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Timestamp: 2017-07-26 06:30:45
Document Index: 77028376

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 7', 'Artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 18']

Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León. TITULO PRIMERO. De la protección de los ecosistemas acuáticos.
Vigencia desde 23 de Febrero de 1993. Esta revisión vigente desde 02 de Enero de 2014
TITULO PRIMERODe la protección de los ecosistemas acuáticos
CAPITULO PRIMEROActuaciones referentes al Dominio Público Hidráulico
Autorizaciones y concesiones El Organismo de Cuenca que tramite una autorización o concesión referente al Dominio Público Hidráulico o a sus zonas de servidumbre remitirá copia del expediente y de los documentos técnicos aportados a la Junta, para que ésta pueda manifestar en el plazo de tres meses las condiciones que deberán imponerse en materia de su competencia. Cuando la autorización o concesión pudiera implicar riesgos para el medio ambiente, a juicio de los Organismos competentes para su conservación en cada caso, será preceptiva la presentación de una evaluación de sus impactos.
Régimen de caudales ecológicos 1. El régimen de caudales ecológicos garantizará la capacidad biogénica potencial de un ecosistema acuático y se determinará en función de su biocenosis potencial y de la fijación de un biotopo disponible suficiente para ella.
2. En todos aquellos usos del agua que suponga una modificación de los caudales circulantes en un curso fluvial o un tramo del mismo, será preceptiva la previa determinación por la Junta de un régimen de caudales ecológicos. En ningún caso el caudal circulante mínimo instantáneo será inferior a 20 por 100 del caudal medio interanual medido en el punto en cuestión.
Número 2 del artículo 5 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 110/1998, 21 mayo («B.O.E.» 19 junio).
3. En los ríos o tramos de ríos no regulados la Junta determinará un caudal ecológico, por debajo del cual no se podrán producir detracciones de agua, salvo que las mismas atiendan al abastecimiento de poblaciones.
Número 3 del artículo 5 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 110/1998, 21 mayo («B.O.E.» 19 junio).
Disminución de impactos 1. La apertura y cierre de compuertas, desagües, aliviaderos, o de cualquier otro sistema de regulación del contenido de los embalses se hará de forma gradual, no pudiendo ser la tasa de variación del caudal mayor del 5 por 100 por minuto. Se exceptúan de esta regla los casos de fuerza mayor.
2. Los embalses contarán con sistemas que garanticen que la calidad del agua desembalsada esté de acuerdo con lo dispuesto en el anexo I de esta Ley.
3. El régimen de caudales ecológicos contendrá las garantías necesarias y suficientes para lograr un nivel de agua estable durante los períodos de freza, incubación y alevinaje.
4. La determinación del régimen de caudales ecológicos deberá de contener al menos, un caudal medio, unos caudales mínimos específicos para la época de freza, incubación y alevinaje y unas directrices para la apertura y cierre de compuertas en las obras de regulación.
Artículo 6 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 110/1998, 21 mayo («B.O.E.» 19 junio).
Vaciado y agotamiento 1. Cuando por razones justificadas sea necesario agotar canales u obras de derivación, o disminuir por debajo de lo habitual el contenido de embalses, el Organismo de Cuenca o los titulares o concesionarios correspondientes deberán comunicar a la Junta de manera fehaciente las fechas de las operaciones al menos con treinta días de antelación, para que ésta pueda adoptar las medidas de protección a la fauna existente en las conducciones y masas de agua citadas, quedando obligados los titulares o concesionarios a ponerlas en práctica y a satisfacer los gastos que origine su realización.
En el caso de agotamiento por razones justificadas de grandes presas o embalses el plazo de comunicación contemplado en el apartado anterior se ampliará a noventa días.
2. Si para salvaguardar la riqueza faunística se juzgará necesario por la Junta retrasar las fechas previstas para el agotamiento o disminución de los caudales de canales, obras de derivación y grandes presas o embalses, se comunicará razonadamente y de manera fehaciente al titular de la concesión y al correspondiente Organismo de Cuenca. El retraso será en todo caso por el tiempo estrictamente imprescindible.
Número 2 del artículo 7 declarado constitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 110/1998, 21 mayo («B.O.E.» 19 junio), si se interpreta en el sentido de que «... en el apartado segundo del artículo 7.º de la Ley no se reconoce a la Junta de Castilla y León capacidad alguna para retrasar, por decisión propia, la ejecución del acuerdo que adopte el Organimso de cuenca sobre el agotamiento o la disminución de los caudales. Antes bien, cuando a criterio de la Junta, concurran circunstancias que aconsejen que se pospongan las fechas inicialmente previstas para la reducción de los caudales, ésta únicamente tiene competencia para comunicarlo «razonadamente y de manera fehaciente al titular de la concesión y al corresponidente Organismo de cuenca".» (fundamento jurídico 4.º, párrafo 4.º).
3. En las operaciones descritas en los apartados anteriores se procurará mantener unos niveles de calidad de las aguas acordes con los contenidos del anexo I de esta Ley, realizándolas de la forma y en la época adecuadas.
Obstáculos, pasos y escalas 1. La Junta, previos los informes o autorizaciones necesarios, acordará la desaparición de los obstáculos o su modificación para hacer posible la circulación de los peces a lo largo de las corrientes de agua, especialmente en los ríos trucheros. Cuando esto no sea posible acordará el empleo de los medios sustitutivos que aseguren la riqueza piscícola en los distintos tramos del río.
3. Si no hubiera posibilidad de instalar escalas o pasos, se estudiarán y pondrán en práctica aquellas medidas que contribuyan a neutralizar el efecto nocivo de las construcciones.
4. En toda concesión de aprovechamientos hidráulicos se consignará la obligación por parte del concesionario de construir pasos o escalas o de adoptar los medios sustitutivos que eviten los perjuicios que pudieran resultar. Cuando los concesionarios no cumplieran las condiciones en el plazo que se les señale, las obras se realizarán por la Junta a expensas de los obligados, sin perjuicio de la sanción correspondiente.
Plazos de adaptación de escalas y pasos 1. En el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley, los titulares o concesionarios deberán presentar los oportunos proyectos de escalas y pasos en las presas o diques. Los proyectos cuya ejecución considere la Junta necesaria y posible los aprobará en el plazo máximo de un año a partir de su presentación y se ejecutarán por los obligados en el plazo de otro año desde su aprobación.
2. En los casos comprendidos en el apartado anterior en que no se ejecuten las obras en el plazo máximo señalado, y no existiera resolución de la Junta que así lo permitiere, los titulares o concesionarios satisfarán, hasta que las lleven a cabo un canon anual progresivo fijado por la Junta, entre el 5 y el 20 por 100 del presupuesto de ejecución determinado por la propia Junta. A partir del quinto año será siempre de aplicación el canon máximo. En todo caso, se exigirán además los daños y perjuicios que pudieran causarse por incumplimiento de lo acordado.
Artículo 9 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 110/1998, 21 mayo («B.O.E.» 19 junio).
Caudal mínimo en los pasos y escalas 1. Los concesionarios de aprovechamientos hidráulicos cuyas presas o diques dispongan de escalas piscícolas están obligados a dejar circular un caudal de agua que no será inferior a un litro por segundo en las escalas de artesa y a treinta litros por segundo en las de rampa, salvo informe motivado de la Junta elevando su cuantía.
Número 1 del artículo 10 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 110/1998, 21 mayo («B.O.E.» 19 junio).
2. Será obligación de titulares o concesionarios mantener en buen estado de conservación las escalas y pasos.
3. Queda prohibido colocar en las presas o diques, y en general en cuantas construcciones constituyan la instalación de un aprovechamiento hidráulico, toda clase de artefactos que faciliten la captura de los peces a su paso por aquéllas.
Rejillas En toda obra de toma de agua como canales, acequias y cauces de derivación, así como en la salida de los canales de fábricas y molinos o de sus turbinas, los titulares o concesionarios de las referidas instalaciones están obligados a colocar y mantener en buen estado de conservación compuertas, rejillas y accesorios que impidan el paso de las poblaciones acuáticas a dichas corrientes de derivación, así como a cuidar de su perfecto funcionamiento. La Junta será la encargada de fijar el emplazamiento, las características y el régimen de utilización de las referidas instalaciones, pudiendo proceder a su precintado en caso de incumplimiento.
CAPITULO IIVertidos
Contaminación de las aguas 1. Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico y en particular, el vertido de aguas y de productos residuales o de cualquier tipo capaces de contaminar las aguas continentales, exige autorización administrativa y para su obtención será necesario y vinculante un informe de la Junta sobre las materias de su competencia.
A estos efectos, se consideran vertidos los que se realizan directa o indirectamente en los cauces, cualesquiera que sea la naturaleza de éstos, así como los que se llevan a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito.
Número 1 del artículo 12 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 110/1998, 21 mayo («B.O.E.» 19 junio).
2. Las empresas cuyas instalaciones, los municipios cuyos alcantarillados y todo aquel que vierta sus residuos a las aguas o a sus alveos de forma tal que perjudiquen o puedan perjudicar a la riqueza acuática vendrán obligados a adoptar los dispositivos necesarios para evitar dichos perjuicios; a estos fines, deberán corregir sus vertidos para que las aguas receptoras reúnan las características cualitativas y cuantitativas que señala el anexo I de la presente Ley.
3. La Junta realizará inspecciones de cualquier obra o vertido que pueda alterar las condiciones biológicas, físicas o químicas de las aguas, así como la toma de datos, muestras o residuos que considere necesarios para determinar el grado de contaminación. En cumplimiento de su función, el personal de la Junta podrá visitar las instalaciones y lugares de aprovechamiento de aguas y vertidos, debiendo los titulares o responsables de las mismas proporcionar la información que se les solicite.
CAPITULO IIIProtección de cauces y márgenes
Alteración de cauces y márgenes 1. Para modificar la composición de la vegetación de las riberas y de las márgenes de las masas de agua, así como para extraer plantas acuáticas, se necesitará autorización administrativa y para su obtención será preceptivo y vinculante el informe previo de la Junta en materia de su competencia.
2. En aquellos casos en que el ganado afecte a la vegetación de las riberas y márgenes en sus zonas de servidumbre con los consecuentes perjuicios para la riqueza acuática, la Junta presentará informe al Organismo de Cuenca con objeto de adoptar las medidas pertinentes en cuanto a limitaciones de uso de dichas zonas, y en su caso podrá exigir el correspondiente apeo y deslinde del cauce. Las concesiones de pastoreo en las zonas de servidumbre de las márgenes y en las riberas requerirán informe vinculante de la Junta.
3. La Junta determinará los tramos de los cauces en los que por su naturaleza no proceda la realización de aprovechamientos de gravas y arenas de sus fondos sin causar perjuicio a la riqueza acuática a fin de que los mismos sean proscritos.
4. Quienes pretendan realizar extracciones de áridos en las zonas determinadas como posibles, según el apartado anterior, deberán presentar proyectos de restauración y ser informadas, dichas extracciones, previamente y con carácter vinculante en materias de su competencia por la Junta. En aquellos casos en que estén incluidas en lo dispuesto en el Real Decreto 1131/1988 será preceptiva la evaluación de su impacto ambiental.
En todos los casos la Junta controlará la realización de la extracción y la ejecución de las medidas correctoras.
5. Se prohíbe levantar y sacar fuera de los cauces las piedras existentes en los mismos, en cantidad susceptible de perjudicar a la capacidad biogénica del medio.
6. Para autorizar dragados, encauzamientos y certificado de cauces se requerirá un informe vinculante de la Junta en materia de su competencia.
Cuando del examen del expediente se deduzca la existencia de posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, la Junta lo someterá al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
7. No se consentirá desviar el curso natural de las aguas del dominio público sin la debida autorización de la Junta.
8. Se prohíbe obstaculizar el paso por las zonas de servidumbre de los márgenes, debiendo ser repuesto éste en los lugares en que hubiera sido eliminado.
Artículo 13 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 110/1998, 21 mayo («B.O.E.» 19 junio).
Plantaciones en cauces Se declara de interés público la restauración de la vegetación natural en los cauces y márgenes de las masas de agua. La Junta determinará las características técnicas de tales restauraciones.
Frezaderos La Junta procederá a la localización de las zonas de freza de las especies piscícolas, a efectos de lograr su protección, prohibiendo su alteración, salvo cuando sea realizada por la propia Junta para su mejora.
Animales domésticos La Junta podrá prohibir la presencia de animales domésticos o en estado de domesticidad en aquellos lugares donde puedan ocasionar daños a la riqueza acuática.
Zonas de baño La Junta regulará y señalizará las zonas de baño en las aguas trucheras.
La Junta regulará las actividades deportivas y la navegación en las aguas continentales, cauces y márgenes cuando puedan ocasionar daños a la vida acuática o interfieran otras actividades reguladas en esta Ley.
Artículo 18 declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 110/1998, 21 mayo («B.O.E.» 19 junio).