Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2003/07/registro-oficial-8-de-julio-del-2003
Timestamp: 2019-02-21 03:43:23
Document Index: 265149406

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'ARTÍCULO 423', 'artículo 423', 'artículo 31', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 257', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 70', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 54']

Registro Oficial. 8 de JULIO del 2003
Martes, 8 de julio del 2003 - R. O. No. 120
24-109\n Proyecto de\n Ley Reformatoria a la Ley de Elecciones.
24-110 Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley de Elecciones.
24-111 Proyecto de Ley Reformatoria\n al artículo 18 de la Ley Notarial y al artículo\n 423 del Código de Procedimiento Civil.
015\n CG	Expídese\n el Reglamento para registro y control de cauciones
016\n CG	Apruébase\n el Manual de Auditoría Interna de la Agencia de Garantía\n de Depósitos (AGD).
718\n Criterios para\n calificar la idoneidad del transportista internacional de pasajeros\n por carretera.
719\n Reglamento de\n la Decisión 398 (Transporte Internacional de Pasajeros\n por Carretera)
-\n Cantón La Libertad:\n Que reglamenta los horarios y el funcionamiento de locales comerciales\n que expendan y comercialicen bebidas alcohólicas
-\n Cantón Paján:\n Que regula la determinación, recaudación y administración\n del impuesto a los predios rurales.
-\n Cantón Daule: Que\n expide el Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias,\n alimentación, gastos de transporte y movilización\n en el interior del país de los funcionarios y empleados \n \n
NOMBRE:	"REFORMATORIA A LA LEY\n DE ELECCIONES".
CÓDIGO:	24-109.
COMISIÓN:	DE GESTIÓN PUBLICA\n Y UNIVERSALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
\n INGRESO:	17-06-2003.
\n A COMISIÓN:	24-06-2003
En el año 2000, luego de las elecciones seccionales\n y la posterior expedición de la Ley Orgánica de\n Juntas Parroquiales Rurales, no se determinó cuál\n es el período de duración de sus funciones, creándose\n un vacío si se diera el caso de la renovación total\n de los miembros de las juntas parroquiales rurales para las próximas\n elecciones de mayo de 2004.
Siendo necesario evitar la acefalía de los miembros\n de las juntas parroquiales rurales del Ecuador, permitiéndoseles\n la alternabilidad en las funciones con los integrantes de las\n juntas parroquiales que fenecerán por efecto de la renovación\n parcial que debe efectuarse.
Se debe fortalecer la Ley de Elecciones en el sentido que,\n quienes opten por una candidatura de elección popular\n rural, además de tener su residencia en la parroquia rural\n por la que se postulan, deben obligatoriamente tener al menos\n veinte años de edad para que exista ese espíritu\n de responsabilidad frente a la comunidad.
CÓDIGO:	24-110.
AUSPICIO:	H. RAMIRO RIVERA MOLINA.
\n INGRESO:	18-06-2003.
\n A COMISIÓN:	24-06-2003.
Las dignidades de elección popular, lejos de ser un\n privilegio, son una responsabilidad de tal magnitud, que los\n individuos que acceden a ellas deben estar prestos a responder\n a las exigencias del mandato popular. Admitir que por autoridades\n públicas tengamos a aquellas personas que de manera manifiesta\n han perjudicado al Estado y por ende a todos los ecuatorianos,\n es una actitud irresponsable.
Es imperiosa la generación de una norma que recoja\n el espíritu ciudadano e imposibilite que malos ecuatorianos,\n aspiren a dignidades, en las que todos esperamos encontrar a\n hombres y mujeres merecedores de la confianza popular, personas\n probas, que respondan debidamente a la relevancia del mandato.
Una sociedad que debe cultivar una ética de la responsabilidad\n debe excluir de cienos derechos a quienes no cumplen con sus\n obligaciones a los que, abusando de su poder económico,\n se burlaron del Estado.
NOMBRE:	"REFORMATORIA AL ARTÍCULO\n 18 DE LA LEY NOTARIAL Y AL ARTÍCULO 423 DEL CÓDIGO\n DE PROCEDIMIENTO CIVIL".
CÓDIGO:	24-111.
AUSPICIO:	H. ANA LUCIA CEVALLOS MUÑOZ.
\n INGRESO:	18-06-2003
En las transacciones comerciales y bancarias, para que documentos\n privados sean considerados como títulos ejecutivos, como\n los contratos de mutuo, requieren que las firmas sean reconocidas\n judicialmente, diligencia que demanda un sorteo previo en la\n Corte Superior de Justicia respectiva, para el posterior trámite\n en la correspondiente Judicatura, con los consecuentes retardos\n dada la gran cantidad de trabajo que debe ser resuelta por los\n jueces.
La diligencia de reconocimientos de firma es una declaración\n juramentada ante la autoridad mediante la cual una persona declara\n que efectivamente es suya la firma y rúbrica puesta en\n un documento, por ello, los notarios públicos que tienen\n la facultad para autenticar las firmas puestas en documentos\n que no sean escritura pública, deben tener también\n la de reconocer firmas, facultad que hoy es privativa de los\n órganos judiciales.
Es necesario en consecuencia, reformar el artículo\n 18 de la Ley Notarial y el artículo 423 del Código\n de Procedimiento Civil, a fin de dar mayor viabilidad a los trámites\n que, por esta causa se generen.
No. 015 CG
Que mediante Ley 2002-7, publicada en el Suplemento del Registro\n Oficial No. 595 de 12 de junio del año 2002, se expidió\n la Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado;
Que el numeral 11 del artículo 31 de dicha ley dispone\n que la Contraloría registrará las cauciones rendidas\n por los servidores públicos a favor de las respectivas\n instituciones del Estado;
Que los artículos 211 de la Constitución Política\n de la República, 31 numeral 22 y 95 de la Ley Orgánica\n de la Contraloría General del Estado, disponen que la\n Contraloría dictará regulaciones de carácter\n general para el cumplimiento de sus funciones;
Que es necesario actualizar la normativa inherente a las cauciones\n para el desempeño de cargos públicos; y,
Expedir el siguiente Reglamento para registro y control de\n cauciones.
Generalidades, clases y cuantías de las cauciones
Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones\n de este reglamento rigen para los servidores públicos\n de las instituciones del Estado, previstas en el artículo\n 118 de la Constitución Política de la República.
Art. 2.- Quienes deben prestar caución.- Para responder\n por el fiel cumplimiento de los deberes, tienen obligación\n de prestar caución a favor de las respectivas instituciones\n del Estado, los servidores públicos que desempeñen\n funciones de recepción, inversión, control, administración\n y custodia de recursos públicos. Tales recursos comprenden\n todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones,\n activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y los derechos,\n que pertenecen al Estado y a sus instituciones, según\n lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica\n de la Contraloría General del Estado.
Se exceptúa de esta obligación a los ministros\n de Estado subsecretarios, funcionarios y dignatarios de elección\n popular, funcionarios cuyo nombramiento corresponde a la Función\n Legislativa, los custodios o encargados de fondos de caja chica\n cuyo monto fijo no sea mayor a cincuenta dólares, los\n bibliotecarios y otros servidores que trabajen en bibliotecas.
La exoneración de rendir caución no exime de\n las responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios\n de responsabilidad penal que pudieran establecerse contra los\n servidores públicos.
Art. 3.- Control de las cauciones.- Corresponde a la Contraloría\n General del Estado el control de las cauciones que presenten\n los servidores públicos a los que se refiere el artículo\n 2 de este reglamento, con el fin de registrarlas, sustituirlas,\n cancelarlas, ejecutarlas y las demás acciones que se deriven\n del aludido control.
La unidad de la Contraloría encargada de las funciones\n a que se refiere este reglamento, llevará archivos de\n las garantías, de tipo cronológico, numérico,\n alfabético, territorial, por dependencias u otros que\n fueren necesarios.
Art. 4.- Clases de cauciones.- Las cauciones se pueden constituir\n mediante:
a)	Depósitos de dinero en dólares;
b)	Hipotecas;
c)	Fianzas personales;
d)	Garantías bancarias otorgadas por bancos legalmente\n establecidos en el país; y,
e)	Pólizas de seguro de fidelidad, individuales, colectivas\n y tipo blanket o abiertas, emitidas por compañías\n de seguros nacionales o mixtas.
Art. 5.- Cuantía de las cauciones.- Para determinar\n la cuantía de la caución por rendirse se tendrá\n en cuenta las funciones específicas por desempeñar,\n el sueldo básico mensual, el monto de los recursos públicos\n que maneje el servidor obligado, la naturaleza y liquidez de\n esos recursos, así como la siguiente tabla referencial\n de funciones sujetas a caución:
(Anexo 08JLT1)
Art. 6.- Bases para el cálculo.- En general, la cuantía\n de una caución por rendirse se obtendrá multiplicando\n el sueldo básico del servidor caucionado por el factor\n que corresponda a las funciones que va a desempeñar, según\n la tabla referencial del artículo precedente.
En caso de que un servidor deba cumplir una o más funciones\n o actividades, la cuantía corresponderá al valor\n de la función de más alta jerarquía constante\n en la tabla referencial, más un 30%.
La caución se incrementará en un 50% cuando\n por la naturaleza, cuantía y liquidez de los recursos\n públicos que tiene a cargo el servidor, implique un mayor\n riesgo, o cuando maneje recursos adicionales a la función\n ordinaria. La procedencia y pertinencia de este incremento será\n determinada por la máxima autoridad de cada institución\n pública.
Los servidores caucionados de los cuerpos de bomberos y otros\n que desempeñan cargos honoríficos, rendirán\n una caución no menor al 10% del presupuesto anual de la\n institución.
Articulo 7.- Los funcionarios consulares rentados rendirán\n una caución básica de acuerdo con sus funciones:
Vicecónsul	US$	200
\n Cónsul	US$	300
\n Cónsul de Primera	US$	400
\n Cónsul General	US$	500
\n Cónsul General de Primera	US$	600
El valor de la caución básica se incrementará\n según el monto promedio de las recaudaciones anuales de\n la Oficina Consular en la que va a ejercer su actividad el respectivo\n funcionario, de conformidad con la siguiente tabla:
RECAUDACIÓN	CAUCIÓN COMPLEMENTARIA
Hasta USD 10.000.00	USD	500.00
\n Desde USD 10.001.00 hasta USD 50.000.00	USD	1.500.00
\n Desde USD 50.001.00 hasta USD 100.000.00	USD	3.750.00
\n Desde USD 100.001.00 hasta USD 150.000.00	USD	6.250.00
\n Más de USD 150.000.00	USD	7.500.00
Las cauciones básica y complementaria se las puede\n rendir mediante una sola de las garantías previstas en\n el artículo 4 de este reglamento.
Los funcionarios consulares ad honórem rendirán\n únicamente una caución de USD 700.00.
Art. 8.- Responsables de caja chica.- Los servidores que manejen\n un fondo de caja chica por un monto mayor a US$ 50.00, rendirán\n una caución equivalente al valor fijo del fondo.
Art. 9.- Desempeño del cargo caucionado.- Ninguna persona\n puede tomar posesión de un cargo sujeto a caución\n y menos desempeñarlo mientras no rinda la caución\n con arreglo a este reglamento.
En forma previa a la posesión de un cargo sujeto a\n caución, el servidor designado registrará la caución\n correspondiente en la Contraloría General del Estado.\n Sin la certificación de que se ha cumplido este requisito,\n la autoridad nominadora no podrá posesionarlo, ni la unidad\n responsable del manejo de personal registrará el nombramiento\n o contrato. El incumplimiento de esta obligación inhabilita\n al servidor para el desempeño del cargo público\n y debe ser removido de inmediato en caso de que se haya posesionado\n sin rendir la caución.
Art. 10.- Unidades encargadas del control.- El registro, Ia\n aceptación o rechazo, sustitución, cancelación,\n ejecución, archivo de las cauciones y las demás\n acciones que se deriven del control de ellas, se realizarán\n en la matriz de la Contraloría General del Estado o en\n sus direcciones regionales o delegaciones provinciales, según\n el caso, de acuerdo con su jurisdicción. Las direcciones\n regionales y delegaciones provinciales remitirán obligatoriamente\n a la matriz un informe mensual con el detalle de la realización\n de los mencionados trámites.
La unidad de la Contraloría encargada de ejercer las\n referidas funciones, mantendrá archivos de las distintas\n clases de cauciones que fueren presentadas, en forma cronológica,\n alfabética, numérica, territorial, por dependencias\n u otras que fueren convenientes o necesarias.
Art. 11.- Alcance de la caución.- En toda garantía\n que se rinda constará que la caución se extiende\n no solo a los actos del garantizado en el cumplimiento específico\n de su cargo sino también al desempeño de cualesquiera\n Otros deberes comisiones o encargos temporales o a los resultados\n de su gestión.
Art. 12.- Prohibición.- No podrán actuar como\n garantes o fiadores a favor de los servidores públicos\n obligados a rendir caución: el Presidente y Vicepresidente\n de la República, los ministros de Estado, los jueces y\n ministros jueces de la Función Judicial, los miembros\n de la Legislatura, de los tribunales electorales y del Tribunal\n Constitucional, los servidores de la Contraloría y del\n Ministerio de Economía y Finanzas, los servidores de las\n auditorías internas, los miembros de la fuerza pública\n en servicio activo, los gobernadores, prefectos, alcaldes, los\n jefes políticos y máximas autoridades con ámbito\n nacional.
En el caso de que las personas señaladas en el inciso\n anterior, antes de encontrarse incursas en la indicada prohibición,\n hubieren rendido garantía a favor de un servidor público,\n el caucionado la sustituirá dentro del término\n de veinte días contados desde cuando se produjo el impedimento.
Si el servidor no cumpliere con esta obligación, el\n Contralor General ordenará su inmediata remoción.
Art. 13.- Control en las instituciones públicas.- La\n unidad encargada del control de las cauciones en cada institución\n debe mantener registros y archivos de los servidores caucionados\n y comunicar oportunamente a la Contraloría General del\n Estado los ingresos, salidas, cambios de funciones u otras novedades\n en relación con tales servidores.
Art. 14.- Incapacidades.- La autoridad nominadora cuidará\n especialmente que el servidor nombrado o por ser nombrado para\n un cargo caucionado; no se halle incapacitado para el desempeño\n de una función pública por haber sido declarado\n culpable mediante sentencia ejecutoriada por las infracciones\n puntualizadas en el artículo 257 del Código Penal\n y los artículos agregados a continuación de éste.\n Si el servidor caucionado estuviere incurso en tal incapacidad,\n será removido inmediatamente del cargo.
Art. 15.- Vigencia de las cauciones y remoción.- Las\n instituciones públicas tienen la obligación de\n vigilar que las garantías otorgadas por los servidores\n caucionados, de acuerdo con la naturaleza de éstas, se\n mantengan en vigencia. La renovación de las cauciones\n se efectuará con treinta días de anticipación\n a su vencimiento.
La autoridad nominadora exigirá por escrito la inmediata\n presentación de la caución correspondiente al servidor\n que, estando obligado a rendirla, ampliarla o sustituirla, desempeñe\n un cargo sin cumplir esta obligación. Si en el término\n de veinte días no se atiende esa exigencia, la máxima\n autoridad comunicará sobre ese particular al Contralor\n General del Estado, quien pedirá la remoción inmediata\n del servidor caucionado.
Presentación, trámite y constitución\n de las cauciones
Art. 16.- Presentación de garantías.- Los servidores\n obligados a rendir caución, antes de posesionarse, presentarán\n en las respectivas dependencias de la Contraloría General\n del Estado una de las garantías previstas en el artículo\n 4 de este reglamento, para su aceptación y registro.
Ninguna garantía será registrada si no contempla\n expresamente que responderá por los actos del caucionado\n durante el período que garantiza, y además que\n el garante se obliga a responder por tales actos hasta un año\n después.
Art. 17.- Depósito de dinero.- Los depósitos\n de dinero se harán en dólares, en un banco legalmente\n establecido en el país, con la indicación de que\n el depósito se lo efectúa a órdenes de la\n entidad nominadora.
Aceptada esta clase de caución por la entidad respectiva,\n el comprobante de depósito bancario por el valor correspondiente\n se presentará para registro en la Contraloría General,\n la cual extenderá una certificación.
Los intereses que produzcan estos depósitos pertenecerán\n al caucionado. El valor de la caución más los intereses,\n en caso de haberlos, será devuelto por la autoridad nominadora\n después del cese de funciones del servidor, previo el\n pronunciamiento de la Contraloría General del Estado en\n el sentido de que no hay responsabilidades ni observaciones a\n la gestión del caucionado.
Art. 18.- Cauciones hipotecarias.- Las cauciones hipotecarias\n se constituirán sobre inmuebles que tengan un valor comercial\n de catastro equivalente al 166%, cuando menos, respecto del fijado\n para la caución, sin que para computar este valor se tomen\n en cuenta los frutos pendientes, semovientes ni los bienes muebles.
De no llegar a este valor y si hubieren construcciones nuevas\n o mejoras, o los inmuebles tuvieren un valor real mayor que el\n que conste en el catastro respectivo, se aceptará como\n prueba supletoria el avalúo practicado por un perito profesional\n designado por la entidad nominadora.
No se aceptarán cauciones hipotecarias:
a)	Sobre bienes inmuebles adquiridos o viviendas construidas\n con préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Ecuatoriano\n de la Vivienda, las asociaciones, mutualistas de ahorro y crédito\n para la vivienda y las cooperativas, mientras subsistan los gravámenes\n a favor de tales instituciones;
b)	Sobre inmuebles constituidos en patrimonio familiar;
c)	Sobre derechos y acciones hereditarios; y,
d)	Sobre inmuebles gravados con primera hipoteca o cuyo derecho\n de dominio se halle limitado por fideicomiso, usufructo o derecho\n de uso o habitación.
Para la aceptación de las cauciones hipotecarias, los\n interesados presentarán certificados actualizados de avalúo\n catastral y de gravámenes con historial de quince años,\n otorgados por los funcionarios competentes del cantón\n donde estuviere ubicado el inmueble.
La copia certificada de la escritura pública de constitución\n de la caución debidamente inscrita, se registrará\n en la correspondiente unidad de la Contraloría General\n del Estado.
Art. 19.- Fianzas personales.- Las cauciones personales serán\n constituidas por escrito, con reconocimiento de firma y rúbrica\n ante un Juez competente o Notario, por dos o más personas\n de reconocida solvencia moral y económica, quienes se\n obligarán solidariamente con el caucionado para responder\n por el monto de la caución.
Los fiadores serán propietarios de bienes raíces\n suficientes que cubran el valor de la caución y señalarán\n domicilio dentro del área de competencia de la respectiva\n Corte Superior del distrito donde el caucionado desempeñe\n sus funciones.
La solvencia de los fiadores se calificará, principalmente,\n a base de la presentación de certificados expedidos por\n el Registrador de la Propiedad que acrediten el dominio de los\n bienes, así como el certificado del Tesorero Municipal\n que demuestre el avalúo y que los fiadores no adeuden\n a la municipalidad respectiva.
En toda fianza personal se hará constar expresamente\n que los fiadores responderán con sus bienes por el fiel\n cumplimiento de los deberes específicos del caucionado\n y de otros deberes y comisiones que le sean confiados por razón\n del cargo, así como por el resultado de su gestión.
Las fianzas personales constituidas de acuerdo con las normas\n anteriores se presentarán para registro en la Contraloría\n General del Estado.
Art. 20.- Garantías bancarias.- Las garantías\n bancarias serán otorgadas por un banco legalmente establecido\n en el país a la orden de la entidad nominadora, y deberán\n ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.
Art. 21.- Pólizas de seguro.- Cada institución\n pública podrá contratar pólizas de seguro\n de fidelidad que cubran las cauciones que deben rendir sus servidores,\n en los casos y cuantías determinadas por este reglamento.\n Dichas pólizas para cauciones pueden ser individuales,\n colectivas y tipo blanket ó abiertas, emitidas por compañías\n de seguros nacionales o mixtas que no consten inscritas en el\n Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos,\n a la orden de la entidad nominadora, y aceptadas por la Contraloría\n General del Estado.
Las pólizas de seguro serán incondicionales,\n irrevocables y de cobro inmediato, y contendrán indispensablemente\n cláusulas especiales que se refieran a la obligación\n de las compañías aseguradoras de cubrir el seguro\n hasta un año después del cese de funciones del\n caucionado. Dichas compañías comunicarán\n a la Contraloría General y a la institución asegurada,\n con treinta días de anticipación, el vencimiento\n del contrato de seguro.
Para la contratación de pólizas de seguro de\n fidelidad por parte de las instituciones públicas, se\n observará el procedimiento previsto en el artículo\n 74 de la Ley General de Seguros.
Las pólizas de seguro de fidelidad individuales o colectivas,\n además de la identificación de la institución\n pública asegurada, contendrán el detalle con los\n nombres y apellidos, cargo, número de la cédula\n de ciudadanía, sueldo básico, factor aplicado y\n monto individual de la caución de cada uno de los servidores\n caucionados.
Las pólizas de seguro de fidelidad tipo blanket o abiertas,\n cubrirán a todo el grupo de servidores obligados a rendir\n caución por un monto único, ya sea individual o\n colusorio, sin detallar los sueldos básicos, factores\n ni valores de las cauciones de cada uno de ellos. La respectiva\n institución pública establecerá dicho monto\n único en función del índice de siniestralidad\n de los cinco últimos años, y exigirá que\n la póliza incluya una cláusula especial de restitución\n automática de valor asegurado.
Art. 22.- Casos de nueva caución o ampliación.-\n Cuando a un servidor caucionado se le extendiere un nuevo nombramiento\n o se le modificaren los factores señalados en el artículo\n 5, la autoridad nominadora exigirá que en el plazo de\n treinta días se actualice o amplíe la caución\n rendida. Dicho plazo será de sesenta días para\n los funcionarios consulares. La nueva caución se registrará\n en la Contraloría General del Estado.
Si no se actualizare o ampliare la caución, el servidor\n no podrá continuar en el desempeño del cargo ni\n entrar en posesión del nuevo, según sea el caso.
Art. 23.- Subrogación.- Si por disposición de\n ley un servidor caucionado tiene subrogante, podrá expresarse\n en el instrumento de caución que la garantía se\n extiende también a los actos de quien le subroga.
Si no lo tuviere o si la caución no contemplare esta\n estipulación especial, el subrogante rendirá una\n caución por separado, de acuerdo con el presente reglamento,\n con el fin de que pueda ejercer el cargo que subroga.
Art. 24.- Vacancia del cargo caucionado.- Cuando por cualquier\n causa quedare vacante un cargo caucionado, la autoridad nominadora\n deberá encargar a un servidor caucionado de la misma institución,\n las funciones y la custodia de los fondos, valores o bienes.\n El servidor encargado rendirá la respectiva caución\n en forma previa a asumir el encargo y durará en el desempeño\n de sus funciones hasta que sea posesionado el titular, sin perjuicio\n de rendir cuenta de su gestión y responder por los recursos\n públicos a su cargo.
Art. 25.- Subalternos.- En el caso de subalternos que desempeñen\n actividades de carácter puramente material o manual como\n preparación de cheques para la firma, o fueren encargados\n de cuidar especies o materiales, será la máxima\n autoridad quien decida si ellos deben o no rendir caución,\n considerando la cuantía de los recursos públicos\n que manejen y la naturaleza y liquidez de esos recursos.
Art. 26.- Certificado de registro.- Cada vez que se registre,\n sustituya, renueve o amplíe una caución, se emitirá\n un certificado de registro.
Art. 27.- Sustitución de fianzas.- En el caso de que\n el caucionado o su garante deseen sustituir una caución\n con otra de las garantías previstas en el artículo\n 4, deberán solicitarlo por escrito al Contralor General\n del Estado.
Aceptada la sustitución, el interesado dispondrá\n del término de veinte días para rendir la nueva\n caución. Una vez registrada la nueva garantía se\n autorizará la cancelación de la anterior.
En todos los casos de sustitución de caución\n se cumplirán los requisitos exigidos en este reglamento\n para su constitución.
Cancelación y ejecución de las cauciones
Art. 28.- Cancelación de fianzas.- A petición\n escrita del interesado, el Contralor General del Estado podrá\n disponer la cancelación de las cauciones después\n de haberse practicado el correspondiente examen especial, auditoria\n o entrega-recepción de cuyos resultados no aparezcan observaciones,\n o cuando se pruebe que de haberse formulado cargos, se los ha\n desvanecido o satisfecho.
Si a la fecha de recepción de la solicitud de levantamiento\n de la caución no se ha efectuado el acto de control respectivo,\n se podrá cancelar la garantía siempre y cuando\n se presente un informe de la respectiva institución pública\n del cual se desprenda que no hay observaciones a la gestión\n del servidor. Para todo trámite de cancelación\n de cauciones se obtendrán, de las unidades administrativas\n correspondientes, informes sobre juicios o trámites procedimentales\n por determinación de responsabilidades administrativas\n y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.
Art. 29.- Responsabilidades.- El levantamiento de la caución\n no impedirá el establecimiento de responsabilidades en\n contra del servidor, si hay lugar a ellas, según los resultados\n de los exámenes o auditorias realizados con posterioridad\n a la cancelación de la garantía.
Art. 30.- Ejecución de las cauciones.- Cuando un servidor\n caucionado corneta un acto de infidelidad, la institución\n pública ejecutará la caución rendida de\n acuerdo con las siguientes normas:
1.	En el caso de cauciones que se hayan constituido mediante\n pólizas de seguro de fidelidad, la máxima autoridad\n de la institución perjudicada solicitará por escrito\n a la compañía aseguradora que haga efectiva la\n caución incondicional, irrevocable y de cobro inmediato\n que otorgó en favor de la entidad asegurada, adjuntando\n la documentación probatoria pertinente. Para la reclamación\n se observará lo previsto en las condiciones generales\n y particulares de la póliza y lo previsto en la Ley General\n de Seguros.
2.	Si la caución se constituyó mediante garantía\n bancaria incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, el\n reclamo lo efectuará la máxima autoridad al banco\n que la otorgó, adjuntando la documentación probatoria\n del perjuicio.
3.	Sí la caución se constituyó mediante\n depósito de dinero, la entidad asegurada hará efectiva\n la caución hasta el monto del perjuicio más los\n respectivos intereses.
4.	Para la ejecución de las cauciones constituidas\n mediante hipoteca o fianza personal, la máxima autoridad\n de la entidad comunicará a los garantes hipotecarios o\n a los fiadores personales, según el caso, para que de\n inmediato cubran el perjuicio ocasionado por el servidor caucionado.\n De no hacerlo en el término de 30 días, se procederá\n a ejecutar las garantías por la vía ejecutiva.
5.	En todos los casos, el reclamo se hará por el valor\n del perjuicio más los intereses calculados desde la fecha\n del ilícito hasta la fecha de ejecución, y se enviará\n una copia de la reclamación a la Contraloría General\n para fines de seguimiento y control.
Art. 31.- Responsables del control de cauciones.- Las unidades\n de Recursos Humanos o sus similares, de las entidades del sector\n público, serán responsables por la actualización,\n control y manejo de las cauciones.
Art. 32.- Pago de primas de seguros.- La máxima autoridad\n de cada institución decidirá si contribuye con\n un porcentaje para el pago de la prima de seguros, de contar\n con el presupuesto para el efecto, o si los servidores obligados\n a rendir caución deben cubrirla en su totalidad. En ningún\n caso la institución pública aportará con\n más del 60% de las primas de seguros.
Art. 33.- Las direcciones de auditoria, direcciones regionales\n y delegaciones provinciales, controlarán e incluirán\n en el Plan Anual de Control la verificación del cumplimiento\n de lo establecido en el presente reglamento.
Art. 34.- Trámite de cobro.- En el caso de responsabilidades\n civiles firmes y ejecutoriadas, determinadas en contra de funcionarios\n caucionados, el tramite de cobro podrá efectuarse mediante\n la ejecución de las correspondientes garantías\n rendidas por el funcionario responsable.
Art. 35.- Dudas.- El Contralor General resolverá las\n dudas que se presenten sobre la aplicación de este reglamento.
Art. 36.- Derogatoria.- Deróganse el Reglamento de\n Cauciones para el desempeño de cargos públicos\n expedido mediante Acuerdo No. 023-CG, publicado en el Registro\n Oficial No. 211 de 15 de junio de 1993, y las demás disposiciones\n que se opongan a este reglamento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Las cauciones que rijan a\n la fecha en que entre en vigencia este reglamento continuará\n con los mismos montos hasta ser renovadas o sustituidas, de acuerdo\n con los nuevos factores y con sujeción a las disposiciones\n que contempla este cuerpo normativo.
Li presente reglamento entrará en vigencia a partir\n de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en el despacho del Contralor General del Estado, en la\n ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 25\n de junio de 2003.
Dictó y firmó el acuerdo que antecede el señor\n doctor don Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado\n subrogante, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito\n Metropolitano, a los veinticinco días del mes de junio\n del año dos mil tres.- Certifico.
No 016 CG
Que el Auditor General de la Agencia de Garantía de\n Depósitos (AGD) con oficio N0 AGD-AG-0046 de febrero 28\n de 2003 ha enviado a la Contraloría General para aprobación,\n el Manual de Auditoria Interna;
Que el Asesor General (E) con memorando N0 1 73-AG de 23 de\n junio de 2003 ha informado al Contralor General sobre la procedencia\n de aprobar dicho Manual de Auditoría Interna; y,
En ejercicio de la atribución que le otorga el artículo\n 7, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría\n General del Estado,
Art. 1.- Aprobar el Manual de Auditoria Interna de la Agencia\n de Garantía de Depósitos (AGD).
Art. 2.- Requerir a la Auditoría Interna de la AGD\n para que, en forma sistemática y con la debida relación\n funcional y técnica que debe tener con la Contraloría\n General, actualice el Manual de Auditoría Interna, incluya\n la normativa que emite sobre la materia la Contraloría\n General y realice sus actividades de control de conformidad con\n lo que dispone el Acuerdo N0 008 CG, publicado en el R.O. N0\n 70 de 28 de abril de 2003.
Dado en el despacho del Contralor General subrogante, en la\n ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 25\n de junio de 2003.
Criterios para calificar la idoneidad\n del transportista Internacional de pasajeros por carretera
LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD\n ANDINA,
VISTAS:	Las decisiones de la Comisión 398 sobre Transporte\n Internacional de Pasajeros por Carretera y 434 sobre el Comité\n Andino de Autoridades de Transporte Terrestre;
CONSIDERANDO: Que la quinta disposición transitoria\n de la Decisión 398 sobre transporte internacional de pasajeros\n por carretera, determina que la Junta del Acuerdo de Cartagena,\n actualmente sustituida por la Secretaría General de la\n Comunidad Andina, previa opinión del Comité Andino\n de Autoridades de Transporte Terrestre (CAATT), adoptaría\n mediante resolución los criterios para calificar la idoneidad\n del transportista;
Que mediante Decisión 434 se creó el Comité\n Andino de Autoridades de Transporte Terrestre (CAATT), que está\n conformado por las autoridades nacionales responsables del transporte\n terrestre de cada País Miembro; y,
Que el Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre\n (CAATT), en su VII Reunión Ordinaria (Lima-Perú,\n 27 de febrero de 2003), recomendó la adopción de\n los referidos criterios, para que la Secretaría General\n pueda dar cumplimiento a la quinta disposición transitoria\n de la Decisión 398,
Artículo 1.- El organismo nacional competente de transpone\n terrestre del país de origen, en aplicación de\n la Decisión 398 (Transporte Internacional de Pasajeros\n por Carretera), deberá tener en cuenta los criterios mencionados\n en al artículo siguiente, para calificar la idoneidad\n del transportista, a efectos de que éste pueda obtener\n un Permiso Originario de Prestación de Servicios.
Artículo 2.- Los criterios que se determinan para calificar\n la idoneidad del transportista, son los siguientes:
a)	Objeto social: La empresa deberá estar constituida\n conforme a las normas legales nacionales pertinentes de su país\n de origen. En el documento de constitución se precisará\n que la actividad principal del objeto social de la empresa es\n la prestación del servicio de transporte nacional e internacional,\n o de transporte internacional, de pasajeros por carretera;
b)	Capacidad económica y financiera: La empresa deberá\n tener la suficiente solvencia económica y financiera,\n así como disponibilidad de fondos para desarrollar su\n objeto social en forma eficiente y segura, que demostrará\n con la presentación de los estados financieros (balance\n y estados de pérdidas y ganancias de los dos últimos\n años);
c)	Flota e infraestructura: Deberá acreditarse que\n el transportista cuenta con una flota mínima de tres (3)\n omnibuses o autobuses propios, o tomados en arrendamiento financiero\n (leasing), así como recursos físicos propios o\n de terceros consistentes como mínimo en oficinas administrativas,\n terminales con áreas para la atención, de espera,\n embarque y desembarque de pasajeros, así como taller de\n mantenimiento preventivo, para la eficiente prestación\n del servicio:
d)	Experiencia: Las empresas deberán contar con una\n trayectoria mínima y comprobada de tres (3) años,\n en la prestación efectiva y legalmente autorizada del\n servicio de transporte de pasajeros por carretera en el país\n de origen; o deberán demostrar que poseen una estructura\n organizacional sólida, constituida por personal directivo\n y operativo apropiado, con conocimiento en transporte internacional\n de pasajeros por carretera, aduanas, comercio exterior y seguridad\n vial; y,
e)	Capacitación: Presentación de programas de\n capacitación para los conductores que el transportista\n ejecutará, en cumplimiento del artículo 70 de la\n Decisión 398; y de programas de revisión y mantenimiento\n preventivo de los equipos con que cuenta la empresa; así\n como de los avances técnicos que se utilizarán\n para la prestación del servicio, tales como sistemas de\n comunicación e informática, para una eficiente\n y segura prestación del servicio.
Artículo 3.- Comuníquese a los Países\n Miembros la presente resolución, la cual entrará\n en vigencia en un plazo de sesenta (60) días calendario,\n contado a partir de su publicación en la Gaceta Oficial\n del Acuerdo de Cartagena.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos\n 17, 37 y 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos\n de la Secretaría General, se señala que contra\n la presente resolución cabe interponer recurso de reconsideración\n dentro de los 45 días siguientes a su publicación\n en la Gaceta Oficial, así como acción de nulidad\n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de\n los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiséis\n días del mes de abril del año dos mil tres.
Reglamento de la Decisión 398\n (Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera)
VISTAS: Las decisiones 398 y 434 de\n la Comisión de la Comunidad Andina;
CONSIDERANDO: Que para la aplicación de las normas\n sobre transporte internacional de pasajeros por carretera en\n la subregión, aprobadas por la Decisión 398, se\n hace necesario establecer normas reglamentarias que desarrollen\n en forma clara y precisa la mencionada decisión;
Que la sexta disposición transitoria de la Decisión\n 398 establece que las disposiciones de la Decisión 359\n que no se opusieran a aquella, mantendrían su vigencia\n hasta tanto se adoptara mediante resolución de la Junta\n del Acuerdo de Cartagena (organismo sustituido por la Secretaría\n General de la Comunidad Andina), el respectivo reglamento; y,
Que el Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre\n (CAATT), en su VII Reunión Ordinaria (Lima - Perú,\n 27 de febrero de 2003) presentó recomendación favorable\n a la Secretaría General sobre el indicado Reglamento de\n la Decisión 398 (Transporte Internacional de Pasajeros\n por Carretera),
Aprobar el siguiente: Reglamento de la Decisión 398\n (Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera).
Artículo 1.- Para prestar servicio por nuevas vías\n o cruces de frontera habilitados por los Países Miembros,\n el transportista autorizado deberá solicitar la modificación\n del itinerario del Permiso Originario y de los respectivos Permiso(s)\n Complementario(s) de Prestación de Servicios.
Artículo 2.- La Póliza Andina de Seguro de Responsabilidad\n Civil para el Transportador Internacional por Carretera y el\n anexo que ampara Accidentes Corporales para los Tripulantes Terrestres,\n a que se refieren los artículos 32, 50 y 51 de la Decisión\n 398, serán presentados en duplicado, antes de iniciar\n la prestación del servicio, con las coberturas, términos\n y condiciones señaladas en la norma comunitaria correspondiente,\n no requiriéndose de otra formalidad o solemnidad cuando\n deban surtir efecto en el País Miembro de su contratación.
Si las pólizas de seguro van a surtir efecto en otro\n País Miembro distinto al de su contratación, éstas\n deben ser autenticadas o legalizadas con la certificación\n del agente diplomático o consular del respectivo país\n donde se otorgó el documento, o ser certificada por la\n compañía de seguro corresponsal del país\n donde surtirá efecto.
Artículo 3.- El transportista autorizado deberá\n comunicar a los organismos nacionales competentes de transporte\n terrestre de los Países Miembros que le hayan otorgado\n Permiso Originario y Permiso(s) Complementario(s) de Prestación\n de Servicios, las modificaciones de cobertura, renovaciones o\n las contrataciones de nuevas pólizas de seguro. Para este\n efecto dispondrá de un plazo de quince (15) días\n calendario contado a partir de la fecha de la renovación\n o contratación respectiva. A su comunicación deberá\n acompañar copia autenticada o legalizada de la correspondiente\n póliza, y cuando corresponda, con la certificación\n del agente diplomático o consular del respectivo país\n donde se otorgó el documento.
Articulo 4.- El organismo nacional competente de transporte\n terrestre del país de origen del transportista, expedirá\n mediante resolución administrativa, el Permiso Originario\n de Prestación de Servicios con sus anexos I y II, el cual\n reposará o quedará en su poder, entregando al transportista\n las copias certificadas o autenticadas que éste requiera.
Cuando el transportista requiera de copias certificadas o\n autenticadas adicionales, el organismo nacional competente dispondrá,\n de un plazo de ocho (8) días calendario contado a partir\n de la fecha de presentación de la solicitud, para atender\n dicho requerimiento.
Artículo 5.- El organismo nacional competente de transporte\n terrestre de cada uno de los Países Miembros por los cuales\n pretende operar el transportista, expedirá mediante resolución\n administrativa, el Permiso Complementario de Prestación\n de Servicios con sus respectivos anexos I y II, el cual reposará\n o quedará en su poder, entregando al transportista autorizado\n las copias certificadas o autenticadas, que éste requiera.
El organismo nacional competente entregará, dentro\n de un plazo de ocho (8) días calendario contado a partir\n de la fecha de presentación de la solicitud del transportista\n autorizado, el número de copias certificadas o autenticadas\n que solicite.
Artículo 6.- Las copias certificadas o autenticadas\n del Permiso Originario y del Permiso Complementario de Prestación\n de Servicios, así como de sus anexos I y II, serán\n las certificadas por el funcionario competente del organismo\n que lo otorgó. Dichas copias no requerirán de ninguna\n otra solemnidad para los trámites requeridos en el presente\n reglamento.
Artículo 7.- El número de identificación\n del Permiso Originario y del Permiso Complementario de Prestación\n de Servicios, será asignado por el organismo nacional\n competente que lo otorgó. Estará conformado por\n las siglas P.O.P.S. para el Permiso Originario de Prestación\n de Servicios, o P.C.P.S. para el Permiso Complementario de Prestación\n de Servicios; a continuación, la identificación\n del País Miembro que otorgue el Permiso, utilizándose\n las dos primeras letras de su nombre: Bolivia (RO), Colombia\n (CO), Ecuador (EC), Perú (PE) y Venezuela (VE); luego,\n una numeración ascendente que empieza con el 0001; y,\n finalmente, los dos últimos dígitos del año\n de expedición.
En la asignación del número de identificación,\n se cumplirá un estricto orden correlativo de acuerdo a\n la precedencia de su otorgamiento.
Articulo 8.- El plazo de treinta (30) días calendario\n establecido en el artículo 54 de la Decisión 398,\n comprende la expedición, notificación y entrega\n de las resoluciones administrativas pertinentes.
Cuando la documentación o información presentadas\n para la obtención del Permiso Originario o del(de los)\n Permiso(s) Complementario(s) de Prestación de Servicios,\n se encuentren incompletas o deficientes, el organismo nacional\n competente señalará dentro del plazo de quince\n (15) días calendario, contado a partir de la fecha de\n presentación de la solicitud, y por una sola vez, la totalidad\n de las observaciones que se formulen al transportista, quien\n dispondrá de un plazo de quince (15) di as calendario,\n contado a partir de la fecha de la respectiva notificación,\n y por una sola vez, para corregir o complementar la documentación.
Articulo 9. - El transportista autorizado solicitará\n por escrito al organismo nacional competente de transporte terrestre\n del país de origen, cualquier modificación del\n ámbito de operación, así como de los tráficos\n a operar (rutas, frecuencias e itinerarios asignados), indicando\n el nombre de los Países Miembros comprendidos en ella,\n sin perjuicio de la correspondiente normativa nacional sobre\n asignación de rutas internacionales.
Cuando la modificación implique la ampliación\n del ámbito de operación, así como de los\n tráficos a operar (rutas, frecuencias e itinerarios asignados),\n el organismo nacional competente entregará al transportista\n autorizado una copia certificada o autenticada del Permiso Originario\n de Prestación de Servicios y de sus anexos I y II, con\n las respectivas modificaciones. Con las referidas copias, el\n transportista autorizado solicitará ante el organismo\n nacional competente respectivo, la modificación del(de\n los) Permiso(s) Complementario(s) de Prestación de Servicios.
Cuando la modificación implique la reducción\n del ámbito de operación, así como de los\n tráficos a operar (rutas, frecuencias e itinerarios asignados),\n el organismo nacional competente del país de origen informará\n de esta circunstancia al organismo nacional competente del país\n que corresponda, solicitando, si hubiere lugar a ello, la respectiva\n cancelación o modificación del(de los