Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/Peru10.548a.htm
Timestamp: 2017-10-17 09:37:57
Document Index: 136172016

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 29']

Peru 10.548a - Fondo
46. Las Leyes peruanas de Amnistía Nos. 26479 y 26492 efectivamente atan de manos al Estado en lo que atañe a la iniciación de una investigación de todo caso de desaparición involuntaria u otra violación de los derechos humanos cometida por integrantes de las Fuerzas Armadas o quien sea que la perpetre, durante el período comprendido entre mayo de 1980 y el 14 de junio de 1995. Las leyes de amnistía comprenden a todos los oficiales militares y policiales y todos los funcionarios civiles, independientemente de que hayan sido acusados, indagados, juzgados, procesados o condenados ante un tribunal común o especial por delitos comunes o militares, por un hecho originado en la lucha contra el terrorismo o que sea consecuencia de la misma, que pueda haber sido cometido individual o colectivamente durante este período.[2] La amnistía, por su naturaleza, elimina el elemento delictivo del acto cometido y se considera que la sanción, si la persona ha sido condenada o ha cumplido una sentencia, nunca se hizo efectiva.[3]
48. Las leyes de amnistía frustran y contravienen la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de los derechos humanos, sean los responsables integrantes del ejército o civiles. La expectativa de una eventual amnistía otorga un manto de impunidad a las Fuerzas Armadas y a todo no militar infractor, lo que les permite cometer cualquier atrocidad en nombre de su causa, y ese clima alienta los excesos inevitables y el desprecio por la ley.[4] Una amnistía en un país de la región que ha terminado su conflicto civil, alienta la expectativa de una amnistía en un segundo, aunque éste se encuentre todavía en medio de un conflicto interno. Una política de impunidad, consagrada en leyes de amnistía, eventualmente determina una pérdida de prestigio y de profesionalismo de los militares a los ojos del resto de la población.
56. El Estado peruano ha demostrado falta de interés por desarrollar una investigación eficiente y adecuada, que castigue e identifique a los responsables de la muerte del periodista Hugo Bustíos y las lesiones causadas a Eduardo Rojas. Esta circunstancia coincide con una pauta de ineficacia de los recursos legales, que la Comisión ha detectado en Perú, en la época en que ocurrieron los hechos denunciados y con posterioridad a éstos.[5]
58. La Comisión nota que el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 contiene reglas mínimas que gobiernan la conducta de hostilidades, las que son igualmente obligatorias tanto para las fuerzas armadas estatales como para los grupos armados disidentes en todo conflicto armado interno, incluido el de Perú.[6]
59. La Comisión desea enfatizar que durante dichos conflictos, las normas no derogables de la Convención Americana siguen siendo aplicables simultáneamente con lo dispuesto en el artículo 3 común.[7] Específicamente, ambos, artículo 4 de la Convención Americana y artículo 3 común prohíben, inter alia, privaciones de vida arbitrarias.[8]
La libertad de expresión es universal y encierra en concepto la facultad jurídica que asiste a toda persona, individual o colectivamente considerada, para expresar, transmitir y difundir su pensamiento, paralela y correlativamente; la libertad de informarse también es universal y entraña el derecho colectivo de las personas a recibir la información sin interferencias que la distorsionen.[9]
(33.) Las dos dimensiones mencionadas (supra 30) de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente. (...).[10]
Dentro de este contexto el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento...[11]
72. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de igual modo se ha referido en numerosas oportunidades al ejercicio de estas libertades, considerando como parte de su doctrina que la carencia de libertad de expresión es una causa que "contribuye al irrespeto de los otros derechos humanos".[12]
78. El artículo 25.1 incorpora el principio reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos. No es suficiente que el ordenamiento jurídico del Estado reconozca formalmente el recurso en cuestión, sino que es necesario que desarrolle las posibilidades de un recurso efectivo y que éste sea substanciado conforme a las reglas del debido proceso legal.[13]
80. Estas características de ineficacia que presentan en el caso los recursos de la jurisdicción interna, no sólo justifican la afirmación de que los peticionarios no están obligados a interponer y agotar tales recursos, sino que también nos lleva a concluir que el Estado peruano ha violado los derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales, reconocidos en el artículo 25 de la Convención Americana.[14]
83. En orden de determinar qué formas de ejercer el poder público violan la obligación del artículo 1.1 de respetar los derechos, la Corte Interamericana ha sostenido que: "...es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los limites de su competencia o en violación del derecho interno". Asimismo que "...es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial".[15]
85. La segunda obligación emanada del artículo 1.1 es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención. "Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención".[16]
[2] Véase, CIDH, INFORME ANUAL- 1996, pp. 739-741.
[3] Véase, STUDY ON AMNESTY LAWS, Informe del Sr. Louis Joinet, Relator Especial de la Sub Comisión sobre la prevención de la discriminación y protección de las minorías, E/CN.4/Sub.2/1985/16/Rev.1 (21 de junio de 1985).
[4] Paradigmática de esta posición es la declaración del general chileno Augusto Pinochet, en octubre de 1989, dos meses antes de las primeras elecciones libres en Chile: "El día que toquen a uno de mis hombres, se termina el imperio de la ley. Esto lo digo una vez y no lo volveré a repetir". Véase, Tina Rosenberg, "Overcoming the Legacies of Dictatorship," FOREIGN AFFAIRS, Volumen 74, No. 3, pág. 134.
[5] Véase, CIDH, INFORME ANUAL 1993-4.
[6] Perú ratificó las Convenciones de Ginebra de 1949 el 15 de febrero de 1959. El artículo 3 común establece: "En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y los suplicios".
[7] El artículo 29 de la Convención Americana expresa que ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de "limitar o excluir el efecto" de otros actos internacionales de la misma naturaleza, ya sea como normas consuetudinarias de derecho internacional y principios generales de derecho internacional. Consecuentemente, la Comisión es competente para aplicar directamente normas de derecho internacional humanitario, o informar sobre sus interpretaciones de las disposiciones de la Convención por referencia a dichas normas.
[8] La Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 2444, "Respeto por los Derechos Humanos en Conflictos Armados", adoptada unánimemente el 19 de diciembre de 1969, reconoció expresamente el principio consuetudinario de la inmunidad civil y su principio complementario que requiere a las partes combatientes distinguir siempre entre civiles y otros combatientes.
[9] CIDH, INFORME ANUAL 1980‑1981, OEA/Ser.L/V/II, 54,doc.9, pág. 122.
[10] Corte I.D.H., La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrs. 30-33.
[11] Ibid. párrs. 70-71.
[12] CIDH, DIEZ AÑOS DE ACTIVIDADES 1971‑1981, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1982, pág. 326.
[13] Corte I.D.H., Casos Velásquez Rodríguez, Fairen Garbi y Solís Corrales, y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares del 26 de junio de 1987, párrafos 90, 91 y 92 respectivamente.
[15] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4 párrs. 170 y 172.
[16] Ibid., párr. 166.