Source: https://www.scribd.com/document/126571396/EL-CIADI-Y-LA-CONSTITUCION-NACIONAL-Por-Liliana-Costante-El-EL-CIADI-es-inconstitucional-pdf
Timestamp: 2018-03-24 07:15:45
Document Index: 308051394

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 52', 'artículo 116', 'artículo 75', 'artículo 27']

Description: Las cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales extranjeros como el CIADI son en sí mismas causa y producto. Producto de un determinado momento de un determinado modo...
Las cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales extranjeros como el CIADI son en sí mismas causa y producto. Producto de un determinado momento de un determinado modo de producción que no descarta la coerción física (terrorismo de Estado de las dictaduras latinoamericanas del ’70) o económica (penalidades, multas, condicionalidades) como el cohecho a funcionarios corruptos para lograr sus fines (Así lo señaló el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ex asesor del BM). Son asimismo causa necesaria de la generación de una nueva deuda externa. La soberanía es como el embarazo: no se puede estar un poquito embarazada, como no se puede perder un poquito de soberanía. Soberanía: se tiene o no, se la ejerce o no. Vigente nuestra constitución, y con las actuales normativas internacionales, delegar la soberanía, según lo dicho es, jurídicamente inconstitucional, nulo de nulidad absoluta.
EL CIADI Y LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
El CIADI, representa una avanzada más del neoliberalismo, como modelo dentro del sistema capitalista, que implementa, con la presión necesaria, la privatización del Estado a partir de la actividad concreta o la complacencia de los llamados “poderes constituidos”.
El sistema capitalista, como modelo de producción, se basó desde sus orígenes en la expoliación y el latrocinio. El capital necesita expandirse y lo hará creando la ley más conveniente a sus intereses o contra la ley que se lo impida, por lo que llamar a su vocación “imperialista” no es más que una descripción fenomenológica. Así pueden atestiguarlo, por ejemplo, los pueblos originarios. Los principios de libertad e igualdad del liberalismo sirvieron para ser iguales y libres para ofertar trabajo y poner el precio del mismo, situación política funcional a la económica, enmascarando la desigualdad y la falta de libertad reales. Toda vez que el sistema entró en crisis, sacó una solución que lo reciclaba. Después del 29, el Estado de Bienestar Keynesiano; después de los 70, con la crisis fiscal del estado, el neoliberalismo. El neoliberalismo, como modelo dentro del sistema capitalista, implementa, con la presión necesaria (1), la privatización del Estado a partir de la actividad concreta o la complacencia de los llamados “poderes constituidos”. Las grandes empresas se han superpuesto al Estado utilizándolo descaradamente como instrumento para sus fines económicos, en forma desembozada y sin tapujos. Por lo que resulta aún más difícil contener las tensiones y contradicciones del modelo neoliberal, las cuales ponen de manifiesto las del sistema capitalista. El capital globalizado penetra las estructuras políticas y económicas de los estados. Leemos en Ulrich Beck: “El núcleo ideológico del globalismo reside más bien en que da al traste con una distinción fundamental de la primera modernidad, a saber, la existente entre política y economía. La tarea principal de la política, delimitar bien los marcos jurídicos, sociales y ecológicos dentro de los cuales el quehacer económico es posible y legítimo socialmente, se sustrae así a la vista o se enajena. El globalismo pretende que un edificio tan complejo como Alemania –es decir, el Estado, la sociedad, la cultura, la política exterior- debe ser tratado como una empresa. En este sentido, se trata de un imperialismo de lo económico bajo el cual las empresas exigen las condiciones básicas con las que poder optimizar sus objetivos.” Es en los países de la periferia donde categorías como “soberanía” se diluyen en el marco de políticas claudicantes y dependientes, a partir de decisiones políticas justificadas en el hecho de la “pertenencia al primer mundo” o el temor a “quedar aislados”, lo que se entronca con
la crisis de representación del sistema y las corruptelas internas nacionales. En ese orden de ideas, el ex presidente de los EEUU, al hablar a la Asamblea de la ONU en 1993 presentó en sociedad el concepto de “democracias de mercado”. En ellas, el mercado dicta la orden y las instituciones políticas les dan la forma legal para que se cumplan. Como cuando se dice “la mesa de fulano”, se está señalando que el titular del dominio es “fulano”, no “la mesa”; o cuando se señala “la señora de fulano” donde el fulano es el que administra el dinero y la señora atiende las cosas de la casa. Así se devela explícitamente que las democracias son el aparato institucional necesario al sistema para que produzca y se reproduzca. Y la formación del consenso se hará “por medio de filtros estructurales en el acceso a la esfera de la opinión pública y política, por medio de deformaciones burocráticas de las estructuras de la comunicación pública o por medio de un control manipulativo de los flujos de información”.1 La privatización de la Justicia resulta, entonces, una consecuencia lógica para eludir los escollos que quedan en las normativas nacionales frente a las imposiciones del capital. El arbitraje internacional en materias que hacen a las decisiones soberanas de un país, se llevará a cabo en “centros” privados no judiciales.2
DOS: QUÉ ES EL CIADI. Lo que hacía falta era, para empezar, un tratado. Así nace la Convención de New York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Adjudicaciones Arbitrales Extranjeras, o Convención de Arbitraje de New York (CANY), en 1958 en el ámbito de la ONU. Porque disfrutaba de la égida de la ONU este convenio fue originalmente ratificado por más de cien países, y hoy está suscrito por más de 140. Fue propuesto y redactado, sin embargo, por un comité de la Asociación Americana de Abogacía (American Bar Association) conjuntamente con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el país que gozaba de mayor prestigio en la época posguerra (Europa estaba bajo el plan Marshall) y que en ese entonces pagaba la mayor
Habermas, J. Teoría de la acción comunicativa Vol. II. Madrid, Taurus, 1988, pp. 489. Es de destacar que hay informadores que instalaron temas dolorosos con investigaciones serias al respecto (e.g.caso Cabezas, Bulacio) y que el discurso alternativo al oficial no dejó de lado la oportunidad para llamar a la reflexión sobre “funcionarios de un gobierno enlazados, una y otra vez, a personajes como Al Kassar, Gaith Pharaom, Ibrahim Al Ibrahim, Yabrán o Ghadaffi” (López Echagüe, Hernán Postales menemistas (crónicas y semblanzas del primer mundo). Prólogo de José Pablo Feiman. Perfil, Bs.As., 1998, pág.110) En el mismo sentido Walger, Sylvina Pizza con champan, crónica de la fiesta menemista, Prólogo de Joaquín Morales Solá. Planeta bolsillo, La Plata, 1997. Los espacios televisivos dedicados al arte de la adivinanza, la parapsicología, el tarot y demás situaciones reguladas o no por astros, piedras o cartas encuentra su sostén en el tandem políticos-farándula-esoterismo (Gorbato, Viviana La argentina embrujada. El supermercado espiritual de los ricos y famosos. Atlántida, Bs.As., 1996. Particular reconocimiento entonces al esfuerzo de todos aquellos que tratan de investigar los temas (e.g. incendios en reservas ecológicas, violencia en el fútbol, prostitución y travestismo en las calles porteñas, jueces corruptos y mal desempeño de funcionarios públicos) desde la/s causa/s de las que, lo que se muestra, son consecuencias.
Esto, a falta de un órgano jurisdiccional internacional, ya que la ONU no tiene habilitada la vía jurisdiccional y la Corte de Arbitraje de La Haya recibe casos entre estados, pero no entre empresas o inversores privados y estados. Los centros más conocidos son el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas sobre Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI) y la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, (CIACCI).2 Esta última, desde su creación en 1923, en el primer foro de arbitraje para contenciosos comerciales internacionales, pero su carta fundadora la define como un foro de arbitraje estrictamente comercial. 2
parte de los gastos de la ONU.3 La Convención de New York ha sido un modelo para numerosos convenios subsiguientes, por ejemplo la Convención de Ginebra sobre el Arbitraje Comercial de 1961 y la Convención Interamericana sobre el Arbitraje Comercial Internacional de 1975. Sus intenciones, desde la legitimación del arbitraje internacional sin apelación hasta la obligatoriedad de ejecución de fallos arbitrales en las cortes nacionales, han ejercido una gran influencia en la redacción de todos los modernos tratados de arbitraje, incluyendo el NAFTA, el ALCA, y el del Banco Mundial. No obstante su “universalización”, para los casos en que empresas estadounidenses estafaren a empresas extranjeras y éstas se atrevieron a llevar a las americanas al arbitraje en un foro no controlado exterior no controlado, el Congreso de EEUU adoptó una nueva ley federal – el U.S. Trade Act (Acto Comercial) de 2002 – que delimita los derechos de inversores extranjeros a los que gozan inversores nacionales, y los somete, en el caso de disputas con empresas estadounidenses o con el gobierno, a las leyes nacionales de EEUU. El CIADI es el foro de arbitraje específico que necesitaba el capital transnacional. Se crea en 1966 como organismo del Banco Mundial4 cuyo Director es designado por el Presidente de los Estados Unidos.5 El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, del 18 de marzo de 1965 (Convenio de Washington), que creó el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones), fue elaborado por el Banco Mundial. Durante la discusión del mismo, los Estados latinoamericanos, fieles en esa época a la Doctrina Calvo, se opusieron unánimemente a la creación de un tribunal arbitral internacional para dirimir conflictos entre los Estados e inversores extranjeros.6 Como “Centro” no es en sí mismo un tribunal, sino que “crea” un tribunal ad-hoc para cada caso. Si bien, inicialmente, sólo podían ser actores las empresas, la “jurisprudencia” (recordemos que no son jueces) abrió el campo de legitimación a los inversores privados, por lo que un estado puede ser demando tantas veces como inversores particulares crean ser afectados aunque la empresa que los incluye no demande o, paralelamente a una demanda de la empresa principal. Veamos parte de su propio reglamentario. Tomemos algunos ejemplos: Convenio. Art. 41(1) El Tribunal resolverá sobre su propia competencia. (2) Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites de la jurisdicción del Centro, o que por otras razones el Tribunal no es competente para oírla, se considerará por el Tribunal, el que determinará si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la cuestión. Art. 48(5) El Centro no publicará el laudo sin consentimiento de las partes. Art.53(1) El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en este Convenio. Arbitraje. Regla 34(1) El Tribunal
Este convenio –de tipo comercial, renunciable unilateralmente y cuyas consecuencias pueden ser revisadas por las Cortes nacionales- no tiene y nunca ha tenido fuerza jurídica conferida por la ONU porque no está inscrito en la Carta de esta institución. 4 El BM invierte en países “en desarrollo” a través de su brazo la Corporación Financiera Internacional (quedando con partes significativas del capital accionario de las empresas a las cuales estos países otorgan, frecuentemente por el soborno de sus líderes, la explotación de sus riquezas naturales y servicios públicos, según manifestara Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 y ex asesor del BM entrevistado por Greg Palast, en “El Observador” de Londres, 10 de octubre de 2001). Es un consorcio que gerencia capitales privados, controlado en más del 50% de sus acciones por los países más industrializados, con los EEUU deteniendo la porción más grande. 5 Hoy, Paul Wolfowitz, el hombre que planificó la invasión y la ocupación de Irak. 3
El delegado chileno, Félix Ruiz, expresó la oposición en nombre de todos los países latinoamericanos. Boletín de prensa del Banco Mundial del 9 de setiembre de 1964. Dato extraído de Gonzalo Biggs, La crisis de la deuda latinoamericana frente a los precedentes históricos. Grupo Editor Latinoamericano. Colección Estudios Internacionales. Distribuidor EMECE. Buenos Aires, 1987, pág. 77.
decidirá sobre la admisibilidad de cualquier prueba. Regla 39(3) El Tribunal también podrá recomendar de oficio la adopción de medidas provisionales, o recomendar medidas distintas de las identificadas en la petición. Podrá modificar o revocar sus recomendaciones en cualquier momento. Para que un país pueda ser llevado ante el CIADI, debe haber firmado una cláusula de prórroga de jurisdicción en caso de controversia en la firma de un tratado o contrato con una empresa extranjera (por ejemplo, para la privatización de un servicio público). Ésta, luego de embolsar préstamos o subsidios otorgados para infraestructura, repatriando regalías por la explotación de un servicio público, vaciando una empresa pública entregada por precio vil, o incrementando su haber con superganancias, puede acusar al país parasitado de deberle dinero (por ejemplo, por un cambio en la política económica del país respectivo) y lo lleva al CIADI. Para ser defendido en ese “tribunal internacional” (¿?) el país podrá también hacer uso de los estudios de abogados “especializados” que residen en Chicado o Nueva York. La “jurisprudencia” del CIADI hasta ahora ha sido mayoritariamente favorable a las empresas demandantes, abriendo la legitimación a los inversores privados particulares además de a las empresas.
TRES: NORMAS INTERNACIONALES. En el ámbito latinoamericano, la renuncia de la jurisdicción en favor de tribunales arbitrales extranjeros implica el abandono de un largo combate iniciado en el siglo XIX por Carlos Calvo. Doctrina Calvo: El jurista Carlos Calvo7 eñaló la obligada sujeción de los extranjeros a las leyes y jueces nacionales en razón de que, de lo contrario, los pueblos relativamente débiles estarían a merced de los poderosos. Agregando que resulta menester recordar que “…los Estados soberanos son independientes e iguales, principio olvidado completamente por los que sostienen la necesidad de las convenciones extranjeras o de la aplicación de la regla (en el caso, inglesa) a los Estados americanos”. La doctrina Calvo, que sigue teniendo rigurosa actualidad, respondió desde su formulación a la necesidad de enfrentar la política agresiva y dominante de los Estados Unidos, expresadas en la « doctrina Monroe » y en el « corolario Rossevelt », y de las grandes potencias europeas frente a las jóvenes repúblicas al sur del Río Bravo. A veces bajo la denominación de «protección diplomática » de sus nacionales y otras en forma de intervenciones armadas directas, como fue el caso del bombardeo de puertos venezolanos en 1902 por parte de fuerzas navales de Alemania, Gran Bretaña e Italia para obligar a Venezuela a pagar deudas a nacionales de dichos países. Este episodio dio lugar a la «doctrina Drago » que rechaza el empleo de la fuerza o la ocupación territorial como medio para obligar a un Estado a pagar sus deudas. No es necesario, por demasiado conocida, hacer la historia de las intervenciones armadas estadounidenses en América Latina y el Caribe en los últimos 150 años.
Convención de Viena del Derecho de los Tratados: Principio general: los Tratados deben ser cumplidos: pacta sunt servanda (art. 26) y que no se pueden invocar las disposiciones de derecho interno como justificación para el incumplimiento de un Tratado (art. 27). No obstante, el mismo artículo remite al art. 46 del mismo instrumento que señala como causa de nulidad de un Tratado el haber sido celebrado en violación manifiesta de una norma de importancia fundamental del derecho interno de una de las partes que celebró el Tratado. El art. 53 señala: « Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter ». Por ejemplo, un tratado no puede llevar a permitir violar las normas internacionales en materia de protección del medio ambiente, pues dichas normas , como lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia en la opinión consultiva sobre la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares (1996) y en Proyecto Gabcikovo-Nagymaros (1997) forman parte del derecho internacional obligatorio.
Cfr. “Derecho Internacional teórico-práctico de Europa y América”, D’Amyot y Durand et PedoneLauriel, Paris, 1868.
Combinando los artículos 46 y 53 sería, pues, causa de nulidad de un Tratado su celebración en violación de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución del Estado –como el régimen de gobierno- o de normas del derecho internacional de los derechos humanos, como los derechos a la salud, a la alimentación, a una vivienda adecuada, a la educación, etc. El art. 50 contempla como vicio del consentimiento susceptible de acarrear la nulidad de un Tratado, la corrupción del representante del Estado, efectuada directamente o indirectamente por otro Estado negociador. El art. 52 señala: «Es nulo todo Tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas». “La amenaza o el uso de la fuerza”: no cabe distinguir entre fuerza armada u otra, en atención al art. 2 inciso 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohibe la amenaza o el uso de la fuerza, sin distinguir entre fuerza armada u otra, y de diversas resoluciones de la Asamblea General que han condenado el empleo de la coerción económica, atento ser ésta contraria a: 1) los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas enunciados en los artículos 1 inciso 3 y 55; 2) diversas Declaraciones y Resoluciones de la Asamblea General propiciando las relaciones amistosas y la cooperación económica internacional. Carta de las Naciones Unidas. El inc. 4 del art. 2 dice "fuerza", sin distinguir entre fuerza armada y no armada. Cuando la Carta se quiere referir a la fuerza armada, lo hace expresamente (artículos 41 y 46). El principio de interpretación dogmática donde la ley no distingue no debemos distinguir no autoriza entonces a excluir de la prohibición del inciso 4 a la fuerza no armada.
El 17 de diciembre de 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 3171 Soberanía permanente sobre los recursos naturales, en cuyo punto 3 se dice: « Afirma que la aplicación del principio de la nacionalización por los Estados, como expresión de su soberanía para salvaguardar sus recursos naturales, implica que cada Estado tienen derecho a determinar el monto de la posible indemnización y las modalidades de pago, y que toda controversia que pueda surgir deberá resolverse de conformidad con la legislación nacional de cada uno de los Estados que apliquen tales medidas;… » (las negritas son de la suscripta). La Declaración de la Asamblea General de la ONU, de 26 de octubre de 1970, (AG 2625 (XXV)), relativa a los principios de derecho internacional sobre las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, particularmente el noveno párrafo del preámbulo y el tercer principio, así como la Declaración de la Asamblea General del 18 de noviembre de 1987 (Resolución 42/22) sobre el fortalecimiento de la eficacia del principio de la abstención del recurso a la amenaza o al empleo de la fuerza en las relaciones internacionales, particularmente varios párrafos del preámbulo y los artículos 7, 8 y 17, ambas Declaraciones adoptadas por consenso, recuerdan la prohibición de emplear entre los Estados medidas de coerción económicas, políticas o de otra naturaleza.
En 1989, la Asamblea General, adoptó, por 118 votos a favor, ninguno en contra y algunas abstenciones, la Resolución 44/215, condenando las medidas económicas utilizadas para ejercer una presión política y económica sobre los países en desarrollo. Y en 1991, la Asamblea General aprobó por consenso la Resolución 46/43 sobre la protección y seguridad de los pequeños Estados, en la que reconocía la vulnerabilidad de los pequeños Estados a las amenazas exteriores y a las injerencias en sus asuntos internos y señalaba la importancia vital para todos los Estados del respeto incondicional de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente los referidos a la igualdad soberana, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos interiores y el arreglo pacífico de las controversias. El 12 de diciembre de 1974 la Asamblea General de la ONU aprobó la Carta de derechos y deberes económicos de los Estados, cuyo artículo 2. 2 c) establece el derecho de los Estados a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros pagando una compensación adecuada «teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinentes ». Sigue diciendo que si la compensación es motivo de controversia, la cuestión «será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales, a menos que todos los Estados interesados acuerden libre y mutuamente que se recurra a otros medios pacíficos sobre la base de la igualdad soberana de los Estados y de acuerdo con la libre elección de los medios" ». (Las negritas son de la suscripta). La última parte de la frase se refiere a un acuerdo entre los Estados en un caso particular y no a una renuncia general del Estado a su derecho soberano a la jurisdicción en el ámbito de su territorio, como se establece actualmente muchos tratados comerciales bilaterales.
Carta de la Organización de los Estados Americanos: La Novena Conferencia Panamericana (Bogotá 1948) consagró la doctrina Calvo en el ámbito regional con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, cuyo artículo 15 dice: « La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros ». En la misma Conferencia se aprobó el Pacto de Bogotá, en cuyo artículo 7 se lee: « Las Partes se obligan a no intentar reclamación diplomática para proteger a sus nacionales ni a iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción internacional cuando dichos nacionales hayan tenido expeditos los medios para acudir a los tribunales nacionales competentes del Estado respectivo ». El art. 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos dice: "Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza". Y el artículo 18 prohibe la injerencia -armada o no armada- de un Estado o grupo de Estados en los asuntos internos o externos de cualquier otro. De modo que el ejercicio de presiones económicas para obligar a un Estado a celebrar un Tratado, corresponde a la amenaza o el uso de la fuerza a que se refiere el artículo 52 de la Convención de Viena y es, por lo tanto, una causa de nulidad del Tratado.
Constituciones latinoamericanas:
La Constitución boliviana en el art. 24 dice: "Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas". La de Guatemala, art. 29: "Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia". La Constitución salvadoreña, art. 98, dice: "Ni los salvadoreños ni los extranjeros podrán reclamar al gobierno indemnización alguna por daños o perjuicios que a sus personas o a sus bienes causaran facciones. Sólo podrán hacerlo contra los funcionarios o particulares culpable", y en el art. 99: "Los extranjeros no podrán ocurrir a la vía diplomática sino en los casos de la denegación de justicia y después de agotados los recursos legales que tengan expedidos". La Constitución de Ecuador, art. 14: "Los contratos celebrados por las instituciones del Estado con personas naturales o jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia a toda reclamación diplomática. Si tales contratos fueran celebrados en el territorio del Ecuador, no se podrá convenir la sujeción a una jurisdicción extraña, salvo el caso de convenios internacionales". La Constitución peruana, art. 63, 2° c): "En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes u órganos jurisdiccionales de la República y se renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados en la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero". La Constitución venezolana, art. 151: "En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras". El art. 68 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, del 18 de marzo de 1965, que creó el CIADI dice: “Este Convenio será ratificado, aceptado o aprobado por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales.
CUATRO: NORMATIVA CONSTITUCIONAL ARGENTINA. Se articulan los arts. 31, 1, 27, 29, 75 (incs. 8 con remisión al 2; 19; 22; 23) y 116. La reserva al art. 21 del Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 116 de la Constitución argentina dice: “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación…y por los tratados con naciones extranjeras…” 8.
QUINTO: EL CASO ARGENTINO. La tesis que postula que los empréstitos públicos y operaciones de crédito público (arts. 4 y 75, incs. 4 y 7 de la C.N.) constituyen contratos privados resulta absurda desde la perspectiva de ciencia y dogmática del derecho. Así lo señalaron doctrinarios como Savigny (1852) y Jeze (1925), y en nuestro país, Luis María Drago (1907) y Giuliani Fonrouge. Es que el crédito público constituye un ingreso o recurso público derivado del Estado para brindar cobertura a la financiación de gastos públicos destinados a satisfacer necesidades públicas de “urgencias de la Nación o para empresas de utilidad Nacional” (art. 4 de la CN). En igual sentido lo señala la ley 24.156 (Título 3, art. 6) que prescribe que “se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos”. Las operaciones de crédito público o deuda pública no son operaciones de derecho privado o iure gestionis, como entiende no ingenuamente la jurisprudencia norteamericana. Pero aún si habláramos del Estado como sujeto en relaciones de derecho privado, nuestro Código Civil plantea limitaciones estrictas a la autonomía de la libertad de contratación cuando ésta afecta al orden público. Veamos: a) el art. 21 señala que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está comprometido el orden público. b) El art. 872 prescribe que no se pueden renunciar los derechos concedidos no tanto en mira del interés particular como en cuanto se haya tenido en mira el orden público ya que tales derechos no son susceptibles de ser objeto de renuncia. Es indudable que el derecho a la jurisdicción tiene su fundamento no tanto en la mira del interés particular sino en cuanto orden público. c) El art. 953 prohibe que se contrate sobre cosas que no están en el comercio, caso contrario, tales contratos serán nulos como si no tuviesen objeto. Y es indudable que la jurisdicción no es cosa que esté en el comercio. Más aún, mediando un contrato de adhesión, con cláusulas predispuestas, en caso de conflicto, éste se resuelve a favor del deudor, posición que la Asociación de Abogados ha sostenido desde 19839, poniendo el centro de gravedad en cabeza de éste. En “Fallos” 176:218 dice la Corte: “…refiriéndose a materias regulables por la voluntad de las partes- dijo… que tal renuncia no resulta aceptable ‘tenidos en cuenta los fines de resguardo de la soberanía nacional que al fuero federal se atribuye, una prórroga a favor de la justicia extranjera, en hechos que se refieren a nuestro comercio con otras naciones’”. De allí que el acto de renuncia de la jurisdicción nacional, en la medida que produce infracción a la Constitución Nacional, es nulo por inconstitucional, como son –y
El inciso 24 del artículo 75 de la Constitución argentina admite una excepción a la prohibición de delegar competencias y jurisdicción : cuando dicha delegación se establezca en tratados en el marco de organizaciones supraestatales de integración que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Ni los tratados bilaterales que contienen dicha renuncia a la jurisdicción territorial, ni el Convenio que creó el CIADI, donde figura la misma renuncia, se han celebrado en el marco de organizaciones supraestatales de integración (como por, ejemplo, el MERCOSUR) ni en ellos figura compromiso alguno de respetar el orden democrático ni los derechos humanos. 9 Boletín AABA abril 1984.
así han sido declaradas- las leyes de obediencia debida y punto final. Esta declaración la puede hacer el Congreso de la Nación y la Justicia nacional. A su vez, en el año 1916 el Dr. José Nicolás Matienzo enunció la doctrina de que el principio de la soberanía nacional impone que la jurisdicción argentina no puede ser transferida a tribunales o árbitros extranjeros por convenciones particulares ni pactos internacionales 10. En línea con dicha doctrina, Arturo Enrique Sampay11señala que “…los países dominantes, inversores de escasos capitales suyos, pero apropiadores en gran escala de recursos naturales y financieros nativos, imponen a los países dominados una administración de justicia ad hoc: las controversias de intereses en los que son partes, deben ser dilucidadas en los tribunales del exterior que ellos determinan; sin eufemismo hablando: ante sus jueces. Como es de observar, se trata de una fibra más de las que componen la coyunda con que atan a su yugo a los países dependientes. Décadas atrás la Corte Suprema de Justicia llegó a hacer suya la doctrina Matienzo gracias al empeño de uno de sus miembros, el Dr. Benito Nazar Anchorena, que fue también un juez ejemplar en cuanto atañe a la defensa del patrimonio nacional”. Se trata del fallo del 16 de noviembre de 1936, caso “Compte y Cía. c/Ibarra y Cía.” (“Fallos” 176:218). En dicha causa se trataba incluso de un contrato de derecho privado (de fletamento) concertado en un momento en que la Argentina dependía para el transporte de sus productos de flotas mercantes extranjeras. El entonces Procurador Juan Álvarez señaló “…la casi totalidad de nuestro comercio exterior se hace en buques extranjeros y, por ello, es asunto que afecta directa e inmediatamente a la economía nacional determinar los derechos y obligaciones de quienes toman a su cargo el transporte de tales riquezas. Si su regulación se deja, por completo, en manos de los particulares, el Código Argentino tendría el carácter de ley supletoria, y habría desaparecido la facultad del Congreso para dictar normas obligatorias al respecto. Las compañías navieras podrán prescindir, cuando les plazca, de nuestra jurisdicción … Las grandes empresas extranjeras obtendrían, prácticamente, una especia de privilegio de extraterritorialidad … Doy por reproducidos a este respecto los argumentos que, en sentido concordante, hizo valer ante V.E. el ex Procurador General Dr. Matienzo en la causa de ‘Fallos 138:62’. Es cierto que pueden someterse a árbitros muchas de las cuestiones surgidas entre particulares; pero de ahí no se deduce que lo sea también la soberanía nacional, o siquiera que tales árbitros queden fuera de la jurisdicción de los jueces y leyes argentinas”12. Sólo tres meses necesitó la Corte Nacional para fallar en dicha causa. En efecto, dictó sentencia el 16/11/36 suscripta por los jueces Dres. Antonio Sagarna, Luis Linares, Benito Nazar Anchorena y Juan B. Terán en el sentido de que “…careciendo de Marina Mercante la Nación Argentina, forzosamente sus habitantes importadores y exportadores deben someterse a las reglas que el interés y el espíritu nacionalista –y no pocas veces un mal disimulado menosprecio o desconfianza por las leyes y jueces del país- les dicta en forma de cláusulas prefijadas, impresas e ineludibles de un contrato de adhesión (en lenguaje actual, cláusulas de imposición o sujeción); y así, la Constitución Nacional, las leyes federales y el Código de Comercio, cuando no el mismo Código Penal, a pesar de sus categóricas declaraciones y mandamientos, son letra muerta frente a quienes, monopolizando el transporte fijan su ley … La jurisprudencia extranjera se orienta hacia la desaprobación o ineficacia de las cláusulas en los contratos de fletamento que … prorrogan la jurisdicción para el conocimiento de dichos contratos. Así la Corte de
Cfr. su dictamen como Procurador General de la C.S.J.N en “Fallos” 138:62 Cfr. “Realidad económica”, IADE, 1972, Nº 11, pág. 72. 12 Dictamen del 13/8/36.
Casación del Reino de Italia, en fallo del 3/3/926 decidió que: ‘las cláusulas de contratos que anulan la competencia de los tribunales italianos son nulas como contrarias al orden público de que participa la organización de la jurisdicción y como contrarias a la soberanía del Estado a quien esas cláusulas deniegan uno de sus atributos esenciales’”. Si esto lo sostuvo la Corte en materias de derecho privado en los que estaba interesado el orden público, con más razón cuando se trata de actos de derecho público que forman parte de la actividad gubernamental del Estado (actos “iure imperii”) como sucede con los empréstitos y operaciones de crédito público y con el poder tarifario del Estado en materia de empresas concesionarias de servicios públicos. De hecho “…la mayor parte de los pleitos que enfrenta la Nación Argentina ante los tribunales arbitrales del CIADI … han sido incoados por empresas concesionarias de servicios públicos de la propia Nación Argentina. La materia del juicio es nada menos que el nivel de las tarifas que se aplican en el país. Es unánimemente reconocido en el derecho que la fijación del nivel tarifario de un servicio público importa un acto ‘iure imperii’. Es decir, se trata de un acto de soberanía que el Estado Argentino no puede delegar en un tribunal del CIADI … Evidentemente, el orden público argentino y la soberanía nacional están en juego. Estos contratos al soslayar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus tribunales inferiores establecida en el art. 116 de la Constitución Nacional, son nulos de nulidad absoluta”. 13 Joaquín V. González (“Obras completas”, Ed. Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, 1935, T. XI. Pág. 210) afirma que el artículo 27 de la Constitución Nacional Argentina constituye una limitación a los poderes del Congreso “…de manera que en ningún caso puede comprometer, en forma alguna de arbitraje, el honor, la soberanía y los intereses esenciales de la Nación” y “…por consiguiente, el Congreso argentino no puede autorizar un pacto compromisorio con otra nación para someter a arbitraje puntos que afecten cualquiera de los principios fundamentales de la Constitución”. no pueden admitirse bajo ninguna forma ni pretexto relaciones de sujeción “por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. Así dice el art. 29 de nuestra Constitución Nacional. Pese a todo lo expuesto: 1) Argentina firmó 54 TPPI en el decenio de 1990, cumpliendo escrupulosamente con las exigencias del poder económico transnacional14. 2) El art. 8° del decreto 319/2004 de reestructuración de títulos de la deuda pública en cesación de pagos y aprobación de la “Carta de Contratación”, “Enmienda previa a la entrada en vigor de la Carta de Contratación de fecha 9 de febrero de 2004” y la “Carta de compromiso” del 15 de marzo del corriente año, publicado en el Boletín Oficial Nro. 30.362 del 17 de marzo, hace la entrega de nuestra soberanía de esta forma: “Autorízase la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York, EEUU, y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, incluída en la Carta de Contratación y su enmienda aprobadas por el art. 7° del presente decreto (…)”.
Conesa, Eduardo. “Default y reestructuración de la deuda externa”. Suplemento Especial de La Ley, 11/2003, págs. 69 y sgts. Cita extraída de la pág. 80.
El acuerdo celebrado con Estados Unidos el 14 de noviembre de 1991, en vigor desde el 20 de octubre de 1994, es un modelo en ese sentido Texto de este tratado en http://www.ftaaalca.org/ngroups/ngin/publications/spanish99/binv_aus.asp
Sucede que en el orden internacional se da -en espejo a la sociedad civil- lo de la categoría “igualdad” en el sistema capitalista: formal, no material. Aún más, dijo la Federación Argentina de Colegios de Abogados: “Cuando se habla de prórroga de un sistema jurídico hacia otro, de prórroga de competencias, es una alternativa que en un contexto globalizador es viable bajo determinadas circunstancias. En efecto, es posible que se pase de un sistema a otro, pero no de un sistema a la nada, que es el caso del CIADI.”15 Argentina se encuentra actualmente sometido en el CIADI a 33 demandas, por un monto de 17,000 millones de dólares, levantadas por empresas extranjeras a las cuales fue otorgada la explotación de los anteriores servicios públicos de la Nación durante la dictadura y las presidencias de Carlos Menem. Si el CIADI acepta las mas de 100 demandas adicionales y falla en contra de Argentina en todos los casos, lo que sería probable, el monto total de las adjudicaciones se elevará a más de 80.000 millones de dólares. El primer fallo acaba de emitirse a favor del demandante, CMS Energy6, empresa estadounidense bajo investigación en su propio país por fraude7.
ALGUNAS IDEAS PARA NO DESFALLECER Las cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales extranjeros como el CIADI son en sí mismas causa y producto. Producto de un determinado momento de un determinado modo de producción que no descarta la coerción física (terrorismo de Estado de las dictaduras latinoamericanas del ’70) o económica (penalidades, multas, condicionalidades) como el cohecho a funcionarios corruptos para lograr sus fines (Así lo señaló el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ex asesor del BM). Son asimismo causa necesaria de la generación de una nueva deuda externa. La soberanía es como el embarazo: no se puede estar un poquito embarazada, como no se puede perder un poquito de soberanía. Soberanía: se tiene o no, se la ejerce o no. Vigente nuestra constitución, y con las actuales normativas internacionales, delegar la soberanía, según lo dicho es, jurídicamente inconstitucional, nulo de nulidad absoluta. Es un momento histórico de paradojas: los ddhh están explicitados y consagrados normativamente mientras grandes masas poblacionales se debaten entre la vida y la muerte, en condiciones de supervivencia que los desapropian de su dignidad como seres humanos. Esto no es el lado oscuro del sistema. Esto es el sistema, que lucra también con el desánimo y el sentido de la inevitabilidad y adaptación instalados frente a las inclemencias. Mis colegas darán cuenta de las acciones concretas que se llevan a cabo en nuestro país por el tema que nos ocupa, como muestra de que la acción por la recuperación de la autodeterminación, el desarrollo económico autónomo con justicia social y la concreción de los DDHH es no sólo posible sino indispensable. Según las palabras de Max Weber: "La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura. Es
Resumen previo al tratamiento del tema en el orden del día, firmado por los Dres. Carlos Alberto Andreucci y Ricardo de Felipe (Presidente y Secretario, respectivamente de la FACA). MAYO 27 DE 2005
completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez." Entonces, que los hombres se armen "(...) desde ahora de esa fortaleza de ánimo que permite soportar la destrucción de todas las esperanzas, si no quieren resultar incapaces de realizar incluso lo que hoy es posible." (Max Weber, Escritos políticos, México, Folios, 1982, Tomo II, pp. 363-364). Couture nos legó el decálogo del abogado en el que señala: “Lucha por el Derecho; pero si en tu camino encuentras una contradicción entre el Derecho y la Justicia, lucha por la Justicia”. Celebro este encuentro como parte de los exorcismos laicos indispensables para mantener la cordura frente a tanta esquizofrenia aparentemente contagiosa del modo de producción en que vivimos.
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