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Timestamp: 2020-01-19 01:33:22
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 53', 'artículo 10', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 56', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 56', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 35', 'artículo 16', 'artículo 55']

DS. Senado, Comisiones, núm. 143, de 11/06/2001
Año 2001 VII Legislatura Comisiones. Núm. 143
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANGEL CARLOS BERNALDEZ RODRIGUEZ
celebrada el lunes, 11 de junio de 2001
--Dictaminar el Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional (Número de expediente 621/000024).
Los señores portavoces han recibido las actas de las sesiones celebradas el día 23 de mayo y 6 de junio de 2001. ¿Hay alguna objeción? (Pausa.) Quedan aprobadas por asentimiento.
Ruego a la señora Letrada que compruebe la asistencia de los señores Senadores.
Por la señora Letrada se procede a la comprobación de los señores y de las señoras Senadores presentes.
El señor PRESIDENTE: Punto único del orden del día: Dictamen del proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional.
La Ponencia encargada de informar sobre dicho proyecto de ley, reunida el día 6 de junio de 2001, ha elevado a esta Comisión, como informe, el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La ordenación del debate se realizará de la siguiente manera: En primer lugar, debate de las propuestas de veto, para lo cual habrá un turno de defensa para cada una de ellas y un único turno en contra, pudiéndose abrir a continuación, si así lo solicitan sus señorías, un turno de portavoces. A continuación, procede efectuar la votación de las cuatro
propuestas de veto. En caso de que ninguna de éstas prosperase, correspondería pasar al debate de las enmiendas, para lo cual habría un turno en el cual cada grupo parlamentario, de mayor a menor, defenderá en bloque las enmiendas que haya presentado a todo el articulado. Para concluir, habrá un único turno en contra de todas las enmiendas.
De acuerdo con esta ordenación, pasamos al turno de defensa de los vetos, comenzando por el primer veto.
El veto número 1 corresponde a don Manuel Cámara Fernández y a don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, y para consumir un turno de veinte minutos, tiene la palabra el Senador Cámara Fernández.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Buenos días. Gracias señor Presidente.
Lo primero que se me ocurre es exponer que mi estado de ánimo sería diferente si mi idea de lo que va a ser esta Comisión indicase que aquí y en el siguiente Pleno, donde se va a discutir el Plan Hidrológico Nacional, existiese alguna posibilidad de que se produjera algún acuerdo, alguna idea de síntesis que permitiese abordar el problema con entusiasmo y, por otra parte, con generosidad. Pero mucho me temo, por lo que he oído, que el Plan Hidrológico Nacional, tal y como está diseñado y redactado, va a ser admitido por la mayoría política sin ninguna aportación o enmienda. Y ojalá me equivoque.
Tenía tres guiones, uno amplio, que es el del veto que tienen en su poder. Otro mediano, y otro cortito. En función de ese ánimo que me indica --insisto-- mi percepción de que los argumentos van a servir aquí de poco, me voy a reservar el guión gordo para el Pleno, y voy a asumir el guión chiquitito, para no cansarles.
Voy a empezar diciendo que el Plan Hidrológico Nacional es una oportunidad perdida para haber abordado, de una vez por todas, la modernización de la gestión del agua en su concepto integral.
En nuestra opinión, el Plan Hidrológico Nacional no se ha abordado con criterios de planificación y evaluación estratégica ambiental, y esto tiene que ver con otros debates que hemos mantenido aquí recientemente.
Tanto el documento como todo el proceso de negociación en el Consejo Nacional del Agua se han centrado en la inversión en obras, no en medidas de ahorro y eficiencia, de racionalización y gestión de la demanda, elemento central y fundamental en nuestra posición. El Plan Hidrológico Nacional, desde el punto de vista ambiental, es, en nuestra opinión, muy dañino, afectando severamente al hábitat, a dehesas, a estepas, a humedales, a deltas, a ecosistemas de ribera, etcétera. Y también a la fauna, con especial énfasis en la ornitología vinculada al delta del Ebro, avícola y piscícola, que se verán seriamente amenazadas. El Plan Hidrológico Nacional remite a la vieja tradición trasvasista y pro embalses que hoy no sólo resulta obsoleta y anticuada sino que es ampliamente rechazada en el contexto europeo.
El trasvase del Ebro, en nuestra opinión, es una auténtica aberración que no puede corregir el déficit hídrico del Levante y conlleva daños severos para el ecosistema del delta y del Pirineo en su conjunto.
Queremos resaltar que el punto de acuerdo de toda la organización --al menos nosotros tenemos un nivel de coherencia, con alguna opinión diferente, como es lógico y natural-- viene dado por esa cohesión, por la convicción profunda del conjunto de nuestra posición de que los grandes trasvases intercuencas no son la solución al problema del agua.
En términos económicos, el Plan Hidrológico Nacional es inviable, ya que los costes del metro cúbico oscilarán en Levante entre 130 y 170 pesetas, con lo que el manido argumento de la sed del agro queda dañado. A esos costes, los agricultores no podrían pagar el agua.
Falta efectuar la integración de la directiva-marco del agua, de la Unión Europea, no hay estrategia nacional, y falta --olvido imperdonable, por cierto-- el concepto ecológico de las cuencas; no integra tampoco la Directiva Hábitat --artículo 6 del Real Decreto de 2000--, y en absoluto el Plan Hidrológico Nacional se trasversaliza con otras políticas ambientales. Descuida de forma flagrante los aspectos relacionados con la calidad del agua; no hay medidas contra los vertidos. Cuando en el Estado español un tercio de los cauces están contaminados y se producen 60.000 vertidos directos y 240.000 indirectos, se ignora igualmente la contaminación difusa, vinculada al empleo, de pesticidas y abonos por ejemplo, y no contiene un plan vertido cero.
En términos estrictamente políticos, el Plan Hidrológico Nacional no ha sido ni participado, de verdad y en serio, ni democrático. No ha sabido distribuir el presupuesto entre todas las Comunidades Autónomas y se mantiene la lógica de la oferta; es decir, consumir y consumir más agua.
El Plan Hidrológico Nacional olvida que el agua es un bien social como elemento central, al menos desde nuestra concepción.
En materia de ordenación del territorio, el Plan es el anuncio de la desestructuración, del desequilibrio territorial y del ecosistema, estableciendo una jerarquización que, bajo el uso demagógico e insostenible de la solidaridad, prima unas zonas sobre otras.
En fin, señorías, este Plan ha sido diseñado a medida de un modelo de globalización económica, basado en el uso del agua para las actuaciones más rentables: la agricultura intensiva y los procesos de especulación urbanística. El modelo, bajo nuestro punto de vista, es peligroso y presenta impactos globales, porque se orienta hacia la máxima productividad y la intensificación, lo que supone que es insostenible y muy dañino en términos ambientales. Pero, a la par, es socialmente injusto, porque además va destinado fundamentalmente a zonas donde se emplea mano de obra barata o semiesclava, etcétera, y no quiero desarrollar mucho más. En cualquier caso, efectivamente en el Pleno expondré por qué digo esto, ya que efectivamente existe ese concepto intensivo de la productividad que hace posible todo lo que estoy comentando, desde el punto de vista social.
Nosotros en el veto no solamente hacemos la crítica, sino que planteamos una serie de propuestas concretas y
precisas que ustedes tienen en su poder, y que yo podría enumerar, pero he dicho que sería breve en la exposición de este tema. En cualquier caso, haré una última apreciación. Está claro que en las políticas que se están diseñando en todos los sentidos en los últimos tiempos se plantea un desequilibrio territorial inmenso; es decir, en mi Comunidad Autónoma, en la zona donde yo vivo, Baleares, en toda la cuenca del Mediterráneo hay inversiones, se hacen trasvases, pero se está olvidando que España es algo más que eso, porque se está pensando fundamentalmente en procesos intensivos en agricultura, se está pensando en la construcción de viviendas, hoteles, etcétera, y éste es realmente un modelo insostenible desde el punto de vista ecológico y medioambiental. Es por eso que nos oponemos a este Plan Hidrológico Nacional; daremos más argumentos en el Pleno; tenemos una alternativa planteada en el propio veto, y se expondrá igualmente en el Pleno con más profusión de datos.
Siguiendo la normativa preestablecida, corresponde ahora la defensa del veto número 2. Tiene la palabra el Senador Quintana González.
Intervengo para defender nuestra propuesta de veto que se sustancia en la defensa, al mismo tiempo, del modelo de Plan Hidrológico que nosotros consideramos sería necesario y que se contrapone al proyecto que el Gobierno nos presenta.
Consideramos el Plan Hidrológico como una medida indispensable dentro de un proyecto de ordenación territorial, de un ordenamiento de cultivos, y sobre todo que partiera de la premisa fundamental de considerar al agua como un recurso natural a proteger. Precisamente el convencimiento que tenemos sobre la necesidad de un plan hidrológico de estas características nos hace situarnos en contra del proyecto que se nos presenta, que parte de la consideración no del agua como un recurso natural, sino como un bien únicamente utilizable desde una perspectiva productivista.
Consideramos que el Plan Hidrológico está exento y carente de un diseño de ordenación territorial que haga posible la utilización del agua desde una perspectiva sostenible, y eso explica que en su diseño el Plan Hidrológico fundamente su teorización básicamente en aportaciones hídricas entre diferentes cuencas, sin pararse casi para nada en el diseño y en la gestión intercuenca, fundamental para poder pasar después al siguiente estadío de relación entre ellas.
Al no existir este estudio detallado en cada cuenca y únicamente tener como premisa la cuantificación de los hipotéticos trasvases necesarios entre los diferentes territorios, como resultado de eso no sólo se producen muchas disfunciones en el proyecto, sino que Comunidades Autónomas como la gallega quedan totalmente apartadas de este proyecto.
Seguramente se sigue una vez más en este proyecto hidrológico la premisa --que algún día defendió en esta misma Cámara y en este mismo lugar algún ministro del Gobierno-- de que Galicia no tiene problemas de agua, entre otras cosas porque llueve mucho. Nosotros pensamos que no es así, que aunque llueva mucho una Comunidad Autónoma como Galicia precisa de un proyecto hidrológico que permita la utilización del agua para el uso doméstico y para el uso agrario; este proyecto no lo hace y eso explica también que, a pesar del importante aporte hídrico que la Comunidad Autónoma hace en el conjunto estatal, menos del 3 por ciento de las inversiones de este proyecto sean las dedicadas a nuestra Comunidad, y dentro de esas inversiones no aparece absolutamente ninguna para la modernización necesaria de determinados regadíos, esenciales para el desarrollo de diferentes comarcas agrarias.
Y eso, a pesar de que en el propio proyecto y en su enunciado se manifiesta como una necesidad y una prioridad la modernización de regadíos existentes antes de la creación de otros nuevos. Esta es la situación en la que se encuentran varias comarcas de nuestra Comunidad Autónoma, y aun así no son incluidas en el proyecto de inversiones de este Plan Hidrológico.
Para no extenderme más, porque tendremos tiempo de seguir hablando, aunque quizá con tan poca productividad como el propio Plan, sí diré que no parece lógico, desde ningún punto de vista, que un proyecto tan importante como éste, que ha tenido nada menos que 559 enmiendas parciales, se traiga a Comisión enviando la copia literal del texto remitido por el Congreso de los Diputados. Hemos escuchado durante el último año diferentes discursos tendentes todos ellos a promover la vitalidad de esta Cámara, y los últimos de ellos son los que excluían la posibilidad, hace tiempo, de una reforma constitucional y también de una reforma reglamentaria, basando todas las expectativas de vitalidad del Senado en la vía de los hechos, es decir, que esta Cámara pudiera discutir aquellos temas importantes que afectaran al conjunto del Estado y que por su categoría territorial así lo precisaran.
Posiblemente tendremos pocas oportunidades de discutir en esta legislatura un proyecto con tanto calado territorial como puede tener el Plan Hidrológico Nacional --tampoco hemos tenido la posibilidad de discutirlo en la Comisión General de las Comunidades Autónomas--, y ahora que tenemos que discutir el proyecto de ley, ni siquiera una sola de las 559 enmiendas presentadas tiene ni para la mayoría de la Cámara ni para el Gobierno la suficiente entidad como para ser la mínima aportación que este Senado podía hacer al proyecto. Desde luego, la vitalidad de la Cámara, a este paso, está totalmente garantizada.
Para no cansar a sus señorías, mantenemos el veto e intentaremos esmerarnos en la defensa de las enmiendas parciales, a ver si en aquel terreno tenemos mejor suerte.
Para defender la propuesta de veto número 3, correspondiente al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Aleu.
El motivo de la presentación del veto es porque nuestro Grupo parte de que el agua debe ser tratada con unos principios y con unas consideraciones distintas de cómo está tratada en el proyecto de ley actual. El modelo ha sido suficientemente expuesto en los debates que ya se han producido en el Congreso y nosotros nos remitimos a las enmiendas que están presentadas y a las justificaciones que hemos añadido para defenderlas. Por lo tanto, en este momento doy por defendido el veto y todas las enmiendas de nuestro Grupo.
Pasamos a continuación a la defensa del veto número 4, correspondiente al Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa del mismo tiene la palabra su portavoz, el Senador Bella Galán.
Señorías, permítanme que para la defensa del veto que hemos presentado haga referencia, en primer lugar, a un manifiesto ampliamente divulgado en los últimos días con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, donde sus señorías del Partido Popular hacen unas declaraciones a través de las cuales dicen que el medio ambiente es un compromiso por encima de cualquier posición personal o colectiva; que el medio ambiente supera territorios y Estados; que el medio ambiente está por encima de intereses económicos y sociales, y que el medio ambiente trasciende épocas y generaciones.
A todo esto añaden, además, que en España, con la creación del Ministerio de Medio Ambiente y la política de mejora del entorno y de solidaridad interterritorial, están aportando un modelo de sostenibilidad.
Indudablemente, esto debería de afrontarse como una evidente contradicción entre estas declaraciones, que son siempre bastante ampulosas por parte de sus señorías del Partido Popular, y la realidad que hoy nos está tocando vivir en esta Comisión de Medio Ambiente.
Y digo lo de la contradicción porque, si realmente estamos abordando un tema de tantísimo interés, reflejado en un proyecto de ley relativo a cuestiones medioambientales que va a ser el más importante que se va a abordar en esta legislatura, no parece que el procedimiento que se haya utilizado para tramita el mismo dé respuesta a ese tipo de planteamientos que se hacen en esas declaraciones.
¿Cómo es posible que en esta Cámara --precisamente una Cámara de representación territorial-- basten treinta segundos de una Ponencia para dirimir cuál va a ser el futuro de las más de 500 enmiendas que se han presentado a este proyecto de ley? Además, se trata de una ley que, por otra parte, cabría asegurarle como mínimo, para que fuera eficaz, un futuro en torno a 20 ó 25 años.
Por lo tanto, evidentemente, hay ciertas contradicciones que se ponen en evidencia por el propio debate formal de las cosas, y por eso he querido comenzar mi intervención de esta manera.
Nosotros hemos presentado un veto basado en varios aspectos fundamentales. El primero de ello, es el grado de acuerdo con el que el proyecto de ley se presenta. Es un grado de acuerdo que no tiene, lógicamente, esa sensación de poder superar generaciones, tiempos o territorios, si no todo lo contrario. Se trata de un acuerdo mínimo, un acuerdo que no tiene tal categoría y que pasa a formar parte de un articulado impuesto al margen de la opinión de las Comunidades Autónomas, al margen de la Comisión de Comunidades Autónomas de este Senado de Comunidades Autónomas y de cualquier otro tipo de acuerdo que se le haya podido buscar.
Al mismo tiempo, la visión del territorio español con la que se presenta este proyecto es una visión simple, no se procura un equilibrio territorial hacia esa población de interior que es necesario, ni tampoco entre los objetivos fundamentales se establece ese bien social que puede propiciar un recurso tan importante como es el agua.
Por si eso no fuera suficiente, la valoración medioambiental de todas las actividades o acciones que se propone a través de la ley no se ha hecho.
No se sabe cuál va a ser ni se establecen las consecuencias de esa aplicación. Sencillamente se opta por una concesión desarrollista, y ya veremos qué es lo que depara en el futuro.
Además, nos aislamos de esa política que ustedes dicen que medioambientalmente tiene que sobrepasar los Estados y no aplicamos las políticas europeas en temas de agua a esta misma ley.
Además, hay algo que parece fundamental y que este portavoz ha utilizado como argumento en innumerables ocasiones cada vez que hablamos de los temas ambientales, y es que estas cuestiones tienen que estar sujetas siempre a una amplia participación. Yo he dicho en alguna ocasión que no se puede confundir participación con consulta. La consulta es poner un documento encima de la mesa y recabar opiniones sobre él. La participación es distinta. La participación es elaborar ese documento entre todas las partes para que realmente ese documento tenga posteriormente una vida en el futuro. Esa participación, que hoy por hoy forma parte de todas las políticas ambientales, ustedes las han obviado totalmente.
Estamos ante un tema que indudablemente pasa por tres fases. La primera de ellas tendría que haber sido un diagnóstico claro y evidente de la situación del agua en España, cosa que a estas alturas creo que no tienen absolutamente nada claro. No se sabe cuáles son las posibilidades de ahorro que podría haber si se gestionasen bien todos los recursos, ni qué recursos se podrían agrandar en función de un diagnóstico bien realizado en torno a los distintos usos del agua.
A continuación, se establecen unos objetivos que ustedes mismos marcan en la ley como tendentes, primero, a alcanzar un buen estado del dominio público hidráulico; segundo, a gestionar la oferta, satisfacer las demandas, procurar mantener la calidad a lo largo del tiempo y lograr el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, y, por último, reequilibrar las disponibilidades
del mismo recurso. Ninguno de esos objetivos encuentra reflejo en el articulado de la propia ley ni en sus intenciones.
Por lo tanto, entran en una serie de contradicciones importantísimas.
Hablan de un plan de gestión del recurso y, en realidad, lo que hacen es un plan de obras. Hablan de una lógica de la sostenibilidad que luego no demuestran porque el modelo que proponen socialmente no es equitativo, económicamente no es eficaz y ambientalmente es totalmente insostenible; luego esos grandes objetivos de integración y equilibrio territorial no tienen apenas reflejo en ninguno de los artículos que proponen en la propia ley.
Respecto al futuro --consideración ésta que forma parte de sus grandes declaraciones--, ni se contemplan las repercusiones que pudiera tener el cambio climático en toda la regulación que hacen del recurso ni tienen intención de hacerlo.
Por lo que se refiere a las consideraciones ambientales --ya se lo hemos dicho con anterioridad--, ¿qué impactos se van a provocar? ¿Cuántas de las obras que proponen como plan se van a paralizar porque no superen estos estudios de impacto ambiental? Respecto a la reutilización y el ahorro, cuestión ésta que también es considerada en las intenciones y en los objetivos, me planteo a estas alturas si eso no tendría que ser, lógicamente, una condición previa al establecimiento de los recursos necesarios. Pues no lo hacen así.
En definitiva, entrar en el fondo de la cuestión --porque ya digo que ustedes han planteado este debate sólo en la forma, ampliado desde un punto de vista mediático y con la única intención de enfrentar a Comunidades y a ciudadanos de este país-- casi carecería de interés después de haber podido asistir a la constitución de la Ponencia y la sesión de la misma más breve de la historia de esta Cámara para debatir una de las leyes más importantes que se podrán debatir a lo largo de esta legislatura.
Hay grandes diferencias entre el modelo que nosotros proponemos y el que ustedes proponen. No se aborda el tema de las concesiones con interés, la trasposición de las normas europeas no se consideran y no se transforman las confederaciones y los órganos de gestión del agua. Todo ese tipo de cuestiones sólo se resumen, como digo, en un debate formal en el que se plantea una solución que tendrá que venir, según ustedes, en un plazo de diez o quince años a la Comunidad Valenciana, a Murcia o a Almería. ¿Por qué no abordar ese tema ya, con inmediatez? O lo que le plantean a la Comunidad de Aragón cuando hablan de que una vez resuelto el pacto del agua, que tiene serias implicaciones también de carácter legal, se pondrán en marcha el resto de las actuaciones. Creo que, en definitiva, lo único que hacen es incumplir los propios objetivos que ustedes establecen y faltar a los principios que ustedes mismos determinan.
Porque si se habla de financiación, se dice que económicamente no es eficaz. Hablan ustedes de inversiones por más de cuatro billones de pesetas de cara al año 2008, pero también hablan del área de Cataluña, de Galicia, Valencia, de autovías, de ferrocarriles, de aeropuertos y de déficit cero. Pienso que todo eso deberá tener una consideración general.
Y por supuesto, hay algo que sigue sin estar presente ni en el espíritu ni en la letra de lo que redactan las señorías del Grupo Parlamentario Popular: el desarrollo sostenible. Es algo con lo que se les llena la boca a algunos de sus dirigentes y responsables aunque después eso tiene poco reflejo en las actuaciones prácticas, pero lo cierto es que forma parte de una de ellas.
Para un único turno en contra de los cuatro vetos tiene la palabra el Senador Sopeña por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor SOPEÑA VELASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Hemos escuchado la argumentación a las enmiendas de veto presentadas por el BNGA-IU del Grupo Mixto, Entesa Catalana y Grupo Parlamentario Socialista, todas ellas con denominador común. Incluso algún portavoz ha dicho explícitamente que es su intención reservar su argumentación para el Pleno. Pues bien, en ese sentido yo voy a seguir precisamente ese camino que han marcado los portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra entrando únicamente en las cuestiones que ellos han tenido a bien plantear en esta Comisión.
También ha habido un denominador común tanto en los planteamientos de las enmiendas de veto del Grupo Mixto como en los del Grupo Parlamentario Socialista, referido a la falta de participación que en todo momento ha habido en la tramitación de este proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional, pero yo quisiera recordarles que estamos precisamente en el caso contrario. La tramitación de este proyecto de ley comenzó en el mes de septiembre del año pasado con el debate a que fue sometido en el Consejo Nacional del Agua. Ha habido innumerables reuniones de trabajo y debate --lo subrayo-- por parte del Ministerio con 55 Comunidades Autónomas, con 36 usuarios, con 31 ayuntamientos, con asociaciones, sindicatos, empresarios, asociaciones profesionales, ecologistas, con 13 partidos políticos, etcétera.
De las miles de alegaciones que se presentaron al Consejo Nacional del Agua --fueron muchas entre otras razones porque incluso hubo periódicos que publicaron alguna propuesta de alegación--, y concretamente de sus cerca de 500 argumentos específicos, se incorporaron más del 55 por ciento ya en el momento de su presentación. En la tramitación en el Consejo Nacional se han introducido modificaciones en 48 puntos de 16 artículos de un total de 36; se han negociado y admitido más de 50 enmiendas en la tramitación del Congreso de los Diputados; hubo un amplísimo debate social mediático donde se ha querido. Pero nosotros no tenemos la culpa de que haya grupos empeñados en repetir las mismas enmiendas en una Cámara y en la otra, porque el Grupo Parlamentario Socialista presenta 334, pero al articulado tan sólo hay seis nuevas.
Entesa Catalana, de 136 enmiendas presenta solamente cuatro nuevas. Es lógico que nosotros no cambiemos de parecer porque tenemos el mismo discurso en una Cámara y en la otra.
No hay razón para que tengamos que cambiar el discurso. (La señora Martínez García: Sobra esta Cámara, está claro.) Por lo tanto, creo que no tiene sentido alegar falta de participación, de generosidad o falta de oportunidad para discutir porque esto se ha dado con creces.
Se argumenta casi de forma común por parte de los portavoces que este Plan Hidrológico es únicamente la ley, es únicamente un proyecto de trasvase, pero yo diría que es mucho más. Este Plan Hidrológico habla de desalación, de reutilización, de control de vertidos, de modernización en la gestión, de muchas cosas más, y entre otras, este Plan lleva aparejado un proyecto de inversiones de más de tres billones de pesetas sobre los que parece no haber mucho interés en hablar.
El Grupo Mixto plantea que los grandes trasvases no son la solución. Pues bien, nosotros quisiéramos conocer entonces cuál es la solución, porque este proyecto de ley está sustentado en unos estudios técnicos muy rigurosos que han necesitado de muchísimos profesionales durante muchos años para su elaboración, y también sobre un déficit estimado, y no sólo en esos estudios, sino en los de los planes de cuenca de todo el arco mediterráneo, se llega a unas cantidades de ahorro muy importantes, pero es indudable que llegamos a un punto en el que existe un déficit que no es posible solucionar si no es por la vía de trasvases intercuencas. Creo que estamos absolutamente todos de acuerdo en la presentación por parte del Gobierno de este proyecto de ley --no sólo el Grupo Parlamentario Popular sino también el Grupo Parlamentario Socialista--, como estamos de acuerdo con el proyecto de Plan Hidrológico que ese mismo Grupo ha desarrollado y publicado.
Dice el portavoz del Grupo Mixto y también otros portavoces que falta la integración de la directiva marco europea del agua y no es cierto. En primer lugar, esa directiva está pendiente de trasposición. No obstante, ya en el Consejo Nacional del Agua se modifican los artículos 2, 5, 9, 32 y 34 precisamente para dar cabida a las prescripciones de esta directiva marco del agua.
También se ha dicho que el proyecto de Plan Hidrológico Nacional no habla nada sobre la calidad de las aguas. A quien ha dicho eso le diría que se lea los puntos 1, 2 y 3 del artículo 9, donde se habla específicamente del mantenimiento y control de la calidad de las masas de agua. Se dice también que este proyecto no aborda los vertidos y tampoco es cierto. Los aborda en la disposición adicional duodécima. No obstante, éste es un tema suficientemente tratado y desarrollado en el artículo 53.4 de la Ley de Aguas. No creo yo que la Ley del Plan Hidrológico Nacional tenga que ser un compendio de todas las leyes y tratados que versen sobre el agua en este país porque hay también otras leyes.
En cuanto a la exposición del Senador Quintana, del BNGA, los argumentos son básicamente los mismos por lo que los doy por contestados. No obstante, ha hecho un planteamiento que me llama la atención. Dice que Galicia no cuenta en el Plan Hidrológico Nacional. Pues tengo que decirle que Galicia cuenta en 98.454 millones de pesetas. Si eso no es contar...
Ya quisiéramos muchos poder contar con esta generosidad de que hace gala el Plan Hidrológico concretamente en el caso de Galicia, cuya cuenca no cede ni una gota de agua, pero para la que el Plan, en su anexo de inversiones, dispone esa cantidad que acabo de decir. Es un argumento que, desde luego, uno no puede olvidar.
El señor Bella Galán, del Grupo Parlamentario Socialista, ha repetido los planteamientos de sus antecesores en lo que se refiere a la falta de negociación y dice que el Plan plantea desequilibrios en el equilibrio territorial. Yo creo que es exactamente lo contrario: el Plan vertebra enviando a aquellas Comunidades Autónomas o a aquellos territorios que tienen estrangulado su desarrollo por la escasez de agua lo que a otras Comunidades les sobra.
No se hace --dice él también-- un diagnóstico y no se conocen las posibilidades de ahorro. Yo creo que a poco que uno se tome el trabajo de leerse los documentos sobre los sistemas de explotación --los documentos que, repito, sustentan el proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional--, verá que en cada sistema de explotación y en todas las cuencas se habla de posibilidades de ahorro vía reutilización, vía modernización de regadíos, en general modernización de infraestructuras, y en todas hay una estimación de ahorro que, restado del déficit que existe ya en ese arco mediterráneo, nos lleva a la conclusión de que hacen falta 1.000 hectómetros cúbicos que sólo podrían llegar a esas zonas por la vía del trasvase. Es, desde luego, un Plan sostenible y no es necesario recordar --ya se ha dicho muchas veces-- que con aguas trasvasadas no se va a permitir, y se prohíbe taxativamente en la ley, la ampliación de superficies de regadío.
Se dice también que no se contemplan las repercusiones del cambio climático y no es cierto. No quisiera yo ahora tener que seguir aburriéndoles a ustedes con lecturas de articulados, pero se habla del cambio climático y otra vez vuelvo a los documentos que lo soportan. En la ley del Plan Hidrológico Nacional se consideran las posibles modificaciones que podrán tener lugar como consecuencia del cambio climático. ¿Qué parámetros se utilizan? Los de un Panel Intergubernamental de Expertos que depende de la ONU y que hoy por hoy parece que es quien aporta a esta discusión continua los argumentos más sólidos.
Para terminar, el señor Bella Galán comenta que hay obras en el listado del plan de inversiones que no superarán el estudio de impacto ambiental.
Yo no veo razón para llevarle la contraria al Senador Bella Galán. El listado de inversiones consta aproximadamente de 950 actuaciones; es probable que alguna de ellas no supere la tramitación de impacto ambiental, es probable que alguna se caiga y es probable que en alguna haya que pensar en actuaciones alternativas. De todas formas creo que esto no es argumento para no votar favorablemente un listado de más de 3 billones de pesetas con 950 actuaciones.
Señor Presidente, Senadores, he dado contestación más o menos a sus argumentaciones con la misma intensidad con que lo han hecho ustedes.
Como sus señorías han planteado, podemos seguir debatiendo esto en diferentes turnos o trasladar otras argumentaciones para el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Sopeña.
Finalizado el turno en contra, procede ahora abrir un turno de portavoces.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Oída la respuesta que ha dado el representante del Grupo Parlamentario Popular, cabe decir algunas cosas.
En primer lugar, no confundan ustedes negociar, concertar, con buscar los mínimos imprescindibles para sacar adelante este proyecto y, por tanto, aceptar algunos temas menores sin tocar el fondo del proyecto, negociar con algún grupo político, lógicamente, para no quedarse solos en las Cámaras e intentar sacar adelante esto con el arrope de algunas gentes.
Sin embargo les recuerdo que una buena parte, prácticamente toda, de la comunidad científica, así como el movimiento ecologista en general, plural y diverso, están en contra de su Plan Hidrológico Nacional.
En cualquier caso, es necesario recordar la conveniencia de concertar, negociar y debatir estos temas sobre todo en esta Cámara, porque afectan esencialmente a ámbitos territoriales y esta Cámara debería ser, que no lo es, una Cámara con un marcado carácter territorial; pero el paso del Plan Hidrológico por aquí va a ser bastante triste, y si no al tiempo.
Porque, tras las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, cabría preguntar: ¿son capaces ustedes de aceptar aquí, en el Senado, alguna enmienda de adición, alguna enmienda menor y, por tanto, discutirlas convenientemente? Yo creo, sinceramente, que las cartas están echadas y que, para ser claros, en esta Cámara en concreto ustedes van a hacer muy poquito caso a las enmiendas que se plantean.
Es curioso que digan ustedes que el Partido Popular no cambia el discurso en el Congreso y en el Senado y que pidan a los demás grupos que sí lo hagan. ¡Es curioso! ¿Por qué voy a cambiar yo mi discurso? ¿Ustedes no lo cambian y yo tengo que cambiar mi discurso en esta Cámara? Contéstenme a eso, porque parece un poco un insulto a la inteligencia. En todo caso, como hay algunas enmiendas, por pocas que sean, distintas a las del Congreso --por ejemplo, en mi caso, dos distintas--, discutamos esas dos enmiendas diferentes. Discutámoslas, acéptenlas, porque son mejoras fundamentalmente técnicas negociadas con el Ministerio, por ejemplo, en el momento actual, contempladas --ya lo diré después-- en el Plan Hidrológico de Baleares y que no se prevén en absoluto en este Plan Hidrológico Nacional, puesto que es mimético a lo que existía anteriormente sin tener en cuenta los cambios que se han producido en los últimos dos meses. Yo le añado eso. ¿Por qué voy a cambiar yo el discurso si estoy de acuerdo con lo que ha planteado mi Grupo en el Congreso de los Diputados? Otra cuestión. Hace muy poco tiempo en esta misma sala hubo un debate sobre el cambio climático, creo que a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, y compareció el Ministro señor Matas. Cojan ustedes el «Diario de Sesiones» de aquella jornada y verán que como justificación ante las críticas de los diferentes grupos el señor Ministro dijo que éste era un plan fundamentalmente de obras. Lo dijo él, no lo digo yo, al margen de que lo sea. Repito, al margen de que lo sea, al propio Ministro se le escapó, y ello porque ese Plan es fundamentalmente un plan de obras y no trata en profundidad --o con la profundidad que desearíamos nosotros-- la gestión del agua, y no sólo la demanda del agua, por muchas razones que he planteado aquí y en las que volveré a incidir en el Pleno.
Cuando preguntan qué modelos y qué alternativas tenemos, ustedes saben perfectamente --estén de acuerdo o no-- que junto a documentos muy voluminosos que tenemos, en el propio veto y en las propias enmiendas están nuestras propuestas, nuestras alternativas a ese Plan Hidrológico Nacional. Si quieren se las leo, pero no les quiero cansar, están escritas, las tienen ustedes en la argumentación del veto. No solamente criticamos, sino que proponemos otra filosofía, proponemos otra concepción del tema y, naturalmente, contemplamos inversiones para regulación general --los embalses-- pero muchísimo menores que las del Plan, planteamos la modernización en regadíos, el abastecimiento a todas las poblaciones --se gastan en grandes obras y sin embargo hay pueblos a los que tienen que llevar el agua en camiones, luego hace falta una mejor gestión de esos recursos tan escasos, efectivamente, en muchas zonas de este país--, y un sinfín de propuestas que concretan nuestra posición con respecto al Plan Hidrológico Nacional.
No se nos puede acusar de incoherencia o de falta de propuestas porque, como ya he dicho, lógicamente con la pluralidad y la diversidad que toda fuerza política tiene en el conjunto del Estado, Izquierda Unida tiene una posición común en su conjunto, tanto en lugares afectados por el trasvase como en los no afectados. Por tanto, tenemos coherencia, propuesta y alternativa porque pensamos que hay que gestionar esta cuestión de manera diferente a la que ustedes proponen. Pero dejo en este punto la contestación a su respuesta al veto ya que, insisto, tendremos ocasión de debatirlo en profundidad en el siguiente Pleno.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra su portavoz, el señor Arroyo.
El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señor Presidente.
Voy a exponer algunas reflexiones acerca de la postura de Coalición Canaria sobre el Plan Hidrológico Nacional para después hacer una referencia obligada a Canarias.
Nosotros consideramos que tras un siglo de sucesivos planes hidráulicos nacionales nos encontramos ahora en la fase final de aprobación del que parece ser el plan más ambicioso pero quizá también el más polémico, el denominado Plan Hidrológico Nacional, diseñado por la Ley de Aguas de 1985, cuyos apoyos previos han sido los planes hidrológicos de cuenca aprobados entre 1998 y 2000, así como el Libro Blanco del Agua.
Precisamente me voy a referir brevemente a este último que, una vez más, ha puesto de manifiesto con gran profusión de datos la desigual distribución de los recursos hídricos en el territorio español, desde las húmedas cuencas del norte a las muy secas del sureste y de Canarias. Pero la consiguiente planificación parcial por cuencas hidrográficas se ha encontrado en esta ocasión --y digo en esta ocasión porque antes me he referido a sucesivos planes hidráulicos nacionales a lo largo de un siglo-- con el Estado de las Autonomías y la coexistencia de cuencas inter e intracomunitarias, con la pluralidad de enfoques de los problemas y las soluciones desde las diversas opciones políticas y diferentes perspectivas socieconómicas territoriales.
Pensamos que tal cúmulo de realidades diversas no podía tener solución con una concepción planificadora de arriba a abajo sino que, por el contrario, sólo sería posible contando con los planes hidrológicos de cuencas a fin de alcanzar la integración, la coordinación y la compatibilidad con el Plan Hidrológico Nacional. Es evidente sin embargo por lo que ha llovido --y valga la expresión-- que desgraciadamente este objetivo no se ha logrado.
He comentado que me iba a referir a Canarias y he de decirles que si en algo es singular es en el agua, en términos de disponibilidades hídricas convencionales, aguas superficiales y aguas subterráneas conjuntamente; frente a los 1.141 metros cúbicos por habitante y año de la media española, la media de Canarias es de 233 metros cúbicos por habitante y año, es decir, solamente un 20 por ciento de la media de las disponibilidades hídricas del Estado español. En islas como Lanzarote, de 3 metros cúbicos por habitante y año, el 0,2 por ciento. Así, a nuestra generalizada aridez regional hay, que añadir una aridez extrema en algunas islas como, repito, Lanzarote.
Ante estas condiciones naturales adversas hemos tenido que basar nuestra supervivencia primero, en la austeridad en el uso de los recursos; estamos orgullosos de ser si no la que más, sí una de las Comunidades Autónomas con una cultura de ahorro de agua. Segundo, en las nuevas tecnologías, desalación y reutilización de producción industrial, principalmente y, tercero, en una autogestión hidráulica con un régimen especial que data del año 1924.
Nuestro modelo de administración hidráulica incluye un segundo nivel de descentralización, la isla, que es la cuenca hidrológica básica en las Islas Canarias, a fin de asimilar nuestras propias diferencias internas.
Por consiguiente, somos sin duda la Comunidad Autónoma más necesitada de actuaciones de interés general y no se trata sólo de una cuestión de desarrollo económico --que también lo es-- sino de nuestra propia supervivencia.
Así, en los últimos años y en virtud de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias se han venido ejecutando obras hidráulicas que están paliando nuestras desafortunadas condiciones hídricas naturales, pero nuestro nivel de garantía de abastecimiento es aún muy bajo y vulnerable.
Desde el punto de vista de Coalición Canaria el proyecto del Plan Hidrológico Nacional es conceptualmente asumible por todo lo expuesto.
Canarias es una cuenca intracomunitaria y posee la competencia exclusiva en materia de aguas que le confiere su Estatuto de Autonomía. Por tanto, el grueso del proyecto de ley referente a la coordinación de los planes hidrológicos de cuenca, las transferencias o trasvases de recursos no afectan en absoluto a Canarias. Sin embargo, y aunque no queremos ser rotundos, nos parece que en los términos en que se tratan los trasvases, y particularmente el del Ebro, se establecen las garantías suficientes y los necesarios requisitos previos a la ejecución de tan importante obra hidráulica. Pero, insisto, no queremos ser rotundos, hemos de ser respetuosos de igual forma con opciones políticas que puedan discrepar de esta posición pues somos insulares, no continentales, y no conocemos en profundidad esta problemática.
Para acabar, quiero decir que otro elemento capital del Plan Hidrológico Nacional, naturalmente menos debatido que los trasvases, es el programa de inversiones públicas a desarrollar en el período 2000-2008, que sólo se trata en un artículo y cuyas obras se relacionan en el Anexo II sin tan siquiera un presupuesto indicativo.
Nosotros hemos estudiado la documentación básica, incluso la que acompañó al Plan Hidrológico Nacional por el Consejo Nacional del Agua y en ella no se aportaba información justificativa ni descriptiva de las obras y tampoco de su presupuesto. Desde el punto de vista de Coalición Canaria consideramos que en el citado Anexo II reside la importancia del Plan Hidrológico Nacional para Canarias. Por tanto, velaremos por la adecuada instrumentación de la ejecución de las inversiones necesarias para atender las demandas en todas las cuencas hidrográficas o hidrológicas y particularmente en las siete áreas-islas que configuran nuestro archipiélago.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arroyo.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
Efectivamente, vamos a aprovechar este turno de portavoces para defender también las enmiendas que me corresponderían en el turno siguiente. Por tanto, tendré un único turno de intervención.
Con respecto al Plan Hidrológico, nuestro Grupo Parlamentario pretende una cuestión, que es dar contenido autonómico al proyecto de ley.
Nosotros habíamos presentado 18 enmiendas en el Congreso y 36 en el Senado, fundamentalmente de contenido autonómico, dirigidas a la filosofía del tratamiento del agua como dominio público del Estado, porque una cosa es la titularidad y otra la gestión. Así está establecido por sentencia. En ejecución de sentencia, esta Cámara reconoció la posibilidad de que las Comunidades Autónomas gestionaran el dominio público estatal hídrico cuando las aguas discurrieran íntegramente en el ámbito de una Comunidad Autónoma. Ello fue, insisto, en sentencia a la que se tuvo que recurrir para juzgar la constitucionalidad de la Ley de Aguas. Ha sido una política constante pues lo mismo ocurrió con la Ley de Espacios Naturales, donde también se han producido avances
importantes pero igualmente en ejecución de sentencia, es decir, por obligación de una sentencia del Tribunal Constitucional porque inicialmente se tenía una visión centralista, tanto de esta ley como de otras medioambientales.
Por tanto, la filosofía que inspira a nuestro Grupo Parlamentario es dar un mayor contenido autonómico a esta ley, que puedan participar las Comunidades Autónomas, que se les conceda audiencia, y se las pueda consultar en los diferentes mecanismos y preceptos que a lo largo del proyecto de ley se contemplan que reglamentariamente se desarrollará en lo que compete al Estado.
Tras el anuncio que ha hecho aquí el portavoz del Grupo Popular de que no se va a aceptar ninguna enmienda, repito que el espíritu de las nuestras es dar un mayor ámbito de participación a las Comunidades Autónomas. Es decir, que aunque la competencia principal sea del Gobierno, las Comunidades puedan participar en el procedimiento administrativo de conformación de la voluntad de la disposición que se vaya a elaborar. Ese es el objetivo de gran parte de nuestras enmiendas, sin perjuicio de que algunas de ellas se refieran con carácter adicional a algunas obras en el Anexo II.
Insisto en que la filosofía de nuestro Grupo consiste en que, sobre todo en esta Cámara, en esta ley haya una mayor visión de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, como proponemos a lo largo de diferentes enmiendas y preceptos del proyecto de ley, tanto cuando nos referimos al régimen de los acuíferos, como cuando hablamos de la normativa de impacto ambiental, cuando determinamos cuál es la autoridad en materia de salud pública --que no es el Estado, sino las Comunidades Autónomas competentes en ese ámbito--, o cuando proponemos, por ejemplo, que a la hora de fijar reglamentaria mente el canon del trasvase se dé también audiencia previa a las Comunidades Autónomas --no digo que éstas decidan--, algo no se prevé en el proyecto de ley.
Tampoco se prevé que las Comunidades Autónomas puedan hacer reservas hidrológicas, cuando son ellas las competentes en materia de gestión medioambiental. ¿Por qué interviene el Estado gestionando directamente el medio ambiente, cuando tiene atribuida la competencia de la elaboración de la normativa básica? Eso ya lo hace el Estado a través de esta ley, ¿pero por qué se reserva y se atribuye a sí mismo competencias medioambientales, por ejemplo, a la hora de declarar reservas hidrológicas? ¿Acaso vamos a tener que volver al Tribunal Constitucional para que, en ejecución de sentencia --porque la jurisprudencia en este caso es clara: la gestión y las declaraciones de protecciones ambientales corresponden a las Comunidades Autónomas--, siete años más tarde tengamos que proceder a la modificación de una ley de Cortes? Porque ésta es la trayectoria de esta Cámara. Así pues, apunto este otro caso de posible inconstitucionalidad, ya que el Estado se reserva directamente en una ley competencias de gestión y de protección de recursos hidrológicos. Pero una cosa es la titularidad dominical en cuanto al atentado o la agresión al dominio público y otra es la protección de un determinado espacio hídrico. Se trata de ámbitos completamente distintos y con un tratamiento competencial diferente en el bloque de la constitucionalidad. Por tanto, como digo, apunto esa posible inconstitucionalidad, que ya veremos en qué termina.
Y así podría seguir hablando en relación con todo este proyecto de ley; por ejemplo, en lo que se refiere al registro de información hidrológica, a la colaboración de las Comunidades Autónomas en la gestión de las aguas para el abastecimiento, o a la investigación, materia para la que proponemos que haya una mayor participación en el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo.
Este es, repito una vez más, el espíritu que inspira las enmiendas de nuestro Grupo parlamentario a este proyecto de ley. Pero nosotros no pedimos estas facultades exclusivamente para el Gobierno de Euskadi, sino también, por ejemplo, para los gobiernos de Murcia, La Rioja, Canarias, Aragón, o Baleares. Es decir, proponemos una visión distinta de entender la gestión hidrológica en un Estado con un sistema de distribución competencial importante.
Con esto doy por terminada mi intervención y la defensa de nuestras enmiendas. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
¿Grupo Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Servià.
El señor SERVIA I COSTA: Señor Presidente, no he entendido muy bien si tendré otro turno de portavoces de posicionamiento general, o si ésta es mi única oportunidad de intervenir.
El señor PRESIDENTE: Señor Senador, estamos en el turno de portavoces correspondiente a la defensa de los vetos. Se ha producido un turno de defensa de los cuatro vetos, después, un turno en contra por parte del Grupo Parlamentario Popular, y ahora estamos en un turno general de portavoces correspondiente a la defensa de los vetos.
Posteriormente procederá la defensa de las enmiendas, y en ese momento también podrá intervenir si lo desea.
El señor SERVIË I COSTA: En ese caso intervendré después.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Bella.
El portavoz del Grupo Popular ha dicho que durante la tramitación de este proyecto de ley se ha hablado con mucha gente, sin embargo, eso no se corresponde con el hecho de que el Plan Hidrológico tenga tan poco apoyo colectivamente hablando, porque yo no he escuchado a ninguna organización ecologista ni a muchos partidos políticos hablar de su apoyo hacia el Plan. Por tanto, o bien el diálogo no ha sido el adecuado, o bien cada uno de nosotros interpreta este tema de la mejor forma posible. En
cualquier caso, hubiera sido conveniente que todos los informes que el Ministerio solicitó, y de los cuales disponía, respecto del Plan Hidrológico hubieran salido a la luz pública desde el primer momento, ya que así habríamos conocido realmente el calado de las opiniones científicas que se han vertido sobre el mismo y todos quienes hemos sido consultado habríamos tenido los mismos datos.
Por otro lado, me sorprende mucho el papel en que el Partido Popular deja a esta Cámara en lo que se refiere a la tramitación de esta ley. Y digo esto, porque parecería como que en el Senado la única opción que nos queda sería pensar que todo el trámite se ha llevado a cabo en el Congreso, que ya se ha consultado a todo el mundo, y que aquí lo que procede es ratificarlo y adiós muy buenas. Esto pone en evidencia que todas esas grandes declaraciones de principios que sobre temas medioambientales viene haciendo reiteradamente el Partido Popular no tienen consistencia a la hora de la verdad, tanto en materia de apoyo financiero como de apoyo legislativo.
El Partido Popular niega que su Plan Hidrológico sea exclusivamente un trasvase. Así, cada vez que se dice que el núcleo central del Plan es el trasvase del Ebro sus representantes responden diciendo que no es así, pero creo que tendrían que admitir definitivamente cuál es el Plan Hidrológico que han presentado y que están defendiendo porque realmente no cabe ningún otro tipo de maniobra para interpretar otra cosa.
Evidentemente, el Plan Hidrológico que ustedes han presentado no es la panacea, y voy a ponerles un ejemplo muy concreto que puede tener ciertas implicaciones, ya que quizá aborde todos los objetivos que ustedes dicen que se plantean, para ver si lo solucionan. Me refiero al Parque Nacional de Doñana y al acuífero 27. El Parque Nacional de Doñana sobrevive gracias al comportamiento del acuífero 27. Pues bien, existen aproximadamente 1.600 hectáreas de arroz que se están regando ilegalmente con agua del acuífero 27, lo cual está mermando las posibilidades para la conservación de dicho parque. Este es un tema que no se ha resuelto todavía ni que ustedes van a resolver con este Plan Hidrológico, es decir, la realidad va seguir siendo la misma. Por tanto, este Plan no llega a todos los lugares a los que tiene que llegar, y en este caso hay implicaciones de carácter económico y conservacionista, opiniones de ecologistas, de científicos, de partidos políticos, etcétera. Así pues, repito que no crean ustedes que este Plan es la panacea que lo resuelve todo.
Dicen ustedes que dan soluciones a los distintos problemas. En este sentido, yo he comentado que al principio habría que haber llevado a cabo un amplio debate sobre cuáles son los problemas que hay que solucionar, porque podemos estar pensando que los problemas son distintos. En cualquier caso, los problemas no pueden ser exclusivamente aquellos que provengan de apetencias de carácter inmobiliario, turístico o eléctrico, o en dar más agua a quien más la pide en lugar de a quien más la necesita. Por tanto, creo que hay que hablar de solucionar los problemas de cohesión territorial, de aplicar la sostenibilidad tal y como la tenemos comprometida a nivel internacional, de que haya un reparto justo, de que realmente determinemos políticas sectoriales en función de que la planificación hidrológica que estamos haciendo sea la adecuada y, por supuesto, de que resolvamos importantísimos problemas que ya tenemos encima, como el cambio climático.
Y también me sorprende el hecho de que cuando ustedes argumentan si una Comunidad Autónoma cuenta o no cuenta, al final lo que hacen precisamente son las cuentas y curiosamente hablan de pesetas, sin aplicar ningún otro criterio. Y con ese criterio de las pesetas ustedes todavía no han contemplado los costes ambientales ni las repercusiones que los mismos van a tener en el futuro.
Para terminar, en nuestra enmienda de veto, que está en el Boletín de la Cámara, se dice: La pretensión última de esta enmienda de veto es hacerla innecesaria, pues la voluntad de los enmendantes es sustituirla por un acuerdo que permita la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional en el que se integren las nuevas propuestas de política de agua.
Compare usted, señor portavoz del Grupo Popular, la intención de mi Grupo con este veto con la suya. Sencillamente, estamos poniendo el veto a su disposición para poder llegar a un acuerdo, pero su respuesta, insisto, ha consistido en 30 segundo en Ponencia y en no admitir ninguna enmienda hasta el momento.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el Senador Sopeña.
Intervengo brevemente, porque en el turno de portavoces se han repetido muchos de los argumentos de las intervenciones anteriores.
El Senador Cámara habla sobre los planteamientos y apoyos de la comunidad científica a este proyecto de ley en el seno del Consejo Nacional del Agua. No es cierto que la mayor parte de la comunidad científica se posicionara en contra del contenido del proyecto de ley. Concretamente, el Ministerio encargó trabajos a ciento treinta especialistas, siendo el 67 por ciento de los dictámenes favorables y el 33 por ciento desfavorables. Es cierto que en el Consejo Nacional del Agua los grupos ecologistas votaron en contra. Sabemos que estuvieron a punto de abstenerse, pero si uno lee las actas y sus manifestaciones --muchas de ellas públicas-- es fácil comprobar que han reconocido importantes mejoras medioambientales respecto al Plan Hidrológico del año 1993. Sobre las afirmaciones de que el Plan Hidrológico Nacional es un trasvase --concretamente, se refiere a unas palabras que yo no recuerdo y que usted pone en boca del señor Ministro con motivo de una comparecencia ante esta Comisión--, creo que todos sabemos, porque lo hemos leído, que en el Plan Hidrológico Nacional se propone acometer un trasvase como única solución para llevar agua a zonas deficitarias y después se habla de estudiar ahorros y de hacer planteamientos alternativos de desalación, de reutilización, de mejor gestión, etcétera. Evidentemente, se contempla el trasvase. Pero el Plan Hidrológico
Nacional también tiene en cuenta en su articulado el buen estado ecológico de las aguas, la Directiva Marco 2000/60, los estudios de impacto ambiental, las reservas hidrológicas por motivos ambientales, los caudales ambientales, la gestión de sequías, los humedales la sensibilización y educación en temas del agua, el plan integral del Delta del Ebro, los vertidos, etcétera. O sea que habla de más cosas, el que tenga interés que lo lea y el que pretenda obviarlo pocos argumentos tendrá para hacerlo.
Lógicamente, no está todo en el Plan Hidrológico Nacional. No podría estarlo. El Plan Hidrológico Nacional es lo que es, pero existe una Ley de Aguas y un Libro Blanco, y lo que no tiene sentido es hacer un refundido de todo en un solo documento. Hay carencias y planteamientos que se hacen a través de las enmiendas sobre cuestiones que están recogidas y tratadas perfectamente en la Ley de Aguas.
Respecto a la intervención del Senador Arroyo, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, he de agradecerle sus palabras y reconocer que los canarios pueden presumir, porque es cierto, de modernidad en el uso de los recursos y de las nuevas tecnologías en lo que al agua se refiere. Su situación particular les ha hecho entrar en esta dinámica muchos años antes que a otras Comunidades. Evidentemente, es importante recordar --como su señoría ha hecho-- que hay una inversión importante de más de 90.000 millones para las Islas Canarias destinada, sobre todo, a la modernización, la desalación, etcétera.
Los planteamientos del portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos se refieren a cuestiones de contenido autonómico.
Entendemos que para las Comunidades Autónomas están dadas todas las garantías en los procedimientos actualmente en vigor y que el Gobierno legisla dentro del ámbito competencial que le corresponde, y éste no es el momento ni la ley para discutir esta serie de cuestiones.
El Senador Bella, del Grupo Parlamentario Socialista, volviendo a hablar de apoyos, se remite a la votación efectuada en el Consejo Nacional del Agua. Dicha votación es más que conocida: hubo un 82 por ciento de votos favorables al documento presentado por el Gobierno, y eso no se puede obviar. No tiene sentido que neguemos la evidencia, y si quiere le dejo el resultado de la votación. Los apoyos son claros y los votos en contra también, y por eso sabemos qué Autonomías han votado en contra y cuáles a favor.
Sobre la cuestión del trasvase, le traslado la contestación que le di anteriormente al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Por supuesto, los costes ambientales se contemplan, no sólo en los estudios que soportan este proyecto de Plan Hidrológico, sino también en el propio Plan.
Senador Bella, en cuanto a la propuesta que nos hace --entiendo que pretenden abordar más estudios sobre el documento que plantean como alternativo, aunque en el día de hoy no parece que tenga mucho interés en profundizar sobre el mismo y supongo que preferirá hacerlo en el Pleno--, creo que el Plan Hidrológico del Partido Socialista conduce exactamente a lo mismo que el nuestro, y ustedes lo reconocen en sus articulados. La única diferencia es acometer más estudios y dilatar el proceso en el tiempo, lo que supone perder más el tiempo.
No voy a entrar en la cuestión puntual a la que alude el Senador Bella, sobre todo cuando en Huelva, que es la zona de la que habla porque él es Alcalde de Almonte, el Plan Hidrológico Nacional se recibe con mucha satisfacción.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sopeña.
Finalizado el debate de los cuatro vetos, procede pasar a la votación de los mismos.
En primer lugar, sometemos a votación el veto número 1 de don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, doce; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE- Queda rechazada la propuesta de veto número 1.
Sometemos a votación la propuesta de veto número 2 de don Anxo Manuel Quintana González.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho; en contra, trece; abstenciones, una.
Se somete a votación la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete; en contra, doce; abstenciones, dos.
Se somete a votación la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, seis; en contra, trece; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la propuesta de veto número 4.
Finalizado, por tanto, el debate de las propuestas de veto, procede pasar a la defensa de las enmiendas en los términos expuestos por esta Presidencia al comienzo; es decir, habrá un turno en el cual cada Grupo Parlamentario, de menor a mayor, defenderá en bloque sus enmiendas.
Por lo tanto, corresponde la defensa de las enmiendas números 1 a 29, del Senador Cámara Fernández y del Senador Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto. Asimismo, incluimos en este bloque la enmienda 51 del Senador Cabrero Palomares y las del Senador Cámara Fernández, números 88 y 89.
Para la defensa de todas ellas, tiene la palabra el Senador Cámara Fernández.
Voy a defender global y muy rápidamente todas las enmiendas.
Efectivamente, presentamos 29 enmiendas: 9 son de adición, 9 de modificación y 11 de supresión, que doy por defendidas.
Me van a permitir simplemente que, como estamos en esta Cámara territorial, y yo también represento a la Comunidad de Baleares, me limite a argumentar sobre las enmiendas 88 y 89, dando, insisto, por defendidas el conjunto de las enmiendas y, por tanto, las podré exponer en el Pleno del Senado.
Planteamos una enmienda de supresión al Anexo II del Plan Hidrológico por varias razones, en primer lugar, porque ha pasado un tiempo.
Recientemente se ha aprobado el Plan Hidrológico de Baleares por el Consejo de Ministros y, a la vez, aunque no firmado todavía, hay un protocolo de negociación entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Medio Ambiente. Hay dificultades permanentes y continuadas en que las políticas a aplicar para Baleares tenga diferentes problemas y dificultades de entendimiento. He denunciado varias veces que tanto en este tema, como en otros aparece una obsesión por la oposición desde el Gobierno Central al Gobierno de Baleares, lo cual es una ruptura en las relaciones de carácter institucional que cabría suponer, en mi opinión, que deben de darse siempre en el respeto a lo que es un concepto de Estado, que es el conjunto de las Administraciones, incluidas las Comunidades Autónomas. Por tanto, sobre ese tema lo que planteamos es que se suprima el Anexo II porque entendemos que cuando, por ejemplo, habla de desaladoras, es una apuesta indiscriminada --por ejemplo, las desaladoras en Mallorca que comentaré algo al respecto-- por una política de aguas ofertista y malgastadora de energía y de recursos naturales, y que, en mi opinión, niega otras políticas posibles como la gestión responsable del agua y las políticas de ahorro, etcétera. En Mallorca la única necesaria, acordada inclusive en el Protocolo que se estaba negociando, es Alcudia, contemplada, insisto, en ese Protocolo y que, además, la proponemos en la enmienda de adición.
En las arterias de conducción y depósito regulador para el abastecimiento de aguas de las dos localidades de Calviá y Andratx, la ampliación de la desaladora de la Bahía de Palma en la Fase I, ampliación de la desaladora de la Bahía de Palma Fase II y del Edar de Llucmayor y emisario se propone la eliminación, no porque no estemos de acuerdo en estas cuatro inversiones, sino porque la mayoría de ellas ya están acabadas o a punto de finalizar. De las arterias de conducción de Calviá y Andratx están acabando ya la canalización. La desaladora de la Bahía de Palma acaba de concluir su ampliación y la depuradora de Llucmayor ya está en fase de pruebas en estos momentos.
Por tanto, en la enmienda de adición proponemos el Edar de Fornelis-Macaret en Menorca, que está en el Protocolo; el Edar de Binidali en Menorca, también está en el Protocolo --por cierto, sabe perfectamente que el encargado de negociar por parte del Ministerio con el Gobierno en su momento era un dirigente del Partido Popular en Menorca--; ampliación y remodelación del Edar de San Antonio, en Ibiza, que también está en el Protocolo; el Edar de Can Picafort, en Santa Margarita-Mallorca, que están también en el Protocolo; las arterias generales entre IDAMS Ibiza y St. Antoni, que están en el Protocolo y en el Plan Hidrológico de Las Islas Baleares; el IDAM de Alcúdia, que está en el Protocolo, que es la única en Mallorca que se acepta; la conclusión de Llubí a Bahía de Alcudia; la reutilización de aguas residuales en regadíos, que está en el Protocolo; la gestión de la Demanda, Protocolo, aunque sin especificar cuantía en el Plan Hidrológico de Baleares; y programas de análisis y control del Dominio Público Hidráulico, que está en el Protocolo y en el Plan Hidrológico de Baleares.
Por tanto, lo que proponemos con esta enmienda no es tanto abordar cambios, sino que queremos que el Anexo II contemple lo que está en un Protocolo, en estos momentos aparentemente acordado entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Baleares, y lo que está en el Plan Hidrológico de Baleares aprobado por el Consejo de Ministros. Es muy sencillo, muy concreto. Yo sé que los anexos pueden ser los que sean y después ser otras cosas, pero es conveniente en esta fase y aquí en el Senado, en esta Cámara territorial, que al menos lo que opina y lo que propone Baleares, en buena medida ya negociado y planteado al Ministerio que contempla ese Plan Hidrológico de Baleares, sea contemplado en ese Anexo II y se retire el Anexo II tal como está en el Plan Hidrológico Nacional, porque lógicamente no contempla sinceramente la realidad, el momento actual de nuestras necesidades.
Yo sé que aquí hay un debate --termino con esto-- importante que afecta no solamente a estas enmiendas, sino a otras muchas más, pero en el caso de unas islas tiene una importancia enorme. Donde sea necesario una desaladora hay que hacerla --podríamos hablar sobre costes energéticos y también económicos, etcétera, del coste del agua--, pero, en cualquier caso, hay que recordar que son recursos limitados los que tiene una isla --no estamos en el continente-- y que requiere fundamentalmente una gestión integral del agua mucho mayor de la que se contempla para nosotros en el Plan Hidrológico Nacional.
Por eso hago estas propuestas y espero que sean atendidas, y si no lo fueran, trabajaremos para que lo sean por una vía o por otra.
A continuación, tiene la palabra el Senador Quintana González para defender las enmiendas 30 a 50.
Defenderé las enmiendas, dividiéndolas en tres bloques temáticos: las que van del número 30 al 46; la 47 y 48, y, por último, las que van desde ese número hasta el 50.
En el primer caso se trata de enmiendas que intentan incidir en el articulado para poder asentar todavía más la idea que nosotros ya defendimos en nuestra propuesta de veto,
y que no es otra que la consideración del agua como un recurso natural, antes que como un factor de producción. En diferentes artículos del proyecto de ley se sigue incidiendo en terminologías como la racionalidad o la sostenibilidad, sin que nosotros consideremos que tales argumentos o tales expresiones se utilicen adecuadamente. Nosotros entendemos la sostenibilidad como un criterio global de adaptación política y, por lo tanto, un criterio que sólo tiene sentido desde ese aspecto general. No podemos entender que se permitan y se promocione un modelo de desarrollo urbanístico, un modelo de ordenación del territorio y un modelo también de productivismo agrario, basado en un caso en la especulación, en otro caso en el puro productivismo, que tal modelo desarrolle y contenga, por tanto, unos requerimientos hídricos sumamente elevados y que después se considere que la sostenibilidad consiste en aportar esas necesidades hídricas a un complejo y a un modelo que en sí mismo no es sostenible.
Por lo tanto, creemos que es revelador la utilización de los términos «sostenibilidad» y «racionalidad» que en el alguno apartados de la ley se establece y que siempre se hace con un criterio economicista y no ecológico ni de medio ambiente. Es ilustrativo a este respecto el famoso artículo 10 en el que se deja claro que la política del agua se pone al servicio de otras políticas considerando que ésa es la articulación que se debe hacer al respecto. Nosotros creemos exactamente lo contrario, que no se trata de hacer una política del agua al servicio de las otras políticas, sino de hacer una política horizontal que coordine y vertebre todas las políticas sectoriales. No hacerlo así significa no sólo recaer en los mismos errores, sino aumentarlos.
En el segundo apartado, las enmiendas 47 y 48, hacemos mención al modelo de gestión y, en concreto, al organismo de gestión que nosotros creemos más adecuado para la Comunidad Autónoma de Galicia. En Galicia seguimos gestionando los recursos hídricos de competencia estatal a través de la Confederación Hidrográfica del Norte, un organismo de cuenca que contempla y gestiona los recursos hídricos que van desde el Miño, haciendo frontera con Portugal, hasta la frontera francesa. Por lo tanto, son recursos hídricos y cuencas totalmente diferentes, tan diferentes que en este proyecto de plan hidrológico fue necesario realizar tres planes hidrológicos diferentes para las diferentes cuencas que hoy gestiona la Confederación Hidrográfica del Norte.
Nosotros pensamos --y así lo exponemos en nuestras enmiendas-- que sería lógico aprovechar la redacción de este proyecto de ley para prever la constitución de la Confederación Hidrográfica del Miño por la importancia que esta cuenca tiene dentro del cómputo hídrico total de la Confederación Hidrográfica del Norte y por considerar que ése sería, además, el mecanismo más adecuado para que la Comunidad Autónoma tuviera una representación paritaria en este organismo de representación y gestión estatal.
El último apartado de enmiendas, que van desde la 48 a la 50, incide en el apartado de inversiones. Es cierto que se establecen unas previsiones de inversiones en Galicia de 98.000 millones de pesetas para el espacio temporal establecido en el Plan Hidrológico. No es menos cierto que el conjunto de este plan supone una inversión superior a los tres billones de pesetas y que, por tanto, esa cantidad, que en términos absolutos podría parecer una cantidad importante, significa menos del 3 por ciento de la inversión que el Plan Hidrológico establece para el conjunto del Estado.
Si tenemos en cuenta la importancia y cantidad de recursos hídricos existentes en Galicia llegaremos a la conclusión de que las inversiones establecidas para la gestión hídrica del interior de la cuenca en el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia es claramente insuficiente. Además comprobamos que Galicia es una Comunidad que tiene 33.000 núcleos de poblaciones rurales --de los 60.000 que tiene el Estado, 33.000 pertenecen a la Comunidad Autónoma de Galicia--, y que buena parte de esos núcleos rurales, aún a día de hoy, pertenecen a una Comunidad con abundantes recursos hídricos, pero que son núcleos que carecen de abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales. Pues bien, ni una sola inversión, ni una sola peseta, ni una sola obra se contempla en este Plan Hidrológico para dar solución en el futuro a ese problema.
Parece evidente que cuando nosotros decimos que Galicia queda apartada de las inversiones previstas en este Plan Hidrológico lo decimos por algo, porque las inversiones que en él se establecen son fundamentalmente en depuración de aguas residuales en grandes núcleos de población y no en todos: en Ferrol, en Coruña, en Lugo, en Santiago, en Orense, pero olvidándose completamente, incluso, de grandes núcleos de población como puede ser el caso de Vigo en el que sería necesario acometer una buena red perimetral de abastecimiento como nosotros proponemos en una de las enmiendas presentadas.
Que no aparezcan este tipo de inversiones en el Plan Hidrológico tiene para el Grupo mayoritario del Gobierno una justificación evidente. Ya se dijo aquí: como Galicia no cede agua se puede conformar con tener 98.000 millones. ¿Pero en qué quedamos? ¿El Plan Hidrológico es un plan de trasvases o no lo es? Yo veo que, a veces, aflora el subconsciente y en todas las argumentaciones que damos estamos recurriendo nuevamente a la necesidad de dar para recibir y no a plantear organismos de gestión, métodos de gestión intercuenca que, por tanto, justifiquen las inversiones por el hecho de que existe un recurso importante y una población que tiene que abastecerse y nutrirse de él.
Este es el caso de Galicia, que a pesar de tener un recurso cuantitativamente importante y una población desabastecida únicamente contempla en este plan menos del 3 por ciento del conjunto de las inversiones a realizar. No digamos nada si en ese cómputo de inversiones hablamos de las inversiones a realizar en el sector agrario porque, repito, no aparece ni una sola peseta en inversiones en el sector agrario, a pesar de que el propio Plan Hidrológico establece como una prioridad la modernización de regadíos existentes antes que la creación de nuevos regadíos.
Pues bien, en Galicia existen tres comarcas de especial significado agrario y que en la década de los sesenta pudieron tener y tuvieron obras para realizar regadíos que,
precisamente, por ser obras sin acabar y sin su correspondiente modernización no fueron nunca utilizadas. Es el caso de comarcas como la Terra Chá, Val de Lemos y A Límia que precisan urgentemente de obras de infraestructuras, de modernización de sus regadíos para poder completar un cuadro agrario de diversidad que hoy les es imposible de acometer sin esa infraestructura.
Pues bien, ninguna de estas comarcas y sus regadíos respectivos aparecen cuantificadas ni mencionadas en el Plan Hidrológico, seguramente por seguir la teoría del Ministro de Agricultura que --como antes dije-- ya nos explicó aquí que los regadíos en Galicia no eran necesarios porque en Galicia llovía mucho, sobre todo este invierno que llovió, incluso, demasiado y a pesar de eso precisamos regadíos para el control hídrico y la regulación hídrica de nuestro sector agrario.
Así se sustancian las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego y así las defendemos en esta Comisión y de no tener éxito las defenderemos en el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Quintana.
Las enmiendas 52 a 87 correspondientes al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos fueron defendidas por su portavoz, Senador Gatzagaetxebarría. Asimismo, las enmiendas 90 a 225 pertenecientes al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés fueron defendidas en su momento. Pasamos, por tanto, a la defensa de las enmiendas 226 a 559 del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra su portavoz, el Senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 334 enmiendas, y aunque el ánimo esta mañana lo ha encontrado un poco bajo en los portavoces e intervinientes anteriores, quiero empezar haciendo una confesión. Yo soy corredor de fondo y los corredores de fondo nunca nos desanimamos y siempre estamos convencidos de alcanzar la meta con nuestro esfuerzo y con nuestra constancia.
Pues esa misma técnica voy a aplicar, señor Presidente. Haré una intervención de defensa en bloque, tal y como la Mesa estableció y le ruego que permita que una parte muy breve de ese tiempo sea utilizada por la Senadora María Antonia Martínez en la defensa de cuatro enmiendas.
Estoy convencido de que, por estar especialmente adscritas al territorio que ella representa, sus conocimientos y sus argumentos llevarán al grupo mayoritario, mucho mejor que los míos, al convencimiento de que hay que aceptarlas.
Las enmiendas 229 a 250 tratan de modificar la exposición de motivos atendiendo a una serie de criterios que tienen que ver con la aplicación de la normativa comunitaria, tanto la que ya está integrada en nuestros textos legislativos como aquella otra que, pendiente de ser incorporada --y estoy pensando en este momento en la Directiva marco del Agua, cuya transposición tiene que estar hecha en el plazo de tres años-- y también debido a criterios de desarrollo de la Ley de Aguas que el Grupo Parlamentario Popular modificó y reformó, reforma que, como es lógico, nosotros no compartimos, por lo cual seguimos manteniendo el criterio de que el agua es un bien público, es un recurso natural, renovable, que ha de tener necesariamente un uso sostenible y, en consecuencia, no puede estar sometido al mercado libre, puesto que el mercado libre del agua llevaría a la especulación de un recurso natural, de un bien público y, en definitiva, sólo males se derivarían de esa tendencia que ustedes apuntaron en la ley, que está sin desarrollar puesto que no han elaborado el reglamento, pero que, en el Plan Hidrológico Nacional, utilizan como instrumento para el desarrollo de esa perversa inclinación a meter el agua en un mercado libre.
Las enmiendas también están inspiradas por convicciones y experiencias.
Los socialistas, desde Indalecio Prieto hasta épocas recientes, tenemos una larga y fructífera tradición en la política del agua. Aprovechamos el conocimiento de las virtudes, de las carencias y de los defectos de todo cuanto se ha legislado en España en materia de agua y tratamos de incorporarlo mediante nuestras enmiendas.
Entre esas convicciones, la primera que quiero destacar es que, para los socialistas, la política del agua se incardina en una política territorial, y como tal exige la coordinación con las Comunidades Autónomas, de ahí que una de las enmiendas trate de crear la Conferencia Sectorial del Agua y pongo énfasis en esta otra convicción. El Senado ha de tener una participación activa en la definición de nuestra ordenación territorial, y hemos de residenciar en él la capacidad de debatir y resolver sobre el modelo territorial de España que queremos transmitir a las generaciones futuras. Incorporamos ese convencimiento en nuestras enmiendas.
Permítanme, señor Presidente, señorías, que les haga una breve reflexión sobre lo que está ocurriendo en el Senado con el trámite del proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional. En menos de cincuenta días, el Senado va a despachar esa ley, y lo va a hacer, no como un paseo militar, sino como una marcha militar a paso de legionario. La ley va a pasar por el Senado como dicen que pasó la luz a través del cristal, sin romperlo ni mancharlo.
Del Senado sólo va a quedar la triste referencia de que en la Ponencia apenas nos dio tiempo a sentarnos y a levantarnos, en la convicción de que «Alea jacta est», la suerte ya estaba echada. Nosotros no queremos ese papel para el Senado. Queremos todo lo contrario, y por eso incorporamos en esas enmiendas, que van de la 221 a la 250, criterios para que el Senado sea la Cámara donde se debata una política de Estado, y ésta no se desarrolle a la carta, como están haciendo ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, y además con tintes y con expectativas electoralistas.
También estamos convencidos de que el Plan Hidrológico Nacional no es una excusa para hacer obras. Por el contrario, es un instrumento de planificación que ha de contemplarse junto con otros: con el Plan Director de Infraestructuras, con el Plan Forestal, con el Plan de Lucha por el cambio climático y, sobre todo, con el Plan Nacional de Regadíos.
El 22 de diciembre de 1995, el Grupo Parlamentario Popular exigió en el Congreso de los Diputados, y se aprobó por el conjunto de todas las fuerzas, que el Plan Hidrológico Nacional no podía debatirse ni siquiera contemplarse si no iba acompañado del Plan Nacional de Regadíos. Llevaban ustedes razón, y porque la llevaban, el Gobierno Socialista no tuvo ningún inconveniente en aceptar aquella moción, en votarla y en hacerla suya. Hoy, con absoluto desparpajo, ustedes no hablan del Plan Nacional de Regadíos, y no sólo no hablan de él manera previa al Plan Hidrológico Nacional, sino que el Ministro de Agricultura, señor Arias Cañete, hace muy pocas horas, en esa misma mesa, dijo que el Plan Hidrológico Nacional nada tenía que ver con la ordenación de cultivos ni con las explotaciones familiares; absolutamente nada, y que eso había de contemplarse en el Plan Nacional de Regadíos y no en el Plan Hidrológico Nacional. Pues nosotros introducimos también una enmienda para que se constituya una comisión de coordinación entre el Plan Hidrológico Nacional, para hacer el seguimiento y desarrollo de éste y del Plan Nacional de Regadíos conjuntamente, porque entendemos que una política de planificación hidráulica no puede disociarse en modo alguno de un Plan Nacional de Regadíos, teniendo en cuenta que el 68 por ciento del agua que se consume en España va destinada precisamente a la agricultura.
Por último, estamos convencidos de la necesidad de una nueva cultura del agua que haga más hincapié en la gestión de la demanda que en la de la oferta y, sobre todo, que gestione de manera más sostenible una cultura que no entienda los trasvases como medida única para corregir los déficit, que apueste por la reforma de los organismos de cuenca y dé mayor participación a los usuarios y entes territoriales y que corrija y mejore el régimen de las concesiones.
Todo esto constituye el bloque de enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presenta a la exposición de motivos. En definitiva, lo que pretendemos con ellas es que el Plan Hidrológico Nacional sea el instrumento que posibilite el desarrollo equilibrado de nuestro territorio, mejore la calidad de las aguas y del medio natural, a la vez que sea símbolo y testimonio de una nueva época en la gestión del dominio público hidráulico.
Para el resto del articulado hemos presentado las enmiendas 251 hasta el final, la 559. Espero, señor Presidente y señores del Grupo Parlamentario Popular, que entre todas ellas alguna tenga algún viso de que va a ser aceptada. Me cuesta mucho trabajo aceptar y entender que no se nos haya ocurrido nada aprovechable y que mejore en alguna medida el Plan. Pero insisto en que, como corredor de fondo, yo continúo.
En ellas reconocemos la existencia de déficit hídricos en diversas cuencas y sistemas de explotación, y singularizamos de manera muy especial la situación por la que atraviesa la cuenca del río Segura. Ya hice antes la observación a la Presidencia de que la Senadora María Antonia Martínez intervendrá en unas enmiendas muy particulares que hacen referencia a ella.
A la vez, como es lógico, hacemos una referencia más concreta a los déficit que existen en otras cuencas: en las internas de Cataluña, en la del Ebro, en la del Júcar, en la del Guadalquivir, en el Duero, en el Guadiana, etcétera, porque pensamos que una planificación hidráulica que se llama nacional tiene que prever las necesidades de todo el territorio, de todos los sistemas de explotación. Despachar todo eso diciendo que las únicas cuencas deficitarias estructurales son las de Levante, es decir mucho cuando hay sistemas de explotación en el Ebro, en el Duero, en el Tajo, en el Guadalquivir por supuesto, en la cuenca del sur, que son deficitarios y a los que no da solución el Plan Hidrológico Nacional que ustedes presentan y que el Gobierno defiende.
Contemplamos la necesidad de actuar de manera urgente en esos territorios y, mediante las enmiendas 266 a 278, la obligación de elaborar y poner en práctica un plan especial de gestión en cada uno de esos sistemas deficitarios. Es un plan especial de gestión que contemplará la creación obligatoria y urgente de un banco público de agua. Quiero hacer especial significación de esta enmienda. Nosotros creemos que los centros de transferencia de recursos que ustedes desarrollan en el Plan Hidrológico suponen abrir la puerta al mercado privado. Ya sé que van a decir que no, pero, por más que lo digan, nos cabe esa duda, y desde luego no vemos por qué ustedes no pueden aceptar un banco público de agua, que sería ese mismo centro de transferencias, con la garantía de la intervención de la Administración más allá de la mera comunicación: hacer posible que en esos sistemas de explotación deficitarios pueda acudir la Administración, con dinero público, a rescatar concesiones y luego adjudicarlas a aquellos sistemas que estén necesitados, lógicamente con las prioridades que se establezcan.
Hay que contemplar también la suspensión del otorgamiento de concesiones, la constitución urgente de las entidades de usuarios, la ejecución de todas aquellas actuaciones tendentes a poner en marcha mecanismos de modernización de regadíos, mejora de redes de abastecimiento, reutilización de aguas depuradas y desalación. En este apartado me quiero detener de manera más particular en la enmienda número 273, que hace referencia a la cuenca del Guadalquivir.
Señorías, el Plan Hidrológico Nacional, por arte de birlibirloque, dice que la cuenca del Guadalquivir no tiene un déficit estructural. Esto contradice todo lo que hasta ahora se venía sosteniendo por parte de la propia Confederación, por parte del Plan Hidrológico de Cuenca y por parte de todo el sector más o menos ligado al agua, incluidos los regantes e incluso la Plataforma para la Defensa del Guadalquivir, que en estos momentos está, mediante cuñas publicitarias en medios de comunicación escritos y hablados, exigiéndole al Gobierno que en este Plan Hidrológico se incorporen transferencias de recursos a una cuenca que tiene déficit.
Con esta enmienda pretendemos que uno de esos planes especiales a los que antes hacía referencia, con carácter general para todas las cuencas y todos los sistemas de protección, se elabore conjuntamente entre la Administración Central y la Junta de Andalucía para la cuenca del Guadalquivir, y marcamos el plazo de un año. No nos parece que
este plazo sea perentorio, teniendo en cuenta que estamos --y ojalá me equivoque-- agotando, lamentablemente, el período de lluvias y pronto estaremos abocados al nuevo período de sequía, que, como saben, alterna en la cuenca del Guadalquivir de manera fatal e inexorable. En consecuencia, la enmienda número 273 trataría de que se elaborara, en el plazo de un año, un plan de gestión entre la Junta de Andalucía y la Administración Central, que lógicamente ha de contemplar el inventario del uso del agua, la determinación de los derechos, la limitación de concesiones --y hago hincapié en esto--, porque no es de recibo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir --y no es una excepción, sino que se puede generalizar la crítica al resto de confederaciones-- siga dando concesiones a sistemas que no está claro que sean deficitarios, y sobre todo no tenga el control de todas esas concesiones, porque de las 500.000 concesiones que hay en España, más o menos una cuarta parte son las controladas y legalizadas; el resto, ni se sabe. Nosotros queremos hacer ese inventario; queremos modificar y flexibilizar el régimen concesional; lógicamente queremos el banco público de agua, además de todas aquellas actuaciones que hagan posible incrementar la calidad de las aguas, la disponibilidad de las mismas, y sobre todo la explotación integral o el aprovechamiento integral de las aguas superficiales y de las subterráneas, cosa que el Plan Hidrológico que ustedes defienden desconoce.
Como novedad en este plan especial que nosotros establecemos está que sea gestionado por la Administración Central y la Junta de Andalucía, puesto que la cuenca del Guadalquivir es muy particular --no es intracomunitaria sólo por un tres o un cuatro por ciento de su territorio de cuenca, el resto, el 97 o el 98 por ciento está dentro de Andalucía--, y además defendemos que en el plazo de seis meses se modifique la composición de los órganos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, atendiendo a esa realidad territorial, atendiendo a que la cuenca del Guadalquivir está absolutamente identificada con Andalucía --y pueden ustedes preguntar donde quieran--, y como propia la tenemos los andaluces. Por ello, habría que modificar la composición de los órganos de la Confederación, de los órganos de cuenca, teniendo en cuenta esa realidad, y que además el Presidente de la Confederación sea nombrado por el Gobierno Central, pero a propuesta de la Junta de Andalucía.
Como última referencia a este plan especial quisiera llamar la atención sobre dos cosas. Creemos que en política de agua hay que ser absolutamente solidario, hasta el extremo de que en agosto de 1998 el Gobierno del señor Aznar dictó un decreto ley en el que, entre otras cosas, acordaba el trasvase del Negratín al Almanzora; es decir, en una cuenca que es deficitaria, como la del Guadalquivir, no se hacía aportación de recursos, sino que se le detraían 50 hectómetros cúbicos para Almería, para otro territorio andaluz. A los andaluces nos parece bien, porque somos solidarios entre nosotros, pero los andaluces lo que no podemos aceptar es que se haga el trasvase del Negratín al Almanzora y la Administración Central niegue la solidaridad a las zonas de Baza y de Huéscar, donde están sin ejecutar las obras, y en consecuencia verán pasar el agua prometida por su puerta sin posibilidad de cogerla. De ahí que hayamos presentado una enmienda en el anexo de inversiones en este sentido, y yo le pediría al grupo mayoritario que la contemplara, porque en nada contradice el trasvase Negratín-Almanzora, sino todo lo contrario: lo legitima socialmente. Por tanto, hace falta esa llamada de atención.
Junto a estas medidas que nosotros hemos considerado urgentes, encaminadas a hacer frente a los ámbitos declarados deficitarios, se contempla en las enmiendas números 314 a 322 la obligación de actuar para la prevención de sequías e inundaciones, luchar contra la contaminación por nitratos, proteger las aguas subterráneas, actuar en la seguridad de presas y embalses, y reanudar los programas LINDE y PICHRA, que fueron aprobados por el MOPTMA en 1993 y 1994, y que lamentablemente están abandonados. En este conjunto de enmiendas quiero destacar aquella que insiste en la necesidad de los planes de prevención de seguridad de los embalses. A estas alturas, hemos incumplido el plazo que dio el Reglamento en el año 1995, y ahora mismo no hay ni una sola presa en España que tenga ese plan de prevención. Espero que al menos esta enmienda, si no es aceptada, sea considerada como llamada de atención, porque sería lamentable que volviéramos a tener sucesos como los de Rivadelago, los de Tous o alguna otra desgracia, y no dispusiéramos de esos planes de prevención que hoy por hoy no se tienen.
Por otra parte, la directiva-marco en política de agua, recientemente aprobada y pendiente de transposición al Derecho interno español antes de tres años, implica una nueva forma de gestión del agua en España. Por ello, en las enmiendas números 384 y 385 establecemos la necesidad de una planificación en cada cuenca hidrográfica y en el conjunto del Estado, y que la planificación esté sometida a revisión en los plazos que se señalan. Los socialistas, previendo esa revisión --y ya sé que ustedes van a decir que la directiva-marco del agua tiene tres años--, contemplamos en primer lugar en nuestras enmiendas aquellos aspectos medioambientales de gestión del agua que deberán ser puestos en marcha en los próximos años, incluido un estudio de la repercusión de la aproximación del precio del agua al coste de la misma.
El señor Presidente que, como yo, procede y tiene contacto con el sector agrario, entenderá la importancia de esta enmienda. No ser capaces a estas alturas de decir cuál va a ser el precio del agua trasvasada ni tampoco cuál va a ser el ritmo ni el calendario de aproximación del precio al coste real que se le va a cobrar sobre todo a los regadíos, a la pequeña y mediana explotación, coincidirá conmigo el señor Presidente en que es poco menos que una temeridad. El sector está preocupado.
En las enmiendas números 287 a 292, como antes le decía, establecemos la creación de los bancos de agua. No voy a insistir en la argumentación ya dicha, pero sinceramente no entiendo que ustedes, señorías, se nieguen a que un recurso público, a que un bien natural renovable tenga los más estrictos controles de la Administración, y aunque ustedes van a seguir diciendo que no privatizan, ojalá el tiempo diga que yo estoy equivocado, porque las perspectivas
no son las que ustedes piensan en cuanto a los centros de transferencias, sino que --y ya hay movimientos en ese sentido-- las perspectivas se encaminan hacia el mercado de oferta y demanda, y siempre que un bien es escaso, como ocurre con el agua en nuestra tierra --estoy pensando en Andalucía, pero también en buena parte de España--, se incrementa el precio.
Llegamos a las enmiendas números 293 a 299, que quizá constituyan el nudo gordiano de las posiciones que estamos manteniendo desde el principio unos y otros. En estas enmiendas reformamos los artículos 12 y 13 que, como saben, hacen referencia a los trasvases y, concretamente, fijan el trasvase del Ebro como gran contenido de la ley --yo diría que como único contenido de la ley del Plan Hidrológico Nacional, porque más que una ley de Plan Hidrológico Nacional es una ley sobre el trasvase del Ebro.
No voy a repetir argumentos que ya se han dado ni posiciones de científicos y de expertos; simplemente quiero dejar claro en la defensa de estas enmiendas que el Grupo Socialista y el Partido Socialista no son contrarios a los trasvases, y así lo hemos puesto de manifiesto en nuestro programa electoral y en el texto alternativo al Plan Hidrológico Nacional que hemos presentado en el Congreso y que fue derrotado con los votos de la mayoría del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros no somos contrarios a los trasvases, pero los establecemos como última opción a desarrollar. Apostamos por los trasvases cuando tras haberse realizado, elaborado y desarrollado el plan especial de gestión que se ejecute en cada cuenca o en sistemas de explotación deficitarios, se analicen los resultados del mismo. Si persiste el déficit hídrico, nosotros, los socialistas, apoyaremos el trasvase como solución última.
Nosotros, puesto que antes he hecho referencia especial a la cuenca del Guadalquivir, si elaborado el plan especial de la cuenca del Guadalquivir, si desarrollado su contenido, si puesto en práctica las medidas alternativas de ahorro de reutilización no se cubriera el déficit que hay en la cuenca del Guadalquivir, le daríamos la razón a la plataforma del Guadalquivir y apostaríamos por el trasvase del Guadiana II. Así de claro queremos dejarlo porque en ese sentido van nuestras enmiendas, y no en el otro.
Por último, y para ir terminando, señor Presidente --comprenderá que más de trescientas enmiendas requieren un cierto tiempo y yo estoy convencido de que esta Cámara no ha de tener prisa en el debate como única fórmula de encontrar acuerdos y entendimiento--, consideramos el agua como un recurso que contribuye al desarrollo del territorio y cuya gestión tiene una indudable repercusión económica, social y ambiental, y es muy difícil diseñar las formas y métodos de su gestión sin que las Comunidades Autónomas tengan una participación activa. En la medida en que el Plan Hidrológico es un instrumento de planificación, en la medida en que se incardina dentro de una política de agua y en la medida en que nosotros estamos convencidos de que esa política de agua es una política de ordenación del territorio, no se puede obviar la presencia, la consulta, el conocimiento y la opinión en determinados casos cuando sean competencia de las Comunidades Autónomas. Por eso, en la enmienda número 297 proponemos os la creación de la Conferencia Sectorial del Agua. No se entendería la participación institucional, además de la participación de las Comunidades Autónomas, si no se tuviera en cuenta una modificación profunda de las confederaciones hidrográficas tanto en su estructura como en su funcionamiento, propiciando su composición más democrática --no digo que no sean democráticas, sino una composición más democrática-- con la presencia, además de las Comunidades Autónomas, de otros usuarios, como ayuntamientos afectados por regulaciones, asociaciones y colectivos interesados en la gestión del agua. Esto se recoge en la enmienda 254.
En la enmienda número 299 recogemos la necesidad de evaluación estratégica ambiental. Un Plan Hidrológico Nacional como el que nosotros desarrollaríamos en este momento si estuviéramos en el Gobierno y tuviéramos la mayoría para hacerlo, ha de ser respetuoso con la normativa europea y, en consecuencia, no puede obviar estar precedido de una evaluación estratégica ambiental.
Se completan las enmiendas al articulado con modificaciones que pretenden que se reanuden los programas previstos en el Libro Blanco de las aguas subterráneas, aprobado en 1994; la elaboración del programa de actuación en zonas protegidas y humedales; la creación de mecanismos de seguimiento y revisión del Plan Hidrológico Nacional, entre ellos la Comisión de coordinación a la que antes hacia referencia entre el Plan Hidrológico Nacional y el Plan Nacional de Regadíos, y el establecimiento de medidas presupuestarias que garanticen la realización de las medidas urgentes en el período 2001-2006.
Por último, señorías, hay una serie de enmiendas, concretamente 16, a las disposiciones transitorias, adicionales, derogatorias y finales, que doy por defendidas, al igual que el conjunto de las demás. No obstante, quiero detenerme en la enmienda número 342. Esta enmienda recoge una nueva disposición adicional en la que se propone que en el plazo máximo de seis meses el Gobierno proceda al traspaso de las competencias de las Cuencas intracomunitarias a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la cogestión del Guadalquivir y del Duero en los tramos de sus cauces que discurren por Andalucía y Castilla y León respectivamente. No es de recibo que a estas alturas las cuencas intracomunitarias andaluzas no hayan sido transferidas, y no es de recibo tampoco que la Administración central niegue la cogestión de aquellos tramos de cuenca que discurren por los territorios, como he puesto el ejemplo del Guadalquivir y del Duero, y no entendería que estas enmiendas no fueran aceptadas sin más.
Hay una enmienda que propone la creación de un nuevo anexo, el anexo III, y en cuanto a las enmiendas al Anexo II las doy todas por defendidas.
Simplemente quiero decir de ellas que pretenden incorporar obras que figuran en los planes hidrológicos de cuenca y que no han sido recogidas en el anexo que acompaña al Plan Hidrológico Nacional, pretenden eliminar aquellas que ya están ejecutadas o en ejecución y que, lógicamente, no tiene ningún sentido verlas recogidas si no es por aquello de hacer números y para vender el Plan Hidrológico no desde la filosofía y desde
los parámetros que habría que venderlo de sostenibilidad, de equilibrio territorial, sino venderlo al peso, es decir, hacer no sé cuántas obras y gastar no sé cuánto dinero, lo cual sería una venta muy materialista y que nada tiene que ver con la planificación hidrológica, y en ese sentido van las enmiendas que hemos presentado al Anexo de inversiones, que en total creo recordar que son 211.
Para terminar, señor Presidente, señorías, diré que con todas estas enmiendas que hemos presentado, el Grupo Parlamentario Socialista tiene la pretensión y desea acordar con el resto de los grupos, y sobre todo con el grupo mayoritario, con el Grupo Popular, un modelo de gestión distinto al que el Gobierno está defendiendo en este momento, y no lo voy a negar. Es un modelo distinto, pero desde luego, y sin lugar a dudas, es un modelo más en consonancia con lo que ha de ser una política moderna del agua. Yo me resisto a creer que no hay por parte del Grupo Popular y por parte del Gobierno la voluntad de llegar a acuerdos de mínimos que hagan posible que el Plan Hidrológico Nacional sea un plan de todos y para todos. Ustedes tienen la palabra. Yo he llegado hasta donde el corredor de fondo llega, a poner la fe, la constancia y el esfuerzo en explicarme. De todas maneras, sería lamentable, créanme, señorías del Grupo Popular, que ustedes, con una actitud de absoluta cerrazón y de no aceptar nada, trasladaran a los ciudadanos que al Gobierno del señor Aznar, que al Partido Popular, no le importa la gestión del agua y que lo único que le importa son los beneficios electorales que le puede producir un Plan Hidrológico Nacional que califico, sencillamente, de muy parcial, muy miope y de vuelo gallináceo, es decir, vuelo corto y picoteando.
El señor, PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez.
Para continuar con la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, en este caso, su portavoz, la Senadora Martínez.
La señora MARTINEZ GARCIA: Señor Presidente, quiero defender las enmiendas números 328 y 329, que son de sustitución y adición al artículo 35; la número 334, que hace referencia a la modificación de la disposición adicional tercera, y la 336, anunciando una nueva disposición adicional séptima.
Estas cuatro enmiendas tienen un rasgo en común: ambas van dirigidas al texto del proyecto del Plan Hidrológico Nacional que sin duda va a ser aprobado por esta Cámara. Estas enmiendas no contienen parte del texto alternativo que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso de los Diputados y que aquí ha sido reproducido en su gran mayoría, sino que van dirigidas precisamente a mejorar el texto que será aprobado definitivamente.
Las dos primeras, las números 328 y 329 son de sustitución y de adición respectivamente de los apartados 1 y 2 del artículo 35. En la primera se solicita la sustitución del término «cada cuatro años» por el de «cada dos años». En cuanto a la número 329, solicitamos la adición de un inciso en el apartado 2 del artículo 35.
Por razones que desconocemos --y considero que el portavoz popular no ha aportado luz a esta cuestión-- el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno han impedido que la Comisión General de las Comunidades Autónomas cumpliera con las funciones de carácter autonómico que se le encomendaron con motivo de la reforma del Reglamento de esta Cámara en 1994 en relación muy concreta con el Plan Hidrológico Nacional tanto en la fase previa a su tramitación como durante ésta. Personalmente considero que se han infringido de forma flagrante las letras a) y d) del artículo 56 del Reglamento de esta Cámara.
Estas dos enmiendas permiten la posibilidad de que si el Senado ha sido un elemento ajeno en ese debate previo de elaboración y tramitación del Plan Hidrológico, aunque sea a posteriori esta Cámara podrá tener un papel activo en el seguimiento del grado de aplicación, tanto de los planes hidrológicos de cuenca como del propio Plan Hidrológico Nacional, mediante el conocimiento por esta Comisión del informe que el apartado 1 del artículo 35 prevé que haga el Gobierno, así como de las propuestas que sobre el mismo elabore el Consejo Nacional del Agua como se prevé en su artículo segundo. Para ello, señorías, la enmienda número 328 propone la sustitución de «cada cuatro años» por «cada dos años» ya que entendemos que un Plan tan importante, tan complejo y que sin duda va a tener tantas dificultades para su aplicación, merece que al menos dos veces a lo largo de una legislatura el Gobierno elabore ese informe y dé cuenta de él a los agentes que se prevén en el artículo 35 y también a esta Casa del grado de ejecución del Plan Hidrológico Nacional y de los planes de cuenca.
Señorías, entendemos que estas enmiendas harán posible que la Comisión General de las Comunidades Autónomas pueda cumplir con las funciones que le encomienda de forma específica el artículo 56 del Reglamento y más concretamente --quiero que quede constancia de ello-- sus letras a), g), h), i) y u).
Nuestra enmienda número 334 pretende una modificación de la disposición adicional tercera, relativa al trasvase Tajo-Segura. Con ella se pretende establecer una excepción a la prohibición taxativa que esta disposición contiene respecto de que no se pueda efectuar trasvase alguno, como se dice concretamente en la disposición, cuando la existencias embalsadas en el conjunto Entrepeñas-Buendía estén por debajo de los 240 hectómetros cúbicos. Dicha excepción podrá ser acordada en Consejo de Ministros para el abastecimiento urbano previa conformidad del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Yo le pido al Grupo Parlamentario Popular, tal vez desde una intervención más optimista que la de mis compañeros, pero sin duda llevada por la necesidad que en mi Región percibo y siento, que reconsidere la posición y los argumentos que se han mantenido en el Congreso de los Diputados en relación con esta enmienda. Señorías, creo sinceramente que esta disposición adicional le va impedir al Gobierno la decisión de trasvasar agua en épocas de especial sequía y dificultad para algo tan esencial como es el beber. Su literalidad creo que no deja lugar a dudas, con lo cual poco van a tener que interpretar los tribunales si se presentara el caso, como ya sucedió en 1995 --sin que en
aquella ocasión hubiese una disposición tan taxativa--, cuando el Tribunal Supremo revocó un acuerdo de trasvase precisamente en una época de especial dificultad. Creo que esta disposición, señorías, deja al Gobierno atado de pies y manos.
Quiero decir también que para mí esta enmienda es de mínimos. Ni que decir tiene que personalmente no comparto las limitaciones que el artículo 23 del Plan de cuenca del Tajo impone, Plan que este proyecto de ley recoge parcialmente. Pero, repito, en esta enmienda de mínimos respetamos el acuerdo habido entre el Gobierno central, el de Castilla-La Mancha e incluso el de la Región de Murcia. Señorías, sólo pretendemos una excepción para poder trasvasar agua para beber cuando circunstancias especiales así lo exijan aunque las existencias embalsadas sean inferiores a los 240 hectómetros cúbicos.
Quiero decirles que el propio Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia manifestó ante más de 3.000 empresarios que llevaría esta ley a los tribunales si se mantenía esta limitación que se contempla en el artículo 23 del Plan de cuenca, al que aquí se da rango de ley. Por otra parte, creo que con esta enmienda podemos evitar conflictos, motivo por el cual confiamos en que exista un acuerdo previo entre el Consejo de Ministros del Gobierno de España y el Gobierno de Castilla-La Mancha que evite, como digo, los conflictos que durante tantos años vienen existiendo entre los gobiernos de Murcia y Castilla-La Mancha y el Gobierno central con independencia de su signo político.
Por último, señorías, voy a defender la enmienda número 336, que es de adición. En ella se prevé el establecimiento de una nueva disposición adicional séptima bis nueva a través de la cual pedimos, en un plazo máximo de un año, la elaboración de un plan integral de mejora y saneamiento del río Segura, sin perjuicio de las actuaciones que están en curso --y que yo considero escasas--, con objeto de mejorar la calidad de las aguas de dicho río. En esta enmienda también se contiene la enumeración de algunos de los extremos que entendemos debe contener dicho Plan.
Señorías, éste es un Plan demandado clamorosamente por todos los habitantes de las vegas Media y Baja del Segura. No es la falta de tiempo sino mi voluntad --estoy segura de que el señor Presidente me concederá el que necesite-- lo que me impide entrar en polémicas sobre la programación de actuaciones existentes en relación con el río Segura. Lo que sí quiero es que se le dé rango de compromiso legal a una demanda necesaria y urgente, en primer lugar, de un buen diagnóstico --creo que no lo hay-- y, en segundo lugar, de aunar todos los esfuerzos de las administraciones públicas implicadas: de las locales, las autonómicas puesto que afecta a varias y, cómo no, de la Administración central. Por tanto, no me voy a extender en describir cuál es la situación medioambiental el incluso sanitaria del río Segura, puesto que, además de ser bien conocida, es reconocida por las propias administraciones implicadas, de cloaca, como la ha calificado mi Presidente no hace mucho tiempo. Por otra parte, es cierto que cada vez arrecian más los conflictos y sanciones entre las propias administraciones, Confederación Hidrográfica y ayuntamientos e incluso últimamente a causa de alguna intervención de la Comisión Europea.
Señorías, siendo el Segura, como es, el río más contaminado de España --de Europa dice el «Trivial» con que juegan nuestros hijos--, me parece que no sería justo que en un Plan como éste, en el que con disposiciones adicionales de forma expresa se contemplan planes específicos de saneamiento y mejora de la calidad del Tajo, del alto Guadiana o del Ebro, no se contemple un plan con una serie de medidas específicas para un río que, como el Segura, está tan necesitado y demandado del esfuerzo de todos.
Para turno en contra de las enmiendas presentadas tiene la palabra el Senador Sopeña.
El señor SOPEÑA VELASCO: Señor Presidente, con su permiso repartiré el tiempo con el Senador Pérez Ruiz.
Señorías, no me voy a referir específicamente a cada una de sus enmiendas ni a su incardinación con sus argumentos porque no he tomado nota de ellas. De todos modos, en muchas de las intervenciones tampoco he estado muy seguro de si lo que se estaba planteando era el contenido de una enmienda en particular o si se trataba de la repetición de algunas argumentaciones que ya habíamos tenido ocasión de escuchar esta misma mañana.
En lo que se refiere a las enmiendas del Senador Cámara, del Grupo Mixto, lo que su señoría ha hecho básicamente ha sido exponer un listado de inversiones. No tengo nada que decir a ese respecto ya que probablemente sean inversiones necesarias e importantes, o sean actuaciones que el Gobierno, la autoridad o a quien corresponda en su momento deba plantearse que sean acometidas, pero lo que el Gobierno plantea son una serie de prioridades que están recogidas en el Anexo II, de inversiones.
Por tanto, no se votará a favor de sus enmiendas particulares.
En cuanto a los planteamientos del BNG, no estamos de acuerdo --y por lo tanto no vamos a aprobar su propuesta-- con que la orientación del Plan Hidrológico y el concepto de agua que nosotros tenemos sea simplemente una orientación productivista, sino que entendemos que los criterios de racionalización en el consumo, reutilización, ahorro, etcétera, han sido elementos y conceptos que se han tenido muy en cuenta a la hora de elaborar este proyecto de Plan Hidrológico Nacional. Como ya comentamos antes, no es el momento de introducir cambios competenciales en la gestión de recursos hídricos. Cualquier iniciativa de esas características podrá ser discutida o incluso apoyada, pero entendemos que no es ni la Comisión ni la ley donde han de tratarse ese tipo de cuestiones.
Respecto a las inversiones --yo recordé antes que las inversiones que le corresponden a Galicia son, creo, 98.000 millones de pesetas--, el Senador entiende que son insuficientes y por ello presenta algunas enmiendas para ampliarlas. Nosotros pensamos que no es una cantidad desdeñable, otra cuestión es que las prioridades del Gobierno
y del Ministerio de Medio Ambiente no sean las mismas, evidentemente, que las del Senador interviniente. Las prioridades del Gobierno en estos momentos en esa tierra, en esa Comunidad Autónoma, están dirigidas al saneamiento --y de hecho así nos lo dice el propio Senador: la mayoría de esas inversiones van dirigidas a las mejoras de saneamiento--, y cuando el Senador plantea problemas o situaciones de abastecimiento hay que recordar también que no todas las competencias de abastecimiento son del Ministerio, sino que muchas están compartidas con ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Ya que lo ha mencionado, con el recordatorio que hice yo de que Galicia no cede agua, simplemente quería expresar un hecho. Precisamente aquí no ha habido ningún tipo de compensación por quién cede y quién no cede.
Ceden agua las Comunidades Autónomas que son excedentarias y desde las cuales es lógico, racional y económicamente rentable trasvasar agua a las Autonomías o territorios deficitarios. Evidentemente, sería muy caro y complicado plantearse un tipo de trasvase de esas características desde los territorios gallegos.
En cuanto a la intervención del Senador Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista, en el recordatorio que él nos hace de que es un corredor de fondo nos está haciendo un anuncio de que con estos temas nos veremos una y otra vez, porque lo cierto es que, en lo poco que lo conozco, este Senador tiene un gran mérito, y es que es inasequible al desaliento. De todas formas, como muchos de sus planteamientos son razonables, estamos dispuestos a discutirlos las veces que haga falta.
(Risas.) Respecto a las enmiendas que tratan de la Directiva Marco, ya le he dicho antes que todos los aspectos que deben ser recogidos de esta Directiva ya están en el articulado del Plan Hidrológico.
Ha hecho mención también a unas encuestas --y repito que no sabría decirle con exactitud la enumeración, la ha dicho usted anteriormente-- que se refieren a la creación de los mercados del agua. Creo que usted ha afirmado antes que cuando se modificó la Ley de Aguas de 1985 en el año 1989 se crearon los mercados de agua, lo que común y coloquialmente se conoce como bancos públicos de agua (El señor Rodríguez Cantero: No, no.) Permítame que le diga que nosotros no tenemos ningún miedo ni a lo público ni a lo privado, ni denostamos ni lo público ni lo privado, únicamente buscamos una gestión eficaz del agua y entendemos que en esos centros de intercambio de derechos se puede hacer una gestión muy eficaz.
En cuanto a lo que usted plantea, los organismos de cuenca, que siempre intervendrán en este tipo de cesiones, podrán autorizarlas o no si afectan negativamente al régimen de explotación de los recursos, a los derechos de terceros, a los caudales medioambientales y al estado o conservación de los ecosistemas acuáticos, y no sólo eso, sino que los organismos también podrán ejercer --y me parece que usted así lo planteó-- un plazo de derecho de adquisición preferente del aprovechamiento de los caudales a ceder, rescatando los caudales de todo uso privativo. Con esto queda garantizada una perfecta gestión y utilización de esos centros de intercambio de agua.
En cuanto a la creación de una Conferencia Sectorial del Agua, quisiera recordarle que ya existe en el seno del Ministerio de Medio Ambiente.
Ha hecho unas apreciaciones sobre la tramitación de esta ley en el Senado que creo que eran simplemente reflexiones suyas en voz alta que no se referían a ninguna enmienda en particular. Usted mencionó precisamente la expresión «tintes electoralistas», con lo cual entiendo que pueda haber sido una reflexión, una ocurrencia. Tintes electoralistas sólo se le podrán achacar a quien con un plan hidrológico vende unas ideas en una Comunidad Autónoma y otras en otra distinta. Nosotros hemos sido muy claros en Murcia, en Sevilla, en Alicante, en Valencia y en Aragón sobre lo que supone y lo que contiene el Plan Hidrológico Nacional. Nunca hemos intentado vender esto con tintes electoralistas, como usted dice, sino que hemos intentado ser honestos con todas las Comunidades Autónomas afectadas.
Estamos absolutamente de acuerdo con que el Plan Hidrológico Nacional debe ser un instrumento de planificación. No sé por qué usted quiere enmendar un documento que está de acuerdo con lo que usted opina, y donde se recoge que los usos relacionados con el agua deben ser racionales y su justo reparto teniendo en cuenta todas las consideraciones medioambientales.
Ha hecho mención a la necesidad de tramitar y aprobar el Plan Nacional de Regadíos. Esto tiene una parte de lógica, pero en esa parte usted se vería satisfecho y compensado si leyera los documentos que soportan la ley del Plan Hidrológico. Todas las previsiones que se hacen en los planes de cuenca sobre reservas para futuros regadíos están contempladas, y estamos hablando de la posible creación de más de 1 millón de hectáreas, concretamente creo que en lo que se refiere a la cuenca del Ebro habla de cerca de medio millón de hectáreas. Entiende el Ministerio que es una previsión irrealizable, no obstante, por si se llegara a desarrollar o por si se ejecutara, en los estudios del Plan Hidrológico sobre necesidades de agua de cara a futuros crecimientos en la cuenca del Ebro se recoge este crecimiento de 500.000 hectáreas.
Algunas de sus enmiendas se refieren a la necesidad de no dar más concesiones de agua. Por la información de que yo dispongo, creo que no se han dado prácticamente concesiones de agua en los últimos 15-16 años, a no ser algunas de carácter muy específico, y ya en algunas cuencas deficitarias, concretamente en la del Segura, está prohibido por ley, con lo cual no tiene sentido redundar en algo que ya plasma una ley determinada.
Respecto a la prevención de sequías, está perfectamente recogido en el artículo 27 del Plan Hidrológico, lo mismo que en la Directiva Marco, y aunque tiene usted otro planteamiento en lo que se refiere a las concesiones no quiero ampliar más al respecto.
He pasado un poco de puntillas sobre los temas, pero si usted lo desea podemos entrar en alguno en concreto en un debate posterior o en el Pleno.
Señor Presidente, sí me lo permite, en este momento cedo la palabra a mi compañero Pedro Ruiz para contestar a otras enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: En turno en contra del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Pérez Ruiz.
El señor PEREZ RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero adicionar algo a lo que decía, muy bien dicho, nuestro portavoz.
Yo creo que lo que se está comentando en la defensa de algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista acerca de que esta Cámara va a quedar minusvalorada, así como la Comisión Gen eral de Comunidades Autónomas, es un canto bastante raro. Es bastante raro que se diga eso cuando hoy en esta Cámara está habiendo un debate importante y transcendente para todas las Comunidades Autónomas, y si bien tienen su legislación y está regulado a través de la Comisión General de Comunidades Autónomas, no creo que esta Comisión de Medio Ambiente tenga menos significación política territorial que la Comisión de Comunidades Autónomas o cualquier otra de las que existen en el Senado, porque aquí representamos a todos los territorios.
Por tanto, pienso que no se ha robado nada al Parlamento, concretamente a nuestro Senado, y que tampoco se aporta nada al plantear esas modificaciones para que la reforma del artículo 35 se efectúe cada dos año en lugar de cada cuatro, ya que también sabemos perfectamente, señorías, que el Senado puede solicitar toda la documentación que estime conveniente en el momento que crea oportuno, sin ningún tipo de cortapisas para realizar su trabajo cuando así lo considere.
Pienso que el debate que se está produciendo hoy en esta Comisión de Medio Ambiente sobre el Plan Hidrológico Nacional es muy importante; un Plan Hidrológico Nacional difícil de apoyar por parte de algún grupo parlamentario, concretamente por el Grupo Parlamentario Socialista, porque entendemos que duele reconocer que después de tantísimos años al frente de la responsabilidad máxima del Gobierno de España, con todas las oportunidades y con todo lo que ha habido que realizar, no se haya podido presentar un plan hidrológico nacional que diera respuesta a las necesidades que España tiene en su conjunto; y realmente duele comprobar cómo otro grupo político distinto ha logrado unir el esfuerzo de la sociedad en su inmensa mayoría para lograr la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional que, como también sabe claramente la oposición, figura en el programa electoral del Partido Popular, que pensaba aprobarlo para toda España. Es un compromiso que el Gobierno del Partido Popular y su Presidente, José María Aznar, adquiere con los ciudadanos españoles en marzo del año 2000 y parece raro que un compromiso electoral y una ley de esta envergadura se tramiten tan bien y tan rápidamente por parte de ese Gobierno para que en junio de 2001 nos encontremos debatiendo este asunto en la Comisión de Medio Ambiente, y que esperemos debatir su aprobación definitiva en el próximo Pleno. (El señor Rodríguez Cantero: ¡Milagro!) Sé que duele porque ustedes afirman que no es posible que esta gente trabaje tanto y además que lo haga tan bien para poder indignarnos, de forma que podamos repetir permanentemente unos argumentos que no nos valieron en su día, que no nos van a valer ahora y que sabemos perfectamente que son bastante coherentes.
Señorías, además de la aprobación del Plan Hidrológico Nacional hemos de saber que cuando se plantea agua para beber la ciudad de Murcia ya está construyendo una potabilizadora, una desaladora de agua de mar con las técnicas más modernas, que se siguen haciendo inversiones como no se habían realizado hasta ahora, y no solamente en Murcia sino en toda España. Esto es lo que creo que no se acaba de ver y es lo que se menciona permanentemente como objetivo en contra de este Plan Hidrológico Nacional; un Plan Hidrológico Nacional que va a sacar definitivamente de esa miseria hídrica que en este momento tiene la cuenca del Segura; de esa miseria hídrica que ha tenido que padecer la cuenca de la Región de Murcia que nos ha llevado a una regresión económica durante muchísimos años, a tener que inmigrar permanentemente a otros países; mientras que hoy, en lugar de inmigrar desde la Región de Murcia a otros países, desde la Comunidad Valencia, desde Almería se está produciendo justamente lo contrario. Eso es lo que no acaba de entender el Grupo Parlamentario Socialista, que este proyecto serio y coherente va a ser una realidad en muy pocos años, que además va a contar con el apoyo de la Comisión Europea correspondiente y del Gobierno europeo para que sea una realidad lo antes posible. Este grupo, espero que junto con los demás grupos parlamentarios, se va a encargar de instar a nuestro Gobierno para que este Plan sea una realidad que vertebre las economías de todas y cada una de las Comunidades Autónomas de España.
Por tanto, tendré que dar las gracias a todos por el apoyo que espero concedan finalmente al informe de la Ponencia, así como al voto que confío sea afirmativo en el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias Senador Pérez Ruiz.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Arroyo.
Me remito a las consideraciones realizadas en el turno inicial del veto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Servià.
El señor SERVIË I COSTA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, evidentemente este Plan Nacional de alto vuelo se basa simplemente en tomar aguas del río Ebro y repartirlas en zonas donde son más necesarias. La primera afección negativa de imagen de este Plan es la zona de Cataluña,
el bajo Ebro y concretamente el Delta del Ebro, que son las zonas que quedan más afectadas. El Delta del Ebro actualmente sufre problemas desde que funcionan tres pantanos grandes aguas arriba que no desprenden limos y cuyo caudal está regulado por las compañías eléctricas, con dificultades de irregularidad, ignorando totalmente lo que son caudales mínimos o ecológicos.
Por tanto, este tema debía ser determinante para la posición de nuestro Grupo Parlamentario con el Gobierno en Cataluña y podría parecer incongruente que hoy no hayamos presentado veto y que vayamos a abstenernos sobre algunas enmiendas de otros grupos y que, como ya he manifestado en esta Cámara, vayamos a apoyar el proyecto de ley tal como está en estos momentos.
Para ello es necesario que explique nuestra posición. Desde luego, sin detalles añadidos, este Plan era auténticamente perjudicial para el bajo Ebro y para el Delta del Ebro. Desde que se comenzó a hablar del mismo, tanto la Generalitat de Cataluña, con sus alegaciones, como el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en sus intervenciones en el Congreso con la negociación y la presentación de enmiendas han conseguido un Plan que hoy, repito, vamos a apoyar.
Realmente, ha habido muchos pequeños cambios y flecos y voy a citar ahora cuatro puntos importantes que justifican la ausencia de enmiendas y nuestro apoyo a este Plan.
El primer punto importante es el artículo 16, la condición técnica número tres que determina --esto es aportación de nuestro Grupo-- que la detracción de caudales se hará entre los meses de octubre y mayo, con lo cual queda completamente claro que ni en su fase inicial ni final el trasvase detraerá aguas del Ebro en el verano.
El segundo punto es la disposición adicional segunda que modifica la Ley 18/1981, referente a la detracción realizada en su día mediante el minitrasvase de aguas de los sobrantes o de recuperación de los canales de riego hasta Tarragona; aquí se admite la posibilidad de que estas aguas sobrantes puedan llegar hasta Barcelona, que es el gran problema de agua de Cataluña.
El tercer punto que justifica nuestra posición, punto de cambio sobre el plan original, es la disposición adicional novena que admite posibles trasvases alternativos en el futuro, así como la evaluación de nuevas opciones a corto plazo, o diferentes. Esto está redactado más o menos en las palabras con las que me he expresado pero, como ustedes saben, responde a la idea de nuestro Grupo de que la auténtica solución de los problemas de agua en España, habida cuenta del cambio climático, las sequías generales, las limitaciones de toda la península, etcétera, es acudir al agua del Ródano. Desde hoy, en mis intervenciones voy a decir RhÖne, que es como lo dicen los franceses. En catalán decimos Roine, pero si lo digo así ni siquiera me van a entender. Si digo Ródano pienso que no me entienden los franceses, y como creemos en esta solución tendremos que ser simpáticos con ellos en primer lugar, para que nos den agua y, aunque no nos la van a dar sino a vender, por lo menos hemos de conseguirla a buen precio y, en segundo, porque para traer esta agua tendrán que darnos permiso para realizar unas conducciones a través de sus tierras. Por ello, voy a decir simplemente RhÖne.
Consideramos que la solución de futuro es traer agua de arriba abajo porque, evidentemente, los estudios técnicos demuestran que concretamente la zona de los Alpes es una reserva europea de agua que por más cambios climáticos que haya, por más previsiones que se efectúen a 100 años, con las nieves y deshielos, no está prevista en absoluto una disminución de aguas disponibles. Por ello, creemos que hay que pensar en un futuro a largo plazo y no en parches a corto plazo. Esta pequeña disposición admite que el Plan estudie el futuro de traer agua del RhÖne, lo que no estaba contemplado en el plan inicial.
El cuarto punto que nos justifica es la disposición adicional décima que determina la creación del Plan integral de protección del Delta.
Consideramos que ésta es la base para la solución futura de los temas del Delta, con la creación de un consorcio que incluya a todas las partes interesadas, básicamente el Ministerio de Medio Ambiente, la Generalitat de Catalunya con su Consellería de Medi Ambient, todos los entes locales afectados y todas las organizaciones sociales, regantes, agrícolas y demás involucradas en este tema.
El plan contempla la creación de este consorcio en un año, que cuente con todas las actuaciones tendentes a compatibilizar el hecho de ser solidarios con el resto de España y de ceder estos 1.000 hectómetros cúbicos de agua con no sólo no perjudicar sino mejorar las condiciones del Delta. Para dar un ejemplo a este respecto diré que en el caso de los pantanos de Flix, Ribarroya y Mequinenza, cuyos caudales hoy día controlan las compañías de energía eléctrica, sería ese consorcio el que garantizaría los caudales ecológicos mínimos.
Como digo, estos cuatro puntos hacen que nosotros estemos satisfechos con este proyecto de ley. Evidentemente, nos gustaría mejorar otros muchos aspectos; pero, considerándonos también corredores de fondo, como ha dicho el señor Rodríguez Cantero, creemos que los citados puntos han de ser positivos para el futuro del Plan en toda España y, por tanto, también para Cataluña, el Ebro, y concretamente el delta. Por eso vamos a apoyar este proyecto de ley.
Y permítanme que haga un par de comentarios a título personal, procurando ser breve, porque, si lo han sido el resto de los portavoces en la defensa de sus enmiendas, aún más debo serlo yo en este caso. Señorías, yo he sido elegido por la circunscripción de Girona, y nací, viví y trabajé a cinco kilómetros de la desembocadura del río Ter, para ustedes un pequeño río «in extremis», que se encuentra en una zona superperiférica, pero un río importante para la gente de aquel lugar. El río Ter está en el Baix Ampurdá y riega una importante zona agrícola en la que hay una gran extensión de cultivos de arroz, los cuales, como es evidente, tienen necesidad de agua de riego por el sistema de inundación.
Además, se encuentra en el centro de la Costa Brava, donde en verano, debido al fenómeno turístico, hay un aumento muy considerable de personas que necesitan agua para beber, para bañarse y para actividades de todo tipo.
El río Ter fue sometido a un trasvase de aguas hace muchísimos años, antes de la existencia de esta Cámara, con otro régimen político, y se hizo una conducción para suministrar agua a la ciudad de Barcelona, que iba creciendo y para la que no había otras soluciones. Eso ha funcionado así desde hace más de 30 años hasta hoy. Pero en los últimos diez años, debido a las distintas sequías, al cambio climático, al aumento del fenómeno turístico y a las necesidades de la Costa Brava, a costumbres de los regantes, etcétera, es decir, a un conjunto de situaciones, durante los meses de julio y agosto, e incluso a veces ya en junio, el río Ter sufre problemas de caudal que han perjudicado las cosechas de los agricultores, y en algunos momentos también la calidad de las aguas de suministro a la Costa Brava, que se proveen en pozos situados a poca distancia, entre los últimos diez kilómetros, de la desembocadura y que sufren una cierta salinización y una serie de problemas.
Las gentes de Girona hemos reivindicado más agua en los momentos difíciles, pero, evidentemente, conseguir cerrar el grifo a una ciudad importante como Barcelona es un asunto que para los que podríamos decir que allí somos periféricos es muy difícil y complicado. Y me refiero al río Ter, no para plantear un problema más del Plan Hidrológico, sino para dar muestra de cómo se puede encontrar una solución a través de los cuatro puntos a los que me he referido, que tan importantes son para nosotros. Porque sólo con el primer punto, que limita la detracción de caudales de octubre a mayo, el río Ter no habría tenido ningún problema en los diez últimos años y quizá tardaría 30 años en llegar a tenerlos.
Eso, sin contar con el resto de los otros puntos, ya que hay que tener en cuenta que en la zona hay dos pantanos importantes, los de Susqueda y Sau, que también proporcionan agua a Barcelona y producen energía eléctrica.
Por tanto, si los que nos encontramos en la desembocadura del Ter pudiéramos contar con un consorcio que controlara el grifo de desagüe de los pantanos en el mes de agosto no tendríamos ningún problema. Esta pequeña anécdota me ha servido para explicar a título personal la posición de mi Grupo en toda Cataluña y nuestra fe en el futuro de este Plan, tal cual está.
Por tanto, como este Plan nos gusta tal como es y por eso lo apoyamos, y determina una serie de actuaciones importantes por parte del Gobierno, e incluso del Consejo de Ministros --para algunas de las cuales se establece un plazo de doce meses desde su entrada en vigor, y para otras, de veinticuatro--, nuestra preocupación radica en que estas medidas se cumplan. Y de retrasarse, nuestro Grupo tendrá que atacar como si de un corredor de fondo se tratara, tal como ha dicho el señor Rodríguez Cantero, dar guerra y procurar que se lleven a cabo, ya que hemos basado nuestra fe en este proyecto en los cuatro puntos citados.
Para terminar, y también a título personal, me gustaría hacer una sugerencia a la Mesa de la Comisión que quizá sea inadecuada o improcedente, pero les ruego que me perdonen por mi poca experiencia en estos temas. Es una idea que no ha surgido de mí ni de mi Grupo, sino que se desprende de la lectura de las enmiendas de otros grupos que hoy entiendo que van a ser rechazadas, y sobre la que considero importante que la Comisión o la Cámara hicieran algo al respecto. Se trata de que mediante una corrección o como mejora técnica --tal como se ha hecho en otras propuestas del Plan-- la Mesa estudiara si tiene la facultad, o si puede proponer a la Mesa y Junta de Portavoces del Senado, o a los servicios jurídicos o técnicos correspondientes, para el cambio de una palabra del título de este Plan, denominado Plan Hidrológico Nacional.
Porque, en coherencia con la Constitución, tal como está escrita, y de lo que se desprende de la lectura de esas enmiendas, creo que se debería llamar Plan Hidrológico Estatal.
Ahí va mi sugerencia, por si la Mesa puede hacer algo en ese sentido.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Gracias, señor Presidente.
Senador Pérez Ruiz, en tono distendido le diré que cuando le he escuchado me ha recordado usted a un amigo mío, que decía: Yo antes tenía un defecto, y es que era un poco vanidoso. Ahora me he curado, y soy perfecto. (Risas.) En cuanto al Senador Sopeña, me ha dado un sobresalto de ilusión, de alegría, porque ha empezado diciendo: Como muchas de sus enmiendas son razonables, podemos... Pero le confieso que después me ha desilusionado, porque ha acabado así: ... seguir discutiendo. Como usted es un buen asturiano, creo que ha dicho eso pensando en una copia de una canción asturiana, que dice: Si tiene arreglo, se arreglará, y si no, arreglado está. (Risas.) ¿Verdad que se dice eso en Asturias? Insisto, como buen asturiano que usted es, creo que lo que ha querido decir es: Si quiere, podemos seguir discutiendo, pero esto arreglado está.
Y ésa es la pena, porque, aunque no las comparta, comprendo muchas de sus posturas, ya que un partido de derechas tiene una determinada posición, una ideología, una filosofía que aplica a su programa cuando por las urnas está en el Gobierno democráticamente. Repito que lo entiendo pero que no lo comparto, por lo que siempre intentaré convencerles, no de que están en un error, porque ustedes nunca cometen errores, sino al menos de que contemplen otras opciones.
Pero hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, que a estas alturas, en el siglo XXI, ustedes todavía insistan en que en política de aguas lo que hay que gestionar es la oferta y no la demanda creo que no es una cuestión de filosofía, sino sencillamente ser antiguo. Y todo el Plan Hidrológico está impregnado de esa filosofía. Ustedes han pensado ¿dónde podemos coger agua? Aquí. ¡Pues agua va! Ese es el discurso. Y tres billones de pesetas. Pero, señorías, eso hoy no lo suscribe nadie medianamente moderno y que se dedique a estos temas. Repito que no lo entiendo. Como tampoco entiendo que ustedes se nieguen a que haya una conferencia sectorial del agua. Que yo sepa, en el Ministerio de Medio Ambiente no funciona institucionalmente
ninguna conferencia sectorial del agua. Hay conferencias sectoriales de agricultura, de medio ambiente, etcétera, que podrán funcionar mejor o peor, pero lo que yo quiero es singularizar que el agua es una política de Estado y que, en consecuencia, debe existir una conferencia expresamente dedicada a los temas del agua. Porque ustedes defienden una concepción del agua que responde a su filosofía, es decir, entienden que el agua es un factor de producción, nada más, y no un factor de cohesión social y territorial. Esa es la gran diferencia. Como para ustedes es un factor de producción, en cuanto manden 90 ó 120 hectómetros cúbicos creen que ya han cumplido. Pero ustedes, además de solucionar los problemas de déficit hídrico, tienen que atender a los problemas de cohesión territorial y social, y eso su Plan hidrológico no lo contempla. A ustedes no se les ha pasado ni por la mente los desequilibrios que pueden generar con este trasvase que plantean como única alternativa.
Por eso, entiendo que no quieran los bancos públicos de agua; como piensan que el agua es sólo un factor de producción y estamos en una sociedad de mercado, les basta con introducir el agua en el mercado. Y al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Nosotros tenemos que defender que el agua es un bien público, y lo hacemos por convicción. No nos fiamos de esos centros de intercambio de recursos que ustedes todavía no han desarrollado. Senador Sopeña, no lo han hecho porque les falta el reglamento que permita aplicar la Ley de aguas que ustedes modificaron, pero han utilizado el Plan Hidrológico Nacional como instrumento para profundizar en eso que no han desarrollado mediante reglamento.
Tampoco entiendo que ustedes no acepten los planes específicos de cuenca y sistemas de explotación deficitarios. ¿En qué daña eso a su filosofía? Yo creo que la complementa. En la enmienda adicional número 9 dicen que no renuncian a otras transferencias de recursos, a otros trasvases. ¿Pero cómo lo van a determinar, también con un lápiz y poniendo el mapa de España en vertical para que la gravedad haga caer el agua por su propio peso, o haciendo esos planes especiales de gestión de las cuencas. y de los sistemas para ver si, aplicados todos los elementos: reutilización, ahorro, desalación y demás recursos, hace falta agua y es necesario otro trasvase? No lo entiendo. ¿O es que la transitoria novena es simplemente un gesto hacia quienes legítimamente le acompañan y defienden, no la bondad de este Plan hidrológico, sino la menor inconveniencia del mismo? Si no, no se entiende.
Otro tema que tampoco entiendo es el de la modificación de los órganos de cuenca. ¿Por qué no reconocen algo que está en la calle? Ustedes han vaciado de contenido los órganos de cuenca con las sociedades estatales de agua y las confederaciones no saben ni qué hacer. Hay que modificar su composición, su contenido, su cometido, pero ustedes no lo creen necesario y no entiendo por qué.
Tampoco entiendo por qué no prevén en el Plan Hidrológico Nacional todas aquellas determinaciones de la directiva marco del agua. Dentro de tres años, como mucho, va a estar incorporada a nuestra legislación y vamos a tener que revisar los planes hidrológicos de cuenca y, en consecuencia, el Plan Hidrológico Nacional. Dentro de tres años, o sea antes de que consigan llevar una gota de agua a cualquier sitio, salvo que la lleven en cantimplora, vamos a tener que revisar los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. Prevéanlo ahora, que es lo que les estamos diciendo.
Por último, Senador Sopeña, quiero referirme a algo que me parece más profundo. He hecho una reflexión sobre el papel del Senado, y en la exposición de motivos queda recogida. No es ninguna ocurrencia, y estoy convencido de que usted piensa lo mismo. Usted es Senador como yo y estoy seguro de que no se siente cómodo con el papel que tiene hoy por hoy esta Cámara. No puede sentirse cómodo. He hecho una reflexión que parte de la convicción de que el Senado o acaba siendo una Cámara territorial o no es nada. Nos lo podríamos ahorrar, y deberíamos tener la valentía de decir esto. O todos tenemos el convencimiento y el propósito de hacer del Senado una Cámara territorial, o no sirve de nada.
Si tenemos ese convencimiento, nada más cercano a la competencia de esta Cámara que discutir las políticas territoriales, las políticas de ordenación del territorio. ¿Cómo se puede hurtar a esta Cámara el debate de las políticas de ordenación del territorio? ¿Cómo se puede hurtar a esta Cámara el debate del Plan director de infraestructuras? Por cierto, sin que haya habido debate el señor Alvarez-Cascos nos lo está presentando, primero en la campaña electoral y ahora en una hojita que rápidamente retira. ¿Cómo no se va a debatir aquí el Plan forestal, el cambio climático, el Plan nacional de regadíos? Esa es mi reflexión.
Estamos a punto de aprobar algo que ustedes llaman Plan Hidrológico Nacional y que hace un momento el portavoz de CIU ha propuesto que se llame plan hidrológico estatal, aunque yo creo que debería llamarse ley del trasvase del Ebro porque el contenido sería el mismo. ¿Cómo es posible que estemos hablando aquí de agua, de política de agua y de ordenación del territorio y no tengamos delante ni el Plan director de infraestructuras ni el Plan nacional de regadíos, por no citar el Plan forestal o el cambio climático? Ya veremos cómo pone el Plan Hidrológico Nacional el cambio climático, boca abajo. Todos esos sesudos estudios se van a ir pique, porque resulta que muchas de las cuencas y sistemas que hoy no son deficitarios lo serán en un horizonte de diez o quince años, según los estudios sobre el cambio climático.
Aquí no tenemos ninguno de esos documentos, y no me diga que es una ocurrencia. La ocurrencia es decir que el Plan Hidrológico Nacional no tiene nada que ver con los riegos, con el sistema de cultivos o con la renta agraria de las explotaciones familiares, lo otro es pura lógica. En este país el 80 por ciento de los recursos de regadío se destinan a la agricultura, ¿cómo es posible entonces hablar de planificación y distribución de un recurso si no tenemos delante el Plan Nacional de Regadíos? Es absolutamente necesario para tres cosas.
En primer lugar, para conocer la demanda, y no me diga --como ha dicho el Senador Pérez Ruiz-- que están incluidos en los planes hidrológicos de cuenca. Los planes hidrológicos de cuenca fueron contestados, entre otros, por
doña Loyola de Palacio, que cuando intentó hacer el borrador del Plan nacional de regadíos no le salían las cuentas. Seguro que sabe que el conflicto político que hubo entre lsabel Tocino y Loyola de Palacio, y no entro en el enfrentamiento personal de ambas Ministras, partía del Plan nacional de regadíos y del Plan hidrológico. (El señor Pérez Ruiz: Pero qué disparate.) No es ningún disparate, y si quiere le traigo documentos que ponen de manifiesto que el Ministerio de Agricultura se opuso a la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca; se reservó el derecho al veto, porque no le salían las cuentas.
No me digan que ustedes inventaron los planes hidrológicos de cuenca o la Ley de aguas. Nosotros nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho y lamentamos lo que no hemos hecho; hicimos la Ley de aguas y tuvimos en cuenta, por primera vez, la racionalidad de la planificación. Ustedes se encontraron aprobados todos los planes hidrológicos de cuenca a excepción de tres, porque lo hicimos nosotros. Si aquí no tenemos el Plan nacional de regadíos nosotros no sabemos cuál es la demanda, desde el punto de vista del volumen.
En segundo lugar, desconocemos las características agronómicas de esa demanda. No lo sabemos porque no tenemos delante el Plan nacional de regadíos, pero parece que a ustedes les da lo mismo regar aquí que allí.
Y, en tercer lugar, tampoco sabemos las repercusiones económicas que va a tener sobre las explotaciones.
Si usted junta todo eso y se va a Bruselas con la política agraria comunitaria, ha hecho un pan como dos tortas. Es decir, usted no ha ordenado el territorio, no ha ordenado el sector agrario, del cual el 68 por ciento de la producción está dedicada a regadíos.
Por eso, Senador Sopeña, yo rechazo el término ocurrencia y estoy convencido de que usted no lo ha dicho en ese sentido. Pero le hago esta reflexión, primero, porque en la Exposición de Motivos hacemos referencia a ella y porque, además, preside absolutamente todo el proyecto y todas las enmiendas que los socialistas hemos presentado.
Quiero comentar una última cuestión muy puntual porque se dicen cosas que no están contrastadas por la realidad. Las confederaciones hidrográficas, al menos la del Guadalquivir, han seguido dando concesiones desde el año 1996 hasta aquí --unas 30.000 y pico hectáreas, es la última respuesta por escrito que tengo del Gobierno--, pero, además, es que como no funciona la Policía de aguas, aquí no se sabe cuántas alcachofas hay en el río y cuántos están regando. De esto le puedo poner cien ejemplos y el Presidente le puede poner de su tierra otros 200 ejemplos. Ese es el tema. Por eso tampoco entiendo que ustedes no quieran hacer ese inventario, no quieran controlar esas concesiones, y no quieran que el Plan Hidrológico recoja una moratoria en las concesiones.
En definitiva, Senador Sopeña, vamos a seguir debatiendo el tema, no discutiendo porque no se trata de discutir, y lamentablemente habremos perdido una buena ocasión para que de este debate en el Senado hubiera salido un Plan hidrológico que de verdad contemplara todas las directivas comunitarias, propiciara un uso sostenible y racional del agua, fuera colaborador y coadyuvante del desarrollo equilibrado de nuestro territorio y, sobre todo, para que fuera un Plan de todos.
Este Plan --lo ha dicho también antes otro portavoz--tiene un gran rechazo social, tiene la mayoría de los votos, y en consecuencia ustedes están legitimados para aprobarlo, y en ese sentido no tengo nada que decir, pero, sépanlo, tiene el rechazo de una parte importante de la comunidad científica, tiene el rechazo de las asociaciones y del movimiento ecologista y, desde luego, tiene el rechazo de ser un Plan, se lo decía antes, miope, parcial, que, en definitiva, no merece llamarse Plan, ni mucho menos, Nacional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Rodríguez Cantero.
Para finalizar el turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Sopeña.
El señor SOPEÑA VELASCO: Señor Presidente, con su permiso quisiera compartir el tiempo con mi compañero Pedro Ruiz. ¿Es posible?
El señor PEREZ RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para decir solamente a nuestro compañero el señor Rodríguez Cantero que realmente yo entiendo que no se fíe de nada de lo que haga el Gobierno del Partido Popular y yo creo que no se fiaba ni de ustedes mismos y, por eso, por no fiarse de nada ni de nadie pues no hicieron nada.
Pero he de reconocer y reconozco, además sin que me duelan prendas, que hubo cosas --y usted y nosotros lo sabemos y lo hemos dicho-- que estaban bien hechas; eran pocas, pero habían algunas cosas, y las pocas que había también las hemos dicho. No crea usted que somos tan miopes como para eso. No, señor Rodríguez Cantero.
Para terminar, porque quiero ser breve, quiero decirle que este Senador siempre ha estado bien y ahora está mejor. No sé si usted se encuentra como yo, pero yo realmente le desearía que estuviera como yo de bien, que es perfecto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Pérez Ruiz.
El senador Sopeña continúa con el turno de portavoces.
Señor Rodríguez Cantero, la verdad es que veo muy difícil que usted y yo nos pongamos de acuerdo a pesar de la buena voluntad que seguramente tenemos ambos. Usted sigue insistiendo en que nuestro proyecto de Plan Hidrológico no contempla medidas de ahorro, de reutilización, de desalación, de modernización de regadíos. Ya si parte de esa premisa, es imposible que nos pongamos de acuerdo. Además usted lo tiene fácil para comprobarlo porque nosotros
en la elaboración de este proyecto hemos utilizado a muchos profesionales, a muchos técnicos que en muchos casos hay coincidencia con los que utilizaron ustedes en el año 1993. Estamos hablando de 16 o más años de estudios y de trabajos, y estamos hablando de una estadística que está en las Confederaciones, que está en el Ministerio, que tanto ustedes como nosotros y todos los ciudadanos disponen de ella; estamos hablando de una estadística de los últimos 100 años. Y en base a eso se definen unos déficit, se define un ahorro y se define una cantidad para llegar a la cual es necesario recurrir al trasvase. Pero, además, no abdicamos de nada de lo anterior, no abdicamos de los estudios. En cambio yo en su alternativa me encuentro con un documento donde habla de un ahorro --supongo que mayor que el nuestro-- de 1.134 hectómetros cúbicos que realmente no he sido capaz de saber de dónde lo sacan. Yo se lo cuestiono y me gustaría haber dispuesto de los documentos y de los estudios de los que usted ha dispuesto para juzgar los trabajos que ha realizado este Gobierno de cara a la elaboración de este Plan.
Como le digo, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, porque, señor Rodríguez Cantero, excepto por esta hoja donde hacen unas estimaciones de obtención de 1.134 hectómetros cúbicos en ahorros, en reutilizaciones, en bancos públicos, en desalación, en el fondo ustedes llegan a la misma conclusión. En el artículo 55 dice: Constatada la imposibilidad técnica, económico o ambiental, de atender los déficit existentes con recursos propios, el Gobierno considerará la posibilidad de realización de transferencia entre cuencas. Más adelante dicen: En todo caso, dada la especial gravedad de la situación de las cuencas estructural mente deficitarias --y ya las conocemos por nuestros estudios y por sus estudios--, se iniciarán de forma inmediata los estudios de detalle para adoptar dicha decisión.
Entiendo que lo que ustedes proponen es que cojamos todo lo que tenemos y que lo quememos, y los que tengan problemas, los que tienen necesidad, los que tengan déficit que esperen otros 10, 15, 25, 50 años para que alguien tome la decisión.
Señor Rodríguez Cantero, creo que tenemos los suficientes datos para saber que hay zonas con déficit que no se pueden cubrir simplemente retocando la demanda. Si como usted dice, algún día el cambio climático --que ya se consideró, pero no obstante las previsiones no hubiesen sido del todo realistas-- hace que en estas zonas el déficit sea mayor, a lo mejor hay que recurrir a otros sitios, hay que recurrir a otras aguas, y aquí el Senador Servià mencionó otra opción, pero para llevar esas aguas a esas zonas hará falta que esté construido el trasvase que hoy hablamos de construir, porque si no tendremos que llevarlo en barcos; si no, no sé cómo tendríamos que llevarlo.
En lo que se refiere a la política agraria comunitaria, no sé que tendrá que decir, si es que tiene algo que decir, la Unión Europea sobre la agricultura los regadíos de la zona de Levante. Lo que sí sé es que en lo que se refiere a las previsiones de regadíos del Plan Nacional están ya contempladas en las reservas de las cuencas cedentes. Lo sabe usted. Ya le hablé antes, hay 500.000 hectáreas, aunque yo creo que hay un acuerdo unánime de que son de imposible realización.
Quiero hacerle una aclaración: cuando hablaba de concesiones evidentemente hablaba de concesiones en cuencas deficitarias.
Dice usted que el Plan Hidrológico del Gobierno del Partido Popular lo que genera es desequilibrio. Yo creo que es exactamente lo contrario. El desequilibrio existe en la actualidad; ya se lo mencioné antes; existen zonas del país con un crecimiento muy «en veremos», con un crecimiento estrangulado por culpa de la escasez de agua. Nosotros lo que pretendemos es reequilibrar el acceso a un recurso que es de todos, a la vez que nos preocupamos de las características ecológicas de este recurso, de que mejore, de que se mantenga. No le vuelvo a hablar de la Conferencia sectorial porque si usted no lo cree, vaya al Ministerio e infórmese, y seguramente ese será otro punto más de encuentro en los próximos días.
En lo que se refiere a la intervención del Senador Servià, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, participamos de sus preocupaciones y de sus planteamientos.
En lo que se refiere a la disponibilidad estacional, a la detracción de caudales, que ustedes han incluido en el texto del proyecto de ley entre octubre y mayo, creo que eso probablemente, Senador Servià, no estaba en el texto de la ley tan claro y preciso como a ustedes les hubiera gustado, pero si mira los estudios y los trabajos, comprobará que eso ya estaba previsto desde el principio; eso es un tema conocido que ya se tuvo en cuenta a la hora de diseñar el trasvase y a la hora de diseñar las capacidades de almacenamiento en las cuencas receptoras.
En lo que se refiere a la preocupación por el Delta del Ebro estamos absolutamente de acuerdo con usted. Todos tuvimos acceso a los «Diarios de Sesiones» de especialistas en cuestiones del Delta que han pasado por el Congreso de los Diputados y creo que hubo un reconocimiento general de que el Delta está mal. No es que se vaya a poner mal, ni siquiera que se vaya a poner peor, es que está mal. Usted ya ha dicho que la gran oportunidad del Delta del Ebro puede ser el Plan Hidrológico Nacional y ha mencionado algún ejemplo. Me voy a quedar solamente con ése: tres embalses, hoy de titularidad privada, que no tienen otro objetivo que producir kilovatios, hoy, a través de este plan, se van a poner a disposición del Delta del Ebro.
Hoy, por fin, a través de un plan especial se va a hablar de aportaciones de sólidos al Delta del Ebro. Se va hablar de caudales ecológicos al Delta del Ebro. Coincidimos con usted en que este Plan Hidrológico Nacional va a ser la salvación y la solución para el Delta del Ebro.
Finalizado el debate de las enmiendas pasamos, por tanto, a la votación del texto del informe de la Ponencia. Esta Presidencia entiende que las enmiendas han sido rechazadas en el turno en contra del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No obstante, podemos someter a votación,
si así lo desean, cada uno de los conjuntos de enmiendas.
El señor SOPEÑA VELASCO: Sería mucho más lógico votar el texto de la Ponencia, si le parece, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Si algún grupo político desea votar el conjunto de las enmiendas que ha defendido podemos, efectivamente, realizar esa votación y si no votamos directamente el texto del informe de la Ponencia.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Señor Presidente, no tengo ilusión por andar votando y votando, pero tiene que constar que se rechazan las enmiendas y que se rechazan todas o la mayoría.
El señor PRESIDENTE: Votamos directamente las enmiendas agrupadas.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: No, señor Presidente. El portavoz del Partido Popular ha dicho que las rechaza todas. Queremos que quede constancia de que quedan todas rechazadas por no sé cuántos votos a favor y no sé cuántos en contra.
El señor PRESIDENTE: Pues, por eso, Senador Rodríguez Cantero, vamos a votar el texto del informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en contra, 7.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: ¿El informe de la Ponencia no lo íbamos a votar por artículos?
El señor PRESIDENTE: Le he preguntado a su señoría si que votáramos las enmiendas agrupadas.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Pero las enmiendas son una cosa y el texto del informe de la Ponencia es otra.
El señor PRESIDENTE: Senador Rodríguez Cantero, no ha pedido usted, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, votación separada de ninguno de los artículos.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Señor Presidente, como ha dicho el texto de la Ponencia me ha confundido. Lo haremos en el Pleno. Da igual.
El señor PRESIDENTE: Queda, pues, aprobado el texto de informe de la Ponencia.
Quedan dos cuestiones que trataremos con toda brevedad. Sus señorías han hecho frecuentes alusiones a las confederaciones hidrográficas. Quiero decirles que hace muy pocos días ha fallecido el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, don Francisco Llerena. En nombre de esta Comisión y en el mío propio enviaremos un telegrama de condolencia.
En segundo lugar, para finalizar esta sesión, queda por designar a quien presentará el dictamen ante el Pleno de la Cámara. (El señor Sopeña Velasco: El señor Presidente.--El señor Servià i Costa pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Servià.
El señor SERVIË I COSTA: Perdón, señor Presidente, o yo no le he entendido o el resultado de la votación no ha quedado claro.
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: 16 votos a favor; 7 votos en contra y cero abstenciones.