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Timestamp: 2019-09-21 19:51:05
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Matched Legal Cases: ['artículo 202', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 273', 'artículo 354', 'artículo 268', 'artículo 374']

Secretaria adjunta: monserrat cid cabello
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36/2016 . I. ANTECEDENTES
IV. ESTUDIO A . Cuestiones necesarias para resolver el asunto Efectos del amparo
Resolución de quince de octubre de dos mil quince Resolución de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis
Declaraciones de ********** y **********
(Páginas 244 a 266 y 308 a 311)
( Páginas 288 a 290, 347 a 352) Dictamen en criminalística
RECURSO DE INCONFORMIDAD 274/2017
QUEJOSO: ********** EN REPRESENTACIÓN DE LA VÍCTIMA DE IDENTIDAD RESGUARDADA **********
RECURRENTE: TERCERO INTERESADO, **********
El presente asunto deriva del proceso penal instruido en contra de ********** por el delito de violación equiparada. El Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dictó sentencia absolutoria en la comisión del ilícito referido. **********, padre de la víctima y su representante, junto con el Ministerio Público, interpusieron recursos de apelación, que fueron resueltos por la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlanepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida. El representante de la víctima promovió juicio de amparo y ********** promovió amparo adhesivo, el primero fue concedido y el segundo negado, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. En cumplimiento de lo anterior, la Sala responsable dictó una resolución en la que consideró culpable al sentenciado. El Tribunal Colegiado tuvo por cumplido el fallo protector. Esta última determinación constituye la materia de análisis del presente asunto.
¿Fueron cumplidos totalmente los extremos del fallo protector, acorde con lo prescrito por los efectos del amparo que origina el presente recurso de inconformidad?
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del día quince de noviembre de dos mil diecisiete, emite la siguiente:
Correspondiente al recurso de inconformidad 274/2017, interpuesto por **********, en contra de la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por la que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 36/2016.
El Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tlanepantla, Estado de México, dictó sentencia absolutoria a **********, el ocho de julio de dos mil quince en la causa penal **********, derivado de un juicio instruido en su contra por el delito de violación equiparada, en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales **********
********** (padre de la víctima menor de edad y su representante) y el Ministerio Público, interpusieron recursos de apelación, los cuales resolvió la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida. Lo anterior, por resolución de quince de octubre de dos mil quince, en el toca **********.
El representante de la víctima promovió juicio de amparo directo1 y ********** promovió amparo adhesivo. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito concedió el amparo principal para que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado y dictara una nueva resolución para los efectos que quedarán precisados más adelante; y, por otra parte, negó el amparo adhesivo. Lo anterior, en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el expediente 36/20162.
El Presidente del Tribunal responsable informó al Tribunal Colegiado que se había dejado insubsistente la sentencia reclamada de quince de octubre de dos mil quince y, por lo tanto, se ordenó emitir una nueva para cumplir los lineamientos establecidos en el fallo protector. Lo anterior, por oficio 2513, emitido el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis3.
Posteriormente, el Presidente del Tribunal responsable remitió al órgano de amparo copia certificada de la nueva resolución pronunciada el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. En dicho fallo, la responsable revocó la sentencia de primer grado y consideró a ********** como responsable en la comisión del delito de violación equiparada, por lo que le impuso una pena de ********** años de prisión y ********** días de multa4.
El Presidente del Tribunal Colegiado otorgó un plazo de diez días a las partes en el juicio para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con el cumplimiento dado por el tribunal responsable a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, por auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis5.
El tercero interesado realizó manifestaciones en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, toda vez que el Tribunal responsable se “extralimitó” en el cumplimiento porque no reiteró los aspectos que no fueron materia de la concesión, los que a su juicio eran cosa juzgada6. Ello, mediante escrito recibido el dos de diciembre de dos mil dieciséis, en el órgano de amparo del conocimiento.
El Tribunal Colegiado declaró que la ejecutoria de amparo se encontraba cumplida, sin exceso o defecto, y calificó de infundado lo manifestado por el quejoso, al haberse concedido libertad de jurisdicción a la autoridad responsable. Lo anterior, por resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete7.
********** interpuso recurso de inconformidad, mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito8.
El catorce de febrero de dos mil diecisiete, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado de referencia ordenó la remisión de los autos a este Alto Tribunal para el trámite correspondiente9.
El veintidós de febrero de dos mil diecisiete el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió y ordenó el registro del recurso de inconformidad con el número 274/2017. Asimismo, turnarlo para su estudio al Ministro José Ramón Cossío Díaz y enviar los autos a esta Primera Sala, a fin de formular el proyecto de resolución correspondiente.10
La Presidenta de esta Primera Sala dictó auto de avocamiento y ordenó enviar los autos al Ministro designado como Ponente. Ello, por acuerdo de veinte de abril de dos mil diecisiete11.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de inconformidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 201, fracción I, y 203 de la Ley de Amparo; así como 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de este Máximo Tribunal, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que se interpone en contra de una resolución por la que un Tribunal Colegiado de Circuito declaró cumplida una sentencia de amparo.
La resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo se notificó por medio de lista a la parte recurrente el viernes veinte de enero de dos mil diecisiete12; misma que surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el lunes veintitrés del mismo mes y año. Así, el plazo de quince días para interponer tal recurso, previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió del martes veinticuatro de enero al martes catorce de febrero del citado año, con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de enero, cuatro, cinco, seis, once y doce de febrero del año en cita, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Consecuentemente, si el recurrente interpuso el presente recurso de inconformidad el viernes diez de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, su presentación fue oportuna.
A. Cuestiones necesarias para resolver el asunto
Efectos del amparo. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito concedió el amparo para que la autoridad responsable llevara a cabo lo siguiente:
Dejara sin efectos la resolución reclamada;
Emitiera otra en la que, con plenitud de jurisdicción:
Analizara el hecho circunstanciado de la acusación, tomando en cuenta que está integrado por dos agresiones sexuales, una que se dice ocurrió en la vía anal y otra en la vía oral, las cuales integran un solo delito de violación equiparada, debido a su carácter plurisubsistente; y,
Valorara las declaraciones de la víctima menor de edad de identidad resguardada, así como las periciales en materia de medicina y psicología practicadas a las mismas, conforme a los lineamientos expuestos en la ejecutoria, atinentes al principio del interés superior del menor, previsto en el artículo 4 constitucional; asimismo, tomara en cuenta el principio de presunción de inocencia;
Reiterara los aspectos que no fueron materia de la concesión.
Resolución impugnada. El Tribunal Colegiado estimó cumplida la sentencia de amparo, pues la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada y emitió otra, en la que revocó la sentencia absolutoria y consideró al inculpado ********** penalmente responsable por el delito de violación equiparada, en agravio de la víctima menor de edad de identidad resguardada **********
Previo a sintetizar los argumentos que formuló la autoridad responsable, el Tribunal Colegiado estimó que no existía exceso ni defecto en el cumplimiento, pues al haberse concedido el amparo debido a que en el estudio del delito se había transgredido el interés superior del menor, por haberse desatendido a la cópula vía oral que había referido la víctima y con motivo de un incorrecto análisis probatorio de sus declaraciones y de las periciales en materia de medicina y psicología; por consiguiente, consideró como correcto que la autoridad responsable estudiara de nueva cuenta el delito y, al considerarse acreditado éste, la responsabilidad penal del quejoso adhesivo, subsanando los aspectos que se estimaron transgresores, sin que se concluyera de manera diversa a la que sostuvo en el acto reclamado, es decir, que revocara la absolución que había decretado en favor del quejoso adhesivo **********, pues en la ejecutoria se le había otorgado libertad de jurisdicción a la responsable.
Por ello, el Tribunal Colegiado calificó de infundado el argumento del quejoso, en el sentido de que la autoridad responsable se “extralimitó” en el cumplimiento porque no reiteró los aspectos que no fueron materia de la concesión. Lo anterior, porque el amparo se concedió para que se analizara con libertad de jurisdicción la acreditación del delito, por lo que era posible que la autoridad responsable realizara un nuevo estudio de los elementos típicos y de considerarlos acreditados de la responsabilidad penal, siempre y cuando subsanara los aspectos que motivaron la concesión.
Así, el Tribunal Colegiado estimó que fue correcto que la autoridad responsable tomara en cuenta que el delito era de los considerados como “plurisubsistentes”, atendiendo a que en el hecho circunstanciado se hizo referencia a una cópula vía oral y otra en vía anal, conforme lo manifestó la víctima.
En ese sentido, el Tribunal Colegiado consideró que la valoración de lo manifestado por la víctima, también, atendía los parámetros de la ejecutoria de amparo, en tanto se estudió de manera integral su contenido. Lo mismo respecto de las pruebas periciales en materia de medicina y psicología, pues al haber considerado de manera integral las declaraciones de la víctima, dejó de atender a que existía consentimiento, concluyendo que contaban con valor probatorio y se concatenaban con las declaraciones, ello en ejercicio de la libertad de jurisdicción.
Finalmente, el Tribunal Colegiado consideró que la autoridad responsable atendió al principio de presunción de inocencia, pues si bien realizó una consideración que no atiende a los lineamientos, porque señaló que era obligación del quejoso adhesivo probar su hipótesis de defensa, lo cierto es que ello no afectó la concesión. Lo anterior, porque tomó en cuenta lo precisado en la ejecutoria en torno al referido principio, ya que la autoridad responsable señaló que no se encontraba obligada a probar la licitud de su conducta y citó la tesis XCVI/2013 y XCV/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bajo ese parámetro, realizó el estudio correspondiente de las pruebas.
Agravios. En su escrito de inconformidad, la parte tercera interesada recurrente sostiene, en síntesis, lo siguiente:
Refiere que existe un exceso respecto de los parámetros esgrimidos por el Tribunal Colegiado, es decir, el Tribunal de alzada no reiteró los aspectos que no fueron materia de la concesión, siendo que la libertad de jurisdicción se otorgó sobre los temas que se concedió el amparo y no sobre lo que debía de reiterarse.
El acuerdo de cumplimiento adolece de defecto, en el sentido de que la responsable soslayó el principio de presunción de inocencia, ello al desacreditar pruebas que se usaron a su favor, y darle valor a aquellas que acreditaron su culpabilidad, justificándolo solamente bajo el principio de libertad de jurisdicción.
La cuestión que debe resolverse en el presente recurso de inconformidad consiste en determinar, a la luz de los agravios hechos valer, si es legal o no la resolución por la que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, de la cual deriva el presente asunto, emitida el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
Para ello, la pregunta que se debe responder para resolver este asunto es la siguiente:
A juicio de esta Primera Sala, la respuesta a esta pregunta es negativa, como se verá a continuación.
En primer lugar, resulta conveniente recordar que el Tribunal Colegiado concedió el amparo para los efectos precisados en el párrafo 16, pues consideró que en la resolución reclamada hubo una afectación al principio de interés superior del menor, establecido en el artículo 4 constitucional, ya que la autoridad responsable consideró que no se encontraba acreditado el delito, pues únicamente tomó en cuenta la agresión vía anal materia del hecho circunstanciado, excluyendo lo que refirió la víctima menor de edad por la vía oral, además de que al decretar la insuficiencia probatoria en lo relativo a la existencia de cópula vía anal y la correlación entre la agresión y los traumas que presentó la víctima, no tomó en cuenta de manera integral las declaraciones de ésta, particularmente al valorar sus deposados y las periciales en materia de medicina y psicología.
Asimismo, conminó a la responsable a que se valorara la declaración de la víctima menor de edad, tomándose en cuenta su desarrollo cognitivo, así como las manifestaciones en las que precisó las emociones que experimentó al momento de ocurrir la agresión sexual, como en meses posteriores, y que también señaló que la agresión fue su primera relación sexual. Y, en cuanto a las periciales en materia de medicina y psicología, se tomara en consideración de manera integral las declaraciones de la víctima, para verificar si existió consentimiento durante la agresión, como lo sostuvo en el acto reclamado.
Ahora bien, por lo que se refiere al efecto del amparo señalado en el numeral I) del párrafo 16, fue cumplido, pues mediante oficio 2513, de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado México, dejó insubsistente la resolución de quince de octubre de dos mil quince13.
En lo que respecta al efecto señalado en el inciso a) del numeral II, se cumplió debido a que analizó el hecho, tomando en cuenta que estaba integrado por dos agresiones sexuales, una que había ocurrido por vía anal y otra por la vía oral, las cuales integraban un solo delito de violación equiparada, debido al carácter “plurisubsistente”. Al respecto, sostuvo lo siguiente:
En cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, este Tribunal de Alzada considera que el Juez de Juicio Oral, transgredió los derechos fundamentales de la víctima menor de edad de identidad resguardada, porque en el análisis del hecho circunstanciado por el cual acusó el Ministerio Público y en la valoración de las pruebas se dejó de atender al principio del interés superior del menor, que a su favor prevé el artículo 4º. Constitucional.
En ese orden de ideas, resulta preponderante el incorrecto análisis en que incurrió el juez natural en la acreditación del delito en estudio, puesto que no tomó en cuenta la agresión sexual vía oral que también formó parte del hecho circunstanciado; así como la insuficiencia probatoria que determinó en lo relativo a la existencia de la cópula vía anal y la correlación entre la agresión sexual y los traumas que presentó la víctima menor de edad; pues fue en estos aspectos en los que se transgredió el interés superior del menor.
Lo anterior es así, porque el juez natural consideró que la acusación que el agente del Ministerio Público hizo valer fue que el nueve de mayo de dos mil once, el imputado tuvo cópula vía anal con la víctima menor de edad, con su consentimiento, al encontrarse ensayando la interpretación de una canción en el interior de la sala de música de la escuela secundaria federal, número 17, denominada **********, en la que labora, ubicada en calle ********** de la colonia **********, en el Municipio de **********.
Conforme a esa acusación, dijo que la representación social no acreditó el delito de violación equiparada, al no estar suficientemente probada la existencia de la cópula vía anal; la correlación entre la agresión sexual y los rasgos depresivos, la culpa y las alteraciones de sueño que presentó la víctima; lo aislado del lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos; y, porque las testimoniales de los padres de la víctima menor de edad, no acreditan los hechos denunciados.
Todo lo anterior es incorrecto al no tomar en cuenta la agresión sexual vía oral que también formó parte del hecho circunstanciado; así como la insuficiencia probatoria que determinó en 'lo relativo a la existencia de la cópula vía anal y la correlación entre la agresión sexual y los traumas que presentó la víctima menor de edad; pues fue en estos aspectos en los que se transgredió el interés superior del menor.
No debe soslayarse que el Ministerio Público señaló que existieron dos agresiones sexuales: en un primer momento la efectuada por la vía oral y posteriormente la cometida por la vía anal.
Conforme a ello, el juez natural debió tomar en cuenta que para realizar un estudio correcto de la acreditación del delito de violación equiparada (hipótesis: en perjuicio de una menor de ********** años), primero tuvo que establecer que, conforme a los hechos circunstanciados, el Ministerio Público estaba acusando por un delito de los denominados "plurisubsistente” en lo que existen diversos actos, que producen un mismo resultado final, en agravio de un mismo sujeto pasivo, es decir, cuando existe una unidad de propósito delictivo y de lesión jurídica.
En efecto, conforme lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en el caso del delito de violación, no existirá concurso real de delitos, esto es, no se considerará que se están cometiendo una pluralidad de conductas que acreditan diversos delitos, cuando la imposición de la cópula se lleva a cabo por diversas vías en un solo hecho circunscrito en el mismo lapso, con unidad de resolución, sin que hubieran cesado los medios comisivos y respecto del mismo sujeto pasivo; ello porque aunque se trate de diversos actos, producen un resultado final que es el menoscabo o afectación a la libertad sexual del individuo, resultado de la unificación de varios hechos naturalmente separados bajo una sola figura, que es lo que la doctrina jurídica comúnmente denomina "delito plurisubsistente".
El criterio se encuentra expuesto en la tesis de jurisprudencia 58/2005, publicada en la página 268, Tomo XXII, agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIOLACIÓN. NO SE ACTUALIZA EL CONCURSO REAL DE DELITOS CUANDO SE IMPONE LA CÓPULA POR DIVERSAS VÍAS DURANTE EL MISMO LAPSO Y SIN HABER CESADO LOS MEDIOS COMISIVOS RESPECTO DEL MISMO SUJETO PASIVO".
En ese tenor y en estricto apego a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, este Segundo Tribunal de Alzada deberá tomar en cuenta para la acreditación del delito y la responsabilidad, tanto la agresión por la vía anal como la oral, ya que incluso la menor de edad sí manifestó esta última agresión, al señalar lo siguiente:
"[...] luego mientras él me besaba, me fue como agachando, para que yo me quedara hincada, y lo siento, y cuando yo ya estaba hincada sobre la plataforma él metió su pene en mi boca y yo no sabía qué hacer, pero él movía mi cabeza para adelante, y llegó un momento en el que me dio mucho asco y lo empujé [...]"
Lo anterior es así, porque ha de respetarse en esta resolución el interés superior del menor, que conmina a las autoridades a analizar de manera integral las declaraciones de las víctimas menores de edad ―como se explicará más adelante, a fin de efectuar un correcto estudio de la acreditación del delito y la responsabilidad penal del imputado **********, y en ese tenor se deberán analizar nuevamente esos tópicos, debiendo ponderar que son dos agresiones sexuales las que integran el delito de violación equiparada por el que fue acusado el inculpado.
En concatenación de lo anterior, se procede a explicar la naturaleza de este principio, así como las obligaciones que impone al juzgador en la valoración de las pruebas al momento de estar involucrado un menor de edad en una controversia penal, para así estar en aptitud de sustentar la transgresión anunciada.
Para realizar lo anterior, se retomarán las consideraciones que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión **********, pues en éste se abordaron los tópicos del interés superior del menor que atañen al presente asunto…14
Asimismo, cumplió con el inciso b) del numeral II, ya que valoró las declaraciones de la víctima menor de edad, así como las periciales en materia de medicina y psicología, conforme a los lineamientos de la ejecutoria, atinente a los principios de interés superior del menor y al de presunción de inocencia. Lo anterior, de la siguiente manera:
Atendiendo los lineamientos de la ejecutoria federal amparante, amén de resguardar el interés superior de la menor de edad de identidad resguardada, se advierte que su interés superior fue considerado por el juzgador, pues respetó todas y cada una de las dinámicas procesales para protegerle en todo momento, luego entonces, este Tribunal de alzada indudablemente ha efectuado una interpretación extensiva de lo dispuesto en el artículo 273 párrafos primero, tercero y quince del Código Penal, ya que en este apartado se lleva a cabo el estudio pormenorizado de los elementos del delito en estudio, con independencia de considerar que estamos frente a una figura delictiva plurisubsistente y ello ha conducido a este Tribunal a estudiar la agresión por la vía anal como la oral, ponderando que la menor literalmente señaló lo siguiente:
“[...] luego mientras él me besaba, me fue como agachando, para que yo me quedara hincada, y lo siento, y cuando yo ya estaba hincada sobre la plataforma él metió su pene en mi boca y yo no sabía qué hacer, pero él movía mi cabeza para adelante, y llegó un momento en el que me dio mucho asco y lo empujé [...].
Y evidentemente lo anterior, satisface de manera más efectiva sus derechos y libertades a la luz del interés superior del menor; no debe soslayarse que lo anterior no afecta los intereses de la menor de edad de identidad resguardada, puesto que ha sido una decisión que nos conduce a validar la importancia de haber denunciado los hechos acontecidos, sin que para ello tenga absolutamente nada que ver, que la agraviada se tardara un año tres meses para incitar la maquinaria jurisdiccional, lo que indudablemente produce la conservación del interés superior de la mencionada menor.
No debe soslayarse que la menor de edad de identidad resguardada, al momento de acontecer el evento delictivo se encontraba en la etapa de la vida humana llamada adolescencia, cuyo significado es adolecer, carecer... por ende, es posible sostener su condición de vulnerabilidad no solo por lo endeble de esta fase de la vida humana, sino porque como se analizará más adelante, la afectación de su núcleo familiar incidió de alguna manera a involucrarse en el evento delictivo.
Asimismo, es claro que durante la secuela procedimental se respetaron los derechos fundamentales de la víctima del delito, tales como el reconocimiento de su dignidad humana, pues en ningún momento se advierte que se hubiese violentado la misma, dado que todas y cada una de las diligencias en que intervino, estuvo debidamente protegida, lo cual impidió se actualizara la figura de la revictimización y tocante a su participación en el proceso penal es más que evidente que la menor víctima del delito contó con la oportunidad de expresarse y participar en el procedimiento penal.
Todo lo anterior arrojó un equilibrio entre el derecho a ser protegida y el derecho a expresar opiniones y participar en el proceso, además de que haber logrado que su participación fuera acorde a la evolución de sus facultades, esto es, conforme a su edad. madurez personal y discernimiento, así las cosas, este Tribunal de Alzada ha atendido los argumentos que emitió la menor agraviada, y si bien es cierto, existen algunas contradicciones, también lo es, que forma parte natural de su edad, madurez personal y discernimiento, aunado a que su corta edad jamás podría compararse con la experiencias de vida de su agresor, quien por cierto, le llevaba de ventaja ********** años, y tan sólo por esa razón existe una diferencia abismal entre las vivencias y la estructura cognoscitiva de ambas partes, en consecuencia no se esperaba que la menor agraviada fuese tan explícita al poner del conocimiento de la autoridad investigadora, como del órgano jurisdiccional el evento acontecido, en consecuencia la imputación efectuada contra su agresor, sus narraciones en torno a los hechos, y la manera de resolver este fenómeno, naturalmente son las que corresponden a su edad, de manera que es posible justificar la manera desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes, lo que sin duda, están influenciados por la presencia de emociones. En ese tenor, debe concluirse que todos y cada uno de los argumentos de la menor víctima de identidad resguardada adquieren credibilidad.
Aunado a lo anterior, debe resaltarse que la relación sexual que la víctima tuvo con el ahora imputado fue su primera experiencia sexual, por lo que independientemente de que dicha menor contara con un progreso académico relevante, no incide en lo relativo a las experiencias sexuales, en consecuencia, es un factor que aporta valor a sus manifestaciones15.
La declaración de la menor de edad de identidad resguardada, resulta verosímil al confirmarse adecuadamente con el dictamen en materia de psicología legal emitido por la Doctora **********, y por tanto dicha experticia adquiere valor probatorio pleno, al rendirse por órgano especializado de prueba previa identificación oficial de la cual no existió debate alguno para poner en duda sus conocimientos y motivos de intervención, cuenta habida además de que se le protestó para que se condujera con verdad de acuerdo al artículo 354, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, hecho que fue, se interrogó y contra-interrogo a la misma y la información que aportara ilustró a Este Tribunal de Alzada respecto de la repercusión psicológica del abuso sexual que impactó a la menor de identidad resguardada, pero sobre todo porque de las manifestaciones que la perito emitió se desprende la justificación del dictamen que realizó, en cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 268 del Código señalado, ya que se refirió a la menor de edad de identidad resguardada a quien examinó, y para lo cual precisó las técnicas que empleó para estar en condiciones de emitir sus conclusiones a las que llegó conforme a los principios que su ciencia le exige, y que lo fue precisamente que la menor de edad de identidad resguardada en efecto es "una víctima que sufrió una agresión sexual", lo cual fue confirmado al momento de que la Defensa Privada hizo uso de su derecho de contra interrogar a la citada perito en materia de psicología, quien continuó firme en cuanto a que después de haber realizado varias evaluaciones en la persona de la menor ofendida encontró comportamientos característicos de los menores abusados, lo que indudablemente viene a concatenarse con lo declarado por la menor ofendida de identidad resguardada, y lo expuesto por sus progenitores; manifestaciones todas ellas que son acordes y corroboran la versión de la mencionada menor de edad de identidad resguardada, en el sentido de que el acusado le impuso la cópula vía oral y anal16.
Ahora bien, tocante a la pericial en materia de medicina emitida por la Doctora **********, adscrita al Centro de Justicia para Mujeres en Cuautitlán Izcalli, en la Subprocuraduría de Violencia de Género que es depende (sic) la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Tocante a las conclusiones de la perito en materia de medicina legal, es importante destacar que su aportación radica en lo que le fue solicitado, esto es, que la misma debía determinar si se encontraban indicios de agresión sexual, con base en eso concluyó que luego de un año tres meses de acontecidos los hechos, sí termina influyendo en el resultado de su dictamen, ya que es imposible determinar la temporalidad de la lesión, pues una vez que están cicatrizadas las lesiones, que independientemente de que pase el tiempo, sean semanas o sean meses, las lesiones se ven iguales, entonces no se puede determinar el tiempo transcurrido; que el mecanismo con el cual se precisó la lesión y cómo fue causada, tiene que ser determinado con otro tipo de dictamen, en ese momento se concluye en relación a cómo se tiene que concluir un certificado médico ginecológico, que es correspondiente con un contorno borroso (...) es importante destacar que dicha perito dijo: " ...que sí es compatible la mecánica que estableció la menor, con la cicatriz encontrada en el ano, pues una cicatriz, como lo maneja la bibliografía de delitos sexuales, en relación al relato de los hechos, sí es compatible con una relación sexual vía anal; desde el punto de vista médico sí hay compatibilidad, pues cuando hay una relación sexual vía anal, el esfínter es una parte elástica del cuerpo, dentro de esa elasticidad la misma tiene un límite, y llega un punto en que se vence, independientemente de que sea una zona del ano, de que haya una dilatación producida muy grande, como por una relación sexual, la piel que está a las seis horas, que es una zona cerca del periné, es una zona de baja resistencia, pues es una zona donde menos se dilata, entonces, cuando hay una penetración, esa zona se lacera y se forma lo que se llama el "Síndrome de Winston Johnson", ese signo es característico de una relación sexual por vía anal; sin embargo, después de días, que es lo que tarda en cicatrizar un desgarro, ―no es posible considerar una lesión―, ya que a los veinte días o al mes se ve exactamente igual una vez que está cicatrizada, por lo tanto sí está acreditada que la cicatriz fue producida por una relación sexual por vía anal.
Desde luego lo anterior, es preponderante para justificar de nueva cuenta, que tanto las conclusiones de la perito médico legista, como las afirmaciones que le hizo del conocimiento la menor víctima de identidad resguardada, tiene extrema coincidencia, puesto que esta última sostuvo que fue violentada sexualmente vía oral y anal, lo cual se ha justificado con el examen proctológico que practicó en la corporeidad de la menor ofendida, e indudablemente, encontró alteraciones antiguas en la zona anal, lo cual es otro dato que robustece la declaración de la menor agraviada.17
Contrario a ello y en cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, este Tribunal de Alzada, en total y absoluto resguardo del interés superior del menor, ha proporcionado valor probatorio a las declaraciones de la menor agraviada de identidad resguardada, sin que ello implique desatender el principio de presunción de inocencia que a su favor establece la Constitución Federal y acorde a este principio, es claro que no se encuentra obligado a probar su inocencia o la ilicitud de su conducta en respecto de la imputación del delito en estudio, sino por el contrario, es a la parte acusadora a quien le atañe la obligación de probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad, ello tomándose en cuenta que el principio de presunción de inocencia también implica un “estándar de prueba o regla de juicio”.
En el caso concreto, está debidamente actualizada la primera de las normas mencionadas, ya que con plenitud de jurisdicción este Tribunal de Alzada efectuó un estudio minucioso de los elementos probatorios de cargo que obran en la causa penal, y en acatamiento a las directrices de la ejecutoria federal que concedió amparo a **********, en su calidad de representante de la menor víctima de identidad resguardada, se ponderaron los elementos probatorios mencionados, atendiendo desde luego al interés superior del menor, como todas y causa una de sus implicaciones, en torno a la declaración de la menor agraviada y las periciales que se efectuaron en su persona, lo que desde luego elevó su estándar probatorio, porque fueron ponderados el desarrollo cognitivo y emocional de la víctima en comento, además de la influencia de sus emociones y respecto de ello, no es posible sostener que sus argumentos son inverosímiles, no debe soslayarse que la regla específica para valorar las periciales emitidas en favor de la ofendida, consistió en su conclusión con relación a lo manifestado por la menor ante el perito y en sus diferentes intervenciones considerando las limitaciones que lógicamente presentó el manejo del lenguaje18.
Ahora bien, esta Primera Sala advierte un exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ello, pues como quedó precisado en el párrafo 16, el Tribunal Colegiado otorgó el amparo para que la autoridad responsable reiterara los aspectos que no fueron materia de la concesión y, con libertad de jurisdicción, analizara el hecho circunstanciado de la acusación tomando en cuenta las dos agresiones sexuales, como un solo delito de violación equiparada, y valorara las declaraciones de la víctima, así como las periciales en materia de medicina y psicología, conforme a los lineamientos expuestos.
No obstante, uno de los efectos del amparo –señalado en el inciso III del párrafo 16– era que se reiteraran los aspectos que no fueron materia de la concesión, es decir, si únicamente se precisó que se valorara las declaraciones de la víctima, así como las periciales en materia de medicina y psicología, entonces resulta evidente que respecto del resto de las pruebas que no fueron materia del amparo se debía de reiterar su valoración.
En ese sentido, son esencialmente fundados los agravios señalados en los incisos a) y b) del párrafo 23, donde el recurrente afirma que el Tribunal de alzada no cumplió con lo establecido en la ejecutoria de amparo, ya que no reiteró lo que no fue materia de la concesión, al desacreditar aquellas pruebas que se habían usado a su favor y darle valor a las que acreditaron su culpabilidad.
Lo fundado de ese agravio radica en que la concesión de amparo partió sólo sobre las pruebas que debían de valorarse, a lo cual el Tribunal de amparo le otorgó libertad de jurisdicción, mas no a las demás pruebas, las cuales debían de reiterarse, las cuales son: las declaraciones de los padres; las condiciones físicas y circunstancias del evento delictivo; y, el dictamen en criminalística. Para mayor claridad, se realiza el siguiente cuadro comparativo.
Resolución de quince de octubre de dos mil quince
Resolución de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis
“En ese sentido contrario a las manifestaciones del agente del Ministerio Público y de la propia menor ofendida de identidad resguardada en su libelo de agravios respectivamente, debe decir que los testimonios de ********** y ********** (representante legal de la menor ofendida)... considerando en forma correcta negarles eficacia jurídica probatoria, pues a los mismos no les consta el ayuntamiento carnal entre su menor hija y el ahora acusado, lo cual les fue informado por esta un años tres meses aproximadamente después de que tuvo verificativo dicho evento penal, manifestación de la que se evidencia dan fuente de donde obtuvieron dicha información, sin embargo con respecto al tiempo y lugar y circunstancias en que así lo conocieron resulta contradicho la información que aportan cada uno y que por tanto demeritan credibilidad a su testimonio, por las diversas contradicciones en las que incurren, de ahí que no se les puede ni siquiera otorgar esa característica propia a dichos de oídas y producir eficacia jurídica probatoria”.
(Páginas 201 y 202)
“En efecto, el citado órgano de prueba se apoya en forma circunstancial con el testimonio de los padres de dicha menor de identidad resguardada, quienes respondieron a los nombres de: ********** y **********… negarles eficacia jurídica probatoria, al corroborar en forma circunstancia los medios de prueba descritos con anterioridad, pues aun cuando no les consta el momento mismo en que se actualizó la imposición de la cópula vía oral y anal de su menor hija, por el ahora acusado, también es cierto que la información que aportaron brinda apoyo a lo narrado por la menor de edad de identidad resguardada, ello en torno a la forma en que se verificó el hecho delictuoso que no ocupa, porque ante la información que les proporcionó su menor hija es como tuvieron conocimiento de que el acusado abusó sexualmente de ella, y pese a que los hechos se denunciaron un año tres meses después de acontecido el evento, ello no incide para restar valor a los elementos de prueba antes señalados, porque finalmente el padre de la menor y ésta, acudiendo ante el Ministerio Público a denunciar los mismos, dando una explicación convincente del porque denunciaron los hechos hasta ese momento, es decir, al darse cuenta la víctima menor de edad de que el acusado cargaba a un menor el día que salieron del restaurante luego de haber celebrado su cumpleaños… “TESTIGOS DE OIDAS…”.
Condiciones físicas de inmueble y el tiempo entre los eventos.
“Otro aspecto importante que considera este Tribunal Colegiado para establecer que en el presente caso existe insuficiencia de pruebas que demuestren la circunstancia del hecho delictivo en estudio, lo es el lugar en el que afirmó la menor acaeció el evento que se analiza y al respecto se cuenta con dos inspecciones en las que se detalla: ACTA PORMENORIZADA QUE CONTIENE INSPECCIÓN MINISTERIAL DE LUGAR DE LOS HECHOS Y FIJACION FOTOGRÁFICA DEL MISMO DE FECHA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE…
ACTA PORMENORIZADA DEL LUGAR DE LOS HECHOS DE FECHA CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE…
Diligencias que al introducirse al Juicio en términos del artículo 374 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, esto es, a través de la lectura, ilustraron a este Tribunal de Alzada sobre las dimensiones de la escuela en la que acaeció el evento delictivo, pero al tenor del dicho de **********, quien fungía como Subdirectora de la Secundaria en la que acaeció el evento delictivo que se analiza, era destinado a una bodega y solo una maestra lo utilizaba como salón de música, lo cual ponen en evidencia y como correctamente que dicha área (salón de música o bodega) en efecto es amplia y cuenta con ventanas grandes que permiten la visibilidad hacia el interior de dicho espacio y viceversa, ello son soslayarse que los hechos que narra la pasivo del delito tuvieron verificativo a las diecisiete horas con treinta minutos, es decir, en el turno vespertino, el cual según los medios de prueba de descargo desahogados en juicio oral, como son el testimonio de ********** y ********** está conformado por ochocientos alumnos aproximadamente, además de encontrarse presente maestros, y personal administrativo de la escuela, circunstancias que ponen de manifiesto que el lugar que refiere la menor ofendida no es un lugar aislado de las demás áreas…
No obstante lo anterior, este Tribunal de Apelación estima oportuno establecer que las condiciones del salón de música según lo denomina la parte ofendida o bodega como lo afirma el acusado, con relación al tiempo en que fueron practicados los referidos medios de prueba pudieron haber cambiado sin embargo, ello no quedó establecido o acreditado de forma alguna, luego entonces, se reitera la manifestación de la ofendida resulta aislada al no encontrar sustento con medio de prueba fehaciente a fin de acreditar su dicho en ese sentido.
(Páginas 197 a 201)
“Apoya los medios de prueba descritos con anterioridad las actas pormenorizadas en las que contiene las inspecciones ministeriales…
en donde se constató que se trata de una escuela secundaria y en el interior por su puesto se dio fe de tener a la vista el espacio destinado a la sala de música, lugar en que también se encontraron un piano de color negro de la marca Yamaha con su respectivo asiento, lo que indudablemente coincide con la referencia que del mismo hizo la víctima del delito incluso los padres de la agraviada; circunstancia que no fue motivo de debate al haberse determinado como acuerdo probatorio.
En audiencia del cinco de junio de dos mil quince, se efectuó el reconocimiento (sesión privada) de las diversas placas fotográficas que se exhibieron por parte de **********… y respecto de ello tanto **********, como el sentenciado Sergio Frías Corono, mencionaron lo siguiente:
Esto significa que en el momento en que se llevó a cabo la conducta imputada a **********, los alumnos se encontraban en uno de los módulos de cincuenta minutos, es decir, el que inicia a las cuatro y concluye a las cuatro cincuenta; en ese tenor, no debe soslayarse que la menor dijo que cuando salieron del salón de música, eran aproximadamente las cinco y media de la tarde, esto indica a todas luces que el activo del delito eligió el horario adecuado, puesto que a las cinco y media de la tarde del nueve de mayo de dos mil once, los alumnos del turno vespertino estaban justamente en la quinta hora, de manera que
los argumentos que exponen en este aspecto, son totalmente intrascendentes, para desvirtuar la participación del sentenciado de mérito.
(Páginas 288 a 290, 347 a 352)
Dictamen en criminalística
A mayor abundamiento no se soslaya que los recurrentes también se duelen del valor otorgado por el Juzgador a las opiniones técnicas emitidas por la perito en psicología **********, el médico MÉDICO (sic) ********** y **********; concepto de agravio que deviene infundado, pues en primer término no influye en ánimo de éste Cuerpo Colegiado el hecho de que cada uno de los peritos a preguntas que el fueran formuladas por el agente del Ministerio Público, afirmaran que fueron contratados por la Defensa del acusado, y que por ello se les pagaron sus honorarios; manifestaciones que conforme a la sana critica, la lógica y máximas de la experiencia resulta lógico que cualquier persona ya sea profesionista o en el área en que se desempeñe reciba un pago por ello, máxime si su actividad la desempeñan en un despacho privado como lo fue el caso de los citados expertos, quienes se advierte emitieron su opinión técnica conforme a su ciencia, y no porque alguien les indicara lo que tenían que decir, como subjetivamente lo sugiere la Fiscalía y el representante legal de la víctima.
Por otro lado, debe decirse que las testimoniales de los citados expertos se advierte fueron desahogados al tenor de los artículos 344, 354, 355 y 356 del Código Adjetiva vigente en la entidad, quienes acreditaron tener los conocimientos necesarios en la materia en la que verso su dictamen en forma respectiva
lo que impide una vez más o cuando menos dificulta poder darle el testimonio de la víctima del delito, el crédito adecuado para establecer la ocurrencia del hecho principal denunciado, así como sus circunstancias accidentales…”
(Páginas 207 a 209)
“Lo mismo ocurre con las periciales en materia de medicina legal y criminalística, emitidos por los peritos privados ********** y **********…
Periciales que tampoco adquieren valor de convicción jurídica probatoria, pese a haber sido desahogadas en término de lo que establece la Legislación procesal vigente en la Entidad…”
(Páginas 372 a 389)
engroses -> Amparo directo en revisióN 3466/2014