Source: https://www.insolvencia.co/sentencia-t-67210/
Timestamp: 2019-09-18 17:57:46
Document Index: 184618142

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 77', 'artículo 510', 'artículo 351', 'artículo 348', 'artículo 348']

Sentencia T-672/10 - Insolvencia.co
– Plazo total: 180 meses.
– Cuota Actual: 61
– Cuotas Pendientes: 119.
– Cuotas en mora: 0
– Saldo total a 17/05/2002: Valor en UVRS: -52.448.8412; Valor en pesos: -$6.524.032.
– Total pagado: Valor en UVRS: 85.9090; Valor en pesos: $10.752
– Saldo a favor: $7.994.011
– Total a pagar hasta el 13/06/2002: $0
– Saldo total a 21/04/2002: Valor en UVRS: -52.448.8412; Valor en pesos: -$6.524.052.
– Total pagado: Valor en UVRS: 86.5218; Valor en pesos: $10.752
– Saldo a favor: $7.923.945
– Total a pagar hasta el 14/05/2002: $0
– Saldo total a 22/03/2002: Valor en UVRS: -52.448.8412; Valor en pesos: -$6.451.858.
– Total pagado: Valor en UVRS: 87.6804; Valor en pesos: $10.752
– Saldo a favor: $7.869.938
– Total a pagar hasta el 15/04/2002: $0
– Saldo total a 15/02/2002: Valor en UVRS: -52,448.8412; Valor en pesos: -$6,382.463.
– Total Pagado: Valor en UVRS: 88.2736; Valor en pesos: $10.752
– Saldo a favor: $7,767.580
– Total a pagar hasta el 13/03/2002: $0
– Saldo total a 18/01/2002: Valor en UVRS: -52,448.8412; Valor en pesos: -$6,362.894.
– Total pagado: Valor en UVRS: 88.5195; Valor en pesos: $10.752
– Saldo a favor: $7,708.634
– Total a pagar hasta el 13/02/2002: $0
– Saldo total a 18/01/2002: Valor en UVRS: -52,448.8412; Valor en pesos: -$6,354.644.
– Total pagado: Valor en UVRS: 88.6569; Valor en pesos: $10.752
– Saldo a favor: $7,683.901
– Total a pagar hasta el 14/01/2002: $0
– Saldo total a 18/01/2002: Valor en UVRS: -56,809.2468; Valor en pesos: -$6.869.604.
– Total pagado: Valor en UVRS: 1243,562.2475; Valor en pesos: $152,345,277
– Saldo a favor: $6,892.115
– Total a pagar hasta el 13/12/2001: $0
En tercer lugar, respecto de lo señalado por el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá quien consideró que“la oportunidad procesal para alegar los hechos relativos a la reliquidación del crédito ordenada por la ley 546 de 1999 y demás normas concordantes, precluyó con el vencimiento del término del traslado de la demanda, por lo tanto el despacho procede a analizar el segundo punto relacionado con la objeción para lo cual se permite practicar la liquidación del crédito de la siguiente manera(…)”, los accionantes resaltan la clara vulneración de sus derechos fundamentales, por cuanto en el momento de contestar la demanda no se presenta la liquidación del crédito. De otro lado manifiestan su inconformidad con la presentación de la liquidación que se realizó con intereses de capital y de mora, liquidando intereses sobre intereses, una práctica contraria a la ley y la Constitución.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[2]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[3]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[4]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[5]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[6]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
Que no se trate de sentencias de tutela[7]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.” (Subrayas fuera del original)
“(…) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.’[10] En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.’
“…todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.”[11]”[12]” [13]
Relevancia constitucional del caso bajo estudio.
El agotamiento de todos los medios de defensa judicial –ordinarios y extraordinarios- al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
El cumplimiento del requisito de inmediatez.
«la actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, atendiendo a su propia naturaleza, reviste interés general y, por tanto, no escapa al postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses particulares (artículo 1º de la Constitución Política), lo cual se concreta en el carácter deservicio público«[21]”
El derecho fundamental al debido proceso comprende, como lo ha señalado esta Corporación[22], no sólo las garantías del artículo 29 de la Carta, sino también otro cúmulo de valores y principios de la misma raigambre constitucional que hacen que vaya más allá del cumplimiento de los requisitos que la ley procesal impone (debido proceso legal), a través de la irrestricta observancia de los demás derechos que permitan la vigencia de un orden justo. Dentro de estos valores y principios, a juicio de la Sala, resulta especialmente relevante para el análisis del problema jurídico planteado, el de respeto del acto propio.
Para la Sala es claro que semejante proceder conculca el derecho fundamental al debido proceso pues bastó el solo abuso de la posición dominante en que se halla una entidad financiera para constituir una obligación contra el actor, pretender el reconocimiento de intereses moratorios y negar la cancelación de la garantía prestada en razón de una obligación diferente. A una persona a la que se le había generado certeza sobre la extinción de una obligación y que se hallaba amparada por el principio de respeto del acto propio, en este caso emitido por Granahorrar, se la sorprendió no sólo con la imputación de una nueva deuda, sino con su cobro prejurídico pese a que no existía título alguno en el que tal obligación constar.”
“… los documentos generados por las entidades bancarias se presumen veraces en su contenido y con mayor razón habrá de suponerse su veracidad, cuando la comunicación esta firmada por el propio Presidente del Banco, lo que hace suponer que hubo un análisis cuidadoso y previo por parte de las diferentes dependencias del banco, que permitieron asegurar que la información contenida en ese documento correspondía a un procedimiento serio y que lo allí consignado reflejaba la realidad de la obligación financiera del actor.”[28]
El 18 de julio del año 2006, la Central de Inversiones S.A. (CISA. S.A.), mediante apoderado judicial instauró demanda ejecutiva con título hipotecario en contra de los señores Luis Pombo Gaviria y María Mercedes Prada de Pombo, en virtud del pagaré No.01809216-4. Correspondió por reparto al Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá.
Mediante auto fechado el 24 de julio, el juzgado de conocimiento inadmitió la demanda, y ordenó que en un término de cinco (5) días, se subsanara dando cumplimiento al artículo 77 num. 4 del C.P.C.
El demandante, el 11 de agosto de 2006, en escrito dirigido al despacho subsanó la demanda según lo ordenado y expuso nuevamente las pretensiones de ejecución así:
El 4 de septiembre de 2006, el referido despacho judicial libró mandamiento de pago por las cantidades pretendidas en la demanda y decretó el embargo y secuestro del inmueble objeto de la acción.
Los demandados fueron notificados el día 25 de enero del año 2007, por lo que, mediante apoderado judicial, procedieron a contestar la demanda, proponiendo adjuntamente las siguientes excepciones de fondo:
COBRO DE LO NO DEBIDO. Se explica con esta excepción, que lo pretendido por la parte actora, no es cierto, por cuanto no hay deuda, no existe, es un cobro inexistentes, ya que es indebido por cuanto reitero no tiene eficacia, es una obligación que ya se extinguió (…)”.
El juzgado corrió traslado de las excepciones de acuerdo al artículo 510 del Cód. de Proc. Civil[30], frente a lo cual, mediante escrito, la parte demandante respondió en tiempo, señalando que la parte pasiva dio un alcance alejado de la realidad “a lo que apenas sí es eso: Un Extracto Crédito Hipotecario”. Además, señaló que bastaba con observar la parte superior de los extractos para advertir que si bien a la fecha de expedición de los mismos, los clientes no presentaban mora, no significaba que hubieran cubierto el total de la deuda, por tal razón el extracto indica “cuotas en mora 0, CUOTAS PENDIENTES 119”, dato constante en todos los extractos. En el mismo memorial sostiene:
Mediante auto del 15 de marzo de 2007, el juzgado decretó el interrogatorio de parte y citó a los demandados María Mercedes Prada de Pombo y Luis Pombo Gaviria, para el 17 de mayo de 2007. La anterior actuación judicial fue impugnada por la parte pasiva el 23 de marzo de 2007, porque de acuerdo a los fallos proferidos por la Corte Constitucional en las sentencias T-727 y T-346 de 2003, sí existe un extracto bancario que da fe del estado del crédito y de la deuda cancelada, no es necesario el paz y salvo por cuanto los extractos tienen el mismo valor probatorio. El juzgado resuelve el anterior recurso el 8 de junio de 2007, negándolo de plano, al considerar que no cumple los requisitos del inciso segundo del Art. 348 del C.P.C; además señaló que no puede darse trámite al recurso de apelación por cuanto la reposición fue rechazada de plano.
El día 29 de junio de 2007, la apoderada de los demandados interpuso recurso de queja contra la decisión anterior, alegando que el auto que negó de plano la reposición y por ende la apelación del mismo, se encuentra dentro de los que menciona el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil como apelables, por lo cual debió concederse el recurso. En consecuencia, con la negativa se le está vulnerando el derecho al debido proceso de sus poderdantes.
El apoderado del demandante, mediante escrito del 22 de junio de 2007, solicita al juzgado que señale nueva hora y fecha para efectos de que los demandados absuelvan el interrogatorio de parte.
El día 13 de julio de 2007, el juzgado de conocimiento indicó que se abstenía de dar trámite al memorial suscrito por la apoderada de la parte pasiva allegado a ese despacho el 29 de junio de 2007 (recurso de apelación), por cuanto no procedía según el inciso 3 del artículo 348 del C. de P.C.; sin embargo, concedió el recurso de queja. Por otro lado, señaló como nueva fecha para el interrogatorio el día 26 de septiembre de 2007, a las 11:30 a.m. para la señora María Mercedes Prada de Pombo y a las 12:00 m. para el señor Luis Pombo Gaviria. (Se notificó por estado el 17/07/2007)
Contra la anterior decisión, en memorial allegado al despacho el día 23 de julio de 2007, la parte pasiva interpuso recurso de reposición por considerar que al encontrarse en trámite el recurso de queja, no podía darse trámite al interrogatorio decretado. En respuesta, la parte activa dentro del proceso descorrió el traslado señalando que en ningún momento la ley procesal civil establece que debe suspenderse el proceso por la interposición de un recurso de queja.
Mediante auto calendado el 14 de agosto de 2007, al resolver el recurso de reposición antes referido, el juzgado manifestó que “procesalmente no existe norma alguna que suspenda el cumplimiento de una providencia, cuando se haya formulado un recurso de Queja, la providencia objeto de censura ha de mantenerse en su totalidad, máxime cuando ni siquiera se ha surtido el trámite del mismo”. (Notificado por estado el 16/08/07)
En memorial allegado el 22 de agosto al despacho por la parte pasiva del proceso, la apoderada interpuso recurso de apelación frente la anterior decisión.
El día 24 de agosto de 2007, el juzgado de conocimiento, en respuesta al recurso interpuesto por parte pasiva, rechazó de plano tal solicitud porque de conformidad con el artículo 348 del C. de P.C. el auto que resuelve la reposición no es susceptible de recurso alguno. Por otro lado, requirió al memorialista para que“se abstenga de continuar formulando recursos manifiestamente dilatorios e improcedentes, so pena de estar incurso en la cusal primera de las faltas contra la lealtad debida a la Administración de Justicia, consagrada en el Estatuto del Abogado (Ley 1233 de 2007), y hacerse acreedor de sanciones legales.”
En comunicación allegada al juzgado el 18 de septiembre de 2007, el Tribunal Superior de Cundinamarca informó que los señores Luis Pombo Gaviria y María Prada de Pombo habían instaurado acción de tutela en contra de ese despacho por violación al debido proceso, al no conceder el recurso de apelación contra el auto del 24 de agosto de 2007. Posteriormente, el 27 de septiembre de 2007, el juez de tutela comunicó al despacho que en providencia proferida el día anterior, se había denegado la acción de tutela.
El 1 de octubre de 2007, el juez señaló el día 21 de noviembre como nueva fecha para llevar a cabo el interrogatorio de parte. Al respecto, el señor Luis Pombo Gaviria se excusó presentando un certificado de una empresa privada donde se indica que se encuentra en comisión de trabajo por un lapso de 40 días. En consecuencia, el juzgado en auto del 20 de noviembre del mismo año, le señala el día 12 de febrero de 2008 como nueva fecha para la práctica de la diligencia.
El 21 de noviembre de 2007, fecha fijada para la práctica del interrogatorio de parte, la señora María Mercedes Prada de Pombo no compareció a la diligencia.
El 27 de noviembre de 2007, el apoderado de la parte demandante, interpone recurso de reposición contra el auto que pospone la fecha de interrogatorio para el señor Luis Pombo Gaviria, por el constante aplazamiento de la práctica de la prueba.
En escrito del 3 de diciembre de 2007 al despacho del juez, la Central de Inversiones S.A. informa que cedió el crédito objeto de la obligación y del presente proceso a la Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., por lo cual solicita reconocer al nuevo titular de los derechos como parte activa.
En auto del 16 de enero de 2008, el juzgado resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte activa el 27 de noviembre de 2007, el cual fue negado y concedió como subsidiario el de apelación. En el mismo auto, el juez dispuso nueva fecha para que María Mercedes Prada de Pombo absuelva el interrogatorio de parte, el día 5 de febrero de 2008, ante la inasistencia el 21 de noviembre de 2007. Posteriormente, el día 5 de marzo del mismo año, el juzgado señala el 7 de mayo de 2008 como nueva fecha para el interrogatorio de Luis Pombo Gaviria, día para el cual también indicó que se haría la calificación de las preguntas para la señora María Prada de Pombo. Además, aceptó la cesión del crédito entre CISA S.A. y La Compañía de Gerenciameinto de Activos Ltda., reconociendo la respectiva personería jurídica.
En memorial dirigido al despacho el 25 de abril de 2008, el apoderado de la parte pasiva solicitó que se fijara nueva hora y fecha para la diligencia de interrogatorio, por cuanto ese mismo día tiene diligencia en otro juzgado.
El 7 de mayo de 2008, el juzgado abrió audiencia para llevar a cabo la calificación de las preguntas que contiene el interrogatorio. Ante la ausencia de la señora María Prada de Pombo, el juez la declaró confesa respecto de las preguntas uno, dos, trece y catorce[31], por ser estas de carácter asertivo. En la misma audiencia indicó que como “tampoco compareció a absolver interrogatorio de parte el demandado LUIS POMBO GAVIRIA, sin que sea necesario conceder término para la justificación de su inasistencia a la audiencia, dado que ello es admisible por una sola vez como se advirtió en la audiencia, considera el despacho por economía procesal realizar la calificación de preguntas, toda vez que el mismo cuestionario anteriormente calificado contiene las preguntas para este demandado”. Al respecto, también lo declaró confeso ante las mismas preguntas. Posteriormente, el 21 de mayo del mismo año, el despacho ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión, por haberse vencido el término probatorio.
Las partes alegaron de conclusión con los mismos argumentos presentados al inicio del proceso. Por lo tanto, el juez procedió a proferir sentencia el 16 de junio de 2008. Allí manifestó que “de la prueba documental aportada con el escrito que descorrió excepciones(…), el cual no fue objeto de censura por la parte demandada, es evidente, que se presentaron irregularidades en la forma como se pretende la extinción de la obligación, debido al error en que incurrió la parte actora al realizar un abono por la suma de $152.334.525,18 con fecha 2 de noviembre de 2001, en la obligación de los señores PRADA DE POMBO y POMBO GAVIRIA, lo que se vio reflejado en la expedición de los extractos expedidos a los ejecutados”. Además, cuestiona la falta de diligencia de los deudores para solicitar el título valor una vez cancelada la obligación, que es por regla general lo que se hace, y así mismo ocurre con el paz y salvo, como constancia de estar extinta la obligación. Finalmente concluye que “a pesar de que los extractos fundamento de las excepciones incoadas se expidieron por la entidad demandante, lo cierto es que la suma en mención por error de la entidad bancaria fue imputada al crédito de los ejecutados, yerro que se corrigió por medio de una nota débito, de modo que no se observa que efectivamente al obligación se haya cancelado”, por lo tanto declara infundadas las excepciones de la parte pasiva, ordena que se continúe con la ejecución a favor del demandante, para lo cual decreta el remate de los bienes embargados y también la liquidación del crédito.
La anterior sentencia fue apelada en tiempo por la parte demandada el 24 de junio de 2008, quien expuso los mismos argumentos que en la contestación de la demanda, es decir, que por los extractos expedidos por el banco, la deuda ya estaba saldada y no existía obligación alguna.
El Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil, en sentencia del 24 de octubre de 2008, confirmó la decisión inicial al considerar que la entidad demandante logró demostrar que, pese al pago referido en los extractos que en su momento expidió el Banco Granahorrar, la obligación existe y es exigible. También indicó que “por la inasistencia injustificada de los demandados a absolver el interrogatorio de parte decretado a instancia del Banco acreedor, se les declaró confesos en forma ficta (…). / Por lo tanto, si los demandados reconocieron, por vía de confesión ficta, que no realizaron sus pagos y que se encuentran en mora de cancelar la deuda, quedó así infirmado el pago que se reflejó en el extracto del mes de noviembre de 2001, el cual obedeció a un error contable del que no pueden sacar provecho los demandados(…)/ Y si a estos indicios se agrega que los demandados asumieron un comportamiento poco colaborador con la administración de justicia durante la fase probatoria(…), no podría menos que colegirse, tras analizar estas pruebas de manera conjunta con la confesión ficta mencionada, que las excepciones de “inexistencia de la obligación” y “cobro de lo no debido” debían ser desestimadas”.
Posteriormente, se presentaron varias actuaciones por parte del juzgado de conocimiento como la liquidación y aprobación de costas, del crédito etc., las cuales fueron objetados en algunos casos por la parte demandada. No obstante, surtido todo el trámite respectivo, el 11 de agosto de 2009 el despacho señaló el día 9 de noviembre de 2009 como fecha para la diligencia de remate de los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias No.50N-20250992, 50N-20250931 y 50N-20250928.
El 6 de noviembre de 2009, la hasta el momento acreedora, cedió los derechos litigiosos a Inverfondos S.A., constituyéndose esta entidad como nueva parte activa dentro del proceso.
El 9 de noviembre de 2009, se llevó a cabo la diligencia de remate de los bienes, los cuales fueron adjudicados a Inverfondos SA., como actual ejecutante, por un valor de $134.531.250.
El 25 de noviembre de 2009, mediante auto proferido por el juzgado, se aprobó la diligencia de remate. Así, inconforme con la anterior decisión, en escrito allegado al despacho, la parte demandada solicitó la nulidad de la diligencia de remate. Frente a la anterior solicitud el juzgado la rechazó de plano, decisión que fue apelada. El 15 de diciembre de 2009 se concedió la apelación en el efecto devolutivo.
La presente acción de tutela tiene origen en la obligación que los actores adquirieron con el Banco Central Hipotecario (BCH) por $65.000.000, la cual dejaron de pagar desde octubre de 2001. Esto obedeció a que los extractos bancarios que llegaban a los accionantes, indicaban la existencia del saldo y el número de cuotas pendientes, pero señalaban que el valor total a pagar en el período era cero pesos ($0). La información se repitió en seis extractos más y, aunque los accionantes se acercaron en varias oportunidades al BCH para solicitar aclaración, se les comunicó que no debían efectuar ningún adelanto. No obstante lo anterior, en el 2006, el Juzgado 36 Civil del Circuito profirió mandamiento de pago contra los actores y remató el bien inmueble de su propiedad, teniendo como base la acreencia que el banco cedió a Inverfondos.
La Sala encontró que la decisión judicial examinada desconoció el debido proceso en la actividad financiera, e incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico, pues le dio a los extractos financieros un alcance probatorio que no tenían. Para arribar a esta conclusión, recordó la jurisprudencia de la Corte sobre el principio de buena fe y respeto por el acto propio según la cual, cuando un sujeto ha emitido un acto que genera una situación definida a favor de otro, no puede modificar unilateralmente su decisión.
Tal como lo reseña el proyecto, la línea jurisprudencial que gira alrededor de la protección del principio de respeto por el acto propio responde a circunstancias en las cuales una entidad expide un acto escrito o verbal que tiene la claridad y el valor suficientes como para que el sujeto receptor del mismo llegue al convencimiento razonable de que ha adquirido una posición jurídica determinada[47]. Como lo indica acertadamente la sentencia, esta situación se ha presentado en las instituciones bancarias cuando por la expedición de paz y salvos, comunicaciones o extractos bancarios no le cabe una duda razonable al cliente de que deba algún monto de dinero al banco y, luego, vulnerando el mencionado principio, este le informa que la obligación no ha sido extinta[48].
Por otra parte, aun si fuera evidente la configuración del defecto que se determinó en la sentencia de la que me aparto, no le era dado a la Sala ordenar la nulidad del proceso ejecutivo desde el momento de la presentación de la demanda ni declarar la ausencia de exigibilidad del título ejecutivo suscrito por los accionantes. En virtud del carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y del respeto por la independencia y autonomía del juez, en los casos en que la Corte ha decidido revocar una decisión judicial, ha restringido su orden a la actuación que vulneró los derechos fundamentales del afectado, y ha dirigido la orden al juez natural, para que sea él quien vuelva a expedir el acto jurídico que quedó sin efectos, siguiendo para ello los criterios establecidos en la sentencia de tutela.
CUARTO. ORDENAR a Inverfondos S.A. y a los señores Luis Pombo Gaviria y María Mercedes Prada de Pombo que en el término de un mes a partir de la notificación de la presente sentencia,suscriban un nuevo pagaré por el valor insoluto del capital total adeudado, sin derecho a exigir intereses corrientes ni de mora, el cual será pagadero a la orden de Inverfondos S.A,. Las partes de común acuerdo estipularan el plazo de exigibilidad y los intereses aplicables a esta clase de título valor, sin llegar a exceder el máximo permitido por la ley y en todo caso no menos favorables. Cumplido lo anterior, deberán informarlo en forma escrita al Juez 36 Civil del Circuito de Bogotá.
[31] Las preguntas referidas son: “1. Diga como es cierto si o no, que Usted tiene conocimiento de la deuda adquirida con el Banco Central Hipotecario quien a su vez endosó a Central de Inversiones S.A. / 2.Diga como es cierto si o no, que Usted prometió cancelar la suma pactada en el pagaré en 180 cuotas. (…) / 13. Diga como es cierto si o no, que Usted se encuentra disfrutando el inmueble hipotecado y no ha realizado en forma cumplida sus pagos. / 14. diga como es cierto si o no, que Usted se encuentra en mora de cancelar su obligación.”.