Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Mayo/626-26509-2009-09-0026.html
Timestamp: 2017-02-27 22:52:26
Document Index: 293807623

Matched Legal Cases: ['Artículo 136', 'artículo 62', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 335', 'artículo 5', 'artículo 335', 'artículo 160', 'artículo 62', 'artículo 137', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 257', 'artículo 361', 'artículo 6']

Oficio N° 463/2008, del 5 de diciembre de 2008, el Juzgado Superior Segundo en
lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección de Niños y
Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, remitió a esta Sala, por declinatoria de competencia, el expediente contentivo de la solicitud
formulada por el abogado AUGUSTO MARTÍNEZ VICUÑA, inscrito en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 49.086, quien alegó
actuar en su condición de elector, legislador del Consejo Legislativo del
Estado Carabobo y, en representación de los intereses difusos del electorado
carabobeño, requirió “…al Juzgado Rector a su digno cargo que, en fiel
cumplimiento del Principio de Colaboración entre los Órganos del Poder Público
(Artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), a los fines de garantizar la vigencia del Ordenamiento
Jurídico, y muy concretamente de la Carta Fundamental del Estado Carabobo; se sirva oficiar a la totalidad de los Órganos del
Poder Judicial en esta Circunscripción, y en especial a los Juzgados
hubieren producido los extremos jurídicos para que fuere procedente el antes
referido mecanismo extraordinario de juramentación”.
El 14 de enero de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó
ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien,
con tal carácter, suscribe el presente fallo. Efectuado el estudio del
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD El accionante fundamentó su pretensión en los
2008, constituyen un hecho público y notorio según el cual, el electorado
carabobeño eligió a “…una fracción parlamentaria revolucionaria que integra la
mayoría absoluta del parlamento estadal…”.
igualmente, es público y notorio que el gobernador electo pretende juramentarse
asimismo, resulta público y notorio que el Parlamento carabobeño no se ha
Que la Constitución del Estado Carabobo regula la organización y funcionamiento de los poderes
estadales, estableciendo en su artículo 62, que el Gobernador será juramentado
ante el Poder Legislativo estadal dentro de los diez (10) días siguientes a la
instalación del órgano legislativo y, en caso que ello no fuere posible, la
juramentación se hará ante un Juez Superior del Estado.
tanto, la juramentación ante un Juzgado Superior es un mecanismo extraordinario
que sólo procede cuando existan circunstancias que impidan la realización de la
juramentación ante el Poder Legislativo del Estado.
electo sin que se configuren los extremos de procedencia de la juramentación
ante el Poder Judicial, estaría incurriendo en el vicio de falso supuesto.
antes de procederse a la juramentación judicial “…tendría que verificar el
normal instalación del Consejo Legislativo del Estado Carabobo en la fecha
legalmente prevista (5 de enero de 2009). Circunstancia ésta que mal puede ser
dicho ciudadano hiciere un auténtico despliegue de facultades futurológicas y
de índole innegablemente mágico-religioso; las cuales –por demás- resultarían
inaceptables en un Estado de Derecho y en una sociedad política seria como la
que conformamos todos los venezolanos”.
precisó que su solicitud se ejerce en representación de los derechos difusos
del electorado Carabobeño y se enmarca en el derecho de petición y oportuna respuesta.
Tránsito y de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, señaló lo que a continuación se transcribe: “Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se delimitó la competencia del máximo tribunal
como máximo rector del Poder Judicial y en su artículo 1° se expresa, entre
otros aspectos, que como máximo tribunal sus decisiones, en cualquiera de sus
salas, no se oirá ni admitirá acción o recurso alguno, salvo el recurso de
revisión y el control de la constitucionalidad, atribuidos exclusivamente a la Sala Constitucional. También en el artículo 1° de la citada ley, se repite
el postulado que consagra el artículo 335 de la Constitución de que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad
de las normas y principios constitucionales y que también será el máximo y
último intérprete de la Constitución de la República y velará por su uniforme interpretación y aplicación. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia atribuye a las distintas salas la competencia
en los siguientes términos: 1) en los casos del control del mérito para el
enjuiciamiento del Presidente de la República, ello le corresponde a la Sala Plena, al igual que el control del mérito para el enjuiciamiento de altos
funcionarios; 2) Cuando se trate de resolución de conflicto entre Salas o entre
funcionaros del Tribunal Supremo de Justicia; 3) La revisión de la
tribunales superiores del país; 5) El control de la constitucionalidad de los
constitucionalidad de los actos de rango legal dictados por los órganos
la constitucionalidad de los actos dictados en ejecución directa de la Constitución por los órganos del Poder Público; 9) El control de la constitucionalidad de los
decretos de estado de excepción; 11) El control de la inconstitucionalidad por
omisión de los entes legislativos nacionales, estadales y municipales; 12) El
control de la inconstitucionalidad por omisión de órganos federales no
legislativos; 13) El control de la colisión entre leyes; 14) Dirimir las
controversias constitucionales intraorgánicas; 15) El control de la
jurídicas; 16) El conocimiento de amparos autónomos contra altos funcionarios;
conocimiento de las acciones autónomas de amparo contra las sentencias de
tribunales contencioso-administrativo; 19) Revisión del control difuso
señalado la competencia material para conocer de las denuncias sobre derechos
difusos y las colisiones entre las leyes electorales con el Estatuto están
dirimir la petición que se le ha formulado, declinando la misma a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara”.
protección de los intereses difusos del electorado carabobeño, a los fines de
Gobernador electo del citado ente político territorial hasta tanto no se agote
el procedimiento de juramentación ordinario establecido en la Constitución del mencionado Estado. Ello así, debe esta Sala resolver, en primer término, la declinatoria de
competencia de la acción incoada y, en este sentido, debe determinarse si la
presente acción se trata efectivamente de una demanda por intereses o derechos
colectivos o difusos, para lo cual, es menester hacer mención al criterio
asentado en sentencia del 30 de junio de 2000 (caso: Defensoría del Pueblo
vs. Comisión Legislativa Nacional), según el cual la “...declaración
[de los derechos e intereses colectivos y difusos] por los órganos
jurisdiccionales es una forma inmediata y directa de aplicación de la Constitución y del derecho positivo, y siendo la interpretación del contenido y alcance de
estos principios rectores de la Constitución, la base de la expansión de estos derechos cívicos, que permiten el desarrollo directo de los derechos establecidos
debido a que a ella corresponde con carácter vinculante la interpretación de la Constitución (artículo 335 eiusdem), y por tratarse del logro inmediato de los fines
acciones para la declaración de esos derechos cívicos emanados inmediatamente
de la Carta Fundamental...” .
Atendiendo al criterio transcrito
parcialmente se observa que, la situación denunciada podría ser lesiva del
principio de reciprocidad democrática (efectividad material o axiológica de los
órganos del Estado), pues la verificación del carácter fiduciario de las
funciones atribuidas al Ejecutivo estadal, de conformidad con el artículo 160
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, el consecuente inicio de la función de gobierno en los estados, parten del
acto de juramentación del Gobernador electo, como formalidad esencial para la
toma de posesión del cargo y condición inseparable del acto previo de elección
Ciertamente y tal como señaló esta Sala en la decisión N° 780 del 8 de
mayo de 2008, la eficacia tangible del principio democrático constituye un
parámetro esencial en la determinación de la finalidad humanista del Estado y
como quiera que el inicio de la acción de gobierno depende de la
correspondiente toma de posesión, resulta patente que el acto de juramentación
asunción de la magistratura estadal y, por tanto, condiciona la producción de
los efectos jurídicos de una de las funciones esenciales de los entes político
territoriales, a saber, la función ejecutiva del gobernador electo y, el
consiguiente, desarrollo de las facultades de dirección y gobierno de la
entidad, así como la gestión del interés público que satisface real y
conocer de la acción interpuesta. Así se declara.
Visto lo anterior se debe señalar que, constituye un hecho público y
notorio que el ciudadano Henrique Fernando Salas Feo, en su condición de
Gobernador Electo del Estado Carabobo, subvirtió el procedimiento de
juramentación establecido en el artículo 62 de la Constitución del mencionado ente político territorial, según el cual, el gobernador electo
(10) días siguientes a su instalación y, sólo, cuando tal actuación no fuese
posible, debería procederse a la juramentación ante un Juez Superior de la Circunscripción Judicial.
Concretamente, el referido Gobernador Electo omitió deliberadamente el
procedimiento de juramentación pautado ante el Poder Legislativo estadal y, en
consecuencia, sin agotar la vía ordinaria de toma de posesión procedió a
Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del
Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Tal situación produjo, por una parte, un pronunciamiento de la Inspectoría General de Tribunales, frente a la eventual violación del principio de legalidad
y competencia a que se refiere el artículo 137 del Texto Fundamental, toda vez
que la procedencia de la juramentación del Gobernador Electo del Estado
Carabobo ante los órganos jurisdiccionales del Estado y, concretamente, ante
imposibilidad de agotar la toma de posesión frente al Consejo Legislativo del
Estado Carabobo. En tal virtud, se suspendió al ciudadano Miguel Ángel Martín
Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Asimismo, la toma de posesión a que se refiere el pronunciamiento de
de juramentación llevado a cabo el 4 de diciembre de 2008, ante el Tribunal
Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño
y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Dicho recurso contencioso administrativo fue conocido por el Juzgado Superior en lo Civil y
Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, quien actuando en sede cautelar y atendiendo
entidad, ordenó la juramentación del ciudadano Henrique Fernando Salas Feo,
efecto, exhortó al Gobernador electo y la Junta Directiva del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, designada el día 8 diciembre 2008, a fijar, de común acuerdo, la fecha para la celebración de la sesión parlamentaria correspondiente.
Gobernador Electo del Estado Carabobo procedió a juramentarse ante el Consejo
Legislativo del referido Estado, subsanando así (respecto de su situación como
De este modo, la actuación realizada por el Gobernador Electo del Estado
Estado, pasó a sustituir los efectos de la anómala juramentación producida el 4
del mismo mes y año, consolidando el estatus jurídico nacido en los comicios
Estadal. Conforme a lo expuesto, resulta necesario hacer
referencia al artículo 16 del Código de Procedimiento
Civil, aplicable a los procedimientos seguidos ante este Máximo Tribunal, por
disposición expresa del artículo 19 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretado
por esta Sala en la sentencia N° 445 del 23 de mayo del 2000, en la
cual, se analizó la institución del interés jurídico actual, como un elemento
constitutivo de la acción que surge “...precisamente cuando se verifica en
concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del
interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin
circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía
jurisdiccional’. El interés procesal surge así, de la necesidad que tiene una
persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra,
de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un
daño injusto, personal o colectivo.”.
En este sentido, la referida decisión señaló lo siguiente:
“El autor argentino Roland Arazi, en el trabajo ‘La Legitimación como Elemento de la Acción’ (publicado dentro de la obra ‘La Legitimación’. Libro Homenaje al profesor Lino Enrique Palacio. Abeledo Perrot. Buenos Aires,
1996), señaló lo siguiente:
‘El interés como requisito de la acción exige, en
ejercicio de la acción, no puede ser alcanzada sino por medio de la sentencia
judicial. En segundo lugar, que la decisión judicial no mantenga a las partes
en la misma situación jurídica en que se encontraban antes del proceso’, y
agrega: ‘Para que sea admisible la acción, debe invocarse un interés egoísta, o
cooperar al triunfo de la justicia no constituye un interés tutelado por la
ley. Además, en principio, debe ser un interés actual, porque la esperanza no
está protegida por el Derecho; y jurídico, ya que no basta el interés moral’.
Conforme a tal definición, el interés procesal responde a una situación
jurídica real que se encuentra lesionada en alguna forma, y no a razones
políticas, publicitarias o personales de alguien, ajenas al derecho; por lo
tanto, el interés procesal de alguna forma debe dimanarse de la demanda o
solicitud, y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés
procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción.
necesidad del interés procesal, entendido en el sentido señalado por los
autores citados, como requisito indispensable de la acción, llevó al Maestro
Hugo Alsina (Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial.
Tomo I, Segunda Edición. Buenos Aires. 1956, pág. 393), a afirmar: ‘sin interés
no hay acción, y el interés es la medida de la acción’.
de ese interés procesal, tradicionalmente en nuestro derecho procesal podía ser
declarado tanto in limine litis o en la decisión de fondo, tal como sucedía en
el derogado Código de Procedimiento Civil de 1916, artículo 257; o solo como
cuestión de fondo, como ocurre en el vigente Código de Procedimiento Civil,
donde la falta de interés se opone en la contestación al fondo de la demanda
(artículo 361), para ser resuelto en la sentencia definitiva. Sin embargo,
siendo un requisito de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede
ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la
jurisdicción, si la acción no existe”. La doctrina acogida en el citado fallo, fue ratificada
posteriormente en la sentencia N° 956 del 1 de junio de 2001 (caso: Fran
Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero), donde se estableció
lo que a continuación se transcribe:
“A juicio
de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés
procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía
judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de
teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria
del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para
preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la
pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y
uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición
de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes
realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El
artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal
Del mismo modo, en la sentencia N° 2.996 del 4 de
noviembre de 2003 (caso: Rufo Alberto Guédez Falcón), esta Sala
Constitucional luego de citar las decisiones parcialmente transcritas precisó,
“...la opinión de Ugo Rocco sobre el punto es
resumida por Monroy Cabra, en los siguientes términos:
sostiene que el interés para accionar ‘no es otra cosa que el elemento sustancial
del derecho de acción, y, concretamente aquel interés que, tutelado
jurídicamente por el derecho procesal adjetivo, constituye el derecho de
acción’. Y que el juez debe hacer un juicio de utilidad, parangonando los
relación jurídica. Es decir, debe analizarse la utilidad actual, y para ello se
debe indagar si la falta de la providencia jurisdiccional le causa daño o
perjuicio. Si hay perjuicio, hay interés para accionar o para contradecir; y si
no lo hay, no existe tal interés. Este interés debe ser concreto y actual. En
a una concreta relación jurídica y respecto de una acción singular y
cuanto es tomado en el momento mismo en que la acción es ejercida' (Marco
Gerardo Monroy Cabra. Derecho procesal civil. Parte general. Medellín.
existencia de la acción son el interés para accionar y la legitimación, asienta
'Sólo si concurren estas condiciones puede
considerarse existente la acción y surge para el juez la necesidad de proveer
sobre la demanda, para acogerla o rechazarla (…) La ausencia aun de una sola de
ellas induce carencia de acción y puede ser puesta de relieve, aun de oficio,
en cualquier grado del proceso (…)
‘El interés para accionar es el elemento
material del derecho de acción y consiste en el interés para obtener la
providencia solicitada (…) El interés para accionar surge de la necesidad de
obtener del proceso la protección del interés sustancial; presupone por eso la
lesión de este interés y la idoneidad de la providencia demandada para
protegerlo y satisfacerlo. Sería, en efecto, inútil tomar en examen la demanda
situación de hecho que viene dibujada no se comprenda afirmada una lesión del
derecho o interés que se alega frente a la contraparte, o si los efectos
jurídicos que se esperan de la providencia sean, de cualquier modo ya
adquiridos, o si la providencia es por sí misma inadecuada o inidónea para
remover la lesión, o finalmente si la providencia pedida no puede pronunciada,
por no admitirse por la ley (ejemplo, la prisión por deudas) (…)
conclusión, el interés para accionar está dado por la relación jurídica entre
la situación antijurídica que se denuncia y la providencia que se pide para
ponerle remedio mediante la aplicación del derecho, y esta relación debe
del interés lesionado la protección acordada por el derecho...”. De la jurisprudencia transcrita se evidencia que habrá
interés jurídico actual cuando el interés sustancial no pueda conseguirse sin
la intervención de los órganos jurisdiccionales a los fines de tutelar una
situación jurídica que de alguna forma se encuentra lesionada, es decir, cuando
sea menester acudir a la vía judicial para que se reconozca una situación
fáctica a favor del actor, lo cual apareja, que de ser innecesario el
pronunciamiento judicial no se configurara la acción.
En este sentido, la demanda de autos tenía por objeto evitar que
citado ente político territorial hasta tanto no se agotara el procedimiento de
juramentación ordinario establecido en la Constitución del mencionado Estado, lo cual, en los términos supra expuestos, se
produjo y fue subsanado (en relación a la toma de posesión, sin menoscabo de
las responsabilidades que pudieran derivarse por la subversión del
procedimiento de juramentación ordinariamente previsto), regularizándose así la
toma de posesión del Gobernador electo. En tal virtud, carece de objeto continuar con el presente
juicio, ya que no existe utilidad actual en los efectos de la eventual decisión
que ordene seguir el procedimiento de juramentación establecido en la Constitución del Estado Carabobo, pues dicha actividad ya se llevó a cabo ante el Poder
Legislativo de dicha entidad el 8 de diciembre de 2008. Así se decide. IV
Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:
COMPETENTE para conocer la demanda por protección de intereses difusos y
colectivos interpuesta por el abogado AUGUSTO MARTÍNEZ VICUÑA, para que
los tribunales Superiores del Estado Carabobo “…se abstengan de tomar
Carabobo, hasta tanto no se hubieren producido los extremos jurídicos para que
fuere procedente el antes referido mecanismo extraordinario de juramentación”.
SEGUNDO.- TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por pérdida del interés
jurídico actual, correspondiente a la demanda incoada.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Archívese el
en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 26 días del mes de mayo de dos mil nueve. Años: 199º
CARRASQUERO LÓPEZ Ponente
PEDRO RAFAEL RONDÓN
HAAZ MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Exp. N° 09-0026