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Timestamp: 2020-01-28 04:03:57
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Sanciones | EHGAM-DOK
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> Berria: Lesbofobia > EL CGPJ SANCIONA HOY POR FALTA GRAVE AL JUEZ FERNANDO FERRIN
El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto a la Comisión Disciplinaria que se reúne hoy abrir expediente por falta grave del artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al juez de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín, por el auto en el que otorgaba la custodia de dos niñas al padre porque la madre mantenía una relación lésbica.
Según consta en la propuesta de Inspección, a la que ha tenido acceso Europa Press, se debe abrir al juez Ferrín expediente por la falta que castiga el verter en resoluciones “expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico”. Numerosas organizaciones han presentado una queja ante el CGPJ en la que denuncian el auto del pasado 6 de junio en la que el magistrado concedió la custodia al padre de dos niñas, por la relación que la madre mantenía con otra mujer.
En cuanto a esta queja, Inspección precisa que, como se trataba de un auto contra el que no cabía recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia acordó remitir las actuaciones al CGPJ ante el contenido de ciertas expresiones del auto. “La principal cuestión debatida gira sobre la determinación de cuáles han de ser los límites a los que han de ajustarse los términos empleados por las resoluciones judiciales”, explica la propuesta.
En este sentido, agrega que deben limitarse a exponer los términos de la controversia que afrontan y las razones jurídicas que conducen a la decisión que adoptan, pero “no son cauce ni pueden serlo en ningún caso para expresiones ajenas a esos contenidos”, ni siquiera como consecuencia de la independencia judicial.
“Con esas expresiones que ha incluido en el auto se está quebrantando la confianza social en los tribunales que resulta inexcusable en una sociedad democrática para cumplir adecuadamente su cometido constitucional”, afirma el Servicio de Inspección.
Ese deber de lealtad es incuestionable en jueces y magistrados, prosigue el escrito, y “no sólo resulta del artículo 9.1 de la Constitución, sino que hay que considerarlo la principal obligación de su régimen estatutario, en virtud del 318.1 de la LOPJ. La promesa o juramenteo que en este precepto se impone es la solemne formalización de ese esencial compromiso de lealtad constitucional”. Por ello, propone la apertura de expediente.
Trato correcto, expresiones innecesarias
La propuesta considera, tras ver el vídeo del juicio que se celebró por la custodia de las niñas, que el trato que el juez dispensó a la madre fue correcto en todo momento. Por ello se dedica a reproducir el contenido del auto por el que se otorgó la custodia al padre.
La resolución afirma que tanto el fiscal como el abogado de la madre “parecían partir de la regla antigua e inconstitucional de atribuir a favor de la madre una especie de presunción de que ella es la idónea para asumir la custodia de las hijas, mayores de siete años”.
Agregaba que en “la ‘ley del divorcio-express o del divorcio-repudio’ no hay que entrar en la causa del disocio, sino sólo en las medidas, ya que viene configurado como el derecho de todo cónyuge a no permanecer ligado por más tiempo al otro (¿por qué no se concede verbigracia la misma opción de desligarse de la obligación hipotecaria?)”, para a continuación citar la Ley de Violencia de Género, recordar que sobre ella debe pronunciarse el Tribunal Constitucional y afirmar que se producen un sinnúmero de falsas denuncias.
Además, consideraba suficientemente acreditado “el perjuicio para las hijas que se deriva de la relación que la madre sostiene con una tercera persona y que lógicamente no se limita a un hecho aislado. “La madre tendrá que elegir entre sus hijas y su pareja”, señala.
A criterio del juez, la condición homosexual perjudica a los hijos porque tienen derecho a un padre y a una madre, no a dos madres o a dos padres. “Es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores, y que aumenta sensiblemente el riesgo de que éstos también lo sean. Esa formación integral es imposible que se la de un progenitor homosexual, por mucho respeto que me merezcan las personas homosexuales, pero aquí prevalece el interés superior del menor”, añade.
Además, critica la regulación que de la custodia compartida recoge el artículo 92.8 del Código Civil, gracias a la reforma de la Ley del Divorcio en 2005, y cuya redacción considera “un error en la votación en el Congreso del grupo gobernante”. Esta modificación permite al juez otorgar la custodia compartida de forma excepcional si no hay acuerdo entre los progenitores, siempre y cuando uno de ellos la haya solicitado. En este caso, ambos padres pidieron la custodia exclusiva de las hijas.
“Como ello no lo puedo acordar –añade el juez–, al estar atado de pies y manos por la reforma de julio de 2005 (…) y considerar que la orientación homosexual de uno de los progenitores sí influye negativamente en la educación y crecimiento armónico de las hijas, me veo en la obligación de atribuir la custodia al padre”. También se reserva la facultad de elevar una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 91.8 en su momento.
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Posted on 2007/06/10 by ehgam
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Posted on 2007/05/31 by ehgam
Un colectivo gay pide que se condene a la jueza de Denia “a casar a todos los homosexuales de la Comunitat“
El CGPJ ha sancionado a Laura Alabau con 305 euros de multa
Las Provincias, 2007-05-31 # Europa Press · Valencia
El Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la Comunitat Valenciana Colega-Valencia calificó hoy de “ridícula” la sanción de 305 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la jueza encargada del Registro Civil de Dénia (Alicante), Laura Alabau, que se negó a celebrar bodas entre homosexuales, y pidió en un comunicado que se le condene “a casar a todos los gays y lesbianas de la Comunitat”.
El colectivo aseguró que lamenta “enormemente” que las declaraciones de la “polémica” magistrada “hayan supuesto únicamente una condena monetaria tan exigua, y sobre todo que no hayan sido condenadas precisamente las actuaciones poco profesionales y éticas de la jueza al paralizar la tramitación de expedientes de matrimonio entre personas del mismo sexo en cuatro ocasiones”.
En este sentido, subraya que “últimamente cada vez son más abundantes las condenas a servicios sociales a la comunidad por pequeños delitos y faltas, lo que redunda tanto en beneficio de la propia sociedad como en la reinserción social y el arrepentimiento por convencimiento de los propios infractores” y por todo ello, propone que “se cambie la condena monetaria por un trabajo de tramitación de todos los expedientes de matrimonio entre personas del mismo sexo que lo soliciten en la Comunitat Valenciana”.
De esta forma, el colectivo considera que de la condena “se beneficiará la propia comunidad a la que ha afectado las actuaciones de la jueza, y por otro lado constituirá una forma de ayudar a la jueza como terapia reparadora de su intolerancia”.
La entidad continúa “animando” a las parejas de gays y lesbianas de la Comunitat Valenciana “a que tramiten su matrimonio en la ciudad de Dénia, donde decir el ‘si quiero’ significa un ‘rotundo no’ a la intolerancia de quienes no quieren una igualdad real”.
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Posted on 2007/05/30 by ehgam
Los vocales que integran el CGPJ han aprobado la propuesta formulada por el instructor del expediente que se abrió a Alabau, que consideró que la juez había cometido una falta grave del artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y una falta leve del artículo 419.2. El primero de los artículos establece que es falta grave “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. Por su parte, el artículo 419.2 se refiere a que es falta leve la desconsideración con los miembros del Ministerio Fiscal.
En el escrito que la juez dirigió al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) Alabau se quejaba de haber sufrido “una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno” y atribuía a la Dirección General de Registros hacer “una interpretación ilegal sólo movida por intereses políticos y propagandísticos”. Además, en este documento indicaba que el teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, se había convertido “vergonzosamente en un apéndice del Gobierno”.
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> Berria: Justizia > C. VALENCIANA: EL TSJ PIDE SANCIONAR A LA JUEZA LAURA ALABAU POR NEGARSE A CASAR A PAREJAS HOMOSEXULAES
El TSJ pide sancionar a la jueza de Dénia que se negó a casar a parejas homosexuales
Vocento, 2007-05-09
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat ha propuesto expedientar, por una falta grave y otra leve, a la jueza de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dénia, Laura Alabau, que se negó a celebrar bodas entre homosexuales, por la posible comisión de una falta grave y otra leve por el escrito enviado al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Ricard Cabedo, contra el teniente fiscal, José María López Coig, y en el que criticaba a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
En su propuesta de resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el TSJV estima procedente expedientar a la juez por una falta grave, sancionable con una multa de 305 euros, en aplicación del artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (dirigirse a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición) y una sanción por falta leve, sancionable con una pena de advertencia, por el artículo 419.2 de dicha ley (desconsideración con miembros del Ministerio Fiscal).
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el 24 de abril devolver al instructor el expediente abierto en noviembre a la jueza.
En esta segunda propuesta, el instructor del expediente disciplinario considera que al tratarse de una persona revestida del poder jurisdiccional, sus expresiones “deben ser ponderadas y eliminar o no utilizar unos términos de los que pudiera deducirse una desconsideración o falta de mesura” y alega que “tal moderación no concurrió” así como tampoco “la necesidad de ponderar el contenido de sus escritos”.
Un escrito a los medios
En su escrito, que se remitió a los medios de comunicación, Laura Alabau pidió el 24 de mayo del año pasado al fiscal jefe del TSJCV que requiriera al teniente fiscal de Alicante, José María López Coig, que se retractara o emprendería acciones legales por sus declaraciones sobre un presunto retraso en la tramitación de los expedientes de matrimonios entre homosexuales.
Tras la aparición de algunas informaciones, en las que se decía que Alabau tenía paralizados los expedientes de matrimonios entre homosexuales, y las declaraciones de López Coig al respecto, la juez envió a Ricard Cabedo un escrito en el que pedía la retractación del fiscal y mostraba su “preocupación” porque “esa información la ha proporcionado un miembro Ministerio Fiscal”.
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