Source: https://survey.zohopublic.com/zs/W2BUUE
Timestamp: 2019-04-26 06:21:15
Document Index: 168643938

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 66', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49']

PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL RÉGIMEN POSTAL ECUATORIANO
Nombre del Operador postal/Institución pública/participante
REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL RÉGIMEN POSTAL ECUATORIANO
Artículo 1.- Definiciones. Para efectos de este Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Atenuante. Son circunstancias que disminuyen la gravedad de las infracciones.
b) Agravante. Son circunstancias que agravan las infracciones.
c) Coactiva. Es la facultad otorgada por Ley para apremiar u obligar el cobro de obligaciones pendientes.
d) Denuncia. Es el acto mediante el cual se pone en conocimiento de la Agencia de Regulación y Control Postal o sus unidades desconcentradas, los hechos que causan afectación a los derechos de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en el uso de los servicios postales o en la prestación del servicio postal.
e) Infracción. Es la inobservancia o transgresión a la normativa postal ecuatoriana, que conlleva a una sanción de conformidad a lo establecido en el Reglamento General a la Ley General de los Servicios Postales.
f) Operador postal en libre competencia. Es la persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que cuenta con título habilitante emitido por la Agencia de Regulación y Control Postal para prestar los servicios postales en régimen de libre competencia.
g) Permiso de operación postal. Constituye el acto administrativo por el cual la Agencia de Regulación y Control Postal habilita a un operador postal para la prestación de servicios postales en una de las categorías definidas en la Ley General de los Servicios Postales, esto es, local, nacional o internacional.
h) Prescripción. Consiste en la culminación del término o plazo otorgado por la ley para la actuación de las partes.
i) Prestador de servicios postales sin título habilitante. Es la persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que desarrolla actividades postales sin contar con un título habilitante emitido por la Agencia de Regulación y Control Postal.
j) Presunto infractor. Es la persona natural o jurídica a la que presuntamente se le atribuye una infracción a la normativa postal, establecida en la Ley General de los Servicios Postales.
k) Resolución. Es un decreto, decisión o fallo dictado por una autoridad gubernativa o judicial, obligatoria en el ámbito de su competencia.
l) Sanción. Es el acto que por potestad de un órgano estatal, impone una sanción pecuniaria y/o la reparación del daño causado como consecuencia de la violación de un deber impuesto por una norma.
m) Sustanciar. Constituyen una serie de actos para demostrar que algo es cierto, confirmar, corroborar, probar; tramitar un asunto o juicio por la vía procesal hasta que quede en estado de resolución o sentencia.
n) Término. Se entiende por término al tiempo que la ley o el juzgador determinan para la realización o práctica de cualquier diligencia o acto judicial. Los términos correrán en días hábiles. Toda diligencia iniciará puntualmente en el lugar, día y hora señalados. En el ejercicio de las acciones se respetarán los términos previstos en este Reglamento.
o) Plazo. solo puede fijarse en meses y se computa a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se expide el documento. El plazo se lo calculará de fecha a fecha y en caso de que venza en día no laborable se considerará el día hábil próximo para su conclusión.
p) Inspección. examinar, investigar, revisar. Se trata de una exploración física que se realiza principalmente a través de la vista.
Capíitulo II
Artículo 2.- Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto, establecer el procedimiento para la aplicación de sanciones por incumplimiento a la normativa postal vigente, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar en caso de reparación de los daños o perjuicios causados a los usuarios y a la Agencia de Regulación y Control Postal, por parte de los operadores de los servicios postales.
Artículo 3.- Ámbito. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, de aplicación y observancia obligatoria para operadores postales, personas naturales y jurídicas que se encuentren prestando servicios postales sin título habilitante, en todo el territorio nacional.
Artículo 4.-Competencia. La Agencia de Regulación y Control Postal a través de sus unidades desconcentradas sustanciarán de oficio el procedimiento administrativo sancionador y aplicarán el régimen sancionatorio previsto en la Ley General de los Servicios Postales.
Artículo 5.-Jurisdicción. Las unidades desconcentradas de la Agencia de Regulación y Control Postal ejercerán su competencia de conformidad a la siguiente distribución:
a) Unidad Desconcentrada Zonal 9. Su sede es la ciudad de Quito, comprende las provincias de: Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua.
b) Unidad Desconcentrada Zonal 8. Su sede es la ciudad de Guayaquil, comprende las provincias de: Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos.
c) Unidad Desconcentrada Zonal 6. Su sede es la ciudad de Cuenca, comprende las provincias de: Morona Santiago, Azuay, Cañar, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.
Artículo 6.- El Órgano técnico del régimen sancionatorio. La Agencia de Regulación y Control Postal es un órgano técnico-administrativo de regulación y control en el ámbito postal, que ejercerá su competencia a través de las unidades desconcentradas para conocer y resolver en sede administrativa, las infracciones postales, aplicar sanciones y garantizar los derechos de los usuarios y operadores postales en materia postal.
INFRACCIONES POSTALES
Artículo 7.-De las infracciones postales. Constituyen infracciones el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de Servicios Postales:
1. No poner a disposición de los usuarios información referente a las tarifas y precios, servicios que prestan, cobertura, seguros, itinerarios y tiempos a cumplir durante toda la cadena de procesos que conforman el servicio postal;
2. No atender las reclamaciones y quejas de los usuarios de acuerdo con la normativa dispuesta para el efecto; y,
3. No informar a la Agencia de Regulación y Control Postal respecto de los envíos postales que sean considerados como no distribuibles o rezagados, con excepción de aquellos que se encuentren en procedimientos aduaneros;
1. No atender en forma recurrente las reclamaciones y quejas de los usuarios; No entregar la información relacionada con la actividad postal requerida por la Agencia de Regulación y Control Postal;
2. No prestar las facilidades necesarias a los inspectores de la Agencia de Regulación y Control Postal o interferir en sus actividades de control;
3. No cumplir con los requisitos técnicos y financieros necesarios para la prestación del servicio postal;
4. Operar y realizar una actividad postal en forma distinta a la permitida; No contar con estándares de seguridad determinados por la Agencia de Regulación y Control Postal para la prestación del servicio postal; y,
5. Incumplir con las regulaciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control Postal.
1. Cometer dentro del término de un año tres infracciones graves de la misma naturaleza y sobre las cuales exista resolución firme;
2. Abandonar, retener, apropiarse indebidamente, ocultar o destruir los envíos postales;
3. Obstruir o impedir el ejercicio de las atribuciones especiales del operador postal designado;
4. Suspender la prestación del servicio sin la autorización de la Agencia de Regulación y Control Postal;
5. Operar y realizar un servicio postal sin el correspondiente título habilitante; y,
6. Trasladar envíos postales que contengan sustancias peligrosas sin las debidas precauciones y que éstas pongan en peligro la salud de la ciudadanía, así como las de contenido prohibido, establecidas en la Ley.
Artículo 8.-Atenuantes. Para los fines de la graduación de las sanciones a ser impuestas o su subsanación se considerarán las siguientes circunstancias atenuantes:
1. No haber sido sancionado por la misma infracción, en los veinticuatro (24) meses anteriores a la apertura del procedimiento sancionador.
2. Haber admitido la infracción en la sustanciación del procedimiento administrativo sancionatorio. En este caso, se deberá presentar un plan de subsanación, el cual será autorizado por la o el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Postal.
3. Haber subsanado integralmente la infracción de forma voluntaria antes de la imposición de la sanción.
4. Haber reparado integralmente los daños causados con ocasión de la comisión de la infracción, antes de la imposición de la sanción.
En caso de concurrencia, debidamente comprobada, de las circunstancias atenuantes 1, 3 y 4, la Agencia de Regulación y Control Postal, en los casos en los que considere aplicable, y previa valoración de la afectación al mercado, al servicio o a los usuarios, podrá abstenerse de imponer una sanción, en caso de infracciones leves y graves. Esta disposición no aplica para infracciones muy graves.
Artículo 9.-Agravantes. En el ejercicio de su potestad sancionatoria, la unidad desconcentrada de la Agencia de Regulación y Control Postal considerará uno o más de circunstancias agravantes previstas en el Art. 43 de la Ley General de los Servicios Postales.
PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Artículo 10.- Principios rectores. El procedimiento administrativo sancionador observará los principios de:
a) Tipicidad. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley. A cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa.
b) Legalidad. Es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a lo que dispone la ley.
c) Irretroactividad. Los hechos que constituyan infracción administrativa serán sancionados de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes en el momento de producirse.
d) Presunción de inocencia. Este principio señala que toda persona se considera inocente hasta que no se demuestre, en un juicio previo, su culpabilidad.
e) Economía procesal. Indica que se debe tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el menor empleo posible de recursos.
f) Disposición y oficiosidad. Aquel en cuya virtud se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la función administrativa sancionadora como la aportación de los materiales sobre los que ha de versar la decisión de la autoridad.
g) Celeridad. por el cual se fijan normas destinadas a impedir la prolongación de los plazos y a eliminar trámites procesales superfluos u onerosos.
h) Seguridad jurídica. Es la garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de aquellos.
i) Transparencia y publicidad. La información de las investigaciones sometidas a los procesos administrativos sancionadores es pública, así como las audiencias, las resoluciones y las decisiones administrativas.
j) Proporcionalidad. Este principio dispone que las sanciones deberán ser proporcionales a las faltas cometidas.
Los derechos de protección y garantías consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, en los instrumentos internacionales y en general, en las normas que regulan el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público.
Artículo 11.-Actuaciones previas. Toda etapa de instrucción podrá ser precedida de actuaciones previas a petición de la persona interesada o de oficio, con el fin de conocer o confirmar las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento administrativo sancionador.
Las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos que motivarán la iniciación del procedimiento administrativo, la identificación de la persona o personas que puedan resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran.
Únicamente los órganos competentes podrán disponer la investigación, averiguación, auditoria o inspección correspondiente a la acusación. Las actuaciones previas pueden ser ejecutadas por gestión directa o delegada, de acuerdo con la ley.
Artículo 12.- Funciones. El ejercicio de la potestad administrativa sancionadora está compuesta de las siguientes etapas:
a) Función Instructora. Esta etapa es investigativa, comienza con el acto administrativo de inicio ejecutada por el instructor. Se podrán realizar audiencias, evacuarán las pruebas recibidas; y su ejecución estará a cargo de un funcionario de la Unidad Desconcentrada de la Agencia de Regulación y Control Postal.
Se contará con diez (10) días término en el procedimiento para que el presunto infractor aporte alegatos, documentos o información que estime conveniente y solicite la práctica de las diligencias probatorias; la evacuación de la prueba contará con un período específico de no más de treinta (30) días. Así mismo en esta etapa el presunto infractor podrá reconocer su responsabilidad y corregir su conducta.
El instructor solicitará de oficio las actuaciones que resulten necesarias, recabando los datos e información que sean relevantes para determinar la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción, las cuales se plasmarán en el dictamen.
b) Función Sancionatoria. El procedimiento sancionador inicia con un acto administrativo ejecutado por el órgano instructor, en el que a través de un dictamen se pone en conocimiento del Coordinador Zonal toda la información respecto a la denuncia investigada.
Esta etapa se ejecutará en el plazo máximo de no más de treinta (30) a partir de terminado el plazo de la prueba y culminará con la resolución final.
En los procedimientos mencionados, se dispondrá la separación entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos.
Artículo 13.- Del órgano competente para ejercer las actuaciones previas. El órgano competente para disponer la indagación o inspección, como una actuación previa al procedimiento instructor y sancionador será la Coordinación Zonal según su jurisdicción y lo hará con ayuda de un inspector.
Para concluir las actuaciones previas, el inspector emitirá un informe dirigido al Coordinador Zonal, mismo que se pondrá en conocimiento de la persona interesada que impulsó el proceso, para que manifieste su criterio en relación a los documentos y las pruebas encontradas; para la notificación de lo actuado se contará con el término de diez (10) días.
Artículo 14.-Del órgano competente para ejercer la función instructora. A través de un acto de simple administración efectuada en ejercicio de la función administrativa, la Agencia de Regulación y Control Postal designará al funcionario instructor. El órgano competente para proceder con la instrucción es la Unidad Desconcentrada Zonal.
Artículo 15.-Del órgano competente para ejercer la función sancionadora. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al Coordinador Zonal competente, según su jurisdicción.
Artículo 16.- Facilidades. Las personas e instituciones relacionadas deben colaborar con la actividad de inspección, búsqueda e investigación y facilitarán a los órganos competentes de la Agencia de Regulación y Control Postal el acceso a las dependencias e instalaciones, el examen de documentos, libros, registros directamente relacionados con la actividad inspectora y otros actos de investigación en los casos previstos por el ordenamiento jurídico.
De negarse la entrada o acceso a los lugares objeto de inspección, no facilitar la documentación solicitada o no acudir a la oficina administrativa a requerimiento del órgano o servidor público competente, el inspector formulará por escrito la advertencia de que tal actitud constituye infracción administrativa sancionable.
Artículo 17.- Del procedimiento de inicio. El procedimiento sancionador inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente; bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia y están estructuradas de la siguiente manera:
a) Iniciativa propia. La iniciativa propia es la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos objeto del procedimiento administrativo por parte del órgano que tiene la competencia de iniciarlo.
b) Contenido de la orden superior. La orden superior emitida por un órgano administrativo superior jerárquico contendrá:
1. La designación de las personas interesadas en el procedimiento administrativo o de la persona presuntamente responsable cuando este tenga por objeto la determinación de alguna responsabilidad;
2. Las actuaciones o hechos objeto del procedimiento o que puedan constituir el fundamento para determinar responsabilidad, tales como, la acción u omisión de la que se trate o la infracción administrativa y su tipificación;
3. La información o documentación disponible que puede resultar relevante en el procedimiento.
Sin embargo, los servidores públicos podrán objetar por escrito, las órdenes de sus superiores, expresando las razones para tal objeción. Si el superior insiste por escrito, las cumplirán, pero la responsabilidad recaerá en el superior.
c) Contenido de la petición razonada. La petición razonada es la propuesta de inicio del procedimiento, es dispuesta por un órgano administrativo que no tiene competencia para iniciarlo y que tiene conocimiento de su objeto.
La petición contendrá los mismos requisitos previstos para la orden superior. Sin embargo, el órgano a quien se dirige la petición podrá abstenerse de iniciar el procedimiento para lo cual comunicará expresamente y por escrito, los motivos de su decisión.
d) Contenido de la denuncia. La denuncia es el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento de un órgano administrativo, la existencia de un hecho que puede constituir fundamento para la actuación de las administraciones públicas. El denunciante deberá suministrar de forma obligatoria la siguiente información:
1. La denuncia por infracciones administrativas expresará la identidad de la persona que la presenta;
2. Detalle de los informes y documentos anexos que se consideren necesarios para el esclarecimiento del hecho;
3. El relato de los hechos que pueden constituir infracción, la pretensión concreta de la denuncia y la fecha de su comisión cuando sea posible;
4. Las pruebas que aporten al hecho denunciado;
5. Señalamiento de la casilla judicial, correo electrónico o dirección domiciliaria del accionante y números telefónicos para notificaciones;
6. Firma del compareciente, representante o procurador de ser el caso.
En el acto de iniciación, se pueden adoptar medidas de carácter cautelar previstas en la norma superior, sin perjuicio de las que se puedan ordenar durante el procedimiento.
Se le informará al presunto infractor su derecho a formular alegaciones y los plazos para su ejercicio.
Artículo 18.- Acumulación subjetiva. Cuando las pretensiones planteadas en una denuncia se refieran a uno o varios hechos que hubieran afectado a una pluralidad de personas, en caso de que tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, pueden ser formuladas en una solicitud única.
Artículo 19.- Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario. Si el infractor reconoce su responsabilidad, se puede resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción atenuante. De corregir su conducta y acreditar este hecho en el expediente se puede obtener las reducciones o las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. El cumplimiento voluntario de la sanción por parte del presunto infractor, en cualquier momento anterior a la resolución, implica la terminación del procedimiento.
Artículo 20.- Acto administrativo de inicio. Es el acto administrativo con el cual el instructor informa a las partes del inicio del proceso administrativo sancionador y la apertura de la etapa probatoria para que las partes sustenten sus declaraciones.
Artículo 21.- Contenido del acto administrativo de inicio. El acto administrativo de inicio tiene como contenido mínimo:
1. Identificación de la persona o personas presuntamente responsables o el modo de identificación, sea en referencia al establecimiento, objeto u objetos relacionados con la infracción o cualquier otro medio disponible.
2. Relación de los hechos, sucintamente expuestos, que motivan el inicio del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que puedan corresponder.
3. Detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento del hecho.
4. Determinación del órgano competente para la resolución del caso y norma que le atribuya tal competencia.
En el acto de iniciación, se pueden adoptar medidas de carácter cautelar previstas en este Reglamento.
Artículo 22.-Notificación de inicio. El acto administrativo de inicio se notificará con todo lo actuado a las partes, es decir al peticionario y al presunto infractor.
Artículo 23.- Impulso procedimental. La Agencia de Regulación y Control Postal le corresponde el impulso oficial del procedimiento administrativo sancionador a través del instructor. Al solicitar las diligencias procesales o práctica de pruebas que deban ser cumplidos por otros órganos administrativos, debe indicarse el término para su cumplimiento. La persona interesada podrá también impulsar el procedimiento administrativo sancionador, particularmente, en lo que respecta a las cargas y obligaciones en la práctica de la prueba.
Artículo 24.-Prueba. Para este procedimiento la carga de la prueba le corresponde a los órganos competentes de la Agencia de Regulación y Control Postal, quien dispondrá la práctica de cualquier prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. En el término de diez (10) días desde que es notificado el inicio de la etapa instructora se recibirán las alegaciones y el órgano instructor evacuará la prueba que haya admitido hasta el cierre del período de instrucción.
En el procedimiento administrativo, la administración pública de oficio o a petición de la persona interesada, abrirá un período específico de no más de (30) treinta días.
Los hechos constatados por el órgano instructor que se formalicen en documento público tendrán valor probatorio, igual valor tendrán las actuaciones públicas de las instituciones que colaboren en el proceso investigativo.
Además se practicarán de oficio o a petición del presunto infractor las pruebas necesarias para la determinación del cometimiento del hecho y la presunción de responsabilidad.
Artículo 25.- Regla de contradicción. La prueba presentada por los órganos correspondientes únicamente tendrá valor, si la persona acusada ha tenido la oportunidad de contradecirla en el procedimiento administrativo. Para este propósito la práctica de las diligencias dispuestas por los órganos correspondientes serán notificadas a la persona acusada a fin de que ejerza su derecho a la defensa.
Artículo 26.-Actuaciones orales y audiencias. La Agencia de Regulación y Control Postal puede convocar a las partes involucradas a audiencias cuando lo considere pertinente, y lo hará de oficio o a petición de la persona interesada. Esta competencia es facultativa y se ejercerá sin que se afecten las etapas, los términos o plazos previstos en el procedimiento administrativo sancionador. Se dejará constancia de los actos realizados de forma verbal en el acta correspondiente.
Artículo 27.- Medidas provisionales o cautelares. El órgano competente previo a iniciar el proceso administrativo sancionador o durante el proceso y cuando la ley lo permita; de oficio o a petición de la persona interesada, podrá ordenar medidas provisionales de protección o cautelares. Durante la etapa de actuaciones previas se denominarán medidas provisionales y durante la etapa de instrucción se denominarán medidas cautelares. Estas serán aplicadas siempre y cuando concurran las siguientes condiciones:
1. Que se trate de una medida urgente.
2. Que sea necesaria y proporcionada.
3. Que la motivación no se fundamente en meras afirmaciones.
Las medidas provisionales serán confirmadas, modificadas o levantadas en la decisión de iniciación del procedimiento de instrucción en un término no mayor a diez (10) días desde su adopción. Y en el caso de medidas cautelares serán modificadas o revocadas, de oficio o a petición de persona interesada y la caducidad del procedimiento extingue la medida cautelar previamente adoptada.
Las medidas provisionales de protección y cautelares se adoptarán garantizando los derechos amparados en la Constitución.
Artículo 28.- Tipos de Medidas. Se pueden adoptar las siguientes medidas provisionales o cautelares:
1. Secuestro;
2. Retención;
3. Prohibición de enajenar;
4. Clausura de establecimientos;
5. Suspensión de la actividad;
6. Retiro de productos, documentos u otros bienes;
7. Desalojo de personas;
8. Limitaciones o restricciones de acceso;
9. Otras previstas en la ley.
Las medidas contempladas en los numerales 14, 19 y 22 del artículo 66 de la Constitución de la República, que requieren autorización judicial, únicamente pueden ser ordenadas por autoridad competente.
Artículo 29.-Notificaciones. Las notificaciones se harán mediante boletas físicas o electrónicas, que serán puestas en conocimiento de las partes o de otras personas que deban contestar lo notificado.
El presunto infractor deberá ser notificado sobre la denuncia en su contra y contestar el acto administrativo de inicio en el término de diez (10) días, de no hacerlo se considerará como un dictamen con pronunciamiento confirmado acerca de la responsabilidad imputada.
En caso de infracciones administrativas flagrantes, al acto de inicio se incorporará una boleta, adhesivo o cualquier otro instrumento disponible que se entregará al presunto infractor, se colocará en el objeto materia de la infracción, o el lugar en el que se produce.
Las notificaciones a los operadores postales y los prestadores de servicios postales sin título habilitante, se realizarán en el punto de atención principal del servicio o a través del correo electrónico señalado y/o registrado en la Agencia de Regulación y Control Postal; sin embargo, de ser imposible la ubicación del domicilio del infractor, se publicará en la prensa en dos fechas distintas, y respetando el debido proceso se resolverá conforme lo establecido en la norma postal vigente.
Artículo 30.-Responsabilidad de notificación. La notificación se efectuará bajo responsabilidad personal instructor o sancionador, según la etapa que corresponda, quienes dejarán constancia en el expediente del lugar, día, hora y forma de notificación.
Artículo 31.-Término de notificación. La notificación del acto administrativo se ordenará en el término máximo de tres (3) días a partir de la fecha en que se dictó y deberá contener el texto del acto administrativo, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa y la expresión de los recursos que procedan.
Artículo 32.- Caducidad. Luego de empezar las actuaciones previas, la decisión del órgano competente de iniciar el procedimiento administrativo se notificará a la persona interesada, tras lo cual en el plazo de seis (6) meses contados desde el inicio de las actuaciones previas caducará el ejercicio de la potestad pública sancionadora.
Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio, se entienden caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de la persona interesada o de oficio, en dos (2) meses contados a partir de la expiración del plazo máximo para dictar la resolución final.
Transcurrido el plazo de caducidad, el órgano competente de la Agencia de Regulación y Control Postal emitirá, a solicitud del presunto infractor, una certificación en la que conste que ha caducado la potestad y se ha procedido al archivo de las actuaciones.
Artículo 33.-Prescripción del ejercicio de la potestad sancionadora y administrativa. El ejercicio de la potestad sancionadora y administrativa de la Agencia de Regulación y Control Postal prescribe en los siguientes plazos:
1. Al año para las infracciones leves y las sanciones que por ellas se impongan.
2. A los tres años para las infracciones graves y las sanciones que por ellas se impongan.
3. A los cinco años para las infracciones muy graves y las sanciones que por ellas se impongan.
Por regla general los plazos se contabilizan desde el día siguiente a aquel en que la Agencia de Regulación y Control Postal entra en conocimiento de los hechos.
Si las actuaciones de ejecución de la prescripción se paralizan durante más de un mes, por causa no imputable al operador postal presunto infractor, se reanudará el cómputo del plazo de prescripción de la sanción contando los días del mes que se vieron afectados.
Artículo 34.- Dictamen. El dictamen aporta a través de un informe, con todos los elementos de convicción resultantes de las pruebas evacuadas en la etapa instructora, este facilitará la formación de la voluntad administrativa de la Coordinación Zonal.
El dictamen es de carácter consultivo – deliberativo y en él se encontrará expresamente previsto en el ordenamiento jurídico, como parte del procedimiento.
Artículo 35.- Contenido del Dictamen. Se emitirá el dictamen en el término de diez (10) días después de evacuadas las pruebas, y este contendrá:
1. La determinación de la infracción con las circunstancias, es decir con los fundamentos legales y del hecho presuntamente cometido.
2. Nombres y apellidos del presunto infractor.
3. Los anexos necesarios.
4. La sanción que se pretende imponer.
5. Las medidas cautelares adoptadas.
6. Conclusión, pronunciamiento o recomendación.
Si no existen los elementos suficientes para seguir con el trámite del procedimiento sancionador, el instructor podrá determinar en su dictamen la inexistencia de responsabilidad.
Si como consecuencia de la investigación en la etapa de instrucción resulta modificada la determinación inicial de los hechos, de las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción, se notificará al presunto infractor en el dictamen.
El dictamen se remitirá inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento sancionador, junto con todos los documentos, alegaciones e información que obren en el mismo.
Artículo 36.- Actuaciones de otras instituciones. Cuando en cualquier fase del procedimiento sancionador, los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Postal consideren que existen elementos de juicio indicativos de la existencia de otra infracción para cuyo conocimiento no sean competentes, lo comunicarán al órgano competente.
Artículo 37.- Resolución final. El presente acto administrativo resuelve el procedimiento sancionador y deberá ser impuesto por el Coordinador Zonal competente en el término de treinta (30) días a partir de la evacuación de las pruebas, en el cual se resolverá el procedimiento sancionador. Además de cumplir con los requisitos previstos en esta norma, incluirá:
1. La determinación de la persona responsable;
2. La singularización de la infracción cometida;
3. La valoración de la prueba practicada;
4. La sanción que se impone;
5. Consideración de los agravantes y atenuantes para graduar la sanción;
6. Las medidas cautelares necesarias para garantizar su eficacia.
En la resolución no se pueden aceptar hechos distintos a los determinados en el curso del procedimiento.
La resolución emitida por la Coordinación Zonal se notificará a las partes involucradas y se impondrá la respectiva sanción.
Artículo 38.-Clases de recursos. Se prevén los siguientes recursos: apelación y extraordinario de revisión. Al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Postal le corresponde el conocimiento y resolución de los recursos, y se interpone la solicitud ante el mismo órgano que expidió la resolución que está siendo impugnada. La resolución expedida por el Director Ejecutivo, solo puede ser impugnada en vía judicial; de todo lo actuado se correrá traslado a todas las personas interesadas.
Artículo 39.-Resolución del recurso de apelación. El término para la interposición del recurso de apelación es de diez (10) días contados a partir de la notificación del acto administrativo, y debe contar con la descripción del objeto de la apelación. El plazo máximo que tiene la autoridad para resolver y notificar la resolución es de un mes contado desde la fecha de interposición.
Este recurso será procedente cuando se refiere al fondo de la resolución impugnada, admitirá en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en la apelación.
La resolución del recurso declarará su inadmisión, cuando no cumpla con los requisitos exigidos para su interposición.
La apelación no suspenderá la ejecución de la sanción ni de las medidas ordenadas, salvo que el Director Ejecutivo lo disponga.
Artículo 40.- Resolución del recurso extraordinario de revisión. La persona interesada puede interponer un recurso extraordinario de revisión a la resolución que ha causado estado, cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que al dictarlos se ha incurrido en evidente y manifiesto error de hecho, que afecte a la cuestión de fondo, siempre que el error de hecho resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
2. Que al dictarlos se haya incurrido en evidente y manifiesto error de derecho, que afecte a la cuestión de fondo.
3. Que aparezcan nuevos documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución impugnada, siempre que haya sido imposible para la persona interesada su aportación previa al procedimiento.
4. Que en la resolución hayan influido esencialmente actos declarados nulos o documentos o testimonios declarados falsos, antes o después de aquella resolución, siempre que, en el primer caso, el interesado desconociera la declaración de nulidad o falsedad cuando fueron aportados al expediente dichos actos, documentos o testimonios.
5. Que la resolución se haya dictado como consecuencia de una conducta punible y se ha declarado así, en sentencia judicial ejecutoriada.
El término para la interposición del recurso extraordinario es de veinte (20) días contados desde la fecha en que se tiene conocimiento de los documentos de valor esencial o desde la fecha en que se ha ejecutoriado o quedado firme la declaración de nulidad o falsedad. Por otra parte, cuando se trate de la causa 1, podrá ser interpuesto dentro del plazo de un año siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
El recurso extraordinario de revisión, una vez admitido, debe ser resuelto en el plazo de un mes, a cuyo término, en caso de que no se haya pronunciado la Agencia de Regulación y Control Postal de manera expresa se entiende desestimado.
Artículo 41.- Segunda instancia. De las resoluciones administrativas dictadas por las unidades desconcentradas, el Director Ejecutivo o su delegado, tiene la competencia para resolver los recursos de apelación y revisión que se interpongan, poniendo fin a la vía administrativa. Podrán proponer recursos los operadores postales y los usuarios que se creyeren afectados en sus derechos subjetivos.
Artículo 42.- Resolución de segunda instancia. La máxima autoridad o su delegado dictará la resolución administrativa en el plazo de un mes, ésta será notificada al infractor en el domicilio señalado para este efecto.
A fin de que se cumpla con las resoluciones emitidas por las autoridades de la Agencia de Regulación y Control Postal en los procesos sancionatorios, la Dirección de Control y Evaluación dará seguimiento al cumplimiento de las resoluciones. De identificar falta de pago de las multas impuestas, se registrará y reportará para el inicio del procedimiento coactivo, según lo establecido en la Ley General de los Servicios Postales.
Artículo 43.-Normas supletorias. Lo que no estuviere previsto en el presente reglamento, y siempre que no contravinieren al mismo, serán consideradas normas supletorias como el Código Orgánico Administrativo.
Artículo 44.- Criterio para la aplicación de las sanciones. El presente reglamento aplicará para las sanciones administrativas el principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada según la gravedad de la falta y el daño producido, considerando uno o más de los siguientes agravantes de conformidad con la Ley General de los Servicios Postales.
1. La obstaculización de las labores de investigación y control, antes y durante la sustanciación del procedimiento sancionatorio.
2. La obtención de beneficios económicos con ocasión de la comisión de la infracción.
3. La naturaleza y monto de los perjuicios causados.
La reincidencia en la comisión de una infracción de la misma clase, por una misma persona en el período de un año a partir del cometimiento de la primera, será considerada como agravante y se aplicará la máxima sanción al momento de su imposición.
Artículo 45.- Criterios de ponderación para las sanciones. De acuerdo con la Ley General de los Servicios Postales, los criterios de ponderación serán aplicados a las sanciones leves, graves y muy graves.
Artículo 46.- Sanciones a las infracciones leves. Las infracciones leves serán sancionadas con una multa de uno a tres salarios básicos unificados, multiplicado por los criterios de ponderación por categoría y tamaño del operador.
Artículo 47.- Sanciones a las infracciones graves. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de cuatro a seis salarios básicos unificados, multiplicados por los criterios de ponderación por categoría y tamaños del operador.
Artículo 48.- Sanciones a las infracciones muy graves. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de siete a nueve salarios básicos, multiplicado por los criterios de ponderación por categoría y tamaño del operador establecido.
Artículo 49.- Reincidencia. Si en un mismo año calendario el operador reincide en una infracción muy grave, se le cancelará el título habilitante.
La Agencia de Regulación y Control Postal, adoptará las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio postal. El operador sancionado con la cancelación del título habilitante, estará obligado a despachar los envíos postales pendientes que mantenga en su poder, en el término de diez días contados desde la cancelación.
Si el operador postal sancionado no cumple con el despacho de los envíos postales en el término señalado, la Agencia nombrará un interventor para garantizar que se cumpla la disposición.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los procesos administrativos sancionadores que estén tramitándose cuando entre en vigencia el presente reglamento, y siempre que se haya notificado con el inicio del procedimiento respectivo al presunto infractor, seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento anterior hasta su conclusión.