Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/65804
Timestamp: 2019-10-23 21:09:30
Document Index: 388748483

Matched Legal Cases: ['artículo 73', 'artículo 79', 'artículo 84', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 95', 'Artículo 8', 'Artículo 39', 'artículo 86']

Gaceta: LXIII/2PPO-7/65804
La propuesta tiene la finalidad de prever que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, estén facultadas para otorgar, de manera directa, medidas de ayuda, asistencia y atención, con cargo al Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente.
De la misma manera, se busca que, en casos urgentes o de extrema necesidad, la CEAV y las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, estén facultadas para autorizar que las víctimas que se encuadren en dichos supuestos, acudan a instituciones privadas de atención médica, y para cubrir los gastos médicos con cargo al Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente.
Se pretende incluir los traslados que las víctimas deban realizar para acudir a recibir atención médica, o para acudir a alguna diligencia en la que deban participar o estar presentes, a los gastos previstos para su reembolso en el Fondo Federal o en los fondos de las entidades federativas; prevé la facultad de atracción de la CEAV, para casos cuyo conocimiento sea competencia de las entidades federativas.
La propuesta pretende especificar que los pagos que la CEAV o las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, se realicen con cargo al Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente, y estos se deberán realizar por anticipado, y las víctimas deberán comprobar el ejercicio de los recursos para los fines correspondientes, dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de los recursos, sin que la comprobación deba ser necesariamente vía recibos con efectos fiscales, en los casos que determinen la CEAV o las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, atendiendo al caso concreto.
Y finalmente, busca flexibilizar los requisitos de inscripción de víctimas al Registro Nacional de Víctimas y prever que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pueda inscribir víctimas del fuero común cuya calidad haya sido reconocida por el Ministerio Público, una autoridad jurisdiccional o mediante un organismo protector de los derechos humanos.
The proposal aims to provide the Executive Committee for Victims (CEAV) and commissions care for victims of the states, have the power to grant, directly, support measures, assistance and care, under the Federal fund or funds federative entities respectively.
In the same way, it is intended that, in urgent or extreme necessity cases, CEAV and commissions of care for victims of the states, are empowered to authorize victims that fall in such cases, attend private institutions medical care, and to cover medical expenses under the Federal Fund or funds federative entities respectively.
It is intended to include transfers that victims should take to go to get medical care, or to attend any diligence in which to participate or be present, to the anticipated expenses for reimbursement in the Federal Fund or funds of entities states; provides for the power of attraction of CEAV for cases knowledge of which is the responsibility of the states.
The proposal seeks to specify that the payments to the CEAV or commissions care for victims of the states, are made under the Federal Fund or funds of the states, respectively, and these should be made in advance, and victims they shall check the exercise of resources for appropriate action, within 30 calendar days of receipt of resources, without checking must necessarily be via receipts for tax purposes, in cases that determine the CEAV or commissions care for victims of the states, considering the case.
And finally, aims to relax the requirements for registration of victims to the National Register of Victims and provide that the Executive Committee for Victims can register victims under state jurisdiction whose quality has been recognized by the prosecution, a judicial authority or by a protective body of human rights.
Articles Reform: Reform the articles 6, 8, 8 bis, 39 bis and 95 of the General Law of Victims.
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, 8 Y 95 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 8 BIS Y 39 BIS A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS,en virtud de la siguiente:
El miércoles 09 de enero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas, expedida por el Congreso de la Unión sin contar con facultades legislativas expresas conferidas por nuestra Constitución para expedir una ley general que desarrollara los principios y bases en materia de atención a víctimas, aplicables a todos los niveles de gobierno.
Apenas el 25 de julio de este año, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73, por la que se facultó expresamente al Congreso de la Unión, en la fracción XXIX-X, para expedirla ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios ylas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas.
Así, recién a partir de la publicación de la reforma del 25 de julio de 2016, los mínimos previstos en la Ley General de Víctimas son el piso que tienen las legislaturas de las entidades federativas para legislar sobre la materia en el ámbito local, conforme lo dispone el sistema de distribución de competencias previsto en los artículos122 y 124 de la Constitución (régimen de facultades implícitas).
Lamentablemente, la Ley General de Víctimas no ha sido adecuada a las necesidades actuales, ni ha sido reformada atendiendo a las experiencias de diversos casos de violaciones graves de derechos humanos.
La última reforma a esta importantísima ley,data del 03 de mayo de 2013, hace más de tres años. Desde esa única reforma que tuvo la ley, la sociedad mexicana ha vivido una crisis de seguridad pública y de protección a los derechos humanos, lo cual ha sido incluso reconocido por organismos internacionales protectores de derechos humanos. Durante estos más de tres años de vigencia de la Ley General de Víctimas, la sociedad civil organizada ha levantado la voz en diversas ocasiones para demandar una adecuación por parte del Congreso de la Unión a dicha Ley General, para adecuarla a la realidad que viven las víctimas en nuestro país. Lamentablemente, sus palabras no se han traducido en siquiera alguna reforma aprobada por el Congreso de la Unión y publicada por el Presidente de la República.
El objeto de la Ley General de Víctimas es garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas (tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos), por lo que su falta de actualización a las necesidades reales y actuales de las víctimas, contraviene el espíritu mismo de la propia ley.
Conforme lo dispone el artículo 79 de la Ley General de Víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas es la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.
Asimismo, conforme lo prevé el artículo 84 de dicha ley, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (la “CEAV”) es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y de ella dependentanto el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, como el Registro Nacional de Víctimas, además de encargarse de la asesoría jurídica federal de atención a víctimas.
Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016.
El 19 de junio de 2016, tuvo lugar un enfrentamiento de elementos de la Policía Federal, de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambas del Estado de Oaxaca, con manifestantes y maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, durante un operativo cuyo objeto era permitir la libre circulación de vehículos en la autopista 135-D y la carretera federal 190, ambas en su cruce ubicado en las afueras de Asunción Nochixtlán, Oaxaca.
Derivado de esos hechos, el 22 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó una Proposición de común acuerdo en la que se condenaron los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, se exhortó a las autoridades competentes a investigar los hechos a fin de que se finquen las responsabilidades correspondientes, y se previó la conformación de una Comisión plural para dar seguimiento a tales hechos.
A raíz de lo anterior, el 29 de junio de 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad el Acuerdo por el que se creó la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016 (en lo sucesivo, la “Comisión de Seguimiento”) en el que se estableció que sus actividades serían “la observación y seguimiento de las investigaciones de los hechos”.
En dicho Acuerdo se designó como Presidenta a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y se señaló que la vigencia de la Comisión de Seguimiento sería “hasta que se considere atendido el objetivo para el que fue creada, o en su caso, cuando concluya el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura,y sus integrantes deberán presentar un informe de sus actividades”.
A efecto de dar seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, los legisladores integrantes de la Comisión de Seguimiento visitaron el lugar de los hechos y sostuvieron diversas entrevistas con pobladores de Nochixtlán, con integrantes del Comité de Víctimas y del Comité Social, así como con el director del Hospital Básico Comunitario y con maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
A lo largo de la existencia de la Comisión de Seguimiento, los legisladores integrantes sostuvieron diversas reuniones de trabajo con servidores públicos tanto del Gobierno Federal, como del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como con los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Así, en el marco de las actividades de dicha Comisión de Seguimiento, la Presidenta de dicha Comisión, el 06 de julio de 2016 solicitó a la CEAV un informe sobre su actuación y seguimiento de los mencionados hechos, así como del estado que guardaba la atención de las víctimas por parte de la CEAV. A efecto de dar seguimiento a la información que recibió la Comisión de Seguimiento por parte de la CEAV, el martes 26 de julio de 2016, los legisladores que integran la Comisión de Seguimiento, sostuvieron una reunión de trabajo con el maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Presidente de la CEAV, a fin de que ampliara la información sobre cuáles habían sido las acciones que la CEAV había realizado en relación con los mencionados hechos, así como para que nos relatara su participación a fin de dar una debida atención a las víctimas.[1] Como puede consultarse en el Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento[2], la CEAV informó quese inscribieron a 89 personas lesionadas y 7 fallecidas en el Registro Nacional de Víctimas.
En la mencionada reunión de trabajo con el Comisionado Presidente de la CEAV, y en comentarios posteriores por parte delaCEAV,en relación con las dificultades que enfrentó dicha institución para garantizar los derechos que la Ley General de Víctimas otorga a las víctimas de los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, se encuentran una multiplicidad de obstáculos normativos previstos en la Ley General de Víctimas, que dificultan la operación de la propia CEAV, los cuales impiden una debida atención de las víctimas y el otorgamiento de la reparación a la que tienen derecho conforme a la ley.
Así, como se concluyó en el Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento, es necesario reformar la Ley General de Víctimas,a fin de que la CEAV pueda cumplir con su misión de una manera más efectiva.
Por todo lo anterior, la presente iniciativa prevé reformar la Ley General de Víctimas, a fin de adecuarla en los siguientes rubros:
Prever que la CEAV y las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas,estén facultadas para otorgar, de manera directa, medidas de ayuda, asistencia y atención, con cargo al Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente;
Prever que, en casos urgentes o de extrema necesidad,la CEAV y las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, estén facultadas para autorizar que las víctimasque se encuadren en dichos supuestos, acudan a institucionesprivadas de atención médica, y para cubrir los gastos médicos con cargo al Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente;
Incluir los traslados que las víctimas deban realizar para acudir a recibir atención médica, o para acudir a alguna diligencia en la que deban participar o estar presentes, a los gastos previstos para su reembolso en el Fondo Federal o en los fondos de las entidades federativas;
Prever la facultad de atracción de la CEAV, para casos cuyo conocimiento sea competencia de las entidades federativas, y se de alguno de los siguientes supuestos:
Que la entidad federativa no cuente con una comisión de atención a víctimas;
Que la Procuraduría General de la República o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hayan ejercido la facultad de atracción en relación con el caso del hecho victimizante;
Tratándose de violaciones graves de derechos humanos; o
Cuando el caso sea de trascendencia nacional.
Especificar que los pagos que la CEAV o las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, realicen con cargo al Fondo Federal o a los fondos de las entidades federativas, respectivamente, se deberánrealizar por anticipado, y las víctimas deberán comprobar el ejercicio de los recursos para los fines correspondientes, dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de los recursos, sin que la comprobación deba ser necesariamente vía recibos con efectos fiscales, en los casos que determinen la CEAV o las comisiones de atención a víctimas de las entidades federativas, atendiendo al caso concreto.
Flexibilizar los requisitos de inscripción de víctimas al Registro Nacional de Víctimas y prever que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pueda inscribir víctimas del fuero común cuya calidad haya sido reconocida por el Ministerio Público, una autoridad jurisdiccional o mediante un organismo protector de los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos6, 8 y 95y se adicionan los artículos 8 Bis y 39 Bisa la Ley General de Víctimas, en los siguientes términos:
PRIMERO.- Se reforman los artículos6, 8 y 95 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:
“Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
III. Comisiones de Víctimas: la comisión de atención integral a víctimas de cada entidad federativa;
VIII Bis. Fondo Local: el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas que cada entidad federativa debe constituir;
IX. a XIX. …”
“Artículo 8.-…
Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten.
En casos urgentes o de extrema necesidad, la Comisión Ejecutivao las Comisiones de Víctimas, podrán autorizar que la víctima que se encuadre en dichos supuestos, acuda a instituciones privadas de atención médica, con cargo al Fondo o al Fondo Local, según corresponda.
La Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, en el ámbito de sus facultades, podrán otorgar de manera directa, medidas de ayuda, asistencia y atención, con cargo al Fondo o al Fondo Local, según corresponda,en tanto la víctima requiera dichas medidas para superar las condiciones de necesidad surgidas como consecuencia del Hecho victimizante.
Los pagos que la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas realicen con cargo al Fondo o a los Fondos Locales, respectivamente, se deberán realizar por anticipado, y las víctimas deberán comprobar el ejercicio de los recursos para los fines correspondientes, dentro de los treinta días naturales siguientes a la recepción de los recursos, sin que la comprobación deba ser necesariamente vía recibos con efectos fiscales, en los casos que determinen la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de Víctimas, atendiendo al caso concreto.“
“Artículo 95.- El Comisionado Presidente tendrá las siguientes facultades:
VIII. Garantizar el registro de las víctimas que acudan directamente ante la Comisión Ejecutiva a solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, así como los servicios de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral que soliciten a través de las instancias competentes, dando seguimiento hasta la etapa final para garantizar el cumplimiento eficaz de las funciones de las instituciones. La Comisión podrá inscribir víctimas del fuero común cuya calidad haya sido reconocida por el Ministerio Público, una autoridad jurisdiccional o mediante organismo protector de los derechos humanos.
IX. a XIII. …”
SEGUNDO.- Se adicionen los artículos8 Bis y 39 Bis a la Ley General de Víctimas, en los siguientes términos:
“Artículo 8 Bis.- La Comisión Ejecutiva, de oficio o a petición de la víctima, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos casos cuyo conocimiento sea competencia de las entidades federativas, en los siguientes supuestos:
I.Cuando la entidad federativa no cuente formal y materialmente con una Comisión de Víctimas en los términos que establece la presente ley;
II. Cuando la Procuraduría General de la República o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el marco de susrespectivas facultades, hayan ejercido la facultad de atracción en relación con el caso del Hecho victimizante;
III. En tratándose de violaciones graves de derechos humanos; y
IV. Cuando el caso sea de trascendencia nacional.
Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere el presente artículo, la Comisión Ejecutivadeberá fundar y motivar su determinación, y notificar el ejercicio de la facultad de atraccióntanto a la víctima como a la Comisión de Víctimas de que se trate, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la determinación de la Comisión Ejecutiva.
En todos los supuestos del presente artículo, los pagos hechos por la Comisión Ejecutiva con cargo al Fondo, deberán ser reintegrados por la Comisión de Víctimas correspondiente, o por la Tesorería de la entidad federativa en el supuesto de la fracción I del presente artículo, dentro de los sesenta días naturales siguientes al requerimiento del reintegro.“
“Artículo 39 Bis.- Los gastos derivados del trasladode las víctimas para acudir a recibir atención médica, o para acudir a alguna diligencia en la que deban participar o estar presentes, también deberán ser cubiertos por la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas, con cargo al Fondo o a los Fondos Locales, respectivamente.”
PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación yen la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.
TERCERO.- Las legislaturas de las entidades federativas deberánreformar sus leyes localesa efecto de adecuarlas al texto de la reforma prevista en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a suentrada en vigor.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblicaa los catorce días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO
SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS
[1]El video de dicha reunión de trabajo y su versión estenográfica están disponibles para su consulta y reproducción en los siguientes vínculos:
http://goo.gl/D2U2Ik
http://goo.gl/dm4xfV
[2]El Informe de actividades de la Comisión de Seguimiento está disponible para su consulta y descarga gratuita en el micro sitio que se habilitó en el sitio de Internet del Senado de la República, específicamente en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/nochixtlan/informe_final.php
De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Adriana Dávila Fernández y María Lucero Saldaña Pérez, integrantes de la Comisión contra la Trata de Personas, la que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan la Ley General de Víctimas, la Ley de Asistencia Social y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 87, 88 y 95 y adiciona los artículos 87 Bis y 87 Ter de la Ley General de Víctimas.
De los Senadores Arely Gómez González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley General de Víctimas.
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Víctimas.
De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.