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Timestamp: 2019-05-19 17:10:39
Document Index: 108283033

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 9', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 24', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 28', 'artículo 43', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 13', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'artículo 37', 'Artículo 45', 'artículo 13', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'artículo 52', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60']

Tribunal de Cuentas | Ley Organica del Tribunal de Cuentas
Ley Organica del Tribunal de Cuentas >
miércoles, 15 de junio de 2016 a las 06:31 PM
LEY ORGANICA DEL H. TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Nº 3757, MODIFICADA POR LA LEY Nº 5375 - TEXTO ORDENADO.-
Artículo 1: El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes estará integrado por cuatro miembros: Un Presidente, con título de abogado o de contador público nacional; y tres Vocales con título de contador público nacional. Todos ellos serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Honorable Senado.
Texto Ordenado Ley 5375 – 19/08/99- :
“Artículo 1 bis: El H. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes será el ente de Control Externo del movimiento de la Hacienda Provincial. Tendrá personería propia, autonomía funcional, y autarquía financiera, y cumplirá su cometido dentro de la esfera del Poder Legislativo. A tal efecto créase la Comisión Parlamentaria Mixta de Cuentas, que estará formada por DOS (2) SENADORES y DOS (2) DIPUTADOS cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan, y serán elegidos en igual forma que los miembros de las Comisiones Permanentes.
La Comisión elegirá anualmente un Presidente y un Secretario que pueden ser reelectos. Mientras estas designaciones no se realicen, ejercerán los cargos los legisladores con mayor antigüedad en la función y a igualdad de ésta, los de mayor edad.
La Comisión contará con el personal administrativo y técnico que estará investida con las facultades que ambas Cámaras delegan en sus Comisiones permanentes y especiales.
Para el desempeño de sus funciones la Comisión Parlamentaria Mixta de Cuentas debe:
a) Encomendar al H. Tribunal de Cuentas la realización de estudios, investigaciones, dictámenes especiales sobre materias de su competencia, fijando los plazos para su realización;
b) Requerir del H. Tribunal de Cuentas toda la información que estime oportuno sobre las actividades realizadas por dicho Ente.
c) Analizar los informes periódicos de cumplimiento del programa de trabajo aprobado, efectuar las observaciones que pueden merecer e indicar las modificaciones que estime conveniente introducir;
d) Analizar la Memoria Anual que el H. Tribunal de Cuentas deberá elevarle antes del 1º de Mayo de cada año.-
Artículo 1 ter: “El H. Tribunal de Cuentas de la provincia tendrá exclusiva competencia en el control externo de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, de eficiencia y eficacia de la Administración Central, Organismos Descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado y Entes Reguladores de Servicios Públicos y/o privados adjudicatarios en procesos de privatizaciones, en cuanto a las obligaciones emergentes de los contratos.
Artículo 2: Para ser Miembro del Tribunal de Cuentas se requiere:
b) Poseer título universitario;
c) No tener menos de treinta años al momento de la designación;
d) Tener, como mínimo, una antigüedad de cinco años en el ejercicio de la profesión, computándose también como tal los que se hubieran prestado en la administración pública, en tareas para las cuales se requiera el título respectivo;
e) Tener domicilio real en la provincia de Corrientes.
Artículo 3: No podrán ser Miembros del Tribunal de Cuentas:
a) Los inhabilitados por sentencia judicial;
b) Los concursados civilmente, o quebrados;
c) Los que se encuentren inhibidos judicialmente;
d) Los que hubieran sido condenados por delitos dolosos de cualquier naturaleza;
e) Los deudores morosos de la Provincia o de las Municipalidades que, ejecutados legalmente, no hubieran pagado sus deudas.
Artículo 4: Los Miembros del Tribunal de Cuentas, deberán prestar, ante el mismo Cuerpo, juramento de desempeñar fielmente sus funciones, conforme al ordenamiento legal vigente. Si el Tribunal no tuviera quórum, se prestará juramento ante los Miembros que se encuentren en ejercicio del cargo. Si la vacante fuera absoluta, jurarán todos ellos ante el Poder Ejecutivo Provincial. En todos los casos se labrará acta del juramento.
Artículo 5: “Los miembros del Tribunal de Cuentas tendrán dedicación exclusiva y gozarán de las mismas prerrogativas, tratamiento y remuneraciones que los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
Mantendrán sus cargos mientras dure su buena conducta, y solo serán enjuiciables en la misma forma y procedimiento que se aplica a los Magistrados del Poder Judicial.
Artículo 6º: Es incompatible el cargo de Miembro del Tribunal de Cuentas con el desempeño de Comisiones o Funciones Públicas o privadas, o cualquier otra actividad rentada, con excepción de la docencia universitaria. Solo podrán actuar en juicio en causa propia o del cónyuge, o de ascendientes o descendientes por consanguinidad o afinidad, dentro del primer grado.
Artículo 7: En caso de impedimento, inhabilitación o ausencia del Presidente, éste será reemplazado transitoriamente por el Vocal que el mismo Cuerpo designe, conforme al orden de prelación que anualmente establecerá el Tribunal.
Si por causas similares, respecto de los Vocales, el Cuerpo quedara sin quórum, el mismo será integrado de la siguiente forma:
a) Con el o los Contadores Relatores que designe el Cuerpo.
b) Si no los hubiera, con el o los Funcionarios del Tribunal que posean título de contador público nacional y que el Cuerpo designe al efecto.
c) Si tampoco los hubiera, con el o los contadores públicos nacionales que fueran designados por el Cuerpo, de una lista que anualmente se solicitará al Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
En todos los casos, para quienes integran transitoriamente el Tribunal, regirán las disposiciones de los artículos 2º y 3º de la presente Ley.
Texto Ordenado Ley 5375 – 19/08/99-
Artículo 8: El H. Tribunal de Cuentas de la Provincia contará con un Secretario General Administrativo, un Secretario General Técnico y un Prosecretario, con título de Escribano Público Nacional y/o Abogado y/o Contador Público Nacional; propuestos por el H. Cuerpo, los que tendrán la misma jerarquía, prerrogativas y remuneraciones que los Secretarios y Prosecretarios, respectivamente, del Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia.
Tendrán dedicación exclusiva en sus funciones e incompatibilidad para desempeñar toda otra actividad rentada, pública o privada, con excepción de la docencia universitaria.
Los Secretarios deberán estar presentes en las sesiones del Cuerpo cuando traten asuntos de su competencia, con voz pero sin voto.
Ambos Secretarios Generales se subrogarán automáticamente en caso de ausencia o impedimento, y tienen las funciones emergentes de esta Ley, del Reglamento Orgánico y de lo que el Cuerpo establezca.-
Artículo 9: Los Miembros del Tribunal de Cuentas y el Secretario General, deberán excusarse y son recusables por aquellos cuyas cuentas deban juzgar, por las mismas causas que el Código de Procedimientos establece para los Miembros de las Cámaras de Apelaciones en materia civil y comercial de eta Provincia.
La excusación y/o recusación deberán deducirse a partir del ingreso de la rendición de cuentas en el Organismo, y hasta la oportunidad de reunirse el Tribunal para el estudio de ella y el dictado de resolución. No procederá la recusación sin causa.
La decisión del Tribunal es inapelable con respecto a lo establecido en este artículo.
Facultades y Obligaciones del Tribunal
Artículo 10: El Tribunal de Cuentas de la provincia sólo depende de esta ley, y tiene las facultades y deberes establecidos en la presente y los que se fijen por leyes especiales.
En su jurisdicción tiene el imperio necesario para afirmar y mantener su inviolabilidad funcional e independencia frente a los poderes del Estado.
Declarará su competencia para intervenir, sin recurso alguno, pudiendo hacer uso de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones.
Artículo 11: El Tribunal de Cuentas es la única autoridad con atribuciones para aprobar o desaprobar las cuentas rendidas por las personas o entes declarados “responsables”.
En la Cuenta de Inversión o Cuenta General del Ejercicio, su intervención se limitará al examen de ella y al informe de los aspectos legales y contables de la misma, a fin de que la Honorable Legislatura ejerza la facultad que le confiere la Constitución Provincial.
Artículo 12: Son funciones del H. Tribunal de Cuentas:
a) El control externo- posterior y/o concomitante de las operaciones financiero-patrimoniales de la hacienda pública provincial.-
b) La declaración de responsabilidad y la formulación de cargos correspondientes;
c) La realización de auditorías de gestión financiera, económica, presupuestal y de legalidad, y exámenes especiales, en las Jurisdicciones y entes bajo su control;
d) La remisión a la Fiscalía de Estado o a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, según corresponda, de documentación para la iniciación de los juicios y procedimientos ante las autoridades judiciales pertinentes,
e) Comunicar a las autoridades correspondientes toda transgresión a las normas que rigen la gestión financiera- patrimonial, aún cuando ello no hubiera causado perjuicio a la hacienda pública;
f) Establecer las normas de fiscalización que estime conveniente, pudiendo realizar exámenes por el método de muestreo selectivo u otros sistemas de control y contratar auditorías externas;
g) Examinar y dictaminar sobre los estados contables de los Organismos de la Administración Pública (centralizada y descentralizada) confeccionados al cierre de cada Ejercicio Financiero;
h) Constituir Delegaciones en las distintas Jurisdicciones de la Administración Central y en los Entes Descentralizados, designando a los Jefes de las mismas y al personal técnico que atenderán;
i) Constituirse, en cualquier oportunidad y por el tiempo que estime necesario, en cualquiera de las Jurisdicciones sujetas a control, a efectos de realizar auditorías, comprobaciones o recabar informes, adoptando las medidas tendientes a prevenir o corregir irregularidades violatorias de normas legales y reglamentarias;
j) Asesorar a los Poderes del Estado y/o Municipalidades, sobre temas de su competencia, cuando así lo solicitaran;
k) Interpretar sin recurso alguno, las normas de la presente ley y del Reglamento Orgánico que se dicte en su consecuencia;
l) Contratar servicios de profesionales y técnicos, y adquirir los bienes necesarios para su funcionamiento;
m) Confeccionar anualmente su cálculo de gastos y recursos, con amplias facultades para el ordenamiento, distribución y ejecución de los créditos presupuestarios;
n) Fijar términos, plazos y normas a las cuales deban ajustarse las rendiciones de cuentas de los responsables, y conminar a éstos la presentación de los documentos comprobatorios respectivos, cuando fueran morosos o remisos;
o) Dictar su Reglamento Orgánico y Organigrama Funcional;
Artículo 13: Será obligatoria la presentación al Tribunal, dentro de los términos que el mismo establezca –y que en ningún caso excederán de treinta días- de toda rendición de cuentas, informes, antecedentes, documentos originales, libros de contabilidad y comprobantes que solicitare. Si no fueran presentados en término, el Tribunal podrá obtenerlos por el medio que estime más conveniente, sin perjuicio de sancionar la desobediencia en que pudiera haberse incurrido.
a) Para la primera oportunidad, se formulará un llamado de atención, comunicándose tal situación a las autoridades correspondientes.
b) En caso de reincidencia, se aplicará una multa equivalente al veinte por ciento del total de haberes mensuales que perciba el o los responsables, informándose de ello a las autoridades correspondientes y solicitándose la adopción de medidas disciplinarias que pueden llegar a la cesantía.
Artículo 14: Los Poderes del Estado, Ministerios y Entes Descentralizados deben comunicar al H. Tribunal de Cuentas todas las Leyes, decretos, resoluciones y disposiciones que tengan relación con la gestión de la Hacienda Pública Provincial.-
La Contaduría General y la Tesorería general de la Provincia comunicarán diariamente al H. Tribunal todo el movimiento financiero que registren en los sistemas computarizados implantados mediante la correspondiente conexión a los mismos y/o el implementado.
Artículo 15: El Presidente representa al Tribunal en sus relaciones con los Poderes del Estado, Ministerios y terceros, y tiene las siguientes obligaciones y facultades:
a) Ejercer la superintendencia administrativa del H. Tribunal
b) Convocar a reunión a los Miembros del Cuerpo, estableciendo los temas a tratar.
c) Presidir los Acuerdos, suscribiendo toda resolución o Fallo que se dicte.
d) Disponer el despacho de los asuntos de trámite, emplazamientos, informes, providencias, etc.
e) Es el jefe natural del personal del Tribunal, distribuyéndolo en las distintas oficinas de éste. Podrá aplicar sanciones disciplinarias a dicho personal, conforme al Reglamento Interno que se dicte.
f) Disponer de los fondos que se asignen al Tribunal en la Ley de Presupuesto.
g) Disponer la preparación de la Memoria Anual sobre la gestión del H. Tribunal, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
h) Las que le fueran asignadas por el Reglamento Orgánico.-
Artículo 16: Los Vocales del Tribunal de Cuentas, tienen las siguientes obligaciones y facultades:
a) Conocer y decidir, junto con el Presidente, todos los asuntos sometidos al pronunciamiento del Tribunal.
b) Ejercer la superintendencia de los Departamentos, Divisiones y Secciones del Tribunal que les fueran encomendados por el Cuerpo.
c) Fundamentar sus votos en disidencia.
d) Hacer conocer al Cuerpo los casos en que deban excusarse.
e) Las que les fueran asignadas por el Reglamento Orgánico.
Artículo 17: El control de la gestión presupuestaria del Tribunal de Cuentas será ejercido por el Cuerpo, bajo la presidencia del Subrogante Legal que, anualmente, el mismo Tribunal designará a este único efecto.
Artículo 17 bis: El H. Tribunal de Cuentas dispondrá de una Caja, con fondos que serán renovados al rendirse el cincuenta por ciento de ellos.- Esta Caja se formará automáticamente al inicio de cada ejercicio, con fondos equivalentes al cinco por ciento del total del presupuesto anual del H. Tribunal que deberán ser transferidos por la Tesorería General de la Provincia.-
Artículo 18: El Tribunal realizará, como mínimo, cuatro Acuerdos mensuales, a cuyo efecto la Presidencia determinará las fechas y horas de reunión y las notificará a los Vocales por intermedio de la Secretaría General. También se reunirá a requerimiento conjunto de los Vocales, en un plazo no mayor de diez días.
El Secretario General labrará acta de los asuntos tratados en los Acuerdos y de las resoluciones tomadas; acta que será firmada por los Miembros presentes y el Secretario General.
Artículo 19: Las decisiones del Cuerpo se tomarán con el voto del Presidente y por lo menos dos Vocales. En caso de plantearse disidencias, los Miembros fundamentarán sus votos en el orden que establezca el sorteo que al efecto se practicará en la misma sesión. De producirse empate en la votación, desempatará el Presidente mediante dictamen fundado.
Será imprescindible en los Acuerdos la presencia del Vocal que fiscalizó la rendición de cuentas o el asunto sobre el cual debe expedirse el Tribunal
Artículo 20: La inasistencia de los Miembros a las sesiones para las que fueran convocados, deberá ser justificada en cada caso. Las reiteradas faltas sin justificar, se considerarán falta grave, en cuyo caso –o en el de notoria desatención de sus funciones- el Cuerpo aplicará la sanción que corresponda o, en su caso, promoverá el correspondiente trámite solicitando su separación del cargo.
Artículo 21: Los Vocales del Tribunal rotarán cada dos años en la atención de los Departamentos, Divisiones y Secciones del Organismo que tengan a su cargo el examen de rendiciones de cuentas. La rotación no implicará el cese de la intervención que le competa en los juicios pendientes a la fecha de dicha rotación.
Igual temperamento se adoptará con los Contadores Relatores, quienes rotarán de forma de no coincidir con el mismo Vocal bajo cuyas órdenes se encontraban antes de la rotación.
Artículo 22: El H. Tribunal deberá reunirse en Acuerdo Plenario para:
a) Dictar su Reglamento Orgánico;
b) Aprobar la Memoria Anual y el Proyecto de Presupuesto;
c) Dictar normas a las que deban ajustarse las rendiciones de cuentas, y toda otra resolución de carácter general;
d) Interpretar las normas establecidas en la presente ley;
e) Informar sobre la Cuenta de Inversión o Cuenta General del Ejercicio.
Artículo 23º: La dotación de funcionarios y agentes del Tribunal estará integrada por:
a) Un cuerpo de Contadores Relatores y un cuerpo de Contadores Auditores, en el número que sean necesarios, con título de Contador Público Nacional, los que tendrán las mismas jerarquías, prerrogativas y remuneraciones que los Secretarios de los Juzgados de Primera Instancia de la Provincia.
b) El Personal Administrativo, técnico y de servicio, en el número que sean necesarios, cuyas remuneraciones serán asimiladas al Poder Judicial.
Los Contadores Relatores y los Contadores Auditores deberán excusarse y son recusables por las mismas causas y en los mismos plazos establecidos en el Artículo 9º de la presente.-
DE LOS RESPONSABLES Y DE LAS CUENTAS DE LOS RESPONSABLES
Artículo 24: Son considerados “responsables” y sujetos a la Jurisdicción y competencia del Tribunal, los agentes de la Administración Pública Provincial (Entes centralizados y descentralizados), y los organismos o personas a quienes se haya confiado, en forma permanente, transitoria o accidental, el cometido de recaudar, percibir, invertir, transferir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores o bienes pertenecientes al Estado Provincial, o puestos bajo su responsabilidad, como así también los que sin tener autorización legal para hacerlo, tomen injerencia en las funciones y tareas mencionadas.
Artículo 25: Las entidades de derecho privado en cuya dirección o administración tenga responsabilidad la Provincia, o a las cuales ésta se hubiera asociado garantizando materialmente su solvencia o utilidad para su instalación o funcionamiento, quedan comprendidas en la denominación “haciendas paraestatales” y sometidas a la jurisdicción y competencia del Tribunal de Cuentas, el cual podrá, de oficio o a petición del respectivo Poder:
a) Fiscalizar y vigilar, en todo o en parte y con alcance permanente, transitorio o eventual, su actividad económica.
b) Atraer a juicio de cuentas a sus administradores.
Artículo 26: Las entidades de derecho privado o quienes se hubiera acordado aportes, ayudas o subsidios, serán sometidas también a fiscalización y vigilancia en la aplicación de los fondos correspondientes a dichos beneficios.
Artículo 27: La responsabilidad de los agentes, organismos o personas a que se refiere el artículo 24º de esta ley, se hace extensiva a las sumas que dejaran de percibir, a las entregas indebidas de bienes a su cargo o custodia, y a la pérdida o sustracción de los mismos, salvo que justificaran en forma fehaciente que no medió negligencia de su parte.
Artículo 28: Toda personas declarada “responsable” conforme se establece en el presente capítulo, está obligada a rendir cuentas de su gestión. La mora en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a la iniciación, de oficio, del pertinente Juicio de Cuentas.
Sin perjuicio de ello, cuando el “responsable” fuera agente de la Administración Pública Provincial (Entes centralizados y/o descentralizados) se solicitará a la autoridad competente la aplicación de las medidas disciplinarias del caso.
Artículo 29: Los actos u omisiones violatorios de la Ley de Contabilidad, del Reglamento de Contrataciones del Estado, de la presente ley, o de disposiciones legales o reglamentarias concordantes, comportan responsabilidad solidaria para quienes dispongan, ejecuten o intervengan en los mismos.
Los agentes que reciban órdenes de hacer o no hacer, deben advertir por escrito a sus superiores jerárquicos sobre las posibles violaciones a disposiciones legales y reglamentarias que pudieran traer aparejado el cumplimiento de las instrucciones recibidas. En caso de que el superior jerárquico no hubiera podido conocer la causa de la irregularidad sino por advertencia u observación del agente, y éste omitiera comunicárselo por escrito, la responsabilidad por la infracción que se comete será exclusiva del agente que cumplió la orden contraviniendo la presente norma.
Artículo 30: Los Funcionarios y Agentes de la Administración Pública Provincial (Entes centralizados y/o descentralizados), que autorizaran erogaciones sin que exista el crédito correspondiente en el presupuesto, o que contrajeran compromisos que excedan el importe puesto a su disposición, responderán por el reintegro del total a pagar, o por la suma excedida en su caso, salvo que la autoridad competente aprobase el gasto y acordase el crédito necesario.
Artículo 31: El Funcionario o Agente de la Administración Pública Provincial (Entes centralizados y/o descentralizados), que realizara compras o gastos en contravención a las normas legales vigentes que fijan el trámite pertinente, responde personalmente por el total dispuesto en esas condiciones, salvo que la autoridad competente aprobase dicho gasto, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder.
Artículo 32: El “responsable” que cesara en sus funciones por cualquier causa, sólo quedará eximido de responsabilidad cuando el Tribunal de Cuentas apruebe las rendiciones de su gestión. En caso de incapacidad debidamente acreditada, el reemplazante deberá efectuar la rendición correspondiente al agente o funcionario saliente.
Todo cambio de “responsable” en la administración, tenencia, uso o consumo de fondos, valores y bienes, deberá efectuarse bajo inventario, labrándose acta de ello y anotándose el cambio en los registro respectivos.
Artículo 33: Los “responsables” de las distintas Jurisdicciones de los Poderes del Estado deberán presentar sus rendiciones a sus respectivos servicios administrativos, para la inclusión en la rendición que éstos deben elevar al Tribunal de Cuentas en los plazos legales correspondientes.
Las rendiciones de los “responsables” de dependencias que por su naturaleza o disposición especial, no se encuentren bajo la jurisdicción de servicios administrativos, serán elevadas directamente al Tribunal de Cuentas.
Todas las personas o entidades que reciban fondos del Estado Provincial para fines culturales, beneficencia, ayuda social o interés general, deberán presentar sus rendiciones directamente al Tribunal, conforme a las instrucciones que éste determine y en un plazo no mayor de noventa días a contar de la fecha de recepción de los fondos respectivos.
Artículo 34: El Tribunal podrá ampliar los plazos establecidos para la presentación de rendiciones, o disponer verificaciones “in situ” con el examen integral de la documentación o mediante los sistemas de fiscalización que considere conveniente, cuando razones de distancia u otras especiales así lo aconsejen.
Artículo 35: será privativo del Tribunal de Cuentas acordar descargos provisorios y/o parciales a los “responsables”, o declararlos deudores del Fisco según los resultados del juicio de Cuentas, formulándoseles el cargo correspondiente.-
Artículo 36: Las rendiciones de cuentas presentadas al Tribunal serán sometidas al examen de un Contador Relator, quien las verificará en su aspecto formal, legal, contable, documental y numérico, elevando sus conclusiones al Vocal de quien depende. El Vocal, a su vez, elevará las rendiciones al Tribunal, con un informe en el que aconsejará su aprobación cuando no le hubieran merecido reparos, o la aplicación de las medidas que correspondan conforme a la naturaleza de las infracciones u omisiones que resultaren.
Artículo 37: Recibida la rendición por el Tribunal, si el Cuerpo considerara que la misma debe ser aprobada dictará resolución en tal sentido, en la que dispondrá también las registraciones que deberá realizar la Contaduría General de la provincia, el descargo definitivo y notificación al “responsable”, y el archivo de las actuaciones.
Artículo 38: Si la rendición fuera objeto de reparos, el Tribunal emplazará al “responsable” para contestarlos, señalándole un término no mayor de treinta días a contar de la notificación del emplazamiento. Cuando la naturaleza del asunto o razones de distancia lo justifiquen, el término podrá ser ampliado por el Tribunal.
Artículo 39: Cuando se hubiera dispuesto de oficio la iniciación del juicio de Cuentas, conforme se establece en el artículo 28º de la presente ley, se citarán al “responsable” para que comparezca y alegue su descargo dentro del término de quince días. Transcurrido dicho término sin que lo hubiera hecho, el Tribunal –previo informe del Vocal correspondiente- dictará sentencia definitiva condenatoria, tal como determina el punto 2º del inciso b9 del artículo 43º de esta ley.
Artículo 40: Todo “responsable” podrá comparecer al Juicio de Cuentas por sí o por medio de apoderado; pero el Tribunal no regulará ni reconocerá honorarios a los apoderados, por el patrocinio o representación en actuaciones ante el mismo.
Artículo 41: El Tribunal, de oficio a petición de parte, podrá requerir a cualquier repartición pública provincial, la remisión o exhibición de los documentos que se relacionen con el reparo formulado. Si la repartición no cumpliera con tal requerimiento, podrá fijarle un plazo perentorio para hacerlo y, subsidiariamente, aplicar a los responsables de la misma las sanciones previstas en el artículo 13 de la presente ley, con noticia a las autoridades superiores de los Poderes del Estado.
Artículo 42: Contestado el reparo, o vencido el término para hacerlo, el Tribunal podrá oír nuevamente al Contador Relator y, si lo creyera conveniente, requerir a cualquier Funcionario de la Administración Pública Provincial (Entes centralizados y/o descentralizados), su asesoramiento técnico o legal sobre cuestiones vinculadas a la rendición de cuentas.
Artículo 43: Cumplidos los trámites establecidos en los artículos anteriores, el Tribunal dictará Resolución:
a) Interlocutoria: Cuando para mejor proveer ordene alguna diligencia; y
b) Definitiva: 1) Absolutoria, cuando practicadas las diligencias para mejor proveer – o cuando ellas no fueran necesarias- , apruebe la rendición y declare libre de cargos al “responsable”; o
2) Condenatoria, determinando las partidas ilegítimas, no aceptadas, o no comprobadas, y ordenando se proceda a su cobranza a favor del Fisco.
La Resolución Interlocutoria no impide al Tribunal ordenar el descargo parcial de las operaciones que no se consideren objetables.
Artículo 44: Si la Resolución definitiva fuera absolutoria, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 37º de la presente ley. Si fuera condenatoria no se archivará el expediente sino después de que se hiciera efectivo el cargo correspondiente.
Si durante la sustanciación del Juicio de Cuentas se presumiera la comisión de algún delito de acción pública, el Tribunal remitirá los antecedentes a la Fiscalía de Estado, sin perjuicio de continuar el trámite del Juicio de Cuentas.
Artículo 45: Cuando los reparos consistieran únicamente en el incumplimiento de requisitos formales, se impondrá al “responsable” la multa prevista en el inciso b) del artículo 13º de esta ley sin perjuicio del descargo correspondiente.
Si los reparos consistieran en transgresiones a disposiciones legales o reglamentarias, se aplicará al “responsable” una multa equivalente al ciento por ciento del total de haberes mensuales que esté percibiendo.
Cuando se presumiera que la transgresión ha causado perjuicio al Fisco por un importe mayor a esa multa se rechazará la rendición y se determinará el monto que será objeto de cargo.
Artículo 46: La renuncia, separación del cargo, incapacidad legalmente declarada o fallecimiento del “responsable”, no impide ni paraliza el Juicio de Cuentas, el que en los dos últimos casos se continuará sustanciando con los curadores o herederos del causante, quienes deberán unificar su representación.
Artículo 47: Cuando no se hubieran formulado o notificado reparos, dentro de los ciento ochenta días a contar de la recepción definitiva de la rendición en el Tribunal, o transcurrido ese término desde la contestación del “responsable” sin haberse dictado resolución interlocutoria o definitiva, la rendición se considerará aprobada transfiriéndose la responsabilidad que pudiera existir a los Funcionarios y/o Agentes que fueran declarados culpables de la demora en el trámite, a quienes se excluirá de seguir entendiendo en el asunto y estarán a las resultas que se establezcan en definitiva.
Artículo 48: Todo emplazamiento, citación o notificación de providencias y resoluciones, se hará a los “responsables” personalmente, cuando comparecieran ante el Tribunal; o por cédula, o por cualquier otro medio fehaciente. Si se ignorase el domicilio, o éste no fuera habido, se hará por medio de edictos a publicarse durante tres días corridos en el Boletín Oficial de la Provincia, en cuyo caso los plazos comenzarán a contarse a partir de la última publicación.
EJECUCION DE LAS RESOLUCIONES CONDENATORIAS
Artículo 49: Las Resoluciones condenatorias del Tribunal de Cuentas se notificarán al interesado en la forma prescrita en el artículo 48º de esta ley, con intimación de hacer efectivo el importe del cargo que se fijara, dentro del término de diez días. Si mediaran razones atendibles, el Tribunal podrá ampliar este plazo por diez días mas.
Artículo 50: Vencido el término acordado sin que se haya hecho efectivo el pago, el Tribunal remitirá copia certificada de la resolución a la Fiscalía de Estado, para que se inicie sin más trámite la acción de cobro por vía de apremio. Dicha resolución constituye título hábil y suficiente para iniciar esa acción judicial.
Artículo 51: Las Resoluciones del Tribunal se ejecutarán, no obstante cualquier recurso que contra ellas se interponga, y sólo se suspenderá la ejecución cuando se efectúe el pago, se consigne el cargo, éste fuera declarado judicialmente improcedente, o se resolviera a favor del “responsable” el recurso de revisión autorizado por el artículo 52º de esta ley.
El deudor podrá iniciar juicio contra la Provincia para obtener la devolución de lo ya pagado, o bien la declaración de ilegitimidad o inconstitucionalidad del cargo formulado. En caso de que aún no se hubiese hecho efectivo el pago del cargo, esta acción no suspenderá la prosecución de la vía de apremio.
Fiscalía de Estado remitirá oportunamente al Tribunal de Cuentas, copia testimoniada de la sentencia que recayeran en tales juicios.-
Artículo 52: Cuando la Resolución condenatoria del Tribunal se hubiera fundado en documentos falsos, errores de hecho o de derecho, o bien existan otras cuentas o nuevos documentos que justifiquen las partidas desechadas o el empleo legítimo de los valores computados en el cargo, el “responsable” podrá intentar, como único recurso ante el Tribunal de Cuentas, el de revisión.
Este recurso solo podrá iniciarse dentro de los diez días contados a partir de la notificación de la Resolución condenatoria. Interpuesto el mismo, se procederá en la forma prescrita para el Juicio de Cuentas.
La revisión será decretada de oficio por el Tribunal de Cuentas cuando se tenga conocimiento de cualquiera de los casos previstos en este artículo, dentro del término fijado, aún cuando la Resolución respectiva hubiera sido absolutoria.
Artículo 53: Cuando la sentencia que dicte en sede judicial fuera favorable al “responsable”, o se resolviera en igual sentido en el recurso de revisión, se dispondrá el reintegro de las sumas que resulten de la sentencia.
Artículo 54: Sin excepción, correrán intereses a cargo de los deudores condenados, desde el día de la constitución en mora en la presentación de sus rendiciones de cuentas o en la contestación de los reparos formulados y hasta la fecha del efectivo pago, debiendo dichos intereses ser abonados conjuntamente con el importe del cargo.
Artículo 55: Los días y términos fijados en la presente ley se computarán en días hábiles administrativos.
Artículo 56: Los ingresos por multas, cargos u otros conceptos, recaudados por aplicación de esta ley, ingresarán a Rentas Generales.
Artículo 57: Los Juicios de Cuentas iniciados a la fecha de entrar en vigencia la presente, continuarán tramitándose por las disposiciones legales bajo cuyo imperio fueron iniciados.
Artículo 58: La presente Ley entrará en vigencia desde su sanción.
Artículo 59: de la Ley Nº 3757( Derogado por Ley 5375).-
Artículo 60: Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
FECHA DE SANCION: 05/08/99
FECHA DE PROMULGACION: 19/08/99 (Dcto. Nº 717/99)
FECHA DE PUBLICACION: 30/08/99