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Timestamp: 2018-03-24 13:51:54
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Tema 3 [72365] | Derecho civil I (UMA) | Unybook
DERECHO CIVIL BLOQUE 1. LECCIÓN 3. LOS DERECHOS FORALES EPÍGRAFE 1. ANTECEDENTES DE LA LLAMADA “CUESTIÓN FORAL” Una de las peculiaridades de España en materia jurídico-privada es la coexistencia dentro de su territorio de ordenamientos jurídicos privados diferentes por motivaciones de tipo histórico como fueron la existencia durante mucho tiempo de diferentes reinos con especiales características y con sus propias instituciones políticas y jurídicas.
La monarquía borbónica implantó por primera vez una auténtica unidad política de la nación española, lo que había de influir en los ordenamientos jurídicos. Felipe V manifestó su propósito de reducir todos los reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos y costumbres y tribunales, gobernándose igualmente por las Leyes de Castilla. Así aparecerían los Decretos de Nueva Planta. En un primer momento se derogaron los Derechos de las regiones y luego se restablecieron. Se mantuvieron los Derechos civiles de Aragón, Cataluña y de Mallorca. Al quedar suprimidas las fuentes de producción, estos Derechos quedaron imposibilitados de renovación.
Un caso aparte es el del Reino de Navarra, que había participado en las guerras de Sucesión al lado de las fuerzas de Felipe V y no le afectó los Decretos de Nueva Planta. Conservó sus propias instituciones políticas y jurídicas hasta finales de la primera guerra carlista (1839).
A principios del siglo XIX existía en nuestro país una serie de ordenamientos jurídico-privados de naturaleza especial o diferencial. La política de comienzos del siglo XIX fue centralizadora y la defensa de los fueros constituye uno de los motores de las guerras civiles de aquel siglo. Unificadora era la Constitución de Cádiz de 1812 al consagrar que los Códigos civil, penal y de comercio eran únicos para la monarquía, también los Proyectos de Código civil. El de 1851 en la Disposición Final decía que quedaban derogados todos los fueros, leyes, usos y costumbres anteriores a la promulgación de este Código.
En la segunda mitad del siglo XIX se produjo un nuevo florecimiento de los regionalismos en algunos sectores de la Península. Se trata de preservar las particularidades regionales. La conservación de las peculiaridades jurídicas regionales gana la partida y ya se trata de decidir cuál ha de ser el procedimiento más conveniente para llevarlo a cabo. En un primer momento se trata de incorporar vocales foralistas a la Comisión General de Codificación y encargándoles la redacción de unas memorias sobre las particularidades forales que interesaba conservar y que debían integrarse dentro del Código civil. No consintieron, sin embargo, los foralistas la integración de sus Derechos en el Código civil y a partir del Proyecto de Ley de Bases de 1885 se admitió que el Derecho foral subsistiera en su integridad. En sus artículos 5 y 6 se establece que el código regirá como derecho supletorio.
La conservación de las leyes y normas forales debía hacerse mediante “Apéndices” donde se contenían las instituciones forales que conviene conservar, pero este sistema fracasó. Únicamente en Aragón se dio cima al Apéndice correspondiente al Derecho foral de Aragón, que fue aprobado y publicado en 1925 entrando en vigor en 1926.
Con la Segunda República, la Constitución de 1931 consagró políticamente las legislaciones civiles de aquellas regiones a las que se otorgaran estatutos autónomos permitiendo la producción de nuevas leyes por sus propios órganos. Terminada la guerra civil en 1939 la cuestión foral perdió parte de su carga política. En el año 1944 la celebración de un Congreso Nacional de Derecho civil tuvo como tema fundamental el estudio de la situación actual y futura de las legislaciones forales.
El Congreso se celebró en Zaragoza en 1946 y aprobó la idea de la elaboración de un Código civil de España que recoja las instituciones de Derecho común, del Derecho territorial y foral y las peculiaridades de algunas regiones. Fruto de la labor de las Comisiones de juristas de las regiones forales fue la promulgación de una serie de leyes estatales en las que se contenían las Compilaciones de los Derechos civiles especiales o forales.
EPÍGRAFE 2. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO FORAL: LOS APÉNDICES, LAS COMPILACIONES Y LA LÍNEA EVOLUTIVA DE ESTAS ÚLTIMAS.
 El artículo 6º de la Ley de Bases de 1888 ordenaba que el Gobierno presentara a las Cortes unos Apéndices del Código civil. El sistema tenía además un carácter limitativo al prever sólo la codificación de aquello que conviniera conservar. Tal vez en ello radicaran las causas del fracaso del sistema de los Apéndices.
 El sistema de Compilaciones, propuesto por los Congreso de Derecho civil de 1946, adoptó una línea más favorable al Derecho foral. El Derecho foral debía resultar ampliado. Se hacía posible el restablecimiento de instituciones no decaídas por el desuso.
Además de llevarse a cabo una traducción de las normas a un lenguaje actual, se realizaba también una modernización y una puesta al día de las normas forales.
1 En el proceso de codificación de los Derecho forales distinguimos dos fases: 1.
La primera fase está formada por las Compilaciones de Vizcaya y Álava, Cataluña y Baleares (1959-1961); La segunda fase la marcan las Compilaciones de Aragón y Navarra (1967-1973) Fase de transición de la Compilación de Galicia (1963). Con todo ellos las normas e instituciones forales ponía en peligro la unidad jurídica del país.
La autonomía regional era un problema jurídico-constitucional. En la materia estricta del Derecho privado, el hecho diferencial se centra básicamente en los regímenes económicos-conyugales y en la materia sucesoria.
EPÍGRAFE 3. LA REFORMA DEL TITULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO CIVIL DE 1974 Y LOS DERERECHOS FORALES.
Hemos visto la evolución reciente del Derecho foral en la que conviene sintetizar varias etapas.
 Primera etapa: la primera, hasta la aparición de las Compilaciones, se caracteriza por el carácter provisional con que se mantiene el Derecho foral. El artículo 12 C.C, antes de su modificación por el nuevo Título preliminar, decía que en « las provincias y territorios en que subsiste el derecho foral, lo conservarán por ahora en toda su integridad », y respecto de Aragón y Baleares el artículo 13 ordenaba que el Código empezase a regir al mismo tiempo que en las demás provincias no aforadas.
 Otras etapas: Frente a esta orientación al Código civil, la política de las Compilaciones, que se desarrolla paradójicamente bajo el régimen autoritario del general Franco, refuerza el Derecho foral de hecho.
En los últimos años del régimen del general Franco se modificó el Título preliminar del Código civil y con ellos los artículos 12 y 13 del mismo, que pasan a ser el artículo 13 del texto articulado de aquel Título, aprobado por Decreto de 31 de mayo de 1974. Su Exposición de Motivos decía que el reconocimiento de los Derechos forales no hace resentirse «la fortaleza de la integración histórica y política de España », al contrario, «alcanza su completa realización».
Con estos antecedentes, el artículo 13 del nuevo Título preliminar se redactó en dos párrafos: en el primero, se ordenaba la aplicación general y directa a toda España de las normas del Título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las leyes y las reglas generales para su aplicación, así como las del Título IV del Libro I; en el segundo párrafo se ordenaba también la aplicación del Código civil, pero con pleno respeto a los Derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes, por lo que aquél regirá como supletorio de segundo grado, es decir, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especiales.
Así pues, es evidente que el régimen autoritario del general Franco supuso una consolidación definitiva de la realidad foral.
EPÍGRAFE 4. LA CONSTITUCIÓN DE 1978: LOS DERECHOS CIVILES AUTONÓMICOS.
A partir de la promulgación de la Constitución, los derechos civiles especiales de las regiones españolas han experimentado un sensible giro, como consecuencia del reconocimiento y garantía de la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española (artículo 2º CE).
Desarrollando el precepto mencionado, el artículo 143 CE dispone que «en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2º de la CE, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica, podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades autónomas con arreglo a los previsto en ese Título y en sus Estatutos».
La asunción de competencias por las Comunidades autónomas, una vez creadas, debía corresponder a los Estatutos de autonomía, y éstos, a su vez, dentro de la estructura de la Constitución, se diferenciaban en dos tipos:  Estatutos largos: se reservaron para las regiones que históricamente hubieran alcanzado ya un Estatuto de autonomía (Cataluña, País vasco y Galicia), así como para aquellas otras regiones que alcanzaran la autonomía de acuerdo con el artículo 151.
 Estatutos cortos: solo podían asumir competencias dentro del repertorio establecido en el artículo 148 CE, en el cual no existía ninguna referencia a materias de Derecho civil o de Derecho privado en general.
Ello, no obstante, en el anteproyecto de Constitución, a la hora de definir las competencias exclusivas del Estado, la única referencia a materias civiles se encontraba en los apartados 6º y 7º del artículo 138, que mencionaban respectivamente: la determinación de las fuentes del Derecho, y la aplicación y eficacia de las normas jurídicas y régimen supletorio del Derecho privado; y las relaciones jurídico-civiles relativas a la forma de matrimonio.
2 El texto del anteproyecto fue objeto de diferentes enmiendas, surgidas de regiones foralistas que entendían que la Constitución anulaba los Derechos forales y adquiría el significado de un nuevo Decreto de nueva planta. Por otra parte, era manifiesto que ningún Derecho civil especial tenía por qué entenderse derogado por la Constitución.
Con el fin de obtener el mayor amplio acuerdo posible, la materia, trasladada al artículo 149***, quedó situada en el apartado 1º8 de dicho artículo.
En nuestra opinión, la mejor comprensión del precepto aconseja distinguir en él tres reglas: 1.
La regla general: que es la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, que debe entenderse como un principio general.
La regla de salvaguarda: sobre las conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades autónomas de los Derechos forales en ellas existentes, con una atribución de competencias a estas Comunidades autónomas.
La reserva final: es el precepto que en todo caso son competencia exclusiva del Estado las que la segunda parte del precepto menciona.
Ello ha dado lugar a variantes de interpretación: Para la primera, cualquier competencia regional en materia de Derecho civil pasa como presupuesto imprescindible, por la preexistencia, en el momento de la promulgación de la Constitución, de Derecho foral en tal comunidad, y lo que hemos llamado reserva final es el límite infranqueable de las competencias de desarrollo del Derecho foral.
b. La segunda idea se fundamenta en la comprensión de las posibilidades de desarrollo del Derecho civil especial que el precepto contempla, que puede interpretarse amplia o estrictamente, pero que, aun cuando prepondere la tesis ampliatoria, siempre se encuentra la reserva final como límite infranqueable. Consecuencia final de ello es que no hay competencia para las comunidades autónomas sin Derecho foral.
c. Una tercera forma de entender el precepto, que encuentra su fundamento en los antecedentes y en los trabajos de las Cortes Constituyentes, entiende que la competencia exclusiva del Estado se encontraba en la Reserva final, mientras que la clausula de salvaguarda se introdujo para despejar los recelos foralistas, aunque atribuyó a alguna Comunidad autónoma competencias que de otra suerte no parece que pudiera haber tenido.
Se establecen una serie de conclusiones: a. La primera conclusión de todo este proceso de interpretación del precepto es que los antiguos Derechos civiles especiales han pasado a formar parte del ordenamiento jurídico de las comunidades autónomas y son Derechos autonómicos.
b. La segunda conclusión es que a partir de la aprobación de los Estatutos de autonomía, las competencias legislativas, en orden a la modificación o al desarrollo y en general a la legislación que los estatutos permitan, son obra de las Asambleas parlamentarias de las comunidades autónomas.
c. La tercera conclusión es que la delimitación de las competencias en materia de Derecho civil está en función de los Estatutos de Autonomía para las comunidades autónomas con Estatutos amplios. Sin embargo, en las comunidades autónomas con Estatutos cortos, la única competencia era la conservación, modificación y desarrollo de los Derechos civiles forales especiales.
EPÍGRAFE 5. LAS INDECLINABLES COMPETENCIAS DEL ESTADO EN MATERIA DE LEGISLACIÓN CIVIL.
Se encuentran establecidas en el artículo 149.18 CE, y son las siguientes:  Las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas. Se trata de una enumeración de muy difícil determinación. Literalmente se utiliza la misma terminología que en los Capítulos II y III del Título Preliminar del Código civil tal como quedó después de la reforma de 1974. Sin embargo, una expresión muy parecida se encontraba en la Constitución republicana de 1931, lo que tal vez podría permitir darle otro sentido.
 Las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio. Es otra determinación llamada a producir equívocos porque las relaciones jurídico-civiles surgen del matrimonio y no sólo de sus formas, ni son tampoco las relativas a las formas. Es claro que queda excluido de la competencia del Estado y pueden pertenecer a los Derechos autonómicos, cuando así deba ocurrir, la regulación del régimen económico conyugal, por lo cual ha de entenderse que es materia de la legislación del Estado la regulación del matrimonio y de las diferentes formas de contraerlo, así como los derechos y deberes existentes entre los cónyuges.
 La ordenación de los Registros e instrumentos públicos. Por Registros debe entenderse aquellos que producen efectos en la ordenación jurídico-privada y, en especial, el Registro civil y el Registro de la Propiedad, así como otros registros secundarios. La referencia a los instrumentos públicos comprende la legislación notarial, pero también todas aquellas normas donde pueda regularse la forma de redactar los documentos públicos, así como sus efectos.
3  Las bases de las obligaciones contractuales. Aunque se trata de una clausula general de no fácil comprensión, debe entenderse, por exigirlo así el principio de unidad de mercado, que es legislación unitaria y estatal todo lo relativo a las reglas generales sobre las obligaciones extracontractuales.
 Las normas para resolver los conflictos de leyes. Es indiscutible que el Estado se reserva la competencia exclusiva para establecer las normas del llamado Derecho interregional que regula conflictos de leyes del Estado en el espacio, o conflictos en orden a la aplicación de cada uno de los ordenamientos jurídicos vigentes en el territorio español.
 La determinación de las fuentes del Derecho. El comentario de este inciso puede hacerse en varios sentidos.
Ante todo, la determinación de las fuentes del Derecho con carácter general para todo un ordenamiento jurídico no es una materia civil, por lo cual la expresión del precepto comentado debe entenderse limitada a las fuentes del Derecho civil o, si se prefiere de otro modo, a los medios para integrar lagunas de cada ordenamiento jurídico civil.
En segundo lugar, puede observarse en el precepto que se comenta que las normas que determinan las fuentes del Derecho están claramente separadas de las relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, lo que en el Título Preliminar del Código civil aparece con claridad, fuera de él se sitúan las cosas en una zona de penumbra. Se observará también que por lo que se refiere a las fuentes del Derecho el artículo dice que esta competencia se produce con respeto a las normas de Derecho foral o especial.
EPÍGRAFE 6. LAS RELACIONES ENTRE EL CÓDIGO CIVIL Y LOS DERECHOS FORALES. (PÁGINAS 81-87)  PRECEDENTES DE LA CUESTIÓN.
Tenemos que tener en cuenta, en esta controvertida relación, dos artículos del Código Civil de 1889: 1.
Artículo 12. Establece la supletoriedad del Código Civil en segundo grado respecto de los Derechos forales. Los Derechos forales conservaban su derecho propio, es decir, todo aquel derecho que era de ellos supletorio anteriormente (derecho romano, canónico, doctrina, etc.).
Artículo 13. Se prevé un régimen especial para Aragón y las islas Baleares. En ellos el Código Civil regiría como fuente supletoria de primer grado, antecedido de sus propios derechos forales.
Con la publicación de las Compilaciones en 1944 comenzaron los problemas: o En las de Álava y Vizcaya, Cataluña, Baleares y Galicia, se sustituyó el derecho foral anterior por la Compilación y posteriormente regiría el Código Civil.
o En el caso de la Compilación de Aragón y Navarra, la prelación se alteró:   En la Compilación de Aragón regiría primeramente el derecho foral, seguido de la costumbre los principios generales y el Código Civil.
En la Compilación de Navarra regiría el mismo orden, incluyéndose la analogía como anterior al Código Civil.
 EL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO CIVIL EN LA REFORMA DE SU TÍTULO PRELIMINAR EN 1974.
Se contienen en este artículo 3 reglas: a.
Las disposiciones del Título Preliminar tienen aplicación general y directa en toda España.
Se cuestiona, por tanto, su compatibilidad con los Derechos forales. El tema es ya pura historia, ya que esta regla ha sido desplazada por la misma evolución legislativa de los Derechos forales y los Estatutos de Autonomía de las Comunidades que lo poseían.
Por lo que respecta al tema de las fuentes del Derecho, el artículo 13 omite toda referencia en cuanto a su aplicación en todo el territorio nacional. Es evidente que estamos a un grupo de normas distintas de las leyes y reglas generales. Ello mismo nos lleva a la conclusión que las normas sobre fuentes del Derecho foral no quedan sustituidas por éstas del Título Preliminar, pero sí que son aplicables solamente en su propio ordenamiento civil foral.
Las disposiciones del Título IV del Libro I tienen aplicación general y directa en toda España, excepto las mismas del mismo Título relativas al régimen económico matrimonial.
4 Este precepto ha dejado de tener importancia después de la reforma de 1981, en que dicho Título ha quedado limpiado de normas sobre régimen económico matrimonial. Es claro, en cualquier caso, que estas reglas son Derecho de general aplicación.
Los Derecho forales o especiales de los territorios en que estén vigentes regirá el Código Civil como Derecho supletorio, en defecto del que lo sea anteriormente según sus normas especiales.
Se consagra así el respeto al Derecho civil foral y se sienta la supletoriedad de segundo grado del Código Civil. Este criterio, sin embargo, tras la etapa de las Compilaciones no era exacto, ya que las Compilaciones carecían de otra norma supletoria que no fuera el Código Civil y, por tanto, no era necesario ese carácter de segundo grado, sino de primero. Tras la Constitución de 1978 este criterio tampoco es exacto.
 EL PROBLEMA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.
El artículo 13 del Código Civil aunque nunca haya sido formalmente derogado ha quedado superado por la promulgación de la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la legislación emanada de las Comunidades Autónomas.
El problema no puede ser contemplado como una cuestión de relaciones entre Código Civil y Derechos forales, sino como un problema de relaciones entre el Derecho del Estado (donde se incluye el Código Civil) y los Derechos autonómicos (donde entran los Derechos forales). Dicha cuestión se resuelve ante 2 artículos de la Constitución Española: a.
Artículo 149.3 CE. En aquellas materias que sean competencia exclusiva del Estado, el Código Civil no es derecho supletorio, sino derecho de aplicación general y directa. En cambio, en las materias que sean competencia de las Comunidades Autónomas, hay una supletoriedad del Derecho del Estado.
Artículo 149.1,8. La supletoriedad del Derecho del Estado se ve empañada en este apartado, ya que se le otorga a las Comunidades Autónomas competencias sobre el establecimiento del sistema de prelación de fuentes del Derecho anterior a su Derecho civil foral. Ello ha originado que surjan normas que establecen criterios de integración. Ello va a producir la pretensión de que el Derecho civil autónomo se erija en Derecho común en el respectivo territorio de la manera que lo fue el Código Civil para toda España.
En todos estos territorios sus Derechos civiles se integran por las costumbre y los principios generales en que tradicionalmente se inspiran sus ordenamientos, aplicándose el Código Civil supletoriamente si respetan estos principios.
 LA LLAMADA TÉCNICA DE LAS REMISIONES ESTÁTICAS DE LAS COMPILACIONES AL CÓDIGO CIVIL.
Podemos hablar de varios tipos de remisiones, según lo que expone Salvador Corderch: 1.
Remisiones dinámicas. Ocurren cuando se hacen al contenido que el ordenamiento de remisión tenga en cualquier momento histórico y por consiguiente en el futuro, si éste llega a cambiar.
Remisiones estáticas. Se hacen al contenido que el ordenamiento de remisión tenga en el momento de llevarse a cabo aquélla.
Las Compilaciones reformadas, después de la Constitución y de los respectivos Estatutos de Autonomía, de Cataluña, Baleares, Aragón y Navarra, han utilizado la técnica de las llamadas remisiones estáticas. Se dice que las remisiones se hacen al articulado actual, cuando la Compilación se remite al Código Civil.
Hay que decir que no se refiere a la supletoriedad del Código Civil, sino a las remisiones específicas y concretas. La remisión concreta significa el ejercicio de la competencia autonómica que, en lugar de producir su propia norma, decide hacerlo a través de una técnica de remisión, la cual ni desforaliza ni constituye renuncia de esa competencia en un futuro. El legislador, por tanto, se reserva la competencia de modificación para el caso de variación de la norma objeto de la remisión.
La técnica puede ser: o Correcta, cuando el legislador autonómico ejercite su propia competencia modificadora del Derecho foral anteriormente creado.
o Incorrecta, cuando la materia que esté fuera de competencia del Estado no pueda ser modificada por el legislador autonómico por no haber sido tampoco regulada por el Derecho foral.
5 EPÍGRAFE 7. LOS DERECHOS CIVILES AUTONÓMICOS EN PARTICULAR  EL DERECHO CIVIL DE CATALUñA 1.
Hasta principios del s. XVIII estuvo constituido fundamentalmente por la Compilación General de 1704 conocida con el nombre de Constitucions y altres drets de Cataluña, en la que se recogieron las normas que hasta aquella fecha habían aparecido: o Constituciones. Leyes formadas por las Cortes, a propuesta del Rey o Capítulos. Leyes hechas por iniciativa de los tres Brazos o Actos de Cortes. Privilegios, pragmáticas u otras concesiones del Monarca que éste elevaba a la consideración de actos de las Cortes a solicitud de ellas.
o Pragmáticas o Edictos o Privilegios o Sentencias reales o Otras fuentes secundarias También tenían vigencia alguna recopilación de costumbres como los Usatges de Barcelona, el Recognoverunt Proceres y las Ordinacions d´en Sanctacili.
El 21 de julio de 1960 las Cortes Generales de España aprobaron la Compilación de Derecho civil de Cataluña, que sustituyó a los antiguos derechos escritos y consuetudinarios.
En la compilación se distinguió entre un Derecho civil de aplicación general a toda Cataluña junto con preceptos especiales que eran aplicables únicamente en poblaciones o comarcas determinadas.
El derecho local no se había articulado, sino que se respetaba el contenido de sus disposiciones sin incorporarlas a la Compilación más que para reconocer su vigencia o declararlas caducadas.
Esta Compilación fue especialmente extensa, componiéndose de: o 334 artículos o 3 disposiciones finales o 3 disposiciones adicionales o 6 disposiciones transitorias Casi las 4/5 partes se encontraba dedicada al régimen económico del matrimonio y a la regulación de las sucesiones por causa de muerte.
En lo no previsto por la Compilación regirían los preceptos del Código civil siempre que no se opusieran a la Compilación y a las fuentes jurídicas de aplicación general, de manera que se derogaron los antiguos Derechos supletorios especiales que en Cataluña fueron el Derecho romano justinianeo y el Derecho canónico tradicional de las Decretales.
El Estatuto de Autonomía, aprobado en 1979, reconoce como competencia exclusiva de la Generalidad de Cataluña la “conservación y el desarrollo del Derecho civil catalán”.
Ésta misma procedió en 1984 a introducir una serie de modificaciones en la Compilación de 1960 que tenían como objeto adaptarla a los preceptos constitucionales.
La labor de refacción del llamado Derecho civil catalán ha continuado en los años posteriores y la Generalidad de Cataluña aprobó el llamado Código de Sucesiones y el Código de Familia. Además, la producción legislativa en materias civiles especiales ha sido, a lo largo de los años, muy intensa. Podemos citar: o o o 6.
Ley de Contratos de Integración (1984) Ley sobre medidas de protección de los menores desamparados y adopción (1991) Ley sobre uniones estables de pareja (1998) Finalmente en 2003 se aprueba el llamado Código Civil de Cataluña que, en su Título Preliminar y su Título II se regulan especialmente la prescripción y la caducidad del mismo.
6  EL DERECHO CIVIL DE ARAGÓN En el siglo XX Aragón fue la única de las regiones españolas que se atuvo al llamado “sistema de apéndices”, que se había previsto en la Ley de Bases de 1888. Para entrar a regir en 1926, se aprobó un Apéndice foral cuyo origen hay que encontrar en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no reconocía la existencia de un ordenamiento legislativo especial en materia de sucesión abintestato.
Posteriormente, en la época de las Compilaciones, se aprobó, por Ley de 8 de Abril de 1967, la Compilación aragonesa, que derogó el Apéndice foral y amplió en cierto modo su contenido, para mantener según se decía, la actual vigencia de la institución familiar aragonesa. En esta Compilación de 1967 apareció por primera vez la regla de la autointegración del derecho civil especial a través de los llamados principios generales en los que tradicionalmente se inspira su ordenamiento jurídico, además de las fuentes que se permitían en derecho consuetudinario, incluso contra legem.
 EL DERECHO CIVIL DE NAVARRA En el momento de la entrada en vigor del Código Civil, el derecho especial de Navarra estaba formado por el llamado Fuero General, de fecha incierta aunque seguramente escrito en el siglo XIII.
La Compilación del derecho civil de Navarra, o Fuero Nuevo, se promulgó por Ley de 1 de marzo de 1973, y perteneció a las denominadas leyes de prerrogativa, que el general Franco en cuanto que Jefe del Estado, en virtud de las atribuciones excepcionales que le reconocían la Disposición Transitoria.
La Compilación de Navarra, era especialmente extensa y constaba de 596 leyes, cinco disposiciones transitorias y dos finales, que, además de los temas relativos al régimen económico de la familia y el derecho de sucesiones, típico de toda la legislación antiguamente llamada foral, contenía una serie de normas sobre derecho de personas, derechos reales y de obligaciones, probablemente articulando la forma de entender y de aplicar en Navarra el derecho romano supletorio.
Con la entrada en vigor de la Constitución, Navarra fue dotada de un régimen jurídico, y se erigió en Comunidad Autónoma en virtud de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de Agosto, que no fue denominada como en los demás casos, Estatuto de Autonomía, sino Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen foral de Navarra.
Por Ley Foral 5/1987, de 1 de Abril, se modificó la Compilación de 1973 a fin de adaptarla a los principios constitucionales y a la actual realidad social de Navarra, introduciendo al mismo tiempo determinadas reformas de carácter técnico derivadas de su aplicación práctica y de interpretación doctrinal y jurisprudencial.
 EL DERECHO CIVIL O ESPECIAL DE LAS ISLAS BALEARES El derecho civil especial de las Islas Baleares estuvo constituido por las Cartas Pueblas especiales. Se ha tratado de un derecho mal conocido, respecto del cual tan sólo existía la Recopilación de privilegios, costumbres o buenos usos del Reino de Mallorca, publicados en 1663 por don Antonio Moli, por encargo de la Real Audiencia de Palma de Mallorca.
En el momento de la promulgación del Código Civil, el antiguo artículo 13, ordenó la aplicación de dicho código como único derecho supletorio. Tras la promulgación del Código Civil, una comisión especial confeccionó un Proyecto de Apéndice, siguiendo esta técnica, que no llegó nunca a convertirse en ley.
En esta época de las Compilaciones, a del derecho especial civil de las Islas Baleares fue efectuada por Ley de 19 de Abril de 1961, que se caracterizaba por haber incorporado tanto el derecho autóctono como el derecho romano,, de aplicación consuetudinaria en las islas, en la forma en que resultaba aplicable.
Por otra parte, la Compilación distinguió un derecho especialmente aplicable a la Isla de Mallorca, otro a la Isla de Menorca y otro a las Islas de Ibiza y Formentera.
EL DERECHO CIVIL ESPECIAL DEL PAÍS VASCO El derecho civil del País Vasco es diferente en cada uno de los territorios históricos que constituyen esta Comunidad.
En Vizcaya rigió, un derecho de fondo consuetudinario, que se aplicaba en la llamada Tierra Llana o Infanzonado, mientras que en territorio de las Villas se aplicaban los privilegios y fueros particulares otorgados por los señores de aquellas tierras. El derecho de carácter consuetudinario fue reducido a escritura en el llamado Fuero de Vizcaya, aprobado en 1452 y reformado después en 1526.
En el momento de llevarse a cabo la codificación, sólo se consideró la supervivencia del Fuero de Vizcaya, aplicable en la Tierra Llana, entendiéndose desde entonces que en el territorio de las Villas se aplicaba el derecho general.
7 En Guipúzcoa puede entenderse que ha subsistido un derecho consuetudinario, en alguna ocasión contra legem, sobre todo con objeto de conservar la unidad del caserío y permitiendo que éste pase a manos de un solo heredero.
Álava se rigió por fueros y privilegios, consolidados por lo menos desde tiempos de Alfonso XI. En términos generales puede decirse que en este territorio se aplicó el derecho común, con dos excepciones: se refiere la primera a los territorios de Llodio y Aramayona, que siguieron conservando los fueros y privilegios del Señorío de Vizcaya, y el Condado o Tierras de Álava, que, aunque desde finales del siglo XV renunció a su Fuero propio, adoptó la legislación castellana y conservó las reglas relativas a la facultad de disponer libremente de los bienes por testamento o donación.
Tras la publicación del Código Civil, se dio en Vizcaya, en un principio, cumplimiento a lo mandado por el Real decreto de 17 de Abril de 1879 y se constituyó la comisión que habría de redactar un Proyecto de Apéndice. Posteriormente la Diputación y el Colegio de Abogados nombraron comisiones especiales para terminar el Proyecto, que habría iniciado la Comisión, en el año 1901, y el Colegio de Abogados emitió su informe, aunque todas estas iniciativas no dieron nunca lugar a la aprobación de un Apéndice foral.
En la época de la Compilación se aprobó la llamada Compilación del Derecho Civil Foral de Vizcaya y Álava, dedicada, por lo que se refiere al derecho civil de Vizcaya, fundamentalmente a regular la troncalidad de los bienes, el régimen jurídico del matrimonio y las especialidades sucesorias.
Tras el establecimiento de la Comunidad Autónoma, por Ley 3/1992, de 1 de julio del Parlamento Vasco, se ha dispuesto un nuevo régimen del llamado derecho civil foral del país vasco. En su Exposición de Motivos se justifica este nuevo texto diciendo que el legislador vasco tiene la tarea de dar forma nueva y adaptar al mundo de hoy el viejo derecho foral, que en Vizcaya y Álava es derecho escrito y en Guipúzcoa es derecho consuetudinario, lo que, a juicio del preámbulo, debe desarrollarse con el mayor espeto a la sociedad vasca actual, a la que ni se le puede privar de sus instituciones más queridas ni se le deben imponer las que estén carentes de arraigo, porque, si en otras materias la necesidad puede imponer cambios drásticos, el derecho civil solamente avanza a través de la aceptación del pueblo y la asimilación general de sus instituciones.
El territorio no aforado estará integrado por el perímetro actual del respectivo núcleo urbano originario y el suelo contiguo al mismo que esté calificado como urbano, sin que la modificación posterior del planeamiento urbanístico altere la extensión del territorio aforado. Se permite, de acuerdo con la llamada Concordia de 1630, que los municipios en que rige la legislación civil general puedan optar por la aplicación del Fuero civil, siempre que exista acuerdo de la Corporación adoptado por mayoría simple, audiencia de las juntas generales, aprobación por los vecinos por mayoría simple y aprobación por ley del Parlamento Vasco.
Por lo que se refiere al derecho civil del territorio de Álava, se distingue el Fuero de Ayala, que continúa conteniendo normas expresas sobre la libre disposición de bienes, y que se aplica en el llamado Territorio de Ayala, formado por los municipios de Ayala, Amurrio y Okondo, y en poblados de Mendieta, Retes de Tudela, Santa Coloma y Sojoguti, del municipio de Artziniega.
En los municipios de Llodio y Aramaio se establece la continuación de la vigencia del derecho civil de Bizkaia.
Por último, en el preámbulo de la Ley de 1992, se insiste en la existencia de una ordenación consuetudinaria de la provincia de Guipúzcoa, localizada, sobre todo, en las zonas rurales, y referida a la transmisión indivisa de la casa, la reversión troncal, la dote o la comunidad económica familiar. El artículo 147 reconoce la vigencia de las costumbres civiles sobre la ordenación del caserío y del patrimonio familiar, y como plasmación de las mismas establece una serie de disposiciones relativas a la ordenación sucesoria del caserío guipuzcoano, a la limitación de la libertad de disponer por causa de muerte, y a la ordenación sucesoria por comisario, así como al testamento mancomunados y a los pactos sucesorios.
 EL DERECHO CIVIL ESPECIAL DE GALICIA.
Ocurre con Galicia, considerada como región foral, algo que resulta extrañamente curioso. La región formó siempre parte de los Reinos de León y de Castilla. No tuvo autonomía legislativa, de manera que las únicas normas jurídicas especiales, diferentes del Derecho castellano, fueron siempre de Derecho consuetudinario.
Cuando el Real Decreto de 2 de febrero de 1880 ordenó que en cada una de las regiones forales se redactara una Memoria sobre el Derecho foral, se incluyó expresamente a Galicia. Más adelante, por otro Real Decreto de 17 de abril de 1899, al ordenar la formación de las comisiones especiales que debían redactar los proyectos de Apéndice, tal como ordenaba el artículo 6 de la Ley de Bases, se constituyó en Galicia esta comisión, la cual, tras varias incidencias, dio cima a su obra y publicó en 1915 un “Proyecto de Apéndice al Código Civil” que no llegó a ser aprobado.
Sin embargo, en la época de la compilación se llevó a cabo y se aprobó por Ley de 2 de diciembre de 1963 una Compilación del Derecho civil especial de Galicia, que versaba sobre algunas instituciones particulares. Dicha compilación dispuso que se aplicaría en el ámbito que comprende la actual jurisdicción de la Audiencia Territorial de La Coruña.
En el Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, dentro del marco de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma se establecen la conservación, modificación y desarrollo de las instituciones del Derecho civil gallego.
8 Tras la entrada en vigor del Estatuto, el Parlamento de Galicia aprobó la Ley 4/1995, de 24 de mayo, denominada “Derecho civil de Galicia”. Se trata de una ley que amplía las materias propias del Derecho civil gallego. Contiene normas relativas al régimen económico familiar y al Derecho de sucesiones, y además, algunas materias en temas de contratos y la compañía familiar gallega junto con una regulación de diferentes formas de comunidades y de servidumbres.
Por último, hay que destacar que por la Ley 3/1993, de 16 de abril, el Parlamento de Galicia reguló las aparcerías y los arrendamientos rústicos.
EPÍGRAFE 7. LAS REFERENCIAS AL DERECHO CIVIL EN DETERMINADOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA La descripción del Derecho foral concluía tradicionalmente con una referencia al llamado Fuero del Baylío, que es una norma con vigencia en algunas localidades de la provincia de Badajoz y, según algún sector de la doctrina, también en Ceuta.
Se duda si es de origen consuetudinario o si fue otorgado por alguna disposición del Baylío de la Orden del Temple. En todo caso su existencia y vigencia están reconocidas por una pragmática de Carlos III de 1778 recogida en la Novísima Recopilación. Contiene en materia de Derecho privado una única institución que es la comunidad universal de bienes en el matrimonio.
Sin embargo, el panorama descrito a partir de la Constitución de 1978 ha resultado complicado por las menciones que al Derecho civil hacen algunos Estatutos de Autonomía, como por ejemplo las siguientes: a.
En el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el artículo 13 establece que la Generalidad valenciana tiene competencia exclusiva sobre “conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil valenciano”.
Se trata de una norma de constitucionalidad más que dudosa, porque el artículo 149.1.8. de la Constitución permite la conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral allí donde existiera y era absolutamente imposible hablar de la preexistencia en el momento de promulgarse la Constitución de un Derecho civil valenciano. El problema fue abordado por el Tribunal Constitucional. El tribunal afirma que la competencia autonómica sobre Derecho civil alcanza no sólo a los que habían sido objeto de compilación al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución, “sino también a normas civiles de ámbito regional o local y de formación consuetudinaria preexistente a la Constitución”. Por ello, estima que la impugnada Ley 6/1986 de 15 de diciembre de la Generalidad Valenciana no es inconstitucional.
En algunos Estatutos de Autonomía se hacen referencias al Derecho consuetudinario que, aunque no se califica especialmente como civil, no cabe duda de que puede comprenderlo. Ocurre así en el Estatuto de Autonomía de Asturias, de la Región de Murcia y de Extremadura, que contienen disposiciones como la siguiente: “corresponderá a la Comunidad Autónoma la defensa y protección de las peculiaridades de su Derecho consuetudinario”. Está claro que las referidas disposiciones para nada se refieren a un Derecho civil especial o foral, inexistente en esas Comunidades desde siempre.
EPÍGRAFE 8. EL DERECHO INTERREGIONAL De manera análoga a lo que ocurre con el Derecho internacional privado, pueden darse conflictos interregionales. En efecto, la pluralidad de sistemas jurídicos estatales origina que una relación o situación jurídica tenga elementos que la conecten a diversas legislaciones aptas para regularla. Lo mismo ocurre cuando coexisten en el territorio nacional español diversas legislaciones civiles.
El motivo es que el hombre nunca vive exclusivamente dentro de sus fronteras, sino que se relaciona con otros hombres de diversas nacionalidades o de otras provincias o territorios.
El nuevo Título Preliminar del Código Civil se ha ocupado de los conflictos de leyes interregionales en el artículo 16. En su apartado 1 sienta un criterio general: aplicación de las normas del Derecho internacional privado para resolverlos. Sin embargo, esa aplicación ha de hacerse con las siguientes matizaciones: 1. La ley personal será determinada por su vecindad civil, que es la que determina, a su vez, la sujeción al Derecho civil común o al especial o foral.
2. No aplicación de la norma de calificación del número 1 del artículo 12, que ordena que “la calificación para determinar la norma de conflicto se hará siempre con arreglo a la ley española”. Así pues, no hay norma específica de calificación en los conflictos interregionales porque todas las legislaciones civiles de España son españolas, no extranjeras.
3. No aplicación de la norma de remisión del apartado 2º del artículo 12, que preceptúa que el envío que la ley española haga a una extranjera se entiende a su ley material, sin tener en cuenta que la ley extranjera reenvíe a otra distinta salvo en el caso de que sea española.
4. No aplicación del apartado 3º del artículo 12, que impide la aplicación de la norma extranjera cuando sea contraria al orden público.
La regulación de los conflictos de leyes interregionales que ha hecho el Código Civil ha sido criticada por la doctrina, sobre todo por insuficiente. Se reclama una ley concreta y especial en la materia. El Tribunal Constitucional ha declarado que las normas para resolver conflictos de leyes, tanto constituyan materia de Derecho Internacional Privado como Interregional, son de competencia exclusiva del Estado.
Las Comunidades Autónomas no pueden establecer regímenes peculiares para la resolución de conflictos de leyes, ni por la vía de articular puntos de conexión distintos a los dispuestos en la legislación estatal, ni en otras hipótesis, por medio de la redefinición, alteración o manipulación de tales puntos de conexión.
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