Source: http://juridicas-blog.ubp.edu.ar/2016/04/19/enfrentamiento-entre-hinchas-de-futbol-y-policias/
Timestamp: 2017-09-21 19:22:55
Document Index: 330748094

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'in fine', 'artículo 51', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 75']

Ciencias Jurídicas y Sociales | ENFRENTAMIENTO ENTRE HINCHAS DE FUTBOL Y POLICÍAS
post-template-default,single,single-post,postid-346,single-format-standard,tribe-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,
Tras un enfrentamiento ocurrido luego de un partido de fútbol personas que se encontraban dentro del campo de juego resultaron heridas a raíz del accionar de la fuerza pública al disparar perdigones de goma. Iniciada acción de daños, la sentencia atribuyó culpa concurrente a aquellas y a la entidad deportiva, la Provincia de Mendoza y a la liga provincial de fútbol codemandadas. El decisorio fue apelado y la Cámara lo confirmó.
SUMARIOS – JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA VINCULADA
Acreditado que los accionantes estaban dentro del campo de juego formando parte del enfrentamiento ocurrido luego de un partido de futbol, corresponde atribuirles responsabilidad en forma concurrente junto a la entidad deportiva, la Provincia de Mendoza y la liga provincial de fútbol codemandadas, pues, si bien estas últimas deben velar por la seguridad de las personas que asisten al espectáculo, el accionar de tipo vandálico de aquellos contribuyó concausalmente a la materialización de daños. [1] [1] Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, sala I, “Quiroz, Luis Oscar c. Policía de la Provincia del Chaco y/o Gobierno de la Provincia del Chaco”, 14/07/2008, LLLitoral 2008 (setiembre), 878, LLLitoral 2009 (abril), 260, AR/JUR/4265/2008.
[1] HERSALIS, Marcelo, “El maltrecho asistente a un espectáculo deportivo”, LLC 2012 (abril), 253, AR/DOC/850/2012.
El organizador de espectáculos deportivos debe extremar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de aquellos que concurren a los estadios, hayan estos comprado o no la entrada correspondiente, porque, de lo contrario, resultan responsables por los daños que sufran en esa ocasión, pudiendo esgrimir como eximente de su responsabilidad el hecho de la víctima como interruptor del nexo causal a nivel de autoría. [2] [2] JALIL, Julián Emil, “Deber de indemnidad del organizador de un espectáculo frente al daño a un espectador”, LA LEY 07/12/2011, 7, LA LEY 2011-F, 591, AR/DOC/6062/2011.
El espectador de un evento deportivo aun cuando no hubiera comprado la entrada se encuentra amparado por la Ley 24.240, pues se trata de una persona que, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella utiliza bienes o servicios provistos por el proveedor.
Al momento de interpretar el alcance de las cláusulas de exclusión de cobertura del seguro se debe tener presente de manera primordial la tutela prevista para los contratos de consumo, teniendo en cuenta los arts. 988, 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial, normativa que, si bien no resulta de aplicación al caso por imperio de lo normado en su art. 7, refleja lo que en doctrina y jurisprudencia se sostenía al respecto con anterioridad a su sanción.
La exclusión de cobertura ante la existencia de daños sufridos por espectadores de partidos de futbol cuando sean provocados por el accionar de la fuerza pública y/o privada de seguridad es válida, pues no se advierte que la cláusula sea poco clara, carente de contenido por su generalidad o ajena a las circunstancias que constituyan una mayor probabilidad o intensidad del riesgo asumido.
2ª Instancia. — Mendoza, diciembre 9 de 2015.
Primera cuestión: ¿Deben modificarse las sentencias en recurso? Segunda cuestión: ¿Costas?
I. Que previo a todo debo advertir que habiéndose dispuesto la acumulación de los expedientes conexos (fs. 783 de los autos n° 148.790), independientemente de que el magistrado de grado haya dictado sentencia en cada causa por separado, resulta necesario producir una única resolución en esta instancia por ser el mismo hecho el que se discute en ambos expedientes (art. 100 del C.P.C.).
Llegan en apelación las sentencias que glosan a fs. 837/877 y fs. 825/834, de los autos antes referenciados, por las cuales se hace lugar parcialmente a las demandas interpuestas por Patricia Bazán en representación de su hijo menor Jesús Maximiliano Bazán (hoy mayor de edad) y por Héctor Daniel Páez, en
contra del Gobierno de la Provincia de Mendoza; Liga Mendocina de Futbol y Gutiérrez Sport Club, condenándolos, en forma solidaria, a pagarles a los primeros las sumas de $25.000 y $20.000, respectivamente, con más los intereses dispuestos en los considerandos.
II. Plataforma fáctica.
Autos N° 148.790/51.304:
A fs. 7/21 se presenta la Dra. S. S., por el Sr. Héctor Daniel Páez, promueve acción por daños y perjuicios contra Liga Mendocina de Futbol; Gutiérrez Sport Club y Gobierno de Mendoza, solicitando se los condene al pago de la suma de $80.000, con más sus intereses legales desde la fecha del hecho, costas y desvalorización monetaria o lo que en mas o en menos surja de la prueba a producirse.
En relación a los hechos relata que el 16 de octubre de 2.006, siendo las 19:30hs., el Sr. Páez se encontraba en el estadio de Gutiérrez Sport Club, observando un partido de fútbol entre ese equipo y Huracán Las Heras.
Explica que al finalizar el encuentro se produjo la invasión de la cancha por parte de los simpatizantes de Huracán Las Heras y luego de hinchas de Gutiérrez, permaneciendo la policía pasiva ante esas circunstancias.
Menciona que luego se produjo un enfrentamiento entre ambas barras dentro de la cancha, resultando lesionados varios jugadores de Huracán y que en medio de esos incidentes la policía comenzó a lanzar balas de goma en forma indiscriminada, resultando el Sr. Páez severamente lesionado cuando se encontraba en la tribuna.
Se refiere a la responsabilidad de las demandadas, individualiza los daños por los que reclama indemnización y estima sus montos.
A fs. 48 comparece el Dr. A.F. J., por Liga Mendocina de Fútbol y cita en garantía a San Cristóbal S.M. de Seguros Generales y a fs. 80/90 contesta la demanda interpuesta en su contra, solicitando su rechazo, con costas.
Plantea la falta de legitimación sustancial pasiva de su representada.
Sostiene que la misma no mantuvo ningún vínculo contractual con el actor y que no está incluida en las previsiones del art. 51 de la Ley 24.192 al no haber participado del evento, ni obtener un beneficio económico del mismo, ya que lo que percibe es al sólo efecto de cancelar los gastos de árbitros y seguridad (policía).
Aclara que la Liga Mendocina de Fútbol no tiene una finalidad lucrativa, sino que es una asociación sin fines de lucro, cuya finalidad es propender a la práctica de ese deporte, que en esta provincia es amateur.
En relación a los hechos reconoce que el 16 de octubre de 2006, existió un partido de fútbol en el que se enfrentaron Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport
Club, en el estadio de este último, ante una cantidad aproximada de 3.000 espectadores y con 100 efectivos policiales afectados al operativo de seguridad.
Niega que el actor haya ingresado al estadio, ya que nunca acompañó la entrada que debía poseer.
Igualmente, si esa circunstancia pudiera acreditarse, menciona que seguramente el actor se encontraba entre los simpatizantes que produjeron los desmanes y que, en ese caso, se configuraría la eximente por culpa de la víctima.
A fs. 93/101, se presenta el Dr. M.F., por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza y contesta la demanda interpuesta en su contra, solicitando su rechazo, con costas.
Desconoce que el demandante haya concurrido al espectáculo deportivo en donde habrían ocurrido los hechos que relata.
Sostiene que aun en el caso en que ello pueda acreditarse y si es verdad que los barras bravas de ambos equipos se enfrentaron violentamente dentro de la cancha, resulta materialmente imposible que un espectador ubicado en la platea sufra heridas como las que muestran las fotos acompañadas por el accionante.
Indica que, por ende, Páez habría participado de los disturbios y que por eso resultó herido, cumpliéndose los extremos requeridos para que opere la eximente de responsabilidad por culpa de la víctima.
A fs. 108/109, el Dr. V.F., por San Cristóbal S.M.S.G., declina la citación en garantía efectuada por la Liga Mendocina.
Expresa que conforme surge de la póliza que acompaña se encuentran excluidos de la cobertura los daños físicos o materiales provocados por el accionar de las fuerzas de seguridad pública y/o privada y que la cobertura solo se extiende a los eventos que puedan ocurrir durante los partidos.
Indica que los hechos que motivan este proceso se produjeron por el accionar de la fuerza pública al disparar perdigones de goma y además ocurrieron después de que el partido había concluido.
A fs. 131/134, comparece el Dr. E.M., por Gutiérrez Sport Club y contesta la demanda interpuesta en su contra, solicitando su rechazo, con costas.
Reconoce que el 16/10/2006 se disputó un encuentro correspondiente al torneo organizado por la Liga Mendocina de Fútbol en las instalaciones de su representada y que existieron hechos de violencia a su finalización entre las parcialidades de ambos equipos.
Indica que la parcialidad visitante ingreso al campo de juego a festejar en forma desubicada y desmedida, provocando a la local y que la seguridad se vio sobrepasada por el vandalismo, hasta que los hinchas locales no aguantaron más los insultos, tiradas de piedras y burlas e ingresaron también al campo, produciéndose una barbarie generalizada que la policía debió reprimir a fin de que la situación no pasara a mayores.
Aclara que no le consta si el Sr. Páez es parte de los grupos violentos, pero sí puede afirmar que estaba en la cancha, sin entrada.
Se refiere a la organización del espectáculo deportivo y ofrece pruebas.
A fs. 137/143, el Dr. A. J., por la Liga Mendocina de Fútbol, contesta el traslado que le fuera conferido respecto del rechazo de citación en garantía.
Argumenta que las cláusulas de exclusión de cobertura incorporadas en la póliza violan los más elementales principios de la lógica e implican una interpretación retorcida de las mismas.
Refiere que ellas no son claras, haciendo mención al límite temporal “durante el partido” y a las diferencias entre los términos “acción” y “accionar”.
Indica que dichas cláusulas son abusivas, por lo que deben tenerse por no escritas, pero que, en cualquier caso, igualmente la compañía debería responder por el daño moral y el daño psíquico que no se encuentran excluidos.
A fs. 158/159, la Dra. S. S., por el actor, contesta el traslado conferido por el rechazo de la citación en garantía.
Expresa que el límite temporal alegado por la aseguradora a los daños ocurridos “durante el partido”, afecta la buena fe contractual, ya que ellos han ocurridos en ocasión del partido y que por aplicación del principio protectorio a los consumidores, en caso de duda debe estarse a favor de estos.
A fs. 185, el Dr. H.F., por Fiscalía de Estado, toma la intervención que por ley le corresponde.
A fs. 190 se resuelve acerca de la admisión y sustanciación de las pruebas ofrecidas por las partes.
Autos N° 148.788/51.288:
A fs. 1/18 se presenta el Dr. A. S., por la Sra. Patricia E. Bazán, quien lo hace en representación de su hijo menor de edad Jesús Maximiliano Bazán, promueve acción por daños y perjuicios contra Liga Mendocina de Futbol; Gutiérrez Sport Club y Gobierno de Mendoza, solicitando se los condene al pago de la suma de $80.000, con más sus intereses legales desde la fecha del hecho, costas y desvalorización monetaria o lo que en mas o en menos surja de la prueba a producirse.
A fs. 46 comparece el Dr. A.F. J., por Liga Mendocina de Fútbol y cita en garantía a San Cristóbal S.M. de Seguros Generales y a fs. 79/89, contesta la demanda interpuesta en su contra, solicitando su rechazo, con costas.
A fs. 92/100, se presenta el Dr. M.F., por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza y contesta la demanda interpuesta en su contra, solicitando su rechazo, con costas.
A fs. 107/108, el Dr. V.F., por San Cristóbal S.M.S.G., declina la citación en garantía efectuada por la Liga Mendocina.
A fs. 127/130, comparece el Dr. E.M., por Gutiérrez Sport Club y contesta la demanda interpuesta en su contra, solicitando su rechazo, con costas.
A fs. 133/139, el Dr. A. J., por la Liga Mendocina de Fútbol, contesta el traslado que le fuera conferido respecto del rechazo de citación en garantía.
A fs. 147/148, la Dra. S. S., por el actor, contesta el traslado conferido por el rechazo de la citación en garantía.
A fs. 155/156, el Dr. Pedro García Espetxe, por Fiscalía de Estado, toma la intervención que por ley le corresponde.
En todos los casos las referencias de hechos, responsabilidades, exclusiones de cobertura y derecho aplicable son similares a las vertidas en la causa n° 148790/51.304, remitiéndome a ellas en honor a la brevedad.
A fs. 186 se resuelve acerca de la admisión y sustanciación de las pruebas ofrecidas por las partes.
III. Las sentencias recurridas.
En ambas sentencias, el juez considera que, está acreditado que en un partido fútbol del campeonato local, el día 16 de octubre de 2006, organizado por la Liga Mendocina de Fútbol, ocurrieron hechos de violencia y vandalismo y que ante ese cuadro de desorden, la Policía de Mendoza debió intervenir reprimiendo con balas de goma, resultando lesionados algunos espectadores entre los que se encontraban los actores.
En referencia al marco legal entiende que las responsabilidad emergentes de los hechos antes relatados emergen no solo de las disposiciones generales contenidas en el Código Civil, sino de manera especial en el Régimen Penal y Contravencional para la Violencia Producida en Eventos Deportivos y Responsabilidad Civil, contenida en las leyes 23.184 y sus modificatorias 24.192 y 26.358.
Remarca que, conforme al art. 51 de la Ley 24.192, las entidades participantes de un evento deportivo son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios.
En lo que respecta a la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Liga Mendocina de Fútbol, menciona que, desde un primer punto de vista, sería posible hablar de la existencia de una responsabilidad contractual, lo cual habilitaría la aplicación de la ley de Defensa al Consumidor (24.240) y las normas del Código Civil referidas a los contratos, ya que se trata de personas que supuestamente habrían abonado una entrada para ver un espectáculo, pero ante la inexistencia de constancias idóneas que avalen esa circunstancia (presentación del talón) y considerando que resulta común que a este tipo de eventos se acceda subrepticiamente (sin pagar), desde un segundo punto de vista, debería hablarse de una responsabilidad extracontractual y el marco jurídico se ceñiría a la leyes que regulan los espectáculos deportivos y a la contemplada en el Código Civil.
Afirma que se trate de una responsabilidad contractual o de una extracontractual, igualmente la Liga Mendocina de Fútbol tiene una obligación objetiva de seguridad, no siendo necesaria la existencia de un lucro, sino solo el carácter de “organizador” con atribuciones suficientes, condición que se cumple en el caso de la Liga en virtud de las atribuciones que se desprenden de su propia contestación de demanda y declaraciones testimoniales de sus dirigentes, como también del contrato de seguro acompañado y recortes periodísticos incorporados como prueba, lo cual lo lleva al rechazo de esa defensa.
En relación al rechazo de citación en garantía menciona que surge de manera clara la exclusión de cobertura en los casos de daños físicos y materiales producidos por el accionar de la fuerza pública y/o privada de seguridad, cláusula pacta entre las partes de manera lícita, por lo que si la Liga no advirtió su alcance es por su propia negligencia, por lo que acoge la declinación de la citación efectuada por San Cristóbal S.M.S.G.
Respecto a la responsabilidad de Gutiérrez Sport Club, afirma que la misma está configurada en toda su dimensión, en su condición de “organizadora”.
Sobre la responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Mendoza, sostiene que esta articuló como defensa la eximente de culpa de la víctima.
Entiende que en el caso se ha faltado, por parte de las autoridades policiales y, en forma refleja, por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, al deber objetivo de seguridad que debe brindarse a la sociedad, considerando que ha existido un incumplimiento a la responsabilidad objetiva, tanto si se aplica la primera parte del art. 1113, como el art. 1112 del C. Civ.
A partir del análisis de las distintas testimoniales rendidas en este proceso considera acreditado que tanto Páez como Bazán estaban en la cancha, en el primer caso dentro del campo de juego y, en el segundo, detrás de la tela, es decir, que participaron de los disturbios en lo que se supone fue una defensa a las instalaciones de su club.
Esta circunstancia, su participación activa en esos disturbios, lo persuade de la existencia de una cuota importante de culpa propia en los daños por ellos sufridos, aun cuando la represión policial también se muestra como excesiva al tirarle perdigones a la cabeza o a la cara de los reprimidos, ya que a sus integrantes se los instruye para esas balas vayan al ras del piso o a las extremidades inferiores y a una distancia prudente, lo que no siempre se logra.
Concluye afirmando que existe una proporción equivalente de responsabilidad entre los excesos policiales y la conducta de las personas heridas que reclaman indemnización, proporción que estima en un 50% para cada uno de los protagonistas.
Luego de ello ingresa en el análisis de las indemnizaciones reclamadas, argumentando, respecto del Sr. Páez, que fuera de las constancias de la historia clínica no existen otras pruebas sobre los daños sufridos a su integridad física, por lo que solo se encuentra acreditado que sufrió heridas en el cuerpo y la cabeza como consecuencia de los perdigones disparados por la Policía de Mendoza.
Aclara que ello no implica que pueda tenerse por acreditado un grado de incapacidad, las secuelas y toda otra merituación que debería haber efectuado un especialista en medicina, pruebas que se malograron por la impericia de esa parte que permitió su caducidad.
Además, refiere que el daño psíquico o psicológico, si bien se encuentra acreditado a partir del dictamen del perito psicólogo, no conforma un rubro autónomo, es decir, que debe resarcirse junto al daño físico o daño moral, por lo que, atendiendo a la señalada escaza prueba, considera prudente y equitativo fijar la suma de $20.000 como daño físico y la de $20.000 como daño moral, en la cual se encuentra incluida el daño psíquico.
En definitiva indica que los daños suman la cantidad de $40.000, pero que, atendiendo a la concurrencia de culpas (50% para cada parte), la demanda prospera por la de $ 20.000, con más los intereses de la ley 4087 desde la fecha del hecho hasta el dictado de esa sentencia y los de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde allí en adelante y hasta su efectivo pago.
Por otra parte, en relación a los daños sufridos por el Sr. Bazán, también hace referencia a la falta de pruebas que no sean las que surgen de su historia clínica, ya que tampoco se produjo la pericia médica oftalmológica y médica clínica, en ambos casos, por negligencia de los profesionales de la actora.
Menciona iguales consideraciones a las ya vertidas respecto al daño psíquico y considera prudente otorgarle la suma de $30.000 por daño físico y la de $20.000 por daño moral, que incluye al psíquico.
Así sostiene que los daños suman la cantidad de $50.000, pero que, atendiendo a la concurrencia de culpas (50% para cada parte), la demanda prospera por la de $25.000, con más los intereses de la ley 4087 desde la fecha del hecho hasta el dictado de esa sentencia y los de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde allí en adelante y hasta su efectivo pago.
IV. Las expresiones de agravios y sus contestaciones.
A fs. 891/894, el Dr. A.F. J., por la Liga Mendocina de Fútbol, en primer término se agravia de la sentencia por considerar que aun cuando el juez llega a la convicción de que los actores, al ingresar al campo de juego, cometen una conducta improcedente, de tipo vandálico y, en consecuencia, condenable, los premia con una indemnización que resulta aberrante al sistema de reparación.
Indica que es claro que existió una evidente culpa de la víctima que de haber permanecido en su condición de espectador no hubiese puesto en peligro la integridad de los jugadores y no habría sufrido daño alguno.
Se pregunta hasta donde debe llegar la responsabilidad de la Liga Mendocina de Fútbol; si debe sujetar a los vándalos a sus asientos para que no ingresen al campo y cuál sería la conducta determinada para evitar que un violento e inadaptado incurra en un delito.
Expresa que no hay ninguna responsabilidad concurrente porque la Liga cumplió con su obligación de proveer seguridad para el estadio a través de la policía necesaria a esos efectos.
En definitiva sostiene que el evento se produjo por la acción temeraria, imprudente y maliciosa de los accionantes y, por ende, la Liga Mendocina de Fútbol no debe responder por ningún porcentaje.
El segundo agravio se refiere a la aceptación del rechazo de citación en garantía interpuesto por San Cristóbal S.M.S.G., reiterando lo ya expresado acerca de que es la aseguradora la responsable de no aclarar los supuestos de exclusión y que esas cláusulas deben ser razonables, debiendo interpretarse en caso de duda en contra del predisponente que las redactó.
A fs. 898/903, la Dra. S. S., por el actor, contesta el traslado conferido respecto de la expresión de agravios de la demandada Liga Mendocina de Fútbol.
Solicita que el recurso de apelación interpuesto por la Liga Mendocina de Fútbol sea declarado desierto por no expresarse claramente en qué consisten los agravios, limitándose a demostrar una disconformidad con el fallo.
Igualmente señala que debe ser rechazado porque, tal como lo indicó el sentenciante, el caso no puede escapar a las responsabilidades consignadas en la ley nacional reguladora de las actividades deportivas y porque el deber de seguridad, estando ante una relación de consumo, también recibe protección del marco establecido por la ley 24.240.
Considera inaceptable las referencias efectuadas acerca de la conducta dolosa y criminal de los actores, sin ningún tipo de sustento fáctico, ni jurídico.
A fs. 905/915, la Dra. S. S., por el actor, expresa agravios y solicita se revoque la sentencia en cuanto asigna responsabilidades concurrentes al actor y a las accionadas; por la falta de reconocimiento del rubro daño psíquico y psicológico
de manera independiente y por la cuantificación de los rubros aceptados (físico y moral).
Explica que de las pruebas rendidas en autos surge claramente la ausencia de culpabilidad por parte de la víctima, su inocencia absoluta y la inexistencia de un comportamiento reprochable, antes, durante y después del partido.
Sostiene que si bien la sentencia menciona la aplicación de la ley 24.240, no hace una aplicación concreta y adecuada de la misma, porque responsabiliza a los actores pese a que no está probada su culpa, sin morigerar la carga de la prueba del accionante.
También cuestiona que no se haya considerado al daño psíquico o psicológico como un daño autónomo, sosteniendo que el mismo nada tiene que ver con el daño moral.
Se agravia por considerar absolutamente exigua la sumas de $20.000 concedida como indemnización del daño físico y señala que si bien es cierto que se declaró la caducidad de la prueba, entre la que se encontraba la pericial médica, ello obedeció a un criterio sumamente estricto y formal de interpretación del art. 179 del C.P.C., no obstante lo cual, señala, que de la historia clínica surgen las lesiones padecidas por el actor y que el magistrado no puede escudarse en la ausencia de pericias para dejar a un justiciable sin la reparación del daño, máxime a partir del rol activo que ha adquirido el juez en el último decenio, lo cual lo habría facultado a solicitar, como medida de mejor proveer, que se le efectuara una explicación de la historia clínica obrante en autos.
Refiere que la valoración de la prueba debe realizarla el sentenciante conforme a las reglas de la sana crítica, que le otorgan plena libertad de convencimiento, resultando aquella arbitraria cuando prescinde de prueba decisiva, en este caso, la historia clínica y las testimoniales que avalan las heridas cortantes sufridas por el actor en su cabeza con pérdida de conocimiento.
Entiende que este es justamente el vicio del que adolece la sentencia, ya que se ha efectuado una valoración de las pruebas de manera aislada y no conjunta y sistemática.
Indica que, por lo tanto, corresponde determinar la responsabilidad exclusiva de los accionados por las lesiones físicas, psíquicas y morales del actor, debiendo hacerse lugar a la totalidad del monto indemnizatorio reclamado, incorporando al daño psíquico como rubro independiente.
A fs. 921/924, el Dr. M.F., por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el actor.
A fs. 927/928, el Dr. A.F. J., por la Liga Mendocina de Fútbol, solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el actor.
A fs. 967/973, el Dr. Pedro García Espetxe, por Fiscalía de Estado, solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el actor.
A fs. 981/982, el Dr. V.F., por San Cristóbal S.M.S.G., solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto por La Liga Mendocina de Fútbol, en lo que respecta a la aceptación del rechazo de citación en garantía.
En todos los casos conforme a las razones que esbozan a las que me remito en mérito a la brevedad.
A fs. 830/833, el Dr. A.F. J., por la Liga Mendocina de Fútbol, expresa agravios, tanto en relación a la determinación de una responsabilidad concurrente entre el actor y las accionadas, como en lo que respecta al rechazo de la citación en garantía.
A fs. 836/841, la Dra. S. S., por el actor, contesta el traslado conferido respecto de la expresión de agravios de la demandada Liga Mendocina de Fútbol, solicitando que su recurso de apelación sea declarado desierto o, en su caso, se lo rechace.
A fs. 843/854, la Dra. S. S., por el actor, expresa agravios y solicita se revoque la sentencia en cuanto asigna responsabilidades concurrentes al actor y a las accionadas; por la falta de reconocimiento del rubro daño psíquico y psicológico de manera independiente y por la cuantificación de los rubros aceptados (físico y moral).
A fs. 859/862, el Dr. M.F., por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el actor.
A fs. 865/866, el Dr. A.F. J., por la Liga Mendocina de Fútbol, solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el actor.
A fs. 871/872, el Dr. Pedro García Espetxe, por Fiscalía de Estado, solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto por el actor.
A fs. 923/924, el Dr. V.F., por San Cristóbal S.M.S.G., solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto por La Liga Mendocina de Fútbol, en lo que respecta a la aceptación del rechazo de citación en garantía.
En todos los casos conforme a las razones que esbozan, similares a las alegadas en los autos n ° 148790/51304, a las que me remito en mérito a la brevedad.
V. Tratamiento del recurso.
A modo de introito menciono que trataré de manera conjunta los recursos de apelación de los actores y de la Liga Mendocina de Fútbol y que en lo que concierne a la responsabilidad que se le endilga en la sentencia a cada una de las partes, la misma ha quedado firme para el club demandado y para la Provincia de Mendoza que no recurrieron esa resolución.
V a) El pedido de deserción del recurso de apelación.
Debo mencionar que una detenida y reiterada lectura de los agravios, formulados por los actores y por la demandada Liga Mendocina Fútbol, más allá de algunas apreciaciones que realizaré más adelante acerca de su contenido, me
permiten determinar que cumplen, al menos mínimamente, con los requisitos impuestos por el art. 137 del C.P.C.
Por ello, considero que no corresponde hacer lugar al pedido de deserción articulado por los actores respecto de la apelación interpuesta por la Liga Mendocina de Fútbol.
V b) El marco jurídico bajo el cual debe analizarse la responsabilidad.
No está discutido en la Alzada que la responsabilidad que se le endilga a los demandados proviene de las lesiones que sufrieran los Sres. Héctor Daniel Páez y Jesús Maximiliano Bazán, en ocasión de disputarse un partido de fútbol ente los equipos de Huracán Las Heras y Gutiérrez Sport Club, en el estadio de este último, el 16 de octubre de 2.006, ni tampoco lo está que en esa oportunidad se produjeron importantes desmanes con el ingreso de ambas hinchadas al campo de juego a la finalización del encuentro, lo que provocó una represión policial que al utilizar balas de goma produjo lesiones a algunos de los espectadores allí presentes.
Lo que sí está controvertido es el grado de responsabilidad que cabe asignarle a los demandados y si, en su caso, los actores contribuyeron con su conducta a la materialización de esos daños.
Conforme al art. 51 de la ley 24.192 (B. O. 26/3/1993): “Las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios”, artículo que sustituyó al 33 de la ley 23.184 que decía: “Las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo público deportivo son solidariamente responsables civiles de los daños sufridos por los espectadores de los mismos en los estadios y durante su desarrollo, si no ha mediado culpa por parte del damnificado”, coincidiendo la doctrina y la jurisprudencia en que dichas normas estatuyen un régimen especial de responsabilidad civil, en función de un factor de atribución claramente objetivo, derivado de una actividad riesgosa, sobre la base de consagrar una obligación de seguridad o incolumidad (Pizarro, Ramón Daniel, “Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa”, (ed. 2006), t. III, p. 380; Borda, Guillermo, Tratado de Derecho Civil Obligaciones, t. II, parag. nº 1668; Lopez Herrera, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil”, p. 744; Labombarda, Pablo M., La responsabilidad civil de las asociaciones deportivas por daños a los espectadores. DJ 20042, 301.). Tal obligación, a su vez, ha sido calificada como de resultado y no de medios, con eximentes acotadas, como acontece en esta clase de obligaciones (CNCiv., sala D, 21/12/2005, “Lobato, Miguel A. v. Club Almirante Brown y otros”, SJA 8/3/2006, JA 2006I589; C.Nac.Civ., sala B, 29/12/2005, “Canterino, Gabriela B. v. Indoor Kart S.A.”, JA 2006II431; C.Nac.Civ., sala H, 5/2/1998, “Argento, Franco v. Sociedad Rural Argentina”, JA 1998IV412 26/4/2006, JA 2006II431; C.Nac.Civ. y Com. Fed., sala 2º, 1/12/1987, “Sosa, Miguel A. v. Estado Nacional y otros”, JA 1988IV153; todos citados por Pita, Enrique Máximo; Responsabilidad de entidades participantes de frente a lesiones sufridas por un jugador; LLLitoral 2013 (diciembre), 1188; AR/DOC/4378/2013).
Tal como lo señala este autor, el reconocimiento de esa responsabilidad objetiva puesta en cabeza de los organizadores del espectáculo deportivo no autoriza a sostener la configuración de una responsabilidad objetiva absoluta o ultraobjetiva, donde la responsabilidad deriva de la mera causalidad física, sin posibilidad de alegar circunstancia exoneradora alguna, aun cuando ésta cuente, en abstracto, con idoneidad suficiente para interrumpir el nexo causal, sino que se trata de una modalidad relativa o atenuada donde, si bien la responsabilidad deriva de la mera comprobación de los presupuestos objetivos fijados por la norma (una específica actividad, la intervención de una cosa riesgosa o viciosa, etc.) al mismo tiempo se permite o no se prohíbe la invocación por el responsable de eximentes más o menos acotadas.
Si bien la Ley 24.192, vigente al momento de los hechos que motivan este proceso, eliminó toda referencia a las eventuales eximentes, generándose la duda acerca de si lo pretendido por el legislador era regular una responsabilidad ultraobjetiva, existe coincidencia en que la supresión de la alusión a la culpa de la víctima, que estaba en la Ley 23.184, solo implica someter las eximentes a las reglas generales del sistema de responsabilidad por riesgo (Pizarro, Ramón Daniel. “Responsabilidad civil por riesgo creado…”, t.III, p.396 y en similar sentido C.Nac.Civ., sala D, 21/12/2005, “Lobato, Miguel A. v. Club Almirante Brown y otros”, SJA 8/3/2006, JA 2006I589, también citados por Enrique Pita, ob. cit.).
Más allá de la acreditación o falta de ella, relacionada a que los actores hayan adquirido su entrada para ingresar al partido, lo que, según el sentenciante, definiría que la responsabilidad de los “organizadores” del evento deba ser analizada desde el marco contractual o extracontractual, prueba que, coincidiendo con lo mencionado por el “a quo”, no ha sido incorporada a autos, igualmente, la cuestión debe ser analizada a partir de una “obligación de seguridad”, cuya aplicación nadie duda en el campo contractual, pero que tampoco puede obviarse en el extracontractual, en donde rige, de manera sustancial, el régimen protectorio que surge de las garantías emergentes de la LDC y de la ley 24.192.
Ello es así porque los espectáculos públicos constituyen un campo apto y propicio para que opere la obligación de seguridad, ya que, evidentemente, además de la obligación principal que pesa sobre el organizador de brindar el espectáculo, existe otra, accesoria, pero quizás de mayor valor jurídico en atención al bien que protege, que es la de la seguridad del espectador y de los participantes durante el desarrollo de ese evento, obligación que, como ya lo expresara, es de resultado respecto de la incolumidad de los asistentes mientras están en el lugar.
Si bien lo normal es que entre el espectador y el organizador se genere una relación jurídica derivada de un contrato de espectáculo público, la obligación de seguridad inherente al mismo se ha ido ampliando de tal forma que sus efectos alcanzan incluso a quien no ha formado parte esencial del contrato, pero por su carácter de asistente le son aplicables sus reglas. En este orden, ha dicho la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata que tiene carácter contractual la responsabilidad del organizador de un espectáculo público
respecto del daño sufrido por un agente de policía que fue lesionado por los animales que participaban en el evento, en el caso, en la fiesta de San Fermín en la cual un novillo derribó una tranquera que cayó sobre el actor, ya que aun cuando el espectáculo haya sido gratuito, celebrado en la vía pública y el actor no formaba parte del público, el deber de indemnidad del organizador alcanza a todos los asistentes sin distinción de ningún tipo. (Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala II, 16/12/2003, “Castrillón, Leandro c. Centro Navarro Sud y otros”, RCyS, 2004, 829 La Ley Buenos Aires 2004, 314, AR/JUR/4905/2003; cit. por Jalil, Julián Emil; Deber de indemnidad del organizador de un espectáculo frente al daño a un espectador; LA LEY 07/12/2011, 7, LA LEY, 2011F, 591; AR/DOC/6062/2011).
En cualquier caso, también parece correcto reiterar que si los accionantes se encuentran amparados por lo normado por la 24.240 y sus modificatorias, particularmente por los arts. 2, 3, 5 y 40, aun cuando los mismos no hubieran comprado la entrada, pueden ser considerados como personas expuestas a una relación de consumo, es decir, terceros próximo al producto o servicio (art. 3) digno de la consecuente tutela, al menos conforme a la legislación vigente al momento del hecho o, mejor dicho, como consumidores no contractuales o fácticos, según las previsiones del art. 1 de la ley 24.240 (texto según ley 26.361), pues, se trata de personas que, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella utilizan bienes o servicios provistos por el proveedor, con lo cual poca relevancia puede tener que hayan acompañado o no la entrada, ya que, igualmente, se impone la responsabilidad de los organizadores del evento, aspecto sobre el cual se ha explayado la C.S.J.N. en el caso “Mosca” (Fallos 302:1284).
En este mismo sentido se ha resuelto que “El deber de seguridad del organizador no debe limitarse solamente a los espectadores, ya que del evento participa una variada cantidad de personas que no se encuentran dentro de ese rótulo jugadores, árbitros, trabajadores de los medios gráficos, etc., y la cobertura de seguridad es respecto a todos los asistentes, incluso independientemente de que hubieran transpuesto la puerta de entrada o estuvieran por hacerlo. Este aludido deber de seguridad encuentra su fundamento general en el art. 1198 del Código Civil y reglamentario en la ley 23.184, reformada por la ley 24.192.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A; D’Arco, Rubén Vicente c. Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors y otros, 20/12/2012; RCyS 2013VI, 133; AR/JUR/78058/2012).
En este aspecto, se ha afirmado que si el análisis se realiza desde la óptica de la causalidad estrictamente material, el damnificado, de un modo u otro, siempre participa en el evento dañoso. Si su participación se limita a la asunción de un
rol meramente pasivo, su obrar reviste la naturaleza de simple condición del daño, y no puede dar sustento a la eximente en estudio. Por el contrario, si la participación de la víctima tuvo incidencia dañosa, esa intervención produce la liberación del demandado, al impedir que nazca la responsabilidad que se le atribuye (Castro Durán, Ricardo Manuel, “El hecho o culpa de la víctima como eximente. La agravación de los daños., La negativa al tratamiento médico. El no arreglo del automotor”, en Revista de Derecho de Daños, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2006 2, “Eximentes de responsabilidad II”, pág. 205 y sgtes.).
V. c) La responsabilidad de la Liga Mendocina de Futbol y la eximente por el hecho de la víctima.
Ante todo señalaré que los agravios de la demandada Liga Mendocina de Fútbol, en este aspecto, se ciñen estrictamente a manifestar que en el caso ha operado la eximente del hecho de la víctima, entendiendo que no existen responsabilidades concurrentes en el evento porque su representada cumplió con su obligación de proveer seguridad con la policía necesaria y que los hechos dañosos se produjeron por la acción temeraria, imprudente y maliciosa de los actores.
Vale decir que, en sus agravios, no reitera la defensa de falta de legitimación pasiva planteada en la anterior instancia, fundada en que la Liga Mendocina de Fútbol no tiene el carácter de “participe”, ni “organizador”, del evento, haciendo mención a la ausencia de obtención de beneficios económicos derivados del mismo y a su carácter de asociación sin fines de lucro.
No obstante ello, tratándose de un tema de legitimación, activa o pasiva, como se ha dicho reiteradamente, estas constituyen presupuestos o requisitos intrínsecos que hacen o inciden directamente sobre la admisibilidad de la pretensión, por lo que el juzgador no sólo está habilitado para resolver al respecto aun cuando no hubiera sido propuesto por las partes, sino que deviene en una obligación su análisis preliminar, ya que es necesario que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada) sean quienes figuran en este proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las “justas partes” o “partes legítimas” (Palacio, Lino; Derecho Procesal Civil, t. 1, p.405).
En este sentido no puedo dejar de mencionar que no desconozco la existencia de un reciente precedente de la S.C.J.M. (causa N° 13021234294 (01217411209701), caratulada: “Liga Mendocina De Futbol en J°
127.661/45.017 Rosales Edgardo Javier c/ Andes Talleres Sport Club y ots / dyp p/ rec.ext.de inconstit-casación”; sentencia del 29092015), en donde el Máximo Tribunal de la Provincia resolvió que Liga Mendocina de Fútbol, en su carácter de entidad de segundo orden, solo puede resultar responsable, si se acredita: a) si el poder de vigilancia se traslada a la prestación; y b) si se participa en los beneficios de modo relevante. Ambos criterios son expresión de una antigua máxima de la responsabilidad civil que señala que “a mayor control mayor responsabilidad”. (CSJN Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios), considerando que aquella no cumple con los criterios expuestos para ser considerada organizadora o participante del evento deportivo.
Tampoco desconozco que razones de economía procesal generalmente imponen la aplicación por parte de los Tribunales inferiores de la jurisprudencia de la S.C.J.M., ello con el objeto de evitar la reiteración insustancial de las mismas cuestiones, pero aún así, en el caso particular, atento a que no se trata de un fallo plenario de aplicación obligatoria, ni que esa sea la posición sostenida de forma invariable por la jurisprudencia y doctrina, expresaré mi posición en contrario.
En primer lugar, siguiendo lo sostenido por Marcelo Hersalis (El maltrecho asistente a un espectáculo deportivo; LLC, 2012-253; AR/DOC/850/2012), parece conveniente definir quiénes pueden ser considerados como “organizadores”, mencionado que: “Son aquellas personas físicas o jurídicas que tienen a cargo la organización del evento deportivo, ya que él es el encargado de velar por la seguridad tanto de los espectadores como de los deportistas en el transcurso de la prueba (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 05/08/2009, Coria A. y otros c. Unión Vecinal Nueva California, LLGran Cuyo, 2009-1062 RCyS 2009-XII, 20).
Por su parte, el art. 45 de la Ley 24.192 establece que a los efectos de la presente ley se consideran: a) Concurrente: el que se dirigiese al lugar de realización del espectáculo deportivo, el que permaneciese dentro de aquél y el que lo abandonara retirándose; b) Organizador: los miembros de comisiones directivas, dirigentes, empleados o dependientes de las entidades participantes o que organicen los espectáculos deportivos sean oficiales o privados; c) Protagonistas: los deportistas, técnicos, árbitros y todos aquellos cuya participación es necesaria para la realización del espectáculo deportivo de que se trata.
Así, debe entenderse como “organizador” a todas las entidades o asociaciones o clubes que se sirven y aprovechan del espectáculo público y contraen un deber de garantía con respecto a la seguridad de los espectadores (Félix Trigo Represas, Responsabilidad por Daños en el Tercer Milenio, página 825 y sus citas Abeledo Perrot, Bs. As. 1997), estando comprendidos en ese concepto no solo el club de fútbol en donde se desarrolla el encuentro, sino que también la situación de la A.F.A. o de las Ligas o Asociaciones locales que organizan y hacen disputar los certámenes, encargándose no solo de la programación de los partidos, sino también de la designación de árbitros, verificación de medidas de seguridad, aplicación de sanciones, etc.
Por ello, aun cuando la Liga Mendocina de Fútbol fuera, al momento del hecho, una asociación civil sin fines de lucro, esa circunstancia no obsta a que, a partir de su intervención como “organizadora” del evento, tenga la obligación de indemnizar el daño causado por la actividad que “organiza” junto con los clubes intervinientes.
A esto debo sumar que, conforme está acreditado en autos y no resulta controvertido por las partes, es la propia Liga Mendocina de Fútbol quien se encarga de contratar las pólizas de seguro de responsabilidad civil que cubren los daños causados en esos eventos deportivos y también de proveer, a través de la Policía de Mendoza, la seguridad para los estadios, cuestión que, reitero, afirma ella misma en sus agravios, lo cual demuestra acabadamente su carácter de “organizador” que permite enrostrarle responsabilidad por los perjuicios que se le generaron a los accionantes.
Este ha sido el criterio seguido, entre otros, por el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa (Mosquera Mena, Graceliano c. Club General Belgrano de Santa Rosa y otro; 20100322; con nota de Rodríguez Salto, Pablo Daniel; Apuntes sobre los alcances del artículo 51 de la ley 24.192; AR/DOC/5427/2010), en donde, respecto a la legitimación pasiva, reitera las consideraciones hechas por la CSJN en el caso “Mosca” (LA LEY, 2007B261, Fallos CSJN 330:563) y confirma la condena a la Liga Cultural de Fútbol por los mismos argumentos que se expresan en ese fallo respecto de la A.F.A., agregando que: “…se dio en el caso una estructura organizativa de los partidos, integrada tanto por el club local demandado como por la Asociación Liga Cultural de Fútbol y por la Asociación de Fútbol Argentino, entidades que se han repartido las tareas y responsabilidad para llevar a cabo el torneo, circunstancia suficiente para considerarlas comprendidas en las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo y adjudicarles responsabilidad solidaria en los términos del art. 51 de la ley Nº 24.192″.
En similar sentido (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, sala II; Selva, Juan c. Club Atlético Marquezado, 07/08/2007; LLGran Cuyo 2007 (diciembre), 1185; AR/JUR/6079/2007), se ha expresado que la Liga Sanjuanina de Fútbol es una entidad civil que, entre otras cosas, tiene por objeto fomentar el deporte del fútbol y vincular por su intermedio a las distintas agrupaciones deportivas dentro del territorio de la Provincia de San Juan. Conforme a sus propios estatutos entonces, debemos considerar que la Liga Sanjuanina de Fútbol fue organizadora (participante) del espectáculo deportivo que originó la lesión del actor.
Al igual que lo allí decidido, considero que en el caso bajo examen, conforme a las precisiones antes señaladas, en especial aquellas que se refieren a la organización del campeonato local, decisiones sobre horarios de los partidos, canchas en las que se deben desarrollar, designaciones de árbitros, sanciones ante infracciones a los reglamentos, contratación de seguros y participación en todo lo relacionado a la seguridad en el estadio, no solo es responsable el club local, sino que también lo son los restantes organizadores del encuentro, entre ellos la Liga Mendocina de Fútbol, aun cuando no se encuentre acreditado que obtenga un beneficio económico directo del evento a través de una participación
en la venta de las entradas y a pesar del reconocimiento expresado acerca de que lo percibido es invertido en esa organización, porque igualmente lo obtiene, de manera indirecta, por la afiliación de los clubes participantes que hacen a su sostenimiento.
A mayor abundamiento, como lo menciona Daniel Pizarro (El fallo de la Corte Suprema de Justicia y la violencia en el fútbol: una bocanada de aire fresco; RCyS 2007, 448; Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) ~ 20070306 ~ Mosca, Hugo A. c. Provincia de Buenos Aires y otros; AR/DOC/1379/2007), aun cuando pueda interpretarse que la AFA y, por mi parte agrego “las ligas locales”, no se encuentren comprendidas dentro de la ley 24.192, su responsabilidad concurrente quedaría patentizada por aplicación de lo dispuesto en el art. 40 de la ley 24.240. El solo hecho de que el contrato de seguro colectivo del espectador sea contratado por ella o a través de ella, y que en los ticket aparezca impreso su nombre, la erige en productor aparente del servicio y compromete su obligación de resarcir (El producido de la entrada que abona el espectador tiene, entre otros destinos determinados por AFA (arts. 128, 142, 143, 149, 150 del Reglamento General de AFA y disposiciones regularmente contenidas en el Reglamento de cada torneo que ella organiza), la contratación de un seguro obligatorio de espectadores. “Así las cosas, trátase de una “estipulación a favor de terceros” que vincula irrevocablemente a las partes” (PREVOT, “Daños y perjuicios acaecidos durante un espectáculo deportivo. Responsabilidad de la Asociación del Fútbol Argentino”, LLLitoral, 2006-1).
Aclarada entonces la cuestión de la legitimación de la Liga Mendocina de Fútbol, resta señalar que ninguna de las partes apelantes ha logrado conmover la valoración que, respecto a la responsabilidad concurrente (en un 50% para cada una), realiza el juez sentenciante luego de valorar las pruebas aportadas al proceso, las que, tal como el mismo lo explica, son escasas.
En este aspecto coincido plenamente en que a partir de los artículos periodísticos incorporados como prueba en ambos expedientes (fs. 3/5; autos n° 148790 y fs. 3/4; autos n° 148.788), como de las testimoniales del Sr. Guillermo Flores (fs. 608) que refiere que tanto Páez como Bazán, al momento de iniciarse la represión policial estaban, junto a él y otra gente de Gutiérrez Sport Club, metidos dentro del campo de juego, en la mitad de la cancha a unos diez metros de la hinchada visitante; Sr. Claudio Rubén Derín (fs. 609), que reconoce que los actores ingresaron al campo de juego; Sr. José L. Madaf (fs. 612) que sostiene que estaba dentro del campo de juego y que vio cuando le dispararon a Páez y a Bazán, estando el primero dentro de la cancha y el segundo detrás de la tela y Sr. René E. Ulloa (fs. 614; todos en los autos n° 148.790), que también afirma que Páez estaba dentro de la cancha y Bazán detrás de la tela, no resulta posible llegar a otra conclusión, realizando una valoración integral y armónica de esas pruebas, conforme a las reglas de la sana crítica (art. 207 del C.P.C.), que no sea aquella a la arriba el juez “a quo”.
Y ello es así porque aun cuando la represión policial pueda calificarse como “excesiva” al disparar sus armas cargadas con perdigones de goma a corta distancia y a la altura del cuerpo y cabeza de los hinchas, en lugar de hacerlo hacia abajo (extremidades inferiores o al piso) o utilizando otros métodos (ej:
gases lacrimógenos) que tengan menores posibilidades de causar daños físicos y mayor poder disuasivo, cuestión no controvertida por el Gobierno de la Provincia de Mendoza que no apeló la sentencia en crisis, igualmente no resulta posible descartar la evidente incidencia causal que en ese evento tuvo la participación directa de los accionantes que, a partir de los mencionados testimonios, se acreditada que estaban dentro del campo de juego enfrentándose con los hinchas de Huracán Las Heras o, al menos, en el caso de Bazán, en sus inmediaciones donde estaban las telas rotas, lo cual constituye, sin dudas, como lo afirma el juez “a quo”, un accionar totalmente improcedente, de tipo vandálico y condenable.
En definitiva, no se discute que la Liga Mendocina de Fútbol, al igual que los clubes y la propia Policía de Mendoza, deban velar y preocuparse en grado extremo por la seguridad de las personas que asisten a ese tipo de espectáculos, ya que en los últimos años son numerosos los acontecimientos de violencia y daños sufridos por personas que asisten a los mismos pero, al mismo tiempo, estas personas tienen el deber de no contribuir con su conducta a crear un estado de zozobra y conmoción en la seguridad del evento, porque, de lo contrario, su accionar contribuye causalmente a la materialización de los daños por ellos mismos sufridos, debiendo, en ese caso, soportar el daño en la medida del reproche que en el caso concreto, comparto con el juez “a quo”, es de 50% para cada una de las partes, con lo cual el agravio vertido en este sentido, tanto por los actores, como por la Liga Mendocina de Fútbol, debe ser rechazado.
V d) El seguro. El rechazo de la citación en garantía y la exclusión de la cobertura.
En el complemento adicional de la póliza n° 071101000802 (fs. 106 de los autos n° 148.788 y fs. 107 de los 148.790), expresamente se prevé que el asegurador no indemnizará los daños físicos y materiales por el accionar de las fuerza pública y/o privada de seguridad y que se encuentran amparados solos los que ocurran durante los partidos de primera división.
No se encuentra controvertida en autos la posibilidad de la aseguradora de incluir dentro de la póliza cláusulas de exclusión de cobertura, ni tampoco lo está que la invocada por la citada en garantía forma parte de la contratación, sino que lo que se alega en los agravios, sin mayores fundamentos, es que dicha cláusula no es clara y debe ser interpretada en contra del predisponente.
Debe tenerse presente que las exclusiones de cobertura tienen fuente normativa o convencional y describen hipótesis o circunstancias en que el siniestro se halla fuera de la cobertura asegurativa (Correa, José Luis La doctrina judicial mendocina sobre algunas cláusulas en las pólizas de responsabilidad civil, LLGranCuyo, 2006-159 y El régimen del contrato de seguros. Riesgo, exclusiones, condiciones generales, culpa grave y reseña de algunos fallos de la Suprema Corte de Mendoza, LLGran Cuyo 2004752.), o dicho con otras palabras, constituyen uno de los supuestos de delimitación del riesgo asegurado, por el cual, de manera negativa, se establecen hipótesis de no seguro, donde el asegurador no toma a su cargo las consecuencias dañosas de la ocurrencia del
siniestro (Reston, Ángel, Consideraciones prácticas acerca de las cláusulas de exclusión de cobertura; LA LEY 02/03/2007, 1; LA LEY, 2007-B, 911).
Expresado con otras palabras las denominadas cláusulas de exclusiones de cobertura, tanto de fuente legal o convencional, establecen las circunstancias o hipótesis por las cuales un siniestro no tiene cobertura en el seguro, sosteniéndose que ante su invocación y existencia en la póliza, la misma funciona en abstracto por el solo hecho de su configuración, con prescindencia de que esa circunstancia ponderada previamente haya tenido relación casual adecuada en la producción del hecho dañoso. (Stiglitz, Rubén, “La inaplicabilidad del análisis de la relación causal a las exclusiones de cobertura fundadas en actos ilícitos del asegurado”, publicado en Revista La Ley 21 de septiembre de 2010. LL 2010E999; cit. por Viñuales, Florencia; Las denominadas cláusulas de exclusión de seguro; LLPatagonia 2015 (octubre), 1189; RCyS 2015XII, 213; AR/DOC/2186/2015).
Ha mencionado este Cuerpo, con otra integración, que estas cláusulas no atribuyen directamente derechos ni imponen obligaciones sino que su función consiste en describir el ámbito dentro del cual el seguro brindará su amparo; son esencialmente descriptivas, marcando el área de aseguramiento mediante la mención de inclusiones y exclusiones definiendo el marco operativo del contrato (autos 26667 Gonella, Graciela Angela c. La Mercantil Andina S.A./ordinario; Fecha: 08/08/2002; LS163010).
Sin dudas que al momento de interpretar el alcance de esas cláusulas se debe tener presente, de manera primordial, la tutela prevista para los contratos de consumo, previendo el Código Civil y Comercial de la Nación, aun cuando por imperio de lo normado en su art. 7° no sea de aplicación al caso concreto, que en los contratos de adhesión resultan ser abusivas aquellas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente y las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplíen derechos del predisponente que resultan de normas supletorias (art. 988) y que la interpretación debe realizarse en el sentido más favorable para el consumidor, debiendo adoptarse la solución que este le sea menos gravosa cuando existan dudas sobre los alcances de la obligación (arts. 1094 y 1095), normas que si bien reitero, no resultan aplicables a este caso, solo reflejan lo que en doctrina y jurisprudencia se sostenía al respecto con anterioridad a su sanción.
Pero tampoco puede perderse de vista que, tal como lo ha señalado la C.S.J.N. (“Buffoni”) que “…sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños sufridos por las víctimas de accidentes de tránsito constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, y que esta Corte Suprema ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (arts. 1137 y 1197 del Código Civil) y los damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos porque no participaron de su realización, por lo que si desean invocarlo, deben circunscribirse a sus términos (arts. 1195 y 1199 del Código Civil, voto del juez Lorenzetti en la causa “Cuello” y Fallos: 330:3483)”, lo cual significa que el principio de reparación integral de las víctimas tutelado constitucionalmente no implica que aquéllas
accedan a la indemnización en todos los casos, sino que tal derecho debe ajustarse a los términos del contrato de seguro que invoca y que le es oponible en los términos que prescriben el juego armónico de los arts. 1195, 1199 del Código Civil y el art. 118 de la Ley de Seguros, principio que justamente encontrará su excepción en aquellos casos en los que se constate la irrazonabilidad de lo previsto contractualmente.
En consecuencia, la exclusión de cobertura resultará nula en cuanto resulte irrazonable, contraria a la finalidad económica jurídica del contrato, carente de contenido por su generalidad o ajena a las circunstancias que constituyan una mayor probabilidad o intensidad del riesgo asumido (Stiglitz, Rubén S. Compiani, María Fabiana; Un trascendente y necesario pronunciamiento de la Corte en materia de seguros; Buffoni, Osvaldo Omar c. Castro, Ramiro Martín s/ daños y perjuicios; 20140408; LA LEY 29/04/2014, 4, LA LEY 2014-C, 38, RCyS 2014-VI, 220; AR/DOC/1393/2014).
No advierto que la cláusula de exclusión prevista en la póliza y a la que ya he hecho referencia, que determina la exclusión del seguro ante la existencia de daños físicos y materiales sufridos por espectadores de partidos de fútbol de primera división, organizados por la Liga Mendocina de Fútbol, cuando estos sean provocados por el accionar de la fuerza pública y/o privada de seguridad, pueda calificarse de poco clara, carente de contenido por su generalidad o ajena a las circunstancias que constituyan una mayor probabilidad o intensidad del riesgo asumido (que es justamente lo que se delimita), mucho menos cuando no surge de los agravios cual sería la interpretación errada de esa cláusula en la sentencia o cual sería, a su entender, la que correctamente debería haberse efectuado, todo lo cual implica el rechazo del agravio.
V e) La prueba de los daños. La cuestión del daño psíquico como rubro independiente y la cuantificación del daño físico y moral.
En relación al daño físico o incapacidad sobreviniente no es una cuestión discutida que su estimación no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino todo lo que pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de relación.
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos reconoce en su artículo 5.1 que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 1 establece que: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de su persona”. Si se interpretan estas normas con el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, se puede concluir que el respeto de la integridad del ser humano en todas sus facetas, tiene jerarquía suprema en nuestro derecho (En consecuencia, todo afectado puede actuar preventivamente, sea de forma inhibitoria ante amenazas de daño o deteniendo daños futuros, o forzar la reparación en especie o equivalente en ejercicio del derecho a la reparación integral del perjuicio sufrido. Cfr. Lorenzetti, Ricardo L., Fundamento Constitucional de la Reparación de los Daños, LA LEY, 2003-C, 1186. Sagüés, Néstor P., Notas sobre la dimensión constitucional del derecho a la reparación, E.D., 202-849. Puccinelli, Oscar Raúl, ¿Derecho Constitucional a la Reparación,
E.D., 167-979. Laplacette, Carlos José, Derecho Constitucional a la Reparación de Daños, La Ley Año LXXVI N° 175, 17 de septiembre de 2012, p. 1 y ss.; cit. por Burgueño Ibarguren, Manuel Gonzalo; Reflexiones sobre la lesión a la integridad psicofísica y moral; RCyS 2013-II, 122; AR/DOC/68/2013).
Pero ello no debe llevarnos a sostener que todo ataque a la salud o a la integridad corporal de una persona genera incapacidad sobreviniente sino que, para que ello ocurra, es menester la subsistencia de secuelas que la asistencia y el tratamiento prestados a la víctima no logran enmendar o no lo consiguen totalmente, de lo que se desprende que la demostración de la invalidación, intrínsecamente considerada, no agota la carga de acreditación del daño resarcible en este tipo de casos en los que, por el contrario, el reclamante debe probar la existencia de la lesión y también las consecuencias o repercusiones negativas que la misma le acarrea (Zavala de González, Tratado de daños a las personas Disminuciones psicofísicas, T. 2, págs.70/71; 1° C. C. Mza., 29/02/2012, autos Nº 161.067/42.870, “Díaz, Elsa L. p/ sí y ot. ambos p.s.h.m. Carlos Nicolás c/ Bazán, Gustavo Javier p/ daños y perjuicios”).
Esto nos lleva a recordar que, como lo sostiene Bustamante Alsina, “El daño cuya reparación se pretende debe estar en relación causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a los cuales se atribuye la producción. Es necesario la existencia de ese nexo de causalidad pues de otro modo se estaría atribuyendo a otra persona el daño causado por otro o por las cosas de otro” (“Teoría General de la Responsabilidad Civil”, Ed. Abeledo Perrot, pág. 217, 223).
Además, también debe tenerse en cuenta que aun cuando en materia de prueba de la relación de causalidad entre un determinado hecho y sus consecuencias el juzgador pueda recurrir a las “presunciones hominis”, en principio, es el actor quien soporta la carga de probar esa relación causal adecuada (art. 179 del C.P.C.), por lo que su defecto o falencias de acreditación conducen al rechazo de la pretensión resarcitoria (Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños 3. El proceso de daños”, Buenos Aires, Hammurabi, 1.993, pág. 203 y sgtes.), debiendo valorarse, en este aspecto, que “el objeto de la prueba consiste en un proceso de constatación y confrontación que demuestra la existencia real de un hecho o acto jurídico. Cuando esa actividad se transfiere al proceso judicial, el objeto se limita a las alegaciones que las partes afirman o niegan como soportes de sus respectivas pretensiones. Como el juez es un tercero imparcial en la litis, no debe investigar supliendo el interés particular (carga) de cada sujeto; siendo, en consecuencia, hechos que necesitan probarse, los conducentes y controvertidos” (Gozaini, Osvaldo Alfredo; “Los hechos y la prueba”; Revista de Derecho Privado y Comunitario Prueba I; Ed. Rubinzal Culzoni 1997, pág. 9).
Respecto a la acreditación de los daños, los actores critican el fallo afirmando que, pese a reconocer que se caducaron (art. 179 del C.P.C.) las pruebas científicas (periciales médicas) por ellos propuestas, tanto las lesiones como la incapacidad surgen de las historias clínicas y testimoniales incorporadas al proceso y que cualquier duda acerca del alcance o interpretación de la primera debió ser subsanada de oficio por el juzgador haciendo uso de su facultades y de lo que permite el activismo judicial.
Debo manifestar al respecto que, aun adhiriendo a lo señalado en relación a la importancia de un rol protagónico del juez a través de la flexibilización de los principios procesales y la actualización de los criterios de hermenéutica para liberar al proceso civil de estériles chalecos de fuerza, de manera que por su intermedio adquiera verdadera operatividad del derecho de fondo (Morello, Augusto M., “La prueba. Tendencias modernas”, p. 98, 2ª ed., Ed. Abeledo Perrot) y propugnar el abandono del juez conservador, con una actitud absolutamente pasiva, por la de un juez activo, con amplias potestades probatorias y facultades para impulsar el proceso y lograr se arribe a sentencia justa conforme a la verdad real, igualmente, entiendo que ello solo resulta posible si esa actividad no importa un menoscabo en la igualdad de las partes y su adecuada defensa en juicio.
Por ello, en lo concierne al marco probatorio, considero que si bien debe tenderse a propugnar el otorgamiento de facultades a los jueces para ordenar pruebas oficiosas, generalmente a través de las medidas de mejor proveer, igualmente adhiero a la tesis que considera que las mismas deben limitarse a los hechos controvertidos o discutidos por las partes, en virtud de los principios dispositivos y de aportación de parte, ya que son los litigantes los obligados a traer al proceso el material fáctico que fundamenta sus pretensiones y que instar la producción de oficio de alguna prueba que había sido ofrecida por las partes y declarada decaída por su propia negligencia, importa una evidente e inadmisible violación del debido proceso.
Por lo tanto, al no haberse incorporado las pruebas periciales médicas, no resulta posible acreditar, de manera objetiva, la existencia de secuelas indemnizables, debiendo recordarse en este sentido que el informe pericial tiene especial relevancia en materia probatoria, dado que se trata de aquél producido por un profesional, experto en el área en juzgamiento y que, como ya lo expresara, “No deben confundirse las lesiones que puede inferir un determinado hecho (…las ocasionadas a la integridad somática y psíquica de la persona) con el o los daños resarcibles que aquellas lesiones pueden producir. La lesión entraña la afectación de determinada esfera de la persona. El daño versa sobre las concretas consecuencias o efectos disvaliosos, es decir, consiste en el producto o resultado negativo de la violación del derecho, bien o interés de la víctima. No siempre surge un perjuicio resarcible a pesar de la causación de determinadas lesiones” (Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, Edit. Hammurabi, Buenos Aires, 1996, Tomo 2a “Daños a las personas”, pág. 73).
De acuerdo con ello, no considero acreditada la existencia de secuelas que impliquen un perjuicio resarcible de esa naturaleza a los actores, por lo que el otorgado en primera instancia no puede ser aumentado, ni tampoco disminuido o eliminado, ello por aplicación del principio de la “reformatio in peius”.
Otra de las cuestiones objeto de crítica por los actores apelantes es la valoración y determinación, de manera conjunta y no separada, del daño psíquico o psicológico y el daño moral.
He resuelto, como juez de primera instancia, respecto de los daños psíquicos o psicológicos, siguiendo la posición mantenida por la S.C.J.M., que sea este daño autónomo o no autónomo, se entiende que el daño psíquico es una lesión, una perturbación patológica de la personalidad de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente, pero siempre implica una perturbación de la normalidad del sujeto que trasciende su vida individual y de relación, por lo que a los efectos de no superponer indemnizaciones por aspectos íntimamente relacionados, cabe distinguir las siguientes posibilidades: a) si se acreditada adecuadamente la necesidad de un tratamiento psicoterapeútico para aliviar o elaborar los daños psíquicos causados por el hecho de que se trate, el gasto consecuente debe ser incluido en el rubro de los gastos terapéuticos que pueden ser futuros o a realizarse; b) si la alteración psíquica produce una pérdida patrimonial porque provoca incapacidad o aumenta la incapacidad del damnificado debe ser resarcida juntamente con el daño material provocado por ella y finalmente c) si la alteración psíquica produce sufrimiento extrapatrimonial, debe ser resarcida juntamente con el daño moral, pero no como un daño independiente (cfr. S.C.J.M. in re “Solís Vda. de Calvo y Ots. en J: 134.377, Solís Vda. de Calvo c./ Salvador Nazareno p./ D. y P. p./ Inc. Cas.”; in re “La Segunda Coop. de Seg. Grales. en J: Colombo, Inés c./ José Nogara y Ots. p./ D. y P. s./ Cas.”; Revista del Foro de Cuyo, T° 34, p. 131).
Por ello, en relación al daño psíquico o psicológico, si el mismo se encuentra acreditado, puede resarcirse sin que esto implique duplicidad de reclamo, como daño material siempre que la lesión sufrida haya producido una alteración patológica de la psiquis traducida en una enfermedad mental que requiera de tratamiento y/o medicación o bien como daño moral si la lesión se produce en los sentimientos, creencias, facultades, posibilidades, características o vida de relación de una persona.
Aun así, cualquiera sea la definición que se adopte o postura respecto a su autonomía o no, lo que resulta innegable es que “la integridad psíquica de la persona es objeto de protección jurídica, de modo tal que toda lesión a la psique debe ser resarcida sin perjuicio de las lesiones corporales que el afectado haya sufrido o no, ya que cuerpo y psique son una unidad inescindible” (KRAUT, Alfredo J., “Los derechos de los pacientes”, Abeledo Perrot, 1997).
En el caso concreto, el sentenciante lo ha valorado y cuantificado conjuntamente con el daño moral, debiendo advertir, en adhesión a esa decisión, que no se ha demostrado a través de las pericias psicológicas (fs. 641 de los autos 148.790 y fs. 314 de los n° 148.788), que los accionantes hayan padecido una alteración patológica de su psiquis traducida en una enfermedad mental, sino que, por el contrario, los expertos refieren que la incapacidad que determinan es redimible a través de adecuados tratamientos psicoterapéuticos.
Por lo tanto, además de no considerar que el daño psíquico deba ser tratado como un rubro autónomo, sino que debe ser valorado, según el caso, dentro del daño incapacitante o del moral, lo importante es que no se ha acreditado una alteración patológica de la psiquis que merezca una indemnización independiente de la incorporada al daño moral.
Por último, respecto de la cuantificación del daño moral, debe tenerse presente que el mismo tiende a resarcir el sufrimiento que es connatural a todo episodio traumático y que afecta a todo aquél que atraviese dicha situación, más allá de las secuelas de orden psíquico que el episodio pueda o no dejar en la víctima, según su peculiar sensibilidad y sus circunstancias personales (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, 28/04/2006, “Presta, Jorge H. y otro c. Turismo Río de la Plata S.A. y otros”, La Ley Online), por lo que cabe su resarcimiento aun en el caso en que no se hayan presentado secuelas psicofísicas incapacitantes.
En relación a su cuantificación “debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la edad de la víctima, la entidad del sufrimiento causado y que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material pues no se trata de un accesorio de este” (CSJN, 28/4/1998, M211 XXIII, “Martínez, Diego Daniel c/ Corrientes, Provincia de –Daños y Perjuicios; Fallos 321:1117), completando el concepto al afirmarse que “por no ser el daño moral susceptible de apreciación económica, sólo debe buscarse una relativa satisfacción del agraviado, proporcionándole una suma de dinero que no deje indemne el agravio, pero sin que ello represente un lucro que pueda desvirtuar la finalidad de la reparación pretendida” (CSJN, 27/6/2000, Q 15 XXXIV “Quelas, José c. Banco de la Nación Argentina”; Fallos 323:1779, LL 3/4/2001, n° 101.798; cit. por Pascual Eduardo Alferillo; Daño Moral. Valoración. Cuantificación y Prueba; Reparación de Daños a las Personas; Félix Trigo Represas y María Benavente –Directores; LA LEY, T. I, p. 446).
Por lo tanto, sin dejar de tener en cuenta la dificultad que presenta para el juzgador traducir en dinero el menoscabo moral padecido por la víctima y considerando especialmente las características del hecho dañoso (enfrentamiento entre hinchas de fútbol y la policía) en el que los accionantes, como ya lo explicara, tuvieron una activa participación, como así también su edad a ese momento (personas jóvenes, en el caso de Bazán, menor de edad), las lesiones sufridas y acreditadas en este expediente a partir de sus historias clínicas (fs. 222/237 de los autos n° 148.790 y fs. 320/327 de los autos n° 148.788); la falta de prueba relacionada con la subsistencia de secuelas físicas y las de orden psicológico determinadas por los peritos psicólogos, entiendo que la suma de $20.000, que otorga la sentencia para cada uno de ellos, más allá de su disminución como consecuencia de la atribución de un 50% de responsabilidad, resulta prudente y razonable y, además, ajustada a lo reclamado por los actores al momento de demandar, circunstancia que fija un límite que no fue modificado ni en los alegatos, ni al expresar agravios.
Las consideraciones precedentes llevan a concluir que los recursos de apelación de los actores Héctor Daniel Páez (fs. 837; autos n° 148.790/51304) y Jesús Maximiliano Bazán (fs. 817; autos n° 148788/51288) y de la demanda Liga Mendocina de Fútbol (fs. 877; autos n° 148.790/51304 y fs. 820; autos n° 148.788/51.288) deben ser rechazados, confirmándose las sentencias de grado en todas sus partes. Así voto.
Sobre la misma y primera cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta Sar Sar y el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva, dijeron:
Atento como se resuelve la primera cuestión, las costas de Alzada deben ser soportadas por los actores Héctor Daniel Páez y Jesús Maximiliano Bazán y por la demandada Liga Mendocina de Fútbol que resultan vencidos en esta instancia impugnativa (arts. 35 y 36 del C.P.C.). Así voto.
Sobre la misma y segunda cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta Sar Sar y el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva, dijeron:
Por las razones expuestas, el Tribunal, resuelve: 1) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por los actores Héctor Daniel Páez a fs. 837 de los autos n° 148.790/51.304; Jesús Maximiliano Bazán a fs. 817 de los autos n° 148.788/51.288; y por la demanda Liga Mendocina de Fútbol a fs. 877 de los autos n° 148.790/51.304 y fs. 820 de los autos n° 148.788/51.288, confirmándose las sentencias de grado en todos sus términos.
2) Imponer las costas de Alzada a los actores Héctor Daniel Páez, Jesús Maximiliano Bazán y a la demandada Liga Mendocina de Fútbol, en función de sus respectivos vencimientos (arts. 35 y 36 del C.P.C.).
3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta vía impugnativa. Los honorarios regulados son sin perjuicio de los complementarios que correspondan, dejando expresamente establecido que al momento de practicarse liquidación deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a los profesionales que acrediten la calidad de responsables inscriptos. — Claudio A. Ferrer. — Mirta Sar Sar. — Claudio F. Leiva.
futbolley