Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2017/JDC/SM-JDC-00383-2017.htm
Timestamp: 2019-10-15 14:35:24
Document Index: 224108409

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SM-JDC-0383-2017
EXPEDIENTES: SM-JDC-383/2017 Y SM-JDC-396/2017 ACUMULADOS
ACTOR: ANDRÉS VILLARREAL LÓPEZ
MAGISTRADO ENCARGADO DEL ENGROSE: JORGE EMILIO SÁNCHEZ-CORDERO GROSSMANN
SECRETARIO: RUBÉN ARTURO MARROQUÍN MITRE
Monterrey, Nuevo León, a veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.
Sentencia definitiva que confirma, en lo que fue materia de impugnación las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza en los expedientes 141/2017 y 142/2017, al estimar correcta la aplicación que realizó de las reglas de asignación de regidurías de representación proporcional, para el municipio de Saltillo.
Comité Municipal Electoral de Saltillo del Instituto Electoral de Coahuila
Código Electoral:
El cuatro de junio de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la jornada electoral en el estado de Coahuila de Zaragoza, para renovar, entre otros, a los integrantes del ayuntamiento de Saltillo.
El siete siguiente, el Comité Municipal realizó el cómputo y la declaración de validez de la elección resultando electa la planilla postulada por la Coalición "Por un Coahuila Seguro", la cual estaba integrada por (7) siete hombres y (6) seis mujeres.
En esa misma fecha, mediante acuerdo 31/2017, dicha autoridad realizó la asignación de la sindicatura de primera minoría y de las regidurías de representación proporcional en los siguientes términos:
Síndico de primera minoría
Juan Pablo Valdez Fuentes
Regiduría 1
Xóchitl Guadalupe Ibarra Valero
Regiduría 3
Alfonso Danao de la Peña Villarreal
Regiduría 4
Sara Sofía Burciaga Dávila
Regiduría 5
Andrés Villarreal López
Regiduría 6
Virginia Hernández Martínez
A partir de esta determinación el ayuntamiento de Saltillo quedó conformado por (10) diez hombres y (10) diez mujeres.
Inconformes con las asignaciones de regidurías, el doce de junio, Rodolfo Garza Gutiérrez1 y el partido Morena impugnaron ante el Tribunal Electoral local el acuerdo mencionado, dichos juicios fueron radicados bajo los expedientes 141/2017 y 142/2017.
El once de agosto, la autoridad responsable dictó sentencia en los expedientes los expedientes 141/2017 y 142/2017 en el sentido de revocar el acuerdo 31/2017 para dejar sin efectos las constancias otorgadas a Andrés Villarreal López (PAN) y Virginia Hernández Martínez (Morena), como regidores por el principio de representación proporcional del ayuntamiento de Saltillo, Coahuila.
Por tanto, ordenó al Comité Municipal que, en caso de no haber motivos de inelegibilidad, emitiera las constancias de regidores por el citado principio a favor de Rodolfo Garza Gutiérrez (Morena) y Dora Alicia Villasana (PAN).
En consecuencia, el Tribunal determinó que la asignación de las constancias de regidurías por el principio de representación proporcional del ayuntamiento de Saltillo debería quedar en los siguientes términos:
Dora Alicia Villasana
Las sentencias locales fueron notificadas al actor el pasado quince de agosto.
Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes juicios, toda vez que se controvierte una sentencia relacionada con la asignación de regidores de representación proporcional del ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, entidad federativa que se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en la cual este órgano colegiado ejerce jurisdicción.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 195, fracción IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 83, párrafo 1, inciso b), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Andrés Villarreal López impugna las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza en los expedientes 141/2017 y 142/2017 en las que se determinó revocar el acuerdo 31/2017 y modificar la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional del ayuntamiento de Saltillo, dejando sin efectos, en consecuencia, la constancia otorgada a su favor.
Conforme a ello, ya que las demandas de los juicios ciudadanos fueron presentadas por el mismo actor, existe identidad en la autoridad responsable, así como en las resoluciones impugnadas, lo procedente es decretar la acumulación del expediente SM-JDC-396/2017 al diverso SM-JDC-383/2017, por ser el primero en registrarse en esta Sala Regional, debiendo glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la ejecutoria a los autos del expediente acumulado.
Lo anterior, al actualizarse los supuestos establecidos en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 79, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El presente juicio cumple con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, 9 párrafo 1, y 79, párrafo 1, de la Ley de Medios, relativos a la oportunidad, forma, legitimación, interés y definitividad.
5. PLANTEAMIENTO DEL CASO
La pretensión fundamental del actor consiste en que se revoque la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en el ayuntamiento de Saltillo llevada a cabo por el Tribunal responsable y subsista la realizada por el Comité municipal, ya que fue en esta última en la que se le incluyó para integrar el órgano municipal.
Andrés Villarreal López considera que la sentencia local es incongruente además de que carece de una adecuada fundamentación y motivación, por los siguientes agravios:
a) La resolución es incongruente pues la regiduría asignada al actor jamás fue impugnada, dado que los juicios instaurados por Morena y su candidato sólo controvirtieron la asignación de las regidurías que correspondían a dicho partido.
b) La asignación realizada por la responsable no fue la correcta, porque que:
a) Asignó regidurías a candidatos siendo que sus partidos políticos no cumplieron con la obligación de registrar una lista de representación proporcional.
b) Transgredió la auto determinación del PAN, ya que no respetó el orden de prelación de la lista registrada al conceder la regiduría que correspondía al actor a quien fue registrada en un lugar posterior.
c) El tribunal ejerció en exceso la acción afirmativa en perjuicio del actor: si se hubiese respetado el orden de prelación, aun se cumpliría con el principio de "paridad de género" porque el ayuntamiento quedaría integrado en un 60% hombres y 40% mujeres, de acuerdo al criterio sustentado en el expediente SM-JDC-355/2017 y acumulados.
d) Vulneró el principio de certeza y definitividad, pues los acuerdos de registro de candidaturas habían adquirido firmeza en la etapa de preparación. Sin embargo, la responsable vulneró el orden de preferencia de las listas, causando con ello incertidumbre en quienes contienden en el proceso, al no haber seguridad jurídica en cuanto a que el lugar en que fueron registrados será respetado, dado que eso dependerá de que se alcance la paridad en mayoría relativa.
e) La medida afirmativa adoptada es desproporcionada toda vez que vulnera el derecho a la igualdad generando un acto de discriminación en perjuicio del actor, por lo que solicita que esta Sala Regional ejerza un "control de convencionalidad" sobre la misma.
f) En concepto del actor, la asignación debía respetar el principio de "cremallera electoral", el cual implica que las regidurías de representación proporcional deberían otorgarse de forma alternada por razón de género, tomando en consideración el género de la última persona electa por el principio de mayoría relativa hasta agotar la distribución de los cargos.
Por tanto, sostiene que, atendiendo al referido principio, y tomando en consideración que la décimo primera regiduría electa por el principio de mayoría relativa correspondió a un hombre, la primera regiduría por el principio de representación proporcional le debía ser otorgada a una candidata de género femenino y, al seguir ese orden, la cuarta regiduría electa por este principio le tendría que ser otorgada.
g) La autoridad no funda ni motiva adecuadamente la aplicación de la medida afirmativa.
La controversia fundamental en el presente asunto consiste en determinar si fue correcta la determinación del Tribunal responsable de revocar el acuerdo 31/2017 y modificar la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Saltillo.
Los planteamientos jurídicos que subyacen de la resolución de la presente controversia, son los siguientes:
i. ¿Es incongruente la resolución impugnada?
ii. ¿Pueden participar en la ronda de asignación por el principio de representación proporcional los partidos que omitieron registrar la lista correspondiente?
iii. ¿Afecta la autodeterminación de los partidos realizar un ajuste en el orden de prelación de la lista de representación proporcional presentada?
iv. ¿Puede aplicarse una acción afirmativa en perjuicio de un grupo vulnerable que se busca salvaguardar?
v. ¿El principio de paridad de género conlleva que pueda ser alterado el orden de las listas de representación proporcional?
vi. ¿Resulta desproporcionada y vulnerante del derecho a la igualdad la medida afirmativa adoptada por la responsable?
vii. ¿La asignación de regidurías debió llevarse a cabo respetando el principio de "cremallera electoral"?
viii. ¿Se fundó y motivo adecuadamente la aplicación de la medida afirmativa efectuada por la autoridad responsable?
Hipótesis de solución del caso
Las modificaciones realizadas por el Tribunal responsable fueron correctas y apegadas a Derecho, pues al momento de realizar la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional, era imperativo que antes de efectuar un ajuste para lograr la paridad de género en la integración del órgano, asignara cada lugar respetando el orden de prelación propuesto por los partidos políticos y, una vez efectuado lo anterior, analizara si era necesario llevar a cabo la medida reparadora, comenzando por el último cargo asignado –resto mayor- consecutivamente en orden ascendente hasta que se cumpliera con el principio de paridad y en ese sentido el ajuste debió recaer en el la quinta regiduría asignada al PAN.
Por cuanto hace a los planteamientos jurídicos a resolver en la presente controversia, se propone estimar lo siguiente:
a) La resolución impugnada es congruente pues la litis en ella se centró en determinar si la asignación de regidurías de representación proporcional efectuada por el Comité Municipal fue o no apegada a Derecho.
b) La asignación de regidurías de representación proporcional se realiza tomando en cuenta la lista de mayoría relativa con independencia de que los partidos no hubieren registrado un listado de preferencia.
c) El ajuste en el orden de prelación de la lista de candidatos por el principio de representación proporcional no es violatorio de la autodeterminación de los partidos políticos, pues la propia normal local prevé que dicho orden sea alterado.
d) Se analizan de forma conjunta los agravios c), e), f) y g), relativos a la aplicación de la acción afirmativa de paridad de género, respecto de los cuales no le asiste razón al actor pues, contrario a lo que aduce, la acción afirmativa no puede operar en detrimento del género femenino en el sentido que la conformación del órgano municipal pueda tener un mayor número mujeres, asimismo, el trato diferenciado con motivo de una acción afirmativa es justificado en la medida que esta medida que trae consigo una discriminación positiva en favor del género históricamente vulnerado.
Esta sentencia se ocupará de analizar, en primer lugar, si las resoluciones locales fueron congruentes.
En segundo término, se atenderán los agravios por los que el promovente afirma que las modificaciones efectuadas por el Tribunal local a la asignación de regidurías de representación proporcional fueron inadecuadas, en cuyos términos cuestiona la proporcionalidad y aplicabilidad de la regla de ajuste por razón de género para lograr la integración paritaria del ayuntamiento de Saltillo y sostiene la forma en que, en su concepto, debía realizarse la referida asignación.
En caso de desestimar los mismos, se procederá a verificar si asiste la razón al actor en cuanto a que el tribunal local no justificó adecuadamente las razones que lo llevaron a aplicar dicha regla en su perjuicio, lo que implicó que se revocara la constancia de asignación otorgada a su favor.
6. ESTUDIO DE FONDO Y CONCLUSIÓN
6.1. Las sentencias locales son congruentes
El actor afirma que la constancia de asignación conferida a su favor no fue objeto de impugnación en los juicios locales, por lo que al haberse revocado la misma, las resoluciones impugnadas carecen de congruencia.
Contrario a lo sostenido por el actor, esta Sala concluye que las sentencias locales son congruentes en tanto que la materia de la Litis en los juicios que dieron origen a las mismas, consistió en dilucidar si la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizada por el Comité Municipal fue o no apegada a derecho y, en esa medida, el Tribunal local debía verificar que se respetara el principio de paridad de género en la integración de dicho órgano.
En efecto, los juicios promovidos por Morena y su entonces candidato a la presidencia municipal de Saltillo cuestionaron el orden de asignación de las regidurías que a dicho partido correspondían.
No obstante, debe tenerse en cuenta que, al considerar fundado su agravio, el Tribunal local modificó la asignación lo que repercutió en la integración paritaria del ayuntamiento, por lo que se encontraba obligado a realizar los ajustes necesarios a fin de garantizar el principio de paridad de género en la distribución y asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, atento al mandato de los artículos 27, numeral 3, inciso i), segundo párrafo, de la Constitución local y los diversos 16 , numeral, 3, y 19, numeral 5, del Código Electoral.
En esa medida, se desestima lo alegado por el actor.
6.2. Revisión de las modificaciones realizadas por el Tribunal local en la asignación de regidores por el principio de representación proporcional del ayuntamiento de Saltillo, Coahuila
6.2.1. La asignación de regidurías por el principio de representación proporcional se realiza entre aquellos candidatos propietarios que fueron postulados en las planillas de mayoría relativa, con independencia de que se haya registrado o no una lista de preferencia
No asiste la razón al actor cuando afirma que aquellos contendientes que no presentaron para su registro una lista de preferencia debían excluirse de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, ya que la legislación local no exige como requisito para participar en la distribución de regidurías por dicho principio el haber registrado una lista de preferencia.
De conformidad con el artículo 19, numeral 3, del Código Electoral, para que los partidos políticos y planillas de candidaturas independientes tengan derecho a participar en la referida asignación deben alcanzar, por lo menos, el 3% de la votación válida emitida y no haber obtenido el triunfo por mayoría relativa.
Por otra parte, el mismo artículo 19, en su numeral 6, dispone que la distribución de dichas regidurías se realizará entre quienes hayan sido postulados como propietarios por los partidos políticos o coaliciones, siguiendo el orden en que se registraron ante el instituto local las planillas de mayoría relativa.
En ese tenor, es inexacta la afirmación del actor, pues con independencia de que exista o no el registro de una lista de preferencia, la asignación deberá ser realizada entre los candidatos de mayoría relativa en el mismo orden en que fueron postulados en las planillas.
6.2.2. La adopción de medidas que suponen un trato diferenciado a favor del género femenino se encuentra justificada dado que tienen como finalidad garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la función pública en condiciones de igualdad respecto a los hombres
No asiste razón al actor en cuanto a que el ajuste por razón de género que establece la legislación local a fin de garantizar la integración paritaria de los ayuntamientos, vulnere el derecho a la igualdad generando un acto de discriminación injustificado.
En principio, es de señalarse que, tanto la Constitución Federal como los tratados internacionales, prevén la posibilidad de realizar distinciones que pueden ser favorecedoras y encontrarse justificadas, como ocurre con las acciones positivas que buscan dar preferencia a sectores que a lo largo de la historia han sido marginados y vulnerados.
En ese tenor, para dar vigencia al principio de igualdad, a la luz del artículo 1º constitucional, se requiere que las normas en análisis se sujeten a la interpretación más favorable a las personas que pertenecen al género históricamente subrrepresentado.
En los artículos 1o, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 1, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se contempla una exigencia para el Estado mexicano en el sentido de garantizar los derechos fundamentales de las personas en términos igualitarios, lo cual también entraña una prohibición general de discriminación.
Para la observancia de este deber es preciso que se aseguren las condiciones para que –en la realidad– todas las personas puedan gozar y ejercer sus derechos de manera efectiva, lo que supone un imperativo de identificar las situaciones de exclusión a las que han sido sometidos históricamente determinados sectores de la sociedad.
En ese sentido, distintos Estados han reconocido el contexto adverso que han tenido que enfrentar las mujeres y se han comprometido a adoptar una multiplicidad de medidas orientadas a su empoderamiento2.
Conforme a ello, el principio de igualdad y no discriminación por razón de género en el ámbito político se ha materializado con el reconocimiento del derecho de las mujeres al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad con los hombres, de conformidad con los artículos 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer3; 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer4; así como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer5.
De acuerdo a lo anterior, este Tribunal ha sostenido que el principio de igualdad y no discriminación por razón de género, como orientación al desmantelamiento del contexto de segregación del que han sido objeto las mujeres, se traduce en dos mandatos concretos6:
i) La prohibición de toda distinción, exclusión o restricción –de hecho o de Derecho– basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado el menoscabo o anulación de los derechos de las mujeres7; y
ii) La exigencia de adoptar las acciones afirmativas tendientes a lograr una igualdad material entre mujeres y hombres, tanto en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales como en la participación en los distintos ámbitos de trascendencia pública.
En relación a la segunda de estas obligaciones, cabe destacar que las medidas especiales de carácter temporal suponen un tratamiento diferenciado justificado, en términos de preferencia para las mujeres, debido a que tienen como fin último articular una igualdad en condiciones de competencia que permitan un acceso efectivo de las mujeres a cargos públicos8.
En relación con la incorporación del principio de paridad de género en el ámbito local, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que constituye un fin no solamente constitucionalmente válido, sino constitucionalmente exigido, y precisa que para el debido cumplimiento de dicho mandato es factible el establecimiento de acciones afirmativas, las cuales son medidas de carácter administrativo y/o legislativo que implican un tratamiento preferente a un cierto grupo o sector que se encuentra en desventaja o es discriminado9.
En ese contexto, en el caso de Coahuila, el Código Electoral contempla diversos preceptos mediante los cuales se busca garantizar la paridad entre hombres y mujeres, tanto en la postulación de candidaturas10 como en el acceso a los cargos de elección popular11.
Entre dichas medidas afirmativas se encuentra la regla de ajuste de las listas de postulaciones de representación proporcional para lograr la integración paritaria entre géneros del órgano municipal, prevista en el artículo 19, párrafo 9, del Código Electoral.
Aunque la formulación de las disposiciones normativas que incorporan el mandato de paridad de género no resalta su carácter de medida preferencial a favor de las mujeres, se considera que en su interpretación y aplicación debe prevalecer esa perspectiva para garantizar a plenitud el principio de igualdad y no discriminación por razón de género y el derecho de las mujeres al acceso al poder en condiciones de igualdad.
En efecto, el sentido de la paridad –en la postulación y en el acceso– es el establecimiento de condiciones propicias para que el mayor número de mujeres integren los órganos de elección popular.
Lo anterior con el fin último de lograr una paridad entre hombres y mujeres en la participación política, no limitada a la competencia en procesos electorales, sino extendida al desempeño de los cargos públicos de elección popular.
En consecuencia, el mandato de paridad de género debe entenderse como una política pública –formada por diversas reglas de acción afirmativa– encaminado a establecer un piso mínimo para que las mujeres puedan contender en igualdad de oportunidades por los puestos de elección popular, elemento indispensable para avanzar hacia una igualdad sustancial en el ámbito político.
A partir de esta perspectiva, una cuota de género o cualquier otra medida afirmativa que se adopte debe interpretarse a favor de las mujeres y nunca en su perjuicio, ya que se encuentra dirigida al desmantelamiento de la exclusión de la que han sido objeto.
Así lo sostuvo la Sala Superior de este Tribunal Electoral al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-1279/2017, en el cual confirmó lo resuelto por esta Sala Regional en el juicio ciudadano SM-JDC-355/2017 y acumulados, al considerar que el criterio adoptado por este órgano jurisdiccional, relativo a que la regla de ajuste dispuesta en el artículo 19, párrafo 9, del Código Electoral sólo debe aplicarse para garantizar que más mujeres se integren a los ayuntamientos, se obtiene de una interpretación conforme al principio de igualdad y no discriminación por razón de género.
Lo anterior evidencia que resulta igualmente inexacta la afirmación del actor en cuanto que el ayuntamiento pudo haberse conformado válidamente con una mayoría a favor del género masculino lo cual, a su decir, es conforme a lo resuelto por esta Sala Regional en el expediente SM-JDC-355/2017 y acumulados.
Esto ya que, contrario a lo que sostiene el promovente, el criterio de este órgano en el referido precedente fue que la regla de ajuste que busca obtener un órgano municipal integrado por un total de 50% de personas de un género y 50% de otro, debe entenderse como el fin primario, donde la norma pretende colocar al género femenino en un estado de igualdad frente al masculino, a fin de acceder materialmente a los cargos de elección popular, lo cual no puede operar en detrimento de obtener un mayor número de mujeres para conformar los órganos de representación.
Es decir, el referido porcentaje debe interpretarse como un mínimo a favor de las mujeres y no como una limitante en su perjuicio.
En este mismo orden de ideas, es de desestimarse la propuesta de asignación que refiere el actor en su demanda, ya que el sistema del Estado de Coahuila no establece como una regla alternar los géneros de los regidores conforme al género que corresponda al último regidor de mayoría relativa.
Además, su propuesta implica que se valide la integración del ayuntamiento con (11) once hombres y (9) mujeres lo cual, como se ha expuesto, se aparta de la finalidad de la regla prevista en la legislación local.
6.3.2. El ajuste en el orden de prelación de quienes integran la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional, por sí mismo, no resulta violatorio del derecho de auto organización de los partidos políticos
No se comparte el argumento del actor por el cual sostiene que la aplicación del ajuste por razón de género implique, por sí mismo, una indebida intromisión al derecho de auto organización de los partidos políticos que atenta, además, contra la definitividad y certeza de las listas registradas.
En el sistema de asignación de los integrantes de los ayuntamientos de Coahuila, se prevé que la paridad de género prevista para la postulación de candidaturas debe trascender a su integración, pues conforme con el artículo 19, párrafos 5 y 9 del Código Electoral, en la distribución y asignación de regidurías por el principio de representación proporcional la autoridad electoral administrativa está obligada a sustituir a las personas que correspondan, de acuerdo al orden de prelación presentado por los partidos políticos, para cumplir con la integración paritaria del ayuntamiento.
Esto significa que, si el Comité Municipal advierte que el género de la persona que siga en el orden de preferencia de la lista, desequilibra los géneros en la integración del ayuntamiento, está obligado a asignar la regiduría a la persona que, siguiendo el orden de la lista, corresponda al género subrepresentado y garantice que el ayuntamiento se conforme paritariamente.
Al respecto, tanto esta Sala Regional como la Sala Superior han sostenido que no se podría considerar que el ajuste en el orden de prelación de quienes integran la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional, por sí mismo, resulte violatorio del derecho de auto organización de los partidos políticos, porque cuando ese ajuste se realiza con la finalidad de hacer efectivos los principios de igualdad sustantiva y paridad de género, encuentra su justificación en la necesidad actual de impulsar la participación del género femenino y derribar las barreras contextuales que históricamente le han impedido acceder a los cargos de elección popular12.
No obstante, para la asignación de cargos por el principio de representación proporcional, en principio, debe respetarse el orden de prelación de la lista registrada por los partidos, pues dicho orden lleva implícito tanto el respaldo de los militantes de dicho instituto como de la ciudadanía que decidió emitir su voto a favor de esta opción, teniendo en consideración la lista que conoció al momento de emitir su sufragio, y sólo cuando resulte necesario para alcanzar el fin perseguido con la aplicación de la medida afirmativa, dicho orden puede ser alterado.
En ese sentido, es válido afirmar que, si bien, el orden de preferencia en la lista que presenta un partido político en sus candidaturas por el principio de representación proporcional, otorga certeza jurídica al electorado y a las candidatas y candidatos respecto a su postulación, no conlleva un derecho adquirido de las personas postuladas a ocupar determinado cargo, pues con independencia del lugar que ocupen en el listado, su derecho a detentar una regiduría por este principio estará limitado en la medida que su nombramiento impida alcanzar la integración del ayuntamiento sea paritaria.
Caso distinto es el de las candidaturas por el principio de mayoría relativa, quienes, en razón de la votación emitida, adquieren automáticamente el derecho a ocupar el cargo para el que fueron postulados.
Por tanto, se coincide con el Tribunal local en cuanto a que, a fin de armonizar los principios de igualdad sustantiva, paridad de género y auto organización de los partidos políticos, el Comité Municipal debió asignar, en principio, dichos cargos en el orden propuesto por los partidos políticos y los candidatos independientes en sus planillas de mayoría relativa y, sólo en caso de que no se cumpliera con la integración paritaria, la autoridad administrativa podría realizar las sustituciones necesaria.
En ese sentido, se considera conforme a Derecho que el órgano jurisdiccional local haya modificado la asignación originalmente efectuada por el Comité Municipal procediendo en primer lugar a realizar dicha distribución de regidurías atendiendo al orden propuesto por los contendientes.
En esa medida, se estima acertado que el Tribunal local, al advertir que la integración paritaria del ayuntamiento no se lograba de forma natural, procediera a hacer uso de las facultades de sustitución conferidas a la autoridad administrativa local, contenidas en el artículo 19, numeral 9, del Código Electoral.
6.4. El tribunal responsable respetó las reglas de asignación de regidurías de representación proporcional.
En primer lugar, esta Sala advierte que el Tribunal Responsable no justificó por qué el ajuste por razón de género debía recaer en Andrés Villareal López a quien por orden de prelación le correspondía la quinta regiduría por el principio de representación proporcional otorgada al PAN; sin embargo, se considera que la aplicación de la medida fue adecuada de acuerdo con las razones que se exponen a continuación.
El procedimiento para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional conforme al Código Electoral es el siguiente:
a) Para que los partidos políticos o candidaturas independientes tengan derecho a participar en esta distribución, deberán cumplir los siguientes requisitos:
● No haber conseguido el triunfo de mayoría relativa, y
● Obtener, por lo menos, el tres por ciento de la votación válida emitida en el municipio.
b) La asignación se hará conforme a las fórmulas de porcentaje específico, cociente natural y resto mayor, acorde a las siguientes bases:
● Porcentaje específico: se asignará, en forma decreciente, un regidor a todo aquel partido político que haya obtenido al menos el tres por ciento de la votación válida emitida.
● Cociente natural: en caso de que aun existan regidurías por repartir, se restará la votación utilizada en el procedimiento anterior (porcentaje específico) de las votaciones obtenidas por los partidos políticos con derecho a regidurías por este principio, la cual se denominará "votación relativa", que deberá dividirse entre el número de regidurías pendientes por distribuir. Una vez realizado lo anterior, se asignarán tantas regidurías como número de veces contenga su votación restante el cociente natural, comenzando por aquel partido que obtenga el mayor índice de votación.
● Resto mayor: si aún restan regidurías por asignar, éstas se distribuirán en orden decreciente, según los votos que le resten a cada partido político una vez que se les haya deducido la votación utilizada para la asignación de regidurías por porcentaje específico y cociente natural.
Una vez que se determina la cantidad de regidurías por partido, la asignación debe buscar la armonización de los principios democrático, de autodeterminación y paridad de género, atendiendo a que en el sistema normativo de Coahuila se contempla esta directriz para la integración del órgano municipal y no solo para la postulación de candidaturas.
Así se desprende del artículo 19, párrafos del 5 a 9, del Código Electoral Local13 como se explica enseguida:
● Orden de prelación: Debe respetarse el orden de las listas de candidaturas registradas por los partidos políticos, las cuales fueron aprobadas por la autoridad electoral, pues con ello se salvaguarda el derecho de autodeterminación, el cual se armoniza con el principio democrático, en tanto que se respeta el listado de candidaturas en los términos en que se presentó al electorado.
● Sustitución por razón de género: Para respetar el principio de paridad de género, la distribución de regidurías debe efectuarse atendiendo a la proporción entre hombres y mujeres que resulte de la integración de la planilla ganadora y de la asignación de la sindicatura de primera minoría. De ser necesario, debe operar una sustitución en el orden de prelación, a fin de descartar a una persona del género que ya tenga sobrerrepresentación para optar por la siguiente persona del género subrepresentado.
La sustitución en el orden de prelación solamente procede como acción afirmativa cuando el ejercicio de asignación de regidurías por el principio representación proporcional da como resultado la subrepresentación del género femenino. La regla de paridad de género no debe ir en contra de la finalidad que tutela el orden constitucional, convencional y legal, cuyo propósito es lograr la igualdad real entre los hombres y las mujeres, reconociendo la situación de desventaja histórica de estas últimas14.
Este método no implica la existencia de distintos valores entre las regidurías. En realidad, éstas se distribuyen de acuerdo con las fases que establece la propia normatividad, con fundamento en las características y principios que orientan su desarrollo particular:
A.Los lugares que se otorgan con base al porcentaje mínimo de tres por ciento de la votación válida emitida, se sustentan y tienen como finalidad garantizar la pluralidad en la conformación de los órganos.
B.El parámetro de cociente natural tiene como base el número de votos obtenidos que, bajo la cantidad resultante de la división del universo restante, sirve de respaldo igualitario para su otorgamiento.
C.Y, las asignaciones por resto mayor se originan cuando ninguno de los partidos políticos cuenta ya con los votos necesarios para alcanzar otro lugar por cociente natural y aún restan posiciones por asignar.
Para armonizar los principios de autodeterminación, democrático y de paridad de género, la sustitución de las regidurías de representación proporcional en aras de atender este último, que supone el cambio de un hombre por una mujer, debe hacerse de la manera siguiente:
i. La sustitución debe iniciar en la fase de resto mayor con el candidato del partido que haya sido asignado con el menor resto de votos.
ii. En cociente natural la sustitución debe recaer en el candidato asignado cuyo partido hubiere obtenido el menor número de votos no utilizados en la asignación de regidurías.
Cuando la sustitución recaiga en un instituto político que reciba dos o más curules en esta fase, se efectúa en el candidato ubicado en último lugar de su lista de prelación.
iii. En la sustitución por porcentaje específico debe llevarse a cabo con el partido que hubiere obtenido el menor porcentaje de votación válida emitida.
En este sentido, realizar un ajuste por razón de género durante esas fases y no al final, resultaría contrario a Derecho, al no tener precisamente ningún sustento legal en el Código Electoral ni en el resto de la normativa aplicable.
De esa manera, para la sustitución por razón de género y de acuerdo a lo explicado con anterioridad se debe comenzar de la asignación derivada del resto mayor y en lo sucesivo, en forma ascendente; esto es, continuando, si fuera el caso, por las asignaciones realizadas por cociente natural y por último, las designadas por porcentaje específico.
Lo anterior, debido que el artículo 1° constitucional obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo que en este caso se traduce en maximizar los derechos político-electorales de las mujeres para acceder y ejercer efectivamente cargos políticos.
Es por ello que en los ajustes que se realicen para logar la conformación paritaria, no se podría dejar de lado a algunas fuerzas políticas por privilegiar a otras, es decir, es necesario darles la posibilidad a todos los partidos políticos para participar en la promoción de los derechos de las mujeres.
Esto último, a fin de que los partidos políticos puedan asegurar la presencia equitativa entre hombres y mujeres en los órganos de representación popular, y de esta forma logar la igualdad sustantiva entre géneros en el acceso a cargos públicos.
Ahora, si bien al inicio de la distribución de representación proporcional se toma en cuenta la proporción de género derivada de los resultados de mayoría relativa y la sindicatura de primera minoría, ello no implica que se contemple una compensación desde el inicio del desarrollo del procedimiento para así lograr un equilibrio entre géneros y a partir de entonces continuar con la asignación; en criterio de esta Sala, el ajuste es frente al resultado final de la distribución en el orden de prelación propuesto por cada partido que, de ser necesario, deben efectuar arreglos para lograr una conformación paritaria.
Lo anterior, con independencia que en el desarrollo mismo del procedimiento de asignación se torne notoria la posibilidad de que se respete el orden de prelación de las listas, o bien, se vislumbre la necesidad de efectuar algún ajuste por razón de género para lograr una integración paritaria.
En el caso concreto, como resultado de la elección de mayoría relativa y la asignación de la sindicatura de primera minoría, la integración del órgano municipal era de ocho hombres y seis mujeres y se tenían por repartir seis regidurías de representación proporcional, de ahí que era identificable que con la asignación de cuatro regidurías a mujeres y dos a hombres, se lograría una conformación paritaria de diez hombres y diez mujeres.
Para arribar a ese resultado, contrario a lo aducido por el actor, no era procedente que las regidurías de representación proporcional debían otorgarse de forma alternada por razón de género, tomando en consideración el género de la última persona electa por el principio de mayoría relativa hasta agotar la distribución de los cargos, pues lo que orienta el ejercicio es el resultado final: correr la fórmula y procedimiento de asignación y finalmente verificar si se alcanza o no la integración paritaria del órgano municipal.
Con base en el propio orden de prelación de las listas presentadas por los partidos políticos y la aplicación de la fórmula de asignación de representación proporcional es como se armonizan los principios y directrices que orientan el propio sistema de asignación: principio democrático –peso específico de los votos obtenidos-; autodeterminación –respeto de las listas presentadas- y el diverso de paridad de género –que busca garantizar el acceso efectivo al cargo del género subrepresentado-.
En ese tenor, los ajustes que se realicen en la asignación de regidores deben estar plenamente justificados y orientarse a causar el menor grado de incidencia posible al procedimiento y, dentro de él, a la armonización de los referidos principios.
Por tanto, si las primeras tres regidurías correspondían por porcentaje específico a fuerzas políticas distintas (PAN, MORENA y planilla del candidato independiente Alfonso Danao de la Peña Villarreal) era posible, como lo hizo el tribunal responsable, que en esa etapa del procedimiento se asignaran siguiendo el orden de las listas de candidaturas de cada uno de ellos, con lo cual se logra el respeto a los principios democrático y de autodeterminación, sin impedir que se logre la paridad de género con los ajustes que causen una menor incidencia, en las posteriores asignaciones.
Esto es, dado que el sistema de distribución de regidores en Coahuila permite otorgar directamente un lugar por porcentaje mínimo, las tres fuerzas accedieron a una primera regiduría al cumplir con un requisito legal en igualdad de circunstancias: haber obtenido el apoyo equivalente al tres por ciento de la votación válida emitida.
En consecuencia, si todos contaban con un derecho igual de acceder a una regiduría, en principio, debía respetarse en la misma proporción su facultad de autodeterminación, mediante la observancia del orden de prelación de sus respectivas listas de candidaturas.
Pues como aquí ocurre, las circunstancias específicas del caso permitían el respeto a las listas, sin necesidad de recurrir a un criterio de desempate que estableciera la completa prevalencia del listado de un partido y la afectación del otro.
Respecto a la cuarta, quinta y sexta regidurías es de destacar que se otorgaron en las fases del procedimiento consistentes en cociente natural y resto mayor, las cuales llevan implícito el valor y peso del porcentaje de votación.
De igual manera, se estima correcto el ajuste efectuado por el tribunal responsable en la lista del PAN, regiduría que se asignó en la etapa de cociente natural, en atención a que, de frente al principio de paridad, para garantizar una integración igualitaria, este lugar debía corresponder a una candidata mujer, de manera que al observar que el siguiente candidato en el listado del partido era hombre, fue necesario, que una vez culminada la asignación, se realizara un ajuste para otorgar el lugar a favor de la mujer siguiente en el orden de la lista de preferencia presentada por el PAN.
En esa medida, cada una de las etapas de asignación por el principio de representación proporcional atiende a criterios cualitativos y cuantitativos distintos, derivados justamente del alcance y contenido del cociente natural y del resto mayor como categoría de asignación en la representación proporcional.
Para efectos de claridad, debe tenerse presente que los lugares que se otorgan en la fase del procedimiento relativa al porcentaje mínimo de tres por ciento de la votación valida emitida, se sustentan y tienen como finalidad garantizar la pluralidad en la conformación de los órganos; en tanto que la etapa de cociente natural parte y tiene como base el número de votos obtenidos que sirve de respaldo para el otorgamiento de ese lugar, y por último, para la de resto mayor parten del supuesto de que ninguno de los participantes cuenta ya con los votos necesarios para alcanzar otro lugar por cociente natural, y aún restan posiciones por asignar.
Tomando en cuenta esas circunstancias, se concluye que es correcto lo determinado por el tribunal responsable en el sentido de asignar las tres primeras regidurías al PAN, MORENA y al candidato independiente Alfonso Danao de la Peña Villarreal, a favor de quienes ocupaban el primer lugar de su lista, así como también correcto hacer el ajuste por razón de género para garantizar conformación paritaria en la asignación que resultó procedente en la etapa de cociente natural pues la asignación por resto mayor había correspondido a una mujer, con lo cual, acorde a lo explicado, se respetó a cabalidad la paridad de género en la conformación del órgano, y a la par, se aminoró la afectación a los principios democrático y de autodeterminación de los partidos.
También se respetó el orden de preferencia de la lista presentada por el PAN, MORENA y la planilla de candidaturas ciudadanas, pues se siguió la prelación en la asignación de los tres primeros lugares y fue en la etapa de cociente natural del procedimiento que se estimó procedente efectuar el ajuste necesario por razón de género, siguiendo un criterio objetivo que, visualizando las fases del procedimiento de asignación, inició "de abajo hacia arriba" y con base en una comparación entre lugares asignados en una misma etapa de distribución, que obedecieron a una misma lógica y no entre lugares que se basen en criterios distintos.
En este estado de cosas, es acertado lo destacado por el tribunal responsable en cuanto sostiene que esta Sala Regional, al resolver el SM-JRC-2/2017, estableció que para la asignación de cargos por el principio de representación proporcional, en principio, debe respetarse el orden de prelación de la lista registrada por los partidos, pues dicho orden lleva implícito tanto el respaldo de la militancia como el de la ciudadanía que decidió votar a favor de esta opción, teniendo en consideración la lista que conoció al momento de emitir su sufragio, y también considerar que si bien ese orden puede ser alterado, deberá existir una causa que así lo justificara.
En otro tenor, es de destacar que lo aquí decidido no contraviene los criterios sostenidos tanto por la Sala Superior al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-936/2014, como por esta Sala Regional en el diverso juicio SM-JDC-303/2016.
En esos casos, a diferencia del juicio que nos ocupa, las circunstancias específicas implicaban la necesidad de establecer un criterio de desempate entre lugares de representación correspondientes a una misma etapa de asignación, aspecto que no se presenta en la especie.
Pues mientas que en el recurso de reconsideración SUP-REC-936/2014, únicamente se asignaron lugares derivados de la etapa de porcentaje mínimo, y de la comparación de esas posiciones se determinó efectuar el ajuste por razón de género al partido que obtuvo menor porcentaje de votación; en el expediente SM-JDC-303/2016 resuelto por esta Sala, la comparativa se efectuó entre lugares que se otorgaron, todos, en la etapa de resto mayor, no así entre lugares asignados en diferentes fases de la distribución, como ocurre en el caso concreto.
Por otra parte, cabe destacar que el método seguido por el tribunal responsable no implica en forma alguna el establecimiento de valores distintos entre regidurías, pues éstas se distribuyeron en distintas fases dado que así lo prevé el procedimiento legal establecido en el Código Electoral, de ahí que se siguió este mecanismo, el cual mandata realizar ajustes tomando en cuenta el menor grado de afectación al procedimiento, en la medida que se respetan las características propias de las etapas y la observancia de los principios que orientan su desarrollo.
Finalmente, debe expresarse que la determinación adoptada por el tribunal responsable se ajusta al criterio sostenido por esta Sala Regional en el juicio SM-JRC-2/2017 que definió las reglas que han de observarse en la asignación de regidurías de representación proporcional para el proceso electivo en Coahuila y, a la par, armoniza con la menor afectación posible al procedimiento de asignación y a los propios principios democrático, de autodeterminación y de paridad de género, de ahí que proceda confirmar la decisión controvertida15.
En consecuencia, esta Sala Regional coincide con lo determinado por el tribunal responsable, en la medida en que en su comprobación y corrección del procedimiento de asignación de regidurías se respetan y armonizan los ya expresados principios y directrices y en ese sentido lo procedente es confirmar por las razones aquí expuestas, en lo que fue materia de impugnación las resoluciones impugnadas.
PRIMERO. Se acumula el juicio identificado con la clave SM-JDC-396/2017 al diverso SM-JDC-383/2017, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del expediente acumulado.
SEGUNDO. Se confirman, en lo que fueron materia de impugnación, las sentencias combatidas.
NOTIFÍQUESE. En su oportunidad, archívense los presentes expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida por la responsable.
Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, por mayoría de votos de la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, y el Magistrado Jorge Emilio Sánchez-Cordero Grossmann, encargado del engrose con el voto en contra del Magistrado Yairsinio David García Ortíz, quien emite voto particular, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Rúbricas.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO CON NÚMEROS DE EXPEDIENTE SM-JDC-383/2017 Y SM-JDC-396/2017 ACUMULADOS.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formulo voto particular a efecto de exponer respetuosamente, los razonamientos que me llevan a disentir del sentido de la sentencia aprobada por la mayoría, al resolver los expedientes SM-JDC-383/2017 y SM-JDC-396/2017 acumulados.
En primer término, debe señalarse que existe consenso en torno la desestimación de ciertos agravios del actor en tanto que:
a) Las resoluciones impugnadas son congruentes.
b) La asignación de regidurías por el principio de representación proporcional se realiza entre aquellos candidatos propietarios que fueron postulados en las planillas de mayoría relativa, con independencia de que se haya registrado o no una lista de preferencia.
c) La adopción de medidas que suponen un trato diferenciado a favor del género femenino se encuentra justificada dado que tienen como finalidad garantizar el derecho de las mujeres al acceso a la función pública en condiciones de igualdad respecto a los hombres.
d) El ajuste en el orden de prelación de quienes integran la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional, por sí mismo, no resulta violatorio del derecho de auto organización de los partidos políticos.
Sin embargo, no se comparte el criterio de la mayoría, específicamente en cuanto a la forma en que debe realizarse la sustitución por razón de género a fin de garantizar la integración paritaria del ayuntamiento.
En la sentencia se sostiene que, para armonizar los principios de autodeterminación, democrático y de paridad de género, la sustitución de las regidurías de representación proporcional en aras de atender este último, que supone el cambio de un hombre por una mujer, debe hacerse de la manera siguiente:
iv. La sustitución debe iniciar en la fase de resto mayor con el candidato del partido que haya sido asignado con el menor resto de votos.
v. En cociente natural la sustitución debe recaer en el candidato asignado cuyo partido hubiere obtenido el menor número de votos no utilizados en la asignación de regidurías.
vi. En la sustitución por porcentaje específico debe llevarse a cabo con el partido que hubiere obtenido el menor porcentaje de votación válida emitida.
De esa manera, en criterio de la mayoría, para la sustitución por razón de género se debe comenzar de la asignación derivada del resto mayor y en lo sucesivo, en forma ascendente. Esto es, continuando, si fuera el caso, por las asignaciones realizadas por cociente natural y, por último, las designadas por porcentaje específico.
A consideración del suscrito, tales razonamientos resultan inexactos, como se expone a continuación.
A. La representación proporcional y el principio democrático
El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,16 establece el principio democrático como base de nuestra organización nacional y que tiene como fundamento primigenio la soberanía popular.
Como instrumento fundamental para hacer efectivo dicho principio, se establece un sistema electoral, entendiendo como tal al conjunto de principios, reglas y procedimientos que racionaliza y traduce la voluntad y decisión del cuerpo electoral en órganos de representación popular, así como los instrumentos de consulta popular relativos a la democracia semidirecta.17
México cuenta con un sistema electoral mixto, es decir, la conversión de la voluntad ciudadana expresada en votos, se realiza a través de dos fórmulas distintas, por mayoría relativa y por representación proporcional; en la primera, se asigna el cargo a elegir a quien obtenga la mayor cantidad de votos, en la segunda, se asignan las posiciones mediante reglas de distribución que atienden fundamentalmente, al número de votos que obtengan los partidos políticos o candidaturas independientes y que se establecen de manera libre por cada Estado, dentro de los parámetros que la Constitución establece.
En Coahuila, en el artículo 19, párrafos 5 al 9, del Código Electoral, se establece el procedimiento que deberá llevarse a cabo para realizar la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional, el cual se integra por tres mecanismos: porcentaje específico, cociente natural y resto mayor.
Sin embargo, conviene señalar que los tres mecanismos, como parte de un sistema, tienen por objeto realizar la conversión de votos en representaciones dentro del ayuntamiento y, que con independencia de la fase en que sean asignadas, cada regiduría electa por el principio de representación proporcional tiene el mismo peso y posición jerárquica dentro de la estructura del gobierno municipal, incluso frente a las regidurías electas por el principio de mayoría relativa.
El hecho de que se establezcan diversos mecanismos para realizar la asignación, se explica en la medida de que el legislador en uso de su libertad de configuración normativa consideró que, atendiendo a las circunstancias particulares de la entidad, tales métodos garantizaban las mejores condiciones de conversión de votos en cargos, permitiendo el cumplimiento de los objetivos de la representación proporcional en la integración de los ayuntamientos.
Debe resaltarse que, a través de la elección de servidores públicos por el sistema de representación proporcional, se garantiza el principio de pluralidad política, en la medida que se permite que las fuerzas políticas que sin haber obtenido el triunfo, demostraron contar con un apoyo electoral suficiente para integrar el ayuntamiento y en consecuencia puedan acceder al mismo – siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en la normativa aplicable –, tomando precisamente como base el factor objetivo consistente en el monto de votación obtenido, y el cual, le permitirá participar en las diversas rondas de asignación y obtener tantas posiciones como su votación y las vacantes se lo permitan.
Estas características del diseño constitucional, exponen como conclusión que la asignación de cargos por el principio de representación proporcional, tiene como base garantizar la pluralidad en la integración de los órganos colegiados de gobierno y que esa pluralidad debe corresponder proporcionalmente al grado de votación que hubiera obtenido.
Consecuentemente, por definición, la asignación de los lugares se hace a los partidos políticos o candidaturas independientes, en correlación a la participación que tuvieron en el proceso de elección, lo cual es conforme con el principio democrático, es decir, traducir la voluntad popular en cargos de elección.
B. Implementación de las reglas de paridad y el principio de la menor afectación al derecho de autodeterminación de los partidos políticos
En consonancia con lo explicado hasta ahora, una vez que por virtud del principio democrático (votos convertidos en cargos) se ha realizado la asignación a los partidos políticos o candidaturas independientes de los cargos electos conforme los mecanismos de representación proporcional, debe determinarse a las personas que ocuparán los mismos.
Esto se llevará a cabo atendiendo a la lista presentada por cada partido político, y es ahí donde el derecho de autodeterminación de los partidos, por regla general, debe observarse, es decir, las candidaturas postuladas en las listas presentadas por los partidos políticos o candidaturas independientes, tendrán el derecho de acceder al cargo en el orden de prelación que al interior de cada partido hubieran determinado, siempre y cuando no exista alguna causa justificada que motive la modificación de dicho orden.
Al respecto, como se expuso previamente, ha sido criterio reiterado de este Tribunal Electoral, que al igual que la mayoría de los derechos, el de autodeterminación de los partidos políticos o de las candidaturas independientes en tratándose de la observancia de la prelación de las postulaciones por la fórmula de representación proporcional, puede verse afectado cuando entre en colisión con un mandato legal diverso, como lo es el de la postulación paritaria e incluso, respecto a la integración del órgano gubernamental.
Lo anterior, ya que la paridad como regla de postulación e incluso de integración del ayuntamiento, se constituye como una medida afirmativa que permite que las candidatas puedan acceder de forma real y efectiva a los cargos de elección popular, con lo que se busca, combatir el rezago histórico en que se ha colocado al género femenino en materia político-electoral, y en tal virtud, se justifica constitucionalmente que dicha figura pueda trascender incluso a la restricción de un derecho como es el de autodeterminación partidista, el cual deberá ceder frente al primero de los mencionados.
No obstante, tal cesión, no puede realizarse de forma indiscriminada o arbitraria, sino que debe efectuarse sobre bases objetivas, de forma que la afectación al derecho de autodeterminación resulte lo menos grave posible.
Esa es la esencia del principio de la menor afectación, como parámetro limitante de la restricción al ejercicio de un derecho y que se dirige a constatar que el ejercicio de un derecho siempre se afecte en un margen de racionalidad en sentido amplio.
Al efecto, la Corte Internacional de Derechos Humanos máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), al establecer los alcances del artículo 29, inciso b), del citado instrumento internacional, ha definido que:
"la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos, no constituyen, per se, una restricción indebida de éstos. Lo anterior, porque a aquellos no les asiste el carácter de derechos absolutos y pueden válidamente estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática.
La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones.
La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que persigue."18
La Sala Superior ha concluido que, de acuerdo a lo anterior, la necesidad de establecer una medida que pueda presentarse restrictiva de un derecho fundamental, como acontece con los derechos político-electorales, impone el deber de aplicarse de tal modo que produzca la menor afectación posible; es decir, que potencie en el mayor grado el ejercicio pleno del derecho en cuestión.19
Ahora bien, lo deseable sería que la propia legislación estableciera las reglas a través de las cuales se pudiera dar solución al conflicto que se suscitara cuando, en razón de la integración del órgano de gobierno, resultara necesario hacer ajustes para dar cumplimiento al mandato de integración paritaria.20
Sin embargo, en ausencia de tales reglas le corresponde al operador jurídico, en este caso, al jurisdiccional, efectivizar el principio democrático y el de paridad, buscando en ello la menor afectación del derecho de autodeterminación de los partidos políticos.
Al resolver el expediente SUP-REC-936/2014 y acumulados, la Sala Superior de este Tribunal Electoral, determinó que cuando resultara necesario hacer modificaciones al orden de las listas de preferencia motivadas por la integración paritaria, éstas deberían realizarse tomando como base el factor objetivo de la votación obtenida, y, por ende, tendrían que realizarse comenzando por los contendientes que, habiendo postulado a un hombre en el primer lugar de la lista, haya obtenido una menor votación.
En el precedente citado, la superioridad consideró que, adoptando dicha postura, se respeta en mayor medida la auto organización de los partidos, pues el porcentaje de votación constituye uno de los elementos principales para obtener una curul por el principio de representación proporcional.21
Sin perjuicio de que dicho precedente haya sido utilizado para resolver un asunto relacionado con la integración de un órgano colegiado diverso, como lo es el Congreso del Estado, lo cierto es que el raciocino aplicado resulta aplicable en el presente caso, pues se fija una regla a través de la cual, de forma objetiva y racional, se puede modificar la prelación de las candidaturas incluidas en la lista postulada por un partido político cuando esto resulte necesario para lograr la integración paritaria del ayuntamiento.
El carácter objetivo de la votación como un parámetro para definir cuáles listas serán susceptibles de modificarse en su orden, ha sido refrendado por la Sala Superior al emitir la opinión SUP-OP-22/2017 emitida respecto a la acción de inconstitucionalidad 63/2017 y acumuladas.
En dicha acción de inconstitucionalidad los partidos del Trabajo y Nueva Alianza cuestionaron la constitucionalidad del artículo 27, fracción VI, inciso i), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que establece la forma en que deberá realizarse el ajuste en la asignación de diputaciones de representación proporcional para garantizar paridad de género en la integración del Congreso Local, en los siguientes términos:
"Artículo 27. Para la asignación de curules por el principio de representación proporcional se observarán las siguientes reglas:
VI. Si una vez hecha dicha asignación, algún partido político supera el techo de treinta y tres diputados por ambos principios o tiene una sobrerrepresentación superior al cuatro por ciento de su votación local emitida, que no sea producto de sus triunfos de mayoría relativa, le serán deducidos el número de diputaciones de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, en los términos siguientes:
g) Concluida la asignación total del número de diputaciones por el principio de representación proporcional a cada uno de los partidos políticos que superaron el tres por ciento de la votación válida emitida, se verificará si en conjunto con el total de diputados electos que obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría relativa, se cumple con el principio de paridad en la integración del Congreso Local establecido en el artículo 29, Base A, numeral 3 de la Constitución Local.
h) En caso de existir una integración de las diputaciones electas por ambos principios no paritaria, se deducirán tantos diputados como sean necesarios del género sobrerrepresentado, y se sustituirán por las fórmulas del género subrepresentado.
i) Para este fin, se alternará a los partidos políticos que hayan recibido diputaciones por el principio de representación proporcional, empezando por el partido que recibió el menor porcentaje de votación local emitida, y de ser necesario, continuando con el partido que haya recibido el segundo menor porcentaje de la votación local emitida y así sucesivamente en orden ascendente hasta cubrir la paridad.
j) Si una vez deduciendo una diputación del género sobrerrepresentado de todos los partidos políticos que recibieron diputaciones por el principio de representación proporcional, aún no se ha llegado a la paridad de la integración del Congreso Local, se repetirá el procedimiento previsto en el párrafo inmediato anterior."
Los partidos inconformes alegaban, entre otras cuestiones, que dicho precepto brindaba un trato diferenciado entre los partidos políticos que obtuvieron un tres por ciento de la votación efectiva, sin que haya una justificación para que en la sustitución de fórmulas en atención al género sobre-representado se iniciara por los partidos con menor porcentaje de votos.
Al respecto, la Sala Superior preciso, en primera instancia, que los planteamientos de los partidos accionantes no estaban dirigidos a cuestionar la constitucionalidad de la regla de ajuste para garantizar una paridad entre los géneros en la integración de la Constitución Local en sí misma, sino el criterio a partir del cual se determinarán a los partidos políticos cuyas listas de candidaturas debían ser ajustadas, consistente en el –mayor o menor– porcentaje de votación.
No obstante, consideró pertinente destacar que con la regla de ajuste se busca cumplir con la obligación de garantía del Estado mexicano en relación con el principio de igualdad y no discriminación y, de manera concreta, con el derecho de las mujeres al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad con los hombres
Por otra parte, sostuvo que el criterio para el ajuste, en efecto, puede traducirse en un trato diferenciado entre partidos políticos, porque –dependiendo de los resultados electorales– a algunos se les modificarían sus listas de candidaturas mientras que a otros no, o bien, algunos sufrirán mayores ajustes que otros.
Además, dicha situación se traduce en una incidencia en el derecho de autodeterminación de los partidos políticos en su vertiente de libertad para definir sus postulaciones; además, implica una modificación de la lista de candidaturas que fue respaldada mediante el sufragio del electorado y, por tanto, también incide en el principio de representatividad.
Sin embargo, concluyó que, contrario a lo sostenido por los accionantes, el estudio sobre la validez del trato diferenciado no debe realizarse mediante un escrutinio estricto, porque ese grado de control únicamente debía observarse tratándose de una regulación en la que se realice una diferenciación de trato con motivo de la pertenencia a un grupo social que se encuentra en una situación de vulnerabilidad.22
Así, enfatizó que en los artículos 1º, párrafo 5, de la Constitución Federal, y 1, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se enuncian algunas condiciones personales con base en las cuales se tiene –en principio– una prohibición de brindar un trato diferenciado, como podrían ser el origen étnico o nacional, el idioma, el nacimiento, la posición económica, el género, el sexo, la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualesquiera otras condiciones que se traduzcan en una afectación o negación de derechos.
Conforme a ello, la Sala Superior sostuvo que las normas que parten de esos criterios y que no están dirigidas a revertir la situación de discriminación mediante la implementación de un trato más benéfico hacia esos sectores se presumen como discriminatorias y, por tanto, inconstitucionales.23
De esta forma, dicha superioridad concluyó que el porcentaje de votación obtenido en un proceso electoral no implicaba la consideración de una condición que suponga la pertenencia a un grupo social que históricamente ha sufrido una situación de exclusión.
Sino que se trataba de un criterio que es propio del ámbito electoral porque con base en él se determina al triunfador, además de que en general es considerado como un parámetro para determinar aspectos como la designación de cargos vía representación proporcional, así como la conservación de registro y la distribución de prerrogativas de los partidos políticos.
Por ello no se justificaba que el estudio sobre la validez del trato diferenciado que supone el criterio cuestionado se realizara mediante un escrutinio estricto.
Por otra parte, en lo que aquí interesa, sostuvo que resultaba válido atender al porcentaje de votación para realizar los ajustes en las listas de candidaturas de representación proporcional, en tanto que se trata de un criterio objetivo y propio de la materia electoral, el cual fue seleccionado en ejercicio de la amplia libertad de configuración con que cuenta la legislatura de la Ciudad de México para cumplir con el mandato de integración paritaria por razón de género que se establece en la Constitución local.24
En el presente caso, se tiene que, al integrarse el ayuntamiento de Saltillo, se advirtió que resultaba necesario incorporar a una mujer más, por lo que el Tribunal local modificó la asignación que le correspondió al actor en su carácter de candidato a segundo regidor de mayoría relativa postulado por el PAN a fin de que ésta fuera conferida a la siguiente persona en el orden que cumpliera con el requisito de género, y respetó en su integridad el orden de postulación de Morena y el candidato independiente.
Lo anterior, sin que el Tribunal responsable haya expresado las razones que lo llevaron a concluir que la asignación que debía ser sustituida era la que correspondía al actor.
Contrario a lo sostenido por la mayoría, se estima que tal determinación resulta errónea dado que, para establecer qué partido debía ser sujeto a la sustitución a que se refiere el párrafo 9, del artículo 19 del Código Electoral, el Tribunal local debió atender al criterio contenido en el expediente SUP-REC-936/2014 y acumulados, y por ende, sustituir la candidatura de la fuerza política que postuló a un hombre en el primer lugar de su lista y obtuvo una menor votación, es decir la planilla del candidato independiente Alfonso Danao de la Peña Villarreal, con lo que se logra la integración paritaria, y se respeta en la medida de lo posible el principio de autodeterminación de los partidos políticos y de los candidatos ciudadanos, y en todo caso la afectación que se da, se realiza con base en un factor objetivo que es precisamente la votación obtenida.
Al respecto, debe señalarse que el hecho de que la planilla del candidato independiente Alfonso Danao de la Peña Villarreal haya obtenido una sola regiduría por el principio de representación proporcional y ésta se haya dado, conforme su votación obtenida, por el mecanismo de porcentaje específico, no hace más gravosa la afectación a su derecho de autodeterminación.
Se alcanza esta conclusión, pues con independencia del número de asignaciones que obtenga una fuerza política, la modificación al orden de prelación de alguna de sus candidaturas, constituye una incidencia efectiva en su derecho de autodeterminación, y, por ende, la afectación que se cause a este derecho debe realizarse sobre bases objetivas.
Así, un factor objetivo que puede servir como parámetro para determinar la planilla que será objeto de la modificación al orden de prelación es el de la votación obtenida, pues el haber alcanzado una votación menor que otro actor político lo hace sujeto a tal medida, la cual resulta proporcional e idónea para alcanzar el objetivo buscado, que es el de lograr la integración paritaria del ayuntamiento.
En efecto, como su nombre lo indica, la representación proporcional, permite que las fuerzas políticas que no obtuvieron el triunfo por el principio de mayoría relativa, puedan acceder en forma proporcional a integrar el órgano, con base en su votación, que es uno de los factores elementales para determinar tal posibilidad.
Esta postura, toma en consideración el carácter bivalente del voto, ya que los sufragios emitidos en favor de una planilla deben contar para su elección bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional, ya que una vez que se ha determinado cual fue la fuerza política electa por el principio de mayoría relativa, la votación recibida por otras fuerzas políticas servirá para mostrar el grado de representación que podrá tener por el sistema de asignaciones, de ahí que el cúmulo de la votación total recibida sirva como un factor objetivo para ese tipo de elección.
Tomando como base este factor, también es posible señalar que, conforme al principio democrático, la lista postulada por la fuerza política que obtuvo una mayor votación tiene prevalencia con base en la voluntad del electorado para que sus candidaturas ingresen en el orden propuesto a integrar el ayuntamiento, lo que en esa medida justifica que sea factible afectar en primer término las que les correspondan a los contendientes que hubieran obtenido una votación menor.
Lo anterior, en forma alguna implica que el partido político o candidatura independiente que hubiere obtenido el segundo lugar de la votación en la elección del ayuntamiento de que se trate, jamás pueda sufrir la alteración en el orden de prelación de su lista, pues de resultar necesario, la o las asignaciones que le correspondan, podrían ajustarse con motivo de género.
Por ejemplo, si las asignaciones que les correspondan a los otros contendientes correspondieran al género femenino y aun así subsistiera la necesidad de incorporar a más candidatas, o bien, si aun modificándose las que les correspondieran a otros partidos que hubieren obtenido una votación menor, resultara necesario realizar la asignación a favor de más mujeres.
Ahora, en la sentencia aprobada por la mayoría, se considera procedente respetar de forma indefectible el orden de prelación de las listas atendiendo al momento en que se lleva a cabo la asignación, lo que abre la posibilidad de efectuar las modificaciones en momentos posteriores, es decir, las asignaciones que se lleven a cabo por el mecanismo de porcentaje específico, no serían objeto de modificación, mientras que sí lo serían aquellas que se lleven a cabo por la fórmula de cociente electoral y resto mayor, bajo el argumento de que ambos partidos, en primera instancia cuentan con el mismo derecho de acceder a un cargo.
Sin embargo, se estima que tal consideración deja de lado que durante el proceso de asignación la posibilidad de que los partidos políticos cuentan en todo momento con el mismo derecho de acceder a tantos cargos (y en su caso los cargos disponibles e incluso el número de contendientes con derecho a acceder a una posición) como su votación se lo permitan.
En otro aspecto, dicho razonamiento llevaría a establecer una diferenciación entre las regidurías asignadas durante cada etapa del procedimiento, otorgándole en alguna medida un peso y valor distinto a cada asignación, sin embargo, tal distinción carece de base, pues los cargos, con independencia de la etapa en que se otorguen a cada partido político tienen el mismo valor, siendo que la obtención de estos depende, como se ha venido reiterando, de la votación obtenida, la cual permitirá al partido político o candidatura independiente participar en cada fase.
En este tenor, el hecho de que un partido político se haga acreedor a diversas regidurías durante cada fase del procedimiento de asignación, en principio no se constituye como un factor objetivo para determinar si el ajuste por motivo de género puede aplicarse en alguna de ellas, sino que para impactar la modificación correspondiente deberá atenderse a la votación obtenida.
Por otra parte, hacer una valoración seccionada de los votos remanentes después de cada etapa de asignación para determinar la posición sobre la cual se podría realizar el ajuste en razón de género implica, en criterio del que suscribe, una desnaturalización del valor total de la votación recibida, ya que esto llevaría a establecer que el hecho de haber obtenido una mayor votación, lo que teóricamente se traduce en una mayor cantidad de regidurías por el principio de representación proporcional, hace posible que se vulnere el derecho a la autodeterminación en la vertiente de postulación de candidaturas, pues al haber sido beneficiario de más asignaciones se podría hacer la modificación sobre aquellas otorgadas en las últimas fases, al otorgárseles un valor menor, preservando las que les corresponden a fuerzas con una menor votación por el hecho de haber accedido a estas en las primeras etapas del corrimiento de los procedimientos de asignación de estos cargos.
Finalmente, en la sentencia se menciona que los criterios contenidos en las sentencias de los expedientes SUP-REC-936/2014 y SM-JDC-303/2016, no son aplicables pues en tales asuntos se tuvo que acudir a un "criterio de desempate", entre lugares de asignación llevados a cabo en una misma etapa de asignación, lo que no ocurre en la especie.
No obstante, se considera que el hecho de que la totalidad de cargos distribuidos a través de los mecanismos de asignación, se haya realizado en una o más etapas, no justifica en forma alguna que se haga una diferenciación entre su valor o peso específico, pues como se ha mencionado con anterioridad, las reglas para la distribución de cargos por el principio de representación proporcional, únicamente son el mecanismo para establecer la representación que deberá otorgarse a cada fuerza política conforme la votación que hubiere obtenido, sin que el hecho de que se dividan en etapas implique que cada una tenga un valor mayor a la otra, por lo cual, aun cuando se otorguen cargos a través de diferentes mecanismos, los ajustes motivados por la integración paritaria deberá realizarse con base en la votación obtenida y no atendiendo al momento en que se llevó a cabo la asignación.
Al respecto, debe precisarse que la aplicación del principio de paridad y las reglas encaminadas a garantizar su aplicación y observancia, no constituyen mecanismos de asignación de los cargos electos por el principio de representación proporcional, y que si bien, al momento de determinar la candidatura que ocupara la posición otorgada es posible realizar la modificación en el orden de prelación de la lista postulada por el partido político o candidatura independiente para garantizar la paridad, ello deberá realizarse una vez que se compruebe que no se alcanza la paridad, siendo que tal modificación se deberá efectuar bajo parámetros objetivos.
C. Reglas surgidas a partir de la armonización de los principios democrático y paridad, considerando la menor afectación al ejercicio del derecho de autodeterminación de los partidos políticos
En este orden de ideas, se estima que, en el caso del estado de Coahuila de Zaragoza, atendiendo a lo preceptuado en el Código Electoral local, deben observarse las siguientes reglas:
1. La asignación de regidurías por representación proporcional, constituye un procedimiento único establecido en el artículo 19, párrafo 4, del Código Electoral, el cual concluye hasta que la totalidad de los cargos por distribuir entre los partidos políticos o candidaturas independientes con derecho a participar en la asignación, se haya agotado.
En este entendido, no es posible considerar que los mecanismos de porcentaje específico, cociente electoral, y resto mayor resulten ajenos entre sí, sino que constituyen diversas etapas de un mismo procedimiento.
2. De conformidad con lo preceptuado en los párrafos 6 y 8, del artículo 19, del Código Electoral, la asignación, se realizará de entre aquellos candidatos propietarios que sean postulados por el principio de mayoría relativa siguiendo el orden en que se registraron, la cual se iniciará con la candidatura a la presidencia municipal, es decir, se define el orden de prelación en que las candidaturas podrán acceder a alguna regiduría.
Con lo anterior, se puede advertir que la legislación, establece el orden de prelación que ordinariamente debe de atenderse para efectos de determinar a las personas que ocuparán las regidurías, el cual debe observarse tanto por los partidos políticos o candidaturas independientes como por los Comités Municipales, o bien, por los órganos jurisdiccionales.
En este sentido, esta regla, debe entenderse encaminada a garantizar el derecho de auto organización, así como otorgar seguridad jurídica a las candidaturas respecto a su postulación.
3. Aun cuando se garantiza el derecho de auto organización, así como el de los candidatos a ser electos, los párrafos 5 y 8, del mencionado artículo 19, del Código Electoral, establece como mandato garantizar la paridad en la integración, asimismo, se faculta a los órganos administrativo electorales para realizar las adecuaciones a las listas para efectos de garantizar la integración paritaria del ayuntamiento.
Lo anterior, hace evidente que desde la legislación se reconoce la necesidad de armonizar el principio de paridad con el de autodeterminación, para lo cual se reconoce la posibilidad extraordinaria de efectuar las modificaciones correspondientes a las listas.
4.Conforme a las reglas legales que rigen la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional y en atención al principio de mínima intervención al derecho de auto organización, se debe correr el procedimiento de distribución de regidurías, asignar los cargos conforme al orden de prelación establecido en los párrafos 6 y 8, del artículo 19, del Código Electoral, y finalmente verificar si se logró la integración paritaria del ayuntamiento.
5. En caso de que no se logre la integración paritaria, debe procederse a realizar los ajustes por motivo de género, mismos que deberán iniciarse sobre la lista del partido político o planilla independiente que obtuvo una votación menor y postuló en primer lugar a un hombre, de conformidad con el criterio sostenido en el expediente SUP-REC-936/2014 y acumulados, y así en forma ascendente hasta alcanzar la paridad en la integración del ayuntamiento.
Como se mencionó, las reglas anteriores, son las que se encuentran plasmadas en la legislación y que determinan la forma en que debe llevarse a cabo el procedimiento de distribución de regidurías por el principio de representación proporcional, así como la forma en que se integrarán las listas y el orden de prelación que deberá atenderse, e incluso, el mandato de hacer el ajuste en razón de género para alcanzar la paridad, el cual, puede efectuarse atendiendo al criterio sostenido en la sentencia del expediente SUP-REC-936/2014 y ACUMULADOS, mismo que es congruente con la lógica del principio democrático aplicable a la elección de cargos por el principio de representación proporcional.
D. Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional que debe prevalecer en el ayuntamiento de Saltillo, Coahuila
Conforme a lo razonado, en opinión del suscrito, lo procedente era revocar, en la parte conducente, las resoluciones impugnadas, a fin de dejar sin efectos la asignación de regidurías efectuada por el Tribunal local.
Por tanto, la asignación de regidurías que debe prevalecer, atendiendo a las reglas detalladas en los apartados anteriores, es la que a continuación se detalla.
En principio, conforme a la fórmula de asignación, la distribución de regidurías por el principio de representación proporcional fue la siguiente:
Partido/Candidatura independiente
Cociente natural
Total regidurías RP
Así, conforme al orden de las listas de preferencia de las fuerzas políticas, las candidaturas que pasarían a integrar el ayuntamiento serían:
Al realizar las asignaciones de regidurías por el principio de representación proporcional respetando el orden de prelación de los partidos y candidaturas independientes con derecho a ellas, el género femenino se encuentra subrepresentado, ya que la planilla ganadora postulada por la Coalición "Por un Coahuila Seguro", se encuentra integrada por (7) siete hombres y (6) seis mujeres y la sindicatura de primera minoría le fue otorgada a (1) un hombre.
Por tanto, con la asignación en estos términos, el ayuntamiento de Saltillo quedaría conformado por (11) once hombres y (9) nueve mujeres.
Ante este panorama, existe la necesidad de hacer un ajuste por razón de género, para lo cual es necesario que una de las regidurías asignadas a un hombre se modifique para que corresponda a una mujer.
Para ello, se procederá a modificar el orden de prelación propuesto por aquella fuerza política que, habiendo registrado un hombre en primer lugar de la lista obtuvo el menor porcentaje de votación, dado que, como se ha expuesto, en la asignación de curules por el principio de representación proporcional, el porcentaje de votación constituye uno de los elementos principales para determinar el derecho de los partidos a obtener una regiduría por ese principio, lo que es congruente con garantizar en la mayor medida la auto organización de los actores políticos, a través del respeto en lo posible el orden de prelación de la lista.
Contendientes con derecho a regidurías por el principio de representación proporcional
% Votación Válida Emitida
Género postulado en primer lugar en lista de RP
Ya que la candidatura independiente es el contendiente con menor votación que postuló a un hombre en primer lugar, procede modificar su orden de prelación para otorgarle la regiduría que correspondía a Alfonso Danao de la Peña Villarreal a María del Pilar Martínez Hernández quien es la persona inmediata siguiente en la lista que cumple con el requisito de género al haber ostentado la candidatura a síndica en la planilla de mayoría relativa.
Planilla de candidatura independiente
María del Pilar Martínez Hernández
Ricardo Arturo Nájera Franco
Luisa Nohemí Gámez Mar
José Antonio Muro Rivera
Marcela María Martínez Moreira
Salvador Francisco Herrera Rodríguez
Yurie Hernández Soberón
Victor Campo Aguirre
Carolina Monsserrat Sandoval Rivera
José Arcadio González Aguilar
Dulze Karyna López de la Fuente
Luis Fernando Javier Martínez Calvillo
Conforme a ello, el ayuntamiento de Saltillo quedaría integrado de forma paritaria como a continuación se detalla:
INTEGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA
Planilla de mayoría relativa de la Coalición "Por un Coahuila Seguro"
Lydia María González Rodríguez
Maria Bárbara Cepeda Boehringer
Marco Antonio Fuentes López
Agustina Robles Ramírez
Oscar David Del Bosque Martinez
Beatriz Eugenia Fraustro Dávila
Aníbal Soberón Rodríguez
Liliana Ramírez Hernández
Emmanuel Alejandro Gaona Velasco
Dolinka Liliana Martinez Soria
Bernardo Escareño Lara
Regidurías por el principio de representación proporcional
Por tales causas, y en forma respetuosa, no se acompaña el criterio sostenido en la sentencia aprobada por la mayoría, estimándose que lo procedente era revocar, en la parte conducente, las resoluciones impugnadas, a fin de dejar sin efecto la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional efectuada por el Tribunal local y ordenar la modificación de la asignación realizada, debiéndose impactar el ajuste por razón de género en la posición correspondiente a Alfonso Danao de la Peña Villarreal quien fue candidato independiente a la presidencia municipal, por ser la planilla que obtuvo una votación menor y postuló en primer lugar a un hombre. Rúbricas.
1 Quien fue postulado por Morena al cargo de presidente municipal de Saltillo.
2 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 1995.
3 "Artículo 7. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; […]".
4 El precepto convencional de referencia establece que: "[l]os Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: […] b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales […]" (énfasis añadido).
5 En las disposiciones señaladas se establece lo siguiente: "Artículo II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna. Artículo III. Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna".
6 Véanse las sentencias dictadas por esta Sala Regional en los expedientes SM-JDC-60/2017, SM-JRC-10/2016 y SM-JDC-36/2016, acumulados, así como lo resuelto por la Sala Superior en el recurso de reconsideración SUP-REC-1279/2017.
7 Con apoyo en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
8 El artículo 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece que: "[l]a adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato". En el mismo sentido la jurisprudencia 3/2015, de rubro "ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS". Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 12 y 13. En la tesis se establece que "las medidas temporales a favor de las mujeres, encaminadas a promover la igualdad con los hombres, no son discriminatorias, ya que al establecer un trato diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo de población en desventaja, al limitar los del aventajado".
9 Conforme a la sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014.
10 Véanse los artículos 17, párrafos 1, 3 y 4, 88, párrafo 3, y 176, párrafo 2, del Código Electoral.
11 Véanse los artículos 6, párrafo 1, 16, párrafo 3, y 19 párrafos 3 y 9, del Código Electoral.
12 Consúltense las sentencias SUP-REC-936/2014 y acumulados, y SM-JRC-14/2014 y acumulados.
13 Artículo 19.
5. En la distribución y asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, deberá de garantizarse el principio de paridad de género que se establecen en el presente Código.
6. Los regidores de representación proporcional y, en su caso, el síndico de la primera minoría, se asignarán de entre aquellos candidatos propietarios, que postulen los partidos políticos o coaliciones, siguiendo el orden en que se registraron ante el Instituto las planillas de mayoría, iniciando con la asignación de la primera regiduría a que tengan derecho los partidos políticos a los candidatos a presidente municipal, continuando con los candidatos a regidores.
La lista de preferencia, dentro de los cinco días posteriores a la fecha en que concluya el término para que los organismos competentes resuelvan sobre la solicitud de registro de planillas, se publicará en el Periódico Oficial, y no podrá ser objeto de sustitución salvo causa de fuerza mayor, previo acuerdo del Instituto.
7. En los municipios en donde se presente un sólo partido a la elección, los regidores serán electos únicamente por mayoría.
8. El Instituto, al realizar el procedimiento de asignación de los regidores de representación proporcional, seguirá el orden de prelación establecido en su lista por cada partido político, coalición o planilla de candidatos independientes.
9. En caso de que la persona que corresponda, de conformidad a la lista de preferencia de cada partido, no garantice el principio de paridad en la integración del ayuntamiento, el Instituto tendrá la obligación de hacer la sustitución necesaria para que el lugar que pertenezca a cada partido sea ocupado por la siguiente persona en el orden de prelación de la lista que cumpla con el requisito de género.
14Véase la sentencia emitida en el juicio SM-JDC-355/2017 y acumulados disponible en http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/monterrey/SM-JDC-0355-2017.pdf
15 Similar criterio adoptó la Sala para resolver los expedientes SM-JDC-358/2017 y SM-JDC-360/2018. (sentencias resueltas por mayoría de votos)
16 Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
17 Solorio Almazán Héctor. El Principio de Representación Proporcional en el Sistema Electoral mexicano. Congreso Internacional de Derecho Electoral 2002 (memorias). TEPJF. Pág. 301
18 CASO YATAMA VS. NICARAGUA. Párrafo 206. Sentencia de 23 de junio de 2005.
19 SUP-OP- 002/2011. Opinión emitida el treinta y uno de marzo de dos mil once, relacionada con la Acción de Inconstitucionalidad 8/2011. Consultable en http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm.
20 En la Ciudad de México, el artículo 27 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, define en detalle el método de compensación tomando como parámetro de afectación la votación obtenida.
21 En dicho asunto, se analizó la integración del congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, al respecto, en la parte que interesa la superioridad sostuvo lo siguiente: "…Como aún persiste la necesidad de integrar a otra mujer para alcanzar la integración paritaria del Congreso local, esta Sala Superior procederá a modificar el orden de prelación propuesto por los partidos, empezando por el partido que habiendo registrado un hombre en primer lugar de la lista obtuvo el menor porcentaje de votación, dado que en la asignación de curules por el principio de representación proporcional, el porcentaje de votación constituye uno de los elementos principales para determinar el derecho de los partidos a obtener una curul por ese principio, lo que es congruente con garantizar en la mayor medida la auto organización de los partidos, a través del respeto en lo posible el orden de prelación de la lista…"
22 Con apoyo en la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO". Pleno; 10ª época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 34, septiembre de 2016, T I, p. 8, número de registro 2012589.
23 Sirve de sustento lo razonado en el criterio jurisprudencial de rubro: "IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO". Primera Sala; 10ª época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 23, octubre de 2015, T II, p. 1462, número de registro 2010315.
24 El veintiuno de septiembre del año en curso, el pleno de la Suprema Corte de la Justicia resolvió la acción de inconstitucionalidad 63/2017 y acumuladas y determinó reconocer la validez del artículo 27, fracción VI, inciso i), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.