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Timestamp: 2020-04-09 20:41:53
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Imputacion objetiva - garcia cavero.pdf - PDF Free Download
Author: Eduardo Saenz Asencios
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Teoria de la imputación objetivaFull description
Profesor de Derecho Penal, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Sumario: I. Introducción. II. La función y configuración configuración de la imputación objetiva. objetiva. III. Presupuestos de la imputación objetiva en el Derecho Penal.
En tanto la imputación jurídico-penal del hecho constituye un proceso complejo, resulta posible distinguir determinadas partes al interior de la misma. La distinción entre una imputación objetiva y una subjetiva responde precisamente a esta idea. No obstante, este reconocimiento no puede llevarnos a la conclusión de que se trata de niveles autónomos con criterios propios de determinación orientados únicamente a permitir imputar un hecho a una persona 1. La imputación objetiva y la subjetiva se encuentran mutuamente condicionadas, como lo pone de manifiesto diversos temas como, por ejemplo, el tratamiento de los llamados conocimientos especiales 2. Por esta razón, tendría muy poco sentido hablar de una imputación objetiva sin presuponer el conocimiento del autor de los datos relevantes o llevar a cabo la imputación subjetiva sin reunir los requisitos mínimos para afirmar la relevancia objetiva del hecho. Ambos aspectos de la imputación sólo adquieren un sentido completo cuando son contemplados de manera conjunta 3. El desarrollo actual de la teoría de la imputación objetiva en el Derecho penal no parte de una compresión unitaria de la imputación penal. Cuando H ONIG formuló por primera vez la teoría de la imputación objetiva del resultado a partir de la llamada “susceptibilidad objetiva de ser tomado como fin” ( objetive Bezweckbarkeit ), ), lo hizo 4 como una idea complementaria a la causalidad en los delitos de resultado . Si bien los estudios posteriores sobre la teoría de la imputación objetiva han ido ampliando su ámbito de aplicación a los delitos culposos 5 y a los delitos de mera actividad 6, la doctrina penal mayoritaria no ha reconocido aún una teoría global de la imputación 1
Por ello señala correctamente J AKOBS, PJ 56, p. 120, nota 3, 3, que el tipo objetivo no constituye constituye un escalón de valoración propio. Vid., en el mismo sentido, C ANCIO MELIÁ, Líneas básicas , p. 69. 2 Vid., J AKOBS, en Estudios , p. 235 y ss.; M IR PUIG, GS-Armin Kaufmann , p. 266 y s.; C ANCIO MELIÁ , Líneas básicas , p. 59 y ss.; A LCÁCER GUIRAO, ADPCP 1996, 1996, p. 492 y ss.; R OBLES PLANAS , en XXIV Jornadas internacionales de Derecho penal , p. 392 y ss. Muy esclarecedoras se muestran las explicaciones de F RISCH, en Straftat , Wolter/Freund (Hrsg.), p. 182 y ss., al señalar que el conocimiento especial del autor permite seleccionar la parte de la realidad sobre la que recae el juicio objetivo. En el mismo sentido, S ANCINETTI, Teoría del delito , p. 298 y s. 3 Vid., esta comprensión ya en B ERNER , Grundlinien , p. 40 y ss. En el mismo sentido, pero no respecto de la imputación, sino de la acción típica, M IR P UIG, GS-Armin Kaufmann , p. 257; R OXIN, Strafrecht , AT § 10, n.m. 53. 4 Vid., HONIG, FS-Frank , I, p. 174 y ss., quien se refirió también a los delitos de omisión y la utilización también aquí de la imputación del resultado (p. 189 y ss.). En la misma línea se encuentra también la formulación de la teoría de la adecuación de E NGISCH, Die Kausalität , passim (espec. p. 59 nota 1). Actualmente se mantienen en el modelo de interpretación de la imputación objetiva de Honig, M AIWALD , FS-Miyazawa , p. 465 y ss.; K ÖHLER, Strafrecht , AT, p. 143 y ss., con el criterio de dominabilidad. 5 En donde se contaba ciertamente ya con un conjunto de conceptos objetivos para delimitar la conducta prohibida (deber de cuidado, fin de protección de la norma), pero que ahora se equiparan con los desarrollados en los delitos dolosos (vid., en este sentido, L ESCH , JR 2001, p. 384). Vid., sobre la igualdad de criterios en la imputación objetiva de los delitos dolosos y culposos, R OXIN, Strafrecht , AT, § 24, n.m. 10; P UPPE, La imputación objetiva , p. 1. 6 Vid., así, REYES, ZStW 105 (1993), p. 132. En este sentido, resulta esclarecedor la referencia de F RISCH, Verhalten , p. 23 y ss., al traslado de la importancia del injusto del resultado al injusto del comportamiento.
jurídico-penal que enmarque la imputación objetiva. En el mejor de los casos, se ha procedido a una reformulación normativa de la tipicidad (objetiva) 7, la cual se ha materializado a través de una argumentación inductiva a partir de grupos de casos 8 o deductivamente mediante ciertos criterios generales de regulación 9. Apenas una línea de pensamiento minoritaria se ha mantenido en la idea de una teoría general de la imputación penal 10, en la que, por cierto, sólo algunos autores han reconocido que la imputación objetiva constituye una parte de este proceso global 11. Desde ya conviene dejar precisado que nuestra comprensión de la imputación objetiva se corresponde metodológicamente metodológicamente con esta última interpretación. interpretación.
Antes de entrar en los presupuestos presupuestos dogmáticos de la teoría de la imputación objetiva, resulta conveniente que hagamos una breve referencia al sector de la doctrina penal que le niega utilidad, en tanto la función que se le atribuye en la teoría del delito puede ser perfectamente cubierta por otras categorías dogmáticas 12. Por ejemplo, los aún defensores de una comprensión causalista del delito sostienen que los problemas que aparentemente soluciona la teoría de la imputación objetiva pueden resolverse con los correctivos que ofrece la causalidad 13, la antijuricidad o la culpabilidad (dolo y culpa) 14. Por su parte, los representantes de la escuela finalista muestran también su disconformidad con la creación de esta nueva categoría, en tanto, según su parecer, se trata de cuestiones que pueden solucionarse sin mayores complicaciones en la categoría de la acción 15, en el dolo 16 o que entran en el ámbito de la valoración específica de la antijuricidad 17. Incluso para los delitos culposos, en donde existe una clara similitud entre los criterios de la imputación objetiva y la teoría de la infracción del deber objetivo de cuidado, se considera también superflua su utilización 18. Si a cada una de las referidas objeciones contra la imputación objetiva les asiste algo de razón, no vamos a desvelarlo aquí 19. Para responder a este sector doctrinal crítico, nos limitamos sólo a reproducir las razones que justifican la normativización de las categorías jurídico-penales y, dentro de ello, el desarrollo de la teoría de la imputación objetiva20. No obstante, la idea de la normativización del Derecho penal no goza de 7
Vid., así la indicación de F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 25 y ss. Vid., así, ROXIN, en Strafrechtliche Grundlagenprobleme , p. 126 y ss., que lo lleva a su llamado principio del riesgo. Críticamente, precisamente por ausencia de principios rectores precisos, F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 117 y s. 9 Vid., así, la teoría de la conducta típica de F RISCH, Verhalten , p. 70, con base en una ponderación de la limitación de la libertad de acción (prohibición de una determinada forma de comportamiento) y la protección de determinados (1939), p. 491 y ss., había bienes, condiciones de existencia y desarrollo. Anteriormente ya W ELZEL, ZStW 58 propuesto con su concepto de adecuación social, que luego redujo en importancia, una formulación normativo-social del tipo. Vid., sobre esto último, C ANCIO MELIÁ, GA 1995, pp. 183 y ss., 190 y s. 10 Vid., H ARDWIG, Zurechnung , passim (espec. p. 111 y ss.); H RUSCHKA, Strukturen , passim (espec. p. 3 y ss.); W OLTER, Objektive und personale Zurechnung , p. 18 y ss.; J AKOBS, Sociedad, norma y persona , p. 50 y ss.; K ORIATH, Grundlagen , passim (espec. p. 236 y ss.). En España se presenta así el planteamiento actual de M IR P UIG, RPDJP 3 (2002), p. 257, que divide la imputación en imputación objetiva, subjetiva y personal, aunque a ello suma el principio de lesividad. 11 Vid., en este sentido, W OLTER, objektive und personale Zurechnung , p. 358; J AKOBS, Sociedad, norma y persona , p. 54; E L MISMO, Imputación objetiva , p. 94 y s.; R EYES, ZStW 105 (1993), p. 128 y ss. Por el contrario, rechaza, al menos para los delitos dolosos, la necesidad de una teoría de la imputación objetiva, K ORIATH, Grundlagen , p. 536. 12 Vid., en este sentido, la exposición que hace F RISCH, FS-Roxin , p. 219 y ss. 13 Vid., así, RODRÍGUEZ DEVESA/SERRANO GÓMEZ, Derecho penal español , PG, p. 371 y ss. 14 Vid., así, B AUMANN/W EBER/M ITSCH, Strafrecht , AT § 14, n.m. 100. 15 En este sentido, H IRSCH, FS-Lenckner , p. 133 y ss. 16 Vid.,en este sentido, K AUFMANN , Armin, FS-Jescheck , I, p. 251; M ORSELLI, en La ciencia penal , Moreno Hernández (coord.), p. 402. 17 Vid., así BUSTOS R AMÍREZ , EPCr XII, XII, 1989, p. 105 y ss. 18 Vid., en este sentido, K ÜPPER, Grenzen , p. 91 y ss.; S TRUENSEE, GA 1987, p. 97 y ss. 19 Vid., las razones para un abandono de la comprensión finalista de la tipicidad, así como las respuestas a las críticas procedentes del finalismo, F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 81 y ss. 20 Vid., en este sentido, F RISCH, FS-Roxin , pp. 221 y s., 226 y ss.; E L M ISMO, en Sobre el estado , Silva Sánchez (ed.), p. 43 y ss. 8
una unidad de pensamiento, sino que existen en la doctrina penal actual distintos pareceres sobre cómo debe emprenderse tal normativización y, por tanto, cómo debe configurarse la teoría de la imputación objetiva. Por esta razón, expondremos a continuación brevemente las propuestas más importantes de normativización de la imputación objetiva en el Derecho penal, lo que nos permitirá poner de manifiesto nuestro parecer sobre esta cuestión central del Derecho penal.
Conforme a la línea de pensamiento desarrollada por R OXIN, a las normas penales (como amenaza penal) se le atribuye la función de prevención general para impedir la lesión de bienes jurídicos 21. En este sentido, la norma penal se configura como una norma de determinación que se dirige a la voluntad humana con la finalidad de decirle qué debe hacer o no hacer para evitar lesionar bienes jurídicos 22. Aquellas lesiones a bienes jurídicos que no pueden ser evitadas por la norma de determinación, no podrán sancionarse penalmente debido a la ausencia de un desvalor de la acción (infracción de una norma de determinación). No obstante, para R OXIN la norma penal constituye también una norma de valoración informada por consideraciones político criminales, esto es, que la realización de un comportamiento prohibido debe producir además un resultado contrario al ordenamiento jurídico 23. Por esta razón, para determinar la conducta típica no basta un desvalor de la acción, sino que es necesario además un desvalor del resultado, pues si no existe una afectación de la paz jurídica, no habrá necesidad de reaccionar penalmente 24. En la concepción de R OXIN, la teoría de la imputación objetiva se enmarca dentro de la teoría del tipo objetivo 25. Su función consistirá, por tanto, en filtrar solamente aquellas conductas en las que la norma penal ha podido ejercer una función de prevención general26. En este sentido, la imputación objetiva debe comprender, en un primer momento, todas las acciones que desde una perspectiva previa al hecho hubiesen podido evitarse de haberse observado la norma de conducta (como norma de determinación)27. Pero la imputación objetiva debe además limitar la imputación a los casos en los que desde una perspectiva posterior al hecho siga siendo apropiada la norma de conducta para evitar la lesión del bien jurídico 28, de manera que se excluyan los casos en los que el peligro jurídicamente desvalorado no se ha realizado en el resultado. Pese a la posibilidad de diferenciar estos dos planos en la explicación de la imputación objetiva, lo cierto es que para esta línea de interpretación se trata de dos aspectos que se encuentran necesariamente vinculados 29.
Otro sector de la doctrina penal representado sobre todo por F RISCH considera que el Derecho penal reacciona ante injustos, entendidos éstos como desconocimiento de las 21
Vid. así, ROXIN, Strafrecht , AT § 3, n.m. 37 y ss. Vid., ROXIN, Strafrecht , AT § 10, n.m. 93. 23 Vid., ROXIN, Strafrecht , AT § 10, n.m. 93. 24 Vid. ROXIN, Strafrecht , AT § 10, n.m. 100. 25 Vid., ROXIN, Strafrecht , AT § 10, n.m. 55. 26 Vid., así, la fundamentación de S CHÜNEMANN, RPDJP 1 (2000), p. 423. Similarmente M UÑOZ CONDE/G ARCÍA ARÁN, Derecho penal , PG, p. 292. 27 Vid., en este sentido, S CHÜNEMANN , RPDJP 1 (2000), p.424 y s., quien señala que por tratarse de normas de determinación o comportamiento, deben ser abarcado por el dolo y valer todos los conocimientos que posee el autor. En sentido similar, W OLTER, Objektive und personale Zurechnung , p. 46 y ss., aunque habla, más bien aquí, de una imputación personal que incluye también una norma de valoración (del injusto del resultado primario). 28 Vid., SCHÜNEMANN , RPDJP 1 1 (2000), p. 426 y ss., que no se reduce a una simple vinculación causal, sino que debe determinarse conforme a finalidades político-criminales. Similarmente, W OLTER, Objektive und personale Zurechnung , p. 48 y ss., en relación con lo que llama el injusto de resultado secundario y para el que exige un juicio de adecuación. 29 Vid. ROXIN, Strafrecht , AT § 11, n.m. 42; S CHÜNEMANN , RPDJP 1 1 (2000), p. 423 y s. Críticamente, F RISCH, FS-Roxin , p. 234 y s. 22
relaciones de mutuo reconocimiento 30. No obstante, esta cualidad del injusto no determina aún el merecimiento y la necesidad de pena, sino que tal cuestión depende de criterios racionales y de justicia, e incluso, en algunos casos, de fórmulas de consenso31. Hay que precisar, sin embargo, que los criterios de merecimiento y necesidad de pena de un injusto culpable no constituyen una categoría adicional de adecuación de la pena, sino, más bien, presupuestos del tipo penal 32. De esta manera, el tipo penal se convierte en el resultado de una ponderación entre la restricción de la libertad de acción y la protección de bienes jurídicos que permite determinar las conductas penalmente desaprobadas 33. Los elementos de esa ponderación no forman parte de la tipicidad 34. FRISCH pone la llamada “conducta típica” 35 en el centro de su comprensión de la tipicidad36. Esta conducta típica se corresponde de alguna manera con el nivel de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado de la teoría de la imputación objetiva defendida por la doctrina dominante, pero para F RISCH se trata de un aspecto independiente que no constituye un presupuesto de la imputación 37. La imputación objetiva se limita solamente a comprobar que la realización de un resultado se corresponda con el peligro penalmente desaprobado creado por el autor 38. Las perspectivas de análisis en cada uno de estos aspectos son distintas: mientras en la conducta típica se realiza una determinación ex ante , en la realización del resultado tiene lugar una determinación ex post 39.
La teoría de la imputación objetiva adquiere una configuración distinta en el planteamiento de J AKOBS. Para este autor, el Derecho penal se encarga de devolver la vigencia a las expectativas sociales defraudadas 40. Estas expectativas garantizadas jurídicamente sólo pueden ser defraudadas por una conducta objetivamente defectuosa, sin tener en cuenta los distintos aspectos individuales del autor 41. La teoría de la imputación objetiva ofrece precisamente el material que permite interpretar cuándo se ha realizado objetivamente un comportamiento delictivo, esto es, cuándo se ha defraudado de manera objetiva una expectativa social institucionalizada: una norma 42. Como puede apreciarse, la teoría de la imputación objetiva de J AKOBS se deriva de la misión atribuida a la imputación jurídico-penal 43. El criterio que permite determinar objetivamente que se ha infringido una norma se encuentra en el desempeño de un rol social 44. En este sentido un hecho sólo podrá imputarse objetivamente a un ciudadano si constituye un infracción de su rol. Aquellos aspectos que no forman parte del rol atribuido al ciudadano no podrán serle 30
Vid., FRISCH, en Straftat , Wolter/Freund (Hrsg.), p. 145 y s. Vid., con detalle, FRISCH, en Straftat , Wolter/Freund (Hrsg.), p. 141 y ss. 32 Vid., FRISCH, en Straftat , Wolter/Freund (Hrsg.), p. 162 y s. 33 Vid., en este sentido, F RISCH, Verhalten , p. 70; EL M ISMO, FS-Roxin , p. 222 y s.. 34 Vid., así, FRISCH, en Sobre el estado , Silva Sánchez (ed.), p. 65: “Una concepción que convierta todas estas cuestiones en problemas de imputación estaría mezclando cuestiones relativas a la constitución jurídica (...) con cuestiones relativas a la auténtica imputación”. 35 Vid. FRISCH, Verhalten , p. 67; E L M ISMO, Tipo penal , p. 102 y s. 36 Vid., FRISCH, en Sobre el estado , Silva Sánchez (ed.), p. 59. 37 Vid., FRISCH, FS-Roxin , p. 232; EL MISMO, en Sobre el estado , Silva Sánchez (ed.), p. 59. 38 Vid., FRISCH, Verhalten , p. 518; EL MISMO, FS-Roxin , p. 225; EL MISMO, Tipo penal , p. 54 y ss. 39 Vid., FRISCH, Verhalten , p. 71 y ss.; E L M ISMO, en Sobre el estado , Silva Sánchez (ed.), p. 62. 40 J AKOBS, Strafrecht , AT, Apdo 1, n.m. 11; E L MISMO, PJ 49, p. 298; EL MISMO, en Estudios , p. 385; E L MISMO, Sociedad, norma y persona , p. 18; LESCH, Der Verbrechensbegriff , p. 184 y ss.; DERKSEN , Handeln , p. 175 y s.; P AWLICK, Das unerlaubte Verhalten , p. 61 y s.; MÜSSIG, RPDJP 2 (2001), p. 317 y ss. 41 Vid., en este sentido, J AKOBS, Sociedad, norma y persona , p. 54. 42 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 97 y ss. 43 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 94. 44 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 97. 31
imputados, aun cuando éste haya podido fácticamente cumplir estos aspectos o evitar la producción de un resultado desvalorado 45. Si todas las personas fuesen competentes para evitar todos los daños posibles, se produciría una paralización inmediata de la vida social 46. La imputación jurídico-penal requiere, por tanto, de una base social objetiva.
De las distintas líneas de interpretación de la imputación objetiva que hemos expuesto, consideramos que sólo la que se basa en la infracción de roles responde mejor a las necesidades punitivas del Derecho penal actual. Un hecho puede imputarse a un sujeto solamente si constituye la infracción de un rol socialmente atribuido. En este sentido, lo determinante en la imputación es lo que el sujeto debe evitar conforme a roles o, lo que es lo mismo, su competencia por el hecho. Lo subjetivo tiene importancia únicamente como conocimiento de lo objetivamente relevante. El conocimiento subjetivo que va más allá de lo requerido no debería, en principio, tener efecto alguno en la imputación penal 47. Los criterios objetivos de determinación de las competencias del autor dependen de los distintos roles asumidos48. Por un lado, se encuentra el rol general de ciudadano 49 y, por el otro, roles especiales que dan lugar a deberes vinculados a una concreta institución social50. La infracción de los roles no se produce del mismo modo en ambos casos. La imputación objetiva en delitos de dominio (infracción del rol de ciudadano) sigue criterios de regulación distintos a los que rigen en los delitos de infracción de un deber (infracción de roles especiales). En lo que sigue, nos ocuparemos de mostrar las particularidades de cada una de estas formas de defraudación del rol.
El rol general atribuido a todo ciudadano contiene la obligación originaria 51 de hacer uso de la libertad organizativa sin perjudicar al resto 52. A la libertad de organización asignada al ciudadano le corresponde una responsabilidad por las consecuencias derivadas de los actos concretos de organización. Pero el hecho que de la actuación de un sujeto se deriven causalmente daños a terceros, no da lugar aún a su responsabilidad penal 53. Solamente en caso que se haya infringido el rol de ciudadano, podrá atribuírsele objetivamente el hecho y, dado el caso, una responsabilidad penal. Este proceso de determinación objetiva se divide en dos partes: la imputación del comportamiento y la imputación objetiva del resultado. A.
La imputación del comportamiento o creación de un riesgo penalmente prohibido
La imputación del comportamiento determina que un comportamiento lesivo pueda imputarse al sujeto como infracción de su rol general de ciudadano. Para llegar a 45
Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 102. Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 96 y s. 47 Vid., J AKOBS, PJ 56, p. 136. 48 Vid., así, J AKOBS, en Estudios , p. 211. 49 Vid., J AKOBS, en Estudios , p. 211 y s. 50 Vid., la referencia, J AKOBS, en Estudios , p. 212 y s. 51 Sobre el origen filosófico de la obligación originaria, vid., la interesante exposición de J AKOBS, La imputación penal , p. 7 y ss. 52 Vid., en este sentido, de manera general, J AKOBS, en Estudios , p. 211. 53 Vid., de manera general, J AKOBS, en Estudios , p. 212. En la jurisprudencia nacional, la Corte Superior de Lima Exp. 3355-98 de 21 de septiembre de 1998 (B RAMONT-A RIAS T ORRES, Jurisprudencia , p. 192). 46
establecer esto, debemos precisar cuándo una organización personal se encuentra prohibida por el ordenamiento jurídico. Una vez precisado este aspecto, estaremos en situación de mostrar los institutos dogmáticos que excluyen la imputación del comportamiento. a.
Un comportamiento puede imputarse a su autor cuando crea un riesgo prohibido. Como puede derivarse de la propia denominación del criterio de determinación de la imputación del comportamiento, los riesgos prohibidos son aquellos que no se encuentran abarcados por el llamado riesgo permitido. El origen histórico del concepto de riesgo permitido se remonta a la época industrial en la que fue necesario, para no parar el progreso, permitir ciertas actividades a pesar de su peligrosidad 54. Así, pueden encontrarse ya en la doctrina penal de la segunda mitad del siglo XIX referencias doctrinales al problema de las acciones peligrosas, pero necesarias para el desarrollo de la sociedad. Sin entrar en las distintas soluciones dogmáticas que desde entonces se han ofrecido para resolver esta problemática 55, la doctrina penal actualmente dominante vincula el concepto de riesgo permitido con la teoría de la imputación objetiva como la faceta negativa de la imputación de comportamiento (o creación de un riesgo jurídicamente desaprobado) 56. Por el contrario, un sector minoritario de la doctrina se muestra crítico frente a la posible utilidad dogmática de este concepto 57 o lo considera simplemente un concepto formal que sólo permite agrupar los distintos casos en los que se excluye el desvalor de acción 58. Otro sector, ubicado en una posición intermedia, limita la relevancia dogmática del riesgo permitido al ámbito de los delitos culposos59. Pese a los argumentos esgrimidos por los detractores de la idea del riesgo permitido, consideramos que existen razones de fondo para aceptar su relevancia en la configuración de la imputación objetiva. En nuestra comprensión de la imputación objetiva del comportamiento, el riesgo prohibido constituye un importante criterio de determinación, pues no forma parte del rol de ciudadano impedir todos los riesgos de lesión, sino solamente los que exceden el riesgo socialmente permitido 60. No obstante, no basta hacer la afirmación general de que no puede imputarse objetivamente riesgos permitidos, sino que se requiere concretar lo que califica un riesgo como prohibido, para lo cual resulta determinante tener en cuenta la actual configuración de nuestra sociedad 61. La concreción del riesgo 54
Vid., con mayor detalle, R EHBERG, Zur Lehre , p. 17; P REUß, Untersuchungen , pp. 15, 32. No obstante referencias a situaciones anteriores en los que también se utilizaba la misma lógica del riesgo necesario, J AKOBS , en Estudios , p. 172; PRITTWITZ, Strafrecht , p. 268 y ss.; S CHÜRER-M OHR, Erlaubte Risiken , p. 29 y s. 55 Vid., sobre esto, vid. la exposición de S CHÜRER-M OHR, Erlaubte Risiken , p. 30 y ss. 56 Vid., así, la indicación de P RITTWITZ, Strafrecht , p. 277. Vid., en este sentido la sentencia de la Corte Suprema Nº 1767-97 de doce de enero de 1998 (R OJAS V ARGAS, Jurisprudencia penal , I, p. 120 y s.). Sobre este requisito de la imputación objetiva en la jurisprudencia peruana, vid., R EYNA ALFARO, Revista peruana de jurisprudencia 9 (2001), p. 33 y ss. 57 Vid., KIENAPFEL, Das erlaubte Risiko , p. 28 y ss.; R OEDER, Die Einhaltung , p. 40; P RITTWITZ, Strafrecht , p. 267 y ss. 58 Vid., en este sentido, M AIWALD , FS-Jescheck , I, p. 405 y ss. 59 Vid., así, KINDHÄUSER, GA 1994, p. 215 y ss.; B URKHARDT , en Straftat , Wolter/Freund (Hrsg.), p. 120, nota 95; FEIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 211. 60 Vid., en este sentido, J AKOBS, Imputación objetiva , p. 103. Sobre la legitimación del riesgo permitido hay varias posiciones: los que entienden que se trata del resultado de un proceso de decisión determinado por la inevitabilidad de la positividad del Derecho [así, L ÜBBE, en Aufgeklärte Kriminalpolitik , I, Lüderssen (Hrsg.), p. 373 y ss.], los que lo consideran como resultado de un juicio de ponderación de intereses (F RISCH, Verhalten , p. 71 y ss.; F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 201 y ss.; P AREDES C ASTAÑÓN , El riesgo permitido , p. 87 y ss.; M ARTÍNEZ -BUJÁN PÉREZ , Derecho penal económico , PG, p. 137; CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro , pp. 91, 101 y ss.), los que parten de los intereses de los miembros de la comunidad jurídica en la norma (S CHÜRER -MOHR, Erlaubte Risiken , p. 86), y aquellos que consideran que se trata de una cuestión que depende de la configuración de la sociedad (J AKOBS , Imputación objetiva , p. 121 y s.; L ESCH, Der Verbrechensbegriff , p. 230). La importancia del criterio del riesgo prohibido para el juicio de imputación penal es reconocida por la Corte Suprema R.N. 1767-97 Lima de 12 de enero de 1998 (R OJAS V ARGAS , Jurisprudencia penal , p. 120 y s.) y por la Corte Superior de Lima Exp. 1291-98 de 30 de junio de 1998 (B RAMONT ARIAS TORRES, Jurisprudencia , p. 169). 61 Vid., J AKOBS, en Estudios , p. 173; EL MISMO, Imputación objetiva , p. 118 y s.
prohibido constituye un proceso de determinación con base en normas jurídicas, normas técnicas y reglas de la prudencia que rigen en los distintos sectores sociales 62. El primer paso para la determinación del riesgo prohibido consiste en precisar las conductas peligrosas que el propio ordenamiento jurídico considera prohibidas 63. Estas conductas quedan excluidas del ámbito de lo permitido debido a su peligrosidad abstracta o concreta. Tal exclusión se lleva a cabo mediante las normas jurídicas que sancionan con penas o multas determinadas formas de actuación consideradas peligrosas64. En este sentido, no son solamente los delitos de peligro abstracto los que permiten excluir una determinada forma de actuación del ámbito del riesgo permitido, sino también las reglamentaciones administrativas que prohíben expresamente bajo amenaza de sanción administrativa la realización de determinadas conductas 65. No obstante, en el caso de simples contravenciones administrativas se requiere además que estén presentes los restantes presupuestos exigidos por el delito correspondiente66. El siguiente paso consiste en tener en consideración las normas jurídicas y extrajurídicas que regulan la actividad correspondiente. Un primer referente lo ofrecen los criterios de ordenación establecidos por la regulación jurídicoadministrativa del sector correspondiente (regulación primaria o normas especiales) 67. En caso de no existir una regulación jurídica concreta o que ésta resulte insuficiente, deberá recurrirse a los estándares técnicos establecidos en el sector específico 68, los cuales incluyen no sólo los métodos desarrollados por la técnica y la ciencia en la explotación de determinados recursos, sino también las diversas directivas al interior de una empresa (por ejemplo, las indicaciones a los instaladores en caso de empresas de gas)69. Es posible incluso que la propia regulación jurídica se remita expresamente a las normas técnicas del sector respectivo 70. Si tampoco existe en el sector correspondiente una regulación técnica, habrá entonces que determinar el estándar de actuación mediante el criterio general del ciudadano prudente desarrollado sobre todo en el ámbito del Derecho civil 71. Con base en los criterios desarrollados resulta posible determinar si una forma de conducta se encuentra en general desaprobada por el ordenamiento jurídico 72. Por esta razón, no es necesario comprobar si en el caso concreto ha existido un interés preponderante sobre el riesgo generado por la conducta 73. No obstante, para la imputación del comportamiento no basta que se haya sobrepasado el límite de actuación general establecido por el ordenamiento jurídico, sino que se requiere
Vid., con mayor detalle, J AKOBS, Imputación objetiva , p. 124 y ss. Vid., J AKOBS, en Estudios , p. 173; E L M ISMO, Imputación objetiva , p. 124; LESCH , Der Verbrechensbegriff , p. 238; SCHÜRER-MOHR, Erlaubte Risiken , p. 178. 64 Vid., la consideración también de las prohibiciones administrativas en estos casos, J AKOBS, Imputación objetiva , p. 125. 65 Vid., M ARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico , PG, p. 139. 66 En este sentido pueden tenerse en cuenta las apreciaciones realizadas por P AREDES C ASTAÑÓN , El riesgo permitido , p. 505 y ss., en el sentido de que el nivel de riesgo permitido penalmente no debe coincidir necesariamente con el establecido administrativamente, sino que pueden establecerse niveles máximos de riesgo permitido mayores a los determinados administrativamente. Del mismo parecer, M ARTÍNEZ -BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico , PG, p. 135 y ss.; CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro , p. 91. 67 Vid., FRISCH, en La responsabilidad penal , Mir/Luzón (coords), p. 103; S CHÜRER-MOHR, Erlaubte Risiken , p. 180; BRINKMANN, Der Vertrauensgrundsatz , p. 98 y ss.; F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 226 y ss.; C ORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro , p. 104, con base en un carácter indiciario. 68 Vid., FRISCH, en La responsabilidad penal , Mir/Luzón (coords), p. 104. En general, J AKOBS, Imputación objetiva , p. 126; BRINKMANN , Vertrauensgrundsatz , p. 104 y s.; F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 258 y ss. Crítica frente a esta regulación (reglas especiales) para determinar el riesgo permitido, C ORCOY B IDASOLO, Delitos de peligro , p. 105. 69 Vid., en este sentido, F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 271. 70 Vid., sobre esto, S CHÜRER -MOHR, Erlaubte Risiken , p. 187 y ss. 71 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 126 y ss.; SCHÜRER -MOHR, Erlaubte Risiken , p. 181. 72 Vid., en general, J AKOBS, Imputación objetiva , p. 123; C ANCIO MELIÁ, Líneas básicas , p. 75 y s. 73 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 123 y s.; L ÜBBE, en Aufgeklärte Kriminalpolitik , I, Lüderssen (Hrsg.), p. 381 y s. De otra opinión parece ser M ARTÍNEZ -B UJÁN PÉREZ, Derecho penal económico , PG, p. 139 y s. 63
determinar además la competencia del autor por este riesgo no permitido 74. Esta determinación sólo puede tener lugar si se tiene en consideración la concreta situación de actuación y la concreta persona del autor 75. La referencia al autor concreto no debe entenderse, sin embargo, como una medida subjetiva, sino como una medida objetiva, esto es, como una persona libre y responsable frente al ordenamiento jurídico (ciudadano)76. Si se llega a demostrar que el autor ha infringido las competencias que en la situación concreta le eran exigibles, entonces cabrá una imputación del comportamiento. b.
Exclusión de la imputación del comportamiento
Ya que el hecho delictivo se presenta siempre en un contexto interactivo, la intervención de varios sujetos en el hecho puede oscurecer la determinación de los sujetos penalmente competentes. Por esta razón, resulta conveniente que nos aboquemos a resolver los problemas de delimitación de los ámbitos de competencia de los diversos intervinientes en el hecho delictivo. La competencia por el riesgo prohibido puede corresponderle no sólo al titular del ámbito de organización del que se deriva el riesgo prohibido, sino que puede plantearse también frente a terceros (principio de confianza y prohibición de regreso) o puede incluso ser atribuida a la propia víctima (ámbito de responsabilidad de la víctima). Si no es posible afirmar la competencia jurídico-penal de alguna persona, entonces cabrá tratar el hecho simplemente como un infortunio. aa) Principio de confianza El principio de confianza adquiere una especial relevancia en sociedades organizadas, en las que la división del trabajo libera al ciudadano competente de un control sobre las actuaciones de los demás77. El fundamento de este principio parte de la idea de que los demás sujetos son también responsables y puede confiarse, por tanto, en un comportamiento adecuado a derecho por parte de los mismos 78. Lo específico del principio de confianza en cuanto riesgo permitido 79 se encuentra en el hecho de que el desarrollo del suceso no depende de la naturaleza, sino de otras personas 80. No obstante, este principio requiere, como todo criterio de delimitación de competencias 81, de una labor de concreción que permita establecer si se mantiene la confianza o si, por el contrario, ésta decae 82. Para poder llevar a cabo esta labor, debe tenerse en cuenta el sector específico correspondiente, pues la configuración del principio de confianza varía según las características de cada sector. Así, por ejemplo, la confianza que rige en el tráfico rodado no se corresponde plenamente con la que tiene lugar en 74
Como lo ha puesto de manifiesto, P AREDES C ASTAÑÓN , El riesgo permitido , p. 86: el riesgo permitido comprende tanto una valoración genérica de la conducta como una concreta, no siendo posible reducir la función del concepto aisladamente a ninguno de los dos momentos. 75 Vid., en este sentido, L ESCH , Der Verbrechensbegriff , pp. 249, 251; E L MISMO, JR 2001, p. 385. 76 Similarmente, LESCH, Der Verbrechensbegriff , p. 251 y ss. (espec. nota 139). 77 Vid., STRATENWERTH , FS-Eb. Schmidt , p. 387 y s.; K IRSCHBAUM, Der Vertrauenschutz , p. 221 y s.; R OXIN, Strafrecht , AT § 2 4, n.m. 25; J AKOBS, Imputación objetiva , p. 105; E L M ISMO, en Estudios , p. 219; S CHUMANN , Handlungsunrecht , p. 19; CORCOY BIDASOLO, Delito imprudente , p. 327. Crítica ante el principio de confianza en el ámbito de la producción de la empresa I ÑIGO CORROZA, La responsabilidad , p. 260. 78 Vid., en este sentido, S CHUMANN, Handlungsunrecht , pp. 6, 11; J AKOBS, Imputación objetiva , p. 105; FEIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 290. Una exposición detallada de las distintas teorías para fundamentar el principio de confianza, K UHLEN , Fragen , p. 130 y ss.; B RINKMANN, Vertrauensgrundsatz , p. 117 y ss. Críticamente frente a la relevancia y función del principio de confianza, C LAUß , JR 1964, p. 207 y ss. 79 Consideran el principio de confianza una forma de riesgo permitido, K IRSCHBAUM , Der Vertrauensschutz , p. 182 y ss; KRÜMPELMANN , FS-Lackner , p. 298; L ESCH, Der Verbrechensbegriff , p. 264; C ANCIO MELIÁ, Líneas básicas , p. 77 y ss. En contra de este parecer, B RINKMANN , Vertrauensgrundsatz , p. 112 y s.; FEIJOO S ÁNCHEZ, Imputación objetiva , p. 294. 80 Vid., así, J AKOBS, Strafrecht , AT, Apdo 7, n.m. 51; E L MISMO, en Estudios , p. 218. En el mismo sentido, F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 294. 81 Por el contrario, P UPPE, La imputación objetiva , p. 117, considera que el principio de confianza no forma parte de la imputación objetiva, sino que sirve solamente para determinar y delimitar los deberes de cuidado no establecidos positivamente. 82 En este sentido, J AKOBS, en Estudios , p. 219.
el uso de prestaciones ajenas en la división del trabajo 83. Por esta razón, vamos a limitarnos, en lo que sigue, a determinar las formas de manifestación de la confianza en el uso de prestaciones ajenas muy propio de la división del trabajo en la economía moderna. El principio de confianza frente a las prestaciones de terceros tiene dos formas distintas de manifestación. En primer lugar, pueden mencionarse los casos en los que una actuación se mostraría inocua si la persona que actúa a continuación cumple con sus deberes84. Así, por ejemplo, el productor de determinados bienes que necesitan mantenerse refrigerados no responderá por el delito de tráfico de productos nocivos si la empresa distribuidora no observa, de manera dolosa o culposa, las reglas especiales de transporte y convierte el producto en peligroso para la salud de los consumidores85. La confianza en un transporte correcto de la mercadería hace que la responsabilidad del productor se encuentre excluida 86. En estos casos solamente podrá existir un deber del primer actuante de comunicar al segundo la necesidad de cumplir con ciertas condiciones especiales en la transportación, lo cual, por otra parte, no será necesario en caso de productos que evidentemente requieren de tales condiciones (por ejemplo, el transporte refrigerado de productos marítimos o lácteos). La otra forma de manifestación del principio de confianza se presenta cuando una situación concreta ha sido preparada previamente por un tercero. En principio, se debe tener la confianza en que este tercero ha actuado de manera correcta 87. Así, por ejemplo, si el funcionario de un banco otorga un crédito bancario conforme a la documentación presentada por el usuario, no responderá por delito financiero del artículo 247 tercer párrafo en caso que la documentación presentada no responda a la verdad. Salvo que existan determinados deberes de verificación, el funcionario bancario podrá confiar en el comportamiento correcto del solicitante del crédito y, por tanto, no recibir la imputación del comportamiento defraudatorio. La necesidad de confianza frente a la corrección de la conducta de terceros se exige de manera decisiva en el seno de la organización empresarial 88, pues de lo contrario no sería posible la mayor efectividad y la calidad de las prestaciones empresariales. Cada quien debe limitarse a cumplir con sus prestaciones al interior del proceso de producción empresarial. El principio de confianza, como todo principio general, encuentra también ciertas circunstancias especiales que excluyen su vigencia. Estos límites al principio de confianza pueden clasificarse en tres 89: a) la confianza queda excluida si la otra persona no tiene capacidad para ser responsable o está dispensada de su responsabilidad; b) no hay lugar para la confianza si la misión de uno de los intervinientes consiste precisamente en compensar los fallos que eventualmente otro cometa90; y c) la confianza cesa cuando resulta evidente una conducta que defrauda 83
Vid., en este sentido, S CHUMANN , Handlungsunrecht , p. 21. Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 105. Por su parte, B RINKMANN , Vertrauensgrundsatz , p. 116, no considera estos casos dentro del principio de confianza, sino que los remite a la prohibición de regreso. 85 Vid., I ÑIGO CORROZA, La responsabilidad , p. 235. 86 Vid., en concreto la relevancia del principio de confianza entre productores y comerciantes, K UHLEN, Fragen , p. 135; BEULKE /B ACHMANN , JuS 1992, p. 741; HILGENDORF, Produzentenhaftung , p. 160; DEUTSCHER /K ÖRNER, wistra 1996, p. 330; P AREDES C ASTAÑÓN , El caso colza , p. 162 y s. 87 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 106. 88 Vid. SCHUMANN, Handlunsunrecht , p. 29; F RISCH, Verhalten , p. 210; FEIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 303 y ss.; DEUTSCHER /K ÖRNER, wistra 1996, p. 330. 89 Vid., así, J AKOBS, Strafrecht , AT, Apdo 7, n.m. 54 y ss.; E L MISMO, en Estudios , p. 219 y s.; FEIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 307 y ss. De manera similar, referido a la responsabilidad por el producto, K UHLEN, Fragen , p. 140 y ss.; referido al tráfico rodado, S CHUMANN, Handlungsunrecht , p. 12 y ss.; F RISCH, Verhalten , p. 189 y s.; PUPPE, La imputación objetiva , p. 110 y s. 90 Vid., SCHUMANN , Handlungsunrecht , p. 24, que reconoce estos supuestos como propios de los casos de uso de prestaciones de terceros que lo diferencian precisamente de la confianza en el tráfico rodado. En el ámbito específico de la seguridad e higiene en el trabajo, F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 327 y s., afirma que tiene vigencia igualmente un principio de confianza, aunque ciertamente limitado. 84
las expectativas por parte de uno de los intervinientes 91. En una comprensión objetiva del principio de confianza, sin embargo, parece ser que este último supuesto de limitación de la confianza se muestra como especialmente extraño, pues se sustentaría en un conocimiento subjetivo. Hay que precisar, sin embargo, que tal situación de confianza no se rompe con una desconfianza subjetiva derivada de conocimientos especiales, sino con una originada por situaciones que objetivamente permitan poner en tela de juicio la confianza sobre la conformidad a derecho del comportamiento del otro. bb)
Dejando de lado la discusión sobre si resulta correcto o no utilizar el término prohibición de regreso en estos casos, se trata de determinar aquí la responsabilidad de quien realiza un comportamiento estereotipado inocuo que favorece al hecho delictivo de otro92. La doctrina penal ha desarrollado desde hace mucho distintos criterios para justificar la irresponsabilidad penal del autor del aporte. En un primer momento se discutió esta cuestión en atención al supuesto de una contribución culposa en el hecho doloso de un sujeto plenamente responsable 93. Las razones que se ofrecieron en ese entonces para justificar la irresponsabilidad del contribuyente culposo fueron muy diversas: la negación de una relación de causalidad 94, la impunidad general de la participación culposa (cómplice e instigador) 95 o la ausencia de una mediación de la voluntad 96. En la actual discusión sobre la prohibición de regreso se ha ubicado esta cuestión en el terreno de la imputación objetiva 97, lo que ha motivado no sólo que se amplíen los supuestos comprometidos, sino también que se desarrollen nuevos criterios de solución de este antiguo problema jurídico-penal. Es así que pueden apreciarse en el panorama doctrinal actual distintas fundamentaciones de la prohibición de regreso. Un sector de la doctrina considera que se trata de comportamientos socialmente adecuados y, por ello, no pueden dar lugar a una imputación objetiva98. Otros autores recurren al viejo criterio de la previsibilidad objetiva utilizado por los defensores de la “teoría de la adecuación” y excluyen la responsabilidad en caso de intervenciones imprevisibles de terceros 99. Una referencia más objetiva ofrecen aquellos que sostienen que en los casos de prohibición de regreso no tiene lugar una “dominabilidad” o “controlabilidad” del hecho 100. Una parte de la doctrina penal justifica, con base en el principio de confianza, la confianza del primer actuante en que el tercero no realizará una conducta delictiva 101. Finalmente, un sector cada vez mayor de la doctrina penal recurre al criterio de los ámbitos de responsabilidad según el cual una persona no requiere representarse las distintas posibilidades de comportamiento ilícito de terceros derivados de su actuación 102. 91
Vid., DEUTSCHER/K ÖRNER, wistra 1996, p. 330. De otro parecer, P UPPE , La imputación objetiva , p. 114 y ss. Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 107; C ANCIO MELIÁ , Líneas básicas , p. 82. 93 Vid., en este sentido, la referencia de J AKOBS, Strafrecht , AT, Apdo 24, n.m. 21; F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 355 y s. 94 Vid., así, VON LISZT, Lehrbuch , 9. Aufl., p. 123. 95 Vid., en este sentido, H ÄLSCHNER , Das gemeine deutsche Strafrecht , 1, p. 444 y s.; E XNER, FS-Frank , I, p. 569 y ss. 96 Vid., en este sentido, F RANK, Das Strafgesetzbuch , p. 15 y s. 97 Vid., así, ROXIN, FS-Tröndle , p. 179, 185; P UPPE, La imputación objetiva , p. 128; STRATENWERTH , Strafrecht , AT, § 15, n.m. 70; W OLFF-RESKE , Verhalten , p. 114; FEIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 368 y ss. 98 Vid., G ALLAS, en Beiträge zur Verbrechenslehre , p. 92. Considera también que la influencia no dolosa de la libertad ajena es socialmente adecuada, W ELP, Vorangegangenes Tun , p. 285 y s. 99 Vid., así, BURGSTALLER , FS-Jescheck , I, p. 363 y s.; J ESCHECK /WEIGEND , Lehrbuch , AT, p. 574; S CHMOLLER , FSTriffterer , p. 244, 255 y s. En España: C ORCOY B IDASOLO, El delito imprudente , p. 532 y ss. 100 (1964), p. 428; O TTO, Strafrecht , AT, § 6, n.m. 52 y ss.; D IEL, Das Regreßverbot , p. 339. Vid., así, N AUCKE , ZStW 76 101 Vid., en este sentido, S TRATENWERTH , Strafrecht , AT, § 15, n.m. 70 y ss.; W OLTER, Objektive und personale Zurechnung , p. 347. Cercano a esta posición se muestra R OXIN, FS-Tröndle , p. 187, al admitir una ausencia de pena en los casos de dolo eventual, invocando el principio de confianza. En España: C EREZO MIR, Curso , PG, II, p. 162; M ARTÍNEZ ESCAMILLA, Imputación objetiva , p. 350. 102 Vid., J AKOBS, en Estudios , p. 261; S CHUMANN , Handlungsunrecht , p. 62; F RISCH, Verhalten , p. 240 y ss.; W EHRLE, Regreßvebot , p. 61; LESCH, Das Problem , p. 165; W OLFF-RESKE , Verhalten , p. 116 y s.; W OHLERS, Deliktstypen , p. 331. En España: FEIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p.389 y s. Esta línea de interpretación puede encontrarse ya en el 92
De los distintos criterios que se barajan actualmente en la doctrina penal, consideramos que el más adecuado para justificar la prohibición de regreso es el criterio de los ámbitos de responsabilidad. En los delitos de dominio la responsabilidad penal se configura por una organización defectuosa que infringe el deber negativo de no lesionar a otros. Esta organización defectuosa puede tener lugar por una organización individual o ser producto de una organización conjunta 103. En este último supuesto se presenta una repartición del trabajo que vincula a los participantes y fundamenta, por tanto, que el injusto sea considerado una obra común 104 . Esta participación no debe reducirse a los actos de ejecución, sino que debe incluir los actos de preparación, de manera que no debe caerse en el error naturalista de la doctrina penal dominante de considerar que el partícipe en la fase de preparación realiza un injusto propio que se vincula al injusto principal de los autores 105. El delito constituye una obra conjunta de todos los intervinientes en la preparación y en la ejecución del hecho. No obstante, no basta que se realice una aportación (dolosa) al hecho, sino que es necesario que ese aporte tenga el sentido objetivo de alcanzar consecuencias delictivas106. Ese sentido objetivo lo suministra la infracción del rol general de ciudadano 107. Una actuación conforme al estereotipo de conductas socialmente permitidas no constituye una infracción del rol de ciudadano 108. El hecho de que el agente haya actuado dolosa o culposamente respecto de la futura utilización delictiva de su aporte por otro, no cambia en nada el carácter permitido de su actuación109. Una imputación del comportamiento no resulta justificada sólo porque exista una conducta causal evitable 110, sino que es necesario que esta última constituya una infracción del rol general de ciudadano 111. Si no se infringe este rol, entonces estaremos ante una prohibición de regreso 112. Las formas de aparición de la prohibición de regreso pueden clasificarse en dos grupos. En primer lugar están los casos en los que no se hace responsable al sujeto que realiza un comportamiento cotidiano al que otro vincula unilateralmente un hecho delictivo o se sirve del mismo para su realización 113. Ejemplo: no puede considerarse a los acreedores de una empresa responsables del delito de atentado contra el sistema crediticio cometido por el gerente debido a que no tuvieron suficiente comprensión con la situación de la empresa y pidieron judicialmente la ejecución de sus créditos. A los acreedores les asiste el derecho de realizar el cobro judicial de sus créditos una vez que éstos estén vencidos, lo cual no puede considerarse objetivamente una inducción en la posterior defraudación del órgano de administración de la empresa. Aun cuando el gerente les haya advertido a los acreedores sobre sus planes de realizar un fraude concursal en caso de no retardar el cobro de sus acreencias, la conducta planteamiento de W ELP, Vorangegangenes Tun , p. 274 y ss. Críticamente frente al criterio de las esferas de competencia o responsabilidad, A MELUNG , FS-Grünwald , p. 16. 103 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 148; LESCH, Das Problem , p. 271 y s. 104 Vid., J AKOBS, en Modernas tendencias , p. 627; LESCH, Das Problem , p. 272 y ss. 105 En este sentido la crítica de J AKOBS, Imputación objetiva , p. 151 y s. 106 Vid., así, J AKOBS, Imputación objetiva , p. 152 y s.; FRISCH, Verhalten , p. 280 y ss. 107 Vid., J AKOBS, Strafrecht , AT, Apdo 24, n.m. 15, en relación con la necesidad de una competencia del interviniente. 108 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 107. 109 Vid., en este sentido, J AKOBS , PJ 59, p. 140 y ss. Por el contrario, SCHÜNEMANN , RPDJP 1 (2000), p. 434 parte en estos casos de una distinción entre actuación culposa y dolosa. 110 Vid., en este sentido, J AKOBS, en Estudios , p. 243. 111 Vid., en este sentido, L ESCH, Das Problem , p. 283. 112 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 165. 113 Vid., J AKOBS, Strafrecht , AT, Apdo 7, n.m. 59, Apdo 24, n.m. 16; E L MISMO, Imputación objetiva , p. 156; E L MISMO, en Estudios , p. 216; E L MISMO, PJ 59, p. 135. En el mismo sentido, R OXIN, FS-Tröndle , p. 191; R ANSIEK, wistra 1997, p. 45 y s. Admite, sin embargo, excepciones en caso de manifestarse objetivamente una voluntad delictiva, K ÜPPER , GA 1987, p. 402. Justifica la impunidad por tratarse de una cuestión del azar que se encuentra fuera del dominio del autor, RUEDA M ARTÍN , La teoría , p. 264 y ss.; L A MISMA, Revista penal 9 (2002), p. 126, nota 38.
de los acreedores no puede dar pie a una responsabilidad penal. La ejecución delictiva no les es propia a los acreedores 114. El segundo supuesto de prohibición de regreso excluye la responsabilidad penal de quien realiza una prestación generalizada e inocua a otra persona que hace uso de ella para la materialización de un delito 115. En estos casos tiene lugar una comunidad con el autor, pero esta comunidad se encuentra limitada a la prestación de un servicio socialmente permitido que al autor no puede ampliar unilateralmente 116. La ausencia de una imputación de comportamiento tendrá lugar aun cuando el que realiza la prestación conoce de los planes delictivos del autor 117, ya que objetivamente no se ha producido una conducta dirigida a favorecer un delito, sino una prestación consistente en la entrega de bienes, en la realización de servicios o en el suministro de información a la que cualquiera puede acceder 118. Ejemplo: el asesor que absuelve una consulta sobre determinados puntos de la regulación tributaria, no podrá responder penalmente en el delito de defraudación tributaria de su cliente, si se ha limitado a dar a conocer las deficiencias de la regulación tributaria. Aun cuando el asesor conociese o sospechase de las intenciones de su cliente, no puede fundamentarse su responsabilidad en el hecho, pues su actuación se ha limitado a la de un asesor consultado 119. Conviene remarcar en esta exposición general de la prohibición de regreso que la afirmación del carácter socialmente adecuado de una aportación no anula otros deberes existentes que puedan generar una responsabilidad penal. En este sentido, si al sujeto que presta una actuación socialmente aceptada le asiste alguna posición de garantía120 o, mejor dicho, otra competencia por organización (introducción de un riesgo especial, por ejemplo 121) o institucional (confianza especial, por ejemplo) o deberes de solidaridad mínima (omisión del deber de socorro) 122, entonces una responsabilidad penal podrá tener lugar en caso que esas competencias o deberes se infrinjan123. El único aspecto que la prohibición de regreso excluye es la responsabilidad penal por la prestación estereotipada en sí misma, pero no la derivada de cualquier otra razón penalmente relevante 124. cc)
Ámbito de competencia de la víctima
La figura de la víctima ha estado presente en las construcciones jurisprudenciales y doctrinales del Derecho penal desde hace mucho tiempo 125. Si bien actualmente se 114
Vid. de manera general, J AKOBS, Imputación objetiva , p. 156. Vid., J AKOBS, Strafrecht , AT, Apdo 24, n.m. 17; E L MISMO, Imputación objetiva , p. 156 y s.; E L MISMO, en Estudios , p. 217; EL M ISMO, PJ 59, p. 136. Similarmente, aunque con propios matices, S CHUMANN, Handlungsunrecht , p. 68 y s.; W EHRLE, Regreßverbot , p. 70. En el ámbito del Derecho penal económico, R ANSIEK, wistra 1997, p. 46 y s. 116 Vid. J AKOBS, en Estudios , p. 217. 117 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 157; FRISCH, Verhalten , p. 285. De una opinión contraria, R OXIN, FS-Tröndle , p. 197; O TTO, JZ 2001, p. 444; R ANSIEK, wistra 1997, p. 44. 118 Vid. J AKOBS, Imputación objetiva , p. 157 y s. 119 En este aspecto no está de acuerdo, K NIFFKA, wistra 1983, p. 310, quien considera que el funcionario bancario responde penalmente si da consejos al cliente de conductas elusivas que se mantienen dentro del manejo permitido de las cuentas. 120 Vid., así, J AKOBS, Strafrecht , AT, Apdo 24, n.m. 19; E L M ISMO, Imputación objetiva , p. 159 y s.; EL MISMO, en Estudios , p. 216 y s.; E L MISMO, PJ 59, p. 137; W EHRLE , Regreßverbot , p. 100 y ss.; F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 407 y ss. 121 Así se solucionarían l os c asos de una f avorecimiento posterior al inicio d el hecho delictivo. Vid. sobre estos c asos, J AKOBS, Imputación objetiva , p. 164; W OHLERS, NStZ 2000, p. 174; FEIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 400 y s. 122 Vid., J AKOBS, Strafrecht , AT, Apdo 24, n.m. 20; E L MISMO, Imputación objetiva , p. 160; EL M ISMO, en Estudios , p. 217; EL MISMO, PJ 59, p. 138; FEIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 402 y ss. 123 Hace mención a la inducción como otro límite de la prohibición de regreso, F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 393 y ss. 124 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 160; EL MISMO, en Estudios , p. 216. 125 Vid., C ANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima , p. 109. 115
habla de un “redescubrimiento de la víctima” 126, lo cierto es que en el marco de la dogmática penal esta tendencia debe entenderse, más bien, como el descubrimiento de la utilidad que la teoría de la imputación objetiva tiene en la solución de la problemática del comportamiento de la víctima 127. En este sentido, son cada vez menos las fundamentaciones dogmáticas que ubican esta cuestión fuera del ámbito de la teoría de la imputación objetiva, como, por ejemplo, las que la solucionan en el ámbito subjetivo como supuesto de falta de previsibilidad de la lesión por parte del autor128, las que se ubican en el terreno de la causalidad mediante la llamada teoría de la “media causación” 129 o la teoría de la concurrencia de culpas 130; o las que consideran que se trata de un problema específico de los delitos culposos respecto de la configuración del deber objetivo de cuidado 131. No obstante, el consenso de la doctrina dominante alcanza sólo a la ubicación del problema de la conducta de la víctima al interior de la teoría de la imputación objetiva, pues sobre su configuración dogmática reina todavía cierta polémica 132. Nuestro objetivo en este apartado no apunta a defender una determinada configuración de la conducta de la víctima en la imputación objetiva, sino a seguir desarrollando la comprensión de la teoría de la imputación objetiva basada en roles también en este ámbito y resaltar las consecuencias que tal instituto dogmático tiene en el ámbito de los delitos económicos. En una explicación funcional de la imputación objetiva cabe reconocer dos razones por las que las consecuencias de un hecho delictivo pueden recaer sobre la víctima: o porque nadie resulta competente por el delito (caso de infortunio), o porque la víctima ha “actuado a propio riesgo” al infringir incumbencias de autoprotección o realizar actos de propia voluntad 133. De estas dos posibles razones de cargo a la víctima del resultado lesivo, solamente la segunda constituye un caso de competencia de la propia víctima134, ya que en caso de infortunio no tiene lugar propiamente una atribución del hecho a alguien. Una competencia de la víctima que se sustente en el principio de autorresponsabilidad 135 solamente podrá existir en los casos en los que la víctima, en tanto persona responsable, ha actuado a propio riesgo. Esta actuación de la víctima puede tener lugar, a su vez, de dos maneras: por la infracción de incumbencias de autoprotección o por un acto de voluntad (consentimiento). Esta diferenciación no significa una reedición de la teoría de la diferenciación entre
Se trata de un redescubrimiento de la víctima que se refleja en diversos sectores (Criminología, Política criminal, Derecho procesal penal, Derecho penal material). Sobre esto vid., N EUMANN, en Strafrechtspolitik , Hassemer (Hrsg.), p. 225 y ss.; DERKSEN , Handeln , p. 14 y ss.; C ANCIO MELIÁ, RPDJP 1 (2000), p. 19 y ss. 127 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 109; C ANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima , p. 325 y ss. 128 Vid., sobre esto, la completa exposición de C ANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima , p. 156 y ss. Vid., referencias jurisprudenciales en D ERKSEN , Handeln , p. 22, nota 63. En la jurisprudencia peruana acude al criterio de la previsibilidad, la sentencia de la Sala Superior penal, Exp. Nº 550-98 de 24 de abril de 1998 (B RAMONT-ARIAS TORRES, Jurisprudencia en materia penal , p. 59) y la sentencia Exp. Nº 4031-98 de 17 de noviembre de 1998 (P RADO S ALDARRIAGA , Derecho penal , p. 93 y s.). 129 Vid., esta teoría en B INDING, Normen IV, p. 587 y ss. 130 Vid., Q UINTANO RIPOLLÉS , Derecho penal de la culpa , p. 321 y ss. Vid., con detalle, la exposición de C ANCIO M ELIÁ , Conducta de la víctima , p. 118 y ss. 131 Vid., sobre esto, W ALTHER, Eigenverantwortlichkeit , p. 21 y ss.; C ANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima , p. 166 y ss., con referencias. 132 Vid., en este sentido, W ALTHER, Eigenverantwortlichkeit , p. 40 y ss.; DERKSEN , Handeln , p. 30 y ss.; C ANCIO MELIÁ , Conducta de la víctima , p. 349 y ss. 133 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 109 y s. En la misma línea, N EUMANN, en Strafrechtspolitik , Hassemer (Hrsg.), p. 240 y s. 134 Utilizan el término competencia de la víctima, J AKOBS, Strafrecht , AT Apdo 7, n.m. 104; E L MISMO, en Estudios , p. 359; FRISCH, NStZ 1992, p. 5. Prefiere hablar de imputación a la víctima, C ANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima , p. 327 y s. 135 Vid., sobre el principio de autorresponsabilidad vid., con diferentes matices, F RISCH, NStZ 1992, p. 3; W ALTHER, Eigenverantwortlichkeit , p. 79 y ss.; Z ACZYK , Strafrechtliches Unrecht , p. 19 y ss.; FREUND, Erfolgsdelikt , p. 200; FEIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 486 y ss. Sobre las distintas líneas de interpretación del principio de autorresponsabilidad y su personal interpretación vid., C ANCIO MELIÁ , Conducta de la víctima , p. 299 y ss. Crítico ante la fundamentación de la responsabilidad de la víctima con base en el principio de autorresponsabilidad, S CHÜNEMANN , LH-Cerezo Mir , p. 170 y ss.
participación en la autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro consentida 136, sino que, por el contrario, se asienta en criterios dogmáticos diferentes. Cuando la actuación a propio riesgo tiene lugar mediante la infracción de incumbencias de autoprotección 137, estamos ante supuestos en los que la víctima actúa de una manera tal que pueden esperarse objetivamente consecuencias lesivas para ella138. Se trata, por tanto, de riesgos que se encuentran presentes en su interacción con los demás y frente a los cuales resulta de su incumbencia autoprotegerse139. Ya que la complejidad de los contactos sociales genera no sólo mayores beneficios para el progreso de la sociedad, sino también mayores riesgos, parece lógico que el sistema jurídico atribuya un conjunto de incumbencias de autoprotección a las personas 140. La infracción de estas incumbencias por parte de la propia víctima hace que en determinados casos los sujetos que han producido causalmente la lesión a la víctima no respondan penalmente o sólo lo hagan de manera parcial en caso de mantener ciertas competencias por el dominio del riesgo. De este modo, por ejemplo, si una empresa pone en el mercado un producto que puede resultar peligroso si no se usa según las instrucciones anexadas 141, los miembros de la empresa no responderán por el peligro generado del uso incorrecto del producto142. Si el producto se muestra peligroso para los consumidores, se deberá a la infracción de incumbencias de autoprotección atribuidas a éstos, pero no a una infracción de competencias de los fabricantes. Una falta de claridad en las instrucciones del producto mantendría, por el contrario, las competencias del fabricante143. En la jurisprudencia nacional se ha recurrido a la infracción de incumbencias de protección para solucionar el famoso caso de Rock en Río, en donde los asistentes a un concierto de rock comenzaron a utilizar arriesgadamente un puente colgante como plataforma de baile, el cual se desprendió cayendo varias personas al río y muriendo por asfixia por inmersión y traumatismo encéfalo craneano 144. La figura del consentimiento, recogida en el artículo 20 inciso 9 del Código penal, constituye otra especificación de la esfera de competencia preferente de la víctima 145. No obstante, actualmente se intenta dejar de utilizar este instituto jurídico penal debido al fuerte contenido subjetivo que posee 146. Por nuestra parte, consideramos que el uso del consentimiento en la teoría de la imputación objetiva ofrece todavía ventajas dogmáticas, aunque para ello debe dejar de entendérsele como un dato psíquico y
Utilizan esta diferenciación R OXIN, FS-Gallas , p. 249 y ss.; E L MISMO, Strafrecht , AT, § 11, n.m. 90 y ss.; D ÖLLING, GA 1984, p. 75 y ss.; HELLMANN, FS-Roxin , p. 271 y ss.; G ARCÍA Á LVAREZ, La puesta en peligro , p. 36. Críticamente, C ANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima , p. 238 y ss.; F EIJOO S ÁNCHEZ, Imputación objetiva , p. 471 y ss., quien señala acertadamente que los casos relevantes de heterolesión consentida, son normativamente casos de autolesión. 137 Preferimos utilizar el término incumbencia ( Obliegenheit ) debido a que no se trata propiamente de deberes de la víctima, sino de criterios objetivos para determinar los ámbitos de competencia (D ONATSCH, SchwZStr 105 (1888), p. 379). Vid. sobre la inexistencia de deberes propiamente de la víctima, S ILVA S ÁNCHEZ , LH-Beristain , p. 641; C ANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima , p. 348; D ONATSCH, SchwZStr 105 (1888), p. 365 y s., respecto de la protección de los bienes personales. 138 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 111. 139 En este sentido, admitimos la indicación de J AKOBS, Imputación objetiva , p. 111, que la infracción de las incumbencias es el reverso del quebrantamiento culposo del rol por parte del autor. 140 De lo contrario el Estado tendría que imputar esos nuevos riesgos a otras personas, lo que desde un punto de vista económico (de la pena) resulta impracticable. 141 Sobre los deberes de información de los fabricantes sobre los potenciales peligros en el uso de los productos, FRISCH, Verhalten , p. 200 y ss. 142 Vid., en el mismo sentido, F RISCH, en La responsabilidad penal , Mir/Luzón (coords), p. 105; V OGEL, J., Voz: Fahrlässigkeit, en HWiStR , Krekeler/Tiedemann/Ulsenheider/Weinmann (Hrsg.), p. 7; I ÑIGO CORROZA, La responsabilidad , p. 147. Como una expresión del principio de confianza ve este supuesto, K UHLEN, Fragen , p. 137 y ss. Diferencia el principio de confianza de los supuestos de imputación a la víctima, C ANCIO MELIÁ , Conducta de la víctima , p. 372. 143 Sobre el deber de información de los fabricantes sobre el producto, P UENTE ABA, Delitos económicos , p. 56. 144 Vid. El comentario a esta sentencia, G ARCÍA C AVERO , REDUP 1 (2000), p. 191 y ss. 145 Vid., C ANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima , p. 203; FEIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 475. 146 Vid., en este sentido, C ANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima , p. 190; EL MISMO, RPDJP 1 (2000), p. 28 y s.
considerarlo, más bien, como un acto objetivo de manifestación de voluntad 147. El consentimiento de la víctima tiene el sentido objetivo de una ampliación voluntaria de los peligros que amenazan normalmente su ámbito personal 148, de manera que en caso de realizarse un tipo penal, el hecho podrá reconducirse al comportamiento voluntario de la víctima. Podría argumentarse, en contra del reconocimiento de la relevancia del consentimiento en la imputación a la víctima, que éste constituye también una infracción de incumbencias de autoprotección y que, por ello, una diferenciación resulta ociosa. Ante esta fundamentación cabe afirmar que la distinción entre la simple infracción de incumbencias de autoprotección y el consentimiento tiene lugar no sólo en el plano subjetivo, sino también objetivo. Por ejemplo: ¿tiene acaso igual responsabilidad penal el portador del virus del sida que mantiene relaciones sexuales con una persona que no cumple medidas de autoprotección en su actividad sexual, que aquél que comunica su enfermedad a otra persona que consiente en las relaciones sexuales? No cabe duda que en el segundo caso la responsabilidad penal se encuentra excluida, mientras que en caso de infracción de incumbencias de autoprotección se mantiene todavía una competencia por la transmisión de la enfermedad. Con ello no se reconoce, sin embargo, una relevancia absoluta al consentimiento, pues la competencia de la víctima puede decaer en los casos en los que su consentimiento resulte afectado por factores distorsionantes 149 o por moverse en ámbitos sustraidos a la disposición de la víctima. En esta breve exposición general sobre el instituto dogmático de la conducta de la víctima, conviene dejar precisado que existen ciertos recortes normativos al principio de autorresponsabilidad de la víctima. Por un lado, el principio de autorresponsabilidad decae cuando tienen lugar situaciones de superioridad en las que la víctima es instrumentalizada por el autor 150. Por otro lado, la autorresponsabilidad se recorta cuando existen deberes de control, protección o tutela frente a la víctima 151 derivados de un rol especial del autor que mantiene su competencia por el hecho, aun cuando la víctima actúe a propio riesgo. Esta situación se presenta, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad en el trabajo 152, aunque debe reconocerse que nuestra no muy feliz redacción del delito contra la libertad de los trabajadores (artículo 168 del Código penal) deja fuera del ámbito de conductas típicas los casos de voluntaria realización del trabajo sin las condiciones de higiene y seguridad exigidas administrativamente. c. Figuras delictivas fundamentadas únicamente en la imputación del comportamiento La imputación del comportamiento, como primer elemento de la imputación objetiva, puede fundamentar por sí sola la realización objetiva de determinadas figuras delictivas como los delitos de mera actividad, los delitos de peligrosidad o la tentativa en los delitos de resultado. En estos casos no se requiere además de una imputación objetiva del resultado para fundamentar la responsabilidad penal, aunque su verificación puede traer consigo un cambio en la razón de la responsabilidad penal, o sea, que el delito de peligro cede ante un delito de resultado o la tentativa deja su lugar al delito consumado. 147
Se trata, por tanto, del dato objetivo de aceptación de una conducta peligrosa. Vid., así, J AKOBS, en Estudios , p. 221. En el mismo sentido, aunque en un contexto más general, C ANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima , p. 331. 148 Similarmente, C ORCOY B IDASOLO, Delitos de peligro , p. 98 y s. Sobre el objeto y la intensidad del consentimiento, de lo que no vamos a ocuparnos, vid., J AKOBS, Strafrecht , AT Apdo 7, n.m. 125 y ss. 149 Vid., en este sentido, F RISCH, Verhalten , p. 170 y s.; A RMAZA G ALDÓS, RDPC 1 (1998), p. 119 y ss. Considera que incluso situaciones de déficit relativo fundamentan la autorresponsabilidad, F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 487. 150 Vid., C ANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima , p. 347 y ss. Como lo señala F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 456, existe en estos casos una orientación a los supuestos de autoría mediata. 151 Vid., FRISCH, Verhalten , p. 177 y ss.; P UPPE, La imputación objetiva , p. 141 y ss.; C ANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima , p. 355; EL MISMO, RPDJP 1 (2000), p. 51 y s. 152 Vid., en este sentido, L ASCURAÍN S ÁNCHEZ , La protección penal , p. 114 y s.; P ÉREZ ALONSO/ZUGALDÍA ESPINAR, en LH-Cerezo Mir , p. 1514.
B. La imputación objetiva del resultado El punto de partida para la determinación de la imputación objetiva del resultado es la existencia previa de una imputación del comportamiento 153. Sin embargo, no basta que tenga lugar una sucesión de estos dos aspectos de la imputación objetiva para poder hablar de un delito consumado, sino que es necesario la existencia de una relación objetiva entre estos aspectos154. Ya que la consumación constituye no más que un aumento cuantitativo de la infracción de la norma producida ya por la imputación del comportamiento (tentativa) 155, la imputación objetiva del resultado no puede quedar abandona a simples criterios causales, sino que debe asentarse igualmente en criterios normativos156. En este sentido, el resultado, para poder ser imputado al autor, debe ser considerado normativamente como la consumación del comportamiento previamente imputado al mismo 157. En lo que sigue, vamos a encargarnos de precisar cómo se establece este vínculo objetivo entre comportamiento prohibido y resultado. Posteriormente, nos ocuparemos de los supuestos problemáticos en los que el resultado puede ser explicado por diversos riesgos. Finalmente, haremos una breve indicación de las figuras delictivas cuya realización requiere necesariamente de la imputación objetiva del resultado. a.
El comportamiento prohibido como explicación del resultado
Para poder imputar objetivamente a una persona un resultado, éste debe poder explicarse mediante un comportamiento prohibido 158. Esto quiere decir que de entre las condiciones de producción del resultado el Derecho penal considera como factor determinante el comportamiento prohibido del autor 159. No se trata, por tanto, de describir una vinculación causal entre el comportamiento y el resultado; algo, por otra parte, especialmente difícil en los delitos de omisión y en ámbitos complejos como el medio ambiente 160 o la responsabilidad por el producto 161. En nuestra sociedad –que se rige no por el destino, sino por la planificación–, el comportamiento prohibido del autor solamente podrá aparecer como explicación de los daños producidos cuando pueden ser evitados de modo planificado 162. Una explicación del resultado no tendrá lugar, por el contrario, si los daños producidos por el comportamiento prohibido no pueden evitarse planificadamente. El resultado sólo podrá encontrar explicación en otro comportamiento prohibido, en la infracción de incumbencias de protección de la víctima o simplemente en el infortunio 163. b.
Los supuestos de explicaciones alternativas del resultado
Los problemas en la imputación objetiva del resultado se presentan cuando éste puede encontrar explicación en otras conductas o sucesos 164 . Ya no es solamente el comportamiento prohibido del autor el que aparece en escena, sino el comportamiento prohibido de un tercero, la propia conducta de la víctima o simplemente un riesgo 153
Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 173 y s. Vid., en este sentido, F RISCH, Verhalten , p. 511. 155 Vid., en este sentido, J AKOBS, JZ 1988, p. 519. 156 En este sentido, F RISCH, Verhalten , p. 524 y s.; C ANCIO MELIÁ, Líneas básicas , p. 97 y s. En nuestro tribunales ya se empieza a aceptar esta idea [vid., R OJAS V ARGAS , Diálogo con la jurisprudencia 15 (1999), p. 99 y ss.] 157 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 174. 158 Vid., J AKOBS, Strafrecht , AT Apdo 7, n.m. 78. 159 Crítico, sin embargo, ante la fórmula de la explicación, F RISCH, Verhalten , p. 528 a la que califica como una fórmula heurística que plantea cuestiones propias del primer nivel de la imputación (creación de un riesgo desaprobado). 160 Vid., sobre esto, ROTSCH, Individuelle Haftung , p. 89 y ss.; SCHÜNEMANN , GS-Meurer , p. 45; SILVA S ÁNCHEZ , Delitos contra el medio ambiente , p. 25 y s. 161 Vid., P AREDES C ASTAÑÓN , El caso colza , p. 57 y ss. 162 Vid., este desarrollo argumental, J AKOBS, Imputación objetiva , p. 180 y ss. 163 Vid., así, J AKOBS, Strafrecht , AT, Apdo 7, n.m. 79 y s.; EL MISMO, Imputación objetiva , p. 185 y s. 164 Vid., C ANCIO MELIÁ, Líneas básicas , p. 98. 154
general de la vida165. En lo que sigue, vamos a ocuparnos de resolver los problemas que esta pluralidad de riesgos suscita en la imputación del resultado. aa)
Cuestión previa: Las consideraciones hipotéticas
Antes de entrar en l os problemas de imputación del resultado en caso de presencia de varios riesgos, resulta conveniente que nos ocupemos de la relevancia que tienen las valoraciones hipotéticas en la teoría de la imputación objetiva. Una revisión de la historia del pensamiento dogmático nos muestra que las consideraciones hipotéticas se discuten en la doctrina penal desde antes de la aparición de la teoría de la imputación objetiva del resultado 166. Así, ya en la llamada causalidad hipotética se cuestionó la capacidad explicativa del método de la supresión mental para determinar la causalidad, en la medida que la supresión mental de la conducta del autor no evitaba la aparición del resultado debido al comportamiento hipotético de otra persona167. En la actual discusión doctrinal, en donde la causalidad ha cedido su posición de privilegio a la relación de imputación, las consideraciones hipotéticas siguen, sin embargo, siendo supuestos controvertidos. No obstante, el problema ha adquirido unos contornos distintos, pues la pregunta se centra ahora en el llamado comportamiento alternativo conforme a derecho, es decir, al hecho de si un comportamiento conforme a derecho del autor hubiese podido evitar la producción del resultado168. Ejemplo: el usuario de una institución bancaria solicita un crédito con documentación falsa. Si hubiese solicitado el crédito con los documentos que expresan su verdadera situación patrimonial, habría obtenido igualmente el crédito deseado conforme a los criterios internos que, por escrito, tienen los trabajadores del banco para otorgar créditos a los clientes. Para poder resolver los casos en los que el comportamiento adecuado a Derecho tampoco hubiese evitado el resultado, se han desarrollado diversas teorías. Cabe mencionar, en primer lugar, la llamada teoría de la evitabilidad, la cual atribuye un efecto exonerador al hecho de que el resultado lesivo resulte inevitable porque igualmente habría tenido lugar con un comportamiento arreglado a derecho del autor169. A esta teoría se le achaca, sin embargo, haberse convertido en un método que facilita la argumentación de la decisión deseada por parte de los tribunales, en la medida que no señala la razón por la cual se niega la vinculación con el resultado si un comportamiento alternativo adecuado a derecho no hubiese evitado la producción del resultado170. Con la finalidad de evitar precisamente el amplio margen discrecional de la teoría de la evitabilidad, se ha desarrollado la teoría de la causa individual de PUPPE . Esta autora señala que en la verificación de la causalidad de una infracción del deber no debe sustituirse el comportamiento descuidado por algún otro comportamiento alternativo diligente, sino solamente la característica individual del comportamiento que fundamenta su prohibición 171. A esta concepción se le critica, sin embargo, pretender mantenerse en el plano de la causalidad aun cuando entra ya en el terreno de las valoraciones. Por ello, se ha propuesto en la doctrina penal la llamada teoría del incremento del riesgo, la cual intenta resolver el problema de las consideraciones hipotéticas en el marco de la teoría de la imputación objetiva. Esta 165
Sobre esta concurrencia, J AKOBS, Imputación objetiva , p. 177 y ss. Vid., C ANCIO MELIÁ, Líneas básicas , p. 100. 167 Sobre esto, vid., K AHRS, Das Vermeidbarkeitsprinzip , p. 6 y s., 69 y ss.; S AMSON, Hypotetische Kausalverläufe , p. 37 y ss.; ROXIN, Strafrecht , AT § 11, n.m. 12 y s.; J ESCHECK/W EIGEND, Lehrbuch AT, p. 281 y ss. 168 Vid., C ANCIO MELIÁ, Líneas básicas , p. 101. Por su parte, I ÑIGO CORROZA, La responsabilidad , p. 326, considera que estos supuestos son casos de creación de riesgos no prohibidos. 169 Vid., en este sentido, E RB, Rechtsmäßiges Alternativverhalten , p. 72. 170 Vid., sobre esto, F EIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 35. 171 (1980), p. 879. Críticamente frente al planteamiento de Puppe, E RB, Rechtsmäßiges Vid., PUPPE, ZStW 92 Alternativverhalten , p. 39 y ss. 166
teoría, desarrollada inicialmente por R OXIN172 y que goza actualmente de amplio reconocimiento en la doctrina penal 173 , señala que el resultado debe imputarse como realización del riesgo típico si la conducta generó un riesgo desaprobado, aunque no sea seguro que su ausencia no hubiese evitado el resultado 174. Pese a los argumentos esgrimidos en favor de esta teoría 175, un sector importante de la doctrina le ha dirigido certeras críticas176, las cuales en mayor o en menor medida pueden sintetizarse en el reproche de llevar a cabo una configuración excesivamente incriminadora de la imputación del resultado 177. La teoría del incremento del riesgo, al centrarse únicamente en la probabilidad generada por la conducta del autor y renunciar a una verificación de la relación de imputación con el resultado, no sólo permite una infracción al principio del in dubio pro reo en la determinación de la vinculación de la conducta con el resultado 178, sino que convierte también el resultado en una condición objetiva de punibilidad y, de esta manera, los delitos de lesión en delitos de peligro 179. Estas consideraciones críticas han llevado a un sector de la doctrina a defender la llamada teoría del fin de protección de la norma, la cual fue desarrollada en el Derecho penal por el Prof. español Enrique G IMBERNAT180. La idea central de esta teoría es que la norma penal no pretende evitar la producción de todos los resultados posibles, sino solamente de algunos de ellos. La relación de imputación del resultado no se determina, por tanto, con base en el hecho de si un comportamiento alternativo conforme a derecho no hubiese podido evitar la producción del resultado, sino con base en el ámbito de protección de la norma 181. Si el resultado producido pertenece a la clase de aquellos resultados que la norma busca impedir, entonces deberá afirmarse la relación de imputación, aunque cualquier otro comportamiento alternativo tampoco hubiese podido evitar su producción. Por el contrario, si el resultado no forma parte de los resultados que la norma busca evitar, entonces se tratará de un reflejo de la protección y, por tanto, de una casual capacidad de evitar el resultado lesivo que no puede fundamentar la relación de imputación objetiva. En una comprensión normativa de la imputación objetiva, resulta patente que la teoría del fin de protección de la norma es la que mejor se ajusta a este punto de partida. Aplicado al ejemplo hasta ahora utilizado: El fin de protección del delito de fraude crediticio del artículo del artículo 247 del Código penal consiste en evitar el otorgamiento de un crédito bancario sin una base suficiente de conocimiento sobre la situación financiera real del cliente. Por esta razón, el supuesto hipotético de que con su situación financiera real también hubiese recibido el crédito deseado, no puede afectar de ninguna manera la relación de imputación, pues esa circunstancia no cambia en nada el hecho de que el resultado producido pertenece a la clase de resultados que el delito de fraude crediticio busca evitar. bb)
Los riesgos concurrentes
(1962), p. 411 y ss. (espec. p. 431 y s.); E L M ISMO, Strafrecht , AT § 11, n.m. 76 y ss. Vid., ROXIN, ZStW 74 Vid., la propia referencia de R OXIN, Strafrecht , AT § 11, n.m. 78, nota 144. 174 En el caso de los delitos omisivos se ha formulado la teoría del incremento del riesgo como la omisión de emprender una acción con probabilidades de salvamento (vid., la referencia, S CHÜNEMANN , GS-Meurer , p. 46 y s.). 175 Vid., ROXIN, Strafrecht AT § 11, n.m. 79 y ss.; P UPPE, FS-Roxin , p. 302 y s. 176 Vid., con mayor detalle, U LSENHEIMER , Das Verhältnis , p. 132 y ss.; S AMSON, Hypotetische Kausalverläufe , p. 46 y ss.; EL MISMO, FS-Roxin , p. 587 y ss.; ERB, Rechtsmäßiges Alternativverhalten , p. 129 y ss.; K ORIATH, Grundlagen , p. 490 y ss.; J AKOBS, Imputación objetiva , p. 192 y ss. 177 Vid., así, FRISCH, Verhalten , p. 561 y s.; FEIJOO S ÁNCHEZ , Imputación objetiva , p. 62 y ss. 178 Vid., J AKOBS, Imputación objetiva , p. 195 y s. 179 Vid., en este sentido, J AKOBS, Strafrecht , AT Apdo 7, n.m. 99. 180 GIMBERNAT ORDEIG, ADPCP 1962, p. 544 y ss.; E L MISMO, Delitos cualificados , p. 140 y ss. 181 Vid., J AKOBS, Strafrecht , AT, Apdo 7, n.m. 81; E L MISMO, Imputación objetiva , p. 184 y s.; M ARTÍNEZ ESCAMILLA , en Omisión e imputación objetiva , Gimbernat/Schünemann/Wolter (ed.), p. 106 y s. Por el contrario, mantiene la necesidad de consideraciones hipotéticas, F RISCH, Verhalten , p. 530 y s., nota 89. 173
El supuesto de riesgos concurrentes tiene lugar cuando el resultado puede explicarse por diversos riesgos creados por varias personas (incluida la víctima) 182. En estos casos, las explicaciones hipotéticas aparecen como perjudiciales, pues no sólo se abandona el curso real, sino que se recurre a un curso hipotético que, por ser irreal, no tendría que ser considerado para fundamentar la imputación 183. Para poder salir al paso frente a este dilema, debe partirse de la idea de que la explicación no está referida a los factores del riesgo, sino a los efectos del mismo 184. Como efecto del riesgo debe entenderse la realización de un resultado lesivo y no la disminución de las posibilidades de supervivencia del bien jurídico 185. Para determinar la imputación del resultado en caso de riesgos concurrentes debe diferenciarse los siguientes supuestos. aaa)
Riesgos concurrentes separables
Una concurrencia de riesgos separables tiene lugar cuando, además del riesgo prohibido creado por el autor, se presenta un riesgo general de la vida, un comportamiento arriesgado de la víctima o el comportamiento de un tercero 186. Si el riesgo concurrente con el del autor es el que se realiza en el resultado, entonces deberá decaer la imputación del resultado al comportamiento del autor. En caso que el riesgo concurrente provenga de un tercero, una imputación del resultado podrá tener lugar frente al tercero, pero se tratará de un proceso de imputación distinto al inicialmente considerado. Ejemplo: Una persona gira un cheque sabiendo que no cuenta con fondos suficientes. El beneficiario no puede cobrar el cheque debido a que deja pasar el plazo legalmente establecido para su cobro ante el banco. La imposibilidad de pago del cheque se debe no al riesgo creado por el girador, sino al comportamiento negligente del beneficiario. bbb)
Riesgos concurrentes inseparables: la confluencia en el riesgo
El riesgo resulta configurado en estos casos por la confluencia de ámbitos de responsabilidad distintos. Los problemas de explicación del resultado se presentan cuando no resulta posible separar el aporte de cada interviniente de manera que pueda precisarse cuál aporte ha sido eficiente y cuál no 187. En caso que la explicación del resultado sólo puede hacerse si se tiene en cuenta los aportes confluyentes, una absolución completa de los intervinientes se mostraría como injusta, pues el resultado lesivo se ha producido por una conducta contraria a deber de ambos intervinientes. En este sentido, cabrá imputarle el resultado a cada interviniente 188, aunque deberá admitirse una necesaria disminución del injusto 189. Ejemplo: Dos empresas contaminan de manera prohibida las aguas de un río y producen la muerte de un pescador por inhalación de ciertos desechos industriales (artículo 305, segundo párrafo, supuesto b del Código penal). En caso que no sea posible determinar cuál de los factores confluyentes ha sido el eficiente, cabrá una imputación objetiva del resultado. 182
En el caso de un solo riesgo creado por varias personas, estaremos antes supuestos de autoría y participación. Vid., en este sentido, J AKOBS, en Estudios , p. 275. 184 Vid., con amplias referencias bibliográficas, J AKOBS, en Estudios , p. 275. 185 Vid., así, la crítica contundente de J AKOBS, en Estudios , p. 277 y ss., a la teoría del saldo de posibilidades de supervivencia. 186 Vid., C ANCIO MELIÁ, Líneas básicas , p. 105. 187 Vid., sobre esto, J AKOBS, en Estudios , p. 282 y s . 188 En el mismo sentido, J AKOBS , Strafrecht , AT, Apdo 7, n.m. 83. Por su parte I ÑIGO CORROZA, La responsabilidad , p. 330 y s., sostiene que el resultado no se imputa, sino solamente el riesgo que cada sujeto ha creado. 189 Vid., en este sentido, C ANCIO MELIÁ, Líneas básicas , p. 130. 183
Un supuesto especial constituye los supuestos conocidos como riesgos sobrecondicionados, en los que los intervinientes realizan una aportación suficiente para producir el resultado 190. Para poder decidir la imputación del resultado en estos casos debe precisarse si se ha presentado ya una infracción perfecta de la norma por parte de alguno de los intervinientes. En caso que no exista aún una infracción de la norma, es decir, en caso de riesgos simultáneos, cabrá afirmar una responsabilidad penal de todos los intervinientes, pues cada uno debe partir de la idea de un comportamiento adecuado del resto 191. En caso que exista ya una infracción de la norma perfecta, el aporte posterior será solamente una modificación de las circunstancias que no podrá fundamentar una imputación del resultado 192. Ejemplo: en el caso de una votación en el órgano de administración de una empresa, cada uno de los votantes debe partir de una votación adecuada a la norma del resto de intervinientes 193. La argumentación de que su voto no hubiese afectado la mayoría ya alcanzada, no puede hacer decaer su responsabilidad penal. Por el contrario, el apoyo informal a una decisión ya tomada no puede fundamentar una responsabilidad penal si es que la toma de decisión constituye ya una infracción de la norma (delitos de preparación). cc)
Los daños derivados o secundarios
Los casos de daños derivados o secundarios comprenden los supuestos en los que el comportamiento del autor genera una situación que permite u ocasiona posteriormente una lesión por el comportamiento de otra persona, de la víctima o la intervención de la propia naturaleza 194. Los daños derivados pueden clasificarse en los siguientes grupos: aa)
Creación de una situación de indefensión
En estos casos, el comportamiento del autor coloca a la víctima en una situación de indefensión frente a otros riesgos que van, por ejemplo, desde los casos de infección en las heridas provocadas hasta la realización de un incendio en el hospital en la que la víctima está internada. Para determinar si procede aquí una imputación de los daños derivados de la situación de indefensión, es necesario seguir dos pasos. En primer lugar, deben excluirse de la relación de imputación los resultados provenientes de riesgos generales de la vida, pues lo contrario significaría permitir la entrada de supuestos de versare in re illicita 195. Una vez calificado el resultado como ajeno a los riesgos generales de la vida, deberá precisarse si existe una relación planificable entre el comportamiento del autor y la lesión derivada de la situación de indefensión 196. El autor no puede ser competente por todos los daños inusuales derivados de la situación de indefensión de la víctima, sino solamente por aquellos que puedan esperarse de la situación en la que ha puesto a la víctima. bb)
Daños derivados de cursos salvadores
Un supuesto especialmente problemático se presenta en la imputación de los daños que se derivan, para la víctima o un tercero, del emprendimiento o no de cursos salvadores. La determinación de los criterios de imputación requieren diferenciar los 190
Vid., J AKOBS, en Estudios , p. 281 y s. Vid., J AKOBS, FS-Miyazawa , p. 424 y s. Igualmente el parecer de P UPPE , Die Erfolgszurechnung , p. 25 y s., aunque en el ámbito del resultado típico. 192 Vid., J AKOBS, Strafrecht AT, Apdo 7, n.m. 83a; EL MISMO, en Estudios , p. 285. 193 Vid., esto con mayor detalle, J AKOBS, FS-Miyazawa , p. 421 y ss. 194 Vid., en este sentido, J AKOBS, Imputación objetiva , p. 186. 195 Vid., en este sentido, RUDOLPHI, SK preliminares al § 1, n.m. 75; J AKOBS, Imputación objetiva , p. 186 y s. 196 Vid., similarmente, J AKOBS, Imputación objetiva , p. 186 y s. 191
casos en los que el daño recae sobre la víctima y los casos en los que es un tercero salvador el que resulta perjudicado 197. aaa)
Identidad entre el objeto afectado por el riesgo inicial y el objeto lesionado
En estos supuestos es la víctima la que padece un daño derivado de la omisión o del emprendimiento de cursos salvadores. En primer lugar, cabe señalar que si la víctima o un tercero obligado dejan de lado medidas esenciales para neutralizar el resultado inicial, no podrá imputarse al autor una lesión más grave 198. Por el contrario, si el segundo actuante comete errores incidentales en su actividad salvadora que se corresponden con los riesgos usuales, la relación de imputación objetiva del resultado respecto del daño derivado no quedará excluida 199. El primer actuante responde igualmente por el daño derivado. bbb)
Diversidad entre el objeto afectado por el riesgo inicial y el objeto lesionado
Los supuestos de diversidad entre los objetos se producen cuando el daño no recae sobre la víctima, sino sobre aquél que emprende la acción de salvamento. Si procede una imputación de estos daños al autor de la situación requerida de salvación, es una cuestión discutida en la doctrina penal. Un sector de la doctrina entiende que si el salvador es un sujeto libre y, por tanto, plenamente responsable de las consecuencias de su acto de salvamento, la relación de imputación no alcanza los daños producidos por su actuación200 . En este sentido, adquiere una especial importancia determinar las condiciones de una comportamiento libre y responsable 201, de manera que pueda excluirse tal consideración si el salvador no se encuentra en situación de valorar el riesgo o la acción adecuada a los hechos (por ejemplo, por embriaguez) 202. No obstante, el núcleo de la discusión no se ubica propiamente en las condiciones de una actuación libre y responsable, sino en los casos en los que el salvador se encuentra obligado a actuar. Para algunos, la imputación del resultado no se establece para los obligados al salvamento con las reglas de la libre voluntad, sino en función de los ámbitos de competencia203, mientras que otros admiten la relación de imputación también en estos casos si el peligro generado y dirigido por el primer actuante es causal en un sentido objetivo 204. Otro sector de la doctrina penal entiende que la diferencia entre salvadores jurídicamente obligados y moralmente obligados, no tiene 197
Recurre también a una diferenciación, C ANCIO MELIÁ, Líneas básicas , p. 106. Vid., en este sentido, J AKOBS, Strafrecht , AT Apdo 7, n.m. 55; E L MISMO, Imputación objetiva , p. 187 y s.; C ANCIO MELIÁ, Líneas básicas , p. 111. Utilizan el criterio del error leve, sobre todo para el caso de errores médicos, W OLTER, 1980, p. 422; RENGIER, Erfolgsqualifizierte Delikte , p. 161 Objektive und personale Zurechnung , p. 346 y s.; OTTO, NJW y ss.; CRAMER/S TERNBERG -L IEBEN, en Schönke/Schröder, StGB , § 15, n.m. 169. Por el contrario, decide esta cuestión con base en el principio de confianza, R UDOLPHI, SK preliminares al § 1, n.m. 73 y s.: si el principio de confianza, según las circunstancias especiales del caso concreto, no está vigente, el primer interviniente es también responsable del comportamiento contrario a deber del segundo interviniente; si, por el contrario, rige el principio de confianza, habrá que diferenciar si el segundo interviniente actúa activamente o solamente omite evitar el resultado. En el primer caso, la imputación del segundo daño recaerá sobre el segundo actuante, mientras que en caso de simplemente omitir, el resultado realizado será el del primer actuante. Una interpretación diferenciada, para el caso de errores médicos, asumen F RISCH, Verhalten , p. 441 y ss.; ROXIN, Strafrecht , AT § 11, n.m. 116 y ss., aunque ciertamente con distintos criterios de decisión. La solución de estos casos con base en el requisito de continuidad, P UPPE, La imputación objetiva , p. 118 y s. 199 Vid., así, J AKOBS, Strafrecht , AT, Apdo 7, n.m. 55; E L MISMO, Imputación objetiva , p. 188 y s. 200 Vid., así, ROXIN, en Strafrechtliche Grundlagenprobleme , p. 142 y s.; E L M ISMO, FS-Gallas , p. 246 y ss.; O TTO, NJW 1980, p. 422. 201 Sobre la discusión de los criterios de determinación de un comportamiento libre y responsable, S OWADA, JZ 1994, p. 663. 202 Vid., RUDOLPHI, JuS 1969, p. 557; O TTO, FS-Maurach , p. 99 y s.; C RAMER/S TERNBERG-L IEBEN, en Schönke/Schröder, StGB , § 15, n.m. 168. 203 Vid., en este sentido, R OXIN, Strafrecht , AT § 11, n.m. 101, quien excluye a los salvadores jurídicamente obligados del juicio basado en la libertad de voluntad y los remite a los criterios de determinación de los ámbitos de responsabilidad, donde ciertamente niega la responsabilidad del autor de la situación necesitada de salvación (n.m. 113). Por el contrario, fundamentan la imputación con base en los ámbitos de la responsabilidad, J AKOBS, en Estudios , p. 267 y s.; W OLTER, Objektive und personale Zurechnung , p. 344 y s. 204 Vid., SCHÜNEMANN , JA 1975, p. 721 y s.; E L MISMO, RPDJP 1 (2000), p. 433 y s. Una posición diferenciadora mantiene también S CHUMANN, Handlungsunrecht , 70 y s., nota 2, con base en el dolo o la intención del autor. 198
ningún sentido, pues la fuerza de motivación es la misma en ambos casos 205. Una imputación del resultado se podrá excluir solamente en los casos en los que la conducta de salvamento se muestre como irrazonable o claramente desproporcionada206. Por nuestra parte, consideramos que la solución de la responsabilidad penal por los daños en cursos salvadores depende de la libre voluntad del salvador. No obstante, esta libertad de voluntad no debe determinarse en sentido psicológico, sino normativo, lo cual significa que debe precisarse el ámbito de competencia del salvador. En caso de existir un deber de salvamento, la libre voluntad (autorresponsabilidad) alcanza solamente a aquello que va más allá de lo jurídicamente exigible 207. Por el contrario, si se trata de salvadores voluntarios, la arbitrariedad del salvador se manifestará únicamente en caso que se produzca un daño excesivo o se utilice medios desproporcionados para el salvamento 208. En este sentido, sólo el daño producido por la acción salvadora voluntaria dentro de lo razonable podrá imputarse objetivamente al creador de la situación original de peligro. cc)
Transformación por otros del riesgo inicial
Como ya lo hemos visto, en la llamada prohibición de regreso una persona realiza una aportación que favorece la conducta delictiva de un tercero, pero que no da lugar a una imputación del comportamiento debido a que no se ha infringido aún el rol general de ciudadano. Por el contrario, en los supuestos de transformación del riesgo inicial una persona realiza una conducta contraria a deber que luego es utilizada por otro para realizar un resultado penalmente prohibido. La cuestión discutida será si cabe en estos casos imputar también al primer actuante el resultado realizado por el segundo actuante. Para solucionar la imputación del resultado en estos supuestos puede recurrirse, al igual que en la prohibición de regreso, al principio de autorresponsabilidad 209. Una persona solamente podrá responder por las consecuencias derivadas de su hecho. En el caso de los partícipes hay que recordar que el hecho principal es también su hecho y, por tanto, deben responder también por las consecuencias del mismo 210. En este sentido, si la conducta del tercero no constituye un hecho del autor, sino que éste es simplemente utilizado para la realización de otro delito, la transformación del riesgo no puede ser imputado al primer autor. Ejemplo: Una empresa contamina gravemente los caudales del río mediante el vertido de desechos industriales. Un trabajador que conoce el carácter nocivo del río, invita a su esposa a bañarse cerca del foco de contaminación, lo cual le produce graves lesiones o incluso la muerte. En este caso, la responsabilidad por la contaminación del río no puede alcanzar también los resultados lesivos en la esposa del trabajador. Solamente si el fin de protección de la norma infringida por el autor incluye la evitación de una transformación posterior del riesgo por parte de un tercero, podrá fundamentarse la imputación al autor del resultado de la conducta del tercero. Los 205
Vid., en este sentido, CRAMER/S TERNBERG -LIEBEN, en Schönke/Schröder, StGB , § 15, n.m. 168. En este sentido, W OLTER, Objektive und personale Zurechnung , p. 345; F RISCH, Verhalten , p. 481 y ss.; PUPPE, La imputación objetiva , p. 146; DERKSEN , NJW 1995, p. 241; CRAMER/S TERNBERG -LIEBEN, en Schönke/Schröder, StGB , § 15, n.m. 168. Determina la racionalidad conforme al mayor valor del fin de protección perseguido frente a la puesta en peligro del salvador, R UDOLPHI, JuS 1969, p. 557; EL MISMO, SK preliminares al § 1, n.m. 81. 207 Sobre estos aspectos, con profundidad, F RISCH, Verhalten , p. 487 y ss. 208 Vid., en este sentido, J AKOBS, en Estudios , p. 269; SOWODA, JZ 1994, p. 666. 209 Vid., CRAMER/S TERNBERG-L IEBEN, en Schönke/Schröder, StGB , § 15, n.m. 171. 210 Lo considera más bien una excepción del principio de responsabilidad, C RAMER/S TERNBERG -L IEBEN, en Schönke/Schröder, StGB , § 15, n.m. 171. 206
delitos cualificados por el resultado constituyen, por lo general, supuestos en los que procede esa ampliación de la imputación por la transformación del riesgo 211. dd)
Los daños tardíos son aquellos que tienen lugar como consecuencia de un daño permanente producido con anterioridad 212. La opinión más extendida frente a estos supuestos señala que si la primera lesión se encuentra ya curada, no hay responsabilidad por las lesiones posteriores 213. No obstante, como lo resalta acertadamente J AKOBS, esta argumentación resulta cuando menos mal formulada, pues los casos analizados están definidos como daños residuales permanentes 214. En este sentido, lo que debe hacerse es determinar, más bien, si el daño tardío encuentra explicación preferente en otros ámbitos de competencia. Si se trata de riesgos generales de la vida que afectan a las personas disminuidas o es la propia víctima la que ha omitido incumbencias de autoprotección al no compensar su nueva situación de deficiencia o enfermedad, el resultado obtendrá explicación en estas circunstancias y no en el causante del daño permanente 215. Si, por el contrario, el daño permanente muestra un riesgo suficientemente fuerte de aparición de consecuencias lesivas posteriores frente a los cuales no puede adoptarse medidas de autoprotección, la imputación del resultado al causante del daño permanente se encontrará justificada 216. El espacio de tiempo que existe entre el daño permanente y el daño tardío resultará penalmente irrelevante 217. No obstante, hay que reconocer ciertos límites prácticos a esta solución: la dificultad probatoria del vínculo entre el daño permanente y el daño tardío, los plazos de prescripción de los delitos y, todavía más importante, el carácter de cosa juzgada de un primer pronunciamiento judicial 218. Por esta razón, si el daño tardío no puede ser imputado al autor en casos judicialmente cerrados, esta imposibilidad de imputación se deberá más a cuestiones procesales que a materiales219. c.
Figuras delictivas que requieren la imputación del resultado
A diferencia de los delitos de mera actividad y los delitos de peligrosidad, en los llamados delitos de resultado una imputación del resultado aparece como necesaria para poder imponer la pena por delito consumado 220. Los delitos de resultado agrupan a los delitos de puesta en peligro, los delitos de lesión y los delitos cualificados por el resultado, siendo lo común en todos estos delitos la exigencia típica de un resultado 221.
Vid., estos supuestos, J AKOBS, Strafrecht , AT Apdo 9, n.m. 36. Utiliza una tripartición de los supuestos de resultados no inmediatos, S ILVA S ÁNCHEZ , GA 1990, p. 208 y s.: supuestos en los que una primera lesión produce un daño permanente sobre el que luego se basa el resultado posteriormente acaecido, supuestos en los que el primer suceso condiciona la entrada del segundo suceso, y supuestos en los que la lesión (de muerte) aparece después de mucho tiempo. Daños tardíos solamente son el primer y el tercer grupo de casos. 213 Vid., RUDOLPHI, SK preliminares al § 1, n.m. 77; OTTO, JuS 1974, p. 709; CRAMER/S TERNBERG -LIEBEN, en Schönke/Schröder, StGB , § 15, n.m. 162. 214 Vid., J AKOBS, Strafrecht , AT Apdo 7, n.m. 81. En el mismo sentido, también, F RISCH, Verhalten , p. 496. 215 Vid., en este sentido, J AKOBS, Strafrecht , AT Apdo 7, n.m. 81; R OXIN, FS-Gallas , p. 255; F RISCH, Verhalten , p. 499 y s. 216 J AKOBS, Strafrecht , AT Apdo 7, n.m. 81; F RISCH, Verhalten , p. 497 y s. Admiten excepciones a esto, R OXIN, Strafrecht , AT § 24, n.m. 44, en caso que la enfermedad haya llegado a un estado controlado; S CHÜNEMANN , en Aids und Strafrecht , Szwarc (ed.), p. 18 y ss., en caso de enfermedades que se desarrollan de manera lenta y continua. 217 Vid., J AKOBS, Strafrecht , AT Apdo 7, n.m. 81; R OXIN, Strafrecht , AT § 24, n.m. 44. En el mismo sentido, pero reconociendo una disminución del injusto, S ILVA S ÁNCHEZ , GA 1990, p. 213; C ANCIO MELIÁ , Líneas básicas , p. 104. 218 Vid., en este sentido, R OXIN, FS-Gallas , p. 253 y s.; J AKOBS, Strafrecht , AT Apdo 7, n.m. 81; F RISCH, Verhalten , p. 501; SILVA S ÁNCHEZ , GA 1990, p. 217 y s.; PUPPE, La imputación objetiva , p. 155. 219 Vid., en este sentido, P UPPE , La imputación objetiva , p. 155. 220 Vid., J AKOBS, Strafrecht , AT, Apdo 6, n.m. 78; R OXIN, Strafrecht , AT § 10, n.m. 54. Resaltaba ya la importancia del resultado en los delitos de resultado, Z IMMERL, Zur Lehre , p. 14. 221 Hay que precisar, siguiendo a W OLF, E., Die Typen , p. 35 que no debe entenderse resultado como una simple modificación en el mundo exterior, sino como un resultado jurídico, esto es, una modificación de la situación jurídica. 212
2. La imputación objetiva en los delitos de infracción de un deber Los criterios de imputación objetiva presentan ciertos rasgos particulares en los delitos de infracción de un deber. Como primera cuestión cabe señalar que en los delitos de infracción de un deber los elementos de la imputación objetiva son ciertamente los mismos: se requiere de una imputación del comportamiento y de una realización del resultado. No obstante, hay que precisar que el contenido de cada uno de estos aspectos no coincide con los desarrollados en los delitos de dominio. En los delitos de infracción de un deber, la imputación del comportamiento se determina por la infracción de un deber específico, mientras que la realización del resultado no se aprecia como la realización del riesgo prohibido, sino como una forma de configuración de la sociedad que el vinculado institucional debió haber evitado. Sin pretender entrar de lleno en un ámbito todavía inexplorado por la dogmática penal, vamos a ocuparnos de mostrar algunas líneas generales de la configuración de la imputación objetiva en los delitos de infracción de un deber. A.
La imputación del comportamiento
Para la imputación del comportamiento en los delitos de infracción de un deber hay que determinar primeramente que el autor es un obligado especial. Esto quiere decir que, en principio, no cualquiera puede ser autor de un delito de infracción del deber, sino solamente los obligados institucionalmente 222. Determinada la titularidad de un rol especial, debe precisarse las competencias institucionales correspondientes mediante las normas formales o informales que configuran la institución social en cuestión. El sujeto especialmente obligado está inmediatamente sometido al deber, de manera que no interesa el quantum organizativo en el hecho, sino simplemente que no haya cumplido con los deberes especiales impuestos por la institución 223. Por esta razón, para los obligados especiales existe un deber de salvamento frente a un ataque, aunque éste se haya desarrollado completamente sin su intervención 224. La imputación del comportamiento tiene lugar solamente con la posibilidad de cumplimiento del deber de especial. En cuanto a la viabilidad de utilizar en los delitos de infracción del deber los institutos delimitadores de la imputación objetiva desarrollados en el marco de los delitos de dominio, debe advertirse que éstos sufren ciertos recortes 225. La posibilidad de desligarse de las vinculaciones institucionales se presenta mucho más compleja que la renuncia a la competencia por el riesgo de los delitos de dominio 226. En primer lugar, debe señalarse que las instituciones sociales establecen, por lo general, un procedimiento formal para desvincularse de las mismas 227: los padres deben dar al hijo en adopción, los esposos deben seguir un procedimiento de divorcio, el funcionario debe pedir su cese, el administrador presentar su renuncia. Solamente si se ha seguido el procedimiento establecido para la desvinculación institucional, será posible alegar una incompetencia. No obstante, las instituciones sociales conocen también ciertos casos de desvinculación temporal, pues una competencia activada en todo momento implicaría la reducción de las posibilidades de desarrollo personal. En este sentido, resulta posible que los padres dejen a su hijo con una niñera, que los funcionarios no cumplan su función fuera del horario de trabajo o que el administrador nombre delegados para la realización de algunos negocios de la empresa. Hay que señalar, sin embargo, que estos supuestos no implican una liberación del vinculado 222 223
Vid., en este sentido, J AKOBS, en Estudios , p. 363. Vid., J AKOBS, Strafrecht , AT Apdo 7, n.m. 70; E L MISMO, en Estudios , p. 363; S ÁNCHEZ -V ERA, Pflichtdelikt , p. 147 y
Vid., en este sentido, J AKOBS, en Estudios , p. 363. Vid., en este sentido, J AKOBS, en Estudios , p. 363; S ÁNCHEZ-VERA , Pflichtdelikt , p. 143. 226 Vid., S ÁNCHEZ -VERA, Pflichtdelikt , p. 145. 227 Vid. S ÁNCHEZ-VERA , Pflichtdelikt , p. 142 y s. 225
institucional, pues siempre existen deberes de selección, control e intervención que justifican una recuperación de la competencia institucional228. Una última cuestión: muchos delitos de infracción de un deber están configurados típicamente como delitos de mera actividad, por lo que la imputación objetiva en estos casos tendrá lugar únicamente con base en la imputación del comportamiento. Así, por ejemplo, en el delito de rehusamiento de información financiera a instituciones de control la imputación objetiva se fundamenta solamente con la infracción del deber especial de contribuir en las labores de supervisión. La producción de un resultado jurídicamente desvalorado no resulta relevante para la imputación penal. B.
La realización del resultado
En el caso de delitos de infracción de un deber que requieren un resultado no será suficiente la imputación del comportamiento, sino que deberá además verificarse una imputación del resultado. Hay que tener presente que en los delitos de infracción de un deber el resultado no se presenta como la realización de un riesgo prohibido, sino como la producción de una situación que no se corresponde con la pretendida por la institución social en cuestión. Por esta razón, una vinculación puramente fáctica entre la infracción del deber especial y el resultado no tiene ningún sentido. Entre la infracción de las competencias institucionales y la producción de un suceso contrario al orden impuesto por una institución social existe solamente una relación normativa: la falta de vigencia real de la institución social se explica en el incumplimiento del deber especial del obligado institucional.
Vid., en este sentido, S ÁNCHEZ-V ERA, Pflichtdelikt , p. 143 y s.
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