Source: https://es.scribd.com/document/302725390/Libertad-de-Prensa-en-Espana-en-un-momento-de-cambio
Timestamp: 2019-02-22 14:36:10
Document Index: 352182813

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 36', 'artículo 20', 'Artículo 599', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 30']

Informe del Internacional Press Institute, en el que la PDLI ha participado, sobre el estado de la libertad de prensa en España.
Libertad de Prensa en España en un momento de camb...
Multa por el artículo 37.2 de la Ley de Protección de la Ley de Seguridad Ciudadana
Multa artículo 36.4 Ley protección seguridad ciudadana
PDLI at International Conference on Freedom of Expression in Doha
Pdli-propuestas de Enmiendas a La Proposición de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de La Comunidad de Madrid
Editor	Scott Griffen
Director de Programas de Libertad de Prensa del IPI
(CPJ, por sus siglas en inglés)
(EFJ, por sus siglas en inglés)
(IPI, por sus siglas en inglés)
Con la excepción de todas las fotografías, esta obra está bajo una licencia Creative Commons AtribuciónNoComercial 4.0 Internacional. El IPI quisiera agradecerle a la European Pressphoto Agency el uso de sus
fotografías en este informe.
En los encuentros con los representantes políticos se contó con asistencia de un intérprete y se tomaron notas
en inglés. Dado que este texto es una traducción de esas notas, las palabras exactas pueden variar ligeramente
respecto a las declaraciones originales en español.
Imagen de la portada: Manifestantes contrarios a la Ley de Seguridad Ciudadana se congregan cerca
de la réplica de la estatua de uno de los leones que hay frente al Congreso de los Diputados, la cámara baja del parlamento español, el 30 de junio de 2015. EPA/Alberto Martín
The production of this report was supported by a grant from the
Foundation Open Society Institute in cooperation with the Program
on Independent Journalism of the Open Society Foundations.
La reforma del Código Penal: «el pacto antiyihadista»
Los servicios públicos de emisión de radio y televisión
Otras cuestiones: Acceso a la información y publicidad institucional
Recomendaciones (IPI, CPJ, EFJ, PDLI)
Anexo: Partidos políticos en España y su representación en el Congreso
Comentario del experto: «La Ley de Seguridad Ciudadana y otras reformas
Profesora Katrin Nyman Metcalf, Cátedra de Derecho y Tecnología, Tallinn Law
School/Tallinn University of Technology
Comentario del experto: «Radiotelevisión pública y regulación audiovisual»
Stephen Whittle, Ex Director de Política Editorial de la BBC
Este informe presenta los hallazgos y las conclusiones de una misión internacional de alto nivel
en España llevada a cabo por el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) en junio de 2015. El
objetivo de la misión era trasladar las preocupaciones relacionadas con la libertad de prensa y de
expresión directamente a funcionarios y representantes de los partidos políticos españoles.
Los participantes de la misión internacional fueron:
Paco Audije, miembro del Comité de Dirección
de la Federación Europea de Periodistas (EFJ).
Scott Griffen, Director de Programas de
Libertad de Prensa del IPI.
Katrin Nyman Metcalf, Cátedra de Derecho
y Tecnología, Facultad de Derecho de Tallin/
Universidad Tecnológica de Tallin.
Ahmed Rashid, miembro de la Junta Directiva del Comité para la Protección de los
Martha Steffens, miembro de la Junta Ejecutiva del IPI.
Septhan Whittle, ex Director de Política
Editorial en la BBC.
Además, miembros de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI),
que, con sede en Madrid, es una amplia agrupación de abogados, periodistas, medios de comunicación, asociaciones de consumidores y académicos, también formon parte de la misión.
La misión de alto nivel fue la culminación de casi
un año de trabajo de la coalición internacional
liderada por el IPI cuyo objetivo era concienciar al
público de las amenazas que se ciernen sobre la
En septiembre de 2014, nueve asociaciones civiles
escribieron al Comité de Derechos Humanos de
la ONU pidiendo que se tuvieran en consideración estas amenazas en la revisión periódica del
cumplimiento de España con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Posteriormente, en diciembre de 2014, se envió a
España una misión internacional para verificar los
hechos. Mientras esta duró, se llevaron a cabo 35
reuniones con miembros de los medios de comunicación, de la sociedad civil y del Gobierno tanto
en Madrid como en Barcelona. En marzo de 2015,
el IPI y otros cinco grupos publicaron un detallado
informe sobre la situación de la libertad de prensa
en España basado en parte en los hallazgos de la
misión. Las conclusiones de ese informe sirvieron
de base para la misión de junio de 2015.
La misión de alto nivel de junio de 2015 se llevó
a cabo en medio de un impredecible año electoral
plagado de eventos. Afligida por una devastadora
crisis financiera que ahora podría estar remitiendo, España ha vivido el súbito ascenso de nuevos
partidos políticos y movimientos sociales. Muchos
de ellos son una reacción no solo a las duras medidas de austeridad, sino también a una oleada
de escándalos por corrupción que han afectado a
los actores políticos tradicionales. Además, estos
nuevos partidos y movimientos se han unido a
fuerzas más asentadas en la lucha por el control
del porvenir del país y su futuro político.
El periodo electoral empezó en marzo con las
elecciones autonómicas en Andalucía, la comunidad con más habitantes de España. Las elecciones autonómicas y locales en la mayoría del resto
de comunidades tuvieron lugar en mayo. El 27 de
septiembre, Cataluña eligió un nuevo parlamento
en unas elecciones descritas como plebiscitarias
en lo relativo a la cuestión independentista. Finalmente, las elecciones generales se esperan para
el próximo 20 de diciembre tal y como el jefe del
ejecutivo confirmó recientemente.
La primera parte de este informe contiene un
resumen general de los asuntos que la delegación
abordó y la respuesta de los funcionarios españoles. En la segunda parte, dos expertos independientes que se unieron a la misión reflexionan
críticamente sobre las reformas legales emprendidas recientemente y la situación de los medios de
comunicación, respectivamente.
Cabe destacar que el principal objetivo de este
informe no es hacer un análisis de las deficiencias
en el estado de la libertad de prensa, lo cual ya
fue abordado en el informe de marzo de 2015,
sino resumir las repuestas del Gobierno de España a dichas deficiencias.
Casi todos los partidos políticos mayoritarios de
España, incluyendo el Partido Popular, ahora en
el Gobierno, permitieron que la delegación se encontrase con representantes destacados y fueron
generosos con su tiempo a la hora de debatir las
cuestiones que se planteaban. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo del propio
Gobierno de España. A pesar de los numerosos
intentos por parte del IPI y de sus socios, no
estuvo disponible ningún funcionario del Ministerio de Justicia, de Interior ni de Industria; de la
Vicepresidencia del Gobierno o de la Secretaría de
Estado de Comunicación. En algunos casos, ni tan
siquiera se respondió a las solicitudes.
«No hemos adoptado ninguna medida restrictiva
de la libertad de expresión.»
Este fue el mensaje principal que Rafael Hernando Fraile, portavoz parlamentario del Partido
Popular, el partido que actualmente se encuentra
en el Gobierno, trasladó en junio a la delegación
liderada por el IPI.
«En España no hay problemas con la libertad de
expresión», insistió otro miembro parlamentario del
Partido Popular, Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña,
durante la sesión de la delegación con la Comisión
Parlamentaria Mixta que supervisa la corporación
pública de radio y televisión española. «El estado de
la libertad de expresión e información es ejemplar,
tal y como está consagrado en el artículo 20 de la
Constitución. No hay problemas ni en los medios de
comunicación públicos ni en los privados.»
Tan categóricas afirmaciones, no obstante, chocan
con las advertencias que han lanzado medios de
comunicación y observadores políticos y de derechos
humanos tanto de España como de fuera del país.
Consideremos, por ejemplo, la controvertida
nueva Ley de protección de seguridad ciudadana, caricaturizada por sus oponentes como «ley
mordaza», que entró en vigor el 1 de julio de
2015. Entre otras cosas, la ley castiga con importantes multas el uso no autorizado de imágenes
de agentes de policía, así como no demostrar el
debido respeto a la policía. Desde el anuncio del
anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, ésta se convirtió rápidamente en un punto
de conflicto ya que se propuso en medio de una
oleada sin precedentes de protestas públicas en
España, muchas de ellas como respuesta a las
medidas de austeridad implantadas por el Gobier-
no, en las que, incluso, llegaron a producirse enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
De hecho, en alguna ocasión se registraron supuestas agresiones de la policía contra periodistas
en el transcurso de las mismas. Aunque el Partido
Popular ha dicho que la ley es necesaria para proteger el orden público y prevenir actos violentos,
está luchando la batalla en solitario en el campo
de la opinión pública nacional e internacional.
Ni un solo parlamentario de ningún partido de la
oposición apoyó esta medida cuando fue aprobada en su lectura final en el Congreso en marzo
de 2015. En mayo de 2015, cinco partidos de la
oposición, incluyendo el Partido Socialista, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Además, un sondeo llevado a cabo por la agencia
española Metroscopia en junio de 2015 determinó
que un 75% de los encuestados se oponían a la
ley, incluidos los votantes del Partido Popular.1
La ley fue criticada duramente, además de por
la PDLI que se fundó expresamente para luchar
contra estas normas, y que había realizado un informe contundente y detallado sobre las mismas,
por las asociaciones de prensa más importantes
de España, entre las que se incluyen la Federación de Asociaciones de la Prensa de España
(FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid
(APM), la Asociación Nacional de Informadores
Gráficos de Prensa y Televisión (ANG-TV) y la
«Con la entrada en vigor de la “ley mordaza”, el
ejercicio del periodismo en nuestro país es menos
libre», concluyeron desde la APM.2
En un comunicado institucional del 30 de junio
de 2015, el Colegio de Abogados de Madrid3
(miembro fundador de la PDLI) aseguró que la
Anabel Díez, «El 44% de votantes del PP rechaza la “ley mordaza”», El País, 6 de julio de 2015, http://politica.elpais.com/politica/2015/07/05/actualidad/1436119482_433885.html.
«Con la entrada en vigor de la “ley mordaza”, el ejercicio del periodismo en nuestro país es menos libre», APM, 30 de junio de
2015, http://fape.es/con-la-entrada-en-vigor-de-la-ley-mordaza-el-ejercicio-del-periodismo-en-nuestro-pais-es-menos-libre/.
«Comunicado institucional sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la “ley mordaza”», Colegio de Abogados de Madrid, 30
de junio de 2015. http://web.icam.es/actualidad/noticia/2011/Comunicado_institucional_sobre_la_nueva_Ley_de_Seguridad_Ciudadana,_la_ley_mordaza.
Ley de Seguridad Ciudadana, junto con otras dos
reformas del Código Penal español, suponían «un
recorte en las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía». De acuerdo con el Colegio,
la ley restringía los derechos a la libertad de
expresión e información «de manera arbitraria e
injustificada, utilizando conceptos jurídicos indeterminados que dejan espacio a la impunidad del
uso excesivo e ilegítimo de la fuerza por parte de
la policía y cuerpos de seguridad». Unas críticas
compartidas por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española.4
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en
su más reciente revisión del cumplimiento de
España con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicada en julio de
2015, manifestó su preocupación por el «efecto
disuasorio» que la Ley de Seguridad Ciudadana podría tener en la libertad de expresión y
reunión e instó a España a revisar la ley «en
consulta con todos los actores involucrados». 5
Los comentarios del Comité vinieron tras la
advertencia de cinco Relatores Especiales sobre
derechos humanos de que la ley no cumplía
con los estándares internacionales. «[La Ley
de Seguridad Ciudadana] restringe de forma
innecesaria y desproporcionada libertades básicas como el ejercicio colectivo del derecho a
la libertad de opinión y expresión en España»,
dijo el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de expresión, David Kaye, en un informe
que iba firmado por los Relatores Especiales sobre la libertad de reunión; sobre la promoción
de los derechos humanos en la lucha contra el
terrorismo; sobre los derechos humanos de los
migrantes; y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.6
Los problemas de España deben
valorarse comparándolos con sus
vecinos europeos. No obstante, sorprende escuchar a los funcionarios
españoles del Gobierno negar categóricamente la existencia de problemas con la libertad de expresión
en España. En esto, el Partido Popular está claramente aislado, no solo
del resto de partidos políticos, como
muestra el informe, sino también de
un amplio número de profesionales de los medios de comunicación,
académicos, intelectuales y juristas,
así como de organismos internacionales de derechos humanos.
Los medios de comunicación internacionales también se han fijado en ella. En un mordaz editorial
publicado en abril de 2015, el New York Times
definió la Ley de Seguridad Ciudadana como un
intento del Partido Popular de «retener el poder» evitando las protestas y dijo que la medida
«recordaba alarmantemente a los días oscuros del
régimen de Franco».
Viendo estas críticas, cuesta creer que se disfrute de
una ejemplar situación de la libertad de expresión.
A pesar de toda la atención que ha acaparado, la
Ley de Seguridad Ciudadana solo es uno de los
obstáculos del libre flujo de información en España.
Un informe7 publicado en marzo de 2015 por
el IPI, Access Info Europe, la Federación
Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en
inglés) y Reporteros Sin Fronteras España
identificaron estos problemas:
«La Abogacía, contra la regresión y el recorte de derechos que suponen el CP y la “Ley Mordaza”», 1 de julio de 2015, http://
www.abogacia.es/2015/07/01/la-abogacia-contra-la-regresion-y-el-recorte-de-derechos-que-suponen-el-cp-y-la-ley-mordaza/.
“Final observations on the sixth periodic review of Spain”, 20 July 2015 [Spanish], 114th session, available for download at:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fESP%2fCO%2f6&Lang=en.
«”Two legal reform projects undermine the rights of assembly and expression in Spain” - UN experts», Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 23 de febrero de 2015 (inglés), http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=15597#sthash.DbGxwx5l.dpuf.
El estado de la libertad de prensa en España: 2015”, marzo de 2015, http://www.freemedia.at/uploads/media/SpainReport_
∙∙ Amenazas a la independencia de la radiotelevisión pública de España (RTVE).
∙∙ Falta de un regulador independiente especializado en la radio y la televisión a nivel nacional.
∙∙ Necesidad de una mayor transparencia en la
asignación de la publicidad institucional.
∙∙ Nueva legislación de transparencia que no
∙∙ Tendencia por parte de representantes públicos
a celebrar ruedas de prensa «sin preguntas».
∙∙ Existencia de leyes penales de difamación.
Ese mismo mes, la nueva Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI),
una amplia agrupación de periodistas, medios de
comunicación, activistas, abogados, académicos y
defensores de los derechos de los consumidores,
publicaron su propio informe8 en el que alertaban
de las crecientes amenazas a la libertad de expresión en España, prestando especial atención a los
derechos y libertades digitales.
El informe de marzo de 2105 de la agrupación
internacional remarcaba que se había llegado a
esas conclusiones teniendo en cuenta el contexto:
los problemas de España deben valorarse comparándolos con sus vecinos europeos. No obstante,
sorprende escuchar a los funcionarios españoles
del Gobierno negar categóricamente la existencia
de problemas con la libertad de expresión en España. En esto, el Partido Popular está claramente
aislado, no solo del resto de partidos políticos,
como muestra el informe, sino también de un
amplio número de profesionales de los medios de
comunicación, académicos, intelectuales y juristas, así como de organismos internacionales de
Lo que es más llamativo sobre la posición del
Partido Popular es que muchos de los problemas
diagnosticados por actores nacionales e internacionales no son sistémicos, sino que son el resultado directo de las decisiones tomadas por
el Gobierno español actual, que está dirigido
por el presidente Mariano Rajoy.
∙∙ Nuevas leyes restrictivas, incluyendo la Ley de
∙∙ En abril de 2012, solo cinco meses después
de acceder al poder, el actual Gobierno creó
un decreto ley que salvaba la necesidad de
alcanzar una mayoría parlamentaria de dos
Activistas de Greenpeace protestan contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana ante el Congreso de los Diputados, la cámara
baja del Parlamento español, en Madrid, España, el 26 de marzo de 2015. EPA/Sergio Barrenechea
Límites y amenazas al ejercicio de la Libertades de expresión e Información en España”, PDLI, marzo 2015. Disponible en:
http://libertadinformacion.cc/informe-pdli-amenazas-a-la-libertad-de-informacion-en-espana/.
tercios a la hora de nombrar a los miembros
del Consejo de Administración de RTVE, la
corporación española de radio y televisión. El
nuevo proceso que permite los nombramientos
con mayoría absoluta concede al partido en
el poder una influencia indebida en la composición del Consejo y, por lo tanto, en posiciones editoriales clave. Desde el cambio, RTVE
ha lidiado con acusaciones de partidismo y
manipulación de la cobertura informativa que
han acabado en una queja ante el Parlamento
Europeo en abril de 2015.
∙∙ En 2013, el Partido Popular aprobó una ley
para dejar de lado un aspecto clave de la Ley
General de Comunicación Audiovisual de 2010:
la creación de un regulador independiente específico de los medios audiovisuales, algo de lo
que España carecía hasta el momento. La ley
de 2013 trasladó las funciones del regulador
a un «superregulador» con competencias adicionales en aeropuertos, ferrocarriles, servicios
postales y el mercado de la energía y cuyos 10
miembros son nombrados por el Gobierno sin
previa consulta con el Parlamento.
∙∙ Un conjunto de reformas legales llevadas a
cabo y/o apoyadas por el Gobierno actual (la
Ley de Seguridad Ciudadana, las reformas
del Código Penal en lo relativo a terrorismo y
delitos informáticos y las reformas de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal) han sido ampliamente criticadas por prever sanciones vagas
y desproporcionadas que pueden conllevar un
efecto disuasorio en los medios de comunicación y otros actores.
Cuando en junio de 2015 la misión internacional todavía estaba activa, los partidos de la
oposición prometieron revertir muchos de
estos cambios, que habían sido duramente criticados por defensores de la libertad
de prensa españoles e internacionales.
Los representantes del partido del Gobierno, por contra, defendieron estas políticas
y ofrecieron continuamente lo que consideraban justificaciones razonables, pese
a los evidentes perjuicios que estas políticas
están teniendo en el libre flujo de la información de interés público.
Las amplias críticas a estas políticas y su robusta
defensa por parte del Gobierno hacen pensar en
una importante pregunta: ¿cómo puede explicarse
que el Gobierno español tenga unos puntos
de vista tan diferentes respecto al resto?
Una explicación amable es que podría tratarse de
una cuestión de omisión. El Gobierno podría (a
pesar de todo) no haber tenido completamente
en cuenta las consecuencias que sus políticas
pueden tener en la libertad de expresión, especialmente el efecto disuasorio que algunos
pueden percibir. Si la Ley de Seguridad Ciudadana no supone una amenaza para la libertad de
expresión, entonces está claro que el Gobierno no
ha hecho un buen trabajo al explicar por qué. De
la misma manera, sean cuales sean los beneficios
económicos de fusionar autoridades reguladoras,
el Gobierno podría no haber valorado adecuadamente que este ahorro no supera los costes en
los que se incurre al hacer que el control de un
derecho humano fundamental dependa de un
organismo no independiente.
Una explicación menos amable es que estos
cambios son reacciones a tipos de expresión y
cobertura de noticias que no gustan al Gobierno actual. De hecho, los Relatores Especiales se
mostraron preocupados porque la Ley de Seguridad Ciudadana y otras reformas legales «podrían
ser una respuesta por parte del Gobierno y los
legisladores a las numerosas manifestaciones que
han tenido lugar en España en los últimos años».
El propio Hernando Fraile explicó a la delegación
que el cambio en el proceso de nombramientos en RTVE era necesario porque su forma de
informar había ido «en contra del Gobierno».
Y una propuesta que podría haber prohibido la
fotografía de personas siendo arrestadas por la
policía fue vista ampliamente como una respuesta
a la cobertura de los medios de los escándalos
de corrupción que han salpicado a seguidores del
En cualquier caso, las categóricas afirmaciones que los representantes del partido
del Gobierno hicieron durante la misión de
alto nivel son preocupantes y no reflejan la
realidad. Por encima de todo, sugieren una clara
Si la Ley de Seguridad Ciudadana
no supone una amenaza para la
libertad de expresión, entonces
está claro que el Gobierno no ha
hecho un buen trabajo al explicar
por qué. De la misma manera, sean
cuales sean los beneficios económicos de fusionar autoridades reguladoras, el Gobierno podría no haber
valorado adecuadamente que este
ahorro no supera los costes en los
que se incurre al hacer que el control de un derecho humano fundamental dependa de un organismo
necesidad por parte de la sociedad civil de seguir
llevando un control riguroso de las violaciones de
la libertad de prensa en España y de continuar
informando a los ciudadanos españoles en base a
su derecho a la libertad de expresión de manera
que los ciudadanos puedan hacer que el Gobierno
tenga que rendir cuentas.
y otras reformas
En junio de 2015 la delegación expresó su particular preocupación por cuatro elementos de la
legislación española que también han llamado la
atención de muchos otros observadores nacionales e internacionales:
1.	La Ley de Seguridad Ciudadana.
2.	La reforma del Código Penal del 30 de marzo
3.	La reforma del Código Penal en temas relacionados con el terrorismo.
4.	La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las tres primeras reformas entraron en vigor el 1
de julio de 2015. La cuarta fue aprobada definitivamente por el Parlamento en octubre de 2015 y
se hará efectiva dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La PDLI ha elaborado un informe que incluye un
minucioso análisis de estas medidas legislativas,
sus antecedentes y las consecuencias que podrían
tener sobre la libertad de expresión y de prensa
en España.9 Además, este informe incluye un
comentario sobre las reformas de la profesora
Katrin Nyman Metcalf, miembro independiente de
la misión que frecuentemente colabora como experta legal para la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa (OSCE).
Esta sección remarcará las respuestas que se
dieron a la misión cuando manifestó sus preocupaciones por los efectos de estas reformas en la
Como se ha reflejado en la introducción, la Ley
de Seguridad Ciudadana10 ha sido objeto de un
gran número de críticas provenientes tanto del
ámbito nacional como del internacional. Como
respuesta a las críticas, el proyecto de ley pasó
por numerosas revisiones y ajustes en algunos
casos, ajustes en los que, entre otras cosas, se
redujeron las cuantías de las multas y se suprimieron las provisiones que castigaban la ofensa
o el insulto a España. No obstante, tal como
Reporteros Sin Fronteras España reflejó en su
informe de marzo de 2015, la versión posterior
«conservaba, según los más críticos, la voluntad
censora del primer texto».
La versión final de la ley incluye dos artículos que
afectan especialmente a la libertad de expresión
y prensa. En primer lugar, el «uso no autorizado
de imágenes o datos personales […] que pueda
poner en riesgo el éxito de una operación» recibe
la consideración de «infracción grave» y, por lo
tanto, es castigable con una multa de entre 601
€ y 30000 €. En segundo lugar, «las faltas de
respeto y consideración cuyo destinario sea un
en el ejercicio de sus funciones de protección de la
seguridad» reciben la consideración de «infracción
leve» y se puede castigar con una multa de entre
100 € y 600 €. Se puede encontrar más información de la ley en el informe de marzo de 2015.
Durante la misión de alto nivel, los partidos de la
oposición que fueron consultados por la delegación expresaron de forma unánime su voluntad de derogar la ley.
PDLI ha publicado distintos documents donde enumera las amenazas concretas a las libertades de expresión e información,
tanto de periodistas como de activistas y movimientos sociales, que contienen estas normas. Ver por ejemplo: “Las 10 amenazas
a las libertades de expresión e información del nuevo código penal”, 18 de febrero de 2012, http://libertadinformacion.cc/las10-amenazas-a-las-libertades-de-expresion-e-informacion-del-nuevo-codigo-penal/; y “Marzo negro: 10 preguntas sobre las leyes
mordaza y cómo te afectan”, 11 de marzo de 2015, http://libertadinformacion.cc/marzo-negro-10-preguntas-sobre-las-leyesmordaza-y-como-te-afectan/.
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, http://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2015-3442.
Agentes de policía se enfrentan a un grupo de manifestantes durante la campaña de protesta Rodea el Congreso, organizada por la Coordinadora 25-S, cerca del Congreso de los Diputados, la cámara baja del Parlamento español, el 4 de octubre
de 2014. EPA/Luca Piergiovanni
Cayo Lara, el portavoz parlamentario de Izquierda
Unida, dijo que la ley era en realidad una «ley de
inseguridad ciudadana». «¿Cómo ha reaccionado el Gobierno a las protestas? Recurriendo a la
represión», comentó a la delegación.
El portavoz del Partido Socialista, Antonio Hernando Vera, acusó al Gobierno de «intentar asegurarse de que los periodistas y otros teman hacer su
trabajo». Comentó: «Nuestro objetivo es derogarla [la ley].» Remarcó que el Partido Socialista
fue uno de los cinco partidos que la recurrieron
ante el Tribunal Constitucional, aunque comentó
que las sentencias de recursos como este pueden
tardar entre tres y diez años.
El IPI considera que las provisiones
vagas y desproporcionadas de la
Ley de Seguridad Ciudadana pueden
tener un efecto disuasorio en los
medios de comunicación y pueden
afectar al derecho a la información
sobre temas de interés público en
España. Por lo tanto, valora positivamente el compromiso de los partidos
de la oposición de derogar la ley.
Joan Baldoví Roda, diputado del Grupo Mixto,
indicó que España había «sufrido un retroceso en
la libertad de prensa» y la muestra estaba en la
Aunque en la actualidad no está representado
en el Congreso, Podemos también rechaza la Ley
de Seguridad Ciudadana. Miguel Álvarez-Peralta,
miembro del Consejo de Coordinación del partido
en Madrid y profesor de periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha, dijo que el partido
se mostraba «completamente crítico con la ley
mordaza y la derogaría». Dijo que las reformas legales a las que la misión hizo referencia «llevarían
a España a los tiempos anteriores a la dictadura».
El IPI considera que las provisiones vagas y desproporcionadas de la Ley de Seguridad Ciudadana
pueden tener un efecto disuasorio en los medios
de comunicación y pueden afectar al derecho a
la información sobre temas de interés público
en España. Por lo tanto, valora positivamente el
compromiso de los partidos de la oposición de
A la vez, el IPI señala el peligro que supondría
depender de la sentencia del Tribunal Constitucional o tener que esperarla, puesto que puede
Por su parte, Rafael Hernando Fraile, portavoz del
Partido Popular en el Parlamento, evitó hacer una
valoración detallada de los distintos aspectos que
incluye la Ley de Seguridad Ciudadana. No obstante, Hernando defendió el carácter poco restrictivo
de la misma al asegurar que las sanciones que
contempla la ley son en su mayoría administrativas y no penales: “No tenía sentido incluir estas
infracciones en el Código Penal.
Como Katrin Nyman Metcalf, profesora de Derecho y Tecnología en la Facultad de Derecho de
la Universidad Tecnológica de Tallin y miembro
independiente de esta misión, señala en un artículo que acompaña a este informe, las sanciones
administrativas son preferibles muchas veces a las
sanciones penales. «No debería exponerse a la
gente a tener antecedentes penales por infracciones menores de la ley si se pueden emprender
otras medidas igualmente efectivas», comenta.
Sin embargo, como la propia Nyman Metcalf
continúa explicando, la aplicación de sanciones
administrativas también obstaculiza la tutela judicial, que es uno de los puntos clave de las críticas
hacia la ley tanto de expertos juristas españoles
como de fuera del país. Esta es la razón por la
que la frase «sin menoscabo, en todo caso, del
derecho constitucional, a la libertad de información», extraída del párrafo en el que se habla del
uso de imágenes o datos personales de agentes
de policía, no es demasiado tranquilizadora.
El año 2015, en su revisión de España, el Comité
de Derechos Humanos de la ONU criticó el «el
uso excesivo de sanciones administrativas contenidas en la Ley, las cuales excluyen la aplicación
de ciertas garantías judiciales». El Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid aseguró que la ley supone «una grave merma en el control jurisdiccional, ante los procesos administrativos que ahora
sancionan determinadas conductas con multas de
cantidades económicas desproporcionadas».
La conversación con el Partido Popular sobre las
sanciones administrativas dio lugar a un problema
mayor el cual se pudo observar a lo largo de toda
la misión: aunque el argumento del Gobierno puede parecer razonable en la teoría, el objetivo de
dicha ley se puede percibir, ya sea involuntariamente o no, de una manera bien distinta cuando
ésta es sometida a un análisis más exhaustivo.
El año 2015, en su revisión de España, el Comité de Derechos Humanos
de la ONU criticó el «el uso excesivo
de sanciones administrativas contenidas en la Ley, las cuales excluyen
la aplicación de ciertas garantías
judiciales». El Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid aseguró que
la ley supone «una grave merma
en el control jurisdiccional, ante los
procesos administrativos que ahora
sancionan determinadas conductas
con multas de cantidades económicas desproporcionadas».
tardar años. Si los partidos de la oposición tienen
la firme intención de derogar la ley, deben hacer
de ello una prioridad inmediata si llegan al poder
tras las elecciones nacionales este año.
Tanto el IPI como sus asociados mostraron su
ante Soledad Becerril, la Defensora del Pueblo
en materia de derechos humanos y animó a su
oficina a tomar medidas de forma proactiva para
asegurar que la Ley se aplique de forma que
no viole la libertad de expresión, lo que incluye
hacer recomendaciones a la policía. La oficina del
Defensor del Pueblo no se comprometió a tomar
ninguna acción y, de hecho, Becerril rechazó claramente las insinuaciones de la delegación de que
la libertad de expresión y de la prensa estaban
bajo amenaza en su país.
«el pacto antiyihadista»
El llamado «pacto antiyihadista»11 modificó
artículos del Código Penal español relacionados
con el terrorismo. El proyecto de ley fue aprobado en febrero de 2015 con el único apoyo de los
dos partidos mayoritarios en España, el Partido
Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
en materia de delitos de terrorismo, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3440.
Popular y el Partido Socialista, actualmente en
la oposición. Además, contaron con el apoyo de
tres partidos menores de la oposición. El resto de
partidos políticos o se abstuvieron o votaron en
contra del proyecto.12
En un encuentro con la delegación de alto nivel
del IPI, José Miguel Castillo Calvín, el Portavoz de
Justicia del Grupo Parlamentario Popular, dijo que
la reforma del Código Penal era necesaria para
lidiar con los «nuevos fenómenos criminales».
Dijo que el pacto antiyihadista «se inspiraba en la
legislación de otros países».
La PDLI y otros defensores de la libertad de expresión en España se han opuesto a los cambios
bajo el pacto antiyihadista por numerosas razones, incluyendo:
∙∙ La unificación de determinados delitos informáticos con los de terrorismo, lo que puede
tener un efecto disuasorio en el periodismo
∙∙ La inclusión de provisiones vagas, como las
sanciones por «acceder de manera habitual
a páginas web de contenido terrorista», que
pueden frenar el trabajo tanto de periodistas
como de académicos.
∙∙ El aumento de los poderes del Gobierno a la hora
de llevar a cabo tarea de vigilancia en masa, en
general, y de periodistas, en particular.13
Describiendo de manera conjunta la Ley de Seguridad Ciudadana, el «pacto antiyihadista» y la reforma del Código Penal del 30 de marzo de 2015,
la PDLI apuntó lo siguiente:14 “Es llamativo que
buena parte de estas novedades están dirigidas a
sancionar o penar las nuevas formas de difusión
y organización de las protestas, como Internet
y las redes sociales. Otro elemento común es la
redacción vaga de muchos artículos, dejando un
peligroso margen para que casi cualquiera pueda
ser acusado.”15
Sin embargo, según el informe de la PDLI, “la reforma en materia de terrorismo es la más grave,
por la importancia de las penas y la suspensión
de derechos fundamentales (como la detención
incomunicada o la violación de secretos de las
comunicaciones) que supone para quien resulte
acusado”. Además, dicho análisis alerta de que el
periodismo de investigación que se base en una
filtración de documentos – como el caso Falciani,
los correos de Blesa o el “caso Snowden – puede
estar “en la esfera de lo que ahora pasa a considerarse ‘terrorismo’”.
Partido Socialista negaron que el
vago lenguaje del pacto supusiese
una amenaza para la libertad de
expresión. En respuesta a la preocupación que manifestó la misión por
el literal «acceder de manera habitual a páginas web de contenido
terrorista», el Portavoz de Justicia
aseguró a los delegados que «tiene
que haber un componente de subjetividad», y explicó: «No basta con
visitar la web. A no ser que haya
prueba de la intención [de cometer
un acto terrorista], no se emprenderán acciones legales».
Funcionarios de derechos humanos de la ONU
también han criticado el pacto antiyihadista.
«El Congreso da luz verde al pacto antiyihadista PP-PSOE sin sumar más apoyos», Europa Press, 19 de febrero de 2015, http://
www.elmundo.es/espana/2015/02/19/54e5c6d6ca4741110f8b4578.html.
la ley por la experiencia que hemos tenido durante
los últimos veinte años. Hay mucha jurisprudencia
y sabemos cuál es la interpretación que los tribunales hacen del concepto de “orden público”».
Antonio Hernando Vera, portavoz parlamentario
del Partido Socialista, defendió el apoyo de su
partido a la reforma por «la importancia de que
los dos partidos mayoritarios en España gobiernen
de acuerdo en lo relativo al terrorismo». Añadió:
«Una de las razones por las que negociamos con
el Gobierno [sobre el pacto] fue para tener más
garantías para las libertades».
Aunque el IPI agradeció los compromisos de ambos partidos, señala que, si hay un efecto disuasorio o no, no dependerá de la interpretación de
los tribunales y de los expertos en derecho constitucional, sino de la conclusión a la que llegan los
propios periodistas y el resto de personas. Como
la profesora Katrin Nyman Metcalf resume en su
artículo, que se adjunta a este informe:
Agregó: «Creemos que hay suficientes salvaguardas de la libertad».
«Se debe tener en mente el posible efecto
negativo en las provisiones relacionadas con la
seguridad si son vagas y admiten la posibilidad de
diferentes interpretaciones. […] En los encuentros
que se llevaron a cabo, los miembros de la misión
internacional tuvieron la impresión de que no se
estaba prestando demasiada atención a la percepción del público, a su impacto negativo o a cómo
puede el público general interpretar las leyes. La
discusión se ha centrado más bien en asegurar
que las leyes se aplicarán adecuadamente, cosa
que sus detractores no creen».
Tanto el Partido Popular como el Partido
Socialista negaron que el vago lenguaje del
pacto supusiese una amenaza para la libertad
de expresión. En respuesta a la preocupación que
manifestó la misión por el literal «acceder de manera
habitual a páginas web de contenido terrorista»,
Castillo Calvín aseguró a los delegados que «tiene
que haber un componente de subjetividad», y explicó: «No basta con visitar la web. A no ser que haya
prueba de la intención [de cometer un acto terrorista], no se emprenderán acciones legales».
José de Francisco, consejero legal del Partido Socialista, argumentó: «Podéis pensar que el lenguaje es ambiguo, pero es el mismo lenguaje que ha
estado en el Código durante años. Confiamos en
Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI y ex ministro de
Economía en España, abandona su domicilio en Madrid el 20 de
abril de 2015, poco después de su detención por fraude, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes. EPA/Chema Moya
David Kaye, el Relator Especial de la ONU sobre
los derechos humanos dijo en febrero de 2015:
«Tal como está redactado el borrador, la ley antiterrorismo podría criminalizar comportamientos
que de otra manera no constituirían terrorismo y
podrían resultar en restricciones desproporcionadas del ejercicio de la libertad de expresión, entre otras». También lanzó la advertencia de que
«el proyecto de ley también puede dar lugar a
errores por omisión y a la supresión de información disponible en Internet».16 Ben Emmerson,
Relator Especial sobre la promoción y protección
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, apoyó
las declaraciones de Kaye.
Las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha sido llamada por algunos de sus
detractores como la «ley Torquemada» por el
El análisis de la PDLI destaca especialmente el Artículo 599 del Código Penal que se incorporó en la reforma aprobada el
pasado 30 de marzo, mediante el cual se penaliza PDLI’s analysis highlights in particular Art. 559 of the Penal Code, included in
the March 30 reform, which punishes the “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas
que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público [entre ellos ‘alterar la paz social’], o que sirvan
para reforzar la decisión de llevarlos a cabo” con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.
infame inquisidor, ha suscitado preocupación
entre los activistas de los derechos civiles por,
entre otras cosas, la ampliación de la actividad de
vigilancia de la policía. La PDLI criticó duramente esta reforma y aseguró que se trataba de un
intento que cerraba “el círculo de criminalización
de Internet”.17
No obstante, la reforma también ha levantado
controversia por la provisión que requiere la
adopción de «las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales
al honor, intimidad e imagen» de los sospechosos
detenidos por la policía.18 Los medios de comunicación españoles interpretaron la provisión como
un intento de evitar las «penas de telediario»
que han acompañado a los arrestos por casos de
corrupción de figuras públicas prominentes, incluyendo a muchos vinculados al Partido Popular.
Los medios de comunicación temieron que esta
modificación redundase en una prohibición de
fotografiar a los sospechosos.
En sus encuentros con los partidos políticos en
junio de 2015, el IPI y sus asociados fueron
rotundos en su oposición a la reforma, que el
IPI calificó de serio menoscabo del derecho del
público a la información sobre las actividades de
figuras públicas y funcionarios del Gobierno.
Posteriormente ese mismo mes, una agrupación que incluía a la Asociación de Editores de
Diarios Españoles (AEDE), a la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y a
la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP,
miembros de la PDLI) denunció que la provisión
era un «ataque al trabajo de los profesionales y
de los medios de comunicación» y dijo que la ley
podría ser inconstitucional. El grupo señaló que
el Tribunal Constitucional español había argumentado en sus sentencias que «en asuntos de
interés público y con veracidad informativa, ha de
prevalecer el derecho colectivo a la información
frente al derecho individual al honor, la intimidad
y la propia imagen».19
En lo que puede considerarse una victoria de
los defensores de la libertad de prensa, el
Ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció en julio
que, en respuesta a las críticas, se modificaría la
ley para reflejar claramente que nunca se prohibiría la grabación o distribución de imágenes de los
detenidos.20 La versión final de la ley, aprobada
en septiembre de 2015, constata la necesidad
de adoptar medidas para proteger los derechos
constitucionales al honor, la intimidad y la imagen
de los detenidos e incluye la siguiente disposición:
“Con respeto al derecho fundamental a la libertad
Los partidos tanto de izquierda (el
Partido Socialista e Izquierda Plural, además del del Grupo Mixto
parlamentario) como de derecha (el
Partido Popular) que participaron en
el encuentro estuvieron de acuerdo
en que RTVE estaba en crisis, pero
estuvieron en desacuerdo fundamentalmente en qué constituía esa
crisis y en cómo había surgido.
En abril de 2015, el Consejo de Informativos, un órgano asesor interno de RTVE, presentó una denuncia ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y
En junio de 2015, la PDLI criticó el borrador de la ley: “Para la PDLI, con la nueva Ley de Enjuiciamiento [Criminal] se cierra el círculo de la criminalización de Internet. Abre la puerta a medidas excepcionales que podrían aplicarse a quien exprese una opinión en
Internet, filtre documentos, comparta archivos P2P o lleve a cabo acciones de protesta online. Es decir, todos los nuevos delitos que
introduce el Código Penal, rechazado incluso por Naciones Unidas.” “#LeyTorquemada: Cómo la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal amenaza la libertad en Internet”, 5 de mayo de 2015, http://libertadinformacion.cc/ley-torquemada-enjuiciamiento-criminal/.
Fernando Garea, «El PP cambia la ley para evitar imágenes como el arresto de Rato», El País, 2 de junio de 2015, http://politica.elpais.com/politica/2015/06/02/actualidad/1433257856_462858.html.
«Editores y periodistas se oponen a la Ley de Enjuiciamiento Criminal», El País, 23 de junio de 2015, http://politica.elpais.com/
politica/2015/06/23/actualidad/1435079810_778230.html.
«Acuerdo de Justicia y periodistas para fotografiar a detenidos», Europa Press, 23 de julio de 2015, http://www.telecinco.es/
telemania/tribunales/Justicia-no-prohibira-grabacion-difusion-imagenes-arrestados-pena-telediario_0_2023875235.html.
Entre otras cosas, el documento presentaba ejemplos concretos de lo que consideraban «manipulación informativa» de la cobertura de asuntos
de interés público, particularmente en relación a
escándalos financieros, entre otros, en los que
estaban implicados miembros del Partido Popular. También señalaba una «purga» de personal
de TVE de «reconocido prestigio y trayectoria
profesional» que fue reemplazado por «personas que no han sido formadas en el espíritu del
servicio público de los medios de comunicación
y que provienen del mercado de los medios de
comunicación, marcado por cierta imparcialidad y
claramente alineados con una persistente defensa
de las ideas del Gobierno».
La lista de acusaciones contra RTVE es, de hecho,
larga. El informe del IPI de marzo de 2015 señaló
muchas de ellas, pero no se reproducirán aquí por
motivos de espacio. Basta con decir que los problemas de la corporación han llamado la atención
de los medios de comunicación internacionales,
entre los que se incluye el Financial Times,22 así
como otras emisoras públicas europeas.23
El IPI y sus asociados compartieron su preocupación por la independencia de RTVE con miembros
de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de
la Corporación RTVE y sus Sociedades que supervisa a RTVE en un encuentro mantenido durante
la misión de junio de 2015. En contraste con la visita previa a España en diciembre de 2014 cuando
representantes de RTVE se negaron a responder a
preguntas relacionadas con la libertad de prensa,
los parlamentarios respondieron amablemente y
con concreción a las conclusiones que se presentaron en el informe de marzo de 2015.
Los partidos tanto de izquierda (el Partido Socialista e Izquierda Plural, además del del Grupo
Mixto parlamentario) como de derecha (el Partido
Popular) que participaron en el encuentro estuvieron de acuerdo en que RTVE estaba en crisis, pero
estuvieron en desacuerdo fundamentalmente en
qué constituía esa crisis y en cómo había surgido.
«El problema en los medios de comunicación
públicos está en una crisis financiera», dijo el
parlamentario Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña
sobre RTVE, cuyo share ha caído hasta un 10%,
aproximadamente. La supresión por parte del
Gobierno socialista de la publicidad en RTVE,
argumentó, supuso una reducción de los ingresos, que se agravó con los problemas económicos
generales del país. «Tras la supresión, el juego no
ha estado equilibrado entre los canales públicos y
los privados», dijo.24
Asuntos de Interior. La denuncia hacía referencia21
a que las guías éticas y profesionales de RTVE «son
habitualmente incumplidas en lo que se refiere a la
imparcialidad, pluralidad, veracidad y objetividad,
convirtiéndose por el contrario en un instrumento
de propaganda al servicio de Gobierno».
Otra diputada del Partido Popular, Julia de Micheo
Carrillo-Albornoz, primera vicepresidenta de la
Comisión, también consideró que las cuestiones
sobre RTVE estaban claramente relacionadas con
su competitividad y salud financiera. También criticó la decisión de eliminar la publicidad en RTVE
y sugirió que era «lógico» que la situación de la
corporación se hubiera resentido como consecuencia. Añadió: «No puedes medir la audiencia
PDF de la denuncia disponible en http://cdn27.hiberus.com/uploads/documentos/2015/04/14/documentos_informeconsejodeinformativosdetve_b96136da.pdf, vía Jaime Olmo, «Los periodistas de TVE denuncian la manipulación y la “redacción paralela”
ante el Parlamento Europeo», InfoLibre, 14 de abril de 2015, http://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/04/10/los_periodistas_tve_llevan_manipulacion_redaccion_paralela_ante_parlamento_europeo_31167_1027.html. El Instituto Internacional de la
Prensa contó con una versión en inglés.
Ver por ejemplo, el artículo de Tobias Buck (inglés), «Spanish state broadcaster TVE accused of political bias», Financial Times,
mayo de 2015, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4625b188-e818-11e4-9960-00144feab7de.html#axzz3dmFu3oCx.
Por ejemplo, el 16 de abril, la cadena austríaca ORF emitió un reportaje llamado «Alboroto en los medios de comunicación
españoles» en el que analizaba la política del Gobierno español respecto a RTVE y las consecuencias de la independencia del
RTVE se financiaba parcialmente a través de la publicidad hasta 2006. La Ley de financiación de la Corporación de Radio y
Televisión Española de 2009 requiere que los canales privados hagan una aportación anual al presupuesto de RTVE en compensación por el aumento de ingresos derivados de la publicidad al ceder RTVE su cuota al resto de canales.
El presidente del Gobierno y líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, se dirige a los medios tras las elecciones locales y autonómicas desde la sede del Partido Popular en Madrid el 25 de mayo de 2015. EPA/J. J. Guillén
como hasta ahora porque hay muchos más canales». Los dos diputados, no obstante, señalaron
que, pese a la situación financiera, el Gobierno
no había reducido el personal de RTVE, al que los
diputados alabaron por su profesionalidad.
organismo de control interno, marcó «un punto de
inflexión, eliminando de hecho el control del Estado
de la corporación pública». El decreto ley de 2012,
dijo, había eliminado ese progreso.
Germán Rodríguez Sánchez, el portavoz del
Partido Socialista en la Comisión Mixta, rechazó la
descripción del PP y sugirió que estaban usando
los problemas financieros como una pantalla de
humo. Los problemas financieros «no son la cuestión», dijo. «La cuestión es la pérdida de imparcialidad y credibilidad».
Los diputados de Izquierda Plural y del Grupo
Mixto estuvieron de acuerdo con esa posición.
«Queremos que [el decreto de 2012] se modifique para proteger la corporación pública, no solo
por la institución, sino también por los periodistas
que trabajan ahí, para protegerlos de la intimidación y del acoso», dijo Ricardo Sixta Iglesias, el
portavoz de Izquierda Plural en la Comisión Mixta.
Rodríguez Sánchez, como el Consejo de Informativos en su denuncia ante el Parlamento Europeo,
sugirió que la raíz de la crisis está en el decreto
ley del Gobierno del PP que alteraba el proceso de
nombramiento del Consejo de Administración25 de
RTVE. Dijo que la Ley de radio y televisión públicas
que aprobó el Gobierno socialista anterior en 200626,
que hacía que fuese necesaria una mayoría de dos
tercios y que creó el Consejo de Informativos como
Podemos, que en estos momentos no tiene representación en el Congreso, explicó a la delegación
liderada por el IPI que apoyaba la idea de hacer
que el sistema de radio y televisión públicas de
España alcanzara los niveles de calidad europeos.
Miguel Álvarez-Peralta, miembro del Consejo de
Coordinación del partido en Madrid, propuso,
entre otras cosas, crear defensores o editores públicos en todos los canales públicos de televisión.
Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la
Ley 17/2006, de 5 de junio, http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5338.pdf.
Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOEA-2006-9958.
En el informe de marzo de 2015, el IPI y sus
asociados recomiendan expresamente recuperar
el requisito de la mayoría de dos tercios. Mientras que todos los partidos de la oposición
apoyaron tal movimiento, el Partido Popular
no lo hizo y en su lugar defendió el cambio
Sánchez de Alcázar dijo a la delegación liderada
por el IPI que el decreto se había aprobado para
solucionar el bloqueo del proceso de nombramiento. «No podíamos llegar a un consenso», dijo.
El resumen del decreto dice lo mismo :«Por otro
lado, la designación de los miembros del Consejo
de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE que regula la Ley 17/2006, basada en
un sistema de mayorías reforzadas en las Cortes
Generales, ha demostrado ser ineficaz puesto que
no permite renovar el Consejo de Administración
con la agilidad necesaria para evitar que se paralice el funcionamiento de la Corporación».
No es difícil imaginarse un bloqueo político como
este, aunque uno concluya, como lo hace el
IPI, que solventarlo eliminando una importante
herramienta para garantizar la independencia de
RTVE no es una decisión acertada. En cualquier
caso, Rafael Hernando Fraile, el portavoz parlamentario del Partido Popular, ofreció una justificación diferente para la modificación legislativa.
Anteriormente, dijo, «RTVE no era independiente,
sino que iba en contra del Gobierno». Continuó:
«RTVE era claramente pro socialista, por eso hemos cambiado el proceso de nombramiento».
Desde el IPI estos comentarios son vistos con gran
preocupación ya que sugieren que la corporación
pública es una herramienta política en España, al
servicio del Gobierno y no una fuente imparcial de
noticias e información al servicio del público.
Poco antes de la visita de la delegación internacional, el presidente del Consejo de RTVE,
José Antonio Sánchez Domínguez, causó gran
controversia al declarar a la Comisión Mixta lo
siguiente: «Voto al PP y seguiré votando al PP».
Los miembros de los partidos de la oposición de
la Comisión Mixta denunciaron enérgicamente sus
comentarios, señalándolos como una prueba más
de la falta de independencia de RTVE.
Hernando Fraile defendió a Sánchez Domínguez
y dijo a la delegación: «En democracia puedes
votar a quien quieras. No se debería cuestionar
el trabajo de un funcionario público por el partido
al que vota, eso no significa que el resto también
tengan que votar al PP».
Germán Rodríguez Sánchez, el portavoz del Partido Socialista en la Comisión Mixta, rechazó la descripción
del PP y sugirió que estaban usando
los problemas financieros como una
pantalla de humo. Los problemas
financieros «no son la cuestión»,
dijo. «La cuestión es la pérdida de
imparcialidad y credibilidad».
Esto es, por supuesto, cierto en la teoría. Pero,
tal y como Whittle señala en su capítulo sobre los
medios de comunicación, «la radiodifusión pública
necesita confianza». Y precisamente confianza
es lo que parece que RTVE no tiene. Incluso si la
afiliación política de Sánchez Domínguez no tuviera impacto en la cobertura informativa de RTVE,
nadie se lo creería: la idea de que la programación de RTVE está manipulada ideológicamente
está demasiado asentada. Desafortunadamente,
lejos de eliminar esa idea, las políticas del actual
Gobierno solo han servido para reafirmarla.
La regulación de los medios de
En 2010, el Gobierno socialista aprobó la Ley
General de la Comunicación Audiovisual27, cuyo
punto clave era la creación del CEMA, el Consejo
Estatal de Medios Audiovisuales, un regulador
independiente y específico del sector. El CEMA,
cuyos objetivos incluían garantizar «la transparencia y el pluralismo del sector de los medios
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-20105292&b=59&tn=1&p=20100401#tv. (Ver las provisiones para el CEMA en la Parte V, arts. 44-54.)
El cofundador y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, habla durante el debate El otro estado de la nación, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el 25 de febrero de 2015. EPA/Ballesteros
de comunicación audiovisual» y «la independencia e imparcialidad del sector público estatal de
radio, televisión», iba a estar compuesto de un
comité ejecutivo y de un comité consultivo. Los
miembros del comité ejecutivo, incluyendo a su
presidente, iban a ser nombrados por el Congreso de los Diputados a través de una mayoría de
tres quintos. El comité consultivo iba a incluir a
del sector de la publicidad, de los sindicatos y de
las asociaciones de consumidores, entre otros.
Pese a su estructura modélica, nunca se llegó a
permitir que se pusiera en marcha. En 2013, el
Gobierno del Partido Popular derogó la Ley sobre
el CEMA y creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia28 (CNMC). Alegando «un
entorno de austeridad» y una «clara tendencia
[...] pasando del modelo unisectorial a un modelo de convergencia», el Gobierno decidió unificar
las competencias regulatorias de los sectores de
la energía, las telecomunicaciones, los ferrocarriles, postal, aeroportuario y audiovisual bajo un
único techo.
En 2012, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, dijo del CEMA: «Si no lo
creamos directamente, ya estamos ahorrando
siete millones de euros, y probablemente otro
organismo regulador puede llevar a cabo la misma tarea, con la misma eficacia y sin suponer un
incremento de coste.»29
Sean cuales sean los beneficios de unificar funciones regulatorias, el hecho es que la CNMC no es
sencillamente «otro organismo regulador»: está
formado de una manera completamente diferente
que el CEMA y no se garantiza de ninguna manera
su independencia. La CNMC está dirigida por un
Consejo compuesto por diez miembros que son
nombrados directamente por el Gobierno. El Congreso tiene el poder de veto de los nombramientos, pero solo a través de la mayoría absoluta, para
lo que hace falta que los diputados del partido del
Gobierno voten a favor. Difícilmente esto supone
un control del poder ejecutivo. Este sistema contó
con la firme oposición de la mayoría de los partidos de la oposición y en otoño de 2013 el Partido
Popular anuló un intento por parte de un partido
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, http://www.boe.es/diario_
boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5940.
«No crear el CEMA supone un ahorro de siete millones de euros», Europa Press, 20 de enero de 2012, http://www.elmundo.es/
elmundo/2012/01/20/comunicacion/1327073838.html.
Es significativo que, mientras que el CEMA iba a
poder conceder licencias, la CNMC, no. Dada la
manifiesta falta de independencia de la CNMC, se
podría ver como algo positivo que el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo de España las conceda directamente.
Los partidos de la oposición criticaron duramente
el fracaso a la hora de implementar el CEMA durante las reuniones con la misión internacional en
junio de 2015. Antonio Hernando Vera, el portavoz parlamentario del Partido Socialista, dijo que
la decisión y su justificación del Gobierno eran «el
ejemplo perfecto del uso de la crisis como excusa» y añadió: «Al país le supone un mayor coste
no tener información independiente».
«Ni la democracia ni los controles
democráticos son baratos. Tienes
que gastar dinero en ellos». – Ricardo Sixto Iglesias, Izquierda Plural
Ricardo Sixto Iglesias, de Izquierda Plural, dijo
algo parecido. «Ni la democracia ni los controles
democráticos son baratos», comentó. «Tienes
que gastar dinero en ellos».
Hernando Vera también hizo referencia a una
propuesta de proceso de selección independiente,
que también podría usarse en los nombramientos
del Consejo de RTVE. «Sugerimos que todos los
organismos públicos tengan un comité de expertos y
consultores independientes que aprueben y evalúen
a los candidatos antes de que el Congreso los pueda
proponer. Así, la gente podría presentar su solicitud a
una posición en vez de ser nombrado por el Gobierno porque la vacante se anunciaría públicamente».
menor, Unión Progreso y Democracia (UPyD), de
vetar a tres candidatos al consejo que procedían
directamente del ministerio responsable.30
Los miembros de la delegación internacional liderada por el IPI (abajo, a la izquierda) se reúnen con representantes del Partido Socialista español, entre los que se encuentra el portavoz Antonio Hernando Vera (tercero por la derecha), el 18 de junio
de 2015. Foto cortesía del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
«El Congreso apoya el nombramiento de los diez consejeros de la CNMC», Energíadiario.com, 5 de septiembre de 2013, http://
www.energiadiario.com/publicacion/el-congreso-apoya-el-nombramiento-de-los-diez-consejeros-de-la-cnmc/.
Álvarez-Peralta, de Podemos, estuvo de acuerdo en
que la CNMC «no es independiente». Remarcó que
debería estar supervisados por expertos del sector y
representantes de la sociedad civil. Parte del esfuerzo, dijo, estaría en «desgubernamentalizar» las
instituciones públicas como la CNMC o RTVE.
En línea con lo que se ha comentado anteriormente en este informe, mientras que las justificaciones
del Partido Popular para rechazar la creación del
CEMA (austeridad y eficiencia) pueden parecer
razonables, los acontecimientos recientes nos
recuerdan cómo son los entresijos de la situación y
qué consecuencias pueden tener estas decisiones.
oposición mencionaron el anuncio del Gobierno
en abril de 2015 de la apertura a licitación de seis
nuevas licencias privadas que se concederían justo
antes de las elecciones nacionales, a finales de
otoño. La elección del momento, argumentaron,
pone en evidencia una agenda oculta.
Esta es la situación de los medios de comunicación
comunitarios. La Ley de Comunicación Audiovisual
de 2010 pretendía, por primera vez, proporcionar
un marco legal a los medios de comunicación
comunitarios en España, de los que decía que desempeñaban un rol importante a la hora de cubrir
«las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos
sociales, así como para fomentar la participación
ciudadana y la vertebración del tejido asociativo».
De la misma manera que Stephen Whittle, ex
Director de Política Editorial en la BBC y miembro
independiente de la misión de alto nivel, dice
en otro punto de este informe: «Es incluso más
preocupante que la concesión esté vinculada tan
claramente al calendario electoral y que deje al
Gobierno la posibilidad de premiar a los propietarios de los medios de comunicación por su
servicio político».
En algunos casos, como el del CEMA, el Gobierno
español derogó provisiones contenidas en la Ley
de Comunicación Audiovisual de 2010. En otros
casos, simplemente las ignoró.
La ley reconocía explícitamente el derecho al pluralismo en los medios de comunicación y, específicamente, el derecho a la existencia de los medios
de comunicación comunitarios. Todo ello, llevó al
Gobierno a desarrollar un marco legal para la concesión de licencias a los medios de comunicación
comunitarios en un plazo de doce meses.
Durante la misión de alto nivel internacional, solo Podemos adoptó una
posición espontánea con respecto a la
situación de los medios comunitarios.
La vicepresidenta primera Soraya Sáenz de Santamaría durante una rueda de prensa tras un consejo de ministros en el palacio
de La Moncloa en Madrid, España, el 29 de mayo de 2015. EPA/Ángel Díaz
Han pasado más de cinco años desde que la Ley
de Comunicación Audiovisual de 2010 entrara en
vigor el 1 de mayo de 2010. No se ha desarrollado ningún marco legal (no lo ha hecho ni el
Gobierno socialista, que estuvo en el poder hasta
diciembre de 2011, ni el Gobierno del Partido
Popular, que accedió al poder ese mismo mes).
De acuerdo con la Red de Medios Comunitarios
(ReMC), en agosto de 2015, «ninguna entidad
ha podido obtener una licencia ni existe procedimiento para acceder a licencias. Esta situación
impide la creación de este tipo de emisoras y
las que están en funcionamiento no pueden
regularizar su situación a pesar de estar previsto
en la LGCA por lo que se enfrentan a sanciones
(multas y cierre)».
En una sesión informativa para el IPI, la ReMC
señaló varios ejemplos de estas multas, incluyendo una de 500.000 € que se impuesto a la
emisora La Tele y otra de 100.000 € con la que
se castigó a la radio canaria San Borondón. En
ambos casos, los reguladores determinaron
que las emisoras habían estado operando sin
licencias y ordenaron su cierre.
Estos esfuerzos en algunas ocasiones han sido
draconianos. En un caso sobre el que Podemos
llamó la atención de la delegación, la autoridad
local en materia de telecomunicaciones en Asturias (que forma parte del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo), amenazó al propietario de
un edificio en Oviedo con una multa de 500.000
€ si no identificaba en un plazo de diez días al
responsable de una emisora comunitaria que las
autoridades sospechaban que estaba operando
desde ese edificio.
Tanto el Consejo de Estado como el Defensor del
Pueblo han criticado al Gobierno de España por
no cumplir con los términos que marcaba la Ley
de Comunicación Audiovisual de 2010 en lo relativo a los medios comunitarios. La propia ReMC
pone de manifiesto la falta de cumplimiento del
Gobierno en un caso que en estos momentos
está en el Tribunal Supremo español. Se espera
que se dicte sentencia en 2016.
El IPI está intranquilo por la negativa del Gobierno español de cumplir con el requerimiento
y desarrollar un marco legal para los medios de
comunicación comunitarios. Su inacción viola manifiestamente el derecho de los medios
comunitarios a operar como parte de un entorno
plural, tal y como se refleja en la Ley de Comunicación Audiovisual de 2010.
Miguel Álvarez Peralta, un miembro
del Consejo de Coordinación del partido en Madrid, dijo que fortalecer los
medios comunitarios como «tercer
sector de la comunicación plural y dinámico» era un pilar de la política en
materia de medios de comunicación
del partido. «Los medios comunitarios tienen un papel especial que ni
ni los públicos pueden desempeñar».
«Crean debate y hacen que la audiencia se convierta en miembro activo de
ese debate».
Durante la misión de alto nivel internacional, solo
Podemos adoptó una posición espontánea con
respecto a la situación de los medios comunitarios.
Miguel Álvarez Peralta, un miembro del Consejo de
Coordinación del partido en Madrid, dijo que fortalecer los medios comunitarios como «tercer sector
de la comunicación plural y dinámico» era un pilar
de la política en materia de medios de comunicación del partido. «Los medios comunitarios tienen
un papel especial que ni los medios de comunicación privados ni los públicos pueden desempeñar».
«Crean debate y hacen que la audiencia se convierta en miembro activo de ese debate».
Las reformas legales y los temas relacionados
con las libertades de comunicación audiovisual
surgieron como cuestiones importantes en los
encuentros entre la delegación de alto nivel y los
partidos políticos españoles.
Sin embargo, en las indicaciones introductorias,
los representantes del IPI también mencionaron
que la transparencia y el acceso a la información
eran motivos de preocupación, citando en particular la falta de información sobre la publicidad
institucional en los medios de comunicación y la
aprobación de leyes relacionadas con el acceso a
la información que no cumplen con los estándares
internacionales. Vale la pena, por lo tanto, resumir brevemente las respuestas de algunos de los
partidos políticos sobre estas cuestiones.
En relación a la publicidad institucional, el informe
de marzo de 2015 de la coalición internacional
explicaba detalladamente como existía una falta
de información sobre los criterios usados por los
organismos públicos a la hora de conceder las
campañas de publicidad a los medios de comunicación, lo que hacía difícil saber si existía una
posible «censura blanda» en España. Organizaciones de la sociedad civil consideraron que la
decisión del Gobierno en 2014 de centralizar la
asignación de publicidad institucional a través de
un grupo de máximo cinco agencias publicitarias
empeoró la situación31 «ya que permitiría que
detalles claves como la identidad de los medios
de comunicación que reciben publicidad oficial, así
como detalles sobre el objetivo de la campaña,
costo total, medios de comunicación preferidos,
etc., sólo se publicasen cuando se estime ‘oportuno’». Además, como destaca el informe de marzo
de 2015, citando a un experto en publicidad
institucional de la Universidad de Sevilla,32 «la
nueva ley española de transparencia y acceso a
la información obliga a las instituciones públicas a
hacer públicos todos los contratos de publicidad,
independientemente de su tamaño. Sin embargo,
cuando los contratos se adjudican a través de
agencias de publicidad contratadas por el Estado,
la información sobre cómo éstas asignan la publicidad oficial no está sometida a la nueva ley».
Los funcionarios generalmente no respondieron
cuando se les preguntó al respecto, aunque esto se
debía, en parte, a la falta de tiempo. Sin embargo,
dado las deficiencias que se subrayaron en el informe de marzo de 2015, el IPI cree urgente intensificar la labor de monitorización de la gestión de dicha
publicidad e invita a la sociedad civil española a estudiar las medidas que deben tomarse para mejorar la
situación actual en este ámbito.
En relación a la segunda cuestión, el informe de
marzo de 2015 también incluyó un extenso capítulo
escrito por Access Info Europe sobre las deficiencias
de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de 2013, que entró
en vigor en dos fases en los últimos dos años.
El Partido Socialista se disculpó por no apoyar la
ley cuando se votó en el parlamento, que describió como una decisión «difícil» dado que la medida era la primera de ese tipo en España. José de
Francisco, consejero legal del Partido Socialista,
explicó que el anterior Gobierno socialista había
empezado a redactar el esbozo de una ley de acceso a la información que dijo que estaba basada
en un modelo del Consejo de Europa pero que la
versión del Partido Popular «había añadido más
casos en los que se puede denegar el derecho a
la información y había reducido la independencia
del organismo supervisor», cosa que el Partido
Socialista no podía apoyar.
Álvarez-Peralta, de Podemos, señaló la falta de
una «cultura de la transparencia» en España y dijo
que el partido quería llevar la ley de acceso a la información al nivel europeo. Describió la ley actual
como una «sombra» de lo que podría haber sido.
Durante la misión de diciembre de 2014, Carmen
Martínez Castro, la Secretaria de Estado de Comunicaciones, defendió firmemente la ley: «Tenemos
la firme voluntad de que [esta ley] funcione, de
ponerla en práctica y de ver en qué podemos mejorarla. Esta ley cambiará la cultura del gobierno y
de la sociedad [española]».
Pero en esta cuestión parece que el Partido
Popular también está aislado, y no solo de la
oposición. Tal y como el informe de marzo de
2015 dejó claro, la opinión en España de la ley
de acceso a la información por parte de medios
de comunicación, académicos y observadores de
la sociedad civil está clara: es una oportunidad
perdida que no respeta los estándares europeos e
internacionales en cuestiones de transparencia.
Eva Belmonte, “El Gobierno centraliza la compra de anuncios en medios y la limita a un máximo de cinco empresas”, 8 de mayo
de 2014, http:// elboenuestrodecadadia.com/2014/05/08/el-gobierno-centraliza-la-compra-de-anuncios-en-medios-y-la-limita-aun-maximo-de-cinco-empresas/.
Fernando Vicente, “ ‘Con la publicidad institucional está en juego el meollo de la democracia’ “, Eldiario.es, el 23 de mayo de
2013, http://www. eldiario.es/andalucia/reparto-publicidad-institucional-jugamos-democracia_0_135437303.html.
Con un ojo en las elecciones generales de España
que tendrán lugar a finales de 2015, el IPI, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Federación Europea de Periodistas y la Plataforma en
Defensa de la Libertad de Información instan al
Gobierno de España a tomar los siguientes pasos:
Lista de partidos políticos en España y su representación en el Congreso de los Diputados (350 escaños
en total, en el recuento se incluye un miembro independiente que no se muestra a continuación)
-- Derogar la Ley de Seguridad Ciudadana.
-- Recuperar el proceso de nombramiento de los
miembros del Consejo de Administración de RTVE
previsto en la Ley de 2006 de de la radio y la
televisión de titularidad estatal, que requería una
mayoría de dos tercios en el Parlamento.
-- Implementar un regulador independiente
especializado en la radiodifusión como el que
estaba previsto en la Ley de Comunicación
Audiovisual de 2010.
-- Implementar un marco legal para la concesión de licencias de medios de comunicación
comunitarios, como se dispone en la Ley de
Comunicación Audiovisual de 2010.
-- Dar los pasos necesarios para asegurar que
la concesión de campañas publicitarias de
instituciones públicas se lleve a cabo de forma
transparente y de acuerdo a criterios objetivos.
En general, el Gobierno de España debería asegurarse de que cualquier reforma legal:
∙∙ se lleve a cabo con la adecuada observancia de la
percepción del público y del potencial efecto disuasorio en la libertad de expresión y de prensa.
∙∙ se redacte de la forma más precisa posible.
∙∙ tenga en cuenta las preocupaciones de la
sociedad civil nacional e internacional, así
como las de los organismos que defienden los
∙∙ refleje los estándares internacionales de libertad
de expresión, así como las buenas prácticas.
Se deberían revisar las reformas que ya se han aprobado pero que no cumplen con estos requisitos.
Partido	escaños
Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
Fuente: Página web del Congreso de los Diputados.
Se enviaron solicitudes de reunión a todos los
grupos parlamentarios, además de Podemos y
Ciudadanos, que aún no tienen representación.
La misión de alto nivel a España se reunió con
representantes del Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Plural y el Grupo Parlamentario
Mixto. Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco también accedieron a encontrarse con
la delegación pero posteriormente cancelaron
sendas reuniones (en el caso de Convergència
i Unió, debido a una reunión en Barcelona que
más tarde resultó en la disolución del partido
el 17 de junio de 2015; en el caso del Partido
Nacionalista Vasco, debido a una votación legislativa urgente). La delegación también se reunió
con representantes de Podemos.
«La Ley de Seguridad Ciudadana
y otras reformas legales»
Cátedra de Derecho y Tecnología, Tallinn Law School/Tallinn University of Technology 34
– La vaguedad de la redacción de las provisiones de la Ley de Seguridad Ciudadana, así
como de las modificaciones del Código Penal en
lo relativo a terrorismo, pueden llevar a casos
de autocensura entre periodistas y otros.
– Aunque el Gobierno de España ha asegurado
que estos cambios legislativos se aplicarán en
casos muy específicos, también debe abordar
el gran problema de cómo el público percibe y
entiende estos cambios.
– Las medidas restrictivas relacionadas con el
terrorismo, materia sobre la que hay poca legislación internacional, deben tener en cuenta
– La introducción de sanciones administrativas
en lugar de penales, como está previsto en la
Ley de Seguridad Ciudadana, no deben contravenir los principios de transparencia o de
examen judicial independiente.
Entre los problemas a los que se enfrenta la
libertad de expresión de los activistas en España
se encuentran diferentes cambios legislativos,
concretamente la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad
Ciudadana), la llamada Ley Mordaza por sus detractores, y las modificaciones del Código Penal.
Tanto la Ley como las modificaciones del Código
Penal han entrado en vigor el 1 de julio de 2015.
Además, el cuerpo legislador valora en estos momentos la reforma de algunos aspectos de la Ley
Este informe no hace un análisis detallado de los
cambios legislativos pues esto no forma parte de
la misión, aunque sí que señala las preocupaciones y los comentarios de diferentes interlocutores
durante la misión internacional de expertos.
La Ley de Seguridad Ciudadana, entre otras
cosas, hace que se pueda castigar el uso sin
autorización de imágenes o datos personales de
agentes de seguridad. Es muy probable que esto
tenga un impacto en los medios de comunicación
y que limite su importante papel de guardián
del interés público. La Ley también requiere que
los ciudadanos muestren el debido respeto a los
oficiales de los cuerpos de seguridad durante su
cumplimiento de deber. Esta redacción es vaga y
abierta a diferentes interpretaciones.
Se han llevado a cabo varias modificaciones del
Código Penal. Como se trata de un código viejo,
en muchos casos las modificaciones han sido
actualizaciones para modernizarlo. Algunas modificaciones, no obstante, son motivo de preocupación ya que podrían tener un impacto negativo en
la libertad de expresión a causa de redacciones
poco claras. Un ejemplo de ello es la prohibición
de acceder de manera habitual a páginas web de
contenido terrorista: no está claro a partir de qué
punto se considera «acceder de manera habitual»
y el significado de «contenido terrorista» tampoco
lo es. Los defensores de las modificaciones (el
Partido Popular y, hasta cierto punto, el Partido
Socialista, que han llegado a un pacto antiyihadista que conforma el trasfondo de las modificaciones) nos aseguraron que es necesario que
Este artículo fue originalmente publicado el 7 de julio de 2015 en www.freemedia.at.
haya elementos objetivos y subjetivos para que
cualquier actividad pueda caer dentro de los escenarios que la Ley contempla. Por ejemplo, para
culpar a alguien de terrorismo, éste debe haber
tenido la intención de cometer actos terroristas.
Aunque se puede llegar a aceptar lo que la Ley
establece siempre que sea aplicado por un juez
independiente, la vaguedad de la redacción puede
tener un efecto intimidatorio.
Se debe tener en mente el posible
efecto negativo en las provisiones
relacionadas con la seguridad si son
vagas y admiten la posibilidad de diferentes interpretaciones. Se tardará
un tiempo en desarrollar la jurisprudencia y, durante este periodo,
periodistas, investigadores y otros
que, por razones legítimas, accedan a páginas web, no deben temer
porque su actividad pueda constituir
un delito. En los encuentros que
se llevaron a cabo, los miembros
de la misión internacional tuvieron
la impresión de que no se estaba
prestando demasiada atención a la
percepción del público, a su impacto
negativo o a cómo puede el público
general interpretar las leyes.
Las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal podrían, entre otras cosas, permitir la
instalación de los programas llamados spyware
y de otros instrumentos de vigilancia electrónica. El proyecto de modificación de la Ley ha
sufrido cambios durante el proceso de redacción
y aprobación. La posibilidad de vigilancia sin
autorización judicial, como se proponía inicialmente, ha sido reducida. El grupo de trabajo dependiente del Consejo General del Poder Judicial
que revisa los proyectos de ley (ver más abajo)
sugirió cambiarlo y se aceptó la sugerencia. El
cuerpo legislador todavía sigue valorando estas
modificaciones. Es muy importante no caer en la
tentación, desafortunadamente común en muchos
países, de que, como es tan fácil usar las tecnologías modernas para la vigilancia masiva, se lleve
a cabo dicha vigilancia sin la debida consideración
de su proporcionalidad y su necesidad.
En lo referente a las medidas legislativas relacionadas de diferentes maneras con temas de seguridad y la lucha contra el terrorismo, la situación
para los expertos internacionales es ligeramente
diferente a la situación que encuentran a la hora
de asesorar en temas relacionados con, por
ejemplo, servicios públicos de emisión de radio y
televisión, regulación de derechos de emisión o
legislación sobre acceso a la información. En estos
casos, existen buenas prácticas internacionales
así como diferentes sistemas nacionales bien
establecidos que pueden usarse como modelos.
Por varias razones, hay menos buenos modelos
en asuntos relacionados con la seguridad. No hay
ningún tratado internacional ni ninguna definición
aceptada internacionalmente de terrorismo en la
legislación internacional. La mayor parte de los
países del mundo luchan por determinar qué está
dentro de lo aceptable y qué es una infracción
del Derecho a la hora de preservar la seguridad
pública. No se dispone, por lo tanto, de ninguna
solución internacional usada en otras ocasiones para aplicarla en estas situaciones. Esto no
significa que no haya buenas prácticas a las que
dirigir los esfuerzos. Lo que es importante es que
los requisitos de necesidad y proporcionalidad de
cualquier medida restrictiva sean observados debida y transparentemente. Estos requisitos incluyen
que cualquier medida que restrinja derechos y
libertades pueda tener éxito a la hora de perseguir
su objetivo. Las restricciones y el motivo por el
que se emplean deben ser lo más claros posible.
Se debe tener en mente el posible efecto negativo
en las provisiones relacionadas con la seguridad
si son vagas y admiten la posibilidad de diferentes
interpretaciones. Se tardará un tiempo en desarrollar la jurisprudencia y, durante este periodo,
periodistas, investigadores y otros que, por razones legítimas, accedan a páginas web, no deben
temer porque su actividad pueda constituir un
delito. En los encuentros que se llevaron a cabo,
los miembros de la misión internacional tuvieron la impresión de que no se estaba prestando
demasiada atención a la percepción del público,
a su impacto negativo o a cómo puede el público general interpretar las leyes. La discusión se
ha centrado más bien en asegurar que las leyes
Todos los países que respetan los derechos
humanos y las libertades individuales advierten
conflictos de intereses en ciertas situaciones. Esto
es algo reconocido por los instrumentos de los
derechos humanos, que reflejan que las libertades
y los derechos no son absolutos. El artículo 10
del Convención Europea de Derechos Humanos,
así como el artículo 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos contienen limitaciones
explícitas al derecho de libertad de expresión. Muchos de nuestros interlocutores comentaron este
posible conflicto y remarcaron que no hay falta
de comprensión de las posibles limitaciones de
derechos que las nuevas leyes o modificaciones
legislativas puedan conllevar. Se hará un ejercicio
de equilibrio de derechos de forma adecuada. En
la mayoría de casos esto no se puede verificar ni
contradecir hasta que haya jurisprudencia sobre
provisiones específicas. Se debe, no obstante,
reconocer que las leyes que puedan limitar la
libertad de expresión pueden tener un efecto
desproporcionadamente restrictivo de la libertad
de expresión y de la libertad de los medios de
comunicación, lo que supone un problema incluso
aunque ese impacto se base en temores parcialmente exagerados.
Como se ha dicho, durante las charlas con algunas personas se señaló que estas provisiones no
comportan ningún riesgo ya que la interpretación
dependerá de jueces con experiencia en este tipo
de interpretaciones. Por ejemplo, se comentó
que, aunque el concepto de terrorismo tampoco
esté bien definido en la legislación, se ha usado
adecuadamente durante años. Se remarcó que se
necesitan elementos objetivos y subjetivos para
que se pueda castigar una actividad como, por
ejemplo, la intención de cometer un acto terrorista. Como con cualquier ley, el criterio se determinará con su aplicación.
No hay ninguna duda de que en España hay un
sistema judicial independiente, con jueces profesionales. Sin embargo, cuando se introducen nuevas leyes que puedan tener un efecto limitador de
la libertad de expresión, es importante tener en
mente su posible percepción y entendimiento, no
solo los efectos negativos definidos en la práctica.
Un cambio que se ha mencionado en diferentes
contextos (y al que aquí solo se hará referencia
en términos generales) es que algunas cuestiones
serán infracciones administrativas en lugar de penales. Muchas veces este es un cambio positivo ya
que hay cuestiones que solo deberían ser delitos
si la acción y su seriedad hacen que sea lo suficientemente grave como para recibir esta consideración. No debería exponerse a la gente a tener
antecedentes penales por infracciones menores
de la ley si se pueden emprender otras medidas
igualmente efectivas. A la vez, en el estado de
derecho se establecen normas y procesos para la
aplicación de sanciones penales, incluyéndose vías
de recurso. En el caso de las sanciones administrativas, tanto el método como el organismo que
aplica la sanción pueden variar. Sin entrar en el
detalle de los cambios específicos que se han propuesto, uno se puede dar cuenta de que es muy
importante que el cambio a infracción administrativa no debe llevar a dejar de lado una revisión judicial independiente de las sanciones o a hacer que
el proceso de sanción sea menos transparente.
se aplicarán de forma apropiada, cosa que sus
detractores no creen.
No hay ninguna duda de que en España hay un sistema judicial independiente, con jueces profesionales.
Sin embargo, cuando se introducen
nuevas leyes que puedan tener
un efecto limitador de la libertad
de expresión, es importante tener
en mente su posible percepción y
entendimiento, no solo los efectos
negativos definidos en la práctica.
Era evidente que había un clima de polarización
en España entre los diferentes partidos políticos,
con el partido que gobierna (con mayoría absoluta), el Partido Popular, quedando aislado del resto
de partidos en muchas ocasiones, pero también
con partidos tradicionales, como el Partido Popular y el Partido Socialista (y, en cierta medida,
también Izquierda Unida) contradiciendo a los
nuevos partidos (Podemos, Ciudadanos) y a activistas de la sociedad civil. Aunque se pueda dar el
caso de que un clima así pueda llevar a temores
exagerados sobre las reformas legislativas, no
cambia el hecho de que corresponde al Gobierno
mitigar estos temores y contrarrestar cualquier
efecto negativo que nuevas leyes o modificaciones de las mismas puedan tener en la libertad de
Los partidos de la oposición declararon que, de
vencer en las elecciones, derogarían nuevas leyes
como la Ley de Seguridad Ciudadana y, en algunos
casos, todas o algunas de las mencionadas modificaciones del Código Penal y del Código Procesal
Penal. En todo lo relativo a la Ley de Seguridad
Ciudadana se nos dijo que los partidos de la
oposición compartían el mismo punto de vista,
mientras que las otras leyes eran vistas de diferentes maneras. El Partido Socialista, con el apoyo de
otros cuatro partidos, ha llevado la Ley de Seguridad Ciudadana ante el Tribunal Constitucional.
Han utilizado este mismo recurso para otras leyes.
La existencia de un Tribunal Constitucional independiente es muy importante para garantizar el
estado de derecho. El proceso en este tribunal es,
sin embargo, lento y las sentencias pueden tardar
La misión internacional también mencionó positivamente que el Consejo General del Poder Judicial
tuviese un grupo de trabajo compuesto por jueces
de alto nivel, abogados y académicos que elaboran informes sobre la nueva legislación durante su
proceso de redacción. Este proceso asegura que
la opinión del grupo se tenga en consideración,
incluso cuando su opinión es crítica. El Gobierno
está obligado a pedir la opinión del grupo, aunque
el informe del Consejo General del Poder Judicial
no es vinculante. No obstante, en la mayoría de
casos, se siguen sus sugerencias. El grupo ha sido
crítico recientemente con algunos proyectos de
ley porque, entre otras cosas, pueden tener una
influencia negativa en la libertad de expresión, a
lo que el Gobierno ha respondido modificando sus
propuestas convenientemente. Lo más notable es
que la provisión sobre la vigilancia sin orden judicial fue eliminada durante el proceso de redacción
de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras una valoración negativa del grupo.
Debería haber más claridad en el lenguaje de
la Ley u otros medios para hacer que la gente
no tema por las consecuencias negativas, como
notas explicativas o declaraciones claras de la
intención tras la legislación. Esta claridad puede
servir para mitigar posibles efectos negativos.
Para cualquier ley restrictiva, es necesario que se
tenga en cuenta la proporcionalidad. Cuanto más
restrictiva es una medida, más importante es que
la medida sea la única forma efectiva de combatir
el problema en cuestión. Por lo tanto, es importante valorar primero el problema y luego ver qué
medidas pueden tomarse contra él, seleccionando las que proporcionen la mayor seguridad posible con el menor detrimento posible de derechos
«Radiotelevisión pública y
regulación audiovisual»
Ex Director de Política Editorial de la BBC 36
– La preocupación por la politización de RTVE,
la corporación radiotelevisiva pública de España, crece a medida que el país se adentra en
un año crítico por las elecciones a nivel nacional, autonómico y local.
– Que el Gobierno de España haya modificado
el proceso de nombramiento de los miembros
del Consejo de Administración de RTVE crea un
peligroso precedente que debería eliminarse.
– La visita de la misión internacional expuso
fallos políticos evidentes que el Partido Popular,
que gobierna actualmente, justificó diciendo
que el cambio en el procedimiento era necesario en vista de la «información antigubernamental» de la corporación pública.
– El Gobierno debería implementar un organismo regulador independiente y específico para
el sector audiovisual, de acuerdo al propósito
original de la Ley General de la Comunicación
– Es inusual que el Gobierno conceda licencias
de televisión y su reciente decisión de concederlas en fechas tan cercanas a las elecciones
nacionales puede ser problemática.
En abril de 2015, el corresponsal en Madrid del
Financial Times informó sobre la situación actual
de RTVE, la corporación radiotelevisiva pública de
España. Su informe se alineó con las cuestiones
que había planteado el IPI anteriormente.
«Durante más de 50 años, millones de españoles se han sentado cada noche a ver el Telediario, el informativo insignia del canal público
de televisión TVE. Durante los últimos meses,
no obstante, el canal no solo ha estado informando sobre noticias, sino que también las ha
estado creando.
TVE y su telediario están acusados de favorecer
abiertamente al Gobierno de Mariano Rajoy y al
Partido Popular, actualmente en el Gobierno, a la
vez que dejan de lado las voces de la oposición.
Los propios periodistas del canal están tan
preocupados por las interferencias políticas,
que este mes han enviado una delegación a
Bruselas para plantear una queja formal al
Parlamento Europeo. En un documento de siete
páginas, describen a TVE como «un instrumento propagandístico al servicio del Gobierno»
y detallan una serie de presuntos deslices y
manipulaciones periodísticos.»
Su informe hizo foco en el peligro específico que
estas presuntas interferencias suponían teniendo
en cuenta que este año se celebrarán elecciones
a nivel local, autonómico y nacional. También
hizo referencia al presidente del Consejo de Informativos de TVE, el guardián de la ética interna: «“He estado 30 años en este canal y tengo
que decir que nunca había sido tan malo”, dice
Alejandro Caballero. Lo que queremos es un
canal que esté al servicio del público. Lo que
tenemos es un canal que es un instrumento del
Gobierno, y lo está usando.»
Este artículo fue originalmente publicado el 29 de julio de 2015 en www.freemedia.at.
Este artículo refleja el punto de vista del autor como miembro independiente de la misión internacional.
Mientras el calor veraniego alcanza Madrid, la
temperatura política también sube. El partido
conservador que está en el Gobierno, el Partido Popular, se ha relanzado tras los fracasos en
las recientes elecciones locales y autonómicas
y ha incorporado caras nuevas. La clásica lucha
a muerte entre dos partidos, el PP y el Partido
Socialista (PSOE), se ha convertido en una carrera
de cuatro caballos en la que cada contendiente
ha obtenido sobre un 20% de votos. Como la mayoría de guerras, la primera víctima es la verdad,
particularmente porque lo tradicional en España
es que el ganador se lleve todo el botín, especialmente en lo referente a nombramientos de cargos
Periodistas de todos los puntos del espectro político temen que la libertad de expresión de la que
España ha disfrutado desde que fue consagrada
en la Constitución tras la dictadura esté ahora
amenazada, tanto abierta como encubiertamente.
El pasado mes de diciembre, el Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés)
envió una delegación a España para averiguar
los hechos. El informe de la misión remarca las
preocupaciones sobre la independencia e imparcialidad en RTVE así como la falta de un organismo regulador independiente y específico para el
Cuando se trata de la protección de la imparcialidad de los canales públicos y del papel de su
regulación, hay una normativa europea, tanto del
Consejo de Europa como de la Unión Europea,
que hay que aplicar.
La misión más reciente del IPI pretendía persuadir
a los partidos políticos de España de que era de
su interés, así como del de los medios de comunicación y del público, que se asegurase que se cubriese las elecciones de forma rigurosa e imparcial,
incluyendo todas las voces en la campaña.
Recientemente, el presidente de RTVE, recién
nombrado, ha alardeado de su afiliación política al
PP y ha supervisado un proceso a través del cual
conocidos simpatizantes del Gobierno han sido incorporados a la sala de prensa y en la elaboración
de artículos clave.
Su propio nombramiento se pudo llevar a cabo
gracias a un decreto ley que cambió la ley y permitió que se pudiera incorporar a alguien al Consejo de Administración de RTVE con una mayoría
parlamentaria simple en lugar de una mayoría
cualificada. Esto sienta un precedente peligroso.
Los decretos ley que invalidan leyes ya existentes
deberían ser usados solo en casos de urgencia,
no para alterar un principio fundamental del buen
gobierno de la corporación pública.
Cuando la misión se reunió con la
comisión parlamentaria mixta que
supervisa a la corporación pública,
los fallos políticos estaban muy claros. La derecha niega que haya un
problema o que la libertad de expresión esté bajo amenaza, la izquierda
ve los mismos hechos pero extrae la
conclusión opuesta.
El Comité de Ministros el Consejo de Europa lo
dice así en su Declaración sobre gobernanza en
los medios de comunicación de servicio público
(febrero de 2012):
12. Que un sistema de gobierno funcione
adecuadamente depende de varias condiciones. Estas condiciones incluyen los procesos a
través de los cuales se asegura el apoyo de los
accionistas, lo que incluye al Estado, la existencia de un nivel adecuado de independencia del gobierno u otros intereses privados y públicos y las garantías procesales
que aseguran que las decisiones de los medios
de comunicación públicos sean consistentes
con su área de acción, se lleven a cabo adecuadamente y se implementen completamente.
La intencionalidad política tras la modificación
estaba clara. De hecho, Rafael Hernando Fraile, el
portavoz del PP en el Congreso de los Diputados,
explicó a la misión del IPI que ese cambio se tuvo
Cuando la misión se reunió con la comisión parlamentaria mixta que supervisa a la corporación
pública, los fallos políticos estaban muy claros.
La derecha niega que haya un problema o que
la libertad de expresión esté bajo amenaza, la
izquierda ve los mismos hechos pero extrae la
En reuniones subsiguientes con los partidos,
el PSOE dijo que, de vencer en las elecciones,
recuperaría la anterior ley que regulaba el
proceso de nombramiento y recomendaría los
candidatos usando un sistema de convocatoria
pública con un proceso de selección llevado a
cabo por una comisión independiente antes de
proponerlos al Congreso.
Desde el PP no surgió ningún compromiso parecido, aunque estuvieron de acuerdo con que
podría ser beneficioso un intercambio de visitas
entre RTVE y la BBC en el periodo anterior a las
elecciones y compartir experiencias en la cobertura de campañas muy reñidas y en la preservación de la imparcialidad.
47. Los medios de comunicación públicos ocupan una posición excepcionalmente privilegiada
en el debate público y los procesos democráticos. Su independencia está muy preciada
precisamente porque las expectaciones que los
medios de comunicación reflejarán y promoverán en un debate público y abierto apoyarán
objetivos democráticos mayores. Los medios de
comunicación de servicio público tiene que tener la seguridad de que pueden pedir cuentas
en nombre de la sociedad, a cuyos intereses se
deben, sin interferencias políticas.
La radiodifusión pública necesita confianza.
Parte de esa confianza proviene de la capacidad
del canal de retratar el mundo de la forma más
imparcial y rigurosa posible. Los canales deberían
marcarse los más altos estándares de indepen-
dencia e imparcialidad en la cobertura de noticias
de actualidad. Las noticias tienen que ser merecedoras de confianza, incluso aunque sean incómodas: tienen que estar bien fundamentadas, ser
fiables y no alterar nunca las argumentaciones de
forma que se lleve al público a sacar conclusiones
falsas. Un canal debería proporcionar el contexto
y trasfondo necesarios para que se pueda comprender el significado de lo que se está explicando. Debería dirigirse de la misma manera a todos
los partidos y hacer que sus políticas se difundan
y cuestionen adecuadamente.
Por último, pero ni de lejos menos importante por
ello, un canal tiene que rendir cuentas acerca de
qué hace y cómo lo hace. Un canal público debe
dar ejemplo sobre los asuntos de los que informa,
cómo y por qué. También debería estar preparado
para explicar y, cuando sea necesario, defender
las decisiones que toma. También debería tener la
valentía y la gracia de admitir los errores que se
puedan haber cometido. Por ejemplo, sus guías
editoriales deberían estar a disposición de todos,
así como sus objetivos de resultados.
que llevar a cabo dado que la información que
RTVE estaba proporcionando era «claramante en
contra del Gobierno».
Los canales deberían marcarse los
más altos estándares de independencia e imparcialidad en la cobertura de noticias de actualidad. Las
noticias tienen que ser merecedoras
de confianza, incluso aunque sean
incómodas: tienen que estar bien
fundamentadas, ser fiables y no
alterar nunca las argumentaciones
de forma que se lleve al público a
sacar conclusiones falsas. Un canal
debería proporcionar el contexto y
trasfondo necesarios para que se
pueda comprender el significado
de lo que se está explicando. Debería dirigirse de la misma manera a
todos los partidos y hacer que sus
políticas se difundan y cuestionen
De nuevo, el Consejo de Europa se pronuncia
3. La misión principal de los medios de comunicación públicos es apoyar objetivos de
interés general como son el progreso social, la
concienciación pública de los procesos democráticos… Como una fuente importante de
información imparcial y de opiniones políticas
variadas, los medios de comunicación públicos
deben permanecer ajenos a influencias económicas o políticas y conseguir un alto nivel
editorial en cuanto a imparcialidad, objetividad
– Los procesos de nombramientos del Presidente
y del Consejo de Administración de RTVE deberían
volver a ser los que se establecían en la Ley de la
radio y la televisión de titularidad estatal de 2006 y
deberían contar con el apoyo de una convocatoria
pública y proceso de selección independientes.
– RTVE debería tener la obligación legal de proporcionar información imparcial y de cubrir las
elecciones de la misma manera.
– RTVE debería cubrir de la misma manera a todos los partidos que se presentan a las elecciones
y esa cobertura debería ser justa y equilibrada.
– RTVE debería formar parte de intercambios
con otras corporaciones radiotelevisivas públicas
Nos preocupó saber que en Madrid se iba a conceder seis nuevas licencias de televisión digital en
noviembre, justo antes de las elecciones nacionales. Es inusual que esas licencias sean concedidas
directamente por el Gobierno, como se hace en
España, en lugar de ser concedidas por un organismo regulador independiente y específico del
sector. Es incluso más preocupante que la concesión esté vinculada tan claramente al calendario
electoral y que deje al Gobierno la posibilidad de
premiar a los propietarios de los medios de comunicación por su servicio político.
a.	El libre ejercicio de la comunicación audiovisual en materia de radio, televisión y servicios
conexos e interactivos en las condiciones
b.	La plena eficacia de los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley: en especial todo
lo referente al menor.
c.	La transparencia y el pluralismo del sector de
d.	La independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio, televisión y servicios conexos
e interactivos, y el cumplimiento de la misión de
servicio público que le sea encomendada.
Desafortunadamente, los partidos, tanto de derecha como de izquierda, también están divididos
en cuanto a este tema. Otros países europeos
ven el valor de tener un organismo independiente
y autónomo en este campo tan importante de
la libertad de expresión y contenido que tenga
la experiencia necesaria en el sector y que sea
capaz de equilibrar la libertad de expresión y las
cuestiones económicas y de pluralidad.37 Estos
organismos pueden trabajar con flexibilidad y
rapidez; tener credibilidad y estabilidad ya que
están aislados de las influencias políticas del día a
día; ser eficientes y efectivos; facilitar la participación pública y la transparencia; y reducir tanto las
dudas como las interferencias políticas.
Las directivas de la Unión Europea tienen un valor
jurídico superior en los 28 Estados miembros. A través de ellas, se requiere a los miembros que alcancen cierta meta sin establecer los medios para alcanzarla. En el campo de la comunicación audiovisual, la
directiva de servicios de comunicación audiovisual de
2010 es la disposición legal preferente.
En estos momentos, el contenido lo regula la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el llamado «superregulador», que también es responsable de regular los sectores de la energía, las telecomunicaciones, los ferrocarriles, postal y aeroportuario. La Comisión se creó a través de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, que oficialmente derogaba los artículos de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 relacionados con el
De nuevo, planteamos la cuestión de restaurar
el artículo de la Ley General de la Comunicación
Audiovisual de 2010 que preveía la creación de un
organismo regulador, el Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales, que garantizaría:
La Directiva sugiere, pero no obliga, a los Estados
miembros a que tengan reguladores independientes para el sector audiovisual. Esto es lo que se
establece en el artículo 30:
«Los Estados miembros tomarán las medidas
necesarias para intercambiar mutuamente y
facilitar a la Comisión la información necesaria
para la aplicación de la presente Directiva, (…)
a través de sus organismos reguladores independientes.»
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior también emitió un informe que llamaba a «las Autoridades Regulatorias Nacionales a cooperar y coordinarse a nivel europeo en
temas relacionados con la comunicación audiovisual, por ejemplo, estableciendo una Asociación Europea de Reguladores para los servicios
audiovisuales, para armonizar el estatus de las
Autoridades Nacionales Regulatorias previsto
en los artículos 29 y 30 de la Directiva, lo que
permitirá que sean independientes, imparciales
y transparentes, tanto durante los procesos
de toma de decisiones como en el ejercicio de
sus poderes, así como durante los procesos
de seguimiento, y concederles las capacidades
sancionadoras adecuadas para asegurarse de
que sus decisiones se implementan.»
Otros países europeos ven el valor
de tener un organismo independiente y autónomo en este campo tan
importante de la libertad de expresión y contenido que tenga la experiencia necesaria en el sector y que
sea capaz de equilibrar la libertad de
expresión y las cuestiones económicas y de pluralidad.34 Estos organismos pueden trabajar con flexibilidad
y rapidez; tener credibilidad y estabilidad ya que están aislados de las
influencias políticas del día a día; ser
eficientes y efectivos; facilitar la participación pública y la transparencia;
y reducir tanto las dudas como las
interferencias políticas.
El vicepresidente de la Comisión, Neelie Kroes,
también subrayó la importancia de tener reguladores independientes y enfatizó la última contribución en la creación de la red regulatoria.
Continuamos sugiriendo que España siga en la
línea de la versión original de la Ley General de
Comunicación Audiovisual de 2010 y cree un
organismo regulador independiente.
En marzo de 2013, la Comisión consultó si debería
haber más claridad legal en la UE en lo referente
a la función, organización, estatus, competencias
y recursos de los organismos reguladores independientes en el contexto de la Directiva. Esto
provino de dos significantes informes que habían
sido elaborados para la Comisión.
El Grupo de Alto Nivel sobre Pluralismo y Libertad
de Medios de Comunicación recomendó lo siguiente:
«La creación de una red de autoridades regulatorias nacionales del sector audiovisual, a semejanza del creado para el sector de las comunicaciones electrónicas. Ayudaría si se compartiesen
buenas prácticas y se estableciesen niveles de
calidad. Todos los reguladores deberían ser independientes, con nombramientos transparentes
y con un adecuado equilibrio de poderes.»
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red global de periodistas y directores de medios de comunicación, que trabajamos para
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informaciones y el fomento de un periodismo ético y profesional.
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