Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-02135-de-abril-4-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_dc37eb959e3e01d8e0430a01015101d8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-21 22:52:36
Document Index: 35103343

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 43', 'artículo 149', 'artículo 151', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 35', 'artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 39', 'artículo 82', 'artículo 1871', 'artículo 35', 'artículo 333']

﻿ Sentencia 2002-02135 de abril 4 de 2013
SENTENCIA 2002-02135 DE 04 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:LA COMPETENCIA DE LOS REGISTRADORES ESTÁ LIMITADA A CORREGIR LOS ERRORES EN LOS FOLIOS DE MATRÍCULA INMOBILIARIA. EL ESTATUTO DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS NO CONSAGRA DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL REGISTRADOR LA DE DECLARAR LA NULIDAD DE LAS INSCRIPCIONES O REGISTROS EN LOS CERTIFICADOS DE MATRÍCULA INMOBILIARIA, PUES ESTA FACULTAD ESTÁ RESERVADA A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA, TENIENDO DE PRESENTE LA OSTENSIBLE DIFERENCIA EN LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE PRODUCEN TALES DETERMINACIONES. POR ELLO, LA COMPETENCIA DE LOS REGISTRADORES ESTÁ LIMITADA A CORREGIR LOS ERRORES EN LOS FOLIOS DE MATRÍCULA INMOBILIARIA, MIENTRAS QUE PARA LA CANCELACIÓN SE EXIGE LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DEL RESPECTIVO TÍTULO O ACTO, O LA ORDEN JUDICIAL EN TAL SENTIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, MATRÍCULA INMOBILIARIA, REGISTRO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA
Sentencia 2002-02135 de abril 4 de 2013
Exp.: 73001230000020020213500
Actores: María Gladys Moreno de Vargas y otros
Demandado: Autoridades Nacionales —Superintendencia de Notariado y Registro—
“Resolución Administrativa 3 Expediente 01/01
(Marzo 14 de 2002)
El Registrador de Instrumentos Públicos Seccional de Melgar,
en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el Decreto-Ley 1250 de 1970, Decreto 1 de 1984, artículo 27 Decreto 2158 de 1992,
Que mediante auto calendado el día 26 de diciembre de 2001, y debidamente notificado, se inició actuación administrativa, tendiente a establecer la real situación jurídica del predio matriculado en el folio 8611 de esta oficina de registro.
Originó esta actuación, la petición elevada por el señor José Antenor González, a través de apoderado, en el que pide expresamente, se anule, cancele o borre la supuesta tradición que aparece en la apertura del folio 8611, por las irregularidades que ha generado a partir y antes del registro:
1. Se anotó como compraventa una falsa tradición ‘un derecho de tierras en las del rodeo’ cuyo dueño era José Barragán, ya fallecido. La venta la hace Telésforo Barragán, en representación de su padre fallecido, sin que aparezca poder o autorización; lo que indica que es una venta nula.
2. La escritura que contiene la venta, es la número 19 de 1887, notaría del Guamo (sic), no tiene área, linderos, ni de donde se origina o viene este predio, como lo adquirió el causante, su ubicación, etc.
3. La certificación del registrador del Guamo con la cual se abrió en Melgar el folio 8611 no tiene información del estado actual, anterior y posterior de los derechos allí mencionados y vendidos con la escritura 19 del 5 de septiembre de 1887. Es decir que de 1893 a 1911 no aparece que el señor Ignacio Barragán haya hecho enajenación de parte o de lo adquirido por la citada escritura, y que de 1912 a 1924 no existen índices correspondientes a estos años.
4. Lo certificado por el registrador del Guamo no corresponde a la realidad, según dan cuenta los actos que contienen las escrituras públicas 441 del 11-09-1889 notaría del Guamo mediante la cual se liquida y parte materialmente la comunidad el Rodeo.
— La escritura 42 del 7 de febrero de 1917 notaría de Melgar contiene la venta de los derechos herenciales en la sucesión de Marcela López de un predio que hizo parte de la comunidad el Rodeo.
— La escritura 9 del 11 de enero de 1920 notaría de Melgar contiene la venta de Juan José Vásquez a Severo Lacipa los derechos y acciones adquiridos en predios de la extinguida comunidad el Rodeo.
— Número 8 del 6 de enero de 1921 notaría de Melgar que contiene la venta de Severo Lacipa a Juan José Vásquez.
5. Los errores cometidos por los registradores del Guamo y de Melgar de la época, los Herederos de Ignacio Barragán e Indalecio Barragán han realizado actos notariales y registrales sobre un inmueble que ya fue desmembrado y extinguido (sic) con el simple soporte de una falsa tradición; han invadido el predio “Samarkanda” que tiene una tradición consecuente con los títulos de propiedad, argumentando que este era el predio ‘El Rodeo’ reitera la solicitud de anular, cancelar, o borrar la supuesta tradición y las anotaciones subsiguientes realizadas por la oficina de registro de Melgar, en el folio 8611 y se comunique esta decisión a la oficina de registro del Guamo, para que anule, cancele o modifique las anotaciones registradas que aparecen en la certificación 749 del 27 de septiembre de 1982 y subsiguientes (sic). Y aporta fotocopia de los documentos citados.
El día 4 de febrero se anexa al expediente documento que contiene requerimientos relacionados con los del escrito analizado en los que resalta el peticionario otros errores e inconsistencias en los documentos que dieron origen a la apertura en esta oficina del folio real 8611 para unos derechos herenciales.
— La escritura 19 de 1887 notaría del Guamo contiene un acto jurídico distinto a la venta de los derechos que aparecen en el citado documento folio 8611.
— Que la escritura 19 de septiembre de 1887 mediante la cual se transfieren los derechos que da cuenta el certificado 749 del 27 de septiembre de 1982 contiene inexactitud, este documento se corrió en la notaría de Melgar, porque así se desprende de su lectura y no de la notaría del Guamo como erradamente está anotado en los certificados de tradición que expide ese despacho.
— La apertura del folio 8611 fue improcedente como sus posteriores inscripciones registrales por no indicar el título antecedente con los datos de su registro, o allegando el respectivo título inscrito (cita el art. 52 del D. 1250/70).
Actuación de la oficina de registro
Se consultaron los documentos que forman el archivo del bien inmueble matriculado en el folio 8611, abierto en esta oficina a solicitud de Ludwing Eduardo Suárez Villamizar, actuando como mandatario de Indalecio Barragán Penagos, radicada el 19 de julio de 1984 en esta oficina junto otros documentos (sic) dice el escrito que acompaña fotocopia auténtica de la escritura 19 del 5 de septiembre de 1887 registrada en el libro I tomo II folio 364 vto., partida 392, escritura elevada en el círculo del Guamo, de un certificado del registrador de instrumentos públicos del Guamo de fecha 27 de septiembre de 1982. Fotocopia autenticada del poder para actuar (sic)
A pesar de tener inconsistencias los citados documentos, aparece plasmada en el folio 8611 información de su apertura del 23 de abril de 1985, nueve meses después de haber radicado la solicitud de ‘Actualización del registro del inmueble presentado por el citado mandatario, el funcionario de la época no advirtió ni tuvo en cuenta que para abrir folio real a un bien raíz cuyo registro se trasladaba era menester que el certificado del registrador aportara la información completa necesaria para calificar esa primera anotación en la columna correspondiente, que en este asunto debía ser la Sexta, pues el acto jurídico de la venta era un derecho de tierras, sin área, con los linderos generales de todo el predio ‘El Rodeo’ y como si fuera poco el vendedor obraba como representante de una persona fallecida, carecía de antecedente registral, como la ausencia de los registros de la fecha comprendida entre la venta del citado derecho a la apertura de la matrícula inmobiliaria.
En la anotación 2 de fecha 21-12-94 aparece registrada la escritura 1805 del 20-12-94 de la notaría de Melgar, que contiene la adjudicación en trámite notarial de herencia de Barragán Ignacio a Barragán Penagos Indalecio; el bien materia de adjudicaciones: el derecho que al causante le corresponde en el lote de terreno denominado ‘El Rodeo’ y transcribe los linderos generales de la finca El Rodeo. Asignación que vale la suma de $ 15.000.000.
Con fecha 21-12-98 se registra en la anotación 3 la Escritura 1412 que contiene el acto jurídico de adjudicación sucesión de Barragán Penagos Indalecio a: Moreno Luz Aurora, Moreno de Ricaurte Edilma, Moreno de Vargas María Gladis, Moreno de Lizcano María Fanny, Moreno Jacinta, Moreno Soledad, Moreno Ignacio. Activo por valor $ 144.500.000, la finca el ‘Rodeo’ y le asignan área o cavidad de 155 hectáreas 5.203 m2. Según certificado protocolizado emanado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con fecha 25-08-98.
Después de expedir el Instituto Geográfico Agustín Codazzi seccional del Tolima, el acto administrativo 2966 que asigna al predio matriculado en el folio 8611, una cabida de 155 hectáreas 5.230 m2, con fecha 11 de mayo de 2000 radica en esta oficina el oficio referenciado 8.3/456 en el que textualmente precisa:
Que a la oficina seccional de catastro fue presentado el plano topográfico de la finca el rodeo, anexando el certificado de tradición 8611.
Sobre el terreno que los interesados alinderan aparecen inscritos catastralmente predios cuyas matrículas inmobiliarias relaciona; que en total son 148 matrículas, pidiendo el concepto sobre dos aspectos:
1. Si existen dobles inscripciones sobre los mismos predios, de ser así cuales registros tienen mejor derecho.
2. Si alguno de los registros se puede considerar falsa tradición.
— Con documento fechado 15 de mayo de 2000, oficio 203 respondemos la inquietud planteada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el sentido de buscar los antecedentes de los predios cuyas matrículas enumeró, siendo una labor dispendiosa, por lo antiguo de sus registros, se concertó que oportunamente enviaríamos el resultado del examen a efectuar en los libros del antiguo sistema.
— Con oficio 243 del 2 de junio de 2000 dirigido al señor director seccional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el cual se amplía la información consultada en los libros del antiguo sistema de los predios cuyas matrículas relacionaron en anterior comunicación, llegando al convencimiento de que todos tienen como origen el predio que perteneció a la comunidad El Rodeo.
— No se estableció para época con certeza, si dentro de los citados inmuebles hay falsas tradiciones o dobles inscripciones sobre los mismos predios, por lo antiguo de los registros y no existir documentos para hacer el cotejo.
— Bajo la Radicación 2000-1963, ingresa para ser registrada la escritura pública 1479 del 31 de diciembre de 1999 notaría de Melgar, contentiva de una división material ‘del lote de terreno o finca denominada El Rodeo’ en el que cambian ostensiblemente el área, sin ninguna justificación o título adquisitivo que así lo dispusiera, razón obligada para negar el registro del citado documento, se agotó la vía gubernativa con la Resolución 008 del 08-09-2000 con la que se inadmitió el recurso de reposición.
— Hace parte de los documentos archivados, derechos de petición interpuestos ante la oficina de registro por los titulares del dominio de predios afectados con ‘actos de invasión y perturbación’ como a la finca Samarkanda, El Recreo, El Salero 1 y El Salero 2, estos últimos de propiedad de la Sociedad “El Rodeo Ltda.” representada por el doctor Carlos Arturo Rojas Cantillo, estos propietarios piden reiteradamente se revise y corrija todos los errores cometidos en la apertura del predio matriculado en el 8611.
El peticionario aporta copias de los siguientes instrumentos:
La función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de: igualdad, moralidad, eficacia, imparcialidad, economía, publicidad, contradicción, buena fe, responsabilidad y transparencia (C.P., art. 209; CCA, art. 3º; L. 489/98, art. 3º).
De acuerdo con el artículo 4º del Código Contencioso Administrativo, las actuaciones administrativas pueden iniciarse:
— Por ejercicio del derecho de petición en interés general.
— Por ejercicio del derecho en interés particular.
— En cumplimiento de una obligación o deber legal.
Para la corrección de errores la administración los ha clasificado en:
1. Errores mecanográficos.
Se cometen al momento de realizar el asiento respectivo en el folio de cartulina o en el magnético: se omite o se anota mal, un nombre, un número, una fecha, una palabra, una frase.
2. Anotación indebida
Ocurren cuando se realizan anotaciones en un folio que no corresponde, o se marca la X en una columna distinta.
3. Calificación ilegal
Cuando se ordena el registro de un documento que no cumple con los requisitos legales, o existe prohibición que impide la inscripción, no se cumplen las etapas del proceso y cuando se realiza una inscripción extemporánea.
Se incurre cuando se entiende de manera equivocada una norma, situación que lleva a inscribir o a negar la inscripción. El funcionario calificador como consecuencia de ello ejerce funciones que no corresponden. Abandona la órbita del funcionario administrativo e invade la del notario o juez.
Se presenta generalmente cuando un documento que ha ingresado para registro contiene varios actos sujetos al registro y no se inscriben todos.
En el caso que nos ocupa estamos frente a la corrección de errores ‘anotación indebida’, con requisitos de calificación ilegal.
‘Se asignó folio de matrícula a un bien raíz que no aparece como cuerpo cierto, sino derechos herenciales en una cuota parte del predio El Rodeo’ amén de carecer el documento materia de información del acto jurídico de elementos esenciales (área, linderos, tradición) movimiento en 90 años, etc., y sin embargo se anotó en 1ª columna, siendo lo correcto en falsa tradición o 6 columna. No se dan los presupuestos del estatuto registral Decreto 1250 de 1970.
El lugar de la notaría donde se corrió la escritura 19 del 5 de septiembre de 1887 está errado, en el folio 8611 aparece la notaría del Guamo y en los documentos analizados en esta actuación aparece melgar, razones que le asistieron al peticionario para pedir esta corrección.
Sin lugar a dudas las personas interesadas en la apertura del folio 8611 no aportaron documentos registrados en la oficina del Guamo, donde aparece la división material de la comunidad el Rodero (Esc. 441 del 11-09-1889 de la notaría de Melgar, y la escritura 437 del 20 de enero de 1888 de la misma notaría) actos posteriores al que contiene la escritura 19 del 05-09-1887.
Esta omisión creó información errada, en el folio de matrícula 8611, en la dirección seccional de catastro como consecuencia en los actos contentivos en las escrituras 1805 del 20 de diciembre de 1994, y 1412 del 1º de diciembre de 1998 de la notaría de Melgar en los que se adjudica en sucesión un bien distinto al que se posee de acuerdo con los títulos y antecedentes registrales ya estudiados, y como consecuencia la información que aparece publicada en el folio de matrícula 8611 no es cierta, situación que va en contravía de los principios registrales, de legitimación que se refiere a que los asientos registrales gozan de presunción de veracidad mientras no se demuestre lo contrario, es decir gozan de presunción legal frente a terceros artículo 43 y 44 Decreto-Ley 1250 de 1970.
Igualmente la publicidad de los actos jurídicos inscritos deben mostrar y ajustarse a la real situación del bien allí matriculado, razón obligada para que esta oficina habiendo cumplido con las ritualidades impuestas por el Código Contencioso Administrativo artículos 5º, 12, 14, 15, 16, 29 y ss. Sin más consideraciones
ART. 1º—Ordenar la corrección del folio de matrícula inmobiliaria Nº 8611 de esta oficina, en la anotación 1 el acto compraventa de derechos va a la columna de falsa tradición igual suerte corren los actos inscritos en la anotación 2 y 3, en descripción cabida y linderos, la escritura Nº 19 del 05-09 de 1887 notaría de Melgar, y la cabida de 155 hectáreas 5230 m2 por no aparecer en el documento de adquisición, ni formado por el catastro en el momento actual.
ART. 2º—Notificar personalmente al doctor Efraín Gómez Burbano, apoderado reconocido dentro de esta actuación de los señores María Gladys Moreno de Vargas, Soledad Moreno, María Fanny Moreno de Lievano, Edilma Moreno de Ricaurte, Jacinta Moreno e Ignacio Moreno.
A la señora Luz Aurora Moreno se notificará en la forma que indica el Código Contencioso Administrativo, en sus artículos 44 y 45, al señor José Antenor González, a su apoderado doctor Édgar Gilberto Jiménez, doctor Germán Alonso González, apoderado de Carlos Arturo Rojas Cantillo.
ART. 3º—Envíese copia de este acto administrativo, a la Fiscalía General de la Nación para que obre dentro del proceso que allí se adelanta y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, una vez quede en firme este proveído.
ART. 4º—Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante esta oficina seccional de registro, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.
ART. 5º—Este acto administrativo tiene vigencia a partir de la fecha de expedición, y surte efectos una vez quede ejecutoriado.
ART. 6º—Efectúense las correcciones, háganse las salvedades de ley en el folio 8611, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La registradora seccional,
María del Carmen Gómez Patiño”.
No se transcribe el contenido de la Resolución 6 de mayo 27 de 2002 “Mediante la cual se resuelve un recurso”, pues confirma en los mismos términos la Resolución 3 de marzo 14 de 2002 objeto de reposición, pero advierte que con relación a la cabida y linderos será la que resulte del proceso de medición efectuada por la Fiscalía General de la Nación, CTI, en compañía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Ibagué, por estar vigente acto administrativo contenido en el certificado 2966 del 25 de agosto de 1998 emanado de la división legal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, seccional.
6.2. Acerca de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Bien es sabido que a la luz del Código Contencioso Administrativo tanto las entidades públicas como las privadas que desarrollen funciones públicas, pueden obrar bien como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos que se ventilen ante esta jurisdicción, por medio de sus representantes a quienes se les reconoció personería jurídica para actuar. Así mismo el inciso 2º del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo en cita, modificado por el 49 de la Ley 446 de 1998, establece que en los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.
Revisada la actuación procesal adelantada en sede de primera instancia, obra a folios 179 a 185 del cuaderno principal, memorial contentivo del escrito con el cual dice “contestar la demanda”, presentado por el apoderado judicial de la doctora María del Carmen Gómez Patiño, en su condición de registradora de la oficina de instrumentos públicos y privados de Melgar y quien fuera la funcionaria de la Superintendencia de Notariado y Registro que expidió las resoluciones Nº 3 de marzo 14 de 2002 y Nº 6 de mayo 27 de 2002, objeto de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
La Sala entiende que en el caso en estudio la entidad pública demandada es la Superintendencia de Notariado y Registro y no la jefe de la registraduría de instrumentos públicos seccional Melgar, motivo por el cual la “contestación de la demanda” presentada por la doctora María del Carmen Gómez Patiño será valorada en conjunto con la respuesta dada por el apoderado judicial de la Superintendencia, al cumplirse la exigencia contenida en el artículo 151 ídem modificado por el 30 del Decreto 2304 de 1989 que establece “Las entidades públicas deberán estar representadas mediante abogado titulado e inscrito en los procesos en que intervengan como demandantes, demandadas o terceros...”.
Por tanto en el caso sub judice, a pesar de haber sido notificado personalmente el auto admisorio de la demanda(6) a la registradora de Melgar en acatamiento a lo dispuesto por el despacho de conocimiento, lo cierto es que la representación legal de la entidad que expidió los actos administrativos demandados, recae en el Superintendente de Notariado y Registro (art. 149 ídem) o en su defecto en el funcionario a quien este haya delegado la facultad de recibir notificaciones, de acuerdo con el artículo 150 ibídem modificado por el 23 de la Ley 446 de 1998. De allí que la intervención de la registradora lo es a título personal, pero no puede ser aceptada como la contestación oficial del ente de control y vigilancia.
En punto a este último tema y de acuerdo con la actuación procesal adelantada ante la primera instancia, la Sala observa que, la defensa judicial de la entidad pública demandada estuvo bien representada mediante los escritos aportados dentro del término legal, por el abogado de la Superintendencia de Notariado y Registro en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión, tanto en primera como en segunda instancia.
De acuerdo con lo anterior, resulta entonces extraña la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el apoderado de la Superintendencia de Notariado y Registro, como quiera que la contestación de la demanda correspondía efectuarla a la entidad que representa y no a la oficina de registro e instrumentos públicos de Melgar, como lo da a entender al excepcionar y contestar la demanda.
Como si lo anterior no resultara suficiente, las oficinas seccionales de registro e instrumentos públicos son dependencias del orden nacional pero que dependen jerárquicamente del Superintendente de Notariado y Registro, pues carecen de personería jurídica y de patrimonio autónomo independiente.
Sobre este particular resulta oportuno transcribir el siguiente aparte jurisprudencial proferido por esta Sala con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González en el expediente Radicado 2011-00264-00 de noviembre 30 de 2011:
“En efecto, se trata de un asunto del orden nacional por cuanto el acto administrativo que se acusa, fue proferido por una de las oficinas de la mencionada superintendencia, que es la entidad encargada de prestar el servicio de notariado y registro en todo el territorio nacional, quien cuenta con personería jurídica y, por tanto, comparece al proceso en calidad de demandada. Así lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala(7), en los siguientes términos:
‘No tiene vocación de prosperidad la excepción de indebida designación de la parte demandada, porque la demanda se dirigió contra la Nación —Superintendencia de Notariado y Registro que es el ente con personería jurídica que está legitimado en forma pasiva para responder por las pretensiones de la demanda. El hecho de que se hubiera dirigido la demanda contra la citada entidad y la registraduría principal de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, zona centro, en nada afecta el citado presupuesto procesal; se observa además a folio 129 que la entidad con personería jurídica demandada en este proceso se notificó en debida forma como lo prevé el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, contestó la demanda y ha realizado distintas actuaciones en aras de su defensa’.
Adicionalmente, como ejemplo de lo señalado en la sentencia transcrita, puede consultarse el reciente pronunciamiento de la Sala(8), en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2003-00457-02, promovido contra el registrador de instrumentos públicos seccional Istmina, donde compareció y actuó como parte demandada, la Superintendencia de Notariado y Registro, siendo que el acto acusado fue proferido por el citado funcionario”.
En vista de las anteriores consideraciones y por resultar no probada la excepción de legitimación en la causa por pasiva, se confirmará la sentencia apelada la cual no efectuó pronunciamiento de fondo sobre este tema.
6.3. Resolución del recurso de apelación.
Del sucinto escrito de apelación complementado en el mismo sentido a través de los tres memoriales contentivos de alegatos de conclusión, se pueden resumir en términos generales los argumentos de disenso expuestos por el apoderado de la parte demandante, en los siguientes: que la registradora de instrumentos públicos de Melgar carecía de competencia para expedir los actos administrativos demandados, por cuanto estos no cuentan con el aporte probatorio y los soportes legales, refiriéndose a la decisión judicial ejecutoriada que hubiera ordenado la nulidad de la tradición de la finca rural denominada El Rodeo contenida en la escritura pública 19 de septiembre 5 de 1887.
A renglón seguido aduce el recurrente que, la decisión adoptada por la registradora de Melgar en las resoluciones Nº 3 y Nº 6 de marzo y mayo de 2002 respectivamente, de las cuales depreca su nulidad y restablecimiento del derecho, violaron los artículos 40 del Decreto-Ley 1250 de 1970, 3º del Decreto 266 de 2000 y el 2º de la Ley 50 de 1936, normas a través de las cuales se le reconoce la facultad de declarar esta clase de nulidades —como las adoptadas en los actos administrativos cuestionados— al juez de la República y no a la oficina de registro de Melgar.
Como consecuencia de los anteriores aspectos entiende el recurrente que, la demandada lo que hizo fue modificar la tradición de unos inmuebles cuya adquisición estaba amparada con la Ley 57 de 1887, pero que no obstante los actos demandados se fundamentaron en el Decreto-Ley 1250 de 1970.
Las anteriores motivaciones esgrimidas por el apelante no resultan suficientes para acceder a la petición de revocatoria de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, menos aún para desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones 3 y 6 de 2002, con fundamento en las siguientes consideraciones.
6.3.1. Diferencias entre corrección y anulación de inscripciones o registros en el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria.
Resulta evidente la confusión en que incurre el apelante, al entender que la registradora de Melgar lo que resolvió a través de las resoluciones administrativas demandadas, fue declarar la nulidad del folio de matrícula inmobiliaria 366-8611 cuando lo cierto es que de manera taxativa lo que hizo fue ordenar la corrección del mismo, determinación que adoptó en uso de sus facultades legales señaladas en el Decreto 1250 de julio 27 de 1970 “Por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos”, entre ellas la señalada en el artículo 35 que dispone:
Pero como si lo anterior no resultara suficiente, el apelante al afirmar en su impugnación que la actuación de la registradora de Melgar desconoció los artículos 40 del Decreto 1250 de 1970, 3º del Decreto 266 de 2000 y 2º de la Ley 50 de 1936, incurrió en otro error de interpretación, al equiparar la nulidad con la cancelación de un registro de la cual se ocupa el artículo 39 del Decreto 1250 de 1970 al señalar: “La cancelación de un registro o inscripción es el acto por el cual se deja sin efecto el registro o inscripción”, situación que no se presentó en el sub judice.
A su vez, el artículo 40 del Decreto 1250 de 1970 dispone: “El registrador procederá a cancelar un registro o inscripción cuando se le presente la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido”.
De acuerdo con las anteriores citas normativas, no se evidencia la vulneración a la legislación endilgada por el demandante, pues queda claro que la actuación de la registradora en los actos demandados no fue la de cancelar ni anular, sino la de corregir las anotaciones 1, 2 y 3 del folio de matrícula inmobiliaria 8611. Por tanto, mal puede resultar vulnerada una disposición normativa como lo es el artículo 40 del Decreto 1250 de 1970, cuando este no se refiere ni al mismo supuesto de hecho ni de derecho al que alude el apelante, como lo es la supuesta nulidad declarada por la registradora.
Tampoco puede resultar vulnerado el artículo 3º del Decreto 266 de 2000 “Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos” que establecía: “Presunción de veracidad. Las entidades públicas tendrán por ciertas las afirmaciones que presenten los administrados en sus actuaciones y asumirán la carga de desvirtuarlas para proceder en el supuesto contrario, salvo que la ley establezca una formalidad probatoria o cuando la administración pública actúe como entidad de previsión o seguridad social o como responsable en el reconocimiento y/o pago de pensiones”, ya que el Decreto 266 en su integridad fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1316 de septiembre 26 de 2000 magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
Por tanto para la fecha en que fue presentada la demanda el día 24 de septiembre de 2002 y luego cuando se interpuso la apelación objeto de examen el día 11 de julio de 2008, momentos procesales en los cuales el impugnante esgrimió como vulnerado el artículo 3º del Decreto 266 de 2000 por los actos demandados, ya esta normativa había sido expulsada del ordenamiento legal y por ende no surtía efectos jurídicos, dada su declaratoria de inexequibilidad.
De otra parte, invoca también el censor como transgredido por las resoluciones demandadas el artículo 2º de la Ley 50 de marzo 18 de 1936 “Sobre prescripciones y nulidades civiles”, el cual establece que: “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley...”, argumento que no es compartido en sede de segunda instancia comoquiera que la actuación de la registradora, no fue la de anular la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria sino la de corregirlo, como insistentemente se ha dicho a lo largo de este examen.
De acuerdo con la normatividad transcrita, queda claro que el estatuto de registro de instrumentos públicos no consagra como una de las funciones del registrador, la de declarar la nulidad de las inscripciones o registros en los certificados de matrícula inmobiliaria, por cuanto esta facultad está reservada a la jurisdicción ordinaria, teniendo de presente la ostensible diferencia en los efectos jurídicos que producen tales determinaciones. Por tanto los registradores tienen limitada su competencia a corregir los yerros en los folios de matrícula inmobiliaria.
Acerca de las notorias diferencias que existen entre la corrección y la cancelación de los actos de registro (que para el apelante la registradora lo que efectuó fue una nulidad), resulta oportuno transcribir el siguiente aparte jurisprudencial, que en la presente oportunidad será prohijado por la Sala:
“En primer lugar, la corrección procede cuando se verifica que se ha incurrido en un error al realizar la inscripción, mientras que la cancelación implica el acatamiento a lo dispuesto en un acto, contrato o providencia judicial que ordena o respalda dicha medida. En segundo lugar, la corrección no implica que la inscripción desaparezca, sino que, en virtud de la corrección, la inscripción inicial sufre una modificación para adecuarla a la verdadera situación jurídica del inmueble, mientras que la cancelación sí deja sin valor la inscripción inicial, es decir, que esta desaparece. En tercer lugar, la corrección de la inscripción puede hacerla el registrador de instrumentos públicos de oficio o a solicitud de interesado, en tanto que la cancelación exige la presentación de la prueba del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido.
En el caso en estudio se advierte que mediante los actos administrativos se corrigieron unos registros o inscripciones, más no se cancelaron.
En efecto, la anotación 10 del folio de matrícula inmobiliaria 050-0265774 no fue cancelada sino modificada para que revelara el estado jurídico del bien. Así, esa anotación 10, si bien es cierto inicialmente indicaba que los adjudicatarios de la señora María Elisa Ramírez eran los propietarios del inmueble, ello tenía como título la sentencia del juzgado séptimo civil del circuito y, por lo tanto, no revelaba la verdadera situación jurídica del inmueble, pues, precisamente, la oficina de registro había procedido erróneamente a registrar dicha sentencia, cuando no ha debido hacerlo en razón a que ella no constituía un título antecedente de la propiedad del inmueble. Con base en los actos demandados se hicieron las correcciones correspondientes, en orden a señalar que los mencionados adjudicatarios en el proceso de sucesión no eran los verdaderos propietarios, sino que habían figurado así en virtud de una falsa tradición. Es decir, que la anotación indica ahora que la inscripción efectuada conllevó una falsa tradición, lo cual está acorde con el artículo 7º del Decreto-Ley 1250 de 1970. Esto indica que la inscripción de la sentencia ya referida no se canceló, pues no se trata, como la define el artículo 39 ibídem de esa figura registral, que se hubiese dejado sin efecto aquella, sino que se modificó para que revelara los efectos que de conformidad con la realidad jurídica del inmueble podía producir, ya que no podían ser los que inicialmente exhibía (que los sucesores de la causante eran los propietarios), sino que, por el contrario, ellos habían figurado así en virtud de una falsa tradición. Además, para que esa corrección en la anotación 10 solo produjera los efectos que legalmente podía producir se requería la corrección de la anotación 7, para indicar la especificación del título que acreditaba como verdadero propietario al señor Jesús Alberto Ramírez Suárez” (destacado fuera del texto) (sent. 4634 de mar. 19/98, M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez).
6.3.2. La corrección al certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria declarada por la demandada, no transgredió el estatuto de registro de instrumentos públicos Decreto 1250 de 1970. Caso concreto.
Luego de dejar en claro que la registradora de instrumentos públicos y privados seccional Melgar, sí tenía competencia para corregir las anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria 3066-8611, resulta necesario enunciar los antecedentes de la actuación administrativa adelantada, que dio origen a la expedición de las resoluciones 3 y 6 de 2002 objeto de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de determinar si estos actos administrativos contrariaron o no el ordenamiento legal.
Con fundamento en el material probatorio arrimado al expediente se observa que la actuación se inició con base en un derecho de petición presentado ante la oficina de registro por un tercero(9), quien en ejercicio del mismo reclamó de la autoridad competente, fuera ajustada a derecho la inscripción de la tradición que figuraba en su sentir de manera equivocada, en el certificado de matrícula inmobiliaria 8611.
Luego del trámite administrativo que el asunto ameritaba, la delegada de la entidad pública demandada, decidió acoger los planteamientos jurídicos expuestos por el peticionario y fue así como, de acuerdo con el acervo probatorio consistente en abundante prueba documental y testimonial, llegó a la conclusión de que era evidente que en el folio inmobiliario cuestionado, obraba una “Anotación indebida” llevada a cabo por el registrador de la seccional de Melgar de la época, al momento de efectuar la apertura del certificado inmobiliario (abr. 23/85), con base en la información registral trasladada de la seccional del Guamo.
Fue así como a juicio de la demandada, el error que ameritó la corrección —que según los actores es ilegal— consistió en que se asignó folio de matrícula inmobiliario 8611, a un bien raíz que no aparece como cuerpo cierto, sino como derechos herenciales en una cuota parte del predio El Rodeo, aunado al hecho de carecer el documento materia de información del acto jurídico, de los elementos esenciales tales como la identificación del área, los linderos y la tradición, siendo en todo caso llevada a cabo la inscripción en la 1ª columna, cuando lo correcto era en la 6ª columna por contener una falsa tradición.
Para la Sala, la decisión de ordenar la corrección del folio de matrícula inmobiliaria adoptada por la registradora seccional de Melgar tiene fundamento legal en el estatuto registral y, por ende, no es contraria a derecho como lo entienden los demandantes, pues lo que hizo fue adecuar la realidad jurídica de la tradición del inmueble con base en la información aportada a la actuación administrativa, lo cual lejos de vulnerar el ordenamiento jurídico lo realiza.
Tales facultades legales se encuentran consignadas en los artículos 6º y 7º del Decreto 1250 de 1970 que disponen lo siguiente:
“ART. 6º—El folio de matrícula inmobiliaria señalará, además, con cifras distintivas, la oficina de registro, el departamento o territorio nacional y el municipio de la ubicación del bien, y la cédula catastral que corresponda a este dentro del municipio respectivo.
Indicará, también, si el inmueble es urbano o rural, designándolo por su número o nombre, respectivamente, y describiéndolo por sus linderos, perímetro, cabida y demás elementos de identificación que puedan obtenerse. Si existieren plano y descripción catastral, estos se adosarán al folio, como parte integrante del mismo”.
ART. 7º—El folio de matrícula inmobiliaria constará de seis secciones o columnas, con la siguiente destinación:
La quinta columna, para inscribir títulos de tenencia constituidos por escritura pública o decisión judicial: arrendamientos, comodatos, anticresis, derechos de retención.
La sexta columna, para la inscripción de títulos que conlleven la llamada falsa tradición, tales como la enajenación de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio” (destacado fuera del texto).
Con fundamento en las anteriores preceptivas legales, la registradora de Melgar advirtió, luego de analizado el acopio probatorio, entre otros errores que ameritaron la corrección del folio cuestionado, que la certificación 749 de fecha 27 de septiembre de 1982(10) no era el documento idóneo para abrir folio real a los derechos allí adquiridos y menos aún para anotarlo en la primera columna como lo hizo el registrador de Melgar en 1985, por estar errado el nombre del municipio al cual correspondía la Notaría en que se elevó la compraventa protocolizada en la escritura pública 19 de septiembre 5º de 1887 de la notaría del círculo del municipio de El Guamo(11), cuando el terreno objeto del negocio jurídico estaba ubicado en melgar Tolima.
La certificación 749 de septiembre 27 de 1982, expedida por el registrador de instrumentos públicos seccional Guamo Tolima, con base en la cual el registrador de Melgar abrió el folio de matrícula inmobiliaria 366-8611, afirma lo siguiente:
“1. Que por escritura 19 de fecha 05-09-1887 de la notaría del Guamo, registrada el 25-09-1887, en el libro 1º, tomo 2º folio 364 vto. partida 392, por la cual el señor Telésforo Barragán, en nombre y representación del señor José Barragán vende a favor del señor Ignacio Barragán, un derecho de tierras en las del Rodeo en jurisdicción del municipio de Melgar cuyos linderos son: en la boca de la quebrada de Guadualejo donde confunden sus aguas con el río Sumapaz, esta por su orilla arriba, hasta un lindero que hay en el potrero de Guayabal de propiedad del infraescrito; de ese punto tomando par el Oriente, hasta otro lindero que hay en la orilla del Llanito de la Joya, colindando con terrenos del Salero; de ese punto a la cuchilla de Palmarsito; de ahí a los Salitres y de ahí a los Salitres Peñablanca colindando todavía con el Salero, volviendo hacia el sur, hasta Seborruno; y de ahí enfrentando con la quebradita de Limonsito, a su origen; por esta abajo volviendo Occidente, hasta que desemboca en la quebrada del Rodeo; estas aguas abajo hasta que formando el nombre de Guadualejo, desemboca en el río Sumapaz, primer punto de partida. Valor de la venta $ 32.
2. Que examinados los libros números primeros de 1893 a 1911 no aparece que el señor Ignacio Barragán haya hecho enajenación de parte o todo el bien que adquirió por medio del título relacionado en el punto primero de este certificado y en cuanto a los periodos comprendidos entre 1887 a 1892 y de 1912 a 1924 no se puede certificar que otro movimiento de registro haya tenido dicho inmueble debido a que no existen índices correspondientes a estos años” (destacado fuera del texto).
A juicio de la registradora demandada, luego de efectuar el estudio de títulos de los derechos de tierras en la comunidad El Rodeo —los mismos que fueron objeto de negocio jurídico en la escritura pública 19 de septiembre de 1887 y del cual se reputan propietarios los demandantes—, con base en la información aportada por el peticionario a la actuación administrativa, encontró que existía otro instrumento registral como lo es la escritura pública 441 de septiembre 11 de 1889 de la notaría del Guamo(12), en la cual se protocolizó la división material y adjudicación de los predios resultantes a los comuneros del globo El Rodeo.
Advirtió que no obstante lo anterior, en el certificado inmobiliario 8611 no aparece registrada esta última escritura pública con la cual se estaba liquidando la comunidad El Rodeo, anotación que debió haberse efectuado comoquiera que fue posterior al registro de la venta de los derechos reconocidos en la escritura pública 19 del 5 de septiembre de 1887 y de la cual se reputan dueños los demandantes.
Para la Sala, la actitud omisiva anteriormente referida convalida el argumento esgrimido por la registradora de Melgar para ordenar la corrección del folio inmobiliario 8611 según el cual, el certificado de registro expedido por su colega de la seccional del Guamo, no era el documento idóneo para abrir el folio inmobiliario cuestionado, pues la certificación 749 de 1982 arriba transcrita, desconoció la existencia de otros negocios jurídicos, entre ellos, los protocolizados mediante escrituras públicas 437 de 1888 y 441 de 1889, ambas de la notaría de Melgar, documentos públicos que acreditaban la división material de la comunidad El Rodeo de la cual reclaman su titularidad los actores.
La anterior situación evidencia que no le asiste razón al apelante y a sus poderdantes quienes pretenden darle a la escritura pública 19 de septiembre de 1887, el título de antecedente traslaticio de dominio, por cuanto mediante escrituras públicas posteriores, el derecho del cual se pregonan titulares a título de dueños de cuerpo cierto, ya había sido objeto de liquidación.
Es por ello que las anotaciones 2 y 3 del folio según las cuales, el bien raíz objeto de adjudicación era un cuerpo cierto y no un derecho incierto en una comunidad ilíquida, que en últimas fue lo que se adjudicó, no corresponde a la realidad jurídica del bien inmueble por lo que era deber de la registradora, ordenar su corrección tal y como lo dispuso, con el fin de dar cumplimiento al artículo 82 del Decreto 1250 de 1970 que consagra: “El modo de abrir y llevar la matrícula se ajustará a lo dispuesto en esta ordenación, de manera que aquella exhiba en todo momento el estado jurídico del respectivo bien”.
Con fundamento en lo expuesto observa la Sala que, no es cierto como lo expuso el apoderado de los demandantes que sus poderdantes son los propietarios de la finca rural denominada El Rodeo, según dice porque su abuelo Ignacio Barragán había adquirido la finca por compra a su padre José Barragán mediante escritura 19 del 5 de septiembre de 1887, ya que desconoce el valor jurídico de las escrituras públicas 437 de 1888 y 441 de 1889 elevadas en la notaría de Melgar, mediante las cuales se varió la tradición jurídica del inmueble el Rodeo.
Ratifica la anterior afirmación el hecho de que en el folio de matrícula inmobiliaria 366-8611, no aparece la anotación de los actos jurídicos llevados a cabo mediante las escrituras públicas 437 y 441, ya que las únicas anotaciones que aparecen son las siguientes:
— Anotación Nº 1 Fecha: 25-09-1887 Radicación: SN
Doc: Escritura 19 del: 05-09-1887 Notaria de Melgar Valor acto: $ 32
Especificación: 610 venta derechos gananciales o herenc. Cuerpo cierto, relacionado con un derecho de tierras en el globo común de El Rodeo (sic)
De: Barragán José
A: Barragán Ignacio
— Anotación: Nº 2 Fecha: 21-12-1994 Radicación: 3997
Doc: Escritura 1805 del: 20-12-1994 notaría de Melgar Valor acto $ 15.000.000
Especificación: 150 Adjudicación en sucesión
De: Barragán Ignacio
A: Barragán Penagos Indalecio
— Anotación Nº 3 Fecha: 21-12-1998 Radicación 4224
Doc: Escritura 1412 del: 01-12-1998 notaría de Melgar Valor acto $ 144.500.000
De: Barragán Penagos Indalecio
A: Moreno Luz Aurora
A: Moreno de Ricaurte Edilma
A: Moreno de Vargas María Gladys
A: Moreno de Lievano María Fanny
A: Moreno Jacinta
A: Moreno Soledad
A: Moreno Ignacio (destacado fuera del texto).
Resulta evidente que el folio apenas tiene la tradición de la escritura 19 de 1887 y luego salta a la llevada a cabo mediante escritura 1805 de diciembre 20 de 1994, desconociendo las inscripciones de los actos jurídicos llevados a cabo mediante las citadas escrituras públicas 437 de 1888 y 441 de 1889, motivo por el cual no se equivocó al calificar que se presentaba una “falsa tradición” que ameritaba la corrección en las anotaciones 1, 2 y 3 para que fueran incluidos en la columna 6ª y no en la 1ª, con el fin de que evidencien la real situación jurídica del inmueble.
A lo largo de la actuación procesal y en el escrito de alegatos de conclusión, el apoderado judicial de la entidad pública demandada fue explícito en afirmar que en el caso sub judice, la venta contenida en la escritura pública 19 de 1887, fue una venta de cosa ajena, por lo que se constituye en un derecho incompleto o sin antecedente propio, cuya inscripción debe estar en la sexta columna. Dice también que no es cierto que la registradora haya desconocido la tradición de 1887 como quiera que la escritura pública sigue intacta.
A su turno la primera instancia afirmó que, Telésforo Barragán no es el propietario del inmueble dado en venta en la escritura pública 19 de 1887, por lo que se configuró la venta de cosa ajena que es válida y legal según el artículo 1871 del Código Civil, la cual no permite la transferencia del derecho de dominio, porque el tradente debe ser el mismo dueño de la cosa vendida, según las voces de los artículos 740 y 752 del Código Civil. Por lo que, en el caso sub judice lo que hubo fue una transmisión de la posesión pero con título precario por ser apenas “derechos herenciales”, sobre expectativas pero no sobre un cuerpo cierto.
Sobre las anteriores consideraciones, la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento de fondo en cuanto a la validez jurídica de los negocios llevados a cabo y que fueron protocolizados a través de las escrituras públicas aportadas al expediente y que han sido mencionadas en esta providencia, comoquiera que este juicio de valoración no corresponde adelantarlo a esta jurisdicción sino a la ordinaria.
Guardadas las mismas similitudes, esta Sala ha sido enfática en sostener que a la oficina jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, no le corresponde adelantar un examen de validez de las escrituras públicas que contienen los actos sujetos a registro, por cuanto ello implicaría invadir el ámbito de competencia del juez ordinario.
Sobre el particular se transcribe el siguiente aparte jurisprudencial:
“La Sala no comparte los argumentos esgrimidos por el actor, pues pretender que las oficinas de registro de instrumentos públicos deban estudiar la validez de los actos jurídicos, en este caso del acto jurídico celebrado entre Cartonería Lasil Ltda. y la señora Blanca Aurora Susa de Silva, significaría exigirles que se arroguen competencias del resorte exclusivo de los jueces ordinarios a quienes corresponde determinar si los actos o contratos celebrados entre particulares, reúnen los requisitos para su validez” (sent. de mar. 17/2011, Exp. 2001-00705, M.P. María Claudia Rojas Lasso) (destacado fuera de texto).
Para la Sala, bastan las anteriores razones para afirmar que la actuación desplegada por la delegada de la Superintendencia de Notariado y Registro, al expedir las resoluciones administrativas demandadas mediante las cuales ordenó la corrección del folio de matrícula inmobiliaria 366-8611, tuvo como fundamento las disposiciones legales del estatuto de registro de instrumentos públicos que le otorgan la facultad para corregir los errores en las inscripciones del registro en el folio de matrícula inmobiliaria, entre ellas, el artículo 35 del Decreto 1250 de 1970.
6.3.2. No se puede confundir la fecha del acto jurídico sujeto a registro con la apertura del certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria.
Esgrime el apelante que la registradora seccional de Melgar no podía, con fundamento en una norma de 1970 —refiriéndose al Decreto 1250— y sin mediar decisión judicial alguna, modificar la tradición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 366-8611 que data del año 1887. Por tanto para el apelante, resultó violentado el artículo 333 de la Ley 57 de 1887, legislación vigente para cuando se creó la matrícula inmobiliaria 8611 (destacado del despacho).
Resulta necesario aclarar que, si bien es cierto la escritura pública Nº 19 es de fecha 5 de septiembre de 1887, la cual contiene el acto jurídico del cual los demandantes reputan su titularidad, igualmente lo es que la apertura del certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria apenas se llevó a cabo el día 23 de abril de 1985, tal y como se verifica de su texto que obra a folio 79 del cuaderno uno.
Por tanto, desde ningún punto de vista se equivocó la entidad demandada en aplicar como fundamento normativo de las determinaciones adoptadas en las resoluciones objeto de demanda, el estatuto del registro de inmuebles públicos que data de 1970, pues esta era la legislación vigente para la fecha en que se llevó a cabo la apertura del folio inmobiliario, que lo fue en abril de 1985.
Es evidente entonces la confusión de temas en que incurre el apelante, pues una situación es la fecha en que se llevó a cabo el negocio jurídico que es objeto de inscripción en el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria y otra muy distinta, la fecha en que se llevó a cabo la apertura del mismo. Lo anterior deja entonces sin piso el argumento de apelación según el cual, la registradora había modificado la tradición del inmueble que data de 1887.
Resultan suficientes las anteriores consideraciones para advertir que en el sub lite, no se configuró la causal de falsa motivación de los actos administrativos demandados ni la violación al debido proceso de la parte actora, por cuanto la actuación administrativa adelantada por la demandada, se ajustó a los parámetros fijados en las normas especiales del estatuto de registro de instrumentos públicos y en las del Código Contencioso Administrativo.
1. Confirmar en su integridad la sentencia de fecha 4 de julio de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.
(6) Visible a fl. 116, cdno. 1.
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de junio de 2008, proferida en el Expediente 2001-00305-01, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón.
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2011, proferida en el Expediente 2003-00457-02, M.P. María Elizabeth García González.
(9) Fls. 136 a 141 contiene derecho de petición suscrito por el apoderado del señor José Antenor González Torres de fecha 18 de octubre de 2001
(10) Obra a fl. 163, cdno. ppal.
(11) Visible a fls. 34 a 36 vto.
(12) Obra a fls. 376 y ss., cdno. 1.