Source: http://www.movimet.com/1990/10/para-los-diputados-asunto-iniciativa-de-ley/
Timestamp: 2017-07-22 12:42:45
Document Index: 206725159

Matched Legal Cases: ['artículo 115', 'Artículo 100', 'artículo 105', 'artículo 15', 'artículo 22', 'artículo 88']

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Sábado, 22 julio , 2017 | 07:42 CDT	Sobre nosotros
Para: Los Diputados. Asunto: Iniciativa de Ley
Jorge Longoria octubre 14, 1990	Opinión, Pulso Urbano
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Actualmente se encuentra en poder de la Legislatura del Estado, la iniciativa de la nueva ley de desarrollo urbano del Estado de Nuevo León.
Esta iniciativa de ley, es promovida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y avalada por el Gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno.
Si bien es necesaria su actualización, su contenido y espíritu debe de atender a la verdadera demanda de conciliación y concertación del desarrollo urbano en un estricto control y regulación del mismo.
Sin embargo, justo es que la participación de los municipios tenga la prioridad debida, habida cuenta de que los problemas de solución o aprobación que causan inquietud entre los vecinos, le son reclamados en primera instancia a éstos.
Mas aún el hecho de que la misma Constitución Política lo consigna así en el artículo 115 y con las reformas efectuadas en 1983. Le dan a los ayuntamientos una amplia esfera de acción en cuanto a la aplicación de las leyes federales en materia de desarrollo urbano.
Actualmente existen y son “”aplicables” dos leyes en la materia. La Ley de Urbanismo y Planificación para el Estado de Nuevo León, publicada en el diario oficial del Estado el 1o. de febrero de 1975 (hace 15 años).
Así mismo, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, publicada en el periódico oficial del Estado el 1 de febrero de 1980 (hace 10 años).
En la nueva iniciativa de ley, si bien como me lo ha señalado un abogado amigo con quien he discutido este tema, la materia es propia para los estudiosos de las ciencias jurídicas, ya que no deja de ser preocupante el hecho de que en su contenido se atente contra las leyes fundamentales o de las reglamentarias generales, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amén de las situaciones técnicas a observar.
A fin de tratar de comprender la compleja estructura de una ley de esta naturaleza, es necesario hacer una somera comparativa de las autoridades, atribuciones y funciones asentadas en las tres leyes en cuestión.
AUTORIDADES SEGUN LA LEY 1975
En la Ley de Urbanismo y Planificación de 1975, de los capítulos que destacan es el referente a los fraccionamientos, y la regularización de éstos, así como el de las infracciones, delitos y sanciones.
Se advierte además el error de menospreciar a la autoridad municipal, representada por “”el presidente municipal”.
En el capítulo II Artículo 100, en el listado de autoridades para la aplicación de la ley (de 1975), el presidente municipal, se encuentra en el término octavo, y sobre su intervención, se antepone obviamente principiando por el gobernador, el Secretario de Asentamientos Humanos, el Tesorero del Estado y hasta los directores de Planificación y Tramitación de Permisos.
Dentro de las funciones “”permitidas al presidente municipal”, se le aclara en el artículo 105 fracción V, de que “”antes de iniciar estudios referentes a las obras mencionadas… deberá cerciorarse de si el Estado no ha efectuado estudios similares respecto a las mismas obras, dada la concurrencia de ambos sobre la materia”.
Se entiende entonces de que de “”lo que se le permite hacer” al municipio, también el Estado pudiera hacerlo antes, sin necesidad de avisarles siquiera sobre ello.
AUTORIDADES SEGUN LEY 1980
En esta ley, hace su aparición triunfal, el capítulo que “”prevé la fusión, subdivisión, relotificación y fraccionamientos.
Así mismo, la aparición de lo concerniente a los planes de desarrollo urbano municipales.
Referente a las autoridades, en esta ley (de 1980), se trató de enmendar el erro de la ley de 1975, situado ahora en segundo término (después del gobernador), a la autoridad municipal, pero ahora representada por “”los ayuntamientos”.
Ahora se concreta a cinco autoridades urbanas que son reconocidas como tal en esta ley.
Sin embargo, con esta ley de 1980, continuaron vigentes las disposiciones de la ley de 1975, con lo que la confusión se acrecentó. Se dejó en vigor, la lista interminable de autorizaciones con que se facultan a los directores de segundo y tercer nivel en la Secretaría de Desarrollo Urbano, pasando por sobre la autoridad municipal. Como ejemplo concreto, lo referente a las subdivisiones de lotes (art. 11 bis fracc. II).
INICIATIVA DE LEY 1990
Ahora surge una tercera ley, con la cual se pretende determinar la autoridad en esta materia, así como acabar con la confusión de las dos vigentes, sin embargo, a pesar de que ahora se limita a cuatro autoridades urbanas, de nueva cuenta se relega a un último término la participación municipal.
En su capítulo I artículo 15 y 16 se decreta la creación de “”la Comisión de
Desarrollo Urbano del Estado”.
Destaca el hecho de la integración de esta comisión, por personal interino de la Secretaría, y sólo la participación del presidente municipal correspondiente al asunto a tratar.
Cabe aclarar, que se prevé la posible invitación a presentarse de grupos sociales que integren la comunidad, pero sólo con derecho a voz.
MUNICIPIO RELEGADO
Algo que llama la atención es el hecho de que en el artículo 22 del capítulo I, referente a lo que les corresponde como autoridades, a cada una de las cuatro personalidades reconocidas, son las proporcionalidades de intervención.
De las 55 fracciones derivadas de este artículo, mismas que sumadas a los 26 incisos, el 15 por ciento corresponde a funciones del gobernador, el 46 por ciento al Secretario de Desarrollo Urbano, el 8 por ciento a la Comisión de Planificación y el restante 31 por ciento a los ayuntamientos.
Si se entiende que dentro de las disposiciones generales, se considera el “”definir las atribuciones del Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos” (art. 1 Fracc. III), hasta ahí su validez, sólo que si se analizan las atribuciones municipales, se comprenderá esta preocupación.
De las 18 fracciones de atribuciones a los ayuntamientos (31 por ciento), cuatro están subordinadas al Gobernador, siete al Secretario de Desarrollo Urbano y los restantes siete son facultades que le otorga la propia constitución y que en esta ley le “”ratifica” su participación. (no saquen sus conclusiones).
Tal es el caso de la fracción XV, que le permite el ayuntamiento “”autorizar, modificar o rechazar los proyectos estructurales de toda clase de edificaciones previa autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano…”
O bien el artículo 88 del cap. II referente a los fraccionamientos; “”para realizar un fraccionamiento, será indispensable obtener la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano”.
Se podrá argumentar en este caso de que el municipio participará en la Comisión de Planificación para su autorización, sólo que si se considera que el municipio participa con un solo voto en una junta de 20 ó más integrantes, su “”intervención” resulta un cero a la izquierda.
Igual atención requieren los artículos 97, 90 (segundo párrafo), 99 y 101, en donde es clara la nula intervención del municipio en asuntos de definición de áreas municipales, recepción de fraccionamientos, y retrolificaciones.
Es de conocimiento público, el sinúmero de autorizaciones otorgadas por la SEDU, en donde el municipio ha tenido que encogerse de hombros ante la reacción violenta de los vecinos.
Sobresale la “”explicación” y razonamiento sobre la impotencia municipal para frenar autorizaciones que han sido otorgadas “”apegadas a la ley”.
Es de sobra conocido, de que es al municipio a donde acuden las inconformidades a exigir explicaciones por tal o cual autorización, razón por lo cual; ciudadanos legisladores, es de suma importancia que se valorice y reoriente el espíritu de esta iniciativa de ley.
Es indudable que existen municipios con mayor o menos capacidad administrativa y/o técnica.
Es innegable, que en el área metropolitana de Monterrey se concentra el 85 por ciento de la población estatal.
Es indiscutible que la gran mayoría de las aproximadamente 5 mil autorizaciones anuales que se expiden sobre edificaciones y usos del suelo se concentran en esta zona.
En consecuencia, es de un alto porcentaje de riesgo de error en las autorizaciones otorgadas “”en apego a la ley” por la excesiva carga de trabajo en la Sedu.
No basta que se cuente con el visto bueno de agua y drenaje o de la CFE, se requiere de algo más que se denomina sentido común, o sensibilidad, que sólo los representantes de los ayuntamientos podrían darse cuenta de ello.
En conclusión; se requiere brindar a los ayuntamientos la capacidad de autodeterminación del uso del suelo.
Que sean éstos los que habiendo escuchado los planeamientos de sus habitantes, en concentración con los organismos y consultores profesionales, aplique su autoridad de resolución, y que ofrezca confiabilidad a los vecinos al ser una autoridad imparcial e impacable ante actos de libertinaje, tanto de promotores, desarrolladores, comerciantes o de los propios vecinos.
Por consecuencia, que la autoridad urbana estatal, atienda sólo a la planeación, ordenación y armonización de las acciones del desarrollo urbano, que sea esta autoridad determinante en los casos de malinterpretación y que en sentido contrario a la tendencia actual, los vecinos acudan a la Sedu a solicitar su intervención para frenar las malas acciones de los municipios.
En manos de los legisladores estatales, está el reorientar el espíritu de la iniciativa de ley, definir la participación y capacidad de un municipio conurbado, urbano o rural.
Que se ofrezca a la ciudadanía la tranquilidad de un desarrollo armónico, y que dé a la SEDU la verdadera imagen de autoridad concertadora y no de autoritaria determinación. A los propios ayuntamientos reconocerles su mayoría de edad y por ende de autodeterminación.
Área Metropolitana caos urbano Municipios Planeación Politica Pulso Urbano Regiópolis	1990-10-14
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