Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43625794
Timestamp: 2020-07-13 17:21:59
Document Index: 261363163

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 374', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 140', 'artículo 36', 'artículo 242', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 376', 'artículo 2', 'artículo 109', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1']

Sentencia de Constitucionalidad nº 986/06 de Corte Constitucional, 29 de Noviembre de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 43625794
Acto legislativo 01 de 2005 articulo 1º (parcial). Se adiciona el articulo 48 de la constitucion politica. Para el actor, la inconstitucionalidad del parágrafo 2°, y los transitorios 2° y 3° del acto legislativo n° 01 de 2005, que prohíben establecer en adelante condiciones pensionales más favorables y declaran la pérdida de vigencia de todas las convenciones colectivas de trabajo, pactos colectivos y laudos arbitrales que se encuentren vigentes el 31 de julio de 2010, estriba en que tales medidas violan el bloque de constitucionalidad por ser contrarias a los convenios 87, 98, 151 y 154 de la oit, ratificados por el estado colombiano mediante las leyes 26 y 27 de 1976, 411 de 1997 y 524 de 1999, instrumentos que, en consecuencia, hacen parte de la legislación in terna. Agrega que con la expedición del acto acusado, son desconocidos los tratados de derechos humanos (artículos 53, 93 y 94 de la constitución), representando dicha enmienda, una sustitución parcial de la constitución pues el acto legislativo n° 01 de 2005, en lo acusado, es incompatible con el artículo 55 de la constitución política y con los artículos que garantizan el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El demandante considera que al expedir lo acusado, el congreso reemplazó el trípode conformado por el derecho de asociación sindical (art. 39 de la constitución), el derecho de negociación colectiva (art. 55 ibidem) y el derecho de huelga (art. 56 ibídem), por otro opuesto como es la prohibición a los trabajadores colombianos de negociar colectivamente en materia pensional e imponer la perdida de la vigencia de todas las cláusulas pensionales establecidas en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales, desbordando así la facultad de reforma que le otorga el artículo 374 de la constitución política. Ausencia de caducidad de la acción pública de inconstitucionalidad. Competencia para efectuar un juicio de sustitución, pero inhibición para ejercer un control material de un acto legislativo. En el caso bajo estudio, ninguno de los cargos planteados por el actor cumplen con la carga de argumentación necesaria para demostrar que se estaba ante una sustitución de la constitución. Los argumentos presentados por el accionante no logran demostrar que el cambio cuestionado sea de tal magnitud que como consecuencia de él se está ante una constitución integralmente distinta, ni que ese cambio constituya el reemplazo de un elemento definitorio de la esencia e identidad de la constitución de 1991, por otro opuesto o integralmente diferente inhibida
Sentencia citada en: 20 sentencias, 6 artículos doctrinales
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Alcance de la competencia de la Corte Constitucional
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Incompetencia de la Corte constitucional para estudiar cargos de contenido material/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Competencia de la Corte Constitucional para conocer demandas por vicio de competencia en la expedición de actos legislativos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA ACTO LEGISLATIVO POR SUSTITUCION DE LA CONSTITUCION-Requisitos
INHIBICION EN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ACTO LEGISLATIVO-Incumplimiento de la carga argumentativa propia de las demandas por sustitución de Constitución/TRATADO INTERNACIONAL-No tiene rango supraconstitucional
Demandante: R.R.M.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1° (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2005, ''Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política''
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano R.R.M. demandó el artículo 1° ( parcial), del Acto Legislativo 01 de 2005,''Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia''.
Presentado a consideración de la Sala el proyecto de sentencia por el magistrado N.P.P., quien había sido sorteado como ponente, luego de la discusión correspondiente, en virtud de las decisiones que fueron adoptadas en la sesión de 29 de noviembre de 2006, se designó como nuevo ponente de la sentencia en este proceso al magistrado M.J.C.E..
P. transitorio 1°. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
P. transitorio 4°. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
P. transitorio 5°. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.
Intervención del ciudadano R.F.M.
Dentro de la oportunidad procesal, el señor R.F.M. intervino en el presente proceso de constitucionalidad para oponerse a las pretensiones de la demanda de la referencia, con base en las consideraciones que resumidamente se presentan a continuación:
Manifiesta además, que según lo sostenido por la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, ''si la distinción obedece a un criterio real y constitucionalmente valido, no hay vulneración del principio de igualdad''.
Intervención del ciudadano E.R.R.B.
Sostiene que la supresión de la mesada catorce y la modificación del régimen de transición desconocen el Estado Social de Derecho, lo mismo que la doctrina vertida en las sentencias C-1056 de 2003 y C-754 de 2004, que se refieren a ''las expectativas legitimas de los trabajadores cobijados por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993''.
El ciudadano C.A.O.M., en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó escrito de intervención en el cual solicita a la Corte declarar exequible la norma demandada. En síntesis, estos son sus argumentos:
Vencido el término de fijación en lista la doctora M.A.U.R., actuando como apoderada del Ministerio de la Protección Social, presentó escrito de defensa de la norma acusada, el cual no será tenido en cuenta ya que fue presentado de manera extemporánea, según lo pone de manifiesto la Secretaría General de esta corporación en informe del 23 de junio de 2006.
Mediante escrito del 12 de julio del año en curso, el doctor E.J.M.V., Procurador General de la Nación, rindió oportunamente el concepto que ordenan los numerales 2° y 4° del artículo 242 de la Constitución.
Finalmente, en lo que atañe a la modificación del régimen de transición pensional, el Procurador manifiesta que la enmienda no vulnera derechos adquiridos de los trabajadores, ni la igualdad de los mismos en la aspiración pensional bajo dicho régimen, ya que la reforma constitucional se realizó para asegurar la viabilidad financiera del Sistema General de Pensiones como servicio público obligatorio para todos los habitantes, y como garantía a cargo del Estado, ''y no como materia de sustentación laboral exclusiva y excluyente, asunto de interés general ante el cual el interés privado, representado en las expectativas legítimas pensionales reconocidas legalmente, debe ceder''.
Competencia para efectuar un juicio de sustitución, pero inhibición para ejercer un control material de un Acto Legislativo.
A pesar de que el actor emplea la expresión ''sustitución'' para caracterizar el defecto constitucional acusado, tal título no corresponde al contenido del cargo desarrollado en la demanda.
En cuanto al primer cargo, el actor indica que éste ''elimina el derecho de negociación colectiva en materia pensional, [y es allí] donde se presenta una sustitución parcial de la Constitución''. Sin embargo, al desarrollar el cargo, se refiere en realidad a una supuesta violación material de la Constitución, señalando cómo en su opinión el parágrafo 2º y los transitorios 2º y 3º del Acto Legislativo 01 de 2005 violan el bloque de constitucionalidad, por establecer reglas contrarias a las establecidas en los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT, ratificados mediante las leyes 26 y 27 de 1976, 411 de 1997 y 524 de 1999.
En cuanto al segundo cargo, el demandante señala que ''el inciso 8º del artículo 1º y su parágrafo transitorio 6º contienen una sustitución de la Constitución por supresión parcial del principio de igualdad'', al eliminar la mesada adicional para los nuevos pensionados. No obstante, al desarrollar este cargo señala una supuesta violación material del derecho a la igualdad, por la existencia de un tratamiento discriminatorio contrario al artículo 13 de la Constitución entre quienes tienen derecho a la mesada adicional y quienes, por virtud del Acto Legislativo cuestionado, lo pierden.
Finalmente, en su tercer cargo el actor indica que ''el Acto Legislativo 01 de 2005 sustituyó la constitución en dos de sus principios fundamentales: 1º) derechos adquiridos; 2º) igualdad. Esta sustitución respecto de personas con legítimas expectativas pensionales ha introducido un cambio parcial de tal magnitud que hace imposible reconocer la Carta.'' No obstante, en el desarrollo de este cargo en realidad describe una violación material de la Constitución, por modificación de las condiciones del régimen de transición.
En la sentencia C-1040 de 2005 MP: M.J.C.E., R.E.G., M.G.M.C., H.A.S.P., Á.T.G., C.I.V.H.. la Corte Constitucional sobre este punto, señaló lo siguiente:
(...) el parámetro normativo de referencia para el ejercicio del control de constitucionalidad de los actos legislativos trasciende lo dispuesto exclusivamente en el título XIII de la Carta Política, para incluir otras normas constitucionales y ciertas disposiciones de la Ley 5 de 1992, en la medida en que tales disposiciones establezcan condiciones básicas y esenciales para la formación de la voluntad democrática de las cámaras legislativas, cuyo desconocimiento genere una violación de los requisitos previstos en el Título XIII de la Constitución para la adopción de actos legislativos Esta doctrina constitucional había sido sentada por la Corte en la Sentencia C-387 de 1997. (MP. F.M.D., en la cual se señaló que: ''(...) es obvio que otras normas de la Carta y del reglamento del Congreso resultan aplicables al trámite complejo que se cumple con ocasión de los proyectos conducentes a la modificación de la Carta y que la inobservancia de esas otras normas compatibles con el proceso de reforma constitucional, puede derivar en la inconstitucionalidad del acto reformatorio, situación que adquiere una especial relevancia tratándose del reglamento del Congreso, pues pese a su carácter infraconstitucional, su desconocimiento es susceptible de generar una vulneración de la Carta, por cuanto teniendo la naturaleza de ley orgánica, a sus dictados ha de someterse el Congreso al ejercer su actividad (art. 151 CP.)''. En la Sentencia C-816 de 2004 (MMPP. J.C.T. y R.U.Y., la Corte precisó que: ''(...) para el estudio de la constitucionalidad de un acto legislativo, además del Título XIII, deben tenerse en cuenta todas las normas constitucionales y del Reglamento del Congreso que señalen requisitos necesarios para la formación de la voluntad democrática de las Cámaras''. .
Por otro lado, ha puntualizado la Corte que cuando la Constitución adjudica a la Corte el control de los vicios de procedimiento en la formación de una reforma constitucional no sólo le atribuye el conocimiento de la regularidad del trámite como tal, sino que también le confiere la facultad de examinar si el Constituyente derivado, al ejercer el poder de reforma, incurrió o no en un vicio de competencia En este sentido, refiriéndose específicamente al trámite de los referendos modificatorios de la Constitución, se pronunció la Corte en la Sentencia C-551 de 2003.. En la Sentencia C-1200 de 2003 MMPP. M.J.C.E. y R.E.G.. la Corte indicó que ''[t]al entendimiento resulta ineludible, por ejemplo, frente a la previsión del artículo 376 Superior, conforme a la cual la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución queda en suspenso durante el término señalado para que una Asamblea Constituyente cumpla sus funciones. En otro ejemplo, la misma disposición señala que en la ley por medio de la cual se propone al pueblo la convocatoria de una Asamblea Constituyente debe determinar cual será la competencia de la misma, asunto que, por consiguiente, debe ser materia de examen cuando se quiera establecer la regularidad de una reforma constitucional adoptada por esa vía.'' De acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Corte, el examen de los llamados vicios competenciales se aplica a la consideración conforme a la cual el poder de reforma constitucional no comprende la posibilidad de derogar o sustituir la Constitución.
En la sentencia C-888 de 2004 Sentencia C-888 de 2004 MP: C.I.V.H.. la Corte Constitucional estableció que una demanda que plantee la sustitución de la Constitución mediante un acto legislativo además de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, En la sentencia C-1052 de 2001, la Corte sintetizó en qué consisten los requisitos de claridad, pertinencia y suficiencia que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad. debe sustentar plenamente en qué consiste dicha sustitución, Sobre el tema también se puede consultar la sentencia C-970 de 2004 en la que la Corte concluyó que las disposiciones del Acto Legislativo por medio de las cuales se conferían facultades extraordinarias al Gobierno para que, de manera supletoria, expidiese la normas con fuerza de ley necesarias para la puesta en marcha del sistema acusatorio introducido en la reforma, no podían tenerse como una sustitución de Constitución. También se puede revisar la sentencia C-971 de 2003 en la que se llega a la misma conclusión en relación con la habilitación contenida en el Acto Legislativo No. 01 de 2003 para que el P. de la República, si oportunamente no lo hiciere el Congreso, adoptase mediante decreto con fuerza de ley las normas electorales que desarrollen el artículo 109 constitucional sobre financiación de partidos y campañas políticas antes de la realización de las elecciones departamentales y municipales subsiguientes a la reforma. en los siguientes términos:
(...) el ciudadano que instaure una acción pública de inconstitucionalidad contra la totalidad de un Acto Legislativo, o una parte del mismo, no puede plantearle a la Corte que realice un examen material sobre las disposiciones constitucionales por violar otras normas de la Constitución. (...) En este caso, la carga para el demandante consiste en plantear cargos de inconstitucionalidad relacionados con el desbordamiento del poder de reforma del Congreso. En otras palabras, el actor debe demostrar de manera concreta, clara, específica y suficiente que la modificación introducida al texto de la Constitución de 1991 no es una reforma sino que se está ante una sustitución de la misma.
(...) La exigencia que la Corte le hace al ciudadano de estructurar al menos un verdadero cargo de inconstitucionalidad en los casos en que éste considere que el Congreso de la República se extralimitó en el ejercicio de sus competencias al reformar la Constitución, es consonante no sólo con el carácter rogado que tiene la jurisdicción constitucional en estos casos, sino con los mínimos requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 a fin de que la Corte pueda centrar adecuadamente el examen constitucional correspondiente, permitiendo también a los intervinientes y al Procurador General de la Nación, el pronunciamiento sobre problemas jurídicos concretos.
(...) en una demanda por sustitución constitucional contra una reforma constitucional el actor debe sustentar plenamente en qué consiste la sustitución denunciada. No le basta, por tanto, afirmar que con la modificación de una disposición en concreto se sustituyó o se derogó la Constitución precedente, sino que debe justificar, con argumentos suficientes, que tal cambio implica la abrogación de la Constitución vigente.
La Corte reconoce que la carga argumentativa se incrementa considerablemente cuando se trata de descalificar una reforma constitucional por considerarla constitutiva de sustitución constitucional. No obstante, la Corte acepta que dicha exigencia es necesaria si se tiene en cuenta la magnitud de la pretensión, la trascendencia de la decisión de la Corte, el compromiso del principio democrático y la naturaleza misma de las disposiciones que se cotejan Sentencia C-1124 de 2004 MP: M.G.M.C.. La sentencia revisó la demanda de inconstitucionalidad contra el inciso primero del parágrafo transitorio 1º del artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2003. la anterior posición fue reiterada en las sentencias C-181 de 2006 MP: A.B.S. y C-472 de 2006 MP: M.J.C.E...
DECLARARSE INHIBIDA, por ineptitud de la demanda, contra los segmentos normativos impugnados del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 ''Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política''.
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C -986 DE 2006 DEL MAGISTRADO J.A.R.
Referencia: D-6295.
Demanda de inconstitucionalidad del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito salvar mi voto a la presente decisión, con fundamento en las siguientes razones:
En primer lugar, por cuanto considero que la Corte debió adelantar un estudio abstracto de constitucionalidad y por consiguiente proferir una sentencia de fondo sobre la norma acusada, al reunirse tanto los requisitos formales establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, como los requisitos de fondo establecidos en la jurisprudencia de esta Corporación.
En segundo lugar, en razón a que estimo que los apartes demandados del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 configuran una sustitución de la Constitución y por lo mismo, han debido ser declarados inexequibles, por exceder los límites del poder de reforma de la Carta Política.