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Timestamp: 2017-08-18 17:01:26
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Matched Legal Cases: ['artículo 1144', 'artículo 1142', 'artículo 1137', 'artículo 1142', 'artículo 1142', 'artículo 1142', 'artículo 1142', 'artículo 1133', 'artículo\n12', 'artículo 86', 'artículo 368', 'artículo 90', 'artículo 1127', 'artículo 1131', 'artículo 1131', 'artículo 1081', 'artículo 1081', 'artículo 1127', 'artículo 84', 'artículo 1131', 'artículo 1131', 'artículo 1081', 'artículo 1081', 'artículo 1131']

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1. SALA DE CASACIÓN CIVIL - PDF
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1. SALA DE CASACIÓN CIVIL
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María Cristina Alvarado Quiroga
1 INDICE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1. Corte Suprema. Sala Civil. Sentencia /06/06. En contrato de seguro de vida, tercero carece de legitimación para demandar Legitimación para demandar en el contrato de Seguro Vida Grupo Deudores. Análisis cuando un tercero no beneficiario de la póliza, es el demandante. 2. Corte Suprema - Sala Civil. Sentencia /07/06. Por prescripción. Compañía Aseguradora, no obligada a indemnizar víctimas de accidente. La Honorable Corte se pronuncia sobre la aplicación de la prescripción en el Seguro de R. C. en un accidente de tránsito. 3. Corte Suprema. Sala Civil. Sentencia /07/06. Ordenan a Compañía Aseguradora hacer efectiva póliza de seguro hábitat Análisis en los seguros de Daños, sobre la obligación de la Aseguradora de verificar y constatar el estado del riesgo, frente a la configuración de la reticencia e inexactitud, consagrada en el articulo 1058 del Código de Comercio. LEYES, DECRETOS, RESOLUCIONES 1.- Ley 1010/06: por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 2.- Acuerdo 3345 de 2006: Por medio del cual se implementan los Juzgados Administrativos. 3.- Ley 1028 de 2006: Por medio de la cual se adiciona el código penal y se dictan otras disposiciones. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1. SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil seis (2006). Referencia: Exp. No Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia adiada el 24 de febrero de 2005, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso seguido por Jacob Escorcia Pino, Miriam Blanca y Hephibah Escorcia Bernal, el primero como cónyuge sobreviviente y los otros
2 como herederos de Luz Miriam Bernal de Escorcia contra la sociedad Liberty de Seguros S. A., quien absorbió a la Compañía de Seguros Colmena S. A. I. ANTECEDENTES 1. Pretenden los demandantes que se declare judicialmente que la demandada como aseguradora debe responder en virtud de lo consignado en la póliza de grupo de vida deudores Nº a raíz de haber fallecido la asegurada Luz Miriam Bernal de Escorcia el 11 de febrero de 2000, y que, en consecuencia, debe pagarles, el saldo correspondiente, previo el pago que haga al primer beneficiario Banco Caja Social, del monto no pagado de la deuda a cargo de la asegurada a la fecha de la muerte, tomando como base la suma de $ , conforme a lo dispuesto en el artículo 1144 del C. de Co., más corrección monetaria e intereses, 2. La causa petendi admite el siguiente compendio: 1º) Luz Miriam Bernal de Escorcia y Jacob Escorcia Pino contrajeron con el Banco Caja Social una obligación hipotecaria, para la cual la primera, ante la exigencia de la entidad acreedora de tomar un seguro de vida por una cantidad no inferior al valor del préstamo, celebró el contrato de seguro de vida deudores cuya prestación corre hoy a cargo de la demandada, que corresponde al que obra en la póliza de grupo , donde aparece como beneficiario principal el Banco Caja Social y como asegurada Luz Miriam Bernal de Escorcia, quien falleció el 11 de febrero de 2000 estando vigente dicho contrato. 2º) Sin embargo el acreedor, obrando a instancia del cónyuge de la asegurada, quien además le había solicitado la cancelación de la obligación por causa del seguro anotado, no obtuvo el pago del seguro por la objeción de la compañía basada en la supuesta reticencia en que incurrió la asegurada, por haber omitido informaciones sobre el estado de salud anterior que de haberlas conocido la compañía habrían determinado, por lo menos, la celebración del contrato a otro precio, como igualmente le respondió a dicho cónyuge quien ante la compañía insistió en el pago del seguro. 3º) La aseguradora conocía el estado de salud de la causante como se evidencia de lo expresado en la comunicación CS-MI-98 que le dirigió al Banco Caja Social donde expresó que confirmamos cobertura hasta $ para la señora Luz Miriam Bernal de oficina Codabas bajo la póliza grupo deudores Para que el seguro tenga validez se debe aplicar tarifa de 62 años ya que por motivos de salud nuestro departamento médico determinó un recargo en el costo de la póliza para la señora Bernal, cobrándosele entonces una extraprima con cuyo pago la demandada asumió y aceptó el riesgo ; además, el médico tratante de la fallecida certificó (9 de mayo de 2000) que no padecía de hipertensión.
3 4º) Inclusive, la persona fallecida tenía otra obligación con el Citibank que también estaba respaldada con una póliza de seguro de vida de grupo de deudores otorgada por la misma Compañía, la cual fue pagada satisfactoriamente al banco acreedor por razones comerciales, de donde emerge que la objeción realizada al pago del seguro amparado por la póliza carecía de fundamento. 5º) Ante la negativa de Liberty Seguros S.A. de indemnizar el valor del seguro, se alude en la demanda al poder que otorgan los demandantes como cónyuge sobreviviente y herederos de la señora Luz Miriam Bernal de Escorcia, beneficiarios por ley, según el artículo 1142 y 1144 del C. de Co. quienes son los titulares de la acción. 3. La sociedad demandada contestó la demanda aceptando la celebración del contrato y el cobro de extraprima por el estado de salud informado por la tomadora, aunque no se hizo tal cobro por el motivo de la hipertensión arterial que fue la causa determinante de la muerte de la asegurada, quien a ese respecto guardó silencio; propuso en su defensa la falta de legitimación en la causa de la demandante, prescripción de la acción y nulidad del contrato de seguro por reticencia. 4. Tramitada la primera instancia, el juez dictó sentencia en la que denegó la prescripción, declaró fundada la excepción de falta de legitimación por activa y absolvió a la demandada; contra esa decisión interpuso el recurso de apelación la parte demandante, mas tampoco obtuvo éxito porque el tribunal la confirmó íntegramente mediante el fallo que ahora viene impugnado en casación. II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO Ellos pueden resumirse de la siguiente manera: 1. Dado que por regla general las obligaciones dimanantes de un contrato solamente vinculan a quienes intervinieron como partes, un tercero carece de legitimación en la causa para demandar el pago de ellas en su favor; en este caso, fungieron como partes del contrato de seguro, la aseguradora que asumió el riesgo y la entidad crediticia que aparece como tomadora, beneficiaria y principal asegurada por corresponderle el derecho a la prestación convenida, aunque cabe distinguir, pues puede que el tercero lo que invoca como fuente de su derecho a reclamar la indemnización, es la circunstancia de haber sido requerida (sic) para el pago de la obligación crediticia a que se refiere el contrato de seguro. 2. En este caso, la demanda es la que está llamada a mostrar si los demandantes invocan como fuente de su petición el contrato de seguro o la especial circunstancia de haber sido requeridos para el pago de la obligación de la deudora fallecida. Según la causa para pedir los demandantes reclaman el pago del seguro, ante la negativa de la compañía, en aquello que les corresponde en la calidad de beneficiarios por ley según los artículos 1142
4 y 1144 del C. de Co.; a su turno el petitum descansó en la declaración de estar la demandada en la obligación de indemnizar como consecuencia de la muerte de la señora Luz Miriam Bernal de Escorcia, lo que supone que la demandada debe pagar a los demandantes, previo el pago que haga al primer beneficiario Banco Caja Social, el monto no pagado a cargo de la asegurada a la fecha de su muerte, ocurrida el 11 de febrero de 2000, teniendo como base la suma de $ Ante lo que dice la demanda, no es contraevidente aseverar que ninguna de las pretensiones tuvo como fundamento alegar la condición de parte original del contrato de seguro en calidad de tomadores, beneficiarios o asegurados. Se reclamó la condena a la demandada por el no pago del seguro. Es claro que los demandantes no fungieron como beneficiarios principales ni se atribuyen en la demanda tal calidad; para legitimarse invocan la condición de beneficiarios que les reconoce la ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1142 y 1144 del C. de Co.; de allí que no reclaman la totalidad del seguro, sino lo que resta después de que se le pague al primer beneficiario, aduciendo que como cónyuge y herederos de la difunta se han visto perjudicados al encontrarse vigente la obligación que debía cancelarse con el seguro, lo que ha dado lugar a que la entidad crediticia persiga judicialmente el cobro ; por consiguiente, entienden ellos que no están obligados a pagar la obligación adquirida por su causante, sino que debe hacerlo la demandada por vía del seguro, y, además, que son además beneficiarios del saldo respectivo. 4. Después de transcribir los artículos antes citados, añade el sentenciador que si bien la entidad acreedora tiene interés asegurable, según el numeral 3º del artículo 1137 del C. de Co., el mismo puede trasladarlo a los herederos de la deudora fallecida para convertirlos en beneficiarios del seguro y legitimarlos de ese modo para reclamar ante la aseguradora la indemnización por la que ahora propenden. Sin embargo, no aparece demostrado que dicho interés asegurable haya sido trasladado a los demandantes a fin de que se impusiera la aplicación del artículo 1142, el cual supone que en el contrato no se hubiere designado beneficiario - en este caso se incluyó al Banco Caja Social y no a los demandantes -, o que la designación se haga ineficaz o quede sin efecto por cualquier causa. 5. En la última hipótesis, o sea cuando no cumpla ningún efecto la designación de beneficiarios del seguro, tampoco se probó que los demandantes, quienes comparecen en calidad de herederos de la asegurada, hubieren sido compelidos a pagar la obligación crediticia adquirida por la señora Luz Miriam Bernal con el Banco Caja Social, o que dicho establecimiento de crédito les hubiere reclamado el pago de lo adeudado o los demandara por la vía del procedimiento ejecutivo para el recaudo ante la negativa de la aseguradora a solucionar la obligación, persecución judicial que es un hecho que aparece únicamente afirmado por el apelante.
5 6. Con otras palabras, remata el tribunal, no quedó demostrado que el Banco Caja Social, luego de presentar reclamación del seguro y de que la compañía se lo negara, hubiera reclamado el pago de la obligación adquirida por la asegurada a su cónyuge o a sus herederos, ni que éstos hubieren efectuado el pago total o parcial de lo debido, ni que se les hubiera demandado ejecutivamente, lo que impide la aplicación del citado artículo 1142, pues no puede predicarse entonces que el interés asegurable del beneficiario designado en el contrato de seguro, calidad que le reconocen los demandantes al Banco Social, haya quedado sin efecto en los términos del Y como no puede tenerse a aquéllos como beneficiarios, carecen de legitimación en la causa. III. LA DEMANDA DE CASACIÓN CARGO ÚNICO 1. Un solo cargo se formula contra la sentencia impugnada con sustento en la causal primera de casación, vía indirecta, por la falta de aplicación del artículo 1142 del C. de Comercio, a consecuencia de errores manifiestos de hecho en la falta de apreciación de la prueba. 2. En el desarrollo de la acusación se señala que los errores en que incurrió el tribunal se originaron en la mala apreciación de la fuerza de convicción de los indicios, según se compendia enseguida. 1º) El Banco Caja Social, como beneficiario principal del seguro objeto de litigio, a pesar de haber sido informado de la muerte de la codeudora asegurada, Luz Miriam Bernal de Escorcia, no le hizo ninguna reclamación a la Compañía de Seguros Colmena S. A.; a ese indicio se suma otro que deriva de estar comprobado que dicho banco está cobrando por la vía ejecutiva la obligación que dio origen a la contratación del seguro, lo que demuestra claramente la renuncia expresa del mismo a su condición de beneficiario principal, con lo cual queda sin efecto la designación que se le hizo como tal y adviene la legitimación de los demandantes. 2º) Frente a las mismas compañía de seguros y asegurada, la primera pagó otra póliza de vida constituida para respaldar un crédito otorgado por el Banco Citibank a la segunda, sin oponer como ahora la reticencia ni la hipertensión arterial de la deudora asegurada. Este es otro indicio de la renuncia del Banco Caja Social a su condición de beneficiario del seguro disputado en este proceso, que no fue apreciado ni interpretado en forma diligente por el tribunal. 3º) El tercer indicio surge del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la sociedad demandada con exhibición de documentos con el que se probaron varias cosas:
6 a) Que el Banco Caja Social habiendo podido obtener el pago del crédito mediante la aplicación de la cláusula de objeción de reclamo del seguro, deliberadamente no quiso hacer uso de la misma, lo que demuestra su voluntad de renunciar a la condición de beneficiario principal de la póliza. b) La negativa de Liberty Seguros de exhibir el original del contrato de seguro bajo la excusa de no haberlo encontrado. Ese es un indicio claro de que en el contrato probablemente están inscritos como beneficiarios de la tomadora el cónyuge y las herederas porque se sale de todos los parámetros de la lógica de los negocios que una compañía de la trayectoria y experiencia de Liberty de Seguros S. A., acepte la existencia de una obligación con el solo dicho consignado en el libelo de la demanda. Eso no lo cree ni el más incauto. Es más si fuera verdad que la compañía no ha tenido conocimiento de la póliza, que no la ha tenido materialmente la excepción a proponer no habría sido la falta de legitimación en la causa sino la ausencia de obligación. Además, en la forma como absolvió el cuestionario el representante legal de la demandada, se puede inferir que se trata de una persona versada en asuntos de derecho capaz de darle el rumbo y orientación que quiso al interrogatorio, dando respuestas evasivas que la apoderada de la parte actora, seguramente por inexperiencia, no supo reorientar y direccionar en defensa de los intereses de sus prohijados y el juez de conocimiento tampoco advirtió. 4º) En fin, otro indicio también se configura por no haber entregado la aseguradora a la tomadora copia del contrato de seguro, la experiencia enseña que en esos contratos por ser de adhesión la parte fuerte abusa de su posición dominante con la finalidad de prevenir y tomar ventajas ilegales e injustificadas frente a futuros reclamos. Este indicio tampoco fue valorado por el sentenciador y sabiéndose que es hecho notorio que las compañías de seguros solo pagan cuando son vencidas en juicio. 3. Sin hacer ninguna otra consideración, el censor culmina diciendo que el cargo tiene solidez suficiente para la prosperidad de la acusación IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, el cual se halla impregnado por el principio dispositivo, resulta indispensable para quien acude a él encarar el fallo impugnado no solo a partir del punto de vista fáctico y jurídico que en él se ha expuesto para fundamentar la resolución judicial, a fin de combatirlo eficazmente, sino de manera íntegra o total, esto es que comprenda la acusación los soportes esenciales en que él se apoya. Es bajo esas especificaciones que, en principio, se construye el pronunciamiento en casación de la Corte, como quiera que ésta tiene vedado recrear un cargo, o enderezarlo para que cumpla otros propósitos ajenos a los que la propia censura o el mismo caso indican.
7 2. Sirve este breve proemio para establecer, como se explica enseguida, que el censor en lo de fondo no se ocupa de las verdaderas conclusiones por las cuales el tribunal halló que, bajo las particularidades que este caso ofrece, los demandantes no se hallan legitimados en la causa, o, por lo menos, que no apunta la acusación exactamente a desquiciar los fundamentos medulares de la sentencia del tribunal. 3. Así, el sentenciador en últimas concluyó que es claro que los demandantes no fungieron como beneficiarios principales del seguro, ni se atribuyen esa condición, puesto que para legitimarse acuden a la calidad que de beneficiarios les reconoce la ley, ello según su concepto plasmado en el libelo incoativo, acorde con lo que preceptúan los artículos 1142 y 1144 de la ley comercial, tanto que no reclaman el cobro de la totalidad del seguro ( ); la falta de designación en el contrato como beneficiarios, agregó, descarta la aplicación del primero de tales preceptos. A lo anterior añadió que la designación del Banco Caja Social tampoco ha decaído ni menos se ha tornado ineficaz o sin efecto, puesto que, de un lado, tal acreedor no le ha transferido a los demandantes el interés asegurable que le asiste a los demandantes, ni se acreditó en el proceso que el acreedor, en lugar de hacer efectivo el pago del seguro, les haya reclamado a ellos directamente el pago de la obligación contraída por la causante tantas veces nombrada, ni tampoco se observa que ellos hayan pagado total o parcialmente la deuda, ni que hayan sido ejecutados judicialmente para satisfacerla, todo lo cual se traduce para el tribunal, en síntesis, que por tales circunstancias fácticas el derecho a reclamar el pago del seguro sigue en cabeza del Banco Caja Social, como tomador y beneficiario principal, o lo que es igual, que éste no ha perdido tal carácter. 4. Empero, el censor, en lugar de arrostrar la tesis del tribunal e incluso sin entrar a objetar para nada la interpretación que éste le dio a la demanda, con respaldo en la cual afirmó que la legitimación de los demandantes proviene del hecho de ser beneficiarios del seguro en los términos de ley, y no de un derecho propio que los habilite para demandar el pago de seguro por ser personas que, aunque terceros, pudieran resultar afectadas directamente en su patrimonio por causa del incumplimiento del contrato de seguro, optó por acudir a la prueba de indicios que ciertamente no apuntan necesariamente a rescatar en su favor el carácter de beneficiarios legales o que obran en su favor las condiciones exigidas para aplicar el artículo 1142 del C. de Comercio, cuanto que de algún modo se apartan de los argumentos expuestos en la sentencia acusada. En ésta se citó tal precepto que reza así: cuando no se designe beneficiario, o la designación se haga ineficaz o quede sin efecto por cualquier causa, tendrán la calidad de tales el cónyuge del asegurado, en la mitad del seguro, y los herederos de éste en la otra mitad ( ) igual regla se aplicará en el evento de que se designe genéricamente como beneficiarios a los herederos del asegurado. 5. Fácilmente se detecta, entonces, que el censor le apuesta a la tesis de que hubo una renuncia del derecho que le asiste al Banco Caja Social como beneficiario principal, lo que
8 permitiría el ingreso de los demandantes a hacer el reclamo como beneficiarios legales; sin embargo, observa la Corte que los indicios que se aducen consistentes en que el nombrado banco no ha efectuado reclamación del seguro y en cambio lo que hizo fue demandarlos a ellos ejecutivamente, no son signos inequívocos de que hubo la renuncia definitiva por la que ahora se propende; como igualmente carece de contundencia el hecho de que otro seguro de vida haya sido pagado sin objeciones, cuanto más si esto no vincula al acreedor beneficiario del seguro que es objeto de litigio, o la circunstancia de que tal acreedor no haya persistido en el reclamo del seguro, que si bien puede tener otros significados comprometedores por su eventual dejadez o abandono, o por su posición abusiva si es del caso, lo cierto es que no implica exacta ni necesariamente la renuncia a la condición de beneficiario. Por fuera de lo anterior, algunos de esos hechos indiciarios no corresponden a la realidad probatoria. En efecto, en la demanda inicial se dijo que el Banco Caja Social pidió el pago del seguro, otra cosa es que la aseguradora lo haya objetado; y aunque la parte demandante haya afirmado que existe persecución judicial ejecutiva en su contra, no hay prueba de ello y así lo hizo constar el tribunal; el recurrente, valga decirlo, calla sobre el particular y no entra a demostrar, de ninguna manera, el correspondiente error de apreciación probatoria. 6. En lo que atañe con los otros indicios, es todavía mucho menor y hasta insignificante su influencia para enfrentar las conclusiones del tribunal, pues la negativa de Seguros Liberty S.A. a exhibir el contrato de seguro con la excusa de no haber encontrado el original, vínculo jurídico que de todos modos aceptó en la contestación de la demanda, no implica renuncia del beneficiario principal, ni menos da pie a la especulación que propone el censor relativa a que existe la probabilidad de que los demandantes sí hayan sido incluidos como beneficiarios, condición contractual que ni siquiera fue aducida como causa para pedir en la demanda; igualmente es irrelevante la particular habilidad que el censor le apunta al representante legal de la demandada, para contrastarla con la inexperiencia de quien lo sometió a interrogatorio, y el indicio que se pretende derivar porque a la tomadora no se le haya dado copia del contrato, hecho que en casación sólo se afirma sin ninguna referencia probatoria, y en orden a criticar genéricamente la posición dominante de las aseguradoras, pero sin que se haga ninguna conexión con el fallo acusado. 7. Por último, no sobra advertir que sobre las circunstancias que echó de menos el tribunal y que le sirvieron para hacer prevalecer la posición del Banco Caja Social como beneficiario principal, nada dijo el impugnante; señaló el tribunal, por ejemplo, que no está demostrado que por no haber sido pagado el seguro vida han resultado afectados los demandantes, toda vez que no hay constancia de que el Banco Caja Social les haya cobrado la obligación contraída en vida por la señora Luz Miriam Bernal de Escorcia, ni de que ellos hayan pagado total o parcialmente la deuda, ni de que sean o hayan sido sujetos pasivos de un proceso ejecutivo; sobre esos aspectos que fueron fundamentales para el sentenciador, la parte impugnante nada opuso, ni menos demostró en contrario. 8. En conclusión, dentro del preciso ámbito en que fue considerada la legitimación en la causa de los demandantes, el recurrente no logró desvirtuar los argumentos del tribunal,
9 siendo evidente que éste no examinó el asunto a la luz del derecho que puede asistirle a los terceros que por un contrato ven afectados sus intereses por causa del incumplimiento de alguna de las partes, aspecto hacia al cual no se orientó el cargo único propuesto, el cual por todo lo dicho no está llamado a alcanzar éxito. V. DECISIÓN En mérito de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia adiada el 24 de febrero de 2005, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso arriba referido. Se condena en las costas de este recurso a la parte impugnante, las cuales serán tasadas en su oportunidad. Notifíquese y devuélvase JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE EDGARDO VILLAMIL PORTILLA 2. SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogotá D. C., catorce de julio de dos mil seis Referencia: Exp. No Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 23 de noviembre de 1998 por la Sala Civil del Tribunal Superior del
10 Distrito Judicial de Cali, conclusiva del proceso ordinario promovido por Mariela Carvajal Polanía, María Elena Botero Carvajal, Martha Cecilia Botero Carvajal y María Fernanda Botero Carvajal frente a la Compañía Agrícola de Seguros S. A. ANTECEDENTES 1. Las demandantes solicitaron que la demandada fuera declarada responsable, con sujeción a la póliza de seguro que amparaba al vehículo de placas NP-3679, y que por tanto ella debe asumir el pago de la indemnización que corresponde al asegurado con ocasión del accidente ocurrido el 8 de junio de En consecuencia, pidieron que la Compañía Agrícola de Seguros fuera condenada al pago de las sumas de dinero determinadas en la demanda. 2. El fundamento de las pretensiones puede ser así condensado: 2.1. El 8 de junio de 1991 hubo una colisión entre el vehículo Nissan Patrol de placas NP-3679, conducido por Carlos Eduardo Bermúdez Osorio, una camioneta Chevrolet cuyos ocupantes resultaron heridos, y el vehículo Renault 12 en el que viajaban Mariela Carvajal Polanía y su esposo Humberto Botero Márquez, quien falleció como consecuencia del accidente Por estos hechos el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga condenó a Carlos Eduardo Bermúdez Osorio, aunque se inhibió de disponer el pago de los perjuicios reclamados por las víctimas del delito culposo, que son hoy los demandantes, a pesar de que ella se había constituido en parte civil dentro del proceso penal desde el 29 de abril de La decisión del Juzgado Penal fue modificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, que en su fallo de 3 de mayo de 1995 ordenó la reparación de los daños materiales y morales padecidos por las víctimas.
11 2.3. La Compañía Agrícola del Seguros expidió una póliza amparando el vehículo Nissan Patrol de placas NP-3679, contrato vigente para el 8 de junio de 1991, fecha del accidente, por lo que las víctimas tienen acción directa contra el asegurador La sentencia penal constituye cosa juzgada respecto del procesado y de quienes llegaren a ser responsables civilmente como consecuencia de la condena penal. Con ocasión del amparo la aseguradora ocupa el lugar del causante del daño, en razón de la posibilidad de ejercicio de la acción directa contemplada en el artículo 1133 del Código de Comercio, por lo cual está obligada a indemnizar a las víctimas, con fundamento en el contrato de seguro y en el hecho punible Las demandantes no han cobrado los perjuicios reconocidos en el proceso penal, por lo cual tienen derecho a demandar civilmente a la Aseguradora para obtener el pago de la indemnización. 3. La demandada dijo nada saber de los hechos que sustentan la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso como réplica que hubo petición de lo no debido o de un modo indebido, riesgo no cubierto, inexistencia de la obligación, y prescripción ordinaria de la acción. 4. El a quo declaró probada la excepción de prescripción y por lo mismo negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 1. Identificó el Tribunal que se ejercía contra la compañía demandada la acción directa emanada del contrato de seguro, reclamo intentado con fundamento en el artículo
12 1133 del Código de Comercio. Luego, hizo mención de algunas de las pruebas aportadas al proceso, entre las que destacó las sentencias penales de primera y segunda instancia, la demanda de parte civil promovida en el proceso penal, la copia de la póliza de seguros de automóviles número otorgada por la Compañía Agrícola de Seguros S.A., el certificado de renovación número 43187, el informe hecho por la policía luego del accidente y la objeción formal que hizo la aseguradora frente a la reclamación. 2. Acotó seguidamente que la demandada no discutió la existencia de la póliza por medio de la cual aseguró el riesgo, aunque propuso, entre otras, la excepción de prescripción ordinaria de la acción. Contó el ad quem desde el 8 de junio de 1991, cuando ocurrió el accidente de tránsito, hasta el 7 de junio de 1993, día en se extinguió el término contemplado en los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio, para concluir que la demanda fue puesta fuera del término y que por lo mismo la acción estaba prescrita. 3. Para el ad quem en los seguros de responsabilidad civil se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima, frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial, es decir, que dependiendo de quién ejerza la acción contra la aseguradora se determina el momento inicial que sirve de referencia para contar el plazo de prescripción, pues frente a la víctima corre a partir del hecho externo imputable al asegurado, mientras que respecto a este, desde cuando aquélla le presenta el reclamo judicial o extrajudicial. 4. Añadió el sentenciador que las acciones derivadas del contrato de seguro pueden prescribir en forma ordinaria o extraordinaria, en dos años la primera y en cinco la segunda, tras lo cual destacó que las demandantes, en su carácter de víctimas, ejercieron la acción directa contra la Compañía Agrícola de Seguros S. A., de donde dedujo que según el artículo 86 de la Ley 45 de 1990, el término de prescripción se inició en el momento en que acaeció el hecho externo imputable al asegurado, es decir... del siniestro y como éste
13 ocurrió el 8 de junio de 1991, resultaba evidente que hubo prescripción, por lo que la excepción debía ser reconocida. LA DEMANDA DE CASACIÓN Con apoyo en la causal primera del artículo 368 del C. de P. C., la recurrente formuló un cargo contra la sentencia del Tribunal, la que acusó de quebrar, por aplicación indebida, los artículos 90 ibídem y 1081, 1127, 1128 y 1131 del Código de Comercio (Ley 45 de 1990, artículos 85 y 86), como consecuencia de infracción proveniente de error de derecho. 1. En comienzo, la recurrente fue de la idea de que la prescripción ordinaria, aún contada desde el momento del siniestro (8 de junio de 1991), como hizo erradamente el Tribunal, se interrumpió en dos momentos: primero, el 29 de abril de 1994, cuando se presentó la demanda de parte civil dentro del proceso penal seguido contra el asegurado; después, el 29 de abril de 1996 cuando se formuló la demanda contra la firma aseguradora. Así, luego de citar los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio, dijo la demandante que la demanda de parte civil fue presentada en Abril 29 de 1994 y notificada al demandado en mayo 4 de 1994, es decir cinco (5) días después de su admisión, lo que da lugar a la aplicación, que no lo hizo el Tribunal en el fallo recurrido, del artículo 90 del C.P.C., se debe concluir que la prescripción tanto ordinaria como extraordinaria que venía corriendo desde el 8 de junio de 1991, cuando aconteció el siniestro, quedó interrumpida y se dio inicio al periodo de dos años de la caducidad ordinaria de la acción que BERMÚDEZ OSORIO tenía contra la compañía Aseguradora pues conforme al art del Código de Comercio, frente al asegurado BERMÚDEZ, no principió a correr la prescripción sino desde la presentación de la demanda, Abril 29 de 1994, a lo que agregó que esa prescripción que venía corriendo desde el 29 de abril de 1994 y que no fue interrumpida por el asegurado BERMÚDEZ tuvo que ser interrumpida con la demanda que presentaron las víctimas contra la aseguradora-
14 en Abril 29 de 1996, haciendo uso del derecho que les otorga la ley, según Art del Código de Comercio. 2. En un segundo enfoque, además de anotar la imposibilidad que tiene la víctima en este caso para conocer la existencia del contrato de seguro, de analizar los alcances de la reforma al artículo 1127 del Código de Comercio y de hacer ver las dificultades que tiene la interpretación del artículo 1131 ibídem, sostuvo el recurrente que el término de prescripción para la víctima debe contarse desde que ésta formula una reclamación judicial o extrajudicial al asegurado, pues sólo en ese momento se hace exigible la obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora. Argumentó enseguida que la intención del legislador no pudo ser la de colocar en desventaja al damnificado, quien no tiene conocimiento de la existencia del seguro y para el cual correría la prescripción desde el siniestro, a diferencia del asegurado que sí sabe esa información quien a pesar de esa ventaja dispondría de un término mayor para alegar la prescripción, pues para él correría desde el requerimiento judicial o extrajudicial de la víctima. Esa interpretación, dijo, desconoce la función que quiso darse al contrato de seguro luego de la reforma, destinada a que este cumpla una función preventiva y reparadora que evite la lesión patrimonial de la víctima. En ese sentido sostuvo que el hecho que da base a la acción para la víctima es la reclamación y no el siniestro como tal, para luego inferir que sin que mediara demanda judicial o extrajudicial al asegurado le quedaba vedado el camino para reclamar al asegurador una indemnización a título del contrato de seguro, pues a él nadie le había reclamado todavía y precisamente por ello ese asegurador podía aducir que no le era exigible el cumplimiento de la obligación indemnizatoria (fl.17). Por consiguiente, para el demandante, el hecho base de la acción se presentó el 29 de abril de 1994, día en que fue presentada la demanda civil dentro del proceso penal
15 seguido contra el asegurado, y por ende, el plazo de los dos años necesarios para la consumación de la prescripción no se había agotado el 29 de abril de 1996, fecha en que se promovió este proceso civil. 3. De otro lado, la censura planteó que el término de prescripción se suspendió desde cuando la aseguradora objetó la reclamación que hizo el asegurado, pues allí alegó no estar obligada a indemnizar y condicionó el pago a la declaración judicial de responsabilidad. Además, según se constata en la cláusula de las Condiciones Generales de la Póliza de Seguro de Automóviles, LA AGRÍCOLA indemnizará a la víctima, la cual se constituye en beneficiaria de la indemnización, los perjuicios que le hayan sido causados por el asegurado cuando éste sea civilmente responsable de acuerdo con la ley, lo que exige declaración judicial contra el asegurado. En todo caso, la víctima antes de la sentencia judicial nada podría reclamar a la Aseguradora, porque sin lugar a dudas le plantearía las mismas objeciones que puso al asegurado. 4. Así las cosas, solicitó casar la sentencia del Tribunal, con la advertencia de que el valor asegurado fue de $ oo y no de $ oo, como afirmó el apoderado de la demandada. De igual modo, reclamó el pago de intereses de mora desde la fecha en que exigió el pago de la indemnización. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Sea lo primero registrar que el recurrente se complace porque la presentación de la demanda afortunadamente se hizo dentro de los dos años que la ley le ordenaba al Asegurado para ejercer dicha acción (fl. 10 cdno. de la Corte), con lo cual no deja duda que su reclamo se dirige a que se aplique el término de la prescripción ordinaria.
16 Ya decantado que el casacionista invoca la prescripción ordinaria, véase como la censura al Tribunal se hace porque no entendió que la presentación de la demanda de parte civil en el proceso penal tuvo la virtud de interrumpir la prescripción, ni reparó que desde esa fecha se dio inicio al período de dos años de la caducidad ordinaria de la acción que BERMUDEZ OSORIO tenía contra la Compañía Aseguradora pues conforme al Art del Código de Comercio, frente al asegurado BERMUDEZ, no principió a correr la prescripción sino desde la presentación de la demanda, abril 29 de 1994 (fl. 9 cdno. de la Corte). Sin embargo, más adelante el censor cambia de argumento, al afirmar que la prescripción bienal no se interrumpe con la presentación de la demanda de parte civil, sino con otro acontecimiento. Así se expresa el demandante: En efecto, consideramos que se presenta la suspensión de la prescripción desde el mismo momento en que la Aseguradora alega que no está obligada al pago, condicionando este, por lo tanto a que dicha responsabilidad sea declarada legalmente (fl. 15 cdno. de la Corte). Hay entonces notoria contradicción en el planteamiento del casacionista, pues luego de alegar que la prescripción es de dos años y que ella se interrumpió con la presentación de la demanda de parte civil en el proceso penal, sostiene enseguida que la interrupción ocurrió con la reclamación que hizo el asegurado a la aseguradora, lo cual implica renegar de la presentación de la demanda de parte civil como hito inicial de la prescripción. Para complementar su ataque, el casacionista plantea como genuina la interpretación del artículo 1131 del Código de Comercio, aquella según la cual la reclamación es el hecho que da base a la acción, lo que excluye el siniestro como punto de partida de la prescripción. Y de nuevo el censor incurre en contradicción, pues tal cosa dijo tras afirmar que la prescripción tanto extraordinaria como ordinaria que venía corriendo desde el 8 de junio de 1991, cuando acaeció el siniestro, quedó interrumpida (fl. 11 cdno. de la Corte). La incoherencia reside en que primero el casacionista admite que el hito inicial de la
17 prescripción es el siniestro y por lo tanto desde allí viene corriendo la prescripción, pero luego argumenta que según el artículo 1081 del Código de Comercio el hecho que da base a la acción es la reclamación del damnificado y no el siniestro como tal (fl. 16 cdno. de la Corte) para concluir que desde dicha reclamación debe contarse la iniciación del término de prescripción. Se extracta de todo lo anterior, que el demandante persevera en alegar que hubo prescripción ordinaria, pero mientras en unos pasajes acepta que tal fenómeno extintivo venía corriendo desde el accidente y que se interrumpió con la demanda de parte civil, en otros argumenta que la prescripción no empezó sino con la reclamación, pues ese es el hecho que da base a la acción en los términos del artículo 1081 del Código de Comercio. Mirado desde otra perspectiva, el recurrente le otorga al mismo hecho una doble connotación, pues a la demanda de parte civil formulada en el proceso penal, la hace jugar una vez como hecho interruptor de la prescripción que viene corriendo, y otra como punto de partida originario para iniciar el término prescriptivo, lo cual desde luego muestra la vacilación del recurrente. El cargo no prospera. DECISIÓN En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 23 de noviembre de 1998, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario instaurado por Mariela Carvajal Polanía, María Elena Botero Carvajal, Martha Cecilia Botero Carvajal y María Fernanda Botero Carvajal frente a la Compañía Agrícola de Seguros S. A.
18 Costas en casación a cargo del recurrente. Liquídense. JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE (Con salvamento de voto) EDGARDO VILLAMIL PORTILLA SALVAMENTO DE VOTO Referencia: expediente número Por cuanto la ponencia presentada por el suscrito no fue acogida por la mayoría, a continuación reproduzco la parte pertinente del proyecto; las razones que entonces expuse son, justamente, las que explican ahora esta salvedad de voto. 1. Circunscrita la Corte al ámbito trazado por el censor, se trata de establecer si el término previsto por la ley para que se configure la prescripción extintiva de la acción directa que tiene la víctima contra el asegurador, derivada del contrato de seguro de responsabilidad civil, empieza a correr a partir del momento en que el perjudicado le presenta al asegurado la reclamación, judicial o extrajudicial, como insistentemente lo insinúa la censura, o si, por el contrario, desde que acaece el riesgo amparado, como lo definió el tribunal, para tras ello precisar si se produjo el quebranto achacado en la acusación. Al margen de una serie de interpretaciones elaboradas por destacados expositores, como Camilo Vitervo, Antígono Donati, Rubén Stiglitz, Horacio Royman y Fernando Sánchez Calero, quienes principalmente para explicar cómo ha de darse inicio al cómputo de la prescripción entre asegurador y asegurado han elaborado una serie de teorías encaminadas a establecer lo que debe de entenderse por siniestro en el seguro de responsabilidad civil, como la del reclamo del tercero, el reembolso al asegurado, la liquidación de la deuda, el pago por el asegurado, el hecho dañoso o el débito de responsabilidad, entre otras, lo cierto es que, por lo menos en el sistema positivo colombiano, tratándose de la relación -externa- entre la víctima o beneficiaria del seguro
19 con la aseguradora, cuando aquélla ejerce la acción directa autorizada por el artículo 1127 del Código de Comercio, en la forma como quedó modificado por artículo 84 de la ley 45 de 1990, parece no tener mayor dificultad la respuesta a tal cuestionamiento, en el sentido de que ha de aplicarse siempre la última de tales teorías, esto es, la consistente en que el siniestro tiene lugar a raíz del suceso dañoso contemplado en la ley, como lo prevé el artículo 1131 ibídem. Acerca de esta apreciación, se sostiene que el siniestro evidentemente lo genera el hecho dañoso, en tanto es la ocurrencia física del daño la que hace surgir la deuda de responsabilidad del asegurado, siempre y cuando se den las condiciones jurídicas adecuadas, puesto que es la afectación del patrimonio de aquél lo que protege el seguro en referencia. Así, la realización de tal suceso, que es el que configura el débito de responsabilidad en el seguro que se comenta, tiene lugar cuando acaece, dentro de las circunstancias legal y convencionalmente previstas, el hecho o circunstancia amparado en el contrato, cuya gestación tuvo lugar por una acción u omisión del asegurado. En este sentido, por ejemplo, Rubén Stiglitz, tras señalar que el hecho producido dentro de la vigencia material del contrato y que, por dañoso, genera responsabilidad, se denomina siniestro, a manera de síntesis, expresa que en el seguro que se analiza el mentado fenómeno se encuentra constituido por la aparición de un débito de responsabilidad previsto en el negocio, como consecuencia de un hecho acaecido dentro del plazo allí pactado; débito que, agrega, nace con la comisión del ilícito, que genera lesión en el patrimonio del asegurado pues comporta, desde ese momento, una disminución del mismo(derecho de Seguros, Tomo I, Tercera Edición, Abeledo-Perrrot, Buenos Aires, 2001, pags.229 y 230). Por su parte, Fernando Sánchez Calero, quien también adhiere a esta tesis, al estudiar los hechos constitutivos del derecho de la víctima en esta especie negocial, anota que otro presupuesto para el nacimiento del derecho del tercero frente al asegurador es precisamente que se haya producido el evento dañoso previsto en el contrato agregando que en este caso concreto, el nacimiento del derecho del tercero frente al asegurador se vincula precisamente -de producirse el presupuesto antes indicado de la existencia del contrato de seguro- a que haya surgido un derecho del tercero frente al asegurado ; a ello añade que si no surge la obligación de indemnizar a cargo del asegurado, tampoco existe la del asegurador (Ley de Contrato de Seguro, Comentarios a la ley 50/1980, Editorial Aranzadi S. A., 1999, pag.1239). Y Félix Morandi, luego de sostener que la doctrina más acogida identifica al hecho con el siniestro - el débito de responsabilidad nace con el hecho dañoso -, concluye que si el riesgo específico previsto en el contrato se adecua al hecho sucedido hay siniestro, porque desde ese momento el asegurador es pasible de un reclamo jurídico tendiente a efectivizar la garantía asumida (Revista Iberoamericana de Seguros, número 8, junio de 1996, pag.16).
20 Es así como al indicar expresamente el artículo 1131 citado que en el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima (se subraya), distinguiendo de paso este mismo texto legal la otra relación -interna-, al decir que frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial, indudablemente viene a fijar con criterio objetivo, en la primera parte, que es a partir del acaecimiento de tal hecho dañoso como ha de darse inicio al término prescriptivo; de esta manera, es el propio legislador el que despeja cualquier discusión sobre el tema. Por tanto, al tenor de esa norma, no se remite a duda que, respecto de la víctima, atendido tal criterio, tenga ésta conocimiento o no de tal hecho, principia a computarse el término de prescripción, apreciación que, además, quiebra en parte el régimen diferencial consagrado por el artículo 1081 ejusdem, en cuanto esta norma sí distingue tal conocimiento de la sola consolidación del siniestro, o sea, con abstracción de este elemento subjetivo, como surge de las hipótesis contempladas en los incisos segundo y tercero. Solamente para determinar el plazo correspondiente, interesa destacar que alrededor de este tema, insinuó la Corte lo que sigue: Para determinar cabalmente el cómputo de estos términos, es preciso tener en cuenta la diversidad de acciones que surgen del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen, pues obviamente el artículo 1081 del C. de Co. no está diseñado ni se agota exclusivamente frente a la indemnizatoria o la encaminada a exigir la prestación asegurada- en manos del beneficiario del seguro, cuestión que obliga, en el marco de una cabal hermenéutica de ese precepto, establecer en cada caso concreto la naturaleza de la prestación reclamada, pues ésta ha de determinar a su turno cuál ES EL HECHO QUE DA BASE A LA ACCIÓN (tratándose de la prescripción ordinaria) y en qué momento NACE EL RESPECTIVO DERECHO (cuando se invoque la prescripción extraordinaria); desde luego que esas acciones no siempre tienen su origen en un solo hecho o acontecimiento, pues éste varía conforme al interés de su respectivo titular (tomador, asegurado, beneficiario, o asegurador), y tampoco tienen siempre su fuente en el contrato mismo de seguro, sino algunas veces en la ley, como acontece con las acciones y excepciones de nulidad relativa, la devolución de la prima etc.. Lo anterior, es claro, sin perjuicio del régimen prescriptivo establecido en el artículo 1131 del C. de Co. para el seguro de responsabilidad civil, en el que la prescripción corre frente al asegurado a partir del momento de la petición indemnizatoria (judicial o extrajudicial), que efectúe la víctima, y, respecto de ésta, desde el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, según lo esclareció el legislador del año 1990 (art.86, Ley 45) ( ) No puede pregonarse entonces de manera general, cual lo hizo erróneamente el Tribunal, que en todas las acciones derivadas del contrato de seguro o de la ley el término de prescripción ordinaria y extraordinaria tenga como punto común de partida la ocurrencia del siniestro, pues como lo indicó la Corte en la sentencia ya citada de 7 de julio de 1977, ese punto de partida sólo es viable tratándose, como allí se dijo, de una excepción de prescripción opuesta por la asegurado contra el beneficiario del seguro, muy
TACHA DE FALSEDAD. TÍTULO VALOR CON ESPACIOS EN BLANCO. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL DE DECISIÓN Magistrado Ponente: MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ Bogotá D.C., catorce (14)