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Timestamp: 2019-06-16 04:40:54
Document Index: 205021640

Matched Legal Cases: ['artículo 235', 'artículo 54', 'artículo 84', 'artículo 59', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 123', 'artículo 10', 'artículo 123', 'artículo 123', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 59', 'artículo 49', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 20', 'artículo 120', 'artículo 4']

Real Decreto por el que se adecuan Determinados Procedimientos Administrativos en materia de Transportes y Carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 197729101
Real Decreto por el que se adecuan Determinados Procedimientos Administrativos en materia de Transportes y Carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto)
ANEXO I. Nueva redaccion del Capítulo IV-Procedimiento sancionador-del Título VI y de los articulos 297, 298 y 299 del Reglamento de la Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre - arts. 203 a 299
ANEXO II. Reglamento del Procedimiento Sancionador de las Infracciones en el Ambito de la Marina Civil establecidas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
CAPÍTULO III. Fase de instrucción - arts. 5 y 6
CAPÍTULO IV. Resolución - arts. 7 y 8
ANEXO III. Procedimientos administrativos de la Dirección General de Aviación Civil y AENA
Norma citada en: 1013 sentencias, 8 artículos doctrinales, 19 resoluciones administrativas, una noticia
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su disposición adicional tercera , dispone la adecuación a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos administrativos. Los procedimientos vigentes en materia de transportes terrestres, aviación civil y marina mercante reclaman, por la singularidad de la regulación de estos sectores, una adecuación en puntos concretos relativos, fundamentalmente, a los efectos de los actos presuntos y al ejercicio de la potestad sancionadora.
En el marco, por tanto, de la Ley 30/1992, se introducen en ellos determinadas innovaciones para garantizar la mejor ordenación de los distintos servicios de transporte y la seguridad de los diferentes tráficos, así como la correcta utilización del dominio público que a ellos se vincula. Estas medidas de adecuación de los procedimientos se acompañan de algunas normas complementarias para resolver problemas concretos o regular con cáracter transitorio los mismos, hasta tanto se produce el desarrollo reglamentario de determinadas leyes sectoriales. Entre estas normas de carácter complementario y transitorio figuran las referentes a carreteras, cuya Ley, de 29 de julio de 1988, se encuentra en este supuesto, que vienen a regular los efectos de los actos presuntos, aspecto éste que, por recibir el mismo tratamiento que el previsto para los distintos sectores del transporte, tiene perfecto encaje en el presente Real Decreto.
Se modifican el capítulo IV del Título VI y los artículos 297, 298 y 299 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en los términos que figuran en el anexo I.
Se aprueba el Reglamento del procedimiento sancionador de las infracciones en el ámbito de la Marina Civil establecidas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que se incluye como anexo II.
Las solicitudes de otorgamiento, visado o modificación de autorizaciones previstas en la legislación de Ordenación de los Transportes Terrestres, que no hayan sido resueltas en el plazo de cinco meses desde la fecha de su presentación, podrán entenderse desestimadas a efectos de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La extinción de las autorizaciones para la realización de transporte por carretera y actividades auxiliares y complementarias del mismo, se producirá automáticamente cuando se incumpla la obligación de solicitar el correspondiente visado, aportando la documentación exigible, de acuerdo con las normas sustantivas de ordenación del transporte terrestre.
Contra las resoluciones de los procedimientos de otorgamiento, visado, modificación o extinción de autorizaciones de transporte por carretera y actividades auxiliares y complementarias del mismo podrá interponerse recurso ordinario. Los recursos, en el caso de que las resoluciones sean de competencia de órganos de la Administración del Estado, serán resueltos por el Director general del Transporte Terrestre. Si correspondiera a éste la competencia, los recursos serán resueltos por el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Contra las resoluciones de los procedimientos relativos a las autorizaciones previstas en el artículo 235 y el Título VIII del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres podrá interponerse recurso ordinario cuando la competencia para resolver corresponda a los Gobernadores civiles o Delegados del Gobierno; en estos casos los recursos serán resueltos por el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. En los casos en que la competencia para resolver los procedimientos corresponda al Director general del Transporte Terrestre, las resoluciones pondrán fin a la vía administrativa.
Las solicitudes de autorizaciones y concesiones cuyo contenido afecte al dominio público, tráfico y navegación aéreos, previstas en la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, y disposiciones dictadas para su desarrollo y aplicación, así como a la ocupación y utilización de espacios en los recintos aeroportuarios, podrán entenderse desestimadas si no se hubieran resuelto de manera expresa en el plazo establecido para ello. Los procedimientos de aplicación en la materia, plazos para resolver, órganos competentes para dictar resolución y régimen de recursos son los recogidos en el anexo III.
Las solicitudes de autorizaciones y concesiones en materia de marina mercante reguladas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y demás normativa de aplicación, así como las previstas en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, podrán entenderse desestimadas si no se dictara resolución expresa en el plazo establecido para ello.
Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el presente Real Decreto y en los anexos que se aprueban, se aplicarán las normas correspondientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, las contenidas en las disposiciones que, con carácter general, regulen el procedimiento para el otorgamiento o extinción de las autorizaciones o el sancionador, según proceda.
Los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto iniciados con anterioridad a su entrada en vigor se regirán por la normativa anterior.
A las resoluciones de los citados procedimientos en materia de autorizaciones y concesiones adoptadas con posterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto se les aplicará el sistema de recursos establecido en el capítulo II del Título VII de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La exigencia de motivación de las autorizaciones contenida en el Real Decreto 1778/1994, por el que se adecuan a la Ley 30/1992 las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones no será de aplicación, al otorgamiento, visado o modificación de las autorizaciones previstas en la legislación de Ordenación de los Transportes Terrestres, hasta el 1 de enero de 1995 salvo en los supuestos directamente previstos por el artículo 54 de la citada Ley 30/1992.
Quedan derogadas cuantas disposiciones reguladoras de los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cualquiera que sea su rango, se opongan o contradigan lo dispuesto en el mismo.
Se autoriza al Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto.
ANEXO I Nueva redaccion del Capítulo IV-Procedimiento sancionador-del Título VI y de los articulos 297, 298 y 299 del Reglamento de la Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre Artículos 203 a 299
1. La competencia para resolver los procedimientos sancionadores previstos en el presente título corresponderá, según los casos, a las Comunidades Autónomas a las que les esté atribuida de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en relación con los transportes terrestres, a los Gobernadores civiles o Delegados del Gobierno de la provincia en que se haya cometido la infracción, o a los órganos centrales de la Administración del Estado a los que le esté expresamente conferida.
Ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al interesado por el órgano correspondiente, salvo cuando ésta no sea necesaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, éste elevará propuesta de resolución al órgano que legal o reglamentariamente tenga atribuida la competencia sancionadora para que dicte la resolución que proceda.
Las comunicaciones que se remitan para su anotación en el Registro contendrán como mínimo los datos siguientes: número de expediente; nombre y apellidos y domicilio del infractor; número de su documento nacional de identidad o código de identificación fiscal, en su caso; matrícula del vehículo; fecha de la infracción; breve exposición de los hechos sancionados y preceptos infringidos, así como la sanción impuesta; fecha de la resolución sancionadora y en la que se puso fin a la vía administrativa, y todos aquellos datos que se consideren necesarios para el correcto tratamiento informático a efectos de la agravación por reincidencia legalmente prevista. La información del Registro relativa a infracciones y sanciones estará a disposición de todas las Administraciones Públicas a las que afecte o interese.
Cuando intentada la notificación en el domicilio del denunciado no se hubiera podido practicar, se remitirá la misma a la Embajada correspondiente a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 59.4, segundo párrafo, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, entendiéndose así realizada definitivamente la notificación.
Los apartados 1 y 2 quedan redactados de la forma siguiente:
El apartado 2 queda redactado de la forma siguiente:
El apartado 2 queda redactado de la manera siguiente:
ANEXO II Reglamento del Procedimiento Sancionador de las Infracciones en el Ambito de la Marina Civil establecidas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante Artículos 5 a 8
El ejercicio de la potestad sancionadora, en supuestos de infracciones en materia de Marina Civil tipificadas en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se acomodará a lo previsto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, con las singularidades establecidas en los artículos siguientes.
ARTÍCULO 2 Organos competentes.
Serán competentes para acordar la iniciación del procedimiento sancionador, el Director general de la Marina Mercante para las infracciones muy graves y el Capitán Marítimo para las graves y leves.
Será competente para la instrucción el funcionario de la Dirección General de la Marina Mercante o de la Capitanía Marítima designado por el órgano competente para iniciar el procedimiento, sin que sea imprescindible que el instructor preste sus servicios en el mismo órgano que lo inicie.
En todo caso deberá entenderse que el funcionario designado para la instrucción del procedimiento tendrá el carácter de órgano instructor.
Para la resolución serán órganos competentes los preceptuados en el artículo 123.1 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.3 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, se desconcentra la titularidad y el ejercicio de la competencia sancionadora en los siguientes órganos:
Por infracciones muy graves cuya sanción corresponde al Consejo de Ministros a tenor de lo que se dispone en el artículo 123.1.e) de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, en el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a propuesta del Secretario general para los Servicios de Transportes.
Por infracciones muy graves cuya sanción corresponde al Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente a tenor del artículo 123.1.d) de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, en el Secretario general para los Servicios de Transportes, a propuesta del Director general de la Marina Mercante.
ARTÍCULO 3 Actuaciones previas.
Si identificados los presuntos responsables tuviesen los mismos domicilio en un país extranjero se les podrá requerir para que señalen uno radicado en España a efectos de notificación. De no hacerlo así se les notificará en su domicilio del extranjero. Cuando intentada la notificación en el domicilio del país extranjero no se hubiera podido practicar, se remitirá la misma a la Embajada correspondiente a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 59.4, segundo párrafo, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, entendiéndose así realizada definitivamente la notificación.
Siempre que los presuntos responsables residan en el extranjero o cuando, residiendo en España, fuera necesario cumplimentar algún trámite en el extranjero, se hará efectiva la posibilidad de ampliación de plazos a que se refiere el artículo 49.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
ARTÍCULO 4 Medidas de carácter provisional.
Además de las medidas provisionales expresamente previstas en el artículo 15 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, será posible la retención del buque o de los buques intervinientes en los hechos constitutivos de posibles infracciones en el ámbito de la Marina Civil, con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, hasta tanto se constituya aval o garantía suficiente a juicio del órgano que haya adoptado dicha medida provisional.
CAPÍTULO III Fase de instrucción Artículos 5 y 6
ARTÍCULO 5 Medios de prueba.
En los procedimientos iniciados por causa de presunta contaminación del medio marino se procurará utilizar medios de prueba que permitan constatar la introducción directa o indirecta en el medio marino de sustancias, materiales o formas de energía que puedan constituir peligro para la salud humana, perjudicar los recursos biológicos, turísticos o paisajísticos, reducir las posibilidades de esparcimiento u obstaculizar otros usos legales de los mares, en la medida en que dicha introducción fuera contraria a la legislación vigente o no contara con la debida autorización.
En cualquier caso deberán concretarse los extremos acerca de los que se solicitan los informes, análisis o pruebas, pudiendo señalarse las clases y número de los mismos a realizar, así como las sustancias o elementos contaminantes que se pretendan encontrar o cualquier otra indicación que sirviera para poner de manifiesto la comisión de la infracción y el grado de gravedad de la misma.
ARTÍCULO 6 Valor probatorio.
Las actas de inspección levantadas por los inspectores adscritos a los órganos de la Administración marítima, así como las actas de constatación de hechos acaecidos provenientes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil o de otros órganos de la Administración española o extranjera, siempre que se formalicen observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio respecto de los hechos reflejados en las mismas, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los presuntos responsables.
CAPÍTULO IV Resolución Artículos 7 y 8
ARTÍCULO 7 Plazo para resolver.
El plazo máximo para la tramitación del procedimiento que este Reglamento regula será de ocho meses, contados a partir de la fecha del acuerdo de iniciación, sin perjuicio de las posibles interrupciones de su cómputo a que hace referencia el artículo 20.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
En virtud de lo establecido en el artículo 120.11 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la imposición de sanciones graves y muy graves, una vez que sean firmes las correspondientes resoluciones, se publicará en los tablones de anuncios de las Capitanías Marítimas y en los medios de comunicación que se estimen oportunos, en función de la relevancia o grado de responsabilidad o de cualesquiera otras circunstancias de la infracción cometida.
El Capitán Marítimo podrá poner en conocimiento de aquellas personas físicas o jurídicas que estime conveniente las resoluciones sancionatorias, a fin de reforzar la publicidad de las sanciones impuestas y la ejemplaridad de las mismas.
ANEXO III Procedimientos administrativos de la Dirección General de Aviación Civil y AENA
Denominación del procedimiento / Plazo máximo para tramitar / Organo competente / Régimen de recursos
Concesión permisos propaganda comercial aérea. / Tres meses. / Para tramitar:
Gobierno Civil de la provincia de la Comunidad Autónoma.
Dirección General de Aviación Civil. / Ordinario ante el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Concesión permisos para fotografía cartográfica. / Tres meses. / Dirección General de Aviación Civil. / Ordinario ante el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Concesión permisos Escuelas de Pilotos Privados. / Tres meses. / Dirección General de Aviación Civil. / Ordinario ante el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Concesión de permisos Escuelas de Aerostación. / Tres meses. / Dirección General de Aviación Civil. / Ordinario ante el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Autorización apertura campo de vuelo. / Tres meses. / Dirección General de Aviación Civil. / Ordinario ante el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Autorización de Escuelas de Vuelo. / Tres meses. / Dirección General de Aviación Civil. / Ordinario ante el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Autorización de Aeródromos privados. / Diez meses. / Para tramitar:
Acuerdo conjunto Ministerios de Defensa y de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (artículo 4.a) del Real Decreto Legislativo 12/1978, de 27 de abril). / -
Autorización empresas de trabajos aéreos. / Seis meses. / Dirección General de Aviación Civil. / Ordinario ante el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Concesión permisos para fotografía aérea. / Tres meses. / Dirección General de Aviación Civil. / Ordinario ante el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Expedición autorizaciones y certificados relacionados con la aeronavegabilidad. / Diez meses. / Dirección General de Aviación Civil. / Ordinario ante el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Acreditación compañías aéreas no comunitarias. / Tres meses. / Dirección General de Aviación Civil. / Ordinario ante el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Concesión de derechos de tráfico. / Tres meses. / Dirección General de Aviación Civil. / Ordinario ante el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Autorización actividades y otras en zonas de servidumbres aeronáuticas. / Tres meses. / Dirección General de Aviación Civil. / Ordinario ante el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Inscripción de aeronaves. / Tres meses. / Dirección General de Aviación Civil. / Ordinario ante el Secretario general para los Servicios de Transportes.
Autorizaciones y concesiones para el ejercicio de actividades en recintos aeroportuarios. / Seis meses. / Consejo de Administración de AENA. / -
Real Decreto de Adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativ...
ORDRE SLT/75/2010, de 10 de febrer, per la qual es detallen les taxes vigents del Departament de Salut, amb identificació dels serveis i de les quotes corresponents.
Resolución de 22 de octubre de 1984, del FORPPA, por la que se dictan normas para la campaña oleícola 1984-85, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1846/1984, de 10 de octubre.