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Timestamp: 2018-07-17 01:58:29
Document Index: 14625592

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 14', 'Artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 3', 'artículo 22']

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CAT/C/53/2
Informe periódico sobre el seguimiento de las decisiones adoptadas respecto de las quejas presentadas en virtud
del artículo 22 de la Convención contra la Tortura
(28 de abril de 2014 a 3 de noviembre de 2014)
Informe aprobado por el Comité en su 53º período de sesiones
(3 a 28 de noviembre de 2014)
1. El presente informe recoge la información recibida de los Estados partes y los autores de quejas desde el 52º período de sesiones del Comité contra la Tortura, que tuvo lugar del 28 abril al 23 de mayo de 2014.
Ben Salem, Nº 269/2005
Violación determinada
Artículos 1, 12, 13 y 14
Medida de reparación recomendada
El Comité instó al Estado parte a que concluyera la investigación sobre los presuntos actos de tortura infligidos al autor de la queja, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia.
2. El 8 de abril de 2014, el abogado (OMCT) comunicó que su organización se había mantenido en contacto periódico con Ali Ben Salem y que este deseaba que se hiciera efectiva la decisión del Comité. El abogado lamenta que no se hayan tomado medidas desde 2008 para poner en práctica la decisión del Comité a pesar del cambio de régimen. El abogado afirma que su organización ha tenido conocimiento de la existencia de documentos que demuestran la injerencia de las autoridades políticas del régimen del Presidente Ben Ali en la apertura de una investigación, a raíz de la decisión del Comité. Invita al Gobierno de Túnez a revelar de inmediato dichos documentos, en particular la posición al respecto del Ministro de Derechos Humanos de la época. El abogado pide al Comité que solicite a las autoridades tunecinas que permitan al Sr. Ben Salem acceder sin ninguna traba a los documentos relativos a su caso y velen por su derecho a la reparación.
3. El 7 de julio de 2014, el Estado parte afirmó que la causa del autor seguía pendiente ante el juez de instrucción. El Estado parte reitera sus afirmaciones anteriores. Señala además que se han abierto muchas causas después de la revolución con respecto a actos de corrupción, tortura y otras violaciones de los derechos humanos, lo cual se ha traducido en un alargamiento de las actuaciones judiciales. Sin embargo, el Estado parte está cooperando con, entre otras instancias, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Banco Mundial y la Unión Europea para mejorar la administración de justicia y aumentar su eficiencia. Asimismo, señala que los ministerios no pueden injerirse en la labor del poder judicial debido al principio de la separación de poderes.
4. El 11 de septiembre de 2014, el abogado comunicó que el autor quería continuar el procedimiento de seguimiento hasta que se aplicara plenamente la decisión. Catorce años después de los hechos, y siete años después de la decisión del Comité, aún está esperando una investigación efectiva que permita castigar a los responsables de las torturas que sufrió, así como su rehabilitación y una indemnización. La inacción del juez de instrucción encargado del caso constituye una continuación de la violación de sus derechos. Distintos documentos de los Ministerios de Interior, Justicia y Derechos Humanos y del Departamento Jurídico de la Presidencia del anterior régimen demuestran que las autoridades ejecutivas ordenaron que se cerrara la investigación. Además, el autor de la queja sufre problemas de salud mental derivados de la tortura de que fue objeto y no se ha beneficiado de la atención médica sufragada por las autoridades; se vio obligado a costear el tratamiento con cargo a sus propios fondos. El abogado solicita al Comité que apele a las autoridades tunecinas para que apliquen su decisión y convoque una reunión entre el Relator Especial sobre el seguimiento de las comunicaciones, el abogado y los representantes del Estado parte.
5. La información recibida del autor de la queja fue transmitida al Estado parte en octubre de 2014 para que formulara las observaciones pertinentes.
Decisión del Comité: Mantener abierto el diálogo de seguimiento. Proponer a la Misión Permanente de Túnez una reunión con el Relator Especial sobre el seguimiento de las comunicaciones para tratar las medidas a tomar con respecto a esta y otras decisiones aún no aplicadas.
Ali, Nº 291/2006
El Comité instó al Estado parte a que concluyera la investigación sobre los presuntos actos de tortura infligidos a la autora de la queja, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia.
6. El 7 de julio de 2014, el Estado parte comunicó que la denuncia de la autora de la queja fue desestimada el 6 de febrero de 2009 por el Juez de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Túnez por falta de pruebas. El Estado parte reitera lo dicho al Comité el 10 de diciembre de 2013, cuando lo informó de que la autora podía recurrir la decisión si surgían nuevas pruebas. Se invitó a la autora a interponer un recurso si obtenía nuevas pruebas que pudieran dar más peso a sus argumentos.
7. La información recibida del Estado parte fue transmitida a la autora de la queja en julio de 2014 para que formulara las observaciones pertinentes.
Eftekhary, Nº 312/2006
Artículo 3 (expulsión a la República Islámica del Irán)
El Comité pidió al Estado parte que no expulsara al autor.
8. El 15 de abril de 2014, la Secretaría envió al Estado parte una carta en la que solicitaba información actualizada sobre la situación del autor y preguntaba si había recibido un permiso de residencia.
9. El 12 de mayo de 2014, el Estado parte respondió que el 5 de noviembre de 2013 se había otorgado un permiso de residencia al autor por razones humanitarias. El permiso tenía un año de validez y el autor de la queja tendría que solicitar su renovación al vencimiento.
Decisión del Comité: Cerrar el diálogo de seguimiento sobre el caso con una nota de resolución satisfactoria.
Njamba y Balikosa, Nº 322/2007
Artículo 3 (expulsión a la República Democrática del Congo)
El Comité pidió al Estado parte que no expulsara a los autores.
10. El 27 de julio de 2010, el Estado parte informó al Comité de que la Junta de Migración había decidido, el 9 de junio de 2010, conceder a los autores de la queja la residencia permanente en Suecia y adjuntó sendas copias de las decisiones. El Estado parte afirma que no tomará ninguna medida más sobre el caso y considera cerrado el procedimiento de seguimiento.
Decisión del Comité: Cerrar el diálogo de seguimiento con una nota de resolución satisfactoria.
Slyusar, Nº 353/2008
Artículos 1, 2, 12, 13 y 14
El Comité pidió al Estado parte que adoptara las medidas necesarias para dar cumplimiento a la decisión del Comité.
11. El 6 de septiembre de 2013, el Estado parte comunicó que, el 26 de julio de 2006, la Fiscalía del Distrito de Solomyansky se había negado a imputar a los agentes de policía por los actos de tortura; que la Fiscalía de Kyiv había respondido al autor en varias ocasiones que la decisión de la Fiscalía de Distrito era legal y que tenía derecho a recurrir, lo cual no hizo; y que, como el recurso de apelación del autor, de fecha 14 de diciembre de 2012, no contenía nuevos hechos, el 19 de diciembre de 2012 se dieron por concluidas las pesquisas previas a la instrucción. El Estado parte reitera también que el Código de Procedimiento Penal, que entró en vigor el 20 de noviembre de 2012, introdujo una serie de novedades que contribuirían a la protección de los derechos humanos y a la prohibición de la tortura en particular.
12. El 3 de junio de 2014, el autor señala que, según la comunicación del Estado parte, no se llevó a cabo ninguna pesquisa desde julio de 2006. Desde entonces, todas sus denuncias fueron remitidas de una fiscalía a otra y se le enviaron respuestas en que, o bien se indicaba que el examen de su causa se estaba demorando irrazonablemente o bien se le informaba de que la decisión de 27 de julio de 2006 era legal y se lo remitía a los tribunales. Su denuncia de 14 de diciembre de 2012 fue inscrita en el Registro Único de Sumarios y a los cinco días se cerró la instrucción sin que se hubiera realizado ninguna pesquisa. El autor afirma que la investigación de 2006 no se llevó a cabo correctamente, y que la decisión del Comité y las cartas de seguimiento fueron ignoradas. El autor de la queja sostiene que aún no se han investigado los actos de tortura de que fue objeto y que los autores permanecen impunes.
13. La información presentada por el autor de la queja ha sido transmitida al Estado parte para que formule las observaciones pertinentes.
Decisión del Comité: Mantener abierto el diálogo de seguimiento. Enviar una carta al Estado parte en la que se solicite más información sobre la investigación de las denuncias de tortura del autor.
Barry, Nº 372/2009
El Comité instó al Estado parte a que iniciara una investigación imparcial de los hechos con el fin de enjuiciar a las personas responsables del trato infligido al autor de la queja, y que tomara medidas para proporcionar al autor una reparación que incluyera una indemnización justa y adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.
14. El 23 de agosto de 2014, el Estado parte comunica que sorprende a sus autoridades que el Comité adoptara su decisión en mayo de 2014, dado que los hechos se remontan a agosto de 2008 y que no se había transmitido al Comité ni a las autoridades ninguna información nueva a los efectos de llevar a cabo una investigación oportuna. También les sorprende que, desde que la comunicación fue presentada, en noviembre de 2008, no hubiera llegado al Comité, y mucho menos a las autoridades, ninguna reacción del autor ni de sus abogados. Sin embargo, las autoridades siguen estando disponibles para recabar toda información actualizada y, en su caso, estudiar las medidas que correspondan.
15. El Estado parte afirma que está teniendo dificultades para adoptar las medidas solicitadas por el Comité, ya que la información sobre el autor de la queja es insuficiente (incluso su nombre es incierto). Sostiene que la verificación de los datos sobre los extranjeros residentes en Marruecos no ha permitido obtener más información sobre el autor de la queja y, por lo tanto, es imposible abrir una investigación sin información fiable y actualizada.
16. El Estado parte refuta las afirmaciones del abogado, que, a su juicio, no se basan en ninguna prueba, especialmente porque ningún otro miembro del grupo ha denunciado malos tratos. Según el Estado parte, el traslado a la frontera de un grupo de 78 personas procedentes del África Subsahariana se realizó respetando la legislación vigente y la dignidad humana. El Estado parte también sostiene que las observaciones del Comité que figuran en el párrafo 7.1 de la decisión no se basan en ninguna fuente específica ni objetiva.
17. Por último, el Estado parte afirma que en septiembre 2013 se dotó de una nueva política migratoria que es más conforme con las obligaciones internacionales del Estado. En ese marco, ha iniciado un proceso de regularización de migrantes ilegales. Desde enero de 2014, miles de personas se han acogido a ese proceso, pero ninguna de ellas con un nombre similar al del autor de la queja.
18. Las observaciones del Estado parte se transmitieron en octubre de 2014 al abogado del autor de la queja para que formulara los comentarios pertinentes.
Decisión del Comité: Mantener abierto el diálogo de seguimiento. El Relator Especial del Comité sobre el seguimiento se reunirá con la Misión Permanente de Marruecos en relación con la aplicación de la presente y otras decisiones.
Dewage, Nº 387/2009
Artículos 3 y 22
El Estado parte tiene el deber de no devolver por la fuerza al autor de la queja a Sri Lanka ni a ningún otro país donde esté en peligro real de ser expulsado o devuelto a Sri Lanka.
19. El 28 de febrero de 2014, el Estado parte comunicó que lamentaba el retraso en su respuesta al Comité, que estaba ultimando dicha respuesta y que la proporcionaría al Comité tan pronto como fuera posible. El 8 de agosto de 2014, el Estado parte señaló que el autor de la queja había presentado una nueva solicitud de visado de protección, que estaba evaluando el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras. La decisión del Comité se tendría en cuenta al evaluar dicha solicitud.
20. La información recibida del Estado parte fue transmitida al autor de la queja en octubre de 2014 para que formulara las observaciones pertinentes.
Decisión del Comité: Mantener abierto el diálogo de seguimiento.
Ke Rong Chun, Nº 416/2010
Artículo 3 (expulsión del autor de la queja a China)
El Comité invitó al Estado parte a informarlo de las medidas que hubiera adoptado de conformidad con sus observaciones.
21. El 6 de julio de 2014, el abogado del autor de la queja comunicó que, en septiembre de 2013, el autor había recibido una carta del Departamento de Inmigración y Ciudadanía en la que se le informaba que reunía las condiciones necesarias para volver a solicitar un visado de protección. El autor de la queja así lo hizo. El abogado indicó que ya no representaba al autor de la queja en el procedimiento mencionado, y que el autor tenía otro representante jurídico.
Abichou, Nº 430/2010
Artículo 3 (extradición a Túnez)
El Comité instó al Estado parte a proporcionar a la víctima una reparación que incluyera una indemnización adecuada.
22. El 1 de abril de 2014, el Estado parte comunicó que el pago de una indemnización al autor de la queja solo sería posible "en la medida en que sus reclamaciones ante los tribunales alemanes —suponiendo que la extradición… hubiera sido contraria a la legislación alemana— pudieran ser aceptadas". El Estado parte afirma que las "pretensiones" del autor de la queja "no están documentadas ni son comprensibles". Por ejemplo, los honorarios del abogado de 15.000 euros, sin especificar de modo alguno los servicios prestados, no son aceptables en los tribunales alemanes. La supuesta pérdida de oportunidades de negocio es puramente subjetiva y no guarda relación con la supuesta violación de la Convención por parte de Alemania. Cabe decir lo mismo con respecto a las prestaciones sociales mencionadas, que en ningún caso pueden reclamarse retroactivamente. El Estado parte reconoce la "aprehensión indudable" del autor de la queja respecto de su extradición a Túnez y le ofrece una "solución amistosa" que incluye el pago de 5.000 euros.
23. El 15 de julio de 2014, el autor de la queja comunica que, al ratificar la Convención, el Estado parte se obligó a respetar el artículo 14 de la Convención, a saber, garantizar a la víctima de una violación la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, sin importar si se trata de una víctima de tortura o de malos tratos. El autor se remite a la observación general Nº 3 (2012) del Comité, sobre la aplicación del artículo 14 por los Estados partes, en la que el Comité afirma, en el párrafo 20, lo siguiente: "Para dar cumplimiento al artículo 14, los Estados partes han de promulgar leyes que ofrezcan expresamente a las víctimas de tortura un recurso efectivo y reconozcan su derecho a obtener una reparación apropiada, que incluya una indemnización y la rehabilitación más completa posible". Por lo tanto, Alemania debe prever en su legislación nacional mecanismos adecuados que permitan a las víctimas tener acceso a una reparación cuando un organismo internacional, como el Comité, haya determinado una violación. La víctima no debe pagar más costas procesales ni esperar mucho tiempo. El autor de la queja recuerda que fue efectivamente extraditado y se remite a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Savriddin Dzurayev c. Rusia1, en el que el Tribunal falló que se había cometido una violación del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y ordenó a la Federación de Rusia que pagara una indemnización de 30.000 euros. El autor de la queja sostiene que sufrió daños morales y que se lo debe indemnizar con 30.000 euros. Argumenta que su esposa y sus dos hijos pequeños también sufrieron daños morales y psicológicos y pide por ello una indemnización de 10.000 euros. El autor sostiene que también tiene derecho a percibir una indemnización por daños materiales. Renuncia a su reclamación por pérdida de oportunidades de negocio y limita sus pretensiones a 15.309 euros por pérdida de ingresos debido a la suspensión de sus prestaciones por desempleo en Francia desde su detención el 30 de noviembre de 2009 hasta su puesta en libertad el 19 de mayo de 2011. En cuanto a los honorarios de los abogados, el autor sostiene que sus abogados son franceses y que la práctica en Francia no obliga a los abogados a presentar facturas detalladas, pero que las facturas señaladas son, no obstante, legales. Además, la práctica del Tribunal Europeo es que los Estados partes condenados por una violación de la Convención pueden tener que reembolsar a la víctima por los honorarios de su representación jurídica tanto en las acciones judiciales nacionales como en las internacionales2. El autor de la queja solicita que se le reembolsen los costos de su representación jurídica en Alemania y ante el Comité.
24. La información recibida del autor de la queja fue transmitida al Estado parte en octubre de 2014 para que formulara las observaciones pertinentes.
Gerasimov, Nº 433/2010
Artículo 1, leído conjuntamente con el artículo 2 (párr. 1) y los artículos 12, 13, 14 y 22
Obligación de llevar a cabo una investigación adecuada, imparcial y efectiva con el fin de llevar ante la justicia a los responsables del trato infligido al autor de la queja, adoptar medidas efectivas para garantizar que el autor y su familia estén protegidos de todo tipo de amenazas e intimidaciones, proporcionar al autor una reparación plena y adecuada por el sufrimiento infligido, que incluya una indemnización y la rehabilitación, y evitar violaciones semejantes en el futuro.
25. El 28 de abril de 2014, el Estado parte afirma que, dado que la legislación vigente en el Estado parte no prevé un procedimiento de indemnización por las violaciones determinadas por los comités de las Naciones Unidas, los autores de la queja presentaron una demanda por daños morales contra el Departamento del Interior del Distrito de Kostanay en la que solicitaron una indemnización de 21.609.703 tenge. El tribunal no consideró que se hubiera cometido tortura, pero reconoció que se había realizado una detención ilegal y concedió al autor de la queja una indemnización de 2 millones de tenge. El tribunal de segunda instancia confirmó esa decisión, que ahora tiene carácter definitivo.
26. El 28 de agosto de 2014, el autor de la queja comunica que las decisiones de los tribunales de concederle una indemnización por su detención ilegal son un paso importante hacia la aplicación de la decisión del Comité, aunque el Departamento del Interior aún puede solicitar una nueva revisión de la decisión. Sin embargo, el reconocimiento del Gobierno de que actualmente no existe un mecanismo jurídico para recibir ese tipo de indemnizaciones y de que la decisión del Comité no tiene carácter legal a nivel interno, es preocupante. El Comité debería alentar al Gobierno a establecer claramente un fundamento y un mecanismo jurídicos para conceder tales indemnizaciones cuando un órgano de tratado de las Naciones Unidas dictamine que ha violado algún derecho. El autor de la queja sostiene que, en septiembre de 2013, sus representantes legales presentaron una demanda ante el Tribunal Municipal de Kostanai en la que solicitaban una indemnización por daños y perjuicios morales sobre la base de la decisión del Comité. El 18 de noviembre de 2013, el Tribunal Municipal de Kostanai falló que no podía establecer que se hubiera cometido un acto de tortura porque no había habido ninguna sentencia condenatoria contra el agente de policía a nivel nacional, pero señaló: "La culpabilidad del agente de policía con respecto a la tortura y la detención ilegal fue establecida por la decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y esta decisión tiene carácter vinculante para Kazajstán porque el 19 de diciembre de 2007 declaró reconocer la competencia del Comité contra la Tortura. Como Estado parte en la Convención contra la Tortura, Kazajstán está obligado a adoptar medidas para indemnizar al demandante por los daños causados por el demandado". Al evaluar el monto de la indemnización pertinente, el tribunal tuvo en cuenta la importancia de los derechos conculcados, el grado de sufrimiento mental y físico infligido, sobre la base de los informes psicológicos, y la naturaleza premeditada de los actos de los agentes de policía, según determinó el Comité contra la Tortura en su decisión. A la luz de esos factores, el tribunal ordenó al Departamento del Interior pagar 2 millones de tenge (aproximadamente 13.000 dólares de los Estados Unidos) al Sr. Gerasimov. Esa decisión fue confirmada posteriormente en apelación, el 23 de enero de 2014, por el Tribunal de Apelación de la provincia de Kostanai. En particular, el Tribunal de Apelación dictaminó que el Tribunal Municipal había aplicado razonablemente el párrafo 12.8 de la decisión del Comité, en la que este sostuvo que se debía poder iniciar un procedimiento civil independientemente del procedimiento penal y dictaminó que se había cometido una violación del artículo 14 porque esa posibilidad no existía en el presente caso, y afirmó que la inexistencia de un fallo condenatorio en relación con determinadas personas no justificaba la exención de reparación. El Tribunal de Apelación convino en que la culpabilidad de los agentes de policía respecto de la tortura y la detención ilegal del Sr. Gerasimov había quedado establecida en la decisión del Comité contra la Tortura, cuyas conclusiones eran vinculantes para Kazajstán, y que concurrían los demás requisitos para la indemnización (daños y una relación de causalidad). El Departamento del Interior impugnó la decisión ante el Tribunal de Casación. El 12 de marzo de 2014, el Tribunal de Casación confirmó que el Tribunal Municipal había actuado de manera razonable cuando tuvo en cuenta la decisión del Comité contra la Tortura, que tenía consecuencias jurídicas para Kazajstán en su calidad de Estado parte en la Convención. En concreto, el Tribunal de Casación confirmó la referencia de los tribunales inferiores al párrafo 12.8 de la decisión del Comité, en el que se afirma que la inexistencia de una condena penal no puede ser un obstáculo para la indemnización por daños morales. En marzo de 2014, a raíz de la decisión de la Corte de Casación, el Ministerio del Interior de Kazajstán pagó la indemnización ordenada al Sr. Gerasimov. El 24 de abril de 2014, el Tribunal Supremo rechazó también una solicitud del Departamento del Interior de revisar el caso, ya que no encontró en las actuaciones de los tribunales inferiores ningún vicio de fondo o de forma y convino con ellos en que la indemnización no debía esperar hasta que se estableciera la responsabilidad penal. En su fallo, el Tribunal Supremo reiteró que la decisión del Comité era vinculante para Kazajstán porque había reconocido la competencia del Comité y, por lo tanto, las decisiones de este imponían una obligación a Kazajstán, como Estado parte en la Convención, de tomar medidas para conceder una indemnización por daños morales. A pesar del fallo, el Departamento del Interior todavía puede solicitar a la Fiscalía General que presente una objeción al pleno del Tribunal Supremo. Esa solicitud deberá hacerse a más tardar el 23 de enero de 2015.
27. El autor de la queja sostiene además que, dado que el ordenamiento jurídico de Kazajstán no considera una fuente de derecho las resoluciones adoptadas en las causas anteriores, estas no establecen un precedente jurídico vinculante que pueda influir en la aplicación de otras decisiones del Comité (o de otros órganos de tratados de las Naciones Unidas), por lo que no hay garantía de que los tribunales lleguen a las mismas conclusiones en casos futuros. Las víctimas futuras tendrán que acudir a los tribunales e invocar ese punto de nuevo, y, dados los persistentes recursos interpuestos por el Ministerio del Interior, la tarea puede ser ardua. En efecto, el Gobierno reconoció en sus observaciones que las decisiones del Comité no producen efectos jurídicos en el ordenamiento interno. El autor de la queja pide al Comité que inste al Gobierno a asumir los principios establecidos por los tribunales en el caso y a incorporarlos en su legislación, como parte necesaria de la adhesión de Kazajstán a la Convención contra la Tortura y a otros tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Ello podría entrañar el establecimiento de un mecanismo administrativo para pagar las indemnizaciones exigidas en las decisiones de los comités de las Naciones Unidas y el reconocimiento formal del peso de las decisiones de esos comités en el derecho interno, tanto a los efectos de la indemnización como con el fin de reabrir las investigaciones penales que se consideren ineficaces.
28. El autor de la queja afirma también que, si bien el Gobierno le ha proporcionado una indemnización, no ha tomado ninguna de las otras medidas necesarias para aplicar la decisión. Pide al Comité que: acoja con satisfacción las resoluciones judiciales que afirman la obligación del Estado de aplicar la decisión del Comité, y solicite al Gobierno que informe al Comité en febrero de 2015 si se ha interpuesto algún recurso contra el fallo ante el pleno del Tribunal Supremo; inste al Gobierno a introducir en la legislación nacional una disposición que reconozca el carácter vinculante de las decisiones de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, como reconocieron en el presente caso los tribunales nacionales, y a establecer un mecanismo para aplicar dichas decisiones; exhorte al Gobierno a crear un plan de acción en el que se describa cómo pondrá en práctica el aspecto de la decisión del Comité relativo a las medidas que han de tomarse para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro; y exhorte al Gobierno a seguir velando por que el autor de la queja no sufra nuevas intimidaciones.
29. Los comentarios del autor de la queja fueron transmitidos al Estado parte en octubre de 2014 para que formulara las observaciones pertinentes.
Decisión del Comité: Mantener el diálogo de seguimiento abierto hasta que quede claro que la Fiscalía General no presentará ninguna objeción más al pleno del Tribunal Supremo.
Nasirov, Nº 475/2011
Artículo 3 (extradición a Uzbekistán)
El Comité invitó al Estado parte a informarlo de las medidas que hubiera adoptado en respuesta a lo expresado en su dictamen.
30. El 1 de septiembre de 2014, el Estado parte comunica que, a raíz de la petición de medidas provisionales del Comité, se interrumpió el procedimiento de extradición contra el autor de la queja, el cual fue puesto en libertad el 24 de julio de 2012. En la actualidad, el autor de la queja se encuentra en el territorio de la Federación de Rusia. El 27 de marzo de 2012, el Tribunal Municipal de Uralsk desestimó el recurso de apelación del autor contra la decisión del Servicio de Migración de rechazar la solicitud de asilo del autor. El autor de la queja puede recurrir contra esa decisión ante el Tribunal Supremo.
31. La información recibida del Estado parte fue transmitida al autor de la queja en octubre de 2014 para que formulara las observaciones pertinentes.
Aarrass, Nº 477/2011
Artículos 2 (párr. 1), 11, 12, 13 y 15
El Comité instó al Estado parte a informarlo de las medidas que hubiera adoptado en respuesta a lo expresado en su dictamen. Esas medidas debían incluir la apertura de una investigación imparcial y exhaustiva sobre las alegaciones del autor. Dicha investigación debía incluir la realización de exámenes médicos conformes con el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles (Protocolo de Estambul).
32. El 24 de agosto de 2014, el Estado parte comunica que la decisión, adoptada el 19 de mayo de 2014, se le transmitió con un retraso injustificado de diez días, después de que fuera publicada en Internet, lo cual fue muy perjudicial. El Estado parte reafirma su voluntad de entablar un diálogo interactivo y constructivo con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Señala que también está dialogando con el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en relación con distintos casos, incluido el del Sr. Aarass. El Estado parte señala que también ha tenido en cuenta la campaña de Amnistía Internacional en pro de la erradicación de la tortura. En ese sentido, el Ministerio de Justicia ha enviado a todas las fiscalías una circular en la que insiste en la importancia de las disposiciones relativas al procedimiento penal que prevén la posibilidad de ordenar un informe médico en caso de denuncias de tortura o malos tratos.
33. A este respecto, el Estado parte afirma que ha reconsiderado el caso del autor y decidió abrir una nueva investigación incluso antes de que se le transmitiera la decisión del Comité. El 21 de mayo de 2014, el Fiscal General, sobre la base de las conclusiones expresadas por el Relator Especial en el informe de su misión (A/HRC/22/53/Add.2), publicado en marzo de 2013, y sobre la base también del informe de Amnistía Internacional, solicitó al Tribunal de Apelación de Rabat que reabriera el caso del Sr. Aarass e investigara sus alegaciones. El Estado parte sostiene que el juez de instrucción se ha entrevistado en tres ocasiones con el Sr. Aarass. En esas entrevistas, el Sr. Aarass contó con la asistencia de su abogada y de un intérprete jurado. La investigación sigue abierta. En ese contexto, el Estado parte solicita más tiempo para proporcionar al Comité más información sobre el seguimiento del caso.
34. El 25 de agosto de 2014, la abogada comunicó que la situación del Sr. Aarass se había deteriorado después de que la prensa informara de la decisión del Comité. Facilita un artículo según el cual las autoridades de la prisión afirmaron que el Sr. Aarass gozaba de todos los derechos garantizados por la ley a los reclusos y negaron que se lo hubiera sometido a tortura u otros actos humillantes. Según la hermana del autor de la queja, los guardias de la prisión permitieron a las personas que lo habían torturado anteriormente visitarlo y amenazarlo.
35. La información recibida del Estado parte y de la abogada fue transmitida en octubre de 2014 a las otras partes respectivas para que formularan las observaciones pertinentes.
Decisión del Comité: Mantener abierto el diálogo de seguimiento. El Relator Especial del Comité sobre el seguimiento de las comunicaciones se reunirá con la Misión Permanente de Marruecos en relación con la aplicación de la presente y otras decisiones.
K. N., F. W. y S. N., Nº 481/2011
Artículos 3 y 22 (expulsión de los autores de la queja y de sus hijos menores de edad a la República Islámica del Irán)
El Comité instó al Estado parte a informarlo de las medidas que hubiera adoptado en respuesta a lo expresado en su dictamen.
36. El 27 de junio de 2014, el Estado parte comunicó que, en respuesta a la decisión del Comité, el 25 de junio de 2014, la Oficina Federal de Migraciones había concedido el estatuto de refugiado a los autores de la queja, quienes ya no corrían peligro de ser expulsados a la República Islámica del Irán.
37. El 24 de julio de 2014, los autores de la queja comunicaron que estaban satisfechos con la decisión de las autoridades del Estado parte y que no tenían ningún otro comentario.
Sr. X y Sr. Z, Nº 483/2011 y Nº 485/2011
El Comité opina que el Estado parte tiene el deber de no devolver por la fuerza a los autores de la queja a la República Islámica del Irán ni a ningún otro país donde estén en peligro real de ser expulsados o devueltos a la República Islámica del Irán.
38. El 1 de septiembre de 2014, el Estado parte comunica que el 12 de octubre de 2012 se concedió el asilo a los autores de la queja, así como un permiso de residencia permanente cuya validez es de cuatro años. El Estado parte sostiene que los autores de la queja tenían la obligación de informar al Comité de la resolución positiva de su caso. El Estado parte sostiene que la decisión del Comité debería ser "revocada y retirada", o, en caso contrario, el Comité debería revisar su decisión, tratarla como un error técnico y suprimir la comunicación de su lista de casos. El Estado parte se remite al artículo 44C del reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice así: "Cuando una parte no aporte las pruebas o la información solicitadas por el Tribunal, o no divulgue de oficio la información pertinente o no participe de otra manera en el procedimiento, el Tribunal podrá sacar las conclusiones que considere apropiadas". El Estado parte sostiene que los autores de la queja, al no haber informado al Comité de hechos decisivos, no han participado efectivamente en el procedimiento y que de su inacción "no puede hacerse responsable al Gobierno".
39. El 22 de octubre de 2014, la abogada de los autores confirma que estos recibieron el estatuto de refugiado el 12 de octubre de 2012. Señala además que el Estado parte era perfectamente consciente del procedimiento ante el Comité y podría y debería haber informado a este de que se había concedido el estatuto de refugiado a los autores de la queja. Cuando se presentó la queja, la decisión de denegar el estatuto de refugiado a los autores había sido tomada por el Servicio de Inmigración de Finlandia y confirmada por el Tribunal Administrativo de Helsinki, y los autores corrían peligro de ser expulsados en contravención del artículo 3 de la Convención. La abogada sostiene que la decisión del Comité es importante para mejorar la jurisprudencia nacional y los procedimientos en casos similares. Señala que no hay motivos para que el Comité revoque la decisión o la suprima de su lista.
Ntikarahera, Nº 503/2012
Artículos 2 (párr. 1), 11, 12, 13 y 14, leídos conjuntamente con los artículos 1 y 16
El Comité instó al Estado parte a que realizara una investigación imparcial sobre los hechos en cuestión con el fin de enjuiciar a los presuntos responsables del trato infligido a la víctima, y proporcionara a esta una indemnización adecuada y justa que abarcara los medios para una rehabilitación lo más completa posible.
40. El 14 de octubre de 2014, el Estado parte afirma que sus autoridades no tenían conocimiento de la comunicación Nº 503/2012 y solo supieron de la queja del Sr. Ntikarahera al recibir la decisión del Comité, el 23 de mayo de 2014. Sostiene que ha buscado suficientemente en los registros de su correspondencia y niega haber recibido ninguna comunicación que le permitiera formular observaciones. El Estado parte afirma además que no pudo, por razones ajenas a su voluntad, reaccionar porque no tenía conocimiento de la comunicación y considera que la acusación de falta de cooperación es injusta. Por esas razones, el Estado parte no tuvo la oportunidad de presentar observaciones a tiempo, lo que constituye una violación por el Comité del artículo 22 de la Convención. A causa a esas irregularidades, el Estado parte considera que no se puede exigir al Gobierno de Burundi que dé cumplimiento a la decisión del Comité. El Estado parte procede a formular extensas observaciones sobre el fondo de la comunicación.
Decisión del Comité: Mantener abierto el diálogo de seguimiento. Enviar una carta, por conducto del Relator Especial del Comité sobre el seguimiento de las comunicaciones, a la Misión Permanente de Burundi en la que se les informe de que la comunicación inicial y los recordatorios fueron debidamente enviados por la Secretaría.
1  Demanda Nº 71386/10, sentencia de 25 de abril de 2013.
2  Savriddin Dzurayev v. Russia, demanda Nº 71386/10, sentencia de 25 de abril de 2013; Azimov v. Russia, demanda Nº 67474/11, sentencia de 18 de abril de 2013.
GE.14-24047 (S) 220115 220115
