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Timestamp: 2020-01-23 21:38:50
Document Index: 229152037

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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 403, de 13/12/2017
cve: DSCD-12-CO-403
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 403
- De la señora directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, MAEC (González-Bueno Catalán de Ocón), en relación con la reforma electoral. (Número de expediente 212/001074) ... (Página2)
- Del señor Colomo Fernández, portavoz de la Plataforma por un Voto Igual, en relación con la reforma electoral. (Número de expediente 219/000924) ... (Página13)
- De la señora Almena Carrasco, portavoz del Grupo de Voto del Colectivo Marea Granate, en relación con la reforma electoral. (Número de expediente 219/000925) ... (Página26)
- DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR Y DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, MAEC (GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN), EN RELACIÓN CON LA REFORMA ELECTORAL. (Número de expediente 212/001074).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión Constitucional.
Hay tres comparecencias y, como saben, primero intervendrá el compareciente por el tiempo que considere oportuno; luego daré cinco minutos a los grupos de mayor a menor, terminando el Grupo Popular, y replicará el compareciente. En primer lugar, está con nosotros doña Victoria González-Bueno Catalán de Ocón, directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a quien damos nuestra más cordial bienvenida.
La señora DIRECTORA GENERAL DE ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR Y DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, MAEC (González-Bueno Catalán de Ocón): Muchas gracias, señor presidente de la Comisión Constitucional y señoras y señores miembros de la Comisión y subcomisión para la Reforma Electoral. Agradezco sinceramente la oportunidad de comparecer ante sus señorías y compartir experiencias y reflexiones referidas al voto exterior.
De acuerdo con la estructura orgánica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, corresponde a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios la coordinación y supervisión de las oficinas consulares, y dentro de las actuaciones de estas oficinas consulares se encuentra la gestión del Registro de Matrícula Consular, la coordinación del CERA, del Censo Electoral de los Residentes Ausentes, y la participación electoral de los españoles en el exterior. Es por eso que me encuentro aquí. Voy a intentar tener una intervención muy práctica, en el sentido de ir viendo las distintas actuaciones que llevamos a cabo desde mi ministerio, principalmente desde las oficinas consulares, qué se hace, dónde encontramos los mayores problemas y cómo intentamos lidiar con ellos.
El proceso comienza en el momento en que se produce la convocatoria electoral, y ese mismo día, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores enviamos ya unas instrucciones bastante precisas a las oficinas consulares. En ellas, como se pueden imaginar, aparece desde la convocatoria, el recordatorio de la legislación electoral, etcétera, instrucciones ya generales sobre el tipo de voto, toda esta información, pero sobre todo, al ser la primera vez que se informa a las oficinas consulares lo que hay es una solicitud de dar la máxima difusión posible a la convocatoria. Esta acción de inmediata difusión de las oficinas consulares se acompaña de una labor similar desde los servicios centrales del ministerio, que incluye la publicación de preguntas frecuentas, una infografía, acceso a los formularios necesarios para solicitar el voto, etcétera. También, en estas últimas elecciones, las autonómicas catalanas, a las que me referiré en alguna ocasión por ser las más fáciles para que sea práctico y poder poner ejemplos, en esta ocasión, por ejemplo, toda esta información se difundió desde el ministerio no solo en castellano sino también en la otra lengua oficial, el catalán, y la intención es que así se haga siempre a partir de ahora. Esta difusión nosotros somos muy conscientes de que es muy importante y necesaria, sobre todo cuando se trata de unas elecciones anticipadas, puesto que si pueden coger por sorpresa a los españoles que residimos en España, con mucho más motivo a los que residen en el exterior. Por eso, el mismo sábado -estoy con el ejemplo de las catalanas- en que se publicaba en el BOE la convocatoria, desde el ministerio enviamos esas instrucciones que ya señalé y pusimos en marcha toda la maquinaria de información.
Existe la reivindicación desde alguna instancia de que haya una mayor labor de información por parte de mi ministerio y de las oficinas consulares, por ejemplo mediante un contacto directo con los electores CERA. Cada oficina consular debería -se apunta- ponerse en contacto directo, por ejemplo, a través de correos electrónicos o móviles con sus electores para explicar el proceso y dar toda la información necesaria. Al respecto cabe señalar que el actual Real Decreto 3425/2000, de 15 de diciembre, que regula el Registro de Matrícula Consular, debería ser modificado, puesto que ahora mismo no se exige como dato a aportar por parte del español que se inscribe en el Registro de Matrícula Consular, la
dirección de correo electrónico ni el móvil. Es por ello que ahora mismo las oficinas consulares no cuentan con la dirección de correo electrónico ni el móvil de todos los españoles que están inscritos en su circunscripción, sino solamente la de aquellos españoles que voluntariamente lo han aportado; en algunos casos no lo aportan sencillamente porque no lo desean, en otros porque no lo tienen, que efectivamente se produce aún, aunque es cierto que cada vez más frecuentemente las oficinas consulares se dirigen mediante correo electrónico a los electores para informarles de las cuestiones sobre la información electoral; no es algo que impongamos desde los servicios centrales en Madrid, puesto que, como digo, trabajan con listas que son incompletas y en gran medida desactualizadas, y también porque el sistema informático que actualmente gestiona el Registro de Matrícula Consular no prevé estos envíos masivos ni de correos electrónicos ni de SMS, con lo cual hay que hacerlo, digamos, de forma manual y ello puede dar lugar a errores. Cabe plantearse, por otra parte, si no sería más conveniente, en caso de que efectivamente se concluya que conviene ese envío de información a través de correos electrónicos, que se hiciera centralmente desde España, es decir, que lo que se modifique sean los datos obligatorios de inscripción en el PERE, en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero. De esa forma, la información general se podría enviar de forma unificada a todos los españoles que residen en el exterior y solamente desde las oficinas consulares se enviaría a los correos electrónicos de los inscritos en ese Registro de Matrícula Consular aquellos datos que fueran específicos de esa oficina consular, como pueden ser horarios de apertura o circunstancias que pudieran afectar a los españoles, como huelga de transporte público, ese tipo de cuestiones.
Si volvemos al inicio del proceso electoral para la Administración exterior, como ustedes bien saben, el artículo 75 de la Loreg establece que los españoles deben solicitar el voto mediante un impreso oficial. Se trata del denominado voto rogado sobre el cual haré unas reflexiones más adelante; sin embargo, ahora mismo lo que me interesa destacar es que el artículo 75 establece que las oficinas consulares deben de tener disponible ese formulario desde el mismo día siguiente a la convocatoria de las elecciones. Por eso, volviendo al ejemplo de las elecciones catalanas -esta obligación es tomada muy seriamente, como no podía ser de otra manera, en las oficinas consulares-, abrieron en esta ocasión el domingo; la convocatoria había sido el sábado y en las oficinas consulares se quería tener ya el impreso para cualquier español que lo solicitara desde el día siguiente, como establece el artículo 75; por tanto, desde el domingo 29 de octubre se podía recoger el formulario, aparte de empezar ya con esa importante difusión de todo lo que era el proceso electoral desde las oficinas consulares. Aquí es cuando nos encontramos en realidad con la primera dificultad para algunos de nuestros ciudadanos a la hora de votar, pues pueden no estar inscritos en el censo. La inscripción en el censo electoral se realiza a través de la inscripción en el Registro de Matrícula Consular. Esta inscripción es obligatoria para los ciudadanos españoles que residen habitualmente en el extranjero, según el real decreto que ya he mencionado sobre el Registro de Matrícula Consular. Dicha inscripción les permite no solo participar en los procesos electorales sino también renovar documentación y sobre todo es muy útil en casos de emergencia consular, que lamentablemente se producen cada vez más frecuentemente; sin embargo, lo cierto es que un número de españoles no se inscribe en el Registro de Matrícula Consular, es decir, todavía sigue habiendo bastantes españoles que no se inscriben, y ello da lugar a que cuando se produce la convocatoria de elecciones no todos los españoles que residen en el extranjero están inscritos en el CERA. Es una cuestión esta de no inscripción en el Registro de Matrícula Consular que tiene interés y que indudablemente también requiere una reflexión, pero entiendo que no tenemos ahora tiempo para ello. En el caso de los no residentes la inscripción no es obligatoria, es un derecho, se pueden inscribir o no, según quieran; sin embargo, a efectos electorales, para poder votar, también ellos tienen que pasar por una inscripción en el Registro de Matrícula Consular porque esto viene establecido en el Real Decreto 1621 que regula precisamente el procedimiento de votación para los españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero. En definitiva, tanto para residentes como para no residentes, la inscripción en el Registro de Matrícula Consular es obligatoria, es condición primera y necesaria para ejercer su derecho al voto. Por ello, en el ministerio se instruye a las oficinas consulares a ampliar sus horarios de apertura durante este periodo de inscripción previa a la votación.
La inscripción en el registro es un sistema en gran medida presencial; nosotros desde Exteriores estamos intentando facilitar la inscripción en el Registro de Matrícula Consular de forma no presencial. Hay una serie de dificultades en las que tampoco merece la pena entrar ahora, pero se está intentando facilitar. Sin embargo, lo cierto es que para los residentes en el extranjero si quieren inscribirse en el Registro de Matrícula Consular a efectos de votación, es decir, mediante una reclamación censal, tienen
que hacerlo presencialmente, según reiteradas instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. En cuanto a los no residentes, es el propio Real Decreto 1621 que ya he citado, el que establece que la inscripción sea presencial en la oficina consular, con lo cual de nuevo para ambos casos deben ir a las oficinas consulares en persona. Esta obligación sin duda es gravosa, sobre todo para aquellos españoles que no viven cerca de la oficina consular de carrera. Por ponerles un ejemplo a sus señorías, un español que viva en Vancouver, Canadá, deberá recorrer 4000 kilómetros para inscribirse en el Consulado General de Toronto, que es el que le corresponde. Y no les estoy explicando ya un español que viva en la isla de Reunión -y lo hay, aunque parezca imposible-, que tiene volar once horas para presentarse en la oficina consular que le corresponde, que es el Consulado General en París.
Terminada la fase de solicitud del voto, los españoles temporalmente en el extranjero, los votantes ERTA, votan directamente por correo y además ese sobre va dirigido a España, con lo cual la labor de las oficinas consulares y del Ministerio de Asuntos Exteriores finaliza. Sin embargo, en el caso de los residentes, los votantes CERA, el artículo 75 de la Loreg les ofrece la posibilidad de votar bien por correo, que va dirigido a la oficina consular o bien presencialmente en urna en la oficina consular también. En lo que respecta al voto por correo, las embajadas de España han suscritos convenios de franqueo prepagado con los servicios postales de aquellos países, dieciséis en total, donde más ciudadanos españoles residen, con el fin de posibilitar la gratuidad del voto y facilitar los envíos. Son convenios muy importantes puesto que a pesar de ser solamente dieciséis, en esos dieciséis países se encuentra el 75% de los españoles que residen en el extranjero y, por tanto, son negociados por parte de la embajada española con las autoridades postales extranjeras con mucho interés. Sin embargo, es una labor bastante compleja y laboriosa, dependiendo del país, pero en general lo es; incluso en países tan cercanos a nosotros geográfica y culturalmente, como son los europeos, estos convenios dan muchos quebraderos de cabeza; les pongo el ejemplo de Francia, donde después de muchos esfuerzos por parte de nuestra embajada en París, se firmó efectivamente el convenio y, sin embargo, debe ser renovado anualmente. En el caso de Italia no se consiguió ni siquiera firmar un convenio de este tipo, porque el sistema postal no lo permitía, eran tales las dificultades que la embajada en Roma hubo de desistir. Exista o no convenio, la realidad es que se produce de facto una dependencia absoluta de los servicios postales extranjeros, que en algunos casos son ineficientes, y esa es la realidad. Con demasiada frecuencia el elector recibe con retraso la documentación para votar o incluso no la recibe. Y lo mismo se produce con los envíos del voto de los electores a las oficinas consulares, cuando es un voto CERA o a España cuando es un voto ERTA. Es una realidad que conocen bien nuestras oficinas consulares, que deben lidiar con ello una y otra vez. Son muchos los ejemplos de los problemas con los que nos encontramos, pero para que sus señorías se hagan una idea, la realidad es que -repito- hay países donde el correo postal sencillamente no existe; otros donde las huelgas se repiten tan a menudo que con toda probabilidad afectan a nuestros procesos electorales, y otros en los cuales existe una sobrecarga que dificulta los envíos y más si, por ejemplo, se unen a una época, como son las fiestas navideñas donde ya están sobrecargos de trabajo.
Por otra parte, la reforma de 2011 introdujo el voto en urna presencial en los consulados. Indudablemente, se produce así un aumento de seguridad para los votos. Sin embargo, se ha advertido en el exterior que la presencia de urnas en los consulados ha motivado también la confusión de no pocos electores, que se ven bajo la impresión de que la oficina consular es un colegio electoral al tipo del que hay en España, cuando en realidad lo que se introduce en la urna ni siquiera es la papeleta directamente, sino unos sobres dirigidos a las juntas electorales que, si acaso, contienen las papeletas. No es un problema mayor, pero sí me ha parecido que merecía la pena comentárselo, primero por eso que digo, hay una parte de los ciudadanos españoles que caen en este error, que eso es igual que votar en una urna en una mesa electoral, y luego otros que son más conscientes de la realidad, que se sienten frustrados por esta situación. Además, y en relación con esta misma cuestión del voto en urna, el artículo 75 de la Loreg prescribe que éste se producirá durante tres días. De nuevo una disposición simple y un plazo muy razonable cuando se está aquí en España, que sin embargo puede complicarse mucho en el exterior, ello a pesar de cualquier esfuerzo adicional de la oficina consular, por ejemplo, con horarios ampliados para votar durante esos tres días. Piénsese en el caso de los días de voto que coincidan en algún país con fiestas nacionales, lo cual puede dar lugar a que no funcione el transporte público; eso puede ser un problema suficientemente importante como para limitar el voto de nuestros connacionales en ese país. Ello ha afectado a un proceso electoral español no lejano, donde, por ejemplo, coincidió con la fiesta del cordero en varios países musulmanes.
Terminado el depósito de voto en urna, los votos deben ser enviados físicamente a España para ser escrutados. El procedimiento usado desde las pasadas elecciones autonómicas vascas y gallegas es preferentemente el envío a través de mensajería urgente, dado que es el sistema que se ha demostrado como el más rápido y el más eficiente, y aun así en algunos casos ha de recurrirse a métodos alternativos, incluso imaginativos, que intentamos evitar al máximo posible y sin embargo a veces son necesarios, como puede ser el envío a través de una valija llevada por un trabajador del consulado. Dado que el transporte de la documentación se realiza por agentes externos, aerolíneas en su mayoría, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pierde el control sobre los votos, resultando, consecuentemente, imposible garantizar que los votos llegan a tiempo para ser escrutados, algo que la Junta Electoral Central conoce bien puesto que se le viene informando en cada ocasión que se produce. El ministerio puede responsabilizarse de intentar contratar el transporte más adecuado, teniendo en cuenta los plazos obligados, pero ello será dentro de la oferta existente y difícilmente además se podrá garantizar que no haya algún problema, por ejemplo vuelos retrasados o suspendidos. A ello se unen cuestiones, y no son de laboratorio sino realidades con las que tenemos que lidiar en el ministerio, como huelgas de pilotos y controladores aéreos, que han afectado a votos, o situaciones como periodos navideños anteriores también donde los comandantes de aeronave han dejado los votos en tierra porque han priorizado embarcar las maletas sobre la carga aérea.
La dificultad de los plazos es una realidad a la que el ministerio hace frente especialmente con motivo de las extensiones de plazo, que la Junta Electoral Central viene autorizando desde 2015 y que ustedes sabrán ya que se han vuelto a autorizar para estas últimas elecciones. La Junta Electoral Central ha adoptado ayer un acuerdo de ampliación del plazo de depósito en urna de dos días, es decir, en vez de votarse en urna tres días seguidos en las oficinas consulares, se puede votar durante cinco. Se comprende esta decisión puesto que ello da la posibilidad a más españoles de recibir esta documentación electoral en sus domicilios y, por tanto, ir al consulado a votar en plazo. Sin embargo, el problema que ya les he explicado de luego remitir todos esos votos a España se complica y se duplica, por decirlo de alguna manera. Es por ello que si de verdad se quiere favorecer el voto del español en el exterior, y mientras los votos se sigan enviando físicamente, parece absolutamente necesario reflexionar sobre la introducción de un plazo de escrutinio general más alejado del día de las elecciones, como ocurre con algunas legislaciones electorales autonómicas o que la Junta Electoral Central también se plantee, igual que se plantea añadir dos días más al voto en urna, retrasar el escrutinio general. Ello permitiría que un mayor número de votos del elector exterior llegue a tiempo, entre ellos los que desde mi ministerio, la Oficialía Mayor, son entregados a Correos, que los hace llegar a su destinatario final, las juntas electorales correspondientes. Aquí es donde finaliza la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Llegados a este punto quiero hacer unas observaciones con respecto a algunas de las soluciones sobre las que se está reflexionando, contenidas algunas en el informe de la Junta Central Electoral de noviembre de 2016 y otras que han sido propuestas por distintas personas, incluido también un borrador de real decreto del Ministerio del Interior. En primer lugar, y en cuanto a la discusión referida a la derogación o no del voto rogado, me parece que es una cuestión que corresponde a sus señorías. Sí puedo señalar, sin embargo, que en mayo de este mismo año, en preparación de la comparecencia del subsecretario del ministerio al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, remitimos desde la dirección general un telegrama circular a todas las oficinas consulares solicitando que informaran sobre las cuestiones que más preocupaban a los consejos de residentes españoles, para preparar y poder responder el subsecretario a estas cuestiones. Pudimos apreciar que había diferentes cuestiones, sin embargo había pocas que se repetían en todas las respuestas de nuestras oficinas consulares, y les puedo informar que una de ellas era el voto rogado. Resulta difícil de valorar hasta qué punto es el voto rogado en sí el que desincentiva al elector a ejercer su derecho, pero no hay duda de que supone una fase más en un procedimiento que ya es visto por nuestros connacionales como una carrera de obstáculos y más frustrante aun, con impredecibles resultados. Qué duda cabe, o por lo menos esa es mi opinión, que no pocos electores residentes en el exterior se sentirían mucho menos frustrados por la introducción en 2011 del voto rogado, de tener la seguridad de que una vez solicitado y hecho el esfuerzo, efectivamente su voto iba a llegar a tiempo a España para ser escrutado. De ahí nuestro temor ante reformas que se limiten a facilitar la solicitud de voto o incluso eliminen el voto rogado pero no escapen del sistema de envíos de documentación electoral por correo. En este sentido, se entiende la reflexión sobre el voto electrónico o la implantación de fases telemáticas en el proceso
de voto; es una opción que salvaría de las principales dificultades, las distancias geográficas y esta dependencia del servicio postal extranjero.
Considero necesario hacer unos apuntes. En primer lugar, la cuestión de la seguridad, sobre la que yo no voy a entrar porque no entiendo, pero también la brecha digital, y ahí sí les puedo confirmar que hay países donde el acceso a Internet aun sigue siendo muy complejo -piénsese en Cuba- y otros en los que hay colectivos de inmigrantes que quizá no tendrían fácil adaptarse a este nuevo procedimiento por su edad avanzada. En Venezuela, el 25% de nuestros connacionales es mayor de sesenta y cinco años, un total de 49 000 españoles. Por otra parte, también quiero apuntar la dificultad de identificación; habría que buscar algún sistema de identificación o de certificación digital, puesto que solamente el 25% de los españoles que residen en el extranjero tienen DNI. Se han propuesto también otras soluciones parciales, y algunas consisten básicamente en lo que aquí me interesa a mí, en encargar tareas adicionales a las oficinas consulares o a los servicios centrales del ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, como la difusión de candidaturas, la gestión de la devolución de los gastos de franqueo, etcétera. No puedo dejar de repetir el interés primordial de mi ministerio por facilitar el voto de los españoles que residen en el exterior, por lo cual, cualquier iniciativa que tenga esto en cuenta y que facilite este voto exterior, nosotros la vamos a apoyar. Sin embargo, no debemos ignorar que las oficinas consulares están al límite de sus capacidades en el ejercicio de sus funciones consulares, funciones, por otro lado, que no se interrumpen durante el proceso electoral. No debemos olvidar que se viene produciendo, además, un aumento sostenido en el número de españoles que viven en el extranjero, y esta creciente colectividad española en el exterior no siempre se ha visto correspondida, en términos generales, por un aumento en la plantilla de las oficinas consulares. Estas oficinas consulares tienen, pues, unas limitaciones tanto en cuanto a recursos humanos como recursos materiales. Y sí, se han cometido en algunas ocasiones errores en el proceso electoral, pero son incidencias y creo que eso lo reconoce todo el mundo y se recoge en el informe de la Junta Electoral Central.
Resulta fundamental -y ahora acabo- no perder de vista que el problema real se encuentra en una serie de disfunciones del propio sistema electoral español. Los plazos impuestos y la dependencia del correo extranjero son los responsables principales de la baja participación política de nuestros connacionales residentes en el exterior, y mientras no se corrijan esos obstáculos de base ha de reconocerse que, lamentablemente, los esfuerzos que realiza mi ministerio -y créanse que se realizan- por superarlos y hacer posible un mayor número de participación de residentes españoles en las elecciones no van a producir resultados patentes. A pesar de ello, les aseguro el firme compromiso de seguir esforzándonos por cumplir, de la mejor manera posible, con los cometidos que la actual legislación nos encomienda al ministerio y a las oficinas.
Muchas gracias por su atención. Quedo a disposición de sus señorías para cualquier pregunta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González-Bueno, ha sido una intervención muy sugerente. Pasamos a la intervención de los diputados.
En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Batet.
Buenas tardes, doña Victoria, bienvenida a la Comisión Constitucional. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le agradecemos su prolija, rápida y llena de contenido intervención. Queríamos hacerle algunas preguntas. Como sabe, de la última modificación de la Loreg, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, una de las cuestiones que nos planteamos como error la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de grupos parlamentarios de esta Cámara, fue la introducción precisamente del voto rogado como uno de los elementos esenciales que perjudicó y que sigue perjudicando a la participación, que es uno de los principales objetivos en las elecciones democráticas que se convocan en España. Me ha parecido entender de su intervención que no le quitaba importancia al hecho de esa petición de voto rogado, pero que, en cambio, lo situaba como una pieza más de una carrera de obstáculos, creo que ha sido su literalidad, su expresión al uso. Si pudiera, me gustaría que nos concretara más si realmente cree que el voto rogado ha dificultado más y ha generado realmente este impedimento o esas mayores dificultades de la participación por parte de los españoles residentes en el extranjero.
Una de las primeras cosas que ha destacado ha sido la inscripción en el Registro de la Matrícula Consular, como elemento obligatorio para poder participar y que además esa inscripción tiene que ser presencial, mayoritariamente. En ese sentido, nosotros queríamos plantearles si ustedes han estudiado algunas posibles soluciones para que ese primer obstáculo precisamente pueda ser paliado en la medida
de lo posible, por ejemplo, que el sistema de inscripción fuera telemático, evidentemente con todas las seguridades adecuadas, máxime cuando hay una legislación española donde la Administración electrónica se ha impuesto, es decir, se ha reconocido un derecho de todos los ciudadanos españoles a relacionarse con la Administración electrónicamente, un derecho introducido por una ley nueva, que no se había reconocido nunca en España y, por tanto, debería operar tanto para aquellos españoles que viven en España como para los españoles que viven fuera. En ese sentido, ¿qué es lo que haría falta para que pudiera darse telemáticamente? Tengo una pregunta menor, pero ha hecho referencia en varias ocasiones al Decreto 1621 y, si fuera posible, nos gustaría que nos dijera el año, ya que no me ha parecido entender en ningún momento de qué año es el decreto y nos sería de gran ayuda.
Una segunda reflexión -también querría hacerle algunas preguntas al respecto- es sobre la diversificación del sistema de voto, voto por correo y voto presencial en los consulados. Eso fue una de las introducciones que permitió la última reforma de la Loreg; era una reclamación recurrente por parte de los españoles residentes en el exterior y nos pareció en ese momento que, efectivamente, poder depositar en urna presencial el voto podía dar seguridades, garantías y facilitar de alguna manera ese voto que fue al final la voluntad de los que impulsamos la reforma. En ese sentido, nos gustaría saber cómo ha funcionado ese depósito en urna, el uso de ese canal para votar, si realmente ha habido mucha participación -no sé si tienen porcentajes de participación- presencial en urna, si la introducción de esa medida en la norma ha supuesto realmente un beneficio para la participación en las elecciones.
Ha hecho referencia también en algún momento de su intervención al voto electrónico un poco de pasada. Ese es un tema que desde nuestro punto de vista no tiene que reflexionarse exclusivamente para aquellos españoles que residen fuera, sino que valdría la pena hacer una reflexión de si puede ser un mecanismo para votar pero también para los españoles que siguen residiendo en España. Quería conocer qué opinión le merece el voto electrónico, si piensa que da suficiente seguridad; ha dicho que en algunos países hay problemas de accesibilidad, de brecha, etcétera, pero si pudiera ampliarnos un poquito más esa información a nosotros nos sería de gran utilidad.
Finalmente, quería hacer referencia a algunas de las cosas que ha dicho en relación con el artículo 75. Hablaba de los tres días que se contemplan, que le parecían insuficientes. La ampliación a los cinco para estas elecciones, que son inminentes, 21 de diciembre, ¿le parecerían suficientes? ¿Cambiaría el articulado al respecto? Es decir, ¿qué plazo le parecería razonable para que se pudiera ejercer en condiciones ese voto, esa carrera de obstáculos? Porque el objetivo principal de esta Comisión, y creo que es compartido por todos los grupos parlamentarios, es facilitar, sin perder seguridad, sin perder garantías, facilitar al máximo esa participación en la máxima expresión de la democracia, como es el ejercicio del voto en unas elecciones. Por tanto, nos gustaría conocer qué piensa. Sé que ha hecho una intervención muy descriptiva, pero nos gustaría que nos trasladara su opinión.
Finalmente -y con esto termino, señor presidente-, ha mencionado los problemas de transporte del voto. ¿Qué posibilidades hay para arreglar eso, teniendo en cuenta que muchas veces ni hay competencias por parte del Estado ni tenemos ninguna posibilidad de incidir? ¿Hay algún mecanismo que ustedes hayan pensado que pudiera ser útil para que el voto llegara en condiciones y para garantizar que, efectivamente, ese voto expresa la opinión de aquellos españoles que viven fuera de España?
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Iglesias.
Señora directora general, bienvenida a la Comisión Constitucional. Reciba en nombre de mi grupo la felicitación calurosa por su exposición, por su esfuerzo, por su trabajo, y le pediría que, si le es posible, traslade esta felicitación a los trabajadores y trabajadoras de las oficinas consulares que desempeñan su función, como señalaba usted en su intervención, en condiciones muy difíciles. Querría felicitarle por algo que ha puesto encima de la mesa y que es muy importante para esta Comisión y es su conciencia técnica respecto a lo que representa el voto rogado en nuestro país. Creo que el debate que tenemos aquí no es un debate específicamente político, porque todos estamos de acuerdo en que hay que facilitar el voto de los compatriotas que no viven en España, sino que es un debate sobre soluciones, en muchos casos técnicas, para hacer frente a un problema que tiene nuestro país, y ese problema es que no es fácil para los compatriotas que viven fuera de España ejercer un derecho fundamental, como es el derecho a votar.
En mi exposición voy a limitarme a señalar una serie de datos y querría pedirles que me confirmaran si esos datos que expresan, de alguna manera, la realidad de las dificultades de ejercer el derecho al voto de nuestros compatriotas son ciertos, y expondré algunas propuestas que podrían contribuir a mejorar el ejercicio de este derecho que, por desgracia, no pueden ejercer buena parte de nuestros ciudadanos. No le pido que haga una valoración política, porque lógicamente no está en sus competencias aquí, pero sí una valoración técnica de lo que estas propuestas podrían representar para facilitar el ejercicio de este derecho.
Respecto a los datos y hechos, si no me equivoco el derecho al voto emigrante se reconoce en el año 1985 en nuestro país, y el voto rogado se implanta en el año 2011. Eso tiene una consecuencia directa e inmediata sobre la participación electoral de los compatriotas que residen fuera de España. Si no me equivoco, la participación en las elecciones generales de 2008, cuando no existía todavía el voto rogado, es del 31,88% del censo electoral de los expatriados, una cantidad pequeña pero que contrasta con el porcentaje de voto en las elecciones de 2011, 2015 y 2016, ya con el voto rogado, que fue de 4,95%, 4,73%, y 6,3% en las últimas elecciones generales de 2016. Estos datos son gravísimos, podría afirmarse que la principal consecuencia de la implantación del voto rogado en nuestro país es que se haya reducido drásticamente la participación electoral, el ejercicio de su derecho al voto de los ciudadanos españoles que residen fuera.
Si no me equivoco, en los últimos años la crisis económica ha provocado en nuestro país un fenómeno de exilio económico; más de la mitad de las provincias han visto aumentada su diáspora electoral en más de un 75% desde el año 2009; en el año 2015 se ha batido el récord de salida de españoles, y actualmente cerca de una decena de provincias supera ya el 10% de su censo electoral en el exterior, es decir, hay diez provincias españolas en las que uno de cada diez ciudadanos de esas provincias están residiendo en el exterior.
Las organizaciones de los españoles en el exterior, grupos de la sociedad civil como Marea Granate, han señalado algunas irregularidades, por desgracia frecuentes, a la hora de ejercer su derecho al voto: censos no actualizados -algunas las señalaba usted en su intervención-, dificultades en el registro a los residentes temporales, falta de mecanismo para las inscripciones consulares a distancia, impedimentos en las rectificaciones y ausencia de protocolos de funcionamiento en las urnas consulares. Conocerá seguramente usted que, en diciembre de 2016, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo envió al Congreso de los Diputados una carta en la que se advertía del menoscabo que había supuesto el voto rogado para los derechos de los españoles residentes en el extranjero. La propia Junta Electoral envió un informe al Ejecutivo y a las Cortes Generales en el que proponía que se permitiera votar por Internet para combatir el descenso escandaloso de participación causado por la norma de 2011. Esto ha hecho, incluso, que en el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, que permitió la investidura de Mariano Rajoy se incluyera un compromiso de desaparición del voto rogado que, por desgracia, no se ha hecho efectivo.
Hay otro problema, que denuncian las organizaciones de exiliados económicos españoles, y es el problema de la gratuidad, que puede parecer simbólico, pero en un derecho tan importante como este llama la atención. El voto es gratuito por ley, pero los residentes temporales, los inscritos en el censo que usted explicaba, en el ERTA, deben pagar por votar al enviar el voto por correo certificado a España, y los permanentes inscritos en el CERA lo tienen que hacer si residen en países con los que el Ministerio de Exteriores no tiene convenio. El 26J los emigrados volvieron a pagar por votar, sin que el Gobierno haya podido todavía reembolsarles el dinero por haber votado. Es una cuestión simbólica, pero creo que tiene que ver con la dignidad de Estado de nuestro país a la hora de garantizar este derecho.
Hay una encuesta, realizada por Marea Granate, que señala las causas por las que los ciudadanos españoles que viven en el exterior no pueden votar, y llama la atención las tres causas que se señalan de manera más directa en este encuesta: el 36,9% de los encuestados dicen que las papeletas no llegan a tiempo -esto es enormemente grave, pues nuestro país es la cuarta economía del euro, estamos en el siglo XXI y llama la atención que casi un 37% de los encuestados digan que las papeletas no llegan-. El 29,6% señala problemas en el registro consular, que tienen que ver con distancia, con horarios -lo señalaba usted muy bien en la exposición-, y un 15,2% habla del desconocimiento absoluto del proceso. Creo que es una necesidad resolver todos estos problemas, y que aquí no tendría que haber diferencias entre los grupos, porque lo que estamos buscando son soluciones técnicas, y paso a enumerarle sucintamente algunas propuestas que, a juicio de nuestro grupo parlamentario, serían muy sensatas.
La primera es muy clara, y creo que se deduce de su propia exposición, de la propia conciencia técnica de su exposición, que es la derogación del voto rogado; parecería sensato que la derogación del voto rogado fuera una medida que se aplique lo antes posible porque está claro que si para algo ha servido ha sido para dificultar que nuestros compatriotas en el exterior puedan votar. La segunda, es la creación de un procedimiento de voto exterior más flexible, y aquí hay algunas cosas que, a nuestro juicio, se podrían hacer. Entiendo perfectamente que la fiesta del cordero, las huelgas de correos, las huelgas de pilotos, las preferencias en el personal aéreo por las maletas llenas de ropa a las cajas llenas de urnas o, digamos, la propia mismidad burocrática de Italia son dificultades ineludibles, y que eso siempre va a existir ahí, pero estoy convencido que un país como el nuestro en el siglo XXI puede articular mecanismos para superar estas dificultades, digamos, ambientales. Una de ellas -que se deduce también de su intervención-, es que la documentación necesaria para votar se envíe antes; nos hemos encontrado con algo escandaloso, impropio de un país de la Unión Europea, y es que gran cantidad de personas reciben la documentación para el voto cuando han concluido las elecciones. Imagínense la sensación con la que se quedan muchos ciudadanos cuando las papeletas les llegan cuando ya conocen los resultados electorales.
La tercera es que se amplíe el plazo del voto hasta el día de las elecciones -lo sugería usted también en su exposición-. Hay otra medida que se podría aplicar de manera muy sencilla y es que se retrase el escrutinio electoral; ya se hace en las elecciones al Parlamento Gallego y al Parlamento Vasco, y desconozco si en estas elecciones al Parlament de Catalunya se va a aplicar también. El escrutinio en el caso del Parlamento Gallego es el octavo día, y el quinto día en el caso vasco, a diferencia del escrutinio en las elecciones generales de España, que se hace el tercer día.
La cuarta medida que se podría aplicar es la ampliación del plazo de reclamaciones. Hay una demanda también...
El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, le ruego que vaya terminando.
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Acabo en un minuto, presidente, discúlpeme.
Decía que hay una última demanda, entiendo que esta quizá usted no pueda valorarla, pero querría dejarla encima de la mesa de esta Comisión, y es una demanda de los colectivos de exiliados económicos que hablan de lo beneficioso que sería crear una circunscripción exterior, que representara a los cientos de miles de compatriotas que viven en el extranjero; ya hay países con culturas muy vinculadas con España que tienen circunscripciones exteriores y quizá esta pudiera ser una medida interesante.
Creo, y con esto termino, que la dignidad democrática de nuestro país implica que nuestro Estado se esfuerce en garantizar un derecho fundamental en democracia, y es que los que se han visto obligados a abandonar nuestra patria puedan votar con las mismas facilidades que los que vivimos aquí.
Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchísimas gracias, presidente.
Muchísimas gracias a la compareciente por los datos que ha aportado, por su visión; incluso le pediría que se olvidara un poquito de su formación como diplomática y que nos diga un poco más claramente cuál es su punto de vista y cuáles cree que son, por un lado, los fallos, clarísimos -para nosotros son evidentes- de la última reforma, que fue una reforma que no hay que olvidar que fue promovida por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por Convergència i Unió y el PNV, y fue una reforma que clarísimamente complicó muchísimo más las cosas a los residentes en el extranjero. (La señora Batet Lamaña: Y también Izquierda Unida).
Estábamos hablando de que en el pasado estábamos en torno a un 30%, que es una cifra que yo creo que debería preocuparnos, porque yo creo que las administraciones deberían preocuparse siempre por facilitar, por informar, incluso por incentivar el voto de los ciudadanos en una democracia como la nuestra, pero desde luego el cambio que supuso irse a un 4,7, o un 6, o un 5 -le pediría luego que también me aclare cuál es ese dato exacto de participación- es muy preocupante. No quiero pensar que hubo ninguna actitud ni ninguna voluntad -lejos de mí pensar semejante cosa- de estos grupos en complicar el ejercicio de un derecho tan importante como el del voto a los residentes fuera de nuestro país, pero, como poco, demostraron torpeza y ceguera a la hora de legislar sobre este asunto tan importante.
Me gustaría que me aportara su visión sobre cuáles deberían ser los cambios fundamentales; desde luego esos datos de participación que le he pedido, pero también que me aclare distintas cosas, y las voy a decir de forma desordenada, porque lo he ido apuntando sobre lo que usted ha dicho e incluso sobre las intervenciones de algunos compañeros.
Es evidente que contamos con un problema que no es uniforme; en distintos países, usted nos ha estado contando, existen realidades muy distintas, y me gustaría saber si usted tiene idea de algún mecanismo que pueda ayudar a dar respuestas distintas dependiendo de en qué lugares nos encontramos, porque da la sensación de que hay países donde es más sencillo que se puedan cumplir ciertos plazos o ciertos requisitos que en otros, no solo por dispersión geográfica, sino también por el estado en que está la economía, los medios de ese país, etcétera.
Ha habido algunos casos en los que usted nos ha informado de problemas muy graves en cuanto, por ejemplo, a desplazamientos. Querríamos saber si cree usted que ese voto electrónico, sobre todo en esos casos tan graves, podría ser una buena herramienta para solucionar ese problema.
Para terminar, porque si no repetiría preguntas que han hecho los grupos que me preceden, me gustaría saber, por comparación, cuáles cree usted que son los mejores modelos que podemos encontrar en los países de nuestro entorno, cómo los países que realmente están haciendo mejor las cosas han solucionado un problema como este, porque supongo que no es lo habitual y me gustaría, si tiene el dato, que me lo corrobore. No creo que lo normal sea un dato de participación del 4,7% de los ciudadanos que están en el exterior en este tipo de consultas, nos parece absolutamente irregular y nos parece un problema grave.
Gracias por su comparecencia y por su intervención.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Hernández Bento.
La señora HERNÁNDEZ BENTO: Gracias, presidente. Gracias, señora González-Bueno, por la exposición que nos ha hecho, detallada y también muy realista; creo que no nos ha ahorrado usted ningún tipo de detalle, como tenía que ser.
Nosotros, al igual que el resto de los grupos, estamos en este ciclo de comparecencias con la misma intención, que no es otra que intentar buscar soluciones a los problemas que conocemos, además constatados por informes de la Junta Electoral Central, problemas que se han producido en el voto de los electores en el extranjero a raíz de la reforma de 2011. Los españoles que residen en el extranjero, porque se han tenido que ir, nos preocupa mucho, como al señor Iglesias, pero también nos preocupa los que se han querido ir y viven en el extranjero, también nos preocupan, nos preocupan todos los españoles que están fuera. La postura de mi grupo es muy clara: dar todos los pasos que sean necesarios para intentar resolver estos problemas. Que un ciudadano quiera votar y no pueda, no nos parece admisible, no puede ser y, por tanto, nos sentimos obligados a hacer todo lo que haga falta para que se pueda resolver.
Si leemos el informe y lo hacemos con detenimiento, tampoco significa en ningún caso, por lo menos tampoco se dice en él, que suponga la eliminación del voto rogado. Sinceramente, creo que es tan importante favorecer, impulsar, facilitar la participación política de los residentes fuera de España como garantizar -no nos podemos olvidar de esto- la pureza y la seguridad del sistema de votación, y tampoco nos podemos olvidar de que es necesario el consenso para una reforma de una norma fundamental como es la Loreg, pues es una condición necesaria. Si volvemos a por qué se produce la reforma de 2011, nos encontramos con que hubo consenso, hubo informe de la Junta Electoral, también en 2009, recomendando en aras de conseguir reforzar las garantías del voto de los electores, porque los electores que estaban inscritos antes de la reforma en el CERA no tenían que identificarse en ningún momento; recibían la documentación sin tener que identificarse y votaban sin tener que identificarse. Esto no pasa con los electores que residen en España, por tanto, a nosotros nos parece que es tan importante una cosa como la otra y que la reforma, además de consensuada, además de promovida por la Junta Electoral, era una reforma que buscaba fiabilidad y reducir las posibilidades de fraude. No es un tema menor, y es importante que lo tengamos presente.
Las oficinas consulares a partir de esta reforma tienen un papel fundamental, los consulados, sin ningún tipo de duda, se convierten en receptores y emisores de documentación. Aquí también se nos ha dicho que quizá esa documentación viaja demasiado, quizá este sea uno de los problemas -usted también lo ha apuntado-. Nos preocupa muchísimo que haya disminuido y es una realidad; no hace falta que usted nos lo diga ni lo vuelva a ratificar, son datos que leemos en el informe de la Junta Electoral
Central. Existe un retraso en la recepción de la documentación, por los electores, que llega de las delegaciones provinciales de las oficinas del censo electoral, de la salida del correo de las oficinas consulares; está claro que existe un mal o regular funcionamiento en los servicios postales de los distintos países. A mí me gustaría que nos dijera si estos retrasos son generalizados, si todos los países -usted ha hablado que se concentran fundamentalmente en dieciséis- que tienen un censo mayor de españoles residentes en el extranjero son iguales, o hay algunos países que funcionan, en aras de buscar soluciones con esos países.
Asimismo, se apunta como una de las posibles causas, y a su vez nos permite buscar soluciones, la falta de medios en las oficinas consulares. Me gustaría saber su opinión sobre si realmente los medios personales y materiales han sido suficientes para el papel que la reforma de la Loreg les ha otorgado. Ha hablado usted además de las distancias que tenían que recorrer los españoles residentes en el extranjero para llegar al consulado, también se plantea si son suficientes hasta los consulados, porque es bastante complicado.
Se daban como soluciones posibles -recomendaciones de la Junta Electoral- la posibilidad de establecer un procedimiento adecuado para que se pusieran en contacto ya con todos los electores registrados en el censo, y también en el registro de matrícula de los consulados, el año en el que haya convocatoria electoral durante el primer trimestre de ese año. Me gustaría saber su opinión en este sentido. Una de las soluciones, siendo España la cuarta potencia económica europea -como apuntaba el señor Iglesias- y con las tecnologías de las que disponemos, nos parece que podría estar en la introducción de las tecnologías, de que se pueda descargar el voto, por ejemplo, que también se ha apuntado como una posible solución. Me gustaría conocer su opinión. Desde luego, en mi grupo consideramos que cualquier solución que busquemos no tiene por qué ser la supresión del voto rogado; creo que debemos respetar tres principios: el principio de personalidad, el de efectividad y el de la transparencia y, en ese sentido, nosotros tenemos una posición muy clara y abierta a seguir trabajando para buscar soluciones.
Para contestar a las cuestiones planteadas de la forma que considere oportuna, tiene la palabra la directora general.
La señora DIRECTORA GENERAL DE ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR Y DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, MAEC (González-Bueno Catalán de Ocón): Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intentar responder a todas ellas, a todas las que me parece que me corresponde responder, porque a algunas no me parece que sea yo la persona más adecuada, y no es porque sea diplomática, sino porque realmente me parece que no lo soy.
Creo que se repiten preguntas referidas al voto rogado y al voto por vía telemática. Ya dije en la exposición que no voy a decir si estoy a favor o en contra del voto rogado, sencillamente porque me parece que no corresponde. Ahora mismo la legislación establece el voto rogado y nosotros, como Ministerio de Asuntos Exteriores, tenemos un papel dentro de ese proceso y, por tanto, lo que hacemos es facilitar dentro de lo que hay; el voto rogado existe, y lo que nosotros intentamos es que, a pesar del voto rogado o con el voto rogado, el español que reside fuera pueda votar.
Es cierto, y lo he dicho en la exposición, que yo puedo transmitir la percepción que nos llega del exterior, y la percepción es que efectivamente los españoles consideran que les perjudica, pero -repito- que la consideración es sobre todo porque es una carrera de obstáculos, o se percibe como una carrera de obstáculos y este es un obstáculo más. Es decir, quizá no es que sea el obstáculo ni que eliminando este obstáculo ya se vaya a votar estupendamente, porque ya he dicho, que hay otros problemas importantes. Pero es una fase más y es una fase más que introduce esos dos elementos que son los complicados: los plazos muy ajustados y la dependencia de los servicios postales extranjeros. Rogar el voto es una fase, de nuevo, que tiene que depender de estos dos elementos tan complicados, con lo cual está ahí, es un obstáculo, es uno de los obstáculos. Repito, yo no voy a opinar sobre él, pero el español sí se siente muy frustrado en el exterior porque no es capaz de votar y creo que, indudablemente, el elemento del voto rogado es uno de los que considera que dificulta su derecho.
En cuanto al voto electrónico, ya lo he dicho en la exposición, no puedo opinar porque no soy una experta en voto electrónico, por ejemplo, yo no tengo conocimientos para explicar el tema de la seguridad que indudablemente es uno de los grandes temas a tener en cuenta. De nuevo, lo que vemos desde el
ministerio y desde las oficinas consulares es que entiendo que el voto electrónico se esté debatiendo, porque quitaría ese elemento tan distorsionante y tan disfuncional, que es el de la dependencia de los correos en general y específicamente de los correos extranjeros. Yo entiendo que, si se pudiera hacer electrónicamente y cumpliera todos los requisitos que son importantes, de seguridad, etcétera, qué duda cabe que sería un sistema fenomenal porque nos quitaría los problemas que ya hay ahora, que son los que he repetido.
Sus señorías se han referido al Registro de Matrícula Consular y también a la depuración del censo, etcétera. La regulación del Registro de Matrícula Consular está establecida en un real decreto y cuando uno se inscribe en el Registro de Matrícula Consular al mismo tiempo se inscribe uno en el CERA, por decirlo de forma simplificada. Todo lo que es el CERA depende del Instituto Nacional de Estadística, con lo cual, de nuevo, yo no puedo dar datos ni me corresponde entrar en depuraciones o no, pero en lo que se refiere al Registro de Matrícula Consular, y eso sí depende de mi ministerio y, específicamente, de la Dirección General que yo dirijo ahora, el sistema es mejorable, y estamos en ello. Primero, estamos facilitando, cada vez que podemos, la inscripción no presencial y estamos ya en vías de contratación de un sistema informático mejor y más moderno. Pero, lo he dicho en la exposición, a efectos de votación las mejoras en el Registro de Matrícula Consular, presencial o no presencial, es que ahora mismo no tienen cabida, porque para el voto ERTA, la ley que usted me preguntaba es el Real Decreto-ley 1621/2007, y es el que regula específicamente ese voto ERTA, es decir, del español que no es residente fuera, sino que le pillan en el exterior las elecciones, y esa ley establece que la solicitud del voto tiene que ser presencial en la oficina consular, con lo cual tiene que pasar sí o sí por la oficina.
En cuanto al CERA, desde Exteriores nosotros podemos facilitar que se inscriban en el Registro Matrícula Consular los españoles residentes de forma no presencial que, repito, lo estamos haciendo, pero la Oficina del Censo Electoral obliga a que cuando la inscripción tiene lugar por una reclamación censal, es decir, cuando nos encontramos ya con unas elecciones y el residente fuera se da cuenta de que no está en el censo, quiere reclamar, que sea presencial en sus oficinas consulares, con lo cual, de nuevo, ya no es algo que dependa de nosotros, sino de la legislación electoral y de la Oficina del Censo Electoral, y lógicamente nosotros seguimos lo que nos dicen.
Los medios de las oficinas consulares, es otra cuestión a la que sus señorías también se han referido. Sí, hay un aumento de la colectividad española en el exterior, y no tenemos medios, las oficinas consulares -qué voy a decir yo- funcionarían mejor si tuviéramos más medios, indudablemente. Los medios son más o menos los mismos que hace unos años o incluso menos, y la colectividad aumenta, y no solo aumenta la colectividad, sino que las funciones que ejercen las oficinas consulares son cada vez mayores y de más responsabilidad. No solo son los dos millones y medio aproximados de españoles que hay fuera, sino que el turismo español viaja ahora y entonces la oficina consular realiza cantidad de tareas. Si aquí uno va al notario, o va a la mesa electoral, o va al Registro Civil, o va a la Policía, o va a la Dirección General de Tráfico, para todo eso, si usted está en el exterior, va a la oficina consular. Aquí se casa uno en el ayuntamiento o en la iglesia, allí va uno a la oficina consular. Es decir, es muy numerosa la cantidad de tareas que se realizan, es un día a día de muchísimas tareas con unos medios reducidos. Y esta función electoral, se produce cada equis tiempo y es una labor que nosotros nos tomamos con interés. Por eso el debate y un poco las quejas que nosotros oímos nos las tomamos muy en serio, o sea el interés es, efectivamente, que puedan votar, pero los medios son los que son y no dependen de mí.
Creo que me estoy pasando de tiempo. Ha hablado usted, señora Batet, sobre si son suficientes los tres días de voto en urna o si mejor cinco. Nosotros aplicamos lo que nos da la legislación y la Oficina de la Junta Electoral Central. Ahora han ampliado a cinco días el voto en urna, por ejemplo. ¿Eso facilita? Facilita porque son dos días más en los cuales el español puede recibir la documentación para votar, pero luego hay que hacer el envío y se cuenta con menos tiempo. Ahora mismo, con este plazo mayor, el español en el extranjero puede votar hasta del mismo día 21, el día de las elecciones aquí, pero claro el escrutinio es el día 24, y antes tiene que llegar toda la documentación a una oficina del ministerio, el ministerio lo entrega en Correos y Correos lo entrega a las mesas. Quiero decir que los plazos son muy ajustados y es muy complicado. Entonces si uno le añade dos días a uno de los momentos, pero no lo añade a los otros, lo que haces es pillarte también un poco los dedos.
No sé si me dejo algo importante por responder.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González-Bueno.
Le agradecemos su comparecencia, que creo que ha sido muy ilustrativa.
- DEL SEÑOR COLOMO FERNÁNDEZ, PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA POR UN VOTO IGUAL, EN RELACIÓN CON LA REFORMA ELECTORAL. (Número de expediente 219/000924).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la comparecencia de don Miguel Colomo Fernández, portavoz de la plataforma "Por un voto igual", a quien damos la bienvenida.
El señor COLOMO FERNÁNDEZ (Portavoz de la plataforma "Por un voto igual"): Doy las gracias al Grupo Socialista y al resto de los grupos por la invitación a comparecer.
Soy Miguel Colomo, portavoz de la plataforma "Por un voto igual", que es una plataforma formada por distintos actores de la sociedad, partidos políticos, asociaciones y especialistas en sistemas electorales. Hemos estado poniendo en común nuestras ideas, nuestras opiniones y traemos una serie de propuestas consensuadas por diferentes grupos para una posible reforma de la Ley Electoral. Estas propuestas han sido consensuadas por miembros de la plataforma, por el Partido SAIn, el Partido Libertario, Escaños en Blanco, Partido Pirata, la Plataforma Ahora y Unión Progreso y Democracia, y algunos me acompañan hoy aquí.
Vivimos un periodo de especial desafección de la política; muchas personas ponen en cuestión que en España vivamos una verdadera democracia, una plena democracia, por cosas como la separación de poderes o la corrupción o porque aún hoy en día hay mucha gente que piensa que no nos representan, la famosa frase del 15M. Una de las principales causas de esta crisis de representación es, efectivamente, que los votos no se corresponden con los escaños que se asignan en el Parlamento. Unos partidos se quedan fuera del Parlamento mientras otros, con los mismos votos, consiguen varios escaños, como ha ocurrido en las últimas elecciones con PACMA y PNV. Las diferencias en el coste del escaño entre grandes partidos nacionales y partidos medianos y pequeños es una diferencia enorme; partidos que consiguen mayorías absolutas de escaños sin una mayoría absoluta de votos y elecciones en las que no siempre gana el que tiene más votos, como ha pasado últimamente en Cataluña. Todas esas situaciones dañan nuestra democracia y aumentan la sensación de manipulación política en los ciudadanos.
Actualmente existe un pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos que incluye una modificación de la Ley Electoral y los cuatro grandes partidos han reconocido públicamente las deficiencias de la Ley Electoral y han manifestado su voluntad de mejorar la representatividad, así que es necesario que en esta misma legislatura haya algún cambio relevante en la Ley Electoral. Por tanto, estamos en un momento perfecto para abordar esa reforma. No obstante, en un debate organizado por el grupo Politikon y la Universidad Carlos III, los representantes de esos cuatro partidos manifestaban que dicha modificación solo se llevaría a cabo con un acuerdo de los cuatro grandes partidos. La sociedad ha avanzado y España necesita hoy un sistema electoral más justo, más igual para todos los partidos y que dé mayor libertad e igualdad de voto, y esto justifica una modificación a la murciana, digamos. La modificación debe estar por delante de la posición de un solo partido, especialmente si el que se opone es, con diferencia, el partido más beneficiado por la ley. No tiene sentido dar derecho de veto al comienzo de una negociación a las partes cuando una de ellas sale beneficiada si la negociación fracasa.
Para cambiar las cosas lo primero es ver qué cosas podemos cambiar. Si ya los cuatro partidos se han manifestado a favor de hacer reformas para mejorar distintos aspectos de la ley, no se han manifestado igualmente en cuanto a modificar elementos constitucionales de la Ley Electoral, como la circunscripción provincial, lo que hace de partida más complicada una modificación constitucional. Por tanto, la principal premisa sobre la que hemos trabajado en nuestra plataforma ha sido conseguir una Ley Electoral más justa, más igual, sin cambiar la Constitución; por tanto, las propuestas que traemos son propuestas encaminadas a conseguir un voto igual en los ciudadanos trabajando solo sobre la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
La creación de nuestra plataforma está basada en conseguir un voto igual, un voto igual para las candidaturas -que todos los candidatos puedan presentarse en igualdad de condiciones a las elecciones-; un voto igual a la hora de ejercer el voto -que todos los votantes tengan las mismas opciones de votar; es decir, sufragio universal, libre, igual, directo y secreto-, y un voto igual a la hora de repartir los escaños -que los votos de todos los ciudadanos valgan lo mismo: una persona, un voto-. Con esos objetivos, todos los miembros de la plataforma hemos coincidido en la necesidad de conseguir las siguientes modificaciones.
En cuanto a la igualdad para los ciudadanos en el acceso a las elecciones, eliminación de firmas para las candidaturas sin representación parlamentaria. La exigencia de firmas es una medida que se basa en
una supuesta racionalización del gasto público, pero está suponiendo un trato desigual a las formaciones políticas y un retroceso en la participación ciudadana y la cultura democrática del país. La propia Constitución, en su artículo 6, reconoce como instrumento fundamental para la participación política a los partidos políticos, pero si no se les deja presentarse a las elecciones poco instrumento van a poder ser. La exigencia de firmas es una medida abusiva, que se implantó además en 2011 -como comentaba el Grupo Podemos en la comparecencia anterior, se cambió también el voto rogado-, y que esta medida es abusiva se reconoció implícitamente cuando se eliminó la exigencia en la última reforma de la Ley Electoral, en octubre de 2016, para el caso de que se tuvieran que repetir las elecciones al no formar Gobierno, al no elegirse presidente en el plazo establecido. Pero esta supresión es insuficiente, ya que no contempla el adelanto de elecciones ni tampoco contempla el caso de encadenamiento de distintas elecciones. Por poner un ejemplo de esto, en Cataluña, en los últimos seis años, desde este cambio de 2011, se han tenido que recoger firmas en siete ocasiones entre elecciones europeas, elecciones autonómicas y elecciones generales; siete veces en seis años. Tampoco parece razonable exigir una recogida de firmas a partidos que recibieron en las urnas en las elecciones anteriores un número mucho mayor de votos que otros partidos que no tienen que recogerlas, votos que además fueron emitidos necesariamente ante representantes ciudadanos y de distintos partidos, con una comprobación de identidad, mientras que las firmas presentadas por los partidos no tienen mayor comprobación que la existencia en el padrón. Eso favorece la picaresca y la posible manipulación de dichas firmas. Además, el baremo para la exigencia de firmas no debería depender nunca de los escaños, ya que es un elemento condicionado por un sistema de reparto que no es igual para todos los partidos. Un ejemplo claro de esto es que si no se modifica, en las próximas elecciones Coalición Canaria no tendrá que recoger avales con 78 000 votos, mientras que el PACMA tendrá que recogerlos habiendo conseguido 285 000 votos. La exigencia de firmas es una barrera artificial a la hora de acceder a las elecciones, es innecesaria y es contraria a la pluralidad democrática y, por tanto, solicitamos su eliminación.
Sobre la propaganda electoral, es muy grave que los ciudadanos vayan a unas elecciones sin una información mínima sobre las distintas alternativas, y esto hoy es la norma general; se conoce a los cinco o seis partidos que salen en televisión y no se conocen el resto de las propuestas. Sería muy importante para tener una mayor democracia y para mayor igualdad de todas las candidaturas que las instituciones proporcionaran a los votantes el máximo de información posible sobre todas las candidaturas. Por tanto, proponemos la implantación de un portal web con información de todas las candidaturas y que tenga una difusión apropiada por los organismos públicos. Dicha información la deberán presentar todas las formaciones junto a la candidatura, igual que presentan la imagen gráfica del partido para las papeletas y las candidaturas.
Creemos que las subvenciones para envío postal de candidaturas, que conduce a una acumulación de sobres recibidos por los ciudadanos, son contrarias a la igualdad de los partidos y además un gasto excesivo de dinero público. Por tanto, y en esto creo que hay bastante acuerdo en todos los partidos, proponemos la sustitución de la subvención para el envío postal por el envío de un único sobre a todo el censo electoral con información de todas las candidaturas. Esta información sería la misma proporcionada por las distintas formaciones en el punto anterior. Adicionalmente se propone que se habiliten los cauces para añadir una dirección de correo electrónico a la información censal de los ciudadanos, para ir sustituyendo el envío físico de esta información por un envío digital, abaratando costes y facilitando la recepción del envío. Y de acuerdo con la comparecencia anterior, esto también estaría relacionado con el voto exterior.
Sobre los tiempos en los medios de comunicación, en nuestra opinión condicionar el reparto de tiempos en los medios de comunicación públicos a los resultados obtenidos en las elecciones anteriores va en contra de la igualdad de los ciudadanos a la hora de presentarse a las elecciones. Los partidos elegidos en convocatorias anteriores ya han recibido una serie de subvenciones y medios de promoción, y no tiene sentido darles una nueva ventaja en el nuevo proceso electoral. Además, dicho reparto se realiza en función de los escaños obtenidos que, como ya hemos comentado en el punto anterior, no son un baremo válido a la hora de comparar el apoyo ciudadano a las distintas formaciones. Proponemos que el reparto de tiempo en espacios para las distintas candidaturas de la campaña electoral en los medios de comunicación sea el mismo para todas.
En cuanto a la igualdad de los ciudadanos a la hora de votar en las elecciones, teníamos una serie de propuestas sobre los discapacitados, pero como ya hay presencia en el Congreso de asociaciones de discapacitados, la Asociación CERMI, por ejemplo, delegamos en ellas estas propuestas.
Sobre el voto secreto, la OSCE detectó en las elecciones generales de 2008 y 2011 que la garantía del secreto de voto no había sido respetada porque los votantes rara vez utilizaban las cabinas de votación y porque faltaban papeletas en las cabinas y las que estaban, estaban a la vista de todo el mundo. Proponemos la utilización obligatoria de las cabinas. El hecho de que los votantes pasemos por la cabina permitiría asegurar que siempre exista un espacio privado para el elector, que necesita dicha privacidad.
En cuanto a los residentes en el extranjero, como viene una compareciente de la Marea Granate justo después de mi comparecencia y nuestras propuestas encajan con las de la Marea Granate, delegamos también en ella nuestras propuestas.
Sobre la igualdad en el valor de los votos, en el proceso de recuento de votos consideramos que el procedimiento, en cuanto a mesas, elaboración de actas y recuento final en juzgados, ofrece las garantías necesarias para asegurar la confiabilidad en el sistema de recuento. Aun así, ahora mismo no hay obligatoriedad de publicar los resultados electorales finales por mesa. En estos momentos en las elecciones catalanas se pone en duda el resultado de las elecciones cuando hay muchas garantías para asegurarlo. Proponemos añadir la obligación de publicar los resultados por mesa, tanto los provisionales como los definitivos, y añadimos que estos datos sean consultables de forma más fácil; ahora mismo se pueden consultar, pero están en un formato codificado que es difícil de extraer y se trata de que los ciudadanos puedan consultarlo fácilmente. De esta manera los votantes podrían comparar esos resultados oficiales con las actas que se publican en los colegios y cuyo recuento es público.
En cuanto a las consideraciones generales del reparto de escaños, antes de hacer cualquier propuesta concreta deseamos establecer una serie de principios básicos que debe cumplir cualquier sistema electoral y en concreto el español. El sistema de elección debe ser simple para el ciudadano; todos los votos deben valer lo mismo, sin ningún tipo de limitación, y por tanto un partido con más votos no puede obtener menos escaños que otro con menos votos. No tiene sentido establecer más barreras de votos que la marcada por los votos emitidos entre el número de diputados a elegir. Y debemos buscar que todos los votos válidos emitidos cuenten, porque, si no cuentan, ¿para qué ir a votar? En un sistema totalmente proporcional la barrera de votos sería cuestionable ya que no es una medida que modifique de forma importante la representación ciudadana; no es solo que elimina la representación de los partidos que no alcanzan la barrera, sino que además dicha representatividad se reparte entre el resto. Pero es que en España la barrera de voto directamente no tiene ningún sentido; por un lado, debido a las circunscripciones, no consigue el objetivo de la barrera, que es evitar fragmentación -Geroa Bai, en 2011, obtuvo un escaño con un 0,17% de votos-; por otro lado, es una barrera que en la práctica solo afecta, y por muy poco, a Madrid y Barcelona. Además, cuando remotamente llega a aplicarse, supone una desigualdad manifiesta, dejando fuera del reparto a partidos con muchos más votos que otros partidos que consiguen escaño en provincias más pequeñas. El CDS se quedó fuera del Parlamento en 1993 con 414 000 votos, mientras otros entraban con 110 000. Por tanto, proponemos la eliminación total de la barrera electoral del 3%.
Actualmente en el sistema de reparto existe una opción de voto que, siendo válida, no tiene ninguna opción de estar representada en el Congreso, que es el voto en blanco. El voto en blanco es un voto reflexivo; una persona que es indiferente ante el proceso electoral no va a votar, pero una persona que se molesta en ir a votar y que acaba votando en blanco está manifestando su falta de representación. No se puede equiparar al votante que vota en blanco con el que no se molesta en ir a votar. Por tanto, es necesario dar valor a su voto y la misma representatividad que el que vota a un partido concreto. Dichos escaños vacíos no pueden ser solo una imagen potente el día después de las elecciones, que se olvide al día siguiente, deben contabilizarse en las votaciones de tal manera que afecte al reparto de poder. Proponemos la asignación de escaños vacíos para el voto en blanco, contabilizando esos escaños a la hora de alcanzar mayorías cualificadas. Esta propuesta, además, ha venido siendo defendida por Ciudadanos en años anteriores.
Por último, debemos permitir a los votantes no solo elegir entre las distintas listas propuestas, sino poder descartar a personas que no deseen como representantes o potenciar a otras personas que consideren que habría que priorizar en la lista, aunque lo deseable sería permitir la recolocación completa de una lista. Y respecto al sistema de recuento, que, como hemos dicho, debe ser simple, se puede avanzar en esta línea con un sistema de listas desbloqueadas y que los votantes puedan marcar a personas concretas de la lista para que estas suban o bajen puestos en la lista. Proponemos la implantación de listas desbloqueadas, no implicaría un gran cambio en el recuento y en función de su utilización real por parte de los ciudadanos podrían buscarse nuevos avances en próximas reformas, como las listas abiertas.
Llegamos al reparto de escaños en el Congreso, que es el tema estrella de la Ley Electoral, aunque hay otros temas que también son muy importantes, como los que hemos tratado. El reparto de escaños en el Congreso está muy limitado por la Constitución. El objetivo debe ser que todos los votos valgan lo mismo y, por tanto, mejorar la proporcionalidad a nivel nacional. El actual sistema electoral se diseñó para beneficiar a un partido concreto, la UCD -todos conocemos las declaraciones de Óscar Alzaga-; inicialmente se diseñó para beneficiar a UCD, pero hoy beneficia al PP. Se dice que beneficia al más votado, peor esto no es del todo cierto porque en 2004 y en 2008, cuando el PSOE ganó las elecciones, al PP le costaron menos votos sus escaños. Y en 1996, con una diferencia de menos de 300 000, el PP consiguió 15 escaños más que el PSOE. Estuvimos muy cerca de que ganara el PP las elecciones con menos votos que el PSOE, con el daño que eso hubiera hecho a nuestra democracia. Por tanto, el sistema que buscamos debe eliminar en la medida de lo posible ese sesgo. Además, debemos evitar dejar fuera a partidos que tengan los mismos votos que otros que obtienen representación. Tomando, por ejemplo, las últimas elecciones, cualquier sistema que no dé ningún escaño a PACMA, dando escaños al PNV con los mismos votos, será una ley recibida por los ciudadanos como terriblemente injusta. Sobre la mesa hay ya dos propuestas muy debatidas que conseguirían acercarnos a ese objetivo. Una opción es Sainte-Laguë o Cociente Hare, con resto mayor, aumentando a 400 los escaños a repartir y con un escaño mínimo por provincia en lugar de dos. Y la otra opción sería utilizar escaños compensatorios -equivalente al sistema danés-, haciendo el reparto de esos escaños compensatorios entre las provincias ya existentes para conseguir un reparto proporcional a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que para que PACMA entrara en ambos repartos no deberíamos introducir ninguna barrera de voto. Ambas soluciones nos parecerían una mejora respecto al reparto actual, aunque ambas tengan algún problema. En la primera opción, no está claro que el aumento a 400 diputados fuera bien recibido por la ciudadanía y además la mejora de la proporcionalidad sería limitada. Este aumento de diputados, siendo una mejora, no sería la mejor posible. Además, hay que tener en cuenta que, al reducir el número mínimo de diputados por provincia, se acentúa el carácter de reparto del sistema mayoritario en un número importante de provincias y esto no es deseable. En el caso de la segunda opción, la de los escaños compensatorios, hay dudas sobre que se pueda implantar cumpliendo con la Constitución, aunque, en el caso de que pudiera hacerse, esta sería la mejor opción. Por tanto, proponemos la utilización de un sistema de escaños compensatorio, en caso de que pueda implantarse, y, en caso de que no pudiera implantarse, nos gustaría proponer una nuevo sistema de reparto que, a diferencia de todos los expuestos, da valor a todos los votos emitidos, obtengan o no escaño, lo cual, por un lado, demostraría una voluntad innegable de conseguir mejoras democráticas y, por otro lado, invitaría a los ciudadanos a votar, evitando el actual alejamiento de la ciudadanía de las instituciones que puede resultar peligroso.
Proponemos que el reparto en cada provincia se realice dividiendo los votos válidos por el número de escaños en cada provincia y asignando a cada partido los escaños que le correspondan por redondeo al más próximo. El redondeo al más próximo no es un sistema que se haya usado en sistemas electorales porque provoca que el número final de escaños repartidos no se ajuste siempre al número de escaños a repartir, pero esta característica, en el sistema español, hace que cada partido consiga el número de escaños más cercano al que realmente le corresponde al final y optimiza la proporcionalidad en cada provincia. Este nuevo sistema de reparto proporcional está especialmente diseñado para el sistema español de circunscripciones. Lo hemos llamado reparto justo porque a cada partido se le asignan los escaños que realmente le corresponden y porque además consigue un reparto mucho más proporcional a nivel nacional que cualquier otro de los sistemas propuestos. Un ejemplo sería la provincia de Almería. En 2016 le correspondían seis escaños, y el reparto que se hizo en ese momento fue de tres escaños para el PP, dos para el PSOE y uno para Ciudadanos, y con nuestro reparto tendría un escaño más, quedando tres para el PP, dos para el PSOE, uno para Ciudadanos y se añadiría otro para Unidos Podemos. En este caso los porcentajes -está en la documentación que les hemos proporcionado- dan un resultado mucho más parecido al voto realizado inicialmente. Los porcentajes son: 43% de votos del PP, que se traducirían en un 42% de escaños; el PSOE, con un 27% de votos, tendría un 28% de escaños, y Ciudadanos y Unidos Podemos, con un 13% de votos, conseguirían un reparto de 14% de escaños, que es mucho más justo que 50%, 33% y 16% solo para Ciudadanos, que es lo que hace la LOREG actualmente. En este caso había una diferencia de menos de 2000 votos entre Unidos Podemos y Ciudadanos, lo cual acentúa la injusticia del reparto. Se reparte un escaño más que el inicialmente asignado y se consigue ajustarse mucho más a los porcentajes de reparto. También está en la
documentación que les he pasado los repartos para las últimas cuatro elecciones. Si tienen cualquier duda sobre el tema, lo puedo contestar en el turno de preguntas.
En cuanto a los senadores, ahora mismo la elección del Senado es bastante injusta; a pesar de que en teoría los ciudadanos pueden elegir a candidatos concretos, en la práctica se demuestra que los votantes se guían por el voto a partidos. En la práctica lo que se consigue es un reparto de tres más uno. El resultado de este reparto es un sistema que no es representativo del cuerpo de votantes, y si antes habíamos dicho que en el Congreso la ley beneficia al PP, en el Senado le beneficia doblemente. En 2008, el PP fue el partido que consiguió más senadores a pesar de que fue el PSOE el que ganó las elecciones: teniendo el PSOE más votos y más escaños en el Congreso, el PP tenía más escaños en el Senado.
Es difícil proponer un cambio que respete la Constitución y no resulte demasiado distinto para los votantes a la hora de votar. Proponemos reducir las candidaturas en el Senado a dos candidatos por partido manteniendo los tres votos de los votantes o bien usar un sistema preferencial. Este sistema de reparto evitaría las falsas mayorías absolutas, siendo más fiel al voto de los ciudadanos y potenciaría el voto a los candidatos por encima del voto a los partidos.
En cuanto a pasos a dar en el futuro, cuando el equilibrio de fuerzas pueda cambiar la Constitución hay muchos otros pasos que deberemos dar: conseguir un reparto proporcional a nivel nacional; implantar un sistema como el alemán quizá, o cambiar el sistema bicameral; dotar al Senado de una utilidad real; buscar una independencia real de los tres poderes o incrementar la participación ciudadana. Hay sobre la mesa propuestas en relación con este tema, como la reforma 13, pero para llegar a ese punto es imprescindible que la Ley Electoral trate a todos los partidos por igual y no beneficie enormemente a unos y perjudique a otros.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Colomo.
Intervendrán ahora los distintos grupos. En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cámara.
En primer lugar, quiero agradecer al compareciente, a don Miguel Colomo Fernández, como portavoz de la plataforma "Por un voto igual", su presencia aquí y el hecho de que hayamos podido tener sesiones previas para poder discutir la propuesta específica que la plataforma realiza, una plataforma realmente heterogénea pero que ha sido capaz de ponerse de acuerdo sobre algunos elementos centrales de la posible reforma del sistema electoral, centrándose justamente no en las reformas constitucionales sino en la reforma de la legislación electoral. Agradezco también la claridad con la que ha expuesto su argumentación, haciendo un resumen de las propuestas que todos tenemos por escrito. En ese sentido, el Grupo Socialista, como no podía ser de otra manera, las tendrá muy en cuenta en todo momento a la hora de ir reflexionando a lo largo de todas estas sesiones para finalmente ponernos de acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios, si es posible, y llevar a cabo una reforma electoral. Y lo hacemos con el espíritu más abierto que concebirse pueda porque entendemos que esto es una obligación no solo moral y ética, sino una obligación constitucional, lo dice claramente el artículo 9.2 de la Constitución, en el que figura la obligación de remover obstáculos que impidan o dificulten la plenitud, la igualdad y la libertad, pero también de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Quiero recordar también, aunque todos lo conozcamos -es importante partir de los fundamentos constitucionales-, que el artículo 68.5, segundo párrafo, señala: La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Es decir, tenemos unos mandatos constitucionales muy claros que nos obligan a buscar, como legisladores, la mejor opción para maximizar todo lo que sea posible la participación de todos los españoles en los procesos electorales, tanto dentro como fuera de España. Ese es el espíritu que nos mueve y en ese sentido vamos a seguir consultando y recibiendo con agrado todas las propuestas que nos vengan. En este caso, creo que tiene mucho sentido que una plataforma de cinco formaciones políticas que no tienen representación parlamentaria tenga la oportunidad de expresar aquí cuáles son sus reivindicaciones.
Voy a hacer un recorrido por cada una las propuestas que ha hecho, lo que no quiere decir que me vaya a pronunciar, por supuesto, porque no podría, no creo que en esta fase inicial de comparecencias podamos establecer ya cuál va a ser la postura definitiva que vamos a mantener, sino que tenemos que
escuchar, que oír a todos, para luego hablar entre los grupos políticos y llegar a conclusiones que sean viables.
La exigencia de firmas, que es la primera cuestión que ha planteado, a mí me suscita muchas interrogantes, la más importante de ellas es si realmente es una barrera artificial para acceder a las elecciones. ¿Es innecesaria y contraria a la pluralidad democrática y por eso se solicita la eliminación? No lo sé, porque si uno se va a la regulación que se contiene en la Ley Electoral en relación con los avales para la presentación de candidaturas a las elecciones, nos encontramos con que las cifras son francamente pequeñas, dependiendo de los casos; estamos hablando de un 1% en un caso; 0,1% en otro; 15 000 electores para las europeas; en las elecciones municipales depende de la entidad que tenga el municipio, etcétera. Hay toda una serie de temas concretos que van modulando el número de firmas necesarias. Claro, si esto lo ponemos en conexión con el artículo 6 de la Constitución, que habla de las funciones que nuestro sistema constitucional asigna a los partidos políticos y, por extensión, a las agrupaciones de electores en orden a la expresión del pluralismo y la manifestación de la voluntad popular, lo cierto es que no es nada descabellado que haya un respaldo ciudadano a las candidaturas que se van a presentar a los procesos electorales. Desde ese punto de vista, tengo serias dudas de que esa afirmación de que sea algo contrario al pluralismo avale una eliminación. Insisto, es una cuestión de seguir debatiendo sobre ello, no me quiero demorar, pero quería introducir ese elemento de duda a ver cuál es la reflexión que usted me puede hacer al respecto.
Por lo que se refiere a la propaganda electoral, creo que el Partido Socialista está de acuerdo en que haya cuanta más información mejor; cuanta más información y más transparencia, más democracia y, por tanto, más igualdad para todas las candidaturas. Todo lo que sea facilitar, como decía antes, la participación de los españoles en los procesos electorales será bienvenido.
Tengo dudas también sobre la propaganda electoral. Se habla de un sobre único institucional con todas las candidaturas; creo que Ciudadanos también se ha manifestado favorable a esta posibilidad. Se presenta como un ahorro, de mejora del conocimiento de todas las candidaturas, etcétera. Yo tengo mis dudas porque imaginemos el envío que se le hace a cada uno de los electores de toda esa información, de todas las candidaturas y su exclusivo manejo en el entorno privado, personal, con la gran disparidad y diferencia de electores por lo que se refiere a sus circunstancias personales, incluso de formación, etcétera, a la hora de contemplar y valorar esa propaganda electoral. Se está también limitando de alguna manera la acción de los partidos políticos en orden a la formación de la voluntad popular, porque también hay un derecho de los partidos a hacer esa propaganda y a hacerlo teniendo en cuenta esa diversidad ciudadana, etcétera. En ese sentido, también existe un interés respetable, desde el punto de vista de los partidos políticos, para que determinados ciudadanos puedan ya tener formada su posición y dispongan ya de la papeleta de manera diferenciada para acudir a la urna sin necesidad de tener que pasar por el proceso y depositar su voto en urna. Tengo también dudas sobre eso y no sé si hay estudios al respecto, pero no sé si supondría un ahorro en materia electoral.
Adicionalmente se dice que se habiliten cauces para añadir una dirección de correo electrónico e información censal, etcétera. Quiero recordar aquí la brecha digital que tenemos en nuestro país, y este es un escollo muy importante a tener en cuenta a la hora de adoptar este tipo de nuevas medidas.
Propaganda electoral, tiempo en los distintos medios de comunicación. Aquí hay una argumentación de que todos los tiempos tienen que ser iguales. Yo tengo una cierta dificultad de entender, como muchas veces se hace a propósito no solo de las elecciones sino en muchos otros aspectos de la vida colectiva, que la igualdad sea identidad. La igualdad no es identidad, hay que tratar de manera diferente lo que es diferente, y en este sentido no creo yo que todas las formaciones que se presentan, y además sin establecer ninguna barrera para ello, con eliminación de firmas, etcétera, tengan que disponer exactamente del mismo tiempo, porque hay un trabajo político y hay, en definitiva, una diferencia de implantación social, una diferencia de la conformación de un electorado durante muchísimos años. Por ello tiene pleno sentido, desde mi punto de vista, que exista un trato razonablemente diferenciador que respete la igualdad; no estamos hablando aquí de otra cosa que de eso. En todo caso, puedo entender que se pueden revisar los tiempos, que se facilite más el acceso a esos tiempos a formaciones minoritarias, etcétera, eso lo puedo entender y lo apoyamos, pero no esta afirmación tan radical de absoluta tabula rasa, con todos con el mismo tiempo.
Por lo que se refiere a la votación de las personas con discapacidad, usted lo ha saltado y yo también lo salto porque hace poco tuvimos aquí en el Congreso la fortuna de tomar en consideración una
proposición de ley que provenía de la Asamblea de Madrid que afortunadamente, y de esto nos congratulamos todos, apoyamos unánimemente, con lo cual no hay necesidad ...
El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, tiene que ir terminando.
El señor CÁMARA VILLAR: Voy terminando, señor presidente.
En cuanto a la igualdad del valor del voto y al proceso de recuento de votos, nada que añadir a la posibilidad de que se publiquen los resultados por mesa. En relación con el reparto de escaños, eso de que exista un sistema proporcional puro a nivel nacional me parece una afirmación excesivamente bienintencionada pero probablemente eso no exista en la realidad. El aval lo tenemos en la pluralidad de sistemas electorales proporcionales. En cualquier caso, esta es una cuestión que dejamos para después porque habrá un debate técnico sobre este tema con otros actores y es muy difícil tratar ahora, en cinco minutos, todos los aspectos que usted ha traído a nuestra consideración.
Estamos de acuerdo por completo con el tema de las listas desbloqueadas, lo llevamos claramente en nuestro programa y realmente se conseguiría efectividad en el sentido que usted ha apuntado. Insisto, sobre el sistema electoral se ha de tener un debate muy específico, lo iremos viendo, tomamos notas de sus propuestas y las valoraremos, por supuesto.
En cuanto a la concienciación del voto secreto, me preocupa esa propuesta que tienen ustedes de utilizar obligatoriamente las cabinas. Yo quiero recordar aquí que el secreto del voto es un derecho, es una garantía, pero no es una obligación. ¿Cómo obligar a cualquier persona que quiera votar una candidatura a que necesariamente tenga que pasar por la cabina? Yo normalmente voy a votar con mi papeleta desde casa porque la tengo; yo tengo muy claro a quién voy a votar, entonces voy y lo deposito. No tengo por qué pasar obligatoriamente por una cabina. En lo que sí podría estar de acuerdo con usted -y con esto termino, señor presidente- es en que se habiliten todos los medios para satisfacer la garantía de que los electores que quieran votar en secreto con todos los elementos necesarios lo puedan hacer, eso sí, poner todas las cautelas necesarias, pero obligar a que pasen por cabina sinceramente me parece una medida un tanto exagerada.
Quiero darle las gracias al compareciente. Sin duda, todo lo que significó el 15M y todos los estallidos de movilización ciudadana que hubo en los últimos años en este país, que humildemente entendemos que da mucho sentido también a nuestra participación política en este espacio, fue algo que dio luz a muchas iniciativas, por una parte impugnatorias, pero también a muchas iniciativas que lo que hacen es poner encima de la mesa un vivero de propuestas que sin duda agradecemos y en las que entendemos se enmarca todo lo que nos ha puesto hoy encima de la mesa el compareciente. Coincidimos, como no podía ser de otra forma, en la necesidad de desarrollar reformas profundas en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la Ley Electoral en el país. Creemos que es importante en algunas de ellas ser innovadores e innovadoras, y por eso nos parecen muy interesantes muchas de las propuestas que ponen encima de la mesa y sin duda habrá que llevarlas si continúa el debate de la subcomisión.
Por no demorar tampoco mucho el asunto, tanto en las exposiciones como en los documentos que hemos recibido y que teníamos algunas cosas puntuales que nos parecen especialmente interesantes, como puede ser el envío postal único, en general todo lo que tenga que ver con reducir costes, por una parte, pero también, por otra parte, con la igualdad de oportunidades son elementos que tenemos que poner en juicio. Es ese sentido nos parece algo a tener en cuenta. Por otra parte, todas las propuestas que ponen encima de la mesa que tienen que ver con transparencia y con desarrollar mecanismos en ese sentido, como la publicación de los resultados por mesa, etcétera, también nos parecen cuestiones a tener en consideración; la cuestión de la proporcionalidad, que sabemos que es un elemento central y que sin duda hay que abordar; las propuestas que exponen ustedes igual son más polémicas o más controvertidas que otras que hay ahora mismo, pero para nosotros son también materia de debate.
Nada más. Le agradecemos su comparecencia. (Aplausos).
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cantó.
Muchísimas gracias al compareciente por sus aportaciones. La verdad es que podríamos firmarlas al completo. Como tienen que ver con algo que a nosotros nos preocupa especialmente, que es aquello de una persona un voto y con algo que yo creo que fue muy importante en la sociedad española hace algunos años con aquella frase de 'No nos representan', que tenía que ver con dos cosas: con el alejamiento de los políticos de los partidos viejos de la sociedad, pero también con la falta de reflejo en la Cámara que ocupamos nosotros de lo que era la pluralidad o la realidad política de la sociedad española, que luego no se veía reflejada tal y como era realmente en el Congreso de los Diputados. Esto nos preocupa. Yo recuerdo haber hablado -y usted lo ha comentado también- con alguno de los constituyentes en alguno de los actos en los que han aparecido por aquí, y ellos mismos me reconocían que esta Ley electoral, por distintas razones, que también podemos comentar, fue creada sabiendo que debía ser temporal, que el espíritu era temporal por dos razones fundamentales: una, por los problemas de gobernabilidad que había en aquella época, y otra, para intentar compensar un desequilibrio territorial que yo creo que ha llevado a algunos de los defectos que tiene la actual Ley electoral y que se puede compensar de otra forma.
Usted hablaba de que iba a traernos soluciones que no requerían cambios constitucionales. Como estamos prácticamente de acuerdo con todas -y ahora a lo mejor recorreré alguna-, me gustaría que se extendiera más en aquellas que sí requieren cambios constitucionales. Por fortuna, los partidos viejos cada vez tienen menos peso y, por lo tanto, cada vez tendrán menos capacidad de bloquear soluciones con las que nosotros también estamos de acuerdo y que podrían tener que ver, por ejemplo, con ese cambio que nosotros defendemos de que o bien desaparezca el Senado, si sigue siendo irrelevante, o bien se ocupe de equilibrar esos problemas territoriales que ahora mismo hacen que tengamos la Ley electoral que tenemos y que produce esos problemas de representatividad.
Supongo que no se dejará engañar por las intervenciones del PSOE o del PP que ahora parecerán muy voluntariosas y muy de acuerdo con lo que usted presenta, pero nosotros le garantizamos que luego, a la hora de trabajar con ellos, ponen muchísimas más dificultades. Le pediría, por tanto, que se extendiera en esas reformas que sí requieren cambios constitucionales, porque las otras nos las ha ido contando. Luego le puedo citar algunas cosas con las que estamos de acuerdo. El mailing conjunto es algo que ya hemos propuesto y con lo que los viejos partidos no estuvieron de acuerdo, pero a nosotros nos parecía importante, sobre todo porque, hablando de recursos, nos pareció un ahorro importante y necesario. Lo uno a un problema que tiene que ver con lo que comentaba mi compañero y con el que estoy de acuerdo en algunas cosas. Pero es cierto que me sorprendió mucho cuando empecé a hacer política que en algunos lugares me pidieran el sobre y la papeleta porque no querían significarse. Esto a mí me sorprendió al principio, pero luego ya me he ido acostumbrando. Pero es que hay lugares, como ahora mismo dentro de una semana en Cataluña, donde el tema es especialmente grave y generalizado. A lo mejor no estamos completamente de acuerdo con esa obligatoriedad de votar en una cabina secreta, pero desde luego sí que nos reafirma en la necesidad de un mailing, porque allí nosotros hemos concentrado el esfuerzo conscientes de que hay una parte importante de catalanes que saben que si se ve que votan a un partido constitucionalista, allí, ahora mismo, van a ser señalados. Por tanto, nos parecía que el esfuerzo y la ayuda pública a algo como el mailing en esos sitios está muchísimo más que justificada. Y no abundaré en el tema de los senadores porque nosotros lo que querríamos realmente es que ni siquiera se les tenga que elegir de esa forma, que se convierta en una Cámara territorial.
Me gustaría que nos dijera algo acerca del proceso de primarias en los partidos políticos. No hemos escuchado nada de eso y me parece que es un tema importante. De hecho, en la Comisión que yo presido y en la subcomisión que hemos creado, en la que se están haciendo propuestas acerca de eso, justamente ahora mismo estamos debatiendo la posibilidad o no de que sea obligatorio que los partidos políticos lleven a cabo un proceso de primarias para así garantizar que seguimos democratizando el proceso desde abajo del todo.
Hablando de campañas, me parecía importante -porque no hemos hablado del tema- su visión acerca de cómo deberíamos legislar en el tema de los debates televisados. Me parece que también a menudo hemos tenido que sufrir cómo los debates eran monopolizados por los partidos viejos y no se
abrían a una pluralidad. Esto ya no está ocurriendo tanto, pero lo hemos sufrido durante mucho tiempo y nos gustaría saber su opinión acerca de legislar al respecto.
Queríamos conocer su opinión sobre el voto mediante votos telemáticos, electrónicos, si se debería prever un sistema específico para esos casos de baja, enfermedad grave, etcétera, para seguir intentando llevar a cabo algo de lo que hablábamos con la compareciente anterior y que para nosotros es fundamental, y es que las administraciones no solamente deben facilitar, sino que deben ir un poco más allá, deben incentivar la participación.
Hemos hablado ampliamente antes acerca del voto rogado. ¿Cuál es su opinión? Y como -repito- podríamos prácticamente firmar la comparecencia que usted ha hecho, no voy a abundar más y simplemente le pido esas precisiones.
En primer lugar, quiero agradecerle la exposición y sumarme así a las palabras que en este sentido ya han señalado los portavoces que me han precedido.
Quisiera hacerle una única consideración. Usted ha hecho una presentación del sistema electoral, desde mi punto de vista, solo considerando uno de sus aspectos, que es garantizar la representación. Pero un sistema electoral o la representación política tiene otras muchas funcionalidades, desde consolidar la democracia, la representación, efectivamente, promover la participación política, pero también facilitar y cohesionar y reforzar la estabilidad y la gobernabilidad.
Usted ha hecho hincapié en uno de los factores. Me voy a centrar solo en un aspecto aunque sea muy de pasada, en una proporcionalidad pura que usted ha sugerido como una de las posibilidades. Francamente, el principio de la gobernabilidad sin barreras da acceso, digamos, a la representación parlamentaria pero objetivamente multiplicaría los partidos, la formación de gobiernos y las investiduras serían muchísimo más difíciles y por qué no hablar de una cuestión que siempre anda rondando, que es el incumplimiento de los programas electorales. Inmediatamente, cuando hay que hacer una coalición, los programas electorales desaparecen porque surge uno nuevo, que es el de los partidos que se suman para formar un gobierno, porque ninguno de los programas iniciales se puede llevar a cabo. En definitiva, lo que quería plantear es si no considera que una visión de una sola cara desconociendo todas las demás desequilibraría potencialmente todo el sistema. Por no hablar también, porque se ha mencionado, de la realidad dentro del Estado español. No es una casualidad que la Constitución -me voy a referir primero a la provincia- integre la provincia. Es que hay una función de defensa del territorio frente al hecho urbano, porque el territorio desaparece; si aplicamos un sistema proporcional puro, cuatro o cinco ciudades o grandes ciudades se comen la representación parlamentaria. El equilibrio territorial es una cuestión fundamental. Yo represento al Partido Nacionalista Vasco y en un Estado con sensibilidades nacionales distintas, claro que es un valor a tener en cuenta, desde nuestro punto de vista. ¿No le parece una visión un poco unilateral la de una persona un voto -y esa es la reflexión que le pido- sobre un problema que es mucho más complejo y que tiene muchas más derivadas, sobre todo en el país en el que vivimos?
Nada más. Muchas gracias, presidente.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fole Díaz.
El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.
Señor Colomo, muchísimas gracias por acudir a esta Comisión. Ha sido muy claro en su exposición. Permítame decirle -y si no es así y es una percepción equivocada, discúlpeme- que parecía que hacía especial hincapié en que había que modificar todo aquello que había beneficiado al Partido Popular en anteriores elecciones. De todas formas, nos sorprende que el señor Cantó dijera que firmaba casi el cien por cien de las propuestas; después decía que advertía al ponente sobre la disponibilidad del Partido Popular a llegar a acuerdos en este trabajo. Bueno, un cien por cien de aceptación creo que es una disponibilidad absoluta por parte del Grupo Ciudadanos.
Dicho esto, para hacer una introducción más coloquial, nuestro grupo entiende que debemos dar todos, absolutamente todos, y lo entrecomillo, los pasos necesarios para solventar cuantos problemas
dificulten el derecho fundamental del voto. De igual forma, estamos convencidos también, como dijeron mis compañeros, de que cualquier reforma electoral debería contar con el mayor de los consensos, como ha ocurrido siempre y como ha ocurrido hasta ahora, y creemos que aún hoy, en el contexto político que estamos viviendo, tiene muchísima más importancia este asunto.
Abordamos en esta comparecencia y siguiendo su guion, una serie de propuestas encaminadas -y cito también literalmente- a evitar el desprestigio político -me resulta de especial importancia este punto-, evitar un distanciamiento de la ciudadanía, profundizar en una mayor democracia, también importantísimo y evitar falsas mayorías absolutas. Esta filosofía, estos cuatro principios un poco los quiere encaminar en tres pilares, en tres propuestas fundamentales: igualdad para los ciudadanos en el acceso a elecciones; igualdad para los ciudadanos a la hora de votar; igualdad en el valor del voto. Es muy importante la palabra igualdad, y estamos totalmente de acuerdo con estos conceptos y con estos tres pilares, todos ellos de enorme importancia y en los que el Partido Popular está dispuesto a trabajar a fondo con todos los grupos y todos los colectivos, como el que usted representa, para alcanzar -insisto- el mayor de los consensos, tan necesarios, como antes dije.
No voy a poder entrar en cada uno de los puntos pero me gustaría hacer hincapié en alguno de ellos. Además, no puedo dejar pasar -creo que no lo han tocado otros compañeros- este momento sin señalar un matiz del momento político que estamos viviendo ahora. Hablaba usted de desprestigio político y de tener mayor democracia. De nada vale la profundidad de las reformas que hagamos, de modificación de leyes, de tener el mayor de los consensos, si después no se cumplen las mismas. El mayor desprestigio político -y tengo que decirlo, insisto, por la importancia que tiene- es no cumplir la ley, no cumplir la Constitución, sobre todo los representantes políticos electos, apoyar referéndums ilegales o fugarse para evitar responsabilidades. Creo que la mejor garantía para tener una mayor democracia es aplicación y cumplimiento de las leyes, garantizar este derecho de la Constitución; legitimar las instituciones o garantizar, por ejemplo, la separación de poderes que antes habíamos mencionado.
Esta ley y la Constitución se aprobaron con un alto grado de consenso político y nos garantizaron una gran estabilidad política que también plantea en sus exposiciones su plataforma, hasta ahora. Por ello creemos que deberíamos trabajar en esta línea de consenso. Y le hago una pregunta, porque su propuesta, aunque decía usted que no y el señor Cantó también decía a algo que sí, alguna modificación constitucional pudiese requerir, depende del grado de profundidad en el que quisiéramos avanzar esta propuesta, pero es de un gran calado, aunque sea solo para la Loreg o aunque sea también para la Constitución. ¿Cree que estamos en una situación política lo suficientemente tranquila para lograr ese consenso suficiente que parece que todos estamos de acuerdo en plantear? Y más, insisto, si algunos temas requieren una modificación de la Constitución?
Habla también en su exposición de motivos de evitar unas falsas mayorías. De todas formas también quiero decir que este sistema electoral ha permitido una serie de combinaciones, de coaliciones y Gobiernos que han vulnerado un poco los resultados electorales, como usted decía en su exposición. Uno de los mayores ejemplos de estas falsas mayorías absolutas se da mucho en la Administración local, que también afecta evidentemente a la Loreg. Hay cientos de ayuntamientos gobernados por coaliciones de partidos que se juntan para que no gobiernen otros, y no quiero decir quién es el más perjudicado o hacia dónde van encaminadas esas coaliciones. En muchos ha habido resultados donde el partido con más votos ha duplicado en votos o en concejales -estamos hablando de la Administración local- al siguiente en resultados electorales y, sin embargo, esos candidatos están hoy en la oposición. Ha habido -rayando incluso en lo absurdo- elecciones donde ha sido proclamado alcalde un partido que ha tenido un solo representante. ¿Usted cree que eso es igualdad de voto? ¿Usted cree que esas coaliciones que se hacen para apartar a otros partidos no son falsas mayorías absolutas? Y lo hemos visto no solo en ayuntamientos pequeños; me puedo referir a ayuntamientos de gran importancia, de gran calado y de gran número de votos. ¿Cree que se debería reformar la ley permitiendo que gobierne la lista más votada?
Otro punto a los que ha hecho referencia y que además en la ponencia anterior ha sido muy trabajado es la eliminación del voto rogado. Evidentemente saben que hubo diferentes modificaciones de la Loreg en este sentido y que fueron para dotar -estamos convencidos- de mayor fiabilidad y menor fraude en el voto CERA. Somos plenamente conocedores de abusos que se han realizado en determinados momentos y en determinados países con este voto y que han perjudicado y también, quizá, provocado esa desidia o ese desánimo a la hora de acudir al voto de los españoles que están residiendo en el extranjero. También sabemos que existen casos de igual o mayor complejidad en el acceso al voto para los residentes en España; los artículos 72 y 73 de la ley, voto por correo, voto por enfermedad, ausentes
temporales, también necesitan y requieren unos complejos procesos de acceso al voto. ¿No cree que se produce aquí una incoherencia respecto a lo que se plantea para el voto exterior y lo que se plantea para estas situaciones que tenemos los residentes en España? Quiero darle una serie de datos porque, como gallego y también como representante de muchos gallegos que están en el exterior, tenemos un especial conocimiento y sensibilidad por este tema; solo le quiero dar una cifra para que seamos conscientes de la complejidad y la cercanía que tenemos en este sentido: 1 920 000 votantes estaban censados en el voto CERA y emitieron el voto. En Barcelona, 159 000; solo en la provincia de A Coruña, 153 000, cuando nos multiplican por seis en población. Toda la Comunidad Autónoma de Galicia tiene tantos censados ausentes como Madrid y Barcelona juntos; o sea, conocemos profundamente y trabajamos en cada elección el problema que tienen de acceso al voto nuestros residentes ausentes. Y no crea, y nos ha sorprendido en este conocimiento profundo y cercano que tenemos con estos electores, que no es la dificultad de votar o el acceso al voto lo que más les preocupa en general -incluso la ponente anterior incidía un poco también en esa línea-, sino la percepción de que el voto no llega al destino, la cantidad de problemas que hay para poder llegar a la circunscripción electoral, a la mesa electoral, al colegio electoral o a la urna. Y estamos hablando de un número importantísimo de votos y de un colectivo aún más importante, por no entrar en la importancia que tienen todas esas personas que desde hace muchos años están residiendo fuera y crearon una riqueza para el conjunto de nuestro país. Y precisamente por la importancia y el reconocimiento que tenemos, somos especialmente conscientes de la importancia que tiene facilitarles el acceso pero también la fiabilidad...
El señor PRESIDENTE: Señor Fole, debe usted terminar.
El señor FOLE DÍAZ: Voy acabando, presidente.
... de que los votos lleguen a su destino. Pero no podemos hacerlo a base de impulsos, ocurrencias u oportunismos políticos, sino que debemos trabajar en conjunto todos los grupos. Hay una subcomisión -ya lo decía un compañero- creada para trabajar a fondo y con detalle en todos estos temas.
Termino con unas dudas. Me gustaría que me explicara con un poco más detenimiento, porque es difícil poder explicárselo al ciudadano de la calle, qué significado tiene que los votos en blanco se tradujeran también en escaños en blanco. ¿A dónde queremos llegar? Es difícil de comprender incluso para una persona que está en la vida política. Respecto al tiempo en las campañas electorales, no estoy siendo partidista. Dice que tengamos todos el mismo tiempo. Hay cuarenta y ocho partidos políticos que han conseguido votos en las últimas elecciones generales. Hay una formación política que se denomina Puede, que tiene 330 votos, y otra que es Unidos Podemos, que tiene 5 millones; aun con la similitud del nombre hay una gran distancia de votos. No sé si efectivamente los afectados creerían bueno, normal o representativo tener la misma proporción en una campaña electoral.
Quiero agradecerle sus aclaraciones y sus explicaciones ante un tema tan complejo como es la modificación electoral, aunque no quisiera saber -y coincidido con el señor Cámara- lo que hubiéramos escuchado si hubiese sido una propuesta del Partido Popular la obligatoriedad de pasar por las cabinas a la hora de votar. Evidentemente, el derecho tenemos que tenerlo, ahora bien, obligatorio...Permítame que dudemos que sea productivo.
Muchísimas gracias, insisto, por las explicaciones.
Para contestar a lo que considere oportuno, tiene la palabra el señor Colomo.
El señor COLOMO FERNÁNDEZ (Portavoz de la Plataforma "Por un voto igual"): Muchas gracias.
Sobre la recogida de firmas, el problema no es tanto la cantidad sino la repetición. Si un partido tiene que salir a la calle a recoger firmas -un partido que además no está representado, con lo cual no tiene subvenciones y tiene sus propios medios-, la primera vez puede recogerlas, pero la segunda vez le cuesta más y la tercera más. Además, el entorno familiar, el entorno del colectivo llega un momento que no entiende por qué tiene que firmar otra vez para que se pueda volver a presentar a las elecciones. Tenemos un país en el que hay cinco mil partidos políticos y no hay ninguna complicación. Si yo quiero crear un partido político, reúno a tres personas y creo el partido político, no se me exige nada más, pero para presentarme a las elecciones, que es para lo que se supone que es el partido político, me exigen unas firmas. Lo que estamos diciendo es que es absurda la forma en que se está pidiendo. Que se pidan siete veces en seis años firmas para presentarse a distintas elecciones en Cataluña es un absurdo. Que
se haga en función de los votos obtenidos cuando se han presentado o que se haga en la formación del partido, no lo sé, pero desde luego esta medida sí que es restrictiva y, por experiencia personal, desgasta al partido, y ese desgaste es el que hace que no pueda llegar a las elecciones.
Sobre el sobre único, hay una acción de los partidos, que es derecho de ellos, pero está el derecho de los votantes a estar informados. Eso debería priorizarse.
En cuanto a los tiempos de comunicación -y en eso además ha coincidido con el Grupo Popular-, hay una serie de elementos previos que no deben tenerse en cuenta, como el trabajo político que se ha hecho, la implantación social, la conformación... Cuando llegas a unas nuevas elecciones, todo ese trabajo que se ha hecho va a ser positivo para esos partidos, para la representación, pero el proceso electoral es un proceso electoral nuevo. Y, si no, que se lo digan a UPyD, que de estar en todo pasó a estar en nada. Sí que hay que hacer una tabula rasa; es un proceso electoral nuevo y todo el trabajo previo ayudará en esas elecciones a los partidos que ya están, porque son los que han estado en la tele, son los que han estado en los medios de comunicación, han hecho un trabajo que ha podido ser conocido por los ciudadanos. Esa ventaja ya debería ser suficiente como para además lastrar a los otros. Actualmente, las subvenciones electorales se dan a los partidos que ya consiguen elecciones, cuando en teoría una subvención electoral para una campaña electoral debería servir para que los partidos se dieran a conocer. Los que ya están representados no necesitan darse a conocer.
La circunscripción única existe en el Parlamento danés y existe ya en otros parlamentos también. Esto enlazaba con lo señalado por el Grupo Popular y por el PNV. Con una circunscripción única en las últimas elecciones solo hubiera entrado un partido más, que es PACMA. Es decir, si ahora mismo hay muchos partidos o hay fragmentación no es por culpa de una posible circunscripción única, no es por eso. Los partidos con representación regional están representados de una manera bastante aproximada a la representación que tendrían en un sistema de circunscripción única. Si ahora hay una fragmentación no es porque entraran esos nuevos partidos, es porque el sistema se ha hecho de tal manera que haya representación de todos los territorios. El problema podría venir por ahí, no porque un partido que tiene 400 000 votos no entre y uno que tiene 100 000 sí.
Las cabinas obligatorias. En esto han coincidido los dos principales partidos. No estamos diciendo que sea obligatorio el voto secreto, estamos diciendo que sea obligatorio pasar por la cabina para realizar el voto. Esto es muy fácil de entender desde el punto de vista de alguien que - como decía el Grupo Ciudadanos- quiere votar y no quiere que se conozca su voto. Si vengo con la papeleta de casa, ya estoy en duda; si cojo la papeleta a la vista de todo el mundo, es el acabose. La única forma de que esa persona pueda hacer un voto secreto es obligar a que todos pasen por la cabina, aunque solo sea de paso. No estamos obligando al voto secreto. Tú puedes salir de la cabina con la papeleta y enseñarla, pero pasas por la cabina. No se trata de obligar a que todo el mundo haga el voto secreto, sino de permitir que el que quiera hacer voto secreto pueda hacerlo.
El Grupo de Unidos Podemos no me ha hecho ninguna pregunta concreta, pero el 15M ya fue en 2011, hace unos cuántos años -no es en los últimos años-, y sigue habiendo gente que no está representada y que dice: No nos representan.
El Grupo Ciudadanos ha hablado sobre la gobernabilidad. Le digo lo mismo de antes, solamente entraría un partido nuevo. En otros casos entrarían dos o tres, vale, pero en una circunscripción con reparto D'Hondt a nivel nacional no entrarían tantos partidos sin aplicar barreras de voto.
Cambios constitucionales. El problema que tengo aquí, igual que con alguna otra pregunta, por ejemplo, sobre el voto telemático, es que yo represento a una plataforma que ha estado consensuando una serie de posturas y, por tanto, no puedo definirme sobre cambios constitucionales concretos. Un cambio constitucional podría ser -y eso sí lo hemos hablado- el tema de escaños compensatorios. Crear una bolsa de escaños compensatorios no cambiaría el sistema de voto de los ciudadanos y sería fácil de implementar. Otro cambio constitucional que sí hemos aprobado es la creación de una circunscripción para el voto exterior, que en la comparecencia siguiente comentará la ponente.
Sobre el tema de primarias lo mismo. No puedo definirme, pero creo que todos los participantes de la Plataforma "Por el voto igual" entendemos que a mayor participación ciudadana mejor.
En cuanto al PNV, lo que he dicho: la proporcionalidad pura y las barreras de acceso. No veo lo del incumplimiento de programas electorales en caso de coaliciones. Se hace una coalición de gobierno y se llevan a cabo las propuestas conjuntas. De hecho, un gobierno en el que haya acuerdos de varios grupos sería mejor que este sistema de gobierno, porque así se estabilizaría un poco lo que ha habido hasta ahora: gobierno yo y ahora gobiernas tú, y hago una ley de educación y ahora llego yo y, como no me
gusta la que has hecho tú, te la tiro. Con coaliciones sencillamente habría que llegar a ciertos consensos y la inteligencia colectiva sería mayor que la inteligencia individual.
La defensa del territorio no es incompatible con una circunscripción única, como ya le he dicho. Con una persona un voto, todas las personas estarían representadas. Cuando no tenemos una persona un voto, ahora mismo, es precisamente para potenciar la defensa del territorio. Pero entonces estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la barrera electoral. Sería otro tema.
El Grupo Popular decía acerca de mi exposición que es como quitar todo lo que beneficia al PP. Tenemos un problema, y es que la ley actual beneficia prácticamente en solitario al PP. He puesto ejemplos. Es verdad que hay otros partidos que también se vienen beneficiando, pero el sesgo es claro hacia el Partido Popular. Es decir, si a igualdad de votos -casi igualdad, una diferencia de 300 000 votos- el PP saca muchos más escaños que el PSOE, es que beneficia más al PP que al PSOE. Obviamente, también beneficia al PSOE. Cualquier cambio que hagamos en el sentido de igualar el valor del voto va a perjudicar al Partido Popular. De todas formas, teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene un acuerdo de Gobierno con Ciudadanos, en el que uno de los principios básicos es conseguir una mayor proporcionalidad del voto, entiendo que eso no va a ser un problema y que se llegará a algún tipo de acuerdo en el sistema a elegir. Nosotros hemos propuesto uno que consigue muchísima proporcionalidad a nivel nacional, pero eso está en su mano. Entendemos que es duro renunciar a unas leyes que te están dando un beneficio electoral claro, pero también entendemos que el Partido Popular está para gobernar para todos los ciudadanos y para mejorar la democracia. En ese sentido, con el acuerdo con ciudadanos, que Ciudadanos se encargará también de que se cumpla, debería ir en esa línea.
Cuando hablaba del desprestigio de la política, no decía desprestigio de los políticos. Hablaba del desprestigio de la política, y eso englobaba muchas cosas, no era una cosa concreta sobre los políticos en concreto. Creo que en este caso hay una desunión entre los ciudadanos y la Ley Electoral, y una de las mayores demandas de los ciudadanos en este momento es que haya una ley electoral justa.
Sobre si hay en este momento consenso para modificar la Constitución, yo creo que no. En la plataforma habría que verlo, pero creo que no, porque ahora mismo hay muchas diferencias de poder y no hay un fondo de debate claro y tranquilo. Sin embargo, una igualdad en las fuerzas y que estas fuerzas trabajen conjuntamente sí nos puede llevar en el futuro a un cambio constitucional, que es algo que también demanda mucho la ciudadanía, aunque a veces no lo demanda en el mismo sentido.
Sobre los ayuntamientos no hemos hablado nada en la plataforma, pero creo que no lo hemos hecho básicamente porque no hay un problema ahora mismo. La ciudadanía no siente que haya un problema en los ayuntamientos. Creo que en los ayuntamientos se funciona normalmente, se funciona bastante bien. Cuando no hay un acuerdo, se puede hacer un cambio de gobierno y además ahora mismo se facilita la renovación democrática, y eso proporciona que haya mayor limpieza y que los ciudadanos estén mejor representados. El partido Vecinos de Torrelodones, por ejemplo, entró cuando no era la fuerza más votada, pero en las siguientes fue la fuerza más votada con mayoría absoluta. Sí da juego para que haya mayor frescura. En los ayuntamientos, igual que en el Parlamento, lo que tenemos es un equilibrio de fuerzas. No votamos al presidente o, en el caso de los ayuntamientos, al alcalde, estamos votando a representantes, y esos representantes llegarán a acuerdos en los distintos temas.
Sobre la gobernabilidad, el problema de gobernabilidad no ha sido por las fuerzas políticas sino por el sistema de elección. A lo mejor hay que cambiar el sistema de elección, al estilo de Euskadi, planteando dos candidatos en la investidura y que salga el más votado de ellos o, incluso en ese mismo aspecto, una ley de presupuestos.
Sobre el voto en blanco, me comentaba que era difícil de entender por los ciudadanos que se le dé representación al voto en blanco. A lo mejor al que no quiere votar en blanco le resulta difícil de entender, pero el ciudadano que tiene que votar en blanco porque no tiene a quién votar lo entiende a la primera. Es decir, yo voy a votar, yo quiero votar, a mí no me representa ninguno de estos candidatos y yo voto en blanco. ¿Por qué mi voto no vale lo mismo que el de mi compañero que vota a PSOE, a Podemos o a Ciudadanos y tiene una representación en el Congreso? El que tiene que votar en blanco lo entiende rapidísimamente. A lo mejor, el que tiene clarísimo que quiere que le represente Carlos, pregunta: Y tú, ¿por qué no eliges a ninguno? Pero el que no encuentra ninguno lo tiene clarísimo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Colomo, por su explicación.
- DE LA SEÑORA ALMENA CARRASCO, PORTAVOZ DEL GRUPO DE VOTO DEL COLECTIVO MAREA GRANATE, EN RELACIÓN CON LA REFORMA ELECTORAL. (Número de expediente 219/000925).
El señor PRESIDENTE: La siguiente comparecencia es la de la señora Almena Carrasco, portavoz del Grupo de Voto del Colectivo Marea Granate, a quien damos la bienvenida. Tiene la palabra.
La señora ALMENA CARRASCO (portavoz del Grupo de Voto del Colectivo Marea Granate): Muchísimas gracias.
Primero, quiero agradecer a todos los asistentes su presencia. Quiero hacer un agradecimiento especial al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y al Grupo Socialista por solicitar nuestra comparecencia en esta Comisión Constitucional. No es frecuente que la emigración se pueda expresar en estas salas y estamos especialmente agradecidos por ello.
La Marea Granate es un colectivo de emigrantes del Estado español que se constituyó como tal en el año 2013. Entre muchas de nuestras demandas se encuentra la defensa de los derechos básicos de la emigración. En estos años ha habido una pérdida de derechos constitucionales en general, tanto de derechos civiles, como el derecho al voto o el derecho a la nacionalidad, como de derechos sociales, como nuestros derechos educativos en el exterior o el derecho a la jubilación, e incluso de derechos humanos básicos, como es la atención sanitaria. Gran parte de nuestro trabajo ha sido denunciar que el supuesto Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior es, a día de hoy, papel mojado.
Quería hacer un inciso en este apartado, porque se van a cumplir las quintas navidades en las que un montón de emigrantes van a retornar para pasar las fiestas sin cobertura sanitaria, lo que nos parece muy grave y de primera necesidad reformar. También quiero mencionar una ley de nietos que tienen ustedes parada -bueno, en previsión de ser reformada- y que consideramos que es de justicia social reformar.
Con respecto a la problemática del voto exterior, que es la que nos trae hoy aquí, a esta Comisión, todos sabemos el impacto que tuvo la reforma que se realizó en el año 2011, que ha hecho caer la participación de la emigración enormemente, en tasas de hasta el 85%, con respecto al porcentaje de participación previo a la reforma. Nuestro grupo de voto y toda la Marea Granate, desde el momento en el que nos constituimos, decidimos implicarnos muchísimo en este problema. Hemos asistido a la emigración en más de nueve procesos electorales hasta el día de hoy; hemos elaborado información precisa para informar a todos los emigrantes; hemos contestado por e-mail miles de preguntas; hemos contestado también en redes sociales a muchísimas consultas; hemos elaborado alertas de correos para tener a la emigración informada; hemos hecho talleres, charlas; hemos hecho recogida de datos posteriores para saber las causas por las que la participación estaba cayendo. En definitiva, hemos hecho una tarea de acompañamiento, de recogida de datos y de denuncia que nos ha permitido tener un conocimiento de la problemática del voto exterior a fondo, tanto de un modo general como en casos particulares de países específicos.
En paralelo, nos hemos implicado en el estudio y en el análisis de la legislación electoral y de los sistemas electorales de otros países en relación con el voto de la emigración. Esto nos ha permitido elaborar informes sucesivos que hemos intentado hacerles llegar. El informe que nos trae a día de hoy a esta Comisión es para una propuesta de reforma de la Ley Electoral para el voto exterior. Les hemos hecho llegar a todos los partidos este último informe y vamos a hacérselo llegar también a la Junta Electoral Central y a los consejos de residentes en el exterior, que consideramos que son actores imprescindibles y que tienen que ser escuchados también en el marco del voto exterior. A lo largo de estos años, hemos escuchado reiteradamente a todos los partidos decir que la reforma de 2011 fue un desastre, que ha traído consecuencias importantes para la emigración, y hemos entendido que había un consenso amplio y una voluntad amplia de reforma. Venimos aquí con la esperanza de que estas declaraciones se transformen en un compromiso real y de que podamos elaborar una ley de voto exterior garantista y democrática que restablezca nuestro derecho.
Para esta reforma del voto exterior consideramos que hay que reformar varios puntos de manera simultánea en varios aspectos, porque sin reformar íntegramente todos ellos la reforma no será garantista. Estos aspectos, grosso modo, que pasaremos a describir uno a uno, son: el sistema de inscripciones en el exterior, la derogación del ruego del voto, la ampliación de los plazos de los envíos electorales, la dotación de medios a consulados y a la Administración en el exterior en general y una reforma del sistema de voto. Es necesario reformar todos estos parámetros para tener, como decimos, una verdadera reforma
garantista. Además de esto, es imprescindible aumentar la transparencia del proceso electoral en el exterior.
Hemos estado siguiendo las comparecencias y los debates previos que ha habido tanto en esta Comisión Constitucional como entre los diversos grupos, y antes de exponer nuestras medidas querríamos hacer ciertas consideraciones previas que están incluidas también en un apartado especial del informe, si han tenido oportunidad de leerlo, sobre todo porque nos parece imprescindible analizar con objetividad y rigor las causas que están lastrando esta participación en el exterior, para poder aplicar las modificaciones oportunas.
La primera consideración es sobre el ruego de voto. El ruego de voto constituye un modo de sufragio censitario que ha tenido un impacto clarísimo. La relación causalidad-efecto es indiscutible en la participación, como sucede con todos los sistemas que implican un registro previo de los electores antes de efectuar el voto. Este impacto ya se vio previamente a la reforma en el voto municipal, antaño, cuando la emigración podía votar en el voto municipal con un protocolo de ruego de voto. Las consecuencias de esta implantación del ruego de voto fueron predichas ya por la Junta Electoral Central en su informe de 2009. Se ha puesto en duda que fuera conveniente eliminar este proceso de ruego de voto como medida garantista para evitar impurezas del censo electoral. Nosotros pensamos que en ningún caso esto puede sustituir a una depuración real del censo, que no se pueden transferir al ciudadano obligaciones que deberían estar cumpliendo las administraciones públicas y, además, como medida de identificación nos parece innecesaria, puesto que la identificación real se realiza en el momento de enviar la papeleta adjuntando registro de inscripción consular y fotocopia del DNI o del pasaporte.
Igualmente, hemos oído en debates previos hablar de la equiparación del proceso del voto por correo en el exterior con el proceso de voto por correo desde España, Nos parece que esta comparación tampoco es oportuna, porque en España una persona que solicita el voto por correo tiene otro procedimiento alternativo de votar, que es ir a su mesa electoral el día de las elecciones. Este no es nuestro caso. El ruego de voto es aprobado y se nos otorga el derecho a votar en ese momento, pero esa solicitud de ruego de voto puede ser denegada y no tenemos otra forma de poder votar en ese momento. Cuando esa solicitud es denegada, tenemos que realizar una serie de reclamaciones por la vía administrativa y por la vía judicial. Además, no se pueden comparar envíos de correo a nivel nacional con realizar dos envíos a nivel internacional. Hemos escuchado reiteradas veces excusar un poco el mal funcionamiento del protocolo del voto exterior por la dependencia de los servicios postales en el exterior, porque hay servicios postales en otros países que no funcionan adecuadamente. Nos parece que el principal problema que tenemos con los envíos postales son los brevísimos plazos que se contemplan a día de hoy para el voto exterior, que son quince días de envío en una situación normal y siete días de envío en el caso de que haya impugnación de las candidaturas. Nos parece que el problema central es este, independientemente de los problemas secundarios de los servicios postales de los países de acogida. Por ponerles un ejemplo, yo resido en Francia habitualmente, país que tiene un servicio de correos que funciona, y ahí se queda gente sin votar por mucho que funcione adecuadamente. No debemos excusarnos en esto para evitar proponer soluciones al respecto. Tenemos consideraciones también importantes sobre la posibilidad de instaurar el voto electrónico, pero lo mencionaré más adelante cuando empecemos con las propuestas.
Paso a enumerar nuestras propuestas, recogidas en el informe con más o menos detalle técnico en función de cada una de ellas, y a describirlas un poco técnicamente. Lo primero que solicitamos es una mejora relacionada con el censo. A día de hoy tenemos una inaccesibilidad, una barrera enorme para las inscripciones consulares. Hay un desfase de cifras entre los españoles registrados en los consulados y los españoles residentes en el exterior que ha sido demostrado desde el Instituto de la Juventud, desde estudios del CESIC, por ejemplo, o de nuestras propias cifras acudiendo a las estadísticas de los países que nos acogen, que muestran que los españoles residentes en el exterior son muchísimos más de los que se pueden inscribir en los consulados. Esto llega a una magnitud de hasta un factor de cinco o seis en países como Reino Unido o Irlanda, que son los principales países receptores de emigración ahora mismo. Pocos consulados facilitan las inscripciones a distancia y muchos de los que las facilitan cubren áreas enormes de migración. Por poner un ejemplo, y vuelo otra vez al caso particular, el Consulado de París, de los 101 departamentos de Francia, cubre 49; muchos de estos departamentos son dominios muy lejanos, como Guayana, Reunión, Nueva Caledonia, etcétera, y dependen directamente el Consulado de París. Los residentes en Irlanda del Norte, por ejemplo, están forzados a depender del consulado de Edimburgo; tienen que cambiar de isla para poder inscribirse. En Reino Unido, que tiene un volumen de migración enorme ahora mismo, tenemos solamente dos consulados después de que el de Manchester
fuera suprimido en el año 2012. Todo esto imposibilita muchísimo que la nueva ola de emigración pueda acceder a los servicios consulares. Además de esta inaccesibilidad, tenemos un problema también de actualización del Padrón de españoles residentes en el exterior y como consecuencia del censo electoral. Esto se debe a un volcado que se hizo en el año 1996 del padrón que había al censo electoral sin depurar. Inmediatamente después, la Junta Electoral Central propuso una serie de reformas para depurar dicho censo y con mucho trabajo se fue consiguiendo poco a poco efectuarlo, de manera que antes de la reforma el censo estaba bastante depurado. A día de hoy, vistas las cifras que hemos extraído del INE, esto ha dejado de hacerse y ello debería corregirse cuanto antes.
Sobre estas mejoras relacionadas con el censo, lo que proponemos es elaborar un protocolo de actualización del mismo que permita la informatización de los procesos de inscripción, que se cree una sede electrónica para realizar estos trámites de inscripciones, de modificaciones de domicilio, de subsanaciones del censo durante el periodo electoral que eliminen esta enorme barrera que está suponiendo la accesibilidad de los consulados para la emigración. Lo siguiente que solicitamos son mejoras en cuanto al ruego del voto, que supone la eliminación de dicho ruego. Como hemos señalado, es un sufragio censitario que tiene un impacto directo en la participación y que no evita el problema de las irregularidades, porque hay que recordar que irregularidades ya había con el voto municipal que se rogaba antes de la reforma de 2011. Hemos visto que hay un amplio consenso en cuanto a la derogación de este ruego mostrado en estas Cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado. Proponemos un sistema múltiple para poder ejercer el derecho al voto desde el exterior, que sea adaptable a la situación del elector. Para eso tendríamos el voto por correo como se viene desarrollando hasta ahora, voto presencial en los consulados de la misma manera, y además proponemos la inclusión de un mecanismo de voto por delegación de poder. Este mecanismo existe en países como Francia, Reino Unido o Bélgica, donde funciona muy bien -está detallado en el informe nuestra propuesta de cómo lo haríamos-, y consideramos que es esencial para facilitar el voto de residentes temporales y también para países con un servicio deficiente de correos, por ejemplo. Creemos también necesaria una modificación de los plazos de envío. Hay que destacar la dependencia que tenemos del voto por correo desde el exterior; bien votemos en persona, bien votemos en el consulado o bien votemos por correo, al final, dependemos siempre de que las papeletas nos lleguen porque en los consulados no hay papeletas, no son mesas electorales como tal y o bien el elector ha recibido la documentación electoral o no puede ejercer su derecho al voto. Esta reforma consideramos que es prioritaria por los plazos tan exiguos que he descrito antes de quince días para los envíos en caso de que no haya anormalidades y siete en el caso de que sí las haya. Ninguna derogación de ruego o mejora de las inscripciones será efectiva si no va acompañada de una extensión de los plazos, y esto ya fue avalado por la Junta Electoral Central en otro de sus informes.
Hemos hecho una recogida de datos que mostramos en el informe sobre las causas por las que la gente no podía votar y nos hemos encontrado con que, en procesos electorales diversos, entre un tercio y la mitad de los electores que habían solicitado el ruego no podían votar porque la documentación no llegaba a tiempo. Igualmente les hemos adjuntado esquemas con posibilidades diversas de reformas, aquí hay algunas de ellas. (Muestra un gráfico). Este es el proceso actual, donde los envíos están marcados en azul y están muy cercanos a la fecha de voto, y les hemos adjuntado hasta cuatro posibles modificaciones para extender estos plazos de envío a partir del adelanto de la convocatoria electoral. Estas modificaciones de los plazos tienen que tener como elementos clave este adelanto de la convocatoria electoral; la ampliación del tiempo de subsanaciones de las inscripciones en el censo; la derogación del ruego del voto, por supuesto; la ampliación de los tiempos de los envíos desde las oficinas del censo electoral de la documentación electoral al elector y la ampliación de plazos del escrutinio para dar tiempo suficiente a que desde los consulados más lejanos lleguen las valijas con los votos a España. Igualmente pedimos la modificación de las modalidades de los envíos, lo cual fue propuesto también por la Junta Electoral Central en uno de los informes, para que se posibilite la descarga de material electoral en el caso de que este no llegue por el motivo que sea. Esto supliría el problema de las papeletas que no llegan, que como les he dicho es bastante frecuente, y haría aumentar muchísimo la participación.
Sobre el voto electrónico, del que se ha hablado repetidas veces en esta sala, reiteramos nuestra oposición a este sistema de voto. Les hemos adjuntado dos informes previos que realizamos, un estudio a fondo sobre qué era el voto electrónico y el impacto que tenía y otro sobre el informe que realizó la Junta Electoral Central respecto a este asunto. Nos ha sorprendido mucho escuchar equiparaciones sobre el uso telemático en otros procesos, como hacer la declaración de la renta o utilizar las cuentas corrientes
por Internet, cuentas bancarias, transferencias bancarias, etcétera. Son procesos que no tienen nada que ver en cuanto a la problemática tecnológica puesto que, por ejemplo, en una declaración de la renta tanto el receptor como el emisor son conscientes del proceso y pueden verificar la viabilidad del mismo. En un sistema de voto electrónico hay que desvincular la información del elector y del receptor, técnicamente es un problema totalmente distinto; no creemos que se puedan hacer equiparaciones al respecto.
No nos queda claro, tras la exposición previa que hubo en esta Comisión, lo que se dijo de instalar terminales en los consulados, lo cual significa instalar urnas electrónicas y que votemos allí en persona. Eso tampoco soluciona nada porque el 90% del voto que llega a los consulados es voto por correo; el voto presencial en los consulados es minoritario. A día de hoy solamente hay tres países que usen terminales físicos de voto electrónico, que son Estados Unidos, Brasil y Venezuela, y solo un país utiliza voto por Internet, que es Estonia. En todos estos países, como en muchos otros, estos sistemas han sido cuestionados, han sido evaluados y se han encontrado múltiples fallos en numerosas ocasiones. Les remito a uno de los informes de voto electrónico, donde hacemos un recopilatorio al respecto. De hecho, el voto electrónico no es algo novedoso, sino que lleva 30 años de pruebas sin que se haya avanzado nada; al contrario, ha habido un retroceso general en su implantación y cada vez son más los países que están intentando evitarlo. Recientemente, Francia, Holanda y México han retirado sus sistemas de voto electrónico. En el caso de Francia, que se ha mencionado aquí, no es cierto que se esté utilizando ahora; en las últimas elecciones se eliminó para la emigración la posibilidad del voto por Internet. Aun así, el informe de la Junta Electoral avisaba de estos riesgos en cuanto a que se vulneraban principios básicos como la universalidad, igualdad, libertad y secreto del voto y decía que todo esto podría socavar la confianza en el sistema y que ello implicaría, lisa y llanamente, la demolición de la democracia -leo literalmente partes del informe-. ¿Por qué? Porque, aparte de las inseguridades y las vulnerabilidades que pueda tener, se vulneran derechos básicos como es la posibilidad de auditoría del proceso por parte de los ciudadanos, y cuando digo por parte de los ciudadanos también digo por parte de los partidos; estaríamos en manos de técnicos que nos dirían si el proceso ha funcionado o no, porque en muchos casos estos procedimientos se otorgan a la empresa privada, con lo cual esto supone una privatización, una pérdida de soberanía y una privatización de la democracia, y luego porque se cuestionan también derechos como el secreto del voto por este problema que les he dicho de desvincular al emisor del receptor, o la universalidad por la llamada brecha digital, que afectaría a gran parte de la ciudadanía a la hora de votar.
Como reformas adicionales, consideramos que hay que mejorar las garantías del proceso electoral en general en el exterior. Para empezar, la información electoral, que no llega, no es suficiente para la emigración. Nosotros, Marea Granate, como plataforma ciudadana, estamos supliendo este trabajo que debería estar haciendo la Administración, estableciendo canales para conseguir que todo el mundo esté informado. Igualmente pedimos aumentar la transparencia y la seguridad del proceso. Las actas electorales en los consulados deben ser públicas; se debe poder comprobar la trazabilidad del voto. A día de hoy, cuando enviamos el voto desde fuera no sabemos si hemos votado o no, es imposible verificarlo y hay una gran desconfianza de la emigración con respecto a esto. Además, como ha señalado la Junta Electoral Central, se debe establecer un protocolo de custodia de las urnas en los consulados durante los días que estén allí.
Un aspecto muy importante también es la gratuidad del voto, que es algo que no se está cumpliendo a día de hoy. Es un derecho constitucional que el voto sea gratuito, pero en muchos casos los emigrantes tienen que adelantar bastante dinero según el envío y dónde estén y no tienen forma de reclamar fácilmente cuando no se les reembolsa el importe y en muchísimas ocasiones lo que se les reembolsa no es lo que ellos pagaron, sino que se hace una estimación y se les devuelve menos dinero del desembolsado. Esto genera muchísima desconfianza en el sistema democrático y desincentiva muchísimo la participación en las siguientes elecciones.
Queremos también que se adecuen los recursos humanos y tecnológicos al volumen de la emigración. Tenemos un padrón de residentes que ha pasado de 1,4 a 2,4 millones de españoles en el exterior en pocos años y un censo electoral que ha crecido más de un 50% durante este tiempo, desde que se registra el histórico. Sin embargo, los recursos no han sido dimensionados a este crecimiento de la emigración en el exterior. Ahora mismo tenemos a los consulados completamente asfixiados, además con su personal laboral en situaciones muy poco dignas; supongo que sabrán ustedes que muchos están reclamando condiciones laborales dignas y salarios adecuados. Por estos motivos hemos visto colas de cinco horas para poder rogar el voto en algunos consulados y al personal consular totalmente desbordado.
Además, se deben modernizar los recursos que tiene la Administración en el exterior. A día de hoy estamos realizando envíos por fax al Instituto Nacional de Estadística y a las oficinas del censo electoral para inscribirnos. Esto tiene que ser cambiado por algún tipo de sistema telemático de inscripciones.
Finalmente, queremos solicitar el establecimiento de una circunscripción en el exterior. El crecimiento de la emigración ha hecho que ya seamos la tercera provincia del Estado, por detrás de Madrid y Barcelona. Como he dicho, en los últimos años más de un millón de personas se han inscrito y hay muchísimas más que no se han podido inscribir por esta barrera de inscripción consular. Esta circunscripción exterior existe en otros sistemas electorales, como el francés, el italiano o el portugués, y permite dotar de representación parlamentaria a la diáspora, que tiene una problemática específica que queda frecuentemente desoída, como les he expuesto al principio, con toda la serie de problemas que tenemos. Una circunscripción exterior nos permitiría reforzar esta vinculación con la política nacional, promover una agenda legislativa propia, traer nuestros problemas con más frecuencia al Parlamento e intervenir en la toma de decisiones directamente.
Voy a concluir, simplemente pidiéndoles una vez más una reforma justa, garantista y democrática, con todo este consenso que creemos que se ha generado de forma social pero también política, en cuanto a la necesidad de una reforma del protocolo del voto exterior. Pensamos que esto tiene que ser elaborado al margen de cálculos partidistas, que esto es justicia democrática pura y dura y que solamente afrontándolo con valentía y con un sentido de la justicia saldrá una ley electoral para la emigración que sea justa.
Con esto concluyo mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almena.
Vamos a pasar a las intervenciones de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cámara.
Mis primeras palabras son, obviamente, de agradecimiento por la comparecencia de la señora Almena y al mismo tiempo para manifestar mi satisfacción por los esfuerzos que ha hecho Marea Granate a la hora de realizar sus estudios y sus análisis previos y habérnoslos enviado. Además, lo ha hecho con mucho rigor, con mucha profesionalidad, descendiendo incluso a detalles técnicos que son muy de agradecer porque pueden ser tenidos muy en cuenta a la hora de plasmarlos en disposiciones concretas de cara a la reforma de la Ley Electoral. Creo que merecen que les felicitemos porque son ustedes los exponentes de una ciudadanía exigente, de una ciudadanía crítica y participativa, que no es muy frecuente. Desde ese punto de vista, los socialistas hemos tomado buena nota de todo lo que usted ha expuesto con brillantez y de todo lo que viene en los informes, que me he leído, al igual que mis compañeros. El Grupo Socialista es muy consciente de que hay que mejorar esta materia relacionada con su situación en el exterior y la participación política, además de otros problemas que evidentemente no pueden ser tratados aquí pero que comprendemos perfectamente.
Cuanto intervine en la anterior comparecencia recordé el mandato que nuestra Constitución establece en el artículo 9.2 y también en el 68.5 acerca de buscar lo mejor para facilitar la participación de todos los españoles y en especial de los que están en el exterior. Esto lo tenemos que tomar como una obligación dirigida por la Constitución a los poderes públicos; nosotros somos el poder público encargado de hacer la reforma y tenemos que tomar muy buena nota de todo lo que dicen ustedes y tratar de llegar a acuerdos suficientes para plasmarlos en la legislación electoral.
Nuestro grupo está muy comprometido con la supresión del voto rogado. Quiero manifestar aquí que aquella regulación que se hizo en 2011 -yo no estaba presente en el Parlamento pero lo viví desde fuera- era muy bienintencionada, porque se trataba de establecer garantías para que no hubiera el fraude electoral que se había manifestado en otras ocasiones, pero inmediatamente nos dimos cuenta de que pretendiendo hacer algo bueno habíamos hecho algo que coartaba el derecho de participación política y lo entorpecía extraordinariamente. El Grupo Socialista, en el año 2012, denunció esta situación y decidimos cambiar de estrategia para salir de esa situación en la que la legislación electoral nos metió porque efectivamente los porcentajes de participación que hay en el exterior son tan pequeños que realmente es cercenar la posibilidad de participación política de manera tremendamente injusta. De ahí nuestro compromiso para cambiar esa situación. Estamos comprometidos con la supresión del voto rogado y sustitución por otro sistema que permita una mejor y más justa participación.
Creemos que el conjunto de sus medidas son de recibo. La ampliación de los plazos de envío de documentación y de los mecanismos para efectuarlo es fundamental, pero va conectado con unas medidas de conjunto de ver cuál es la duración completa del proceso electoral -luego me referiré a las diversas cuestiones que ustedes plantean-. Estamos de acuerdo, lógicamente, en que hay que establecer el uso de varios sistemas diversificados que actúen en paralelo para que se pueda garantizar el voto de todos los españoles en el exterior -usted lo ha manifestado muy bien, son votos por correo- y con el depósito del voto en urna, cosas que ya están vigentes. Hay algo verdaderamente interesante y llamativo que tiene precedentes en el derecho comparado, que es el voto por procuración. A mí esta propuesta me parece particularmente interesante y a lo largo de los debates que vayamos teniendo aquí, viendo sus posibilidades y sus desarrollos, nos fijaremos con especial interés para que esto pueda prosperar.
La mejora de la seguridad de custodia en urna me parece un tema importante, también me lo parece la implementación de un sistema de trazabilidad del voto, que vaya aparejado, así como el sistema de inscripción a distancia y de reclamaciones del censo electoral, como usted ha explicado muy bien, que elimine los problemas que hoy se tienen de acceso tanto por horario como por distancia a los consulados. Antes ha estado aquí la directora general de Españoles en el Exterior y ha mencionado algunos ejemplos que nos han llamado poderosísimamente la atención, como distancias de 4000 kilómetros para ir a depositar el voto, y una serie de dificultades y barreras en cascada que impiden que ustedes puedan participar adecuadamente en los procesos electorales.
Por supuesto que hay que hacer mejoras en la informatización del sistema de gestión del censo electoral. Estamos ante un sistema tan complejo para un colectivo tan amplio, de prácticamente en torno a dos millones de personas, que exige que se avance mucho en estos procesos de mejora de la gestión, sobre todo utilizando las nuevas tecnologías. La mejora de la información institucional y la transparencia de los escrutinios y reclamaciones es muy importante, así como la gratuidad del voto, aunque usted no ha incidido especialmente en esta cuestión, o me ha parecido, pero sí que lo he visto reflejado en los informes con especial intensidad y también ha salido a relucir en la primera comparecencia. Es verdad que esto hay que resolverlo.
En definitiva, adecuación proporcional de recursos humanos y tecnológicos proporcionales al volumen de los residentes extranjeros, a lo que ya me ha referido antes, y dudas sobre el voto electrónico. Nosotros hemos propuesto estudiar las posibilidades del voto electrónico, pero vemos que ustedes lo rechazan de plano y dan argumentos muy potentes para ello. Nosotros no estamos abogando sí o sí por el voto electrónico, sino que lo que decimos es que lo vamos a estudiar y lo vamos a considerar, y las razones que usted ha expuesto aquí y las que vienen en su informe nos parecen muy poderosas y muy dignas de tenerse en cuenta y sin duda que las tendremos, sobre todo porque esa proclamada posibilidad de que haya un ahorro económico prácticamente no existe. La brecha digital es un problema muy serio, las vulnerabilidades tecnológicas también lo son, y la prueba es que se están retirando en muchos países, sobre todo por la posibilidad de interferencias que han provenido de Rusia, según se dice, en los procesos electorales recientes en Europa. Todo esto hace que tengamos que plantearnos el estudio de esa cuestión y estamos abiertos a esa posibilidad.
Ustedes hablan de una serie de opciones para ampliar a más días la distancia entre la convocatoria electoral y la celebración de las elecciones, lo que me parece una medida muy importante y fundamental para poder ajustar los plazos de participación en el proceso electoral y que se pueda llegar a tiempo a las elecciones y no se produzcan estas disfunciones. Esta idea es fundamental. Plantean diversas opciones, lo que pasa es que todas ellas, menos una, la opción c), si no recuerdo mal, que supone el adelanto al día sesenta, porque es lo que permite la Constitución...
El señor PRESIDENTE: Señor Cámara debe terminar.
El señor CÁMARA VILLAR: Termino inmediatamente, señor presidente.
Las demás, requieren la reforma del artículo 68, apartado 6.º de la Constitución española, que estamos abiertos a estudiar, pero, claro, eso forma parte de otro capítulo de reforma constitucional que esperamos que algún día se pueda llegar a realizar.
Me parece muy interesante -y ya con esto termino- el establecimiento de una circunscripción exterior que ustedes han planteado, que igualmente requiere reforma constitucional, si yo entiendo bien, del artículo 68, apartado 2 de la Constitución. Somos también favorables a su estudio pero tenemos dudas, sinceramente; lo llevamos en nuestro programa y lo hemos incorporado en las resoluciones del 39.º Congreso, pero esta es una medida más de reforma constitucional que habrá que estudiar con
especial intensidad. La pregunta concreta que quiero hacerle, porque en lo otro he mostrado acuerdos en líneas generales, es esta. Es decir, yo no estoy del todo convencido de todas las razones en virtud de las cuales se deba crear esta circunscripción electoral. Estoy abierto a entenderlo y en buena parte lo entiendo, pero los intereses y los derechos que son representados tanto en el exterior como en el interior son el interés general del país. En ese sentido, probablemente no hiciera falta una circunscripción electoral específica agrupando a todos los españoles en el exterior; tampoco los intereses de todos en el conjunto de los territorios están definidos de la misma manera, sí los que tienen que ver con la relación con España, obviamente. No digo que esté en contra, pero me gustaría que intentara razonarme con más profundidad las razones en virtud de las cuales sería necesario establecer, sí o sí, esa circunscripción exterior. (Aplausos).
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Buenas tardes, gracias, señor presidente.
Muchas gracias por estar hoy aquí, sin duda agradecemos vuestra inmensa labor, la inmensa labor de un espacio como la Marea Granate, que demuestra, a nuestro entender, además, que en muchos casos -y creo que se ha puesto de relieve en el rigor, en la profundidad, en la capacidad de la propuesta que nos han enviado y que se ha descrito hoy aquí por la compañera- la sociedad va muy por delante de las instituciones y que somos las instituciones las que nos tenemos que afinar en el trabajo legislativo para ponernos a la altura del tiempo y para no tener una legislación electoral de otro tiempo y casi de otro espacio, diría.
Dicho esto, después de escuchar la exposición, tengo que decir que, sin duda, es un problema muy extendido. Además, me parece muy importante ponerlo de relieve porque cuando escuchaba su intervención estaba viendo los problemas que familiares directos han tenido durante muchos años para votar, personas que, además, tienen una participación política intensa en la sociedad, que han vivido muchos años fuera y que han pasado muchos años sin poder votar. Por tanto, creo que es algo que nos interpela directamente como legisladores, por lo que debemos solucionar esto lo antes posible.
Además de esto, me gustaría recoger la demanda, que no tiene que ver con esta subcomisión, la Ley de nietos y el asunto de la asistencia sanitaria que, sin duda, es un elemento especialmente lacerante para nuestra sociedad -me refiero concretamente también al tema de la asistencia sanitaria-. Concretamente, yendo a las propuestas tenemos un consenso casi total con las mismas y con las perspectivas de análisis que han documentado y desarrollado en su propuesta. En lo que tiene que ver con el censo estamos de acuerdo con la propuesta, pero me gustaría hacerle una pregunta muy simple: qué le parece la propuesta de renovación temporal de la inscripción y de actualización periódica del CERA cada diez años; se está dando en otros países como Francia, Noruega, Suiza, me gustaría saber si les parece una medida oportuna. En lo que se refiere al voto rogado, estamos de acuerdo con su propuesta de derogación del voto rogado. También nos parecen interesantes todas las alternativas que han puesto encima de la mesa en lo que tiene que ver con el voto por correo, delegación o poder, que es un sistema que, como han dicho, muchos ciudadanos del Estado español en el extranjero comprueban que funciona perfectamente en países vecinos, y también el voto en consulado.
En cuanto a los plazos, nos gustaría plantearle tres preguntas rápidas. En primer lugar, el artículo 68 de la Constitución establece el plazo máximo de sesenta días desde la convocatoria electoral hasta la celebración de la misma. Me gustaría saber si considera recomendable ampliar este plazo en caso de reforma constitucional. En segundo lugar, en el caso de que no exista una reforma constitucional, ¿cree viable que la Loreg ampliase el plazo de cincuenta y cuatro días que establece en su artículo 42, a sesenta días de máximo, como prevé la Constitución? En tercer lugar, en la actualidad solo son admitidas por las juntas electorales provinciales las papeletas que llegan con matasellos del quinto día anterior a las elecciones, me gustaría saber si consideran que se deberían de aceptar como válidas todas las papeletas llegadas por correo al consulado antes del día de las propias elecciones.
Sobre el voto electrónico, compartimos sus temores y lo vemos de una forma parecida, pero, al mismo tiempo, creemos que es imprescindible poner el foco sobre la puesta al día telemática, no tanto del proceso del voto sino de todo lo que hay alrededor del procedimiento electoral, que nos parece fundamental. Evidentemente, eso significa una intención legislativa y política y también medios.
Finalmente, sobre la propuesta de la circunscripción exterior, que países como Italia, Francia, etcétera, ponen sobre la mesa, nos parece pertinente y sin duda hay que llevarlo a las conclusiones de esta subcomisión.
Para no alargarme mucho más, quiero reiterar el agradecimiento al trabajo sistemático y diario que hacen, que además en muchos casos, como han dicho, por ejemplo en materia informativa suple lo que no hacen las instituciones del Estado.
Muchísimas gracias a la compareciente porque realmente nos ha aportado mucho material para reflexionar y para trabajar en lo que nos queda por delante.
Durante esta tarde manifestábamos en repetidas ocasiones nuestra preocupación por lo que había significado el voto rogado en nuestro país, que de una participación que ya de por sí era baja y estaba en torno al 30%, había hecho que se desplomara esa participación a unos niveles en torno al 5%. Esto para nosotros es muy preocupante, por eso queremos derogarlo, y es muy preocupante especialmente porque creemos que realmente lo que tiene que hacer una Administración es incentivar y facilitar un derecho tan importante como ese a los ciudadanos también que están en el exterior, y parece que lo que se estaba haciendo con esto era precisamente lo contrario. Yo habría la reflexión acerca de cuál era la explicación para que esos partidos hubieran hecho lo que hicieron en su día, y me parece que una de las mejores explicaciones que hay es la que usted ha dado, y que por desgracia es muy habitual en la Administración, esa tendencia que tiene a veces la Administración de trasladar al ciudadano una complicación que tiene a la hora no ya de pedir unos papeles, o a la hora de solucionar temas burocráticos, sino también en este tema concreto, porque era evidente que había un problema, pero también es evidente que esta forma de solucionarlo no es la adecuada, sino que además ha hecho que el problema empeore, porque para nosotros lo peor es precisamente eso, el 5%; ese es para nosotros el problema.
He seguido su comparecencia y hemos analizado también toda la documentación que nos ha mandado y estamos muy de acuerdo en la práctica totalidad de las cosas en las que usted ha trabajado. Por resumir, hablaba del establecimiento de la circunscripción, de la derogación del ruego de voto, de la actualización del censo, de la aplicación de un modelo mixto de votación, de la modificación de plazos electorales, de la mejora de la información electoral, de la inclusión de medidas que garanticen transparencia y auditoría del proceso electoral, de garantizar la gratuidad del voto, etcétera. Aparte de eso y viendo como ha sido también su comparecencia, me apetecía preguntarle -y estoy seguro de que usted estará mucho más familiarizada que yo en qué ámbitos se mueven países de nuestro entorno, y de hecho usted ha citado en el tema de la delegación de voto y en el voto electrónico algunos de ellos- si había alguna cosa que le pareciera importante reflejar en su comparecencia aquí, es decir, modelos o cuestiones a imitar que estén presentes en los países de nuestro entorno. Queremos manifestar también nuestra preocupación sobre un tema que es complejo, aunque solo sea porque también -y en eso abundaba tanto usted como el anterior compareciente- estamos hablando de países con realidades no ya geográficas sino también económicas y sociales tan distintas que entiendo que es dificultoso crear un modelo que englobe todas esas realidades y, por tanto, a lo mejor hay que crear modelos más complejos. Simplemente, me gustaría, si pudiera, que abundara un poquito más en eso que le acabo de apuntar. Le manifestamos de nuevo nuestro agradecimiento.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez Aras.
Señora Almena Carrasco, le agradecemos el esfuerzo por su comparecencia, el tono, la actitud proactiva y sobre todo el espíritu pedagógico de la misma; las aportaciones que nos ha hecho creo que son muy interesantes.
Los comparecientes que nos han precedido a lo largo de la tarde, así como los mismos portavoces ya han abundado en esta cuestión. Podemos encontrar quizá muchos más puntos de encuentro en ese objetivo que buscamos todos y cada uno de nosotros, aun con planteamientos distintos, de facilitar y
garantizar el voto a nuestros compatriotas en el exterior. Sin lugar a dudas, estamos ante uno de esos temas capitales, que merece una atención especial por parte de todos, una atención especial que viene ocupando y preocupando a esta Cámara. Eso es un hecho constatado con reiterados informes y trabajos y sobre todo a partir especialmente de 2009 con el informe de la Junta Electoral Central en el que se sustanció la reforma de 2011, una reforma que asumía un planteamiento garantista y establecía un nuevo sistema con el voto rogado, que no viene a ser más que una parte más de un mecanismo complejo de voto exterior; una reforma que fue fruto -lo han reiterado otros compañeros- de un largo proceso de estudio, de diálogo y participación en el que coincidieron la mayoría de los grupos de la Cámara; un estudio que en el seno de esta Comisión se sustanció entre el otoño de 2008 y el verano 2010. Podemos entender perfectamente, y así lo hacemos, señora Almena, la bondad de sus planteamientos, cuyo objetivo final viene a buscar esa salvaguarda y simplificación de un procedimiento en el que todos hemos estado más o menos de acuerdo. Debemos buscar puntos de encuentro, como así ha sido en esta materia, participando de los informes, no solo de la Junta Electoral Central sino del propio Consejo de Estado y, además, y por supuesto, de los colectivos como el que usted representa, con un trabajo de campo excepcional. De ahí la naturaleza de esta reforma que buscaba acabar con la inseguridad jurídica en el procedimiento anterior, que presentaba muchas dudas; un establecimiento de una nueva fórmula que ofrecía una mayor fiabilidad, reducía enormemente las posibilidades de fraude y no podemos negar tampoco que lo que hemos ganado en seguridad jurídica por una parte para el sistema, ha repercutido en la misma participación electoral, una participación que se resentía también -y así lo hemos escuchado a lo largo de la tarde- cuando los propios ciudadanos residentes ausentes votaban en las elecciones municipales, donde también su voto era rogado. Lo importante es que se está trabajando de manera transversal para invertir esa tendencia negativa de la baja participación, desde el Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, desde la propia Oficina del Censo Electoral, supervisada por el INE y bajo la supervisión de la Junta Electoral Central; se está intentando adoptar medidas que mejoren el procedimiento de voto, una mayor simplificación y una mejor difusión de la información sobre el procedimiento, así como medidas específicas para aquellos países donde se habían detectado mayores problemas, todo en coordinación con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y con las propias embajadas y consulados, como nos ha puesto de manifiesto la primera compareciente.
Coincidimos todos en que debemos seguir trabajando en paliar esas disfunciones del sistema establecido que inciden en esa baja participación de los votantes CERA, cuestiones puestas de relieve en el último informe de la Junta Electoral Central del año 2016, fenómenos que ponen de manifiesto la necesidad de actualización de normativas, procedimientos y protocolos para adecuar nuestro marco normativo a las realidades actuales que reclaman revisar conceptos y procedimientos, en algunos casos obsoletos, y comenzar a estudiar vías y métodos de respuesta en las circunstancias propias de una sociedad política que nos exige soluciones. También el esfuerzo necesario en medios materiales y personales de una Administración exterior que afronta una situación totalmente distinta, que ha evolucionado en estos últimos años, para facilitar a nuestros compatriotas ese ejercicio del voto, porque votar es un derecho que ejercer y un deber que cumplir. Un informe que concluye con unas aportaciones interesantes sobre el uso de la tecnología, tanto en la solicitud como en la emisión del voto por parte del elector, pero todo ello de manera excepcional, como pone de manifiesto el informe, no únicamente para este tipo de electores como alternativa a otras vías convencionales que, mejoradas, deberían mantenerse a disposición del propio elector, y con todas las reservas y garantías necesarias para afrontar la complejidad de ese mundo de Internet, lleno de amenazas pero también de oportunidades que tenemos que seguir explorando, un tema, señora Almena que ustedes cuestionan por su nula fiabilidad y -cito textualmente- auditabilidad en su informe, cuando es un sistema, como hemos constatado a lo largo de estos años, que ha venido siendo utilizado por diferentes fuerzas políticas. Por ejemplo, el sistema Agora Voting ha sido autorizado por Podemos, por Compromís-Equo, por Izquierda Unida en Andalucía, en sus procesos internos. Merecería la pena seguir explorando esa oportunidad que nos da la red para buscar esa implementación en el voto exterior. También quisiera que me aclarara alguna duda en lo que se refiere al planteamiento de discernir entre lo que es el voto rogado en el exterior y la solicitud del voto por correo de los ciudadanos que residen en España. Esto me genera una pequeña complejidad. Voy finalizando, señor presidente. A nadie se le oculta la dificultad de cualquier reforma electoral, y voy a citar en este caso a la letrada Ripollés Serrano, que en este aspecto hace una mención específica, porque pocas materias son tan rebeldes a la reforma como la electoral, ya que una pequeña y aparentemente inocua modificación
puede dar al traste con un edificio construido mediante complejos equilibrios, ajustes de cargas y tensiones perfectamente previstas.
Reitero nuestro agradecimiento, señora Almena, por sus aportaciones y le doy las gracias.
Para contestar a aquello que le parezca oportuno, tiene la palabra la señora Almena.
La señora ALMENA CARRASCO (Portavoz del Grupo de Voto del Colectivo Marea Granate): Muchísimas gracias por las aportaciones a todos los grupos. Voy a intentar resumir los temas que han salido y ponerlos en común.
Voy a empezar siguiendo el orden de la exposición. Sobre la pregunta que nos hacía el diputado del Grupo Popular en relación con el procedimiento del voto por correo desde España frente al voto rogado, hemos escuchado decir en esta sala, en comparecencias previas, que en el fondo el ruego del voto era equiparable a solicitar el voto por correo dentro del territorio español. No consideramos que sea lo mismo, lo primero porque, como he mencionado antes, el ruego tiene que ser aprobado por la Oficina del Censo Electoral y eso te da el derecho a poder ejercer el derecho al voto. En el caso de que por un motivo o por otro en una oficina de Correos, dentro de España, no te permitan solicitar el voto por correo, el elector puede, el día de las elecciones, ir a su mesa electoral y efectuar su derecho a voto; eso no sucede en el caso de la emigración. Igualmente, no es lo mismo realizar envíos postales desde España, con la cercanía que hay a las juntas electorales provinciales o a las mesas electorales en sí, que realizar los envíos internacionales que tenemos que realizar nosotros, en cuanto a dificultad, en cuanto a plazos, etcétera; me refería sobre todo a eso. Por tanto, consideramos que ambas situaciones no son equiparables ni en cuanto a derecho ni en cuanto a las capacidades técnicas.
Respecto al voto electrónico que han mencionado varios de los grupos parlamentarios, solamente el hecho de que no se pudiera auditar el proceso por parte de los ciudadanos, fue motivo de que países como Alemania o Noruega lo declararan inconstitucional directamente. En numerosos otros países se han efectuado pruebas hasta la extenuidad -me parece que en Reino Unido han hecho más de treinta pruebas con expertos- para al final decir que los procesos no cumplen las garantías adecuadas. No hay ningún consenso en campos científicos e, independientemente de que se use esta vía de participación para otro tipo de procedimientos, a nosotros nos parece que las elecciones, los comicios electorales, la elección de representantes políticos tienen que tener ciertas garantías que se deben cumplir, y eso implica derechos básicos que se han conquistado con mucho esfuerzo para el voto, como es la universalidad o como es el secreto del voto, y que se rompen con un protocolo de voto por Internet.
Sobre la pregunta de los adelantos a la convocatoria electoral, las preguntas de los plazos, voy a intentar resumir. Somos conscientes de que este punto es complicado y de que muy posiblemente requeriría una reforma constitucional para poder ser ampliada adecuadamente. Nosotros creemos que hay que hacerlo porque, como hemos dicho, el proceso depende muchísimo de que la documentación llegue a tiempo a los electores. También por eso pedimos la descarga telemática de la documentación electoral, que ayudaría mucho a suplir este tipo de problemas. Aun así, consideramos que una reforma sería necesaria, porque además no todo el mundo usa métodos telemáticos en el exterior, hay una parte de la emigración que a lo mejor no tiene conocimientos o no tiene disponibilidad. En caso de que no fuera posible somos conscientes de que la Constitución, en el artículo 68, marca la celebración a los sesenta días después de la disolución de las Cortes y que la Loreg, en el artículo 42, da el pistoletazo de salida, por así decirlo, a partir de la convocatoria de elecciones. Les invitaríamos, primero, a que estos cincuenta y cuatro días actuales se pudieran ampliar a sesenta, en el caso de la reforma de la Ley electoral, de la Loreg, y en todo caso que se estudiara jurídicamente la posibilidad de disociación de estos dos procesos. Nosotros no hemos podido nosotros entrar en detalle, pero quizá sería una forma de solucionarlo.
Sobre la circunscripción exterior y su necesidad, esto ha sido promesa electoral de Gobiernos anteriores que nunca se ha llegado a materializar, lamentablemente. Consideramos que es necesario que los diputados, los representantes de la emigración tengan conocimiento de la problemática, y en cierto modo que la hayan vivido en sus carnes, cosa que no sucede, por todos esos problemas que exponíamos al principio, que no es un caso puntual del derecho a la participación electoral, sino toda una serie de derechos que estamos viendo que, en un estatuto sin vinculación de cumplimiento legislativo, por así decirlo, están siendo vulnerados, desde sanidad a pensiones, a un montón de cosas. De hecho, los organismos que tenemos son los consejos de residentes en el exterior. Y en caso del voto exterior, por
ejemplo, a pesar de que se opusieron desde el principio a la reforma, han sido continuamente desoídos por no tener carácter vinculante sus decisiones. Por todo esto, consideramos que es necesario tener representación propia en este Parlamento.
En cuanto al derecho comparativo con otros países y la actualización del censo cada determinados años, nosotros consideramos que eso es tarea de la Administración, como decíamos antes, que no puede caer en la responsabilidad del ciudadano; de hecho, los mecanismos que proponía la Junta Electoral Central en su día ayudaron muchísimo con el trabajo de hormiguita -creemos que se dice también desde consulados y demás- a limpiar este censo. El caso que más conozco es el de Francia, obviamente, y las medidas que establecen para la emigración son las mismas que se establecen para la población residente en el país. Por una simple cuestión de derecho comparativo, nosotros creemos que esta debe ser la tendencia también en el caso español. No se nos puede aplicar a la diáspora una exigencia extra, aunque sí que se tienen que establecer protocolos particulares por la situación de la emigración, pero en ningún caso debe recaer en el ciudadano.
Por lo que se refiere a los matasellos y las papeletas, creo que hacemos una mención específica en el informe, porque además en muchos países el sistema de correos no usa matasellos, o sea, que no hay forma de verificar cuando se ha enviado el voto. En cualquier caso, cuándo se envía no es importante, lo que es importante es que se reciba a tiempo en el consulado antes del envío a las juntas electorales provinciales. Está especificado que consideramos que ese requisito se debe eliminar.
Me queda hablar sobre el modelo de derecho comparado en otros países y sobre la situación particular de la emigración española. Nosotros consideramos que hay una falta de estudio en cuando a nuestra situación en el exterior y que, evidentemente, cada país tiene una emigración que se ha debido a unas causas, que las diversas olas de la emigración española han tenido unas causas muy particulares, que pueden no reproducirse en el resto de países, y que la Administración debe ser siempre la que estudie estos casos particulares y se adapte a ellos y no al contrario. Por poner un ejemplo, ahora tenemos una situación de la nueva ola de emigración de una movilidad extrema, con lo cual también parte de las medidas que pedimos, de adaptar protocolos de voto ERTA para residentes CERA y demás, tienen que estar relacionadas con esto. Tenemos mucha gente que pasa unos años en un país, le sale trabajo otros años en otros, entonces los protocolos de voto tampoco están pensados para este tipo de situaciones. Nos parece importante que se tome en consideración este estudio de base de lo que está pasando para poder legislar en base a ello.
Creo que no me dejo nada. Quiero reiterarles el agradecimiento por escucharnos, por las propuestas y pedirles, por favor, que la reforma del voto exterior sea inexcusable. Llevamos muchísimos años sufriendo esta caída en la participación. Es muy desesperante desde el exterior estar votando una y otra vez sin ningún tipo de garantía, de si nos van a llegar las papeletas. Por tanto, esperamos que se haga una reforma adecuada, garantista y que todas estas intenciones se plasmen, de verdad, en una reforma final. Estamos a su disposición, en los meses de trabajo que quedan, para cualquier tipo de detalle técnico que quieran discutir a fondo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almena, por su presencia y por las explicaciones y contestaciones a las intervenciones.