Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/30895/ley-26-2010-de-3-de-agosto-de-regimen-juridico-y-de-procedimiento-de-las-administraciones-publicas
Timestamp: 2017-11-23 18:11:17
Document Index: 58188062

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 8', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 31', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'artículo 96', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'artículo 110', 'artículo 111', 'artículo 54', 'artículo 10']

Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 26/2010, DE 3 DE AGOSTO, DE RÉGIMEN JURÍDICO Y DE PROCEDIMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA (DOGC DEL 5)
Título preliminar. Finalidades y ámbito de aplicación (Arts. 1 a 5)
Art. 4. Potestades y competencias
Art. 5. Régimen lingüístico
Título I. Órganos administrativos (Arts. 6 a 20)
Capítulo I. Competencia (Arts. 6 a 12)
Art. 6. Titularidad y ejercicio de la competencia
Art. 7. Dirección y supervisión
Art. 9. Avocación
Art. 10. Encargo de gestión
Art. 11. Autorización de firma
Art. 12. Decisiones sobre la competencia
Capítulo II. Régimen jurídico de los órganos colegiados (Arts. 13 a 20)
Art. 15. Funciones del presidente o presidenta y del secretario o secretaria
Art. 16. Nombramiento y sustitución del presidente o presidenta y del secretario o secretaria
Art. 17. Régimen de las convocatorias y constitución del órgano colegiado
Art. 18. Desarrollo de las sesiones y de las deliberaciones
Art. 19. Adopción de acuerdos y régimen de votaciones
Art. 20. Actos de las sesiones
Título II. Acción administrativa (Arts. 21 a 42)
Capítulo I. Derechos y deberes de los ciudadanos (Arts. 21 a 30)
Art. 21. Derecho a la no-discriminación y a una atención adecuada
Art. 22. Derecho a una buena administración
Art. 23. Derecho a servicios públicos de calidad
Art. 24. Derecho al uso de los medios electrónicos
Art. 25. Derecho a la presentación de solicitudes, comunicaciones y demás documentos
Art. 26. Derecho de acceso a los expedientes administrativos
Art. 27. Derecho de acceso a archivos y registros
Art. 28. Derecho a una información veraz y de calidad
Art. 29. Garantía de los derechos
Art. 30. Deberes de los ciudadanos
Capítulo II. Principios de la actuación administrativa (Arts. 31 a 33)
Art. 31. Principios generales
Art. 32. Principios de actuación con medios electrónicos
Art. 33. Principio de intervención mínima
Capítulo III. Medidas de simplificación administrativa (Arts. 34 a 40)
Art. 34. Simplificación administrativa
Art. 35. Declaración responsable
Art. 36. Comunicación previa
Art. 37. Modelos actualizados de declaración responsable y comunicación previa
Art. 38. Inexactitud, falsedad u omisión en los datos aportados en la declaración responsable y en la comunicación previa
Art. 39. Inscripciones de oficio
Art. 40. Ventanilla única
Capítulo IV. Registros (Arts. 41 y 42)
Art. 41. Los registros administrativos
Art. 42. Interconexión y colaboración entre registros
Título III. Procedimiento administrativo (Arts. 43 a 58)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 43 a 47)
Art. 43. Tramitación electrónica del procedimiento administrativo
Art. 44. Actuación administrativa automatizada
Art. 45. Sistemas de firma electrónica
Art. 46. Expediente administrativo
Art. 47. Certificados administrativos
Capítulo II. Iniciación e instrucción del procedimiento (Arts. 48 a 52)
Art. 48. Iniciación
Art. 49. Contenido de la solicitud
Art. 50. Funciones del instructor o instructora
Art. 51. Audiencia a las personas interesadas
Art. 52. Información pública
Capítulo III. Finalización del procedimiento y silencio administrativo (Arts. 53 a 55)
Art. 53. Obligación de resolver
Art. 54. Silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada
Art. 55. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio
Capítulo IV. Notificación y publicación de los actos administrativos (Arts. 56 a 58)
Art. 56. Práctica de la notificación
Art. 57. Requisitos técnicos del medio electrónico al efecto de la notificación
Art. 58. Publicación de los actos administrativos
Título IV. Procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias (Arts. 59 a 70)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 59 y 60)
Art. 59. Ámbito
Art. 60. Concepto
Capítulo II. Procedimiento de elaboración (Arts. 61 a 70)
Art. 62. Tramitación
Art. 63. Expediente
Art. 64. Memorias
Art. 65. Informes jurídicos
Art. 66. Consulta interdepartamental
Art. 67. Audiencia
Art. 68. Información pública
Art. 69. Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora
Art. 70. Intervención de las entidades que integran la Administración local
Título V. La revisión y la reclamación previa en vía administrativa (Arts. 71 a 80)
Capítulo I. La revisión de oficio de las disposiciones reglamentarias y de los actos administrativos (Arts. 71 a 74)
Art. 71. Órganos competentes para la revisión de disposiciones y actos nulos
Art. 72. Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora
Art. 73. Órganos competentes para la declaración de lesividad de actos anulables
Art. 74. Órganos competentes para la revocación de actos y la rectificación de errores
Capítulo II. Recursos administrativos y reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales (Arts. 75 a 80)
Art. 75. Fin de la vía administrativa
Art. 76. Recurso de alzada
Art. 77. Recurso potestativo de reposición
Art. 78. Recurso extraordinario de revisión
Art. 79. Sustitución de los recursos administrativos
Art. 80. Reclamación previa a la vía judicial civil y laboral
Título VI. Responsabilidad patrimonial (Arts. 81 a 87)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 81 a 83)
Art. 81. Principios generales
Art. 82. Indemnización
Art. 83. Órganos competentes
Capítulo II. Procedimiento de responsabilidad patrimonial (Arts. 84 a 87)
Art. 84. Procedimientos de responsabilidad patrimonial
Art. 85. Audiencia
Art. 86. Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora
Art. 87. Procedimiento abreviado
Título VII. Potestades de inpección y control (Arts. 88 a 101)
Capítulo I. Fiscalidad y ejercicio (Arts. 88 a 90)
Art. 88. Finalidad
Art. 89. Ejercicio
Art. 90. Valor probatorio
Capítulo II. Entidades colaboradoras (Arts. 91 a 101)
Art. 91. Entidades colaboradoras
Art. 92. Sistema de habilitación
Art. 93. Registro de entidades colaboradoras
Art. 94. Obligaciones de las entidades colaboradoras
Art. 95. Actos, informes y certificaciones
Art. 96. Supervisión administrativa
Art. 97. Suspensión y retirada de la habilitación
Art. 98. Suspensión y pérdida de la habilitación
Art. 99. Régimen sancionador
Art. 100. Infracciones y sanciones
Art. 101. Medida cautelar
Título VIII. Potestad sancionadora (Arts. 102 a 106)
Art. 102. Principios de la potestad sancionadora
Art. 103. Órganos competentes
Art. 104. Procedimiento sancionador
Art. 105. Medidas de carácter provisional
Art. 106. Resolución
Título IX. Relaciones interadministrativas (Arts. 107 a 117)
Capítulo I. Disposiciones generales (Art. 107)
Art. 107. Principios que rigen las relaciones interadministrativas
Capítulo II. Convenios de colaboración (Arts. 108 a 112)
Art. 108. Características generales
Art. 109. Régimen jurídico
Art. 110. Contenido
Art. 111. Procedimiento y expediente
Art. 112. Eficacia y publicidad
Capítulo III. Consorcios (Arts. 113 a 115)
Art. 113. Carácter
Art. 114. Naturaleza y contenido de los estatutos
Art. 115. Procedimiento y expediente
Capítulo IV. Otros instrumentos de colaboración interadministrativa (Arts. 116 y 117)
Art. 116. Delegaciones y encargos de gestión
Art. 117. Participación en órganos de cooperación
Novena. Entidad pública prestadora de servicios de certificación (derogada)
Undécima. Gestión de la documentación y archivo de los documentos electrónicos
Duodécima. Procedimientos de naturaleza tributaria
LEY 26/2010, DE 3 DE AGOSTO, DE RÉGIMEN JURÍDICO Y DE PROCEDIMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA (DOGC DEL 5; BOE DEL 21)
Corrección de errores DOGC de 20 de septiembre de 2010; BOE de 11 de enero de 2011
Artículo 1. Objeto.-1. El objeto de la presente ley es:
Artículo 3. Ámbito de aplicación.-La presente ley es de aplicación a las siguientes administraciones públicas de Cataluña:
Artículo 4. Potestades y competencias.-Las administraciones públicas de Cataluña ejercen las potestades y competencias que les atribuyen la Constitución, el Estatuto de autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.
Artículo 5. Régimen lingüístico.-El régimen lingüístico de las administraciones públicas de Cataluña se rige por lo dispuesto por el Estatuto de autonomía y la normativa lingüística de la Generalidad y de las entidades locales.
Artículo 6. Titularidad y ejercicio de la competencia.-1. La competencia es irrenunciable y debe ser ejercida de forma precisa por los órganos administrativos que la tienen atribuida como propia, salvo en los casos de delegación o de avocación, cuando se efectúen en los términos establecidos por esta u otras leyes.
Artículo 7. Dirección y supervisión.-1. Los órganos administrativos ejercen sus competencias bajo la dirección y la supervisión del órgano de que dependen jerárquicamente, que puede emitir instrucciones y circulares u órdenes de servicios para fijar, respectivamente, los criterios para la aplicación de las normas jurídicas en el ejercicio de sus funciones y para el funcionamiento de los servicios.
Artículo 8. Delegación de competencias.-1. Los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas en otros órganos de la misma administración pública, aunque no dependan jerárquicamente de ellos, o en los organismos y entidades públicas que dependen de esta o están vinculados a la misma.
Artículo 9. Avocación.-1. Los órganos administrativos superiores pueden avocar el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, si circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hacen conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos jerárquicamente no dependientes, el conocimiento de un asunto puede ser avocado únicamente por el órgano delegante.
Artículo 10. Encargo de gestión.- 1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos, los organismos o las entidades públicas puede ser encomendada a otros órganos, organismos o entidades públicas de la misma administración o de otra distinta, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
VIGENTE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2010 A 30 DE DICIEMBRE DE 2011.
Artículo 10. Encargo de gestión.-1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos, los organismos o las entidades públicas puede ser encomendada a otros órganos, organismos o entidades públicas de la misma administración o de otra distinta, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
Artículo 11. Autorización de firma.-1. Los titulares de los órganos administrativos pueden, en materia de su competencia, autorizar la firma de sus actos administrativos a los titulares de los órganos o unidades administrativas dependientes, dentro de los límites indicados por el artículo 8.
Artículo 12. Decisiones sobre la competencia.-1. El órgano administrativo que estima que no le corresponde el ejercicio de la competencia para la resolución de un asunto debe remitir directamente las actuaciones al órgano, organismo o entidad pública dependiente o vinculado a la misma administración que considera que debe ejercer la competencia, debiendo notificar dicha circunstancia a las personas interesadas.
Artículo 13. Régimen jurídico.-1. Los órganos colegiados, cualquiera que sea la naturaleza de sus funciones, se rigen en cuanto a su composición, funciones y funcionamiento por las normas específicas o los convenios que los crean o regulan, y les son de aplicación preferente las disposiciones de los artículos 14.2, 17.4 y 5, 18.4 y 19.3. En defecto de regulación propia, se rigen por las demás normas contenidas en el presente capítulo.
Artículo 14. Composición.-1. Los órganos colegiados están constituidos por:
Artículo 15. Funciones del presidente o presidenta y del secretario o secretaria.-1. Las funciones del presidente o presidenta del órgano colegiado son:
Artículo 16. Nombramiento y sustitución del presidente o presidenta y del secretario o secretaria.-1. El órgano colegiado nombra, por mayoría absoluta de sus miembros en primera votación o por mayoría simple en segunda, al presidente o presidenta y al secretario o secretaria.
Artículo 17. Régimen de las convocatorias y constitución del órgano colegiado.-1. La convocatoria de la sesión del órgano colegiado, con el correspondiente orden del día, debe ser notificada a los miembros con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo en el caso de urgencia apreciada por el presidente o presidenta, que debe hacerse constar en la convocatoria. Las normas propias de los órganos colegiados pueden prever una segunda convocatoria y especificar el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano.
Artículo 18. Desarrollo de las sesiones y de las deliberaciones.-1. Las sesiones de los órganos colegiados pueden ser presenciales, a distancia o mixtas, según lo que determinen las normas específicas del órgano, o por acuerdo de sus miembros. El presidente o presidenta debe asegurar el dispositivo físico, operativo o tecnológico necesario para la celebración efectiva de la sesión.
Artículo 19. Adopción de acuerdos y régimen de votaciones.-1. Los acuerdos del órgano colegiado se adoptan por mayoría simple de votos, salvo que sus normas reguladoras establezcan una mayoría distinta. En caso de empate dirime los resultados de las votaciones el voto del presidente o presidenta.
Artículo 20. Actos de las sesiones.-1. En el acta deben hacerse constar los asistentes, el orden del día de la reunión, el lugar y el tiempo en que se ha efectuado, los puntos principales de las deliberaciones, el contenido de los acuerdos adoptados, el sentido de los votos y, si lo pide algún miembro, una sucinta explicación de su opinión.
Artículo 21. Derecho a la no-discriminación y a una atención adecuada.-1. Los ciudadanos, en sus relaciones con las administraciones públicas de Cataluña, tienen derecho a ser atendidos con el respeto y la consideración que merece su dignidad, sin discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza, origen, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
Artículo 22. Derecho a una buena administración.-1. El derecho de los ciudadanos a una buena administración incluye:
Artículo 23. Derecho a servicios públicos de calidad.-1. Todos los ciudadanos tienen derecho a:
Artículo 24. Derecho al uso de los medios electrónicos.-1. Los ciudadanos tienen el derecho a relacionarse con las administraciones públicas de Cataluña utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos que establece la legislación básica, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, obtener copia de la información publicada en la sede electrónica, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y a los actos administrativos.
Artículo 25. Derecho a la presentación de solicitudes, comunicaciones y demás documentos.-1. Los ciudadanos tienen derecho a presentar los documentos que dirigen a las administraciones públicas catalanas por cualquier medio, en cualquier registro de la administración destinataria o en los demás lugares establecidos por la legislación básica.
Artículo 26. Derecho de acceso a los expedientes administrativos.-Los ciudadanos que tienen la condición de personas interesadas en un procedimiento administrativo en trámite tienen derecho a acceder al expediente y a obtener copia de los documentos que forman parte de él. Si los documentos son en formato electrónico, los ciudadanos tienen derecho a obtener copias electrónicas de los mismos.
Artículo 27. Derecho de acceso a archivos y registros.-1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder, por cualquier medio, a los registros y a los documentos que formen parte de un expediente y obren en los archivos de las administraciones públicas catalanas, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.
Artículo 28. Derecho a una información veraz y de calidad.-1. Los ciudadanos tienen derecho a obtener información veraz y de calidad, cualquiera que sea el soporte o medio de distribución o difusión de la información.
Artículo 29. Garantía de los derechos.-Las administraciones públicas de Cataluña deben garantizar en su actuación el ejercicio y la efectividad de los derechos de los ciudadanos, cualquiera que sea el medio de relación.
Artículo 30. Deberes de los ciudadanos.-Los ciudadanos, en sus relaciones con las administraciones públicas de Cataluña y en el uso de los servicios públicos, deben actuar con la diligencia, responsabilidad y respeto debidos a las personas, instituciones y bienes públicos.
Artículo 31. Principios generales.-1. Las administraciones públicas de Cataluña sirven con objetividad los intereses generales y actúan, bajo la dirección de sus respectivos órganos de gobierno, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
Artículo 32. Principios de actuación con medios electrónicos.-Con el fin de garantizar el mantenimiento íntegro de los derechos de los ciudadanos ante la actuación de las administraciones públicas reconocidos por el ordenamiento jurídico, el uso de medios electrónicos en la actuación de las administraciones públicas de Cataluña está informado por los principios generales a que se refiere el artículo 31 y, en particular, por los siguientes principios:
Artículo 33. Principio de intervención mínima.-Las administraciones públicas de Cataluña que en el ejercicio de las competencias respectivas establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos, o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deben escoger la medida menos restrictiva, motivar la necesidad de la medida para la protección del interés general y justificar su adecuación para conseguir las finalidades que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
Artículo 34. Simplificación administrativa.-1. La normativa reguladora de los procedimientos de las administraciones públicas de Cataluña puede sustituir un procedimiento o un trámite por alguna de las medidas de simplificación administrativa establecidas por la presente ley.
Artículo 35. Declaración responsable.-1. A los efectos de la presente ley, se entiende por declaración responsable el documento suscrito por la persona interesada en el que declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos por la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la correspondiente documentación acreditativa y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de dicho reconocimiento o ejercicio.
Artículo 36. Comunicación previa.-1. A los efectos de la presente ley, se entiende por comunicación previa el documento suscrito por la persona interesada con el que pone en conocimiento de la Administración pública competente hechos o elementos relativos al ejercicio de un derecho o al inicio de una actividad, indicando los aspectos que pueden condicionarlo, y que se acompaña, si procede, de la documentación necesaria para su cumplimiento de conformidad con lo establecido por la normativa sectorial.
Artículo 37. Modelos actualizados de declaración responsable y comunicación previa.-Las administraciones públicas de Cataluña deben poner a disposición de los ciudadanos modelos actualizados de declaración responsable y de comunicación previa.
Artículo 38. Inexactitud, falsedad u omisión en los datos aportados en la declaración responsable y en la comunicación previa.-1. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato o documento que acompaña o consta en una declaración responsable o en una comunicación previa comportan, previa audiencia de la persona interesada, dejar sin efecto el correspondiente trámite e impiden el ejercicio del derecho o de la actividad afectada desde el momento en que se conocen.
Artículo 39. Inscripciones de oficio.-Las administraciones públicas competentes, de acuerdo con la normativa de aplicación, deben realizar de oficio la inscripción de personas físicas o jurídicas en los correspondientes registros sectoriales en los siguientes casos:
Artículo 40. Ventanilla única.-1. Los ciudadanos pueden obtener la información relativa a los servicios públicos y a los procedimientos administrativos de competencia de las administraciones públicas catalanas, y realizar los correspondientes trámites, por medios electrónicos y a distancia mediante un sitio web común o ventanilla única.
Artículo 41. Los registros administrativos.-1. Los órganos de las administraciones públicas catalanas han de disponer, en la forma determinada por las correspondientes disposiciones reguladoras, de un registro general de entrada y salida de documentos y, si procede, de los registros auxiliares que se consideren necesarios.
Artículo 42. Interconexión y colaboración entre registros.-1. Los órganos administrativos que, al efecto de la anotación en un registro, reciben los documentos dirigidos a otras administraciones públicas tienen la obligación de trasladarlos a la administración competente que corresponda para que conozca de los asuntos a que se refieren.
Artículo 43. Tramitación electrónica del procedimiento administrativo.- 1. Las administraciones públicas catalanas deben utilizar preferentemente los medios electrónicos en los procedimientos administrativos mediante la tramitación por esta vía de comunicaciones, trámites, informes, resoluciones y demás actuaciones, tanto de la administración competente como de las personas interesadas, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a utilizar otros medios y a ser atendidos a través de los mismos.
Artículo 43. Tramitación electrónica del procedimiento administrativo.-1. Las administraciones públicas catalanas deben utilizar preferentemente los medios electrónicos en los procedimientos administrativos mediante la tramitación por esta vía de comunicaciones, trámites, informes, resoluciones y demás actuaciones, tanto de la administración competente como de las personas interesadas, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a utilizar otros medios y a ser atendidos a través de los mismos.
Artículo 44. Actuación administrativa automatizada.-1. Las administraciones públicas catalanas pueden realizar actuaciones automatizadas para constatar la concurrencia de los requisitos que establece el ordenamiento jurídico, declarar las consecuencias previstas, adoptar las resoluciones y comunicar o certificar los datos, actos, resoluciones o acuerdos que consten en sus sistemas de información, mediante la utilización del sistema de firma electrónica que determinen.
Artículo 45. Sistemas de firma electrónica.- 1. Las personas físicas pueden utilizar siempre, en las relaciones con las administraciones, los sistemas de firma electrónica incorporados en el documento nacional de identidad.
Artículo 45. Sistemas de firma electrónica.-1. Las personas físicas pueden utilizar siempre, en las relaciones con las administraciones, los sistemas de firma electrónica incorporados en el documento nacional de identidad.
Artículo 46. Expediente administrativo.-1. El expediente administrativo está integrado por el conjunto de documentos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualesquiera que sean el soporte y el tipo de información que contengan. Un mismo documento puede formar parte de distintos expedientes electrónicos.
Artículo 47. Certificados administrativos.-1. Los certificados administrativos se entregan a solicitud de la persona interesada o a instancia del órgano competente, y requieren el consentimiento de la persona interesada si es preceptivo en virtud de una norma legal.
Artículo 48. Iniciación.-1. El procedimiento puede iniciarse de oficio o a solicitud de una o diversas personas interesadas.
Artículo 49. Contenido de la solicitud.-1. Las solicitudes pueden presentarse en cualquier soporte y deben tener al menos el siguiente contenido:
Artículo 50. Funciones del instructor o instructora.-1. El instructor o instructora del procedimiento cumple, en particular, las siguientes funciones:
Artículo 51. Audiencia a las personas interesadas.-1. Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, debe ponerse el expediente, salvo los datos excluidos del derecho de acceso, en conocimiento de las personas interesadas, o de sus representantes, para que puedan formular las alegaciones y aportar los documentos que estimen procedentes en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, a no ser que se fije otro distinto en la correspondiente normativa.
Artículo 52. Información pública.-1. El trámite de información pública se lleva a cabo en los siguientes supuestos:
Artículo 53. Obligación de resolver.-1. Las administraciones públicas catalanas están obligadas a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma y medio de iniciación, sin perjuicio de lo establecido por el apartado 3.
Artículo 54. Silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada.-1. En los procedimientos iniciados a solicitud de una persona interesada, sin perjuicio de la obligación de las administraciones públicas de resolver expresamente, el vencimiento del plazo sin que se haya notificado resolución expresa legitima a la persona interesada para entender estimada su solicitud por silencio administrativo.
Artículo 55. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.-1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de su obligación legal de resolver, y tiene los siguientes efectos:
Artículo 56. Práctica de la notificación.-1. Las notificaciones de los actos administrativos deben efectuarse por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por parte de la persona interesada, o del representante o la representante de ésta, así como de la fecha, identidad y contenido del acto notificado.
Artículo 57. Requisitos técnicos del medio electrónico al efecto de la notificación.-Los sistemas que las administraciones públicas deben utilizar para la práctica de notificaciones electrónicas deben garantizar el cumplimiento de los siguientes requisitos técnicos:
Artículo 58. Publicación de los actos administrativos.-1. Los actos administrativos se publican en el correspondiente diario o boletín oficial en los supuestos establecidos por la presente ley o por la norma reguladora de cada procedimiento, o si el órgano competente aprecia razones de interés público.
Artículo 59. Ámbito.-1. El procedimiento regulado por el presente título se aplica a las disposiciones reglamentarias que se elaboran en el ámbito competencial de la Administración de la Generalidad.
Artículo 60. Concepto.-1. A los efectos de lo establecido por el presente título, se entiende por disposiciones reglamentarias las disposiciones de carácter general y rango inferior a ley dictadas por el Gobierno o por los consejeros de los departamentos de la Administración de la Generalidad que, cualquiera que sea la materia de que traten, contengan normas que innoven el ordenamiento jurídico.
Artículo 61. Iniciación.- 1. El procedimiento de elaboración de un proyecto de disposición reglamentaria se inicia a propuesta del departamento competente en la materia del proyecto. Si se trata de materias de competencia de más de un departamento, la propuesta debe ser conjunta o del titular o la titular del Departamento de la Presidencia.
Artículo 61. Iniciación.-1. El procedimiento de elaboración de un proyecto de disposición reglamentaria se inicia por resolución del consejero o consejera del departamento competente en la materia del proyecto. Si se trata de materias de competencia de más de un departamento, la resolución debe ser conjunta o del titular o la titular del Departamento de la Presidencia.
Artículo 62. Tramitación.-1. La tramitación de un proyecto de disposición reglamentaria corresponde a la correspondiente unidad directiva del departamento proponente y, en los casos de tramitación conjunta, a las unidades directivas designadas por los departamentos.
Artículo 63. Expediente.-1. El expediente de tramitación de un proyecto de disposición reglamentaria comprende el conjunto de documentación preceptiva, numerada y ordenada cronológicamente.
Artículo 64. Memorias.-1. Los proyectos de disposiciones reglamentarias deben acompañarse siempre de una memoria general, de una memoria de evaluación del impacto de las medidas propuestas, así como de los informes preceptivos y los que solicite el órgano instructor.
Artículo 65. Informes jurídicos.-1. Los proyectos de disposiciones reglamentarias deben someterse a informe jurídico de la correspondiente unidad departamental o de la central, del Gabinete Jurídico de la Generalidad.
Artículo 66. Consulta interdepartamental.- 1. Si la aprobación de la disposición reglamentaria corresponde al Gobierno, la iniciativa debe ponerse en conocimiento de los distintos departamentos para que formulen, si procede, las observaciones que consideren convenientes previamente a los trámites de audiencia y de información pública.
Artículo 66. Consulta interdepartamental.-1. Si la aprobación de la disposición reglamentaria corresponde al Gobierno, la iniciativa debe ponerse en conocimiento de los distintos departamentos con el fin de que formulen las observaciones que estimen convenientes, durante un plazo no inferior a quince días y previamente, si procede, a los trámites de audiencia y de información pública.
Artículo 67. Audiencia.- 1. Los proyectos de disposición reglamentaria que afectan a los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someten al trámite de audiencia de las personas interesadas, poniéndose a disposición de las mismas la preceptiva documentación.
Artículo 67. Audiencia.-1. Los proyectos de disposición reglamentaria que afectan a los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someten al trámite de audiencia de las personas interesadas, poniéndose a disposición de las mismas la preceptiva documentación.
Artículo 68. Información pública.-1. Los proyectos de disposición reglamentaria pueden someterse a información pública por un plazo no inferior a quince días hábiles, que puede reducirse hasta un mínimo de siete días hábiles si razones debidamente motivadas así lo justifican.
Artículo 69. Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.-Los proyectos de disposiciones reglamentarias que se dicten para desarrollar las leyes o el derecho europeo y las modificaciones de las mismas deben someterse con carácter preceptivo al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
Artículo 70. Intervención de las entidades que integran la Administración local.-El órgano responsable de la tramitación de un proyecto de disposición reglamentaria debe adoptar las medidas necesarias para hacer posible la participación de las entidades locales de Cataluña en el procedimiento de elaboración cuando el proyecto de disposición reglamentaria les afecte de forma específica.
Artículo 71. Órganos competentes para la revisión de disposiciones y actos nulos.-1. La competencia para iniciar y resolver los procedimientos de revisión de oficio de disposiciones reglamentarias y para iniciar el de revisión de actos nulos corresponde al órgano que los ha aprobado o dictado.
Artículo 72. Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.-El dictamen de la Comisión Jurídica Asesora es preceptivo en los expedientes de la Administración de la Generalidad o de la Administración local relativos a la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho y de disposiciones reglamentarias.
Artículo 73. Órganos competentes para la declaración de lesividad de actos anulables.-1. La competencia para iniciar los procedimientos para la declaración de lesividad de los actos anulables corresponde al órgano que ha dictado el acto.
Artículo 74. Órganos competentes para la revocación de actos y la rectificación de errores.-1. La competencia para revocar un acto de gravamen o desfavorable corresponde al órgano que lo ha dictado.
Artículo 75. Fin de la vía administrativa.-1. En el ámbito de la Administración de la Generalidad, ponen fin a la vía administrativa los actos administrativos de los siguientes órganos:
Artículo 76. Recurso de alzada.-Contra los actos que no ponen fin a la vía administrativa las personas interesadas pueden interponer el recurso de alzada en los términos y en los supuestos que establece la legislación básica.
Artículo 77. Recurso potestativo de reposición.-Contra los actos que ponen fin a la vía administrativa las personas interesadas pueden interponer el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que los ha dictado o impugnarlos directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en los términos que establece la legislación básica.
Artículo 78. Recurso extraordinario de revisión.-Contra los actos firmes en vía administrativa las personas interesadas pueden interponer el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los ha dictado, que también es el competente para su resolución, previo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, en los términos que establece la normativa vigente.
Artículo 79. Sustitución de los recursos administrativos.-1. Los recursos de alzada y el potestativo de reposición pueden ser sustituidos, en los supuestos establecidos por una ley, por otros procedimientos de impugnación y reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante un órgano colegiado no sometido a instrucciones jerárquicas. Quedan excluidos del procedimiento de arbitraje los recursos de reposición respecto a los cuales el órgano competente para resolver es el presidente o presidenta de la Generalidad o el Gobierno.
Artículo 80. Reclamación previa a la vía judicial civil y laboral.-1. La reclamación en vía administrativa es un requisito previo para el ejercicio de acciones judiciales civiles o laborales contra cualquier administración pública catalana, sin perjuicio de las excepciones establecidas por ley.
Artículo 81. Principios generales.-1. Los ciudadanos tienen derecho, en los términos que establecen la legislación básica, la presente ley y la normativa de desarrollo, a ser indemnizados por las administraciones públicas de Cataluña de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre y cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, excepto en los casos de fuerza mayor o de daños que los ciudadanos tengan el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
Artículo 82. Indemnización.-Las lesiones producidas al ciudadano o ciudadana provenientes de daños derivados de hechos o circunstancias que no se han podido prever o evitar con los conocimientos científicos o técnicos existentes en el momento de la producción de los daños no son indemnizables, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para dichos casos.
Artículo 83. Órganos competentes.-1. En el ámbito de la Administración de la Generalidad, los órganos competentes para iniciar e instruir los procedimientos de responsabilidad son los que determinan las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo y, a falta de dicha previsión, los órganos que en cada caso designe el consejero o consejera del departamento. En todo caso, la competencia para dictar la resolución que pone fin al procedimiento o, si procede, para aprobar el acuerdo convencional corresponde al consejero o consejera del departamento.
Artículo 84. Procedimientos de responsabilidad patrimonial.-1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas de Cataluña se inician de oficio o por reclamación de las personas interesadas.
Artículo 85. Audiencia.-1. Una vez instruido el procedimiento de responsabilidad patrimonial, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, este debe darse a conocer a las personas interesadas para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince formulen las alegaciones que consideren convenientes.
Artículo 86. Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.-1. Una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano instructor del procedimiento general de responsabilidad patrimonial debe proponer, en el plazo de diez días y para el caso que sea preceptivo, la emisión del dictamen por parte de la Comisión Jurídica Asesora.
Artículo 87. Procedimiento abreviado.-Iniciado el procedimiento general de responsabilidad patrimonial, si el órgano instructor entiende que la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del servicio público, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización son inequívocos, puede proponer al órgano competente para resolver la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento abreviado.
Artículo 88. Finalidad.-1. Las administraciones públicas de Cataluña velan por la legalidad vigente mediante las potestades de inspección y control del cumplimiento de los requisitos aplicables de acuerdo con la normativa sectorial. A tal efecto, pueden comprobar, verificar, investigar e inspeccionar hechos, elementos, actividades, acciones y demás circunstancias que concurran.
Artículo 89. Ejercicio.-1. Los órganos competentes de las administraciones públicas catalanas ejercen las funciones públicas de inspección y control, de oficio o a instancia de parte, en los términos establecidos por la presente ley y por la legislación sectorial.
Artículo 90. Valor probatorio.-1. Los hechos constatados por el personal de la Administración encargado de las funciones públicas de inspección y control, y que se formalizan en un documento público observando los requisitos legalmente establecidos, tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar las personas interesadas en defensa de sus derechos e intereses.
Artículo 91. Entidades colaboradoras.-1. Las administraciones públicas de Cataluña pueden encomendar el ejercicio de funciones de inspección y control a entidades colaboradoras debidamente habilitadas en los términos establecidos por la presente ley y por la normativa sectorial.
Artículo 92. Sistema de habilitación.-1. La finalidad del sistema de habilitación es garantizar que las entidades colaboradoras y su personal técnico cumplen los requisitos de capacidad, independencia, imparcialidad y responsabilidad, así como los demás requisitos que puedan establecerse por reglamento.
Artículo 93. Registro de entidades colaboradoras.-Las administraciones públicas de Cataluña pueden crear registros sectoriales de entidades colaboradoras en el ámbito de las respectivas competencias de inspección y control. La inscripción en dichos registros se lleva a cabo, en todo caso, de oficio.
Artículo 94. Obligaciones de las entidades colaboradoras.-Las obligaciones de las entidades colaboradoras son:
Artículo 95. Actos, informes y certificaciones.-1. Los hechos constatados por el personal técnico habilitado de las entidades colaboradoras en el ejercicio de las funciones de inspección y control, así como cualquier actuación técnica que les sea encargada, se documentan en los correspondientes actos, informes y certificaciones, en los términos fijados por la normativa sectorial.
Artículo 96. Supervisión administrativa.-1. El órgano administrativo competente en materia de habilitación está facultado para supervisar las actuaciones de las entidades colaboradoras en el ejercicio de funciones de inspección y control, en los términos establecidos por la normativa sectorial y por la presente ley.
Artículo 97. Suspensión y retirada de la habilitación.-1. La constatación, como resultado de la supervisión administrativa establecida por el artículo 96, del incumplimiento grave de las obligaciones a las que están sujetos las entidades habilitadas o sus técnicos faculta al órgano competente para acordar la suspensión o la retirada definitiva de la habilitación a la entidad colaboradora o, si procede, al personal técnico responsable, sin perjuicio del régimen sancionador establecido por la presente ley y por otras leyes sectoriales.
Artículo 98. Suspensión y pérdida de la habilitación.-1. Las entidades colaboradoras de las administraciones públicas de Cataluña deben solicitar la suspensión, parcial o total, de su habilitación cuando se modifiquen los requisitos que justificaron su otorgamiento.
Artículo 99. Régimen sancionador.-Las entidades colaboradoras de las administraciones públicas de Cataluña quedan sometidas al régimen sancionador que establece el presente capítulo, que es de aplicación supletoria al régimen de infracciones y sanciones que establece la legislación sectorial.
Artículo 100. Infracciones y sanciones.-1. Son infracciones graves:
Artículo 101. Medida cautelar.-El órgano instructor del procedimiento administrativo sancionador puede adoptar la medida cautelar de suspensión de la habilitación de la entidad colaboradora o de su personal técnico presuntamente responsable de la infracción.
Artículo 102. Principios de la potestad sancionadora.-1. La potestad sancionadora de las administraciones públicas de Cataluña se ejerce cuando haya sido expresamente atribuida por norma con rango de ley.
Artículo 103. Órganos competentes.-1. El ejercicio de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de Cataluña corresponde a los órganos administrativos que la tienen expresamente atribuida, por disposición legal o reglamentaria.
Artículo 104. Procedimiento sancionador.-1. El ejercicio de la potestad sancionadora requiere un procedimiento establecido por ley o por reglamento que garantice los derechos reconocidos por la presente ley y por la legislación básica a la persona presuntamente responsable.
Artículo 105. Medidas de carácter provisional.-Si las normas legales o reglamentarias que regulan los procedimientos sancionadores de las administraciones públicas de Cataluña así lo establecen, pueden adoptarse, mediante acuerdo motivado, medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pueda dictarse.
Artículo 106. Resolución.-1. La resolución que pone fin al procedimiento debe ser motivada y debe resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente.
Artículo 107. Principios que rigen las relaciones interadministrativas.-1. Las relaciones de las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley se rigen por lo dispuesto por el Estatuto de autonomía, la legislación específica aplicable a cada una de ellas y la presente ley.
Artículo 108. Características generales.-1. A los efectos de la presente ley, se entiende por convenio de colaboración todo acuerdo sujeto al derecho público, del que se derivan obligaciones jurídicas directas para las partes, con independencia de la denominación del instrumento que lo contenga.
Artículo 109. Régimen jurídico.- 1. Los convenios y los protocolos tienen carácter voluntario y deben estipularse en términos de igualdad entre las partes. En ningún caso son de aplicación las prerrogativas que la legislación de contratos del sector público atribuye a los órganos de contratación.
Artículo 109. Régimen jurídico.-1. Los convenios y los protocolos tienen carácter voluntario y deben estipularse en términos de igualdad entre las partes. En ningún caso son de aplicación las prerrogativas que la legislación de contratos del sector público atribuye a los órganos de contratación.
Artículo 110. Contenido.- 1. Los convenios, si procede, deben contener los siguientes aspectos:
Artículo 110. Forma y contenido.-1. Los convenios y los protocolos se formalizan por escrito.
3. Los protocolos deben contener, si procede, los aspectos establecidos por las letras a, b, c, d, e, g, h, y, j y l del apartado 2.
Artículo 111. Procedimiento y expediente.-1. Cada administración, organismo o entidad pública que suscribe un convenio o un protocolo debe seguir previamente el procedimiento establecido por la normativa que les sea de aplicación.
Artículo 112. Eficacia y publicidad.-1. Los convenios obligan desde el momento de su firma, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Artículo 113. Carácter.-1. Las administraciones públicas de Cataluña pueden constituir consorcios, o bien adherirse a otros ya existentes, con otras administraciones, organismos o entidades públicas, o con entidades privadas sin ánimo de lucro, que tengan finalidades de interés público concurrentes.
Artículo 114. Naturaleza y contenido de los estatutos.-Los estatutos son la norma reguladora de los consorcios y deben establecer, como mínimo, los siguientes elementos:
Artículo 115. Procedimiento y expediente.-1. La constitución de los consorcios sigue el siguiente procedimiento:
Artículo 116. Delegaciones y encargos de gestión.-1. Las administraciones públicas catalanas, los organismos y las entidades públicas pueden delegar las competencias de su titularidad a otras administraciones o entidades en los términos que establece la normativa sectorial de aplicación.
Artículo 117. Participación en órganos de cooperación.-Las administraciones públicas pueden crear específicamente órganos de cooperación, que no tienen personalidad jurídica, con la integración de otras administraciones, organismos o entidades públicas, o determinar su participación en los ya existentes, cuando las actuaciones respectivas puedan afectar a sus competencias o intereses.
Disposición adicional primera. Régimen de las corporaciones de derecho público.-Las corporaciones de derecho público de Cataluña se rigen por su legislación específica y, con carácter supletorio, por la presente ley cuando ejercen potestades administrativas.
Disposición adicional segunda. Órganos colegiados de gobierno.-Las disposiciones del capítulo II del título I de la presente ley no son de aplicación al Gobierno de la Generalidad ni al pleno ni, en su caso, a la comisión de gobierno de las entidades que integran la Administración local.
Disposición adicional tercera. Consorcios legales del régimen especial de Barcelona.-Los consorcios legales que regula la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, se rigen por su legislación específica y aplican la presente ley con carácter supletorio de conformidad con lo dispuesto por sus estatutos.
Disposición adicional cuarta. Convenios y acuerdos con el Estado y las comunidades autónomas y acuerdos para la acción exterior.-Los órganos de las administraciones públicas catalanas y los organismos y entidades públicas dependientes de las mismas, cuando promuevan la suscripción de convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con el Estado y con las comunidades autónomas, así como la suscripción de acuerdos de colaboración con entes públicos de otros estados y organismos internacionales, deben velar por que el contenido de convenios y acuerdos se adecue a las disposiciones del artículo 110. La elaboración y la tramitación de dichos convenios y acuerdos deben ajustarse a lo dispuesto por el artículo 111 y la normativa específica reguladora de los mismos.
Disposición adicional quinta. Convenios con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado.-Los convenios que las administraciones públicas de Cataluña suscriben con las personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado se rigen por la legislación específica y, en su defecto, por las disposiciones del capítulo II del título IX en los aspectos en que sea de aplicación.
Disposición adicional sexta. Firma electrónica para los órganos y el personal de las administraciones públicas.- 1. El Gobierno debe promover la provisión de mecanismos de identificación y de firma electrónica reconocida a los órganos administrativos y al personal de las administraciones, debiendo determinar sus correspondientes condiciones de uso.
Disposición adicional sexta. Firma electrónica para los órganos y el personal de las administraciones públicas.-1. El Gobierno debe promover que la entidad pública prestadora de servicios de certificación suministre y administre la firma electrónica reconocida, si es necesaria, a los órganos administrativos y al personal de las administraciones, debiendo determinar sus correspondientes condiciones de uso.
Disposición adicional séptima. Firma electrónica para la ciudadanía.- 1. La Agencia Catalana de Certificación puede suministrar certificados reconocidos de firma electrónica, bajo el régimen de libre concurrencia, a las personas que lo soliciten, previa comprobación específica de su identidad por parte de una entidad pública de la Administración de la Generalidad o de otras entidades de registro colaboradoras, públicas o privadas.
Disposición adicional séptima. Firma electrónica para los ciudadanos.-1. La entidad pública prestadora de servicios de certificación puede suministrar y administrar la firma electrónica avanzada y el certificado reconocido en el que ésta se basa, en régimen de libre concurrencia, a las personas que lo soliciten, previa comprobación específica de su identidad por parte de una entidad pública de la Administración de la Generalidad o de otras entidades de registro colaboradoras, públicas o privadas.
Disposición adicional octava. Automatización progresiva de las oficinas de registro.-En el ámbito de la Administración de la Generalidad, debe procederse a la automatización de las oficinas físicas de registro para garantizar la interconexión de todas las oficinas y posibilitar el acceso por medios electrónicos a los asentamientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos presentados.
Disposición adicional novena. Entidad pública prestadora de servicios de certificación.- [...]
Disposición adicional novena. Entidad pública prestadora de servicios de certificación.-1. La Agencia Catalana de Certificación es la entidad pública prestadora de servicios de certificación en el ámbito de la Administración de la Generalidad.
Disposición adicional décima. Medios electrónicos y sociedades y fundaciones del sector público.-Las sociedades y las fundaciones del sector público dependientes o vinculadas a las administraciones públicas de Cataluña deben adoptar las medidas oportunas, de acuerdo con los principios de la presente ley, para la consecución de las siguientes finalidades:
Disposición adicional undécima. Gestión de la documentación y archivo de los documentos electrónicos.-1. Los documentos electrónicos deben ser gestionados y conservados en expedientes electrónicos de acuerdo con las prescripciones de la normativa en materia de archivos y documentos.
Disposición adicional duodécima. Procedimientos de naturaleza tributaria.-Los procedimientos administrativos de naturaleza tributaria, la aplicación de los tributos, así como la revisión de actos dictados en dicha materia, se rigen por la normativa específica. Si no existe norma tributaria de aplicación, rigen supletoriamente las disposiciones de la presente ley.
Disposición adicional decimotercera. Aplicación de los requisitos para el silencio administrativo desestimatorio regulados por normas preexistentes.-A los efectos de lo dispuesto por el artículo 54.2.b de la presente ley, se entiende que concurren razones imperiosas de interés general en los procedimientos que, habiendo sido objeto de regulación con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley por normas con rango de ley o de derecho europeo, establecen efectos desestimatorios para la falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo fijado.
Disposición adicional decimocuarta. Interpretación de la Ley conforme al derecho europeo.-La interpretación de la presente ley debe hacerse de acuerdo con el derecho y la jurisprudencia europeos.
Disposición adicional decimoquinta. Reconocimiento mutuo de actuaciones administrativas de otros estados miembros de la Unión Europea.-Las actuaciones de las autoridades administrativas de otros estados miembros de la Unión Europea deben ser reconocidas de acuerdo con lo establecido por la legislación sectorial.
Régimen transitorio de actuaciones y procedimientos anteriores.-Las actuaciones y los procedimientos, sean o no electrónicos, iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley se rigen por la normativa anterior hasta su finalización.
Disposición derogatoria primera. Derogación parcial de la Ley 13/1989.-Se derogan los artículos 1 y 3, en los aspectos relativos al régimen jurídico de la Administración de la Generalidad, y los artículos 2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 42, 44, 54.2, 55 salvo el apartado 1, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
Disposición derogatoria segunda. Derogación parcial de la Ley 23/2002.-Se deroga, a excepción de los anexos, la Ley 23/2002, de 18 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos en relación con el régimen de silencio administrativo y el plazo de resolución y notificación, y de primera modificación de los artículos 81, 82 y 83 de la Ley 13/1989.
Disposición final primera. Reproducción de legislación básica.-1. Los artículos 6.1, 6.3, 6.4, 7.3, 8.1, 8.5, 8.9, 9.1, 11.3, 11.6, 12.3, 14.2 primer inciso, 17 apartados 4 y 5, 18.4, 19.3, 22.1.f, 27.2, 48.1, 48.2, 51.3, 53 apartados 1, 2 y 3, 55, 77, 103.2, 104.1, 106.1 y 107.3 reproducen, respectivamente, los artículos 12.1 primer párrafo, 12.2, 12.3, 21.2, 13.1, 13.6, 13.7, 14.1, 16.4, 16.2, 20.2, 25.1, 26.1, 26.3, 27.4, 35.a primer inciso, 37.2, 68, 69.1, 84.4, 42.1, 44, 116.1, 134.2, 134.1, 138.1 y 4.1 de la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Disposición final segunda. Adaptación de las administraciones públicas de Cataluña para la incorporación de medios electrónicos y para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.- 1. Desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley, los derechos que en ella son reconocidos a los ciudadanos, en sus relaciones con las administraciones públicas catalanas mediante el uso de medios electrónicos, pueden ser ejercidos, con relación a los procedimientos y actuaciones de su competencia, adaptados al que la presente ley dispone, sin perjuicio de lo establecido por la presente disposición.
Disposición final segunda. Adaptación de las administraciones públicas de Cataluña para la incorporación de medios electrónicos y para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.-1. Desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley, los derechos que en ella son reconocidos a los ciudadanos, en sus relaciones con las administraciones públicas catalanas mediante el uso de medios electrónicos, pueden ser ejercidos, con relación a los procedimientos y actuaciones de su competencia, adaptados al que la presente ley dispone, sin perjuicio de lo establecido por la presente disposición.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno.-1. Se modifica el apartado b del artículo 10 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, que queda redactado en los siguientes términos:
«Disposición adicional segunda. Cómputo de los plazos.-Los plazos indicados en días por la presente ley para las actuaciones del Parlamento se computan como días hábiles, entendidos como tales los días laborables comprendidos entre el lunes y el viernes.»
Disposición final cuarta. Título competencial.-La presente ley se dicta al amparo de los artículos 159.1 y 2 y 160.1 del Estatuto de autonomía.
Disposición final quinta. Desarrollo de la Ley.-Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación y el desarrollo de la presente ley.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.-La presente ley entra en vigor al cabo de tres meses de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, con las siguientes excepciones: