Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-03411-1206-2015-de-marzo-22-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_ffc579b270e446d8b73d3ac96c04663f&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-04 22:09:44
Document Index: 165259665

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 279', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 150', 'artículo 36', 'artículo 151', 'artículo 13', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 36', 'artículo 146', 'artículo 1', 'artículo 62']

SENTENCIA 2006-03411 DE 22 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:CARACTERÍSTICAS DEL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CON FUNDAMENTO EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. EL MÁXIMO ÓRGANO ESTABLECIÓ QUE LA COMPETENCIA PARA FIJAR EL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL ORDEN TERRITORIAL, EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1886, ESTABLECIÓ QUE ÉSTE TIENE EL CARÁCTER DE LEGAL PARA TODOS LOS NIVELES NACIONALES, SECCIONALES O LOCALES, POR LO QUE NO ES VIABLE EL RECONOCIMIENTO MEDIANTE ACTOS JURÍDICOS DE DISTINTO CONTENIDO, TRÁTESE DE ACUERDOS, ORDENANZAS, ACTAS CONVENIO O CONVENCIONES COLECTIVAS. ES DECIR, CUALQUIER DISPOSICIÓN QUE REGULE EL RÉGIMEN SALARIAL O PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, ES CONTRARIA AL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL. ADICIONALMENTE, SE ESTIPULO QUE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ES EL ÚNICO ENTE QUE PUEDE FIJAR LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, POR LO QUE CUALQUIER DISPOSICIÓN DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL QUE REGULEN LA MATERIA, SE TORNA ILEGAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, CONVENCIÓN COLECTIVA, TRABAJADOR, RÉGIMEN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA, CONVENCIÓN COLECTIVA DEL TRABAJADOR OFICIAL
Sentencia 2006-03411 de marzo 22 de 2018
Rad.: 680012331000200603411 01
Nº interno: 1206-2015
Demandante: ESE Hospital San Juan de Dios de San Gil en liquidación
Demandado: Ofelia Gualdrón Forero
Tema: Acción de lesividad. Pensión de jubilación
Segunda instancia. Decreto 01 de 1984
El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, conforme a los argumentos presentados en el recurso de apelación, es determinar, en primer término, si la jurisdicción contenciosa administrativa es a quien le corresponde el estudio del conflicto suscitado, en el cual se discute la legalidad del acto de reconocimiento de la pensión de jubilación otorgado a la señora Ofelia Gualdrón Forero, en su condición de ex servidora pública de la ESE Hospital San Juan de Dios de San Gil en Liquidación, teniendo en cuenta que en la sentencia recurrida, declaró no probada la excepción de falta de jurisdicción; y por otro lado, establecer si la pensión de jubilación reconocida a la parte demandada se ajusta o no a derecho.
El Tribunal Administrativo de Santander, a través de la sentencia del 27 de noviembre de 2014, accedió a las pretensiones de la demanda.
2.3.1. De la alegada falta de jurisdicción.
En el presente asunto se controvierte la legalidad de la Resolución 091 del 18 de febrero de 2000, por medio de la cual el Hospital San Juan de Dios de San Gil (Santander) en Liquidación, le reconoció a la señora Ofelia Gualdrón Forero, una pensión plena de jubilación, a partir del 1 de enero de 2000. No obstante lo anterior, como dentro de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se refiere a la falta de jurisdicción para conocer del presente asunto, la Sala procederá a referirse a ello, en los siguientes términos:
De las pruebas allegadas al expediente, se estableció del acto en que se le reconoció la pensión plena de jubilación, que la señora Gualdrón Forero, ostentaba la condición de empleada pública, por haberse desempeñado como Auxiliar de Enfermería en la ESE Hospital San Juan de Dios de San Gil (Santander) desde el 26 de octubre de 1970 al 30 de diciembre de 1973 (fl. 108) y entre el 17 de enero de 1975 al 30 de diciembre de 1999 (fl. 107), situación que define la naturaleza jurídica de su vinculación, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 10 de 1990(3).
Esta corporación, en anteriores oportunidades ha sostenido que le corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa el conocimiento de los asuntos relacionados con el reconocimiento de prestaciones sociales de empleados públicos beneficiarios del régimen de transición de pensiones, excluyendo del conocimiento a la jurisdicción ordinaria, en consideración a la relación jurídica y a los actos que se controviertan. Dijo en esa oportunidad(4):
“(...) Los conflictos relacionados con los regímenes de excepción establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no fueron asignados por el legislador a la justicia ordinaria laboral, “por tratarse de regímenes patronales de pensiones o prestaciones que no constituyen un conjunto institucional armónico ya que los derechos allí regulados no tienen su fuente en cotizaciones ni en la solidaridad social, ni acatan las exigencias técnicas que informan el sistema de seguridad social integral...”, como lo expresó la Sentencia C-1027 de 27 de noviembre de 2002, M.P. Dra. Clara Inés Vargas H.
Además de este régimen exceptivo expreso en criterio de la Sala, también deben excluirse del conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral los regímenes de transición previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ya que tampoco hacen parte del sistema de seguridad social integral por referirse a la aplicación de normas anteriores a su creación (...)”.
De la misma forma, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1027 de 2002, al examinar la constitucionalidad del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, señaló:
“Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de:
4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan...”.
Así las cosas, se observa que la jurisdicción ordinaria laboral estudia las controversias relacionadas con los contratos de trabajo y el sistema de seguridad social; sin embargo, no es de su jurisdicción el análisis de legalidad de los actos administrativos como tampoco, lo relacionado con la seguridad social de un empelado público, tal y como sucede en el presente caso, en donde lo que se cuestiona es la validez del acto por medio del cual se le reconoció una pensión plena de jubilación a la demandada, presuntamente de manera ilegal.
Aunado a lo anterior, esta corporación ha manifestado que ante el reconocimiento irregular de derechos prestacionales, la ley consagró la acción de lesividad, como el medio idóneo para que la administración controvierta sus decisiones con el fin de lograr su anulación, se le aparte del ordenamiento jurídico y detener sus efectos.
Sentado lo anterior, como la parte demandada en los argumentos del recurso de apelación insiste que se excluya del conocimiento de esta jurisdicción la presente controversia, por considerar que lo allí resuelto, se origina en una convención colectiva de trabajo, la cual recae sobre la jurisdicción ordinaria; esto no es de recibo en cuanto el objeto de debate se circunscribe al reconocimiento de una pensión plena de jubilación a una empleada pública, beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme se pudo constatar al analizar el plenario, y es materia atribuida a la jurisdicción contenciosa administrativa, y respecto de lo cual no puede declararse la falta de jurisdicción alegada en la alzada.
La Sala manifiesta que las demandas que versan sobre el reconocimiento de pensiones de jubilación, para efectos de establecer sobre quien recae su estudio, lo determina la relación laboral que tenga el empleado al momento en que se produce el retiro, pues como se pudo observar en el sub judice, se constató y no es materia de debate, el carácter de empleada pública de la señora Ofelia Gualdrón Forero, por haber prestado sus servicios en una Empresa Social del Estado.
Corolario de lo expuesto, no se configura la excepción de falta de jurisdicción propuesta por la parte demandada, en cuanto es claro que lo que se demandó es la nulidad del acto administrativo por medio del cual se le reconoció una pensión de jubilación a una empelada pública, beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, atribuida dicha controversia, exclusivamente a la jurisdicción contenciosa administrativa. No puede pretender la parte apelante que la nulidad de un acto particular, conlleve la nulidad del acto en que se fundamentó para su expedición, ni mucho menos la ineficacia del acto consensual como en este caso lo es la convención colectiva.
En consideración al contenido del acto administrativo que se controvierte y las pretensiones de la demanda, la jurisdicción contenciosa administrativa es a quien le corresponde estudiar de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad propuesta, por lo que se confirmará la decisión del a quo en no declarar probada la excepción de falta de jurisdicción elevada por la señora Gualdrón Forero, en su condición de parte demandada y procedió a estudiar el fondo del asunto.
Sentando lo anterior, la Sala procederá a analizar si la pensión de jubilación reconocida a la señora Ofelia Gualdrón Forero por la ESE Hospital San Juan de Dios de San Gil en Liquidación, con fundamento en la convención colectiva de trabajo, se ajusta o no a derecho.
El Acto Legislativo Nº 1 de 1968, en el ordinal 9 del artículo 76, estableció la competencia del Congreso para hacer las leyes, y por medio de ellas ejercer las siguientes atribuciones:
“Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales”. (Resalta la Sala).
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante concepto Nº 1393 de 18 de junio de 2002(6), con ponencia del doctor Flavio Augusto Rodríguez Arce, respecto a la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del orden territorial, en vigencia de la Constitución de 1886, estableció que éste tiene el carácter de legal para todos los niveles —nacional, seccional o local—, por lo que no es viable el reconocimiento mediante actos jurídicos de distinto contenido, trátese de acuerdos, ordenanzas, actas convenio o convenciones colectivas. Es decir, cualquier disposición que regule el régimen salarial o prestacional de los empleados públicos, es contraria al ordenamiento constitucional y legal.
“(...) Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
“El régimen prestacional de los servidores públicos de la entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.
PAR.—El gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional”.(7)
“En vigencia de la Constitución de 1886, el Acto Legislativo Nº 1 de 1968 modificó el artículo 76, numeral 9º original de ésta, e introdujo para la materia que él regulaba el concepto de las leyes cuadro del derecho francés, al establecer la competencia del legislador para “...fijar las escalas de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo”, al tiempo que le asignó al Presidente de la República la facultad de “... fijar sus dotaciones y emolumentos... con sujeción a la leyes a que se refiere el ordinal 9º del artículo 76...”. Al referirse a la competencia del legislador y del Presidente de la República en esta materia, la Corte Suprema de Justicia, en su momento, afirmó que estos artículos tenían que entenderse en el sentido según el cual la Constitución le asignaba al primero la atribución de crear la parte estática y permanente de la administración, mientras el segundo tenía la función de hacerla dinámica, mediante el ejercicio de atribuciones administrativas.
La Constitución de 1991, por su parte, al regular lo relativo a las atribuciones del Congreso de la República, estableció en el artículo 150, numeral 19, literal e), que a éste le corresponde dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular, entre otras materias “el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”. (Subrayas fuera de texto).
“Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas(8), pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no pueden declarar o hacer huelga”. (9)
Esta preceptiva normativa, fue modificada con los Convenios Internacionales suscritos en la Organización Internacional del Trabajo, OIT Nº 151 sobre “la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”, y Nº 154 sobre “el fomento de la negociación colectiva”, que fueron incorporadas a nuestra legislación interna mediante las leyes 411 de 1997 y 524 de 12 de agosto de 1999, respectivamente.
2.3.4. Del régimen pensional establecido en la Convención Colectiva de Trabajo para los empleados de la ESE Hospital San Juan de Dios de San Gil en Liquidación y la normatividad aplicable al caso controvertido.
Obra a folios 1 a 32 reverso del expediente, copia de la convención colectiva de trabajo suscrita el 24 de mayo de 1991, por los representantes de los centros hospitalarios de Santander y el Sindicato de Trabajadores de dichas entidades, entre las que se encuentra el Hospital San Juan de Dios de San Gil (Santander), mediante la cual “se regirá las relaciones obrero – patronales, entre los Hospitales mencionados y sus trabajadores”. Con ocasión de ello, en la cláusula quinta y sexta, se pactó reconocer como trabajadores oficiales vinculados mediante contrato de trabajo, a las personas que allí se relacionaron:
“(...) CLÁUSULA QUINTA. CATEGORÍAS Y SALARIOS.
Hospitales tipo A (T.A.)
II $ 73.339.oo Auxiliar de Enfermería (A)
CLÁUSULA SEXTA.- RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES OFICIALES.
PAR. SEGUNDO: Para los hospitales integrado San Juan de Dios de Piedecuesta, Hospital Psiquiátrico San Camilo la presente Convención Colectiva de Trabajo, cobija el personal vinculado a estos hospitales que devenguen asignación permanente, a quienes se les suscribirá contrato individual de trabajo y será la norma que regirá las relaciones obrero patronales en estos hospitales de conformidad y con observancia por lo dispuesto en el código sustantivo del trabajo y procesal del trabajo, con aplicación de todos los derechos laborales y legales que amparan a los trabajadores particulares.
“CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. PENSIONES.
El artículo 36 ibidem, contempló el régimen de transición, en los siguientes términos:
Así las cosas, como en materia pensional la Ley 100 de 1993 en el nivel territorial empezó a regir a partir del 31 de junio de 1995, conforme lo estableció el artículo 151 ibidem, quienes cumplieran con 15 años de servicios cotizados, o 35 años de edad si es mujer o, 40 años si es hombre, tendrían derecho a que se les reconociera una pensión de jubilación en consideración a la edad, el tiempo de servicio cotizado y el momento de la pensión establecidos en el régimen anterior, esto es, la Ley 33 de 1985, que equiparó la edad a los 55 años y determinó las condiciones pensionales y el régimen de transición, así:
Por lo tanto, el privilegio establecido en el inciso segundo para quienes cumplan dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la Ley 100 los requisitos para pensionarse, genera un tratamiento inequitativo y desigual frente a los demás empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados que cumplan dichos requisitos con posterioridad. Situación está que quebranta el artículo 13 superior, en cuya virtud todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y se prohíbe cualquier forma de discriminación entre personas o grupos de personas que se encuentren en circunstancias iguales. (...)”.
Como quiera que la sentencia de inexequibilidad tiene efectos hacia el futuro y al no haberse modulado los efectos de la decisión, las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con fundamento en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997 o antes de entrada en vigencia del sistema general en cada entidad territorial, quedaron amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, tal y como así lo consideró esta corporación en la sentencia del 7 de octubre de 2010 con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila dentro del expediente Nº 1484 - 2009, cuando señaló:
“(...) Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no sólo las situaciones que se consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de la misma. (...)”.
De la misma forma, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, estableció que para las situaciones jurídicas de carácter individual consolidadas con anterioridad a su vigencia, con fundamento en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de servidores públicos, continuarían vigentes; y tendrían derecho a pensionarse bajo dicho precepto, y en las condiciones allí establecidas, en aras de garantizar los derechos adquiridos, en los siguientes términos:
Al respecto, esta corporación al estudiar un asunto similar, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2011, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado con radicación Nº 08001-23-31-000-2005-02866-03 (2434-2010), sostuvo:
(...)”.(10)
De lo anterior se desprende que para la convalidación de las pensiones reconocidas con fundamento en las disposiciones del orden territorial, conforme a lo establecido en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuando se trate de convención colectiva de trabajo que se refiera a empleados públicos, no puede ser tenida como un contrato o como norma; sin embargo debe tomarse como una disposición en la medida que con ella se buscó es proteger y otorgarle progresividad a los derechos de los trabajadores, es decir, “lleva inmersa la voluntad del empleador de otorgar unos derechos a sus beneficiarios(11)”.(12)
Revisado el material probatorio allegado al expediente, se constató que la señora Ofelia Gualdrón Forero nació el 6 de marzo de 1954 (f. 106); y se estableció que laboró desde el 26 de octubre de 1970 al 30 de diciembre de 1973 (f. 108) y entre el 17 de enero de 1975 al 30 de diciembre de 1999 (f.107), desempeñándose como Auxiliar de Enfermería.
El gerente del hospital demandante, por Resolución 091 del 18 de febrero de 2000 (fls. 108-112), le reconoció la pensión plena de jubilación a la demandada, a partir del 1 de enero de 2000, en cuantía equivalente al 100% del salario, en el cual se le incluyeron el sueldo básico, la prima de alimentación, recargos nocturnos, dominicales, festivos, horas extras, bonificación, prima vacacional, prima de servicios y prima de navidad, en consideración a que “se beneficia de acuerdos convencionales pactados entre el Gobierno Departamental y los representantes de ANTHOC Seccional Santander, en Agosto 18 de 1993, para quienes se venían beneficiando de la convención colectiva de trabajo y fueron clasificados como empleados públicos por la Ley 10 de Enero 10/90 en el acápite de Pensión de Jubilación quienes se hubieren vinculado antes del primero (1º) de enero de 1976, se jubila bajo las condiciones existentes a 31 de diciembre de 1992, así: “a) Todos los hospitales reconocerán PENSIÓN PLENA DE JUBILACIÓN, a quienes cumplan veinte (20) años de servicio y cincuenta y cinco (55) años de edad si son hombres y cincuenta (50) si son mujeres. B Todos los hospitales reconocerán PENSIÓN PLENA DE JUBILACIÓN, a quienes cumplan veinticinco (25) años de servicio a la Institución, con cuarenta y cinco (45) de edad si son mujeres y cuarenta y siete (47) si son hombres. (...) (fl. 108)”.
En las condiciones anteriores, la Sala procede a estudiar si la señora Ofelia Gualdrón Forero, al amparo de la convención colectiva de trabajo, cumple con i) la prestación haya sido consolidada con anterioridad al 30 de junio de 1995, esto es, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para el nivel territorial o del 30 de junio de 1997 conforme a la sentencia de la Corte Constitucional; y, ii) que su prestación de orden convencional, se encuadre dentro de los supuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
De la lectura del acto administrativo acusado —Resolución 091 del 18 de febrero de 2000—, se observa que a la señora Gualdrón Forero, la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de San Gil, le reconoció la pensión plena de jubilación por acreditar el requisito de los 25 años de servicio y 45 años de edad, conforme a lo términos acordados en la convención colectiva de trabajo.
Es decir, la parte demandada adquirió el derecho pensional con fundamento en la convención colectiva de trabajo, el 6 de marzo de 1999, fecha en la que cumplió el requisito de edad (45 años); sin embargo, se advirtió que los 25 años de servicio, los reunió el 30 de noviembre de 1996. Significa lo anterior, que la demandada obtuvo el derecho a la pensión de jubilación, con posterioridad al 30 de junio de 1997, por ende, su derecho pensional con fundamento en la convención colectiva de trabajo, no quedó convalidado dentro del beneficio consagrado en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
La Sala manifiesta que la señora Gualdrón Forero para el momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se encontraba cobijada por el régimen de transición del artículo 36 ibídem, en cuanto tenía 39 años de edad y más de 20 años de servicio, de tal suerte que era beneficiaria para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en lo establecido en el régimen anterior, esto es, la Ley 33 de 1985.
Así las cosas, la parte demandada cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985 correspondiente a 55 años de edad y 20 años de servicio, para acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación equivalente al 75% de lo devengado en el último año de servicios, presupuestos que fueron cumplidos para el 6 de marzo de 2009, fecha en la cual cumplió los 55 años de edad. Lo anterior quiere indicar, que adquirió el estatus de pensionada, cuando llegó a la edad requerida por la norma, por lo que a la entidad demandante le corresponde a partir de esta fecha, reliquidar la prestación conforme a lo establecido en la Ley 33 de 1985.
Ahora bien, la Sala al revisar la sentencia objeto de apelación, observó que el juez de primera instancia en el numeral primero de la parte resolutiva, dispuso la inaplicación del literal a) de la cláusulas quinta y la cláusula sexta contenidas en la Convención Colectiva de Trabajo vigente en el año 2002, pretensión que a simple vista no guarda correspondencia con la legalidad del acto de reconocimiento de la pensión de jubilación de la señora Ofelia Gualdrón Forero, y respecto de la cual no le estaba permitido al juez de primera instancia realizar ninguna consideración al respecto. Conforme con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo, con excepción al numeral primero el cual revocará, teniendo en cuenta que no se afecta la garantía de la no reformatio in pejus de la apelante.
Atendiendo las consideraciones expuestas, la Sala concluye que la decisión de primera instancia fue acertada, respecto de la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer la controversia puesta en consideración; así como en declarar la nulidad de la Resolución 091 del 18 de febrero de 2000, por el reconocimiento de la pensión plena de jubilación a la señora Ofelia Gualdrón Forero con fundamento en una convención colectiva de trabajo, teniendo en cuenta que la misma no quedó convalidada al tenor de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, por cuanto para el 30 de junio de 1997, la parte demandada, no había cumplido con los requisitos convencionales para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
No obstante lo anterior, en defensa de los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad, la decisión de primera instancia se confirmará, para que la entidad demandante proceda a reliquidar la pensión de jubilación en los términos del régimen jurídico aplicable a la señora Ofelia Gualdrón Forero, diferente al establecido en la Convención Colectiva de Trabajo, antes mencionada, a excepción del numeral primero, el cual se revocará en su totalidad, conforme a lo anteriormente manifestado.
1. CONFÍRMASE la sentencia del veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda promovida por la ESE Hospital San Juan de Dios de San Gil (Santander) en liquidación en contra de la señora Ofelia Gualdrón Forero, con excepción del numeral segundo que se revocará, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3 ART. 26.—Clasificación de empleos. En la estructura administrativa de la Nación, de las entidades territoriales o de sus entidades descentralizadas, para la organización y prestación de los servicios de salud, los empleos pueden ser de libre nombramiento y remoción o de carrera.
En la administración nacional central o descentralizada, los enumerados en las letras a), b), c) e i) del artículo 1º de la Ley 61 de 1987.
Los empleos que correspondan a funciones de dirección, formulación y adopción de políticas, planes y programas y asesoría. Ver art. 6,Ley 60 de 1993.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B sentencia del 30 de abril de 2003 con ponencia del doctor Jesús María Lemos Bustamante, con Rad. Interna 1227-2001.
5 ART. 62.—La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del tesoro público.
ART. 63.—No habrá en Colombia ningún empleo que no tenga funciones detalladas en ley o en reglamento.
6 “(...)
De 1886 a 1968. Según el texto original del artículo 62 de la Constitución de 1886, la ley determinaba las condiciones de jubilación y el Congreso de la República creaba todos los empleos y fijaba sus respectivas dotaciones (art. 76.7). (...)
B) A partir del acto legislativo Nº 1 de 1968, el Congreso determinaba las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales (art. 11). Sin embargo, se contempló la posibilidad de revestir “pro tempore” al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para regular la materia (art. 76.12). En todo caso, es claro que para esa época el régimen prestacional de los empleados públicos de todos los niveles —nacional, seccional o local— tenía única y exclusivamente carácter legal, no siendo viable su reconocimiento mediante actos jurídicos de distinto contenido —acuerdos, ordenanzas, actas convenio o convenciones colectivas (...)—”.
9 Declara exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-201 de 2002
10 Referente al tema, también se pueden consultar las sentencias del 10 de octubre de 2013 con ponencia del doctor Alfonso Vargas Rincón, con Rad. 68001-23-31-000-2005-02207-01(0200-13), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia de Bucaramanga, en liquidación, y la sentencia del 24 de junio de 2015, con Rad. 68001-23-31-000-2005-02293-02 (4597-13), Actor: ESE Hospital Universitario Ramón Gonzalez Valencia de Bucaramanga, en liquidación, con ponencia del doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, entre otras.
11 Cita de la providencia del 29 de septiembre de 2011 dentro del Exp. 2434-201: La Corte Constitucional en Sentencia C-009 del 20 de enero de 1994, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, que sostuvo: “En conclusión, aun cuando materialmente la convención es por sus efectos un acto regla, creador del derecho objetivo, a semejanza de la ley, según lo admite la doctrina, no puede considerarse como producto de la función legislativa del Estado, desde los puntos de vista orgánico, funcional y formal, en que constitucionalmente aparecen estructurados y se manifiestan las funciones estatales.
Reafirma esta conclusión, la circunstancia de que el inciso final del art. 53 constitucional al establecer que, “la ley, los contratos los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”, de manera expresa está reconociendo la distinción entre “ley” propiamente dicha y “acuerdos y convenios de trabajo”.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado con radicación interna 2434-2010.