Source: https://es.scribd.com/doc/67835989/DICCIONARIO-JURIDICO-MEXICANO-TOMO-I
Timestamp: 2020-07-13 02:06:59
Document Index: 62179399

Matched Legal Cases: ['Artículo 27', 'artículo 86', 'artículo 212', 'artículo 111', 'artículo 19', 'artículo 47', 'artículo 51', 'artículo 250', 'artículo 46', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 30', 'artículo 73', 'artículo 89', 'artículo 97', 'artículo 131', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 214', 'artículo 214', 'artículo 214']

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INSTITUTO DI INVESTIGACIONES JURIDICÑS
JURIDICO MEXICANO
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DICCIONARIO JURIIMCO MEXICANO TOMO 1 A-B
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Serie E: VARIOS, Núm. 18 Esta edición fue financiada por la
"Fundación Jorge Sánchez Cordero"
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO México, 1982
Primera edición: 1982 DR © 1982, Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria, 0410 México, D.F. Inatituto de Investigaciones Jurídicas Impreso y hecho en México
COMITETECN1CO
Presidente: Jorge Carpizo Secretario: Jorge Adame Goddard %iiembros: Jorge Barrera Graf, Héctor Fix-Zamudio Gerardo Gil Valdivia, Eugenio Hurtado Márquez, Jorge Madrazo
Derecho administrativo: José Othón Ramírez Gutié- rrez Derecho agrario: José Barragán Barragán Derecho civil: Alicia Elena Pérez Duarte y N. y Jorge A. Sánchez-Cordero Dávila Derecho constitucional: Jorge Carpizo y Jorge Ma- drazo Derecho económico: Marcos Kaptan Derecho fiscal: Gerardo Gil Valdivia Derecho internacional privado: Claude l3elair \1. Derecho internacional público: Ricardo Méndez Silva Derecho del mar: Alberto Székely Derecho mercantil: Jorge Barrera Graf Derecho penal: Sergio García Ramírez y Gustavo Malo Camacho Derecho procesal: Héctor Fix-Zamudio Derecho del trabajo y seguridad social: Santiago Bara- jas Montes de Oca Historia del derecho: M5. del Refugio González Teoría general y filosofía del derecho: Ignacio Carri- llo Prieto
Abascal Zamora, José María Aeosta Romero, Miguel Adame Goddard, Jorge Aguayo González, Olga Leticia Arnáiz Amigo, Aurora Arroyo Ramírez, Miguel Barajas Montes de Oca, Santiago Barquín Alvarez, Manuel Barragán Barragán, José Barrera Graf, Jorge Belair M., Claude Bernal, Beatriz Cámara Bulo, Josefina Campuzano, Claudia Carpizo, Jorge Cornejo Certucha, Francisco rSl. Correa García, Sergio Casacov Belaus, Gustavo Díaz Bravo, Arturo Esquivel Avila, Ramin Fix-Zamudio, Héctor Flores García, Fernando Galindo Garfias, Ignacio García Mend.ieta, Carmen García Moreno, Víctor Carlos Gil Valdivia, Gerardo Góngora Pimentel, Genaro González, Ma. del Refugio González Ruiz, Samuel Antonio González Uribe, Héctor Hernández Espíndola, Olga
COLABORADORES DE ESTE TOMO
Hurtado Márquez, Eugenio Kaplan, Mareos Labariega V., Pedro A. Lions, Monique López Pacheco, José Luis Madrazo, Jorge Malo Camacho, Gustavo Marcó del Pont, Luis Márquez Pifero, Rafael Medina Lima, Ricardo Méndez Silva, Ricardo Moreno González, Luis Rafael Moreno Hernández, Moisés Nava Negrete, Alfonso Ovalle Favela, José Pa tiño Cam arena, Javier Pérez Duarte y N., Alicia Elena Ramírez Gutiérrez, José Othón Ramírez Reyiioso, Braulio Sánchez-Cordero Dávila, Jorge A. Santes Magaña, Graciela Rocío Santos Azuela, Héctor Sehroeder Cordero, Francisco Arturo Siqueiros, José Luis Soberanes Fernández,.] osé Luis Székely, Alberto Trigueros G., Laura Vázquez Arminio, Fernando Vázquez Pando, Fernando Alejandro Vidal Riveroli, Carlos Witker V., Jorge
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con agrado y entusias-
mo, presenta el primer tomo de su Diccionario Jurídico Mexicano.
Esta obra está redactada por los investigadores del Instituto y por profesores vinculados con nuestra depen- dencia universitaria; constituye un proyecto colectivo del Instituto, se programó y ejecutó por los miembros de su personal académico. En nuestro Instituto, los investigadores realizamos los proyectos de investigación que proponemos y, en su ca- so, aprueban los órganos académicos colegiados, contribuimos con material para las publicaciones periódicas de la dependencia y participamos en los proyectos colectivos. Dentro de este último sector se enmarca la presente obra que se editará en varios volúmenes. Así, el Diccionario Jurídico Mexicano representa el último esfuerzo académi- co colectivo del personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La Dirección del Instituto propuso el proyecto del Diccionario a un grupo de investigadores que posteriormen- te constituyó el Comité Técnico del mismo. Ellos acogieron con agrado la idea y en una serie de reuniones se discutieron los criterios generales que después formaron parte del documento que se repartió a todos los colabora- dores del Diccionario para precisarles qué objetivos se perseguían y las reglas que se debían seguir para lograr la unidad de la obra. El Comité Técnico designó a los coordinadores de las diversas materias jurídicas, quienes se responsabilizaron de escoger a sus colaboradores, previa consulta con el Comité Técnico, y del nivel académico de las respectivas voces. Los créditos a todos los que intervinieron en la elaboración de este volumen se señalan en las primeras páginas y a todos ellos quiero expresaxles mi gratitud por su colaboración. El doctor Jorge Adame Goddard y el señor Eugenio Hurtado Márquez fueron la columna vertebral de este proyecto. A ellos, en forma muy especial, mi profundo agradecimiento. Las finalidades que este Diccionario persigue son proporcionar al lector una descripción tanto teórica como práctica de cada una de las voces empleadas en las fuentes jurídicas mexicanas. En consecuencia, no se compren- den todos los conceptos que se utilizan en la ciencia jurídica general. Las voces del Diccionario son las que se emplean en nuestro orden jurídico actual; por tanto, sólo hay vocablos con referencias históricas cuando éstas se consideraron significativas para comprender nuestras instituciones presentes. Esta obra es de divulgación, no es estrictamente de investigación; por tanto, se procuró utilizar un lenguaje sencillo y claro; así, podrá ser consultado no sólo por el especialista sino por los estudiantes y profesionales de otras ciencias sociales. Se recomendó a los colaboradores que el desarrollo de cada voz comenzara con su etimología, para después:
a) precisar la definición técnica, precedida cuando fuera conveniente, por la definición en el lenguaje usual, b) esbozar, cuando así se considerara prudente, una relación sintética de los antecedentes históricos, e) desarrollar los aspectos más significativos relacionados con el concepto y la delimitación del vocablo, tratando de conseguir un equilibrio entre las cuestiones teóricas y las prácticas, y d) sugerir una bibliografía general que no excediera de diez referencias. En el documento que se repartió a los colaboradores se hizo énfasis en que se debía guardar un equilibrio entre la información doctrinal, la legislativa y la jurisprudencia¡; que el desarrollo de las voces no debería consistir en una simple exégesis del texto legal o jurisprudencia¡, pero tampoco se debía caer en el extremo contrario: que el desarrollo de la voz contuviera sólo o excesiva información doctrinal. En el documento mencionado se fue muy preciso respecto a las indicaciones formales, desde cómo dividir y su subdividir las voces hasta la extensión de las mismas. Las sugerencias del documento únicamente persiguieron,
como ya he indicado, otorgar cierta unidad a una obra colectiva donde intervinieron sesenta y dos colaboradores. Esperarnos haber logrado tal cometido. Sobre el contenido de las voces, el Instituto no necesariamente esta de acuerdo con ka autores; luego, solo ellos son los responsables de sus opiniones. Entre otras, asta es una de las razones por las cuales cada voz lleva el nombre de su redactor. Como es natural el nivel académico de las voces no es homogéneo; sin embargo, ci Instituto trató de alcanzar un nivel académico alto, que generalmente se logró, pero debe reconocer que en algunos casos, aunque con mucho son los menos, el nivel sólo es aceptable. En una obra de esta naturaleza siempre se presentan algunas dificultades; el Instituto está contento de que las pudo superar, con relativa facilidad, y así ofrecer al jurista, al estudiante de Derecho, al profesional de otras ciencias sobre ci Hombre, este Diccionario que esperamos les sea de utilidad en sus labores cotidianas. Si ello se logra, los que lo planeamos, lo redactamos y lo realizamos nos sentiremos muy satisfechos por haber alcanzado las finalidades que perseguimos en su construcción y edificación.
Jorge Carpízo Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. LJNAM.
aa. artículo, artículos LCS Ley del Contrato de Seguros
Unidos Mexicanos Código Civil para el Distrito Federal
Código Federal de Procedimientos Ci-
viles Código Federal de Procedimentas Pe-
nales confrontar, cotejar
Código Sanitario de los Estados Uni- dos Mexicanos
e1 mismo
Informe de la Suprema Corte de Jus- ticia
Ley del Impuesto sobre Ingresos Mer- cantiles
Ley General de Asentamientos Huma- nos
LCODEP
Ley para el Control, por parte del Go- bierno Federal, de los Organismos Des- centralizados y Empresas de Participa- ción Estatal
LMZAA
LOFr. 1
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal Ley Federal del Trabajo Ley Federal de los Trabajadores al Ser- vicio del Estado LeyGeneral de Bienes Nacionales Ley General de Población Ley General de Sociedades Mercantiles Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Asistencia Pr- vada para el Distrito Federal Ley General de Instituciones de Crédi- to y Organizaciones Auxiliares
de Inspección de Contratos y
Obras Públicas Ley para Promover la Inversión Mex i- cana y Vigilar la Inversión Extranjera Ley Federal de Instituciones de Fianzas Ley del Impuesto sobre la Renta Ley General de Instituciones de Segu- ros Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos Ley que crea el Consejo Tutelar de Me- nores Infractores del Distrito Federal Ley del Mercado de Valores Ley Federal sobre Monumentos y Zo- nas Arqueológicas, Artísticas e Histó- ricas Ley del Notariado del Distrito Federal Ley de Navegación y Comercio Marí- timo Ley de Nacionalidad y Naturalización Ley Orgánica de la Administración Pú- blica Federal lugar citado Ley Orgánica de la Fracción 1 del Ar- tículo 27 Constitucional
Ley Orgánica de los Tribunales de Jus-
Reglamento de la Ley del Impuesto so-
ticia del Fuero Común del Distrito Fe- deral
bre la Renta Reglamento de Zonificación para el
Ley Federal de Protección al Consumi-
Territorio del Distrito Federal
Condominio para el Distrito Federal
Ley de Vías Generales de Comunica-
de RL Sociedad de Responsabilidad Limitada
núm, núms.
en C por A
5 en CS
pagina, páginas
RLOFr. ¡
Fracción 1 del Artículo 27 Constitu-
Reglamento de la Ley de Sociedades
[tRP
Inversiones Extranjeras Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal
Siendo jefe del Departamento de Publicaciones
M instituto de Investigaciones Jurídicas José
Luis Soberanes, se terminó de imprimir este li- bro en Profesional Tipográfica, S. de R.L. el 3
diciembre de 1982. Su composición se hizo
tipos Bodoni de 10 y 8 puntos. La edición consta de 3,000 ejemplares.
PRESENTAC1ON
mo, presenta el segundo tomo de su Diccionario Jurídico Mexicano.
Esta obra está redactada por los investigadores del Instituto y por profesores vinculados con nuestra dependen- cia universitaria; constituye un proyecto colectivo del Instituto, se programó y ejecutó por los miembros de su personal académico. En nuestro instituto, los investigadores realizamos los proyectos de investigación que proponemos y, en su caso, aprueban los órganos académicos colegiados, contribuimos con material para las publicaciones periódicas de la dependencia y participamos en los proyectos colectivos. Dentro de este último sector se enmarca la presente
obra que se editará en varios volúmenes. Así, el Diccionario Jurídico Mexicano representa el último esfuerzo aca- démico colectivo del personal del instituto de Investigaciones Jurídicas. La Dirección del Instituto propuso el proyecto del Diccionario a un grupo de investigadores que posterior- mente constituyó e1 Comité Técnico del mismo. Ellos acogieron con agrado la idea y en una serie de reuniones se discutieron los criterios generales que después formaron parte del documento que se repartió a todos los colabora- dores del Diccionario para precisarles qué objetivos se perseguían y las reglas que se debían seguir para lograr la unidad de la obra. El Comité Técnico designó a los coordinadores de las diversas materias jurídicas, quienes se res- ponsabilizaron de escoger a sus colaboradores, previa consulta con el Comité Técnico, y del nivel académico de las respectivas voces. Los créditos a todos los que intervinieron en la elaboración de este volumen se señalan en las pri- meras páginas y a todos ellos quiero expresarles mi gratitud por su colaboración. El doctor Jorge Adame Goddard
y el señor Eugenio Hurtado Márquez fueron la columna vertebral de este proyecto. A ellos, en forma muy espe-
cial, mi profundo agradecimiento. Las finalidades que este Diccionario persigue son proporcionar al lector una descripción tanto teórica como práctica de cada una de las voces empleadas en las fuentes jurídicas mexicanas. En consecuencia, no se compren- den todos los conceptos que se utilizan en la ciencia jurídica general. Las voces del Diccionario son las que se emplean en nuestro orden jurídico actual; por tanto, sólo hay vocablos con referencias históricas cuando éstas se consideraron significativas para comprender nuestras instituciones
Presentes. Esta obra es de divulgación, no es estrictamente de investigación; por tanto, se procuró utilizar un lenguaje sen- cillo y claro; así, podrá ser consultada no sólo por el especialista sino por los estudiantes y profesionales de otras ciencias sociales. Se recomendó a los colaboradores que el desarrollo de cada voz comenzara con su etimología, para después:
a) precisar la definición técnica, precedida cuando fuera conveniente, por la definición en el lenguaje usual, h) esbozar, cuando así se considerara prudente, una relación sintética de los antecedentes históricos, e) desarrollar los aspectos más significativos relacionados con el concepto y la delimitación del vocablo, tratando de conseguir un equilibrio entre las cuestiones teóricas y las practicas, y d) sugerir una bibliografía general que no excediera de diez referencias. En el documento que se repartió a los colaboradores se hizo énfasis en que se debía guardar un equilibrio entre
la información doctrinal, la legislativa y la jurisprudencia!; que el desarrollo de las voces no debería consistir en
una simple exégesis del texto legal o jurisprudencia¡, pero tampoco se debía caer en el extremo contrario: que ci desarrollo de La voz contuviera sólo o excesiva información doctrinal. En el documento mencionado se fue muy preciso respecto a las indicaciones formales, desde cómo dividir y subdividir las voces hasta la extensión de las mismas. Las sugerencias del documento únicamente persiguieron,
corno ya he indicado, otorgar cierta unidad a una obra colectiva donde intervinieron sesenta y seis colaboradores. Esperamos haber logrado tal cometido. Sobre el contenido de las voces, el Instituto no necesariamente está de acuerdo con los autores; Juego, solo ellos sari los responsables de sus opiniones. Entre otras, ésta es una de las razones por las cuales cada voz lleva el nombre de su redactor. Corno es natural e1 nivel acadinico de las voces no es homogéneo; sin embargo, el Instituto trató de alcanzar un nivel aeadmico alto, que generalmente se logró, pero debe reconocerse que en algunos casos, aunque con mu- cho son los menos, el nivel sólo es aceptable. En una obra de esta naturaleza siempre se presentan algunas dificultades; el Instituto está contento de que las pudo superar, con relativa facilidad, y así ofrecer al jurista, al estudiante (le Derecho, al profesional de otras cien- cias sobre el Hombre, este Diccionario que esperamos les sea de utilidad en SUS labores cotidianas. Si ello se logra, los que lo planeamos, lo redactamos y lo realizarnos nos sentiremos muy satisfechos por haber alcanzado las fina- lidades que perseguirnos en su construcciOn y edificación.
Jorge C ARPIZO Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
Código Civil para el Distrito Federal vicio del Estado
LDU .
Ley del Contrato de Seguros Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal Ley Federal del Trabajo Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
LeyGeneral de Bienes Nacionales
Código Federal de Procedimentos Pe- de Crédito
naJes confrontar, cotejar
Informe de la Suprema Corte de Jus-
ticia Ley del Impuesto sobre Ingresos Mer-
cantiles Ley del Impuesto al Valor Agregado
Ley General de Asentamientos Huma-
nos Ley para el Control, por parte del Go- bierno Federal, de los Organismos Des- centralizados y Empresas de Participa- ción Estatal
LIAP Ley de Instituciones de Asistencia Pri- vada para el Distrito Federal
Ley General de Instituciones de Crédi- to y Organizaciones Auxiliares Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas Ley para Promover la Inversión Mexi- cana y Vigilar la Inversión Extranjera Ley Federal de Instituciones de Fianzas Ley del Impuesto sobre la Renta Ley General de Instituciones de Segu- ros Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos Ley que crea el Consejo Tutelar de Me- nores Infractores del Distrito Federal Ley del Mercado de Valores Ley Federal sobre Monumentos y Zo- nas Arqueológicas, Artísticas e Histó- ricas Ley del Notariado del Distrito Federal Ley de Navegación y Comercio Marí- timo Ley de Nacionalidad y Naturalización Ley Orgánica de la Administración Pú- blica Federal lugar citado Ley Orgánica de la Fracción 1 del Ar- tículo 27 Constitucional
dor Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos
s.a. SA
Condominio para el Distrito Federal Ley de Sociedades de Inversión
SCC SCJ
núm. núms.
P- pp.
Reglamento de la Ley del Impuesto so- bre la Renta Reglamento de Zonificación para el Territorio del Distrito Federal sin año Sociedad Anónima Sociedad Cooperativa Sociedad Cooperativa de Consumo Suprema Corte de Justicia Sociedad Cooperativa de Producción
Sociedad en Comandite por Acciones
Sociedad en Comandite Simple Sociedad en Nombre Colectivo sin editorial Sociedad Irregular
sin lugar sin pie de imprenta
tomo título traducción, traductor véase volumen
Abanderamiento. 1. Autorización que concede el Es- tado para enarbolar el pabellón nacional a través de una declaración del capitán de puerto o del cónsul mexicano, de que un buque es de nacionalidad mexi- cana, seguida de una ceremonia en la cual el capitán de puerto o ci cónsul izan la bandera nacional, levan- tando un acta que suscriben las personas que asistie- ron al acto. En el libro segundo de la LNCM, e. Y., denomina- do: "De la matrícula y abanderamiento", no se define, ni se desarrolla lo que es el acto de abanderamiento y sólo dispone que la matrícula es previa al abandera- miento. La nacionalidad del buque, conforme a la LNCM, se comprueba con la suprema patente de navegación o el certificado de matrícula, según e1 caso. Para este particular hay que tener en cuenta que el signo exte- rior de La nacionalidad de un buque es su bandera. En la LVGC, en su libro III, capítulo XIII "De la matrícula y abanderamiento", tampoco se estableció una definición del acto de abanderamiento de un buque mexicano. Es en el Reglamento de abandera- miento y matrícula de los buques mercantes naciona- les, publicado en el DO del 2 de agosto de 1946, donde se describe el acto de abanderamiento y la cere- monia que se efectúa a bordo del buque para izar la bandera nacional. En la Ley sobre las características y el uso del Es- cudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el DO del 17 de agosto de 1968, se dispone que el uso de la bandera en las embarcaciones nacionales, se hará conforme a las leyes y reglamentos aplicables. II. El propietario o naviero deben solicitar la ma- trícula y el abanderamiento de una embarcación. En el Reglamento de abanderamiento y matrícula de los buques mercantes nacionales, se establece que las soli- citudes de matrícula comprenden aun cuando no lo expresen, el abanderamiento de la embarcación. El abanderamiento se hace de oficio en el caso de buques incautados o expropiados por las autoridades mexicanas, los capturados al enemigo considerados
como buena presa y los que sean propiedad del Estado. El abanderamiento puede ser provisional o defini- tivo. El abanderamiento es provisional en el caso de buques adquiridos en el extranjero, los que para el viaje a un puerto mexicano, requieren la expedición de un pasavante por el cónsul, el cual para ese efecto abandera el buque. En el caso de buques que se adquieren en el ex- tranjero por mexicanos, para efectos de su abande- ramiento se requiere la opinión previa de la Secretaría de Marina, ahora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre que la embarcación reúne las condiciones necesarias para garantizar su seguridad y
correcta operación, así corno que los astilleros mexi- canos no tienen la capacidad para construir embarca- ciones con las características adecuadas para el tráfico
a que se destinaría la embarcación. III. En la Convención de Alta Mar, ratificada por México, DO, diciembre 27, 1965, se establece que los buques tienen la nacionalidad cuya bandera estén au- torizados para enarbolar y que cada Estado establecerá los requisitos para que puedan ser inscritos en sus re- gistros y derecho a enarbolar su bandera. Cada Estado expedirá los documentos procedentes. El abanderamiento es definitivo cuando lo hace el capitán del puerto de matrícula de la embarcación. El abanderamiento se pierde por dimisión de la bandera, la que requiere autorización 4e1 Ejecutivo.
y. MATRICULA
IV. BIBLIOGRAFIA: BRUNETrI, Antonio, Derecho ma- rítimo privado italiano; versión española anotada por R. Gay de Monteil& Barcelona, Bosch, 1950; RODIERE, René, Droit maritime, 4a. cd., Paría, Dalloz, 1969; CERVANTES AHUMADA, Raúl, Derecho marítimo, México, Editorial He- rrero, 1970.
Ramón ESQUIVEL AVILA
Abandono Conyugal. y. SEPARACION DEL HOGAR CONYUGAL
Abandono de bienes. 1. El abandono es la renuncia sin beneficio determinado con pérdida del dominio o po- sesión sobre cosas que recobran su condición de bienes nullias o adquieren la de mostrencos. La definición del abandono de bienes presenta en
la literatura jurídica civil, serias dificultades, funda-
mentalmente por lo que respecta a ciertas hipótesis, vgr. aa. 961 y 962 CC o bien a. 15 LRPC.
Varias son las definiciones que se han intentado res- pecto del abandono de bienes. Así podernos decir que abandono es la pérdida del derecho de propiedad sobre una cosa, mediante la desposesión de la misma, que ha de realizarse con la intención de dejar de ser
propietario; o bien como un auto de ejercicio de la fa- cultad dispositiva de la cosa. Se ha distinguido entre el abandono y la renuncia.
El abandono se entiende como una extinción del de-
recho de propiedad si recae sobre una cosa en su tota-
lidad; es una renuncia tácita a diferencia de la renuncia que implica una extinción de la cuota de uno de los cotitulares de la propiedad de una cosa o de un patrimonio. II. El abandono se entiende como un acto unilate- ral, ya que no interviene ningún otro sujeto: su efecto principal no es ci de transmitir la propiedad, sino el de extinguir la propiedad, es decir hacerlo res nillius.
Y es tácito, ya que en otra forma sería una renuncia.
v. BIENES
III, BIBLIOCRAFIA: IBARROLA, Antonio de, CO505 y sucesiones 4a. cd., México, Porrúa, 1977; ROJiNA VILLE-
GAS, Rafael, Derecho civil mexicano, torno III, Bienes, de-
rechos reales y posesión; 4a- ed., Míxico, Porrúa, 1976.
Jorge A. SÁNCHEZ-CORDERO DA VELA
Abandono de buque. 1. En la LNCM aparecen regula-
das tres instituciones bajo el mismo nombre: el abando- no del buque por ei naviero o sus acreedores (a. 138); el abandono de las cosas aseguradas a los aseguradores, y
el abandono por el cual el Estado adquiere en propie-
dad un buque que no efectúa operaciones y sin tripu- lación por cierto tiempo, así corno cuando se ha ido a pique. 1. La primera institución, o sea el abandono a los acreedores, representa una limitación en la responsa- bilidad del propietario o naviero en los siguientes casos:
responsabilidad del capitán o de la tripulación por daños causados a terceros durante la navegación; daños
causadus al cargamento; obligaciones derivadas del contrato de fletamento; obligación de movilizar un buque naufragado; gastos de salvamento; contribución a las averías gruesas; obligaciones contraídas por el capitán para la conservación del buque o la prosecu- ción del viaje, y, en general, toda obligación derivada directamente del proceso de la navegación (a. 134). Por medio de esta institución se limita la responsa- bilidad general y normal de los deudores que respon-
den de sus obligaciones con todo su patrimonio (a. 2964 CC), ya que en los casos en que la ley permite hacer abandono, su responsabilidad se reduce sólo a la fortina de mar, la que está constituida por cada buque, sus pertenencias y accesorios (a. 132). El naviero, que puede ser el propietario del buque
o el arrendatario del mismo, deberá hacer una mani-
festacón expresa de que ejerce el abandono del buque. El abandono puede realizarse en cualquier tiempo, aun después que el naviero haya sido conde- nado a pagar los créditos provenientes de la navega- ción del mismo (a. 136). El abandono a favor de acreedores no traslada el dominio del buque abandonado y sólo da lugar a la li- quidación t[C sus créditos hasta la medida que el pro- ducto de ella alcance para e1 pago de los mismos (a. 138). La venta del buque deberá realizarse por medio de corredor o de subasta oficial (a. 141). El producto de la venta se aplicará a los gastos que ésta haya originado y al pago de los créditos en el or- den de su preferencia (a. 142).
El naviero puede renunciar al derecho de abandonar
el buque, debiendo tal renuncia pactarse expresamen-
te (a. 144).
2. El segundo significado de la palabra abandono se refiere al procedimiento de indemnización exclusivo del seguro marítimo, por el cual el asegurado, en de- terminados casos, puede exigir al asegurador el pago total de la suma asegurada, transfiriéndole su derecho sobre la cosa objeto del interés asegurado. Existen en el seguro marítimo dos procedimientos,
a opción del asegurado, en los casos que la Ley per-
mite tal situación, para obtener la indemnización: el normal o sea la acción de avería y el especial que se concreta en la liquidación por abandono, la que puede objetar el asegurador. En ci derogado libro tercero del CCo., en su ca- pítulo XII "Del abandono de las cosas aseguradas", reglamentaba la institución, limitando los casos de su procedencia al naufragio; inhabilitación del buque para navegar; apresamiento del mismo, embargo, de- tención por orden del gobierno nacional o extranjero; pérdida total de las cosas aseguradas, entendiéndose por tal la que disminuyera las tres cuartas partes del valor asegurado y, la falta de noticias. En ci Código también se establecía la forma de ejercerlo, plazos, condiciones, efectos, así como los casos en que no era admisible el mismo.
En la LNCM la institución está recogida en tres
artículos del capítulo IV (libro tercero, título tercero, de los contratos) "Del seguro marítimo". El régimen actual considera los casos en que procede el abandono
y los reduce a la presunción de pérdida del buque o
que el mismo quede imposibilitado para navegar, ti- mitán dolo sólo al caso de las mercancías aseguradas. Se considera perdido el buque cuando transcurren 30 días después de su plazo normal de arribo y sin que se tengan noticias de él. En el último artículo (a. 250), se determina la necesidad de declaración del asegurado de optar por el abandono y ci derecho del asegura- dor de objetar el mismo.
El régimen expuesto que sólo admite el abandono en el caso de las mercancías y no para el buque, pudiera considerarse modificado por reformas a la ley
introducidas en el año de 1965. Al adicionarse el a. 86 bis, que corresponde al capítulo IV del libro segundo "Del auxilio, del salvamento y de los nau- fragios", en que presupone la existencia, en forma de aclaraei,n, del abandono de un buque a su asegura- dor, ya que el supuesto de la norma es establecer la institución de abandono como forma de adquirir
la propiedad de un buque por la Nación. Se considera
discutible que con una sola referencia indirecta, se esté admitiendo el abandono de cascos, o sea de buques, a sus aseguradores. Probablemente sólo a través de resoluciones judiciales y en su caso de jurisprudencia, podría llegar a aceptarse la posibilidad de abandono a los aseguradores de buques. En todo caso, de admitirse este abandono únicamente proce- dería, en los casos en que se permite el abandono de mercancías. Por último, el abandono de un buque a favor de la Nación tiene lugar en cuatro casos que se establecen en el a. 86 bis de la LNCM, que hacen presuponer el deseo del legislador de que las embarcaciones estén siempre aptas para su uso en la navegación y que de no estarlo caerían en una sanción muy fuerte, como sería la trasladación de dominio al Estado. Dentro de esta institución, hay que resaltar que el traspaso de do- minio no es automático, sino a elección del ejecutivo federal, si bien este aspecto parece restringido sólo al caso de remoción de los restos de una embarcación, la que en determinados casos resulta muy costosa, cómo pudiera ser el caso de un buque que seva apique dentro del puerto, en que por situaciones de seguridad no puden usarse explosivos y remover ese obstáculo, sino que requiere un desmantelamiento que resulta muy oneroso; sin embargo, al no haber reformado
también el a. 134, suprimiendo su fracción IV, aun cuando ci Estado no hiciera uso del derecho de aban- dono traslativo de propiedad, el propietario o naviero ejercerían la limitación de su responsabilidad en fun- ción de la fortuna de mar y del derecho de abandono respectivo. Los casos de abandono previstos en el a. 86 bis de
la ley son:
a. Si permanece en puerto sin hacer operaciones y sin tripulación, durante un plazo de cinco días natu- rales y sin que solicite la autorización de amarre o abandono respectivo.
b. Cuando fuera de los límites de un puerto, se en-
cuentre en el caso de la fracción anterior, el plazo será de treinta días.
e. Cuando hubieran transcurrido los plazos o las
prórrogas a los plazos concedidos, sin que la embarca- ción sea puesta en servicio, y
d. Cuando el navío quedare varado o se fuera a pi-
que en los casos a que se refiere el artículo 86 que son, cuando constituya un obstáculo para la navegación
o que la afecte, sin que se lleven a cabo las maniobras necesarias para su salvamento.
11. BIBLIOGRAFIA: RIPERT, Georges, Compendio de derecho marítimo; trad, Pedro G. de San Martín, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1954 URIA GONZALEZ,
Rodrigo, El seguro marítimo, Barcelona, Bosch, 1940;
CERVANTES AHUMADA, Raúl, Derecho marítimo,
México, Editorial Herrero, 1970.
R am6n ESQUIVEL Avii
Abandono de empleo, y. ABANDONO DE TRABAJO
Abandono de funciones publicas. 1. En esta rama del
derecho el abandono defunciones públicas esun delito
de carácter especial y del orden común, o de carácter exclusivo porque sólo pueden ser cometidos por deter-
minada categoría de personas y se aplica a la conducta de un funcionario o empleado público que desatiende, descuida o deja el ejercicio de la función o cargo que
el Estado le ha encomendado, ya por elección popu-
lar, ya por nombramiento, dentro de sus órganos y para cumplir con atribuciones o facultades que a estos corresponden en el orden constitucional. En México, el calificar tal conducta como delictiva, pro- tege al bien jurídico de garantizar a la sociedad que las funciones y responsabilidades encomendadas a
los funcionarios y empleados del Estado no vuine-
ren los derechos de los individuos que la integran, al no garantizar que los servicios públicos se presten ininterrumpidamente. El Código del Distrito Federal vigente en la frac- ción V del artículo 212 establece que se impondrán tres días a un año de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos a los funcionarios o empleados pú- blicos que sin habérseles admitido la renuncia de una comisión, empleo o cargo, antes de que se presen- te la prersona que haya de reemplazarlos, los abando- nen sin causa justificada. Tal y como es definido el delito de abandono de funciones públicas en el Código Penal, la doctrina dis- tingue de sus elementos dos situaciones distintas, a saber: A) que la conducta de abandono se hubiere realizado antes de haberse admitido la renuncia, B) o bien que sin causa que lo explique, el funcionario o empleado se separe del empleo, sin que se hubiere presentado quien lo hubiese reemplazado. II. Bajo el régimen del artículo 111 constitucional, no se exculpa de la comisión de delitos por su rango e investidura a los altos funcionarios de la Federación y por ende los hace responsables de los delitos del orden común que cometan durante el desempeño de su car- go. Por encontrarse estrictamente relacionada la comi- sión de la conducta calificada como delictuosa a suje- tos que por razón de un nombramiento o elección desempeñan cargos públicos es indispensable tener presente para acotar ci régimen sancionador que le es aplicable la distinción de altos funcionarios de la Fe- deración, entre los que deben contarse el propio presi- dente de la República, senadores y diputados al con- greso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia y e1 procurador general de la República, de loe dems funcionarios y empleados que no tienen tales rangos, pues de ello depende que los primeros, si cometen este delito durante el desempeño de su cargo, para ser sometidos a loe tribunales competentes del orden penal deban ser juzgados previamente confor- me a las disposiciones, jurisdicciones y procedimien- tos especiales que se consagran en la propia Constitu- ción y en la Ley de Responsabilidades de los Funciona- rios y Empleados de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados.
111. BIBLIOGRAFIA: GONZALEZ DE LA VEGA, Fran-
cisco, El Código Pena¡ comentado; 5a. cd., México. Porrúa, 1981 JIMENEZ DE ASUA, Luis, La ley yel delito; lOa. cd. Buenos Aires, Sudamericana, 1980; JIMENEZ HUERTA, Mariano, Derecho penal mexicano; 3a. cd., México, Porrúa,
1978; SERRA ROJAS, Andrés, Derecho administrativo; 9a. cd., México, Porrúa, 1979.
Olga HERNANDEZ ESPINDOLA
Abandono de hijos, u. ABANDONO DE PERSONAS
Abandono de hogar, u. SEPARACION DEL HOGAR
Abandono de menores, u. ABANDONO DE PERSONAS
Abandono de mercancías. 1. El abandono de mercan- cías es una forma de extinguir la relación jurídica aduanera; puede ser tácita y expresa, la primera con- siste en que las mercancías pasan a propiedad del fisco federal una vez que ha transcurrido el plazo legalmente establecido, por no haber sido destinadas a régimen aduanero alguno y la segunda en la manifestación vo- luntaria y por escrito hecha por el importador o expor- tador, cediendo las mercancías al fisco. II. Las mercancías que son importadas o exportadas de nuestro país, llegan generalmente a recintos fiscales o a los previamente autorizados para ello, es así que se encuentran en depósito durante cierto tiempo. En el campo del derecho aduanero existe la figura del libre almacenaje o depósito, que se presenta en casi todas las legislaciones del mundo, con base en ella las administraciones de aduanas no cobran derechos de almacenaje por el depósito de mercancías por un tiem- po prefijado, lo que se justifica en función de que las autoridades necesitan de cierto tiempo para realizar una serie de trámites como reconocer la mercancía, determinar los impuestos, establecer, en su caso, las restricciones a que la operación está sujeta, etcétera. Lo anterior no puede llevarse a cabo en el acto mismo en que las mercancías quedan bajo su jurisdicción, nace así una necesidad de la autoridad aduanera para alma- cenar las mercancías. El a. 41 de la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal de 1982, establece los plazos de libre almacenaje, a manera de ejemplo se puede señalar que el lapso de almacenaje general es de "diez días de aquél en que queden en depósito ante la aduana", si la mercancía objeto de un régimen adua- nero permanece en el almacén por más tiempo, se presume que ello obedece a que el consignatario de
las mercancías no ha activado a la administración de aduanas en forma eficiente para lograr desaduanar
las mercancías, así la necesidad de la aduana se con- vierte en una prestación de servicios al particular y entonces se deben pagar las cuotas que por derecho de almacenaje fijan los aa. 42 y 43 de la Ley antes señalada. De lo anterior se puede concebir que en la medida que la administración aduanera pueda agilizar el trá- mite de las diferentes operaciones, el tiempo de libre almacenaje se reducirá. Sin embargo hay ocasiones en que los importadores
y exportadores no realizan los trámites necesarios para
que las mercancías sean despachadas, y entonces el almacenaje se transforma en una carga para la admi- nistración aduanera, la que no puede permitir que las mercancías permanezcan indefinidamente en los al- macenes, que además entorpecerían Las maniobras de la aduana y en un momento dado los almacenes serían insuficientes y la aduana se encontraría inca- pacitada para recibir mercancía. Por lo que existe también un plazo establecido en la ley para que las mercancías deban ser retiradas del almacén respectivo
o de otra manera pasan a propiedad del fisco federal. La ley aduanera en su artículo 19 establece dos casos de abandono de mercancías que se encuentren en depósito ante Las aduanas; expresamente, cuando los interesados así lo manifiesten por escrito y tácita- mente, cuando vencido el plazo que otorga la ley, las mercancías no sean retiradas del almacén, se pueden citar los casos siguientes:
1. En importaciones, dos meses, con excepción del
tráfico aéreo en que será de un mes.
2. En exportación, tres meses.
3. En tráfico de cabotaje, dos meses.
4. En exportaciones por vía postal, que hayan sido
retornadas al país, un mes a partir de la fecha en que
Se le notifique este hecho. S. Las de naturaleza explosiva, inflamable, contami- nante, radioactiva o corrosiva, quince días.
6. En caso de haber sido secuestradas por las auto-
ridades aduaneras con motivo de un procedimiento administrativo o proceso judicial o que hayan sido
vendidas o rematadas, dos meses contados a partir de
la fecha en que queden a disposición de los interesados.
7. Las que no se reclamen por quienes tengan dere- cho.para ello, en un mes, a partir de la fecha en que se realizó la notificación por lista.
Los plazos de los numerales 1, 2, 3 y 5 se computan
a partir de la fecha en que ingresen al almacén.
Los artículos 22 y 24 de la ley, tratan otros casos específicos de abandono de mercancías:
—Las que pertenezcan a embajadas y consulados extranjeros, organismos internacionales a los que nues- tro país pertenezca, así como los equipajes y menajes de casa de los funcionarios que trabajen en todos ellos, el plazo establecido en el numeral 19 de la ley de la materia se computará, tres meses después de que hayan ingresado en depósito. - Las de fácil descomposición, perecederas o ani- males vivos, serán vendidas por las autoridades de aduanas dentro de los diez días siguientes al que que- den en depósito. Un caso especial, es el que regula el a. 20 de La ley aduanera, que se refiere al equipo especial para ma- niobras de carga y descarga que utilizan las embarca- ciones y que dejan en tierra, caso en el cual causarán abandono tres meses después de La fecha en que la embarcación abandonó puerto. En este período Lamer- cancía no pagara derechos de almacenaje. Transcurridos los plazos de abandono, las autorida- des aduaneras notificarán al interesado que tiene quin- ce días para retirar las mercancías del depósito previa comprobación, en su caso, del cumplimiento de res- tricciones o requisitos especiales y haber pagado los créditos fiscales respectivos. Si el interesado no cumple con lo anterior, las mercancías pasarán a poder del fisco. Los plazos señalados se interrumpen si se dan las hipótesis previstas por el a. 23:
—Por la interposición de un recurso o de la deman- da en ¡a vía jurisdiccional. —Por consulta que hagan las autoridades aduaneras a otras autoridades, y de la que se derive la entrega de la mercancía. —Por extravío de la mercancía, que se encuentre en depósito en la aduana. —Por la practica de un nuevo reconocimiento orde- nado por las autoridades aduaneras. También existe excepción en el abandono de mer- cancías, cuando estas pertenezcan a la administración póblica federal centralizada, al Poder Judicial o Legis- lativo Federal.
III. BIBLIOGR AFIA: Du VUESNE, Jean. L 'entreprue et la dowmns, París, Les Editions d' Organisation, 1979: FER-
NANDEZ. Pedro, Derecho aduanero, Buenos Aires. l)epalma,
José Othón RAMIREZ GUTIERREZ
Abandono de personas. 1. Abandono es dejar a la
persona en situación de desamparo material con peligro para su seguridad física. En el vocablo se comprende el desamparo de los que por algún motivo deben ser protegidos por quienes tienen el deber u obligación de ello. El abandono de personas afecta la seguridad física de la persona humana, la que se pone en peligro, no sólo por actos dirigidos a ello como el homicidio y las lesiones, sino por el abandono material de quien no se encuentra en condiciones de proveer a su cuidado; su punición depende de la exposición al peligro y del in- cumplimiento del deber y obligación de no abandonar al incapaz. Los elementos de esta conducta son el abandono; que ésta recaiga sobre una persona que no puede proveer a su propio cuidado material y que quien lo lleve a cabo sea una persona obligada a pro- porcionárselo. 1!. Este vocablo origina los siguientes supuestos: a) de niños; b) de menores; e) de personas mayores inca- paces; d) de un cónyuge por otro y el e) del hogar. Con el nombre genérico de abandono de personas, el c. VII, del tít. XIX del C.P. regula varios tipos pe- nales, cuyas características son diversas, pero que tie- nen en común ci poner en peligro de seguridad física de las personas. En todos ellos se describen conductas que dan lugar a un estado de peligro para la vida para la ineolumidad de las personas, como las lesiones o la muerte a virtud del abandono. Las figuras jurídicas que se desprenden del c. y tít. citados son las siguientes:
a) abandono de niños y enfermos (a. 335); b) aban- dono de hogar (a. 336); e) omisión de auxilio (a. 340); d) abandono de atropellados (a. 341) y e) expo- sición de niños (a. 342). Al estimar que la seguridad de la persona, en su aspecto físico se coloca en situa- ción de peligro al realizarse las conductas descritas en los articulos 336, 340 y 341, se justifica su inclusión en los títulos contra la persona como en los códigos argentino y brasileño o contra la seguridad de la per- sona (código español de 1870)o contra la personalidad física según el código uruguayo. El abandono de personas ha sido contemplado como antes se dijo, por diversas legislaciones en el ámbito nacional o internacional; sin embargo, su ter- minología ha variado, denominándosele "omisión de socorro", "omisión de auxilio", "indolencia culpa- ble" y "omisión de asistencia a personas en peligro". La "omisión de socorro" "o de auxilio", al decir de Porte Petit equivale al hecho de no dar aviso inme-
diato a la autoridad respecto a una persona que se encuentre o está en presencia de la misma y amena- zado de un peligro en sus bienes personales. El a. 340 del C.P., establece, que al que encuen- tre abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz
de cuidarse así mismo o a unapersona herida, inválida
o amenazada de un peligro cualquiera, se le aplicarán
de uno a dos meses de prisión o multa de diez a cin-
cuenta pesos, si no diera aviso inmediato ala autoridad
u omitiera prestarle el auxilio necesario, cuando pu-
diere hacerlo sin riesgo personal. La mayoría de tos códigos penales de los estados de la República Mexicana siguen la misma orientación. Desde luego, como presupuesto del ilícito que se refiere, encuéntranse un estado de abandono y la existencia de un peligro que amenace a la propia per- sona, sea por su incapacidad a consecuencia de su minoría de edad, por tratarse de una persona herida
o por ser inválida. En la misma omisión de socorro, encontrarnos Corno una hipótesis el abandono de atropellados, que presu- pone lógicamente un atropellamiento, que éste derive de una Conducta culposa o accidental y que quienes lo ejecuten sean los sujetos a que alude el a. 341 del propio C.P., que se refiere al automovilista, motici- dista o conductor de un vehículo cualquiera, ciclista
o jinete. La omisión de cuidado de incapaces de proveerse
a sí mismos que se identifican dentro del concepto
abandono, por aquello de que se prive a los pasivos de los cuidados que se Les deben satisfacer, tienen su regulación en el a. 335 del multicitado C.P., ya que determina que el que abandone a un muflo incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, tenien- do obligación de cuidarlo se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el responrable fuere ascendiente o tutor del ofendido. Por último, y dentro de la misma expresión que se ha manejado sobre el abandono de personas, presénta- se el cumplimiento de la obligación de proveer los re- cursos para la subsistencia familiar que implica no proporcionar los recursos indispensables para la sub- sistencia familiar cuando se tiene obligación de ello o el deber jurídico en el mismo sentido. Así vemos, que el a. 336 del C.P. establece que al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos para atender a sus necesidades
de subsistencia, se le aplicarán de un mes a cinco años de prisión, privación de los derechos de familia, y pago, corno reparación del daño, de las cantidades no sumi- nistradas oportunamente por el responsable. La doctrina coincide en que el bien jurídico que se protege con la penalización del abandono de personas, es la estabilidad familiar, Ja cual es ci principio de la vida civil. Con respecto al abandono de niños, cabe observar, que frente a lo que resulta obvio, el hombre en los pri- meros años de su vida, requiere de cuidados que garan- ticen su seguridad, al no poder hacerlo por sí mismo, por lo que la ley sanciona el abandono de los deberes de vigilancia y asistencia que incumben a los encarga- dos legalmente de ello. La impiedad del abandono de- riva de la falta de cuidado, que lesiona la seguridad personal.
III. BIBLIOGRAF'IA: PAVON VASCONCELOS, Francis. coy VARGAS LOPEZ, Gilberto Los delitos de peligro para la vida y la integridad corporal, 3a. ed, México, Porríta, 1977; PORTE PE'çjT CANDAUDAP, Celestino, Delitos contra la vida y la salud personal, México, Editorial Jurídica Mexicana,
Carlos VIDAL RIVEROLL
Abandono de trabajo. Hecho en virtud del cual el tra- bajador decide dejar de prestar en forma definitiva los Servicios que tenía contratados. 1. Por su expresión y por sus efectos, deben distin- guirse dos formas de abandono de trabajo. En la pri- mera el trabajador avisa previamente al empresario y no se derivan otras consecuencias que no sean las pro- pias del desarrollo normal de la relación laboral; en la segunda no media aviso previo y se incumple real- mente con la obligación de prestar los servicios, caso en el cual podría exigirse al trabajador el resarcimiento de daños y peIuicios. La doctrina coincide en que en esta ultima circunstancia nunca se ejercita la acción resarcitoria. TI. El abandono de trabajo, frase equívoca y por lo mismo muy polémica, es una posibilidad siempre pre- sente, en función de la libertad de trabajo, comercio o industria admitida y garantizada en todas las cartas constitucionales modernas (a. 5o. de laC). La decisión del trabajador, unilateral y voluntaria, puede proceder de motivos estrictamente personales; o bien ser debida a causas que provengan exclusivamente del Otro sujeto de la relación laboral. Las locuciones abandono
de trabajo y abandono de empleo son equiparables;
implican la resolución de dejar la empresa o estableci- miento donde se prestan y tienen contratados los servicios. Pero ambas difieren de las expresiones
abandono de labores y suspensión de labores, que
entrañan la paralización de las actividades durante el resto de la jornada, o sólo en parte de ella, una vez que han sido iniciadas; con la particularidad de que no es necesario que el operador --si así lo decide— se aparte de su área habitual de trabajo, puesto que la interrupción puede traducirse en un acto de solidari- dad obrera, en un mecanismo de presión hacia el empresario o ser producto de la fatiga, entre otras causas. IIT. Por sus efectos en cuanto al vínculo laboral, es necesario establecer una clara diferenciación entre el abandono de trabajo y el abandono de labores (y. a. 46, fr. I. LFTSE). Mientras que en el primer supuesto generalmente se encuentra implícita una manifestación de voluntad para dar por concluida la relación obrero- patronal y se acumula la cantidad de faltas de asisten- cia que configuran la causal de rescisión o el trabaja- dor se aparta definitivamente del centro de trabajo por causas imputables al empleador, en el segundo simple- mente se desatienden, descuidan, disminuyen en can-
tidad, calidad e intensidad o se detiene las actividades
ya iniciadas. En este último caso, aunque el patrón
puede rescindir el contrato de trabajo fundando su decisión en una falta de probidad u hornadez, puede también descontar del salario sólo la parte proporcio-
nal al tiempo no laborado en la jornada respectiva. IV. La LFT no regula el abandono de trabajo, pre- cisamente con esa denominación, con motivo de res- cisión, pero es incuestionable que al producirse las
faltas de asistencia a que hace referencia la fracción
X del artículo 47, sin permiso del patrón o sin causa
justificada, se actualiza la que podríamos llamar
causal de abandono de trabajo, en virtud de que al
no presentarse en la empresa o establecimiento el trabajador, se presume su intención de no seguir pres- tando servicios. Por otra parte, el trabajador puede abandonar el trabajo y rescindir el contrato individual sin responsabilidad para él, de realizarse las hipótesis previstas en las nueve fracciones del artículo 51. Es importante hacer notar la previsión del artículo 250 de la LFT, relativa a que no se configura la causal
de rescisión cuando los trabajadores ferrocarrileros,
por fuerza mayor plenamente comprobada, abandonen sus puestos. Nótese que no se habla de abandono de
trabajo o de empleo; realmente se trata de un abando- no de labores. V. La LFTSE contempla desde luego la causal de rescisión por (alta de asistencia injustificada; pero además, en la fracción primera del artículo 46, incluye specíficamente a la figura abandono de empleo, como una de las razones para que el nom- bramiento o designación de los trabajadores al ser- vicio del Estado deje de surtir efectos, sin responsa- bilidad para los titulares de las dependencias. La huelga no constituye un abandono de trabajo ni individual ni colectivo: sólo es causa legal de suspen- sión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure (a. 447, LFT). Los llamados "permisos económicos" requieren de la autorización del patrón para su disfrute; no basta con la simple interposición de la solicitud, aunque se tenga derecho a un determinado número de días de descanso. Si el trabajador no espera la aprobación por parte del empleador, corre el riesgo de que se integre la causal de faltas de asistencia injustificadas, equipa- rable al abandono de trabajo o de empleo. Puede cons- tituir abandono de trabajo el no presentarse a reanu- dar las labores cuando haya expirado una licencia. Existe una gran cercanía entre las locuciones y vo- cablos abandono de trabajo, ausentismo, contrato de trabajo, despido, estabilidad en el empleo, relación de trabajo y rescisión, en virtud de que se exige una causa razonable y suficiente para la disolución del vínculo obrero-patronal. . AUSENTISMO, CONTRATO DE TRABAJO, DES- piDo, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, RELACION DE TRABAJO, RESCISION.
Vi. BIBLIOCRAIIA: LASTRA Y VILLAR,Alfonso,Las leyes de trabajo de la República Mexicana, México, cd. de!
autor, 1935; SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVI-
SION SOCIAL, Diccionario de la ley laboral, México, 1965;
JUNTA FEDERAL DE C0NcILIAcI0N Y ARBITRAJE,
Prontuario de la Ley Federal del Trabajo, México, 1978, 2 vols.; ALONSO GARCIA, Manuel, Curso de derecho del trabajo, 5a. cd., Barcelona, Ariel, 1975.
Braulio RAMIREZ REYNOSO
Abastos. Según el Diccionario de fi lengua, proviene
de abastar: provisión de bsstirnentos y especialmente de víveres. Abundancia. bastimiento, a su vez, según el propio Diccionario, significa: "provisión para sus- tento de una ciudad, ejército, etc.".
1. Abastar o proveer de abastos, implica, pues, una actividad que se dirige a satisfacer necesidades colec- tivas, con el fin de crear en los mercados abundancia -o cuando menos suficiencia— de ciertas mercaderías, destinadas al consumo, e inclusive a la producción de otros satisfactores. En aquel caso, las mercancías que se abastan constituyen, generalmente, artículos de primera necesidad; en el segundo, materias primas que utilizan las empresas para elaboración de productos.
El abastecimiento de cosas o de servicios, en países capitalistas como en el nuestro, se basa en la libertad de comercio, que supone el derecho de competencia y de concurrir al mercado, ofreciendo unos y otros;
y que se funda en una garantía individual consagrada
en el art. 5o. de la Constitución de la República. De ahí que las trabas e impedimientos que se pongan a esa actividad de aprovisionar o abastecer, puedan cons- tituir delitos contra la economía pública, y concreta- mente contra el consumo (a. 253 fr. 1, sobre todo el inciso e), C.P.), que se sancionan con prisión de dos a nueve años y multa de diez a mil doscientos cincuenta mil pesos; y de ahí también que la Ley orgánica del art. 28 Constitucional en materia de monopolios, prohiba "los actos que tiendan a evitar la libre concu- rrencia en la producción, distribución o comercializa-
ción de bienes y servicios, y los acuerdos, combinacio- nes o prácticas de cualquier naturaleza que celebren los productores industriales, comerciantes o empre-
terceros del mercado, o imponer los precios de los artículos o las tarifas de los servicios de manera arbi-
traria" (a. lo.). II. Por otra parte, el abastecimiento oportuno y adecuado del mercado, respecto a ciertos productos
y servicios, constituye un deber y una de las principa-
les funciones económicas del Estado. Por ello, en la Ley sobre atribuciones al Ejecutivo Federal en materia económica, se le faculta "para imponer la obligación a las personas que tengan existencias de las mercancías a que se refiere el art, lo., de ponerlas a la venta, a precios que no excedan de los máximos autorizados" (a. 4o.). Esas mercancías son: 1. Artículos alimenticios de consumo generalizado; II. Efectos de uso general para el vestido de la población del país; III. Materias primas esenciales para la activi- dad de la industria nacional; IV. Productos de las industrias fundamentales; V. Artículos producidos por ramas importantes de la industria nacional; VI. En general, productos que representen renglones
sarios para evitar la competencia
considerables de la actividad económica necesaria; VII. Los servicios que afectan a la producción, distribu- ción o comercialización de mercancías anotadas en las fracciones procedentes, todos aquellos servicios que se refieran a materias de interés público o beneficio general En esa misma norma, o sea, el a. 4o. se excluye de imponer la obligación de vender, a materias primas, pero siempre que "no sean en cantidad mayor que la necesaria para el abastecimiento de sus actividades durante un año" (párrafo segundo).
III. El abasto constituye una actividad que sólo
pueden realizar empresas, o sea organismos profesio- nales que se dedican a la producción de bienes y ser- vicios destinados al mercado. Se trata, en consecuen- cia, de comerciantes, según el concepto del a. 3o. fr . 1, CCo.: "personas que hacen del comercio su ocupa- ción ordinaria"; y la actividad misma, dentro de la organización de la negociación, se incluye expresamen- te como "acto de comercio" en el a. 75 fr. U, CCo., que se refiere a las empresas de abastecimiento y su- ministros. Estamos pues, en presencia de una actividad regulada por la legislación mercantil, y no por el dere-
cho civil. Si se quisiera distinguir entre esas dos especies, abastecimiento y suministros, podría decirse que aque- llas empresas son de alcance más amplio y general que los suministros; y que éstos suponen siempre un con- trato especial, llamado así, precisamente, contrato de suministro, en tanto que el abastecimiento tanto puede efectuarse a través de ese negocio de tracto sucesivo, como de contratos individuales; y que tanto puede llevarse a cabo por negociaciones privadas como pú- blicas, como es el caso de la CONASUPO en sus labo- res de importación de alimentos y su distribución a los mercados nacionales.
IV. Recientemente, por encargo de una dependen-
cia del Gobierno Federal, se elaboró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un Antepro- yecto de Ley Federal de Abastos, en el que esa tarea queda encomendada a empresas nacionales (a. lo.), privadas o estatales, pero que requerirían autorización oficial (a. 2o.). Su actividad sólo se referiría a bienes y servicios "que se consideren como de primera nece- sidad", los que serían específicamente señalados por reglamentos del Ejecutivo (a. 3o.). En dicho Antepro- yecto se regulan las condiciones generales de contrata- ción (aa. 5o. a 11), la ineficacia de estas (aa. 12 y 13); ciertos principios generales sobre obligaciones mer-
cantiles (representación, aa. 16 a 21; incumplimiento
y rescisión, aa. 22 a 29; regla sobre la formación de
los contratos aa. 30 a 37); y finalmente, se reglamen- tan ciertos contratos relacionados con el abasto, como la compraventa (aa. 38 a 50); el suministro (aa. 55 a 65); el contrato estimatorio (aa. 66 a 68), el
depósito de mercancías (aa. 69 a 75) y en almacenes especiales (aa. 76 a 87), y el contrato de transporte por las empresas nacionales de abasto (aa. 83 a 98).
v. COMERCIO, CONCURRENCIA, CONSUMO, EMPRE- SA, MONOPOLIOS, SUMINISTROS,
V. BIBLIOGRAFIA: BARRERA GRAl', Jorge, Tratado
da derecho mercantil, México,Porrúa, 1957; BALCHE GAR.
CIADIEGO, Mario, La empresa, México, Porrúa, 1975; MAN-
TILLA MOLINA, Roberto L., Derecho mercantil- 20a. cd.,
México, Porrúa, 1980; R.ODRIGUEZ Y R.ODR1GlJEZ, joa- quín, Curso de derecho mercan tit Sa. cd., México. Porróa,
1978, t. 1.
Abdicacion. (Del latín abdicare, renunciar a una iiia- gistratura). 1. En términos generales significa la cesión o renun- cia a un derecho y más particularmente al trono o co- rona en una monarquía. 11. Para el derecho mexicano, esa palabra tiene un interés meramente histórico, ya que aunque México
es una república, en dos ocasiones tuvo la forma polí-
tica de imperio. En efecto, el plan de Iguala de 29 de Febrero de 1821 en su artículo tercero disponía para México el gobierno monárquico "templado" por una constitución; por otro lado, los Tratados de Córdoba de 24 de agosto de 1821, hablaban de un imperio Méxicano, con gobierno monárquico moderado, seña- lando e1 orden en que se debería llamar a diversos príncipes a ocupar el trono, o falta de éstos, el que fuera designado por el parlamento. Consumada la In- dependencia, la Junta Provisional de Gobierno nom- bró una Regencia que gobernó el país hasta la procla- mación de Agustín Iturbide como emperador el 19 de mayo de 1822, régimen que subsistió hasta el 19 de marzo de 1823 en que precisamente su titular ab- dicó al trono mexicano, abdicación que no fue acep- tada por el Congreso, ya que declaró nula la entroni- zación de iturbide. Por otro lado, el 11 Imperio de México, regido por Maximiliano de Habsburgo. (1864-1867), terminó con el fusilamiento de éste el 19 de junio y La derrota total de las fuerzas imperiales
por parte del ejército republicano, con lo cual Maxi- miliano no tuvo la oportunidad de abdicar.
José Luis SOBERAr'JES FERNANDEZ
Aherratio. 1. La expresión aberratio en derecho penal alude a ciertas formas de error no esencial que, a diferencia del error esencial, conforme a la doctrina penal más sostenida, no elimina la existencia del delito. TI. Como señala Antolisci (Manuale, p. 338), la fi- gura de la aberratio, se distingue del error, en tanto que este último, en estricto sentido, se plantea como un error en el proceso de formación de la voluntad del sujeto, y la aberratio, en cambio, se plantea como un error en el proceso de ejecución del acto criminoo. De esta manera no es el mismo caso el que se presenta entre quien deseando matar aun sujeto "B" y creyen- do que lo tiene en la mira, hace ci disparo ocasionan- do efectivamente la muerte de aquél en contra de quien disparó, para percatarse, después, de su equivo- cación, al no tratarse de la persona que él creía; esta situación no es la misma que la que se presenta en el caso de quien hace un disparo en contra de su víctima "E" pero en lugar de herirla, lesiona a "C", sea por su mala puntería, sea porque el movimiento de la poten- cial víctima o de un tercero que se interpone en el trayecto, que hace variar el curso causal normal de los hechos. En relación con esta figura la doctrina no se mani- fiesta unánime, y mientras que para algunos autores, como ya apuntaba Carrara, se está en el caso de un sujeto que tenía la intención de cometer un delito y aún cuando equivoca el golpe, sigue sin embargo en la intención de haber cometido un delito. Para otros autores, en cambio, la figura de la abe- rratio, plantea en sentido estricto una doble situa- ción jurídica, contemplada por una parte en la tenta- tiva de delito frustrado, respecto al delito intentado y por otra parte, por la comisión de un delito culposo, respecto del efectivamente causado y no querido, los cuales, sin embargo, a la luz de la ley son frecuente- mente observados como la realización de solo delito, el equivalente, y sólo ocasionalmente son hechas con- sideraciones acerca de las circunstancias, lo que a su vez ha dado origen a que sea también la jurispruden- cia la que con frecuencia ha tenido que interpretar lo necesario. La teoría del error en derecho penal tradicional-
mente se refiere al error esencial y al error accidental. El primero incide sobre alguno de tos elementos del núcleo del tipo y tiene corno consecuencia la elimi- nación de la culpabilidad; el segundo afecta sólo a aspectos que no inciden en el núcleo y por lo mismo, no eliminan la existencia del delito, ni el reproche por la culpabilidad, pero si pueden afectar el grado de reproche. Como modalidad del error no esencial, se contemplan los casos de la aberratio, a que se ha hecho mención. El error, por otra parte es contemplado corno error sobre el derecho, y el error sobre el hecho en la orien- taCion clásica causalista; y la orientación finalista se ocupa del error de tipo y del error de prohibición. El error de tipo es aquel que recae sobre alguno de los elementos del tipo, y el de prohibición el que incide sobre el conocimiento de la antijuridicidad del hecho. El error de hecho recae sobre alguno de los ele- mentos requeridos para la existencia del delito y pue- de ser esencial o accidental, según que su presencia elimine la existencia del delito y modifique la natura- leza del tipo delictivo, que en síntesis también supone inexistencia del tipo de origen, como es el caso del individuo que se apropia de un bien ajeno, en la creencia de que se trata de un bien propio. Y es acci- dental, cuando recae sobre alguna de las circunstan- cias que no alteran la existencia del delito mismo. III. Por aberratio ictus se entiende el caso en que el acto aparece dirigido en contra de un determinado objeto, pero produce su eficacia no sobre éste sino sobre otro equivalente (Mezger).
La aberratio se plantea como aberratio ictus,
cuando ci resultado es producido por un error en el golpe; es el caso del homicidio del sujeto "B" en lugar del sujeto "A", por haberse éste interpuesto en el mo- mento del disparo. Se habla de aberre tio delicti, cuan- do por consecuencia del error en la ejecución se causa un delito diverso del pretendido. EV. La ley mexicana se ocupa del error en el a. 90 del Código Penal, básicamente en la fr. Y, plantean- do en estos casos una presunción de ser delito inten- cional aún cuando se pruebe que erró sobre la persona o cosa en que se quiso cometer el delito, de donde ci legislador ha intentado que en tales casos, presumien- do e integrándose la figura de la aberratio, estima que deberá aplicas-se la penalidad del delito equivalente. Algunos autores establecen la diferencia entre la abc-
rratio ictus y la aberratio in personam entendiendo
por la primera el error en el golpe, sea por mala pun-
tena o por la interrupción del curso causal normal, del error en la persona derivado de la confusión en el autor al cometer el delito, quien no yerra en la ejecu- ción, pero si en el proceso de formación de su volun- tad, al equivocar a un tercero con la víctima original- mente deseada. Jurisprudencia. Sobre este punto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis nú mero 128 jurisprudencia firme: "Error en el golpe ". "La presunción de intencionalidad establecida en la ley, no se destruye por error en el golpe, que recae en persona u objeto distinto al que estaba dirigido".
(Apéndice al Seminario Judicial de la Federación de
1917 a 1965, 2a. parte, p. 263). También en tesis ais- lada ha sostenido el mismo criterio, como puede apre- ciarse en la p. 75 del Torno LXVI del Seminario Judi- cial de la Federación, en donde se sostiene que: "Los elementos del homicidio intencional simple, se surten atento lo dispuesto en la fracción V del artículo 9o. del Código Penal, si se demuestra que el reo tuvo la inten- ción de causar y causó un dato igual al que resultó, sólo que errando sobre la persona a quien quería ofen- der, pues ci hecho de errar sobre la persona, no des- truye la intención delictuosa, ni puede considerarse que se trata de un delito cometido por imprudencia". El mismo criterio se sostiene en los tribunales comunes, así encontramos la siguiente tesis en la p.
275, Tomo VI de los Anales de Jurisprudencia:
"Cuando el sujeto activo con dolo determinado de lesionar a una persona y sin confundir a ésta dirige
contra ella la acción criminal, por ejemplo, el disparo,
y por equivocación en el golpe, mala puntería, lesiona
a persona diversa de la que se proponía ofender, es
responsable intencionalmente del acto cometido, porque aparte de las reglas de intencionalidad previs- tas en ci articulo 9o. del Código Penal, se integran las constitutivas del delito de lesiones intencionales, a saber: una alteración en la salud resultado de causas
externas imputables al agente, importando poco para la integración del delito que haya resultado víctima persona distinta a la del propósito".
V. BLBLIOGRAF'IA: ANTOLISEI, Francesco, Manuale di
diritto penale; parte generale; 7a. cd., Milano, Giuffre, 1975; CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl, Derecho penal mexicano;
parte general; 9a. ed., México, Lorrúa, 1970; CARRANCA Y
TRUJILLO, Raúl y CARRANCA Y RIVAS, Raúl, Código
Penal anotado; 4a. cd., México, Porrúa, 1974; MAtJRACH, Fteinhart, Tratado de derecho penal; trad. de Juan Córdoba
Roda, Barcelona, Ariel, 1962; PAVON VASCONCELOS,
Francisco, Manual de derecho penal mexicano; parte general;
4a. cd., México, Porrúa, 1978; PORTE PETIT, Celestino,
Programa de la parte general del derecho penal; 2a. cd., México, UNAM, 1968.
Gustavo MALO CAMACHO.
Abigeato. (Del latín abigeatus, derivado de ab y agere, arrear, echar por delante). 1. Se habla de abigeato en derecho penal para refe- rirse el robo de ganado; el robo de animales que re- quieren de arreo, o de acarreo. II. Esta figura aparece prevista en las legislaciones más antiguas de la historia cuya economía aparecía apoyada en la agricultura y el pastoreo. El abigeato así, aparece previsto en la ley hebraica (Exodo XXII, 1, 4). Entre los germanos, la Ley Sallen ocupa ocho títu- los, de los 65 de la Lex antigua para el robo de anima- les. En el derecho romano, el Digesto (D. lib. 47, tít. 14 de abigeis) se ocupa del abigeato con normas preci- sas en las que se exigía que ci ganado fuese sacado del pasto o del establo y que se hurtasen un cierto núme- ro de animales, que podrían ser un caballo, o dos as- nos o vacas, o cinco cerdos o diez ovejas o cabras, pudiendo sumarse el número de animales hurtados para el total exigido; y no se consideraba como ab¡- grato CI apresamiento (le animales errantes, aislados o abandonados. En España (La Partida 7, tít. 14, ley 19) Se ocupa del abigeato para referirse a los ladrones que se ocu- paban de robos de bestias o ganado, irnponiéndo- les sanciones que iban desde la pena de muerte para el abigeo habitual, que hurtaba una grey formada por un cierto numero de bestias, hasta sanciones más leves en casos menos graves no siendo habitual. 111. En el Código Penal mexicano de 1871, Martí- nez de Castro, ontempló la figura del abigeato en su art. 581 con penalidad de un año de prisión. Con pos- terioridad el GP de 1931, vigente, derogó dicha dispo- sición de manera que el delito dejo de, aparecer previs- to en la ley penal, para ser contemplado bajo las reglas generales del delito de robo, en los términos del título 22, capítulo 1 de la ley. Por decreto de noviembre 16 de 1966, publicado en el Diario Oficial de 20 de enero de i97, fue adi- cioriado ci a. 381 bis, para configurar nuevamente al tipo específico (le abigeato, entendido corno ci robo de una o mas cabezas di: ganado mayor o menor, o sus crías. La penalidad prevista para éstos, se plantea
como independiente de la fijada de acuerdo con lo aa. 370 y 371 del CP (penalidad general del delito de robo simple), para establecerse de 3 días a 10 años
de prisión, al expresar la ley "Sin perjuicio de las san- ciones que de acuerdo con los artículos 370 y 371 deba imponerse, se aplicarán de días a 10 años
zas de ganado mayor
Como consecuencia de la reforma antes señalada, es notable la particularmente severa orientación puni- tiva que el legislador mexicano adopta al referirse a esta figura, que, como expresa el autor Jiménez Huer- ta, contrasta con la comedida y humana penalidad que previó el Código Martínez de Castro. Es noto- rio que la gravedad de dicha pena resulta incluso supe- rior al de otras circunstancias agravantes en el mismo delito de robo, donde la calificativa aparece más estre- chamente vinculada a la persona de la víctima, como son algunos de los casos previstos en el a. 381 o (le que es aún más grave que la figura dci robo (:Ofl vio- lencia prevista en el a. 372.
al que se apodere de una o más cabe-
IV, BIRLIOGRAFIA: CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl
y CARRANCA Y RIVAS, Raúl, Código Penal anotado; 4a.
cd., México, Porrúa, 1974; GONZALEZ DE LA VEGA,
Francisco, Derecho penal mexicano; tos delitos, ISa. ed,
México, Pornia, 1979; GONZÁLEZ DE LA VEGA, René,
Comentarios al Código Penal, México, Cárdenas Editor y Dis-
tribuidor, 1975; JIMENEZ HUERTA, Mariano, Derecho
penal mexicano, tomo IV, La tutela penal del patrimonio; 3a.
cd., México, Porrús, 1977,
Ah intestato, e. SUCESION LEGITIMA
Abogacía. Profesión y actividad del abogado (advoca-
tus, de ad: a y vocare: llamar o sea abogar), quien al
ejercerla debe actuar en favor de los intereses que tie- ne confiados de las más nobles por su importancia para lograr la paz Y el bienestar social. 1. Durante la época prehispánica, manifiesta Clavi- jero (1731-1787) que: en los juicios de los mexicanos las mismas partes hacían su causa sin intervencion de ahogados relatores, sin embargo, Fr. Bernardino de Sahagún (1499?-1590) en el Códice Florentino que concluyó en 1579, Libro Décimo, Capítulo de los Hechiceros y Trampistas, relata pormen orizadam ente la actividad del Procurador, típica del ejercicio profe- sional y la versión original dice: Tepantiato, cuya tra- diiccion según la gramática del idioma náhuatl de Fr.
Alonso de Molina (1514?-1585), significa intercesor o abogado, tepan: sobre alguno(s) por otro- y tía toa:
hablar, tlatoa tepanni: abogar o rogar por otro, ade- más de las representaciones gráficas ad hoc que con- tiene al respecto y son muy ilustrativas, si bien es cier- to que la organización judicial de los aztecas fue sen- cilla, también es verdad que se necesitaban ya conoci- mientos y procedimientos tales que requerían del abogado, figura claramente corporizada en el Tepan-
II. Al inicio del Virreinato de Nueva España, ex- presa don Antonio Pérez Verdía Fernández, sin duda los primeros abogados que ejercieron en México y en la más elevada forma su augusto ministerio, fueron quienes no tenían título profesional, los apostólicos frailes entre los cuales descollaron Fr. Toribio de Be- navente alias Motolinía y el Padre Las Casas, no com- batieron en el foro, fueron más allá, hasta la Majestad del César y de esas quejas hay que suponer un origen especial en las admirables Leyes de indias; la aboga- cía fue entonces ejercida por los españoles que de la Metrópoli venían, aunque años después, se permitió profesarla a los criollos descendientes de españoles. La Real y Pontificia Universidad de México instala- da solemnemente el 25 de enero de 1553, inauguré sus cursos el 3 de junio siguiente y dos días después don Pedro Morones pronunció la primera lección ju- rídica en América (Prima de Cánones), fecha cuyo aniversario recuerda la Facultad de Derecho de la U.N.A.M., e igualmente, en la Ciudad de México, poco después, el 12 de julio del mismo año, el Sr. Lic. don Bartolomé Frías y Albornoz impartió la primera
cátedra de Derecho en América (Prima de Leyes),
fecha en que celebra su aniversario la Institución Día del Abogado, fundada en 1960 por el Periódico Dio-
río de México.
En la Universidad se hacían impresionantes exá- menes de licenciatura y doctorado, ante cinco sinoda- les, se les llamaba la noche triste y duraba dos horas de ampolleta (reloj de arena), éste y otro examen nombrado de academia, fueron prohíbidos por Circu- lar del Ministerio de Justicia del 16 de diciembre de 1876, probablemente por los vejámenes que llevaban aparejados. La carrera de Leyes se alargaba, pues com- prendía cinco cursos en cinco años, de Prima y Víspe- ras de Derecho y dos cursos más, en otro año, de Ins- tituta, que era la Jurisprudencia Civil, o sexta colum- na de la universidad, pues las había una para cada Fa- cultad y aquella servía para hacer recta justicia y ob-
servarla; se les enseñaba a trasegar los volúmenes: Di- gesto, Inforciado, Cdigo e Instituta, para los que hubiesen de llegar como jueces fuesen primero exami- nados y juzgados por dignos de ese nombre. Las Universidades de México (Reales Cédulas de 30 de abril de 1547 21 de septiembre de 1551) y de Guadalajara (1791), proveyeron de abogados a la Au- diencia, el foro, las Alcaldías de Corte y otros tribu- nales y ya no solamente lo fueron los muy magníficos señores venidos de la Metrópoli; la práctica de la abo- gacía se hacía ciertamente con austeridad, sin faltar por supuesto pícaros y enredadores. Indica don José Luis Soberanes que en la ¿poca de la Colonia los abo-
gados formaban parte de la Real Audiencia y para tener el título no bastaba con ser letrado o sea egresa- do de la Universidad, se debía también trabajar cuatro años en el bufete de un abogado reconocido y pasar otro examen ante una comisión ad bac de los Oidores
y posteriormente matricularse en el registro correspon-
diente. Los abogados cobraban sus honorarios confor- me a un arancel que aprobaba la Audiencia, misma que residía en el Real Palacio (actualmente a la que ocupa la Presidencia de la República), algunos de cuyos locales tenían las dos Salas de Justicia y la del Crimen, todas tapizadas de damasco carmesí, con dos estrados, en el superior estaban la mesa y sillones para los magistrados y en el inferior se sentaban los funcio- narios subalternos y los abogados, todos los letrados vestían traje talar, los magistrados sus garnachas y los abogados colegiados traían ademas bolillos. Desde el inicio de la dominación hispana en Améri- ca se desató una fuerte polémica en España contra los abogados y la abogacía, tanto dentro del propio gre- mio como fuera de él, y don Jaime del Arenal Feno- chio ilustra como trascendió a la Nueva España el pro- blema, acrecentándose con el tiempo, al grado que en 1835 don Juan Rodríguez de San Miguel publica un
folleto titulado Vindicación de los que se dedican a la Abogacía.
Durante el Virreinato continuó la división entre ju- risconsultos y abogados, los primeros estudiaban y desahogaban las consultas en su biblioteca, los segun- dos asistían a los tribunales. Usaban traje negro con calzón corto, la chinela con la hebilla de oro o plata según la alcurnia y posición económica del sujeto y por supuesto en el foro la imprescindible toga. Los principales tribunales en dicha época Colonial
y ante los que litigaban los letrados fueron: La Real Audiencia, una en la Ciudad de México, establecida
en 1527 y otra en Guadalajara, fundada en 1548 y que tenía apelación en la anterior, sobre la cual sólo estaba el Consejo Real y Supremo de Indias creado
por Carlos Y en 1524; El Tribunal de La Inquisición,
integrado por el Estado y la Iglesia se estableció for- malmente en México hacia 1571, quedando los indí- genas fuera de ni jurisdicción; Los Consulados, que fungieron como tribunales mercantiles, tanto adminis- trativos como judiciales, establecidos en la Cd. de Mé- xico (1592), en el Puerto de Veracruz (1795), y en
Guadalajara (1795); El Real Tribunal General de Mi-
nería en la Capital de Nueva España (1776), El Tribu- nal de la Acordada (1719), de índole penal, sanciona- do por la Corte en 1722 y e1 Tribunal de Infidencia, creado en las postrimerías de la Colonia; desde luego había otros inferiores corno las Alcaldías Menores y las Mayores, los Corregimientos, etc., y por cuanto a los fueros o jurisdicciones privativas, existieron la eclesiástica, la castrense e incluso la de bienes de di- funtos, todo lo cual aumentaba los juicios y compli- caba las competencias judiciales.
III. En el México Independiente se ocasionó desde
luego un fuerte cambio, pues el abogado dejó la so-
lemnidad del profesionista togado para convertirse en
ci republicano hombre de Ley; durante la breve apari-
ción del Segundo Imperio, impuesto por la Interven- ción Francesa, los letrados no abandonaron sus senci- llas prácticas democráticas ante los tribunales y oficinas; por cuanto al ejercicio profesional, desde el 4 de diciembre de 1824, el Congreso Constituyente Republicano, declaró que todos los juristas podían litigar en todos los Tribunales de la Federación, dis- posición que por primera vez permitió la libre circula- ción de abogados, cuyo ejercicio antes se circunscri-
bía dentro de los límites del Distrito de la Audiencia donde se examinaba el aspirante a Letrado y más tarde, el 18 de enero de 1834, Valentín Gómez Farías, conforme a la Ley de 19 de octubre de 1833, promul- gó otra sobre examen de abogados, que finiquitó los
dos últimos obstáculos para el libre ejercicio profesio- nal: la prueba ante los Tribunales y la incorporación
al Colegio de Abogados, subsistiendo el examen pre-
sentado ante el Establecimiento de Jurisprudencia res-
IV. Durante ci siglo XIX y precisamente frente a
las más injustas guerras de ocupación extranjeras, tocó encarar la situación imperante a dos abogados, don Manuel de la Peña y Peña (1789-1850), Presiden-
te de la República cuando la Invasión Norteamericana,
del 26 de septiembre al 13 de noviembre de 1847 y del 8 de enero al 3 de junio de 1848, ya que era Presi- dente de la Suprema Corte de Justicia y por las cir- cunstancias tuvo que encargarse de la Primera Magis- tratura del País, e igual aconteció con don Benito Juá- rez (1806-1872), que asumió el Poder Ejecutivo el 19 de enero de 1858 para afrontar la llamada Guerra de Tres Años —1858 a 1860— durante la cual promulgó las Leyes de Reforma y a continuación, en 1862, hubo de resistir el ataque del ejército francés y esta- blecimiento del Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo como Emperador, hasta el triunfo de las armas liberales y Restauración de la República el 15 de julio de 1867. En el siglo pasado hubo una pléyade de hombres letrados que con su inteligencia y profe- sión intervinieron en la vida sociopolítica de México, influyendo en los acontecimientos nacionales, baste citar e1 Congreso Constituyente de 1856-11857 que produjo la Carta Magna del 5 de febrero y la creación del Juicio de Amparo por don Manuel Crecencio Rejón (1799-1849) en la Constitución de Yucatán en 1841, perfeccionado por el propio Rejón ante ci Con- greso de 1846 en México y brillantemente expuso en el Acta de Reformas de 1847 por el jurista don Maria- no Otero (1817-1850). Y. A principios de este siglo y cansado el pueblo del régimen del General don Porfirio Díaz (1830- 1915), se inicia en México el período prerrevoluciona- rio y en él hubo ideólogos como los hermanos Flores Magón, Ricardo (1873-1922), Jesús (1872-1930) y Enrique (1877-1954), estos dos últimos abogados, que expusieron su credo político en el periódico Re- generación, publicado desde agosto de 1900 y des-
pués en el Programa del Partido Liberal, Saint Louis
Missouri, primero de julio de 1906. Puede afirmarse que la presencia de los ahogados en la gesta revolucionaria, desde el antirreeleccionis- mo, al inicio de la lucha armada el 20 de noviembre de 19110 y hasta la muerte de don Venustiano Carran- za (1859.1920), imprimió a la misma el sentido jurí- dico-político que necesitaba, siendo su máxima evi- dencia y fruto la Constitución del 31 de enero de 1917 promulgada en Querétaro el 5 de febrero si- guie nte. Baste decir que desde 1946 a la fecha, los Presiden- tes de México han sido Licenciados en Derecho, con excepción del Sr. don Adolfo Ruiz Cortines (1952- 1958), don Miguel Alemán Valdés: 1946-1952; don Adolfo López Mateos: 1958-1964; don Gustavo Díaz
Ordaz: 1964-1970; don Luis Echeverría Alvarez: 1970- 11976; don José López Portillo y Pacheco: 1976.1982. VI. Actualmente los estudios para la carrera de De- recho se hacen en diez semestres, luego unos meses de
servicio social, la presentación de la tesis respectiva y
correspondiente examen; maestría y doctorado son
de posgrado. La práctica profesional se realiza li-
bremente ante todos los tribunales de la República, tanto de jurisdicción federal: Suprema Corte de Jus- ticia, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, así como ante el supremo tribu-
nal de Justicia Militar y sus Juzgados; cuanto local:
Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados de Prime-
ra Instancia, Menores y Mixtos de Paz, sin otro requi-
sito que el registro del título de licenciatura en dere-
cho ante la Dirección de Profesiones respectiva o los Tribunales correspondientes, según las leyes de cada Entidad Federativa. La membresía en los Colegios de Abogados que existen en el Distrito Federal y en cada uno de los Estados es voluntaria, de todos el más antiguo es el Ilustre y Nacional Colegio, fundado en la Capital Me- xicana por Real Cédula de Buen Retiro del 21 de
junio de 1760. En la Constitución Política del País, la Profesión de Abogado aparece mencionada directa o indirec- tamente en los artículos 5, 20, 73-VI, 95-111, 97, 102
121-Y; la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en
D.F. (30 XII-1944) y la del Notariado para el D.F.
(30-XII.1979) vigentes, la señalan expresamente.
Como ocurre en todas las ramas del saber humano,
ci abogado ha tenido que especializarse en las de la
Ciencia del Derecho: Civil, Penal, Procesal, Mercantil,
Administrativo-Fiscal, Laboral, Internacional —Públi- co y Privado—, Bancario, Marítimo, Aéreo y las de reciente cuño como el Derecho Protector de los Bie- nes Culturales de la Nación, y el del Medio Ambiente Ecológico, etc. El ejercicio de las profesiones jurídicas se realiza tanto en la Judicatura —Ministros, Magistrados, Jue- ces, Secretarios, Actuarios—, como en el Foro —aho- gados con profesión libre que representan a sus clientes o bien empleados en el sector empresarial— y
desde luego como Agente del Ministerio Público o
Representante Social en las Procuradurías de Justicia —la General de la República, la del Distrito Federal y las de cada uno de los Estados—, así como la General
de Justicia Militar o bien en la Federal del Consumí-
dor y en la Federal de la Defensa del Trabajo, etc, e igualmente labora como defensor de oficio. El abogado cubre funciones técnicas en todas las dependencias gubernamentales e intportante es la de Notario, en que actúa tanto corno funcionario públi- co, fedatario, como profesionista que asesora y vela por los intereses de las partes que intervienen en los negocios a su cargo. Académicamente el abogado se dedica también a la
docencia jurídica y a la investigación del derecho, en
las escuelas o facultades relativas y en los centros de estudio correspondiente, como son la Facultad de De- recho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, respecti- vamente.
VII. BIBLIOGRAFIA: ARENAL FENOCHIO,Jaime del, "Los abogados en México y una polémica centenaria—, Revis-
ta de Investigaciones Jurídicas, México, vol. 4, núm. 4, 1980;
CLAVUERO, Francisco Javier, Historia antigua de México edición y prólogo del R.P. Mariano Cuevas México, México,
Porrúa, 1964; Códice florentino, tres volúmenes, libro déci- mo, capítulo nono; edición facsiinilar del original que se con- serva en la Biblioteca Medicca Laurenziana de Florencia; edi- ción de la Secretaría de Gobernación -México.-. Supervisada
Archivo General de la Nación, Casa Editorial Giunti
Barbera, 1979; MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio, El derecho precolonial, 3a. cd., México, Porrua, 1976; PEREz-VERDIA
FERNANDEZ, Antonio, Divulgaciones sobre la abogacía,
México, Editorial ECLAL, 1949; SAHAGUN, Fr. Bernardino
de, Historia general de las cosas de nueva Espada, numeración,
anotaciones y apéndices del Dr. Angel María Garibay K., 3a. cd., México, Porrúa, 1975; SOBERANES FERNANDEZ, Jo-
Los tribunales de la Nueva Espada, México, UNAM,
Francisco Arturo SCHROEDER CORDERO
Abolición. 1. Etimología y definición. Del latín abo- litio-onis y éste de abolere, abolir, de ab privativo y
oleo: oler o bien de olescere: crecer; es la acción y
efecto de abolir.
1. Significa la supresión de una cosa cualquiera,
también acabar con determinadas prácticas o modos
de vida en la sociedad o en los países.
2. En virtud de que algunos diccionarios y enciclo-
pedias cometen el error de considerar la anulación como una de las acepciones de abolición, es necesario aclarar que si bien comúnmente se entiende por anu- lar dejar sin fuerza algo o bien a alguien, en cambio en Derecho tiene un sentido distinto y preciso, como es deshacer lo que se hizo, volver a poner las cosas en el
estado en que se encontraban antes del hecho o acto que se anula, como si éste no se hubiese realizado ni producido efectos, en tanto que abolir es poner fin a la observancia de una norma legal, institución o cos-
tumbre social a partir de cuando se promulga la decla- ratoria correspondiente, no antes; ambas figuras jurí- dicas son diferentes en cuanto a su naturaleza y tiem- po en que operan, por eso no hay que confundirlas.
3. Sinónimos de abolición, abrogación, derogación,
extinción, supresión, terminación.
II. Definición Técnica. 1. En el lenguaje del foro,
los verbos abrogar y derrogar, se aplican exclusiva- mente para dar por terminada la vigencia de ordena- mientos legales, por el primero se entiende la supre- sión total de una ley o código, por el segundo sólo parcialmente y ambos pueden realizarse de modo táci- to o bien en forma expresa, pero atendiendo al princi-
pio lex posterior abrogat priorenm (la ley posterior
abroga la anterior).
2. Por su parte, abolición comprende una idea ge-
neral y tiene consecuentemente mayor extensión, tan- to en doctrina cuanto en la práctica legislativa y fo- rense, de esta manera tratadistas y legisladores razo- nan y decretan, respectivamente, sobre la abolición de la esclavitud, de las alcabalas, del uso del papel sella- do, de la pena de muerte, de la práctica de absolver de la instancia, de la llamada ley seca, de la reglamenta- ción de la prostitución como ejercicio tolerado, del proteccionismo económico, de las patentes de corso, del servicio militar obligatorio, de la jurisdicción mili- tar en tiempos de paz y hasta de las corridas de toros.
3. Por lo tanto, y jurídicamente considerada, aboli-
ción es la extinción de un precepto, ley, costumbre o institución, dejándolos en consecuencia sin validez al- guna para en adelante, pudiendo ser tácita o expresa.
III. Antecedentes Históricos. 1. En Grecia Antigua:
como en Esparta se declararon invariables las leyes de Licurgo, no cabía la abolición; Atenas reconocía la
necesidad de modificar las normas ajustándolas a los tiempos, pero se requería el consentimiento del are¿- pago.
2. Carondas, legislador griego, exigía que quien
propusiera la abolición de una ley, se presentara ante
la asamblea del pueblo con una soga al cuello y de no aprobarse su propuesta se le ahorcaba con su propia cuerda.
3. En Roma, durante la República y más tarde en
el Imperio existió la costumbre de la Abolitio Gene- ralis que extinguía la acusación, y la abolitio para po-
ner en libertad a los presos mientras se celebraban las fiestas, quedando firme después de 30 días hábiles si ya nadie ejercía acción en su contra. La Abohtio se diferenciaba de la amnistía o indulto -indulgentw— en que aquélla la concedía el Senado y ésta el Empera- dor. 4. En España, hasta la Gran Guerra (1914), al Rey se atribuía el "Derecho de abolición" para sustraer de la aplicación de la ley al culpable de un delito capi- tal; llamábanse "Cartas de Abolición General" y "Concesiones de Abolición Especial" las otorgadas por el monarca a una provincia o población o bien a una persona o grupo, por un crimen contra la real au- toridad, salvo en el caso de asesinato premeditado o rapto violento.
IV. Desarrollo y Explicación del Concepto 1. Abo-
lición es un substantivo verbal de carácter abstracto por su terminación que comporta efectivamente en su significado tanto el concepto de hecho como su resul- tado; 2. Este sustantivo verbal fue aplicado por el Congreso Constituyente que expidió la Carta Magna del cinco de febrero de 1857 en el texto de sus artí- culos 23 (abolición de la pena de muerte para los deli- tos políticos, quedando restringida a otros casos que ennumera); 24 (abolición de la práctica de absolver de la instancia o sea de un sobreseimiento provisional dentro del proceso penal debido a la falta de pruebas, pero quedaba pendiente de nuevas evidencias y no se cerraba, ya abolida dicha práctica, una vez iniciado el juicio o se condena o se absuelve en definitiva al in- culpado), y 124 (abolición de las alcabalas y aduanas interiores en toda la República, sin embargo no se cumplió la disposición por los estados miembros de la Unión y hubo necesidad de reiterar la susodicha aboli- ción por reformas constitucionales de este artículo de fechas 24 de enero de 1861, 14 de abril de 1862, 17 de mayo de 1882, 26 de noviembre de 1884, 22 de noviembre de 1886 y lo de mayo de 1896). 3. Ahora bien, inexplicablemente y salvo por un afán populista, el Constituyente de Querétaro (diciembre de 1916- enero de 1917), sustituyó indebidamente esta locu- ción por la de "prohibida (s)", lo cual como opina el maestro José Tapia del instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es no sólo abaratar el lenguaje sino deterio- rarlo, en virtud de que el verbo prohibir significa "vedar" o "impedir", pero no suprime ni quita el derecho correspondiente a la acción cuya realización se imposibilita por un lapso de tiempo o bien en lugar
determinado, como el aviso "se prohibe fumar" que aparece en muchos sitios o la prohibición (veda) de la pesca de ciertas especies durante su reproducción, etc., en cambio abolición va a la raíz del concepto o precepto, suprimiendo el derecho que le asistía y poniendo fin a su observancia o práctica. 4. Veamos otros temas que en el derecho Mexicano han mereci- do se decrete su abolición:
A) La esclavitud, recordemos ci bando que don
Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811) promulgó en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810, por el cual ordenó la libertad de los esclavos "dentro del término
de 10 días, so pena de muerte" y también "que en
todos los negocios judiciales, documentos, escrituras
y actuaciones se haga uso del papel común, quedando
abolido el del sellado"; dato poco conocido es la pro- dama de la supresión de la esclavitud por Sonthonax, en la Provincia Norte de Haití, el 29 de agosto de 1793, un mes después la haría igualmente Polvérel en el Oeste y en el Sur de dicho País y posteriormente el 4 de febrero de 1794, la Convención Nacional abo- lió la esclavitud en todas las colonias francesas; el de- recho contemporáneo, en el ámbito del internacional público, usa mucho la locución en comentario, así la Convención Relativa a la Esclavitud, celebrada en Gi- nebra el 25 de septiembre de 1926, en su artículo 4o
dice: "Las altas partes contratantes se prestarán mutuamente ayuda con el fin de lograr la abolición de la esclavitud y la trata de esclavos", idem en su Con- vención Suplementaria verificada en New York el 7 de septiembre de 1956, tanto en el rubro cuanto en el artículo lo; recordaremos que en 1775 se creó en Filadelfia una Sociedad Abolicionista que designó a Benjamin Franklin (1706-1790) como su Presidente
y que entre los principales Abolicionistas de la esclavi- tud figuran el inglés William Wilberforce (1759-1833)
y el Francés Víctor Schoetcher (1804-1893).
B) Don Ignacio López Rayón (1773-1832), des-
pués de instalar en Zitácuaro, Michoacán, la Suprema
Junta Nacional Americana (agosto de 1811), formuló
los Elementos constitucionales que más tarde envió al
caudillo insurgente don José María Morelos y Pavón (1765-1815) y aunque nunca tuvieron vigencia influ- yeron en el ánimo de éste, como lo señala el tratadis- ta Felipe Tena Ramírez; el artículo 30 expresa: "que- dan enteramente abolidos los exámenes de artesanos
y sólo los calificará el desempeño de ellos". C) En un proyecto de Constitución, como voto particular de la minoría de la Comisión del Congreso
Constituyente, fechado el 26 de agosto de 1842 y fir- mando por Espinosa de los Monteros, Otero y Muñoz Ledo, en la sección segunda relativa a los derechos in- dividuales, artículo So fracción XVII dice: "Quedan abolidos todos los monopolios relativos a la enseñan- za y ejercicio de las profesiones. La enseñanza priva- da es libre, sin que el poder público pueda tener más intervención que cuidar no se ataque la moral".
D) Al terminar la Guerra de Crimea, la Declaración
de París del 16 de abril de 1856 dispuso: "Queda abo- lido para siempre el corso", y México se adhirió a ella
en 1909, pero sólo la hizo efectiva hasta el 11 de oc- tubre de 1966 en que fue reformada la Constitución Mexicana, suprimiendo del artículo 73, fracción XIII, la facultad del Congreso Federal "para reglamentar
modo como deban expedirse las patentes de corso"
consecuentemente al mismo tiempo se derogaban
las fracciones IX del artículo 89 y II del 117.
E) Por la importancia que tuvo, mencionaremos
la abolición de la llamada Ley Seca en los Estados Unidos de Norteamérica y que fue parte de la cam- paña electoral (1932) de Franklin Delano Roosevelt (18824945), pues por la enmienda dieciocho consti- tucional llamada Voktead (Andrew J. 1860-1947), de 29 de enero de 1919, se estableció la prohibición sobre bebidas alcohólicas en todos sus aspectos, y sólo fue drogada hasta el 5 de diciembre de 1933 por otra Enmienda, la veintiuno constitucional; a los par- tidarios de la prohibición les decían dry o secos y a los abolicionistas wet o híimnedos. v. ABROGACION, DEROGACION
V. BIBLIOGRAFIA: CARPIZO, Jorge, Estudios constitu-
cionales, México, UNAM, 1980; DORSAIN VIL, J.C., Manuel
d'histoire d'Haiti, ayee la collaboration des Freres de l'lns- truction Cheretienne, Port-au-Princc, Imprimerie Henri Des-
champo, 1934; LANZ DURET, Miguel, Derecho constitucio- nal mexicano, 5a cd., México, Norgis, 1959; ROUSSEAU,
público; versión caste-
llana con notas y bibliografía adicionales de Fernando Gimé- nez Artigues; 2a. ed., Barcelona, Ariel, 1961; SEPULVEDA,
César, Derecho internacional público; 2a. cd., México,
Porrúa, 1964; SZEKELY, Alberto, comp., Instrumentos fun-
damentales de derecho internacional público, México, IJNAM, 1981, tomo 1; TENA RAMIREZ, Felipe, Derecho constitu- cional mexicano; 12a. ed., México, Porrúa, 1973; íd., Leyes fundamentales de México, 1808-1 964; 2a. ed., México, Po-
Charles, Derecho internacional
rrúa, 1964.
Abonos, u. VENTA A PLAZOS
Abordaje, I. Es un accidente que sufren tos buques y que origina el desencadenamiento de consecuencias jurídicas, particularmente en lo que toca a la posibili- dad de aplicar sanciones al capitán o a cualquier otra persona responsable. A partir de la Conferencia en Gi- nebra de 1958, sobre el Alta Mar, y en contra del pre- cedente que sentó el Caso Lotus, se resolvió en el artí- culo 11 que únicamente tienen capacidad de sancio- nar al responsable del abordaje, el Estado cuya bande- ra enarbola el buque o el Estado del cual sea nacional la persona. Textualmente establece el citado precepto "En caso de abordaje o de cualquier otro accidente de navegación ocurrido a un buque en alta mar, que pue- de entrañar una responsabilidad penal o disciplina- ria para el capitán o para cualquier otra persona al ser- vicio del buque, las sanciones penales y disciplinarias contra esas personas sólo se podrán ejercitar ante las autoridades juridicales o administrativas del Estado cuya bandera enarbolaba el buque o ante las del Esta- do de que dichas personas sean nacionales". Esta disposición es reproducida a la letra en el Texto intregrado oficioso por fines de negociación de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, en el artículo 97.
II. BIBLIOGRAFIA: SWIFT, R., International Law,
Current and Clastic, John Wiley and Sons Inc., 1969; SZE. KELY, Alberto Instrumentos Fundamentales de derecho internacional, México, UNAM, 1981, Tomo III.
Ricardo MENDEZ SILVA.
Aborto. (Del latín abortus, de ab., privar, y ortus, na- cimiento). 1. Acción de abortar, es decir, parir antes del tiem- po en que el feto pueda vivir.
II. Para el derecho penal, aborto es la muerte del
producto de la concepción en cualquier momento de la preñez (a. 329 CP). III. Entre los romanos fue considerado como una grave inmoralidad; pero ni en la época de la república ni en los primeros tiempos del imperio fue calificada
dicha acción corno delito. Según Kohier, en el derecho penal azteca el aborto era castigado con la muerte que se aplicaba tanto a la mujer como al que la ayudaba. Las fuentes consultadas permiten conjeturar que, a diferencia del derecho ro-
mano, en el azteca el aborto era un delito que afectaba los intereses de la comunidad.
IV. Para enjuiciar el aborto con criterio integral, ha-
ciéndolo punible o no, se toman en consideración fac- tores éticos, jurídicos, económicos y sociales. Con base en esto, se han manejado a través de los tiempos, las siguientes teorías:
1) En pro de su punibiidad, por razones de que al Estado compete la protección de la vida, primera en la lista de los derechos humanos, y no sólo en el ser concebido sino en la madre del mismo, mirando tam- bién la conservación de su salud. Su no punibilidad, en opinión de algunos autores y penalistas, conduciría
a un aumento notable del libertinaje sexual y las en-
fermedades venéreas; y, según opinan otros, puede conducir a la instauración de regímenes totalitarios, donde el Estado o el partido disponen de la vida del feto. 2) En favor de la impunidad del aborto, basándose en los siguientes criterios: a) Derecho de la mujer de disponer libremente del fruto materno; b) Derecho de rehusar la maternidad no deseada; e) El no consti- tuir su práctica un peligro para la madre cuando es realizado conforme al arte médico. Y. El Código Penal de 1931 para el Distrito Fede- ral, contempla como no punible:
1) El aborto culposo (a. 333); 2) El que se practique cuando el embarazo sea pro- dueto de una violación (a. 333), y 3) El aborto llamado terapéutico, es decir, el que
tiene lugar cuando, de no provocarse, la mujer emba- razada corra peligro de muerte, ajuicio del médico que
la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre
que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora (a.
La punibilidad se contempla de la siguiente manera:
Se imp odrán de seis meses aun año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o con- sienta en que otro la haga abortar, si concurren las si- guientes circunstancias: a) que no tenga mala fama; b) que haya logrado ocultar su embarazo, y e) que este sea fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno
a cinco años de prisión (a. 332). VI. Cabe señalar que en México se ha presentado a las Cámaras en 1980 una iniciativa de ley, patrocinada por ciertos grupos más bien femnenistas, tendiente a li- beralizar el aborto, pero sin que hasta el momento se haya variado la ley en vigor, en el sentido de aceptar
la interrupción voluntaria del embarazo, como lo hizo
Francia a través de la ley de 17 de enero de 1975. En el proyecto de Código penal para el Estado de
Veracruz-Llave de 1979, se apuntaba igualmente una liberalización del aborto, y así, su artículo 131, ano- taba lo siguiente:
No se sancionará el aborto en los siguientes casos:
1. Cuando sea practicado dentro de los noventa días de gestación, siempre que la mujer embarazada hubiere empleado medidas de prevención de la concepción, bajo control médico conforme a reglas prescritas por éste y el aborto se practique en establecimiento hospitalario que reúna condiciones sanitarias adecuadas;
II. Cuando a juicio de dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves;
IV. Cuando el embarazo haya sido resultado de una violación, siempre que se practique den- tro de los 90 días de gestación;
V. Cuando la mujer carezca de medios económi-
cos para el Sostenimiento de la familia, tenga tres hijos y se lleve a cabo dentro de los noventa días de gestación. Dicho proyecto no se aceptó en lo relativo a esta materia, por lo que en el marco jurídico de México el aborto continúa siendo prohibido, salvo los casos que ya se han mencionado como excepciones.
VII. BIBIJOGRAFIA: Enciclopedia jurídica Omeba, Bue-
nos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1976, GARCIA RAMIREZ, Sergio, "Consideración jurídico-penal del abor-
to", Cuestiones criminológicas y penales contemporáneas, Mé-
xico, INACIPE, 1981; L1ONS, Monique, "La evolución de la legislación francesa sobre el aborto y la ley de 17 de enero de 1975 'relativa ala interrupción voluntaria del embarazo",
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, año XIV,
núm. 42, septiembre-diciembre de 1981; "Proyecto de Có- digo Penal para el Estado de Veracruz-Llave, de 1979" Leyes
penales mexicanas, México, INACIPE, 1981, vol. 5;TRUEBA
OLIVARES, Eugenio, El aborto, México, Jus, 1978; VARIOS
AUTORES, El aborto, Un enfoque multidi.wiplinario, Méxi-
co' UNAM, 1980.
Josefina CAMARA BOLlO
Abrogación. (Del latín abrogatio, del verbo abrogare abrogar, anular). 1. Es la supresión total de la vigencia y, por lo tan- to, de la obligatoriedad de una ley.
II. El término abrogación tiene su origen en la Ro- ma republicana. En ella se denominaba rogutio a la presentación de una ley ante los comicios; subrogatio era la adición o modificación de los preceptos de la ley; la anulación parcial de la ley tomaba el nombre de derogatio; y por último se llamaba abrogatio a la anulación completa de la ley. III. En el lenguaje técnico-jurídico se sigue hacien- do la distinción entre derogación y abrogación; refi- riéndonos en el primer caso a la privación parcial de efectos de la ley y en el segundo a la privación total de efectos de ésta. El CC a este respecto dispone (a. 9) que la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. De este artículo se desprende (y la doctrina así lo ha señalado) que existen dos clases de abrogación y son:
1) Expresa cuando una nueva ley declara la abroga- ción de una ley anterior que regía sobre la misma materia que la nueva ley va a regular. En nuestro de- recho el procedimiento generalmente usado para este tipo de abrogación es declarar en los artículos transi- torios de la nueva ley que las disposiciones anteriores que contraríen a esta, quedan derogadas. Para algunos autores de aquí surge un problema pues el juez habrá de buscar en todo ci ordenamiento jurídico cuales son esas disposiciones que se oponen a la nueva ley. 2) Y tácita que resulta no de un texto le- gal expreso sino de la incompatibilidad total o parcial que existe entre los preceptos de la ley anterior y los de la posterior. Esto es lógico pues no se podrían apli- car ambas leyes a la vez y debe inferirse que es volun- tad del legislador que se observe la segunda (lex poste- rior derogat priori). Puede suceder que la ley anterior tenga un campo de regulación mayor que el de la ley que va a entrar en vigor. En este caso la abrogación sólo se da en el límite de aplicación de la nueva ley (un ejemplo hipotético, si se promulgara un Código familiar no quedaría derogado todo el Código Civil sino sólo las disposiciones correspondientes al derecho de familia). Aunque la mayoría de las leyes tienen un período de vigencia indefinido, existen algunas que son promulgadas para hacer frente a ciertos aconteci- mientos de carácter excepcional y tienen vigor mien- tras perdure dicha circunstancia (leges ad tempus). Se entiende que para su abrogación no es necesaria, una nueva ley; bastando la terminación del Estado de emergencia que les dio origen.
El a. 10 del CC establece que contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o prác- tica en contrario. Por lo tanto en México la costumbre no puede abrogar a la ley. Norma fundamental en materia de abrogación es la del inciso f) del a. 72 de la Constitución que dispone que en la derogación de las leyes o decretos se obser- varán los mismos trámites establecidos para su forma- ción.
IV. BIBLIOGRAFIA: COLIN, Ambrosio, y CAPITANT, Henri, Curso elemental de derecha civil, 4a. cd., Madrid, Reus, 1975, ta; GALINDO GARFIAS, Ignacio, Derecho civil; 4a. eij., México, Porrús, 1980; ROJINA VILLEGAS, Rafael, De- recho civil mexicano, tomo 1, Introduccion y Personas, 3a.
ed., México, Porrúa, 1980.
Francisco M. CORNEJO CERTEICHA
Absolución. (Del latín absolutio, absolución, remisión, descargo, libertad, cumplimiento de una deuda; di- manante de absolvere, de ab y solvere, desatar, dar por libre de algún cargo u obligación). 1. En sentido general, absolución supone la termi- nación de un proceso mediante sentencia favorable al reo o al demandado.
II. En materia penal, la absolución es entendida
como la resolución final del proceso por la cual el pro-
cesado queda exonerado de toda responsabilidad, en relación con los hechos que le habían sido imputados.
III. En materia civil, puede considerarse como la re-
solución, dictada en el correspondiente procedimien- to, favorable al demandado. Ahora bien, en el ámbito estrictamente civil, con- viene precisar con mayor exactitud las distintas situa- ciones posibles. Así, puede hablarse:
1. De absolución con reserva. Que se da, cuando
absolviendo la sentencia al demandado, se concede ("se reserva"), al demandante el derecho de acudir a otra vía.
2. De absolución en la instancia. Se presenta cuan-
do la resolución no decide la cuestión de fondo al existir defectos procesales que lo impiden, bien por estimarse la procedencia de una excepción dilatoria, bien por no proceder la vía ejecutiva, dejándose a salvo los derechos del demandante para su eventual ejercicio en un nuevo juicio. Alguna parte de la doc- trina procesal utiliza, indistintamente, la denomina- ción de "cosa juzgada formal" para designar la abso- lución en la instancia.
3. De absolución de posiciones. Acto procesal, en
el que uno de loe litigantes contesta las preguntas
contenidas en el pliego de posiciones formulado por
parte contraria, durante el desahogo de la prueba
IV. BIBLIOGRAFIA: GARCIA RAMIREZ, Sergio. De- recho Procesal pena4 3a. cd., México, Porrúa, 1980; .ARI-
LLA BAS, Fernando, El procedimiento penal en México;
4a. ed, México, Editores Mexicanos Unidos, S.A., 1973;
GUAS?, Jaime, Derecho procesal civil; 3a. cd., Madrid, Ins-
tituto de Estudios Políticos, 1968, 2 yola; GOMEZ ORBA- NEJA, Emilio y HERCE QUEMADA, Vicente, Derecho pro-
cesal civil;
1975, 2 yola.
7a. cd., Madrid, Artes Gráficas y Editores, S.A.
en la sentencia de fondo, que si bien son resoluciones diversas en cuanto a su motivación, poseen los mismos efectos definitivos sobre la libertad del procesado. y. LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DA- TOS, SUSPENSION DEL PROCESO PENAL, SOBRESEI- MIENTO
IV, BIBLIOGRAFIA: BURGOA ORIHUELA, Ignacio,
Las garantías individuales; 13a. cd., México, Porrúa, 1980;
CASTRO, Juventino V., Lecciones de garantías y amparo;
3a. cd., México, Porrúa, 1981; GARCIA RAMIREZ, Ser-
gio, Derecho procesal penal; 2a. cd., México, Porrúa, 1977.
Héctor FIX-ZAMUDJO
Absolución de posiciones, y. CONFESION JUDICIAL
Absolución de la instancia. Suspensión del proceso
Abstención a la herencia. y. REPIJDIACION DE LA
Abstencionismo electoral. 1. De manera general se pue-
penal por no existir suficientes medios probatorios para demostrar la responsabilidad del inculpado o la existencia de los elementos materiales del delito que
le imputa, con la posibilidad de reanudarse poste-
de decir que con el término abstencionismo electoral
riormente cuando se obtenga nueva información era su contra.
se califica al hecho de que un porcentaje considerable del cuerpo ciudadano se abstenga de votar en las con-
I. Esta institución denominada también "sobresei- miento provisional" se practicó en una etapa histórica
sultas electorales. El artículo 35 Constitucional esta- blece como prerrogativa del ciudadano votar en las
proceso penal anterior a la aplicación del principio
elecciones populares y poder ser electo para todos los
la presunción de inocencia del inculpado, ya que de
cargos de elección popular. el mismo ordenamiento
acuerdo con la absolución de la instancia, el procesado quedaba en una situación de inseguridad, en cuanto a su
en el artículo 36, establece como obligaciones del ciu- dadano, inscribirse en los padrones electorales y votar
culpabilidad o inocencia, pues se mantenía la amenaza
en las elecciones populares. La Ley Federal de Organi-
una obligación del ciudadano". Con base en estas
continuar el procedimiento en cuanto se reunieran
zaciones Políticas y Procesos Electorales, en su artícu-
nuevos elementos de convicción en su contra. II. En el párrafo final del a. 24 de la C. de 5 de fe-
lo 11, establece que "Votar constituye una prerrogativa
brero de 1857, que se recoge también en la última parte del a. 23 de la C. vigente, se introdujo la dispo- sición que prohibe de manera expresa la mencionada absolución de la instancia. III. Con apoyo con el citado precepto constitucio- nal, en los ordenamientos procesales penales mexica- nos sólo existen dos hipótesis en las cuales se puede reanudar nuevamente un proceso interrumpido: en el supuesto de la libertad por desvanecimiento de datos
disposiciones se puede decir que en nuestro medio el voto es un derecho de ejercicio obligatorio. Si es requisito esencial de la democracia represen- tativa el que todos los ciudadanos tengan derecho al voto y dispongan de los medios para ser escuchados, no lo es que tengan que manifestarse si prefieren perma- necer en silencio. Sin embargo, se puede decir que la calidad democrática de un régimen puede ser juzgada por el grado de participación ciudadana.
(aa. 546-551 C[P y 422426 CFPP), que se tramita en forma incidental; y la suspensión del procedimiento
II. Para medir el abstencionismo, se atiende al por-
centaje de no votantes respecto del total que tienen
sentido estricto (aa.477481 CPP y 468-472 CFPP).
En todos los otros casos en los que no se configuran elementos para demostrar la responsabilidad del pro-
derecho al voto. En diversos estudios especializados es frecuente la referencia al llamado "abstencionismo cí- vico", que se presenta cuando el elector participa en
cesado o la existencia material del delito, se decreta el
votación, cumpliendo así su deber cívico, pero de-
sobreseimiento ose declara la absolución del inculpado
posita en la urna una boleta en blanco, lo que da como
resultado el que no contribuya directamente al triunfo de ningún partido. Las tasas de abstencionismo varían considerable- mente de un sistema a otro. En Francia después de la muerte de Georges Pom- pidoau, se llevó a cabo en mayo de 1974 el proceso electoral para elegir presidente de la República, siendo los principales contendientes, Giseard D'Estaing, Francois Miterrand y Chaban Delmas. El padrón elec- toral registró 30'592,729 electores de los cuales acudió a las urnas el 86.2 por ciento. En 1981 contendieron por la Presidencia de la República Francois Miterrand, Giscard D'Estaing y Jacques Chirac, el padrón electo- ral registró 35'830.936 electores de los cuales votaron W915.441 lo que vino a significarse como el 8557% de participación. En Gran Bretaña en las elecciones que se han veri- ficado con posterioridad a 1974 han acudido a votar alrededor del 78% de los electores. En los Estados Unidos estudios han evidenciado que tan sólo votan el 55% del cuerpo electoral, lo cual vie- ne a significarse como uno de los más altos índices de abstencionismo entre los países desarrollados. En las elecciones legislativas el abstencionismo asciende al- rededor del 60%, si bien es cierto que las elecciones legislativas son, por lo general, menos concurridas que las presidenciales. De entre los países considerados en vías de desa- rrollo que acusaban una participación política signifi- cativa cabe destacar el caso de Chile. En este país a las elecciones presidenciales de 1970 se presentaron como candidatos Salvador Allende (Unidad Popular), Jorge Alessandri (Partido Nacional), y Redomiro Romic (Partido Demócrata Cristiano), registrándose 3'539, 745 electores, de los cuales votaron 2'962,742 es decir, el 84% del electorado, cabe señalar que en las elecciones anteriores a 1970 la tasa de participación fue ligeramente menor. El grado de abstencionismo varía también en el ámbito de un mismo sistema político a través del tiem- po. En los países europeos al término de la guerra y al reanudarse la vida democrática, el abstencionismo se redujo a un porcentaje inferior al 10%. También varía el abstencionismo de acuerdo con el tipo de elección. En los sistemas presidenciales des- piertan mayor interés y participación las elecciones presidenciales que las relativas a diputados federales y senadores. También puede incidir en el abstencionismo, el que
se facilite o dificulte la inscripción en el padrón elec- toral. Así, en tanto que de conformidad ala legislación de algunos países la inscripción en los padrones elec- torales es automática, en otros se subordina a la com- probación de una serie de requisitos, como por ejem- plo, el comprobar un cierto período de residencia en una determinada circunscripción antes de la elección. III. Con objeto de favorecer la participación elec- toral, por lo general se determina que las consultacio- nes electorales se celebren en días festivos y en algunos países se otorgan facilidades para que puedan votar los enfermos o los residentes en el extranjero. En esta materia diversos estudios han señalado que uno de los medios más eficaces para combatir el abs- tencionismo consiste en que los partidos políticos de- sarrollen importantes programas de educación política. Es por ello que durante las sesiones que se llevaron
a cabo en la Comisión Federal Electoral en 1977 con
objeto de delinear los contornos de la Reforma Polí- tica, se puso especial énfasis en señalar la necesidad de combatir la lacra social del analfabetismo político por considerar que este fenómeno compromete la voluntad política de los electores.
Asimismo se subrayó la responsabilidad que en esta materia tienen los partidos políticos, por cuanto uflO de los medios más eficaces para la educación cívica-
política es el ejercicio cotidiano de los derechos polí- ticos y es sabido que aún cuando existe pluralismo en
el registro de partidos, muchas veces ello no se traduce
en una pluralidad de opciones en las consultas electo-
rales. Consecuentemente los partidos políticos deben participar permanentemente en la vida pública a fin de conquistar. retener o participar en el ejercicio del poder. Por otra parte, tanto la Constitución Federal como
la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electo-
rales parten de la consideración de que la responsabili- dad de los partidos políticos no se agota en la partici- pación periódica en los procesos electorales, sino que
además deben desempeñar en forma permanente una función educativa que haga posible el desarrollo
político. Las proposiciones a que se ha hecho referencia tie- nen un significado especial por cuanto es a través de
la educación política que se puede lograr que cada
persona se signifique como un agente de democratiza- ción de la vida social. IV. Con base en estas consideraciones se ha señala- do que en la tarea de hacer de la democracia una reali-
dad cotidiana, se debe realizar un esfuerzo común a efecto de inculcar en el mexicano la convicción de que su dignidad exige que no vea los deberes ciudada- nos con indiferencia, que votar y cumplir las funciones públicas es una obligación, pero más que ello debe ser una convicción y una satisfacción. Por lo que hace a nuestro medio, cabe señalar que de conformidad a los datos proporcionados por la Comisión Federal Electoral, el porcentaje de absten- cionismo en las últimas siete elecciones ha sido el si- guiente: 1961, 31.5%; 1964, 333%; 1967, 37.4%; 1970, 35.0%; 1973, 36.2%; 1976, 38.1%. Final- mente, en 1979, según datos oficiales, se empadrona- ron 27'912,053 personas, de las cuales votaron 13' 442, 303, habiéndose registrado una abstención del
Al respecto cabe señalar que en la sesión de la CFE correspondiente al 7 de agosto de 1979, el Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana, hizo un análisis -amplio y detallado de los resultados que se obtuvieron durante la primera consulta electoral efec- tuada con apego al mareo jurídico de la reforma po- lítica y formuló, entre otras, las siguientes considera- ciones:
"La opinión pública enfocó gran parte de su aten- ción sobre un problema cuya gravedad no puede es- conderse: e1 abstencionismo. Sólo votó la mitad de los ciudadanos con capacidad para hacerlo". "La participación electoral es resultado tanto de las facilidades otorgadas por la Ley como el esfuerzo de los partidos para atraer el voto de los ciudadanos. Por ello, nadie puede reclamar para sí una victoria con el abandono de un acto político que como el voto, es un derecho y una obligación constituciona- les. La nueva Ley Electoral, comprendió lo innecesa- rio de las sanciones contempladas en las Leyes ante- riores para los abstencionistas. La relación entre ci Estado y el Ciudadano debe ser de mutua confianza y libre de coacciones". Asimismo señaló que el abstencionismo es una ac- titud política negativa, dañina para todos los partidos. Sin ser equivalentes, a todos los partidos les ha afecta- do de igual manera. "Nadie puede reclamar como vic- toria ver a la mitad de los ciudadanos no ejercer sus derechos ni cumplir su obligación". Otros de los elementos que señaló para comprender el abstencionismo en nuestro medio fueron los si- guientes:
a) Un Padrón con anomalías, resultado de una au-
sencia de depuración permanente. Se ha estima- do en un 13% la distorsión de este importante instrumento electoral;
b) Lo anterior abulta y magnifica en forma irreal
el monto del abstencionismo;
c) Un buen número de ciudadanos no figuró en las listas electorales, pese a poseer la credencial de elector, misma que no pudieron utilizar por
haberse extremado al máximo posible las pre-
cauciones contra el fraude;
d) Existen otras causas sociales como la emigra- ción interna y externa, fenómeno que mantuvo
a muchos electores alejados de las urnas.
V. BIBLIOGRAFIA: PATltO CAMARENA, Javier,
México, UNAM, 1981;
COMISION FEDERAL ELECTORAL, Reseña del 7 de
Análisis de la reforma política; 2a. ed
agosto de 1979, México, 1979.
Abstracción, u. CAUSA
Abuso de autoridad. 1. Trátase del acto o actos que ejecuta un funcionario público cometiendo excesos, ya sea porque va mas allá de aquello que la Ley le au- toriza hacer, en su contra o bien porque causa daño o perjuicio intencional a una persona o personas deter- minadas, escudándose en su carácter de funcionario público, agente del gobierno o sus comisionados inde- pendientemente de su categoría. El calificar de de- lictuoa a esta conducta obedece a la tutela de un bien en jurídico que comprende dos fases, a saber: la protección de la libertad física y psíquica de los individuos frente a los desmanes de la autoridad y la necesidad de que el Estado jurídicamente organizado garantice el funcionamiento regular y legal de la administración en general. II. El Código Penal para el Distrito Federal en ma- teria de fuero federal, ha regulado en el título déci- mo llamado Delitos Cometidos por Funcionarios Pú- blicos y en el capítulo II al abuso de autoridad. Con- forme al artículo 214 de este Código, se comete este delito cuando los funcionarios públicos, agentes del gobierno o sus comisionados, cometan actos que le- sionan y causan daño a los individuos por una parte y al orden constitucional e institucional de la Repúbli- ca. De esta suerte, las diversas hipótesis a que se refiere el artículo 214 en sus once fracciones, pueden ser clasificadas atendiendo a estos últimos:
a) Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, vejaren o insultaren injustamente
a una pesona sin causa legítima, o la hicieren ob-
jeto de violencia; retarden indebidamente o le nieguen la protección o servicio que están obliga-
dos a otorgarle e impidan la presentación o el curso de una solicitud. Si se niegan a despachar un negocio pendiente ante él, estando encargados de administrar justicia, sin importar pretexto al- guno; si obtienen que se les entreguen algunos fondos, valores u otra cosa que no se les hubiere confiado y se los apropiaren o dispusieran de
ellos indebidamente y motivados por un interés privado; haciendo uso de su poder; cuando aten- ten contra la libertad de una persona, si en su ca- rácter de Alcalde o encargado de cualquier esta- blecimiento ejecuten las sanciones privativas de libertad, sin observar los requisitos legales y sin dar parte del hecho a la Autoridad competente; cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denuncien a la Autori- dad competente, o no procedieran a dar término
a esta situación y si ello dependiera del ejercicio de sus atribuciones.
b) Impidan la ejecución de la legislación en general,
el cobro de impuestos, el cumplimiento de una
resolución judicial, o se demande el auxilio de la fuerza pública para lograr esto; ejecuten actos ar- bitrarios y atentatorios de los derechos que ga- rantice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuando guardando caudales el Erario, los destinen a una finalidad distinta a la que se hubiere determinado en la Ley o finalmen- te si obtienen de un subalterno parte de sus suel- dos, dádivas u otros servicios. 111. Entre las tesis más sobresalientes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atiende la materia penal, destacan algunos casos en donde se hace una adecuación muy clara de la fracc- ción II del artículo 214 del Código Penal: "No se legi- tirna la actuación de un delegado municipal que reali- za violencia sobre un detenido, sólo por la posibilidad de sufrir agresión, toda vez que dicho riesgo está con- jurado al encontrarse rodeado de policías bajo sus ór- denes y por la situación de inferioridad del sujeto pa- sivo originada por su detención, de suerte que al gol- pear aquél reiteradamente a la víctima, además de en- cuadrar su conducta en el tipo delictivo, acusó espe- cial peligrosidad''. "Si los sujetos activos de la infrac-
ción eran policías legalmente designados y se excedie- ron en el ejercicio de las funciones que como a tales les correspondían, golpeando a las personas, insultán- dolas y sometiéndolas a vejaciones, se tipificó el deli- to de abuso de autoridad". "Ninguna policía está fa- cultada para detener a persona alguna sin ajustarse a los mandatos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que deben normar sus actos, pues en su defecto los miembros de la policía se ha- cen culpables del delito de abuso de autoridad a que se refieren los artículos 213 y 214 fracción IV del código Penal". Finalmente, como el sujeto activo en el delito de abuso de autoridad es el funcionamiento público, agente gubernamental o su comisionado, la aplicación de las normas constitucionales y de las disposiciones que se aplican a dichos sujetos, de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados. e. ABANDONO
1V. BIBLIOGRAFÍA: Enciclopedia jurídica Omeba,
Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1976, t. 1. JIMENEZ HUERTA, Mariano, Derecho penal mexicano, tomo III, L0 tutela penal del honor y- de la libertad; 3a. ed., México, Porrúa, 1978.
Olga HEEtNANDEZ ESPINDOLA
Abuso de confianza. El Diccionario de la lengua lo de- fine como la "infidelidad que consiste en burlar o per- judicar a otro que, por inexperiencia, afecto, bondad excesiva o descuido, le ha dado crédito. Es una de las circunstancias que agravan la responsabilidad penal en la ejecución de ciertos delitos." 1. En el derecho penal mexicano, el abuso de con- fianza es un delito autónomo y no una circunstancia agravante o una modalidad del robo, figura con la que en un principio estuvo confundido y posteriormente con el fraude. El delito que estudiamos poco a poco logró su independencia y delimitó claramente sus pro- pios rasgos constitutivos. Por abuso de confianza se entiende la disposición para sí o para otro, en perjuicio de alguien, de cualquier cosa ajena mueble de la que se le haya trasmitido la tenencia y no el dominio (a. 382 CP). 11. El quid de este delito se encuentra en su presu. puesto que es la transmisión de la tenencia y no el do- minio de la cosa ajena mueble. ¿Qué debemos enten- der por —trasmitir la tenencia" y no el dominio?
Podemos afirmar que, de acuerdo al a. 282 CF, se trasmite la tenencia de una cosa ajena mueble cuando se ha transferido a otro su posesión corporal por cual- quier motivo, toda vez que el CP no especifica alguno en especial y es menester que tal trasmisión se acepte ya sea tácita o expresamente por el sujeto activo del delito. Tal transmisión implica jurídicamente indepen- 'lizar el poder de hecho sobre la cosa de la persona que efectúa la transmisión, y transferir o trasladar dicho poder de hecho a la que más tarde se erige en sujeto activo del delito. Sólo puede estimarse que se ha transmitido a éste dicha tenencia, cuando el poder de hecho que sobre ella obtiene lo ejerce con autono- mía, independencia y sin la vigilancia del que se La transmitió (jiménez Huerta, pp. 112-113). El simple contacto físico con la cosa mueble, aún en el caso de que se encargue a una persona, pero sin autonomía e independencia no integra el presupuesto
en el delito de abuso de confianza, p.e, el empleado del establecimiento comercial que recibe el carro del cliente para estacionario, ci doméstico que toma las cosas que se le dieron para limpiarlas, ci lector que sustrae el libro de La sala de lectura de la biblioteca, esto es, no habrá transmisión de la tenencia de la cosa mientras ésta no salga de la esfera de poder de su dueño. El estudio de los contratos no trasmitivos de la propiedad, pero sí del señorío sobre Ja cosa, así como de todos los demás actos jurídicos que llevan tal fin, con la obligación de restitución o uso determinado, es relevante en cuanto el conocimiento del título jurídico de la posesión derivada, para apreciar, si en efecto, el sujeto tenía la cosa a resultas de un acto jurídico o contrato trasmitivo de la posesión derivada; o bien, si su posesión es de tal naturaleza, que por su actividad no pueda ser constitutiva del delito de abuso de con- fianza (Sales Gasque, p. 134). III. No constituyen presupuesto del delito de abuso de confianza los actos jurídicos traslativos de la pro- piedad de las cosas, p.c. la compraventa (a. 2248 CC), siempre y cuando no se hubiese convenido la reserva de domonio (a. 2312). El mutuo (a. 2384 CC), renta vitalicia (a. 2774 CC), depósito irregular (a.338CCo), reporto (a. 259 LGTOC), depósito bancario de dinero, divisas o moneda extranjera (a. 267 LGTOC), depó- sito bancario de títulos con cláusula de disposición
(a. 276 LGTOC), depósito de mercancías o bienes
genéricamente designados en almacenes generales
(a. 281 LGTOC) y la prenda constituida sobre títulos
o bienes fungibles con transmisión de propiedad o sobre dinero (a. 336 LGTOC), El delito de abuso de confianza no puede constituirse, en términos genera- les, cuando las cosas transmitidas en tenencia sean fun- gibles, a no ser que se hubiera pactado La restitución de las mismas cosas. En la práctica judicial se llega a confundir el abuso de confianza con el robo y el fraude; para delimitar estas figuras típicas se ha establecido el criterio de que en el ahuso de confianza el sujeto activo ya detenta la cosa ajena mueble y únicamente dispone de ella en perjuicio de alguien, en el robo el activo del delito se apodera, va hacia la cosa mueble, mientras que en el fraude la cosa va al activo, o sea es entregada por el pasivo en virtud de la actividad engañosa del activo. IV. La SCJ, ha establecido como diferencias entre e1 abuso de confianza y el fraude que "Mientras que en el delito de ahuso de confianza, es esencial la acción de disponer o disipar la cosa, violando la finalidad ju- rídica de la tenencia, en forma tal que el abusario obre como si fuera su dueño, tratándose del delito de fraude se requiere la concurrencia del engaño por parte del autor, esto es, cuando éste realiza una actividad posi- tivamente mentirosa que hace incurrir en una creencia falsa a la víctima o cuando se aprovecha del error en que ésta se encuentra, pues si bien en uno y otro ¡líci- tos, el autor alcanza un lucro indebido, que implica disminución patrimonial para el ofendido, de todas formas lo que es esencial, es que en el abuso de con- fianza, la tenencia del objeto le ha sido confiada vo- luntariamente, sólo que viola la finalidad jurídica de la tenencia; en tanto que en el fraude el autor se hace de la cosa o valores, mediante el engaño o maquina- ciones a que recurre para obtener su entrega" (Juris- prudencia firme. Apéndice al SJF, Sexta Epoca, segun- da parte, p. 8). No cometen abuso de confianza sino robo, los em- pleados que cometen esa conducta en los sitios a los que tienen libre acceso por motivo de su trabajo, para diferenciar estas conductas, la SCJ ha establecido:
"Robo y abuso de confianza, distinción (dependien- tes, trabajadores, etc.). La actividad típica del delito de robo se encuentra expresada en el verbo "apode- rarse", mientras en el abuso de confianza, dicha acti- vidad se expresa en el verbo "disponer". En el robo el infractor va hacia la cosa, mientras que en el abuso la cosa va hacia el infractor. La disposición de bienes con motivo de relaciones de trabajo, dependencia,
no siempre constituye abuso de confianza, sino
que encuentra diversas soluciones en atención a la naturaleza del acto de entrega, debiendo distinguirse entre la entrega de la cosa, la entrega de su custodia
o la de su simple vigilancia. Por lo tanto, si por mo-
tivo de la relación de trabajo, dependencia o función
que desempeña, el autor tiene acceso a la cosa, aun
con cierta autonomía de su dueño, pero sin haber re- cibido la tenencia de ella, ni su custodia, el apodera- miento y sustracción de ella constituye robo, en virtud de que la cosa no ha salido de la esfera de custodia del dueño". (Tesis jurisprudencial. Apéndice atSJF Sexta Epoca, segunda parte, p. 625.). Y. La esencia de la conducta típicamente descrita consiste en que el sujeto activo "disponga" del objeto material, esto significa penalísticamente que se apro- pie de la misma, o sea, que actúe frente a ella con ánimo de dueño, sin embargo es preciso aclarar que este delito se configura con la apropiación indebida
y no por el simple uso abusivo o no autorizado del
objeto material. No se integrará el delito de abuso de confianza, cuando la persona tenedora de las cosas, la retiene en su ámbito en ejercico del derecho de retención, tal de-
recho lo tienen el mandatario (a. 2579 CC), y el acree- dor pignoraticio (a. 2876, f. IT CC), no obstante que
el CC dispone que el constructor de cualquiera obra
mueble tiene derecho a retenerla mientras no se le
pague (a. 2466) y que ci dueño del establecimiento
tic hospedaje puede retener el equipaje de los clientes hasta en tanto éstos no le paguen el importe del hos- pedaje (a. 2669 CC), resulta claro que en estos casos no se ha transmitido la tenencia de las cosas y, por lo tanto, no realizan la conducta típica del ahuso de confianza. Por otro lado, no tienen derecho a retener legíti- mamente la cosa cuya tenencia les ha sido transferida,
comodatario (a. 2509 CC), el depositario (aa. 2533
2534 CC), y no obstante que tal retención es ilícita,
misma no configura el delito analizado.
V I. BIBLIOCRAFIA: JIMENEZ HUERTA, Mariano, De-
rp,ho pena¡ mexicano, tomo IV, La tutela pena¡ de! patrirno-
nio; 4a. ed., México, Porríia, 1981 PAVON \TASCONCE
LOS. Francisco, Comentarios de derecho pena!; 4a. ed.,
México, Porrúa, 1977: SALES GASQUE, Renato, El presu-
puesto en el delito de abuso de confianza. México, 1963 (tesis).
Abuso del derecho. 1. La voz ahuso del derecho no tiene una raíz etimológica propia. Sin embargo, algu- nas frases del derecho romano recogen la idea: sum-
mun jus summa injuria: la aplicación ciega de la regla de derecho conduce a consecuencias injustas: o bien
a contrario se puede citar la frase del Digesto "nemi-
nem leadit qui sao iure u titar": aquel que usa de un derecho no perjudica a nadie. La teoría del abuso del derecho tiene como problema central el considerar que el ejercicio sin control del derecho, representa
una amenaza para la justicia que es el fin esencial del sistema jurídico.
II. El instrumento de control por excelencia es la
teoría del abuso del derecho. El tema más discutido en esta teoría es la determinación del límite que es- tablezca que más allá de él, el ejercicio del derecho es abusivo y por tanto reprochable. El sistema para la determinación del límite varía según algunos autores:
unos opinan que lo determinante es la intención de dañar a otro; otros afirman que lo importante es la desviación del derecho de su función social. Los ele- mentos que se señalan como constitutivos de la teo- ría del abuso de derecho son:
a) Culpen el ejercicio del derecho; b) Intención de causar un daño; e) El desconocimiento de la función social del derecho. Como ejemplo de la teoia del abuso del derecho, en nuestra legislación se puede citar en materia de propiedad el siguiente: no es lícito ejerci- tar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado por causar perjuicios aun tercero, sin utilidad para el propietario (a. 840 CC). Otros ejemplos pueden encontrarse en lo preceptuado por los aa. 16 y 934 del CC.
III. BIBLIOGRAFIA: GRESTIN, Jacques, Traité de
droit civil; Introduction générale, par Jacques Ghestin et
Guilles Goubeaux, París, Librairie Générale du Druit et Juris-
prudence, 1977: J OSSERAND, Louis, El espíritu del dere-
cho y su relatividad; trad, de Carlos Julio Latorre, Puebla, Cica, 1940; MORIN, Gaston, "Quelques observations sur
le concept d'abus du droit", Introauction a l'étude da droit
compare; recriéil d'ótudes en l'honneur de Lambe,-t, Paris,
Sircy, 1938, t. II.
Jorge A. SANCHEZ-CORDERO DAVILA Abuso de poder, y. ABUSO DE AUTORIDAD
Acaparamiento. ("Acción y efecto de acaparar". "Acaparar. Adquirir y retener cosas propias del co- mercio en cantidad suficiente para dar la ley al mer- cado").
I. Esta definición que ofrecen el diccionario y la academia corresponde al concepto jurídico del voca-
blo, que se utiliza tanto en la legislación constitucional
y mercantil relativa a monopolios, a. 28, párrafo se-
gundo C. y Ley orgánica del a. 28 constitucional en materia de monopolios —en adelante L. de M.— (DO 31/VII1/34, aa. lo., 3o., 40. fr. 1, 2o; y su exposición de motivos, párrafos 2o., 4o., So., 9o. y 12), como en
la ley penal (a. 253, pfo. 1, inciso a) CP según la refor-
ma publicada en el DO 5/VIII/79, y. mfra). II. Según la norma constitucional, se "castigaré se- veramente", y "se perseguirá con eficacia", la concen- tración o acaparamiento de artículos de consumo ne- cesario, que tenga por objeto obtener el alza de los precios, o que constituyan "un procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la pro- ducción industrial, o comercio, o servicio al público" El castigo aludido en ese a. 28 consiste, por una
parte, en prisión de 2 a 9 altos y multa de diez a dos- cientos cincuenta mil pesos; y por la otra, en la facul- tad del juez de "ordenar. - - la suspensión hasta por un año, o la disolución de la empresa; y de la autori- dad administrativa de proceder inmediatamente, a de- positar los artículos de consumo necesario o genera-
lizado, las materias
de Depósito que sea organización nacional- - -- -(a. 253 párrafos antepenúltimo y penúltimo, CP). En cuanto a la persecución eficaz, se lograría, primero por ser delito que se persigue de oficio, y segundo, porque la obligación de participarlo al Ministerio Pú- blico se impone a cualquier persona que tenga funcio- nes públicas, y que venga a conocimiento de la proba- ble existencia del delito (a. 117 CFPP). III. El acaparamiento, como la concentración, atenta contra la libertad de comercio, y viola la prohi- bición de los monopolios, garantías ambas estable- cidas en los aa. 5o. y 28 C. Aquella, implica la "pre- sencia en el mercado de una pluralidad de operadores económicos (comerciantes y empresarios), sin que las condiciones de este deban ser influenciadas por alguno de ellos; en tanto que en el régimen de monopolio, un sólo operador económico determina las condiciones del mercado" (Ferri). La libertad de comercio exige, pues, la regulación de éste, porque implica la libertad de concurrir al mercado, y no permitir prácticas o si- tuaciones de hecho que eviten o dificulten tal concu- rrencia. De ahí, que constituyan actos desleales de competencia que deben considerarse ilícitos, aquellos que tiendan a evitar dicha concurrencia y a plantear
en un Almacén General
el acaparamiento o la concentración de productos y servicios; y que se considere como monopolio "toda concentración o acaparamiento. - . y toda situación deliberadamente creada, que permitan a una o va- rias personas imponer los precios de los artículos o las cuotas de los servicios, con perjuicio del público en general o de alguna clase social" (a. 30. L. de M.). La prohibición constitucional del acaparamiento no aparece limitada en el texto del a. 28 C. a los "ar- tículos de consumo necesario", a que se refiere el pá- rrafo segundo de dicha norma; así lo entendió el legislador secundario cuando, la L. de M, además de referirse a dichos "artículos de consumo necesario" (a. 4o. fr. 1), extiende su regulación a bienes y ser-
vicios en general (aa. lo. y 40. frs. II y III, So., 70. y especialmente el a. 80. en relación con el 7o. anterior);
y el CP, cuando sanciona actos relacionados con
"artículos de consumo, necesario o generalizado, o
con las materias primas necesarias para elaborarlos, así como con las materias primas esenciales para la actividad de la industria nacional" (a. 253 fr. 1).
v. CONSUMO, COMERCIO, MONOPOLIO, CONCU-
RRENCIA MERCANTIL.
W. BIBLIOGRAFIA: FERal, Giuseppe, "Concorrenza",
Enciclopedia del diritto, Milán, 1964, vol. VIII; SOULEAU, I'hillipe, "Speculation licite", Encyclopedié Dalloz Droit
Pénal, Paris, 1969, vol. UI.
Acasillado, e. PEoi
Accesión. (Del latín accesio-oniç, agregación de una
cosa a otra)- 1. Modo de adquirir la propiedad, por el que el propietario de una cosa principal hace suyo lo que ella produce o lo que se le incorpora por obra de la naturaleza o por mano del hombre.
II. La accesión se configura en e1 Derecho romano
como un modo por el que el propietario de un cosa (principal) adquiere el dominio de otra (accesoria) que se le incorpora inseparablemente; pero la palabra
accesio con este sentido técnico no se halla en las
fuentes jurídicas romanas, sino que es introducida por
la jurisprudencia medieval. El caso más frecuente de
accesión en el Derecho romano es la construcción aedificatio); plantación o siembra en suelo ajeno (plantatio), por el que el dueño del inmueble se hace propietario de lo construido, plantado o sembrado. También se da una accesión a favor de los propicta
nos de los fundos ribereños, cuando queda definitiva- mente abandonado el cauce de un río, y se hacen propietarios de los terrenos por donde éste corría, o cuando aparece una isla, y se hacen propietarios de ésta; también se da a favor del propietario del fundo inferior al que las aguas van adhiriendo partículas de tierra que van perdiendo otros fundos superiores (alluvio); Justiniano añade que el propietario de un fundo ribereño adquiere las plantas que se despren- den de otro y que arraigan en el primero (avuLio). Cuando una cosa mueble se incorpora inseparable- mente a otra (adjuntio), se da la accesión a favor del propietario de la principal, como en los casos de los hilos que se añaden a un tejido, las partes metálicas soldadas sin que puedan separarse (ferruminatio), los tintes de una tela (tintura), un brazo u ornamento que se añade a una estatua, etc. No se consideran casos de accesión; la adquisición de los frutos que produce una cosa, pues se entiende que éstos se adquieren por separatio, ni l