Source: http://fundaeveritaslex.blogspot.com/2019/01/
Timestamp: 2019-07-20 09:47:38
Document Index: 296499369

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 51', 'artículo 341', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 341', 'artículo 82', 'artículo 84', 'artículo 346', 'artículo 272', 'artículo 341', 'artículo 289', 'artículo 252', 'artículo 341', 'artículo 661', 'Artículo 165', 'artículo 3', 'artículo 165', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 51', 'artículo 333', 'artículo 273', 'artículo 335', 'artículo 335', 'artículo 187', 'artículo 35', 'artículo 187', 'artículo 253', 'artículo 261', 'Artículo 202', 'artículo 204', 'artículo 205', 'artículo 218', 'artículo 334', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 58', 'artículo 35', 'artículo 35']

Fundae Veritas Lex Universitas Bonorum: enero 2019
EFECTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS DEL RECONOCIMIENTO DE GOBIERNO
El “Reconocimiento de Gobierno” es una figura jurídica de Derecho Internacional Público, que apareja un conjunto de derechos y deberes al gobierno reconocido como tal, para con el Estado o Estados que le brinden ese reconocimiento. También trae consigo variados efectos políticos, entre los países vinculados por este reconocimiento.
Cúmpleme aclarar que el Estado, como categoría jurídica es distinto del Gobierno. Entre ellos hay una relación de continente a contenido, donde el Estado es el continente y el Gobierno es el contenido. Por el hecho de que el Gobierno cambie no cambia el Estado.
Algunos de los efectos más importantes del “Reconocimiento de Gobierno” son:
1) Capacidad del nuevo Gobierno reconocido, para representar al Estado venezolano como verdadero Sujeto de Derecho Internacional; y para ejercer derechos y cumplir deberes frente a los demás Estados de la comunidad internacional que lo hayan reconocido.
2) Capacidad del nuevo Gobierno reconocido para establecer o mantener relaciones diplomáticas con los otros Estados que lo hayan reconocido; y designar válidamente embajadores en los demás Estados y Organizaciones internacionales como ONU, OEA, Comunidad Europea, Mercosur, etc.
3) Capacidad del nuevo Gobierno reconocido para suscribir y denunciar tratados y convenios internacionales; y actuar como órgano legítimo de las relaciones exteriores del Estado Venezolano.
4) Inmunidad de jurisdicción del nuevo Gobierno y del nuevo presidente; y plena capacidad para actuar en juicios internacionales; Corte internacional de justicia; Corte Penal Internacional y Centro Internacional de Arbitraje Comercial y otros.
5) Seguridad para los otros Estados en la validez de los actos jurídicos internacionales realizados por el nuevo Gobierno en representación del Estado venezolano.
6) Certeza de la validez y responsabilidad Estatal en el cumplimiento de obligaciones derivadas de las transacciones económicas y financieras, realizadas a través del nuevo Gobierno reconocido; tales como empréstitos del FMI; Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo, etc.
7) Certeza de la validez y responsabilidad Estatal en el cumplimiento de obligaciones derivadas de la emisión de bonos y acuerdos financieros bilaterales con los países que hayan reconocido el nuevo Gobierno.
8) Certeza de la validez y responsabilidad Estatal en el cumplimiento de obligaciones derivadas de las transacciones comerciales, como venta de petróleo y exportaciones e importaciones de mercancías.
TERCERA CARTA ABIERTA AL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Tomo prestadas las palabras de Cesare Beccaria Bonesana para expresar que un error no menos frecuente que contrario al fin social de asegurar la paz y conseguir el bien común a través del Proceso, como instrumento para alcanzar la justicia, es el pronunciamiento de la “fórmula” generalmente usada por los jueces de la República al dictar el auto de admisión de la demanda.
En ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 51 constitucional, pido que esta costumbre perniciosa sea erradicada mediante un pronunciamiento vinculante emitido por esa Sala. Desarrollo esta iniciativa con la esperanza de ser oído por ustedes y de obtener oportuna y adecuada respuesta.
Todos los jueces de la República, de todas las categorías y competencia en cualquier materia, a excepción de la constitucional y la materia penal, al admitir una demanda repiten invariablemente en el auto de admisión:
“Vista la demanda presentada por (…), este Tribunal la admite cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley”
Esta “formula” deviene del texto del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil que dispone:
“Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos.”
Esa costumbre mal arraigada en la mentalidad del juez venezolano no tiene ni puede tener fuerza de ley. El artículo 7 del Código Civil lo proscribe:
“Artículo 7.Las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes; y no vale alegar contra su observancia el desuso, ni la costumbre o práctica en contrario, por antiguos y universales que sean”
De esta “fórmula” hay que erradicar la segunda frase: “… por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley.”
Esa expresión en sí misma constituye un juicio de valor, un acto decisorio, que obliga al juez a discernir sobre la presencia o no de esas condiciones de admisibilidad en la demanda, pero que los jueces repiten inconscientemente, “de memoria”, en el auto de admisión, en la creencia de estar dando cumplimiento a una orden insoslayable contenida en el referido artículo 341, como si estuviéramos en la época Romana del derecho formulario.
Una sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, del 16 de marzo de 1988, sentó jurisprudencia que luego ha sido ignorada:
“… En efecto, de acuerdo con el sistema procesal vigente desde 1987, el auto que admite una demanda no puede considerarse como una diligencia de mera sustanciación o de mero trámite, los cuales pueden ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte por el tribunal que los haya dictado…”
Si un juez expresa en el auto de admisión, que la demanda que le ha sido presentada no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, habrá emitido un acto decisorio, habrá adelantado opinión sobre una incidencia fundamental del proceso que determina el cumplimiento del principio pro actione y que gravita sobre la admisión o no de la demanda; lo cual lo inhabilita subjetivamente para seguir conociendo del asunto, según lo dispone el ordinal décimo quinto del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 84 del mismo código. Por consecuencia deberá inhibirse.
El demandado que opone la cuestión previa del ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil (“La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta,…”), se ve sometido a la decisión del juez que ya decidió -en el auto de admisión de la demanda- que admite la demanda porque la misma “no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley.”
El artículo 272 de Código de Procedimiento Civil prohíbe expresamente que el juez que haya dictado una decisión que comporte un juicio de valor (Cosa juzgada formal), pueda decidir nuevamente sobre lo que ya decidió. Si el juez tuvo a su vista una demanda, la analizó y decidió que la misma no es “contraria a alguna disposición expresa de la ley”, luego (Presentada por el demandado la cuestión previa de “La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta”), no le estará permitido volver a decidir si la misma demanda es o no “contraria a alguna disposición expresa de la ley”.
Existe la creencia generalizada en el juez venezolano, que el auto que admite la demanda no tiene apelación porque el artículo 341, citado antes, no lo dispone expresamente; pero se olvida que la apelación procede contra toda decisión que signifique un acto de juzgamiento por parte del juez que esté conociendo la causa y que cause un gravamen irreparable por el mismo juez, a la parte que ejerce la apelación.
En el caso que comentamos, la decisión del juez que admite una demanda “… por no ser contraria a alguna disposición expresa de la ley:”, pronuncia un acto de juzgamiento, que puede producir un gravamen irreparable a la parte demandada. En ese caso el demandado tendrá derecho a recurrir en apelación, de la sentencia interlocutoria que admitió la demanda, conforme lo dicta el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. El gravamen será irreparable por el pre-juicio del juez, en tanto y en cuanto dicha decisión no puede ser revocada, reformada o anulada por el mismo juez que la dictó.
Así lo dispone el artículo 252 eiusdem:
“Después de dictada la sentencia definitiva o interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado…”
El mismo artículo 341 del Código de Procedimiento Civil prescribe para el caso que el juez no admita la demanda, que esa negativa debe ser motivada. También dispone que de esa negativa se oirá apelación en ambos efectos, para impugnar la motivación de esa negativa. Pero se les olvida, tal vez, a los jueces que la opinión de que una demanda “no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley.”, es en sí misma una motivación para admitirla y que esa motivación puede ser impugnada a través del recurso de apelación.
Esta problemática sube de tono cuando se examina el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, que establece que el juez ante quien se haya presentado una demanda de ejecución de hipoteca:
“… examinará cuidadosamente si están llenos los extremos siguientes.
1° Si el documento constitutivo de la hipoteca está registrado en la jurisdicción donde esté situado el inmueble.
2° Si las obligaciones que ella garantiza son líquidas de plazo vencido, y no ha transcurrido el lapso de la prescripción.
3° Si las obligaciones no se encuentran sometidas a condiciones u otras modalidades.
Si el juez encontrare llenos los extremos exigidos en los ordinales anteriores decretará inmediatamente la prohibición de enajenar y gravar el inmueble hipotecado (…).
El auto del juez excluyendo de la ejecución determinadas partidas o no acordando ésta será apelable en ambos efectos.”
El juez debe examinar cuidadosamente, le ordena el legislador. Luego le prescribe: “…Si el juez encontrare llenos los extremos exigidos en los ordinales anteriores decretará inmediatamente…”.
No cabe duda que el juez que se pronuncia luego de examinar cuidadosamente; de encontrar que sí están llenos los requisitos exigidos y emite un decreto de prohibición de enajenar y gravar, habrá emitido un juicio de valor, un acto decisorio de admisión de la demanda, que debe estar sujeto a apelación por parte del demandado en ejecución, por aplicación de la norma general que prevé apelación para toda sentencia interlocutoria que cause un gravamen irreparable, aunque la norma especial no lo enuncie literalmente.
Finalmente, para evitar confusiones y “quebraderos de cabeza” a los jueces que conocen de juicios ordinarios (No especiales o ejecutivos, que tienen sus propias “formulas”) y evitar los perjuicios que causan a los justiciables esta costumbre inveterada, sugiero respetuosamente que se instruya a los jueces (¿Mediante un obiter dictum?), en el sentido de que basta con expresar en el auto de admisión de la demanda que “se admite cuanto ha lugar en derecho”, que significa simplemente que se admite a trámite (Por lo que “hubiera ajustado a derecho” en ella), sin pronunciarse sobre la atendibilidad de la pretensión del accionante, que no ha sido debatida todavía en esa etapa inicial del proceso. Esta motivación genérica, que no prejuzga, se considera un acto de mero trámite que da inicio al proceso y por tanto no estará sujeta a apelación por parte del demandado.
En ese caso, si el demandado opone la cuestión previa de “La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta”, el juez que ha admitido la demanda podrá conocer y decidir esta incidencia sin incurrir en violación de la cosa juzgada formal porque no se habrá pronunciado anticipadamente sobre esta excepción del demandado.
Obviamente, que si el juzgador determina in limini litis que la demanda es contraria “… al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley.”, habrá de inadmitirla y expresar las razones que correspondan a cada uno de estos motivos, que a su juicio hagan inadmisible la demanda. Caso en el cual el demandante tiene recurso de apelación en ambos efectos, tal como lo contempla la norma especial.
En Maracay, a los 24 días de enero de 2019.
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INCOMPARECENCIA A AUDIENCIA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO EXTENSO
Sala de Casación Social N° 510 / 25/5/2010
“Artículo 165. Concluido el debate oral, el J. Superior del Trabajo se retirará de la audiencia por un tiempo que no será mayor de sesenta (60) minutos. En la espera, las partes permanecerán en la Sala de Audiencias.
Concluido dicho lapso, el J. Superior del Trabajo deberá pronunciar su fallo en forma oral, debiendo reproducir en todo caso, de manera sucinta y breve la sentencia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, sin formalismos innecesarios dejando expresa constancia de su publicación. A los efectos del ejercicio de los recursos a que hubiere lugar, se deberá dejar transcurrir íntegramente dicho lapso.
En casos excepcionales, por la complejidad del asunto debatido o por caso fortuito o de fuerza mayor, el J. Superior del Trabajo podrá diferir por una sola vez la oportunidad para dictar la sentencia, por un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles, después de concluido el debate oral. En todo caso, deberá por auto expreso determinar la fecha para la cual han diferido el acto para sentenciar, a los fines de la comparecencia obligatoria del apelante.
P. Único: Constituye causal de destitución el hecho que el J. Superior del Trabajo, no decida la causa dentro de la oportunidad establecida en la ley.
La disposición legal transcrita supra, si bien dispone que, el Juez podrá diferir por una sola vez la oportunidad para dictar sentencia, después de concluido el debate oral, siendo obligatoria la presencia del apelante, considera esta Sala de Casación Social que sancionar la incomparecencia del recurrente con el desistimiento de la apelación, resulta desproporcionado, puesto que no puede soslayarse que la audiencia de apelación había terminado en lo que a la carga procesal de éste se refiere, ya que había expuesto los alegatos en los que fundamentaba su recurso ordinario, quedando pendiente únicamente la obligación del juzgador de dictar su decisión. Debe entenderse que el supuesto excepcional consistente en el diferimiento de la oportunidad de dictar el dispositivo de la sentencia, como consecuencia de la complejidad del asunto que es sometido al conocimiento del juez de alzada mediante recurso de apelación, no es imputable a las partes.
Se entiende, por la naturaleza oral y contradictoria del proceso laboral, establecida en el artículo 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el principio de inmediatez que se postula en la exposición de motivos de la citada ley adjetiva laboral, que resulta obligatoria la asistencia de la parte apelante a la audiencia oral en la que se ventila el recurso ordinario interpuesto, puesto que es durante la celebración de la misma que deberá expresar a viva voz los alegatos que fundamentan su apelación, justificándose la sanción prevista para la incomparecencia a dicho acto, de desistimiento del recurso, al considerar que si la parte recurrente no asistió para cumplir con su carga de plantear de forma oral al juez de alzada los motivos legales de su inconformidad con el fallo dictado por el sentenciador de primera instancia, éste no tuvo la posibilidad de conocer los mismos y deberá presumir una falta de interés en el trámite del recurso propuesto. No obstante, debe distinguirse del supuesto anterior, el hecho de que el recurrente no asista al diferimiento de la audiencia a los efectos de dictarse el dispositivo del fallo, pues aún cuando el artículo 165 de la citada ley adjetiva laboral, indica que su presencia es obligatoria, en este caso, éste ya cumplió con su deber de alegar las razones por las que impugna la decisión del tribunal a-quo, quedando únicamente pendiente el pronunciamiento de la providencia jurisdiccional correspondiente, con lo cual, la inasistencia del apelante en nada afecta el desenvolvimiento de esta parte del procedimiento y es desde esta perspectiva que debe concluirse que la declaratoria de desistimiento del recurso de apelación resulta excesiva e injustificada. (Cursivas de la Sala).
En este mismo sentido, se advierte, como ya fue establecido en sentencia de fecha 29 de octubre del año 2009, por la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, en un caso similar al de autos, que aún cuando en la exposición de motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se afirma que los principios que rigen el proceso laboral son la oralidad, inmediación y la concentración, de los cuales se deriva la obligación de las partes de asistir a la audiencia oral, así como el principio de continuidad de dicha audiencia, toda vez que debe considerarse como un único acto, aún en el caso de que haya sido objeto de prolongaciones y diferimientos por cualquiera de las causas legalmente previstas, no puede considerarse que la incomparecencia de la parte actora apelante atenta contra los mencionados principios, por cuanto su carga –de exponer sus alegatos- ya había sido cumplida a cabalidad, faltando únicamente el pronunciamiento atinente al dispositivo del fallo, actuación procesal atribuible exclusivamente al juzgador, la cual podía y debía cumplirse aún estando ausente la parte interesada. (Cursivas de la Sala).
Expresado lo anterior, se observa que en el caso de autos, la declaratoria de desistimiento del recurso de apelación impuesta a la actora, por su inasistencia a la audiencia en la que se dictaría el dispositivo de la sentencia por parte del juez de alzada, lesiona el derecho a la defensa de la parte demandante, porque se le está sancionando aún cuando cumplió con su carga de expresar de manera oral ante el juzgador superior los alegatos que sustentaban el referido recurso ordinario, en virtud de una obligación de comparecencia que puede considerarse un formalismo inútil, la presencia del recurrente, en la oportunidad de dictarse el dispositivo del fallo, aún cuando ésta ha sido diferida, ya que la parte está llamada a asumir, en ese acto, una actitud totalmente pasiva.”
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SOLICITUD DE EXTENSIÓN JURISDICCIONAL POR PREJUDICIALIDAD
Sala de Casación Penal N° 488 / 10/7/2015
“CUESTIÓN PREJUDICIAL. ARTÍCULO 28 NUMERAL 7 DEL COPP se plantea una cuestión prejudicial cuando el hecho denunciado, descrito típicamente en el Código Penal, requiere de un esclarecimiento previo en vía extrapenal para su acertada calificación por el juez penal. Es una defensa técnica que se propone cuando en la sustanciación de un proceso penal aparecen asuntos extrapenales que deban resolverse en otra vía. Debe tenerse en cuenta que el amparo de una cuestión prejudicial no incide sobre el fondo del asunto; simplemente significa reconocer la necesidad de un procedimiento en otra vía, en la jurisdicción civil o administrativa, para estudiar en ella la validez de un contrato, la realidad de un derecho o el cumplimiento de ciertos requisitos, o trámites esenciales exigidos por la ley, etc., a los efectos de determinar si los hechos denunciados constituyen delito (…) los conflictos existentes entre los partícipes del presente proceso penal tienen su origen en un pleito de naturaleza civil, suscitado entre MEGAFARMA, C.A. y BAYTOR C.A., que de acuerdo con el mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debe ser ventilado por ante la jurisdicción ordinaria civil. Por tanto, en nombre de nuestro cliente, solicitamos que conforme a los artículos 35 y 36 del COPP, el primero por contrario imperio y el segundo por aplicación extensiva, se declare la prejudicialidad civil en el presente caso y se conceda un plazo de treinta (30) días hábiles a nuestro patrocinado para que inicie el proceso civil respectivo contra INVERSIONES BAYTOR 2000, C.A. y nos atengamos a las resultas de ese proceso (…) Por todas las razones expuestas, de la Honorable Sala de casación Penal solicito, que se aboque (sic) a conocer de las Causas (…) NP01-P-2014-003544, NP01-P-2014-004244 y NP01-P-2014-003984 del Circuito Judicial Penal del estado M., reclame dichas causas a la Presidencia de dicho Circuito, ordene la paralización de los procesos en los tribunales de instancia, avoque su conocimiento y en definitiva, que declare con lugar el presente avocamiento, acumule todas las causas señaladas conforme a la unidad del proceso y se subrogue en lugar y grado de los jueces de control y declare con lugar las excepciones planteadas y sobresea a mi defendido”
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SEGUNDA CARTA ABIERTA AL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
El 3 de diciembre de 2018, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia publicó la sentencia N° 828 en la que resolvió una solicitud de Revisión Constitucional sobre la decisión de un tribunal penal, con competencia en materia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que había negado una solicitud de Extensión Jurisdiccional.
Una vez concluido el acto de juzgamiento, dictado el dispositivo de la sentencia, fuera de ésta, mediante comentario extra litem, la Sala Constitucional, en un aparte que denominó “OBITER DICTUM” (Que significa: dicho sea de paso), creó un nuevo Procedimiento de Extensión Jurisdiccional, fundándose en su “Jurisdicción Normativa” y ordenó -con carácter vinculante- que este nuevo Procedimiento fuera observado por TODOS los tribunales de la República.
Si este nuevo Procedimiento hubiera sido sancionado por el órgano legislativo nacional, nos hubiéramos percatado que su confección carecía de las más elementales normas de la correcta técnica legislativa, que ese nuevo Procedimiento contrariaba la Constitución Nacional y entonces pudiéramos haber solicitado su nulidad por inconstitucionalidad, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Pero este nuevo Procedimiento lo “sancionó” esta Sala. Por tanto recurrimos a este documento extra judicial, con el pedimento de que sea revisada esa decisión vinculante y se modifique en lo que la conciencia jurídica de los integrantes de esta “máxima intérprete constitucional”, considere necesario y conveniente.
Esta petición la hacemos fundados en el derecho que nos otorga el artículo 51 constitucional y en cumplimiento de nuestro deber jurídico de colaborar con la efectiva vigencia de la Constitución Nacional, como lo dispone el su artículo 333. Esto con el propósito de alertar a esta máxima instancia jurisdiccional sobre el riesgo inminente de un caos jurídico y judicial de enormes proporciones, si no se corrige a tiempo esta situación.
La denominación “Jurisdicción Normativa” es un vocablo compuesto que evoca por una parte el poder de juzgar del que están investidos todos los jueces (Jurisdicción) y por la otra la calidad especial de “Normativa”, atribuida a ese poder de juzgar (Creadora de normas jurídicas).
En principio todos los jueces, cuando dictan una sentencia, ejercen la Jurisdicción Normativa, en el sentido de que crean una “norma jurídica” individualizada, que tiene fuerza de ley –únicamente- entre las partes del juicio al que se puso fin con esa sentencia, una vez que haya quedado definitivamente firme y ejecutoriada. (Ex artículo 273 CPC: “…es ley de las partes…”). (Res inter alios judicata, aliis nec prodesse, nec nocere potest). (Res iudicata pro veritate accipitur).
La Jurisdicción Normativa, que se atribuye la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, deviene de su carácter de “máxima y última interprete” de las normas constitucionales, según lo establece la Constitución Nacional de la República en su artículo 335. Pero esta atribución queda confinada a la interpretación que haga la Sala de las normas constitucionales y a la interpretación que haga sobre la constitucionalidad del resto de las normas jurídicas y de los actos emanados de los distintos órganos del Poder Público:
El artículo 335 de nuestra Constitución dispone:
“…La interpretación que establezca la sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales, son vinculantes para las otras Salas del tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.”.
Es así como esta cualidad de “normativa”, que ostenta la “jurisdicción” que ejerce la Sala Constitucional, queda atribuida únicamente a las interpretaciones que esta Sala haga sobre el contenido y alcance de las normas constitucionales y la constitucionalidad de las demás normas jurídicas y actos del poder Público. “… La interpretación que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de los principios y normas constitucionales…”, tendrá carácter vinculante; es decir, será de obligatoria observación por “… las otras Salas del tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.”. Al tener carácter vinculante, esa interpretación tiene carácter general y define el modo único como habrá de interpretarse un determinado principio o norma constitucional; tiene carácter “erga omnes”.
Cuando en esa interpretación está involucrada una determinada norma procesal, con motivo de un recurso de interpretación o del control concentrado o difuso de la constitucionalidad, esa norma jurídica en cuestión tendrá el sentido y alcance que le asigne la Sala Constitucional y esa interpretación no tendrá carácter individual sino general. Será de observancia obligatoria en todos los procesos judiciales que se ventilen en cualquier tribunal de la República, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.
Como ya vimos, la Sala constitucional tiene atribución constitucional para interpretar con carácter vinculante las normas constitucionales y la constitucionalidad del resto de las leyes y demás actos de cualquiera de los órganos del Poder Público, pero no para crear por vía de extensión un nuevo Procedimiento que -según su comentario al margen de una decisión- deberán observar obligatoriamente todos los tribunales de la República “… con carácter vinculante y efectos ex nunc …”; y de aplicación inmediata, como toda norma procesal a partir de su entrada en vigencia.
Entre las atribuciones conferidas a la Sala Constitucional en los artículos 334,335 y 336 de la Constitución Nacional no figura la de la formación y sanción de leyes, que conforman el derecho positivo de nuestro ordenamiento jurídico. Esa atribución está reservada para la Asamblea Nacional de Venezuela como órgano legislador, en el artículo 187.1 constitucional.
En este punto me remito a los principios consagrados en nuestra Constitución, recogidos especialmente en sus artículos 2 y 7.
En el caso que nos ocupa la Sala Constitucional excedió los límites de sus atribuciones al estatuir en un OBITER DICTUM (Comentario al margen de una decisión judicial, que no le agrega ni modifica a la decisión junto a la cual se escribe), un nuevo Procedimiento, “inspirado” en el que está previsto en el artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal, que se conoce en el foro como “EXTENSIÓN JURISDICCIONAL”. Digo inspirado, porque fundamenta su creación en las normas jurídicas de ese artículo, pero resulta que hasta ese específico procedimiento, lo modificó en su OBITER DICTUM y lo derogó por vía de una “reforma”, cuyo mecanismo no está previsto en la Constitución Nacional.
La creación de las normas de Procedimientos es de estricta “Reserva Legal”. Los Procedimientos judiciales, únicamente pueden ser instaurados por leyes emanadas del órgano legislativo nacional.
El artículo 187, cardinal 1, de la Constitución Nacional atribuye a la Asamblea Nacional:
1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.”
El artículo 253 de la Constitución Nacional dispone:
”… Corresponde a los órganos del poder judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias…”
El artículo 261, eiusdem, último aparte, estatuye:
“… La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución.”
En el Título V: De la organización del Poder Público Nacional; Capítulo I: Del Poder Legislativo Nacional. Sección cuarta: De la formación de las leyes; de la Constitución Nacional, se lee:
“Artículo 202. La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador….”
En su artículo 204, atribuye:
4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales…”
Desde su artículo 205 hasta el 218, ambos inclusive, la Constitución Nacional regula de manera minuciosa el proceso de formación de las leyes y en parte alguna atribuye a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, participación en la formación de las leyes, que no sea la de la “iniciativa” para presentar ante la Asamblea Nacional los proyectos de “… leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales…”.
El artículo 218, antes mencionado, no deja margen a la interpretación:
“…Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendos (…). Podrán ser reformadas total o parcialmente…”.
Esta facultad está atribuida por nuestra Constitución al Poder Legislativo Nacional en su título V: De la organización del Poder Público Nacional; Capítulo I: Del Poder Legislativo Nacional. Sección cuarta: De la formación de las leyes.
No es de la competencia de la Sala Constitucional formar, derogar, ampliar, sustituir, reformar o modificar una norma jurídica vigente en nuestro ordenamiento jurídico y mucho menos crear un Procedimiento por vía de una inexistente figura de “Extensión Jurisdiccional”, apoyada en una supuesta “Jurisdicción Normativa”, que tampoco figura como categoría jurídica en nuestro ordenamiento jurídico.
El voto salvado del magistrado Héctor Peña Torrelles, en la sentencia N° 7 de la Sala Constitucional, de 1 febrero de 2000, la primera en crear un Procedimiento por la vía arbitraria de la “Jurisdicción Normativa”, es contundente:
“… Por lo que respecta al procedimiento que se establece para tramitar el amparo en el fallo que antecede, observa quien disiente que en el mismo se han consagrado aspectos no previstos en la Ley (…), lo cual, (…), se convierte en un procedimiento nuevo y distinto (…), violando de esta forma el principio de reserva legal en materia de procedimientos…”
Y concluye el citado voto salvado, con una frase literalmente lapidaria:
“Finalmente, el disidente estima que, permitir a discreción del juez la alteración de los principios constitucionales en materia procesal desarrollados por la Ley, lejos de proteger a la Constitución, la convierte en un texto manejable con base en criterios de oportunidad o conveniencia del aplicador judicial, que en definitiva causa inseguridad jurídica en un Estado de Derecho, lo que se traduce en su desaparición.”
El artículo 334 constitucional, demanda que:
“Todos los jueces o juezas de la República en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.”.
“…asegurar la integridad de esta Constitución…”. ¡CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN!, como lo juraron cuando asumieron su cargos de jueces.
Asumir competencias que no tienen atribuidas expresamente en la Constitución es desintegrarla, lo cual “causa inseguridad jurídica en un Estado de Derecho, lo que se traduce en su desaparición”.
En el OBITER DICTUM la Sala Constitucional fijó en su primer párrafo el marco de su disertación sobre el procedimiento de “extensión jurisdiccional”. Allí lo circunscribió al ámbito de Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así:
“…esta Sala, considera necesario realizar algunas precisiones que lo contextualicen en los asuntos judiciales cuyo objeto derive del ámbito de violencia contra la mujer, y en general, de las relaciones familiares…”
Luego, la Sala comenzó a divagar y al final “extendió” la obligatoriedad del nuevo Procedimiento, que “formó y sancionó”, a todos los tribunales de la República; sea cual fuere su competencia por la materia, cuantía o territorio.
En el siguiente párrafo, la Sala transcribió el artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal y de seguidas comentó:
“… Como puede observarse de la disposición legal transcrita supra, se evidencian como requisitos de procedencia para la extensión jurisdiccional, en primer lugar, la existencia de una cuestión prejudicial.”
Que puede ser de carácter judicial o administrativa, explicó.
Pues resulta que la figura de la prejudicialidad como “primer requisito”, no necesita de un Procedimiento nuevo porque ya está ampliamente tratada en el Código de Procedimiento Civil que es aplicable, por remisión, al proceso penal.
Continúa el OBITER DICTUM:
“…, en segundo lugar, ese procedimiento extrapenal debe tener carácter actual, es decir, que se esté tramitando en ese momento. En tales supuestos, la parte solicitante deberá exponer motivadamente el fundamento de su pretensión y adjuntar la copia certificada íntegra de las actuaciones que hayan sido practicadas a la fecha del procedimiento extrapenal, salvo que sea imposible la obtención de las copias certificadas, en cuyo caso acompañará la solicitud con las copias simples.”
Inexplicablemente, después de glosar este segundo requisito de procedibilidad, en el que claramente se requiere instancia de parte (nemo iudex sine actore), la Sala Constitucional prescribió, con carácter vinculante, erga omnes, que cualquier juez de la República, de cualquier competencia, puede de OFICIO activar el procedimiento de Extensión Jurisdiccional y ordenar a otro tribunal u órgano administrativo, objeto pasivo de este Procedimiento, que paralice la causa que esté conociendo; que le envíe las actuaciones adelantadas sobre el asunto de su interés, para “entrar a conocer y decidir el fondo de la controversia”. Todo esto sin necesidad de darle explicación alguna al tribunal destinatario. ¡Ave María purísima!, diría mi santa madre.
Seguidamente la Sala analizó y determinó:
“De tal manera que, según la letra de la ley, le estaría permitido al juzgado ampliar su competencia penal, cuando esa actuación sea necesaria para cumplir con la finalidad del proceso estrictamente penal”.
Este error in iudicando es determinante de la decisión ¡vinculante! proferida en su OBITER DICTUM por la Sala Constitucional.
La correcta interpretación de esta norma legal, contenida en el artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal, “según el significado que aparece evidente de las palabras y la conexión de ellas entre sí”, es que el tribunal penal está facultado por el artículo 35 del COPP, para examinar y adquirir “conocimiento de causa” sobre otro asunto extrapenal, que se esté ventilando en otro tribunal o en un ente administrativo. No es que le está “permitido” al tribunal penal extender o ampliar su competencia para conocer y decidir asuntos extra penales, judiciales o administrativos.
La competencia atribuida a los tribunales penales, como medida de su jurisdicción, está amplia y minuciosamente regulada en el COPP, en los capítulos II,III,IV,V y VI, del Título III, de su Libro Primero; y abarca desde el artículo 58 al 104, ambos inclusive.
Se hace difícil entender que una simple mención, en un solo artículo -que más parece un pequeño error de sintaxis en su expresión- pudiera modificar toda la regulación sobre la competencia de los tribunales penales, contenida en los cuarenta y seis (46) artículos antes señalados.
Se escribió en el artículo 35 que comentamos: “… entrará a conocer y decidir sobre la misma, con el sólo efecto de determinar si el imputado o imputada ha incurrido en delito o falta.”.
Ha debido expresarse: “…entrará a conocer sobre la misma con el único propósito de determinar y decidir si el imputado o imputada ha incurrido en delito o falta.”.
Porque esa es la función principal del juez penal, esa es su razón de ser, ese es su deber cardinal: determinar y decidir si el imputado ha incurrido o no en delito o falta.
El profesor Mejías Arnal, experto en interpretación de la ley, en su condición de casacionista con obras publicadas sobre el tema, solía repetirnos en el salón de clases: “la ley hay que interpretarla conforme a sentido”.
Es un contrasentido que a un tribunal penal pudiera ampliársele su competencia para “entrar a conocer y decidir” sobre cualquier cuestión que se esté ventilando en otro tribunal de otra competencia material o en un órgano de la Administración Pública. Eso equivale a arrebatarle de facto la competencia al tribunal u órgano administrativo que sea objeto pasivo de ese procedimiento de “Extensión jurisdiccional”. Eso no es racionalmente admisible en Derecho.
Mucho menos racional es que esta “competencia funcional”, establecida en el nuevo Procedimiento de “Extensión Jurisdiccional”, sea atribuida por la Sala Constitucional a todos los jueces, de todos los tribunales y de todas las competencias.
¡CAOS! - ¡UBÉRRIMO CAOS! - ¡MAGNA CAOS! - ¡SUMMUN IUS SUMMA INIURIA!
La confusión reinante en las decisiones de la Sala Constitucional al respecto, se pone de manifiesto en las sentencias citadas por la Sala en apoyo del OBITER DICTUM que comentamos. De las 5 sentencias citadas en él, una sola menciona la frase “conocer y decidir”. Veamos: 1) Número 112/2002, SC, del 29 de enero: “…los Tribunales en materia penal (…), solo excepcionalmente pueden analizar cuestiones civiles y administrativas…”; 2) Número 784/2009, SC, del 12 de junio: “…la Extensión Jurisdiccional que convierte al juez penal en juez natural para resolver asuntos civiles o administrativos…”; 3) Número 709/2008, SCP, del 16 de diciembre: “…efectivamente el Juez Penal puede examinar las cuestiones civiles y administrativas que se presenten con motivo de los hechos investigados…”; 4) Número 489/2016, SCP, del 25 de noviembre: “… la extensión jurisdiccional es un mecanismo procesal que le atribuye al Juzgado Penal la facultad de conocer cuestiones civiles o administrativas que estén relacionados con los hechos que se investigan…”; 5) N° RC.000337, SCC, del 9 de junio de 2015: NO menciona la “Extensión Jurisdiccional”.
“Para muestra basta un botón”, dice la sabiduría popular. He aquí algunos “botones de muestra”, que figuran en el OBITER DICTUM:
“… es decir, el órgano judicial en ejercicio de la extensión jurisdiccional podrá resolver el fondo de la controversia [Cuál de las controversias] con la finalidad específica de, “determinar si el imputado o imputada ha incurrido en delito o falta…”
“…De esta manera, se aprecia que la doctrina tiene establecida la importancia de la potestad punitiva del Estado (ius puniendi), para justificar al juez penal la extensión del alcance de su competencia e incluso de la jurisdicción…”
La competencia es la medida de la jurisdicción. Por tanto no son distintas sino que entre estas dos categorías jurídico procesales existe una relación de continente a contenido, donde el continente es la jurisdicción y la competencia es el contenido.
“…De esta manera, los jueces adquieren una visión integral del asunto que conocen, pudiendo tomar como elementos de convicción, para arribar a decisiones acertadas, las actuaciones procesales traídas de otros expedientes mediante el ejercicio de la extensión jurisdiccional, pudiendo incluso paralizar posibles acciones que impidan u obstaculicen la recta decisión en justicia…”
“…esta Sala ha considerado que la extensión jurisdiccional tiene como finalidad, incorporar en autos lo necesario para determinar si el procesado incurrió o no en hecho ilícito…” [¿?].
“…lo cual, es un aspecto característico del proceso judicial en el ámbito material de competencia penal, que por alguna razón se encuentran vinculados de manera tan estrecha por ser de naturaleza consustancial, que deben recibir una única solución suficientemente amplia que abarque distintos procesos…”
“…En resumen, los jueces o juezas a quienes corresponda, a petición de parte o aún de oficio [¿?], deberán requerir la información necesaria, como elementos de convicción, para resolver el caso sub iúdice…”.
“…En este contexto, esta Sala Constitucional, en uso de su potestad de jurisdicción normativa, decide extender la institución de la extensión jurisdiccional establecida en el artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal y declara con carácter vinculante que todos los jueces o juezas de las distintas jurisdicciones deben extremar su función indagatoria, verificando de oficio o a solicitud de parte, las relaciones existentes entre las causas sometidas a su conocimiento con los asuntos ventilados paralelamente en otras jurisdicciones, judiciales y/o administrativas …”.
“…Así también, esta Sala establece que, una vez iniciada la incidencia para sustanciar la extensión jurisdiccional, el Juzgado que previno [¿Se referirá al juzgado que decidió utilizar el mecanismo de extensión jurisdiccional?] por haberse realizado allí el primer acto procesal,[¿Y si el primer acto procesal se realizó en el juzgado “objeto pasivo” de la desposesión de la jurisdicción?] ordenará motivadamente la paralización de los asuntos comprendidos en la extensión jurisdiccional, en un plazo [¿durante un plazo?] no mayor de ocho (8) días hábiles; actuación que notificará a los juzgados [¿en plural?] concernientes [¿Objetos pasivos de la desposesión de la jurisdicción?] y a las partes. Serán nulos todos los actos subsiguientes realizados en esos tribunales concernientes mientras el Juez o Jueza dicte la decisión definitiva objeto de la extensión jurisdiccional…”
Suficientes botones de muestra.
En una sola actuación, ¡de un solo plumazo!, la Sala Constitucional desconoció el fundamento democrático de nuestro Estado de Derecho, que se cimienta en la Separación de Poderes.
Dictó una ley procesal violentando el proceso de formación de las leyes, establecido en la Constitución, atribuido exclusivamente a la Asamblea Nacional (El Poder Legislativo) y al presidente de la República (Poder Ejecutivo Nacional).
No necesitó elaborar un proyecto de ley; no necesitó que alguno de los facultados por la constitución ejerciera la “iniciativa”; no necesitó que le fuera presentado un proyecto de ley; no necesitó que el proyecto fuera estudiado por la comisión de la Asamblea Nacional, afín a la materia del proyecto de ley; no necesitó que la comisión emitiera un informe sobre la viabilidad del proyecto de ley; no necesitó que el proyecto de ley fuera objeto de análisis y de una primera discusión en asamblea general convocada a tal efecto por la Asamblea Nacional; no necesitó que el proyecto fuera modificado y aprobado o no, en primera discusión; no necesitó que el proyecto fuera aprobado en segunda discusión; no necesitó que la directiva de la Asamblea Nacional declarara sancionada esa ley procesal; no necesitó que esa ley procesal fuera remitida al presidente de la República; no necesitó que el Presidente de la República la promulgara ni necesitó que el ´Presidente de la República ordenara su publicación en la Gaceta Oficial de la República.
Como colofón de este “OBITER DICTUM”, el siguiente “botón de oro”:
“Declarado lo anterior, esta Sala, ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República y en la Gaceta Judicial del este Tribunal Supremo de Justicia, con la siguiente mención en su sumario:
Esta decisión hay que corregirla URGENTEMENTE, para evitar el peligro inminente de que se produzca un desorden mayúsculo en toda la actividad jurisdiccional del país. Así lo pido formalmente.
En Maracay, a los 7 días del mes de enero de 2019.
Publicadas por Fundae Veritas Lex Universitas Bonorum a la/s 12:05 p.m. No hay comentarios.:
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