Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77638
Timestamp: 2018-08-16 15:28:41
Document Index: 414512052

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'ARTÍCULO 21', 'artículo 71', 'Artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 24', 'artículo 21']

Gaceta: LXIII/3PPO-63/77638
De los Senadores Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, Yolanda de la Torre Valdez y Roberto Albores Gleason , con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Establece que cualquier persona distinta a la madre o padre que pretendan establecer un vínculo de filiación con una niña, niño o adolescente deberá sujetarse, sin excepción, a los procedimientos aplicables en materia de adopción, a través de las autoridades competentes, para garantizar el sano desarrollo de la niñez y su derecho a la identidad.
It establishes that any person other than the mother or father who intends to establish a relationship of filiation with a girl, boy or adolescent must be subject, without exception, to the applicable procedures in matters of adoption, through the competent authorities, to ensure the healthy development of children and their right to identity.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
SENADOR ERNESTO CORDERO ARROLLO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Quienes suscriben la Senadora Martha Elena García Gómez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la Senadora Angélica de la Peña Gómez integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática y la Senadora Yolanda de la Torre Valdez integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con base en al artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numerales 1 y 4 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 21 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la siguiente:
Por mandato constitucional, convencional y replicado en distintas leyes generales, el interés superior de la niñez constituye una directriz que debe observar la sociedad y las autoridades del Estado, el cual se materializa de manera primigenia, garantizando el derecho a la identidad de la niñez.
El derecho a la identidad de conformidad con el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, Unicef, es el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas. Así, las niñas o niños tienen derecho a ser registrados inmediatamente después de su nacimiento para gozar de una identidad, nombre y nacionalidad.
Es así, que el artículo 4 Constitucional reconoce que el nacimiento de un niño o niña dentro del territorio nacional o en el extranjero de padres mexicanos es un hecho vital en la que el Estado, tiene la obligación de respetar y proteger sus derechos; pues le otorga personalidad y existencia jurídica, además de que permite acceder de manera plena y efectiva a otros derechos tales como salud, educación, familia, al hogar y a la alimentación por mencionar algunos; así como la obligación del Estado para evitar que ningún niño no obtenga los derechos que trae consigo la identidad y los atributos de la personalidad, lo cual se materializa con la expedición gratuita e inmediata de su primer acta de nacimiento.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 7/2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que “se trata de un derecho de carácter universal, en la medida que el texto constitucional no establece ningún límite ni restricción para su titularidad, ni para su goce o ejercicio. Asimismo, se tiene que la inscripción del nacimiento es indivisible del reconocimiento de la identidad, toda vez que el sujeto cobra existencia legal para el Estado por virtud de ese acto jurídico, es decir, a partir de su inscripción en el registro civil se le reconoce una identidad con base en la cual puede ejercer, por interdependencia otros derechos humanos, como los inherentes a la nacionalidad y ciudadanía”.
De esta manera el marco constitucional, el artículo 29 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del niño; el artículo 24.2 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; los artículos 3, 4, 5, 18 y 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los artículos 13 fracción III, 19, 20, 21 y 54 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizan el interés superior de la niñez a través del derecho a la identidad de las niñas y los niños.
Por su parte la Ley General establece que el niño o la niña desde su nacimiento tiene las siguientes garantías: a) Contar con nombre y apellidos que le corresponden así como a ser inscrito en el Registro civil de manera inmediata y gratuita; b) Contar con nacionalidad de conformidad con la Constitución; c) Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde a su interés superior; d) Preservar su identidad, incluidos el nombre, nacionalidad y su pertinencia cultural, así como sus relaciones familiares.
El derecho a la identidad se liga con el interés superior de la niñez para contar con nombre, nacionalidad y una filiación específica, que le permita al niño o niña ejercer todos y cada uno de los derechos que ello conlleva, lo que se materializa con la expedición inmediata y gratuita de un acta de nacimiento.
Ahora bien, los artículos 388, 399 Bis y 339 Bis 1 de la Ley General de Salud, atendiendo a los principios de transversalidad y corresponsabilidad en materia de políticas públicas ligadas con la niñez, establecen que las autoridades sanitarias tienen la obligación de expedir un certificado de nacimiento por cada niño o niña nacido vivo una vez comprobado el hecho el cual es requisito indispensable ante las autoridades del Registro Civil para expedir de manera inmediata y gratuita la primer acta de nacimiento [*] .
Lo anterior cobra relevancia para aquellos casos en los que los niños y niñas recién nacidos son considerados como objetos de comercio y se realizan actos de trata, venta, explotación o cualquier acto o contrato que pretenda transferir la identidad y vulnerar los derechos de la niñez.
Cabe destacar que en su informe de 1999, la entonces relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, destacó que “al igual que en el caso de la venta de una persona, la trata de una persona la reduce al nivel de mercancía comercial y, por consiguiente, es condenable de manera inherente sea cual sea la finalidad última que la ha motivado. De manera que el argumento de que en la mayoría de los casos de adopción la niñez tendría condiciones mejores de vida, no justificaría en modo alguno la venta de recién nacidos”.
Lo anterior se concatena con los numerales 1, 2 incisos a), ii), 3.3 y 3.5 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía en los que se establece que por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño o niña es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.
Así, señala que la venta implica: a) Ofrecer, entregar o aceptar por cualquier medio a un niño o niña con fines de lucro de órganos de niños o trabajo forzoso; b) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que preste su consentimiento para la adopción de un niño o niña.
En el mismo sentido, el Informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, considera que las adopciones resultantes de delitos como secuestro, la venta y la trata de niños, el fraude en la declaración de que un niño pueda ser adoptado, la falsificación de documentos oficiales, o la coacción, así como cualquier actividad o práctica ilícita, como la falta de consentimiento de los padres biológicos, la obtención de un beneficio material indebido por los intermediarios y la corrupción conexa, atentan contra el interés superior de la niñez y su identidad misma. [*]
En tales consideraciones, con el objeto primigenio de garantizar el interés superior de la niñez y su derecho a la identidad; acatar el principio establecido en la Ley General de Salud, permitirá desincentivar el secuestro, la venta y la trata de niñas y niños, así como, la falsificación de documentos oficiales o cualquier práctica ilícita es el objetivo de la presente iniciativa.
Cabe mencionar, que para la realización de esta iniciativa se contó con el apoyo de Early Institute la cual es una Institución que se dedica al análisis y diseño de propuestas para la niñez.
Por lo expuesto, presentamos a esta Soberanía el siguiente:
Artículo Primero.- Que adiciona un artículo 21 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la siguiente manera:
Cualquier persona distinta a la madre o padre que pretendan establecer un vínculo de filiación con una niña, niño o adolescente deberá sujetarse, sin excepción, a los procedimientos aplicables en materia de adopción, a través de las autoridades competentes, para garantizar el sano desarrollo de la niñez y su derecho a la identidad.
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 5 días del mes de diciembre de 2017.
Senadora Martha Elena García Gómez ____________________________
Senadora Angélica de la Peña Gómez _____________________________
Senadora Yolanda de la Torre Valdez _____________________________
[*] De conformidad con el Informe Anual 2016 de UNICEF, en México durante el año 2015, el 79.4 por ciento de las niñas y los niños menores de un año contaron oportunamente con un acta de nacimiento que garantizará su derecho a la identidad. No obstante, en municipios rurales, donde la población indígena es predominante y la incidencia de la pobreza es mayor, solo 1 de cada 4 niños y niñas es registrado antes de su primer año de vida. https: //www.donaunicef.org.mx/informe-anual/
[*] El informe en mención establece en los párrafos de interés lo siguiente: 28”El secuestro de bebés (por ejemplo, raptándolos o informando falsamente a los padres de que su hijo nació muerto o falleció poco después del nacimiento), la inducción indebida del consentimiento (por ejemplo, mediante declaración falsa, soborno o coacción) y la obtención de beneficios materiales indebidos (por ejemplo, mediante el pago por el niño o el soborno de los intermediarios que participan en el proceso de adopción) figuran entre los métodos más comunes utilizados en la venta de niños y las adopciones ilegales. La falsificación de documentos (por ejemplo los certificados médicos y de nacimiento, los documentos de identidad de la madre biológica, los resultados de las pruebas de ADN y las declaraciones de abandono o renuncia a la patria potestad) y la evasión de las normas son inherentes a esos métodos.
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77638