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Timestamp: 2018-07-23 13:19:31
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u. La interpretación judicial de la ley ordinaria | Pensamientos de Derecho Constitucional
LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE LA LEY ORDINARIA
¿FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS JUECES DEL PODER JUDICIAL O ACTIVISMO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?
1. Introducción 2. Resumen del tema a tratar. 3. La interpretación judicial 4. Jueces ordinarios y jueces constitucionales. 5. Caracteres inclusivos de la interpretación judicial. 5.1. Ámbito racional 5. 2. Ámbito razonable. 6. Alcances de la interpretación judicial. 7. Límites a la interpretación de los jueces respecto a la ley ordinaria 8. ¿Subordinación de la interpretación judicial frente a la interpretación que efectúa el Tribunal Constitucional? 9. Caracteres en común entre la interpretación judicial y la interpretación constitucional. 10. Los conflictos entre la interpretación de los jueces y la desarrollada por el Tribunal Constitucional. Análisis de la STC 037-2012-PA/TC. Caso Scotiabank. 10.1. Afectación del derecho de defensa en caso de improcedencia liminar. ¿Es válida la autonomía procesal? 10.2. Aplicación del principio de proporcionalidad y afectación de la interpretación judicial. 11. Invasión de competencias interpretativas del Poder Judicial. ¿Ni exclusividad ni activismo? Algunas conclusiones de relevancia
Resulta un tema de honda controversia recurrente que diversas ejecutorias del Poder Judicial en su más alta instancia así como del Tribunal Constitucional, suelan conducirnos a un escenario de “choque de trenes”, como suele denominar a esa situación el maestro español Pérez Tremps, ámbito en el cual los jueces reafirman su potestad de impartir justicia sin que sus fallos sean objeto de revisión y por tanto, consideran dichas decisiones como una atribución exclusiva en la medida que se trata de un ejercicio de interpretación de la ley ordinaria.
De otra parte, el Tribunal Constitucional reafirma su competencia para la revisión de fallos del Poder Judicial, en tanto la Constitución y la ley le confieren la atribución de hacer control constitucional de las decisiones del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional invoca, a este efecto, las atribuciones que le confiere la Constitución así como su propia Ley Orgánica, en la medida que esta última le confiere la calidad de supremo intérprete de la Constitución.
Sin duda ambas posiciones son de suyo importantes y frente a la teoría de las zonas no exentas del control constitucional, concepción que ha ganado consolidación en la teoría constitucional así como en la jurisprudencia de la jurisdicción constitucional, se erige una zona que antes que exenta de control, deviene en una zona no revisable en las condiciones regulares que impliquen la dación de un fallo regular, que se sujete a las reglas del debido proceso así como la observancia de los principios, valores y directrices que la Carta Fundamental consagra.
Tal ámbito regular de actuación deviene en rigor una zona a la cual no accederían los jueces constitucionales en tanto una intervención en esa esfera, sí implicaría una afectación de competencias que son atribuidas en forma exclusiva al Poder Judicial, como en efecto no debe suceder cuando un fallo judicial es respetuoso de los derechos fundamentales y observa escrupulosamente los principios que derivan de la Norma de Normas.
E insistimos, si ello sucediere, pues se desnaturaliza la esencia de la facultad revisora de que goza el supremo intérprete de la Constitución, al cual le queda vedado, tanto al mismo como a los jueces constitucionales del Poder Judicial, revisar la extensión de un fallo de la jurisdicción ordinaria en caso entrare a examinar temas de valoración probatoria, o bien cuando pretende revisar los alcances de la valoración penal respecto a la extensión de la pena, o si incurriere en determinar las pruebas no pertinentes respecto de un proceso civil.
En suma, si los jueces del Poder Judicial actuaron en forma regular, entonces la intervención de ,los jueces constitucionales o del propio Tribunal Constitucional, debe orientarse a definir la improcedencia de la demanda o bien a declarar, en su caso, infundada la pretensión.
Y sin embargo, nos encontramos con múltiples casos en los cuales el Tribunal Constitucional sí desarrolla su atribución constitucional revisora respecto a fallos del Poder Judicial, como en la STC 037-2012-PA/TC, caso Scotiabank, al cual aludiremos en este estudio, decisión en la cual la posición de los jueces es el planteamiento de una interpretación determinada de la ley ordinaria y frente a ello, el Tribunal Constitucional desestima la interpretación judicial y recurre, en este mismo caso, a técnicas como la del principio de proporcionalidad, en su expresión procedimental, o en muchos otros, a la ponderación de intereses, como manifestación material de la colisión de principios, para precisamente corregir las decisiones jurisdiccionales de los jueces del Poder Judicial.
Los resultados son concretos: de alguna forma se ve afectada la potestad de los jueces de convertirse en instancia de cierre de las controversias de la jurisdicción ordinaria; se mina, en igual forma, la autoridad de la cosa juzgada material en la acepción que tenemos de la misma; y finalmente, se afecta, en cierto rango, la seguridad jurídica que involucra la jurisdicción ordinaria.
Y sin embargo, frente a estas cuestiones que revelan una situación de gravosidad, coexiste un principio en contrario que es satisfecho en mayor grado que la afectación que ostenta el principio de cosa juzgada, y es prevalentemente la necesidad de corroborar que otro derecho fundamental devenga protegido de mayor forma, en tanto un ejercicio del principio de jerarquía axiológica móvil, ha de definir que la interpretación constitucional del Tribunal es la que su momento sea la que prevalezca sobre la interpretación judicial.
Indudablemente la afirmación anterior se sujeta a los principios que informan nuestra Constitución y nuestra jurisprudencia constitucional, así como es sólida la doctrina en el Derecho Comparado en cuanto los Tribunales Constitucionales y las Cortes Constitucionales, ejercen función revisora de las decisiones jurisdiccionales de los órganos del Poder Judicial que a su vez cierran con sus decisiones las controversias de la jurisdicción ordinaria. Y a pesar de ello, notemos que en ese camino de divergencias existen una serie de consideraciones formales y materiales que es necesario tener en cuenta pues no basta la expresión silogística de una jerarquía interpretativa, sino que es imperativo describamos algunas cuestiones que en el camino se presentan y respecto de las cuales es importante hacer algunas precisiones, en tanto la posición del Poder Judicial es firme al respecto en el sentido de que sí se invaden sus competencias, en tanto el Tribunal Constitucional reafirma su posición de que se circunscribe a desarrollar las competencias que la Constitución y su Ley Orgánica le confieren.
Y a grandes rasgos, ése ha de ser el objeto de nuestro examen en tanto creemos válido planteemos algunas cuestiones de relevancia que deben contribuir a definir, de mejor forma, en qué medida sí resultaría prevalente la jurisdicción constitucional sobre la jurisdicción ordinaria y cuándo ocurre un escenario propio de impedimentos de fortaleza para una no intervención de fueros. No obstante ello, es preciso anotar la idea sumilla de que se requiere trabajar mucho en este tema, en tanto la premisa de trabajo ha de ser la de tender puentes entre Poder Judicial y Tribunal Constitucional, antes que enraizar, endurecer y estrechar posiciones de beligerancia que por el contrario, solo incrementan en mayor grado los conflictos, atentando contra la idea de paz social, en este caso, de duros enfrentamientos entre instituciones representativas en la impartición de justicia.
Las ideas introductorias antes presentadas nos conducen a que subrayemos algunas interrogantes a modo de identificación de las principales líneas de trabajo en esta investigación y en esa lógica, conviene identifiquemos las premisas problemáticas que siguen: ¿Qué entendemos por interpretación judicial y cuáles son sus características y alcances?, ¿Podemos hablar de límites a la interpretación de los jueces respecto a la ley ordinaria?, ¿Debemos considerar que la interpretación judicial se subordina a la interpretación que efectúa el Tribunal Constitucional?, ¿Existen líneas en común entre la interpretación judicial y la constitucional?, ¿Podemos hablar de un “choque de trenes” entre la interpretación de los jueces y la desarrollada por el Tribunal Constitucional?, ¿Cuándo resulta invasiva de las competencias interpretativas del Poder judicial aquella que desarrolla el Tribunal Constitucional?
2. Resumen del tema a tratar
Procuraremos desarrollar en las líneas que siguen el esclarecimiento de las interrogantes planteadas aunque somos conscientes de que muchos aspectos de esas formulaciones aún han de continuar sin respuesta, a propósito de los acuerdos en proceso de transición a ser adoptados[2] entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, a propósito de las diferencias surgidas en torno a los efectos de la decisión en la STC 0037-2012-PA/TC, caso Scotiabank.
En efecto, las disyuntivas interpretativas planteadas a propósito de las potestades de los jueces respecto a su interpretación de la ley ordinaria, se han visto marcadas en torno a la expresión formulada por el Presidente del Poder Judicial Dr. César San Martín Castro[3] respecto a que no se le debe arrebatar a los jueces ser los intérpretes de la ley ordinaria, asumiendo que a su turno es el Tribunal Constitucional el intérprete de la Constitución pero son los jueces los intérpretes de la ley. El Tribunal no dejó el asunto sin pronta respuesta.[4]
Para esa necesaria delimitación, hemos de iniciar este análisis precisando algunos caracteres de la interpretación judicial y sobre esa premisa, fijaremos sus alcances respecto a las atribuciones propias de los jueces al interpretar la ley, tarea que a su vez implica la determinación de los ámbitos de las potestades interpretativas de los jueces.
3. La interpretación judicial
El término “interpretación” alude, en el contexto de recurrir a los necesarios elementos para dilucidar una controversia, a una lectura y forma de entender una norma, y por extensión, los hechos vinculados al caso, en relación a la necesaria correlación que implica el conocimiento de las cuestiones fácticas de una controversia- la quaestio facti– así como la aplicación de los enunciados normativos necesarios- la quaestio juris– para sobre ambos aspectos del problema a resolver, puedan los jueces emitir la decisión del caso, poniendo término, en la instancia que correspondiere, a la controversia judicial.
En propiedad, la solución de la controversia, una vez conocida por el juez, no puede obviar el conocimiento de la dimensión fáctica del problema. Solemos decir, respecto a esto, que los jueces, en el sistema continental, y por oposición al Common law, han privilegiado muchas veces, la aplicación de la norma.
El aserto anterior resulta cierto. La consolidación normativa de la aplicación de la norma, sobre todo dado el Código de Napoleón de 1804, de la Escuela Histórica del Derecho de von Savigny, y de la prevalencia del Estado Legislativo en el siglo XVIII, significaron una prevalencia de la norma en todos sus niveles, a pesar de que según Cambacéres[5], ya algunos franceses eran conscientes de que no se podía prever todo. Y la norma era expresión sólida y máxima del Poder Legislativo en tanto la soberanía parlamentaria tenía vigencia y auge en todos los ámbitos del ente Estado.
Era tanta la importancia de la ley que en caso el juez de inicios del siglo XIX dudara respecto a la aplicación de la ley en un caso concreto, era necesario que vía referé legislativo, remitiera los actuados al legislador a fin de que éste pudiera dar respuesta al conflicto planteado. De lo contrario, incurría en responsabilidad el juzgador.
Sin duda, tal cuestión hoy resultaría inconcebible en tanto el Estado constitucional implica un régimen de separación y equilibrio de poderes- checks and balances– en el cual los poderes resultan limitados y no se deben producirse excesos de las atribuciones de los poderes. Y si ello ocurriere, se ponen en marcha las herramientas de pesos y contrapesos para que los excesos de los poderes resulten corregidos.
De esa forma, el Poder Judicial podrá juzgar los actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a su turno, el Poder Legislativo habrá de regular los estamentos vinculados al régimen de los jueces y del Poder Ejecutivo en cuanto pueda proyectar una marcha adecuada de estos.
De la misma forma, el Poder Ejecutivo se encargará de la conducción del Estado en tanto atribución principal y en esa tarea, habrá de resultar implícita, conducir la efectivización de los actos que disponga el Poder Judicial así como materializar ciertas decisiones del Poder Legislativo para su adecuada aplicación.
Fijémonos, sin embargo, en los matices de estas afirmaciones y un caso de suyo especial es Inglaterra. Hasta octubre del año 2009, cuando se crea un órgano judicial encargado de resolver en última instancia, los asuntos conocidos por los jueces, la competencia para el conocimiento final de las controversias fue de la Cámara de los Lores,[6] en tanto órgano del Poder Legislativo.
En efecto, la Cámara de los Lores es un órgano del Poder Legislativo en Inglaterra y su competencia para el conocimiento de los casos judiciales marchó formalmente durante mucho tiempo, a pesar de algunas objeciones que finalmente condujeron a un cambio de competencias, hacia el año 2009, oportunidad en la cual se materializó que fueran solo jueces quienes habrían de conocer, exclusivamente, los conflictos judiciales.
La premisa es objetiva: el sistema inglés y su característica de amplia soberanía parlamentaria, se identificó en estas potestades del poder político de conocer las atribuciones que, para otras latitudes, son de conocimiento exclusivo de los jueces. Y la respuesta en el caso británico- el del sistema de las puertas de Westminster-[7] solo encuentra una lógica explicativa en el hecho de la solidez del sistema parlamentario británico, cuya característica central asumía una concentración de la facultad para conocer inclusive procesos judiciales.
Esa situación hoy ha cambiado y sin embargo, advirtamos que ello recién tiene lugar a inicios del siglo XXI, carácter que no ha sido el común denominador de otras democracias en las cuales la delimitación entre los poderes ha sido mucho más marcada.
4. Jueces ordinarios y jueces constitucionales
Percibimos la necesidad de efectuar algunas precisiones conceptuales respecto a los jueces ordinarios y los jueces constitucionales en razón de que han de asumir relevancia algunos matices de distinción estas denominaciones para el resto de los conceptos a desarrollar.
La noción de jueces ordinarios no presenta mayor dificultad en la medida que se trata de los jueces penales, civiles, laborales, de familia, contencioso administrativos, entre otros, así como jueces mixtos que imparten justicia en el ámbito de sus funciones.
Es en el ámbito de la extensión del término” jueces constitucionales” donde advertimos algunas referencias adicionales necesarias a considerar, pues se trata tanto de los magistrados del Tribunal Constitucional así como de los jueces del Poder Judicial que imparten justicia constitucional, sea por competencia directa, en calidad de jueces constitucionales, o por competencia indirecta, cuando en adición a sus funciones- usualmente en Salas y juzgados civiles- imparten también justicia constitucional.
Por supuesto que existe un requerimiento de rango de especialización. La visión de resolución de un conflicto por antinomias o de una colisión de principios, varía si la perspectiva de análisis es de una mirada “desde la Constitución”, y si de otro lado, el examen del caso aborda un enfoque de orden civil.
Creemos, sin embargo, que éste es solo un conflicto de entrada en razón de que podemos advertir importantes fallos del Poder Judicial en materia constitucional por parte de órganos jurisdiccionales penales y civiles[8] y ello demuestra que a pesar de la versación de los jueces ordinarios en las competencias de sus materias, existe también, y ello es positivo, una visión de enfoque “con la Constitución” por parte de estos órganos jurisdiccionales civiles.
Sobre las premisas ya anotadas, caben dos atingencias más de orden complementario. Los jueces de otros ámbitos, al aplicar control difuso, se convierten igualmente en jueces constitucionales en la medida que otorgan prevalencia a la aplicación de la Constitución frente a una norma con rango de ley u otro nivel que afecta los contenidos de principios de la Constitución. Por tanto, ejercen control constitucional y de suyo son también, al aplicar esta figura, jueces constitucionales.
Y en la misma medida, hoy es muy difícil sino irrealizable que el juez civil o penal, solo por mencionar dos áreas centrales, resuelvan sus materias sin tener en cuenta, en forma previa, los principios que inspira la Constitución, en su calidad de norma primera que informa el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, hay una naturaleza connotativa constitucional en la propia resolución de conflictos y éste es un matiz que no puede hacerse a un lado, dada su importancia.
Por tanto y de acuerdo a lo afirmado ¿son todos los jueces en propiedad “jueces constitucionales”? Creemos que no en estricto sino desde un sentido de definición de entrada. En lo sucesivo, por la referencia a jueces del Poder Judicial habremos de entender a quienes hacen jurisdicción ordinaria, y por “jueces constitucionales” podremos conceptuar a los magistrados del Tribunal Constitucional, así como a los jueces constitucionales del Poder Judicial, quienes ejercen esta facultad desde un ámbito de competencia especializada, es decir, resuelven controversias vinculadas a los procesos constitucionales de la libertad: habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento.
5. Caracteres inclusivos de la interpretación judicial
Decía Evans Hughes hacia 1907[9] que si bien nos regimos por una Constitución, la Constitución es lo que los jueces dicen que es.
La frase nos permite una delimitación de entrada de lo que los jueces hacen, es decir, las potestades del juez son inclusivas en tanto creemos que no solo los jueces interpretan las leyes sino lo hacen también respecto de las normas constitucionales.
De primera intención, veamos los caracteres de la interpretación ordinaria, definida como aquella interpretación de la norma en su ámbito racional y que implica un pronunciamiento del juez respecto a los límites de la norma. Pero no solo se trata de una interpretación de la norma en el referido ámbito racional pues en caso de oponerse el significado racional a los principios, valores y directrices contemplados por la Carta Fundamental, entonces el juez supera dicho ámbito de racionalidad para aludir a contenidos iusfundamentales que tienen la capacidad de superar las barreras mandativas de la norma e inaplicarlas en el caso concreto.
Podemos consignar como características de la interpretación judicial dos importantes ámbitos de la misma: la racionalidad y la razonabilidad, categorías que exigen algunas precisiones conceptuales debido a que representan, desde una perspectiva filosófica y real, la razón fuerte y la razón débil, luego fuerte, del Derecho.
5.1. Ámbito racional
El ámbito racional hace referencia al contexto de las normas- regla en la clásica definición de Dworkin,[10] quien diferencia dicho segmento del ámbito de las normas- principio.
¿Y qué son las normas- regla? Son mandatos definitivos, del todo o nada, en tanto fijan un contenido que cuando menos nos brinda una noción determinada respecto a la extensión de la norma.
Nos encontramos frente a una norma- regla cuando, por ejemplo, cuando se nos impone una multa por incumplimiento de una obligación de tránsito. El contenido de la norma administrativa es puntual y coercitivo: la multa habrá de ser impuesta en caso de infracción y el incumplimiento de pago habrá de generar inclusive la ejecución de la obligación.
De la misma forma, una obligación de dar suma de dinero será declarada, al amparo de una norma – regla, cuando una obligación de pago sea incumplida. El juez se basará en la premisa normativa contemplada por el artículo 1229[11] del Código Civil, en referencia a la prueba del pago, y despachará ejecución en caso de no honrarse la obligación de pago. Nos encontramos nuevamente frente a una norma- regla.
En el ámbito laboral, el empleador deberá cumplir sus obligaciones legales y convencionales de trabajo. De no cumplir con el pago de la gratificación por Navidad, el trabajador estará facultado a recurrir ante la Autoridad Administrativa de Trabajo a fin de efectivizar su derecho vía una acción contra la hostilidad del empleador. Nuevamente nos encontramos frente a una norma- regla que ha de invocar el juez que conozca el caso para declarar el derecho del trabajador.
Son caracteres de la interpretación judicial en el ámbito racional:
Se basa en una norma- regla.
Alude a una extensión determinada de la norma
Goza de un sentido fuerte en su creación y aplicación.
Hace referencia a un contenido de literalidad como premisa prima facie
5. 2. Ámbito razonable
La razonabilidad, como contenido material, se opone a la racionalidad y sin embargo, no son términos de exclusión total en razón de que la razonabilidad tiene lugar solo una vez que el ámbito de racionalidad ha sido insuficiente para la solución de la controversia.
Es aquí necesario, entonces, aludir a una teoría de insuficiencia de las normas- regla, posición que a su vez descarta una visión de deficiencia de la norma- regla. ¿Y por qué insuficiencia y no deficiencia? Porque debemos aplicar una presunción de legalidad de la norma- regla y adicionalmente, porque debemos igualmente dar por sentada la premisa de la buena fe del legislador al proyectar una norma.
En efecto, no hay norma mala o deficiente, sino insuficiente en tanto no logra dar respuesta a un conflicto. En ese orden de ideas, el ámbito de razonabilidad, de creación débil y de aplicación fuerte,[12] deviene en un tramo de segundo orden interpretativo pero que en rigor, completa la aspiración de la norma en su esencia de creación, es decir, la norma se proyecta para solucionar conflictos (es una proyección ex ante) y no para adolecer de contenidos (una constatación ex post), condición que puede ocurrir.
En consecuencia, nos encontramos frente a un ámbito de razonabilidad, cuando una persona invoca el derecho a morir con dignidad[13] y pide que otra persona no sea sancionada por ayudar a la primera a suicidarse, y sin embargo, el Estado invoca una respuesta denegatoria, como sucede en el caso Pretty vs. Reino Unido, en tanto existe en el ordenamiento jurídico el tipo penal de homicidio piadoso y además, para circunstancias más complejas a descartar, de instigación al suicidio.
Igualmente, habrá un ámbito de razonabilidad si una persona invoca el derecho a la salud y pide, en un contexto de restricciones administrativas, cobertura de medicamentos por sufrir de VIH[14] y sin embargo, el Estado da una respuesta desestimatoria en razón de que la norma administrativa señala que solo puede brindar tal cobertura a las mujeres embarazadas que sufren dicha enfermedad o sus hijos que hubieren adquirido dicho mal. Y a pesar de lo expuesto, el órgano jurisdiccional considera invocar el derecho a la dignidad y a la solidaridad social En dicho caso, esa respuesta jurisdiccional igualmente se basa en un ámbito de razonabilidad.
Son caracteres de la interpretación judicial en el ámbito de razonabilidad:
Se basa en una norma- principio.
Alude a una extensión indeterminada de la norma- principio
Goza de un sentido débil en su creación y fuerte en su aplicación.
Hace referencia a un contenido corrector o extensivo como premisa in toto.
6. Alcances de la interpretación judicial
Corroborados los ámbitos de interpretación racional y de razonabilidad, es nuestra posición que ambos tipos de interpretación constituyen potestades de los jueces del Poder Judicial. La primera es el lugar natural de la interpretación judicial- el de las normas- regla- en tanto el segundo rango es el espacio de interpretación correctora o extensiva de los jueces, así denominada por cuanto dicho tipo de interpretación también puede, desde una perspectiva constitucional, corregir las insuficiencias de la interpretación de las normas- regla, así como puede, con mayor razón, extender los alcances de la interpretación más allá de los clásicos métodos si existe una valoración axiológica, vinculada a los derechos fundamentales, que es necesario defender.
Y justifica históricamente ese ámbito de razonabilidad que hubieran sido los jueces quienes inicialmente hubieren aplicado la figura del control difuso,[15] un poder- deber del juez de inaplicación de la norma- regla frente a los mandatos de la Constitución, cuando en propiedad el control concentrado es una potestad del Tribunal Constitucional desde su creación en el año 1920.
Entonces, la figura del control difuso representa una institución de anterior data con relación al control concentrado, factor que es importante considerar a efectos de determinar, desde una perspectiva histórica, cuál de ambos controles caló inicialmente en la interpretación judicial. Y si bien es cierto aquí es preciso reseñar que el control concentrado no es atribución de los jueces del Poder Judicial, sino del Tribunal Constitucional, estamos en condiciones de afirmar que el control difuso ha sido una institución que ha ido afianzándose en su aplicación desde el emblemático fallo del juez John Marshall, al optar por la cláusula de supremacía normativa de la Constitución.
Sin perjuicio de ello, un aspecto que exige validación en el control difuso y no genera un efecto de aplicación inmediata, es la exigencia de aprobación[16] por parte de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. En efecto, se reserva a la Corte Suprema esta facultad de aprobación en último grado en tanto el control difuso exige una validación ex post.
Aquí existe una notoria diferencia con los efectos de aplicación del principio de proporcionalidad cuya validación es inmediata, en tanto logra el mismo efecto que la institución del control difuso, es decir, la inaplicación de la ley y sin embargo, no exige la aprobación de órgano supremo alguno salvo el ejercicio formal de una impugnación que reserva a la instancia superior la aplicación de este principio.
Esta atingencia constituye un aspecto poco desarrollado en la práctica judicial en tanto el control difuso recurre a las raíces históricas de su aplicación. De otro lado, es un poder- deber del juez en el sentido de representar, también, una exigencia constitucional para el juez. Y sin embargo, los efectos de la aplicación inmediata del principio de proporcionalidad[17] nos conducen a identificar dicha inmediación con la noción de tutela de urgencia que identifica a los procesos constitucionales, .los cuales exigen, conforme preceptúa el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, un recurso sencillo y rápido para la dilucidación de controversias que aludan a derechos fundamentales.
En efecto, la aplicación del principio de proporcionalidad comprende la aplicación de los tres subexámenes de idoneidad, adecuación y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, sin que sea necesario derivar el debate a una instancia posterior. Ésta es una ventaja objetiva respecto a la figura del control difuso en la medida que importa que los plazos de duración de los procesos constitucionales comprendan el menor tiempo posible.
7. Límites a la interpretación de los jueces respecto a la ley ordinaria
Entramos a un tema neurálgico en el desarrollo de este estudio en razón de que referirnos a límites en la interpretación de la ley ordinaria involucra, de suyo, aspectos polémicos, complejos y no pacíficos en razón de la disyuntiva que implica la asunción de potestades interpretativas de la ley ordinaria, también, por parte del Tribunal Constitucional cuando la controversia es sometida a las acciones de control de la jurisdicción constitucional.
En efecto, la primera premisa que debemos sentar en relación a las ideas expresadas respecto a los límites de la interpretación judicial de la ley ordinaria es su plena validez en tanto dicha interpretación sea realizada dentro de los ámbitos de las normas-.regla.
¿Y cómo entendemos ese examen de validez? Creemos que el mismo tiene lugar en cuanto exista una relación de compatibilidad con la Constitución y con los principios, valores y directrices que la Carta Fundamental alberga.
Sería importante aquí efectuar una distinción de orden. La interpretación de la ley ordinaria puede ser sometida a un control racional propio de las normas- regla y en tal sentido, contenidos propios del ámbito de racionalidad, son propios de los jueces del Poder Judicial. Hemos reseñado ya algunos contenidos supra y es objetivo volver a poner de manifiesto que ante interpretaciones conformes con el ámbito de racionalidad- el sentido de la norma fuerte- y siempre que la interpretación tenga lugar dentro del ámbito de extensión de la acotada norma- regla, pues estamos frente a un contexto excepcional en el cual no es propia la acción de los jueces constitucionales.
Por ejemplo, una sentencia penal que siga los criterios de racionalidad que informa la norma penal sustantiva en materia de asesinato y que además, cumpla los estándares de una actividad probatoria idónea que cumpla las exigencias del debido proceso formal y material, de suyo constituirá un ámbito en el cual el juez constitucional no se podrá pronunciar. Nos encontramos, en este caso, frente a una condición de excepción a raíz de la debida aplicación de las normas- regla en su ámbito de racionalidad.
El juez constitucional, en el caso acotado, no podrá entrar al examen de una causa penal, eventualmente derivada a un habeas corpus, pues no es potestad de los jueces constitucionales circunscribirse al examen de la actividad jurisdiccional de los jueces penales si esa función ha sido ejercida con regularidad y dentro del marco de las normas penales sustantivas y adjetivas.
Y sin embargo, la práctica arroja no en concreto manifestaciones contrarias a la premisa anterior, sino escenarios muy variables en los cuales no es una condición en contrario que un asunto resuelto bajo los alcances de la norma- regla, sino pueda ser derivado, en específico, a los alcances de las normas- principio.
Vale decir y siguiendo el ejemplo referido arriba, que una controversia penal relativa a asesinato, en caso hubiera infracción de una norma- principio como el debido proceso u otra afectación sustantiva a la libertad personal, necesariamente exigirá el examen del juez constitucional en caso haya una afectación manifiesta, elevada y ostensible de un derecho fundamental.
Por lo tanto, el límite de revisabilidad de la norma- regla queda sujeto a una condición de cambio, cual es la existencia de la vulneración a un derecho fundamental, siempre que se desprenda de esa afectación, que efectivamente es constatable, la infracción ostensible al referido derecho fundamental.
He aquí un tanto la clave de bóveda que explica, desde un ámbito material, esta intervención de los jueces constitucionales en conflictos y controversias que, desde nuestra posición y en un ámbito muy prima facie, gozarían de una condición de irrevisabilidad. Y reiteramos prima facie por cuanto no podemos desligar la interpretación constitucional, por excelencia correctora y extensiva, y en ámbitos de razonabilidad, de la interpretación de la ley ordinaria, en su ámbito de racionalidad.
Y desde el ámbito formal es preciso advertir que el artículo 22[18] del Código Procesal Constitucional, considera la prevalencia de las sentencias de la jurisdicción constitucional sobre las sentencias de la jurisdicción ordinaria, premisa que se justifica, asumimos, en función a la protección de derechos fundamentales en sede constitucional.
Notemos un detalle a este respecto: la revisión de fallos del Poder Judicial es bastante nueva en nuestra historia constitucional.
Es la Carta de 1979 el primer instrumento que prevé la existencia de un órgano jurisdiccional decisorio ajeno al Poder Judicial. Dicho Norma Fundamental prevé la existencia del denominado Tribunal de Garantías Constitucionales[19] en la propuesta de consolidar un tipo o modelo de revisión de los fallos de la jurisdicción ordinaria, vía la instauración de procesos constitucionales de control normativo[20] y de la libertad[21]
Ubicarnos en ese contexto no es en absoluto sencillo. El Poder Judicial y en especial la Corte Suprema, se vieron en la necesidad de evaluar, aún algunos lustros después siguen siendo así, la dimensión de esa noción de revisabilidad y es ésta característica la que en la experiencia del Derecho Comparado, ha generado iguales controversias, por ejemplo, entre la rama judicial colombiana y la Corte Constitucional de ese país, en la misma forma que existen conflictos de revisabilidad entre el Supremo Tribunal de España y el Tribunal Constitucional de ese país.
Consecuentemente, no es conflicto solo de alcance nacional sino una experiencia que se repite, con creces, en la experiencia comparada y sobre la cual debemos prestar la atención que sus implicancias demandan, en tanto habría relevancia de determinar cuándo realmente podríamos encontrarnos, realmente, frente a una verdadera invasión de competencias de la jurisdicción ordinaria, lo cual de por sí es negativo, y cuándo ese poder de acción del cual gozan Tribunales Constitucionales, Cortes Constitucionales y jueces constitucionales, sí es ejercido correctamente y de acuerdo a los parámetros que facultan las leyes y la Constitución.
8. ¿Subordinación de la interpretación judicial frente a la interpretación que efectúa el Tribunal Constitucional?
Hemos querido agregar signos de interrogación a este segmento de estudio pues la interrogante es pertinente. Y en la misma lógica ¿podemos llegar a la conclusión de que existe una función de subordinación si contrastamos la interpretación de los jueces de la jurisdicción ordinaria cuando ésta es corregida por los órganos jurisdiccionales constitucionales?
Nos parece errado referirnos a un escenario de subordinación. No existe esta figura. Y sin embargo, sí podemos aludir a un contexto de prevalencia, en tanto y en cuanto se presenta un contexto de diversidad de funciones orgánicas. En efecto, ya antes hemos reseñado que existen ámbitos de orden material y formal respecto a los límites de actuación de los jueces constitucionales y es aquí donde esa premisa asume fuerza pues no puede contextualizarse, en rigor, una subordinación de las interpretaciones de los jueces del Poder Judicial frente a aquellas que realizan los órganos jurisdiccionales constitucionales.
La subordinación parte de premisas erradas como la noción de la mayor importancia de la jurisdicción constitucional. No dudamos de la relevancia de la jurisdicción de los derechos fundamentales y sin embargo, es necesario dirimir ámbitos de competencias para que pueda advertirse que la prevalencia de jurisdicción, noción con raigambre constitucional y legal, es el marco conceptual que mejor se acomoda a esta determinación.
Y he aquí que vale rescatar una precisión, que no compartimos muy respetuosamente, que hace el magistrado Vergara Gotelli, cuando en el voto aclaratorio de la STC 006-2006-CC/TC, caso Casinos y Tragamonedas, hace referencia a la existencia de “jueces postizos”.
La alusión tenía lugar en el contexto de que los jueces del Poder Judicial que hacen función en la jurisdicción constitucional, son “postizos” en razón de que son prestados temporalmente a la jurisdicción constitucional para la dilucidación de controversias sobre derechos fundamentales. Con objetividad, podemos asumir que la idea esbozada era sostener que solo los magistrados del Tribunal Constitucional podían ser denominados realmente “jueces constitucionales”, en tanto que los jueces del Poder Judicial solo representarían una especie de ´”préstamo temporal” y luego de ello, volverían a sus funciones regulares de la jurisdicción ordinaria.
Lo real es que la existencia de jueces constitucionales titulares[22] del Poder Judicial representa una respuesta en definitiva contraria a la idea del magistrado Vergara Gotelli. Más aún, conforme hemos esbozado, los jueces del Poder Judicial ejercen control difuso desde 1803 en tanto que las primeras fórmulas de aplicación del control concentrado, datan de 1920, es decir, transcurrió poco más de un siglo desde la aplicación, por primera vez, de esta institución de control de las leyes frente a la Constitución para que un órgano de control concentrado iniciara sus funciones jurisdiccionales.
9. Caracteres en común entre la interpretación judicial y la interpretación constitucional
¿Podemos referir la existencia de caracteres comunes entre la interpretación judicial y la de orden constitucional? Desde luego que sí en tanto ambas parten de la premisa de la necesidad de impartir justicia en el caso concreto.
Tanto la interpretación judicial como la constitucional asumen el perfil de una “pretensión de corrección”, es decir, buscan proponer la fórmula de solución que no signifique la imposición de una verdad material o procesal, sino que buscan fórmulas de consenso como respuesta de parte de los órganos jurisdiccionales.
Desde otro rango de valoración, ambos tipos de interpretación consideran el agotamiento de la aplicación de los enunciados normativos, esto es, de destacar el carácter fuerte y de ámbito racional de las normas- regla, por cuanto es la premisa de dilucidación de la controversia.
En efecto, ocurre que en ambos casos tiene lugar una aplicación en perspectiva de suficiencia de la norma y sin embargo, apreciamos dos sentidos distintos que pasamos a esclarecer: para la interpretación judicial, en una primera dimensión, la aplicación de las normas- regla es el escenario natural de la dilucidación del conflicto, y en segundo orden, la aplicación de las normas-principio, es el ámbito de suyo excepcional.
Así sucede, por ejemplo, con el control difuso, figura que exige salvar, hasta donde sea posible, la constitucionalidad de la ley que entra en aparente conflicto con la Constitución. Es decir, el juez está obligado a agotar los medios necesarios para encontrar una fórmula de compatibilidad de esa norma sometida a control, con la Carta Fundamental. Y solo cuando su examen hubiere sido infructuoso, recién inaplica el juez la norma que colisiona con la Constitución. Por lo tanto, el ámbito constitucional es una fórmula excepcional.
Distinta es la percepción de análisis en la interpretación constitucional, en tanto la dilucidación de la controversia desde el ámbito de los principios, de la razonabilidad, o de los derechos fundamentales insertos y latentes en la Constitución, es el lugar natural de este tipo de interpretación. Y sin embargo, es preciso destacar un aspecto relevante: la interpretación constitucional efectúa una necesaria mirada de contrastación respecto al contenido de juridicidad del problema, el cual se ve complementado por el contenido de moralidad del derecho fundamental en cuestión o del principio concernido en la controversia a resolver.
Y para entender este concepto siempre resulta de utilidad recurrir a la clásica definición de Peces Barba[23] respecto a los contenidos de un derecho fundamental para entender la dimensión del mismo.
Señala el maestro español que los derechos fundamentales tienen un contenido de juridicidad y uno de moralidad, y en esta idea reside la importancia que deben otorgar los jueces constitucionales a los contenidos de la norma cuando se trata de resolver una cuestión constitucional. En efecto, es indudable que existe una valoración axiológica al resolver una cuestión desde la perspectiva de las normas- principio pues ellas conciernen, de modo prevalente, a los derechos fundamentales, ejemplos concretos de expresión de principios.
Y sin embargo, siendo la función de los derechos fundamentales así como del propio Derecho Constitucional, una de llenar los vacíos e insuficiencias de las normas- regla, no debemos olvidar, bajo cierta cadena de logicidad, que para llenar un vacío, cual fuere su naturaleza, previamente debemos corroborar que ese vacío realmente ocurre como condición material relevante. Y en esa función de constatación del vacío, en referencia a nuestros términos propios, tal contrastación implica constatar que no hay norma aplicable al caso que nos ocupa resolver.
Aquí podemos encontrar dos vertientes: si advertimos que hay un vacío, realmente constatamos entonces la necesidad de un pronunciamiento desde la perspectiva de las normas- principio o de los derechos fundamentales. Opera en este caso, plenamente, la función de integración de las normas- principio.
Sin embargo, ¿qué sucede si constatamos lo contrario, es decir, que realmente sí había norma aplicable y que no existe el vacío demandado? Pues sucede que el ámbito corresponde a las normas- regla y que indebidamente se sometió el examen en cuestión al campo de las normas-principio.
En ambos casos, hemos efectuado una constatación de suyo relevante: hemos buscado constatar si había una norma- regla aplicable y por tanto, hemos tenido en cuenta el contenido de juridicidad del problema, el cual se expresa, con mayor énfasis, en la vinculación que debe hacer la interpretación constitucional a la verificación y constatación de ausencia de la norma-regla.
De ahí la importancia que la interpretación constitucional represente una mirada a los contenidos de juridicidad y moralidad del derecho fundamental concernido, en tanto la verificación de juridicidad, completa el examen de aplicación de los contenidos de moralidad de ese derecho.
10. Los conflictos entre la interpretación de los jueces y la desarrollada por el Tribunal Constitucional. Análisis de la STC 037-2012-PA/TC. Caso Scotiabank
Los términos “choque de trenes” y “guerra de cortes” definen con propiedad los conflictos y desavenencias entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento constitucional así como en el Derecho Comparado.
El caso que hemos de abordar para graficar en la práctica muchos de los conceptos antes vertidos, es el referido a la STC 0037-2012-PA/TC, caso Scotiabank, [24] proceso respecto del cual se produjo un duro pronunciamiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en la medida que la sentencia del Tribunal Constitucional declara nula[25] una sentencia de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República.
La discusión se planteó en torno a dos temas relevantes:
Los alcances de la improcedencia liminar de una demanda de amparo y si producida la misma, puede haber fallo en última instancia a nivel del Tribunal Constitucional, situación que afectaría el derecho de defensa de los demandados, en este caso, los jueces supremos demandados.
La aplicación del principio de proporcionalidad respecto a la norma en cuestión en el caso concreto: el artículo 3[26] del Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, en la medida que el Tribunal Constitucional redimensiona la aplicabilidad de la norma en referencia a partir de la técnica del principio de proporcionalidad.
10.1. Afectación del derecho de defensa en caso de improcedencia liminar. ¿Es válida la autonomía procesal?
La primera cuestión, relativa a la improcedencia liminar plantea serios debates y en esa línea conceptual corresponde indaguemos por la aplicación del principio de autonomía procesal.
En efecto, uno de los temas más controversiales relativo en general a los procesos constitucionales, desde una perspectiva material, reside en los alcances de la autonomía procesal que identifica a estos procesos, vinculación de suyo estrecha a la noción del principio de elasticidad inmerso en el artículo III[27] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
Con el concepto de autonomía procesal, que la doctrina alemana empieza a denominar Verfahrensautonomie,[28] queremos distinguir un rango de medida de las potestades de los jueces constitucionales para lograr la restitución del derecho conculcado superando, en determinados casos, el propio marco regulador del enunciado normativo, esto es, desarrollando en rigor una nueva visión procesal de la norma a partir de la necesidad de sopesar el contexto de tutela de urgencia que identifica a los procesos en cuyo seno se discuten derechos fundamentales.
Mas la interrogante válida respecto a la tutela de urgencia es: ¿y cuál debe ser la medida de restitución de los derechos conculcados? En otros términos: ¿se puede medir la urgencia de una controversia constitucional y a partir de esa noción, quebrantar las formas procesales y encontrar una respuesta a esa exigencia de respuesta de una pretensión constitucional?
Nuestra respuesta ha de ser tentativa en el sentido de que efectivamente esa medición es posible a través de los estándares jurisprudenciales que implementan los jueces constitucionales y al respecto, dicho contexto viene explicado, en el caso peruano, de un lado, por los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional; por otro lado, por la doctrina constitucional o doctrina jurisprudencial cuya construcción, a juicio nuestro, es progresiva y no determinada en forma directa en un primer caso;[29] y finalmente por la jurisprudencia constitucional en sentido amplio en cuanto precisamente ésta viene a ser la lectura de la Constitución y la visión que de ella plasman en sus decisiones los jueces constitucionales.
Evidentemente, el grado de vinculación en los dos primeros casos es mucho mayor que en el tercero pues éste asume una dimensión lata de la noción de prudencia de los jueces al decir el derecho, es decir, al hacer jurisprudencia.
Advirtamos pues que las tres categorías referidas- precedentes vinculantes, doctrina constitucional y jurisprudencia constitucional- han consolidado mucho de esta noción de autonomía procesal. Adicionalmente es importante puntualizar, a juicio nuestro, que la realización de la tutela de urgencia exige, en determinados casos, trascender la vigencia de las formas procesales para lograr la materialización de la defensa de los derechos fundamentales y es en propiedad en el proceso de amparo, donde el ámbito de protección ha desarrollado un rol mucho más activo si partimos de las premisas de la jurisdicción ordinaria.[30]
Entre algunos casos emblemáticos en materia de autonomía procesal, podemos distinguir la STC 07873-2006-PA/TC, caso Félix Tueros,[31] referida a reconversión de procesos constitucionales.
Como idea previa, corresponde afirmar que si la pretensión es A, podríamos inferir que la dilucidación del conflicto jurídico, sea en propiedad una respuesta a la pretensión “A”. Sin embargo, ¿es posible que interpuesto un proceso de cumplimiento,[32] se pronuncie el Tribunal Constitucional reconvirtiendo dicho proceso en uno de amparo? Y más aún, producida una improcedencia liminar en primera y segunda instancias[33], ¿puede el Tribunal acaso declarar fundada la demanda?
Las respuestas positivas a las interrogantes anteriores son las lecciones que deja el caso referido en la sentencia en comento, en tanto asume el Tribunal que sí era posible resolver en amparo la cuestión propuesta, dado que la avanzada edad del demandante- 91 años- de haber existido una respuesta en exceso formalista, lo hubiera obligado a acudir a la primera instancia[34] e iniciar el juicio a fin de que se respetara el derecho de defensa y contradicción de la entidad demandada.
Pues bien, la autonomía procesal, en una dimensión amplia y tutelar, permite “saltar” las formas procesales y bajo un contexto de tutela de urgencia, proteger, bajo las características de una implícita ponderación material, que resultaba propio proteger en grado más óptimo, a través de un proceso de amparo, el derecho fundamental a la pensión, antes que el derecho a un debido proceso en su acepción amplia.
Otros casos de interés, a propósito de esta institución son la apelación por salto,[35] el recurso de agravio constitucional en casos de narcotráfico y lavado de activos,[36] la actuación inmediata de sentencia,[37] entre otros procesos relevantes.
De regreso al examen del caso que nos ocupa centralmente- el caso Scotiabank- hay una cuestión material que fluye con fuerza y es una pregunta que genera mucha polémica: cuando el Tribunal Constitucional resuelve sobre el fondo, emitiendo sentencia, ¿se afecta el derecho de defensa de los jueces supremos emplazados con la demanda cuando ha habido solo pronunciamientos de improcedencia liminar y sin embargo, conocido el caso por el Tribunal Constitucional, éste emite sentencia?
Creemos que no podemos sostener una premisa de afectación sustantiva sino de nivel medio del derecho de defensa, en razón de que si bien la notificación del concesorio de apelación- situación de curso formal en la apelación de una improcedencia liminar- no goza de las mismas características de la formalidad que implica una contestación a la demanda, sí es cierto, de otro lado, que ha existido conocimiento del proceso respecto de los emplazados.
Ahora bien, sería admisible el argumento de que tratándose de cuestiones patrimoniales, hubiera podido el caso volver a primera instancia para un correcto emplazamiento de la demanda, y sin embargo, creemos que es importante advertir el contexto en el cual se discuten los derechos fundamentales que en propiedad es un contexto de tutela de urgencia, característica que exige un pronunciamiento de los jueces constitucionales y respecto al cual es válido afirmar que las controversias sobre derechos fundamentales, sí permiten estos giros procesales, a condición de que exista una fundamentación razonable, condición que sí advertimos se cumple en el caso en comento.[38]
10.2. Aplicación del principio de proporcionalidad y afectación de la interpretación judicial
En el caso Scotiabank una situación que marca la controversia es la consideración del Tribunal Constitucional en el sentido de aplicar el principio de proporcionalidad para precisamente superar la difícil valla de la interpretación fuerte que realiza la Corte Suprema, la cual se atiene al mandato que fluye del artículo tercero del Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, norma antes acotada.
Nos encontramos, en el caso de la norma en comento y en el marco de la interpretación judicial que efectúa la Corte Suprema, frente a una norma- regla que a su vez contempla un mandato definitivo y que se circunscribe a la exigencia a los Ejecutores Coactivos de la respectiva acreditación ante las entidades del sistema financiero y bancario, la Policía Nacional del Perú, las diferentes oficinas registrales del territorio nacional y ante el Banco de la Nación, como requisito previo de procedibilidad a efectos de que puedan ordenar embargos o requerir el cumplimiento de las medidas atinentes.
En la decisión cuestionada, la Corte Suprema se atuvo a la aplicación de la norma en cuestión bajo la premisa de un ámbito de racionalidad,[39] en el cual las decisiones razonables no son necesarias pues donde la ley no distingue y ordena una prestación determinada, creemos que no hay rango de discusión alguna.
Y sin embargo ¿estamos en condiciones de afirmar que la interpretación que desarrolla la Corte Suprema es de carácter literal?
Desarrollado un examen de los considerandos de la decisión, estamos en condiciones de señalar que el criterio de interpretación aplicado por la Corte Suprema ha sido literal y ésta en principio exhibe una fortaleza argumentativa de entrada, en tanto su naturaleza de mandato definitivo no debe dejar espacios a rangos de indeterminación, como critica Commanducci[40] en relación a los principios. Tengamos en cuenta pues que la interpretación literal mantiene su fortaleza en tanto no haya afectación alguna de orden sustantivo a un derecho fundamental.
Y es éste el punto de quiebre del caso en comento en tanto es necesariamente la interpretación judicial un criterio marco que cede la fortaleza de sus razones fuertes frente al examen de orden constitucional, en tanto y en cuanto la vigencia de la interpretación judicial mantiene sus cánones mientras no se configuren interpretaciones constitucionales en contrario.
El Tribunal Constitucional presenta una interpretación en contrario[41] e incide en que afecta el derecho a la motivación presentar como único sustento de respuesta a una pretensión, una respuesta literal.[42]
Adicionalmente, considera que hay un criterio de motivación incongruente,[43] aludiendo a términos de no razonabilidad en la exigencia de acreditación de los Ejecutores Coactivos ante todas las entidades del sistema nacional.[44]
Sin perjuicio de lo señalado y a efectos de reforzar sus razones, el Tribunal Constitucional considera necesaria la aplicación del principio de proporcionalidad,[45] el cual, como ya hemos reseñado, implica tres pasos.
Respecto al examen de idoneidad o adecuación,[46] el Tribunal considera la norma adecuada en tanto se cumple fines de relevancia constitucional, como impedir situaciones arbitrarias, es decir, se proscribe, con determinadas exigencias de la Ley de Ejecución Coactiva, el abuso del derecho en tanto los Ejecutores sujetan su accionar a procedimientos preestablecidos, se configura un favorecimiento de la seguridad jurídica en tanto los contribuyentes habrán de saber que para que haya ejecución se deberán cumplir requisitos específicos, y por último, se legitima el accionar de los Ejecutores, en razón de que el Derecho en su ámbito de exigencias, debe estar provisto de medidas legítimas de suyo opuestas a acciones arbitrarias. En consecuencia, se cumple el requisito de idoneidad de la norma para lograr determinados fines y se puede considerar aprobado el primer subexamen.
Con relación al examen de necesidad,[47] sin embargo, la posición no es la misma, pues la norma referida a la resolución de la Corte Suprema no logra satisfacer dicho examen en tanto deviene arbitraria,[48]en tanto existe una medida menos onerosa frente a la adoptada por la norma en cuestión, y es en propiedad, la inscripción del Ejecutor Coactivo en el registro respecto del cual habrá de ejecutar la cobranza coactiva y no en todos los registros previstos por la norma sometida a examen.
El análisis del caso, en este aspecto, implica un contexto de menor gravosidad, es decir, si el intérprete encuentra alguna otra medida menos onerosa que la dispuesta por la norma sometida a examen, no puede considerar satisfecho el examen de necesidad y por tanto la norma verificada es incompatible con la Constitución.
En el caso materia de vista, la cuestión de fondo en este examen de necesidad es si estamos en la capacidad de encontrar alguna otra medida que no sea la inscripción del Ejecutor Coactivo en todos los registros, a fin de que pueda obtenerse el mismo objetivo, cual es el desarrollo de sus labores para el cobro de acreencias que cumplen la condición de ser exigibles en la vía coactiva.
El Tribunal Constitucional esboza que ello sí es posible y encuentra la respuesta fáctica de menor onerosidad, como señalamos, en la situación objetiva de que el Ejecutor se encuentre inscrito solamente en el registro en donde va a ejecutar su labor y no en todos los que exige el artículo tercero del Reglamento pertinente.
En consecuencia, la norma impone, desde la perspectiva del Tribunal, exigencias de suma onerosidad, como el pedido de inscripción en todos los registros del sistema, cuando bien puede solo exigir el registro del caso solo en el ámbito donde se ha de ejecutar la cobranza pertinente, argumento del cual podemos inferir, con suficiencia, que no se supera el examen de necesidad.[49]
Según la doctrina consolidada sobre el principio de proporcionalidad y en calificación de necesaria concurrencia conjunta de los subexámenes señalados, si uno de los mismos no es satisfecho, la medida o acción evaluadas deviene inconstitucional. Y sin perjuicio de ello, nada obstaría parar que, en vía de suma de argumentos, procedan los jueces constitucionales a ampliar el ámbito argumentativo de sus decisiones.
Esta última opción es la qua aplica el Tribunal Constitucional en cuanto considera importante recurrir al tercer subexamen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación,[50] estándar que desarrolla para determinar la prevalencia del principio de garantía institucional de la autonomía municipal en detrimento del valor seguridad jurídica,[51] siempre bajo las características de la escala triádica de Alexy.[52]
Aquí es importante enfatizar un aspecto: siendo que los ámbitos en la ley de ponderación, ambos aplicables en el tercer subexamen de proporcionalidad, son los de mayor satisfacción de un principio y menor afectación de otro, es necesario reconocer que el valor seguridad jurídica sí sufre un grado de afectación, pero no en forma suficiente como para imponerse al otro principio de garantía institucional de la autonomía municipal, el cual presenta un grado de satisfacción elevado.
Son posiciones en contrario, los votos singulares de los magistrados Calle Hayen y Eto Cruz, quienes expresan una posición discrepante con la mayoría.[53]
El magistrado Calle Hayen reseña[54] que es atribución de la jurisdicción ordinaria la interpretación de la ley y que solo queda habilitada la jurisdicción constitucional en caso de un proceder manifiestamente irrazonable. Coincidimos de entrada con la ponencia y sin embargo, consideramos que no se argumenta más respecto a la exigencia misma- cuestión de fondo- respecto a la onerosidad de acreditación a los Ejecutores Coactivos en todos los registros del sistema de nuestro país.
A su turno, el magistrado Eto Cruz precisa una posición igualmente contraria[55] a la mayoría y parte de la premisa base de que aprecia una motivación suficiente en la sentencia de la Corte Suprema. De la misma forma que en el caso anterior, una situación central es la exigencia de inscripción de los Ejecutores en los registros que demanda la normativa. El tema planteado por el voto de la mayoría es objetivo: ¿Por qué varios registros y no solo el pertinente? Este es un aspecto que los votos en singular no llegan a responder satisfactoriamente.
En conclusión, por cuatro votos contra dos el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda y declara nula la resolución de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, ordenando la expedición de un nuevo fallo.
11. Invasión de competencias interpretativas del Poder Judicial ¿Ni exclusividad ni activismo?
Llegamos al tema de cierre de nuestro estudio sobre los ámbitos de la interpretación judicial y sus alcances para sostener que efectivamente sí es viable se configuren invasiones de las competencias interpretativas de los jueces del Poder Judicial y sin embargo, tales situaciones vienen a estar predeterminadas en cuanto no existan cuestiones iusfundamentales que definir.
No podemos negar el fenómeno de constitucionalización del Derecho. La teoría de la irradiación de los derechos fundamentales o de la impregnación en el sentido de que todo deviene Derecho Constitucional, no es una premisa ajena a nuestro ordenamiento.
Y sin embargo, cabe rescatar un espacio que antes que denominarlo exento, ya lo hemos trabajado así, creemos que es un ámbito en el cual no hay lugar a la actuación de los jueces constitucionales y es cuando los jueces de la jurisdicción ordinaria ejercen sus competencias dentro de la Constitución y la ley.
Y en ello tenemos que ser enfáticos: una sentencia, sea penal, civil o en el campo que correspondiere, no es revisable si se cumplen las condiciones de rigor de ajustarse la actuación de los jueces como decisores, a estándares mínimos necesarios como el debido proceso, la debida motivación de las resoluciones judiciales, el derecho de defensa, entre otros derechos. En tal caso, la decisión de los jueces constitucionales invariablemente será declarar improcedente o infundada la demanda pues si fuere que se dispusiera la intervención de los jueces constitucionales, entonces sí se afectaría gravemente la seguridad jurídica en nuestro ordenamiento.
Por ello la necesidad de poner énfasis en que el único espacio no revisable de la interpretación judicial es, en concreto, un proceder que observa escrupulosamente la Constitución y la ley.
En los demás casos, es decir, en aquellos en los cuales sí prevemos afectaciones carentes de razonabilidad, sí es competente la justicia constitucional, y solo en esos casos, por una cuestión imperativa de la prevalencia de los principios, valores y directrices que conforman nuestra Carta Fundamental.
Por tanto, es una conclusión de suyo válida que no existe ni exclusividad de los jueces para efectuar la interpretación de la ley ordinaria ni tampoco debe configurarse una forma de activismo desbordado por parte del Tribunal Constitucional, en tanto aquel es negativo por buscar afianzar islas superlativas de interpretación en nuestro ordenamiento y por cuanto, el activismo excesivo o el hiperactivismo, son corrientes contrarias en tanto intervencionistas de las facultades de los jueces del Poder Judicial.
Algunas conclusiones de relevancia
Expuestas las ideas previas, podemos afirmar que la interpretación judicial es una atribución de los jueces de la jurisdicción ordinaria y la misma tiene lugar en la impartición de justicia de las controversias en las cuales se exige una respuesta al Poder Judicial. Si esas decisiones se ajustan a la Constitución y la ley, tales fallos conservan el carácter de no ser revisables por parte de la jurisdicción constitucional. De otro lado, la interpretación judicial presenta un ámbito racional, de las normas- regla y mandatos definitivos. Ese es el escenario natural de esta interpretación. Por excepción, la interpretación judicial abarca un ámbito de razonabilidad, es decir, de las normas- principio y los mandatos de optimización. Es un escenario excepcional de la interpretación judicial.
En esa misma línea, la interpretación judicial presenta los límites materiales que le imponen la Constitución y la ley así como los límites formales que impone el Código Procesal Constitucional en cuanto dispone la prevalencia de las sentencias constitucionales obre la sentencias de la jurisdicción ordinaria.
Es válido sostengamos, de igual modo, que no es correcto afirmar una subordinación de la interpretación judicial frente a la interpretación que efectúa el Tribunal Constitucional. A este respecto, solo podemos y debemos referir una situación de prevalencia de una jurisdicción sobre otra. Dicha prevalencia se basa en las atribuciones formales y materiales que imponen la Constitución y las normas procesales adjetivas. Podemos afirmar un carácter en común de la interpretación judicial y la interpretación constitucional y es puntualmente la aplicación correcta, óptima y adecuada de la Constitución y la ley.
La STC 037-2012-PA/TC, caso Scotiabank, constituye un proceso que grafica los conflictos entre la interpretación de los jueces y la desarrollada por el Tribunal Constitucional, en tanto se configura una acción revisora de la jurisdicción ordinaria por parte de la jurisdicción constitucional. No advertimos en el caso en mención una afectación ostensible del derecho de defensa de los jueces supremos demandados, dadas las condiciones de improcedencia liminar en el proceso referido.
De otro lado, consideramos que es válida la institución de la autonomía procesal, una de cuyas expresiones es una sentencia fundada por el Tribunal sobre dos improcedencias liminares previas en un mismo proceso, siempre que exista una argumentación razonable de defensa de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional recurre, en el caso Scotiabank, a la aplicación del principio de proporcionalidad, no configurándose una afectación grave de la interpretación judicial.
Finalmente, la invasión de competencias interpretativas del Poder Judicial se produce, por parte de la jurisdicción constitucional, solo si se afectan espacios reservados a los jueces de la jurisdicción ordinaria, en tanto atribuciones exclusivas, como por ejemplo, la valoración mensurada de las pruebas, la correcta imposición de la pena, la aplicación del debido procedimiento administrativo, y situaciones similares. La configuración de estas situaciones debe advertirse, en nuestra opinión, caso por caso, debiéndose evitar tanto escenarios de exclusividad irrazonable así como hiperactivismo de los jueces constitucionales. En ello existe un compromiso democrático de primer orden que no es posible soslayar.
Publicado en GACETA CONSTITUCIONAL No. 60. Diciembre 2012. pp. 355-376
[2] El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han previsto Plenos y Comisiones Técnicas a fin de llegar a acuerdos en común a propósito de la disyuntiva planteada respecto al caso Scotiabank. Ver Comunicado del Tribunal Constitucional de fecha 30 de julio de 2012. Información disponible en http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/nota_2012_103.html . Fuente visitada con fecha 15 de agosto de 2012.
[3] Comunicado del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de fecha 10 de julio de 2012. Información disponible en http://historico.pj.gob.pe/noticias/noticias.asp?codigo=19745&opcion=detalle Fuente visitada con fecha 23 de agosto de 2012.
[4] Comunicado del Tribunal Constitucional de fecha 13 de julio de 2012. Información disponible en http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/comunicado.pdf. Fuente visitada con fecha 23 de agosto de 2012.
[5] Cfr. RECASENS SICHES, Luis. Concepción mecánica de la función jurisdiccional, especialmente en Francia y otros países durante el siglo XIX. Extraído de Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho, México Ed. Porrúa S.A., 1980. p. 196.
[6] La Corte Suprema separada del Poder Legislativo, vigente desde el 2009, se basó en el Acta de Reforma Constitucional de 2005.
[7] En referencia al modelo parlamentario británico cuya influencia se extiende a los países de la Mancomunidad Británica de Naciones. El nombre proviene del Palacio de Westminster, sede del gobierno británico.
[8] Decisiones como la aplicación de la figura del control difuso por parte de la jueza Antonia Saquicuray respecto a la Ley de Amnistía en los años 90, o las decisiones en materia de derecho a la igualdad respecto a candidatos invidentes al Ministerio Público- caso Edwin Béjar- o de mujeres cadetes expulsadas de la Escuela de Policía por causal de embarazo- caso Mariana Abad- representan decisiones de gran alcance respecto a la protección de los derechos fundamentales.
[9] PUSEY, Merlo En Charles Evans Hughes, Volume One. The Macmillan Company, New York, 1952. p. 204-205.
[10] Cfr. BERNAL PULIDO, Carlos. La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso 2do nivel. p. 87.
[11] Código Civil. Articulo 1229º.- Prueba del pago
La prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado
[12] En perspectiva, sostenemos, por ejemplo, que el razonamiento de los derechos fundamentales es débil en su fase de creación del derecho, pero fuerte en su aplicación. Al incorporarse un derecho fundamental a una decisión jurisdiccional, ésta deviene fuerte pues es de aplicación obligatoria. Aquí la razón, en su aplicación, se vuelve fuerte.
[13] Caso Diane Pretty vs Reino Unido. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de fecha 29 de abril de 2002.
[14] STC 2945-2003-AA/TC. Caso Azanca Meza.
[15] Caso Marbury vs Madison (1803), sentencia del Juez John Marshall. En el mismo sentido, véase el caso Bonham (1610), sentencia del Juez Edward Coke.
[16] Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 14.- Supremacía de la norma constitucional y control difuso de la Constitución.
Las sentencias así expedidas (en referencia a las que aplican control difuso) son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación.
En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece. Paréntesis agregado es nuestro
[17] Vid STC 4405-2005-PA/TC. Caso Chinchorreros.
[18] Código Procesal Constitucional. Artículo 22.- Actuación de Sentencias
(…) Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.
[19] Constitución 1979. Artículo 296.­
El Tribunal de Garantías Constitucionales es el órgano de control de la Constitución. Se compone de nueve miembros. Tres designados por el Congreso; tres por el Poder Ejecutivo; y tres por la Corte Suprema de Justicia.
[20] Constitución 1979. Artículo 296.­ Artículo 298.­
El Tribunal de Garantía tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. Es competente para:
1.- Declarar, a petición de parte, la inconstitucionalidad parcial o total de las leyes, decretos legislativos, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravienen la Constitución por la forma o por el fondo (…)
[21] Constitución 1979. Artículo 298.­
El Tribunal de Garantía tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. Es competente para: (…)
2.- Conocer en casación las resoluciones denegatorias de la acción de habeas corpus y la acción de amparo agotada la vía judicial.
[22] Un juez constitucional titular de primera instancia en Ayacucho; una Sala Constitucional de jueces superiores constitucionales en Lambayeque. A esto debe sumarse 12 jueces constitucionales aún provisionales en la ciudad capital.
[23] PECES BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, p. 37
[24] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
Según el Tribunal Constitucional la demanda refiere que “la entidad recurrente interpone demanda de amparo contra la resolución s/n de fecha 5 de abril de 2011 emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el proceso seguido en su contra por Telefónica Móviles S.A., bajo el Expediente CAS. N.º 3313-2009, solicitando que cese la violación de sus derechos constitucionales a la debida motivación, al principio de interdicción a la arbitrariedad, seguridad jurídica y predictibilidad de las resoluciones judiciales y, consecuentemente, se declare la nulidad de la resolución impugnada.”
[25] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Decisorio.
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, y en consecuencia, NULA la resolución s/n de fecha 5 de abril de 2011, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República derivada del Expediente CAS. N.º 3313-2009.
2. Dispone que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República emita una nueva resolución tomando en consideración los fundamentos expuestos en la presente sentencia.
[26] Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Artículo 3.- Función del Ejecutor Coactivo
“(…) 3.3 Sólo los Ejecutores Coactivos debidamente acreditados ante las entidades del Sistema financiero y bancario, la Policía Nacional del Perú, las diferentes oficinas registrales del territorio nacional y ante el Banco de la Nación, podrán ordenar embargos o requerir su cumplimiento (…)”
[27] Código Procesal Constitucional. Articulo III
(…) el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales.
[28] RODRIGUEZ PATRON, Patricia. La libertad del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su derecho procesal. Revista Española de Derecho Constitucional No. 72. Setiembre-diciembre de 2004.
[29] El Tribunal Constitucional ha considerado en algunas de sus decisiones, sin embargo, declarar que el criterio adoptado en las mismas, constituye doctrina constitucional, sin una exigencia de varios fallos en el mismo sentido.
[30] Sin embargo, las categorías no son tampoco absolutas en la jurisdicción ordinaria: hoy se habla de tutela diferenciada, noción que liminarmente traduce la posición de que se debe buscar una respuesta de las formas procesales a las exigencias materiales de la norma; y a su turno tiene lugar también una nueva nomenclatura del Derecho Procesal como Derecho Sustancial, en el sentido de que las formas procesales han dejado de ser adjetivas para asumir autonomía y capacidad de respuesta frente a las exigencias procesales
[31] STC 07873-2006-PA/TC. Caso Félix Tueros.
[32] El decisorio de la sentencia declara fundada la demanda, entendiendo el proceso de cumplimiento interpuesto como un proceso de amparo.
[33] Lo cual conduce a la premisa de que no hay proceso sino una pretensión de proceso.
[34] Desde una perspectiva estrictamente formalista, habría necesidad de derivar el proceso a primera instancia para que exista un correcto emplazamiento de la demanda, se expida un pronunciamiento que ponga fin a la instancia, se ejerza la respetiva impugnación, se produzca el trámite de rigor en segunda instancia y finalmente, vía recurso de agravio constitucional, sea conocida la controversia por el Tribunal Constitucional.
[35] STC 004-2009-AA/TC. Caso Roberto Allcca. Decisorio. Punto 3.
b. El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional se interpone contra la resolución del juez de ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional, o que declara fundada la contradicción u observación propuesta por el obligado. Contra la resolución que deniega el recurso de apelación por salto cabe el recurso de queja previsto en el artículo 401° del Código Procesal Civil.
La resolución del recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional o del recurso de queja por denegatoria del recurso referido se realizará sin trámite alguno.
[36] STC 02748-2010-PHC/TC. Caso Alexander Mosquera. Decisorio.
3. Disponer que de conformidad con lo establecido en los artículo 8º de la Constitución y III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada –independientemente del plazo– para la interposición del recurso de agravio constitucional, el mismo que debe ser concedido por las instancias judiciales .
[37] STC 0607-2009-PA/TC. Caso John Lojas.
60. (…) este Tribunal no puede sino concluir que la actuación inmediata de la sentencia estimatoria constituye una institución procesal de suma importancia y utilidad para la efectiva concreción del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como quiera que ella se dirige a conjurar daños irreparables, a evitar el abuso procesal de la institución de la apelación y a (re)asignar al juez de primera instancia un rol protagónico y estratégico en la cadena de protección de los derechos fundamentales(…)
[38] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
12. En lo que respecta al principio de economía procesal, este Colegiado ha establecido que si de los actuados existen los suficientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, pese al rechazo liminar de la demanda, resulta innecesario condenar a las partes a que vuelvan a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicie, no obstante todo el tiempo transcurrido. Con ello, no sólo se posterga la resolución del conflicto innecesariamente, sino que, a la par, se sobrecarga innecesariamente la labor de las instancias jurisdiccionales competentes.
13. En lo que concierne al principio de informalidad, este Tribunal tiene dicho que si en el caso existen todos los elementos como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, éste se expedirá respetándose el derecho de las partes a ser oídas por un juez o tribunal, de manera que una declaración de nulidad de todo lo actuado, por el sólo hecho de servir a la ley, y no porque se justifique en la protección de algún bien constitucionalmente relevante, devendría en un exceso de ritualismo procesal incompatible con el “(…) logro de los fines de los procesos constitucionales”, como ahora establece el tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
[39] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
36. (…) la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia sostiene la tesis de que, para afirmar la legalidad de una cobranza coactiva, es indispensable que los Ejecutores Coactivos estén acreditados ante todas las entidades a que se contrae el tantas veces citado artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva.(…)
[40] COMMANDUCCI, Paolo. Principios jurídicos e indeterminación del derecho. DOXA-21-II (1998). pp. 89-104
[41] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
39. A juicio del Tribunal Constitucional, tal razonamiento vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en un doble sentido: en primer lugar, porque los argumentos brindados por la Sala Civil Permanente están insuficientemente motivados, pues no resuelven con un mínimo de solvencia la causal de casación formulada en su momento por la parte demandante; y en segundo lugar, porque incurre en un supuesto de motivación incongruente, al momento de enunciar un argumento ultra petita que no había sido invocado por el demandante.
[42] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
40. (…) la Sala se limitó a realizar una “interpretación literal” del mencionado artículo, obviando expresar las razones de fondo por las cuales desestimaba la tesis interpretativa formulada, a su vez, por Scotiabank, consistente en afirmar que los Ejecutores Coactivos sólo debían estar acreditados ante la entidad ante la cual pretendían hacer efectivo el cobro de su acreencia, y no ante todas las entidades mencionadas en la norma en cuestión. A juicio de este Tribunal, el que la Sala demandada haya recurrido a una interpretación textual del artículo 3.3. del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, desentendiéndose así de las razones objetivas que habían sido esgrimidas por Scotiabank S.A.A para sustentar su causal de casación, revela que dicho razonamiento no constituye una respuesta adecuada y razonable al recurso interpuesto por dicha entidad.
[43] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
41. (…) por otro lado, este Tribunal encuentra también que la Sala Civil Permanente incurre en un supuesto de motivación incongruente (incongruencia activa), pues desvinculándose de los términos estrictos de la causal de casación invocada, fue más allá en la definición de un supuesto deber de los terceros (entidades bancarias) de exigir a los Ejecutores Coactivos, bajo responsabilidad, su acreditación ante todas las entidades a que se refiere el artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, como requisito para proceder a la retención de los fondos correspondientes. Al ser este pronunciamiento una desviación o alteración del debate procesal fijado en el recurso interpuesto, cuyos términos giraban en torno al deber de diligencia observado por Scotiabank S.A.A al retener los fondos de Telefónica del Perú S.A.A., este Tribunal estima que tal declaración, además de ultra petita, constituye un supuesto de motivación incongruente.
[44] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
42. (…) cabe precisar que la entidad recurrente aduce también en su demanda de amparo que la resolución impugnada resulta irrazonable y desproporcionada, pues impone un requisito desmedido a las entidades del Estado para ejecutar coactivamente sus cobranzas ante las entidades financieras del país.
[45] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
43. El Tribunal Constitucional encuentra razonable y atendible el argumento esgrimido por la entidad demandante. Sin embargo, entiende también que para constatar si la interpretación realizada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República resulta, además de indebidamente motivada, arbitraria o irrazonable, es preciso aplicar el test de proporcionalidad a la resolución de autos.
[46] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
Examen de idoneidad(…)
Adecuación de la medida
54. Se trata ahora de determinar si la medida adoptada, esto es, interpretar que la lista de entidades que establece el artículo 3.3. del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva es una lista taxativa, es adecuada o conducente al objetivo antes mencionado. La respuesta es afirmativa. El objetivo de impedir el abuso del derecho, favorecer la seguridad jurídica y legitimar la acción de los Ejecutores Coactivos, puede lograrse a través de la interpretación esbozada por la Sala Civil demandada.
55. Es importante destacar que la verificación sobre si una determinada medida estatal es adecuada o no para lograr un objetivo basado en un fin de relevancia constitucional, no implica un pronunciamiento respecto de si tal medida es la mejor, o no, o si es necesaria, o no, pues tal pronunciamiento recién se realizará en el siguiente examen (el de necesidad).
[47] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
56. (…) n el caso se trata entonces de examinar si frente a la interpretación adoptada por los jueces de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República –esto es, afirmar que el Ejecutor Coactivo se encuentre acreditado ante todas las entidades consignadas en el artículo 3.3. del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva– había medidas alternativas menos lesivas pero igualmente aptas para alcanzar el objetivo de los principios constitucionales antes señalados.
57. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional estima que la interpretación adoptada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República no resulta absolutamente necesaria para la consecución del objetivo que se pretende, vale decir, impedir el abuso del derecho, favorecer la seguridad jurídica y legitimar las actuaciones de los ejecutores coactivos, pues el mismo objetivo pudo haberse logrado mediante una interpretación distinta, igualmente idónea al fin previsto, pero menos restrictiva de la garantía institucional de la autonomía municipal antes aludida, cuál era entender que la acreditación sólo resultaba exigible ante la entidad frente a la cual el Ejecutor Coactivo pretende hacer efectiva su acreencia.
58. No otra cosa, en efecto, se desprende de la ratio legis de la norma en cuestión, cual es vincular la acreditación exigida con la naturaleza de la medida cautelar que va a ser ejecutada: así, si se tratara de un embargo en forma de secuestro que requiere el auxilio de la fuerza pública, lo razonable será exigir que el Ejecutor Coactivo esté acreditado ante la Policía Nacional del Perú; tratándose de un embargo en forma de inscripción, deberá estarlo ante la oficina registral correspondiente; mientras que, tratándose de un embargo en forma de retención, como en el caso de autos, bastará con que el Ejecutor Coactivo esté acreditado ante la entidad financiera correspondiente; requisito este último que, como consta de los actuados, fue verificado y cumplido a cabalidad tanto por Scotiabank S.A.A. como por el Ejecutor Coactivo.
[48] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
59. En ese sentido, deviene en arbitrario que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República haya aplicado el citado dispositivo legal de una manera tan estricta y literal, que termine imponiendo un requisito de imposible cumplimiento a las municipalidades y demás órganos estatales, desnaturalizando de este modo todo el sistema de ejecución coactiva del Estado en su conjunto así como la garantía institucional de la autonomía municipal, en su contenido institucional.
[49] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
61. En suma, habiéndose verificado que la interpretación del artículo 3.3. del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, sostenida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, no supera el examen de necesidad, y consecuentemente que dicha interpretación restringe injustificadamente la garantía institucional de la autonomía municipal y el sistema de ejecución coactiva del Estado en su conjunto, debe declararse la inconstitucionalidad de la interpretación del citado dispositivo (norma o sentido interpretativo) realizada por los jueces supremos, por resultar irrazonable y desproporcionada.
[50] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
Examen de proporcionalidad en sentido estricto
62. No obstante haberse determinado que la interpretación sostenida por la Sala demandada no supera el examen de necesidad, y en consecuencia, es inconstitucional, cabe adicionalmente someter dicho criterio interpretativo al examen de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, con arreglo al cual “cuanto mayor sea la intensidad de la intervención en el derecho fundamental, tanto mayor ha de ser el grado de realización u optimización del fin constitucional”; examen éste que, si bien no añadirá nada a la conclusión antes formulada, permitirá evidenciar con mayor claridad aún el agravio constitucional generado por la resolución cuestionada.
[51] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank.
63. partiendo, pues, de esta premisa, el Tribunal Constitucional observa que la Sala Civil demandada tampoco ha realizado una adecuada ponderación de los bienes y derechos en conflicto, pues otorgó mayor peso, sin mayor fundamento, al valor de la seguridad jurídica en el sistema de acreditación de los Ejecutores Coactivos, en detrimento de la garantía institucional de la autonomía municipal y de la propia eficacia del sistema de ejecución coactiva en su conjunto, más aún cuando ello condujo a la afectación del derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales según lo expuesto supra, al imponer un requisito de imposible cumplimiento a las entidades estatales para hacer efectivas sus acreencias a través del sistema financiero, desconociendo de este modo la innegable importancia que ostenta para el Estado la regularidad y permanencia de dicho sistema, amén de situar a las entidades del sistema financiero –como el banco recurrente– en una situación de incertidumbre respecto de la legitimidad de su accionar y las consecuencias de ello, al no poder prever sus futuras responsabilidades de orden civil y penal. Por esta razón adicional, entonces, la interpretación de la Sala demandada también resulta irrazonable y desproporcionada.
[52] En dicha escala triádica que no es sino advertir que los principios presentan tres niveles de satisfacción o afectación- elevado, medio y débil- se conjuga un aspecto de fortaleza de la ponderación. El nivel elevado ha de prevalecer sobre el medio, y el medio sobre el débil. Y si alguna vez los principios empataran, por decir ambos en un nivel elevado, o los dos principios en un nivel medio, corresponderá aplicar el criterio de cargas argumentativas, el cual en base a valores como la democracia, la libertad, etc.., ha de generar un necesario desempate.
[53] Alvarez Miranda, Urviola Hani, Mesía Ramírez y Beaumont Callirgos.
[54] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Voto singular magistrado Calle Hayen.
6. (…) la correcta o incorrecta interpretación y la aplicación de las normas ( en el caso de autos, la interpretación del artículo 3 inciso 3.3 del Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva – Decreto Supremo 069-2003-EF), son atribuciones de la jurisdicción ordinaria, las cuales deben orientarse por las reglas específicas establecidas para tal propósito, así como por los valores y principios que informan la función jurisdiccional, ya que dicha facultad constituye la materialización de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la Norma Fundamental reconoce a este poder del Estado, no siendo competencia, por razón de la materia, de los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, a menos que se aprecia un proceder manifiestamente irrazonable lo que no sucede en el presente caso.
[55] STC 0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Voto singular magistrado Et0037- 2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Voto singular magistrado Eto Cruz
4. (…) como hemos sostenido en reiterada jurisprudencia (Cfr. RTC N.os 04142-2010-PA/TC, 0443-2011-PA/TC, 0444-2010-PA/TC, 06014-2009-PA/TC, 05583-2009-PA/TC,02081-2009-PA/TC, entre muchas otras), la interpretación de la legalidad ordinaria es un asunto cuya determinación le corresponde a los jueces ordinarios, y no a la justicia constitucional, que resuelve casos de otra naturaleza. En ese sentido, el proceso de amparo no puede convertirse en una suerte de apéndice o extensión (cuarta instancia) del proceso ordinario, como sucede en el presente caso, so pena de desnaturalizar los elevados fines cuyo resguardo la Constitución le asigna.
5. No se quiere decir con esto, desde luego, que en ningún caso una resolución judicial podrá ser objeto de control en la vía constitucional. De hecho, esto es lo que sucede y debe suceder cada vez que una resolución judicial ordinaria viola uno o más derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce. Sin embargo, de allí a afirmar que, para hacer visible esta afectación, sea necesario que este Tribunal se convierta en un intérprete más de la legalidad ordinaria, es obvio que hay una distancia considerable. Más aún si, como se desprende de la demanda, la recurrente pretende discutir una cuestión claramente del ámbito de la jurisdicción ordinaria, como lo es la interpretación del artículo 3.3 del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva.
6. En efecto, en el presente caso, se observa que a fojas 12 obra la resolución s/n de fecha 5 de abril de 2011, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declara infundado el recurso de casación interpuesto por la recurrente, la cual ha sido emitida por órgano competente, se encuentra debidamente motivada, y al margen de que sus fundamentos –principalmente, el considerando Décimo Cuarto– resulten compartidos o no en su integridad por el recurrente, constituyen justificación suficiente que respalda la decisión del caso concreto; máxime si la Sala demandada ha basado su interpretación literal del mencionado dispositivo reglamentario en la necesidad de garantizar la legalidad de las cobranzas coactivas y evitar el fraude.
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"Procesos constitucionales de la libertad". Moyobamba, 19 de agosto de 2011
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