Source: http://www.articulacionfeminista.org/a2/index.cfm?aplicacion=app003&cnl=78&opc=23
Timestamp: 2019-05-25 07:03:10
Document Index: 328392905

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 11', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 27']

BOLETIN DE JURISPRUDENCIA Nº 01
Las más pobres no tienen acceso a la AOE
Con fecha 29 de octubre del 2004, la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción” interpone una demanda de amparo contra el Ministerio de Salud con el objeto de que dicha dependencia estatal se abstenga de iniciar el programa de distribución de la denominada “Píldora del Día siguiente” en todas las entidades públicas, asistenciales, policlínicos y demás centros hospitalarios en los cuales se pretenda su entrega gratuita...
Ahora las mujeres presas también tienen derecho a visita íntima
La demandante interpone demanda contra la sentencia de sede ordinaria que declara improcedente su demanda. En ésta se indica que de acuerdo a ley se prohíbe brindar el beneficio penitenciario de visita íntima a los o las condenadas por el delito de terrorismo...
¿Las estudiantes a policía no pueden ser madres?
Este proceso tiene su origen en el caso de una cadete de la Escuela Técnica Superior de la PNP de Chiclayo, que fue internada en el Hospital Regional de Sanidad Policial y luego fue retirada por su embarazo. En este caso el Tribunal Constitucional analizó varios derechos: libertad personal, derecho a la familia, derecho a la educación, derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad…
Ovodonación: ¿derechos en conflicto?
La accionante interpone recurso de casación en representación de su menor hijo contra la resolución que declara improcedente su demanda de impugnación de maternidad, la misma que se sustenta en el hecho de que la demandada no es la madre biológica de la menor, hermana del menor representado, pues ésta fue inseminada artificialmente con el óvulo de una mujer distinta y se utilizó los espermatozoides del esposo de la accionante, sin el consentimiento de éste mediante la técnica de reproducción asistida denominada ovodonación...
Argentina: Denuncia de aborto vs prohibición de autoincriminación
Una mujer acude al hospital público tras haberse realizado un aborto séptico. Los médicos la denuncian a ella y a quien la ayudó. La defensora oficial de la mujer apeló la apertura del sumario criminal en su contra, el que fue anulado tanto por la Cámara como por la Corte...
Chile: El divorcio y la compensación económica para la mujer
Marido se opone a la fijación de compensación económica para su mujer en el divorcio. Este fallo plantea los problemas que presenta la institución de la compensación económica, al no haber claridad respecto de los supuestos que ella engloba y qué tipo de menoscabos son los que cubre...
Colombia: Ponderación de la vida íntima de la víctima en un proceso de violencia sexual
Este caso, refiere la violencia sexual a la que se somete a una mujer de 23 años de edad, delito por el que se sanciona a su agresor a cien meses de prisión por la comisión del hecho punible. Por dicha resolución el abogado defensor interpone recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, en el cual pone como argumentos de debate y consideración la conducta de la víctima...
Restricción de los derechos reproductivos de las Mujeres: Prohibición de la distribución de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE)
El 16 de octubre de 2009, el Tribunal Constitucional peruano emitió su segunda sentencia sobre la Anticoncepción Oral de Emergencia - AOE, método anticonceptivo incorporado en la política sobre planificación familiar del Ministerio de Salud desde el año 2001. Con ella, el Tribunal ordenó al Ministerio de Salud abstenerse de desarrollar como política pública la distribución nacional gratuita de la denominada “Píldora del Día Siguiente”, y ordenó que los laboratorios que la producen, la comercializan y la distribuyen, incluyan en su posología la advertencia de que podría inhibir la implantación del óvulo fecundado. El Tribunal fundamentó su decisión en la existencia de una “duda razonable” sobre el posible efecto anti implantatorio de la AOE, y consecuentemente sobre la posible afectación al derecho a la vida del concebido. Ante las divergencias sobre el concepto de concebido, el Tribunal aplicó el principio pro homini, para asimilarlo a óvulo fecundado; y ante las divergencias científicas sobre los efectos de la AOE y su afectación al óvulo fecundado, el Tribunal aplicó el principio precautorio.
Esta sentencia constituye un grave retroceso en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres peruanas y una clara contradicción a lo que este Tribunal estableció en el año 2006, en un proceso de cumplimiento iniciado por mujeres feministas. La sentencia vulnera el derecho a la más amplia gama de anticonceptivos que tienen las mujeres peruanas, y concretamente a la AOE; derecho que deviene de la interpretación de los derechos constitucionales a la dignidad, libre desarrollo de la personalidad, a decidir sobre cuántos hijos tener y a la salud conforme a lo establecido en tratados como la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención de Derechos del Niño. Recientemente (2007) el Estado peruano fue urgido por Comité CEDAW a “aumentar la provisión de información y servicios de planificación familiar a mujeres y niñas, incluyendo la anticoncepción de emergencia”.
La sentencia objeto de análisis es discriminatoria para todas las mujeres peruanas. Es discriminatoria pues implica una medida que, por resultado, solo las afecta a ellas; y si bien puede considerarse que tiene un fin legítimo (pues busca proteger el derecho constitucional a la vida del concebido) no es razonable, ni proporcional, por lo tanto es injustificada. No es razonable, ya que el Tribunal sustenta su decisión en una no fundamentada “duda razonable” sobre los efectos de la AOE, la que es asumida sin justificar su cambio de posición, ni mencionar porque se aparta de los criterios asumidos por el Estado en el Informe médico- científico y jurídico de la Comisión de Alto Nivel constituida mediante la R. S. 007-2003-SA. Y no es proporcional, pues la restricción de la AOE no va a evitar la realización de abortos; por el contrario, existe información que evidencia como desde el año 2002 al año 2006 se evitaron 32,000 abortos solo por el consumo del Postinor 2 (una presentación de la AOE)[1]. Además de ser discriminatoria por sexo, la sentencia es discriminatoria por razones económicas, pues afecta solo a las mujeres que acuden a los centros de salud públicos (71% de peruanas), las que son predominantemente pobres; asimismo, tiene serias repercusiones en las víctimas de violencia sexual, quienes conforme a las Guías de Atención del MINSA tenían derecho a este método anticonceptivo por ser el único útil con posterioridad a la relación sexual.
[1] Ferrando, Delicia. El aborto Clandestino en el Perú – Revisión. Lima, CMP Flora Tristán , 2006. P. 29
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletín Nº1 PERÚ Observatorio de Sentencias Judiciales -
BOLETIN DE JURISPRUDENCIA Nº 02
La estabilidad laboral prevalece
La recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial del Santa al haber sido despedida de manera arbitraria y sin justificación del cargo de obrera en el departamento de limpieza pública. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda y ordena a la municipalidad reponer las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho fundamental…
Las instituciones privadas también deben brindar información
La recurrente interpone demanda de hábeas data contra una universidad privada con la finalidad que ésta le facilite información sobre el servicio educativo que proporciona. La emplazada se niega a entregar lo solicitado aduciendo que el derecho de acceso a la información recae únicamente sobre entidades públicas. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda y ordena a la universidad entregar la información solicitada, debido a que la información está relacionada al derecho a la educación, reconocido como un servicio público pues su satisfacción es de interés general…
El derecho a la vida y la salud sobre todas las cosas
La recurrente, internada por insuficiencia renal y acreditada al sistema nacional de Salud - ESSALUD, es comunicada de la suspensión de la entrega de insumos para su tratamiento, así como del servicio que se le venía brindando. Durante el proceso se da el deceso de la misma. Con respecto a la sustracción de la materia por la muerte de la recurrente, el Tribunal Constitucional plantea que los procesos de tutela de derechos sirven para evitar que conductas atentatorias a los derechos fundamentales se repitan en el futuro, por ello declara fundada la demanda de amparo y exhorta a ESSALUD a que no vuelva a poner en peligro el derecho a la salud y la vida de los pacientes…
Argentina: Aborto por violación sexual vs objeción de conciencia: N.R.F.
Una adolescente, embarazada como consecuencia de las violaciones perpetradas por su padre y su tío, solicita a las autoridades del hospital local que interrumpan el embarazo. Los médicos se niegan aduciendo objeción de conciencia, tras lo cual solicita autorización judicial. El juez autoriza la práctica...
Argentina: Matrimonio homosexual: Bernath Damian Ariel y otros
Una pareja del mismo sexo pidió turno ante el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires para contraer matrimonio. Ante la negativa, presentaron una acción de amparo solicitando que se les permita casarse, "en igualdad de condiciones en que lo hacen las parejas heterosexuales". La jueza autorizó el matrimonio...
Colombia: Derecho a la salud mental como parte del derecho a la salud: Sentencia T-045/10. M.P: María Victoria Calle Correa
Se interpone acción de tutela contra el Ministerio de Protección Social, en representación de un grupo de mujeres desplazadas que no recibieron una adecuada prestación del servicio de salud. La Corte encuentra necesario que en la prestación de los servicios de salud a las víctimas del conflicto armado, se incluya la atención psicológica y psiquiátrica especializada e incorpore un enfoque psicosocial...
Despido arbitrario: una violación del derecho al trabajo de las mujeres
Rossy Salazar Villalobos
El 10 de marzo de 2010, el Tribunal Constitucional peruano emitió una sentencia sobre “despido arbitrario”[1], figura prevista en el artículo 27° de nuestra Constitución Política vigente. En ella, el Tribunal ordenó a la Municipalidad Provincial del Santa que reponga como trabajadora a la recurrente en el puesto que ocupaba antes de su cese. El Tribunal aplicó el principio de primacía de la realidad, porque existía una discordancia entre lo que ocurría en la práctica y lo que fluía de los documentos. Asimismo, fundamentó su sentencia en base a que la “(…) labor de limpieza pública constituye una prestación de naturaleza permanente en el tiempo, por ser una de las funciones principales de las municipalidades”, por tanto, los contratos de locación de servicios realizados para dicha labor deben ser considerados como de duración indeterminada. En consecuencia, la culminación de dicha relación laboral sólo podría sustentarse en una causa justa establecida por la ley.
Esta sentencia constituye un avance en el ejercicio del derecho al trabajo de las mujeres peruanas, ya que garantiza los derechos establecidos en los artículos 22°[2], 24°[3], 26°[4] y 27°[5] de la Constitución Política peruana que brindan un marco legal sobre el trabajo. De la misma forma, la sentencia da cumplimiento a lo señalado en el inciso c) del artículo 11° de la CEDAW y el Convenio 158 de la OIT, al brindar estabilidad laboral a la recurrente y protegerla del despido arbitrario.
Esta sentencia también contribuye a colocar un freno a la utilización de los contratos de locación de servicios como una salida de los empleadores para no brindar los derechos y beneficios que otorga la ley a los empleados que realizan un trabajo permanente. Además, en la sentencia en vez de indemnizar, que es la regla general establecida por la norma, lo que ordena el Tribunal Constitucional es la reposición reivindicando el derecho a la estabilidad laboral de la recurrente.
[1]http://www.advaserver.com/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=542&plcontampl=3&aplicacion=app003&cnl=3&opc=4
[2] Constitución Política de 1993. Artículo 22°: “El trabajo es un deber y un derecho (…)”.
[3] Constitución Política de 1993. Artículo 24°: “Derecho de los trabajadores”.
[4] Constitución Política de 1993. Artículo 26°: “Relación laboral: principios”.
[5] Constitución Política de 1993. Artículo 27°: “Protección contra el despido arbitrario”.
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