Source: https://www.arpa.es/faqs-contratros-publicos/
Timestamp: 2020-06-05 16:54:00
Document Index: 44791062

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 26', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 34', 'artículo 4', 'artículo 118', 'artículo 34', 'artículo 3', 'artículo 208', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 208', 'artículo 220', 'artículo 34', 'artículo 29', 'artículo 34', 'artículo 100', 'artículo 34', 'artículo 208', 'artículo 239', 'artículo 220', 'artículo 231', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 120', 'artículo 34', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 120', 'artículo 29', 'artículo 211', 'artículo 213']

FAQS: Contratros públicos - Abogados Arpa
FAQS: Contratros públicos
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS SOBRE LAS MEDIDAS URGENTES ADOPTADAS POR LA LEY FORAL 7/2020, EN CONTRATACIÓN PÚBLICA ART.2 y D.F.2º
¿Tiene la Comunidad Foral de Navarra competencia exclusiva en materia de contratos públicos?
Sí. La Comunidad Foral de Navarra en virtud del artículo 49.1.d) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral (LORAFNA), que dispone: “corresponde a Navarra, en virtud de su régimen foral, la competencia exclusiva en la materia de contratos y concesiones administrativas, sin más límite que el respeto a los principios esenciales de la legislación básica del Estado”, principios esenciales que en esta materia son los recogidos por las Directivas y por lo tanto los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia.
¿A qué entidades y contratistas son aplicables las medidas del art. 2 de la LF?
Son aplicables a todas las entidades que integren el sector público foral respecto de los contratos sometidos a la legislación foral de contratos públicos.
¿Las medidas previstas en el art. 2 de la LF son aplicables a todos los contratos?
No. Se establecen medidas aplicables a los contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva; contratos de servicios y suministros sin prestación sucesiva; contratos de obras y para los contratos de tipo concesional.
¿Qué tipo de medidas principales prevé el art. 2 de la LF ?
Prevé como principal medida la suspensión de los contratos, la ampliación de su plazo inicial o de la prórroga en curso y el reequilibrio económico del contrato, según la tipología y naturaleza de cada contrato. En todos los casos se prevé un sistema de compensaciones económicas por gastos adicionales vinculados con el periodo de suspensión del contrato.
¿Cuándo surten efecto las medidas del art. 2 de la LF ?
El DLF entra en vigor desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, esto es, desde el 26 de marzo de 2020. Sin embargo, según su D.F 3º apartado segundo: “Las medidas recogidas en los artículos 2 surtirán efectos desde el día 15 de marzo de 2020.”
¿Cuándo puede quedar suspendido el contrato de servicios y suministro de prestación sucesiva? Y, de poder suspenderse, ¿cabe la suspensión parcial?
Quedarán automáticamente suspendidos cuando su ejecución devenga total o parcialmente imposible como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos, en la parte cuya ejecución devenga imposible, desde que se produjera la situación de hecho, o de derecho, que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse.
Sí. Cabe la suspensión parcial o total.
¿Cuándo puede reanudarse la ejecución del contrato de servicios y suministro de prestación sucesiva?
¿Qué sucede al no poder formalizar un nuevo contrato de servicios y suministro de prestación sucesiva ante la necesidad de asegurar la continuidad del servicio?
Cuando al vencimiento del mismo no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.
¿Cuándo puede suspenderse la ejecución del contrato de obra? Y de poder suspenderse, cuándo cabe la reanudación de la ejecución del contrato?
Siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el mismo podrá suspenderse desde que se produjera la situación de hecho o de derecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse.
¿Cabe la suspensión en los contratos de servicios y suministro sin prestación sucesiva?
No. Siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación le concederá una ampliación de plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
¿Existen gastos indemnizables a favor del contratista en los contratos de servicios, de suministro y de obra?
Sí. Serán indemnizables los siguientes conceptos:
Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. A estos efectos, debe entenderse que los gastos salariales incluyen todas las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan.
¿En relación a estos gastos indemnizables, hay alguna especialidad por el tipo de contrato?
Sí. En el caso de los contratos de servicios o suministros de prestación no sucesiva, el derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, no excederán del límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato, IVA incluido.
El contratista que tenga la condición de trabajador autónomo por cuenta propia, ¿tiene derecho a percibir indemnización por sus gastos salariales o un equivalente de los mismos?
No. Según ha señalado el Informe 2/2020 de 17 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Navarra: “Las personas trabajadoras autónomas, adjudicatarias de contratos públicos que, se hayan visto suspendidos como consecuencia de la adopción del estado de alarma o cualquiera de sus medidas complementarias, no pueden percibir un equivalente a los gastos salariales como indemnización por los daños que se les produzcan como consecuencia de la suspensión total o parcial de dichos contratos.”
Estos contratistas deben solicitar las ayudas previstas para los trabajadores autónomos, ya que, exclusivamente resulta indemnizables los gastos salariales abonados por el contratista al personal por cuenta ajena adscritos a la ejecución del contrato a 14 de marzo de 2020.
Y en el supuesto de resultar el contratista trabajador autónomo económicamente dependiente, ¿tiene derecho a indemnización por los gastos salariales?
No. Según el Informe 2/2020, de 17 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Navarra: “Las personas con la consideración de TRADE, adjudicatarias de contratos públicos, o que participan en su ejecución, que se hayan visto suspendidos como consecuencia de la adopción del estado de alarma o cualquiera de sus medidas complementarias, no pueden percibir un equivalente a los gastos salariales como indemnización por los daños que se les produzcan como consecuencia de la suspensión total o parcial de dichos contratos.”
La vinculación entre estos trabajadores con el trabajador autónomo se formaliza mediante un contrato mercantil y no laboral, por tanto, equiparable a la figura del subcontratista cuyos gastos salariales no resultan indemnizables.
¿Son indemnizables los gastos salariales de las personas trabajadoras por cuenta ajena del trabajador autónomo?
Si. Las personas que trabajan a cargo, bajo la dirección y organización del trabajador autónomo, serán perceptoras de los correspondientes salarios conforme a lo previsto por el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, salarios que para la persona empleadora, tienen la consideración de gastos salariales. En estos gastos han de entenderse incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la persona empleadora. En la medida en que dichos salarios se hayan abonado de forma efectiva y se pueda acreditar el abono, junto con el cumplimiento del resto de requisitos establecidos por la norma.
¿Qué debo hacer para poder reclamar los gastos y costes previstos en el art. 2 de la LF durante el periodo de suspensión?
A tales efectos, el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible, el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato, así como la realidad, efectividad y cuantía de dichos gastos, y el mantenimiento del empleo adscrito a la ejecución del contrato durante todo el periodo objeto de la solicitud.
¿Qué ocurre con los contratos afectados por el permiso retribuido recuperable del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo?
En caso de que entre el personal citado en la solicitud de indemnización se encuentren personas afectadas por el permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, el abono de los gastos salariales de dichas personas no tendrá carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que sean objeto de recuperación, que se tendrán en cuanta en la liquidación final del contrato.
¿Cómo actuará y qué plazo tiene el órgano de contratación para contestar a la solicitud sobre la indemnización de gastos y costes previstos en el art. 2 de la LF?
El órgano de contratación, en el plazo de cinco días naturales desde que así lo inste el contratista, deberá apreciar la imposibilidad de ejecución del contrato en los términos inicialmente pactados. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria por silencio administrativo.
¿Existen otras condiciones para el reconocimiento del derecho a la indemnización de estos gastos?
Sí. Únicamente tendrá lugar cuando, además de acreditarse la realidad de los gastos, el contratista principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:
¿Qué sucede con los contratos de concesión de obras y concesión de servicios?
La situación de hecho o de derecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante que, consistirá en:
La ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100.
La modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
¿Qué gastos o costes serán indemnizables en los contratos de concesión?
Se compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19.
¿Qué debe hacer el contratista para acogerse al reequilibrio económico de la concesión que prevé el art. 2 de la LF?
Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente por parte del concesionario de la realidad, efectividad e importe de dichos gastos.
Del mismo modo, y de forma previa, solo procederá la indemnización cuando el órgano de contratación, a instancia del concesionario, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia del Covid-19 o de las medidas adoptadas con ocasión del mismo.
¿Existen algún tipo de contrato excluido de las medidas urgentes del art. 2 de la LF?
Sí. Se prevén las siguientes exclusiones:
Contratos de mantenimiento de sistemas informáticos.
¿Cabe la posibilidad de modificar las previsiones del art. 2 de la LF por nuevos acontecimientos creados por la crisis del Covid-19?
Sí. Específicamente las medidas se adoptan sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad competente designada en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones necesarias en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, entre otras, una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.
¿Qué ocurre si la Administración modifica un contrato para atender las necesidades del COVID-19?
En el caso en el que el órgano de contratación modifique un contrato para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), los precios de las nuevas unidades no comprendidas en el contrato inicial o cuyas características difieran sustancialmente de ellas se fijarán por el órgano de contratación y serán obligatorios para el contratista.
¿Todas las anteriores medidas con aplicables a los conciertos sociales?
Si. Son también de aplicación a los conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales.
¿Qué medidas se prevén para que la Administración y sus entes públicos hagan frente al Covid-19 en la contratación pública?
La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirectamente por parte de los órganos de las Administraciones Públicas de Navarra para hacer frente al Covid-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo del art. 140 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos del Sector Público, esto es, a todos los contratos y encargos necesarios para hacer frente al Covid-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia.
¿Existen especialidades en los expedientes de contratación de emergencia?
Sí. En los expedientes de contratación de suministros de aprovisionamiento y compra de equipamiento derivados del Covid-19 que deban tramitarse por el procedimiento de emergencia, estarán exentos de intervención previa, incluyéndose las órdenes de pago a justificar, sin perjuicio del control financiero permanente al que, de forma general, se hallan sometidos los actos no sometidos a la función interventora según la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de Hacienda Pública de Navarra.
Estas especialidades de procedimiento, ¿pueden aplicarse a otros contratos?
Sí. Idéntico régimen se aplicará a cualquier otro expediente de contratación motivado por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, conexo o no con los contratos de suministro de aprovisionamiento y compra de equipamiento, que deba tramitarse por el procedimiento de emergencia.
¿Cómo se abona el precio en los contratos de suministro de aprovisionamiento y compra de equipamiento derivados del Covid-19?
Cuando fuera imprescindible de acuerdo con la situación del mercado, podrán realizarse la totalidad o parte de los pagos con anterioridad a la realización de la prestación por el contratista, debiendo dejarse constancia en el expediente de la decisión adoptada con una sucinta motivación.
CUESTIONARIO SOBRE MEDIDAS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA ADOPTADAS POR EL REAL DECRETO LEY 8/2020, DE 18 DE MARZO Y RESTO DE NORMATIVA PUBLICADA
A) Cuestiones generales previstas en el art. 34 del RDL.
¿Quedan suspendidos todos los contratos con el sector público?
No. El art. 34 del RDL establece diferentes medidas según la tipología del contrato, diferenciando en: contrato de servicios y suministro de prestación sucesiva; contrato de servicios y suministro sin prestación sucesiva; contratos de obras; y contratos de concesión de obras y concesión de servicios.
¿Para todos estos contratos se prevé como principal medida la suspensión?
No. Según el tipo de contrato se regulan medidas diferentes que van desde la suspensión del contrato y compensaciones por gastos incurridos durante el periodo de suspensión por el Covid-19, ampliaciones del plazo inicial o de la prórroga en curso, restablecimiento económico del contrato.
¿Las previsiones del art. 34 se aplican a todas las entidades del sector público?
Tal como ha explicado la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado: “Los contratos de las sociedades estatales y fundaciones del sector público son, conforme al artículo 26 de la LCSP, contratos privados, y pese a ello el precepto (art.34 del RDL) no distingue, declarándose aplicable respecto de toda la contratación del sector público, definido, además, conforme al artículo 3 de dicho texto legal, en el que se incluyen estas entidades jurídico- privadas (sociedades mercantiles y fundaciones del sector público).Parece claro que la norma ha querido establecer un mandato aplicable a todo el sector público”.
¿Son aplicables las medidas del art. 34 a los contratos privados?
La Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado ha recalcado que: “el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020 se aplica a los contratos de todo el sector público”. Sean administrativos o privados, ya que ambos son contratos públicos con entidades del sector público institucional.
¿A qué contratos públicos afectan las medidas del art. 34 del RDL?
Tendrán la consideración de «contratos públicos» aquellos contratos que con arreglo a sus pliegos estén sujetos a: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; o al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; o a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; o Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales; o a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.
¿Hay algún tipo de contrato excluido de las medidas del art. 34 del RDL?
Sí. Dadas las circunstancias creadas por el Covid-19 quedan excluidos:
Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19
En el caso de los contratos de servicios de seguridad y limpieza, sí será posible su suspensión total o parcial, a instancia del contratista o de oficio, si como consecuencia de las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local para combatir el COVID 19, alguno o algunos de sus edificios o instalaciones públicas quedaran cerrados total o parcialmente deviniendo imposible que el contratista preste la totalidad o parte de los servicios contratados. En el supuesto de suspensión parcial, el contrato quedará parcialmente suspendido en lo que respecta a la prestación de los servicios vinculados a los edificios o instalaciones públicas cerradas total o parcialmente, desde la fecha en que el edificio o instalación pública o parte de los mismos quede cerrada y hasta que la misma se reabra. A estos efectos, el órgano de contratación le notificará al contratista los servicios de seguridad y limpieza que deban mantenerse en cada uno de los edificios. Asimismo, deberá comunicarle, la fecha de reapertura total del edificio o instalación pública o parte de los mismos para que el contratista proceda a restablecer el servicio en los términos pactados.
¿Caben modificaciones inmediatas de las previsiones y medidas del art. 34 para responder eficazmente al Covid-19?
Sí. El régimen previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad competente designada en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones necesarias en orden a la protección de personas, bienes y lugares.
Dichas medidas podrán implicar, entre otras, una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.
¿Se puede ampliar el plazo de ejecución en un contrato menor por aplicación del art. 34 RDL?
Tal como ha manifestado la Subdirección General de Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado: “El Real Decreto-ley 8/2020 tiene el mismo rango legal que la LCSP, pero constituye una norma singular o excepcional, por el contexto de emergencia sanitaria en el que se dicta, cuyo contenido ha de prevalecer sobre la regulación del artículo 118 de la LCSP.” (…) “Se trata de una norma especial aplicable, sin exclusiones, a todos los contratos no suspendidos conforme al artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020 y cuya ejecución quede afectada por el COVID-19, debiendo entenderse también aplicable, por las razones expuestas, a los contratos menores.”
B) Contratos de servicios y suministro de prestación sucesiva
¿Cuándo se pueden aplicar las medidas del art. 34 del RDL?
Cuando la ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
¿Qué significa que la ejecución devenga “imposible”?
El Informe de 1 de abril de 2020, de la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado, señala al respecto: “la imposibilidad supone la inviabilidad absoluta de ejecutar el contrato, lo que no sucede cuando éste pueda continuar, aunque, debido al estado de alarma, varíe el modo en que puede ejecutarse.”
¿Cabe la suspensión automática del contrato?
La modificación operada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, ha eliminado la referencia que hacía el art. 34 del RDL a la suspensión automática del contrato.
¿Cabe la suspensión parcial del contrato público de servicios o suministro de prestación sucesiva?
Sí. Según la modificación del art. 34 operada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo: “Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.”
¿Qué debe hacer el contratista para que el contrato sea suspendido?
Presentada la solicitud ¿Qué hará el órgano de contratación?
Según lo expuesto en el Informe de 1 de abril de 2020, de la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado: “Si el órgano de contratación estima la solicitud del contratista, su acto es meramente declarativo de una suspensión cuyos efectos hay que entender que se retrotraen hasta el momento en el que se produjo el supuesto de hecho. Si el órgano de contratación considera que no se es imposible ejecutar el contrato, denegará la solicitud del contratista.”
La entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista.
¿Dispone de algún plazo el órgano de contratación?
Sí. Dispone de 5 días naturales para apreciar la imposibilidad alegada para ejecutar y cumplir el contrato. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria por silencio administrativo.
Sin embargo, el silencio negativo no impide una resolución expresa posterior de carácter estimatoria.
Pese a que el art. 34 del RDL prevé la suspensión a instancia del contratista, ¿Cabe la suspensión de oficio?
En la legislación de contratación pública el principio general es la suspensión del contrato decretada de oficio por el órgano de contratación. Si bien, el art. 34 del RDL es una norma temporal y excepcional.
Sin embargo, el Informe de 1 de abril de 2020, de la Subdirección General de Servicios Consultivos de la Abogacía General de Estado, entiende que: “el órgano de contratación conserva la prerrogativa de suspender de oficio el contrato si aprecia que, por la crisis sanitaria del Covid-19, la ejecución deviene imposible, y ello, aunque el contratista no lo solicite.”
¿Son indemnizables todos los gastos y costes?
No. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los siguientes:
¿Son indemnizables en concepto de gasto salarial las cotizaciones a la Seguridad Social?
Sí. Los gastos salariales a los que en el art. 34 se aluden incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondieran.
En caso de suspensión parcial, ¿Qué gastos o costes son indemnizables al contratista?
¿Cómo y cuándo puedo reclamar los costes y gastos indemnizables?
Una vez admitida por la entidad adjudicadora la imposibilidad de ejecutar el contrato, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista.
La reclamación de daños y perjuicios se podrá realizar en aplicación del artículo 208.2, c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en el plazo de 1 año desde el acuerdo de reanudación que ponga fin a la suspensión.
¿Es posible solicitar por el contratista abonos a cuenta de la indemnización?
Si. En los contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva, debido a la modificación operada por el Real Decreto – Ley 17/2020, de 5 de mayo, el órgano de contratación a instancia del contratista podrá conceder un anticipo a cuanta del importe estimado de la indemnización que corresponda.
El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o mediante pagos periódicos, descontándose el importe anticipado de la liquidación final.
Para efectuar estos anticipos a cuenta, el órgano de contratación podrá exigir la constitución de cualquier forma de garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
¿Es diferente la solicitud de suspensión de la solicitud de reclamación de los gastos indemnizables?
Sí. La solicitud de reclamación de gastos indemnizables puede plantearse con posterioridad, así tal como explica el Informe de 1 de abril de 2020, de la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía del Estado: “la indemnización se reconocerá y abonará al contratista “previa (…) acreditación fehaciente” de la “realidad, efectividad y cuantía de los daños”, lo que implica que el contratista, una vez admitida por la Administración la imposibilidad, debe presentar una nueva solicitud con la justificación de los daños y perjuicios”.
¿Se pueden ir presentado daños y perjuicios de modo parcial conforme se producen?
El Real Decreto 8/2020 no lo regula expresamente, pero nada impide que pueda hacerse de esta forma para garantizar la liquidez del contratista.
En este sentido, el Informe de 2 de abril de 2020, de la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado ha explicado que “Esa nueva solicitud puede presentarla el contratista al finalizar el período de suspensión, pero también serían admisibles solicitudes parciales de abono de los daños que se vayan produciendo, siempre que en cada una de ellas pueda ya acreditarse su realidad, efectividad y cuantía”.
¿Son indemnizables al subcontratista los gastos salariales y costes en los que incurra durante el periodo de suspensión?
Según lo explicado por la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado, no pueden: “considerarse comprendidos en el artículo 34.1.1º del Real Decreto-Ley 8/2020 los gastos por salarios efectivamente abonados por el subcontratista a los trabajadores de los que él es el empresario o empleador, pues es obvio que el contratista no tiene relación laboral con tales trabajadores ni, por tanto, ha abonado de manera efectiva ningún salario a tales trabajadores”
¿Existen obligaciones o condiciones para tener derecho a las indemnizaciones?
¿Son indemnizables los gastos salariales al personal afectado por el permiso retribuido del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo?
El abono por la entidad adjudicadora de los correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que sean objeto de recuperación en los términos del artículo tres del mencionado Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato.
¿Resulta aplicable la regulación de la suspensión del contrato prevista en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre?
No. No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el artículo 34 del RDL lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
¿Constituye causa de resolución el supuesto del artículo 34 del RDL?
¿Qué sucede sí no se puede formalizar un nuevo contrato y se debe garantizar la continuidad del servicio?
En aquellos contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.
C) Contratos de servicios y suministros que no sean de prestación sucesiva
¿Qué sucede con los contratos de servicios y suministros sin prestación sucesiva?
Siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
¿Siempre se ampliará el plazo inicial o la prórroga en curso por el órgano de contratación?
El órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo, previo informe del responsable del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19.
¿Existe un plazo para solicitar la ampliación del plazo de ejecución del contrato?
Sí. Según el Informe de 1 de abril de 2020 de la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado: “a falta de regulación expresa en el artículo 34.2, la regla general del artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto a los plazos para presentar esa solicitud de ampliación del plazo de ejecución.”
El art. 100 del RGLCAP señala que: “La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.
Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.”
Debido al retraso en el cumplimiento de la prestación o en la entrega ¿Puedo sufrir penalidades o, directamente, la resolución del contrato?
¿Qué gastos son indemnizables en estos contratos y cómo debo solicitarlo?
Los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato.
Solo se procederá a dicho abono previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía por el contratista de dichos gastos.
D) Contratos público de obras
¿Cabe la suspensión en los contratos públicos de obras?
Sí. Siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
¿Qué debo hacer para suspender el contrato y cómo y cuándo me responderá el órgano de contratación?
La suspensión solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación generada por el Covid-19.
Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria por silencio administrativo.
Tratándose de un contrato de obras ¿Es aplicable la fuerza mayor y la suspensión regulada en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público o la prevista en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre?
No. No resultará de aplicación a las suspensiones del artículo 34 del RDL, lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208, ni en el artículo 239 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220, ni en el artículo 231 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
¿Queda suspendido el contrato de obras cuando la entrega de la obra coincida con el periodo de estado de alarma?
No. Cuando de acuerdo con el «programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra» estuviese prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el período que dure el mismo, y como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado no pueda tener lugar la entrega de la obra. En estos casos, el contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial debiendo cumplimentar la correspondiente solicitud justificativa.
La ampliación de plazo, ¿genera algún derecho indemnizatorio?
En el contrato de obras exclusivamente genera derecho indemnizatorio la suspensión del contrato que no haya perdido su finalidad y que resulte imposible su ejecución por causa del Covid-19. El Informe de 2 de abril de 2020 de la Subdirección General de Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado ha explicado que “El artículo 34.3 del RDL 8/2020 no prevé que, durante ese período de ampliación, el contratista de obras sea indemnizado; pues, si se atiende a la literalidad del párrafo 5º del artículo 34.3, todos los conceptos indemnizatorios están referidos solo para el caso de “suspensión”, y no para el de “ampliación” del plazo de finalización.”
¿Qué gastos y costes son indemnizables en los contratos públicos de obras?
¿Hay algún requisito general para tener derecho a la indemnización de los gastos y costes previstos en los contratos públicos de obras?
E) Contratos de concesión de obras públicas y concesión de servicios.
¿Cabe la suspensión en los contratos de tipo concesional?
No se contempla su suspensión, pero sí su reequilibrio si se ha instado previamente por el concesionario ante la Administración la imposibilidad de ejecución.
¿Cómo se articula el equilibrio económico del contrato concesional según el art. 34 del RDL?
La situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante:
mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
¿Qué costes o gastos serán indemnizables en los contratos de tipo concesional en base al reequilibrio económico del contrato?
¿Qué tengo que hacer para que el órgano de contratación estime el reequilibrio económico y me indemnice las pérdidas e incrementos de gastos?
Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos, previa solicitud del concesionario para que la Administración aprecie la imposibilidad de ejecución y únicamente respecto de la parte del contrato afectada por dicha imposibilidad.
F) Efectos de la suspensión de plazos e interrupción de términos de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en la contratación pública.
¿Quedan suspendidos los plazos administrativos y, por lo tanto, los plazos administrativos en la contratación pública?
Sí. Se suspenden plazos y se interrumpen los términos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Según lo explicado en Nota Informativa por la Junta Consultiva de Contratación del Estado: “La correcta interpretación del citado precepto exige entender que, por su mandato, se produce la suspensión automática de todos los procedimientos de las entidades del sector público desde la entrada en vigor de la norma, cualquiera que sea su naturaleza y, en consecuencia, también de los propios de la contratación pública.”
¿Esta suspensión a qué entidades del sector público afecta?
Afecta a todas las entidades del sector público: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y resto de entidades pertenecientes al sector público.
¿Existen excepciones a la suspensión del plazo en los procedimientos administrativos en la contratación pública?
Sí, según Nota Informativa de la Junta Consultiva de Contratación del Estado son las siguientes:
El órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad.
Cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
Las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
¿Se han levantado de forma general la suspensión de procedimientos de contratación en algunos supuestos?
Si. Mediante la Disposición adicional octava del Real Decreto – Ley 17/2020, de 5 de mayo, se acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al Sector Público, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos.
Permitirá igualmente el inicio de nuevos procedimientos de contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos. Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos.
¿Con la suspensión del plazo, se reanuda o reinicia nuevamente el plazo una vez finalizado el estado de alarma?
A la finalización del estado de alarma o de sus prórrogas el plazo suspendido se reanuda por el tiempo restante hasta su finalización. Tal como ha explicado la Subdirección General de Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado: “En efecto, la suspensión de un plazo implica que el mismo se detiene, se “congela en el tiempo” en un momento determinado debido al surgimiento de algún obstáculo o causa legal, reanudándose, cuando dicho obstáculo o causa ha desaparecido, en el mismo estado en el que quedó cuando se produjo la suspensión. Es decir, si un plazo de 30 días se suspende en el día 15, en el momento de la reanudación quedarán sólo otros 15 para que expire.”
“Es decir, se “reanudan” pero no se “reinician” (…) vuelvan a tener la posibilidad de cumplimentar el trámite en el tiempo que les restare antes de la expiración del plazo.”
La Junta Consultiva de Contratación del Estado en su Nota Informativa publicada señala que: “Los procedimientos se reanudarán cuando desaparezca la situación que origina esta suspensión, esto es, la vigencia del estado de alarma.”
Al finalizar el estado de alarma,¿ qué ocurre con el plazo en caso de recurso en vía administrativa?
¿Es necesario publicar la suspensión del procedimiento de contratación?
No. La suspensión es operativa por mandato legal expreso del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. No obstante, se aconseja su publicación de la suspensión como medida de seguridad jurídica para los licitadores.
G) Efectos del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
¿Deben paralizar su actividad las empresas contratistas con el sector público cuya actividad no está incluida en el Anexo del RDL 10/2020, de 20 de marzo?
Según la Disposición adicional cuarta del RDL 10/2020, de 20 de marzo, podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 (tramitación de emergencia) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
¿Cómo afecta el permiso retribuido recuperable al personal de empresas adjudicatarias de contratos del sector público?
El permiso retribuido recuperable regulado en el RDL 10/2020, de 20 de marzo, no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.
¿Prevé el RDL 10/2020, de 20 de marzo, de forma específica algún grupo de actividades no afectas al permiso retribuido obligatorio para contratistas del sector público?
Sí. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con la establecida en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
H) Modificación del artículo 16 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo por la Disposición final segunda del Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del Covid-19.
¿Es aplicable el trámite de emergencia para la contratación pública a todo el sector público?
Sí. Según la modificación del artículo 16 del Real Decreto – ley 7/2020, de 12 de marzo, la tramitación de emergencia es aplicable a los contratos públicos de todo el sector público según el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
I) Modificación del artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, operada por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
¿Cuáles son los contratos cuyo plazo máximo puede ampliarse para recuperar las inversiones necesarias?
Excepcionalmente, en los contratos de suministros y de servicios se podrá establecer un plazo de duración superior al establecido, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación. El concepto de coste relevante en la prestación del suministro o servicio será objeto de desarrollo reglamentario.
J)Medidas especiales en contratos relativos a interpretaciones artísticas y espectáculos musicales adoptadas por el Real Decreto – Ley 17/2020, de 5 de mayo.
¿Qué medidas se adoptan en caso de este tipo de contrato público?
Cuando por el Covid-19 o de las medidas sanitarias adoptadas para combatirlo, se acuerde la modificación o suspensión, para ser ejecutados en una fecha posterior, en contratos de interpretación artística y de espectáculos públicos de cuantía no superior a 50.000 euros, el órgano de contratación podrá acordar que se abone al contratista hasta un 30 por ciento del precio del contrato, como anticipo a cuenta de dicho precio.
El pago del anticipo a cuanta no estará supeditado a la prestación de garantía por el contratista.
¿Qué ocurre si la ejecución del contrato fuese imposible aunque sea en fecha posterior?
Cuando tenga lugar la resolución de contratos de interpretación artística y de espectáculos públicos de cuantía no superior a 50.000 euros, por la causa prevista en el artículo 211.1 apartado g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el órgano de contratación podrá acordar una indemnización a favor del contratista que no podrá ser inferior al 3, ni superior al 6 por ciento del precio del contrato.
No resultando aplicable lo previsto en el artículo 213.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.