Source: https://www.notariosyregistradores.com/informes/informe173.htm
Timestamp: 2019-10-22 12:00:59
Document Index: 50601096

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'Artículo 47', 'artículo 53', 'artículo 48', 'Artículo 48', 'artículo 35', 'artículo 30', 'artículo 7', 'artículo 30', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 360', 'artículo 14', 'artículo 38']

NYR. Informe nº 173. BOE de febrero de 2009.
INFORME Nº 173. (BOE de FEBRERO de 2009)
Modelos de cuentas Moratoria hipotecaria Modelos IRPF
Registros Admón Justicia Contaminación Jornada laboral abogados
Obra nueva unifamiliar Silencio positivo Exceso cabida local
Resolución administrativa Hipoteca global Protocolo notarial
SEGUROS DE VEHÍCULOS. Resolución de 20 de enero de 2009, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2009 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Esta publicación está prevista en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.
PDF (BOE-A-2009-1669 - 7 págs. - 328 KB)
REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia
Objeto. Este real decreto crea el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, y regula su organización y funcionamiento.
Registros que integran el Sistema:
- Registro Central de Penados
- Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica
- Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes (nuevo)
- Registro Central de Rebeldes Civiles
- Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.
Es novedad la creación y puesta en funcionamiento del Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, previsto en la disposición adicional segunda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, en el orden jurisdiccional penal, permitirá al órgano judicial disponer de otros elementos de juicio, además de los ya existentes, a fin de ponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso penal.
El impulso de este Registro viene exigido por el triste antecedente del caso Mary Luz que dejó en evidencia las carencias de la Administración de Justicia sobre la materia.
Igualmente ofrecerá información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura o de detención y puesta a disposición, que permitan al Juez valorar la existencia de riesgo de fuga, en la resolución en la que decida sobre la prisión o libertad provisional del imputado.
Al mismo tiempo, se persigue contribuir a la conexión del Sistema de registros con los Registros de otros países de la Unión Europea conforme a lo previsto en la Decisión 2005/876/JAI del Consejo, de 21 de noviembre de 2005.
El Sistema de registros depende del Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia. Su ámbito de actividad se extiende a todo el territorio nacional. Tiene el carácter de no público, accediéndose a los diferentes niveles de información en función del perfil adjudicado.
En cada Registro existirá un encargado, que será responsable de su organización y gestión, adoptará las medidas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento, velará por la veracidad, confidencialidad e integridad de las inscripciones e impulsará el cumplimiento de lo previsto en materia de cancelaciones de las mismas.
Se regula el modo de emitir la información recogida y, en especial, la emisión del certificado de las inscripciones contenidas en el Sistema, a instancia del titular, extremando las cautelas con el fin de evitar que los datos registrales sean obtenidos por persona diferente del afectado. También se determina cómo se cancelarán los asientos.
Ver reforma de 2011.
Ver resumen Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
PDF (BOE-A-2009-2073 - 14 págs. - 288 KB)
*MORATORIA HIPOTECARIA. Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda
En este real decreto se modifican y flexibilizan algunas de las citadas condiciones fijadas para la moratoria hipotecaria en el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre. En concreto:
- Se desplaza el período de cómputo de las cuotas objeto de la moratoria,
- se retrasa el plazo de inicio de devolución del préstamo y
- se amplía el plazo máximo de devolución.
Recogemos, a continuación, el resumen publicado en su momento, resaltando las novedades del RD 97/2009:
2. Moratoria hipotecaria.
Se trata de una moratoria temporal parcial en el pago de determinadas hipotecas.
Requisitos acumulativos para solicitarla:
- En garantía de un préstamo.
- Para la adquisición de su vivienda habitual
- Suscrita antes del 1º de septiembre de 2008
- Importe inicial inferior a 170.000 euros
- No se encuentre en situación de mora
- Y se cumpla alguna de estas condiciones:
- Llevar desempleado tres meses o pasar a estarlo antes del 1 de enero de 2010 y cobrar prestación por desempleo contributiva o no contributiva.
- Ser trabajador autónomo que haya cesado su negocio hace tres meses o acredite ingresos anuales inferiores a tres veces del IPREM (algo más de 18.900 euros).
- Ser pensionista de viudedad por fallecimiento ocurrido una vez concertado el préstamo hipotecario y, en todo caso, en fecha posterior al 1 de septiembre de 2008.
Acuerdo. La aplicación de esta medida exigirá el acuerdo entre el interesado y la entidad de crédito. En el acuerdo, los beneficiarios aceptarán los términos y efectos jurídicos de las medidas financieras derivadas del presente capítulo (el II) y, en particular, las obligaciones frente al Estado que puedan derivarse de las mismas.
Límite objetivo. El máximo será del 50 por ciento del importe de las cuotas mensuales que se devenguen por el préstamo hipotecario entre el 1 de enero de 2009 (ahora 1º de marzo de 2009) y el 31 de diciembre de 2010 (ahora 28 de febrero de 2011) y hasta 500 euros mensuales en total y aunque haya varios deudores. Las cantidades se compensarán a partir de 1 de enero de 2011 (ahora 1º de marzo de 2012) mediante su prorrateo entre las mensualidades que resten con un límite máximo de 10 años (ahora 15 años).
El Instituto de Crédito Oficial concertará convenios con las entidades de crédito para determinar las condiciones financieras y las garantías de dichas operaciones.
PDF (BOE-A-2009-2075 - 2 págs. - 167 KB)
**MODELOS DE CUENTAS ANUALES. Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.
1. La Orden del Ministerio de Justicia 206/2009, aprueba unos nuevos modelos de presentación de cuentas anuales en el RM. Ello era algo obligado por la entrada en vigor, el 1 de Enero de 2008, de la llamada Ley de Reforma Contable, Ley 16/2007, de 4 de Julio.
2. Dicha Orden, aparte de aprobar en sus Anexos dichos modelos, contiene una serie de normas que pretenden aclarar y facilitar el cumplimiento, por parte de los empresarios obligados a ello, de la obligación de depósito de sus cuentas anuales.
3. Los modelos contenidos en dicha orden son obligatorios, de forma que, salvo para las cuentas consolidadas y las de aquellos sectores sujetos a regulación específica, los mismos deben ser necesariamente utilizados en el depósito de cuentas anuales.
4. Los modelos, como es obvio, deben ser utilizados por todas las sociedades obligadas a ello, pero también deben ser utilizados por aquellas entidades y empresarios que, aunque legalmente no tengan obligación de depósito, voluntariamente presenten sus cuentas anuales al RM. De aquí se deduce claramente que el RM deberá admitir el depósito de las cuentas anuales de todo empresario o entidad que lo solicite expresamente del RM. Ello es relativamente frecuente en materia de empresarios individuales, pues en ocasiones, cuando contratan con los organismos públicos, estos les exigen, aparte de su inscripción en el RM, el depósito y publicidad de sus documentos contables, como garantía de la regularidad de su funcionamiento. En este punto estimamos que si los sujetos son de posible inscripción en el RM, previo al depósito de las cuentas, debe ser la inscripción de dicho sujeto en el Registro. Pero si el empresario o entidad no fuera inscribible en el Registro, el depósito debe efectuarse no obstante a efectos de la publicidad del mismo. Es un supuesto similar al de la legalización de Libros de Contabilidad de empresarios individuales que no exige la previa inscripción de los mismos.
5. El modelo de Memoria, como también antes se admitía, es sólo de utilización facultativa, de forma tal que el empresario podrá o bien utilizarlo o bien utilizar cualquier otro modelo de memoria que contenga, eso sí, todas las rúbricas y menciones exigidas por la Ley.
6. Como consecuencia de la aprobación de una Plan General de Contabilidad para las PYMES(RD 1515/2007 de 16 de Noviembre), a partir de ahora van a existir tres posibles modelos de cuentas anuales, cada uno de ellos obligatorio en sus respectivos casos: El modelo normal, el abreviado y el abreviado de las PYMES.
Este último modelo podrá ser utilizado por aquellos empresarios que durante dos años consecutivos no superen dos de las siguientes cifras: a) Que sus partidas de activo sean inferiores a 2.800.000 euros, b) Que su cifra de negocios sea inferior a 5.700.000 euros, y c) que su número de trabajadores no supere los 50.
Pero así como en el caso de que se presente el modelo abreviado se exige expresamente que en la certificación de los acuerdos se manifieste la causa de porqué se presentan en dicho formato, el art. 366 del RRM, que no ha sido reformado, guarda, como es lógico silencio sobre una manifestación similar en el caso de las cuentas abreviadas de las PYMES. Estimamos no obstante que por analogía con el caso de las cuentas abreviadas, pues en definitiva las cuentas PYMES son unas cuentas abreviadas simplificadas, en la certificación aprobatoria de las cuentas se deberá manifestar también la causa de porqué se presentan las cuentas en formato abreviado PYME. Nos parece que es una clara exigencia de seguridad jurídica, para que tanto el Registro, como los solicitantes de información sepan la causa y el motivo de la presentación en dicho formato.
En definitiva las pequeñas y medianas empresas deberán formular el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, que son los documentos que forman parte de sus cuentas anuales. No es necesario que presenten el estado de flujos de efectivo, aunque el mismo podrá ser presentado de forma voluntaria, según se deduce del RD aprobatorio de su contabilidad. Es más para las PYMES microempresas se simplifican aún otros datos de sus cuentas anuales como puede ser en materia de gasto por impuesto sobre sociedades o en las operaciones de arrendamiento financiero y otras de naturaleza similar.
7. Con criterio de novedad se unifica el modelo de solicitud reglamentaria para el depósito de las cuentas anuales (Cfr. Art. 366.1,1º RRM). Por tanto a partir de este ejercicio el modelo de instancia deberá ser idéntico en todos los RRMM. Nos parece una medida acertada pues se ofrecerá a nivel nacional un modelo único de instancia con las ventajas que ello supone tanto para los RRMM, como para los empresarios con sociedades domiciliadas en distintas provincias. No obstante entendemos que, respetando dicho modelo único, cada RM podrá añadirle las aclaraciones o notas que estime pertinentes, entre ellas las relativas al pago del Borme y devengo de honorarios, pues ello supondrá sin duda una mejora del modelo facilitando su comprensión y tratamiento por parte de la oficina del RM y evitando duplicidades innecesarias.
8. También se normalizan los demás documentos que, sin formar parte de las cuentas anuales, deben ser presentados a depósito, como es el modelo de información medioambiental y el modelo sobre acciones o participaciones propias. No obstante, respecto de este último, si fuere negativo, en aras a la simplificación creemos que puede ser sustituido por una declaración en dicho sentido sin necesidad de utilizar el muy extenso modelo contenido en los Anexos.
9. Los modelos son de suministro obligatorio por parte de todos los RRMM. No obstante los mismos estarán disponibles en formato PDF en las webs del MJ, del Colegio de Registradores, del CGN, del ICAC y del Banco de España.
10. Las cuentas, como también antes ocurría, se pueden presentar en formato papel y en formato electrónico. Estas últimas además podrán presentarse en el RM de forma telemática. Por tanto, aunque la presentación sea presencial, el formato de las cuentas puede ser en formato electrónico. En este caso la identificación de las cuentas se hará por medio de la firma electrónica del archivo que las contenga (Art. 366.1,3º RR).
11. No obstante, quizás la principal novedad de la orden estriba en la posibilidad de que en la presentación telemática, la certificación de la Junta General aprobatoria de las cuentas, si el certificante o certificantes disponen de firma electrónica reconocida, dicha certificación puede ser también remitida en forma telemática al Registro, sin necesidad en este caso de legitimación notarial de las firmas.
12. En el anterior sistema de presentación telemática, no era posible esta remisión telemática, con firma electrónica reconocida de la certificación aprobatoria de las cuentas anuales. Era el sistema diseñado por la orden de 13 de Junio de 2003, en el que si el interesado deseaba remitir telemáticamente la certificación debía comparecer ante Notario, el cual daría fe de que firmaba con su firma electrónica la certificación para después pudiera dicha certificación ser remitida telemáticamente al RM. Como es lógico dicho sistema no tuvo ninguna virtualidad y en la presentación telemática de las cuentas, lo que ocurría es que con posterioridad se presentaba en el Registro Mercantil la certificación aprobatoria con las firmas legitimadas notarialmente, al igual que si se tratara de una mera presentación ordinaria en papel. La nueva orden también se ocupa de este caso, estableciendo que si el certificante o certificantes no disponen de firma electrónica reconocida, la presentación en el Registro de la certificación de la Junta general deberá presentarse en el plazo de 15 días desde la remisión del fichero telemático comprensivo de las cuentas anuales.
13. A la vista de todo ello, a partir de la entrada en vigor de esta orden, 11de febrero de 2009, pueden existir dos sistemas de presentación telemática de las cuentas anuales en el RM. La que pudiéramos llamar completa, que incluye las cuentas y la propia certificación aprobatoria y que dará lugar al depósito, previa calificación, sin más requisitos o presentaciones. Y la que pudiéramos llamar parcial que supone una presentación telemática en formato electrónico de las cuentas con firma electrónica del presentante y una presentación en papel de la certificación de los acuerdos de la Junta General con las firmas legitimadas notarialmente.
14. Ello nos lleva a examinar la situación actual en cuanto a la posibilidad de que se de la presentación completa. Si el sistema de presentación electrónica de los RRMM admite firmas electrónicas reconocidas de los administradores que no sean las propias de nuestro sistema, es decir admite las firmas de la FNMT y en el futuro la firma derivada del DNI electrónico, el sistema tendrá una total efectividad pues firmado el fichero .ZIP, comprensivo de la certificación con dicha firma, la remisión podrá ser realizada, como hasta ahora, por presentantes que, utilizando los cauces del Colegio de Registradores relativos a la presentación telemática, dispongan de nuestra firma pues ésta es la que garantiza la fiabilidad de la remisión y además asegura toda la logística del sistema pues a través de él se efectúa el pago de forma automática tanto del Borme como de los honorarios devengados por el depósito. Insistimos en este punto pues así como prácticamente- por exigencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y como todos los RRMM sabemos- la mayor parte de los administradores de la sociedades disponen de la firma electrónica reconocida de la FNMT, no sucede lo mismo con nuestra propia firma, la cual en principio sólo ha sido suministrada, también de forma bastante completa, a los presentadores habituales de documentos contables en el RM, fundamentalmente legalización de libros y depósito de cuentas. Si ello se hace así, es decir es posible la lectura y comprobación de la firma electrónica reconocida de la FNMT, se habrá dado un importante paso adelante en el depósito de cuentas y en el cumplimiento de la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y de nuestra propia Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos introducida por la Ley 11/2007 de 22 de Julio como expresa la EM de la propia Orden.
15. De forma sorpresiva se ha puesto en duda, desde algunos ámbitos (Cfr. esta misma web, artículo de Valerio Pérez), la legalidad de la orden que resumimos por infringir el principio de jerarquía normativa. Olvidan los que así lo hacen que la Orden JUS/206/2009, tiene su fundamento, no en el art. 366.1,2º del RRM, sino en la Directiva antes citada 2003/58/CE, pues esta Directiva, como es o debe ser de todos conocido, impone que a partir de 1 de Enero de 2007, todos los documentos de cualquier clase que sean, que deban presentarse por las sociedades en los RRMM, lo podrán hacer en doble formato:
--- Electrónico.
--- En papel.
Incluso se da la posibilidad de imponer el formato electrónico para determinadas sociedades o determinadas categorías de actos.
Además el sistema de presentación electrónico se configura en la Directiva como un sistema abierto, es decir que debe ser de libre utilización por parte de todas las sociedades y personas obligadas a la presentación de documentos y por supuesto de sus representantes o mandatarios expresos o tácitos. Como complemento se establece igualmente que se presenten en papel o en formato electrónico, la inscripción, o en nuestro caso el depósito, deberá hacerse siempre en formato electrónico.
Dado que ha transcurrido con exceso el plazo dado por la CE para la adaptación de nuestra legislación a la citada Directiva, la misma se puede decir que es ya de aplicación directa en España y lo único que necesita es que se establezcan los cauces adecuados para su cumplimie3ntio y para que el sistema establecido por la Directiva pueda ser utilizado por los empresarios, reduciendo así, de forma efectiva, la carga que recae sobre los empresarios a la hora de reflejar sus acuerdos o documentos contables en el RM.
Ni que decir tiene que la Orden también se apoya en la Ley 11/2007 de 22 de Julio, y por tanto Directiva y Ley de superior rango normativo al del art. 366.1, 2º del RRM y 261 del RN. Por ello carece de toda razón y fundamento lo apuntado por Valerio Pérez en sus notas sobre la Orden, de que los RRMM deberán calificar negativamente las certificaciones con firma electrónica reconocida. Es decir los RRMM no podrán calificar negativamente dichas certificaciones, pues su calificación debe basarse, aparte de en la orden JUS/206/2009, también en la Directiva Comunitaria y en la Ley 11/2007. Aparte de ello cuando dicho autor alega el art. 368 del RRM como fundamento legal para el rechazo del depósito, olvida que cuando dicho art. se refiere a que el Registrador Mercantil calificará si en los documentos presentados constan las preceptivas firmas, se está refiriendo, no a la firma del certificante en el documento aprobatorio de las cuentas, que ya viene regulado en el art. 366.1,2º, sino a las firmas de los administradores en la propias cuentas (Cfr. Art. 219 TRLSA), requisito por otra parte que fue sumamente facilitado en la reforma del RRM de 1996, al sustituir el hecho material de las firmas en los documento a depositar, por la manifestación en la propia certificación.
Por último y sobre la posibilidad de que las PYMES, en aras de la simplificación administrativa, fueran eximidas del depósito de sus cuentas en el RM, debemos dejar constancia que uno de los mayores éxitos de la reforma mercantil obligada por las Directivas Comunitarias de 1989, fue precisamente la de la obligatoriedad del depósito de la cuentas, reforzado y acrecentado posteriormente por el cierre del Registro a las sociedades no depositantes. Desde dicho momento, la publicidad formal de las cuentas anuales ha sido una de las más requeridas tanto por las entidades financieras, como por los propios socios o los acreedores de la sociedad. El depósito da claridad y seguridad a la vida jurídica y contable de las sociedades contribuyendo de forma eficaz a conocer a las sociedades que cumplen debidamente sus obligaciones de las que no lo hacen, haciendo de las sociedades que sí cumplen sus obligaciones de depósito más competitivas pues es mucho más fácil y seguro contratar con ellas o suministrarles la financiación adecuada para el desarrollo de su actividad. Aparte de ello la supresión del depósito sería un ahorro pírrico de la carga informativa que recae sobre las sociedades, pues las cuentas las deben formular de todas formas y el hecho de no tener que depositarlas, no creo que les suponga una carga importante en su cuenta de resultados. No obstante si en el futuro, como ya hay algún proyecto en dicho sentido en la UE, se estimara que por el bien de las empresas y de su competitividad es conveniente la supresión del depósito, ello, como es lógico, sería aceptado sin resistencias ni oposición por los RRMM, como debe ser aceptado por otros operadores jurídicos la parcial supresión de la legitimación notarial de firmas, aún a sabiendas de la importancia que el depósito de cuentas de todas las sociedades ha tenido y tiene y tendrá para el normal desenvolvimiento de la economía española.
16. No podemos terminar está líneas sin alabar y aplaudir la orden que comentamos. Con ella esperamos habrá un antes y un después en el depósito de los documento contables en el RM e incluso en la presentación de otros documentos de las sociedades, como impone la Directiva tantas veces citada. La Orden clarifica muchos puntos, antes oscuros, y establece una uniformidad que sólo puede merecer parabienes.
PDF (BOE-A-2009-2276 - 275 págs. - 17913 KB)
*CASTILLA Y LEÓN. Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación de la Empresa Pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente Público Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.
ITPYAJD. Se fijan normas sobre la aplicación de los tipos reducidos. Se modifica el art. 36.2 del Texto Refundido:
Pago de deudas tributarias. Se introduce un nuevo artículo 47 bis en el Texto Refundido que, por su importancia, transcribimos:
«Artículo 47 bis. Requisitos para la acreditación de la presentación y el pago de determinados tributos cedidos.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 53.3 de la de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, así como a efectos de lo previsto en los artículos 254 y 256 de la Ley Hipotecaria, la acreditación del pago de las deudas tributarias y de la presentación de las declaraciones tributarias y de los documentos que contengan actos o contratos sujetos al ISD y al ITPYAJD, cuyos rendimientos estén atribuidos a la Comunidad de Castilla y León, se ajustará a los siguientes requisitos:
1.º El pago de las deudas tributarias se considerará válido y tendrá efectos liberatorios únicamente en los supuestos en que dichos pagos se hayan efectuado en cuentas de titularidad de la Comunidad de Castilla y León a favor de esta y utilizando a tal efecto los modelos de declaración aprobados por la Consejería competente en materia de hacienda.
Información de los registradores. Se modifica el artículo 48 del Texto Refundido:
«Artículo 48. Suministro de información por los registradores de la propiedad y mercantiles.
1. Los registradores de la propiedad y mercantiles con destino en el territorio de la Comunidad de Castilla y León en cuyo registro se hayan presentado a inscripción documentos que contengan actos o contratos sujetos al ISD por la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, cuando el pago de dicho tributo o la presentación de la declaración tributaria se haya realizado en otra Comunidad Autónoma y existan dudas sobre la residencia habitual del causante y se haya realizado la calificación y la inscripción u operación solicitada, remitirán al órgano directivo central competente en materia de tributos, dentro de los veinte días siguientes a la finalización de cada trimestre natural y referida al mismo, una copia del documento y de la carta de pago de la declaración tributaria.
Tasas. Se modifica la Ley 21/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, concretamente, las tasas en materia de vivienda, en materia de transportes por carretera, entre otras y se crea una nueva tasa denominada «tasa por solicitud de concesión y utilización de la etiqueta ecológica».
Se crea la empresa pública «Castilla y León Sociedad Patrimonial, S.A.» con objeto de que sea un instrumento de la Administración General para la gestión de bienes patrimoniales y para el diseño y ejecución de infraestructuras relacionadas con esta gestión. Absorbe a Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.
La disposición derogatoria única afecta a algunas preceptos de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad, de la Ley de Fundaciones de Castilla y León, de la Ley de creación de sociedades de gestión urbanística y de la Ley de Urbanismo de Castilla y León; y deroga también la Ley 9/2005, de 17 de junio.
La disposición final séptima modifica la disposición adicional primera de la Ley 11/2006, de Patrimonio, en relación con la gestión patrimonial en materia de vivienda (competencias de las consejerías de vivienda y hacienda).
CASTILLA Y LEÓN. Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2009.
Se prevé una recaudación por ITPYAJD de 205.195.600 euros y, por ISD, de 104.900.000 euros.
En materia de tasas, para el año 2009 se elevan con carácter general los tipos de cuantía fija de en un 2% con respecto a las cantidades exigibles en el año 2008. El importe mínimo no podrá ser inferior a tres euros.
CANARIAS. Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2009.
Se elevan los tipos impositivos de cuantía fija de las tasas de la Comunidad Autónoma, hasta la cantidad que resulte de aplicar el coeficiente 1,02 a la cuantía exigible en el año 2008
PDF (BOE-A-2009-2511 - 81 págs. - 6067 KB)
CANARIAS. Ley 6/2008, de 23 de diciembre, de medidas tributarias incentivadoras de la actividad económica.
IGIC. Se eleva a rango legal el plazo de solicitud de la devolución del Impuesto soportado o satisfecho por empresarios o profesionales no establecidos en las Islas Canarias. Concretamente, las solicitudes de devolución únicamente podrán referirse al periodo anual o trimestral inmediatamente anteriores, pudiendo ser un periodo de tiempo inferior siempre que concluya el día 31 de diciembre del año que corresponda. El plazo para la presentación de las referidas solicitudes será de seis meses, a partir del último día del periodo a que se refieran.
ITPYAJD. Se modifican los artículos 56, 57, 58, 59 y 61 de la Ley 5/2004, de 29 de diciembre.
- Familias numerosas. El tipo de gravamen aplicable a la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual (según las reglas del IRPF) de una familia numerosa es del 4 por 100, siempre y cuando se cumplan simultáneamente todos y cada uno de los requisitos siguientes:
b) Que la suma de las bases imponibles en el IRPF correspondientes a los miembros de la familia numerosa no exceda de 30.000 euros, más 12.000 euros por cada hijo que exceda del número mínimo.
- Discapacitados. El tipo de gravamen aplicable en la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual (según las reglas del IRPF) del contribuyente que tenga la consideración legal de persona con discapacidad física, psíquica o sensorial es del 4 por 100. Se aplicará el mismo tipo impositivo cuando la condición de una de estas minusvalías concurra en alguna de las personas por las que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar. Han de cumplirse simultáneamente todos y cada uno de los requisitos siguientes:
a) Que el contribuyente o la persona por la que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar tenga la consideración legal de persona con discapacidad y cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 65 por ciento.
b) Que la suma de las bases imponibles en el IRPF correspondientes a los adquirentes no exceda de 40.000 euros, más 6.000 euros por cada persona por la que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar, excluido el contribuyente.
- Menores de treinta y cinco años. El tipo de gravamen aplicable en la transmisión de un inmueble no clasificado como de protección especial y que vaya a constituir la vivienda habitual del contribuyente menor de treinta y cinco años de edad es del 4 por 100, si se reúnen simultáneamente todos y cada uno de los requisitos siguientes:
b) Que la suma de las bases imponibles en el IRPF correspondientes a los adquirentes no exceda de 25.000 euros, más 6.000 euros por cada persona por la que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar, excluido el contribuyente.
c) Que se trate de primera vivienda habitual (según las reglas del IRPF) del contribuyente, y siempre que con anterioridad no haya sido titular de ningún otro bien inmueble.
En los casos de solidaridad tributaria a que se refiere el artículo 35.6 de la Ley General Tributaria, el tipo reducido se aplicará, exclusivamente, a la parte proporcional de la base liquidable que se corresponda con la adquisición efectuada por el sujeto pasivo que sea menor de treinta y cinco años. En las adquisiciones para la sociedad de gananciales, el tipo de gravamen reducido se aplicará al 50 por ciento de la base liquidable cuando uno solo de los cónyuges sea menor de treinta y cinco años.
- Vivienda protegida. El tipo de gravamen aplicable en la transmisión de una vivienda protegida que vaya a constituir la primera vivienda habitual (según las reglas del IRPF) del contribuyente será del 4 por 100.
- Documentos notariales para los 4 casos anteriores. Se aplicará el tipo de gravamen reducido del 0,40 por 100 cuando se trate de primeras copias de escrituras que documenten la adquisición de un inmueble o préstamos hipotecarios destinados a su financiación, siempre que se trate de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual y en los que concurran los requisitos referidos para la aplicación del tipo reducido.
- Sociedades de garantía recíproca. Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la constitución y cancelación de derechos reales de garantía a favor de una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en Canarias se liquidarán al 0,1 por 100.
- Tasación pericial contradictoria y suspensión de las liquidaciones en supuestos especiales. Se regula, igual que existe en la legislación del ITPYAJD, la facultad de que el contribuyente se reserve el derecho a promover la tasación pericial contradictoria contra la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados administrativamente.
- Se suprime la exigencia de documento público para las pólizas de seguros de vida que deban tributar como donación, a efectos de que puedan acogerse a la regulación de la bonificación del 99,9% de la cuota tributaria y se introduce una limitación temporal en la bonificación prevista para las transmisiones «inter vivos», con el fin de evitar posibles fraudes en su aplicación:
Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II aplicarán una bonificación del 99,9% de la cuota tributaria derivada de las adquisiciones mortis causa y de cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario.
Los sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II aplicarán una bonificación del 99,9% de la cuota tributaria derivada de las adquisiciones inter vivos, siempre que la donación se formalice en documento público. No será necesaria esta formalización cuando se trate de contratos de seguros que deban tributar como donación. Esta bonificación no será aplicable a aquellas adquisiciones inter vivos que en los tres años anteriores se hayan beneficiado de la bonificación prevista en este apartado, salvo que, en dicho plazo, se produzca su adquisición mortis causa.
PDF (BOE-A-2009-2512 - 9 págs. - 234 KB)
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. Circular 1/2009, de 4 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inversora.
La presente Circular regula las categorías en las que se pueden clasificar los fondos y sociedades de inversión colectiva de carácter financiero, en función de su forma jurídica, de su perfil de riesgo y de los activos en los que invierten y a los que hace referencia el artículo 30 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Se consideran tipos de IIC, los fondos y las sociedades de inversión ordinarias, las IIC subordinadas, las que invierten mayoritariamente en otras IIC, las IIC que replican o reproducen un determinado índice bursátil o de renta fija y los fondos cotizados
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DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. Orden JUS/337/2009, de 12 de febrero, por la que se modifica la Orden JUS/3770/2008, de 2 de diciembre, por la que se delega competencias del Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos del Ministerio de Justicia.
Esta orden tiene, como disposiciones relacionadas, el Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, y la Orden JUS/3770/2008, de 2 de diciembre, por la que se delegan competencias del Ministro y se aprueban las delegaciones de competencias de otros órganos del Ministerio de Justicia.
Afecta a delegaciones de competencias en:
- El titular de la Subsecretaría de Justicia,
- el titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado,
- el titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y en
- el titular de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia
Entre las delegaciones de competencias en el Subsecretario de Justicia se encuentran:
- 6. El ejercicio de las potestades disciplinarias sobre los funcionarios públicos con arreglo a las disposiciones vigentes, excepto la separación del servicio.
- 8. La celebración de convenios con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado y entidades públicas, en el ámbito de competencias de la Subsecretaría.
- 11. Las atribuidas al titular del Departamento en la Ley y en el Reglamento de Expropiación Forzosa.
- 14. La concesión y acreditación del otorgamiento de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, excepto las que correspondan al Consejo de Ministros.
- 15. La resolución de las reclamaciones previas a la vía civil y de los recursos que se interpongan contra actos emanados de los órganos y autoridades del Departamento en el ámbito competencial de la Subsecretaría, excepto en los casos en que se atribuya expresamente a unos u otras.
- 16. La resolución de los procedimientos que se promuevan en exigencia de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios y unidades del ámbito competencial de la Subsecretaría.
Nota: realmente se publica en la Sección III
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IRPF. Orden EHA/396/2009, de 13 de febrero, por la que se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2008, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se establecen los procedimientos de solicitud, remisión, modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y se modifican los anexos I y VI de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Esta Orden, entre otras materias, incluye las siguientes:
- Obligación de declarar o no en el IRPF. Art. 1.
- Aprobación del modelo 100 de declaración para IRPF. Art. 2.
- Solicitud del borrador de declaraciones IRPF y procedimiento para cumplimentarlo. Arts. 3 al 7.
. - Plazo para presentar declaraciones. Cualquiera que sea el resultado de la declaración, será el comprendido entre los días 4 de mayo y 30 de junio de 2009, ambos inclusive, sin perjuicio del plazo de confirmación del borrador establecido en el artículo 7 anterior. Art. 8.
- Forma de presentar las declaraciones. Art. 9.
- Utilización de etiquetas identificativas. Art. 10.
- Documentación adicional que debe acompañarse. Art. 11.
- Fraccionamiento del pago en el IRPF. Art. 12 y 18 (para el segundo pago).
- Pago mediante domiciliación bancaria. Arts. 13
- Lugar de presentación e ingreso. Art. 14.
- Presentación telemática. Arts. 15 al 17.
Se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Tributaria:
- Se eliminan los modelos de declaración 714 (Denominación: «IMP. SOBRE EL PATRIMONIO») y el 300 (Denominación: «IVA DECLARACIÓN TRIMESTRAL»).
- Se incluye el modelo 308 (IVA, solicitud de devolución: recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales.»
En anexos van los modelos.
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RESIDUOS. Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.
Dentro del extenso informe publicado, destacamos el apartado 14 dedicado a suelos contaminados. Se repasa la normativa reguladora de la materia, formada fundamentalmente por la Ley 10/98, de 21 de Abril, de Residuos, artículos 27 y 28 y por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, donde se prevé la práctica de una nota marginal informando de la condición de suelo contaminado y la constancia en las escrituras públicas de las actividades potencialmente contaminantes.
Como recordatorio, por su interés, se transcribe el artículo 8 del RD: Artículo 8. Publicidad registral.
3. La resolución administrativa por la que se declare el suelo contaminado se hará constar en el folio de la finca o fincas registrales a que afecte, por medio de nota extendida al margen de la última inscripción de dominio. La nota marginal se extenderá en virtud de certificación administrativa en la que se haga inserción literal de la resolución por la que se declare el suelo contaminado, con expresión de su firmeza en vía administrativa, y de la que resulte que el expediente ha sido notificado a todos los titulares registrales que aparecieran en la certificación a la que se refiere el apartado anterior.
La nota marginal de declaración de suelo contaminado se cancelará en virtud de una certificación expedida por la Administración competente, en la que se incorpore la resolución administrativa de desclasificación.
En el Informe se indica que se ha constatado el hecho de que empresas que se pueden considerar potenciales causantes de contaminación del suelo han procedido de forma espontánea a recuperar los suelos con el fin de que no aparezca reflejada la contaminación en el Registro de la Propiedad, si en un futuro próximo se quiere enajenar el terreno.
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BOLETÍN DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. Orden JUS/433/2009, de 19 de febrero, por la que se dispone la edición electrónica del "Boletín de Información del Ministerio de Justicia".
El "Boletín de Información del Ministerio de Justicia" dejará de publicarse en papel, pasando a ser su edición electrónica y quedando derogada la Orden de 11 de diciembre de 1943 que lo regulaba..
Su normativa básica la compondrán esta Orden y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, con sus normas de desarrollo.
Se publicará en la sede electrónica del Ministerio de Justicia.
Su consulta será libre y gratuita.
Su periodicidad y contenido será definido por la Subsecretaría de Justicia. En todo caso se publicarán las resoluciones a que se refiere el artículo 360 del Reglamento de la Ley del Registro Civil,
El primer ejemplar electrónico será el correspondiente a la primera quincena de marzo de 2009, cesando definitivamente su edición impresa.
ANDALUCÍA. Recurso de inconstitucionalidad nº 7258-2008, en relación con diversos preceptos de la Ley de Andalucía 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía.
Se acuerda mantener la suspensión de los arts. 4.b) y 16.3 de la Ley de Andalucía 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía y levantar la de los arts. 16.2 y 20.3 de la misma Ley.
PDF (BOE-A-2009-2272 - 1 pág. - 152 KB)
ABOGACÍA. Sentencia de 16 de diciembre de 2008, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que declara la nulidad del párrafo tercero del artículo 14.1 del Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, que regula la relación laboral de carácter especial de los Abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales y colectivos, que es del siguiente tenor: "No se computará a efectos de la duración máxima de la jornada de trabajo, sin perjuicio de su compensación económica, el tiempo que empleen los abogados en los desplazamientos o esperas, salvo que durante los mismos realicen actividades propias de su profesión. En los convenios colectivos se determinarán los supuestos concretos de desplazamientos y esperas que no se computarán a efectos de la duración máxima de la jornada".
PDF (BOE-A-2009-2163 - 1 pág. - 160 KB)
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Cuestiones de ilegalidad. Providencia de 23 de enero de 2009, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, sobre los epígrafes 861.1 y 861.2 del Anexo de las Disposiciones del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto de Actividades Económicas en lo que se refiere a la cuota estatal aplicable por el I.A.E. en los arrendamientos urbanos. Son dos.
PDF (BOE-A-2009-2164 - 1 pág. - 157 KB)
IMPUESTO DE DONACIONES. Providencia de 23 de enero de 2009, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sede Sevilla, sobre el artículo 38, Donación de Bienes Comunes de la Sociedad Conyugal, del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
PDF (BOE-A-2009-2165 - 1 pág. - 155 KB)
CONCURSO NOTARIAL. Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se convoca concurso para la provisión de notarías vacantes.
PDF (BOE-A-2009-2183 - 9 págs. - 631 KB)
CESE MINISTRO JUSTICIA. Real Decreto 239/2009, de 23 de febrero, por el que se dispone el cese de don Mariano Fernández Bermejo como Ministro de Justicia.
PDF (BOE-A-2009-3026 - 1 pág. - 152 KB)
NOMBRAMIENTO MINISTRO JUSTICIA. Real Decreto 240/2009, de 23 de febrero, por el que se nombra Ministro de Justicia a don Francisco Caamaño Domínguez.
PDF (BOE-A-2009-3027 - 1 pág. - 153 KB)
OPOSICIONES REGISTROS. Resolución de 17 de febrero de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba la lista provisional de solicitantes admitidos y excluidos a las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
Don Tesifón Joya Pérez, Registrador de la Propiedad de Almería nº 3.
El Notario de Gandía, don Julio Sabater Genovés.
El Notario de Puertollano, don Daniel Jesús Fernández Quirós.
1. DE NUEVO SOBRE LA HIPOTECA GLOBAL. Se plantea la regulación de la hipoteca global, en concreto los requisitos de la obligación para acogerse a la seguridad de la hipoteca, el vencimiento anticipado de una obligación garantizada por incumplimiento de otra u otras, los procedimientos ejecutivos de la misma y sus títulos, las consecuencias de la ejecución en orden a la subsistencia de la hipoteca, la posibilidad de cancelación en caso de pago de alguna obligación.
En anteriores seminarios surgieron dudas por el amplio grado de indeterminación que en la identificación de las obligaciones se admite por la dicción legal, se entiende que para que las mismas estén garantizadas con la hipoteca global. Pero esa amplia indeterminación puede afectar a la viabilidad de la figura en perjuicio del mercado, es decir, tanto en perjuicio de los acreedores como de los deudores.
Así, admitida una hipoteca en garantía de una pluralidad de obligaciones futuras, surge la duda de cómo ha de plasmarse esa obligación en el asiento para acceder al procedimiento directo de ejecución.
Atendiendo a la novedad de la figura, se ha llegado a considerar que la hipoteca así inscrita podrá ser objeto de ejecución sin necesidad de que el título de la obligación se halle inscrito en el Registro.
La respuesta, parece clara, en efecto se puede ejecutar, pero... si el título no es de los que lleva aparejada ejecución, el acreedor deberá ir al juicio declarativo, y si la lleva al ejecutivo ordinario, pero para acudir al procedimiento directo habrá de inscribirse previamente el título de la obligación conforme a los arts. 130 y 143 LH.
Sin la nota marginal del art. 143 LH no parece que pueda el acreedor hipotecario ejecutar la hipoteca en garantía de esa obligación por el procedimiento directo de ejecución, pero es que sin la constancia del título que motiva la ejecución en el Registro es dudoso incluso el que pueda admitirse la ejecución de la hipoteca, conservando, por tanto, la prioridad, por el procedimiento declarativo.
Lo que es claro es que no es posible acudir al procedimiento directo de ejecución sin que se haga constar en el asiento conforme al art. 143 LH la obligación que se ejecuta y ello por imperativo del art. 130 LH.
En cuanto al vencimiento anticipado de una obligación garantizada por incumplimiento de otra u otras, dentro del ámbito del contrato por negociación se admite la llamada cláusula cross default según la cual se produce el vencimiento anticipado de la obligación por incumplimiento de otras contraídas con terceros, por lo que no habría dificultad para admitir el vencimiento anticipado por incumplimiento por el deudor de otras obligaciones nacidas por otros contratos con el mismo acreedor, salvo que, conforme al art. 1129.1º CC se garantice la deuda.
El supuesto, sin embargo, no es fácil de precisar, ya que la casuística que admite es variada. Primero se trata del vencimiento anticipado de una obligación por incumplimiento de otra nacida de otro título entre los mismos acreedor y deudor.
Después, la aplicación del art. 1129.1º CC como precepto que prevé un caso en el que no opera el vencimiento anticipado nos exige determinar cual es la deuda que ha de garantizarse, lo que nos llevará a estudiar distintos supuestos según que ambas deudas estén o no previamente garantizadas.
Mayores dificultades entrañaría esta cláusula en el contrato por adhesión, pero creemos que la figura de la hipoteca global tiene sentido principalmente en las relaciones entre empresas más que con los consumidores, aunque la L. 41/2007 no impida su aplicación a estos.
Una dificultad mayor para una cláusula de ese tipo y en general del vencimiento anticipado en la hipoteca global, se encuentra en la imposibilidad de que se produzca el mismo respecto de las obligaciones futuras o respecto de créditos ilíquidos o eventuales.
También surgen dudas sobre si la ejecución de la hipoteca ha de ser por el importe total de la deuda garantizada o por parte, que efectos tiene el pago de alguna de las obligaciones garantizadas y sobre las consecuencias de la ejecución en orden a la subsistencia de la hipoteca.
Así cabe plantearse si en la ejecución por una obligación garantizada de pequeña cuantía en relación con el total de la deuda garantizada, se actúa toda la garantía o parte.
En esta hipoteca, llena de paradojas, se producen dos que son la una el reflejo de la otra. Por una parte, aunque se pague la obligación no se puede cancelar la parte correspondiente de la garantía, por otra, cuando se ejecute una obligación, por pequeña que sea en relación con la responsabilidad hipotecaria, con adjudicación del inmueble en el procedimiento de realización de valor, se cancelará la hipoteca en su totalidad.
Ello llevará a los deudores a recelar de una figura que les promete completa sujeción pese al cumplimiento puntual de sus obligaciones y a los acreedores también, también les llevará a recelar, porque o esperan a que el deudor les deba una buena cantidad o no podrán ejecutar la hipoteca por incumplimientos pequeños respecto de la responsabilidad hipotecaria total so pena de quedarse sin garantía.
Se incluye en este informe un par de textos breves, estando el resto en archivo aparte.
La Orotava, Santa Fé, Bilbao, La Laguna, Lugo, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino, Arucas y Boltaña, a 2 de marzo de 2009.
Visita nº desde el 2 de febrero de 2009