Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2005/C-674-05.htm
Timestamp: 2017-10-18 12:57:39
Document Index: 102846355

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 229', 'artículo 1', 'artículo 229', 'artículo 42', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 229', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 22', 'artículo 229', 'artículo 1', 'artículo 229', 'artículo 229', 'artículo 7', 'artículo 229', 'artículo 229', 'artículo 229', 'artículo 229', 'artículo 229', 'artículo 42', 'artículo 23', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 6', 'Artículo 205', 'Artículo 208', 'Artículo 206', 'Artículo 209', 'Artículo 207', 'Artículo 210', 'Artículo 213', 'Artículo 214', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 42', 'artículo 140']

Si bien la disposición demandada excluyó la referencia al maltrato sexual como modalidad específica del tipo penal de la violencia intrafamiliar, en aquellos casos en los que una conducta de agresión sexual no pueda subsumirse en tipos delictivos que tengan prevista una pena mayor, la ilicitud de la misma se derivaría de su carácter violento, y, por consiguiente, ella se encuadraría, de manera necesaria, en los conceptos de maltrato físico o psicológico. De esta manera, la exclusión de la expresión “sexual” como modalidad del maltrato dentro del tipo de la violencia intrafamiliar, sólo dejaría por fuera del tipo conductas no violentas, las cuales serían enfrentadas a través de los instrumentos no penales que el ordenamiento ha previsto para el efecto. Así, la diferente naturaleza de las conductas y de los bienes jurídicos presentes en el maltrato físico y psíquico, por un lado, y el maltrato sexual, por otro, explica la diferencia de régimen jurídico. Las modalidades de maltrato que pueden presentarse en el seno de la familia remiten a problemas distintos, para los cuales el legislador ha previsto soluciones también distintas, sin que pueda señalarse que, por imperativo constitucional, el tratamiento que debe darse a las distintas modalidades de violencia sea idéntico. Cae dentro del ámbito de configuración legislativa el desarrollo de la mejor respuesta para enfrentar las situaciones marginales de maltrato sexual, que no quepan dentro de los tipos penales de violación y de actos sexuales abusivos y que tampoco pueden encuadrarse como maltrato físico o psicológico, sin que, en principio, pueda decirse que por imperativo constitucional, tales conductas deban ser objeto de sanción penal.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 (parcial) de la ley 882 de 2004 “Por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000”.
La ciudadana y defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo Karin Irina Kuhfeldt Salazar, haciendo uso de las facultades que le son conferidas en el literal C, numeral 4.2.2 del Instructivo General para el Sistema de Atención Integral adoptado por el Defensor del Pueblo, demandó el artículo 1 (parcial) de la Ley 882 de 2004, “Por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000”.
Señala que no obstante que podría argumentarse que la violencia sexual es un atropello tanto físico como psicológico, debe tenerse en cuenta que a esa conclusión se llega por inferencia y no por exégesis, y que en materia penal no es posible ampliar los tipos penales para cobijar casos por analogía o por extensión. Estima que, por lo tanto, en desarrollo del principio de legalidad penal, que se traduce en la denominada tipicidad, conforme a la cual “la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal”, es necesario consignar por escrito la expresión violencia sexual, para complementar el tipo penal de la violencia intrafamiliar.
Igualmente, expresa que en Colombia se ha tipificado el maltrato físico, como lesiones personales, y el maltrato psicológico, ora como tortura, ora como constreñimiento ilegal, los cuales tienen penas mayores a las de la violencia intrafamiliar. “Entonces, si el criterio para excluir la violencia sexual intrafamiliar fuese el hecho de que es un tipo subsidiario y hay delitos afines con penas más graves, no se entiende por qué se conservó el tipo para las violencias física y psicológica, que también tienen hechos punibles afines que tienen penas más graves”.
Así mismo, la eliminación del maltrato sexual intrafamiliar, dejaría sin sanción penal lo que se denomina las “pequeñas causas”, que no tienen magnitud de acceso carnal o de acto sexual violentos, pero que se manifiestan a través de chantajes, miedos, y toda suerte de presiones sexuales sutiles.
Expresa, en primer lugar, que “[l]a inconstitucionalidad por omisión legislativa puede ser definida como el retiro del ordenamiento de una norma que no cumple un expreso deber constitucional de adelantar una acción determinada.”
Expresa que en el caso concreto de la Ley 882 de 2004, nos encontramos frente a una inconstitucionalidad por omisión relativa. Para establecerlo, transcribe, en primer lugar, las distintas disposiciones constitucionales que establecen abundantes deberes expresos para que el Estado trate por igual, no discrimine y proteja a mujeres, niños y niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores y personas que se halla en condiciones de discapacidad. Señala, así mismo, que en el artículo 42 de la Constitución obra el deber expreso de garantizar “la protección integral de la familia”, pues “cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. En segundo lugar, manifiesta que la norma demandada incumple estos deberes constitucionales, pues solamente ha regulado algunas relaciones dejando por fuera otros supuestos análogos, pues penaliza algunas formas de violencia intrafamiliar tales como el maltrato físico y psicológico, y excluye una tercera, la propia del maltrato sexual.
En cuanto a la expresión “del que habla el artículo anterior”, manifiesta que, claramente la misma es un error de la ley, puesto que el artículo anterior del Código Penal, el 228, al que remitiría la expresión acusada, hace referencia a las imputaciones de litigantes, que hace parte de otro capítulo e incluso de otro título del Código Penal y que, no tiene nada que ver con la violencia intrafamiliar, pues se refiere a las injurias de los abogados en sus memoriales.
Así las cosas, al hacer esta norma alusión a un artículo inexistente, deja aparentemente en el limbo la aplicación del agravante, pues el maltrato a menores, ancianos, mujeres, personas en situación de discapacidad o indefensión, no está contenido en el “artículo anterior”. Aunque es claro que para un buen entendedor, la referencia que el inciso segundo hace es al “inciso anterior”, a esta conclusión se llega por inferencia, no por exégesis, y puede crear controversia en un momento determinado, teniendo en cuenta lo que se ha dicho de la tipicidad, pues ésta debe ser expresa y clara. Así, en la medida en que la norma demandada, no solo introduce confusión sino que, además, conduciría a mayor impunidad, porque el error aludido dejaría sin efecto el único agravante hoy existente, que es el maltrato realizado sobre un menor, la misma debe ser eliminada del mundo jurídico.
Así las cosas, agrega, la no inclusión de la expresión “maltrato sexual” en el tipo penal de violencia familiar deviene inocua, por cuanto la conducta continua siendo punible, por constituir necesariamente una forma de maltrato físico o psicológico, razón por la que carece de fundamento alegar la inconstitucionalidad de la mencionada disposición por violación al principio de igualdad o por omisión legislativa, pues las agresiones de carácter sexual como formas de violencia intrafamiliar no han sido despenalizadas.
Por otra parte, en lo que se refiere a la expresión “articulo anterior”, la Fiscalía General de la Nación observa que efectivamente existe un error de técnica legislativa por parte del Congreso de la Republica, toda vez que no se trata del artículo anterior, sino del inciso anterior, deducción que no requiere mayores elucubraciones y por lo tanto la norma debe ser declarada exequible en el entendido anteriormente explicado.
Se refiere a continuación el interviniente, al cargo relacionado con la equivocada remisión al “artículo anterior”, el cual aborda desde la perspectiva del principio de legalidad. A este respecto señala este principio está conformado, a su vez, por otros dos principios, el de reserva legal y el de tipicidad. De conformidad con el primero, prosigue, sólo el legislador está constitucionalmente autorizado para establecer los delitos y las penas, al paso que, de acuerdo con el segundo de los componentes, el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y explícita posible.
Por otra parte, en cuanto a la ampliación de los afectados y los agravantes extensivos, el Instituto expresa que se aparta de las consideraciones de la demandante, pues la Constitución ordena de manera especial la protección a las personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, y por lo tanto el texto del inciso tercero del artículo 1º de la Ley 882 de 2004 es constitucional, salvo la expresión “del que habla el artículo anterior”.
Así las cosas, concluye, por un lado, que la omisión en la Ley 882 del texto relacionado con la agresión sexual, dada su incidencia y estrecha relación con la violencia intrafamiliar y los abusos que se cometen contra niños y niñas y las mujeres, es abiertamente contraria a la protección que para la familia consagra la Carta Política, y, por otro, que la referencia que se hace en la norma demandada al “artículo anterior”, es un claro error en la ley, y que, por consiguiente, tal expresión debe ser declarada inexequible, para que opere el agravante de la pena cuando las víctimas son las enunciadas en el inciso final de la misma norma.
En su escrito, el interviniente, luego de presentar los cargos formulados en la demanda, realiza una “conceptualización de la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas y otras personas que hacen parte del grupo familiar, a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos” y esboza los alcances de los compromisos asumidos por el Estado colombiano en esta materia.
A renglón seguido, expresa que el tipo penal de la violencia intrafamiliar desconoce el deber constitucional de proteger a la familia contra cualquier forma de violencia, porque no sanciona los maltratos sexuales que no encuadran dentro de los ‘delitos sexuales’. Señala que bajo la redacción del tipo penal acusado, no se castigan las agresiones de carácter sexual perpetradas contra los miembros del núcleo familiar y por lo tanto, aquellas conductas que no puedan encuadrarse dentro de los delitos contra la libertad, integridad, y formación sexuales, en razón a su intensidad o perjuicio, quedarán en la impunidad.
Finalmente, expresa que, a partir de un detallado recuento del tramite del respectivo proyecto de ley, es claro que el propósito del legislador al expedir la Ley 882 de 2004, fue el de ampliar el ámbito de protección del delito de violencia intrafamiliar para amparar a aquellos que estuviesen en una posición de vulnerabilidad. Agrega que el argumento central para suprimir en el tipo la referencia a los maltratos sexuales fue el de que “… siempre que se está frente a una conducta injuriosa de tipo sexual se configura un delito sexual.” Pone de presente, que, en su criterio, ello no es así, porque no todo daño a la integridad sexual puede considerarse como delito sexual y porque, además, los bienes jurídicos protegidos por los delitos sexuales son diferentes al bien jurídico tutelado por la violencia intrafamiliar, lo cual, a su vez, ocasiona un juicio de reproche diferente. Así, concluye, la modificación del tipo penal de la violencia intrafamiliar respondió más a imprecisiones conceptuales que a la intención del legislador de autorizar la comisión de maltratos sexuales al interior de la familia.
Por todo lo anteriormente expuesto, manifiesta, “…es claro que el artículo acusado es inconstitucional pues deja en la impunidad aquellas conductas lesivas de índole sexual cometidas en el seno familiar, además, porque no responde adecuadamente al deber estatal de protección integral de la familia contra todas las formas de violencia y, por último, porque implícitamente autoriza a los integrantes de la familia a ejercer maltratos de tipo sexual contra sus parientes…”.
Después de hacer una serie de consideraciones en torno a las condiciones de procedencia de un juicio de constitucionalidad por omisión legislativa, las cuales considera se cumplen en este caso, y de expresar el que en su criterio debe ser el alcance del fallo que emita la Corte, dada la incidencia que sobre el caso tiene el principio de legalidad en materia penal, el interviniente concluye señalando que la inexequibilidad de la norma acusada “… deviene del incumplimiento del deber expreso dispuesto por el constituyente y la normatividad internacional de brindar a la familia, a las mujeres, niños y niñas, y demás miembros del grupo familiar, la mayor protección posible frente a cualquier tipo de violencia.”
El señor Procurador General de la Nación, en su concepto de rigor, solicita a la Corte declarar la inexequibilidad del inciso primero del artículo 1º de la Ley 882 de 2004 y la exequibilidad condicionada de la expresión “del que habla el artículo anterior” contenida en el inciso segundo de la misma disposición.
Manifiesta, por otra parte el Procurador General de la Nación, que el maltrato sexual no puede asimilarse a las nociones genéricas de maltrato físico o psíquico, y que cabe considerar las “pequeñas causas” referidas por la demandante, aclarando que éstas son aquellas conductas agresivas que no tienen ni la identidad ni la intensidad de las otras conductas más graves como el acceso carnal violento, pero que generan malestar de contenido específicamente sexual.
Agrega que tales modalidades de maltrato son sutiles, y pueden darse en el contexto de lo que en la tradición patriarcal del país se conoce como el “débito conyugal”, o mediante la práctica de “… lo que la técnica socioanalítica ha denominado ‘perversiones sexuales’ y que se traducen en la imposición de prácticas sexuales no deseadas, por medio del chantaje, del miedo y otros medios de presión en el campo de la sexualidad.” Esas modalidades, prosigue, en el ámbito familiar se han constituido en una serie de conductas agresivas que no solo desconocen los bienes jurídicos tutelados por la Constitución y por la ley penal en materia sexual, sino que también vulneran la armonía y el respeto debido a la dignidad humana de los integrantes de la familia.
“Luego, la hipótesis según la cual el maltrato físico o psicológico implica el maltrato sexual intrafamiliar y, como consecuencia puede considerarse como una conducta ya penalizada, va en contravía del principio de tipicidad, toda vez que ella da lugar a tipos penales implícitos, lo cual riñe abiertamente con la prescripción de estirpe constitucional consistente en que la ley penal ha de definir de manera inequívoca, expresa y clara las características fundamentales del tipo penal”.
Por otra parte, el Procurador General de la Nación considera que con la expedición del inciso primero de la Ley 882 de 2004, el legislador vulneró la Constitución Política por haber incurrido en una omisión legislativa relativa al excluir del tipo penal de violencia intrafamiliar el maltrato sexual, toda vez que al expedir una norma con el fin de modificar otra “… excluyó de la norma modificatoria lo que en la norma modificada era el cabal desarrollo de un deber constitucional y de normas internacionales, vulnerando con ello el principio de igualdad”.
Finalmente, solicita el Ministerio Público que se declare la constitucionalidad condicionada de la expresión “del que habla el inciso anterior” contenida en el inciso segundo del artículo 1º de la Ley 882 de 2004, señalando que la alusión allí hecha se refiere al inciso anterior del artículo 229 del Código Penal y no al artículo anterior del artículo 1º de la Ley 882 de 2004, el cual no existe. Además de las razones expuestas en la demanda, manifiesta que la intervención de la Corte se hace necesaria, por cuanto el evidente error en el que incurrió el legislador afecta derechos fundamentales como el de la libertad de las personas.
Para la demandante, algunos intervinientes y el Ministerio Público, la norma demandada resulta contraria al principio de igualdad, por cuanto protege a determinados sujetos pasivos de agresiones en el seno de la familia, pero excluye de esa protección a otros sujetos que se encontrarían en las mismas condiciones. En la misma infracción se incurriría al no brindar una protección adecuada a quienes tienen la calidad de sujetos de especial protección. Del mismo modo, la norma resultaría contraria a la Constitución por cuanto incurre en una omisión legislativa relativa debido a que, al desarrollar los mandatos de protección de adultos, mujeres, niños y niñas y personas que se hallen en condiciones de discapacidad, lo ha hecho frente a algunas relaciones, dejando por fuera supuestos análogos, puesto que penaliza únicamente dos formas de maltrato familiar, -el físico y el psíquico- y excluye una tercera –el sexual-. Para la demandante, finalmente, la referencia al “artículo anterior” contenida en el segundo inciso de la norma demandada, es un evidente error del legislador, porque es claro que el reenvío normativo era al inciso anterior, sin embargo, y dado que en virtud de la exigencia del principio de legalidad, no cabe en este caso aplicar inferencias, esa equivocación trae consigo un menor nivel de protección, porque no sólo haría inane la norma, en cuanto que se quedaría sin efecto la ampliación de la población en estado de vulnerabilidad, sino que además dejaría sin efecto también el único agravante que con anterioridad existía, que era el maltrato realizado contra un menor, razones por las cuales la mencionada expresión debe ser retirada del ordenamiento.
Por otro lado, la Fiscalía y quien interviene por el Ministerio del Interior y de Justicia consideran que la norma demandada se desenvuelve en el ámbito de la potestad de configuración de legislador, que de ella no puede predicarse que desconoce el principio de igualdad, porque la ley puede tratar de manera diferente supuestos que son diferentes, y que, en todo caso, la norma acusada no despenaliza el maltrato sexual intrafamiliar, porque, por un lado, esa modalidad de maltrato se encuentra sancionada con penas mayores, en los tipos de violación o de actos sexuales abusivos, que prevén como causal de agravación el hecho de que la agresión se dirija contra un miembro del núcleo familiar[1], y por otro, las conductas da maltrato sexual que no puedan subsumirse en los referidos tipos, constituyen, por su propia naturaleza, agresiones de carácter físico o psicológico, que se encuentran expresamente consagradas como delictivas en la disposición acusada. Coinciden estos intervinientes en aceptar que la referencia al “artículo anterior” presente en la norma demanda es equivocada, pero consideran que es claro que ella se refiere en realidad al inciso anterior, razón por la cual la norma debe declararse exequible, aunque, en criterio de la Fiscalía, con un condicionamiento que haga claridad sobre el particular.
En ese contexto, “[p]or violencia intrafamiliar puede entenderse todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.”[2]
“Es así como en relación con los niños, la Convención Internacional de los Derechos del Niño[3] en su artículo 19 dispone:
En relación con las mujeres, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belén Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada por la Ley 248 del 29 de 1995, dispuso, entre otros, como deber de los Estados “incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso” (art. 7 lit. c). Tal compromiso fue confirmado en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer adoptada por la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2000/45[4].
La Corte Constitucional, en Sentencia C-285 de 1997, declaró inexequible el artículo 25 de la Ley 294 de 1996, que establecía el delito de violencia sexual entre cónyuges, por considerar que “[l]a consagración de un tipo penal privilegiado para los delitos de acceso y acto carnal violento, cuando se ejecutan contra el cónyuge, o la persona con quien se cohabite o haya cohabitado o con quien se haya procreado un hijo es desproporcionada, y en consecuencia, vulnera el derecho a la igualdad.” En esa sentencia la Corte, en doctrina expresada a propósito de la violencia sexual entre cónyuges, pero que resulta igualmente aplicable en relación con delitos que afecten otros bienes jurídicos, como la vida y la integridad personal, señaló que “[a]signar a unos mismos hechos sanciones diferentes implica que el legislador considera que las conductas o no son igualmente lesivas o no merecen el mismo reproche. La benignidad del trato comporta una consideración sobre la menor lesividad del hecho, menor trascendencia del bien jurídico protegido o menor reprochabilidad del acto. La consideración que la libertad sexual es menor, no es de recibo pues la existencia de un vínculo legal o voluntario no comporta la enajenación de la persona, máxime cuando dicho vínculo ya no existe. La libertad sexual no admite gradaciones, pues ello implicaría considerar a algunas personas menos libres que otras y por tanto desconocer los principios constitucionales de la dignidad humana y la igualdad de todas las personas. Por tanto, la distinción hecha por el legislador en este punto resulta ilegítima.” Estimó la Corte, que cuando la conducta delictiva tiene lugar en el ámbito familiar, la lesividad del hecho es aún mayor por cuanto puede afectar no sólo a la persona misma que sufre la afrenta, sino también incidir en la ruptura de la unidad familiar o al menos producir graves disfunciones en la misma, lo que afectará a los demás miembros que la integran, y particularmente a los menores. Y agregó que “[t]ampoco puede considerarse menos reprochable el acto, pues los vínculos de familia, antes que ser considerados como razones que disminuyan la punibilidad del hecho, lo agravan, dado que el deber de solidaridad que liga a los miembros de una familia, implica una obligación mayor de respeto a los derechos de sus integrantes.”
En la sentencia C-285 de 1997 la Corte también se pronunció en relación con el delito de violencia intrafamiliar, tal como había sido inicialmente configurado en la Ley 294 de 1996, para señalar que no era de recibo el cargo entonces presentado, y conforme al cual la disposición demandada contemplaba un tipo penal abierto que podía abarcar desde conductas inocuas hasta violaciones graves a la libertad física, síquica o sexual de las personas y, en consecuencia, cuando los sujetos pasivos del hecho fuesen familiares del agresor, éste recibiría una sanción menor a la prevista para los mismos hechos contemplados en el Código Penal, lo cual resultaba desproporcionado. Señaló la Corte que “[m]ediante el artículo 22 de la ley 294 de 1996, el legislador quiso elevar a la categoría de delito algunas conductas que no podían ser adecuadas a las figuras típicas previstas en el Código Penal[11], con el objeto de brindar una mayor protección a los miembros de la familia, que eventualmente puedan ser víctimas de violencia por parte de otro integrante de su misma familia.” Agregó que los elementos constitutivos del tipo de maltrato son distintos a los de las lesiones, por cuanto el maltrato implica un acto de agresión contra la persona que no altere su integridad física, síquica o sexual, mientras que las lesiones precisan del daño en la salud. Junto con otras consideraciones acerca de la diferencia en los bienes jurídicos protegidos, la Corte precisó que el tipo penal descrito por la norma acusada no era abierto, como se afirmaba en la demanda, por cuanto las expresiones contenidas en la norma debían ser entendidas en su sentido natural, y correspondería al juez, al resolver sobre la responsabilidad de acusado, definir “… si la conducta es inocua, constitutiva de maltrato o de lesiones personales, para lo cual se ha de valer de todos los medios de prueba aceptados legalmente, y en particular del concepto del médico legista.”
La Ley 882 de 2004 se expidió con el propósito de ampliar la protección que el tipo de la violencia intrafamiliar brindaba a la mujer, al incluirla como víctima en la causal de agravación punitiva inicialmente prevista en beneficio de los menores.[12] En el curso de los debates se suprimió la expresión “sexual” contenida en el primer inciso del artículo en discusión, con la consideración de que toda conducta de maltrato sexual cabe en las hipótesis de actos sexuales o violentos o abusivos.[13]
“Puede afirmarse entonces que el propósito del constituyente de proteger y amparar a la familia debe traducirse en la adopción de políticas Estatales que incluyan la creación de herramientas no sólo de carácter punitivo o represivo sino de otras de carácter preventivo y correctivo, a fin de permitir a los miembros de la familia superar sus conflictos de forma pacífica, en este caso con la intervención de un tercero en el plano de la administración de justicia, mediante el ofrecimiento y puesta en marcha de mecanismos alternativos y complementarios que incluyan la posibilidad de soluciones conciliadas haciendo partícipe, en cuanto sea posible, a la propia comunidad[14].”
Las anteriores consideraciones imponen la conclusión de que, si bien la disposición demandada excluyó la referencia al maltrato sexual como modalidad específica del tipo penal de la violencia intrafamiliar, en aquellos casos en los que una conducta de agresión sexual no pueda subsumirse en tipos delictivos que tengan prevista una pena mayor, la ilicitud de la misma se derivaría de su carácter violento, y, por consiguiente, ella se encuadraría, de manera necesaria, en los conceptos de maltrato físico o psicológico. De esta manera, la exclusión de la expresión “sexual” como modalidad del maltrato dentro del tipo de la violencia intrafamiliar, sólo dejaría por fuera del tipo conductas no violentas, las cuales, en una consideración estricta del tipo penal -que incorpora, tanto en su título, como en el capítulo del que hace parte- la expresión violencia intrafamiliar, estarían excluidas de manera general. Dichas conductas, por otra parte, en cuanto que puedan considerarse como una expresión de maltrato, serían enfrentadas a través de los instrumentos no penales que el ordenamiento ha previsto para el efecto.
Para la demandante la norma acusada resulta contraria a la Constitución por cuanto incurre en una omisión legislativa relativa debido a que, al desarrollar los mandatos de protección de adultos, mujeres, niños y niñas y personas que se hallen en condiciones de discapacidad, lo ha hecho frente a algunas relaciones, dejando por fuera supuestos análogos, puesto que penaliza únicamente dos formas de maltrato familiar, -el físico y el psíquico- y excluye una tercera –el sexual-.
Lo anterior puede constatarse al analizar el régimen legal de los delitos de contenido sexual. Así, en primer lugar, en los delitos de violación sexual la descripción contenida en los tipos penales remite a conductas precisas, con circunstancias de modo también precisas. Los respectivos tipos exigen la existencia de acceso carnal, o de acto sexual diverso al acceso carnal –que implica contacto corporal-, mediante violencia, o en persona puesta en incapacidad de resistir. Los actos sexuales abusivos, a su vez, tienen una descripción más amplia de las conductas, cuya ilicitud proviene de la condición de la víctima como menor de catorce años, o como incapaz de resistir. En todo caso, el proceso de adecuación típica de los actos sexuales abusivos se realiza conforme a los precisos elementos descriptivos contenidos en la ley: Tratándose de conductas que afecten menores, se requiere que exista acceso carnal, o acto sexual distinto del acceso carnal, realizado con el menor o en su presencia, o inducción a prácticas sexuales, todo en relación con menores de 14 años. Si se trata de una persona en incapacidad de resistir, el tipo implica el acceso carnal o la realización de actos sexuales diversos de él, en persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir.
Destacó la Corte que sobre la materia existe una amplio margen de configuración legislativa y que “[e]n principio, no existe, de manera expresa, un imperativo constitucional según el cual determinados bienes jurídicos deban, necesariamente, protegerse a través del ordenamiento penal.”[20] Y agregó que, “[p]or el contrario, dentro de una concepción conforme a la cual sólo debe acudirse al derecho penal, con su efecto limitativo de las libertades individuales, cuando no exista otro medio de protección de los bienes jurídicos que resulte menos invasivo, la criminalización de una conducta solo puede operar como ultima ratio.”[21]
En este contexto, el legislador puede optar por prescindir de la protección penal, cuando considere que basta con los mecanismos previstos en otros ordenamientos, como v.gr. la nulidad de los actos jurídicos o la indemnización de perjuicios en el derecho civil o la responsabilidad patrimonial y disciplinaria en el derecho administrativo. O puede atenuar las medidas de protección penal, restringiendo el ámbito del tipo penal, o reduciendo el quantum de la pena, o, en fin, excluir la responsabilidad o la punibilidad por consideraciones de tipo preventivo. Y todo dentro de la valoración, también, de la medida en que se estima vulnerado el bien jurídico protegido.”
Sobre este particular, la Corte, en la Sentencia C-059 de 2005[22], al referirse al cuestionamiento entonces realizado sobre la asignación de competencia a los Jueces de Paz y a los Conciliadores en Equidad para obtener, con su mediación, que cese la violencia, maltrato o agresión que se hayan producido en el seno de la familia, expresó que “[s]i bien es cierto que por mandato constitucional cualquier forma de violencia en la familia debe ser objeto de sanción conforme a la ley, para lo cual será necesario adoptar medidas de carácter represivo, también lo es que el Estado y la sociedad deben velar por una protección integral de la familia con miras a alcanzar los postulados fundamentales del Estado, la consecución de la paz y la promoción de la prosperidad general (arts.2, 22 y 95-6 de la CP). Agrego la Corte que lo anterior significa que, “… también por mandatos constitucionales, el Estado debe adoptar otro tipo de medidas de carácter preventivo y correctivo que bien pueden incluir mecanismos alternativos y complementarios para la solución pacífica de conflictos intrafamiliares.”
Segundo. Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “, del que habla el artículo anterior”, contenida en el inciso segundo del artículo 229 de la Ley 599 de 2000, tal como fue modificado por el artículo 1º de la Ley 882 de 2004, por el cargo presentado.
A LA SENTENCIA C-674 de 2005
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Instrumentos internacionales que la proscriben (Aclaración parcial de voto)
MALTRATO SEXUAL-Penalización en el contexto del maltrato físico y psicológico/VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-No despenalización del maltrato sexual (Aclaración parcial de voto)
El artículo demandado no ha despenalizado el maltrato sexual ya que éste es una forma de violencia al interior de la familia que se concreta a través de actos físicos o psicológicos que constituyen, a la vez, un maltrato sexual. Por lo tanto, la relación sexual es el ámbito dentro del cual sucede el maltrato, que siempre va a implicar un acto físico o psicológico penalizado por el artículo 229 acusado. El maltrato sexual se manifiesta de diversas formas. Algunas de ellas están cobijadas por tipos como el acceso carnal violento, el acto sexual violento, el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, la inducción a la prostitución y el constreñimiento a la prostitución entre otros. Cuando la conducta no se adecue a estos tipos que protegen la vida, la integridad, la libertad y la autonomía, ello no significa que el maltrato sexual este permitido. Las formas de maltrato sexual no sancionadas con una pena mayor en otros tipos, quedan cobijadas por el maltrato físico o psicológico en las relaciones sexuales. De ahí que no se este despenalizando el maltrato sexual al suprimir en la nueva redacción la palabra “sexual”. O sea que los contextos sexuales no dan carta blanca para maltratar. El maltrato físico o psicológico en dichos contextos también esta sancionado por el artículo 229 acusado.
VIOLENCIA SEXUAL-Definiciones (Aclaración parcial de voto)
DERECHO A LA INTIMIDAD FAMILIAR-Alcance (Aclaración parcial de voto)
INTERVENCION DEL ESTADO EN RELACIONES FAMILIARES-Alcance (Aclaración parcial de voto)
Con el acostumbrado respeto aclaro parcialmente el voto. Si bien comparto la declaratoria de exequibilidad de los contenidos normativos acusados considero que se deben hacer unas precisiones: i) las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano han ordenado la condena de todo acto de violencia al interior de la familia, dentro de los cuales se encuentra el maltrato sexual; ii) todo acto de violencia intrafamiliar está sancionado y siendo el maltrato sexual una forma de violencia al interior de los hogares, es una conducta reprochable y penalizada; iii) los jueces, al aplicar la norma declarada exequible, deben analizar si se encuentran frente a un maltrato en un contexto sexual; iv) en el juzgamiento de esa conducta por parte de la justicia es necesario aclarar que si bien el derecho a la intimidad debe ser respetado éste no puede ser invocado para desproteger a una víctima de maltrato sexual.
1. Obligaciones internacionales adquiridas en relación a la proscripción de todo acto de violencia al interior de la familia, lo que comprende el maltrato sexual.
El Estado colombiano ha adquirido una serie de obligaciones internacionales que prescriben la protección de la familia y excluyen el uso de la violencia en el ámbito intrafamiliar. Entre otros, se encuentran los siguientes instrumentos internacionales, vinculantes para el Estado colombiano, que establecen la protección contra la violencia intrafamiliar:
1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue firmado por el Estado colombiano el 29 de octubre de 1969, ratificado el 29 de octubre de 1979[23].
2. El Pacto internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales ratificado por el Estado colombiano el 29 de octubre de 1969[24].
3. La Convención Contra todas Formas de Discriminación Contra la Mujer[25] firmada por el Estado colombiano el 17 de julio de 1980 y ratificada el 19 de enero de 1982[26].
4. La Convención de los Derechos del Niño ratificada por el Estado colombiano el 28 de enero de 1991[27].
5. La Convención Americana de Derechos Humanos firmada por el Estado colombiano el 22 de noviembre de 1969 y ratificada el 28 de mayo de 1973[28].
6. La Convención de Belem do Pará ratificada por el Estado colombiano el 15 de noviembre de 1995[29].
Los anteriores instrumentos internacionales han establecido que la violencia intrafamiliar es una violación al derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad personal.
Así mismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 58/501 de 2004 sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar, reconoció que:
a) La violencia en el hogar se produce en el ámbito privado, generalmente entre personas relacionadas por vínculos de sangre o intimidad;
e) La violencia en el hogar puede incluir privaciones económicas y aislamiento, y ese tipo de comportamiento puede constituir un peligro inminente para la seguridad, la salud o el bienestar de la mujer.[30]
En armonía con lo anterior la Asamblea General de las Naciones Unidas ha recomendado a los Estados parte que deben:
1. Adoptar legislaciones que prohíban la violencia en el hogar, prescriba medidas punitivas y establezca una protección jurídica adecuada contra la violencia en el hogar;
2. Tipificar como delito penal la violencia sexual en el hogar, y garantizar una investigación y procesamiento adecuados de los culpables;
3. Intensificar las medidas encaminadas a prevenir la violencia en el hogar.
4. Garantizar una mayor protección a la mujer mediante órdenes, entre otras medidas, que impidan la entrada de los compañeros violentos en el hogar familiar o que les prohíban ponerse en contacto con la víctima;
5. Proporcionar o facilitar asistencia a las víctimas de la violencia en el hogar para que presenten denuncias ante la policía y reciban tratamiento y apoyo, lo que podría incluir el establecimiento de oficinas de centralización de trámites, así como la creación de refugios y centros seguros para las víctimas de la violencia en el hogar;
6. Proporcionar o facilitar una capacitación adecuada (entre otras, concienciación sobre cuestiones de género) a todos los profesionales que se ocupen de la violencia en el hogar, en particular de sus víctimas, incluidos los oficiales de policía, el personal judicial y jurídico, el personal de salud, los educadores, los que apoyan a los jóvenes y los trabajadores sociales;
7. Establecer protocolos y procedimientos de respuesta policial para asegurar que se adopten todas las medidas apropiadas para proteger a las víctimas de la violencia en el hogar y prevenir nuevos actos de violencia en el hogar o fortalecer los existentes;
8. Adoptar medidas para garantizar la protección de las mujeres víctimas de la violencia, su acceso a recursos justos y eficaces, entre otras cosas, mediante la reparación y la indemnización, y su ulterior recuperación; y para rehabilitar a los agresores;
9. Intensificar los esfuerzos para despertar a nivel personal y colectivo mayor conciencia de la violencia contra la mujer, incluso mediante la educación en materia de derechos humanos. Insistir en la función de los hombres y los niños en la prevención y eliminación de la violencia en el hogar contra la mujer, y alentar y apoyar las iniciativas que promuevan cambios de actitudes y conductas en los autores de actos de violencia contra la mujer y su rehabilitación; y
10. No invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de eliminar la violencia contra la mujer[31].
Igualmente, la Comisión de Derechos Humanos ha efectuado varios pronunciamientos sobre las normas relativas a la violencia intrafamiliar y los actos que éstas comprenden:
La violencia física, sexual y psicológica que tiene lugar en la familia y que abarca, sin limitarse a estos actos, las palizas, los abusos sexuales de mujeres y niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación marital, el infanticidio de niñas, la mutilación genital femenina, los delitos cometidos contra la mujer por cuestiones de honor, los delitos pasionales, las prácticas tradicionales nocivas para la mujer, el incesto, los matrimonios precoces y forzados, la violencia no conyugal y la violencia relacionada con la explotación sexual comercial y la explotación económica[32].
Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en 2001 sobre un caso de violencia intrafamiliar[33] en el que se buscaba establecer la responsabilidad de Brasil por la violencia perpetrada contra la señora Maria da Penha Maia Fernández por su marido durante los años en que mantuvieron un vínculo matrimonial. La Comisión, en dicha oportunidad, estableció que el Estado brasilero había sido negligente e ineficaz en el juzgamiento y condena de agresores contra la mujer violando sus obligaciones internacionales, en los términos del artículo 7 de la Convención de Belem do Pará, de procesar, condenar y prevenir prácticas degradantes, lo cual había contribuido de manera determinante a crear un ambiente que propiciaba la violencia doméstica.
En el anterior contexto es claro que existe una obligación para el Estado colombiano, consistente en adoptar medidas encaminadas a la proscripción de cualquier tipo de violencia intrafamiliar dentro de la cual se encuentra el maltrato sexual que es una forma de agredir.
2. La penalización del maltrato sexual en el contexto del maltrato físico y psicológico del artículo 229 de la Ley 599 de 2000.
Como quedó establecido en la sentencia, el artículo demandado no ha despenalizado el maltrato sexual ya que éste es una forma de violencia al interior de la familia que se concreta a través de actos físicos o psicológicos que constituyen, a la vez, un maltrato sexual. Por lo tanto, la relación sexual es el ámbito dentro del cual sucede el maltrato, que siempre va a implicar un acto físico o psicológico penalizado por el artículo 229 acusado.
El maltrato sexual se manifiesta de diversas formas. Algunas de ellas están cobijadas por tipos como el acceso carnal violento[34], el acto sexual violento[35], el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir[36], la inducción a la prostitución[37] y el constreñimiento a la prostitución entre otros[38]. Cuando la conducta no se adecue a estos tipos que protegen la vida, la integridad, la libertad y la autonomía, ello no significa que el maltrato sexual este permitido. Las formas de maltrato sexual no sancionadas con una pena mayor en otros tipos, quedan cobijadas por el maltrato físico o psicológico en las relaciones sexuales. De ahí que no se este despenalizando el maltrato sexual al suprimir en la nueva redacción la palabra “sexual”. O sea que los contextos sexuales no dan carta blanca para maltratar. El maltrato físico o psicológico en dichos contextos también esta sancionado por el artículo 229 acusado.
Es así como todo “maltrato sexual” se encuentra penalizado, ya sea en la norma declarada exequible, como tipo subsidiario, o en aquellos tipos generales contra la vida, la integridad personal, la autonomía personal y la libertad, integridad y formación sexuales. Por lo tanto, la declaratoria de exequibilidad del artículo 229 acusado no significa que la Corte haya dado un aval para la despenalización de los maltratos sexuales.
3. Los jueces, al aplicar la norma declarada exequible, deben analizar si se encuentran frente a un maltrato con connotación sexual.
El juez, al aplicar la norma declarada exequible, debe analizar si se encuentra frente a un maltrato sexual perpetrado por medios físicos o psicológicos. O, de otro lado, si se usa la sexualidad para producir maltrato físico o psicológico. Para delimitar el maltrato, el juez debe tener en cuenta que, como lo ha dicho la Corte en anterior oportunidad, el maltrato se trata de una forma de agresión[39]. La agresión que el juez debe analizar puede darse en un contexto sexual mediante formas de maltrato físico o psicológico. En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta lo que se entiende por violencia sexual en sentido lato, ya que el maltrato es una forma de violencia. Aún cuando no existe una definición común de la violencia sexual, las siguientes ofrecen parámetros para su delimitación. Por ejemplo, el Reportero Especial de las Naciones Unidas en 1998 en su informe final sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud: Violación Sistemática, Esclavitud Sexual y Esclavitudes Similares durante el Conflicto Armado definió la violencia sexual como “cualquier violencia, física o sicológica llevada a cabo a través de medios sexuales o que tenga como objeto la sexualidad”[40]. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 definió la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.”[41]
Adicionalmente, el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, modificado, comprende la posibilidad de que la valoración del juez no solo incluya la apreciación de un maltrato sexual como conducta reprochable mediante el empleo de agresiones físicas o psíquicas, sino que también valore situaciones de agresión física o psíquica instrumentalizadas mediante la coacción, el maltrato económico, la privación arbitraria de la libertad, e inclusive la amenaza de cualquiera de éstas para intimidar o someter a una persona en un contexto sexual.
Así, lo sexual en el maltrato puede expresarse por diferentes vías: por el contexto, cuando la agresión física o psíquica sucede en un contexto sexual; por los medios, cuando se instrumentaliza la relación sexual para producir maltrato físico o psíquico; por los fines, cuando la agresión física o psicológica apunta a intimidar o someter a una persona en una relación sexual.
4. El derecho a la intimidad y la protección del Estado a la familia.
La Constitución de 1991 ubica a la familia en una categoría constitucional especial que comprende la protección frente a todo tipo de violencia al interior de los hogares. Cuando la violencia aparece en las relaciones familiares o en el ámbito doméstico, espacios tradicionalmente asociados a la esfera de lo privado, lo que era meramente privado adquiere connotaciones públicas y cabe una intervención del Estado en razón a la disposición constitucional (artículo 42 C.P.)
Sobre el tema la Corte se ha pronunciado en varias oportunidades estableciendo que si bien el derecho a la intimidad debe ser respetado, existen situaciones, que aunque se den en contextos privados, vulneran derechos fundamentales de sujetos especialmente protegidos o en circunstancias de debilidad manifiesta, lo cual justifica la intervención estatal para evitar abusos en las relaciones desequilibradas de poder al interior de la familia. La Corte lo expresó de la siguiente manera:
Dicha protección tiene por objeto, además de garantizar los derechos de los miembros más débiles de la población (menores, ancianos, mujeres), erradicar la violencia de la familia; objetivo en el cual está comprometido el interés general, por ser la familia la institución básica y el núcleo fundamental de la sociedad, y un espacio básico para la consolidación de la paz[42].”[43]
Sobre la intervención de las autoridades en las relaciones familiares también se ha pronunciado la Corte señalando que en virtud de los artículos 5 y 42 de la Constitución “la institución de la familia merece los mayores esfuerzos del Estado para garantizar su bienestar y por lo tanto corresponde a las autoridades intervenir en la relaciones familiares, no con el fin de fijar criterios de comportamiento, lo cual pertenece a la órbita del derecho a la intimidad, sino para propiciar la armonía y la paz familiar, impidiendo cualquier amenaza o violación a los derechos fundamentales de sus integrantes.”[44]
Por lo tanto, el juez debe tener en consideración esa posibilidad de intervención en los espacios donde se ha producido violencia, siempre respetando los derechos de las víctimas, para apreciar el tipo de maltrato que afecte al sujeto pasivo, ya sea física o psíquicamente, lo que puede suceder en un contexto sexual, puede tener finalidades sexuales o puede realizarse por medios sexuales.
[5] Una muestra aleatoria sobre la legislación relativa a la violencia intrafamiliar en diversos Estados permite observar que, de ordinario, la misma se orienta a regular medidas administrativas de protección, incluso con intervención judicial, y remite a la legislación general para la regulación de los asuntos penales. Así, por ejemplo en Ecuador la “Ley contra la violencia a la mujer y la familia”, que contiene un completo régimen en materia de violencia intrafamiliar, no incluye los tipo penales que pueden resultar aplicables, sino que de manera general, en su artículo 23, dispone que “[e]l juzgamiento de los actos de violencia física y sexual que constituyan delitos, y que sean cometidos en el ámbito intrafamiliar, corresponderá a los jueces y a los tribunales de lo penal, sujetándose a las normas previstas en el Código de Procedimiento Penal”; en México, en el Estado de Sonora, la “Ley de prevención y atención de la violencia intrafamiliar” expedida con el objeto de “… establecer las bases y procedimientos para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar en el Estado de Sonora a efecto de erradicar esta práctica dentro de la familia”, dispone que la aplicación de las previsiones contenidas en la misma se hará independientemente de las sanciones civiles, penales o administrativas que se impongan por la autoridad competente.
[8] Así, por ejemplo, en España, el primer antecedente específico en materia de un tipo penal para la violencia doméstica estaría en la Ley Orgánica 3 de 1989. En el Código Penal de 1995 la descripción de la conducta de violencia en el seno familiar se limitaba a la violencia física y en 1999 se agregó al tipo la modalidad de violencia psíquica. (Sobre este punto puede verse “El delito de malos tratos familiares, Nueva regulación” de Emilio Cortés Bechiarelli, Marcial Pons, Madrid, 2000). En América Latina, Colombia, desde 1996, Bolivia, Honduras y Paraguay, entre otros Estados, contemplan en su legislación tipos penales específicos de violencia intrafamiliar. (Ver “Derechos, género e infancia, Mujeres, niños, niñas y adolescentes en los Códigos Penales de América Latina y el Caribe Hispano” UNIFEM, Universidad Nacional, Bogotá, 2002.)
[10] La legislación en materia de prevención y protección de la violencia intrafamiliar se desenvuelve en el contexto de los instrumentos internacionales que abordan el problema en relación con los sujetos más vulnerables a ese tipo de violencia, como son las mujeres, los menores, los ancianos y los discapacitados. Así, por ejemplo, en relación con los niños, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por Colombia mediante Ley 12 de 1992, en su artículo 19 dispone: 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. / 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”. En relación con las mujeres, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belén Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994, aprobada por la Ley 248 del 29 de 1995, dispuso, entre otros, como deber de los Estados “incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso” (art. 7 lit. c). Dicha convención es sus artículos 1 y 2 define la violencia contra la mujer así: ARTÍCULO 1o. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. / ARTÍCULO 2o. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: / a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; / b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y / c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.
[11] “La violencia familiar en sus distintas manifestaciones no está tipificada en nuestro Código Penal como delito, siendo un comportamiento que afecta la misma esencia jurídica de la organización familiar”. Gaceta del Congreso No. 164, septiembre 29 de 1994, Exposición de motivos del proyecto de ley.
[14] Este criterio ya fue expuesto anteriormente por la Corte en Sentencia C-273 de 1998, donde la declarar inexequible el desistimiento tácito de la víctima en los procesos de violencia intrafamiliar. Dijo la Corte: “…en principio es legítimo que se logren acuerdos conciliados en este campo, puesto que la Carta en manera alguna excluye que se establezcan mecanismos consensuales, en vez de dispositivos exclusivamente sancionatorios, para resolver los conflictos intrafamiliares. La figura que se retira del ordenamiento es el desistimiento tácito, pues la Constitución exige una protección integral y efectiva de los derechos de la víctima de la violencia interfamiliar, mientras que esa figura, en nombre de la celeridad de la justicia, contribuía, paradójicamente, a fomentar una acrecentada desprotección, por ende una desigualdad material, en perjuicio de la parte más débil del conflicto familiar”.
[16] Debe observarse que no es de recibo el planteamiento que se hace en la demanda y que se realiza también en la intervención de la Comisión Colombiana de Juristas y conforme a la cual es posible hacer un paralelismo entre la subsidiaridad que se predica del maltrato físico y psicológico frente a los tipos penales de lesiones personales y la que cabría predicar del maltrato sexual frente a los llamados delitos sexuales. En este último caso, en criterio de la Comisión Colombiana de Juristas, la opción por uno u otro tipo penal estaría determinada por la intensidad de la conducta lesiva y que, tal como habría sido expresado por la Corte en la Sentencia C-285 de 1997, la gravedad de la injuria sería el factor para determinar el tipo penal aplicable. Sin embargo, como se ha puesto de presente en esta providencia, la subsidiariedad en materia de maltrato físico o psicológico, se produce por el carácter de delitos de resultado que tienen los de lesiones, aspecto que en la Sentencia C-285 de 1997 la Corte expresó en estos términos: “Los elementos constitutivos del tipo de maltrato son distintos a los de las lesiones. El maltrato implica un acto de agresión contra la persona que no altere su integridad física, síquica o sexual. En tanto que las lesiones precisan del daño en la salud.” Hay, pues, una diferencia de elementos constitutivos y no simplemente un problema de intensidad sujeto a discrecionalidad judicial.
[23] Ley 74 de 1978. Los artículos 6, 7 y 9 establecen la protección de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad. Adicionalmente el Comité de Derechos Humanos se pronunció en su Comentario General No. 28 señalando la necesidad para el Comité de recibir información de sus estados parte sobre el ordenamiento nacional en relación a la violencia intrafamiliar.
[24] Ley 74 de 1978. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental. Sobre dicha obligación el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Comentario General No. 14 estableció que la violencia doméstica coarta el derecho al más alto nivel posible de salud.
[25] El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países.
[26] Ley 51 de 1981. El artículo 1 proscribe cualquier forma de discriminación contra la mujer lo que incluye la violencia basada en el género (cualquier acto o amenaza que afecte física, síquica o sexualmente a la mujer). Los artículos 2 y 3 de la Convención establecen la obligación de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer para lo cual se deben tomar todas las medidas para eliminar la violencia. Dentro de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer ha establecido que la coerción económica también es una forma de violencia doméstica. En sus recomendaciones también se ha señalado la necesidad de la penalización de la violencia doméstica con compensaciones económicas. (Recomendación General No. 19). Sobre el caso colombiano el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer se ha pronunciado en 1995 y 1999.
[27] Ley 12 de 1991.Los artículos 19, 34 y 39 establecen la especial protección de los niños contra la violencia de todo tipo. El Comité para los Derechos de los Niños se pronunció sobre el caso colombiano en el 2000 señalando su preocupación por la práctica común de abuso físico y sexual en el contexto familiar.
[28] Ley 16 de 1972. Los artículos 4, 5 y17 establecen la protección de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad.
[29] Ley 248 de 1995. El artículo 1 define la violencia contra la mujer, el artículo 2 establece como violencia dentro de la familia o unidad doméstica la violencia física, sexual y sicológica, el artículo 4 establece el derecho a la vida, integridad y seguridad personales entre otros, el artículo 6 establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia
[30] Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Eliminación de la Violencia Contra la Mujer en el Hogar; 19 de febrero de 2004. UN Doc A/58/501.
[31] Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas: Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 48/104 del 20 de diciembre de 1993; Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Eliminación de la Violencia Contra la Mujer en el Hogar; 19 de febrero de 2004. UN Doc A/58/501
[32] Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2001/49: La eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/54: La eliminación de la violencia contra la mujer; Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2003/45: La eliminación de la violencia contra la mujer.
[33] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N. 54/01, Caso 12.051, Maria da Penha Maia Fernandes, Brasil, 16 de abril de 2001.
[34] Ley 599 de 2000. Artículo 205. Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años.
Artículo 208. Acceso carnal abusivo con menor de catorce años. El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
[35] Ley 599 de 2000. Artículo 206. Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.
Artículo 209. Actos sexuales con menor de catorce años. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años. Si el agente realizare cualquiera de las conductas descritas en este artículo con personas menores de catorce años por medios virtuales, utilizando redes globales de información, incurrirá en las penas correspondientes disminuidas en una tercera parte.
[36] Ley 599 de 2000. Artículo 207. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años.
Artículo 210. Acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
[37] Ley 599 de 2000. Artículo 213. Inducción a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
[38] Ley 599 de 2000. Artículo 214. Constreñimiento a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, constriña a cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución, incurrirá en prisión de cinco (5) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
[39] Sentencia C-285 de 1997 MP: Carlos Gaviria Díaz. La sentencia revisó la constitucionalidad de los artículos 22 y 25 de la Ley 294 de 1996 que penalizan la violencia intrafamiliar y el maltrato sexual entre cónyuges. En la sentencia se dijo lo siguiente sobre la diferencia entre los tipos penales de maltrato y de lesiones personales: “Mediante el artículo 22 de la Ley 294 de 1996, el legislador quiso elevar a la categoría de delito algunas conductas que no podían ser adecuadas a las figuras típicas previstas en el Código Penal [2], con el objeto de brindar una mayor protección a los miembros de la familia, que eventualmente puedan ser víctimas de violencia por parte de otro integrante de su misma familia.
En síntesis, el artículo 22 de la Ley 294 de 1996 constituye un tipo penal autónomo, que no vulnera la Constitución.”
[40] United Nations, Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict, Final Report submitted by Ms. Gay J. McDougall, Special Rapporteur (New York: United Nations, 1998), E/CN.4/Sub. 2/1998/13, pp. 7-8. Traducción libre. El texto original dice: “Sexual violence is an overarching term used to describe "[a]ny violence, physical or psychological, carried out through sexual means or by targeting sexuality."[40] Sexual violence includes rape and attempted rape, and such acts as forcing a person to strip naked in public, forcing two victims to perform sexual acts on one another or harm one another in a sexual manner, mutilating a person's genitals or a woman's breasts, and sexual slavery.”
[41] Organización Mundial de la Salud. Reporte Mundial sobre la Violencia y la Salud. 2002. Capítulo 6. P.2
Adicionalmente la definición señala: “La coacción puede abarcar una amplia gama de grados de uso de la fuerza. Además de la fuerza física, puede entrañar la intimidación psíquica, la extorsión u otras amenazas, como la de daño físico, la de despedir a la víctima del trabajo o de impedirle tener el trabajo que busca. También puede ocurrir cuando la persona agredida no esta en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo porque esta ebria, bajo los efectos de un estupefaciente o dormida o es mentalmente incapaz de comprender la situación.”
[42] No habrá paz mientras no haya paz familia. El ciudadano que proviene de un hogar violento es igualmente violento en su comportamiento social, como lo evidencian las investigaciones sobre la materia". Gaceta del Congreso No.164, septiembre 29 de 1994. Exposición de motivos del proyecto de ley.
[43] Sentencia C-285 de 1997 MP: Carlos Gaviria Díaz. La sentencia revisó la constitucionalidad de los artículos 22 y 25 de la Ley 294 de 1996 que penalizan la violencia intrafamiliar y el maltrato sexual entre cónyuges. Los artículo eran considerados inconstitucionales por no cumplir con los objetivos de
de "prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar", que inspiraron su creación, ni proteger "la armonía y la unidad de la familia", bienes jurídicos que están llamadas a garantizar, dado que la leve sanción punitiva genera, como efecto negativo, un estímulo a la comisión de las conductas proscritas en las normas acusadas. La Corte declaró la exequibilidad del artículo 22 de la Ley 294 de 1996 que penaliza la violencia intrafamiliar por considerarla ajustada a la Carta. En cuanto al artículo 25 demandado, la Corte lo declaró inexequible pues “la consagración de un tipo penal privilegiado para los delitos de acceso y acto carnal violento, cuando se ejecutan contra el cónyuge, o la persona con quien se cohabite o haya cohabitado o con quien se haya procreado un hijo es desproporcionada, y en consecuencia, vulnera el derecho a la igualdad.”
[44] La sentencia C-652 de 1997 MP: Vladimiro Naranjo Mesa revisó la constitucionalidad del artículo 9° (parcial) de la Ley 294 de 1996 que establecía un término de 8 días después de los sucesos para solicitar una medida de protección en violencia intrafamiliar. La Corte declaró exequible la expresión “y deberá presentarse a más tardar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su acaecimiento”, contenida en el inciso segundo del artículo 9° de la Ley 294 de 1996. La sentencia señaló lo siguiente sobre la debida protección de la familia por parte del Estado: “La familia como manifestación primaria de la naturaleza social del hombre, es un factor esencial en la organización socio-política del Estado y presupuesto básico de su existencia. Esto explica por qué la Constitución de 1991, que propugna por el respeto y protección de los derechos y valores del ser humano, la define como el “núcleo fundamental de la sociedad” y, a su vez, le impone al Estado y a la sociedad misma, el deber de garantizar su protección integral y el respeto a su dignidad, honra e intimidad intrínsecas, promoviendo la igualdad de derechos y deberes en las relaciones familiares y el respeto recíproco entre sus integrantes (arts. 5°, 15 y 42 C.P.).
En relación con la familia como institución básica de la sociedad, señaló esta Corporación: “La sociedad natural es la familia, y en tal sentido sobre ella se levanta la solidez de la sociedad civil; el Estado y la sociedad no pueden ser, por tanto, indiferentes ante la supervivencia o no de la estructura familiar.
“La familia es una comunidad de intereses, fundada en el amor, el respeto y la solidaridad. Su forma propia, pues, es la unidad; unidad de vida o de destino -o de vida y de destino, según el caso- que liga íntimamente a los individuos que la componen. Atentar contra la unidad equivale a vulnerar la propiedad esencial de la familia. Siempre la familia supone un vínculo unitivo.” (Sentencia T-447/94, M.P. doctor Vladimiro Naranjo Mesa) En reciente pronunciamiento reiteró:
“Partiendo del enfoque personalísimo de la nueva Carta Fundamental de 1991, que busca el respeto, la protección y dignificación de la persona humana, la familia adquiere una especial connotación como núcleo fundamental de la sociedad para la existencia tanto de aquella como de la organización política y social, configurándose, entonces, en sujeto de amparo y protección especial por parte del Estado, como institución básica de la sociedad (art. 5o.).De esta manera, el Constituyente de 1991 retomó los avances jurídicos alcanzados hasta el momento en materia civil frente a esa realidad profundizando en el tratamiento de la familia respecto de su origen y de la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros.” (Sentencia C-314 de 1997, M.P. doctor Eduardo Cifuentes Muñoz)
Así las cosas, la institución de la familia merece los mayores esfuerzos del Estado para garantizar su bienestar. De ahí que corresponda a las autoridades intervenir en la relaciones familiares, no con el fin de fijar criterios de comportamiento, lo cual pertenece a la órbita del derecho a la intimidad, sino para propiciar la armonía y la paz familiar, impidiendo cualquier amenaza o violación a los derechos fundamentales de sus integrantes. Así se deduce del contenido del artículo 42 de la Carta cuando señala: “Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.” Adicionalmente, la sentencia C-271 de 2003 MP: Rodrigo Escobar Gil revisó la constitucionalidad del numeral 8° del artículo 140 del Código Civil que establece el conyugicidio como una causal de nulidad del matrimonio. La Corte declaró exequible el numeral demandado condicionado “a que se entienda que la nulidad del matrimonio civil por conyugicidio se configura cuando ambos contrayentes han participado en el homicidio y se ha establecido su responsabilidad por homicidio doloso mediante sentencia condenatoria ejecutoriada; o también, cuando habiendo participado solamente un contrayente, el cónyuge inocente proceda a alegar la causal de nulidad dentro de los tres meses siguientes al momento en que tuvo conocimiento de la condena.” En dicha oportunidad la Corte reforzó la intervención estatal en las relaciones familiares al señalar que “Siguiendo el criterio hermenéutico fijado por esta Corporación, no cabe duda que “toda manifestación de violencia [materializada para este caso en el conyugicidio] causa necesariamente un daño, casi siempre irreparable, en el seno del hogar, pues aparte de las consecuencias materiales que apareja el acto violento en lo que respecta a la integridad de las personas, lesiona gravemente la estabilidad de la familia, ocasiona rupturas entre sus miembros, interrumpe la paz y el sosiego domésticos y afecta particularmente el desarrollo psicológico de los menores, inoculando perniciosas tendencias hacia comportamientos similares” (Sentencia T-489 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.). Por eso, se insiste, es apenas consecuente con ese objeto de protección constitucional -la familia-, que el legislador sancione civilmente el conyugicidio al consagrarlo como una causal de nulidad del matrimonio civil.