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Timestamp: 2019-09-23 16:21:22
Document Index: 40472258

Matched Legal Cases: ['artículo 121', 'artículo 24', 'artículo 140', 'artículo 137', 'artículo 4', 'artículo 221', 'artículo 216', 'artículo 244', 'in fine', 'artículo 22', 'artículo 4', 'in fine', 'artículo 14', 'artículo 607']

Algunas ideas innovadoras, fruto de la experiencia, para potenciar el valor de los Órganos Económico-Administrativos municipales - El Derecho - Administrativo
Tribuna 20-06-2019
«III.1.12.4 Aplicación generalizada de la vía económico-administrativa a todos los Municipios.
242. El artículo 121.1.a) LRBRL establece un régimen especial aplicable solo a aquellos Municipios calificados como “Municipios de gran población”, permitiendo la posibilidad a los administrados de acudir a la vía económico-administrativa, de carácter gratuito, para la defensa de sus intereses, atribuyendo la competencia para la resolución de las reclamaciones en la vía económico-administrativa local al denominado “órgano para las resoluciones económico-administrativas”, que en la mayoría de los Municipios ha adoptado la denominación de “Tribunal Económico-administrativo Municipal”. De este modo, el administrado podrá en vía administrativa acudir potestativamente al recurso de reposición, o bien, en sustitución, o tras la desestimación de la reposición, interponer una reclamación económico-administrativa.
No obstante, en aquellos Municipios no considerados de gran población, el administrado solo podrá acudir a la reposición como vía previa y gratuita antes de interponer el recurso contencioso-administrativo, una vía esta última que incorpora la exigencia de costes adicionales (con la obligatoriedad de acudir por medio de abogado y procurador y, en determinados casos para las personas jurídicas abonando tasas judiciales) lo que podría suponer un freno al acceso de la justicia para la defensa de sus intereses legítimos tensionando el principio constitucional de tutela judicial efectiva.
243. Tal como está configurado el TEAM por el legislador de la LRBRL, podría cuestionarse si no se resiente el citado derecho a la tutela judicial efectiva por el hecho de que tengan únicamente acceso a dichas reclamaciones económico-administrativas aquellos ciudadanos de grandes poblaciones. Para conjugar el derecho de todos los ciudadanos (sin distinción) a acceder a los Tribunales del artículo 24 CE, con los menores costes posibles, con la suficiencia financiera y la autonomía local del artículo 140 de nuestra Carta Magna, considera la Comisión que sería deseable la constitución en aquellos Municipios que no tengan la consideración por la LRBRL de “grandes ciudades” de un Tribunal Económico-administrativo de carácter provincial, o en su defecto, supramunicipal, que agrupara a modo de órgano consorcial la revisión de reclamaciones económico-administrativas respecto de todos aquellos Municipios que no tengan Tribunal económico-administrativo, bien porque no sean “grandes ciudades”, o bien, porque siéndolo hayan desatendido el mandato recogido en el artículo 137 LRBRL.»
«Los fiscalistas del Consejo General de Economistas han puesto de manifiesto el problema que supone el hecho de que solo determinados ayuntamientos disponen de órganos económico-administrativos. Los contribuyentes que residen en municipios donde no existen estos órganos -los que no se consideran “municipios de gran población”-, si no están conformes con una liquidación tributaria que les practique la administración local, tienen que acudir directamente a la vía contencioso-administrativa, ya que no pueden a la económico-administrativa previa que es gratuita, y muchas veces desisten por los costes que tienen que asumir.
(…) Para terminar, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) se apuntan 10 ideas para una reforma de la imposición municipal:
Para posibilitar que todos los ciudadanos puedan acudir a la revisión en vía económico-administrativa cuando de tributos locales se trata, se podrían crear Tribunales Económico-Administrativos provinciales que sustituirían a los órganos existentes en los Municipios de gran población y atenderían las reclamaciones de los vecinos de todos los municipios de la provincia.»
Además, en muchos casos resultará innegable que los tiempos de respuesta reales no son acordes con el derecho de todo ciudadano de la unión europea a una buena administración: el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (EDL 2000/94313) obliga a las Administraciones Públicas a tratar sus asuntos “dentro de un plazo razonable”.
Segundo efecto. Desde la perspectiva municipal: la doble vía de recurso genera ineficiencias dado que los medios humanos y materiales destinados a resolver recursos de reposición suponen en gran medida una duplicación de costes con el TEAM, que es evitable.- baste pensar que por la vía del art. 235.3 LGT (EDL 2003/149899) (reposición impropia) se puede conseguir el mismo objetivo, si se dan las premisas fácticas.
1ª idea: hemos de comunicar mejor nuestros criterios reiterados. ¿Cómo? por ejemplo, concretándolos en un documento que sea conocido por el conjunto de la administración municipal
Pero la virtualidad de un trabajo como éste va mucho más allá de los muros del Ayuntamiento: accesible en la web municipal es un ejercicio de transparencia que se proyecta sobre todos los operadores jurídicos que puedan estar interesados. También se puede consultar en Derecho Local en el módulo “Doctrina” con el título “Selección de criterios del Jurado Tributario de Valencia. Periodo 2007-2018” (EDO 2019/574456).
2ª idea: Normalizar cauces pacíficos de aclaración de nuestro criterio cuando se nos solicita. Cualquier medio que propicie la unificación de criterios es un valioso avance en la consecución de este objetivo.
Estudio de caso: volvemos a la memoria de 2017, donde se detalla la secuencia de actuaciones de un caso real, ya citado a propósito de la atención prioritaria a personas en riesgo de exclusión social.
¿Cómo?: pues hilvanando las dos funciones consultivas: letras b) y c) de art. 137.1 LRBRL (EDL 1985/8184).
ANEXO. Selección de criterios del Jurado Tributario de Valencia. Periodo 2007-2018
Los supuestos en que concurren defectos en la identificación del reclamante en el escrito de interposición de las reclamaciones económico-administrativas, no subsanados en el plazo de diez días otorgados al efecto, dan lugar a la declaración de archivo de la reclamación económico-administrativa, por disposición expresa del art. 2.2 del RD 520/2005, de 13 de mayo (EDL 2005/54632). (RR 360/2013 y 814/2014, entre otras).
El art. 222 LGT (EDL 2003/149899) dispone que “Cuando en el plazo establecido para recurrir se hubieran interpuesto recurso de reposición y reclamación económico-administrativa que tuvieran por objeto el mismo acto, se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo” (art. 222.2, último párrafo). Por tanto, en aplicación de la citada norma al caso que nos ocupa, en que durante el plazo legal para recurrir se interpone recurso de reposición y, a continuación y sin que haya transcurrido el plazo de un mes, reclamación económico-administrativa, habiéndose tramitado y resuelto el primero, procede la inadmisión de la segunda. (RR 278/2011 y 90/2014, entre otras).
Respecto al cómputo del plazo de un mes para reclamar, desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado, debe señalarse que el Tribunal Supremo ya ha declarado reiteradas veces (Sentencias, entre otras, de, 2 de diciembre de 2003, EDJ 2003/180918; de 15 de diciembre de 2005, EDJ 2005/213979; de 22 de julio de 2008, EDJ 2008/166748; de 1 de julio de 2009, EDJ 2009/205365) que en los supuestos en que el plazo fijado es por meses ha de computarse como día último del plazo el equivalente del mes que corresponda al que fue hecha la notificación de la resolución que se indica. (RR 20/2014; que reitera numerosas resoluciones precedentes).
En el caso de que una liquidación tributaria haya adquirido firmeza en vía administrativa, al no haber sido impugnada en el plazo legal de un mes desde la finalización del periodo voluntario de pago, ni mediante la interposición de recurso de reposición (art. 14 TRLRHL; EDL 2004/2992) ni mediante la presentación de reclamación económico-administrativa (arts. 235 LGT y 34.3 del Reglamento Orgánico del Jurado Tributario), este Jurado Tributario no tiene competencia material para revisar dicho acto tributario, toda vez que así se desprende de los arts. 216, 217, 219, 221.3 y 244 LGT. Y la competencia de este Jurado Tributario es improrrogable (artículo 4.2 del Reglamento Orgánico del Jurado Tributario). En consecuencia, al no ser la vía económico-administrativa la idónea para revisar un acto firme, resulta procedente declarar la inadmisión de la reclamación (art. 48.1 a) y f) del RJT). (RR 143/2012, 682/2014, 468/2015 y 117/2018, entre otras).
En los supuestos de actos liquidatorios que han adquirido firmeza en vía administrativa (ya que no han sido impugnadas las liquidaciones de IVTM en el plazo legal de un mes desde la finalización del periodo voluntario de pago), cuando el reclamante insta la devolución como ingresos indebidos del importe pagado, entendemos aplicable el artículo 221 de la citada LGT, cuyo apartado 3 dispone: “Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en las letras a) [revisión de actos nulos de pleno derecho], c) [revocación] y d) [rectificación de errores ] del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta Ley”. De esos procedimientos especiales, tan solo el de rectificación de errores materiales o de hecho, es susceptible de revisión en la vía económico-administrativa, pero no los demás modos de revisión, toda vez que este Jurado Tributario carece de competencia material para tal revisión (arts. 217, 219 y 244 LGT). Y la competencia de este Jurado Tributario es improrrogable (art. 4.2 del Reglamento Orgánico del Jurado Tributario) y no alcanza a la revisión de actos firmes en vía administrativa. Comprobado que no estamos ante un mero error de hecho o aritmético, resulta forzoso declarar la inadmisión de la reclamación. (RR 468/2012, 611/2014 y 585/2016, entre otras).
7. AUSENCIA DE RECURSO DE REPOSICIÓN Y DE FORMULACIÓN DE ALEGACIONES EN VIA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA: DESESTIMACIÓN.
8. RECURSO DE ANULACIÓN.
9. LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE DEMORA EN EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DEL JT.
Si se incumple tanto el requisito general de la motivación del acto liquidatorio -letra c- (trasunto de la obligación de motivación de los actos administrativos), como también la obligación específica de hacer constar con precisión los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria -letra b-, de la que forman parte los intereses de demora (ex art. 58.2.a) LGT): el período concreto de cómputo de los intereses de demora, el tipo de interés aplicado y la cantidad sobre la que se calcularon (base de cálculo), el JT entiende que la actuación municipal ha generado indefensión en la entidad reclamante, por lo que procede estimar el incidente de ejecución, anulando el punto Tercero de la parte dispositiva de la Resolución y retrotrayendo las actuaciones (R 942/2014).
No existe duplicidad impositiva entre el IBI y la tasa por ocupación del dominio público portuario. Se trata de dos tributos distintos y con distinto hecho imponible. El IBI es un impuesto cuyo hecho imponible es la titularidad de determinados derechos sobre el bien (art. 61 TRLRHL) y cuyo sujeto activo es el Ayuntamiento; mientras que el hecho imponible de la tasa consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público portuario. Así lo ha entendido la Audiencia Nacional (S de 26 de diciembre de 2008, EDJ 2008/268077) y el TSJ de la Comunidad Valenciana (SS 432/2008, EDJ 2008/116889, y 434/2008, EDJ 2008/116890, y 8/2011, EDJ 2011/56135) - (RR 254/2009, 413/2013 y 414/3013, entre otras).
2.1. En caso de otorgarse escritura pública, los efectos traslativos del dominio se producen desde su formalización, por lo que el adquirente asume en ese momento la posición de sujeto pasivo del IBI, con independencia de que efectúe la declaración ante el Catastro. (STS 20/09/2001; EDJ 2001/47455)
El sujeto pasivo del IBI es el propietario del inmueble. Dado que los efectos traslativos del dominio, en caso de otorgarse escritura pública y si otra cosa no se acuerda en ella, se producen desde su formalización, el Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de septiembre de 2001 (EDJ 2001/47455), fijó doctrina legal, resolviendo un supuesto idéntico al aquí contemplado, en el sentido de que el adquirente asume en ese momento la posición de sujeto pasivo del IBI, siéndole exigible en el siguiente devengo. Y ello con independencia de que cumpla o no su obligación de efectuar la declaración de la variación jurídica por cambio de titular y esta tenga acceso al catastro, sin perjuicio de la responsabilidad en que se haya podido incurrir por incumplimiento de dicha obligación. En el supuesto de variación jurídica sobrevenida en la titularidad catastral de un inmueble, no admite dudas que cuando la administración catastral acuerda una alteración catastral de esta naturaleza y la incorpora al Catastro Inmobiliario con efectos retroactivos, al amparo de lo previsto por el art. 17 del TR de la Ley del Catastro Inmobiliario -TRLCI- (EDL 2004/2896), estamos ante lo que el art. 77.5 TRLRHL denomina “documento expresivo de una variación” del padrón catastral que se aprueba anualmente para cada período impositivo. (RR 323/2011 y 151/2015).
El titular de un contrato de arrendamiento de un inmueble que es propiedad el Ayuntamiento, al no ser titular de una concesión administrativa, no es sujeto pasivo del IBI (arts. 61.1 y 63.1 TRLRHL); no obstante, está obligado a soportar la repercusión de la cuota del impuesto por parte del Ayuntamiento, en aplicación del art. 63-2, segundo párrafo, del TRLRHL (R 560/2016).
El art. 22.2 in fine de la Ley 43/2010 (EDL 2010/264168) no establece una exención subjetiva a favor de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., ni una exención general de los tributos que graven sus actividades. La exención se limita a los tributos que graven “su actividad vinculada al servicio postal universal”. No alcanza, por tanto, al Impuesto sobre Bienes Inmuebles que grava la titularidad o propiedad de unos bienes inmuebles de naturaleza urbana (R 91/2013, de 15 de marzo).
NOTA: Criterio coincidente con el establecido por el Tribunal Supremo en sentencia de 7 de octubre de 2013, resolviendo recurso de casación en interés de Ley nº 588/2013), fijando la siguiente doctrina legal: “El artículo 22.2, párrafo segundo de la Ley 43/2010, de 20 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, debe ser interpretado en el sentido de que la exención tributaria que establece a favor del operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal no alcanza al Impuesto sobre Bienes Inmuebles que recae sobre aquellos desde los que provee tal servicio y las demás prestaciones postales que realiza en régimen de competencia con otros operadores del sector” (TS sentencia de 7 de octubre de 2013, EDJ 2013/197228; aclaración por Auto de 9 de enero de 2014).
La Sentencia del Tribunal Supremo de 5-7-2012 (EDJ 2012/154802), en su FJ 3º, razona, en referencia al último inciso del art. 35.6 LGT, que: “(…) sino que por su propio tenor sólo es posible su aplicación, excepcionando la norma general de la solidaridad por la de la mancomunidad, cuando se trate de impuestos que gravan la titularidad o transmisión de elementos patrimoniales”. Al incluir también el TS, en dicho inciso, los supuestos que gravan la “titularidad de elementos patrimoniales”, este Jurado Tributario modifica su razonamiento jurídico de anteriores resoluciones y, en consecuencia, entiende que en el presente caso procede tal división de la cuota del IBI dado que consta, según los datos del Catastro Inmobiliario, que D. X es titular con carácter privativo del 50% del inmueble, y D. Y es titular, también con carácter privativo, del otro 50% del pleno dominio de dicho inmueble, y que, además, el primero ha solicitado la división de la cuota tributaria en esa proporción. (R 113/2013).
A falta de la creación del Órgano de Gestión Tributaria regulado en el art. 135 LRBRL (EDL 1985/8184), es la Junta de Gobierno Local el órgano municipal competente para la aprobación de las liquidaciones tributarias, y no la Alcaldía, por aplicación del art 127.1.g) LRBRL, según criterio reiterado del TSJ de la CV. (RR 254/2009 y 224/2011, entre otras).
NOTA.- Este criterio ha sido reiterado por el TSJCV en varias Sentencias de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, referidas todas ellas a este Ayuntamiento. Podemos reseñar las siguientes: la Sentencia 1387/09, de 30 de octubre (EDJ 2009/337613); la 1298/2010, de 14 de diciembre (EDJ 2010/362416); la 228/2010, de 3 de marzo (EDJ 2010/100595); la 1297/2010, de 14 de diciembre (EDJ 2010/362415); y la 8/2011, de 12 de enero (EDJ 2011/56135).
A. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro (art. 77.5 TRLRHL). Por tanto, cuando las expresadas variaciones (singularmente, la aprobación de un nuevo valor catastral distinto del obrante en el padrón inicial), tengan efectos retroactivos respecto de períodos impositivos ya cerrados en aplicación de la legislación catastral, de forma que resulte necesaria la práctica de nuevas liquidaciones del impuesto, en el correspondiente expediente de gestión tributaria que se tramite para su aprobación de esta segunda liquidación se declarará la nulidad de las liquidaciones afectadas por la retroactividad del acto catastral (art. 20.2 de la Ordenanza Fiscal del IBI), no procediendo por ello la instrucción de procedimiento especial de revisión de actos firmes alguno. (RR números 323/2011 y 151/2015, entre otras)
B. En el expediente de gestión tributaria que se tramita en estos supuestos deben anularse de forma expresa las liquidaciones iniciales de todos los ejercicios afectados por los efectos retroactivos del acto catastral, con el consiguiente pronunciamiento respecto a la devolución de la cuota pagada en su día o de una eventual compensación con las cuotas ahora liquidadas. Esta anulación debe llevarse a cabo de forma simultánea a la aprobación de la nueva liquidación, aquí impugnada, porque una única relación jurídico-tributaria, en este caso la del IBI devengado el día 1 de enero de 2013, no puede dar lugar a dos liquidaciones tributarias válidas. La ausencia de toda referencia a la anulación expresa de la liquidación inicial de 2013 determina la invalidez de la liquidación resultante de la regularización de ese año 2013, por lo que procede su anulación. (RR números 666/2018 y 668 /2018).
Las consultas de la DGT V-0035-17 (EDD 2017/244153) y V-0036-17 (EDD 2017/244154), ambas de 10 de octubre de 2017, concluyen que la notificación de la resolución del procedimiento catastral interrumpe el plazo de prescripción de cuatro años del derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Y producida la interrupción, a tenor de lo dispuesto en el art. 68.5 LGT, se inicia de nuevo el cómputo de dicho plazo. (RR 738/2018 y 744/2018, entre otras).
Dentro del carácter extraordinario y restrictivo del recurso extraordinario de revisión en este ámbito de la revisión de actos tributarios, al afectar al principio de seguridad jurídica, el TS ha venido estableciendo una jurisprudencia consolidada (SSTS de 2 de marzo de 1992, EDJ 1992/1965; y de 13 de marzo de 1993, EDJ 1993/2521; entre otras), acerca de la interpretación de la expresión "documentos de valor esencial para la resolución de la reclamación ignorados al dictarse", empleada en la anterior Ley General Tributaria (art. 127.1.b), y, de forma análoga, en la vigente (art. 244.1.a). Según esta doctrina jurisprudencial, esa expresión hace referencia a un determinado medio de prueba que no puede comprender la aportación o cita de criterios interpretativos distintos de los sostenidos en una resolución administrativa, y que se contienen en pronunciamientos judiciales posteriores a la misma.
En el específico ámbito que nos ocupa, que no es otro que el análisis de los efectos jurídicos que sobre las liquidaciones firmes del IBI produce la anulación posterior -en vía administrativa o judicial- del valor catastral aplicado como base imponible en aquéllas, fue la Sentencia del S de 31 de octubre de 2006 (EDJ 2006/311746), ratificando el criterio de la de 29 de enero de 1999 (EDJ 1999/2014), la que vino a clarificar esta cuestión.
En el caso de que una liquidación tributaria haya adquirido firmeza en vía administrativa, al no haber sido impugnada en el plazo legal de un mes desde la finalización del periodo voluntario de pago, ni mediante la interposición de recurso de reposición (art. 14 del TRLRHL 2/2004) ni mediante la presentación de reclamación económico-administrativa (artículos 235 LGT y 34.3 del Reglamento Orgánico del Jurado Tributario), este Jurado Tributario no tiene competencia material para revisar dicho acto tributario, toda vez que así se desprende de los arts. 216, 217, 219, 221.3 y 244 LGT. Y la competencia de este Jurado Tributario es improrrogable (artículo 4.2 del Reglamento Orgánico del Jurado Tributario). En consecuencia, al no ser la vía económico-administrativa la idónea para revisar un acto firme, resulta procedente declarar la inadmisión de la reclamación (art. 48.1 a) y f) del RJT). (R 682/2014).
Para calcular la carga útil de un remolque a efectos de este impuesto, se debe aplicar el art. 2.4 del Reglamento de la Unión Europea nº 1230/2012, del Consejo, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla el Reglamento (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de homologación de tipo relativos a las masas y dimensiones de los vehículos de motor y de sus remolques (EDL 2009/157246), norma que, contrariamente al Anexo IX del Reglamento General de Vehículos (EDL 1998/46596) (aplicado por la Resolución impugnada), no incluye al conductor en el cálculo de la carga útil. De la aplicación de esta norma europea resulta una carga útil de 750 Kg y, por tanto, la no sujeción al IVTM (R 526/2016).
La alegación de nulidad por no otorgamiento del trámite de audiencia no puede prosperar si atendemos al criterio interpretativo del anterior art. 63-2 LRJPAC (EDL 1992/17271), sostenido en casos análogos por nuestro TS y por el TC, en el sentido de que la indefensión con virtualidad anulatoria ha de ser de índole material y no la meramente formal. Si ponderamos las circunstancias que concurren es este caso, concluimos que no habido indefensión material, porque, al haber aplicado la administración la norma fiscal a un supuesto de hecho conocido por el reclamante -que su vehículo carece de matrícula histórica-, y haber podido recurrir en reposición y en esta vía, pudiendo alegar y probar lo que a su derecho le hubiera convenido, discutiendo el fondo de la liquidación, no apreciamos -siguiendo la expresión del TC- ni privación ni minoración sustancial del derecho de defensa. (R 349/2015).
En los supuestos de pérdida de la exención del IVTM, sin declaración administrativa previa, debe notificarse el alta en el respectivo padrón del impuesto, dado que surge ex novo la obligación de pago de la cuota tributaria. Por ello, es exigible intentar la notificación personal, no siendo válida la mera notificación colectiva del padrón por la vía edictal. En ese sentido, hemos de citar la doctrina del TS (por todas, STS de 19-12-2011, EDJ 2011/313047) que determina que para la eficacia de la notificación edictal de tributos de cobro periódico por recibo se parte del supuesto de que de un año a otro no varíen las circunstancias esenciales del tributo, algo que no se encuentra expreso en el texto del precepto cuestionado (art. 102.3 LGT), pero que este TS ha venido a considerar comprendido en el mismo (SSTS de 11 de febrero de 1992, EDJ 1992/1231; de 17 de febrero de 1992, EDJ 1992/1433; y de 27 de octubre de 1994, EDJ 1994/8352) (R. 231/2013).
1.2. Interpretación actual del art. 1006 de nuestro Código Civil -CC- (EDL 1889/1).
Los bienes pasan directamente del primer causante a la persona transmisaria cuando ésta ejercita el ius delationis, produciéndose una única transmisión y no dos (Sentencia de la Sala de lo Civil del TS, de 11 septiembre de 2013; EDJ 2013/208060). Por tanto, el IIVTNU se devenga una única vez y no en dos momentos distintos
2.- La tesis o criterio llamado “moderno” de la adquisición directa que sostiene que los bienes pasan directamente de la primera causante a la transmisaria cuando ésta ejercita el ius delationis, produciéndose una única transmisión. Es el criterio sostenido por la Sentencia de la Sala 1ª del TS, constituida en Pleno, de 11 septiembre de 2013 (EDJ 2013/208060), seguido también por las Resoluciones de la DGRN de 26 de marzo de 2014 (EDD 2014/58254) y 11 de junio de 2014 (EDD 2014/117099). La doctrina jurisprudencial de dicha STS interpreta el art. 1006 CC en el sentido de que “no hay (…) una doble transmisión sucesoria o sucesión propiamente dicha en el ius delationis, entendiendo que quien hereda de una persona que ya ha fallecido sin aceptar ni repudiar una herencia, adquiere de forma directa, toda vez que los bienes pasan directamente de la primera persona causante a la persona transmisaria, cuando ésta ejercita el ius delationis o derecho a aceptar o repudiar la herencia. La persona transmisaria, cuando ejercita el ius delationis aceptando la herencia de la primera persona causante, lo hace no en representación de quien transmite, sino por sí y para sí, por derecho propio, ejercitando el mismo derecho a aceptar la herencia del primer causante que tenía el segundo causante-transmitente y que le ha sido transmitido a ella”. La conclusión es que el IIVTNU se devenga una única vez y no en dos momentos distintos. (R 589/2017).
NOTA. Este criterio coincide con el de la posterior STS, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de 5 de junio de 2018 (EDJ 2018/98209), si bien está referida al ISD.
El reclamante alea que, de acuerdo con el art. 49 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (EDL 1954/21), el pago del justiprecio de la expropiación estará exento de toda clase de gastos, impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado, Provincia o Municipio. Sin embargo, la exención contenida en este artículo ha de entenderse derogada por la Disp. Adic. 9ª de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales (EDL 1988/14026), siendo, además, concluyente el art. 107.2.d) TRLRHL, que determina el método de cálculo de la base imponible de las transmisiones por expropiaciones forzosas para el IIVTNU y la doctrina sentada por el TS. (R 419/2008).
La reforma de la regulación del IIVTNU en este punto, aprobada inicialmente por el art. 123 del Real Decreto-Ley 8/2014, de 14 de julio (EDL 2014/98448), -convalidado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre (EDL 2014/174899)- ha declarado exento este supuesto, otorgando el mismo tratamiento fiscal a las ejecuciones hipotecarias judiciales de la vivienda habitual como la presente, que a las daciones en pago. Si bien la modificación legal es posterior al devengo del impuesto, el art. 123.Uno de la Ley 18/2014 otorga a esta nueva exención efectos retroactivos a los hechos imponibles no prescritos, como es el caso. Al constatarse que la documentación aportada por la reclamante acredita la concurrencia en la ejecución hipotecaria de su vivienda de todos los requisitos materiales que fija la nueva redacción del art. 105.1.c) TRLRHL para la aplicabilidad de la exención en el IIVTNU, procede estimar la reclamación. (R. 914/2014).
Siguiendo el criterio de la DGT manifestado en las Consultas números V0324-15 (EDD 2015/42049) y V0325-15 (EDD 2015/42066), ambas de 29-01-2015, a los efectos de la exención contemplada en el art. 105.1.c) TRLRHL (en la redacción dada por el art. 123.Uno del Decreto-ley 8/2014), la dación en pago de la hipoteca a la entidad acreedora debe equipararse con aquellos supuestos en que el deudor formaliza un contrato de compraventa con un tercero, siempre y cuando la elección de la persona adquirente y el resto de las condiciones de la trasmisión, vengan determinados por la entidad que tiene la condición de acreedora hipotecaria (R. 78/2017).
El art. 22.2 in fine de la Ley 43/2010 (EDL 2010/264168) no establece una exención subjetiva a favor de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., ni una exención general de los tributos que graven sus actividades. La exención se limita a los tributos que graven “su actividad vinculada al servicio postal universal”, y, por tanto, no alcanza a la transmisión de los bienes inmuebles desde los que se provee tal servicio y las demás prestaciones postales que realiza en régimen de competencia con otros operadores del sector. Por tanto, y en base a los mismos argumentos jurídicos que condujeron al TS, en sentencia de 7 de octubre de 2013 (EDJ 2013/197228), a declarar que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A no está exenta del IBI, concluimos que tampoco está exenta del IIVTNU, sino sujeta al mismo. Además, se recuerda a esa sociedad que este Jurado Tributado, después de la STS antes referida, ya ha desestimado dos reclamaciones interpuestas por Correos contra otros tributos municipales, en concreto referidas a Tasa de Vados o Entrada de vehículos. Se trata de las recientes resoluciones 149/2015, de 24 de marzo y 377/2017, de 24 de junio, cuya adecuación a derecho ha sido confirmada por ss. del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia números 4/2016, de 12 de enero (EDJ 2016/64627), y 98/2016, de 22 de marzo (EDJ 2016/63481), respectivamente (R. 44/2017).
El art. 108 TRLRHL no excluye medio probatorio alguno a los efectos que nos ocupan. No obstante, el art. 8 de la Ordenanza Fiscal municipal del IIVTNU (actual art. 17 de la Ordenanza) dispone que “la convivencia con el causante en los dos años anteriores al fallecimiento (…) se acreditará mediante certificado de empadronamiento”. A tenor de lo anterior, existe la presunción de que el domicilio habitual es el que figura en el Padrón para los inscritos en el mismo, salvo prueba en contrario. De manera que, a efectos de la bonificación regulada en dicho art. 8, la convivencia se puede acreditar mediante certificado de empadronamiento. Pero, si la presunción que establece el padrón queda contradicha por pruebas concluyentes, como sucede en este caso (STS de 11 de julio de 2006, EDJ 2006/282170), habrá de considerarse acreditada la convivencia con el causante, otorgándose la bonificación solicitada. (R 686/2017, que reitera criterio de la R 601/2013).
El período de generación de la plusvalía es una de las variables relevantes para cuantificar la propia plusvalía según el régimen de cuantificación establecido en el art. 107 TRLRHL, con un período máximo de 20 años. La fecha del título anterior de adquisición que contempla la liquidación tributaria impugnada es la de compraventa del referido inmueble para la sociedad de gananciales y no la fecha de la posterior adjudicación a favor de un cónyuge, toda vez que la Ley 51/2002, de 27 diciembre (EDL 2002/54510), introdujo un nuevo supuesto de no sujeción en el art. 105.3 LHL/1988 (actual art. 104.3 TRLRHL). De esta forma, desde 1-1-2003 se modifica el supuesto de manera que pasa de exención a no sujeción al impuesto en los casos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, en los de adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen, y en los de transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Al no haber pues sujeción al impuesto habrá que acudir a la fecha en que se adquirió el inmueble para determinar el período de generación de la plusvalía municipal. La diferencia entre uno y otro régimen, de exención (hasta 1-1-2003) y de no sujeción (a partir de 1-1-2003), resulta trascendente porque en el primero sí hay interrupción del período impositivo, pero en el segundo no, por lo que en una transmisión posterior se contaría, no desde el momento de la disolución de la sociedad conyugal y la adjudicación a un cónyuge, sino desde el momento de la adquisición originaria. (R. 887/2014).
Las pruebas dejan claro que el Ayuntamiento en ningún momento, ni directa ni indirectamente, ha tenido cabal conocimiento de la transmisión gravada, ni, por tanto, ha tenido oportunidad de admitirla a través de acto propio alguno, porque la única actuación de las partes afectadas en la que ha participado la administración municipal, ha sido el cambio de domiciliación bancaria de los recibos del IBI, hecho que per se no tiene virtualidad para acreditar aquella transmisión dado que en realidad no es otra cosa que una modalidad del llamado “pago por tercero de las deudas tributarias”, admitido en el ámbito recaudatorio, incluso con el desconocimiento del deudor. Por tanto, del cambio de domiciliación bancaria del recibo del IBI no puede presumirse que un funcionario público haya tenido conocimiento de la transmisión del inmueble por razón de su cargo (ex art. 1227 CC). (R 626/2008).
La Ordenanza Fiscal de la Tasa Urbanística vigente en el ejercicio 2012 no contemplaba expresamente el supuesto de la declaración responsable, pero este Jurado Tributario entiende que la interpretación del hecho imponible comprendía ese supuesto, toda vez que procede atender a la evolución legislativa producida. En efecto, la Ley 25/2009 (EDL 2009/282506) modificó el art. 84 LRBRL (EDL 1985/8184), incluyendo de forma expresa la declaración responsable entre los medios a través de los cuales las entidades locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos. Por su parte, el Decreto-Ley 2/2012, de 13 de enero, del Consell de la Comunitat Valenciana (EDL 2012/361), sujetó las obras objeto de la presente tasa, a partir de 17-1-2012, a tramitación a través de la declaración responsable, según señala el Servicio municipal de Licencias de Obras. Finalmente, el RD-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y Determinados Servicios (EDL 2012/88960), en su Disp. Final 1ª vino a modificar la letra h) del art. 20.4 TRLRHL que queda redactada permitiendo la tasa por: “h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización de actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa”. Este RD-Ley 19/2012 dice, en su introducción, que la sustitución de la licencia por otros actos de control ex post no supondrá en ningún caso merma alguna en los ingresos fiscales de los Ayuntamientos. En igual sentido, la Disp. Final 1ª de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre (EDL 2012/278979), que deroga el anterior RD-Ley 19/2012, vigente hasta 28-12-2012. Lo que antecede permite considerar ajustado a Derecho el devengo de la tasa a los efectos que aquí interesan, equiparando los supuestos de control ex ante y ex post, como así se refleja expresamente en la Ordenanza Fiscal aplicable en 2013, que fue modificada en este punto con una evidente finalidad aclaratoria. (R. 637/2014).
La exención de tributos locales de las universidades está regulada en el art. 15 de la Ley 49/2002 (EDL 2002/53951), que sólo hace referencia a los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Actividades Económicas y sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. No establece exención alguna en el ICIO, al que ni siquiera cita. Si el legislador hubiera querido que también se incluyera el ICIO, lo habría indicado así, de forma clara y expresa. (R 262/2009).
Según criterio reiterado del TSJ C. Valenciana (sentencias de 25 de marzo de 2008; EDJ 2008/88552, y de 4 de julio de 2012, EDJ 2012/201470; entre otras), para la práctica de la liquidación definitiva del ICIO debe tramitarse el procedimiento de comprobación de valores del art. 57 LGT, de tal forma que su ausencia -que constatamos en los antecedentes del supuesto enjuiciado- conduce a la anulación de la liquidación (R 747/2016).
Ni en el boletín de denuncia, ni en el recibo de la tasa por el servicio de la grúa municipal, ni en el informe del agente denunciante, se hace alusión al peligro generado por el vehículo ni a la gravedad de la obstaculización del paso de viandantes (ex art. 85.1.a LSV; EDL 1990/12827). Tales ausencias deben llevar, junto con las fotografías aportadas por el interesado y el contenido del informe del servicio de circulación y transportes citado, a tener por no acreditado suficientemente en el expediente administrativo el cumplimiento del necesario hecho imponible de la tasa. (R 197/2010).
Esta absoluta separación de ambos órdenes de la actuación administrativa, el sancionador y el fiscal, que son a su vez manifestación de dos potestades administrativas de naturaleza distinta, la sancionadora y la tributaria, coincide con el criterio reiteradamente sustentado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ C. Valenciana al resolver supuestos análogos al presente, pudiendo reseñarse las Sentencias de 17 de marzo de 2001 (EDJ 2001/31588) y de 17 de octubre de 2002 (EDJ 2002/108905). (RR 221/2013 y 233/2013, entre otras).
Se reitera el criterio de este Jurado Tributario de que ni el art. 21.1 TRLRHL exime de la tasa a los Consulados, ni tampoco lo hace la Ordenanza Fiscal Municipal correspondiente. Por otra parte, el art. 60 del Convenio de Viena de Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963 (EDL 1963/45), al que se adhirió España el día 3 de febrero de 1970, establece que los locales consulares de una oficina consular, cuyo Jefe sea un funcionario consular honorario y de los cuales sea propietario o inquilino el Estado que envía, estarán exentas de todos los impuestos y contribuciones nacionales, regionales y municipales, salvo de los exigibles en pago de determinados servicios prestados. En este supuesto, es la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en este caso, del espacio de la vía pública reservado al Consulado, lo que se grava con la Tasa, y no un local consular, por lo que debe rechazarse la exención pretendida al amparo de dicho Convenio de Viena, que no se puede extender a la utilización del dominio público local. (R 540/2014).
El art. 22.2 de la Ley 43/2010 (EDL 2010/264168) regula una exención tributaria y como tal debe ser interpretada, no pudiendo extenderse el supuesto de hecho de manera analógica a una realidad no contemplada ni regulada por la exención, pues esa extensión analógica está proscrita por el art. 14 LGT. Los términos de la norma contenida en el art. 22.2, segundo párrafo, sólo permiten concluir que la exención únicamente alcanza a los tributos que gravan la actividad del operador designado por el Estado vinculada al servicio postal universal. No se trata por tanto de una exención subjetiva que beneficie a Correos y Telégrafos en todo caso y circunstancia, sino de una exención objetiva que atiende a la naturaleza de la actividad desarrollada y a su vinculación con el servicio postal universal. Y si (tal como se establece en la doctrina legal fijada por la STS de 7 de octubre de 2013; EDJ 2003/146935), la exención tributaria que el art. 22.2, segundo párrafo, de la Ley 43/2010 establece a favor del operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal no alcanza a los bienes inmuebles desde los que provee tal servicio y las demás prestaciones postales que realiza en régimen de competencia con otros operadores del sector, tampoco puede alcanzar al aprovechamiento específico de bienes de uso público municipal. (RR 149/2015 y 377/2015).
Como ha señalado el TS, la voluntariedad de la infracción concurre cuando el contribuyente conoce la existencia del hecho imponible y lo oculta a la Administración tributaria, a diferencia de los supuestos en que lo declara, aunque sea incorrectamente, en razón a algunas deficiencias u obscuridades de la norma tributaria que justifican una divergencia de criterio jurídico razonable y razonada, en cuyo caso nos encontraríamos ante el mero error, que no puede ser sancionable (STS de 10 de septiembre de 2009; EDJ 2009/234680, FJ 3º).
El art. 188, apartados 2 b) y 3 a) y b), LGT condiciona las reducciones de las sanciones tributarias impuestas a que no se haya interpuesto recurso o reclamación contra la regularización (en la reducción del 30%); y a que se realice el ingreso total del importe en plazo y que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o sanción, como requisitos concurrentes (en la reducción del 25%). Y añade dicho artículo que, en ambos casos, el importe de estas reducciones practicadas se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando se haya interpuesto, como es el caso, dicho recurso o reclamación, lo que ha sido llevado a cabo por la Administración. (R 61/2014).
Para determinar la prescripción de las sanciones impuestas por infracción de Ordenanzas municipales procede la aplicación del plazo específicamente previsto en la ley sectorial que regula cada tipo de infracción, ya que en esta cuestión no rige el plazo general de 4 años establecido por la LGT. De no existir plazo especial, se aplicarán supletoriamente los plazos y los criterios de cómputo fijados en el art. 132, apartados 1 y 3, de la Ley 30/1992, dado que así lo establece expresamente dicho precepto básico. (RR 507/2012, 40/2013, 83/2013, 445/2013, 543/2013, 25/2017 y 784/2017, entre otras).
En el apartado del boletín de denuncia de la Policía Local para la firma de la notificación de la misma, el Policía Local sólo hace constar la expresión: “Se notifica”. Entendemos que en estos supuestos se ha incurrido en una notificación defectuosa, dado que en dicho boletín de denuncia el Agente no especifica, siquiera sucintamente, las circunstancias concretas que concurrieron en el momento de la entrega de la denuncia, con la consecuencia de que la escueta expresión utilizada -“se notifica”- no permite tener la debida constancia de su recepción por la persona denunciada. Por ello, incurre en vulneración del art. 59.1 LRJPAC, produciendo efectos invalidantes de la misma (ex art. 63-2 LRJPAC). Al no resultar acreditada la notificación de la sanción apremiada, concurre el motivo de impugnación de la providencia de apremio previsto en el art. 167.3.c) LGT, por lo que la reclamación debe estimarse. (RR 633/2016 y 392/2017).
Tiene la condición de acto impugnable el “aviso de embargo” cuando contra el mismo se alega prescripción del derecho de la Administración a exigir el pago, pues, aunque se trate de un acto de trámite, hemos de presumir que la Administración no considera prescrita la deuda al emitir, y posteriormente enviar al deudor, ese aviso, dado que esta actuación administrativa conlleva, indirectamente, una decisión sobre el fondo: la vigencia de su derecho al cobro de la deuda detallada en ese documento (ex art. 227.1.b) LGT). (R 659/2015).
La interesada interpuso recurso de reposición el 11-1-2010, pidiendo la suspensión de la multa coercitiva al amparo del art. 111.2 b) de la Ley 30/1992, en tanto se resolviera el recurso de reposición. Dicho recurso de reposición fue resuelto por Resolución municipal de fecha 9-3-2010, pero no se notificó a la interesada hasta el día 16-12-2010. Esto supone que el día 7-9-2010, fecha en la que se dictó la providencia de apremio, estaba todavía suspendida la ejecución de la multa coercitiva, dado que en esta materia no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 14.2 del TRLRHL, sino el art. 111.3 de la Ley 30/1992, que señala: “La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto”. Debiendo matizarse que dicha resolución debe ser notificada como requisito de eficacia, tal y como señala la STS de 26-1-2011. Por tanto, procede la anulación de la citada providencia de apremio, por concurrir el motivo tasado previsto en el art. 167.3.b) LGT (“otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación”). (R 237/2011).
El embargo se ha producido sobre una cuenta bancaria cuyo titular es el Consulado de…, sin que pueda presumirse -ni se haya acreditado- que la citada cuenta esté exclusivamente destinada para fines comerciales. Por ello no resulta embargable, de conformidad con la doctrina del TC (SSTC 107/1992, de 1 de julio, EDJ 1992/7191; y 292/1994, EDJ 1994/9213) y del TS (STS 25 de junio de 2012, EDJ 2012/216849), debiendo estimar la reclamación y anular el embargo. (R 84/2015).
NOTA: El criterio judicial respecto de la inembargabilidad de las cuentas consulares no destinadas a fines comerciales, en que se fundamenta esta resolución, ha sido recogido por el art. 20.1.a) de la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre Privilegios e Inmunidades de los Estados extranjeros (EDL 2015/184119).
El art. 55.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (EDL 2003/29207), dispone que: “declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.” En nuestro caso, la fecha de la declaración del concurso es anterior al momento en que se dan las condiciones legales para poder dictar la providencia de apremio, por impago en período voluntario. En efecto, la fecha de declaración del concurso es por Auto de 13-6-2008 y la fecha en que se dictó la providencia de apremio es la de 9-12-2008, posterior a dicho Auto judicial, como también lo es el período voluntario de pago de la liquidación de IAE-2008.
En primer lugar, se aprecia que concurre la limitación temporal de inembargabilidad que contempla el art. 171.3 LGT. Por otra parte, el art. 4.1.a) del RD-ley 9/2015, de 10 de julio (EDL 2015/117234), dispone que “resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a los embargos ordenados…que tengan por objeto las… prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos (…)”.
Por tanto, dada la cuantía de la renta garantizada -385,18 euros mensuales, inferior al SMI mensual-, el saldo en cuenta resulta inembargable. Debe aclararse que, en base a la interpretación que este órgano realiza de los apartados 1 y 3 del art. 607 LEC (EDL 2000/77463), el hecho de que se perciban en un solo pago varias mensualidades atrasadas, de forma que el total ingresado en cuenta supere el salario mínimo interprofesional (como sucedía en este caso), no altera –siempre que se den los otros requisitos- la regla general de inembargabilidad de todo salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. Ni debemos entender que, cuando se cobran atrasos de una prestación, el ejecutado para a ser “beneficiario de más de una percepción” (en expresión del art. 607.3 LEC), porque no es así: la persona ejecutada sigue siendo beneficiaria, según se define este término en el art. 11 de la Ley General de Subvenciones (EDL 2003/120317) de una única percepción, no de varias. (R 145/2017, y Acuerdo del Pleno de 26/05/17, aclaratorio de criterio).
Este Jurado Tributario entiende que en el mes que se abona la paga extraordinaria de la pensión del INSS no se debe computar un sólo SMI como límite de embargabilidad, sino que se deberían aplicar dos SMI, toda vez que en el RD 742/2016, de 30 de diciembre (EDL 2016/232170), no sólo se fija el salario mínimo interprofesional mensual para 2017 en 707,70 euros/mes (art. 1), sino que también se determina su importe anual, estableciendo el art. 3 que, en ningún caso, puede “considerarse una cuantía anual inferior a 9.907,80 euros”: esto es, 707,70 multiplicado por 14. Eso supone que en el presente caso, en que se computa la pensión ordinaria y la paga extra, se debe tomar como límite de inembargabilidad la cantidad de 1.415,40 (707,70 por 2), por lo que deviene inembargable toda la cuantía de la pensión de los 1.003,93 euros abonados en cuenta. En ese sentido, podemos citar la STSJ Baleares 847/2010, de 30 de septiembre (EDJ 2010/219561). (R 881/2018).
El art. 171 LGT establece, en su apartado 2, que cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares sólo se embargará la parte correspondiente al obligado tributario. Añadiendo que, a estos efectos, en el caso de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o de titularidad mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo que se pruebe una titularidad material diferente.
Este artículo ha sido publicado en la "Revista Derecho Local", el 1 de mayo de 2019.
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