Source: http://absta.info/referencia-expediente-t-495-368-fallo-de-tutela-objeto-revisin.html
Timestamp: 2018-11-13 18:47:42
Document Index: 211731475

Matched Legal Cases: ['artículo 156', 'artículo 86', 'artículo 41', 'artículo 153', 'Artículo 86', 'Artículo 41', 'ARTÍCULO 126', 'artículo 41', 'artículo 39', 'artículo 39']

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1. Demanda de tutela1.
1.1.2. Conducta que causa la vulneración: la negativa por parte de SaludCoop EPS de autorizar la realización del examen de Phmetria con impedanciometría esofágica en su ciudad de residencia por una médica particular -la cual, según el actor, cuenta con la capacidad para efectuarlo-, debido a que ésta no forma parte de su red de prestadores.
1.1.3. Pretensión: ordenar a SaludCoop EPS autorizar la realización del examen prescrito en la ciudad de Pasto con la médica particular a la que el actor hace referencia en la demanda de tutela.
1.2.2. El accionante expuso que reside en la ciudad de San Juan de Pasto y manifestó que le fue autorizado por el Comité Técnico Científico de SaludCoop EPS el examen de Phmetría con impedanciometría esofágica, en la Fundación Cardioinfantil en Bogotá D.C.2
1.2.2. Declaró, que una dolencia en su columna vertebral3 y su “nula situación económica”4 le impiden trasladarse hasta Bogotá para la práctica del examen.
1.2.3. Comentó, que teniendo en cuenta que una gastroenteróloga en la ciudad de Pasto cuenta con el conocimiento y el equipo necesario para realizar el examen prescrito5, le solicitó a la EPS accionada la autorización para la práctica del examen con dicha profesional de la salud.
1.2.4. El accionante, declaró que su solicitud le fue “rotundamente negada”6 por la EPS, sin dar a conocer si la entidad le proporcionó explicación alguna.
2. Respuesta de la entidad accionada7.
3. Decisión de tutela objeto de revisión: Sentencia del Juzgado Tercero (3º) Municipal con funciones de control de garantías, San Juan de Pasto (Nariño)8.
El juez constitucional decidió negar por improcedente el amparo al no encontrar vulnerados los derechos fundamentales del actor, puesto que el servicio fue efectivamente autorizado y la negativa de la EPS se encuentra amparada por lo dispuesto en el literal g) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993, en el sentido que la libertad de escogencia de EPS y de IPS reconocida al usuario no es absoluta.
4. Actuación surtida en sede de revisión.
Presente a esta Sala una relación de sus ingresos y egresos mensuales, remitiendo copia de los documentos que considere pertinentes para corroborar lo afirmado.
Manifieste si tiene a alguna persona a su cargo y describa como está compuesto su núcleo familiar.
Informe si le ha solicitado a SaludCoop EPS que cubra el gasto de transporte desde su lugar de habitación hasta la ciudad de Bogotá para la realización del examen.
Explique detalladamente los motivos por los cuales afirma no poder trasladarse a la ciudad de Bogotá para la realización del examen.
Asimismo, de haber lugar a ello, se sirva informar a esta Sala sobre algún hecho que considere relevante para el presente caso.
Informe cuál es el Ingreso Base de Cotización del actor.
Informe si el actor le ha solicitado la prestación o el cubrimiento del costo del servicio de transporte hasta la ciudad de Bogotá para la realización del examen.
Informe qué criterios utilizó para determinar el lugar en el cual se debía efectuar el examen autorizado.
Indique si en la ciudad de Pasto hay alguna IPS con la cual tenga convenio que cuente con la capacidad técnica para efectuar el examen prescrito.
Exponga qué IPS adscritas a su red de prestadores en el territorio nacional cuentan con la capacidad para realizar el examen, resaltando aquellas más cercanas al lugar de domicilio del peticionario.
Informe si en la ciudad de Pasto hay alguna IPS o algún profesional de la salud, adscrita/o a su red de prestadores, que cuente con la capacidad para realizar el examen.
4.2.2. Accionado. El 11 de septiembre de 2012 se recibió en la Secretaría de esta Corporación, la respuesta de la Gerente Regional de Nariño de SaludCoop EPS9 al requerimiento de la Corte, en la cual manifestó:
“1. Adjunto al presente (sic) certificación de afiliación del señor JOSÉ ALCIDES RODRÍGUEZ, en el cual se estableced (sic) que el ingreso base de cotización es de $1.112.000; 2. Verificando la base de datos, archivos de SaludCoop EPS, no se encuentra ninguna solicitud de transporte realizada por el señor JOSÉ ALCIDES RODRÍGUEZ; 3. Para efectos de determinar el lugar donde debe ser autorizado el examen que requiere el usuario se tomó en cuenta la oferta y habilitación de servicios que se tiene ante el Ministerio de Salud; 4. A la fecha en la ciudad de Pasto, no se cuenta con el servicio debidamente habilitado; 5. Dentro de las IPS adscritas a la red de prestadores de servicios se encuentra la IPS Fundación Cardio Infantil y (sic) IPS Endosono en la ciudad de Bogotá; 6. Hasta el momento no se ha presentado por ningún prestador del servicio el certificado de habilitación ante el Ministerio de Salud para la realización del procedimiento”
4.2.3. Oficina de Instrumentos Públicos de Pasto. El 12 de septiembre de 2012 se recibió en la Secretaría de esta Corporación la respuesta de la Registradora Principal de la Oficina de Instrumentos Públicos de Pasto10 al requerimiento de la Corte. En ésta, se allegó un Certificado de Libertad y Tradición en el cual aparece registrado un bien inmueble a nombre del señor JOSÉ ALCIDES RODRÍGUEZ CORAL en la ciudad de Pasto11.
4.2.4. Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto. El 12 de septiembre de 2012 se recibió en la Secretaría de esta Corporación la respuesta del Subsecretario de Registro de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto12 al requerimiento de la Corte, en la cual manifestó:
La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36-13.
2.1. Alegación de afectación de un derecho fundamental: se alega la vulneración al derecho a la salud14, derecho que entra en conexidad con el derecho a la vida y a la existencia en condiciones de dignidad.
2.2. Legitimación por activa: El accionante interpuso de manera personal la acción de tutela como titular de los derechos fundamentales invocados15.
2.3. Legitimación por pasiva: SaludCoop EPS es una entidad particular prestadora del servicio público de salud a la que está afiliado el accionante16; como tal, es demandable a través de la acción de tutela (C.P., art. 86; D. 2591/91, art. 42).
2.4.1. Constituye un requisito para la procedibilidad de la acción, el que ésta sea interpuesta en forma oportuna, es decir que se realice dentro de un plazo razonable17, toda vez que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales, frente a su vulneración o amenaza, debiéndose de esta forma presentar dentro de un ámbito temporal de ocurrencia de la misma.
2.4.2. En el presente caso, la acción de tutela fue instaurada el 24 de abril de 201218, es decir, aproximadamente un mes y medio desde que le fue autorizado el examen en la ciudad de Bogotá D.C. el 16 de marzo del mismo año, plazo óptimo para la interposición de la presente acción de tutela.
2.5.1. La subsidiaridad como regla.
“[…] según se prevé en el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela tiene un carácter subsidiario o residual, que implica que sólo resulta procedente cuando no existen otros mecanismos de defensa judicial, salvo cuando habiéndolos, se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Así las cosas, cuando en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, la Superintendencia Nacional de Salud conozca y falle en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez, asuntos referentes a la ‘(c)obertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del plan obligatorio de salud cuando su negativa por parte de las entidades promotoras de salud o entidades que se les asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del usuario’, en modo alguno estará desplazando al juez de tutela, pues la competencia de este último es residual y subsidiaria, mientras que la de la Superintendencia será principal y prevalente. Sin que lo anterior implique que la acción de tutela no esté llamada a proceder “como mecanismo transitorio”, en caso de inminencia de consumación de un perjuicio irremediable, o cuando en la práctica y en un caso concreto, las competencias judiciales de la Superintendencia resulten ineficaces para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca, pues entonces las acciones ante esa entidad no desplazarán la acción de tutela, que resultará siendo procedente. Ciertamente, la Corte ha explicado que ‘la procedencia de la acción de tutela se determina según si el demandante carece o no de un medio judicial idóneo y expedito para proteger sus derechos fundamentales, para lo cual no basta con registrar en abstracto la eventual existencia de otros instrumentos procesales, sino que se torna necesario evaluar su eficacia a la luz de las circunstancias concretas’”19. (Se subraya)
La competencia en esa materia fue inicialmente circunscrita a controversias relativas a: (i) negativa de reconocimiento de prestaciones del derecho a la salud contenidas en los planes obligatorios, cuando dicha negativa amenace la salud del(a) usuario(a); (ii) reconocimiento de gastos económicos por concepto de atención de urgencias autorizadas por las EPS, en instituciones (IPS) con las que éstas no tengan contrato, o porque las EPS nieguen dicho reconocimiento por incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostrada; (iii) problemas de multiafiliación; y (iv) conflictos relacionados con la posibilidad de elegir libremente EPS y/o trasladarse dentro del Sistema General de Seguridad en Salud.20
La Ley 1438 de 2011, que reformó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, modificó el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, ampliando el ámbito de competencia de la Superintendencia al adicionar tres asuntos a los cuatro anteriormente mencionados21 e instituyó, para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia, un procedimiento “preferente y sumario” el cual se debe llevar a cabo “con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, garantizando debidamente los derechos al debido proceso, defensa y contradicción”.
En el presente caso, la acción de tutela instaurada por el señor José Alcides Rodríguez Coral resulta improcedente, toda vez que no se verifica el cumplimiento del principio de subsidiariedad propio de la acción constitucional. Esto por cuanto, la pretensión del actor y la conducta que presuntamente atenta contra sus derechos fundamentales, se relaciona de manera exclusiva22 con el derecho a la libre escogencia consagrado en el artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y la competencia para resolver este tipo de conflictos -de acuerdo con los párrafos que preceden- yace de manera principal y prevalente en la Superintendencia Nacional de Salud.
La Sala considera, que el presente asunto se encuentra comprendido dentro de la competencia atribuida a la Superintendencia mediante la Ley 1122 de 2007 y que el procedimiento que introdujo la Ley 1438 de 2011 para el trámite de estas cuestiones, es lo suficientemente eficaz para lograr la efectiva protección de los derechos del señor Rodríguez Coral dado su carácter informal, la posibilidad de decretar medidas cautelares dentro del mismo y la agilidad que contempla23.
Asimismo, de los elementos probatorios obrantes en el expediente no se evidencia la amenaza u ocurrencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio24. Por el contrario, de estos elementos25, la Sala advierte que: (i) el actor no sustentó su afirmación de que la afección que padece en la espalda le impide desplazarse a la ciudad de Bogotá, ni se desprende del material probatorio obrante en el expediente que su estado de salud le impida movilizarse; (ii) el actor cuenta con los ingresos suficientes para costear su transporte a esta ciudad pues tiene casa propia, por lo que no paga arriendo, y devenga mensualmente $1.112.000 pesos; (iii) la entidad accionada sólo puede prestar el examen autorizado en Bogotá; y (iv) no se ha presentado por ningún prestador del servicio en la ciudad de Pasto el certificado de habilitación ante el Ministerio de Salud para la realización del procedimiento ordenado.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la sentencia del 4 de mayo de 2012, proferida por el Juzgado Tercero (3º) Municipal con funciones de control de garantías de San Juan de Pasto (Nariño), pero únicamente por las razones expuestas en la presente Sentencia. Asimismo, le compulsará copias del presente expediente a la Superintendencia Nacional de Salud para que ASUMA el conocimiento inmediato del asunto tratado y proceda a tramitarlo de acuerdo con el procedimiento consagrado en la Ley 1438 de 2011, velando siempre por la efectiva realización del derecho fundamental a la salud, en los términos en que ha sido desarrollado por la jurisprudencia de esta Corporación26. Y, le ordenará a la Superintendencia Nacional de Salud que reitere a las Entidades Promotoras de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la existencia de este mecanismo jurisdiccional con el fin de que éstas se lo den a conocer a sus usuarios a través de mecanismos eficaces27.
1La demanda de tutela fue interpuesta por el accionante el 24 de abril de 2012. Folio 1 y 2 del cuaderno 1. En adelante, los folios a los que se haga mención en la presente providencia forman parte del cuaderno 1, salvo que se exprese lo contrario.
2 Autorización del examen de Phmetría con impedanciometría esofágica, proveniente del Comité Técnico Científico, de SaludCoop EPS con fecha del 16 de marzo de 2012.
3 A folio 5 obra copia de la Historia Clínica del peticionario, en la cual aparece como diagnóstico principal “Trastorno de disco cervical con radiculopatía”.
5 Folio 1. Afirmación realizada por el peticionario en la demanda de tutela.
6 Folio 2.
7 Folios 11-17.
8 Folios 18-28.
9 Folios 16-17 del cuaderno No. 3.
10 Folios 18-22 del cuaderno No. 3.
11 El número de la Matricula se reserva por razones de privacidad. Certificado visible a folio 22 del cuaderno No. 3.
12 Folios 23 del cuaderno No. 3.
13En Auto del catorce (14) de junio de dos mil doce (2012) de la Sala de Selección de tutela No. 6 de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y se procedió a su reparto.
14Cf. Sentencia T-760 de 2008:“[E]l derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por tres vías. La primera, ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; la segunda, ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección, lo cual ha llevado a la Corte a asegurar que un cierto ámbito de servicios de salud requeridos sea efectivamente garantizado; la tercera, es afirmando, en general, la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para proteger una vida digna”. Asimismo, ver, entre otras sentencias, la T-525 de 2011 y T-1182 de 2011.
15Artículo 86 de la Constitución Política y 1º del Decreto 2591 de 1991.
16De conformidad con lo afirmado por el accionante en el escrito de tutela y la contestación de la acción por parte de la entidad accionada. Folios 9 y 19 del cuaderno No. 1.
17De conformidad con la Sentencia SU-961 de 1999: “la razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por su ‘inmediatez’. (...) Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción”.
18Folio 15.
19 Sentencia C-119 de 2008.
20 Cf. Artículo 41 de la Ley 1122 de 2007.
21 Ley 1438 de 2011: “ARTÍCULO 126. FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Adiciónense los literales e), f) y g), al artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, así:
22 Lo anterior encuentra su sustento, en que el examen no POS de Phmetria con impedanciometría esofágica se encuentra debidamente autorizado por SaludCoop EPS.
23 Cf. Numeral 2.5.6.
24 A propósito del concepto de perjuicio irremediable que ha sido adoptado por esta Corporación, se ha dicho que éste consiste en el riesgo inminente que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental, que de ocurrir, no otorga forma alguna de reparar el daño.
25 Cf. Numeral 4.1 y ss.
26 Ello encuentra su fundamento en el carácter Social de Derecho del Estado colombiano (Art. 1° C.P.), el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, específicamente los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la vigencia de un orden justo (Art. 2° C.P), el carácter irrenunciable del derecho de todos los habitantes a la seguridad social (Art. 48 C.P), la imperatividad de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en la prestación de los servicios de salud (Arts. 48 y 49 C.P) y los objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud contemplados en el artículo 39 de la Ley 1122 de 2007.
27 No se procede a vincular a la Superintendencia Nacional de Salud en el presente asunto, puesto que las ordenes aquí dadas se encuentran comprendidas dentro de su ámbito funcional y no son más que el desarrollo de los objetivos que le corresponden por ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1122 de 2007.