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Timestamp: 2019-02-23 23:32:18
Document Index: 283078594

Matched Legal Cases: ['artículo 196', 'artículo 272', 'artículo 197', 'artículo 112', 'artículo 212', 'artículo 272', 'artículo 197', 'in fine']

Herramientas clave del socio minoritario (II): Derecho de información; derecho a la recepción de documentos sometidos a aprobación de la Junta (272.2 LSC) y la “inspección contable” del 272.3 LSC en la Limitada. - Socio Minoritario
Herramientas clave del socio minoritario (II): Derecho de información (196 y 197 LSC); derecho a la recepción de documentos sometidos a aprobación de la Junta (272.2 LSC) y la inspección contable del 272.3 LSC en la Limitada.
(i) En general: contexto actual de los derechos de información del socio.
Con la actual Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), el derecho de información del socio queda constreñido a la órbita de la Junta General.
Sólo hay que observar, en ese sentido, tanto el artículo 196 referido a la sociedad limitada, como el 197 referido a la anónima, para concluir que el ejercicio del derecho de información debe instarse por el socio desde que recibe la convocatoria de la Junta General, hasta la misma celebración de la misma..
En la S.L., existen:
Dos momentos de solicitud de información para el socio: (a) Por escrito, desde la convocatoria, hasta la Junta y/o (b) verbalmente, en la Junta.
Dos momentos para facilitar la información solicitada: (a) En la Junta y/o (b) posteriormente.
Dos formas de facilitarla: por escrito o verbalmente, dependiendo de la naturaleza de la información solicitada y del momento.
En la S.A., existen:
Dos momentos de solicitud de información para el socio: (a) Por escrito, hasta el séptimo día anterior a la Junta y/o (b) verbalmente en la misma Junta.
Dos momentos para facilitar la información: (a) En la Junta y/o, en su caso, (b) hasta el séptimo día siguiente, cuando no puedan ser respondidas en la misma Junta.
(ii) El derecho de acceso inmediato y gratuito a documentos en la órbita de la Junta General.
El artículo 272.2. LSC expresa: A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así­ como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. En la convocatoria se hará¡ mención de este derecho.
Observamos un ejemplo de vulneración de la inmediatez en el caso resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de la Coruña núm. 298/2016 de 15 de septiembre.
Disponibilidad de las cuentas el día anterior a la Junta.
Tardanza de siete días en la remisión. Se replica, por el demandante, que no es justificable haber tardado siete días en su remisión, cuando en el mismo escrito de solicitud se había ofrecido a desplazarse al domicilio social a retirar la documentación requerida. A lo que se le contesta que fue entregada con tiempo suficiente para su análisis de acuerdo con la LSC, pues según el art. 197 LSC, los administradores deben facilitar información solicitada por escrito hasta el día de celebración de la Junta, es decir, hasta hoy, sin embargo se le envía lo antes posible el día 11-8-2015 y lo recibieron el día 12.8.2015.
El Juzgador razona:
“De ahí que la LSC imponga imperativamente a los administradores la obligación de entregar la documentación requerida de forma gratuita e inmediata. Es decir, que han de observar una conducta diligente en la observancia de dicha obligaciÃ³n legal, no impidiendo, privando u obstaculizando al socio del ejercicio civiliter de tal derecho. Es más el desconocimiento del mismo es causa de nulidad del acuerdo social (SSTS 15 de diciembre de 1998 , 26 de septiembre de 2001 , 21 de marzo de 2006). Es cierto que la LSC no establece un plazo concreto para cumplimentar el mentado derecho de acceso documental, sino que utiliza el término “inmediato”, que deberá ser integrado atendiendo a las circunstancias de cada caso (STS 21 de octubre de 1996), así­ se ha considerado suficiente facilitar la información requerida con tres días de antelación a la Junta General (STS 11 de noviembre de 1998). CUARTO: En este caso, el Tribunal comparte el criterio de la sentencia apelada, en tanto en cuanto los administradores demoraron injustificadamente la entrega de la documentación requerida, que no fue facilitada al solicitante con antelación suficiente a la celebración de la Junta, de manera tal que pudiera examinar la misma con tiempo suficiente, cercenando de esta forma su fundamental derecho de información. Las razones para justificar la conducta de los administradores no son de recibo. Se dice por estos (ver acta notarial de la Junta, f 17 vuelto), que tan pronto como fue posible se envía la documentación requerida por mensajería; mas no se indica cuáles fueron los motivos que dificultaron su envío inmediato, como exige la LSC.
(iii) ¿Cómo interpreta el derecho de información del 197 y 272.2 LSC la Jurisprudencia? La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 531/2013 de 19 septiembre.
La Sentencia analiza los derechos de información del 197 y 272.2 LSC, con una interpretación claramente extensiva, que parece poder alcanzar en la práctica a los documentos que sirvan de soporte y de antecedente en la línea del -en principio reservado a las limitadas- 272.3 LSC.
Analicemos en primer lugar la petición de información que hace el minoritario de la sociedad anónima; ¿Qué se pide en el caso de autos?
En cuanto al Inmovilizado Inmaterial: Justificación mediante inventario de las partidas que componen el saldo de este capítulo. Explicación del porqué en el saldo SI figura la inversión realizada y en cambio no se dota ninguna amortización en el ejercicio.
Inmovilizado Material: Explicación de la baja que figura en memoria de 9000 euros, así­ como inventario del importe que figura en este capítulo desglosando importe, inversión y amortizaciones realizadas.
Existencias: Inventario valorado a 31/12/07. Explicación del porqué del aumento de existencias cuando el ejercicio arroja una bajada de los ingresos de explotación de un 37,57%. Explicación a la diferencia del margen comercial con respecto a los ejercicios anteriores.
Deudores: Mayor con los movimientos de las cuentas que componen el saldo de este capítulo.
Inversiones financieras temporales: Mayor de la/s cuenta/s que componen el saldo así­ como documentación justificativa de los apuntes.
Bancos: Copia de los extractos bancarios a 31/12/07.
Acreedores a largo plazo: Documentación bancaria de los importes adeudados a 31/12/07.
Acreedores a corto plazo: Cuentas de Mayor con sus movimientos. así­ como justificación documental de las deudas no comerciales. (Deudas con entidades de crédito, deudas con empresas asociadas, etc.).
Dotación para Amortizaciones de Inmovilizado: Explicación de la diferencia de lo dotado en esta partida entre los ejercicios 2007 y 2006.
Otra documentación: Declaraciones trimestrales y anuales de IVA, IRPF y Arrendamientos. Declaración informativa 347.
Se deniega el acceso a ciertos documentos por parte del administrador.
La sociedad contesta a la solicitud de información respondiendo las preguntas planteadas, con alguna excepción (por ejemplo, se deniega información sobre el detalle del inventario “por no ser esta una información accesible a los socios a título individual”), comunicando diversos datos y cifras, dando algunas explicaciones, pero negándose a facilitar la totalidad de la documentación que se le pedía. Como justificación de esta negativa se alegaba que no era una información accesible a los socios a título individual o se trataba de información confidencial. 
Y el minoritario, ya en Junta, realiza diversos reproches: “En relación a la cuenta de Pérdidas y Ganancias presentada, no dispongo de ningún dato que me permita analizar si se ajustan o no a la realidad, salvo lo ya mencionado anteriormente con respecto a la provisión que entiendo se debiera haber realizado con respecto a los Deudores. Tampoco encuentro ningún gasto financiero en relación a lo adeudado a la sociedad…»
Se produce un vaivén en primera y segunda instancia:
La Sentencia de Primera Instancia entiende que la denegación de determinados documentos vulnera el derecho de información del accionista.
La Sentencia de Segunda Instancia considera que el derecho de información del demandante había sido satisfecho, pues la LSC no autoriza al accionista a investigar en la contabilidad y en los libros sociales, y menos aún en toda la documentación de la sociedad, pues en el sistema de información establecido en dicha ley no corresponde al accionista sino a los auditores de cuentas la función de examinar o investigar la contabilidad de la sociedad. Por ello, concluye el razonamiento de la Audiencia, el demandante pudo solicitar del registrador mercantil el nombramiento de un auditor de cuentas al amparo de lo previsto en el art. 205.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Veamos, finalmente, la interpretación extensiva del artículo 197 y 272.2 LSC por parte del Tribunal Supremo.
Viene a decir que la previsión legal del art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (art. 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital) no vacía de contenido el derecho de información reconocido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, de tal forma que el socio no queda constreñido al simple examen de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, por lo que, como regla, no es admisible la denegación de la información pertinente al socaire de que “no cabe investigar en la contabilidad social”, ya que el accionista puede requerir cuantas aclaraciones o informaciones estime precisas siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que la información que demande se refiera a extremos que tengan conexión con el orden del dí­a de una junta convocada.
c) Que la publicidad de los datos interesados limitada a los accionistas no perjudique los intereses sociales sin perjuicio de que en este caso deba facilitarse cuando la solicitud está apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital. En todo caso, el interés de la sociedad en no difundir ciertos datos ni siquiera en el limitado ámbito interno de los accionistas no puede identificarse con el interés de los administradores en esconder ciertos detalles de su gestión (Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 986/2011, de 16 de enero, recurso núm. 2275/2008, y núm. de 16 de enero de 2012, recurso 2275/2008).
“Se ha afirmado por esta Sala (Sentencia de 13 de diciembre de 2012, citada), que el examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión de la actuación de los administradores no pueda quedar constreñida exclusivamente a datos relacionados directamente con “los números” de la contabilidad, hurtando a los accionistas datos conexos, razonablemente precisos para poder desplegar cierto control de la forma de gestionarla y del cumplimiento por los administradores de los deberes de diligente administración, fidelidad y lealtad, en relación con la actividad de la sociedad reflejada en las cuentas sometidas a la aprobación y en el informe de gestión y, en su caso, proponer que se demanden las responsabilidades procedentes.
También se ha afirmado que aunque la creciente profesionalización del órgano de administración y la sujeción de las cuentas a un estricto régimen de contabilidad imperativo, dirigido a proporcionar tanto a nivel interno como en el mercado “la imagen contablemente fiel de la sociedad”, ha impulsado la correlativa profesionalización de su control (de los accionistas censores a auditores externos), es lo cierto que la norma atribuía y atribuye a los socios, no a los censores de cuentas ni a los auditores, la aprobación de las cuentas anuales (Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 741/2012, de 13 de diciembre (RJ 2013, 374) , recurso núm. 1097/2010 ).
A lo anterior puede añadirse que el informe de auditoría de las cuentas anuales facilita a los socios una información importante para decidir sobre la aprobación de las cuentas anuales, la aplicación de resultados y la censura de la gestión social porque trata de asegurar, mediante una información clara, técnica pero inteligible, y breve, la calidad y fiabilidad de la información contable de la empresa. Pero no excluye que sea la junta societaria quien tenga el poder de control, escrutinio y aprobación de tales cuentas (95 de la Ley de Sociedades Anónimas, actualmente art. 160 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RCL 2010, 1792, 2400)) para lo que se precisa que el socio siga teniendo un derecho de información completa sobre las mismas ( arts. 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas , actualmente arts. 197 y 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).
Como conclusión a lo expuesto, la información al socio prevista en el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (actual art. 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital) complementa pero no sustituye la que tiene derecho a obtener conforme al art. 112 de dicha ley (actual art. 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital). El socio, además de tener derecho a examinar y obtener los documentos enumerados en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas , podrá solicitar las informaciones o aclaraciones que estime precisas para controlar las cuentas y la gestión del órgano de administración, tiene derecho a requerir detalles de las partidas que han dado lugar, por agregación, a los importes consignados en los diversos apartados del balance o de la cuenta de pérdidas y ganancias, y el órgano de administración deberá contestar siempre que concurran los indicados requisitos que operan como límite a la obligación de transparencia.
(iv) El derecho de inspección contable del 272.3 LSC reservado para la limitada.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) núm. 264/2013 de 21 junio determina un contenido amplio en el derecho de acceso: el artículo 272.3 LSC es claro cuando expresa que el socio tiene derecho a que le sean exhibidos los documentos que sirvan de soporte y antecedente de las cuentas anuales. Esos documentos no son exclusivamente los libros contables obligatorios sino que son todos los documentos contables que sirven de apoyo a sus asientos.
Y en relación a los documentos contables que sirven de apoyo a los asientos de los libros contables obligatorios la Sentencia enumera los siguientes: facturas, albaranes, listado de existencias y el resto de documentos que sustenten las transacciones contabilizadas.
Igualmente se hace referencia también al derecho que el socio tenía a que se le exhibieran: “un inventario de existencias porque en las cuentas se había recogido una depreciación de las mismas de 201.000 euros; (…) También estaba justificada la petición de información relativa a las facturas libradas por otras empresas del grupo (contra una serie de empresas) ya que es razonable que el socio minoritario temiera que esas facturas pudieran estar siendo utilizadas como un simple mecanismo de descapitalización de la sociedad; (…) Lo mismo cabrá decir respecto de las facturas por publicidad y relaciones públicas; (…) También es razonable que solicitara información relativa al personal”
(iv) La importancia del contexto. Otro Caso de inspección contable: Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) Sentencia núm. 374/2016 de 11 noviembre.
Sin perjuicio de que, por los hechos probados, se comprueba un importante déficit de información, debemos destacar circunstancias del caso, tenidas en cuenta por el Juzgador, como:
Sociedad de carácter cerrado y reducida dimensión.
Sin embargo, sociedad de gran facturación.
Importante porcentaje de participación (1/3).
Nunca se han repartido dividendos, como aspecto generador de inquietud importante, como subraya la jurisprudencia que antes hemos citado, valorar el contexto en el que se producen los hechos, pues estamos hablando de una sociedad de reducida dimensión y de carácter cerrado, en la que el demandante posee un importante porcentaje de participación (la tercera parte). La condición de minoritario de éste puede hacerle quedar al margen de la fiscalización de la gestión de la sociedad si no se garantiza que se hagan efectivos los cauces de control previstos en la normativa aplicable a este tipo de sociedades. Estamos hablando de una sociedad que ha facturado muy importantes cantidades de dinero y que nunca ha repartido dividendos, por lo que puede comprenderse la inquietud mostrada por el demandante por conocer debidamente el sustento de las cuentas y disponer además de la información precisa para poder posicionarse ante la propuesta de aumento de capital”.
El favorecimiento del derecho del socio en este tipo de sociedades es muy extendido en la Jurisprudencia. Véase igualmente, como al hilo del derecho de entrega inmediata de documentos (273.2 LSC) en Sentencia de la Audiencia Provincial de la Coruña núm. 298/2016 de 15 de septiembre, se valora la tipología de sociedad -cerrada y familiar- y las circunstancias del caso:
“Nos encontramos ante una sociedad cerrada, compuesta por tres socios, familiares, siendo el actor titular de una parte más que significativa del capital de la mercantil demandada, el cual se encuentra apartado de la administración y gestión social, sin que se repartan tampoco dividendos, siendo por lo tanto porteador de un interés legítimo para el ejercicio de la presente acción por desconocimiento del derecho que le otorga el art. 272.2, que precisamente alcanza plena justificación en casos como el presente.”
(v) La denegación de información a causa del “daño al interés social”.
Por un lado, destacar que no existe regulación legal para denegar los derechos de información del 272 LSC, si bien, Jurisprudencialmente el daño al interés social podrá ser un elemento a tener en cuenta para calibrar hasta qué punto pueden ejercerse los derechos del socio.
Sin embargo, en cuanto a los derechos de información ex 196 y 197 LSC, existe una detallada previsión normativa, a saber:
En la sociedad limitada, ex 196.2 LSC, “El órgano de administración estará obligado a proporcionar la información salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social, si bien de acuerdo al punto tercero,“No procederá la denegación de la información cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social”.
En las anónimas, ex artículo 197.3 LSC, la denegación podrá basarse en la innecesaridad para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas. Igualmente, en este caso, no podrá denegarse la información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social (197.4 LSC).
El caso resuelto por la Sentencia Audiencia Provincial de Málaga (Sección 6ª) Sentencia núm. 512/2015 de 9 septiembre, trata de un socio minoritario que solicita tras la recepción de la convocatoria la siguiente información:
(i) Diario contable completo de formato Excel del ejercicio 2009; (ii) Balance de situación y cuenta de resultados a 31-12-2009; (iii) Balance de sumas y saldos a máximo nivel a 31-12-2009; (iv) Extractos bancarios de 31-1-2009 hasta el 31-12 -2009; (v) Detalles de los gastos de personal por empleados en el año 2009; (vi) Contratos con clientes y proveedores en vigor durante 2009.
El administrador de la sociedad demandada comunica al socio que los documentos están a su disposición en el domicilio social, interesando asimismo que identificara al experto contable que habrá de examinar la documentación societaria, e informando igualmente que en orden a preservar el interés social la información facilitada se limitará a las cuentas a aprobar y documentos que le sirven de soporte y antecedente.
El actor, delega en su Letrado, quien acude al domicilio social en compañía del auditor de cuentas donde el administrador de la sociedad puso a su disposición: (i) balance de situación, (ii) la cuenta de pérdidas y ganancias, (iii) balance de sumas y saldos a tres dígitos, y (iv) Sumas y Saldos de la Cuenta 410 (cuenta de socios), denegándole el acceso al resto de documentos solicitados por el actor, alegando que la denegaciÃ³n era para preservar el interés social en peligro por tratarse de un socio competidor que desempeñaba una actividad concurrente con la sociedad demandada.
El Juzgador acaba acogiendo que la información era suficiente, y que procede la denegación de determinados documentos por parte del administrador, y lo razona en dos circunstancias:
En primer lugar: “El hecho de que el minoritario trabaja para la competencia. para El Grupo Editorial Santillana, que desarrolla un sistema similar al desarrollado por la sociedad demandada Amco Iberia Servicios Educativos, SL (según resulta de la documental aportada por la parte actora no impugnada y de la prueba de interrogatorio del actor en aplicación del 304 LEC ).
Lo anterior debe ponerse en relación con el hecho de que el minoritario ostente menos de un 25%, lo que le impide el blindaje ante la alegación de daño al interés social.
Y razona asimismo que “Igualmente el socio pudo solicitar aclaraciones y explicaciones durante la celebración de la Junta General ( 196.1 LSC), y si tenía sospechas de desvío de fondos, bien pudo solicitar el nombramiento de un auditor de cuentas, al ostentar más del 5% del capital social en dicha fecha (arts. 265.2 y 272.3 in fine ). El derecho de información es un derecho reconocido al socio, que impone al mismo un ejercicio conforme a las exigencias de la buena fe, no pudiendo limitarse a impugnar la Junta General celebrada, a la que fue correctamente convocado, invocando su infracción, cuando el mismo no hizo uso de los mecanismos legales que la legislación societaria pone a disposición de los socios.”
(vi) Conclusiones generales sobre el derecho de información.
Podemos quedarnos, sin ánimo de ser exhaustivos, con las siguientes conclusiones acerca del derecho de información del socio en la actual LSC.
Que la información que demande se refiera a extremos que tengan conexión con el orden del dí­a de una junta convocada.
Que la información sea solicitada en el ámbito de la Junta y en los plazos marcados por la LSC.
Que la publicidad de los datos interesados limitada a los accionistas no perjudique el interés social, salvo el blindaje de ostentar más del 25%, que impediría tal alegación.
Que la información no puede ceñirse a “meros números de contabilidad”, sino que se puede hacer extensible a datos conexos para que exista un control real y justo de la forma de gestionar la sociedad.
Que hay que estar a las circunstancias del caso, existiendo una mayor condescendencia con el accionista de sociedades cerradas.
Que la existencia de informe de auditoría sin salvedades, no supone excusa para denegar información, ya que quien tiene el poder de votar y aprobar acuerdos -y dentro de ellos, las cuentas anuales- no es el auditor, sino el socio, en sede de Junta General.