Source: https://studylib.es/doc/8806295/fallo-maldonado-csjn
Timestamp: 2019-09-18 07:49:24
Document Index: 128235204

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'artículo 14', 'artículo 4', 'in fine', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo\n13', 'artículo 37', 'artículo 40', 'in fine', 'artículo 40']

Fallo-Maldonado-CSJN
Subido por Pilar Blanco
Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo
agravado por el uso de armas en concurso
real con homicidio calificado Ccausa N°
1174C.
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el defensor oficial de Daniel Enrique Maldonado en la causa Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de
armas en concurso real con homicidio calificado Ccausa N°
1174C", para decidir sobre su procedencia.
1°) Que el Tribunal Oral de Menores n° 2 de esta
ciudad condenó a Daniel Enrique Maldonado a la pena de catorce
años de prisión como autor del delito de robo agravado por su
comisión mediante el uso de armas, en concurso real con
homicidio calificado con el fin de lograr su impunidad (arts.
166 inc. 2°, 80 inc. 7° del Código Penal y 4° de la ley
22.278). Contra ese fallo, el Fiscal General interpuso recurso
de casación, por entender que al atenuar la pena impuesta a
Maldonado por medio de la aplicación de la escala penal de la
tentativa, el tribunal había hecho una errónea interpretación
del art. 4° de la ley 22.278.
Penal decidió casar la sentencia, y condenó al nombrado a la
pena de prisión perpetua. Dicha resolución fue apelada por la
defensa oficial mediante el recurso extraordinario de fs.
3°) Que la recurrente cuestiona la constitucionalidad
de la pena de prisión perpetua aplicada a Maldonado, por
cuanto, por su gravedad, resulta violatoria de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, como así también
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (art. 75, inc. 22°, Constitución
Nacional). Asimismo, sostiene que la aplicación de la pena
indicada supone hacer a un lado el "interés superior del niño"
y el principio de aplicación subsidiaria de la pena privativa
de libertad respecto de menores (conf. arts. 3° y 37, inc. "b",
Convención sobre los Derechos del Niño). Desde otro punto de
vista, según la defensa, no es posible argumentar Bcomo lo
hace el a quoB que la posibilidad de libertad condicional
prevista para la prisión perpetua garantiza su adecuación a la
Constitución, en tanto los lapsos necesarios para llegar a la
mera posibilidad de aplicación del régimen de semilibertad (12
años, conf. art. 17, ley 24.660) y a la efectiva libertad
condicional (20 años, cf. art. 13, Código Penal) son demasiado
prolongados como para satisfacer el mandato convencional.
4°) Que en la medida en que se encuentra en discusión
el alcance de la Convención sobre los Derechos del Niño como
pauta interpretativa del régimen legal de aplicación de penas
a menores, y la decisión del a quo ha sido contraria a la
pretensión de la apelante, existe en el caso cuestión federal
bastante para habilitar la vía del art. 14 de la ley 48.
5°) Que según se expresa en la decisión recurrida,
"aun cuando >las modalidades del hecho, los antecedentes del
menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión
directa recogida por el juez' resulten parámetros directamente
conectados con la decisión de considerar >necesario aplicarle
una sanción' (...), una vez adoptada la resolución de condenar
el tribunal debe adaptar la pena de conformidad con los arts.
corresponde, en el caso, escoger la escala atenuada prevista
para la tentativa". Ello derivaría, en opinión del a quo, del
propio régimen penal de la minoridad, que establece como pautas mensurativas de la pena circunstancias que "coinciden
parcialmente" con las de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
6°) Que, a partir de esa premisa, reexamina la decisión del tribunal oral, y concluye que "no corresponde la
reducción de pena", y que la pena de prisión perpetua "es la
que mejor se adecua al caso".
Para llegar a esa conclusión, descalifica los fundamentos de la sentencia del tribunal oral, en cuanto sustentó
la decisión de aplicar la escala penal reducida en una errónea
valoración de los elementos de la causa. Así, según el a quo,
al apoyar el tribunal oral su decisión de penar en forma
atenuada en el hecho de que Maldonado cometiera el delito
siendo menor, tomó en cuenta una circunstancia que, en rigor,
sería irrelevante, mientras que el otro elemento de juicio, el
resultado del tratamiento tutelar, fue valorado en forma
parcial. Con respecto a este último punto, la Cámara critica
que se haya considerado el buen comportamiento del menor
mientras estuvo, bajo disposición tutelar, internado en el
Instituto Agote, pero que no se haya seguido del fracaso de
dicho tratamiento (revelado en la comisión de nuevos delitos)
la necesidad de una pena más intensa.
7°) Que, en apariencia, es cierto que la circunstancia de que Maldonado fuera menor ya es un requisito necesario para la aplicación de la escala atenuada, y que, en
consecuencia, no aporta nada para decidir la alternativa
planteada por el art. 4° de la ley 22.278, aplicable sólo
respecto de menores. De acuerdo con esta norma, una vez cumplidos los 18 años, la decisión acerca de si habrá de aplicarse pena respecto del menor previamente declarado responsable, incluye, en este último supuesto, la posibilidad de atenuar la pena que normalmente se aplica a los mayores, de
acuerdo con la escala reducida de la tentativa. En este sentido, para que la alternativa exista, el hecho debe haber sido
No obstante ello, a pesar de cierta imprecisión en
la formulación, en modo alguno resulta descalificable que el
tribunal oral haya expresado que computaba, en favor de Maldonado, "su minoridad al momento del hecho". Antes bien, su
consideración resulta constitucionalmente obligatoria tanto
por aplicación del art. 40, inc. 1°, de la Convención del Niño,
como así también por imperio del principio de culpabilidad, en
casos como el presente o en cualquier otro. Por lo demás, la
"edad" es un factor determinante también de acuerdo con el
art. 41 del Código Penal, esto es, la norma que el a quo
consideró que el tribunal había aplicado erróneamente. A pesar
de ello, en la decisión apelada en ningún momento se hace
referencia a la medida de la reprochabilidad de Maldonado ni a
cierto, no pueden ser consideradas evidentes ni derivadas
automáticamente de la gravedad objetiva del hecho cometido.
8°) Que, para la imposición de la pena de prisión
perpetua, la decisión apelada estima decisivo el fracaso del
tratamiento tutelar. Así, afirma que: "no bien el menor ganó
la confianza de las autoridades, a tal punto que le concedieron egresos periódicos, defraudó aquélla y se involucró en
nuevos y violentísimos hechos delictivos que han motivado una
grave acusación en su contra por la que se sustancia el correspondiente juicio". Siguiendo esta línea de pensamiento,
señala que la reducción de la pena "no deriva racionalmente de
las circunstancias fácticas comprobadas en el legajo".
9°) Que tal afirmación importa una simplificación
inadecuada, sobre la base de la cual no puede fundamentarse el
fallo. En efecto, la liberalización del régimen de internación
a través de "egresos periódicos" aparece como un intento
objetivo que en manera alguna podría lograrse intramuros. A
nadie puede escapar -en particular a aquellos funcionarios
cuya actividad específica es el trato con menores- que existen
posibilidades de que durante esas salidas el menor pueda
cometer un nuevo delito, con el consecuente fracaso del tratamiento resocializador, mas ello aparece como un riesgo ordinario, habida cuenta de que el objetivo perseguido no es
sencillo de lograr. Por otra parte, tampoco puede atribuirse
el fracaso en exclusividad al destinatario de la medida. Pero
aun cuando se aceptara esta posibilidad, no es admisible que
en la sentencia apelada se omita toda referencia fáctica a las
concretas condiciones de contención social en que se produjo
la liberación. Desde ese punto de vista, resultan sumamente
reveladoras las constancias del expediente tutelar en cuanto
hacen referencia reiteradamente al medio social de Maldonado
como de "alto riesgo" (así, por ejemplo, fs. 3 y 71), así como
las que se vinculan con su procedencia de un hogar en el que
los progenitores no ejercen sus roles en forma efectiva (fs.
10) Que, por lo demás, en este caso, la "defraudación" de la confianza en que habría incurrido Maldonado derivaría de la comisión de un nuevo hecho delictivo por el cual,
al menos al tiempo del dictado de la sentencia recurrida, aún
no había recaído condena. Según el a quo, pese a que Maldonado
"aún conserva el estado de inocencia, lo cierto es que la
presunción de responsabilidad que dimana del progresivo avance
de dicha causa es un dato objetivo que no puede ser desdeñado
en el juicio de peligrosidad que este tribunal está obligado a
emitir de conformidad con el art. 41 del Código Penal".
expresión "peligrosidad" contenida en el art. 41 del Código
Penal. Sin embargo, lo que no puede autorizarse es que tal
expresión se convierta en la puerta de ingreso de valoraciones
claramente contrarias al principio de inocencia, al derecho
penal de hecho, o bien, llegado el caso, al non bis in idem.
En efecto, la valoración de un procedimiento en trámite como
un factor determinante para elevar el monto de la pena no
puede suceder sin violar el principio de inocencia. Y si esto
es así respecto de los mayores, no puede ser de otro modo
"peligrosidad", pues si algún efecto ha de asignársele a la
Convención del Niño es, sin lugar a duda, que a ellos les
alcanza el amparo de las garantías básicas del proceso penal.
Por otra parte, en caso de recaer condena, la gravedad del
nuevo hecho habrá de ser valorada en esa decisión posterior, y
serán las reglas del art. 58 del Código Penal las que habrán
de asegurar, si correspondiere, una valoración global, que
evite la plural valoración agravante del mismo elemento bajo
rubros diferentes: en un juicio, como "defraudación de la
confianza" y como revelador retroactivo de "peligrosidad", y
en el otro, por el ser el objeto propio de la condena.
12) Que, sentado lo expuesto, la afirmación del a
quo, según la cual, "Maldonado, cuando delinque, exhibe un
manifiesto desprecio por la vida propia y la ajena con tal de
lograr su objetivo ilícito y, al propio tiempo, resguardar su
libertad e impunidad" sólo debe referirse al hecho de autos.
Tal afirmación, relativa a la gravedad del hecho
cometido por el imputado, es presentada como el argumento
decisivo en favor de descartar la posibilidad de aplicar la
escala penal reducida. Se trata, sin embargo, de un ejemplo
prototípico de fundamentación aparente, en tanto nada dice del
caso sometido a juzgamiento, ya que idéntica afirmación podría
ser trasladada a cualquier caso en el que el tipo penal que
entrara en consideración fuera un homicidio del art. 80 inc. 7°
del Código Penal: lo que caracteriza la gravedad propia del
ilícito del homicidio cometido con el fin de procurar la
impunidad no es otra cosa que el desprecio a la vida que
manifiesta el autor con tal de lograr su objetivo ilícito y,
al propio tiempo, resguardar su libertad e impunidad.
13) Que, por regla general, cuando se trata de homicidios agravados cometidos por mayores, la sola subsunción
de la imputación en el tipo penal basta para dejar sentada la
gravedad del hecho sin necesidad de mayores argumentaciones,
pues la pena prevista es absoluta y por lo tanto, no exige, de
hecho, ningún esfuerzo argumental adicional para la determinación de la pena: prisión perpetua.
14) Que las penas absolutas, tal como la prisión
perpetua, se caracterizan, justamente, por no admitir agravantes o atenuantes de ninguna naturaleza. Esto significa, que
el legislador declara, de iure, que todo descargo resulta
irrelevante: son hechos tan graves que no admiten atenuación
alguna. En los casos de plena culpabilidad por el hecho, este
recurso legislativo resulta, en principio, admisible.
Sin embargo, cuando se trata de hechos cometidos por
menores, la situación es diferente, pues, en caso de que el
tribunal decida aplicar efectivamente una pena, aún debe
decidir acerca de la aplicabilidad de la escala de la tentativa. En consecuencia, ya no es suficiente con la mera enunciación de la tipicidad de la conducta para resolver cuál es
la pena aplicable. Un hecho ya no es igual a otro, sino que es
necesario graduar el ilícito y la culpabilidad correspondiente.
15) Que ello no ha sucedido en el caso de autos. La
descripción del hecho que realiza el a quo, según la cual
"perseguido por un pariente de la víctima de su despojo y aún
sin riesgo para su propia vida, le disparó a quemarropa y así
le dio muerte", no permite inferir, por sí sola que se trate
de un hecho respecto del cual la pena de 14 años impuesta por
el tribunal oral resulte desproporcionadamente leve. A ello se
agrega que los elementos "a quemarropa" y "aún sin riesgo para
su propia vida", que se utilizan para remarcar la gravedad del
fáctica realizada por la sentencia de primera instancia y de
la cual la alzada no podía apartarse.
16) Que, por otra parte, en el caso de los menores,
la concreta situación emocional al cometer el hecho, sus posibilidades reales de dominar el curso de los acontecimientos,
o bien, la posibilidad de haber actuado impulsivamente o a
instancias de sus compañeros, o cualquier otro elemento que
pudiera afectar la culpabilidad adquieren una significación
distinta, que no puede dejar de ser examinada al momento de
determinar la pena.
17) Que ello es así tanto si se considera que las
reglas que orientan la determinación de la pena son las del
art. 41 del Código Penal como si se estima que son las del
art. 4° de la ley 22.278. Pues es verdad By en esto sí acierta
el a quoB que ambas regulaciones son parcialmente coincidentes.
18) Que existe otro aspecto concluyente respecto del
cual ambas regulaciones coinciden, pero que al a quo no le
pareció relevante: la necesidad de tomar conocimiento de visu
del condenado antes de determinar la pena. Así, el art. 41,
inc. 2°, in fine, del Código Penal señala claramente que "El
juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto
... en la medida requerida para cada caso". Por su parte, el
categórico, en tanto establece que la necesidad misma de
aplicación de una sanción al menor declarado responsable presupone la valoración de "la impresión directa recogida por el
19) Que se trata de una regla claramente destinada a
garantizar el derecho del condenado a ser oído antes de que se
lo condene, así como a asegurar que una decisión de esta
trascendencia no sea tomada por los tribunales sin un mínimo
de inmediación. Desde el punto de vista de la ley penal de
fondo, una pena dictada sin escuchar lo que tiene que decir al
respecto el condenado no puede considerarse bien determinada.
20) Que si esto es así respecto de los mayores,
tanto más importante es respecto de los menores, para quienes
se encuentra en juego incluso la posibilidad de que el tribunal, finalmente, resuelva prescindir de pena por estimarla
innecesaria. Idéntica importancia ha de asignársele a dicha
audiencia en un caso como el presente, en que la alzada decidió apartarse de la impresión "regular" a que había hecho
referencia el tribunal oral que efectivamente tomó contacto
con el menor y su evolución, y que lo había decidido a adoptar
una pena atenuada. En este sentido, cabe recordar que también
el art. 12 de la Convención del Niño señala expresamente que
"se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado,
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al
niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de
21) Que a pesar de las coincidencias parciales señaladas, existe en la normativa de la ley 22.278 un aspecto
que no aparece en el Código Penal: la facultad y el deber del
juez de ponderar la "necesidad de la pena".
22) Que la "necesidad de la pena" a que hace referencia el régimen de la ley 22.278 en modo alguno puede ser
equiparado a "gravedad del hecho" o a "peligrosidad" como
parece entenderlo el a quo. Antes bien, la razón por la que el
legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento
de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de
18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas
resocia-
lización, o para decirlo con las palabras de la Convención del
Niño, a "la importancia de promover la reintegración social
del niño y de que éste asuma una función constructiva en la
sociedad" (art. 40, inc. 1°).
23) Que el mandato constitucional que ordena que
toda pena privativa de la libertad esté dirigida esencialmente
a la reforma y readaptación social de los condenados (art. 5,
inc. 6, CADH) y que el tratamiento penitenciario se oriente a
la reforma y readaptación social de los penados (art. 10, inc.
3°, PIDCP) exige que el sentenciante no se desentienda de los
posibles efectos de la pena desde el punto de vista de la
prevención especial. Dicho mandato, en el caso de los menores,
fundamentar la necesidad de la privación de libertad impuesta,
resocialización, lo cual supone ponderar cuidadosamente en ese
juicio de necesidad los posibles efectos nocivos del encarcelamiento.
24) Que ésta debe ser una de las primeras oportunidades en que este tribunal tiene oportunidad de expedirse
sobre cuestiones trascendentes referentes a la justicia penal
La ley 22.278, que es la pieza jurídica fundamental
nacional en la materia, prevé un sistema que se caracteriza
por un gran poder para el juez de menores, quien luego de
haber comprobado la responsabilidad penal del menor respecto
en el hecho investigado, está facultado para absolverlo, para
aplicarle una pena disminuida, en la escala de la tentativa
(art. 4), e incluso cuando el menor no haya tenido ninguna
vinculación con el hecho investigado puede disponer definitivamente de él, para el supuesto de que considere que se encuentra en un estado de abandono, peligro material o moral
(art. 2 in fine ley 22.278).
25) Que, una característica distintiva y criticable
que ha tenido este sistema judicial de menores es que históricamente no ha establecido una línea divisoria clara entre el
niño imputado de un delito de aquel otro niño desamparado o
incluso del que fue víctima, en efecto, para esos casos el
juez tiene respuestas similares, entre ellas disponer de
ellos, que en muchos casos ha implicado internación. Esto
surge claramente no sólo del art. 2 de la ley mencionada sino
también de la hermeneútica de la ley de Patronato de Menores n°
10.903, conocida como "Ley Agote" (art. 21).
26) Que otra característica, no menos censurable de
la justicia penal de menores es que se ha manejado con eufemismos. Así, por ejemplo, los menores no son, por su condición, sujetos de medidas cautelares tales como la prisión
preventiva ni tampoco privados de su libertad, sino que ellos
son "dispuestos", "internados" o "reeducados" o "sujetos de
medidas tutelares". Estas medidas, materialmente, han significado, en muchos casos, la privación de la libertad en lugares de encierro en condiciones de similar rigurosidad y limitaciones que aquellos lugares donde se ejecutan las penas de
los adultos. En la lógica de la dialéctica del derecho de
menores, al no tratarse de medidas que afectan la "libertad
ambulatoria", aquellas garantías constitucionales dirigidas a
limitar el ejercicio abusivo de la prisión preventiva u otras
formas de privación de la libertad aparecen como innecesarias.
27) Que, siguiendo este esquema, la justicia de
menores históricamente se ha caracterizado por un retaceo de
principios básicos y elementales que se erige en todo debido
proceso, tales como el de legalidad, culpabilidad, presunción
de inocencia, proporcionalidad y defensa en juicio.
28) Que este paradigma de la justicia de menores,
conocido en doctrina como "situación irregular", fue receptado
por toda la comunidad latinoamericana, y sus flancos débiles
también han regido en otras latitudes. Así, por ejemplo,
Anthony Platt en su obra clásica, "Los Salvadores del Niño",
ha denunciado el sistema penal juvenil estadounidense, que
bajo el ropaje de regirse por principios "Protectores", en la
práctica implicó homogeneizar al niño infractor de la ley
penal con aquel otro en situación de abandono, y el despojo de
las garantías constitucionales, las que quedaban reservadas
así sólo para la justicia de adultos (Platt, Anthony M. en
"Los 'salvadores del niño' o la invención de la delincuencia",
Trad. Blanco Félix, México, Siglo XXI, 1982).
29) Que la Corte Suprema de los EE.UU en el leading
case denominado "Gault" (387 U.S 1, 1967) se pronunció en
contra de la "cosificación" del menor infractor. Allí el tribunal señaló que la persona que no ha cumplido los 18 años
tiene derecho a todas las garantías, entre ellas, contra los
arrestos y requisas ilegales, a ser informado de todos los
cargos imputados, a recibir consejo de un defensor, a controlar la prueba, a confrontar con los testigos de cargo, a no
ser obligado a declarar contra sí mismo, a un juez imparcial,
etc. Agregó que el joven necesita asistencia legal para poder
comprender más inteligentemente los hechos. El tribunal también criticó la terminología eufemística respecto de la en-12-
carcelación de los jóvenes tratándola como escuela o casa de
recepción, cuando se trata de una institución de confinamiento. Asimismo, expresó que la condición de ser un joven no
justificaba un tribunal "canguro", Kangaroo court, en el sentido de un tribunal que, a la manera del canguro, protege al
menor llevándoselo consigo.
El mismo tribunal, en otro importante precedente,
señaló que el menor además de ser titular del los derechos
constitucionales que integran el debido proceso, por su misma
condición de niño también era titular de derechos e inmunidades especiales respecto de los adultos, aunque reconoció que
en la practica recibía lo peor de dos mundos (worst of both
world) ni las garantías acordadas a los adultos ni los cuidados prometidos por su condición de menor ("Kent v. United
States", 383 U.S. 541, 1966).
30) Que el paradigma de la "situación irregular"
recibió embates importantes en el derecho internacional, especialmente en las convenciones promovidas a instancia de las
Naciones Unidas (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Para la
Administración de Justicia Juvenil, 1985. Anteriormente las
Naciones Unidas habían adoptado la Declaración de los Derechos
del Niño, en 1959).
Del mismo modo, en el año 2002, el Comité de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, al analizar el sistema juvenil argentino expresó su profunda preocupación por el
hecho de que la Ley N1 10.903, de 1919, y la Ley N1 22.278, que
se basan en la doctrina de la "situación irregular", no
distingan,
judiciales y el trato, entre los niños que necesitan atención
y protección y los niños que tienen conflictos con la justicia
(Observaciones Finales: Argentina, CRC.C.15.Add.187, del 9 de
octubre del 2002).
31) Que cabe destacar que recientemente nuestros
legisladores, en el mismo sentido de las recomendaciones de
las Naciones Unidas, derogaron la ley 10.903 "Agote", y la
reemplazaron por la ley 26.061, de "Protección Integral de los
ordenamiento se establece que los menores cuentan con todas
las garantías constitucionales ante cualquier tipo de procedimiento en el que se vean involucrados (art. 27). En efecto,
ya la Observación General N° 13 de las Naciones Unidas había
señalado que "Los menores deben disfrutar por lo menos de las
mismas garantías y protección que se conceden a los adultos en
el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
32) Que, partiendo de la premisa elemental, aunque
no redundante, de que los menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos, no debe perderse de
vista que de dicho principio no se deriva que los menores,
frente a la infracción de la ley penal, deban ser tratados
exactamente igual que los adultos.
En efecto, lo contrario implicaría arribar a un
segundo paradigma equivocado -como aquel elaborado por la
doctrina de la "situación irregular"- de la justicia de menores, pues reconocer que los menores tienen los mismos derechos
desconocerles
derechos propios que derivan de su condición de persona en
En suma, los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen
además derechos especiales derivados de su condición, a los
que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado (Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Condición Jurídica y Derechos Humanos de los Niños, párr.
33) Que estos derechos especiales que tienen los
menores por su condición, no constituyen sólo un postulado
doctrinario, sino que su reconocimiento constituye un imperativo jurídico de máxima jerarquía normativa, derivado de los
tratados internacionales suscriptos por nuestro país, en especial de la Convención del Niño y el Pacto de San José de
Así, en lo que aquí interesa, la Convención del Niño
establece los principios fundamentales para el sistema penal
de menores en los artículos 37 y 40 de la Convención.
El Comité de los Derechos del Niño, intérprete de
dicha Convención, ha recomendado a los Estados Parte asegurar
"la total implementación en la justicia penal juvenil a los
estándares de la Convención Internacional del Niño en particular a los arts. 37, 39 y 40 de la Convención, así como a las
de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing) y a la Guía de las
(Reglas de RIAD)(Dominica CRC/C/15/Add.238. 2004).
34°) Que, consecuentemente, en la actualidad, el sistema
jurídico de la justicia penal juvenil se encuentra configurado
por la Constitución Nacional, la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto
normas que resulten de ineludible consideración al momento de
la imposición de penas por hechos cometidos por menores.
35°) Que de la conjunción de la ley 22.278 y la
Convención del Niño se desprende con claridad que el derecho
penal de menores está muy fuertemente orientado al examen de
las posibles consecuencias de la aplicación de una pena respecto del condenado, en particular, desde el punto de vista de
negativos para la reintegración del condenado a la sociedad.
De allí que, al momento de determinar la pena, el tribunal no
pueda omitir la consideración relativa a la concreta necesidad
de pena, desde la perspectiva indicada, respecto de ese autor
36°) Que, asimismo, no se puede perder de vista para
la solución del sub lite la significación del principio de
culpabilidad, el cual, por cierto, ya formaba parte del texto
constitucional con anterioridad a 1994.
Dicho principio recoge una concepción antropológica
que no admite la cosificación del ser humano y, por ende,
rechaza su consideración en cualquier otra forma que no sea
como persona, lo que presupone su condición de ente capaz de
autodeterminación y dotado de conciencia moral. Por amplias
que sean las diferencias, no puede negarse que la línea ética
que arranca con Aristóteles y que sigue con Santo Tomás, Kant,
Hegel, etc., participa en común de esta esencia del concepto
siempre sobre esa misma base, que es la que sustenta las
normas de nuestra Constitución de 1853-1860.
De acuerdo con esta concepción, la medida de la pena
no puede exceder la del reproche que se le formule a la
persona por haber escogido el ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea, que la pena
debe ser proporcional a la culpabilidad de autor, y esta culpabilidad se determina según el ámbito de autodeterminación
que éste haya tenido para ejercer su conciencia moral en la
constelación situacional en que hubiese actuado y en relación
a sus personales capacidades en esa circunstancia. De este
modo, nuestra Constitución impuso desde siempre un derecho
penal de acto, es decir, un reproche del acto ilícito en razón
de la concreta posibilidad y ámbito de reproche, y rechaza
toda forma de reproche a la personalidad del agente. No se
pena por lo que se es, sino por lo que se hace, y sólo en la
estricta medida en que esto se le pueda reprochar al autor.
Tal es la sana doctrina que se deriva de nuestra
Constitución y de los principios plasmados en ella por los
constituyentes desde 1853. Lo contrario sería consagrar una
discriminación entre los seres humanos, jerarquizarlos, considerar a unos inferiores a otros, y penar esa pretendida
inferioridad de la persona, aunque con semejante consideración, en el fondo, cancelaría directamente el concepto mismo
de persona. De este modo, el derecho penal de autor o de personalidad (también llamado de carácter), de claro signo autoritario, es abiertamente rechazado por nuestra Constitución,
que siempre ha considerado al ser humano como un ente dotado
de conciencia moral y, por ende, capaz de escoger entre el
37) Que no escapa al criterio de esta Corte que
existen casos como el presente, afortunadamente excepcionales,
en los que niños y adolescentes incurren en comportamientos
corresponde a un incuestionable dato óntico que éstos no tienen el mismo grado de madurez emocional que debe suponerse y
exigirse en los adultos, lo que es verificable en la experiencia común y corriente de la vida familiar y escolar, en
que se corrigen acciones de los niños que en los adultos serían francamente patológicas.
Toda la psicología evolutiva confirma esta observación elemental (así, por ejemplo, Peter Blos, "Psicoanálisis
de la adolescencia", México, 1976; del mismo, "La transición
adolescente", Buenos Aires, 1981; Ana Freud, "La adolescencia"
(capítulo X, en "Psicoanálisis y desarrollo del adolescente",
Barcelona, 1985); Aberasturi-Knobel, "La adolescencia normal",
"Identidad,
crisis", Buenos Aires, 1990; del mismo, "El ciclo vital
completado", Buenos Aires, 1985; Fernández Mouján, "Adolescencia, de la metapsicología a la clínica", Buenos Aires,
1992; Varela-Álvarez-Sarmiento, "Adolescencia marginal" (en
Psicología forense, Buenos Aires, 2000); F.Doltó, "La causa de
los adolescentes", Buenos Aires, 1990; Zusman de Arbiser,
"Familia y psicoanálisis con niños y adolescentes", Buenos
Aires, 1986; L. Kaplan, "Adolescencia: el adiós a la infan-
cia", Buenos Aires, 1994). Esta incuestionada inmadurez emocional impone, sin lugar a duda alguna, que el reproche penal
de la culpabilidad que se formula al niño no pueda tener la
misma entidad que el formulado normalmente a un adulto. Desde
este punto de vista, la culpabilidad por el acto del niño es
de entidad inferior a la del adulto, como consecuencia de su
personalidad inmadura en el esfera emocional.
Aunque es meridianamente claro que en nuestro sistema constitucional es inadmisible la autoritaria culpabilidad
argumentandum, tampoco el reproche podría tener la misma entidad. Retrotrayéndonos a los mismos momentos en que imperaron
en algunas extrañas latitudes estas concepciones autoritarias,
y manejando sus conceptos, era dable observar que en los niños
y adolescentes son bastante frecuentes comportamientos que en
psicopáticos, por lo cual no podría hablarse de idéntico
reproche de personalidad, cuando a ojos vistas se trata de una
desarrollada, y tales actos no son patológicos en tal etapa.
Se dan en los niños comportamientos en acting-out, o sea, de
paso del estímulo al acto, que la psiquiatría que admite el
síntomas de esta patología, siendo claro que en el niño son
producto de la falta de desarrollo o evolución de su esfera
afectiva propias de su etapa vital.
38) Que la única vía para determinar la pena correspondiente a un hecho cometido por un niño siguiendo idénticos criterios que los que se utilizan respecto de un adulto
sería prescindiendo del principio de culpabilidad, y apelando
a la vieja peligrosidad. La concepción del ser humano que
subyace en nuestra Constitución, tal como se ha señalado,
repudia este concepto, de cuño claramente positivista, francamente enfrentado a la concepción de toda la ética tradicional, enraizado en las peores teorías racistas del siglo XIX,
producto de un materialismo rudimentario y grosero, asentado
sobre el determinismo mecanicista de la época y, por ende,
totalmente incompatible con el concepto de persona, base de
nuestra Constitución de 1853-1860, en perfecta armonía con el
art. 1° de la declaración Universal de Derechos Humanos de
La peligrosidad como fundamento de la pena sólo es
admisible cuando se concibe al ser humano como una cosa más
entre todas las cosas, movido mecánicamente al igual que el
resto de los entes y, por ende, susceptible de ser calificado
según reales o supuestas fallas mecánicas que colocan al Estado en la disyuntiva de corregirlas y, en caso de imposibilidad, de eliminar al sujeto. En este sentido, el mensaje que
llega del siglo XIX suena brutal a los oídos de quienes lo
leemos después de las tristes experiencias del siglo XX y nos
percatamos de que, en definitiva, se trata de las ideas que
prepararon el camino al genocidio, y que uno de sus exposito-19-
res -por cierto, quizá el más prudente- sintetizaba de la
siguiente manera: "La sociedad debe protegerse de los irrecuperables, y como no podemos decapitar y ahorcar, y como no nos
es dado deportar, no nos queda otra cosa que la privación de
libertad de por vida" (Franz von Liszt, La idea de fin en el
derecho penal, trad. de Enrique Aimone Gibson, revisión de
Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Valparaíso, 1984, p. 120).
Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha dicho que la invocación de la peligrosidad para
imponer mayor pena "constituye claramente una expresión del
ejercicio del jus puniendi estatal sobre la base de características personales del agente y no del hecho cometido, es
decir, sustituye el Derecho Penal de acto o de hecho, propio
del sistema penal de una sociedad democrática, por el Derecho
Penal de autor, que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una materia en la que se hallan en juego los bienes
jurídicos de mayor jerarquía". Agrega que "la valoración de la
peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador
acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos
delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la imputación por
los hechos realizados la previsión de hechos futuros que
probablemente ocurrirán. Con esta base se despliega la función
individuo -con pena de muerte inclusive- no con apoyo en lo
implicaciones, que son evidentes, de este retorno al pasado,
absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos
Fermín Ramírez vs. Guatemala, sentencia del 20 de junio de
2005, cons. 94 y 95).
39) Que incluso suponiendo que pueda pasarse por
alto todo lo dicho respecto de la peligrosidad, y si, por
hipótesis, se la admitiera dentro de nuestro sistema constitucional, en el mejor de los casos, el pronóstico de conducta
no podría hacerse intuitivamente por el tribunal, sino en base
a un serio estudio o peritaje psiquiátrico o psicológico. Aún
verificarse conforme a la ley de los grandes números, pero que
en caso particular jamás puede asegurar que el agente se
comportará de una u otra manera, pues siempre existe la probabilidad contraria: podemos saber, científicamente, que en un
porcentaje de casos la conducta futura llevará a la comisión
de ilícitos, pero siempre hay un porcentaje en que esto no
sucede, y nunca sabemos en cuál de las alternativas debe ser
ubicado el caso particular. Por ende, aumentar la pena por la
peligrosidad siempre implica condenar a alguien por un hecho
futuro, que no ha iniciado y ni siquiera pensado, y que nadie
puede saber con certeza si lo pensará y ejecutará alguna vez
40) Que en el marco de un derecho penal compatible
con la Constitución y su concepto de persona no es posible
eludir la limitación que a la pena impone la culpabilidad por
el hecho, y en el caso particular de la culpabilidad de un
niño, la reducción que se deriva de la consideración de su
inmadurez emocional o afectiva universalmente reconocida como
producto necesario de su etapa vital evolutiva, así como la
inadmisibilidad de la apelación a la culpabilidad de autor,
por resultar ella absolutamente incompatible con nuestra Ley
Fundamental. En tales condiciones, no resta otra solución que
reconocer que la reacción punitiva estatal debe ser inferior
que la que correspondería, a igualdad de circunstancias, respecto de un adulto.
41) Que, de acuerdo con lo precedentemente expuesto,
se advierte que en la sentencia en recurso no se han respetado
titucionales aplicables al caso. En efecto, la decisión de la
cámara no exhibe argumento alguno que permita entender por qué
una pena de 14 años de prisión por un hecho cometido a los 16
años resultaba insuficiente. Y, ciertamente, sus fundamentos
mucho menos alcanzan para explicar cómo es posible promover la
reintegración social del condenado por medio de una pena que
se define ex ante por la decisión de, llegado el caso,
excluirlo para siempre de la sociedad.
Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, se hace
lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Agréguese la
queja al principal y vuelvan los autos al tribunal de origen,
a fin de que por quien corresponda se dicte nueva sentencia
con arreglo al presente. Hágase saber y, oportunamente, devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I. HIGHTON de
NOLASCO - CARLOS S. FAYT (según su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA
- E. RAUL ZAFFARONI - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M.
1°) Que contra la decisión de la Sala I de la Cámara
Nacional de Casación Penal, que al casar la sentencia del
Tribunal Oral de Menores N° 2, modificó la pena de catorce años
de prisión impuesta y condenó a Daniel Enrique Maldonado a la
pena de prisión perpetua en calidad de coautor del robo
agravado por el uso de armas, en concurso real con el de homicidio calificado por la finalidad de obtener su impunidad
(arts. 45, 55, 166, inc. 2° y 80, inc. 7°, del Código Penal),
la defensa oficial del nombrado interpuso el recurso extraordinario de fs. 216/229 que, denegado, dio origen a la presente
2°) Que, para así decidir, el a quo sostuvo que una
vez adoptada la resolución de imponer una pena -de conformidad
con el art. 4, segundo párrafo, de la ley 22.278 y sin que
medie controversia de partes en cuanto a esa necesidad- el
tribunal de mérito debió adaptar la condena a los índices de
mensuración punitiva previstos en los arts. 40 y 41 del Código
Penal. En este sentido, señaló que la decisión del tribunal
comprobadas en el legajo; que no pudo derivar racionalmente de
ellas la reducción de pena que prevé la ley juvenil; y que
incurrió en contradicción, toda vez que tomó en cuenta la
buena conducta intramuros del joven, cuando el tratamiento
tuitivo prodigado había fracasado en lo que hace al progreso
en la resocialización, pues "no bien el menor ganó la confianza de las autoridades (Y) defraudó aquélla y se involucró
en nuevos y violentísimos hechos delictivos". Agregó que si
bien el joven Maldonado aún conservaba el estado de inocencia
"la presunción de responsabilidad que dimana(ba) del progre-
sivo avance de dicha causa e(ra) un dato objetivo que no
p(odía) ser desdeñado en el juicio de peligrosidad". Así entendió que la sanción privativa de la libertad fija que prevé
perpetua- era la que mejor se adecuaba al caso. Finalmente,
remitió a precedentes de esa Cámara con el objeto de descartar
imposición de perpetuidad en estos supuestos.
3°) Que el recurrente atacó esa decisión sobre la
base de considerar que, por su gravedad, la pena de prisión
perpetua impuesta a una persona por delitos cometidos antes de
los 18 años de edad, estaría en contradicción con diversas
disposiciones de jerarquía constitucional que tienen como
común denominador el conjurar la aplicación de penas crueles,
inhumanas o degradantes y, especialmente, con la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, en cuanto expresa
que los estados parte velarán para que no se imponga pena
capital o prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación.
A su vez, se agravió por la arbitrariedad que importó remitir a los argumentos de la Sala II de esa misma
cámara. Señaló, al respecto, que asimilar la excarcelación
prevista por la mentada Convención (art. 37, inc. a) con la
libertad condicional de nuestro régimen, carecía de sustento
toda vez que ambos institutos difieren en la oportunidad y en
el momento para solicitarlos, así como también en los requisitos para su obtención.
Desde otro punto de vista, sostuvo que el ponderar
el trámite de un proceso paralelo no finalizado -como evidencia del juicio de peligrosidad- redundó en una justificación
meramente aparente de la pena a perpetuidad, así como en el
desmedro del estado de inocencia.
Finalmente se agravió de que el a quo hubiera ob-24-
viado el conocimiento personal del imputado como requisito
previo al dictado de una pena, conforme lo prevé expresamente
el art. 4 de la ley 22.278.
4°) Que los agravios expresados suscitan cuestión
federal bastante para habilitar la vía intentada, en tanto el
recurrente ha puesto en tela de juicio el alcance que cabe
otorgar -especialmente- a los principios contenidos en la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y a las
diversas disposiciones constitucionales que se encuentran en
relación directa e inmediata con la materia a decidir. En
consecuencia, su tratamiento resulta pertinente por la vía
establecida en el art. 14, inc. 3, de la ley 48, toda vez que
la decisión es contraria al derecho federal invocado por la
parte, se trata de una sentencia que reviste carácter de definitiva y proviene del superior tribunal de la causa.
Asimismo, los agravios relativos a la arbitrariedad
de sentencia, resultan inescindiblemente ligados con los vinculados a la inteligencia de las normas federales, por lo que
corresponde tratar en forma conjunta ambos aspectos (Fallos:
5°) Que, en primer lugar, cabe descartar el reparo
fundado en la invalidez de la motivación basada en la sola
remisión a otros precedentes de la misma Cámara. En principio,
y de conformidad con conocida jurisprudencia de esta Corte, es
bastante fundamento de las decisiones judiciales la remisión a
lo resuelto en pronunciamientos anteriores (confr. Fallos:
311:2293 y sus citas). En efecto, todo pronunciamiento -en
tanto unidad lógico - jurídica- debe autosustentarse y estar
suficientemente fundamentado. Esto, como es evidente, tiene
importe el
producto del arbitrio ilimitado de los jueces y configure una
afirmación meramente dogmática como "proposición que no está
abierta a la corroboración intersubjetiva, [y que por el contrario,] se funda exclusivamente en la convicción subjetiva, o
fe, del que la sustenta, al margen de consideraciones racionales" (confr. Fallos: 327:954, voto del juez Fayt, con
cita de Carlos S. Nino, "Introducción al análisis del derecho", ed. Astrea, 1988, pág. 322). Sin embargo, este supuesto
no se configura necesariamente cuando el juzgador realiza una
remisión, pues allí -como en toda decisión- se manifiesta una
premisa axiológica implícita que valora esa fundamentación por
sobre otras y descarta que ésta sea insustancial, arbitraria o
maliciosa (confr. Fallos: 327:954, voto del juez Fayt).
Por lo demás, el recurrente no ha demostrado en
forma concreta el gravamen que tal remisión le ocasiona.
6°) Que sentado lo anterior, corresponde entonces
efectuar algunas consideraciones previas relacionadas con las
normas aplicables al caso. A tal fin, cabe recordar que el
art. 4 de la ley 22.278 establece que: "(l)a imposición de
pena respecto del menor a que se refiere el art. 2 estará
supeditada a los siguientes requisitos:
1° -Que previamente haya sido declarada su responsabilidad
penal y la civil si correspondiere conforme a las normas
2° -Que haya cumplido dieciocho (18) años de edad.
3° -Que haya sido sometido a un período de tratamiento
tutelar no inferior a un (1) año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad.
Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del
tratamiento y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá,
pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa.
A su vez, la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño prevé en su art. 37 que "(l)os Estados Partes velarán porque:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros
No se impondrá la pena capital ni la de prisión
perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad" (énfasis agregado).
7°) Que la disposición que exige el conocimiento
personal del imputado -contenida en el art. 4, ley 22.278requería ser examinada por la Cámara de Casación como garantía
mínima del debido proceso legal que rige en la materia. En tal
sentido, corresponde atender a este agravio al amparo de los
desarrollarán-
cuales, quien ha cometido un delito siendo menor de 18 años
debe contar con la posibilidad de participar en la trascendental decisión que importa adoptar alguna de las hipótesis
que regula la norma de mención.
8°) Que, por otra parte, la existencia del instituto
de la "libertad condicional" en el régimen nacional permite en principio- la equiparación a la "posibilidad de excarcelación" en caso de prisión perpetua, establecida en el art.
37 a de la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, pues basta, para dicha equivalencia, con que se encuentre regulada esta posibilidad de liberación anticipada.
Por lo demás, la "posibilidad de excarcelación"
prevista en la norma internacional autoriza a sostener que no
se advierte una clara conculcación a un principio de derecho
público local (art. 27 de la Constitución Nacional). Sin embargo, las restantes cuestiones planteadas conducen al examen
de la sanción impuesta desde la estricta vigencia de otras
normas federales que se encuentran en juego.
9°) Que, de tal modo, el ámbito de decisión no consiste en determinar si es posible aplicar a la luz de la Convención -descartada, a su vez, su contradicción con los principios de derecho público local- la condena de prisión perpetua a quienes hayan cometido un delito siendo menores de 18
años. Antes bien, se trata de examinar si al fijarse la pena
aplicada en la especie respecto del joven Maldonado fueron
respetados los demás principios constitucionales que aluden a
la situación del niño y los directamente vinculados con la
imposición de una pena adecuada a la culpabilidad. Más precisamente, si resultaba razonable y correspondía, aplicar por el
delito cometido la pena más grave que nuestro sistema punitivo
10) Que las penas perpetuas, por principio, "son las
que no tienen fin sino con la muerte del condenado; se aplican
durante toda la vida de éste, el que resulta, así, totalmente
segregado del medio social en que actuaba" (confr. Rodolfo
Moreno h, "El Código Penal y sus antecedentes", tomo II, H. A.
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establezca expresamente su prohibición, salvo para los casos en
que -como ya se adelantó- se prevea excarcelación.
De esta manera -y a fin de establecer un consenso en
tan delicada materia- se estableció la hipótesis de máxima que
podría llegar a ser acogida por los estados parte, a modo de
velar -dentro de su margen soberano de apreciación- por el
cumplimiento de la disposición en cuestión. Y, tan así es, que
hasta la propia Corte Suprema de los Estados Unidos advirtió,
en un reciente fallo, que si bien dicho Estado no había
ratificado la citada Convención, sus directrices debían ser
tomadas en cuenta a fin de no imponer la pena capital que
aquélla prohíbe para quienes hubieran cometido un delito
siendo menores de 18 años de edad (confr. No. 03-633, "Roper,
Superintendent, Potosi Correctional Center v. Simmons", del 1°
11) Que la expresión "excarcelación" no puede entenderse en términos procesales y -por las características de
la pena impuesta a jóvenes infractores- corresponde -como ut
infra se explicará- interpretar por tal la liberación anticipada o, directamente, que la pena pueda tenerse por agotada.
En este sentido, cabe recordar que en nuestro régimen legal existe la posibilidad de extinción de la pena de
prisión perpetua una vez obtenida la libertad condicional y
transcurridos cinco años sin que ésta haya sido revocada
(confr. arts. 13 y 16 del Código Penal). La única pena forzosamente perpetua conforme la normativa vigente al momento de
los hechos, era la impuesta a los reincidentes, a quienes no
podía aplicárseles la libertad condicional.
En virtud de lo anterior y toda vez que las condenas
impuestas por delitos cometidos antes de que el imputado
alcance los 18 años de edad no pueden ser tenidas en cuenta a
efectos de considerarlo reincidente (art. 5 de la ley 22.278),
la libertad condicional se obtendría -de satisfacerse los
restantes requisitos de procedibilidad que establece la ley- a
los veinte años de condena (confr. art. 13 del Código Penal,
según texto anterior a la reforma de la ley 25.892), mientras
que la posibilidad de acceder al período de prueba previo a la
incorporación al régimen de semilibertad, a los doce años
(confr. arts. 17 de la ley 24.660 y 27 del decreto 396/99);
12) Que, sin perjuicio de lo expuesto, no pueden
desconocerse los límites que acotan el ámbito de legitimidad
de las penas a imponer en un Estado de Derecho, los cuales
deben ser interpretados armónicamente con otros principios que
condicionan la aplicación de pena en el régimen penal juvenil.
Si bien es cierto que el art. 37 a) de la Convención
citada es la única norma que expresamente prevé efectos para
quienes ya son mayores de 18 años de edad, mientras los
restantes apartados de ese artículo -que, en gran medida, se
hacen eco de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) y
de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los
menores privados de su libertad- se dirigen a la situación de
los niños, entendiendo por tales a toda persona menor de
dieciocho años de edad (confr. art. 75, inc. 22, de la
Constitución Nacional; art. 1 de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, ley 23.849 y, en el mismo
sentido, ley 26.061), no lo es menos la circunstancia de que conforme surge de las ya mencionadas Reglas de Beijing- se
debe procurar extender el ámbito de aplicación de los principios contenidos en esas Reglas Mínimas a los adultos y jóvenes
que hayan cometido un delito (confr. regla 3.3).
13) Que desde esta perspectiva, cabe recordar -sin
recurrir al arracimado de disposiciones internacionales invocadas ni a los casos contenciosos de la Corte Interamericana
cuya relación de correspondencia con el tema a decidir no
necesariamente obligan a citarlos- que dentro de los objetivos
que guían la justicia que rige en materia de jóvenes infractores se encuentra el principio de proporcionalidad, amén
de la necesidad de considerar que la privación de la libertad
sólo podrá ser impuesta como medida alternativa de último
recurso y durante el período más breve que proceda.
Aquel principio, entendido como una herramienta para
restringir las sanciones punitivas y conforme el cual el
merecimiento de pena corresponderá, fundamentalmente, a la
gravedad del delito -confr. comentarios que acompañan al texto
de la regla 5 y que según se señala en la introducción a la
resolución 40/33 de la Asamblea General fueron concebidos con
documento-, no es otro que el riguroso límite que nuestro
derecho público interno prevé, en relación con el de la culpabilidad por el hecho, frente a pretendidas necesidades de
14) Que así planteado, y toda vez que el delito
cometido debería ser el factor decisivo -necesario aunque no
suficiente en la determinación del castigo- a efectos de mantener cierta proporcionalidad cardinal, cabe examinar la sentencia impugnada, en cuanto decidió que no podía adoptarse la
escala reducida de la tentativa -conf. art. 4 de la ley
22.278- y que correspondía aplicar la pena de prisión perpetua.
En otros términos, debe determinarse si la máxima
pena impuesta al joven Maldonado se corresponde con los principios constitucionales relativos a la fijación de la pena y a
la atención que cabe asignar a la especial situación en la que
se encuentran los jóvenes en conflicto con la ley penal,
teniendo especialmente en cuenta que en este campo existe la
alternativa de reducir las penas en general mediante la adopción de la escala reducida de la tentativa.
De ahí que el denominado principio de benignidad en
conexión con la culpabilidad disminuida de aquella persona que
ha cometido un delito siendo menor de 18 años de edad,
operaría -en todo caso- en cuanto a sostener que, por regla,
corresponde aplicar la escala reducida de mención. La benignidad así entendida "se refiere al fin loable de reducir el
sufrimiento penal. Apunta a una reducción de penas -algo que
las sanciones proporcionales pueden conseguir bajando los
puntos de anclaje de las escalas de penas-" (confr. Andrew von
Hirsch, "Censurar y castigar", ed. Trotta, Madrid, 1998, p.
169). Es ésta la opción político-criminal escogida por el
legislador nacional, que se corresponde, por lo demás, con la
formulación de directrices que en el ámbito de esta justicia
especializada otorgan un margen de discrecionalidad a los
"tribunales de menores" -mayor que el que tienen conforme la
escala penal que rige en la justicia de adultos- a modo de
velar por que se cumplan "las diversas necesidades especiales"
y "la diversidad de medidas disponibles" en materia de derecho
penal juvenil (confr. regla 6.1 de las Reglas de Beijing, in
15) Que esta postura refleja el sentido que cabe
asignar al art. 4 de la ley 22.278, a la luz de los mencionados principios y de lo establecido en el art. 75, inc. 23, de
la Constitución Nacional, en cuanto prevé -en lo que aquí
interesa- la necesidad de promover acciones positivas para el
goce y ejercicio de los derechos humanos reconocidos con jerarquía constitucional, en especial, en todo cuanto concierna
a los niños y con la finalidad de garantizar, entre otras
cuestiones, la igualdad real de trato.
En tales condiciones, si bien "(e)n el imaginario,
'la adolescencia' es considerada como culpable a priori, ya
pervertida y más bien irrecuperable, y se opone en eso a ´la
infancia´, todavía pura, frágil y fragilizada, la cual todavía
puede ser salvada" (confr. F. Tetard, Delincuance juvenile:
discipline?,
"Délinquances
jeunes", vol. 2; citado por Juan Bustos Ramírez, "Perspectivas
de un derecho penal del niño", en NDP 1997-A, pág. 63, nota
1), debe observarse que conforme nuestra Ley Fundamental y
normas reglamentarias se es niño hasta los 18 años de edad. Es
por ello que de consuno con las denominadas directrices de
Riad, cabe reconocer que el comportamiento o la conducta de
los jóvenes que no se ajusta a los valores y normas generales
de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de madurez
(confr. capítulo I, numeral 5.e, de las directrices para la
prevención de la delincuencia juvenil).
En este sentido, cabe poner de resalto que todo
contrato social debe definir entre sus cláusulas los dominios
en los que la sociedad pretende promover la igualdad, lo que
legitima al mismo tiempo las desigualdades que consiente y,
desde luego, si bien la igualdad no es un estado sino un proyecto, deviene necesario reconocer que su efecto es compensar
las desigualdades iniciales, resultantes de la diversidad de
los seres humanos (confr. Jean-Paul Fitoussi y Pierre Rosanvallon, "La nueva era de las desigualdades", Ed. Manantial,
Buenos Aires, 1997, p. 106 s.).
Los seres humanos difieren unos de otros en razón de
circunstancias externas, pero también en sus características
personales; y no hay principio de igualdad que, por así
decirlo, se avenga a que los miembros de una sociedad queden
encerrados en sus condiciones iniciales, o que su suerte sea
completamente determinada por las circunstancias (confr. Fitoussi y Rosanvallon, op. cit., pág. 107 s.).
16) Que, entonces, en principio no se encuentra en
juego la medida del castigo sino, en primer término, el imperioso examen de la necesidad de la propia aplicación de una
sanción penal que, en su caso, deberá ser por regla reducida.
Así se ha entendido también por nuestra tradición
legislativa, pues a la par de que el art. 4° del Proyecto de
Tejedor establecía que "(s)i en el momento de la consumación
del crimen, los culpables son mayores de catorce años, pero
menores de dieciocho, y son, además, reconocidos capaces de
imputabilidad, la pena se disminuirá de la manera siguiente:
la pena de muerte, por la de penitenciaría de diez a quince
años; el presidio o penitenciaria de tiempo indeterminado, por
seis a diez años de penitenciaría, y el presidio o penitenciaría de tiempo determinado, con prisión de uno a tres
años", en su comentario oficial se destacaba que la juventud
debía ser considerada en todos los casos como causa de atenuación legal y remitía a su vez al Código de Baviera para
establecer como regla "la presunción de inocencia hasta los
dieciocho, y en caso de haber obrado el acusado con discernimiento, atenuación de la pena en general hasta la misma época,
y la de muerte hasta los veintiuno" (confr. Rodolfo Moreno,
op. cit., pág. 320).
Desde entonces y aun cuando resulte susceptible de
crítica la comprobación de la "exigencia de discernimiento"
que siguieron algunos proyectos -a lo que obedece que fuera
modificada por la clasificación legal hoy conocida- la regla
de atenuación de la pena ordinaria fue adoptada en todos los
sistemas subsiguientes (confr. Rodolfo Moreno, op. cit., pág.
321 y sgtes.). Así desde el código de 1921, se estableció la
reducción prevista para la tentativa ya mencionada.
17) Que conforme se desprende de la regulación especial corresponde considerar, como una primera cuestión, si
cabe -en relación con los hechos por los cuales el joven infractor había sido previamente declarado responsable- el beneficio de la absolución previsto en el art. 4 de la ley
22.278 o la necesidad de pena. Como una segunda cuestión, y en
su caso, si se aplica el marco legal que por regla corresponde
a la tentativa, o bien el del delito consumado, para luego
recién determinar la pena.
Dicha decisión depende -como ya se adelantó- de la
valoración conjunta de "las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la
impresión directa recogida por el juez" (confr. art. 4, ley
22.278).
18) Que, por su parte, el a quo consideró que no
habiendo mediado controversia en cuanto a la primera cuestión,
terminación de pena. Entendió, pues, que de las constancias de
la causa no podía derivarse racionalmente la reducción de pena
y que siendo ello así, la pena de prisión perpetua era la que
mejor se adecuaba al caso.
Asimismo afirmó, a tal fin, que al haber "defraudado" Maldonado la "confianza" depositada en él, la presunta
comisión de un nuevo delito trasuntaba en el "fracaso" del
tratamiento tutelar y que, por tanto, la valoración efectuada
por el tribunal de juicio no era sino parcializada. De este
modo, el a quo no reparó siquiera en que ese hecho fue el que
incidió, precisamente, en la necesidad de imponer una pena,
que el tribunal fijó en 14 años.
Para la Cámara de Casación,
este "nuevo hecho delictivo" -que ya había sido valoradoconstituyó también el elemento que determinó que el tratamiento tutelar hubiese fracasado en su totalidad.
Es de toda evidencia, pues, que en modo alguno el a
quo pudo válidamente descalificar las distintas cuestiones que
había tenido en cuenta el tribunal interviniente -a fin de
aplicar, conforme el espíritu que guía la previsión de la
escala de la tentativa y en consonancia con los principios
aquí expuestos, la reducción del marco punitivo- si debiendo
hacer mérito del tratamiento tutelar, sólo lo hizo desde el
"resultado" de haber cometido presuntamente un nuevo delito y
abstrayéndose de los caracteres necesarios para imponer una
pena dentro del régimen especial aplicable.
En definitiva, aun cuando hubiese correspondido la
imposición de una pena, el a quo debió valorar en un "ejercicio de adaptación", el buen comportamiento que el joven observó intramuros y, entre otras pautas, las positivas actividades que realizó estando privado de su libertad. Máxime
cuando la exigencia de que la decisión del tribunal de juicio
-el que, por otra parte, sí tomó en consideración la interacción del joven- sea controlada en su discrecionalidad, responde a la finalidad de "restringir cualquier abuso y salvaguardar los derechos del joven delincuente" (confr. comentarios a las reglas de Beijing 6.1, 6.2 y 6.3).
19) Que así también, se efectuó una nueva doble
valoración de aquel mismo "dato objetivo" -que en términos del
a quo "no p(odía) ser desdeñado en el juicio de peligrosidad"por cuanto una cosa es considerar dicho dato susceptible de
valoración a los fines tutelares para que el nombrado no
resultara favorecido por la ausencia de toda sanción y otra
muy distinta es sostener que puede constituir también el
fundamento para aplicarle una sanción de suma gravedad como es
Como es sabido, la prohibición de doble valoración
-que tiene incluso vinculación directa con la garantía del ne
bis in idem- constituye un requisito de coherencia interna de
la sentencia, que en modo alguno puede predicarse del decisorio impugnado, toda vez que -como se dijo- el mismo extremo
que influyó en la necesidad de pena, fue considerado nuevamente para aplicar la escala del delito consumado.
Por lo demás, si esa misma circunstancia fue tenida
en cuenta para determinar el marco aplicable, aquélla no puede
volver a considerarse al momento de fijar la pena. En este
caso, si bien la pena es absoluta, corresponde atender a otros
factores que por imperio constitucional deben ser valorados en
cuanto a la interpretación que cabe otorgar al art. 41 del
Código Penal y, con más exactitud, a las pautas que al
respecto señala el art. 4 de la ley 22.278, a la luz del
20) Que tratándose de una pena absoluta que excepcionalmente nuestro ordenamiento jurídico prevé y que, como
tal, no puede ser mensurada, es claro que -amén de las objeciones de índole constitucional que podrían formularse de
aplicarse aquélla a un adulto- es aun más evidente que no
basta respecto de un niño con encuadrar el hecho en la figura
del homicidio agravado, pues por aquella sola subsunción se
suprime cualquier ajuste que debiera producirse. Antes bien,
deben merituarse otros factores que permiten graduar la culpabilidad para decidir la necesidad y la medida de pena aplicable.
De modo que, aun cuando se haga a un lado lo relativo al alcance otorgado al término "peligrosidad" previsto en
el art. 41 del Código Penal que, por cierto, no puede conducir
a valorar -tal como lo hizo el a quo- un proceso en trámite
paralelo sin un menoscabo serio al estado de inocencia, deben
individualización de pena en concreto.
Por lo demás, y como se adelantó, nada empece a que
consideraciones ajenas al hecho y a su reprochabilidad -como
ser la sola edad del autor- puedan tomarse en cuenta (conf.
ley 22.278 y art. 41 del Código Penal) para disminuir el grado
de pena a imponer; como es sabido, ningún principio cons-37-
21) Que, por otra parte, cabe recordar que los
principios que sin lugar a dudas diferencian el sistema penal
de adultos del de responsabilidad penal juvenil -en el contexto del modelo de la protección integral de los derechos del
niño, pauta determinante de los alcances de la nueva imagen o
aparejan para este último la necesidad de una amplia variedad
de medidas y la excepcionalidad de la pena privativa de la
libertad. Su carácter particular permite de alguna manera
sostener que la finalidad retributiva ha sido puesta a un
margen en esta materia, lo que no importa, empero, caer en
perimidas consideraciones etiologicistas. Antes bien, supone
atender a los efectos de la pena -adecuada a la culpabilidad
por el hecho como punto de referencia superior- que resulte
necesaria imponer.
22) Que el poder punitivo no se manifiesta únicamente mediante la imposición de una pena, sino también con la
manera en que ésta es ejecutada. De tal modo, no puede dejar
de considerarse, en el marco del sistema penal juvenil, la
existencia de condiciones carcelarias adecuadas.
A este respecto, resulta ilustrativo señalar que de
las aproximadamente 10.000 personas que se encuentran privadas
de libertad dentro del Sistema Penitenciario Federal, 800 son
incorporadas al período de prueba, y de éstas, apenas 400
acceden al régimen de salidas transitorias. Estas cifras se
mantienen relativamente estables y porcentualmente se repiten,
población penal elaboradas como síntesis semanal al 25/11/05
por la División Actuaciones Judiciales de la Dirección Nacional del Régimen Correccional dependiente del SPF; en sentido
similar, Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena). Los datos indicados
denotan, pues, una grosera contradicción con el régimen de
progresividad legalmente previsto.
Sobre esta cuestión particular, es útil recordar que
las Reglas de Beijing señalan la necesidad de una frecuente y
pronta concesión de la libertad condicional, incluso a quienes
"se consideraron peligrosos en el momento de su confinamiento
en un establecimiento penitenciario" (confr. comentarios que
acompañan al texto de la regla 28).
23) Que resulta necesario reafirmar el grado sumo de
prudencia con que debe interpretarse la normativa en juego, lo
que implica también no desconocer los efectos de la decisión.
Ello así, por cuanto las características contradictorias
del derecho penal contemporáneo parecen conducir no sólo a un
incremento considerable de la punitividad, sino también a que
programas que los estados pretenden sostener en esta materia y
que no tienen sino por centro el reconocimiento del individuo
en su total dimensión.
En efecto, en ningún otro país de la región se han
verificado -según la información disponible- sentencias de
perpetuidad a personas menores de 18 años de edad al momento
de la comisión de los delitos (confr. Prólogo de la publicación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal:
"Sentencias de reclusión perpetua y prisión perpetua a personas menores de 18 años de edad en la República Argentina
1997-2003", bajo la coordinación editorial de UNICEF, Buenos
Aires, 2003, pág. 12).
Por último, resulta insoslayable considerar que el
Estado puede exigirle determinada respuesta a la persona que
cometió un delito siendo menor de 18 años de edad -en tanto
individuo responsable y de autonomía ética-, aunque, claro
está, sólo en cuanto se ha garantizado sus derechos en condiciones necesarias -materiales y espirituales suficientes- para
que aquella persona pueda brindar la respuesta exigida (confr.
Bustos Ramírez, op. cit., pág. 68), lo que, en su caso,
24) Que en otro orden de ideas, frente al agravio
relativo a la prescindencia del conocimiento personal que
prevé la ley 22.278 en su art. 4, cabe observar que la exigencia de una audiencia a efectos de individualización de la
pena ha sido considerada, en términos generales "en caso de
condena", mientras que "el examen visual del acusado no es
impuesto a los jueces revisores, sino totalmente facultativo"
(Fallos: 310:2721, voto del juez Fayt, con cita del precedente
"Pagano, Juan José s/ hurto", del 13 de marzo de 1986).
Sin perjuicio de ello y de que, en principio, se
trata de cuestiones de derecho común (confr. Fallos: 293:218;
entre otros), las particularidades que presenta el régimen en
estudio, imponen considerar que la garantía mínima del debido
proceso legal que rige en materia de jóvenes en conflicto con
la ley penal y que pretende, desde el punto de vista procesal,
el establecimiento de un sistema oral y contradictorio -no
solamente al inicio sino a lo largo de todo el proceso- exige
que se asegure la audiencia a la que alude el citado art. 4,
hipótesis reguladas en dicho apartado Cque puede no ser una
condenaC y, en su caso, la fundada determinación de pena.
La solución, pues, que mejor armoniza la legislación
aplicable con las finalidades y objetivos precedentemente
reseñados -de conformidad también con los arts. 12 y 40.
2b.III de la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño y, entre otros, con el art. 14, parágrafos 1 y 2 de las
Reglas de Bejing- y que asegura, por lo demás, que no se desnaturalice el fin con el que ha sido concebida la previsión en
cuestión, obliga a que se celebre dicha audiencia también por
parte del órgano revisor.
25) Que, como puede concluirse, el a quo no sólo
incumplió con el ya mencionado recaudo de inmediación que
prevé el art. 4 de la ley 22.278, sino que además, su sentencia -por la que se condenó a la pena de prisión perpetua al
joven Maldonado- no resulta derivación razonada del derecho
Ello así, pues, por un lado, realiza una interpretación simplificadora que conculca los diversos principios
constitucionales ut supra descriptos. A su vez, valora la
misma circunstancia doblemente y en distintos momentos de
examen, sin considerar siquiera las diversas pautas a las que
debía atender y las que integran, innegablemente, la constitución del complejo "resultado" del transcurrir tutelar al que
alude el art. 4 de la ley 22.278. Por el otro, resulta carente
de toda fundamentación en cuanto a la determinación de la pena
válidamente sustentar la severidad de una sanción que no se
advierte razonable, al descalificar -producto del pretendido
reforzamiento de la identidad de un único dato- la opción que,
como regla, establece la reducción de la escala punitiva.
26) Que, por las razones expuestas, corresponde
revocar la decisión apelada, no sin antes señalar que la gravedad de los hechos que configuran el objeto de este proceso
no puede constituir el fundamento para desvirtuar los principios que necesariamente deben ser considerados a la hora de
imponer legítimamente una pena a quien haya cometido un delito
antes de los 18 años de edad, ni para atenuar las exigencias
en materia de motivación de decisiones judiciales.
lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada y agréguese la queja al
principal. Hágase saber y devuélvase a fin de que, oportunamente, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
-//-TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M.
El recurso de hecho interpuesto por la defensa de
Daniel Enrique Maldonado;
1°) El Tribunal Oral de Menores N° 2 de la Capital
Federal dispuso, con fecha 5 de mayo de 2000 y luego de
substanciado el debate oral respectivo, declarar a Daniel
Enrique Maldonado coautor penalmente responsable del delito de
robo agravado por el uso de armas en concurso real con
homicidio calificado criminis causae, hecho cometido por el
nombrado cuando contaba dieciséis años y diez meses de edad. A
su vez, e invocando el art. 4° de la Ley 22.278, dispuso
suspender el trámite del proceso con relación a Maldonado
hasta el primer día hábil de noviembre de 2001 (v. fs. 2/3
vta. del presente expediente de queja).
El hecho que motivó tal atribución de responsabilidad fue fijado por el Tribunal Oral en los siguientes términos: "Yha quedado fehacientemente acreditado que el día 28 de
febrero del año 1998, alrededor de las 21.40 horas, el joven
Daniel Enrique Maldonado, acompañado por al menos tres sujetos
no individualizados y mediante el empleo de un arma de fuego
calibre 32 largo que portaba el primero, ingresaron con fines
de sustracción al comercio ubicado en la calle Treinta y Tres
Orientales nro. 2208 de esta Ciudad y desapoderaron mediante
intimidación a Mauricio Aramayo de una caja registradora electrónica fiscal (Y)".
"Para lograr su cometido, una vez en el interior del
local aludido, el menor Maldonado apuntó con el arma ya
descripta a Mauricio Aramayo Bquien se hallaba arrodillado en
la cámara frigorífica del local guardando la mercadería para
el día siguienteB y le indicó que se quedara en el suelo,
haciéndose uno de ellos de la caja registradora, para posteriormente fugar todos del lugar".
"Inmediatamente tomó conocimiento de lo ocurrido
Víctor Walter Aramayo Bquien se hallaba en el patio contiguo
al comercioB e inició la persecución de los cacos, oportunidad
en la que el joven Maldonado a efectos de lograr su impunidad
disparó un arma de fuego de puño tipo revólver del calibre 32,
hemorragia interna y la muerte".
"Inmediatamente después, Maldonado y sus acompañan-
tes en poder de la caja registradora, ascendieron al rodado
particular marca >Ford Taunus', dominio C B 773.982, color
>bordeaux' con techo vinílico negro, conducido por Juan Carlos
denominado Presidente Illia de esta Ciudad." (v. fs. 4/4
Al tiempo de declarar la responsabilidad de Maldonado, quien se encontraba sometido a tratamiento tutelar, el
tribunal difirió para un momento ulterior el análisis sobre la
conveniencia o no de imponerle una sanción, y en su caso, el
monto y modo de ejecución de ésta (v. fs. 13).
El tratamiento tutelar al que se hace referencia en
el párrafo anterior tuvo lugar entre marzo de 1998 y el 7 de
febrero de 2002 (v. expediente tutelar que corre por cuerda
con el presente expediente). En esta última fecha, mientras se
encontraba en uso de una licencia concedida por la juez de
menores, Maldonado fue detenido por la imputación de nuevos
hechos ilícitos (v. fs. 456 del expediente tutelar de referencia).
2°) El 18 de abril de 2002, se corrió vista a las
partes para que opinasen si resultaba necesaria o no la imposición de pena a Maldonado por el robo y homicidio calificado
de Víctor Walter Aramayo.
En primer término, se expidió la Defensora Pública
de Menores e Incapaces (v. fs. 15/16 vta. del expediente de
queja), y señaló que la conducta del nombrado a lo largo de
todo su tratamiento tutelar intramuros, conforme consta en los
informes de evolución, había sido apropiada, circunstancia que
nistrativas y judiciales para ir otorgándole al imputado sucesivos permisos de salidas y licencias.
No obstante lo antes apuntado, la Defensora afirmó
seguidamente: "Ahora bien, no cabe duda que lo relatado ante-
riormente se torna inconsistente y sin ningún valor desde el
punto de vista tutelar, ante el hecho de que, una vez advertido severamente por el Tribunal, al responsabilizarlo penalmente por la comisión de un delito de extrema gravedad, Maldonado vuelve a registrar una nueva causa por un hecho también
de extrema gravedad y de similares características, poniendo
en peligro no sólo su propia vida sino también la de terceros"
"Por lo expuesto y ante este sorpresivo fracaso en
el que indudablemente se ha visto inmerso Maldonado, (Y) entiendo que deviene inevitable sancionar(lo), sin perjuicio del
cual, en virtud de los logros reseñados mas arriba, del buen
comportamiento observado dentro del ámbito institucional,
sumando a que la nueva causa que registra aún está en trámite,
gozando así de la presunción de inocencia, considero aplicable
una reducción de la pena en los términos del art. 4 de la ley
22.278" (fs. 16/16 vta.).
Dictaminó, a continuación, el Sr. Fiscal General
ante los Tribunales Orales de Menores (v. fs. 17/20 de los
presentes obrados).
Para fundar su posición, tuvo en especial consideración los resultados del tratamiento y el nuevo hecho por el
que estaba siendo sometido a proceso Maldonado, indicando al
respecto que "más de cuatro años de tratamiento tutelar no han
servido para que el mismo superara su desaprensión respecto de
los bienes jurídicos que el cuerpo legal punitivo protege. Ha
resultado en vano el gran esfuerzo puesto de manifiesto por
los profesionales que intervinieron en el caso, demostrando
que su desprecio por la vida ajena es tal vez el pilar de su
"Es evidente a esta altura que el tratamiento tute-
lar ha sido un perfecto fracaso" (fs. 18; destacado y subrayado contenido en el original).
A su vez, el fiscal tuvo en cuenta la gravedad del
hecho y concluyó que correspondía aplicarle la escala correspondiente al delito consumado, es decir, prisión perpetua.
De seguido, se expidió la Sra. Defensora Pública
Oficial ante los Tribunales Orales de Menores (fs. 21/23),
quien se opuso a la solicitud de prisión perpetua del fiscal.
Según ella, semejante sanción implicaba la imposición de una
pena cruel, inhumana y degradante, vedada por las convenciones
internacionales con rango constitucional; hizo referencia al
art. 37 "a" y "b" de la Convención sobre los Derechos del Niño
cuya consecuencia era la de tornar obligatoria la utilización
de la escala del delito tentado, pese a que el artículo 4° de
la ley 22.278 lo prevé como facultativo.
3°) El 5 de noviembre de 2002, el Tribunal Oral de
Menores N° 2 condenó a Daniel Enrique Maldonado a la pena de
catorce años de prisión por los delitos de robo agravado por
el uso de armas en concurso real con homicidio calificado
Al fundar el fallo, los jueces tuvieron en cuenta la
imputación de nuevos delitos de acción pública. En razón de
tales consideraciones, en el voto en que se fundó la decisión
del tribunal se indicó: "Por todo lo expuesto, ante el >no
esperado' fracaso que ha implicado para el suscripto la
exposición del joven a la situación de riesgo antes señalada,
defraudando la confianza del Tribunal y dando por tierra las
múltiples oportunidades que se le brindaron durante todo el
período de observación, a través de todos los profesionales
que intervinieron en su caso, aunando a todo lo expresado la
gravedad de los hechos por los que fuera advertido y responsabilizado penalmente en autos, estimo que no resulta posible
beneficiarlo con la absolución de pena prevista en el art.
4to. "in fine" de la Ley 22.278" (fs. 26 vta.; destacados
contenidos en el original).
Por otra parte, para sustentar por qué se optaba por
la imposición de una pena conforme la escala de la tentativa,
"Yteniendo
ilícitos comprendidos en esta causa fueron cometidos por el
joven siendo menor de edad para la ley penal, como el buen
comportamiento que observó y todas las positivas actividades
que realizó hallándose privado de su libertad en el Instituto
de Menores >Dr. Luis Agote', considero justo aplicar en su
favor el restante beneficio contenido en la ley penal juvenil,
cual es la reducción de la pena." (fs. 27).
4°) Dicha decisión fue recurrida ante la Cámara
Nacional de Casación Penal sólo por el Fiscal General (v. fs.
la ley sustantiva, en tanto, según su opinión, en el caso
correspondía la aplicación de prisión perpetua. Señaló que los
jueces habían aplicado "el beneficio de la reducción de pena
independientemente del resultado real obtenido en el inculpado
cautelares."
vta./40).
hincapié, además, en la peligrosidad evidenciada por Maldonado
tanto en el hecho objeto de condena como en el que había dado
inicio al nuevo proceso en su contra. (v. fs. 36 vta.).
5°) El recurso de casación fue rechazado por el
tribunal oral, lo que motivó la deducción del respectivo recurso de hecho (fs. 42/43 y 44/57 vta.), que, a su vez, fue
admitido por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal
(fs. 58/59).
6°) Durante la substanciación del remedio casatorio,
se presentó la defensora oficial interina ante esos estrados
(fs. 60/64), quién señaló que de una correcta interpretación
del art. 4° de la Ley 22.278 surgía que el resultado del
tratamiento es un extremo que debe ser tenido en cuenta al
momento de decidir si corresponde aplicar una sanción o si,
por el contrario, resulta procedente la absolución, siendo que
ello nada tiene que ver con la reducción o no de la pena. En
realizado una correcta interpretación y aplicación de la norma
En cuanto a la valoración del nuevo proceso que, en
ese momento, pesaba contra Maldonado, la señora Defensora
remarcó que el tribunal oral sí lo había tenido en cuenta,
aunque de un modo que ella entendía válido. Expresó, en tal
sentido: "Entiendo que una cosa es considerar dicho antece-
dente como un reflejo de la proclividad de mi pupilo a exponerse a situaciones de riesgo y otra muy distinta es sostener
como lo hace el Fiscal que el mismo pueda constituir el fundamento para aplicarle una sanción de suma gravedad como es la
prisión perpetua cuando de así hacerlo se estaría violando el
principio ínsito en el art. 18 de nuestra Carta Magna." (v.
fs. 63 vta.).
Hizo, asimismo, reserva del caso federal por entender que la imposición de prisión perpetua por un hecho cometido durante la minoría de edad "contraviene abiertamente las
previsiones del art. 37, incs. "a" y "b" de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño Binstrumento dotado
de jerarquía constitucional-, aplicable al caso, ya que, a la
fecha de producción de los hechos materia de enjuiciamiento,
Maldonado era un niño conforme los términos del art. 1 de la
citada Convención" (fs. 64 vta.).
Se pronunció también en esa instancia el Sr. Fiscal
ante la Cámara de Casación (fs. 65/69), quien afirmó que no
correspondía aplicar el "beneficio" (así lo denominó él) de la
escala penal reducida, teniendo en cuenta en tal sentido la
gravedad del hecho y el fracaso del tratamiento tutelar.
7°) La Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal
decidió hacer lugar al recurso, casar la sentencia e imponer a
Maldonado la pena de prisión perpetua (copia de la sentencia
agregada a fs. 71/79 vta.).
Para así decidir, los integrantes del tribunal a quo
señalaron, en primer término, que una vez que se adopta la
decisión de aplicar una sanción penal a quien cometió un
delito siendo menor de edad, debe mensurarse la pena de
acuerdo a las pautas establecidas por los artículos 40 y 41
del Código Penal. A partir de tal premisa, procedieron a analizar si el tribunal oral había escogido la pena a aplicar de
un modo razonable.
En el sentido antes apuntado, recordaron los jueces
que el tribunal oral había tenido en cuenta dos pautas para
inclinarse por la aplicación de la escala atenuada: la primera
de ellas se refería a que Maldonado había cometido el hecho
siendo menor de edad y la segunda al buen comportamiento que
el nombrado había demostrado en su tratamiento intramuros. Con
respecto a la primera pauta, el a quo la reputó de irrelevante
a los efectos de decidir sobre la disminución de pena, en
tanto la minoría de edad "no es sino uno de los requisitos
para la reducción, beneficio que no está previsto para los
mayores. No es por tanto una razón suficiente que apuntale lo
comportamiento en el instituto de menores efectuada por el
tribunal oral, concluyeron los integrantes de la Sala I que
resultaba contradictoria, en tanto "esa buena conducta intra
muros debió ser tomada en cuenta si es que el tratamiento
tuitivo prodigado al menor hubiese demostrado un progreso en
su resocialización o un propósito de enmienda que morigerara
la evidente peligrosidad demostrada por Maldonado al cometer
el hecho por el que fue responsabilizado penalmente. Sin embargo Bcomo el propio tribunal de instancia anterior lo reconocióB ese tratamiento fracasó en lo que es su propósito primordial, pues no bien el menor ganó la confianza de las autoridades, a tal punto que le concedieron egresos periódicos,
defraudó aquélla y se involucró en nuevos y violentísimos
hechos delictivos que han motivado una grave acusación en su
contra por la que se sustancia el correspondiente juicio"
Tales consideraciones sirvieron de base al a quo
para concluir que la imposición de una pena de acuerdo con la
escala reducida de la tentativa no derivaba racionalmente de
las circunstancias fácticas comprobadas en el legajo, conclusión que, en opinión de los jueces de casación, se tornaba aún
más evidente si se tenía en cuenta que tanto del hecho motivo
Maldonado exhibía un manifiesto desprecio por la vida (v. fs.
8°) Contra dicha sentencia, la Defensora Oficial
dedujo recurso extraordinario (v. copia del recurso agregada a
fs. 80/93 del presente expediente de queja), en el que expuso los siguientes agravios:
-"Violación al art. 37, inc. "a" de la Convención
sobre los Derechos del Niño en función de los arts. 5 inc. 2°,
5° y 6°, 7 inc. 2° y 19 de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos" (v. fs. 86 vta./92).
Bajo este título, la defensa indicó que la condena
había sido dictada conforme un criterio restrictivo en cuanto
a la aplicación del régimen penal juvenil, previsto por la Ley
N° 22.278, y, más específicamente, su artículo 4°. Afirmó la
recurrente: "Ysi se hubiese reconocido la primacía de la
Convención de los Derechos del Niño sobre la legislación interna, en virtud del art. 37 inc. "b" de dicho tratado, que
prescribe que la pena de prisión >Yse utilizará tan sólo como
medida de último recurso y por el período más breve que proceda', la reducción de la pena prevista por el art. 4° de la
Ley 22.278 se convierte en un mandato constitucional y no en
una facultad discrecional del juez" (fs. 86).
Indicó también que no resultaba suficiente para
fundar la imposición de prisión perpetua la invocación del
art. 37, inc. "a", de la Convención sobre los Derechos del
Niño, que admite la aplicación de la pena referida siempre y
cuando exista la posibilidad de excarcelación, en tanto ello
implica efectuar, tal como lo había hecho la Cámara de Casación, una equiparación entre el referido instituto procesal y
la libertad condicional que no resultaría posible desde la
óptica constitucional. Ello, toda vez que, en lo atinente a la
libertad condicional, los plazos previstos en el artículo 13
del Código Penal impedirían la concesión del beneficio de modo
anticipado en caso de una evolución marcadamente favorable.
También bajo este acápite, sostuvo la impugnante que
la sanción impuesta a Maldonado resultaba desproporcionada, en
tanto no se habían tenido en cuenta ni la evolución favorable
del tratamiento tutelar ni la condición de menor que el
inculpado detentaba al momento del hecho. Afirmó, además,
decisorio a la luz de la magnitud de los ilícitos investigados
o el interés de las víctimas, podría, en caso de un condenado
adulto, aceptarse su razonabilidad. Pero, si la estudiamos
establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño Ben
particular el "interés superior del niño"-, derecho vigente en
la República Argentina, conforme lo preceptuado por el art. 75
inc. 22 de la Constitución Nacional, se llega a la conclusión
que la sanción es inconstitucional." (fs. 89/89 vta., énfasis
-"Arbitrariedad en la imposición de la pena a per-
petuidad" (fs. 92/92 vta.)
En este punto, la recurrente señaló dos cuestionamientos. El primero de ellos se refiere a que la Cámara de
Casación, al fundar el fracaso del tratamiento tutelar al que
había sido sometido Maldonado, tuvo en cuenta que, en ocasión
de la última licencia que le fuera concedida en el instituto
de menores, el encartado fue detenido por la presunta comisión
de un ilícito de similares características a aquel por el que
se lo condenara en los presentes autos. Tal valoración, en
opinión de la recurrente, afecta el principio de inocencia, en
tanto, para fundar la imposición de la prisión perpetua, se
tuvo en cuenta un proceso criminal en el que aún no había
recaído sentencia firme.
No obstante tal aseveración, la impugnante afirmó, a
párrafo seguido: "Yel proceso en trámite debió únicamente ser
considerado en los términos expuestos por la asesora de
menores, doctora Claudia López Reta (fs. 92/93 vta.) en punto
a la necesidad de imponerle una pena que la técnica consideró
que debía reducirse en los términos del art. 4° de la ley
22.278; criterio seguido por el Tribunal a quo para reducir la
pena en la forma consignada" (v. fs. 92 vta. del expediente
del recurso de hecho).
La restante crítica consignada dentro de este acápite estuvo referida a que el a quo modificó la pena impuesta
sin haber tenido previamente una audiencia personal con el
9°) El remedio federal fue declarado inadmisible por
la Cámara de Casación y ello motivó a la defensa a deducir el
respectivo recurso de hecho ante esta Corte (fs. 98/102).
10) Una vez arribados los autos a estos estrados, se
corrió vista a la Procuración General de la Nación, que emitió
el dictamen agregado a fs. 108/118 vta. El Procurador Fiscal
interviniente, doctor Eduardo E. Casal, postuló que debía
hacerse lugar a la queja, declarar formalmente procedente el
recurso extraordinario y confirmar la decisión del a quo.
Al fundar su opinión, el representante del Ministerio Público afirmó la existencia de cuestión federal, en tanto, si bien el planteo estaba dirigido a revisar el monto de
la pena impuesta, dicha impugnación había sido efectuada sobre
la base de la interpretación de normas de rango constitucional, y la decisión había sido contraria al interés de la
parte (v. fs. 109).
Respecto de los agravios deducidos, señaló, en primer término, que debía descartarse la posibilidad de que la
imposición de prisión perpetua pudiese ser considerada como un
acto cruel, inhumano o degradante, en tanto la propia Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, en su artículo 1.1, última parte, indica que no se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o
que sean inherentes o incidentales a éstas.
En cuanto a los agravios referidos a la incompatibilidad entre la imposición de prisión perpetua y las directivas de la Convención sobre los Derechos del Niño, indicó que
"el régimen vigente en la República Argentina atiende a los
aludidos principios de aplicación de la pena privativa de
libertad como último recurso y del interés superior del niño,
pues el Estado ha abdicado de perseguir penalmente a los menores de dieciséis años y lo hace de modo limitado entre esa
edad y los dieciocho años. A la vez, se ha privilegiado el
tratamiento tutelar en todos los casos y ningún menor puede
ser penado antes de cumplir dieciocho años, lo que va más allá
del marco de aquella convención, bajo cuyo régimen podría
penarse incluso antes de esa edad" (fs. 111/111 vta.).
Afirmó, asimismo, que resultaba incorrecto pretender
que la reducción facultativa de la pena conforme la escala
prevista para la tentativa se haya convertido en obligatoria a
resultando de especial relevancia el artículo 37 "a" de la
misma, en cuanto señala que "no se impondrá la pena capital ni
la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por
delitos cometidos por menores de dieciocho años de edad",
regla que, en opinión del señor Procurador Fiscal, resulta
clara en cuanto a que lo único prohibido es la pena de muerte
y la prisión perpetua sin posibilidad de liberación.
En relación con esto último, afirmó, además, que no
debía interpretarse el concepto "excarcelación" en los términos de la legislación argentina (pues lo cierto era que un
condenado por sentencia firme no puede ser "excarcelado"),
sino atendiendo al sentido corriente que debe atribuírsele en
los términos del tratado y conforme las pautas fijadas en la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. A su vez,
hizo referencia a las versiones en inglés y francés de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que indican que lo que
se exige es la posibilidad de liberación o salida, más allá
del instituto por el que, en definitiva, pueda llegar a
efectivizarse (así, el Procurador hace referencia a las expresiones "without possibility of release" y "sans possibilité
de libération", contenidas, respectivamente, en las referidas
versiones de la Convención). Conforme tal orden de ideas,
afirmó que tanto la libertad condicional como la Ley N° 24.660
de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad garantizaban, en
principio, tal posibilidad de salida anticipada.
En lo atinente al agravio vinculado al principio de
inocencia, sostuvo que el tribunal oral también había tenido
en cuenta el nuevo proceso seguido contra Maldonado para justificar el fracaso del régimen tutelar y la imposición de la
pena de catorce años de prisión, y esa decisión había sido
consentida por la defensa.
Finalmente, el señor Procurador Fiscal expuso sintéticamente sus conclusiones: "a) la pena de prisión perpetua
a menores no constituye una tortura ni un trato cruel, inhumano o degradante; b) esa sanción no se opone al texto de la
Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de
su vigencia; c) la libertad anticipada que regula el artículo
13 del Código Penal cumple con el requisito de >posibilidad de
excarcelación' que exige el artículo 37, inciso >a', de la
citada convención; d) el régimen penal de menores establecido
por la ley 22.278, también se ajusta a los criterios de ese
instrumento internacional; e) la reducción de la pena que
autoriza el art. 4° de esa ley, continúa siendo una facultad
conferida a los jueces de la causa" (fs. 118/118 vta.).
11) Adentrándonos en la presentación directa traída
a estudio de esta Corte, y en lo atinente a su admisibilidad
formal, corresponde afirmar, de modo coincidente con el señor
Procurador Fiscal, que existe en el caso cuestión federal toda
vez que la defensa ha impugnado la imposición de prisión
perpetua a su asistido, con base en normas de rango constitucional contenidas en diversos instrumentos internacionales
(especialmente, en la Convención sobre los Derechos del Niño),
y la decisión ha sido contraria al interés de la recurrente
(art. 14, inc. 3°, de la ley N° 48).
12) En lo que sigue, aún a riesgo de incurrir en
algunas reiteraciones, examinaré las posiciones asumidas por
las partes en función de su relevancia para el punto constitucional que se debate en esta causa. Ello permitirá circunscribir con precisión el alcance de la decisión que propondré.
13) El art. 4° de la ley 22.278 (Régimen penal de la
minoridad) establece que cuando un "menor punible" ha sido
declarado responsable por la comisión de un delito, corresponde someterlo, por un período no inferior a un año, a un
tratamiento tutelar. Una vez cumplido este último y siempre
que hubiese superado los dieciocho años, el tribunal determinará si es "necesario aplicarle una sanción", en cuyo caso
podrá "reducirla en la forma prevista para la tentativa".
Como se ha reseñado (Considerando 2°, supra), la
defensa manifestó su opinión favorable a la imposición de
pena, pues Maldonado no se había mostrado apto para su reinserción social, pero con una reducción de la sanción en los
términos del art. 4° de la ley 22.278, en atención a los progresos que el nombrado sí había tenido en su vida "dentro de
un ámbito institucional". Por su lado, el fiscal coincidió con
reducción alguna, pues entendió que el "perdón de pena", o la
escala de la tentativa son beneficios que la ley otorga en
favor de aquellos menores responsables de delitos que han
demostrado "verdadero arrepentimiento y el verdadero progreso
en el tratamiento tutelar". Por ende, al no merecer Maldonado
ningún beneficio, concluyó que correspondía aplicarle prisión
perpetua con que el art. 80.7 del Código Penal castiga el
delito de homicidio calificado criminis causae.
Hasta aquí, la divergencia entre las partes consistía en los méritos de Maldonado para acceder a una pena más
leve que el máximo: la defensa aceptaba que los tenía, el
Sin embargo, en una intervención posterior (Considerando 2°, último párrafo, supra), la defensa salió de este
esquema y directamente planteó que Maldonado tenía un derecho,
constitucionalmente garantizado, a ser penado conforme a la
pena más leve que surge del art. 4° de la ley 22.278, es decir,
la que remite al mínimo de la escala aplicable para la
tentativa. Dicho de otro modo, para la defensa, había razones
constitucionales que hacían imperativa la aplicación del mínimo legal.
aplicar una pena y no otorgar una absolución (a la que denominó el primero de los beneficios que otorga la ley 22.278).
Sin embargo, se apartó de la prisión perpetua solicitada por
el fiscal y utilizó la escala de diez a quince años de prisión, prevista en el art. 44, tercer párrafo del Código Penal
para el delito tentado (posibilidad a la que llamó el segundo
de los beneficios posibles, según el art. 4° de la ley 22.278).
Como se desprende de la reseña anterior (Considerando 3°), el
Tribunal Oral no se consideró obligado a imponer prisión
titucionalmente limitado a aplicar el mínimo posible. De todas
maneras, la sentencia del Tribunal Oral se mantiene dentro del
esquema según el cual la escala penal alternativa a la prisión
perpetua funciona como un beneficio cuya procedencia en este
caso ha sido demostrada por la defensa de Maldonado, sobre la
base de su meritorio comportamiento dentro del instituto de
Si bien la sentencia se había apartado de sendas
posiciones extremas sostenidas por las partes, sólo fue recurrida por el fiscal. Como fundamento de la impugnación, éste
atribuyó al Tribunal Oral el ejercicio de una discrecionalidad
con la que no contaba, pues, al haber admitido el fracaso del
tratamiento tutelar, se encontraba obligado a imponer la pena
prevista para el delito consumado, sin aplicar reducción
Ante la Cámara de Casación el debate entre las partes ya no consistió sólo en los diferentes merecimientos de
Maldonado, sino que tanto la acusación como la defensa reprodujeron sus posiciones. La defensa, si bien respaldó la sentencia del Tribunal Oral, insistió en que la imposición de
perpetua viola la Convención sobre los Derechos del Niño. El
fiscal, por su lado, encontró contradictoria la sentencia (si
el tratamiento había fracasado, no podía computarse como atenuante el progreso dentro del instituto) y carente de razón
suficiente (el único fundamento restante, la minoría de edad
al momento del hecho, no impide por sí solo, imponer prisión
La Cámara de Casación aceptó la posición del fiscal
y sus argumentos. Expresó que la elección de la escala penal
más leve se fundó en dos aspectos, a saber, la menor edad de
Maldonado al momento de los hechos y el buen comportamiento en
el Instituto Agote, así como las actividades positivas que
llevó a cabo estando allí. Vale la pena reiterar las expresiones ya reseñadas y que utilizara la Cámara de Casación para
hacerse cargo de ambos argumentos. Dijo:
"El primero de tales fundamentos carece de relevancia para discernir la disminución de pena pues no es sino uno
de los requisitos para la reducción, beneficio que no está
previsto para los mayores. No es por tanto una razón suficiente que apuntale lo decidido".
Es decir, que, como la minoría de edad de Maldonado
es una condición necesaria pero no suficiente para determinar
la aplicación de la escala atenuada, carece de relevancia para
justificar esta decisión. Si el término "relevancia" ha sido
utilizado con su significado lexicográfico, el razonamiento
interesa ahora resaltar es que la Cámara de Casación despejó
el campo en que se movería su decisión sobre la pena a aplicar
restando relevancia a la minoría de edad de Maldonado al
cometer los hechos.
En cuanto al segundo fundamento, el buen comportamiento de Maldonado dentro del instituto, la Cámara de Casación expresó que "se muestra contradictorio con el sentido de
lo resuelto. En efecto, esa buena conducta intra muros debió
ser tomada en cuenta si es que el tratamiento tuitivo prodigado al menor hubiese demostrado un progreso en su resocialización o un propósito de enmienda que morigerara la evidente
peligrosidad demostrada por Maldonado al cometer el hecho por
el que fue responsabilizado penalmente. Sin embargo Bcomo el
propio tribunal de la instancia anterior lo reconoció- ese
tratamiento fracasó en lo que es su propósito primordial, pues
no bien el menor ganó la confianza de las autoridades, a tal
punto que le concedieron egresos periódicos, defraudó aquélla
y se involucró en nuevos y violentísimos hechos delictivos que
han motivado una grave acusación en su contra por la que se
sustancia el correspondiente juicio".
Acto seguido, la Cámara de Casación concluyó que la
aplicación de la escala más leve no se derivaba "racionalmente
de las circunstancias fácticas comprobadas en el legajo."
Luego, introdujo una descripción de la violencia puesta de
manifiesto por Maldonado al cometer el hecho de la causa y
otros posteriores, para concluir que correspondía imponer
14) Para la Cámara de Casación, entonces, la utilización de la escala penal de la tentativa está condicionada a
que quien la propugna ofrezca una razón suficiente y la menor
edad del autor no lo sería. En ausencia de esta razón suficiente, los tribunales se verían obligados a aplicar la pena
Por el contrario, es mi opinión que una interpretación y aplicación leal de la Convención sobre los Derechos del
Niño conduce a una regla interpretativa exactamente inversa:
es la aplicación de la pena máxima lo que exige a quien la
propone una razón suficiente y el dato que justifica la
asignación de esa carga es, precisamente, la minoría de edad
del autor al momento del hecho. El incumplimiento de la carga,
determina la obligación para el tribunal de aplicar una pena
La posición asumida por la Cámara de Casación, supone que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado la referida Convención, la aplicación de alternativas penales más leves a la pena perpetua a quien contaba menos
excepcional o premio por la buena conducta posterior, cuya
procedencia debe demostrarse por quien la pretende.
Como lo he adelantado, este método se aparta del
procedimiento que, de acuerdo con la Constitución, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, debe seguirse
para discernir una pena de prisión perpetua a una persona por
hechos cometidos en su minoría de edad. De todas maneras, ello
es así con los alcances que desarrollaré a continuación.
15) Debo señalar preliminarmente que más allá de los
propósitos que inspiran la posición sostenida por la defensa
en su recurso extraordinario, las normas constitucionales que
la parte invoca para sustentar su posición no permiten llegar
inconstitucional la aplicación de prisión perpetua a una persona por la comisión de un homicidio calificado cuando contaba
En efecto, ni el art. 37, incs. "a" y "b" de la
Convención sobre los Derechos del Niño, ni las demás reglas
convencionales con rango constitucional invocadas por la defensa permiten atribuir a la voluntad del constituyente el
sentido de prohibir lisa y llanamente la aplicación de la pena
a tales personas, siempre y cuando puedan contar con la
posibilidad de obtener una libertad anticipada -"excarcelación", en los términos del art. 37.a de la Convención sobre
16) En lo atinente al art. 37 "a" de la Convención
citada, corresponde afirmar que éste otorga el derecho a toda
persona condenada a prisión perpetua por delitos cometidos en
su minoría de edad a requerir que se examine, en la etapa de
ejecución, la conveniencia de continuar la misma modalidad de
cumplimiento o disponerse un régimen de libertad. No es este
derecho, que la Convención sí otorga, el que está en discusión
Maldonado a verse excluido de la pena de prisión perpetua.
17) Respecto del argumento sustentado en el art. 37
"b" de la Convención, debe indicarse que tampoco es inconstitucional la imposición de prisión perpetua porque fuera "posible" una pena menos prolongada. La obligatoriedad de la pena
más leve "posible" fue considerada y descartada como estándar
al discutirse el citado artículo; así fue que, a propuesta de
los observadores de Canadá, se aceptó que las privaciones de
la libertad debían aplicarse por el período más breve "que
Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, Informe del
Grupo de Trabajo acerca de un proyecto de convención sobre los
BPolonia- E/CN.4/1989/48, páginas 101 a 104)
La diferencia es a mi entender sustancial, pues
cuando la ley ofrece alternativas más y menos breves, la determinación de cuál de ellas es la "más breve que proceda"
corresponde a los jueces al momento de aplicarlas, de acuerdo
con la gravedad del hecho. De este modo, aunque una privación
de libertad más leve sea de hecho "posible", puede no ser
"procedente", es decir, conforme a derecho.
Esta interpretación me parece que es la más leal al
texto que finalmente se acordó. Además, una lectura diferente,
como la postulada por la Defensora, implicaría que el texto se
anulase a sí mismo: si siempre fuese obligatorio poner la pena
más baja prevista en la escala penal, la escala misma perdería
sentido y las penas previstas para los menores deberían ser
siempre fijas o únicas; si fuese así, no tendría sentido una
regla que obligue a aplicar la pena más breve.
18) Por lo tanto, el régimen establecido en la ley
22.278 no es inconstitucional por el hecho de admitir la posibilidad de que una persona sea condenada a prisión perpetua
por un homicidio calificado cometido cuando tenía dieciséis
años y ello tampoco resulta, por sí solo, contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño.
19) Ahora bien, la Convención sobre la cual la defensa ha fundado el derecho de su asistido a no ser penado con
prisión perpetua contiene no sólo directivas para la actividad
legislativa de los Estados partes, sino también otras que
están destinadas a los órganos encargados de aplicar la ley,
en particular, a los jueces.
La Convención ordena utilizar procedimientos espe-
cíficos para adoptar resoluciones que puedan afectar el interés de las personas que entraron en conflicto con la ley penal
cuando eran menores de dieciocho años (artículo 40.3). Dicha
regla tiene por fin evitar el daño que pueda ocasionarse a
tales personas por la utilización automática de procedimientos
que están diseñados para las adultas y que, por ende, no toman
en cuenta las necesidades y características que el grupo
protegido por la Convención no comparte con ellas.
Además, las medidas que se adopten, incluso las
pensadas para el bienestar de los niños o niñas que han sido
encontradas culpables de delitos, deben guardar proporción con
la infracción (art. 40.4, in fine). En tales condiciones el
derecho interno no sólo debe prever alternativas o escalas que
hagan posible ese juicio de proporcionalidad, sino que cuanto
más se acerque la sanción al máximo legalmente posible, de
mayor peso han de ser las razones, vinculadas con la gravedad
del delito, para justificarla.
Debe tenerse en cuenta que, en un delito como el
presente, el art. 4° de la ley 22.278 prevé, en principio, como
retribución bastante de la culpabilidad del autor menor de
edad una pena que se ubique entre los diez y los quince años
(art. 44, tercer párrafo del Código Penal). A su vez, la
alternativa a esta escala es una pena indivisible o fija:
prisión perpetua. Ello, sumado a lo antes dicho, lleva a que
el punto de partida deba ser la escala más leve, pues lo contrario, partir de que la pena que corresponde como regla es la
prisión perpetua, implicaría que la aplicación del máximo
posible de prisión dentro del derecho penal argentino puede
caberle a una persona protegida por la Convención por defecto,
es decir, por el sólo hecho de que no ha demostrado ser
acreedora al premio o beneficio de una reducción. Esta aplicación por defecto del máximo posible no cumpliría con la
exigencia de evaluar la proporcionalidad de la pena en relación con la infracción cometida por el menor, tal como lo
ordena la cláusula prevista en el artículo 40.4 de la Convención.
Por otro lado, el pasaje del máximo de la escala
Bquince años- a la pena fija Bperpetua- no puede justificarse
sólo en el comportamiento posterior del acusado (p.e. fracaso
del tratamiento tutelar), pues ello implicaría, necesariamente, una sanción sin culpabilidad.
En este contexto, y habida cuenta de la distribución
de las cargas procesales propia de las causas penales, la
aplicación del máximo de la especie de pena de que se trata
(prisión perpetua) supone la demostración, por parte de la
acusación que la pide y del tribunal que la aplica, de que la
acción ilícita estuvo rodeada de características particulares
de tal inusitada gravedad que ninguna de las penas alternativas -previstas para esa misma figura delictiva- serían suficiente retribución de la culpabilidad del agente (en el caso,
por ejemplo, la pena de catorce años impuesta por el Tribunal
20) En síntesis, si bien no puede atribuirse a la
Convención sobre los Derechos del Niño una prohibición absoluta de aplicar la prisión perpetua a personas que, al momento
de perpetrar el delito, eran menores de dieciocho años, sí se
deriva de dicho instrumento internacional con rango constitucional una regla de máxima prudencia y cuidado en la imposición de penas de prisión y, con mayor razón, de la prisión
perpetua, que obliga para ello a descartar fundadamente la
suficiencia de las alternativas más leves.
21) Con ello queda dicho que, cuando se trata de la
pena de prisión perpetua, es la acusación, y, especialmente,
el tribunal que la acoja, quien debe alegar y demostrar la
insuficiencia de la escala de diez a quince años de prisión
(arts. 4° de la ley 22.278 y 44, tercer párrafo del Código
Penal) como respuesta adecuada a la culpabilidad del autor,
para así justificar la necesidad de aplicar la pena perpetua.
Es, por ende inconstitucional, el camino inverso de exigir a
la defensa la demostración del derecho a una "reducción", bajo
método, contrario a los lineamientos constitucionales vigentes, fue, sin embargo, el que, como he puesto de manifiesto,
siguió la Cámara de Casación al revocar la pena de catorce
años impuesta por el Tribunal Oral de Menores e imponer a
Maldonado prisión perpetua.
22) Es tarea de esta Corte velar porque los tribu-65-
nales argentinos cumplan con los estándares a los que está
sometida la tarea judicial de acuerdo con los instrumentos
internacionales aprobados por el país, de modo tal que sus
fallos puedan resistir el desafío de su impugnación ante instancias competentes para fijar la responsabilidad del Estado
argentino (doctrina de Fallos: 318:1269, Considerando 21 y su
Por tal razón, entiendo que esta Corte debe reenviar la
causa a la Cámara de Casación para que dicte un nuevo fallo de
conformidad con lo expuesto en este voto. Notifíquese. CARMEN
Recurso de hecho interpuesto por el defensor público oficial ante la Cámara Nacional de Casación Penal Dr. Mario H. Landaburu a cargo de la defensa de Daniel
Tribunal de origen: Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I
Tribunales que intervinieron con anterioridad: Tribunal Oral de Menores N° 2
Materiales 3er control de lectura - U
PENA DE MUERTE, SUSTITUCION DE LA (LEGISLACION DE
SUSTITUCION DE LA PENA DE PRISION POR TRATAMIENTO EN
PENA DE PRISION. BENEFICIO EN FAVOR DEL PROCESADO
como un intento de ampliar las posibilidades de la participación en
Nov. Nac. Ley 27079