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Timestamp: 2019-05-21 12:36:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 22', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 26', 'artículo 32', 'artículo 34', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 28', 'artículo 7', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 34']

Convenio de 25 de octubre de 1980, tendente a facilitar el Acceso Internacional a la Justicia, hecho en La Haya. Instrumento de Ratificación de 20 de enero de 1988.
Publicado en BOE núm. 77 de 30 de Marzo de 1988
Vigencia desde 01 de Mayo de 1988
CAPITULO PRIMERO. Asistencia judicial
CAPITULO II. Cautio judicatum solvi y exequatur de las condenas en costas
CAPITULO III. Copias de autos y de decisiones judiciales
CAPITULO IV. Arresto substitutorio y salvoconductos
ANEXO . al Convenio.
BOE 11 Abril 1989. Corrección de errores Convenio Internacional, hecho en La Haya 25 Oct. 1980 (tendente a facilitar el acceso internacional a la justicia)
Véase el apartado EC. de la Res. 5 octubre 2007, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 5 noviembre), por el que se publica la sucesión por parte de Montenegro con efectos desde el 3 de junio de 2006.
Véase el apartado E.C. de la Res. 16 octubre 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 23 octubre), por el que se publica declaración por parte de Serbia.
Véase apartado E.C de Res. 9 junio 2005, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 27 junio), por el que se publican declaraciones y reservas formuladas por Rumanía en el momento de la adhesión.
Véase apartado E.C de Res. 26 enero 2005, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 9 febrero), por el que se publica la adhesión por parte de Rumanía, con entrada en vigor el 1 de noviembre de 2003, así como el nombramiento de autoridades centrales cantonales de Suiza.
Véase el apartado E.C de la Resolución 1 de junio de 2004, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del D. 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales («B.O.E.» 15 junio), por el que se publica al adhesión de Chipre al presente Convenio, con entrada en vigor el 1 de octubre de 2000, así como las reservas efectuadas.
Convenio 25 octubre 1980 rectificado por Corrección de errores («B.O.E.» 11 abril 1989).
Por cuanto el día 12 de Enero de 1987, el plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmo en la haya el Convenio tendente a facilitar el acceso internacional a la justicia, hecho en la haya el 25 de Octubre de 1980;
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este instrumento de ratificación firmado por mi, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de asuntos exteriores, con las siguientes declaraciones:
A) (en relación con los artículos 3, 4 y 16, España declara que la autoridad central y expedidora es el Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia.)
B) (en relación con el artículo 5, España declara que se podrán presentar solicitudes por vía consular.)
a 20 de Enero de 1988.
Los estados signatarios del presente Convenio, deseando facilitar el acceso internacional a la justicia, Resuelven celebrar un Convenio a ese efecto y convienen en las siguientes disposiciones:
Los nacionales de un Estado contratante, así como las personas que tengan residencia habitual en un Estado contratante, tendrán derecho a disfrutar de asistencia judicial en materia civil y comercial en cada uno de los estados contratantes en las mismas condiciones que si ellos mismos fuesen nacionales de ese Estado y residiesen en el habitualmente.
En los estados en que exista la asistencia judicial en materia administrativa, social o Fiscal, se aplicaran las disposiciones del presente artículo a los asuntos presentados ante los Tribunales competentes en esas materias.
El artículo primero se aplicara al asesoramiento jurídico a condición de que el requirente este presente en el Estado en que se pide la consulta.
Cada Estado contratante designara una autoridad central encargada de recibir las solicitudes de asistencia judicial que le sean presentadas de conformidad con el presente Convenio y de darles curso.
Los estados federales y los estados en que estén en vigor varios sistemas de derecho estarán facultados para designar varias autoridades centrales. En caso de no ser competente la autoridad central a la que se haya sometido el caso, esta transmitirá la solicitud a la autoridad central competente de su Estado contratante.
Cada Estado contratante designara una o varias autoridades expedidores encargadas de transmitir las solicitudes de asistencia judicial a la autoridad central competente del Estado al que se hace la petición.
Cuando el solicitante de la asistencia judicial no este presente en el Estado al que se hace la solicitud, podrá presentar su petición a una autoridad expedidora del Estado contratante donde tenga su residencia habitual, sin perjuicio de cualquier otra vía que pudiera utilizar para presentar su solicitud a la autoridad competente de aquel Estado.
La solicitud se hará de conformidad con el modelo de formulario anexo al presente Convenio. Ira acompañada de todos los documentos necesarios, reservándose el Estado al que se hace la solicitud el derecho de pedir información o documentos complementarios en los casos en que proceda.
La autoridad expedidora asistirá al solicitante a fin de que queden incluidos todos los documentos e información que, al entender de dicha autoridad, sean necesarios para estudiar la petición. Dicha autoridad verificara si se han cumplido las formalidades.
Sin embargo, cuando en el Estado solicitante sea difícil conseguir la traducción a la lengua del Estado al que se hace la solicitud, este ultimo deberá aceptar que los documentos vayan redactados en las lenguas francesa o inglesa o acompañados de una traducción a una de dichas lenguas.
Las comunicaciones procedentes de la autoridad central receptora podrán estar redactadas en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales de ese Estado, o en ingles o en francés. Sin embargo, cuando la petición remitida por la autoridad expedidora este redactada en francés o en ingles, o acompañada de una traducción a una de esas lenguas, las comunicaciones procedentes de la autoridad central receptora estarán asimismo redactadas en una de esas lenguas.
Los gastos de traducción originados por la aplicación de los párrafos anteriores correrán a cargo del Estado solicitante. Sin embargo, las traducciones realizadas, llegado el caso, por el Estado a quien se hace la solicitud corren por cuenta de este.
La autoridad central receptora resolverá acerca de la petición de asistencia judicial o tomara las medidas necesarias para que resuelva sobre la misma la autoridad competente del Estado al que se hace la solicitud.
Aquella autoridad transmitirá las demandas de información complementaria a la autoridad expedidora e informara de cualquier dificultad que presente el estudio de la solicitud, así como de la decisión tomada.
Cuando no resida en un Estado contratante, el solicitante de la asistencia judicial podrá transmitir la petición por la vía consular, sin perjuicio de cualquier otra vía que pudiera utilizar para presentar su solicitud a la autoridad competente del Estado a quien se solicita.
Los documentos remitidos en aplicación del presente capitulo quedan dispensados de cualquier legalización o formalidad análoga.
La intervención de las autoridades competentes para remitir, recibir o resolver sobre las solicitudes de asistencia judicial en virtud del presente capitulo será de carácter gratuito.
La Instrucción de las solicitudes de asistencia judicial se efectuara con carácter de urgencia.
Cuando la asistencia judicial se haya concedido en aplicación del artículo 1, las notificaciones y comunicaciones de cualquier tipo relativas al proceso del beneficiario, y que habrían de hacerse en otro Estado contratante, no pueden dar lugar a reembolso alguno. Lo mismo sucede con las comisiones rogatorias y las encuestas sociales, con excepción de los emolumentos pagados a expertos e interpretes.
Cuando, en aplicación del artículo 1, se conceda a una persona asistencia judicial en un Estado contratante con motivo de un procedimiento del que se haya derivado alguna decisión, aquella se beneficiara, sin nuevo examen, de la asistencia judicial de cualquier otro Estado contratante en donde solicite el reconocimiento o la ejecución de dicha decisión.
No podrá exigirse ninguna fianza ni deposito, bajo ningún concepto, por motivo únicamente de su calidad de extranjero o por no estar domiciliado o ser residente en el Estado en donde se pretende realizar la acción, de las personas físicas o jurídicas que tengan su residencia habitual en uno de los estados contratantes y que sean demandantes o que intervengan ante los Tribunales de otro Estado contratante.
La misma norma se aplicara a cualquier pago que pueda exigirse para garantizar las costas judiciales a los demandantes o a quienes intervengan.
Las condenas en costas de un proceso pronunciadas en uno de los estados contratantes contra cualquier persona dispensada de fianza, de deposito o de pago, en virtud del artículo 14 o de la Ley del Estado en el que se emprende la acción, serán gratuitamente ejecutorias en el otro Estado contratante, a petición del acreedor.
Cada Estado contratante designara una o varias autoridades expedidoras encargadas de remitir las solicitudes de exequátur de que se hace merito en el artículo 15 a la autoridad central competente del Estado requerido.
Cada Estado contratante designara una autoridad central encargada de recibir las peticiones y de realizar las diligencias pertinentes para que se adopte una decisión definitiva al respecto.
Los estados federales y los estados en los que estén vigentes varios sistemas de derecho estarán facultados para designar varias autoridades centrales. En caso de que no sea competente la autoridad central a la que haya sido sometido un asunto, esta remitirá la solicitud a la autoridad central competente del Estado requerido.
A menos que el Estado requerido haya declarado su oposición, las disposiciones anteriores no serán obstáculo para que el acreedor presente directamente la solicitud de exequátur.
A) una copia autentica de la parte de la decisión en la que aparezcan los nombres y la capacidad de las partes, así como la parte dispositiva relativa a las costas.
B) cualquier otro documento probatorio de que la decisión no puede ser ya objeto de recurso ordinario en el Estado de origen y que la misma es ejecutoria.
La autoridad competente del Estado requerido resolverá sobre las peticiones de exequátur sin oír a las partes, limitándose a verificar la aportación de las pruebas. A petición del demandante evaluara el importe de las costas de autenticación, traducción y certificación, que serán consideradas como costas del proceso. No podrá imponerse ninguna otra legalización o formalidad análoga.
La inmunidad prevista en el párrafo anterior comenzara siete días antes de la fecha fijada para la declaración del testigo, o del perito, y terminara cuando el testigo o perito, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio durante los siete días consecutivos tras habérsele informado por las autoridades judiciales de que ya no era necesaria su presencia, hubiera permanecido sin embargo en ese territorio o hubiera regresado voluntariamente al mismo después de haberlo abandonado.
Con reserva de lo dispuesto en el artículo 22, ninguna disposición del presente Convenio se interpretara en el sentido de restringir los derechos que pudieran reconocerse a una persona, relativos a las materias reguladas por dicho Convenio, de conformidad con las Leyes de un Estado contratante o de conformidad con cualquier otro Convenio en el que dicho Estado fuera o pudiera ser parte.
El presente Convenio sustituirá, en las relaciones entre los estados que lo ratifiquen, a los artículos 17 a 24 del Convenio relativo al procedimiento civil, firmado en la haya el 17 de Julio de 1905, y a los artículos 17 a 26 del Convenio relativo al procedimiento civil, firmado en la haya el 1 de Marzo de 1954, para los estados que fueran parte en uno u otro de esos convenios, incluso si se hubiera hecho la reserva prevista en el segundo párrafo del artículo 28, apart. c.
Los acuerdos adicionales a los convenios de 1905 y de 1954 que celebren los estados contratantes se consideraran como igualmente aplicables al presente Convenio en la medida en que sean compatibles con este, a menos que los estados interesados acordaran otra cosa.
Los estados contratantes que tengan varias lenguas oficiales y que no puedan, por motivos de derecho interno, aceptar para la totalidad de su territorio los documentos de que se hace merito en los artículos 7 y 17 de asistencia judicial, redactados en una de dichas lenguas, deberán hacer saber, mediante una declaración, la lengua en la que aquellos deberán estar redactados o a la que deberán estar traducidos a efectos de su presentación en las partes de su territorio que hubiera determinado.
Un Estado contratante constituido por dos o varias unidades territoriales en las que estén vigentes sistemas de derecho diferentes para las materias contenidas en este Convenio podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el presente Convenio se aplicara a todas las unidades territoriales o solo a una o a varias de ellas y que en todo momento podrá modificarse esta declaración mediante una nueva.
Las declaraciones se notificaran al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos y en ellas se indicaran expresamente las unidades territoriales a las que se aplicara el Convenio.
Cualquier Estado contratante, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá reservarse el derecho de excluir de la aplicación del artículo 1 a las personas que no sean nacionales de un Estado contratante, pero que tengan su residencia habitual en un Estado contratante distinto de aquel que hubiera hecho la reserva, o que hubieran tenido con anterioridad residencia habitual en el Estado que haga la reserva, si no existiera reciprocidad entre el Estado que haga la reserva y el Estado del cual sea nacional el solicitante de asistencia judicial.
A) el empleo del ingles, del francés o de ambas lenguas, según se prevé en el párrafo 2 del artículo 7.
C) la aplicación de las disposiciones del Capitulo II.
E) haya excluido el empleo de las lenguas francesa e inglesa mediante la reserva prevista en el apartado a) del párrafo anterior, cualquier otro Estado afectado por el mismo podrá aplicar la misma regla con respecto al Estado que haya hecho la reserva.
G) haya hecho la reserva prevista en el apartado c) del párrafo anterior, cualquier otro Estado podrá denegar la aplicación de las disposiciones del Capitulo II a los nacionales del Estado que haya hecho la reserva, así como a las personas que tengan en el su residencia habitual.
Cualquier Estado contratante podrá retirar en todo momento una reserva hecha anteriormente. La retirada se notificara al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos.
La reserva dejara de surtir efecto el primer día del tercer mes natural a partir de la notificación.
Cada uno de los Estado contratantes indicara al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, en el momento de depositar el instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o posteriormente a ello, las autoridades previstas en los artículos 3, 4 y 16.
Notificara, asimismo, si procediese, en las mismas condiciones, lo siguiente:
A) las declaraciones de que se hace merito en los artículos 5, 9, 16, 24, 25, 26 y 33.
Los modelos de formularios anexos al presente Convenio podrán ser enmendados por decisión de una Comisión especial en la que se invitara a participar a todos los estados contratantes y a todos los estados miembros de la conferencia de la haya y que será convocada por el Secretario General de la conferencia de la haya. La propuesta de Enmienda de los formularios deberá incluirse en el Orden del día de la convocatoria.
Las enmiendas serán adoptadas por la Comisión especial por mayoría de lo estados contratantes presentes y votantes. Entraran en vigor para todos los estados contratantes el primer día del séptimo mes natural a partir de la fecha en la que el Secretario General las haya comunicado a todos los estados contratantes.
El instrumento de adhesión se depositara ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos.
La adhesión solamente surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherido y los estados contratantes que no hayan presentado objeción con respecto a dicha adhesión en los doce meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el número 2 del artículo 36. Dicha objeción podrá, asimismo, ser elevada por cualquier Estado miembro en el momento en que se produzca una ratificación, aceptación o aprobación del Convenio con ulterioridad a la adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos.
Cualquier Estado, en el momento de la firma, ratificación, aprobación o adhesión, podrá declarar que el Convenio abarcara el conjunto de los territorios a los que representa en el plano internacional o a uno o a varios de ellos.
Dicha declaración surtirá efecto en el momento en que el Convenio entre en vigor con respecto a dicho Estado.
El Convenio entrara en vigor el primer día del tercer mes natural a partir del deposito del tercer instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión previsto en los artículos 31 y 32.
A partir de ese momento, el Convenio entrara en vigor:
1. Para cualquier Estado que ratifique, acepte, apruebe o se adhiera posteriormente, el primer día del tercer mes natural a partir del deposito del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. Para los territorios o las unidades territoriales a las que se haya ampliado el Convenio de conformidad con el artículo 26 o 33, el primer día del tercer mes natural a partir de la notificación mencionada en dichos artículos.
El Convenio, si no se denuncia, se renovara tácitamente de cinco en cinco años.
La denuncia solamente tendrá efecto con respecto al Estado que la haya notificado. El Convenio seguirá en vigor para los otros estados contratantes.
El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos notificara a los estados miembros de la conferencia, así como a los estados que se hayan adherido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32:
3. La fecha en que entrara en vigor el Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.
En fe de lo cual , los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Convenio.
el día 25 de Octubre de 1980,
en francés y en ingles, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del que se enviaran sendas copias certificadas conforme por vía diplomática a los estados miembros de la conferencia de Derecho Internacional Privado de la haya, en su decimocuarta sesión, así como a cualquier otro Estado participante en la preparación de este Convenio en la presente sesión.
Formulario de transmisión de solicitud de asistencia judicial Convenio de la haya tendente a facilitar el acceso internacional a la justicia, firmado en la haya el 25 de Octubre de 1980
La autoridad expedidora infrascrita se honra en hacer llegar a la autoridad central receptora la solicitud de asistencia judicial, junto con su anexo(declaración relativa a lasituación económica del solicitante), a los efectos previstos en el capitulo primero del citado convenio.
Hecho en (.). El (.).
Formulario de solicitud de asistencia judicial Convenio tendente a facilitar el acceso internacional a la justicia, firmado en la haya el 25 de Octubre de 1980
B) en su caso, enumeración de las pruebas correspondientes a la acción iniciada o prevista .
C) nombre y dirección de la parte contraria . 4.
Cualesquiera plazos o fechas relativas a la acción que puedan tener consecuencias de índole jurídica para el solicitantes y que justifiquen un trato de urgencia de la solicitud .
5.  Cualquier otra información pertinente .
Hecho en (.) El (.) 7. Firma del solicitante.
Táchese lo que no interese.
11.  Nacionalidad.
12. A) residencia habitual (fecha en que se inicio la residencia).
B) residencia habitual anterior (fecha en que se inicio y termino la residencia).
13. Estado civil [soltero(a), casado(a), viudo(a), divorciado(a), separado(a)].
15.  Nombres, apellidos y fecha de nacimiento de los hijos a cargo del(la) interesado(a).
18.  Actividad profesional.
19. Nombre y dirección del patrono o del lugar en que se ejerce la actividad profesional.
(Cuadro suprimido) 24. Impuestos sobre la renta y contribuciones a la Seguridad Social del año anterior.
28. Hecho en (.) (Lugar) 29. El (fecha)
30. (.) [Firma del(la) interesado(a)]
Firma / ratificación
Alemania, República federal de / 25-10-1980
España / 12- 1-1987 / 8- 2-1988
Finlandia / 129-1985
Francia / 25-10-1980 / 22-12-1982 (1)
Grecia / 25-10-1980
Luxemburgo / 13- 4-1981
Marruecos / 16- 9-1981 / (2)
Suecia / 15- 1-1987 / 15- 1-1987 (3)
Suiza / 21- 5-1985
Reservas y declaración
(1) Francia. Firmado con la siguiente reserva:
(De conformidad con las disposiciones del artículo 28, párrafo 1. , Francia se reserva el derecho, si no existiera reciprocidad de trato entre ella y el Estado del que sea nacional el solicitante de la asistencia judicial, de excluir la aplicación del artículo 1 en el caso de personas que no sean nacionales de un Estado contratante, pero que tengan en el su residencia habitual, así como en el caso de las personas que hayan tenido su residencia habitual en Francia.) Ratificación con las siguientes reservas y declaraciones:
(En aplicación de las disposiciones del artículo 28, párrafo primero, Francia se reserva el derecho de excluir la aplicación del artículo 1 en el caso de las personas que no sean nacionales de un Estado contratante, pero que tengan su residencia habitual en otro Estado contratante distinto del que haya hecho la reserva o que hayan tenido su residencia habitual en el Estado que haya formulado la reserva, si no existe reciprocidad entre este ultimo Estado y el Estado del que sea nacional el solicitante de la asistencia judicial.
De conformidad con las disposiciones del artículo 29, y en aplicación del artículo 16, párrafo primero, se designa al Ministerio de Justicia, representado por la oficina de asistencia judicial internacional de la dirección de asuntos civiles y del sello como autoridad central encargada de recibir las peticiones de exequátur previstas en el artículo 15.
De conformidad con las disposiciones del artículo 28, párrafo segundo, a), y en aplicación del artículo 7, párrafo segundo, no se dará curso mas que a las peticiones redactadas en lengua francesa o acompañadas de una traducción en esta lengua.
De conformidad con las disposiciones del artículo 33, declara que el Convenio se aplicara al conjunto del territorio de la República francesa.)
(2) Marruecos. (El Reino de Marruecos declara que las peticiones de asistencia judicial y de expedición de ordenes ejecutivas para el pago de costas se redactaran en árabe.)
(El Reino de Marruecos se reserva el derecho a excluir la aplicación del artículo 1 del Convenio en el caso de personas que no sean nacionales de un Estado contratante, pero que tengan su residencia habitual en un Estado contratante distinto del que formule la reserva, o que hayan tenido anteriormente su residencia habitual en el Estado que formule la reserva, si no hay reciprocidad de trato entre el Estado que formule la reserva y el Estado del que sean nacionales las personas que soliciten la asistencia judicial.
El Reino de Marruecos se reserva el derecho de excluir la aplicación del artículo 20 del Convenio, sin perjuicio de las disposiciones en contrario que pueda contener cualquier Convenio bilateral concertado por Marruecos.)
(3) Suecia.
1. En Suecia no se dispondrá de la asistencia judicial a que se hace referencia en el artículo 13, párrafo segundo [artículo 28, párrafo segundo, b)].
3. El Ministerio de Asuntos Exteriores es designado como la autoridad central según el artículo 3 y como la autoridad expedidora, de acuerdo con los artículos 4 y 16 (art. 29).
El presente Convenio entrara en vigor de forma general y para España el 1 de Mayo de 1988, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del mismo.
José Manuel Paz y Agüeras.