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Timestamp: 2019-10-16 00:27:16
Document Index: 88057768

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 103', 'artículo 84', 'artículo 71', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 22', 'artículo 71', 'artículo 84', 'artículo 39', 'artículo 4', 'artículo 71', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 71', 'artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 70', 'artículo 84', 'artículo 5', 'artículo 22', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 2']

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Boletín Nº 278 del lunes 30 de noviembre de 2015
Anuncio. Aprobación definitiva de la ordenanza para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y prestación de determinados servicios del Ayuntamiento de Piloña.
El Pleno del Ayuntamiento de Piloña, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2015, adoptó, entre otros, el acuerdo relativo a la Aprobación Provisional de la Ordenanza para el Ejercicio de Actividades Comerciales Minoristas y Prestación de determinados Servicios en el término municipal de Piloña.
El acuerdo referido se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 231 de fecha 5 de octubre de 2015, no habiéndose presentado alegaciones a la misma en el plazo reglamentario.
De conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local que dispone que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, procede la publicación del texto íntegro de la referida Ordenanza:
“ORDENANZA PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS Y PRESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, referida a los servicios en el mercado interior ha dado lugar, con motivo de su transposición, tanto a la modificación del marco normativo regulador de aspectos relacionados con la libertad de establecimiento y la prestación de servicios como a la configuración de un nuevo marco jurídico que ha transformado aspectos esenciales del procedimiento administrativo. En este sentido, se han modificado varios aspectos sustanciales de la normativa reguladora de la concesión de licencias con la finalidad de agilizar y simplificar su tramitación, para impulsar el principio de eficacia que consagra la Constitución Española en su artículo 103 así como el principio de celeridad señalado en los artículos 74 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Concretamente, en relación con el régimen local, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, modificó el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al objeto de someter los actos de control preventivo de ámbito municipal a sus principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad, así como de integrar en la misma los nuevos medios de intervención. Éstos, a su vez, se incorporan también en el mismo proceso de adecuación a la Ley 17/2009 y para todas las Administraciones Públicas a través del nuevo artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluidas las facultades de comprobación.
Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, sienta los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas y avanza un paso más en el ámbito municipal, modificando nuevamente la citada Ley 7/1985, de 2 de abril. Concretamente, los artículos 84, 84 bis y 84 ter, establecen, con carácter general, la inexigibilidad de licencia u otros medios de control preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que resultase necesario para la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-artístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público.
En concreto, El artículo 84 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece los siguientes medios de intervención de las entidades locales en la actividad de los ciudadanos:
a) Ordenanzas y bandos. b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable. d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo, determinando en su punto 2.º que la actividad de intervención de las entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. Y en el punto 3.º determina que las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades Locales, respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.
El artículo 84 bis establece que con carácter general el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. Pero que, no obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.
Por su parte el artículo 84 ter establece que “cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entidades locales deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los interesados previstos en la legislación sectorial”.
Igualmente, el artículo 22 del Reglamento de Servicios, Decreto de 17 de junio de 1955, también ha sido modificado para adaptarse a la Directiva de Servicios y a la normativa de transposición, conteniendo que «la apertura de establecimientos industriales y mercantiles podrá sujetarse a los medios de intervención municipal, en los términos previstos en la legislación básica en materia de régimen local y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Que la intervención municipal tenderá a verificar si los locales e instalaciones reúnen las condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, y las que, en su caso, estuvieren dispuestas en los planes de urbanismo debidamente aprobados.
Y que cuando, con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un inmueble se destinara específicamente a establecimiento de características determinadas, no se concederá el permiso de obras sin el otorgamiento de la licencia de apertura si fuere procedente».
Como se ha señalado antes, estos nuevos medios de intervención para el conjunto de Administraciones Públicas, se incorporaron a través del artículo 71. Bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que crea dos nuevas figuras en el régimen jurídico, la declaración responsable y la comunicación previa. Éstas se diferencian de la autorización o licencia previa en que el control administrativo se produce tras su presentación, es decir con carácter posterior al inicio de la actividad, tal como habíamos visto se concretaba en el artículo 84.ter de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En la línea que marcan los principios de buena regulación, la labor de revisión y evaluación debe continuar aplicando el juicio de necesidad y proporcionalidad también para establecer el medio más adecuado de control ex post. En este sentido, la declaración responsable se justificará si se establecen requisitos para el titular del establecimiento/actividad de cuyo cumplimiento se responsabiliza durante toda la vigencia de la misma y que, por razones del interés general que se pretende proteger, determinan un procedimiento de comprobación ulterior más estricto que el régimen de comunicación previa. Este último debe quedar reservado para aquellas actuaciones que no entrañan medidas de control porque éste ya se ha realizado en otra actuación previa o porque no se producen modificaciones respecto a la situación anterior o por la necesidad de mantener un control sobre el titular de la actividad por motivos de protección de los derechos de los destinatarios de los bienes y servicios que se producen o prestan en el establecimiento.
La base jurídica para el control a posteriori se perfecciona con las previsiones establecidas en el apartado 2.º del artículo 39.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que preceptúa que las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan.
Un paso más en este proceso de supresión de trabas administrativas y de simplificación que ha supuesto un nuevo impulso para el ejercicio de actividades económicas se produce con la aprobación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, que en su artículo 4.º.1 establece que las licencias previas que de acuerdo con los artículos anteriores de dicha Ley no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, o bien por comunicaciones previas, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Más reciente aún, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en su Disposición Final séptima, modifica el apartado 1.º de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, aumentando de 300 a 500 metros cuadrados la superficie útil de exposición y venta al público a las actividades comerciales minoristas y de prestación de determinados servicios previstos en la misma. Añadiendo, en el apartado Dos de la misma, nuevas actividades a las ya recogidas en el anexo de dicha Ley 12/2012.
La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado,, en su Disposición Final Tercera modifica el apartado 1 del Art. 2 de la Ley 12/2012 queda con la siguiente redacción “las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de esta Ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados”.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, modifica el Art. 84.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del régimen local, que queda redactado de la forma siguiente “1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.
3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente.”
Adicionalmente la Disposición adicional primera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, en su punto 3, explicita que se promoverá la implantación de mecanismos de tramitación electrónica en las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, con el fin de reducir las cargas administrativas y eliminar ineficiencias.
Esta Ordenanza se elabora para dar cumplimiento a dichos mandatos. Se pretende, establecer un modelo bajo una clara orientación hacia la simplificación y a la reducción de cargas, para facilitar y agilizar la puesta en marcha de actividades económicas en el ámbito municipal.
Con relación al régimen sancionador, según la disposición final decimotercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, se establece que el Gobierno, en el plazo de un año, presentará un proyecto de ley, que regule las infracciones y sanciones aplicables a los casos de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley que regirá lo dispuesto en términos de infracciones y sanciones derivadas de los actos de comprobación e inspección de esta ordenanza.
En tanto dicha norma sea aprobada, se aplicará el régimen previsto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sobre tipificación por las Entidades Locales en determinadas materias.
Un aspecto que es preciso tener en consideración, máxime en el contexto actual de reducción de los ingresos recaudados resultante de la gestión de los tributos propios, es el referido a la aplicación de los tributos. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 103, respectivamente, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, según modificación introducida por la disposición final primera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, el hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras está constituido por la realización de cualquier actuación de las señaladas para las que se exija licencia de obra o presentación de declaración responsable o comunicación previa y que una vez practicada liquidación provisional a cuenta, en base al presupuesto declarado o, en su caso, presentado, por los interesados, finalizada la construcción, instalación u obra y teniendo en cuenta el coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará la base imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándose, en su caso, la cantidad que corresponda.
En este sentido, la citada disposición final primera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, modifica también el artículo 20.4 letras h) e i) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y contempla, igualmente, y con el mismo carácter facultativo, la posibilidad de establecer tasas para gravar la realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa.
El procedimiento establecido en la presente Ordenanza se aplicará a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo II, realizados a través de establecimientos permanentes y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados. Quedan al margen de este procedimiento las actividades que tengan impacto en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público y las desarrolladas en los mencionados establecimientos que tengan impacto sobre el patrimonio histórico-artístico, por lo que quedan excluidas las actividades y obras que ese realicen en el ámbito del Catálogo Urbanístico del Concejo de Piloña aprobado por CUOTA el 10.10.2013 (BOPA de 9.01.2014).
Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios definidos en el párrafo anterior, no será exigible la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente. Tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios. En estos casos será exigible comunicación previa a la administración competente a los solos efectos informativos. No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. La inexigibilidad de licencia de obras señalada no regirá respecto de las obras de edificación que fuesen precisas conforme al ordenamiento vigente, las cuales se seguirán regulando, en cuanto a la exigencia de licencia previa, requisitos generales y competencia para su otorgamiento, por su normativa correspondiente.
Las licencias previas que, de acuerdo con los expositivos anteriores, no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, o bien por comunicaciones previas, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo. La declaración responsable, o la comunicación previa, deberán contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite y del proyecto cuando corresponda. Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad o en el mismo local en que ésta se desarrolla, las declaraciones responsables, o las comunicaciones previas, se tramitarán conjuntamente.
Así a través de la presente Ordenanza se trata de poner en marcha estos nuevos procedimientos para facilitar las relaciones entre el ciudadano y la Administración a través de la simplificación de trámites administrativos en el ejercicio de actividades comerciales minoristas y prestación de determinados servicios.
En esta misma dirección el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 31 de julio de 2014 aprobó la adhesión del Ayuntamiento de Piloña a la Plataforma Electrónica de intercambio de información denominada Emprende en 3 así como el modelo de declaración responsable previsto en la Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la citada plataforma.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los procedimientos de declaración responsable o comunicación previa exigidos para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales minoristas y de servicios inocuos no sometidos a lo establecido en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, regulando el régimen jurídico aplicable a los establecimientos o locales que, ubicados en el municipio de Piloña pretendan el desarrollo de las actividades incluidas en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, regulando también las instalaciones y obras comprendidas dentro de requisitos precisos para el ejercicio de dichas actividades. Asimismo las instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas, establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, con los condicionantes establecidos en la misma, así como aquellas otras modificaciones que se pudieran realizar conforme a la Disposición Final Octava de la citada Ley, debiendo incluir las ya efectuadas a través de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la Ley 20/2013 de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado que en su Disposición Final Tercera modifica el apartado 1 del Art. 2 de la Ley 12/2012 con la siguiente redacción “las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de esta Ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados”.
La finalidad de esta Ordenanza es impulsar y dinamizar la actividad económica, así como facilitar la puesta en marcha de determinadas actividades comerciales y de prestación de servicios, mediante la eliminación de cargas y restricciones administrativas que afectan al inicio y ejercicio de las citadas actividades.
En los casos de las actividades y servicios, sus instalaciones y determinadas obras previas ligadas a las actividades o servicios y sujetos a declaración responsable, se garantiza que la persona que realiza la declaración se responsabilice del cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, medioambientales y sanitarias, de confortabilidad, de los niveles de ruidos y vibraciones, de las obligaciones derivadas de las normas de edificabilidad, urbanismo, emergencias y cuantas obligaciones se determinen por la normativa específica, general y sectorial, reguladora de la actividad.
La presente ordenanza se aplicará a:
1. Las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo II, realizados a través de establecimientos permanentes y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados. Quedan al margen de este procedimiento las actividades que tengan impacto en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público y las desarrolladas en los mencionados establecimientos que tengan impacto sobre el patrimonio histórico-artístico, por lo que quedan excluidas las actividades y obras que ese realicen en el ámbito del Catálogo Urbanístico del Concejo de Piloña aprobado por CUOTA el 10.10.2013.
Quedan comprendidas igualmente dentro del ámbito de aplicación de esta Ordenanza las obras enumeradas en el anexo II que se realicen en dichos establecimientos, cuando no queden excluidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3; es decir, cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación ni tengan la consideración de obras mayores, de conformidad con el Plan General de Ordenación de Piloña.
A efectos de que sea tenido en cuenta por los particulares en la aplicación de esta Ordenanza, indicar que requerirán de un proyecto de obra (y consecuente licencia de obras previa) las siguientes que se efectúen:
d) Asimismo, y en caso de duda, corresponderá al Ayuntamiento la facultad de determinar si se trata o no de obras menores, exigiendo en cada caso los requisitos que estime convenientes.
2. A los procedimientos relacionados con la comunicación, comprobación e inspección relativos con la instalación, puesta en marcha, inicio y ejercicio de las actividades industriales, comerciales y la prestación de los servicios previstos en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la liberalización del comercio y de determinados servicios, realizados en establecimientos permanentes y situados en cualquier parte del término municipal de Piloña, con estricto cumplimiento del planeamiento urbanístico, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a la ya referida que se determina en dicha Ley.
3. Actividades que, con las adiciones efectuadas por la Ley 14/2013 de 27 septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización se enumeran, como se indicó, en el anexo II de la presente Ordenanza.
Artículo 3.—Exclusiones.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza los siguientes establecimientos, actividades y obras, que se ajustarán a lo establecido en la normativa sectorial aplicable.
1. Las obras que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, o que requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
2. Las obras cuya competencia y control previo corresponda a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Ordenanza aquellas actividades que presenten alguna de las siguientes características:
a. Aquellas actividades cuyo establecimiento se encuentre afectado a bienes, conjuntos o entornos integrantes del Patrimonio Cultural del municipio de Piloña o sobre edificaciones incluidas en el catálogo municipal.
b. Las actividades cuyo ejercicio suponga la afectación o impliquen uso privativo de bienes de dominio público.
c. La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos.
d. Los establecimientos físicos situados en puestos de mercado de abastos municipales, así como los ubicados en instalaciones, parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas públicas, que se encuentren dentro de la parcela o conjunto residencial y sean gestionados por éstos, por entenderse implícita la licencia en la adjudicación del puesto, sin perjuicio de garantizar su sometimiento a la normativa medioambiental e higiénico-sanitaria que le sea de aplicación.
e. Los quioscos para la venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros de naturaleza análoga situados en los espacios de uso público del municipio.
f. Aquellas otras actividades que superen los umbrales indicados en la presente Ordenanza.
Artículo 4.—Definiciones.
a. Declaración Responsable:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio
En el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, la declaración responsable deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación administrativa y técnica que así lo acredite.
b. Comunicación Previa:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre es el documento suscrito por persona interesada en el que pone en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o inicio de una actividad, conforme con lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
c. Control a posteriori:
Con este procedimiento se da cumplimiento al requisito establecido en el artículo 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen local, y se materializa la actuación para la verificación posterior del cumplimiento de los extremos que ha declarado el interesado, o en su caso ha comunicado con carácter previo, y de los requisitos precisos establecidos en la legislación sectorial para el ejercicio de la actividad declarada o comunicada. Asimismo, el artículo 5 de la Ley 12/2012, habilita a las entidades locales a regular este procedimiento
Puede comprender actuaciones de comprobación e inspección.
d. Comprobación:
Consiste en la constatación por parte de los Servicios Técnicos cualificados adscritos al Ayuntamiento, de que la actividad declarada se encuentra dentro de los supuestos sujetos a Declaración Responsable, o Comunicación Previa, y que cumple con los requisitos exigidos para el desarrollo de la actividad y consiste en la confirmación o prueba de la existencia y veracidad de los datos aportados.
e. Inspección:
Es la verificación de lo manifestado en la Declaración Responsable o Comunicación Previa y en la documentación disponible, y podrá realizarse por personal técnico cualificado adscrito al Ayuntamiento y será preceptiva mediante una visita in situ.
f. Actividad Económica:
Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que consiste en la producción de bienes o prestación de servicios sujeta a los medios de intervención municipal conforme a lo previsto en el artículo 22.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
Régimen jurídico de actuaciones sujetas a declaración responsable
Artículo 5.—Procedimiento de tramitación de declaración responsable.
I. El interesado que pretenda realizar una actividad y/o una obra de acondicionamiento del local en el que se ejercerá la citada actividad siempre que la misma se encuentre incluida en el ámbito de aplicación de de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y por tanto en el anexo II de la presente Ordenanza, y no requiera proyecto conforme a lo dispuesto en el Art. 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, deberá presentar ante el Ayuntamiento de Piloña por cualquiera de los medios previstos en el Art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común o a través de la plataforma informática de intercambio de datos Emprende en 3, un documento suscrito denominado declaración responsable conforme al modelo que incorpora el anexo I a la presente resolución. La presentación habilitará desde ese mismo momento para el inicio y desarrollo de la actividad o servicio, así como a la ejecución de la obra declarada, siempre que en la comunicación consten todos los datos requeridos en el modelo correspondiente. La presentación de la declaración responsable no prejuzga en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que al Ayuntamiento le atribuye la normativa sectorial aplicable.
Artículo 6.—Actividad municipal de comprobación de la declaración responsable.
1. Una vez presentada la declaración responsable, se comprobará por el personal municipal que el modelo de declaración aportado no presenta deficiencia, omisión o inexactitud de un dato o requisito. Así podrá suceder que:
— La declaración no presenta deficiencia, omisión o inexactitud por lo que procedería realizar la visita de inspección en la fase de verificación.
— La declaración presenta deficiencias, omisiones o inexactitudes por lo que se exigirá al interesado el cumplimiento de los trámites previstos con carácter general en el Art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuya virtud, cuando se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días hábiles para cumplimentarlo declarándose decaído de sus derechos al interesado si no lo cumplimentara. En este caso se comunicará al interesado la ineficacia de la declaración responsable presentada de modo que éste no queda habilitado para el ejercicio de la actividad o la ejecución de la obra relacionada con la declaración responsable. En el caso de que transcurra el plazo otorgado para la subsanación sin que ésta se haya producido, se dictará resolución por el órgano competente en la que se hará constar dicha circunstancia y se ordenará la ineficacia de la declaración responsable y en su caso el cese en el ejercicio de la actividad.
— Que la actividad declarada o, en su caso, la obra ejecutada no se encuentre entre los supuestos sujetos a declaración responsable, siendo necesaria la obtención de licencia previa. En este supuesto, previo informe técnico donde se hará constar esta circunstancia, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días alegue lo que estime oportuno. Se emitirá nuevo informe técnico sobre las alegaciones que en su caso se presenten y, a la vista de los informes y de las alegaciones, se dictará resolución, según proceda, declarando conforme la declaración responsable presentada o bien declarando la ineficacia de la misma, concediendo plazo para la solicitud de la correspondiente licencia al tiempo que se ordena la suspensión cautelar de la actividad.
Artículo 7.—Actividad municipal de verificación de la declaración responsable.
1. Una vez finalizado el trámite anterior se procederá a realizar la verificación y comprobación de la actividad in situ.
2. Los servicios técnicos municipales informarán acerca de la adecuación material de los usos y obras a la declaración responsable y a la legislación aplicable. Asimismo comprobarán la efectiva existencia de la documentación acreditativa que proceda.
De las actuaciones de inspección se levantará acta que tendrá en todo caso la consideración de documento público y tendrá el valor probatorio correspondiente en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los administrados. El acta deberá contener al menos:
a) La identificación del titular de la actividad.
b) La identificación del establecimiento y la actividad.
c) La fecha y hora de la inspección, identificación de las personas de la administración actuantes y de las que asistan en representación del titular de la actividad.
d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e incidencias se consideren relevantes.
e) La constancia, en su caso, del último control realizado Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado.
f) Las manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que lo solicite.
g) Otras observaciones.
h) Firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a firmar el acta.
En todo caso se entregará copia del acta al interesado.
3. La inspección puede resultar favorable o desfavorable.
a. El resultado de la inspección será favorable en el caso de que la actividad declarada y verificada se ejerza de acuerdo con la normativa y con los requisitos que son exigibles. En este caso, el procedimiento finalizará con la entrega de copia del acta al interesado. b. El resultado de la inspección puede ser condicionado en el caso de que se deban aplicar medidas correctoras. Cuando el resultado de la inspección sea condicionado el acta recogerá los siguientes extremos: las medidas correctoras que deban adoptarse y su motivación y el plazo concedido para que proceda a la adopción de las mismas, con la advertencia expresa de que transcurrido el plazo anterior sin que se haya procedido a la adopción de las medidas correctoras se acordará por el órgano competente la suspensión cautelar de la actividad hasta tanto se cumplan. Una copia del acta se entregará al interesado. Durante el plazo concedido el interesado podrá efectuar las alegaciones que considere oportunas en cuyo caso el acuerdo del órgano competente que decida sobre la suspensión de la actividad se pronunciará sobre las mismas. Transcurrido el plazo para la adopción de las medidas correctoras se realizará nueva visita de verificación de la que se levantará acta. Si las medidas han sido correctamente adoptadas el procedimiento finalizará con la entrega de la copia del acta al interesado. Si las medidas no hubieran sido adoptadas se actuará conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente.
c. El resultado de la inspección será desfavorable en el caso de que la actividad muestre irregularidades sustanciales y/o insubsanables. La condición de sustancial y/o insubsanable deberá hacer constar de manera expresa en el acta de inspección haciendo constar que se han detectado y comprobado inexactitudes, falsedades u omisiones de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, indicando que por el órgano competente del Ayuntamiento de Piloña se determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. En el acta de inspección desfavorable constará igualmente que la resolución del órgano competente que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al conocimiento o a al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente. En todo caso se entregará copia del acta de inspección desfavorable al interesado y se le otorgará plazo para la formulación de alegaciones. A la vista del acta, de las alegaciones presentadas y de los informes jurídicos que pudieran solicitarse, el órgano competente resolverá acerca de la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada así como la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al conocimiento o a al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Artículo 8.—Procedimiento de tramitación para la comunicación de cambio de titularidad o cese de actividades existentes.
I. El interesado que pretenda realizar una actividad que ya se viniera realizando por otro titular conforme a la legislación vigente o que quisiera comunicar el cese de la misma, siempre que la misma se encuentre incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y por tanto en el anexo II de la presente resolución, deberá presentar ante el Ayuntamiento de Piloña por cualquiera de los medios previstos en el Art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común o a través de la plataforma informática de intercambio de datos Emprende en 3, un documento suscrito denominado comunicación previa conforme al modelo que incorpora el anexo I a la presente resolución.
II. Una vez presentada la comunicación previa se verificará por el personal municipal que el modelo aportado no presenta deficiencia, omisión o inexactitud de un dato o requisito. Así podrá suceder que:
— La comunicación no presenta deficiencia, omisión o inexactitud.
— La comunicación presenta deficiencias, omisiones o inexactitudes por lo que se exigirá al interesado el cumplimiento de los trámites previstos con carácter general en el Art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuya virtud, cuando se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días hábiles para cumplimentarlo declarándose decaído de sus derechos al interesado si no lo cumplimentara.
III. Una vez la comunicación esté completa se anotará diligencia del órgano competente tomando conocimiento del cambio de titularidad o cese comunicado.
Se faculta a la Alcaldía o Concejal delegado, en su caso, para:
a) La aprobación y modificación de la relación de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza de acuerdo con las previsiones reguladas en el artículo 2 de la misma.
b) La aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados solicitud, comunicación previa, declaración responsable, actas de inspección y la correspondiente definición del procedimiento así como de la documentación a aportar o a conservar en el establecimiento con indicación expresa del contenido de la misma, todo ello en aras al efectivo desarrollo de esta Ordenanza, así como con el fin de recoger las determinaciones de las nuevas disposiciones que vayan promulgándose con incidencia en la materia.
c) Ampliar o reducir dichos Anexos, incorporando o eliminando los aspectos que estime necesarios para el mejor desarrollo de esta norma.
d) Dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en la presente ordenanza.
La aprobación de modificaciones se llevará a cabo siempre que las mismas sean preceptivas para adecuar el procedimiento y garantizar el cumplimiento de la normativa estatal y/o autonómica, estableciéndose como requisito para su aprobación que las mismas supongan una reducción de cargas administrativa y/o favorezcan una mayor simplificación y agilización del proceso. En este sentido se acompañará al expediente informe justificativo en el que se motive el cumplimiento de los requisitos establecidos para la realización de modificaciones.
En relación con las solicitudes de licencias o autorizaciones formuladas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, y que tengan por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones que fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud. No obstante, el interesado podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y, de este modo, optar por la aplicación de la nueva normativa en lo que procediese y continuar la tramitación de los mismos por los procedimientos o regímenes regulados en la presente ordenanza siempre que de forma expresa desistan de la tramitación de su expediente anterior, lo comuniquen al Ayuntamiento y aporten la nueva documentación que se exija en cada uno de los procedimientos indicados en esta ordenanza.
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ordenanza.
Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes a su completa publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
ACTIVIDADES Y SERVICIOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE Y/O COMUNICACIÓN PREVIA
El procedimiento establecido en la presente resolución se aplicará a las actividades señaladas en este anexo siempre que se realicen en establecimientos permanentes cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados y no se encuentren en el ámbito de aplicación del Catálogo Urbanístico del Concejo de Piloña.
Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c.o.p. (Este epígrafe comprende la fabricación de objetos, tales como artículos religiosos; artículos de marfil, ámbar, hueso, cuerno, nácar, coral, etc.; artículos en cera, parafina, pastas de modelar y similares; artículos para fumador; pantallas para lámparas; estatuas, figurines, maniquíes, etc.; artículos de lujo para adorno. De este epígrafe quedarán excluidos de la aplicación de lo dispuesto en esta norma los talleres de taxidermia, naturalistas, de disecar, preparaciones anatómicas y otras industrias manufactureras diversas no especificadas anteriormente).
Epígrafe 691.9.Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. Nota: Este epígrafe comprende la reparación de bienes de consumo no especificados en los epígrafes anteriores de este grupo, tales como reparación de calzado y artículos de cuero y similares, así como la venta en pequeñas cantidades, con aplicación al calzado de betunes, cremas, trencillas, plantillas, calzadores y efectos análogos, suelas y tacones de goma, reparación de relojes, restauración de obras de arte y antigüedades, reparación y conservación de máquinas de escribir, máquinas de coser y hacer punto, aparatos fotográficos y ópticos, instrumentos de música, juguetes, cuchillos, tijeras, paraguas, plumas estilográficas, muebles, etc. Asimismo este epígrafe faculta para el duplicado de llaves.
Epígrafe 843.1. Servicios Técnicos de Ingeniería
OBRAS SUJETAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE Y/O COMUNICACIÓN PREVIA (OBRAS MAYORES)
Se solicitará licencia de obra mayor para la adecuación de local o establecimiento para el inicio y ejercicio de actividades comerciales minoristas y de determinados servicios que de acuerdo con el Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación (LOE) precisan Proyecto de Obra, que estén relacionadas con el inicio o el ejercicio de una actividad comercial o de determinados servicios:
Conforme al art. 564 Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU):
• Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
• Obras que precisen proyecto de obra y cuyo objetivo sea la modificación del uso de los edificios e instalaciones en general, sin realizarse simultáneamente obras de reforma o ampliación, así como los cambios de titularidad de locales relacionados con actividades comerciales minoristas y prestación de determinados servicios en los supuestos en los que se cambie el uso.
Se tramitará la concesión de la licencia municipal de obra mayor de adecuación de local.
Para la tramitación de solicitudes de licencia, comunicaciones previas y declaraciones responsables e inspecciones periódicas de la actividad, se considera necesario aportar la siguiente documentación técnica:
Documentación tras la finalización de obras:
— Si se han realizado obras, es obligatorio comunicar al Ayuntamiento por escrito la finalización de las mismas mediante modelo normalizado de declaración responsable, en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, tanto que ha finalizado la obra como que inicia la actividad inocua.
— Si el presupuesto de las obras inicialmente presentado ha sufrido modificaciones (bien al alza como a la baja) se presentará el nuevo presupuesto.
En ese momento también podrá presentar la declaración responsable de inicio de actividad, o en su caso, el de cambio de titularidad.
OBRAS SUJETAS A DECLARACIÓN RESPONSABLE Y/O COMUNICACIÓN PREVIA (OBRAS MENORES)
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIÓN PREVIA EN MATERIA URBANÍSTICA
Se consideran obras menores aquellas caracterizadas por su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica, consistiendo normalmente en pequeñas obras de simple reparación, decoración, ornato o cerramiento, que no requieran Proyecto Técnico de edificación en aplicación del artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.
Concretamente, las efectuadas en los establecimientos en los que se vaya a iniciar o se ejerza una actividad comercial o de determinados servicios y que cumplan alguno de los siguientes requisitos (conforme art. 564.2 del ROTU):
• Aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
• Las que no supongan obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
• Las que no impliquen la modificación del uso de los edificios e instalaciones en general, sin realizarse simultáneamente obras de reforma o ampliación, así como los cambios de titularidad de locales relacionados con actividades comerciales minoristas y prestación de determinados servicios en los supuestos en los que no se cambie el uso.
• Aquellas que estén relacionadas con alguna de las actividades incluidas en este procedimiento de inicio y ejercicio de actividades comerciales y de determinados servicios.
Se entregará la documentación recogida en el cuadro, en función del trámite a realizar y uso de la actividad:
CAMBIO DE TITULARIDAD ACTIVIDADES INOCUAS Y MOLESTAS INCLUIDAS EN EL REAL DECRETO-LEY 19/2012
Documentación técnica necesaria para la formalización de la comunicación del Cambio de Titularidad.
En Infiesto, a 19 de noviembre de 2015.—El Alcalde.—Cód. 2015-16919.