Source: https://aldiachile.microjuris.com/2018/07/16/jurisprudencia-destacada-ano-2018-n9/
Timestamp: 2019-06-24 09:03:43
Document Index: 222095508

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Jurisprudencia Destacada Año 2018 N9 – Microjuris - Chile
Jurisprudencia Destacada Año 2018 N9
JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 9 DE 2018
Naranjo c/ Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – NULIDAD DEL DESPIDO – CONVENIO DE HONORARIOS – APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA
La conducta desplegada por la actora no se corresponde a la labor por la que se autoriza al ente edilicio a contratar a honorarios, toda vez que las funciones ejercidas por la trabajadora eran funciones propias, habituales y permanentes de la demandada. Así las cosas, corresponde aplicar la normativa del Código del Trabajo, de forma supletoria, pues se dan los elementos de la relación laboral.
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que desestimó anular la decisión del tribunal de primera instancia, que rechazó la demanda de despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales. Esto, dado que yerran los sentenciadores al calificar la relación contractual de los litigantes como una que se enmarcó dentro del régimen especial de la Ley N° 18.883 , estimando, consecuentemente inaplicable el Código del Trabajo, porque la conducta desplegada por la actora en el ejercicio de su labor no cumple los requisitos que la norma especial exige. Lo anterior, toda vez que el ordenamiento laboral se aplica a las personas contratadas a honorarios en un órgano de la Administración del Estado, siempre y cuando, se advierta que la labor que desempeñan no se enmarca dentro del tipo que el artículo 4 de la Ley N° 18.883 ordena, y se acredita la concurrencia de los requisitos que enumera el artículo 7 del Código del Trabajo, la subordinación y dependencia.
2.- El contrato de honorarios celebrado en la especie se trata de una modalidad a través de la cual la Municipalidad cumple sus fines normativos, no empleando personal propio en ello, sino que a aquellos que sirven a tal finalidad, pero siempre teniendo en consideración el carácter esencial, final y central que trasciende a esta decisión, en cuanto a estar cumpliendo uno de sus objetivos, que no es otro que satisfacer las exigencias de la comunidad a la cual sirve y, en particular, utilizando para ello planes y recursos ajenos, provenientes del Ministerio de Planificación, todos órganos de la Administración del Estado, con un claro propósito de promoción social que en este caso se ejecuta por medio de la demandada en forma permanente y habitual, tarea de ordinario cumplimiento que por ley se le encomienda, de modo que no puede sostenerse que la relación existente entre las partes se enmarcó dentro de la hipótesis excepcional contenida en el artículo 4 de la ley N° 18.883. Así, por ser funciones propias, habituales y permanentes de la demandada, ordenadas y reguladas por la normativa que la creó, y en ningún caso, accidentales o ajenas a ella, mal puede sostenerse que la de autos, se trata de una relación contractual amparada por la norma aludida, sino más bien, una que, dado los caracteres que tuvo, sujeta a las disposiciones del Código del Trabajo, por desmarcarse del ámbito propio de su regulación estatutaria y que así, encuentra amplio cobijo en la hipótesis de contra excepción del artículo 1 de dicho cuerpo legal.
3.- El artículo 1 del Código del Trabajo establece la vigencia del Código del Trabajo respecto de todas las vinculaciones de índole laboral habidas entre empleadores y trabajadores, estas son, aquellas que reúnen las características derivadas de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7 del ordenamiento aludido. Además, en dicha norma se consigna una excepción a la aplicación de esta compilación al personal de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, salvedad restringida únicamente al evento que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Empero, también encierra una contra excepción que abarca a todos los trabajadores de los entes detallados, a quienes se vuelve a la vigencia del Código del Trabajo, sólo en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que no sean contrarios a estos últimos. En otros términos, se someten al Código del Trabajo y leyes complementarias los funcionarios de la Administración del Estado no acogidos por ley a un estatuto especial y, aun de contar con dicho régimen peculiar, en carácter de subsidiario, sobre los aspectos o materias no reglados en particular, cuando no se oponga a su marco jurídico.
4.- El contrato a honorarios se ha erigido como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que muestran el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual. Los trabajos que se efectúan conforme a esta calidad jurídica constituyen una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato; siendo labores accidentales y no habituales del órgano respectivo aquéllas que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente administrativo, pero, bajo ningún concepto, se pueden desarrollar de manera permanente conforme dicha modalidad.
5.- Corresponde rechazar parcialmente la demanda en cuanto solicita la aplicación de la nulidad del despido. Esto, pues tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la Ley N°18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido. En otra línea, la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido (de la sentencia de reemplazo).
6.- La materia de derecho objeto del juicio dice relación con la «primacía del principio de la realidad por sobre los documentos y lo pactado verbalmente por las partes», en relación con la determinación del cuerpo normativo que rige las relaciones entre una persona natural y una municipalidad, contratada bajo la modalidad de honorarios pero que en las circunstancias particulares cumple con todos los elementos de una relación laboral. Sin embargo, hecho el análisis que imponen los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, aparece que el recurso, en los términos planteados, no podrá prosperar, ya que en el fallo que lo motiva no existe pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación de jurisprudencia. En efecto, discurre sobre la improcedencia de la causal de invalidación invocada pero sin emitir juicio o interpretación relativa al punto planteado (De voto en contra de la Ministra señora Chevesich).
Pacheco y otro c/ Ilustre Municipalidad de Recoleta
Voces: LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – PRACTICAS ANTISINDICALES – ELECCIONES – DIRECTORIO DEL SINDICATO – AUTONOMÍA SINDICAL – DEMANDA ACOGIDA
Tribunal: Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Se determina que el alcalde y el director del cementerio general se dirigieron en forma despectiva a los dirigentes sindicales, pocos días antes de una nueva elección sindical, lo que afecta la libertad sindical. Por otro lado, las organizaciones sindicales son entidades autónomas, no pudiendo estar sobre ellas el derecho del empleador, debiendo ser sus afiliados quienes resuelvan sus problemas internos.
1.- Corresponde acoger la acción de tutela por prácticas antisindicales, ya que se ha afectado el derecho a desarrollar libremente la actividad sindical de los actores, atentando en contra del ejercicio de la libertad Sindical. Esto, dado que se tiene por establecido que existen no sólo indicios de la conducta reprochada por la parte demandante, sino que concurre prueba directa para configurar probatoriamente la denuncia planteada, en relación a la conducta ilegal del empleador. Así las cosas, se determina que la denunciada, específicamente su alcalde y el director del Cementerio General, se dirigieron en forma despectiva a los dirigentes sindicales, pocos días antes de una nueva elección sindical.
2.- Las organizaciones sindicales son entidades autónomas, con reconocimiento constitucional, no pudiendo pasar por sobre aquel derecho el empleador, y menos en forma arbitraria reuniendo a los trabajadores para denostar a sus dirigentes. Aun cuando hayan sido reelectos los demandantes y aun cuando no se haya acreditado una merma en los asociados, los dichos del Alcalde y del Director del cementerio atentan abiertamente en contra de la Libertad Sindical. En otra línea, resulta irrelevante si los dirigentes habían rendido cuenta de su gestión o si había algún conflicto al interior de la organización sindical, ya que ese es un problema que debe ser tratado y resuelto por los asociados y no inmiscuirse el empleador en ello. Prueba de esta intromisión es el discurso que da el director del Cementerio General, en el que ocupa gran parte del tiempo a criticar a los dirigentes sindicales, sin referirse a ellos con nombre y apellido, pero hablando con eufemismos sobre los dirigentes que no hacían nada o que habían perdido ante las entidades administrativas los recursos intentados para poder negociar colectivamente.
3.- Pese a las alegaciones vertidas en la contestación de la demanda, en torno a que los dichos habrían sido como una reacción a dichos xenófobos vertidos en redes sociales, lo cierto que solamente quedó acreditado que aquellas publicaciones se hicieron bajo el nombre de un tercero a este proceso, en la página de Funcionarios del Cementerio General, sin constar la fecha, y sin probarse que los dirigentes denunciantes hubiesen tenido participación en ello, de manera que resulta evidente que los dichos se referían a quienes ostentaban cargos de dirigente y postulaban a su reelección. Además, aun cuando se hubiese acreditado que los demandantes hubiesen hecho esas publicaciones, la vía para hacer la denuncia es la vía judicial ordinaria y no la citación a los trabajadores, a días de una elección sindical, para decirles que no voten por corruptos. La injusticia y arbitrariedad de ambas medidas está dada en que la denunciada se ha inmiscuido en la vida de sindical de la Asociación de Funcionarios.
NO RENOVACIÓN DE CONTRATA – DÉFICIT PRESUPUESTARIO
Navia c/ Ilustre Municipalidad de Independencia
Voces: RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PUBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO
La decisión de no renovar la contrata de la recurrente fundada en que la propuesta de presupuesto municipal contempla una reducción de los gastos en personal a contrata, no satisface mínimamente el deber de motivación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880, pues la mera referencia a la reducción presupuestaria no justifica la razón que lleva a la Municipalidad recurrida a cesar la relación laboral que la unía con la recurrente, y no con otros funcionarios que se mantuvieron en funciones, en circunstancias que ambas decisiones hubieren contribuido de igual manera a la consecución del objetivo explicitado en el acto, teniendo en cuenta, además, que lo extenso del vínculo entre las partes -el que se ha prolongado por más de diez años- amerita una especial intensidad en el ejercicio argumentativo.
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación deducido en contra de la sentencia que rechazó el recurso de protección interpuesto por la funcionaria en contra de la Municipalidad que dispuso la no renovación del nombramiento a contrata de la actora. Esto, debido a que, la decisión de no renovar la contrata de la recurrente fundanda en que la propuesta de presupuesto municipal contempla una reducción de los gastos en personal a contrata, no satisface mínimamente el deber de motivación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880, pues la mera referencia a la reducción presupuestaria no justifica la razón que lleva a la Municipalidad recurrida a cesar la relación laboral que la unía con la recurrente, y no con otros funcionarios que se mantuvieron en funciones, en circunstancias que ambas decisiones hubieren contribuido de igual manera a la consecución del objetivo explicitado en el acto, teniendo en cuenta, además, que lo extenso del vínculo entre las partes -el que se ha prolongado por más de diez años- amerita una especial intensidad en el ejercicio argumentativo, de tal manera que éste permitiese sustentar racionalmente la ruptura de la larga cadena ininterrumpida de renovaciones y la decepción de la expectativa de renovación creada en la actora.
2.- En la actualidad, es un verdadero axioma que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N°85.700 , de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios municipales designados en empleos a contrata; principio que ha sido recogido de manera uniforme en la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema. Con todo, esta directriz encuentra como límite a su aplicación la decisión de la administración en orden a poner término al vínculo estatutario, cuando el acto que así lo dispone exterioriza los fundamentos de hecho y de derecho que lo determinan -al afectar potestades particulares-, se dicta a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año, y se notifica oportunamente al funcionario involucrado.
Ponce c/ Ilustre Municipalidad de San Pedro de La Paz
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – SALUD INCOMPATIBLE – DECLARACIÓN DE VACANCIA DEL CARGO PÚBLICO – PERSONAL NO DOCENTE – PERMISOS – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO
Al ser la finalidad de la Ley N° 19.464, regular beneficios en favor de los funcionarios no docentes de la educación municipal, y que ninguna relación surge del reenvío de su artículo 4° a la Ley N°18.883 -para los efectos de permisos y licencias- con el término de los servicios por declaración de vacancia del cargo, se debe concluir que su aplicación queda limitada exclusivamente a lo relativo a los derechos funcionarios lo que no se extiende a las situaciones de declaración de vacancia del cargo.
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandante en contra de la sentencia que, acogiendo el recurso de nulidad interpuesto por la municipalidad demandada, rechazó la demanda por despido injustificado estimando que atendida la naturaleza de los servicios prestados por la demandante -auxiliar de aseo, personal no docente-, estos se regulan por las normas contenidas en las Leyes Nº 19.463 y 18.029, y conforme a ellas, las de la Ley Nº 18.883 que otorgan al Alcalde la facultad de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible con el servicio, por hacer uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, como ocurre en la especie. Al respecto, se constatan distintas interpretaciones sobre la materia de derecho, esto es, determinar la correcta interpretación del artículo 4° de la Ley N° 19.464 en relación con los artículos 148 de la Ley N° 18.883, que otorgan facultades al Alcalde para considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo, superior a seis meses en los últimos dos años; en particular, si al personal no docente de la educación municipal regidos por el Código del Trabajo, se les puede aplicar dicha causal. Al respecto, se establece que al ser la finalidad de la Ley N° 19.464, regular beneficios en favor de los funcionarios no docentes de la educación municipal, y que ninguna relación surge del reenvío de su artículo 4° a la Ley N°18.883 –para los efectos de permisos y licencias– con el término de los servicios por declaración de vacancia del cargo, se debe concluir que su aplicación queda limitada exclusivamente a lo relativo a los derechos funcionarios lo que no se extiende a las situaciones de declaración de vacancia del cargo, de modo que a tales funcionarios les rigen las normas de los artículos 110 a 112 de la Ley N° 18.883, ubicados en el párrafo 4° del Título IV denominado: «Derechos Funcionarios», por disposición del artículo 4° de la Ley N° 19.464, pero no el el artículo 148 de dicho cuerpo legal, ubicado en el Título VI: “De la Cesación de Funciones”, de manera que el ya mencionado artículo 4° de la Ley N°19.464 no habilita a la demandada para actuar como lo hizo en la especie.
USO DE CICLOVÍAS – ARRIENDO DE VEHÍCULOS A PEDALES
Morales c/ Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Villarrica
Voces: RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – IGUALDAD ANTE LA LEY – AUTORIZACIONES MUNICIPALES – PERMISOS – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO
El fundamento esgrimido por la Municipalidad para negar la solicitud de autorización de utilización de ciclovía para la circulación de carros a pedales para arrendar a terceros durante la temporada estival, fundada, dicha decisión en el reducido espacio del bien nacional de uso público objeto de la solicitud, la alta congestión en temporada estival y el peligro que el tránsito de carros a pedales genera, carece de aptitud y pertinencia para motivar tal decisión, pues se ha asentado que otros administrados formularon igual petición, en similar contexto temporal, en el mismo bien nacional de uso público objeto de la pretensión denegada, y al menos a cuatro de ellos el beneplácito les fue concedido, a pesar de contribuir de igual manera el eventual acaecimiento de las consecuencias negativas en cuya evitación se funda la denegación impugnada.
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la actora en contra de la sentencia que rechazó el recurso de protección deducido en contra de la negativa formulada por la municipalidad recurrida a la solicitud de la actora, quien pretendía se le concediere autorización para utilizar la ciclovía ubicada en la costanera de la ciudad para la circulación de carros a pedales adquiridos por la actora para arrendar a terceros y ser utilizados por niños durante la temporada estival. Esto, debido a que, el fundamento esgrimido por la Municipalidad para negar el permiso solicitado, esto es, el reducido espacio del bien nacional de uso público objeto de la solicitud, la alta congestión en temporada estival y el peligro que el tránsito de carros a pedales genera para otros usuarios de la ciclovía, carece de aptitud y pertinencia para motivar tal decisión, pues se ha asentado que otros administrados formularon igual petición, en similar contexto temporal, para explotar la misma actividad, en el mismo bien nacional de uso público objeto de la pretensión denegada, y al menos a cuatro de ellos el beneplácito les fue concedido, a pesar de contribuir de igual manera el eventual acaecimiento de las consecuencias negativas en cuya evitación se funda la denegación impugnada. De este modo, el acto cuestionado carece de motivación, elemento esencial de todo acto jurídico conforme lo exigen los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880, por lo que, ante su ausencia, concluyéndose que éste ha devenido en ilegal y arbitrario.
BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO – EDUCACIÓN
Del Valle, Mauricio c/ Dirección de Educación Municipal de Concepción
Voces: RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – GRATIFICACIONES Y BONOS – RETIRO VOLUNTARIO – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO
La negativa por parte de la demandada a tramitar la postulación del recurrente a la bonificación por retiro voluntario, es ilegal en cuanto fue adoptada fuera de la forma prescrita por la ley y por una autoridad diversa a la competente, la Subsecretaría de Educación. Por otro lado, la vigencia de la ley que dispone la bonificación por retiro voluntario no condicionó su vigencia a la dictación del reglamento correspondiente.
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente contra la sentencia que desestimó la petición cautelar, esta es, que la postulación a la bonificación por retiro voluntario conforme a la Ley N° 20.976 sea resuelta por la autoridad competente en la forma que prescribe la ley y previa tramitación legal. Esto, dado que la negativa por parte de la demandada a tramitar la postulación del recurrente a la bonificación por retiro voluntario conforme a la Ley N°20.796, es ilegal en cuanto infringe el artículo 2º de la Ley N° 20.796 al haber sido adoptada por autoridad incompetente y fuera de la forma prescrita por la ley; y vulnera la garantía de igualdad ante la ley que la Constitución Política de la República reconoce al recurrente en relación con otros funcionarios públicos que, habiendo formulado similar postulación, éstas fueron resueltas mediante resolución fundada dictada por la autoridad competente previa tramitación legal de la solicitud.
2.- La demandada no se encontraba legalmente facultada para negarse a tramitar la postulación a la bonificación por retiro voluntario presentada por el recurrente aduciendo que aún no se encontraba dictado el reglamento de la Ley N° 20.796, toda vez que ésta ley prevé una tramitación específica que debe seguir dicha postulación en forma previa a su resolución, como así también una autoridad administrativa diversa de la recurrida, a saber, la Subsecretaría de Educación, la que es llamada a determinar mediante resolución fundada quiénes serán los beneficiarios de los cupos disponibles de la bonificación, a todo lo cual se une el antecedente que la norma legal no condicionó su vigencia a la dictación del reglamento.
3.- El artículo 70 inciso décimo de la Ley N°19.070 dispone que podrán eximirse del proceso de evaluación docente los profesionales de la educación a quienes les falten tres años o menos para cumplir la edad legal para jubilar, siempre que presenten la renuncia anticipada e irrevocable a su cargo, la que se hará efectiva al cumplirse la edad legal de jubilación por el solo ministerio de la ley, agregando que en todo caso estos profesionales tendrán derecho a la indemnización establecida en el artículo 73 y quedarán sujetos a lo prescrito en el artículo 74 del mismo cuerpo legal. Por su parte, la Ley N° 20.976 que Permite a los Profesionales de la Educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la establecida en la Ley N° 20.822, dispone en su artículo 1º, en lo pertinente, que los profesionales de la educación que pertenezcan como titulares o contratados a una dotación docente del sector municipal o que estén contratados en los establecimientos regidos por el Decreto Ley N° 3166 del Ministerio de Educación Pública, que entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2024 cumplan 60 años si son mujeres o 65 años si son hombres, podrán acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la Ley N° 20.822 hasta por un total de 20.000 beneficiados y siempre que comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente y hagan efectiva dicha renuncia respecto de la totalidad de las horas que sirven, en los plazos que fijan esta ley y el reglamento.
4.- El artículo 2º de la Ley N° 20.976 señala, entre otras reglas a las que se sujetará la Bonificación por Retiro Voluntario, que los profesionales que opten por acceder a ella deberán manifestar su voluntad de renunciar a la totalidad de las horas que sirven ante su institución empleadora postulando por dicho acto a la bonificación, en los plazos y condiciones que fije el reglamento, debiendo las instituciones empleadoras remitir las postulaciones y sus antecedentes a la Subsecretaría de Educación, la cual, mediante resolución, determinará los beneficiarios de los cupos correspondientes a un año, debiendo dicha resolución contener la individualización de los beneficiarios de los cupos disponibles, la nómina de aquellos profesionales de la educación que cumplen con los requisitos para acceder a la bonificación y que no fueron beneficiados con un cupo y las demás materias que defina el reglamento. Una vez totalmente tramitada la resolución, la Subsecretaría de Educación la remitirá a cada una de las instituciones empleadoras mediante los mecanismos que defina el reglamento y la publicará en el sitio electrónico del Ministerio de Educación, a continuación de lo cual y dentro de los cinco días siguientes, la institución empleadora deberá notificar a cada uno de los profesionales de la educación que participaron en el proceso de postulación del resultado del mismo.
5.- Corresponde confirmar la sentencia en alzada teniendo para ello únicamente presente que el conflicto de que da cuenta el recurso no corresponde a una materia que deba ser dilucidada mediante esta acción cautelar de urgencia, puesto que la discusión de fondo que se plantea pasa por determinar si el recurrente tiene o no derecho a la bonificación establecida en la Ley N° 20.976. De manera que no estamos frente a la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte ha de proteger por esta vía cautelar de urgencia (de la disidencia de los Ministros señores Aránguiz y Prado).
DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Maganza c/ Ilustre Municipalidad de Valparaíso
Voces: LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – HONORARIOS – RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN – RELACIÓN DE DEPENDENCIA – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA
Si una persona se incorpora a la dotación de una municipalidad bajo la modalidad contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 18.883, pero en la práctica presta servicios que revelan un vínculo de aquellos regulados por el Código del Trabajo, se debe colegir que se trata de una relación de orden laboral.
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que, rechazando su recurso de nulidad confirmó el fallo que rechazó la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales, por estimar la imposibilidad de que un vínculo surgido bajo la formalidad de una prestación de servicios a honorarios, conforme el artículo 4º de la Ley Nº 18.883 pueda devenir u ocultar, en los hechos, una relación de naturaleza laboral, planteando que una municipalidad nunca -fuera de los precisos casos establecidos por el legislador-, puede efectuar una contratación bajo el vigor del Código del Trabajo, tratándose de una prohibición cuya infracción acarrearía responsabilidades administrativas, pero, en caso alguno, la mutación del vínculo contractual. Al respecto, la acertada interpretación del artículo 1° y 7° del Código del Trabajo en relación con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie una municipalidad, que aun habiendo suscrito contratos de prestación de servicios a honorarios -por permitírselo el estatuto especial que regula al ente público-, prestan servicios en las condiciones previstas por el legislador laboral; en otros términos, corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, las relaciones habidas entre aquéllos en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece -para el caso- el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, y se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.
2.- Si se trata de una persona natural que no se encuentra sometida a un estatuto especial, sea porque no ingresó a prestar servicios en la forma que dicha normativa especial prevé, o porque tampoco lo hizo en las condiciones que establece -planta, contrata, suplente-, es claro que el dilema debe ser resuelto reconduciendo el caso hacia la aplicación del Código del Trabajo, desde que, en la especie, el artículo 4° de la Ley N° 18.883, sustrayéndose del marco jurídico estatutario que establece para los funcionarios que regula, permite contratar sobre la base de honorarios en las condiciones que describe, las que, en general, se asimilan al arrendamiento de servicios personales regulado en el Código Civil y que, ausentes, excluyen de su ámbito las vinculaciones pertinentes, correspondiendo subsumirlas en la normativa del Código del Trabajo en el evento que se presenten los rasgos característicos de este tipo de relaciones -prestación de servicios personales, bajo subordinación y dependencia y a cambio de una remuneración-, por cuanto la vigencia del Código del Trabajo constituye la regla general en este tipo de relaciones personales y porque, además, tratándose de un órgano de la Administración del Estado debe someter su actuar al principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. Tal calificación no implica, en ningún caso, desconocer la facultad de la administración para contratar bajo el régimen de honorarios que consulta el artículo 4° de la Ley N° 18.883, esto es, cuando necesite de profesionales o técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias y que deban realizar labores accidentales, no habituales, o se trate de la prestación de servicios para cometidos específicos.
3.- Las “labores accidentales y no habituales de la municipalidad”, son las que, no obstante ser particulares de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; en tanto que cometidos específicos, hipótesis regulada en el inciso segundo del artículo 4° de la citada ley, lo constituyen las labores puntuales, es decir, aquéllas que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente individualizadas, y que, excepcionalmente -en caso alguno de un modo continuo-, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente municipal.
4.- En la especie, el actor ingresó a prestar servicios profesionales en su calidad de relacionador público para la prestación de servicios personales “para cumplir funciones en la organización y producción de los eventos oficiales de la municipalidad”, a cargo de todas las ceremonias oficiales y su protocolo, con obligación de asistencia y horario.Así, tales funciones, en los términos generales en que se proponen, esto es, servicios de organización y producción de eventos, no corresponden a prestaciones “específicas” u “ocasionales”, por lo que no puede dárseles el carácter de relaciones contractuales amparadas por la hipótesis excepcional del inciso segundo del artículo 4° de la Ley N°18.883, máxime si se establecen elementos propios de una relación laboral.
5.- En relación a la aseveración que formula la sentencia impugnada, relativa a que el impedimento legal que afecta a las municipalidades de efectuar contrataciones bajo el régimen del Código del Trabajo, impediría de manera absoluta que un contrato celebrado bajo el estatuto del artículo 4° de la Ley N° 18.883 devenga en uno de naturaleza laboral, aunque se constate no cumplir sus requisitos y la concurrencia de los elementos propios de la relación laboral, se indica que el principio de primacía de la realidad corresponde a una exigencia fundamental del Derecho del Trabajo, que debe servir como criterio interpretativo de la decisión judicial, que contiene el mandato de atender, por sobre las formalidades, la manera efectiva en que se desarrolla una determinada vinculación de prestación de servicios personales, lo que significa que la determinación de su naturaleza debe realizarse conforme como se constata en la práctica.
6.- En relación a la demanda por nulidad del despido, si bien la punición que contempla el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo es plenamente procedente cuando es la sentencia del grado la que reconoce la existencia de la relación laboral, atendida su evidente naturaleza declarativa, ello no es así en el caso específico en que el demandado corresponda a un organismo público que se vinculó con el trabajador afincado en una norma estatutaria, pues, tratándose, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado -en la especie, conforme el artículo 4° de la Ley N° 18.883-, que, en principio, les otorga una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.
7.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia, pues, la materia de derecho planteada no coincide con el dictamen contenido en el fallo recurrido, pues primeramente, no se cuestiona el criterio interpretativo que sostiene el recurrente relativo a la procedencia de calificar como laboral el vínculo de un trabajador contratado a honorarios por las municipalidades cuya prestación de servicios no se acomoda a los criterios que establece el artículo 4º de la Ley Nº 18.883, sino que se afirma la existencia de dicha facultad, pero que en el caso concreto se concluyó que el tipo de labores desempeñadas por el demandante no se prestaron bajo los supuestos fácticos que permitan concluir que la relación sea de naturaleza laboral, sino que se satisface la normativa administrativa señalada, desde que fluye de los hechos establecidos por el sentenciador del grado, que los servicios prestados por el recurrente, corresponden a cometidos específicos. (Del voto en contra del ministro señor Blanco).
LICITACIÓN – BASES TÉCNICAS
Gestión Ecológica de Residuos S.A. c/ Ilustre Municipalidad de Temuco
Voces: ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – LICITACIÓN PÚBLICA – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN – DECRETO ALCALDICIO – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO
No incurre en error la sentencia del Tribunal de Contratación Pública que acoge la impugnación, pues tanto en las Bases administrativas como técnicas se señala como uno de los objetivos de la concesión lograr la disposición final de los residuos sólidos municipales, debiendo cumplirse con la normativa sanitaria y ambiental incluso a niveles internacionales. Ello no se condice con la propuesta de la adjudicataria, en que no existe una definición clara y preciso respecto de la disposición de los residuos finales, dado que lo condiciona a un hecho futuro, de lo que se concluye que, en realidad, lo ofertado es solo el tratamiento intermedio de los residuos, no ajustándose a lo solicitado en el proceso de licitación.
1.- Corresponde rechazar el recurso de reclamación interpuesto por la Municipalidad en contra de la sentencia del Tribunal de Contratación Pública que acoge la demanda de impugnación, ordenando que retrotraiga el proceso de licitación impugnado. Esto, dado que el tribunal no ha actuado de forma ilegal o arbitraria al considerar que en el referido proceso fueron infringidas las normas que atañan a las licitaciones. En la licitación impugnada, la adjudicataria no dio cumplimiento a las bases técnicas pues no especifica cómo se realizará la disposición final de los residuos, infracción que se corrobora pues en las bases administrativas como técnicas se señala, como uno de los objetivos de la Concesión, lograr la disposición final de los residuos debiendo cumplirse con la normativa sanitaria y ambiental incluso a niveles internacionales. Lógicamente ello no se condice con la propuesta presentada la adjudicataria, en que no existe una definición clara y precisa respecto de la disposición de los residuos finales, pues lo condiciona a un hecho futuro, de lo que se concluye que, en realidad, lo ofertado es solo el tratamiento intermedio de los residuos, lo que no se ajusta a lo solicitado en el proceso de licitación.
2.- Debe concluirse que, en el proceso licitatorio en análisis no se ha cumplido con el principio de estricta sujeción a las bases la que actúa como una garantía de igualdad de trato que debe darse a los oferentes. En nada altera la resolución impugnada el que ya se haya suscrito el contrato de concesión y que está en ejecución o que se encuentre en evaluación el Estudio de Impacto Ambiental presentado, toda vez que en la parte resolutiva del fallo, al acogerse la impugnación, se sitúa en dos casos diversos: o retrotraer el procedimiento licitatorio o reconocer al actor el derecho a demandar el pago de las indemnizaciones civiles.
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