Source: http://observatorio.defensoria.gov.co/?_s=ojc&_a=18&_q=10&_es=0
Timestamp: 2019-08-23 23:01:07
Document Index: 397761722

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 320', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 9']

Mostrando únicamente sección 10
En el Caso Yvon Neptune, al señor Yvon Neptune, ex Primer Ministro de Haití durante el gobierno del ex presidente Jean Bertrand Aristrid, entre el 2002 hasta marzo de 2004, se le dictó una orden de arresto, en marzo de 2004, expedida por una Jueza de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia, como "inculpado de haber ordenado y participado en la masacre de la población de La Scierie (Saint-Marc) y en el incendio de varias casas en el curso del mes de febrero de 2004".
Dicho gobierno solicitó la intervención de la Naciones Unidas-Consejo de Seguridad, que estableció una Fuerza Multinacional Provisional (FMP) y posteriormente la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, entre otros aspectos, para "proveer un entorno seguro y estable para el proceso constitucional y político haitiano, así como vigilar la situación de los derechos humanos en el país". En el 2006, Haití regresa a la legalidad constitucional expresado en la elección del Presidente de la República, señor René Préval.
La Corte estableció que el Estado no violó el principio de legalidad y de retroactividad penal -artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, porque el implicado no fue juzgado ni condenado con base en el contenido de un auto que calificó la conducta como masacre, no tipificada en el código penal haitiano y en cuanto que dicho auto fue dictado por un tribunal que carecía de competencia para hacerlo. nota 1
En el Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Wilson García Asto fue detenido en forma ilegal el 30 de junio de 1995 por personal de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo - DINCOTE por encontrarse en su poder supuesta documentación de ?carácter subversivo?. En el primer proceso seguido contra el señor Wilson García Asto se invocaron y aplicaron los delitos de colaboración con el terrorismo y el delito de afiliación a organizaciones terroristas establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley No. 25.475, respectivamente, en los que se fundó la condena dictada el 18 de abril de 1996 por la Sala Especial de Terrorismo de la Corte Superior de Lima. La Corte observa que los delitos de colaboración con el terrorismo y afiliación a organizaciones terroristas son tipos penales que por sus características son excluyentes e incompatibles entre sí. El Tribunal estima que calificar una conducta con ambos tipos penales, colaboración con el terrorismo y afiliación a organizaciones terroristas establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley No. 25.475, respectivamente, es incompatible con el principio de legalidad establecido en la Convención, por tratarse de tipos penales excluyentes e incompatibles entre sí. Por lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta el reconocimiento de los hechos ocurridos con anterioridad a septiembre de 2000 hecho por el Estado, la Corte consideró que el Estado violó el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Wilson García Asto, al condenarlo en el primer proceso de manera conjunta por los delitos de colaboración y afiliación a organizaciones terroristas en el primer proceso seguido en su contra.
En el mismo Caso García Asto y Ramírez Rojas, el señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido ilegalmente y por la mera sospecha, el 27 de julio de 1991 por personal de la DINCOTE cuando se encontraba enfermo y sin que se configurara flagrante delito. El señor Urcesino Ramírez Rojas fue sometido a dos procesos penales en el fuero ordinario. El primer proceso se llevó a cabo ante jueces sin rostro y fue condenado a veinticinco años de pena privativa de libertad mediante sentencia de 30 de septiembre de 1994, dictada por la Corte Superior de Justicia de Lima por el delito de terrorismo agravado tipificado en el artículo 320, incisos 1 y 5 del Código Penal de 1991, por una serie de hechos delictivos ocurridos en los años de 1987, 1988, 1989 y 1990. En relación con el principio de no retroactividad la Corte observa que en el primer proceso cursado en contra del señor Urcesino Ramírez Rojas le fueron imputados ciertos actos que se llevaron a cabo con anterioridad a la entrada en vigor del Código Penal de 1991, hechos delictivos ocurridos en los años de 1987, 1988, 1989 y 1990. Por lo anterior, tomando en cuenta el reconocimiento de los hechos anteriores a septiembre de 2000 realizado por el Estado, la Corte consideró que el Estado violó el principio de no retroactividad consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas, al aplicar el Código Penal de 1991 de manera retroactiva en el primer proceso llevado en su contra. nota 1
Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 111 . Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 119 . Caso de la Cruz Flórez Vs. Perú. Sentencia Serie C. No. 115 .
Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 126 .
En el Caso Baena Ricardo y otros, la Corte expresó que el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 de la Convención, al indicar que si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de la misma, ya que la Convención no establece un límite en este sentido. nota 1
En el Caso Ricardo Canese, la Corte resolvió declarar la responsabilidad del Estado de Paraguay por incumplir el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, puesto que, durante un período de aproximadamente cuatro años en el cual estuvo en vigencia un nuevo Código Penal que contenía normas más favorables que las aplicadas en las sentencias condenatorias al señor Canese, dicha normativa más favorable no fue tomada en cuenta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, a pesar de los recursos planteados por el señor Canese solicitando la revisión de su condena, así como tampoco fue considerada de oficio por el juez competente. nota 2