Source: http://psicolog.org/suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion.html?page=7
Timestamp: 2020-04-09 04:44:52
Document Index: 64476702

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 116', 'Artículo 64', 'artículo 63', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'artículo 145', 'artículo 129', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 61', 'artículo 64', 'artículo 216', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 115', 'artículo 216', 'Artículo 216', 'artículo 17', 'artículo 54', 'artículo 229', 'artículo 216']

OCTAVO. Procesos de fiscalización extraordinarios
OCTAVO. Procesos de fiscalización extraordinarios. En otro orden de ideas, es infundado el concepto de invalidez que propone el Partido del Trabajo, en el sentido de que debe declararse inconstitucional el artículo 64, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en cuanto prevé la práctica de procesos extraordinarios de fiscalización, lo que en su opinión viola las garantías de audiencia y debido proceso legal, así como el artículo 116 fracción IV, incisos b) y l) de la Constitución Federal.
Los artículos 14 y 16 constitucionales prevén respectivamente, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que nadie puede ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; por su parte el artículo 116 en la porción normativa que se estima violada prevé que en materia electoral son principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, los cuales deberán estar garantizados en las constituciones y leyes de los Estados, así como que deberán establecer un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.
En este apartado es importante precisar que el diverso inciso h), de la fracción IV del artículo 116 constitucional, establece que las constituciones y leyes de los Estados fijarán los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos.
Por su parte, el artículo cuya invalidez se solicita, a la letra establece:
“Artículo 64. En casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Comisión podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes a los establecidos en el artículo anterior. En todo caso, los procesos extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo de seis meses, salvo que el Consejo General autorice, por causa justificada, la ampliación del plazo. Los acuerdos del Consejo General a que se refiere este artículo podrán ser impugnados ante el Tribunal Estatal Electoral.”
La disposición combatida establece que previo acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes a los establecidos en el artículo 63 de la misma Ley.
Asimismo vale la pena destacar que esa disposición forma parte del Capítulo Cuarto titulado: “De la Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas”, que a su vez forma parte del Título Tercero de la Ley combatida, titulado: “De las Prerrogativas de los Partidos Políticos”.
A fin de entender el sistema del que forma parte el artículo combatido, resulta necesario transcribir los artículos 60, 61, 62, 63 y 65 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que son del tenor siguiente:
“Artículo 60. Para la revisión de los informes financieros que los partidos y agrupaciones políticas están obligados a presentar ante el Instituto Estatal Electoral, así como para la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos y privados destinados a las actividades ordinarias permanentes y a los procesos electorales, funcionará la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, que informará de su desempeño al Consejo General. La Comisión está facultada para obtener de los partidos y agrupaciones políticas, las aclaraciones, datos y comprobaciones que considere convenientes para la adecuada revisión de los informes.”
“Artículo 61. En el ejercicio de sus facultades, la Comisión deberá garantizar el derecho de audiencia de los partidos políticos y, en general, de toda persona requerida con motivo de los procesos de fiscalización a que se refiere el presente Capítulo. Los partidos tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y gastos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la Comisión sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros.”
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación atendiendo a las siguientes reglas:
a) Informes trimestrales cuando se realicen procesos electorales:
I. Serán presentados a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del trimestre que corresponda;
II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda, y
III. Si de la revisión que realice la Comisión se encuentran anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido a fin de que las subsane o realice las aclaraciones conducentes.
I. Serán presentados a más tardar dentro de los 60 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte;
III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos y pasivos, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda;
IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto, y
V. Las agrupaciones políticas presentarán un informe anual de ingresos y egresos, dentro del mismo plazo señalado en la fracción I de este inciso y siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento aplicable.
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;
II. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 10 días siguientes al de la conclusión de la precampaña, y
III. Los gastos de organización de los procesos internos y precampañas para la selección de candidatos a cargos de elección popular que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda.
II. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los 60 días siguientes al de la jornada electoral, y
III. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 145 de esta Ley, así como el monto y destino de dichas erogaciones.
2. El Instituto Estatal Electoral, deberá publicar en estrados los informes financieros a que se refiere el numeral anterior.
3. Los informes a que se refiere este artículo, deben contener la totalidad de los ingresos que reciban cualesquiera de las modalidades, incluido el apoyo que las instancias nacionales e interestatales de los partidos y agrupaciones políticas proporcionen a sus comités estatales, y deben dar cuenta de la aplicación y destino final de los recursos utilizando los formatos y atendiendo a los instructivos que para ese efecto establezca el Consejo General, a propuesta de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.”
1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos, se sujetará a las siguientes reglas:
a) La Comisión contará con 45 días para revisar los informes anuales, y con 60 días para revisar los informes de campaña. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes o para allegarse de los elementos necesarios ante la omisión o falta de presentación de los mismos.
Para la revisión de los informes de precampaña se estará a lo dispuesto en el artículo 129 de esta Ley;
b) Si durante la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de errores u omisiones, notificará al partido político que haya incurrido en ellos, para que en un plazo de 10 días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes.
Ante la omisión de rendir el informe, o en su defecto, ante el incumplimiento del requerimiento mencionado en el inciso anterior, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas podrá proponer al Consejero Presidente suspender las ministraciones, quien determinará su procedencia;
c) Una vez desahogado el requerimiento, si la Comisión considera subsanado el error u omisión, propondrá al Consejero Presidente se deje sin efectos la suspensión decretada.
Si la Comisión considera insuficientes las aclaraciones proporcionadas por el partido o agrupación política, otorgará un nuevo plazo improrrogable de 5 días para que los subsane;
d) La Comisión informará del resultado antes del vencimiento del plazo a que se refiere el inciso siguiente, para la elaboración del dictamen consolidado;
e) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la Comisión dispondrá de un plazo de 20 días para elaborar un dictamen consolidado, que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión, y
f) El dictamen deberá contener por lo menos:
I. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos;
II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos;
III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos, después de haberles notificado con ese fin, y
IV. Si no obstante los requerimientos mencionados en el presente artículo, la Comisión dictamina que no se dio cumplimiento a las normas de fiscalización, podrá proponer al Consejo General, por conducto del Consejero Presidente, la cancelación del financiamiento.
g) El dictamen y proyecto de resolución será presentado ante el Consejo General, quien procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes.
2. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Estatal Electoral el dictamen y resolución que en su caso emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en esta Ley.
3. El Consejo General del Instituto deberá:
I. Remitir al Tribunal Estatal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el recurso, el dictamen de la Comisión y el informe respectivo;
II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado éste, habiendo sido resuelto por el Tribunal Estatal Electoral, al Periódico Oficial del Estado el dictamen y, en su caso, la resolución recaída al recurso, para su publicación, y
III. Publicar en la página de internet del Instituto el dictamen y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal.”
1. El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Fiscalización, para el adecuado ejercicio de sus facultades, podrá solicitar a las autoridades electorales federales la realización de diligencias que tengan por objeto superar las limitaciones en materia de secreto bancario, fiduciario y fiscal, cuando por la naturaleza de la información que se derive de la revisión de los informes de los partidos y agrupaciones políticas así lo amerite.
2. Para el ejercicio de las facultades a que se refiere el párrafo anterior, se atenderá a las siguientes reglas:
a) El Consejo General deberá acordar la solicitud para la realización de diligencias por parte de las autoridades electorales federales;
b) La solicitud deberá mencionar el objeto, los documentos o movimientos materia de la indagatoria y partido o agrupación política involucrada, y
c) Asimismo se deberá especificar si se trata de salvar un obstáculo en materia de secreto bancario, fiduciario o fiscal, según corresponda.
3. El Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral podrá firmar convenios de apoyo y colaboración con el Instituto Federal Electoral para el intercambio de información en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos que no se encuentre comprendida en los incisos anteriores.”
También es importante precisar qué se entiende por fiscalización; así, de acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la palabra fiscalización es un galicismo de uso frecuente en la terminología administrativa, que sirve para denotar la función de control que las autoridades ejercen en una materia determinada. Una de las acepciones que la Real Academia Española le atribuye al verbo fiscalizar es la de “criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien”.
También apunta dicha Enciclopedia que la finalidad última de la fiscalización es fomentar la correcta aplicación de los recursos públicos y promover sanas prácticas administrativas en todas las instituciones de un Estado.
Precisado lo anterior debe decirse que la norma combatida en cuanto autoriza la realización de procedimientos extraordinarios de fiscalización, no resulta violatoria de la Constitución General de la República, pues su artículo 116, fracción IV, inciso h) es claro en ordenar que las leyes electorales de los Estados deberán establecer los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, lo que significa que éstos se encuentran sujetos a procesos de control de los medios económicos que reciben para la realización de sus fines, pero fundamentalmente explica en primer término, la constitucionalidad de la norma combatida, toda vez que el legislador ordinario debe fijar procedimientos de esa naturaleza, sin que se advierta limitación alguna constitucional respecto de los tipos de procedimiento que cada Entidad Federativa estime pertinente establecer, para vigilar el correcto origen y destino de los recursos que manejan los partidos políticos.
Luego, si la Constitución Federal ordena la existencia de procedimientos de fiscalización y no prohíbe aquellos que tengan el carácter de extraordinarios, por ende, los contemplados en la Ley reclamada no atentan contra lo dispuesto en el artículo 116 constitucional, pues finalmente se trata de un tipo de control de los recursos de los partidos políticos.
Asimismo, el artículo cuestionado debe analizarse como parte del sistema que integra, pues forma parte del capítulo relativo a la fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas y de éste destaca lo dispuesto en el artículo 61, que prevé que en el ejercicio de sus facultades la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, deberá garantizar el derecho de audiencia de los partidos políticos y, en general, de toda persona requerida con motivo de los procesos de fiscalización que prevé el capítulo, además de que los partidos tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y gastos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la Comisión sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar probables discrepancias.
De igual forma es importante señalar que la norma combatida señala en su última parte que los acuerdos del Consejo General relativos a los procesos extraordinarios de fiscalización, podrán ser impugnados ante el Tribunal Estatal Electoral; de donde es claro que al ordenarse que la Comisión deberá garantizar el derecho de audiencia y que los acuerdos relativos a los procedimientos extraordinarios podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral, ello demuestra el respeto a los principios contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, a la garantía de audiencia y debido proceso legal y, desde luego, el supuesto normativo no coloca en estado de indefensión a los partidos políticos, pues por imperativo constitucional y legal, se deberá respetar a éstos la garantía de audiencia y las formalidades que ella involucra.
Se insiste en que de la lectura al sistema integral de fiscalización que prevé la Ley combatida, no se advierte la existencia de algún trato inequitativo que pudiera derivarse de la norma hacia los partidos políticos, ni tampoco problema de falta de certidumbre, toda vez que los procesos de fiscalización extraordinarios tendrán su apoyo en acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral Local, en cuya redacción es claro que deberá observar la garantía de audiencia y las formalidades que dicho principio constitucional implica, pues como ya quedó apuntado, la autoridad administrativa electoral, en ejercicio de esas facultades deberá garantizar el derecho de audiencia de los partidos políticos.
En consecuencia, se propone declarar la validez del artículo 64 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en cuanto prevé la práctica de procesos extraordinarios de fiscalización.
NOVENO. Fórmula para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. Por otra parte, es infundado el concepto de invalidez que se plantea en contra del artículo 216 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que prevé el principio de representación proporcional en la asignación de regidores.
En relación con ese tema es importante tener presente lo dispuesto en el artículo 116, fracción II, tercer párrafo de la Constitución Federal, del que se desprenden como principios fundamentales en las elecciones estatales para conformar las legislaturas locales, el de mayoría relativa y el de representación proporcional como sistemas electorales, en los términos de las propias disposiciones.
Al respecto, este Alto Tribunal, ha considerado que el sistema de representación proporcional para la integración de los órganos legislativos, tiene por objeto procurar que la cantidad de votos obtenidos por los partidos corresponda, en equitativa proporción, al número de curules a que tenga derecho cada uno de ellos y, de esta forma, facilitar que los partidos políticos que tengan un mínimo de significación ciudadana puedan tener acceso a los órganos legislativos, para reflejar de mejor manera el peso electoral de las diferentes corrientes de opinión.
Igualmente, se ha señalado que en el establecimiento del principio de representación proporcional en el ámbito estatal, no existe obligación por parte de las Legislaturas locales de seguir reglas específicas para efectos de su reglamentación, ya que conforme al texto expreso del artículo 116 constitucional, sólo deben considerar en su sistema el principio de representación proporcional sin que se prevea alguna disposición adicional al respecto, por lo que la reglamentación específica es responsabilidad directa de dichas legislaturas puesto que, sobre el particular, la Constitución Federal no establece lineamientos, sino que, por el contrario, establece expresamente que deberá hacerse conforme a la legislación estatal correspondiente, siempre y cuando no contravenga las bases generales salvaguardadas por la Constitución Federal que garantizan la efectividad del sistema electoral.
Asimismo, esta Suprema Corte ha emitido jurisprudencia que fija las bases generales que tienen que observar las legislaturas de los Estados para cumplir con el establecimiento del principio de representación proporcional, según se advierte de la tesis de jurisprudencia P./J. 68/98, cuyo rubro es el siguiente: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL.”
Ahora bien, de acuerdo a lo hasta aquí asentado, puede decirse válidamente que este Alto Tribunal ha interpretado las directrices a seguir por las legislaturas locales en el establecimiento del principio de representación proporcional en los ordenamientos electorales que expida, sin embargo dichos lineamientos han operado exclusivamente para la conformación de los Congresos estatales.
De igual forma el artículo 115, fracciones I, primer párrafo y VIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, señala que las entidades federativas tendrán como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al municipio libre; que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento electo popular y directamente, el cual se integrará por un presidente y el número de síndicos y regidores que la legislación local determine; que el gobierno municipal se ejercerá exclusivamente por el Ayuntamiento; y asimismo, se advierte que se establece un imperativo para las autoridades legislativas locales, consistente en que al expedir sus leyes electorales deberán introducir el principio de representación proporcional para la elección de los ayuntamientos de los municipios que conforman la entidad.
Como puede advertirse del indicado precepto constitucional, el municipio es la célula primaria territorial, política y administrativa en los Estados, por lo que es el primer nivel de gobierno que entra en contacto con la ciudadanía asentada en él, de ahí que corresponda a sus habitantes elegir de manera directa a los funcionarios que deberán conformar el órgano de gobierno municipal.
Así, los miembros de los ayuntamientos que hayan resultado electos como tales, integran el órgano de gobierno municipal y representan los intereses de una comunidad municipal determinada, por tanto, el principio de representación proporcional que se instituye para los municipios, tiene como finalidad el que los partidos políticos contendientes en una elección municipal cuenten con un grado de representatividad, que deberá ser acorde a su presencia en los municipios que integren a la entidad federativa correspondiente, lo anterior, en atención al carácter nacional y estatal de los partidos políticos que contienden en las elecciones municipales.
En efecto, el principio de representación proporcional establecido para la conformación de los órganos legislativos, se instituyó para dar participación a los partidos políticos con cierta representatividad en la integración de dichos órganos, para que cada partido tenga una representación proporcional al porcentaje de su votación total y evitar la sobre-representación de los partidos dominantes, lo que implica que los institutos políticos tengan cierto grado de representatividad a nivel estatal, puesto que en su caso, conformarán precisamente un órgano de gobierno estatal.
En esta tesitura, el establecimiento del sistema de representación proporcional en el ámbito municipal, debe atender a los mismos lineamientos que la Constitución Federal señala para la integración de los órganos legislativos, esto es, que los partidos políticos que cuenten con cierto grado de representatividad estatal puedan acceder al órgano de gobierno municipal, lo que no implica, desde luego, que se limite la representación integral y genérica de los intereses de una concreta colectividad, ni que éstos se subordinen a lo que ocurra en otros municipios.
Las consideraciones que anteceden fueron sustentadas por esta Suprema Corte al conocer de las acciones de inconstitucionalidad 14/2004 y sus acumuladas 15/2004 y 16/2004, resueltas el quince de junio de dos mil cuatro, bajo la Ponencia del Ministro Aguirre Anguiano.
Ahora bien, el artículo 216 que se combate, es del tenor siguiente:
“Artículo 216. La asignación de regidores electos según el principio de representación proporcional, se sujetará a lo siguiente:
a) En los municipios que contempla el artículo 17, fracción I, del Código Municipal, los ayuntamientos podrán tener adicionalmente ocho regidores según el principio de representación proporcional; en los que refiere la fracción II del artículo citado, seis; en los que alude la fracción III, hasta cuatro; y, hasta dos, en los restantes comprendidos en la fracción IV;
b) Tendrán derecho a que les sean asignados regidores de representación proporcional los partidos o coaliciones, que hubiesen registrado planilla de candidatos en la elección respectiva, que no hayan obtenido el triunfo de mayoría relativa y hayan alcanzado por lo menos el 2% de la votación municipal válida emitida. La votación municipal válida emitida resultará de deducir de la votación municipal total emitida, los votos nulos y los votos a favor de candidatos no registrados. Para lo anterior, se entiende por votación municipal total emitida el total de votos depositados en las urnas de la elección municipal de ayuntamiento que corresponda;
c) Para la asignación de regidores de representación proporcional, se le restará a la votación municipal válida emitida señalada en el inciso anterior, la votación obtenida por los partidos o coaliciones que no hayan alcanzado el 2% de la misma. La distribución se hará mediante rondas de asignación entre los partidos políticos o coaliciones con derecho a ello, atendiendo al orden decreciente del porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos. En una primera ronda se asignará una regiduría a cada partido político o coalición que haya obtenido por lo menos el 2% de la votación municipal válida emitida, precisada en los términos del presente inciso.
Si varios partidos políticos o coaliciones se colocaren en este supuesto, de manera que sobrepasen al número de regidurías de representación proporcional que al municipio correspondan, éstas se otorgarán atendiendo por riguroso orden, al número decreciente del porcentaje de votación obtenida por cada partido o coalición;
d) Si después de aplicado lo anterior, aún quedaren regidurías por repartir, la asignación por este principio se sujetará a una fórmula que aplicará los siguientes elementos:
1. Cociente de unidad, y
Cociente de unidad, es el resultado de dividir la votación válida emitida en cada municipio a favor de los partidos y coaliciones con derecho a participar en la distribución, entre el número de miembros del ayuntamiento de representación proporcional a asignar en cada municipio.
Resto mayor de votos, es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político o coalición, una vez hecha la distribución de miembros de ayuntamiento mediante cociente de unidad. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese miembros por asignar;
e) Para la aplicación de la formula anterior, se seguirá el procedimiento siguiente:
Se determinarán los miembros que se le asignarán a cada partido político o coalición, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente de unidad. Los regidores asignados a los partidos políticos o coaliciones, de conformidad con el supuesto contenido en el inciso c) del presente artículo, corresponden al primer entero en los términos de este párrafo.
La asignación de regidores de representación proporcional se hará conforme al orden de la lista de candidatos registrada por cada uno de los partidos políticos o coaliciones, empezando por el primer lugar de la lista de candidatos a regidores y, si después de aplicar el cociente de unidad quedaren cargos por asignar, se aplicará el resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos o coaliciones en la asignación de los cargos del ayuntamiento, y
f) Serán regidores propietarios y suplentes, según el principio de representación proporcional, los que aparezcan en primer término con el carácter señalado en el registro que se autorice para la elección según el principio de votación de mayoría relativa.”
Precisado lo anterior, debe decirse que no asiste la razón al partido político actor, pues de la lectura a esa disposición se aprecia que la autoridad demandada estableció una fórmula de asignación de regidores por el principio de representación proporcional, que garantiza que los partidos políticos que hayan alcanzado por lo menos el dos por ciento de la votación municipal válida emitida obtengan una regiduría a través de ese principio, logrando así que se les reconozca determinado grado de representatividad y acceder de esa forma al órgano de gobierno; esto es, con el porcentaje contenido en esa fórmula, los partidos políticos son tomados en cuenta para obtener una regiduría.
Asimismo con la diversa fórmula que se aplica tomando en cuenta el cociente de unidad y el resto mayor los partidos políticos tienen la posibilidad de que quedando regidurías por repartir, éstas se les asignen con base en dicha fórmula; respecto de la cual esta Suprema Corte ha señalado que la representación que se da a través de dicha fórmula matemática sí conduce a una verdadera representación proporcional, porque toma en cuenta la votación emitida.
En relación con lo anterior resultan aplicables en lo conducente, las jurisprudencias que a continuación se reproducen:
“MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACION DE LOS ORGANOS LEGISLATIVOS. El principio de representación proporcional en materia electoral se integra a un sistema compuesto por bases generales tendientes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios e, impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobre-representación. Esto explica por qué, en algunos casos, se premia o estimula a las minorías y en otros se restringe a las mayorías. Por tanto, el análisis de las disposiciones que se impugnen, debe hacerse atendiendo no sólo al texto literal de cada una de ellas en lo particular, sino también al contexto de la propia norma que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente, pues no puede comprenderse el principio de representación proporcional atendiendo a una sola de éstas, sino en su conjunto; además, debe atenderse también a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela, a efecto de determinar si efectivamente la disposición combatida inmersa en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme a las bases generales que lo tutelan.” (Semanario Judicial de la Federación, Novena Epoca, tomo VIII, Noviembre de 1998, tesis P./J. 70/98, página 191).
“MATERIA ELECTORAL. EL ARTICULO 229, FRACCION II, DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE PREVE LA ASIGNACION DE UN DIPUTADO AL PARTIDO POLITICO QUE CUENTE, CUANDO MENOS, CON UN PORCENTAJE MINIMO DE LA VOTACION ESTATAL EMITIDA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL. De conformidad con esta disposición, a todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 2.5% del total de la votación estatal emitida, se les asignará una diputación por el principio de representación proporcional. En primer lugar, esta disposición es acorde con la base general derivada del artículo 54, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone como requisito para la asignación de diputados por dicho principio, la obtención de un porcentaje mínimo de la votación estatal para la asignación de diputados. En segundo lugar, analizadas cada una de las tres fracciones del artículo 229 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, no de manera particularizada e independientemente unas de otras sino adminiculadas entre sí, que en su conjunto reglamentan la asignación de diputados por dicho principio, permite apreciar que no se limita la asignación de diputados por el principio de representación proporcional al hecho único de tener un porcentaje mínimo de la votación en términos de su fracción II, sino que introduce otros métodos paralelos para llevar a cabo asignaciones por este principio, lo que denota que, en su contexto normativo, la fracción II, como regla específica de un sistema general, únicamente abarca un concepto concreto para lograr la representación proporcional y que es precisamente el permitir que los partidos minoritarios que alcanzan cierto porcentaje de representatividad puedan tener acceso a las diputaciones, de tal forma que, así, inmerso el numeral en ese contexto normativo, prevé un supuesto a través del cual se llega a ponderar también el pluralismo como valor del sistema político, al margen de los demás mecanismos establecidos con el mismo fin, pero sustentados en bases distintas. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo VIII, noviembre de 1998, tesis: P./J. 71/98, página: 190).
En síntesis debe decirse que con la norma discutida, y concretamente con la fórmula que prevé, no se da una valoración distinta del voto obtenido por los partidos políticos, sino que simplemente, en el primer supuesto permite que por lo menos se obtenga una regiduría por el principio de representación proporcional; y en el segundo supuesto, para el caso de que existan otras regidurías por repartir, se procederá a aplicar la fórmula de cociente de unidad y resto mayor, la que si bien se aplica tomando en cuenta la votación emitida, también lo es que en atención al principio de representación proporcional lo que hace es en efecto, tomar en cuenta la votación, en virtud de que ésta lo que refleja es el grado de representatividad de los partidos políticos, lo que explica que para ambos cálculos se toma en cuenta la votación.
De ahí que en la aplicación de esa fórmula no sea adecuada la afirmación que plantea el partido político en el sentido de que deberían restarse los votos para calcular el cociente de unidad y el resto mayor y proceder a la segunda asignación, pues se insiste, el objetivo del principio de representación proporcional es el de reconocer la representación que cada instituto político tenga.
Por ende, ante lo infundado del concepto de invalidez, se reconoce la validez del artículo 216 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en lo referente a la fórmula para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional.