Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0344&language=ES
Timestamp: 2019-08-25 10:33:14
Document Index: 293007084

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 58', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 4', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 83', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 83', 'artículo 16', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 16', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 3', 'artículo 7', 'Artículo 3', 'artículo 7']

INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado - A7-0344/2012
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PE 485.917v03-00 A7-0344/2012
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado
(COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))
Ponente: Arlene McCarthy
Emine Bozkurt, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (*)
– Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de 22 de marzo de 2012(1),
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 28 de marzo de 2012(2),
ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO(3)*
sobre las sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 83, apartado 2,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de 22 de marzo de 2012(4),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(5),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(6),
(1) Un mercado financiero integrado y eficiente y una mayor confianza de los inversores requieren integridad del mercado. El buen funcionamiento de los mercados de valores y la confianza del público en los mercados son requisitos imprescindibles para el crecimiento económico y la riqueza. El abuso de mercado daña la integridad de los mercados financieros y la confianza del público en los valores y los instrumentos derivados.
(2) La Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) completa y actualiza el marco jurídico de la Unión destinado a proteger la integridad del mercado, exigiendo asimismo a los Estados miembros que se aseguren de que las autoridades tengan los poderes necesarios para detectar e investigar el abuso de mercado. Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a imponer sanciones penales, la Directiva 2003/6/CE exige también a los Estados miembros que garanticen que se puedan tomar las medidas administrativas apropiadas o imponer sanciones administrativas contra las personas responsables de infracciones de las normas nacionales que transpongan dicha Directiva.
(3) El Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la Supervisión Financiera en la UE (el Grupo de Alto Nivel) considera en su informe que un marco prudencial y de conducta sólido en el sector financiero debe basarse en unos regímenes de supervisión y sanción eficaces. A estos efectos, el Grupo de Alto Nivel considera que las autoridades de supervisión deben estar dotadas de poderes suficientes para actuar y que debe haber también regímenes de sanciones equitativos, rigurosos y disuasorios contra todos los delitos financieros, sanciones cuya ejecución debe ser plenamente efectiva, con el fin de preservar la integridad del mercado. El Grupo de Alto Nivel llega a la conclusión de que los regímenes sancionadores de los Estados miembros son, por lo general, débiles y heterogéneos.
(4) Para que el marco legislativo sobre abuso de mercado funcione bien es imprescindible que se aplique de manera efectiva. Una evaluación de los regímenes nacionales de sanciones administrativas adoptados de conformidad con la Directiva 2003/6/CE mostró que no todas las autoridades nacionales competentes disponían de una gama completa de poderes que les permitiera responder a los abusos de mercado con la sanción adecuada. En concreto, no en todos los Estados miembros se preveían sanciones administrativas pecuniarias para las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, y el nivel de estas sanciones variaba mucho entre los Estados miembros. Se precisa asimismo un nuevo acto legislativo para conseguir la uniformidad de las normas y la claridad de los conceptos clave, así como para disponer de unas reglas de juego únicas que estén en consonancia con las conclusiones del Grupo de Alto Nivel.
(5) Se ha comprobado que la adopción de sanciones administrativas por los Estados miembros ha sido hasta ahora insuficiente para garantizar el cumplimiento de las normas destinadas a prevenir y combatir el abuso de mercado.
(6) Es esencial reforzar el cumplimiento previendo unas sanciones penales que demuestren una desaprobación social de naturaleza cualitativamente diferente a la que denotan las sanciones administrativas. La tipificación como infracciones penales de las formas más graves de abuso de mercado introduce en la legislación unos límites claros que señalan que esas conductas se consideran inaceptables, y transmite a la población y a los potenciales infractores la seriedad con que los afrontan las autoridades competentes.
(6 bis) El precio de muchos instrumentos financieros se fija sobre la base de índices de referencia. La manipulación o tentativa de manipulación de los índices de referencia, tales como los tipos de oferta interbancaria, puede tener graves repercusiones en la confianza de los mercados y dar lugar a pérdidas significativas para los inversores y a distorsiones de la economía real. Por consiguiente, es necesario establecer disposiciones específicas relativas a los índices de referencia con objeto de preservar la integridad de los mercados. Es necesario completar la prohibición general de la información privilegiada y de la manipulación del mercado con la prohibición de la manipulación de los índices de referencia, de la transmisión de información falsa o engañosa, del suministro de datos falsos o engañosos, o de cualquier otra acción que suponga una manipulación del cálculo de un índice de referencia, incluida la metodología utilizada. Por otra parte, no debe pedirse a las autoridades competentes que demuestren el vínculo directo entre la mala conducta de uno o más individuos y el efecto final sobre uno o más instrumentos financieros; debería bastar con que exista una relación, aunque sea indirecta, entre el comportamiento abusivo y un instrumento financiero. Por ejemplo, la definición de «manipulación del mercado» debe incluir la mera transmisión de información falsa o engañosa sobre un tipo interbancario ofrecido u otro índice de referencia.
(7) No todos los Estados miembros han establecido sanciones penales para algunas formas de infracciones graves de la legislación nacional por la que se transpone la Directiva 2003/6/CE. Estos diferentes planteamientos merman la uniformidad de condiciones de actuación en el mercado interior y pueden constituir un incentivo para que se cometa abuso de mercado en aquellos Estados miembros en los que no se prevén sanciones penales para estos delitos. Además, no existe un acuerdo a nivel de la Unión sobre qué conducta se considera que constituye una infracción de tal gravedad. Por consiguiente, deben establecerse unas normas mínimas en relación con la definición de las infracciones penales cometidas por personas físicas y jurídicas, así como de las sanciones. Unas normas mínimas comunes permitirían también utilizar métodos de investigación y cooperación más eficaces dentro de cada Estado miembro y entre ellos. Habida cuenta de las consecuencias de la crisis financiera, es evidente que la manipulación del mercado puede tener repercusiones nefastas en las vidas de millones de personas. La inexistencia de un régimen común de sanciones penales en la Unión permite que los autores de prácticas de abuso de mercado se aprovechen de los regímenes menos estrictos existentes en algunos Estados miembros. Ello merma la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho y en la legitimidad de las instituciones. La imposición de sanciones penales para las prácticas más graves de abuso de mercado tendrá un mayor efecto disuasorio en los posibles infractores.
(8) Por consiguiente, la introducción de sanciones penales para las prácticas más graves de abuso de mercado en todos los Estados miembros es esencial para asegurar la aplicación efectiva de la política de la Unión destinada a combatir el abuso de mercado, de conformidad con lo descrito en la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Hacia una política de Derecho penal de la UE: garantizar la aplicación efectiva de las políticas de la UE mediante el Derecho penal».
(9) Para que el ámbito de aplicación de la presente Directiva concuerde con el del Reglamento (UE) nº … /2012 [RAM], deben quedar exentas de la presente Directiva la negociación con acciones propias y otros instrumentos financieros para estabilización y programas de recompra, así como las transacciones, órdenes o conductas que respondan a fines de política monetaria y de gestión de la deuda pública, y las actividades relacionadas con los derechos de emisión que se realicen en aplicación de la política climática de la Unión.
(9 bis) El uso de información privilegiada puede llevar a la adquisición o la cesión de instrumentos financieros. Dado que la adquisición o la cesión de instrumentos financieros conlleva necesariamente una decisión previa, el hecho de realizar dicha adquisición o cesión no debe considerarse en sí mismo una operación con información privilegiada.
(9 ter) El acceso a la información privilegiada de otra empresa y el uso de la misma en el contexto de una oferta pública de adquisición con el fin de obtener el control de dicha empresa o de proponer una fusión con la misma no deben considerarse en sí mismos operaciones con información privilegiada.
(9 quater) No deben considerarse información privilegiada los análisis y las estimaciones elaborados a partir de datos públicos y, por lo tanto, cualquier operación efectuada sobre la base de dichos análisis o estimaciones no debe considerarse en sí misma una operación con información privilegiada.
(9 quinquies) No debe considerarse en sí mismo una operación con información privilegiada el simple hecho de que los creadores de mercado o las personas autorizadas para actuar como contrapartes se limiten a proseguir su negocio legítimo de compra y venta de instrumentos financieros, o de que las personas autorizadas a ejecutar órdenes por cuenta de terceros se limiten a ejecutarlas diligentemente.
(10) Los Estados miembros deben aplicar sanciones penales a los delitos de abuso de información privilegiada y manipulación del mercado sólo cuando estos se cometan de manera intencionada.
(11) Debido a los efectos adversos que las tentativas de realizar operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado tienen en la integridad de los mercados financieros y en la confianza de los inversores en ellos, este tipo de conductas deben ser sancionables también como infracciones penales.
(12) La presente Directiva debe exigir también a los Estados miembros que se aseguren de que la incitación a cometer las infracciones penales y la complicidad en ellas sean también sancionables. En este contexto, hacer que otra persona adquiera o ceda, basándose en información privilegiada, instrumentos financieros a los que se refiera dicha información, debe considerarse incitación al abuso de información privilegiada.
(12 bis) Para que las sanciones por las infracciones contempladas en la presente Directiva sean efectivas y disuasorias, en la presente Directiva debe preverse una duración mínima del período de reclusión máximo.
(13) La presente Directiva debe aplicarse teniendo en cuenta el marco jurídico establecido por el Reglamento (UE) n º … /2012 [RAM] y sus medidas de ejecución.
(14) Para garantizar la aplicación efectiva de la política europea destinada a asegurar la integridad de los mercados financieros establecida en el Reglamento (UE) nº ... / 2012 [RAM], los Estados miembros deben extender también la responsabilidad a las personas jurídicas, incluido, siempre que sea posible, la responsabilidad penal.
(14 bis) Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autoridades judiciales y policiales y demás instancias responsables de investigar y perseguir las infracciones contempladas en la presente Directiva cuenten con recursos suficientes y con la formación adecuada. Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autoridades judiciales y policiales y demás instancias responsables de investigar y perseguir las infracciones contempladas en la presente Directiva dispongan de herramientas de investigación eficaces.
(15) Puesto que la presente Directiva establece unas normas mínimas, los Estados miembros tienen libertad para adoptar o mantener normas penales más estrictas en materia de abuso de mercado.
(16) Todo tratamiento de datos personales efectuado en el marco de la aplicación de la presente Directiva debe ajustarse a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(7).
(16 bis) Todas las condenas impuestas en virtud de la presente Directiva deben publicarse sin demora e incluir al menos información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción, la sanción y la identidad de la persona física o jurídica condenada, a menos que dicha publicación pueda perjudicar gravemente las investigaciones en curso.
(16 ter) En el panorama actual de negociación de capitales es muy difícil, por no decir imposible, que las autoridades competentes detecten la manipulación del mercado en varios centros. La experiencia en materia de supervisión a escala nacional y de la Unión ha sacado a la luz casos de abuso de mercado en los que han estado involucrados participantes de varios Estados miembros. Conforme aumenta la integración de los mercados, crece la tendencia al abuso del mercado transfronterizo. Es esencial garantizar una cooperación y un intercambio de información efectivos, de manera que las autoridades nacionales competentes puedan cumplir sus funciones de supervisión. Si no se establecen mecanismos transfronterizos de supervisión, los actuales fallos y carencias no harán más que aumentar, en beneficio de quienes tengan intención de cometer abusos transfronterizos.
(17) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar la disponibilidad de sanciones penales aplicables a las prácticas más graves de abuso de mercado en toda la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la presente Directiva, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(17 bis) Para garantizar una persecución eficaz de los delitos transfronterizos, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para establecer su competencia respecto de las infracciones contempladas en la presente Directiva cuando la infracción se haya cometido total o parcialmente dentro de su territorio o en provecho de una persona física o jurídica residente o afincada en el territorio de un Estado miembro.
(18) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tal y como están consagrados en el TFUE. En concreto, debe aplicarse respetando debidamente la libertad de empresa (artículo 16), el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47), la presunción de inocencia y derechos de la defensa (artículo 48), los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas (artículo 49), y el derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito (artículo 50). Los Estados miembros deben respetar plenamente el principio ne bis in idem.
(18 bis) Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben garantizar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales y, en particular, deben tener en cuenta la Resolución del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales(8), la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010 , relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales(9), la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, sobre el derecho a la información en los procesos penales(10), y cualquier otro acto jurídico de la Unión en este ámbito.
(19) La Comisión debe evaluar la transposición de la presente Directiva en los Estados miembros, también con vistas a valorar la posible necesidad futura de introducir una armonización mínima de los tipos de sanciones penales y sus niveles. En particular, la Comisión debe tratar de obtener información sobre la naturaleza transfronteriza de muchas de las transacciones constitutivas de delito según la presente Directiva, respetando con ello el principio de subsidiariedad.
(20) [De conformidad con los artículos 1, 2, 3 y 4 del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anexo al Tratado, el Reino Unido ha notificado su intención de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva] O BIEN [Sin perjuicio del artículo 4 del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido respecto del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anexo al Tratado, el Reino Unido no participará en la adopción de la presente Directiva ni estará vinculado a ella ni sujeto a su aplicación].
(21) [De conformidad con los artículos 1, 2, 3 y 4 del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anexo al Tratado, Irlanda ha notificado su intención de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva] O BIEN [Sin perjuicio del artículo 4 del Protocolo nº 21 sobre la posición de Irlanda respecto del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anexo al Tratado, Irlanda no participará en la adopción de la presente Directiva ni estará vinculada a ella ni sujeta a su aplicación].
(22) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, anexo al Tratado, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, por lo tanto, no está vinculada a ella ni sujeta a su aplicación.
1. La presente Directiva establece unas normas mínimas en materia de sanciones penales aplicables a las prácticas más graves de abuso de mercado, a saber, las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, con el fin de garantizar la integridad de los mercados financieros de la Unión y aumentar la protección de los inversores y la confianza en esos mercados.
2. La presente Directiva no se aplica a la negociación con acciones propias en programas de recompra o para la estabilización de un instrumento financiero, cuando esa negociación se realice de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (UE) nº …/2012 [RAM], ni a las transacciones u órdenes ▌que respondan a fines de política monetaria y de gestión de la deuda pública, y las actividades relacionadas con los derechos de emisión en aplicación de la política climática de la Unión, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) nº …/2012 [RAM].
3. La presente Directiva se aplicará también a las conductas o transacciones, incluidas las ofertas, relacionadas con la subasta de derechos de emisión u otros productos subastados basados en esos derechos de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad(11). Todas las disposiciones de la presente Directiva que se refieran a órdenes de negociar se aplicarán a las ofertas presentadas en el contexto de una subasta.
3 bis. La presente Directiva se aplicará igualmente a los tipos de interés, las divisas, los índices de referencia, los tipos de oferta interbancaria, los índices y los tipos de instrumentos financieros, incluidos los contratos de derivados o los instrumentos derivados, cuyo valor se deriva del valor de los tipos de interés, de las divisas o de los índices.
1. «instrumento financiero»: todo instrumento a tenor de lo establecido en el artículo 2, apartado 1, punto 8, del Reglamento (CE) nº .../... [MiFIR];
1 bis. «contrato al contado de materias primas»: un contrato para el suministro de una materia prima negociada en un mercado al contado que se entrega inmediatamente después de liquidada la transacción, incluidos los contratos de derivados cuya liquidación implique la entrega material de bienes;
1 ter. «programa de recompra»: la negociación con acciones propias de conformidad con los artículos 19 a 24 de la Directiva 77/91/CEE del Consejo tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados Miembros a las sociedades, definidas en el párrafo segundo del artículo 58 del Tratado, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital(12);
2. «información privilegiada »: toda información a tenor de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento (UE) nº .../2012 [RAM];
2 bis. «autoridad competente»: la autoridad designada de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº .../2012 [RAM];
2 ter. «persona»: toda persona física o jurídica;
2 quater. «derechos de emisión»: un instrumento financiero a tenor de lo establecido en el anexo I, sección C, punto 11, de la Directiva .../.../UE [nueva MiFID];
3. «índice de referencia»: un tipo, índice o cifra publicado que se utilice como referencia para determinar el importe pagadero en el marco de un instrumento financiero, incluido un tipo de oferta interbancaria, y que se haya calculado aplicando una fórmula a los siguientes factores o que se derive de otro modo de los siguientes factores:
a) el precio o valor de uno o varios activos subyacentes; o
b) el tipo de interés (ya sea real o estimado) aplicado a los empréstitos de fondos;
3 bis. «práctica de mercado aceptada»: toda práctica que quepa razonablemente esperar en uno o más mercados financieros y que las autoridades competentes hayan aceptado de conformidad con el artículo 4 bis del Reglamento (UE) nº .../2012 [RAM];
3 ter. «estabilización»: cualquier compra u oferta de compra de los instrumentos financieros de que se trate, o cualquier operación con instrumentos asociados equivalente, realizada por empresas de inversión o entidades de crédito en el contexto de una distribución importante de los valores de que se trate, con la finalidad exclusiva de apoyar su precio de mercado durante un período predeterminado de tiempo, debido a una presión de venta de esos valores.
Artículo 3Operaciones con información privilegiada
y revelación indebida de información privilegiada
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para asegurarse de que las siguientes conductas constituyan una infracción penal cuando se cometan intencionadamente:
a) la posesión de información privilegiada por una persona y su utilización por esa persona, aun conociendo la naturaleza de la información, para adquirir o ceder, directa o indirectamente, instrumentos financieros a los que se refiere dicha información por cuenta propia o por cuenta de terceros;
a bis) la utilización de información privilegiada por una persona para cancelar o modificar una orden relativa a un instrumento financiero al que la información se refiera, cuando la orden haya sido formulada antes de que la persona de que se trate poseyera la información privilegiada;
a ter) la utilización de información privilegiada por una persona para influir en el valor de los tipos de interés, las divisas, los índices de referencia, los tipos de oferta interbancaria, los índices y los tipos de instrumentos financieros, incluidos los contratos de derivados o los instrumentos derivados, cuyo valor se deriva del valor de los tipos de interés, las divisas, los índices de referencia, los tipos de oferta interbancaria, los índices y los tipos de instrumentos financieros;
a quater) la posesión de información privilegiada por una persona y la recomendación o inducción a otra persona, sobre la base de esa información privilegiada, a adquirir o ceder instrumentos financieros a los que se refiere la información;
a quinquies) la posesión o divulgación por una persona de una recomendación contemplada en la letra a quater);
a sexies) la posesión de información privilegiada por una persona y la recomendación o inducción a otra persona, sobre la base de esa información privilegiada, a cancelar o modificar una orden relativa a un instrumento financiero al que la información se refiera, sin revelar la información privilegiada a esa persona;
b) la posesión y revelación de información privilegiada por una persona a cualquier otra persona, excepto cuando dicha revelación se haga en el desempeño normal de las tareas vinculadas a un trabajo o profesión.
Artículo 4Manipulación del mercado
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para asegurarse de que las siguientes conductas constituyan una infracción penal cuando se cometan por imprudencia o intencionadamente:
a) la ejecución de una transacción, la formulación de una orden de negociación o cualquier otra conducta que tenga las consecuencias siguientes:
i) transmita, o pueda transmitir, señales falsas o engañosas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero, incluido el valor de los tipos de interés, las divisas, los índices de referencia, los tipos de oferta interbancaria, los índices y los tipos de instrumentos financieros, incluidos los contratos de derivados o los instrumentos derivados, cuyo valor se deriva del valor de los tipos de interés, las divisas, los índices de referencia, los tipos de oferta interbancaria, los índices y los tipos de instrumentos financieros, o de un contrato al contado de materias primas relacionado con él; o
ii) fije, o pueda fijar, el precio de uno o varios instrumentos financieros, incluido el valor de los tipos de interés, las divisas, los índices de referencia, los tipos de oferta interbancaria, los índices y los tipos de instrumentos financieros, incluidos los contratos de derivados o los instrumentos derivados, cuyo valor se deriva del valor de los tipos de interés, las divisas, los índices de referencia, los tipos de oferta interbancaria, los índices y los tipos de instrumentos financieros, o de un contrato al contado de materias primas relacionado con ellos en un nivel anormal o artificial;
c) la ejecución de una transacción, la formulación de una orden de negociación o ▌cualquier otra actividad o conducta que afecte o pueda afectar al precio de uno o varios instrumentos financieros o un contrato al contado de materias primas relacionado con ellos, que emplee dispositivos ficticios o cualquier otra forma de engaño o artificio;
d) la difusión de información a través de los medios de comunicación, incluido Internet, o de cualquier otro modo que, directa o indirectamente, tenga las consecuencias mencionadas en la letra a), cuando el autor de la difusión sepa o debería haber sabido que la información era falsa o engañosa, o que suponga un encubrimiento;
e) la transmisión de información falsa o engañosa, el suministro de datos falsos o engañosos, o cualquier otra actividad equivalente que también suponga una manipulación intencionada del cálculo de un índice de referencia.
Artículo 5Incitación, complicidad y tentativa
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que la incitación a cometer las infracciones penales mencionadas en los artículos 3 y 4, así como la complicidad en ellas y las tentativas de cometerlas, sean sancionables como infracciones penales.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que la tentativa de cometer cualquiera de las infracciones mencionadas en el artículo 3, letras a) y a bis) a a sexies), y en el artículo 4, letras a), ▌ c) y e), sea sancionable como infracción penal.
Artículo 6Sanciones penales
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones penales mencionadas en los artículos 3 a 5 puedan castigarse con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Con el fin de garantizar que las sanciones tengan efectos disuasorios para el público en general, deberán publicarse, cuando proceda, sin demora indebida, incluyendo al menos información sobre el tipo y carácter del delito y sobre la identidad de las personas responsables del mismo, salvo que dicha publicación pueda perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados financieros. Cuando la publicación pueda causar un daño desproporcionado a las partes implicadas, las autoridades competentes publicarán las medidas y sanciones de manera anónima.
1 bis. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que las infracciones penales mencionadas en el artículo 3, letras a) a a quater), y en el artículo 4, letras a), c) y e), sean sancionables con un período máximo de reclusión de cinco años como mínimo.
1 ter. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que las infracciones penales mencionadas en el artículo 3, letras a quinquies), a sexies) y b), y en el artículo 4, letra d), sean sancionables con un período máximo de reclusión de dos años como mínimo.
1 quater. Al evaluar la proporcionalidad de las sanciones, los Estados miembros deberán tener en cuenta los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por las personas consideradas responsables, así como los daños resultantes de la infracción para otras personas y, si procede, los daños causados al funcionamiento de los mercados o a la economía en el sentido más amplio.
Artículo 7Responsabilidad de las personas jurídicas
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables por las infracciones a las que se hace referencia en los artículos 3 a 5 cuando tales infracciones hayan sido cometidas en su beneficio por cualquier persona, a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, que tenga una posición prominente en dicha persona jurídica, basada en:
a) el poder de representación de dicha persona jurídica;
b) la autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica; o
c) la facultad de ejercer control dentro de dicha persona jurídica.
2. Los Estados miembros adoptarán también las medidas necesarias para asegurarse de que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la ausencia de supervisión o control por parte de una persona a tenor del apartado 1 haya hecho posible que una persona bajo su autoridad cometa, en beneficio de la persona jurídica, alguna de las infracciones a las que se hace referencia en los artículos 3 a 5.
3. La responsabilidad de las personas jurídicas de conformidad con los apartados 1 y 2 no excluirá la adopción de medidas penales contra las personas físicas que estén implicadas como autoras, incitadoras o cómplices de las infracciones a las que se hace referencia en los artículos 3 a 5.
Artículo 8Sanciones a las personas jurídicas
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas consideradas responsables en virtud del artículo 7 puedan ser castigadas mediante sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Artículo 8 bisCompetencia
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer su competencia respecto de las infracciones contempladas en los artículos 3 a 5 cuando:
a) la infracción se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio; o
b) la infracción se haya cometido en provecho de una persona física o jurídica residente o afincada en su territorio.
Artículo 8 terRevelación o difusión de información en los medios de comunicación
Cuando se revele o difunda información o cuando se elaboren o difundan recomendaciones con motivos periodísticos, se evaluará esta revelación o difusión de información teniendo en cuenta las normas que regulan la libertad de expresión, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, y las normas o los códigos que regulan la profesión periodística, salvo que:
a) las personas que revelen o difundan la información o las personas estrechamente asociadas a ellas obtengan, directa o indirectamente, una ventaja o un beneficio de la revelación o difusión de la información de que se trate; o
b) la revelación o difusión se lleve a cabo con la intención de causar engaño al mercado en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los instrumentos financieros.
Artículo 8 quaterFormación y herramientas de investigación
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las autoridades judiciales y policiales y demás instancias responsables de investigar y perseguir las infracciones contempladas en los artículos 3 a 5 cuenten con recursos suficientes y con la formación adecuada.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las autoridades judiciales y policiales y demás instancias responsables de investigar y perseguir las infracciones contempladas en los artículos 3 a 5 dispongan de herramientas de investigación eficaces.
Artículo 9Informe
A más tardar ...*, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva y, si es necesario, sobre la necesidad de revisarla, en particular por lo que respecta a la conveniencia de introducir unas normas mínimas comunes sobre los tipos de sanciones penales y sus niveles.
Si procede, la Comisión presentará su informe acompañado de una propuesta legislativa.
Artículo 10Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el ...*. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Aplicarán esas disposiciones a partir de ...* o en la fecha de la entrada en vigor el Reglamento (UE) nº …/... [RAM], si esta fecha es posterior.
Artículo 12Entrada en vigor
Artículo 13Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros de conformidad con los Tratados.
Por el Parlamento Europeo Por el ConsejoEl Presidente
DO C 161 de 7.6.2012, p. 3.
DO C 181 de 21.6.2012, p. 64.
DO C 318 de 29.10.2011, p. 163.
Posición del Parlamento Europeo de ….
DO C 295 de 4.12.2009, p. 1.
DO L 280 de 26.10.2010, p. 1.
DO L 142 de 1.6.2012, p. 1.
DO L 302 de 18.11.2010, p. 1.
DO L 26 de 31.1.1977, p. 1.
OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (*) (13.6.2012)
Ponente de opinión (*): Emine Bozkurt
La Directiva 2003/6/CE sobre el abuso de mercado, adoptada a principios de 2003, introdujo un marco global para hacer frente a las operaciones con información privilegiada y de manipulación del mercado, pese a lo cual no ha logrado el objetivo de aumentar la confianza de los inversores ni la integridad de los mercados.
Según el informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Supervisión Financiera en la UE, una de las principales razones de lo anterior reside en los regímenes sancionadores de los Estados miembros, considerados débiles y heterogéneos.
Además, en la evaluación de impacto de la Comisión se destaca que las sanciones que actualmente se aplican para combatir los delitos de abuso de mercado tienen escasos efectos y son insuficientemente disuasorias, lo que hace ineficaz la aplicación de la Directiva. Por añadidura, la definición de los tipos de operaciones con información privilegiada o de manipulación del mercado que constituyen infracciones penales varía considerablemente de un Estado miembro a otro. Puesto que el abuso de mercado puede llevarse a cabo a través de las fronteras, esta divergencia socava el mercado interior y deja cierto margen para que los autores de prácticas de abuso de mercado busquen los órganos jurisdiccionales más favorables para sus propósitos (forum shopping). La conclusión de la evaluación de impacto fue que la introducción de sanciones penales para los delitos más graves de abuso de mercado era esencial para garantizar la aplicación efectiva de las políticas de la Unión en materia de abuso de mercado.
La propuesta de Directiva, basada en el artículo 83, apartado 2, del Tratado FUE, pretende aplicar las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre la Supervisión Financiera en la UE y de la evaluación de impacto de la Comisión Europea. Forma parte de un conjunto en el que se incluye asimismo la propuesta de Reglamento sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso de mercado) (COM(2011)0651). En este sentido conviene velar por la máxima coherencia entre ambos instrumentos jurídicos. Esto implica que las definiciones de las infracciones administrativas y penales deben ser coherentes, respetando al mismo tiempo el principio de seguridad jurídica al describir los elementos de una infracción penal con la máxima precisión, a fin de permitir que cualquier ciudadano comprenda exactamente por qué tipo de acciones se le puede exigir responsabilidad penal (enmiendas a los artículos 3 y 4). Por otra parte, ha de ser aplicable el principio de non bis in ídem, a fin de evitar que una persona pueda ser penalizada dos veces por un mismo hecho (enmienda relativa al artículo 6, apartado 1 quater (nuevo)).
Dado que uno de los principales problemas del actual marco jurídico reside en la debilidad y el carácter heterogéneo del régimen sancionador, procede a todas luces armonizar el umbral mínimo de la pena máxima (enmiendas relativas al artículo 6, apartado 1 bis (nuevo) y al artículo 6, apartado 1 ter (nuevo)).
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
(7) No todos los Estados miembros han establecido sanciones penales para algunas formas de infracciones graves de la legislación nacional por la que se transpone la Directiva 2003/6/CE. Estos diferentes planteamientos merman la uniformidad de condiciones de actuación en el mercado interior y pueden constituir un incentivo para que se cometa abuso de mercado en aquellos Estados miembros en los que no se prevén sanciones penales para estos delitos. Además, hasta ahora no ha habido un acuerdo a nivel de la Unión sobre qué conducta se considera que constituye una infracción de tal gravedad. Por consiguiente, deben establecerse unas normas mínimas en relación con la definición de las infracciones penales cometidas por personas físicas y jurídicas, así como de las sanciones. Unas normas mínimas comunes permitirían también utilizar métodos de investigación y cooperación más eficaces dentro de cada Estado miembro y entre ellos. La condena con arreglo al Derecho penal por delitos de abuso de mercado a menudo recibe una amplia cobertura de los medios de comunicación, lo que ayuda a disuadir a los potenciales infractores, al llamar la atención del público sobre el compromiso de las autoridades competentes de hacer frente a estas prácticas.
(7) No todos los Estados miembros han establecido sanciones penales para algunas formas de infracciones graves de la legislación nacional por la que se transpone la Directiva 2003/6/CE. Estos diferentes planteamientos merman la uniformidad de condiciones de actuación en el mercado interior y pueden constituir un incentivo para que se cometa abuso de mercado en aquellos Estados miembros en los que no se prevén sanciones penales para estos delitos. Además, hasta ahora no ha habido un acuerdo a nivel de la Unión sobre qué conducta se considera que constituye una infracción de tal gravedad. Por consiguiente, deben establecerse unas normas mínimas en relación con la definición de las infracciones penales cometidas por personas físicas y jurídicas, así como de las sanciones. Unas normas mínimas comunes permitirían también utilizar métodos de investigación y cooperación más eficaces dentro de cada Estado miembro y entre ellos. Vistas las consecuencias de la crisis financiera, resulta evidente que la manipulación del mercado tiene potencial para causar grandes daños en las vidas de millones de personas. La ausencia de sanciones penales armonizadas es percibida por los ciudadanos, con toda razón, como generadora de un espacio de impunidad en el que los manipuladores del mercado pueden prosperar, aprovechándose de un mercado sin fronteras al tiempo que operan en jurisdicciones que no los persiguen o que tienen marcos penales deficientes a la hora de tratar estas cuestiones. Ello genera, a su vez, motivos para que en la sociedad crezca la percepción de la corrupción y se desarrolle la consiguiente falta de confianza en el Estado de Derecho y la legitimidad de las instituciones. Además, el hecho de imponer sanciones penales por delitos de abuso de mercado tendrá un mayor efecto disuasorio en los infractores potenciales.
(12 bis) Para que las sanciones por las infracciones contempladas en los artículos 3 y 4 sean efectivas y disuasorias, en la presente Directiva debe preverse una duración mínima del periodo de reclusión máximo.
(13 bis) Los Estados miembros deben respetar plenamente los principios jurídicos de non bis in ídem y favor rei, y garantizar que no se aplique una sanción penal en relación con unos hechos que ya hayan sido objeto de una sanción administrativa cuando las sanciones administrativa y penal sean de la misma naturaleza.
(14 bis) Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autoridades judiciales y policiales y demás instancias responsables de investigar y perseguir las infracciones contempladas en los artículos 3 y 4 cuenten con la formación adecuada. Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las autoridades judiciales y policiales y demás instancias responsables de investigar y perseguir las infracciones contempladas en los artículos 3 y 4 dispongan de herramientas de investigación eficaces.
(16 bis) Todas las condenas impuestas en virtud de la presente Directiva deben publicarse sin demora e incluir al menos información sobre el tipo y la naturaleza del delito, la sanción y la identidad de la persona física o jurídica condenada, en la medida en que ello no comprometa gravemente la estabilidad de los mercados financieros o cause daños desproporcionados a las partes implicadas.
(17) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar la disponibilidad de sanciones penales aplicables a los delitos más graves de abuso de mercado en toda la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la presente Directiva, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(17) Si bien actualmente se dispone de estadísticas limitadas sobre la dimensión transfronteriza de las operaciones con información privilegiada y de la manipulación del mercado, considerando la integración de los mercados financieros en la Unión, sí puede darse por sentado que muchos de estos delitos no se limitan a transacciones en un único Estado miembro. A la vista de lo cual, el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar la disponibilidad de sanciones penales aplicables a los delitos más graves de abuso de mercado en toda la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y a los efectos de la presente Directiva, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(17 bis) Para garantizar una persecución eficaz de los delitos transfronterizos, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para establecer su competencia respecto de las infracciones contempladas en los artículos 3 y 4 cuando la infracción se haya cometido en su totalidad o en parte dentro de su territorio o en provecho de una persona física o jurídica residente o afincada en el territorio de un Estado miembro.
(18 bis) Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben garantizar los derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales y, en particular, tener en cuenta la Resolución del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales1, la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010 , relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales2, la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, sobre el derecho a la información en los procesos penales3, y cualquier otro acto jurídico o recomendación de la Unión en este ámbito.
1 DO C 295 de 4.12.2009, p. 1.
2 DO L 280 de 26.10.2010, p. 1.
3 DO L 142 de 1.6.2012, p. 1.
Conviene subrayar la importancia de los derechos fundamentales, y en particular de los derechos procesales, en los procesos penales.
(19) La Comisión debe evaluar la transposición de la presente Directiva en los Estados miembros, también con vistas a valorar la posible necesidad futura de introducir una armonización mínima de los tipos de sanciones penales y sus niveles.
Artículo 3 – letra a
a) La utilización de información privilegiada para adquirir o ceder instrumentos financieros a los que se refiera dicha información por cuenta propia o por cuenta de terceros. Esto incluye también el uso de información privilegiada para cancelar o modificar una orden relativa a un instrumento financiero al que esa información se refiera, cuando esa orden haya sido formulada antes de poseer dicha información privilegiada.
a) La posesión de información privilegiada y la utilización directa o indirecta de dicha información, a sabiendas del carácter de la misma, para adquirir o ceder instrumentos financieros, recomendar la adquisición o cesión de instrumentos financieros o inducir a otra persona a adquirir o ceder instrumentos financieros a los que se refiera dicha información por cuenta propia o por cuenta de terceros. Esto incluye también el uso de información privilegiada para cancelar o modificar una orden relativa a un instrumento financiero al que esa información se refiera, cuando esa orden haya sido formulada antes de poseer dicha información privilegiada y haya sido efectivamente cancelada o modificada.
Esta enmienda aplica el principio de seguridad jurídica: la descripción de los elementos que componen una infracción penal debe redactarse con la máxima exactitud, de modo que una persona pueda predecir las acciones por las que se le puede exigir responsabilidad penal,
Artículo 3 – letra b
b) La revelación de información privilegiada a cualquier otra persona, a menos que dicha revelación se haga en el desempeño legítimo de las tareas vinculadas a un trabajo o profesión.
b) La revelación de información privilegiada a cualquier otra persona, a sabiendas del carácter de dicha información, a menos que dicha revelación se haga en el desempeño legítimo de las tareas vinculadas a un trabajo o profesión.
b bis) La utilización de información privilegiada de que se disponga para recomendar la adquisición o cesión de instrumentos financieros o para inducir a otra persona a adquirir o ceder instrumentos financieros a los que se refiera dicha información, o para cancelar o modificar una orden relativa a un instrumento financiero al que se refiera dicha información, sin divulgar la información privilegiada a dicha persona.
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que la incitación a cometer las infracciones penales mencionadas en los artículos 3 y 4, así como la complicidad en ellas, sean sancionables como infracciones penales.
1 bis. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que las infracciones penales mencionadas en el artículo 3, letra a), y en el artículo 4, letras a), b) y c), sean sancionables con un periodo máximo de reclusión de cinco años como mínimo.
Si la necesidad de este instrumento jurídico radica en el hecho de que los regímenes sancionadores de los Estados miembros son, por regla general, débiles y heterogéneos, convendría armonizar las sanciones en cierta medida.
Artículo 6 – apartado 1 ter (nuevo)
1 ter. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que las infracciones penales mencionadas en el artículo 3, letras b) y b bis), y en el artículo 4, letra d), sean sancionables con un periodo máximo de reclusión de dos años como mínimo.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer su competencia respecto de las infracciones contempladas en los artículos 3 y 4 cuando:
b) la infracción se haya cometido en provecho de una persona física o jurídica residente o afincada en el territorio de un Estado miembro.
Artículo 8 ter (nuevo)
Los Estados miembros garantizarán que no se aplique una sanción penal en relación con unos hechos que ya hayan sido objeto de una sanción administrativa cuando las sanciones administrativa y penal sean de la misma naturaleza.
Artículo 8 quater (nuevo)
Formación y herramientas de investigación
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las autoridades judiciales y policiales y demás instancias responsables de investigar y perseguir las infracciones contempladas en los artículos 3 y 4 cuenten con la formación adecuada.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las autoridades judiciales y policiales y demás instancias responsables de investigar y perseguir las infracciones contempladas en los artículos 3 y 4 dispongan de herramientas de investigación eficaces.
Sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado
COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)
Comisión(es) asociada(s) - fecha del anuncio en el pleno
Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka
Elena Oana Antonescu, Michael Cashman, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Lorenzo Fontana, Hubert Pirker, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Bogusław Sonik, Michèle Striffler
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (20.6.2012)
Ponente de opinión: Alexandra Thein
La introducción de sanciones penales para luchar contra el abuso de mercado constituye una innovación importante y un refuerzo encomiable de los instrumentos de lucha contra los comportamientos abusivos en este sector. La ponente de opinión se congratula de que la Comisión haya ejercido por vez primera, en este ámbito crucial, las competencias introducidas en virtud del Tratado de Lisboa en materia de aproximación de las disposiciones en materia penal a fin de garantizar una ejecución eficaz de las medidas de armonización (artículo 83, apartado 2, del TFUE).
Las enmiendas propuestas tienen por objeto, por un lado, clarificar que la responsabilidad de las personas jurídicas se inscribe en los ordenamientos jurídicos nacionales en vigor, es decir que únicamente cabe prever la incriminación de las personas jurídicas cuando esta ya se reconozca en los Estados miembros.
Por otro lado, ha de reformularse el principio de ne bis in idem, en particular para los casos en que concurran sanciones penales y administrativas, a fin de conferir a este importante principio el peso que le corresponde.
Además conviene que el informe de evaluación que ha de elaborar la Comisión sobre la aplicación de la Directiva abarque asimismo la tipificación como delito penal de la tentativa y la responsabilización de las personas jurídicas y la aplicación de sanciones a las mismas, ya que la cuestión de la utilidad de estas medidas en la práctica merece una atención particular.
La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
(1) Un mercado financiero integrado y eficiente requiere integridad del mercado. El buen funcionamiento de los mercados de valores y la confianza del público en los mercados son requisitos imprescindibles para el crecimiento económico y la riqueza. El abuso de mercado daña la integridad de los mercados financieros y la confianza del público en los valores y los instrumentos derivados.
(7) No todos los Estados miembros han establecido sanciones penales para algunas formas de infracciones graves de la legislación nacional por la que se transpone la Directiva 2003/6/CE. Estos diferentes planteamientos merman la uniformidad de condiciones de actuación en el mercado interior y pueden constituir un incentivo para que se cometa abuso de mercado en aquellos Estados miembros en los que no se prevén sanciones penales para estos delitos. Además, hasta ahora no ha habido un acuerdo a nivel de la Unión sobre qué conducta se considera que constituye una infracción de tal gravedad. Por consiguiente, deben establecerse unas normas mínimas en relación con la definición de las infracciones penales cometidas por personas físicas, de la responsabilidad de las personas jurídicas, así como de las sanciones. Unas normas mínimas comunes permitirían también utilizar métodos de investigación y cooperación más eficaces dentro de cada Estado miembro y entre ellos. La condena con arreglo al Derecho penal por delitos de abuso de mercado a menudo recibe una amplia cobertura de los medios de comunicación, lo que ayuda a disuadir a los potenciales infractores, al llamar la atención del público sobre el compromiso de las autoridades competentes de hacer frente a estas prácticas.
(14) Para garantizar la aplicación efectiva de la política europea destinada a asegurar la integridad de los mercados financieros establecida en el Reglamento (UE) nº... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la información del mercado, los Estados miembros deben extender también la responsabilidad a las personas jurídicas, incluido, siempre que sea posible, la responsabilidad penal de las mismas.
(14) Para garantizar la aplicación efectiva de la política europea destinada a asegurar la integridad de los mercados financieros establecida en el Reglamento (UE) nº... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la información del mercado, los Estados miembros deben extender también la responsabilidad a las personas jurídicas, incluida, siempre que sea posible, la responsabilidad penal de las mismas, en los casos en que ello sea compatible con la legislación nacional aplicable.
(18) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tal y como están consagrados en el Tratado. En concreto, debe aplicarse respetando debidamente la libertad de empresa (artículo 16), el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47), la presunción de inocencia y derechos de la defensa (artículo 48), los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas (artículo 49), y el derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito (artículo 50).
(18) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tal y como están consagrados en el Tratado. En concreto, debe aplicarse respetando debidamente la libertad de empresa (artículo 16), el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47), la presunción de inocencia y derechos de la defensa (artículo 48), los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas (artículo 49), y el derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito (artículo 50). En este contexto, los Estados miembros deben velar por que una misma infracción no se vea penalizada tanto con una sanción penal como con una administrativa.
1. La presente Directiva establece unas normas mínimas en materia de sanciones penales aplicables a los delitos más graves de abuso de mercado, a saber, las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado.
1. La presente Directiva establece unas normas mínimas en materia de sanciones penales aplicables a los delitos más graves de abuso de mercado, a saber, las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado. La presente Directiva se aplicará únicamente a aquellas transacciones, órdenes o conductas contempladas en el Reglamento (UE) n°... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado y que se prohíben con arreglo a dicho Reglamento.
En aras de la coherencia, los delitos penales contemplados en la Directiva sobre el abuso del mercado deben coincidir con las conductas prohibidas en virtud del Reglamento sobre el abuso del mercado, por lo que conviene armonizar el ámbito de aplicación de ambos instrumentos jurídicos.
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para asegurarse de que las siguientes conductas constituyan una infracción penal cuando las cometa intencionadamente una persona física:
Debe quedar claro que una persona física no comete el delito de realizar operaciones con información privilegiada contemplado en el artículo 3 (punible como infracción penal) a menos que le conste que la información en cuestión es efectivamente información privilegiada. Las disposiciones sobre las operaciones con información privilegiada que figuran en la Directiva sobre el abuso del mercado únicamente deben ser aplicables a las personas físicas, dado que el ámbito de la responsabilidad de las empresas debe quedar contemplado en el Derecho nacional
a) La utilización de información privilegiada de que disponga la persona en cuestión, a sabiendas de su carácter privilegiado, para adquirir o ceder instrumentos financieros a los que se refiera dicha información por cuenta propia o por cuenta de terceros. Esto incluye también el uso de información privilegiada para cancelar o modificar una orden relativa a un instrumento financiero al que esa información se refiera, cuando esa orden haya sido formulada antes de poseer dicha información privilegiada.
b) La revelación de información privilegiada de que disponga la persona en cuestión, a sabiendas de su carácter privilegiado, a cualquier otra persona, a menos que dicha revelación se haga en el desempeño legítimo de las tareas vinculadas a un trabajo o profesión.
b bis) La utilización de información privilegiada de que disponga la persona en cuestión, a sabiendas de su carácter privilegiado, para recomendar o inducir a otra persona, sobre la base de la información privilegiada, a adquirir o ceder instrumentos financieros a los que se refiere la información.
Se introduce esta letra para abarcar aquellos casos en que una persona que dispone de información privilegiada anima a otra persona a realizar operaciones sin divulgar la información. Con esta disposición, la persona en cuestión puede no estar incitando a realizar operaciones con información privilegiada, ya que la persona incitada no participa en la operación con información privilegiada (ya que no dispone de dicha información). Una formulación similar se recoge el artículo 7, apartado 3, del Reglamento sobre abuso del mercado (la propuesta de la Comisión).
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)
No se aplicará el apartado 1, letras a) y b bis), a menos que la información privilegiada tenga una influencia efectiva en la decisión de la persona de que se trate a la hora de adquirir o ceder los instrumentos financieros o de recomendar o inducir a otra persona a adquirirlos o cederlos.
El realizar una operación estando en posesión de información privilegiada no solo debe considerarse un acto reprobable. Con esta prohibición se clarifica que una persona está legítimamente autorizada a realizar operaciones con instrumentos financieros, y recomendar o inducir a otra persona a que las realice, siempre y cuando la información privilegiada no tenga una influencia material en la decisión de realizar operaciones.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas consideradas responsables en virtud del artículo 7 puedan ser castigadas mediante sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. Con arreglo al Derecho nacional aplicable, dichas sanciones también podrán incluir medidas penales contra personas jurídicas.
Combinación de sanciones penales y administrativas
Los Estados miembros velarán, en el marco de las medidas que adopten en virtud de la presente Directiva, por que una acción que pueda constituir una infracción penal y al mismo tiempo ser objeto de medidas o sanciones administrativas se castigue únicamente con arreglo al Derecho penal. Los Estados miembros velarán asimismo por que dicha acción pueda ser objeto de una sanción administrativa, en caso de no aplicarse la sanción penal.
A más tardar [cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva y, si es necesario, sobre la necesidad de revisarla, en particular por lo que respecta a la conveniencia de introducir unas normas mínimas comunes sobre los tipos de sanciones penales y sus niveles.
A más tardar [cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva y, si es necesario, sobre la necesidad de revisarla. En particular examinará la conveniencia de introducir unas normas mínimas comunes sobre los tipos de sanciones penales y sus niveles, y evaluará si la tipificación como delito de la tentativa, así como la responsabilización de las personas jurídicas y la imposición de sanciones a las mismas han resultado medidas provechosas.
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, Axel Voss
Comisión(es) asociada(s)
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain
Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen
Última actualización: 3 de enero de 2013 Aviso jurídico