Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=649641
Timestamp: 2019-07-16 05:16:12
Document Index: 219024087

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 291', 'artículo 291', 'artículo 70', 'artículo 291', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 291', 'artículo 291', 'artículo 494', 'artículo 291', 'artículo 291', 'artículo 1', 'artículo 291', 'artículo 494', 'artículo 6', 'artículo 125', 'artículo 77', 'artículo 77', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 77', 'artículo 96']

REMISIÓN DE PROYECTOS A COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.
SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LOS DEUDORES HABITACIONALES. Proyectos de acuerdo.
Sesión 27ª, en martes 15 de mayo de 2007
(Especial, de 18.35 a 20.47 horas)
-	Autorización a comisión para sesionar simultáneamente con la Sala	9
-	Remisión de proyectos a Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones	9
-	Soluciones al problema de los deudores habitacionales. Proyectos de acuerdo	10
1.	Primer informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente recaído en el proyecto “que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales”. (boletín N° 3327-12)	40
-	Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia autorizada de la sentencia recaída en los siguientes requerimientos de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad:
2.	Rol N° 473-2006, “Sociedad Legal minera San Armando Uno”, (Oficio N° 1046)	49
3.	Rol N° 517-2006, “Sociedad Minera Unión Particular”. (Oficio N° 1050)	49
4.	Rol N° 535, proceso caratulado “Sociedad Minera Atocha”. (Oficio N° 1036)	50
-	De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala, el día jueves 17 de mayo, de 10.45, a 12.45 horas, para continuar analizando el proyecto, con urgencia “simple”, que “sanciona el maltrato de obra y amenaza a funcionarios de gendarmería en servicio” (boletín N° 4816-07).
-	De la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano por el cual solicita el asentimiento de la Sala para remitir al archivo los siguientes proyectos:
a)	Modifica la ley N° 16.391, que crea el Ministerio de la Vivienda, con el objeto de establecer que no podrá realizar discriminaciones respecto de los beneficiarios de subsidios habitacionales (boletín N° 3891-14, (materia del Presidente de la República ), y
b)	Modifica la ley general de urbanismo y construcciones estableciendo responsabilidades civiles por la entrega de viviendas sociales en contravención a la ley (boletín N° 4297-14, (materia tratada en la referida disposición legal).
-	De la Comisión de Seguridad Ciudadana por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para remitir al archivo los siguientes proyectos:
a)	Modifica normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional (boletín N° 3347-07;
b)	Modifica la ley N° 19.327, sobre violencia en los estadios, con el objeto de establecer nuevas circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, entre otros cambios (boletín N° 3522-07;
c)	Precisa que la prohibición de asistir a espectáculos de fútbol profesional regirá desde la notificación de la respectiva sentencia (boletín N° 3527-07;
d)	Establece la prevención y sanción de la violencia en espectáculos públicos masivos (boletín N° 3629-07, y
e)	Establece sanciones para los hechos de violencia cometidos con ocasión de espectáculos deportivos (boletín N° 3769-07).
-	De la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano por el cual solicita el asentimiento de la Sala para remitir a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones los proyectos que a continuación se indican, por tratarse de materias de su competencia:
a)	Modifica el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, ley general de urbanismo y construcciones, para establecer un límite máximo de altura de las antenas de telefonía móvil (boletín N° 4317-14).
b)	Modifica la ley general de urbanismo y construcciones con el objeto de establecer la obligatoriedad de contemplar zonas en los planos reguladores comunales para la instalación de antenas de telefonía móvil (boletín N° 4443-14).
-Asistieron los siguientes señores diputados: (116)
-Asistieron, además, los ministros de Hacienda , don Andrés Velasco; de Vivienda y Urbanismo, doña Paulina Poblete, y de la Secretaría General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo.
-Concurrieron, también, los senadores Pablo Longueira y Hosain Sabag.-
-Se abrió la sesión a las 18.35 horas.
El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 22ª se declara aprobada.
El señor WALKER ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 17 de mayo, de 10.45 a 12.45 horas, con el objeto de continuar analizando el proyecto, con urgencia “simple”, que sanciona el maltrato de obra y amenaza a funcionarios de gendarmería en servicio.
El señor WALKER ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano para archivar los siguientes proyectos:
a) El que modifica la ley N° 16.391, que crea el Ministerio de la Vivienda, con el objeto de establecer que no podrá realizar discriminaciones respecto de los beneficiarios de subsidios habitacionales, por tratarse de iniciativa exclusiva del Presidente de la República), y
b) El que modifica la ley general de urbanismo y construcciones estableciendo responsabilidades civiles por la entrega de viviendas sociales en contravención a la ley, boletín N° 4297-14, por estar contemplada en la referida disposición legal.
El señor WALKER ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano para remitir a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones los proyectos que a continuación se indican, por tratarse de materias de su competencia:
a) El que modifica el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, ley general de urbanismo y construcciones, para establecer un límite máximo de altura de las antenas de telefonía móvil, y
b) El que modifica la ley general de urbanismo y construcciones con el objeto de establecer la obligatoriedad de contemplar zonas en los planos reguladores comunales para la instalación de antenas de telefonía móvil.
Esta sesión ha sido solicitada en una presentación suscrita por 44 señores diputados y señoras diputadas, con el objeto de analizar las soluciones que entregará el Gobierno ante la propuesta de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Vivienda del Senado frente al problema de los deudores habitacionales.
En esta oportunidad han sido citados el ministro de Hacienda , señor Andrés Velasco Brañes, y la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete Bennett.
Señor Presidente , pido recabar la unanimidad de la Sala, para que cerca de ochenta personas que no han podido ingresar a las tribunas, puedan acceder a ellas, con el objeto de presenciar el debate relacionado con el problema habitacional que les afecta. En este momento permanecen en forma tranquila en distintos comités, sobre todo en los de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente.
Solicito la unanimidad de la Sala para que esas personas ingresen a las tribunas.
En el tiempo previo de 15 minutos, que corresponde al Partido Unión Demócrata Independiente, harán uso de la palabra los diputados señores Patricio Melero y Alejandro García-Huidobro.
Señor Presidente , deseo hacer una pregunta, pero no con cargo a mi tiempo.
¿El señor ministro de Hacienda se ha disculpado o ha dado alguna razón para no estar en esta sesión? Lamento su ausencia, por lo que quiero saber si ha dado alguna explicación al respecto.
Señor diputado, ha llegado una comunicación del ministro de Hacienda, en la que dice que estaba citado al Senado a la misma hora.
Le haré llegar copia de ella posteriormente.
Puede continuar, señor diputado .
Señor Presidente , lamento que el señor ministro de Hacienda no esté presente en una sesión tan importante como ésta, porque se tratarán materias que tienen mucho que ver con las resoluciones que adoptará ese ministerio.
Deseo agradecer la presencia de la señora ministra de la Vivienda y Urbanismo.
Acaba de llegar el señor ministro , de lo que me alegro mucho, …
…porque gran parte de los temas que vamos a tratar competen a esa cartera.
Los diputados de la UDI y de Renovación Nacional hemos solicitado esta sesión especial, porque la Cámara de Diputados en particular y el Congreso en general le han venido manifestando al Gobierno desde hace bastante tiempo la necesidad de adoptar soluciones a los problemas de los deudores habitacionales Serviu, Serviu-banca y de los Programas Especiales de Trabajadores.
Hace ocho meses, el 10 de agosto de 2006, en sesión especial, esta Cámara de Diputados aprobó un acuerdo en forma unánime, mediante el cual solicita a la Presidenta de la República la adopción de medidas administrativas para que el Ministerio de la Vivienda corrija la situación de las familias beneficiadas por los programas especiales de vivienda para trabajadores y establezca una condonación similar a la implementada por el Ministerio de la Vivienda para los deudores Serviu y Serviu-banca.
El Gobierno no ha dado respuesta al oficio que contiene esa petición unánime de la Corporación.
Con motivo de la discusión de la ley de Presupuestos en noviembre recién pasado, condicionamos el presupuesto del Ministerio de la Vivienda a que se hicieran propuestas concretas en beneficio de los deudores. Es más, quien habla, junto con otros diputados, logramos la aprobación en el proyecto respectivo, hoy día ley de la República, de una disposición que el señor ministro de Hacienda impugnó, pero que la Cámara aprobó finalmente, la cual establece, en la glosa al capítulo 01, de la transferencia de capital del Ministerio de la Vivienda, que, respecto de los deudores habitacionales, tanto ex Serviu traspasados a la banca privada, como también respecto de los deudores PET, Programa Especial de Trabajadores, que recibieron subsidio del Estado, se les deberá -esto no queda a la discrecionalidad, señor ministro - aplicar la nueva ficha de protección social, la antigua ficha CAS, con el objeto de determinar su real capacidad de pago de acuerdo con su actual condición económica y social.
Repito, ley de la República, glosa en el Ministerio del Presupuesto de la Nación, aprobada por 49 diputados y rechazada por 42.
En noviembre, también con motivo de la discusión de la ley de Presupuestos, se constituyó en el honorable Senado una Comisión Especial, que sesionó desde el 15 de noviembre hasta el 4 de abril pasado, compuesta por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Vivienda, destinada a estudiar la situación de los deudores habitacionales. Así se hizo. Las instituciones de deudores habitacionales, “Andha Chile a luchar”, aquí presentes, con representantes de la banca privada, fundamentalmente del Banco del Estado, y de los Ministerios de Hacienda y de la Vivienda concurrieron a las Comisiones Unidas del Senado, que el 4 de abril aprobaron un acuerdo en el cual solicitan al Gobierno la implementación inmediata de una solución para los deudores Serviu , Serviu-banca y PET, consistente en la condonación de las deudas de quienes están al día, previo pago de 10 unidades de fomento; condonación de la deuda a quienes tienen alguna morosidad, previo pago de 15 unidades de fomento y la aplicación del mismo principio a los deudores PET que tengan dificultades para pagar.
Ha pasado más de un mes, pero el Gobierno no ha implementado nada de eso ni da una respuesta al respecto.
Hoy, 15 de mayo, estamos celebrando una nueva sesión. La pedimos porque nos parece de la mayor gravedad la falta de un pronunciamiento del Gobierno respecto de las situaciones de estos deudores, que son distintas unas de otras, pero que todas ameritan una solución, como bien lo establece el honorable Senado.
Hemos pedido esta sesión especial, porque no queremos seguir viendo la indignidad de deudores habitacionales que persiguen a la Presidenta de la República donde esté y a como dé lugar, con el objeto de que se pronuncie sobre este problema.
Recién, a propósito de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, algunos deudores lograron conversar con la señora Presidenta, pero no hay respuesta.
El Congreso, después de cuatro sesiones y más de ocho meses, sigue sin tener una respuesta sobre lo que se hará.
Por eso, me alegro de que estén presentes dos ministros de Estado, para que ojalá hoy nos digan qué se va a hacer, de qué forma se enfrentará al menos los siguientes puntos, respecto de los cuales solicito, por su intermedio, señor Presidente , un pronunciamiento categórico de los ministros.
En primer lugar, qué se va a hacer respecto de los deudores Serviu y Serviu-banca que no fueron beneficiados con el primer conjunto de soluciones, con la condonación de 52 unidades de fomento y la condonación total en el caso de otros, lo que dejó a varios miles de deudores que no calificaron por la ficha CAS, pero que hoy, de acuerdo con la nueva ficha de protección social, debieran calificar para una solución, pues no hay razón alguna para pensar lo contrario, dado que se le cambiaron las reglas del juego.
En segundo lugar, qué se va a hacer con los más de 200 mil deudores del Programa Especial de Trabajadores que tienen problemas de deuda, respecto de los cuales no aceptamos que se argumente una vez más en esta Sala que se trata de un problema entre privados, aquella que benefició a los deudores Serviu-banca cuando se les condonó 52 unidades de fomento y, como consta en el informe del Senado ante una consulta del senador Ominami , el Ministerio de Hacienda traspasó la plata al banco para que éste pudiera hacer la rebaja.
Que no se venga a decir que sólo el 1,5 por ciento de los deudores del programa PET está en morosidad. Lo que no se dice es que muchos de ellos han venido renegociando sus deudas hace mucho rato; de lo contrario, su morosidad sería mucho mayor.
Por consiguiente, pido que el Gobierno interceda en los oficios, como sabe hacerlo cuando se lo propone, con el objeto de que se revise la tasa de interés.
He visto cómo los deudores habitacionales llevan en sus manos tarjetas que dicen que quieren una tasa de interés justo. No conozco a ningún deudor habitacional que haya ido a nuestro partido o venido al Congreso a decir que no quiere pagar, pero nos han dicho que quieren pagar lo justo, lo que pueden.
Señor Presidente , tengo una reflexión: Cuando sabemos que el país acumula entre 20 y 30 mil millones de dólares -plata de todos los chilenos-, que la Presidenta de la República tiene a tasas de interés en el extranjero; cuando vemos que el señor ministro de Hacienda viene a este Congreso a pedir 290 millones de dólares para solucionar el problema del Transantiago -en realidad, para seguir parchando la situación-, lo único que digo es que aquí hay un doble estándar. Hay plata para tapar las embarradas del Gobierno, pero no para solucionar el problema de los deudores habitacionales.
No hay plata para llevar adelante lo que para el diputado Latorre es demagogia y para los deudores es dolor. Pido que lo respete.
No hay peor demagogia que cuando no se da solución justa a quienes la han requerido durante todo este tiempo, en circunstancias de que existen los recursos para darla.
El ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle , hoy senador de la República , en una reunión interna de la Concertación, dijo: “¿Cómo vamos a entregar a la Derecha el Gobierno con 20 mil ó 30 mil millones de dólares?” Le pido al señor Frei que nos entreguen el gobierno, porque lo merecemos y lo vamos a hacer mejor, pero con algunos millones de dólares menos, pues queremos que solucionen antes la situación de los deudores habitacionales. Así se construye.
“¡No resiste más!” “¡No da para más!” Son las frases que escuchamos actualmente. Espero que hoy, o a más tardar el 21 de mayo, en el discurso en que la Presidenta de la República tendrá que dar cuenta de la marcha política y administrativa del país, proponga soluciones concretas. Si no las hay, que el pueblo y la patria se las demanden.
Quiero decir a las personas que nos acompañan en las tribunas que todos queremos que la sesión se desarrolle en forma normal, que se planteen todas las inquietudes, frustraciones y demandas que ustedes tienen. Pero, el artículo 88 del Reglamento establece que queda estrictamente prohibido a las personas que concurren a las tribunas realizar cualquier manifestación de aprobación o desaprobación durante la sesión. Por lo tanto, si quieren aplaudir, les pido que lo hagan una vez que concluya cada intervención, porque, en rigor, no pueden hacer manifestaciones de aprobación o desaprobación.
Les pido colaboración para que la sesión se pueda desarrollar con normalidad, en provecho de todos ustedes, que sabemos que tienen demandas muy importantes.
A continuación, tiene la palabra, el honorable diputado Alejandro García-Huidobro.
Señor Presidente , quiero recordarle que el Reglamento dice que no se puede impedir el ingreso a las tribunas. Lamento profundamente que muchas personas hayan tenido que esperar y que hayan sido censuradas por los comités de la Concertación y por la Mesa, para impedir su ingreso a las tribunas. Pero la realidad es bastante más grande, y hoy las personas tienen el mismo derecho que nosotros, como chilenos, a escuchar lo que se habla en democracia.
Por lo tanto, espero que nunca más se le impida a un chileno ingresar a las tribunas, porque ése no es el Chile que queremos.
En primer lugar, quiero informar que el 4 de abril, el Senado, por unanimidad, aprobó un proyecto de acuerdo histórico para los deudores habitacionales. Hoy hemos presentado ese proyecto de acuerdo y solicito que le incluyamos algo muy importante que no fue incorporado en la cámara alta. Es un acuerdo unánime, no sólo de la Comisión de Vivienda de la Cámara, sino de una comisión investigadora, el cual fue refrendado también en forma unánime por esta Sala. Me refiero a las más de 20 mil viviendas mal construidas por el Serviu, respecto de las cuales, hasta hoy, no se ha dado una solución de condonación de las deudas a sus propietarios.
El proyecto de acuerdo está a disposición de los señores parlamentarios para que lo firmen -ahí veremos quienes están con los deudores habitacionales, y también le informo a la ministra señora Patricia Poblete y al ministro de Hacienda -, a fin de que estos deudores, que han sufrido la estafa del Estado en la construcción de las viviendas, tengan una solución definitiva en un futuro próximo -la merecen-, tal como lo ha hecho el Serviu con otras personas socialmente vulnerables.
El acuerdo del Senado es histórico para los deudores habitacionales, porque la lucha que han dado es un ejemplo para el país. Se trata de gente de trabajo, de esfuerzo, que no han politizado su movimiento; sólo han defendido lo que creen justo para ellos y para sus hijos.
Por eso, en los próximos días la Presidenta tendrá que pensar frente a sus ministros qué solución le darán a los deudores habitacionales con más problemas sociales del país.
Pido al señor ministro de Hacienda , a la señora ministra de Vivienda , que sé que tiene el corazón muy bien puesto frente a estos problemas, y a la Presidenta de la República , que escuchen las demandas del pueblo, que hoy está representado por sus dirigentes en estas tribunas.
Ojalá todos los parlamentarios de la Concertación firmen el proyecto de acuerdo, y pido al Gobierno que solucione definitivamente el problema de la deuda que los pobladores tienen con el Serviu, por las viviendas mal construidas, con el programa PET, con el de Serviu-banca, que fue endosado en forma ilegítima e inmoral. Hay que buscar una solución conforme a la que se dio a otros deudores Serviu . Por eso, debemos preocuparnos de rebajar las tasas de interés para los deudores que no podrán acceder a las condiciones propuestas por el Senado. Debe establecerse una tasa de mercado. No es posible que los deudores habitacionales estén pagando 7, 8, 10 ó 14 por ciento de interés anual en unidades de fomento. ¡Eso es imposible! Así se están pagando varias casas.
Un deudor habitacional -no voy a decir su nombre- que paga una tasa de 6 por ciento sólo amortiza 30 por ciento de su deuda, pues todo el resto corresponde a intereses, comisiones y seguros. Este ejemplo grafica la realidad de la mayor parte de los deudores habitacionales.
Esperamos que la Presidenta de la República escuche este clamor y el 21 de mayo entregue una solución definitiva a los deudores habitacionales.
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast.
Señor Presidente , en primer lugar, celebro la actitud de la Mesa y de la Concertación de autorizar el ingreso a las tribunas de las personas que, injustamente, estaban afuera. Injustamente, porque el Reglamento de la Cámara de Diputados autoriza el ingreso de público a las tribunas y sólo en casos excepcionales se puede impedir el acceso a escuchar y presenciar los debates de las sesiones públicas. Aquí, se aprovecharon de las mayorías para tratar de impedir el acceso de la gente a las tribunas.
También celebro que nos acompañe la ministra de Vivienda y Urbanismo, porque todas las peticiones de supresión y postergación de las sesiones sobre este tema eran consecuencia de que se encontraba enferma.
A mi juicio, la política de impedir el acceso a la gente, de impedir que se exprese, forma parte de una ideología. En San Bernardo, comuna que represento, se ha amedrentado a los dirigentes de los deudores habitacionales yendo a sus casas para decirles que se conoce dónde trabaja su marido o dónde estudian sus hijos. Quizá tienen datos de inteligencia de esas personas y, por su intermedio, señor Presidente , quiero decirle al diputado Fidel Espinoza que eso no corresponde. A la gente no se le puede amedrentar por pelear por lo justo.
¿Qué es lo único que piden los deudores? Que les solucionen sus problemas. Ellos han tenido el mérito de saber organizarse, cohesionarse. Siempre concurren a los actos donde asiste la Presidenta de la República y eso pone nerviosa a mucha gente. Las personas tienen derecho a organizarse, a expresarse y nadie tiene derecho a impedirlo.
Me alegro -reitero- por el cambio de actitud de la Mesa y de la Concertación en esta oportunidad.
Sin embargo, también debería haber un cambio de actitud en la forma de gastar los recursos. Ahora nos piden que aprobemos 290 millones de dólares más para el Transantiago, es decir, para un plan que fracasó y que lo único que ha hecho es traer sufrimiento a las personas.
Señor Presidente , por su intermedio, invito a los ministros a que se desplacen todos los días en el Transantiago. Estoy seguro de que habrían estado protestando en las calles por el colapso del Metro. Los que idearon este plan nunca imaginaron el daño que le causarían a las personas, pero aún es tiempo de mejorar.
Hoy, nos piden 290 millones de dólares más, y el ministro Viera-Gallo nos amenaza con que si no entregamos los recursos, nosotros seremos los responsables del alza de las tarifas ¿Perdón? Por su intermedio, señor Presidente , quiero recordar que ustedes crearon este plan, ustedes han sometido a la gente a este sufrimiento y ustedes tienen que solucionar este problema. Por eso, no endosen la culpa a otras personas.
¿Qué pasó en Ferrocarriles del Estado? Desaparecieron 1.100 millones de dólares ¿dónde están? Con esos 290 millones de dólares más los 1.100 millones de dólares se habrían solucionado todos los problemas de los deudores habitacionales, destinando 3 millones de pesos a cada persona.
Reitero las palabras del diputado Melero en cuanto a que esta situación no da para más. La gente quiere soluciones reales y no promesas incumplidas.
Señor Presidente , desde hace un par de años hemos visto cómo los deudores habitacionales se han organizado y planteado sus peticiones al Gobierno. Si bien es cierto algunas de las entidades que los agrupan han buscado un camino confrontacional, en lugar del diálogo, esta situación no puede excusarnos de analizar y buscar las soluciones que, legítimamente, demandan en su condición de ciudadanos.
En mi calidad de diputado electo por el distrito N° 30, compuesto por las comunas de San Bernardo, Buin, Paine y Calera de Tango, tengo el deber de representar a los habitantes de la provincia del Maipú, que concentra un gran número de deudores habitacionales de los distintos programas, es decir, Serviu, Serviu-banca, ex Anap, PET, entre otros.
Si bien durante los Gobiernos de la Concertación se ha avanzado enormemente en la superación cuantitativa del déficit habitacional, al mismo tiempo, se hace necesario revisar el modelo empleado para ello, pues hoy son los pobladores organizados quienes requieren una solución definitiva a su problemática y no podemos desatenderlos.
Nuestra tarea es escuchar a los pobladores organizados. Independiente de que un grupo de ellos destaque por sus acciones de fuerza, hay otro conjunto de pobladores, también significativo, que busca el diálogo y con los cuales se ha conversado permanentemente para entender su problema y hacernos cargo de él. Hoy, sólo en la comuna de Paine hay más de dos mil núcleos familiares organizados.
Así como nosotros los hemos escuchado, también estoy seguro de que la Presidenta de la República lo ha hecho.
La presente sesión se lleva a cabo porque la UDI, de manera populista, ha querido aparecer ante la prensa y la opinión pública como que son ellos los que impulsarán a la Presidenta Bachelet a buscar soluciones. Pues bien, la Presidenta está muy consciente del problema y sabemos que el 21 de mayo dará buenas noticias a los deudores habitacionales. La Derecha no puede adjudicarse una decisión que la Presidenta ya tiene tomada y que anunciará en su mensaje a la nación el 21 de mayo en este mismo Congreso. Reitero, son populistas y tratan de aprovecharse de la gente.
Me alegro que los diputados de Derecha hoy estén derrochando tanta democracia. A raíz de eso, los invito a aprobar el proyecto que permite votar a los chilenos residentes en el extranjero; los invito a aprobar el proyecto de jubilaciones que la Presidenta envió al Congreso Nacional; los invito a no ser populistas y que lo que digan lo hagan y no se vayan en falsas promesas. Nosotros lo que decimos, lo cumplimos.
Nuestra Presidenta , el 21 de mayo, cumplirá su compromiso y nosotros como diputados de la Concertación también lo haremos.
Reitero que, según el artículo 88 del Reglamento de la Cámara de Diputados, queda estrictamente prohibido a las personas que concurran a las tribunas realizar cualquier manifestación de aprobación o desaprobación durante la sesión. Pido respeto, independiente de si comparten o no las opiniones que expresan los señores diputados.
Tiene la palabra la honorable diputada señora Marta Isasi.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero preguntarle al ministro de Hacienda si sabe lo que significa ser deudor hipotecario. Ser deudor hipotecario significa tener que optar entre pagar el dividendo o comer. Hablamos de hombres, mujeres y niños igual que él o yo.
Me he reunido en numerosas oportunidades con familias afectadas por este problema y como miembro de la Comisión de Vivienda he discutido el tema muchas veces. Me parece una enorme falta de respeto hacia los miles de chilenos y chilenas, deudores hipotecarios, que han concurrido a diversas sesiones especiales de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Comisión de Vivienda, que todavía no haya una solución concreta del Gobierno para ellos.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero decir al ministro de Hacienda que las regiones también formamos parte de Chile y merecemos ser escuchadas cuando para una familia modesta cambian las reglas del juego. Me refiero a las familias que han adquirido viviendas Serviu , Serviu-Banca y PET.
Durante éste y los anteriores gobiernos de la Concertación algunas personas han señalado que la gente del PET pertenece a una clase más acomodada, lo que no es efectivo. Se trata de familias que sacan a sus hijos adelante con mucho sacrificio, y que, o comen o pagan el dividendo.
Hay miles de familias que no pueden seguir esperando, que no pueden seguir viniendo a innumerables sesiones especiales. Toda esa gente -a quien por intermedio de la Mesa saludo respetuosamente- se ha organizado para exigir sus derechos.
Hoy, el Congreso Nacional y el país, que ha crecido considerablemente, les deben dar una solución a esas familias. ¡Basta de discursos! ¡Queremos hechos concretos!
Señor Presidente , como presidente de la Comisión de Vivienda de esta Cámara , no quiero dejar pasar la oportunidad de intervenir en esta sesión.
Creo que es interesante puntualizar -para todos los parlamentarios que no han hecho mención de ello al pedir esta sesión, y también para quienes hoy se encuentran en las tribunas-, que durante los Gobiernos de la Concertación, desde el Gobierno del Presidente Aylwin a la fecha, en varias oportunidades se han adoptado medidas tendientes a mejorar la situación de los deudores hipotecarios.
En el Gobierno del Presidente Aylwin se dictó el decreto supremo N° 132, de 1990, que permitió a todos los deudores, sin excepción, extinguir sus deudas habitacionales, con un alto porcentaje de ellos definitivamente sin deuda. Durante el Gobierno de Eduardo Frei, se dictó el decreto supremo N° 59, de 1999, que permitió a todos los morosos repactar sus deudas, condonándoles los intereses. Durante el Gobierno de Ricardo Lagos, se elaboró un conjunto de propuestas destinadas a incentivar el pago de dividendos y subvenciones especiales a adultos mayores cesantes, enfermos catastróficos y discapacitados, todos los cuales pudieron, en unos casos, extinguir, y en otros, disminuir sus deudas sustantivamente. Así se llegó al año 2005, ocasión en que las Comisiones Unidas de Vivienda y Hacienda del Senado se constituyeron durante la tramitación de la ley de Presupuestos, con el fin de analizar la situación de los deudores habitacionales a abril de 2005.
A esa fecha, el número de deudores habitacionales Serviu era de 262.755. En esa oportunidad, obtuvieron como beneficio el pago total de sus deudas, y pasaron a ser propietarios 181.538. Vale decir, sólo quedaron ochenta mil deudores Serviu esperando una solución, a pesar de que un porcentaje de ellos también obtuvo un beneficio, consistente en un importante aporte para abonar a sus deudas.
En consecuencia, por ser uno de los diputados que ha estado siempre preocupado de la situación de los deudores hipotecarios del distrito que represento en esta Cámara, en la Sexta Región, me siento con autoridad moral para decir que no necesitamos que los parlamentarios de la UDI nos vengan a enseñar cómo resolver los problemas de estas personas.
De los 81.217 deudores Serviu que actualmente buscan una solución, 63.992 alcanzaron a celebrar un convenio, recibiendo beneficios, y sólo 16.924 de ellos no se acogió a beneficios durante el proceso que terminó en abril de 2005.
En consecuencia, ¿cómo los diputados de la Concertación no vamos a tener conciencia respecto de la necesidad de buscar un camino de solución a esos deudores, que bien organizados -también los felicito por su organización-, han estado buscando una solución a su situación?
Pero nuestros colegas de la UDI -los invitados a las tribunas no tienen por qué saberlo-, no han dicho que ellos votaron en contra de la actual ley de Presupuesto, a la cual hacen alusión. No reconocen algo tan sencillo y que todo el mundo sabe, que votaron en contra de dicha ley.
Me parece penoso que algunos parlamentarios de la Derecha, que históricamente no respetaron siquiera los derechos básicos de los pobladores, que los sacaban del lugar donde vivían, muchos en condiciones realmente miserables, y los radicaban en sectores donde no tenían ninguna condición para desarrollarse como familia, hoy nos vengan a criticar. Lamentablemente, se está transformando en algo habitual. Resulta insólito que los parlamentarios de la UDI nos vengan a decir a quienes conformamos la Concertación cómo tenemos que cuidar a los más pobres, principalmente, a los deudores habitacionales.
Son muchos los chilenos que no se dejan engañar por esa postura populista que, como muy bien ha dicho el diputado Farías, citan a esta sesión para que crean que lo que anunciará la Presidenta de la República el próximo 21 de mayo lo han logrado ellos. ¡Eso no es así!
La bancada democratacristiana, y sin duda toda la Concertación, participaron del acuerdo adoptado en el Senado, el cual fue aprobado por unanimidad. A él concurrieron todos los parlamentarios: socialistas, PPD, democratacristianos, y también de Derecha. En consecuencia, no es justo que nos vengan a decir si estamos o no de acuerdo en lograr una solución para los deudores habitacionales.
En cualquier caso, quiero anunciar, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, que hoy vamos a votar favorablemente el acuerdo logrado por los deudores habitacionales en el Senado de la República.
Señor Presidente , en primer término, quiero hacer llegar un afectuoso saludo a los dirigentes de Coronel, quienes han viajado más de seiscientos kilómetros para estar presentes en las tribunas. Si lo han hecho, es porque su problema es angustiante.
En segundo término, no puedo dejar pasar lo que ha mencionado el diputado Farías.
Estamos acostumbrados a que la Concertación hable de transparencia. Pero, esta mañana ¿quién se opuso a que los deudores habitacionales -aquí presentes- ingresaran a las tribunas?
Cuando se habla de transparencia, ésta es la que queremos. Que la gente sepa realmente lo que pasa en la Cámara de Diputados. No es una propuesta de la Concertación el que los deudores habitacionales hoy estén presentes en las tribunas; la hicimos nosotros. Por eso están aquí.
En tercer término, por intermedio de la Mesa, quiero preguntar al diputado Farías, cuando se discutió la ley de Presupuestos, ¿cómo votó la indicación relacionada con los deudores habitacionales? Ahí se van a dar cuenta, estimados amigos, quién falta a la verdad y quién falta a la transparencia en esta Sala. Fui uno de los diputados que gustosamente firmó la solicitud para realizar esta sesión, a fin de discutir y ver cómo damos una solución a este grave problema, y creo que no me equivoqué.
En efecto, esta sesión tiene la virtud -al igual como la tuvo en el Senado- de tratar de encontrar soluciones globales, íntegras, útiles, para miles de deudores habitacionales que han visto frustrado su justo anhelo de la casa propia por falta de voluntad política del Gobierno. No podemos decir que es por falta de recursos porque éstos sobran; lo que falta es decisión y voluntad política para asumir la situación.
En el Senado, todos estuvieron de acuerdo en que existe un problema serio y delicado. La demanda de estos deudores es justa. Como dirían los abogados, existe la “justa causa de pedir”. Entonces, si todos están claros respecto de esta problemática, no queda más que concluir que el Gobierno no ha querido escuchar las demandas del Senado y de la Cámara que, por acuerdo unánime, le dijeron a la Presidenta que la solución del problema pasaba por el envío de un proyecto de ley que entregue una solución real y efectiva.
Estimados colegas, a todos nos duele el alma ver a mujeres clamando por que se dé solución a sus problemas habitacionales; pero ese clamor de cada día se transforma en frustración e indignación. ¿Cómo podemos explicarles a los deudores habitacionales de nuestros distritos que el Gobierno no tiene plata para solucionar su problema, cuando en un dos por tres hace triangulaciones brujas en el caso del Metro y, por arte de magia, entrega miles y miles de millones de pesos para un proyecto que, sin duda, está fracasado? Actitudes como ésta son las que inquietan a la gente.
Señor Presidente , por su intermedio le pido al Gobierno que se ponga las pilas. En el Congreso Nacional todos estamos de acuerdo y apoyamos la causa de los deudores habitacionales. Le pido a la Presidenta de la República que envíe un proyecto que dé solución real ahora a todos esas miles y miles de familias que, a lo largo y ancho del país, han venido reclamando durante mucho tiempo una solución al problema que las afecta.
Señor Presidente , todos los diputados de la Concertación, en particular, del Partido Socialista, al que pertenezco, sentimos un profundo respeto, no sólo por quienes hoy están en las tribunas, sino por las miles de personas que están viendo esta sesión a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, es falso decir que hay diputados que pretendieron poco menos que impedir el acceso a quienes legítimamente están en las tribunas.
Lo que sí hay que decir -en eso los colegas de la UDI deberían ser honestos y reconocerlo- es que existe un informe de Carabineros, institución especializada en labores de seguridad, que determinó que en algunas sesiones, que podrían ser complicadas para una u otra colectividad y en las cuales podrían producirse problemas de seguridad, se debe limitar el acceso de las personas a las tribunas.
Quiero clarificarlo, porque creo que es importante que se conozca el fondo del asunto …
Señor Presidente, le pido que aplique el Reglamento.
Reitero a los asistentes a tribunas que el artículo 88 del Reglamento es muy claro. En la mañana adoptamos un acuerdo unánime para que todas las personas pudieran ingresar a las tribunas, porque consideramos que es importante que presencien el debate. Por eso, les pido que respeten a los diputados, de manera que, más allá de que no compartan algunas intervenciones, permitan el normal desarrollo de la sesión, no en beneficio de nosotros, sino de ustedes.
Continúa con la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
Nuestro país tiene el orgullo de ser el único de Latinoamérica que cuenta con un programa habitacional como el Fondo Solidario de Vivienda. Cuando los parlamentarios recorremos otros países de Latinoamérica, nos sentimos orgullosos de ello.
Hace un par de meses, estuve en el Fipa –Foro Interparlamentario de las Américas- con el diputado Moreira , y el colega de la UDI sintió el mismo orgullo que sentimos los diputados de mi bancada de tener estos programas habitacionales. En todos los países latinoamericanos se cobran dividendos por largos años, tal como ocurría en el pasado en nuestro país. Ése es, precisamente, el motivo por el cual estamos aquí.
Entonces, señalar que los gobiernos de la Concertación poco o nada han hecho respecto del tema habitacional es faltar a la verdad. Efectivamente, como lo dijo muy bien el diputado Latorre , cada uno de los gobiernos de la Concertación ha puesto especial énfasis en entregar soluciones en el ámbito habitacional a los pobladores que más lo necesitan.
De más está señalar que una de cada cuatro viviendas ha sido construida mediante programas de viviendas sociales, en los últimos 17 años de gobiernos de la Concertación. Es un avance que es necesario reconocer, por cierto, sin desconocer, las demandas de las personas que están aquí y de los deudores de nuestras regiones. Para que lo sepan las personas que se encuentran en las tribunas, soy diputado por una región donde también hay deudores habitacionales, a quienes hemos acompañado en sus legítimas demandas no sólo ahora por intereses electorales, sino durante largos años.
Hay muchas cosas que la gente debe saber, y se las voy a decir a los asistentes a las tribunas y a quienes me están viendo a través del canal de televisión.
No me parece concebible que quienes hoy pretenden darnos lecciones sobre el problema habitacional sean los mismos que en 1989 nos entregaron poblaciones callampas y miles de allegados en diferentes lugares del país. Recuerdo que cuando recorría Osorno , Puerto Montt, Castro , Chiloé y toda la zona sur, podía ver a miles de personas que vivían en condiciones infrahumanas, en el barro. No estoy mintiendo, estoy hablando con la verdad. Eso es lo que les duele. En 1990, según el catastro del programa Chile Barrio, más de un millón de chilenos vivían en condiciones deplorables …
Ruego a los asistentes a las tribunas que nos permitan seguir con el debate.
Puede continuar el diputado señor Fidel Espinoza.
Señor Presidente , nosotros hemos escuchado con mucha atención y respeto los planteamientos de los diputados de la Alianza, pero, lamentablemente, el diputado señor Norambuena me está ofendiendo. Le pido a la Mesa que haga respetar mi derecho a intervenir, independientemente de que estén o no de acuerdo con mis planteamientos.
Lo que quiero decir es que “los paladines de los problemas habitacionales” de las bancadas de enfrente son los mismos que entregaron poblaciones callampas, que obligaron a la gente a vivir en condiciones miserables, muy por debajo de la línea de la pobreza, y que hemos debido reconstruir sobre lo que nos entregaron.
Por cierto, ha habido dificultades y es necesario buscar una solución para los deudores habitacionales. Les encuentro toda la razón a quienes fundamentan con respeto. Hay familias que viven con 300 mil pesos y, además, deben pagar 80 ó 90 mil pesos de dividendo. simplemente, no pueden hacerlo.
Estoy a favor de sus planteamientos, pero tampoco podemos dejar pasar el hecho de que los paladines de las bancadas de enfrente son los mismos que, hace algunos meses, cuando presentamos un proyecto relacionado con el IVA a la construcción, se opusieron, en circunstancias de que ese proyecto perseguía que pagaran impuesto al valor agregado las empresas que construyen mansiones de cientos de millones de pesos y que tienen la garantía de recibir descuentos suculentos, tremendas franquicias, gracias a una ley de los años en que dirigía el país el señor que ellos apoyaban. Es decir, hoy todos los chilenos subsidian a las grandes empresas constructoras. Se trata de 400 millones de dólares en beneficio directo de esas empresas, los que debieran destinarse a construir mejores casas, a disminuir el déficit habitacional y también a solucionar los problemas de la gente que hoy reclama en las tribunas.
Hago este planteamiento porque al país hay que hablarle con la verdad, y eso significa reconocer que no hemos podido avanzar todo lo que quisiéramos y que tenemos una deuda con los deudores habitacionales.
Estoy plenamente convencido de que la bancada del Partido Socialista apoyará irrestrictamente ese planteamiento. Pero, repito, lo que no vamos a tolerar, por una cuestión de ética, es que aquellos que en sus distritos son incapaces de formar un comité de vivienda del fondo solidario -porque no conozco ningún diputado de la Derecha que forme comités de vivienda para el fondo solidario, ni para solucionar los problemas de la gente que no tiene casa-, quieran erigirse en los paladines de la preocupación por los temas habitacionales. Eso nadie se los cree.
Quiero terminar mis palabras señalando que los socialistas apoyaremos en forma irrestricta todos los proyectos o acuerdos en beneficio de la gente que tiene deudas habitacionales desde hace muchos años y, como dijo una diputada, ha vivido en la duda entre comer, pagar el dividendo o educar a sus hijos.
La solución que anunciará en pocos días la Presidenta de la República no se ha conseguido políticamente, sino, como alguien dijo, la consiguió la gente.
Señor Presidente , he escuchado con mucha atención a los señores diputados que me antecedieron en el uso de la palabra. Al parecer, no se han dado cuenta de que estamos tratando el problema de los deudores habitacionales.
No tengo por qué escuchar -tampoco los deudores- sacarse la mugre, tratarse unos a otros de paladines. Eso no le interesa a nadie. Lo que la gente quiere son soluciones concretas, que apunten, en definitiva, a lo que los deudores habitacionales aspiran.
Hay una sola conclusión a la que se puede llegar aquí, y es que no existen paladines de Izquierda ni de Derecha. Hay paladines para defender a la gente que tiene problemas. Ésos son los paladines de la Cámara de Diputados. Lo demás es lamentable.
La Izquierda le echa la culpa al Gobierno de hace 17 años; pues bien, la Concertación lleva otros 17 años y seguimos en la misma cueca.
En lo que a mí respecta, quiero escuchar a la ministra de Vivienda dar una solución; quiero escuchar al ministro de Hacienda señalar que la billetera no sólo es para Santiago, sino para los deudores habitacionales de todo Chile. Eso es lo que queremos.
No es ser demagogo exigir fondos para ayudar a la gente que lo necesita, todos podemos pelear y promover proyectos de acuerdo, pero la gente debe saber que la voluntad para solucionar los problemas debe tenerla el Ejecutivo , porque se trata de plata, y mientras el Ejecutivo no diga que dispondrá recursos para solucionar el problema que nos convoca, podemos discutir meses, años, las casas se van a caer y no habrá solución para los deudores habitacionales.
Lo que estamos pidiendo es muy sencillo: queremos que los ministros presentes en la Sala nos digan que los deudores habitacionales tendrán tal o cual solución; que las 22 mil casas que necesitan reparación no pagarán dividendo.
El problema serio es de los deudores que están en el Serviu con la banca. Ahí es donde el Gobierno tiene que meterse la mano al bolsillo y darle a la gente una solución concreta. Lo digo porque con lo “apretados” que son los bancos, ninguno va a decir en forma graciosa que les condonará la deuda.
Ahí es donde se necesita que el Gobierno diga que efectivamente dispondrá de los millones de pesos que faltan para solucionar este problema. Eso es lo que quieren los deudores, que le demos estabilidad familiar, la seguridad de una vivienda saneada. Una familia sin vivienda es una familia que vaga por el mundo sin ninguna esperanza. Eso es lo que defendemos en esta sesión.
Encuentro lamentable que se empiece a sacar a colación el pasado. Hablemos del futuro, y el futuro de los deudores habitacionales es que se condonen las deudas de sus casas; los que pueden pagar lo harán y las casas en mal estado se van a reparar. Ése es el futuro que queremos; eso es lo que quieren los deudores habitacionales.
No hablemos más de cosas que no sólo conducen a encarajinar la Cámara de Diputados.
Tengo la secreta esperanza de que así como en el Senado y en la Cámara de Diputados se acordó por unanimidad que éste es un problema real, en el discurso que pronunciará la Presidenta de la República , en un parrafito diga que dará solución a los deudores habitacionales. Eso es lo que pedimos, cuatro palabras: solución a los deudores habitacionales. Nada más. La gente que asiste hoy a las tribunas merece que nos saquemos el sombrero, porque no se dejan amedrentar, han seguido a la Presidenta exigiendo sus derechos; llegaron a la Cámara de Diputados, a pesar de que se les prohibió la entrada y aquí están defendiendo sus derechos.
Si miramos a las tribunas me atrevo a decir que el 90 por ciento de los asistentes son mujeres. ¿Qué significa eso? Que ellas tienen absoluta conciencia de que la primera garantía de estabilidad que tienen es su hogar.
Ahora, ¿tendrá conciencia el Gobierno? Claro que debe tenerla, porque nosotros, la Alianza por Chile, la Concertación y todos le estamos diciendo que solucione este problema. No es malo lo que estamos pidiendo.
No queremos ser paladines de un lado ni del otro. Queremos que la Cámara de Diputados, de una vez por todas, se una y diga: “Señores deudores habitacionales, aquí está la solución que el Senado y la Cámara de Diputados han acordado”. Lo demás no tiene ninguna consecuencia, son palabras al viento.
Cuando hagamos una sesión política, hagámosla sin público y saquémonos la mugre, pero hoy, lo importante es que los proyectos de acuerdo en beneficio de los deudores habitacionales se aprueben y que ellos sepan que tienen una solución.
Señor Presidente , estamos en una sesión especial para analizar la situación de los deudores habitacionales.
Quiero saludar al ministro secretario general de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo ; al ministro de Hacienda , señor Andrés Velasco , y especialmente a la ministra de la Vivienda , señora Patricia Poblete , que está delicada de salud, pero ha querido estar presente en esta sesión.
Quiero decir a mis colegas y a la gente que está en las tribunas, que debemos tener un poquito de memoria para recordar cómo era este país hace 15 ó 20 años atrás.
Asimismo, señor Presidente, le pido que haga uso de su derecho y en caso de interrupciones desaloje las tribunas.
A quienes están presentes en esta sesión, quiero decirles que cuando ingresábamos a las grandes ciudades, Santiago , Valparaíso , Concepción, Temuco u otras, nos encontrábamos con inmensos campamentos e interminables campamentos, que formaban las poblaciones callampas. Ese tipo de vivienda ha ido desapareciendo gracias al trabajo y a la preocupación de los gobiernos de la Concertación.
En definitiva, se han construido más de dos millones de viviendas. Durante el último tiempo, se comenzó a trabajar con el sistema de la Vivienda Dinámica Sin Deuda. Mediante un ahorro inicial, la familia queda con casa propia y sin deuda.
Hace mucho tiempo que vengo trabajando en silencio con la ministra de la Vivienda el tema de los deudores habitacionales, en especial el de los del Serviu-banca. He defendido a gente cuyas casas estaban saliendo a remate. La ministra, en mi presencia, llamó a los bancos que tenían la cartera de los deudores habitacionales y paró los remates que se venían encima.
Pido a los asistentes a las tribunas respetar al orador. Estamos aquí para buscar soluciones. Si desalojo las tribunas, ustedes son los únicos que pierden. No quiero aplicar esa medida, pero el Reglamento me obliga a ello. Por tanto, les pido su colaboración.
Puede continuar señor diputado .
Señor Presidente , quiero dar a conocer que durante los inviernos recién pasados la ministra estuvo con la gente que era azotada por el mal tiempo o que sufría las consecuencias de algunas casas mal construidas.
Ella no es de mi partido, pero destaco esa situación porque la vimos a través de los canales de televisión, preocupada de la gente de más escasos recursos. Seamos consciente de eso y reconozcamos su labor.
Durante meses la ministra, junto con Hacienda, ha estado elaborando un proyecto para presentárselo a la Presidenta, mediante el cual se busca una solución a los deudores habitacionales del Serviu, en especial a los del Serviu-banca y a los de más escasos recursos.
Estoy convencido de que el 21 de mayo la Primera Mandataria se referirá al tema. No le quepa duda a la Oposición que así será. Hay que tener paciencia, fe y esperanza, porque no ha habido otros gobiernos que se hayan preocupado más de los problemas de vivienda de la gente que tiene menos. Prueba de ello son los dos millones de casas construidas durante los gobiernos de la Concertación, cosa que nunca antes se había hecho.
Entonces, que no se haga más demagogia. Quedan pocos días para el 21 de mayo, fecha en la que se enterarán de los beneficios que otorgará el Gobierno.
Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo.
Señor Presidente , hemos concurrido a esta sesión con el interés que siempre hemos demostrado en la materia, a fin de escuchar los planteamientos de los señores diputados.
En primer lugar, quiero decir que consideramos legítima la demanda de los deudores habitacionales.
En segundo lugar, a nadie se le escapa que este problema tiene raíces bastante profundas relacionadas con injusticias ancestrales de nuestra sociedad.
Me gustaría que el mismo esfuerzo que se hace para terminar con este problema se pusiera para acabar con otras injusticias.
En tercer lugar, el Gobierno pronto, más temprano que tarde, dará satisfacción a las demandas de los deudores.
Señor Presidente , nos ahorraríamos mucho tiempo y peleas si es cierto lo que nos han adelantado algunos diputados de la Concertación, que tienen una bola de cristal o acceso directo a las grandes esferas. Dicen que el proyecto no es político y que ya fue firmado. Es decir, viene la solución mágica para todas las personas que han sufrido este drama.
Por lo tanto, en honor al tiempo y para no seguir peleando, como lo estamos haciendo aquí, sería importante ceder la palabra a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que nos cuente lo que adelantaron los diputados Farías y Espinoza.
Al parecer, nuevamente estamos frente a la situación de que algunos manejan la información en forma absolutamente privilegiada.
En reiteradas oportunidades, hemos abordado en esta Sala el tema de los deudores habitacionales. Bien decía el diputado Melero : “cuántas sesiones, cuántas intervenciones al respecto”. Yo añadiría ¿cuántas promesas incumplidas? ¿Cuántas promesas se hicieron a muchos deudores que se les solucionaría el problema?
Sólo quiero traer al recuerdo a los deudores Serviu-banca, uno de los tantos grupos a los que se ha prometido solución. El 28 de diciembre, fecha previa a la elección presidencial pasada, los ministros Eyzaguirre y Vidal aparecieron diciendo que se solucionaban todos los problemas de ese sector.
Me consta que en mi región todos dieron por hecho esas declaraciones. Todas las personas del Barrio Modelo, de Los Conquistadores, de Rivera Norte dijeron, “¡Por fin. Y no importa que sea previo a las elecciones”! Y no era verdad, el beneficio no llegaba a todos. Se dio la brutal paradoja de que mucha gente del mismo block desde un comienzo no ha pagado dividendo alguno. A otros le perdonaron la mitad de la deuda, a otros la totalidad, todo lo cual va acumulando frustración.
Por eso, estos deudores le están apareciendo en forma fantasmal a la Presidenta de la República para pedir el cumplimiento de lo que se prometió en algún momento.
En esta sesión debemos llegar a un acuerdo para proponer solución a sus problemas, porque esta gente no puede seguir esperando.
Señor Presidente , en esta sesión especial quiero decir que los verdaderos destinatarios de cada uno de los beneficios o conquistas que se logren a partir de una verdadera lucha que lleva varios años, no somos quienes estamos presentes, sino los cientos de miles de deudores habitacionales.
Este problema es de carácter nacional. El peor error que podríamos cometer sería pensar que los deudores habitacionales tienen color político y, por tanto, deben estar detrás de tal parlamentario o de cual partido político. Lo principal es entender cómo se ha llegado a plantearlo en esta sesión especial.
Dirigentes nacionales y distintos movimientos se han manifestado, dentro o fuera de la legalidad, respecto de algo que, a todas luces, es justo.
Debe hacerse una valoración crítica. En efecto, deben reconocerse y ponerse las cosas donde corresponde. No hay que desconocer los programas de condonación que, históricamente, ha realizado la Concertación, en sus distintos períodos. Con el Presidente Patricio Aylwin , en el caso de los deudores que por años esperaron soluciones y no las tuvieron. Llegó la democracia y se les entregó. Con don Eduardo Frei, con don Ricardo Lagos . Justamente, en estos casos, en un 21 de mayo, fecha importante de destacar. Esperamos que en el próximo 21 de mayo haya anuncios importantes en la materia.
No podemos ser mezquinos y esperar, el día de mañana, un rédito por este problema. Con la casa, estimados colegas, no podemos caer en pequeñeces; no podemos olvidar que, hace muy poco, el Senado de la República se pronunció a través de un proyecto de acuerdo que se aprobó por unanimidad.
Participaron senadores de todas las bancadas: el señor Longueira , por parte de la UDI; el señor Allamand , por parte de Renovación Nacional; la señora Alvear , el señor Sabag , el señor Adolfo Zaldívar , el señor Pizarro , por parte de la Democracia Cristiana; el señor Gómez , por parte del Partido Radical; el señor Ominami , por parte del Partido Socialista. En fin, senadores de todos los partidos.
No podemos ponernos anteojeras, justamente, ante una demanda de país, y menos aquí, en que está representado el país. Debemos generar el debate, para decirle al Gobierno que la demanda es justa y la solución no sólo debe ser para los deudores Serviu y Serviu banca, porque también están los del Programa Especial de Trabajadores y su movimiento, que también es de carácter nacional.
El Gobierno no puede hacer oídos sordos. Tampoco puede decirse, como hace algún tiempo, que este problema es entre particulares, como si se tratara de la compra de un televisor.
El Congreso de la República, uno de los poderes del Estado, considera que el problema de la vivienda es de carácter social y, por ende, debe ser atendido por las autoridades.
Estamos esperanzados en que así sea, porque siempre la Concertación ha dado señales en este sentido, máxime que el Gobierno y el Congreso respaldan el acuerdo respectivo. Lo peor que podríamos hacer es dividirnos entre unos a este lado y otros al lado de allá.
El negociador no debe tomar partido. Por eso, debemos respaldar el proyecto de acuerdo, sobre todo porque el país ha cambiado. Tenemos niveles importantes de crecimiento, en cuanto al superávit fiscal y, de alguna manera, podemos pensar en que las soluciones planteadas por Andha Chile, entre otras, son absolutamente viables.
En definitiva, existen reservas disponibles y debemos acometer con el pago de las deudas pendientes, porque creemos que se puede y hay que hacerlo. Es más, porque el Congreso ha hablado y ahora le corresponde hacerlo al Gobierno. Ojalá el próximo 21 de mayo anuncie medidas justas.
Tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez.
Señor Presidente , siento que esta sesión especial es un avance. La presencia de los ministros así lo confirma. Me hubiese gustado sí que la ministra de Mideplan la hubiere compartido, porque el problema de los deudores habitacionales es multisectorial y requiere de una mirada social.
Digo esto, porque quien conoce el tema y ha estado con las familias en sus hogares, no puede sino compartir el hecho de que en materia de política habitacional ha existido abuso, engaño, desconocimiento y crecientes grados de injusticia, cuya responsabilidad radica -y hay que decirlo y reconocerlo- en los servicios públicos.
A la gente se le engañó haciéndole creer que el camino a la banca privada era la forma más fácil de obtener su vivienda, y se endeudó a tasas que, en mi opinión, son de usura, a sabiendas -y aquí lo grave- que aquellas personas no tenían capacidad de pago. Es más, se les abrió una cuenta dos, para que, a través de créditos de consumo, pudiesen amortizar la deuda hipotecaria. Ésa es la verdad.
Por eso, existe indignación en las familias afectadas, porque sienten -y así es- que sus casas las han repagado a la fecha y están sobrecanceladas.
De allí, tal como lo reflejó un proyecto de acuerdo que aprobamos en la Cámara, del cual soy autor, que se reconoce que este problema requiere de una mirada amplia y de soluciones integrales.
Digámoslo derechamente: si bien la composición social de los deudores es variada, en la generalidad se trata de personas de escasos recursos, que tienen intenciones de pagar, pero su realidad económica les hace imposible solventar los montos actuales.
Además, en este grupo de deudores se encuentran personas con créditos de consumo adquiridos para pagar dividendos. Adultos mayores, pensionados, cesantes, discapacitados y otras con enfermedades crónicas y catastróficas.
Allí está el fundamento de lo que señalo y que echo de menos en el acuerdo. El país debe abordar integralmente la deuda habitacional. Para ello, es imprescindible un completo análisis de la situación de cada uno de los componentes: sus antecedentes, la calidad de la vivienda, el valor real de la propiedad al momento de adquirirla; los montos cancelados, intereses aplicados y montos adeudados. Con estos antecedentes, que el Estado puede reunir, disponer, según sus resultados, de una retasación de las propiedades y el posterior recálculo de la deuda actual, derivado de los ahorros realizados y el subsidio recibido.
Pero, además, y por eso reclamo la presencia de la señora ministra de Mideplan , en el estudio que tiene que hacerse, debe considerarse la realidad social de cada deudor, generada a través de la aplicación de los instrumentos de medición correspondientes, a objeto de establecer su capacidad de pago, cuyo monto no supere, en el caso de las personas de los sectores socialmente más vulnerables, el 10 por ciento de sus ingresos reales.
Si el Gobierno no hace el esfuerzo por comprender integralmente el problema, la angustia de cientos de personas va a continuar.
Hoy, en la población Islas del Sur, de Chillán, como en otras ciudades del país, hay personas en huelga de hambre porque no tienen cómo pagar sus dividendos y están desesperadas. No son manipuladas políticamente. La única razón es que están desesperadas.
Por eso, les pido a las autoridades, al ministro y, en particular, a la señora Presidenta de la República , su intervención directa en este problema. De lo contrario, tendremos problemas más serios, porque esa gente y sus familias se encuentran en el límite de sus fuerzas.
Uno de los bienes más importantes de la nación es la armonía social, que se sustenta en las oportunidades que sus integrantes encuentran para desarrollar sus proyectos y llevar una vida digna, lo que pasa por actuar con sentido de justicia.
Aquí existe una responsabilidad de las familias y también del Estado.
Señor Presidente, en primer lugar, deseo rescatar las palabras del ministro Viera-Gallo, en el sentido de que muchas de estas demandas son enteramente legítimas.
A ello, deseo agregar que muchas demandas legítimas no se hacen sino luchando y peleando para obtener resultados. Este caso no será diferente a los muchos otros existentes en el país.
A mi juicio, en el pasado existieron errores y deficiencias. Se traspasaron deudores del Serviu a la banca, lo que no debió hacerse nunca, y hoy estamos viendo los resultados.
Muchos deudores habitacionales que en algún momento tenían sueldos de 150 ó 160 mil pesos y pagaban dividendos de 30 ó 40 mil pesos, hoy reciben el sueldo mínimo y están pagando dividendos de 70 mil pesos.
Deseo denunciar la utilización que se hace de las demandas de esos deudores y cómo se pide y se pide al Estado, sin hacerse cargo de la forma de financiar y sostener la satisfacción de dichas demandas.
La Derecha no hace nada por la calidad de los empleos; al contrario, pide flexibilidad laboral para que la gente reciba un sueldo menor y, por lo tanto, no pueda cubrir sus deudas.
¿Qué montos involucran las propuestas del Senado? La condonación total de las deudas de los deudores Serviu y Serviu-banca, aproximadamente 185 millones de dólares; las de los deudores PET, alrededor de 250 millones de dólares, y la otra propuesta, alrededor de 20 ó 30 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de un paquete de 450 millones de dólares. Podría ser abordable; pero, ¿qué propuesta tiene la Derecha para su financiamiento? Ninguna. Sólo la exigencia de satisfacer la demanda.
Así como existe la necesidad de solucionar el problema de esas personas, otras 500 mil familias esperan alguna solución habitacional. Se debe invertir en el mejoramiento de viviendas y de barrios de muchas personas que viven en situación de pobreza, pero cuando se piden los recursos para hacerlo, la Derecha se niega.
Eso ocurrió en el Congreso Nacional. Es bueno que las personas que hoy nos visitan y la gente que está en su casa lo sepan. Hace algunos años, cuando se presentó una iniciativa para eliminar la exención del IVA a la construcción, la Derecha votó en contra. Para que seamos claros, esa exención significa que cuando una persona de origen modesto compra una casa nueva en 10 millones de pesos, el Estado subsidia 1 millón de pesos, es decir, el equivalente al diez por ciento del valor de esa propiedad, y cuando una persona de altos recursos compra un departamento en 500 millones de pesos -les aseguro que hay quienes pueden hacerlo-, el Estado subsidia 50 millones de pesos. Por lo tanto, el pobre recibe un subsidio de 1 millón de pesos, y el rico, uno de 50 millones de pesos.
Reitero que la Derecha votó en contra dicho proyecto, y es bueno que las personas que nos visitan en las tribunas lo sepan. El año pasado, el monto por concepto de ese subsidio alcanzó 450 millones de dólares, recursos con los cuales se podría resolver el problema de los deudores habitacionales.
Llamo a terminar con la demagogia y el populismo, y a hacerse cargo de las promesas y de la forma de satisfacerlas. Hablemos con franqueza y de frente al país.
Señor Presidente , un honorable diputado expresó que se cumple lo que se dice. Sin embargo, en el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación, 42 diputados votaron en contra de la indicación relativa a los deudores habitacionales; también lo hicieron los que sostienen que cumplen lo que dicen. Aquí está.
Algunos dicen que se quería dejar entrar a todo el mundo a esta sesión. ¡Mentira! ¡Digan la verdad! ¡Querían dejar a la gente afuera! Un honorable diputado expresó que Carabineros quería impedir el ingreso de esas personas, en circunstancias de que fueron parlamentarios oficialistas quienes pidieron un informe a dicha institución policial para establecer que esas personas no debían ingresar porque podían existir riesgos. Aquí, los asistentes a las tribunas expresaron que no son delincuentes, sino personas honorables que luchan por sus legítimas demandas.
Por último, otros honorables diputados preguntaron qué propuestas tiene la Derecha. Entregamos muchas. Pero, quizás lo que los colegas olvidaron y deberían recordar, por su intermedio, señor Presidente , es que ustedes crearon el Transantiago, ustedes se quedaron con la plata de Ferrocarriles del Estado y ustedes utilizaron en forma ilegítima Chiledeportes.
Esos recursos serían suficientes para solucionar todos los problemas de las personas que están en las tribunas. ¡No sean hipócritas!
Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Melero.
Señor Presidente , de acuerdo con lo que señala el Reglamento en relación con las sesiones especiales, pido que, dado el desarrollo del debate, su señoría ofrezca la palabra en este momento a la ministra de Vivienda .
Señor diputado, encantado voy a ceder la palabra a la señora ministra en la oportunidad en que ella lo estime pertinente.
Señor Presidente, llamo a los colegas a ser respetuosos. Si se pide una sesión especial, se debe desarrollar con la mayor normalidad y se deben escuchar todas las intervenciones, en especial las que van al fondo del problema.
Por eso, luego de escuchar al colega Kast, encuentro más razón al planteamiento del diputado señor René Manuel García , en el sentido de que este problema no se debe utilizar para aprovechamiento de unos o de otros. Lo que se requiere es que el Gobierno exprese su voluntad política para solucionar el problema en sus diferentes dimensiones.
Aquí se han hecho varias críticas al diputado Ramón Farías por tratar de circunscribir el debate al problema de los deudores habitacionales. Para ser justo, deseo aclarar que hace casi dos meses, dicho colega promovió una reunión con la mesa del Partido por la Democracia, encabezada por el presidente de la colectividad, Sergio Bitar , y por la diputada Carolina Tohá . En esa oportunidad, se debatió gran parte de los planteamientos aquí formulados, que se recogen en el proyecto de acuerdo que presentamos como Concertación, porque en él se expresa la voluntad de todos los partidos del conglomerado. Las personas que nos acompañan en las tribunas conocerán dicho texto al final de la sesión.
A mi juicio, no es justo hacer un debate respecto de este tema, con todo lo difícil que resulta -por cierto, queremos contribuir a su solución-, sin antes manifestar la exitosa política habitacional impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por la ministra Patricia Poblete .
En la Región de La Araucanía, a uno de cuyos distritos represento, y en comunas como Lautaro, Victoria, Vilcún , Curacautín, Melipeuco, Angol , de la provincia de Malleco, hace tres días fuimos testigos -el diputado García lo sabe- de la entrega de 3.600 soluciones a familias para entorno mejoramiento de entorno y ampliación de viviendas. Por primera vez se otorga un subsidio en esos lugares, desde los tiempos de las casetas familiares y de las viviendas de 14 metros cuadrados que entregaba Pinochet .
Entonces, no es posible hacer un debate serio respecto del problema habitacional obviando aspectos que interesan a mucha gente y que aplauden cientos de miles de chilenos que están encontrando una solución habitacional.
Asimismo, es importante realizar una distinción entre los diferentes tipos de deudores. Así, encontramos a los deudores del Serviu, que tienen a esa entidad estatal como acreedora; a los denominados Serviu-banca, que originalmente fueron deudores del Serviu, pero que, debido a renegociaciones, fueron traspasados a la banca, principalmente al Banco del Estado, y los denominados deudores PET, que recibieron subsidio estatal, pero que el resto de la vivienda fue financiado por ellos con préstamos de la banca y, por lo tanto, se endeudaron.
Hasta 2005, el Serviu trató el problema de la deuda con sus clientes por medio de sucesivos sistemas de renegociación, estableciendo mecanismos de condonación y de premios para los que estaban al día o que por su situación socioeconómica o de edad no estaban en condiciones de servir adecuadamente la deuda. Además, no era usual que las casas Serviu salieran a remate, debido a que existían medios de justificación para el evento de la cesantía o de enfermedad del principal sostenedor del hogar.
Al respecto, varias veces, los parlamentarios de la Oposición han consultado por la presencia de la ministra de Mideplán. Tal vez hubiese sido bueno que hubiere estado.
El mecanismo para seleccionar a los asignatarios de viviendas Serviu fue la ficha CAS, instrumento que, como sabemos, provocaba serias distorsiones en su aplicación y fue reemplazado por la actual Ficha de Protección Social. Por ello, muchas familias, que debieron ser asignatarias de beneficios del Serviu, quedaron fuera del sistema y debieron postular por medio de otras modalidades a la asignación de viviendas, entre ellas la PET.
En la situación PET se considera que, a través de este mecanismo, concebido para que los trabajadores de empresas pudieran crear sus barrios, postularon personas que, en algunos casos, no reunían los requisitos socioeconómicos ni sociales para dicha postulación. Gran culpa de ello la tienen empresas inmobiliarias que establecieron verdaderas fábricas de antecedentes, regalando carpetas sin distinción para hacer postular a los interesados, valiéndose de los escasos sistemas de verificación que exigía en aquella época el Serviu para la presentación de antecedentes. Por ejemplo, la situación económica podía acreditarse por medio de una simple declaración jurada.
Quizá el punto “crítico”, de la situación de esos deudores fue la creación, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, en 2003, del Fondo Solidario, mediante el cual -idea progresista, qué duda cabe- se establece la modalidad de la vivienda sin deuda, es decir, la familia reunía un ahorro previo de diez unidades de fomento y el resto, alrededor de doscientas ochenta unidades de fomento -suma que este Gobierno ha incrementado en cincuenta unidades de fomento para entregar viviendas más amplias-, las colocaba el Estado, permitiendo que la familia se convirtiera en propietaria sin necesidad de pagar dividendos, sensación de desigualdad para los antiguos deudores que, a partir de esa fecha, 2003, ya no solicitan la repactación de sus deudas, sino su condonación, o sea, un tratamiento similar a los nuevos asignatarios Serviu.
No tengo dudas de que este Gobierno, que escucha, recogerá este planteamiento y entregará una solución lo más amplia posible; pero también seamos justos, claros, en cuanto a la solución que se adopte. Reitero que, a partir de 2003, durante el Gobierno del presidente Lagos, se estableció un sistema solidario que permitió que la gente de menores recursos pudiera obtener una vivienda sin deuda posterior.
Escuché a algunos deudores de las tribunas decir que somos ricos. Por eso, hay que aplicar un criterio socioeconómico para que no se generen distorsiones y no se cuelen personas que realmente no tienen necesidades.
El tema hay que abordarlo con responsabilidad. Un 36,7 por ciento está en mora, con el Banco del Estado, especialmente. Pensamos que, tal vez, las deudas que originariamente suscribieron con el Serviu puedan ser condonadas previo pago del dividendo equivalente al ahorro que se solicita para el Fondo Solidario. En el caso de los deudores PET, ver fórmulas para subsanar la distorsión que se produjo en perjuicio de los de escasos recursos, haciéndolos postular a viviendas que estaban por sobre sus capacidades económicas. Darles la posibilidad de acogerse a beneficios similares como los del Fondo Solidario, y a los de mejor situación económica, entregarles los elementos para que puedan renegociar sus deudas en condiciones de mercado similares a las que existen hoy.
Tiene la palabra, por tres minutos, el honorable diputado Maximiano Errázuriz.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar a los deudores que están en las tribunas, quienes han demostrado, con su conducta, que no había nada que temer de ellos.
Tiempo atrás, cuando se trató en el Senado el proyecto sobre deudas habitacionales, con la diputada Amelia Herrera fuimos a buscar a la calle a la señora Juana para que ingresara allí, porque el presidente de esa cámara también tenía temores; sin embargo, no sucedió absolutamente nada.
El año pasado, la Presidenta de la República sostuvo que no iba a negociar con los estudiantes y que no había dinero. Negoció con los estudiantes durante sus movilizaciones, quienes obtuvieron alrededor de 130 millones de dólares.
En esta oportunidad, el Gobierno también dijo que no había recursos. No obstante, los deudores habitacionales, fundamentalmente los del movimiento Andha Chile a luchar han demostrado que, cuando hay organización y voluntad, todo se puede. Es lamentable que el Gobierno gaste millones de pesos para reparar viviendas mal construidas, de mala calidad, como las casas Copeva de Puente Alto -que las ha visitado la señora ministra-, y, sin embargo, no tenga dinero para resolver el problema social de los deudores habitacionales.
Ojalá que la solución no sea sólo para los deudores Serviu y de los bancos, sino también para los de programas especiales para trabajadores, los deudores PET, porque muchas veces el Gobierno dice que entregó el subsidio a la persona que lo obtuvo y se despreocupó del asunto porque ese deudor no es suyo; que se juntó con un grupo de personas y es deudor de un tercero. Pero ese subsidio es plata de todos los chilenos y ese deudor necesita apoyo y ayuda del Gobierno, al igual que los deudores Serviu y de los bancos.
Nadie deja de pagar porque no quiere. Una persona podrá dejar cualquier cosa, pero lo único que no deja de pagar es la educación, la luz, el agua o el dividendo de su casa. Podrá dejar de pagar las letras de casas comerciales, pero -insisto- la educación, la salud, el dividendo de su casa, jámás. Y si no lo pagan es porque, sencillamente, lo puede hacer. Por ejemplo, en Puente Alto, he visto, con dolor, remates de viviendas y cómo sus moradores arman una carpa. Inescrupulosos se aprovechan de los remates de deudores ejecutados por algunos bancos, fundamentalmente para quitarles sus viviendas, adjudicárselas en precios irrisorios para luego arreglarlas un poco y venderlas ganando varias veces los que les costó.
Sólo quiero pedir que, ojalá, cuando los deudores estén en mora, a lo menos el 50 por ciento de lo que paguen vaya al capital; no como ahora que va al banco, a las costas procesales y personales, y lo que se abona a la deuda es cero.
Tiene la palabra la honorable diputada Isabel Allende.
Señor Presidente , quisiera que nadie en esta sesión -este llamado lo hago a todos- pueda aprovecharse de los dolores, de las necesidades y de las legítimas aspiraciones de las personas. Si estamos participando en esta reunión es porque queremos, Gobierno y Oposición, escuchar, analizar y encontrar todas las soluciones posibles para verdaderas demandas.
Me parece extraordinariamente injusto que no se diga que en 16 años se construyeron 1.022.000 viviendas, de las cuales veintiocho mil tienen problemas. Sí, tienen problemas, pero los más graves, donde mejor se aprecian, es en la población Volcán San José , en Puente Alto. Sin embargo, cuando en algún momento levantamos la voz para decir que se demolieran, nos encontramos con que había más de cuatro mil familias que no podíamos tirar a la calle. Hoy, queremos expresar que ya en la población Volcán 2 se han podido demoler algunos bloques y esperamos que se continúe con esta política, porque no había otra alternativa que aplicar la solución más drástica. Ojalá hubiésemos podido intervenir la totalidad de los sectores de esas poblaciones.
Pero, no sólo está la situación de los deudores Serviu y la de los deudores con la banca privada, quienes fueron traspasados y que, en su momento, también levantamos la voz respecto de ellos, porque no nos pareció que se les aplicara la política más adecuada-. Hay otra, que se menciona poco, la cual, finalmente, logramos que se tomara en cuenta: la de los deudores de la ex Anap.
Conseguimos que se revisara la situación. Sin embargo, la solución que se intenta implementar para los deudores ex Anap no es suficiente. Por eso, levantamos una vez más la voz para decirle al Ministerio de Hacienda que hay que trabajar más, porque la realidad que viven estos deudores es extraordinariamente injusta. Desde hace más de 36 años que pagan dividendos, pero aún adeudan 90 más, como es el caso de los pobladores de la villa El Porvenir, de Puente Alto. ¿Hasta cuando podrán soportar?
Llamo al Gobierno a buscar una solución que ponga fin a la dramática situación no sólo de los deudores ex Anap, sino a la de todos los deudores habitacionales.
Señor Presidente , los diputados Espinoza , Farías e Insunza nos han dicho que la Presidenta Bachelet anunciará, el próximo 21 de mayo, una serie de medidas en beneficio de los deudores habitacionales. Lo mismo nos ha dicho el ministro secretario general de Gobierno. Ojalá que no lleguen muy tarde.
Esos anuncios habrán sido fruto del esfuerzo y la constancia de los deudores habitacionales, que han estado permanentemente movilizados para hacer valer sus argumentos ante el Gobierno. Les rindo homenaje por esa constancia y ese esfuerzo.
La ministra del ramo señaló, en el Senado, que a los deudores Serviu y Serviu-banca se les entregaron 50 unidades de fomento para disminuir la deuda; sin embargo, ese subsidio fue prácticamente absorbido por los intereses, lo que los deja en situación muy difícil para solucionar los problemas de endeudamiento.
A los diputados del frente, que se creen inventores de la política habitacional y de los subsidios habitacionales, les recuerdo que las casas PET se empezaron a construir en 1987 y sus ocupantes llevan pagando sus subsidios hace más de 20 años.
Por eso, la solución está en lo planteado por el senador Longueira , que propone asimilar a todos los deudores, sean Serviu, Serviu-banca, del PET, a la nueva política de Vivienda Dinámica sin Deuda, porque no se justifica que con las nuevas políticas habitacionales no se pague y sí tengan que pagar, por ejemplo, los deudores del PET.
Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
Señor Presidente , los que sabemos lo que es estar de allegado, los que sabemos lo que es arrendar, los que sabemos lo que es vivir hacinado, entendemos perfectamente las preocupaciones y la desesperación de los compañeros que nos acompañan en las tribunas. Lamentablemente, a la necesidad de nuestra gente, la Derecha le saca provecho político partidista y electoral.
La obligación de nuestro Gobierno es buscar una solución definitiva para los deudores habitacionales, a fin de evitar la utilización política de la Derecha. La solución la tenemos nosotros; la solución la tiene nuestro Gobierno y no la Derecha, que sólo se preocupa de los pobres de Chile en tiempos de elecciones.
Compañeros de las tribunas, los que tenemos la obligación y los que realmente queremos buscar la solución para ustedes somos los parlamentarios de la Concertación y el Gobierno. Nuestra obligación es cumplir con los compromisos que el Gobierno de Michelle Bachelet y los diputados de la Concertación asumimos con nuestro pueblo.
Tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera.
La señora HERRERA (doña Amelia) .-
Señor Presidente , quisiera partir diciendo que es importante incorporar a los deudores ex Anap; pero decirle también por su intermedio a la ministra de Vivienda , que estos deudores fueron incorporados en el proyecto de ley, actual ley Nº 20.165, pero solamente aquellos que calificaran como indigentes e hice esa reparación en la reunión anterior que sostuvimos en esta misma Sala durante la discusión del proyecto que beneficiaba a los deudores habitacionales, pero la iniciativa se fue al Senado y volvió igual. Por lo tanto, no creo que bajo esa perspectiva ningún deudor ex Anap pueda ser calificado para poder, de alguna manera, optar al beneficio que la ley señala.
Quisiera, por su intermedio señor Presidente , decirle al señor Ministro de Hacienda y a la señora Ministra de Vivienda : Hoy el país cuenta con superávit, creo que es hora de que esos miles de millones de dólares puedan ir dirigidos a dar solución a los problemas de la gente más desposeída.
No es posible que hoy parlamentarios de la Concertación tengan que pedirle a su gobierno que intercedan ante la Presidenta y el Ministro de Hacienda , para que de una vez por todas incorporen en la ley de Presupuestos la solución a los problemas de los deudores habitacionales. Me parece contradictorio que se hable de la Derecha, y que los parlamentarios de gobierno no tengan incidencia en el propio gobierno. Nosotros somos Oposición y aquí estamos diciendo las cosas que queremos hacer por el país. Lamentablemente, la decisión política de incorporar recursos la tiene el propio gobierno.
La ministra es mujer, y me imagino que como madre y sé, porque la conozco, tiene una tremenda sensibilidad y por ella solucionaría hoy el problema. Pero ministros: ¿ustedes tienen realmente poder de decisión frente a la Presidenta Bachelet para dar una solución real a los problemas de este país?; porque si los ministros no la tienen y los parlamentarios tampoco, ¡qué Chile estamos desarrollando!, ¡en qué Chile estamos viviendo!. No hay peor peligro para un ser humano que perder su casa y hoy día esta gente esta a punto de perderla.
Señor Presidente , como señalé en la sesión 67ª de 22 de agosto de 2006, antes como alcaldesa y hoy como diputada , he conocido el grave problema que ha debido enfrentar un número importante de compatriotas a quienes la esperanza de la casa propia se les transformó en una pesadilla.
En la ocasión expresé que, aproximadamente, treinta mil créditos hipotecarios de las cajas de previsión fueron licitados por la banca privada y están bajo la administración de instituciones financieras, como el Banco del Estado.
Frente al drama que esta licitación provocó y cuyas nefastas consecuencias hasta hoy se viven, planteé a la Presidenta Bachelet que se incluyera a estos deudores en el proyecto cuya ley actual es la Nº 20.165.
La mayoría de estos deudores son personas jubiladas que perciben pensiones exiguas que en muchos casos no superan los 80 mil pesos.
Reitero que más allá del origen del problema y desde una perspectiva más social y humana, creo necesario recordar que cuando se dictaron diversas leyes, en los gobiernos de la Concertación, muchos deudores no pudieron optar a los beneficios establecidos, porque se encontraban con diversas trabas que las mismas normas les imponían. Como consecuencia de ello, muchas personas perdieron sus casas, mientras que otras fallecieron sin ver solucionado su problema, dejando a sus familias sumidas en deudas casi imposibles de cumplir.
Lo increíble es que ya habían pagado dividendos por más de veinte o treinta años, cancelando con creces el valor original de las viviendas, más aún, el valor comercial de la misma.
El problema habitacional y, por ende, de los deudores del sistema, es hoy y será mañana, un tema social de urgente solución.
Por eso, en su momento, voté a favor del proyecto que hoy es la ley Nº 20.165, que beneficia a los deudores de las carteras de créditos habitacionales administradas por el INP, por el Ministerio de Bienes Nacionales, considerando por cierto a los deudores ex Anap.
Sin embargo, por intermedio de su señoría, en esa oportunidad consulté a la ministra de Bienes Nacionales a qué se refería el Ejecutivo , pues así lo precisaba en la nueva norma, cuando señalaba, y que hoy está en el inciso 2° del artículo único de la Ley 20.165:
“La condonación será total respecto de los deudores que sean calificados de indigentes y que se encuentran al día en el pago de sus dividendos y de quienes adeuden saldos relacionados con préstamos para la vivienda.”
Insisto, como señalé al principio de mi intervención, no sé qué criterio se aplicará para calificar de indigente a una persona, más aun si supuestamente los eventuales beneficiarios son propietarios de sus viviendas, lo que sería un contrasentido.
Creo que el reglamento debe ser explícito, claro y conciso, de manera que no existan dudas acerca de a quiénes beneficia. No vaya a ocurrir que después, por una mala interpretación, estemos presentando un proyecto de ley, esta vez, para clarificar el reglamento.
Señor Presidente , “ladrillo sobre ladrillo vamos a construir las casas de los obreros de este país”, cantaban los trabajadores en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva . Con dolor debo decir que la canción de hoy es triste: dividendo tras dividendo estamos flagelando a los deudores habitacionales. Por eso, me duele que se diga que con recursos públicos no se pueden pagar deudas privadas. En nuestra historia política y económica tenemos ejemplos emblemáticos de deudas privadas que se pagaron con recursos de todos los chilenos. Es el caso del Transantiago, una verdadera hemorragia financiera para las regiones y para el país; es el caso de la crisis financiera de la banca privada del año 1983, a la que el entonces gobernante Augusto Pinochet Ugarte destinó 8 mil millones de dólares para pagar deudas privadas de una banca que estaba en quiebra. Todos los chilenos estamos pagando esa deuda hasta el día de hoy. Aquí mismo hemos aprobado recursos para capitalizar al Banco Central.
De manera que no es cierto que no se puedan pagar deudas privadas con recursos públicos, puesto que así como ayer se hizo un esfuerzo para que la banca privada no quebrara por la catástrofe que ello significaba para la sociedad, hoy tampoco podemos negar nuestra ayuda a los deudores habitacionales que están pasando por un momento, en muchos casos, dramático.
Por eso, hago mío el proyecto de acuerdo del Senado, mediante el cual se pide a la Presidenta Bachelet que se condone la deuda a los deudores Serviu y Serviu-banca que estén al día en sus dividendos, previo pago de 10 unidades de fomento, y que también se condone la deuda a quienes no estén al día en sus dividendos, previo pago de 15 unidades de fomento.
También me hago eco de la solicitud relacionada con los deudores del Programa Especial de Trabajadores, en cuanto a que si califican como vulnerables socialmente, de acuerdo con la nueva ficha de protección social, se les aplique la misma solución anterior y se les haga una repactación colectiva de las tasas de interés, puesto que esa misma banca que fue subsidiada por todos los chilenos hace veinte años, está obteniendo utilidades suculentas en la actualidad a costa de los trabajadores chilenos. Me parece una usura que deban pagar 10 por ciento de interés, en circunstancias que la tasa del mercado es 4 ó 5 por ciento.
Por lo tanto, el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, debe renegociar colectivamente las tasas de interés de los trabajadores.
Ése es el acuerdo del Senado, mediante el cual pide a la Presidenta que adopte esas soluciones para los deudores habitacionales, petición a la que nos sumamos hoy los diputados de esta bancada, quienes solicitamos que con los ingentes recursos del cobre, con la superabundancia de recursos de que dispone el Estado, nos pongamos la mano en el corazón para dar esta solución y dignificar a nuestros trabajadores, lo que nos permitirá volver a cantar aquella canción de la época de Eduardo Frei Montalva .
Deseo felicitar al movimiento de los deudores habitacionales que ha dado esta pelea con coraje y valentía.
Finalmente, debo aclarar que no soy un aparecido en este debate, porque he luchado desde hace mucho tiempo por dar una solución a este problema y he estado en las cárceles con el senador Navarro para sacar a estos dirigentes que hoy están en las tribunas. Y lo vamos a seguir haciendo, porque creemos que esta lucha es justa.
Señor Presidente , estamos llegando al término de una sesión especial, que no ha sido la única ni la primera, ya que la Cámara y el Senado han realizado al menos cinco sesiones especiales y las comisiones han celebrado numerosas sesiones para tratar este tema.
Hemos visto un movimiento social genuino, que se ha volcado a las calles en demanda de soluciones que hoy el ministro las ha declarado legítimas.
Ha pasado mucha agua bajo los puentes, señor Presidente. No ha sido fácil llegar a esto.
El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra “legítima” de la siguiente manera: “Conforme a las leyes. 2. lícito, justo. 3. Cierto, genuino y verdadero...”
Pregunto al ministro , por su intermedio, señor Presidente , las tasas de interés y las comisiones que aplican los bancos a los deudores Serviu y Serviu-banca, ¿son justas? ¿Son legítimas? ¿Se conforman a las normas del mercado?
Además, ¿son legítimos los plazos que se han aplicado a muchos de estos deudores? ¿Otros deudores más poderosos los habrían aceptado? ¿Es legítimo que se cobren viviendas en mal estado, que esta misma Cámara así lo ha declarado, como si estuvieran en buenas condiciones?
Son muchas las preguntas que necesitan respuestas. Por ejemplo, queremos saber si también es legítimo que los deudores del Programa Especial de Trabajadores tengan que pagar tasas de interés que claramente están fuera de todas las normas legítimas.
Hoy hemos recibido dos buenas noticias de parte de los diputados de la Concertación y del propio ministro secretario general de la Presidencia.
En primer lugar, se nos ha dicho que, más temprano que tarde, tendremos soluciones.
En segundo lugar, que las demandas de los deudores habitacionales son legítimas.
Como estoy seguro de que el ministro presente no va a dar cuenta del contenido de las demandas y menos de las propuestas, le queremos decir que el 21 de mayo vamos a estar en el Salón de Honor escuchando cada una de las medidas que anunciará la Presidenta . Las conversaremos con los dirigentes sociales, veremos si de verdad se ajustan a lo que ellos están pidiendo; queremos conocer la magnitud de las medidas, los recursos involucrados, la cantidad de personas que se beneficiarán y después nos formaremos una opinión sobre el particular.
Espero que prime la cordura. Son demasiadas las experiencias amargas que han tenido que vivir miles de chilenos con el Transantiago, por lo que no queremos que se repitan en esta oportunidad. El drama de los deudores habitacionales no da para más, no aguanta un minuto más. Imploro que el Gobierno de Chile, representando a todo el país, no a una mitad, más temprano que tarde, se acuerde de los más pobre y, finalmente, haga justicia.
Ofrezco la palabra a algún diputado de la UDI por dos minutos.
Señor Presidente, la UDI no va a usar esos dos minutos, con el objeto de que la ministra hable pronto.
Lo dicho por el diputado Melero no se condice con el Reglamento, porque la ministra no necesita del tiempo de las bancadas para hablar, pues tiene todo el derecho de intervenir por el lapso que quiera.
No dije eso, señor Diputado .
Señor Presidente , en primer lugar, me disculpo por mi voz, ya que estoy afectada por una bronquitis que no me permite hablar muy alto.
Quiero hacer presente que me resulta muy importante asistir a esta sesión, como lo ha sido desde que asumí el cargo. Por ello, a pesar de encontrarme con problemas de salud, he venido a esta convocatoria.
He sido citada junto al ministro de Hacienda a esta sesión convocada para analizar las soluciones que entregará el Gobierno ante las propuestas de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Vivienda del Senado frente al problema de los deudores habitacionales.
En relación con esta materia, deseo informar que la situación de los deudores habitacionales ha sido un tema de permanente interés para los gobiernos de la Concertación, que han implementado diversas medidas para mejorar la situación que enfrentan los deudores hipotecarios que adquirieron viviendas del Serviu con créditos otorgados por dicho organismo. Esas medidas permitieron que el 71 por ciento de esos 262.755 deudores extinguiera totalmente su deuda; no me voy a referir al desglose de ellos, porque varios diputados ya lo han hecho. El 23 por ciento de ellos las disminuyeron significativamente.
El costo de esas medidas significó para el Ministerio aproximadamente 322 mil millones de pesos, unos 574 millones de dólares, esto es, más del 50 por ciento del presupuesto anual del Ministerio de Vivienda, equivalente a la producción de un año de viviendas por parte de esta cartera.
En segundo lugar, me referiré a las familias que adquirieron sus viviendas a través de los serviu con crédito bancario. Son 19.272 familias que formaban parte de esa cartera hipotecaria bancaria; 10.664 recibieron beneficios, lo que para el Estado significó una inversión de aproximadamente 20 mil millones de pesos.
En tercer lugar, me referiré a los deudores del PET, programa que se inició en 1987, mediante el cual, a través de diversas organizaciones gremiales, como asociaciones de autobuseros, Colegio de Profesores y otras, un número importante de familias fue beneficiada con un subsidio del Estado, el cual, sumado a sus ahorros, les permitió adquirir viviendas con crédito hipotecario bancario.
De acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, actualmente existen 204.011 familias con deudas derivadas de ese tipo de operaciones. El 92 por ciento es deudor del Banco del Estado, y presenta una morosidad de 1,25 por ciento.
Respecto del acuerdo adoptado por el Senado, que propone que los deudores Serviu y Serviu-banca extingan totalmente sus deudas con un pago de 10 unidades de fomento si se encuentran al día, y 15 unidades de fomento si están en mora, y que se otorgue igual beneficio a los deudores PET que, de acuerdo a la ficha de protección social, sean calificados como de mayor vulnerabilidad social, informo que está siendo analizado en conjunto con el Ministerio de Hacienda.
En ese análisis incorporaremos los planteamientos que los señores diputados han manifestado en esta sesión.
Sin perjuicio de ello, hago presente que, de acuerdo con los antecedentes que obran en ambas secretarías de Estado, la propuesta del Senado tiene un costo de aproximadamente 853 mil millones de pesos, es decir, cerca de 1.600 millones de dólares.
Finalmente, manifiesto mi compromiso personal para seguir trabajando en la búsqueda de soluciones, como lo he estado haciendo con muchos dirigentes de las familias Serviu y Serviu-banca. Puedo afirmar que esperamos tener soluciones muy pronto.
-El señor Walker (Presidente) ordena el desalojo de las tribunas.
Señor Presidente , estamos llegando al término de la sesión. He conversado con los colegas de la Oposición y han retirado un párrafo de su proyecto. Por lo tanto, solicito aprobar los dos proyectos de acuerdo por unanimidad.
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco a la Mesa el cambio de actitud de dejar ingresar a los deudores habitacionales a las tribunas. Es importante que, a pesar de lo que está ocurriendo en este minuto, hayan podido escuchar el debate. Es fundamental que en una institución como ésta se respete el derecho de las personas a escuchar y opinar. Por lo tanto, pido retirar la censura que planteé en la mañana.
Sería muy importante que aprobemos ambos proyectos por unanimidad, porque daría una señal muy importante al Gobierno, para que entienda que estamos todos de acuerdo en solucionar los problemas de los deudores habitacionales, lo que será un acuerdo transversal de la Cámara de Diputados.
¿Habría acuerdo para aprobar ambos proyectos por unanimidad?
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo son los siguientes:
Proyecto de acuerdo Nº 348, del señor García, don René Manuel; de la señora Isasi, doña Marta, y de los señores Melero, Kast, Vargas, Cardemil, García-Huidobro; señora Cubillos, doña Marcela y señores Estay y Rojas.
Que, el pasado 4 de abril, la Sala del Senado aprobó un informe emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Vivienda de esa Corporación, en donde se reconoce que los deudores habitacionales se encuentran en diversas situaciones debido a que hubo una variación de las políticas y programas de viviendas sociales implementadas por el Estado, específicamente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que, a consecuencia de estas políticas, miles de deudores habitacionales de viviendas sociales han sido perjudicados tanto patrimonial como moralmente.
Que esta sesión fue citada por los Diputados de la Alianza por Chile, porque creen fundamental que el Supremo Gobierno -antes del discurso que pronunciará S.E la Presidenta de la República el próximo 21 de mayo- acoja de manera íntegra estas proposiciones, ya que representan el sentir unánime del Congreso Nacional y que, en mayor o menor medida, también recoge las justas aspiraciones de miles de deudores habitacionales, que han visto frustradas su aspiración de ser dignos propietarios.
Que es de la mayor gravedad la falta de pronunciamiento del Gobierno ante esta injusticia por la que atraviesan estos chilenos, quienes han tomado la firme decisión de organizarse para manifestar su indignación y su firme decisión de no claudicar, mientras no les entreguen una solución justa, real y útil.
Que, lamentablemente, los problemas habitacionales de los chilenos de menos recursos no terminan ahí. El año pasado, esta Corporación aprobó en forma unánime -tanto en Comisión como en Sala- el Informe de la Comisión Investigadora, que solicitaba al Supremo Gobierno condonar y paralizar de forma inmediata cualquier remate a los propietarios de viviendas construidas por Serviu, por adolecer de serias deficiencias en su construcción. Lamentablemente, esta aprobación unánime no ha tenido resultados concretos por parte del Ejecutivo.
Que se tiene la seguridad de que estos chilenos no quieren que se les regale nada. Sólo quieren pagar lo justo, con políticas habitacionales que les resuelva su problema de vivienda, pero, cabe ser claro: la solución es que el Ejecutivo tenga la voluntad y la convicción real de cumplir con esta deuda o promesa y, para ello, necesariamente, deberá remitir una iniciativa legal que solucione de manera global esta situación y que, paralelamente, dicte las resoluciones administrativas para tal efecto.
1. Acoger e implementar de manera íntegra la propuesta aprobada, el pasado 4 de abril, por el Senado, donde entregan soluciones concretas a los deudores Serviu, Serviu-Banca y Programa Especial de Trabajadores (PET).
2. Promover acuerdos entre los bancos acreedores y los afectados -tratándose de los deudores PET, que pagan deudas habitacionales con tasas de interés muy por encima de las actuales de mercado-, que permitan disminuir sus tasas de interés a un nivel de mercado.
3. Solicitar al Gobierno que busque procedimientos de condonación a todos aquellos propietarios de viviendas construidas por Serviu y que adolecen de serios vicios de construcción.
4.	la inmediata suspensión de cualquier procedimiento de remate e inclusión en bases de datos (Boletín Comercial o Dicom) en contra de estos deudores habitacionales, establecidos en los puntos 1 y 3”.
Proyecto de acuerdo N° 349, de los señores León, Rossi, Quintana, Pérez, Accorsi, Duarte, Jarpa, De Urresti, Insunza y Latorre.
Que, dentro del universo de personas deudoras de créditos destinados a la adquisición de viviendas sociales, se encuentran los deudores cuyo acreedor es el Servicio de la Vivienda y Urbanismo (Serviu), y otros cuyos acreedores son los bancos comerciales. Dentro de los segundos, hay un grupo de deudores que, formando parte del mismo grupo socioeconómico de los deudores del Serviu, mantienen deudas con la banca comercial, como producto, fundamentalmente, de dos sistemas distintos. Uno, que consistió en un traspaso que el Serviu realizó de sus deudas a la banca privada, previa condonación de un porcentaje de ellas. Otro, como consecuencia de una política desarrollada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ( Minvu ), que les permitió acceder a viviendas sociales levemente mejores, sobre la base de un sistema de estratificación socioeconómico, consistente en acreditar rentas en base a simples declaraciones juradas, lo que les permitió calificar como sujetos de crédito ante la banca comercial. Estos deudores -que forman parte del mismo grupo socioeconómico que los deudores del Serviu- son los denominados deudores Serviu-Banca. Por su parte, es necesario hacer mención de los deudores de viviendas del Programa Especial de Trabajadores (PET) -decreto supremo N.° 235, del Minvu, de 1985-, que se encuentran en una situación análoga a los deudores Serviu-Banca.
Que, en efecto, los deudores Serviu-Banca y PET, al igual que los del Serviu, eran personas con una mínima o nula capacidad de endeudamiento, que pudieron acceder a viviendas financiadas por la banca comercial gracias al sistema de acreditar renta por medio de simples declaraciones juradas, cuando no derechamente a través del traspaso que el Minvu realizó a la banca comercial, principalmente por medio del Banco del Estado.
Que, naturalmente, los deudores Serviu-Banca y PET no fueron capaces de cumplir sus obligaciones, pues, en los hechos, pertenecían a un grupo socioeconómico con una capacidad de endeudamiento mínima o nula.
Que el precario y vulnerable sistema de acreditación socioeconómica, por una parte, y el traspaso de las deudas a la banca comercial fue desarrollado por el Estado a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ( Minvu ), lo que significa que la actual situación de endeudamiento de los deudores Serviu-Banca y PET no debió haberse producido si el Minvu hubiere adoptado un sistema que otorgara mayor certeza respecto del grado de endeudamiento que las personas podían enfrentar.
Que, como consecuencia de lo anterior, se ha irrogado un daño a los deudores Serviu-Banca y PET, que debe ser reparado, asumiendo su responsabilidad tanto el ente administrativo como las personas que obtuvieron sus créditos obligándose más allá de sus posibilidades (en los casos en que ello efectivamente ocurrió), pues, es un principio del Derecho, el que nadie puede aprovecharse de sus propios actos y, en consecuencia, es menester que asuman los deudores la cuota de responsabilidad que les cabe al intentar, a sabiendas, burlar el sistema de acreditación socioeconómica, lo que a la postre les ha importado un daño.
Que un modo de reparar el daño consiste en otorgar a los deudores denominados Serviu-Banca y PET un tratamiento similar al propuesto para dispensar a los deudores Serviu, esto es, subrogarles ante las entidades comerciales involucradas, cobrándoles a los deudores una suma equivalente a diez unidades de fomento, para aquellos deudores que se encuentren al día en el pago de sus obligaciones, y quince unidades de fomento para los que se encuentren en mora.
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que adopte todas las medidas pertinentes, destinadas a dar una solución real y efectiva a las personas titulares de créditos para la adquisición de viviendas sociales que mantengan deudas habitacionales, en los siguientes términos:
Los deudores del Serviu y del Serviu-Banca deberán pagar diez unidades de fomento, siempre que se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones, en caso contrario, quince unidades de fomento los que se encuentran en mora, condonándose el resto de la deuda.
A los deudores del Programa Especial de Trabajadores (PET) se les debe aplicar las medidas señaladas anteriormente, siempre que, como resultado de la aplicación de la Ficha de Protección Social, califiquen como familias de mayor vulnerabilidad social”.
El señor WALTER (Presidente).-
-Se levantó la sesión a las 20.47 horas.
1.	Informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente recaído en el proyecto de ley que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales. (boletín N° 3327-12) (S).
La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, iniciado en moción del Senador señor Antonio Horvath Kiss y de los ex senadores señores Rodolfo Stange Oelckers , Gabriel Valdés Subercaseaux , Ramón Vega Hidalgo y José Antonio Viera-Gallo Quesney , que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales (Boletín N° 3.327-12 (S)).
1)	El objetivo del proyecto, determinado por el Senado en el primer trámite constitucional, es dictar un proyecto de ley específico, que resuelva el vacío que tendrá una ley marco sobre protección de los animales -que tiene su origen en una moción que se encuentra en el Senado, en trámite de Observaciones del Presidente de la República - al no establecer sanciones para aquellas conductas que contravengan sus disposiciones. De esta manera, se precave que, por efecto de la publicación de dicha iniciativa y la derogación del artículo 291 bis del Código Penal que ella establece, la legislación en la materia carezca de normas punitivas para castigar el maltrato o crueldad con los animales.
2)	Normas de quórum especial
3)	Normas que requieran trámite de Hacienda.
4)	El proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los miembros presentes (Nueve votos a favor).
5)	Diputado informante : señor Roberto Sepúlveda Hermosilla .
Durante el análisis de esta iniciativa, concurrieron a la Comisión el Senador señor Antonio Horvart Kiss ; la Subsecretaria de Salud Pública, señora Lidia Amarales Osorio y el Jefe del Departamento Jurídico de ese Ministerio , señor Eduardo Díaz Silva ; el Jefe de la División Relaciones Políticas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , señor Patricio Rosende , y la Presidenta de Pro-animal Chile , señora Patricia Cocas González .
I. RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
El proyecto de ley sometido a conocimiento de la Cámara, se fundamenta en dar complementariedad a otra iniciativa legal cuya tramitación y circunstancias se explicarán a continuación.
En el año 1995, los diputados señoras Isabel Allende y María Angélica Cristi y señores Francisco Encina , Pedro Pablo Álvarez-Salamanca y Sergio Ojeda , los ex diputados señores Mario Acuña , Exequiel Silva , Víctor Reyes , José Makluf y Gutenberg Martínez y los actuales Senadores señores Nelson Ávila , Juan Pablo Letelier y Alejandro Navarro , presentaron la moción mencionada con anterioridad (Boletín Nº 1.721-12), que perseguía salvar un vacío existente en nuestra legislación referido a la protección de la salud y cuidado de los animales.
Tras una larga tramitación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, surgieron diversas discrepancias referidas a su contenido prescriptivo que debieron ser abordadas por una Comisión Mixta, cuya propuesta fue aprobada por el Congreso Nacional y comunicada a S.E. el Presidente de la República el 11 de marzo de 2003.
La proposición de la Comisión Mixta buscaba resolver las divergencias que surgieron entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto, referidas precisamente al tratamiento punitivo que se daría a las infracciones contempladas. En efecto, mientras la Cámara de Diputados aprobó una norma que sancionaba dichas conductas tipificándolas como delitos y entregaba su competencia a los tribunales del crimen, el Senado las calificó como contravenciones, radicó su conocimiento en los juzgados de policía local y propuso la derogación del artículo 291 bis del Código Penal .
La Comisión Mixta acordó aprobar la propuesta del Senado y mantener la derogación del mencionado artículo. Sin embargo, los artículos 12 y 13 sugeridos por dicha Comisión Mixta, no reunieron el quórum constitucional requerido, lo que implicó su rechazo. Dichos artículos establecían las sanciones aplicables a los actos de crueldad o maltrato de animales y fijaban la competencia de los tribunales para conocer de dichas infracciones.
La circunstancia consignada, a juicio del Ejecutivo , hizo indispensable vetar el proyecto con el fin de incorporar tales normas como una manera de salvar su coherencia normativa y propender a su eficacia.
Para evitar que se dicten normas que suelen ser inaplicables en la práctica, el Ejecutivo propuso reponer los artículos del Senado, esto es, calificar penalmente como falta o contravención el maltrato o crueldad con los animales y entregar competencia a los juzgados de policía local. Además, el Ejecutivo incorporó, mediante el veto, otras modificaciones formales tendientes a perfeccionar el texto legal.
Durante la discusión de las Observaciones de S.E. el Presidente de la República , en la Cámara de Diputados, no se obtuvo en la votación el quórum constitucional exigido para materias de rango orgánico constitucional, como lo son las contenidas en los artículos 12 y 13 del mencionado proyecto de ley, entendiéndose rechazados, por tanto, dichos preceptos.
Hacen presente los Senadores patrocinantes de esta moción que el Senado todavía se debe pronunciar acerca de las Observaciones en comentario. Sin embargo, explican, aun cuando se aprobaran los artículos 12 y 13, estas normas no podrían ser incluidas en la ley, por mandato del artículo 70 de la Constitución Política.
Por ello, agregan los Senadores que patrocinan la iniciativa, han considerado necesario dictar un proyecto de ley específico, que resuelva el vacío que tendrá una ley marco sobre animales al no tipificar conductas que contravengan sus disposiciones.
La idea que propugnan es tramitar en paralelo tanto el veto recaído en el proyecto de ley sobre protección de los animales, cuanto el presente proyecto de ley. De esta manera, estiman, se evita que por efecto de la publicación de la primera de las iniciativas y la derogación del artículo 291 bis del Código Penal que establece, la legislación en la materia carezca de normas punitivas para castigar el maltrato o crueldad con los animales.
La iniciativa que se somete a consideración intenta salvar las dificultades y objeciones suscitadas, mediante la tipificación de infracciones en la línea de lo que la Comisión Mixta planteó en su informe, pero corrigiendo aquellos aspectos que generaron controversia entre los parlamentarios.
El proyecto de ley aprobado por el Senado consta de diez artículos permanentes y uno transitorio.
Los artículos 1° y 2° establecen sanciones para quienes cometan actos de maltrato con los animales; el artículo 3° faculta al juez para conmutar las penas que se determinen por trabajos en beneficio de la comunidad, y establece el procedimiento y requisitos que se deben cumplir para éstas; los artículos 4°, 5° y 6° hacen referencia a ciertas condiciones que se deben cumplir cuando se utilice a animales en espectáculos o exhibiciones, o en otras actividades -sean éstas médicas o industriales-, cuando se produzca su beneficio o sacrificio, y las sanciones aplicables por contravenir dichas normas; los artículos 7° y 8° aluden, por un lado, al proceso educativo que debe imperar en los establecimientos educacionales, en lo referido al respeto y protección de los animales y al uso de éstos en procesos de laboratorio y experimentos y, por otro, a las sanciones aplicables por su incumplimiento; el artículo 9° hace, en todo caso, aplicable las normas sanitarias generales que tengan por objeto proteger la salubridad pública, y el artículo 10 estatuye que los métodos que se utilicen para resguardar la salubridad pública deberán ser racionales y evitar el sufrimiento innecesario de los animales. Finalmente, el artículo transitorio faculta al Presidente de la República para dictar un texto refundido, sistematizado y coordinado de los preceptos legales relacionados con la protección de animales.
a)	Discusión general.
Intervenciones en el seno de la Comisión.
a)	El señor Patricio Rosende , Jefe de la División de Relaciones Políticas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia , dio a conocer la opinión de dicho Ministerio.
Recordó que durante su tramitación, el boletín N° 1721-12 no obtuvo la mayoría necesaria para la aprobación de las sanciones aplicables a los actos de crueldad o maltrato animal, debido a la disparidad de criterios entre esta Corporación, que era partidaria de sancionar las conductas como delito, y el Senado, que optó por darles el carácter de contravenciones. En la Comisión Mixta se mantuvo este último criterio, el que fue rechazado por la Cámara, circunstancia que dio origen al problema que se pretende solucionar a través de esta iniciativa legal. Indicó que es de interés del Ejecutivo que esta última sea promulgada conjuntamente con la correspondiente al boletín N° 1721-12, razón por la cual el artículo transitorio faculta al Presidente de la República para refundir ambos textos en una sola ley de protección animal.
b)	La señora Patricia Cocas González , Presidenta de Pro-animal Chile , luego de hacer una breve referencia a los fundamentos del proyecto de ley, formuló observaciones al mismo.
Hizo presente que esta iniciativa guarda relación con la moción sobre protección de los animales (boletín N° 1721-12), cuyo texto aprobado por el Congreso deroga el artículo 291 bis del Código Penal, única norma que consagra sanciones para el que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales. Indicó que dicha supresión se debe a que el mencionado proyecto de ley proponía establecer otras sanciones, a fin de que todo lo referente a la protección animal fuese regulado en un solo cuerpo legal. Advirtió que, sin embargo, durante su tramitación, estas sanciones fueron eliminadas, conservándose sólo disposiciones más bien de carácter declarativo.
En razón de lo anterior, aludió a la gravedad que supondría la dictación de una ley de este tipo que deje en la impunidad los actos de maltrato animal, motivo por el cual valoró el proyecto de ley en actual discusión, cuyo objetivo es precisamente llenar ese vacío, por la vía de reponer las sanciones penales y administrativas, de modo que la protección animal sea más íntegra y efectiva. Destacó el compromiso asumido por el Ejecutivo , en orden a que esa moción no se convertirá en ley hasta que no sea despachada por el Congreso la iniciativa legal que se analiza, de modo que los textos de ambos puedan ser promulgados en forma simultánea, para posteriormente ser refundidos.
No obstante, planteó que el artículo 291 bis ha sido aplicado sin dificultades por los tribunales de justicia, motivo por el cual sugirió mantener dicha norma en el Código Penal, con lo cual se contribuiría a evitar la dispersión de sanciones penales en distintas leyes. Por ello, propuso que en los tipos penales de los artículos 1° y 2° se efectuase simplemente un reenvío a la mencionada norma y que el contenido en este último sea incorporado dentro de las faltas contempladas en el artículo 494 del Código Penal.
Votación en general del proyecto.
La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por la moción y luego de recibir las opiniones, explicaciones y observaciones de las personas individualizadas precedentemente, que permitieron a sus miembros formarse una idea de la importancia de este proyecto procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Accorsi , Alvarez-Salamanca , Girardi , Meza , Palma, Pascal , Quintana , Sepúlveda y Venegas .
b)	Discusión particular.
Durante la discusión del articulado del proyecto, la Comisión llegó a los siguientes acuerdos:
Tiene por objeto sancionar, a quien cometa actos de maltrato o de crueldad con animales, con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de una a veinte unidades tributarias mensuales, o sólo con esta última.
El Senador Horvath (uno de los autores de la moción) hizo presente que la norma propuesta es muy similar a la contemplada en el artículo 291 bis del Código Penal, que se propone derogar en el boletín N° 1721-12, ya que sólo se modificaron las unidades económicas en las cuales está expresada la multa, a fin de actualizarla, por cuanto en la mencionada disposición la pena pecuniaria está expresada en ingresos mínimos mensuales.
Durante el debate, se hizo presente que la presidenta de Pro-animal propuso que se mantuviera el artículo 291 bis del Código Penal, y que este artículo 1°, simplemente efectuara un reenvío a las sanciones contempladas en dicha norma. Igualmente, se dejó constancia de que el monto de la multa propuesta es levemente inferior a la contemplada en el citado artículo 291 bis.
-Sometido a votación el artículo propuesto por el Senado, fue aprobado por unanimidad.
Tiene por objeto sancionar con la pena de multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales al que, sin incurrir en la conducta descrita en el artículo anterior, deja a un animal en situación de peligro o de padecer sufrimiento innecesario.
Durante el debate, se hizo notar que la Presidenta de Pro-animal era partidaria de incorporar un nuevo numeral en el artículo 494 del Código Penal, con el fin de contemplar en él la norma sugerida.
No obstante, se convino en que la propuesta precedente aborda un aspecto meramente formal, ya que en lo referente al fondo es plenamente coincidente con la norma en debate, tanto en lo que respecta a la tipificación de la conducta que se sanciona como a la pena asignada.
Faculta al juez para conmutar la pena de multa aplicada en los casos de simple delito, por actividades determinadas en beneficio de la comunidad, las que deberán fijarse de común acuerdo con el infractor. Establece la forma en que se determinará la duración de estos servicios, las menciones que debe contener la resolución judicial a este respecto y dispone que la conmutación quedará sin efecto por el solo ministerio de la ley en caso de que no se realicen en forma cabal y oportuna los trabajos determinados por el tribunal, debiendo cumplirse íntegramente la sanción originalmente aplicada, a menos que el juez, por resolución fundada, determine otra cosa.
Algunos señores Diputados señalaron que, si bien la redacción de la norma permite que los trabajos se realicen en cualquier tipo de institución que preste servicios a la comunidad, los municipios carecen de un sistema que permita la realización de estos trabajos o servicios, razón por la cual se ha presentado un proyecto de ley para exigir que las municipalidades cuenten con programas para estos efectos, cuya tramitación debería ser priorizada, en consideración a lo que se propone en esta iniciativa legal.
Exige que los circos, parques zoológicos y otros lugares destinados al espectáculo o exhibición de los animales; los laboratorios de diagnóstico veterinario; los establecimientos destinados a la producción industrial de animales y sus productos, y los locales comerciales establecidos para la compraventa de animales, cuenten con las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de su salud, así como también que adopten las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas.
Se pretende regular los lugares donde existen animales y asegurar que las actividades comerciales brinden garantías respecto de que se evitará el sufrimiento innecesario y se propenderá, en la medida de lo posible, al bienestar animal.
Durante el debate se manifestaron dudas en torno a la entidad encargada de establecer las exigencias que deben cumplir las instalaciones y de fiscalizar su cumplimiento. Sobre el particular, se hizo presente que se creará un Comité de Bioética Animal de carácter permanente, que deberá dictarse un reglamento y que, en virtud de lo que se propone en el artículo 6° de esta iniciativa legal, la fiscalización corresponderá al Servicio Agrícola y Ganadero.
Establece que en el beneficio y sacrificio de los animales deberán emplearse métodos racionales tendientes a evitarles sufrimientos innecesarios y que el reglamento determinará los procedimientos técnicos que, con esa finalidad, deberán emplear los establecimientos industriales no regulados en la ley Nº 19.162 , destinados al beneficio de animales que provean de carne, pieles, plumas u otros productos.
-Sometido a votación el artículo propuesto por el Senado, fue aprobado por unanimidad, sin debate.
Sanciona la infracción de lo dispuesto en los artículos 4º y 5º, y en las normas relacionadas con el transporte de ganado mayor y menor, con multa de una a cincuenta unidades tributarias mensuales, que puede elevarse al doble en caso de reincidencia. Asimismo, dispone que lo anterior será fiscalizado por el Servicio Agrícola y Ganadero, aplicándose el procedimiento de sanción y reclamo contenido en el Párrafo IV, Título I, de la ley Nº 18.755. Finalmente, establece que en el caso de las especies hidrobiológicas, la fiscalización de las disposiciones de esta ley será ejercida por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, personal de la Armada y Carabineros, según corresponda a la jurisdicción de cada una de estas instituciones, aplicándose para las sanciones correspondientes el procedimiento señalado en el artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Dispone que el proceso educativo, en sus niveles básico y medio, deberá inculcar en el educando el sentido de respeto y protección a los animales. Asimismo, prohíbe la realización de experimentos en animales vivos en dichos niveles de la enseñanza, salvo en las escuelas o liceos agrícolas, así como en la educación superior, en que los referidos experimentos deberán ser autorizados por el director de la escuela o liceo o por el decano de la facultad respectiva cuando sean indispensables y no puedan ser reemplazados por la experiencia acumulada o métodos alternativos de aprendizaje para los fines de formación que se persigan.
Planteada la idea de que el contenido de esta norma sea incluido en los programas de estudio del Ministerio de Educación, se indicó que sería inconveniente modificar, mediante esta iniciativa legal, dichos programas, por lo que sólo cabría esperar que éstos se ajusten a las exigencias que se han incorporado en este artículo.
Otorga competencia a la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Educación para sancionar las infracciones al artículo anterior, previa audiencia del establecimiento educacional afectado. Asimismo, establece un procedimiento de reclamación de la sanción ante el Subsecretario de Educación y fija un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la respectiva resolución, para deducir el reclamo.
Durante el debate, se hizo presente que debería precisarse que la audiencia previa debe realizarse con el director o con el representante del establecimiento educacional. Por otra parte, se advirtió que en la norma propuesta no se especifican las sanciones que serán aplicadas ni se hace referencia a la normativa que pudiera contemplarlas.
Esta disposición hace un reenvío a todas aquellas normas de carácter sanitario que entreguen atribuciones a la autoridad respectiva y que tengan por objeto proteger la seguridad de la salud de la población.
Tiene por objeto agregar un inciso segundo al artículo 77 del Código Sanitario, con la finalidad de establecer el deber de utilizar métodos racionales que tiendan al mínimo riesgo de las personas pero, a su vez, que eviten el sufrimiento innecesario de los animales vertebrados en uso de la facultad establecida en la letra f) del artículo 77 , cuando se trate de la protección del medio ambiente contra insectos, roedores y otros animales capaces de transmitir enfermedades al hombre.
Faculta al Presidente de la República para fijar un texto refundido, sistematizado y coordinado de los preceptos legales atingentes a la protección de los animales.
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.
V. ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN PARTICULAR..
“Artículo 1º.- El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de una a veinte unidades tributarias mensuales, o sólo a esta última.
Artículo 2º.- El que sin incurrir en la conducta sancionada en el artículo anterior, dejare a un animal en situación de peligro o de padecer sufrimiento innecesario, sufrirá la pena de multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales.
Artículo 3º.- En los casos de simple delito en que la pena aplicada sea multa, el Juez podrá conmutarla por actividades determinadas en beneficio de la comunidad, las que deberán fijarse de común acuerdo con el infractor.
La duración de estos servicios a la comunidad se establecerá reduciendo el monto de la multa a días, a razón de uno por cada quinto de unidad tributaria mensual, los que podrán fraccionarse en horas para no afectar la jornada laboral o escolar del infractor. Para este efecto, se entenderá que el día comprende ocho horas laborales. En todo caso, los servicios se desarrollarán durante un máximo de ocho horas a la semana, y podrán incluir días sábados y feriados.
La resolución que el juez dicte deberá señalar expresamente el tipo de servicio que prestará el infractor, el lugar donde se realizará, su duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento. La no realización cabal y oportuna de los trabajos determinados por el tribunal, dejará sin efecto la conmutación por el solo ministerio de la ley, y deberá cumplirse íntegramente la sanción originalmente aplicada, a menos que el juez, por resolución fundada, determine otra cosa.
Artículo 4º.- Los circos, parques zoológicos y otros lugares destinados al espectáculo o exhibición de los animales; los laboratorios de diagnóstico veterinario; los establecimientos destinados a la producción industrial de animales y sus productos, y los locales comerciales establecidos para la compraventa de animales, deberán contar con las instalaciones adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de su salud. Asimismo, deberán adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas.
Artículo 5º.- En el beneficio y sacrificio de animales deberán emplearse métodos racionales tendientes a evitarles sufrimientos innecesarios.
Artículo 6º.- La infracción de los artículos 4º y 5º de esta ley, así como de las normas relacionadas con el transporte de ganado mayor y menor, será sancionada con multa de una a cincuenta unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la multa podrá elevarse al doble. El cumplimiento de la normativa señalada en este inciso será fiscalizado por el Servicio Agrícola y Ganadero, aplicándose el procedimiento de sanción y reclamo contenido en el Párrafo IV, Título I, de la ley Nº 18.755.
Artículo 7º.- El proceso educativo, en sus niveles básico y medio, deberá inculcar en el educando el sentido de respeto y protección a los animales, como seres vivientes y sensibles que forman parte de la naturaleza.
Artículo 8º.- Las infracciones al artículo anterior serán sancionadas por la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Educación, previa audiencia del establecimiento educacional afectado. De la sanción podrá reclamarse ante el Subsecretario de Educación en un plazo de cinco días hábiles, contados desde la notificación de la respectiva resolución.
Artículo 9º.- Las normas de esta ley son sin perjuicio de las atribuciones legales que correspondan a la autoridad sanitaria y que tengan por propósito proteger la seguridad sanitaria pública.
Artículo 10.- Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo, al artículo 77 del Código Sanitario:
Artículo transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que fije el texto refundido, sistematizado y coordinado de los preceptos legales atingentes a la protección de los animales, reuniendo disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas, introducir cambios formales, sea en cuanto a redacción, titulación, ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean indispensables para su coordinación y sistematización.”.
Se designó diputado informante al señor Roberto Sepúlveda Hermosilla .
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 11 de octubre, 8 y 15 de noviembre, 6 de diciembre de 2006, y 9 de mayo de 2007, con asistencia de los Diputados señores Enrique Accorsi Opazo ( Presidente ), Eugenio Bauer Jouanne , Francisco Chahuán Chahuán , Enrique Estay Peñaloza , Alejandro García-Huidobro Sanfuentes , Guido Girardi Briere , Fernando Meza Moncada , Osvaldo Palma Flores , Denise Pascal Allende , Jaime Quintana Leal , Roberto Sepúlveda Hermosilla , Patricio Vallespín López y Mario Venegas Cárdenas .
Concurrieron también, a algunas de las sesiones, los Diputados señores Pedro Álvarez-Salamanca Büchi , Alfredo De Urresti Longton , Enrique Jaramillo Becker , Clemira Pacheco Rivas y Manuel Rojas Molina ,
Sala de la Comisión, a 10 de mayo de 2007.-
(Fdo.): ANA MARÍA SKOKNIC DEFILIPPIS , Abogada Secretaria de la Comisión ”.
?Santiago, 11 de mayo de 2007
Oficio Nº 1046
Tengo a bien poner en conocimiento de Ud. copia autorizada de la sentencia de fecha 8 de mayo de 2007, dictada por el Excmo. Tribunal Constitucional en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, Rol Nº 473-2006, caratulada “Sociedad Legal Minera San Armando Uno de Sierra Gorda con Venegas Navarro, Juan ”.
Oficio Nº 1050
Tengo a bien poner en conocimiento de Ud. copia autorizada de la sentencia de fecha 8 de mayo de 2007, dictada por el Excmo. Tribunal Constitucional en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 517-2006, caratulada Sociedad Minera Unión Particular con Compañía Minera Tamaya S.M.
Oficio Nº 1036
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada de la sentencia, dictada por el Tribunal Constitucional con fecha 8 de mayo de 2007, en el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 96 del Código de Minería, Rol Nº 535, en el proceso caratulado “Sociedad Minera Atocha con Compañía Minera Tamaya SCM”, Rol 418-04, que se tramite ante el Primer Juzgado de Letras Civil de Ovalle .