Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/782189177
Timestamp: 2019-05-27 13:00:38
Document Index: 113745752

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 37', 'artículo 17', 'artículo 38', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 86', 'Artículo 37', 'Artículo 17']

Auto nº 199/19 de Corte Constitucional, 25 de Abril de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 782189177
Auto nº 199/19 de Corte Constitucional, 25 de Abril de 2019
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá D.C. y el Juzgado Cuarto Civil Municipal Oral de Barranquilla. La controversia se generó por las diferentes interpretaciones que hicieron los despachos involucrados respecto del factor territorial. Teniendo en cuenta que ambos juzgados son competentes para tramitar la solicitud de amparo, la Corte dispuso respetar la elección que a prevención hizo el accionante y ordenó enviar el expediente a la autoridad judicial de la ciudad de Bogotá, para que de manera inmediata lo tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. La Sala advirtió al otro juzgado que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.Recibo Relatoria:
Auto 199/19
Referencia: Expediente ICC-3602
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá D.C. y el Juzgado Cuarto Civil Municipal Oral de Barranquilla (Atlántico).
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Reglamento Interno de la Corporación, profiere el siguiente
I. ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES
El señor Luis Elías Frank Cedeño formuló acción de tutela contra el Instituto de Tránsito del Atlántico, en procura de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por la parte accionada debido a la imposición de varias órdenes de comparendo que, en su criterio, no fueron debidamente notificadas.
Valga aclarar que la dirección de notificaciones suministrada por el actor, tanto en el escrito de tutela[1] como en la petición formulada ante el Instituto de Tránsito del Atlántico[2], corresponden a la ciudad de Bogotá. De igual manera, conviene anotar que la respuesta de la entidad demandada fue dirigida a esa misma dirección[3].
Mediante auto de 15 de enero de 2019, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá rechazó “de plano”[4] la acción de tutela “por falta de competencia”[5] y ordenó remitir el expediente a los juzgados municipales de Barranquilla para su correspondiente reparto.
El fallador consideró que carecía de competencia por el factor territorial para tramitar la acción de tutela, toda vez que la presunta violación o amenaza que motivó la presentación del amparo ocurrió en Barranquilla, pues en dicha ciudad tiene su domicilio la entidad demandada.
Efectuado nuevamente el reparto, el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Cuarto Civil Municipal Oral de Barranquilla el cual, a través de auto de 25 de enero de 2019, rechazó la acción de tutela por falta de competencia en razón del territorio y propuso un conflicto de competencia negativo.
Fundamentó tal decisión en que los efectos de la supuesta vulneración se extienden a la ciudad de Bogotá, toda vez que el accionante “no podría realizar trámites ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá (lugar de su domicilio) encontrándose pendiente el contribuyente (sic) con deudas por concepto de comparendos e impuestos. Siendo un claro ejemplo la venta de su automotor”[6]. En este sentido, en virtud de la competencia a prevención consagrada por la ley, si el tutelante decidió presentar la acción constitucional ante los jueces de esa ciudad, se debe respetar su elección.
En consecuencia, ordenó remitir el expediente de la referencia a la Corte Constitucional, por estimar que los despachos judiciales en pugna carecen de “un superior jerárquico común”[7].
La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[8]. Así mismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[9] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o en aquellos eventos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[10].
A diferencia de lo manifestado por el Juzgado Cuarto Civil Municipal Oral de Barranquilla, el presente conflicto negativo de competencia debió ser resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dado que las autoridades judiciales involucradas: (i) forman parte de la jurisdicción ordinaria; (ii) tienen la misma especialidad jurisdiccional; y (iii) pertenecen a distintos distritos judiciales[11]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del Título Transitorio[12] de la Constitución, los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991[13], existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:
(i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[14];
(ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial[15]; y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[16]; y
(iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[17] en los términos establecidos en la jurisprudencia[18].
Al respecto, este Tribunal ha sostenido que, cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[19], se ha interpretado que existe un interés del Legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez para resolver la acción de tutela que desea promover, dentro de aquellos que sean competentes[20].
Por otro lado, esta Corporación también ha insistido en que la competencia por el factor territorial no puede determinarse únicamente a partir del lugar de residencia de la parte accionante[21], o al sitio donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales[22]. En contraste, la competencia por dicho factor corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar donde se producen los efectos de dicha violación, autoridad judicial que no necesariamente debe coincidir con aquella que tiene su sede en el domicilio de las partes.
Finalmente, es indispensable recordar que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que los eventos procesales de rechazo de la demanda son: (i) el previsto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991[23], el cual establece la inadmisión y eventual rechazo por falta de corrección de la solicitud[24]; y (ii) cuando se presenta la figura de la temeridad, la cual se encuentra prescrita en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual “[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
Por consiguiente, cuando una autoridad judicial considere que carece de competencia por alguno de los factores previamente reseñados en esta providencia[25], deberá enviar el asunto al juez o corporación judicial que estime competente para resolver la solicitud de amparo y, en ningún caso, puede rechazar la acción de tutela por falta de competencia.
i. Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial, toda vez que, por una parte, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá rechazó la competencia para conocer de la acción de tutela de la referencia, por considerar que el asunto correspondía a los jueces municipales de Barranquilla, dado que en dicha localidad ocurrió la presunta vulneración alegada por el actor y tiene su sede la entidad demandada.
ii. Por otra parte, el Juzgado Cuarto Civil Municipal Oral de Barranquilla estimó que el recurso de amparo debió ser tramitado y resuelto por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá, pues la voluntad del accionante fue la de presentar la acción de tutela en esa ciudad que, a su vez, es el lugar al cual se extienden los efectos de la supuesta vulneración de sus garantías fundamentales.
iii. Tanto el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá como el Juzgado Cuarto Civil Municipal Oral de Barranquilla tienen competencia territorial para decidir la acción de tutela de la referencia. Así, el lugar en donde ocurre la presunta vulneración o amenaza a los derechos fundamentales del actor es la ciudad de Barranquilla, por cuanto las decisiones administrativas que la tutelante pretende discutir mediante el amparo fueron tomadas en dicha localidad, que además coincide con la sede de la entidad demandada.
No obstante, la dirección en la cual el accionante presuntamente debió ser notificado de las órdenes de comparendo cuya anulación pretende mediante el trámite constitucional se encuentra en el Distrito Capital. Por tal motivo, esta ciudad es el lugar en el cual se producen los efectos de la alegada vulneración de derechos fundamentales.
iv. En virtud de la competencia “a prevención” establecida por la ley para el factor territorial, debe respetarse la elección del actor. Por consiguiente, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá es la autoridad competente para tramitar y resolver la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Elías Frank Cedeño en contra del Instituto de Tránsito del Atlántico.
Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 15 de enero de 2019 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá, dentro del proceso de tutela promovido por el señor Luis Elías Frank Cedeño.
En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3602, que contiene la referida acción de tutela, al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.
Ahora bien, la Sala no puede dejar de advertir que tanto el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá como Juzgado Cuarto Civil Municipal Oral de Barranquilla decidieron “rechazar” la acción de tutela de la referencia “por falta de competencia”. No obstante, como se expresó en la parte motiva del presente auto, cuando una autoridad judicial considere que carece de competencia para tramitar una acción de tutela deberá enviar el asunto al juez que estime competente y, en ningún caso, puede rechazar la acción de tutela por falta de competencia.
En consecuencia, es necesario hacer un llamado de atención a las referidas autoridades judiciales para que, en lo sucesivo, se abstengan de disponer el rechazo de acciones de tutela por falta de competencia.
Finalmente, la Sala advertirá al Juzgado Cuarto Civil Municipal Oral de Barranquilla (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[26].
PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 15 de enero de 2019, proferido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá, dentro de la acción de tutela formulada por Luis Elías Frank Cedeño en contra del Instituto de Tránsito del Atlántico.
SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-3602, al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.
TERCERO. ADVERTIR al Juzgado Cuarto Civil Municipal Oral de Barranquilla que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.
CUARTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al accionante y al Juzgado Cuarto Civil Municipal Oral de Barranquilla, la decisión adoptada en esta providencia.
[1] Folio 22, Cuaderno Nº 1.
[2] Folio 55, Cuaderno Nº 1.
[3] Folio 56, Cuaderno Nº 1.
[4] Folio 95, Cuaderno Nº 1.
[5] Folio 95, Cuaderno Nº 1.
[6] Folio 104, Cuaderno Nº 1.
[7] Folio 102, Cuaderno Nº 1.
[8] Autos 014 de 1994, 087 de 2001, 122 de 2004, 280 de 2006, 031 de 2008, 244 de 2011, 218 de 2014, 492 de 2017, 565 de 2017, 178 de 2018, entre otros.
[9] Autos 170A de 2003 y 205 de 2014, entre otros.
[10] Autos 159A y 170A de 2003.
[11] Dicha regla se encuentra definida en el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, inciso segundo, de conformidad con el cual: “Artículo 16. Salas. (…) Las Salas de Casación Civil y Agraria, Laboral y Penal, actuarán según su especialidad como Tribunal de Casación, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos. También conocerán de los conflictos de competencia que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten entre las Salas de un mismo tribunal, o entre Tribunales, o entre estos y juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos”.
[12] Incorporado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017, “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.
[13] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[14] Cfr. Auto 493 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[15] Cfr. Sentencia C-940 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y Auto 221 de 2018 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas).
[16] El artículo transitorio 8° del Capítulo III del Título Transitorio de la Constitución Política de Colombia (introducido por el Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas” (negrillas fuera del texto original). Cfr. Auto 644 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[18] De conformidad con lo dispuesto en, entre otros, el Auto 655 de 2017 (M.P. Diana Fajardo Rivera), debe entenderse que por la expresión “superior jerárquico correspondiente”: “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico” (negrillas fuera del texto original).
[19] “Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud (…)”. (Subrayado fuera del texto original).
[20] Cfr. Auto 053 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerreo Pérez).
[21] Ver Autos 299 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa y A-074 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo, entre otros.
[22] Ver Autos 086 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y A-048 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otros.
[23] Auto 039 de 1998 y Sentencia T-368 de 1995.
[24] Decreto 2591 de 1991. “Artículo 17. Corrección de la solicitud. Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano. Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la información adicional que le proporcione el solicitante.”
[25] Fundamento jurídico 3 del capítulo de Consideraciones de la Corte Constitucional.
[26] M.P. Alejandro Linares Cantillo.