Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/1999/48/1
Timestamp: 2017-06-25 03:26:28
Document Index: 4726582

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 27', 'artículo 81', 'artículo 149', 'artículo 39', 'artículo 30', 'artículo 2', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 22', 'Artículo 26', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'artículo 37', 'Artículo 39', 'artículo 29']

El artículo 19.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al apartado
1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen; de las facultades que atribuye al Estado el número 30, del apartado 1, del artículo 149 de la Constitución y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.
El presente Decreto, en desarrollo de las previsiones contenidas en los artículos 6 a 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, recoge de forma sistematizada los derechos y deberes que corresponden al alumnado de los Centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía y contempla los mecanismos necesarios para garantizar su ejercicio por parte de los miembros de la comunidad educativa.
En su desarrollo normativo, se ha optado por un planteamiento lo suficientemente versátil como para permitir la concreción en la práctica de los principios y fines de la educación antes expuestos, teniendo presente la perspectiva de que en el desarrollo de la actividad educativa se transmiten y ejercitan valores que hacen posible la vida en sociedad y se adquieren hábitos de convivencia y respeto mutuo. A la vez, este
planteamiento procura facilitar su adaptación a las diferentes circunstancias de cada Centro y de la propia sociedad, con el objetivo de que sea punto de encuentro de todos los estamentos de la comunidad educativa en el esfuerzo por mejorar el clima de convivencia y por erradicar la posibilidad de actitudes violentas e intolerantes en nuestros Centros docentes.
Se trata, asimismo, de favorecer la participación efectiva de todos los miembros de cada comunidad escolar en la toma de decisiones que conduzcan a la mejora de la calidad de la educación. Esta participación tiene cauces que quedan
establecidos en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros, en consonancia con sus Finalidades Educativas y con el presente Decreto y coherentes con el principio de autonomía pedagógica y organizativa de los Centros y con los condicionantes del entorno y sus propias señas de identidad.
2. Contra la resolución que haya sido dictada por el Consejo Escolar de un Centro docente privado concertado se podrá presentar, en el plazo de un mes, reclamación ante el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, cuya resolución, que se dictará en el plazo máximo de tres meses, pondrá fin a la vía administrativa. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución, la reclamación podrá entenderse desestimada.
Disposición adicional primera. Secciones de Educación
1. La Comisión Delegada de las Secciones de Educación
Secundaria constituirá una Comisión de Convivencia integrada por el Jefe de Estudios Delegado, que actuará como presidente, el Secretario Delegado, dos profesores, dos padres de alumnos y dos alumnos, elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en la Comisión Delegada del Consejo Escolar.
Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los Centros privados concertados podrán prever la existencia de una Comisión en el seno del Consejo Escolar con las mismas
competencias que se atribuyen en este Decreto a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar de los Centros públicos.
1. El presente Decreto será de aplicación a las residencias escolares. Para ello, en el seno del Consejo de Residencia, se constituirá una Comisión de Convivencia que tendrá las
funciones reguladas para este órgano en el presente Decreto y que estará integrada por el Director, que actuará como
presidente, un educador de ocio, un cuidador, un padre o madre de alumno y dos alumnos o alumnas mayores de doce años.
Disposición adicional quinta. Asesoramiento a los Centros. La Consejería de Educación y Ciencia asesorará a los Centros, especialmente en lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión de Convivencia, a fin de garantizar el mejor
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.
1. Las conductas contrarias a las normas de convivencia que se produzcan hasta la entrada en vigor del presente Decreto serán objeto de las correcciones previstas en la normativa que les resultaba de aplicación. No obstante, si los preceptos del presente Decreto que resulten de aplicación a aquellas
conductas fueran más favorables para el alumnado, se aplicarán éstos, debiendo tenerse en cuenta, a tales efectos, las normas completas de unas y otras disposiciones.
Disposición final segunda. Desarrollo del presente Decreto. Se autoriza al Consejero de Educación y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente Decreto.
Consejero de Educación y Ciencia Desde esta concepción, es preciso que el alumnado perciba que la definición y concreción de sus derechos y deberes y de los procedimientos para garantizar su cumplimiento requieren de la existencia de normas cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la libertad, la responsabilidad, la tolerancia y la
solidaridad como valores que propician la creación de un clima de convivencia armónica, favorecedor de la cooperación y el trabajo y beneficioso para todas las personas implicadas en el Centro.
El presente Decreto tiene por objeto regular los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia que garanticen el ejercicio y el respeto de los derechos, así como el
cumplimiento de los deberes, en los Centros docentes públicos y concertados, en relación con las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
1. El Consejo Escolar de los Centros docentes públicos
constituirá una Comisión de Convivencia integrada por el Director, que actuará como presidente, el Jefe de Estudios, dos profesores, dos padres o madres de alumnos y dos alumnos o alumnas elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. Esta Comisión podrá recabar el asesoramiento que estime oportuno de los servicios del Centro.
5. El Consejo Escolar del Centro, en el mismo acto de
constitución de la Comisión de Convivencia, atribuirá a la misma la imposición de las correcciones a que se refiere la letra a) del artículo 39 de este Decreto.
La Comisión de Convivencia tendrá, además de las funciones genéricas que le atribuye el artículo 30.2 del Decreto
486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos colegiados de gobierno de los Centros docentes públicos y privados
concertados, a excepción de los Centros para la educación de adultos y de los universitarios, las siguientes:
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva que
posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los fines y principios contenidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, y en los artículos y
2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.
3. El Centro programará actividades complementarias y
4. El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones contra las valoraciones del aprendizaje,
decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Consejería de Educación y Ciencia.
1. En el marco de lo establecido en el Título V de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, todo el alumnado tiene derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. El acceso a los niveles no obligatorios de acuerdo con la oferta educativa, se basará en el
aprovechamiento académico o en las aptitudes para el estudio.
a) La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o
1. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus
capacidades, aspiraciones o intereses.
2. De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con discapacidades físicas,
sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o culturales, así como de aquel otro alumnado que precise de algún tipo de adaptación.
5. Los Centros que impartan Educación Secundaria, Formación Profesional de grado superior o enseñanzas de artes plásticas y diseño se relacionarán con las instituciones o empresas públicas y privadas del entorno, a fin de facilitar al alumnado el conocimiento del mundo del empleo y la preparación
profesional que habrán de adquirir para acceder a él. Además, estos Centros habrán de prever las correspondientes visitas o actividades formativas.
Artículo 14. Derecho a que se respete su intimidad,
Artículo 15. Derecho a la participación en la vida del
1. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los Centros, en la actividad escolar y
extraescolar y en la gestión de los mismos, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.
4. En aquellos Centros en que la normativa vigente prevé la existencia de una Junta de Delegados, el alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de este órgano de todos aquellos aspectos de los que tengan conocimiento como
consecuencia del ejercicio de sus funciones.
5. Los miembros de la Junta de Delegados, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y cualquier otra
documentación administrativa del Centro, salvo aquélla cuyo conocimiento pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.
En el marco de la normativa vigente, el alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones de los Centros con las
limitaciones derivadas de la programación de otras actividades ya autorizadas y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos.
4. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será
canalizada a través de los representantes del alumnado en la forma que determinen los Reglamentos de Organización y
5. En el ámbito de la educación secundaria post-obligatoria y de las enseñanzas de régimen especial, en el caso de que la discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se manifieste con una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se considerará como conducta contraria a las normas de
convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a los criterios que se indican a continuación:
a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias
respecto a decisiones de carácter educativo.
6. En relación con el apartado anterior, la dirección del Centro examinará si la propuesta presentada cumple los
requisitos establecidos. Una vez verificado este extremo, será sometida a la consideración de todo el alumnado del Centro de este nivel educativo que la aprobará o rechazará en votación secreta y por mayoría absoluta, previamente informados a través de sus delegados.
7. En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados 5 y 6 anteriores sea aprobada por el alumnado, la dirección del Centro permitirá la inasistencia a clase. Con posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando que en todo momento se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas
correctoras que correspondan en caso contrario.
4. A los efectos establecidos en el apartado anterior,
cualquier persona podrá poner en conocimiento de los órganos competentes las mencionadas conductas.
actividades orientadas al desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias.
c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus
Artículo 22. Deber de respetar la libertad de conciencia. El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las
instalaciones, los recursos materiales y los documentos del Centro.
Artículo 26. Deber de cumplir las normas de convivencia. El alumnado tiene el deber de cumplir las normas de convivencia del centro recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
3. En la determinación de las conductas contrarias a las normas de convivencia deberá distinguirse entre conductas gravemente perjudiciales para la convivencia contempladas en la Sección
3ª de este Capítulo, y demás conductas contrarias a las normas de convivencia contempladas en la Sección 2ª del mismo.
1. Las correcciones que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus
circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen
necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los representantes legales del alumno o de la alumna, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias.
2. Se consideran circunstancias que agravan la
Artículo 33. Ambito de las conductas a corregir.
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y de las alumnas que, aunque realizadas fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los términos previstos en este Decreto. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros órganos o Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 34. Conductas contrarias a las normas de
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus
representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el Reglamento de Organización y
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las
Artículo 36. Organos competentes para imponer las
correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
a) La agresión física contra cualquier miembro de la
d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen una
componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.
f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos
Artículo 38. Correcciones de las conductas gravemente
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia recogidas en el artículo 37 del presente Decreto, podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que
contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las
2. Cuando se imponga la corrección prevista en la letra e) del apartado 1 de este artículo, la Comisión de Convivencia podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al Centro antes del agotamiento del plazo previsto en la
corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
Artículo 39. Organo competente para imponer las correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia.
La Comisión de Convivencia acordará la iniciación del
procedimiento en el plazo de diez días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta a corregir.
2. El Director notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a sus representantes legales la incoación del
procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre del Instructor, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.
El alumno o alumna, o sus representantes legales, podrán recusar al Instructor. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido a la Comisión de Convivencia, que deberá resolver y ante la cual el recusado realizará sus
manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.
1. A la vista de la propuesta del instructor, el Consejo Escolar dictará resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo
justificaran.