Source: https://acoso.online/ni/2-conoce-las-leyes-que-pueden-ayudarte/
Timestamp: 2020-08-08 17:52:12
Document Index: 170102875

Matched Legal Cases: ['Artículo 194', 'Artículo 195', 'Artículo 193', 'Artículo 198', 'artículo 175', 'Artículo 185', 'artículo 15', 'Artículo 174', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 46', 'Artículo 51', 'Artículo 137', 'Artículo 202', 'Artículo 203', 'Artículo 26', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 8', 'Artículo 1']

El Código Penal de la República de Nicaragua establece la Captación indebida de comunicaciones ajenas como delito; definiéndolo como la grabación de “palabras o conversaciones ajenas, no destinadas al público, o el que mediante procedimientos técnicos escuche comunicaciones privadas o telefónicas que no le estén dirigidas”. (Artículo 194)
Entre 1 y 2 años de cárcel.
“Quien hallándose legítimamente en posesión de una comunicación, de documentos o grabaciones de carácter privado, los haga públicos sin la debida autorización, aunque le hayan sido dirigidos” comete el delito de Propalación, según el Código Penal de la República de Nicaragua (Artículo 195)
Entre 60 y 180 días de multa.
El Código Penal establece el delito de sustracción, desvío o destrucción de comunicaciones que castiga a quién se apodere ilegalmente, destruya o desvíe de su destino una comunicación que no le esté dirigida. (Artículo 193)
-Entre 6 meses y 1 año de cárcel para quien no conozca el contenido de la comunicación.
-Entre 1 y 2 años para quien conozca el contenido de la comunicación
El Código Penal define que “quien sin la debida autorización utilice los registros informáticos de otro, o ingrese, por cualquier medio, a su banco o archivos electrónicos” comete el delito de Acceso y uso no autorizado de información. (Artículo 198)
Prisión entre 1 y 2 años.
El Código Penal de la República de Nicaragua establece el delito de Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago (artículo 175).
-Se impondrá de 4 a 6 años de prisión cuando la víctima sea mayor de dieciséis y menor de dieciocho años de edad.
-Cuando el contenido sea distribuido a través de cualquier medio, la pena aumenta de 5 a 7 años de prisión y entre 150 y 500 días de multa.
-Quien con fines de explotación sexual posea este material tendrá una pena entre 1 y 2 años de prisión.
-Quien ejecute el acto sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 será penado con un máximo de 7 años de prisión, un mínimo de 5 años.
El Código Penal establece el delito de Chantaje definido como el uso de las amenazas para forzar a otra persona a hacer o no hacer algo (Artículo 185)
Entre 2 y 4 años de prisión, y de 100 a 200 días de multa.
El Código penal también tipifica el delito de Asedio.
El Código del Trabajo, Ley 185, establece las bases para todas las relaciones laborales a establecerse en territorio nicaragüense; y dedica dos capítulos para referirse a las trabajadoras mujeres. Destaca la obligatoriedad de la igualdad de oportunidades y la protección a la maternidad de las trabajadoras.
Por otro lado, la Ley integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) establece en su artículo 15 la Violencia Laboral como impedir o limitar “el ejercicio del derecho al trabajo de las mujeres”.
Y el Código Penal establece el delito de Acoso Sexual ejercido por “quien de forma reiterada o valiéndose de su posición de poder, autoridad o superioridad demande, solicite para sí o para un tercero, cualquier acto sexual a cambio de promesas, explícitas o implícitas, de un trato preferencial, o de amenazas relativas a la actual o futura situación de la víctima”. (Artículo 174)
El código penal establece penas de entre 1 a 3 años por el delito de Acoso Sexual.
La Ley 779 establece penas de entre 50 a 100 días de multa para toda autoridad que en conocimiento de los hechos, no denuncie hechos de acoso sexual.
La Ley integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) establece que “las personas que de acuerdo a la legislación procesal penal tengan obligación de denunciar los delitos de acción pública, una vez que tengan conocimiento que una mujer, niño, niña o adolescente ha sido víctima de violencia, deberán denunciar el hecho ante la Policía Nacional o al Ministerio Público dentro del término de cuarenta y ocho horas”. (Artículo 17)
Y que “toda autoridad jerárquica en centros de empleo, de educación o de cualquier otra índole, que tenga conocimiento de hechos de acoso sexual realizados por personas que estén bajo su responsabilidad o dirección y no lo denuncie a la Policía Nacional o al Ministerio Público, será sancionada.” (Artículo 18)
La omisión de denunciar será penada con entre 200 y 500 días de multa.
La omisión de denunciar acoso sexual tiene una pena de entre 50 y 150 días de multa.
El Código de la Familia, Ley 870, define la violencia doméstica o intrafamiliar como “cualquier acción o conducta que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico y patrimonial, al cónyuge o conviviente o sobre las hijas e hijos del cónyuge o conviviente o sobre ascendiente o discapacitados que convivan con él o ella o que se hallen sujetos a tutela de uno u otro”. (Artículo 46).
También define la obligación de toda persona a denunciar la violencia doméstica o intrafamiliar. (Artículo 51)
Las penas para estos delitos están establecidas en el Código Penal y la Ley 779.
El Código de la Familia establece 4 causales para la disolución del matrimonio: nulidad, fallecimiento de uno de los cónyuges, por mutuo consentimiento, por voluntad de uno de los cóyuges. (Artículo 137).
El delito de Calumnia se define en el Código Penal (Artículo 202) como la implicación falsa de una persona en un delito.
Por Injuria, el Código Penal define toda acción o expresión que lesione la dignidad de una persona. (Artículo 203)
-Multa de entre 100 y 200 días.
Si la calumnia se propaga con publicidad, la pena aumenta entre 120 y 300 días de multa.
Si la injuria se propaga con publicidad, la pena aumenta a 200 y 300 días de multa.
La Constitución Política establece en su Artículo 26 el Derecho a la Vida Privada, que describe que todes les nicaragüenses tienen derecho a su vida privada y la de su familia, el respeto a su honra y dignidad, a la inviolabilidad de su domicilio; y a conocer toda la información que se haya generado y registrado por entidades y públicas sobre su persona.
La Ley de reforma y adiciones a la Ley No. 49, “Ley De Amparo” (Ley 381) establece el recurso de Habeas Data como “garantía de tutela de datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos, de naturaleza pública o privada, cuya publicidad constituya una invasión a la privacidad personal”. (Artículo 5)
La Ley de Protección de Datos Personales (Ley 787) establece el Derecho a la Autodeterminación informativa como el derecho de todas las personas a “saber quién, cuándo, con qué fines y en qué circunstancias toman contacto con sus datos personales”. (Artículo 3)
La Ley integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) define las diversas formas en las que se expresa la violencia contra las mujeres.
En su Artículo 8 establece que la violencia hacia las mujeres en todas sus manifestaciones y ámbitos son una manifestación de la discriminación y desigualdad que viven las mujeres; y destaca las siguientes formas de violencia:
-Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer
-Violencia laboral contra las mujeres
-Violencia patrimonial y económica
La Ley establece penas de multas y cárcel para delitos diversos: femicidio, violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia laboral, sustracción de hijos o hijas y violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer.
Destaca la creación de penas específicas para los delitos de Omisión de denunciar y Obligación de denunciar actos de acoso sexual; penados con multas.
La Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, Ley 648; busca “establecer los principios generales que fundamenten políticas públicas dirigidas a garantizar el ejercicio efectivo en la igualdad real, en la aplicación de la norma jurídica vigente de mujeres y hombres, para asegurar el pleno desarrollo de la mujer” (Artículo 1)
En Nicaragua existe la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, Ley 200. Aprobada en 1996, es la Ley creadora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos; a quien se le concede capacidad para gestionar licencias, permisos y autorizaciones relacionadas.