Source: https://www.scribd.com/doc/160359062/El-Rol-Del-Profesional-Como-Auxiliar-de-La-Justicia
Timestamp: 2016-12-09 04:53:40
Document Index: 398718071

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El Rol Del Profesional Como Auxiliar de La Justicia
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“Ser auxiliar de la Justicia involucra un aspecto vocacional”
Entrevista al Dr. José Escandell (*)
Como todos los años, en octubre se llevará a cabo, en la sede central de nuestro Consejo, la inscripción de los profesionales que se postulan para ejercer como auxiliares de la Justicia para actuar durante el año siguiente en los fueros: Comercial; Laboral; Civil; Civil y Comercial Fe-
deral; Contencioso Administrativo Federal; Criminal y Correccional; Penal Económico y Federal de la Seguridad Social.
El ex presidente del Consejo Dr. José Escandell, con tres décadas de experiencia en la sindicatura concursal, es una autoridad en la materia, por lo cual lo entrevistamos para que nos diera un panorama acerca de los desafíos que enfrentan los profesionales que deciden inscribirse como auxiliares de la Justicia.
CONSEJO: Ante los recientes proyectos de reforma de la Ley Concursal que se han venido proponiendo, ¿por qué el síndico debe ser Contador Público?
JOSÉ ESCANDELL: La sindicatura concursal constituye una función sumamente compleja que, en lo sustancial, queda relacionada con investigaciones, dictámenes y proyecciones en materia económica, ﬁnanciera, conta-
ble, patrimonial y de gestión empresaria, dentro de un marco jurídico de características universales que obligan a la concentración de cuestiones de derecho sustancial y formal. La naturaleza de las funciones de la sindicatura ha sido analizada in extenso por abundante literatura y todos los antecedentes de reformas legales —amén de los regímenes que han regido desde 1902— han coin-
cidido en atribuir la incumbencia legal a los contadores públicos. Se trata fundamentalmente de un tema deri-
vado del diseño de los currículos universitarios de las carreras de grado, reforzadas en los últimos años por carreras de posgrado. Prácticamente la totalidad de la doctrina en la materia, incluso la de los tratadistas y aca-
démicos del derecho, son contestes con esta deﬁnición.
Así, las sucesivas leyes concursales [Ley Nº 4.156 (B. O. 31/12/1902); Ley Nº 11.719 (B. O. 30/09/1933); Ley Nº 19.551 (B. O. 08/05/1972) —con su reforma por la Ley Nº 22.917 (B. O. 27/09/1983)—; Ley Nº 24.522 (B. O. 09/08/1995) —con sus reformas por la Ley Nº 25.563 (B. O. 15/02/2002) y la Ley Nº 25.589 (B. O. 16/05/2002)— y la Ley Nº 26.086 (B. O. 11/04/ 2006)] se inclinaron por la integración técnica de la sindicatu-
ra, conﬁándola a profesionales universitarios contadores públicos, atendiendo a su formación curricular en las disciplinas vinculadas a las exigencias de las funciones establecidas por la ley.
Sin embargo, al menos desde 1984 se vienen sucedien-
do proyectos legislativos de modiﬁcación de la Ley Con-
cursal a ﬁn de extender a los abogados la incumbencia ENTREVISTA
para el ejercicio de la sindicatura. El tema ha sido objeto de arduas discu-
siones y conﬂictos que se han visto reﬂejados en las comisiones del Congre-
so de la Nación al estudiarse tales proyectos, mediante la intervención de nuestras entidades profesionales —nuestro Consejo con un rol preponderan-
te—, habiéndose logrado el objetivo de convencer a los legisladores de la inconveniencia de estos cambios. Se trata de un tema abierto y, por lo tanto, preocupante. Un intento para lograr una neutralización deﬁnitiva ha sido el reciente acuerdo con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, al acordar el texto de reforma del estatuto regulatorio profesional para la actuación en la Justicia, en el cual, además, se proyectó la incumbencia ex-
clusiva y excluyente del Contador Público para el ejercicio de la sindicatura, adosándole patrocinio letrado obligatorio, obviamente con sus honorarios a cargo del deudor concursado o fallido.
¿La actual Ley Concursal Nº 24.522 resuelve adecuadamente las situacio-
nes de crisis de deudores o deberían hacérsele algunas modiﬁcaciones?
La pregunta merece una cierta aclaración: nunca una ley concursal, por sí sola, puede ser el instrumento determinante de la superación de la crisis de una empresa. La crisis se supera desde la reformulación estratégica de la gestión y del ataque frontal y efectivo a los factores internos y externos que puedan haberla determinado. La recuperación de las empresas en crisis se inscribe dentro del ámbito de la economía y de la administración. Ahora bien, ya en este contexto, una buena ley concursal puede ser un factor ne-
cesario y a veces indispensable para tener los tiempos y el marco negocial forzoso necesario como para que el plan empresario pueda llevarse a cabo. El sistema concursal no deja de ser, en esencia, un procedimiento judicial de cobertura y protección del patrimonio empresario, dentro del cual se llevará a cabo un proceso negocial muy fuerte que tiene por objeto absorber por los distintos partíci-
pes y grupos de interés alrededor de la empresa los quebrantos originados en la crisis. Es un proceso que necesita tener un fuerte poder arbitrador de los magistrados para evitar o neutralizar abusos que pueden provenir tanto del deudor y/o de mayorías de acreedores como, a veces, de po-
siciones de minorías. El resultado de esta ne-
gociación será la reformulación del cronograma y de la cuantía de la estructura de ﬁnanciación y de su costo, que debería quedar adaptado a las posibilidades realistas de la empresa de generación de ﬂujos de fondos.
La ley actual tiene una génesis muy privatista y luego ha sufrido reformas parciales de un corte ﬁlosóﬁco opuesto, por lo cual existen muchos conﬂic-
tos de diseño legal. Más allá de esto, es notoria la falta de interés legislativo para encarar una reforma integral, siendo docenas y docenas de proyectos “La ley actual tiene una génesis muy privatista y luego ha sufrido reformas parciales de un corte filosófico opuesto, por lo cual existen muchos conflictos de diseño legal.”
de reforma los que se han presentado durante la última década con el objeto de modiﬁcar fragmentadamente la ley.
Tal vez la falencia mayor sea la ausencia en la ley del concepto de viabili-
dad de la empresa. Este aspecto impide el adecuado aprovechamiento de los recursos públicos, que —en vez de concentrarse en la atención de los casos de empresas viables— se dispersan en cientos de casos de concursos y quiebras cuya mayoría no tiene chances de recuperación. Esta realidad causa daños enormes tanto al patrimonio público como al privado, llevando a cientos de profesionales a la obligación de prestar sus funciones a casos que no tienen utilidad pública ni privada, y sin posibilidad de tener y cobrar re-
muneraciones dignas por su trabajo. Y temas como el de la abusividad de los acuerdos, en realidad, están íntimamente relacionados con el concepto de viabilidad de la empresa y de la cuantía real de pago a los acreedores, com-
patible con el proceso económico y ﬁnanciero de recuperación empresaria.
¿Qué sistema se podría implementar para ofrecer una solución a los síndi-
cos en el caso de quiebras clausuradas por falta de activos?
Este es uno de los paradigmas del despilfarro de recursos que caracteriza a la ley actual. Los tribunales están abarrotados de expedientes inútiles, en los cuales no se obtendrá ni siquiera un nivel mínimo de fondos para pagar gastos menores —ni hablar de honorarios de profesionales y de pagos a acreedores—. Estimo que la solución debiera orientarse hacia las premisas que se expusieron en un trabajo de los colegas Dres. Bruzzo y Celano [Nota de la Redacción: Celano, Juan Carlos y Bruzzo, Mario Oscar. “Quiebras Sin Activo. Ideas para una propuesta de modiﬁcación”. Presentación en las Jornadas Nacionales de Actuación Profesional en el Ámbito de la Justicia y Resolución Alternativa de Conﬂictos; Buenos Aires, junio de 1999], con-
sistentes en que, en los casos de quiebras decretadas por pedido de un acreedor, estará a cargo del mismo la inscripción de todos los efectos de la quiebra y sólo se abrirá el procedimiento con la consi-
guiente designación de síndico cuando la fase anterior haya determinado la exis-
tencia de activos o de actos susceptibles de acciones de recomposición patrimonial. Los casos de clausura por falta de activos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al-
canzan al 80% del universo de quiebras.
“Los casos de clausura por falta de activos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al-
canzan al 80% del universo de quiebras.”
¿Qué gestiones ha realizado el Consejo para mejorar la situación de los peritos y otros auxiliares?
Como todos sabemos, el estatuto regulatorio de los pro-
fesionales en Ciencias Económicas es un decreto ley de 1957. O sea: no existe estatuto regulatorio, con el agra-
vante de que, en todas las cuestiones no previstas en esta anticuada e inútil norma, se aplica la Ley Nº 21.839 (B. O. 20/07/1978) de aranceles para abogados y procurado-
res de la Capital Federal.
El Consejo ha intentado muchas veces la sanción de una nueva ley que proporcione a los profesionales re-
muneraciones dignas así como la vigencia de los prin-
cipios básicos que hacen al derecho constitucional de ser remunerado: orden público, alimentariedad, propor-
cionalidad, obligatoriedad legal de regulación, control de pago, etc. Sin embargo, la realidad demuestra que no es sencillo lograr que el Congreso de la Nación se interese por el tema.
El último de estos esfuerzos, que tiene estado parlamen-
tario actual, tuvo como origen un proyecto que habían elaborado las autoridades de la Comisión de Actuación en la Justicia, el cual fue sometido al análisis y apor-
tes de una comisión de especialistas en esta materia, y el proyecto reformulado quedó sometido a consultas públicas a toda la matrícula. Así se cerró el proyecto y, con la ﬁrma del senador Marcelo Fuentes, tuvo ingreso legislativo en la Cámara de Senadores en 2009. Existie-
ron algunos análisis del proyecto propiciándose algunos cambios y ﬁnalmente en 2011 se ingresó nuevamente. El proyecto en cuestión tiene todos los atributos para satisfacer los principios sentados en el párrafo anterior y su sanción sin duda satisfaría las aspiraciones de nues-
tros profesionales. Cabe señalar, sin embargo, que en su tratamiento “chocó” con el presentado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para actuali-
zar la ley de aranceles de abogados y procuradores.
¿Por qué el Consejo impulsa un proyecto de ley de ho-
norarios judiciales junto con el Colegio Público de Abo-
gados de la Capital Federal?
La razón es la consecuencia directa del “cho-
que” a que aludí antes. La Comisión de Legislación General del Senado hizo llegar su inquietud en el sentido de que las instituciones profesionales involucradas arribaran a un texto consensuado del que resultare un estatuto integral regulatorio de todas las profesiones que, sea en rol de letrado, de procurador o de auxiliar, desarrollen tareas en la Justicia.
En el plano estricto de los auxi-
liares de la Justicia, el proyecto consensuado conservó todos los atributos del que había sido impul-
sado bajo la presentación del sena-
dor Fuentes y se enriqueció con otros principios y ﬁguras procesales que con-
templaba el proyecto del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El nuevo texto uniﬁcado y consensuado constituirá no sólo un ver-
dadero y positivo estatuto normativo integral, sino que ENTREVISTA
además involucrará a la totalidad de auxiliares que tra-
bajan en la Justicia, obteniendo con ello una importante contribución a un sistema racional y equilibrado de ac-
tuación en la Justicia.
Adicionalmente, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal mantuvo su objetivo de reformar tam-
bién la Ley Concursal en materia de honorarios para su-
jetarlos a la ley local y aceptó que la incumbencia sea del Contador Público, pero asegurando la participación de los letrados mediante la ﬁgura del patrocinio letrado obligatorio. Las escalas y previsiones de las regulacio-
nes mejoran sustancialmente la ley actual. Considero que el balance de esta parte del proyecto es positivo, so-
bre todo desde la perspectiva de que institucionalmente ha sido aceptada la incumbencia excluyente del Conta-
dor Público para el ejercicio de la sindicatura concursal.
¿Cuán importante es el rol del profesional en Ciencias Económicas en las pericias?
Los peritos son expertos en determinadas ciencias y téc-
nicas sobre las que están en condiciones de asesorar al juez, a través de sus respuestas al cuestionario pericial, con respecto a hechos y conclusiones que escapan al conocimiento profesional del magistrado. Muchas veces, estos aspectos son esencia-
les para el dictado de la sentencia o, en el caso de nuestros profesionales, para la valoración económica de la mis-
ma. En otras palabras, la labor de nuestros peritos sin duda tiende a asegurar el valor justicia transfor-
mándolo en un concepto concre-
to y útil para la sociedad y para las partes en conﬂicto.
Considerando que los honorarios por pericias son impredecibles en cuanto a montos y momentos de cobro, ¿por qué es recomendable que un profesional se inscriba como perito?
En primer lugar cabe rescatar un aspecto vocacional: la labor en la Justicia satisface inquietudes del profesional vinculadas a la par con la superación técnica profesional y con sus as-
piraciones de ser socialmente útil. La aleatoriedad de la cuantía de los honorarios, que en deﬁnitiva depende de la magnitud de los casos en que sea sorteado para actuar como auxiliar, en general puede quedar atenuada por el mix de causas, algunas de las cuales ofrecerá ho-
norarios de mejor cuantía. La decisión de actuación, mi-
rada desde el aspecto de la remuneración esperable, se basa en la expectativa del conjunto de las designaciones posibles y del promedio que ello puede signiﬁcar en ma-
teria de remuneración. Por esa razón es tan importan-
te seguir bregando por la defensa de los principios de orden público de las regulaciones, de la existencia de mínimos arancelarios dignos y por asegurar la conserva-
ción del valor económico de las regulaciones y disminuir los plazos de pago.
Institucionalmente, como profesión, no me caben du-
das de la mirada que debemos tener para lograr que esta rama de actuación sea digna, con remuneraciones que atraigan a los profesionales y con el aﬁanzamiento de una verdadera vocación de servicio en orden a la plena vigencia del valor justicia.
Honorarios judiciales: proyectos de ley en danza
Dr. Domingo Aiello (*)
Presidente de la Comisión de Actuación Profesional en el Ámbito Judicial del CPCECABA
Luego de la creación —a través del Decreto 5.103/1945— del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Territorio Na-
cional de Tierra del Fuego, Islas Mal-
vinas e Islas del Atlántico Sur (deno-
minación original del actual Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CPCECABA), se dictó el De-
creto Ley Nº 16.638/1957, que le-
gisla sobre los honorarios de los pro-
fesionales en Ciencias Económicas que se desempeñan como auxiliares de la Justicia en jurisdicción nacio-
nal. A pesar del tiempo transcurrido y de los diversos proyectos de mo-
diﬁcación y/o actualización presen-
tados en el Congreso Nacional, el Decreto Ley Nº 16.638/1957 sigue siendo la norma legal sobre la cual los jueces deben basar la regulación de honorarios para los profesionales en Ciencias Económicas que actúan como auxiliares de la Justicia, pre-
ponderantemente como peritos con-
tadores designados de oﬁcio.
Un aspecto importante que conte-
nía dicho Decreto Ley era el “orden público” del régimen arancelario (artículo 2º), es decir que su aca-
tamiento resultaba obligatorio para las partes y los jueces. Otro matiz de la norma —si se quiere, el más importante— era la escala regulato-
ria contenida en el artículo 3º, que preveía un mínimo de 4% y un máxi-
mo de 18% según fuera el monto del juicio en el que el profesional en Ciencias Económicas se hubiera desempeñado.
El proceso inﬂacionario ocurrido en el país desde entonces —que ha lle-
vado, a través de diversos cambios de signo monetario, a eliminar 13 ceros— convirtió a la escala en un elemento de medición totalmente desactualizado y alejado de la rea-
lidad económica de la Nación y fun-
damentalmente de los profesionales que se desempeñan en el ámbito judicial. Así, en muchas oportunida-
des —podríamos decir en la mayoría de los casos— la regulación recibida no guarda relación con la labor reali-
zada ni con la importancia del caso en el que ha intervenido, ya que en ninguna ocasión se regula el porcen-
taje máximo previsto en aquel decre-
to ley (18%) —ni en los de escaso monto— y, generalmente, se regula el mínimo, pues sólo en algunos ca-
sos los jueces se animan a regular algunos puntos más: 5% o 6%.
Este aspecto, de por sí negativo para los auxiliares de la Justicia en gene-
ral, se ha visto agravado por las dis-
tintas normas dictadas en épocas de supuesta emergencia económica del país, como la Ley Nº 24.432 (B. O. 10/01/1995). En el artículo 13 de esa norma se facultó a los jueces a apartarse de las escalas arancelarias, pudiendo regular por debajo de los mínimos previstos en ellas. Esto im-
plicó, de hecho, la derogación del ca-
rácter de orden público de dichas es-
calas. Por este aspecto y otros más, en muchos casos, la tarea de auxiliar de la Justicia se ha convertido en una carga pública, contrariando lo pres-
cripto por el artículo 1.627 del Códi-
go Civil de la Nación.
A ﬁn de corregir los aspectos negativos mencionados, en los últimos tiempos se han presentado ante el Congreso de la Nación diversos proyectos de honorarios profesio-
nales, tendientes a actualizar y adaptar a los tiempos actuales las retribuciones que deben recibir quienes desarrollan su actividad profesional como auxiliares de la Justicia. Uno de ellos fue redactado por miembros de la Comisión de Actuación en el Ámbito Judicial del CPCECABA y se encuentra a estudio en la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación.
Un segundo proyecto fue elaborado en un principio por el Colegio Público de Abogados de la Capital Fede-
ral (CPACF) para actualizar la Ley Nº 21.839 (B. O. 20/07/1978) de honorarios para abogados y procura-
dores, que contemplaba la actuación de los auxiliares de la Justicia. Luego se sumaron los distintos colegios y consejos profesionales agrupados en la Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la Ciudad de Buenos Aires (CEPUC), entre los cuales ﬁgura el CPCECABA, ampliando y mejorando sustancialmente los aspectos vinculados a los auxiliares de la Justicia. Este proyecto, al igual que el anterior, se encuentra a es-
tudio en la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación. De acuerdo con información obtenida re-
cientemente en el Senado de la Nación, ambos proyec-
tos —el formulado en el CPCECABA y el generado por el CPACF y enriquecido por la CEPUC— se han uniﬁcado.
Un tercer proyecto, presentado últimamente por el dipu-
tado nacional por la provincia de Formosa Dr. Juan Car-
los Díaz Roig, referido a los profesionales en Ciencias Económicas que se desempeñan como auxiliares de la Justicia en el ámbito judicial nacional y federal, se en-
cuentra a estudio en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación.
Es de desear que los tiempos políticos venideros per-
mitan a los legisladores abocarse al estudio de los proyectos mencionados y así adaptar la legislación co-
rrespondiente a los auxiliares de la Justicia. Esto, con seguridad, redundará en una mejor administración de Justicia en beneﬁcio de la comunidad toda.
(*) Contador Público y Abogado
El artículo 8º de la Ley Nº 24.432: los textos legales y las nuevas situaciones
Dr. Tomás Eduardo Bogomolny (*)
Vicepresidente de la Comisión de Actuación Profesional en el Ámbito Judicial del CPCECABA
A partir de la sanción de la Ley Nº 24.432 (B. O. 10/01/1995), se mo-
diﬁcaron los Códigos Civil, Procesal Civil y Comercial de la Nación, y la Ley Nº 19.551 (B. O. 08/05/1972), la Ley Nº 20.744 (B. O. 27/09/1974) y la Ley Nº 21.839 (B. O. 20/07/1978). El artículo 1º de la Ley Nº 24.432 in-
corpora el siguiente párrafo al artículo 505 del Código Civil de la Nación: “Si el incumplimiento de la obliga-
ción, cualquiera sea su fuente, deri-
vase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios pro-
fesionales de todo tipo allí devenga-
dos y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25%) del monto de la sentencia, laudo, tran-
sacción o instrumento que ponga ﬁn al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las pro-
fesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procede-
rá a prorratear los montos entre los beneﬁciarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas”.
Por su parte, el artículo 8º de la Ley Nº 24.432 incorpora un párrafo de similar tenor al artículo 277 de la Ley Nº 20.744 de Contrato de Traba-
jo. Estas incorporaciones originaron no pocas situaciones injustas, pro-
vocadas por el texto propio de la Ley o por una incorrecta interpretación de los magistrados intervinientes.
Una primera consecuencia disvalio-
sa se planteó —aun en juicios rela-
tivamente simples— cuando, para probar un hecho, resulta necesario acudir a pruebas periciales de dis-
tintas especialidades. El letrado que debe ofrecer prueba pericial no de-
jará de hacerlo, aunque ello vaya en desmedro de sus propios honorarios (ya que el tope legal deberá prorra-
tearse, en su caso, entre todos los profesionales actuantes).
Además, apareció una segunda cuestión, relacionada con el monto sobre el cual deberá aplicarse dicho tope. La ley establece que el refe-
rido 25% deberá aplicarse sobre el monto de sentencia. Según el fallo de la Sala III de la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones del Trabajo, del 30/04/2007, en el caso “Gordin, Sonia Bonita y otros c/INGEOMA S.A. y otros s/despido” (Expediente Nº 8.727/2002): “El monto del proceso que resulta de la sentencia no debe confundir-
se con el de la condena, con el que puede o no coincidir, pues la senten-
cia o transacción resuelve un litigio mediante el rechazo de la preten-
sión o su acogimiento total o parcial, pero en todos los casos el juez o las PERITOS
propias partes se expiden sobre el total del reclamo”. Si los topes se aplican sobre el monto de condena, y la acción prospera en mínima medida, el resultado es la reducción de los honorarios en una proporción aún más alta que en el caso anterior.
La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes del Trabajo
Las salas III, IV, V, VI, IX, X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) fueron decretando la inconstitucionalidad de los artículos 1º y 8º de la Ley Nº 24.432 por violar artículos de la Constitución Na-
cional (CN). Según el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, del 31/5/2011, en el caso “Pa-
checo Carlos Alberto c/ Integración Eléctrica Sur Argenti-
na S.A. y otro s/Accidente” (Expediente N° 3.179/2007), el artículo 277, cuarto párrafo, de la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo —conforme al artículo 8º de la Ley Nº 24.432— viola: el principio protectorio que consa-
gran los artículos 14 y 14 bis de la CN; el derecho de propiedad del artículo 17 de la CN y el derecho a la igualdad del artículo 16 de la CN, ya que el deudor y el acreedor de honorarios judiciales son tratados de un modo diferente del resto de los deudores y acreedores. Esto último signiﬁca además un menoscabo al derecho del trabajo profesional, que se presume oneroso, y cuya retribución tiene carácter alimentario (según el artículo 1.871 del Código Civil de la Nación).
El voto del Dr. Héctor J. Scotti, en el fallo de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, del 30/10/1998, en el caso “Albornoz, José c/Esta-
blecimiento Gamar SA y otro s/despido” (Expediente N° 10.798/1995, Sentencia Interlocutoria Nº 5.082), sostiene:
“Si conforme el agregado del artículo 8º de la Ley Nº 24.432 al artículo 277 de la Ley Nº 20.744 de Con-
trato de Trabajo, el condenado se encuentra exento de abonar en concepto de costas todo lo que exceda del 25% del monto de la sentencia, y si por imperio de la inconstitucionalidad propuesta en lo que respecta al vencedor, éste también resulta exento, habría que concluir que —por lo que supere ese tope— nadie res-
pondería frente al profesional, lo cual resulta absurdo y carente de razonabilidad desde la óptica del acreedor”.
El fallo “Abdurraman” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
El 5/05/2009, la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción (CSJN) dictó sentencia en “Abdurramán, Martín c/
Transportes Línea 104 S.A. s/Accidente”. En ella, se revocó la sentencia de la Sala VI, que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 8º antes citado, ha-
ciendo mérito de la decisión del legislador de disminuir el costo de los procesos judiciales y de que no se veri-
ﬁcaba una violación del derecho de igualdad porque el artículo 8º de la Ley Nº 24.432 no evidencia un ﬁn per-
secutorio o discriminatorio y no limita el quantum de los estipendios profesionales, sino sólo la responsabilidad del condenado en costas en los juicios laborales.
La nueva jurisprudencia de la CNAT
A partir del fallo “Abdurraman”, hubo un replanteo de las posiciones en distintas Salas de la CNAT. Sin embar-
go, varias de ellas han mantenido su postura, como la Sala VII, 20/09/2012, Exp. Nº 9074/2008, “Sanabria Mongelos Willian Miguel c/
Provincia ART S.A. s/Accidente”; la Sala VI, Exp. nº 3653/08, 21/09/12, “Ortega, César c/ Bocardo S.A. s/ Acciden-
te”; la Sala III, Exp. Nº 15451/09, 27/05/13, “Pino, Juan Rolando c/ Consolidar ART S.A. s/Accidente”.
“Tanto los hono-
rarios del letrado que representa al trabajador, como los de los peritos auxiliares de la Justicia requeridos para la producción de la prueba ofrecida, deben considerarse par-
te del derecho a ser oído con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, en la sustanciación de una causa para la de-
terminación de sus derechos y obligaciones de º 26
índole laboral (conforme al artículo 8 inciso 1° Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos).” En conse-
cuencia, la intervención de esos profesionales resulta inherente a “la actividad desplegada con el ﬁn de ob-
tener justicia”, implicando erogaciones que deben ser compensadas ante una sentencia condenatoria
Pese al dictado de la CSJN en el fallo “Abdurraman”, varias salas de la CNAT han mantenido el criterio previo, sosteniendo su declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1º y 8º de la Ley Nº 24.432. Sin embargo, la posibilidad de éxito hoy en un pedido de inconsti-
tucionalidad se halla en sostener una argumentación distinta de la considerada por la CSJN en el fallo “Ab-
durraman” —como la citada de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— y en demostrar en qué medida la aplicación de la norma cuestionada afectará nuestro crédito, siendo que no pocos cama-
ristas continúan evidentemente sosteniendo su pensa-
miento original, contrario a la legislación vigente.
(*) Contador Público y Arquitecto
Conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y costas” (sentencia de 27/08/1998. serie C, N° 39, párrafo 79) y caso “Dacosta Cadogan vs. Barbados. Reparaciones y costas” (sentencia del 24/07/2009); entre otros, citados en “Beninca, Guido Alexis c/Telecentro S.A. y otro s/Despido”, CNAT, Sala VII, 28/12/2011.
Siguiendo los pasos del interventor recaudador
Dr. Luis Eduardo Delpiano (*)
Asesor Profesional del Área Judicial del CPCECABA
En la contestación de la consulta forense cotidiana, la función judi-
cial de recaudación por medio de la intervención transita por un camino casi traumático del conocimiento, posiblemente por encontrarse dentro de los temas menos debatidos y con escaso sustento bibliográﬁco. Apro-
vecharé esta columna para plantear, desde lo práctico, aspectos relacio-
nados con este instituto, intentando señalar -de manera más sencilla que técnica- los pasos habituales de la función a los ﬁnes de ﬁjar el perﬁl del interventor recaudador.
El cargo de interventor recaudador surge por decisorio judicial que llama a la designación para cumplir forza-
damente la recaudación de sumas de dinero, producto de ejecuciones tendientes a proteger o satisfacer cré-
ditos de distinta índole. Así se dan efectivizaciones de embargos, retenciones de sumas de dinero por alimen-
tos, incumplimientos patrimoniales laborales, retencio-
nes de utilidades no vertidas por un socio que adminis-
tra una sociedad en perjuicio de otro, etc.
El interventor recaudador se limita exclusivamente a la recaudación dispuesta, sin injerencia alguna en la ad-
ministración. La intervención se desempeña de manera personal, sin ayudantes, salvo decisión judicial en con-
trario. Se cumple exclusivamente respetando el conte-
nido de la providencia judicial que ha ﬁjado la base de recaudación, el porcentual de retención, las facultades coercitivas otorgadas, la periodicidad del acto recauda-
torio, el depósito y el informe de las sumas recaudadas.
El interventor recaudador debe mantener permanente-
mente informada a la autoridad judicial por medio de escritos judiciales, pudiendo peticionar en adecuación a la necesidad de la labor.
Los pasos del interventor recaudador
1) Acerca de cómo surge la designación:
Contemplada la incumbencia dentro de la Ley Nº 20.488 (B. O. 23/07/1973), el profesional interesado debe pro-
ceder a inscribirse en octubre de cada año como auxiliar de la Justicia para actuar en los distintos fueros durante el año siguiente. En el formulario de inscripción, para los fueros Comercial, Civil, de Trabajo, Penal Económico y Criminal y Correccional, existe la posibilidad de in-
cluirse o no en la lista de interventores por encontrarse desagregada esa función de la de peritos. Esto habili-
ta a peticionar posteriores revocatorias —debidamente fundadas— de designaciones que no se adecuan a la inscripción oportuna del interesado.
A partir de la inscripción, se conforman las listas de interventores recaudadores que serán utilizadas por la autoridad judicial en los futuros sorteos.
2) Acerca de la aceptación del cargo:
Una vez recepcionada la cédula de notiﬁcación de la designación de interventor recaudador en el domicilio constituido, el profesional procederá a aceptar el cargo dentro del plazo ﬁjado en la providencia y ante la autori-
dad judicial. Debe tenerse presente que, en general, se ubica a las actuaciones en la etapa ejecutoria para ha-
llarlas físicamente. La falta de ubicación del expediente dentro de los plazos establecidos habilita la presentación judicial de un escrito de búsqueda de las actuaciones.
3) Acerca del estudio de la orden judicial de recaudación:
La simple aceptación del cargo no perfecciona la pues-
ta en funciones del interventor recaudador que se logra con el diligenciamiento del instrumento conocido como “Mandamiento de Posesión de Cargo”. En este instru-
mento deben constar los siguientes datos: autoridad judicial, causa, nombramiento, importes reclamados, nombre del ejecutado, detalle de la forma ejecutoria y demás aspectos relevantes que hagan a la medida.
El “Mandamiento de Posesión de Cargo” debe ser con-
feccionado por el interventor y emitido por la autoridad judicial con los datos necesarios para cumplir sin ries-
gos la labor.
t El domicilio donde se hará la recaudación.
t La persona ejecutada. Existiría grave conﬂicto si el condenado en sentencia es una persona física y se lleva a cabo la medida sobre una persona jurídica que luego demostrara su ajenidad.
t La responsabilidad penal, civil, procesal y profesional que le cabe al profesional.
t Las sumas a recaudar. Pueden existir sumas de con-
dena a las que se les han de adicionar otras presupues-
tadas por intereses y costas.
t La base sobre la que debe efectuarse la recaudación: ingresos brutos y/o ingresos netos.
t La periodicidad de la recaudación, de los depósitos y de la obligación de rendir informes por ante la autoridad judicial.
t Las facultades que se debe pedir a la autoridad judi-
cial para lograr el éxito de la medida.
Todas estas cuestiones no deben suponerse, sino que deben surgir del escrito ejecutorio del solicitante de la medida y/o de la providencia que autorice la recaudación. º 28
Su falta habilita a la presentación de un escrito judicial inti-
mando al ejecutante a proporcionar los datos necesarios bajo su responsabilidad, suspendiéndose los plazos hasta su cum-
plimiento. Aclarado ello, se está en condiciones de presentar el Mandamiento para su confronte y autorización por parte de la autoridad judicial.
4) Acerca de las facultades que se puede solicitar:
En pos de lograr el éxito de la medida, el interventor recau-
dador puede:
t Solicitar el auxilio de la fuerza pública: se le pide a la po-
licía que acompañe al interventor y actúe en caso necesario.
t Allanar un domicilio: con presencia de la policía y testi-
gos, se ingresa al domicilio para buscar los valores. El inter-
ventor no puede tocar ningún bien durante la búsqueda, sino que debe exhibirlos el allanado, quien debe permanecer a la vista de los intervinientes durante todo el procedimiento.
t Requerir el auxilio de un cerrajero: con presencia policial para habilitar el paso.
En todos los casos, se labran actas.
5) Acerca de la confección del Mandamiento de Posesión de Cargo:
Tiene como objetivo legitimar al interventor ante el ejecu-
tado. Se lo pone formalmente en conocimiento de la ejecu-
ción forzada que se inicia. Con su ﬁrma, toma conocimiento del acto y legitima la asunción del cargo del interventor.
El instrumento se confecciona en tres ejemplares: para el expediente sin diligenciar; para entregar al ejecutado; y para acreditar el diligenciamiento en el expediente (incluye los datos y la ﬁrma del ejecutado). El Mandamiento acompaña al expediente adjunto a un escrito judicial que peticiona su confronte, la autorización de la autoridad judicial y el per-
miso de retiro por parte del interventor.
La medida implica la intervención de un oﬁcial de Justicia de la zona del ejecutado, por lo que, retirado el instrumen-
to con la ﬁrma de la autoridad judicial, deberá ﬁjarse con dicho funcionario lugar, fecha y hora para llevar a cabo la medida. Otra forma es ad hoc, que salva el trámite anterior, pero todo depende del decisorio de la autoridad judicial so-
bre la forma en que debe ser cumplida la medida.
6) Acerca del cumplimiento de la medida:
Una vez en posesión del cargo, se cumple la medida recaudatoria hasta alcanzar las sumas ﬁjadas judicial-
mente. Se verá las veces que será necesario concurrir hasta agotar la medida.
Por cada recaudación, se otorga al ejecutado constancia de retención por las sumas recaudadas, que serán depo-
sitadas en cuenta y banco judicial, abierta a nombre de la causa y a la orden de la autoridad judicial. Por cada depósito judicial, se acompaña constancia al expediente mediante informe y copia de la boleta de depósito bancario.
Finalizada la recaudación, se presentará un informe ﬁ-
nal, que dará cuenta de todas las recaudaciones efec-
tuadas y del cumplimiento de la medida, y peticionará aprobación judicial de la gestión y regulación de los ho-
norarios profesionales.
La base normativa sustentatoria
La base normativa sustentatoria del cargo de interventor recaudador es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículos 222 a 227, y leyes sustanciales.
(*) Contador Público y Licenciado en Administración
Mandamiento de Posesión de Cargo
El oﬁcial de justicia de la zona que corresponda se constituirá en el domicilio de Ángel S.A.., sito en la calle Viamonte 1549 CABA, y procederá a poner en posesión de su cargo al señor Contador Público Don Luis Eduardo Delpiano, con DNI 20.463.785 y con domicilio constituido en la calle Paraná 586 piso 8 CABA, quien fue designado interventor re-
caudador, autorizado expresamente a retener el 30% de las entradas brutas diarias de lo que perci-
ba la empresa demandada, hasta totalizar la suma de pesos cincuenta y tres mil novecientos ochenta y uno ($ 53.981) con más la suma de pesos diez mil setecientos ($ 10.700) por intereses y costas pre-
supuestados provisoriamente. El presente ha sido ordenado en los autos caratulados “Expediente Nº 71.738 Pérez, María Alejandra c/Ángel S.A. s/da-
ños y perjuicios”, que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 61, a mi cargo, Secretaría a cargo del Dr. Víctor Juan Núñez, sito en la calle Av. de los Inmigrantes 1950 piso 4º de Capital Federal. El interventor recauda-
dor se encuentra facultado para allanar el domicilio y hacer uso de la fuerza pública en caso necesario. Dado, ﬁrmado, y sellado en la sala de mi público despacho a los 21 días del mes de junio de 2013.
Se propone como modelo:
Los exhortos y su problemática
Dr. Jorge A. Kohn (*)
Integrante de la Comisión Actuación Profesional en el Ámbito Judicial del CPCECABA
La temática sobre exhortos es una de las materias que más consultan los profesionales en Ciencias Eco-
nómicas que actúan como peritos en el ámbito judicial. Ello se debe a que son numerosas las dudas que genera la legislación vigente sobre la materia, ya que, al no tratar las cuestiones que pueden presentarse durante la tramitación de los exhor-
tos, existe un vacío legal que se re-
suelve jurisprudencialmente. Como si ello fuera poco, la jurisprudencia no es pacíﬁca en la resolución de las distintas situaciones que se presentan normalmente.
En primer lugar, es importante mencionar que esta ma-
teria —también conocida como ley de exhortos o ley de rogatorias— está regulada por la Ley Nº 22.172 (B. O. 26/03/1981) de Convenio de Comunicación entre Tri-
bunales de Diferente Jurisdicción, celebrado en 1979 entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, resolviéndose que las de-
más provincias podían adherirse a este convenio. Pero muy pocas jurisdicciones lo hicieron, por lo que —en la práctica— existe una clara diferencia en el tratamiento procesal del tema en nuestra jurisdicción y lo que ocu-
rre en las otras. Por ejemplo, en aquellas jurisdicciones, incluida la provincia de Buenos Aires, los expedientes que tramitan por exhortos no se devuelven al juzgado oﬁciante hasta que los honorarios del perito hayan sido satisfechos, hecho que no ocurre en ésta.
Las cuestiones más relevantes establecidas por la Ley para los peritos son: lo regulado en el artículo 3º —que, entre otras disposiciones, requiere que el oﬁcio recepta-
do por el juzgado oﬁciado contenga el valor pecuniario del juicio si existiera— y lo regulado en el artículo 12º, que establece que la regulación de honorarios corres-
ponde al tribunal oﬁciado.
En el primer caso, si, a pesar de existir el monto del jui-
cio, éste no se hubiera incluido en el oﬁcio, el magistra-
do debería devolverlo por la falta de cumplimiento de tal requisito
. Si así no ocurriera, el perito debería solicitar que se cumpla la exigencia, ya que de ese modo lo de-
termina la ley. En el segundo caso, si bien lo establecido por la Ley no admite duda alguna, hay casos en que el magistrado se ha negado a regular con distintos funda-
mentos. Esto debería subsanarse con el planteo de un recurso de apelación con fundamento en la disposición legal. Ahora bien, ¿qué ocurre con las apelaciones de ho-
norarios? A pesar de que la mayoría de los magistrados ha aceptado que el tribunal de alzada del juez oﬁciado debe entender en el tema, todavía hay discrepancias en-
tre los magistrados respecto de dicha cuestión.
Téngase en cuenta que su importancia radica en la necesidad de que exista una base regulatoria.
La Comisión de Actuación Judicial del CPCECABA tras-
ladó su inquietud a las autoridades del Consejo respecto de que, presentada la pericia y ﬁrme la regulación de honorarios, el expediente se remitía al juzgado de origen y no quedaba antecedente alguno en el juzgado oﬁciado. Se coordinó entonces una reunión con el presidente de la Cámara de Apelaciones del Trabajo (CAT), a quien se le transmitieron las inquietudes derivadas de tal proceder. Tras este encuentro, se dictó una Resolución de la CAT mediante el Acta Nº 2.265 del 26/02/1998, por la cual se aprobó el siguiente texto: “Asimismo se le hace saber que, en caso de formular peticiones o recursos deberá acompañar dentro del plazo de …días fotocopia com-
pleta de las presentes actuaciones con el ﬁn de formar el incidente que corresponda, si fuera procedente, bajo apercibimiento de devolver el exhorto sin más trámite”.
La solución adoptada es relevante, ya que permite a los peritos solicitar que se forme incidente y que permanez-
can en el juzgado oﬁciado los antecedentes de la actuación dentro de la jurisdicción. Es importante se-
ñalar que, cuando se solicite la formación del incidente, se mencione el Acta Nº 2.265, ya que no es de cono-
cimiento de muchos magistrados. En la práctica, hay magistrados que no tienen en cuenta esta resolución. Cuando ello ocurra, se debe apelar la medida. Hubo al-
gún caso en que la Cámara, para solucionar el problema, solicitó al tribunal oﬁciante el envío de una copia certiﬁ-
cada de las actuaciones realizadas en esta jurisdicción.
En cuanto a la ejecución de los honorarios, si bien la ley no establece nada al respecto, la solución la dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolviendo que los honorarios se deben ejecutar en el juzgado de origen. Vale aclarar que, en algunos casos aislados, el magistra-
do ha permitido ejecutarlos en el juzgado oﬁciado, pero se trata de excepciones a la jurisprudencia mayoritaria.
Para intentar resolver la problemática que se presenta en este tema, se han elevado, durante los últimos años, proyectos de ley sobre exhortos que no han tenido éxito en su tratamiento y han perdido estado parlamentario.
Para ﬁnalizar, es importante destacar que se encuentra en el Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Ho-
norarios Profesionales de Abogados Procuradores y Au-
xiliares de la Justicia Nacional y del Fuero Federal, pre-
sentado en conjunto con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que —además de considerar to-
dos los aspectos concernientes a la problemática de los honorarios de los auxiliares de Justicia— trata el tema de los honorarios en los exhortos y que establece en el artículo 11º lo siguiente: “…Respecto de los auxiliares de la Justicia, además, los jueces no podrán devolver exhortos u oﬁcios entre jueces o tribunales de distinta jurisdicción, sin previa citación de los mismos, cuando el pago de sus honorarios no haya sido acreditado en au-
tos, a menos que el interesado exprese su conformidad, o que se aﬁance su pago con garantía real suﬁciente”. Conﬁamos en que esta vez podamos lograr que se san-
cione una ley que permita abarcar toda la problemática que preocupa a la importante cantidad de profesionales que actúan en la Justicia. Esto derivará en una mejor administración de justicia y paliará —al menos, en par-
te— las numerosas diﬁcultades que deben afrontar los peritos y demás profesionales actuantes.
¿Para qué me voy a anotar si no salgo nunca como L.A.?
Dr. Tomás Munk (*)
“¿Para qué me voy a anotar si no salgo nunca como L.A.?” “¿Para qué voy a gastar en una estampilla de $ 50 si en mi vida he salido sor-
teado?” Estas frases, repetidas has-
ta el cansancio, las he escuchado inﬁnidad de veces. La primera en el caso de profesionales en Ciencias Económicas con más de una matrí-
cula, una de ellas como licenciados en Administración (L.A.). La segun-
da, para el caso de profesionales en Ciencias Económicas matriculados únicamente como L.A.
En la práctica, esto se percibe en la cantidad de inscripciones que se realizan cada octubre en nuestro Consejo, de donde surge que menos del 6% del total de más de 12.000 inscriptos corresponde a licenciados en Administración. Este porcentaje se reduce a menos del 1% si consi-
deramos a aquellos que sólo poseen la matrícula de L.A.
¿Qué podemos y debemos hacer para revertir este estado de cosas? En principio, debemos “educar al sobe-
rano”. Por ello entiendo transmitir a los magistrados un mayor conoci-
miento sobre cuáles son las incum-
bencias de los licenciados en Ad-
ministración (la mayoría desconoce cuáles son). En cuanto a los medios para lograr estos objetivos, sugiero:
º Reuníones con magísLrados deprí-
mera y segunda instancia.
º Reuníones con ínLegranLes de aso-
ciaciones de magistrados.
º Reuníones con eí 0oíegío Púbííco de Abogados de la Capital Federal: (CPACF) y otras asociaciones de abogados.
º Reuníones con eí 0onse|o de EnLí-
dades Profesionales Universitarias de la Ciudad de Buenos Aires (CEPUC).
º Dífundír ías íncumbencías de íos licenciados en Administración en la Justicia por medio de un folleto de amplia difusión entre todos los an-
tes citados, así como en todos los juzgados de primera instancia, las salas de segunda instancia, los dis-
tintos cuerpos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, eventualmente, de corresponder, para el Tribunal Fiscal de la Nación.
De esta manera contaremos con mayores probabilidades de ser sor-
teados en los casos en que así co-
rresponda y evitaremos que —como ocurre habitualmente en la actuali-
dad—, por desconocimiento, se de-
signen peritos contadores cuando el tema en cuestión es privativo de los licenciados en Administración.
Por otra parte, debemos preocupar-
nos por una mayor y mejor capaci-
tación de nuestros colegas para que tengan cabal conocimiento de cuá-
les son las funciones privativas de los L.A. A tal efecto, es útil recordar cuáles son las incumbencias, según lo normado por el artículo 14 de la Ley 20.488 (B. O. 23-7-1973), a saber:
“Se requerirá título de licenciado en Administración o equivalente: a) Para todo dictamen destinado a ser presentado ante autoridades ju-
diciales, administrativas o a hacer fe pública en materia de dirección y administración para el asesora-
1. Las funciones directivas de aná-
lisis, planeamiento, organización, coordinación y control.
2. La elaboración e implantación de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de administración, ﬁnanzas, comercialización, presu-
puestos, costos y administración de personal.
3. La deﬁnición y descripción de la estructura y funciones de la organi-
4. La aplicación e implantación de sistemas de procesamiento de datos y otros métodos en el proceso de in-
5. Lo referente a relaciones indus-
triales, sistemas de remuneración y demás aspectos vinculados al factor humano en la empresa.
6. Toda otra cuestión de dirección o 35 º
Cantidad de licenciados en Administración (matrícula única) inscriptos como peritos en octubre de 2012
administración en materia económica y ﬁnanciera con referencia a las funciones que le son propias de acuerdo con el presente artículo.
1. Para las funciones de liquidador de sociedades co-
merciales o civiles.
En las designaciones de oﬁcio para las tareas de admi-
nistrador a nivel directivo o gerencial en las intervencio-
nes judiciales, se dará preferencia a los Licenciados en Administración sin perjuicio de que sean tomados en consideración otros antecedentes en relación con tales designaciones”. De este modo, lograríamos que poco a poco —tanto en-
tre nosotros como en los distintos estratos de la Justi-
cia— se tome un cabal conocimiento de nuestra activi-
dad, ya que, de lo contrario, seguiremos enfrentando la situación actual, a saber:
º ínfmas desígnacíones como períLos de ofcío, períLos de parte o consultores técnicos;
º esLar dependíendo en aígunos casos de ía buena voíun-
tad y, en otros, de la falta de conocimiento por parte de los juzgados (así lo viví en un juzgado laboral hace más de 20 años, donde no se sabía cómo ni por qué se desig-
naba a todos los L.A. del listado de peritos, incluso en los casos en que correspondía designar peritos contadores).
Mi propuesta es que, a través de la docencia —tanto interna como externa —, logremos revertir las patéticas cifras de inscripción para cada fuero correspondientes a octubre de 2012 (ver cuadro): sólo 502 sobre un total de unos 3.500 matriculados.
Por último, tengamos presente que la matrícula de L.A. en el CPCECABA crece a un ritmo muy superior al de las demás carreras hermanas. Así, estaba en 4,71% en 2010 para pasar a 4,96% en 2011 y llegar a 5,24% en 2012. Además, según las estadísticas sobre estudiantes de Administración en las distintas universidades, este crecimiento se acelerará en el tiempo.
(*) Licenciado en Administración y Contador Público
Fuero Inscriptos
Potencialidad del Licenciado en Economía como auxiliar de la Justicia y en tribunales arbitrales
Dr. Osvaldo Puente (*)
Miembro de las Comisiones de Actuación Profesional – Actuarios y Licenciados en Economía del CPCECABA
El Licenciado en Economía se encuentra habilitado por la Ley Nº 20.488 (B. O. 23/07/1973) para el ejercicio de su profesión en el ámbito nacional. El artículo 11° se reﬁere tanto a la presentación de dictámenes o informes ante autori-
dades judiciales como a la actua-
ción como perito de oﬁcio.
La visión y la actitud de cada Licen-
ciado en Economía determinarán sus posibilidades laborales tanto si considera que “no tiene nada por hacer como auxiliar de la Justicia” como si, por lo contrario, entiende que es un campo profesional muy poco desarrollado y en el cual tiene importantes e interesantes posibi-
lidades de contribuir con su aporte profesional, que también le permiti-
rán su desarrollo y crecimiento.
Para su inserción en la práctica pro-
fesional, es de vital importancia la interacción con otros profesionales y, muy especialmente, con los abo-
gados, ya que ellos procederán, de considerarlo necesario, a solicitar la pericia económica y también a proponer al Licenciado en Econo-
mía como consultor técnico de las partes que intervengan en el con-
ﬂicto, ya sea en el momento de la presentación de demanda o en el de su contestación. Los principales aspectos condicio-
nantes están dados, en primer lugar, por el desconocimiento de cuáles son las posibilidades concretas de aportes tanto del propio profesional como de los clientes que podrían so-
licitar su designación. En segundo término, por las diﬁcultades en la relación con profesionales de otras disciplinas y la ausencia de la ﬂexi-
bilidad requerida para la rápida con-
testación de los puntos de pericia económica, que puede llevar a que los abogados preﬁeran proponer a profesionales de disciplinas aﬁnes, con mayor capacidad para la reso-
lución práctica de las cuestiones, aunque tal vez sin la formación ade-
cuada y requerida.
En cambio, cuando el profesional en Economía cuenta con vasta ex-
periencia puede contribuir en gran medida a la resolución del conﬂicto, trabajando en forma mancomunada con el perito de oﬁcio y/o consultor técnico —según sea la situación en cada caso particular en que se en-
cuentre— tendiendo a la presenta-
ción de un informe conjunto.
Si bien existen opiniones divergen-
tes en cuanto a hacer prevalecer el rol del perito de oﬁcio y descaliﬁcar al consultor técnico de parte, la pro-
blemática y la dinámica del mundo de los negocios requieren cada vez más una mayor rapidez en la reso-
lución de los conﬂictos, para lo cual el tema de la prueba pericial tiene gran importancia.
Es recomendable realizar una labor proactiva para favorecer la comuni-
cación entre el perito de oﬁcio y los consultores de parte con el objeto de determinar cuáles son los puntos sobre los que no existe discrepancia y cuáles son aquellos en los que no existe coincidencia.
Si bien el art. 472 CPCCN permite que los consultores técnicos de las partes, dentro del plazo ﬁjado al pe-
rito, puedan presentar por separado sus respectivos informes, nada impi-
de que el perito de oﬁcio pueda pre-
sentar su informe, ﬁrmando también los consultores técnicos, destacan-
do que, de no hacer observaciones, ello les impedirá a las partes luego impugnar la pericia al haber sido consentida por sus asesores.
En este último sentido, como anéc-
dota digna de recuerdo, puedo men-
cionar haber sido designado perito en Economía único de oﬁcio hace algunos años en un juicio en el cual los dos licenciados en Economía in-
tervinientes, que eran consultores técnicos de las partes, aceptaron mi propuesta de efectuar la presenta-
ción y ﬁrma de un informe conjunto (incluyendo al profesional que lo ha-
cía como consultor técnico del Esta-
do Nacional).
Sin lugar a dudas, el mayor poten-
cial a desarrollar en el ámbito judi-
cial por el Licenciado en Economía está dado por la posibilidad de ac-
tuar como consultor técnico o perito de parte, o también en tribunales arbitrales, lo cual puede resultar un campo impensado o desconocido para la gran mayoría.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación instituye la ﬁgura de consultor técnico y lo legitima para actuar con el objeto de que las par-
tes puedan ser asesoradas, en cual-
quier momento, desde la propuesta de los puntos de pericia hasta los alegatos y las sentencias.
En su naturaleza jurídica, el consul-
tor técnico se asimila más al abogado que al perito de oﬁcio. Si bien inicial-
mente es un asesor de la parte, su participación en el proceso judicial y las facultades que se le reconocen lo convierten en un auxiliar de la Justi-
cia. El consultor técnico es, en pri-
mer término, un asesor de la parte sobre los puntos técnicos. Además de cumplir la función de asesorar a la parte, también es de fundamen-
tal importancia su presencia en el control de la labor pericial. Sus co-
nocimientos también pueden llegar a constituir un aporte de mayor infor-
mación técnica para el juez, un ele-
mento de juicio que se invoque en la sentencia y hasta su base exclusiva.
Cualquiera sea la forma en que se establezca la relación entre la parte y el consultor técnico -ya sea verbal, escrita o tácita-, se conﬁgura un contrato de locación de servicios, por el cual el consultor técnico se obliga a un trabajo profesional y, por otro lado, la parte proponente que-
da obligada al pago de un honorario (artículo 1.627 del Código Civil de la Nación). La labor profesional del perito de oﬁcio o consultor debe ser docu-
mentada en el expediente tanto por su obligación de informar como por la importancia de dejar los antece-
dentes que permitan la posterior regulación de los honorarios profe-
sionales. Puede llegar a ocurrir, y sucede con demasiada frecuencia, que las partes, en oportunidad de arribar a un acuerdo extrajudicial, no consideren los honorarios de los peritos y de los consultores técnicos intervinientes; será necesario enton-
ces solicitar al juzgado la regulación de los honorarios correspondientes. De ocurrir una situación de estas características, resulta fundamental que el profesional, perito de oﬁcio o consultor, haya respaldado su labor mediante la presentación de infor-
mes en el expediente.
Si bien en la Ley Nº 22.434 (B. O. 26/03/1981) no existe norma al-
guna que exija al consultor técnico contar con título habilitante, en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación existen disposiciones para considerar que es requisito indispensable, y además el artícu-
lo 11° de la Ley Nº 20.488 así lo requiere en el caso del Licenciado en Economía.
(*) Licenciado en Economía, Licen-
ciado en Administración, Actuario, Contador Público y Licenciado en Sistema de Información de las Organizaciones
El objeto del presente análisis es intentar expandir los límites de la actuación judicial del actuario res-
pecto de la práctica habitual actual, muy limitada por cierto. Es una pos-
tura personal producto de muchos años de actuación en la Justicia, recordando que la “(…) diligencia, competencia y genuina preocupa-
ción por los legítimos intereses, (…)” constituye una obligación pro-
fesional. Es mi aspiración que todo este trabajo abra un debate profesio-
nal al respecto.
En primer lugar, a diferencia de lo que sucede con los informes técnicos de los peritos de cualquier otra espe-
cialidad, los dictámenes del profesio-
nal en Ciencias Económicas que actúa en la Justicia —conforme a la Ley Nº 20.488 (B. O. 23/07/1973)— dan fe pública. Esto constituye la piedra angu-
lar que rige su actuación (exceptuando a los traductores y a los escribanos).
En segundo lugar, se debe destacar el rol de la prueba pericial dentro del proceso judicial en los casos en que se ha solicitado la designación de un profesional en Ciencias Económicas. La pericia actuarial —ya sea que se haya solicitado al inicio o que se la haya establecido posteriormente de oﬁcio— tiene por ﬁnalidad que un profesional independiente le informe al juez la verdad objetiva de los he-
chos sometidos a litigio.
A partir de lo expuesto, según el diseño deﬁnido por las leyes y pro-
cedimientos vigentes en la Argen-
tina, ¿la evolución de un juicio en particular tiene la forma de embu-
do o de una cruz? Es decir, desde que se inicia la causa —casi sin límites hasta antes de dar traslado de la demanda—, ¿la evolución se achica paulatinamente hasta el vér-
tice inferior que correspondería a la sentencia o, por el contrario, en los casos en que se ha ofrecido y orde-
nado la prueba pericial actuarial, la evolución del juicio se ensancha no-
tablemente en el momento de prac-
ticarse la pericia debido al simple hecho de que por ley no se le pueden imponer limites a la actuación del ac-
tuario en su carácter de profesional independiente?
Está claro que, en la actuación pe-
ricial del actuario, el interés general está por encima del interés particular. En tal sentido considero que, dentro de sus incumbencias profesionales, el actuario como auxiliar de la Jus-
ticia está obligado por ley a informar la verdad y que, en la búsqueda de la PERITOS
Los límites de la actuación del actuario como auxiliar de la Justicia
Dr. Ricardo E. La Greca (*)
Profesor Titular de Finanzas para
verdad y derivado del interés general, no existen límites en su actuación como profesional independiente.
En tercer lugar, el dictamen profe-
sional, encomendado en temas de su incumbencia, pertinente, entregado en tiempo y forma y debidamente suscripto por un actuario matricu-
lado —e independientemente de si lo suscribe como perito de oﬁcio o como perito de parte (consultor téc-
nico)—, ¿constituye en sí mismo un instrumento público? Según el artículo 979 del Código Ci-
vil de la Nación:
“Son instrumentos públicos respec-
to de los actos jurídicos:
1° Las escrituras públicas hechas por escribanos públicos...
2° Cualquier otro instrumento que ex-
tendieren los escribanos o funciona-
rios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado”.
Los requisitos esenciales que esta-
blece la Ley Nº 20.488 son:
“1. Ser suscripto por persona física con título de actuario emitido por universidad nacional reconocida.
2. Dicho actuario debe estar matri-
culado en el Consejo Profesional de su jurisdicción.
3. El dictamen debe ser extendido dentro de la República Argentina.
4. El dictamen debe ser confeccio-
nado dentro de las incumbencias profesionales que la Ley Nº 20.488 determina para los actuarios”.
En virtud del inciso 2 del artículo 979 del Código Civil de la Nación, los informes periciales suscriptos por los actuarios, cumpliendo con los requisitos de la Ley Nº 20.488, son instrumentos públicos.
Tanto al matricularse ante el Con-
sejo Profesional como al aceptar la encomienda pericial, el actuario jura desempeñarse ﬁelmente y, por ende, está obligado a informar la verdad.
El secreto profesional de los actuarios
El secreto profesional que legalmen-
te rige para todos los profesionales en Ciencias Económicas tiene la misma entidad que el de los aboga-
dos, escribanos, médicos, funciona-
rios de la AFIP y aun el de los jueces de la Nación. Su violación está suje-
ta a las mismas normas especíﬁcas del Código Penal de la Nación.
En el caso de los profesionales en Ciencias Económicas, el secreto pro-
fesional tiene igual rango legal en la medida en que el artículo 21 de la Ley Nº 20.488 crea los consejos pro-
fesionales y establece la obligatorie-
dad legal de las normas contenidas en el Código de Ética: “(…) corres-
ponderá a los consejos profesionales de Ciencias Económicas dentro de sus respectivas jurisdicciones dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley y otras relacionadas con el ejercicio profesional, y sus res-
pectivas reglamentaciones”.
En tanto, según el artículo 19 del Código de Ética:
“La relación de los profesionales con sus clientes debe desarrollarse den-
tro de la más absoluta reserva. Los profesionales no deben revelar co-
nocimiento alguno adquirido como resultado de su labor profesional sin la autorización expresa del cliente”.
¿Qué consecuencias tiene todo lo ex-
puesto? 1) Por aceptar el cargo de perito de º 40
oﬁcio o el de perito de parte (consul-
tor técnico), el actuario, en ambos casos, está obligado a presentar el informe pericial.
2) Además, está obligado a funda-
mentar su dictamen pericial y, por ende, está explícitamente autorizado a recabar toda la información que es-
time necesaria para realizar su labor. Debiera bastar la sola exhibición de su designación para acceder a todo tipo de información pública (inclu-
yendo AFIP, RENTAS/ARBA, etc.) sin que se requiera un oﬁcio especí-
ﬁco para cada entidad. 3) Los puntos periciales ordenados -independientemente de su obli-
gación de contestarlos todos- no pueden constituir una limitación a su informe pericial, en el cual el ac-
tuario que actúa en la Justicia debe informar toda la verdad de los hechos económicos sometidos a su análisis técnico. La renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servi-
cio de la Justicia. 4) También está obligado a adjuntar toda la documentación respaldato-
ria (para fundamentar su dictamen pericial) e integrarla a las conclusio-
nes de su dictamen (completándolo y constituyendo prueba autónoma, pertinente, útil e idónea).
5) Todo el informe pericial, amén de constituir instrumento público desde el momento de ser suscripto por el actuario, constituye una unidad inescindible que debe agregarse ín-
tegramente al expediente y del cual legalmente debe darse traslado a las partes, inclusive para los informes periciales presentados por los con-
sultores técnicos (artículo 18 de la Constitución Nacional).
En el pleno imperio de la Justicia, existe una complementariedad del área de actuación del juez con el área de actuación del actuario como res-
ponsable de la prueba económica, conforme a la encomienda pericial, para que cada uno cumpla apropia-
damente sus funciones.
En consecuencia, y recordando que ni las actuaciones de los jueces ni las leyes que reglamentan el ejer-
cicio de los principios, garantías y derechos constitucionales lo relevan de su responsabilidad profesional en su actuación como auxiliar de la Justicia, el actuario debe informar la verdad sin límites y fundamentar adecuadamente sus conclusiones. Por ello, debe adunar a su informe toda la documentación respaldatoria o, de ser imposible su agregación, identiﬁcarla detalladamente. (*) Actuario, Contador Público y Licenciado en Administración
1) Al inscribirse, el perito debe ele-
gir un domicilio en el radio de la Ciudad de Buenos Aires que le ase-
gure que las cédulas lleguen a sus manos. El domicilio elegido tendrá el carácter de constituido y las cé-
dulas serán dejadas au cuando el perito no se encuentre allí.
Si el oﬁcial notiﬁcador dejó la cédu-
la en el domicilio constituido, la no-
tiﬁcación es válida. Como la cédula notiﬁcada es un instrumento pú-
blico, la no recepción de la cédula en forma directa por el perito no es excusa para no aceptar el cargo. Si la cédula fue dejada en el domicilio constituido por el perito y es agrega-
da al expediente debidamente noti-
ﬁcada, la no aceptación del cargo es causal de remoción. 2) Una vez recibida la cédula, el pe-
rito debe aceptar el cargo. No puede elegir entre hacerlo o no, salvo que se encuentre incurso en algún supuesto de excusación de los enunciados por el artículo 17 del Código Procesal Ci-
vil y Comercial de la Nación.
En caso de que se encuentre im-
pedido para aceptar el cargo, debe presentar un escrito invocando y fundando la causal de impedimen-
to, quedando a criterio del juez su aceptación o no. Si el juez conside-
ra fundada la causa invocada, debe dejar sin efecto la designación del perito y restituirlo a la lista. En caso de que no le resulte atendible, pue-
de removerlo del cargo.
Si no acepta el cargo y no realiza nin-
guna presentación en el expediente, será removido.
ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA LABOR DEL PERITO
3) Antes de aceptar el cargo, el pe-
rito debe controlar en el expediente que ha sido efectivamente desig-
nado y que sus datos son correctos (nombre y apellido, domicilio cons-
tituido y teléfono). En caso de que no encuentre la resolución que lo designa, deberá presentar un escri-
to haciendo saber esa circunstancia antes de aceptar el cargo.
Si el domicilio registrado por el juz-
gado es incorrecto, debe presentar un escrito en el que informe el do-
micilio correcto. Si el domicilio se encuentra incorrectamente registra-
do en la cámara del fuero de que se trate, debe presentar un escrito donde solicite su modiﬁcación ante esa cámara e indique los datos co-
rrectos. La cámara, a su vez, hará saber el cambio al juzgado o a los juzgados donde el perito forme parte de la lista disponible para sorteo.
La notiﬁcación realizada en el domi-
cilio incorrecto será válida, ya que corresponde al domicilio constituido por el perito al inscribirse en nuestro Consejo. Esto provocará situaciones en las que un perito puede haber sido notiﬁcado de una designación y luego ser removido por no haber aceptado el cargo sin haber tomado conocimiento de ninguna de las dos circunstancias. Por ello, es importan-
te informar correctamente el domici-
lio al inscribirse y controlar el formu-
lario que se le entrega en el Consejo antes de ﬁrmarlo para corroborar los datos del domicilio constituido.
4) El perito debe cumplir todas sus obligaciones en tiempo y forma. Debe contestar todas las vistas y traslados, como así también todo re-
querimiento que el juez le efectúe. El incumplimiento de los plazos es causal de remoción, salvo que soli-
cite prórroga debidamente fundada.
5) La actuación del perito es indele-
gable y debe actuar de manera per-
sonal. En caso de que requiera un colaborador, debe hacerlo saber al tribunal y a las partes mediante la presentación de un escrito donde informe los datos del colaborador.
6) Cuando el perito se vea impedido de llevar adelante la pericia luego de haber aceptado el cargo —como consecuencia de una causal sobre-
viniente—, puede renunciar al car-
go, debiendo presentar un escrito al juzgado. El juez podrá relevarlo de la tarea en la medida en que resul-
ten justiﬁcables los motivos alega-
dos. Si el perito hace abandono de la tarea encomendada sin realizar nin-
guna presentación en el tribunal, será removido.
Por último, cabe resaltar que el pe-
rito, además de ser removido del expediente en que se encuentre actuando, podrá ser pasible de las siguientes sanciones:
º Pérdida de honorarios: el juez pue-
de ordenar junto con la remoción la pérdida de los honorarios que le co-
rrespondieren por su actuación en el expediente.
º Separación del registro de peritos: podrá ser separado del registro de peritos por el resto del año o por un período mayor (como, por ejemplo, establece el artículo 26 del Regla-
mento de Peritos de la Justicia Na-
cional del Trabajo).
º Sanciones del Tribunal de Ética del CPCECABA: la remoción de un peri-
to puede ser comunicada a nuestro Consejo, y el Tribunal de Ética toma-
rá la correspondiente intervención. En ese caso, el profesional será pa-
sible de las sanciones contempladas en el Código de Ética.
Informe realizado por la Gerencia Técnica del Consejo
La Ley Nº 24.522 (B.O. 09/08/1995) de Concursos y Quiebras redujo los honorarios de los síndicos. El pro-
yecto de esa ley ingresó en el Con-
greso Nacional el 12 de mayo de 1994, pero había comenzado a re-
dactarse en 1993. El punto 12 de la exposición de motivos explica que la creación de un arancel obedece a otorgar un reconocimiento a los sín-
dicos por los gastos en la confección de los informes. En otros términos, sería una compensación por la re-
ducción de los honorarios. El enton-
ces novedoso arancel de los artículos 32 y 200 ordenó que el acreedor que se presente a veriﬁcar deba pagar al síndico un arancel de $ 50 para los gastos y la confección de informes, y que el remanente quede a cuenta de honorarios.
Una sana crítica: a 20 años de la redacción de la Ley Nº 24.522, su lógica compensatoria es seriamente objetable. La metodología para la redacción de la ley falla porque no existió una adecuada coordinación entre el redactor del artículo 32, que puso una cifra ﬁja de $ 50, y el escri-
tor de los artículos 260, 266 y 267, quien, para los pisos de las regula-
ciones, estipuló un parámetro móvil: el sueldo de secretario. ¿Supuso el redactor del artículo 32 que el régi-
men de convertibilidad sería eterno?
Desde otro ángulo y haciendo un análisis más ﬁno, ¿qué sanción le corresponde al acreedor insinuante de su crédito si no paga los $ 50? Esto ocurrió en el caso “Farmacia Balsa s/quiebra s/Incidente de revi-
sión”, tratado en la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Comercial, Sala A. Un acreedor intentó veriﬁ-
car sin abonar el arancel al síndico, quien aconsejó rechazar la veriﬁca-
ción, y el tribunal lo declaró inadmi-
sible. El acreedor inició el incidente de revisión y logró la veriﬁcación y, en respuesta, el síndico apeló por no estar pago el arancel. Finalmente, la resolución de la Cámara expresó que la falta de pago del arancel obstaría a la veriﬁcación, pero también dijo que la Ley Nº 24.522 no prevé nin-
guna sanción. En conclusión, no se advierte ninguna base jurídica para que el incidentista se vea privado del reconocimiento de un crédito que cumple con los requisitos. La Cámara explicó que el informe ﬁnal del artículo 218 es el momento para que el síndico pueda descontar los $ 50 en la distribución, es decir: SÍNDICOS
¿Ficción? Los $ 50 del arancel artículo 32 de la Ley Nº 24.522 cumplen 20 años. Novedades
Dr. Carlos Berger (*)
Presidente de la Subcomisión de Doctrina Económica
Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales del CPCECABA
¿consideró que siempre habrá fon-
dos para distribuir?
Veamos la evolución económica de los últimos 20 años. En 1994, el sueldo de secretario —piso para los honorarios— era de $ 2.220. A par-
tir del 1º de marzo de 2013 se ﬁjó en $ 23.124. Esto representó un aumento de 10,4 veces. En 1994, el arancel constituía 2,25% del sueldo de secretario, y en la actua-
lidad es sólo 0,22%. Para mantener la equivalencia original, aplicando 2,25% sobre el sueldo de secreta-
rio, el arancel debería ser de $ 521.
En tanto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) era de $ 200 en la época de promulgación de la Ley Nº 24.522 y actualmente es de $ 2.875, o sea, que aumentó 14,4 veces. Por lo tanto, si se tomara el SMVyM como modo de ajuste, el arancel debería ser de $ 719. Un se-
cretario que actualmente percibiera el mismo sueldo de 1994 -$ 2.220- ni siquiera alcanzaría el nivel del SMVyM actual: $ 2.875.
Un insumo básico para analizar los costos de la función es el papel. Se-
gún el ítem 21 -“Papel y productos de papel”- del rubro 2 -“Manufac-
turados”- de la serie “Índice de Pre-
cios Internos Básicos al por Mayor (IPIB)”, que elabora el cuestionado INDEC, entre enero de 1994 y ene-
ro de 2013 (último dato publicado) ese insumo aumentó 7,1 veces. Ajustado con este índice, el arancel ascendería a $ 357.
¿Es posible mantener un estudio, una estructura, y percibir en 2013 el mismo arancel de 1994? La res-
puesta es que la actividad se eje-
cuta a pérdida y subsidiada por otras gestiones profesionales. Para inscribirse, el síndico debe declarar t
estudio, domicilio, si es de su propiedad o alquilado, y acompañar un plano con las medidas, dado que la Cá-
mara se reserva el derecho de control.
¿Se trata de un tema de inconstitucionalidad? Veamos los fundamentos. Actualmente, en la práctica el síndico queda obligado a cubrir los gastos con su patrimonio para beneﬁcio tanto del acreedor como del deudor. Es función del Estado, de los cuerpos legislativos y de la Justicia solucionar los vicios cuando generan situacio-
nes de inequidad. Al existir una palmaria lesión a los derechos constitucionales, el principio de la supremacía constitucional resulta de aplicación inevitable. Hay un maniﬁesto desmedro en el patrimonio del síndico: se lesiona su derecho de propiedad al percibir un arancel cuyo poder adquisitivo es inferior a la suma que de-
berá desembolsar para poder cumplir la función. Esta conﬁscación patrimonial viola la Constitución Nacional (artículos 14, 17 y 43).
Últimos sucesos La novedad es que hay jueces que, a solicitud de la sindicatura y advirtiendo inequidades en lo referente al quantum del arancel, resolvieron el ajuste del monto. En septiembre de 2011, en el caso “Ultra GrainSA s/
Concurso Preventivo”, que tramitaba en el Juzgado Co-
mercial Nº 9 de Paraná, la síndico solicitó que se elevara el arancel a $ 300 con fundamento en los costos de diligencias en los establecimientos rurales y la variación del SMVyM. El juez hizo lugar en forma parcial, ﬁjándolo en $ 200.
En abril de 2013, en el Juzgado Comercial N° 12 de la CABA, el autor de este artículo solicitó, fundado en la inconstitucionalidad por insuﬁciencia económica, que el arancel se elevara a $ 470 en “Marago, Antonio s/Su propia quiebra” y “Acuña, Susana Gladis s/Quiebra”. En ambos casos el juez hizo lugar en forma parcial, ﬁján-
dolo en $ 300.
Sobre estos antecedentes se basaron varios pedidos de reajuste que corrieron diversa suerte en los últimos meses. Se vislumbran dos soluciones con diferente ho-
rizonte temporal. En el corto plazo, un camino es ata-
car por inconstitucional al artículo 32, en línea con lo resuelto con el artículo 61 de la Ley Nº 21.839 (B. O. 20/07/1978) de Aranceles y Honorarios de Abogados y Procuradores, que actualiza los honorarios impagos con mora. A mediano plazo, legislativamente, la vía es mo-
diﬁcar la ley para que se ﬁje el arancel sobre la base de un parámetro móvil, concordante con los artículos 260, 266 y 267, equivalente a 2,25% del sueldo de secre-
tario, y que la falta de pago obste a la veriﬁcación y se publique el importe en los edictos.
Nuestros profesionales y el servicio de Justicia
Dr. Mario Oscar Bruzzo (*)
Presidente de la Comisión de Actuación Profesional en Procesos Concursales del CPCECABA
Alrededor de 15.000 matriculados se desempeñan profesionalmente en el ámbito judicial. Ya sea actuando como peritos, administradores, sín-
dicos, asesores de parte, etc., parti-
cipan activamente en la administra-
Como puede apreciarse, algunas de esas funciones deben prestarse es-
tando los profesionales inmersos en los procesos judiciales, designados por los jueces y en carácter de au-
xiliares del servicio de justicia. Así, desde tal mirada, resulta indudable que el buen desempeño se encuen-
tra vinculado a la calidad de las ta-
reas profesionales, pero también a la existencia de una correcta relación con el Poder Judicial.
Mucho se ha avanzado desde el Consejo en cultivar y mantener una relación armónica y de colaboración con el Poder Judicial. La plataforma informática “Síndico virtual”, por ejemplo, es un desarrollo efectuado por nuestro Consejo y acordado con la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que permite brindar excelentes servicios a nuestros co-
legas síndicos, a la Justicia y a los usuarios en general. Las inscripcio-
nes de nuestros matriculados para actuar en la Justicia han sido toma-
das a cargo de nuestro Consejo, de manera tal que también genera múl-
tiples beneﬁcios.
Desde el Consejo, asimismo, se pro-
mueve constantemente la excelencia en las distintas áreas profesionales. Por otra parte, el trabajo de las comi-
siones para esta temática, en espe-
cial el de las vinculadas al quehacer judicial, es sostenido y caliﬁcado. Las actividades académicas en que participan miembros del Poder Judi-
cial interactuando con nuestros cole-
gas y con abogados son constantes y de elevado nivel.
Nuestros matriculados también, mediante su activa participación y constante perfeccionamiento, dan cuenta de una vocación de excelen-
cia. Este año hemos celebrado el 25º aniversario del egreso de la primera cohorte de “Especialistas en Sindi-
catura Concursal” y homenajeado a los creadores de la carrera de posgra-
do en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Nuestros colegas disertan en toda clase de foros, escriben artícu-
los, son autores de libros y ejercen la docencia. Ello implica que el grado de especialización y excelencia de nuestros matriculados es permanen-
te y de elevada jerarquía.
Existen sobrados motivos entonces para considerar que nuestra profe-
sión se encuentra en excelentes con-
diciones de cumplir con el objetivo que, en cada causa judicial, le com-
peta. Sin embargo, se percibe cierto malestar de nuestros colegas en el ejercicio profesional cotidiano en el ámbito de la Justicia, que resulta sa-
ludable y auspicioso dar a conocer para lograr removerlo. El motivo de ese malestar moral radica en que no siempre se sienten tratados en con-
sonancia con los valores y la digni-
dad inherentes al estado de cosas descripto.
En efecto, sin olvidarnos de las mu-
chas veces excesivamente escuetas regulaciones, que indudablemente producen lesiones materiales, per-
siste en algunos casos la rémora de un cierto destrato que genera otro tipo de lesiones. Estas son de índole moral, aunque también afectan el normal desarrollo de la actividad. Se trata de una rémora de antigua data y que sería deseable superar. En efecto, la negativa infundada ante el pedido de préstamo de ex-
pedientes y el requerimiento persis-
tente —y también inoﬁcioso —, bajo “apercibimiento de remoción” o “de multa”, menoscaban —cuando son injustiﬁcados— innecesariamente la dignidad profesional.
Sería deseable que los funcionarios judiciales —sin mengua alguna de las facultades que les son inheren-
tes— tengan presente, al momento de formular un requerimiento, que su receptor es un profesional digno, formado y que actúa como auxiliar del juez. Las negativas y los aperci-
bimientos infundados se tornan, de otra manera, banales y lesivos.
Sabemos los profesionales que exis-
te un “apercibimiento implícito” que emana de la ley y de nuestras normas profesionales, y que dicho apercibimiento —por ende— no re-
quiere ser explicitado en cada opor-
tunidad. Ello también forma parte de nuestra “conciencia profesional”. Para aquellos que eventualmente no lo tuvieran presente, entonces sí los requerimientos apodícticos y la aplicación de sanciones encontrarán justiﬁcación.
Recientemente, en un programa te-
levisivo de ﬁcción, dos personajes dialogaban:
—¿Cómo se hace para recorrer mil millas? -preguntó uno.
—Paso a paso -le contestó el otro.
El tema que me ocupa es comple-
jo y cuando lo encaré me pregunté cómo haría para desarrollarlo. La respuesta precedente me sugirió el camino: paso a paso.
El ordenamiento concursal argentino pregona —expresa y tácitamente—, en el recorrido de su articulado, la mentada legitimación. Me detendré para integrar su concepto. El diccio-
nario español WordReference.com atribuye al vocablo “legitimación”, entre otras acepciones, el “recono-
cimiento de la capacidad y derecho que tiene una persona para el ejerci-
cio de una función”.
En Rodríguez Cazorla (2007)
presa: “La legitimidad para obrar es la potestad que tiene una persona (sea natural o jurídica) para aﬁrmar e invocar ser titular de un derecho subjetivo material e imputar la obli-
gación a otra. Es decir, tener legiti-
midad para obrar signiﬁca tener la facultad, el poder para aﬁrmar, en la demanda, ser titular de un deter-
minado derecho subjetivo material que será objeto del pronunciamien-
to de fondo”.
En efecto, la persona del síndico re-
sume estos conceptos en el ejercicio de su función. Este aspecto tampo-
co es sencillo de signiﬁcar, puesto que el propio legislador se reﬁere al síndico ya como funcionario, ya como órgano del concurso o como auxiliar del juez, cuando no como parte del proceso concursal.
La legitimación del síndico no puede escindirse de su condición. Primero, debe responder quién se es para lue-
go entender qué puede hacer, desde qué lugar y, por tanto, quién legiti-
ma qué. Para ello es necesario apre-
hender que el concurso —en la do-
ble acepción de concurso preventivo y quiebra— es un hecho económico que tramita o transita por andarive-
les judiciales. Por lo tanto, el proce-
dimiento se debe ajustar a lo que la Ley Concursal dispone. Como hecho económico sustancialmente recono-
cido, el concurso no puede prescin-
dir de la presencia de un contador público, no sólo porque su incum-
La legitimación del síndico concursal: ¿virtual o real?
Dra. Juana E. Bilenca (*)
Vicepresidente de la Comisión Actuación Profesional en Procesos Concursales del CPCECABA
RODRÍGUEZ CAZORLA, Luis Alfonso (2007), La legitimación en el Proceso Civil. <http://www.monograﬁas.com/trabajos28/
legitimacion/legitimacion.shtml> [Consulta: 25/06/2013].
bencia está así legalmente establecida, sino porque nadie conoce mejor los problemas de la hacienda que él y, desde ese lugar, es que puede erigirse como síndico concursal.
En tal sentido, el síndico es un profesional indepen-
diente que, con la autonomía de su voluntad, orienta su profesión al ámbito judicial, en el ejercicio de la sindicatura y en el marco de la legislación que lo involucra para tal desempeño, con independencia de criterio, objetividad e integridad para llevar adelante ese cometido. Incurrir en la concepción del síndico concursal como funcionario público que sólo en tal carácter adquiere legitimación para su actuación en el proceso concursal es simpliﬁcar y estructurar su actividad. Si así fuera, en tanto funcionario público u órgano del Estado, su actividad se vería seriamente mellada y —lo que es más preocupante aún— su independencia de criterio, sensiblemente cercenada.
Quien mejor resume esta concepción, entiendo, es Galíndez (2001)
, que sostiene: “La solicitud de veri-
ﬁcación es demanda. […] En este proceso el síndico actúa como un órgano del concurso, cumpliendo una función de asesoramiento técnico del magistrado. […] Es un órgano auxiliar del proceso. […] Esta ac-
tividad del síndico comporta el ejercicio de poderes originarios, conferidos por la ley” y agrega: “La Ley de Concursos y Quiebras considera al síndico como parte (artículos 142 y 275, inciso 8, párrafo 2º), re-
conociéndole también su condición de funcionario (artículo 251). Sendas atribuciones devienen técni-
camente desacertadas. El síndico es un órgano del concurso. No es representante de los acreedores, ni del fallido, aunque su actuación a veces coincida con los intereses de unos y de otro. Su competencia es originaria, propia y especíﬁca. Sus poderes no deri-
van de los acreedores ni del deudor, sino de la ley, de modo que sus actos se atribuyen al concurso. No es correcta su equiparación con la calidad de parte, aunque actúe como contradictor, porque no le com-
pete ser parcial, sino imparcial, velando por el interés general. Tanto en la etapa necesaria como en la even-
tual de la veriﬁcación de créditos, el síndico no repre-
senta ni al deudor ni a los solicitantes de veriﬁcación.
[Nota de la autora: tampoco representa al Estado 2
GALÍDEZ, Oscar A. (2001), Veriﬁcación de créditos. Procedimeinto según la Ley 24.522, Buenos Aires, Astrea.
porque, de interpretarse su actuación como funcionario público, debería excusarse para intervenir, por ejemplo, en las solicitudes de veriﬁcación provenientes de los en-
tes ﬁscales nacionales, provinciales y municipales]. Los efectos jurídicos emergentes de la intervención sindical, como órgano, devienen múltiples según la etapa concur-
sal de que se trate”.
Me detengo brevemente en este último párrafo y, en particular, en los efectos jurídicos emergentes de la in-
tervención sindical. Estos efectos son la consecuencia de la intervención sindical como órgano legitimado para actuar en las distintas etapas del proceso concursal. Esta tarea comporta el ejercicio de poderes originarios, emanados de la ley y que se maniﬁestan como la activi-
dad jurisdiccional exteriorizada por la actuación del sín-
dico, y en uso de facultades, atribuciones y obligaciones que la propia ley de fondo le impone.
No quedan dudas acerca de la legitimación del síndico en las diversas etapas del proceso que comparten el con-
curso preventivo y la quiebra, como la de veriﬁcación de créditos, con su fase instructora o probatoria, e inquisiti-
va o investigativa. Durante esta fase del proceso, el sín-
dico actúa como órgano receptor de las pruebas y de las observaciones respecto de las pretensiones deducidas ante él y como contradictorio, por lo cual podría pensar-
se que la legitimación del síndico es concomitante con la del propio deudor y de quienes solicitaron veriﬁcación.
En tanto, en la quiebra —en la cual se produce el des-
apoderamiento de los bienes del deudor y, como conse-
cuencia de su declaración, el quebrado es sustituido por el síndico en todos los procesos judiciales relacionados con bienes sujetos al desapoderamiento—, la legitima-
ción procesal del síndico se yergue con más andamiaje, ya que la propia ley se ocupa de expresarlo literalmente. En estos casos, el síndico actúa siempre que esté com-
prometido el interés del concurso.
Como resultado de variada jurisprudencia y doctrina, se le reconoce al síndico legitimación para solicitar la des-
afectación del bien de familia. Cabe preguntarse si la reforma introducida en el Código Civil y en el Comercial restará legitimación para operar en la desafectación, ya que el proyecto contemplado no lo incluye.
Una zona un tanto gris es la relativa a la legitimación que compete al síndico en los incidentes de revisión, aunque un reciente fallo en la materia arroja luz, conﬁr-
mando la legitimación activa del síndico. En “Barbuto Bruno s/quiebra s/incidente de revisión (por la Sindi-
catura contra la veriﬁcación de AFIP)”, la Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial, el 13/12/2012, en-
tendió, con voto de la mayoría, que el síndico tiene le-
gitimación activa para plantear el incidente de revisión.
(*) Contadora Pública
Al entrar en vigencia la Ley Nº 25.589 (B. O. 16/05/2002), nos preguntá-
bamos cuál era el rol del síndico, en caso de quiebra, frente a la conti-
nuación de la explotación por parte de una cooperativa de trabajo. Esto se agravó luego por las expropiaciones dictadas por distintas legislaturas provinciales, un tema que obviamente no fue resuelto con el dictado de la Ley Nº 26.684 (B. O. 30/06/2011), teniendo presente que nos encontramos en el terreno del derecho constitucio-
nal y administrativo.
La expropiación le quita al síndico el rol fundamen-
tal de tener que opinar acerca de la continuación de la explotación —conforme a los artículos 189 y 190 de la Ley Nº 24.522 (B. O. 09/08/1995) de Concur-
sos y Quiebras—. En consecuencia, su función —en este aspecto— se verá reducida a presentar, en su oportunidad, el informe ﬁnal (artículo 218 de la Ley Nº 24.522), que contendrá el proyecto de distribución de los fondos que ingresen a la quiebra —en particular, la indemnización que abonará el Estado expropiante—.
De la misma manera, la expropiación hace desaparecer la responsabilidad por la gestión continuativa del patri-
monio empresarial por dos motivos: lo priva al juez de la posibilidad de optar por la continuación de la acti-
vidad y, en caso de así disponerlo, le quita al síndico el rol de “empresario” que debe desempeñar cuando asume la gestión de una empresa fallida.
Ahora bien, ante el dictado de la ley de expropiación, la sindicatura tendrá dos alternativas —que implicarán la asunción de distintas responsabilidades—: consentirla o resistirla
. La jurisprudencia reciente al respecto ha sostenido: “No estamos en presencia de un supuesto de expropiación ‘común y corriente’, ya que no se expropia para aplicar el bien a una obra o actividad futura, sino que se lo hace para dar solución a un hecho consumado, cual es la crisis de un establecimiento productivo con el SÍNDICOS
La resistencia del síndico ante la expropiación en la quiebra: la expropiación inversa y el “valor justo”
Dr. Juan Marcelo Villoldo (*)
Asesor profesional externo del CPCECABA en temas concursales y periciales
Ver VILLOLDO, Juan Marcelo, “La responsabilidad del síndico ante la expropiación en la quiebra”. Ponencia presentada en el Congreso Metropolitano de Ciencias Económicas realizado del 16 al 18 de noviembre de 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta ponencia, se destaca la necesidad de un rol activo del síndico, agregando, al catálogo de acciones de recomposición patrimonial que contiene la Ley Nº 24.522, la tendiente a evitar que se produzca la extinción del dominio del fallido sobre los bienes expropiados en caso de que no se cumplan los requisitos legales de la expropiación. t
objeto de salvar la fuente laboral de los trabajadores, quienes han asumido el control de la misma frente a la posible liquidación del patrimonio a través de procesos falenciales” (“Lácteos Tres S. A. c/Fisco de la Provincia de Bue-
nos Aires s/expropiación inversa”. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, 05/03/2012. Cita Microjuris: MJJ78137).
Frente a una expropiación, el síndico puede promover un juicio de expro-
piación inversa. Para ello, debe demostrar que el Estado ha dispuesto de los bienes de la fallida mediante el dictado de una ley de expropiación sin haber abonado previamente la indemnización. Mientras no se perciba la indemnización, el propietario del bien no pierde su condición de tal. De no ser así, se le causaría a la quiebra un doble perjuicio: se la desapoderaría de los bienes que integran el activo falencial y no se la indemnizaría por ello.
Sobre esta temática, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha dicho: “La expropiación por causa de utilidad pública legalmente declarada origi-
na un vínculo de derecho público nacido de una manifestación unilateral de voluntad del Estado que adquiere el dominio siempre que previamente indemnice al expropiado y tal indemnización debe ser justa, lo que ocurre cuando se restituye integralmente al propietario el mismo valor de que se lo priva, ofreciéndole el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro bien similar al que pierde en virtud del desapoderamiento”
Por ello, la sindicatura debe controlar que el Estado expropiante abone una indemnización “justa”, que reﬂeje el real valor de mercado de los bienes, y que, en caso de tratarse de un fondo de comercio
, se abone el importe que representa su pérdida, teniendo en cuenta las situaciones de capacidad productiva al momento de realizar la expropiación. Sobre la cuestión del fondo de comercio, la jurisprudencia ha establecido que, cuando se lo destruye, no ha de tasarse una llave como parte de la in-
demnización. Sin embargo, al ser ﬁjado el monto de ésta, es imprescindible considerar esa pérdida en el sentido de un aumento de la indemnización
. Inclusive, al tasar el valor de la llave comercial, se dijo que “habría que tener en cuenta las situaciones concretas de capacidad productiva del ne-
gocio y su capital, al momento considerado”
Conforme al fallo de la CSJN, del 10/11/1983; en “Gobierno Nacional c/Las Pal-
mas del Chaco Austral S.A”, La Ley, 1984-B, pág. 13.
“...cuando como consecuencia directa e inmediata de la expropiación se abarca y destruye un fondo de comercio (...), al tasarse el monto indemnizatorio se incluye para aumentarlo, el perjuicio derivado de la pérdida de la llave de comercio.”. Roc-
ca, Ival, Expropiaciones, ocupaciones y retrocesiones, Ed. Plus Ultra, 1980, p. 24. 4
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, 29/9/1979, “Cía. Com-
bustibles v. De Giácomo”, La Ley, 10/4/1979, pág. 10. 5
SEGAL, Rubén, “Protección Patrimonial mediante medidas cautelares en los juicios concursales”, Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, Depalma, 1981, año 14, pág. 25.
Distinto es el caso de que, al momento de la quiebra, la empresa se encuentre sin actividad. En este escenario, la jurisprudencia sostuvo: “Cabe conﬁrmar el rechazo del rubro valor llave y empresa en marcha, pues sin perjuicio de los límites impuestos por el artículo 8º de la Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 5.708 (B. O. 28/11/1952) en cuanto dispone que: No se pagará lucro cesante fren-
te a su mención a dicho rubro y a la cuantiﬁcación que realizara el perito, sin que obre reproche de constitucio-
nalidad de dicha normativa, en el caso está claro que la empresa forma parte del activo de un proceso falencial y que estaba parada cuando los trabajadores se hicieron cargo de ella” (“Lácteos Tres S. A. c/ Fisco de la Pro-
vincia de Buenos Aires s/ expropiación inversa”. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, 05/03/2012. Cita Microjuris: MJJ78137).
Estos son aspectos que el síndico deberá evaluar al mo-
mento de iniciar la respectiva acción y cuantiﬁcar el monto de la indemnización.
Como corolario, si bien la Ley Nº 26.684 dejó plasmado en el texto de la Ley Nº 24.522 (B. O. 09/08/1995) que la conservación de la fuente de trabajo habilita la continuación inmediata de la explotación —incluso cuando no sea viable—, la jurisprudencia ha destacado correctamente que, aun cuando estamos ante un su-
puesto de continuación impropia por una cooperativa locataria de los bienes de la quiebra, incluso frente a una expropiación —no perfeccionada—, ello no habilita la venta directa de los bienes expropiados a la coopera-
tiva de trabajo, “ya que sigue siendo, pese a la reforma introducida por la Ley Nº 26.684, una alternativa ex-
cepcional que luce, en principio, inaplicable” (“Adzen SACIF s/quiebra”. CNCom, Sala A, 10/04/2012. Cita Microjuris: MJJ72870).
El crédito de los trabajadores autónomos en la Ley Nº 24.522: ¿llegó el ﬁn de un “plenario virtual”?
Dres. Romina Celano y Juan Carlos Celano (*)
La veriﬁcación de créditos por la deuda del fallido o concursado, persona física, por aportes al Sis-
tema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), ha tenido, en los hechos, el tratamiento de un “plenario virtual” adoptado por las distintas salas de la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Comercial (CNCom). En este plenario virtual, se argumentaba -entre otras cues-
tiones- la falta de legitimación del ﬁsco para veriﬁcar esas deudas, ba-
sándose en la posición de la Fiscalía del Fuero, que durante largo tiem-
po no fue revisada. Sin embargo, una nueva corriente jurisprudencial mantenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto ﬁn a este plenario virtual, tal como viene sucediendo lentamente en el Fuero Comercial, y como luego se verá.
Historiando la situación, la posición adoptada respecto del rechazo veri-
ﬁcatorio de estas deudas se fundaba en que:
1) Del texto de la Ley Nº 18.038 (B.O. 10/01/1969) del Nuevo Ré-
gimen de Jubilaciones y Pensiones para los Trabajadores Autónomos, no surge la facultad de la AFIP para perseguir la ejecución forza-
da de los créditos emergentes en la falta de pago de los aportes es-
tatuidos en dicha norma. Y, de la Ley Nº 24.241 (B.O. 18/10/1993) del SIJP y su modiﬁcatoria Ley Nº 24.476 (B.O. 23/11/1995) (ar-
tículo 1º), surge que los trabajado-
res autónomos incorporados al SIJP no pueden ser compelidos judicial ni administrativamente al pago de importes que adeuden a la ANSES.
Haciéndose eco de la posición de la ﬁscal de Cámara, se dictaron los fa-
llos de la Sala C de la CNCom, del 11/06/2004, en autos “Salazar, Ju-
lio C”, Expediente Nº 6.325/2002, y de la Sala A de la CNCom, “Petito, Omar s/quiebra” del 08/09/2003, entre otros.
Sin embargo, la Ley Nº 24.476 (B.O. 23/11/1995) dice en su ar-
tículo 1º, segundo párrafo, que los trabajadores autónomos incorpo-
rados al SIJP de la Ley Nº 24.241 (B.O. 29/06/1994) y su modiﬁcato-
ria Ley Nº 24.347 (B.O. 29/06/1994) no podrán ser compelidos ni judicial ni administrativamente al pago de los importes que adeuden a la ANSES devengados hasta el 30/09/1993. El mismo tratamiento recibirían aquellos que, en lo sucesivo, se in-
corporasen al sistema, en cuyo caso abonarían los importes que les co-
rrespondan desde los devengados a SÍNDICOS
Ver los fallos de la Sala A en autos “Maleh, Oscar s/quiebra s/incidente de revisión por AFIP” del 11/5/2006; la Sala B en el caso “Cespedes, Mariano s/quiebra s/incidente de revisión, por AFIP-DGI”, del 01/06/2004; la Sala C en el caso “Presa Silva Gumer-
sindo s/quiebra s/ incidente de revisión, por AFIP, del 23/12/2003; Sala D en “Pemow Jorge s/quiebra s/incidente de revisión, por Fisco Nacional”, del 16/08/2005; la Sala E en “Wolanik Pedro s/concurso preventivo” s/incidente de revisión, por la concursada al crédito de la AFIP”, del 23/08/2005; la Fiscalía General ante la Cámara Comercial en autos “Placente s/quiebra s/incidente de revisión por Fisco Nacional”, Dictamen N° 83.346; y la Sala A, 14/04/11 en “Tisera Alicia s/Quiebra s/incidente de revisión por el Fisco Nacional”.
Ver Celano, Juan C. y Gándara, Javier H. (2007), El crédito de los trabajadores au-
tónomos en el proceso de la ley 24.522, Buenos Aires, Errepar Nº 241 DSyC, pág. 1217/1223.
partir de octubre de 1993 o desde la fecha de reiniciación de actividades autónomas, la que fuere posterior.
De ello se desprende que la AFIP sí estaría legitimada a perseguir el co-
bro de trabajadores autónomos por períodos posteriores al 30/09/1993.
2) Del incumplimiento del trabaja-
dor autónomo inscripto en el siste-
ma, sólo se deriva un perjuicio para sí mismo: no poder acogerse al be-
neﬁcio jubilatorio en el futuro.
Estos precedentes jurisprudenciales generaron un plenario virtual, pues-
to que eran adoptados por la mayo-
ría de las salas de la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Comercial en muchísimos casos
. Sobre este tema, Celano y Gándara (2007) ﬁja-
ron posición contraria, objetando en doctrina el plenario virtual
El cambio en la jurisprudencia
Como era previsible, la cuestión de-
bió llegar a la máxima autoridad. La Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción (CSJN) emitió un fallo, recep-
tando el dictamen de la Procuración General de la Nación, en el que con-
traría la posición hasta ahora sosteni-
da en el Fuero Comercial. Concreta-
mente, en los autos “Scalise Claudio s/concurso preventivo s/incidente de revisión promovido por el Fisco Na-
cional” (09/08/2011), la CSJN:
1) Juzgó improcedente negar la le-
gitimación de la AFIP para solicitar un crédito generado en la falta de pago de los aportes previsionales de un trabajador autónomo.
El Decreto Nº 507/1993 (ratiﬁ-
cado por la Ley Nº 24.447 (B.O. 30/12/1994)) otorgó a la DGI las atribuciones para la aplicación, re-
caudación, ﬁscalización y ejecución judicial de los recursos de la segu-
ridad social correspondientes, entre otros, a los regímenes nacionales de jubilaciones y pensiones de traba-
jadores en relación de dependencia o autónomo. Estas funciones, más tarde, fueron transferidas a la AFIP mediante los decretos Nº 618/1997 y Nº 863/1998.
También indicó que la Ley Nº 24.241 establece la obligatoriedad de depo-
sitar los aportes previsionales. Al res-
pecto, la ﬁscal de Cámara opinó que, juntamente con esta ley, el artículo 1º de la Ley Nº 24.476, si bien es-
tablecía que los trabajadores autóno-
mos incorporados al sistema de jubi-
laciones de la Ley Nº 24.241 y la Ley Nº 24.347 no podían ser compelidos t
ni judicial ni administrativamente al pago de importes que adeuden a la ANSES, ello era para las deudas de-
vengadas hasta el 30/09/1993 y no la posteriores a dicho período, que tengan su origen en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nº 18.038 (B.O. 10/01/1969)
2) Juzgó que el Régimen Previsional Público es un régimen de reparto asistido, basado en el principio de solidaridad:
“...júzgase pertinente modiﬁcar el criterio anteriormente sustentado por este Tribunal y así concluir que los aportes previsionales de los trabaja-
dores autónomos son obligatorios y que la omisión de su pago no sólo im-
pide acogerse al beneﬁcio jubilatorio sino que, por hallarse involucrado el ﬁnanciamiento del sistema previsio-
nal —que es solidario—, la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos se encuentra legitimada para recla-
mar judicialmente su pago”.
El mismo criterio utilizó el Máximo Tribunal en autos “López Mautino, Pablo Jorge s/quiebra”, Sentencia Nº L. 719, XLIV.
Siguiendo los lineamientos enun-
ciados, se conocieron los primeros fallos que modiﬁcaron la situación virtual en 2012, en los autos “Ju-
ffe Juana D. s/quiebra”, Expedien-
te Nº 93.805, en la resolución ve-
riﬁcatoria de créditos dictada el 24/04/2012 por la Secretaría Nº 16 del Juzgado Comercial Nº 8 y “Beru-
rena Ezequiel Humberto s/quiebra c/
DGI s/incidente de revisión”, Expe-
diente Nº 98.145, dictado por la Se-
cretaría Nº 2 del Juzgado Comercial Nº 1, el 29/05/2012.
Consecuentemente, el caso “Cos-
tamagna Sergio N. s/quiebra s/inci-
dente de revisión por el Fisco Nacio-
nal”, Expediente Nº 31.107/2012, la Sala E, con fecha 18/12/2012, es el primer fallo referido a la acep-
tación del reconocimiento de estos créditos de trabajadores autónomos en situación falencial o concursal. Entendemos que se ha dado un paso adelante en un tema de estricta jus-
ticia previsional.
(*) Contadores Públicos
El Rol Del Profesional Como Auxiliar de La Justicia by Ivon Bacaicoa496 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less