Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-3643-de-septiembre-26-de-1996?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920415a5bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-02-20 16:35:37
Document Index: 234291019

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 28', 'artículo 18', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 609', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 14']

﻿ SENTENCIA 3643 DE SEPTIEMBRE 26 DE 1996
SENTENCIA 3643 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1996
CONTENIDO:PROPAGANDA QUE INDUCE A ERROR, IMPOSICIÓN DE SANCIONES POLICIVAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, ORGANISMOS COMERCIALES, INDUSTRIA, SOCIEDAD, PROPAGANDA COMERCIAL, SANCIÓN ADMINISTRATIVA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:299 DE NOVIEMBRE DE 1996, PÁG.1307
Sentencia 3643 de septiembre 26 de 1996
PROPAGANDA QUE INDUCE A ERROR
IMPOSICIÓN DE SANCIONES POLICIVAS
EXTRACTOS: «La parte resolutiva de la Resolución número 1163 de 2 de agosto de 1993, confirmada por la Resolución número 1606 de 5 de octubre del mismo año, es del siguiente tenor:
“ART. 1º—Imponer como sanción a la sociedad Metalurgia Prehispana Ltda. con domicilio en la ciudad de Medellín, en su condición de propietaria del establecimiento de comercio denominado Galería Museo de Oro Joyas Prehispánicas Reproducciones, ubicado en la ciudad de Santa Fé de Bogotá, una multa por la suma de ocho millones ciento cuarenta y ocho mil ochocientos pesos m/cte ($ 8.148.800) equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 2º—Se ordena a la sociedad Metalurgia Prehispana Ltda. que suspenda la utilización de la enseña de su establecimiento de comercio Galería Museo de Oro Joyas Prehispánicas Reproducciones y tomar las medidas necesarias en la propaganda comercial de dicha agencia, para evitar se induzca a error al consumidor, para lo cual se le señala un plazo de treinta (30) días. El no cumplimiento de la anterior orden causa una multa en favor del tesoro público, equivalente a una séptima parte del salario mínimo legal mensual vigente, por cada día de retardo en su cumplimiento...”.
Para la Sala, la decisión adoptada en los actos acusados no es otra que el resultado del ejercicio del poder de policía que le asiste a la Superintendencia de Industria y Comercio y que se halla contenido en el Decreto 3466 de 1982, en los siguientes términos:
“ART. 32.—Sanciones administrativas relacionadas con la responsabilidad de los productores en razón de las marcas, las leyendas y la propaganda. En todo caso que se compruebe, de oficio o a petición de parte, que las marcas, las leyendas y la propaganda comercial de bienes o servicios no corresponden a la realidad o inducen a error, la autoridad competente impondrá la multa de que trata la letra a del artículo 24 y ordenará al productor, en ejercicio del poder de policía, la corrección de la respectiva marca, leyenda o propaganda comercial y que se tomen las medidas necesarias para evitar que se incurra nuevamente en error o que se cause daño o perjuicio a los consumidores. Para tal efecto, en la misma providencia se indicará un plazo razonable a juicio de quien la expida y se indicará que se causa una multa en favor del tesoro público, equivalente a una séptima parte del salario mínimo legal mensual vigente en Bogotá, D.E., al momento de la expedición de aquella providencia, por cada día de retardo en cumplimiento. A la actuación se aplicarán las normas procedimentales previstas en el artículo 28.
El productor sólo podrá ser exonerado de responsabilidad cuando demuestre que la marca, la leyenda o la propaganda comercial fue adulterada o suplantada sin que hubiese podido evitar la adulteración o suplantación”.
Se procede entonces a determinar quién es la autoridad competente para la imposición de la multa y ordenar las correcciones a que alude el artículo arriba transcrito.
El Decreto 3466 de 1982 “por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones”, en sus artículos 42 y 43 dispuso:
“ART. 42.—Autoridad administrativa competente. La autoridad administrativa competente en relación con todas las decisiones y procedimientos administrativos a que se refiere el presente decreto es la Superintendencia de Industria y Comercio”.
“ART. 43.—Funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Asígnanse a la Superintendencia de Industria y Comercio las siguientes funciones, para efectos de este decreto: (...)
f) Imponer las sanciones administrativas previstas en el presente decreto por incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad, por falta de correspondencia con la realidad o inducción a error de las marcas, las leyendas y la propaganda comercial...”.
A su turno, el Decreto 2153 de 1992 “por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 18 prescribe:
“ART. 18.—Funciones de la división de protección al consumidor: (...)
5. Dar trámite a las quejas formuladas por los particulares y si en desarrollo de éstas se observaren violaciones a las disposiciones sobre protección al consumidor, proponer ante el superintendente delegado para la protección del consumidor las sanciones y medidas a que haya lugar...”.
La multa impuesta por los actos acusados lo fue por violación del artículo 14 del Decreto 3466 de 1982, en cuanto consideró la entidad demandada:
“Que con las pruebas documentales anexadas a la queja se comprueba que la sociedad investigada utiliza como propaganda comercial para ofrecer sus productos al público, el nombre del Museo del Oro del Banco de la República y figuras precolombinas representativas de dicho museo, que indudablemente pueden confundir e inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza y origen de los productos que comercializan, pues fácilmente se puede asimilar con los bienes y actividades del Museo del Oro del Banco de la República” (el destacado no es del texto).
La conducta anterior se encuentra tipificada en el artículo 14 del Decreto 3466 de 1982, en los siguientes términos:
“ART. 14.—Marcas, leyendas y propagandas. Toda información que se dé al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público deberá ser veraz y suficiente. Están prohibidas, por lo tanto, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no correspondan a la realidad, así como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, origen, modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida...” (subrayado fuera del texto).
Llevado a cabo el análisis sistemático de las anteriores normas y teniendo en cuenta que la conducta por la cual se sancionó a la demandante es la contemplada en el artículo 14 del Decreto 3466 de 1982, para la Sala, la sentencia sub exámine habrá de ser revocada, dado que en efecto el a quo confundió el objeto de la presente controversia, esto es, la sanción impuesta a la demandante por contravenir lo dispuesto en el artículo mencionado, con el eventual proceso que pudiese instaurar el Banco de la República en contra de la sociedad actora por el uso del nombre comercial, cuestión que no se discute es del resorte de la jurisdicción ordinaria, tal y como lo establece el artículo 609 del Código de Comercio.
Esta corporación observa que lo que tuvo en cuenta la administración para sancionar a la demandante fue la utilización, como propaganda comercial, del nombre Museo del Oro, sin que en manera alguna la superintendencia afirme que igualmente se utilizó el nombre del Banco de la República, pues es evidente que en los documentos aportados no aparece dicho nombre sino el de Galería Museo de Oro Joyas Prehispánicas Reproducciones, razón por la cual se entiende que cuando la entidad demandada mencionó el Banco de la República, no lo hizo para decir que dicho nombre estaba también incluido en el nombre en cuestión, sino que lo que quiso significar fue que el nombre Museo del Oro pertenece al citado Banco.
Examinadas las pruebas que obran en el proceso se advierte que en efecto el nombre Galería Museo de Oro Joyas Prehispánicas Reproducciones induce en error al público consumidor en cuanto a la naturaleza u origen de los productos, por cuanto tal y como lo afirma la Superintendencia de Industria y Comercio en el considerando octavo de la Resolución número 1606 de 5 de octubre de 1993, “... es un hecho notorio que el Museo del Oro del Banco de la República es una entidad ampliamente reconocida tanto a nivel nacional como internacional, íntimamente ligado al patrimonio cultural del país y cuyo prestigio es reconocido a nivel mundial; que como tal, constituye un axioma del derecho la circunstancia de que los hechos notorios, así como los hechos indefinidos, no requieren prueba”.
Además de lo anterior, esto es, que es un hecho notorio que el Museo del Oro es una entidad ligada al patrimonio cultural del país, lo que conlleva a que su nombre sea inmediatamente asociado con el Banco de la República, se encuentra el documento dirigido a la Galería Museo de Oro Joyas Prehispánicas Reproducciones, el que precisamente, por haber incluido esta última en su nombre la expresión Museo de Oro, llegó al Museo del Oro del Banco de la República, lo que suscitó la queja de su sub-gerente general administrativo, quien mediante Oficio DJ-1717 comunicó a la Superintendencia de Industria y Comercio que la publicidad empleada por Galería Museo de Oro Joyas Prehispánicas Reproducciones podía estar induciendo a error y creando confusión en las personas que asimilan dicho nombre con el nombre y actividades del Museo del Oro del Banco de la República y solicitó su intervención para que se tomaran las medidas pertinentes con el de fin poner fin a la situación surgida (fl. 1 del anexo núm. 1).
El artículo 1º del Decreto 3466 de 1982, reza:
“ART. 1º—Definiciones. Para los efectos del presente decreto, entiéndese por: (...)
d) Propaganda comercial: Todo anuncio que se haga al público para promover o inducir a la adquisición, utilización o disfrute de un bien o servicio, con o sin indicación de sus calidades, características o usos, a través de cualquier medio de divulgación, tales como radio, prensa, afiches, pancartas, volantes, vallas y, en general, todo sistema de publicidad”.
Dentro de las pruebas obrantes en el expediente se encuentra fotocopia de la papelería usada por el establecimiento de comercio en cuestión, donde se destaca el nombre Galería Museo de Oro (fls. 2, 3, 77 y 78 del anexo núm. 1).
A folios 72 y 73 ibídem, obra el acta de visita realizada por funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 25 de febrero de 1994, en la que se dice que se verificó lo siguiente:
“El establecimiento de comercio denominado Galería Museo de Oro registra en su fachada el nombre antes descrito. En el establecimiento se procedió a verificar la papelería empleada... y se constató que en las facturas que se imprimen en computador figura la siguiente leyenda: “Galería Museo de Oro Joyas Muiscas Ltda.”. Se verificó que en los empaques entregados a los clientes como bolsas, tarjetas, etc., figura la leyenda “Galería Museo de Oro Joyas Prehispánicas Reproducciones”. Se anexan muestras de dichos productos o documentos. Igualmente se anexa el certificado que se anexa con la joya adquirida, un comprobante de tarjeta de crédito del establecimiento visitado.
En la decoración del establecimiento se observaron tres (3) cuadros en los cuales hay fotografías de motivos precolombinos y poseen la siguiente leyenda: “Museo del Oro —50 años— Banco de la República””.
Dado que por propaganda comercial se entiende todo tipo de publicidad que promueva o induzca al público a la utilización, adquisición o disfrute de un bien o servicio, es evidente para la Sala que los elementos a que se refiere el acta de visita arriba transcrita (papelería, tarjetas, bolsas, etc.), no pueden tener otra finalidad que la de dar publicidad a los productos que vende el establecimiento de comercio Galería Museo de Oro Joyas Prehispánicas Reproducciones, es decir, la de promocionarlos y darlos a conocer a terceros con el fin de fomentar su venta, pues de no ser así, simplemente dicha papelería iría en blanco.
Lo expuesto lleva a la Sala a concluir que en efecto la sociedad demandante se encontró incursa en la conducta tipificada en el artículo 14 del Decreto 3466 de 1982 y, en consecuencia, que la Superintendencia de Industria y Comercio tenía la competencia para imponerle la sanción a que se contraen los actos acusados.
Esta Corporación reitera que la administración sancionó al establecimiento de comercio “...por utilizar como propaganda comercial para ofrecer sus productos al público, el nombre del Museo del Oro del Banco de la República y figuras precolombinas representativas de dicho museo, que indudablemente pueden confundir e inducir a error al consumidor, respecto a la naturaleza y origen de los productos que comercializan...”, lo cual se encuentra dentro de lo normado en el artículo 14 del Decreto 3466 de 1982, observando además la Sala que si bien es cierto que existen diferencias entre los conceptos de marca y nombre, ello no impide que tanto la una como el otro sean objeto de propaganda comercial, como ocurrió en el caso sub lite respecto del nombre museo del oro, lo que en últimas determinó la imposición de la sanción cuestionada».
(Sentencia de septiembre 26 de 1996. Expediente 3643. Consejero Ponente: Dr. Manuel Urueta Ayola).