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Timestamp: 2016-02-11 00:15:04
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Página de inicioAboutCamaron+vitamina C=veneno mortalconvenios 98 y111 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT)Reflexiones sobre el nuevo sistema de seguridad social.
convenios 98 y111 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT)
LOS CONVENIOS 98 (Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva) y 111 Discriminación (empleo y ocupación).
La Constitución venezolana de 1999 contempla la preeminencia de los derechos humanos, al establecer que “los tratados, pactos y convenios relativos a (éstos), suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno…y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público” (Art. 23), y también aparece previsto que toda persona debe promover y defender los derechos humanos como fundamento de la “convivencia democrática y de la paz social” (Art. 132).
En este estudio se ha considerado, que los Derechos Fundamentales en el Trabajo tienen base en la Declaración OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998), y en este sentido son: a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; b) y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Los derechos fundamentales en el trabajo en Venezuela, están regidos por los siguientes Instrumentos Normativos.
En Venezuela existen instrumentos normativos generales y específicos, orientados a garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores. En este sentido pueden enumerar los siguientes:
a) Constitución Nacional (1999):
b) Ley Orgánica del Trabajo (1990, reformada en 1997);
c) Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (2006):
d) Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente (1998);
e) Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (1999)
A su vez, el país ha suscrito y según el caso, ratificado los siguientes instrumentos internacionales relacionados con derechos económicos, sociales y culturales, a saber:
a) Declaración Universal sobre Derechos Humanos (ONU, 1948);
b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1978);
c) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, OEA, 1977);
d) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador, 2005);
e) Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1990);
f) Carta Democrática Interamericana (OEA, 2001).
Por otra parte, la República Bolivariana de Venezuela propuso en el año 2005, ante la Asamblea General de la OEA, la Carta Social de las Américas, orientada por el propósito de un nuevo orden económico y social para América Latina y el Caribe, que comprende los aspectos siguientes: 1) Derechos Sociales Fundamentales; 2) Derechos Comunitarios; 3) Derechos Económicos; 4) Derechos Culturales; 5) De los Pueblos Indígenas; 6) Medios de Protección; y 7) Disposiciones Finales.
Es importante destacar que el Estado Venezolano asume ante sus nacionales y la comunidad internacional, un gran compromiso en cuanto a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, y dentro de éstos los derechos fundamentales en el trabajo, ya que ha suscrito y ratificado todos los instrumentos en la materia, y dispone en su derecho interno, de instrumentos bajo esa orientación.
Con respecto a las garantías normativas, están todos los aspectos anteriores en el ordenamiento venezolano, y así la Constitución Venezolana de 1999 dispone sobre la protección de los derechos humanos, en los siguientes términos: “El Estado garantizará a toda persona, conforme el principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen” (Art. 19).
En cuanto a las garantías jurisdiccionales, la Constitución Venezolana de 1999 prevé las garantías judiciales y administrativas sobre el debido proceso (Art. 49) y define la competencia de la Jurisdicción Constitucional, que cuenta con una Sala específica en el Tribunal Supremo de Justicia, que se le determina como máximo intérprete del alcance de las normas y principios constitucionales (Art. 335) y conoce del procedimiento de la acción de amparo constitucional, en los distintos grados de jurisdicción (Art. 27). También está prevista la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con competencia para anular los actos administrativos generales o individuales “contrarios a derecho, incluso por desviación de poder” (Art. 259), con la interposición de los recursos pertinentes.
Por otra parte, se concibe una Jurisdicción Laboral autónoma y especializada (Disposición Transitoria Cuarta, Numeral 4 CN y Art. 1 LOPT). Bajo esa orientación funciona el Circuito Judicial Laboral, conformado por Tribunales que bajo los regímenes de transición (asuntos iniciados antes de vigencia de la nueva Ley) o el nuevo régimen, en aplicación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2002), tramitan, sustancian y deciden todos los conflictos laborales jurídicos o de derecho, porque los conflictos económicos o de intereses, así como asuntos relacionados con la estabilidad absoluta de los trabajadores, corresponden a los órganos de la administración del trabajo.
Con relación a las garantías institucionales, en la Constitución Venezolana de 1999 está previsto el control por parte de la Asamblea Nacional, órgano del Poder Legislativo Nacional, sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional (Numeral 3, Art. 187 y Art. 222). A su vez, se reconoce en la Carta Magna la iniciativa legislativa popular (Numeral 7, Art. 204).
Sobre la Libertad Sindical y Negociación Colectiva el ordenamiento jurídico nacional destaca en este sentido lo previsto en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Trabajo, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y las leyes aprobatorias de los Convenios afines (Convenio 87 sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación, G.O. No. 3.011 de fecha 3-09-1982 y Convenio 98 sobre Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, G.O. No. 28.709 de fecha 22-08-1968).
En primer orden, es importante destacar que la Constitución es ley posterior (diciembre 1999), y no se encuentra en todos sus aspectos en armonía con los otros instrumentos citados. Por su parte, el Reglamento de la LOT incluso regula situaciones no previstas en la LOT (Ej. en materia de derechos colectivos de los trabajadores, el reconocimiento de los grupos o coaliciones de trabajadores y los acuerdos colectivos de trabajo, entre otros).
La Constitución Venezolana de 1999 presenta innovaciones en cuanto a derechos colectivos de los trabajadores, en lo siguiente:
a) los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales, deben establecer la alternabilidad de los integrantes de las directivas y representantes, mediante el sufragio universal, directo y secreto, para el ejercicio de la democracia sindical (Art. 95);
b) la ley debe establecer sanción para los integrantes de las directivas y representantes sindicales, que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical, para su lucro o interés personal (Art. 95);
c) la obligación de los integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales, de hacer declaración jurada de bienes (Art. 95);
d) se reconocen en forma amplia los derechos colectivos a los trabajadores del sector público (Arts. 95 al 97);
e) dispone entre las funciones del Poder Electoral: “Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley…” (Art. 293, Numeral 6). Así, la Ley Orgánica del Poder Electoral dispone dentro de la competencia del Consejo Nacional Electoral, organizar las elecciones de sindicatos (Art. 33, Num. 2).
Existe un Proyecto de Reforma de la LOT aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional (17-06-2003), que comprende diversos aspectos, y uno de los fundamentales está relacionado con la reforma del régimen de cálculo de la prestación de antigüedad, que constituye una exigencia constitucional (Disposición Transitoria Cuarta, Numeral 3). En este sentido el nombrado órgano legislativo se encuentra en mora con la aprobación correspondiente, ya que en la Constitución se previó al efecto debía cumplir dentro del primer año de su instalación, y han transcurrido más de siete (7) años a la fecha.
Este Proyecto es considerado positivo en materia de derechos colectivos, porque entre otras, confiere rango supraconstitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, y entre éstos a las Convenios de la OIT, y atiende observaciones formuladas por órganos de la OIT como la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y el Comité de Libertad Sindical (CLS), particularmente en cuanto a modificación de artículos de la LOT que consideran menoscaban las libertades fundamentales de los trabajadores, por no encontrarse básicamente en armonía con los Convenios Nos. 87 y 98.
En la Declaración de 1998 relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, se trataron convenios como el Convenio 98 y 111.
1.- CONVENIO 98, nos refiere al Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva. En el mismo se plantean los siguientes puntos:
• Protección de los Trabajadores en Ejercicio del Derecho de Sindicación. ” Los trabajadores deberán gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con el empleo. Esta protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar al trabajador a la condición de que no se afile a un sindicato o que deje de ser miembro de éste, o despedirlo o perjudicarlo de cualquier forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en las actividades sindicales “.
• Protección de Las Organizaciones de Trabajadores y de Empleadores, Contra Actos de Injerencia de unas respecto de las otras. ” Las organizaciones de los trabajadores y los empleadores deberán gozar de la adecuada protección de todo acto de injerencia de una respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Se consideran actos de injerencia, principalmente, las medidas que tienden a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o el sostener económicamente, o de otra forma, organizaciones de trabajadores con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores “.
• Fomento de la Negociación Colectiva Voluntaria. ” El artículo 4° del Convenio establece que los países deberán adoptar las medidas, adecuadas a las condiciones nacionales, para fomentar y estimular entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por la otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntarios, con el objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones del empleo. El derecho de negociar libremente con el empleador las condiciones del trabajo, constituye un elemento esencial de la libertad sindical, y los sindicatos deberán tener el derecho, mediante la negociación colectiva, de tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus representados “.
• Este Convenio complementa el Convenio 87 y se refiere a las Relaciones entre los Trabajadores y Empleadores.
Este Convenio Nº 98 Sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1950, fue ratificado por Venezuela mediante la siguiente Gaceta Oficial: (Ratificación registrada el 09-06-1983; Gaceta Oficial Nº 3.170 Extraordinario del 11-05-1983): Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
Convenio OIT Nº 98 (Artículo 4 Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.) La libertad sindical, es el derecho de los trabajadores y los empleadores a organizarse en la forma que consideren más conveniente y sin previa autorización, para defender y promocionar, sus intereses, económico y sociales, así como ejercer la actividad sindical, bajo las pautas de nuestro ordenamiento jurídico vigente.
La libertad sindical supone que las organizaciones de trabajadores se constituyen con un objeto genérico y amplio, sin que resulte posible que la acción del Estado limite sus actividades. Esto implica que se entienda que el Estado restringe la libertad de constitución cuando limita las relaciones de las organizaciones sindicales con otras organizaciones o personas que también actúan en la sociedad o cuando se limitan ilegítimamente los fines para los cuales pueden constituirse las organizaciones de trabajadores. El Respeto al pluralismo sindical: de la libertad de constitución deriva una obligación también frente al Estado, de respeto al pluralismo sindical, entendiendo por ello la posibilidad que tienen los individuos de constituir sindicatos ” concurrentes “.
Una vez constituido el sindicato los trabajadores tienen derecho a afiliarse libremente al sindicato de su elección. Para obtener una adecuada garantía de la libertad de afiliación, se establece como la única condición admisible para el ingreso, que los trabajadores respeten los estatutos de la organización sindical a la cual desean afiliarse. La manifestación práctica estaría complementada por el señalamiento de que los estatutos sindicales no pueden contener condiciones o normas que discriminen ilegítimamente y/o hagan imposible el ingreso a la organización.
La libertad de afiliación se garantiza frente al empleador en dos direcciones específicas. En primer lugar en lo que se refiere a la contratación; se pretende con ello evitar que el empleador seleccione a sus trabajadores en virtud de su condición de no afiliados sindicales. En ese sentido, el ingreso a la empresa no puede estar condicionado por el hecho de que se pertenezca o no a una determinada organización sindical. Admitir tal posibilidad implicaría una lesión al derecho de libre afiliación sindical. En segundo lugar se garantiza que el empleador no ejercerá una discriminación en el trabajo producto de la afiliación o no afiliación del trabajador a una determinada organización sindical.
Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.”
La Constitución Nacional se ocupa en el Titulo III, denominado de los “Derechos Humanos y Garantías y de los Deberes” de todo lo referente a los derechos de los trabajadores en la normativa comprendida entre los artículos 87 hasta el 97. Específicamente, en cuanto a la Libertad Sindical se establece:
En tal sentido el artículo 293 establece: El Poder Electoral tiene por funciones: Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley. Así mismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus procesos eleccionarios.
Por su parte la cláusula transitoria octava dispone: Mientras no se promulguen las nuevas leyes electorales previstas en esta Constitución los procesos electorales serán convocados, organizados, dirigidos y supervisados por el Consejo Nacional Electoral.
En igual sentido se manifestó la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT al señalar que “consideraba necesaria la modificación legislativa del artículo 293 de la Constitución a efectos de eliminar la potestad otorgada al Poder Electoral, de organizar las elecciones de los sindicatos”. Asimismo, la mencionada Comisión de la OIT señaló que la ley orgánica del Poder Electoral, sancionada el 30 de octubre de 2002, contenía disposiciones que no eran compatibles con las disposiciones del Convenio N° 87, como por ejemplo el artículo 33, que otorga competencia al Consejo Nacional Electoral para organizar las elecciones de los sindicatos, para proclamar a los candidatos electos, conocer y declarar la nulidad de la elección, conocer los recursos y resolver, así como las quejas y reclamos.
Al respecto la Comisión de expertos expresó:
” La Comisión recuerda una vez más al Gobierno que la reglamentación de los procedimientos y modalidades de la elección de dirigentes sindicales debe corresponder a los estatutos sindicales y no a un órgano ajeno a las organizaciones de trabajadores “. En estas condiciones, la Comisión solicita al Gobierno que tome medidas para modificar el artículo 293 de la Constitución de la República y la ley orgánica del Poder Electoral en lo que se refiere a su intervención en las elecciones de las organizaciones de trabajadores y que le informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada a este respecto. Asimismo, la Comisión de Expertos de la OIT ha cuestionado en reiteradas oportunidades determinadas normas de la ley Orgánica del Trabajo. Concretamente, ha señalado que podrían plantear problemas de incompatibilidad con respecto a la aplicación del Convenio N° 87 referente a la libertad sindical, fundamentalmente las siguientes disposiciones:
-. La exigencia de un período de residencia demasiado largo (de más de 10 años) para que los trabajadores extranjeros puedan formar parte de la junta directiva de un sindicato (artículo N° 404);
-. La enumeración demasiado extensa y detallada de las atribuciones y finalidades que deben tener las organizaciones de trabajadores y de empleadores (artículos N° 408 y 409);
-. La exigencia de un número elevado de trabajadores (100), necesario para formar sindicatos de trabajadores no dependientes (artículo N° 418);
-. La exigencia de un número elevado de empleadores (10), para constituir un sindicato de patronos (artículo N° 419).
Asimismo en la Ley Orgánica del Trabajo en su sección Octava, Capítulo II, del Título VII, regula todo lo referente a las Federaciones y Confederaciones. En este mismo orden de ideas tenemos también el Derecho a Federarse, Confederarse y afiliarse a Organizaciones Internacionales.
El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo en su TITULO III de la LIBERTAD SINDICAL en su Capítulo I prevé sobre las Disposiciones Fundamentales sobre la Libertad Sindical en sus Arts. 112,113,114,115 y 116, a saber sobre la definición, contenidos esenciales, sujetos colectivos, representatividad y articulación de la negociación colectiva. El Derecho se Sindicación previsto en el Art.117 del mismo Reglamento prevé: ” En ejercicio de la Libertad sindical, trabajadores y trabajadoras o patrones y patronas podrán constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimaren convenientes “.
El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo en su Sección Quinta del Referéndum Sindical prevé en sus artículos: 191: ” Cuando fuere necesario constatar la representatividad de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, por motivo de negociación o conflicto colectivo de trabajo, el Inspector o Inspectora del trabajo organizará un referéndum en los términos previstos en la presente Sección “; Artículo 192.- Información a los interesados o interesadas: ” El Inspector o Inspectora del trabajo convocará a las organizaciones sindicales involucradas, al patrono o patrona y demás sujetos interesados, a los fines de informarles acerca de los deberes que deben observar, de la oportunidad en que se realizará el referéndum y de las normas que rigen este proceso “. Artículo 193.- Deberes del patrono o patrona: ” El patrono o patrona, con ocasión del proceso de referéndum deberá: a) Brindar a los trabajadores y trabajadoras las facilidades requeridas para participar en el proceso, siempre que éste no afecte el normal desenvolvimiento de la actividad productiva; b) Garantizar la protección de las personas que participen en el referéndum; y c) Remitir al Inspector o Inspectora del trabajo la nómina de sus trabajadores y trabajadoras, con exclusión de los empleados y empleadas de dirección y de los trabajadores y trabajadoras de confianza “.
Si la determinación de la representatividad involucrare a dos (2) o más organizaciones sindicales, el referido incumplimiento patronal comportará la imposición de las indicadas sanciones y la ejecución de un proceso de verificación del apoyo de los trabajadores y trabajadoras a las organizaciones sindicales interesadas. A estos fines, el Inspector o Inspectora del trabajo consultará a los trabajadores y trabajadoras, garantizando la confidencialidad, en las horas de entrada y salida del lugar de trabajo. Y el Artículo 194.- Prohibición de injerencias: ” Los sujetos interesados en el proceso de referéndum, deberán prestar colaboración a los funcionarios y funcionarias del Ministerio del trabajo que participaren en él, abstenerse de ejercer injerencias indebidas y acatar sus resultados “.
Las Negociaciones constituyen la manera diplomático pacifico de gestionar la resolución de un conflicto de naturaleza laboral. En Venezuela la legislación establece que esta vía debe agotarse antes de proceder a entrar a otras etapas de conflicto. El Objeto de la negociación colectiva tendrá por finalidad la regulación de las condiciones de trabajo en sentido amplio y demás aspectos vinculados con las relaciones laborales, el establecimiento de medios para la solución de los conflictos y, en general, la protección de los trabajadores y de sus familias, en función del interés colectivo y del desarrollo económico y social de la Nación.
En el Capítulo III del mismo TITULO III, prevé el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, todo lo concerniente a la Negociación Colectiva ya sea a Nivel Centralizado (Sección Primera); Nivel Descentralizado (Sección Segunda); y en el Sector Público (Sección Tercera), estos niveles los podemos identificar así:
Nivel Centralizado: Reunión Normativa Laboral: Nacionales, Regionales (Ministerio del Trabajo Inspectoría Nacional) y Locales (Inspectoría de la Jurisdicción).
Nivel Descentralizado: Locales o Estadales. Convenciones Colectivas (Sindicato) y Acuerdos Colectivos (Coalición de Trabajadores).
Negociación Colectiva en el Sector Público: (Rol protagónico del Ministerio del Trabajo a través del Procurador General de República). Puede ser a nivel Centralizado y Descentralizado.
Las Organizaciones Sindicales en Venezuela afrontan el reto de reconquistar y ampliar derechos laborales y recuperar la representatividad sindical autónoma ante los otros actores de la sociedad. Lograr la libertad sindical plenamente es la garantía de los trabajadores para defender sus derechos, en Venezuela las Organizaciones Sindicales han constatado:
1.- Hemos constatado que durante años hemos convivido con una legislación que contiene restricciones a la libertad sindical; 2.- Que existen prácticas contrarias a la actividad sindical por parte del Estado, los Patronos y de las propias Organizaciones Sindicales; 3.- que se han profundizado tales prácticas, tanto con nuevas normas, como con una política anti sindical de Estado, como por ejemplo mora electoral, discriminación política y el instructivo del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo para la Contratación Colectiva. 4.- Existe una congelación de los recursos económicos a las cotizaciones de los afiliados a las Organizaciones Sindicales no oficialista por parte del patrono; 5.- Que el gobierno viola el derecho de propiedad de sedes de las Organizaciones Sindicales; 6.- Ante atentados contra la vida de Dirigentes Sindicales y trabajadores constatamos indolencia e impunidad por parte del Estado Venezolano por lo que se exige investigaciones eficientes y castigo a los culpables; 7.- Que el gobierno y sectores privados fomentan y promueven modelos laborales que flexibilizan la relación de trabajo: falsas cooperativas y fraude laboral; 8.- Que la lucha por reivindicar la libertad sindical demanda la urgente unificación sindical a fin de fortalecer las organizaciones de los trabajadores; 9.- Que existe un estado de indefensión permanente ante la violación de los contratos colectivos en Venezuela; 10.- Que es preocupante la ausencia de la unidad sindical en defensa de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo (O.I.T 1948) y de forma prioritaria del derecho de Libertad Sindical y Negociación Colectiva.
2.- CONVENIO 111 tiene como Objetivo: Promover la Igualdad de Oportunidades y de Trato en Materia de Empleo y de Ocupación con Objeto de eliminar toda Discriminación.
Eliminación de Discriminación en Empleo y Ocupación.
La base normativa en Venezuela está definida por los instrumentos que se han considerado, a saber: Constitución Nacional (CN), Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT), y se adiciona como instrumento específico la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (LIOM). Consideramos también las leyes aprobatorias de los Convenios ratificados (Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y Femenina por Trabajo de Igual Valor, G. O. No. 2.850 de fecha 27-08-1973 y Convenio 111 sobre Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, G.O. No. 27.609 de fecha 3-12- 1964) y la Ley aprobatoria de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (G.O. No. 3.074 de fecha 16-12-1982).
En Venezuela, podríamos considerar todo un régimen jurídico del trabajo femenino, que además comprende normas contenidas en la Ley del Seguro Social, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia y la misma LOPNA.
El Proyecto de Reforma de la LOT también establece en este sentido, ampliando la prohibición sobre razones de discriminación en las condiciones de trabajo, y así dispone: “se prohíbe toda discriminación…basada en edad, sexo, raza, color, estado civil, ubicación geográfica, credo, filiación política, filiación o actividad sindical, condición social o ascendencia nacional…” (Art. 26, Informe del Proyecto de Reforma de la LOT para su Segunda Discusión).
El punto de partida está en la Constitución Venezolana de 1999, cuando dispone: “Todas las personas son iguales ante la Ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona…” (Art. 21).
La LIOM enfatiza sobre el principio de igualdad y la no discriminación contra la mujer, la formación igualitaria de los ciudadanos y dispone sobre derechos laborales, políticos y sindicales de la mujer.
La nombrada Ley refiere que el derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación contra la mujer implica “la eliminación de obstáculos y prohibiciones, originados con motivo de su condición femenina…” (Art. 5) y también especifica sobre lo que a los efectos de esa Ley se entiende como “Discriminación contra la Mujer”, señalando entre éstos “el vacío o deficiencia legal y reglamentaria, de un determinado sector donde intervenga la mujer, que obstruya o niegue sus derechos” (literal c, Art. 6).
Con relación a la formación igualitaria de los ciudadanos, se dispone sobre la obligación del Estado de proveer los instrumentos para este efecto, y los deberes que asume el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en ejecución de ese principio (Arts. 8 y 9).
En cuanto a este aspecto de la formación de los trabajadores, es interesante destacar lo revelado por Reyna McPeck, presidenta de la ONG Voces Vitales de Venezuela, quien señala “es más eficiente invertir en la formación de mujeres” (IESA, 2005b: 40). Para hacer tal aseveración, la nombrada destaca que la participación de la mujer venezolana en posiciones de poder y responsabilidad, en los más diversos ámbitos, es hoy un hecho innegable. También refiere que en el país las mujeres tienen muchísimas más oportunidades que en otras partes del mundo, y que a ellas les resulta “más fácil la comunicación cuando se presentan conflictos y cuando hay que tomar decisiones de negocio” (IESA, 2005b: 43).
Por otra parte, la LIOM desarrolla sobre derechos laborales de la mujer y en otro capítulo, derechos políticos y sindicales. De esta manera, se persigue la igualdad de acceso a “todos los empleos, cargos, ascensos, oportunidades y a idéntica remuneración por igual trabajo” (Art. 11), y se enfatiza la obligación del Estado en velar por la igualdad de oportunidades en el empleo. También se dispone sobre la protección de la maternidad, que ampliamente desarrolla la LOT y su Reglamento. En materia sindical, se establece sobre la participación de la mujer en igualdad de condiciones, con los demás integrantes de las asociaciones (Art. 18).
Los Estados que ha ratificado el Convenio se comprometen a alcanzar la finalidad básica de la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato mediante una política nacional cuyo propósito sea eliminar todas formas de discriminación en el empleo y la ocupación. Recomendación 111 sobre Discriminación (empleo y ocupación), 1958.
Nuestro país suscribió el Convenio Nº 111 Sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958, mediante la Gaceta Oficial: (Ratificación registrada el 03-06-1971; Gaceta Oficial Nº 27.609 del 03-12-1964): Los gobiernos se obligan a formular y a llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar toda forma de discriminación a este respecto. [Recomendación N° 111 sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958].
El Consejo de Administración de la OIT ha identificado estos convenios como fundamentales para garantizar los derechos de los seres humanos en el trabajo, con independencia del nivel de desarrollo del país. Estos son considerados de especial importancia para el desarrollo social y económico. El reconocimiento de los derechos y principios que contienen estos convenios se consideran condición previa para la aplicación de otras NIT.
La Declaración de 1998, tiene su fundamento en la Constitución de la OIT y muy especialmente en el preámbulo. En consecuencia, la Declaración reafirma y subraya los principios constitucionales. Por eso, todo Estado, por ser Miembro de la OIT, tiene la obligación de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe estos derechos, independientemente de que el Estado haya ratificado o no los ocho convenios fundamentales.
Ya que el carácter de los Derechos fundamentales tienen que ver con: a) Acceso igualitario de todos los miembros de la sociedad a los servicios comunes. b) Derechos humanos o fundamentales como expresión “jurídica” de los valores esenciales de la comunidad; y c) Instrumento “justo” en la limitación del poder político.
Alrededor del 80% de los ingresos de las familias provienen del trabajo. El mercado de trabajo tiene por lo tanto un rol crucial para combatir la desigualdad y avanzar hacia la equidad. Las mujeres, indígenas, afro descendientes, jóvenes y discapacitados representan la mayoría de la población en los países Andinos. Sin embargo, son considerados “minoría”. La desigualdad en los patrones de inserción laboral y la discriminación que sufren mujeres, indígenas, afro descendientes, jóvenes y discapacitados contribuye a reproducir la desigualdad social, la pobreza y la exclusión social. Cada uno de estos grupos enfrenta desventajas específicas que se potencian entre sí.
El trabajo que se realiza en condiciones de: libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, es el que consideramos como Trabajo Decente. Es una vía cualitativa para reducir la pobreza. Sinónimo de trabajo productivo con: Protección de derechos. Ingresos adecuados con protección social apropiad. Pleno acceso a las oportunidades de obtención de ingresos.
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