Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/15271
Timestamp: 2019-09-22 17:13:13
Document Index: 413042840

Matched Legal Cases: ['artículo 77', 'artículo 87', 'artículo 86', 'artículo 36', 'Artículo 238', 'Artículo 77', 'Artículo 87', 'Artículo 152']

Sentencia: T-1071-2007
Un contratista no puede interponer una acción de tutela cuando ha sido objeto de declaratoria de caducidad de un contrato estatal cuando existen otros medios de defensa judicial
T-1071-2007
MS INGENIERÍA LTDA VS SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Entre la entidad demandante y la superintendencia demandada existió un contrato de consultoría, cuya vigencia terminó por decisión unilateral de la demandada, al declararse la caducidad administrativa de este contrato.
La sociedad MS Ingeniería Ltda., interpuso acción de tutela contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por considerar que aquella, y más específicamente la Secretaría General de dicha institución, ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo.
¿Puede un contratista interponer una acción de tutela cuando ha sido objeto de declaratoria de caducidad de un contrato estatal ante la consideración de existir en este caso un perjuicio irremediable, existiendo otros medios de defensa judicial para controvertirla?
« (…) En lo que atañe a en qué medida la aplicación de este mecanismo puede implicar la vulneración de derechos fundamentales de los contratistas, la Corte ha hecho las siguientes precisiones:
Por otra parte, el segundo inciso del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 dispone: “Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo.” Esta norma, cuyas previsiones son concordantes con las del actual texto del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, establece entonces el medio de defensa judicial procedente frente al acto administrativo que declara la caducidad de un contrato estatal.
De otra parte, conforme a lo previsto en el artículo 86 superior, es claro que frente a situaciones en las que existe un medio de defensa judicial razonablemente eficaz frente al caso concreto, la única razón que puede hacer procedente la tutela es la inminencia de un perjuicio irremediable, que sobrevendría para el actor en caso de no otorgársele de manera inmediata la protección tutelar, situación que aquél tiene la carga de acreditar debidamente.
También sobre este tema, la Corte ha consolidado desde sus inicios una clara doctrina, resaltando que para tener esa calificación el perjuicio que se teme debe tener varias características, reiteradas de manera uniforme en innumerables pronunciamientos[1], destacándose entre ellas la inminencia del daño, su gravedad, la urgencia y la impostergabilidad de las medidas necesarias para conjurarlo.
En otras palabras, esta consideración haría nugatoria la facultad que la ley reconoce a las autoridades estatales para controlar en casos extremos la parálisis en la ejecución del contrato y el incumplimiento del contratista, y haría que en ningún caso se considerara suficiente la acción de controversias. (…) »
[1] Cfr. entre muchísimas otras la sentencia T-225 de 1993 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), y entre las más recientes, los fallos T-365 de 2006 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-271 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-436 de 2007 (M. P. Rodrigo Escobar Gil).
Un contratista no puede interponer una acción de tutela cuando ha sido objeto de declaratoria de caducidad de un contrato estatal ante la consideración de existir en este caso un perjuicio irremediable, existiendo otros medios de defensa judicial para controvertirla, porque:
1. La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho.
2. La acción contractual es el medio de defensa judicial procedente frente al acto administrativo que declara la caducidad de un contrato estatal.
Primero: REVOCAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de mayo de 2007, que a su turno revocó la dictada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá el 9 de abril de 2007. En su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela solicitada por la firma M S Ingeniería Ltda., contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Segundo: LÍBRESE por Secretaría General la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Tercero: Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
Artículo 238 de la Constitución Política. Artículo 77 de la Ley 80 de 1993. Artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. Artículo 152 del Código Contencioso Administrativo.
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