Source: http://revistalosprincipios.blogspot.com.ar/2016/
Timestamp: 2017-05-24 23:25:54
Document Index: 15180270

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 14', 'Artículo 26', 'artículo 18', 'artículo 240', 'artículo 24', 'artículo 29']

LOS PRINCIPIOS: 2016
El proyecto, que ingresó al recinto de la Cámara de Diputados en la sesión del 6 de diciembre pasado, fue presentado por el radical José Antonio Artusi y firman como coautores todos los diputados del bloque Cambiemos. El artículo 1º de la iniciativa establece la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 24.807, que dispone la creación de la Federación Argentina de Municipios, y convoca a las Legislaturas y gobiernos provinciales a sancionar las leyes de adhesión y “disponer las medidas gubernamentales conducentes a promover en sus respectivas jurisdicciones con el objetivo de contribuir a fortalecer el quehacer de las administraciones municipales y favorecer el desarrollo local”.
Según señala el segundo artículo de la iniciativa que promueve Artusi, la Federación Entrerriana de Municipios será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos”. Contará con personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de conformidad con las capacidades reconocidas por el Código Civil Argentino a las entidades públicas no estatales.
“Actuará bajo el régimen de esta ley y las disposiciones que la propia entidad adopte para reglar y ordenar su funcionamiento, conforme a los procedimientos que resulten de su estatuto orgánico y en concordancia con lo preceptuado en la presente norma”, se lee en otro de los artículos.
Sus metas serán “contribuir al fortalecimiento de un sistema de democracia representativa y participativa, pluralista y federal, y defender la vigencia de la autonomía municipal”, además de constituirse en “el ámbito institucional natural de convergencia de los municipios, desarrollando acciones dirigidas a fortalecer su rol y mejorar su gestión institucional”.
Otro de los objetivos de la Federación será “representar a los municipios asociados ante los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de la Nación y la Provincia, agencias, entidades y organismos extranjeros e internacionales, organizaciones, asociaciones y programas vinculados al quehacer municipal”.
Se trata de un proyecto legislativo que establece que será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos” • Tendrá domicilio legal en Villaguay, pero podrá funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción”, se indica en la iniciativa a la que tuvo acceso APFDigital El proyecto también crea una “Comisión Asesora Permanente”, que estará integrada por cuatro diputados y cuatro senadores (tres por la mayoría y uno por la minoría) y tendrá como objetivo “velar por el respeto de la autonomía municipal y el federalismo” y “coordinar con el Poder Ejecutivo actividades de fomento de la autonomía, capacitación del personal, modernización de la administración municipal y promoción del desarrollo económico local”, entre otros.
La Federación deberá rendir informe sobre ingresos percibidos y erogaciones realizadas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
“El domicilio legal y la sede de la Federación Entrerriana de Municipios se establece en la ciudad de Villaguay, pudiendo funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción y dirección”, establece el artículo 14 del proyecto presentado por el diputado Artusi.
Fundamentos: En los fundamentos de la iniciativa que presentó, Artusi manifestó que el proyecto “reproduce, con ligeras modificaciones, el de nuestra autoría que fuera presentado en esta Cámara el 22 de abril de 2008 y que, lamentablemente, al no ser tratado, fue archivado el 11 de abril de 2013”.
Los municipios tienen problemáticas similares e intereses que suelen ser coincidentes, lo cual constituye “una razón más que suficiente para abordar la experiencia de organizar un ámbito asociativo que permita a los municipios discutir sobre problemas e intereses comunes y encontrarles soluciones en conjunto”.
Otro de los puntos que se destacan es que la Federación posibilitará el abordaje de “temáticas vinculadas a la relación con la Provincia, en particular en lo que hace a la asignación de recursos financieros y al gasto público en obras”.
En otro de los párrafos del proyecto al que tuvo acceso esta Agencia se aclara: “Por cierto que sería una ingenuidad suponer que la sola aprobación de un texto normativo dará vida a la Federación Entrerriana de Municipios. Lo que se propone aquí es brindar un marco jurídico básico que sirva de herramienta a los gobiernos locales de nuestra provincia para encarar la conformación de una instancia que sirva a sus necesidades, lo que redundará en beneficios sus comunidades”. Fuente: APFDigital
Declaración del Bloque de Diputados Provinciales de Cambiemos: "El juicio político al vocal del STJ Carlos Chiara Díaz, cuya acusación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, es un hito relevante para la sociedad y las instituciones entrerrianas, porque se puso en marcha un mecanismo constitucional al que no estamos acostumbrados. Los informes que recibimos, la abundante y contundente documentación que comprueba las continuas irregularidades cometidas por el vocal suspendido, a lo largo de 74 páginas de análisis y merituación de las pruebas del dictamen de la Comisión de Juicio político que acompaña este comunicado, nos eximen de cualquier comentario adicional y avalan nuestra conducta y nuestro voto. Se inició así el proceso acusatorio para que, finalmente, sea la Cámara de Senadores quien juzgue. Hay ciudadanos que pueden no compartir el criterio seguido por los diputados del Bloque de Cambiemos. Es comprensible. La democracia moderna se basa en la representación del pueblo y en la toma de decisiones que, necesariamente, no van a ser del agrado de todos. Ahora bien, atribuir malicia o ineptitud a quienes no hacen lo que uno quiere es, sencillamente, no comprender en qué consiste la política democrática. Desde el Bloque de Cambiemos hemos mantenido una actitud seria y responsable, la cual no vamos a abandonar para caer en interesadas polémicas. Tampoco contestaremos agravios infundados. Ocurre que para cambiar no alcanza con tener coraje: hace falta trabajar. Lejos de las estridencias de quienes creen poseer la verdad, los diputados de Cambiemos trabajamos en el marco del rutinario funcionamiento de las instituciones. Quizás sea deslucido, pero la cultura democrática requiere de la normalidad, del diálogo. Todo eso es la buena política. La decisión de acusar no tiene como causa ningún acuerdo de impunidad, tampoco vamos a encubrir a nadie. Muy sencillamente, el Bloque de Diputados de Cambiemos ha obrado con coherencia: fuimos quienes pedimos abrir la investigación en el primer juicio político para Chiara Díaz, que llamativamente, el justicialismo rechazó sin ni siquiera analizarlo y tuvimos la misma actitud, fundada en un intenso debate interno, con el segundo juicio sobre el mismo magistrado.
Del mismo modo, pese a su manifiesta animadversión para con el Radicalismo, que tanto sufrió el gobierno de Montiel que lo tuvo como opositor desleal, pese a los tres procesos judiciales que tiene el magistrado y que no formaban parte de la denuncia, analizamos con responsabilidad todas las pruebas de juicio, y entendimos necesario apoyar la acusación. Quienes ahora descubren en el vocal acusado la salvaguarda de la ética republicana, debieran recordar que fue él quien encabezó, junto a la hoy presidente del Superior Tribunal, el desguace de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la condena judicial por un viático mal asignado al Dr. Rovira, vaya paradoja. Asimismo, nos presentamos ante el Procurador General para pedir que investigue la versión taquigráfica del descargo del magistrado ante la Comisión de Juicio Político, para que informe si sus denuncias representan delitos de otros jueces y funcionarios allí mencionados. Y actuaremos con la misma responsabilidad en el juicio político presentado a la Presidente del Tribunal, la Dra. Mizawak, pidiendo que se abra la investigación con la misma garantía del debido proceso que tuvo en este caso el Dr. Chiara Díaz. El Poder Judicial en particular y las instituciones públicas de la provincia en general, comienzan un proceso de mejora en su funcionamiento y de mayor transparencia en su accionar. En eso trabajamos. Por eso propusimos y logramos que se eliminen los gastos reservados para el STJ en el presupuesto 2017 y, ante denuncias serias pusimos en marcha los mecanismos constitucionales de investigación y juicio justo. El mes de marzo de este año presentamos un proyecto de ley para crear la Fiscalía Anticorrupción. Es ley nuestro proyecto para que los cargos de los organismos de control se designan por concurso, y el Presidente interino del Tribunal de Cuentas ya no responde al gobierno, porque logramos que sea un funcionario de carrera. Tiene media sanción la Ley de Ética Pública. Propusimos limitar los gastos reservados, el uso de los fueros, como el de vehículos oficiales. Por citar sólo algunos ejemplos. No vamos a actuar nunca a escondidas de la sociedad ni de sus instituciones.
No vamos a encubrir a nadie. A integrantes de nuestro bloque no les ha temblado la mano para presentarse ante la Justicia ante hechos de corrupción, aún antes de ser legisladores, y lo haremos cada vez que lo estimemos necesario. Somos un bloque opositor y así lo hemos evidenciado en numerosos proyectos presentados y en nuestras expresiones públicas. La oposición la ejercemos de modo serio y responsable. Por eso no rehuimos el debate y el diálogo maduro en busca de acuerdos transparentes, en pos de construir una genuina cultura de la democracia pluralista que el kirchnerismo procuró destruir. Lo que pase en los poderes del Estado lo van a saber todos los ciudadanos de esta provincia.
Hace ya un año que nuestra línea de conducta como bloque ha sido la misma: debate interno franco, investigación seria de los temas y toma de decisiones claras, transparentes y efectivas.
No esperen otra cosa de nosotros".- Bloque de Diputados de Cambiemos: Sergio Kneeteman, Esteban Vittor, Ayelén Acosta, Martín Anguiano, José Antonio Artusi, Joaquín La Madrid, Gabriela Lena, Jorge Monge, Alberto Rotman, Fuad Sosa, María Alejandra Viola.
EL DIPUTADO ARTUSI PRESENTÓ UN PROYECTO DE LEY PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un proyecto de ley para promover la protección del patrimonio arquitectónico y urbanístico en la Provincia de Entre Ríos.
En los fundamentos de la iniciativa el legislador radical considera que "la UNESCO declaró en 1977 que “Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos o semipúblicos que tengan valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura y por lo tanto sean dignos de ser considerados y conservados para la nación.” El patrimonio arquitectónico y urbanístico, objeto del presente proyecto de ley, constituye por lo tanto una manifestación particular, una clase específica de patrimonio cultural. Consideramos que los atributos y características propias derivadas de esta especificidad demandan un tratamiento diferenciado, y por lógica una normativa en ese mismo sentido. Es por ello que hemos optado por el criterio de diseñar una norma limitada al patrimonio arquitectónico y urbanístico, teniendo en cuenta como antecedentes, entre otros, la Ley 7.418 de la hermana provincia de Salta, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal de Mexico, un proyecto de ley de la diputada provincial Silvia Augsburger (Santa Fe), y la normativa de la Municipalidad de Rosario, presente en varias ordenanzas referidas a este tema." Artusi señaló que "la norma que proponemos trata de llenar un vacío legal y de cumplir, al menos parcialmente, con la manda constitucional del Artículo 26. El decreto nº 6676 del año 2003, si bien evidenció una saludable voluntad política por parte del gobierno de Sergio Montiel, resulta a todas luces insuficiente para el logro de los objetivos propuestos. Ese interés de aquella administración queda de manifiesto también en el relevamiento e inventario del Patrimonio Histórico Arquitectónico encarado por la Secretaria de Gobierno y Cultura en los años 2000-2001. En los fundamentos del mencionado decreto se argumenta que “no existen los instrumentos legales que atiendan la valoración, protección, preservación y conservación, puesta en valor, difusión y divulgación del patrimonio histórico arquitectónico localizado en el territorio provincial”. También se señala en los considerandos que “son muy pocos los municipios que han tomado conciencia de la significación e importancia que tiene el patrimonio cultural en el desarrollo de los pueblos”, y que, en consecuencia, “son muy escasas las ordenanzas municipales que atienden a la preservación del patrimonio edificado en sus respectivos territorios”. Consideramos que – salvo excepciones que confirman la regla – estas aseveraciones continúan teniendo vigencia, y por ello se incluyó en el artículo 18º la necesaria articulación entre el gobierno provincial y los municipios en el marco de su autonomía. Cabe señalar que buena parte de las normas que pueden resultar útiles en el marco de un programa de protección del patrimonio arquitectónico caen dentro de las competencias municipales, tales como la fijación de indicadores urbanísticos. Es por ello que entendemos necesario que la Comisión asesores a los municipios en esta materia, de modo tal de ir logrando paulatinamente una armónica articulación entre las normas y las prácticas a nivel local y provincial. El artículo 240 de la Constitución Provincial establece que una de las competencias municipales consiste en ejercer el poder de policía respecto a planes edilicios, control de la construcción, diseño y estética urbana, etc. A su vez, establece taxativamente que le compete “preservar y defender el patrimonio histórico cultural, artístico y arquitectónico”." El proyecto del legislador radical propone la creación de la Agencia Provincial del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Entre Ríos, "como Autoridad de Aplicación de esta Ley. Creemos conveniente no restringir el accionar del Poder Ejecutivo en este sentido, de modo tal que la Agencia actúe en el ámbito y bajo la dependencia que determine aquel, según el diseño del organigrama que se estime más adecuado. El mecanismo del concurso público de oposición y antecedentes ante un Jurado especializado en el tema para la designación del Director, a cargo de la Agencia, otorgaría la garantía de la idoneidad para un cargo que la requiere en grado sumo. Su mandato tendría una duración de seis (6) años, pudiendo ser designado nuevamente por el mismo procedimiento. La periodicidad del concurso, como en el ámbito universitario, actuaría como un acicate para el correcto desempeño de la función y para la actualización permanente. Proponemos a su vez que la Comisión tenga su sede central en la ciudad de Concepción del Uruguay, “Capital Histórica de la Provincia de Entre Ríos”, pudiendo tener oficinas y delegaciones en otras ciudades de la Provincia, como modo de reforzar aquella declaración y en reconocimiento al rico patrimonio arquitectónico que ostenta, como puede apreciarse claramente en el listado que figura en el Anexo del Decreto 6676/03. Se propone la creación del Fondo del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico, y su separación de los gastos corrientes que demande el funcionamiento cotidiano de la Agencia. De esta forma se podría disponer de recursos con afectación específica para financiar obras de preservación y recuperación patrimonial."
El texto completo del proyecto puede consultarse en el siguiente enlace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21585
Diputados y senadores provinciales de Cambiemos se reunieron el día Jueves 13 en la ciudad de Buenos Aires con el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. El encuentro, que tuvo lugar en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, contó también con la presencia del senador nacional Alfredo De Angeli, la diputada nacional Yanina Gayol, el diputado nacional e interventor del PRO de Entre Ríos Marcelo Sorgente, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, el Director de Recursos Hídricos de la Nación Osvaldo Fernández, y el Presidente de la Delegación Argentina en la Comisión Administradora del río Uruguay, Mauro Vazón. Durante la reunión se analizaron diversos temas vinculados a la marcha del gobierno nacional y provincial, coincidiendo en la necesidad de consolidar Cambiemos como expresión política y electoral en Entre Ríos. El endeudamiento y la crisis fiscal de la provincia - como producto de gestiones desacertadas de los gobiernos anteriores, del mismo signo político del gobierno de Bordet - la necesidad de impulsar políticas públicas que promuevan la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo, la articulación con la demandas de municipios y juntas de gobierno, y la necesidad de resolver acuciantes problemas ambientales que fueron ignorados por las administraciones kirchneristas fueron algunos de los temas tratados. Se analizó específicamente el altísimo potencial de desarrollo foresto industrial que tiene la provincia de Entre Ríos, y en ese sentido se debatió en torno al proyecto de ley enviado por el Gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura por el que se crearía un Plan Maderero Entrerriano y se derogaría la Ley 9759, conocida como la Ley de la Madera. Los legisladores provinciales de Cambiemos informaron que se encuentran redactando un proyecto propio sobre esta cuestión, dirigido a brindar aportes y sugerencias que enriquezcan el debate en ambas Cámaras. El desarrollo productivo y el cuidado del ambiente no deben ser objetivos disociados sino concurrentes, destacaron los representantes de Cambiemos; y es así que se valoró el aporte que puede hacer la forestación, por su gran capacidad de captura de carbono, al logro del cumplimiento de las metas que el país asumió en el marco de la Cumbre de Kioto sobre Cambio Climático. Además, se señaló la necesidad de que el desarrollo foresto industrial esté basado en la producción de bienes de creciente valor agregado e incorporación de tecnología y conocimiento. En esta línea de pensamiento se inscribe un proyecto presentado recientemente por diputados de Cambiemos para crear un Programa Provincial de Construcciones en Madera, fundamentalmente en el sector de viviendas sociales.
Otra de las cuestiones analizadas fue el gravísimo deterioro ambiental en la cuenca del río Uruguay, poniéndose de relieve la iniciativa del gobierno nacional, en línea con lo prometido por Cambiemos durante la campaña electoral, de impulsar la construcción de plantas de tratamiento de líquidos cloacales en las principales ciudades ribereñas. Estas plantas, fundamentales para avanzar en un plan integral de monitoreo y saneamiento del río Uruguay, requerirán a su vez acciones similares por parte de la República Oriental del Uruguay. Cabe señalar que algunas de ellas, como la de Concepción del Uruguay, cuentan con proyectos que datan de la década del 80; sin embargo las últimas administraciones no priorizaron este tipo de obras, demostrándose de esta manera la hipocresía y la impostura que caracterizaron a los gobiernos de Busti y Urribarri en materia ambiental.-
La Unión Cívica Radical convoca a un Acto de Homenaje a Hipólito Yrigoyen con motivo de conmemorarse el Centenario de la asunción de su primera presidencia. El acto tendrá lugar frente al busto que perpetúa su memoria, en la plazoleta ubicada en Boulevard Yrigoyen entre 25 de Mayo y Urquiza, el próximo día Miercoles 12 de Octubre a las 18.30 horas. Se convoca por este medio a todos los afiliados y simpatizantes de la Unión Cívica Radical y a la ciudadanía en general a participar activamente en esta celebración yrigoyenista.-
La Defensa Norte debe ser un proyecto integral Publicado por
Por José Antonio Artusi Concurrí ayer a la jornada que realizó el Foro de la Reforma Electoral en Concepción del Uruguay, que contó con una muy buena disertación del Dr. Marcelo Bermalén y que luego permitió un rico debate coordinado por funcionarios del Tribunal Electoral. Comparto aquí, ampliadas, algunas de las reflexiones que formulé en esa oportunidad. En primer lugar, cabe saludar la iniciativa de desarrollar estos foros de discusión como método participativo de recibir inquietudes y puntos de vista que puedan enriquecer un proyecto del Poder Ejecutivo a enviar a la Legislatura. Los aportes de expertos con experiencia y trayectoria como el del Dr. Bermalén son muy útiles, porque generan un cúmulo de información y formación previas al debate, contribuyendo así a alejarlo de la "charla de café" o la catarsis colectiva que no acierta a diagnosticar las causas de los problemas ni mucho menos a proponer alternativas reparadoras con un mínimo rigor. Digamos que una verdadera reforma política, acorde a las necesidades que tenemos de consolidar y perfeccionar la democracia representativa, dista mucho de ser sólo una mera modificación en el método de votación, como si la cuestión se limitara a optar entre la boleta única en papel o la boleta única electrónica, como parece desprenderse de cierto impacto de la cuestión en los medios de comunicación. Cuando decimos "reforma política" pretendemos abarcar la reforma del sistema electoral, obviamente, pero a su vez vincularla con el régimen de partidos políticos - incluída su financiación - y otras cuestiones tales como el derecho al acceso a la información pública, la política de medios, la pauta publicitaria oficial, y la eliminación de prácticas clientelares con recursos del Estado. Y hasta podríamos decir que una reforma política que modifique en profundidad nuestras prácticas democráticas no puede escindirse de otras reformas, tales como la lucha contra la pobreza, la garantía de un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución (pero no aplicado), la mejora del sistema educativo, la construcción de un modelo de seguridad social para el siglo XXI, etc.. Todo ello en la medida en que la pobreza y la marginación social extremas son incompatibles con una democracia social en la que todos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de participar en la cosa pública. Pero comencemos entonces, para no abarcar demasiado, con el régimen de partidos políticos. El artículo 29 de la Constitución, pendiente de reglamentación, establece claramente su carácter de "instituciones fundamentales del sistema democrático" a la vez que les otorga el monopolio de la postulación de candidatos para cargos públicos electivos. Consagra a su vez principios que deben regir su funcionamiento: democracia interna, representación proporcional de las minorías, financiamiento público, capacitación de sus afiliados, etc.. Una cuestión clave a definir, que condiciona otras como el método de votación, es si se mantiene el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (obligatoriedad que puede referirse tanto a los ciudadanos como a los partidos, aún en caso de presentación de listas únicas), o si se retorna al antiguo sistema de elecciones internas convocadas por los propios partidos, alternativa que a su vez admite la modalidad cerrada (reservada sólo a afiliados) o bien abierta (donde pueden participar los afiliados más los ciudadanos independientes, vale decir no afiliados a ningún partido). Como suele suceder en estos casos, cada alternativa tiene ventajas y desventajas, que deben sopesarse cuidadosamente. Las PASO otorgan mayor posibilidad de participación a los ciudadanos en general, a la vez que relativizan el rol de los afiliados, por lo que han sido criticadas por debilitar el sistema de partidos. Por otro lado, al ser un proceso con participación y controles del Tribunal Electoral otorga a todos los participantes mayores garantías frente a la posible manipulación de eventuales oligarquías partidarias. En el proyecto de ley que presentamos los diputados del bloque de la UCR en el año 2010 (autoría del diputado Marcelo López) optamos por proponer en ese momento la derogación de la ley de primarias, pero es una cuestión que admite una evaluación a la luz de los resultados de los últimos procesos electorales. La crisis de los partidos políticos y del sistema que conforman es una cuestión compleja y multicausal, y pecaríamos de simplistas si se la adjudicamos en exclusividad a la implantación de las PASO. Otro aspecto crucial a definir gira en torno a la simultaneidad o separación de las elecciones provinciales frente a las nacionales. En el proyecto mencionado proponíamos fijar una fecha en la ley para las elecciones provinciales, en este caso el último Domingo de Septiembre, con lo que de hecho planteábamos la separación con respecto a las nacionales. La fijación por ley de la fecha del comicio quita la posibilidad de que el Poder Ejecutivo de turno especule en torno a sus propias conveniencias a la hora de determinarla; y la separación permite seguramente una mayor reflexión específica en relación a cada categoría de cargos por parte del ciudadano, disminuyendo así el efecto "arrastre". La simultaneidad genera menor cantidad de convocatorias y menores gastos, pero no parecen ser argumentos suficientes si de lo que se trata es de jerarquizar la democracia. Parece conveniente adentrarse en el análisis de la cuestión del método de votación sólo después de haber dilucidado las anteriores disyuntivas, las que podríamos plantear, sintetizando, como "primarias vs. internas" y "simultáneas vs. separadas", o al menos analizarlas de manera conjunta. Ello permitirá, facilitando el proceso de toma de decisiones, que algunas opciones se descarten de manera casi automática. Por ejemplo, si nos inclinamos por el sistema de elecciones PASO, y optamos a su vez por que se efectúen de manera simultánea con las nacionales (para citar un caso, como el año pasado), queda claro que no estaremos en condiciones de adoptar el sistema de boleta única en papel como el que tiene la provincia de Córdoba, en el que la totalidad de la oferta electoral está presente en un mismo trozo de papel. Yendo a los métodos de votación, y antes de abogar de manera terminante por una alternativa, digamos sin embargo algo que quedó absolutamente de manifiesto el año pasado: la boleta partidaria no va más. El proceso de diseño, impresión, distribución, disposición en el cuarto oscuro, control durante el comicio, escrutinio provisorio y escrutinio final fue un verdadero caos, quizás inédito o al menos pocas veces visto en la historia electoral, con todo lo que ello conlleva en términos de riesgo de distorsión de la voluntad popular. Genera, además, un derroche de papel absolutamente desaconsejado en términos económicos y ambientales. Descartado este sistema, que cumplió razonablemente un ciclo y aportó lo que tenía para dar, corresponde decidir con cual lo reemplazamos. Las alternativas que tenemos no son demasiadas, yo diría que básicamente 3: la boleta única en papel, la boleta única electrónica, y el voto electrónico o urna electrónica. Si dejamos de lado esta última opción, dados sus riesgos y la falta de garantías que todavía presenta, nos quedan dos, pero si consideramos que la boleta única en papel puede tener dos variantes volveríamos a tener tres; boleta única en papel para todos los cargos electivos (como en Córdoba), boleta única en papel para cada categoría de cargos (como en Santa Fe), o boleta única electrónica (como en la ciudad de Buenos Aires). En nuestro proyecto del año 2010 nos inclinábamos por la boleta única en papel que reúne la totalidad de la oferta electoral, al modo cordobés. Esta opción tiene la ventaja de la simplicidad, una única "boleta única", valga la redundancia, y una única urna, frente a cierta complejidad del modelo santafesino, con varias "boletas únicas", y varias urnas, por cada nivel o categoría de cargos. La boleta única electrónica, adoptada por la Ciudad de Buenos Aires, en principio con buenos resultados, admite sin embargo ciertas críticas que han sido formuladas en el debate de la reforma nacional, referidas por ejemplo a la posibilidad de identificar el voto con aplicaciones tecnológicas en los celulares, alimentando con ella la posibilidad de prácticas clientelares. Este sistema puede evaluarse en la medida en que estas críticas y precauciones sean lo suficientemente refutadas de manera contundente por la tecnología a aplicar y aceptadas en consecuencia por todos los partidos. De todos modos, la legislación porteña tuvo el mérito de incorporar en principio la boleta única, dejando abierta la posibilidad de acompañarla con dispositivos tecnológicos electrónicos. Lo que debe quedar absolutamente claro es que la reforma política que necesitamos los entrerrianos demanda un debate profundo, abierto a la participación de todos, sin apuros ni imposiciones de ninguna naturaleza, y requiere para su éxito el logro de acuerdos amplios que la legitimen. Comprometemos nuestra voluntad política de trabajar arduamente en pos de esos acuerdos.- José Antonio Artusi es diputado provincial del bloque Cambiemos y preside el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical de Uruguay.-
Por Ricardo Lafferriere / Deseando equivocarnos, no hemos escuchado a Carta Abierta, ni a Hebe, ni a Estela, ni a los verborrágicos artistas "nac & pop", ni a los periodistas militantes, ni a los gremialistas "combativos", ni a los dirigentes políticos y legislativos del kirchnerismo, y ¡vamos! ni a la propia neokirchnerista Beatriz Sarlo hacer referencia a la vergonzosa declaración de Moreno banalizando uno de los mecanismos más tenebrosos de la dictadura para hacer desaparecer personas, como lo fue arrojarlos vivos al mar.
No es un tema que pueda dejarse pasar alegremente, porque no es cualquier persona.
Uno de los dirigentes más emblemáticos de la administración peronista anterior, que no sólo hacía gala de su babosa subordinación a "la jefa" kirchnerista sino que reivindicó permanentemente su identidad justicialista, más aún que del grupo interno del peronismo al que perteneció la anterior Jefa del Estado.
No es sólo, entonces, sólo del kirchnerismo que la sociedad espera pronunciamientos. También del peronismo, que sin dudas tiene en su seno miles de dirigentes a los que ese pronunciamiento les debe haber producido una reacción vomitiva. Deberían hacerlo, por su bien y por el bien de la democracia argentina, mucho más teniendo en cuenta la cantidad de compañeros de su fuerza política que sufrieron esta miserable operatoria criminal de tiempos procesistas.
Esta nota será corta, porque el tema no admite elucubraciones. Linda con la capacidad de tolerancia ética de la condición humana. Con quienes así piensan no es posible dialogar porque implica reducir el propio autorespeto. No sólo de quien opine, sino de aquellos que abran canales de comunicación que permiten multiplicar su llegada.
Es asqueroso escucharlo. Tanto como el retumbante y despreciable silencio de quienes, ante este juicio miserable, deberían no sólo hablar sino condenarlo sin matiz alguno. Publicado por
Homenaje a "Rubito" Sosa