Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl4523-2015-49533-de-abril-15-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_13104f5d24584fcb9969fc89b4eaa763&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-19 07:44:46
Document Index: 291310329

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 21', 'artículo 5', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 7']

SENTENCIA SL4523-2015 DE 15 DE ABRIL DE 2015
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. EN EL CÓMPUTO DE SEMANAS O TIEMPO DE SERVICIO PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONTEMPLADA EN LA LEY 71 DE 1988 SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS DE SERVICIO EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, SIN IMPORTAR SI FUERON O NO COTIZADOS A CAJAS DE PREVISIÓN O DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE EL PAGO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN A LA ÚLTIMA CAJA DE PREVISIÓN O DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LA QUE HUBIERE EFECTUADO LOS APORTES SIEMPRE Y CUANDO EL TIEMPO HAYA SIDO MÍNIMO DE SEIS AÑOS, EN CASO CONTRARIO, SERÁ RECONOCIDA Y PAGADA POR LA ENTIDAD A LA CUAL SE HAYA REALIZADO EL MAYOR TIEMPO DE APORTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ, PENSIÓN ORDINARIA DE JUBILACIÓN, PENSIÓN VOLUNTARIA DE JUBILACIÓN, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL PILOTO, DEDUCCIÓN POR PENSIÓN DE JUBILACIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN, PENSIÓN SANCIÓN DE JUBILACIÓN, CLASES DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Sentencia SL4523-2015/49533 de abril 15 de 2015
SL4523-2015
Radicación 49533
Dada la orientación de los cargos por la vía directa no se encuentra en discusión que la Señora Díaz es beneficiaria del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que cotizó entre el 13 de noviembre de 1970 y el 9 de octubre de 1987, laborando para el sector público, por intermedio del Fondo de Pensiones Públicas del Departamento de Cundinamarca, CAPRECUNDI, un total de 6.087 días que equivalen a 869.57 semanas, así como que cotizó al ISS entre el 1º de septiembre de 2000 y el 31 de diciembre de 2007, laborando para el sector privado, un total de 1.537 días que equivalen a 219.71 semanas, siendo además beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
El problema a resolver, por parte de la Corte, se concreta en dilucidar si para acceder como beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a la pensión por aportes del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, es necesario que a 1º de abril de 1994, el pretendiente debía tener aportes a caja de previsión pública y al ISS, tesis que en lo esencial fue la que sostuvo el Tribunal.
Al respecto, es conveniente traer a colación lo dicho por la Corte, en relación con la suma de tiempos públicos con tiempos cotizados al ISS, para dar aplicación al artículo 7º de la Ley 71 de 1988 y conceder la pensión de jubilación por aportes, en virtud del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual basta remitirse a las orientaciones expuestas en la sentencia SL4457-2014 del 26 de marzo, reiteradas en las SL6297-2014 del 7 de mayo, SL13076-2014 del 12 de agosto 12 y SL14843-2014 de octubre 29, en la que así se pronunció:
(…) desde la sentencia de 7 de mayo de 2008 rad. 32615, se ha reiterado en múltiples oportunidades que el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 “no se refirió para nada (...) a la posibilidad de que los aportes pudieran ser reemplazados por tiempos de servicios en los cuales no hubo cotización o pago de aportes”, tesis que se apoyó también en el artículo 21 del Decreto 1160 de 1989 cuyo contenido y alcance se repitió en el artículo 5º del Decreto 2709 de 1994.
En este orden, bien podría afirmarse que la Ley 100 de 1993 al consagrar la acumulación de tiempos servidos en el sector público y privado, dejó sin vigencia lo dispuesto en la Ley 71 de 1988. Sin embargo, tal aseveración no es del todo cierta si se tiene en cuenta que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagró un régimen de transición pensional para quienes acreditando los requisitos de edad o tiempo de servicios a su entrada en vigencia, tengan derecho a que su pensión se reconozca conforme a la edad, tiempo de servicios y monto de la pensión del régimen que anteriormente les fuera aplicable, entre otros, el que consagró el Acuerdo 49 de 1990 del ISS, aprobado por el Decreto 758 de 1990, ora el previsto en la Ley 33 de 1985 que reguló el régimen pensional en el sector oficial y, concretamente, en lo que ahora interesa, la Ley 71 de 1988 que previó la llamada pensión de jubilación por aportes (Se resalta).
En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha sostenido que aquellas materias inexorablemente vinculadas a los derechos constitucionales fundamentales, tales como, la vida en condiciones dignas, el trabajo, el mínimo vital, etc., se encuentran sujetas a reserva de ley, razón por la cual no puede dejarse en manos del ejecutivo su regulación. El contenido esencial del régimen pensional se encuentra en estrecha conexidad con dichos derechos fundamentales, por lo que su determinación debe realizarse a través del ejercicio de la potestad de configuración normativa del legislador, excluyendo para el efecto su fijación mediante reglamentación presidencial. —Sent. C-432, mayo 6/2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil—.
De los razonamientos expuestos por la Corte, es necesario precisar que una persona amparada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que hasta la entrada en vigencia de dicha ley solamente haya cotizado para el sector público o haya prestado sus servicios exclusivamente en entidades de derecho público, puede acceder, bien a la pensión regulada por la Ley 33 de 1985, o bien a la pensión por aportes del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, siempre y cuando satisfaga la densidad de cotizaciones o tiempos de servicios requeridos para una u otra. Afirmar que en esa hipótesis, únicamente se puede pretender la pensión de la Ley 33 de 1985, como lo dijo el Tribunal, significa privar al beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, de que pueda cotizar al ISS por servicios personales privados para acceder a la pensión por aportes. Y en ese caso, no puede olvidarse que el Sistema de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993, no excluye ni prohíbe la afiliación para persona alguna que esté calificado legalmente para cotizar válidamente a dicho sistema, ni tampoco contempla norma alguna que le reste efectos a dichas cotizaciones frente a una prestación pensional en particular como la que aquí se pretende.
Por tanto, si una persona cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como acontece aquí con la demandante en la situación fáctica ya descrita, tiene la expectativa legítima de pensionarse, bien sea por la Ley 33 de 1985 o por la Ley 71 de 1988, no hay razón alguna para sostener que para aspirar a la prestación por aportes regulada por la segunda, necesariamente se tengan que tener aportes al sector público y privado antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. Y de igual manera, tampoco puede decirse que las cotizaciones al sector privado efectuadas en vigencia de la Ley 100 de 1993 tengan efectos retroactivos, en tanto, como ya se dijo, si hay la expectativa de poder reunir los requisitos para la pensión por aportes, nada impide que estos no sean válidos aun cuando los correspondientes al sector privado, se hubieran realizado solamente en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Lo dicho está avalado también por el propio artículo 7º de la Ley 71 de 1988, en cuanto no hace ninguna salvedad al respecto, como se observa de su texto que es del siguiente tenor:
A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
Y si un régimen de transición preserva la posibilidad de que una persona próxima a pensionarse, adquiera el beneficio acorde con la normatividad anterior, la exigencia del precepto transcrito de que los 20 años de aportes pueden ser sufragados en cualquier tiempo, incluye aquellos realizados bajo la vigencia de la nueva ley sin que sea necesario que los aportes públicos y privados tengan que hacerse bajo el imperio de la legislación anterior, aun cuando no alcancen la densidad requerida.
Las acusaciones son fundadas. Para decidir en instancia sirven las consideraciones vertidas en sede de casación y adicionalmente las siguientes:
El a quo, para conceder el derecho prestacional pretendido, dio aplicación al artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, norma que dice que “La pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes”.
Al respecto ya se ha pronunciado la Sala en decisiones como la que tomó en octubre 7de 2008 con radicado 33332, en la que expresó:
En efecto, el Instituto de Seguros Sociales no estaba obligada a asumir la pensión por aportes en el porcentaje pedido, dado que pese a haber sido la última entidad aseguradora a la cual la actora estuvo afiliada, el tiempo allí aportado no superó el mínimo de “seis (6) años”, que exige el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, por corresponder tales aportes únicamente a escasos (3) años, del 9 de noviembre de 1999 al 30 de octubre de 2002.
Como en el presente caso, los aportes realizados al ISS corresponden a 219 semanas, es decir, menos de los seis años exigidos por la norma, habrá de confirmarse la decisión de conceder la pensión de jubilación por aportes con base en el régimen de transición, en aplicación del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, pero modificándola en cuanto a que es el departamento de Cundinamarca, Secretaría de Hacienda, Dirección de Pensiones, la entidad que pagará en su totalidad la mesada pensional, quedando a su cargo cobrar al ISS, hoy Colpensiones, la cuota parte pensional en el porcentaje indicado en la decisión inicial, es decir, el 19.91%.
En relación con la condena a pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tema que fue objeto de apelación por parte de la entidad condenada a reconocer la pensión, se revocará la sentencia con base en el antecedente existente, pues la Sala también se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, como en las sentencias SL6297-2014, del 7 mayo de 2014, rad. 45446 y SL13076-2014, del 12 de agosto de 2014, rad. 55252, en las que consideró:
En lo atinente a los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100/1993, no es procedente su reconocimiento, pues como se dejó sentado en la Sentencia CSJ SL 6297-2014 del pasado 7 de mayo, rad. 45446, la pensión objeto de condena no es de aquellas que se conceden con sujeción íntegra a la nueva ley de seguridad social, sino que corresponde a la señalada en la Ley 71/1988 artículo 7º, además que su otorgamiento obedece al cambio de criterio jurisprudencial sobre la posibilidad de sumar tiempos de servicio público no cotizado a una entidad de previsión social, en aras de completar los 20 años de aportes. Entonces, se absolverá de tal súplica.
Se revocará, entonces, la sentencia en cuanto condenó al departamento de Cundinamarca, Secretaría de Hacienda —Dirección de Pensiones— a pagar los intereses moratorios, para en su lugar, absolverla de ellos.
Sin costas en sede de casación. Las de ambas instancias correrán a cargo de la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 2 de septiembre de 2010 en el proceso que le sigue ROSA ESTHER DÍAZ al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y AL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SECRETARÍA DE HACIENDA, SECCIÓN PENSIONES.
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Uno laboral de Oralidad del Circuito de Bogotá el 24 de febrero de 2010, en cuanto condenó al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SECRETARÍA DE HACIENDA —DIRECCIÓN DE PENSIONES—, reconocer a la señora ROSA ESTHER DÍAZ la pensión de jubilación por aportes en aplicación del régimen de transición a partir del primero (01) de abril de 2008, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente y en cuanto absolvió al ISS de pagar los intereses moratorios.
Modificarla en cuanto se ordenó al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SECRETARÍA DE HACIENDA —DIRECCIÓN DE PENSIONES— pagar el 80.1% y al ISS, hoy COLPENSIONES, el 19.91% restante, para ordenar que sea el ente mencionado en primer lugar el que pague la prestación en su totalidad, y a su vez autorizarlo para cobrar la cuota parte pensional al ISS, hoy Colpensiones, quien debe sufragarlo.
Absolver a los demandados de las demás pretensiones de la demanda.