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Timestamp: 2020-01-21 08:16:43
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Examen de la organización y competencia de juzgados y tribunales – El blog del abogado blog
15/10/2019 Alberto Infante Caballero
1.- Examen de la organización y competencia de los órganos judiciales unipersonales.
1.1. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
1.1.1. Jurisdicción y sede.
En cada partido judicial habrá uno o varios Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede, la Ley de Planta y Demarcación puede establecer, como órganos distintos los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Instrucción.
La división o demarcación judicial conocida como partido judicial, es, según el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia. El partido podrá coincidir con la demarcación provincial.
A este respecto, dispone la Ley de Demarcación y Planta Judicial que los partidos judiciales tienen el ámbito territorial del municipio o municipios que lo integran, y que la modificación de los límites de los municipios comporta la adaptación automática de la demarcación.
Las Comunidades Autónomas determinan por ley la capitalidad de los partidos judiciales, que corresponden a un solo municipio.
1.1.2. Composición y planta.
Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción estarán servidos por Jueces y Magistrados, según los casos, de conformidad con la Ley de Demarcación y Planta.
Esta ley y sus anexos determinan la planta de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en los siguientes términos:
Son servidos por Magistrados los Juzgados de lo Penal, los que tienen su sede en capital de provincia y demás juzgados en que se establezca en el anexo XII.
Son servidos por Magistrados los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que tengan su sede en la capital de provincia y los demás establecidos en el anexo XIII
Son servidos por magistrados los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, el Juzgado Central de Menores y Juzgados de lo Mercantil.
Pero con independencia de lo previsto en la Ley de Demarcación y Planta Judicial, el Ministro de Justicia podrá establecer que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o de Primera Instancia y de Instrucción, sean servidos por Magistrados, siempre que estén radicados en un partido judicial con más de 150.000 habitantes.
Junto a la separación de funciones de estos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, en aquellas poblaciones en las que la carga de trabajo lo justifique, podrán crearse juzgados especializados en procedimientos o materias concretas.
A este respecto, el artículo 98 de la LOPJ establece que el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista más de un juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas materias o asuntos, o de las ejecuciones del orden jurisdiccional de que se trate.
A su vez, sobre esta misma materia, el artículo 46 de la LEC dispone que los Juzgados de Primera Instancia a los que, de acuerdo con el artículo 98 de la LOPJ, se les haya atribuido el conocimiento específico de determinados asuntos, extenderán su competencia, exclusivamente, a los procesos en que se ventilen aquellos, debiendo inhibirse a favor de los demás tribunales competentes.
Permite incluso la LOPJ que estos juzgados especializados puedan tener carácter provincial. Se excluye, sin embargo, que de este modo se pueda atribuir a un órgano especializado asuntos que correspondan a órganos de otra clase; y también se excluye de la especialización a los Juzgados de Instrucción. Así, el artículo 98. 2 de la LOPJ establece:
“El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional, estén o no en el mismo partido judicial y previa delimitación del ámbito de competencia territorial en este último caso, asuman el conocimiento de determinadas materias o clases de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que se constituyan. En estos casos, el órgano u órganos especializados asumirán la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especialización, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a órganos radicados en distinto partido judicial. No podrá adoptarse este acuerdo para atribuir a los órganos así especializados asuntos que por disposición legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase. Tampoco podrán ser objeto de especialización por esta vía los Juzgados de Instrucción, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exención de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio”.
1.1.3. Atribuciones.
A) En el orden Civil.
Competencia objetiva. Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en primera instancia:
De los juicios que no vengan atribuidos por la LOPJ a otros juzgados y tribunales.
De los actos de jurisdicción voluntaria.
De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeras, a no ser que corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal.
De los concursos de persona natural que no sea empresario.
Competencia funcional. También conocerán los Juzgados de Primera Instancia:
Registro Civil. El Registro Civil estará a cargo de los Jueces de Primera Instancia y, por delegación de éstos, de los de Paz, de conformidad con lo que establezca la ley, sin perjuicio de lo que se disponga en ella para los demás Registros Civiles. La Ley de Planta determinará las poblaciones en las que uno o varios Jueces desempeñarán con exclusividad funciones del Registro Civil, y en las ciudades en que hubiere más de un Juzgado de Primera Instancia, cuál o cuáles de ellos se encargarán del Registro.
B) En el orden penal:
Competencia objetiva: los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal:
De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto en aquellas causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los de competencia de los Juzgados de Paz o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Esta competencia referida en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial está vacía de contenido desde la entrada en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 1 de marzo, de reforma del Código penal, que suprimió las faltas. Paralelamente, la LO 1/2015, de 1 de marzo, ha reformado la LECRIM para introducir las reformas que demandaba la supresión de las faltas penales.
De los procedimientos de habeas corpus.
De la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los juzgados de paz del partido en materia de juicios de faltas.
De las cuestiones de competencia entre juzgados de paz del partido.
1.2. Juzgados de lo Penal.
Fueron creados por Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre, si bien su constitución estaba ya prevista en la propia Ley de Demarcación y Planta Judicial, que preveía que el Gobierno, en el plazo de seis meses desde la promulgación de la Ley de Planta, oído el CGPJ.
En cada provincia, con sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de lo Penal.
Podrán establecerse Juzgados de lo Penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma provincia, conforme a lo que disponga la legislación sobre demarcación y planta judicial.
Los Juzgados de lo penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine. Además, y a fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, deberán especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia, según lo previsto en el artículo 98 de la LOPJ[1].
En la actualidad, y de conformidad con el artículo 14 de la LECRIM[2], los juzgados de lo penal enjuiciarán los procedimientos abreviados en los que se persigan delitos de que tengan atribuida una pena privativa de libertad no superior a 5 años. Todo ello sin perjuicio de que también enjuicie la pena de multa, cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera que sea su cuantía.
Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los Juzgados de Instrucción, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros países.
Por último, también corresponde a estos Juzgados la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la Ley.
En concreto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, el Juez de lo Penal del lugar donde se encuentre cualquiera de los bienes objeto de decomiso autónomo.
1.3. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
1.3.1 Jurisdicción y sede.
Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrá establecer uno o más Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en las poblaciones que por ley se determine. Tomarán la denominación del municipio de su sede.
También podrá crearse excepcionalmente Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma.
1.3.2. Atribuciones.
El artículo 91 de la LOPJ, en su redacción originaria, atribuía a estos órganos jurisdiccionales el conocimiento “en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativo no atribuidos a otros órganos de este órgano jurisdiccional”. O lo que doctrinalmente se denominaba la “competencia residual”. Sin embargo, la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, reformo dicho precepto, disponiendo que “los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente les atribuya la Ley”. Les corresponde también autorizar la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera autorización de su titular, cuando ello, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración.
El artículo 8 de la LJCA dota de contenido a la indefinición competencial en el artículo 91 de la LOPJ, estableciendo las siguientes competencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo:
Control de la actividad administrativa de las Entidades locales. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán, en única o primera instancia, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las Entidades locales o de las entidades o corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas.
Control de la actividad administrativa de la Administración de las Comunidades Autónomas. Conocerán en primera o única instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos de la Administración de las Comunidades Autónomas cuyo objeto sea:
Cuestiones de personal, salvo las referidas al nacimiento y extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.
Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros, y en ceses de actividades o privación de derechos.
Control de la Actividad administrativa de la Administración periférica del Estado. Conocerán, en única o primera instancia, de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración periférica del Estado y de las Comunidades Autónomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen los dictados por aquellos en vía de recurso, fiscalización y tutela. Se exceptúan los actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración periférica del Estado y los organismos públicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional. Conocerán, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería.
Control de la actividad administrativa de la Administración Electoral. Corresponde conocer a estos juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas electorales.
Autorizaciones de entrada en domicilios. Conocerán también estos juzgados de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular, siempre que ello proceda para la ejecución de forzosa de actos de la administración púbica.
Autorización o ratificación de medidas sanitarias urgentes. Asimismo, corresponde a estos juzgados la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren vigentes y necesarias para la salud pública.
Autorizaciones de entrada e inspección en materia de competencia. Los Juzgados C-A conocerán de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de la Competencia, cuando requerido el consentimiento, el titular se oponga a ello.
1.4. Juzgados de lo Social.
1.4.1. Jurisdicción y sede.
En cada provincia, con jurisdicción en toda ella, y sede en su capital, habrá uno o varios Juzgados de lo Social. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen.
Podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma Comunidad Autónoma.
Los Juzgados de lo Social suplieron, a la entrada en vigor de la Ley de Planta y Demarcación, las funciones desarrolladas por las Magistraturas de Trabajo.
1.4.2. Atribuciones.
Conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidas a otros órganos del mismo.
1.5. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
1.5.1. Jurisdicción y Sede.
En cada provincia, dentro del orden penal, habrá uno o varios Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Excepcionalmente, podrán extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma Comunidad Autónoma. La sede de los mismos se establece por el Gobierno, oídos previamente la Comunidad Autónoma afectada y el CGPJ.
1.5.2. Atribuciones.
A) Competencia general: estos juzgados tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y ejecución de instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos y demás que señale la ley.
B) Recursos contra las resoluciones de los Jueces de Vigilancia penitenciaria:
Normativa: la disposición adicional quinta de la LOPJ[3] prevé que se aplicará a los recursos contra las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Legitimación para recurrir: únicamente tienen legitimación para recurrir las resoluciones de estos jueces:
El Ministerio Fiscal. Asimismo, éste debe ser parte en todos los recursos que se presenten contra las resoluciones del JVP.
El interno o liberado condicional.
Resoluciones recurribles del Juez de Vigilancia penitenciaria:
En materia de ejecución de penas: las resoluciones del Juez de Vigilancia penitenciaria, en esta materia, serán recurribles en apelación y queja ante el Tribunal Sentenciador, excepto cuando se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra sentencia administrativa no referida a la clasificación del penado.
En materia de régimen penitenciario. Las resoluciones del JVP referidas al régimen penitenciario y demás materias no comprendidas en el apartado anterior (ejecución de penas) serán recurribles en apelación o queja siempre que no se haya dictado resolviendo recurso de apelación contra resolución administrativa.
Clasificación de penados o concesión de libertad condicional. Cuando la resolución objeto de recurso de apelación se refiera a materia de clasificación de penados o concesión de libertad condicional y pueda dar lugar a excarcelación del interno, el recurso tendrá efecto suspensivo.
Autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Contra los autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá ponerse recurso de reforma conforme a la LECrim.
Auto que determina el máximo de cumplimiento o deniegue su fijación. Contra este auto podrá interponerse recurso de casación por infracción de ley ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Autos de las Audiencias Nacional y Audiencias Provinciales. Contra los autos de las Audiencias provinciales y, en su caso, de la Audiencia Nacional, resolviendo recursos de apelación que no sean susceptibles de casación ordinaria, podrán interponerse, el Ministerio Fiscal y el letrado del penado, recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
1.6. Juzgados de Menores.
1.6.1. Jurisdicción y sede.
En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y con sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse Juzgados de Menores cuya jurisdicción se extienda bien a un partido judicial determinado o agrupaciones de partidos, o bien a dos o más provincias dentro de la misma Comunidad Autónoma.
1.6.2. Atribuciones.
Corresponde a los Jueces de Menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por ley como delito y aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyen las leyes, así como la emisión y ejecución de instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
De conformidad con el artículo 19 del Código Penal y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, la edad penal queda fijada en los 18 años y a los Juzgados de Menores les corresponde conocer de los hechos delictivos cometidos por mayores de 14 años y mayores de 18 años.
Respecto a los hechos delictivos cometidos por menores de 14 años, no se les exigirá responsabilidad penal con arreglo a la LO 5/2000, sino lo previsto en las normas sobre protección de menores del Código civil y legislación complementaria.
1.6.3. Constitución de los Juzgados de Menores.
La Disposición Transitoria 4ª de la LOPJ establece que “los actuales Tribunales Tutelares de Menores continuarán ejerciendo sus funciones hasta que entren en funcionamiento los Juzgados de Menores”. La LO 5/2000 entró en vigor el 13 de enero de 2001.
La Ley Orgánica 7/2000 modifica la Ley 38/1988 y establece la planta de los Juzgados de Menores, estableciéndola en el Anexo XIII.
En la nueva ley se suprime la antigua denominación de “Tribunales Tutelares de Menores”.
1.7. Juzgados Mercantiles y el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante.
La incorporación de los Juzgados de lo Mercantil a la organización judicial española tuvo lugar como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica 8/2000, de 9 de julio, para la reforma concursal, la cual justifica la concentración en un solo órgano judicial de las materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, lo que lleva a atribuir al juez del concurso jurisdicción exclusiva y excluyente en materias como las ejecuciones y medidas cautelares.
Mediante esta reforma, esta atribución de jurisdicción exclusiva y excluyente se incorporó expresamente a las competencias de los juzgados de lo mercantil. Asimismo, la reforma operada en la LOPJ por LO 8/2003 permitió dar efectivo cumplimiento a las previsiones del Reglamento número 40/1994, de 20 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria.
Sobre este punto la opción de mayores ventajas presentaba y que mejor se ajustaba a las indicaciones de la referida normativa era la de designar a los Juzgados de lo Mercantil y a la Sección correspondiente de la Audiencia Provincial de Alicante como tribunales de marca comunitaria.
Por último, la mencionada reforma de la LOPJ sirvió para dar cumplimiento a las previsiones del Reglamento 12/2003, del Consejo de la Unión Europea, de 16 de diciembre de 2002.
1.7.2. Jurisdicción y sede.
También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen.
Igualmente podrán establecerse Juzgados de lo Mercantil que extiendan su jurisdicción a una o varias provincias dentro de la misma Comunidad Autónoma.
Los Juzgados de lo Mercantil de Alicante, tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos números 40/1994, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre Marca Comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre Dibujos y Modelos comunitarios.
1.7.3. Planta de los Juzgados de lo mercantil.
De conformidad con la Ley de Demarcación y Planta Judicial, la planta inicial de los Juzgados de lo Mercantil se establece en el Anexo XII de la misma.
Los Juzgados de lo Mercantil están servidos por Magistrados, y su provisión se hace mediante concurso, que se resolverá a favor de quienes, acreditando la especialización correspondiente en los asuntos propios de dichos juzgados obtenida mediante la superación de pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en el escalafón. En su defecto, se cubrirán con magistrados que acrediten haber permanecido más años en el orden jurisdiccional civil. En su defecto, por orden de antigüedad (artículo 239 LOPJ).
1.7.4. Atribuciones.
Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora y salvo que se trate de concursos de persona natural no empresario. La jurisdicción será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:
Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el Título I de del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción a la que se refiere
Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas d ellos contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores.
Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que queda excluidos de su jurisdicción en el apartado 1.
Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores.
Asimismo, los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil:
Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a la competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa de las sociedades mercantiles y cooperativas.
Las pretensiones promovidas al amparo de la normativa en materia de transportes.
De los procedimientos de aplicación de os arts. 81 y 82 del TCE (actuales 101 y 102 TFUE) y de su derecho derivado, así como el procedimiento de aplicación de los artículos de la Ley de Defensa de la Competencia.
Las citadas disposiciones del TCE prohíben los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas.
Por su parte, y en virtud de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, conocerán los Juzgados de lo Mercantil de las cuestiones que sean de la competencia de orden civil.
Finalmente, los Juzgados de lo Mercantil tendrán competencia para el reconocimiento de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras.
1.8. Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Estos juzgados fueron creados a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial introduciendo en ella sus artículos 87 bis y 87 ter.
Entre las medidas jurídicas asumidas para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia sobre la mujer en las relaciones intrafamiliares, dicha ley optó por una fórmula de especialización dentro del orden penal, de los Jueces de Instrucción, creando estos nuevos Juzgados. Así, éstos conocerán de la instrucción y, en su caso, del fallo de las causas penales en materia de violencia de género.
1.8.2. Jurisdicción y sede.
En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial tomarán su designación del domicilio de su sede.
Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente sobre demarcación y planta judicial, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, y, en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma con competencias, podrá establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se determinen extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia.
El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente, el conocimiento de asuntos referidos en el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponda a uno o más Juzgados de Primera Instancia e instrucción, o de Instrucción, que uno de estos órganos conozca de estos asuntos dentro del partido judicial.
1.8.3. Planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
De acuerdo con las modificaciones introducidas por la L.O. 1/2004n, la planta inicial de estos juzgados sería la establecida en el Anexo XIII de la Ley de Demarcación y Planta.
La concreción de esta planta inicial y la de desarrollo posterior, se realizará mediante real decreto y se ajustará mediante los siguientes criterios:
En aquellos partidos judiciales en los que, de acuerdo con el volumen de trabajo, no se considere necesario el desarrollo de la panta judicial, se podrán transformar algunos Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento en Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Asimismo, cuando se considere, en función de la carga de trabajo, que no es precisa la creación de un órgano específico, se determinará, de existir varios, qué Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción asumirán el conocimiento de las materias de violencia de género.
Estos juzgados serán servidos por magistrados.
1.8.4. Atribuciones.
A) En el orden penal. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán en este orden de los siguientes supuestos:
De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos tipificados como homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, así como los cometidos contra los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.
De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea o haya sido alguna de las personas como tales en el apartado anterior.
De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas.
Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas en la letra a) de esta relación.
De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal, cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente.
B) En el orden civil: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en este orden de los siguientes asuntos:
Los que versen sobre relaciones paterno-filiales.
Los que versen exclusivamentesobre la guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.
Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción
Los Juzgados de violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente la competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:
Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas anteriormente.
Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género.
Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito a consecuencia de un alto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.
Cuando el juez apreciará que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituye expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente. En todos estos casos está vedada.
C) Dependencias para evitar la confrontación entre la víctima y el agresor: el Consejo General del Poder Judicial deberá estudiar, en el ámbito de las competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas competentes. Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de blancas con fines de explotación sexual. En todo caso, estas dependencias deberán ser plenamente accesibles.
D) Evaluación de los datos procedentes de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: el Consejo General del Poder Judicial encomendará al Observatorio de contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de los datos provenientes de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como de aquellos asuntos relacionados con esta materia.
Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados, así como a la Comisión Especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Género.
La información mencionada se incorporará a la Memoria Anual del Consejo General del Poder Judicial. La información estadística obtenida deberá poder desagregarse con un indicador de discapacidad. Igualmente, permitirá establecer un registro estadístico de los menores víctimas de violencia de género.
1.9. Juzgados de Paz.
1.9.1 Jurisdicción y sede.
En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juez de Paz. Podrá existir una sola Oficina Judicial para varios Juzgados. Los Juzgados de Paz tienen jurisdicción en el término del respectivo municipio, del que toma su nombra.
La determinación del edificio, edificios o inmuebles sede de los órganos judiciales y de aquellos en que deban constituirse cuando se desplacen fuera de su sede habitual es competencia del Ministerio de Justicia o de Comunidad Autónoma respectiva.
1.9.2 Atribuciones.
El artículo 100 de la L.O.P.J determina las competencias a desarrollar por los Juzgados de Paz, fijándose las mismas en dos órdenes jurisdiccionales:
En el ámbito civil: en el orden civil, conocerán los Juzgados de Paz de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine. Cumplirá también funciones del Registro Civil y las demás que la Ley les atribuya.
En el ámbito penal. Dispone el artículo 100.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los jueces de paz “en el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes”. Sin embargo, la referencia al conocimiento de juicios de faltas debe considerarse tácitamente derogada, tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
2.- Referencia a la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.
2.1. Aspectos generales de la Ley 38/1988.
La Ley de Planta y Demarcación vino a dar cumplimiento al mandato de la Disposición Adicional Primera de la LOPJ respecto a la regulación legislativa de la demarcación y planta judicial. La demarcación se elaboró teniendo en cuenta las propuestas de las Comunidades Autónomas y el Proyecto de Ley sometido a informe del CGPJ, cumpliendo con ello las precisiones de la LOPJ.
Dicha ley se ocupa de regular, desarrollando las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fundamental lo relativo a la demarcación y planta de los tribunales.
La Ley de Demarcación y Planta realizó una redefinición de los partidos judiciales en cuanto divisiones territoriales básicas en las que se inscribe el primer escalón de órganos judiciales. Al configurar de modo completo la planta diseñada por la LOPJ, articuló los distintos órdenes jurisdiccionales de manera equilibrada.
Todos los órganos jurisdiccionales quedaron organizados con una estructura semejante, basada en una primera instancia ante un órgano unipersonal, una segunda instancia ante un órgano colegiado.
La planta establecida era objeto de las adecuadas precisiones temporales para su ejecución. La efectiva constitución de los distintos órganos se articulaba escalonadamente.
Como plazo de programación se fijó el periodo 1989-1992. No obstante, el Gobierno, previo informe C.G.P.J. quedó facultado para acordar la extensión de los programas necesarios para la aplicación efectiva de la nueva planta judicial.
La demarcación y planta establecidas se consideran por la propia Ley susceptibles de medidas de adaptación y perfeccionamiento. Independientemente de las revisiones generales periódicos de la planta y de la demarcación que establece la L.O.P.J. se regula y desarrolla la facultad del Gobierno para crear Secciones, Juzgados o plazas de Magistrados por encima de las previsiones de la planta establecida.
2.2. Modificación de la Planta Judicial.
El Gobierno podrá modificar el número y composición de los órganos judiciales mediante la creación de secciones y juzgados, sin alterar la demarcación judicial, oído el C.G.P.J., y, en su caso, la Comunidad Autónoma afectada.
La modificación de la planta judicial que se realice conforme a lo prevenido en el párrafo anterior, se podrá efectuar con cargo a las plazas de magistrados de órganos colegiados de órganos colegiados pendientes de dotar.
Por real decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia y previo informe del Consejo General del Poder Judicial, se podrán transformar juzgados de una clase en juzgados distinta de la misma sede.
Cuando el juzgado que se transforme esté funcionando y tenga procedimientos pendientes, deberá concluir primero estos.
En la creación de secciones se tendrá en cuenta el volumen de litigiosidad de la circunscripción. El Gobierno, conforme a los mismos requisitos, podrá acordar el aumento del volumen de plazas de magistrados.
El Gobierno, a propuestas del CGPJ, y con el informe previo de las Comunidades Autónomas con competencias, podrá establecer la separación entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción en aquellos partidos judiciales en los que el número de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción lo permita.
El Ministro de Justica podrá establecer que los Juzgados de Primera instancia y de Instrucción, o de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sean servidos por magistrados.
3.- El gobierno interno de los juzgados.
La Ley Orgánica del Poder Judicial trata con detalle lo relativo al gobierno interno de los juzgados y tribunales en sus artículos 149 a 178. La normativa aplicable se completa en todo caso con el Reglamento 1/2000, de los órganos de gobierno de los tribunales.
3.1. Jueces Decanos.
3.1.1. Sistema de Designación.
a) En las poblaciones donde haya diez o más juzgados, sus titulares elegirán por mayoría de tres quintos a uno de ellos como Decano. De no obtenerse dicha mayoría en la primera votación, bastará la mayoría simple en la segunda, resolviéndose los empates en favor del que ocupe el mejor puesto en el escalafón.
b) Donde haya menos de diez juzgados, ejercerá las funciones de Decano el juez o magistrado con mejor puesto en el escalafón. Desempeñarán este cargo, según el Reglamento 1/2000, durante dos años, aunque dentro de esos dos años sea destinado a prestar servicios en los juzgados de la población otro magistrado con mejor puesto en el escalafón.
3.1.2. Liberación de funciones jurisdiccionales.
Excepcionalmente, y cuando las circunstancias del Decanato lo justifiquen, el Consejo General del Poder Judicial, oída la Junta de Jueces, podrá liberar a su titular total o parcialmente del trabajo que le corresponda realizar en el orden jurisdiccional.
3.1.3. Cese.
A) Causas comunes a todos los Decanos.
B) Causas propias de los Decanos electos.
La renuncia al cargo. Habrá de ser aceptada por el Consejo General del Poder Judicial. Si se trata de Decanos exentos de tareas jurisdiccionales quedarán adscritos en situación de servicio activo.
Acuerdo de reprobación de su gestión.
C) Causas propias de los Decanos no electivos. El transcurso de dos años. Ahora bien, no cesarán si transcurridos dos años siguen siendo el juez o magistrado con mejor puesto en el escalafón. Por el cese anticipado de los Decanos no electivos pasarán a ser Decano el juez o magistrado con mejor puesto en el escalafón. En este caso el plazo de dos años se completará desde el día en que cesará el anterior.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Decanos velarán por la buena utilización de los locales judiciales y de los medios materiales; cuidarán de que el servicio de guardia se preste continuadamente; adoptarán las medidas urgentes en los asuntos no repartidos, cuando, de no hacerlo, pudiera quebrantarse algún derecho o producirse algún perjuicio grave e irreparable.
En todo caso, corresponde a los Jueces Decano:
Resolver en única instancia los recursos gubernativos que quepa interponer contra las decisiones de los jueces judiciales.
Poner en conocimiento de la Sala de Gobierno toda posible anomalía en el funcionamiento de servicios comunes.
Velar por la correcta ejecución de las sustituciones y de los planes anuales de sustitución nen los términos previstos en esta ley, resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen.
Asimismo, el Decano ostentará ante los poderes públicos la representación de todos y presidirá la Junta de Jueces para tratar asuntos de interés común relativos a la actividad jurisdiccional de los titulares de todos o de alguno de los órganos judiciales.
3.2. Juntas de Jueces.
Se denomina Junta de Jueces a las reuniones que celebren los jueces de cada orden jurisdiccional o de una misma población, provincia o Comunidad Autónoma para el debate y resolución de cuestiones relacionadas con el ejercicio de la función jurisdiccional. En ellas se tratan materias diversas como la discusión sobre las normas de reparto.
Su regulación se encuentra recogida en términos muy genéricos en el artículo 170 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desarrollada nuevamente en este punto por el Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los órganos de gobierno de los tribunales.
A) Reuniones de Jueces. Independientemente de su pertenencia a uno u otro orden jurisdiccional, los jueces de una misma provincia o Comunidad Autónoma, presididos por el de más tiempo de permanencia en destinos situados en una u otra, podrán reunirse para tratar aquellos problemas que les sean comunes y que rebasen el ámbito de partido judicial.
La convocatoria de las reuniones de jueces será realizada, a iniciativa propia o a solicitud de uno o más jueces del territorio, por el que tenga antigüedad en el destino, a quien corresponderá su presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170.3 LOPJ. Dicha convocatoria será comunicada al presidente del TSJ para que ejerza las facultades del artículo 160.11 de la LOPJ.
Del documento en que se recojan los acuerdos se dará traslado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, que una vez aprueba las propuestas que se contengan en dichos acuerdos o, si no fuera preceptiva la aprobación, haya tomado conocimiento de su contenido, lo remitirá al Consejo General del Poder Judicial. Uno de los jueces designado por los reunidos actuará como secretario.
C) Juntas generales. Los titulares de juzgados con sede en la misma población con independencia de su adscripción a uno u otro orden jurisdiccional, se constituirán en Junta general para tratar de asuntos de interés común que afecten a todos o varios de ellos. Los titulares de los Juzgados Centrales de Instrucción y de lo Penal de la Audiencia Nacional formarán Junta general independiente.
En caso de vacante o ausencia del titular, el Juez sustituto podrá recurrir a la Junta con plenitud de derechos. Se exceptúan las Juntas convocadas para la elección y reprobación del Decano y aquellas otras en que así se establezca. La Junta será convocada por el Decano, bien por sí mismo, bien cuando lo solicitare la cuarta parte de sus miembros.
C) Juntas sectoriales. Los jueces de cada orden jurisdiccional podrán reunirse en Junta, bajo la presidencia del Decano, para proponer las normas de reparto entre ellos, unificar criterios y prácticas y para tratar asuntos comunes o sobre los que estimaren conveniente elevare exposición a la Sala de Gobierno correspondiente. La Junta así constituida se denominará Junta sectorial de los jueces del orden jurisdiccional que corresponda. El decano podrá convocar a los titulares de órganos especializados, por si o a instancia de éstos, para tratar asuntos que les afecten de forma exclusiva.
3.2.3. Competencias.
A) Juntas Generales. Corresponden a las juntas generales:
Efectuar la elección del decano, en las poblaciones que corresponda, con arreglo a las normas aplicables y deliberar sobre su repoblación.
Ser oída con carácter previo a la adopción del acuerdo de liberar al Decano de funciones jurisdiccionales.
Tratar asuntos de interés común que afecten a los titulares de todo o de algunos de los órganos jurisdiccionales de su ámbito territorial.
Aprobar la instalación de mecanismos o instrumentos que faciliten la presentación y recepción de escritos fuera de la hora de funcionamiento de la oficina judicial.
B) Juntas sectoriales: les corresponde:
Proponer, a solicitud del interesado, que se libere total o parcialmente a un Juez del reparto de asuntos por tiempo limitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tratar de unificar criterios en cuestiones jurídicas comunes o generales, con estricto respeto a la independencia judicial.
Unificar prácticas y criterios generales de actuación en los aspectos de organización de la oficina judicial o de realización material de actos procesales.
Tratar de asuntos sobre los que estimaren elevar exposición a la Sala de Gobierno correspondiente, o al Consejo General del Poder Judicial por conducto del Presidente del Tribunal Superior De Justicia.
Evaluar informes cuando sean recabados por el Consejo General del Poder Judicial por conducto del Presidente del TSJ.
Formular consultas, con remisión de la certificación del acta en que así se haya acordado, por conducto del Presidente del TSJ correspondiente.
Proponer al Consejo General del Poder Judicial, a solicitud del Decano y por conducto del Presidente del TSJ, el nombramiento del Juez o Magistrado que vaya a actuar como Delegado de aquel en un determinado orden jurisdiccional.
Proponer el calendario de vacaciones estivales y la sustitución que proceda efectuar.
Igualmente les corresponde, de acuerdo con lo previsto en el art. 170.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, elaborar los planes anuales de sustitución entre jueces titulares a que se refiere el art. 211 de aquella para su remisión a la Sala de Gobierno.
3.2.4. Régimen jurídico.
A) Convocatoria de la Junta. La convocatoria de la Junta la efectuará el Decano de oficio o a requerimiento de la cuarta parte de los jueces que la integren como miembros de derecho y que en ese momento estén ejerciendo en la población. Se realizará con una antelación mínima de 24 horas con relación a la hora de comienzo de la sesión.
B) Constitución de la Junta. Las Juntas serán presididas por el Decano o por quien lo sustituya y no podrá constituirse válidamente ni adoptar acuerdos sin la presencia del Decano y del Secretario o de quienes respectivamente los sustituyan. Para la válida constitución de la Junta y la posibilidad de adoptar acuerdos se requiere un quórum de asistencia de la mitad más uno de los jueces que la integran. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes.
C) Documentación y publicación de los acuerdos. De cada sesión de la Junta se extenderá la correspondiente que contendrá la mención de cada uno de los jueces asistentes y de su respectivo órgano jurisdiccional. El Juez que disintiere del acuerdo mayoritario podrá hacer constar su voto discrepante. Las actas serán firmadas por el Secretario con el visto del Decano.
Los acuerdos aprobados por las Juntas se publicarán, cuando haya lugar, mediante inserción en el tablón de edictos del decanato y de aquellos edificios en los que tengan su sede los juzgados de la población de los distintos órdenes jurisdiccionales. Dichos acuerdos se comunicarán al Presidente del TSJ, que dará traslado de ellos al Consejo General del Poder Judicial, para su toma de conocimiento.
[1] Artículo 98: 1. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que en aquellas circunscripciones donde exista más de un Juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo, el conocimiento de determinadas clases de asuntos, o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes que al efecto se constituyan. 2. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional, estén o no en el mismo partido judicial y previa delimitación del ámbito de competencia territorial en este último caso, asuman el conocimiento de determinadas materias o clases de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que se constituyan. En estos casos, el órgano u órganos especializados asumirán la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especialización, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a órganos radicados en distinto partido judicial. No podrá adoptarse este acuerdo para atribuir a los órganos así especializados asuntos que por disposición legal estuviesen atribuidos a otros de diferente clase. Tampoco podrán ser objeto de especialización por esta vía los Juzgados de Instrucción, sin perjuicio de cualesquiera otras medidas de exención de reparto o de refuerzo que fuese necesario adoptar por necesidades del servicio.
[2] Artículo 14 LECRIM: Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados, serán competentes: 1. Para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, el Juez de Instrucción, salvo que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer de conformidad con el número 5 de este artículo. 2. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos que la Ley determine. 3.Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda de diez años, así como por delitos leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, cuando la comisión del delito leve o su prueba estuviesen relacionadas con aquéllos, el Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el Juez de lo Penal correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o el Juez Central de lo Penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del Juez de Instrucción de Guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, del Juez de Violencia sobre la Mujer competente en su caso, en los términos establecidos en el artículo 801, así como de los Juzgados de Instrucción competentes para dictar sentencia en el proceso por aceptación de decreto. 4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos la Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido, o la Audiencia Provincial correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal de Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste. 5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer serán competentes en las siguientes materias, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en esta Ley: a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. d) Del conocimiento y fallo de los juicios por las infracciones tipificadas en el párrafo segundo del apartado 7 del artículo 171, párrafo segundo del apartado 3 del artículo 172 y en el apartado 4 del artículo 173 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado.
[3] Disposición adicional quinta: 1. El recurso de reforma podrá interponerse contra todos los autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 2. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en materia de ejecución de penas serán recurribles en apelación y queja ante el tribunal sentenciador, excepto cuando se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa que no se refiera a la clasificación del penado. En el caso de que el penado se halle cumpliendo varias penas, la competencia para resolver el recurso corresponderá al juzgado o tribunal que haya impuesto la pena privativa de libertad más grave, y en el supuesto de que coincida que varios juzgados o tribunales hubieran impuesto pena de igual gravedad, la competencia corresponderá al que de ellos la hubiera impuesto en último lugar. 3. Las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria en lo referente al régimen penitenciario y demás materias no comprendidas en el apartado anterior serán recurribles en apelación o queja siempre que no se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa. Conocerá de la apelación o de la queja la Audiencia Provincial que corresponda, por estar situado dentro de su demarcación el establecimiento penitenciario. 4. El recurso de queja a que se refieren los apartados anteriores sólo podrá interponerse contra las resoluciones en que se deniegue la admisión de un recurso de apelación. 5. Cuando la resolución objeto del recurso de apelación se refiera a materia de clasificación de penados o concesión de la libertad condicional y pueda dar lugar a la excarcelación del interno, siempre y cuando se trate de condenados por delitos graves, el recurso tendrá efecto suspensivo que impedirá la puesta en libertad del condenado hasta la resolución del recurso o, en su caso, hasta que la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional se haya pronunciado sobre la suspensión. Los recursos de apelación a que se refiere el párrafo anterior se tramitarán con carácter preferente y urgente.6. Cuando quien haya dictado la resolución recurrida sea un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, tanto en materia de ejecución de penas como de régimen penitenciario y demás materias, la competencia para conocer del recurso de apelación y queja, siempre que no se haya dictado resolviendo un recurso de apelación contra resolución administrativa, corresponderá a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 7. Contra el auto por el que se determine el máximo de cumplimiento o se deniegue su fijación, cabrá recurso de casación por infracción de ley ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 8. Contra los autos de las Audiencias Provinciales y, en su caso, de la Audiencia Nacional, resolviendo recursos de apelación, que no sean susceptibles de casación ordinaria, podrán interponer, el Ministerio Fiscal y el letrado del penado, recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el cual se sustanciará conforme a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el recurso de casación ordinario, con las particularidades que de su finalidad se deriven. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación para la unificación de doctrina en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias precedentes a la impugnada. 9. El recurso de apelación a que se refiere esta disposición se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento abreviado. Estarán legitimados para interponerlo el Ministerio Fiscal y el interno o liberado condicional. En el recurso de apelación será necesaria la defensa de letrado y, si no se designa procurador, el abogado tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido. En todo caso, debe quedar garantizado siempre el derecho a la defensa de los internos en sus reclamaciones judiciales. 10. En aquellas Audiencias donde haya más de una sección, mediante las normas de reparto, se atribuirá el conocimiento de los recursos que les correspondan según esta disposición, con carácter exclusivo, a una o dos secciones.
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