Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20016349
Timestamp: 2019-05-25 01:06:00
Document Index: 178330688

Matched Legal Cases: ['artículo 305', 'ARTÍCULO 53', 'artículo72', 'ARTÍCULO 105', 'artículo 72', 'artículo 91', 'artículo 220', 'artículo 310', 'artículo 221', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 91', 'artículo 69', 'artículo 65', 'artículo 136', 'artículo 123', 'artículo 221', 'artículo 221', 'artículo 310', 'artículo 310', 'artículo 17', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 47', 'artículo 77', 'artículo 80', 'artículo 145', 'artículo 91', 'artículo 146', 'artículo 220', 'artículo 310', 'Artículo 77', 'Artículo 80', 'Artículo 146', 'Artículo 17', 'Artículo 34', 'Artículo 47', 'Artículo 53', 'Artículo 33', 'Artículo 145', 'Artículo 91', 'Artículo 69', 'Artículo 72', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 105', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 220', 'Artículo 310', 'artículo 91', 'artículo 13', 'artículo 90', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 220', 'artículo 177', 'artículo 220', 'artículo 146', 'artículo 146', 'Artículo 91']

C-228 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020016349CC-SENTENCIAC228200318/03/2003CC-SENTENCIA_C_228__2003_18/03/2003200163492003Sentencia C-228/03 JURISDICCION PENAL MILITAR-Criterios para delimitar ámbito de aplicación CODIGO PENAL MILITAR-Régimen completo debe respetar y desarrollar principios y valores constitucionales CODIGO PENAL MILITAR-Análisis expresión "ejemplarizante" PENA-Creación y aplicación PENA-Función de prevención FUNCION EJEMPLARIZANTE DE LA PENA EN CODIGO PENAL MILITAR-Carencia de precisión conceptual es inexequible CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES-Dosificación punitiva CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES-Conversión de sanciones penales de naturaleza diferente obedece a la aplicación del principio de favorabilidad CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES-Conversión de la sanción es exequible NORMA ACUSADA-Consagración diferencial entre codificación ordinaria y Penal Militar no vulnera ningún mandato constitucional POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA DE LA LEY PENAL-Legislador no puede desbordar en su ejercicio las garantías constitucionales HECHO PUNIBLE-Tiene previsto por la ley una pena determinada PENA-Sometida a prescripción si no se ha cumplido POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Causales de interrupción de la prescripción PRESCRIPCION DE LA PENA-No interrupción por comisión de un nuevo hecho punible PRESCRIPCION DE LA PENA-Interrupción por la comisión de un hecho delictivo nuevo contraría la Constitución CAUSAL DE AGRAVACION PUNITIVA-Conductas encaminadas a que se abandone la investigación mediante imputación falsa CAUSAL DE AGRAVACION PUNITIVA-Exequible CAUSAL DE AGRAVACION PUNITIVA-Desviación de la investigación vinculando a un tercero CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL-Finalidad de las obligaciones impuestas CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL-Aplicación de las obligaciones CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL-Obligaciones que se imponen no persiguen afectar de manera ilegítima la libertad de la persona CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL-Objeto de las obligaciones CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL-Suspensión por actos que no tengan relación directa con los fines perseguidos contraría la Constitución MEDIDAS DE SEGURIDAD-Aplicación a inimputables MEDIDAS DE SEGURIDAD-Dictamen pericial como requisito previo en la aplicación MEDIDAS DE SEGURIDAD-Principio de legalidad MEDIDAS DE SEGURIDAD-Finalidad MEDIDAS DE SEGURIDAD-No vulneración DELITO DE COBARDIA-Tipificación de la conducta DERECHOS FUNDAMENTALES-Prevalecen ante riesgo de pérdida o afectación grave CODIGO PENAL MILITAR-Legitimación a la Institución Armada para instaurar querella por delitos de injuria o calumnia se ajusta a la Constitución CODIGO PENAL MILITAR-Aplicación CODIGO PENAL MILITAR-Resarcimiento de perjuicios ante la jurisdicción contencioso administrativa vulnera derecho a la Administración de Justicia CODIGO PENAL MILITAR-No acceso a la parte civil de los documentos del proceso vulnera derecho de acceso a la administración de justicia Referencia: expediente D-4261
CONSTITUCIONALIDADAlfredo Beltrán SierraDemanda de inconstitucionalidad de los artículos 17 (parcial), 33 (parcial), 34 (parcial), 53, 69 (parcial), 72 (parcial), 77 (parcial), 80 (parcial), 91 (parcial), 101 (parcial), 102 (parcial), 105 (parcial), 136 (parcial), 137 (parcial), 145 (parcial), 146 (parcial), 220 (parcial), y 310 (parcial) de la ley 522 de 1999 ,por medio de la cual se expide el Código Penal Militar.D4261Identificadores20020016350true29911Versión original20016350Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad de los artículos 17 (parcial), 33 (parcial), 34 (parcial), 53, 69 (parcial), 72 (parcial), 77 (parcial), 80 (parcial), 91 (parcial), 101 (parcial), 102 (parcial), 105 (parcial), 136 (parcial), 137 (parcial), 145 (parcial), 146 (parcial), 220 (parcial), y 310 (parcial) de la ley 522 de 1999 ,por medio de la cual se expide el Código Penal Militar.
CODIGO PENAL MILITAR-Análisis expresión "ejemplarizante"
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 17 (parcial), 33 (parcial), 34 (parcial), 53, 69 (parcial), 72 (parcial), 77 (parcial), 80 (parcial), 91 (parcial), 101 (parcial), 102 (parcial), 105 (parcial), 136 (parcial), 137 (parcial), 145 (parcial), 146 (parcial), 220 (parcial), y 310 (parcial) de la ley 522 de 1999 "Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar."
La ciudadana Marcela Patricia Jiménez Arango, en uso del derecho consagrado en los artículos 40, numeral 6º, y 241, numeral 5º, de la Constitución Política, demandó la constitucionalidad de los artículos 17 (parcial), 33 (parcial), 34 (parcial), 53, 69 (parcial), 72 (parcial), 77 (parcial), 80 (parcial), 91 (parcial), 101 (parcial), 102 (parcial), 105 (parcial), 136 (parcial), 137 (parcial), 145 (parcial), 146 (parcial), 220 (parcial), y 310 (parcial) de la ley 522 de 1999 "Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar."
Por auto del doce (12) de septiembre de dos mil dos (2002), el Magistrado sustanciador rechazó la demanda con respecto al artículo 305 de la ley 522 de 1999, por existir cosa juzgada constitucional y la admitió con respecto a los demás artículos acusados. Por tanto, ordenó fijar en lista las normas parcialmente demandadas, dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, y comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la República, al señor Presidente del Congreso y al señor Ministro de Defensa con el objeto de que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas parcialmente demandadas.
ARTÍCULO 53. CONVERSIÓN DE MULTA EN ARRESTO.Cuando la multa hubiere sido impuesta como pena principal y única, y el condenado no la pagare o amortizare de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores, se convertirá en arresto equivalente al salario mínimo legal diario, por cada día de arresto. En este caso, el arresto no podrá exceder de cinco (5) años.
Si el juez decide extender el período de prueba más allá del tiempo de la condena, podrá prescindir de imponer al condenado, durante este período de exceso, las obligaciones señaladas en el artículo72 de este código.
ARTÍCULO 105. DURACIÓN.La persona sometida a medida de seguridad en ningún caso podrá permanecer recluida en un establecimiento psiquiátrico por más del tiempo máximo de pena fijado para el respectivo hecho punible.
La ciudadana Jiménez Arango, señala como inconstitucionales varios artículos contenidos en la ley 522 de 1999. Los cargos expuestos en su demanda pueden agruparse y resumirse de la siguiente manera:
En el término establecido para intervenir en la defensa o impugnación de las normas parcialmente acusadas presentó su escrito, la ciudadana Sandra Marcela Parada Aceros, designada por el Ministerio de Defensa Nacional, solicitando la exequibilidad de cada una de las disposiciones acusadas.
El señor Procurador General de la Nación, doctor Edgardo Maya Villazón, mediante concepto 3074 de noviembre 6 de 2002, solicitó a la Corte:
"1. Declararse Inhibida para fallar el fondo del asunto, en relación con los artículos 69, numeral 17, 105, 136, numeral 3 y 137 de la ley 522 de 1999.
2. DeclararExequibles los artículos 17, 33, 34 numerales 4, 47, 53, 77, 80, 101, 102, 145 y 146, únicamente en cuanto a los cargos analizados.
3. Declarar Exequible el artículo 72, numeral 5 bajo el entendido que los actos que puedan calificarse como mala conducta, deben circunscribirse a aquellos que tengan relación con los fines perseguidos con la condena de ejecución condicional.
4. Declarar Exequible la expresión "o si cometer un nuevo delito mientras está corriendo la prescripción" contenida en el artículo 91 de la Ley 522 de 1999, bajo el entendido que el sujeto sobre quien recae la condena pendiente de ejecución se encuentre bajo captura.
5. Declarar Inexequible la expresión "la cual se ejercerá a través de las acciones contenciosas administrativas de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo o las normas que lo modifiquen o complementen" contenida en el artículo 220 de la ley 522 de 1999.
6. Declarar Inexequible la expresión "y estos no podrán ser conocidos por la parte civil" contenida en el artículo 310 de la ley 522 de 1999."
La expresión "o si cometiere delito mientras está corriendo la prescripción" comporta una oración indeterminada en la medida en que se opone a la declaración de responsabilidad mediante el juicio y la sentencia proferida por autoridad judicial competente.
En sentencia C-368 de 2000, M.P. doctor Carlos Gaviria Díaz, esta Corporación manifestó que:
"En materia penal, la regla constitucional general es la jurisdicción penal ordinaria, y la excepción, la jurisdicción penal militar; para delimitar el ámbito de aplicación de esta última, se aplican los dos criterios concurrentes señalados en el artículo 221 de la Carta y desarrollados por la Ley 522 de 1999: el personal y el funcional. El criterio personal, desarrollado por los artículos 1°, 4° y 5° de dicha ley, indica que sólo sujetos calificados gozan de este fuero: de manera exclusiva, los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo; pero esa calidad no es, por sí sola, suficiente para optar de manera válida, cuando se trata de conocer de un asunto determinado, por la competencia excepcional de la jurisdicción especial; si así fuera, se configuraría un fuero meramente estamental contrario al ordenamiento constitucional vigente; por eso, el criterio personal debe concurrir con el criterio funcional, desarrollado en los artículos 2° y 3° de la ley citada, de acuerdo con los cuales, el fuero militar sólo opera para conocer y juzgar: a) aquellas conductas delictivas que sólo pueden ser cometidas en razón del servicio que prestan los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por requerir esos tipos penales de sujetos activos calificados, como es el caso en los delitos del centinela, la insubordinación o la cobardía; y b) otras conductas delictivas que no requieren necesariamente de ese sujeto activo calificado, pero que se relacionan con el servicio que prestan los miembros de las Fuerzas Armadas, pues constituyen omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones asignadas a esas instituciones."
En consecuencia, el Código Penal Militar contiene un régimen completo, tanto sustantivo como procesal, que debe respetar y desarrollar los principios y valores constitucionales, y además, estar acorde con los mismos principios y valores que se aplican para el régimen penal ordinario. Por ello, las diferencias existentes deben estar debidamente justificadas. (v gr. Sentencia C-358 de 1997 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz)
Dispone el artículo 17 de la Ley 522 de 1999: "La pena en el Derecho Penal Militar tiene función ejemplarizante, retributiva, preventiva, protectora, resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación".
Como se anotó, el cargo expuesto por la ciudadana demandante va en contra de la palabra subrayada, pues en su concepto, la valoración de la sanción penal utilizada como un "ejemplo" vulnera el principio de la dignidad humana.
Sobre este aspecto, en sentencia C-647 de 2001. M.P. doctor Alfredo Beltrán Sierra, se afirmó:
"En el orden lógico-jurídico a la pena la antecede el delito, o, expresado de otra manera, la pena es una consecuencia jurídica de la conducta punible conforme a la ley.
"Mediante la pena y en virtud de la definición legal, el Estado le impone a una persona determinada la carga de soportar una privación o disminución de bienes jurídicos que, de otra manera permanecerían intangibles frente a la acción estatal. Ello ocurre, desde luego, con las limitaciones que señalen la Constitución, la dignidad de la persona humana y el respeto a los derechos humanos.
"Si bien es verdad que la sociedad en el estado actual de su desarrollo acude a las penas como medio de control social, también lo es que a ella sólo puede acudirse como último recurso, pues el derecho penal en un Estado democrático sólo tiene justificación como la ultima ratio que se ponga en actividad para garantizar la pacífica convivencia de los asociados, previa evaluación de su gravedad, la cual es cambiante conforme a las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado.
"De lo expuesto deviene entonces, como obligado corolario que la pena, para tener legitimidad en un Estado democrático, además de ser definida por la ley, ha de ser necesariamente justa, lo que indica que, en ningún caso puede el Estado imponer penas desproporcionadas, innecesarias o inútiles, asunto éste que encuentra en Colombia apoyo constitucional en el artículo 2 de la Carta que entre otros fines asigna al Estado el de asegurar la "convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".
"Como quiera que el delito vulnera un bien jurídico protegido por la ley, la proporcionalidad de la pena exige que haya una adecuación entre la conducta delictiva y el daño social causado con ella, habidas las circunstancias que la agraven o la atenúen, lo que supone de suyo que la proporcionalidad traza los límites de la pena y la medida concreta de la misma, asunto que corresponde establecer al legislador e individualizar al juez dentro de los límites mínimos y máximos señalados por aquel, analizadas las circunstancias concretas de modo, de tiempo y de lugar, así como las particulares en que se sitúe el agente del delito, todo lo cual constituye el amplio campo donde se desarrolla la dosimetría penal.
"La necesidad de la pena exige de ella que sirva para la preservación de la convivencia armónica y pacífica de los asociados no sólo en cuanto ella por su poder disuasivo e intimidatorio evite la comisión de conductas delictuales, o por lo menos las disminuya, sino también en cuanto, ya cometidas por alguien, su imposición reafirme la decisión del Estado de conservar y proteger los derechos objeto de tutela jurídica y cumpla además la función de permitir la reincorporación del autor de la conducta punible a la sociedad de tal manera que pueda, de nuevo, ser parte activa de ella, en las mismas condiciones que los demás ciudadanos en el desarrollo económico, político, social y cultural.
"La utilidad de la pena, de manera ineluctable, supone la necesidad social de la misma; o sea que, en caso contrario, la pena es inútil y, en consecuencia, imponerla deviene en notoria injusticia, o en el regreso a la ley del talión, que suponía la concepción de la pena como un castigo para devolver un mal con otro, es decir, la utilización del poder del Estado, con la fuerza que le es propia, como un instrumento de violencia y vindicta institucional con respecto al individuo, criterio punitivo éste cuya obsolescencia se reconoce de manera unánime en las sociedades democráticas".
Analizada la norma contenida en el artículo 17 de la ley 522 de 1999 (Código Penal Militar), se encuentra por la Corte que la atribución de una función "ejemplarizante" a la pena, si se refiere al papel disuasivo de la misma, ya se encuentra comprendida dentro de la función preventiva que a ella le asigna la misma norma, por lo que podría considerarse superflua, circunstancia esta que de suyo no apareja inconstitucionalidad. Pero, si ello no es así, ocurre entonces que ha de atribuirse a esa expresión un significado normativo distinto y, así las cosas, "ejemplarizante" es una expresión vaga, imprecisa, susceptible de entendimientos distintos según el interprete, que podrían abarcar desde sinonimia con la función preventiva de la pena como ya se dijo, hasta llegar a significar colocar a alguien a la vista de lo demás como persona cuya indignidad la separa de ellos, que así podrían considerarse superiores, similar a lo que ocurría exponiendo al reo a la picota pública o al acusado de infringir preceptos de orden religioso en la época de la inquisición, como ocurría con los acusados de herejía o brujería, todo lo cual muestra a las claras que la carencia de precisión conceptual en asunto tan caro a la libertad y a la dignidad de la persona humana como una de las funciones de la pena, trae como consecuencia ineludible la de la declaración de su inexequibilidad por violación de la Constitución, especialmente en sus artículos 12 y 16, razones estas por las cuales, así se declarara por la Corte.
"La Constitución no establece que las normas procesales del Código Penal Militar deban ser idénticas a las del Código de Procedimiento Penal. Si las disposiciones de la legislación especial garantizan el debido proceso y se sujetan a la Constitución Política, en principio, no son de recibo las glosas que se fundamenten exclusivamente en sus diferencias en relación con las normas ordinarias, salvo que éstas carezcan de justificación alguna. La Constitución ha impuesto directamente una legislación especial y una jurisdicción distinta de la común. Por consiguiente, el sustento de una pretendida desigualdad no podrá basarse en la mera disparidad de los textos normativos". (Sentencia C-358 de 1997. M.P. doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).
De igual manera, en sentencia C-1068 de 2001 se dijo: "tratándose de ordenamientos diversos, cuya existencia encuentra sustento en la Constitución, las diferencias de régimen entre uno y otro no pueden dar lugar, por esa sola razón, a una decisión de inconstitucionalidad, sino que sería necesario acreditar que, en uno o en otro caso, la norma acusada es contraria a la Constitución".
Por ello habrá de declararse la inexequibilidad de la expresión "o si cometiere nuevo delito mientras está corriendo la prescripción" contenida en el artículo 91.
Establece el numeral 17 del artículo 69 de la ley 522 de 1999, como causal de agravación punitiva "el tratar de desviar la investigación descargando la responsabilidad en terceros".
"las obligaciones contempladas en el artículo 65 del C.P. no pueden tomarse como un gravamen que,ex novo, se impone a una persona, sino como las condiciones que el ordenamiento jurídico considera aplicables a quien ha sido afectado por una condena penal, en aquellos eventos en los cuales una valoración en concreto permita concluir que no requiere tratamiento penitenciario.
Reitera entonces la Corte que la obligación de observar buena conducta impuesta por el ordenamiento no es en si misma contraria a la Constitución, y que tampoco es desproporcionado, que a la infracción de ese deber por quien es beneficiario de los subrogados penales de suspensión condicional de la ejecución de la pena y de libertad condicional se le imponga como consecuencia la revocatoria del respectivo subrogado." (Se subraya)
Con todo, en lo que hace relación con al artículo 136 de la ley 522 de 1999 (Código Penal Militar) que tipifica el delito de cobardía, se observa por la Corte que la conducta allí descrita no es delictiva sino cuando al huir o eludir la responsabilidad "en zonas o áreas donde se cumplan operaciones de combate o en presencia del enemigo o de delincuentes", afecte al personal de la Fuerza Pública, requisito este sin el cual no se cumpliría con la tipicidad de la conducta a la cual se refiere la norma citada.
De esta suerte, ha de reiterarse por la Corte lo dicho en la sentencia C-563 de 30 de noviembre de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), en la cual en relación con el mismo delito, tipificado entonces por el artículo 123 del Código Penal Militar anterior (Decreto 2550 de 1988), se expreso que "así pues, el acto de valor (como todos los enunciados en las normas demandadas) que para un ciudadano común podría ser heroico, y cuya omisión no seria vergonzosa, para un militar seria apenas debido, y su incumplimiento motivo de baldón."
"A la vez, dentro de esa misma esfera de acción (la castrense), pueden darse hazañas que rebasan el mínimo de lo que razonablemente puede exigirse a un sujeto normal. La exigencia de valor demandable al soldado no puede equipararse al heroísmo. El primero encarna la ética del deber y el segundo pertenece a la ética de la aspiración." Y, más adelante, en la misma sentencia ya citada, se expreso por la Corte que "el soldado que va al combate puede sentir miedo, en cantidad e intensidad variables según su temperamento (animoso o apocado), el entrenamiento recibido y su grado de compromiso con la causa cuya defensa se le encomienda, pero no es incompatible ese "natural" temor con el comportamiento que se le demanda.
Pero éstas son, insiste la Corte, circunstancias que ha de valorar el juez en concreto a fin de establecer si es o no el caso de formular el reproche de cobardía y en qué grado. De allí la importancia, en los procesos por delitos militares, de un juez sabido y ecuánime y de un debido proceso riguroso."
Analizada por la Corte la disposición acusada, se encuentra que en virtud de ella se confiere legitimación para instaurar la querella por los presuntos delitos de injuria y calumnia a "la Institución Armada" a la que perteneció un "miembro difunto de la Fuerza Pública" cuando con la conducta respectiva se afecte "la memoria" de quien en vida formó parte de una Institución militar.
Para la Sala la legitimación que se confiere a la Institución Armada a la cual perteneció un miembro difunto de la Fuerza Pública para que pueda validamente instaurar la querella por los delitos de injuria o calumnia que al el se le imputen, se ajusta a la Constitución Política. En efecto, el Código Penal Militar solo se aplica conforme al artículo 221 de la Constitución cuando se trate de delitos en que puedan incurrir los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, lo que trae como consecuencia que la disposición acusada solo entre a operar cuando el hecho sea cometido por quien reúna esas calidades, y con respecto a otro miembro de la Fuerza Pública, es decir que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo requieren la pertenencia a ella. Del mismo modo, la calumnia o la injuria de que se trate debe estar relacionada de manera directa y próxima con el mismo servicio y, siendo ello así, nada se opone a que la Institución Armada a que perteneció en vida quien fue victima de la calumnia o la injuria pueda, validamente, querellarse contra el ofensor por cuanto se encuentra de por medio la actividad misma de esa Institución, por un hecho que se dice cometido por alguien que fue miembro de la Fuerza Pública cuando pertenecía a ella activamente y ese hecho guarda "relación con el mismo servicio", como se exige por el artículo 221 de la Carta, todo lo cual ha de entenderse sin perjuicio de que sea admisible la denuncia de los delitos de lesa humanidad o que atenten contra el derecho internacional humanitario. (Sentencia C-361 de 2 de abril/2001, M.P. Marco Gerardo Monroy C).
"Se vulnera el derecho a acceder a la administración de justicia de las víctimas y perjudicados con el delito cuya competencia está asignada a la justicia penal militar, por cuanto de una parte, no pueden acceder a dicha jurisdicción con la finalidad de obtener la reparación directa de los daños causados y de otra, el derecho a obtener una decisión judicial que solucione su conflicto en forma integral, al no tener el derecho a obtener una declaración judicial sobre los perjuicios ocasionados.
"El acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) no es sólo para hacerse parte dentro del proceso, sino también para que se le reconozcan sus derechos y dentro de estos, el derecho a ser indemnizado por los daños que se le han causado, a más del derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad de lo sucedido.
"En la forma como se ha previsto la institución de la parte civil en el Código Penal Militar, se desvirtúa su naturaleza misma que es esencialmente indemnizatoria y se le asigna una finalidad que no le es propia restándole toda efectividad y eficacia; además, se les limita o restringe el derecho a elegir entre el ejercer la acción civil dentro del proceso penal o fuera de éste ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, debiendo acudir única y necesariamente a ésta".
DécimoCuarta.- Análisis del último aparte del artículo 310 del Código Penal Militar.
De conformidad con el último inciso del artículo 310 del Código Penal Militar los documentos clasificados o reservados de la Fuerza Pública que se requieran en el proceso penal militar se llevarán en cuaderno separado "y éstos no podrán ser conocidos por la parte civil".
"la visión de la parte civil sólo interesada en la reparación económica, debe ser abandonada. La víctima de un delito o los perjudicados por éste tienen derecho a participar en el proceso penal no sólo para obtener el resarcimiento pecuniario, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. Incluso, pueden intervenir con la única finalidad de buscar la verdad y la justicia, sin que se les pueda exigir demostrar un daño patrimonial o una pretensión de esta naturaleza. Así, la parte civil es un sujeto procesal en sentido pleno.
Esta concepción de la parte civil tiene trascendencia en la definición y alcances de la participación de la víctima o los perjudicados tanto durante la investigación preliminar como dentro del proceso penal. Por ejemplo, si sus derechos no están limitados a la búsqueda de una reparación económica, la solicitud y presentación de documentos e información relevante también podrá estar orientada a contribuir al esclarecimiento de la verdad y a reducir el riesgo de impunidad y no sólo a demostrar la existencia de un perjuicio ni a cuantificar el daño material. Esta concepción también tiene implicaciones tanto en materia de los recursos que puede interponer contra decisiones que puedan afectar sus derechos a la verdad y a la justicia, como respecto la necesidad de que las providencias que puedan menoscabar sus derechos sean conocidas oportunamente por la parte civil para que pueda controvertirlas. Por ende, está legitimada, por ejemplo, para impugnar decisiones que conduzcan a la impunidad o no realicen la justicia." (Se subraya) (Sentencia C-228 de 2002. Magistrados Ponentes, doctores. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett)
Por todo lo anterior, es ostensible que la expresión "y éstos no podrán ser conocidos por la parte civil" es inconstitucional y así se declarará.
Primero.- Declarar inexequible la expresión "ejemplarizante" contenida en el artículo 17 de la Ley 522 de 1999.
Segundo.- Declarar exequible la expresión "para los efectos del inciso anterior, tres (3) días de arresto equivalen a uno (1) de prisión" contenida en el artículo 33 de la Ley 522 de 1999.
- La expresión "Cualquiera sea el daño que se le ocasione", contenida en el artículo 34 numeral 4 inciso 2 de la Ley 522 de 1999.
- La expresión " 1. Prisión hasta sesenta (60) años", contenida en el artículo 47 de la Ley 522 de 1999.
- La expresión "y hasta una tercera parte más" del inciso 1 , así como el inciso 2 del artículo 77 de la Ley 599 de 1999.
- La expresión "aceptado por el querellado" del inciso 1 del artículo 80 de la Ley 522 de 1999.
- La expresión "con el consentimiento del ofendido" del artículo 145 de la Ley 522 de 1999.
Cuarto.- Declarar inexequible la expresión "o si cometiere nuevo delito mientras está corriendo la prescripción" contenida en el artículo 91 de la ley 522 de 1999.
Noveno. Declarar exequible la expresión "la acción podrá ser intentada por la institución armada a que pertenezca" contenida en el artículo 146 de la Ley 522 de 1999
Décimo.- Declarar inexequible la expresión "el resarcimiento de los perjuicios a que hubiere lugar se obtendrá a través de la acción indemnizatoria que se ejercerá ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo" contenida en el artículo 220 de la Ley 522 de 1999.
Undécimo.- Declarar inexequible la expresión "y éstos no podrán ser conocidos por la parte civil" contenida en el artículo 310 de la Ley 522 de 1999.
Exequible por el cargo analizado ... (parcial ) Artículo 77 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible por el cargo analizado ... (inciso 1 ) Artículo 80 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible la expresión ... Artículo 146 LEY_522_1999_12/08/1999
Inexequible la expresión ... Artículo 17 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible por el cargo analizado ... (numeral 4 inciso 2 ) Artículo 34 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible por el cargo analizado ... (la expresión ... ) Artículo 47 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible por el cargo analizado ... (incisos 1 y 2 ) Artículo 53 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible la expresión ... Artículo 33 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible la expresión ... Artículo 145 LEY_522_1999_12/08/1999
Inexequible la expresión ... Artículo 91 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible parcialmente (numeral 17 ) Artículo 69 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible parcialmente (parcial ) Artículo 72 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible parcialmente Artículo 101 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible parcialmente Artículo 102 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible parcialmente Artículo 105 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible parcialmente Artículo 136 LEY_522_1999_12/08/1999
Exequible parcialmente Artículo 137 LEY_522_1999_12/08/1999
Inexequible la expresión ... Artículo 220 LEY_522_1999_12/08/1999
Inexequible la expresión ... Artículo 310 LEY_522_1999_12/08/1999
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 17, 33, 34, 53, 69, 72, 77, 80, 91, 101, 102, 105, 136, 137, 145, 146, 220 y 310 (parciales) de la Ley 522 de 1999, "por medio de la cual se expide el Código Penal Militar".
La expresión "el resarcimiento de los perjuicios a que hubiere lugar se obtendrá a través de la acción indemnizatoria que se ejercerá ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo", contenida en tal artículo, fue declarada inconstitucional bajo la consideración según la cual ella iba en contra del derecho a la administración de justicia de las víctimas y perjudicados del delito de conocimiento de la Justicia Penal Militar. Adujo la mayoría, reiterando lo antes dicho en la Sentencia C-1149 de 2001, que las referidas víctimas o perjudicados no podrían acceder a esa jurisdicción militar para obtener la reparación directa de los daños causados y que con ello perdían la posibilidad de obtener una decisión judicial que resolviera el conflicto de manera integral. Además, la norma limitaba inconstitucionalmente el derecho a elegir entre el ejercer la acción civil dentro del proceso penal o fuera de éste ante la jurisdicción contencioso Administrativa.
Como lo expresé en el salvamento de voto a la citada Sentencia C- 1149 de 2001, el derecho a elegir entre ejercer la acción civil dentro del proceso penal o hacerlo por fuera de éste, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no es per se un derecho de rango constitucional. Además, cuando se trata de las responsabilidad patrimonial derivada de delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, aparecen ciertos "elementos diferenciadores" que hacen que no sea imperativo para el legislador conceder el derecho a elegir la jurisdicción ante la cual se pretende obtener el resarcimiento de tales perjuicios, derecho de elección que sí se concede tratándose de delitos comunes, en donde el perjudicado puede escoger entre ejercer la acción indemnizatoria dentro del proceso penal o ante los jueces civiles. En efecto, tratándose de delitos de conocimiento de la justicia ordinaria, la acción civil siempre persigue obtener la reparación del daño por parte del ofensor, mientras que, tratándose de delitos de conocimiento de la jurisdicción penal militar, dicha responsabilidad patrimonial puede estar a cargo del ofensor o del Estado, independientemente de la responsabilidad penal del agente. Esta sola consideración, como se puso de presente en el mencionado salvamento de voto, sería suficiente para desestimar el supuesto derecho constitucional a elegir la jurisdicción ante la cual se pretende reclamar el reconocimiento de tales perjuicios.
Pero además, lejos de significar un recorte en los derechos de las víctimas, la expresión declarada inexequible pretendía concederles mayores garantías en la efectiva reparación de los daños derivados del ilícito. Como se explicó en el mencionado salvamento, "la Justicia Penal Militar sólo puede ofrecer una precaria respuesta en materia de reparación del daño, si ella se compara con la plena protección que en Colombia brinda el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, fruto en un principio, de la prolongada labor jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y, plasmado luego de manera categórica en la Constitución... En efecto, mientras que en el proceso penal, a la reparación del daño resultaría condenado el agente, para lo cual, en primer lugar, sería necesario acreditar su responsabilidad penal y, luego, la efectiva reparación estaría supedita a la solvencia del ofensor, en el proceso contencioso administrativo, bastaría con acreditar el daño, su carácter antijurídico y la relación de imputabilidad objetiva, para que el Estado tuviese que repararlo en su totalidad, sin que para ello fuese necesario acreditar la culpa del agente, sin que para la víctima sea relevante la capacidad de éste para hacer efectiva la reparación, y sin que, finalmente, el responsable escapase a las consecuencias patrimoniales del delito."
1. El accionante presentó demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 91 de la Ley 522 de 1999, "Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar"[1]. A su juicio, el precepto normativo acusado contraria lo dispuesto en el artículo 13 Superior (principio de igualdad), pues incluye la comisión de un nuevo delito como causal de interrupción de la prescripción de la pena, cuando el artículo 90 del Código Penal Ordinario (Ley 599 de 2000), tan sólo hace referencia a la aprehensión o captura del condenado.
2. La Corte estimó que la citada norma es inexequible, ya que vulnera el artículo 29 de la Constitución Política, al consagrar un trato diferente que apela a la calidad de militar del condenado y no a la singularidad de cada conducta punible. De suerte que, "(...) si a una conducta específica considerada por la ley como delito le corresponde una pena singular, no resultaría acorde con lo expuesto en los párrafos precedentes que la interrupción de la prescripción pudiera realizarse por la comisión de un nuevo hecho punible que es independiente del que ya fue juzgado y por el cual se condenó al autor del mismo". En este orden de ideas, el fundamento central de la Sentencia apeló al siguiente argumento:
"A cada delito corresponde pues una pena; y cada pena puede prescribir por separado. De manera que resulta contrario a la Constitución Política y específicamente al artículo 29 de la Carta que la comisión de un hecho delictivo nuevo afecta la prescripción de la pena por delito anterior del mismo autor, pues esto, en el fondo implica el desconocimiento de que se juzga y condena por los actos u omisiones, en cada caso particular y concreto aunque el autor sea el mismo".
3. Contrario a lo resuelto por la Corte, considero que esta Corporación debió proceder a declarar la exequibilidad de la norma acusada, en el sentido de establecer que la inclusión de la comisión de un nuevo delito como causal de interrupción de la prescripción de la pena, tiene como fundamento el ejercicio razonable de la potestad de configuración normativa (o ius puniendi) reconocido por la Constitución Política al legislador - artículos 28 y 150 C.P - y, además, porque dicha disposición se ajusta a los objetivos de prevención general y de protección social como fines constitucionales admisibles del derecho penal. Brevemente expondré las razones que fundamentan mi posición:
4. Conforme lo enseña la reiterada jurisprudencia de esta Corporación[2], el Estado, como titular del ius puniendi, es el llamado a desarrollar la política criminal del Estado, "a través del procedimiento democrático de adopción de las leyes"[3]. Precisamente, la Constitución Política reconoce en los artículos 28 y 150, el denominado principio de reserva o de legalidad, según el cual, corresponde al Congreso en ejercicio de un cierto grado de autonomía o de configuración política, definir cuáles comportamientos humanos merecen reproche penal y cuáles son los procedimientos para establecer su responsabilidad. Ello, obviamente, siguiendo el derrotero de bienes jurídicos objeto de protección y reconociendo a la estructura penal como última ratio en la defensa de dichos intereses jurídicos.
En efecto, la protección de la comunidad como un interés particular del derecho penal, puede concebirse como un fin propio de la actividad legislativa a partir de la consideración del mandato del artículo 1º de la Constitución, según el cual, el Estado colombiano se encuentra fundado en "la prevalencia del interés general", cuyo desarrollo explica el precepto consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política, por el cual, es fin esencial del Estado, "asegurar la convivencia pacífica".
5. Por otra parte, contrario a lo expuesto por esta Corporación, no se afecta con la norma acusada la concepción del derecho penal de acto, pues la interrupción de la prescripción de la pena, no influye en el juzgamiento de la nueva conducta. En efecto, cada conducta punible es autónoma e independiente y, por ende, susceptible de su propio juzgamiento y dosificación penal.
6. Por último, es claro que la disposición acusada se ajusta a los objetivos de prevención general y reinserción social como funciones de la pena y, a su vez, fines constitucionalmente admisibles del derecho penal. Esto, por cuanto la perpetración de una nueva conducta punible, reitera la necesidad de la pena, como mecanismo de rehabilitación del condenado y herramienta indispensable de protección social.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 17 (parcial), 33 (parcial), 34 (parcial), 53, 69 (parcial), 72 (parcial), 77 (parcial), 80 (parcial), 91 (parcial), 101 (parcial), 102 (parcial), 105 (parcial), 136 (parcial), 137 (parcial, 145 (parcial), 146 (parcial), 220 (parcial), y 310 (parcial) de la Ley 522 de 1999"Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar".
En efecto, como en torno del artículo 220 del Código Penal Militar se acogió lo ya dicho por la Corte en la Sentencia C-1149 de 2001 y en la que el suscrito salvó su voto en compañía de los Doctores Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil, en relación con el artículo 177 del mismo Código Penal Militar, debo reiterar los argumentos que me llevaron a separarme de la decisión mayoritaria, pero ahora en torno de la disposición acusada en el presente proceso.
De conformidad con el artículo 220 del Código Penal Militar"el hecho punible cometido por miembro de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el servicio, genera acción penal, la que se ejercerá única y exclusivamente por las autoridades penales militares, de conformidad a las disposiciones de este Código. El resarcimiento de los perjuicios a que hubiere lugar se obtendrá a través de la acción indemnizatoria que se ejercerá ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo".
Para la decisión mayoritaria, siguiendo lo que dijo la Corte en laSentencia C-1149, "se vulnerael derecho a acceder a la administración de justicia de las víctimas y perjudicados con el delito cuya competencia está asignada a la justicia penal militar, por cuanto de una parte, no pueden acceder a dicha jurisdicción con la finalidad de obtener la reparación directa de los daños causados y de otra, el derecho a obtener una decisión judicial que solucione su conflicto en forma integra, al no tener el derecho a obtener una declaración judicial sobre los perjuicios ocasionados.
En la forma como se ha previsto la institución de la parte civil en el Código Penal Militar, se desvirtúa su naturaleza misma que es esencialmente indemnizatoria y se le asigna una finalidad que no le es propia restándole toda efectividad y eficacia; además, se les limita o restringeel derecho a elegir entre el ejercer la acción civil dentro del proceso penal o fuera de éste ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, debiendo acudir única y necesariamente a ésta".
"Por lo expuesto y teniendo en cuenta que también esta norma remite a los afectados con la comisión de un delito de competencia de la Justicia Penal Militar a la Jurisdicción Contencioso Administrativo se declarará inexequible."
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional, salvo parcialmente el voto en relación con lo resuelto en esta sentencia, en cuanto a mi juicio la expresión "la acción podrá ser intentada por la institución armada a que pertenezca" contenida en el artículo 146 de la Ley 522 de 1999, ha debido declararse inexequible, en lugar de declararla ajustada a la Constitución.
El artículo 146 del Código Penal Militar, confiere legitimación para instaurar la querella por los presuntos delitos de injuria y calumnia a "la institución armada" a la cual perteneció un "miembro difunto de la fuerza pública" cuando con la conducta respectiva se afecte "la memoria" de quien en vida formó parte de una institución militar.
Siendo ello así, si de la conducta supuestamente delictiva o injuriosa se hace imputación a un miembro fallecido de las Fuerzas Militares, no se encuentra soporte constitucional para que se legitime para instaurar la querella a la institución armada a la que perteneció el difunto. La aceptación de tal legitimación en esta hipótesis, resulta en cambio atentatoria de la libertad de opinión sobre el actuar de quienes en vida optaron por la profesión militar; harían nugatorio el derecho a la información en algunos casos, así como se constituiría en un obstáculo a la investigación histórica; podría llegar a establecer una intangibilidad para periodistas, sociólogos, profesores e historiadores sobre ciertas actuaciones y su divulgación posterior, las que deberían entonces permanecer ocultas aún en el caso de haber sido delictivas, bajo una solidaridad institucional que entronizaría en Colombia "espíritu de cuerpo", aún con respecto a los difuntos que en vida abrazaron la profesión castrense.
[1]Se subraya el texto objeto de acusación:"Artículo 91. Interrupción del término prescriptivo de la pena. La prescripción de la pena se interrumpe cuando el condenado fuere aprehendido o si cometiere nuevo delito mientras está corriendo la prescripción".
[2] Ver, entre otras, las Sentencias C-709 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y C-762 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[3] Sentencia C-038 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.