Source: http://psicolog.org/despacho-n-2590-expediente-n-1225417.html
Timestamp: 2020-05-29 12:14:36
Document Index: 23319620

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'In dubio', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'artículo 249', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'artículo 51', 'artículo 37', 'artículo 37', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 49', 'ARTÍCULO 50', 'ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 53', 'ARTÍCULO 54', 'ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 56', 'ARTÍCULO 57', 'ARTÍCULO 58', 'artículo 381', 'ARTÍCULO 59', 'ARTÍCULO 60', 'ARTÍCULO 61', 'artículo 60', 'ARTÍCULO 62', 'artículo 60', 'ARTÍCULO 63', 'ARTÍCULO 64', 'ARTÍCULO 65']

Despacho N° 2590 expediente n° 12254/17
Despacho N° 2590
EXPEDIENTE N° 12254/17
La Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL, ha estudiado debidamente el expediente de la referencia, caratulado: DIPUTADOS DE ENCUENTRO POR CORRIENTES, PROPICIAN PROYECTO DE LEY QUE DEROGA LA LEY Nº2945 Y APRUEBA EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.
Por las consideraciones que dará el Señor miembro informante designado al efecto, la Comisión aconseja prestar sanción Favorable con modificaciones al Proyecto de Ley que corre a fs.05 / 191 del presente expediente, el que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1º. Juicio previo. Nadie puede ser condenado sin un juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, en el que deberán respetar los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en las normas de este Código.
ARTICULO 2º. Principios del proceso acusatorio. Durante todo el proceso se deben observar los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y des formalización.
Las audiencias deben ser públicas, salvo las excepciones expresamente previstas en este código.
ARTÍCULO 3º. Principio de inocencia. Nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta tanto una sentencia firme, dictada en base a pruebas legitimas obtenidas, desvirtúe el estado jurídico de inocencia del que goza toda persona.
El imputado no debe ser presentado como culpable. Los registros judiciales, legajos y comunicaciones no podrán contener inscripciones estigmatizantes o que desvirtúen el estado jurídico de la inocencia.
ARTICULO 4º. Derecho a no auto incriminarse. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. El ejercicio de este derecho no puede ser valorado como una admisión de los hechos o indicios de culpabilidad.
Toda admisión de los hechos o confesiones debe ser libre, bajo expreso consentimiento del imputado y bajo asistencia técnica.
ARTÍCULO 5º. Persecución única. Nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho.
ARTÍCULO 6º. Defensa. El derecho de defensa es inviolable e irrenunciable y puede ejercerse libremente desde el inicio del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. El imputado tiene derecho a defenderse por si, a elegir un abogado de su confianza o a que se le designe un defensor público. Los derechos y facultades del imputado pueden ser ejercidos por este o por su defensor, indistintamente. En caso de colisión primara la voluntad del imputado, expresada clara y libremente.
ARTÍCULO 7º. Juez natural. Nadie puede ser perseguido ni juzgado por los jueces o comisiones especiales. La Potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales designados de acuerdo con las constituciones e instituidos por la ley con anterioridad al hecho objeto del proceso.
ARTÍCULO 8º. Imparcialidad e independencia. Los jueces deben actuar con imparcialidad en sus decisiones. Se debe garantizar la independencia de los jueces y jurados de toda injerencia externa y de los demás integrantes del Poder Judicial.
En caso de interferencia en el ejercicio de su función, el juez informara al consejo de la Magistratura sobre los hechos que afecten su independencia y solicitará las medidas necesarias para su resguardo.
ARTÍCULO 9°. Separación de funciones. Los representantes del Ministerio Público Fiscal no pueden realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. La delegación de funciones jurisdiccionales en funcionarios o empleados subalternos tornará inválidas las actuaciones realizadas y será considerada casual de mal desempeño de las funciones a los efectos del proceso de remoción de magistrados.
ARTÍCULO 10. Apreciación de la prueba. Las pruebas serán valoradas por los jueces según los principios de la sana crítica racional, con observación de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Los elementos de prueba sólo tendrán valor si son obtenidos e incorporados al proceso conforme a los principios y normas constitucionales, de los instrumentos internacionales y de este Código.
ARTÍCULO 11. In dubio pro imputado. En caso de duda, se estará a los que sea más favorable para el imputado. La inobservancia de una garantía no se hará valer en su perjuicio. Las normas procesales no tendrán efecto retroactivo, a menos que sean más favorables para el imputado.
ARTÍCULO 12. Derechos de la víctima. La victima tiene derecho a una tutela judicial efectiva, a la protección integral de su persona, su familia y sus bienes frente a las consecuencias del delito, a participar del proceso penal de forma autónoma conforme a las reglas dispuestas por este Código y a solicitar del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto. Las autoridades no podrán, bajo pretexto alguno, dejar de recibir sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos legales previstos para su tutela efectiva.
ARTÍCULO 13. Protección de la intimidad y privacidad. Se debe respetar el derecho a la intimidad y a la privacidad del imputado y de cualquier otra persona, en especial a libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los papeles privados y los datos personales en formato digital, las comunicaciones electrónicas y de otra índole. Solo con autorización del juez y de conformidad con las disposiciones de este Código podrán afectarse estos derechos.
ARTÍCULO 14. Regla de interpretación. Las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten un derecho deberán interpretarse restrictivamente. Se prohíbe la interpretación extensiva y analógica de dichas normas.
ARTÍCULO 15. Condiciones carcelarias. Está prohibido alojar a personas privadas de libertad en lugares no habilitados, o en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad. La medida que conduzca a empeorar injustificadamente las condiciones de detención a presos o detenidos hará responsable a quien la ordene, autorice, aplique o consienta.
ARTÍCULO 16. Restricción de derechos fundamentales. Las facultades que este Código reconoce para restringir o limitar el goce de derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, deben ejercer de conformidad con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesariedad.
ARTÍCULO 17. Restricciones a la libertad. Las medidas restrictivas de la libertad deberán fundarse en la existencia de peligro de fuga u obstaculización de la investigación. Nadie puede ser encarcelado sin que existan elementos de pruebas suficientes para imputarle un delito reprimido con pena privativa de la libertad, conforme a las reglas de este Código.
ARTÍCULO 18. Justicia en un plazo razonable. Toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva en tiempo razonable, conforme a los plazos establecidos en este Código. El retardo en dictar resoluciones o las dilaciones indebidas, si fueran reiteradas, constituirá falta grave y causal de mal desempeño de los magistrados.
ARTÍCULO 19. Sentencia. La sentencia debe ser definitiva, debe declarar la absolución o la condena del imputado. Los jueces no podrán abstenerse de decidir so pretexto de oscuridad o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión, ni utilizar los fundamentos de las decisiones para realizar declaraciones o afirmaciones que no coincidan en la decisión.
ARTÍCULO 20. Motivación. Las resoluciones, deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basen. La fundamentación no se puede reemplazar con la simple relación de documentos, afirmaciones dogmáticas, ficciones legales, expresiones rituales o apelaciones morales. Si se tata de sentencias dictadas por tribunales colegiados, cada uno de sus miembros debe fundar individualmente su voto, salvo que adhiera a los motivos expuestos por otro miembro. La adhesión a los fundamentos de otro no permite omitir la deliberación.
ARTÍCULO 21. Derecho a recurrir. Toda persona tiene derecho a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto ante otro juez o tribunal de facultades amplias para su revisión.
ARTÍCULO 22. Solución de conflictos. Los representantes del Ministerio Público procuraran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible mediante la mejor solución entre las previstas en la ley.
ARTÍCULO 23. Participación ciudadana. Los ciudadanos participarán en la administración de la justicia penal, de conformidad con lo previsto en los artículos 24 y 75, incisos 12 y 118, de la Constitución Nacional, y según la ley especial que se dicte al efecto.
ARTÍCULO 24. Diversidad Cultural. Si se tratara de hechos cometidos entre miembros de un pueblo originario, se deberán tener en cuenta sus costumbres en la materia.
ARTÍCULO 25. Acción pública. La acción pública es ejercida por el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de las facultades que este Código le confiere a la víctima o a personas físicas o jurídicas a las que, sin serlo, se les reconoce en este Código derecho a querellar.
El fiscal debe iniciarla de oficio, siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley.
ARTÍCULO 26. Acción dependiente de instancia privada. Si el ejercicio de la acción pública dependiera de instancia privada, el fiscal solo ejercerá una vez que la instancia haya sido formulada o en los demás supuestos previstos en el Código Penal. Esta circunstancia no obsta a la realización de los actos urgentes que impidan la consumación del hecho o de los imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que tales actos no afecten la protección del interés de la víctima.
La instancia privada deberá ser realizada de manera expresa por quién tenga derecho a hacerlo; su formalización tácita no puede derivarse de ningún acto procesal.
La instancia privada permitirá percibir a los partícipes sin limitación alguna.
ARTÍCULO 27. Acción privada. La acción privada se ejerce por medio de querella, en la forma especial en la forma que establece este Código.
ARTÍCULO 28.- Regla de no prejudicialidad. Los jueces deben resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las prejudiciales.
Si la existencia de un proceso penal dependiera de la resolución de otro, el ejercicio del a acción penal se suspenderá aún de oficio, hasta que en el otro proceso, recaiga sentencia firme.
No obstante, los jueces deberán apreciar si la cuestión prejudicial es seria, fundada y verosímil, y en el caso de ser invocada con el exclusivo propósito de dilatar el proceso, ordenarán que éste continúe.
ARTÍCULO 29. Disponibilidad de la acción. El fiscal puede disponer de la acción penal pública en los siguientes casos:
criterios de oportunidad;
conciliación o reparación integral, y;
No puede disponer de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo, o se tratare de un delito que aparezca como un episodio dentro de un contexto de violencia de género o de un delito motivado en razones discriminatorias. Tampoco podrá hacerlo en los supuestos que resulten incompatibles con previsión de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de política criminal.
ARTÍCULO 30. Criterios de oportunidad. El fiscal podrá prescindir del ejercicio de acción en un caso, o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho, si:
se tratara de un hecho que por su insignificancia no justifique la persecución penal;
el imputado por un delito culposo hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena, y;
la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta, o a la que deba esperarse por los restantes hechos investigados en el mismo u otros procesos, o a la que se impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.
ARTÍCULO 31. Control. El control de la aplicación de criterios de oportunidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 249.
ARTÍCULO 32. Efectos. La aplicación de un criterio de oportunidad extinguirá la acción respecto del hecho sobre el que se aplica y con relación a la persona en cuyo favor se decide.
ARTÍCULO 33. Conciliación o reparación integral. El imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios o de reparación integral en los casos de delito de instancia privada, de delitos con contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas y de lesiones culposas.
El fiscal los autorizará siempre que no existan razones de seguridad o interés público que los hiciera desaconsejables. Cada acuerdo de presentará ante el juez para su homologación, en audiencia. La acreditación del cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal; hasta tanto no se acredite dicho cumplimiento, el legajo debe ser reservado. Ante el incumplimiento de lo acordado se reabrirá la investigación. Mientras dure el incumplimiento del acuerdo se interrumpe el plazo de prescripción.
ARTÍCULO 34. Suspensión del proceso a prueba. Reglas generales. La suspensión del proceso a prueba respecto de un imputado procederá si por el delito o delitos que se le imputan y la circunstancia del hecho pudiera pronosticarse que en caso de condena a prisión, ésta sería de ejecución condicional. Procede también para los casos en que sea aplicable una pena no privativa de la libertad.
No procederá para el funcionario público que en ejercicio o con motivo de sus funciones hubiese participado en el delito.
Si el delito tuviera prevista inhabilitación como pena principal o accesoria, el imputado deberá ofrecer la realización de actividades dirigidas a solucionar la presunta falta de idoneidad provocadora del hecho. Si fuere aplicable pena de multa de forma conjunta o alternativa con la prisión, el imputado deberá ofrecer el pago del mínimo de la multa correspondiente.
El imputado, además, deberá ofrecer el abandono a favor del estado de los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso de que recayera condena.
La solicitud de suspensión se presentará al fiscal antes de la fijación de la audiencia de control de la acusación. Una vez fijada ésta, el derecho caducará. En la solicitud el imputado deberá, además ofrecer una concreta reparación de los daños en la mayor medida que le permitan sus posibilidades. A fin de facilitar una mejor reparación de los daños, podrá eximírselo del ofrecimiento del pago del mínimo de la multa aplicable.
El fiscal podrá rechazar la solicitud si considerare que no se cumplen las condiciones legales si invocare fundados motivos de política criminal o si adujere razones de interés público que justifique la conveniencia de que el caso sea debatido en juicio. En tal caso la defensa podrá, en un plazo de TRES (3) días, requerir la revisión ante el superior del fiscal. El fiscal revisor resolverá el planteo en un plazo de TRES (3) días. Si hace lugar a la pretensión, dispondrá la continuidad de la tramitación.
Si la solicitud se considerase procedente el fiscal solicitará al juez la fijación de una audiencia para resolver sobre la razonabilidad del ofrecimiento de reparación, el plazo de suspensión y las reglas de conducta que el imputado deberá cumplir. Si se suspendiera el proceso, la víctima tendrá habilitada la acción civil por lo que se restare de la reparación plena.
El control del cumplimiento de las reglas de conducta estará a cargo de una oficina judicial específica, que dejará constancia en forma periódica sobre su cumplimiento y dará noticia a las partes de las circunstancias que pudiera originar una modificación o revocación de instituto.
Si el imputado incumpliere las condiciones establecidas, el fiscal solicitara al juez una audiencia para que las partes expongan sus argumentos sobre la continuidad, modificación o renovación del beneficio. Si el juez lo revocara, el proceso continuara de acuerdo a las reglas generales.
ARTÍCULO 35. Suspensión del proceso a prueba. Caso especial. La suspensión del proceso a prueba también precederá respecto de una extranjero que haya sido sorprendido en flagrancia de una delito con pena de prisión cuyo mínimo no fuere superior a TRES (3) años, aunque no pudiera corresponderle condena de ejecución condicional, siempre que acepte expresamente la consecuencia de que la concesión del beneficio solicitado produzca su expulsión del territorio nacional y la prohibición del reingreso por un plazo de entre CINCO (5) y QUINCE (15) años.
Para que proceda el pedido, el imputado deberá ofrecer una concreta reparación de los daños en la mayor medida que le permitan sus posibilidades y el abandono de los bienes sujeto a decomiso. P Podrá eximírselo del ofrecimiento de pago del mínimo de la multa aplicable.
Si el fiscal no rechaza el pedido, se realizará la audiencia ante el juez para resolver sobre la razonabilidad del ofrecimiento de reparación y el plazo de prohibición de reingreso.
Si el imputado incumpliera la prohibición de reingreso se revocará el beneficio y el proceso continuara de acuerdo a las reglas generales.
Procedimiento en caso de privilegio constitucional
ARTÍCULO 36. Procedimiento. En los casos en que la imputación de dirija sobre un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, se debe proceder de conformidad con lo previsto en las leyes sancionadas a tales efectos.
ARTÍCULO 37. Excepciones. Las partes podrán oponer las siguientes excepciones:
falta de jurisdicción o de competencia;
falta de acción, porque esta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o no puede proseguirse;
falta de acción por manifiesta atipicidad de los hechos o por evidente falta de partición del imputado en ellos;
extinción de la acción, y;
falta de legitimación del querellante.
Si concurren DOS (2) o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente.
ARTÍCULO 38. Trámite. Las excepciones se deducirán por escrito ante el juez, con indicación de la prueba en la que se sustenten. Se sustanciarán y se resolverán en audiencia, con intervención de las partes, sin perjudicar el desarrollo de la investigación.
ARTÍCULO 39. Efectos. Si se hace lugar a la falta de competencia, el juez procederá conforme al artículo 51.
Si se declara la falta de acción por el motivo indicado en el artículo 37, inciso b), el caso se archivará.
Si se declara la falta de acción por los motivos indicados en el artículo 37, incisos c) o d), se decretará el sobreseimiento del imputado.
Si se declara la falta de legitimidad del querellante, se los separa como parte del proceso.
ARTÍCULO 40. Legitimación para su ejercicio. La acción civil para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito solo puede ser ejercida por el legitimado como parte querellante que se haya constituido en actor civil.
ARTÍCULO 41. Demandados civiles. La acción civil podrá ser dirigida contra los partícipes en el delito y contra las personas que según la ley civil respondan por o con ellos por el daño que el delito ha causado.
Si en el proceso hubiere varios imputados y terceros civilmente demandables, la acción podrá ser dirigida contra uno o alguno de ellos. Pero si no fuera contra los segundos deberá obligatoriamente ser dirigida también contra los primeros.
ARTÍCULO 42. Ejercicio. La acción civil se ejercerá , en el procedimiento penal, conforme a las reglas establecidas en este Código.
ARTÍCULO 43. Jurisdicción. La jurisdicción penal se ejerce por los órganos jurisdiccionales que instituyen la Constitución y las leyes que se dicten al respecto.
ARTÍCULO 44. Competencia. La justicia penal conocerá en los delitos que deban considerarse cometidos en el territorio de la Provincia.
ARTÍCULO 45. Competencia territorial y material. Una ley de organización y competencia establecerá los distritos judiciales en que se dividirá la competencia territorial y, si fuera conveniente, la competencia por especialidad de la materia.
ARTÍCULO 46. Reglas de competencia territorial. Para determinar la competencia territorial de los jueces se observarán las siguientes reglas:
el juez tendrá competencia sobre los delitos cometidos dentro del distrito judicial en que ejerza sus funciones;
en caso de delito continuado o permanente, será competente el juez del distrito judicial en que cesó la continuación o la permanencia, y;
en caso de duda o si el lugar del hecho fuera desconocido será competente el juez que previno.
ARTÍCULO 47. Competencia por conexidad. Los casos serán conexos en las siguientes circunstancias:
si los delitos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque lo fueren en distinto tiempo o lugar, si hubiere mediado acuerdo entre ellas, o;
si un delito ha sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o para procurar al autor o a otra persona su provecho o la impunidad.
ARTÍCULO 48. Reglas de conexidad. Si la conexidad se produjere dentro de una misma competencia territorial, será competente para entender en todos ellos el juez que entienda en el delito más grave; en caso de delitos reprimidos con la misma pena, será competente quien hubiera prevenido. No se aplicará la regla de conexidad si la unificación dificultare el servicio de justicia.
La misma regla se aplicará si los casos conexos correspondieran a distintas competencias territoriales y fuera conveniente unificar judicatura para el mejor servicio de justicia, siempre que no se atente contra el derecho de defensa.
La unificación de judicatura no impide que las investigaciones preparatorias tramiten en forma separada.
ARTÍCULO 49. Procedimientos simultáneos. Prelación. Si a una persona se le imputaran DOS (2) o más delitos respecto de los cuales no correspondiere la aplicación de reglas de conexidad, los procedimientos tramitarán simultáneamente sin atender a ningún orden de prelación. Si el procedimiento simultáneo afectare el derecho de defensa, tendrá prelación el juez que entiende en el delito más grave.
Si los procedimientos simultáneos correspondieren a la justicia federal y a la justicia local, tendrá prelación la justicia federal.
ARTÍCULO 50. Extensión. Efectos. Las reglas de este capítulo se aplicarán a las cuestiones que se susciten por competencia territorial, material, por conexidad o por turno.
La cuestión de competencia no suspenderá el trámite del proceso en el que se hubiese planteado. Hasta que se resuelva, continuará interviniendo el juez que previno, quien decidirá las cuestiones que no admitan dilación.
La incompetencia declarada no producirá la invalidez de los actos de la investigación preparatoria ya cumplidos, sin perjuicio de que las partes, por razones plausibles, pueden requerir su ratificación o ampliación.
ARTÍCULO 51. Planteo de competencia entre jueces. Resolución de los conflictos. El juez que se considere incompetente remitirá al que considere competente un legajo con copia de la resolución y de los antecedentes en que se hubiese fundamentado. El juez considerado competente deberá aceptar o rechazar su competencia dentro del plazo de TRES (3) días de recibido el legajo. Si no aceptare su competencia, lo remitirá a conocimiento de un juez de revisión de la jurisdicción territorial del juez que previno, quien resolverá el conflicto sin más trámite.
Si el conflicto de competencia se planteara entre un tribunal federal y uno local, el conflicto será resuelto por el tribunal que corresponda según los acuerdos de cooperación judicial que se hayan celebrado. En caso de no existir convenio, la cuestión será resuelta por la Corte Suprema de Justicio de la Nación.
ARTÍCULO 52. Cuestiones suscitadas en etapa de juicio. La competencia de los jueces de juicio no podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez fijada la audiencia de debate.
ARTÍCULO 53. Cuestiones entre fiscales. Las cuestiones que se susciten entre fiscales se resolverán conforme a la ley orgánica de Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 54. Órganos jurisdiccionales. Son órganos jurisdiccionales, en los casos y formas que las leyes determinan:
los jueces con funciones de revisión;
los jueces con funciones de juicio;
los tribunales de jurados, cuando sean instaurados;
los jueces con funciones de garantías, y;
los jueces con funciones de ejecución.
ARTÍCULO 55. Jueces de revisión. Los jueces con funciones de revisión, o jueces de revisión serán competentes para conocer:
en la resolución de las impugnaciones;
en la resolución de los conflictos de competencia;
en la resolución de los conflictos de excusación o recusación de los jueces;
en la resolución de las quejas por retardo de justicia o por recurso mal denegado;
en el control de la duración de las medidas especiales de investigación, cuando correspondiere, y;
en la revisión de sentencias condenatorias firmes.
ARTÍCULO 56. Jueces de juicio. Los jueces con funciones de juicio, o jueces de juicio, serán competentes para conocer en los juicios.
ARTÍCULO 57. Jueces de garantías. Los jueces con funciones de garantías, o jueces de garantías serán competentes para conocer:
en las decisiones jurisdiccionales que se deban tomar durante la etapa preparatoria, la etapa de control de la acusación y la etapa de control de la prueba para el juicio;
en la etapa preparatoria de los procesos de acción privada;
en los juicios abreviados cuando se presenten acuerdos plenos, y;
en el proceso especial por colaboración.
ARTÍCULO 58. Jueces de ejecución. Los jueces con funciones de ejecución, o jueces de ejecución, serán competentes para conocer en las decisiones jurisdiccionales que se deban tomar en la etapa de ejecución de las condenas, y tendrán a su cargo las funciones previstas en el artículo 381.
ARTÍCULO 59. Oficina judicial. Los jueces serán asistidos por una oficina judicial cuya composición y funcionamiento defina la ley de organización y competencia de justicia penal. A su directos o jefe le corresponderá, como función propia, dirigir al personal auxiliar, organizar las audiencias y las cuestiones administrativas relativas a los juicios, dictar los decretos de mero trámite, disponer las comunicaciones, informar a las partes, custodiar los objetos secuestrados en los casos que corresponda, colaborar en los trabajos materiales que los jueces le requieran y llevar actualizados los registros y estadísticas. Deberá confeccionar un legajo judicial donde asentará la actividad jurisdiccional que se realice en cada uno de los casos, bajo el principio de desformalización.
ARTÍCULO 60. Excusación. Motivos. El juez deberá apartarse del conocimiento del caso en los siguientes supuestos:
si intervino en él como acusador, defensor, representante, perito o consultor técnico, si denunció el hecho o lo conoció como testigo, o si dio recomendaciones o emitió opinión sobre el caso fuero del procedimiento;
si intervino durante la investigación preparatoria o en el procedimiento de control de la acusación, no podrá intervenir en el juicio; si pronunció la decisión impugnada no podrá intervenir en el procedimiento que sustancia la impugnación ni en su decisión;
si en el caso intervino o interviene su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o quien ha sido su tutor, curador o guardador o está o ha estado bajo su tutela, curatela o guarda;
si él o alguna de las personas mencionadas en el inciso c) estuvieren interesados en el caso o tuvieren juicio pendiente, comunidad o sociedad con alguno de los interesados, salvo que se tratare de una sociedad anónima cuyas acciones coticen en el mercado de valores;
si él o alguna de las personas mencionadas en el inciso c) recibieron o reciben beneficios de importancia o son acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de instituciones estatales o de entidades financieras; o si, después de comenzado el procedimiento, el juez hubiere recibido presentes o dádivas de alguno de los interesados, aunque fueren de escaso valor;
si hubiere tenido o tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados, salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos;
si denunció o acusó a alguno de los interesados, o si fue acusado o denunciado por alguno de ellos incluso conforme al procedimiento de destitución, siempre que la denuncia o acusación haya sido admitida, y;
si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad.
A los fines de la excusación se consideran interesados al imputado, la víctima, el querellante, el actor civil y los civilmente demandados.
ARTÍCULO 61. Trámite de la excusación. El juez comprendido en alguno de los motivos enunciados en el artículo 60 deberá denunciarlo en cuanto conozca su situación respecto del caso y apartarse del conocimiento en el proceso. Se excusará por resolución fundada y remitirá las actuaciones a quien deba reemplazarlo. Éste tomará intervención en la causa y decidirá de inmediato las cuestiones que no admitan dilación, sin perjuicio de los cual deberá aceptar o no la excusación en el plazo de VEINTICUATRO (24) horas.
Si estimara que la excusa no tiene fundamento, formará un legajo con las DOS (2) decisiones encontradas y lo remitirá a un juez de revisión, quien resolverá la cuestión sin más trámite.
La resolución de la excusación no impedirá el planteo de recusación por el mismo motivo.
ARTÍCULO 62. Trámite de recusación. Las partes podrán recusar el juez en los casos descriptos en el artículo 60. La recusación se formulará por escrito; deberán exponerse los motivos y los elementos de prueba pertinentes.
La recusación deberá formularse dentro de los TRES (3) días de conocerse los motivos en que se funda, salvo que se advierta durante las audiencias, en cuyo caso deberá plantearse en ese mismo acto en forma oral.
Si el juez admitiere su recusación se aplicará el procedimiento previsto para la excusación. Si se produjere conflicto entre jueces, éste será resuelto por un tribunal formado por TRES (3) jueces de revisión, en audiencia, dentro de los CINCO (5) días.
Si el juez no admitiere su recusación, formará un legajo con el escrito de recusación y su resolución y remitirá a un tribunal formado por TRES (3) jueces de revisión, el cual deberá resolver en audiencia dentro de los CINCO (5) días.
ARTÍCULO 63. Excusación o recusación en tribunales colegiados. Si se excusare o se recusare a un miembro de tribunales colegiados se procederá de la siguiente manera:
la excusación se resolverá de inmediato por los demás miembros. Si la aceptaran, se designará al reemplazante; en caso contrario el juez excusado seguirá actuando, y;
la recusación se resolverá de inmediato por los demás miembros. Si no la aceptaren y tratare de un tribunal de juicio, la sentencia que dicte podrá ser impugnada por este motivo.
ARTÍCULO 64. Efectos. Las decisiones sobre excusación o recusación no producirán la invalidez de los actos procesales que se hayan cumplido, salvo que el juez, maliciosamente, hubiese ocultado la causal que justificaba su apartamiento.
Las partes, por razones plausibles, podrán requerir la ratificación o ampliación de los actos válidos.
Resuelta la cuestión, el juez excusado o recusado no actuará más en el proceso, ni aun si posteriormente desaparecieran los motivos que determinaron la decisión.
ARTÍCULO 65. Inconducta. Incurrirá en falta grave y causal de mal desempeño el juez que omitiera apartarse cuando existiera un motivo para hacerlos, o que se apartare con notoria falta de fundamento.
La presentación de recusaciones manifiestamente infundadas o dilatorias será considerada una falta profesional grave, que se comunicará de inmediato al superior jerárquico del fiscal o del defensor público o al Colegio de Abogados, según correspondiere.