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Timestamp: 2020-08-10 21:37:33
Document Index: 264998532

Matched Legal Cases: ['artículo 111', 'artículo 72', 'artículo 884', 'artículo 192', 'artículo 148', 'artículo 148', 'artículo 365', 'artículo 113', 'Artículo 361', 'Artículo 171', 'artículo 178']

﻿ SENTENCIA 2014-00404/2475-2015 DE FEBRERO 22 DE 2018
SENTENCIA 2014-00404 DE 22 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:NATURALEZA DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. SE EXPRESÓ QUE LA LEY 43 DE 1975 NACIONALIZÓ EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, QUE VENÍAN PRESTANDO LOS DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, INTENDENCIAS, COMISARÍAS Y DISTRITOS. DICHO PROCESO SE LLEVÓ A CABO DESDE EL 1 DE ENERO DE 1976 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1980. POSTERIORMENTE, LA LEY 60 DE 1993 ORDENÓ LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, LA NACIONALIZACIÓN ORDENADA EN LA QUE SE DISPUSO LA ENTREGA POR PARTE DE LA NACIÓN, DE LOS BIENES, EL PERSONAL Y LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, A LOS DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS. CONFORME A LO ANTERIOR, SE ESTABLECIÓ QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCATIVO QUE VENÍA PRESTANDO SUS SERVICIOS A LA NACIÓN POR MANDATO LEGAL DEBÍA ENTREGARSE AL RESPECTIVO DEPARTAMENTO O DISTRITO, CUMPLIDO LO CUAL, ENTRABAN A FORMAR PARTE DE LAS PLANTAS DE PERSONAL DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL O DISTRITAL. FRENTE A ELLO, EL TRASPASO O ENTREGA DE TALES SERVIDORES, CONFORME AL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DEBÍA PRODUCIRSE INDEFECTIBLEMENTE MEDIANTE UN PROCESO DE INCORPORACIÓN, QUE PARA SU PERFECCIONAMIENTO REQUERÍA DE LA HOMOLOGACIÓN DE CARGOS (COMPARACIÓN DE LOS REQUISITOS, FUNCIONES, CLASIFICACIÓN, ETC. PREVISTOS EN LA PLANTA DE LA NACIÓN CON LOS EXIGIDOS PARA DESEMPEÑAR LOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS) PROCEDIMIENTO QUE EN EL CASO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO REVESTÍA CARACTERÍSTICAS PARTICULARES, PUES ERA EL PRODUCTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HACIA UN ENTE TERRITORIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, DISTRITO, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, ENTIDAD DESCENTRALIZADA, DERECHOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Sentencia 2014-00404 de febrero 22 de 2018
Radicado: 73001-23-33-000-2014-00404-01 (2475-2015)
Accionante: Florencio Arias Galindo
Accionado: Nación - Ministerio de Educación Nacional y otro.
Asunto: Homologación, nivelación y reliquidación salarial. Ley 1437 de 2011.
SO. 0020
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.
2.1. Problema jurídico.
De acuerdo con los argumentos expuestos en la sentencia apelada y los que fundamentaron el recurso de apelación presentado por la parte demandada, le corresponde a la Sala de la Subsección determinar si:
• ¿El pago de la suma resultante del proceso de homologación y nivelación salarial del señor FLORENCIO ARIAS GALINDO, otorgado mediante la Resolución 5611 del 26 de diciembre de 2012, expedida por la Secretaría de Educación del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, se efectuó dentro de los términos correspondientes y si hay lugar a la causación de intereses?
En ese sentido, con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala de Decisión estudiará las pruebas obrantes en el expediente frente al marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.
2.2.1. El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos(11).
La Ley 43 de 1975(12), nacionalizó el servicio de educación primaria y secundaria, que venían prestando los departamentos, municipios, intendencias, comisarías y distritos. Dicho proceso se llevó a cabo desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, la Ley 60 de 1993(13), ordenó la descentralización del servicio educativo, desmontando así, la nacionalización ordenada por la ley anterior. Allí se dispuso la entrega por parte de la Nación, de los bienes, el personal y los establecimientos educativos, a los departamentos y distritos.
De esta forma, quedó claramente establecido que el personal administrativo del sector educativo que venía prestando sus servicios a la Nación por mandato legal debía entregarse al respectivo departamento o distrito, cumplido lo cual, entraban a formar parte de las plantas de personal de carácter departamental o distrital, respectivamente.
El traspaso o entrega de tales servidores, conforme al régimen de administración de personal, debía producirse indefectiblemente mediante un proceso de incorporación, que para su perfeccionamiento requería de la homologación de cargos (comparación de los requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la planta de la Nación con los exigidos para desempeñar los de la planta de personal de los departamentos), procedimiento que en el caso del personal administrativo revestía características particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial.
Luego bien, la Ley 715 de 2001(14) pretendió municipalizar el servicio educativo que había quedado departamentalizado previamente. En ella se dispuso que los departamentos certificaran a los municipios que cumplieran determinados requisitos, de manera que la asunción de la administración autónoma de los recursos del sistema general de participaciones —arts. 5º y 6º—, aparejaba la obligación de recibir el respectivo personal entregado por los departamentos, sujetándose a las plantas de cargos adoptadas de conformidad con la ley.
Como consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo, las entidades territoriales debían recibir el personal administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley, mediante el procedimiento de la incorporación, previa homologación de los cargos, sin detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, para determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos de sus empleados públicos, y establecerles un límite máximo salarial, dentro del cual las entidades pudieran ejercer sus competencias según su situación fiscal.
La incorporación suponía, de un lado, que los departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de los empleos, como su nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta manera determinar la remuneración, lo cual debió cumplirse dentro del proceso de homologación.
Según se analizó, las condiciones de incorporación no estaban sometidas a la discrecionalidad de las autoridades departamentales sino a las resultas de un estudio técnico concertado que permitiera ubicar los servidores en el grado de remuneración que correspondiera a las funciones que debían cumplir, a los requisitos exigidos para el cargo que conforme a las necesidades del servicio debían desempeñar y a los demás elementos estructurales del empleo, dentro de los límites establecidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de los decretos reglamentarios de la Ley 4ª de 1992.
El personal administrativo tenía una connotación muy particular, en tanto si bien, sus salarios debían ser cubiertos con el situado fiscal, cuando el salario en la entidad territorial fuera superior al que devengaba en la Nación, esa diferencia debía asumirla esta última, pues se imponía la nivelación en las condiciones ya expuestas; pero los recursos propios se comprometían si la incorporación desconoció los parámetros legales analizados o el límite reglamentario de incremento salarial dispuesto por el gobierno.
En el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de homologación en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, si el proceso se cumplió conforme a derecho y existía disponibilidad, debía asumirlos el SGP; si no existía disponibilidad, serían de cargo de la Nación. Si el respectivo municipio homologó e incorporó al personal administrativo contrariando el orden jurídico, respondería con sus recursos propios.
6.3. De los intereses.
El interés legal es aquel que se tasa en virtud de la ley, a falta de estipulación concreta de las partes involucradas.
El Código Civil dispone frente a este, que:
«ART. 1617.—Indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:
1) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.
El interés legal se fija en seis por ciento anual (resaltado fuera de texto).
Por su parte, el interés corriente bancario es la tasa efectiva anual de referencia que en promedio cobran las entidades financieras sobre los nuevos créditos(15) y que fue regulado por el Código de Comercio en los siguientes términos:
«ART. 884.—Límite de intereses y sanción por exceso. Modificado por el artículo 111, Ley 510 de 1999. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72, Ley 45 de 1990.
Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria.»
Y finalmente, los intereses moratorios son los que debe pagar el deudor desde la fecha en la que se constituye en mora y que cesan solo en el momento de cancelar la obligación contraída. Los mismos serán fijados por las partes, pero en caso contrario, el artículo 884 ibídem especificó que:
«[...] si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente [...]».
Este tipo de intereses son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida. La mora genera que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorias que representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación(16).
Ahora bien, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(17) reguló en sus artículos 192 a 195, lo referente a los pagos derivados del cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Se destaca así lo pertinente:
«ART. 192.—Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.
Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este código (resaltado fuera de texto).
Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud (resaltado fuera de texto).
«ART. 195.—Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:
1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación cuya contingencia haya sido provisionada en el Fondo de Contingencias, la entidad obligada, en un plazo máximo de diez (10) días, requerirá al fondo el giro de los recursos para el respectivo pago.
2. El fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos a la entidad obligada en el menor tiempo posible, respetando el orden de radicación de los requerimientos a que se refiere el numeral anterior.
3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.
Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante. una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial.
2.3. Caso concreto.
De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala de Subsección resolverá el problema jurídico planteado, para lo cual se tendrán como pruebas útiles, pertinentes y conducentes las siguientes:
• Derecho de petición de 6 de agosto de 2013, presentado por el señor FLORENCIO ARIAS GALINDO ante la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, mediante el cual se solicitó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios y/o legales por el no pago oportuno de la homologación y nivelación salarial desde 1997 hasta 2009 (fls. 3 a 5).
• Resolución 5011 del 20 de noviembre de 2012, expedida por el secretario de educación y cultura del departamento del Tolima, por medio de la cual se reconoce el retroactivo salarial de las peticiones por el término comprendido entre el día 1º de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2009, producto de la modificación al estudio técnico inicial de la homologación y nivelación salarial para el personal administrativo adscrito a la Secretaria de Educación Departamental pagos con recursos del sistema general de participaciones (fls. 7 a 11).
• Resolución 5611 del 26 de diciembre de 2012, expedida por el secretario de educación y cultura del departamento del Tolima, por la cual se ordena el pago reconocido en la Resolución 5011 del 20 de noviembre de 2012 de las peticiones por el término comprendido entre el día 1º de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2009, producto de la modificación al estudio técnico inicial de la homologación y nivelación salarial para el personal administrativo adscrito a la Secretaría de Educación Departamental pagos con recursos del sistema general de participaciones.
De las pruebas relacionadas, la Sala de decisión evidencia que, si bien la Resolución 5011 del 20 de noviembre de 2012, le reconoció al demandante el retroactivo salarial por el término comprendido entre el 1º de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2009 y luego fue ordenado su pago a través la Resolución 5611 de 26 de diciembre de 2012, es importante, tal como lo ha venido desarrollando la Sección Segunda(18) de esta corporación, tener en cuenta que para ello se tuvieron que surtir las siguientes etapas:
i. Mediante el Decreto 284 del 19 de abril de 2007, el departamento del Tolima homologó y niveló salarialmente los cargos de los funcionarios administrativos de instituciones y centros educativos de su secretaría de educación, financiados con recursos del sistema general de participaciones.
ii. Posterior a la nivelación, se presentaron múltiples reclamaciones por parte de los beneficiarios de dicho proceso, los cuales argumentaron que existían cargos con idénticas funciones, pero con asignaciones salariales diferentes, que vulneraban el principio de a salario igual trabajo igual.
iii. Así, a través del Oficio 2010EE48618 del 19 de julio de 2010, el Ministerio de Educación autorizó la modificación al estudio técnico inicial y determinó que el departamento del Tolima debía adelantar los trámites para hacer efectiva la homologación.
iv. En virtud de lo anterior, el Departamento profirió el Decreto 916 del 9 de septiembre de 2010, el cual modificó el Decreto 284 de 2007, ajustando la nivelación respectiva de acuerdo a las modificaciones pertinentes y atendiendo lo ordenado por el Ministerio de Educación Nacional.
v. Luego bien, mediante los decretos departamentales 1005 y 1006 de 2010, se modificó la denominación, código, grado y asignación salarial establecidos en el Decreto 916 de 2010 en relación con los municipios adscritos a la secretaría de educación departamental que no estaban certificados.
vi. En consecuencia, la cartera ministerial, a través del Oficio 2012EE44184 del 30 de julio de 2012 determinó que después de revisar las múltiples versiones de la liquidación del costo retroactivo, encontró que la allegada con radicado 2012ER50045 era consistente e incluía todos los conceptos de nómina, parafiscales y patronales respectivos.
vii. Seguidamente, mediante el Oficio 2012EE45023 del 2 de agosto de 2012, el Ministerio de Educación Nacional certificó ante la directora general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la deuda correspondiente a la homologación para el periodo comprendido entre 1997 y 2009, solicitándole un total de $ 33.129.368.212 millones, en virtud del artículo 148 de la Ley 1450 de 2011, que preceptuó:
«ART. 148.—Saneamiento de deudas. Con cargo a las apropiaciones y excedentes de los recursos del sistema general de participaciones, se pagarán las deudas que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo ordenados por la Constitución y la ley, dejados de pagar o no reconocidos por el situado fiscal o el sistema general de participaciones al personal docente y administrativo, como costos acumulados en el escalafón nacional docente, incentivos regulados en los decretos 1171 de 2004 y 521 de 2010, homologaciones de cargos administrativos del sector, primas y otros derechos laborales, deudas que se pagarán siempre que tengan amparo constitucional y legal.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional validará las liquidaciones presentadas por las entidades territoriales y certificará los montos a reconocer y pagar.
Cuando no exista suficiente apropiación o excedentes para cubrir los costos establecidos en el presente artículo, la Nación —Ministerio de Hacienda y Crédito Público— concurrirá subsidiariamente con recursos del presupuesto general de la Nación para cubrir el pago de las deudas certificadas por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la suscripción de acuerdos de pago, previa la celebración por parte de las entidades territoriales correspondientes de un encargo fiduciario a través del cual se efectúen los pagos (resaltado fuera de texto).
Previo a la celebración de los acuerdos de pago, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará los cruces de cuentas que sean necesarios entre las deudas del sector educativo de las entidades territoriales y la Nación».
viii. Posteriormente, para la fecha de 20 de noviembre de 2012, la directora financiera de presupuesto expidió 2 certificados de disponibilidad presupuestal por un valor de 36.981.476.142 para cubrir los montos reconocidos en la Resolución 5011 de la misma fecha, la cual estipuló que de acuerdo al artículo 148 de la Ley 1450 de 2011, era necesario constituir posteriormente un encargo fiduciario y después, elaborar los actos administrativos correspondientes al pago.
ix. En consecuencia, el departamento del Tolima expidió la Resolución 5611 del 26 de diciembre de 2012, a través de la cual se ordenó el pago reconocido al accionante en la Resolución 5011 de 20 de noviembre de 2012.
De lo expuesto, se observa que en modo alguno el Ministerio de Educación o el departamento del Tolima incurrieron en una dilación injustificada del pago, puesto que al tenor de lo analizado, se surtieron las múltiples etapas necesarias para efectuar el pago reconocido al actor, en un monto de $ 43.192.861 en fecha 26 de diciembre de 2012.
Por ende, no se accederá al reconocimiento de intereses causados entre el 1º de enero de 2010 y el 20 de noviembre de 2012.
Ahora bien, frente al reconocimiento efectuado por el tribunal de instancia respecto de los intereses generados entre el 20 de noviembre y el 26 de diciembre de 2012, esta Sala de Subsección se permite precisar que no le asiste razón al a quo, debido a lo anteriormente ilustrado y en consideración a que trascurrió tan solo un mes entre el acto administrativo que reconoció el derecho y el que ordenó el pago, evidenciándose un lapso mínimo, prudente y proporcional, teniendo en cuenta la magnitud de los trámites económicos y administrativos para culminar el proceso homologación y nivelación salarial.
En efecto, ninguna de las entidades accionadas incurrió en mora, puesto que no existe como tal la causación de unas sumas que por lo demás nunca se adeudaron.
Ahora bien, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda de la que se queja el actor, obedece a un criterio mínimo de equidad según el cual quien no cumplió con una obligación oportunamente, no puede beneficiarse cumpliéndola en menor valor o depreciada, pero resulta que en el presente asunto, ni siquiera se ha incurrido en un retraso o incumplimiento, porque tal como se expuso, al actor se le canceló su nivelación y homologación salarial en tiempo(19).
En atención a la parte considerativa de esta providencia, habrá de revocarse la sentencia de 16 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que tanto la parte demandante como el Ministerio de Educación Nacional, apelaron.
2.4. De la condena en costas en segunda instancia(20).
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho(21), los llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso(22) y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación.
En cuanto a la condena en costas en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo esta corporación ya lo ha analizado con detenimiento, aplicando un criterio objetivo-valorativo(23).
Atendiendo esa orientación se debe dar cumplimiento al numeral 424 del artículo 365 del Código General del Proceso, de modo que se condenará en costas a la parte demandante en ambas instancias, toda vez que la sentencia de primera instancia fue revocada en su totalidad.
IV. FALLA
1. REVÓCASE la sentencia del 16 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el señor FLORENCIO ARIAS GALINDO contra la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA la cual concedió parcialmente las pretensiones de la demanda; en su lugar:
2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor FLORENCIO ARIAS GALINDO contra la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. CONDÉNASE en costas a la parte demandante.
4. En firme esta decisión, ENVÍESE al tribunal de origen.
11 Se apoya la Sala en el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, de fecha 9 de diciembre de 2004, Número 1607, con ponencia del magistrado Flavio Augusto Rodríguez Arce.
12 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías».
13 Derogada por el artículo 113, Ley 715 de 2001. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1168 de 1996. «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
14 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (A.L. 1/2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
15 Superintendencia Financiera de Colombia, consultado el 5 de agosto de 2017 en: https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name...doc
16 Sentencia C-604 de 2012.
17 Ley 1437 de 2011.
18 Consejo de Estado - Sala de Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección B. Sentencia de veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017, rad. 73001-23-33-000-2014-00244-01(2077-15. Actor: RODRIGO GARZÓN AGUILAR, C.P. SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.
19 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “B”, C.P. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA. Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2010), radicación 25000-23-25-000-2005-08742-01(1496-09). Actor: FABIO EMEL PEDRAZA PÉREZ. Demandado: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
20 Sobre el particular: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016, radicación 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014), C.P. Dr. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, radicación 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), C.P. Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ.
21 Artículo 361, Código General del Proceso.
22 Artículo 171 Nº 4 en conc. artículo 178 ib.
23 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016, radicación 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014), C.P. Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, radicación 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), C.P. Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ.
24 ART. 365.—CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: