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Timestamp: 2020-04-05 01:05:45
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Matched Legal Cases: ['Artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 197', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 161']

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122007000100011
Revista Ius et Praxis, 13 (1): 291 - 314, 2007
Intimidad - Indiscreción - Difusión - Cámaras ocultas - Medios subterfugios obtención información-Artículo 161-A Código Penal - Secreto comunicaciones - Escuchas ilegítimas - Vida privada.
Privacy - Indiscretion - Diffusion - Article 161-A Penal Code - Secret communications - Illegal eavesdropping
La vida privada de las personas está protegida penalmente por el párrafo quinto De los delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia, del Código Penal; artículos 161-A y 161-B, introducidos en 1995 por la Ley n° 19.423, los cuales muestran los desafortunados resultados de una forma de legislar apresurada. En efecto, la protección a la intimidad del artículo 161-A del Código Penal, contiene una confusa redacción que denota imprecisiones de política legislativa y, que generan dificultades interpretativas en su aplicación, v.g. se regulan distintos tipos penales que exigían un tratamiento autónomo1; sin justificación quedan desprotegidas las intrusiones no autorizadas en la vida privada de alguien, realizadas en lugares públicos2; no es claro si es punible la comisión del delito efectuada por uno de los intervinientes en la comunicación o actuación de "carácter privada", pues este último concepto no ha sido determinado, quedando aquella labor en manos del intérprete, en última instancia del juez; la causal de justificación contemplada en el inciso cuarto del artículo no indica el parámetro utilizado para la autorización de la conducta; entre otras críticas.3
Si bien el artículo 161-A del Código Penal, se inserta en el párrafo quinto De los delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia, éste no se refiere a la vida pública, sino exclusivamente a la vulneración de la vida privada, o también denominada intimidad. Ello se vislumbra en la frase "de carácter privado"; el artículo sanciona a quienes, por cualquier medio, capten o difundan conversaciones o comunicaciones, documentos o instrumentos, imágenes o hechos de carácter privado obtenidos subrepticiamente. De esta forma, se considera un avance terminológico la propuesta hecha por el Anteproyecto de Nuevo Código Penal, que inserta los artículos 135 y 137, equivalentes a los actuales incisos Io y 2o del artículo en comento (captación y divulgación de material privado obtenido en forma oculta, respectivamente), en un título denominado Delitos contra la intimidad, y en un parágrafo titulado De la violación de morada, de correspondencia, y de otras formas de intromisión en la esfera de la intimidad6.
Así pues, que se exija el carácter privado de las comunicaciones, los documentos y las imágenes, y que su interceptación o captación sea hecha sin la autorización del afectado, plantea la duda de si son punibles sólo las intrusiones de terceros no admitidos en la conversación, destino del documento o realización del acto privado, o si también lo son cuando quien intercepta o graba es uno de los intervinientes o partícipes (transmisor - receptor de información privada) en la comunicación, documento o hecho privado.
Este es un problema debatido no sólo a nivel nacional, v.g. en España, conforme sentencia del Tribunal Constitucional, de 1984, no constituiría delito la grabación de una conversación por parte de uno de los intervinientes, pues "el derecho al secreto de las comunicaciones no puede oponerse frente a quien tomó parte en la comunicación misma. No hay "secreto" para aquél a quien la comunicación se dirige".15 Sin embargo, en sentencia del Tribunal Supremo, de 2004, se consideró constitutivo de delito un supuesto en el que se grabó una relación sexual con el consentimiento de una de las partes, por entender que existió una afectación directa de la intimidad del otro interviniente: "(...) el tipo básico se consuma por el sólo hecho de la captación de las imágenes del denunciante con la finalidad de vulnerar su intimidad".16 A nuestro juicio la disparidad de opinión, tanto doctrinal17 como jurisprudencial, se debe a que existe una duplicidad de bienes jurídicos protegidos por el artículo 197 del Código Penal español: el descubrimiento de secretos y la vulneración de la intimidad18. Tratándose del primero, la indiscreción no se considera penalizada, pues no existiría secreto, en cambio, respecto al segundo, cabe pese a existir consentimiento del otro interviniente una tipificación de la conducta indiscreta, pues la sola captación subrepticia constituye una vulneración de la intimidad.
Según la opinión del profesor Bascuñán19, saber si el artículo 161-A de nuestro Código Penal, subsume la conducta del interlocutor, dependerá de lo que se entienda por conversación privada. Y en ese sentido se podría interpretar que no es privada la conversación para quien participa en ella, pues ha sido admitido a la esfera de intimidad del otro u otros, por tanto la conducta descrita por él realizada sería atípica. Sin embargo, a nuestro juicio para dilucidar la cuestión interpretativamente, adquiere mayor importancia la frase "sin autorización del afectado", pues el bien jurídico protegido en la disposición es la vida privada del afectado, no la conversación, documento o hecho de carácter privado en sí. En efecto, como se explica más arriba, el artículo protege la faceta intangible o inmaterial de la privacidad de las personas, y no su aspecto material.
En conclusión, lo que resulta penalmente relevante, en relación a la tipicidad de la conducta, es la vulneración a la privacidad de alguien, sea interlocutor, destinatario o tercero ajeno a la esfera de intimidad, sin su autorización, mediante una forma subrepticia de obtención de la información. Así también puede desprenderse del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de un recurso de amparo en el año 2003, en el pleito conocido como "El caso del juez Calvo":
"Que, en cuanto a la argumentación relativa a que el delito del artículo 161 A estaría referido a la intromisión sólo por terceros en las conversaciones de otros -calidad de tercero que se dijo no habría tenido Rodríguez, uno de los intervinientes en ella-, cabe consignar que dicha disposición legal no hace distinción alguna al respecto, lo que se explica porque, acorde con el auténtico espíritu del precepto, lo que en éste se reprocha o reprueba no es el hecho de la obtención de la información de que da cuenta la conversación o el de su difusión posterior, sino la forma como fue obtenida esa información, esto es, mediante acciones y maniobras subrepticias y ocultas que han importado efectivamente una intromisión a la intimidad y esfera personal y privada del afectado, (.. .)"26
Distinto debiera ser el caso en el cual el medio de comunicación social sabe a ciencia cierta de su origen ilegal, así lo manifiesta el juez Harían en su voto disidente en el caso New York Times Co. v. United States (1971), donde se falló a favor de la publicación de documentos confidenciales del Gobierno por considerarse su contenido de interés para el público. En opinión del disidente, el tribunal debía haber considerado, si el medio de comunicación podía conservar y usar los documentos duplicados no obstante que lo recibió con el conocimiento que sus originales fueron substraídos de la posesión del Gobierno, y por tanto adquiridos ilícitamente.31
Podría considerarse que no obstante un hecho que se adecúa a la descripción del tipo no es lo suficientemente grave como para constituir un injusto penal merecedor de pena, aquí cabría por ejemplo el caso, en el cual es el mismo afectado en el contexto de una comunicación privada, quien capta y luego hace pública su vida privada, entonces no habría porqué castigársele por la captación oculta y su posterior difusión, pues habría una confusión entre sujeto activo y pasivo del delito, por su parte, como ya lo indicare Warren y Brandéis en su obra original publicada en 1890, "el derecho a la intimidad decae con la publicación de los hechos por el individuo, o con su consentimiento"34.
Desde que se discute esta materia y los conflictos que pueden surgir en relación a la protección de la privacidad de las personas, se ha entendido que el interés, relevancia o trascendencia pública de la información justificaría sus vulneraciones.36 Actualmente, esta tendencia está recogida en el Sistema Internacional de protección de los Derechos Humanos: la Convención Interamericana (artículo 11.2) protege la vida privada de las personas, indicando que "nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas", desprendiéndose del principio n° 10 de la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos37, que el parámetro para determinar si la justificación de la conducta tipificada es arbitraria o abusiva es el interés público comprometido; mientras, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 8.2) exige que la justificación de las injerencias en la vida privada debe estar prevista en la ley, y además debe constituir una "medida necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás", todo lo cual puede subsumirse en el concepto de interés público comprometido.
En este punto, es necesario reflexionar acerca de la calidad de figura pública del afectado en su intimidad; ¿basta el carácter público de las personas a que se refiere la información u opinión, para que ésta sea calificada de pública? A nuestro juicio el sólo ejercer un cargo público no es suficiente para autorizar violaciones a la privacidad, en este caso, el criterio más prudente sería "sólo en conexión con asuntos que sean de interés general por las materias a que se refieran"39, v.g. que se grabe en forma subrepticia a un parlamentario en su despacho fumando marihuana, y luego ello se difunda no podría quedar justificado sólo por ser el afectado un funcionario público, distinto sería el caso si el parlamentario está públicamente respaldando un proyecto de ley para legalizar ese tipo de droga, en ese contexto su conducta puede revestir un interés público, por su conexión con la formación de la opinión pública40.
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2 Ibidem, precisa que ello no significa que una comunicación intervenida quede sin tutela legal, pues puede ser aplicable, cumplidos todos los requisitos, el art. 36-B de la Ley General de Telecomunicaciones n° 18.168, publicada en el Diario Oficial el 2 de octubre de 1982, el cual castiga al que "maliciosamente interfiera, intercepte o interrumpa un servicio de telecomunicaciones". Esta norma no distingue entre comunicación pública o privada o el recinto en que tengan lugar, lo que sí quedaría fuera de la protección del legislador es la conversación directa entre personas, que no requiera de un servicio de telecomunicación, llevada a cabo en lugar público, aunque verse sobre materias íntimas o privadas; En el mismo sentido, Cfr. Etcheberry, Alfredo (1998): "Delitos contra la esfera de intimidad", III Derecho Penal. Parte especial (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 3a edición) p. 275. [ Links ]
5 Se ha de recordar que "los tipos delictivos no pueden ser creaciones arbitrarias, sino que su positivización se explica por la protección de ciertos bienes jurídicos frente a determinados ataques que por su gravedad se entienden intolerables" (Quintero Olivares, Gonzalo (1996): "La antijuricidad", Curso de Derecho Penal. Parte General (Acorde con el nuevo Código Penal de 1995) (Barcelona, Cedecs Editorial) p. 239).
6 Matus Acuña, Jean Pierre y Hernández Basualto, Héctor (2006a): "Anteproyecto de Nuevo Código Penal. Texto refundido y sistematizado del articulado aprobado en las deliberaciones de la Comisión Foro Penal del Ministerio de Justicia, desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 10 de noviembre de 2005", Política Criminal n° 1, DI: pp. 1- 92 [fecha de consulta: 12 marzo 2007]. Disponible en: <http://www.politicacriminal.cl/n_01/pdf_0l/d_l.pdf>, pp. 30 y 31.
7 Cfr. con doctrina española, respecto a artículos del Código Penal español (antes de la Reforma de 1995) equivalentes al 161-A del Código Penal chileno, v.g. Rodríguez Marín, Fernando (1990): "Los delitos de escuchas ilegales y el derecho a la intimidad", Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, n° 43: pp. 200 y 201. [ Links ]
12 Recordar el concepto norteamericano de Privacy, ese "right to be let alone" (derecho a ser dejado solo).
13 Cfr. Carbonell Mateu, J. C. y González Chusca, J. L. (1996): "Delitos contra la intimidad, el derecho a la imagen y la inviolabilidad del domicilio", Vives Antón, Tomás (coordinador), / Comentarios al Código Penal de 1995 (Valencia, Tirant lo Blanch) p. 995; [ Links ] Castiñeira Palou, María Teresa (2006): "Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio", Silva Sánchez, Jesús María (dir.), Lecciones de Derecho Penal. Parte especial (Barcelona, Editorial Atelier) p. 128, 130 y 131; [ Links ] Corral Talciani, Hernán (2001): "El respeto y protección de la vida privada en la Constitución de 1980", Navarro Beltrán, Enrique (editor), 20 años de la Constitución chilena 1981 -2001 (Santiago, Editorial ConoSur)p. 200; [ Links ] Etcheberryp. 251; Rodríguez p. 204, 207 y 215; Vivanco Martínez, Ángela (2006): "Estatuto constitucional de la libertad de expresión y los medios de comunicación social: derecho a la honra, inviolabilidad del hogar, libertad de conciencia y libertades de opinión y de información", II Curso de Derecho Constitucional. Aspectos dogmáticos de la Carta Fundamental de 1980 (Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile) pp. 344 - 349. [ Links ]
19 Bascuñán Rodríguez, Antonio (2003): "Libertad de expresión y protección de la intimidad", El Mercurio, p. A 2. [ Links ]
21 En otras palabras, se ha de considerar que el titular del bien jurídico protegido, no siempre coincide con el titular del secreto; Cfr. Carbonell - González p. 998; Castiñeira pp. 130 y 131; Rodríguez p. 221.
22 Resulta interesante referir algunas palabras a la información íntima contenida en documentos, pues podría entenderse que existe un conflicto entre el derecho a la intimidad y un derecho de propiedad, por ejemplo, si A envía una carta a B, y B decide hacer una copia de la comunicación sin dar cuenta de ello a A, a simple vista pareciera que no es punible tal conducta, pues A al confiar sus intimidades a B, ha tomado el riesgo de que B, siendo el destinatario de la carta, pueda hacer con ella lo que estime conveniente, pues no se le puede castigar por lo que haga con algo que le "pertenece". Al respecto se ha de considerar que, los sujetos titulares del derecho al secreto de las comunicaciones son ambos comunicantes, y en ese sentido es clarificadora la distinción de derechos hecha por De Cupis: "En la correspondencia epistolar se distinguen tres derechos: a) el derecho a la propiedad material, que corresponde al destinatario, b) el derecho de autor, que corresponde al remitente y c) el derecho al secreto, que corresponde tanto al remitente como al destinatario". (A. De Cupis: "I diritti della personalita", Trattadto di diritto civile e comérciale directo dai professori Antonio Cicu e Francesco Messineo. IV, 1.1, Milán Giuffré, 1950, pp. 123 y 124, citado por Martin Morales, Ricardo (1995): El régimen constitucional del secreto de las comunicaciones (Madrid, Editorial Civitas) p. 59, [ Links ] cita 84). Por su parte, se ha de recordar que el tipo penal en estudio protege el aspecto inmaterial de la privacidad; no protege el documento, sino el contenido de él, y sólo en cuanto este se refiera a la intimidad de alguien; en tal caso, el principio que ampara los escritos personales no es el de la propiedad privada, sino el de la inviolabilidad de la persona (Cfr. Warren y Brandéis, p. 45), en otras palabras, siempre se ha de considerar cuál es el bien jurídico protegido, y quien el titular de este.
25 Matus Acuña, Jean Pierre y Hernández Basualto, Héctor (2006b): "Materiales de discusión presentados a la Comisión Foro Penal, Parte Especial. Versión refundida de unidades 1 a 9, con las observaciones recibidas y las conclusiones arribadas en las sesiones del Foro Penal", Política Criminal n° 1, D3: pp. 1 -269 [fecha de consulta: 12 marzo 2007]. Disponible en: < http://www.politicacriminal.cl/n_01/pdf_01/d_3.pdf>, pp. 132 y 133. [ Links ]
37 Principio n° 10 de la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas".
38 Cfr. Matus y Hernández (2006b), p. 134; Vid. casos norteamericanos Bartnicki et al. v. Vopper, Aka Williams, et al. (2001), en el cual se discute acerca de la sanción de una difusión de material obtenido ilícitamente, resolviendo la Corte que los demandados no debían ser castigados, pues no participaron en la interceptación ilegal, que su acceso a la información fue obtenido legalmente, y que las conversaciones se ocuparon de una cuestión de preocupación pública (held b, también opinión de la corte párrafo IV); New York Times Co. v. United States (1971), en el cual la corte mantuvo el derecho de la prensa de publicar la información de gran preocupación pública aunque obtenida de documentos robados por terceros, v.g. Opinión de coincidencia del juez Black: "the Government can halt the publication of current news of vital importance to the people of this country".
40 En esta materia, respecto a la veracidad de la información, cabe tener presente el estándar jurisprudencial creado por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso New York Times Co. v. Sullivan (1964): Corte Suprema de los Estados Unidos, 9 marzo 1964, disponible en < http://supct.law.cornell.edu/supct/search/ display.html?terms=New%20York%20Times%20Co.%20v.%20Sullivan%20&url=/supct/html/historics/ USSC_CR_0376_0254_ZS.html>, [fecha de consulta: 29 noviembre 2006], que se refiere al ejercicio de la libertad de expresión relacionada con temas de índole público. En términos generales, si se publica un artículo con el propósito de proporcionar información que se cree verdadera en referencia a un candidato público para que los votantes tomen una decisión más inteligente, y todo se hace de buena fe y sin malicia, se invierte el peso de la prueba, debiendo el demandante probar no sólo la falsedad de la información en su caso, sino también la "real malicia" del autor de la publicación, esto es, el conocimiento de que la información era falsa y la intención de publicar la falsedad para perjudicar. (Cfr. Pinzón Rodríguez Diego, Martín Claudia y Ojea Quintana, Tomás (1999): "El derecho a la libertad de expresión", La dimensión internacional de los derechos humanos. Guía para la aplicación de normas internacionales en el derecho interno (Washington D.C., Banco Interamericano de Desarrollo) pp. 324-326). [ Links ]
44 De acuerdo a Vivanco p. 348, existen fundamentos que justifican la restricción del ámbito de la vida privada de personajes públicos, indicando las siguientes premisas: "no es privado ningún hecho que se suscite en el ejercicio de una función pública o de una actividad destinada al acceso del público, salvo aquel al cual la ley le conceda reserva o secreto; no es privado aquello que el personaje público ha hecho salir de su propia esfera de reserva por actos propios, expresos o tácitos, haya o no obtenido beneficios de ello; y no es privado aquello que, sin encontrarse en el ejercicio de una función pública, tiene injerencia directa sobre ella".
45 Hace un cuarto de siglo, Novoa p. 207, ya afirma que "la idea de que la notoriedad del sujeto no autoriza a una publicidad indiscriminada ni le suprime un cierto ámbito de vida privada, domina en la doctrina y en la jurisprudencia"
52 El ejemplo dado es tomado de un caso real resuelto por el Tribunal Constitucional español STC 172/1990, de 12 de noviembre, utilizado por Saraza pp. 231 y 232, para destacar que "la intromisión en la intimidad de una persona privada partícipe en un hecho de interés público no está justificada si carece de relación con el hecho objeto de la información". Es decir, en definitiva, el Tribunal también respalda la punibilidad de la conducta, pero no por la finalidad de descubrir la intimidad de otro, sino por no estar relacionada la información con el hecho de interés público.
54 El artículo 161-B del Código Penal describe el delito que en derecho comparado se denomina chantaje, contemplando la pretensión de entrega de dinero, la realización de cualquier conducta jurídicamente no obligatoria o la ejecución de un acto o hecho constitutivo de delito, bajo la amenaza de dar conocer el material que da cuenta de la intimidad de alguien obtenido de la forma descrita en el artículo 161-A. (Etcheberry p. 275).
55 Cfr. Quintero p. 242; Se vislumbra que la Corte Suprema tiene en consideración el bien jurídico protegido para interpretar los tipos del 161-A, no bastándole que los hechos formalmente coincidan con los descritos en la norma, v.g Quijada Pinto (2003): Corte Suprema 2 enero 2003 (Recurso de amparo), Jurisprudencia on-line, Base de datos electrónica LexisNexis, n° identificador: 29439, aunque el amparado fotocopió un documento que decía "reservado" y además lo difundió por televisión, la Corte acogió el recurso de amparo interpuesto en su favor: "los antecedentes reunidos en el aludido proceso penal, permiten concluir, por ahora, que no se encuentra debidamente justificada la existencia del hecho punible atribuido al amparado, contemplado en el artículo 161-A del Código Penal, en la relación necesaria de sus incisos Io y 2°, por cuanto de su mérito no fluye el carácter privado del documento, ni que su difusión por un medio de comunicación social, hubiere afectado la honra y vida privada y pública de persona determinada" [la cursiva es nuestra].
56 Vid. Magliona Markovicth, Claudio Paul (2003): Delincuencia informática en Chile. Proyecto de Ley (Santiago, Asociación de Derecho e Informática de Chile, 23 pp.) [fecha de consulta: 13 marzo 2007]. Disponible en: <http://biografias.bcn.cl/alegislativo/pdf/cat/docs/3083-07/562.pdf>, pp. 6 y 7; [ Links ] Huerta Miranda, Marcelo (2001): "Figuras delictivo informáticas tipificadas en Chile", Revista de Derecho Público de la Agrupación de Abogados de la Contraloría General de la República, Separata 12 pp., [fecha de consulta: 13 marzo 2007]. Disponible en: < http://biografias.bcn.cl/alegislativo/pdf/cat/docs/ 3083-07/560.pdf>, pp. 6-8. [ Links ]