Source: http://suontraj-merida.blogspot.com/2010/10/
Timestamp: 2017-06-27 07:10:15
Document Index: 21171814

Matched Legal Cases: ['artículo 263', 'artículo 254', 'artículo 200', 'artículo 219', 'artículo 200', 'artículo 143', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 118', 'artículo 73', 'artículo 263', 'artículo 67', 'artículo 69', 'artículo 290', 'artículo 263', 'artículo 37']

SUONTRAJ SECCIONAL MÉRIDA: octubre 2010
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL domingo 31 de octubre de 2010 12:00 AM Ser venezolano de nacimiento, jurista de reconocida competencia, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener un posgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario titular en ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años; o haber sido juez superior en la especialidad de la Sala a la cual se postula, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial. Estos son los estrictos requisitos que el artículo 263 de la Constitución establece para hacerse con el cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). No obstante, a los pocos meses de entrar en vigencia la Carta Magna el propio máximo juzgado se encargó de flexibilizarlos. En su sentencia 1561, del 12 de diciembre de 2000, la Sala Constitucional estableció que el título de profesor titular al que se refiere el texto fundamental no es el mismo que define la Ley de Universidades, la cual estipula que éste es el rango de mayor jerarquía al que puede aspirar un docente de una casa de estudios y al que solo se accede tras presentar numerosos trabajos y después de cursar estudios de cuarto nivel, sino que debe interpretarse como un catedrático que labora en una universidad. En ese mismo fallo abrió las puertas para que juristas sin título de posgrado se postularan, pues se fijó que este requisito solo se le aplicaría a aquellos abogados que se graduaron luego de que en el país se abrieran esos cursos. "Este dictamen rebajó las expectativas del constituyente, quien en la Constitución dejó en claro que quería que al TSJ fuera gente preparada e intachable. Sin embargo, con esta sentencia se buscó que algunos de los primeros integrantes del TSJ pudieran continuar en sus puestos, a pesar de que no cumplían sus requisitos (casos Jesús Eduardo Cabrera, quien redactó esa decisión; e Iván Rincón, entre otros)", afirmó el ex magistrado de la Sala Electoral de ese primer máximo juzgado, José Peña Solís. El actual catedrático de la Universidad Central de Venezuela aseveró que de aplicarse correctamente la Carta Magna, entonces actualmente la Asamblea Nacional no tendría 400 postulados para el cargo de magistrado. "Hoy por hoy casi nadie en las universidades es profesor titular, porque eso implica pasar cuatro escalafones y presentar igual número de trabajos e investigaciones y eso puede tomarte más de 15 años", precisó. Peña también cuestionó la redacción de nueva Ley Orgánica del TSJ, por considerar que la misma flexibilizó aún más los requisitos al establecer que solamente una condena penal o una sanción de la Contraloría puede impedir a alguien ingresar al máximo juzgado. El ex magistrado demandó de los diputados que informen el baremo por el cual evaluarán a los candidatos. Exigencia que fue respaldada por varios de los aspirantes consultados por este diario. Uno de ellos, quien prefirió al anonimato, cuestionó la postulación de funcionarios públicos como la procuradora Gladys Gutiérrez, los diputados, rectores del Consejo Electoral y de los militares activos. "¿Cómo alguien que ha estado 10 años en el Parlamento o en el Ejecutivo puede decir que ha ejercido la abogacía por 15 años? La Ley de Abogados es clara y dice que los militares activos y funcionarios públicos no pueden ejercer esa profesión", recordó. Por último, Peña y los candidatos citados esperan que el Comité de Postulaciones Judiciales, el cual dejará el miércoles de recibir impugnaciones contra los aspirantes, no se guíe para realizar su escogencia en lo establecido en el fallo de la Sala Constitucional, por cuanto el mismo no es vinculante. Publicadas por
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL martes 26 de octubre de 2010 12:00 AM En 2011 y por sexto año consecutivo las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) destinarán una parte de los fondos del organismo para "la adecuación de la infraestructura tecnológica y mantenimiento de los espacios físicos y del equipamiento" de la sede del máximo juzgado. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el presente año cuando esta partida sufrió un duro recorte y quedó en 36,9 millones, la misma crecerá en el próximo ejercicio en cerca de 184% y se ubicará en 104,5 millones. La información figura en el proyecto de presupuesto que el Gobierno entregó a la Asamblea Nacional la semana pasada y en el cual se le asigna al organismo rector del Poder Judicial y a los demás juzgados del país 4,7 millardos de bolívares fuertes para su funcionamiento, de los que 92 millones estarán reservados para la reparación y conservación de espacios del edificio desde donde despachan los 32 magistrados, la sustitución de cableado, la mejora del sistema de digitalización de sentencias y para sustituir los programas informáticos actuales por software libre. Asimismo en el borrador se contemplan otros 12,5 millones adicionales para reparar los nueve ascensores que tiene la edificación, de seis plantas y un sótano, que se ubica al final de la avenida Baralt de Caracas. Fuentes del máximo juzgado justificaron la necesidad de invertir en los elevadores, pues recordaron que los mismos han estado en servicio desde que se inauguró el edificio a principios de los años 80. Desde el presupuesto de 2006, cuando comenzó a aparecer esta partida, el TSJ ha destinado 183,7 millones a obras en su sede e inmediaciones, aunque algunas de ellas aún no han sido concluidas. Durante la pasada gestión, que encabezó el magistrado Omar Mora Díaz y en la que la actual presidenta, magistrada Luisa Estella Morales, ocupó la Primera Vicepresidencia, se decidió edificar un preescolar para los hijos de los trabajadores del máximo juzgado, se levantó la cerca perimetral y se remodeló la plaza que se encuentra frente a la sede del organismo; y además se comenzó a construir un nuevo estacionamiento para visitantes. La Auditoria Interna del TSJ detectó en la mayoría de los contratos de esas obras irregularidades, tales como sobreprecios, incumplimiento de fianza y de tiempos de entrega. El caso más evidente de estas situaciones es el estacionamiento, el cual más de tres años después del inicio de su construcción todavía no ha sido terminado. Más dinero En caso de que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ingresos y egresos tal cual, el Poder Judicial tendrá el año que viene el presupuesto más alto de los últimos años. En el borrador el Gobierno le asigna al máximo juzgado y a los demás tribunales 4,7 millardos de bolívares, lo cual representa un incremento de cerca del 30% en comparación con lo que le asignó en el proyecto de 2009, en el que le fijó 3,6 millardos. El monto previsto representa más del 4% de lo que el Ejecutivo prevé que el Estado gastará en los próximos doce meses y supera con creces lo estipulado en el artículo 254 de la Constitución, el cual obliga a destinar 2% del presupuesto a la justicia. En el proyecto que reposa en el Parlamento desde la semana pasada no solamente hay previstos fondos para mejorar la sede del TSJ, sino también de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (instancia que administra el 80% de los fondos del Poder Judicial) y de los demás juzgados del país. Sin embargo, las mismas apenas representan poco más del 10% de lo que se destinará al edificio ubicado al final de la avenida Baralt. Para mejorar la infraestructura de la DEM se invertirán 6,3 millones de bolívares y 7,6 a los demás tribunales. Fuente: El Universal.com Publicadas por
Trabajadores de la UCV Cargado por noticias24. - Vídeos de noticias del mundo entero. Este martes los trabajadores universitarios marcharon hacia la Asamblea Nacional de manera pacífica. Al llegar sobre la una de la tarde al parlamento venezolano, se les indicó que serán recibidos por la comisión de Educación una vez que se inicie la sesión ordinaria de hoy. Los trabajadores luchan contra la tercerización, además piden ser incluidos dentro de la comunidad universitaria para votar y formar parte del Consejo de las universidades y así poder elegir a las autoridades y estar en los organismos de co-gobierno. De igual modo, los trabajadores de la UCV reiteran su llamado a la rectora Cecilia García Arocha para que en aras de buscar una solución al conflicto, la universidad preste sus espacioa para realizar una auditoría a sus arcas y así conocer sobre la utilización de los recursos. Los trabajadores dejaron saber que el ministro de Educación Superior, Edgardo Ramírez, los llamó para convocarlos a una reunión a la cual asistirán para saber de qué se trata. Sobre el el crédito aprobado ayer en cadena de radio y televisión por el presidente Hugo Chávez para pagar deudas a los trabajadores del sector universitario, manifestaron sus aspiraciones a que esos recursos restituyan los elementos fundamentales que piden para que se termie el conflicto. “Creo que ha sido un éxito rotundo las movilizaciones que hemos tenido los trabajadores, ayer el Presidente de la República en un gesto que debemos reconocerle aprobó 600 millones de bolívares para el pago de los empleados de la UCV,” resaltó previamente Eduardo Sánchez, presidente del sindicato de trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en horas de la mañana. La diputada Maigualida Barrera recibió a los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela. Los empleados de la Universidad Central de Venezuela, al llegar a las inmediaciones de la Asamblea Nacional pudieron conversar con la diputada Maigualida Barrera, ella les informó que “la Comisión Permanente de Educación Cultura y Deporte los estamos recibiendo (empleados de la UCV), si traen un documento lo podemos recibir, pero si quieren puede acceder al recinto 10 personas” afirmó la diputada Barrera. Por su parte, Guillermo Guerrero representante de los obreros de la Universidad Central de Venezuela exigió al Parlamento Nacional que termine de entregar los recursos. “Esto no es un juego político, queremos votar en la comunidad universitaria, agradecemos a la diputada por recibirnos,” destacó. fuente: Noticias24.com Publicadas por
El ex director de la Penitenciaría General de Venezuela, el comandante del destacamento 28 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y otros 23 funcionarios fueron imputados por los delitos de asociación a delinquir y evasión, luego de que el pasado jueves 21 de octubre se diera a conocer la fuga de Bragean Velazco de ese centro de reclusión. Velazco es uno de los integrantes de la banda Los Invisibles, que fue condenado a 11 años de prisión por el delito de homicidio y por estar implicado en varios secuestros. Así lo informó el jefe de la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del estado Guárico, comisario Ramón Casanova. Dijo que el ex director de la PGV, Eduardo Bracho; el jefe de régimen penitenciario, Alberto Heredia; el encargado de la puerta principal del área administrativa, José Arzola, y el guardia del servicio médico, Luis Gómez permanecen en el Internado Judicial de Tocuyito en el estado Carabobo. Igualmente, se encuentran en el mismo penal, el chofer de Guardia, Daniel Jímenez; el encargado del área de reseña, Marco Seijas, y el auxiliar del jefe de régimen, José Cedeño. Mientras el comandante del D-28 de la GNB, coronel Ricardo González Oliveros; el capitán Hernán Tenias y los primeros tenientes Miguel Muñoz y Juan Soto fueron trasladados al Comando Regional Número 2, con sede en Valencia, estado Carabobo, precisó el jefe policial. También los sargentos de la GNB Junnior Carrillo, Francisco Salcedo, Adolfo Toro, Gustavo Alvia, Omar Medina, Luis Maluenga; Maikel López; Maike Managuarenas, Edisson González, Anderson Briceño, Luis Ramírez, Janiel Aparicio, Jesús Vargas, Leobadildo Sánchez. Vía “AVN” Publicadas por
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sesión extraordinaria, se pronunció este martes sobre los casos de los cuatro diputados electos a la Asamblea Nacional en los comicios efectuados el pasado 26 de septiembre: Richard Blanco Cabrera, Hernán Claret Alemán, Biagio Pilieri Gianinnoto y José Sánchez Montiel. Al respecto el TSJ indicó que la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria procede a partir del ejercicio efectivo de sus funciones como parlamentario. Al conocer de cada uno de los casos, la Sala Plena, en primer término declaró su competencia para pronunciarse respecto de la declinatoria de competencia hecha por cada uno de los tribunales penales ordinarios que conocen de las causas seguidas a los mencionados diputados por la presunta comisión de delitos contra la Ley. Recordó la Sala Plena que el artículo 200 de la Carta Magna establece, entre otras cosas, que “los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo (…)”. Constató la Sala Plena que los hechos por los cuales los Richard Blanco Cabrera, Hernán Claret Alemán, Biagio Pilieri Gianinnoto y José Sánchez Montiel están siendo juzgados por los órganos jurisdiccionales con competencia en materia penal por la presunta comisión de hechos delictuales cometidos antes de su elección como Diputado a la Asamblea Nacional. Agrega la Sala que si buen están proclamados, aun no están en el ejercicio del cargo en el caso de los mencionados ciudadanos, por lo que aún no gozan de la prerrogativa de inmunidad parlamentaria, y los procesos penales seguidos contra ellos deben continuar su curso. Aclara la Sala Plena del TSJ que es el 5 de enero de 2011, es cuando se inicia el primer periodo de la sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, o el día posterior más inmediato posible, de conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es en esa fecha en que los referidos ciudadanos tendrán la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, inmediatamente después de ser juramentados en el cargo de parlamentarios. Asimismo la Sala Plena aclara que el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no dispone que la prerrogativa de inmunidad parlamentaria incluya la paralización de los juicios ya iniciados, que si contemplaba la Constitución del año 1961 en su artículo 143, por lo que continuará el trámite del juicio del parlamentario ya iniciado para la fecha en que fue electo. Vía nota de prensa Publicadas por
El gobernador merideño, Marcos Díaz, informó que el Ministerio Público asignó a un fiscal nacional para que se encargue de las actuaciones pertinentes, con la finalidad de que se determinen las responsabilidades de este suceso. NORA SANCHEZ | EL UNIVERSAL domingo 24 de octubre de 2010 04:00 PM Mérida.- Para resguardar la seguridad de los alumnos en los municipios Libertador (Mérida), Campo Elías (Ejido) y Santos Marquina (Tabay), el director de la Zona Educativa número 14, Enrique Plata, suspendió las clases en las instituciones públicas nacionales, estadales y municipales y en los centros educativos privados. Plata dijo que la medida será aplicada a escuelas ubicadas en los centros urbanos de estas jurisdicciones y que la misma obedece a garantizar la seguridad de los estudiantes, luego de las alteraciones del orden público registradas tras el asesinato de Héctor Luis Pérez Matheus (33) y Kedjiadjian Urbina Artine (39) el pasado viernes en las afueras de las residencias estudiantiles Domingo Salazar. La noche del sábado se suscitaron varias manifestaciones y hechos de violencias presuntamente protagonizadas por miembros del grupo Los Tupamaros en protesta por la muerte de los dos estudiantes. Por su parte, el gobernador del estado Mérida, Marcos Díaz, garantizó el accionar de los cuerpos de seguridad en resguardo de los merideños a la vez que repudió los asesinatos y dijo que "somos los más interesados en que se determinen las responsabilidades y el móvil que ocasionó la muerte de los dos jóvenes". Díaz aseguró que su gobierno actuará de manera inmediata, no sólo para esclarecer los hechos, sino para mantener la paz y la tranquilidad en la ciudad de Mérida, luego de que la noche del sábado grupos violentos desconocidos arremetieran contra algunos edificios privados y recorrieran las calles de la ciudad en motocicletas y armados. "Son sectores que aún no han sido identificados y desarrollaron esas acciones con el ánimo de generar violencia", dijo el gobernador Marcos Díaz. Destacó que los occisos no forman parte del grupo revolucionario Tupamaro y que hasta donde tiene conocimiento "ambos eran estudiantes o tenían matrícula en la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes". Asignaron fiscal para investigar Por otra parte, el gobernador merideño informó que el Ministerio Público asignó a un fiscal nacional para que se encargue de las actuaciones pertinentes, con la finalidad de que se determinen las responsabilidades de este suceso. Dijo que las experticias ya están hechas por un equipo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), el cual colectó elementos de interés criminalístico en el sitio de los acontecimientos. Marcos Díaz reiteró su rechazo a los asesinatos y las reacciones violentas que los mismos han generado y resaltó el respaldo que su gobierno ha tenido de parte del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia y de otros organismos de seguridad a nivel nacional, quienes buscan los elementos y el móvil que privó en la muerte de los dos hombres. Fuente: “EL UNIVERSAL” Publicadas por
La procuradora general, siete diputados del PSUV, dos rectores suplentes del CNE y un ex viceministro aspiran a ser nuevos magistrados. Jueces, fiscales y abogados en ejercicio no son los únicos que aspiran ingresar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pues entre los 404 candidatos que se postularon para cubrir una de las nueve vacantes de magistrado titular y de las 32 de suplente figuran también funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral. En la lista que el miércoles publicó el Comité de Postulaciones Judiciales destacan los nombres de la procuradora general de la República, Gladys Gutiérrez; de siete diputados oficialistas de la Asamblea Nacional (Carmen Alvarez, Roberto Quintero, Malaquías Gil, Libes González, Juan José Mendoza, Francisco López y Osmar Carmona); de Janeth Madriz, legisladora al Parlamento Latinoamericano que fue postulada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y de los rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), Andrés Brito y William Pacheco. Adicionalmente entre los postulados está Luis Damiani Bustillos, ex viceministro de Educación Superior y actualdirectivo del Centro Internacional Miranda, institución dependiente del Ministerio de Educación Superior, la cual se encarga de difundir y defender las “transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales” que impulsa el Gobierno venezolano. En la lista también aparece Oscar León Uzcátegui, quien fuera rector del CNE durante la presidencia de Francisco Carrasquero; y por supuesto está el ex fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, quien además fue el primer vicepresidente de la administración de Hugo Chávez y quien en la actualidad ocupa la Embajada de Venezuela en España. Para el abogado constitucionalista Gerardo Fernández estos nombres, junto a la premura de la actual Asamblea Nacional de renovar al TSJ, son demostración de que “el Gobierno lo que busca es controlar al máximo juzgado del país”. “Esto es un atentado a la separación de poderes y a la autonomía del Poder Judicial”, afirmó, al tiempo que justificó su señalamiento diciendo: “Estas personas están claramente identificadas con el régimen, por lo que es poco probable que sean capaces de ejercer un verdadero control jurisdiccional sobre la labor del Gobierno”. Fecha de la Noticia: 22 de Octubre de 2010 Hora: 10:02:53 Fuente: http://www.codigovenezuela.com Publicado Por: Yus Publicadas por
El Ministerio Público presentará durante la jornada del viernes al director de la Penitenciería General de Venezuela, Eduardo Bracho Marrero, junto con 16 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y 8 custodios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, por su presunta participación en la evasión de Bragean Velasco Vargas, integrante de la banda “Los Invisibles”. Adicionalmente a los funcionarios que serán imputados se encuentran los comandantes del Destacamento 28 del Comando Regional Comando Regional Número 2 y de la 2da Compañía del Destacamento 28 de la GNB con sede en la PGV, coronel Ricardo González Oliveros y capitán Hernán Tenias, respectivamente. Se presume que Bragean Velasco Vargas, quien cumplía condena de 11 años por homicidio calificado con alevosía, entre otros delitos, se evadió de la PGV, con sede en San Juan de los Morros, hecho del cual se tuvo conocimiento el pasado jueves 21 de octubre. Actualmente el Ministerio Público inició la investigación para esclarecer todo el caso. Publicadas por
Mérida (CDS) Entre los postulados que optan para ser magistrados del TSJ venezolano hemos podido observar a los siguientes abogados y jueces: CASTILLO SOTO, ERNESTO JOSÉ C.I.8.021.601 CONTRERAS ZAMBRANO, ALBIO ANTONIO C.I. 2.457.363 MOLINA ZAMBRANO, CARLOS LUIS C.I. 8.033.538 SALAS MORENO, EVELIN EDREY C.I. 10.900.151 SÁNCHEZ FEBRES, HOMERO JOSÉ C.I. 3.036.101 URDANETA MORALES, ANDREY GROMISKO C.I. 4.152.102 El listado completo fue publicado por el Comité de Postulaciones Judiciales, el miércoles 20 de octubre de los corrientes, en los diarios de circulación nacional Últimas Noticias y Diario Vea a los fines de que los interesados y las interesadas, puedan impugnar las postulaciones por escrito y mediante prueba fehaciente, ante el Comité durante el lapso de quince (15) días continuos, contados a partir de la publicación de la lista, es decir, a partir del 21 de octubre del año que discurre. Así que aquellas personas interesadas en impugnar las postulaciones de estos abogados merideños o de cualquier otro conforme a la lista pública que se encuentra en este blog en la siguiente dirección: http://suontraj-merida.blogspot.com/2010/10/el-comite-de-postulaciones-publica.html podrá hacerlo en la siguiente dirección: Asamblea Nacional. Sede del Comité de Postulaciones Judiciales, Esq. de San Francisco, Edif. Centro Mercantil San Francisco, piso 2, ofic. 2-1, El Silencio, Caracas. Horario: de lunes a viernes de 9:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Publicadas por
Foto: DDT La abogada, profesora y activista transexual venezolana Tamara Adrián dijo hoy en declaraciones a Efe que postula su candidatura a magistrada del Supremo para reivindicar los derechos del colectivo y “poner a prueba” la tolerancia de un país de “instituciones homofóbicas”. “Que una mujer transexual, lesbiana y feminista proponga una candidatura ante unas instituciones homofóbicas y bastante intransigentes con los derechos de nuestro colectivo me parece un ejercicio de derecho cívico”, manifestó la abogada. “Les estoy poniendo en un dilema, porque, ¿cómo van a justificar el rechazo? Esto va a ser un termómetro de la intolerancia o tolerancia de la actual Asamblea” Para Adrián, el colectivo transexual está “totalmente excluido de protección” en Venezuela, donde la legislación en esta materia está “a años luz” del resto de Latinoamérica “por culpa de una revolución conservadora”, sostuvo. La profesora universitaria denuncia cómo los transexuales venezolanos están “discriminados” del sistema educativo o “excluidos” del sistema de salud, donde no se les da apoyo psicológico ni se les permite realizar un tratamiento de hormonas, como sucede en otros países de la región. “No hay un reconocimiento de la identidad de las personas transexuales, sólo hay un potencial cambio de nombre, más no de sexo”, denunció. Ello, justamente, fue lo que le pasó a la abogada, quien aparece en la lista de 404 candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano como Tomás Adrián, nombre que figura en su cédula de identidad pese a haberse sometido a un cambio de sexo en 2002. Este hecho movió Adrián a presentar un recurso constitucional ante el mismo Supremo al que ahora se presenta y que sigue pendiente desde hace seis años. “Hay una revolución conservadora, con una tendencia regresiva en términos de jurisprudencia y de leyes, que ha hecho que no se haya logrado ningún avance”, afirmó. Doctorada en derecho por la universidad francesa París 2, dirigente de ONGs internacionales a favor de los derechos de los transexuales y profesora desde hace casi 30 años de la venezolana Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Adrián dice “cumplir” e incluso “superar” las credenciales para el puesto. “Les estoy poniendo en un dilema, porque, ¿cómo van a justificar el rechazo? Esto va a ser un termómetro de la intolerancia o tolerancia de la actual Asamblea”, dijo Adrián, poco confiada en ser elegida para el cargo. La Asamblea Nacional (AN) venezolana designará en 15 días a 41 nuevos magistrados del Supremo, 9 principales y 32 suplentes, para cubrir “plazas vacantes” o de personas que “deben ser jubiladas” al finalizar su tiempo de servicio, informaron portavoces oficiales a principios de mes. Un total de 404 personas se han postulado a los cargos para renovar el TSJ, integrado por 32 jueces principales y sus respectivos suplentes, que son elegidos por el Parlamento unicameral para un único período de 12 años. Vía EFE Publicadas por
Una abogada transexual y lesbiana, y activista de derechos humanos se postuló al cargo de magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, informó un comité de la Asamblea Nacional (Parlamento) que estudia las candidaturas. En un listado de aspirantes a jueces publicado el miércoles en la prensa local aparece inscrito Tomás Adrián, un hombre que recibió una operación de reasignación de sexo en 2002, y que desde entonces utiliza el nombre de Tamara Adrián. Adrián, que ha visto impedido su deseo de cambiar legalmente de nombre debido a la normativa vigente en Venezuela, mantiene desde hace más de seis años una batalla en el TSJ por el reconocimiento de su identidad sexual. Además, es una conocida activista de la igualdad de derechos y aboga por la eliminación de leyes discriminatorias por la orientación sexual y la identidad de género. El Parlamento venezolano estudia 400 postulaciones para escoger nueve jueces nuevos y 32 suplentes del TSJ, informó el diputado y presidente del comité de postulaciones, Saúl Ortega, a la agencia oficial AVN. Los magistrados del máximo tribunal venezolano son elegidos para un único periodo de 12 años, según la Constitución. El Comité que preside Ortega debe hacer una primera preselección, que será definitivamente aprobada por la plenaria de diputados. Vía Agence France-Presse foto: disforiadegenero.org Publicadas por
EL COMITÉ DE POSTULACIONES PUBLICA POSTULADOS DE ASPIRANTES AL TSJ
El diputado Saúl Ortega informó que actualmente hay nueve vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia y los suplentes de los magistrados tienen el periodo vencido El diputado Saúl Ortega informó que actualmente hay nueve vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia y los suplentes de los magistrados tienen el periodo vencido. “Esas vacantes hay que llevarlas a un proceso de selección que está claramente tipificado en la ley”, dijo. Indicó que el Comité de Postulaciones examina más de 400 candidatos a ser magistrados, el listado seleccionado será revisado por el Poder Ciudadano que enviará a la plenaria la lista definitiva para que la Asamblea Nacional proceda a tomar la decisión. Desmintió que el proceso de postulación se haya realizado de forma secreta al alegar que la convocatoria fue publicada en varios periódicos de circulación nacional. Además, agregó que se inicia un nuevo proceso para la escogencia de los nuevos integrantes del TSJ. “Existe una ignorancia sibilina de algunos sectores o actores del oposicionismo (…) Esto es un proceso público”. “Se publicó hoy tanto en Vea como en Últimas Noticias el listado de los participantes, si alguna persona tiene algo que objetar, puede hacerlo y esta persona tiene el derecho a la defensa”, indicó. Recordó que el Comité de Postulaciones tiene más de un año constituido por un grupo de diputados y hace aproximadamente siete meses se complementó con miembros de la sociedad civil. Listado de postulados al Tribunal Supremo de Justicia Publicadas por
Durante la sesión ordinaria de este martes 19, la plenaria de la Asamblea Nacional, aprobó en primera discusión el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley de Cajas de Ahorro, con el objeto de modificar el artículo 34 el cual permite la reelección, sin limitaciones, en sus cargos a directivos de las cajas de ahorro. Durante su intervención en la tribuna de oradores, el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, diputado Rafael Ríos, indicó que es una reforma con carácter puntual, la cual es objeto de una propuesta realizada por la Asociación Nacional de Cajas de Ahorros de Venezuela y la Federación de Fondos de Cajas de Ahorro y Asociaciones, que proponen la reforma exacta del artículo 34 a los fines de ser adecuada a la Primera Enmienda de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la Exposición de Motivos, destaca que la Enmienda Constitucional N° 1 aprobada por el pueblo el 15 de febrero de 2009 y publicada en la Gaceta Oficial N° 5.908 del 19 de febrero del mismo año, reformó los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en la cual consagró, así, la reelección sin limitaciones a cargos de elección popular (…) como una expresión legítima de la voluntad de los ciudadanos venezolanos. “En la actualidad, el artículo 34 de la ley establece una limitante de que los integrantes del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, delegados, principales y suplentes no pueden ser reelectos más de una vez e incluso no tienen la posibilidad de optar a otros cargos distintos a los que tenían en el ejercicio de sus funciones”, puntualizó el parlamentario Rafael Ríos. El informe presentado por los miembros de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral indica textualmente la propuesta de reforma del artículo 34 de la siguiente manera: “Los miembros del Consejo Administrativo, Consejo de Vigilancia, delegados, principales y suplentes, serán electos por votación directa, personal, secreta y uninominal, por un periodo de tres años, y podrán ser reelectos”. Paralelamente, señala que las cajas de ahorro, fondos de ahorro, asociaciones de ahorro similares de carácter militar, se regirán para la elección y remoción de los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia, así como de las comisiones, los comités, los delegados, por lo dispuesto en los estatutos de la asociación y regulados en todo lo demás por lo establecido en la presente ley, su reglamento y las normas operativas o de funcionamiento dictadas por la Superintendencia de Cajas de Ahorro. En el documento se hace énfasis en el artículo 118 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se reconoce a los trabajadores el derecho a desarrollar cajas de ahorro y otras organizaciones de carácter social y participativo que están “destinadas a mejorar la economía popular y alternativa”. AN/Antv/cc Martes, 19 de Octubre de 2010 Publicadas por
El presidente del Comité de Postulaciones para la selección de Magistrados, diputado Saúl Ortega estuvo como invitado en el programa “Despertó Venezuela”, que transmite (VTV). Ortega explicó que el Comité de Postulaciones tiene más de un año de constituido. Criticó a algunos sectores que alegan que dicha organización “actúa con premura” “Por ahí se han dicho muchas cosas, insensateces, mentiras y una ignorancia civilina de algunos sectores o actores del oposicionismo, uno oye cosa que provocan risa como por ejemplo que el Comité de Postulaciones actúa con premura”, indicó. Aclaró que la Asamblea actual, cumple a “cabalidad todas sus funciones, entre ellas todas sus comisiones permanentes y oficiales y por supuesto el Comité de Postulaciones Judiciales”. Publicadas por
Más de 140 personas presentaron sus recaudos ante el Comité de Postulaciones Judiciales para aspirar a uno de los 9 cargos de magistrados principales o 32 suplentes en el Tribunal Supremo de Justicia. El plazo para la presentación de los documentos cerró ayer a las 5 pm. Sobre el proceso ha existido total hermetismo, por lo que la cifra de postulados fue obtenida de manera extraoficial. No obstante, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ese número supera el mínimo exigido. El artículo 73 establece que el Comité de Postulaciones deberá preseleccionar un número no inferior al triple de cargos a elegirse. En este caso esa cifra se ubica en 123. Entre quienes aspiran a ocupar una de las vacantes del TSJ se encuentran: el embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez; el diputado Juan José Mendoza, así como la profesora de la Universidad Central de Venezuela y de la Católica Andrés Bello, Tamara Adrián. Sin embargo, de acuerdo con fuentes extraoficiales, además de Mendoza entre los postulados habría cuatro parlamentarios más. Una vez publicada la lista de los aspirantes en un medio de circulación nacional, comenzará el plazo de 15 días para que se realicen las posibles impugnaciones. De existir objeciones, los señalados tendrán tres días para presentar sus alegatos de defensa. CECILIA CAIONE/ccaione@cadena-capriles.com Publicadas por
EL LUNES 18/10/2010 CULMINA EL PLAZO DE POSTULACIONES PARA CANDIDATOS A MAGISTRADOS DEL TSJ
Este lunes culmina el proceso de recepción de postulaciones de los candidatos y candidatas elegibles como magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Para optar al cargo los interesados deben entregar los requisitos en la biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa, del Palacio Federal Legislativo, ubicado en la avenida Universidad, esquina de Monjas a San Francisco, en Caracas, en horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía y de 2:00 a 5:00 de la tarde. El pasado lunes, el Comité de Postulaciones Judiciales, presidido por el diputado Saúl Ortega, convocó a los abogados y abogadas del a participar en el proceso de selección de los candidatos elegibles a magistrados principales y suplentes del máximo tribunal del país. El artículo 263 de la Constitución establece que los requisitos para optar al cargo de magistrado son: ser venezolano o venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad, tener reconocida honorabilidad, ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencias jurídicas durante un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. Vía AVN Publicadas por
Las Naciones Unidas remite una comunicación al Gobierno venezolano solicitando la excarcelación inmediata El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria considera, en una carta remitida al Gobierno venezolano, que el encarcelamiento de la jueza María de Lourdes Afiuni es “arbitrario”, por lo que pide su liberación inmediata. “La privación de libertad de María Lourdes Afiuni es arbitraria” subraya la citada misiva, en la que precisa que su reclusión contraviene numerosos artículos de textos legales sobre derechos humanos. Entre ellos, los artículos 3, 9, 10, 11, 12 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los artículos 9,10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ello, el grupo de trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria solicita al Gobierno venezolano que “ponga remedio a la situación de Afiuni”, en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reseñó EFE. “Los remedios adecuados, teniendo en cuenta el prolongado periodo de tiempo que ha estado privada de libertad, deben ser la liberación inmediata de la jueza, disponiéndose al mismo tiempo que reasuma el cargo de magistrada que ejercía hasta su arresto”, resalta la carta. Además, estima que tiene derecho a percibir los salarios que debería haber percibido durante el tiempo de “la separación forzada de su puesto”, así como “alguna forma de reparación efectiva por los daños causados por la detención arbitraria”. La misiva remarca que, alternativamente, Afiuni tiene derecho a que un proceso de acuerdo a los estándares internacionales, y a gozar del “derecho humano a la libertad provisional”. La citada carta se aprobó el pasado 3 de septiembre, y se envió al Ejecutivo ayer, miércoles, después de que la detención de la jueza ya se hubiera declarado arbitraria un año antes por el mencionado grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. Y el pasado diciembre, tres expertos independientes de Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por el arresto, y lo calificaron de “golpe del presidente venezolano, Hugo Chávez, a la independencia de los magistrados y abogados en el país Fecha de la Noticia: 15 de Octubre de 2010 Hora: 11:53:39 Fuente: http://www.codigovenezuela.com Publicadas por
Corte de Apelaciones restituyó defensa de la ex-jueza Afiuni
Ccs. 15 Oct. (Enfoques365).- La Corte de Apelaciones restituyó este viernes a la jueza María de Lourdes Afiuni el equipo de abogados que le viene asistiendo en el proceso que se le sigue, y que había sido revocado por el juez de la causa, José Fabricio Paredes. Este viernes la jueza fue trasladada bajo fuertes medidas de seguridad desde la sede del INOF hasta la Sala 4 de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas, debido a la admisión que la misma Afiuni introdujera para dejar sin efecto la “arbitraria” designación de un defensor público por parte del juez 26 de juicio. José Amalio Graterol, uno de los abogados de Afiuni, manifestó su complacencia por la decisión de la Corte de Apelaciones. “Se ha restituido la situación jurídica infringida por parte del ciudadano José Alí Fabricio Paredes, en cuanto a la decisión arbitraria que tomó el pasado 9 de septiembre de revocarnos”. “Este hecho constituye un delito de abuso de poder, establecido en el artículo 67 de la Ley contra la corrupción”, indicó. Explicó que esperan también que esta sala se pronuncie en el corto plazo en relación con la apelación que introdujeron sobre la situación irregular del juez Paredes, quien decidió rechazar su propia recusación, lo que es contrario a la ley. Asimismo informó que también entregaron a la Corte de Apelaciones los datos del médico de confianza de la jueza Afiuni y la clínica donde debe ser trasladada, y solicitaron una revisión de medida cautelar, para lo cual hay un lapso de 3 días para decidir. Esta solicitud está fundamentada por la decisión del Grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que indica que la detención de la jueza Afiuni “es arbitraria y, además, viola pactos y tratados firmados por la República Bolivariana de Venezuela”. "Aspiramos que el Estado venezolano tenga un poquito de sensatez y entienda que la ONU no es cualquier organización por allí. El Grupo de trabajo de la ONU que lucha contra las detenciones arbitrarias por parte del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha indicado de forma clara que la detención de la jueza Afiuni es arbitraria. Tardaron 10 meses para tomar esa decisión en la ONU”, apuntó. Graterol resaltó que su defendida debe salir en libertad cuanto antes y ser reincorporada a su cargo. “La decisión de liberar al ciudadano Eligio Cedeño fue tomada por la jueza Afiuni en el ejercicio de sus funciones como jueza. Este ciudadano no estaba condenado y se encontraba sometido a un proceso que llevaba más de dos años, dándole una revisión de medida precisamente por una opinión del Grupo de trabajo de la ONU. Decisión que la Fiscalía nunca apeló”. “Diez meses privada de libertad, aislada y sometida al trato más despiadado no puede ser resarcido de modo alguno, sólo con la libertad inmediata y vuelta a su cargo en el Palacio de Justicia”, concluyó. Publicadas por
Los empresarios bolivarianos Walter del Nogal y Walid Mackled, procesados en Italia y Colombia, por narcotráfico, son hasta ahora los dos casos mas emblemáticos de las relaciones de la “revolución” con el tráfico internacional de drogas. A la izquierda, Del Nogal junto a los ex alcaldes Juan Barreto y Freddy Bernal. Que el empresario de origen árabe, revolucionario y socialista siglo XXI, Walid Mackled, le haya confesado a una periodista de un canal de la televisión colombiana, “que si era narcotraficante, como lo acusaba el gobierno de Hugo Chávez, era un narcotraficante que colabora con cifras millonarias en dólares en las campañas electorales de la revolución”, es una revelación que podría sorprender a cualquier mortal, menos a los venezolanos que hemos visto estupefactos en estos once años, cómo “narcotráfico y revolución” han terminado siendo casi una y la misma cosa en un gobierno que éticamente estaba comprometido a erradicarlo del país y no a ser su principal auspiciador. Sin embargo, cuando se analiza la emergencia de la llamada boliburguesía, cuando se disecciona la forma que permitió a la también llamada “burguesía roja” que en poco tiempo se convirtiera en una de las castas más plutocráticas de América Latina, cuando caemos en cuenta que ni siquiera con la corrupción desenfrenada que es otra de las marcas de fábricas de la “revolución chavista” ha sido posible amasar tan colosales fortunas, no tenemos sino que admitir que el narcotráfico también ha puesto no su grano, sino su montaña de arena en una riqueza que por su rapidez y cuantía no tiene igual en el mundo. Las cifras, a este respecto, no pueden hablar más elocuentemente, pasando del medio millón de toneladas la cocaína que circula anualmente en el país (la mejor policía no logra incautar más del 10 por ciento) y siendo manifiesto que en todo el territorio nacional mafias y carteles, aeropuertos y puertos nacionales, autopistas y carreteras, urbanizaciones y barrios, son escenarios donde el comercio formal ha sido desplazado por otro informal y siniestro: el narcotráfico. También el consenso internacional de que Venezuela es ahora el corredor y embarcadero de la droga que antes circulaba por territorio colombiano, rubrica la tesis de que ya somos un país donde el tráfico y consumo de cocaína es parte de la vida nacional y donde no solo en la economía y la política, sino también en la castrense y religiosa, el tráfico de drogas debe tomarse en cuenta. Hace ya tiempo se denunció en Oriente la existencia de un famoso Cartel del Sol, controlado, según denuncias, desde el comando regional 7 de la GN con sede en Puerto La Cruz, acusado de ser el responsable del asesinato del periodista, Mauro Marcano, así como del contrabando de gasolina y gasoil que se mercadeaba entre Margarita y las islas del Caribe. Menos conocido, sin embargo, ha resultado el narcotráfico ligado a la política, o la narcopolítica, si bien la muerte del Jabón en Mérida, y noticias de computadores de narcos que encontraron la muerte en Colombia y otros países de la región, ha dejado claro que en materia de narcotráfico, la revolución bolivariana también tiene historia y cuentos que contar. Y ahí está , con más de 20 almacenes en la aduana de Puerto Cabello, 250 gandolas y 1000 camiones de carga, constructoras, importadoras, haciendas, líneas aéreas, adquiridos y aumentados, nutridos y engordados por los favores prestados a la revolución bolivariana que supo pagarle con creces a través de funcionarios que tenían instrucciones para ello. Y uno de los más connotados fue aquel gobernador del Estado Carabobo, el general, Luís Felipe Acosta Cárlez, que debió toda su carrera política a un eructo, y su fortuna personal a ser socio del narcotraficante, según fuentes chavistas, Walid Mackled. Un solo dato de esta sociedad espeluzna: en la última campaña electoral donde participó el ex gobernador, Mackled colaboró con un millón de dolares. Mackled, sin embargo, está preso en un cárcel colombiana esperando ser extraditado a Estados Unidos, y Acosta Cárlez, que fue su cómplice necesario porque le facilitó todos los permisos, licencias e influencias para empinarse como uno de los grandes empresarios de la región central, pasa sus días entre Panamá, San José, Caracas y Valencia, ciudades donde hizo acopios de negocios, quintas, apartamentos y acciones en clubes de lujo donde disfruta de una merecida jubilación. Su historia, sin embargo, es posible que no termine ahí, porque Mackled será extraditado en semanas a los Estados Unidos, seguro se acogerá al beneficio de protección de testigos y seguro contará que no solo Acosta Cárlez, sino otros generales, coroneles, ministros y gobernadores de la revolución bolivariana le rendían culto a Hugo Rafael Chávez Frías y a Pablo Emilio Escobar Gaviria. CON EL GOBIERNO Y CON LA OPOSICION El miércoles pasado no fue reproducida en el portal “Noticias24” la columna que la periodista Marianella Salazar escribe semanalmente en el diario “El Nacional”. El artículo titulado “La orquesta etarra” se refería a la denuncia de que dos etarras recibieron entrenamiento de parte de funcionarios del gobierno venezolano, pero los propietarios del portal, el publicista español Frank de Prada y Miguel Henrique Otero, editor de “El Nacional”, y su novia Antonieta Jurado Blanco, decidieron aplicarle censura. Como se sabe, en las pasadas elecciones parlamentarias la referida página web obtuvo una buena tajada de la torta publicitaria del oficialismo, que podría incrementarse de manera permanente. Ya durante la administración del ex alcalde “bolivariano” Juan Barreto, una empresa publicitaria propiedad de Otero y Jurado, manejó las abultadas cuentas publicitarias de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, aunque simultáneamente “El Nacional” y su editor se declararon opositores. ISTURIZ Y LOS CASTILLOS BOZO En una entrevista concedida el lunes pasado al diario “El Mundo”, el presidente del “Grupo Financiero Banvalor”, Leopoldo Castillo Bozo, confesó que él, y el vicepresidente del grupo, su hermano, Gabriel, están exilados en Panamá. Dio, igualmente, amplias explicaciones sobre los orígenes de Seguros Banvalor y de los bancos Banvalor y BBA Bank, este último de reciente fundación y con sede en Aruba. De quién no habló, Castillo Bozo, es del hombre que estuvo tras la emergencia de su inmensa fortuna, y que no es otro, que el exministro de Eduación, Cultura y Deporte, Aristóbulo Istúriz, el cual, sin licitación le adjudicó los seguros y las pólizas de HCM de los trabajadores del ministerio a Seguros Banvalor, convirtiéndola de la noche a la mañana en la empresa de seguros más poderosa del país en cuanto ingresos. Un auténtico negocio redondo que se extendió por tres años, produjo casi 5 billones de bolívares y dicen fue la causa de que el llamado “Negro Istúriz” fuese despedido de su cargo de ministro hace cuatro años de mala manera. Claro, sin impedir que su jefe Hugo Chávez, lo reivindicara al poco tiempo y lo tenga convertido hoy día en un flamante diputado a la Asamblea Nacional. . Semanario LA RAZÓN www.larazon.net Caracas, 10.10.2010 Publicadas por
Pese al hermetismo sobre la cantidad de aspirantes que se han registrado ante el Comité de Postulaciones Judiciales, se supo que desde el lunes hasta ayer más de 80 personas habían presentado sus documentos para concursar por una de las 9 sillas de magistrados principales y las 32 suplentes. En la jornada de ayer destacó la postulación del embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez: "Estoy esperando simplemente ser suplente, de modo que cuando concluya mi gestión como embajador pueda incorporarme al tribunal", si es convocado. Indicó que en el caso de ser nombrado principal, renunciaría a su condición de embajador al ser designado. Rodríguez ofreció un adelanto de su visión sobre la aplicación del Derecho y lo que considera la tarea pendiente del actual Poder Judicial: "En la evolución de la justicia, los derechos sociales son más importantes que los individuales. Desde ese punto de vista, la conciencia de una justicia más colectiva está en deuda. No se puede hacer una justicia que responda sólo a los intereses de los individuos". El diputado Juan Mendoza, presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, también formalizó su inscripción ante el comité y confirmó que aspira a ser escogido para la sala Constitucional, la Político Administrativa o la Penal. Calificó el proceso de sencillo, organizado y rápido. La secretaria del comité, María Rodríguez, informó que el registro de aspirantes continuará hoy y mañana en el horario de 9:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm en la sede de la Biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa de la Asamblea. Destacó que todas las páginas del expediente que se consigne ante el comité deben estar foliadas y firmadas. Los aspirantes deben recibir una constancia de postulación que indica los datos personales del candidato, la documentación entregada, la sala a la que aspira y una autorización para que el comité haga las investigaciones que considere pertinentes para verificar la información suministrada. fuente: EL NACIONAL FOTO: Nelson Castro Publicadas por
ISAÍAS RODRÍGUEZ CONTRADICE A LUISA ORTEGA Y SEÑALA QUE CUBILLAS SÍ PEDE SER EXTRADITADO
El embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, dijo que una solicitud de España de extraditar a Arturo Cubillas sería legítima, pero aclaró que la posición venezolana debe fijarla el Tribunal Supremo de Justicia. Arana, como Cubillas, formó parte del grupo de 11 miembros de ETA que Argelia expulsó a Venezuela en 1989 Rechazó las declaraciones de Luisa Ortega Díaz, que aseguró que Cubillas no sería extraditado: “Creo que no ha sido oportuna ni feliz la intervención de la fiscal porque esa no es su competencia. No es ella quien puede decir si la persona se extraditará, eso le corresponde al tribunal, no a la Fiscalía”. Negó que haya enfrentamiento con la fiscal y precisó que Cubillas no podrá ser extraditado, pues es venezolano por naturalización. Ortega Díaz critica la que llamó desproporcionada reacción de algunas instituciones que intentan atentar contra la estabilidad diplomática entre España y Venezuela. El Gobierno de España solicitará a Venezuela la entrega del presunto etarra cuando así lo pida la justicia, anunció la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Encuentro El Mundo, de España, informó que el etarra Ibai Beobide Arza Manex viajó a Venezuela en 2008 y se reunió con Arturo Cubillas. El diario Montañés, de España, afirmó que por un error de Cubillas y la ayuda involuntaria de dos internautas a la policía de España, se descubrió que Venezuela habría concedido la nacionalidad a por lo menos otros dos etarras refugiados en el país desde 1989. El error fue descubierto el lunes, cuando Cubillas firmó un documento dirigido a la Fiscalía de Venezuela, en el que pedía que lo investigaran. Firmó con dos cédulas de identidad. Los analistas de Información comprobaron que esas cédulas fueron expedidas en la misma fecha de 2004 “La primera vez, con la suya, la 22.646.830, y la segunda con el número 22.646.822. La prensa hizo público el documento original con la firma de Cubillas y los servicios de Información españoles se percataron de que el papel estaba rubricado con dos documentos de identidad diferentes”. En la página del CNE, el documento pertenece a María Asunción Arana Altuna, “Olivia”, viuda del etarra asesinado José Miguel Beñarán Ordeñana, “Argala”. Arana, como Cubillas, formó parte del grupo de 11 miembros de ETA que Argelia expulsó a Venezuela en 1989. Los servicios de Información afirman que Arana no está desvinculada de ETA, sino que es la responsable del Comité de Deportados en Venezuela y mantiene estrechos contactos con Tarek William Saab, gobernador de Anzoátegui, donde residirían varios de los etarras refugiados en Venezuela. El otro número, 22.646.826, pertenece a Pedro Viles Escobar, “Kepa”, otro etarra del grupo de los 11 activistas expulsados de Argelia a Venezuela y que fue socio de Cubillas en la empresa de pescadería Deusto Mar, en Güiria. Los dos internautas publicaron el miércoles sus pesquisas en la red y los servicios de Información del Ministerio del Interior de España no tardaron en confirmarlas. La tesis de los expertos es que es probable que el abogado de Cubillas sea también el de Arana y que confundió ambos documentos en su escrito a la Fiscalía. Los analistas de Información comprobaron que esas cédulas fueron expedidas en la misma fecha de 2004 y que las autoridades venezolanas no hicieron demasiado por ocultarlo, pues son prácticamente consecutivas (22, 26 y 30). Vía El Nacional foto: noticia24.com Publicadas por
El embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, negó este viernes tener algún tipo de enfrentamiento con la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, asimismo, confirmó su postulación al Supremo de Justicia. Por otra parte, se ha reportado que hará una visita al País Vasco. No hay enfrentamiento con la Fiscal En entrevista con Unión Radio, el Embajador aseguró tenerle “mucho afecto a Luisa (Ortega Díaz), es una persona con quien tengo vínculos emocionales y personales desde hace mucho tiempo”. En el caso de Alberto Cubillas, el diplomático negó que la situación estén alterando las relaciones entre Venezuela y España. Por el contrario, aseguró que es ahora cuando están mejor. “Ante esa situación nos hemos enfrentado a una matriz de opinión que han tratado de crear los grandes medios, las trasnacionales de la comunicación”, dijo. Agregó que , “el problema se ha complicado aún más porque el poder judicial ha dictado dos autos (investigaciones), el primero donde señalaba la posibilidad de que en Venezuela hubiera ocurrido unos hechos que tendrían que ver con ETA y las FARC”. “Y en el segundo, aparecieron las declaraciones de dos etarras que fueron capturados en Francia, donde presuntamente les atribuye a unas personas en Venezuela el haber hecho cursillo para ETA en territorio venezolano”, señaló. Aunque el embajador aclaró que creen “en la administración de justicia en España insistió que Cubillas no podrá ser extraditadito ya que es naturalizado como venezolano. Postulación para magistrado al Tribunal Supremo de Justicia En relación a su postulación para magistrado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), enfatizó que lo siente “como una obligación para quienes creemos que podemos seguirle siendo útil al país”. “Me estoy postulando fundamentalmente para aspirar por lo menos a ser suplente, en virtud que tengo un cargo, que me imagino que va a estar vigente durante unos dos años, de modo que al regresar de mi gestión de España tenga alguna oportunidad de serle útil al país a partir de una suplencia del TSJ”, sostuvo. “La justicia se expresa de acuerdo con los tiempos históricos. Por ejemplo, la justicia en la época de Gómez (dictador entre 1908 y 1935) era distinta a los tiempos de la Constitución del 47, a su vez distinta a la de Pérez Jiménez (dictador 1.952-1.958) y a los tiempos de democracia, porque todo evoluciona, pues en la medida que se tiene más conciencia, se tiene más justicia (…) Pienso que en estos momentos los derechos sociales son más importantes que los derechos individuales”, dijo. Viajará al País Vasco El diario español El Mundo ha reportado en su portal web que el Embajador Rodríguez realizará una visita a Vizcaya de cinco días durante la próxima semana, en medio de la polémica sobre la posibilidad de que miembros de ETA se hayan entrenado en Venezuela. En medio de esta polémica, el embajador llegará a Bilbao el próximo lunes y permanecerá en la capital vizcaína hasta el viernes, 22 de octubre, para intensificar las relaciones bilaterales. En estos cinco días, Rodríguez Díaz se reunirá con los máximos responsables del PNV, Iñigo Urkullu; y de Aralar, Patxi Zabaleta; así como con la dirección de Ezker Batua, además de ser recibido por los alcaldes de Bilbao y Gernika, Iñaki Azkuna y José María Gorroño, respectivamente. Así mismo, concederá entrevistas a medios de comunicación “convencionales y alternativos” y tendrá un coloquio con los grupos vascos de solidaridad con la “revolución venezolana”, no obstante, no reunirá con ningún representante del PSE ni del PP. Con información de Unión Radio, El Mundo y AVN Publicadas por
DESIGNADO NUEVO CONTRALOR GENERAL PARA EL ESTADO MÉRIDA
escrito por Yohana Pérez Chávez/DLA Mérida martes, 12 de octubre de 2010 Parece un cambalache. Freddy Antonio Freites Lugo fue designado según Gaceta Oficial número 39.527 de fecha viernes 8 de octubre de 2010, como Contralor Provisional General del estado Mérida. En vista que el nuevo Contralor se negó a atender a los medios de comunicación, la única información que se puede ofrecer es que ayer en horas de la mañana se encontraba en la sede de la Contraloría General del estado Mérida reunido con quien hasta hace poco fungía como Contralor, también provisional, Asdrúbal Romero, quien irá a ejercer el mismo cargo en el estado Barinas, lugar de donde viene Freites. Aunque no se pudo precisar, quizá una de las posibilidades de la sustitución es motivada a las continuas críticas realizadas por los trabajadores del ente contralor tras el despido de una treintena de personas, quienes ayer de igual manera, se encontraban en la sede de la Contraloría para conocer al recién llegado funcionario y plantearle sus interrogantes y problemas laborales. YP Publicadas por
escrito por John Bahoque/ DLA Mérida viernes, 15 de octubre de 2010 La designación de un nuevo defensor público para el oficial de Polimérida Julio César Carucci, en el acto final del juicio, desencadenó una lógica reacción de rechazo en el imputado y este nombró una defensa privada representada por los abogados Leix Teresa Lobo y Reynaldo Contreras, a quienes la magistrada del caso, María Auxiliadora Arias, no les conoce causas Para este viernes estaba previsto que la jueza María Auxiliadora Arias, titular del Tribunal de Juicio Nº 1, emitiera las conclusiones en el acto final del juicio por el homicidio del presidente de la Federación de Centros Universitarios del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido (Iute), Yuban Ortega Urquiola, pero una cadena de eventos ocasionó que esa magistrada se inhibiera y, en consecuencia, el debate sobre el sonado caso se inicie de nuevo, arrancando de cero. Ayer se conoció en el Circuito Judicial de Mérida la inesperada noticia, precisando las fuentes que, los hechos que condujeron a la jueza a inhibirse se iniciaron cuando la Coordinación de Defensa Pública designó el viernes de la semana pasada un nuevo defensor para el oficial Julio César Carucci, acusado por el homicidio de Yuban Ortega, pero el funcionario reaccionó rechazando tal designación, pues se sentía indefenso, tomando en cuenta que el recién nombrado abogado no conocía el expediente, pero igual no le aceptaron sus razones, motivo por el cual solicitó los servicios privados de los penalistas Leix Teresa Lobo y Reynaldo Contreras, a quienes la magistrada María Auxiliadora Arias no les conoce causas y necesariamente tuvo que inhibirse. Así las cosas, queda sin efecto la audiencia convocada para hoy en el Circuito Judicial de Mérida para dar lectura a la sentencia en el juicio donde Carucci había quedado como único imputado por homicidio, mientras que el también oficial Oscar Ángel y el sargento Pablo Parra, solamente estaban acusados por cambio de calificación del delito, como cooperadores. Estos funcionarios se encuentran privados de libertad en el comando policial de Glorias Patrias, por resguardo de su integridad física. La muerte de Yuban El dirigente estudiantil Yuban Ortega Urquiola fue asesinado el 28 de mayo de 2009, durante una manifestación contra la inseguridad, cuando se encontraba en el patio del Iute coordinando algunas acciones. El joven recibió un metrazo en la cabeza, disparado con un arma de fuego, presuntamente por efectivos de Polimérida que hicieron frente a los disturbios. Via : Diario Los Andes Publicadas por
INICIO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE FE DE VIDA 2010
Desde el 04 de Octubre y hasta el 30 de Noviembre de 2010 se estará realizando en la Dirección Administrativa Regional de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Estado Mérida, DAR-MERIDA, Palacio de Justicia Piso 3, el Proceso de Actualización de la Fe de Vida 2010. En consecuencia todos los JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODER JUDICIAL Y DE LA DEM deberán presentar por ante esa oficina los siguientes recaudos: 1.- Copia de Resolución; 2. Copia de la Libreta Bancaria Ampliada; 3.-Copia de la Cédula de Identidad Ampliada; 4. Fotografía tipo carnet; y 5.- Llenar el formulario respectivo en la citada oficina. De la misma manera el citado proceso cumplirá el horario de 09:00 am a 12:00 m. y de 02:00 am a 04:00 pm. Cumplir con este proceso garantiza el pago oportuno de las pensiones y otros conceptos. Quienes hayan entregado los documentos exigidos con anterioridad solo deben llenar la planilla correspondiente. Así mismo las personas PENSIONADOS SOBREVIVIENTES deberán consignar por ante la señalada oficina: 1.- Original de Fe de Vida del beneficiario (Cónyuge, Hijos menores de edad o hasta 25 años, Hijos incapacitados, Madre o Padre). 2.- Constancia Original de no haber contraído nuevas nupcias para el viudo (a), expedida por el ente público facultado para ello. (De ser mayor de 60 años este requisito no es necesario). 3.- Constancia de estudios regulares o inscripción. 4.- Fotocopia Ampliada de la Cédula de Identidad. 5.- Fotocopia Ampliada y legible de la Libreta de Ahorro o de un Cheque si es Cuenta Corriente. 6.- Fotocopia Ampliada de la Cédula de Identidad del causante. La falta de consignación de los documentos anteriores. en el plazo indicado, traerá como consecuencia la no emisión de la orden de pago salarial correspondiente para el Presupuesto del Año 2011. Publicadas por
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestó que tras el inicio de la investigación por la presunta vinculación de José Arturo Cubillas Fontán con el grupo separatista vasco ETA y con las FARC, la Institución a su cargo practicará todas las diligencias necesarias. Así lo manifestó durante el programa “En Sintonía con el Ministerio Público” que se trasmite por Radio Nacional de Venezuela. “Cada vez que el Ministerio Público inicia una investigación se practican todas las diligencias que el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes permiten, según sea el caso y siempre apegados a Ley” En el caso de Cubillas Fontán, dijo que se hará comparecer a todos y cada uno de los posibles vinculados con esta investigación para así esclarecer este hecho, incluso aquellas personas que estén fuera del territorio nacional. Asimismo, refirió que, a través de varios instrumentos jurídicos, entre ellos, la vía rogatoria y demás figuras contempladas en los acuerdos en materia penal entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela, se buscará obtener información sobre las actuaciones y diligencias practicadas en esa nación ibérica por la autoridad judicial correspondiente. Expresó que toda investigación es distinta a otra. “Por lo que dependiendo del caso, utilizas el instrumento legal necesario que se requiera o la prueba que necesites evacuar, así como el instrumento que se adapte a la petición”, agregó la máxima representante del Ministerio Público. Es venezolano y no puede ser extraditado Al ser consultada sobre el llamado hecho por algunos voceros españoles respecto a extraditar a Cubillas Fontán a España, la Fiscal General explico que el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe la extradición de sus connacionales. Puntualizó que bajo ninguna circunstancia un venezolano puede ser extraditado y que Cubillas Fontán es venezolano por naturalización, desde el año 90, es decir, desde hace cuatro lustros. “Cubillas ingresó a Venezuela en 1990, posteriormente solicitó la naturalización, la cual le fue concedida. Entonces, de acuerdo con nuestra Carta Magna, una persona venezolana, ya sea por naturalización o por nacimiento, no puede ser extraditada”, expresó. En todo caso, cualquier país del mundo puede realizar su petición de extradición para cualquier ciudadano, pero nosotros vamos a responder de acuerdo con lo que nos establece la Constitución y demás leyes de la República. Agregó que aún no ha recibido una solicitud oficial de España sobre la presunta extradición de Cubillas Fontán ni sobre el caso en cuestión. Investigación pedida por Cubillas El pasado 11 de octubre, Cubillas presentó un escrito ante el Ministerio Público, en el que solicitaba se iniciara una investigación, pues consideró que había sido imputado públicamente de entrenar a integrantes de esos grupos irregulares arriba señalados. En este sentido, Ortega Díaz hizo referencia a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 290, referido a la imputación pública: “Quien hubiere sido imputado o imputada públicamente por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho punible, tendrá el derecho de acudir ante el Ministerio Público y solicitarle que se investigue la imputación de que ha sido objeto”. Indicó que de manera inmediata “se comisionó al fiscal 10° con competencia nacional, Richard Monasterios, para que iniciara la investigación respectiva. FUENTE: nOTICIAS24.COM Publicadas por
¿Cuáles son los requisitos para optar por un cargo de magistrado al TSJ ?
Tras el anuncio de la Asamblea Nacional de la pronta elección de 43 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia -11 principales y 32 suplentes-, el sitio web Tecnoiuris presenta los requisitos necesarios para optar por el cargo: La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en su artículo 263 prevé una serie de requisitos como son: 1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad Uno de los requisitos fundamentales, para la selección de los magistrados es que los mismos, sean venezolanos por nacimiento, es decir conforme al articulo 32 que sea una persona nacida en el territorio de la República, o que sea nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento, o toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezcan su residencia en el territorio de la República o declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana; o toda persona nacida en territorio extranjero de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir dieciocho años de edad, establezcan su residencia en el territorio de la República y antes de cumplir veinticinco años de edad declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Esto significa que si el sujeto no es nacido en el territorio de la republica, pero cubre cualquiera de los otros supuestos, pudiera ser aceptado como magistrado de la Republica, siempre y cuando hubiera renunciado a la nacionalidad de origen; o en su defecto de ser venezolano nacido en el territorio de la Republica, pero que no tuviere ninguna otra nacionalidad, como es el caso común de los hijos de inmigrantes europeos, los cuales aun siendo venezolanos por nacimiento adquieren las nacionalidades de sus ascendientes. Sin embargo queda la duda que si existen conforme a la legislación electoral, ciertas limitaciones para aquellos ciudadanos que sean hijos de padres extranjeros indocumentados, esto debiera aplicar para los postulados a magistrados, dado que si se limitan al ejercicio de derechos como el sufragio, el de formar parte de un poder público también debería de limitarse. 2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad Este requisito constitucional es uno de los más complejos de establecer por su carácter abstracto y subjetivo, pero en opinión nuestra acogiendo los criterios de la doctrina se puede señalar que la honorabilidad de un candidato es un estado moral y ético pleno, que se refleja en la vida y el trabajo de las personas, y se traduce en: * Buena reputación y prestigio * Goce de legitimidad en los ámbitos social, laboral y profesional * Respeto y reconocimiento por sus actuaciones apegadas a las normas de convivencia social, al ordenamiento jurídico, a los altos valores de la justicia y la democracia * Cabal cumplimiento de sus deberes y obligaciones con el Estado, la sociedad y ellos mismos. 3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación y haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años Tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones. Aunque pareciera que de los requisitos constitucionales, el segundo y el tercero para la elección de un magistrado, se catalogaran de redundantes es interesante sobre este requisito hacer interesantes acotaciones: -El jurista de reconocida competencia, se refiere a que el sujeto sea conocido por desempeñarse en el area para el cual se postula a la magistratura, dado que si un sujeto es conocido por sus aportes y actividades como abogado o profesor de Derecho Civil, no puede orientarse su actuación a otra rama distinta a la misma. Sin embargo en aquellos sujetos que por alguna causa, tuvieran un postgrado en Derecho Procesal de modo general, (especialización, maestría o doctorado) , pudiera orientarse para ser postulado ante cualquier sala, por la naturaleza de sus conocimientos y el poder ser aplicables ante cualquier procedimiento, sin importar la materia sustantiva. - Haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años; este requisito opcional se torna peligroso, debido a que una persona puede alegar tener 15 años ejerciendo, y lo que es simplemente 15 años de graduada, debiera demostrarse con pruebas, como sentencias o identificación de números de expedientes administrativos y judiciales, el ejercicio activo de la profesión, evitando la elección de personas que no fueran propiamente capaces en el cargo. -Tener título universitario de postgrado en materia jurídica; respecto a este requisito en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevé en su articulo 37 numeral 8 que puede ser especialización, maestría o doctorado en el área de ciencia jurídica. No obstante aunque no se señalado debería exigirse que el mismo título postgrado, emanara de universidad reconocida, ya que en la actualidad existe varias universidades extranjeras que de modo deficiente, otorgan esta clase de títulos. -También pueden ser elegidos aquellos sujetos que han fungido de profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; es decir el profesor a optar por este cargo debe tener estabilidad para realizar los respectivos ascensos, por lo tanto los profesores contratados no pudieran tomarse en cuenta. - O ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, en este sentido es destacable que el juez debería ser titular, quedando excluidos aquellos que siendo provisorios, o accidentales, temporales, o suplentes ocuparan, el cargo, porque no podría contarse dicho tiempo si el candidato hubiera sido 14 años alguacil y apenas un año juez superior, tendría que tener toda su carrera como juez. 4. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia , en su artículo 37 prevé aparte de los requisitos ya enunciados los siguientes: Renunciar a cualquier militancia político-partidista -Estar en plena capacidad mental, es decir no puede tener problemas mentales de ningún tipo. -No haber sido condenado penalmente mediante sentencia definitivamente firme ni haber sido sancionado por responsabilidad administrativa de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante acto administrativo definitivamente firme. -Renunciar a cualquier militancia político-partidista, - No tener vínculo, hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercer grado de afinidad, con los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, con el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la República o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras del Ejecutivo Nacional, el Fiscal o la Fiscal General de la República, el Defensor o Defensora del Pueblo, del Defensor o Defensora Público General, el Contralor o Contralora General de la República, los Rectores del Consejo Nacional Electoral y el Procurador o Procuradora General de la República. * No estar unido por matrimonio ni mantener unión estable de hecho con alguno de los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. * No realizar alguna actividad incompatible con las funciones y atribuciones de los Magistrados o Magistradas de conformidad con la ley. Deficiencias Aun siendo requisitos que a simple vista, su cumplimiento se torna de fácil ejecución, en la práctica, ante su carácter abstracto y genérico, pueden presentar violaciones al momento de su cumplimiento cabal. Debe destacarse que aunque la Ley, ni la Constitución no mencionan la prohibición de ser reelegido en periodo distinto un magistrado que ya previamente lo haya sido, ni que se encuentra prohibido que el Vicepresidente Ejecutivo de la República o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras del Ejecutivo Nacional, el Fiscal o la Fiscal General de la República, el Defensor o Defensora del Pueblo, del Defensor o Defensora Público General, el Contralor o Contralora General de la República, los Rectores del Consejo Nacional Electoral y el Procurador o Procuradora General de la República, y diputados o diputadas, activos puedan ser nombrados por destitución o renuncia inmediata de sus cargos como magistrados, dado que ante la flexibilidad comprobada, las actuaciones de dichos magistrados pueden verse alteradas por diversas tendencias políticas cuando, el rol del magistrado debe ser imparcial. Por Abog. Juditas Delany Torrealba Dugarte Vía Tecnoiuris Publicadas por
Comisión del TSJ analizará situación de juzgados de Barinas
La información fue suministrada por personeros nacionales de la institución. Se conoció, de manera extraoficial, que las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, así como de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, habrían acordado la conformación de una comisión multidisciplinaria, la cual tendría como responsabilidad viajar al Estado Barinas para realizar un diagnostico sobre la situación de la infraestructura física de los juzgados civiles, mercantiles y de menores de la región, a fin de elaborar el proyecto que permita la adecuación de estos espacios a los requerimientos actuales. De acuerdo a la información suministrada, entre las edificaciones que serán objeto del estudio por parte de los expertos que conformarán la referida comisión, estaría el Edificio Macri, ubicado en la Avenida 23 de Enero de la ciudad marquesa, diagonal a la Plaza El Estudiante, en virtud de las innumerables denuncias existentes en torno a las pésimas condiciones de dichas instalaciones, cuestión que habría incidido en el retardo procesal de muchas causas. Se indicó que el Macri presenta serias deficiencias en cuanto a servicios básicos y que, además, ya el ascensor habría cumplido su tiempo útil, razón por la cual permanece la mayor parte del tiempo dañados. Asimismo, se dijo que serán revisados los despachos del Edificio Don Pepe y de otras infraestructuras, con el objeto de volver a plantear la posibilidad de construir la Ciudad Judicial, proyecto que fue considerado hace algunos años, pero que, lamentablemente, no pudo concretarse, debido a hechos de presunta corrupción administrativa. fuente: diariodebarinas.com Publicadas por
La ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida o simplemente Ciudad de Mérida es la capital del del estado Mérida y una de las principales localidades de los Andes venezolanos. Fue fundada el 9 de octubre en 1558, por el capitán Juan Rodríguez Suárez, formando parte de Nueva Granada. En 1622, Mérida pasó a convertirse en la capital de la Gobernación de Mérida, y el máximo mandatario de la misma estableció allí su residencia. La ciudad y la gobernación formaron parte de la Nueva Granada hasta el año 1777, momento en que pasaron a integrar la Capitanía General de Venezuela. La ciudad fue elevada al estatus de Sede Episcopal en el año 1785. Esto dio lugar a la creación de un seminario, que en 1811 se convertiría en la Universidad de Los Andes (ULA). La ciudad se ubica en la parte central de la cordillera andina venezolana, en una amplia terraza del valle medio del río Chama, entre la Sierra Nevada de Mérida por el sur-este y la Sierra La Culata por el norte-oeste. El casco histórico de la ciudad se ubica en la meseta de origen aluvial llamada Tatuy. La hidrografía de la ciudad se compone de 4 ríos principales y algunas quebradas menores en las zonas menos urbanizadas, estas últimas solo llevan un caudal apreciable en las épocas de mayores precipitaciones. El río más importante es el Chama, seguido por el río Albarregas, que atraviesa la meseta y la divide en dos partes: la Banda occidental y la Banda oriental. Estos afluentes recorren la ciudad de extremo a extremo. Los otros dos ríos principales, son el Mucujún y el Milla, que se unen a los antes mencionados. En la parte baja de la ciudad, se ubica la laguna La Rosa, una de las 200 lagunas del estado Mérida. El valle en donde se ubica la ciudad se formó hace aproximadamente 60 a 40 millones de años con la formación de los Andes venezolanos y la continua erosión de los mismos por la hidrografía presente. Sus suelos son de tipo sedimentario aluvial y arcillosos. Por debajo de la ciudad pasa la mayor falla tectónica activa del occidente del país, la falla de Boconó que forma parte de la Placa suramericana. La vegetación en el interior de la ciudad está integrada por árboles de copa media a alta y helechos (Pteridophyte), ubicados principalmente en torno a la cuenca del río Albarregas. En la periferia de Mérida, se divisan zonas no urbanizadas, donde predominan formas de vegetación características de sub-montaña y selva estacional. Por otro lado, se extienden por el sur vastos bosques de coníferas, plantados hace varios años. Hacia el norte y el este, se localiza a su vez la Selva nublada. Mérida es centro de numerosas plazas antiguas, casas coloniales, iglesias y demás estructuras edilicias históricas que conforman sus principales sitios de interés. Además, el desarrollo educativo de la ciudad, promovido por su principal universidad (ULA), ha contribuido a la creación de museos, bibliotecas y centros de estudios y observación, como el Centro de Investigaciones de Astronomía ubicado a algunos kilómetros de la ciudad y que sirve a la observación espacial. La gastronomía de la región tiene notables diferencias con el resto de la gastronomía nacional. Entre los más destacadas se encuentra la arepa andina, siendo una variante de la arepa tradicional venezolana hecho a base de harina de trigo. Esta diferencia de materiales para su preparación se debe principalmente al hecho de que la región andina era una de los únicos lugares del país donde se cosechaba el trigo en el pasado. Otros platos notables son la pizca andina (Mérida, Táchira y Andes colombianos), una sopa a base de papa, leche, cebolla larga y perejil. Otros platos importantes son preparados a base de la trucha, el único pescado de la región. En platos dulces la gastronomía de la ciudad se destaca con los típicos dulces abrillantados hechos a base de leche y otros ingredientes. Éstos son de tradición histórica, y su procedencia se atribuye a los conventos, donde eran preparados en el siglo XIX. También se consiguen los alfajores, aliados y almojabanas (orígenes colombianos), en bebidas la chicha de Maíz, Mistela (con variaciones), Leche de Burra (ponche andino),y fresas con crema. Asimismo, cuenta con una gran cantidad de atractivos turísticos naturales, lo cual lo hace ser una potencia turística en la región andina. Con un típico clima de montaña debido a la condición de estado andino, cuenta con innumerables paisajes, entre los más conocidos están el Parque Nacional Sierra Nevada, el Pico Humboldt, Aguas termales de Santa Apolonia, El Velo de la Novia, Parque Natural Cascada De La India Carú, Parque Natural Cascada El Guayabal, Parque Nacional Tapo-Caparo, el Pico Espejo y el Monumento Natural Meseta la Galera. Por Daniela Pérez AVN Publicadas por
Presupuesto 2011 para la ULA tiene un déficit superior a 954 millones
El Vicerrectorado Administrativo de nuestra Universidad, a través de la Dirección de Presupuesto, constató que el presupuesto para el año entrante de la institución sea aún más deficitario que el actual, debido a que además de no contemplar el índice de inflación ni actualizar la unidad tributaria, obvia un sinnúmero de urgentes necesidades, por lo que en el Consejo Universitario extraordinario realizado el martes en la noche en las oficinas de la Dirección de Servicios de Información Administrativa, la mayoría de los integrantes del máximo órgano decisor lo aprobó bajo protesta. La Dirección de Presupuesto, encargada de explicar detalladamente la situación financiera a los consejeros universitarios en la reunión extraordinaria del Consejo Universitario que se prolongó hasta las 10:00 de la noche del martes, explicó que, para satisfacer sus necesidades y no contraer deudas, la Universidad de Los Andes requiere para el 2011 de un presupuesto de 1 millardo, 852 millones, 580 mil 106 Bs.F, siendo sin embargo, la cuota presupuestaria asignada por el Ejecutivo Nacional de 898 millones 23 mil 342 Bs.F, lo que arroja una diferencia de 954 millones 556 mil 764 Bs. Para simplificar la explicación, la Dirección del Vicerrectorado Administrativo hizo uso de los porcentajes, informando que, se recibirá un 48% de lo solicitado, quedando un déficit de 52%, lo que a duras penas alcanzaría para funcionar 6 meses del próximo año. Continuó explicándose que, parte de lo asignado para el 2011 irá destinado a pagar el aumento salarial del 30% que antes no estaba incluido y que el Ministerio de Educación Universitaria, a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto (Opsu), enviaba aparte la nómina de todo el personal docente, administrativo, técnico y obrero, el salario mínimo para quienes antes estaban remunerados por debajo de esa cantidad, el bono vacacional, el beneficio de alimentación o cesta ticket a 32,50 BsF, 8.5% para empleados y docentes, pago del fideicomiso y gastos de funcionamiento que incluye transporte, comedores, servicios públicos, entre otros. Se considera que, con un ejemplito muy sencillo se pudiera entender mejor la situación, diciendo que: “es como si se hubiera entregado a alguien 400 BsF para hacer un mercado en el año 2007 y se pretenda que con esa misma cantidad esa persona compre el mismo mercado y además, incluya otros ítems, lo cual resultaría imposible”. Ante esta diferencia presupuestaria, la ULA va a solicitar a la Opsu que, vía insuficiencia, reconozca el déficit porque de lo contrario, nuestra máxima casa de estudios estará en peores condiciones que este año, no pudiendo cubrir los gastos mínimos en materia de salud, investigación y docencia. Ya sabemos que Camiula está colapsada, que los comedores dejarían de funcionar en pocos días, que existe la necesidad de una estabilidad para el personal contratado, que el vestuario del personal obrero no satisface las mínimas necesidades para laborar, que a los vigilantes no se les ha cancelado el bono nocturno, que no existe una política de reposición de cargos, que las dependencias no tienen recursos para funcionar y que unido a ello, el sector universitario goza de un sueldo que raya en la miseria por un acto de simple injusticia. Se acaban de aprobar unos créditos adicionales, esperaremos noticias de a donde serán direccionados los recursos, porque si a ello vamos: “la política del aguante también tiene sus límites”. (Prensa ULA, Diario de Los Andes, 08.10.2010, http://diariodelosandes.com/content/view/133276/105888/) Publicadas por