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Timestamp: 2020-02-26 18:46:20
Document Index: 3005124

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2. Casos Contenciosos a. Argentina Caso Fontevecchia y D´Amico
Caso Fontevecchia y D´Amico
El 10 de diciembre de 2010 la CIDH presentó ante la Corte el caso No. 12.524, Fontevecchia y D’Amico, respecto de la República Argentina. La Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana por la necesidad de obtener justicia y una justa reparación. Los hechos del caso tratan sobre la violación del derecho a la libertad de expresión de los señores Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico, entonces director y editor de la Revista Noticias. La violación se produjo en virtud de la condena civil que les fue impuesta mediante sentencias dictadas por tribunales argentinos como responsabilidad ulterior por la publicación de dos artículos publicados en la Revista Noticias en noviembre de 1995.
La Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 82/10 y le solicitó a la Corte que concluyera y declarara la responsabilidad internacional del Estado argentino por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma. Al momento de elaborar el presente informe se encuentra pendiente el inicio de la tramitación del caso por parte de la Corte Interamericana.
Caso Milagros Fornerón y Leonardo Aníbal Fornerón
El 29 de noviembre de 2010 la CIDH presentó ante la Corte el caso No. 12.584, Milagros Fornerón y Leonardo Aníbal Fornerón, respecto de la República Argentina. La Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte por la necesidad de obtención de justicia y protección efectiva de los derechos a la protección a la familia y del interés superior de la niña; así como la necesidad de que el Estado modifique su ordenamiento jurídico en materia de venta de niños y repare de manera integral las violaciones a los derechos humanos del caso. Los hechos del caso tratan sobre el derecho a la protección a la familia del señor Fornerón y su hija biológica Milagros Fornerón. La niña fue concedida por su madre en guarda preadoptiva a un matrimonio sin el consentimiento de su padre, quien no tiene acceso a la niña, y el Estado no ha ordenado ni implementado un régimen de visitas a pesar de las múltiples solicitudes realizadas por el señor Fornerón a lo largo de más de diez años.
La Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 83/10 y le solicitó a la Corte que concluyera y declarara la responsabilidad internacional del Estado argentino por la violación del derecho de Leonardo Fornerón y de Milagros Fornerón a un debido proceso, a las garantías judiciales y a su derecho a la protección a la familia consagrados en los artículos 8.1, 25.1 y 17 de la Convención Americana en relación con los artículos 19 y 1.1 del mismo instrumento y por el incumplimiento del artículo 2 de la Convención en relación con el artículo 1.1 y 19 de la misma. Al momento de elaborar el presente informe se encuentra pendiente el inicio de la tramitación del caso por parte de la Corte Interamericana.
El 4 de mayo de 2010 la Comisión Interamericana sometió ante la Corte Interamericana la demanda contra el Estado, por haber sometido a Jorge Fernando Grande a un procedimiento penal marcado por irregularidades y demora indebida, el cual estuvo basado en prueba que luego fue declarada nula, y por no haberle brindado a la víctima un recurso adecuado para repararlo por los daños y perjuicios ocurridos durante el mencionado proceso penal. La Comisión Interamericana solicitó a la Corte que establezca la responsabilidad internacional del Estado argentino por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana (Garantías Judiciales y Protección Judicial), en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Jorge Fernando Grande, por no haberle brindado acceso a su derecho a un debido proceso y a un recurso efectivo.
El caso se encuentra actualmente en trámite ante la Corte Interamericana. La demanda de la CIDH se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.cidh.oas.org/demandas/11.498SP.pdf.
Caso Torres y otros
El 18 de abril de 2010 la Comisión Interamericana sometió ante la Corte Interamericana la demanda mediante la cual solicitó que se declare la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los artículos 3 (Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Vida), 5 (Integridad Personal), 7 (Libertad Personal), 8.1 y 25 (Garantías Judiciales y Protección Judicial), 1.1 (Obligación de Respeto y Garantía) 2 (Obligación de Adecuar el Derecho Interno) I, III y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Todo como consecuencia de la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada de Iván Eladio Torres ocurrida a partir del 3 de octubre de 2003 en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, y la posterior falta de debida diligencia en la investigación de los hechos, así como la denegación de justicia en perjuicio de los familiares de la víctima.
El caso se encuentra actualmente en trámite ante la Corte Interamericana. La demanda de la CIDH se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.cidh.oas.org/demandas/12.533SP.pdf.
El 16 de julio de 2007 la Comisión Interamericana presentó el caso ante la Corte. En su demanda, la CIDH solicitó al Tribunal que estableciera la responsabilidad internacional del Estado de Argentina por haber incurrido en la violación de los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana. Lo anterior, en perjuicio del señor Juan Carlos Bayarri y en razón de su detención ilegal y arbitraria, su tortura por agentes policiales, su prisión preventiva por casi 13 años y la denegación de justicia subsiguiente.
El 30 de octubre de 2008 la Corte dictó sentencia mediante la cual desechó las excepciones preliminares interpuestas por el Estado y declaró que Argentina violó, en perjuicio del señor Bayarri, los derechos consagrados en los artículos 7.1, 7.2 y 7.5, 5.1 y 5.2, 8.1, 8.2, y 8.2.g y 25 en conexión con el artículo 1.1 de la Convención Americana, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En dicha sentencia, la Corte estableció las reparaciones que consideró pertinentes.
Durante el año 2010 la CIDH presentó observaciones a los informes del Estado. El 22 de noviembre de 2010 la Corte Interamericana emitió una Resolución mediante la cual declaró el cumplimiento parcial de las reparaciones ordenadas en la sentencia.
El texto de la demanda presentada por la Comisión en este caso se encuentra en: http://www.cidh.oas.org/demandas/11.280%20Bayarri%20Argentina%2016%20julio%202007%20ESP.pdf y el texto de la sentencia de la Corte está disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_187_esp.pdf.
El 31 de marzo de 2006 la CIDH sometió ante la Corte su demanda en el caso. En ella sostuvo la responsabilidad del Estado por la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en conjunción con el deber de garantía previsto en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Juan Francisco Bueno Alves por la tortura sufrida mientras se encontraba bajo custodia estatal y la denegación de la protección y las garantías judiciales requeridas.
El 11 de mayo de 2007 la Corte emitió su sentencia mediante la cual aceptó el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, determinó que el Estado violó los artículos 5.1, 5.2, 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y estableció las reparaciones que consideró pertinentes.
Durante el año 2010 la Comisión presentó sus observaciones periódicas en relación con el cumplimiento estatal de lo ordenado por el Tribunal en su sentencia.
El texto de la demanda presentada por la Comisión en este caso se encuentra en: http://www.cidh.oas.org/demandas/12.425%20Bueno%20Alves%20Argentina%2031%20marzo%202006%20ESP.pdf y el texto de la sentencia de la Corte se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_164_esp.pdf.
El 24 de enero de 2001 la Comisión presentó ante la Corte su demanda y solicitó al Tribunal que declarara la violación en perjuicio de Walter David Bulacio de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal) y 19 (Derechos del Niño), así como los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) en detrimento de aquél y sus familiares, todos ellos en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana como consecuencia de la detención, lesiones y muerte de Walter David Bulacio y la falta de sanción a los responsables.
El 18 de septiembre de 2003 la Corte emitió su sentencia, admitió el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado y declaró la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7 y 19 de la Convención Americana en perjuicio de Walter David Bulacio, así como los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 también de la Convención en perjuicio de Walter David Bulacio y sus familiares, todos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. En dicha sentencia, la Corte estableció las reparaciones que consideró pertinentes.
Durante el año 2010 la Comisión continuó dando seguimiento al cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en materia de reparaciones.
El texto de la demanda en este caso se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/bulacio/demanda.pdf y el texto de la sentencia se encuentra en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf.
El 10 de marzo de 1999 la Comisión presentó su demanda a la Corte. En ella alegó que el Estado argentino violó y continuaba violando los derechos protegidos por los artículos 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 21 (Derecho a la Propiedad Privada) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del citado instrumento en perjuicio del señor José María Cantos, con ocasión de los allanamientos y decomiso de documentos relacionados con su actividad comercial, sus consecuencias y la subsiguiente denegación de justicia.
El 7 de septiembre de 2001 la Corte emitió una sentencia de excepciones preliminares y el 28 de noviembre de 2002 su sentencia sobre el fondo, reparaciones y costas en el caso. En la última, la Corte estableció la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor José María Cantos. Asimismo, la Corte estableció las reparaciones que consideró pertinentes.
Durante el año 2010 la Comisión continúo dando seguimiento al cumplimiento de este caso. El 26 de agosto de 2010 la Corte Interamericana emitió una Resolución mediante la cual declaró que Argentina incumplió su obligación de informar, y dispuso mantener abierto el proceso de cumplimiento de sentencia. El texto de la resolución se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/cantos_26_08_101.pdf.
El texto de la demanda se encuentra en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/cantos/demanda.PDF y el texto de la sentencia de fondo, reparaciones y costas se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_97_esp.pdf.
Este caso fue sometido a la Corte Interamericana por la Comisión el 29 de mayo de 1995. En su demanda la CIDH alegó que el Estado era responsable de las desapariciones de Raúl Baigorria y Adolfo Garrido y que, como consecuencia, le eran imputables violaciones a los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal), todos ellos en relación al artículo 1.1 de la Convención. Adicionalmente, la CIDH alegó la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) en perjuicio de las víctimas y sus familiares.
El 2 de febrero de 1996 la Corte dictó su sentencia de fondo mediante la cual tomó nota del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado y determinó la violación de los artículos alegados por la Comisión. Asimismo, el 27 de agosto de 1998 la Corte dictó sentencia de reparaciones y costas.
Durante el año 2010 la CIDH presentó observaciones al informe estatal de cumplimiento de sentencia.
El texto de la demanda se encuentra en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/Garrido/demanda.pdf y el texto de las sentencias en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_26_esp.pdf y http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_39_esp.pdf.
El 10 de abril de 2007 la CIDH sometió una demanda ante la Corte mediante la cual alegó que el Estado argentino había incumplido sus obligaciones internacionales al incurrir en la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 13 (Libertad de Expresión) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecidos en los artículos 1.1 y 2 de la Convención en perjuicio del señor Eduardo Kimel. La demanda se relaciona con la condena a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización en contra del periodista y escritor Eduardo Kimel, dentro de un proceso penal por injurias promovido por un ex-juez criticado en un libro del escritor por su actuación en la investigación de una masacre cometida durante la época de la dictadura militar.
El 2 de mayo de 2008 la Corte dictó sentencia mediante la cual resolvió declarar la violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1, 13.1 y 13.2 y 9 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, en perjuicio del señor Eduardo Kimel. Como consecuencia de ello ordenó diversas medidas de reparación.
En el año 2010 la Comisión presentó observaciones a la información sobre el cumplimiento de sentencia remitida por el Estado. El 15 de noviembre de 2010 la Corte Interamericana emitió una Resolución mediante la cual declaró el cumplimiento de varios puntos de la sentencia y dispuso mantener abierta la supervisión sobre la obligación de dejar sin efecto la condena penal impuesta al señor Kimel y todas las consecuencias que de ella se deriven. El texto de la resolución se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/kimel_15_11_10.pdf.
El texto de la demanda presentada por la Comisión en este caso se encuentra en: http://www.cidh.oas.org/demandas/12.450%20Eduardo%20Kimel%20Argentina%2010%20abril%202007%20ESP.pdf y el texto de la sentencia se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf.
El 23 de junio de 2006 la Comisión presentó su demanda ante la Corte. En ella alegó la responsabilidad internacional del Estado de Barbados por la aplicación de la pena de muerte obligatoria y haber incurrido en la violación de los artículos 4 .1 y 4.2 (Derecho a la Vida), 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal) y 8 (Garantías Judiciales), en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y el artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana, en detrimento de los señores Lennox Boyce, Jeffrey Joseph, Fredrick Benjamin Atkins y Michael Huggins.
El 20 de noviembre de 2007 la Corte emitió su sentencia mediante la cual declaró la violación de los artículos 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 y 25.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. La Corte determinó asimismo las reparaciones que consideró pertinentes.
El texto de la demanda presentada por la Comisión en este caso se encuentra en: http://www.cidh.oas.org/demandas/12.480%20Lennox%20Boyce%20et%20al%20Barbados%2014%20dec%202006%20ENG.pdf y el texto de la sentencia se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf.
Caso Tyrone DaCosta Cadogan
El 31 de octubre de 2008 la Comisión interpuso una demanda contra el Estado de Barbados y presentó una solicitud de medidas provisionales a la Corte para proteger la vida e integridad de la víctima. El caso se relaciona con la aplicación de la pena de muerte obligatoria dictaminada en 2005 por la Corte Suprema de Barbados contra el señor Tyrone DaCosta Cadogan. En su demanda, la CIDH alegó la violación de los artículos 4.1 y 4.2 (Derecho a la Vida), 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal) y 8.1 (Garantías Judiciales) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención en perjuicio de la víctima.
El 24 de septiembre de 2009 el Tribunal emitió su sentencia. En ella, estableció la violación de los artículos 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 25.1, 8.1, 8.2.c y 8.2.f de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y determinó las reparaciones que consideró pertinentes.
La demanda puede ser consultada en: http://www.cidh.oas.org/demandas/12.645%20Cadogan%20Barbados%2031%20oct%2008%20ESP.pdf y la sentencia se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_204_esp.pdf.
Caso Ibsen
El 12 de mayo de 2009 la CIDH presentó su demanda en el caso que se refiere a la desaparición forzada de Rainer Ibsen y de su padre José Luís Ibsen, en 1971 y 1973 respectivamente. El Estado boliviano no ha llevado a cabo una investigación seria y diligente, los hechos permanecen sin ser esclarecidos, los responsables aún no han sido sancionados y no se han dispuesto medidas de reparación adecuada a favor de sus familiares. En su demanda la CIDH solicitó a la Corte que estableciera la responsabilidad internacional del Estado de Bolivia por haber incurrido en la violación de los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, así como los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Rainer Ibsen Cárdenas y José Luís Ibsen Peña. La Comisión también alegó la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención en conexión con el artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de los familiares de Rainer Ibsen Cárdenas y José Luís Ibsen Peña y el incumplimiento de la obligación contenida en los artículos III y IV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El 1 de septiembre de 2010 la Corte Interamericana emitió una sentencia mediante la cual declaró la violación de las disposiciones alegadas por la CIDH en su demanda y dispuso las medidas de reparación pertinentes. A la fecha de elaboración del presente informe continúa pendiente el plazo para que el Estado presente su primer informe oficial sobre cumplimiento de sentencia.
El texto de la demanda en el presente caso se encuentra disponible en: http://www.cidh.oas.org/demandas/12.529%20Rainer%20Ibsen%20Cardenas%20y%20Jose%20Luis%20Ibsen%20Peña%20Bolivia%2012%20mayo%2009%20ESP.pdf. La Sentencia se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_217_esp1.pdf .
Caso Ticona Estrada
El 8 de agosto de 2007 la CIDH presentó ante la Corte su demanda en el caso que se relaciona con la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada a partir del 22 de julio de 1980, la impunidad en que se encuentran tales hechos y la falta de reparación adecuada. La CIDH alegó la violación de los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, así como los artículos I, III y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Renato Ticona Estrada. Asimismo, la CIDH sostuvo la violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención en conexión con el artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de los familiares de Renato Ticona Estrada y el incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana y de los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El 27 de noviembre de 2008 la Corte dictó sentencia en el caso mediante la cual aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado y determinó que el Estado violó los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7, 8.1 y 25 de la Convención Americana e incumplió con sus obligaciones establecidas en el artículo I.a, I.b, I.d y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Asimismo, determinó las reparaciones que consideró pertinente. Al respecto, El Estado interpuso una demanda de interpretación de sentencia, la CIDH presentó sus observaciones al respecto y la Corte decidió sobre la misma el 1 de julio de 2009.
Durante el año 2010 la Comisión presentó observaciones al informe estatal sobre cumplimiento de sentencia.
El texto de la demanda se encuentra disponible en: http://www.cidh.oas.org/demandas/12.527%20Renato%20Ticona%20Estrada%20Bolivia%208%20agosto%202007%20ESP.pdf y las sentencias se encuentra en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_191_esp.pdf y http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_199_esp.pdf.