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Timestamp: 2017-10-23 05:35:22
Document Index: 304802347

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 38', 'artículo 9', 'artículo 124', 'artículo 157', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 157', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 4']

Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 junio, de Liberalización de las Telecomunicaciones.
Vigencia desde 09 de Junio de 1996. Esta revisión vigente desde 09 de Junio de 1996
Artículo 1 Creación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
Artículo 2 Modificación de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, reformada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre
Artículo 3 Modificación de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones por Cable
Artículo 4 Segundo operador de telecomunicaciones
Disp. Transit. 1 Primera. Telecomunicaciones
Disp. Transit. 2 Segunda. Servicios portadores de telecomunicaciones
Disp. Transit. 3 Tercera. RETEVISION
BOE 20 Junio. Corrección de errores del RDL 6/1996, de 7 Jun. (se corrigen errores en RDL 6/1996 de 7 Jun., por la que se publican normas sobre Liberalización de las telecomunicaciones)
OM 31 Ene. 1997 (Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Ejercicio efectivo de las funciones atribuidas)
Véase OM 31 enero 1997, por la que se determina la fecha de iniciación del ejercicio efectivo de las funciones atribuídas a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones («B.O.E.» 1 febrero).
R 25 Jun. 1996 (se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del RDL 6/1996 de 7 Jun. , de liberalización de las telecomunicaciones)
Véase Res. 25 junio 1996, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del presente R.D.-ley 6/1996, 7 junio («B.O.E.» 29 junio).
Se deroga por Ley 12/1997 de 24 de abril, de liberalización de las telecomunicaciones(BOE de 25/4/1997)
La exigencia inaplazable de salvaguardar el cumplimiento efectivo por todos los partícipes en el mercado de las telecomunicaciones de los principios de libre competencia, transparencia e igualdad de trato hace imprescindible la creación de una Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, como órgano independiente encargado de velar por la aplicación de tales principios y de arbitrar los conflictos entre los operadores del sector.
Asimismo, la necesidad de acomodar la legislación española a la normativa comunitaria europea que, respecto de los servicios finales, prevé unos plazos máximos para su liberalización, obliga a la modificación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. En esta línea, y por lo que se refiere a los servicios finales y portadores, se impone crear, de forma inmediata, las condiciones que garanticen la libre concurrencia en el mercado y la igualdad de trato a los operadores del sector tal como se ha indicado. El objetivo, a corto plazo no es otro que constituir una importante fuente de riqueza para la economía española que incida positivamente en la creación de puestos de trabajo.
Por otra parte, la introducción de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones, y por consiguiente el mejor servicio a los usuarios, tanto residenciales como empresariales en un sector basado en redes, exige la creación de operadores con una mínima masa crítica. De ahí la importancia de crear un segundo operador con estas condiciones que pueda integrar, además, determinadas redes alternativas existentes en la actualidad, pero no comercializables y, por tanto, infrautilizadas.
La urgencia de su creación es evidente, puesto que los compromisos de España, en su calidad de Estado miembro de la Unión Europea, no permiten dilatar más en el tiempo la puesta en marcha de un segundo operador viable. Los efectos beneficiosos de esta decisión para el empleo y la economía nacional en general están fuera de toda duda.
El Gobierno de la Nación ha sido consciente, desde su toma de posesión, de la necesidad de fomentar el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, a fin de potenciar el crecimiento de la economía española y eliminar los innumerables perjuicios que, también en este sector, ha generado la sobrerregulación de la economía. Todo lo cual justifica plenamente el empleo de la técnica normativa del Real Decreto-ley, autorizada por el artículo 86 de la Constitución.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de junio de 1996, en uso de la autorización concedida en el artículo 86 de la Constitución.
DISPONGO: Véase Res. 25 junio 1996, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del presente R.D.-ley 6/1996, 7 junio («B.O.E.» 29 junio). Véase OM 31 enero 1997, por la que se determina la fecha de iniciación del ejercicio efectivo de las funciones atribuídas a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones («B.O.E.» 1 febrero).
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, y estará adscrita al Ministerio de Fomento. Se regirá por lo dispuesto en este Real Decreto-ley y disposiciones que lo desarrollen; así como por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el ejercicio de las funciones públicas que este Real Decreto-ley le atribuye. El personal que preste servicio en la Comisión quedará vinculado a la misma por una relación de carácter laboral.
Dos. 1. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendrá por objeto salvaguardar las condiciones de competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, velar por la correcta formación de los precios en este mercado y ejercer de órgano arbitral en los conflictos que surjan en el sector.
2. Para el cumplimiento de este objeto, la Comisión desarrollará las siguientes funciones en los términos que reglamentariamente se determinen:
a) Arbitrar en los conflictos que puedan surgir entre operadores de redes y servicios del sector de las telecomunicaciones, así como en aquellos otros casos que puedan establecerse por vía reglamentaria, cuando los interesados lo acuerden.
El procedimiento arbitral se establecerá mediante Real Decreto y en aquél quedará garantizada la audiencia de las partes, así como que éstas puedan proponer todas las pruebas que sean procedentes.
b) Informar las propuestas de tarifas de los servicios de telecomunicaciones prestados en exclusiva y en aquellos casos en los que exista una posición de dominio en el mercado, a fin de salvaguardar el principio de competencia efectiva entre los operadores.
c) Asesorar al Gobierno y al Ministro de Fomento, así como a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas a petición de éstas, en los asuntos concernientes al mercado de telecomunicaciones, particularmente en aquellas materias que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado. En el ejercicio de esta función la Comisión actuará a solicitud de los citados órganos o por propia iniciativa.
La Comisión elaborará anualmente un informe al Gobierno sobre el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones, que será elevado a las Cortes Generales.
d) Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la libre competencia en el mercado, en particular en lo que se refiere a la pluralidad de oferta de servicios, al acceso a las redes de telecomunicaciones por los operadores y a la interconexión de las redes, dictando al efecto instrucciones para las entidades que operen en el sector, que serán vinculantes una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». El incumplimiento de estas instrucciones se considerará infracción muy grave a los efectos previstos en el artículo 33 de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.
Además, la Comisión ejercerá las competencias propias de la Administración General del Estado para interpretar las cláusulas de los contratos concesionales que protejan la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones. El incumplimiento por los concesionarios de los acuerdos adoptados en el ejercicio de esta facultad será considerado como infracción muy grave o grave, a tenor de lo dispuesto en el artículo 33.2 e) y 33.3, b), de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.
e) Denunciar ante los servicios de inspección de las telecomunicaciones del Ministerio de Fomento las conductas contrarias a la legislación de ordenación de las telecomunicaciones, y, en su caso, instar la actuación de los órganos de defensa de la competencia.
f) Cualesquiera otras que legal o reglamentariamente se le atribuyan o que le encomiende el Gobierno o el Ministro de Fomento.
Tres. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones estará regida por un Consejo, al que corresponderá el ejercicio de todas las funciones establecidas en el apartado anterior.
a) Un Presidente y un Vicepresidente, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento, entre personas de reconocida competencia profesional relacionada con el sector de las telecomunicaciones.
b) Cinco consejeros nombrados por el Ministro de Fomento entre las personas a que se refiere la letra anterior.
El Consejo designará un Secretario no Consejero, que actuará con voz, pero sin voto.
Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Consejeros se renovarán cada seis años, pudiendo ser reelegidos los inicialmente designados una sola vez. Excepcionalmente, el primer mandato del Vicepresidente y de dos de los Consejeros será por el plazo de tres años.
El Presidente y el Vicepresidente cesarán en su cargo por renuncia aceptada por el Gobierno, expiración del término de su mandato o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente por el Ministro de Fomento, por incapacidad permanente para el ejercicio del cargo, incumplimiento grave de sus obligaciones, condena por delito doloso o incompatibilidad sobrevenida.
Los Consejeros cesarán por las mismas causas expresadas en el párrafo anterior, correspondiendo aceptar la renuncia o acordar la separación al Ministro de Fomento.
Todos los miembros del Consejo estarán sujetos al régimen de incompatibilidades de los Altos Cargos de la Administración.
Cuatro. El Gobierno desarrollará, por Real Decreto, en el plazo de tres meses, la estructura y funciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 13, que queda redactado en los siguientes términos:
Modificación incorporada a la Ley 31/1987, 18 diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.
Seis. Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo 16, que queda redactada como sigue:
Siete. Se modifica el párrafo g) del apartado 1 del artículo 16, en los siguientes términos:
Ocho. Se añade una nueva disposición adicional undécima, con el siguiente texto:
Nueve. Se añade una disposición transitoria quinta a la Ley, con la siguiente redacción:
Uno. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 2, que queda redactado de la siguiente forma:
Modificación incorporada a la Ley 42/1995, 22 diciembre, de Telecomunicaciones por Cable.
Dos. Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del artículo 4, con la siguiente redacción:
Tres. El apartado 5 del artículo 6 quedará redactado como sigue:
Cuatro. Se modifica la disposición adicional segunda en los siguientes términos:
Modificaciones incorporadas a la Ley 42/1995, 22 diciembre, de Telecomunicaciones por Cable.
Cinco. Se da nueva redacción a la disposición adicional sexta, que quedará redactada de la siguiente forma:
Uno. Se otorga título habilitante al Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión (RETEVISION) para la prestación del servicio final de telefonía básica, que incluye el servicio telefónico urbano, interurbano e internacional, y para el servicio portador soporte del mismo.
Dos. El Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión (RETEVISION) constituirá una sociedad anónima a la que aportará la totalidad de los bienes y derechos que integran la red pública de telecomunicaciones. A estos efectos, el Estado integra por el presente Real Decreto-ley en el patrimonio del Ente Público RETEVISION los bienes y derechos pertenecientes al Estado, que actualmente gestiona RETEVISION en régimen de adscripción, que dejan de tener la consideración de bienes de dominio público.
Tres. Los elementos que sean objeto de transmisión serán valorados de acuerdo con lo que establezca el Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, sin exceder del valor del mercado, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Cuatro. No obstante lo establecido en el número anterior, el Ente Público RETEVISION contabilizará el valor de sus acciones representativas del capital de la nueva sociedad, por el que tuvieran atribuido los bienes y derechos aportados. Esta valoración surtirá todos los efectos, incluidos los fiscales.
Cinco. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda la nueva sociedad tendrá por objeto la prestación de los servicios de telecomunicaciones que tenía atribuidos el Ente Público RETEVISION, así como el desarrollo, implantación, explotación y comercialización de otros servicios de telecomunicación para los que de acuerdo con la legislación vigente, obtenga título habilitante.
Seis. El personal del Ente Público RETEVISION quedará integrado en la nueva sociedad, conservando los derechos que tuvieran en el momento de la integración.
Siete. Las transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y demás actos jurídicos derivados de la ejecución de lo establecido en la presente disposición, estarán exentos de cualquier tributo de carácter estatal o local, sin que proceda la compensación a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley reguladora de la Haciendas Locales. Los aranceles y honorarios de los fedatarios públicos y Registradores de la Propiedad y Mercantiles que intervengan, se reducirán en un 90 por 100.
Ocho. Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para la aplicación de lo previsto en el presente Real Decreto-ley, así como para adaptar al mismo el artículo 124 de la Ley 37/1988 de 28 de diciembre, por el que se creó el Ente Público RETEVISION.
Véase R.D. 2276/1996, 25 octubre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las telecomunicaciones, en relación con el segundo operador de telecomunicaciones y el ente público de la Red Técnica Española de Televisión (Retevisión) («B.O.E.» 5 noviembre).
Nueve. Una vez constituida la sociedad a que se refiere el número dos y previa aprobación por Acuerdo del Consejo de Ministros de la valoración de esta compañía, el Ente Público RETEVISION adjudicará por procedimiento restringido, mediante concurso, el 51 por 100 como mínimo, del capital social de aquélla. El concurso garantizará las reglas de objetividad en la selección entre los licitadores concurrentes. Particularmente, se observarán las siguientes: la aportación de infraestructuras y derecho de paso; la experiencia del licitador en la explotación de redes; su situación patrimonial; la oferta económica, las inversiones comprometidas y la maximización de las aportaciones a la economía nacional.
El Gobierno, mediante Real Decreto, determinará los requisitos exigibles a las personas que deseen participar en el concurso y los criterios que habrán de regir para la selección de los participantes y resolución del mismo. En lo demás se aplicará lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. En la convocatoria y resolución de dicho concurso público, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 157.d) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Véase R.D. 2/1997, 10 enero, por el que se determinan los requisitos para participar en el procedimiento restringido para la adjudicación, por concurso, de acciones de la sociedad referida en el artículo 4 del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las telecomunicaciones, y los criterios para la selección de los participantes y la resolución del concurso («B.O.E.» 15 enero).
La transformación de la habilitación otorgada al Ente Público RETEVISION, en régimen de gestión directa en un título habilitante para la gestión indirecta del servicio por la sociedad a que se refiere el apartado segundo del artículo 4 de este Real Decreto-ley, se realizará mediante el correspondiente contrato de gestión de servicio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.d) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
Las referencias contenidas en la legislación de telecomunicaciones al régimen de gestión indirecta mediante concesión administrativa, será de plena aplicación a la prestación de servicios de telecomunicaciones realizada por dicha sociedad.
Las empresas y entidades que hayan resultado o resulten adjudicatarias en un concurso convocado por un Ayuntamiento para la instalación y explotación de una red de telecomunicaciones por cable, antes de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, que no se encontrara en explotación comercial el 24 de diciembre de 1995, deberán participar en el primer concurso que se convoque por el Ministerio de Fomento en los términos regulados en la Ley 42/1995, de Telecomunicaciones por Cable, para la adjudicación de la correspondiente concesión. Dichas empresas y entidades, de no resultar adjudicatarias en el concurso, tendrán derecho a obtener no obstante una concesión especial y no renovable, para la prestación del servicio de televisión por cable, por un plazo de hasta diez años, a partir del término fijado para completar la instalación de la red, que se determinará en cada caso atendiendo a la inversión prevista y demás circunstancias concurrentes que se concretarán reglamentariamente. La no participación en el concurso se entenderá como renuncia a los derechos derivados de la presente disposición transitoria.
Los titulares de las redes de televisión por cable incluidos en el régimen de la disposición transitoria primera de la citada Ley 42/1995, podrán también solicitar del Ministerio de Fomento, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, acogerse a los beneficios establecidos en el párrafo anterior, sin que ello implique autorización para realizar inversiones en la red que vienen explotando.
Hasta la finalización del plazo a que se refiere el artículo 11 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, continuará en vigor el régimen jurídico de prestación del servicio portador soporte de los servicios de difusión regulados por las Leyes 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión; 46/1986, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión, y 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, y lo previsto en la disposición adicional duodécima de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, así como el resto de la normativa dictada en desarrollo de las disposiciones citadas en los términos y condiciones vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
El Ente Público RETEVISION continuará prestando dichos servicios portadores hasta la finalización del indicado plazo. Para ello, suscribirá en el ámbito del derecho privado los correspondientes contratos con la sociedad a que se refiere el apartado dos del artículo 4 de este Real Decreto-ley, de acuerdo con las bases que reglamentariamente se establezcan por el Gobierno para la utilización por el Ente Público RETEVISION de la red cedida a dicha sociedad.
El Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión (RETEVISION) continuará en el ejercicio de las funciones que legalmente venía desempeñando en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley hasta la efectiva transmisión de los activos, títulos habilitantes, bienes y derechos a favor de la sociedad a que se refiere el apartado dos del artículo 4 de este Real Decreto-ley.
Se autoriza al Gobierno para que lleve a cabo el desarrollo reglamentario del presente Real Decreto-ley.