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Timestamp: 2018-03-22 02:13:32
Document Index: 189385286

Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 66']

PERMISO LABORAL PARA REALIZACIÓN DE MAMOGRAFÍAS Y EXÁMENES DE PRÓSTATA
AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE PROCEDIMIENTO PARA SANEAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LOTEOS
COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE CHILE Y SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA Y DE INTENDENCIA DE EDUCACIÓN PARVULARIA
FELICITACIÓN A CASA DE LAS AMÉRICAS POR 55° ANIVERSARIO. PROYECTO DE ACUERDO
CREACIÓN DE MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROYECTO DE ACUERDO
CONDICIONES DE POSTULANTES A PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y DECLARACIÓN DE DÍA DE MANIPULADORA DE ALIMENTOS. PROYECTO DE ACUERDO
CREACIÓN DE DIRECCIÓN NACIONAL DE PUERTOS. PROYECTO DE ACUERDO
Sesión 35ª, en martes 5 de agosto de 2014
(De 16:22 a 19:16)
Concurrieron, además, los Ministros de Secretaría General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González; de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán y del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco Suárez.
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 14 señores Senadores.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Las actas de las sesiones 33ª y 34ª, ordinarias, en 22 y 23 de julio del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Once de Su Excelencia la Presidenta de la República:
Con los tres primeros hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que establece feriado en la Región de Antofagasta el día 8 de septiembre de cada año con motivo de la fiesta religiosa de Nuestra Señora de Guadalupe de Ayquina (boletín N° 6.064-06).
3.- Proyecto de ley que declara feriado el 20 de agosto para la comuna de Chillán Viejo (boletín Nº 8.889-06).
Con los siete siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de los asuntos que se enuncian a continuación:
4.- Proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines Nos.7.873-07 y 7.011-07, refundidos).
5.- Proyecto que modifica la Ley de Tránsito en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves gravísimas o con resultado de muerte (boletín Nº 9.411-15).
6.- Proyecto que modifica y perfecciona la ley que rige al Ministerio de Energía (boletín Nº 9.421-08).
7.- Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores (boletín Nº 8.828-14).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", al proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (boletín N° 7.130-07).
Comunica que aprobó el proyecto que modifica y perfecciona la ley que rige al Ministerio de Energía (boletín N° 9.421-08) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía y a la de Hacienda, en su caso.
Remite copia autorizada de las sentencias definitivas recaídas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales que se enuncian a continuación:
1.- Artículos 41, N° 5, y 42, incisos primero y segundo, del decreto ley N° 3.063, Ley sobre Rentas Municipales.
2.- Artículos 166 y 171, inciso segundo, del Código Sanitario.
Envía copia de la resolución dictada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 19 N° 1, párrafo segundo, y 22, inciso tercero, del decreto ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella.
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, relativa a los documentos de trabajo sobre actividad pesquera que esa Secretaría de Estado estudia en el marco del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).
Del señor Ministro de Defensa Nacional (s):
Contesta solicitud, remitida en nombre del Senador señor García, acerca del estado del proceso de pago de las indemnizaciones legales a los funcionarios desvinculados de entidades relacionadas con esa Secretaría de Estado, de acuerdo con nómina del Consejo de Alta Dirección Pública.
Del señor Ministro Secretario General de Gobierno:
Da respuesta a solicitud de información, requerida en nombre del Senador señor García, sobre el estado del proceso de pago de las indemnizaciones legales a funcionarios desvinculados de entidades relacionadas con esa Secretaría de Estado, según la nómina informada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Responde solicitud de información sobre posibilidad de abrir un nuevo período de postulación a pensiones de gracia para los exestibadores del sector portuario de Magallanes, formulada en nombre del Senador señor Bianchi, que fue remitida al Jefe de División de Atención y Servicios al Usuario de la Superintendencia de Pensiones.
Contesta sendas solicitudes de información, enviadas en nombre del Senador señor De Urresti, relativas a las materias siguientes:
1.- Estado del proceso de instalación de los juzgados de policía local creados en virtud de la ley N° 20.554, en especial, los correspondientes a las comunas de Corral y Máfil.
2.- Posibilidad de conformar una comisión especial encargada de revisar, en el ordenamiento jurídico nacional, la existencia de normas que impidan o dificulten el pleno desarrollo de las personas con capacidades distintas o especiales.
Contesta consulta, remitida en nombre del Honorable señor García, sobre el estado del proceso de pago de indemnizaciones legales a funcionarios desvinculados de entidades relacionadas con esa Secretaría de Estado, conforme a la nómina informada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Atiende solicitud, enviada en nombre del Senador señor De Urresti, para que se revise la decisión del Comité de Seguimiento de los Programas Pro Empleo que redujo los cupos de las comunas de Valdivia, La Unión, Futrono, Paillaco, Máfil y Mariquina, de la Región de Los Ríos, todas ellas con altos índices de desempleo.
Responde solicitud de información, formulada en nombre de los Senadores señora Van Rysselberghe y señor Ossandón, sobre las medidas paliativas que esa Cartera considera ante la situación de intenso tránsito en la ruta Coronel-Concepción.
Responde solicitudes de información, enviadas en nombre del Senador señor De Urresti, relativas a los siguientes asuntos:
1.- Acciones realizadas con ocasión del incendio que afectó al hogar de acogida Magaly Zapata en la localidad de Reumén, comuna de Paillaco, hecho en el que fallecieron diez personas.
2.- Planes de formación de médicos especialistas en el sistema público de salud y medidas consideradas por esa Secretaría de Estado para resolver el déficit de geriatras en regiones.
3.- Estado de proyectos hospitalarios para las comunas de Lanco, Río Bueno y La Unión y situación del convenio de programación suscrito por esa cartera con el Gobierno Regional de Los Ríos.
Atiende solicitudes de información, formuladas en nombre del Senador señor Navarro, sobre los asuntos que se enuncian a continuación:
1.- Factibilidad de construir un centro de salud familiar que dé cobertura a las localidades de Menque, Coliumo y Dichato, en la comuna de Tomé.
2.- Evaluación del estado actual del hospital de la comuna de Florida, construido en 1939, y de proyecto de renovación de ese recinto.
Refiere antecedentes en respuesta a consulta, remitida en nombre del Senador señor Navarro, sobre los estudios que esa Subsecretaria ha solicitado o ejecutado en lo que atañe al recurso jibia.
Del señor Subsecretario de Telecomunicaciones (s):
Da contestación a solicitud de información, recabada en nombre del Honorable señor Ossandón, sobre la mala cobertura y escasa conectividad de la red de telefonía móvil Entel en la comuna de Pirque.
Contesta petición de antecedentes, hecha en nombre del Senador señor Prokurica, relativa a los motivos técnicos por los que el Plan de Descontaminación de Huasco será implementado en 2016 y a los informes técnicos de las mediciones de MP 10 y MP 2,5 de la zona en los períodos que indica.
Atiende consulta, remitida en nombre del Honorable señor Guillier, relativa a la población de inmigrantes en la Región de Antofagasta.
De la señora Directora de Política Multilateral, Ministerio de Relaciones Exteriores:
Remite antecedentes relativos a la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité de Patrimonio de la Unesco sobre proyectos en el borde costero de Valparaíso, materia consultada en nombre del Senador señor Lagos.
Del señor Presidente Ejecutivo (I) de la Corporación Nacional del Cobre de Chile:
Da respuesta a solicitud de información, remitida en nombre del Senador señor Navarro, relativa a reuniones sostenidas por esa empresa y representantes del Ministerio de Salud destinadas a intercambiar experiencias en materia de formatos de licitación de proyectos de inversión.
Contesta solicitud de información, efectuada en nombre del Senador señor Navarro, sobre el cronograma de la licitación de casinos de juegos en la comuna de Chillán y de las razones que invocó Termas de Chillán para renunciar a su licencia.
De la señora Directora Nacional de Estadísticas (TP):
Atiende petición, cursada en nombre del Senador señor Navarro, para que le sean remitidas las estadísticas de cesantía en la Región del Biobío, desglosada por comunas.
Del señor Superintendente de Pensiones (TP):
Contesta solicitud de información, remitida en nombre del Honorable señor Matta, relacionada con oficinas de atención al público que las administradoras de fondos de pensiones mantienen en la ciudad de Cauquenes.
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor Navarro, sobre denuncias recibidas y fiscalizaciones efectuadas a la empresa Essbío por incumplimiento de las normas sobre presión a las que debe ajustarse la distribución de agua potable.
Contesta solicitud de antecedentes, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, relativa a la extracción de áridos que se realiza, desde 2012, en la ribera del río San Pedro, comuna de Valdivia.
Del señor Gerente de Trenes Metropolitanos S.A.:
Responde petición de datos, cursada en nombre del Honorable señor García Huidobro, relativa a los planes de la empresa en materia de estado de los servicios y mantención de la frecuencia en el tramo San Fernando-Rancagua.
De la señora Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional de Coquimbo:
Pone en conocimiento de esta Corporación la designación, por el período legal correspondiente, del consejero señor José Montoya Ángel como Presidente del referido órgano.
Del señor Director del Instituto de Desarrollo Agropecuario en la Región del Maule:
Atiende solicitud de información, cursada en nombre del Honorable señor Matta, relacionada con la entrega de forraje a pequeños crianceros de la precordillera pertenecientes a la junta de vecinos Los Hualles y con el fundamento legal para limitar su entrega solo a personas que cumplen requisitos para ser beneficiarios del Programa de Desarrollo Local de dicho servicio.
De los Senadores señor Girardi, señoras Allende y Muñoz y señores Guillier y Quintana, con la que se da inicio a un proyecto de ley que modifica la tipificación de figuras delictivas del aborto y su penalidad (boletín N° 9.480-11).
De los Senadores señora Allende y señores De Urresti, Harboe, Lagos y Letelier, con la que inician un proyecto de ley que hace aplicable a los funcionarios públicos y municipales el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo para la protección de garantías fundamentales (boletín N° 9.476-13).
Moción de los Senadores señores Prokurica, Bianchi, Guillier, Horvath y Orpis con la que proponen un proyecto de ley que amplía el Fondo de Apoyo Regional creado por la ley N° 20.696 equiparando su monto a los recursos que anualmente se destinen en la Ley de Presupuestos a proyectos de inversión de la Empresa de Transportes de Pasajeros Metro S.A.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de la Primera Mandataria, conforme lo dispone e1 inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política.
Del Senador señor Chahuán, mediante el cual solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto que modifique la ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, con el fin de conceder a los miembros de las organizaciones de voluntariado los beneficios laborales que indica (boletín Nº S 1.689-12).
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que adecúa la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (boletín N° 8.886-11) (con urgencia calificada de "simple").
El señor LABBÉ (Secretario General).- El Senador señor Ossandón solicita recabar el asentimiento de la Sala a fin de autorizar un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público, el cual está radicado en la Comisión de Educación.
La nueva fecha que se propone es el lunes 18 de agosto, a las 12.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En sesión realizada el día de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Colocar en el segundo lugar del Orden del Día de esta sesión ordinaria el proyecto de ley signado con el número 1 en la tabla, esto es, el que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 9.365-04).
2.- Omitir el primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización respecto del proyecto de ley que declara feriado el 20 de agosto para la comuna de Chillán Viejo (boletín Nº 8.889-06) e incorporar la iniciativa en la tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana, miércoles 6 de agosto.
3.- Autorizar a la Comisión de Minería y Energía para discutir en general y en particular el proyecto que modifica y perfecciona la ley que rige al Ministerio de Energía (boletín Nº 9.421-08).
4.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el lunes 18 de agosto, a las 12, en la Secretaría de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, respecto de las siguientes iniciativas:
a) Proyecto de ley sobre probidad en la función pública (boletín Nº 7.616-06), y
b) Proyecto que modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de entrar al Orden del Día, quiero saludar a la Diputada señora Alejandra Sepúlveda, quien se encuentra en la tribuna acompañada del ex Comité Salvador Allende de la comuna de Pichidegua, a cargo de don Miguel Donoso.
¡Muchas gracias por estar acá!
Boletín N° 7990-13
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, en sesión de 22 de julio del presente año se aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo, para otorgar permiso a trabajadoras y trabajadores a los fines de efectuarse exámenes de mamografía y de próstata, iniciativa respecto de la cual no se presentaron indicaciones en el plazo pertinente, por lo que corresponde aprobarla también en particular, a menos que se solicite un nuevo término para formular indicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7.990-13 y 8.372-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Trabajo y Previsión Social: sesión 29ª, en 8 de julio de 2014.
Sesiones 33ª, en 22 de julio de 2014 (se aprueba en general); 34ª, en 23 de julio de 2014 (se fija plazo para presentar indicaciones).
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se aprobará en particular el proyecto.
--La iniciativa queda aprobada en particular, reglamentariamente, y despachada en este trámite.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, solicito ampliar el plazo para presentar indicaciones -en lo posible, por quince días más- al proyecto de ley que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, el cual está radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Les parece el lunes 18, a las 12?
Boletín N° 9407-14
La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme a lo convenido por los Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores García y Tuma, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, y amplía su plazo de vigencia, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.407-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores García y Tuma):
Vivienda y Urbanismo: sesión 32ª, en 15 de julio de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es extender la vigencia de la normativa excepcional de regularización contemplada en la ley N° 20.234 estableciendo un nuevo plazo de cinco años, a fin de otorgar a las familias que habitan en loteos irregulares un período más amplio para acceder a los beneficios del procedimiento abreviado.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió este proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Montes, Ossandón, Pérez Varela y Tuma.
Cabe tener presente que las letras a) y b) del número 4) y el artículo 6°, nuevo, que se agrega por el número 5) -ambos numerales, del artículo 2° del proyecto-, tienen carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 8 a 10 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, las familias que han construido sus hogares en loteos irregulares son varios miles en nuestro país.
Muchas de ellas, a través de sus respectivos comités de vivienda, hacen un enorme esfuerzo por regularizar su propiedad y, también, por incorporar adelantos, como el alcantarillado, el alumbrado público, la pavimentación de calles, intentando, así, mejorar sus condiciones de vida. Y el bien raíz que les interesa regularizar desde el punto de vista jurídico es, probablemente, el único que van a tener en su vida y constituirá herencia para sus hijos.
Por eso, considero del caso respaldar la gestión que están realizando esas familias y sus dirigentes, que nos parece muy muy loable.
La ley actual establece un procedimiento que facilita la regularización de esos loteos -el Senador Eugenio Tuma fue autor de la iniciativa pertinente-; y, cuando ya lleva un par de años de vigencia, podemos decir que gran parte del objetivo de regularización se ha venido cumpliendo en diversas comunas del país.
Pero todavía quedan muchas familias que no han podido lograr ese propósito. Porque (también es preciso decirlo) la documentación que hay que reunir -los planos firmados por los arquitectos y otros profesionales, los informes que tienen que acompañar a las direcciones de obras municipales- no se consigue de un momento para otro. Se necesitan esfuerzo y trabajo constante durante muchos meses para poder completar la carpeta respectiva.
Por esa razón, a través de este proyecto de ley, que he firmado junto con el Senador Eugenio Tuma, proponemos básicamente seis grandes materias.
Primero, prorrogar por cinco años la ley actual, de tal manera de dar plazo hasta el año 2020 para que las familias y los dirigentes de los loteos presenten ante la municipalidad correspondiente la solicitud de recepción provisoria, acompañada, por supuesto, de los documentos respectivos.
Segundo, facilitar el proceso de avalúo de las propiedades por parte de las direcciones de obras municipales.
Tercero, facultar para que los programas de subsidios habitacionales y de mejoramiento habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo puedan materializarse en terrenos propios del loteo cuando la familia beneficiaria pueda acreditar su dominio.
Normalmente, aquello se hace a través de la regularización de la pequeña propiedad que lleva adelante el Ministerio de Bienes Nacionales.
Cuarto, facultar el establecimiento de servidumbres de paso y servicios de carácter perpetuo, de tal manera de asegurar el acceso a los loteos.
Muchas veces el loteo está en medio de otras propiedades y no tiene el acceso correspondiente, lo que genera problemas de convivencia con los propietarios de los bienes raíces vecinos.
Quinto, facultar a la dirección de obras municipales para que pueda, al momento de la recepción provisoria, establecer el carácter de bienes nacionales de uso público para las áreas comunes del loteo cuando se acredite el dominio o la voluntad de cesión de ellas.
Eso es muy importante. Porque ¿cómo pueden presentar proyectos de pavimentación si no tienen acreditado que pertenecen al loteo y que están disponibles los espacios para las calles, para los pasajes?; ¿cómo pueden construir una sede comunitaria si no han podido inscribir el terreno a nombre del comité para levantar allí su respectiva sede?
Son problemas prácticos que se presentan todos los días y que, legítimamente, las familias y sus dirigentes desean ir resolviendo.
Y sexto, atender al hecho de que en la aplicación práctica de la regularización se han presentado problemas, a veces francamente insalvables, con loteos irregulares emplazados en zonas de riesgo, particularmente en áreas inundables, donde la Dirección de Obras Hidráulicas cuenta con estudios y definiciones sobre las obras de mitigación necesarias para asegurar a los pobladores su integridad física y la de sus bienes.
Hoy día se les exige a los comités acompañar entre los documentos un informe acerca de las obras de mitigación.
Normalmente, los estudios respectivos abarcan la cuenca completa de un río: las defensas ribereñas, en 4, 5, 10 kilómetros.
¡Es imposible que eso lo haga un comité de vivienda formado por 50, 100, 150 socios!
Primero, se trata de estudios de alto costo. Y en seguida, por supuesto, las obras de mitigación demandan una tremenda inversión.
Sin embargo, la Dirección de Obras Hidráulicas cuenta con los estudios. Y, además, tiene definidos cuáles debieran ser los proyectos de mitigación.
Parece mucho más sencillo, entonces, que el referido ente diga qué inversiones habría que hacer y cómo el Estado se involucra en las soluciones y en el financiamiento de las grandes obras de defensa ribereñas. Ello, para que los pequeños comités de viviendas logren la regularización de los loteos y no deban pensar en pagar por un estudio que costará 30, 40, 50 millones de pesos, ni tampoco en la ejecución de trabajos de mitigación por 5 mil, 8 mil, 10 mil millones.
Quisimos incorporar esta materia en el proyecto original. Sin embargo, no lo hicimos, pues tenemos clara conciencia de que se trata de un asunto de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Pero, sí, esperamos que durante la tramitación de la iniciativa el Gobierno patrocine una indicación en tal sentido y con ello permita que numerosas familias sean favorecidas con la regularización de los loteos.
Este proyecto contribuye a resolver problemas prácticos que ha presentado la regularización de loteos.
Miles de personas anhelan vivir en mejores condiciones, y para ello quieren tener en orden toda la documentación requerida. Pero mientras la Dirección de Obras Municipales no haga la recepción definitiva no pueden inscribir su propiedad en el Conservador de Bienes Raíces.
Las familias han puesto mucha esperanza en este tipo de iniciativas.
Para muchas personas el sueño de la casa propia se va haciendo realidad a través de programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En este caso se trata de familias que no han recibido subsidio del Estado pero también esperan cristalizar ese sueño tras haber comenzado a construir su casa en un loteo irregular.
Por las razones expuestas, votaré a favor. Y le pido a la Sala que también respalde esta iniciativa.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, para analizar este proyecto -se originó en una moción de los Senadores García y Tuma tendiente a modificar la ley N° 20.234, que establece un procedimiento para sanear y regularizar loteos, y a ampliar su plazo de vigencia- deben tenerse en cuenta los acontecimientos actuales.
El origen de esta iniciativa puede encontrarse en las palabras de la Ministra de Vivienda de la época, señora Patricia Poblete, quien argumentó que los loteos irregulares son "consecuencia de loteos efectuados por propietarios que han dividido de hecho sus terrenos, sin cumplir con las disposiciones legales y han traspasado los sitios a familias de escasos recursos".
Cabe señalar que con la iniciativa pertinente se pretendía hacer una mejora sustancial en la calidad de vida de aproximadamente 150 mil familias que vivían en condiciones precarias -es decir, sin electricidad, sin agua potable, sin alcantarillado y sin pavimentación- en sectores tanto urbanos como rurales.
En primer lugar, debo hacer presente que la ley N° 20.234 indica en su artículo 1° que "Los loteos de inmuebles, urbanos o rurales, que a la fecha de publicación de esta ley no cuenten con la recepción definitiva de las respectivas Direcciones de Obras Municipales (...) podrán, dentro del plazo de tres años contado desde su entrada en vigencia, acogerse por una sola vez al procedimiento simplificado de regularización a que se refiere esta ley...".
El referido precepto habla de loteos que no cuenten con recepción definitiva. De ello podemos inferir que sí cuentan con un trámite anterior: permisos de loteo o subdivisión.
En ese contexto, para haber tenido dichos permisos, las correspondientes direcciones de obras municipales deberían haberles exigido acogerse a las normativas correspondientes, señaladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Es importante recalcar el mencionado aspecto, ya que la nefasta experiencia que se vivió con motivo del incendio que afectó a muchos sectores de Valparaíso se complicó por la existencia de viviendas ubicadas en áreas de riesgo de loteos irregulares que no contaban con las condiciones de seguridad, de accesibilidad y de salubridad mínimas para ellas y sus ocupantes.
Los loteos irregulares pueden representar en momentos de emergencia un gran peligro para las familias.
En tal sentido, es necesario buscar buenas soluciones para personas modestas que con mucho esfuerzo han conseguido sus sitios, pues no podemos exponerlas a potenciales peligros derivados de conductas irresponsables.
Por tales consideraciones, aprobaré la idea de legislar, pero con el compromiso de hacer los ajustes correspondientes en el período de indicaciones.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Se pidió abrir la votación.
Acordado, pero sin reducir los tiempos.
Reitero que hay normas orgánicas constitucionales.
Yo presido la Comisión de Vivienda. Entiendo que, como tal, debía rendir informe al comienzo de la discusión.
¡Aún no me acostumbro, Su Señoría, a que no me otorgue la palabra oportunamente...!
Señor Presidente, considero que lo fundamental ya está dicho.
El objetivo del proyecto que nos ocupa es extender por cinco años la vigencia de la normativa excepcional de regularización contemplada en la ley N° 20.234, a los fines de otorgar a las familias que habitan en loteos irregulares un nuevo período para acceder a los beneficios del procedimiento abreviado que permite optar a la regularización.
Asimismo, se realizan adecuaciones para facilitar la aplicación del mecanismo simplificado.
La ley N° 20.234 estableció un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares -no de propiedades- para otorgar una solución a los ocupantes de los predios, independiente del dominio del bien raíz.
Porque hay dominio del bien raíz que se halla regularizado, pero el loteo dentro del cual se constituye el dominio, no. Y creo que este es el problema nodal que da lugar a toda la situación existente. Esto se encuentra desacoplado, no tiene sentido (al final quiero decir algo sobre el particular).
En el año 2012, la ley N° 20.234 fue modificada por la N° 20.562 al objeto de renovar su vigencia y perfeccionar algunas normas (hoy lo estamos haciendo de nuevo), fundamentalmente en cuanto a los requisitos que debían cumplir los beneficiarios y al rol de los organismos públicos que intervienen en el proceso.
El nuevo período ha demostrado que las enmiendas introducidas facilitaron la aplicación de la ley. No obstante, aún hay aspectos que es menester mejorar y complementar, pues muchos loteos irregulares, pese a la prórroga, no han podido incorporarse al procedimiento excepcional.
El plazo prescrito en la ley N° 20.256 está próximo a vencer. Por ello, ahora se propone ampliarlo, para lo cual se dispone un nuevo término, de cinco años, a contar de la entrada en vigencia de la ley en proyecto.
Esta iniciativa se originó en una moción de los Senadores García y Tuma, quienes tuvieron gran sensibilidad para captar la realidad que subyace en su propuesta.
La idea es ayudar a las familias que viven en loteos irregulares por la vía de otorgarles más tiempo para acceder a los beneficios pertinentes.
También se introducen modificaciones con el propósito de facilitar aún más el procedimiento excepcional. Por ejemplo, a la forma de comprobar la tasación máxima de la viviendas del loteo y a la acreditación de la superficie, materialidad y calidad de la vivienda edificada en él.
Los miembros de la Comisión de Vivienda discutimos este proyecto. Escuchamos particularmente a representantes de la Municipalidad de Temuco, a especialistas, a técnicos, y coincidimos en la conveniencia de aprobar la idea de legislar, lo que hicimos por la unanimidad de los presentes, considerando todas las observaciones formuladas.
De todas maneras, pensamos que en la discusión particular habrá que hacer adecuaciones y correcciones.
Yo quiero insistir en una, la que se viene discutiendo por años acá: por qué la regularización de la propiedad está desacoplada con relación a la del loteo.
Ello requiere una modificación del decreto respectivo del Ministerio de Bienes Nacionales en el sentido de que cuando se regularice la propiedad raíz debe hacerse lo propio con el loteo. Porque se da el absurdo de que Bienes Nacionales regulariza las propiedades, pero no las calles, ni los sistemas de iluminación, ni los accesos.
Entonces, a ese respecto se precisa enmendar el decreto pertinente.
Por eso, considero importante que el Ejecutivo estudie el punto y en el trámite del segundo informe presente una indicación para que a futuro no se sigan formando loteos irregulares y el esfuerzo de regularizar propiedad raíz vaya acompañado del de regularizar loteos.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores García y Tuma, resulta de particular importancia en los casos de loteos irregulares que aún no han podido acogerse a los beneficios de la ley Nº 20.256, que se promulgó el año 2012.
Estoy totalmente de acuerdo con la idea de legislar en esta materia, aunque, tal como se expresó durante su discusión en la Comisión de Vivienda, estimo que deben adoptarse los resguardos pertinentes para evitar abusos por parte de los beneficiarios.
No es misterio para quienes representamos a regiones en esta Corporación la existencia de numerosos loteos irregulares en las diversas comunas de nuestras circunscripciones, los que deben regularizarse con un marco legal adecuado para que las familias que residen en ellos tengan viviendas dignas, con servicios básicos, y puedan integrarse a la comunidad en cuyo seno desarrollan su diario vivir.
Para ese propósito, la moción contempla el otorgamiento de diversas facultades a las direcciones de obras municipales pertinentes con el objeto de concretar la regularización que se persigue.
Como no me cabe duda de que todos los miembros de la Corporación estamos contestes en la necesidad urgente de legislar respecto a los loteos irregulares existentes en las diversas comunas de nuestro país, doy mi voto favorable a esta iniciativa, en el entendido de que durante la discusión particular se le introducirán enmiendas destinadas a perfeccionar su articulado.
Señor Presidente, debo connotar que esta materia ha sido de particular preocupación para el Senador que habla, pues tenemos una situación bastante compleja en Viña del Mar y Valparaíso.
En la Quinta Región se concentra un tercio de los campamentos de Chile. Pero, además, la situación se ha ido consolidando en sectores de Viña del Mar, como Miraflores Alto, Achupallas, Santa Julia, Reñaca Alto, Glorias Navales, donde es necesario proceder con mayor celeridad a la regularización de los loteos irregulares que hoy se hallan justamente en ese trámite, a lo que han apuntado iniciativas de la Administración anterior y de la actual.
Muchos de esos loteos cuentan con pavimentación, en fin, y existen las condiciones requeridas para que los vecinos obtengan sus títulos de dominio.
Creo que el aumento del plazo pertinente dice relación no solo con la sensibilidad que han manifestado los Senadores Tuma y García, sino también con nuestra especial preocupación por el problema que se aborda.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Saludo al 2º Medio del Liceo Mirella Catalán Urzúa, de Paredones.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, en primer término, quiero destacar la moción que presentaron los Senadores Eugenio Tuma y José García.
Lamentablemente, cada cuatro o cinco años debemos tomar iniciativa para crear la famosa "ley de regularización".
Pienso que nos encontramos ante una buena moción. Sin embargo, ella refleja la precariedad que tenemos en nuestro país en lo que concierne al sistema de desarrollo urbano y al cumplimiento de las normas urbanísticas al momento de la constitución de loteos o de la realización de construcciones.
La ley en proyecto -tal como decía el Senador Montes-, más que destinada a regularizar propiedades o viviendas, persigue como objetivo normalizar loteos, es decir, espacios comunes o bienes nacionales de uso público donde se han realizado construcciones y en que no existe ningún tipo de regularización.
Me parece importante que se cree un mecanismo de regularización integral, porque no es admisible que a estas alturas del desarrollo legislativo y luego de las facultades entregadas tanto a los municipios cuanto al Ministerio de Vivienda tengamos una dualidad contraproducente: la de que por un lado se encuentran regularizadas las propiedades, mientras por otro los bienes donde ellas se emplazan no lo están.
Esa situación es completamente contradictoria y habla de la falta de coordinación entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el de Bienes Nacionales como titular de aquellos.
En consecuencia, probablemente en el futuro debiéramos legislar a los efectos de establecer la obligación de la entidad reguladora de crear mecanismos de regularización integral tanto para los bienes nacionales como para los particulares. Por ejemplo, que la autoridad municipal no pueda recepcionar obras si el terreno y los bienes del loteo no se encuentran debidamente regularizados.
Yo aprobaré la idea de legislar, señor Presidente.
No obstante, estimo que hay dos puntos relevantes que deberemos analizar durante la discusión particular.
En primer término, este proyecto, junto con permitir la regularización, simplifica el trámite y disminuye a una declaración jurada simple la naturaleza jurídica del documento que debe presentar el solicitante ante la autoridad correspondiente.
Solo quiero advertir que parece necesario que el precepto atinente a la declaración jurada simple vaya acompañado de una norma que establezca una sanción para eventuales defraudaciones. Porque puede ocurrir que la simplificación del trámite, pensada de buena fe por los mocionantes y usada probablemente de buena fe por gran parte de los beneficiarios, sea mal utilizada por algunas personas para engañar a la autoridad a fin de regularizar loteos que no les pertenecen.
Por eso, considero que una declaración jurada simple puede ser insuficiente.
En segundo término, la moción circunscribe el concepto "áreas de riesgo" al loteo, sin considerar la propiedad.
Sobre el particular, señor Presidente, debemos ser cuidadosos.
Entiendo que el propósito de la moción es regularizar loteos irregulares. Pero lo que no puede ocurrir es que la ley valide los loteos en zonas de riesgo, ya que ello puede resultar contraproducente para la construcción que se está realizando, dada la falta de aptitud del terreno para tal efecto, lo que pone en riesgo a los habitantes del sector.
Debemos destacar la moción de los Senadores Tuma y García, pues se orienta bien al hacerse cargo de una realidad que muchas veces afecta no solo al desarrollo urbano de ciertas comunas, sino también a la regularización de terrenos y loteos, la que genera un mejoramiento del patrimonio de los ciudadanos, particularmente de los más modestos, quienes no pueden contratar abogados para seguir el procedimiento normal de regularización.
Por eso, aprobaré en general el proyecto. Pero creo que deberemos formular indicaciones durante la discusión particular.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento necesario para que el Senador señor Zaldívar me remplace en la testera, pues deseo fundamentar mi voto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, la ley en proyecto será la tercera relacionada con los loteos irregulares.
Deseo expresarle al Honorable señor García, quien me ha instado a acompañarlo en la iniciativa, que estamos motivados por la observación permanente del comportamiento de la legislación y de cómo numerosos loteos se han ido regularizando, pero muchos otros no, por distintas razones.
La aplicación de la normativa nos ha resultado educadora en cuanto a cómo corregir el ordenamiento o facilitar el acceso a los instrumentos que este pone a disposición de familias muy modestas, que no han elegido vivir en campamentos, sin agua, ni alcantarillado, ni electricidad, ni veredas, ni pavimento, expuestas a las inclemencias del clima o a una catástrofe. La instalación en campamentos y loteos obedece a la desesperación de ofrecer un espacio mínimo al grupo autónomo propio y de terminar con el drama de habitar hacinados o de allegados en las familias de origen.
Por tanto, tenemos una lección que aprender en el sentido de que el Estado, en primer lugar, no está entregando suficientes instrumentos para satisfacer la demanda de vivienda. Los recursos o los instrumentos siempre son escasos, y esa es la razón de la urgencia de ir atendiendo regularizaciones vinculadas con las familias, con el diario vivir, con la calidad de vida.
Desde ese punto de vista, hemos presentado con el señor Senador un proyecto en orden a aumentar el plazo de vigencia de la ley que hoy día permite regularizar los loteos.
Y se simplifica la tramitación para los efectos de la tasación, ya que, muchas veces, la autorización demora porque la primera no se hace. Bastaría, entonces, con cambiar el sujeto del trabajo en el territorio por una declaración jurada respecto del tipo de vivienda.
Se otorga también un plazo para el pronunciamiento del Director de Obras Municipales, de modo que si no lo verifica en 30 días se entendería la aceptación.
La zona de riesgo es una materia en la que debemos trabajar. Varios colegas han manifestado inquietud por llevarse a cabo regularizaciones que pueden incentivar a vivir en situaciones peligrosas. Hay que revisar eso. No por el hecho de que las familias se encuentren en condiciones de irregularidad no vamos a preocuparnos de ellas. Al contrario.
Uno de los obstáculos que han enfrentado los loteos irregulares es el de no hallarse en terrenos susceptibles de una autorización para construir por tratarse de una zona de riesgo. Son áreas que nadie quiere, habita u ocupa, motivo precisamente por el cual van a instalarse campamentos. Es lo que ocurre en numerosos casos.
Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Modificar esos sectores a través de planes de mitigación y la posibilidad de autorizar los loteos previo el estudio respectivo y cuando cuenten con la aprobación para la ejecución de las obras pertinentes.
Vamos a convertir las zonas de riesgo en lugares en que se pueda vivir; en terrenos que permitan resolver sus dificultades a familias que nunca, por la irregularidad, han recibido un subsidio habitacional, como tampoco para el mejoramiento de una vivienda. El proyecto viene a regularizar la situación a fin de que puedan acceder a ambos, al igual que al subsidio térmico.
Por eso, juzgo que la revisión de la legislación, así como la toma de medidas y la creación de los instrumentos necesarios para que ellas puedan acogerse al beneficio, constituye un avance.
Como lo decía el Honorable señor García, vamos a solicitarle al Ejecutivo, por ejemplo, que patrocine una indicación tendiente a priorizar a esas familias o a los loteos cuando postulen a un subsidio habitacional, o térmico, o de ampliación.
A mi juicio, el incendio en Valparaíso o los terremotos nos han dado la lección de que los sectores de viviendas precarias son los más afectados, los que más sufren y los que menos ayuda pueden recibir del Estado en el momento de la emergencia, y resultan erradicados a una mediagua quién sabe dónde. De lo que se trata es que los loteos irregulares reciban las obras de urbanización, de mejoramiento, de mitigación, frente a la inseguridad o a catástrofes determinadas.
El Senador señor Montes hacía referencia a un asunto importante, relacionado con los espacios comunes. Muchos de los loteos han normalizado el sitio a través del decreto ley N° 2.695, de 1979, dictado para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz. Se ha hecho un uso generalizado de este instrumento para sanear terrenos dentro del radio urbano. Pero el procedimiento no considera qué pasa con el acceso, con los espacios comunes o con las áreas verdes. No se contempla un pronunciamiento al respecto. En virtud del sistema, la municipalidad solo da un número de ubicación en una calle que no tiene ni nombre y que tampoco les permite a los que viven en los loteos determinar con certeza de quién es el espacio público.
Es decir, este último no existe. El que loteó fue un privado. Por tanto, ninguna empresa de servicios básicos -electrificación, agua potable, gas, en fin- se atreve a hacer inversiones ahí, ya que no tiene seguridad alguna de quién es el propietario. Ello no sucedería y sería más simple si se tratara de un espacio público o la Dirección de Obras Municipales declarara que reviste el carácter de bien nacional de uso público.
Me parece que la iniciativa en debate está recogiendo un sentir muy grande de miles de familias que aún no han regularizado, y muchas de ellas, o casi todas, no han podido recibir ninguna ayuda estatal. Si decimos: "Vamos a crear un Estado que ayudará y focalizará los subsidios en los más vulnerables", aquí tenemos un sector que presenta tal característica y que no ha recibido ninguno en materia de vivienda.
Por último, como el proyecto requiere gran intervención; como es preciso escuchar bastante más a los directores de Obras Municipales; a los dirigentes, ante las dificultades que han experimentado para acogerse a la ley vigente; al Ejecutivo, a fin de saber si habrá predisposición para el patrocinio de una iniciativa que permita invertir de verdad fondos destinados a la urbanización, me parece que conviene fijar un plazo no menor de treinta días para la presentación de indicaciones. Sugiero el 8 de septiembre para tal efecto, fecha en la cual podrían registrarse muchas que apuntaran a lograr el objetivo que se persigue.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Quisiera aprovechar la ocasión para saludar, primero que nada, al Alcalde de Calama, señor Esteban Velásquez, como también a los dirigentes del Movimiento Ciudadano de Calama. Agradecemos su presencia.
Hago otro tanto respecto de la delegación del Liceo Luis Edmundo Correa Rojas, de Curepto.
El señor PÉREZ.- Seré muy breve, señor Presidente.
Concuerdo con los análisis efectuados por diversos colegas y, en particular, por los autores de la iniciativa, Senadores señores Tuma y García, sobre los problemas a los cuales nos estamos enfrentando, relacionados con la cantidad de loteos irregulares, de familias vulnerables. La situación de irregularidad les impide a estas acceder a beneficios de carácter estatal, a programas de subsidios, a la inversión pública.
Pero la pregunta que debemos responder, ya que a mi juicio se abre solo una ventana en este aspecto -voté a favor en la Comisión-, es por qué la legislación ha tenido que ser modificada en forma permanente; por qué no rindió frutos en el momento de dictarse o al hacerse la primera renovación. Esta es la segunda que efectuamos.
La contestación es que se trata solo de una parte del problema. No hay duda de que aquí se requiere una acción del Estado. En particular, son los Ministerios de Vivienda y de Bienes Nacionales, junto con los municipios, los que tienen que abordarlo de manera integral. Mientras eso no suceda, tendremos que seguir renovando esta especie de esperanza de contar con un instrumento legal que nos ayude a resolver, cada cierto tiempo, la situación de irregularidad en que se encuentran algunos de los loteos existentes en nuestras provincias y regiones.
En consecuencia, además de aprobar la ley en proyecto, el Senado debe abocarse -así se lo hemos planteado al Presidente de la Comisión de Vivienda, Honorable señor Montes- a una acción con el Ejecutivo para que se inicie un plan integral en el que al menos las Secretarías de Estado mencionadas puedan coordinarse a fin de llevar adelante un programa efectivo de regularización.
El Ministerio de Bienes Nacionales tiene un programa y regulariza propiedades, pero no el entorno. Entonces, nos vemos ante el hecho, en numerosas ocasiones, de que existen propietarios, personas con título de dominio, pero sin ninguna posibilidad de que el Estado o los municipios inviertan en calles, en parques y jardines, en infraestructura.
Ello no se resuelve solo por la vía de que algunas normas se relajen para enfrentar el problema, sino que se precisa una acción pública decidida, sostenida y coordinada para poder solucionar las dificultades de cientos de familias que viven en situación irregular, respecto de las cuales al Estado y a los municipios no les es factible llevar adelante programas de beneficio social que sí reciben otras.
Voto a favor de la iniciativa, señora Presidenta, en el entendido de que representa la apertura de una ventana, no de una puerta, para superar cuestiones de fondo en algunos sectores de nuestras comunas, provincias, regiones, donde se encuentran las personas de mayor vulnerabilidad, porque la falta de un título de dominio les impide acceder a un conjunto de programas sociales que irían en su beneficio.
La señora ALLENDE (Presidenta).- El último inscrito para intervenir es el Honorable señor Letelier, quien no se encuentra en la Sala.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 29 señores Senadores se pronuncian a favor, y fijándose el 8 de septiembre próximo como plazo para la presentación de indicaciones.
Votaron las señoras Allende, Muñoz, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Larraín, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Con relación al siguiente asunto del Orden del Día, que es el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, hago presente a la Sala que el señor Ministro de Educación me manifestó su deseo de estar presente en la discusión.
Como se encuentra en la Cámara de Diputados, podríamos suspender la sesión para avisarle y esperarlo.
El señor ROSSI.- Sigamos con la tabla, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, continuaremos con el punto siguiente.
Boletín N° 9164-10
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de San Vicente y las Granadinas", suscrito en Kingstown el 30 de noviembre de 2012, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.164-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Relaciones Exteriores: sesión 34ª, en 23 de julio de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal que se persigue es adoptar medidas tendientes a promover el desarrollo de la cooperación técnica y científica entre ambas Partes.
La Comisión discutió la iniciativa en general y en particular, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Chahuán, García-Huidobro, Lagos, Letelier y Pizarro.
Cabe hacer presente que el proyecto de acuerdo requiere al menos 20 votos para ser acogido, por incidir en normas de quórum calificado.
El señor ORPIS.- Abra la votación, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- No hay Senadores inscritos para intervenir.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 23 señores Senadores se pronuncian a favor.
Votaron las señoras Allende, Muñoz y Pérez (doña Lily) y los señores Araya, Chahuán, Coloma, García, Guillier, Harboe, Larraín, Matta, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar.
Boletín N° 9365-04
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de Educación Parvularia y modifica diversos cuerpos legales, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.365-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 34ª, en 23 de julio de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos de la iniciativa son los siguientes:
-Crear la Subsecretaría de Educación Parvularia, órgano administrativo de colaboración directa al Ministro de Educación y que tendrá a su cargo la elaboración, coordinación, aplicación y evaluación de políticas y programas en materia de desarrollo, promoción y entrega de la educación parvularia.
-Crear, dentro de la Superintendencia de Educación, la Intendencia de Educación Parvularia, instancia a la que le corresponderá la tarea de fijar los criterios técnicos del ejercicio de las funciones de la Superintendencia, en relación con los establecimientos que impartan educación parvularia.
-Modificar algunos cuerpos legales a fin de armonizar las normas del sector con las funciones y denominación de los nuevos órganos administrativos.
La Comisión discutió el proyecto solo en general y, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Quintana, Rossi e Ignacio Walker.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 39 a 47 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Cabe tener presente que el artículo 3° de la iniciativa tiene carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación 22 votos favorables.
El señor ROSSI.- Señora Presidenta, este es, quizás para muchos, uno de los proyectos más importantes. Sin duda alguna, la materia que aborda es de primera relevancia.
Cuando en la Comisión escuchamos a distintos especialistas en educación inicial, nos dimos cuenta de la trascendencia que pueden tener los esfuerzos que hagamos para mejorar la cobertura y la calidad de la educación parvularia.
Un peso invertido en educación parvularia se recupera con creces con la productividad alcanzada en el aprendizaje de esos niños. Un peso representa, finalmente, ocho pesos. ¡Qué mejor inversión!
Por lo tanto, hay que avanzar hacia una mayor cobertura y también hacia una mayor calidad de la educación, porque es efectivo que una educación parvularia de mala calidad puede ser incluso contraproducente para el desarrollo educativo de los niños.
Hoy tenemos un sistema tremendamente enredado, diría yo, desde el punto de vista de la institucionalidad de la educación inicial o parvularia. Tenemos una institucionalidad donde se confunden las funciones y donde a veces se observa duplicidad de funciones. La JUNJI, por un lado, junto con el Ministerio de Educación, ejerce un rol normativo importante en el diseño de las políticas del área, pero además desempeña labores de fiscalización, de supervigilancia y aun de empadronamiento de jardines infantiles.
En consecuencia, tenemos una institución que ejerce funciones normativas (diseño de políticas), a la vez que lleva a cabo tareas de fiscalización, así como de provisión del servicio educativo parvulario.
Evidentemente, eso no es bueno para el sistema y, por lo mismo, este proyecto plantea su modificación, entregando funciones que hoy posee la Junta Nacional de Jardines Infantiles a otros organismos que se crean. Por ejemplo, la Subsecretaría de Educación Parvularia constituirá, sin duda alguna, el espacio donde se diseñarán las políticas públicas en materia de educación inicial.
Se crea, asimismo, dentro de la Superintendencia, una intendencia cuya finalidad será elaborar los criterios técnicos que orientarán la labor de fiscalización de los jardines infantiles.
Es importante señalar que será la Subsecretaria de Educación Parvularia la que otorgará el reconocimiento oficial o el permiso de funcionamiento a tales entidades.
Al respecto, cabe destacar que en la discusión de este proyecto se abordó la iniciativa que regula los permisos de autorización de los jardines privados. Hoy por hoy, resulta mucho más fácil abrir un jardín infantil que instalarse con una botillería. Por eso estamos trabajando también en los requisitos para obtener un permiso de funcionamiento en el ámbito de la educación parvularia.
Además, hay aspectos que tienen que ver con los funcionarios.
Si uno analiza cuál es la realidad de las distintas instituciones existentes en el nivel parvulario, se dará cuenta de que un número significativo está compuesto por establecimientos municipales. De hecho, el 24 por ciento de la matrícula corresponde a entidades de ese carácter, y el 37 por ciento, a establecimientos educacionales particulares subvencionados; la JUNJI tiene 436 establecimientos, e Integra, 891. Y también hay establecimientos privados y municipales que reciben financiamiento estatal a través de uno de esos dos organismos.
Existen igualmente unos jardines traspasados, llamados "VTF", cuyos dirigentes, funcionarios y funcionarias nos han planteado que esperan recibir un trato igualitario desde el punto de vista de las condiciones laborales, así como desde la perspectiva de las políticas de financiamiento.
La subvención de un niño de un jardín de la JUNJI es diametralmente distinta de la que se otorga a uno de un jardín de Integra o de un establecimiento en modalidad VTF. Y aquello no tiene ninguna justificación lógica ni técnica.
Por lo tanto, también será necesario homogeneizar las condiciones laborales al interior de jardines infantiles que son parte del Estado o reciben financiamiento de este.
Cabe señalar que del total de instituciones de educación parvularia (11.343), 1.260 son establecimientos sin financiamiento estatal, puramente privados, equivalentes al 11,1 por ciento.
Hay un elemento que igualmente me parece importante señalar, en especial hoy, cuando debatimos la necesidad de terminar con el lucro en la educación. Porque está demostrado que el lucro no es buen motor de la calidad de la enseñanza.
Asimismo, discutimos aspectos relativos a los procesos de ingreso o admisión, como la selección, o lo que significa el copago como barrera de entrada para padres y apoderados, limitando el ejercicio de su libertad al momento de tomar la decisión de elegir un colegio.
Fíjense que es interesante la experiencia que se observa en la educación parvularia. De cero a 4 años (sala cuna y niveles de transición medio menor y medio mayor), no hay copago, no hay lucro y tampoco hay selección. De hecho, los recursos se focalizan, principalmente, en los niños más vulnerables, es decir, en aquellos de los tres primeros quintiles.
Posteriormente, en el rango de 4 a 6 años aparece el lucro, el copago, aunque no la selección, al menos no formalmente y de manera transparente. Sabemos que hoy la selección se restringe solo hasta después de sexto básico, cuestión que pretendemos cambiar con la reforma educacional que se está llevando adelante.
Por cierto, en la actualidad tenemos un problema de cobertura. Sin embargo, existe un compromiso de la Presidenta Bachelet que ya se está implementando: una georreferenciación de los lugares donde debiesen emplazarse los jardines infantiles y las salas cuna, lo cual nos permitirá ir acortando la brecha que tenemos con los países de la OCDE.
La cobertura de salas cuna en las naciones pertenecientes a dicha organización es de 30 por ciento; en Chile, en cambio, es de 17 por ciento. Por tanto, apenas uno de cada 5 o 6 niños lactantes de nuestro país tiene acceso a jardín infantil. Y eso restringe no solo la posibilidad de que un niño reciba educación en un momento muy importante de su vida (el más importante, quizá, desde la perspectiva de poder influir en su aprendizaje y en el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas y sociales), sino que también limita las opciones de acceso al mercado laboral de las mujeres. Por eso que tiene una doble relevancia lo que se está haciendo en la actualidad en materia de aumento de cobertura de salas cuna y de jardines infantiles en general.
Pero, como ya dijimos con anterioridad, no solo es importante la cobertura. Del mismo modo, se está trabajando fuertemente en el perfil de la carrera de educadora de párvulos, en los currículums y en todo lo que dice relación con el apoyo técnico-pedagógico y el perfeccionamiento permanente de la educadora y su equipo.
De ahí que valga la pena, señora Presidenta, expresar algunas palabras respecto de las condiciones laborales en que ellas se desempeñan.
La verdad es que no existe ninguna razón para que haya un trato tan distinto con otros niveles de la educación. Hoy en día una educadora de párvulos de kínder recibe un salario de dos sueldos mínimos. Y estamos diciendo que la educación parvularia es, quizás, la fase más relevante del proceso educativo, por la permeabilidad que tiene un niño con relación a la estimulación precoz en esa etapa de su desarrollo.
En consecuencia, considero fundamental que, cuando hablemos de plan nacional docente, de perfil de la carrera docente, de incentivos, de perfeccionamiento, de estabilidad laboral, de condiciones de trabajo en general, incorporemos en ese debate a las educadoras de párvulos, porque también son docentes y cumplen un rol primordial, que hoy estamos relevando mediante el proyecto de ley en análisis, el cual -insisto- cambia la institucionalidad, creando la Subsecretaría de Educación Parvularia y una intendencia dentro de la Superintendencia, para el diseño de criterios técnicos orientados a la fiscalización en este ámbito de la educación.
Y resulta muy importante -reitero- que separemos la función de provisión del servicio educativo de las funciones más bien rectoras, normativas y de fiscalización.
Este proyecto despierta bastante respaldo; un respaldo transversal, en los distintos sectores.
El señor QUINTANA.- ¡Esperemos!
El señor ROSSI.- Así que ojalá que hoy haya una aprobación unánime.
Por último, quiero hacer presente que la iniciativa que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles tiene su plazo de indicaciones vencido.
Por lo anterior, señora Presidenta, solicito que se abra otro plazo hasta el 18 de agosto, al igual que para el proyecto que ahora estamos discutiendo, porque los estamos viendo en conjunto. Ello resulta coherente y los miembros de la Comisión están de acuerdo.
La señora ALLENDE (Presidenta).- ¿Habría inconveniente en fijar plazo para formular indicaciones hasta el 18 de agosto respecto de ambos proyectos?
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, cuando Chile ratificó la Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, y que contempla, entre otros, el derecho a recibir educación gratuita y obligatoria, nuestro país asumió un compromiso con la educación.
Y, a propósito de que hoy está en discusión la reforma educacional, la calidad de la enseñanza, uno reflexiona que el futuro de la educación se tiene que ir desarrollando no solo imponiendo leyes, sino también a través de un cambio cultural. Y este cambio lo vamos haciendo todos juntos, en virtud de lo que significa para Chile mejorar la educación, sobre todo en el nivel parvulario.
En tal sentido, el reciente estudio de Impacto Educativo de la Enseñanza Preescolar, realizado por la UNESCO, muestra cómo se encuentra plenamente establecido que es en la primera infancia, como lo señalaba el Senador Rossi, donde se presentan las mayores oportunidades para el desarrollo humano integral. Según este informe, en esa etapa existen oportunidades de desarrollo que no se repiten posteriormente en el ciclo de vida humana, generándose procesos de desarrollo biológico, socioemocional, cognitivo y de lenguaje, encadenados causalmente entre sí a lo largo del ciclo vital.
Por ello, la inversión en desarrollo infantil es muy estratégica para un país en vías de desarrollo. Porque la tasa de retorno de invertir en desarrollo temprano es la más alta de todos los niveles educacionales y es base para la consecución de competencias individuales, determinantes para la productividad y la capacidad de innovación de las naciones.
Diversos y recientes estudios de distintos programas de Naciones Unidas, como también mencionaba el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, establecen que por cada dólar invertido en educación preescolar se ahorran más de siete dólares por concepto de seguridad y bienestar social al cabo de 27 años.
Por eso, contar con una oferta pública de guarderías y jardines infantiles que otorgue adecuada cobertura a la demanda existente permite a los padres, y especialmente a las madres, salir con tranquilidad a trabajar o estudiar, teniendo la confianza de que sus hijos están siendo cuidados, estimulados y educados en forma adecuada.
Ya se han entregado cifras de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. No las voy a repetir. Pero sí quisiera indicar que los jardines infantiles y las salas cuna de la JUNJI solo atienden a niños pertenecientes al primer y al segundo quintil de ingresos. Por lo tanto, las familias de los quintiles siguientes, correspondientes a la clase media, no pueden optar a la oferta pública de jardines infantiles y salas cuna, pudiendo solo acceder a la oferta privada, que muchas veces no pueden pagar.
En ese contexto, donde la oferta pública no alcanza a cubrir la demanda de matrículas, comienzan a surgir los llamados "jardines comunitarios", que, de acuerdo a la ley Nº 17.301, corresponden a iniciativas de un grupo de padres que por diversas razones tienen dificultades para acceder a un jardín infantil, sea de la JUNJI o privado.
Estos establecimientos obtuvieron reconocimiento legal. Uno de los artículos del cuerpo normativo pertinente dispone que "son Jardines Infantiles Comunitarios aquellos establecimientos que atienden a un grupo reducido de párvulos, de modo heterogéneo u homogéneo, producto de una iniciativa comunitaria". Estos pueden estar a cargo de un técnico en educación parvularia o, en casos excepcionales, de un agente educativo que no cuente con título profesional, pero que cumpla con las exigencias de idoneidad y supervisión que contemple el reglamento.
Por su parte, el decreto que regula la aplicación del inciso segundo del artículo 3º de la ley Nº 17.301 dispone que un jardín infantil debe funcionar cumpliendo ciertas normas básicas de infraestructura y seguridad, contando con personal idóneo para trabajar con menores. Pero -y aquí está el pero-, debido a la precariedad en la que funcionan estos establecimientos, muchos de ellos no solicitan el reconocimiento de la JUNJI y, por tanto, sus condiciones no son fiscalizadas por organismo alguno.
En ese contexto, el Presidente Piñera presentó el proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles -hoy en su segundo trámite reglamentario en la Comisión de Educación del Senado-, el cual recoge expresamente otras iniciativas parlamentarias, como la que establece un marco regulatorio para los establecimientos de educación preescolar (de autoría del ex Presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Álvarez, del ex Diputado y actual Ministro de Defensa, Jorge Burgos, y del actual Senador Felipe Harboe), y la que modifica la Ley General de Educación para establecer un reconocimiento oficial del Estado a las salas cuna y jardines infantiles (de autoría de diversos Diputados, entre los cuales estaba quien les habla).
El proyecto que hoy nos convoca debe necesariamente complementarse con aquel presentado por el Presidente Piñera, con el objeto de alcanzar no solo los objetivos de cobertura en educación preescolar, que han perseguido los últimos gobiernos, sino también el de la indispensable calidad de estos establecimientos educacionales, considerando la enorme importancia que la educación preescolar tiene en el desarrollo futuro de nuestros niños.
Señora Presidenta, nunca hay que perder de vista que el objetivo de toda política pública, de todo proyecto de ley y de todas las actuaciones de las autoridades en materia educacional siempre, ¡siempre!, debe ser alcanzar una educación de mejor calidad para nuestros niños y jóvenes.
Por eso, vamos a concurrir con nuestro voto favorable a este proyecto, esperando que en su discusión particular se tengan presentes las otras iniciativas en trámite que miran el mismo propósito, y cuidando, de manera muy especial, que esta nueva institucionalidad constituya un avance real para asegurarles a todas las familias chilenas la calidad de la educación que recibirán sus hijos desde la más temprana edad.
Independiente de las aprensiones, de las diferencias existentes en la discusión sobre la reforma educacional, esta siempre ha de centrarse en los jóvenes, en los niños y, sobre todo, en su principal finalidad: lograr una mejor calidad de la educación.
Con ello podremos tener un futuro mejor.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, este proyecto reviste la mayor importancia.
En la Comisión de Educación concitó un apoyo unánime, lo que demuestra que, más allá de los titulares de prensa, los conflictos no son generalizados, pues las disputas no se dan en todos y cada uno de los ámbitos de la reforma educacional, sino en algunos aspectos.
Este es uno de los ocho proyectos de ley comprometidos por la Administración de la Presidenta Bachelet (por ejemplo, a nivel de la educación parvularia) que demuestran que existe un acuerdo, un consenso más amplio de lo que muchas veces tales titulares sugieren.
Esta iniciativa crea una nueva institucionalidad para la educación inicial, en que ahora hablamos de "educación parvularia", y antes de "guarderías".
Hoy día todo este proceso, que tiene lugar entre 0 y 4 años, o de 0 a 6 años de edad si incluimos prekínder y kínder, obviamente apunta a lo medular en el proceso educativo de una persona, que justamente se da a esa edad.
Actualmente, hay un millón y medio de niños de 0 a 6 años y 6 mil 100 establecimientos educacionales, de los cuales 4 mil 100 son públicos, principalmente de la JUNJI y también de INTEGRA, y 2 mil privados.
El Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet persigue un objetivo bastante ambicioso: pasar de una matrícula de 17 por ciento -como se da ahora- a una de 30 por ciento entre 0 y 4 años de edad.
Ello, porque, en términos de cobertura, de acceso, hoy día la educación parvularia es lo más deficitario dentro del proceso educativo.
Para obtener una cobertura de 30 por ciento se van a construir 4 mil 500 salas cunas y 1.200 jardines infantiles, o sea, 5 mil 700 salas cunas y jardines infantiles. Esto significa incorporar a 134 mil niños y niñas al proceso de la educación parvularia, con una inversión de 450 millones de dólares, en este Gobierno.
Por lo tanto, también digámosle al país que hay buenas noticias. Si bien en el campo de la educación existe una reforma compleja, que comprende bastantes iniciativas, empezamos con este proyecto, que concita acuerdo -espero que prácticamente unánime- y apunta a un aspecto muy medular de nuestra educación.
¿Qué hace esta iniciativa, finalmente?
Consagra una nueva institucionalidad, un nuevo diseño institucional para regular de mejor forma aquello que hoy día aparece bastante desregulado en nuestro país, porque los requisitos para establecer una sala cuna o un jardín infantil son mínimos.
Lo anterior, a través de dos maneras.
Primero, creando una Subsecretaría especializada en educación parvularia.
Y, segundo, instaurando una Intendencia para fiscalizar los recursos que se invierten en la educación parvularia.
Por consiguiente, esta iniciativa viene a complementar la institucionalidad generada durante estos años en el campo de la educación.
Existe la Ley General de Educación, que representó un avance en su momento, que falta complementar, adecuar y modificar en materia de educación superior; el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, que surgió de un proyecto con el mismo nombre aprobado en agosto del año 2011, y que -como dice la normativa que lo creó- se refiere a la educación parvularia, básica y media.
Obviamente, en básica y media estamos más avanzados, pues se establecieron dos instituciones muy importantes: la Agencia de Calidad de la Educación, que mira lo que ocurre dentro de la sala de clases, y la Superintendencia de Educación, que fiscaliza los recursos destinados a educación básica y media, los cuales alcanzan, vía subvención, a 6 mil millones de dólares al año. El 10 por ciento de todo el presupuesto de la nación va a educación básica y media, a través de subvención.
Y esto se encuentra en una especie de marcha blanca, de plan piloto: se están implementando la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación, que creamos hace tres años.
Obviamente, se trata de un proceso que se debe evaluar permanentemente para velar por la calidad y por la fiscalización.
Bueno, en primer término, hoy estamos llenando ese vacío que quedó desde el punto de vista de la educación parvularia, mediante la creación de una Subsecretaría de Educación Parvularia.
Ella tendrá, entre otras funciones, la de dictar un plan nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia. Y, además, la facultad de otorgar algo que constituye el meollo de otra iniciativa, que discutimos en paralelo -como aquí se ha dicho-: la autorización para el funcionamiento de las salas cunas o los jardines infantiles, que se halla regulado ahora -yo diría- por normas muy precarias, muy básicas.
La autorización para funcionar es algo mínimo. La gran mayoría está disconforme, poco contenta con ella. Queremos más, un reconocimiento oficial que suba los estándares y las exigencias de la educación parvularia.
Eso efectúa esta Subsecretaría, que tiene por objeto, en el fondo, la formulación de la política pública, aprobar este plan nacional, autorizar el funcionamiento, dar el reconocimiento oficial, a fin de asegurar -como dice la iniciativa- una educación parvularia de calidad.
Numerosas personas echan de menos la palabra "calidad" en la reforma educacional. Bueno, aquí están no solo esa palabra, sino también las atribuciones, las funciones, la institucionalidad para asegurar esa calidad.
En segundo lugar, dentro de la Superintendencia de Educación se instaura la Intendencia de Educación Parvularia, destinada a fiscalizar aquello que hoy se encuentra radicado básicamente en la JUNJI, y se la dota del poder para hacerlo.
En consecuencia, una de las cosas que persigue la iniciativa es separar las funciones de formulación de políticas, que quedarán radicadas en la Subsecretaría de Educación Parvularia, de las de fiscalización, hoy a cargo de la JUNJI (en este sentido, es juez y parte).
Y ese proceso de creación institucional va de la mano con el otro proyecto que se tramita en paralelo, que autoriza el funcionamiento de las salas cunas y los jardines infantiles o que da el reconocimiento oficial para que puedan cumplir su rol en materia de educación parvularia.
Una de las personas que compareció en la Comisión de Educación fue Alejandra Cortázar, profesora de la Universidad Católica, quien dijo que no existe una normativa única de carácter obligatorio para la educación parvularia. Hay una voluntaria para el reconocimiento oficial que, en todo caso, será obligatoria desde el año 2019.
Hoy día existen sueldos bajos en la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Hace algunas semanas aprobamos un proyecto sobre el particular -no voy a entrar en detalles-, mediante el cual se destinan más de 3 mil 300 millones de pesos a mejorar la situación del personal de la JUNJI.
Asimismo, Alejandra Cortázar dice que hoy día existe un cumplimiento de solo 50 por ciento de los indicadores de calidad, según los estándares internacionales (aunque la iniciativa en discusión no habla propiamente de tales indicadores, es un tema pendiente), e incluye a los jardines privados, respecto de los cuales, por lo demás, no se dispone de datos en esta materia.
He citado a Alejandra Cortázar de entre las muchas personas que comparecieron a la Comisión de Educación para dar su opinión como expertos.
En definitiva, señora Presidenta, ojalá le demos una señal al país mediante la aprobación por unanimidad del presente proyecto -así fue acogido en la Comisión respectiva-, que crea una nueva institucionalidad para la educación parvularia, el cual, junto con la iniciativa que estamos tramitando en paralelo, sobre autorización para funcionar o reconocimiento oficial para tales establecimientos, permitirá no solo optimizar el acceso, al subir la matrícula de 17 a 30 por ciento, sino además velar por una educación inicial de calidad, en condiciones de equidad.
Por lo tanto, ojalá podamos aprobar por unanimidad la iniciativa que nos ocupa.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero referirme a dos cosas.
Primero, he cometido una omisión.
Señor Ministro, le ofrezco disculpas: no lo he saludado. ¡Bienvenido a la Sala! En verdad, tenía presente hacerlo. Sabíamos que se encontraba en la Cámara de Diputados y comenzamos el análisis del proyecto cuando usted se trasladaba hacia acá. Así que me excuso por no haberlo saludado a tiempo.
En segundo lugar, me han pedido abrir la votación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación general la iniciativa.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Mantendremos, por supuesto, los tiempos de intervención si es necesario.
El señor QUINTEROS.- Por su intermedio, señora Presidenta, quiero también saludar al señor Ministro de Educación.
Esta iniciativa de ley se enmarca en la creciente demanda social por una educación pública, gratuita y de calidad para todos nuestros niños y niñas y en la respuesta del Estado de Chile para ofrecerla.
El país será más grande y próspero en la medida que los hombres del futuro, aquellos que ocuparán nuestro lugar en esta sociedad, tengan las condiciones adecuadas para su formación. Todos los niños y niñas que habitan el territorio tienen derecho a una educación de calidad. Y corresponde al rol del Estado hacerse cargo de ello, íntegramente, sin ambigüedades y sin excepciones.
A ello se comprometió la Presidenta de la República y fue lo que suscribimos todos los parlamentarios que apoyamos su Programa; los que pedimos un Senador para Bachelet y quienes nos hicimos acompañar con su fotografía durante la última campaña.
Por lo tanto, enfrento este primer proyecto, que aborda un aspecto central de la reforma educacional, y anuncio mi voto favorable.
Lo hago, en primer lugar, honrando el compromiso contraído ante la gente, pero también con la profunda convicción de que es el camino que debe emprender Chile para superar sus desigualdades y acceder al desarrollo.
La ciudadanía ha mandatado claramente a sus representantes políticos para ocuparse a fondo de esta exigencia. La educación pública gratuita y de calidad es un imperativo político. El Estado no puede apartarse de tal demanda y al Senado le cabe hoy el deber moral y republicano de abrir las puertas de la presente reforma, que equivale a abrir las de la inclusión a miles de niños y jóvenes que se hallan condenados a la exclusión.
Por esto, no puedo sino rechazar la caricatura abierta y descarada de la reforma educacional que vimos en los últimos días. Nada puede ser más impropio de un régimen democrático que la caricatura. Ella es el esfuerzo desesperado de aquel contrincante político que carece de fuerza y que mediante la deformación del contenido del mensaje busca desacreditar la sustancia, descalifica la pertinencia y se asila en un ámbito en que no se puede contestar con los mismos medios.
La importancia del reto reclama nuestra responsabilidad.
En cuanto a la iniciativa misma, comparto sus objetivos de separar las funciones de diseño, fiscalización y provisión del servicio de educación inicial, mediante la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia y de la Intendencia respectiva, y la concentración en la JUNJI del rol exclusivo de proveer el servicio.
La lucha contra la desigualdad está en la base de la reforma educacional y, probablemente, no hay segmento de la educación más desigual que la educación parvularia. Ello obedece, en primer lugar, a la cobertura dispar, que no alcanza a todos los niños en edad de recibirla, particularmente a los más vulnerables, y que tampoco se encuentra presente en la totalidad del territorio, especialmente en las áreas rurales.
La inequidad mencionada es abordada a través del anuncio del Gobierno en orden a abrir 4 mil 500 nuevas salas cunas en los próximos 4 años y 1.200 nuevos jardines para los niveles intermedios. Solo en la Región de Los Lagos se contempla la creación de 254 establecimientos.
Pero hay que hacer más en lo que se refiere a las zonas aisladas de las comunas rurales y también en los sectores marginales de las grandes ciudades, donde habitan las madres trabajadoras, diversas de ellas jefas de hogar, que no cuentan con un lugar donde dejar a sus hijos y, con ello, acceder al trabajo.
Llamo la atención sobre el hecho de que la ampliación de la cobertura en los sectores más marginales no es un problema que se pueda enfrentar solo desde el ámbito de la educación. Esto requiere una acción integral que abarque al Ministerio de Salud y a los municipios, responsables de los programas de atención al niño; al Ministerio de Desarrollo Social, entidad que dirige el programa Chile Crece Contigo, y a las labores que hoy día cumple el Servicio Nacional de Menores en la atención de niños en situación de riesgo.
Por lo tanto, es vital que entre las funciones de la nueva Subsecretaría de Educación Parvularia esté clara la de coordinación, por ejemplo, a través del Consejo Nacional de la Infancia. Tal conexión resulta clave para producir una acción eficaz, por cierto, con los niños con necesidades educativas especiales, que muchas veces son segregados de los establecimientos regulares.
Sin embargo, también existe desigualdad en el propio trato que otorga el Estado a la educación inicial, al proveer financiamiento público distinto para los locales de la JUNJI, Fundación Integra y los jardines infantiles con administración delegada. Esta diferencia es inaceptable, y debe ser enfrentada en un plazo razonable.
Por cierto, otra discriminación se produce con los establecimientos municipales y particulares subvencionados, pues reciben subvención por asistencia, en circunstancias de que es bien sabido que en los primeros años existe un gran porcentaje de ausentismo, debido en numerosas ocasiones a medidas de prevención de contagios, especialmente en temporada invernal.
Y a propósito del financiamiento de la educación parvularia, cabe señalar que existe la obligación de proveer o financiar la sala cuna a los hijos de trabajadoras hasta los dos años de edad, de acuerdo al mecanismo establecido en el Código del Trabajo.
Si bien en su origen ese deber se fundó más bien en las necesidades de cuidado al menor y en su alimentación, con el aumento progresivo de la cobertura y de la calidad de la educación parvularia se puede llegar a replantear esta norma, no para disminuir las obligaciones de los empleadores, pero sí para focalizar de mejor manera el gasto, que es la única contribución que ellos hacen para la educación de los hijos, y solo orientado a las trabajadoras.
Sobre el mismo precepto, habrá que considerar, mediante indicaciones, las modificaciones a las facultades de fiscalización que establece el Código del Trabajo para la JUNJI, a fin de conciliarlas con el rol exclusivo de provisión del servicio que asumirá el organismo respectivo con la nueva ley.
Un último aspecto que quiero destacar se refiere a la fiscalización y a la acreditación de las personas que trabajan en el ámbito de que se trata. Parece increíble, pero en mi experiencia como alcalde me pude percatar de que existen más facultades para fiscalizar un carro de completos que para supervisar el quehacer de un jardín infantil o de una sala cuna.
En consecuencia, será un gran avance la institucionalidad que se está creando, la cual permitirá, por primera vez, controlar efectivamente las condiciones de funcionamiento de los establecimientos públicos y privados.
Este es un buen proyecto, necesario, y la antesala de una discusión mayor y profunda, que es la reforma educacional.
Manifiesto mi acuerdo con la aprobación de la idea de legislar y mi satisfacción por el hecho de que, paso a paso y más allá de la crítica fundada o infundada, comienza a materializarse la reforma a la educación que reclama la inmensa mayoría del país.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, en la gran discusión que hemos llevado a cabo en el último tiempo sobre la calidad de la educación, la importancia de la educación preescolar no merece ninguna duda.
No hay nadie que no plantee que en este ámbito hay que poner un énfasis importante.
Hasta la fecha se afirma que la educación preescolar es un factor fundamental de equidad y movilidad social. Actualmente, se consolida esa visión agregando que la calidad de la educación en los primeros años, además, permite aumentar la productividad en el largo plazo. Esto último, producto de que "la neurociencia ha demostrado que el período en que el cerebro es más eficiente para el aprendizaje comienza antes de los 3 años, por lo que la educación temprana posibilitaría la generación de capital humano y el aumento de la competitividad".
En forma científica, nos están diciendo que, en la práctica, los menores que no asisten a educación parvularia se están perdiendo dicho período de aprendizaje. Por el contrario, los que sí van ganan un hándicap respecto de los otros.
De acuerdo a esa premisa, que el Estado invierta en la educación temprana de nuestras niñas y nuestros niños resulta más rentable que hacerlo a mayores edades. Ello, con el añadido de que tal acción, al mismo tiempo, contribuye a igualar oportunidades y a disminuir las brechas iniciales en favor de los menores provenientes de familias de más escasos recursos.
Entonces, en esa etapa hay que poner el mayor énfasis, porque es ahí -así lo han planteado el ex Presidente Piñera, la Presidenta Bachelet, los técnicos, los propios Ministros- donde se marcan las diferencias, las diferencias más inexplicables y absurdas: las que vienen desde la cuna.
Algunos estudiosos, como el profesor de la Universidad de Chicago galardonado con el premio Nobel de Economía del año 2000, el norteamericano James Heckman, han señalado que la inversión en educación temprana cumple una doble función: primero, promueve la equidad y justicia social y, segundo, hace que la productividad en la economía sea mucho mayor. Dicho profesor dijo: "Las intervenciones iniciales dirigidas a niños desfavorecidos logran retornos mucho más altos que otras inversiones".
El Director del Centro de Estudios Públicos y ex Ministro de Educación, Harald Beyer -lamentable e injustamente removido del cargo ministerial-, ha expresado una opinión similar. Manifestó que las desventajas iniciales son claves para determinar el grado de preparación con que los niños y las niñas llegan a la escuela. Según Beyer: "Los estudios longitudinales sugieren que esas brechas iniciales generalmente no se cierran e incluso se amplían durante la vida escolar y más adelante durante la vida laboral".
El objetivo de este proyecto, señora Presidenta, es la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, órgano administrativo de colaboración directa del Ministro de Educación que tendrá a su cargo la elaboración, coordinación, aplicación y evaluación de políticas y programas en materia de desarrollo, promoción y entrega de la educación parvularia.
Asimismo, tiene la misión de crear, dentro de la Superintendencia de Educación, la Intendencia de Educación Parvularia, instancia que tendrá la función de fijar los criterios técnicos para el ejercicio de las funciones de la Superintendencia en relación con los establecimientos que impartan educación preescolar.
Al respecto, formularé un comentario sobre un aspecto importante.
No basta con resolver los problemas de cobertura en educación; también hay que preocuparse por la calidad. Pero hacer discursos de la calidad carece de sentido si no existe una fiscalización in situ, en terreno, como la que ha efectuado en el último tiempo la Superintendencia de Educación.
En Atacama, por ejemplo, gracias al papel fiscalizador de la Superintendencia, se detectó una gran cantidad de irregularidades en el uso de recursos: dineros destinados a educación que no han sido ocupados para tal fin; otros mal utilizados; otros que están durmiendo en una cuenta (si bien nadie se los ha llevado para la casa, no han llegado a tiempo a beneficiar a los alumnos más vulnerables).
Por lo tanto, de la mano con la creación de este tipo de institucionalidad, debe ir una fiscalización efectiva, como lo planteó muy bien el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, con el propósito de que los fondos que invierte el Estado lleguen a destino.
Por su parte, Mariana Aylwin, ex Ministra de Educación, expuso ante la Comisión en su calidad de Presidenta de la Fundación Educacional Oportunidad. En esa ocasión se refirió a múltiples estudios que advierten que la etapa que va entre los 0 y 6 años de edad es clave para el desarrollo emocional y de aprendizaje de los niños. A mayor abundamiento, resaltó que es en ese período donde se debe trabajar para alcanzar la anhelada igualdad de oportunidades.
En otro orden de consideraciones, agregó que la educación inicial es reciente en nuestro país, especialmente en los sectores vulnerables. Así -precisó-, hasta mediados de la década del 90 la mayoría de las escuelas públicas, que concentran la mayor parte de los estudiantes en situación de pobreza, solo entregaba educación desde el primer nivel de enseñanza básica, y recién el 2002 se establecieron por primera vez las bases curriculares para la educación inicial.
Señora Presidenta, como hemos visto, existe un amplio consenso sobre la importancia que tiene la formación en los primeros años de vida de nuestras niñas y nuestros niños, ya que en esta etapa se estructuran las bases fundamentales para el desarrollo y futuro de ellos. Los menores que no encuentren las condiciones ambientales adecuadas en ese período no solo perderán oportunidades para desplegar sus capacidades, sino que también pondrán en riesgo la expresión de las competencias que se desarrollan a lo largo de la vida.
Por eso debemos entregarles herramientas para que puedan enfrentar el futuro.
En este sentido, los objetivos introducidos en este proyecto de ley parecen ser los adecuados y los correctos, siempre y cuando permitan corregir políticas de infancia que han sido tradicionalmente dispersas y descoordinadas. Según la experiencia internacional, la calidad se asocia con sistemas de educación inicial en los que la provisión, regulación y supervisión de programas y servicios están alineadas.
Si se destinan recursos a educación, pero no hay fiscalización ni políticas que estén en la misma línea, a fin de que todas las acciones apunten en un solo sentido, los esfuerzos realizados no producirán resultados positivos.
Lo planteo nuevamente, como también lo dijo el Senador Moreira: junto con la creación de la institucionalidad propuesta, son indispensables la coordinación y la fiscalización para asegurar un buen empleo de los recursos públicos en educación.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero destacar que estamos en presencia de una buena noticia. Este es, quizás, el primer proyecto, entre varios, de la denominada "reforma educacional".
La presente iniciativa se refiere, justamente, a la formación y cuidado de los infantes, de los menores, de los lactantes, quienes no marchan, no tiran piedras, no gritan consignas y, probablemente, no tienen mucha representación.
Por tanto, es muy loable que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a través del Ministerio de Educación, haya iniciado este proceso de reforma profunda al sistema educacional en el nivel que constituye su piedra angular: la educación parvularia.
Esta marca la diferencia de oportunidades a temprana edad.
Estudios de instituciones norteamericanas e inglesas nos señalan que la estimulación cognitiva en los tres primeros años de edad condiciona el desarrollo neuronal de los menores.
Ahí se asienta la primera diferencia o desigualdad entre los niños que tienen la oportunidad de recibir educación y estimulación cognitiva a temprana edad y quienes no la tienen.
Además, estudios de una universidad europea señalan que los menores que observan regularmente más de siete colores cuentan con mayores probabilidades de desarrollo neurológico que otros que no lo pueden hacer.
En consecuencia, la forma en que el Estado regula o fija un sistema de educación parvularia resulta fundamental a la hora de evitar las desigualdades de origen.
Lamentablemente, producto de la lógica que ha imperado durante más de cuarenta años, la enseñanza preescolar está en manos del mercado. Hoy día la oferta y la demanda regulan dicha actividad. Los lactantes y los menores son clientes a los cuales los empresarios vinculados al negocio de la educación en este nivel deben captar.
Por cierto, cuando un padre o una madre busca un jardín infantil o una sala cuna para su hijo, piensa que los establecimientos en oferta cuentan con un conjunto de autorizaciones que los habilitan para funcionar desde los puntos de vista de la infraestructura, del equipamiento y de los profesionales que ahí trabajan. ¡Déjeme decirle, señora Presidenta, que eso no es así! A los padres que nos escuchan -y me incluyo, por tener hijos en edad preescolar- no les asiste ninguna certeza de que la oferta que hoy existe cumpla con las normas adecuada en infraestructura, equipamiento y personal.
Actualmente en Chile es más fácil abrir un jardín infantil o una sala cuna que conseguir una hora al médico en el sector público. Ello, porque aquella actividad ha quedado completamente desregulada.
Para este ámbito, no existen potestades fiscalizadoras en el Estado, ni a nivel de Gobierno central ni a nivel de gobiernos comunales. Estos últimos solo pueden ejercer facultades de supervisión respecto de la infraestructura de los establecimientos educacionales a través de sus directores de obras. Con todo, estos no disponen de las atribuciones que quisieran, como lo comprobamos tras consultar en diferentes municipalidades.
Señalo lo anterior, señora Presidenta, porque el año 2009, junto con otros parlamentarios, presenté una moción para establecer normas regulatorias relacionadas con la calidad del personal que labora en los jardines infantiles y las salas cuna y, también, disposiciones en materia de infraestructura, dotando a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de atribuciones al efecto.
Por su parte, el Senador señor Moreira aludió a una segunda moción sobre el particular, presentada el año 2012.
Mis esfuerzos en este ámbito obedecen a un compromiso asumido a propósito de una situación que me tocó observar con mucha impotencia en la comuna de Santiago: el caso del menor Sebastián Navarrete. Seguramente, ustedes recordarán que a este menor en el jardín infantil, producto de que lloraba mucho, le pusieron una cinta adhesiva en su boca, razón por la cual falleció.
Las personas responsables de ese hecho solo recibieron una sanción de 541 días remitidos. ¡Y hasta el día de hoy administran un establecimiento de educación preescolar! Consultadas las autoridades sobre cómo era posible que personas que habían cometido cuasidelito de homicidio siguieran administrando un jardín infantil, la respuesta fue: "No tenemos facultades para regular esa situación".
Y luego se dio el caso de Borja López, un menor que en la comuna de Huechuraba fue olvidado en el auto por una parvularia y murió producto del abandono y del calor que se produjo al interior del vehículo.
Frente a esa desgracia, nuevamente surgió la discusión de por qué no éramos capaces, como sistema, como Estado, de regular la oferta de jardines infantiles y salas cuna.
Cabe señalar que en aquella oportunidad presentamos una moción con el objeto de establecer inhabilidades para que nunca más una persona que hubiere sido condenada -o bien, imputada- por delitos de agresiones a menores pudiese trabajar en jardines infantiles. ¡Y sepa usted, señora Presidenta, que hasta el día de hoy esa iniciativa no es ley!
En la actualidad, gracias a una normativa que aprobó este Parlamento, se les prohíbe laborar en jardines infantiles y salas cuna a quienes hayan sido condenados por agresión sexual. Pero nada se ha determinado respecto de los que han sido condenados por violencia intrafamiliar o por algún tipo de delito que implique lesiones a menores.
Por eso en el año 2012 presentamos la segunda moción que se ha mencionado -la recordó hace un rato otro Senador-, con la finalidad, precisamente, de dotar de facultades al Estado en esta materia.
Señora Presidenta, el proyecto en análisis, sin duda, es un avance importante, porque crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, cuya misión será fijar normas generales. En un Estado como el nuestro, los ministerios y las subsecretarías tienen carácter normativo, es decir, dictan disposiciones y establecen procedimientos de carácter general.
Además, la iniciativa crea, de buena forma, la Intendencia de Educación Parvularia, ente público encargado de supervigilar y fiscalizar.
A mi juicio, resulta esencial avanzar en ese sentido para que nunca más tengamos que darle explicación a un papá o una mamá por haber creído que el jardín infantil o la sala cuna cumplía todas las normas. Pero la verdad es que hasta el día de hoy tales establecimientos no las cumplen debido a que no hay facultades de fiscalización.
Esto va más allá del Gobierno de turno; guarda relación no con una desidia de los funcionarios públicos, sino con la falta de atribuciones del Estado.
Algunos pregonan sobre la libertad de educación. ¡Bienvenida sea! Pero esta no puede significar dejar al mercado la regulación de instituciones encargadas de velar por el cuidado de niños que no se pueden expresar, como los lactantes y los demás menores de edad.
Voy a concurrir con mi voto favorable a la aprobación de la idea de legislar.
En la siguiente instancia legislativa, será necesario formular indicaciones -probablemente, algunas de las que presente sean declaradas inadmisibles, ante lo cual pediré el patrocinio del señor Ministro de Educación- para regular diversos aspectos: los requisitos de apertura y de funcionamiento; el estatuto del personal -para que nunca más trabajen en jardines infantiles y salas cuna personas que hayan agredido a menores de edad-; algunas inhabilidades; sanciones a los administradores y a los sostenedores cuando sean cómplices o guarden silencio frente a agresiones a infantes; facultades para el cierre de establecimientos de educación preescolar, y atribuciones para la Intendencia de Educación Parvularia, a fin de que tenga la capacidad de representar a los menores con acciones judiciales y de perseguir las responsabilidades de quienes, valiéndose del derecho a la libertad de ejercer una actividad económica, desarrollen un negocio en el que se provoquen lesiones a los niños o no se garantice la calidad de lo que se entrega.
Señora Presidenta, considero que estamos en presencia de un proyecto que va en directo beneficio de aquellos que no tienen voz: los menores de edad.
Por eso concurriré con mi voto favorable.
Pero -insisto- en su oportunidad formularé indicaciones, ojalá acordadas con el Gobierno, para contar con un Estado que pueda decirles a los papás y a las mamás, cuando anden buscando un jardín infantil o una sala cuna, que la oferta vigente cumple con todos los requisitos y que sus hijos van a ser queridos y cuidados como corresponde.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, la iniciativa en estudio apunta -ya lo manifestaron otros Senadores- a un sector de la educación al que en verdad, aunque muchos dicen que es realmente el más importante, no le dedicamos tanto tiempo ni le brindamos tanta preocupación -contrariamente a como sucede con otros ámbitos de formación-, esto es, a la educación preescolar.
Esta propuesta legislativa -lo dijimos en la Comisión pues, como Oposición, siempre estaremos dispuestos a apoyar los buenos proyectos del Gobierno- va en la dirección correcta, por cuanto busca generar una institucionalidad mucho más ordenada para supervigilar la educación parvularia.
¿Qué ocurre hoy día? Que la JUNJI cuenta con ciertas facultades de fiscalización, pero termina siendo juez y parte. En efecto, ella otorga servicios de enseñanza preescolar y, al mismo tiempo, supervigila los recintos que imparten ese nivel educativo a niños y niñas en todo el territorio nacional.
Entonces, ¿qué plantea esta iniciativa? Lo que también proponía un proyecto del Gobierno del Presidente Piñera: dejar a la JUNJI con la función de entregar servicio educacional y asignarle a la Superintendencia de Educación Escolar la atribución para fiscalizar todo el sistema de jardines infantiles y salas cuna a lo largo del país.
Por lo tanto, la JUNJI deja de ser juez y parte, pasando a convertirse en la institución que entregará servicios de educación parvularia y preescolar a nuestros niños y niñas. Y la Superintendencia de Educación será la encargada de fiscalizar, creándose dentro de ella una Intendencia de Educación Parvularia.
Eso es muy bueno y va en la dirección correcta, porque nos permitirá contar con una institucionalidad absolutamente ordenada en nuestro sistema escolar.
La Superintendencia estará a cargo de la supervigilancia de todo el sistema, no solo de la educación escolar, sino también de la preescolar.
Sin embargo, aquí se debe hacer una salvedad.
El Senador que usó de la palabra anteriormente señaló que este proyecto terminaba con la problemática que teníamos respecto de los jardines infantiles que funcionan únicamente con algunos permisos municipales.
La verdad es que esta iniciativa no apunta a solucionar tal dificultad. Su objetivo es la supervigilancia de los jardines infantiles que reciben subvención del Estado.
La que sí soluciona el problema de los jardines infantiles y salas cuna privados -de ellos se hizo mención- es la que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles en general, la cual fue presentada en su oportunidad por el Presidente Piñera.
¿Qué ocurre hoy? Que existen por una parte los jardines infantiles y salas cuna supervigilados por el Estado, y por otra, los de carácter privado, que no tienen que cumplir ningún requisito especial. Por eso el año pasado se discutió en el Senado la normativa a que me acabo de referir.
En tal sentido, ambos proyectos se cruzan.
La iniciativa que crea la autorización de funcionamiento apunta a elevar el estándar de los jardines infantiles y de las salas cuna privadas, a lo que hizo alusión el Senador Harboe.
Una cosa completamente distinta es la creación de la Intendencia de Educación Parvularia dentro de la Superintendencia de Educación, para ordenar una facultad que anteriormente tenía la JUNJI.
Pero eso no es lo único que hace el proyecto en debate. Y es muy bueno que el Ministerio haya accedido a analizarlo en conjunto con el otro, ya que ambos "deben conversar". Porque la normativa que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles, que viene del Gobierno anterior, también separa la supervigilancia de la entrega de servicios por parte de la JUNJI; y, adicionalmente, establece los criterios mínimos que deben seguir los jardines infantiles privados.
Lo anterior tiene mucha relevancia, porque los papás y las mamás que hoy eligen un jardín infantil creen que por exhibir un letrero que dice "Jardín Infantil" está autorizado por el Estado. Pero no es así.
De ahí la importancia de que, complementariamente al proyecto presentado por el actual Ejecutivo, podamos seguir avanzando en el análisis de la iniciativa del Gobierno anterior.
La normativa que ahora nos ocupa no solo considera la Intendencia de Educación Parvularia dentro de la Superintendencia de Educación, sino que además crea la Subsecretaría de Educación Parvularia dentro del Ministerio de Educación.
Esa última propuesta también la considero significativa. Y, a mi juicio, va en la dirección correcta, pues no solo necesitamos entidades que supervigilen, sino también instituciones que dependan directamente del Ministerio de Educación y dicten las políticas relativas a la educación parvularia y preescolar para todos los establecimientos de nuestro país.
En tal sentido, me parece que la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia es un paso relevante, porque de esa manera le estamos dando un espacio especial y prioritario a la educación de los niños en edad preescolar.
Adicionalmente -esto lo discutimos en la Comisión de Educación-, considero significativo avanzar también en la creación de un Plan Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia y que la Agencia de Calidad cumpla el rol que le corresponde en cuanto a la fijación de los estándares de la educación preescolar, para que contemos en ese nivel con tres instituciones similares a las que hoy día existen en la educación escolar: la Subsecretaría de Educación Parvularia, encargada de dictar las normativas pertinentes; la Agencia de Calidad, para establecer los estándares mínimos, y la Superintendencia de Educación Escolar, para supervigilar el sistema completo de educación preescolar.
Con eso, señora Presidenta, estaremos dando un paso en la dirección correcta, al poner especial énfasis en la educación preescolar.
Por tales razones, nosotros concurrimos con nuestro voto favorable a la aprobación de este proyecto, pues consideramos que va por el camino adecuado.
Además, estimamos muy importante seguir avanzando en la iniciativa que presentó el Gobierno anterior, para crear la autorización de funcionamiento de jardines infantiles, porque solo así podremos realmente darles tranquilidad a los padres y apoderados y garantizarles que el jardín infantil privado que han elegido cumple estándares mínimos.
En consecuencia, hay que continuar, junto con el Ejecutivo, trabajando en ambos proyectos de forma paralela, ya que deben "conversar entre ellos", para darle un funcionamiento y una orgánica general y coherente a todo nuestro sistema de educación preescolar.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, me alegro de la discusión que sostenemos hoy día, así como también de la presencia del Ministro de Educación en la Sala. Vamos a aprovechar su concurrencia para darle algunos mensajes adicionales.
A mi juicio, ha habido cierta injusticia con el proyecto de reforma educacional presentado por el Gobierno, que tiene dos patas conocidas hasta ahora: la que analizamos esta tarde y la referente al copago, a la selección y al lucro dentro de los establecimientos particulares subvencionados.
Esa última iniciativa se ha llevado todas las noticias, en circunstancias de que el proyecto en debate es de verdad importante y valioso y probablemente tendrá una incidencia futura de mayor significación.
Ya muchos Senadores y Senadoras se han referido a la importancia que tiene la educación desde la cuna. Los tiempos primeros son claves y decisivos para igualar en oportunidades a quienes se hallan en esos años de su vida.
La cuna sigue siendo un factor determinante en Chile, y continuará siéndolo, a menos que esos niños, con independencia del lugar en que surjan o se desarrollen, tengan acceso a salas cuna, a jardines infantiles, al kínder, al prekínder, en definitiva, a una educación preescolar de alta calidad.
Por eso, tomar en serio este tema me parece muy valioso. Y, por tanto, resulta importante apoyar y, ojalá, fortalecer el proyecto en debate.
Es una verdadera lástima que una iniciativa de esta relevancia, en último término, no cuente con la presencia de todos los Senadores y de la prensa, presencia que sí se advierte cuando se discuten normativas que, no siendo menos trascendentes, no son igualmente positivas y sobre las cuales probablemente existe interés más por las divisiones que generan que por su aporte efectivo.
Dicho eso, señora Presidenta, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para transmitirle al Ministro -como podemos hacer todos- nuestra inquietud e interés por la reforma educacional.
El otro proyecto al cual me referí resulta bastante cuestionable, y de su debate, hasta el momento, uno puede apreciar que se ha reunido, como en pocas oportunidades, una opinión bastante consistente en la calle; en los padres y apoderados de los establecimientos afectados; en muchos expertos de la propia coalición de Gobierno, y, por cierto, de nuestro sector político. Y pienso que incluso parlamentarios de la Nueva Mayoría tienen muchas dudas sobre esa iniciativa.
Eso es, señor Presidente, lo que yo quisiera transmitirle al Ministro de Educación.
Sé que lo ha pasado mal en estos días, Ministro, por la situación a que ha estado enfrentado. Probablemente, nosotros no hemos ayudado mucho a que lo pase mejor. Pero nuestra responsabilidad es aprovechar la oportunidad que tiene nuestro país de hacer una reforma educacional.
Sin embargo, Ministro, uno siente un muy completo desconocimiento sobre en qué consiste esa reforma.
Nosotros estamos haciendo una modificación tributaria para que la mayor parte de los recursos provenientes de ella -por mí, ojalá todos- vayan a la reforma educacional. Pero muchos no sabemos todavía en qué consiste esta reforma: no conocemos el mapa global, ni el hilo conductor, ni la hoja de ruta. Y nos parece que son conceptos esenciales para poder avanzar con mayor fuerza y con más acuerdo.
Hay aquí una diferencia con la reforma tributaria.
Independiente del juicio que nos merezca esa reforma, ella constituía una proposición completa en todo su contenido, en las iniciativas que comprendía: modificar el impuesto de primera categoría; terminar con el FUT; renta atribuida; 10 por ciento de retención; atribuciones a Impuestos Internos para una campaña antielusión, y normas para alrededor de quince impuestos distintos que procuraba cambiar, modificar, corregir, eliminar.
Era una visión bastante completa.
No es eso lo que encontramos en la reforma educacional.
Y, si son importantes los pesos, créanme que no tienen ni la sombra de importancia al lado de lo que la educación significa para un país.
Por lo tanto, pienso que esta es una oportunidad que tenemos para revisar la forma como se ha avanzado en esta materia. No hay nada más importante para una nación, y sobre todo para una con nuestro grado de desarrollo, que la educación.
Chile necesita cambios profundos y cualitativos en este aspecto. Por eso, apoyamos una reforma educacional.
Adicionalmente, por saber de los mayores costos que aquella exige, hemos respaldado la reforma tributaria. En lo personal, la he estado apoyando incluso desde antes del Protocolo, porque me parecía que era necesario juntar recursos para tener una reforma educacional adecuada.
Pero, con la misma franqueza, creemos necesario que el Gobierno tenga una actitud distinta de la que ha mostrado hasta ahora en el manejo y en la conducción de este proceso. Porque es indispensable que exista un diálogo organizado, que permita conocer, revisar y analizar los planteamientos centrales, que están ausentes.
Mi impresión es que el Cardenal Ezzati tenía razón cuando decía que estábamos trabajando en las ventanas y en las puertas sin conocer la arquitectura del edificio y que, por ende, ellas después podrían no encajar en el diseño final.
Por mi parte, no lo he entendido como una crítica a que se haga una reforma educacional ni como una defensa de privilegios según algunos han querido inferir. Yo creo que hay una crítica honesta, de colaboración.
Yo pertenezco a esa Iglesia, y sé que tiene vocación educativa y quiere contribuir para que la reforma salga bien.
Es lo que deseamos hacer nosotros también. Y nos gustaría transmitirle al Ministro, con mucha confianza y honestidad, que en verdad queremos que se mejore la reforma educativa en todos los conceptos que hemos esbozado. No nos gustaría que ella se convirtiera en un campo de batalla, ya que eso, al final, causaría un enorme daño y podría entrabar la posibilidad histórica que tenemos hoy.
Créame, Ministro, que no le deseamos ningún inconveniente ni ningún desastre en su proceso. Necesitamos y queremos que le vaya bien. Pero para eso es importante oír.
Porque, hasta ahora, sentimos que vamos para atrás y para delante y no avanzamos en corregir aspectos centrales de lo que hoy ya conocemos en el otro proyecto y, fundamentalmente, en la posibilidad de trabajar una mirada común respecto a cómo debe ser una reforma educacional que dure por muchos años. Porque los proyectos educativos no se hacen para un período de gobierno ni para dos, sino para décadas.
Dicho eso, señor Presidente, quiero agregar en forma muy breve que este proyecto es muy importante.
Creo que el nivel educacional de que se trata es clave para quebrar de verdad las desigualdades y la brecha que existen en nuestro país. Hay una cobertura todavía insuficiente: ha superado el 50 por ciento, pero aún está muy desnivelada. Tenemos, entre los 4 y los 5 años, una cobertura muy amplia; pero bajo los 3 años, una muy baja: debe de estar en 20 por ciento, aproximadamente.
Me parece relevante, además, contar con una nueva institucionalidad. En la actualidad no la hay. Y vemos que incluso organismos del Estado, como JUNJI e Integra, de alguna forma compiten.
Tenemos, además, estructuras débiles y calidades muy deficientes, muy inferiores a las que se requieren.
Por eso, son muy importantes la estructura de Subsecretaría y la Intendencia que se crea en la Superintendencia, dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
En seguida, el hecho de que la supervisión pase de la JUNJI a la Subsecretaría va a garantizar aspectos significativos en el rendimiento y en la búsqueda de calidad.
Hay otros puntos complementarios que también deberán abordarse; por ejemplo, la preparación de educadores de párvulos y de técnicos. En una evaluación que conocí, 60 por ciento de estos tenía insuficientes conocimientos disciplinarios; 62 por ciento, insuficientes conocimientos pedagógicos, y 51 por ciento -recién egresados- fallaba en la capacidad de escritura.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador: tiene un minuto para redondear la idea.
El señor LARRAÍN.- Gracias, señor Presidente. Es muy poco lo que me queda.
Por lo tanto, creo que estamos frente a una iniciativa de mucho valor, que apreciamos, que apoyamos y que ojalá tenga el impacto que merece en la opinión pública y la conciencia de lo que significa trabajar en este minuto.
Esperamos que, dentro de la reforma, la mayor cantidad de los recursos vayan a la educación parvularia, de manera que podamos tener cobertura total de calidad para todos los niños que asistan a ella.
Pero, aprovechando la oportunidad, Ministro, se lo reitero: ojalá que usted pueda encargarse de la inquietud que tenemos quienes hemos hecho de la educación, no hoy día, sino desde hace muchas décadas, nuestra principal preocupación. Ello, porque creemos que ese es el camino para lograr un país armónico, justo, con sentido humano. Sin educación es muy poco lo que se puede pensar, menos en el contexto histórico en que nos ha tocado vivir.
Así que, deseándole suerte, Ministro, con la misma fuerza le pido que ojalá tengan una actitud distinta y que escuchen a la Oposición, a los expertos y a la calle.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, he escuchado atentamente al Senador Larraín, y quiero decir que, a mi juicio, esos son el tono y la altura que se deben tener frente a una reforma y, en general, ante cualquier debate en el Parlamento. Me quedo con sus expresiones y con la manera de abordar esta materia. Y rescato también los planteamientos que hizo el Senador Moreira.
Lo señalo porque, nítidamente, se ha marcado una diferencia en esta sesión con otro Senador, quien no se encuentra en la Sala. ¡Probablemente, debe de tener vergüenza de mirar al Ministro a la cara y reconocer lo que hizo con su video¿! Me refiero al Senador Allamand, quien por estos días está de "cortometrajista". Ya hemos visto varios episodios, varias series, que claramente no tienen mucho que ver con lo que debe hacer un Senador, más aún en un debate serio.
Cuando no hay argumentos, se entra en la descalificación y se cae en lo que él mismo alguna vez describió como "La teoría del desalojo".
Entonces, quisiera rescatar el tono que han empleado aquí otros colegas.
En seguida, el Senador Larraín hizo una comparación entre este proyecto, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, y el que entró pocos días antes, casi de manera simultánea, a la Cámara de Diputados -en un debate que avanza, que está cada día más maduro- y que tiene como propósito poner fin al lucro, al copago y a la selección.
Yo deseo hacerme cargo de ese debate, de esa comparación. Porque, si uno recoge las distintas impresiones que los Senadores y las Senadoras de ambos lados han señalado, advierte que, como se verá en la votación, vamos a tener unanimidad en la aprobación de este proyecto.
Y este proyecto, ¿qué? ¿Viene del Gobierno pasado? ¿Es una moción?
No: es una de ocho iniciativas. Como se ha dicho, es el primer proyecto de la reforma de la Presidenta Bachelet que va a ver la luz.
¿Y qué hace que el debate en torno a él sea probablemente menos ruidoso que el relativo al término de las discriminaciones, que está en la Cámara de Diputados? Bueno, que este proyecto crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y que en este ámbito, el de la educación parvularia, especialmente de 0 a 4 años, no hay lucro.
La gran diferencia radica en que en este caso no hablamos de lucro. Y no he escuchado a ningún Senador ni a ninguna Senadora pedir la intervención del mercado para solucionar la crisis.
Porque seamos claros: existe una crisis global en la educación.
Tenemos un modelo que en 33 años solo ha provocado segregación, inequidad. Pero la escuela no sirve para corregir estas desigualdades, que provienen de la cuna. Y tampoco lo hace la nueva institucionalidad por sí sola.
Resulta fundamental, pues, ver qué pasará con el ciclo que viene a continuación.
Entonces, uno se pregunta: ¿Por qué tan buena onda? ¿Por qué tan buen clima, tan buen ambiente en la discusión de este proyecto?
¿Será porque estamos hablando de los niños?
¿Será porque en esa etapa tiene lugar el desarrollo neuronal?
¿Será porque los niños no votan, no marchan, como decía alguien?
No. A mi juicio, ello tiene que ver sencillamente con la ausencia de un gran actor: el lucro, el mercado; y nadie está reclamando su participación.
Dicho lo anterior, creo que este primer proyecto de la reforma educacional va en la misma línea de las otras iniciativas que ingresarán la Presidenta Bachelet y el Ministro Eyzaguirre.
Esta es la punta del iceberg. Se trata del primer proyecto que verá la luz.
Hay todo un debate: fin del lucro, término de la selección, por qué no se partió con la educación pública.
Bueno: ¡esto es cien por ciento público!
¿Qué tenemos en el segmento educativo de 0 a 4 años?
No hay establecimientos particulares subvencionados, ni sostenedores, ni sociedades comerciales.
Existe provisión del Estado, mediante la JUNJI, INTEGRA y el sistema VTF (dispersión de la que muchos han hablado).
Y tenemos establecimientos particulares pagados para preescolares.
Considero fundamental mirar el mapa completo, con los otros proyectos que vienen.
Yo soy de los que estiman indispensable, si deseamos hacer una reforma de verdad y no solo poner más recursos para la educación, sacar el factor distorsionador, segregador y discriminador: el mercado.
Y por esa razón es importante que el siguiente proyecto que va a discutir el Senado sea justamente el que termina con la selección, con el copago.
Así como es significativo que nos preocupemos de los primeros años del estudiante, de su desarrollo neuronal, de sus aprendizajes iniciales, de su sociabilización, también lo es que no haya selección.
Por eso ya en 2006 la Concertación y la Presidenta Bachelet intentaron impedir la selección. Pero quienes ocupaban las bancas del frente solo permitieron que ella no tuviera lugar desde sexto año básico hacia abajo.
Por tanto, señor Presidente, este debate me parece fundamental.
El proyecto que nos ocupa ordena una institucionalidad dispersa.
Ahora, aquí se ha sido muy majadero para preguntar dónde está la calidad.
¡Por favor! ¡Es cosa de leer el articulado!
Tal vez lo más importante de este proyecto es la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, ente que garantizará la calidad de la educación.
Ahí va a estar puesto el foco. Ahí se colocará la centralidad del Ministerio de Educación, que claramente se verá más robustecido con la nueva institucionalidad.
Y no está de más reiterar las atribuciones que tendrá la Subsecretaría de Educación Parvularia.
Proponerle al Ministro de Educación "las políticas, planes y programas en las materias relativas a la educación parvularia".
Proponerle las normas legales y reglamentarias del sector.
"Elaborar y proponer al Ministro de Educación las bases curriculares, programas de estudio, adecuaciones curriculares", etcétera.
"Otorgar el reconocimiento oficial a establecimientos que impartan educación parvularia, a través del procedimiento administrativo correspondiente".
"Autorizar el funcionamiento de los establecimientos de educación parvularia".
Es relevante destacar -alguien lo manifestó- que esta normativa está en línea con un proyecto que viene de la Administración anterior. Incluso, en los últimos meses de 2013 el Ejecutivo dejó caer ese proyecto, no lo priorizó. Pero no se ha archivado; se permitió su tramitación, pues sus normas se adecúan con las de la iniciativa que nos ocupa esta tarde.
Corresponderá también a la nueva Subsecretaría "Elaborar y proponer al Ministro de Educación un Plan Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Parvularia, que contemple estándares de calidad y un sistema de acreditación".
Entonces, el Gobierno y el Ministerio de Educación están asumiendo un compromiso explícito con la calidad de la educación de los más pequeños.
Se crea por otra parte la Intendencia de Educación Parvularia, que dependerá de la Superintendencia de Educación.
En este punto se registra un cambio más de fondo, porque hoy tenemos una JUNJI que cumple muchas funciones: provee educación parvularia, empadrona a los distintos establecimientos, supervigila -función que pasará al ente donde tiene que estar: la Superintendencia-, fija políticas.
Entonces, la JUNJI juega en todos los puestos, cumple múltiples roles y funciones.
Por lo tanto, este proyecto viene a ordenar la institucionalidad.
Dentro de las principales funciones que tendrá la Intendencia de Educación Parvularia está la de "fijar los criterios técnicos que permitan orientar el ejercicio de las atribuciones de la Superintendencia respecto de establecimientos educacionales que impartan educación parvularia y que cuenten con reconocimiento oficial del Estado, o autorización, en su caso.".
Pero no solo eso hace este proyecto. También aborda la transición hasta el momento en que la Intendencia y toda la nueva organización empiecen a funcionar, que será cuando tanto el reconocimiento oficial como la autorización de funcionamiento estén plenamente vigentes.
También se hace cargo de la creación de plantas y del traspaso de funcionarios desde el Ministerio de Educación a la Subsecretaría de Educación Parvularia y desde la JUNJI a la Superintendencia de Educación, con un esquema que -reitero- busca hacer más claros los marcos regulatorios, los cuales hoy no son uniformes.
Por lo tanto, contaremos con marcos regulatorios mucho más estrictos, bastante más exigentes y equivalentes.
En definitiva, señor Presidente, se trata de un proyecto de ley muy necesario.
Considero una gran noticia que esta sea la primera iniciativa que aprueba el Senado con relación a la reforma educacional.
En cuanto a los siete proyectos restantes, tendremos que adoptar el tono planteado por el Senador Hernán Larraín: el de las convicciones.
Veremos finalmente si en materia de reforma educacional se puede hacer lo mismo que en la reforma tributaria.
Siento que será difícil, tras escuchar al colega Allamand y a otros Senadores, converger hacia puntos comunes, pues -insisto- la discusión fue contaminada por la mirada de algunos actores económicos. No digo políticos. Porque la mirada política, o la ideológica, o la filosófica, e incluso las dudas razonables de los apoderados en cuanto a qué pasará con los colegios, tras la campaña del terror¿
El señor TUMA (Vicepresidente).- Se acabó su tiempo, señor Senador.
Por favor, concluya.
El señor QUINTANA.- Termino, señor Presidente.
Como expresaba, algunos señores parlamentarios han realizado una campaña del terror, durante la cual han sostenido que se cerrarán colegios y otra serie de barbaridades que todos saben que no tendrán lugar.
Señalan también que habrá menos recursos. Pero la cuestión es al revés: existirán más recursos. Lo que pasa es que, como en cualquier institución, se tendrá que rendir cuenta de ellos.
En algunas horas más nuestro sector, la Nueva Mayoría, tendrá una reunión donde se reafirmará el compromiso con tales objetivos, que la Presidenta Bachelet fijó con gran claridad desde el comienzo.
Esta reforma no la impusieron los partidos; ni siquiera lo hizo la Nueva Mayoría: fue parida por la ciudadanía.
Y la Presidenta de la República ha tenido la capacidad de traducir ese sentimiento y esa aspiración de cambio de la sociedad chilena en una reforma que termine con la inequidad y la segregación y que contribuya a aportar calidad y, de ese modo, a mejorar la entrega de oportunidades a nuestros jóvenes.
Por eso, voto con mucho entusiasmo a favor de este primer proyecto de la reforma educacional.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, en la línea del colega Quintana, me parece que el debate que se está realizando en esta Sala a propósito del primer proyecto de la reforma educacional se halla al nivel de lo que uno espera del Senado de la República.
Creo que ese tono tiene que ver en parte significativa con que solo 17 por ciento de los niños de entre 0 y 4 años asiste a algo parecido a un sistema educativo. En rigor, podría tratarse de guarderías o de otras instituciones que tienen algún parentesco lejano con educación.
En suma, aquí no hay un mercado, no media el lucro, no existen grupos de interés presionando para conseguir tal o cual reforma. Ni siquiera se debate acerca de si la educación es un derecho o un bien de consumo.
Todos estamos hablando de educación y del derecho de los niños a una enseñanza de calidad desde el momento mismo de su nacimiento.
Aquí no se habla de segregación, de elección, de selección, de quién patrocina, de quién subsidia, sino de educación.
Como digo, cuando se discute sobre educación y se saca el lucro, el debate es otro.
De hecho, prácticamente todos los componentes de este proyecto de ley se hallan en la discusión general de nuestro país en materia de educación.
Se hace mención, desde luego, de una institucionalidad nueva. Es decir, el sistema tiene que definir instituciones, procedimientos, normas, objetivos.
Y se habla sin complejos de educación como un proceso sistemático, con regulaciones; que cuenta con un estatuto y con estándares de calidad; que dispone de sistemas de acreditación; que tiene un conjunto de condiciones para que operen las instituciones educacionales; que habla de las reglas de funcionamiento de esos establecimientos educacionales, de la formación de los profesores, del apoyo técnico-pedagógico a los maestros.
En suma, toma los mismos temas de la discusión general. Pero, al no estar contaminada con los intereses creados o con el lucro, hablamos de educación y mencionamos todas las materias que van a aparecer en los otros proyectos de ley pendientes en el Congreso Nacional.
De consiguiente, junto con saludar a este Senado, que ha tenido la enorme altura de comenzar a discutir como corresponde una reforma educacional en nuestro país, le doy por supuesto mi apoyo entusiasta a la idea de legislar.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, solo quiero agregar a cuanto han dicho los Honorables Senadores durante esta sesión que el proyecto que nos ocupa va sin duda en la línea planteada por quienes creemos que hay que hacer una reforma a la educación pública y que, empero, los instrumentos propuestos en la actualidad no están puestos en los ejes indicados ni son los pertinentes.
Por esa razón, esta iniciativa gira la pirámide absolutamente a la inversa y pone recursos, competencias, atribuciones y facultades precisamente en la etapa inicial, que es donde muchos pensamos -por lo menos en Amplitud estamos convencidos de ello- que deben hacerse los mayores esfuerzos, no solo de carácter económico con cargo fiscal, sino también de contenidos.
Tener la posibilidad de que exista una Subsecretaría de Educación Parvularia envuelve por cierto un paso muy importante en lo que son la educación inicial y la educación temprana.
Invertir recursos y contar con una Intendencia de Educación Parvularia va en esa misma línea.
Por tal motivo, consideramos que aquello es muy correcto.
Yo estoy votando a favor. Pero manifiesto mi deseo de que la discusión habida esta tarde en el Senado le sirva al Ministro de Educación, quien nos acompañó en ella, como una línea que le permita leer que es relevante invertir las prioridades desde la etapa inicial y no solo hablar permanentemente de gratuidad en la educación superior o de cómo invertir en ella. Porque lo más significativo es de qué manera logramos poner recursos, competencias, habilidades precisamente en la etapa inicial de la educación, que es donde a juicio de muchos de nosotros ha de estar la apuesta para un cambio de futuro, a fin de que dentro de diez, doce, quince, veinte años podamos constatar que otorgamos los estímulos correctos y necesarios para sacar adelante una buena reforma en materia de educación pública.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, tras saludar por su intermedio al señor Ministro de Educación, debo señalar que esta es probablemente una de las piezas de la reforma que más impacto van a tener y donde más recursos se invertirán en este tiempo. Pero, desgraciadamente, es una de aquellas cuestiones de que la sociedad tiene menor conciencia, de aquellas cosas que discute y conversa menos.
Yo quiero simplemente plantear la importancia de que la educación parvularia cuente con institucionalidad propia. Y es lo que se está creando acá.
Requiere también un esfuerzo futuro de convergencia de la institucionalidad existente: la JUNJI, con su tremenda experiencia, sin duda; Integra, con innovaciones pedagógicas muy relevantes.
Y, también, debe ir superando cuadros de precariedad que hay en modalidades surgidas posteriormente en algunas dependencias municipales, o vinculadas a convenios con los municipios, y otras.
Quiero, sin perjuicio de valorar tremendamente el proyecto, establecer dos inquietudes.
La primera dice relación con si este es o no un derecho universal.
Hoy no lo es. Actualmente el acceso a la educación parvularia o preescolar que entrega el Estado no es algo disponible para todos. O sea, una familia de clase media en que cada integrante de la pareja gana por su trabajo un sueldo mínimo no tiene necesariamente derecho a que su hijo vaya a un jardín de la JUNJI, porque la ficha de protección social los deja fuera.
La pregunta es si se trata de un derecho de la familia o del niño y la niña.
Señor Presidente, está pendiente el debate en torno a cómo vamos garantizando que no haya barreras de acceso a ese bien provisto por el Estado.
En el área parvularia, sin duda, tenemos pendiente una discusión. Porque si uno debiese pagar de manera particular un jardín infantil (les consta a muchos que tienen niños pequeños en establecimientos privados) podrían cobrarle 80 mil, 100 mil, 130 mil pesos mensuales; incluso lo mismo o más que lo que cobran colegios que reciben mayores subvenciones estatales.
En segundo lugar, al menos quiero reconocer lo que hoy considero fue un error, en el marco legislativo que debatió el Congreso respecto a lo que es la educación preescolar, que en algún momento deberemos rectificar: la escolarización de la educación parvularia.
Necesitamos profundizar el debate en torno a si queremos o no adelantar los procesos de escolarización.
Para entrar al kínder, ¿es obligación haber estado en educación preescolar, en educación parvularia?
Hubo un debate cuando se habló del rol del Estado financiando.
Constituye un escándalo que en niveles de transición hoy se estén pasando pruebas a niños pequeños (ocurre ya en los kínder).
Personalmente, considero que debemos reflexionar acerca de si eso es lo que queremos como sociedad en aquel ámbito.
Lo he dicho otras veces en la Sala: me he comprometido con otra mirada pedagógica. Yo quiero mucho a la pedagogía Waldorf. Creo que la evolución de las personas como seres y el desarrollo de su intelecto y de sus aptitudes psíquicas se vinculan también con su proceso de maduración biológica. No me parece correcto apurar a los niños y a las niñas en sus procesos de aprendizaje. Ellos tienen su ritmo; no hay ningún apuro en que aprendan a leer a los cuatro o a los cinco años. Existen procesos de maduración biológica y de adquisición de aptitudes psicosociales que, según muchos estudios, no deben acelerarse. Y, por ello mismo, hay que entender bien cuál es el rol de la educación parvularia. No es la escolarización temprana.
Nosotros -estoy convencido- cometimos errores en legislaciones previas.
Sé que no es este el momento de realizar el debate. Pero, con relación a la nueva institucionalidad, quiero dejar planteadas estas dos inquietudes.
Primero, la universalidad del acceso o, por lo menos, el acceso para mayores quintiles de niños y niñas. Porque este es un derecho de ellos, no de los padres. Tiene que ser un derecho universal. A eso aspiramos crecientemente.
Por eso, hay que ver cómo se abre el derecho de otros a acceder a los cupos que el Estado va a proveer y que no sea para los más pobres o más vulnerables como se dice. Pero a mí no me gustan estas expresiones: yo hablaría más bien de aquellos a quienes les paguen sueldos más precarios.
Pero también se plantea el debate acerca de la escolarización temprana, que deberíamos revisar. Sé que el asunto ha sido discutido en el Consejo Nacional de la Infancia, y quiero dejarlo sentado.
Creo que, de las reformas estructurales más importantes que vamos a emprender en educación, esta no es visible. Los niños y las guaguas no marchan, no se expresan. El grupo etario de adultos jóvenes con pequeños de esa edad no es el que se está manifestando hoy en día. Mas se trata, sin duda, de una política pública que tendrá mucho que aportar al desarrollo nacional en los próximos 20 años.
Voy a votar que sí.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, el que nos ocupa es un asunto muy relevante. Creo que en los últimos ocho o nueve años se ha mejorado mucho. Es preciso reconocerlo. Y, como alcalde, me tocó trabajar en este ámbito.
Espero que cuando estudiemos el proyecto de ley y la reforma, en general, no cometamos algunos errores del pasado. Porque es trascendental definir los roles que cumplirán la JUNJI e Integra, las cuales, en la práctica, actualmente compiten y presentan financiamientos y formas de trabajar distintos. Ojalá en la nueva legislación se tomen en cuenta los diferentes actores que pueden participar como protagonistas en el desarrollo de los jardines infantiles.
Hoy día, la primera de esas entidades tiene un sistema de jardines mixtos, de administración municipal y con financiamiento JUNJI, que han dado muy buen resultado.
En el caso de la carrera docente, que me parece justa e importante, considero deseable que no incurramos en las equivocaciones de ayer, cuando se cayó en una legislación profundamente centrada en la desconfianza -ello se observa, por ejemplo, al analizar el Estatuto-, y busquemos la manera de que la carrera o el ordenamiento respectivo sean una forma de profesionalizar y ayudar a la gente que trabaja en los jardines, sin tender solo a una inamovilidad que haga mucho más restrictivo el sistema.
A mi juicio, esta es una tremenda iniciativa, pero espero que en educación no cometamos -repito- los mismos errores de años atrás.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, durante las últimas semanas hemos sostenido un debate relevante en términos de cuál debe ser derrotero, la ruta, la arquitectura de la reforma educacional que el país necesita.
Desde esa perspectiva, el que hoy día estemos aprobando esta iniciativa, precisamente enfocada en los aspectos de la educación parvularia, de la educación inicial, es una aproximación correcta a los desafíos en el ámbito de la enseñanza.
Tal como se ha expuesto recurrentemente a lo largo de la sesión, todos los expertos coinciden en que si hay algún sector de la educación general en que el país debe priorizar sus esfuerzos, enfatizar su trabajo, es justamente el señalado, por los impactos positivos que provoca en el conjunto del proceso de aprendizaje.
Al mismo tiempo, establecido ya que debiera tratarse de una clara prioridad de la reforma educacional en curso, el diagnóstico surgido en esta oportunidad es bastante contundente en cuanto a que en el nivel de que se trata se observa hoy día al menos una trilogía de factores adversos.
El primero que se pretende corregir, en parte, con el proyecto es una marcada debilidad institucional.
En seguida, registramos una baja cobertura en educación parvularia. Si la comparamos con los enormes avances del país en educación general, inmediatamente se nota una brecha por llenar.
Y, en tercer lugar, hay una inversión del Estado insuficiente.
Esa trilogía de factores: debilidad institucional, baja cobertura, inversión estatal insuficiente, debieran encontrarse en el corazón de cualquier avance en la materia.
Otros aspectos también han sido mencionados por quienes me han antecedido en el uso de la palabra.
Cabe tener presentes la actual dualidad de funciones radicadas en la JUNJI, en cuanto a fiscalización, por un lado, y prestación de servicios, por el otro, y las diferencias, de difícil explicación, entre los roles, por ejemplo, de ese organismo y de Integra.
A ello se agregan, sobre todo, las que exhiben desde el punto de vista del financiamiento. La cobertura de una y otra entidad, en general, alcanza a los mismos sectores de vulnerabilidad social. Sin embargo, los recursos de que disponen para la labor que realizan son marcadamente insuficientes.
Estimo correcta la iniciativa en discusión, y la prioridad, adecuada. El tratamiento dado a estas materias va en la dirección pertinente. Por eso, votaremos a favor.
Más aún, quisiéramos que en su tramitación y, en particular, en todo lo que tiene que ver con las cuestiones accesorias a la simple institucionalidad podamos avanzar con los mismos grados de consenso y acuerdo.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 34 señores Senadores se pronuncian a favor.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quisiera recordar que la Sala ya determinó que el plazo de indicaciones se extenderá hasta el 18 de agosto próximo.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).- Señora Presidenta, solo deseo agradecer a las señoras y señores Senadores por su votación y apoyo. Espero que continuemos tratando los otros proyectos con el mismo espíritu.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento, del que corresponde dar cuenta:
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 66 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en materia de reelección de los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria (boletín N° 9.232-07).
Boletín N° s1684-12
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores De Urresti, Navarro, Rossi y Tuma, con el que piden a la Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que, en representación del Gobierno de Chile, haga llegar felicitaciones a la Casa de las Américas por su aniversario.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.684-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 33ª, en 22 de julio de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo que se persigue es saludar a la entidad por cumplir 55 años promoviendo, en Latinoamérica y el Caribe, la literatura y la música y que el Consejo asimismo dé difusión a los concursos que patrocina dicha institución.
Votaron las señoras Allende y Goic y los señores Chahuán, De Urresti, Horvath, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Tuma y Andrés Zaldívar.
Se abstuvo el señor Prokurica.
Boletín N° s1685-12
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de acuerdo, presentado por los miembros de la Comisión de Desafíos del Futuro, Senadores señoras Goic y Von Baer y señores Chahuán, De Urresti y Girardi, con el que se pide a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que disponga la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.685-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito del texto es permitir un desarrollo institucional adecuado en dichas materias y acercar las ramas del conocimiento respectivas a todos los habitantes.
Votaron la señora Goic y los señores Chahuán, Coloma, De Urresti, García, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Moreira, Navarro, Prokurica, Tuma y Andrés Zaldívar.
Boletín N° s1687-12
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Horvath, Prokurica y Quinteros, con el que solicitan al señor Ministro de Educación que se exijan condiciones laborales mínimas a las empresas postulantes a la licitación del Programa de Alimentación Escolar y que se declare el 22 de octubre como el día de la trabajadora manipuladora de alimentos.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.687-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 34ª, en 23 de julio de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las que se han expuesto son demandas de la organización sindical de esas trabajadoras, quienes las formulan para mejorar la dignidad de su labor y las condiciones en que se realiza.
Votaron las señoras Allende y Goic y los señores Chahuán, Coloma, De Urresti, García, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Moreira, Navarro, Ossandón, Prokurica, Tuma y Andrés Zaldívar.
Boletín N° s1688-12
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Honorables señores Chahuán y Bianchi, mediante el cual solicitan a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que cree una Dirección Nacional de Puertos, como órgano dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.688-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- La finalidad es contar con un órgano administrativo permanente cuya función sea la elaboración y planificación de políticas públicas en materia portuaria.
--Se rechaza el proyecto de acuerdo por no reunirse el quórum exigido (10 votos a favor).
Votaron las señoras Allende y Goic y los señores Chahuán, De Urresti, Lagos, Moreira, Navarro, Prokurica, Tuma y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminado el Tiempo de Votaciones.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de darse curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
A la señora Ministra de Salud, pidiendo antecedentes acerca de ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA HOSPITALES PÚBLICOS DE REGIÓN DE VALPARAÍSO.
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitando informar respecto de REUNIÓN SOBRE PASOS FRONTERIZOS CON MINISTRO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS DE ARGENTINA; a la señora Ministra de Salud, requiriendo antecedentes en cuanto a CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN FIRMADOS EN 2013 POR TITULAR DE CARTERA Y GOBIERNOS REGIONALES, Y RECURSOS COMPROMETIDOS; al señor Intendente de Los Ríos, pidiendo remitir copia de PROGRAMA REGIONAL DE SANIDAD BOVINA Y TRAZABILIDAD, y al señor Ministro del Medio Ambiente, solicitando informar sobre PLAN DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO EN BIODIVERSIDAD.
A los señores Intendentes de las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Coquimbo, Metropolitana, del Libertador General Bernardo O`Higgins, del Biobío, de La Araucanía, de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena, para que se informe sobre DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO "INICIATIVAS DE INVERSIÓN" EN GOBIERNOS REGIONALES RESPECTIVOS.
A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, solicitando REVISIÓN DE EVALUACIÓN EN FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA.
A los señores Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda y Jefe de Unidad Social del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a fin de requerir OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE GRACIA PENDIENTES A TRIPULANTES PESQUEROS EXONERADOS DE SECTOR INDUSTRIAL; al señor Ministro de Educación, a la señora Secretaria Regional Ministerial de Educación de Valparaíso y al señor Jefe del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, con el objeto de pedir RESGUARDO DE INTERÉS SUPERIOR DE MENORES CON FACULTADES EDUCATIVAS AVANZADAS O SUPERDOTADOS, y a los señores Ministro y Subsecretario de Justicia y a la señora Secretaria Regional Ministerial de Justicia de Valparaíso, con el propósito de solicitar ATENCIÓN DE SITUACIÓN DE TRABAJADORES DE TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES.
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiendo CONSIDERACIÓN POR DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL EN SECTOR LA PUNTILLA, COMUNA DE LONGAVÍ; requiriendo antecedentes acerca de POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN Y ASFALTADO DE CAMINOS A CAJÓN DE ACHIBUENO, PROVINCIA DE LINARES; consultando respecto de LICITACIÓN DE OBRAS PARA PUTAGÁN, COMUNA DE VILLA ALEGRE, y solicitando indicar PLAZOS PARA SELLADO ASFÁLTICO DE RUTA L-481 SAN LUIS-LA PUNTILLA, COMUNA DE LONGAVÍ; al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, pidiendo ENVÍO DE FECHA DE APROBACIÓN DE PROYECTOS DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO URBANO, MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y FONDO DE RECUPERACIÓN DE CIUDADES, Y RESOLUCIÓN 115, DE 2012; al señor Intendente de la Región del Maule, solicitando información sobre GESTIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PARA RODILLO COMPACTADOR Y MOTONIVELADORA DE MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS Y AMBULANCIA DE CONSULTORIO LOCAL, y al señor Director de Obras Hidráulicas, para que indique SITUACIÓN LEGAL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL DE COMITÉ QUINTA CHILE, DE PELLUHUE.
Al señor Subsecretario de Pesca, a fin de que informe respecto de FIJACIÓN DE PUNTOS BIOLÓGICOS DE REFERENCIA, EN RELACIÓN CON ADEMINISTRACIÓN DE PESQUERÍAS CON CUOTAS, y al señor Intendente de la Región del Biobío, pidiendo antecedentes acerca de SITUACIÓN DE PETITORIO DE RESIDENTES DE CONDOMINIO SOLAR DE HUALPÉN.
A Directorio de la ENAMI, para que informe sobre CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y DISVINCULACIONES ENTRE 11 DE MARZO Y 5 DE AGOSTO DE 2014.
--Se levantó a las 19:16.
e la Redacción