyecto de ley
que restituye a las acciones de inversión su calidad de accionescomunes con voto o de capital con voto y a sus titulares los derechos
económicos, políticos o societarios” y el Congreso lo ha sancionado
indebidamente, indicando que dicho proyecto supuestamente favorecíasu ex esposa e hija, lo que no informó oportunamente del conflicto deintereses que tenía al presentar el citado proyecto de ley, pero talconducta no ésta tipificada taxativamente como infracción en el Códigode Ética Parlamentaria.2. A continuación señala que la sanción adoptada viola el Código de ÉticaParlamentaria debido a que se le imputa una conducta que no estáexplícitamente regulada como infracción (el deber de no hacer explícitoslos posibles beneficios personales o familiares obtenidos con unproyecto de ley en el momento de la presentación del mismo); agrega,que el informe que sustenta la sanción ocultó información que acreditabaque no existió tal conflicto de intereses porque el proyecto no generababeneficio económico alguno para ninguno de sus familiares; además, enel pleno no sólo fue materia de debate los hechos que sustentaban ladenuncia en su contra sino también el hecho que pretendía beneficiar aun ex colaborador de la Comisión Investigadora de Delitos Económicosy Financieros del periodo 1990-2001 (señor Berckemeyer), hecho queno constaba en el informe final N° 13 y que no fue materia deinvestigación, lo cual no le permitió ejercer su derecho de defensa y asífue sancionado.
Agrega, que el procedimiento seguido ante la Comisión de ÉticaParlamentaria del Congreso de la República debía observar losprincipios constitucionales del derecho administrativo sancionador paraevitar caer en irregularidades y afectar arbitrariamente de esa maneraderechos y libertades fundamentales protegidas por la Constitución y lasnormas internacionales sobre derechos humanos de las que el Perú esEstado Parte.
Finalmente, señala que siempre ha actuado con transparencia y no haafectado ninguna norma ética establecida en el reglamento delCongreso, por lo que considera que su sanción es injusta
Mediante resolución 01, de fecha 17 de enero de 2013-folio 585 a 587-, seadmitió a trámite la demanda y se corrió traslado a la parte demandada.El Congreso de la República mediante escrito de fecha de presentación 04 defebrero de 2013- folio 1136 a folio 1160-, contestó la demanda, argumentandoprincipalmente lo siguiente:1.- El Poder Legislativo está dotado de la facultad de aplicar sanciones a losmiembros de su propio cuerpo legislativo de carácter ético o disciplinario.2.- Agrega, que la Comisión de Ética debe velar para que la conducta de cadacongresista dé ejemplo de vocación de servicio y señalar los casos que sonincompatibles con las buenas costumbres, sancionando aquellos casos en quese contravengan.
3.- El objetivo de la Comisión de Ética es castigar y reprimir una conducta por considerarla políticamente incorrecta y la presente demanda se refiere a unasanción disciplinaria a un congresista.4.- Agrega, que conforme al informe Final N° 13 se acredita que el actor presentó un proyecto de ley que beneficiaba directamente a su hija y por tantoel actor es
“responsable de haber infringido el Código de Ética Parlamentario,
al haber incurrido en conflicto de intereses al presentar el proyecto,subordinando el interés general al beneficio de su ex esposa e hija y por haber infringido el principio de transparencia al no haber hecho explícito susvinculaciones con familiares que se podrían beneficiar económicamente.5.Añade, que en relación a la naturaleza de la suspensión impuesta aldemandante, sostiene que (a) el Poder Legislativo está facultado para imponer sanciones a los miembros del propio cuerpo legislativo y en el presente casonos encontramos ante una demanda de índole ética a diferencia del juiciopolítico y del antejuicio; (b) la suspensión política es una sanción políticadiscrecional pero sujeto a criterios de razonabilidad constitucional que seimponen en
el Congreso de la República “a diferencia de l
a inhabilitación penaly a la inhabilitación administrativa, las cuales son de carácter estrictamente
jurídicos”; y (c) la suspensión incide sobre derechos en dos ámbitos: material y
temporal.6. Agrega, que en el procedimiento seguido contra el actor ante la Comisión deÉtica se ha respetado escrupulosamente el procedimiento establecido en elCódigo de Ética Parlamentaria y su Reglamento, respetando sus derechosconstitucionales.7. Finalmente, la contestación de la demanda refiere que lo que pretende elaccionante [la nulidad
del Informe Final Nº 13 recaída en elExp. 39-2011-2013/CEP-CR y la suspensión por 90 días en el ejercicio de sus
funciones que le fuera impuesta por el Congreso] “constituye un total
despropósito que la judicatura n
o debe permitir” debido a que “en el hecho (sic)
de que se ampare esta demanda, conllevaría a que otros ex altos funcionariosdel Estado (congresistas) que tiene investigaciones en la Comisión de Ética,soliciten vía proceso de amparo la revisión de cada uno de sus casos y por el
solo hecho de esta situación, se dejaría sin efecto este procedimiento”; “por lo
que sería nefasto ante este tipo de situaciones, se pretenda amparar en estetipo de demandas, que ordene al Congreso o a los órganos que a ellosconforman (sic), se proceda a emitir pronunciamientos acorde con las
pretensiones de los accionantes”.
Mediante resolución 04, de fecha 26 de marzo de 2013, se tuvo por contestadala demanda y se dispuso que los autos se pongan a despacho para sentenciar.
CONSIDERANDO:PRIMERO: Del proceso constitucional de amparo
: De acuerdo al artículo200° inciso 2 de la Constitución, el amparo procede contra el hecho u omisión,por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenazaderechos constitucionales distintos a los tutelados por el hábeas corpus y alhábeas data, siendo su finalidad la de proteger tales derechos, reponiendo lascosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación, como estableceel artículo 1° del Código Procesal Constitucional, Ley 28237.
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