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Timestamp: 2018-11-20 11:07:24
Document Index: 349654383

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Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut - Sesión 926 12-12-03
Sesión 926 12-12-03
Reunión nº. 926
Dra. Mariana Gabriela Ripa
1.1. Proyecto de Ley nº. 180/03. Establece el relevamiento, verificación y control de las deudas y créditos que el Estado Provincial pudiera mantener con el sector privado con anterioridad al 31 de diciembre de 2003.
- Oradores: Diputados Di Filippo, Karamarko, González y Touriñán (BJ); Lorenzo y Relly (BR).
1.2. Proyecto de Ley nº. 181/03. Declara al Estado de la Provincia del Chubut en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.
- Oradores: Diputados Touriñán (BJ) y Relly (BR).
1.3. Proyecto de Ley nº. 182/03. Autoriza al Poder Ejecutivo a destinar fondos en el Presupuesto 2004 para establecer un Plan de Emergencia del Empleo.
- Oradores: Diputados Di Filippo, Negrette y Touriñán (BJ); y Papaiani (BR).
1.4. Proyecto de Ley nº. 183/03. Establece la realización de un censo tanto del personal de revista como de los bienes propiedad del Estado Provincial.
- Oradores: Diputados Di Filippo, Muñoz y Touriñán (BJ); Gaspar, Lorenzo, Machado y Papaiani (BR).
1.5. Proyecto de Ley nº. 184/03. Establece la Reorganización Administrativa del Estado Provincial, que incluye la reestructuración del organigrama actual, readecuación integral de la planta de personal y del régimen de compensación de créditos y deudas de particulares con el Estado Provincial.
- Oradores: Diputados Fernández y Touriñán (BJ); Lorenzo y Nasif (BR).
1. Fijación de la fecha y el horario de la próxima sesión ordinaria de prórroga.
- En Rawson, en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura del Chubut, a doce de diciembre de dos mil tres, siendo las 23,47 dice el
SR. PRESIDENTE (Vargas): Con la presencia de veintisiete señores diputados en el recinto, se declara abierta la sesión especial convocada para el día de la fecha.
- Nota de la Comisión Permanente de Legislación General, Cultura y Educación comunicando que han sido designados como Presidenta la diputada Rosa Muñoz y como Secretaria la diputada Adriana Fara. Asimismo, informa que se fijó como día y horario de reuniones todos los miércoles a las 9,30.
- Nota de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia informando que se designaron como autoridades de la misma al diputado José Antonio Karamarko, Presidente, y al diputado Roque González, Secretario. Comunica, además, que las reuniones de la Comisión se realizarán todos los miércoles a las 9.
- Nota de la Comisión Permanente de Legislación Social y Salud haciendo conocer que se designó al diputado Mario Negrette como Presidente y a la diputada Alejandra Nasif como Secretaria, y que se fijaron como días y horarios de reunión los miércoles de las semanas con sesión de Cámara, a las 11,30.
- Nota de la Comisión Permanente de Infraestructura y Servicios Públicos comunicando que se ha designado como Presidente de la misma al diputado Fernando Rúa y como Secretario al diputado Juan Roberto Damián. Informa, además, que se fijó como día de reunión los miércoles de las semanas con sesión de Cámara, a las 12.
- Nota de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda informando que se designaron como autoridades de la misma al diputado Héctor Oscar García, Presidente, y al diputado Omar Elvio Morelli, Secretario. Comunica, además, que las reuniones de la Comisión se realizarán todos los miércoles a las 10.
- Dictámenes en mayoría y minoría en conjunto de las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Presupuesto y Hacienda, sobre el Proyecto de Ley General nº. 180/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se promueve el relevamiento, verificación y control de las deudas y créditos que el Estado Provincial pudiera mantener con el sector privado con anterioridad al 31 de diciembre de 2003.
- Dictámenes en mayoría y minoría en conjunto de las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Legislación General, Cultura y Educación, sobre el Proyecto de Ley General nº. 181/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propicia la sanción de la norma que declara al Estado de la Provincia del Chubut en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.
- Dictámenes en mayoría y minoría en conjunto de las Comisiones Permanentes de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Social y Salud, sobre el Proyecto de Ley General nº. 182/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el se propone autorizar al Poder Ejecutivo a destinar fondos en el Presupuesto 2004 para establecer un Plan de Emergencia del Empleo.
- Dictámenes en mayoría y minoría en conjunto de las Comisiones Permanentes de Legislación General, Cultura y Educación y de Asuntos Constitucionales y Justicia, sobre el Proyecto de Ley General nº. 183/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que propone la sanción de la ley que promueve un censo tanto del personal de revista como de los bienes propiedad del Estado Provincial.
- Dictámenes en mayoría y minoría en conjunto de las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Cultura y Educación, sobre el Proyecto de Ley General nº. 184/03, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propone la aprobación de la Reorganización Administrativa del Estado Provincial, que incluye la reestructuración del Organigrama actual, readecuación integral de la planta de personal y del régimen de compensación de créditos y deudas de particulares con el Estado Provincial.
Habiendo finalizado la relación de los Asuntos entrados, corresponde considerar los temas reservados en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. En primer término se encuentra reservado el Proyecto de Ley nº. 180/03.
PROYECTO DE LEY Nº. 180/03
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, solicito el tratamiento sobre tablas del presente proyecto.
SR. LORENZO: Señor Presidente, es de estilo fundamentar la urgencia para el tratamiento sobre tablas, pero el señor diputado preopinante no ha dicho ni dos palabras sobre el tema, tema que ha tenido discusión en la comisión y que ha provocado que este Bloque de la Unión Cívica Radical hiciera un despacho en minoría porque no entendemos la urgencia en tratar el tema ya que puede traer complicaciones al Estado Provincial.
Cuando uno pide el tratamiento sobre tablas de un tema tiene que exponer las razones de urgencia para su tratamiento porque la próxima sesión es el día martes de la semana que viene, fecha que está muy cerca, muy próxima.
Cuando se trató el tema en comisión mencioné una sola ley de la cual este proyecto del Ejecutivo parte es copia, sin embargo traje antecedentes -seguramente ningún diputado de la Casa lo hizo- y muchas leyes hubo en esta Legislatura por el mismo tema, también decretos y acuerdos nacionales que no se han revisado. Lo único que quería era esperar hasta el martes para que el tratamiento sea trabajado responsablemente y no causar inconvenientes al Estado Provincial o que le traiga serios perjuicios; lo único que se escuchó es, queremos tratarlo sobre tablas.
El tratamiento sobre tablas no lo acompañamos fundamentalmente porque no se ha dado una explicación del porqué de la necesidad del tratamiento de urgencia.
SR. KARAMARKO: Señor Presidente, hubo una confusión, pensé que a partir de votar el tratamiento sobre tablas, luego de ese acto administrativo, íbamos a hacer la fundamentación. Pido las disculpas del caso y en función de ello voy a tratar de fundamentar los motivos que impulsan este tratamiento de urgencia porque es parte de un proyecto político que se ha puesto a consideración el día 9 de noviembre y se necesitan los instrumentos normativos para darle vida a ese proyecto político.
Yo tengo la esperanza de que desde nuestra labor legislativa podamos concretar ese anhelo de transformación que espera la comunidad chubutense.
No crea el señor diputado Lorenzo que lo que ha sucedido en la sesión especial anterior ha caído en saco roto ni tampoco las apreciaciones que ha hecho el señor diputado González del Partido de Acción Chubutense. Hemos sentido el aguijonazo de la oposición y en esa inteligencia, y por eso esta demora, hemos tratado de recabar la información para darle mayor solidez a lo que la letra y el espíritu de este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contiene.
Incluso hemos escuchado y lo he hecho con mucha atención y yo respeto lo que ha dicho, sobre sus dudas, el señor diputado Lorenzo, que son las dudas que puede tener cualquiera y que, incluso, las podemos tener nosotros porque siempre la materialización de las leyes dependen de los actos de los hombres.
Pero, además de las dudas -no soy como Karl Popper que estoy en el plano de la refutación permanente- tengo confianza, la confianza hacia los actos de un Gobernador que se ha comprometido públicamente para llevar adelante un proyecto político enmarcado en la transparencia, la honestidad y la austeridad.
No creo -y lo digo sinceramente- que este proyecto genere más reclamos de los que puedan existir, si no que este proyecto tendrá vida fáctica. Hemos analizado el sentido y alcance de la Ley nº. 3609 y es muy coincidente en su letra y espíritu con lo que expresa este proyecto. Nada más que este proyecto tiene como horizonte normativo la verificación de créditos y deudas y la Ley nº. 3609 contemplaba no solamente la verificación dentro de un plan de consolidación de deuda pública sino también la cancelación de esas deudas.
Ello ha generado, en su momento, acreedores que se han subordinado al espíritu de esa ley, otros han hecho juicios y quizás algunos no han optado ni por un camino ni por otro; pero sabemos que hay plazos que contemplaba la ley para ejercer la acción jurídica y aquellos que no lo han hecho en ese momento han perdido la oportunidad y es un derecho legal que tendrán que reclamar jurídicamente y se ha transformado en una obligación natural.
Con respecto a las dudas sobre las facultades que le estamos otorgando al Ministerio de Economía, son las mismas que la Ley nº. 3609 contemplaba en ese momento como instrumento normativo de vital importancia para la hacienda pública provincial y hoy, prácticamente, se está reiterando en uno de los aspectos que es la verificación de deudas, lo que en ese momento ya se había contemplado.
Y tiene razón el señor Gobernador al querer saber realmente qué es lo que hay en el debe y en el haber de la hacienda pública. Creo que necesita de ese instrumento normativo.
Hemos modificado, en función de las sugerencias del señor diputado Lorenzo, la primera parte del artículo 1º; y también hemos contemplado las consideraciones del Presidente del Bloque del Partido de Acción Chubutense, el señor diputado Roque González.
Así es que, fundamentalmente, soy optimista; soy un hombre que procede de buena fe y creo en la buena fe de los demás hombres hasta que me demuestren lo contrario.
SR. LORENZO: Señor Presidente, obviamente, la minoría se expresa sobre la voluntad política manifestada por el propio Gobernador de la Provincia del Chubut en sus proyectos, más allá de que en el trabajo de las Comisiones se pueden hacer correcciones a partir de los aguijonazos de la minoría. Esta es una cuestión correcta, son las reglas de juego en el trabajo cotidiano de la Legislatura.
Voy a insistir en una cuestión, con absoluto respeto. El Justicialismo, después de doce años de no estar en el gobierno ha perdido determinada gimnasia, y es comprensible que así sea; probablemente en este momento se necesite tener conductas de paciencia para ir viendo cómo se van a definir las políticas públicas que a partir de la propia decisión política que ha tomado el señor Gobernador se llevarán adelante.
Nadie ha criticado este proyecto por una sola situación de decir: estoy en contra porque lo mandó Das Neves y hay que poner palos en la rueda; no, viene de la experiencia.
Pareciera ser que este proyecto que manda Das Neves es lo mismo que pensar que en el Estado cualquier tipo de tramitación administrativa es exactamente igual que ir a un kiosco a comprar un chupetín por el cual ni siquiera pedimos facturación. Pareciera ser que lo mismo se está pensando; pareciera que la deuda que puede tener el Estado Provincial es la cosa tan difícil de descifrar, que no se encuentra en ningún lado, que es una fantasía total decir se deben dos mil, quinientos millones o cien millones, no coincidir.
Antes de entrar a la sesión, por las dudas de que hubiera habido una actualización a último momento -que no conocía-, me conecté por Internet: stock de la deuda, agosto de 2003, tal como dijo el Ministro de Hacienda y Crédito Público en los diarios en el día de la fecha está sin actualizar. Lo dijo. Cada empréstito que figura en la deuda pública es una ley votada en esta Legislatura, no es comprar un chupetín en un kiosco. Cada convenio firmado con el Estado Nacional, cualquiera fuera, son leyes aprobadas por esta Legislatura. Toda consolidación de deuda fue votada por esta Legislatura. Me parece bien que si hay dudas se traten de implementar mecanismos que puedan despejar las mismas.
Ahora si realmente la intención es el tema de verificar los créditos y las deudas, pues bien, hubieran sacado un decreto, no necesitan una ley. ¿Para qué quieren una ley?
En la Ley nº. 3609 esta verificación era el complemento de la consolidación de la deuda pública, y que bastante inconvenientes nos trajo porque esta provincia se largó sola en este tema y después lo hizo Nación, con un sistema distinto que nos hizo cambiar el caballo a mitad de río, pero lo hicieron. Todas éstas son las cuestiones que, a partir de esta propuesta legislativa del Gobernador de la Provincia, son las que hoy no se analizaron.
Entonces, con todo respeto por los hombres del gobierno, no tienen la experiencia suficiente como para venir a aseverarme que hoy no estamos metiendo la pata en este tema.
Estoy absolutamente convencido de que esto es así, señor Presidente, a pesar de que la señora diputada Di Filippo, como lo ha hecho siempre, también lo hacía cuando estaban en minoría, no comparte las cuestiones que se plantean. Pero cuando planteé este tema en la comisión la señora diputada se escapó de la misma porque no tenía respuesta al tema, porque le dije bien claro que había algunas relaciones que me dejaban dudas. Este proyecto en su espíritu político tal cual venía -estoy convencido que no por voluntad del Gobernador de la provincia sino quizá por quien lo inspiró- estaba habilitando claramente que se reconocieran algunas deudas que podían venir de antes de la 3609.
Conozco que en esta provincia existen pagarés no presentados en el censo de la 3609, y no se pusieron limitaciones a pesar que en el trabajo de Comisión se dijo, y se está corrigiendo. Ese nivel de improvisación es lo que nos pone más en duda.
Es cierto lo que dijo el señor diputado Karamarko, responsablemente se pusieron a ver el tema, pero se mencionó una sola ley y no es una sola ley, señor Presidente, puedo ponerme a leerlas y son muchas.
Esta es la cuestión a que me refiero, señor Presidente, si se trata simplemente de verificar el estado de los créditos y deudas del Estado Provincial, tenemos otros mecanismos y no necesitamos sancionar una ley.
Esta es la realidad del tema, porque el temor es que con la sanción de la ley -porque en algunos artículos expresamente lo menciona- habilita a que algún buen vecino que tuviera un pagaré de los del "Plan para Crecer", quizás se presente a decir "en mi tiempo yo no tuve la oportunidad de venir a presentar este reclamo".
Estas son las cuestiones que planteamos y no están despejadas las dudas, señor Presidente, a pesar de que se puso que este reglamento se tiene que hacer a partir del vencimiento o cuando fenece la vigencia de la Ley nº. 3609. Ahí está el engaño de la propia redacción, señor Presidente, no sabemos cuál es la vigencia de la Ley nº. 3609 porque está en vigencia en este momento.
Tenemos actualmente un sinnúmero de juicios y seguramente la mayoría no sabe que están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque cargaron contra esa ley. ¿Y por qué cargaron contra esa ley? Porque la Ley nº. 3609 tuvo la voluntad política de parar el vaciamiento que se iba a producir en la Provincia a partir de los pagarés que reconocía intereses contra el interés general del Banco de la Provincia del Chubut. Y, si los tuviéramos que pagar, en estos momentos tendríamos que multiplicar por mil seiscientos las deudas de esos pagarés.
Estas son las cuestiones, señor Presidente, entonces simplemente decir vamos a hacer por ley un censo de la deuda pública, deja dudas. ¿Por qué? Porque la deuda pública ha sido desde hace mucho tiempo una preocupación, porque uno sabe cuáles son los orígenes de las cosas, uno sabe perfectamente cuando la provincia estuvo en crisis y tenía menos ingresos que egresos.
Uno sabe como está la provincia hoy, que tiene muchos más ingresos que egresos, no hay nada que no se conozca. El Ministro de Hacienda tiene papel por papel -legal, porque no es un chupetín- es un bono, un crédito, un pagaré que está en Tesorería, para lo cual no hay que tener absolutamente ningún tipo de dudas porque están ahí, son papeles visibles, documentos públicos.
En el Estado nada funciona si no es a través de un papel firmado, nada funciona si no hay intervención legislativa, una intervención por decreto por parte del señor Gobernador de la Provincia o por Resoluciones del Ministro de Hacienda, entonces nada se hace de palabra.
Entonces es bastante fácil hacer algunas cuestiones, por lo tanto ¿para qué necesitamos esto? si acá en el listado tenemos todos los acreedores y, si tenemos dudas, se verifican. El propio Ministro de Hacienda lo puede hacer en el día con toda la deuda pública.
¿Hay dudas porque hay que convocar de alguna manera y hay que hacer una puesta en escena del tema? Perfecto, saquen un decreto, si solamente es saber cuánto es la deuda saquen un decreto. Ahora, una ley que le permite a alguien quizá reconocerle que le estamos debiendo ¡guarda!, probablemente es alguno de los que le ganamos la posibilidad de que nos quisiera cobrar mal y esto es lo que estoy sosteniendo, por más que pongamos estas cláusulas, señor Presidente.
A esto le tenemos miedo, simplemente quiero decir que en este tipo de cosas -como escuché que expresó algún dirigente Justicialista- hay que bajarse de la moto, tener un poco más de paciencia y tranquilidad, porque no cambia en nada que se pueda sancionar el martes próximo.
No lo digo porque soy opositor, porque si hoy meten la pata con esta ley, soy opositor y me van a escuchar después, pero también soy un ciudadano responsable de la Provincia del Chubut, señor Presidente. Y, si le va mal al gobierno, que no sea por las cosas que dejé pasar acá porque las puedo señalar y lo único que he hecho es señalar esta situación, señor Presidente.
Obviamente, son muchos los temas que sobre esta cuestión en particular, el tema de la deuda pública, se pueden discutir, no hay ningún tipo de inconveniente, me parece perfecto, incluso por una situación de tipo político, decir "fíjense, cómo me dejaron el gobierno los radicales", "ésta es la deuda". Bueno, háganlo, no hay ningún problema, pero se van a desasnar y van a saber cuáles son los principales arqueos de la deuda pública, porque están a la vista.
Estas son las cuestiones, en esta historia no se puede mentir. En esta Legislatura ha habido hombres y mujeres del radicalismo y del justicialismo que avanzaron en la solución de este problema, con la única herramienta que tenían a la mano, que fueron todas estas leyes sancionadas. Para la corrección de este artículo de la Ley nº. 3609 se propuso una modificación, que no la tengo a la vista porque he firmado un despacho en minoría. Pero la vigencia está establecida en la Ley nº. 4105 y esto no se menciona. Esto demuestra improvisación, porque es justamente el tema de la prescripción de las acciones en función de la deuda pública. Esto está contenido en una ley nacional, que también hay que leer.
Lo que estoy planteando es que podemos esperar unos días más, hasta el martes, para que no metamos la pata. No sea cosa que esta deuda respecto de la que hoy tenemos dudas, acerca de que sean $ 100.0000.000, termine en $ 1.000.000.000. No sea cosa que estemos abriendo el juego y que se nos vaya arriba de $ 1.800.000; porque la deuda en muchos casos ha tenido un origen mal habido. Esto se ha corregido a través de la Ley nº. 3609, que fue la que puso la deuda en la realidad, no por la aplicación de los intereses generales del Banco del Chubut S.A., por los cuales la construcción de una escuela costaba alrededor de $ 12.000.000, cuando el valor del metro cuadrado rondaba $ 1.500.000.
Quizás, algunos pudieran llegar a reaccionar con esto. No sé si esta corrección alcanza. Sin embargo, lo único que estamos solicitando es que en este tipo de cuestiones se trabaje con responsabilidad, que sé que la tienen, porque el señor diputado Karamarko se preocupó por el tema. De todas maneras no creo que estén evacuadas las dudas que teníamos al respecto en su totalidad. Sé que este trabajo no está completado, por lo que me parece que hay cosas por las que nos vamos a seguir oponiendo a este proyecto de ley.
Por ello, no vamos a apoyarlo; y no tan sólo eso. Quiero decirle a los señores diputados que hay una Ley de Ética Pública, que fue impulsada en la anterior Cámara por el señor diputado Miguel Ángel González, sentado también hoy en una de estas bancas, y que también fuera impulsada con ahínco por quien hoy es Gobernador de la Provincia, que había presentado el proyecto a nivel nacional.
El primer párrafo del artículo 32º de dicha norma establece: "Cuando por el hecho, acto u omisión del funcionario se ha visto lesionado el patrimonio o erario públicos, el Estado, por medio de la autoridad competente, está obligado a promover las acciones de responsabilidad contra el presunto responsable con arreglo a la presente y otras leyes sobre la materia".
Los señores diputados Chiquichano y Karamarko, por su condición de abogados, saben de qué estoy hablando. Desde este Bloque, manifestamos que no nos vamos a hacer responsables por no esperar dos días más. Por ello no vamos a apoyar este proyecto de ley, solicitando que su votación sea nominal; dado que nos vamos a oponer y porque, ante la duda, no queremos ser los responsables de un perjuicio para el erario provincial.
SRA. DI FILIPPO: Señor Presidente, en función de que he sido aludida en dos oportunidades por el señor diputado Lorenzo, voy a hacer uso de la palabra para decirle fundamentalmente al señor diputado preopinante que no le escapé al trabajo de la Comisión, en realidad me retiré a hacer algunas consultas a raíz de lo que se estaba conversando y trabajando en la Comisión pero si hay algo a lo que estoy acostumbrada, porque compartimos con el señor diputado preopinante los cuatro años anteriores, es a la soberbia.
El señor diputado Lorenzo se arroga el conocimiento de toda la cámara, no quiero imaginarme la vergüenza que le debe dar a sus correligionarios de Bloque cuando dice que estudió lo que tiene en esa carpeta y ningún diputado vio los decretos ni las leyes. Esa soberbia la tuvimos que soportar durante cuatro años en esta Cámara y unos cuantos más en el Ejecutivo del doctor Maestro y es lo que ya no aguantamos y es lo que la gente votó en contra hace unos días atrás. Debería hacerse un replanteo, una autocrítica, pensar qué hice mal yo también porque todos somos responsables de las cosas que pasan, no nos queramos hacer ahora los distraídos y hacer responsables a los demás.
En cuanto a la Ley de Ética Pública le digo al señor diputado Lorenzo que la revise y a sus compañeros de Bloque también con criterio y seriedad; leyes y resoluciones de Cámara fueron votadas en los últimos días cuando estaba sentado aquí y era mayoría el Bloque Radical; revisen y se van a dar cuenta de las irregularidades que cometieron. El señor diputado Lorenzo menciona La Ley de Ética Pública pero vemos el alcance de la legislación que se trató en los últimos días: expropiaciones, resoluciones de Cámara con aumentos salariales y todo lo que se les puede ocurrir.
En realidad el señor diputado Lorenzo y el Bloque Radical del que es vocero en este momento no acompaña el tratamiento sobre tablas porque no sabe qué argumentos utilizar. Entre las cosas que dijo el señor diputado Lorenzo es no acompañamos porque el señor diputado Karamarko no argumentó la necesidad de urgencia. Está bien, lo admitimos, es la segunda sesión y hay temas que evidentemente se nos escapan porque estamos aprendiendo, sobre todo los compañeros que recién inician su labor legislativa. Es decir, se está buscando poner palos en las ruedas, no hay problema, no tenemos problema en que se haga la votación nominal tal como lo plantea el señor diputado preopinante. De todas formas, es cierto que perdimos la gimnasia en los últimos años pero la recuperaremos fácilmente, que no se haga problemas el señor diputado.
También es cierto que el Estado Provincial de los últimos años se ha manejado como para ir a comprar un chupetín al quiosco, por eso planteamos la necesidad de esta ley.
No queremos que nos pase lo que le pasó a la comunidad de la provincia del Chubut, que recibió la noticia el lunes pasado, a horas de entregar el mandato el ex gobernador Lizurume admitió la deuda que le dejó cuatro años antes el ex gobernador Maestro. Recién en este momento, después de cuatro años lo admitió. No queremos saber cuál es el estado de las finanzas provinciales dentro de cuatro años, necesitamos saberlo ya porque además las finanzas están mucho más comprometidas de lo que imaginamos. La situación no es la que estaba planteada y no es la que suponíamos en la transición porque además de las leyes que se votaron en esta Cámara el Poder Ejecutivo firmó todos los decretos que se le ocurrió acomodando amigos, parientes y entenados.
Esta situación la hace mucho más grave todavía. Le voy a poner un ejemplo acerca de que en los últimos días este Estado ha hecho cosas que no correspondía; hay una sola obra que voy a mencionar como ejemplo, que es la obra hídrica del río Epuyén, y esta obra que está ejecutada y que la empresa que la hizo está reclamando que se le paguen los certificados de obra, ni siquiera está imputada; los fondos están, el presupuesto está, pero esta obra ni siquiera está imputada.
No es tan fácil entrar en Internet y saber qué pasa en el Estado Provincial; no es tan fácil entrar en Internet y saber cuántos empleados tiene la Administración Pública. Éstas son las razones sobre porqué necesitamos enviar, por ejemplo, la prórroga del presupuesto 2003, porque no vamos a tener tiempo material para elaborar el presupuesto como corresponde.
Necesitamos enviar la prórroga de la Ley de Emergencia Económica de la que queremos salir porque prometimos en campaña salir de ella paulatinamente, y lo vamos a hacer. No lo podemos hacer en estos días porque necesitamos información.
Y toda esta información es necesaria para los próximos cuatro años de gestión del Gobernador Das Neves y, fundamentalmente, para los primeros meses y para los primeros pasos que se vayan dando ahora, porque toda esta legislación significa información imprescindible.
SR. LORENZO: Señor Presidente, pensé que la señora diputada Di Filippo se iba a referir al proyecto de ley que estamos tratando, pero no lo ha hecho. No corresponde reglamentariamente, pues cuando estamos tratando un proyecto de ley, debemos referirnos a él.
Quizá la señora diputada me pueda explicar, en función de las dudas que tengo, -y ésta es la cuestión que estoy planteando- qué significan determinados términos en el proyecto de ley.
Por ejemplo, en el artículo 8º dice que "este informe no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legitimidad de la deuda, la que por otras vías podrá ser motivo de investigación en su origen y evolución". O sea que escarbamos quizá sobre deudas que están caducas; no las pueden reclamar; es una cuestión de sentido común; no sé si corresponde que esto vaya o no; ésta es la cuestión, y sobre esto no se ha expresado la señora diputada Di Filippo.
Si vamos al artículo 9º éste habla del plazo y establece que la verificación se tiene que hacer de la siguiente manera: "a) Por letra de serie, correspondiendo una letra a cada centro receptor de las declaraciones juradas. b) Dentro de cada letra de serie distinguirá entre: 1) Deuda pública documentada: Aquella que surge dentro del marco de las leyes de consolidación vigentes al presente. 2) Deuda pública determinada: Aquella deuda que si bien no se encuentra documentada, surge de un reconocimiento por parte del Estado provincial mediante actas acuerdos celebradas en el marco de las leyes de consolidación y/o actos administrativos de reconocimiento de deudas dictados en dicho marco legal. 3) Otra deuda pública: Toda aquella que sin encontrarse en los supuestos de b.1 y b.2 verosímilmente aparenta ser exigible por trabajos ejecutados, suministros entregados, servicios prestados y/o cualquier otra que revista tal verosimilitud en función del marco legal en que se sustentó la contratación administrativa."
Ahí está la deuda. ¿A qué estamos apuntando? Ésta es la pregunta. ¿Por qué estamos tan apurados para sancionar esta ley? Estoy de acuerdo en que algunas cuestiones nos están faltando y no es lo que Das Neves debe querer, muy por el contrario.
Insisto -y si esto para la señora diputada Di Filippo es soberbia, que sea soberbia- en mi visión de ver las cosas. Acá hubo muchísimos juicios, por legislación, que la Provincia del Chubut, en estado de derecho, ha llevado adelante para poder resolver situaciones de emergencia durante los gobiernos justicialistas y radicales. Éstas son las cuestiones que, quizá, por un poco de falta de paciencia, podemos tirar por la borda.
Algunos casos en sede judicial, señor Presidente, llevan ya catorce años y están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidirse -lo menos que podíamos hacer si nos caíamos afectando en algo esos expedientes que los venimos ganando en todas las instancias-. Pero acá se expresa la mayoría, y en esto quiero ser absolutamente claro; insistimos en la votación nominal porque acá hay cuestiones de responsabilidad que ante la duda, quizás el justicialismo no la tenga, quizás me esté equivocando, pero como no se está esclareciendo, de lo único que se ha hablado es que me arrogo conocimiento, que soy soberbio, que se necesita porque al presupuesto 2003 hay que definirlo. A mí no me cabe ninguna duda por conocer la cuestión pública como la conoce la señora diputada Di Filippo, del presupuesto 2003. Estoy convencido desde hace rato que se prorroga y ya lo veremos cuando la mayoría decida resolver el tema del gobierno y vamos a trabajar y acompañar en este tema. Pero las dudas existen y hasta ahora no han tenido ningún tipo de esclarecimiento en este sentido. Queda un solo camino, que en el tratamiento sobre tablas no sea acompañado por el Bloque del Partido de Acción Chubutense, que comprendan que es un tema que hay que investigarlo más y simplemente pase al orden del día de la próxima sesión, que es el martes de la semana que viene, y tener el tiempo suficiente para ver si Lorenzo estaba equivocado o no, o si hay que hacer alguna corrección más, no vaya a ser que después con el tiempo nos lamentemos de la situación que estuve planteando.
Señor Presidente, es todo por el momento; insisto en el pedido de que el tratamiento sobre tablas no sea aceptado y pase al orden del día de la próxima sesión, así tenemos seguridades sobre lo que estamos trabajando, y en la comprensión obviamente de que es un instrumento, que respetamos que el señor Gobernador lo necesite, pero creemos que un día más o un día menos no cambia la situación.
SRA. DI FILIPPO: Señor Presidente, le cedo la palabra al señor diputado Relly.
SR. RELLY: Gracias, señor Presidente.
Quiero destacar dos cositas, una era este tema, que no nos sentimos avergonzados los integrantes del Bloque por las manifestaciones del señor diputado Lorenzo, todo lo contrario.
Y una observación le quiero hacer al señor diputado Karamarko, que habló de la prescripción de las deudas, no es así. Hay muchas deudas que pueden estar no prescriptas, porque se pueden haber interpuesto reclamos administrativos que suspendieron los plazos de prescripción y que todavía no están resueltos. Así que no coincido con el señor diputado Karamarko en cuanto a que esas deudas de muchos años atrás pueden estar prescriptas, porque no. Quiero decir también -y éste es un tema que fundamenta nuestras dudas-, que la ley —como bien señaló el señor diputado Lorenzo- establece estas tres clases de deuda: la deuda documentada, la deuda pública determinada y otras clases de deudas por trabajo, por servicios que le han prestado al Estado. Pero la ley no dice "solamente vamos a censar la deuda" sino que aparte dice que este comité que se va a formar determinará mediante acto administrativo expreso las deudas con los particulares. Y esto ya no es censar, esto va a determinar, se va a sentar con los acreedores que le van a decir, "Señores, yo hice tal o cual servicio", y este comité -no sé cómo lo llama la ley- va a dictaminar la deuda, va a decir: señor, le debemos cinco millones, diez, veinte, treinta. Es decir, la ley contiene dudas muy importantes que no son poca cosa, no es algo al pasar, no es nada más que un censo de la deuda.
Aparte esta ley crea un organismo que va a determinar las deudas y eso es mucho más que un censo, es desprolija y no determina exactamente los alcances de esto que estoy señalando, señor Presidente.
Hay otros términos que tampoco tienen una comprensión precisa porque dice, por ejemplo, los gastos operativos -que pueden ser las planillas, declaraciones juradas- y los servicios financieros que demande el cumplimiento de la presente ley -¿de qué servicio financiero se está hablando? ¿de los que hay que pagar?- se afectarán a recursos de Rentas Generales.
Pareciera ser -y de ahí nuestra inquietud y la necesidad de verlo con más detenimiento- que no es nada más que una ley que vaya a censar para que el Ministro de Economía o el señor Gobernador sepan mañana si debemos diez pesos o veinte. Parece ser que va más allá y como dice expresamente el texto de la ley, la autoridad de aplicación determinará las deudas mediante acto administrativo expreso.
Por estas dudas, que pueden ser determinar que trabajos hechos, servicios prestados, pagarés o reclamos que no están prescriptos, probablemente resulte que mañana esta autoridad de aplicación termine reconociendo cientos de millones de pesos, por no tomarnos nosotros el tiempo necesario, no digo una semana o un mes, sino que deberíamos precisar los contenidos y alcances de esta ley.
SRA. DI FILIPPO: Señor Presidente, en realidad ya entramos aparentemente en el análisis de la ley y justamente la fundamentación que hice tenía que ver con la urgencia y necesidad del tratamiento de esta ley. Son las razones de urgencia que esgrimía el señor diputado Lorenzo como una necesidad y esto lo hemos planteado, señor Presidente.
Después podemos contestar algunas dudas y lo hará mi compañero de bancada, señor diputado Karamarko. Podemos ir al fondo de cada una de las dudas que tengan los señores diputados del Radicalismo, pero estamos solicitando el tratamiento sobre tablas para después entrar en el análisis, señor Presidente.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, simplemente coincido con lo que acaba de explicar la señora diputada preopinante.
SR. KARAMARKO: Señor Presidente, quiero contestar las apreciaciones que han hecho los señores diputados Lorenzo y Relly, en cada una de sus exposiciones.
Cuando hablan de créditos exigibles que hayan prescripto, o que la acción judicial haya prescripto por el paso del tiempo, no me refiero a todos porque no tengo el conocimiento acabado de ello, como creo que ustedes tampoco lo tienen, aun habiendo gobernado esta provincia y lo digo con el mayor de los respetos.
En su momento también traje a colación que este Proyecto de Ley nº. 180/03 enviado por el Poder Ejecutivo, tenía muchas similitudes -por no decir que es una réplica- con la Ley nº. 3609. Cuando el señor diputado Lorenzo mencionaba los diferentes tipos de deudas, eso está claramente expresado en el artículo 9º de la Ley nº. 3609, deuda pública documentada, determinada o de otro tipo. Lo mismo en el artículo 10º, donde se habla de la autoridad de aplicación; y en el 32º, que trata de los gastos operativos y servicios financieros. Es decir, no se trata de un invento, sino de algo que de alguna manera rescata la esencia de la Ley nº. 3609 y la transforma en un instrumento normativo que necesita en este momento el señor Gobernador.
Por eso, más allá de las dudas, creo que si la Ley nº. 3609 sirvió en su momento para evitar el colapso financiero de la Provincia, tengo la esperanza de que este proyecto de ley que hoy estamos tratando sirva también para que el señor Gobernador tenga certeza de qué es lo que debe realmente la Provincia, para a partir de ahí tomar las determinaciones que considere necesarias e impulsar el proyecto político, que como ha manifestado el señor Gobernador ha sido apoyado por el pueblo de la provincia del Chubut el 9 de noviembre.
SR. GONZÁLEZ (Miguel Ángel): Señor Presidente, me parece que, producto de la inexperiencia de muchos de nosotros y de la picardía de algunos otros, estamos entrando en un terreno de discutir un proyecto de ley sin haber aprobado su tratamiento sobre tablas.
Por ello voy a efectuar una moción de orden para que se ponga a consideración su tratamiento sobre tablas y, a posteriori, cada uno argumentará y fundamentará su voto como corresponde.
Se va a votar la moción de votación nominal.
SR. LORENZO: Señor Presidente, no hice uso de la palabra con anterioridad, respetuoso de la moción de orden efectuada por el señor diputado preopinante. No obstante, lo hago en este momento para referirme a los dichos del señor diputado Karamarko.
En ese sentido, el señor diputado ha dejado verdaderamente expresada la cuestión central de nuestra duda. La Ley nº. 3609 es una ley de consolidación de deuda que hay que analizar en su conjunto como tal. Este es el tema, ésta es la diferencia, porque comienza con un censo y tiene todos esos aspectos en función de que dice "hasta acá llega la deuda y, a partir de ahora, se manejará de una forma distinta". Pero ahora se copia una parte y otra no; ahí es donde está la dificultad; éste es el problema de fondo del proyecto de ley. No se puede confundir que este proyecto de ley, por ser en parte copia de la Ley nº. 3609, esté bien hecho porque aquélla era buena. Insisto, es la copia de una parte. No es una ley de consolidación de deuda pública, sino que tiene aspectos de aquélla. Esta es justamente la principal duda que tenemos. Si fuera un proyecto de ley de consolidación de deuda pública, estaríamos discutiéndolo en este momento. Sin embargo, no es lo que tenemos en nuestras manos. Se trata de un censo, con las apreciaciones efectuadas por el señor diputado Relly sobre el particular.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, el error subjetivo que manifiesta la oposición en el análisis de este proyecto de ley surge de plantearlo estrictamente como eje principal y sin tener en cuenta otro tipo de aspectos que pueden modificar el esquema normativo de la Ley nº. 3609.
El proyecto de ley no tiene por qué aplicarse en forma estricta a lo que planteó la ley en su momento. En principio, porque la diferencia sustancial es porque la Ley nº. 3609 planteaba la verificación, el reconocimiento y la financiación de la deuda en aquel momento.
Este proyecto plantea en forma exclusiva la verificación de la deuda para saber dónde estamos parados. Comparto con el señor diputado Lorenzo la duda pero la que me subyace no es sobre el texto de la ley sino sobre cuánto se debe en esta provincia. Es lo que se desea conocer pero no soy yo sino el pueblo de la provincia el que debe estar enterado. Es necesario verificar qué tenemos, con qué contamos y cuáles son los reclamos que se efectúan. En la debacle del Estado en los últimos años se han producido pozos en los niveles estatales que no conocemos, no sabemos y hay distintos elementos sujetos a juicio que esperamos caigan en cualquier momento.
Si no hubiera temor a que pudieran encontrarse estas cosas no existiría tampoco temor a que pudiera censarse y verificar la deuda, el temor proviene seguramente de que las cosas no están claras ni tan transparentes como se pretende desde la oposición. Entonces, creo necesario que se nos dé esta herramienta para comenzar a trabajar, herramienta que no deja de ser una verificación de deuda, no deja de ser un censo de deuda, una información que necesita el Estado, que necesitan los habitantes de la provincia para poder actuar en consecuencia.
La legislación posteriormente definirá cómo se saneará la deuda que nos ha dejado la administración radical en los últimos años. Pedimos que nos acompañen para saber cuánto es esa deuda; no puede esgrimir como elemento de prueba la publicación oficial de la página de Internet porque si fuera así no tendría ningún problema en que el censo se realice. Si el problema existe es porque también tiene dudas sobre la información publicada en la red. Entonces, creo que el debate es político, no técnico como pretende el Bloque de la oposición, creo que no existen elementos técnicos para negarse a que un censo de esta naturaleza pueda realizarse en esta provincia. Solicito que se ponga a consideración la moción del señor diputado Lorenzo de votación nominal y se proceda a la votación del proyecto.
SR. RELLY: Señor Presidente, todavía no escuché una clarificación sobre el tema, si es una ley que estrictamente va a censar la deuda o si como dice el artículo 10º se trata de determinarla.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, diría consolidación.
SR. RELLY: Señor Presidente, podríamos analizar la posibilidad de acompañar el proyecto como está si dijera que este censo de deuda, esta manifestación de la cual cada uno de los acreedores que se presenta a reclamar su crédito, no implica reconocimiento alguno; en ningún lado del proyecto dice que nada más se va a tratar de saber cuánto debe la Provincia y que cualquier dato que reciba de cualquier acreedor, supuesto acreedor, no implicará reconocerle deuda alguna.
SR. LORENZO: Señor Presidente, después del señor diputado Touriñán voy a hacer una observación formal.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, el artículo 8º del proyecto de ley que voy a leer para que sea textual, dice: "Este informe no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legitimidad de la deuda, la que por otras vías podrá ser motivo de investigación en su origen y evolución". En definitiva, no hay consolidación de deuda a partir del censo, lo plantea con claridad, parece que lo que molesta de este artículo es la frase: la que por otras vías podrá ser motivo de investigación. Esto pondría en práctica la Ley de Ética Pública que planteó el señor diputado Lorenzo hace unos instantes.
Si no hay más tema de debate seguir planteando estas cosas no tiene ningún sentido. Propongo que se haga la votación.
SR. LORENZO: Señor Presidente, lo que le voy a pedir al señor diputado Touriñán es que se abstenga de mencionar temas del Gobierno anterior o las cuestiones de cómo dejaron los radicales esta Provincia, el desastre que hicieron, habla con un desconocimiento total.
Si el señor diputado va a ir al origen de la deuda pública se llevará una sorpresa; los pagarés son del Plan para Crecer; lo que hoy se puede rescatar son esos pagarés. Pero ahora viene a decir cómo dejamos la Provincia.
Tengo en mis manos un parte diario de la Contaduría General de la Provincia al momento de la entrega, del traspaso del poder, y allí dice cuánto dinero disponible había en los bancos para el gobierno de Das Neves; tan destrozada, la Provincia había dejado $ 109.000.000 disponibles en el banco.
Señor Presidente, me parece que hay algunas aseveraciones políticas del señor diputado que no corresponden. Creo que no se ha entendido la intención del Bloque en estas dudas planteadas; no se ha entendido, se ha querido politizar y no lo vamos a aceptar.
El señor diputado Relly reaccionó, hizo una propuesta; no tenemos ningún tipo de inconveniente. Pero parece que el señor diputado Touriñán está acostumbrado a otro tipo de circunstancias; en el Estado Provincial no se compran chupetines en los kioscos, y no lo entendió.
El grueso de la deuda pública ha pasado por esta Legislatura; ésta es la cuestión, y no lo entendió. Esto es lo que estoy diciendo.
Acá no hay que buscar absolutamente nada; ocurre una situación y simplemente digo que con las deudas tenemos inconvenientes en los estrados judiciales, estamos defendiéndonos en los estrados judiciales; lo único que pedimos son algunas correcciones al proyecto de ley -algunas se aceptarán, otras no-; justamente, en esta cuestión, tenemos el temor de que esto implique algún otro tipo de situación.
Queda absolutamente en claro lo que implica esta situación; que por ahora se haga la corrección porque la intervención del señor diputado Relly era para cuando se hiciera la votación en particular y se haría la corrección cuando habla de otras deudas.
No hay que hablar de ninguna deuda; hay que hacer un relevamiento de la legislación vigente a partir de la Ley nº. 3609 y sobre esa base trabajar, y no que aparezcan otras deudas; no pueden aparecer más.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, solamente quise decir lo que dije y no voy a rectificar una sola palabra de lo que he manifestado; está bien que no me acepte, no sé cómo va a hacer para aceptarme porque lo voy a seguir diciendo; me gustaría que me lo pueda demostrar de alguna forma.
Cuando el señor diputado Lorenzo plantea que hablo desde el desconocimiento de lo que ocurre en la Provincia, hablo desde el conocimiento de lo que ocurre en la Provincia. Si tiene la pretensión de desasnarme sobre cuestiones que aparentemente no conozco, la única forma de hacerlo es a partir de este censo que me están negando la posibilidad de tener. De manera que le pediría al Bloque de la oposición si tiene la deferencia de que pueda desasnarme votando afirmativamente el proyecto que presentamos.
Señor Presidente, insisto nuevamente en que se ponga a votación porque el tema está agotado.
Además, queda evidenciado por primera vez que quien se apartó del tema en tratamiento, que es el proyecto de ley, fue el señor diputado Lorenzo cuando al exponer el tema lo llevó catorce años atrás al citar el Plan para Crecer, y no habló sobre el proyecto.
Insisto, nuevamente, que se ponga a votación el proyecto.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, quiero hacer una aclaración matemática, cinco diputados no es el quinto de la Cámara.
Artículo 1º. Dispónese el inmediato relevamiento, verificación y control de las deudas y créditos que el Estado Provincial mantenga con los particulares, sean éstos personas físicas y/o de existencia ideal, con posterioridad a los plazos previstos en la Ley nº. 3609 y hasta el 31 de diciembre de 2003, conforme las pautas que se determinan en los artículos siguientes. A todos los efectos de la presente ley queda comprendido en el concepto de "Estado Provincial" la Administración Pública Provincial Central y Descentralizada, Entidades Autárquicas, Autofinanciadas, Sociedades del Estado, Servicios de Cuentas Especiales y todo otro ente en el cual el Estado Provincial tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias; como asimismo los Poderes Legislativo y Judicial de la Provincia del Chubut, quedando expresamente exceptuado el Banco del Chubut S.A.. A estos efectos, se considera que el Estado Provincial y las entidades enumeradas precedentemente constituyen una misma y única unidad patrimonial, no aplicándose para este régimen los requisitos propios de la cesión de derechos y obligaciones del derecho común.
Quedan expresamente exceptuadas del régimen de la presente ley las cooperativas de servicios públicos. Asimismo, la autoridad de aplicación podrá excluir de los alcances de la misma, mediante acto administrativo expreso, aquellos casos en los que en razón de su monto no se estimare pertinente la aplicación del régimen que aquí se instituye. A ese fin, la autoridad de aplicación determinará oportunamente este monto mínimo.
Artículo 2º. Para el cumplimiento del objetivo previsto en el artículo precedente, la autoridad de aplicación de la presente ley, publicará, durante cinco (5) días corridos, en todos los diarios de la Provincia del Chubut un aviso llamando a la presentación de una declaración jurada por parte de los particulares mencionados en el primer párrafo del artículo precedente. La misma publicación y por igual período de tiempo se efectuará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Nación. Asimismo, se deberán emitir avisos radiales y televisivos por aquellos medios con los que cuente la Provincia del Chubut y por un término de igual duración que el indicado en el párrafo anterior. Idéntico procedimiento se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicándose avisos en dos (2) de los diarios de mayor difusión.
Artículo 3º. Las mencionadas publicaciones y anuncios indicarán:
a) Plazo en el cual deberán los particulares presentar su declaración jurada. En ningún caso tal plazo podrá exceder de treinta (30) días corridos contados a partir de la última publicación y/o anuncio, salvo lo dispuesto en el artículo 4º de la presente ley.
b) Lugar o lugares donde deberán los particulares retirar los formularios para su declaración jurada y posteriormente presentarla. En la Provincia del Chubut: Contaduría General de la Provincia, Dirección General de Rentas y Delegaciones Regionales de dicha Dirección. Donde no existieren dichas delegaciones, en el Juzgado de Paz respectivo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: en la Casa de la Provincia del Chubut y en la Delegación Regional de Rentas de la Provincia del Chubut con asiento en dicha Ciudad. La copia de presentación, con sello, firma, aclaración de la misma y fecha de recibido, será constancia fehaciente del cumplimiento en la presentación.
c) No se admitirán presentaciones posteriores al vencimiento del plazo de ley, salvo con los efectos establecidos en el artículo 5º de la presente ley.
Artículo 4º. Facúltase a la autoridad de aplicación de la presente ley a prorrogar por un plazo máximo de hasta treinta (30) días corridos, y por una única vez, el plazo previsto en el inciso a) del artículo 3º de la presente ley. Dicha prórroga, correrá a partir de la última publicación de los avisos respectivos en tres (3) de los diarios de mayor difusión de la Provincia del Chubut, en un (1) diario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Provincia y la Nación.
Artículo 5º. La no presentación o, en su caso, la presentación fuera de término, por parte de los particulares, de la declaración jurada en el plazo de ley, implicará y por un término que establezca la autoridad de aplicación, el rechazo automático del particular, por lo que no podrá efectuar propuestas de provisión de bienes y/o servicios y/o locación de obras; para aceptar adjudicaciones u órdenes de provisión o compra en licitaciones públicas, privadas, concursos de precios, adquisiciones directas o cualquier otra modalidad prevista para el llamado o contratación de que se trate.
El Banco del Chubut S.A. deberá exigir del particular constancia de cumplimiento del régimen instituido por la presente ley, bajo pena de nulidad de la operación, cuando éste le solicitare: créditos, avales, fianzas de cualquier naturaleza y para cualquier fin, financiaciones y reestructuraciones de deudas, aperturas de cartas de crédito y, en general, cualquier operación que implique una obligación y/o compromisos por parte del Estado Provincial.
a) Nombre o razón social del deudor o acreedor declarante y, de ser el caso, número de inscripción en el Registro de Constructores o Proveedores del Estado Provincial.
b) Origen de la deuda y/o crédito; indicando, de ser el caso, contrato, acta acuerdo, documento, expediente, certificado, factura, libramiento, repartición contratante u organismo, acto administrativo de adjudicación y fecha del mismo.
d) Cláusula de actualización legal y/o contractual del crédito y/o de la deuda.
e) Deberá adjuntar fotocopia certificada de la documentación con que contare. La autoridad de aplicación confeccionará y proveerá las planillas de las declaraciones juradas.
f) Constancia de inscripción en la Dirección General Impositiva.
g) Constancia de inscripción si la tuviere en la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut.
Artículo 7º. Cada centro receptor de declaraciones juradas tendrá su respectiva letra de serie y asignará un número correlativo de recepción a cada una de las declaraciones juradas que recibiere.
Artículo 8º. Dentro del plazo máximo de los diez (10) días corridos posteriores al vencimiento del plazo establecido en la presente ley para la presentación de la declaración jurada, cada uno de los centros receptores de ellas deberá remitir el total de las mismas a la Contaduría General de la Provincia, a través de la cual se centralizará la información y producirá informe de verificación en el plazo de sesenta (60) días corridos de recibidas. Este informe no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legitimidad de la deuda, la que por otras vías podrá ser motivo de investigación en su origen y evolución.
Artículo 9. Vencido el plazo de sesenta (60) días corridos establecido en el artículo anterior, la Contaduría General de la Provincia elevará a la consideración de la autoridad de aplicación la información recibida, con el detalle final e informe de verificación correspondiente y ordenando dicha información del siguiente modo:
a) Por letra de serie, correspondiendo una letra a cada centro receptor de las declaraciones juradas.
b) Dentro de cada letra de serie distinguirá entre: 1) Deuda Pública Documentada. Aquélla que surge dentro del marco de la leyes de consolidación vigentes al presente, 2) Deuda Pública Determinada: aquella deuda que, si bien no se encuentra documentada, surge de un reconocimiento por parte del Estado Provincial mediante actas acuerdos celebradas en el marco de las Leyes de consolidación y/o actos administrativos de reconocimiento de deudas dictados en dicho marco legal. 3) Otra Deuda Pública: toda aquélla que sin encontrarse en los supuestos de b1) y b2) verosímilmente aparenta ser exigible por trabajos ejecutados, suministros entregados, servicios prestados y/o cualquier otra que revista tal verosimilitud en función del marco legal en que se sustentó la contratación administrativa.
c) A su vez, dentro de cada letra de serie se acumularán todos los créditos y/o débitos de cada particular que tuviere más de un (1) crédito y/o débito, aun cuando éstos fueren por diferentes contrataciones (locación de obra, suministro, etcétera).
Artículo 10º. Con la información recibida, detalle final e informe de verificación correspondiente por parte de la Contaduría General de la Provincia, la autoridad de aplicación determinará mediante acto administrativo expreso las deudas con los particulares.
Para la determinación referida en el párrafo que antecede, y de conformidad con el artículo 11º de la presente ley, la autoridad de aplicación podrá designar aquellas personas que por su conocimiento técnico específico de la materia habrán de colaborar en la fundamentación de las razones a que se hace mención.
Artículo 11º. Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Economía y Crédito Público, que podrá dictar todas aquellas normas que sean menester para la aplicación de la presente ley; pudiendo, además, designar a aquellas personas que colaborarán con ella respecto de la administración, ejecución, supervisión y control del sistema que por esta ley se instituye.
Artículo 12º. Los gastos operativos y los servicios financieros que demande el cumplimiento de la presente ley se afectarán de los recursos de Rentas Generales.
Artículo 13º. Infórmese dentro del plazo de treinta (30) días de concluida la tarea de relevamiento y verificación de deudas y créditos a esta Cámara de Diputados sobre los resultados obtenidos.
Artículo 14º. La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación.
- Gaspar, José Eduardo: por la negativa.
- Morelli, Omar Elvio: por la negativa.
Queda aprobado en general.
SR. LORENZO: Señor Presidente, para su aprobación en particular no es necesaria la votación en forma nominal.
No obstante, en mi banca tengo un texto del proyecto de ley que contiene errores por lo que, ignorando si se le han efectuado las correcciones, solicito cotejarlo con el obrante en Secretaría.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Para su consideración en particular, por Secretaría se leerá.
Se encuentra reservado en Secretaría el Proyecto de Ley nº. 181/03.
PROYECTO DE LEY Nº. 181/03
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, vamos pedir el tratamiento sobre tablas no sin antes fundamentar para el señor diputado Lorenzo que está expectante de ello.
Las razones de urgencia están dadas porque es importante empezar la gestión de gobierno contando con un Estado ágil, eficiente, moderno, con la gente, que vaya adelante del problema, que no se quede atrás, que contemple todas las necesidades de la provincia en su relación con sus municipios y todo otro aspecto relacionado con un Estado que debe producirse en un espectro de cambio en relación con lo que estamos acostumbrados y con esquemas que evidentemente en el pasado no han dado resultado.
En función de ello se propone un plan con objetivos para llevar adelante este proceso de modernización del Estado. Por ello es necesario que al comienzo, para poder presentarnos en sociedad como imparciales motivadores de este proceso de cambio, al inicio de la gestión, se nos dé la posibilidad de poner en marcha los mecanismos necesarios para que esto sea posible.
De acuerdo con ello solicitamos que el tema tenga tratamiento sobre tablas y por eso ha quedado reservado en Secretaría.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, decía recién cuando fundamentaba las razones de urgencia, que existe la necesidad de producir un crack en lo que fue la administración provincial y lo que debe ser la administración provincial.
Esto deviene de considerar y analizar distintos aspectos en la política en todo nivel, nacional, provincial y municipal y los reclamos de la gente tendientes, necesariamente, a la atención de los requerimientos básicos de una sociedad que tienen que ver con la presencia del Estado en todos los aspectos y canales en que puedan llevarse adelante las políticas de gobierno. Para ello es necesario readecuar las estructuras, capacitar a la gente.
Tenemos objetivos claros sobre hacia qué se apunta; tenemos estrategias de gobierno para llevar adelante este tipo de políticas con la ambición que puede significar canalizar inquietudes que la gente ha manifestado a lo largo de toda la campaña política. Estoy hablando de los programas que se han presentado a lo largo del proceso electoral que recibió la adhesión de la gente en la mayoría de los pueblos de la Provincia, y para poder canalizar este tipo de inquietudes tenemos varios aspectos relacionados con ello.
En la primera parte se enuncian los objetivos que se pretenden alcanzar, o sea, cuáles son los mecanismos necesarios. Se plantea una comisión mixta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para poder analizar este tipo de programas y para que se pongan en marcha mecanismos institucionales consagrados en la Constitución Provincial.
Esto parecería una redundancia, pero se trata de buscar los objetivos planteados y de llevarlos a la práctica en la actividad política y en la comunidad para que los mecanismos de la democracia semidirecta puedan ser, realmente, un eje de participación de la gente y que la comprometa con las políticas de gobierno.
Por estos motivos creo que en este aspecto no debería haber ningún tipo de inconvenientes ni problemas para poder canalizar este tipo de inquietudes, dado que es una herramienta que necesita el Estado para poder dar su puntapié inicial y presentarse ante la sociedad con una propuesta de cambio hacia lo que debe ser el gobierno de la Provincia. Por ello solicitamos a la Cámara que nos acompañe con su voto.
SR. RELLY: Señor Presidente, voy a tratar de ser muy breve ya que es más de la una de la mañana.
No vamos a acompañar al Bloque oficialista porque el proyecto es desprolijo, impreciso, y voy a señalar solamente algunas cuestiones.
Quiero, en principio, señalar las facultades del Poder Ejecutivo determinadas en el artículo 155º de la Constitución, que establece que el Poder Ejecutivo se expide mediante decretos e instrucciones para poner en ejercicio las leyes.
Esa es, básicamente, la función del Poder Ejecutivo. Pero acá, en este proyecto de ley, nos encontramos -entre otras cosas, entre otras imprecisiones- con que el Poder Ejecutivo, según el artículo 14º, dictará las normas de gestión. Estamos delegando en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar normas de gestión, de contratación y adquisiciones.
Y la Provincia tiene un sistema y una normativa específica para contratar y para adquirir, normativa que establece algunos sistemas como la mayoría de los casos licitatorios que garantizan la competencia de los precios.
Como dije en un principio, estos conceptos resultan imprecisos y es por eso que nuestro Bloque no va a acompañar esta ley.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, tiene razón el señor diputado Relly, es la una de la mañana, y no quiero aburrirlos con un discurso acabado del tema porque ya ha sido plena y claramente planteado en el proyecto que se ha presentado; pero una sola cuestión planteada sobre la dificultad subjetiva de hacer la historia contemporánea -como decía Hegel-, nosotros mismos formamos parte de esa historia y por lo tanto carecemos de objetividad.
Simplemente quiero recordar que la Unión Ejecutora Provincial ha realizado esta actividad durante mucho tiempo sin que el Bloque Justicialista, que fue oposición, hubiese planteado este tipo de discurso. De todas formas el decreto va a tener que ajustarse a la ley anterior, y no encuentro inconveniente; se trata de convenios de gestión que están en los artículos 14º y 15º que plantea el señor diputado preopinante. En ese contexto no habría mayores inconvenientes tratándose de créditos subsidiados por organismos internacionales.
Señor Presidente, solicito que se ponga a consideración el presente proyecto para su votación.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el proyecto en mayoría.
Artículo 1º. Declárase al Estado de la Provincia del Chubut en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.
El proceso de modernización de la gestión del Estado será desarrollado de manera coordinada entre el Poder Ejecutivo a través de la Subsecretaría para la Modernización del Estado dependiente del Ministro Coordinador de Gabinete y el Poder Legislativo a través de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado, a crearse, con la participación de otras entidades cuando por la materia a desarrollar sea ello necesario.
Artículo 2º. La presente ley tiene por objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias.
Artículo 3º. La presente ley es de aplicación en todas las dependencias de la Administración Pública Provincial, incluyéndose en la misma los entes autofinanciados, autárquicos, sociedades del Estado y sociedades anónimas con mayoría estatal.
PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO
Artículo 4º. El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo es alcanzar un Estado:
Artículo 5º. El proceso de modernización de la gestión del Estado se sustenta fundamentalmente en las siguientes acciones:
a. Priorización de la labor de desarrollo social en beneficio de los sectores menos favorecidos, mejorando, entre otras acciones, la prestación de los servicios públicos.
b. Concertación, con la participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas, diseñando una visión compartida y planes multianuales, estratégicos y sustentables.
c. Descentralización, a través del fortalecimiento de las juntas vecinales, comunas rurales y los municipios, la gradual transferencia de funciones.
d. Mayor eficiencia en la utilización de los recursos del Estado, por lo tanto, se elimina la duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones entre sectores y entidades o entre funcionarios y servidores.
e. Revalorización de la carrera pública, haciendo valer los preceptos constitucionales del título II, Políticas del Estado, capítulo I, artículo 67º de la Constitución Provincial. Además se pone especial énfasis en el principio de la ética pública y la especialización así como el respeto al estado de derecho.
f. Institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados, a través del uso de modernos recursos tecnológicos, la planificación estratégica y concertada, la rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia a fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones del Estado.
g. Regulación de las relaciones intersectoriales.
Artículo 6º. El diseño y estructura de la Administración Pública, sus dependencias, entidades y organismos, se rigen por los siguientes criterios:
a. Las funciones y actividades que realice la Administración Pública, a través de sus dependencias, entidades y organismos, deben estar plenamente justificadas y amparadas en sus normas.
b. Las dependencias, entidades, organismos e instancias de la Administración Pública no deben duplicar funciones o proveer servicios brindados por otras entidades ya existentes.
c. En el diseño de la estructura orgánica pública prevalece el principio de especialidad, debiéndose integrar las funciones y competencias afines.
Toda dependencia, entidad u organismo de la Administración Pública debe tener claramente asignadas sus competencias de modo tal que pueda determinarse la calidad de su desempeño y el grado de cumplimiento de sus funciones, en base a una pluralidad de criterios de medición.
Artículo 7º. La gestión y el uso de los recursos públicos en la Administración Pública, sus dependencias, entidades y organismos deberán estar sometidos a la medición del cumplimiento de las funciones asignadas y la obtención de resultados, los cuales serán evaluados periódicamente.
Artículo 8º. El Estado debe promover los mecanismos para lograr una adecuada democracia participativa de los ciudadanos, a través de mecanismos indirectos de participación establecidos en el título IV, sección II de la Constitución Provincial.
Artículo 9º. El ciudadano tiene el derecho de participar en los procesos de formulación presupuestal, fiscalización, ejecución y control de la gestión del Estado, mediante los mecanismos que la normatividad establezca.
Artículo 10º. El ciudadano en su relación con las instituciones del Estado tiene los derechos y deberes establecidos en los sección II y sección IV de la Constitución Provincial, sin perjuicio de los demás derechos contenidos en otras normas.
Artículo 11º. Son obligaciones de los trabajadores y funcionarios del Estado, sin perjuicio de las establecidas en otras normas, las siguientes:
- Brindar al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable y predecible.
DE LA MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
Artículo 12º. El proceso de modernización de la gestión del Estado se apoya en la suscripción de Convenios de Gestión y en la implementación de Programas Pilotos de Modernización en los distintos sectores de la Administración Pública Central, en todas sus instancias, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. Estos últimos implican una reorganización integral del sector, incluyendo aspectos funcionales, estructurales, de recursos humanos, entre otros.
Artículo 13º. La fusión de direcciones, direcciones generales, subsecretarías, gerencias, programas, dependencias, entidades, organismos públicos descentralizados, comisiones y en general toda instancia de la Administración Pública Central, así como la modificación respecto de la adscripción de un organismo público descentralizado de un sector a otro, se realizará por decreto del Poder Ejecutivo, de acuerdo a las finalidades, preceptos y criterios establecidos en los artículos 4º, 5º y 6º de la presente ley y previo informe favorable de la Subsecretaría de Modernización del Estado, dependiente del Ministro Coordinador de Gabinete. Las demás acciones que sobre reforma de la estructura del Estado requiera realizar el Poder Ejecutivo serán aprobadas por ley. En los casos de entidades que constitucionalmente se rijan por ley orgánica, su fusión se dará por una norma de igual jerarquía.
Las normas de organización y funciones de los organismos públicos descentralizados serán aprobadas por decreto del Poder Ejecutivo en acuerdo general de ministros.
Artículo 14º. El Ministro Coordinador de Gabinete, en coordinación con el Ministerio de Economía y Crédito Público, podrá suscribir Convenios de Gestión con el objeto de lograr y realizar los fines y acciones establecidos en la presente ley.
Mediante decreto del Poder Ejecutivo refrendado por el Ministro Coordinador de Gabinete y el Ministro de Economía y Crédito Público, se dictarán las normas de gestión, de contrataciones y adquisiciones y del manejo presupuestario de las entidades que suscriban Convenios de Gestión.
Los Convenios de Gestión tendrán una duración máxima de un año. En ningún caso regirán más de un ejercicio fiscal.
Artículo 15º. Los Convenios de Gestión se elaboran teniendo en cuenta lo siguiente:
a) El establecimiento de metas vinculadas al proceso de modernización y de descentralización.
b) El Marco Macroeconómico Semestral y Anual.
c) Las metas y objetivos establecidos en los Planes Estratégicos Sectoriales Semestrales y Anuales.
d) El establecimiento de mecanismos de transparencia que permitan a la ciudadanía medir el desempeño institucional y la obtención de metas y objetivos establecidos.
Artículo 16º. Apruébense los "Programas Piloto de Modernización" en los sectores del Ministerio Coordinador de Gabinete y del Ministerio de Economía y Crédito Público. Estos "Programas Piloto de Modernización" incluyen a los organismos públicos descentralizados adscriptos a los sectores mencionados. Mediante decreto del Poder Ejecutivo, se dictarán las disposiciones que permitan la flexibilidad en la ejecución de los mencionados programas pilotos.
La implementación de los "Programas Piloto de Modernización" se realiza bajo la conducción de la Subsecretaría de Modernización del Estado dependiente del Ministro Coordinador de Gabinete, a través de Convenios de Gestión, los cuales se sujetan a las disposiciones establecidas en la presente ley.
Antes del día 15 de abril de 2004, el Ministro Coordinador de Gabinete entregará a la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado un informe acerca del desarrollo de los programas piloto y deberá informar del cumplimiento de los objetivos antes del día 30 de diciembre del 2004.
Artículo 17º. Para la creación de Direcciones, Direcciones Generales, Gerencias Subsecretarías, o cualquier otra entidad del Estado, se requiere de la opinión técnica previa del Ministro Coordinador de Gabinete.
Las solicitudes de opinión técnica provenientes de la Comisión Dictaminadora de la Cámara de Diputados deberán atenderse en un plazo de treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud.
Artículo 18º. El Poder Ejecutivo, dentro de un plazo máximo de treinta (30) días de entrada en vigencia de la presente ley, deberá remitir a la Cámara de Diputados, el proyecto de la nueva ley sobre los sistemas de control de gestión denominada "Oficina Anticorrupción".
Artículo 19º. La presente ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de sesenta días (60) días calendario a partir de su vigencia.
- Se leen y aprueban los artículos 1º al 19º.
- El artículo 20º es de forma.
Se encuentra reservado en Secretaría el Proyecto de Ley nº. 182/03.
PROYECTO DE LEY Nº. 182/03
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, este tema por sus características propias merece que le demos tratamiento de urgencia para poder aplicarlo a la mayor brevedad.
Evidentemente, no estamos en una situación dentro de la provincia donde el empleo sea una de las características que sobresale por su actividad de modo que hay carencias en muchos hogares sobre todo en el interior de la provincia. Sus integrantes buscan una salida laboral acercándose a las grandes ciudades más importantes y terminan viviendo en la periferia y marginados de la sociedad. Con este proyecto se pretende generar empleo genuino en sus lugares de origen con una partida de $ 5.000.000 del Presupuesto en vigencia que se aplicará efectivamente a eso, a la creación de empleo en reemplazo de trabajos que se están realizando o que comúnmente se realizan a partir de la utilización de medios mecánicos.
Generar trabajo, mantenerlo para que estas personas puedan dar sustento a sus familias, ante la necesidad y las carencias de la gente, consideramos suficientes razones de urgencia para pedir el tratamiento sobre tablas.
SR. NEGRETTE: Señor Presidente, nadie de los aquí presentes ignora la actual situación de emergencia laboral y los altos índices de desocupación que castigan a amplios sectores de nuestra sociedad.
Convencidos de que este proyecto va a ser una de las herramientas que nos permita comenzar a cumplir con el anhelo de miles de nuestros comprovincianos que hoy necesitan y quieren un trabajo que les dé la posibilidad real y concreta de llevar a sus hogares un salario ganado en forma digna, creemos que llegó la hora de que el Estado Provincial afecte parte de su presupuesto para paliar este grave problema social como es el de la desocupación. Estamos convencidos de que llegó la hora de que el Estado asuma decididamente el compromiso de instalar políticas activas para combatir el flagelo de la desocupación.
Sin lugar a dudas, señor Presidente, creo que este proyecto de ley va a contar con el apoyo decidido de todos los señores diputados porque dignifica a nuestros hermanos que hoy se encuentran viviendo esta triste realidad del desempleo, es una deuda y una obligación nuestra. Es por ello que invito a los señores diputados a acompañar este proyecto cuyo espíritu y letra tiene como único horizonte permitir el acceso al trabajo a nuestros comprovincianos excluidos hoy del mercado laboral.
SR. PAPAIANI: Señor Presidente, pido la palabra al solo efecto de solicitar que por Secretaría se lea el proyecto dado que hemos hecho sugerencias en la tarde de hoy y solamente queríamos saber si se habían considerado.
SRA. DI FILIPPO: Señor Presidente, aunque de todas formas el proyecto será leído por Secretaría, quiero comunicarle al señor diputado Papaiani que parte de las sugerencias fueron plasmadas en el proyecto de ley y, además, también hemos incorporado dónde debe ser imputada la partida de los $ 5.000.000.
Artículo 1º. Autorízase al Poder Ejecutivo a destinar la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000,-) en el Presupuesto vigente, proveniente de la Partida Presupuestaria 111, Rentas Generales, para establecer un plan de emergencia del empleo, cuya autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Crédito Público, a través de la Unidad Ejecutora Provincial, que consistirá en la afectación de fondos para encarar obras públicas de mano de obra intensiva, que sustituya cualquier tipo de trabajo por medio mecánico, y cuyos valores de contratación y plazo de ejecución no superen individualmente la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000), a valores constantes y dos (2) meses de plazo, respectivamente.
Artículo 2º. Dichas obras deberán ser licitadas y contratadas por las municipalidades previo convenio a celebrarse con las autoridades de la Provincia, mediante procedimiento de contratación que aseguren celeridad, eficiencia e inmediata creación de nuevos puestos de trabajo. Se exigirá que por lo menos el ochenta por ciento (80%) de la mano de obra a ocupar tenga domicilio legal en el lugar donde se ejecuten los trabajos. Dichas obras se llevarán a cabo, preferentemente, en centros que exhiban los mayores índices de desocupación y subocupación.
SR. PAPAIANI: Señor Presidente, deseo comunicar que vamos a dejar sin efecto el dictamen de la minoría y vamos a acompañar el dictamen en mayoría.
Solicitamos un cuarto intermedio para solucionar algunas cuestiones de redacción en el proyecto de ley en cuestión.
- Así se hace a la 1,32 del 13 de diciembre de 2003.
- A la 1,50 dice el
Corresponde el tratamiento en particular.
SRA. DI FILIPPO: Señor Presidente, de acuerdo con lo conversado con los señores diputados en el cuarto intermedio la propuesta es: "Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes en el presupuesto vigente por la suma de $ 5.000.000 para establecer un Plan de Emergencia", y después sigue igual.
SR. PAPAIANI: Señor Presidente, una vez corregido el proyecto obviamente vamos a acompañar al Bloque oficialista con el voto; pero quiero referirme a lo expresado anteriormente, cuando se inició el debate, por el Presidente de la bancada Justicialista, como así también el señor diputado Negrette.
En los momentos más difíciles que atravesó el país y la provincia por los hechos acaecidos a partir del 21 de diciembre de 2001, el gobierno provincial logró algunos paliativos en cuanto a la problemática laboral.
Es así, señor Presidente, que se crearon varios Programas, como Experiencia, Idea, Forjar, Pech, Pen, pero lejos está esto de ser puestos de trabajo genuinos. Y después de haber escuchado en este recinto, el día que prestó juramento, al Gobernador de la Provincia, Mario Das Neves, creo que su discurso generó una real expectativa en toda la comunidad chubutense y fundamentalmente en aquellos que sufren el flagelo de la desocupación; concretamente la creación de esos seis mil quinientos puestos de trabajo genuinos. Esperemos que esto se cumpla, porque —reitero- esto que vamos a votar hoy no es más que otro paliativo, como el que nosotros pudimos llevar a cabo durante la gestión de gobierno que encabezó José Luis Lizurume.
Se encuentra reservado en Secretaría el Proyecto de Ley General nº. 183/03 del Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY Nº. 183/03
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, este proyecto está intentando recabar información acerca de elementos, bienes y empleados del Estado Provincial. La necesidad de urgencia que hace necesario su tratamiento sobre tablas en la presente sesión, es precisamente para realizar ese relevamiento y recabar toda la información en el menor tiempo posible. Este tiempo se vería limitado -en caso de no aprobarse el proyecto- por la licencia del personal, lo que dificultaría de alguna manera la puesta en marcha de este proceso.
De manera que en esas circunstancias, solicitamos el tratamiento sobre tablas del presente proyecto y el acompañamiento de los señores diputados para su aprobación.
SR. GASPAR: Señor Presidente, primeramente voy a decir que para llevar adelante lo que este proyecto de ley expresa no hace falta una ley sancionada por esta Cámara, sino que con un simple decreto del Poder Ejecutivo se podría haber llevado adelante.
En segundo lugar, voy a hacer dos apreciaciones sobre este proyecto de ley que espero se haya corregido porque creo que son dos errores que no pueden cometerse en un proyecto de ley. El primero está en uno de los párrafos del artículo 2º, donde puntualmente tiene un texto anticonstitucional al atacar el artículo 24º de la Constitución Provincial.
En el primer párrafo del artículo 6º, los que son abogados y los que son viejos legisladores -por el tiempo de estar en la Legislatura- saben que nadie puede poner en un artículo que se ratifica la Constitución de la Provincia. Nuestra ley máxima no necesita la ratificación en un artículo de una ley, como tampoco necesita otra ley la ratificación de su vigencia.
Entonces éstas son dos correcciones que desde la minoría solicitamos se concreten. Si estas dos modificaciones se hicieran en el texto de esta ley -han habido modificaciones anteriores y no sé si esto se ha llevado adelante-, este Bloque de la minoría acompañaría este proyecto de ley y, reitero, con un simple decreto esto se podría haber llevado adelante.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, solicitamos el tratamiento sobre tablas y es lo que debería haberse puesto a consideración de la Cámara antes de analizar en forma definitiva el texto normativo del proyecto, por lo tanto vamos a solicitarlo ahora en definitiva. El tema de la Constitución, de las leyes planteadas, evidentemente están puestas por una cuestión muy simple: para que se cumplan.
Insisto en que sometamos a consideración de los señores diputados el tratamiento sobre tablas y después tratemos punto por punto los aspectos de la ley.
SRA. MUÑOZ: Señor Presidente, señores diputados, en primer lugar, nuestro Bloque considera que un Estado no puede comenzar a modernizarse si no sabe qué tiene y cuántos son, por lo que la aprobación de este proyecto de ley es más que necesaria; más aún teniendo en cuenta que en su mensaje el señor Gobernador anunció que va a transparentar la gestión y para ello es necesario saber qué tiene y cómo continúa.
En el período de transición hemos tenido del entonces señor Gobernador Lizurume buena predisposición y voluntad, pero no buena información. Por ello es más que necesario saber cuántos agentes trabajan en la provincia dependientes de la Administración Pública; porque más allá de lo que tenemos en Internet, hoy, a ciencia cierta, no se sabe cuántos son, dónde trabajan ni en qué situación están.
Además, hay otra cosa muy importante, que es el censo de los bienes del Estado. Si bien es cierto que cada ente tiene su patrimonio e inventario, en muchos casos la realidad nos demuestra que éste no está actualizado, y que muchas cosas no están, o que muchas que había o se compraron tampoco están.
Por lo tanto, para comenzar a trabajar con seriedad, para comenzar a aplicar esta propuesta de modernización del Estado, es necesario que dotemos a este nuevo gobierno de esa información, que insisto es más que necesaria; no sólo para conocimiento de este gobierno y para la toma de decisiones, sino para que la comunidad conozca en qué estado estamos, qué Estado recibimos y qué es lo que tenemos, para que una vez cumplido nuestros cuatro años de mandato podamos rendir cuentas a partir de este momento. Por ello le solicitamos al Bloque de la oposición el acompañamiento para el presente proyecto de ley.
Asimismo, con relación a la solicitud efectuada por el señor diputado preopinante respecto al artículo 2º, quiero informar que ha sido modificado, quedando redactado de la siguiente manera: "Los funcionarios responsables de las Direcciones de Administración y las distintas sectoriales de personal abonarán los haberes únicamente a quienes hubieren cumplido con el censo establecido en el presente artículo, y velarán por su cumplimiento, resultando solidariamente responsables en el aspecto patrimonial en caso de violación a lo dispuesto en este artículo". Es decir, este párrafo del artículo 2º ha sido modificado y, posteriormente, se leerá por Secretaría. Lo que no se ha modificado es lo referente a la Constitución Provincial, la que queda ratificada en virtud de que no se cumple.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de los señores diputados para el presente proyecto de ley.
SR. GASPAR: Señor Presidente, en primer término, me gustaría que se lean las modificaciones que planteamos en el artículo 2º para entender bien la redacción.
En el artículo 6º me parece un disparate plantear en un proyecto de ley la ratificación de la Constitución que es la ley madre de esta provincia, nadie puede plantear la ratificación de ella y el argumento es que no se cumple.
Si alguien no cumple con la Constitución se le tendrá que aplicar la sanción que corresponda pero no se puede plantear la ratificación de la Constitución y de dos leyes salvo que hubieran querido poner que prorrogan las leyes, quizás en vez de ratificar sean prorrogadas, por lo que dijo la señora diputada Di Filippo en el tratamiento del primer proyecto, que le dolía tener que prorrogar la Ley de Emergencia porque una de las leyes que ratifica en su aplicación es la Ley de Emergencia Económica. Pero si está en vigencia, ¿quién ratifica?
Supongo que han querido poner que prorrogan la ley. Es un disparate, reitero, poner la ratificación de la Constitución y de dos leyes que hoy están en vigencia y que tienen aplicación. Se aplican o se aplican, nadie puede ratificar su vigencia.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, más allá de la cuestión planteada sobre la vigencia plena de la Constitución y de las leyes que nadie discute hay que tener en cuenta el contexto del Proyecto en su magnitud y en su conjunto. No se pueden tomar aisladamente frases y señalarlas como si fueran el eje y centro del proyecto presentado. Para poder entender el espíritu hay que analizar el contexto en su conjunto.
En este aspecto puede sonar como una cuestión declamativa, lo cierto es que la ley que citaba el señor diputado preopinante, en el caso de la Ley de Emergencia, la cuestión del ingreso de personal a la administración pública no se ha cumplido en los últimos años.
Ratificar es al solo efecto de tener un hecho positivo que demuestre la voluntad férrea de hacerlo. El efecto que causa no es desear que la pongamos en vigencia, el efecto es un hecho positivo y un mensaje a la sociedad, el querer realizar positivamente las cosas.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Por Secretaría se leerá el despacho en mayoría.
Artículo 1º. La presente ley será de aplicación a la totalidad de los organismos dependientes de la Administración Central, entes autárquicos y descentralizados, sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
Artículo 2º. Con la finalidad de recopilar la información necesaria que permita conocer el actual dimensionamiento de la planta de personal del Estado Provincial en cuanto a su cantidad y su distribución según escalafones, agrupamientos funcionales, categorías, localización territorial, situación de revista y funciones y su real prestación de servicios, facilitándose, asimismo, el cumplimiento de los objetivos de esta ley, dispónese la realización de un censo integral operativo del personal de la Administración Pública Provincial.
A tal fin se considera incluido en los objetivos del censo a todo el personal de planta permanente y no permanente (contratados, transitorios de plan de obras, de reconocimiento de servicios, del agrupamiento político y cualquier otra modalidad de relación laboral con el Estado Provincial) que preste servicios en Administración Centralizada, Descentralizada, entes autárquicos, empresas, sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
Los funcionarios responsables de la Direcciones de Administración y las distintas sectoriales de personal abonarán los haberes únicamente a quienes hubieren cumplido con el censo establecido en el presente artículo, y velarán por su cumplimiento resultando solidariamente responsables en el aspecto patrimonial en caso de violación a lo dispuesto en este artículo.
Artículo 3º. Con la finalidad de recopilar la información necesaria que permita conocer el actual estado patrimonial del Estado, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Coordinación de Gabinete, instrumentará y aplicará la actualización del inventario de bienes patrimoniales de inmuebles y muebles registrables. Los servicios administrativos contables correspondientes a los organismos que se detallan en el artículo 1º de esta ley deberán ajustarse a la reglamentación que el Poder Ejecutivo realizará.
Artículo 4º. La ejecución de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º deberá concretarse en un plazo de noventa (90) días a partir de la promulgación de la presente ley. A este fin, el Poder Ejecutivo a través de los organismos técnicos pertinentes de su dependencia instrumentará la conducción normativa, la organización, planeamiento, programación, ejecución y evaluación de los resultados obtenidos.
Artículo 5º. El Poder Ejecutivo deberá remitir, dentro de los treinta (30) días posteriores a la finalización del censo, a la Legislatura, un informe conteniendo los resultados y conclusiones del mismo, el que debe ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en el mismo plazo.
Artículo 6º. Ratifícase la vigencia de lo establecido en la Constitución Provincial, Ley nº. 3923 y sus modificatorias y Ley nº. 4154. En consecuencia, en el ámbito de cada Poder y en un plazo que no exceda el previsto por el censo dispuesto en el artículo 4º de la presente ley, los agentes públicos deberán presentar declaraciones juradas ante sus oficinas de personal relativa a su situación de revista, consignando los cargos y beneficios de los que sean titulares.
Toda omisión o falsa declaración hará pasible a los mismos de las medidas disciplinarias que correspondan.
Asimismo, y sin perjuicio de las sanciones del caso al agente por las transgresiones de estas disposiciones, son responsables de las mismas los superiores jerárquicos inmediatos que no exijan su fiel cumplimiento.
Artículo 7º. Transcurridos los plazos previstos en el artículo anterior, se procesarán las declaraciones juradas determinando las incompatibilidades que surjan conforme a lo previsto en el artículo 6º de la presente ley.
El agente que se encontrare incurso en incompatibilidad, deberá optar por alguno de los cargos en que revista dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente ley.
En el caso que el agente no haya hecho efectiva dicha opción y fuera determinada su incompatibilidad de acuerdo al procedimiento que se prevé, se dispondrá su baja automática.
Artículo 8º. Los Poderes del Estado deberán informar a la Legislatura las sanciones impuestas por las situaciones de incompatibilidad detectadas.
SR. GASPAR: Señor Presidente, lamentablemente lo que planteamos en el último párrafo del artículo 2º está exactamente igual. Le han cambiando la redacción, pero el efecto es exactamente el mismo. Por un lado, prohíben pagarle a quien no haya hecho el censo y en la otra redacción le van a pagar a quien lo haya hecho. Es exactamente lo mismo, y esto no se puede hacer.
En este recinto hay gente que sabe muchísimo más que yo de derechos laborales porque algunos sé que provienen del ámbito gremial, y saben que una de las cosas más importantes que tiene alguien cuando trabaja, es su salario. Tan importante es, señor Presidente, que nuestra propia Constitución, en su artículo 24º, hace mención a esto.
En este párrafo de este artículo se atenta contra eso.
El trabajador lo que tiene de obligación, máxima obligación, es su trabajo y no puede ser que por una norma, por un censo, o que alguien no lo haga en término no perciba su salario. Esta es una aberración, y se nos pretende decir que el cambiar la redacción es exactamente lo mismo; prohibirle a alguien que no pague es exactamente lo mismo que no pagarle al que no haga algo.
Y lo dijimos claramente: si se aceptaban las modificaciones íbamos a acompañarlos, pero lamentablemente esto que es lo más grave que tiene este proyecto de ley no se ha modificado. Nosotros no vamos a avalar una norma, que es buena para saber qué cantidad de empleados se tiene -claro que es verdad todo lo que se dijo-, que atente contra algo tan importante y esencial como es el salario de alguien.
Señor Presidente, sin las modificaciones que hemos planteado en este artículo y el disparate del artículo 6º, diciendo que se ratifica la Constitución porque en ciertos casos no se cumple, no tiene sustento. Pero más, señor Presidente, porque ellos hoy son gobierno, por lo tanto la responsabilidad política que las normas se cumplan la tiene hoy quien ejerce el Poder Ejecutivo, y no tiene que ratificar en una ley la aplicación de las leyes, las debe aplicar y punto.
A la Constitución la deben aplicar y punto, y no poner en un texto de la ley un disparate jurídico, como es ratificar la aplicación de la Constitución o la vigencia de las leyes.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, realmente el ardiente celo por preservar los derechos individuales de aquellas personas que no hagan el censo me pone en una situación un poco extraña, habida cuenta de quien puede negarse a realizar un censo, simplemente cumple la función que debe cumplir y percibir el salario...
- Hablan simultáneamente los señores diputados.
En consecuencia, quien haga ese censo no va a tener ningún problema. El problema es aparentemente —o pareciera ser por el ardiente celo y las defensas que se está imponiendo sobre esa cuestión- que existen personas que sí van a tener problemas; pareciera, por lo menos me queda la duda después de escuchar lo que he escuchado. Porque si no qué empleado público se negaría a decir: "Yo estoy trabajando en tal lugar, percibo tal salario, mi jefe es éste y no está". No debería existir ningún problema, y no debería complicar la redacción de este artículo, pero si complica debe ser por alguna razón, señor Presidente. Me queda la reflexión, nada más.
Por lo expuesto, solicito que se ponga a consideración de los señores diputados el presente proyecto.
SR. LORENZO: Señor Presidente, es terrible ver como el señor diputado Touriñán tira mantos de sospechas, es una cosa realmente incomprensible.
Voy a dar un solo caso: una persona enferma y con largo tratamiento, que no lo haga por desconocimiento sino porque está en Buenos Aires, porque tiene cáncer y tiene cinco o seis meses. Una persona con licencia política. Acá no están las excepciones, éste es el problema que existe.
No hay problemas de sospechas, sino que existen casos donde quizás -ciertamente- no se van a poder presentar, son los casos donde más necesitan de su salario, sobre todo una persona enferma. Entonces, no se trata de sospechas sino de escribir los textos como corresponde.
SR. GASPAR: Señor Presidente, voy a hacerle una aclaración al Presidente del Bloque Justicialista. En la ciudad de donde provenimos los dos, también se hizo este censo pero en ningún párrafo de esa ordenanza que sancionamos había una sanción de semejante naturaleza para el que no hacía ese censo.
Entonces, como dijo el señor diputado Lorenzo, no es bueno tirar mantos de sospechas. Solamente planteamos esta duda y queríamos esta modificación. Si no es posible, no hay ningún problema, señor Presidente, ya sabemos la posición que vamos a tomar.
SRA. DI FILIPPO: Señor Presidente, los señores diputados preopinantes, Lorenzo y Gaspar, hablaron de los mantos de sospecha que tiraba en este recinto mi compañero de bancada y Presidente de mi Bloque, señor diputado Touriñán.
Les digo a los señores diputados de la oposición que ellos están acostumbrados a ver fantasmas, porque el señor diputado Gaspar decía recién que parece que se está tratando de la ley de emergencia, ratificarla, ponerla en vigencia o prorrogarla y esto no tiene absolutamente nada que ver.
Hacía referencia a que estamos intentando salir de la emergencia y esto lo planteamos en la campaña, creemos que es posible, pero queremos saber cuál es la situación de nuestra provincia. En este fantasma que están viendo, aparece ahora el fantasma de la persona de largo tratamiento, de la persona con licencia política y una persona con licencia política no desconoce la existencia de esta legislación.
El tema es que intuyo que en esto de las sospechas y fantasmas, no queremos que se conozca exactamente cuántos empleados públicos hay, dónde están, qué categorías tienen. Porque en algún momento, señor Presidente, cuando hicimos algún pedido de informes respecto a la totalidad de empleados del Estado Provincial, el Poder Ejecutivo se asombró porque como habían designaciones, mensualizaciones, nombramientos y contrataciones en las distintas áreas, se encontró de repente -cuando sumó la totalidad de las áreas- con un número que no tenían en cuenta, realmente se sorprendieron hasta los mismos integrantes del Poder Ejecutivo.
Insistimos en que queremos saber y voy a poner un sub-ejemplo, así como el señor diputado Lorenzo ponía como ejemplo a las personas con largo tratamiento. En la Casa del Chubut, señor Presidente, hay ochenta personas adscriptas de distintos lugares de la Administración Pública, es uno de los lugares en lo que nosotros hemos podido hacer como recuento del personal, figuran allí casi ochenta personas adscriptas; nadie sabe dónde trabajan -obviamente, no en la Casa del Chubut- ni qué función cumplen. Probablemente, algunas de esas personas, salvo que alguien les avise por teléfono, no se enterarán de la existencia del censo porque cobran por cajero automático y van todos los meses directamente al banco.
Hablo de una sola oficina situada en Capital Federal, la representación de la Provincia en esa ciudad, que tiene casi ochenta adscriptos de los que se desconoce el trabajo que están realizando y dónde lo realizan. Esto es lo que queremos saber. No estamos planteando perjudicar a ningún trabajador o empleado de la administración pública con licencia por largo tratamiento o licencia política. En definitiva, lo que queremos es que cada uno de los empleados de la Administración Pública Provincial, cada trabajador, esté en el lugar que corresponda, saber qué hace, en dónde lo hace y qué categoría o funciones está cumpliendo.
SR. PAPAIANI: Señor Presidente, voy a discrepar con lo expresado por la señora diputada Di Filippo. Obviamente, creo que no está manejando la información correcta con respecto a algunos organismos del Estado, en este caso la representación del gobierno en Capital Federal. Si hay un lugar donde se ha trabajado en forma eficiente, cuyos empleados están en su lugar de trabajo, es en la representación de la Provincia en Buenos Aires.
Por otro lado, lejos está el número de adscriptos del que la señora diputada ha mencionado. Al momento de asumir la responsabilidad de la conducción de la Secretaría General de Gobierno, no sólo hicimos una reestructuración en toda la Casa del Chubut, sino que aquellos agentes que habían sido adscriptos en algún momento de su historia como empleados de la Administración Pública Provincial, los retornamos a sus respectivos organismos de origen. A partir de aquel momento, atendimos las adscripciones de aquellos chubutenses que por cuestiones graves de salud o razones médicas de largo tratamiento debían permanecer en Capital Federal.
Creo que la discusión no está centrada en si compartimos o no el censo, porque de hecho lo compartimos. Lo que no compartimos -muy bien lo ha explicado el señor diputado Gaspar, y me gustaría escuchar a los señores diputados que provienen de sectores gremiales- es que al empleado público que por hache o por be no se prestare a efectuar el censo no se le abone el sueldo. En la Administración Pública Provincial, en el Estado, hay mil formas de sancionar a un empleado que no cumple con los requisitos y las obligaciones que su trabajo le demandan. Por ello es ilógico e irracional decir que, por no llenar una planilla o un censo -hasta diría autoritario-, no se le va a abonar su salario o que se va a dejar atrás a una familia.
Por eso sería importante y me gustaría escuchar las palabras de los señores diputados García y Negrette, ya que ellos en toda su carrera han defendido estas cuestiones; hoy, como diputados, me gustaría escucharlos y que estuvieran defendiéndolos de la misma manera que lo hacemos nosotros.
Insisto, hay miles de mecanismos para sancionar a cualquier empleado de la Administración Pública que no cumple con los requisitos o las obligaciones que demanda su trabajo pero lejos estamos de apoyar este proyecto que promueve el no pago del salario a un obrero.
SRA. DI FILIPPO: Señor Presidente, ¿se da cuenta por qué necesitamos hacer el censo?
Uno escucha a los correligionarios y más en el caso del señor diputado Papaiani -en realidad nos ha pasado en estos últimos tiempos- hablar de la prolijidad dentro del Estado, de lo bien que están las cuentas, de lo bien que funciona toda la Administración Pública, de lo bien que funcionan los hospitales y las escuelas, que está todo bien, que en estos años estuvo todo perfecto, que no es cierto, que la Casa del Chubut está bárbara. Pero la información que tenemos de nuestros compañeros en el Poder Ejecutivo es que hay 80 personas adscriptas en Casa del Chubut. Capaz que tiene razón el señor diputado Papaiani; creemos que las 80 personas no podrían estar trabajando en el edificio que tiene la Casa del Chubut. Es probable que tenga razón el señor diputado Papaiani, lo que queremos es saberlo.
Fíjese, señor Presidente, qué posición contradictoria, los correligionarios dicen que está todo bárbaro pero la información de nuestros compañeros es que no está todo bárbaro, que nada más que en Casa del Chubut hay 80 adscriptos.
No vamos a perseguir ni vamos a dejar de pagar el sueldo a ningún obrero, si está trabajando como corresponde, si está en su lugar de trabajo como corresponde, si está cumpliendo, si sabe dónde está. No tiene que ver con una enfermedad de largo tratamiento sino que tiene que ver con que en los últimos tiempos han habido demasiados ñoquis en la Administración Pública y éste es el problema.
Con esto queremos terminar. Entonces, si hay alguien que no cumple con su tarea, con su trabajo, para quien el Estado, los ciudadanos de la Provincia del Chubut, le estamos pagando un sueldo y lo debe cumplir, si no tiene trabajo, si no tiene dónde trabajar, después se verá cuál es la situación y en consecuencia se tratará cada uno de los temas que sí están previstos y las sanciones están previstas. No hablamos de las sanciones previstas en la legislación y no hablamos de la legislación que no se ha cumplido en los últimos años, como la Ley nº. 4154, Ley de Emergencia votada en diciembre de 1995 y ratificada hasta el año pasado. Nada más por ahora.
SR. GASPAR: Señor Presidente, creo que el señor diputado Papaiani fue claro; no nos estamos oponiendo al censo, nos estamos oponiendo a las sanciones. Si no se aplicaron las leyes, como decía la señora diputada, ahora son gobierno y pueden aplicarlas, que sean responsables y las apliquen pero no vamos a aceptar que la sanción a alguien que no cumple con el censo sea no pagarle el sueldo, que lo sancionen con las normas vigentes y como son gobierno que las apliquen.
SRA. DI FILIPPO: Señor Presidente, para finalizar, el señor Gobernador Das Neves asumió aquí hace dos días, seguramente nosotros tendremos algunos problemas como han tenido los correligionarios gobernantes, obviamente, y vamos a hacer cumplir todas las leyes. Si no fuera así, el señor diputado Gaspar, el señor diputado Lorenzo, harán las denuncias que hemos hecho nosotros durante muchos años pidiendo que se cumplan.
SR. LORENZO: Señor Presidente, la consideración en particular es para que los señores diputados, en el tratamiento de cada uno de los artículos, podamos incorporar comentarios y sugerencias.
Creo que en el artículo 3º hay un error; se tendría que marcar la excepcionalidad de parte del inventario porque existen normativas que tienen relación con acuerdos que ha firmado la Provincia del Chubut con el Estado Nacional, existe legislación nacional a la cual se ha adherido la Provincia en lo referente a la administración financiera, cuya responsabilidad la tiene permanentemente la Contaduría General de la Provincia. Ésta es la salvedad que deseaba mencionar.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Continuamos con la votación en particular del proyecto de ley.
- Se vota y aprueba el artículo 3º.
SRA. MACHADO: Señor Presidente, deseo observar que en el artículo 7º hay un error de redacción, ya que habla de los plazos previstos en el artículo anterior y en el artículo 6º no se establece ningún plazo. Habría que especificar si se refiere al artículo 4º o al 5º.
SRA. DI FILIPPO: Señor Presidente, el artículo 7º dice: "Transcurridos los plazos previstos en el artículo anterior". Y el artículo anterior dice: "En consecuencia, en el ámbito de cada poder y en un plazo que no exceda el previsto por el censo dispuesto en el artículo 4º de la presente ley, los agentes públicos deberán presentar declaraciones juradas...".
En realidad el artículo 6º nos remite al 7º y éste al 4º. Pudo haberse redactado como decía la señora diputada Machado o como está plasmado en el proyecto.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Continuamos con la votación en particular.
- Se votan y aprueban los artículos 7º y 8º.
Se encuentra reservado en Secretaría el Proyecto de Ley General nº. 184/03 del Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY Nº. 184/03
SR. FERNÁNDEZ: Señor Presidente, para ser breve, invocando las mismas razones de urgencia de los proyectos anteriores, solicito que se vote el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
SR. FERNÁNDEZ: Señor Presidente, si a la una de la mañana dijimos que era bastante tarde para estar abordando el mismo tema, solicito escuchar con respeto a los señores diputados para poder terminar la sesión en orden.
Voy a plantear concretamente el contexto en que se da este proyecto. Se ha hablado mucho y creo que muchas de las cosas que se dijeron han enriquecido cada una de las propuestas. Pero particularmente en este proyecto que me ha tocado fundamentar del Bloque Justicialista, uno de los aspectos que quiero remarcar, porque por allí se habla de los vacíos en los cuales está inmersa la Argentina, y quiero emparentar esto con alguna cuestión política, que es uno de los aspectos salientes que tiene este proyecto de ley que estamos tratando. Digo que parece que la Argentina, después de la grave crisis del 2001 que nos tocó vivir, tiene hoy una situación encomiable, y sin embargo la Argentina hoy tiene una grave crisis estructural. Lo que ha recuperado la gente en nuestro país es la esperanza; ha recuperado la credibilidad hacia un sector de la dirigencia política, y esto sin sectorizar a ningún partido político, sino que con su voto y participación intenta creer en algo. Lo que intenta la gente es encontrar las acciones que tiendan a creer en la política; en este contexto de grave crisis estructural en lo económico es una suerte reencontrarse con la esperanza de que la política puede servir para solucionar los problemas de la Argentina.
Señor Presidente, nos encontramos en esta provincia donde hace poco tiempo -pareciera que ha pasado tanto, un mes de las elecciones- el pueblo chubutense se expidió, y en ese marco provincial se dio esta alternativa de cambio.
Y eso quedó expresado, particularmente en el anuncio del señor Gobernador, hace dos días, con acciones concretas que tienden a volver a creer que la política puede también solucionar cosas en Chubut; pero para esto fundamentalmente, a lo que se tiende concretamente a partir de este proyecto de ley que estamos abordando -lo quiero puntualizar sin extenderme mucho más-, en primer término es a realizar un ajuste importante en los cargos del sector político en el actual organigrama, que consideramos está sobredimensionado.
Recién se hablaba de aspectos concretos, de nombres y de cuestiones puntuales que hacen a la Administración Pública Provincial, los diputados que provenimos de distintos lugares de la provincia -con esto no quiero poner en un compromiso a los diputados amigos de la Unión Cívica Radical, diputados Morelli y Nasif- lo sabemos y nadie puede desmentir que en nuestra ciudad hay ñoquis que genera la política. Hay gente a la que no se le conoce trabajo alguno y cobran un sueldo, ésta es la triste y cruda realidad que debemos abordar y darle un corte definitivo.
Pero no alcanza sólo con esto sino que este mismo esquema político que hoy está proponiendo el Gobierno entrante, tiene que ver con un importante ajuste, lo que podría ser quizá privilegiando en la cuestión política un cambio de figuritas. Me refiero a que en cada lugar o en cada puesto político que deja la anterior gestión, poner a un compañero, poner a alguien amigo como para ocuparlo y con esto generar un lugar más en la política. Pero creo que esto estaría faltando a lo que ha sido la voluntad de la gente en el cambio que solicitó el pasado 9 de noviembre.
Es la concepción que tenemos y que seguramente puede tener algún margen de error, pero creemos tener hoy la apoyatura necesaria como para poder realizarla.
Esta es una parte muy importante de este proyecto, cuando hablamos concretamente de un plazo perentorio para quienes trabajan en las distintas áreas del gobierno y deba decirse de dónde se van a ir reduciendo los cargos de la planta política de la Administración Pública Provincial.
Esta norma tiene otros aspectos que también hacen a esta propuesta de reorganización administrativa que incluye una reestructuración del actual organigrama político.
Creo que también contempla otras cuestiones como es una reestructuración de la totalidad de los organismos para lograr que el Estado presente sirva para solucionar cosas. Esto lo marcaba también en su discurso el señor Gobernador Das Neves, poner énfasis en las cuestiones que al Estado le son indelegables, siempre hablamos de cuestiones de salud, la educación, la seguridad, pero muchas veces nos encontramos con falencias que son básicas, escuelas que ni siquiera tienen personal de maestranza. Nos encontramos con esto y digo, ¿alguien puede desmentirlo desde la realidad, con oficinas abarrotadas? En algunos casos hay gente que ni siquiera va a trabajar.
Me contaban un caso existente en el Ministerio de Economía, en este organigrama, es una persona que está a cargo de un área que no la conoce, se dice que está en Buenos Aires y los que dependen de esta área dicen que no le conocen la cara.
Ésta es la triste realidad, esto no pasa por ninguna caza de brujas sino por cambiar la realidad que vivimos y se cambia a partir de sancionar leyes concretas que tiendan a reorganizar este Estado que, evidentemente, no coincide con lo que nosotros pensamos y con lo que la gente ha expresado en su voluntad el pasado 9 de noviembre.
También a partir de este proyecto de ley se propone un régimen de compensación de créditos y deudas de particulares con el Estado, así como también con el sector público, mecanismos para saneamiento de los municipios que tienen una crisis financiera. También se ponen Metas Fiscales para que cada municipio asuma su compromiso concreto de sanear sus finanzas y tener metas concretas en el corto plazo.
Esto condice también con lo expresado por el señor Gobernador Das Neves, tener una suerte de aliado pero con medidas claras en cuanto a esta posibilidad de saneamiento.
También hay medidas que tienden a agilizar las intervenciones de los entes autárquicos y descentralizados. Mucho se ha debatido en los últimos veinte años en esta Legislatura sobre el tema de las intervenciones que se extienden en el tiempo y no encuentran respuesta concreta. Acá se propone un plazo fijo y perentorio para su normalización para que también esos entes autárquicos y descentralizados den respuestas a la comunidad chubutense.
Por último, enganchado con lo que decía al principio, la situación financiera -más allá de lo pueda decir uno u otro- no es buena en la provincia. Recién decían aquí que esta administración recibió ciento ocho millones de pesos a su disposición para comenzar a utilizar a partir del 10 de diciembre. Esto no debe ser motivo de orgullo para la administración que dejó el gobierno, dado que en esta provincia han ingresado fondos extraordinarios que superan largamente esa cifra. Creo que todavía nos debemos explicaciones de los gastos corrientes porque en lo estructural no ha cambiado la realidad de la economía de los chubutenses.
No quiero hablar mucho más sobre estos aspectos. Hemos fijado, en cada uno de los puntos que tiene este proyecto de ley, medidas concretas que propone la administración entrante para cambiar, modernizar y reestructurar el Estado y, en definitiva, acercarlo un poco más a la gente.
Por ello solicitamos el acuerdo necesario. Es cierto que hay cuestiones que pueden ser conceptualmente discutidas, pero en definitiva entendemos que hay medidas que se deben realizar en un plazo perentorio e inmediato, como manifestaba el Presidente de nuestra Bancada al solicitar su tratamiento sobre tablas.
Hay muchas cosas para cambiar en el Estado, pero esto no significa perseguir a nadie o que alguien se tenga que ir a la casa. Al que trabaja, al que todos los días cumple con sus tareas, al que tiene una función específica, todo lo contrario, le pedimos una mayor participación. El proyecto especifica agilizar los mecanismos de información y consulta en el que participen los empleados y obreros de la provincia, como así también la posibilidad de brindar agilidad, celeridad, eficiencia y racionalización en el funcionamiento de cada una de las áreas del Estado.
Un punto que también tiene que ver con esta cuestión de revisión de la que hablamos y que queremos llevar adelante es dejar sin efecto las mensualizaciones, nombramientos, recategorizaciones y/o reubicaciones escalafonarias que se hubieren efectuado en los ciento ochenta días anteriores a la sanción de este proyecto de ley.
Todas éstas son cuestiones que necesita este gobierno y que están enmarcadas en este proyecto de ley. Toda persona que cumpla con su función, que tenga un trabajo concreto, debe estar tranquila. Por otro lado, los que han cobrado un sueldo y no lo han justificado, simplemente tendrán que volver a su lugar de origen, a su trabajo, si es que lo tenían o buscar uno de una manera digna, como quienes lo hemos hecho desde otros lugares. Creemos importante que la política se acerque a la gente y por eso solicitamos el acompañamiento para la sanción de este proyecto.
SRA. NASIF: Señor Presidente, ante todo, pido disculpas por ser la primera vez en mi vida que me dirijo al Presidente de una Cámara, de un Cuerpo Legislativo. Siendo las 2,55, he llegado a la conclusión de que seguimos trabajando en reemplazo del Poder Ejecutivo; lo siento por los ojos cansados que veo, pero es la verdad.
Los artículos 1º y 2º de este proyecto de ley no tienen ningún sentido. No necesitan de una ley para reducir los gastos de la administración, porque son gobierno. Si decido bajar los gastos de mi casa, los bajo; no necesito que nadie me lo diga; es lo más lógico. Lo mismo pasa con los censos de los empleados y de la deuda pública. Son cosas que se pueden hacer por decreto. El Ejecutivo hoy está en manos del Partido Justicialista. No tenemos por qué estar discutiendo cómo y por qué se hacen. Tienen todo el poder y derecho de hacerlo. Insisto, seguimos trabajando en nombre del Ejecutivo. Recién se encontraba en esta Casa el señor Gobernador Das Neves; lo hubiese aplaudido, porque nos está haciendo trabajar hasta las tres de la mañana, cuando debiera estar haciéndolo él.
Por otro lado, creo que hay cuestiones que no ameritan ser discutidas en este momento. El artículo 3º, que trata de la reestructuración orgánica funcional del Estado, en su última parte establece: "Estos proyectos deberán evitar efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1º de la presente", que en el final del primer párrafo establece que se deberán efectuar las correspondientes transferencias de recursos económicos y humanos de los cargos suprimidos.
El artículo 2º dice: "podrá además modificarse el horario de prestaciones de servicios, adecuando proporcionalmente la remuneración correspondiente". Proporcionalmente puede ser para arriba o para abajo. No estoy de acuerdo en que se le baje el sueldo a una persona, se le puede dar más pero los sueldos son inembargables.
Seguimos en el análisis de la norma que dice en el artículo 5º que se dejarán sin efecto las mensualizaciones, nombramientos, etcétera, aprobadas con anterioridad a los 180 días. Tenemos la Ley nº. 1987 que es el estatuto del personal que tiene un procedimiento de remoción. Toda esta gente que ingresó dentro de los 180 días puede haber sido por concurso, como ha habido en salud, que se ha ganado normalmente o que han entrado al Estado por concurso real o porque han sido bien elegidos. Ha habido en Esquel un concurso en salud, creo que es por todos conocido y no se han digitado los cargos, esa gente quedaría afuera.
Me llama la atención un artículo como éste porque pareciera que este proyecto, más que abogados que están trabajando para la Provincia son abogados particulares porque van a ganar cualquier cantidad de plata con los grandes juicios que vamos a tener gracias a este hermoso artículo 5º.
Tenemos los artículos 8º y 9º, que son nada más y nada menos que dos artículos de la Ley de Emergencia Económica, por lo tanto, estamos discutiendo algo que ya lo tenemos en esa ley.
En cuanto al tema de la relación con los municipios y al saneamiento hay una UEP, un programa de saneamiento con los municipios, que está funcionando, están los decretos, se hizo con los municipios chicos radicales y peronistas. El decreto 399 creó esta Unidad Ejecutora Provincial, así que no hay nada nuevo tampoco.
En el artículo 17º se habla de la Ley Orgánica de Corporaciones Municipales, es otro error el traer leyes antiguas y usar nombres que ya no existen. Este artículo dice que los desvíos en la ejecución del presupuesto que hayan registrado los Municipios en los ejercicios 2002 y 2003 se considerarán justificados. No sé que quiere decir porque a los municipios los controla el Tribunal de Cuentas y no sé quién puede justificar a un municipio que tiene desequilibrio fiscal. O sea que tiene términos medio extraños, la verdad es que nunca había visto una norma como ésta.
Respecto a la organización administrativa parece que hay un desconocimiento de que en la provincia existe la Ley de Administración Financiera. Acá tengo la versión taquigráfica de cuando se aprobó este Proyecto de Ley de Administración Financiera que es muy similar al de Nación y es un proyecto totalmente renovador, modifica absolutamente la administración pública y se fue aplicando por años en la administración del Chubut y todavía no se terminó de aplicar.
Es cierto, es una herramienta que tienen en la mano; acá, en esta trascripción, dice la señora diputada Llamazares: "Señor Presidente, voy a fundamentar el proyecto de ley que regula el sistema de administración financiera y el sistema de control del sector público provincial. Quiero destacar que este proyecto de ley, presentado por el Bloque Justicialista, por el señor diputado Cisterna, fue trabajado en forma conjunta, tanto por el Bloque Justicialista como por el Bloque de la Alianza -en su momento- y también por el Poder Ejecutivo Provincial. Hoy vamos a aprobar un proyecto de ley que sin ninguna duda ha sido consensuado por ambos Bloques. Este proyecto de ley, a semejanza de la Ley Nacional nº. 24156 de Administración Financiera, prevé una serie de medidas estructurales, tendientes a darle a la Administración Pública elementos para modernizar y eficientizar su sistema, acorde con la necesidad de recibir los cambios que a todo nivel se producen, en el avance de la concepción metodológica y tecnológica ahora disponible, para lograr que la misión del Estado se practique en forma eficiente y efectiva."
Luego continúan hablando los ex diputados Retuerto y Cisterna.
Creo que esta ley desparramada en otras leyes está en vigencia; ni siquiera tenemos que cuestionarla, salvo su artículo 5º que sí puede cuestionarse.
Creo que los derechos adquiridos por la gente que ha ingresado al Estado Provincial en un momento dado los tienen y son reclamables judicialmente. Y es muy importante el paquete de juicios que puede tener la Provincia por culpa de esto. Son herramientas que el Estado tiene; lo único que hay que hacer es aplicarlas.
Son las tres de la mañana y estamos trabajando en lugar de que el señor Gobernador se siente a leer las normas para poder aplicarlas.
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo por una razón muy sencilla: se mencionó mucha legislación vigente que, obviamente, no cumplió su cometido; de hecho es conocido por la señora diputada preopinante que la Ley de Administración Financiera no se aplicó en su plenitud; de hecho, no está aplicada.
Más allá de eso estamos planteando una cuestión estrictamente necesaria, tal como lo planteamos en los proyectos anteriores.
Cuando hablábamos de la generación de empleo, el Bloque de la Unión Cívica Radical planteó de dónde saldrían los fondos. El señor diputado Papaiani dijo que esto no forma parte de los 6.500 puestos de trabajo que había mencionado el señor Gobernador Das Neves.
Evidentemente, los fondos no aparecen por generación espontánea y de algún lado tienen que salir. La propuesta de disminución del gasto político para reordenar el Estado Provincial surge, precisamente, de allí.
En definitiva, si no logramos comprender la realidad para decodificar y transformar la Provincia, lamentablemente, esto cae en una farsa. Tenemos que empezar a plantear cosas en serio. La reducción del gasto político para poder generar empleo, entre otras cosas, surge de esta necesidad.
El cuestionado artículo 5º que establece dejar sin efecto las designaciones de mensualizados, nombrados o con reubicación escalafonaria de planta ocurridas anteriormente a los 180 días de la entrada en vigencia de la presente, precisamente se refiere a esto. Más allá de que pueda haber, uno, dos, tres, cinco o diez casos, se refiere a los seiscientos pases a planta que ocurrieron al irse la anterior gestión provincial. Y eso es, precisamente, lo que hay que revisar.
Lejos de ver fantasmas, cualquier persona que haya ingresado a la Administración Pública por la vía correspondiente, no tendrá problemas con esto; el que haya ingresado por cuestiones políticas o que lo haya acomodado la Administración saliente, no está en la misma situación que cualquier ciudadano de la Provincia.
Esto forma parte del proceso de cambio, de reorganización y de reforma del Estado que estamos planteando. Necesitamos reconvertir esta Provincia de alguna forma; necesitamos que una provincia que es rica en recursos no tenga habitantes pobres, que no sea generadora de pobres, como dijo en algún momento de campaña un importante dirigente de la Unión Cívica Radical. Pero para que esto pueda reconvertirse, para que sea una revolución, hay que pensarlo en ese sentido y el proceso de cambio tiene que ser planteado de esta forma.
No existe otra forma de cambiar esto que embarcarnos en un nuevo gobierno; la única forma es cortarlo, si no, no se puede realizar absolutamente nada.
Entonces cuando plantean, no estamos aquí para poner palos en la rueda; ellos los están poniendo, señor Presidente, y lo están haciendo sobre cuestiones nimias, tratando de no legislar nuestras leyes; sin embargo reconocen que no cumplen con los puntos que están acá para poder realizar los censos de estos planteamientos.
El bloqueo de los puntos que están planteados acá como licencias para poder realizar los censos realmente no dejan dudas sobre la decisión de la oposición. La oposición desde hace tiempo no es oficialista y los oficialistas hace tiempo que no son oposición; por lo menos podrían hacer una oposición constructiva y así ser útiles a mucha gente.
Señor Presidente, siendo las tres de la mañana, considero que el debate en este sentido -como no va a dar mayores aportes a la situación planteada- está agotado.
Por lo tanto, solicito como moción de orden que se ponga a consideración de los señores diputados.
SRA. NASIF: Señor Presidente, quiero aclarar que yo no dije que la Ley de Administración Financiera no estuviera, sino que se fue aplicando paulatinamente.
Lo que se está pidiendo no es algo nuevo, es algo recontra viejo que se está tratando de aplicar en toda la República Argentina, y los artículos que están diciendo que son cosas nuevas, que son para la reforma del Estado, los tienen todas las leyes. O sea que recabar información es lo que se tiene hecho. Esto no es un tema político sino público, porque al recabar información de cuáles son las leyes existentes, de cuáles son las herramientas que se tienen, no se necesita volver a hacer leyes que encima mezclan un montón de temas en su propio texto, vetados o sin dar de baja a leyes y también están trabajando sobre lo mismo. Entonces lo único que se genera es confusión, al no utilizar las herramientas que se tienen, que es de lo único que yo estoy hablando.
En general mis apreciaciones son más técnicas que políticas, porque me falta mucho todavía en política. Por eso quería aclarar, porque somos los únicos que estamos acá de noche planteando; realmente las herramientas están y estamos discutiendo algo que no tiene mucho sentido.
DE LA MODERNIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 1º. El Poder Ejecutivo deberá en un plazo de noventa (90) días, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, suprimir del organigrama actual hasta el cuarenta (40%) por ciento de los cargos políticos, por lo que se deberán fusionar las subsecretarías, direcciones generales y direcciones existentes, como así también gerencias y subgerencias, reorganizando, redistribuyendo y reestructurando competencias y funciones, no pudiendo ser los cargos políticos vigentes a partir de dicho plazo, superiores al sesenta (60) por ciento de los hoy existentes, incluyendo en dicho número los cargos en la totalidad de los organismos dependientes de la Administración Central, efectuando las correspondientes transferencias de recursos económicos y humanos de los cargos suprimidos.
Asimismo, deberá incluir la supresión, fusión o modificación, de cargos políticos en Unidades Ejecutoras, organismos y entidades descentralizadas y autárquicas, sociedades del Estado, sociedades anónimas con mayoría estatal, aun en aquellos casos que su creación hubiere sido dispuesta por ley.
Establécese como ámbito de aplicación de la presente ley a la totalidad de los organismos dependientes de la Administración Central, entes autárquicos y descentralizados, sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, salvo las excepciones que expresamente contemple la presente norma.
Artículo 2º. Deberá preverse que los agentes dependientes de los organismos descriptos en el artículo precedente sean reubicados de conformidad a las necesidades del servicio, sin que ello implique mengua a su situación escalafonaria y de unidad del grupo familiar, podrá además modificarse el horario de prestaciones de servicios, adecuando proporcionalmente la remuneración correspondiente.
REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA FUNCIONAL DEL ESTADO
Artículo 3º. El Poder Ejecutivo deberá elaborar en todo el ámbito de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada planes que tiendan a suprimir, transformar, reducir o limitar entes, reparticiones u organismos, a los efectos de otorgar a la Administración un mayor grado de agilidad, celeridad, eficiencia y racionalización en el funcionamiento para el cumplimiento de sus objetivos.
A fin de posibilitar lo dispuesto por este artículo, los Ministros Secretarios, los Secretarios de cada área y los Presidentes de los organismos descentralizados, deberán presentar en el término de sesenta (60) días contados a partir de la reglamentación de la presente ley, los proyectos, organigramas, cuadros de cargos, manual de funciones y procedimientos y todo otro sistema de reestructuración que sea pertinente para la realización de los fines propuestos en el párrafo anterior. Estos proyectos deberán evitar efectos negativos sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º. Los Presidentes o máxima autoridad ejecutiva de los institutos y organismos autárquicos provinciales, cuyas funciones tengan incidencia directa o indirecta en la actividad económica provincial, deberán proponer al Poder Ejecutivo las medidas que estimen necesarias y convenientes para mejorar la eficiencia y eficacia de las prestaciones y cometidos asignados al organismo.
Mientras dure la emergencia, será necesaria la aprobación del Gobernador de la Provincia para que dichos órganos puedan designar, promover y remover a su personal.
Artículo 5º. Déjense sin efecto las mensualizaciones, nombramientos, recategorizaciones y/o reubicaciones escalafonarias de planta que se hubieren operado dentro de los ciento ochenta (180) días anteriores contados a partir de la vigencia de la presente ley, en todos los organismos comprometidos en el artículo 1º de la presente, aun en aquellos casos que su recategorización y/o reubicación hubiere sido autorizada por ley.
Artículo 6º. Declárase sujeta a readecuación integral la planta de personal de la totalidad de los organismos incluidos en el artículo 1º de la presente ley. Para concreción de una mejor distribución de los recursos humanos de los cuales el Estado Provincial está dotado, podrá reubicarse al personal de revista, priorizando la cobertura de los sectores dedicados a la recaudación impositiva, el control del gasto y las cuentas especiales, las prestaciones hospitalarias y asistenciales, y el apoyo a la tarea educativa.
Los responsables de las áreas a que esta ley se refiere, sin perjuicio del uso de su propia facultad para afectar su personal con la finalidad de garantizar el normal desarrollo del servicio, deberán antes del día del 28 de febrero del año 2004 tener terminada dicha labor.
Por el respectivo decreto del Poder Ejecutivo se dispondrán los pases que fueren menester concretar.
Artículo 7º. Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias que fueren menester. En ningún caso pueden estas facultades interpretarse como autorización para realizar privatizaciones o tercerizaciones.
RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y/O DEUDAS DE PARTICULARES CON EL ESTADO PROVINCIAL Y CANCELACIÓN DE SUS SALDOS NETOS Y RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y DEUDAS DEL SECTOR PÚBLICO
Artículo 8º. El Poder Ejecutivo Provincial, con las limitaciones establecidas en el artículo 823º del Código Civil, podrá:
a) Establecer regímenes generales o especiales para determinar, verificar y conciliar el monto de las acreencias y/o deudas de particulares con el Estado Provincial en su conjunto y con cada una de sus entidades cualquiera fuere su naturaleza jurídica.
b) Efectuar acuerdos y transacciones, mediante la autoridad de aplicación de este capítulo que será el Ministerio de Economía y Crédito Público, con participación de la Fiscalía de Estado, que dictaminará al respecto. La presente norma no genera derecho a favor de los particulares.
A estos efectos se considera que el Estado Provincial y sus entidades dependientes constituyen una misma y única unidad patrimonial, no aplicándose para este régimen los requisitos propios de la cesión de derechos y obligaciones de derecho común.
Artículo 9º. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer regímenes generales o particulares de compensación de deudas y créditos del Tesoro Provincial al 31 de diciembre de 2003 con otros entes no financieros del sector público provincial, nacional y/o municipal y con aquellos entes en que el Estado Provincial o Municipal tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de la voluntad societaria cualquiera sea la naturaleza jurídica de ella, como asimismo establecer regímenes de compensación para entes del sector público entre sí o con entes de los gobiernos municipales.
DEL EMPLEO EN EL ESTADO PROVINCIAL
Artículo 10º. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a disponer en el ámbito del sector público medidas que aseguren eficacia y productividad, entre otras las siguientes:
a) Participación de empleados, obreros y/o usuarios en el seguimiento del desempeño de los establecimientos y entidades públicas a través del mecanismo de información y consulta.
b) Participación de empleados, obreros y usuarios en la gestión, las ganancias y la representación en los directorios de establecimientos de entidades públicas, previa autorización otorgada por ley especial.
c) Participación de empleados, obreros y usuarios en la propiedad de establecimientos y entidades públicas a través de cooperativas y programas de propiedad participada.
La intervención de los obreros y empleados enunciada en los incisos anteriores en lo pertinente, se realizará con la participación de las organizaciones gremiales más representativas.
DE LA RELACIÓN CON LOS MUNICIPIOS
Artículo 11º. El Poder Ejecutivo podrá proponer y efectivizar el saneamiento de la situación económica financiera verificada a la fecha de entrada en vigencia de la presente, entre cada uno de los Municipios y el Estado Provincial o sus organismos.
Quedan excluidas de la presente operatoria las obligaciones de los Municipios con el Banco del Chubut S.A., con el Estado Provincial originada en Anticipos de Coparticipación Municipal otorgados durante el año 2003 y aquellas derivadas de Convenios de Préstamos o Subpréstamos con organismos nacionales o del Estado Provincial.
Artículo 12º. El Poder Ejecutivo podrá proponer y acordar conciliaciones, transacciones, compensaciones, reconocimientos y remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación o cancelación de las deudas o créditos entre las partes.
Artículo 13º. El Poder Ejecutivo podrá, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, suscribir Convenios Parciales de Saneamiento Económico Financiero con cada uno de los Municipios involucrados, a efectos de viabilizar los acuerdos emergentes del artículo precedente.
Artículo 14º. El Poder Ejecutivo podrá, a través del Ministerio de Economía y Crédito Público, suscribir Acuerdos Finales de Compensación, los que deberán expresar el saldo definitivo resultante de la totalidad de las operaciones que vincularen al Estado Provincial o sus organismos con cada uno de los Municipios involucrados.
Artículo 15º. Los montos que surjan por la aplicación de los artículos anteriores, favorables a cualquiera de las partes, serán cancelados en hasta cuarenta y ocho (48) cuotas en la forma, modo y condiciones que establezca El Ministerio de Economía y Crédito Público.
Artículo 16º. Cuando una obligación susceptible de ser incluida en el artículo 12º se hallare controvertida, cualquiera de las partes podrá solicitar suspensión del procedimiento en curso por un plazo de un (1) año e iniciar el trámite de saneamiento previsto en este capítulo.
Si existiere trámite judicial o administrativo, el procedimiento de saneamiento obstará a su prosecución debiendo así declararse.
Artículo 17º. En el marco establecido por la Ley Orgánica de Corporaciones Municipales, los desvíos en la ejecución del presupuesto que hayan registrado los Municipios en los ejercicios 2002 y 2003, se considerarán justificados en la medida que éstos elaboren y ejecuten un Plan de Saneamiento Financiero, que incluya un Programa de Metas Fiscales para el ejercicio 2004 y siguientes, tendiente al equilibrio fiscal en los próximos dos (2) años. Dicho plan deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía y Crédito Público.
Artículo 18º. Invítase a los Municipios a adherir a la presente ley, legislando en el ámbito de su competencia sobre las materias incluidas este capítulo.
DEL ORDENAMIENTO DEL ESTADO
Artículo 19º. Declaración. Manténgase el estado de emergencia de la prestación de servicios públicos, en la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económico financiera de la Administración Pública Provincial, Centralizada y Descentralizada, entidades autárquicas, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, Servicios de Cuentas Especiales, Instituto de Seguridad Social y Seguros. La ley es aplicable en todos los organismos mencionados en este artículo, aun cuando sus estatutos o cartas orgánicas o leyes especiales requieran una inclusión expresa para su aplicación.
El estado de emergencia comprende la revisión de todos los contratos con proveedores de bienes y servicios, y obras o servicios o servicios públicos del Estado Provincial, vigentes en cuanto a montos, volúmenes de previsión, plazos de ejecución, condiciones de financiamiento y aspectos técnicos, a fin de adecuarlos a las reales posibilidades del erario público con la intervención y compatibilización del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia.
Artículo 20º. Toda adquisición de bienes de capital y contratación de servicios que signifique compromisos de fondos del Tesoro Provincial, y de los recursos específicos administrados por los organismos descriptos en el artículo 1º de la presente, deberá ser autorizado por el Ministro Coordinador de Gabinete. A tal efecto el titular del organismo requirente del gasto deberá elevar semanalmente su requerimiento, el que será autorizado o no de acuerdo a la factibilidad financiera provincial.
Artículo 21º. Todo compromiso que por su monto o modalidad de pago deba ser imputado o trasladada su cancelación a períodos mensuales futuros, deberá indefectiblemente, como paso previo a su compromiso definitivo, contar con la autorización mencionada en el artículo precedente.
Artículo 22º. Suspéndase la continuidad de todo trámite de compromisos que obliguen financieramente al Tesoro Provincial y demás organismos comprendidos en el artículo 1º de la presente, no perfeccionados a la fecha (licitaciones privadas, públicas, compra de bienes de capital, concursos de precios y compromisos diferidos), a los efectos deberá contar con la autorización establecida en el artículo 20º de la presente norma.
Considérese especialmente suspendida, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, toda contratación tendiente a la construcción, adecuación, ampliación, remodelación de inmuebles propiedad de la administración provincial, o de particulares, tomadas en locación que no hayan tenido principio de ejecución, las que serán reprogramadas, conforme a las prioridades dispuestas, atendiendo a la especial circunstancia económica/financiera imperante.
Artículo 23º. Los organismos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley que realicen obras por administración, deberán proceder a identificar con precisión y suficiente detalle cada unidad de obra a ejecutar, confeccionando el legajo técnico que contendrá los costos respectivos por todo concepto, dejándose establecido que en el caso del personal dicho legajo deberá incluir los datos de identificación y se consignará la fecha máxima de terminación de los trabajos. Los legajos así confeccionados deberán ser remitidos en el plazo de quince (15) días de la entrada en vigencia de la presente al Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 24º. A los efectos del control jerárquico e intervención que le competen al Tribunal de Cuentas y Contaduría General de la Provincia, los mismos no darán curso a trámite alguno que no cuente con la autorización prevista por el artículo 20º de esta norma.
Artículo 25º. Establécense, a cada jurisdicción administrativa dependiente del Tesoro Provincial, límites para contraer compromisos, en forma mensual, y en erogaciones con cargo a la partida principal Bienes y Servicios No Personales.
Los límites a que se hace mención precedentemente serán montos mensuales, fijos e inamovibles, cuya determinación surgirá de un presupuesto financiero, basado en la proyección de los reales ingresos al Tesoro Provincial, que será confeccionado por el Ministro de Economía y Crédito Público, y cuya distribución determinará el titular del Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 26º. A los efectos del control jerárquico e intervención que le compete al Tribunal de Cuentas y Contaduría General de la Provincia, los servicios administrativos jurisdiccionales deberán consignar la imputación preventiva en cada expediente o actuación tendiente a originar compromisos, por parte del Tesoro Provincial.
La información a consignar reviste el carácter de esencial y su omisión o error impedirá la prosecución del trámite, como mínimo debe contener número de asiento de imputación, monto autorizado a comprometer del mes, compromisos acumulados asumidos en el mes incluida la actuación presente, saldo disponible del mes.
Son responsables del cumplimiento de la presente norma los jefes de los servicios administrativos y los encargados de oficina de compras.
Artículo 27º. Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a disponer por un plazo de ciento ochenta (180) días prorrogables por una (1) sola vez y por igual término, la intervención de todos los entes autárquicos y/o autofinanciados y sociedades cualquiera sea su tipo jurídico de propiedad exclusiva del Estado Provincial y/o de otras entidades del sector público provincial de carácter productivo, comercial, industrial o de servicios públicos.
Artículo 28º. Las atribuciones de los Interventores serán las que las leyes, estatutos o cartas orgánicas respectivas otorguen a los órganos de administración y dirección, cualquiera fuere su denominación, con las limitaciones derivadas de esta ley y su reglamentación. Le corresponde al Interventor la reorganización provisional del ente, empresa o sociedad intervenida, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30º de la presente.
Durante el desempeño de su función, el Interventor deberá dar estricto cumplimiento a las instrucciones que le imparta el Poder Ejecutivo Provincial, o en su caso el Ministro o Secretario del que dependa.
Artículo 29º. El Ministro Secretario y/o Secretario que fuere competente en razón de la materia o los Subsecretarios en que aquél delegue tal cometido, se encuentran expresamente facultados para avocarse en el ejercicio de la competencia de los Interventores aquí previstos. Asimismo mientras dure la situación de intervención, reside en el citado órgano ministerial la competencia genérica de conducción, control, fiscalización, policía de la prestación y gestión del servicio público o de la actividad empresaria o administrativa de que se trate.
Artículo 30º. En todos los casos quedará subsistente el órgano de control externo, el Tribunal de Cuentas de la Provincia, el que deberá cumplir su cometido según su normativa específica. En caso de intervención en sustitución de las facultades de las asambleas societarias, los Síndicos en representación del sector público serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 31º. Tercerización de servicios. A los efectos de disminuir el gasto público, mejorar prestaciones o aumentar la eficiencia, autorízase a contratar, de manera preferente con las universidades, fundaciones y/o institutos sin fines de lucro, por sobre el sector privado, la prestación de servicios de administración consultiva, de contralor o activa, perteneciente a todos los entes y organismos de la Administración Centralizada y Descentralizada, enumerados en el artículo 1º de la presente ley, con excepción del contralor externo establecido por normas especiales.
RÉGIMEN DE CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
Artículo 32º. Las autoridades de los Poderes del Estado enumerados en el artículo 1º de la presente ley, deberán en un plazo que no excederá los treinta (30) días, tomar las medidas concretas y necesarias a fin de lograr la contención del gasto en lo que hace a los servicios de electricidad, teléfonos fijos y celulares, gas, combustible, gastos de Ceremonial, Cortesía y Homenajes, logrando una reducción en dicho plazo, no inferior al treinta por ciento (30%).
Artículo 33º. Invítase a los Municipios de la Provincia del Chubut a dictar los instrumentos legales correspondientes, a fin de adherir a las disposiciones de la presente.
Artículo 34º. Los plazos establecidos en los artículos 3º, 16º y 32º de la presente, para cada una de las medidas específicas dispuestas, podrán ser prorrogados por el Poder Ejecutivo Provincial por una única vez y por igual período que se consigne en cada caso.
Artículo 35º. Las disposiciones de carácter común contempladas en la presente ley son permanentes.
Artículo 36º. Ley general. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
SR. LORENZO: Señor Presidente, deseo que conste en la versión taquigráfica que el Bloque de la Unión Cívica Radical no adhirió en general a este proyecto.
- Se votan y aprueban los artículos 1º al 4º.
SR. LORENZO: Señor Presidente, probablemente éste sea el artículo más conflictivo de la ley; aunque en mi modesto entender esta es una ley que pone en disponibilidad al personal de la Administración Pública absolutamente disfrazada pero esta es la realidad del tema. Probablemente esto tenga que ver incluso con lo que ha manifestado el señor Gobernador en su mensaje de asunción, cuando habló de los empleados públicos, cuando ya tenía la comprensión de la situación en que se podía llegar a avanzar en este sentido.
El artículo 5º dice: "Déjense sin efecto las mensualizaciones, nombramientos, recategorizaciones y/o reubicaciones escalafonarias de planta que se hubieren operado dentro de los 180 días anteriores contados a partir de la vigencia de la presente ley, en todos los organismos comprometidos en el artículo 1º del presente, aún en aquellos casos que su recategorización y/o reubicación hubiere sido autorizada por ley".
En definitiva, son todos los organismos del Estado. Esto es ni más ni menos como si se hubiera entregado el gobierno al general Etchegoyen, no? Esto en un Estado de Derecho es no reconocer que el pueblo vota para gobernar cuatro años; hace a una inseguridad jurídica tremenda y esto es lo que está haciendo el justicialismo en el día de hoy.
Se piensa que ganaron las elecciones el 31 de diciembre, se piensa que no es legítimo, que lo que firmó Lizurume el 9 de diciembre no tiene valor. Es cierto, se han denunciado cosas. Es probable que tengan razón en algunos nombramientos, pero los nombramientos se hicieron de a uno. Anúlenlos de a uno, tengan la valentía de considerar caso por caso; vétenlos no con una norma general porque ustedes no pueden poner bajo sospecha la actuación de un gobernador constitucional de la provincia del Chubut. Esto es inaceptable. Han puesto en el artículo que están echando a los 300 policías, que habían acordado con el Jefe de Policía y que propuso el Gobernador Das Neves los nombramientos y los acaban de echar a todos. Hay gente que ganó concursos, los acaban de echar. Apliquen la legislación vigente caso por caso, artículo 6º de la Ley nº. 1987 del Estatuto del Empleado Público: "Todo nombramiento es provisional", o sea que no hay ninguno firme hasta tanto la gente adquiera estabilidad; este derecho se adquiere fundamentalmente a los seis meses si no media oposición previa y notificación de autoridad competente, en la forma que el reglamento determina, es caso por caso.
Probablemente, en el análisis de la situación de los agentes haya un 80% y quizás un 20% en el resto de las jurisdicciones; analicen caso por caso, como lo suscribió el Gobernador constitucional José Luis Lizurume.
Esta es la realidad del tema. Si tuviera que citar el caso de las máquinas de perforación hidráulica que incorporó la provincia, que quisimos hacer una excepción laboral para que el empleado compartiera las ganancias por la actividad de esas máquinas, el escándalo que hizo el Justicialismo en esta sala fue tremendo, sin embargo, hoy sin decir nada y en silencio -sin alternativas en este sentido-, establecen la excepción para una ley; establezcan que van a poner en disponibilidad a todo el personal uno por uno y díganlo, pero no sean cobardes, vean uno por uno los casos porque puede haber alguno que esté mal y procedan en consecuencia, pero no con una norma en general.
Señor Presidente, esto no se puede admitir, tiene que haber continuidad jurídica de un gobierno constitucional a otro. Podrán decir que hubieron cuestiones de tipo político partidario, lo aceptamos, revísenlo y obren en consecuencia, pero no hagan este tipo de cosas.
La señora diputada Di Filippo demasiado nos acusó de soberbios y lo único que vimos, en realidad, es la actitud soberbia de la no justificación del Presidente del Bloque Justicialista en cada uno de los temas que se trataron.
Esta es la cuestión, aquí están declarando en disponibilidad a la totalidad de los empleados de la administración pública, ésta es la verdad de este proyecto de ley, por eso no compartimos este tipo de medidas generales.
Está la reglamentación vigente para que puedan proceder en consecuencia con cada uno de los casos, así que no vamos a aceptar este artículo 5º como no aceptamos la ley, que tiene cubierta un montón de situaciones. Cuando se den cuenta de esto los empleados públicos, el propio gobierno tendrá su consecuencia. Nada más, señor Presidente.
SR. TOURIÑÁN: ¿Señor Presidente, podría releer por Secretaría el artículo 5º?
"Artículo 5º. Déjense sin efecto las mensualizaciones, nombramientos, recategorizaciones y/o reubicaciones escalafonarias de planta que se hubieren operado dentro de los ciento ochenta (180) días anteriores contados a partir de la vigencia de la presente ley, en todos los organismos comprometidos en el artículo 1º de la presente, aun en aquellos casos que su recategorización y/o reubicación hubiere sido autorizada por ley."
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, el hecho concreto de este artículo está basado precisamente en que si bien el señor diputado Lorenzo se opone a aprobar normas de carácter general, el ingreso de estos seiscientos empleados o más -por eso se prevé un censo- resulta de un hecho de una norma general.
Evidentemente el planteo de la aplicación de la ley está dado en los ciento ochenta días que está marcando el artículo 5º cuestionado. Más allá de eso, no significa que si a alguien le corresponde estar -por alguna razón- será reincorporado. Pero como este hecho ha surgido con un reproche desde lo constitucional, tiene que terminar de esta manera.
Destaco, además, que han creado departamentos en los Ministerios, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. Esas personas deberán cumplir con los requisitos que marca la ley, por ejemplo, el ingreso a través de exámenes de idoneidad y no de la forma en que lo han hecho.
Entonces, señor Presidente, vamos a insistir por más que el señor diputado Lorenzo levante la voz y haga la defensa irrestricta de los derechos de los empleados públicos del Estado. No es así, porque lo que él está defendiendo es al personal que ha sido ingresado políticamente a la Administración Pública Provincial. Entonces, quien esté en condiciones de estar será reincorporado -sin lugar a dudas- y el que no esté en condiciones porque entró por la ventana, se irá también por la ventana. Este es el planteo para el artículo 5º, señor Presidente.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Se va a votar el artículo 5º.
- El artículo 36º es de forma.
CONVOCATORIA DE LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA
SR. TOURIÑÁN: Señor Presidente, si bien en la sesión anterior aprobamos una resolución por la cual prorrogamos el período ordinario y facultamos a que Presidencia determine las fechas y los horarios de las sesiones proponemos, a su criterio, que se convoque la próxima sesión para el miércoles 17 a las 16 horas.
- Eran las 3,40 del 13 de diciembre de 2003.
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