Source: https://www.juancandelario.com/proceso-constituyente/proceso-constituyente-recurso-nulidad-intentado-por-accion-democratica/
Timestamp: 2020-07-13 18:52:33
Document Index: 6198153

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 50', 'Artículo 3', 'Artículo 246', 'artículo 20', 'artículo 118', 'artículo 162', 'artículo 250', 'artículo 181', 'artículo 250']

Proceso Constituyente. Recurso nulidad intentado por Acción Democrática | Juan Candelario
«Artículo 1°: La realización de un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Artículo 3″: El instrumento de votación contendrá las siguientes preguntas que serán contestadas con un «si» o un «no».
En la Exposición de Motivos del Decreto en referencia, el Presidente de la República y los Ministros que lo refrendan afirman que a pesar de que «el sistema político venezolano está en crisis» y que las instituciones han sufrido un acelerado proceso de deslegitimación», los beneficiarios del régimen, caracterizado por la exclusión de las grandes mayorías, han bloqueado, en forma permanente, los cambios exigidos por el pueblo»; que «como consecuencia de esta conducta se han desatado las fuerzas populares que sólo encuentran su cauce democrático a través de la convocatoria del Poder Constituyente Originario; y que la consolidación del Estado de Derecho exige una base jurídica que permita la práctica de una Democracia Social y Participativa».
.- Que la Corte Suprema de Justicia, en sus dos decisiones del 19 de enero de 1999, ha establecido que para realizar el cambio que el país exige, es el Poder Constituyente, como poder soberano previo y total, el que puede, en todo momento, modificar y transformar el ordenamiento constitucional, de acuerdo con el principio de la soberanía popular consagrado en el artículo 4 de la Carta Fundamental»;
.- Que «el referendo previsto en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, es un mecanismo democrático a través del cual se manifiesta el poder originario del pueblo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y un derecho inherente a la persona humana no enumerado, cuyo ejercicio se fundamenta en el artículo 50 del Texto Fundamental y que ese derecho de participación, se aplica no sólo durante elecciones periódicas y de manera permanente a través del funcionamiento de las instituciones representativas, sino también en momentos de transformación institucional que marcan la vida de la Nación y la historia de la sociedad;
.- Que la Asamblea Nacional Constituyente se hace necesaria para legitimar la adecuación del marco institucional y transformar el Estado, en base a la primacía del ciudadano; y»
.- Que «el Gobierno Nacional debe acometer el proceso de cambios a través de un mecanismo que implique la participación directa del ciudadano y armonizar criterios que permitan la aprobación de una Constitución que satisfaga las expectativas del pueblo y cumpla los requerimientos técnicos del Derecho Constitucional Democrático».
En tal sentido, nos dice este autor que en una primera acepción, «llámase referéndum al acto por el cual el pueblo o el cuerpo electoral en un sistema democrático con régimen de gobierno semidirecto opina sobre, aprueba o rechaza, una decisión de los representantes constitucionales o legales», o el «sistema por el cual el pueblo PARTICIPA de la actividad constitucional, leffislativa o administrativa, COLABORANDO DIRECTAMENTE, por medio de/ sufragio, en la FORMULACIÓN o reforma de la norma constitucional o legislativa, o en la FORMACIÓN de un acto administrativo».2
Agrega que el referendo es la «función del sufragio por virtud de la cual éste interviene en la ADOPCIÓN DEFINITIVA de las leyes, ejercitando como una especie de prerrogativa de veto y sanción, análoga en su alcance a la que es corriente atribuir a los monarcas constitucionales», y precisa que «Por el referéndum interviene el pueblo EN FORMA DIRECTA en el régimen político estatal; participa de cierta manera, en la SANCIÓN de las leyes y DECIDE EN ÚLTIMA INSTANCIA las resoluciones que le afectan en forma directa». 3
«… Para el autor italiano PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, el referendo «se concreta en una manifestación del cuerpo electoral respecto a un ACTO NORMATIVO’
Por su parte, Bobbio y Matteucci, conciben el referendo como «una votación popular que se díferencía de/ PLESBICITO por una mayor regularidad, y por tanto, por ser objeto de DISCIPLINA CONSTITUCIONAL.
Domínguez Nassar expresa que el referendo «viene a ser una consulta de tipo popular por la cual el pueblo opina sobre un PROYECTO DE LEY, o una LEY YA APROBADA POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL ESTADO con el objeto de cumplir un requisito sin el cual NO PUEDE SOMETERSE A CONSIDERACIÓN o NO PUEDE ENTRAR EN VIGENCIA». Antokoletz lo concibe como «una consulta dirigida al pueblo para que DECIDA la conveniencia de adoptar o no una DETERMINADA DISPOSICIÓN constitucional o legal‘.
López Núñez concibe al referendo, al referirse a sus efectos como «UN LIMITANTE DE ESA (sic) LIBERTAD EJECUTORIA DEL GOBERNANTE …4
«… Una definición antigua de plesbicito es la inserta en las Instituciones de Justiniano: «Plesbicitum est quo plebs, plebio magistratu interrogante, veluti tribuno, constituebat (Plesbicito es lo que, interrogado por uno de sus magistrados, cual tribuno, establecía la plebe).
Para Paolo Biscaretti Di Ruffia, a pesar que la doctrina y la legislación frecuentemente usan, indistintamente, los términos de referendo y plesbicito, «este último (siempre caracterizado por una nota de excepcionalidad y decarácter extraordinario, que ha excluido hasta ahora cualquier regulación suya uniforme, de orden tanto interno como internacional) debería más precisamente referirse a una MANIFESTACIÓN DEL CUERPO ELECTORAL NO ACTUADA CON RELACIÓN A UN ACTO NORMATIVO O ADMINISTRATIVO (COMO EL REFERENDO), SINO MÁS BIEN RESPECTO A UN SIMPLE HECHO O SUCESO, concerniente a la estructura general del Estado o de su Gobierno (por ejemplo, una adjudicación de un territorio, el mantenimiento o la mutación de una forma de gobierno, la designación de una determinada persona en un oficio particular, etc.)»
Por su parte Loewenstein señala que «en el lenguaje corriente, el concepto ‘plesbicito’ se usa para una variedad de actos de participación del pueblo en el proceso del poder y, algunas veces, hasta como sinónimo de elecciones. Sin embargo, aunque esta expresión ha sido -generalmente usada para designar las votacíones sobre la «forma del Estado», debería quedar RESERVADA A VOTACIONES SOBRE CUESTIONES NO CONSTITUCIONALES O NO LEGISLATIVAS’.
Guillermo Cabanellas expresa que en el Derecho Político Moderno, el plesbicito es la «consulta que se hace al pueblo acerca de una medida fundamental o sobre su voluntad de independencia o anexión. También demostración organizada por los poderes dictatoriales para probar o aparentar, a falta de elecciones, que el Pueblo apoya su política o la persona de su caudillo».
Tambaro opina que el plesbicito puede dirigirse a las siguientes finalidades: «adhesión a una determinada forma de gobierno; designación de la dinastía o de la persona que independientemente de su sucesor haya de regirle; decisión sobre la cesión o la incorporación a otro pueblo de todo o parte del territorio que ocupa».
«… La Sala hace constar dentro del presente análisis interpretativo, que el mismo versa sobre la convocatoria a REFERÉNDUM, NO A CONSULTA PLESBICITARIA. En realidad, si bien ambas figuras tienden a confundirse teóricamente, mientras EL REFERÉNDUM SE REFIERE A UN TEXTO O PROYECTO, EL PLESBICITO TIENDE A RATIFICAR LA CONFIANZA EN UN HOMBRE O GOBERNANTE…«.6
«… Se desprende así del texto aludido, la consagración jurídica de la figura del referéndum consultivo COMO MECANISMO LLAMADO A CANALIZAR LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS NACIONALES. De allí que la regla se dirija fundamentalmente a establecer las distintas modalidades para la iniciativa en la convocatoria a la consulta popular…7
«Artículo 3.- El gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, «REPRESENTATIVO», responsable Y alternativo. (El resaltado, subrayado, cursivas y mayúsculas incluidas en la transcripción, corresponden a los autores del presente escrito.)
«Artículo 246.- Esta Constitución también podrá ser objeto de reforma general, en conformidad con el siguiente procedimiento:
Cuarto.- EL PROYECTOaprobado SE SOMETERÁ A REFERENDUM en la oportunidad que fijen las Cámaras en sesión conjunta para que el pueblo se pronuncie a favor o en contra DE LA REFORMA. El escrutinio se llevará a conocimiento de las Cámaras en sesión conjunta, las cuales declararán sancionada la NUEVA CONSTITUCIÓN, si fuere APROBADA POR LA MAYORÍA de los sufragantes de toda la República» (El resaltado, subrayado, cursivas y mayúsculas incluidas en la transcripción, corresponden a los autores del presente escrito).
.- Lejos de buscar la participación efectiva del pueblo, como Poder originario y soberano, ¿no constituye esa Segunda pregunta del artículo 20 del Decreto la más categórica petición a ese mismo pueblo, para que ratifique la confianza que pudo haberle expresado al Presidente en las urnas el 6 de diciembre de 1998, pero esta vez para establecer las reglas que regirán el funcionamiento de una Asamblea que, en los términos del propio Decreto, tiene como propósito nada más y nada menos que «transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico»?;
Aun cuando el resultado de la decisión popular adquiere vigencia inmediata, su eficacia sólo procederá cuando, MEDIANTE LOS MECANISMOS LEGALES ESTABLECIDOS, se dé cumplimiento a la MODIFICACIÓN JURÍDICA APROBADA. Todo ello, SIGUIENDO PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS PREVISTOS EN EL ORDEN JURÍDICO VIGENTE, A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO COMPETENTES EN CADA CASO…» (El subrayado, resaltado, cursivas y mayúsculas, corresponden a los autores del presente escrito).
.- Ahora bien, sin desconocer el principio de colaboración que para el ejercicio de las funciones del Estado contempla el artículo 118 de la Constitución, conviene recordar que dicha norma inicia su texto señalando claramente que «cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias», mientras que los artículos 138 y 139 ejusdem, se encargan de precisar que corresponde al Congreso de la República, como órgano del Poder Público con función legislativa, legislar sobre las materias de la competencia del Poder Nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Público, lo cual debe hacer mediante leyes formales, de conformidad con lo establecido por el artículo 162 ejusdem.
«…es al pueblo a quien corresponderá siempre, como titular del Poder Constituyente, realizar y aprobar cualquier modificación de la Constitución …»
«… para realizar el cambio que el país exige, es el Poder Constituyente, como poder soberano previo y total, el que puede, en todo momento, modificar y transformar el ordenamiento constitucional. Pero ello no podrá hacerse sino en el ejercicio de sus atribuciones soberanas, operando como titular de la soberanía. A la inversa el poder de revisión, o Poder Constituido, en la medida en que aparece reglado y ordenado en la Constitución, se convierte en un poder limitado ……
«… De allí que el titular del poder (soberanía) tiene implícitamente la facultad de hacerla valer SOBRE ASPECTOS PARA LOS CUALES NO HAYA EFECTUADO SU DELEGACIÓN ( … ) no puede negarse la posibilidad de tal manifestación si se estima que ella, por reconocimiento constitucional, radica en el ciudadano y sólocuando la misma se destina a la realización de funciones del Estado, específicamente consagradas en el texto fundamental (funciones públicas), se ejerce a través de los delegatarios. De allí que, la posibilidad de delegar la soberanía mediante el sufragio en los representantes populares, no constituye un impedimento para su ejercicio directo en las materias en las cuales no existe previsión expresa de la norma sobre el ejercicio de la soberanía a través de representantes…». (El subrayado, resaltado, cursivas y mayúsculas incluidas en la transcripción, corresponden a los autores del presente escrito).
«… Pareciera ocioso indicar que la idea de soberanía deja de tener sentido cuando se considera que Poder Constituyente y Poder Constituido se identifican y que el Poder Constituyente es creado por la Constitución, en lugar de considerarse a la Constitución como obra del Poder Constituyente …»
«… Cuando se trata del gobierno ordinario, en cualquiera de las tres ramas en que se distribuye su funcionamiento, estamos en presencia del Poder Constituido. En cambio, lo que organiza, limita y regula normativamente la acción de los poderes constituidos es función del Poder Constituyente. Este no debe confundirse con la competencia establecida por la Constitución para la reforma de alguna de sus cláusulas. La competencia de cambiar preceptos no esenciales de la Constitución, conforme a lo previsto en su mismo texto, es Poder Constituyente Instituido o Constituido, y aun cuando tenga carácter extraoficial, está limitado y regulado, a diferencia del Poder Constituyente Originario, que es previo y superior al régimen jurídico establecido . «
‘… Así, cuando los artículos 245 al 249 de la Constitución consagran los mecanismos de enmienda y reforma general, está regulando los procedimientos conforme a los cuales el Congreso de la República puede modificar la Constitución. Y es por tanto, a ese Poder Constituido y no al Poder Constituyente, que se dirige la previsión de inviolabilidad contemplada en el artículo 250 ejusdem …»
«… Sin embargo, en ningún caso podría considerarse al Poder Constituyente originario incluido en esa disposición, que lo haría nugatorio, por no estar expresamente previsto como medio de cambio constitucional Es inmanente a su naturaleza de poder soberano, ilimitado y principalmente originario, el no estar regulado por las normas jurídicas que hayan podido derivar de los poderes constituidos, aún cuando estos ejerzan de manera extraordinaria la función constituyente …» (El resaltado, subrayado y cursivas, corresponden a los autores del presente escrito).
.- En primer lugar, entendemos que lo que se proscribe en el fallo del 19 de enero de 1999, es postular la necesidad de introducir una reforma puntual y previa de la Constitución, como único mecanismo de poder convocar siquiera a la voluntad popular, vía referéndum y con fundamento en el artículo 181 de la LOSPP, a fin de que manifieste si desea o no asumir un proceso de este tipo. Esto encuentra especial reflejo en dos concretos pasajes de la sentencia, tanto al afirmar la sala que «el resultado de la decisión popular adquiere vigencia inmediata», como al señalar que someter el Poder Constituyente Originario al límite previsto en el artículo 250 de la Constitución, por considerar que «no esta expresamente previsto como medio de cambio constitucional’, implicaría «hacerlo nugatorio».
.- Pero convocada la Asamblea por manifestación popular, vía referéndum, la decisión del soberano sólo contará con eficacia cuando, «mediante los mecanismos legales establecidos, se dé cumplimiento a la modificación jurídica aprobada (…) siguiendo los procedimientos ordinarios previstos en el orden jurídico vigente (arts. 113, 118, 136-240, 138, 139 y 162 de la Constitución), a través de los órganos de/ poder público competentes en cada caso», vale decir, mediante la sanción de una Ley por el Congreso, que fije las bases del proceso comicial en el cual han de ser elegidos los integrantes de la Asamblea.
4. Idem, pág. 40. Las citas que hace el autor corresponden a los trabajos de Biscarett1 Di Ruffia, Paolo: Derecho Constitucional, Traducción a la Tercera edición italiana, a cargo de Pablo Lucas Verdú, Tecnos, Madrid, 1987, pág. 423; Bobbio y Matteucci, citados en «¿Qué es un referendum?», Diario «Reporte», Caracas, jueves 23 de abril de 1992, pág. 14; Domínguez Nassar, Jorge: El Estado y sus instituciones, Repromul, Valencia, 1979, pág. 275, de quien toma la cita de Antokoletz; y finalmente, López Núñez, A.: «La democracia refrendaria», en el Diario de Caracas, edición correspondiente al día 27 de octubre de 1992, pág. 33. El resaltado, subrayado, cursivas y mayúsculas incluidas en la transcripción, corresponden a los autores del presente escrito.
8. A este respecto, señala expresamente el fallo del 19 de enero de 1999 lo siguiente: «… Es principio generalmente admitido por la Ciencia Constitucional, que el Preámbulo del Texto Fundamental forma parte del mismo. Los preceptos contenidos en él, obligan tanto como los que están inscritos en su articulado ( … ) En el Preámbulo de la Constitución vigente se señala como propósito fundamental de la nación venezolana: «Sustentar el ORDEN DEMOCRÁTICO como ÚNICO E IRRENUNCIABLE medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la tierra». La Sala estima la expresión contenida en el Preámbulo como algo que debe ser, lo cual acrecienta la posibilidad de que la acción se oriente por aquél en grado considerable. Se trata, como diría Max Weber, de una legitimidad legal raciona. El Preámbulo, conforme a lo expuesto por Bidart Campos: «… nos proporciona base para que la ideología de la Constitución no consiente desffigurar. alterar o suprimir nada de lo que da fisionomía y estilo a nuestra convivencia …» En cuanto a la referencia a Bidart Campos, remite la Sala a la obra de éste autor: Manual de Derecho Constitucional Argentino, Buenos Aires, 1975, pág. 36. El resaltado, subrayado, cursivas y mayúsculas incluidas en la transcripción, corresponden a los autores del presente escrito.
9. Ver, en tal sentido, Sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia el 21 de noviembre de 1988 (Caso: Jorge Olavarría): «En Venezuela, a falta de una disposición expresa al respecto en el Texto Fundamental, ha sentado este Alto Tribunal, como nota identificadora de esta especie jurídica, auquellos actos que, en ejecución directa e inmediata de la Constitución, son de índole eminentemente política». Ver, asimismo, Sentencia dictada por la misma Sala el 11 de marzo de 1993: «Dentro de este contexto, concuerdan autores y jurisprudencia nacional y extranjera en mantener dentro de esa clasificación, entre ortos, el indulto, los actos relativos a la conducción de las relaciones entre el Gobierno y países extranjeros, la declaratoria de emergencia y precisamente, el acto que en concreto interesa analizar a los fines de este fallo: la suspensión de las garantías constitucionales».
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