Source: http://hispadata.blogspot.com.es/2014/
Timestamp: 2017-06-27 19:13:24
Document Index: 183972952

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 31', 'artículo 27']

A LAS PRUEBAS ME REMITO: 2014
SITEL sin suficientes garantías jurídicas y ahora, las reformas legales que
plantea el Gobierno, nos colocan en las antípodas de un sistema verdaderamente
SITEL (Sistema integral de
interceptación de las comunicaciones) es un poderoso sistema informático que
permite la interceptación sin límite, de todas las telecomunicaciones que tienen
lugar en España, y que es utilizado conjuntamente por las Direcciones Generales
de Policía y Guardia Civil, así como por el CNI (Centro Nacional de
Inteligencia). Además de interceptar las comunicaciones, permite recoger, sin
autorización judicial previa, un paquete de datos conocido como “información
asociada a la comunicación”. Tiene dos centros de monitorización y un entramado
de redes asociadas y terminales remotos situados en las Comisarías de Policía,
Comandancias de la Guardia Civil y dependencias del CNI. Aun cuando se disponía de este
avanzado sistema informático de detección, el gobierno de Aznar, al analizar
los informes de los Ministerios de Justicia y de Defensa, y del Consejo General
del Poder Judicial, que denunciaban importantes problemas de cobertura legal,
decidió no ponerlo en funcionamiento, en cuanto que afectaba directamente al
“secreto de las comunicaciones” y a que, además, la información asociada que
recogía el sistema, podía afectar tanto a la intimidad personal como a la
protección de datos de carácter personal. Nadie discutía en aquél momento la
bondad de una tecnología que permitía perseguir la delincuencia organizada, de
modo eficaz, pero por el contrario se discutían las insuficientes garantías
jurídicas y técnicas tanto para preservar los derechos fundamentales de los
ciudadanos a través del adecuado control judicial, como para garantizar la
destrucción de datos no necesarios para un Tribunal, la exactitud de los
archivos que se pongan a disposición judicial, y a la seguridad en la custodia
y funcionamiento del sistema que debería de estar asignado a un órgano del
Estado y no a una empresa externa. En Marzo de 2004, el Gobierno de Zapatero entendió que “Los avances tecnológicos deben servir
para mejorar la eficacia en la actuación de todos los agentes de la
Administración en sus múltiples parcelas, desde la información y la
inteligencia hasta el diseño y ejecución operativos” y en base a ello, sin dar la adecuada
cobertura legal, decide poner en pruebas a SITEL y lo mantiene así hasta
diciembre de ese año, que es cuando entra oficialmente en servicio. Llegados ya
a esta última legislatura, vuelve a gobernar el PP y Rajoy decide mantener el
sistema activo.
Pero no termina aquí la cosa en cuanto a la
insuficiencia de garantías jurídicas de las interceptaciones. El actual gobierno, decide apretar más la tuerca de los
derechos fundamentales y saca adelante el proyecto para la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Esta reforma, de ser aprobada, volverá a poner en
peligro el derecho al secreto de las comunicaciones, que reconoce el artículo 18.3 de nuestra
Constitución y que impide su interceptación, salvo que exista una previa
autorización judicial. Este proyecto abre ostensiblemente el abanico de
investigaciones o interceptaciones y lo amplia a los delitos contra menores o
personas con capacidad modificada judicialmente. Y además, mete en un cajón de
sastre a “otros delitos que en virtud de las circunstancias del caso puedan ser
considerados de especial gravedad y existan razones fundadas que hagan imprescindible
la intervención de las comunicaciones”.
¿qué pasará si prospera esta ampliación de supuestos?
Pues lisa y llanamente que el legislador, a través de esta reforma, conculcaría
los derechos a los que los ciudadanos somos acreedores constitucionalmente, forzando
al texto constitucional a decir lo que en realidad no dice e introduciendo
nuevos supuestos que la Constitución no recoge.
En efecto, constitucionalmente hablando, la intervención
de las comunicaciones sin previa autorización judicial, ha de tener un carácter
extraordinario, habida cuenta de que se trata de suspender el derecho
fundamental de un ciudadano. Por ello, esta suspensión extraordinaria expresamente
queda limitada a los delitos de terrorismo y crimen organizado. Por tanto, el
objetivo que persigue el anteproyecto de reforma es introducir una vía por la
que se puedan añadir otros supuestos y genéricamente quiere introducir los
delitos de especial gravedad, pero sin especificar cuáles deben de
comprenderse. No es válido además, que en la regulación que se pretende
establecer, las autoridades gubernativas adopten medidas de interceptación y
después de tomadas, las comuniquen al juez en el plazo
de máximo de 24 horas. Lo correcto jurídicamente es que primero se solicite al
juez la intervención de las comunicaciones y que, una vez obtenida esta
autorización, se lleve a efecto. En esta línea ya se ha pronunciado el Tribunal
Constitucional en una sentencia de 1987. En resumen, que la intervención de las
comunicaciones sin orden judicial previa, sólo es posible para los casos
excepcionales previstos por la Constitución, pero no para los que ahora
pretender introducir el anteproyecto.
Es evidente que esta reforma, lo que pretende, es
introducir un control administrativo preventivo del derecho al secreto de las
comunicaciones, legitimando al Ministerio del Interior y a sus órganos, a que
realicen interceptaciones de comunicaciones y escuchas, sin ningún control
judicial previo, habida cuenta que lo que resulta es que ese control judicial
va a ser solicitado a posteriori.
Por ello, la utilización de SITEL sin
suficientes garantías jurídicas y ahora, las reformas legales que plantea el
Gobierno, nos colocan en las antípodas de un sistema verdaderamente democrático. En definitiva, un derecho constitucional tan
trascendental, cual es el derecho que tenemos los ciudadanos a que nuestras
comunicaciones no sean interceptadas por nadie, va a ser vulnerado por el
propio Estado, que pretende adquirir el derecho, dicho coloquialmente, a espiar
a sus ciudadanos. No olvidemos que el
poderoso sistema SITEL puede espiar no sólo los teléfonos convencionales, si no
todo tipo de comunicaciones electrónicas, redes sociales, ubicación física del
ciudadano mediante sistemas GPS, etc. Tiene que quedar muy claro que la
Constitución no solo pretende garantizar la intimidad de las personas, sino
algo tan importante como es la inviolabilidad de sus comunicaciones de todo
tipo, comunicaciones que forman para de su exclusiva esfera privada.
Para terminar, lo que un Estado democrático tiene que
garantizar a los ciudadanos, es que no van a ser espiados, salvo en los casos
excepcionales que fija la Constitución. Y que, siempre, en todo caso, será un
Juez y sólo el, quien dará expresamente la autorización para interceptar
comunicaciones del tipo que sean (espiar). No acepto por tanto que ni este
Gobierno ni ningún otro, tenga la facultad administrativa de espiarme, sin
ningún control judicial.
Primero empezó el lehendakari
Ibarretxe con eso de los vascos y las vascas, después siguió la ministra Bibiana
Aído con lo de los miembros y las miembras y ahora nos encontramos ya con todos
los políticos y muchos periodistas utilizando de modo insistente los dos
géneros: ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, usuarios y usuarias, etc.
Vamos a ver, yo no soy ningún experto lingüista, ni tan siquiera un buen conocedor de la
gramática española. Tengo 65 años y desde la escuela, pasando después por el
instituto, tuve la suerte de estudiar bajo unos planes de estudio en los que se
valoraba el esfuerzo y se perseguía una
formación integral. (viendo lo que veo en los modernos planes de estudio, creo
que esa formación que recibíamos en aquellos tiempos era mejor que la actual).
De modo concreto recuerdo que, ya en primero de bachiller, una b o una v mal
puestas, o una acentuación incorrecta, implicaban una fuerte bajada de la nota
de un exámen.
Ciñéndome a la
gramática, aprendí que por economía lingüística,
cuando utilizamos el plural, ha de hacerse sólo en género masculino. Hoy en
día, la propia Real Academia Española se manifiesta en el sentido de decir que
utilizar en plural el género masculino y femenino, es un circunloquio
innecesario puesto que emplear el género no marcado, es suficientemente
explícito para abarcar a los individuos de uno y otro sexo. Frente al uso de “señoras
y señores” o “damas y caballeros”, la RAE sostiene que puede tratarse de un
tratamiento de cortesía comúnmente conocido, pero técnicamente, este
tratamiento destruye la economía del lenguaje.
Parece por tanto que, una
cosa es el género puramente gramatical de nuestra lengua castellana (el
masculino es el género no marcado que incluye a individuos de ambos sexos) y otra cosa distinta es el sexo de una
especie. El uso del plural masculino ya tiene antecedentes latinos muy claros y
variados: reges (el rey y la reina); filii (los hijos y las hijas; frates (el
hermano y la hermana), etc. Y es precisamente esta confusión y también razones
de tipo ideológico o sexista, la que lleva a que muchos adopten la práctica del
desdoblamiento de género en sus discursos. Aducen para ello que la lengua
castellana es machista al referirse en plural, sólo al género masculino, pero
ignoran que ese plural genérico derivado del latin, no tiene nada que ver con
la composición de nuestra sociedad y sí con la necesidad de simplificar la
oratoria. Y una prueba clara de que el género no significa sexo es que, al
menos que yo sepa, una mesa no tiene una vagina, al igual que un sol no tiene
Si yo ahora digo que el oso
es una especie en extinción en Asturias, evidentemente me estoy refiriendo a la
especie y no a los osos machos o las osas hembras. O si digo que los recortes
sociales del gobierno han perjudicado a los españoles, está claro que no me
estoy refiriendo sólo a los hombres por contraposición a las mujeres. O si en
la calle pregunto a un amigo por sus hijos, es evidente que estoy preguntando
por su hijo y su hija. Por tanto, cada vez que los políticos recurren a estos
desdoblamientos, es evidente que se están apartando no ya del lenguaje
gramaticalmente correcto, si no del propio lenguaje común. Y si haciendo esas
redundancias linguisticas, se quedan tan panchos y creen que son unos genios
del discurso utilizando su lógica parda, centrada en el sexo y no en el género, que me
digan si cuando hablan a los vocales de una junta, van a decir señores “vocales”
y señoras “vocalas”, porque entonces cuando se refieran a la “presidencia”,
también tendrán que referirse al “presidencio”. Y entonces concluirán que si es
una mujer será “la presidenta”, pero si es el hombre será el “presidento”. De
modo similar, siguiendo su lógica basada en el sexo, en vez de “capilla
ardiente” tendrían que decir “capilla ardienta”. Señores políticos genios de
la oratoria, entérense, que se dice estudiante y no estudianta; paciente y no
pacienta; independiente y no independienta; dirigente y no dirigenta; o residente y no
residenta. A algunos periodistas también les diría que por el hecho de ser
hombres, no son periodistos, que son periodistas. Termino parafraseando a una profesora que
dirigió una carta abierta a un grupo de personas que habían firmado un
manifiesto en defensa del género y que decía: Tengo la esperanza de que esta
carta llegue a esos ignorantes semovientes (no ignorantas semovientas, aunque
ocupen cartas ministeriales) y hacerles ver que esos firmantes del manifiesto
eran: el
dentisto, el poeto, el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el funambulisto, el proyectisto, el turisto, el
contratisto, el paisajisto, el taxisto, el artisto, el periodisto, el taxidermisto,
el telefonisto, el masajisto, el
gasisto, el trompetisto, el violinisto, el maquinisto, el electricisto, el oculisto, el policío del
esquino y, sobre todo, ¡el
Concluyo diciendo: No es lo mismo ser “un
cargo público” que “una carga pública” Igual estoy equivocado y pensando bien, sólo son un cargo público.
Hoy Google acaba de comunicar que, como
consecuencia de la nueva Ley española de Propiedad Intelectual, el próximo día
16 de Diciembre (antes de la entrada en vigor de la Ley, que se producirá en
Enero) procederá al cierre de Google Noticias en España. Argumenta para el
cierre, que la nueva legislación obliga a cualquier publicación española a
cobrar una remuneración, quiera o no, y dado que el servicio de noticias de Google
no genera ingresos, el nuevo enfoque de la ley, que obliga a pagar por mostrar
hasta el más mínimo fragmento de una publicación, hace que el servicio sea
De modo inmediato a esta noticia, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lanza un comunicado diciendo que la
reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aporta base jurídica para la negociación
entre las partes (agregadores de contenidos y editores de prensa, periodistas y
fotógrafos) y considera que el anuncio de Google de eliminar el servicio que
presta en España, responde a una decisión empresarial, ya que próximamente se
empezará el desarrollo reglamentario de la ley y lo someterá al trámite de
Ante esta situación, me asalta una duda: ¿Google
News cierra porque es insostenible económicamente a causa de esta ley que
introduce la llamada tasa google, o, decide cerrar porque considera que tiene
otras áreas de negocio más rentables y más interesantes? Si leo y trato de interpretar lo que dice la
Ley, llego a la conclusión, salvo opinión mejor fundada, que la compensación
procederá cuando se produzca una puesta a disposición del público (artículo 20
de la LPI). Es decir, que un agregador de noticias como es Google, entraría de
lleno en la obligación de compensar, al permitir que una determinada obra o
noticia de prensa, se ponga a disposición del público en general. Cualquier
ciudadano, mediante un simple clik en el enlace proporcionado por Google, accedería
directamente al contenido de un determinado diario, por ejemplo.
La cuestión o la pregunta que cabría hacerse
es: Ese ciudadano que ha hecho click en el agregador de Google, accede a una
noticia que igualmente podría acceder a ella entrando directamente en la web del
periódico digital que la edita. Y esta cuestión no es baladí, porque si se accede
a la noticia por el conducto del agregador, Google tendría que pagar
compensación y en cambio, si se accede a la noticia de modo directo, no habría
tasa alguna. Dicho de otro modo, la noticia es la misma y cualquier ciudadano
puede acceder libremente a ella, pero según la vía de acceso elegida,
procedería o no procedería compensación. En esta línea el Tribunal de Justicia
de la UE, ya se ha pronunciado en una sentencia concluyendo que “cuando una
noticia se encuentre disponible gratuitamente para todos los usuarios en otro
sitio web, con el permiso de los titulares de los derechos de autor, no se
produce comunicación pública y por tanto no procede reclamar compensación
Probablemente, por este aparente
contrasentido, es por lo que el Ministerio lanza hoy un comunicado invitando a
negociar de cara a la redacción del Reglamento. Y probablemente también Google
lanza la noticia de que se va, en vez de esperar a unas posibles negociaciones,
quizá para forzar posiciones. Google vino sosteniendo que los editores vieron cómo
se reducía la distribución de sus periódicos impresos y que internet cambió
todo esto creando enormes oportunidades para los editores, pero también
importantes desafíos al aumentar la competencia por el interés de los lectores
y los ingresos publicitarios.
El gigante Google tiene
una potente maquinaria jurídica para recurrir a los Tribunales y anular las
obligaciones de compensación, que le pudieren ser impuestas y a mi juicio,
dadas las enormes carencias de la ley, que probablemente tendrán que ser
resueltas por el reglamento futuro, tendría un alto grado de posibilidades de
que su reclamación en vía judicial, prosperara. A la vista de la ley y de la jurisprudencia existente, cualquier letrado
sabe que cuando Google enlaza, no hay un acto de comunicación pública
susceptible de compensación económica. A todas luces, en la redacción
reglamentaria esto quedará claramente definido.
Llego por lo tanto a la conclusión que
Google anuncia que se va, probablemente con dos objetivos: Uno que decide ir a
explorar otras líneas de negocio más productivas o rentables. Otro, presionar
al gobierno con este acto de fuerza para obligarlo a que en vía reglamentaria
enmiende o clarifique el asunto de la llamada tasa Google. Veremos las
consecuencias y los resultados en el futuro.
Internet y en definitiva la
sociedad de la información, hacen que
todo tipo de contenidos, incluso aunque sean inexactos u obsoletos, puedan ser
divulgados a toda velocidad y de modo desproporcionado, tanto en los diferentes
buscadores (google, yahoo, bing etc.), como en las redes sociales. Esto trae
como consecuencia que los ciudadanos nos sintamos preocupados por los antecedentes
que aparecen sobre nosotros, nuestra aparición en listados comerciales, ficheros
de infractores de tráfico, o lo que es aún más grave, nuestra aparición en
ficheros de morosos, lo que hace que tengamos en ocasiones la necesidad de
bloquear o eliminar, si podemos, esos datos que circulan por internet. Es en
este ámbito donde hablamos del “derecho al olvido”
Podríamos definir este
derecho, llamado también “derecho a vivir en paz” como el derecho a defender y proteger
a las personas para salvaguardar su reputación o sus datos personales, para
desligarla de acontecimientos que le puedan afectar negativamente
El artículo 18 de nuestra
Constitución dispone que la Ley limitará el uso de la informática para
pleno ejercicio de sus derechos. Una sentencia del Tribunal Constitucional
recogió que ese artículo 18 revela que el Constituyente era consciente de los
riesgos que podría entrañar el uso de la informática. Posteriormente, la Directiva
95/46 del Parlamento Europeo vino a configurar lo que hoy llamamos derecho al
olvido y dispuso que los datos objeto de tratamiento no podrían ser excesivos,
debiendo de suprimirse, rectificarse o bloquearse, aquellos que resultaren inexactos
o incompletos y que a los particulares se les garantizaría la facultad para
Más allá del artículo 18 de
nuestra Constitución y de la directiva comentada, lo cierto es que no hay una
regulación concreta del derecho al olvido. Algunos Tribunales han usado este
término para referirse a los derechos que reconoce nuestra Ley Orgánica de
Protección de Datos de carácter personal, como por ejemplo la cancelación o
bloqueo de datos personales, la oposición a prácticas publicitarias, o la
retirada y cancelación de antecedentes policiales y penales. También algunos
Tribunales civiles han mencionado el derecho al olvido al tocar temas de la
protección del derecho al honor, a la intimidad personal o a la propia imagen.
Los grandes operadores de
internet, tanto buscadores como redes sociales, estaban debatiendo y
cuestionando este derecho al olvido y sostenían que no se puede hablar de tal,
cuando nuestro ordenamiento jurídico no recoge específicamente este derecho. Pero,
en Abril de 2014 el Tribunal Europeo vino a reconocer el derecho al olvido, en
una sentencia sobre un caso denunciado en España, y esto hizo que sólo dos
semanas después de esta sentencia, Google pusiera en marcha un formulario
online para que los ciudadanos pudiéramos solicitarle la retirada de los
enlaces que consideráramos nos podían afectar.
Para tratar de clarificar
jurídicamente la situación y con la intención de dar a conocer al ciudadano de
a pie, qué es y cómo se aplica este derecho al olvido, en un momento en el que
parece que cada vez más se nos olvida la importancia de esta cuestión, habida
cuenta que las nuevas generaciones creen que la vida debe de ser cuanto más
pública mejor y olvidan los riesgos que supone la pérdida por completo de su
vida privada, el Boletín Oficial del Estado, el pasado día
3 de Diciembre, publicó el Código de Derecho al Olvido. Este Código, trata de
recopilar las principales normas que se refieren al llamado “derecho al olvido,
teniendo en cuenta los diferentes ámbitos en los que se puede plantear, cuales
son la protección de datos, la sociedad de la información, la intimidad, el
honor y la propia imagen, el registro civil, rectificación de informaciones,
administraciones públicas, telecomunicaciones, consumidores y usuarios, entre
Con el objetivo de que aflorara el dinero
oculto de los defraudadores, el gobierno del Sr. Rajoy concedió una amnistía
fiscal que siguió a otras dos anteriores que habían decretado los gobiernos
socialistas. Además de que, a mi juicio, estas amnistías son a todas luces
anticonstitucionales (se vulneran los principios de igualdad y progresividad
que han de regir el sistema tributario conforme al artículo 31 de la
Constitución), constituyen también un agravio comparativo con los
contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias. Y por si fuera
poco, los resultados conseguidos han sido un auténtico fracaso, ya que frente
al desmedido optimismo del Ministro Sr. Montoro, se ha impuesto la cruda
realidad de los datos: De los 2.500 millones de recaudación previstos, finalmente
sólo se consiguieron unos 1.200 millones. Es decir, el 10% que se pedía en la
amnistía fiscal, al final sólo se quedó en el 3% que está muy lejos de los
tipos que los ciudadanos pagamos en nuestro impuesto sobre la renta.
Además del fiasco recaudatorio que ha
representado esta última amnistía, hay algo que veo bastante claro y es que
este gobierno y tampoco los anteriores han tenido auténtica voluntad política
de atajar este problema, máxime cuando estamos en una crisis brutal y era
primordial meter la lanza donde realmente interesaba. No es de
recibo que se suban los impuestos a las clases medias y bajas y que se dedique
el 90% de los efectivos de la Agencia Tributaria a controlar las pequeñas
discrepancias de los asalariados y a fiscalizar a trabajadores, autónomos
y pymes y que sea sólo el 10% restante, el que se dedique al gran fraude de las
grandes empresas y las grandes fortunas, que es donde verdaderamente está el
problema y que además a ese 10%, en muchos casos, les sugieran sus jefes
políticos, oye mejor no toques ahí. Y claro, esta falta de voluntad nos ha
llevado a que después de Grecia, España, junto con Italia, sea al país con más
nivel de fraude de la zona euro.
El gobierno actual engañó vilmente a
los ciudadanos diciéndonos que la amnistía fiscal era una alternativa a la
subida del IVA y unos meses después nos sorprendió subiéndonos los tipos del
IVA. Los dirigentes se limitaron a decir que no había otras alternativas a esta
subida. Pues Sr. Rajoy sí había otras muchas alternativas, lo que ocurre
es que Vd. no tuvo la voluntad de aplicarlas. Por ejemplo voy a apuntarle
algunas: ¿por qué no dio instrucciones en la Agencia Tributaria para que
modificara sus procedimientos, y en vez de destinar al 90% de sus efectivos
a cruzar datos y ver si hay discrepancias entre esos datos y lo que se
declara, supervisar a esos asalariados que ya tiene controlados por el IRPF, o
a esos pequeños ahorradores que tienen alguna renta del capital, o a esos
pequeños autónomos y Pymes, los dirigiera a inspeccionar e investigar las
grandes bolsas de fraude? Si como el Gobierno bien sabe, las bolsas de fraude
mayores están en las grandes empresas y en los grandes patrimonios ¿por qué
sólo dedica el 10% de los efectivos a estas bolsas? Resulta obvio que es más
complicado investigar y descubrir el gran fraude que el pequeño que en la mayor
parte de los casos se descubre con el cruce de datos que proporciona el potente
sistema informático de la Agencia Tributaria. El Gobierno habla continuamente del
objetivo prioritario de luchar contra el fraude (el Ministro Montoro lo repite
continuamente), pero, lo cierto es que se trata de palabras huecas porque
después se ve que ese objetivo no se corresponde con los medios que se están
aplicando. Sólo basta fijarse en los Presupuestos Generales del Estado para ver
que de los grandes objetivos de la Agencia Tributaria que son la atención al
contribuyente y lucha contra el fraude, es precisamente en este objetivo de
lucha en el que hay una bajada superior en efectivos. En 2014 ha habido 700
efectivos menos que en el ejercicio anterior. Si a esto añadimos además que como medidas
contra el fraude, lo único que se ha establecido es la publicación de la lista
de morosos, mal vamos. ¿Por qué en vez de morosos, no se publica la lista de
defraudadores que sería más efectiva que cualquier otra cosa? El Presidente de Geshsa dice públicamente que los 8.000 técnicos
del Ministerio de Hacienda, en los últimos años tienen sus competencias
cada vez más limitadas que sus manos están atadas frente al fraude y que
deberían de dárseles más competencias para dedicarse más a la investigación de
los grandes patrimonios y las grandes empresas. Ahora dice que básicamente
están dedicados a los contribuyentes del IRPF y rentas del trabajo. Vamos, que
en ese término que tanto le gusta al Sr. Rajoy, quieren dedicarse a lo que
realmente interesa...También dice que deberían de publicarse los datos sobre lo
que pagan las grandes empresas transnacionales (cada dos por tres aparecen
artículos sobre lo que paga por ejemplo Apple, Microsoft o Twiter).
Otra alternativa es meterle mano al
Impuesto de Sociedades, ya que como el Gobierno bien sabe ese tipo del 30% que
tienen que pagar las grandes empresas como impuesto, al final, como consecuencia
de bonificaciones y deducciones de todo tipo, queda situado en un 10 u
11% y en cambio las pymes terminan pagando un 25%. Esto tampoco es de recibo.
Y qué decir de las Simcav refugio de
grandes fortunas, tributando sólo al 1%. Más vergonzoso aun ¿no les parece?
Por último, otra alternativa más en aras a
la brevedad, porque hay otras muchas, ¿por qué no se modifica el delito fiscal
en el Código Penal agravando determinadas situaciones y endureciendo las
sanciones? Y paralelamente ¿por qué no se modifica la norma de funcionamiento
de la Agencia Tributaria alargando plazos de inspección y de prescripción así
como endureciendo también las sanciones?
Sr. Rajoy si de verdad como reiteradamente
dice "hay que dedicarse a lo que interesa", ¿por qué no lo hace ya y
mete mano a las bolsas de fraude fiscal que es lo que interesa? Por algunos
motivos probablemente inconfesables, no lo está haciendo y yo a esto lo
calificaría como "fraude político". Al menos a mí políticamente me
está defraudando.
Ayer, en el Pleno del Congreso de los Diputados,
llamado erróneamente “contra la corrupción” ya que en realidad había sido
convocado para votar dos proyectos de ley, cuales eran la Ley Orgánica de
control de la actividad de los partidos y la ley del alto cargo, el Sr. Rajoy,
como ha ido manteniendo los últimos meses, insistió en que “no se debía de
transmitir la idea de que en España todo está corrupto, ya que se comenzaba
generalizando en la corrupción, después en los políticos, en la propia política
y se acabaría señalando al propio sistema. Aludiendo claramente a Podemos terminó diciendo que de transmitir estas
ideas, sólo quedaría espacio para los salvapatrias de las escobas cuyo programa
consigue barrer, con las consecuencias que todos conocemos”.
Acosado sin duda por los casos de corrupción dentro de
su partido, quiso tomar la iniciativa y de modo concreto, presentó un aluvión
de medidas contra la corrupción, muchas de ellas antiguas ( algunas paradas
desde el mes de marzo) y otras nuevas como la propuesta de cancelar la
actividad de los partidos que no cumplan con la obligación de presentar sus
cuentas anuales al Tribunal de Cuentas o que los cargos políticos necesiten que
la Agencia Tributaria certifique que están al día con Hacienda..
Frente a la intervención del Sr. Rajoy, el líder del
PSOE Pedro Sánchez, le echó en cara el caso Gurtel y le dijo que no estaba
legitimado para introducir esas medidas. A partir de ese momento, se continuó
con el ya clásico “tú más” y las
palabras vacías que siempre utilizan los líderes de los dos grandes partidos.
Es decir.. bla.bla.bla.
Ante este lamentable espectáculo yo diría al Sr. Rajoy
que no está legitimado y que debería de dimitir ya que al igual que ha cesado a
la Ministra de Sanidad por lucrarse de una actividad delictiva, considerando
que en el mismo sumario instruido por el Juez Ruz, se acusa al Partido Popular
de lo mismo que se acusa a Mato, él
también tendría que dimitir como presidente que es del Partido. De otra parte,
también ha perdido la legitimidad desde el momento en que en su día, muchas de
esas medidas que ahora plantea, fueron propuestas por UPyD o por Ciudadanos, y
su partido las rechazó.
Diría también al líder del PSOE Sr. Sánchez, que él
tampoco está legitimado y que su intervención de ayer ha sido escandalosa. No
puede acusar al PP de que es corrupto (que sí lo es) y no reconocer que el PSOE
también lo es, aceptando y no ocultando el gigantesco saqueo de los ERE y de
los Fondos para la Formación andaluces, así como otros escándalos más dentro de
su partido..
En conclusión, ayer los ciudadanos hemos quedado
decepcionados una vez más. Nos han vuelto a tomar el pelo con una escenografía
parlamentaria que ya resulta cansina. Pues qué quieren que les diga: Hasta ahora consiguieron mantener su
partitocracia, pero, aunque no les guste, a partir de ahora empiezan a actuar
los “salvapatrias de la escoba” y, por méritos propios los van a echar a
patadas. Además, tengan en cuenta que esos de la escoba, no van a ser sólo los
de la coleta como despectivamente los llaman, van a ser esos partidos
emergentes como Ciudadanos o UPyD, que sí están legitimados porque llegan a la
política sin pesadas mochilas de herencias anteriores y porque tienen unos
programas y unas propuestas coherentes, tanto para luchar contra esa
corrupción, como para sacar adelante este país. Entérense de una vez por todas que su hegemonía ha finalizado, excepto,
claro está, que como me imagino, finalmente lleguen a la gran coalición para
defenderse de los “salvapatrias de la escoba” que son los que realmente les
aterran.
electrónicamente con la Administración usando el DNI electrónico u otros
certificados, resulta una tarea complicada incluso para los que nos movemos bien
en el mundo tecnológico. Hay que instalar en el PC el software adecuado,
actualizarlo, instalar certificados, configurar el navegador y algunas otras
cosas más, que hacen que el ciudadano normal tenga problemas para realizar
trámites electrónicos con las Administraciones Públicas. Tratando de salvar estos
problemas, el pasado día 17 de Noviembre entró en funcionamiento el Sistema Cl@ve, que va a permitir a las
personas físicas identificarse y autenticarse para realizar trámites por vía
electrónica con la administración. Se trata de una plataforma común de la
administración estatal para la identificación autenticación y firma
electrónica, mediante el uso de una clave previamente fijada al registrarse
como usuario, evitando con ello tener claves diferentes para acceder a los
Su funcionamiento se encuentra regulado por la Orden
PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba Cl@ve, la
plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la
identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves
concertadas .
complementa los actuales sistemas de acceso mediante DNI-e y además ha sido
diseñado para ofrecer en un futuro la posibilidad de realizar firmas
electrónicas en la nube, mediante
certificados personales custodiados en servidores remotos. Y lo más importante,
evita que los ciudadanos tengamos que utilizar métodos de identificación
diferentes para relacionarnos electrónicamente con los diferentes órganos
Cl@ve contempla la utilización de
sistemas de identificación basados en claves concertadas y certificados
electrónicos (incluyendo el DNIe)
En cuanto a claves concertadas, el sistema
admite dos posibilidades de uso:
· Cl@ve ocasional (Cl@ve PIN), con
validez limitada en el tiempo, que se corresponde al sistema PIN24H de la
· Cl@ve permanente (Personal), con
validez dilatada en el tiempo, que se corresponde con el sistema de acceso
mediante usuario y contraseña, reforzado con claves de un solo uso por SMS,
aplicable a los servicios de la Seguridad Social.
Para utilizar los sistemas de
identificación y autenticación incluidos en Cl@ve, así como para acceder a los
servicios de firma en la nube, existirá un único registro, donde el
ciudadano deberá registrarse en una sola ocasión, aportando para ello los datos
de carácter personal necesario.
El registro en Cl@ve podrá
efectuarse :
· A través de Internet con
carta invitación de la Agencia Tributaria donde figure el CSV
· Presencialmente en cualquiera de las
Oficinas de Registro, inicialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria y
en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
En el caso de la Agencia Tributaria a partir del 17 de noviembre de 2014 el sistema de
PIN24H cambió su denominación por la de Cl@vePIN24H.
Los ciudadanos registrados
previamente en el censo PIN24H podrán registrarse en el sistema Cl@ve cuando
vayan a solicitar un PIN para la realización de un trámite en la Sede
electrónica de la Agencia Tributaria. Para ello, deberán aportar su número de
teléfono móvil, una dirección de correo electrónico y su documento de identidad
con mención de la fecha de caducidad, así como aceptar las condiciones de alta
en el sistema Cl@ve.
Si por el contrario, el
contribuyente no desea incorporarse de momento al sistema Cl@ve, podrá
solicitar su PIN a los efectos de realizar trámites electrónicos exclusivamente
con la Agencia Tributaria. .Adicionalmente, Cl@ve está
preparada para incorporar en el futuro, conforme se vayan integrando en el
sistema de reconocimiento transfronterizo de identidades electrónicas previsto
en la legislación europea, mecanismos de identificación de otros países de la
Una cosa es el Fiscal
General del Estado, que es nombrado directamente por el Gobierno y otra cosa
muy distinta es la Fiscalía o Ministerio Fiscal, que es un órgano constitucional integrado
funcionalmente en el Poder Judicial y que tiene encomendada la defensa de la
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por
la Ley. En definitiva es el Ministerio Público, y por tanto se debe de entender
que los Fiscales han de tener independencia de criterio para perseguir una
Consecuencia de esa
independencia, tras el anuncio del Fiscal General del Estado de que iba a dar
instrucciones para formular querella contra los dirigentes de la Generalitat
catalana por esa ilegal consulta que realizaron el 9 de Noviembre, la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia catalán consideró que esa instrucción era
improcedente, ya que no encontraba indicios de delito y por esa causa decidió
no aceptar la orden de su superior jerárquico. Ante esta situación, el Fiscal
General, al no considerar satisfactorias las razones alegadas, recurrió al
artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y reunió a la Junta de
Fiscales de Sala que se manifestó prácticamente por unanimidad, favorable a la
interposición de la querella.
Es cierto que el Fiscal
General del Estado es nombrado directamente por el Gobierno y que por tanto
cabría pensar, que seguía instrucciones del mismo para iniciar acciones legales
contra el Sr Mas y su gobierno de la Generalitat catalana, pero, como se ha
podido ver en este caso, la Fiscalía, aunque finalmente haya decidido conforme
a lo que le interesaba al Gobierno, lo ha hecho de modo autónomo, basándose en
los procedimientos legales establecidos
y no en criterios políticos. Es verdad que ha habido discrepancias entre la fiscalía catalana y la Junta de
Fiscales, pero eso no debe de sorprender a nadie, ya que el derecho no es una ciencia matemática y por eso todos
los días, en los Tribunales se ven sentencias que son recurridas a Tribunales
superiores que las invalidan en todo o en parte. Es por eso que, para evitar
indefensión por errores o defectos en las primeras instancias, los ciudadanos
pueden recurrir en apelación a instancias superiores. Lo que sí ha quedado patente
en este conflicto, es que una cosa es el Fiscal General del Estado que puede
dar instrucciones bajo criterios políticos y otra muy distinta es el Ministerio Fiscal que ha de actuar bajo
criterios jurídicos. Es posible y yo lo pienso así, que la Fiscalía catalana
ciertamente actuó de modo correcto siguiendo su procedimiento estatutario, y
mantuvo un criterio opuesto al Fiscal General, probablemente influenciada por
las presiones ambientales que hay en Cataluña, que pesaron más que la lógica
jurídica, lógica que sí utilizó la Junta de Fiscales que, al estar alejada de
Cataluña, quizá no sintió esa presión ambiental y pudo ser más objetiva. El resultado final es que,
hoy, siguiendo el procedimiento estatutario establecido, la Fiscalía ha
presentado querella contra el Sr. Mas y otros dirigentes del gobierno catalán,
por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, desobediencia
y obstrucción a la justicia. No hacía falta ser jurista para adivinar que todo
ese montaje y ese juego trilero, para bordear e incluso saltarse directamente
la legalidad, para con todo tipo de estratagemas y argucias y de modo
absolutamente unilateral, llegar a esa ridícula consulta, tarde o temprano,
terminaría chocando con la ley.
A mi juicio, la querella
presentada hoy, ya no obedece a una voluntad política. Obedece a la autoridad
jurídica, no del Fiscal General del Estado, sino del Ministerio Fiscal. Ahora
le toca el turno a los jueces que, confío, en esa justicia imparcial,
terminarán sentando al Sr. Mas y a los miembros de su gobierno, en el banquillo
seria desafección política que hay entre los ciudadanos, hartos de tanta
corrupción, privilegios de los políticos, despilfarros, promesas electorales
incumplidas y alejamiento del votante, se ha creado un caldo de cultivo que ha
provocado la irrupción con mucha fuerza, del partido populista “Podemos”. Este partido no llega por casualidad, llega
por la crisis de nuestro actual sistema político. Ante este nuevo escenario que se avecina, el
debate de izquierdas o derechas va perdiendo peso y debería de dar paso a otro
debate: Populismo o democracia (inspirada ya, desde muy antiguo en los griegos
Sócrates y Aristóteles).
Es incuestionable que hoy,
cualquier ciudadano está viendo los serios defectos de nuestro estado
democrático. Mientras que en nuestra democracia, aunque imperfecta, aparecen
corrientes políticas que tratan de atacar y combatir los problemas que tenemos,
rescatando las instituciones, curando sus enfermedades y haciéndolas
respetables, el populismo tratará de desmantelarlas, perseguirá introducir
cambios constitucionales profundos y legislará para adecuar esas instituciones
a los deseos de los líderes populistas y no de los ciudadanos. Tenemos pruebas
más que suficientes en algunos estados sudamericanos y en los antiguos sistemas
Conforme a nuestra
Constitución, tenemos unos derechos
fundamentales inalienables, cuales son el derecho a la vida, que impide que
podamos ser sometidos a penas o tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la
libertad que nos permite expresarnos y actuar por iniciativa propia respetando
la ley y el derecho ajeno, o el derecho a la propiedad privada que impide que
nadie nos pueda privar de nuestros bienes y derechos. Estos tres derechos
fundamentales que nuestra Constitución recoge, conviven plenamente entre
nosotros, sin que con ellos impidamos o prohibamos el derecho de los demás.
Tenemos también otros derechos cuales son la salud, la educación, la
alimentación o vestido y algunos otros derechos más que los ciudadanos exigimos
en un estado del bienestar. El problema de estos derechos en su conjunto es
que, para alcanzarlos, quizá se requiera la renuncia previa de otros que tienen
más, para alcanzarlos. Y, es precisamente aquí, en estos derechos, donde los
regímenes populistas o totalitarios intervienen.
Independientemente de que en
democracia podamos tener ideologías liberales o socialdemócratas, cuando se
trata de dar derechos a los ciudadanos, inmediatamente tendremos que
preguntarnos de dónde los vamos a sacar y con qué recursos los vamos a pagar y
además de eso tendremos que establecer la normas legales correspondientes,
porque, si esto no quedara regulado, los ciudadanos, inmediatamente van a
encontrar la respuesta en los líderes populistas.
Ahora, en España, el
populismo está surgiendo porque sus líderes están jugando con el desaliento y
el cabreo de los ciudadanos y para ello están prometiendo lo que no pueden
cumplir porque técnica y económicamente, es imposible. Se están aprovechando
del desasosiego de los españoles para, dejando a un lado toda razón y lógica en
la toma de decisiones políticas, influyen para imponer bajo el paraguas de una
utopía, una clara dictadura. No hay que
ser muy listo para adivinarlo. Ya de muy antiguo, los griegos definieron tres
tipos de gobierno: Las monarquías que degeneraban en dictadura. Otro tipo eran
los grupos de castas aristocráticas que degeneraban en oligarquía. El tercer
tipo era la democracia donde todos gobernaban y que degeneraba en demagogia.
Estos antiguos griegos vieron que la república era la respuesta porque podía
aglutinar estos tres sistemas: Un monarca en forma de presidente, una
aristocracia o casta en forma de parlamento y una democracia como el vínculo y
la vía de comunicación. Esos griegos eliminaron esos vicios agrupando los tres tipos y a partir de ahí
crearon estas instituciones democráticas que llegaron a nuestros días. Son precisamente esas instituciones las que
el populismo está dispuesto a destruir.
Cámaras de Representantes, Parlamento y Senado, ya no se intercambian ideas
aplicando lógica y razonamientos, ya no se argumenta fundadamente. Se limitan a
atacarse unos a otros con el tú eres malo, y tu más. El ciudadano percibe esto
todos los días en los medios de comunicación y entonces aparecen los populistas
que aprovechándose de esas debilidades, anulan toda la razón y toda la lógica,
levantan pasiones y eliminan los argumentos. ¿Qué hay que hacer entonces? Los
políticos demócratas que se van generando en los nuevos partidos minoritarios,
tienen que volver a levantar la pasión por el intercambio de ideas y de
conocimientos, y tienen que poner en primer lugar a los ciudadanos, porque otra de las cosas que pretende el
populismo es anular la dignidad de las personas, hacer creer que las personas
no son dignas de gestionar su propia vida y sus propias ideas y que por tanto
necesitan de un líder que los maneje.
El populismo desea tanto a
los pobres que en vez de eliminar la pobreza, los multiplica, sencillamente
porque al multiplicar la miseria, recibe más votos ofreciéndoles limosnas. De
otra parte, si se elimina la constitucionalidad como pretenden los populistas,
crecerá aún más la corrupción de otro signo. El mensaje populista es: tú estás
mal porque otro está bien, pero oculta que cuando una persona consigue riqueza
no impidiendo a otro que la consiga, los estados y las economías mundiales
avanzan. Y para conseguir que todos avancemos con más riqueza se necesitan
instituciones democráticas, se necesita seguridad jurídica y se necesita un
sólido estado de derecho. Y esto a los populistas no les gusta nada porque
entonces su discurso queda vacío. Publicado por
gran coalición PP PSOE cada vez está más cerca.
En todos estos treinta y
seis años desde transición democrática, sólo antes, en una sola ocasión, el PP
había dado su apoyo al PSOE, para que este gobernara en el País Vasco. Se
pretendía en aquel acuerdo hacer un frente común para, legítimamente, impedir
el avance del nacionalismo vasco, que pactaba con los abertzales radicales
socios de ETA. En ese momento, a mí me pareció bien ese apoyo que tenía sentido
de estado y que perseguía frenar al radicalismo.
Ayer, por segunda vez, el PP alcanza un pacto
inédito con el PSOE, apoyando en Asturias los presupuestos del Principado para
el 2015. El problema de este pacto es que ya no se llega a él por puro sentido
de estado, como había ocurrido en Euskadi. Ahora se pacta por otros
inconfesables intereses partidistas. Vengo sosteniendo desde hace bastante
tiempo que, como consecuencia de la seria desafección de los ciudadanos, hartos
de tanta corrupción, privilegios de los políticos, despilfarro, promesas incumplidas y
alejamiento del votante, ha surgido con una fuerza inusitada el populista
Podemos, al tiempo que avanzan a mucha
velocidad los partidos moderados de Ciudadanos y UPyD así como el de
derechas Vox. La aparición de estos
nuevos partidos hace que en todos los sondeos se vea que el bipartidismo está
en un serio peligro de desaparecer y que sus mayorías parlamentarias en las
Cámaras ya no van a ser posibles.
Ante ese peligro que les
acecha, estoy convencido que los
partidos mayoritarios PP PSOE, terminarán alcanzando una coalición, para protegerse y hacer frente común frente a
la irrupción de los nuevos partidos que pueden desestabilizar su hegemonía. De
este modo, volverían a quedar blindados y a persistir en esa nefasta
partitocracia y politocracia que lamentablemente nos ha llevado a lo que todos ya conocemos y que no voy
a comentar aquí para no resultar redundante.
Si como imagino que va a
ocurrir, esa gran coalición PPPSOE se va producir, para que de ese modo puedan
seguir manipulándonos, como han hecho hasta ahora ¿qué podemos hacer en las
próximas elecciones? Creo que las opciones de voto van a estar focalizadas en
esa gran coalición que se avecina, en el populista Podemos, o en las opciones
moderadas que representan Ciudadanos o UPyD. Yo diría a las personas que decidan orientar
su voto a PPPSOE, que lo que van a conseguir es más de lo mismo. Incluso provocando una situación aún más grave, ya
que al no tener contrincantes políticos de peso, incrementarían la opacidad
interna, se meterían más en su coto privado y la distancia con los ciudadanos
sería aún mayor. (Las consecuencias de todo esto, tristemente, las estamos
sufriendo). Diría a las personas que
decidan orientar su voto a Podemos, que van a dar su apoyo a un partido
totalitario y populista, que si bien es cierto que hacen un adecuado
diagnóstico de la situación política actual y que yo comparto en gran
parte, se equivocan en las recetas a
aplicar para curar al enfermo y que probablemente, si gobernaran, nos llevarían
a que en vez de muchos, todos los ciudadanos españoles termináramos enfermos.
Sólo hay que mirar a Venezuela, Cuba o a la antigua URSS para ver a lo que
conducen esos totalitarismos radicales de izquierdas. O igualmente, a lo que
han conducido los totalitarismos de derechas. Concluiría por tanto que, a mi
juicio, la mejor opción, es votar a partidos moderados de centro, como
Ciudadanos, que aún no están contaminados, que tienen un diagnóstico correcto
del problema (casi lo comparten con Podemos) y que tienen unas recetas
técnicamente más adecuadas y más correctas en democracia, para llevar esta país adelante. Así que, amigo lector, esté
usted preparado para lo que se avecina. Ayer, nuevamente, en Asturias se ha
iniciado la reconquista, pero en este caso no es la reconquista de Don Pelayo,
para salvar a España del peligro musulmán. Ahora se está iniciando por parte de
los dirigentes del PPPSOE, la reconquista o la defensa a ultranza del
bipartidismo para de ese modo poder aniquilar a sus adversarios políticos y
seguir sustentándose en el poder, defendiendo sus privilegios, apoyándose en
las oligarquías financieras y económicas, tapando a los corruptos, y haciendo
de España su corralito particular. La
gran coalición se ha iniciado ayer en Asturias. Es el primer paso para
conseguir su objetivo final.
Frente a los insoportables niveles de corrupción que tenemos y que tras el
paro, constituyen (según las últimas encuestas del CIS), la preocupación más importante de los
españoles, sale a la palestra la señora Cospedal y dice que el PP ya no puede
hacer más contra la corrupción, que ellos no pueden meter a los corruptos en la
Esta afirmación resulta indignante al igual que resulta también indignante,
ver como todos los políticos manejan el “y tú más” para justificarse. Pero
ninguno, en ningún momento habla de lo verdaderamente importante que es
independizar y reforzar la Justicia con mayúsculas. Claro que ya sé que a
ningún político le interesa una justicia imparcial, independiente y con medios,
porque entonces muchos de ellos terminarían sentados en el banquillo de los
Una justicia despolitizada, imparcial, dotada de medios personales y
materiales suficientes y un sistema procesal y penal moderno, son los elementos
clave para luchar contra la corrupción y para regenerar nuestra maltrecha
democracia. Para esto hay que pedir a todos los políticos del arco parlamentario
que se pongan manos a la obra, de modo urgente, para llegar a un gran pacto de
estado que lleve a una reforma integral de la Administración de Justicia.
El primer paso para alcanzar la despolitización y llegar a la imparcialidad
e independencia, es reformar la Ley
Orgánica del Poder Judicial, de modo que todos los cargos tanto del Consejo
General, como del Tribunal Supremo, o de los Tribunales Superiores de Justicia,
sean elegidos por los propios jueces y no por su adscripción política a uno u
otro bando, sino por su trayectoria profesional, sus capacidades y su
experiencia. Lo mismo ocurre con una Fiscalía actualmente jerarquizada y
dirigida por un Fiscal General del Estado elegido por el propio gobierno. Al
igual que los jueces, el Fiscal General debería de ser elegido por los
fiscales. Esta reforma del poder judicial debe de pasar también por una
reestructuración de las actuales demarcaciones judiciales creadas en 1834 y que
siguen vigentes prácticamente sin ningún cambio, así como por la
flexibilización de las dotaciones y adscripción de jueces para evitar los
desequilibrios que actualmente hay en las cargas de trabajo, y que llevan por ejemplo, a que en la
Audiencia Nacional, haya unos pocos magistrados soportando sobre sus espaldas
todos los casos de corrupción más graves. O que sólo la juez Alaya en
Andalucía, tenga que asumir ella sola, sobre sus espaldas, todo el proceso de
El segundo paso es introducir reformas legislativas de calado, como son una
nueva ley de enjuiciamiento criminal y
un nuevo código penal, que permitan combatir las modernas formas de
criminalidad que hoy tenemos y que no se pueden combatir con una legislación
que nos viene de finales del siglo XIX. Sin
duda alguna, estas medidas legislativas y alguna otra, agilizarían los procesos
complejos como los de la corrupción. Una justicia ágil y rápida es una
verdadera justicia. Dentro de estas reformas de calado habría que reducir
también el número de aforados. El aforamiento tiene que estar limitado sólo a
los delitos cometidos en el ejercicio de un cargo. El tercer paso es centralizar todo el sistema judicial con una única cadena
de mando, para evitar la atomización que
actualmente existe. No es entendible que en este momento, haya un Ministerio de
Justicia del que dependen jerárquicamente los secretarios judiciales y los
fiscales, un CJPJ del que dependen los jueces, y trece comunidades autónomas
con competencias asumidas en materia de justicia y de las que dependen los
diferentes funcionarios adscritos a los cuerpos de gestión y tramitación
procesal, así como de todos los medios materiales puestos a disposición de los
tribunales. Esta descentralización nos lleva a unas comunidades autónomas como
por ejemplo el País Vasco, que da a la justicia unos medios materiales modernos
a unos sistemas informáticos fiables o a unas dotaciones de funcionarios
adecuadas, o a otras como Asturias donde las sedes judiciales están dispersas,
donde muchas de ellas están ubicadas en una comunidad de vecinos, donde tienen
equipos y programas informáticos obsoletos y donde a veces hasta no hay papel
para las fotocopiadoras. Por último, el cuarto paso es hacer que la Policía Judicial o ciertas
unidades de la Agencia Tributaria, dependan y queden adscritas y bajo el
control de jueces y fiscales, para evitar las interferencias jerárquicas del
poder político. Igualmente hay que reestablecer y dotar nuevamente de
competencias a los miembros de la intervención general del estado, así como a
los secretarios e interventores municipales, para que puedan realizar libre y
profesionalmente, sus labores de intervención y control.
En definitiva, a mi juicio, con estos cuatro pasos explicados a grandes
rasgos, se podría conseguir el fortalecimiento del poder judicial, necesario
para combatir la corrupción y para contribuir con ello a la regeneración
democrática. Ya sé que en este momento y en la legislatura actual, no hay
tiempo material para introducir estas reformas, pero, al menos, se impone que
esos políticos y esos partidos acosados por la corrupción, hagan un frente
común, y declaren públicamente que han llegado a un Pacto de Estado para
reformar íntegramente la justicia. Si
siguen refugiándose en el cascarón y no afrontando la reforma, igual llega
“Podemos” para echarlos a patadas. Y a partir de ahí, que Dios nos pille