Source: http://quantumconsultores.com/boletin-2da-quincena-de-enero-2016/
Timestamp: 2017-11-23 00:00:43
Document Index: 176580116

Matched Legal Cases: ['artículo 120', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 170', 'Artículo 175', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 177', 'artículo 175', 'artículo 177', 'artículo 18', 'artículo 80', 'artículo 21', 'artículo 72', 'artículo 67']

Boletín – 2da Quincena de Enero :: Quantum
En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas desde el 01 hasta el 15 de enero de 2016. Asimismo, referimos, adicionalmente, y en primer término, normas tributarias publicadas el 30 y 31 de diciembre de 2015, por ser de interés.
1.- Aprueban Procedimiento para la Presentación y Atención de Quejas-Reclamos y Sugerencias ante SUNAT.
Mediante Resolución de Superintendencia N° 006-2016/SUNAT (21.01.2016) se aprueba el asunto del epígrafe. De esta manera, las Quejas-Reclamos se presentarán ante SUNAT con motivo de una actuación contraria a las funciones de atención a los contribuyentes en lo referente a los trámites y servicios que dicha Entidad les brinda.
En virtud a la norma en comento, se define qué se entiende por Queja, así como también qué por Sugerencia. Asimismo, se aprueba un Formato Virtual para la presentación de las Quejas Reclamos o Sugerencias la misma que se canalizará virtualmente a través del portal de SUNAT. Se regula el procedimiento, en estricto, en atención al Anexo que forma parte integrante de la norma bajo comentario.
La norma comentada entra en vigor el 01.02.2016.
2.- Incorporación de Contribuyentes al Directorio de Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales y los Directorios de Principales Contribuyentes de la Intendencia de Lima, Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque, Intendencias Regionales y Oficinas Zonales.
En virtud de la Resolución de Superintendencia N° 011-2016/SUNAT (22.01.2016) se incorporan y excluyen contribuyentes de los Directorios aludidos en el epígrafe, según Anexos 1 y 2 de la norma, respectivamente. La SUNAT notificará a los contribuyentes detallados en los Anexos antes citados.
La norma bajo comentario entra en vigor el 01.01.2016.
3.- Se aprueban normas tributarias referidas al Crédito por Reinversión de Utilidades a favor de Universidades Privadas con fines de lucro.
Mediante Decreto Supremo N° 006-2016-EF (23.01.2016) se aprueba el asunto del epígrafe, esto es, lo referente al crédito tributario por reinversión al que alude la Ley 30220 (Ley Universitaria, publicada el 09.07.2014 y vigente a partir del 10.07.2014).
A continuación damos cuenta de los aspectos más gravitantes de la norma en comento:
Del Crédito por Reinversión y de los Sujetos que acceden al mismo
La Universidad Privada con fines de lucro que reinvierta sus utilidades (entendiendo el término “utilidades” como “renta neta imponible”) en:
-Equipamiento para fines educativos
-investigación e Innovación en ciencia y tecnología
-Capacitación y actualización de docentes
-Proyección Social
-Apoyo al deporte de alta calificación y programas deportivos
-Otorgamientos de Becas
Tienen derecho a un crédito tributario por reinversión equivalente hasta el 30% del monto efectivamente reinvertido.
Al citado crédito por reinversión sólo pueden acceder aquellas Universidades Privadas con fines de lucro que:
-Cuenten con la acreditación institucional integral o acreditación institucional internacional reconocida por el SINEACE[1], según Ley 28740 (23.05.2006); y,
-Presenten el Programa de Reinversión e Informe Anual de Reinversión de Utilidades, conforme a la normativa dispuesta por la Ley 30220 y el presente Decreto Supremo 006-2016-EF
Sustento del Crédito Tributario por Reinversión
El Crédito se sustentará con la siguiente documentación:
-El Programa de Reinversión
-Los comprobantes de pago y declaraciones de importación, que sustentan las compras realizadas al amparo del Programa de Reinversión
-Los Informes Anuales de reinversión de utilidades a que se refiere el artículo 120 de la Ley 30220.
Aplicación del Crédito
El Crédito se aplica con ocasión de la determinación del IR del ejercicio en el que se efectúe la reinversión. Ello, en tanto se haya presentado a la SUNAT lo siguiente:
–Programa de Reinversión, aprobado previamente por SUNEDU[2], hasta la fecha de vencimiento de la DJ Anual del IR que corresponda a la ejecución del programa de reinversión
–Informe Anual de reinversión de utilidades, hasta 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento de presentación de la DJ Anual del IR que corresponda a la ejecución del programa de reinversión.
El Crédito se consigna en la DJ Anual del IR. No es transferible ni objeto de devolución.
Vigencia del Crédito
El plazo de vigencia es de 3 años computados a partir del 01.01.2015
Capitalización del monto reinvertido
El monto reinvertido deber ser capitalizado como máximo en el ejercicio siguiente a aquel en que se efectúe la reinversión. Debe estar formalizado mediante Escritura Pública e inscrito en Registros Públicos.
La Universidad debe emplear subcuentas específicas, para registrar la adquisición de bienes o servicios contratados en cumplimiento del programa de reinversión, las que denominará “Reinversión-Ley N° 30220”. De igual manera procederá para efectos de la depreciación, el patrimonio, las revaluaciones
La norma bajo comentario entra en vigor el 24.01.2016.
[1] Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
[2] Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
4.- Se aprueba versión de la PLAME.
Mediante Resolución de Superintendencia N° 010-2016/SUNAT (24.01.2016) se aprueba el PDT Planilla Electrónica –PLAME, Formulario Virtual 0601-versión 2.9, la cual estará a disposición de los interesados a partir del 01.02.2016.
La norma bajo comentario entra en vigor el 25.01.2016.
5.- Designación y Exclusión de Agentes de Percepción del IGV
Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-EF (27.01.2016) se aprueba el asunto del epígrafe.
Así, los Agentes de Percepción del IGV, designados como tales, son aquellos sujetos señalados en el Anexo 4 de la norma en comento los mismos que operarán a partir del 01.03.2016.
Los Agentes de Percepción del IGV, excluidos como tales, son aquellos sujetos señalados en los Anexos 1, 2, 3, de la norma en comento los mismos que dejarán de operar a partir del 01.02.2016.
La norma bajo comentario entra en vigor el 28.01.2016.
I.- Los depósitos registrados como “anticipo de clientes” en las cuentas bancarias de la empresa y cuya procedencia se desconoce ¿qué consecuencias tributarias acarrea?
En relación a la inquietud planteada, se le formularon a SUNAT las siguientes interrogantes, las mismas que fueron absueltas en virtud del INFORME 0146-2015-SUNAT/5D0000, tal como sigue:
1.- ¿Procede emitir el comprobante de pago por los depósitos recibidos? ¿qué comprobante de pago debe emitirse, a nombre de quién se emitiría y cuál sería el concepto a describir en el mismo?
Respuesta de SUNAT: En tanto los depósitos no correspondan a una transferencia de bienes, en propiedad o en uso, ni a la prestación de servicios de cualquier naturaleza, no existe la obligación de emitir comprobante de pago alguno
De corresponder dichos depósitos a alguna de las operaciones antes referidas, y de emitirse Factura o Boleta de Venta, según corresponda, debe tenerse en cuenta que los citados comprobantes de pago deben contener información relativa al bien vendido o cedido en uso, o la descripción del servicio prestado, debiendo consignarse en la Factura el dato del adquirente y, en el caso de Boleta de Venta consignarse ello en el caso que el importe total supere los S/. 700.00.
2.- ¿Se encontrarán gravados con el IGV los citados depósitos no identificados?
Respuesta de SUNAT: Los citados depósitos no se encuentran gravados con el IGV en tanto no deriven de alguno de los siguientes supuestos (comprendidos bajo el ámbito de aplicación del IGV)
-Venta en el país de bienes muebles
-Prestación o Utilización de servicios en el país
-Contratos de Construcción
-Primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos
-La importación de bienes
3.- ¿Se encontrarán gravados con el IR los citados depósitos no identificados?
Respuesta de SUNAT: En la medida que los citados depósitos no provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, ni tampoco que provengan de operaciones que no sean el resultado de relaciones que la empresa que los recibe (los depósitos) haya entablado en el devenir de su actividad con otros particulares en las que haya intervenido en igualdad de condiciones, como sería, a guisa de ejemplo, que el depósito haya sido efectuado por error (en este último caso, dicho ingreso (depósito) no se reputará como renta gravable)
4.- En caso se fiscalice a la empresa ¿resultaría aplicable la excepción de la imposición de intereses moratorios y sanciones (multas) prevista en el artículo 170 del Código Tributario?
Respuesta de SUNAT: La SUNAT razona de la siguiente manera: El artículo 170 del Código Tributario preceptúa que, no se aplicarán intereses ni sanciones siempre y cuando se configuren alguno de los siguientes supuestos:
– Como resultado de la interpretación equivocada de una norma no se hubiese pagado monto alguno de la deuda tributaria, ello hasta que se haya dictado una “aclaración” la cual recoja a su vez, de manera expresa, que es de aplicación el citado artículo (170 del Código Tributario). La “aclaratoria” puede recaer en una Ley (o norma de rango similar), de un Decreto Supremo, Resolución de Superintendencia, o Resolución del Tribunal Fiscal que siente un precedente de observancia obligatoria.
– La SUNAT haya tenido duplicidad de criterio en la aplicación de la norma y sólo respecto de los hechos producidos mientras el criterio anterior estuvo vigente.
Por lo expuesto, SUNAT concluye que, en atención a la consulta formulada, como quiera que no se han configurado ninguno de los supuestos precedentemente señalados, no resulta de aplicación el artículo 170 del Código Tributario
Si la deuda tributaria se encuentra en cobranza coactiva y el contribuyente pretende invocar la prescripción de la misma ante el Tribunal Fiscal ¿debe el contribuyente previamente, esto es, con anterioridad a acudir al Tribunal Fiscal, invocar dicha prescripción ante el Ejecutor Coactivo?
El Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF 0226-Q-2016 (27.01.2016) ha sentado el siguiente precedente de observancia obligatoria:
“Procede que el Tribunal Fiscal se pronuncie en la vía de la queja sobre la prescripción, cuando la deuda tributaria se encuentre en cobranza coactiva, siempre que se deduzca previamente ante el Ejecutor Coactivo y éste, correspondiéndole emitir pronunciamiento, omita hacerlo o deniegue lo solicitado contraviniendo las normas del Código Tributario.
El pronunciamiento del Tribunal Fiscal puede estar referido a la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación de la deuda tributaria, así como sobre la acción para exigir su pago y aplicar sanciones”
¿Cuál es la diferencia entre la infracción de “Omitir llevar Libros de contabilidad y/o Registros exigidos por la normativa tributaria” (Art. 175,1, del Código Tributario) y aquella referida a la infracción de “No exhibir los libros o registros que la Administración solicite” (Art. 177,1, del Código Tributario)?
La SUNAT, al culminar el procedimiento de fiscalización a un contribuyente (una Sociedad Anónima Cerrada, siendo el período fiscalizado aquel comprendido desde octubre de 2010 a setiembre de 2011) emite, entre otros valores, la respectiva Resolución de Multa por la comisión de la infracción tributaria tipificada en el Artículo 175,1, del Código Tributario. Ello, por cuanto el contribuyente no llevaba Registro de Inventarios.
En efecto, la SUNAT imputó la comisión de la citada infracción por cuanto al ser requerido el contribuyente por la exhibición del referido Registro de Inventarios, éste, en el Resultado del Requerimiento, manifestó que no llevaba dicho Registro.
En la apelación, el Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF 11226-4-2015, realizó un análisis sobre la procedencia de la Multa a los fines de determinar si el contribuyente se encontraba obligado a llevar Registro de Inventarios en el ejercicio 2011.
El Tribunal Fiscal resolvió inclinándose por la imposición de la multa bajo el siguiente razonamiento:
-El Tribunal Fiscal, a los fines de su fundamentación, toma como punto de partida el criterio vinculante (precedente de observancia obligatoria) vertido en la RTF 04289-8-2015 (publicada el 16.05.2015). Así, en virtud de ello expresa el Colegiado que, las exigencias formales previstas en el artículo 35 del Reglamento de la Ley del IR (RLIR) en relación con los libros y registros referidos a inventarios solo son aplicables a contribuyentes cuya actividad requiere practicar inventarios físicos o materiales. Asimismo, en el citado criterio vinculante se recoge que las obligaciones contenidas en el artículo 35 del RLIR surgen a partir del 1 de enero de cada ejercicio gravable
-En el caso en controversia, el Colegiado apreció que el contribuyente había consignado el CIIU 93098 “Otras actividades de tipo de servicios N.C.P” (lo que fue aceptado por SUNAT) y que de la DJ Anual de 2010 se advertía que los ingresos declarados superaban las 1,500 UIT (UIT de 2011= S/. 3,600); por lo que restaba verificar si, en consonancia con el criterio vinculante de la RTF 04289-8-2015, el contribuyente requería practicar inventarios físicos.
-El Colegiado apreció que, en el Balance General (consignado en la DJ Anual 2010) se consignó, bajo el rubro Mercadería, un importe ascendente a S/.151,935, por lo que concluyó el Tribunal que al 01.01.2011 el contribuyente se encontraba obligado a llevar, al menos, el Registro de Inventario Permanente Valorizado.
-Por lo esbozado en los apartados anteriores, el Colegiado consideró que se encontraba acreditado que el contribuyente requería practicar inventarios físicos, por consiguiente obligado a llevar el citado Registro de Inventario Permanente Valorizado durante el ejercicio 2011, configurándose así la infracción tributaria tipificada en el artículo 175,1, del Código Tributario.
-Por otro lado, en cuanto a la diferencia en la aplicación de la infracción tributaria tipificada en el artículo 175,1, del Código Tributario vs. la infracción tributaria tipificada en el artículo 177,1, del mismo cuerpo legal, el Tribunal Fiscal manifestó que, en aplicación del principio de especialidad de las normas, resulta aplicable el artículo 175,del Código Tributario, toda vez que éste réhuala específicamente las infracciones relacionadas con la obligación de llevar los libros y registros, a diferencia del artículo 177 que regula las infracciones relacionadas con la obligación de los contribuyentes de permitir el control de la Administración
I.- ¿Puede una Entidad de auxilio mutuo, inafecta al IR, encontrarse inafecta, a su vez, al IGV por servicios prestados a terceros? El caso de la Clínica Maison de Santé.
La Sociedad de Francesa de Beneficencia (SFB), por intermedio de la Clínica Maison de Santé (de la cual es su creadora), es una Institución de Auxilio mutuo y asistencia social inafecta al Impuesto a la Renta a la luz de lo dispuesto por el artículo 18, d, de la Ley del Impuesto a la Renta.
La SFB, a través de la Clínica “Maison de Santé”, percibía ingresos provenientes de cuotas de afiliación a sus programas de asistencia hospitalaria, por la prestación de servicios médicos así como de diversos servicios de salud que ofrecía.
SUNAT fiscaliza a la citada SFB por concepto de IGV siendo los períodos materia de revisión los meses de enero a diciembre 2003. La SFB pierde el caso ante el Tribunal Fiscal y decide interponer Demanda Contencioso Administrativa, judicializando así la controversia. En primera instancia, la SFB obtiene un resultado favorable, declarándose fundada su demanda, mientras que, en segunda instancia, obtiene un revés, pues ésta segunda instancia revoca la de primera instancia declarando infundada la demanda.
Bajo el panorama expuesto precedentemente, la SFB interponer recurso de casación. Así, la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la Sentencia de Casación 3656-2014 Lima (30.10.2015), resuelve el caso a favor de la SFB, es decir, que ésta no se encuentra gravada con el IGV.
El razonamiento de la Corte Suprema es como sigue:
-La Corte Suprema plantea, a título de premisa para la solución de la controversia, lo siguiente:
Son contribuyentes del IGV:
Las personas que realicen actividad empresarial y que sean contribuyentes del Impuesto a la Renta (IR) de 3ra categoría;
Las personas que no realicen actividad empresarial, pero que sean habituales en las operaciones gravadas con el IGV
-La Corte Suprema verifica que, en rigor, la SFB es una asociación de auxilio mutuo y por ende inafecta del IR
-Agrega la Corte que, acorde con lo señalado en el artículo 80 del Código Civil, una Asociación civil puede realizar actividad económica que le permita generar ingresos, siendo dicha actividad un medio para lograr un fin no lucrativo; por consiguiente, no está prohibido que las asociaciones civiles tengan fuentes que le permitan generar ingresos producto de actividades de naturaleza empresarial los mismos que serán destinados al auxilio mutuo no pudiendo ser distribuidos a los asociados. Refuerza lo anterior, la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 1027-2004-AA/TC.
-Estando a lo expuesto precedentemente, la Corte Suprema advierte que, respecto del acápite i) antes citado (Las personas que realicen actividad empresarial y que sean contribuyentes del Impuesto a la Renta (IR) de 3ra categoría), la SFB no se enmarca en el referido supuesto, toda vez que ésta (SFB) realiza actividad empresarial, mas lo hace con miras a lograr su fin (auxilio mutuo) agregándose, además, que se trata de una entidad inafecta del IR
-Respecto del acápite ii) antes mencionado, (Las personas que no realicen actividad empresarial, pero que sean habituales en las operaciones gravadas con el IGV), la Corte precisa que la SFB tampoco encaja en este supuesto, toda vez que se ha afirmado que ésta (SFB) sí realiza actividad empresarial.
I.- APROBACIÓN DE NUEVO TUPA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO ELIMINA CINCO (05) PROCEDIMIENTOAS ADMINISTRATIVOS.
Con fecha 21 de Enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial Nº 009-2016-TR, mediante la cual se modifica el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través la cual se eliminan cinco (05) procesos administrativos:
1) Registro de Especialidades de Trabajo Portuario vigentes en los puertos del país, por consenso de los miembros de la comisión o por decisión inimpugnable de la Autoridad Administrativa de Trabajo;
2) Aprobación de Libro de Actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo;
3) Presentación de la Información Estadística Trimestral de las Entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral;
4) Presentación de la información Estadística Laboral de las Agencias Privadas de Empleo, y
5) Cierre de Libro especial de Convenios de Modalidades Formativas Laborales.
II.- SUNAFIL APRUEBA DIRECTIVA SOBRE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA INSPECTIVO DEL TRABAJO
Mediante Resolución. 213-2015-SUNAFIL, publicada el 22 de enero del 2016, se aprobó la Directiva “Derechos de los ciudadanos en el Sistema Inspectivo del Trabajo” con el objeto de compilar y difundir los derechos de los ciudadanos vinculados al Sistema de Inspección del Trabajo. El dispositivo busca además optimizar y mejorar la calidad de la atención del personal que integra dicho sistema. La directiva clasifica los derechos en:
Derechos generales de los ciudadanos en el ámbito de la Inspección de Trabajo:
Ser tratado con respeto y consideración, en condiciones de igualdad: Este derecho supone que el trato otorgado a los ciudadanos debe darse en igualdad de condiciones y sin discriminación. No obstante, se justifica el trato diferenciado sólo en circunstancias objetivas que lo ameriten, tales como por ejemplo, en los casos de atención de adultos mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidad, etc.
Recibir información veraz, clara, completa y confiable respecto de las consultas relacionadas al Sistema de Inspección del Trabajo: Según la directiva, el ciudadano debe estar debidamente identificado. Asimismo debe acreditar su relación con el procedimiento inspectivo. La acreditación no será necesaria en caso la información solicitada, no verse sobre un procedimiento inspectivo o sancionador en particular. Si se solicita información confidencial o reservada, la autoridad debe informar sobre las consecuencias de la reserva de dicha información.
Confidencialidad de lo que se informe o comunique a la Autoridad Inspectiva de Trabajo: El personal de atención debe guardar secreto de la información confidencial que brinden los ciudadanos, especialmente cuando se relacionen con la intimidad de éstos. Este derecho se sustenta en el Principio de Confidencialidad.
Presentar documentos de acuerdo a los procedimientos establecidos: Los ciudadanos pueden presentar la documentación que estimen pertinentes para comunicarse con la Autoridad Inspectiva, de acuerdo a los procedimientos vigentes. La unidad encargada de recibir la información debe derivarla al área que corresponda, como máximo, al día siguiente, bajo responsabilidad.
– Recibir orientación para la realización de sus trámites: En caso el ciudadano tenga algún tipo de discapacidad que le impida recibir atención adecuada de parte de la autoridad, ésta deberá agotar todos los medios para que dicha atención se lleve a cabo (por ejemplo, solicitar la presencia de un traductor intérprete de la Defensoría del Pueblo).
Conocer el estado de los procedimientos en que sea parte, así como la identidad de los servidores o funcionarios encargados de su tramitación: El goce de este derecho supone el respeto de los principios de confidencialidad y autonomía que rigen las actuaciones del inspector durante el procedimiento.
Registrar sus reclamos en el libro de reclamaciones o formular alguna sugerencia: A parte de los reclamos que puedan formularse, también se podrán formular sugerencias por ese medio.
Según la directiva, estos derechos deben observarse en todo momento, independientemente de que se encuentren vinculados a un procedimiento en sentido estricto.
Derechos específicos de los ciudadanos:
Estos derechos se encuentran comprendidos en los siguientes procedimientos:
Procedimiento Inspectivo Laboral:
Exigir la reserva de nombre, del número de documento de identidad y del domicilio contenido en la denuncia: Los funcionarios tienen la obligación de guardar reserva de la identidad del denunciante, salvo que éste renuncie de manera expresa a dicha reserva.
Participación, de tener legítimo interés en la diligencias de comparecencia, según autorización del Inspector de Trabajo: Si bien las partes en el procedimiento inspectivo son la autoridad inspectiva y el sujeto inspeccionado, el director de la inspección, si lo considera necesario, podrá autorizar la participación de trabajadores o sus representantes a fin de esclarecer asuntos controversiales que se presenten.
– Estar presente en el desarrollo de las actuaciones inspectivas cuando corresponda: En principio las actuaciones de investigación mediante visita a los centros de trabajo se realizan con presencia del sujeto inspeccionado o su representante y de los trabajadores u organizaciones sindicales. No obstante, La ausencia de los sujetos del procedimiento durante la inspección, no afecta el resultado y validez de dicha investigación.
A ser comunicado en el momento de la visita del Inspector en el centro de trabajo: La realización de una visita inspectiva debe ser comunicada, salvo que dicha comunicación pueda afectar la eficiencia de la función del inspector.
Solicitar que los inspectores de trabajo se identifiquen con la credencial que les otorga la Autoridad Inspectiva del Trabajo para el desempeño de sus funciones: Los ciudadanos tienen derecho a solicitar la presentación de las credenciales del inspector cuando se realice la visita inspectiva. En caso tengan dudas sobre la veracidad de dicha identificación, podrán hacer las indagaciones pertinentes. En caso se trate de una visita, las indagaciones sobre la veracidad de las credenciales no podrán exceder el tiempo de tolerancia establecido en la ley (10 minutos).
– Claridad en la documentación requerida en las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias: La información solicitada vía requerimiento de comparecencia debe ser clara, concreta y detallada.
Solicitar que los inspectores de trabajo bajo su consentimiento le puedan brindar su número telefónico institucional para fines que se relacionen, necesariamente, con el ejercicio de sus funciones inspectivas: El inspector podrá brindar su número telefónico institucional a los ciudadanos, salvo que por la naturaleza de los hechos y la situación particular se ponga en peligro la investigación inspectiva.
Formalidad del acta de infracción: En el acta se debe identificar al sujeto responsable, especificar los medios de investigación utilizados para la constatación, los hechos comprobados, las infracciones, la sanción propuesta, la responsabilidad, la identificación del inspector, la fecha del acta y los datos para la correspondiente notificación.
A ser notificado válidamente con el acta de infracción: La autoridad deberá observar el procedimiento de notificación personal previsto en el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley 27444).
A que el contenido de la multa que se imponga esté debidamente fundamentado, precisando el motivo de la sanción: La resolución que impone debe estar debidamente fundamentada. Asimismo debe precisar el motivo de la sanción, la norma legal o convencional incumplida y el número de trabajadores afectados. También debe contener el mandato de cumplimiento para efectos de subsanar las infracciones detectadas.
– A obtener copias del expediente administrativo: Comprende el derecho del denunciante a obtener copias del expediente administrativo del procedimiento sancionador, siempre y cuando la resolución que le puso fin haya quedado firme. Si las copias del expediente contienen información respecto de la cual no hubo renuncia de la reserva de identidad, no podrán ser exhibidas o entregadas.
III.- PRECISAN REGLAS PARA EL REGISTRO DEL HIJO MAYOR INCAPACITADO PARA EL TRABAJO Y DEL ALTA DEL ASEGURADO TITULAR, CÓNYUGE Y GESTANTE DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL
Mediante Res. 049-GSCPE-ESSALUD-2015, publicado el 25 de enero del 2016, se han establecido precisiones respecto del registro del hijo mayor incapacitado en forma total y permanente para el trabajo, así como de los requisitos para el alta del asegurado titular, cónyuge y gestante de hijo extramatrimonial.
I.- SECRETARIAS SOLO PUEDEN SER CONTRATADAS A TIEMPO INDTERMINADO CUANDO SUS LABORES ESTÁN RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA
Si las labores realizadas por una secretaria están directamente relacionadas con el rubro al que se dedica la empleadora, dichas labores no pueden ser consideradas como un incremento anormal o sustancial en las actividades de la empresa empleadora sino más bien vienen a ser parte de su actividad habitual, continua y normal. Por ello, en estos casos, se desnaturalizarían los contratos de trabajo a plazo fijo de temporada que se hayan celebrado con las secretarias.
Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 08446-2013-PA/TC, en donde nuevamente se ha pronunciado sobre la correcta utilización de los contratos modales, afirmando que estos solo serán válidos si se celebran según los requisitos y las formalidades establecidas en el artículo 72 del TUO del D. Leg. Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR.
Al analizar el caso, el Tribunal Constitucional (TC) verificó que la entidad empleadora firmó un contrato laboral de temporada con la demandante a fin de que desempeñe las labores de secretaria. En base a esto, el TC procede a verificar si la empresa cumplió con todos los requisitos y formalidades propios de un contrato de temporada.
Así, de la revisión de los contratos temporales suscritos, el TC pudo corroborar que la actora laboró como secretaria de forma ininterrumpida de abril a diciembre del 2012 y que la justificación de dichos contratos utilizados por la empleadora es el inicio de cada ciclo académico.
Al respecto, el TC estimó que, en primer lugar, estos contratos son fraudulentos pues los servicios prestados por la actora no se limitaron a determinadas épocas del año, sino que se desempeñó en el cargo de manera continua pues según el artículo 67 del D.S. N° 003-97-TR, el contrato de temporada se da para atender necesidades propias del giro de la empresa, que se cumplen sólo en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en períodos equivalentes en cada ciclo en función a la naturaleza de la actividad productiva.
En segundo lugar, EL TC indicó que las labores realizadas por la demandante estuvieron directamente relacionadas con el rubro al que se dedica la institución, la educación, siendo esta su actividad principal y que el incremento de clases no puede ser considerado como necesidades temporales pues la impartición de las mismas no han de ser considerados como un incremento anormal o sustancial que se repite en todos los periodos del año, sino más bien viene a ser su actividad habitual, continua y normal.
II.- CORTE SUPREMA ESTABLECE REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE COMISIÓN DE FALTAS GRAVES EN EL ÁMBITO LABORAL
Según la Cas. 3615-2014-Tumbes, publicado el 30 de diciembre del 2015, a efectos de determinar si un trabajador ha cometido una falta grave (LCPL, art. 25) debe tenerse en cuenta lo siguiente:
– La tipificación de la falta en la Ley.
– La existencia de proporcionalidad y oportunidad.
La primera consiste en atribuir correctamente a la conducta infractora del trabajador la connotación de grave que hace justificable el despido. La segunda hace referencia a la relación inmediata que debe existir entre el momento de la comisión de la falta y el despido
– La aplicación del principio de razonabilidad para la imposición de la sanción.
I.- LAS FIRMAS DIGITALES EN BOLETAS DE PAGO Y CONTRATOS DE TRABAJO SON VIABLES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON LOS CERTIFICADOS DIGITALES TANTO DEL EMPLEADOR COMO DE LOS TRABAJADORES
Mediante Informe Nº 2606-2015-MTPE/4/8/ de fecha 28 de diciembre de 2015, emitida por consultoría de la Oficina General de Asesoría Jurídica, se emitió opinión respecto de la viabilidad de las firmas digitales en boletas de pago y contratos de trabajo. Al respecto, se concluyó que las firmas digitales tanto en boletas de pago como en contratos de trabajo son viables siempre y cuando se cuente con los certificados digitales tanto del empleador como de los trabajadores.
Agrega el informe que la firma digital tiene la misma validez y eficacia jurídica que una firma manuscrita u otra análoga en tanto esté ligada a un certificado digital que, al ser otorgado por una entidad de certificación determinada, confirma la identidad del titular de la firma, garantizando la autenticidad de la misma; por lo que es necesario contar con la firma digital para que la boleta de pago y el contrato de trabajo tengan validez en el mundo virtual
Agrega el informe que la firma digital es un recurso distinto a una firma escaneada o en PDF, la cual no guarda las medidas de seguridad ni garantías correspondientes para su uso a través de medios electrónicos.