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Timestamp: 2019-01-24 02:44:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA C-609 DE OCTUBRE 3 DE 2017
SENTENCIA C-609 DE 03 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:INHIBICIÓN PARA DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE FUNDAMENTAN CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DEL PLEBISCITO PARA LA REFRENDACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. SE DECLARA EL ALTO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, INHIBIDO PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 1806 DE 2016, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES 1733, 1836 Y 1999 DE 2016 EXPEDIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, QUE DEFINEN LA “CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DEL PLEBISCITO PARA LA REFRENDACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”, POR TANTO EN EL TEXTO DE LA DEMANDA (I) NO SE EXPONE EL CONTENIDO NORMATIVO DE LAS DISPOSICIONES ACUSADAS Y (II) NO SE EXPRESAN LAS RAZONES POR LAS CUALES LOS TEXTOS DEMANDADOS VULNERAN LA CONSTITUCIÓN, TENIENDO LA CARGA DE DEMOSTRAR LAS IRREGULARIDADES CONCRETAS QUE CONFIGURAN LOS VICIOS EN DICHOS PROCEDIMIENTOS DE CONVOCATORIA Y LA REALIZACIÓN DEL PLEBISCITO Y QUE PERMITEN CUESTIONAR SU CONSTITUCIONALIDADSITUACIÓN QUE NO SE LOGRA AL CARECER DE CERTEZA, ESPECIFICIDAD, PERTINENCIA Y SUFICIENCIA. EN TANTO, LA FALTA DE CERTEZA SE EVIDENCIA EN QUE LA ARGUMENTACIÓN DESPLEGADA NO EXPONE EL CONTENIDO NORMATIVO ACUSADO COMO INCONSTITUCIONAL, NO RECAE SOBRE PROPOSICIONES JURÍDICAS EXISTENTES O VERIFICABLESDE ESPECIFICIDAD, AL NO FORMULAR RAZONES CONCRETAS, DIRECTAS Y DETERMINADAS, QUE PERMITAN COMPROBAR LA EXISTENCIA DE UNA OPOSICIÓN OBJETIVA ENTRE LAS NORMAS ACUSADAS Y LAS NORMAS SUPERIORES VULNERADASDE PERTINENCIA PORQUE NO ES DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL Y DE SUFICIENCIA, AL NO EXISTIR RAZONES ESPECÍFICAS, DIRECTAS Y CONCRETAS QUE PERMITAN ADVERTIR VULNERACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PLEBISCITO, IMPEDIMENTO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, SENTENCIA INHIBITORIA, INEPTITUD DE LA DEMANDA, PLEBISCITO PARA LA REFRENDACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO, REGLAS ESPECIALES DEL PLEBISCITO PARA LA REFRENDACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO, PROCESO DE PAZ
Sentencia C-609 de octubre 3 de 2017
2.1. El primero se titula “violación al derecho a elegir y a participar en la conformación y el ejercicio del poder político por no existir un periodo de inscripción de cédulas en el territorio nacional”(1). Este cargo se funda en la importancia del derecho a la participación política, el principio democrático, la democracia participativa, así como en la transcripción de algunas normas constitucionales y la cita, in extensu, de más de cuatro páginas de la Sentencia C-379 de 2016.
2.2. El segundo presunto cargo de inconstitucionalidad se denomina “violación al numeral 5º del artículo 2º de la Ley Estatutaria 1806 de 24 de agosto de 2016 por no existir inscripción de cédulas fuera del territorio nacional”(2). En opinión de los actores, dicha disposición “se violó toda vez que no se dio a los ciudadanos en el exterior la posibilidad de inscribir su cédula de ciudadanía y en consecuencia muchos ciudadanos colombianos no pudieron participar en el plebiscito del pasado 2 de octubre de 2016”(3). En su opinión, la violación de la Ley 1806 de 2016 “fue un hecho notorio de alcance nacional”.
2.3. El tercero se titula “violación a las obligaciones contenidas en el artículo 5º de la Ley Estatutaria 1806 de 24 de agosto de 2016, consistentes en la divulgación del Acuerdo a comunidades étnicas y personas sordas”(4). Los actores manifiestan que, pese a que dicha obligación está contenida en el mencionado artículo 5º de la Ley Estatutaria 1806 de 2016 y en el artículo 10 de la Resolución 1733 del mismo año, “no se realizó publicación y divulgación efectivo y oportuno del Acuerdo Final”(5). En su opinión, “la publicación escrita en un sitio web del Ministerio de Cultura no significa que por ello haya sido de conocimiento público dentro de la población indígena”(6) (sic).
2.3.1. Asimismo, los actores señalan que “en la realización del plebiscito realizado el pasado 2 de octubre de los corrientes, se vulneró los derechos a la información y a la participación política de las personas con discapacidades en comunicación oral”(7) (sic). Como fundamento de esta premisa, los actores citan in extensu varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Ley 982 de 2005.
2.4. El cuarto presunto cargo de inconstitucionalidad se denomina “ingreso de celulares y cámaras fotográficas a las urnas contra prohibición expresa y sin advertencias o correctivos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil”(8). Como fundamento de esta premisa, los actores simplemente manifestaron que “los votantes utilizaron teléfonos celulares en las urnas y registraron sus votos en varias regiones del país, poniendo en riesgo la transparencia de la votación”(9). A su vez, en la demanda se señala que esta afirmación se rinde “bajo la gravedad del juramento por parte de Natalia Chaparro Castañeda, ya que la demandante estuvo tentada a registrar el sentido de su voto e incluso tuvo en la mano el teléfono celular, sin embargo, recordó que lo anterior era una infracción a la ley”(10).
2.5. El quinto se titula “imposibilidad de votar en los municipios de la costa caribe colombiana”(11). Dicha imposibilidad se derivó, según los actores, de la “grave perturbación del orden público que [hizo] imposible realizar las elecciones”(12). El fundamento de tal aseveración es que actualmente “la Costa Caribe colombiana se encuentra afectada por la presencia de grupos armados, de acuerdo con el portal Verdad Abierta”(13).
2.6. El sexto presunto cargo de inconstitucionalidad se denomina “la decisión mayoritaria desconoce el derecho internacional humanitario”(14). Según los actores, “la no implementación de los acuerdos dentro de los tiempos inicialmente programados por el gobierno colombiano y las FARC-EP, es una amenaza directa a la totalidad de los derechos fundamentales de los colombianos que se ubican en las zonas de operación de esta organización guerrillera”(15).
3. En el acápite titulado “norma jurídica demandada”, los demandantes señalan que “no existe una norma jurídica susceptible de ser demandada en los cargos 3 y 4 de la presente demanda”(16). A su vez, los demandantes anotan que “con relación a los cargos 1 y 2, las normas demandadas son las resoluciones 1733, 1836 y 1999, emitidas por el Consejo Nacional Electoral, en las cuales se reguló la convocatoria del Plebiscito para la Refrendación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera anexas a la presente demanda y finalmente la Ley Estatutaria 1806 de 24 de agosto de 2016 en su integralidad y especialmente el artículo 3º de dicha Ley (...)”(17).
4. Mediante el auto de 16 de noviembre de 2016, la magistrada María Victoria Calle Correa(18):
6. El 24 de noviembre de 2016, la Secretaria General de la Corte Constitucional le informó al despacho de la magistrada María Victoria Calle Correa que dicho auto fue notificado en el estado número 197 de 18 de noviembre de 2016 y que “el término de ejecutoria venció en silencio”(19). En consecuencia, también se rechazaron “los cargos por violación al derecho al sufragio debido a la imposibilidad de votar en los municipios de la Costa Caribe y por la falta de trasparencia al haberse permitido el ingreso de celulares y cámaras fotográficas a las urnas”.
A. Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte(20)
8. Además, refiriéndose al numeral 5º del artículo 2º de la Ley 1806 de 24 de agosto de 2016, la interviniente anota que “a pesar de señalar expresamente como regla especial de procedimiento de convocatoria y votación del plebiscito para la refrendación del acuerdo que votarían los colombianos residentes en el exterior a través de los consulados, dicha disposición se incumplió”.
B. Ministerio de Relaciones Exteriores(21)
C. Federación Colombiana de Municipios(22)
D. Facultad de Derecho de la Universidad Libre(23)
E. Defensoría del Pueblo(24)
14. Además, la Defensora Delegada sostiene que la demanda no reúne los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia para la configuración de los cargos de inconstitucionalidad. En su opinión, los demandantes no identificaron “con precisión el objeto sobre el que versa la acusación, esto es, el precepto o preceptos jurídicos que, a juicio, de la actora son contrarios al ordenamiento constitucional”(25). A su vez, señaló que “en la totalidad de los cargos de la demanda se encuentra una suma de afirmaciones vagas y desarticuladas difícilmente comprensibles como una motivación coherente, pues lo que hace la actora es transcribir normas internacionales, nacionales y jurisprudencia constitucional, sin explicar argumentos sólidos que permitan identificar con claridad el contenido del reproche y su justificación”(26).
VI. Concepto del Ministerio Público(27)
16. De conformidad con el principio pro actione, la Corte Constitucional es en principio competente para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 241 de la Constitución.
18. El control constitucional de las normas jurídicas supone necesariamente “una confrontación abstracta del contenido de una norma legal y una constitucional”(28). Para tal efecto, tratándose del control constitucional por vía de acción, la demanda de inconstitucionalidad debe reunir ciertas condiciones mínimas que permitan guiar la labor del juez constitucional y orientar el debate de los intervinientes en el proceso de constitucionalidad de la norma demandada(29).
19. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 dispone que la demanda debe contener: (i) el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, trascribiéndolas literalmente por cualquier medio o aportando un ejemplar de la publicación oficial; (ii) el señalamiento de las normas constitucionales infringidas; (iii) las razones que sustentan la acusación, comúnmente denominadas concepto de violación; (iv) el señalamiento del trámite legislativo impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado, cuando fuere el caso, y, (v) la razón por la cual la Corte es competente.
20. De conformidad con la jurisprudencia constitucional el concepto de la violación se formula debidamente cuando en el texto de la demanda (i) se identifican las normas constitucionales vulneradas; (ii) se expone el contenido normativo de las disposiciones acusadas, y (iii) se expresan las razones por las cuales los textos demandados violan la Constitución. Sobre este último elemento, la Corte ha identificado los requisitos generales y especiales que deben cumplir las razones en las que se funda la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad. Tales requisitos “cumplen fines constitucionalmente valiosos, como es facilitar la auto restricción judicial y garantizar correlativamente la efectividad del derecho a la autonomía individual, para que sea el ciudadano demandante —y no el Tribunal Constitucional— quien defina el ámbito de ejercicio el control jurisdiccional”(30).
22. A partir de dicha sentencia, la Corte Constitucional ha sostenido que las razones de inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes; esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada”(31).
23. A su vez, la Corte ha establecido que toda demanda de inconstitucionalidad debe ser analizada a la luz del principio pro actione, habida cuenta de la naturaleza pública de esta acción(32). La aplicación de dicho principio supone que “cuando se presente duda en relación con el cumplimiento [de los requisitos de la demanda] se resuelva a favor del accionante y en ese orden de ideas se admita la demanda y se produzca un fallo de mérito”(33). No obstante, la propia Corte ha reconocido que dicho principio “no puede llevar a que se declare la exequibilidad ante una demanda que no presente suficientes argumentos, cerrando la puerta para que otro ciudadano presente una acción que sí cumpla con las condiciones para revisarla”(34).
24. Ante demandas de inconstitucionalidad que no cumplen los requisitos antes señalados, las declaratorias de inhibición por parte de la Corte Constitucional se justifican, entre otras, en dos poderosas razones. Primero, evitar que el control constitucional rogado por vía de acción se torne en un control oficioso en el que esta corporación “establezca por su cuenta las razones de inconstitucionalidad, convirtiéndose entonces en juez y parte del trámite y generando una intromisión desproporcionada del Tribunal Constitucional en las funciones propias del Congreso de la República”(35).
25. Segundo, la declaratoria de inhibición implica que tanto la acción pública como el debate de inconstitucionalidad no se ha cerrado, sino que, por el contrario, sigue abierto para que el mismo u otro ciudadano cuestionen la inconstitucionalidad de la norma demanda “con base en mejores argumentos. Conocer de fondo demandas de baja calidad, en pro de la defensa del acceso a la justicia de una única persona, puede llevar a cerrar un debate de constitucionalidad de forma definitiva, afectando en un grado notable, el acceso a la justicia de las demás personas”(36).
30. Dicha indeterminación resulta manifiesta si se tiene en cuenta que en el propio numeral quinto del mencionado auto de 16 de noviembre de 2016 se admitió la referida acusación de inconstitucionalidad sin determinar el contenido normativo demandado. Tal como se señaló, dicho numeral “admite los cargos por supuestos vicios (...)”, sin especificar la norma objeto de tales cuestionamientos. En la parte considerativa de dicho auto tampoco se determina la norma jurídica demandada y, en todo caso, se aclara que dicha admisión no implica “asumir una postura definitiva en torno a la aptitud final de la demanda para provocar, en último término, un pronunciamiento de fondo sobre cada una de las acusaciones”(37). Es más, en el mismo auto admisorio se rechazó de plano la demanda “de la referencia en lo que tiene que ver con la Ley Estatutaria 1806 de 2006, por existir cosa juzgada constitucional”, con lo cual, tal como se evidenciará líneas adelante, la norma demandada se torna aún más difusa y, por lo tanto, el objeto de control constitucional, mucho más incierto.
31. En gracia de discusión —y pese al rechazo de la demanda en contra de la Ley 1806 de 2006— podría pensarse que, tal como lo afirman los demandantes, su acusación de inconstitucionalidad se dirige “integralmente” en contra de las tres resoluciones demandadas y de la Ley Estatutaria 1806 de 2016. No obstante, bajo esta perspectiva, lejos de concretarse o especificarse la acusación de los demandantes, aumenta exponencialmente su imprecisión, vaguedad e indeterminación. En efecto, la Ley 1806 de 2016, cuyo control constitucional integral ya se realizó en la Sentencia C-379 de 2016, contiene 6 artículos; la Resolución 1733 de 2016, 36 artículos; la Resolución 1836, 2 artículos; y la Resolución 1999 de 2016, 4 artículos. Tales artículos regulan una amplia serie de temas, desde las normas generales sobre las campañas políticas que participaron en el plebiscito, hasta las condiciones de su financiamiento, los comités de campaña, las reglas de divulgación, encuestas, comités de seguimiento y verificación, entre muchos otros. Al respecto, resulta evidente que la demanda carece en absoluto de cuestionamientos de constitucionalidad específicos, directos y concretos en contra de tales contenidos normativos, lo cual imposibilita adelantar la tarea de control de constitucionalidad.
32. Es más, solo a título ilustrativo, podría estimarse que, pese a lo afirmado por los actores, la demanda no se dirige integralmente en contra de las mencionadas Ley y resoluciones, sino que ataca sus específicos contenidos normativos que regularon (i) la inscripción de cédulas para los residentes en Colombia y en el exterior y (ii) la divulgación del Acuerdo Final entre comunidades indígenas. A partir de este entendimiento, la Corte tampoco podría ejercer su control de constitucionalidad, por dos razones. Primero, ello implicaría que la Corte adelantara un examen de la Ley y de las resoluciones en aras de identificar todos los contenidos normativos relacionados con tales temas y luego ejerciera su control constitucional, con lo cual desconocería el carácter rogado del control por vía de acción y lo tornaría en un control oficioso, “convirtiéndose entonces en juez y parte del trámite y generando una intromisión desproporcionada del Tribunal Constitucional en las funciones propias del Congreso de la República”(38), junto con los demás riesgos advertidos en los párrafos 25 y 26 de esta providencia.
33. Segundo, ni la Ley ni las resoluciones demandadas contienen normas sobre la inscripción de las cédulas. El único contenido normativo relacionado con este tema es el artículo 2.5 de la Ley 1806 de 2016, que establece: “en el Plebiscito para la refrendación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera votarán también los colombianos residentes en el exterior a través de los consulados”. Por su parte, el deber de divulgar el Acuerdo Final entre las comunidades indígenas y los ciudadanos colombianos residentes en el exterior está previsto en los artículos 5º de la Ley 1806 de 2016 y 10 de la Resolución 1733 de 2016, los cuales, según los demandantes, se desconocieron. En estos términos, salta a la vista que los propios demandantes (i) no cuestionan en manera alguna la constitucionalidad de los contenidos normativos de la ley y las resoluciones relacionados con la inscripción de cédulas para los residentes en Colombia y en el exterior —los cuales no existen— y la divulgación del acuerdo final entre comunidades indígenas, (ii) sino que simple y abstractamente mencionan que “tales contenidos resultaron vulnerados” o no se cumplieron, sin demostrar de manera concreta y específica en qué consistió su presunto incumplimiento.
40. El cuestionamiento de inconstitucionalidad formulado por los actores es impertinente porque no es de naturaleza constitucional. Si bien la demanda es profusa en la transcripción de normas constitucionales, no evidencia que algunas o todas las disposiciones contenidas en la Ley 1806 de 2016 o las resoluciones vulneran normas constitucionales. Lo que los actores afirman es que tanto la ley como las resoluciones “se violaron”, a partir de lo cual resulta evidente que los actores están “utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”(39). En tales términos, los actores no plantean razones de inconstitucionalidad de las normas demandadas, sino que simplemente aluden, de manera imprecisa, a problemas relativos a su aplicación.
41. Finalmente, la argumentación desplegada por los actores es insuficiente. Dado que no se identifica el contenido normativo demandado, ni las razones específicas, directas y concretas que permitan advertir vulneración de normas constitucionales, así como tampoco se formulan cargos de naturaleza constitucional, la Corte concluye que la demanda carece de “la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche”(40), con lo cual tampoco cumple el requisito de suficiencia.
Magistrados: Luis Guillermo Guerrero Pérez—Carlos Bernal Pulido—Diana Fajardo Rivera—Alejandro Linares Cantillo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Cristina Pardo Schlesinger, Impedida—José Fernando Reyes Cuartas—Alberto Rojas Ríos, con aclaración de voto.
1 Cno. 1. Fl. 3.
2 Cno. 1. Fl. 3.
3 Cno. 1. Fl. 4.
4 Cno. 1. Fl. 5.
5 Cno. 1. Fls. 6 y 7.
6 Cno. 1. Fls. 9 y 10.
7 Cno. 1. Fls. 10 y 11.
11 Cno. 1. Fl. 11.
14 Cno. 1. Fls. 11 a 16.
18 Cno. 1. Fls. 51 a 57.
19 Cno. 1. Fl. 71.
20 Cno. 1. Fls. 174 a 183.
21 Cno. 1. Fls. 141 a 143.
22 Cno. 1. Fl. 150.
23 Cno. 1. Fls. 152 a 154.
24 Cno. 1. Fls. 155 a 160.
25 Cno. 1. Fl. 159.
26 Cno. 1. Fl. 160.
27 Cno. 1. Fls. 167 a 170.
28 Corte Constitucional. Sentencia C-048 de 2004.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-405 de 2009.
31 Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 2013, entre muchas otras.
32 Corte Constitucional. Sentencia C-219 de 2017, entre otras.
33 Corte Constitucional. Sentencia C-048 de 2004.
34 Corte Constitucional. Sentencia C-584 de 2016.
35 Corte Constitucional. Sentencia C-016 de 2017.
36 Corte Constitucional. Sentencia C-553 de 2016.
37 Cno. 1. Fl. 55.
38 Corte Constitucional. Sentencia C-016 de 2017.
39 Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001.