Source: https://www.scribd.com/document/13711703/Boletin-Informativo-27-Marzo-2009-Derecho-Tributario
Timestamp: 2018-11-18 19:45:42
Document Index: 336872548

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 104', 'artículo 6', 'artículo 77', 'artículo 3', 'artículo 175', 'artículo 176', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 74', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3']

Boletín Informativo - 27 Marzo 2009 - Derecho Trib...
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Notas e.f. Final Comptzda
Derecho Fiscal i Alumnos
2 Elementos y Principios Del Derecho Fiscal[1]
Casos Practicos Del Impuesto a La Renta
IR 3ra Categoria Empresas
Casuistica Renta de Primera Categoria
Lima, 27 de Marzo de 2009.
DE LA SEPARATA DEL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO” DEL VIERNES 27 DE MARZO. Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo Se sustituyó el artículo 31°, sobre Retenciones y Percepciones, del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. (Ley N° 29335) Establecen requisitos zoosanitarios específicos de cumplimento obligatorio en la importación de harina de subproductos de aves y harina de subproductos de porcinos, siendo su origen y procedencia EE.UU. Se estableció requisitos zoosanitarios específicos de cumplimento obligatorio en la importación de harina de subproductos de aves y harina de subproductos de porcinos, siendo su origen y procedencia Estados Unidos, de acuerdo a los anexos que forman parte integrante de la resolución en mención. Además, se dispuso la emisión de los permisos zoosanitarios de importación a partir de la fecha de publicación de ésta resolución. (R.D. N° 016-2009-AG-SENASA-DSA) Aprueban en Instructivo de Trabajo "Valoración de Vehículos Usados" INTA - IT.01.08 (versión 3). (Res. N° 167-2009/SUNAT/A) DE LA SEPARATA DEL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO” DEL JUEVES 26 DE MARZO. Modifican el Literal A del Apéndice I del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo Se incluye en el Literal A del Apéndice I del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, la partida arancelaria 3105.51.00.00, referida a los abonos que contengan nitrato de amonio y fosfato para uso agrícola, y se excluyó del mismo literal la partida arancelaria 3102.30.00.10, referida al nitrato de amonio para uso agrícola. (D.S. N° 070-2009-EF) Aprueban Anexo de Definiciones de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. (D.S. N° 073-2009-EF) Precisan que los titulares de licencias de operación de establecimientos industriales pesqueros para consumo humano directo podrán usar sistemas de bombeo para la descarga del recurso anchoveta, únicamente con fines de estudio y experimentación. (R.M. N° 128-2009-PRODUCE) Aprueban reglamento de la Ley que establece el porcentaje que deben pagar ESSALUD y la Oficina de Normalización Previsional - ONP a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, por la recaudación de sus aportaciones, y medidas para mejorar la administración de tales aportes. (D.S. N° 002-2009-TR) Aprueban Procedimiento de "Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo" INTA PG.06 (versión 4). (Res. N° 155-2009/SUNAT/A) JUDICIALES Nada reseñable.
FASA CONCERTÓ CON OTRAS FARMACÉUTICAS PARA ENCARECER LAS MEDICINAS ACEPTÓ PAGAR EN CHILE UN MILLÓN DE DÓLARES PARA OBRAS SOCIALES. ACCIONES DE FASA SE DESPLOMARON EN 10% LUEGO DE CONFESIÓN. El gobierno de Chile mostró su indignación luego de que Fasa, la más grande cadena farmacéutica chilena, con presencia en el Perú, confesara ante la Fiscalía de su país, haberse coludido con otras dos grandes empresas del mismo sector, para encarecer algunos medicamentos. Sin embargo, las otras dos firmas mencionadas: Salcobrand y Cruz Verde, negaron la denuncia y la calificaron de “infamia”, pero el Gobierno ya exigió a las farmacias involucradas buscar mecanismos de compensación para los consumidores. Por su parte, Fasa llegó a un acuerdo con la Fiscalía chilena y aceptó pagar US$ 1 millón a obras sociales, menos de una décima parte de la multa que originalmente tendría que pagar. Tal confesión originó que el jueves las acciones de la farmacéutica chilena cayeran 10% en la bolsa de comercio. PRECISIONES Demanda. Tras la admisión de la colusión por parte de FASA, un organismo de consumidores de Chile abrió la puerta a una posible demanda contra las cadenas farmacéuticas involucradas. La más grande. En Latinoamérica FASA vende más de US$ 1,000 millones anuales, a través de 1,000 farmacias distribuidas en Perú, Chile y México. DIARIO EL COMERCIO
GOBIERNO AYUDARÍA A DOE RUN POR TEMOR A CONFLICTO SOCIAL EN LA OROYA La posibilidad de que se pueda originar un conflicto social en La Oroya y se paralice la producción minera en el centro del país ha generado que el Gobierno intervenga en ayuda de Doe Run Perú (DRP), propietaria del Complejo Metalúrgico de La Oroya. La ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, indicó ayer que la intervención del Estado es para “evitar un impacto sistémico”, debido a que la población del valle del Mantaro depende de las operaciones de La Oroya. El propio presidente Alan García señaló que la operación de La Oroya es la refinería básica de las minas del centro. Al respecto, explicó que si DRP deja de operar, las mineras cercanas se verán afectadas. “Allí tendríamos entre 10.000 y 12.000 desempleados que pueden bloquear las carreteras”, indicó. Doe Run tiene una deuda con las minas que les provee de concentrados por alrededor de US$100 millones. Además, la empresa tiene pendiente cumplir el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), consistente en inversiones para disminuir las emisiones de gases contaminantes que produce el complejo metalúrgico y que afectan la salud de la población de La Oroya. Así, la empresa tendría una inversión pendiente de US$73 millones. A esto se suma el hecho de que un sindicato de bancos (BNP Paribás, Banco de Crédito y Standard Bank) haya decidido suspenderle un crédito revolvente de US$75 millones, lo que ha dejado sin capital de trabajo a la empresa.
Se supo que el Ejecutivo ya le habría hecho una propuesta de ayuda a Doe Run, cuya decisión dependía del único accionista de su matriz (Doe Run Company), Ira Rennert. El Ejecutivo habría establecido condiciones, de las cuales no se obtuvieron detalles, pero que se estiman estarían relacionados con el cumplimiento del compromiso ambiental. AGILIZARÁN EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO El Gobierno acelerará los proyectos de saneamiento y destinará S/.4.700 millones para su ejecución, anunció ayer la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Nidia Vílchez. Aunque no especificó si se tratará de un decreto de urgencia o si el Ejecutivo remitirá un proyecto de ley al Legislativo, Vílchez comentó que en los próximos días el Gobierno publicará una norma que reducirá de 60 a 30 días las licitaciones para obras de agua y desagüe en todo el país. Sorprende que el anuncio de la ministra eleve en S/.2.900 millones la inversión anunciada a principios de año en proyectos de saneamiento: S/.1.800 millones destinados a la instalación de 533.018 nuevas conexiones de agua y desagüe. Además, la ministra firmó ayer un préstamo por US$101,2 millones con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para financiar programas de instalación de agua potable, tratamiento de aguas servidas y ampliación de la frontera eléctrica en Cajamarca. El préstamo, además, prevé la extensión del servicio de electricidad en Loreto. SIGUE EN DEBATE Pese a su carácter de urgente, ayer el Poder Legislativo postergó por segunda vez la aprobación del proyecto de ley 3002-2009, que propone establecer un régimen temporal de depreciación de edificios y construcciones que se inicien este año para los contribuyentes del Régimen General del Impuesto a la Renta. Actualmente, la depreciación se realiza en 33 años, pero de aprobarse la norma se realizaría en 5 años. DIARIO GESTIÓN
CONGRESO APRUEBA INCENTIVO PARA LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN La propuesta aumenta la tasa de depreciación de las obras a 20% y reduce los plazos a cinco años, con lo cual se logra disminuir la base para el pago del Impuesto a la Renta. Tras ser debatido por segunda vez el pleno, finalmente el Congreso aprobó ayer el proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo, que establece beneficios tributarios, a través de un menor pago del Impuesto a la Renta (IR), a las empresas que inviertan en la construcción, ejecución, adquisición, ampliación y mejoras de edificios durante los años 2009 y 2010. En la actualidad, el pago del IR se aplica a las empresas sobre el monto resultante de los ingresos obtenidos, menos las deducciones permitidas como pago por la depreciación de sus inmuebles, cuya tasa anual es de 3% (del valor del bien) durante 33 años, periodo en el que culmina la vida útil del inmueble (depreciación). Pero la propuesta legislativa aprobada establece un régimen especial de depreciación para edificios y construcciones, en el que se aumenta de 3% a 20% la tasa anual de depreciación y el plazo disminuye a cinco años, con lo que se logra reducir la base imponible.
Así los empresarios efectuarán un menor pago del IR, y podrán disponer de más recursos para invertir en edificios y construcciones. EFECTOS Esta fórmula de reajuste en la base imponible fue explicada en el pleno de la semana pasada, sin embargo recibió críticas de los parlamentarios nacionalistas, quienes argumentaban que la propuesta implicaba dejar sin recursos al Fisco. Por ese motivo, el debate pasó a un cuarto intermedio, hasta que la Comisión de Economía recibiera las explicaciones del titular del MEF, Luis Carranza, quien el martes pasado precisó que el proyecto no apunta a beneficiar a las empresas constructoras, sino a prevenir una caída en la demanda de empleo, la cual es impulsada por la construcción. Además, dijo que si bien se calcula una menor recaudación, por más de S/. 800 millones, ello se contrarresta con el sostenimiento del empleo y la recuperación de los impuestos cuando concluya el periodo de cinco años, cuando las empresas ya no puedan deducir la depreciación del inmueble. INCORPORACIONES La aplicación de este beneficio se iniciará el 1 de enero del 2010 para todos los generadores de rentas de tercera categoría, que contabilicen los inmuebles construidos o adquiridos como activos fijos. Por ello, se aclara, no solo las constructoras se benefician, sino también las empresas de todas las actividades económicas. Asimismo, se precisa que las empresas podrán depreciar los edificios y construcciones a una tasa de 20%, lo cual se aplicará a las construcciones que se inicien en el 2009 y tengan un mínimo de 80% de avance de obra al 31 de diciembre del 2010. Entre los cambios al proyecto original, se decidió que al culminar la medida temporal (a fines del 2010) el porcentaje de depreciación no vuelva a sus niveles originales, sino que la tasa de depreciación aumente a 5% y el plazo sea de 20 años. CONTRIBUYENTES PUEDEN SOLICITAR SALDO TRIBUTARIO A FAVOR POR INTERNET Los contribuyentes que presentan, desde ayer, su declaración anual del Impuesto a la Renta 2008 a través del INTERNET, podrán solicitar, por ese mismo medio, la devolución de su saldo a favor. Así lo establece la Resolución de Superintendencia Nº 0862009/SUNAT publicada ayer en el diario oficial, que permite enlazar la presentación de la declaración y el envío de la solicitud de devolución por INTERNET. Con este nuevo servicio, se beneficiarán todas las personas naturales con rentas distintas a las de Tercera Categoría – como alquileres, ganancias por venta no habitual de inmuebles, honorarios por el ejercicio independiente de su profesión, entre otros – durante el año pasado y que determinen saldos a su favor en su declaración jurada. Precisa la SUNAT que para poder enviar la solicitud virtual se deberá cumplir con las siguientes condiciones: presentar el Formulario Virtual Nº 661 PDT-Declaración Jurada anual de Renta 2008 declarando un saldo a favor del impuesto y marcando la opción: Devolución: Luego de enviar la declaración, ingresar al enlace “Solicitud de Devolución” y llenar el formulario virtual Nº 1649; y no haber solicitado con anterioridad la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2008.
MINISTRA DE JUSTICIA: SE DARÍA HASTA 4 AÑOS DE CÁRCEL A CONDUCTORES EBRIOS LANZAN PAQUETE PARA FRENAR MUERTE EN PISTAS Como parte de una estrategia integral para combatir los altos índices de siniestralidad en las pistas, los ministros de Transportes, Educación y Justicia señalaron la necesidad de aplicar medidas que sirvan para disminuir los accidentes de tránsito. Entre ellas, la más destacable y que traerá cambios en materia de tránsito -que incluye modificaciones en el Código Penal y en el Código Procesal Penal- será el incremento de la pena de cárcel efectiva entre 1 y hasta 4 años para los que conduzcan un vehículo en estado de ebriedad, informó la ministra de Justicia, Rosario Fernández. Asimismo, se elimina la responsabilidad efectiva restringida para personas entre 18 a 21 años de edad. PARQUE AUTOMOTOR El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, adelantó que en los próximos días se publicará el Reglamento de Administración de Transporte Terrestre, el cual contempla entre otros aspectos la antigüedad máxima del parque automotor. En ese sentido, adelantó que la antigüedad máxima que se exigirá a los vehículos usados de transporte público será de tres años. En el caso de los vehículos particulares, el titular de Transportes dijo que se evalúa el plazo máximo de antigüedad, pero será también considerado en el citado reglamento. Según se informó, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley para que los municipios provinciales que tengan más de 200 mil pobladores implementen una Dirección Municipal de Transporte Terrestre. NO CIRCULARÁN Por otro lado, Cornejo admitió que se cometió un "error material" con una resolución directoral (publicada el último sábado), donde se regula la libre circulación de vehículos que no pasaron la revisión técnica con faltas graves y muy graves. Comentó que se emitirá lo más pronto posible la norma que corrija el error y en la que se precise que los propietarios de vehículos en estado "muy grave" sólo tendrán 60 días de plazo para repararlos, y que en caso se les encuentre circulando serán detenidos. Cuando se trate de fallas administrativas o mecánicas que no signifiquen un peligro para la seguridad al transportarse, tienen un tiempo para corregirlas y pueden seguir circulando, puntualizó. SEGURIDAD VIAL EN EDUCACIÓN "El tema de seguridad vial es tratado desde el primer día de clases en los colegios de acuerdo con el Nuevo Diseño Curricular Nacional", informó el ministro de Educación, Antonio Chang. Informó que en el primer año de Secundaria se aborda la importancia de la educación vial; en segundo, las causas de los accidentes y la Policía de Tránsito; en tercer año, las medidas de seguridad y el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito (SOAT). Del mismo modo en cuarto año se enseñan los derechos y responsabilidades en esa materia, así como el control y las señales de tránsito; mientras que en quinto se abordan los derechos de los peatones y de las personas con discapacidad.
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ACCIÓN DE AMPARO SENTENCIA Nº 06760-2008-AA/TC DE FECHA 24 DE MARZO DE 2009. Notificación con Certificación de la Negativa a la Recepción. La forma del acto de notificación, alegando que la diligencia de notificación es defectuosa por cuanto se consigna “rechazo” en las tres visitas al domicilio por los notificadores, sin haberse consignado las razones de dicho “rechazo” y sin habérsele notificado por medio de cedulón. Que en el artículo 104 del Código Tributario se ha regulado la “notificación con certificación de la negativa a la recepción”. Este tipo de notificación se efectúa cuando el deudor tributario o tercero a quien está dirigida la notificación o cualquier persona capaz que se encuentra en el domicilio fiscal del deudor rechaza la recepción del documento que se pretende notificar o, recibiéndolo, se niega a suscribir la constancia. Que al respecto, el Tribunal Fiscal ha dicho, en criterio que este Tribunal Constitucional comparte, que “la certificación de la negativa a la recepción es una forma de notificación del acto que consiste en certificar el rechazo de su recepción mediante la modalidad de acuse de recibo en el domicilio fiscal del deudor tributario, [...] cuando haya negativa a recibir el documento que se pretende notificar o recibiendo haya negativa a suscribir la constancia respectiva y/o a no proporcionar los datos de identificación. [...] la certificación de la negativa de recepción, como modalidad de notificación, produce la presunción de conocimiento del acto administrativo por el destinatario de la notificación, ello con la finalidad de impedir que éste realice actos de obstrucción al momento de recibir sus comunicaciones que impidan la actuación de la Administración” (Resolución del Tribunal Fiscal N.º 10224-7-2008, precedente de observancia obligatoria). Para mayor información visite la siguiente página: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/06760-2008-AA%20Resolucion.html HÁBEAS CORPUS SENTENCIA Nº 05167-2008-PHC/TC. DE FECHA 25 DE MARZO DE 2009. Proceso Penal Sumario. El Decreto Legislativo N.º 124 establece claramente cuál es el procedimiento a seguir cuando se está frente a un proceso penal sumario. Así el artículo 6º de la norma mencionada señala que “el juez sin más trámite, deberá pronunciar la resolución que corresponda en el término de quince días”, y que “la sentencia condenatoria deberá ser leída en acto público, con citación del Fiscal Provincial, del acusado y su defensor, así como de la parte civil. La absolutoria simplemente se notificará”. De lo que se colige que cuando el juez de la causa cita a las partes para la audiencia de lectura de sentencia, ésta ya está hecha o producida y que por tanto lo que corresponde es procederse a su lectura, sin que ello signifique adelanto de opinión o una amenaza cierta e inminente del derecho a la libertad personal. Y es que si bien el juez ha llegado a esa decisión sobre la base de las actuaciones y pruebas ofrecidas en el proceso penal, puede darse el caso que disponga la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad, o la reserva del fallo condenatorio, claro está, según la normatividad vigente. Cabe reiterar que no se produce la amenaza o vulneración del derecho a la libertad individual cuando el proceso penal ya está en su fase final y lo que constitucionalmente corresponde es procederse a la lectura de la sentencia, siendo lo correcto citar a las partes cuando el fallo sea condenatorio.
Es más, la privación de la libertad efectiva a través de una sentencia condenatoria firme tampoco, per se, resulta inconstitucional, a menos que aquella vulnere derechos fundamentales (derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, derecho a la presunción de inocencia, etc.). Para mayor información visite la página: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/05167-2008-HC.html PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL ADMINISTRATIVO TRIBUNAL FISCAL RESOLUCIÓN Nº 12353-2-2007 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2007. Constituye renta gravada la venta de inmuebles. Se confirma la apelada que declaró infundada la reclamación contra las resoluciones de determinación emitidas por el Impuesto a la Renta de 1997 y resoluciones de multa emitidas por el numeral 1 de los artículos 175º y 176º del Código Tributario, al verificarse que los valores impugnados fueron emitidos conforme a lo dispuesto en el artículo 77º del Código Tributario por lo que la nulidad alegada por el recurrente no tiene sustento. Asimismo, se aprecia que las resoluciones de determinación fueron emitidas por que el recurrente obtuvo ingresos como producto de la enajenación de inmuebles, utilizando el numeral 2 del inciso b) del artículo 3º de la Ley del Impuesto a la Renta, razón por la cual correspondía establecer si los tres inmuebles vendidos por el recurrente en 1997 fueron adquiridos para su enajenación. Siendo que ninguno de ellos sirvió como casa habitación ni fueron utilizados para alguna actividad comercial, por encontrase en estado ruinoso, tampoco se realizaron mejoras y se obtuvo una ganancia al momento que fueron vendidos, concluyéndose por la sucesión de hechos descritos, que dichos inmuebles fueron adquiridos para su enajenación, por lo que las operaciones de venta de inmuebles se encontraban gravadas con el Impuesto a la Renta. En cuanto a la resolución de multa emitida por el numeral 1 del artículo 175º del Código Tributario, se constata que el recurrente obtuvo durante el ejercicio 1997, ingresos brutos anuales menores a 100 UIT, por lo que estaba obligado a llevar los Libros de Ingresos y Gastos e Inventarios y Balances, por lo que al no llevarlos se encuentra acreditada la comisión de la infracción. En relación a la multa emitida por el numeral 1 del artículo 176º del Código Tributario, se constata que la recurrente no presentó la declarada jurada del Impuesto a la Renta de 1997, por lo que se encuentra acreditada la comisión de la infracción. Para mayor información visite la siguiente página: http://apps.mef.gob.pe/TribunalFiscal/busq_rtf.jsp
¿DEBEN COBRAR INTERESES MORATORIOS EN LA APELACIÓN? Dr. Percy Bardales Castro Especialista en Derecho Tributario. Como se sabe, en su momento se facultó al Poder Ejecutivo a modificar el código Tributario (CT) a fin de perfeccionar la legislación vigente y lograr un marco normativo más equitativo entre la Administración Tributaria y el contribuyente en relación, entre otros aspectos, con las facultades y procedimientos de determinación y fiscalización de la deuda tributaria, cobranza, devoluciones, procedimientos tributarios, y los procedimientos contenciosos y no contenciosos. En ejercicio de dicha delegación, mediante decreto legislativo Nº 981 se modificaron diversas disposiciones de dicho cuerpo legal. Entre dichas modificaciones, se incorporaron el cuarto al séptimo
párrafo al texto del artículo 33 del CT, relativos a la inaplicación de intereses moratorios con motivo del vencimiento del plazo para resolver el recurso de reclamación. Nótese que hasta antes de la modificación realizada, el contribuyente se encontraba obligado a pagar interese moratorios diarios desde el día siguiente a la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, aplicando cierta tasa diaria. Así, si el contribuyente decidía impugnar el valor tributario notificado y perdía en forma definitiva la controversia iniciada (incluso, en el supuesto que haya llegado al Poder Judicial), aquel se encontraba obligado a pagar intereses moratorios durante todo el tiempo que dicha controversia duró, hasta la fecha en que hacia efectivo el pago. La actualización de la deuda tributaria involucrada, como es claro, podía comprender un período entre cinco y diez años. Durante todo ese tiempo, entonces, el monto de los intereses pasaba a ser considerable en función a la originaria deuda tributaria materia de pago. Con el cambio normativo, se estableció que la aplicación de los intereses moratorios se suspende a partir del vencimiento del plazo para resolver el recurso de reclamación (9 meses como regla general), hasta la emisión de la correspondiente resolución que culmine dicha instancia, siempre y cuando el vencimiento se haya debido a una causa imputable a la Autoridad Tributaria. Dicha suspensión, empero, se dispuso que no es aplicable a la etapa de apelación ante el Tribunal Fiscal ni durante la tramitación del proceso contencioso- administrativo. Desde nuestro punto de vista, una lectura del artículo 33 del CT, coherente y conforme a la constitución, nos debe informar que el órgano resolutor competente debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: a) La función de la inaplicación de los intereses moratorios en la etapa de reclamación, es brindar tutela efectiva a los contribuyentes. Así, dicho derecho constitucional no solo tiene vigencia cuando se emite una decisión justa, sino cuando esta se emite en forma oportuna. Por tanto, se vulnera el derecho a la tutela efectiva, si la deuda tributaria se ve incrementada por una actuación no imputable a los contribuyentes, sino al órgano resolutor ( no resolver los recursos en el plazo fijado por ley) b) No existe duda que el interés que se busca tutelar en la instancia de reclamación, exige también que se respete en la instancia de apelación tributaria, así como en el proceso contencioso-administrativo. Siendo claro que nos encontramos ante una misma situación de hecho (vencimiento de los plazos para resolver recursos), no existe motivo o razón justificada para haber dado un tratamiento normativo diferente a la inaplicación de intereses moratorios prevista en el artículo 33 del CT. c) El derecho a la igualdad en materia fiscal, previsto en el artículo 74 de la Constitución Política, exigía que en el proceso de creación de la disposición legal se trate en forma paritaria la inaplicación de intereses moratorios por vencimiento de plazos por actuación imputable al órgano resolutor. No habiendo sucedido ello, corresponde que dicho principio/derecho se cumpla en la fase de aplicación de las leyes.
Por lo demás, adviértase que el entendimiento de dichos aspectos es de la mayor relevancia, porque su desconocimiento generaría un efecto negativo directo en el ejercicio del derecho de los contribuyentes a interponer recursos. Ciertamente, debe notarse que la finalidad de la interposición de un recurso es lograr una mejora de la situación jurídica del particular. A nadie resulta admisible imaginar que uno pretenda empeorar su situación inicial cuando impugna un valor tributario. En cualquier caso, como es claro, el peor escenario sería mantener la situación jurídica vigente a la fecha de interposición del recurso. Conforme a lo anterior, entonces, creemos que si se acepta como válida la posibilidad de que la deuda tributaria se vea incrementada por la aplicación diaria de intereses moratorios por una actuación imputable al órgano resolutor (falta de pronunciamiento luego de vencido el plazo legal), se afectaría el derecho a la tutela efectiva y a la impugnación de los particulares.
Esta posible vulneración es posible con la aplicación literal del artículo 33 del CT, modificado por el Decreto Legislativo Nº 981, cuando establece que la suspensión de intereses moratorios no se aplica en la etapa de apelación o en el proceso contencioso-administrativo. Estas “instancias” son parte del camino que debe recorrer muchas veces el particular para defender sus intereses, por lo que su exclusión de la inaplicación de intereses moratorios representa una negación a la vigencia material del proceso justo de los particulares. Por tal motivo, consideramos que la inaplicación de los intereses moratorios también se debería aplicar a partir del vencimiento de los plazos máximos para resolver el recurso de apelación y emitir sentencias.
UN RETO FISCAL Dr. Sandro Fuentes Abogado Tributarista. Con la reciente presentación del jefe de la Sunat en el Congreso ha quedado claro que este año hay ajustes de tuercas en la fiscalización, con programas intensivos que cruzarán a todas las capas de contribuyentes y esto incluye a la gran cantidad de reticentes que todavía hay en nuestro país. Para estos últimos, parece, no será solamente un efecto colateral sino que se plantean acciones masivas a la caza de informalidad, o sea, diseñadas para este propósito. Es esencial mantener la recaudación, la disciplina, el equilibrio fiscal y si no, preguntemos a Estados Unidos, o a la Unión Europea, o a Argentina, para no irnos lejos, qué pasa en el caso contrario. Ganar este reto sería una medalla más que gane la Sunat en su larga y constante lucha por darle seriedad al país. Obviamente, las cosas se presentan difíciles y aunque es tarea de economistas, no pronostico que la meta de recaudación se alcance al final del año (S/.59.600 millones). Los resultados del primer bimestre muestran la previsible caída en colectar el Impuesto a la Renta, pero se añade la contracción en la recaudación del IGV. Frente a ello, no será necesario discutir si menos o más impuestos, sino de más Sunat. E interpreto así los pasos que va dando la administración. Se ve con la cuantiosa incautación de artefactos en pleno Centro de Lima (y seguro que hay una buena explicación de cómo llegaron allí); la presencia del presidente en la inauguración de una dependencia del ente tributario dice también mucho del énfasis gubernativo a una acción estatal; mientras que el anuncio de más medidas administrativas, como la compulsa masiva o la detracción/retención a los comercios afiliados a tarjetas de crédito/débito señala que están pensando en el desafío de este año. No hay medida de una administración tributaria que no sea discutible o hasta polémica, pero lo resaltable es que retome su antigua dinámica, haga visible el riesgo, empuje el comportamiento voluntario, persuada y disuada. Parece también que el equilibrio en ejercitar sus funciones se acentuará.
APLICACIÓN DEL IGV EN LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES (INFORME N° 331-2003SUNAT/K00000) Se consulta lo siguiente: ¿Se encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV), la transferencia de un bien inmueble efectuada por una empresa, cuyo objeto social no es el de construir para vender, pero que construyó o mandó construir el inmueble el cual fue utilizado para realizar sus actividades empresariales?. ANÁLISIS: Conforme al inciso d) del artículo 1° del TUO de la Ley del IGV, este impuesto grava la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Para este efecto, el inciso e) del artículo 3° del aludido TUO define como constructor a cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero para ella. Agrega la norma que se entenderá que el inmueble ha sido construido parcialmente por un tercero cuando éste último construya alguna parte del inmueble y/o asuma cualquiera de los componentes del valor agregado de la construcción. De otro lado, el quinto párrafo del numeral 1 del artículo 4° del Reglamento de la Ley del IGV señala que tratándose de lo dispuesto en el inciso e) del referido artículo 3° del TUO bajo comentario, se presume la habitualidad, cuando el enajenante realice la venta de, por lo menos, dos inmuebles dentro de un período de doce meses, debiéndose aplicar a partir de la segunda transferencia del inmueble. Añade que, no se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre se encontrará gravada con el IGV, la transferencia de inmuebles que hubieran sido mandados a edificar o edificados, total o parcialmente, para su enajenación. Como puede apreciarse de las normas glosadas, tratándose de la primera venta de inmuebles, las normas del IGV en forma expresa han establecido que para encontrarse gravado, el sujeto debe calificar como constructor, o sea dedicarse en forma habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por él o que hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero para él; salvo que dicho sujeto los hubiera edificado o mandado a edificar, total o parcialmente, para su enajenación. Por consiguiente, en el caso materia de consulta, en la medida que el inmueble fue construido o mandado a construir por una empresa para la realización de sus actividades empresariales (la misma que no tiene como objeto social la construcción de inmuebles para luego venderlos), la venta del mismo no se encontrará gravado con el IGV, toda vez que el sujeto no calificaría como "constructor", al no cumplir con el requisito de la habitualidad. Ahora bien, se presume la habitualidad cuando el sujeto antes mencionado realice una segunda venta de un bien inmueble dentro de un período de doce meses, debiéndose aplicar el IGV a partir de 1 ésta última operación .
Cabe recordar que el Decreto Supremo N° 088-96-EF, publicado el 12.9.1996, precisa que el IGV que grava la primera venta de inmuebles es aplicable respecto de aquellos bienes cuya construcción se haya iniciado a partir del 10.8.1991. Esta norma agrega que la transferencia que realicen quienes vendan inmuebles construidos totalmente por un tercero para ellos, estarán gravados con el IGV, sólo tratándose de inmuebles cuya construcción se haya iniciado a partir del 24.4.1996.
CONCLUSIÓN: No se encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas, la primera transferencia de un bien inmueble efectuada por un sujeto que realiza actividad empresarial, siempre que el mismo no califique como constructor para efectos de este impuesto.
TERMINOLOGÍA LEGAL TRIBUTARIA PROPORCIONAL Relativo a la proporción o ajustado a ella. Se refiere a una distribución sobre base de un gasto, un efectivo (dinero), un dividendo y otra partida cualquiera. Se entiende que dicha distribución será ajustada a la participación de cada una de las partes. REINTEGRO TRIBUTARIO Es el importe a devolver a favor del comprador, el cual está constituido por la diferencia entre el monto del impuesto facturado con las tasas establecidas por una determinada ley y el que corresponda por la aplicación de las tasas fijadas en nuevos dispositivos que reemplazan de alguna manera a la ley anterior.
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