Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-medidas-vivienda-protegida-suelo-71641731
Timestamp: 2019-06-26 08:24:12
Document Index: 32850294

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 42', 'artículo 28', 'artículo 31', 'artículo 47', 'artículo 13', 'artículo 33', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 3', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 12', 'Artículo 3', 'Artículo 13', 'ARTÍCULO 4', 'Artículo 4', 'Artículo 11', 'ARTÍCULO 5', 'Artículo 5', 'Artículo 9', 'ARTÍCULO 6', 'Artículo 6', 'Artículo 16', 'Artículo 6', 'Artículo 20', 'ARTÍCULO 7', 'Artículo 7', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 8', 'Artículo 8', 'Artículo 4', 'ARTÍCULO 9', 'Artículo 9', 'Artículo 15', 'ARTÍCULO 10', 'Artículo 10', 'ARTÍCULO 11', 'Artículo 11', 'ARTÍCULO 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'in fine', 'Artículo 12', 'Artículo 3', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 5', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 10', 'Artículo 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 160', 'ARTÍCULO 24', 'artículo 73', 'ARTÍCULO 73', 'ARTÍCULO 25', 'Artículo 66', 'ARTÍCULO 26', 'artículo 89', 'Artículo 89', 'artículo 108', 'artículo 96', 'artículo 108', 'ARTÍCULO 108', 'artículo 109', 'ARTÍCULO 109', 'artículo 116', 'ARTÍCULO 116', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 188', 'ARTÍCULO 188', 'ARTÍCULO 29', 'artículo 10', 'artículo 23']

Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo de Andalucía (Ley 13/2005, de 11 de noviembre) - Normativa de Andalucía - Legislación - VLEX 71641731
Publicado en: BOJA de 21 de Noviembre 2005
CAPÍTULO UNICO. Disposición general - art. 1
CAPÍTULO I. Régimen jurídico - arts. 2 a 10
CAPÍTULO II. Derechos y prerrogativas de la administración - arts. 11 a 16
SECCIÓN I. Disposición general - art. 17
SECCIÓN II. Infracciones - arts. 18 a 20
SECCIÓN III. Sanciones - arts. 21 y 22
TÍTULO II. Medidas en materia de suelo - arts. 23 a 29
PRIMERA. Titularidad del Patrimonio Autonómico de Suelo
SEGUNDA. Viviendas de protección oficial de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre
TERCERA. Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007
CUARTA. Creación del Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda
QUINTA. Juntas Arbitrales de Vivienda
SEXTA. Plazo de resolución y notificación de los procedimientos sancionadores en materia de vivienda protegida
SÉPTIMA. Deber de comunicación de las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gestión de activos relativa a viviendas protegidas
OCTAVA. Realización de funciones inspectoras en materia de vivienda protegida
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Aplicación del artículo 10.1.A.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre
PRIMERA. Modificación de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
SEGUNDA. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía
TERCERA. Actualización de las sanciones en materia de vivienda protegida
Norma citada en: 218 sentencias, 29 artículos doctrinales, 43 disposiciones normativas, 8 temas prácticos, 7 formularios, 20 resoluciones administrativas, 17 noticias
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente «LEY DE MEDIDAS PARA LA VIVIENDA PROTEGIDA Y EL SUELO
Otro aspecto importante del conjunto de medidas consideradas en la Ley viene referido a la facultad de disponer de la vivienda protegida, con dos intervenciones importantes.
De una parte, se establece el derecho de adquisición preferente de la Comunidad Autónoma sobre las viviendas protegidas de promoción privada, incluso aquéllas que, tras el correspondiente procedimiento de adjudicación, queden vacantes.
De otra parte, las segundas o posteriores ventas estarán sujetas al derecho de tanteo y retracto por la Comunidad Autónoma.
El Título I de la presente Ley, bajo la rúbrica de "Viviendas protegidas", consta de veintidós artículos distribuidos en tres capítulos.
El Título II de la presente Ley, bajo la rúbrica "Medidas en materia de suelo", consta de siete artículos, en cada uno de los cuales figuran los aspectos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que son completados o modificados para la consecución de los objetivos establecidos.
Por último, para reforzar la seguridad jurídica de los agentes públicos y privados se establece que necesariamente sean el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de Sectorización los que recojan los coeficientes correctores, al objeto de com pensar a quienes tengan la propiedad de suelos destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
En el artículo 27, mediante la incorporación de una nueva disposición adicional a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y la modificación de su artículo 42, se aclara el concepto "uso turístico" y se delimita claramente de los usos residenciales. Se garantiza con ello que la ciudadanía cuente con infraestructuras, dotaciones y servicios adecuados y proporcionados al efectivo uso que se hace del suelo.
Asimismo, hay que destacar en este artículo 28 el nuevo apartado 4 que se introduce en el artículo 31 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. En él se posibilita que, ante el grave incumplimiento por parte de algún municipio en el ejercicio de competencias urbanísticas, se atribuya el ejercicio de las competencias de planeamiento a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, siempre que dicho grave incumplimiento afecte de forma manifiesta las competencias de la Comunidad Autónoma sobre estas materias. Este grave incumplimiento supone la desaparición de la función pública del urbanismo, con vulneración del mandato constitucional exigido por el artículo 47 de la Constitución Española y generando incluso alarma social, y situaciones excepcionales que pudieran ser calificadas como "de descontrol urbanístico". Así, dichas situaciones afectan tanto a intereses urbanísticos supramunicipales (a la ordenación proyectada en los terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, a parques, jardines, espacios libres o demás reservas para dotaciones...), como a la ordenación territorial que para esos ámbitos municipales se pretenda establecer por la Administración autonómica, en el ejercicio de las competencias que se atribuyen en el artículo 13.8 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Dicha asunción de competencias deberá ser acordada por el Consejo de Gobierno, previa apreciación del mismo por el Parlamento de Andalucía mediante informe favorable.
En este sentido se modifica la letra
del artículo 33 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, en el que se determina el objeto de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y, con objeto de establecer mecanismos de conexión entre la legislación urbanística y la legislación que regula la implantación de grandes establecimientos comerciales, se modifican algunos aspectos de los artículos 36 y 37 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía. Se consigue con ello que en el proceso de la autorización para la implantación de un gran establecimiento comercial, las Administraciones públicas com petentes conozcan no sólo la incidencia territorial de la localización, sino la aptitud urbanística de los terrenos en los que se pretende dicha ubicación. Así mismo, para mejorar los mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones y organismos, se incorpora una disposición adicional a la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, por la que se hace participar a los órganos competentes en materia de comercio en la tramitación del planeamiento, de forma que puedan manifestarse sobre la localización que el Plan General prevé para los grandes establecimientos comerciales.
CAPÍTULO UNICO Disposición general Artículo 1
TÍTULO I Viviendas protegidas Artículos 2 a 22
CAPÍTULO I Régimen jurídico Artículos 2 a 10
Se entiende por vivienda protegida, a efectos de la presente Ley, la que cumpla las condiciones de uso, destino, calidad, precio de venta o alquiler y, en su caso, superficie y diseño, establecidas en esta Ley y en las demás disposiciones que resulten de aplicación y sean calificadas como tales por la Consejería competente en materia de vivienda.
También tendrán esta consideración los alojamientos que, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente, sean calificados como protegidos por la Consejería competente en materia de vivienda, que se integren en conjuntos que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva, en los términos en que se establezca.
La cesión de estas viviendas, que pueden vincularse con dotaciones y servicios comunes, podrá realizarse de manera independiente entre ellas.
Artículo 2 desarrollado por Artículo 2 de Anexo I del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
ARTÍCULO 3 Sujetos destinatarios de las viviendas protegidas.
Las viviendas protegidas se destinarán a familias con recursos económicos limitados que reúnan los requisitos que, tanto para la composición de la unidad familiar como para la cuantía y determinación de los ingresos familiares, se establezcan en los diferentes programas que integran los planes de vivienda y suelo.
En los citados programas se atenderán de manera especial las necesidades habitacionales de los grupos sociales con especiales dificultades para el acceso a la vivienda, como, entre otros, jóvenes, mayores, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, familias monoparentales, los procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares, víctimas de la violencia de género y emigrantes retornados.
La selección de las personas a las que van destinadas las viviendas protegidas se realizará respetando los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, de acuerdo con las normas de desarrollo de la presente Ley.
Se exceptúan de la exigencia del apartado anterior las promociones en las que por su naturaleza no pueda existir concurrencia, como aquellas adjudicaciones que se deriven de programas específicos de integración social, en los términos que se determinen reglamentariamente.
Artículo 3 desarrollado por Artículo 5 de Anexo I del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
Artículo 3 desarrollado por Artículo 12 de Anexo I del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
Artículo 3 desarrollado por Artículo 13 de Anexo I del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
ARTÍCULO 4 Destino y titularidad.
Las viviendas protegidas se destinarán a residencia habitual y permanente.
No podrán adquirir o promover para uso propio una vivienda protegida quienes sean titulares del pleno dominio de alguna otra vivienda protegida o libre o estén en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio.
No obstante, por razones de movilidad laboral y con el fin de atender situaciones transitorias, podrán establecerse reglamentariamente excepciones a lo dispuesto en el apartado anterior.
Artículo 4 desarrollado por Artículo 11 de Anexo I del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
ARTÍCULO 5 Duración del régimen de protección.
El plazo de duración del régimen legal de las viviendas, sean para venta, uso propio o arrendamiento, se determinará para cada programa en el correspondiente plan de vivienda y suelo, o, en todo caso, por Acuerdo del Consejo de Gobierno.
Artículo 5 desarrollado por Artículo 9 de Anexo I del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
ARTÍCULO 6 Precio máximo de venta o alquiler de la vivienda protegida.
Durante el período legal de protección, cualquier acto de disposición, arrendamiento o adquisición de las viviendas protegidas estará sujeto a un precio o renta máximos que serán fijados para cada ámbito territorial en los correspondientes planes de vivienda y suelo.
Queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer a quien compre o sea arrendatario de una vivienda protegida, sin que pueda justificarse la misma por mejoras u obras complementarias al proyecto aprobado.
Artículo 6 desarrollado por Artículo 16 de Anexo I del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
Artículo 6 desarrollado por Artículo 20 de Anexo I del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
ARTÍCULO 7 Valor del suelo destinado a vivienda protegida.
El valor de los terrenos destinados a la construcción de viviendas protegidas, sumado el coste de las obras de urbanización necesarias, no podrá exceder del quince por ciento del importe que resulte de multiplicar el precio máximo de venta del metro cuadrado por la superficie de las referidas viviendas, en la forma y con las determinaciones que se establezcan reglamentariamente.
Queda prohibida la percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer por la adquisición de suelos destinados a la construcción de viviendas protegidas, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.
Artículo 7 desarrollado por Artículo 2.2 del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
ARTÍCULO 8 Condición resolutoria.
Artículo 8 desarrollado por Artículo 4 del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
ARTÍCULO 9 Acceso registral de las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer.
Artículo 9 desarrollado por Artículo 15 de Anexo I del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
ARTÍCULO 10 Obligación de las personas promotoras, de las compañías suministradoras de servicios y de las entidades de crédito.
Las personas públicas o privadas promotoras de viviendas protegidas están obligadas a comunicar al Ayuntamiento, al solicitar la correspondiente licencia de ocupación, el carácter de viviendas protegidas de la promoción.
Las compañías suministradoras de los servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones deberán comunicar a la Consejería competente en materia de vivienda los cambios de titularidad que se realicen en los contratos para el suministro de tales servicios en las viviendas protegidas.
Las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, deberán comunicar la adquisición, por cualquier título, de viviendas protegidas, a la Consejería competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes desde la misma, con indicación de su ubicación, precio, fecha de adquisición y situación administrativa; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica estatal.
El deber de información regulado en los apartados anteriores deberá realizarse de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de protección de datos.
Artículo 10, modificado por el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, refrendado por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
CAPÍTULO II Derechos y prerrogativas de la administración Artículos 11 a 16
ARTÍCULO 11 Derecho de adquisición preferente.
Artículo 11 desarrollado por Capartado I de Título III de Anexo I del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
ARTÍCULO 12 Derechos de tanteo y retracto.
Los compradores de viviendas protegidas no podrán transmitirlas «inter vivos» ni ceder su uso por ningún título, durante el plazo mínimo de diez años desde la fecha de formalización de la adquisición.
En el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, sus titulares podrán designar a quién se adjudica la vivienda protegida, que se subrogará en la posición de aquéllos.
Artículo 12 desarrollado por la Instrucción de 29 diciembre 2005, publicada en el BO Junta de Andalucía del 10 de Enero de 2006.
Artículo 12 desarrollado por la Orden de 20 enero 2006, publicada en el BO Junta de Andalucía del 25 de Enero de 2006.
Artículo 12 desarrollado por Capartado II de Título III de Anexo I del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
Artículo 12 desarrollado por Disposición transitoria 1 del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
Artículo 12 apartado 1 "in fine" adicionado por Disposición adicional 3 de la Ley 13/2007, de 26 noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género 2007, publicada en el BO Junta de Andalucía del 18 de Diciembre de 2007.
Artículo 12 apartado 1 párrafo 2º modificado por Artículo 3 de la Ley 1/2006, de 16 mayo, publicada en el BO Junta de Andalucía del 24 de Mayo de 2006.
Artículo citado en: 9 sentencias, 12 disposiciones normativas, un formulario, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 13 Elevación a escritura pública, inscripción en el Registro de la Propiedad y otras garantías.
Las Notarias y los Notarios, para elevar a escritura pública la transmisión de la titularidad o, en su caso, de los derechos reales de uso y disfrute vitalicio de viviendas protegidas sujetas a los derechos de tanteo y retracto, exigirán que se acrediten por las respectivas personas transmitentes y adquirentes las comunicaciones al órgano competente respecto de la oferta de venta con los requisitos señalados en el apartado 2 del artículo 12, así como el vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del derecho de tanteo, circunstancias que deberán testimoniarse en las correspondientes escrituras.
Artículo 13 desarrollado por Artículo 5 del Decreto 149/2006, de 25 julio, Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía 2006, publicado en el BO Junta de Andalucía del 8 de Agosto de 2006.
Artículo citado en: 4 sentencias, un artículo doctrinal, 8 disposiciones normativas, un tema práctico, 2 formularios, 3 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 14 Expropiación de viviendas protegidas.
Con independencia de las sanciones que procedan, existirá causa de utilidad pública o interés social, a efectos de la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas protegidas, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
El justiprecio de la vivienda será determinado por la Consejería competente en materia de vivienda en base al precio en que fue adquirida, del cual se descontarán las cantidades aplazadas no satisfechas por quienes fueron adjudicatarios/as, con los intereses devengados, en su caso, así como las subvenciones y demás cantidades entregadas a la persona adquirente como ayudas económicas directas. La cifra resultante se corregirá teniendo en cuenta los criterios de valoración para las segundas transmisiones de viviendas protegidas previstos en sus normas específicas.
Podrá ser beneficiaria de las expropiaciones la entidad pública que designe la Consejería competente en materia de vivienda.
ARTÍCULO 15 Desahucio administrativo.
Procederá el desahucio administrativo contra las personas beneficiarias, arrendatarias u ocupantes de las viviendas protegidas, o de sus zonas comunes, locales y edificaciones complementarias, que sean de titularidad pública por las causas que se establecen en el apartado siguiente.
Serán causas de desahucio administrativo las siguientes:
ARTÍCULO 16 Procedimiento de desahucio administrativo.
El procedimiento para el ejercicio del desahucio administrativo se ajustará a lo dispuesto por la normativa de procedimiento administrativo que resulte de aplicación, sin perjuicio de las especialidades previstas en este artículo.
Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior, se requerirá a la persona arrendataria o adjudicataria para que abone su importe en el plazo de quince días, apercibiéndole, si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 10% sobre la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este recargo se multiplicará por el número de veces que dichas personas haya dado lugar a iniciar el procedimiento de desahucio.
Cuando el desahucio se fundamente en el resto de causas previstas en el apartado 2 del artículo 15 de la presente Ley, se notificará a la persona interesada la causa en la que se encuentra incurso y se le concederá un plazo de quince días para que formule alegaciones, presente la documentación que estime oportuna y proponga cuantas pruebas considere pertinentes.
Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en el artículo 15.2, letra c), el órgano competente para resolver podrá acordar el precinto cautelar de la vivienda al objeto de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
CAPÍTULO III Infracciones y sanciones Artículos 17 a 22
SECCIÓN I Disposición general Artículo 17
Serán sancionados por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas a que se refiere el presente Capítulo las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a título de simple inobservancia.
Si la infracción se imputa a una persona jurídica, pueden ser considerados también como responsables las personas que integren sus organismos rectores o de dirección, en el caso de que así se establezca en las disposiciones reguladoras del régimen jurídico de cada forma de personificación.
Cuando el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las disposiciones legales en las materias a que se refiere la presente Ley corresponda a varias personas físicas y/o jurídicas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
SECCIÓN II Infracciones Artículos 18 a 20
La percepción por la persona promotora de viviendas protegidas, durante el período de construcción, de cantidades a cuenta del precio sin cumplir los requisitos legales exigidos por la normativa de aplicación.
La cesión de la titularidad de la promoción de viviendas protegidas, durante la tramitación del expediente de protección, sin la obtención previa de la autorización expresa de la Administración competente.
La inexactitud de los documentos o certificaciones que resulten fundamentales para obtener la resolución administrativa con el reconocimiento de los derechos económicos, de protección o habitabilidad solicitados, expedidos por los titulares de las promociones o la dirección facultativa de las obras de viviendas, así como por quienes actúan como personas colaboradoras de la Administración.
La omisión en la publicidad de venta de las viviendas protegidas de los requisitos establecidos al efecto en las normas de aplicación.
No destinar a domicilio habitual y permanente o mantener deshabitadas sin causa justificada durante un plazo superior a tres meses las viviendas protegidas, y, en todo caso, dedicarlas a usos no autorizados o alterar el régimen de uso de las mismas.
La falsedad de cualquier dato que sea determinante de la adjudicación, en las declaraciones y documentación exigidas para el acceso o uso de las viviendas protegidas.
La omisión de la debida presentación a visado por la Administración de la Junta de Andalucía de los contratos de compraventa y de arrendamiento de viviendas protegidas, conforme a la normativa que resulte de aplicación.
El incumplimiento de la normativa de aplicación en la selección de las personas adquirentes o adjudicatarias de las viviendas protegidas.
La percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer a la persona que compre o arriende una vivienda protegida en concepto de precio máximo de venta o de alquiler.
La falta de comunicación a la Administración de la enajenación de la vivienda protegida a los efectos de ejercicio de los derechos de adquisición preferente, tanteo, retracto u otra facultad análoga sobre viviendas protegidas previstas en las normas de aplicación.
Que el titular o titulares de una vivienda protegida en arrendamiento adquieran una vivienda en el mismo municipio y no lo comuniquen a la Administración titular de dicha vivienda protegida.
No poner viviendas protegidas, por parte de entidades bancarias o de cualquier persona física o jurídica, a disposición de los Registros Públicos municipales de demandantes de vivienda protegida, en los supuestos de adquisición de la titularidad de las mismas mediante procedimiento de ejecución hipotecaria o por impago de deuda sin que medie dicho procedimiento, en los términos del artículo 9.1.d) del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida aprobado por Decreto 1/2012, de 10 de enero.
Incumplir las personas adjudicatarias de una vivienda protegida la obligación de venta o puesta a disposición de la vivienda que poseyeran con anterioridad, en los supuestos y plazos previstos en el artículo 5.3 del Reglamento de Viviendas Protegidas aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio.
No comunicar, por parte de las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, la adquisición por cualquier título de viviendas protegidas a la Consejería competente en materia de vivienda, en los términos dispuestos en el artículo 10.3. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica estatal.
Artículo 20, letras m), n), ñ) y o) añadidas por el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, refrendado por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
SECCIÓN III Sanciones Artículos 21 y 22
ARTÍCULO 21 Multas y su graduación.
Las infracciones graves, desde 3.001 hasta 30.000 euros.b) Las infracciones muy graves, con multa desde 30.001 hasta 120.000 euros.
Si el beneficio que resultara de la comisión de una infracción fuera superior al de la multa que corresponde, deberá ser ésta incrementada hasta alcanzar la cuantía equivalente al doble del beneficio obtenido.
En la graduación de la cuantía de la sanción se tendrá especialmente en cuenta el daño producido, el enriquecimiento injusto, la existencia de intencionalidad o reiteración y la reincidencia en el plazo de tres años por la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarada por resolución firme en vía administrativa.
Cuando las infracciones afecten a varias viviendas aunque pertenezcan a la misma promoción, podrán imponerse tantas sanciones como infracciones se hayan cometido respecto de cada vivienda cuando la conducta infractora sea individualizada en relación con viviendas concretas.
TÍTULO II Medidas en materia de suelo Artículos 23 a 29
ARTÍCULO 23 Disponibilidad de suelo para la vivienda protegida y aseguramiento de su ejecución.
"1. La expropiación forzosa por razón de urbanismo procederá en cualquiera de los siguientes supuestos:
El destino de los terrenos, por su calificación urbanística, a cualesquiera dotaciones y, en general, al dominio público de uso o servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos forzosamente por la Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita, bien por existir necesidad urgente de anticipar su adquisición.
A los efectos de la expropiación, imposición de servidumbres u ocupación temporal, en su caso, se considerarán incluidos los terrenos colindantes afectados en la medida en que sean necesarios para implantar las dotaciones, equipamientos o servicios previstos en el instrumento de planeamiento o que resulten especialmente beneficiados por tales obras o servicios y se delimiten a tal fin.
Otros previstos por la legislación general aplicable." Ocho. El apartado 2 del artículo 160 queda con la siguiente redacción:
ARTÍCULO 24 Reversión a la colectividad de las plusvalías y mecanismos de intervención directa en el mercado del suelo.
2.ª) La cesión del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Administración urbanística, se integrará en el respectivo patrimonio público de suelo.
2.ª) Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, desafecte el suelo de un destino público a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, o suprima determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro.En todo caso, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones públicas, en el supuesto de desafectación del destino público de un suelo, será necesario justificar la innecesariedad de su destino a tal fin, previo informe, en su caso, de la Consejería competente por razón de la materia, y prever su destino básicamente a otros usos públicos o de interés social.
3. Los órganos de control y fiscalización de la Administración titular de los patrimonios públicos de suelo velarán por la correcta gestión de los bienes y recursos que los integran.
En tal sentido, la cuenta de liquidación anual de dicho patrimonio se integrará, de forma separada, en los presupuestos de la Administración Pública titular del mismo.
"c) Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones por pagos en metálico, en los supuestos previstos en esta Ley."
Diez. El artículo 73 queda con la siguiente redacción: "ARTÍCULO 73. Reservas de terrenos.
Los Planes de Ordenación del Territorio, las actividades de planificación de la Junta de Andalucía que tengan la consideración de Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio y el Plan General de Ordenación Urbanística podrán establecer en cualquier clase de suelo reservas de terrenos de posible adquisición para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
El objeto de estas reservas será, de acuerdo con la clasificación de los suelos, el siguiente:
En ausencia de los Planes a que se refiere el apartado 1 o de previsión en los mismos de las reservas de terrenos para los patrimonios públicos de suelo, podrán proceder a su delimitación:
Por el mismo procedimiento establecido en la letra b) del apartado anterior, y en cualquier clase de suelo, la Consejería competente en materia de urbanismo podrá delimitar reservas de terrenos en caso de desafectación del destino público de terrenos y edificaciones propiedad de las Administraciones públicas.
El establecimiento o la delimitación de las reservas de terrenos con la finalidad expresada en los apartados anteriores comporta:
Mediante convenio de colaboración, los municipios y la Administración de la Junta de Andalucía podrán acordar la gestión concertada de las reservas de suelo, pudiendo adquirirse bienes en reservas delimitadas por cualquiera de estas Administraciones."
1.Laincorporaciónalprocesourbanizadorylarealización de cualesquiera actuaciones o actos en los terrenos y las construcciones adquiridos por las Administraciones en las reservas establecidas conforme al artículo anterior requerirán la aprobación de los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico regulados en esta Ley. Para la incorporación de las reservas en suelo no urbanizable será suficiente la revisión parcial del instrumento de planeamiento general, pudiendo tener ésta como objeto dicha previsión.
ARTÍCULO 25 Parcelación urbanística.
"Artículo 66. Parcelación urbanística.
Se considera parcelación urbanística:
Toda parcelación urbanística deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Ley y a las condiciones que establece la ordenación urbanística de los instrumentos de planeamiento.
En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia o declaración de innecesariedad testimoniada, los otorgantes deberán requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al Ayuntamiento correspondiente, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el apartado anterior."
ARTÍCULO 26 Efectiva ejecución de los instrumentos de planeamiento y mecanismos para su ejecución directa.
Uno. El artículo 89 queda con la siguiente redacción: "Artículo 89. Incumplimiento de los plazos.
Una vez establecido el sistema de actuación conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de esta Ley, el incumplimiento de los plazos previstos legitimará a la Administración actuante:
El transcurso del plazo establecido para la edificación o rehabilitación habilitará al Ayuntamiento para su ejecución por sustitución, salvo que se acuerde la expropiación."
Dos. Se añade un nuevo apartado con el número 2 al artículo 96, pasando el actual apartado 2 de este artículo a ser apartado
La redacción del nuevo apartado 2 es la siguiente:
"2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el suelo urbanizable sectorizado y urbano no consolidado, a los efectos del establecimiento del sistema de actuación, podrán efectuarse los actos jurídicos de ejecución necesarios, siempre que la unidad de ejecución haya sido delimitada y se haya procedido a la elección del sistema de actuación."
Tres. El artículo 108 queda con la siguiente redacción: "ARTÍCULO 108. Elección y establecimiento del sistema de actuación.
Las unidades de ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación que la Administración actuante elija motivadamente atendiendo a las prioridades y necesidades del desarrollo del proceso urbanizador, la capacidad de gestión y los medios económico-financieros con que efectivamente cuente la Administración y la iniciativa privada interesada en asumir la actividad de ejecución o, en su caso, participar en ella. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Administración actuante podrá acordar con los propietarios que representen más del cincuenta por ciento de la superficie de la unidad de ejecución, mediante convenio urbanístico, el sistema de actuación y su forma de gestión.
El sistema de actuación quedará establecido:
En el sistema de compensación, con la aprobación de la iniciativa formulada por el propietario único, la suscripción del convenio urbanístico con la totalidad de los propietarios o con el otorgamiento de la escritura de constitución de la Junta de Compensación."
Cuatro. El artículo 109 queda con la siguiente redacción: "ARTÍCULO 109. Sustitución del sistema de actuación por compensación.
Cuando el sistema no haya quedado aún establecido y no exista iniciativa para su establecimiento, el municipio podrá sustituir el sistema de forma motivada mediante el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución.
La sustitución del sistema de actuación de compensación, una vez haya quedado éste establecido, por cualquiera de los sistemas de actuación pública, se acordará, de oficio o a instancia de cualquier persona interesada, en caso de incumplimiento de los deberes legales y de las obligaciones inherentes al mismo, previo procedimiento dirigido a la declaración de dicho incumplimiento y en el que habrá de oírse a todos los propietarios afectados.
El procedimiento podrá terminarse mediante convenio, en el que podrá preverse, en las condiciones que al efecto se precisen, la continuación en el proceso urbanizador y edificatorio por parte de los propietarios que así lo deseen, no obstante la declaración del incumplimiento y la sustitución del sistema de actuación. También podrán celebrarse convenios preparatorios de la terminación, incluso convencional, del procedimiento.
La elección del sistema de actuación que deba sustituir al de compensación se efectuará con arreglo a los siguientes criterios:
Cualquiera que sea la forma de iniciación del procedimiento de declaración de incumplimiento, será preferente el sistema de expropiación mediante gestión directa cuando exista urgente necesidad pública declarada por el municipio de incorporar los terrenos al patrimonio público de suelo o de destinarlos a la construcción de viviendas en régimen de protección pública u otros usos de interés social."
Cinco. El artículo 116 queda con la siguiente redacción: "ARTÍCULO 116. Formas de gestión del sistema.
La gestión indirecta, en la que concede la actividad de ejecución al agente urbanizador mediante la convocatoria del correspondiente concurso, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley."
ARTÍCULO 27 Uso turístico y delimitación del mismo de los usos residenciales.
ARTÍCULO 28 Protección de la legalidad urbanística.
4. En los casos de grave incumplimiento por los municipios en el ejercicio de competencias urbanísticas que impli quen una manifiesta afectación a la ordenación del territorio y urbanismo competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Consejo de Gobierno, con audiencia al municipio afectado, dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y previo informe favorable del Parlamento de Andalucía, podrá atribuir a la Consejería competente en estas materias el ejercicio de la potestad de planeamiento que corresponde a los municipios conforme al apartado 1 de este artículo.
"2. En cualquier momento, una vez transcurrido el plazo que, en su caso, se haya señalado en la resolución de los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado o de reposición de la realidad física alterada, para el cumplimiento voluntario de dichas órdenes por parte del interesado, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de éste; ejecución a la que deberá procederse en todo caso una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva."
Once. El artículo 188 queda con la siguiente redacción: "ARTÍCULO 188. Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de protección de la ordenación urbanística.
Cuando se lleve a cabo alguno de los actos o usos previstos en el apartado 1, la Consejería con competencias en materia de urbanismo, transcurrido sin efecto un mes desde la formulación de requerimiento al Alcalde para la adopción del pertinente acuerdo municipal, podrá adoptar las medidas necesarias para la reparación de la realidad física alterada.
Todo ello sin perjuicio de la competencia municipal para la legalización, mediante licencia, de los actos y usos, cuando proceda.
El transcurso de los plazos citados en los apartados 1 y 3, sin que sea atendido el correspondiente requerimiento, dará lugar, además, a cuantas responsabilidades civiles, administrativas y penales se deriven legalmente."
a) Infracciones leves: multa desde 600 euros hasta 2.999 euros.b) Infracciones graves: multa desde 3.000 euros hasta 5.999 euros.
Artículo citado en: 10 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, un tema práctico
ARTÍCULO 29 Informe de incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística.
Artículo citado en: una sentencia, una disposición normativa, un tema práctico, un formulario
PRIMERA Titularidad del Patrimonio Autonómico de Suelo
SEGUNDA Viviendas de protección oficial de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre
TERCERA Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007
CUARTA Creación del Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda
Se crea, dentro del Grupo A configurado en la disposición adicional quinta de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía para ejercer las funciones de inspección de ordenación del territorio, urbanismo y de vivienda que sean competencia de la Administración de la Junta de Andalucía, en los términos que se le atribuyan reglamentariamente.
El ingreso en el referido Cuerpo será por oposición entre Doctores, Licenciados, Ingenieros, Arquitectos o equivalentes.
Los inspectores de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad, con las facultades y protección que les confiere la normativa vigente.
Disposición citada en: 11 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa
QUINTA Juntas Arbitrales de Vivienda
El Consejo de Gobierno creará las Juntas Arbitrales de Vivienda como órganos especializados para la resolución de las controversias que surjan en el cumplimiento de los contratos de arrendamientos, así como en el cumplimiento de otros contratos en materia de vivienda que reglamentariamente se determinen.
Las Juntas Arbitrales de Vivienda resolverán de acuerdo con los efectos previstos en la legislación general de arbitraje las controversias que las partes intervinientes en los contratos referidos acuerden someter a su conocimiento.
El ámbito territorial de actuación de cada una de las Juntas Arbitrales de Vivienda, así como la composición, organización y funciones se establecerán reglamentariamente. En todo caso quedará garantizada la presencia de las asociaciones que representen los intereses de las partes intervinientes en los contratos a los que se refiere el apartado 1.
Igualmente por disposición reglamentaria se regulará el procedimiento de tramitación y resolución de las controversias que se sometan al arbitraje, debiendo caracterizarse por la simplificación de trámites y por la no exigencia de formalidades especiales.
SEXTA Plazo de resolución y notificación de los procedimientos sancionadores en materia de vivienda protegida
Disposición adicional sexta, añadida por el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, refrendado por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
SÉPTIMA Deber de comunicación de las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gestión de activos relativa a viviendas protegidas
Disposición adicional séptima, añadida por el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, refrendado por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
OCTAVA Realización de funciones inspectoras en materia de vivienda protegida
Disposición adicional octava, añadida por el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, refrendado por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
La localización de las reservas de terrenos con destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública a las que hace referencia el artículo 10.1.A.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, será exigible desde la entrada en vigor de esta Ley, en los supuestos y forma establecidos en el artículo 23 de la misma, a todos los nuevos sectores que se delimiten en suelo urbanizable no sectorizado.
Esta determinación será igualmente de aplicación a los Planes Parciales de Ordenación que desarrollen sectores ya delimitados en los instrumentos de planeamiento general vigentes, estuvieren éstos adaptados o no a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, si su aprobación inicial se produce con posterioridad al 20 de enero de 2007.
PRIMERA Modificación de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
SEGUNDA Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía
TERCERA Actualización de las sanciones en materia de vivienda protegida