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Timestamp: 2019-05-25 17:56:55
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DERECHO PROCESAL CIVIL: ¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva? – La Ley al Día
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1. Corte Suprema. Gestiones preparatorias de la vía ejecutiva requieren que el acreedor no tenga el título a que se refieren los artículos 434 y 435 del Código de Procedimiento Civil. Gestión preparatoria no tiene la significación jurídica de crear una obligación. En la preparación de la vía ejecutiva los magistrados tienen competencia solo para resolver los aspectos a que ella se refiere.
2. Corte Suprema. Cobro de cheques. Prescripción de instrumento idóneo para demandar cobro ejecutivo. Imposibilidad de revivir vía actuaciones reguladas en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil una acción de cobro que ya prescrita.
3. Corte de Apelaciones de Concepción. Oposición a la gestión preparatoria de la vía ejecutiva sobre notificación de cobro de facturas electrónicas puede efectuarla el requerido una vez notificado de la gestión. Improcedencia que juez en etapa preparatoria formule un análisis de fondo del documento.
Gestión preparatoria de confesión de deuda. Título ejecutivo, concepto y clasificación. Gestiones preparatorias de la vía ejecutiva requiere que el acreedor no tenga el título a que se refieren los artículos 434 y 435 del Código de Procedimiento Civil. Gestión preparatoria no tiene la significación jurídica de crear una obligación. En la preparación de la vía ejecutiva los magistrados tienen competencia solo para resolver los aspectos a que ella se refiere.
Ver Cita Online: CL/JUR/51/2019
El solicitante interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmó la resolución de primer grado, la cual no daba lugar a la preparación de la vía ejecutiva. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo, ordenando continuar con la sustanciación normal del procedimiento.
Sin embargo, en relación con ello, debe agregarse que los títulos ejecutivos pueden ser perfectos o imperfectos. Los primeros, tienen plena eficacia desde su otorgamiento y no necesitan de ninguna formalidad previa para dar nacimiento a la acción ejecutiva y, los segundos, son aquellos que no bastan por sí solos para iniciar la ejecución, sino que es necesario completarlos o crearlos con una gestión previa.
Pues bien, estas gestiones previas que tienen por objeto constituir o completar algunos de los requisitos que faltan al título para que tenga mérito ejecutivo son las llamadas diligencias preparatorias de la vía ejecutiva y, entre éstas, se encuentran los casos de la confesión de deuda y el reconocimiento de firma puesta en el instrumento privado, cuya excepcionalidad se reconoce en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil al expresar que “si, en caso de no tener el acreedor título ejecutivo, quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a la presencia judicial, a fin de que practique la que corresponda a estas diligencias”.
QUINTO: Que relacionado con lo que precede, el acreedor que es titular de un derecho que consta en un documento privado carente de mérito ejecutivo en que se reconoce una deuda, mediante el procedimiento contemplado en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, podrá intentar preparar la ejecución mediante la citación a confesar la deuda. El efecto de dicha gestión preparatoria, de confesarse la obligación sea expresa, sea tácitamente por incomparecencia significa que la persona reconoce la existencia, términos y vigencia de la obligación que se pretende, con el objeto preciso que se tenga por preparada la ejecución en su contra.
Al respecto cabe señalar que la gestión preparatoria antes aludida resulta en la especie absolutamente procedente, ya que de acuerdo a la norma legal citada, al preparar la vía ejecutiva el título que se originará y que fundará la posterior acción ejecutiva será aquel señalado en el Nº 4 del artículo 434 del mismo Código. De este modo, al requerirse la citación judicial del deudor con el objeto que este reconozca la firma puesta en el documento o confiese la deuda y al efectuar aquel positivamente dichas acciones, o bien al no comparecer en cuyo caso se le tendrá por incurso en la sanción legal contemplada en el inciso 2º del citado artículo 435 , habrá obtenido el acreedor, en cualquiera de estas dos hipótesis, un título ejecutivo que le permitirá compeler al deudor al cumplimiento de la obligación contenida en el documento privado que originalmente carecía de la facultad que ahora se le reconoce. No obstante lo señalado, la constitución del título ejecutivo previsto en el Nº 4 del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil no impide que se pueda oponer a la acción que de él emana, en el correspondiente procedimiento ejecutivo, las causales de extinción de la obligación que sean procedentes en cada caso en particular.
SEXTO: Que en la línea propuesta, constituye un supuesto esencial para este tipo de gestión confesión expresa o tácita del deudor que el acreedor no tenga el título a que se refieren los artículos 434 y 435 del Código de Enjuiciamiento Civil.
De este modo, en la referida gestión que puede servir para crear un título ejecutivo, el acta o resolución que oportunamente dicte el tribunal en la que el citado confiesa la deuda para con el futuro ejecutante (en las hipótesis que la propia norma prevé) “importa el reconocimiento de una obligación que, como tal, está sujeta a una causa, la cual es diferente al acto mismo de reconocimiento o confesión y, en consecuencia, no puede bastarse a sí misma como causa de la obligación. Dicha gestión no tiene la significación jurídica de crear una obligación, sino de patentizar en forma tal que ella puede hacerse valer ejecutivamente”. “Es un título ejecutivo, pero no es el acto o contrato generador de la obligación del deudor, de modo que su carácter procesal no sustituye la fuente de la cual ha nacido aquélla”. (Rioseco Enríquez, Emilio. “La prueba ante la Jurisprudencia, Derecho Civil y Procesal Civil. Confesión de Parte”, 1º edición, pág. 148 149).
SÉPTIMO: Que, como se ha señalado, en el caso de autos el actor interpuso gestión preparatoria para citar al supuesto deudor a confesar deuda por la suma de $ 4.252.813, haciendo valer como antecedente el estado de cuenta de la tarjeta de crédito (…), documento que no reviste de mérito ejecutivo, razón por la que hace uso de la facultad que contempla el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil.
En atención a lo que se ha venido razonando, la norma citada faculta a todo acreedor que carece de un título ejecutivo a ejercer el derecho de preparar la vía ejecutiva por el reconocimiento de firma o confesión, aún en el evento que dicha obligación tenga su origen en un incumplimiento contractual. “Los términos absolutos de dicha disposición, que no hace excepción alguna, están manifestando que el propósito de la ley no es dejar subordinada a discusión o controversia de ningún género la formación del título que ha de servir de base a la ejecución”. (Raúl Espinosa Fuentes, op. cit. pág. 31).
En el caso de autos, el juez de la causa consideró para no dar curso a la solicitud de notificación aludida que ante la eventual relación contractual que une a las partes, era menester determinar a través de un juicio previo el cumplimiento o incumplimiento por parte del demandado de las obligaciones derivadas del contrato. Sin embargo, con esta decisión se ha obviado que en la preparación de la vía ejecutiva los magistrados tienen competencia solo para resolver los aspectos a que ella se refiere. En otras etapas del procedimiento ejecutivo les está permitido, incluso de oficio, examinar el título y denegar la tramitación de la demanda por los motivos que dispone el legislador, que no corresponde a la actual de este procedimiento, de modo que del examen de los antecedentes es dable concluir que la decisión de los jueces del mérito no se encuentra amparada por el legislador.
Cobro de cheques. Prescripción de instrumento idóneo para demandar cobro ejecutivo. Imposibilidad de revivir vía actuaciones reguladas en el art. 435 del Código de Procedimiento Civil una acción de cobro que ya prescrita.
Ver Cita Online: CL/JUR/4977/2018
El ejecutante deduce recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmó la de primer grado, la cual acogía la excepción de prescripción extintiva. Analizado lo expuesto, la Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo impetrado.
TERCERO: Que la sentencia cuestionada acogió la excepción en estudio razonando que “…la relación entre los cheques cobrados en la causa seguida ante el 15º Juzgado Civil de Santiago, Rol Nº 02 2010, en la cual se declaró abandonado el procedimiento por resolución de 25 de mayo de 2015, y la presente, lleva a inferir que el ejecutante presentó a cobro tales cheques a través del procedimiento especial para ese tipo de instrumentos, de manera que si debido a su inactividad ello no prosperó, tal circunstancia le impide revivir su cobro procurándose un nuevo título ejecutivo con miras a generarse un plazo de prescripción adicional respecto de documentos ya caducados.
Aceptar lo contrario importaría reconocer al acreedor el derecho a renovar la deuda contenida en documentos mercantiles en su oportunidad aptos para perseguir su cobro, sobre todo si el ejecutante reconoce que la deuda que se persigue en esta causa por US$416.000, corresponde a los montos demandados en la causa del 15º Juzgado Civil de Santiago. En consecuencia, si el legislador en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, autoriza a quienes carecen de título ejecutivo para constituirse uno o para perfeccionar el instrumento privado que da cuenta de una obligación, ello no habilita a quienes habiendo tenido un instrumento idóneo para demandar su cobro ejecutivamente, se procuren un nuevo plazo de prescripción sobre la base de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva.”
Sobre la base de tales razonamientos determinó que la obligación se hizo exigible el 19 de octubre de 2010 y por tanto a la fecha de notificación de la gestión ejecutiva 22 de octubre de 2015 la acción ejecutiva se encontraba prescrita.
CUARTO: Que de conformidad con lo reseñado precedentemente se observa que los sentenciadores han efectuado una correcta aplicación de la normativa referente al caso de que se trata. En efecto, las actuaciones reguladas en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil no pueden importar el revivir una acción de cobro que ya se encontraba prescrita, modificando, al arbitrio del acreedor, la data a partir de la cual procede contar el plazo que el legislador ha establecido en cada caso para que opere la prescripción liberatoria, desvirtuando el fundamento de certeza jurídica que justifica dicha institución de orden público. Por lo demás el precepto mencionado parte del supuesto de no poseer el acreedor título ejecutivo, no del caso en que existió un título o una obligación y operó la prescripción, no teniendo en caso alguno la virtud de generar un nuevo plazo extintivo.
En consecuencia, resuelven acertadamente los sentenciadores al acoger la excepción de prescripción, dado que con la gestión de preparación de la vía ejecutiva el actor ha pretendido crearse un nuevo título ejecutivo respecto de una obligación ya extinguida.
Gestión preparatoria de notificación de factura. Oposición a la gestión preparatoria de la vía ejecutiva sobre notificación de cobro de facturas electrónicas puede efectuarla el requerido una vez notificado de la gestión. Improcedencia de juez imponga a una de las partes la exigencia de medios de prueba antes del emplazamiento. Improcedencia que juez en etapa preparatoria formule un análisis de fondo del documento.
Ver Cita Online: CL/JUR/6703/2018
El actor se alza en contra de la resolución que determinó acompañar, bajo apercibimiento, el acuse recibo de las facturas para admitir a tramitación la gestión preparatoria de notificación de éstas. La Corte de Apelaciones acoge el recurso deducido y revoca la resolución impugnada.
SEGUNDO) Que la oposición a la gestión preparatoria de la vía ejecutiva sobre notificación de cobro de facturas, electrónicas en este caso, puede efectuarla el requerido una vez notificado de la gestión, siendo esa la oportunidad en que éste podrá realizar las observaciones que le merezca el documento al cual el requirente pretende que se le reconozca la calidad de título ejecutivo, no siendo ésta una conducta que pueda desarrollar de oficio el juez de letras en lo civil.
TERCERO) Que, en efecto, sabido es también que en el proceso civil, las actuaciones de las partes son las que condicionan el avance del proceso conforme al principio dispositivo, el que se traduce en materia civil en el impulso procesal de parte, pues son los litigantes y no el tribunal los que, con sus presentaciones, hacen posible la prosecución del juicio conforme a la ritualidad del mismo.
Es por ello que no resulta constitucional ni legalmente válido que el juez, como garante de la imparcialidad y de la igualdad ante la ley, ampare el desarrollo de ciertas actuaciones o imponga a una de las partes la exigencia de medios de prueba antes del emplazamiento. No debe el magistrado motu proprio, requerir la presentación de documentos que, en caso de ausencia, pueda ser materia de oposición a la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, o de la interposición de excepciones en caso de un eventual juicio ejecutivo posterior.
CUARTO) Que aun tratándose de una demanda ejecutiva, cuyo no es el caso, el juez sólo puede efectuar un análisis limitado a aspectos formales de carácter objetivo que permita arrojar una conclusión evidente, pero no supone un estudio o reflexión que no resulte incuestionable o indiscutible con la simple apreciación del título acompañado.
Con mayor razón entonces en este caso en que el juez está conociendo una gestión preparatoria de notificación de cobro de facturas, no corresponde que éste, en esta etapa preparatoria formule un análisis de fondo del documento, ni requiera acompañar antecedentes de los cuales supuestamente adolecería las facturas electrónicas de autos, mucho menos hacerlo bajo un apercibimiento que no se encuentra en la ley, como es el de tener por no presentada la “demanda” (sic).
QUINTO) Que, en consecuencia, la resolución apelada es errónea al no dar curso a la gestión preparatoria de la vía ejecutiva de que se trata, excediendo de esta forma las facultades de oficio que le confiere la ley.