Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00666-2592-2011-de-marzo-30-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_accff91647f24c799b02ab06e2ff2954&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-18 19:58:19
Document Index: 306579185

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 174', 'ARTÍCULO 123', 'ARTÍCULO 122', 'artículo 48', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 39', 'artículo 174', 'artículo 39', 'artículo 48', 'artículo 43', 'artículo 48', 'artículo 174', 'artículo 39', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 43', 'artículo 123', 'artículo 122', 'artículo 174', 'artículo 48', 'artículo 174', 'artículo 167', 'artículo 174', 'Artículo 167']

﻿ SENTENCIA 2011-00666/2592-2011 DE MARZO 30 DE 2017
SENTENCIA 2011-00666 DE 30 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:CARGO DE CONCEJALES NO PERTENECE A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL O DESCENTRALIZADA DEL MUNICIPIO. SE HA SEÑALADO QUE LOS CONCEJALES OCUPAN CARGO PÚBLICO, EL CUAL NO HACE PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL O DESCENTRALIZADA DEL MUNICIPIO. ADEMÁS, AL ESTUDIAR EL ALCANCE DE LA INHABILIDAD DEL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY 136 DE 1994, ESTABLECE QUE NO PODRÁ SER ELEGIDO PERSONERO QUIEN HAYA OCUPADO DURANTE EL AÑO ANTERIOR, CARGO O EMPLEO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL O DESCENTRALIZADA DEL DISTRITO O MUNICIPIO. SE INDICÓ QUE ESTA PROHIBICIÓN GIRA SOBRE DOS EXIGENCIAS: HABER DESEMPEÑADO DENTRO DEL AÑO ANTERIOR CARGO O EMPLEO PÚBLICO Y EL CUAL DEBE SER DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL O DESCENTRALIZADA DEL MUNICIPIO. DE IGUAL FORMA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOS CONCEJALES SON SERVIDORES PÚBLICOS DE UNA CORPORACIÓN PÚBLICA Y COMO EL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 122 ÍDEM INDICA QUE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO ENTRARÁ A EJERCER SU CARGO SIN PRESTAR JURAMENTO. PARA CONCLUIR LOS CONCEJOS MUNICIPALES SON CORPORACIONES ADMINISTRATIVAS DE ELECCIÓN POPULAR CON PODER NORMATIVO DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL Y NO ESTÁN CLASIFICADOS DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PERSONERO MUNICIPAL, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CONCEJAL, FUNCIONARIO MUNICIPAL, ALCALDÍA MUNICIPAL, CONCEJAL MUNICIPAL, ELECCIÓN DEL CONCEJAL MUNICIPAL
Sentencia 2011-00666/2592-2011 de marzo 30 de 2017
Rad.: 11001-03-25-000-2011-00666-00
Número interno: 2592-2011
Actor: Libardo López Rodríguez
Asunto: Sanción suspensión e inhabilidad especial por el término de 10 meses para ejercer cargos públicos.
Nulidad y restablecimiento del derecho – Decreto 01 de 1984
Extracto: II. Consideraciones
El presente asunto es competencia en única instancia del Consejo de Estado(5), pues esta Corporación ha precisado que le corresponde privativamente conocer de los asuntos en los cuales se controvierte una sanción disciplinaria administrativa consistente en la suspensión e inhabilidad para desempeñar cargos públicos, expedida por una autoridad nacional, como lo es la Procuraduría General de la Nación.
Cuestión previa. del control judicial
El Consejo de Estado se ha pronunciado en repetidas oportunidades sobre el control judicial(6) que ejerce respecto de las decisiones, pruebas y demás actuaciones que se presentan en desarrollo del proceso administrativo sancionatorio y recientemente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 9 de agosto de 2016(7), consideró frente el alcance de aquél:
Corresponde a la Sala determinar si de conformidad con lo expuesto en el concepto de violación de la demanda son nulos parcialmente los actos administrativos proferidos por la Procuraduría General de la Nación a través de los cuales fue sancionado el concejal Libardo López Rodríguez, con suspensión e inhabilidad por 10 meses, por elegir al personero, quien a su vez había fungido dentro del año anterior como concejal, en la misma entidad territorial.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 28 de septiembre de 2016(8) falló la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso el señor Iván Alberto Eusse Ceballos, quien como concejal votó para elegir como personero del Municipio de Palmira al señor Gustavo Montealegre Echeverri, que se había desempeñado durante el año anterior como concejal del mismo municipio, por esa elección el señor Iván Eusse Ceballos fue sancionado disciplinariamente por la Procuraduría Regional del Valle del Cauca y por el Procurador Delegado para la Moralidad Administrativa, al incurrir en la falta gravísima prevista en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en consonancia con el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.
Esta Subsección en la citada sentencia hizo un estudio del literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 y del artículo 39 de la Ley 489 de 1998, efectuando un recuento de la jurisprudencia de esta Corporación (sentencias de fechas 19 de enero de 1996(9), 19 de noviembre de 1998(10), 11 de marzo de 1999(11), 3 de mayo de 2002(12), 3 de abril de 2003(13) y 9 de junio de 2005(14)) y de la Corte Constitucional(15) sobre el alcance de la inhabilidad de los personeros municipales regulada en el referido literal.
Lo anterior para concluir que “la autoridad disciplinaria con base en su propia interpretación de la estructura de la administración municipal y sin sustento normativo alguno extendió la inhabilidad consagrada en el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 a los concejos municipales en contravía de las normas constitucionales y legales antes mencionadas así como de los principios de interpretación restrictiva y pro libertad que obligatoriamente aplican a las causales de inhabilidad” (texto subrayado por la Sala). Como fundamento de esta conclusión se explicó en la referida providencia, que:
Atendiendo los artículos 312 y 313 de la Constitución Política y al artículo 39 de la Ley 489 de 1998, los concejos municipales son corporaciones administrativas de elección popular y no están clasificados dentro de la estructura de la administración municipal sino que son corporaciones con representación popular con poder normativo dentro del ámbito territorial, que por demás tienen a su cargo el control político de la administración municipal.”
2. Hechos relevantes probados
— Como consta en el formulario E-26 (hoja 7) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el señor Libardo López Rodríguez fue elegido el 26 de octubre de 2003, como concejal del Municipio de Palmira por el Partido Liberal Colombiano (fl. 68 del cdno. principal).
— Según la certificación proferida el 25 de noviembre de 2015, por la secretaria general del Concejo Municipal de Palmira, el señor Gustavo Montealegre Echeverri fue elegido concejal por el periodo del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003 (fl. 440 del cdno. principal).
— En sesión del 9 de enero de 2004, el Concejo Municipal de Palmira, con la participación del actor, eligió como personero municipal al señor Gustavo Montealegre Echeverri, según da cuenta el Acta 007 de la citada fecha (fls. 441 a 445 del cdno. principal).
— En sesión del 27 de febrero de 2004, el señor Gustavo Montealegre Echeverri se posesionó como personero municipal de Palmira ante el Concejo de dicho municipio, como lo acredita el acta 052 de la referida fecha (fls. 446 a 451 del cdno principal).
— Copia de la Resolución 069 del 21 de septiembre de 2005 expedida por la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, acto administrativo de primera instancia, en el que se impuso la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años a 18 concejales del municipio de Palmira para ejercer funciones públicas, entre ellos al señor Libardo López Rodríguez (fls. 228 a 281 del cdno. principal).
— Copia del acto administrativo de segunda instancia del 19 de diciembre de 2005 proferido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, mediante el cual se modificó la decisión de primera instancia, para imponer la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por 10 meses (fls. 282 a 323 del cdno. principal).
— Copia del acto administrativo del 30 de mayo de 2006 proferido por el Procurador General de la Nación, en el que estudió de oficio la solicitud de revocatoria directa contra los actos administrativos sancionatorios demandados y decidió mantener la sanción impuesta al señor Libardo López Rodríguez (fls. 455 a 501 del cdno. principal).
En el asunto estudiado, el señor Libardo López Rodríguez solicita la nulidad parcial de los actos administrativos del 21 de septiembre proferido por la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, del 19 de diciembre de 2005 expedido por la Delegada para la Moralidad Administrativa y del 30 de mayo de 2003 dictado por el Procurador General de la Nación, mediante los cuales fue sancionado inicialmente con destitución y en segunda instancia con suspensión e inhabilidad especial por 10 meses para el ejercicio del cargo, porque ejerciendo como concejal eligió al personero del Municipio de Palmira, señor Gustavo Montealegre Echeverri, quien presuntamente estaba inhabilitado por haber sido concejal de ese municipio en el año anterior a la elección.
Destaca la Sala que la Procuraduría Regional del Valle del Cauca indicó en la Resolución 069 del 21 de septiembre de 2005 al tratar la tipicidad de la conducta del señor Libardo López Rodríguez que:
“La conducta asumida por los disciplinados […] Libardo López Rodríguez, es típica por cuanto eligieron y posesionaron al doctor Gustavo Montealegre Echeverri, como Personero de Palmira, encontrándose incurso en la causal de inhabilidad por haber ocupado el cargo de Concejal de ese municipio durante el periodo inmediatamente anterior a su elección, incurriendo con ello en la falta disciplinaria tipificada específicamente en el mismo Estatuto Disciplinario, como es la del artículo 48, numeral 17 de la Ley 734 de 2002 […]”.
Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona en quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de intereses.” (Texto resaltado por la Sala).
Posteriormente, en el acto administrativo de segunda instancia del 19 de diciembre de 2005, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública consideró que si bien el actor había incurrido en una falta gravísima, su culpabilidad no se podía atribuir a título de dolo, sino de culpa grave, por ende, invocando el numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002(16), modificó la sanción por la de suspensión e inhabilidad especial por 10 meses, así:
No sucederá lo mismo respecto de los implicados […] Libardo López Rodríguez […] puesto que no poseen los conocimientos jurídicos apropiados y adecuados para entender claramente sobre este tema, y aunque procuraron actualizar su conocimiento, lo hicieron apoyados únicamente en el concepto jurídico emitido por el abogado Gonzalo Manrique Zuluaga que no fue solicitado por ellos y algunas decisiones del Consejo de Estado no aplicables para ese momento, lo que configura su conducta bajo la modalidad culposa.
“ART. 174. —Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien: […]
b) Haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio;”
A su turno, el Procurador General de la Nación en el acto administrativo del 30 de mayo de 2006, en el cual estudió de oficio la solicitud de revocatoria directa presentada contra los actos administrativos sancionatorios, confirmó la sanción impuesta al señor Libardo López Rodríguez y señaló que:
“De acuerdo con ello, se está frente a una conducta adelantada por el Concejo Municipal de Palmira, tipificada en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 como falta disciplinaria gravísima, consistente en elegir, a una persona en quien concurría causal de inhabilidad […]
En este orden de ideas, retomadas las decisiones emitidas por los Operadores Disciplinarios de la Procuraduría, y lo resuelto por la Sección Quinta del Consejo de Estado en las posiciones señaladas, estima este Despacho que se encuentran estructurados los presupuestos para ratificar la existencia de la falta disciplinaria endilgada en los fallos de primera y segunda instancia, proferidos por la Procuraduría Regional del Valle y por la Delegada para la Moralidad Pública, respectivamente, pues dichas instancias interpretaron la norma descrita bajo las posturas jurisprudenciales vigentes.”
Ahora bien, advierte la Sala que el debate planteado en sede administrativa y judicial se ha centrado principalmente en la interpretación de la referida causal de inhabilidad. Así, a partir de un análisis jurisprudencial(17) el operador disciplinario estableció que quien se ha desempeñado como concejal está inhabilitado en el año siguiente para ser elegido como personero, al reprochar el siguiente cargo al actor:
“Haber elegido al Doctor Gustavo Montealegre Echeverri, como Personero Municipal de Palmira, según Acta No. 007 de enero 9 de 2004 y posesionarlo en dicho cargo conforme el Acta No. 052 de febrero 27 de 2004 para el periodo comprendido entre el 2004 a 2007, encontrándose presuntamente inhabilitado para ello, por haberse desempeñado hasta el 31 de diciembre de 2003, como Concejal de esa municipalidad, es decir, dentro del año anterior, a la elección como Personero”.
La Corte Constitucional en sentencia T- 1039 de 2006(18) conoció en sede de revisión la acción de tutela que el señor Gustavo Montealegre Echeverri interpuso contra la Procuraduría General de la Nación por haberlo destituido del cargo de personero al considerar que se encontraba inhabilitado y decidió conceder el amparo solicitado, con fundamento en que:
En el sub judice, frente al debate planteado por las partes, la Sala sostiene que esta Subsección en sentencia del 28 de septiembre de 2016(19) definió en el campo del derecho disciplinario el alcance de la inhabilidad prevista en el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, de conformidad con la voluntad del legislador, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
Entonces, como en el presente caso se juzga la legalidad de los actos administrativos sancionatorios del 21 de septiembre y 19 de diciembre de 2005, proferidos por la Procuraduría Regional del Valle del Cauca y la Delegada para la Moralidad Pública, respetivamente, y el señor Libardo López Rodríguez era concejal del Municipio de Palmira, al igual que el actor en el proceso cuyo fallo se profirió el 28 de septiembre de 2016, se considera que se está frente a la misma situación de hecho y de derecho. Por consiguiente, la razón de lo decidido en el referido fallo constituye un antecedente de obligatorio cumplimiento en el presente caso.
Así cosas, la Sala considera pertinente traer a colación los apartes más relevantes del fallo del 28 de septiembre de 2016, donde se expusieron los antecedentes de los artículos 174 (literal b) de la Ley 136 de 1994 y 39 de la Ley 489 de 1998(20):
“En la sesión ordinaria que tuvo lugar el 15 de noviembre 2005, en el Senado de la República a propósito de la discusión del proyecto de ley N° 33 de 2005 "Por medio del cual se modifica el artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y se dictan otras disposiciones"(21), se propuso precisar de manera expresa -para interpretar por vía de autoridad el mencionado artículo-, los órganos que integran la Administración Pública y disponer que las asambleas departamentales, los concejos distritales y municipales, son corporaciones administrativas de elección popular que no hacen parte del sector central ni descentralizado del respectivo ente territorial y que cumplen las funciones que les señala la Constitución y la Ley.” (Texto resaltado por la Sala).
Ahora bien, en esta misma sentencia de la Subsección se precisó en cuanto a las diversas interpretaciones de la Sección Quinta de esta Corporación frente a la inhabilidad prevista en el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, que «en la jurisprudencia del Consejo de Estado - citada previamente- no existía certeza respecto de que el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 consagrara una inhabilidad que impidiera elegir como personero a quien en el año anterior se hubiere desempeñado como concejal de ese mismo municipio, en la medida en que ese asunto no tuvo un tratamiento uniforme y solo se estudió si los concejales ejercen cargos públicos pero no se analizó si el concejo municipal hace parte de la administración central o descentralizada del municipio, siendo ambos aspectos componentes de la referida inhabilidad”.
“Ahora bien la primera de las exigencias, esto es que en el período señalado en la referida norma el aspirante a personero se haya desempeñado en un cargo o empleo público, ya ha sido analizado en la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado vigente a la fecha de los hechos investigados y ratificada con posterioridad a los mismos, teniendo como presupuestos normativos los artículos 122, 123, 183.3 y 185 de la Constitución Política, así como en el artículo 43 de la Ley 617 de 2000, para señalar que de acuerdo con estas normas el desempeño como concejal implica el ejercicio de un cargo público.”
En este mismo sentido, considera la Sala que de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Política los concejales son servidores públicos de una corporación pública y como el inciso 2 del artículo 122 ídem indica que “[n]ingún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento […]”, se entiende que ejercen un cargo público. Así, lo estimó la Sección Quinta de esta Corporación en la sentencia del 3 de abril de 2003, al rectificar la jurisprudencia, en los siguientes términos:
“Por lo anterior, la Sala concluye que se debe rectificar la jurisprudencia citada en la medida en que diferentes normas jurídicas de orden constitucional y legal han establecido que el ejercicio de las funciones de concejal constituye el desempeño de un cargo público (…).”(22).
En consecuencia, concluyó la Subsección B en la sentencia del 28 de septiembre de 2016 que la autoridad disciplinaria sin fundamento legal y en desconocimiento del principio de interpretación restrictiva de las causales de inhabilidad y del derecho disciplinario, extendió el contenido del literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 a los concejales municipales, dado que «la autoridad disciplinaria conectó de manera discrecional y con base en conjeturas el contenido de una inhabilidad con una falta disciplinaria gravísima, sin sustento normativo alguno que avalara su interpretación, motivo por el cual, los cargos analizados están llamados a prosperar y los actos administrativos acusados deben ser anulados”.
Según lo expuesto, considera la Sala que en el ejercicio de subsunción típica, la conducta del señor Libardo López Rodríguez como concejal del Municipio de Palmira al elegir como personero al señor Montealegre Echeverri no configura la falta gravísima cometida a título de culpa grave prevista en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por la cual fue sancionado con suspensión e inhabilidad por 10 meses para ejercer funciones públicas. Esto, en razón a que el señor Gustavo Montealegre Echeverri al ser elegido personero habiéndose desempeñado en el año inmediatamente anterior como concejal del Municipio de Palmira no incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, toda vez, que como se definió en el antecedente jurisprudencial citado, el cargo público de concejal no pertenece a la administración central o descentralizada del municipio, por lo tanto, no concurren los elementos que estructuran la inhabilidad.
En conclusión, determina la Sala que por sustracción de materia al no existir la inhabilidad reprochada al personero no se erige la falta disciplinaria gravísima con fundamento en la que fue suspendido e inhabilitado el señor Libardo López Rodríguez. Por ende, se declarará la nulidad parcial de la Resolución 069 del 21 de septiembre de 2005 proferida por la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, del acto administrativo de 19 de diciembre de 2005 expedido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, y del acto administrativo del 30 de mayo de 2006 dictado por la Procuraduría General de la Nación, solo respecto de la sanción impuesta al actor.
De la indemnización por perjuicios morales
Afirma el demandante que sufrió perjuicios morales porque con la sanción impuesta fue desacreditado ante sus electores y los habitantes del Municipio de Palmira, dado que “corre el rumor de que la sanción se debió a la comisión de hechos irregulares gravísimos, pues existe la conciencia entre la ciudadanía que ello solo se produce por quienes son corruptos”.
Frente a este punto, advierte que la Sala que la parte actora no desplegó una labor probatoria tendiente a demostrar los presuntos perjuicios morales causados por los actos acusados, motivo por el cual, en aplicación del artículo 167 del Código General del Proceso(23), no es posible acceder al referido reconocimiento.
1: Declarar La nulidad parcial de la Resolución 069 del 21 de septiembre de 2005 proferida por la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, del acto administrativo del 19 de diciembre de 2005, expedido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública y del acto administrativo del 30 de mayo de 2006, dictado por el Procurador General de la Nación, por medio de los cuales se sancionó al señor Libardo López Rodríguez con suspensión del cargo e inhabilidad por 10 meses. La declaratoria de nulidad solo comprende la sanción impuesta al demandante.
2: Ordenar a la Procuraduría General de la Nación desanotar la sanción impuesta al actor del registro de antecedentes disciplinarios.
3: Negar las demás pretensiones de la demanda.
6. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E) Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014).- Radicación número: 11001-03-25-000-2012-00902-00(2746-12) Actor: Víctor Virgilio Valle Tapia Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
7. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero ponente: William Hernández Gómez (E), radicado número: 11001032500020110031600 (1210-11).
8. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 11001-03-25-000-2012-00418-00 y número interno 1626-2012
9. Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Amado Gutiérrez Velásquez, proceso con radicado 1490.
10. Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Mario Alario Méndez, proceso con radicado 2088.
11. Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Oscar Anibal Giraldo Castaño, proceso con radicado 2201.
12 .Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Roberto Medina López, proceso con radicado 2835.
13. Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá, proceso con radicado 2868.
14. Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá, proceso con radicado 3706.
15. C-617 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
16. “ART. 43. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios: […]
g. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave”
17. Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá, sentencia del 3 de abril de 2003, proceso con radicado 2868. Sentencia del 6 de mayo de 1999, M.P. Oscar Aníbal Giraldo Castaño. Sentencia del 3 de mayo de 2002, M.P. Roberto Medina López. Corte Constitucional, sentencia C-617 de 1997, que declara exequible el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.
18. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En esta sentencia se revisaron los fallos de tutela proferidos por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que se pronunciaron sobre la acción de tutela presentada por el señor Gustavo Montealegre Echeverri contra los actos administrativos sancionatorios.
19. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 28 de septiembre de 2016, proceso con radicado 11001-03-25-000-2012-00418-00 y número interno 1626-2012.
20. ART. 39. Integración de la Administración Pública. La Administración Pública se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano.
21. http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/antecedentes-proyectos/antecedentes-de-proyectosde-ley
22. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 3 de abril de 2003. C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá. Radicado 2868.
23. “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]”