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Timestamp: 2018-11-21 00:06:55
Document Index: 184950670

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 383', 'artículo 379', 'artículo 383', 'artículo 380', 'artículo 380', 'artículo 1521', 'artículo 380', 'artículo 384']

﻿ Sentencia 2010-00346 de abril 10 de 2014
SENTENCIA SC4584-2014 DE 10 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN – RECURSO DE REVISIÓN. EL INTERÉS JURÍDICO EN EL RECURSO DE REVISIÓN ES UN ASPECTO, QUE A LA PAR CON LA LEGITIMACIÓN, DE CONFORMIDAD EL INCISO 4º ARTÍCULO 383 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, SE VERIFICA AL RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓN DEL ESCRITO INTRODUCTORIO DEL RECURSO DE REVISIÓN, AUNQUE NO SURGE OBSTÁCULO LEGAL PARA DILUCIDARLO EN LA DECISIÓN FINAL, PUESTO QUE SOLO ANTE LA CONCURRENCIA DE TALES PRESUPUESTOS, ES FACTIBLE PROCEDER AL ESTUDIO DE FONDO DE LOS MOTIVOS O CAUSALES EN QUE SE SUSTENTA LA IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR, SE CONFIGURA POR EL PERJUICIO CONCRETO Y ACTUAL IRROGADO CON LA RESPECTIVA PROVIDENCIA, A LAS PARTES Y EN ALGUNOS EVENTOS, A LOS TERCEROS.
TEMAS ESPECÍFICOS:NULIDAD ABSOLUTA, DEMANDA DE RECONVENCIÓN, RECURSO DE REVISIÓN, INTERÉS JURÍDICO
Sentencia 2010-00346 de abril 10 de 2014
Radicación 11001-0203-000-2010-00346-00
Radicación 11001-0203-000-2010-00673-00
SC4584-2014
1. El “recurso extraordinario de revisión”, de conformidad con el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, procede contra las sentencias ejecutoriadas y técnicamente para su formulación debe apoyarse en alguna de las causales consagradas en el precepto 380 ibídem.
Se ha interpretado que el citado “medio de impugnación” constituye una garantía de justicia, en virtud de los efectos que puede generar en el evento de alcanzar prosperidad, pues dependiendo del motivo legal en que se funde, es factible aniquilar la decisión injusta, o procurar el restablecimiento del derecho de defensa cuando haya sido seriamente quebrantado, o preservar el instituto de la “cosa juzgada”.
Acerca de esa temática, esta corporación en sentencia CSJ SC, 1º Nov. 2013, Rad. 2011-01988, expuso:
(...) el ‘recurso de revisión’ no se opone a la institución de la ‘cosa juzgada’, sino que por el contrario, propugna por su consolidación en términos de justicia material y no formal, que es el paradigma a donde debe orientarse la función judicial, según el ordenamiento constitucional, el cual reclama, además de la correcta aplicación del derecho sustancial, la observancia del principio de legalidad como garantía esencial del debido proceso.
Adicionalmente, es viable señalar que la Corte Suprema en la sentencia de 1º de junio de 2010, Expediente 2008-00825, precisó que el ‘(...) principio de ‘la cosa juzgada’ no es absoluto, pues razones de justicia obligan a exceptuar de él las providencias de fondo injustas, como son las emitidas en procesos donde se presenta alguna de las seis primeras causales del recurso de revisión, o sea, aquellas en que se demuestre plenamente que están fundadas ‘en una realidad procesal contraria a la verdad, que fue demostrada con pruebas falsas o que tal verdad no pudo ser acreditada en el proceso no por descuido, omisión o negligencia de la parte interesada, sino por fuerza mayor, caso fortuito u obra de parte contraria’ (...)’; igualmente cuando se configura alguna de las hipótesis consagradas en los tres últimos motivos que autorizan el presente mecanismo de impugnación, los que básicamente buscan la protección del derecho de defensa y el respeto al mismo instituto de la ‘cosa juzgada’.
En torno a algunas otras circunstancias que moldean la caracterización del aludido mecanismo de impugnación, la Corte en el fallo CSJ SC, 3 Sep. 2013, Rad. 2010-00906, resaltó:
En virtud de las características que posee el aludido recurso, el juez no puede ocuparse oficiosamente de la acreditación de los hechos alegados para fundarlo; como lo ha explicado esta Corte, ‘corre por cuenta del recurrente la carga de la prueba, de modo que le corresponde demostrar que efectivamente se presenta el supuesto de hecho que autoriza la revisión de la sentencia, compromiso que sube de tono si se tiene en cuenta que el presente es un recurso extraordinario y que, con su auxilio, se pretende socavar el principio de la cosa juzgada formal’ (...)(1).
Igualmente, en la sentencia CSJ SC, 19 Dic. 2012, Rad. 2010-02199, precisó:
La naturaleza extraordinaria del señalado medio impugnativo comporta, no solo que los motivos que lo autorizan sean restrictos, sino que, por regla general, deben originarse en circunstancias exógenas al proceso dentro del cual se dictó el fallo opugnado, constituyendo, en esencia, situaciones novedosas que, de haberse conocido, habrían conducido a otro resultado. Fluye, entonces, que a través de este mecanismo extraordinario, la normatividad procura liberar el ejercicio judicial de elementos perturbadores de su legalidad y legitimidad.
Por tanto, en línea de principio, con este recurso no es factible controvertir los cimientos que sustentan la sentencia censurada, o discutir los problemas debatidos en el pleito, menos propiciar una nueva oportunidad para formular hechos exceptivos, tampoco reviste el propósito de mejorar la prueba aportada al litigio, pues ello implicaría abrir la compuerta a una tercera instancia. Es incontrovertible que, por la naturaleza de este mecanismo de defensa, la relación procesal que informa el trámite cumplido en las respectivas instancias ya está cerrada o concluida, luego no es posible replantear el conflicto.
2. Descendiendo al presente trámite, se advierte que debe dársele respuesta a los dos recursos de revisión que se acumularon, y en consideración a los factores que en esa situación procesal tuvieron incidencia, se torna pertinente comenzar por el estudio de la demanda de XXX XXX.
a) Siguiendo esa pauta, dada la trascendencia que reviste para el caso, se entra a reexaminar lo concerniente al “interés jurídico” para formular el citado “recurso de revisión”, pues valga acotar, ese es un aspecto, que a la par con la “legitimación”, de conformidad el inciso 4º artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, se verifica al resolver sobre la admisión del escrito introductorio del “recurso de revisión”, aunque no surge obstáculo legal para dilucidarlo en la decisión final, puesto que solo ante la concurrencia de tales presupuestos, es factible proceder al estudio de fondo de los motivos o causales en que se sustenta la impugnación extraordinaria.
La aludida condición, esto es, el “interés jurídico para recurrir”, se configura por el perjuicio concreto y actual irrogado con la respectiva providencia, a las partes y en algunos eventos, a los terceros.
Acerca del mencionado requisito, la Sala en sentencia nº 147 CSJ SC, 1º Oct. 2004, Rad. 007560, con criterio amplio, expuso:
Una de las condiciones que, de antiguo, se predican de los recursos en general —(...)— es la que exige que la persona que los interponga tenga interés jurídico, el que, como es sabido, deriva necesariamente del agravio que la decisión impugnada le cause o irrogue a aquella, lo que explica, entonces, que el recurso no proceda cuando la providencia no perjudica a la parte que interviene en el proceso (...).
Igualmente, en sentencia CSJ SC, 7 Dic. 2001, Rad. 000120, expresó:
En relación con este punto ha dicho la Corte que: ‘la prosperidad del recurso de revisión se subordina a la concurrencia de una serie de presupuestos, entre los cuales cabe destacar la existencia de un interés legítimo en el impugnador, concretado en el agravio que la providencia atacada hubiere podido irrogarle.
Sobre el particular ha considerado la corporación que el interés del cual pende la legitimación para recurrir, ‘tiene que ser real y el cabal cumplimiento de esta condición es preciso apreciarlo desde una perspectiva jurídica objetiva donde no son de recibo las simples conjeturas teóricas que tengan por conveniente formular los litigantes, toda vez que si no hay gravamen que pueda ser remediado en el evento en que sea exitoso el recurso interpuesto, este último pierde por fuerza su razón de ser y debe ser desechado por falta de viabilidad legal’ (...).
b) Al examinar los hechos y peticiones plasmadas en el libelo de la intervención ad excludendum, al igual que el contenido de la decisión adoptada en el fallo recurrido, se verifica la falta de “interés jurídico” para la impugnación extraordinaria por parte de “XXX”, toda vez que la sentencia le fue favorable a sus reclamaciones.
En efecto, obsérvese que en el escrito con el que formalizó su comparecencia al litigio, informa acerca del mandato conferido a “XXX”, a fin de que gestionara la compra de un predio a “XXX”, refiriendo los términos en que se concretó la “promesa de compraventa” y luego el negocio jurídico prometido; también manifiesta que “fue él quien dio de su patrimonio los ciento cincuenta millones de pesos, que en tres cheques, cada uno por valor de cincuenta millones de pesos, le entregó XXX a la parte vendedora”; resalta que de ahí deviene su interés para intervenir en el proceso, además de “evitar demandar posteriormente en juicio separado a XXX en la eventualidad de que por sentencia se declare la prosperidad del reintegro de (la citada suma de dinero) recibidos por XXX, los cuales a su vez XXX debe entregar a XXX”, y con base en las reseñadas argumentaciones plantea que la señora Beatriz Giraldo de Neissa tiene que devolver a XXX XXX XXX los ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000) recibidos en relación con la escritura pública 199 de marzo 2 de 2001 de la Notaría de Melgar, y sin exigir compensación alguna porque en nada se perjudicó, y los tiene que devolver con indexación, con intereses legales a partir de la ejecutoria de la sentencia (se resalta).
Ahora, en la sentencia impugnada, el tribunal tras modificar la decisión de primera instancia, dispuso “decretar la resolución del contrato contenido en la escritura 199 de 2 de marzo de 2001 de la Notaría de Melgar por mutuo disenso tácito” y declarar que los $ 150.000.000 que se dicen entregados en el contrato de promesa de compraventa suscrito el 9 de febrero de 2001, por XXX a XXX, salieron del patrimonio del señor XXX XXX. En consecuencia, la señora XXX deberá devolver los $ 150.000.000 que recibió por ese efecto al señor XXX dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, debidamente indexados y hasta su cancelación, y lo benefició asimismo, con la condena en costas en un porcentaje del 40% (se resalta).
c) No obstante que la inconformidad con la providencia del fallador de segundo grado manifestada por el censor “XXX” y expresada en la “demanda de revisión”, básicamente se sustenta “en que XXX no tenía legitimación en la causa por activa, para instaurar esa acción ordinaria, pues el titular de la acción, lo era, XXX”, y por lo tanto considera que “la providencia que correspondía dictar en derecho en el proceso ordinario cuestionado, no era la de acogimiento de la pretensión, sino una absolutoria por falta de legitimación en la causa”, no puede hallarse en esos antecedentes procesales, el “interés jurídico” para que válidamente pueda pretender la “revisión extraordinaria” promovida, ya que al comparecer al litigio en cuestión, mediante la figura de la “intervención ad excludendum”, en su demanda definió que su aspiración se concretaba al reintegro o restitución del capital suministrado a su mandatario para el negocio a que se ha hecho mención, más los réditos correspondientes e indexación, no habiendo planteado petición a fin de que se mantuviera el “contrato de compraventa” declarado resuelto por mutuo disenso tácito o el de la “promesa de venta” cuya “resolución” solicitó “XXX”.
d) Ante la comentada situación, se declarará infundado el “recurso de revisión” formulado por el antes nombrado, quedando la Sala relevada de estudiar el motivo invocado para sustentarlo, como también los medios enervantes aducidos por los opositores.
3. Asume ahora la Corte el análisis de la “demanda de revisión” impetrada por XXX, la que apoya en las causales 6ª y 8ª consagradas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, precisando que su examen se efectuará en sentido inverso al planteado, toda vez que de llegar a prosperar la última, conduciría al total aniquilamiento de la providencia, criterio este aplicado en el fallo CSJ SC, 3 Sep. 2013, Rad. 2010-00906.
3.1. Contempla la segunda regla citada, que constituye “motivo de revisión” la “existencia de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”, lo que implica que su estructuración deriva de la presencia en la misma sentencia de ciertas circunstancias anómalas o irregulares, que dada la gravedad que alcanzan por la afectación, en principio, del debido proceso o del derecho de contradicción o defensa, adquieren idoneidad jurídica para la invalidación de aquella, cuando no estuviere habilitado legalmente otro medio para su impugnación (resaltado).
Esta corporación en fallo CSJ SC, 17 Mayo 2013, Rad. 2011-00415, acerca del entendimiento del aludido supuesto legal que habilita el “recurso de revisión”, memoró:
(...). ‘Del contenido de la norma transcrita se infiere que dicho motivo de revisión se configura si confluyen los siguientes presupuestos: a) que al dictarse la sentencia se incurra en nulidad; y b) que contra ese fallo no pueda interponerse ningún recurso.
(...) la mencionada causal se presenta, en general, ‘cuando en ella (en la sentencia) se configura en verdad alguna de las causales de nulidad establecidas por la ley, protegiéndose de esta manera el derecho de defensa del litigante afectado quien, por exigencia del supuesto normativo previsto, solo podrá tener conocimiento de la irregularidad cuando conoce la sentencia’ (...) y, en particular, ‘(...) cuando (...) presenta irregularidades capaces de constituir nulidad, lo cual sucede, (...) exceptuado el evento de indebida representación, notificación, o emplazamiento que configuran causal autónoma (la 7ª), cuando se dicta sentencia en proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención, o cuando se pronuncia estando suspendido el proceso, o cuando en el fallo se condena a quien no ha figurado como parte, o cuando se adopta por un número inferior [de] magistrados al previsto por la ley, a lo cual cabe agregar el caso de que se dicte la sentencia sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar, cuando el procedimiento así lo exija, de donde se desprende que no cualquier irregularidad en el fallo, o cualquier incongruencia, tiene entidad suficiente para invalidar la sentencia. Ha de tratarse de una irregularidad que pueda caber en los casos específicamente señalados por el legislador como motivos de anulación, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido’. (...), ‘no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; (...), sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad (...)’(2) (resaltado).
Al revisar la sentencia ahora impugnada, se determina que frente a la misma procedía el “recurso de casación”, tan cierto es que oportunamente lo propuso la accionada y el tribunal lo concedió, empero al llegar el asunto a esta corporación, en providencia de 12 de agosto de 2009, lo “declara inadmisible” debido a “que la recurrente en casación no suministró las expensas indispensables para la expedición de las copias que el tribunal estimó necesarias para que se procediera a dar cumplimiento a su sentencia” (fls. 16-20, cdno. Corte).
Lo anterior implica que se configura una hipótesis impeditiva para invocar la “causal de revisión” en comento, pues tal como se precisara, con relación al fallo del ad quem estaba autorizado el aludido “medio de impugnación extraordinario”, y aunque se frustró su trámite, ello en nada afecta la vigencia del requisito echado de menos, además porque esa situación se produjo por incuria de la “recurrente”.
Así las cosas, se torna innecesario el estudio de fondo del citado “motivo de revisión”, por improcedente.
3.2. En punto de la otra hipótesis planteada como sustentáculo de la “demanda de revisión” promovida por XXX, esto es, la “causal sexta” del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que consiste en “[h]aber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente”, ha de precisarse lo siguiente:
a) Tiene por fin el citado “motivo de revisión”, permitir que sea reprimida o cuestionada la conducta procesal atentatoria de los principios de lealtad, probidad y buena fe que han de presidir en todo momento, las actuaciones de los sujetos procesales, hallándose habilitada para aducirla la parte afectada, al igual que los terceros perjudicados.
Acerca de los aspectos que caracterizan el referido supuesto legal, la jurisprudencia de la Sala en fallo con anterioridad citado CSJ SC, 19 Dic. 2012, Rad. 2010-02199, expuso:
Sobre las ‘maniobras fraudulentas’ cumple memorar que la corporación, de antaño, ha dicho que deben involucrar un comportamiento o ‘una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultación de los mismos por medios ilícitos; es en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia’ (Providencias de 30 de junio de 1988 y 11 de septiembre de 1990, entre otras, G. J., T. CCIV, página 45).
Por consiguiente, con miras a establecer, ciertamente, un proceder caracterizado por tales vicios, implica evidenciar ‘(...) una conducta fraudulenta, unilateral o colusiva, realizada con el fin de obtener una sentencia contraria a derecho, que a su turno cause perjuicios a una de las partes o a un tercero, y determinante, por lo decisiva, de la sentencia injusta. Todo el fenómeno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intención de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin’ (Sent. 243, dic. 7/2000, Exp. 7643).
Así mismo, en fallo CSJ SC, 20 Feb. 2012, Rad. 2005-00791, rememoró:
(...) las maniobras fraudulentas a que se refiere la norma deben corresponder a situaciones o hechos externos al proceso, no conocidos por el juez y producidos por fuera de aquel, ‘toda vez que si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir, con grave daño para la seguridad jurídica, la reiteración del litigio por una vía lateral inadmisible’. Por eso, la jurisprudencia se ha manifestado expresando de manera terminante que ‘(...) la existencia de maniobras fraudulentas como causal de revisión (...) si con ellas se causó perjuicio al recurrente, no autoriza en manera alguna a replantear el debate probatorio propio de las instancias, sino que tiene por finalidad reprimir la conducta de las partes cuando resulte atentatoria de los principios de lealtad, probidad y buena fe que han de presidir su actuación en el proceso. Para ello, la Corte (...) precisó el contenido del alcance jurídico de esta causal diciendo que las maniobras fraudulentas comportan una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz de inducir a error al juzgador al producir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y mal intencionada de los hechos (...). Es en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito de obtener por ese medio una sentencia favorable pero contraria a la justicia (...)’ (Sent. revisión, oct. 29/2004, Exp. 2001-0030-01).
b) Las actuaciones y elementos de convicción que a continuación se relacionan, tienen trascendencia para la decisión que se está adoptando:
(i) Escrito en el que se plasmó la demanda promovida por “XXX” contra “XXX”, pidiendo la “nulidad absoluta” del contrato de compraventa del predio La Ceiba, ubicado en la vereda Peñones Altos, municipio de Purificación (Tolima), por hallarse embargado por orden del Juzgado 1º Civil del Circuito de Girardot, a favor del proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por Bancafé frente a “XXX” y en virtud de las restituciones mutuas, se le devuelva la cantidad de $ 150.000.000, que entregó como parte de pago del precio, con la respectiva corrección monetaria (fl. 28, cdno. 1).
(ii) “Promesa de compraventa” celebrada entre “XXX XXX y XXX”, en calidad de promitente vendedora y comprador, respectivamente, con relación al citado inmueble, en la que se pactó como precio la suma de $ 629.300.000, pagaderos hasta $ 250.000.000 a XXX, por deudas de aquella, “sea por compra de la deuda o de los derechos litigiosos o en forma de subrogación de crédito”, $ 150.000.000 el 14 de febrero de 2001 y el saldo de $ 229.300.000 “el día en que el actual ocupante del predio deje en completa libertad para usufructuarlo plenamente”, y en hoja anexa obra nota suscrita por la “promitente vendedora” el 14/02/2001, manifestando que recibió tres (3) cheques del XXX, sucursal de El Espinal, cada uno por $ 50.000.000, en cumplimiento de lo convenido en la cláusula tercera; también se hizo alusión a la existencia de la medida cautelar indicada en el párrafo anterior y que “el promitente comprador cancelará como quedó dicho (...) a Bancafé la totalidad de las obligaciones que afectan el inmueble para legalizar la tradición” (fls. 2-5, cdno. 1).
(iii) E.P. 199 de 02/03/2001 de la Notaría Única de Melgar, otorgada por “XXX, (...) en nombre y representación de la señora XXX”, en condición de tradente y “XXX”, como adquirente, en la que consta la “venta” de la referida finca, por valor de $ 276.000.000, volviéndose a mencionar la vigencia del embargo y secuestro de la misma, por cuenta del reseñado proceso, “en el cual el señor XXX, es el nuevo cesionario del crédito por la transferencia que le hiciera (...) XXX, antes XXX, siendo el nuevo acreedor” (fls. 8-11, cdno. 1).
(iv) E.P. 1300 de 02/08/2001 de la Notaría 39 de Bogotá, en la que se plasmó la “compraventa celebrada entre XXX y la XXX XXX”, con relación al predio antes reseñado, por la misma cantidad de dinero registrada en el anterior convenio y se indica que se encuentra afectado en el referido juicio ejecutivo por las medidas cautelares señaladas, “proceso para el cual la sociedad [compradora] suministró el monto total del crédito y ha obtenido del acreedor permiso fundado en el artículo 1521 del Código Civil colombiano para registrar la correspondiente escritura”, previéndose que la entrega del bien se efectuará a partir de lo que se disponga en el citado “proceso ejecutivo” (fls. 12-24, cdno. 1).
(v) Folio de matrícula inmobiliaria 368008188, en el que figura registrado el 21/08/2001, el título descrito en el punto que antecede, identificando a la nombrada sociedad como nueva dueña, al igual que la cancelación del embargo y de la hipoteca a favor del Banco Cafetero, el 04/12/2001 (fl. 27, cdno. 1).
(vi) Oficio procedente de XXX, donde informa que los “cheques 003810, 003811, 003818 por $ 50.000.000 cada uno”, de los que adjunta copia, pertenecen a una cuenta corriente de XXX (fl. 99, cdno. 1) y esta empresa certificó el 10/07/2002, que “XXX, identificado con la cédula de ciudadanía XXX, solicitó verbalmente que [los reseñados cheques” fueran girados a nombre de la señora XXX XXX [y] se anexan tres (3) fotocopias de los comprobantes de pago de los cheque, firmados a conformidad por el señor XXX XXX” (fls. 5-8, cdno. 4).
(vii) Constancia en copia sin autenticar, suscrita en Ibagué el 13/03/2001, por XXX, en la que manifiesta, en lo pertinente: Primero: Que el 2 de marzo de 2001 el Dr. XXX en representación de la señora XXX otorgó en la Notaría Única de Melgar la escritura pública 199, por medio de la cual transfirió la señora XXX XXX a mi favor parte del predio denominado La Ceiba, (...). Segundo. Que dicho predio lo adquirí para el señor XXX XXX, con dineros de su peculio, quedando un saldo por cancelar a la vendedora que el señor XXX también se obligó a cancelarlos. Tercero. Que el predio referido (...) no es de mi propiedad sino del señor XXX, (...), obligándome a transferirle su dominio a su nombre o de la persona o personas que él indique (fl. 11, cdno. 4).
(viii) Comunicación enviada a XXX por la gerente de cobranza masiva de XXX, expresándole que “[d]e acuerdo con la solicitud de normalización del crédito a nombre [de] la señora XXX, (...), nos permitimos comunicarle, que el comité de normalización de cobranza masiva en su sesión del 15 de marzo de 2001, (...), no consideró viable su propuesta de pago” (fl. 117, 1er. cdno. Corte).
(ix) Declaración del doctor XXX XXX, en la que expone su versión acerca de los convenios que en representación de su esposa XXX, celebró con XXX, con relación al predio La Ceiba, el incumplimiento que le atribuye a este por el no pago del crédito a Bancafé, tal como se había pactado, la manera como obtuvo que se le otorgara la escritura pública en desarrollo de la “promesa de compraventa”, la posterior transferencia del dominio del predio a XXX XXX y las discrepancias que tiene frente a algunas conclusiones probatorias del tribunal plasmadas en el fallo impugnado (fls. 209-228, 1er. cdno. Corte).
(x) Testimonio rendido por XXX XXX, en el trámite de la revisión promovida por XXX, quien informó estar enterado del negocio que en representación de XXX gestionó el doctor XXX, para la venta del predio La Ceiba a XXX, habiendo estado presente cuando se firmó la escritura pública en la Notaría de Melgar “y recuerdo que don XXX se comprometió a pagarle al XXX, supe posteriormente que este pago don XXX no lo pudo realizar”, adicionalmente comentó que “el día de la firma de la escritura o antes, don XXX le entregó al doctor XXX esposo y representante de la señora XXX tres (3) cheques de $ 50.000.000 cada uno, es decir la suma de $ 150.000.000, más los $ 250.000.000 que el señor xxx se comprometió a cancelarle al XXX sumaban $ 400.000.000 y entendiendo que el valor restante el señor XXX hizo un acuerdo o firmó un pagaré para completar el valor de la negociación (...). Hasta donde llega mi conocimiento el señor XXX no pudo cancelarle al XXX pues los $ 250.000.000 los debía proporcionar el señor XXX y a su vez el señor XXX había adelantado conversaciones con un tal señor XXX de Ibagué y prestamista y a la hora de la verdad parece que el señor XXX no proporcionó la plata ya que al señor XXX lo había secuestrado la guerrilla y entiendo que ante esa circunstancia el dicho XXX no proporcionó el préstamo (...). El real comprador era el señor XXX y debió tener algún escrito celebrado entre XXX y XXX quien actuaba como testaferro ya que lo he dicho ni XXX ni la señora XXX simpatizaban con el señor XXX por los hechos ya mencionados” (fls. 49-53, 1er. cdno. Corte).
(xi) Interrogatorio de parte a XXX, en el que expresó que el negocio a que se refiere la promesa de compraventa, para ese negocio se entregaron 3 cheques por valor de cincuenta millones de pesos cada uno del XXX, girado[s] por XXX, directamente a nombre de la señora vendedora doña XXX, estos cheques los recibí de manos de don XXX, para ir a realizar el negocio. Es decir esta suma de dinero era de propiedad de XXX, y esos mismos cheques yo los entregué a la señora XXX, y a don XXX le entregué recibo firmado por la señora XXX, y acerca de la notificación a la promitente vendedora de que él actuaba en representación de XXX, comentó que [r]ealmente como don XXX, tenía problemas serios con el Dr. XXX, quien le había arrendado los lotes de la finca La Ceiba, y había problemas de dineros con esos pagos, según me contó don XXX, (...). Entonces se acordó con XXX, que yo le comprara el bien a la señora XXX para don XXX, ya que a él en ningún momento le vendía por los problemas existentes. Yo le notifiqué al Dr. XXX que era el representante de XXX, en el momento en que no pude conseguir los recursos para el pago de la finca que don XXX había conseguido como con un préstamo al señor XXX por $ 250.000.000, no recuerdo la fecha, también alude a las propuestas de pago que formuló a la XXX XXX, donde estuvo en la primera oportunidad con XXX, entrevistándose con el funcionario XXX XXX, y le propuso por escrito la cancelación de $ 150.000.000, la que fue posteriormente rechazada, luego envió otra misiva ofreciendo $ 200.000.000 y le indicaron que no podía ser por menos de $ 220.000.000; igualmente informó sobre las gestiones para la obtención del dinero con el que se debía pagar el saldo del precio, como el préstamo de XXX a XXX, para cancelar a XXX XXX y la repercusión que tuvo el secuestro del señor “XXX”, para que esas diligencias no resultaran exitosas, y que al enterarse de la venta de la finca a “XXX” se reunió con la esposa o compañera de aquel y su secretaria, “preocupado hablé con ellas y les dije yo que como no estaba don XXX presente que teníamos que rescatar esos 150 millones que se le habían dado, ya que la finca yo sabía que la habían vendido (...). Y tomamos la decisión de darle poder al Dr. XXX, quien era el abogado de confianza en ese momento de don XXX (...)” (fls. 49-54, 1er. cdno. Corte).
(xii) Declaración del doctor XXX XXX, quien entre otros aspectos dio a conocer que “XXX” era “mandatario oculto” de “XXX”, en los convenios a que se ha hecho mención y sostuvo que “XXX lo que siempre buscó con la demanda era recuperar los $ 150.000.000 que entregó como parte del precio, porque ante la falta de los recursos, más de $ 479.300.000, que no pudo conseguir, no le quedaba otra alternativa” (fls. 412-418, 1er. cdno. Corte).
(xiii) Copia autenticada de la resolución inhibitoria a favor de “XXX y XXX XXX”, proferida por la Fiscalía Seccional 43 con sede en Melgar y su confirmación por la Fiscalía 4ª Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, con la que se le puso fin a la actuación preliminar soportada en la denuncia penal formulada por “XXX”, por el presunto delito de “fraude procesal” atribuido a aquellos, la que según lo extractado en la primera providencia reseñada, se había fundamentado en que días posteriores al secuestro del antes nombrado, [los denunciados] instauraron (...), proceso ordinario de nulidad de compraventa de dicho inmueble, (...), que [ellos] carecían por completo de legitimidad en esa causa porque el verdadero titular del negocio era el señor XXX, habiéndose pasar entonces el señor XXX ante el juez de conocimiento, como la persona legitimada en la causa por activa para instaurar la acción, omitiendo la verdadera titularidad del derecho en cabeza de XXX, haciendo incurrir en error al señor Juez Civil del Circuito de Melgar, obteniendo decisiones manifiestamente contrarias a la ley, y en el segundo proveído citado se sostuvo que “(...) los hechos constitutivos de la demanda civil, y los anexos de la demanda corresponden a la realidad legal, no son fraudulentos”, concluyendo que “por parte de los indiciados no se empleó medio fraudulento en la actuación procesal, por tanto al carecer la conducta reprochada por el denunciante de uno de los elementos estructurales de la conducta punible de fraude procesal, la misma se torna atípica” (fls. 297-330, 1er. cdno. Corte).
c) Analizados los argumentos expuestos por la impugnante a fin de evidenciar la “causal de revisión” objeto de estudio en este acápite, se establece que no cuentan con la idoneidad jurídica para estructurarla, puesto que en su mayor parte esas ideas constituyen una crítica a las inferencias con las que el sentenciador sustentó la decisión de “declarar que los $ 150.000.000 que se dicen entregados en el contrato de promesa de compraventa suscrito el 9 de febrero de 2001, por XXX a XXX, salieron del patrimonio del señor XXX”, valiéndose para ello de una lectura distinta de los elementos de convicción con presencia en el plenario, a fin de refutar la comentada conclusión.
En ese sentido, resalta la recurrente que es evidente la ausencia de prueba de la “tenencia ilegítima” de los títulos valores con los que “XXX” realizó el pago de la citada suma, ya que las constancias expedidas por XXX XXX y XXX, no demuestran que “XXX XXX” fuera quien tenía la mencionada calidad respecto de los cheques, como tampoco que poseyera el dinero o que tuviera relación alguna con la cuenta a la que fueron girados, además de haber él confesado que “ese dinero pertenecía a XXX” y que aparentó solvencia económica, habiéndose acreditado su iliquidez al informar el mismo acerca del préstamo que gestionó con XXX, para poder atender las obligaciones que supuestamente había adquirido.
Por su lado, el tribunal dedujo que los documentos que obran en la encuadernación que nos ocupa (...) enseñan que entre XXX y XXX hubo tratos referidos a los $ 150.000.000 que este reclama suyos, pero especialmente cabe destacar la constancia emitida por XXX en relación a que mediante la tantas veces citada escritura 199 adquirió el predio allí comprendido ‘... para el señor XXX con dinero de su peculio ..., lo que comienza a dejar por sentado que esa suma salió del haber del señor XXX, y lo anterior aunado al asentimiento a que pudiera conducir el silencio guardado por XXX una vez notificado y en relación a los hechos de la demanda ad excludendum que señalan cuestiones al respecto (...) y a su inexcusada inasistencia al interrogatorio (...), además, atendiendo los documentos que están a folios 5 a 8 de esta misma encuadernación y a folios 98 y 99 del cuaderno principal, y la aceptación de la demandada inicial al contestar el hecho 6º de la demanda ad excludendum (...), permite arribar a la conclusión que efectivamente los precitados $ 150.000.000 salieron del patrimonio del señor XXX y no del actor primario (...).
Ahora, no obstante que la revisionista advierte que algunos de esos comportamientos procesales de “XXX XXX”, a los que alude el sentenciador, hacen parte de la “conducta fraudulenta” denunciada, no concurre ningún elemento que lo corrobore, por el contrario en las probanzas relacionadas anteriormente se hallan manifestaciones como la de los testigos Teofano de XXX y XXX, quienes señalaron que “XXX” intervino en los negocios jurídicos en cuestión, como “mandatario oculto” de “XXX”, coincidiendo en que fue este quien suministró la pluricitada cantidad de dinero, dando a conocer la razón de sus afirmaciones, por lo que no puede dársele crédito a la versión de la impugnante.
También afecta la idoneidad del argumento de la recurrente, concerniente a que constituyen “artimañas” tanto la acción impetrada por “XXX”, como la demanda canalizada a través de la intervención “ad excludendum” por “XXX”, la circunstancia de que ese tema debió debatirse al interior del proceso que con esos actos se promovió, mediante la formulación de los mecanismos o defensas correspondientes, lo que valga resaltar, se alcanzó a proponer frente al segundo de los escritos reseñados, al plantearse “falta de legitimación en la causa” y luego al retomar ese problemática en el memorial de sustentación de la apelación, al alegar la “inoponibilidad jurídica de los convenios entre XXX y XXX para engañar a la señora XXX XXX”, por lo que se torna impertinente procurar su reexamen en este escenario extraordinario.
Adicionalmente, cabe acotar que la decisión de la fiscalía de inhibirse de abrir investigación contra XXX XXX y su apoderado XXX, por fraude procesal, según la denuncia de XXX, en la que se involucró la problemática de la acción de nulidad de la promesa de compraventa por aquel promovida, también contribuye a despejar el panorama frente a su licitud, por lo que la aseveración de la impugnante pierde veracidad.
Los aspectos atinentes a la falta de pronunciamiento sobre la defensa de “ilegitimidad de la personería” frente a la demanda de “XXX” y el que se hubiere decretado la resolución de la compraventa “por mutuo disenso tácito” sin haber sido solicitada, no es entendible cómo pueden encajar en la hipótesis de “otras maniobras fraudulentas de XXX y XXX”, cuando son situaciones que están ligadas al accionar del juzgador, no habiéndose explicado o revelado la manera como el comportamiento de alguno de aquellos tuvo incidencia en orientar su criterio en esa dirección.
Ahora, si el reproche se enfoca es hacia el error de procedimiento en que supuestamente incurrió el tribunal por las reseñadas anomalías, su planteamiento se torna impertinente al amparo de la causal sexta examinada, en la que se repite, solo son admisibles hechos atinentes a “colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes”.
En punto del tema sustancial que involucra el planteamiento referente a que XXX y XXX “desnaturalizaron ante el ad quem la situación jurídica de XXX XXX” y llevaron al fallador a que no acogiera las defensas perentorias y ubicar al segundo nombrado como actor, permitiendo que se ordenara a su favor la restitución del dinero que se pagó a aquella en el mencionado convenio; tampoco es factible proceder a analizarlo, dado que atañe a un aspecto de fondo del litigio al que ha de dársele respuesta en las instancias y, de otro lado, no se exponen elementos de juicio ajenos al proceso, que hubieren tenido incidencia en esa situación.
Como epílogo del análisis efectuado, se torna ilustrativo traer a colación las exigencias técnicas exaltadas por la jurisprudencia, concernientes a la temática que resulta pertinente tratar de cara al motivo de revisión en comento, a las que se refirió esta corporación en fallo CSJ SC, 28 Sep. 2010, Rad. 2007-00535, en la que expuso:
En este aspecto cabe recordar lo expresado por la Sala, en la Sentencia 29 de 25 de julio de 1997, Expediente 5988, respecto de la prohibición de cuestionar a través de la revisión el análisis y aplicación del ordenamiento legal efectuado por los juzgadores: ‘no es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relación ni tampoco hay lugar a la fiscalización de las razones fácticas y jurídicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y específicas que, constituyendo verdaderas anomalías, condujeron a un fallo erróneo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez más, la revisión no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, según se dejó apuntado, el que se llegó a una definitiva situación de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que solo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las anómalas circunstancias que en ‘numerus clausus’ y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad, indica el artículo 380 recién citado’.
Reiterado en Sentencia 89 de 29 de junio de 2000, Expediente 7480, en los siguientes términos: ‘También cabe advertir, que no alcanzan a tener el carácter de maniobras engañosas las actuaciones propias del devenir del proceso promovidas por las partes en su transcurso y sin ninguna ocultación, que, por lo mismo, fueron sometidas a consideración de los jueces y estuvieron sujetas a controversia, independientemente de cómo hayan sido finalmente tratadas o resueltas; ni las que resultan de procedimientos supuestamente irregulares, los cuales justamente por haber estado sometidos al escrutinio judicial, excluyen la maquinación de las partes’.
3.3. Lo anterior conduce a concluir, que la improcedencia de la primera causal estudiada y la falta de estructuración de la segunda analizada, imponen la improsperidad del “recurso de revisión” promovido por XXX XXX.
4. Así las cosas se de conformidad con el último inciso del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, se impondrá condena en “costas y perjuicios” a los recurrentes y al tenor del precepto 19 de la Ley 1395 de 2010, en esta misma providencia se fijarán las agencias en derecho, para lo cual se tendrá en cuenta que ambas demandas de revisión fueron replicadas por los opositores en cada una de ellas y de otro lado “XXX, deberá pagar los perjuicios” que se hubieren causado con la medida cautelar por él solicitada, la que se levantará.
1. Declarar infundados los recursos extraordinarios de revisión formulados por XXX XXX y XXX, frente a la sentencia de 15 de mayo de 2008, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario reseñado en el encabezamiento de este fallo.
2. Condenar a los recurrentes al pago de costas y perjuicios a favor de los opositores convocados en virtud de sus “demandas de revisión”. En las liquidaciones que se deberán hacer por separado, inclúyase en cada una, la suma de $ 3.000.000 por concepto de agencias en derecho. La cuantificación del monto de los daños se hará previo “trámite incidental”.
3. Cancelar la “inscripción de la demanda” decretada a solicitud de XXX, sobre el predio con M.I. 368-40620 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Purificación, y se le “condena al pago de los perjuicios” que con esa medida hubiere causado, los que se liquidarán mediante “incidente”.
4. Hacer efectiva las cauciones otorgadas por los impugnantes, para efectos de pagar los valores derivados de los referidos rubros.
5. Devolver el expediente que contiene el proceso donde se profirió el fallo impugnado, al Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar, adjuntándole copia de esta decisión, y el ejecutivo con título hipotecario de XXX contra XXX y otro, que aparece anexado, remítase al despacho judicial de Girardot que equivocadamente remitió el original, cuando se le habían solicitado era algunas copias.
6. Secretaría librará las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de lo ordenado.
7. Oportunamente archívese la actuación que adelantó la Corte.
Cópiese y notifíquese»
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