Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1692-de-noviembre-6-de-1997?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041756bf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-02-25 09:30:36
Document Index: 386265826

Matched Legal Cases: ['Artículo 110', 'artículo 177', 'artículo 28', 'artículo 175', 'artículo 29', 'artículo 116', 'artículo 110', 'artículo 1', 'artículo 110', 'Artículo 177', 'artículo 175', 'artículo 177', 'Artículo 115', 'Artículo 94', 'artículo 303', 'Artículo 106', 'artículo 8', 'artículo 110', 'Artículo 110', 'artículo 94', 'artículo 110', 'artículo 134']

﻿ SENTENCIA 1692 DE NOVIEMBRE 6 DE 1997
SENTENCIA 1692 DE 06 DE NOVIEMBRE DE 1997
CONTENIDO:SUSPENSIÓN DE GOBERNADORES INVESTIGADOS: NOMBRAMIENTO DEL REEMPLAZO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, GOBERNADOR, SUSPENSIÓN DEL GOBERNADOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:314 DE FEBRERO DE 1998, PÁG.152
Sentencia 1692 de noviembre 6 de 1997
SUSPENSIÓN DE GOBERNADORES INVESTIGADOS
NOMBRAMIENTO DEL REEMPLAZO
EXTRACTOS: «Para analizar el caso de autos, debe partirse de la regla general, consistente en que cuando quien se aparta temporalmente de un cargo, sí lo hace por su propia voluntad, tiene la facultad, de designar a quien debe reemplazarlo en su ausencia.
Pero sí el retiro temporal no es voluntario porque, valga el ejemplo, tiene como origen la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, bien como medida temporal mientras se investiga al funcionario, o bien como consecuencia de un fallo en el que se decidió la suspensión por un término dado, no es tan claro que el titular separado con motivo de una investigación sea quien nombre su reemplazo.
Y la razón de equiparar los dos casos (suspensión como medida provisional y suspensión como sanción) sólo para efectos de determinar el procedimiento de reemplazar un titular, no es, como pudiera suponerse, pretender que la situación jurídica de un investigado es la misma que la de un sancionado, ni que se incurra en prejuzgamiento y se considere a quien apenas se está investigando, como responsable de los cargos que se le imputan, como sucedería con quien resulta sancionado luego del proceso. En el primer caso quien está siendo investigado y respecto de quien se pide su retiro del cargo, debe mantenerse alejado para proteger tanto a la administración, que debe actuar sin tropiezos, como al mismo funcionario cuestionado, para evitar que se piense que, de alguna manera, va a influir en el trámite o en las decisiones disciplinarias que se vayan a adoptar, si no directamente, sí escogiendo su reemplazo que resultaría sospechoso.
“Artículo 110.—El Presidente de la República podrá suspender provisionalmente a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, mientras adelanta la investigación respectiva, a los gobernadores y a los alcaldes.
Mientras un gobernador o un alcalde permanezca suspendido provisionalmente, no tendrá derecho a recibir ninguna suma de dinero por concepto de remuneración del cargo de que es titular. Si es reintegrado a dicho cargo, tendrá derecho al reconocimiento de la remuneración dejada de recibir durante el período de suspensión provisional, salvo que le sea aplicada la sanción de suspensión, caso en el cual tendrá derecho únicamente al reconocimiento de la diferencia que pudiere resultar a su favor”. (Subrayas fuera del texto).
Ahora bien, la frase “desde el momento en que se inicie la investigación correspondiente” que aparece en la anterior disposición, fue demandada por considerarla inconstitucional en cuanto establecía la posibilidad de imponer una sanción sin que los gobernadores y alcaldes hayan sido oídos en descargos.
“Suspensión de Gobernadores y Alcaldes desde el momento en que se inicie la investigación correspondiente.
10. Dado que la norma demandada, derogada por el artículo 177 de la ley 200 de 1995, puede estar produciendo efectos, la Corte examinará su inconstitucionalidad.
El demandante considera que la suspensión provisional —relacionada con el incumplimiento de las órdenes del Presidente en materia de orden público—, sin que los afectados pudieren ser oídos previamente en descargos, viola el derecho de defensa y el conjunto de derechos políticos (CP, preámbulo y arts. 3º, 29, 40-1-2, 103, 303 y 314).
La Corte repetidamente ha estudiado el tema relativo a la constitucionalidad de la medida de suspensión provisional de un servidor público y, concretamente, de los gobernadores y alcaldes que se apartan ilegalmente de la instrucciones presidenciales sobre la conservación o restablecimiento del orden público (sentencias C-032 de 1993. M. P. José Gregorio Hernández Galindo; C-179 de 1994. M .P. Carlos Gaviria Díaz). La doctrina sentada en las sentencias citadas, a la cuales se remite en esta oportunidad la Corte no le atribuye a la medida de suspensión el carácter de sanción, aunque se advierte que sus elementos deben establecerse en la ley y que la misma, independientemente de su naturaleza preventiva, debe ser motivada y debidamente fundamentada con el objeto de evitar y controlar el abuso del poder.
A este respecto la Corte estima pertinente citar el siguiente pasaje de la sentencia C-032 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo):
“La suspensión provisional de los gobernadores o alcaldes mientras se adelanta la investigación, que puede ser decretada en ambos casos por el Presidente de la República de oficio o a solicitud de la Procuraduría General, no tiene el carácter de sanción sino que corresponde a una medida preventiva tendiente a controlar la situación de orden público que pueda haberse suscitado en el respectivo departamento o municipio por la posible acción u omisión del funcionario correspondiente. Esta facultad de suspensión provisional, que únicamente tendrá operancia en tanto sigue su curso la investigación y por un término máximo de treinta días calendario, no desconoce la normativa constitucional pues tiene el mismo fundamento de prevalencia del interés público que sirve de soporte a instituciones tales como la detención preventiva (artículo 28) y la suspensión del empleo en el caso de los altos funcionarios del Estado respecto de los cuales el Senado de la República admita públicamente una acusación (artículo 175, numeral 1), pero debe anotar la Corte que, para ajustarse a los requerimientos del debido proceso (artículo 29 de la Constitución), ella debe partir de elementos de juicio objetivos y de la definición previa por la ley (específicamente este decreto y la ley 4ª de 1991) de la conducta que se endilga al funcionario suspendido, razón por la cual, aunque la norma en revisión no lo exige, se deriva de los preceptos constitucionales (artículos 6º, 29 y 214, numeral 5 C. N.) que la determinación ha de ser debidamente motivada y fundamentada, para preservar los derechos del inculpado y a fin de establecer eventuales responsabilidades del Presidente e la República si incurriere en cualquier abuso al adoptarla”.
Los efectos de la medida de suspensión por gravitar de manera radical sobre los derechos de participación política tanto del elegido como de los electores (C. P. art. 40), requiere que el motivo que la fundamenta sea grave, pues de lo contrario se quebrantaría el principio de proporcionalidad y la restricción a los mencionados derechos se tornaría abusiva”.
De otro lado, la particularidad de la norma demandada radica en el hecho de que la suspensión se extiende hasta por el término de duración de la investigación, el cual no se precisa. La suspensión provisional es por definición temporal y si su duración se supedita a otro evento —duración de la investigación—, éste debe surtirse en el término que sea el mínimo necesario para definir la situación del presunto infractor. En caso contrario, la medida preventiva adquiere la connotación de “pena anticipada” y pierde todo sustento de razonabilidad y proporcionalidad, máxime si se tiene presente que el término del mandato de los referidos funcionarios es de tres años”.
El artículo 116 de la ley demandada regula el procedimiento aplicable a las investigaciones a que se ha hecho mención y los términos que allí se consignan para sus diversas etapas son en verdad breves. Por lo tanto, la suspensión provisional, no es indefinida ni adquiere el matiz de pena anticipada”.En la parte resolutiva dijo:
1. Declarar EXEQUIBLES (...) y la expresión “desde el momento en que se inicie la investigación correspondiente” del artículo 110 de la Ley 104 de 1993”.
La Ley 241 de 1995 establece en su artículo 1º la prorroga, entre otros, del artículo 110 de la Ley 104 de 1993.
“Artículo 177.—Vigencia. Esta ley regirá 45 días después de su sanción, será aplicada por la Procuraduría General de la Nación, por los personeros, por las administraciones central y descentralizada territorialmente y por los servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia disciplinaria; se aplicará a todos los servidores públicos sin excepción alguna y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, o que le sean contrarias, salvo los regímenes especiales de la fuerza pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este código.
Las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstas en la Ley 190 de 1995 tienen plena vigencia”.
Es procedente, entonces, verificar en la Ley 200 de 1995 cómo proceder en el caso de suspensión de funcionarios, entre los que debe incluirse el gobernador, mientras es investigado, conforme a lo previsto en el artículo 177 ibídem.
“Artículo 115.—Suspensión provisional. Cuando la investigación verse sobre faltas gravísimas o graves, el nominador, por su iniciativa o a solicitud de quien adelanta la investigación, o el funcionario competente para ejecutar la sanción a solicitud del Procurador General de la Nación, o de quien delegue, podrán ordenar la suspensión provisional del investigado por el término de tres meses, prorrogable hasta por otros 3 meses, siempre y cuando existan serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio facilita la interferencia del presunto autor de la falta en el trámite normal de la investigación o ante la posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta.
El auto que ordene o solicite la suspensión provisional será motivado, tendrá vigencia inmediata y contra él no precede recurso alguno”.
La Ley 200 de 1995 establece en el capítulo 3 “autos y fallos” lo correspondiente a la ejecución de la sanción impuesta en el fallo del proceso disciplinario, concretamente, cómo se reemplaza al sancionado con suspensión temporal cuando se trata de un gobernador, así:
“Artículo 94.—Ejecución de la sanción. (...)
Parágrafo transitorio. Mientras se expide la ley a que se refiere el inciso 2 del artículo 303 de la Constitución, las faltas absolutas o temporales de los gobernadores como consecuencia de las sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación, se llenarán de conformidad con lo previsto para los alcaldes en la Ley 136 de 1994”.
“Artículo 106.—Designación. El presidente de la República, en relación con el Distrito Capital de Santafé de Bogotá y los gobernadores con respecto a los demás municipios, para los casos de falta absoluta o suspensión, designarán alcalde del mismo movimiento y filiación política del titular, de terna que para el efecto presente el movimiento al cual pertenezca en el momento de la elección.
Si la falta fuere temporal, excepto la suspensión, el alcalde encargará de sus funciones a uno de los secretarios o a quien haga sus veces. Si no pudiere hacerlo, el secretario de gobierno o único del lugar asumirá las funciones mientras el titular se reintegra o encarga a uno de sus secretarios”.
En tales condiciones se concluye que el cargo no prospera».
(Sentencia de noviembre 6 de 1997. Expediente 1692. Consejera Ponente: Dra. Mirén de la Lombana de Magyaroff).
“La disposición —dijo la Sala— se refiere al reemplazo de un gobernador que ha sido sancionado a la culminación de un proceso disciplinario con la suspensión temporal del cargo, situación que no cobija a quien fue suspendido temporalmente del cargo, mientras se le investiga”. No obstante decidió aplicar esa disposición, por analogía, ya se dijo, porque estimó que no había norma que regule el asunto.
Ciertamente, la aplicación de la ley por analogía, según lo establecido en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, tiene lugar cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, al cual ha de aplicarse entonces la que regule casos o materias semejantes.
Pero en este caso debió aplicarse el artículo 110 de la Ley 104 de 1.993, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 110.—El Presidente de la República podrá suspender provisionalmente a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, mientras se adelanta la investigación respectiva, a los gobernadores y a los alcaldes.
Decretada la suspensión, el Presidente de la República encargará de las funciones correspondientes a un funcionario del Estado o a una persona particular, y en todo caso, de la misma filiación y grupo político del titular”.
No había lugar a la aplicación analógica del artículo 94 de la Ley 200 de 1995, porque el artículo 110 de la Ley 104 de 1993 —en que fue establecido que cuando se suspendiera provisionalmente a gobernadores y alcaldes a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, mientras se adelantaba la investigación respectiva, debía el Presidente de la República designar transitoriamente a quien haya de cumplir las funciones correspondientes—, es exactamente aplicable al caso.
Ese artículo habría regido por dos años a partir de la promulgación de la ley, según lo dispuesto en el artículo 134 de la misma, pero su vigencia fue expresamente prorrogada por dos años más mediante los artículos 1º y 61 de la Ley 241 de 1995, lo que remueve toda duda sobre su vigencia.
Noviembre 27 de 1997.