Source: https://rafaelhpagan.com/2015/04/23/trasvase-fraking-y-privatizacion-del-agua/
Timestamp: 2018-03-17 18:22:49
Document Index: 107027077

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 129', 'artículo 10', 'artículo 82', 'artículo 8', 'artículo 116', 'artículo 118', 'artículo 10', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 82', 'Artículo 87', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119']

Trasvase, fraking y privatización del agua – Rafael Humberto Pagán Santini
Trasvase, fraking y privatización del agua
Publicado el 23 abril, 2015 23 abril, 2015 de Rafael-Humberto Pagán-Santini
Una de las novedades en el Proyecto de ley General de Aguas (Legislatura, 2015) se encuentra en la nueva relación entre concesionario y operador de servicios. Por primera vez, desde el origen de las Leyes de Aguas, al concesionario se le otorga el derecho de ser el operador de la obra hidráulicas que haya construido. Al ser concesionario-operador establece los precios del servicio, en este caso, la distribución del agua o cualquier otro servicio inherente a la gestión del agua. El concepto de “concesión de aguas” data de finales del siglo XIX. Jacinta Palerm-Viqueira (Palerm-Viqueira) señala que: “La legislación mexicana a nivel federal y hasta finales del siglo XIX no contempla las concesiones de aguas, antes realizadas por la Corona bajo el nombre de merced de aguas. Es con la Ley de 1888 y un decreto de 1894 que pasa a ser el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Fomento, el encargado de otorgar concesiones sobre aguas de propiedad nacional. En las primeras leyes de aguas a nivel federal (1888, 1910, 1929) se hace referencia, entonces, a concesión o confirmación, por ejemplo en la Ley de 1910 el capítulo III de las confirmaciones, Art. 31-36 y en la Ley de 1934, Art. 18.” El Proyecto de Ley entiende por concesión lo que se señala en el artículo 10 fracción XVII: Título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Comisión para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes.
Las Leyes de Aguas anteriores a la propuesta actual no contemplan que el “contratista” o la entidad privada que construye la obra hidráulica sea a su vez el operador de la misma. Esta responsabilidad recaía sobre la Comisión Nacional del Agua (CNA) o a su defecto, cuando se trata de la distribución del agua urbana-doméstica se le otorga la concesión a una entidad que no está involucrada en la construcción de obras hidráulicas. De ser aprobado el Proyecto de Ley, la CNA asumiría la operación de la infraestructura hidráulica sólo en casos de emergencia, como lo señala el artículo 15, fracción XI. De acuerdo a lo propuesto, entre las obligaciones de los concesionarios estarían, entre otras; el explotar, operar y obtener, en su caso, la constitución de las servidumbres legales para llevar a cabo la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas o su desalojo[1]. Esto es, hacer los trámites correspondientes para la expropiación o compra de los terrenos necesarios para la construcción de la obra hidráulica. Como se puede observar en los artículos 109-110.
El otorgamiento de las concesiones para mega-obras hidráulicas, ya sean presas o trasvases corresponde exclusivamente a la CNA. Y reforzando los artículos anteriores, el legislador deja claro que las concesiones serán para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados (artículo 129, fracción III). Desde el momento en el legislador empata la construcción de las mega-obra hidráulica con las de operador de servicios el Estado se desembaraza de tal función y deja en manos del concesionario la aplicación o no del derecho humano al agua, ya que el concesionario posee el derecho de cobrar por los servicios de la distribución del agua. Uno de los vacíos más grande de este Proyecto de Ley es que no dice nada sobre el que hacer cuando los usuarios-población no tienen dinero para pagar los 50-100 litros diarios de agua a los que tienen derecho. La relación concesionario-operador se expresa a todo lo largo del Proyecto de Ley, sin embargo, se encuentra discretamente distribuido. El legislador encubre el verdadero propósito del Proyecto, al ser esta relación concesionario-operador el corazón de la privatización del agua[2].
Aprueban diputados dictamen que facilita la privatización del agua
La privatización de la gestión del agua viene acompañada de las nuevas prioridades en el uso del agua. No debemos confundirnos con las constantes afirmaciones y declaraciones sobre el derecho humano al agua, este consiste exclusivamente en el otorgamiento de 50 o 100 litros de agua por día a los usuarios-población. De lo que se trata es de gestionar y mover millones litros diarios para la “industria”[3] y la planta productiva de los estados. Separo ambas cosas porque así lo hace el Proyecto de Ley. Si bien, el concepto de industria no está definido en la propuesta sí lo está el de uso industrial: artículo 10, fracción LIX. Uso Industrial. Es la aplicación de aguas nacionales en la extracción, conservación o transformación de materias primas, el acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como en parques industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, en las salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias y para cualquier proceso de transformación. Por lo que, el “fraking” o la fractura hidráulica, al ser considerado un mecanismo de extracción de materia prima, esto es, gas o petróleo, se encuentra entre las prioridades del Proyecto General de Aguas. La fractura hidráulica o estimulación hidráulica consiste en la fracturación, sobre todo de pizarras, para poder extraer el gas atrapado en la roca. Se inyecta en el terreno agua a presión mezclada con arena y químicos, con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo y favorecer así su salida hacia la superficie. Cabe señalar que esta técnica permite extraer grandes cantidades de gas que de otro forma estarían inaccesible por otros medios, acarrea con ella la contaminación de acuíferos, elevado consumo de agua, contaminación de la atmósfera, contaminación sonora, migración de los gases y productos químicos utilizados hacia la superficie, contaminación en la superficie debida a vertidos, y los posibles efectos en la salud derivados de ello[4].
La fractura hidráulica requiere de 9 a 29 millones de litros de agua
El negocio redondo consiste en ser concesionario-operador de mega-obras hidráulicas, como ya dijimos, en movilizar miles de millones de litros de agua. El legislador deja muy claro cuáles son las responsabilidades de cada quien en este Proyecto de Ley: el concesionario estará encargado de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes y el usuario de pagar las tarifas por la prestación de los servicios relacionados;como lo señala el artículo 82, fracción II. En esta perspectiva, la cereza del pastel es el trasvase[5], el cual sirve para mover millones de litros de agua diaria deformando la geografía hidráulica del país. Si las presas acarrean daños ambientales a largo plazo, los trasvases le dicen quítate que ahí voy, estos destruirán los embalses naturales subterráneos a fin de satisfacer las demandas de agua de la “industria” (energética y minera). El artículo 8, fracción IV establece que el trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otros es de utilidad pública, por lo que todo lo que interfiera es sujeto a expropiación. Las tierras que requieran utilizar para abrir las vías del movimiento del agua serán expropiadas. La propuesta de Ley le dedica un capítulo al tema y en el artículo 116 señala que, el trasvase es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, que realiza la Federación, los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción, el artículo 118 lo extiende a los acuíferos.
El acuífero es definido en el artículo 10, fracción IV como cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su uso y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de su evaluación, manejo y administración. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando; de acuerdo al grupo de investigadores R. Chávez, F. Lara y R. Sención (R-Chávez, 2006), para el 2005, en México, el agua subterránea es reconocida como un recurso vital para el desarrollo de todos los sectores debido a que en más del 60% de su territorio prevalecen los climas seco y semiseco. Esta es la fuente que sostiene el riego de dos millones de hectáreas, la tercera parte de la superficie total bajo riego; suministra cerca del 70% del volumen de agua que requieren las ciudades para uso público-urbano, en donde se concentran 60 millones de habitantes; abastece a la mayoría de las instalaciones industriales, y casi la totalidad de la demanda de agua de la población rural. Por lo que, los legisladores están jugando con fuego al utilizar el agua subterránea para abastecer la minería y sostener el fraking.
Esquema de acuífero
Este es un Proyecto de Ley leonino, todas las ganancias están proyectadas hacia las empresas privadas (concesionario-operador) y todas las pérdidas deberán ser asumidas por la Nación, es decir el pueblo mexicano.
Palerm-Viqueira, J. (s.f.). Legislación de aguas en el siglo XX, el papel de las organizaciones de. Colegio de Postgraduados, http://www.americanistas.uchile.cl/Archivos/palerm15823.pdf, 2.
R-Chávez, F.-L. &.-S. (2006). El agua subterránea en México: condición actual y retos para un manejo sostenible. Boletín Geológico y Minero, http://revistas.igme.es/index.php/bgm/article/view/152, 115-126, Vol 117, Num (1).
[1] CAPÍTULO V, Derechos y obligaciones de los concesionarios,
Artículo 109. Los concesionarios y asignatarios de aguas nacionales tienen los derechos siguientes:
Explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales;
Transmitir los derechos que ampara el título de concesión en los términos de esta Ley;
III. Renunciar a la concesión y a los derechos que de ella derivan;
Solicitar correcciones administrativas o duplicados de sus títulos;
Solicitar la prórroga de la concesión, y
Los demás que le otorguen esta Ley y su Reglamento.
Artículo 110. Los concesionarios y asignatarios tienen las obligaciones siguientes:
Obtener, en su caso, la constitución de las servidumbres legales para llevar a cabo la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas o su desalojo;
Medir los consumos de agua utilizados, la calidad y cantidad de agua descargada,
así como el volumen de materiales pétreos extraídos, en su caso;
III. Cubrir los pagos que corresponden de acuerdo con lo establecido en las leyes y disposiciones aplicables;
Sujetarse a las disposiciones generales en materia de operación de infraestructura y seguridad hidráulicas, y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;
Operar, mantener y conservar las obras para la estabilidad y seguridad de presas, control de avenidas y otras que se requieran;
Permitir al personal de la Comisión la inspección de las obras hidráulicas para explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales, la lectura y la verificación del funcionamiento y precisión de los medidores, y las demás actividades que se requieran para el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones jurídicas;
VII. Proporcionar la información y documentación que solicite la Comisión para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de la concesión;
VIII. Hacer uso eficiente del agua y realizar su reúso en los términos de las normas oficiales mexicanas o de las condiciones particulares de descarga;
No explotar, usar o aprovechar ni descargar volúmenes mayores a los autorizados;
Permitir la instalación de dispositivos para la medición y sistemas de lectura y realizar el pago correspondiente conforme a las disposiciones fiscales;
Dar aviso inmediato por escrito a la Comisión en caso de que los dispositivos de medición dejen de funcionar y repararlos o reemplazarlos dentro de los treinta días naturales contados a partir de la presentación del aviso;
XII. Realizar las medidas necesarias para prevenir la contaminación de las aguas concesionadas y reintegrarlas en las condiciones de calidad y cantidad que establezca el permiso de descarga;
XIII. Mantener limpios los cauces en la porción que corresponda conforme al título de concesión;
XIV. Presentar trimestralmente un informe que contenga los análisis cronológicos e indicadores de la calidad del agua que descarga, y
Cumplir con las demás obligaciones establecidas en esta Ley, su Reglamento, demás normas aplicables y las establecidas en la concesión.
[2] CAPÍTULO IX, Infraestructura Hidráulica
Artículo 124. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios realizarán, en el ámbito de sus competencias, inversiones en la infraestructura hidráulica que permita garantizar a la población el derecho humano al agua.
Artículo 125. Los proyectos de infraestructura hidráulica deben ser integrales y orientados a atender los objetivos y las metas de la planeación hídrica nacional, estatal y local.
Artículo 126. Se consideran obras públicas que competen al Ejecutivo Federal a través de la Comisión, las que:
Mejoren y amplíen el conocimiento sobre la ocurrencia del agua, en cantidad y calidad, en todas las fases del ciclo hidrológico, así como de los fenómenos vinculados con dicha ocurrencia;
Regulen y conduzcan el agua, para garantizar su disponibilidad y uso en las cuencas;
III. Controlen, y sirvan para la defensa y protección de las aguas nacionales, así como aquellas que sean necesarias para prevenir inundaciones, sequías y otras situaciones excepcionales;
Permitan el abastecimiento, potabilización y desalinización cuya realización afecte a dos o más estados;
Tengan importancia estratégica en una región hidrológica por sus dimensiones o costo de inversión;
Sean necesarias para la ejecución de programas o instrumentos federales distintos de los hídricos pero que guarden relación con éstos, cuando la responsabilidad de las obras corresponda al Ejecutivo Federal a solicitud del estado o del Distrito Federal en cuyo territorio se ubique, y
VII. Sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento.
Artículo 127. Los órdenes de gobierno deben coordinarse en la planeación y desarrollo de infraestructura hidráulica, para mitigar los efectos generados por los fenómenos hidrometeorológicos en los centros de población. Asimismo, deben llevar a cabo las acciones de concertación con los sectores social y privado, con el objeto de que éstos cuenten con su propia infraestructura hidráulica de protección y cuidado.
Artículo 128. La Federación debe fomentar y apoyar el desarrollo de infraestructura hidráulica en las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, así como en los sectores social y privado, en especial, aquélla que permite garantizar a la población, el derecho humano al agua.
Las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios deben promover e impulsar el desarrollo de infraestructura hidráulica que estimule el desarrollo sustentable y equilibrado; regional y local de su planta productiva.
Artículo 129. Para lograr la promoción y fomento de la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal, la Comisión podrá:
Celebrar contratos de obra pública y servicios, para la construcción, equipamiento y operación de infraestructura hidráulica, en términos del Reglamento y de las disposiciones que dicte la Comisión;
Otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal y la prestación de los servicios asociados a ésta, y
III. Otorgar concesión total o parcial para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta.
La Comisión se coordinará en términos de ley con los gobiernos de las entidades federativas correspondientes, para otorgar las concesiones referidas en las fracciones II y III del presente artículo.
La Comisión fijará las bases para participar en el concurso para obtener las concesiones a que se refiere este artículo, en los términos de esta Ley y su Reglamento. La selección entre las empresas participantes se hará con base en criterios de seriedad, confiabilidad, costo y calidad.
[3] TÍTULO QUINTO, POLÍTICA Y PROGRAMACIÓN HÍDRICAS
CAPÍTULO I, Principios
Artículo 82. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son los siguientes:
El agua es un recurso vital, vulnerable y finito, con valor social, cultural, ambiental y económico, cuya gestión es tarea fundamental del Estado y la sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional;
El Estado, a fin de garantizar el derecho humano al agua, debe regular sus usos y otorgar preferencia al doméstico y al público urbano;
III. El concesionario y el usuario deben contribuir por la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como pagar las tarifas por la prestación de los servicios relacionados;
CAPÍTULO II, Planeación y Programación
Artículo 87. La programación hídrica debe respetar las disposiciones en materia de caudal ecológico, cuota natural de renovación de las aguas y sustentabilidad de cuencas y acuíferos.
De igual forma, dicha programación debe observar la prelación de usos del agua siguiente:
Público urbano;
Generación de energía eléctrica;
Uso para fines turísticos y de recreación, y
[4] Brown, Valerie J. (February 2007). «Industry Issues: Putting the Heat on Gas». Environmental Health Perspectives (US National Institute of Environmental Health Sciences) 115 (2): A76. doi:10.1289/ehp.115-a76. PMC 1817691. PMID 17384744
[5] CAPÍTULO VII, Trasvase
Artículo 116. Trasvase es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, que realiza la Federación, los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción.
El trasvase puede ser:
Directo. El que realizan los asignatarios o concesionarios con autorización de la
Comisión, o
Indirecto. El que efectúa la Federación en beneficio de los concesionarios con inversión federal o con participación de inversión estatal, municipal, social o privada.
Dicho beneficio tiene lugar cuando el asignatario o concesionario explota, usa o aprovecha aguas nacionales trasvasadas previamente por la Federación.
Artículo 117. Al ordenar y regular los trasvases de aguas nacionales, la Comisión debe considerar lo siguiente:
La prelación de los usos establecidos en la presente ley, dando prioridad al uso público urbano garantizando el derecho humano al agua;
Planes, programas, proyectos y obras de carácter público, social y privado;
III. El efecto hidrológico, ambiental y socioeconómico en la cuenca o acuífero de extracción de aguas nacionales;
El impacto hidrológico, ambiental y socioeconómico en el lugar de concesión o uso de aguas nacionales trasvasadas;
La disponibilidad, captación y descarga, de aguas nacionales trasvasadas;
El beneficio, los volúmenes, la prelación de usos y, en su caso, la autorización para su realización por los concesionarios, y
VII. La evaluación, inspección y monitoreo de los trasvases de aguas nacionales.
La Comisión podrá emitir disposiciones e instrumentos jurídicos necesarios para cumplir con lo establecido en esta Ley y su Reglamento en materia de trasvases.
Artículo 118. Se considerará trasvase el traslado de aguas nacionales que se realice entre lugares distintos dentro de la propia cuenca o acuífero, cuando por sus características o importancia deban ser ordenados y regulados por la Comisión.
Artículo 119. Los requisitos de la solicitud de autorización de trasvase directo se establecerán en el Reglamento de esta Ley.
La solicitud de autorización de trasvase directo podrá presentarse conjuntamente con la de asignación o concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales o con posterioridad al otorgamiento de ésta última. En ambos supuestos, la Comisión contará con un plazo para resolver las solicitudes que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y siempre que se encuentre debidamente integrado el expediente.
El uso de las aguas nacionales trasvasadas no podrá ser distinto al establecido en el título, excepto que el cambio se solicite para los usos doméstico y público urbano para garantizar el derecho humano al agua.
La autorización para el trasvase directo de aguas nacionales no podrá exceder la vigencia del título para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.
La autorización para el trasvase directo de las aguas nacionales podrá prorrogarse, conjuntamente con el título.
Las disposiciones en materia de suspensión, extinción y revocación de la concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales son aplicables en lo conducente a la autorización de trasvase.
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