Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25815
Timestamp: 2020-02-26 04:56:18
Document Index: 154819821

Matched Legal Cases: ['artículo 202', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 88', 'artículo 202', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo157', 'artículo 157', 'artículo 49', 'artículo 52', 'artículo 83', 'artículo 121', 'artículo 122', 'artículo 126', 'artículo 81', 'Artículo 49', 'Artículo 52', 'Artículo 83', 'Artículo 157', 'Artículo 2', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 31', 'Artículo 103', 'Artículo 133', 'Artículo 135', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 140', 'Artículo 145', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 156', 'Artículo 156', 'Artículo 136', 'Artículo 150', 'Artículo 159', 'Artículo 159', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 160', 'Artículo 177', 'Artículo 202', 'Artículo 24', 'Artículo 126', 'artículo 3', 'Artículo 13', 'Artículo 53', 'Artículo 53', 'Artículo 53', 'Artículo 88', 'Artículo 47', 'Artículo 47', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 49', 'Artículo 49', 'Artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 82', 'Artículo 82', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 83', 'Artículo 83', 'Artículo 83', 'Artículo 118', 'Artículo 120', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 121', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 122', 'Artículo 122', 'Artículo 122', 'Artículo 122', 'Artículo 122', 'Artículo 126', 'Artículo 126', 'Artículo 129', 'Artículo 129', 'Artículo 129', 'Artículo 134', 'Artículo 157', 'Artículo 157', 'Artículo 157', 'Artículo 157']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 132/2018
SENTENCIA 132/2018, de 13 de diciembre
ECLI:ES:TC:2018:132
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, interpuesto por la Abogada de la Generalidad de Cataluña, en representación de su Gobierno, contra los artículos 39; 49 h), párrafo segundo, en conexión con la disposición adicional octava, apartado 1; 52.2, desde “teniendo en cuenta” hasta el final; 81.3; 83.2, letra c), en conexión con la disposición adicional octava, apartado 2; 120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y, por conexión, la disposición final decimocuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Ha sido ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 29 de junio de 2016, la Abogada de la Generalidad de Cataluña, en representación de su Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, por entender que vulneran el artículo 202.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante, EAC) y desbordan las competencias estatales con invasión de las autonómicas relativas a la función pública (art. 136 EAC), el régimen local (art. 160 EAC), así como a la organización, el régimen jurídico y el procedimiento de las administraciones públicas catalanas (arts. 150 y 159 EAC).
2. Después de una serie de consideraciones generales sobre los orígenes y propósitos de la Ley 40/2015, el recurso de inconstitucionalidad razona que los números 13 (bases y coordinación general de la economía) y 14 (hacienda general) del artículo 149.1 CE no proporcionan cobertura a la Ley 40/2015 ni, por tanto, a los preceptos específicamente impugnados [cita la STC 41/2016, FJ 3, letras c) y b), y el dictamen 247-2015 del Consejo de Estado, apartado III.C) 2]. Señala, igualmente, que los preceptos controvertidos tampoco pueden ampararse en el artículo 149.1.18 CE (bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo común), que es el único que podría ser tomado en consideración en este proceso (cita las SSTC 76/1983, FJ 38; 50/1999, FJ 3, y 130/2013, FJ 6).
3. Mediante providencia de 19 de julio de 2016, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el presente recurso, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al objeto de que pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones, así como ordenar la publicación de la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”, lo que tuvo lugar en el “BOE” núm. 184, de 1 de agosto de 2016.
4. Por escrito registrado en este Tribunal el día 6 de septiembre de 2016, el Presidente del Senado comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el proceso ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. Lo mismo hizo la Presidenta del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado el día 9 del mismo mes.
5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 7 de septiembre de 2016, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, compareció en el proceso y solicitó la ampliación en ocho días del plazo de quince conferido para formular alegaciones, habida cuenta del número de asuntos que pendían en la Abogacía del Estado. En virtud de providencia de 12 de septiembre de 2016, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó tenerle por personado y concederle la prórroga solicitada.
6. El día 3 de octubre de 2016 el Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones en el registro general de este Tribunal Constitucional.
7. Por providencia de 11 de diciembre de 2018, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 13 del mismo mes y año.
1. Objeto del recurso. La Abogada de la Generalitat de Cataluña, en representación de su Gobierno, interpone recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (en adelante, la Ley 40/2015), por vulnerar el artículo 202.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante, EAC) y desbordar las competencias estatales con invasión de las autonómicas relativas a la función pública (art. 136 EAC), el régimen local (art. 160 EAC), así como a la organización, el régimen jurídico y el procedimiento de las Administraciones públicas catalanas (arts. 150 y 159 EAC). El Abogado del Estado se opone al recurso, solicitando su íntegra desestimación.
2. Consideración previa. La Ley 40/2015 pretende sistematizar “el ordenamiento de las relaciones ad intra e inter Administraciones”, esto es, su régimen de organización, funcionamiento interno y relaciones entre sí (preámbulo). Compendia normas procedentes, tanto de legislación básica aplicable a todas las Administraciones (Leyes 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento común, y 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos) como de leyes reguladoras de la Administración General del Estado (Leyes 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado y 28/2006, de 18 de julio, de agencias estatales), dejando fuera la disciplina presupuestaria (Leyes Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria). Según su preámbulo, esta Ley no se ocupa de las “relaciones ad extra” con “los ciudadanos y empresas”, que se confían a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. No obstante, aborda cuestiones tan sustantivas como los principios de la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial y asuntos claramente procedimentales con incidencia externa, como la llamada “actuación administrativa automatizada”.
3. Títulos competenciales. La Abogada de la Generalitat enmarca la controversia competencial en el artículo 149.1.18 CE, que atribuye al Estado la competencia para aprobar las “bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas”. Descarta la entrada en juego de los números 13 (“bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”) y 14 (“hacienda general”) del artículo 149.1 CE. Por su parte, el Abogado del Estado acepta este planteamiento y trae a colación únicamente el artículo 149.1.18 CE, en su caso, para afirmar que las Cortes han dictado válidamente los preceptos impugnados como bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas. Este encuadramiento resulta, a su vez, de la disposición final decimocuarta, apartado 1, primer inciso, de la Ley 40/2015.
4. Concreción del título competencial. Para abordar las impugnaciones, es preciso concretar el alcance del título competencial que enmarca la controversia suscitada por el recurrente.
5. Portal de internet: El artículo 39 de la Ley 40/2015. Respecto de la Administración electrónica, la demanda impugna, en primer lugar, el artículo 39 de la Ley 40/2015.
6. Directorio general de aplicaciones. El artículo157.3, párrafo tercero, de la Ley 40/2015. En relación con la Administración electrónica, se impugna también el artículo 157.3, párrafo tercero, de la Ley 40/2015.
7. Convenios administrativos (1). En materia de convenios administrativos, la Letrada autonómica impugna en primer lugar el artículo 49 h) 2, en conexión con la disposición adicional octava, apartado 1, de la Ley 40/2015.
8. Convenios administrativos (2). Continuando el enjuiciamiento del régimen jurídico establecido en materia de convenios administrativos, el recurso de inconstitucionalidad impugna, igualmente, el artículo 52.2, a partir del inciso “teniendo en cuenta las siguientes reglas”, hasta el final del apartado.
9. Sector público institucional. Respecto del sector público institucional, se impugnan, en primer lugar, el artículo 83.2, letra c), y, por conexión, la disposición adicional octava, apartado 2, de la Ley 40/2015.
10. Consorcios y fundaciones del sector público. Respecto del régimen de los consorcios y las fundaciones del sector público, la Abogada de la Generalitat de Cataluña impugna varios preceptos. Abordaremos, en primer término, la impugnación de los artículos 120.2 y 129, apartados 2 y 3, de la Ley 40/2015.
11. Consorcios; régimen de personal. Se impugna el artículo 121 de la Ley 40/2015, relativo al “régimen de personal”.
12. . Consorcios; Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial. Se impugna el artículo 122 de la Ley 40/2015, relativo al “régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial”.
13. Consorcios. Efectos de la separación. Se impugna el artículo 126 de la Ley 40/2015, que lleva por rúbrica “Efecto del ejercicio del derecho de separación de un consorcio”.
14. . Otras impugnaciones. Finalmente, se impugnan el artículo 81.3 y la disposición final decimocuarta, apartado 1, de la Ley 40/2015.
1. Voto particular que formula la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016.
Número y fecha BOE [Núm, 13 ] 15/01/2019
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 3774-2016
Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que regulan: a) la administración electrónica; b) los convenios administrativos; c) la inscripción registral de las entidades públicas instrumentales y d) los consorcios y fundaciones del sector público.
Se estima parcialmente el recurso. La sentencia declara la inconstitucionalidad del precepto que establece: a) un plazo máximo de un mes desde la aprobación de la liquidación de los convenios para que las administraciones públicas corrijan los desequilibrios financieros producidos cuando el importe de las actuaciones ejecutadas por una de ellas sea distinto al de los fondos aportados por las demás y b) un plazo máximo de un mes desde el incumplimiento de la obligación de reintegro del exceso de fondos que resulte de actuaciones ejecutadas por importe inferior a los fondos recibidos, para abonar los correspondientes intereses moratorios. Si bien la regulación estatal básica puede encuadrar la regulación autonómica dentro de topes temporales mínimos y máximos, al fijar un plazo máximo concreto y tan breve, el precepto impugnado impide que las comunidades autónomas establezcan otros mayores en función de la complejidad o naturaleza de los convenios. Por tanto, la regulación impugnada excede la competencia estatal para aprobar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas e invade las competencias autonómicas de desarrollo en dicha materia.
Se desestima el recurso en todo lo demás. Se afirma que el resto de preceptos impugnados se enmarcan en el ámbito competencial de legislación básica sobre régimen jurídico administrativo. En relación con la administración electrónica, cada administración pública puede optar por mantener su propio punto de acceso electrónico. La exigencia de justificar en términos de eficiencia la negativa a reutilizar las aplicaciones disponibles en el directorio general dependiente de la Administración general del Estado no vulnera la autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas. Los preceptos que fijan un tope temporal máximo para la duración de las prórrogas de los convenios administrativos tampoco invaden competencias autonómicas. El legislador autonómico puede regular libremente la duración de los convenios administrativos sin más límite que la exigencia de determinación. Finalmente, y en relación con los preceptos que regulan el sector público institucional: a) la exigencia de inscripción registral de los actos de creación, transformación, fusión o extinción de las entidades integrantes del sector público institucional es una potestad estatal de mera comprobación que no supone una tutela estatal de las opciones organizativas de las comunidades autónomas o entes locales; b) los criterios para determinar la administración a la que deben adscribirse los consorcios y fundaciones públicas no son excesivamente detallados ni invaden las competencias autonómicas de desarrollo, ya que sólo mediante la fijación de esos criterios la norma puede cumplir la finalidad uniformadora que la justifica; c) la obligación de que el personal al servicio del consorcio proceda, salvo excepción, de las administraciones participantes, responde a finalidades de eficiencia y estabilidad presupuestaria y configura el régimen básico de los consorcios sin lesionar la autonomía organizativa de las comunidades autónomas y entes locales; d) la determinación de que los consorcios estén sujetos al régimen presupuestario y de contabilidad y control de la administración pública a la que estén adscritos no supone una invasión de las competencias de las comunidades autónomas respecto de la organización de sus servicios y e) la disolución por ministerio de la ley de los consorcios que no cumplan con la exigencia de estar integrados por al menos dos entidades públicas diferenciadas es una previsión que se enmarca dentro de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
Artículo 49 h, párrafo segundo
Artículo 52.2 "teniendo en cuenta hasta el final" (declara inconstitucional)
Artículo 83.2 c)
Artículo 157.3 último párrafo
Disposición adicional octava, apartado 1
Artículo 2, ff. 6, 9
Artículo 9.3 (responsabilidad de los poderes públicos), ff. 4, 10
Artículo 9.3 (seguridad jurídica), ff. 4, 10
Artículo 31.2, ff. 3, 6, 11, VP
Artículo 103.1, ff. 4, 6, 10, 11
Artículo 133.4, ff. 3, 4, 10
Artículo 135 (redactado por la reforma constitucional de 27 de septiembre de 2011), ff. 3, 6, 11, VP
Artículo 135.6 (redactado por la reforma constitucional de 27 de septiembre de 2011), VP
Artículo 136, ff. 3, 4, 10
Artículo 137, ff. 6, 9, 11, VP
Artículo 138, VP
Artículo 140, ff. 6, 11
Artículo 145.2, f. 7
Artículo 149.1.13, ff. 3, 14, VP
Artículo 149.1.14, ff. 3, 9, 11, 12
Artículo 149.1.18, ff. 3, 4, 6 a 9, 11 12, 14, VP
Artículo 156, f. 6, VP
Artículo 156.1, f. 9, VP
Artículos 6 a 8, f. 7
Disposición adicional vigésima (redactada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 11
Disposición adicional vigésima, apartado 1 (redactada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 10
Disposición adicional vigésima, apartado 2 (redactada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 10
Disposición adicional vigésima, apartado 4 (redactada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 12
Disposición adicional vigésima, apartado 5 (redactada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre), f. 11
Disposición adicional sexta, f. 9
Artículo 136, ff. 1, 11
Artículo 150, ff. 1, 4, 6, 7, 10 a 12
Artículo 159, ff. 1, 9, 11, 12
Artículo 159.1, f. 8
Artículo 159.2, ff. 7, 10
Artículo 160, ff. 1, 9 a 12
Artículo 160.1 a), ff. 7, 8
Artículo 177, f. 7
Artículo 202.2, ff. 1, 6, VP
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Aprueba el reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos
Artículo 24.2, f. 9
Artículo 126.1, VP
Protocolo 12, artículo 3, VP
Artículo 13 a), f. 5
Artículo 53.1 a), f. 5
Artículo 53.1 a) párrafo segundo, último inciso, f. 5
Artículo 53.1, párrafo segundo, f. 5
Artículo 88, f. 7
Disposición adicional segunda, ff. 5, 6, VP
Disposición adicional segunda, párrafo segundo, ff. 5, 6
Artículo 47.1 párrafo tercero, f. 7
Artículo 47.2 a), párrafo segundo, f. 7
Artículo 47.2 c), f. 7
Artículos 47 a 53, f. 7
Artículo 48.1 último inciso, f. 7
Artículo 48.3, f. 7
Artículo 48.5, f. 7
Artículo 48.6, f. 7
Artículo 48.9, f. 7
Artículo 49 a) a g), f. 7
Artículo 49 h) párrafo primero, f. 7
Artículo 49 h, párrafo segundo, f. 7, VP
Artículo 52.2 "teniendo en cuenta hasta el final", ff. 7, 8, 14
Artículo 52.2 a), f. 8
Artículo 52.2 b), f. 8
Artículo 81.3, f. 14
Artículo 82, f. 9
Artículo 82.1, f. 9
Artículo 82.1, párrafo primero, f. 9
Artículo 82.3, f. 9
Artículo 83.2, f. 14, VP
Artículo 83.2 a), f. 9
Artículo 83.2 b), f. 9
Artículo 83.2 c), ff. 3, 9, 14, VP
Artículo 118.1, f. 13
Artículo 120.1, f. 10
Artículo 120.2, ff. 10, 14
Artículo 121, ff. 11, 14
Artículo 121.1 inciso primero, f. 11
Artículo 121.2, f. 11
Artículo 122, ff. 12, 14
Artículo 122.1, f. 12
Artículo 122.2, f. 12
Artículo 122.3, f. 12
Artículo 122.4, f. 12
Artículo 122.5, f. 12
Artículo 126, ff. 13, 14
Artículo 126.1, f. 12
Artículo 129, f. 14
Artículo 129.2, ff. 10, 14
Artículo 129.3, f. 10
Artículo 134, f. 14
Artículo 157.3, VP
Artículo 157.3 último párrafo, f. 6, VP
Artículo 157.3, párrafo primero, f. 6
Artículo 157.3, párrafo segundo, f. 6
Disposición adicional octava, apartado 1, f. 7, VP
Disposición adicional octava, apartado 1 párrafo segundo, f. 7
Disposición adicional octava, apartado 2, f. 9, VP
Disposición adicional octava, último inciso, párrafo segundo, f. 7
Disposición final decimoctava, f. 7
Disposición final decimocuarta, apartado 1, f. 14
Disposición final decimocuarta, apartado 1 primer inciso, f. 3
Disposición final decimocuarta, apartado 1 segundo inciso, f. 3
Competencias en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicasCompetencias en materia de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, ff. 2 a 14
Competencias en materia de consorciosCompetencias en materia de consorcios, ff. 10 a 13
Competencias en materia de convenios administrativosCompetencias en materia de convenios administrativos, ff. 7, 8
Competencias en materia de fundacionesCompetencias en materia de fundaciones, f. 10
Interpretación de títulos competencialesInterpretación de títulos competenciales, ff. 3, 4
Sector público institucionalSector público institucional, ff. 9 a 14
Cómputo de plazos en el procedimiento administrativoCómputo de plazos en el procedimiento administrativo, ff. 7, 8