Source: http://espanito.com/informe-no-2713.html
Timestamp: 2018-11-18 12:44:09
Document Index: 35941810

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Informe no. 27/13
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PETICIÓN P-164-01
JORGE LUIS LÓPEZ SOSA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión”, “Comisión Interamericana” o “CIDH”) recibió el 11 de diciembre de 2000 una petición presentada por el señor Jorge Luis López Sosa (en adelante “el peticionario” y/o “presunta víctima”), en contra del Estado de Paraguay (en adelante “Estado” o “Estado paraguayo” o “Paraguay”), en la cual se alega la responsabilidad internacional del Estado con fundamento en que la presunta víctima habría sido objeto de tortura por parte de funcionarios estatales cuando se desempeñaba como oficial de policía.
Del relato de la petición se desprenden alegatos referidos a que el señor Jorge Luis López Sosa habría sido víctima de torturas por parte de agentes estatales con posterioridad al fallido golpe de estado del 18 de mayo de 2000, así como los relativos a un retardo injustificado en la investigación y eventual sanción de los responsables de dichos hechos, dado que la investigación habría permanecido inactiva por un lapso. Corresponde indicar que al momento de presentar la petición, el peticionario indicó que se encontraba detenido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional y que estaría impedido de presentar una querella por temor a represalias. Por su parte, el Estado sostiene que la petición debe ser declarada inadmisible, alegando la falta de agotamiento de los recursos internos dado que el proceso penal en sede interna continúa en trámite. Además el Estado alega el cambio del contexto político y su compromiso de respetar los plazos procesales en la causa en trámite.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención” o la “Convención Americana”), la Comisión decide declarar el caso admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento internacional; así como los derechos consagrados en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante la “CIPST”). La Comisión decide además, notificar esta decisión a las partes, y publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
El 11 de diciembre de 2000 la Comisión recibió la petición de referencia en su sede. El 13 de marzo de 2008, en respuesta a una solicitud de la CIDH, el peticionario remitió información adicional. Mediante nota de 6 de junio de 2008, la Comisión dio trámite a la petición y solicitó al Estado presentar sus observaciones sobre la admisibilidad del caso dentro del plazo de dos meses, de conformidad a su Reglamento. El Estado solicitó una prórroga para remitir su respuesta, la cual le fue concedida por la CIDH el 4 de septiembre de 2008.
El Estado presentó su respuesta a la petición mediante comunicación del 11 de septiembre de 2008, trasladándola debidamente al peticionario. Mediante notas de 24 de octubre de 2008, 19 de mayo de 2009 y 15 de noviembre de 2011 la Comisión reiteró al peticionario dicho traslado. El peticionario envió su respuesta mediante comunicación de fecha 11 de enero de 2012, la cual fue debidamente trasladada. El Estado presentó sus observaciones el 5 de julio de 2012, efectuándose el correspondiente traslado.
De acuerdo a la petición, el señor Jorge Luis López Sosa, quien al momento de los hechos se desempeñaba como oficial de la policía, denuncia haber sido víctima de tortura por parte de tres oficiales de policía en mayo de 2000, quienes alegadamente actuaron bajo las órdenes del entonces Ministro de Interior. Precisa que fue golpeado en las plantas de los pies y que lo estiraron de los brazos hacia arriba estando esposado hacia atrás, provocándole intensos dolores en las articulaciones de ambos hombros. Indica que fue torturado con el fin de involucrar a otras personas en el fallido golpe de estado de mayo de 2000, respecto del cual alega que no tuvo nada que ver. Al momento de presentar la petición ante la CIDH, el peticionario señaló que se encontraba detenido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde alega haber sido presionado para llegar a un arreglo económico con sus torturadores a cambio del retiro de su denuncia y que estaría impedido de presentar una querella por temor a represalias. Además señala que su esposa estuvo en tratamiento intensivo por una situación médica en dichos momentos sin que se le permitiera cuidarla.
Con respecto a los hechos de tortura en particular, el peticionario alega que a primeras horas del día viernes 19 de mayo de 2000, el Jefe de la Agrupación de Protección Ecológica y Rural le informó que debía presentarse en la Comisaría 11 Metropolitana. Indica que al llegar a la referida Comisaría y pasar al despacho de dicho jefe, lo habrían despojado de su arma reglamentaria y le habrían atado las manos hacia atrás, dejándolo maniatado por un periodo de 75 horas aproximadamente. Indica que un oficial segundo procedió a romperle la camisa del uniforme que portaba, a fin de sacársela “con brutal furiosidad”, conducta que alega sólo sería viable si mediase una condena de traición a la patria. Sostiene que luego le habrían vendado los ojos con una hoja de papel fijada con cinta adhesiva de embalaje, haciéndolo acostar en el piso boca abajo. El peticionario señala que otros oficiales de la policía fueron sujetos a los mismos tratos.
Alega que mientras el Comisario lo interrogaba respecto a qué había hecho la noche anterior, el Oficial segundo y el Sub-Comisario le golpeaban en la planta de los pies. Indica también que el Oficial segundo se paró encima suyo estirándole los brazos hacia arriba llegando casi a levantarlo del suelo, provocándole intensos dolores en las articulaciones de los hombros. Dichos tratos habrían continuado hasta aproximadamente el mediodía. De acuerdo al peticionario, él y sus compañeros fueron luego conducidos a una habitación ubicada al lado del calabozo, en la cual les descubrieron los ojos y donde también habrían llegado otros oficiales de policía que también habían sido objeto de malos tratos y golpes.
Indica que el Comisario les manifestó tener órdenes del entonces Ministro del Interior para llevar a cabo las investigaciones sobre el supuesto golpe de estado frustrado que habría tenido lugar la noche anterior, es decir el 18 de mayo de 2000. Indica que alrededor de las 4:00 p.m. fueron trasladados al lugar conocido como “el cuadrilátero”. Señala el peticionario, que a la mañana siguiente habría sido nuevamente trasladado a la Comisaría 11, en la cual el Comisario habría ordenando su reclusión en el calabozo, esposado y con detenidos comunes. El peticionario señala que al día siguiente, domingo 21 de mayo de 2000, se presentó en la Comisaría 11 el entonces Ministro del Interior, por lo que debió permanecer arrodillado contra la pared por espacio de una hora. Indica que con posterioridad, el Comisario le habría pedido al peticionario que colaborara en la investigación, amenazándolo con respecto al estado de gravidez de su esposa, quien se desempeñaba también como agente de policía.
Por la noche habría sido trasladado a la Infantería de Marina donde se encontraba otro oficial de policía que era el Comisario Principal, para que corrobore o desmienta lo que él decía, por lo cual indica fue nuevamente vendado y acostado boca abajo. El peticionario alega haber escuchado cómo golpeaban al referido Comisario Principal y que lo interrogaban respecto a quienes habían financiado el golpe. Indica asimismo que, por debajo del vendaje que cubría sus ojos, constató la presencia del entonces Ministro del Interior. En horas de la madrugada del día siguiente indica que lo llevaron nuevamente a la Comisaría 11. Posteriormente, señala que fue trasladado a la Agrupación Especializada de la Policía donde fue trasladado, sin esposas en sus manos, a una habitación para oficiales, indicando que en un plazo de 15 días no habría sido revisado ni diagnosticado por ningún facultativo.
El peticionario indica que con 15 días de posterioridad a los alegados actos de tortura fue visitado por personal de la Cruz Roja Internacional, y 4 días después por una comisión judicial compuesta por un juez y un médico forense enviados por la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, señala que en virtud de la información periodística que se difundió sobre las torturas en su contra, en julio de 2000 recibió la visita de dos fiscales, un actuario y un médico. Sostiene que al haberse ratificado en su denuncia de torturas ante los referidos fiscales, fue trasladado al “cuadrilátero” por unos días como castigo. Además el peticionario da cuenta de que se le habría ofrecido dinero para que retirara su denuncia por torturas en numerosas ocasiones, lo cual indica habría podido grabar y entregar a la fiscalía como prueba. En cuanto a su detención, al momento de interposición de la presente petición, el peticionario indicó que tenía seguridad en cuanto a que se decretaría su sobreseimiento libre dado que no había violado norma jurídica alguna.
En el escrito recibido el 13 de marzo de 2008, el peticionario indica que la causa seguida contra los presuntos responsables de los actos de tortura estaría inactiva “por componendas entre los acusados y las autoridades judiciales del país”. Señala asimismo que “es de [su] interés y de los demás torturados impulsar el avance de dichas documentaciones pero está[n] en la más absoluta indefensión”, y que los acusados “además de contar con ayudas políticas cuentan con recursos económicos suficientes para obtener impunidad”. Con su escrito, el peticionario acompañó documentos relacionados con la causa relativa al delito de “lesión corporal en ejercicio de funciones públicas”, entre ellos la acusación fiscal y solicitud de apertura a juicio. Por su parte, en la comunicación de fecha 11 de enero de 2012, el peticionario informó que desde junio de 2009 debía llevarse a cabo la audiencia preliminar ante el juez de la causa, pero que por incidentes presentados por la defensa del imputado, el proceso habría demorado en exceso, e indicó que recién resueltos los incidentes presentados, la causa debería volver al juez de primer instancia para la audiencia preliminar en cuyo momento deberá resolverse si la causa va a juicio oral y público, como él ha solicitado.
En su respuesta a la petición, el Estado solicitó a la CIDH que declare inadmisible la petición alegando la falta de agotamiento de recursos internos, en consideración de prueba sobreviniente con posterioridad a la petición. Asimismo, el Estado indicó que se debía considerar la situación creada con la instalación del nuevo gobierno y el compromiso formal de aquél de respetar los plazos procesales y de procesar a los funcionarios públicos responsables, en caso de incumplimientos de los mismos.
Concretamente, en cuanto a la falta de agotamiento de los recursos internos, el Estado alega que los hechos que afectaron a la presunta víctima se originaron como consecuencia “del fallido intento de golpe de Estado del 18 de mayo de 2000”, siendo que con posterioridad a dicho evento se produjeron diversos arrestos e indagaciones, sobre todo con respecto a personal policial y militar. En dicho contexto, indica que, dado que el señor Jorge Luis López Sosa era oficial de la Policía Nacional y estaba en el local de la Comisaría ese día, fue objeto de indagaciones junto con otros agentes de seguridad pública. Al respecto, indica que “conforme señalan las alegaciones del Ministerio Público, efectivamente se habrían realizado hechos de torturas contra varios de estos detenidos, incluido el peticionario” y como dichas detenciones y posibles torturas se realizaron de manera amplia se dio inicio a distintas causas para su investigación, las cuales fueron eventualmente acumuladas por sus elementos de conexidad.
El Estado informa que en una de las causas referidas fueron imputados tres oficiales de policía por el hecho punible de "lesión corporal en el ejercicio de funciones publicas" y en otra de las causas fue imputado el ex Ministro del Interior por el hecho punible de “tortura”, siendo que con posterioridad a la investigación fiscal, todos los imputados fueron acusados por los delitos indicados, procediéndose en dicha oportunidad a la acumulación de las causas. El Estado indicó que contra dicha resolución se iniciaron una serie de incidentes, “aparentemente dilatorios”, los cuales desembocaron en la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Además, alega que conforme a un “aparente ejercicio malicioso de los resortes legales por parte de las defensas de los acusados, apoyados en un sistema penal todavía carente de infraestructura y relativamente nuevo (Código Procesal Penal - Ley No. 1286 promulgada el 25 de junio de 1999 y que entrara a regir recién el 1 de marzo de 2000)” se arribó a la audiencia preliminar (en la que se evalúa el merito de la acusación para la elevación de la causa a juicio oral y público) en fecha 26 de noviembre de 2003, con el expediente prácticamente "extinto" de conformidad a la normativa de los artículos 25.3, 136 y 137 del Código Procesal Penal2.
En consecuencia, el Estado indica que en la mencionada audiencia preliminar del 26 de noviembre de 2003, el Ministerio Público y la querella adhesiva plantearon una excepción de inconstitucionalidad, mediante la cual se pretendía la inaplicabilidad para la causa de los citados artículos 25.3, 136 y 137 del Código Procesal Penal. El Estado señala que la Corte Suprema, resolvió la excepción planteada mediante resolución de fecha 5 de mayo de 2008, es decir en un plazo de 4 años y 8 meses, en sentido favorable a las pretensiones del Ministerio Público y de la presunta víctima, declarando inaplicables los artículos impugnados. Sostiene el Estado que con ello se habrían eliminado los impedimentos para la realización de una nueva audiencia preliminar que permita revisar la acusación y eventualmente elevar la causa a juicio oral. En síntesis, el Estado señala que a pesar de los años trascurridos desde el inicio del proceso, y de haber estado paralizada la causa en la Corte Suprema de Justicia por el tiempo indicado, el fallo de dicho Tribunal abrió las puertas nuevamente al tratamiento de la causa en un futuro juicio oral con plenas garantías. Por ello, el Estado alega la falta de agotamiento de los recursos internos.
Sostiene que la nueva situación creada con la sentencia del caso, dictada en su favor, permite a los operadores del sistema judicial del Paraguay la búsqueda de la verdad real, apartados de formalismos que permitan suponer la extinción de la acción por cualquier causa que no fuera la discusión de la misma en un juicio con plenas garantías para las partes.
Añade que con la sentencia de la Corte Suprema del 5 de mayo de 2008, se evidencia la posibilidad actual de la realización de la audiencia preliminar, el juicio oral y público, y la latente posibilidad de interposición de los recursos de apelación, casación o inconstitucionalidad contra los fallos que pudieran dictarse.
Por otra parte, el Estado alega que existen otros hechos que fortalecen la solicitud de inadmisibilidad de la petición y se refieren al cambio del contexto político en el país. Indica que al tiempo de la petición originaria, permanecían en el Gobierno autoridades pertenecientes al mismo partido político que estuvo vigente por más de 60 años en el país, hasta que en las elecciones generales del 20 de abril de 2008, se produjo la alternancia, de manera democrática, desplazando al Partido Colorado que se encontraba en el gobierno desde 1947, una Alianza de partidos políticos y grupos sociales de oposición.
Finalmente, teniendo en cuenta el tiempo trascurrido, y la situación creada con relación a la causa penal seguida contra los supuestos responsables de los crímenes de tortura denunciados por el señor Jorge Luis López Sosa, el Estado paraguayo indicó en su presentación que asumía ciertos compromisos tanto ante la presunta víctima, como ante la CIDH. Al respecto manifestó que asumía el compromiso de respeto irrestricto de plazos procesales, tomando la responsabilidad del procesamiento administrativo, civil o penal derivado del incumplimiento de tales plazos a los funcionarios públicos responsables.
Mediante comunicación de fecha 5 de julio de 2012, el Estado informó que la causa penal referida al delito de “lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas” relacionada con el señor Jorge Luis López Sosa, contaba con audiencia preliminar fijada para el día 24 de julio de 2012, precisando que en dicha causa la presunta víctima era querellante adhesiva de los imputados contando con patrocinio letrado.
ANÁLISIS DE ADMISIBLIDAD
El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a Jorge Luis López Sosa, y sus familiares, respecto a quienes Paraguay se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, Paraguay es parte en la Convención Americana desde el 24 de agosto de 1989, fecha en que depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
La Comisión Interamericana ostenta competencia ratione loci, debido a que las alegadas violaciones a derechos humanos ocurrieron dentro de un Estado parte de la Convención Americana.
Por su parte, el peticionario refiere a violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana. Por lo que para el caso sub examine la CIDH posee competencia ratione materiae. Asimismo, la Comisión Interamericana goza de competencia ratione temporis puesto que la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Asimismo, es competente para conocer violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), puesto que Paraguay es parte de dicho tratado desde el 9 de marzo de 1990, cuando depositó el respectivo instrumento de ratificación.
El artículo 46.1.a de la Convención Americana exige el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de reclamos sobre la presunta violación de la Convención. Por su parte, el artículo 46.2 de la Convención prevé que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando (i) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; (ii) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; o (iii) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
En el asunto bajo estudio, se desprende del relato de la petición y de la información suministrada, que el peticionario alega que existe mora judicial en la investigación y sanción de los hechos de tortura por él denunciados. El Estado, por su parte, alega la falta de agotamiento de los recursos internos. En particular refiere a que con posterioridad a la decisión de la Corte Suprema de fecha 5 de mayo de 2008, que decidió la excepción de inconstitucionalidad que interpusiera el Ministerio y los querellantes adhesivos en la causa penal en la cual procesan a los presuntos responsables de los hechos de tortura denunciados por el peticionario, los tribunales internos continuarían con el trámite de la causa penal en la jurisdicción doméstica y se habría convocado a la realización de la audiencia prelimar para el mes de julio de 2012.
En primer término, corresponde aclarar cuáles son los recursos internos que deben ser agotados en el presente caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte IDH”) ha señalado que sólo deben ser agotados los recursos adecuados para subsanar las violaciones presuntamente cometidas. El que los recursos sean adecuados significa que:
la función de esos recursos dentro del sistema de derecho interno sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable3.
Al respecto, en el presente caso corresponde indicar que los precedentes establecidos por la Comisión reconocen que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal4 y que, en esos casos, éste constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación de tipo pecuniario. La CIDH considera que los hechos alegados en el presente caso involucran la presunta vulneración de derechos fundamentales como la integridad personal, que se traducen en la legislación interna en delitos perseguibles de oficio y que por lo tanto es este proceso, impulsado por el Estado mismo, el que debe ser considerado a los efectos de determinar la admisibilidad del reclamo.
Al respecto, la CIDH ha establecido que como regla general, una investigación penal debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa5. Por su parte, la Corte IDH ha señalado que si bien toda investigación penal debe cumplir con una serie de requisitos legales, la regla del previo agotamiento de los recursos internos no debe conducir a que la actuación internacional en auxilio de las víctimas se detenga o se demore hasta la inutilidad6.
En el presente caso, tras los presuntos hechos de tortura denunciados que habrían tenido lugar en el mes de mayo de 2000, fue iniciada una investigación y posteriormente una causa penal en la jurisdicción penal ordinaria, la cual estaría en trámite en sus etapas preliminares7. Como se informara, la audiencia preliminar se habría convocado para julio de 2012, sin que hasta el momento hayan sido reportados los resultados de dicha audiencia preliminar. En ese sentido, la Comisión nota que, transcurridos más de doce años, el proceso penal se encontraría en la etapa preliminar sin que el Estado haya brindado información de nuevas acciones o resoluciones emitidas con posterioridad a la referida convocatoria de la audiencia preliminar. En consecuencia, la CIDH considera que resulta procedente la aplicación de la excepción prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana.
Finalmente, corresponde indicar que la invocación de las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46.2 de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos en ella consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo, el artículo 46.2, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo vis à vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos resultan aplicables al caso debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la posible violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.
La Convención establece que para que una petición resulte admisible por la Comisión se requerirá que sea presentada dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado haya sido notificado de la decisión definitiva. En el reclamo bajo análisis, la CIDH ha establecido la aplicación de las excepciones al agotamiento de los recursos internos conforme al artículo 46.2.c de la Convención. Al respecto, el artículo 32 del Reglamento de la Comisión establece que en los casos en los cuales resulten aplicables las excepciones al previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable. A tal efecto, la Comisión debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso.
En el presente caso, la petición fue recibida el 11 de diciembre de 2000 y presuntos los hechos materia de la petición habrían tenido lugar a partir del mes de mayo de 2000 y sus efectos en términos de la alegada falta de resultados de la administración de justicia se extenderían hasta el presente. Por lo tanto, en vista del contexto y las características del caso, así como el hecho de que la causa judicial sigue pendiente en las primeras etapas, la Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable y que debe darse por satisfecho el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación.
El artículo 46.1.b dispone que la admisión de las peticiones está sujeta a que la materia “no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional,” y en el artículo 47.d de la Convención se estipula que la Comisión no admitirá la petición que “sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión o por otro organismo internacional”. En el presente caso, las partes no han esgrimido la existencia de ninguna de esas dos circunstancias de inadmisibilidad ni ellas se deducen de los procedimientos.
La Comisión considera que no corresponde en esta etapa del procedimiento decidir si se produjeron o no las alegadas violaciones en perjuicio de la presunta víctima. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver en este momento únicamente si se exponen hechos que, de ser probados, caracterizarían violaciones a la Convención Americana, como lo estipula el artículo 47.b de la misma, y si la petición es "manifiestamente infundada" o si es “evidente su total improcedencia”, según el inciso (c) del mismo artículo. El criterio para la apreciación de estos extremos es diferente al requerido para pronunciarse sobre los méritos de una denuncia. La CIDH debe realizar una evaluación prima facie y determinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención Americana, mas no establecer la existencia de dicha violación8.
En la presente etapa corresponde efectuar un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo. El propio Reglamento de la Comisión Interamericana, al establecer una fase de admisibilidad y otra de fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión Interamericana a fin de declarar una petición admisible y la requerida para establecer si se ha cometido una violación imputable al Estado9.
Frente a los elementos presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la Comisión considera que en el presente caso corresponde establecer que las alegaciones del peticionario relativas a la falta de esclarecimiento judicial de los presuntos hechos de tortura denunciados, la detención y la supuesta denegación de justicia, podrían caracterizar posibles violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento internacional. Así como podrían caracterizar violaciones de los derechos establecidos en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST.
La Comisión concluye que es competente para examinar los reclamos presentados en el presente asunto y que la petición es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo del asunto,
Declarar admisible el caso de autos en relación con los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones de los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado; así como los derechos consagrados en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Transmitir el presente informe a los peticionarios y al Estado.
Continuar con su análisis de los méritos del caso.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 20 días del mes de marzo de 2013. (Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, y Rose-Marie Belle Antoine, Miembros de la Comisión.
1 La Comisionada Rosa María Ortiz, de nacionalidad paraguaya, no participó en las deliberaciones ni en la decisión de la presente petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 (2) (a) del Reglamento de la Comisión.
2 El artículo 25.3 del Código Procesal Penal establece en lo pertinente que: "La acción penal se extinguirá: 3) por el vencimiento del plazo previsto en el articulo 136 de este Código". Por su parte, el Estado señala que artículo 136 disponía (actualmente dicha norma se encontraría modificada por la Ley 2341/03): "Duración Máxima: Toda persona tendrá derecho a una resolución en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de tres anos, contados desde el primer acto de procedimiento (...)".
El articulo 137 de dicho cuerpo penal dispone en lo pertinente: "Efectos. Vencido el plazo previsto en el articulo anterior el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, declarara extinguida la acción penal, conforme a lo previsto en este código (...)".
3 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. párr. 64.
4 CIDH, Informe Nº 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Nicaragua, Informe Anual de la CIDH 1997, párrs. 96 y 97. Ver también: CIDH, Informe No. 55/97, Caso 11.137, Juan Carlos Abella, Argentina, párr. 392. e Informe No. 62/00, Caso 11.727, Hernando Osorio Correa, Colombia, Informe Anual de la CIDH 2000, párr. 24.
5 CIDH, Informe No. 71/09, Petición 858-06, Masacre de Belén - Altavista, Colombia, 5 de agosto de 2009, párr. 36.
6 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 93.
7 Corresponde indicar que la evaluación sobre el este requisito de admisibilidad se realiza al momento de decidir sobre la admisibilidad de la petición y no al momento de la recepción de la misma. Ver, entre otros, CIDH, Informe Nº 25/04, Caso 12.361 (“Ana Victoria Sánchez Villalobos y otros"), 11 de marzo de 2004, Costa Rica, párr. 45; Informe N° 50/04 (Admisibilidad – Petición 12.056, Gabriel Oscar Jenkins v. Argentina); 13 de octubre de 2004; par. 50; Informe Nº 20/05, Petición 714/00 (“Rafael Correa Díaz”), 25 de febrero de 2005, Perú, párr. 32.
8 Ver CIDH, Informe No. 128/01, Caso 12.367, Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser del Diario “La Nación”, Costa Rica, 3 de diciembre de 2001, párr. 50; Informe No. 4/04, Petición 12.324, Rubén Luis Godoy, Argentina, 24 de febrero de 2004, párr. 43; Informe No. 32/07, Petición 429-05, Juan Patricio Marileo Saravia y Otros, Chile, 23 de abril de 2007, párr. 54.
9 Ver CIDH, Informe No. 31/03, Caso 12.195, Mario Alberto Jara Oñate y otros, Chile, 7 de marzo de 2003, párr. 41; Informe No. 4/04, Petición 12.324, Rubén Luis Godoy, Argentina, 24 de febrero de 2004, párr. 43; Informe No. 32/07, Petición 429-05, Juan Patricio Marileo Saravia y Otros, Chile, 23 de abril de 2007, párr. 54; Informe No. 33/07, Petición 581-05, Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, Chile, 2 de mayo de 2007, párr 46.