Source: http://merida.tsj.gob.ve/decisiones/2013/mayo/1412-7-LP21-R-2013-000037-048.html
Timestamp: 2017-02-28 14:37:48
Document Index: 239972065

Matched Legal Cases: ['artículo 125', 'artículo 166', 'artículo 47', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 47', 'artículo 47', 'Artículo 48', 'artículo 47', 'Artículo 29', 'artículo 513', 'artículo 11', 'artículo 64']

Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida
Mérida, siete (7) de mayo de dos mil trece (2013).
SENTENCIA Nº 048
DEMANDANTE: Jesús Javier Quintero López, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.020.065, domiciliado en Urbanización San Miguel, Municipio Campo Elías del Estado Mérida. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: José Yovanny Rojas Lacruz, Yusmeri Coromoto Peña Davila, Adelides Carolina Davila Urbina y Mayola del Carmen Pabón Escalante, venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad números V-8.025.453, V-14.699.839; V-8.044.178; y, V-14.623.661 respectivamente, e inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 58.046, 117.835, 96.458, 182.118 en su orden.
DEMANDADA: COCA-COLA Femsa de Venezuela S.A (Antes PANAMCO de Venezuela S.A.) Sociedad Anónima Mercantil inscrita originalmente con la denominación EMBOTELLADORA COCA-COLA Y HIT DE VENEZUELA, S.A. en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 02 de septiembre de 1996, bajo el N° 51, Tomo 462-A, Segundo, que cambiará su denominación a PANAMCO DE VENEZUELA S.A., según costa de documento inscrito en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 03 de junio de 1997, bajo el N° 59, Tomo 295-A, Segundo, y que posteriormente cambiara su denominación a la actual, según se evidencia en documento inscrito en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 12 de noviembre de 2003, bajo el N° 57, Tomo 163-A, Segundo, inscrita en el RIF bajo el N° J-30383621-6.
MOTIVO: ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS LABORALES (POR TERCERIZACIÓN).
-II- BREVE RESEÑA DEL PROCESO EN SEGUNDA INSTANCIA
Las presentes actuaciones, fueron recibidas en data once (11) de abril de 2013 (folio 71), en virtud del recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho Jose Yovanny Rojas Lacruz, contra la decisión de inadmisibilidad, publicada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 20 de marzo del año en curso.
El recurso fue admitido en ambos efectos por el A-quo, según auto de fecha dos (02) de abril de 2013 (folio 68), remitiendo original del expediente a este Tribunal Superior junto al oficio que fue distinguido con el Nº SME2-464-2013 (folio 69). Esta Alzada, procedió a la sustanciación del recurso conforme al artículo 125 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por la negativa de la admisión de la demanda; fijándose la audiencia oral y pública de apelación para el tercer (3°) día hábil de despacho siguiente al auto de data 11 de abril de 2013 (folio 71) a las 9:00 a.m..
Llegada la oportunidad fijada (miércoles, 17 de abril de 2013, a las 9:00 a.m.), se anunció, abrió y celebró el acto, se dejó constancia de la presencia de la parte actora-recurrente a través del abogado José Yovanny Rojas Lacruz, quien expuso los argumentos de inconformidad con el fallo, seguidamente, se procedió a dictar oralmente la sentencia, motivándola con las razones de hecho y de derecho, por lo que se declaró sin lugar la apelación interpuesta, confirmando la sentencia apelada.
Así las cosas, estando dentro del lapso para publicar el texto de la sentencia, se efectúa considerando las razones siguientes:
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÒN
El profesional del derecho José Yovanny Rojas Lacruz, fundamentó la apelación, esgrimiendo los alegatos, que resumidamente se indican:
Que, en virtud del dominio judicial que tiene la Juez Ad quem, sobre otra causa con circunstancias iguales, porque lo único que cambia en este asunto es la parte actora, resume la pretensión y el petitorio así: El ciudadano Jesús Javier Quintero López, solicita que, por vía de una sentencia mero declarativa, se declare que la situación jurídica que mantiene con la empresa COCA-COLA Femsa de Venezuela S.A, es una relación laboral, porque existe la figura que establece la nueva Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, como es, la Tercerización; en razón de ello, por considerar que su pretensión, fue declarada inadmisible por el A quo, absolviendo la instancia, no fue decidida realmente sobre lo que se pretendía. Si bien es cierto, convienen o admiten que no era, mediante la acción mero declarativa el proceder, no es menos cierto que, la Ley dejo al justiciable sin ningún procedimiento a seguir, y en relación a la novísima materia, es una gran oportunidad para aprovecharla, y fijar a nivel jurisdiccional, aclarando las dudas, sobre el procedimiento a seguir. Por estas razones, solicita a la Alzada, se indique la vía a seguir, para tener certeza y una mejor orientación jurídica a los fines tutelar, la denominada tercerización. En este particular se deja constancia, que de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se hizo la filmación de la audiencia oral y pública de apelación celebrada en fecha 17 de abril de 2013 y las exposiciones que fueron descritas parcialmente se encuentran debidamente plasmadas en un CD, que se agrega a las actas procesales como recaudo. -IV-
A los fines de resolver lo planteado por la parte recurrente, evidencia esta Juzgadora, que la apelación está centrada fundamentalmente en determinar cuál es el procedimiento a seguir y ante qué órgano (administrativo o jurisdiccional) se podría tramitar la pretensión del actor, referida a la declaratoria de existencia de la relación laboral, aún vigente, conforme la disposición 47 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, que fue interpuesta por el demandante a través de la acción mero declarativa, que en la primera instancia fue declarada inadmisible.
En el caso bajo análisis, alega la parte actora, en el escrito de demanda y de subsanación, que ingresó a prestar servicios en la Empresa accionada (Coca Cola Femsa) en fecha 15 de noviembre de 2006, desempeñándose como Entregador de Pre-venta, que en el mes de julio de 2011, el Jefe de Zona de la Región Occidente, ciudadano Juan Terán, se reunió con él y dos compañeros más, indicándoles que la empresa estaba dispuesta a ayudarlos para que compraran un camión e invirtieran en una ruta, y que debían retirarse voluntariamente, por lo que en fecha 01 de agosto de 2011, renunció a su puesto de trabajo, recibiendo todos los conceptos laborales que le correspondían, y constituyó una sociedad mercantil con el ciudadano Luis Amadeo Flores Monsalve, sin embargo, continúan trabajando de la misma forma, manteniendo el cargo, el horario, el uso del uniforme, y están subordinados a la empresa, pero en la realidad aún cuando continúan siendo trabajadores de la empresa, perdieron todos los beneficios derivados de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y los Trabajadores y de la Convención Colectiva de la accionada. Por estas razones, considera que se encuadran estos hechos, en la Tercerización, establecida en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, y demanda una ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL Y RESTITUCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS LABORALES (POR TERCERIZACIÓN).
Ahora bien, considera oportuno esta Juzgadora, estudiadas las actas, hacer previamente las consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre la acción mero declarativa, que siguen: El autor Guillermo Cabanellas, asienta en su obra Diccionario Enciclopédico de lo Usual, página 37, la definición de la acción mero declarativa, así: “Aquel pronunciamiento que la autoridad jurisdiccional competente emite con la única valoración de las normas jurídicas y sin entrar a conocer sobre los alegatos de fondo que esgrimen las partes, se le conoce también como un pronunciamiento de mera certeza en el que sólo se estima la aplicación de normas jurídicas que se subsumen en casos perfectamente individualizados”. (Subrayado y negrilla de este Tribunal).
Por otra parte, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 30, de fecha 8 de Marzo de 2001, con Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz (Caso: Juvenal Aray y Otros contra Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía), sostuvo, sobre las acciones mero declarativas, lo siguiente: “(…) Para decidir, la Sala observa:
El artículo 16 de nuestra Ley Procesal Civil, preceptúa lo siguiente:
“Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente.”
La norma transcrita ut supra, se refiere a las llamadas acciones mero declarativas o acciones de mera certeza, las cuales consisten en la activación de la función jurisdiccional del Estado en la búsqueda de un pronunciamiento de ley que permita despejar la duda o incertidumbre acerca de si se está en presencia o no, de una relación jurídica determinada o de un derecho. Expresamente, señala la norma mencionada que dicha acción, no podrá proponerse cuando el interesado pueda conseguir que su interés sea satisfecho íntegramente mediante una vía distinta.
Tanto la doctrina foránea así como la doctrina nacional han sido vastas y amplias, en el estudio de este tipo de acciones, y es así como el Profesor Arístides Rengel Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, nos señala:
“La pretensión de mera declaración o declarativa, o de declaración de simple o mera certeza, como también se la denomina, es aquella en la cual no se pide al juez una resolución de condena a una prestación, sino la mera declaración de la existencia o inexistencia de una relación jurídica. Aquí no se trata del incumplimiento de una obligación o transgresión del derecho, sino de la declaración de una relación jurídica que existe con anterioridad a la sentencia, pero que se encuentra en estado de incertidumbre.
En general se admite que esta forma de tutela jurídica tiende a conseguir la realización más acabada del orden jurídico objetivo y la protección de los derechos subjetivos de los ciudadanos, sin esperar a que el equilibrio que aquel orden establece y ordena respetar se halle de hecho menoscabado y roto, porque el daño puede originarse tanto de la falta de una prestación como de la incertidumbre del derecho.”
“La actuación de la voluntad de la ley se verifica por medio de la jurisdicción en dos momentos significativos: el de conocimiento y el de ejecución. Por el primero -que es el que interesa a nuestro estudio- se aspira a declarar o a determinar jurídicamente lo que por el acaecer histórico y las imputaciones normativas a los hechos es la voluntad de la ley. La voluntad abstracta hecha concreta antes del proceso se individualiza en la sentencia que la patentiza y proclama como verdad oficial (pro veritate accipitur). En cuanto a la sentencia se limita a la mera declaración de la relación material preexistente (...)
Los efectos de la tutela jurídica solicitada por los litigantes en las acciones de mera declaración les son conseguidos por la sentencia que declare la existencia o no existencia de la relación jurídica que ha formado objeto del proceso, ora como consecuencia de su pura eficacia declarativa sujeta a rectificación, ora de manera estable y permanente, como consecuencia de la autoridad de la cosa juzgada.” (Luis Loreto. Ensayos Jurídicos.)
“Las características de la sentencia declarativa son: a) No requiere ejecución; b) Despeja la duda y la incertidumbre sobre ciertos derechos subjetivos y aleja la amenaza o el peligro sobre situaciones jurídicas conflictivas (sentencias interdictales de amparo o restitución), y c) Produce retroacción al estado inicial que declara existente o extinguido; así, atribuye la paternidad, no desde la fecha del fallo, sino antes del nacimiento, desconoce el hijo nacido durante el matrimonio en todos sus efectos anteriores, declara la nulidad no desde la fecha del pronunciamiento, sino desde el momento en que se constituyó la relación anormal, etc. “
En el mismo sentido, se pronunció Lino Palacio en su libro Derecho Procesal Civil, al señalar:
"Las acciones declarativas, también conocidas como de mera declaración, o de mera certeza, presentan una pretensión por medio de la cual se busca "un pronunciamiento del órgano jurisdiccional que elimine la falta de certeza sobre la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico." ( obra citada, Tomo I, página 426)
La jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia, tomándole previa consideración a la Exposición de Motivos del Proyecto del Código de Procedimiento Civil (Congreso de la República, Secretaría, "Exposición de Motivos y Proyecto de Código de Procedimiento Civil". Imprenta del Congreso, Caracas, 1985, pág. 7) donde se señaló que “Sin embargo, a fin de no dejar a la interpretación jurisprudencial el alcance y límites de esta demanda de mera declaración, se acoge en el Proyecto la limitación aconsejada por la mejor doctrina, según la cual no es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una demanda diferente (...)”, ha afirmado que:
“Entre las condiciones requeridas para que pueda darse la acción de declaración, aparte de la voluntad de la ley de la cual se pide la declaración; y de la legitimatio ad causam, debe destacarse el interés en obrar. Este interés en obrar consiste en una condición de hecho tal, que el actor sufriría un daño sin la declaración judicial. Esta condición de hecho no consiste en una violación del derecho que es el presupuesto corriente de las sentencias de condena, sino más bien de la incertidumbre del derecho ante la opinión común por lo que se precisa no sólo que el derecho sea satisfecho por el obligado, sino también que sea cierto como derecho en la sociedad.
Esta incertidumbre debe ser también objetiva en el sentido de que no basta que el titular de un derecho esté incierto acerca del propio derecho, sino que es necesario un hecho exterior objetivo que haga incierta la voluntad de la ley en la conciencia del titular o de los terceros.” (Sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 8 de julio de 1999.)
Ahora bien, con respecto a la prohibición de admitir la acción contemplada en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente, es diáfano y concreto tal precepto normativo, en razón de que si es factible la interposición de una acción distinta que pueda satisfacer de forma íntegra al interés del proponente, no podría admitirse la acción declarativa”. (Subrayado de esta Alzada).
En este orden, es de resaltar que, el criterio jurisprudencial es conteste en afirmar que, las acciones mero declarativas, sólo tienen un requisito sine quanon para su admisibilidad, que estriba en el hecho de la no existencia o posibilidad de proponer la satisfacción de la diatriba procesal con otra acción distinta. Así las cosas, este Tribunal Ad quem, estima conveniente destacar que el objeto de la acción de mera certeza, no es otro, sino un pronunciamiento de ley que permita despejar la duda o incertidumbre acerca de, si se está en presencia o no, de una relación jurídica determinada o de un derecho. En el caso bajo análisis, la acción va dirigida a la declaratoria de una relación jurídica de naturaleza laboral, lo cual, no puede tomarse como admisible, puesto que, como lo señaló el Tribunal A quo, se estaría creando a favor del trabajador una prueba preconstituida, que puede ser usada en un juicio posterior, de así considerarlo el reclamante, criterio éste que ha sido plasmado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1304 de fecha 25 de octubre de 2004, caso: Felipe Santiago Aguiar y otros contra la Sociedad Mercantil Coca- Cola Femsa de Venezuela, S.A antes Panamco de Venezuela, S.A. Además, de conformidad con el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, por existir en el ordenamiento jurídico laboral, otras acciones que permiten al actor satisfacer completamente su interés, es por lo que se concluye, que la acción mero declarativa, es inadmisible, por ende, se ratifica lo sentenciado por el Tribunal de Primera Instancia. Y así se decide.
No obstante a lo anterior, este Tribunal Superior, conforme a lo solicitado, procede a indicarle a la representación judicial del accionante, cuál sería el órgano que a criterio de esta Juez, le corresponde dilucidar este tipo de casos:
En este sentido, es de resaltar que el accionante indicó en el escrito de demanda, que el “vínculo actualmente está vigente”, y de acuerdo con los hechos narrados, se configura uno de los supuestos señalados en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, donde se desarrolla la denominada “tercerización”, manifiesta que la empresa, le solicitó la renuncia, para que fungiera como “Distribuidor” de sus productos, en una determinada ruta, y contrató a la sociedad mercantil Distribuidora FHA C.A. (en la que el actor es accionista), pero, es él (accionante) quien ejecuta el trabajo de manera personal y permanente, cumpliendo todos los requisitos de un trabajador, como horario, uso de uniforme, es decir, subordinado y percibiendo una remuneración con las mismas características de cuando trabajaba directamente y figuraba en la nómina de la empresa, pero ahora, realiza esas mismas funciones a través de su compañía, es decir, labora bajo la figura de la tercerización.
En este orden, es de citar el artículo 47 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, que define la “tercerización”, en los siguientes términos:
“(…) se entiende por tercerización la simulación o fraude cometido por patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. Los órganos administrativos o judiciales con competencia en materia laboral, establecerán la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en caso de simulación o fraude laboral, conforme a esta Ley” (Subrayado de este Tribunal Superior).
Igualmente, la referida Ley, prohíbe esta simulación o fraude, denominada tercerización, en la disposición 48 eiusdem, de la manera que sigue:
“Artículo 48: Queda prohibida la tercerización, por tanto no se permitirá:
En los casos anteriores los patronos p patronas cumplirán con los trabajadores o trabajadoras todas las obligaciones derivadas de la relación laboral conforme a esta Ley, e incorporarán a la nómina de la entidad de trabajo contratante principal a los trabajadores y trabajadoras tercerizados o tercerizadas, que gozarán de inamovilidad laboral hasta tanto sean incorporados efectivamente a la entidad de trabajo”.
Así pues, entendida la tercerización, como la simulación o fraude para desvirtuar, desconocer u obstaculizar las condiciones propias de un trabajador, es importante reseñar, que esta innovadora figura, sólo se refiere a los casos supra indicados, que en efecto, perjudican al trabajador, al no otorgarle igualdad de beneficios laborales.
Ahora bien, en el presente caso, de acuerdo a los hechos narrados por el accionante, la relación jurídica “se encuentra vigente”, por lo que se debe observar, para determinar cuál es el órgano [Administrativo o Judicial], lo siguiente:
1)	Cuando se expresan circunstancias, que deben ser verificadas dentro de la “vigencia del vínculo”, se ha asentado que al existir la relación hay la posibilidad de que el empleador cumpla en forma voluntaria, e incorpore al trabajador tercerizado en la nómina de la entidad de trabajo contratante principal, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (en un lapso no mayor de tres años, contados a partir de la data 7 de mayo de 2012); por ende, corresponde al trabajador en caso de negativa, acudir ante los órganos administrativos (Inspectoría del Trabajo) a fin de sustanciar, verificar o resolver la situación para regularizar y adecuar en la realidad de los hechos esa relación laboral, con todos los beneficios de Ley.
2)	Cuando se expongan situaciones, a verificar, al “término” de la relación jurídica, el órgano competente son los Tribunales del Trabajo, quienes decidirán en el mérito, la existencia o no de la tercerización, aplicando los efectos que produce el vínculo de trabajo, conforme lo establece el artículo 47 de la de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, y de acuerdo a la competencia atribuida en la norma 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, donde se lee:
“Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir: 1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje; 2. Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral; 3. Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social; y 5. Los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses colectivos o difusos”. (Subrayado de esta Alzada).
Conteste con lo anterior, en virtud, que la solicitud del actor obedece a la premisa de vigencia de la relación jurídica con la empresa COCA-COLA Femsa de Venezuela S.A, considera ésta Alzada, que tal circunstancia constituye un factor determinante para establecer el proceder, concluyendo que, es el órgano administrativo, vale decir, la Inspectoría del Trabajo, a la que le corresponde conocer el asunto aquí planeado, por cuanto lo que se ventila es una situación de hecho, que debe verificar y tramitar, para que se de cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, que indica:
“Primera: En un lapso no mayor de tres años a partir de la promulgación de ésta Ley, los patronos y patronas incursos en la norma que prohíbe la tercerización, se ajustarán a ella, y se incorporarán a la nómina de la entidad de trabajo contratante principal los trabajadores y trabajadoras tercerizados. Durante dicho lapso y hasta tanto sean incorporados efectivamente a la nómina de la entidad de trabajo contratante principal, los trabajadores y trabajadoras objeto de tercerización gozarán de inamovilidad laboral, y disfrutarán de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores y trabajadoras contratados directamente por el patrono o patrona beneficiarios de sus servicios”.
Finalmente, considera esta Alzada, que el solicitante, pudiera encuadrar los hechos planteados, en alguno de los supuestos señalados en la ley sobre la tercerización, e introducir el correspondiente reclamo ante la Inspectoría del Trabajo, conforme al procedimiento pautado en el artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores, que es del tenor siguiente:
“Procedimiento para atender reclamos de trabajadores y trabajadoras
7. La decisión del inspector o inspectora del trabajo que resuelva sobre cuestiones de hecho, dará por culminada la vía administrativa y solo será recurrible por vía judicial previa certificación del inspector o inspectora del trabajo del cumplimiento de la decisión”. (Subrayado de esta Alzada).
Advirtiendo, que la actividad del órgano administrativo, es verificar los hechos y al constar las circunstancias que den certeza de estar frente a una tercerización, proceder a que el empleador en el tiempo concedido en la ley, se adecue a las normas laborales, esto no debe entenderse como un punto de “derecho” que deba debatirse en vía judicial, por tratarse de simplemente “hechos”, que son los que plantea el actor, como condiciones en la que presta los servicios.
Conforme a lo analizado por esta Alzada, el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, sustanciado conforme a la Ley, debe ser declarado Sin Lugar, por no ser admisible la acción mero declarativa, y en consecuencia, procede a confirmar el fallo recurrido, tal como será establecido en la parte dispositiva del presente fallo. Y así se decide.
Por las consideraciones precedentemente expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN formulado por el Abogado Jose Yovanny Rojas Lacruz, en su condición de apoderado judicial de la parte actora recurrente, contra de la decisión de inadmisibilidad, proferida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de fecha 20 de marzo de 2013, en la causa principal Nº LP21-S-2013-000003.
SEGUNDO: Se confirma la sentencia apelada, en la cual declaró: “INADMISIBLE LA DEMANDA, de conformidad con el articulo 16 del Código de Procedimiento Civil aplicado por analogía del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Cópiese y publíquese la presente decisión. No hay condenatoria en costas (…)”
TERCERO: No se condena en costas a la parte actora-recurrente de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a los siete (07) días del mes de mayo del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.-
Dra. Glasbel Belandria Pernía El Secretario,
En la misma fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en los artículos 125 y 159 Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 por parte de la ciudadana Juez Titular, así como su correspondiente publicación en el portal informático http://merida.tsj.gov.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente.