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Timestamp: 2017-07-21 14:29:55
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 132', 'artículo 30', 'Artículo 135', 'artículo 45', 'artículo 5']

V. 2017 / 07. EXPERTO EN DERECHO ® :: 28 PREGUNTAS SOBRE JURIDICCION INMOBILIARIA
DOMINICANA O&M LEGISLACION DE TIERRAS (JURISDICCION INMOBILIARIA) FACILITADOR: LIC.
JULIO CESAR MONEGRO JEREZ
1- Establezca
el objeto de la Ley 108-2005 sobre Registro Inmobiliario (art.1)
Ley de Registro Inmobiliario tiene por objeto regular el saneamiento y el
registro de todos los derechos reales inmobiliarios, así como las cargas y
gravámenes susceptibles de registro en relación con los inmuebles que conforman
el territorio de la República Dominicana y garantizar la legalidad de su
mutación o afectación con la intervención del Estado a través de los órganos
competentes de la Jurisdicción Inmobiliaria.
2- Cite
la composición de la Jurisdicción Inmobiliaria
Jurisdicción Inmobiliaria está compuesta por los siguientes órganos: Tribunales
Superiores de Tierras y Tribunales de Jurisdicción Original; Dirección Nacional
de Registro de Títulos; Dirección Nacional de Mensuras Catastrales.
3- Hable
ampliamente de la competencia de la Jurisdicción Inmobiliaria (concepto, tipo
de competencia, etc.)
Jurisdicción Inmobiliaria tiene competencia exclusiva para conocer de todo lo
relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana,
desde que se solicita la autorización para la mensura y durante toda la vida
jurídica del inmueble, salvo en los casos expresamente señalados en la presente
ley. Los embargos inmobiliarios, y los mandamientos de pagos tendentes a esos
fines son de la competencia exclusiva de los tribunales ordinarios y no de la
Jurisdicción Inmobiliaria, aún cuando la demanda se relacione con la propiedad
del inmueble cuya expropiación se persiga, o con cualquier derecho susceptible
de registrar y aún cuando dicho inmueble esté en proceso de saneamiento. Derecho
supletorio. El derecho común será supletorio de la presente ley.
4- Hable
ampliamente de los Tribunales Superiores de Tierra (definición, competencia y
composición, (Ver art. 6 de la ley y el art.4 del Reglamento 1737-2007)
tribunales superiores de tierras son tribunales colegiados compuestos por no
menos de cinco (5) jueces designados por la Suprema Corte de Justicia, entre
los cuales debe haber un presidente. Para celebrar audiencia el tribunal estará
integrado por tres jueces y sus decisiones serán firmadas por los mismos. Las
decisiones del Tribunal Superior de Tierras serán adoptadas por mayoría simple.
Habrá no menos de cinco (5) Tribunales
Superiores de Tierras y serán puestos en funcionamiento por la Suprema Corte de
Justicia de acuerdo a las necesidades del sistema, tal como lo establece la ley
267-98 de fecha 24 de mayo de 1998, en su artículo 1 y sus literales a, b, c y
d, y sus párrafos.
Los tribunales superiores de tierras conocen en segunda instancia de todas las
apelaciones que se interpongan contra las decisiones emanadas de los tribunales
de jurisdicción original bajo su jurisdicción, así como también en última
instancia de las acciones que le son conferidas expresamente por esta ley. Si
se presentare conflicto de jurisdicción entre tribunales superiores de tierras
es competencia de la Suprema Corte de Justicia atribuir la competencia.
Composición. Para conocer de los asuntos de su
competencia, el Tribunal Superior de Tierras será integrado por Jueces
escogidos de acuerdo a los mecanismos establecidos por la vía reglamentaria.
4 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierra 1737-2007. Los
Tribunales Superiores de Tierras son instituciones judiciales que se encuentran
divididos en cinco (5) departamentos, y tienen bajo su jurisdicción territorial
a los demás jueces de las instancias que conforman su departamento. Cada
Tribunal Superior de Tierras estará encabezado por un Presidente.
5- Diga
lo mismo de los tribunales de la jurisdicción original (ver art. 9 de la ley y
21 del reglamento 1737-2007).
Son tribunales unipersonales que constituyen el primer grado de la Jurisdicción
Competencia. Los tribunales de jurisdicción original
conocen en primera instancia de todas las acciones que sean de la competencia
de la Jurisdicción Inmobiliaria, mediante el apoderamiento directo por parte
del interesado y de acuerdo a su delimitación territorial. La competencia territorial
se determina por la ubicación física del inmueble, conforme a lo establecido en
el capítulo de esta ley relativo a la Secretaría de los Despachos Judiciales. Los
tribunales de jurisdicción original serán puestos en funcionamiento, por la
Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a las necesidades del sistema. Todo
Tribunal de Jurisdicción Original se encuentra dentro de la jurisdicción de un
Tribunal Superior de Tierras. Los tribunales de jurisdicción original gozan de
plenitud de jurisdicción dentro del distrito judicial al que pertenecen.
6- Hable
ampliamente del Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria
Abogado Del Estado es el representante del Estado ante la Jurisdicción
Inmobiliaria. El Abogado del Estado tiene las funciones de representación y
defensa del Estado dominicano en todos los procedimientos que así lo requieran
ante la Jurisdicción Inmobiliaria, a la vez ejerce las funciones de Ministerio
Público ante la jurisdicción en función de esto. El Abogado del Estado es
competente para someter ante la jurisdicción que corresponda a los autores de
las infracciones castigadas por la ley para que se le impongan, si procede, las
sanciones establecidas. Emite dictámenes, opiniones, mandamientos y todas las
demás atribuciones que como Ministerio Público le correspondan. Ejecuta las
sentencias penales dictadas por la Jurisdicción Inmobiliaria, y las demás
decisiones que sean susceptibles de ejecución forzosa, pudiendo requerir el
auxilio de la fuerza pública. Emite su opinión en el proceso de saneamiento.
Participa como Ministerio Público en el proceso de revisión por causa de
7- Defina
y establezca las funciones de la Dirección Nacional de Mensura Catastro (ver
art. 15 ) Definición
y Funciones. La Dirección Nacional de Mensuras Catastrales es el órgano de
carácter nacional, dentro de la Jurisdicción Inmobiliaria, encargado de
coordinar, dirigir y regular el desenvolvimiento de las Direcciones Regionales
de Mensuras Catastrales, velar por el cumplimiento de esta ley en el ámbito de su
competencia y por el cumplimiento del Reglamento General de Mensuras
Catastrales. La Dirección Nacional de Mensuras Catastrales es el órgano que
ofrece el soporte técnico a la Jurisdicción Inmobiliaria en lo referente a las
operaciones técnicas de mensuras catastrales; el lugar de su sede y sus
funciones son establecidos por la Suprema Corte de Justicia por la vía
reglamentaria. La Dirección Nacional de Mensuras Catastrales está a cargo de un
Director Nacional que será nombrado por la Suprema Corte de Justicia.
8- Diga
lo mismo de la Direcciones Regionales de Mensura y Catastro (art. 16 de la
Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales. Las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales están supeditadas
jerárquicamente a la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y su función es
velar por la correcta aplicación de esta ley y del Reglamento General de
Mensuras Catastrales. La composición y competencia territorial de este órgano y
sus funciones son determinadas por la Suprema Corte de Justicia por la vía
reglamentaria. Las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales están a cargo
de un Director Regional de Mensuras Catastrales.
territorial. La Suprema Corte de
Justicia tiene la facultad de crear las Direcciones Regionales de Mensuras
Catastrales que considere necesarias y de asignar la demarcación territorial de
las Secretarias de los Despachos Judiciales, establecer sus funciones (ver el
articulo 18 y 19).
La Secretaría es la unidad operativa que asiste a uno o varios despachos
judiciales en la función administrativa y jurisdiccional. La Secretaría está a
cargo de un secretario. Los requisitos para ser secretario son los mismos
establecidos en la ley de Carrera Judicial y textos complementarios. El apoderamiento
del tribunal se hace por intermedio de la Secretaría quien asigna el caso por
de la Secretaría de los despachos judiciales. Las funciones de la Secretaría
son las establecidas en la ley de Organización Judicial para los secretarios
judiciales y aquéllas que explícitamente les confiere esta ley y sus
10- Definir
Proceso de Saneamiento (ver articulo 20)
Definición. Es el proceso de orden público por medio del
cual se determina e individualiza el terreno, se depuran los derechos que
recaen sobre él y estos quedan registrados por primera vez. Pueden iniciar este
proceso: a) El Estado Dominicano; b)
Toda persona física o moral que reclame o posea un derecho sobre un inmueble no
registrado. En el proceso de saneamiento no se requiere el ministerio de
abogado, salvo que el mismo técnica y jurídicamente se torne litigioso.
11- Defina
Posesión para los fines de Saneamiento (ver articulo 21 de la ley y el articulo
2262 del código civil)
Posesión. A los fines del saneamiento, hay posesión
cuando una persona tiene un inmueble bajo su poder a título de dueño o por otro
que ejerce el derecho en su nombre. Para que la posesión sea causa de un
derecho de propiedad, debe ser pública, pacífica, inequívoca e ininterrumpida
por el tiempo fijado por el Código Civil según la posesión de que se trate. Se
consideran actos posesorios cuando los terrenos se hallen cultivados o
dedicados a cualquier otro uso lucrativo, la percepción de frutos, la
construcción que se haga en el inmueble, la materialización de los límites.
de la posesión. Se admite todo medio de prueba sobre la posesión, pero la
sentencia que adjudique la propiedad no puede fundarse únicamente en la prueba
testimonial, pudiendo el juez ordenar cualquier otra medida complementaria.
12- Cite
y defina las etapas del Proceso de Saneamiento (ver art. 24 al 27)
del saneamiento. En el proceso de saneamiento se identifican las siguientes
etapas: mensura, proceso judicial y registro.
Mensura. Es el procedimiento técnico por el cual se
individualiza, ubica y determina el terreno sobre el que se reclama el derecho
de propiedad a registrar. La mensura se inicia con la autorización para la
realización de la misma otorgada por la Dirección Regional de Mensuras
Catastrales territorialmente competente, la cual debe estar precedida por la
solicitud de autorización hecha por el reclamante. En la solicitud de
autorización para la realización de la mensura, el reclamante solicita que la
Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente autorice al
agrimensor a realizar los trabajos de mensura, la cual debe pronunciarse dentro
de un plazo de veinte (20) días. La solicitud lleva implícita la petición de
que la Dirección Regional de Mensuras Catastrales apodere al tribunal de jurisdicción
original territorialmente competente. La
Dirección Regional de Mensuras Catastrales debe pronunciarse con relación a los
trabajos de mensura dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la
presentación de los trabajos realizados. Esta autorización inviste al
agrimensor del carácter de oficial público y auxiliar de la justicia sujeto a
la presente ley y sus reglamentos. Toda negativa de la Dirección Regional de
Mensuras Catastrales a autorizar los trabajos de mensura debe estar técnica y jurídicamente
fundamentada. Una vez otorgada, la autorización tiene una vigencia de sesenta
(60) días durante los cuales el agrimensor debe ejecutar la mensura y presentar los documentos y
elementos justificativos a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales para
su revisión y aprobación. Con la debida justificación, la Dirección Regional de
Mensuras Catastrales interviniente puede prorrogar este plazo por un único
término de treinta (30) días. Dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha de la aprobación, la Dirección Regional de Mensuras Catastrales debe
apoderar al tribunal de jurisdicción original territorialmente competente para
el inicio del proceso judicial del saneamiento. Salvo las excepciones previstas
en la presente ley, se establece que desde el momento que se fije la fecha para
la mensura catastral, todas las cuestiones relacionadas con el título o
posesión de cualquier terreno comprendido en el área abarcada por la autorización
para la mensura, son de la competencia exclusiva de la Jurisdicción
Inmobiliaria. Cuando una cuestión está sometida o en estado de ser fallada por
ante los tribunales ordinarios y estos dejen de ser competentes para conocer de
ella, por efecto del comienzo de una mensura catastral, el tribunal al cual se
haya sometido la cuestión debe declinarla, acompañado del expediente relativo a
la causa, por ante la jurisdicción competente, para que lo falle junto con los
demás asuntos en relación con la misma, o separadamente según proceda.
proceso judicial. Es el procedimiento
por ante los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria que depura el derecho a
un plazo no mayor de quince (15) días, el tribunal de jurisdicción original
apoderado debe notificar a los reclamantes que se ha iniciado el proceso judicial
del saneamiento para que estos, antes de la primera audiencia cumplan con los
requisitos de publicidad precisados en esta ley y en la vía reglamentaria. La
primera audiencia del saneamiento debe celebrarse dentro de los sesenta (60)
días posteriores a la recepción del apoderamiento por parte del tribunal de
jurisdicción original. El tribunal apoderado debe poner en conocimiento del
Abogado del Estado del inicio del proceso judicial del saneamiento e informarle
la fecha de la primera audiencia, para que este emita su opinión. La falta de
comparecencia o falta de opinión del Abogado del Estado se considera como la
falta de interés y la no objeción del Estado al proceso de saneamiento. La
falta de opinión del Abogado del Estado no impide, sin embargo, que el inmueble
sea adjudicado. Cualquier litigio referente al terreno en proceso de
saneamiento es competencia del tribunal apoderado. Todo proceso de saneamiento
termina con una sentencia de adjudicación del inmueble, la cual será notificada
mediante acto de alguacil, momento a partir del cual comienza a correr el plazo
para interponer el recurso de apelación. En caso de que ningún particular pueda
probar su derecho de propiedad sobre el inmueble, el mismo debe adjudicarse al
Estado Dominicano. Si vencido el plazo de apelación nadie recurre la sentencia
del Tribunal de Jurisdicción Original, esta adquiere la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, excepto en el caso de que se intente el recurso
extraordinario de revisión por causa de fraude dentro del plazo establecido en
la presente ley. La sentencia irrevocable de saneamiento, acompañada del plano
definitivo de mensura aprobado y toda aquella documentación complementaria,
establecida por la vía reglamentaria por la Suprema Corte de Justicia, debe ser
remitida al Registro de Títulos que corresponda, dentro de los quince (15) días
a la recepción de los planos aprobados, para que se efectúen los registros
correspondientes y se expida el Certificado de Título.
registro. Es el acto por el cual se expide el Certificado de Título que
acredita la existencia del derecho, junto a sus elementos esenciales, se
habilitan los asientos de registro complementarios y con ello se le da
publicidad. En el Certificado de Título se deben incorporar los elementos
esenciales del derecho de propiedad adjudicado en la sentencia definitiva e
irrevocable. En los asientos complementarios de registros se deben incorporar
la totalidad de los derechos adjudicados en la sentencia y sus respectivos
titulares. Dentro de un período no mayor de treinta (30) días contados a partir
del recibo de la sentencia definitiva e irrevocable, la oficina de Registro de
Títulos correspondiente debe proceder a realizar las operaciones anteriormente
13- Defina
Litis sobre Derecho Registrado (ver art. 28 de la ley y 132 y siguiente del
Es el proceso contradictorio que se introduce ante los Tribunales de la
Jurisdicción Inmobiliaria en relación con un derecho o inmueble registrado.
Los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria son los únicos competentes para
conocer de las litis sobre derechos registrados siguiendo las disposiciones
procesales contenidas en la presente ley y sus reglamentos. Las acciones deben
iniciarse por ante el tribunal de jurisdicción original territorialmente
de la demanda. En los casos contradictorios entre partes, y en el plazo de la
octava franca a partir de la fecha de depósito de la demanda en la Secretaría,
el demandante debe depositar en la Secretaría del tribunal apoderado la
constancia de que ha notificado al demandado por acto de alguacil la instancia
introductiva de la demanda depositada en este tribunal. Hasta tanto el
demandante cumpla con este requisito el tribunal no debe fijar audiencia, ni
debe realizar ningún tipo de trámite procesal en relación con la demanda. Para
las litis sobre derechos registrados, se reputa contradictoria la sentencia que
intervenga cuando el juez haya comprobado que las partes están debidamente
Capitulo II del Reglamento 1737-2007 sobre la Litis Sobre Derecho Registrados
Demanda. El
Artículo 132 establece que todo acto de demanda con motivo de una litis sobre
derechos registrados deberá contener al menos, las menciones requeridas por
este reglamento para el apoderamiento de los Tribunales de la Jurisdicción
Juez o Tribunal llamado a conocer una litis sobre derechos registrados, no
fijará audiencia, ni realizará ningún tipo de trámite procesal hasta tanto el
demandante haya depositado en la Secretaria del Despacho Judicial la
notificación de la demanda a la contraparte por acto de alguacil.
el demandante no cumple con el requisito del depósito de la notificación de la
demanda introducida en la Secretaría del Despacho Judicial en el plazo
establecido en el artículo 30 de la Ley de Registro Inmobiliario, la misma
Publicidad de la Litis
sobre Derechos Registrados. El Artículo 135 Dice que el Juez
o Tribunal apoderado de una litis sobre derechos registrados, una vez sea
depositada la notificación de la demanda a la contraparte, informará al
Registro de Títulos y a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales
correspondientes, la existencia de la misma. El Registro de Títulos
correspondiente anotará un asiento sobre el inmueble involucrado en el que se
hará constar que el mismo es objeto de un conflicto que se está conociendo en
Juez o Tribunal, una vez decidido el litigio, comunicará al Registro de Títulos
y a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondientes la decisión
que pone fin al proceso. El Registro de Títulos correspondiente cancelará el
asiento donde se hizo constar, en cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
14- Defina
las Medidas Provisionales e Interlocutorias (Ver Art. 32 y 33 de la Ley)
provisionales. Son aquellas de carácter
provisorio ordenadas por el juez, a pedimento de parte o de oficio, que no
prejuzgan el fondo y son recurribles conjuntamente con la sentencia definitiva
por ante el Tribunal Superior de Tierras correspondiente.
interlocutorias. Durante el saneamiento
o cualquier proceso judicial en relación con inmuebles registrados, el juez
apoderado, de oficio o a pedimento de cualquiera de las partes puede tomar las
medidas interlocutorias que se impongan, las que son recurribles
independientemente de la sentencia definitiva.
15- Refiérase
a lo establecido en los artículos 34 y 35 de la ley, sobre la Inhibición, Recusación
e Inhabilitación de Jueces.
causas que de acuerdo al derecho común pueden dar motivo a la inhibición o a la
recusación de un Juez, se aplican igualmente a los jueces de la Jurisdicción
Procedimiento. En caso de inhabilitación, renuncia,
destitución o muerte de cualquier juez de la Jurisdicción Inmobiliaria antes de
fallar una causa en que hubiese tomado parte, o en caso de hallarse
imposibilitado por cualquier otro motivo para conocer de ella, el presidente
del Tribunal Superior de Tierras territorialmente competente debe designar otro
juez del mismo grado para que concluya el proceso. Cuando el juez inhabilitado
por las razones previstas en el presente artículo sea un juez de Tribunal
Superior de Tierras, queda facultada la Suprema Corte de Justicia para designar
su sustituto provisional.
16- Defina
y Desistimiento, cite sus efectos, perención de Instancia (ver art. 36 al 38)
Es el abandono o renuncia voluntaria del solicitante, ante el juez apoderado
del caso, de la acción solicitada al tribunal. Cualquiera de las partes en un
proceso puede desistir de sus demandas o pretensiones. El procedimiento para
estos fines es el que establece el Código de Procedimiento Civil.
del desistimiento. Cuando el
desistimiento es aceptado, implica de pleno derecho el consentimiento de que
las cosas sean repuestas, de una y otra parte, en el mismo estado en que se
encontraban antes de la acción.
de Instancia. Todo proceso en el que transcurran tres (3) años de inactividad
procesal de las partes, se podrá archivar de forma definitiva y se reputa
irrefragablemente que no hay interés en el mismo. La perención de instancia se
produce de pleno derecho. La situación de estado de fallo de un expediente
impide que se produzca la perención.
17- Defina
Fondo de Garantía de Inmueble Registrados. Establezca la base de esta Garantía.
(Ver y comentar, art. 39 al 46 de la ley y 158 del reglamento)
Definición. Es la garantía establecida a los fines de
indemnizar a aquellas personas que sin negligencia de su parte y actuando de
buena fe, hayan sido perjudicadas con la aplicación de la presente ley. Cuando
el perjuicio provenga de errores técnicamente admisibles en la ejecución del
levantamiento parcelario no procederá la demanda contra el Fondo de Garantía de
Inmuebles Registrados. Los errores técnicamente admisibles en la ejecución del
levantamiento parcelario serán precisados por la vía reglamentaria por la
especial. Para integrar el Fondo de
Garantía de Inmuebles Registrados, y para el funcionamiento y sostenibilidad de
la Jurisdicción Inmobiliaria, se establece una contribución especial que recae:
Sobre los inmuebles que se registren por primera vez; b) Cada vez que se deba
emitir un nuevo Certificado de Título, producto de una transmisión de derechos
reales; con los alcances, bases imponibles, proporciones, forma de pago,
exenciones y distribuciones que se establecen en los artículos siguientes.
que se adjudiquen por primera vez. Los inmuebles situados en el territorio de
la República Dominicana, que se adjudiquen por primera vez en la Jurisdicción
Inmobiliaria, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, deberán pagar
una contribución especial. Son contribuyentes los poseedores a título de dueño
o quienes los representen a su nombre, contemplados en el Título III, Capítulo
I, de la presente ley, bajo el proceso de saneamiento. La base imponible de la
contribución especial establecida en este artículo está constituida por la
valuación fiscal de los inmuebles, determinada de conformidad con la
certificación de avalúo que emita la Dirección General del Catastro Nacional.
La contribución a pagar es del cero punto cinco por ciento (0.5%), y se aplica
sobre la base imponible determinada de conformidad con el Párrafo II. El pago
de la contribución especial es efectuado por el reclamante, o quien lo
represente a su nombre, depositando en el banco del Estado habilitado el
importe correspondiente. El juez que interviene en la causa no procederá a
adjudicar ningún derecho sobre el inmueble reclamado sino hasta cuando se haya
demostrado que el pago de la contribución especial ha sido efectuado. Quedan exentos de la contribución especial de
este artículo: a)
Los inmuebles que se adjudiquen a favor del Estado dominicano; b) Los inmuebles
que se adjudiquen a favor de instituciones benéficas; c) Los inmuebles que se
adjudiquen a favor de organizaciones religiosas; d) Los inmuebles cuyos valores
individuales no excedan el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos
establecidos para el personal del sector público.
vez que se emita un nuevo certificado de título producto de la transmisión de
derechos reales, debe pagarse una contribución especial. Son contribuyentes los
propietarios o adquirentes, o quienes los representen a su nombre, que
contempla el Título V, Capítulo I, de la presente ley. La base imponible de la
contribución especial establecida en este artículo, es la siguiente: a)
Para inmuebles urbanos edificados destinados a viviendas, y para inmuebles
urbanos no edificados, la base imponible la constituye la valuación fiscal
establecida para el cálculo del impuesto sobre la vivienda suntuaria y los
solares urbanos no edificados; b) Para el resto de los inmuebles, urbanos y
rurales, independientemente del destino o uso que se les asigne a los mismos,
la base imponible la constituye la valuación fiscal establecida de conformidad
con la certificación de avalúo que emita la Dirección General del Catastro
contribución a pagar es de cinco mil pesos oro dominicanos (RD$5,000.00)
ajustados por inflación y se aplica sobre la base imponible determinada de
conformidad con el Párrafo II. El pago de la contribución especial debe ser
efectuado, indistintamente, por la persona que transmita el derecho o por la
persona a cuyo favor se deba expedir el nuevo certificado de título, o quienes
lo representen a su nombre, depositando en el banco del Estado habilitado el
importe correspondiente. El
registrador de títulos respectivo no procederá a registrar la transmisión de
ningún derecho sobre el inmueble sino hasta cuando se haya demostrado que el
pago de la contribución especial ha sido efectuado. Quedan exentos de la
contribución especial de este artículo: a)
Los inmuebles que se transmitan a favor del Estado dominicano; b) Los inmuebles
que se transmitan a favor de las instituciones benéficas; c) Los inmuebles que
se transmitan a favor de las organizaciones religiosas; d) Los solares urbanos
edificados destinados a viviendas, que se encuentren exentos del pago conforme
a la Ley No.18-88, del 5 de febrero de 1988. Distribución.
El producto de las contribuciones especiales establecidas en este capítulo se
Para el Fondo de Garantía de Inmuebles Registrados, el sesenta por ciento
(60%), que deberá asignar hasta un diez por ciento (10%) de sus recursos para
el fomento e impulso de la regularización del derecho inmobiliario en el país; b)
Para el funcionamiento y sostenibilidad exclusivas de los órganos que contempla
la Jurisdicción Inmobiliaria en la presente ley, el cuarenta por ciento (40%).
competente. Toda acción intentada en los
tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria para enmendar el perjuicio que le
haya sido causado por la aplicación de la presente ley, debe ser ordenada su
resarcimiento por la misma sentencia que haya declarado la existencia del daño.
El juez fijará el monto a resarcir.
y custodio del Fondo de Garantía de Inmuebles Registrados. La custodia y
administración del Fondo de Garantía estará a cargo de un Consejo de
Administración designado por la Suprema Corte de Justicia.
y desembolso. Una vez notificada la
sentencia que intervenga con autoridad de la cosa juzgada que ordene la
indemnización, la entidad administradora, debe efectuar el pago
correspondiente, en un plazo no mayor de sesenta (60) días.
Reglamento 1737-2007 en su Capitulo IV sobre el fondo de garantía de inmuebles
Registrados establece que La acción prevista en la Ley, tendente a resarcir un
perjuicio originado con motivo de su aplicación, será conocida por el Tribunal
de Jurisdicción Original con competencia de conformidad con lo previsto en la
misma, previa comprobación de que el Fondo de Garantía de Inmuebles Registrados
Juez ante el cual se solicite el resarcimiento por parte del Fondo de Garantía
de Inmuebles Registrados verificará que dicho Fondo ha sido debidamente
notificado de la presentación de la acción. La acción para enmendar el
perjuicio se conocerá siguiendo el procedimiento establecido por la Ley y el
presente Reglamento para las litis sobre derechos registrados.
18- Defina
y establezca el procedimiento del Desalojo de Inmuebles Registrados por ante el
abogado del Estado y por ante la Jurisdicción Inmobiliaria. (Ver art. Del 47 al
Es el procedimiento mediante el cual se libera un inmueble registrado de
cualquier ocupación ilegal. No procede el desalojo de un copropietario del
mismo inmueble contra otro en virtud de una Constancia Anotada. El desalojo
contra todo aquel que con autorización del propietario, estuviera ocupando un
inmueble, debe tramitarse o perseguirse por ante la jurisdicción ordinaria.
de desalojo ante el Abogado del Estado.
propietario de un inmueble registrado, amparado en su Certificado de Título o
Constancia Anotada puede requerir el Abogado del Estado el auxilio de la Fuerza
Pública para proceder al desalojo del ocupante o intruso. El
propietario se proveerá de una autorización emitida por el Abogado del Estado
que será notificada al intruso por acto de alguacil, de la misma jurisdicción,
conjuntamente con el Certificado de Título, intimándole para que en el plazo de
quince (15) días abandone el inmueble ilegalmente ocupado. Vencido este plazo,
el Abogado del Estado mediante oficio que será notificado mediante acto de
alguacil concederá un último plazo de quince (15) días para que abandone el
inmueble o deposite sus alegatos por ante dicha institución.
Abogado del Estado luego de que compruebe la legitimidad de los documentos
depositados por el propietario, y transcurridos los plazos ya establecidos
ordenará el desalojo que deberá ser realizado por acto de alguacil mediante
proceso verbal de desalojo en un plazo no mayor de treinta (30) días.
judicial de desalojo. Como producto de un proceso contradictorio, los jueces de
la Jurisdicción Inmobiliaria pueden ordenar el desalojo, a solicitud de parte
interesada, del Abogado del Estado o de oficio. Toda decisión irrevocable de un
tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria que ordena un desalojo debe ser
notificada al intruso, por acto de alguacil, por lo menos quince (15) días
antes de proceder a su ejecución. Vencido dicho plazo, la parte interesada
podrá requerir al Abogado del Estado, el auxilio de la fuerza pública para
19- Hable
del Referimiento por ante la Jurisdicción inmobiliaria (ver art. Del 50 al 53
de la ley 108-2005 y 163 del reglamento)
El juez del Tribunal de Jurisdicción Original apoderado del caso puede conocer
en referimiento de toda medida urgente y de carácter provisional que se deba
tomar respecto al inmueble. En el curso de la litis sobre derechos registrados
el juez de Jurisdicción Original debe actuar a pedimento de las partes. Su
ordenanza como juez de los referimientos no puede prejuiciar el fondo del
asunto, no adquiere en cuanto a lo principal la autoridad de la cosa juzgada, y
es ejecutorio provisionalmente, no obstante cualquier recurso.
51.- Competencia. El juez de
Jurisdicción Inmobiliaria apoderado del caso puede también ordenar en
referimiento, todas las medidas conservatorias que se impongan para prevenir un
daño inminente o para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita o
Procedimiento. El demandante en referimiento debe citar por
acto de alguacil de la Jurisdicción Inmobiliaria a la parte demandada para que
en el plazo de un (1) día franco comparezca por ante el juez apoderado, quien
debe dictar su decisión en un plazo no mayor de quince (15) días contados a
partir de la fecha de la audiencia.
de Recurso. La medida dictada en referimiento es recurrible por ante el
Tribunal Superior de Tierras correspondiente. El
plazo para recurrir las medidas dictadas en referimiento es de quince (15) días
contados a partir de la notificación de la decisión. El presidente del Tribunal
Superior de Tierras tiene las mismas facultades previstas en los artículos 140
y 141 de la ley 834, del 15 de julio de 1978, que abroga y modifica ciertas
disposiciones en materia de Procedimiento Civil y hace suyas las más recientes
y avanzadas reformas del Código de Procedimiento Civil Francés.
Capitulo VI articulo 163 de la Resolucion 1737-2007 dice sobre el Referimiento.
Juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original sólo puede conocer de una
demanda en referimiento con motivo de una instancia de la que esté apoderado.
demanda en referimiento se introduce por medio de una citación al demandado
emplazándolo a comparecer a la audiencia que se celebrará el día y hora
habilitados por el Tribunal de la Jurisdicción inmobiliaria de que se trate. La
citación al demandado deberá estar acompañada por el auto de fijación de
audiencia correspondiente.
20- Defina
y establezca lo contenido en el art. Del 54 al 57 de la ley, relativo a la
partición de inmuebles registrados, incluyendo determinación de herederos.
Es el procedimiento mediante el cual se hace cesar el estado de indivisión
entre los copropietarios, coherederos y/o copartícipes de un inmueble
Competencia. El tribunal de jurisdicción original que
territorialmente corresponde al inmueble es el competente para conocer de los
casos de partición de inmuebles registrados. En aquellos casos en que se trate
de inmuebles ubicados en diferentes jurisdicciones la primera jurisdicción
apoderada será el tribunal competente. En los casos de partición amigable, esta
se ejecuta por la vía administrativa. A tal efecto, la solicitud de partición
debe acompañarse del acto auténtico o bajo firma privada debidamente legalizado
por notario en el cual todos los copropietarios, coherederos o coparticipes de
común acuerdo pongan de manifiesto su voluntad y forma de dividir amigablemente
el inmueble indicando el proyecto de subdivisión de tales derechos.
Partición. Cualquier copropietario, coheredero o
copartícipe de un derecho registrado indiviso puede solicitar la partición al
Tribunal de Jurisdicción Original correspondiente. Toda partición involucra la
totalidad del inmueble. Para los casos contradictorios de partición de derechos
registrados indivisos, el Tribunal de Jurisdicción Original apoderado debe
actuar de acuerdo al procedimiento establecido en la litis sobre derechos
registrados. Los requerimientos especiales a cada modo de partición y las
especialidades procesales de cada una de éstas son determinadas y establecidas
en la vía reglamentaria. Cuando una partición se torne litigiosa, y una de las
partes solicite la declinatoria por estar la jurisdicción ordinaria conociendo
del caso, la Jurisdicción Inmobiliaria debe declinar el mismo.
de herederos. La Jurisdicción Inmobiliaria sólo es competente para conocer la
determinación de herederos cuando ésta se solicita conjuntamente con la
partición de inmuebles registrados. El Registrador de Títulos debe inscribir y
ejecutar la determinación de herederos con la presentación de la decisión del
tribunal correspondiente y los demás documentos exigidos por la ley.
21- Hable
de la audiencia por ante la Jurisdicción Inmobiliaria. (ver art. 58 al 61 de la
ley y 52 al 66 del reglamento 1737-2007)
Audiencia. Es la etapa oral, pública y contradictoria
del proceso, donde las partes presentan las peticiones, pruebas, argumentos y
conclusiones que desean hacer valer por ante los tribunales de la Jurisdicción
Inmobiliaria. La audiencia es presidida por el juez o los jueces apoderados del
caso. Por cada audiencia se levanta un acta donde se registran los principales
de saneamiento. En el saneamiento el
juez celebra tantas audiencias como lo considere conveniente y debe trasladarse
al terreno tantas veces como fuere necesario.
audiencias. En aquellos procesos que no son de orden público sólo se celebran
dos audiencias: la audiencia de sometimiento de pruebas y la audiencia de
de sometimiento de pruebas. En la
primera audiencia, se presentan las pruebas en que las partes apoyan sus
pretensiones. Las partes pueden solicitar al juez que requiera cualquier prueba
que les resulte inaccesible y que deba ser ponderada. En esta audiencia, el
juez, debe fijar la fecha de la segunda audiencia y las partes comparecientes
quedan debidamente citadas. Excepcionalmente, en caso de que aparezcan nuevas
pruebas, se revelen hechos o se planteen incidentes que a juicio del juez deban
ser ponderados, éste podrá fijar nuevas audiencias para tales fines dentro de
los treinta (30) días a partir de que tuviere conocimiento de los mismos. Audiencia
de fondo. En esta audiencia, las partes
deben presentar sus conclusiones por escrito, pudiendo el juez conceder plazos
a las partes, no mayores de quince (15) días consecutivos a los fines de
depósito de escritos ampliatorios.
para audiencia. Las partes deben ser citadas para la audiencia mediante acto de
alguacil conforme a lo que establece el Código de Procedimiento Civil.
Resolución 1737-2007 establece en su articulo 52 Audiencia en los Tribunales de
audiencia es la etapa del proceso judicial mediante la cual el Juez o Tribunal
escucha los alegatos, pretensiones y peticiones de las partes; recibe y toma
conocimiento de las pruebas por ellas aportadas; decide sobre las mismas. Todas
las audiencias celebradas por los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria
son orales, públicas y contradictorias.
de Audiencias. Las audiencias son
fijadas, a solicitud de parte interesada o de oficio, por el Juez o Tribunal,
asistido por su secretario.
de Audiencias. El acta de audiencia es el documento en el que se deja
constancia de la celebración de la audiencia y lo ocurrido en ella con
relevancia para el Tribunal. De toda audiencia celebrada por un Tribunal de la
instrumentación del acta de audiencia estará a cargo del Secretario del
Despacho Judicial correspondiente, o del delegado del mismo, mediante un
procedimiento que asegure su trascripción fiel y eficiente.
acta de audiencia debe contener, entre otras menciones:
Datos del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria apoderado. b) Constitución
del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria apoderado. c) Fecha, hora y lugar
de la audiencia. d) Número del expediente. e) Naturaleza del caso a ser
tratado. f) Datos del o de los inmuebles involucrados. g) Lista de partes
interesadas, con sus generales. h) Lista de partes citadas, con sus generales. i)
Lista y datos generales de los comparecientes y de sus representantes, así como
de cualquier persona que intervenga en el proceso. j) Las actuaciones que el
Juez o Tribunal ordene consignar por considerar que son relevantes para la
solución del caso, a solicitud de parte o de oficio. k) Las conclusiones de las
partes. l) Las preguntas formuladas y las respuestas dadas por los testigos y/o
peritos. m) Los documentos nuevos depositados durante la audiencia. n) El
inventario de pruebas presentadas en audiencia y depositadas por Secretaria. ñ) La decisión del juez, o) La firma del Juez.
p) La firma del Secretario. q) Firma de los testigos, si el Juez lo considera
conveniente, referente al testimonio ofrecido por estos.
acta de audiencia forma parte del expediente y de la misma se extenderán copias
a solicitud de las partes. Podrá extenderse una copia del acta de audiencia a
cualquier otra persona que demuestre tener un interés legítimo en el caso,
siempre que así lo autorice expresamente el Juez o Tribunal apoderado.
de las Audiencias. La audiencia en
los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria se desarrolla de la siguiente
Se constituye el Tribunal y se declara la apertura de la audiencia por parte
del Juez o Tribunal apoderado. b) Se ordena la lectura del Auto de Fijación de
Audiencia al Secretario o su delegado. c) Se ordena la presentación de las
calidades de las partes presentes o de sus representantes. d) Se autoriza la
presentación de pruebas, la apertura de los debates y/o la presentación de
conclusiones. e) Se dispone el cierre de la audiencia por parte del Juez o
el desarrollo de toda audiencia el Juez o Tribunal apoderado ordenará a las
partes o a sus representantes, expresarse con moderación y respeto, y al
público, observar la compostura y el silencio debidos. Podrá suspender el uso
de la palabra en caso de desobediencia, y reclamar el auxilio de la fuerza
pública para hacer desalojar la sala de audiencias o el lugar donde ésta se
desarrolle, a fin de garantizar el mantenimiento del orden y la seguridad de
Audiencias. En aquellos procesos que
no son de orden público sólo se celebran dos audiencias: la audiencia de
sometimiento de pruebas y la audiencia de fondo.
la Audiencia de Sometimiento de Pruebas.
Es la primera audiencia. En ella las partes presentarán un inventario
escrito, en el que consignarán y anexarán los documentos y demás pruebas que
harán valer en apoyo de sus pretensiones.
audiencia de sometimiento de pruebas será celebrada en un plazo no menor de
veinticinco (25) ni mayor de sesenta (60) días posteriores al apoderamiento del
la audiencia de sometimiento de pruebas las partes, además de presentar el
inventario escrito, comunicarán al Juez o Tribunal aquellas pruebas que les
hayan resultado inaccesibles y que a su juicio deban ser ponderadas. Aquellas
pruebas que habiéndolas podido conseguir el interesado, no las haya obtenido
por no realizar los trámites en el tiempo y forma requeridos, no se reputarán
el juez o Tribunal considere que a las partes les ha resultado imposible
acceder a pruebas que deban ser ponderadas para la solución del caso, dispondrá
las medidas que estime convenientes para la provisión de las mismas.
conocimiento de las excepciones de procedimiento a pena de inadmisibilidad,
deben ser presentadas simultáneamente y antes de toda defensa al fondo,
debiendo ser propuestas en la audiencia de presentación de pruebas. Los medios
de inadmisión pueden ser propuestos en todo estado de causa, de conformidad con
lo establecido en el artículo 45 de la Ley núm. 834 de 1978.
la Audiencia de Fondo. En la
audiencia de fondo, la cual debe haber sido fijada por el Juez o Tribunal en la
audiencia de sometimiento de pruebas, en un plazo no mayor de treinta (30)
días, el Juez o Tribunal intimará a las partes para que presenten sus alegatos
y depositen sus conclusiones escritas.
partes en los escritos ampliatorios sólo podrán desarrollar las conclusiones
vertidas en audiencia, siendo requisito para su recepción en la Secretaria del
Despacho Judicial correspondiente, que se anexe al mismo el acto de
notificación del escrito producido a la contraparte.
22- Hable
de los medios de inadmisión por ante la jurisdicción inmobiliaria. (Citar
definir y decir como deben ser plantados, ver art. 62 de la ley y la 834)
de inadmisión. Son medios de defensa para hacer declarar a una de las partes
inadmisible en su acción, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar
en justicia, tales como la falta de calidad, la falta de interés, la
prescripción, el plazo prefijado y la cosa juzgada. Los medios de inadmisión
serán regidos por el derecho común.
44 de la ley 834.- Constituye a una
inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario
inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para
actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el
plazo prefijado, la cosa juzgada.
23- Hable
de las excepciones, especial de incompetencia, por ante la jurisdicción inmobiliaria,
(citar, definir y decir como deben ser planteados) ver art. 62 de la ley y la
ley 834)
incompetencia es un concepto jurídico correlativo y contrario al de
competencia. En nuestro ordenamiento jurídico existen dos clases de
incompetencia como medio de excepción: la incompetencia absoluta y la
por ante el Tribunal de Jurisdicción Original se esta conociendo de una litis
sobre derechos registrados y el demandado plantea como medio de defensa una
excepción de incompetencia, el tribunal se puede declarar incompetente buen sea
porque acoge la excepción presentada por la parte que la ha propuesto o porque
de oficio se declara incompetente.
excepción de incompetencia, aun cuando se trate de reglas que sean de orden
publico deben ser propuestas, a pena de inadmisibilidad, ante de toda defensa
al fondo o fin de inadmisión.
incompetencia absoluta. La incompetencia absoluta es la que resulta del
apoderamiento de unos tribunales de una naturaleza, de un grado o de un orden
que no son los determinados por la ley. En esos casos se da, por consiguiente
una violación a una de las reglas de la competencia de atribución o ratione
materiae, o de la competencia funcional, la cual tiene un carácter de orden
publico. Esto implica que, aunque la parte demandada renuncie al derecho que
tiene para invocarla, o de oponer la excepción en limini litis, es decir, ante
de toda defensa al fondo o fin de inadmisión, el Abogado del Estado, cuando
actúa como ministerio publico, puede proponerla. El juez por su parte, puede
suplirla de oficio, en virtud de lo dispuesto por el articulo 20 de la ley 834,
el cual establece que la incompetencia puede ser pronunciada de oficio en caso
de violación de una regla de competencia de atribución, cuando esta regla es de
24- Hable
ampliamente de los recursos por ante la Jurisdicción Inmobiliaria, tanto contra
las actuaciones administrativas como contra las decisiones jurisdiccionales
(ver art 74 al 88 de la ley)
Es la acción contra un acto administrativo, dictado por los órganos
administrativos y técnicos de la Jurisdicción Inmobiliaria, así como de los que
se ejerzan contra las resoluciones administrativas de los Tribunales de la
Interposición. Cualquier persona que se considere afectada
por un acto o resolución puede solicitar la reconsideración e interponer los
recursos jerárquico y jurisdiccional.
de reconsideración. Se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto o la
resolución. El plazo para dicha solicitud es de quince (15) días, contados a
partir de la fecha de publicidad de la actuación. El órgano requerido deberá
pronunciarse en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud de reconsideración. Denegada la reconsideración o
vencido este plazo sin obtener respuesta, queda habilitado el recurso
jerárquico. Se interpone ante el órgano
jerárquicamente superior al que dictó el acto o la resolución recurrida,
mediante una instancia en revisión. El
plazo para interponer el recurso es de quince (15) días, contados a partir de
la fecha en que este recurso quedó habilitado. El órgano recurrido deberá pronunciarse dentro
del plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la presentación
de la instancia en revisión. Denegada la revisión o vencido este plazo sin
obtener respuesta, queda habilitado el recurso jurisdiccional.
jurisdiccional. Se interpone ante el
Tribunal Superior de Tierras territorialmente competente, en función del órgano
que dictó el acto o resolución recurrida, mediante instancia motivada y
documentada. El plazo para interponer el recurso es de treinta (30) días,
contados a partir de la fecha en que este recurso quedó habilitado. El Tribunal Superior de Tierras deberá decidir
dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de
la apelación. Es la acción mediante el cual se impugna una decisión dictada por
un tribunal de jurisdicción original.
Es competente para conocer del recurso de apelación el Tribunal Superior de
Tierras al que correspondiere el Tribunal de Jurisdicción Original que la
dictó. El recurso de apelación se interpone ante la Secretaría del Tribunal de
Jurisdicción Original correspondiente, mediante declaración por escrito
motivado, ya sea personalmente o mediante apoderado. Este recurso se notificará
a la contraparte, en caso que la hubiere, en un plazo de diez (10) días. Puede
interponer el recurso de apelación cualquiera que haya sido parte o
interviniente en el proceso y que se considere afectado por la sentencia
emitida, exceptuando los casos de saneamiento, en los que cualquier interesado
puede incoar este recurso.
El plazo para interponer el recurso de apelación es de treinta (30) días
contado a partir de la fecha de la notificación de la sentencia por acto de
LA CASACIÓN. Definición. Es la acción
mediante la que se impugna una decisión dictada por un Tribunal Superior de
Tierras. El procedimiento para interponer este recurso estará regido por la ley
sobre Procedimiento de Casación y los reglamentos que se dicten al respecto.
LA REVISIÓN POR CAUSA DE ERROR MATERIAL. Definición. Es la acción que sin pretender afectar un
derecho o cuestionar el fondo de una decisión de los tribunales de la
Jurisdicción Inmobiliaria se interpone para corregir un error puramente
Competencia. Es competente para conocer de esta acción el
mismo órgano que generó esta acción.
Los órganos de la jurisdicción inmobiliaria disponen de quince (15) días para
conocer la acción. El ejercicio de la presente acción se regula por la vía
LA REVISIÓN POR CAUSA DE FRAUDE. Definición. La revisión por causa de fraude es
la acción mediante la cual se impugna una sentencia que el interesado considera
que fue obtenida fraudulentamente durante el proceso de saneamiento.
persona que se considere fue privada de un derecho, por una sentencia obtenida
fraudulentamente puede interponer este recurso por ante el Tribunal Superior de
Tierras competente, en un plazo no mayor de un (1) año después de expedido el
certificado de título correspondiente. Se puede interponer este recurso a
partir de publicada la sentencia y hasta transcurrido un (1) año de la emisión
del primer Certificado de Título. No se reputará tercer adquirente de buena fe
a toda persona que adquiere un inmueble durante el plazo previsto para
interponer el recurso de revisión por causa de fraude. Cuando se emita un
título por primera vez el registrador realiza una anotación indicando el plazo
de la prescripción para la acción de revisión por causa de fraude.
Competencia. El tribunal competente para conocer de este
recurso es el Tribunal Superior de Tierras correspondiente al Tribunal de
Jurisdicción Original que dictó la sentencia recurrida.
La instancia para conocer de este recurso debe ser notificada previamente, por
acto instrumentado por un ministerial de la jurisdicción inmobiliaria, a las
personas contra las cuales se dirija el mismo, así como a todo titular de algún
derecho, carga o gravamen a que se refiere la sentencia impugnada en relación
con el inmueble de que se trate.
25- Hable
de los documentos Registrables por ante la Jurisdicción Inmobiliaria (ver y
referirse a lo establecido en los art. Del 89 al 99 de la ley)
registrables. Los documentos que se
registran en los Registros de Títulos son los siguientes: Los que constituyan,
transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles. Los
que impongan cargas, gravámenes y medidas provisionales sobre los mismos. Los
que dispongan limitaciones administrativas y legales de carácter particular
sobre inmuebles, tales como servidumbres, declaración de patrimonio cultural y
otras que de alguna manera limitan o restringen la libertad de disposición
sobre el inmueble. Los derechos de los condómines sobre su unidad exclusiva,
así como la parte proporcional en las áreas comunes.
del registro. El registro es constitutivo
y convalidante del derecho, carga o gravamen registrado. El contenido de los
registros se presume exacto y ésta presunción no admite prueba en contrario,
salvo lo previsto por el recurso de revisión por causa de error material y por
causa de fraude. El registro ha sido realizado cuando se inscribe el derecho,
carga o gravamen en el Registro de Títulos correspondiente. Sobre inmuebles
registrados, de conformidad con esta ley, no existen derechos, cargas ni
gravámenes ocultos que no estén debidamente registrados, a excepción de los que
provengan de las leyes de Aguas y Minas.
de Título. El Certificado de Título es
el documento oficial emitido y garantizado por el Estado Dominicano, que
acredita la existencia de un derecho real y la titularidad sobre el mismo. Los
originales del Certificado de Título son custodiados por la Jurisdicción
Inmobiliaria. Sobre el original del Certificado de Título no se registra
ninguna inscripción ni anotación salvo las previstas expresamente en la
presente ley y la vía reglamentaria. Todos los derechos accesorios, cargas y
gravámenes deben ser incorporados en un registro complementario al Certificado
de Título. Dicho registro acredita el estado jurídico del inmueble. Los
aspectos de forma se especifican por la vía reglamentaria.
del Certificado de Título. El duplicado del Certificado de Título es una copia
fiel del Certificado de Título. Cuando se trate de un Certificado de Título en
copropiedad, se expedirá a cada copropietario un extracto del certificado
original. El estado jurídico del inmueble y la vigencia del duplicado del
Certificado de Título se acredita mediante una certificación oficial emitida
por el Registro de Títulos correspondiente. En caso de pérdida o destrucción
del duplicado del Certificado de Título, el propietario del derecho presenta
una instancia ante el Registro de Títulos acompañándola de una declaración
jurada y de una publicación en un periódico de amplia circulación nacional,
donde conste la pérdida o destrucción del mismo, solicitando la expedición de
un nuevo duplicado del Certificado de Título. Cuando la pérdida se produzca en
cualquiera de los órganos que conforman la Jurisdicción Inmobiliaria, la unidad
operativa ordenará de oficio o solicitará la expedición de un nuevo duplicado
sin costo alguno para el propietario. Los aspectos de forma se especifican por
la vía reglamentaria.
de registro de derechos reales accesorios. A los titulares y beneficiarios de
derechos reales accesorios, cargas, gravámenes y medidas provisionales
registradas se les entrega una copia del documento probatorio del derecho con
la certificación de inscripción en el Registro de Títulos.
de registro de acreedores. Los derechos reales accesorios, las cargas y
gravámenes se acreditan mediante certificaciones de registro de acreedores
emitidas por el Registro de Títulos. Estas certificaciones tienen fuerza
ejecutoria y validez probatoria por ante todos los tribunales de la República
Dominicana durante el plazo de vigencia de las mismas, excepto cuando se
demuestre que son contrarias a la realidad del Registro.
entre el Certificado de Título Original y el Duplicado. En caso de existir
alguna discrepancia entre el Certificado de Título y el Duplicado, prevalece el
calificadora. En los actos posteriores al primer registro, corresponde al
Registro de Títulos examinar, verificar y calificar el acto a inscribir, sus
formas y demás circunstancias, de conformidad a lo establecido en la vía
reglamentaria. En lo que se refiere a las decisiones emanadas de los Tribunales
de la Jurisdicción Inmobiliaria el Registro de Títulos sólo está facultado para
calificar aspectos de forma.
y anotaciones. Las inscripciones y
anotaciones se producen a pedimento expreso de parte interesada. Cuando la
anotación se produzca a pedimento de uno de los órganos que conforman la
Jurisdicción Inmobiliaria, el Registrador procederá a realizarla. Las
inscripciones producto del saneamiento o de la transmisión o modificación de
derechos registrados deberán estar respaldadas por un plano aprobado por la
Dirección Regional de Mensuras Catastrales. Para la transmisión o modificación
de los derechos registrados hasta la entrada en vigencia de la presente ley se
efectuará un diagnóstico catastral. Si el diagnóstico de la mensura catastral
establece la necesidad de la actualización del plano, se procederá en
consecuencia Cuando un inmueble sea objeto de expropiación por el Estado
Dominicano el Registrador de Título respectivo no procederá a registrar la
transmisión de ningún derecho sobre dicho inmueble hasta que se haya demostrado
que el titular del derecho registrado ha percibido del Estado Dominicano la
totalidad del importe correspondiente a dicha expropiación.
registral. La venta condicional de inmuebles se inscribe en el registro
complementario del Certificado de Título, esta inscripción genera un bloqueo
registral e impide la inscripción de actos de disposición. La declaración de
bien de familia de un inmueble se inscribe en el registro complementario del
Certificado de Título, generando un bloqueo registral que impide actos de
disposición y la inscripción de cargas y gravámenes sobre el inmueble.
de registros. El Registrador de Títulos podrá rectificar de oficio un error
puramente material. Esta rectificación debe ser notificada a requerimiento de
dicho funcionario a los titulares y a quienes puedan verse afectado por la
misma. Ninguna rectificación puede afectar a terceros de buena fe que se
hubiesen basado en los asientos del registro inexacto para su operación. En
ningún caso esta facultad de rectificar supone autorización para
desnaturalizar, modificar o alterar los derechos registrados.
26- Hable
del Régimen de Mensura y demás, previsto en los art. Del 108 al 112 de la ley)
de mensuras. Todo derecho de propiedad que se pretenda registrar de conformidad
con la presente ley debe estar sustentado por un acto de levantamiento
parcelario aprobado por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales. Los
actos de levantamiento parcelario en general y las mensuras en particular son
públicos y se ejecutan sobre la totalidad del inmueble involucrado. Para
aquellas parcelas que sean consideradas complejas por razones técnicas o
jurídicas la Suprema Corte de Justicia dictará el procedimiento a seguir por la
vía reglamentaria. (Modificado por el artículo 5 de la Ley No. 51, del 23 de
abril de 2007, G. O. No. 10416) Las inspecciones proceden cuando se trata de
controlar o verificar un trabajo que se está ejecutando o previamente
ejecutado. Las inspecciones son ordenadas por la Dirección General de Mensuras
Catastrales y a solicitud de los tribunales de tierras y por el Abogado del
Estado. La actualización de la mensura catastral de inmuebles registrados se
puede hacer a solicitud del propietario. Las edificaciones que estén avalados
por planos debidamente aprobados por los organismos competentes no necesitan
catastral. Los inmuebles se identifican mediante una designación catastral que
es otorgada por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales. La Dirección
Nacional de Mensuras Catastrales es quien define el formato y la asignación de
la designación catastral. Profesionales
habilitados. Los actos de levantamiento parcelario son ejecutados por
agrimensores y éstos están sometidos al régimen establecido por la presente ley
y el Reglamento General de Mensuras Catastrales.
La tramitación y aprobación de los actos de levantamiento parcelario se hacen
en la Dirección Regional de Mensuras Catastrales territorialmente competente. El
trámite se inicia ante la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, que
mediante autorización inviste al agrimensor del carácter de oficial público
para el acto solicitado. Una vez aprobado el acto, si éste no es impugnado, es
remitido al Registro de Títulos correspondiente para el registro de los
inmuebles resultantes. En los casos de impugnación se seguirá el procedimiento
establecido en los recursos contra actuaciones administrativas previstos en la
presente ley. Contrato de mensura catastral. Los conflictos derivados del
contrato de mensura son de la competencia de los tribunales de la Jurisdicción
27- Hable
de las infracciones que se comenten por ante la Jurisdicción Inmobiliaria,
Previsto en los art. 113 y 114 de la ley)
en materia inmobiliaria. Las infracciones que se pueden cometer en la
Jurisdicción Inmobiliaria son las mismas contempladas en el derecho común y
conllevan las mismas sanciones.
de las infracciones en materia inmobiliaria. En lo referente a las siguientes
infracciones deben contemplarse, además de las características establecidas en
el derecho común, las particularidades precisadas en relación con el carácter
de especialidad de la Jurisdicción Inmobiliaria. Delito de audiencia. En lo que
se refiere al delito de audiencia, se incluyen las audiencias celebradas en el
terreno. Perjurio. En lo que se refiere
al perjurio incluye además, las declaraciones falsas prestadas bajo la fe del
juramento a los registradores de títulos, y a los agrimensores cuando están
investidos del carácter de oficial público. Obstaculización de los trabajos de
mensura. Cualquier persona que
voluntariamente se niegue a proporcionar a los agrimensores que lleven a cabo
una mensura catastral, los informes que les deben ser dados de acuerdo con esta
ley y sus reglamentos, o que altere dichos informes o que en alguna forma
impida u obstaculice los trabajos de mensura, o que destruya o remueva los
avisos de mensura o los hitos colocados sobre el terreno, se castiga con una
multa equivalente de veinticinco por ciento (25%) a cinco (5) veces el salario
mínimo del sector público o prisión correccional de un (1) mes a dos (2) años,
o ambas penas a la vez. Obstaculización de medidas de publicidad. Cualquier
persona que voluntariamente destruya o impida la publicación de decisiones y/o
resoluciones en las instalaciones de los tribunales de la Jurisdicción
Inmobiliaria, se castiga con una multa equivalente de veinticinco por ciento
(25%) a cinco (5) veces el salario mínimo del sector público o prisión
correccional de un (1) mes a dos (2) años, o ambas penas a la vez. El tribunal
competente es el tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria en el que se ejecute
28- Hable
de la reapertura de debates por ante la Jurisdicción Inmobiliaria Como
ya hemos sostenido que los debates se cierran cuando las partes han concluido
sobre el fondo. La ley de registro inmobiliario en el párrafo 2 del articulo 60
expresa que excepcionalmente, en caso de que aparezcan nuevas pruebas, se
revelen hechos o se planteen incidentes que a juicio del juez deban ser
ponderados este podrá fijar nuevas audiencias para tales fines dentro de los
treinta 30 días a partir de que tuviera conocimiento de los mismos. Del
referido texto legal se infiere la posibilidad de la reapertura de debates, lo
que constituye una novedad para la jurisdicción inmobiliaria, ya que la
reapertura de los debates hasta ahora era obra de la jurisprudencia como fuente
creadora de derecho y de la doctrina y no del legislador.
suprema corte de justicia se ha pronunciado al respecto sosteniendo que en
primer lugar y por tratarse de un asunto perentorio, como lo es el relativo a
la reapertura de debates, solicitud que el recurrente afirma que le fue
rechazada sin motivos, procede declarar que es de principio que si después de
cerrados los debates en un proceso judicial, son producidos documentos o hechos
nuevos, el tribunal puede, a pedimento de parte, o aun de oficio, ordenar su
reapertura a fin de que el asunto sea nuevamente discutido, que sin embargo,
cuando esas condiciones no se cumplen, es decir cuando en una instancia
tendiente a que se reabra el debate no se aportan documentos ni se revelan hechos
nuevos, el tribunal no incurre en ninguna violación al rechazar el pedimento
como ocurrió en la especie, que por consiguiente al sostener el tribunal aquo
en la sentencia impugnada, que en cuanto a la solicitud de reapertura de
debates por la parte recurrida, que recibió la oposición de la parte
recurrente, este tribunal ha comprobado que no existen causas que justifiquen
esa reapertura de debates por cuanto no se han presentados ni documentos
nuevos, ni hechos nuevos, que por consiguiente, se rechaza por improcedente,
mal fundada y carente de base legal la solicitud de reapertura de debates, no
ha violado el derecho de defensa del recurrente ni ninguna disposición de
carácter sustantivo. Cas. 14 enero 2004 B.J. 1118 pág. 531-532.
después de cerrados los debates son producidos documentos o hechos nuevos, el
tribunal puede a pedimento de parte o de oficio ordenar la reapertura de
debates a fin de que el asunto sea nuevamente discutido. Además constituye un requisito fundamental que
la solicitud de reapertura de debates sea notificada a la contraparte, así como
una solicitud de fijación de audiencia para someterla al debate publico y
contradictorio a la vista de que se trata de documentos nuevos que ameriten su
necesario destacar que solo pueden solicitar la reapertura de los debates con
motivo de una litis sobre derecho registrados que se encuentren en estado de
recibir fallo, aquellos que han participado en los debates que fueron cerrados
al producir sus conclusiones al fondo, pero aquel que no ha participado en
debates no pueden pedir en modo alguno reapertura de debates porque este no ha
participado en debates, por los tanto no hay motivos para que los mismos sean
reabierto, ya que la solicitud que se haga en este sentido carece de objeto.