Source: http://galeon.com/abogadostabasco/art_mendezII.htm
Timestamp: 2019-04-20 21:29:10
Document Index: 248935154

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 40', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 37', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 64', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 41', 'artículo 3', 'artículo 10', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 49']

ANTECEDENTES DEL SISTEMA TUTELAR Y GARANTISTA DE LOS MENORES
13/04/2009 18:46:35
MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
JUSTICIA NO PENAL PARA ADOLESCENTES
LENIN MÉNDEZ PAZ. *
“El escritor- cuando denuncia- transita entre el temor al escándalo y el amor a la verdad. Si calla corre el riesgo –además de envenenarse- del encubridor, del cómplice. Pero si dice, se puede constituir en agente de confusión y desconcierto. Para borrar este paraje neurótico, debe realizar un acto de libertad inteligente, de valentía y lucidez, de redención personal y social, y de esperanza...”*
III. Instrumentos internacionales.
IV. Legislación nacional.
V. Ordenamientos locales V.
Existe diversidad de ordenamientos internacionales, nacionales y locales que fortalecen la postura de entender al sistema integral de justicia para adolescentes como un derecho distinto al penal.
Recordemos que por reforma publicada el 12 de diciembre de 2005 al artículo 18 de nuestra Constitución Federal[1] aparece lo que se denomina el sistema integral de justicia para adolescentes, vigente en el país conforme a su primer transitorio desde el 13 de marzo del 2006, y para el 13 de septiembre del mismo año debieron existir en la realidad dicho sistema. Sistema aplicable a los adolescentes mayores de 12 y menores de 18 que hayan cometido una conducta típica.
III. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
El rango de edad señalado no es aleatorio,[2] se cumple con lo dispuesto en la Convención sobre los derechos del niño,[3] las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores de 1985 (Reglas de Beijing); y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, por ello como acertadamente reconoce Dilcya[4] el sistema integral de justicia no es una postura doctrinaria sino una obligación internacional que México ha aceptado.
Con lo anterior, se logra unificar la edad penal en México a 18 años de edad, sin que la diferencia cronológica implique discriminación o tratar al adolescente como objeto o que le falta algo, pero tampoco implica en la realidad que de un día para otro se pase de la niñez a la adolescencia, a la juventud o a la mayoría de edad, pues no son términos jurídicos sino son biológicos, psicológicos y sociales,[5] lo cual sigue pendiente por resolverse.
Entre estos instrumentos internacionales se encuentra las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing o Pekin porque fueron resultado de una reunión en ese lugar en mayo de 1984 que se presentaron y aprobaron en el séptimo congreso de las naciones unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Milán, Italia en 1985)[6] en su apartado 1.4 establece la existencia de una justicia de menores como parte del proceso de desarrollo nacional, administrada en un marco de justicia social; servicios que deben perfeccionarse y coordinarse sistemáticamente (1.6.)
La regla 2.2 considera menor delincuente al joven al que se le ha imputado la comisión de un delito, que es todo comportamiento penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate, términos que se defienden por su claridad;[7] además procurar la existencia de ordenamientos e instituciones para realizar esta administración de justicia (2.3)
Se regulan sus garantías procesales, se impone la prisión preventiva como último recurso y lo más breve (13.1); entre sus principios se encuentra el de intervención mínima (b); el de subsidiariedad cuando procede la privación de la libertad cuando el acto sea grave con violencia o por reincidencia en otro delito grave y siempre que no haya otra respuesta adecuada (c); el interés del menor debe prevalecer en el estudio del caso (d); el principio de disposición de la autoridad al poder suspender el proceso en cualquier momento.
Entre las medidas aplicables a los adolescentes se encuentran: la atención, orientación, supervisión, libertad vigilada, servicios a la comunidad, sanción económica, indemnización, devolución, tratamientos, sesiones de asesoramiento colectivo u otras, hogares de guarda, establecimientos educativos y demás (18.1)
En el rubro preventivo, las autoridades pueden utilizar como guía las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD),[8] la establece como esfuerzo de toda la sociedad (2); es recomendable el estudio sistemático de causas, medidas para evitar criminalizar y penalizar al niño, oportunidades educativas, desarrollo personal, ordenamientos, procedimientos, instalaciones, servicios para evitar o reducir el evento, no calificar al joven como delincuente o palabra semejante (5), además se establecen políticas de prevención general y especial.
En el ámbito específico de las medidas de internamiento al adolescente, los profesionales deben atender las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los menores Privados de Libertad,[9] las cuales se discutieron y aceptaron en el octavo Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del delito y Tratamiento del delincuente, realizado en la Habana, Cuba en septiembre de 1990 y en diciembre del mismo año es aprobada por la cuadragésima quinta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, para respetar los derechos y seguridad del menor, fomentar su bienestar físico y mental (1); entiende por menor a una persona con menos de 18 años (11); reconoce la presunción de inocencia, medidas sustitutivas (17)
Un documento trascendental es la Convención sobre los derechos del niño,[10] que ubica a todo menor de 18 años como niño (1); se insiste en atender a su interés superior (3,1); a no ser privado de su libertad ilegal o arbitrariamente, a impugnar ante autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión (37)
El artículo 40 se refiere a la recuperación física, psicológica y a la reintegración social del niño víctima respecto al abandono, explotación, abuso, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, conflictos armados, en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.[11]
En cuanto a la protección integral y el interés superior del adolescente, nos sirve de guía el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño donde refiere una protección especial, oportunidades y servicios para su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, social, saludable y normal, en condiciones de libertad y dignidad, y el principio 7 que alude a la protección especial, oportunidades y servicios para un pleno desarrollo.
La alternatividad al proceso judicial mediante una justicia alternativa ha sido reconocido en las Reglas de Beijing al disponer en su artículo 11.1 la posibilidad, cuando proceda, de atender el asunto sin recurrir a las autoridades competentes; y de medidas sustitutivas en el numeral 13.2; por su parte las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los menores Privados de Libertad reconoce también las medidas sustitutivas en su artículo 17.
Se expresa también en la reforma que la medida de internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, aplicable únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.
Este aspecto se encuentra reconocido en los numerales 17.1 a, y 19.1 de las Reglas de Beijing; en el artículo 37 de la Convención sobre los derechos del niño; en las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los menores Privados de Libertad en sus artículos 1 y 2 respectivamente.
Otro instrumento internacional es la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños de 1924, reconoce que los jóvenes necesitan de asistencia y protección debido a que forman un grupo aparte, propio, carecen de madurez para comprender sus actos criminales. Por ello la delincuencia juvenil es explicada a partir de esquemas psicológicos, sociológicos, con aparición de los términos inadaptación, hogar destruido.[12]
En el Seminario del Cercano Oriente sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en el Cairo en 1953, se reconoce la lentitud de los esquemas preventivos en Europa respecto a los menores.[13]
En el segundo seminario sobre prevención y tratamiento del delincuente, realizada en Copenhague en septiembre de 1959, precisa que los términos de inadaptación y delincuencia no son intercambiables, y que por delincuencia de menores debe entenderse la comisión de actos, que cometidos por adultos serían delitos.[14]
Por otra parte el término delincuencia juvenil es inadecuado al no reunirse los elementos técnicos para la existencia del delito, que se reafirma en el Seminario Latinoamericano sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, realizado en Río de Janeiro en 1953;[15] pero que acepta el término de la delincuencia juvenil porque en ese momento no existía un sustituto y privilegió la utilidad de su empleo.
En el Seminario Europeo sobre Bienestar Social, celebrado en París en 1949, concluye que en el caso de los menores el hecho debe tomarse como la culminación de influencias físicas, mentales, psicológicas, sociales, económicas e incluso políticas.[16]
El Seminario de las Naciones Unidas sobre Tratamiento de Menores Delincuentes en Institutos, celebrado en Viena en 1954, acepta la dificultad del término delincuencia juvenil.[17]
En el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Crimen y el Tratamiento del Delincuente, realizada en 1955 en Londres se discute arduamente si los términos delincuencia e inadaptación, reconociendo que no era posible formular una definición precisa de la delincuencia de menores.[18]
En el Segundo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Crimen y el Tratamiento del Delincuente, realizada en agosto de 1960 en Londres se concluye que el término delincuencia juvenil se limite lo más posible a las transgresiones del derecho penal; que no se creen nuevos delitos que castiguen a los menores pero por las cuales no se procesaría a los adultos, sin embargo no todos los países se adhirieron a ello.[19]
El Consejo de Europa el 17 de septiembre de 1987 recomendó adoptar una justicia de menor ágil desde la comisión del hecho, la imposición y ejecución de medidas; no juzgar los actos por la jurisdicción penal ordinaria, reconocer garantías en el procedimiento, principio de intervención mínima, especialización de quienes se vinculen con los menores, privación de la libertad como último recurso.[20]
Este conjunto de normas debe interpretarse y aplicarse en el marco general de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;[21] la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) el cual establece en su artículo 5 inciso 5 proclama la separación en la internación de los menores de los adultos, y el 19 que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado,[22] Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Directiva del Consejo de la Unión Europea 9433, así como otros instrumentos y normas relativos a los derechos, los intereses y el bienestar de todas las niñas, niños y jóvenes;
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha de garantizar a los adolescentes sus derechos fundamentales[23], pues debe reconocer las garantías establecidas principalmente en sus primeros 29 artículos, ubicando los principios de intervención mínima, subsidiariedad, legitimidad, publicidad, responsabilidad, moderación, fragmentación, proporcionalidad, presunción de inocencia, jurisdiccionalidad, de reintegración, de humanidad, de realidad, de individualización, de necesidad, defensa, justicia social, prevención, certeza y prontitud, ineludibilidad, legalidad, utilidad, reparabilidad, económico, necesidad de la medida.
Además debe refrendarse la existencia de un Estado de derecho, democrático, social, funcional y liberal reconocido en los artículos 39, 40, 41, 42, 49, 103, 107, 108, 115, 116, 133 y 135 del mismo ordenamiento, para hacer que el sistema integral de justicia sea eficaz y eficiente, con autoridades profesionales y con estructura adecuada, en esa medida la abundancia teórica debe concretarse en el campo regularmente estéril de la práctica.
Un punto que se debe fortalecer es la alternatividad al procedimiento jurisdiccional, ante ello, nuestras normas secundarias deben aperturarse hacia esquemas de remisión o diversión (entendidas como esquemas de evitación del procedimiento jurisdiccional) como en Bolivia, Brasil, Perú; además de la conciliación que también utiliza Ecuador, Paraguay, Venezuela, o criterios de oportunidad reglado como en el Salvador, Guatemala, Honduras, la suspensión del proceso a prueba que tiene Costa Rica y Panamá que además tiene las alternativas antes mencionadas,[24] se puede implementar también la mediación como en España[25] e incluso arbitraje sea administrativo o jurisdiccional, el perdón judicial como medios alternativos[26] a la solución de estos problemas de los adolescentes, sin necesidad de recurrir a las vicisitudes de un juicio.
En el orden federal no existe una ley especializada en relación con el sistema integral de justicia para adolescentes; pero sí la Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2000.
Es un ordenamiento derivado del artículo 4 Constitucional (1); ratifica la división entre niños y adolescentes, los primeros menores de 12 y los segundos entre 12 años cumplidos y menos de 18. (2)
En el artículo 3, entre otros principios, sobresale el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales; no obstante dispone de un capítulo específico que regula los principios y garantías procesales. (44-46)
Como señala acertadamente Beloff[27] ello implica que el adolescente ha mejorado en su situación jurídica, que los abogados tenemos una tarea pendiente en concretar estos derechos para que no se corra la voz que sólo se trata de doctrina, de literatura y de palabras huecas.
Por ello este sistema en el artículo 18 Constitucional no establece sanciones sino medidas que han de ser proporcionales, aplicables a los adolescentes que realicen conductas típicas, privilegiando su interés superior, estableciendo formas alternativas de justicia que intentan evitar todos los padecimientos y vicisitudes de un procedimiento jurisdiccional donde se garantice no sólo un debido proceso legal e independencia de los órganos sino también que sea eficaz para lograr la reintegración social y familiar del adolescente.
Los menores de 12 años quedan fuera del sistema integral de justicia para adolescentes, pues ellos están bajo el sistema de tutela; pero se estima que la procuración e impartición de esta justicia debe ser especializada.
El internamiento está sujeto a los principios de última medida y por el tiempo más breve, además de sólo procede para con los mayores de catorce años y menores de 18 y que hayan cometido una conducta típica grave.
V. ORDENAMIENTOS LOCALES
Del estudio de las normas de las entidades federativas, encontramos que la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Aguascalientes,[28] es una de las pocas leyes que reconoce la existencia de un consejo técnico que propondrá las medidas más adecuadas para la reintegración social y familiar del adolescente (28-30); el proceso debe determinar la existencia del hecho punible, la responsabilidad y la medida. (40)
En las formas alternativas se reconoce el acuerdo preparatorio en caso que proceda el perdón del ofendido o bien sean patrimoniales y se garantice la reparación del daño (65); y la suspensión del proceso a prueba (78).
La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Baja California,[29] señala como objetivo determinar la responsabilidad del adolescente (2); entre los principios rectores, llaman la atención el de política criminal, interés superior de la Infancia además del adolescente, retributividad, materialidad, culpabilidad, responsabilidad limitada, separación entre juez y acusación, verificación; continuidad (13); el juicio tiene la característica de ser oral (77); reconoce como medios de justicia alternativa como la mediación y conciliación. (108)
La Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en el Estado de Chiapas, en su artículo 64 de manera adelantada indica que los adolescentes serán responsables con arreglo a esa ley, cuando hayan cometido los hechos tipificados como delitos en el Código Penal del Estado y demás disposiciones aplicables y no concurran en ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad prevista en el Código Penal y demás disposiciones aplicables.
Los medios alternativos que conoce son la conciliación, mediación, desistimiento, no procedencia del juicio contra el adolescente y suspensión del procedimiento a prueba (173-210); el juicio es oral (315-318); se regula de manera específica el principio de resocialización (417-419).
La Ley de Justicia especial para Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado. 74 del 16 de septiembre de 2006, mediante decreto 618/06 VI P.E.,[30] en el artículo 1 no se refiere a conducta típica sino a hecho típico, tipificado en su Código Penal y en las leyes locales especiales. El numeral 2 señala que el adolescente no puede ser juzgado como adulto, literalmente también expresa que declarado responsable de un delito (cuando en el primer numeral ha señalado hecho típico), responderá por éste en la medida de su culpabilidad de forma diferenciada de la de los adultos (entonces no es culpabilidad, a como lo defendemos). Además de ser un ordenamiento que establece que se entiende por formación integral, reinserción e interés superior del adolescente.
Reconoce el principio de Justicia Restaurativa, que la entiende como todo proceso en el que la víctima u ofendido, el adolescente y su padre, madre, o ambos, o representante, participan conjuntamente, en forma activa y en busca de un resultado restaurativo en la resolución de las cuestiones derivadas de la conducta típica.
En el numeral 52 se indica que el objeto del proceso es determinar si existe conducta típica, el sujeto que la realizó, su responsabilidad (no culpabilidad), y la imposición de medidas.
En el numeral 103 se indica que no podrá atribuirse al adolescente el incumplimiento de las medidas sancionadoras que se le hayan impuesto cuando sea el Estado quien haya incumplido en la creación y organización de los programas para el seguimiento, supervisión y atención integral de los adolescentes sentenciados.
La ley de justicia para adolescente de Coahuila fue publicada el 1 de septiembre de 2006 y con última reforma en enero de 2008, cuenta con agentes del ministerio público especializado (32); establece el criterio de oportunidad reglado (73); se refiere también al ejercicio de acción de remisión (74); entre los medios alternos reconoce la conciliación (140); suspensión del proceso a prueba. (148)
Ley de justicia para adolescentes para el Distrito Federal, publicada en su gaceta oficial del 14 de noviembre de 2007,[31] el numeral 4 indica que responderán en la medida de su responsabilidad de forma diferente a los adultos; no se procede contra el adolescente que padece un trastorno mental; en el artículo 15 señala que la responsabilidad de los adolescentes se fincará sobre la base del respeto irrestricto al principio de culpabilidad por el acto y no a las circunstancias del sujeto.
El ministerio público especializado debe acreditar el cuerpo de la conducta típica y la probable responsabilidad (23); el proceso es oral para delitos no graves (31) y escrito para los graves (32); se establece la detención preventiva de manera excepcional, por breve tiempo, por conductas típicas graves, el adolescente sea mayor de 14 años. (34-36)
En el artículo 41 se expresan un listado de exclusión de la conducta típica, pero desde luego se encuentran elementos negativos de la antijuridicidad y de lo que sería culpabilidad para los mayores; sin embargo existe una etapa de averiguación previa de manera similar a la del mayor.
En Durango el Código de Justicia para menores infractores señala en el artículo 3 como un objetivo regular el procedimiento para determinar la responsabilidad del menor, de manera acertada señala en el artículo 10, que los menores serán responsables por la comisión de la conducta tipificada como delito en el Código Penal o en las Leyes Estatales, siempre que no concurra alguna de las causas de inimputabilidad siguientes: La alienación u otro trastorno permanente de la persona; El trastorno transitorio de la personalidad producido por el empleo accidental o involuntario de sustancias tóxicas, embriagantes, o de cualquier trastorno mental involuntario de carácter patológico, y la sordomudez cuando el sujeto carezca totalmente de instrucción.
Se insiste en la acreditación del grado de responsabilidad (34); hay un procedimiento alternativo ante el ministerio público especializado (77-79); además de un procedimiento ante el centro estatal de justicia alternativa del poder judicial del estado. (80-85) Entre los medios alternativos se reconoce además la suspensión del juicio a prueba. (86-90)
La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Guanajuato establece como su objeto determinar la responsabilidad del menor (1); el juez cuenta con un comité auxiliar técnico para la opinión biosicosocial (3); establece además el reconocimiento de la no responsabilidad (151)
La Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo señala como uno de sus objetivos determinar la responsabilidad del adolescente (Artículo 3); si el adolescente padece de trastorno mental queda exonerado de la medida (14); acertadamente se indica que la responsabilidad se tiene por acreditada con la participación del adolescente en la conducta típica, la comisión dolosa o culposa, y que no exista acreditada alguna causa de exclusión o de inculpabilidad (43)
La Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Jalisco[32] establece como objetivo el determinar la responsabilidad de los adolescentes (4); se les considera como responsables de infringir la ley penal (12); no se procede contra los enfermos mentales (13); se reconoce un internamiento de tiempo libre 8107).
La Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Michoacán, publicada en el Periódico Oficial, el martes 16 de enero del 2007, se alude a conductas ilícitas (4); entre los órganos destaca el consejo técnico para la integración del adolescente.
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Nayarit,[33] publicada en la Sección Tercera del Periódico Oficial del Estado, el sábado 9 de Septiembre de 2006, reconoce en lugar de un consejo técnico a un comité auxiliar técnico (40); en lugar de responsabilidad del adolescente se habla de autoría y participación (46).
La ley del sistema especial de justicia para adolescentes de Nuevo León, establece que responderán en la medida de su responsabilidad de manera diferenciada a los adultos (2); entre las formas alternativas de justicia se encuentran los acuerdos reparatorios (42-47); suspensión del proceso (48-51); en caso que el adolescente padezca de trastorno mental se realizará un procedimiento especial y no se le deja en libertad como en las otras legislaciones. (123)
La Ley de Justicia para Adolescentes para el Estado de Oaxaca,[34] publicada en la tercera sección del Periódico Oficial del Estado, el sábado 9 de septiembre de 2006, en sus disposiciones generales excluye varias conductas típicas establecidas en el Código Penal del Estado; también se menciona que la presunción de culpabilidad no se considera en la aplicación de la ley, no será juzgado como adulto ni aplicársele las consecuencias del derecho penal, sin embargo señalan que responderán en la medida de su culpabilidad de manera diferenciada a los adultos.
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa,[35] publicada en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el lunes 11 de septiembre de 2006, en su artículo 3 señala entre unos objetivos de la ley, encontrar la responsabilidad del adolescente.
Acertadamente señala que la probable responsabilidad del adolescente se tendrá por acreditada cuando de los medios probatorios existentes se deduzca su participación en la conducta considerada como delito por las leyes penales, la comisión dolosa o culposa del mismo, y no exista acreditada a favor del adolescente alguna causa de licitud o alguna excluyente de responsabilidad (43)
La ley que establece el sistema integral de justicia para adolescentes de Sonora, donde resalta como uno de sus principios la justicia restaurativa. (Artículo 3) La ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como las otras establece obligaciones de ascendientes, tutores y custodios (34); así como del Estado y sus Municipios (35); regula la integración, competencia y coordinación del mencionado sistema integral (11-23) Se alude a la posible y probable responsabilidad del adolescente (45, 46, y se reitera en el 59)
La Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para adolescentes del Estado de Tabasco,[36] en el artículo 8 menciona que se debe comprobar la conducta, típica y antijurídica y acreditarse el dolo y la culpa; la protección de los derechos de la víctima u ofendido son tomados como un principio (9)
La ley de justicia para adolescentes de Tamaulipas establece que el adolescente responde en la medida de su responsabilidad de forma diferenciada de los adultos (2); define y establece elementos específicos para el principio de oportunidad (10); así como la protección integral del adolescente (11) Se insiste sobre el término responsabilidad (21); además se menciona en el procedimiento el deber de acreditar el grado de responsabilidad (57).
Ley de Procuración e impartición de justicia para adolescentes del Estado de Tlaxcala,[37] señala que uno de los objetivos del proceso es comprobar el grado de responsabilidad. (30)
Ley de justicia para adolescentes del Estado de Yucatán[38], publicada en el Diario Oficial del Estado el domingo 1 de octubre de 2006, su artículo 2 reconoce diversos principios, entre los cuales se encuentran: interés superior del adolescente; presunción de inocencia; protección integral; debido proceso legal; proporcionalidad; confidencialidad; transversalidad; certeza jurídica; mínima intervención; no discriminación; equidad; subsidiariedad; especialización; reincorporación social, familiar y cultural del Adolescente; responsabilidad limitada; jurisdiccionalidad; retributividad; celeridad procesal y flexibilidad; concentración; contradicción; continuidad; inmediación; oralidad, publicidad del proceso; libertad probatoria y libre valoración de la prueba.
Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas,[39] reconoce una culpabilidad diferenciada del adulto (3); entiende por formación integral del adolescente, toda actividad dirigida a fortalecer el respeto por su dignidad y por los derechos fundamentales de todas las personas, así como aquella dirigida a que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
Defendemos la postura de no confundir en la práctica el sistema jurisdiccional del adolescente como equivalente al procedimiento penal[40] del mayor a como se está haciendo, y pueda hablarse erróneamente, a como sucede, que es un derecho penal para adolescentes,[41] o derecho penal juvenil como en España, nombre que se había manejado en la iniciativa del ejecutivo[42] y se suprimió.
No obstante, si en realidad se quiere hacer la diferencia entre derecho penal y un sistema integral de justicia no penal para adolescentes, (somos partidario de ello y esperamos que la reflexión, capacitación y experiencia logre el cambio) entonces los alcances de forma y fondo tienen que ser distintos al derecho penal.[43]
Es imperativo que este sistema integral de justicia para adolescentes no se convierta en un juego como el de los mayores, donde el uso de tecnicismos y reglas termina resolviendo problemas jurídicos en un expediente, sin que se traduzca generalmente en la impartición o aplicación de justicia sobre un problema real que se ve rebasado por la verdad legal y formal, es decir, se resuelve sobre verdades aparentes y no sobre hechos reales.
Por todo lo anterior, se sostiene que el sistema integral de justicia para adolescentes debe ser diferente al derecho penal,[44] y la vinculación con el estudio de los aspectos físicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, educativos deben valorarse en el procedimiento que se instaure, principalmente para individualizar la medida a imponer y lograr los fines de reintegración social y familiar del adolescente.
El sistema integral de justicia tiene en oposición al derecho penal, las características de un procedimiento especializado para adolescentes, donde no se imponen penas sino medidas, con la finalidad no de readaptar sino de reintegrar social y familiarmente, donde la prisión cede su paso al internamiento, donde no se habla de delito sino de conducta típica, no de inimputabilidad sino de responsabilidad no penal, brindándole mayores garantías procesales.
Por ello defendemos la postura de que este sistema integral de justicia debe ser no penal para los adolescentes, pero a como venimos insistiendo no se trata sólo de cambios normativos sino de su aplicación en la realidad.
El Doctor Lenin Méndez Paz :
Doctor en derecho con especialidad y maestría en derecho penal, cursó licenciatura en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde es profesor investigador de tiempo completo dentro del Programa de mejoramiento de profesores (Promep), con reconocimiento de perfil deseable para profesores de tiempo completo, imparte diversas materias en la licenciatura y posgrado, actualmente se encuentra realizando una investigación posdoctoral en la facultad de derecho de la UNAM, en la cual fue aceptado previo concurso en convocatoria internacional, siendo postulado por el Consejo Técnico de la misma facultad.
Es miembro del sistema estatal de investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, siendo galardonado en el 2007 con el premio a la mejor tesis doctoral.
Es coautor del libro colectivo denominado Tópicos sobre la justicia para adolescentes en el Estado de Tabasco, publicado en el 2006; por otra parte se encuentra en prensa las obras Alternativas ante la ineficacia actual de la pena de prisión en Tabasco, con la que obtuvo una mención especial como tesis doctoral; es autor del libro derecho penitenciario, editorial Oxford, año 2008.
En el ámbito de la docencia ha colaborado también a nivel tanto de licenciatura como de posgrado en la Universidad Mundo Maya, Universidad del Valle de México Campus Villahermosa, Universidad Istmo americana, ha sido director de tesis tanto de licenciatura como de posgrado, sinodal en múltiples exámenes profesionales de licenciatura y maestría, ha sido integrante del grupo de profesores para la selección de aspirantes de maestría y doctorado, así como parte integrante de la comisión para su reestructuración. Es profesor invitado en la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ha participado en conferencias, y presentado ponencias en foros y congresos académicos estatales, nacionales e internacionales organizado por diversas instituciones educativas y gubernamentales, ha publicado diversos artículos en revistas locales, entrevistas.
Cuenta con diplomados en justicia administrativa, innovación pedagógica, habilidades didácticas y formación de tutores, además de un curso en literatura, acreditación del programa de inglés de la UJAT; acreditación de comprensión del idioma italiano de la UJAT, aprobó el curso de técnicas de lectura rápida.
En cuanto a las actividades profesionales ha sido litigante, asesor en el Congreso del Estado, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado.
* Ciudad Universitaria, México, DF., otoño de 2008, Doctor en Derecho, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con agradecimiento a la Facultad de Derecho y a la Dirección General del Personal Académico, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como resultado de la investigación posdoctoral que se desarrolla.
* Sánchez Galindo, Antonio, prólogo de la obra de Neuman Elías, Crónica de muertes silenciadas, México, Cárdenas, 1989, p. I.
[1] Diario Oficial de la Federación, México, primera sección, p. 2.
[2] Edad que desde hace años era aplicable a nuestro país, como señala Rodríguez Manzanera, Luis, Criminalidad de menores, op. cit., p. 324; en el mismo sentido O’Donnell, Daniel, La doctrina de la protección integral y las normas jurídicas vigentes en relación a la familia, publicada en el Anuario del XIX Congreso Panamericano del Niño, la cual fue presentada por el autor en el mes de octubre de 2004, http://www.pdhumanos.org/libreria/libro7/05%20F.pdf, 28 de junio de 2006, 9:45 a.m., p. 119.
[3] La cual es obligatoria para México, Depósito del instrumento de ratificación el 21 de septiembre de 1990, publicada en el Diario oficial de la Federación, 25 de enero de 1991, vigente a partir del 21 de octubre de 1990.; un análisis de este instrumento se encuentra en López Echeverri Ovidio, “Situación, naturaleza y perspectiva del proyecto de Convención sobre los derechos del niño”, Derechos de la Niñez, México, UNAM e IIJ, 1990, p. 11 y ss.
[4] S. García, Dilcya, Las obligaciones internacionales de México respecto del sistema de justicia penal juvenil, ponencia presentada durante el Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Monterrey, Nuevo León, octubre de 2005, http://www.pdhumanos.org/libreria/libro7/12%20F.pdf, 28 de junio de 2006, 9.50a.m., p. 330, la autora es Oficial de Reformas Legislativas y Judiciales de UNICEF México.
[5] Los vocablos infante, adolescente y joven generan confusiones e imposibilidad de aplicar una ley, cfr. Villanueva Castilleja, Ruth Leticia, Los menores infractores en México, México, Porrúa, 2005, p. 3; en el mismo sentido crítico Camacho Quiroz, César, Ponencia: La reforma al artículo 18 constitucional y el análisis a las iniciativas legislativas para la creación de una ley federal para el tratamiento de la delincuencia juvenil en México, http://www.pdhumanos.org/libreria/libro7/17%20F.pdf, 28 de junio de 2006, 10:04 a.m., p. 366; la perspectiva criminológica puede revisarse en Herrero Herrero, César, Criminología (Parte general y especial), 2a. ed., Madrid, Dykinson, 2001, pp. 403-501.
[6] Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985, http://193.194.138.190/spanish/html/menu3/b/h_comp48_sp.htm, 07 de julio de 2006, 10:50 a.m.
[7] Rodríguez Manzanera, Luis, Criminalidad de menores, 2ª. ed., México, Porrúa, 1997, p. 203.
[8] Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990, http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp47_sp.htm, 07 de julio de 2006, 10:56 a.m.
[9] Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990, http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp37_sp.htm, 07 de julio de 2006, 10:55 a.m.
[10] Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49, http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm, 07 de julio de 2006, 10:46 a.m.
[11] Rodríguez Manzanera, Luis, Criminalidad de menores, op. cit., p. 201.
[12] Sánchez Obregón, Laura, Menores infractores y derecho penal, México, Porrúa, 1995, pp. 20, 21.
[13] Hugo D´ Antonio, Daniel, El menor ante el delito, 2ª. ed., Buenos Aires, Astrea, 1992, p. 198.
[18] Rodríguez Manzanera, Luis, Criminalidad de menores, op. cit., p. 343.
[19] Hugo D´ Antonio, Daniel, El menor ante el delito, 2ª. ed., Buenos Aires, Astrea, 1992, pp. 23, 24; en el mismo sentido Sánchez Obregón, Laura, op. cit., pp. 21-23.
[20] Hall García, Ana Paola, La responsabilidad penal del menor, con especial referencia a sus presupuestos y modelos de justicia de menores, Bogota, Jurídicas, 2004, pp. 232, 233; Vidal Martínez, Francisco, La nueva responsabilidad penal según la ley orgánica 5/2000, Barcelona, Jurist, 2000, pp. 135, 136; Cfr. Ornosa Fernández, María Rosario, Derecho penal de menores, 3ª. ed., Barcelona, España, Bosch, 2005, pp. 48, 49.
[21] Obligatorio para México, Depósito instrumento de adhesión el 24 de marzo de 1980, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 1981, fe de erratas el 22 de junio, vigente a partir del 25 de junio del mismo año.
[22] Hugo D´ Antonio, Daniel, op. cit., pp. 40, 125.
[23] Para mayor abundamiento, Jiménez Campo, Javier, Derechos fundamentales, concepto y garantías, Valladolid, España, Trotta, 1999, p. 17 y ss; Cfr. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Análisis comparativo de legislación local e internacional relativo a la mujer y a la niñez, México, CNDH, 1997, 130 pp.
[24] Carranza, Elías y Maxera Rita, La justicia penal de menores de edad en los países de América Latina, ponencia presentada durante el Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Monterrey, Nuevo León, octubre de 2005. http://www.pdhumanos.org/libreria/libro7/05%20F.pdf, 28 de junio de 2006, 9:45 a.m., p. 174, el autor es Criminólogo, Director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD); la autora es miembro del programa Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos, del mismo instituto, p. 173.
[25] Portillo Urra, Javier, Menores, transformación de la realidad, Madrid, 1995, p. 128.
[26] El estudio de estos medios se aborda en Ibidem, p. 133 y ss.
[27] Belfo, Mary, Protección integral de derechos del niño vs derechos en situación irregular, publicado durante el Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Monterrey, Nuevo León, octubre de 2005, http://www.pdhumanos.org/libreria/libro7/03%20F.pdf, 28 de junio de 2006, 9:40 a.m., p. 93.
[28] México, http://www.poderjudicialags.gob.mx/normatividad/LEY%20DEL%20SISTEMA%20DE%20JUSTICIA%20PARA%20ADOLESCENTES%20DEL%20ESTADO%20DE%20AGUASCALIENTES.pdf, Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de 2008, 12:59 p.m.
[29] México, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/BAJA%20CALIFORNIA/Leyes/BCLEY97.pdf, Villahermosa, Tabasco, 14 de enero de 2008, 12:46 p.m.
[30] México, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/CHIHUAHUA/Leyes/CHIHLEY012.pdf, Villahermosa, Tabasco, 10 de abril de 2008, 10:13 a.m.
[31]México, http://www.alcoholinformate.org.mx/diariooficial.cfm?documento=337, Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de 2008, 12:22 p.m.
[32] México, http://pgj.jalisco.gob.mx/Transparencia_PGJEJ/Marco_normativo/Archivos_PDF/Ley_de_Justicia_Integral_para_Adolescentes.pdf, Villahermosa, Tabasco, 16 de enero de 2008, 12:09 p.m.
[33]México, http://www.congreso-nayarit.gob.mx/trabajo_parlamentario/compilacion/ley/l_just_adolesc.htm, Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de 2008, 13:18 p.m.
[34]México, http://vlex.com.mx/vid/27698101, Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de 2008, 11:37 a.m.
[35]México, http://www2.scjn.gob.mx/legislacionestatal/Textos%5CSinaloa%5C51701002.doc, Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de 2008, 14:35 p.m.
[36] México, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/TABASCO/Leyes/TABLEY66.pdf, Villahermosa, Tabasco, 16 de enero de 2008, 12:57 p.m.
[37] México, http://www.congresotlaxcala.gob.mx/pagina/leyes/ley/l-procimjus.doc, Villahermosa, Tabasco, 14 de abril de 2008, 12:19 p.m.
[38] México, http://vlex.com.mx/vid/27740602, Villahermosa, Tabasco, 16 de enero de 2008, 11:38 a.m.
[39]México, http://cij.reduaz.mx/lez/htm/068.htm, Villahermosa, Tabasco, 14 de enero de 2008, 12:25 p.m.
[40] Lo cual ha sido sostenido por organismos como la UNICEF, área de comunicación. México, http://www.unicef.org/mexico, 17 de abril 2006, 9:10 p.m.; en el mismo sentido se pueden revisar diversos artículos que recoge opinión de legisladores federales en http://www.canaldelcongreso.gob.mx/article.php3?id_article=1304, 17 abril de 2006m 8:28 p.m.; situación que no debe realizarse; cfr, Villanueva Castilleja, Ruth Leticia, op. cit., p. 218; en el mismo sentido Aguilar Valdez, José Antonio, op. cit., p. 288; criterio que comparte González Mariscal, Olga Islas de, op. cit., p. 137 y ss.
[41] Elemento que no comparte Peña Gómez, Angélica de la, Iniciativas para la creación de una ley federal del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en México, ponencia presentada durante el Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Monterrey, Nuevo León, octubre de 2005; Cfr. González Contró, Mónica, Derechos, necesidades y justicia penal para adolescentes, ponencia presentada durante el mismo Seminario, pp. 429 y 430, la autora es Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
[42] Gaceta Parlamentaria, Dictamen a discusión, Cámara de Senadores, México, número 103, 31 de marzo de 2005, http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/refcns/dof/CPEUM_ref_062_23feb65_ima.pdf, 17 de abril de 2006, 8:12 p.m.; en el mismo sentido García Ramírez, Sergio, Jurisdicción para menores de edad que infringen la ley pena, criterios de la jurisdicción interamericana y reforma constitucional, ponencia presentada durante el Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Monterrey, Nuevo León, octubre de 2005, http://www.pdhumanos.org/libreria/libro7/02%20F.pdf, 28 de junio de 2006, 9:38 a.m., p 75, el autor actualmente es Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en el mismo sentido Aguilar Valdez, José Antonio, ob. cit., p. 286.
[43] Cfr. Adato de Ibarra, Victoria, “Derecho procesal de menores y la Constitución”, Derechos de la Niñez, ob. cit., p. 99 y ss. Ojala que exista en la realidad el sistema garantista equilibrado que defiende González Placencia, Luis, op. cit.; una obra que aborda estos temas se encuentra en García Méndez Emilio, Infancia y adolescencia, de los derechos y de la justicia, 2a. ed., México, Fontamara, 2001, 285 pp.
[44] Cfr. Hugo D´ Antonio, Daniel, op. cit., p. 116.