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Timestamp: 2019-08-23 05:11:01
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Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 768', 'artículo 768', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 768', 'artículo 769', 'artículo 9', 'artículo 2315', 'artículo 2317', 'artículo 964', 'artículo 83', 'artículo 1025', 'artículo 1025', 'artículo 63', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 1025', 'artículo 768', 'artículo 964', 'artículo 1025']

﻿ SENTENCIA C-544 DE DICIEMBRE 1 DE 1994
SENTENCIA C-544 DE 01 DE DICIEMBRE DE 1994
CONTENIDO:PRESUNCIÓN DE BUENA FE, EXEQUIBLES UNAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA BUENA FE, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, CÓDIGO CIVIL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:278 DE FEBRERO DE 1995, PÁG.153
Sentencia C-544 de diciembre 1º de 1994
EXEQUIBLES UNAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL
EXTRACTOS: «El siguiente es el texto de las normas acusadas (del Código Civil), se subraya lo demandado.
“ART. 768.—La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio.
Pero el error en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario.
ART. 964.—El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos, sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder.
Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían o hubieran tenido al tiempo de la percepción; se considerarán como no existentes los que se hayan deteriorado en su poder.
El poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda; en cuanto a los percibidos después, estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores.
ART. 1025.—Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios: (...).
5. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación”.
2. Análisis del artículo 83 de la Constitución.
Dispone el artículo 83 de la Constitución:
“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas”.
La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. En general, los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. Además, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta contraria al orden jurídico y sancionada por este. En consecuencia, es una regla general que la buena fe se presume: de una parte es la manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben comprobarse. Y es una falta el quebrantar la buena fe.
Teniendo en cuenta lo anterior, a primera vista, el artículo transcrito parecería inútil. ¿Por qué se incluyó en la Constitución? La explicación es sencilla: se quiso proteger al particular de los obstáculos y trabas que las autoridades públicas, y los particulares que ejercen funciones públicas, ponen frente a él, como si se presumiera su mala fe, y no su buena fe. En la exposición de motivos de la norma originalmente propuesta, se escribió:
“La buena fe, como principio general que es, no requiere consagración normativa, pero se hace aquí explícita su presunción respecto de los particulares en razón de la situación de inferioridad en que ellos se encuentran frente a las autoridades públicas y como mandato para éstas en el sentido de mirar al administrado primeramente como el destinatario de una actividad de servicio. Este mandato, que por evidente parecería innecesario, estaría orientado a combatir ese mundo absurdo de la burocracia, en el cual se invierten los principios y en el cual, para poner un ejemplo, no basta con la presencia física del interesado para recibir una pensión, sino que es necesario un certificado de autoridad que acredite su supervivencia, el cual, en ocasiones, tiene mayor valor que la presentación personal” (Gaceta Constitucional Nº 19. Ponentes: Dr. Álvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero, pág. 3).
Claro resulta por qué la norma tiene dos partes: la primera, la consagración de la obligación de actuar de buena fe, obligación que se predica por igual de los particulares y de las autoridades públicas. La segunda, la reiteración de la presunción de la buena fe de los particulares en todas las gestiones que adelanten ante las autoridades públicas.
Es, pues, una norma que establece el marco dentro del cual deben cumplirse las relaciones de los particulares con las autoridades públicas. Naturalmente, es discutible si el hecho de consagrar en la Constitución la regla de la buena fe, contribuya a darle una vigencia mayor en la vida de relación, o disminuya la frecuencia de los comportamientos que la contrarían.
3. Análisis del artículo 768 del Código Civil.
Comienza el artículo 768 por una explicación de qué es la buena fe en lo que tiene que ver con la posesión: “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio”.
Y el inciso segundo, al referirse a los títulos traslaticios de dominio, precisa que en éstos “la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato”. Es decir, la buena fe se basa, en este caso, en el convencimiento de que, en la celebración del acto o contrato, la ley no se violó. Pues se viola la ley cuando se comete fraude, o cuando existen vicios en el contrato, ya afecten éstos el consentimiento de uno de los contratantes, o las formas propias del negocio jurídico.
Lo dicho explica por qué el inciso final establece el error en materia de derecho, y más exactamente el invocarlo, como una “presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario”. Veamos.
¿En qué consiste la alegación del error de derecho? En general, en invocar la ignorancia de la ley como excusa para su incumplimiento. El error de derecho, en consecuencia, tiene una relación directa con una de las bases del orden jurídico, plasmada en el artículo 9º del Código Civil: “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa”. La vigencia del orden jurídico implica la exigencia de que nadie eluda el cumplimiento de la ley so pretexto de ignorarla. Con razón escribió G. del Vecchio: “El ordenamiento jurídico no podría fundarse sobre una base tan precaria cual sería el conocimiento de la ley, cuya demostración se tuviera que aportar de caso singular en caso singular para cada ciudadano” (Filosofía del derecho, tomo I, pág. 256, ed. Uteha, México 1946).
En armonía con el principio consagrado en el Código Civil, el artículo 4º de la Constitución impone a los nacionales y extranjeros residentes en Colombia, el deber de “acatar la Constitución y las leyes”.
El error de derecho recae sobre la existencia, contenido y alcance de las normas jurídicas. La ley puede, en ciertos casos, darle relevancia jurídica. En todo caso, sin embargo, salvo que la ley disponga lo contrario, ésta se aplica con prescindencia del conocimiento que sobre la misma tengan sus destinatarios.
En síntesis: alegar el error de derecho, equivale a invocar como excusa la ignorancia de la ley. Y en el caso concreto de la persuasión que prevé el artículo 768, aceptar que ella puede basarse en la afirmación de la ignorancia de la ley.
Por el contrario, el “justo error en materia de hecho”, que no se opone a la buena fe, es el error excusable.
En lo relativo a la posesión, la ley consagra el principio general que consiste en no admitir, por razones de seguridad jurídica y en virtud de la coacción inherente a la norma jurídica, la invocación del error de derecho.
Cuando no es posible alegar el error de derecho, no cabe invertir ni modificar las consecuencias jurídicas que se derivan de esa prohibición, alegando la buena fe, pues se entiende que la persona tiene el deber y la carga inexcusables de conocer la ley.
En conclusión: al prohibir invocar el error de derecho, es decir, la ignorancia de la ley, como el elemento de la buena fe, la norma demandada se limita a afirmar uno de los supuestos del orden jurídico: que la ley es conocida por todos y rige para todos. En consecuencia, en nada contraría la Constitución, y así lo declarará la Corte.
La norma demandada, interpretada a la luz de la Constitución, y despojada del efecto estigmatizante de la mala fe, significa que el legislador, simplemente, ha querido reiterar, en esta materia, la negativa general a admitir el error de derecho. La alusión a la mala fe es un recurso técnico para ratificar el anotado principio y, en este sentido, no puede ser inconstitucional.
Es bueno advertir que la presunción de mala fe consagrada en esta norma no tiene una connotación denigrante ni implica un juicio de carácter psicológico. Apenas significa, en relación con la posesión, que “la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio”, no puede basarse en un error de derecho, es decir, en alegar la ignorancia de la ley. Dicho en otras palabras, la buena fe no puede partir del desconocimiento de la ley.
De otra parte, conviene dejar en claro lo siguiente:
a) La regla general es la presunción de la buena fe, según el artículo 769 del Código Civil:
“La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros casos, la mala fe deberá probarse”.
b) La ley no permite invocar el error de derecho como excusa, como consecuencia del principio consagrado en el artículo 9º del Código Civil.
c) Pero, excepcionalmente puede alegarse el error de derecho, como ocurre en el pago de lo no debido, según el artículo 2315; y en el caso del que “da lo que no debe”, previsto por el artículo 2317.
4. Razón de ser de la obligación de devolver los frutos percibidos, y que habrían podido percibirse, después de la contestación de la demanda, impuesta al poseedor de buena fe vencido, por el inciso tercero del artículo 964 del Código Civil.
Al decir del demandante, al imponer al poseedor de buena fe, cuando es vencido, la obligación de restituir los frutos percibidos, y que habrían podido percibirse, después de la contestación de la demanda, la norma establece una presunción de mala fe, incompatible con el artículo 83 de la Constitución. Esta es una apreciación errónea, pues, como se verá, la razón de ser de la norma es otra.
Hay que comenzar por señalar que mientras no se ha notificado al poseedor de buena fe el auto admisorio de la demanda, la ley, con razón, reconoce la legitimidad de su situación. El no intentar la reivindicación, justifica el que el dueño no adquiera los frutos, frutos que sigue haciendo suyos el poseedor de buena fe a quien no se ha notificado el auto admisorio de la demanda.
¿Qué ocurre cuando se notifica el auto admisorio, es decir, cuando se traba la litis? En este momento no desaparece la buena fe del poseedor, necesariamente. Esa buena fe puede subsistir, porque él tenga motivos fundados para seguir creyendo, por ejemplo, que recibió la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y que no hubo fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Por esto, no es acertado sostener que la ley presume que en ese momento deviene poseedor de mala fe. La realidad es otra.
En virtud del efecto declarativo que tiene la sentencia que decreta la reivindicación, sus efectos se retrotraen al día de la notificación de su auto admisorio. El dueño que presentó la demanda no tiene por qué sufrir las demoras de la administración de justicia: por eso, los efectos de la sentencia que reconoce la existencia de su derecho se causan a partir de la notificación del auto admisorio. Al respecto anota Josserand:
“Respecto a los frutos, es preciso distinguir entre el poseedor de buena fe y el poseedor de mala fe: este no los adquiere, debe restituirlos íntegramente, retrospectivamente. Por el contrario, el poseedor de buena fe los conserva, porque los ha hecho suyos, al menos hasta el día de la demanda de reivindicación: como consecuencia de esto, se encuentra obligado a restitución, no por razón de que por el solo hecho de la demanda, dirigida contra él se haya constituido fatalmente en poseedor de mala fe (puede creer en la justicia de su causa), sino porque se quiere poner al propietario triunfante en la situación en que se encontraría si hubiera obtenido el triunfo desde el primer momento, ya que la lentitud de la justicia no debe perjudicarle” (Derecho civil, tomo I, vol. III, pág. 64, ed. EJEA, Buenos Aires, 1952).
Como se ve, el argumento en que se funda la demanda no es acertado. En consecuencia, la disposición demandada será declarada exequible.
5. Examen del cargo contra el ordinal 5º del artículo 1025 del Código Civil.
El cargo contra la presunción simplemente legal que se establece en la parte final del ordinal 5º, del artículo 1025, se rebate fácilmente si se tiene en cuenta que la ley se ha limitado a consagrar una presunción que admite prueba en contrario. Es claro que el solo hecho de detener u ocultar un testamento indica el propósito de violar la ley, al desconocer la voluntad de su autor. Pero, queda al responsable del hecho la posibilidad de demostrar que no procedió dolosamente, sino impulsado por motivos lícitos.
De otra parte, no es exacto afirmar que el dolo “es equivalente a la mala fe”.
El dolo, según la definición del último inciso del artículo 63 del Código Civil, “consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. La mala fe “es el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasidelictuoso de su acto, o de los vicios de su título” (Vocabulario jurídico, Henri Capitant, ed. Depalma, Buenos Aires, 1975, pág. 361).
Por todo lo anterior, la Corte declarará exequible la disposición demandada, que no quebranta norma alguna de la Constitución.
Conviene, finalmente, advertir que no es correcta la afirmación del señor Procurador General de la Nación, al sostener que la norma fue derogada por el artículo 59 del Decreto Ley 960 de 1970. Ello, por estas razones:
a) El artículo 59 se refiere exclusivamente a los testamentos cerrados. Y no a todos: solamente a los otorgados a partir de la vigencia de la misma norma;
b) En consecuencia, es evidente que, en la práctica, pueden ocultarse o detenerse todas las especies de testamento: no sólo el nuncupativo o el cerrado, sino el verbal, el militar y el marítimo.
Es, pues, equivocado sostener que esta parte de artículo 1025 no está vigente: sí lo está, y, además, en nada contraría la Constitución, como ya se dijo.
Con base en las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
1. El inciso final del artículo 768, que dice: “Pero el error en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario”;
2. Del inciso tercero del artículo 964, la parte que dice: “ ... en cuanto a los percibidos después, estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores”;
3. Del ordinal 5º, del artículo 1025, la frase final que dice: “... presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación”.
Notifíquese, publíquese, cópiese, comuníquese, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».
(Sentencia C-544 de diciembre 1º de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).