Source: https://www.iberley.es/legislacion/ley-7-1988-5-abr-funcionamiento-tribunal-cuentas-1264916?fecha_vigencia=2013-01-28
Timestamp: 2020-08-13 17:09:34
Document Index: 275145094

Matched Legal Cases: ['artículo 117', 'artículo 140', 'artículo 15', 'artículo 47', 'artículo 87', 'artículo 7', 'artículo 33', 'artículo 6', 'artículo 89', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 47', 'artículo 4', 'artículo 47', 'artículo 68', 'artículo 71', 'artículo 1', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 41', 'artículo 89', 'artículo 3', 'artículo 91', 'artículo 4']

Ley 7/1988 de 5 de Abr (Funcionamiento del Tribunal de Cuentas) | Iberley
Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. - Boletín Oficial del Estado de 07-04-1988
Estado: Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 28 de Enero de 2013 hasta 18 de Septiembre de 2014
Fecha de entrada en vigor: 27/04/1988
Este retraso, sin embargo, no puede calificarse de negativo. Ha permitido que el nuevo Tribunal iniciara su andadura con solo los preceptos de la referida Ley Orgánica y tuviera que armonizarlos con la anterior normativa, en la medida en que no resultó derogada por aquélla, con el resultado de haber podido perfilar el ámbito y los límites en que había de moverse en su doble función fiscalizadora y jurisdiccional.
La Ley que ahora ve la luz, por ecias de la anteriormente citada Ley Orgánica, no circunscribe su contenido a la ordenación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas y a la regulación de los distintos procedimientos y del Estatuto de su personal, sino que ha tenido que extenderse a las atribuciones de los distintos órganos de dicho Tribunal, a la estructura de los departamentos de fiscalización, a la determinación de los cometidos generales de los órganos de apoyo y de otros que, sin serlo, resultan fundamentales para la actuación de los demás, y al Estatuto de los consejeros de cuentas en cuanto a procedimientos de elección de presidente y presidentes de sección, deberes, derechos, situaciones y responsabilidades.
En lo que se refiere a la función jurisdiccional, la Ley, al tratar de la naturaleza, extensión y límites de la jurisdicción contable, la contempla como una autentica jurisdicción, que goza del necesario respaldo constitucional, pero que, en orden a su contenido y de acuerdo con el criterio manifestado por el Consejo General del Poder Judicial en su mencionado informe, ha de ser interpretada restrictivamente y dentro de los justos límites para poder hacerla compatible con la unidad y exclusividad en el ejercicio de la jurisdicción que reconoce a la ordinaria, conforme antes se destacó, el artículo 117 de la Constitución. Por ello, le atribuye, como objeto, el conocimiento de las pretensiones de responsabilidad que se deduzcan contra quienes, teniendo a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos e interviniendo dolo, culpa o negligencia graves exigencia esta derivada de la enunciación del principio por el artículo 140 de la Ley General Presupuestaria originan menoscabo en los mismos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad aplicable a las entidades del sector público o a las personas o entidades beneficiarias o perceptoras de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas provenientes de dicho sector. Y es que si la responsabilidad es contable, además de deber lucir de las cuentas que deban rendir todos cuantos manejen caudales o efectos públicos, como se desprende claramente del contenido del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/1982, debe también significar la infracción de preceptos reguladores de la contabilidad a que están, en términos generales, sometidas las entidades del sector público o quienes manejan caudales o efectos que merezcan la misma conceptuación.
Se refiere la Ley a continuación a los órganos de la jurisdicción contable reducidos a los Consejeros y Salas del Tribunal de Cuentas y sus atribuciones, a los presupuestos procesales con regulación detallada de las condiciones y circunstancias de ejercicio de la acción pública del artículo 47.3 de la Ley Orgánica , pretensiones de las partes, régimen de cuantías y procedimientos judiciales, haciendo las oportunas remisiones a los procesos contencioso-administrativo y civil correspondientes, en evitación de innecesarias repeticiones normativas. Distingue la Ley, en punto a estos procedimientos judiciales, entre los supuestos de responsabilidad contable distintos del alcance de caudales y efectos públicos y aquellos otros que únicamente pretenden dilucidar pretensiones fundadas en este concreto caso. La razón de la separación es clara:
Mientras que el alcance supone la existencia de un saldo negativo e injustificado de una cuenta, fácilmente constatable en un mero examen y comprobación de la misma y que, por esa razón, puede sin dificultad discurrir por los cauces del juicio declarativo que corresponda a su cuantía, los demás supuestos de responsabilidad implican, las más veces, un complejo proceso de fiscalización y constatación de datos menoscabo en caudales y efectos públicos, infracción de precepto legal regulador del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte aplicable, relación de causa a efecto, etcétera , que sólo a través de un proceso declarativo, como el ordinario contencioso-administrativo, pueden ser clarificados con las adecuadas garantías.
El ultimo Título, por mandato de la Ley Orgánica de referencia, regula el Estatuto del personal al servicio del Tribunal de Cuentas. Se ha partido de la base de asimilar, en la medida de lo posible, la función pública en el Tribunal al régimen general de la función pública, tal y como ya se prevé en el artículo 87 de la primera de las leyes acabadas de citar. A la consecución de este objetivo responden las disposiciones relativas a las relaciones de puestos de trabajo, oferta pública de empleo y régimen de selección, provisión de puestos de trabajo, derechos, deberes, bases de régimen retributivo, seguridad social, extinción de la relación de servicio y régimen disciplinario, que, en general, suponen una remisión a los preceptos correspondientes de aquella legislación general. La Ley contempla, como cuerpos específicos del Tribunal y diversificados por razones de especialización, los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores y el Cuerpo de Contadores Diplomados y, como novedad, introduce la posibilidad de una tercera categoría de funcionarios titulados superiores pertenecientes a las Administraciones públicas y a la Seguridad Social, que prestarían sus funciones como funcionarios en servicio activo en el Tribunal de Cuentas y que accederían a él por los medios normales de provisión arbitrados en la legislación general sobre la función pública.
Por último, las disposiciones transitorias y las disposiciones finales abordan la aplicación de las nuevas normas procedimentales al régimen de recursos, a los modos de terminación de los procedimientos jurisdiccionales y a aquellos que hayan alcanzado determinado estado en la tramitación. Se clarifica también, con el mismo carácter transitorio, lo que se entiende por empresa pública a los efectos de delimitar el ámbito de la función fiscalizadora; se regulan, provisionalmente, los recursos de casación y revisión y las repercusiones que la nueva normativa pueda representar para el personal actualmente al servicio del Tribunal, y los temas propios de la extinción del derecho precedente y el desarrollo reglamentario de la Ley, cuya iniciativa se deja al propio Tribunal, con conocimiento ulterior de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
TÍTULO I.DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY.
CAPÍTULO ÚNICO.DEL OBJETO DE LA LEY.
La ordenación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas y de las atribuciones de sus órganos, así como del Estatuto de sus miembros.
La regulación de los procedimientos, mediante los cuales el Tribunal de Cuentas lleva a cabo la función de fiscalización externa de la actividad económico-financiera del sector público, así como de las subvenciones, créditos, avales y otras ayudas que, procedentes del mismo, sean concedidas a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
La regulación de los procedimientos mediante los que se lleva a efecto el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que puedan incurrir quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
El Estatuto del personal del Tribunal de Cuentas.
TÍTULO II.DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
CAPÍTULO I.DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
Fijar los correspondientes órdenes del día del Pleno y la Comisión de Gobierno, dirigir las deliberaciones y disponer la ejecución de los acuerdos de uno y otra.
Convocar pruebas selectivas para cubrir las vacantes existentes en los Cuerpos del Tribunal o en el personal laboral, de acuerdo con la oferta de empleo aprobada por el Pleno; designar los miembros de los Tribunales calificadores previa propuesta de la Comisión de Gobierno, e instar la convocatoria de los procedimientos para la provisión de los puestos de trabajo correspondientes a funcionarios al servicio del propio Tribunal.
Efectuar los nombramientos del personal al servicio del Tribunal y disponer, en su caso, su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Promover y ejercer la potestad disciplinaria en caso de faltas graves.
Declarar las situaciones administrativas en que deban quedar los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos del Tribunal y la jubilación de los mismos cuando proceda.
Comunicar a las Cortes Generales las vacantes de Consejeros de cuentas que ocurran para que se provea acerca de su sustitución.
Ejercer la superior inspección de los servicios propios del Tribunal y asegurar la coordinación, eficacia y buen funcionamiento de los mismos, adoptando las medidas que en cada caso considere necesarias y designando los funcionarios precisos dentro de las previsiones presupuestarias y de la correspondiente relación de puestos de trabajo.
Designar los Consejeros que hayan de integrar las Salas de la sección de enjuiciamiento cuando no basten los inicialmente adscritos a la misma, según un turno de rigurosa rotación entre los mismos.
Nombrar y separar libremente al personal eventual, a propuesta, en su caso, de los consejeros, dentro de las previsiones presupuestarias y de la correspondiente relación de puestos de trabajo.
Disponer, con sujeción a la Ley General Presupuestaria y a la legislación de contratos y patrimonio del Estado, los gastos propios del Tribunal y contratar las obras, bienes, servicios, suministros y demás prestaciones necesarias para su adecuado funcionamiento cuando hayan sido autorizados por el Pleno o la Comisión de Gobierno, o tengan carácter ordinario y periódico.
CAPÍTULO II.DEL PLENO.
2. El quórum para la válida constitución del Pleno será el de los dos tercios de sus componentes y sus acuerdos se adoptaran por mayoría de los asistentes, salvo en los casos en que, específicamente, se exija una mayoría cualificada en la presente Ley.
3. No obstante, quedará validamente constituido el Pleno, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.
CAPÍTULO III.DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO.
Mantener relaciones permanentes con las Cortes Generales a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Proponer al Pleno del Tribunal la elección y remoción de los cargos de Secretario General, Interventor y Director y Adjuntos del Gabinete Técnico.
Aprobar las bases de los concursos y pruebas selectivas para el acceso a los cuerpos de funcionarios del Tribunal y los programas para la realización de las pruebas correspondientes, así como proponer al Presidente la designación de los miembros de los Tribunales calificadores.
Preparar las sesiones del Pleno, elaborando y proponiendo al Presidente el oportuno orden del día.
Proponer al Pleno del Tribunal el proyecto de relaciones de puestos de trabajo, así como sus modificaciones.
Adscribir y remover a los funcionarios de las unidades en que el Tribunal de Cuentas se organice una vez ultimados los oportunos procedimientos de selección y provisión.
Proponer al Pleno la contratación de expertos de conformidad con el artículo 7.4 de la Ley Orgánica 2/1982, con la limitación establecida en el artículo 33.4 de dicha Ley.
Ejercer, en materia de personal y régimen de trabajo, las facultades que le atribuye esta Ley y las no reservadas específicamente al Pleno, al Presidente del Tribunal o a órganos de la Administración del Estado.
Otorgar autorización para contratar obras, bienes, servicios y suministros en los casos en que el presupuesto correspondiente exceda de cinco millones de pesetas, o en que se trate de gastos que no tengan carácter ordinario y periódico.
CAPÍTULO IV.DE LA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN.
CAPÍTULO V.DE LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO.
2. Cada Sala estará compuesta por el Presidente, que será el de la sección, y dos Consejeros.
Contará, además, con uno o más Secretarios designados en la forma establecida en el artículo 6, f), y con el personal de secretaría que demanden las necesidades del servicio.
Preparar la memoria de las actuaciones jurisdiccionales del Tribunal durante el ejercicio económico correspondiente y formular la oportuna propuesta al Pleno.
Someter al Pleno las modificaciones que deban introducirse en la estructura de la sección, así como la creación de nuevas Salas cuando el número de los asuntos lo aconseje.
Sentar los criterios con arreglo a los cuales deba efectuarse el reparto de asuntos entre las Salas y entre los Consejeros de la Sección de enjuiciamiento.
CAPÍTULO VI.DE LOS CONSEJEROS DE CUENTAS.
Representar al departamento ante los restantes órganos del Tribunal.
Impulsar, dirigir, distribuir, coordinar e inspeccionar el trabajo en el departamento.
Ejercer la potestad disciplinaria en los supuestos de faltas leves.
CAPÍTULO VII.DE LA FISCALÍA.
Consignar su dictamen escrito en las cuentas generales y en las memorias, mociones y notas del Tribunal, en orden a las responsabilidades contables que de ellas puedan resultar.
Ser oído en los procedimientos de fiscalización del Tribunal antes de su aprobación definitiva y solicitar la práctica de las diligencias que estime convenientes en orden a la depuración de las responsabilidades contables que de aquéllos puedan resultar.
Tomar conocimiento de todos los procedimientos fiscalizadores y jurisdiccionales que se sigan en el Tribunal a efectos de esclarecer las posibles responsabilidades contables que de ellos puedan derivarse.
Ejercitar la acción de responsabilidad contable y deducir las pretensiones de esta naturaleza en los juicios de cuentas y procedimientos de reintegro por alcance.
CAPÍTULO VIII.DE LA SECRETARÍA GENERAL.
2. El Secretario General del Tribunal será elegido entre funcionarios comprendidos en los apartados a, b y c del artículo 89.2 de la presente Ley.
CAPÍTULO IX.DE LOS ÓRGANOS DE APOYO DEL TRIBUNAL Y DE OTROS ÓRGANOS QUE ACTÚAN EN EL MISMO.
TÍTULO III.DEL ESTATUTO DE LOS CONSEJEROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
CAPÍTULO I.DEL PRESIDENTE Y DE LOS CONSEJEROS DEL TRIBUNAL.
2. Para la elección de Presidente, en primera votación, se requerirá la mayoría absoluta de los Consejeros. Si ésta no se alcanzara, se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviere mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una ultima votación y, si éste se repitiese, recaerá el nombramiento en el Consejero de más edad. En esta sesión actuará como Secretario el Consejero de menos edad. El Secretario actuante, terminada la sesión, levantará la oportuna acta, que será firmada por todos los Consejeros.
3. Si alguno de los Consejeros se hallare imposibilitado hasta el punto de no poder asistir a la sesión que haya de elegir al Presidente, será valida la elección efectuada siempre que concurran las dos terceras partes de los Consejeros y la elección se hubiese producido por mayoría absoluta de los Consejeros que componen el Tribunal. En otro caso, se esperará al cese de la imposibilidad, sin perjuicio de que el Tribunal inicie, de inmediato, el ejercicio de sus funciones bajo la Presidencia interina del Consejero de más edad.
5. Hecha la elección, se convocará, para el siguiente día hábil, al Tribunal en Pleno, que examinará la legalidad de aquélla y remitirá la propuesta al presidente del Congreso de los Diputados que la elevara al Rey.
1. Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos de los Consejeros de cuentas, el Presidente del Tribunal, o quien legalmente le sustituya, solicitara de los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado la iniciación del procedimiento que haya de conducir a la elección de los mismos.
CAPÍTULO II.DE LOS DEBERES, DERECHOS, SITUACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS CONSEJEROS DEL TRIBUNAL.
1. Los Consejeros del Tribunal de Cuentas ejercerán sus funciones de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a las mismas, cuidaran del despacho pronto y eficaz de los asuntos que les hubieren correspondido, asistirán a cuantas reuniones plenarias o comisiones fueren convocadas y no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones.
1. El Presidente y los Consejeros de cuentas del Tribunal cesarán en sus cargos por agotamiento de su mandato, renuncia aceptada por las Cortes Generales, incapacidad o incompatibilidad.
También podrán cesar por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria, que se producirá por incumplimiento grave de los deberes del cargo o por haber sido declarados, en virtud de sentencia firme, responsables civilmente por dolo o condenados por delito doloso.
3. La tramitación del expediente de responsabilidad disciplinaria se ajustará a lo establecido para el procedimiento sancionador en la Ley de Procedimiento Administrativo. El Pleno del Tribunal, en el mismo acuerdo de incoación de expediente, o por acuerdo independiente adoptado por mayoría de tres cuartas partes de sus miembros de derecho, designará un Consejero de cuentas como instructor y, tras de aprobar, por la misma mayoría, la propuesta correspondiente, elevará las actuaciones a la mencionada Comisión Mixta del Congreso-Senado, a efectos de que emita dictamen y someta a la Cámara que en su día eligió al Consejero afectado la decisión que proceda. La Cámara a que corresponda adoptará su resolución por la mayoría legalmente exigida para la elección del cargo.
Modificación realizada (Articulo inicial) por LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (BOE de 27-11-1992) en vigor desde 27-04-1988
Texto Original. Publicado el 07-04-1988 en vigor desde 27-04-1988
TÍTULO IV.DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DEL TRIBUNAL Y DE SUS PROCEDIMIENTOS.
CAPÍTULO I.DE LA EXTENSIÓN DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DEL TRIBUNAL Y DE LOS INSTRUMENTOS EN QUE SE MATERIALIZA.
3. Asimismo, en los procedimientos de fiscalización de entidades singulares comprendidas en el ámbito del artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1982, el Tribunal de Cuentas podrá utilizar las técnicas de auditoría que resulten idóneas a la fiscalización pretendida.
4. Las inspecciones, revisiones y comprobaciones a que se refiere el artículo 7.4, de la referida Ley Orgánica, serán acordadas por el Pleno del Tribunal, que designará el experto o expertos que hayan de realizarlas, precisará los objetivos de las actividades de que se trate y fijará los plazos para llevarlas a cabo y emitir los correspondientes informes.
2. Conocido por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas el resultado de las actuaciones fiscalizadoras, y una vez que dicha Comisión haya procedido a su examen, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado las resoluciones que se aprueben, conjuntamente con el informe o memoria.
4. Cuando las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas así lo acuerden, o cuando, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Tribunal de Cuentas lo considere pertinente, este pondrá en conocimiento de aquéllas el resultado de cualesquiera procedimientos fiscalizadores, mediante informes o memorias extraordinarias.
CAPÍTULO II.DE LAS RELACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
Artículo insertado por Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalizacion del Sector Publico y otras medidas de reforma administrativa. (BOE de 17-09-2014) en vigor desde 18-09-2014
07/04/1988 (Versión Original)
CAPÍTULO III.DE LA COLABORACIÓN CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS.
1. El deber de colaboración establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1982, alcanzará a cualesquiera personas, naturales o jurídicas, respecto de los bienes, fondos, efectos o caudales públicos que tengan en depósito, custodia o administración o en cuya gestión hayan participado o participen por cualquier causa, así como a las personas físicas o jurídicas perceptoras de subvenciones u otras ayudas del sector público.
3. Los datos, estados, documentos o antecedentes solicitados se referirán a los que consten o deban constar en los correspondientes estados contables o en la justificación de estos.
4. El órgano que recibiere cualquier petición de colaboración del Tribunal de Cuentas estará obligado a acusar recibo y cumplimentarlo dentro del plazo que aquel le haya señalado, salvo imposibilidad, que será debidamente razonada con ocasión de acusar recibo, indicando, en este caso, el plazo que precise para su atención.
CAPÍTULO IV.DE LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE SE EJERCE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DEL TRIBUNAL.
El examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
El examen y comprobación de las Cuentas generales y parciales de todas las entidades y organismos integrantes del sector público y de las que deban rendir los perceptores o beneficiarios de ayudas procedentes del mismo sector, tales como subvenciones, créditos o avales.
El examen de los expedientes referentes a los contratos celebrados por la Administración del Estado y de las demás entidades del sector público.
El examen de la situación y variaciones del Patrimonio del Estado y demás entidades del sector público.
El examen de los expedientes sobre créditos extraordinarios y suplementarios, así como sobre las incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales.
Y cualquiera otros que resultaren adecuados al cumplimiento de su función.
CAPÍTULO V.DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO.
CAPÍTULO VI.DEL EXAMEN Y COMPROBACIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES Y PARCIALES DE LAS ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS DE LOS PERCEPTORES O BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES O AYUDAS DEL REFERIDO SECTOR.
1. Todas las entidades integrantes del sector público, enumeradas en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1982, quedan sometidas a la obligación de rendir al Tribunal las cuentas legalmente establecidas de sus operaciones, con arreglo a su respectivo régimen de contabilidad y sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos 27 y 29 de la presente Ley.
1. Las cuentas se remitirán al Tribunal acompañadas de todos los documentos justificativos de las correspondientes partidas que exijan las leyes y reglamentos, sin perjuicio del tratamiento especial previsto para los mandamientos de pago expedidos con carácter de a justificar y del que sea consecuencia del establecimiento de técnicas de informatización.
2. Esto no obstante, podrán dejarse de remitir los justificantes referidos cuando así este reglamentariamente establecido o cuando el Tribunal lo determine expresamente. En uno y otro caso, al hacer la remisión de la documentación preceptiva, se certificará, bajo la responsabilidad del cuentadante, que los justificantes se encuentran al tiempo de efectuarla a disposición del Tribunal en la oficina u organismo correspondiente, debiéndose expresar, igualmente, en dicha certificación, si se encuentran todos o, en otro caso, los que falten, indicando el motivo.
CAPÍTULO VII.DEL EXAMEN DE LOS EXPEDIENTES REFERENTES A LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y LAS DEMÁS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.
1. Están sujetos a fiscalización por el Tribunal de Cuentas todos los contratos celebrados por la Administración del Estado y demás entidades del sector público, y se fiscalizaran en particular:
Los que se deriven de expedientes cuyo gasto total exceda de cien millones de pesetas, o cuya aprobación haya requerido especial declaración o autorización del Consejo de Ministros, o del órgano superior de Gobierno de la entidad del sector público de que se trate.
Los contratos de obras adjudicados por el sistema de subasta por un precio superior a cien millones de pesetas, y los que se hayan adjudicado por el de concurso por precio superior a cincuenta millones de pesetas o de contratación directa por importe superior a veinticinco millones de pesetas.
Los contratos de gestión de servicios públicos cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento exceda de cien millones de pesetas cuando se adjudiquen por el sistema de concurso, o de veinticinco millones de pesetas en el de contratación directa.
Los contratos de suministro y cualesquiera otros administrativos distintos de los anteriores cuyo importe exceda de veinticinco millones de pesetas.
Todos los contratos administrativos, de importe superior a diez millones de pesetas, que hubieran sido objeto de ampliaciones o modificaciones posteriores a su celebración, las cuales, aislada o conjuntamente, supongan incremento de gasto superior al 20% del presupuesto primitivo o eleven el precio total del contrato por encima de los limites señalados en los números 2 al 4 de este artículo, así como los que hayan producido las mencionadas ampliaciones o modificaciones.
Cualesquiera contratos administrativos, de cuantía superior a diez millones de pesetas, que hayan sido objeto de resolución y, en su caso, aquellos otros que se otorguen en sustitución del resuelto.
2. Los centros, organismos o entidades que hubieran celebrado contratos de los indicados, enviarán anualmente al Tribunal una relación de los mismos, incluyendo copia autorizada de los respectivos documentos de formalización y de aquéllos otros que acrediten su cumplimiento o extinción, sin perjuicio de remitir al Tribunal cualesquiera otros que aquél les requiera.
CAPÍTULO VIII.DEL EXAMEN DE LA SITUACIÓN Y VARIACIONES DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.
CAPÍTULO IX.DEL EXAMEN DE LOS EXPEDIENTES SOBRE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARIOS Y SOBRE LAS MODIFICACIONES DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES.
1. La fiscalización de los créditos extraordinarios y suplementarios concedidos por el Gobierno o por el Ministerio de Economía y Hacienda a los organismos autónomos de carácter administrativo, comercial, industrial, financiero o análogo, se referirá a la observancia de lo prevenido en la Ley General Presupuestaria en cuanto al expediente de concesión tramitado al efecto y al empleo o aplicación especifica del crédito concedido.
2. La fiscalización de los créditos extraordinarios y suplementarios aprobados por las Cortes Generales se referirá únicamente al empleo o aplicación especifica del crédito concedido.
Las transferencias de créditos cualquiera que sea el órgano que las haya concedido.
Los créditos ampliables.
Las incorporaciones a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente.
Cualquier otra modificación de los créditos presupuestarios iniciales.
CAPÍTULO X.DE LA TERMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN.
2. Si a la vista de las alegaciones y justificaciones presentadas de acuerdo con lo establecido en el número anterior, se acordarán otras comprobaciones o diligencias, se concederá nueva audiencia en los términos y plazos establecidos en el número 1 de este artículo.
3. Una vez cumplido cuanto se establece en los apartados anteriores, el departamento en que se siga el procedimiento formular un proyecto de resultado de la fiscalización y lo pondrá de manifiesto al Ministerio Fiscal y Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal de Cuentas, al objeto de que, dentro de un plazo común no superior a treinta días, formulen lo que estimen pertinente en relación con sus respectivas competencias.
4. La Sección de fiscalización deliberará sobre el citado proyecto y lo someterá a la aprobación del Pleno del Tribunal. Obtenida aquélla, el resultado de la fiscalización se integrará en la Memoria o Informe anual que el Tribunal debe remitir a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria o se elevaá, en su caso, con independencia de aquélla, a las Cortes Generales.
CAPÍTULO XI.DE LAS ACTUACIONES PREVIAS A LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES CONTABLES.
1. Los hechos supuestamente constitutivos de alcance de caudales o efectos públicos, tanto si su conocimiento procede del examen y comprobación de cuentas, o de cualquier otro procedimiento fiscalizador, como si es consecuencia de una gestión de aquellos que hubiera tenido lugar al margen del proceso normal de rendición de cuentas al Tribunal, se pasarán a la sección de enjuiciamiento a efectos de que proponga a la Comisión de Gobierno, si procediere, el nombramiento de delegado instructor en los términos prevenidos en la Ley Orgánica 2/1982 y en la presente.
Nombramiento de Secretario que autorice y lleve a efecto cuantos proveídos y diligencias se pronuncien o se practiquen en el procedimiento.
Reclamación de las diligencias preventivas del alcance que se hayan instruido por el jefe del centro o dependencia donde haya ocurrido la falta, o por el alcanzado en su caso.
Práctica de las diligencias oportunas en averiguación del hecho y de los presuntos responsables o sus causahabientes, a no ser que se considerasen suficientes las practicadas con anterioridad.
Pase del tanto de culpa a los Tribunales ordinarios, si hubiese indicios de responsabilidad criminal, salvo que conste haberse hecho en las diligencias preventivas.
Liquidación provisional del alcance, previa citación de los presuntos responsables, Ministerio Fiscal, Letrado del Estado o, en su caso, legal representación de la entidad perjudicada, con mención expresa de la clase de valores, efectos o caudales públicos que pudieran haber sufrido menoscabo.
Requerimiento de los presuntos responsables para que depositen o afiancen, en cualquiera de las formas legalmente admitidas, el importe provisional del alcance, más el cálculo, también provisional, de los intereses que pudieran resultar procedentes, bajo apercibimiento de embargo.
Embargo de los bienes de los presuntos responsables a no ser que tuviesen afianzada, o afianzaren, en forma legal, sus posibles responsabilidades en los términos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.
3. La diligencia de embargo, en los casos en que resultare procedente, se practicará en la forma prevenida en el Reglamento General de Recaudación para la vía de apremio, entendiéndose sustituida la providencia de apremio por el requerimiento a que se refiere el apartado f del párrafo primero de este artículo.
TÍTULO V.DE LA JURISDICCIÓN CONTABLE Y DE SUS PROCEDIMIENTOS.
CAPÍTULO I.DE LA NATURALEZA, EXTENSIÓN Y LIMITES DE LA JURISDICCIÓN CONTABLE.
2. No corresponderá a la jurisdicción contable el enjuiciamiento de los asuntos o cuestiones atribuidos a la competencia del Tribunal Constitucional o de los distintos ordenes de la jurisdicción ordinaria, en los términos prevenidos en el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/1982 y sin perjuicio de la competencia por razón de prejudicialidad a que se refiere el artículo 17.2 de la misma.
3. Cuando los hechos fueren constitutivos de delito, con arreglo a lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 2/1982, el Juez o Tribunal que entendiere de la causa se abstendrá de conocer de la responsabilidad contable nacida de ellos, dando traslado al Tribunal de Cuentas de los antecedentes necesarios al efecto de que por este se concrete el importe de los daños y perjuicios causados en los caudales o efectos públicos.
CAPÍTULO II.DE LOS ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN CONTABLE Y DE SUS ATRIBUCIONES.
1. La Jurisdicción contable se ejercerá por los siguientes órganos:
Las Salas del Tribunal de Cuentas.
2. También conocerán de los incidentes de recusación promovidos contra los Secretarios y resto de los funcionarios que intervengan en los procedimientos jurisdiccionales de su competencia por las causas y tramites establecidos en las leyes Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Civil.
En única instancia, de los recursos que se formulen contra resoluciones dictadas por las Administraciones públicas en materia de responsabilidades contables en aquellos casos expresamente previstos por las Leyes.
En segunda instancia, de las apelaciones deducidas contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Consejeros de cuentas en los juicios de cuentas, en los procedimientos de reintegro por alcance y en los expedientes de cancelación de fianzas.
De los recursos de queja por inadmisión de la apelación acordada por los Consejeros de cuentas en asuntos propios de su competencia jurisdiccional.
De los recursos de súplica contra resoluciones de la propia Sala.
De los incidentes de recusación promovidos contra los Consejeros de cuentas, Secretarios y restantes funcionarios que intervengan en los procedimientos jurisdiccionales de su competencia, por las causas y trámites establecidos en las Leyes Orgánica del Poder judicial y de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 3 de la presente.
De los recursos formulados en las actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables en vía jurisdiccional.
CAPÍTULO III.DE LAS PARTES, LEGITIMACIÓN, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL DE CUENTAS.
1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/1982, la legitimación activa corresponderá, en todo caso, a la Administración o entidad pública perjudicada, que podrá ejercer toda clase de pretensiones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas sin necesidad, en su caso, de declarar previamente lesivos los actos que impugne, y al Ministerio Fiscal, que podrá ejercitar las pretensiones de aquella naturaleza que resulten procedentes. Las restantes entidades del sector público a que se refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica citada, estarán legitimadas para el ejercicio de las pretensiones de responsabilidad contable que les competan, con sujeción a las reglas por que cada una de ellas se rija.
1. El ejercicio de la acción pública a que se refiere el artículo 47.3 de la Ley Orgánica 2/1982, exigirá la personación en forma con arreglo a lo establecido en el artículo siguiente y se efectuará mediante escrito presentado dentro del plazo de nueve días a que se refiere el artículo 68.1 de la presente Ley. Si la comparecencia se efectuara en momento posterior, se estará a lo dispuesto en el apartado 5 del mismo precepto.
1. Las partes deberán conferir su representación a un procurador o valerse tan solo de abogado con poder al efecto, notarial o apud acta.
CAPÍTULO IV.DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES Y DE SU ACUMULACIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN CONTABLE.
2. No obstante, si el órgano de dicha jurisdicción, al dictar resolución, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundamentar la pretensión de responsabilidad contable o su oposición, lo someterá a aquellas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo común no superior a diez días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión, en su caso, del plazo para pronunciar la mencionada resolución.
5. Cuando los procesos se siguieren ante diferentes órganos de la jurisdicción contable, se solicitará la acumulación a aquél que estuviere conociendo del proceso más antiguo.
CAPÍTULO V.DE LA CUANTÍA DE LOS PROCEDIMIENTOS.
CAPÍTULO VI.DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA JURISDICCIÓN CONTABLE.
4. Contra la resolución que decretare o no diere lugar a la nulidad de actuaciones se dará recurso de reposición o de suplica, y la que desestimare este medio de impugnación solo podrá ser objeto de recurso de apelación en un efecto cuando se dictare en un procedimiento del que conozca un Consejero de Cuentas en primera instancia, todo ello sin perjuicio de que la nulidad denegada o concedida pueda aducirse como motivo de casación su reuniere los requisitos establecidos en esta Ley para la procedencia de este recurso.
3. Si el embargo preventivo se hubiere solicitado y obtenido con anterioridad a la presentación de la demanda, su ratificación habrá de efectuarse cuando se evacue este trámite en el correspondiente procedimiento jurisdiccional o, en su caso, en el de alegaciones del ministerio fiscal.
CAPÍTULO VII.DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE LAS CUENTAS.
2. Los edictos se publicarán en el tablón de anuncios del Tribunal, en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la provincia donde los hechos hubieren tenido lugar. Si éstos se refieren a la actividad económico-financiera de las Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales, la publicación se efectuará también en el Boletín Oficial de la Comunidad correspondiente. Los órganos gestores de los mencionados periódicos oficiales no podrán exigir, para hacer la publicación, derecho o exacción alguna, aunque podrán acompañar la liquidación que proceda para que se incluya en la tasación de costas y se satisfaga si hubiere condena expresa en las mismas.
3. En el caso de que tampoco fuere aquella deducida por el Ministerio Fiscal, el órgano de la jurisdicción contable que entendiere del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos.
4. La solicitud a que se refiere el párrafo anterior, que suspenderá el curso del plazo correspondiente, deberá ser resuelta dentro del plazo de tres días.
Si el órgano de la jurisdicción contable que conociere del asunto la estimare improcedente, ordenará que el o los solicitantes evacuen el trámite suspendido dentro del plazo que reste del inicialmente concedido. Si, por el contrario, resolviere favorablemente la solicitud, acordará el complemento de las actuaciones, o la práctica de las diligencias precisas, a cuyo fin concederá un plazo no superior a treinta días.
1. Las alegaciones previas podrán versar sobre la falta de jurisdicción o la incompetencia del órgano jurisdiccional, la falta o defecto de representación o de legitimación de las partes actoras, la falta de cumplimiento de los requisitos de forma de la demanda y la existencia de cosa juzgada, sin perjuicio de que tales motivos puedan se alegados en la contestación.
2. Transcurrida la fase de alegaciones y, en su caso, la probatoria, el órgano de la jurisdicción contable podrá decretar el sobreseimiento del juicio, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, si se dieren las condiciones para su procedencia en los términos establecidos en esta Ley.
3. La sentencia decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso y estimará o desestimará, en todo o en parte, la pretensión de responsabilidad contable que se hubiere ejercitado, sin que puedan hacerse en ella pronunciamientos de nulidad procedimental que dejaren imprejuzgado el fondo del asunto.
4. La sentencia condenatoria contendrá, en su parte dispositiva, las siguientes especificaciones:
El importe en que se cifren los daños y perjuicios causados en los bienes, caudales o efectos públicos. En el supuesto de que dicho importe no constare cifrado en autos, la sentencia podrá declarar la existencia de los daños y perjuicios y diferir para el período de ejecución la determinación concreta de su cuantía.
Quiénes son los responsables, designándolos por sus nombres y apellidos y cargos que desempeñen, y expresando si lo son en concepto de directos o subsidiarios.
El carácter solidario de la responsabilidad directa y la cuota de que deba, en su caso, responder cada responsable subsidiario.
La condena al pago de la suma en que se cifre la responsabilidad contable, con sujeción a lo prevenido en la especificación primera.
La condena al pago de los intereses, calculados con arreglo a los tipos legalmente establecidos y vigentes el día en que se consideren producidos los daños y perjuicios. De tratarse de responsabilidades subsidiarias, la obligación de abono de intereses se contará desde la fecha en que los responsables correspondientes fueren requeridos para el pago.
La contracción de la cantidad en que se cifre la responsabilidad contable en la cuenta que, en su caso, proceda.
El pronunciamiento sobre el pago de las costas del juicio en los términos prevenidos para el proceso civil.
CAPÍTULO VIII.DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO POR ALCANCE.
2. A los mismos efectos, se considerará malversación de caudales o efectos públicos su sustracción, o el consentimiento para que esta se verifique, o su aplicación a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo.
2. Hecha la publicación de edictos, y transcurrido el termino de los emplazamientos, se seguirá el procedimiento por los trámites del juicio declarativo que corresponda a la cuantía del alcance según la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. En el caso de que tampoco fuere aquella deducida por el Ministerio Fiscal, el órgano de la jurisdicción contable que entendiere del litigio ordenará, de oficio, el archivo de los autos.
1. Los hechos se concretarán, exclusivamente, a supuestos de malversación o alcance en los términos en que los define la presente Ley.
2. Transcurridos las alegaciones y establecidos, en su caso, las pruebas, el órgano de enjuiciamiento contable que conozca de los autos podrá decretar el sobreseimiento si se dieren las condiciones para su procedencia que se establecen en esta Ley.
3. A la sentencia le serán aplicables las disposiciones contenidas en las especificaciones 3 y 4 del artículo 71 de la presente Ley.
CAPÍTULO IX.DE LOS EXPEDIENTES DE CANCELACIÓN DE FIANZAS.
1. Presentada la solicitud con los documentos prevenidos, y turnada la ponencia correspondiente entre los Consejeros de la Sección de enjuiciamiento, se recabará de la Secretaría del Tribunal, de los departamentos correspondientes de éste o de los centros o entidades competentes por razón de la gestión afianzada, la información necesaria para concretar si el solicitante rindió las cuentas que aparezcan en la relación por el aportada y si las mismas son todas las que debió rendir, con expresión del resultado de su examen y comprobación, así como si la fianza cuya cancelación se solicita se encuentra afecta a algún procedimiento de responsabilidad contable.
2. Complementada la información, el Consejero de cuentas, oyendo al Ministerio Fiscal y al Letrado del Estado, o, en su caso, al Letrado del ente del sector público a cuyo favor se hubiera constituido la garantía, y pidiendo cuantos datos y antecedentes considere pertinentes, dictara auto acordando o denegando la cancelación solicitada.
3. La oposición del Ministerio Fiscal, Letrado del Estado o cualquiera de los activamente legitimados para el ejercicio de pretensiones de responsabilidad contable, transformará en contencioso el expediente, que se substanciara conforme a las normas del juicio de cuentas o procedimiento de reintegro por alcance, según proceda.
Que el interesado ha rendido todas las cuentas a que estaba obligado, que las mismas fueron debidamente justificadas y comprobadas y que de ellas no resulta ningún tipo de responsabilidad contra el mismo.
Que, independientemente de las cuentas, no resultan contra el interesado cargos por hechos determinantes de responsabilidad contable, directa o subsidiaria.
CAPÍTULO X.DE LOS MODOS DE TERMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.
Por auto de sobreseimiento.
Cuando, transcurrida la fase de alegaciones y, en su caso, la probatoria en los procedimientos de juicio de las cuentas o de reintegro por alcance, no resultaren debidamente acreditados los hechos que hubieren dado motivo a su incoación.
Cuando, ultimadas dichas fases, resultaren hechos constitutivos de alcance o cualquier otro supuesto de responsabilidad contable, pero no existieren motivos suficientes para imputarlos a persona alguna.
Cuando resultare de las actuaciones instructoras haber tenido lugar los hechos constitutivos del supuesto de responsabilidad contable de que se trate y hubiese sido ingresado el importe del alcance o indemnizados los daños y perjuicios ocasionados a los caudales y efectos públicos.
CAPÍTULO XI.DE LOS RECURSOS CONTRA PROVIDENCIAS, AUTOS Y SENTENCIAS.
Las sentencias definitivas pronunciadas por las Salas del Tribunal en apelación o en única instancia cuando la cuantía del procedimiento exceda de 3.000.000 de pesetas.
Los autos dictados por las Salas del Tribunal de Cuentas, en asuntos de que conozcan en única instancia, por virtud de los cuales no se dé lugar a la incoación del procedimiento jurisdiccional correspondiente.
Los autos dictados por las mismas Salas en apelación, confirmatorios de los pronunciados en primera instancia por los Consejeros de cuentas, no dando lugar a la incoación del procedimiento jurisdiccional que corresponda.
Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción contable.
Quebrantamiento de las normas esenciales del proceso o de los principios de audiencia y defensa, siempre que, en este último caso, se haya producido efectiva indefensión.
Error evidente en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en el procedimiento, que demuestren la equivocación del órgano del Tribunal sin resultar contradichos por otros elementos de prueba.
Infracción de las normas de la Constitución y del resto del Ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las pretensiones de las partes.
1. Si después de pronunciada la sentencia apareciesen documentos nuevos que resultaran decisivos para adoptar los pronunciamientos de la sentencia.
2. Cuando se descubra que en las cuentas que hayan sido objeto de la sentencia definitiva existieron errores trascendentales, omisiones de cargos importantes o cualquier otra anomalía de gran entidad.
3. Si la sentencia hubiere recaído en virtud de documentos declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase después.
4. Si la sentencia firme se hubiera ganado injustamente en virtud de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta.
5. Cuando la sentencia se funde en lo resuelto respecto a una cuestión prejudicial que posteriormente fuere contradicha por sentencia firme del orden jurisdiccional correspondiente.
6. Si los órganos de la jurisdicción contable hubieren dictado resoluciones contrarias entre sí, o con sentencias del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad contable, respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación, donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se llegue a pronunciamientos distintos.
CAPÍTULO XII.DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS.
TÍTULO VI.DEL ESTATUTO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
a. Los integrantes del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas.
b. Los integrantes del Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas.
c. Los pertenecientes a los cuerpos superiores de las Administraciones Públicas y seguridad social, integrados en el Grupo A, con destino en el Tribunal de Cuentas, en numero que no sobrepasara el total de las plantillas de los cuerpos superiores de letrados y auditores de éste.
d. Los integrantes del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de Cuentas.
e. Los pertenecientes a los cuerpos de las administraciones públicas y seguridad social clasificados en los grupos b, c y d, con excepción de los contemplados en el artículo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con destino en el Tribunal de Cuentas.
f. Los pertenecientes al Cuerpo General Subalterno de la Administración del Estado, también con destino en el Tribunal de Cuentas.
4. El personal eventual solo podrá ejercer funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial de los consejeros de cuentas. Su cese será automático cuando se produzca el del Consejero a cuyo servicio esté adscrito. En ningún caso el personal eventual podrá ocupar puestos de trabajo asignados en la relación de puestos de trabajo a funcionarios comprendidos en el apartado segundo de este artículo.
Artículo insertado por LEY 31/1991, DE 30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1992. (BOE de 31-12-1991) en vigor desde 01-01-1992
01/01/1992 (Vigente)
CAPÍTULO II.DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
CAPÍTULO III.DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA RELACIÓN DE SERVICIO EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS.
1. El régimen de selección, provisión de puestos de trabajo, derechos, deberes, incompatibilidades, bases del régimen de retribuciones, Seguridad Social, extinción de la relación del servicio y régimen disciplinario de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas, así como de los integrantes del Cuerpo de Contadores Diplomados del mismo, será el establecido en la legislación general de la función pública.
3. La situación administrativa de los funcionarios comprendidos en el párrafo a
nterior será la de servicios especiales cuando accedan al Tribunal de Cuentas por el procedimiento de libre designación y la de servicio activo con destino en el Tribunal de Cuentas cuando accedan a éste mediante concurso.
Modificación realizada (93 (apdo. 3 y 4)) por Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del regimen juridico, de la funcion publica y de la proteccion por desempleo. (BOE de 31-12-1993) en vigor desde 01-01-1994
En el supuesto del apartado a del párrafo 1 del artículo 141 de esta Ley, la responsabilidad será exigida por el Tribunal de Cuentas mediante el oportuno procedimiento de reintegro por alcance de conformidad con lo establecido en su legislación especifica.
1. En los supuestos que describen los apartados b al g del párrafo 1 del artículo 141 de esta Ley, y sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas a los efectos prevenidos en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 2/1982, la responsabilidad será exigida en expediente administrativo instruido al interesado.
2. Esto no obstante, las responsabilidades contables detectadas en el examen y comprobación de cuentas o en cualquier procedimiento fiscalizador y las declaradas por sentencia firme, prescribirán por el transcurso de tres años contados desde la fecha de terminación del examen o procedimiento correspondiente o desde que la sentencia quedo firme.
2. (Declarado Inconstitucional y nulo)
Modificación realizada (D.A. 4ª (apdo. 2)) por Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalizacion del Sector Publico y otras medidas de reforma administrativa. (BOE de 17-09-2014) en vigor desde 18-09-2014
Modificación realizada (D.A. 4ª (apdo.2)) por Sala Primera. Sentencia 9/2013, de 28 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 2159-2008. Interpuesto por 57 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relacion con la disposicion adicional sexagesima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008. Limites materiales a las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que establece la titulacion necesaria para acceder al cuerpo superior de auditores del Tribunal de Cuentas (STC 32/2000). (BOE de 26-02-2013) en vigor desde 28-01-2013
Artículo insertado por Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. (BOE de 27-12-2007) en vigor desde 16-01-2008
Las modificaciones numéricas de las plantillas de funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas y al Cuerpo de Contadores Diplomados del mismo, se efectuaran por medio de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Los funcionarios incorporados al Tribunal de Cuentas en virtud de los concursos autorizados por la disposición final quinta de las Leyes 9/1983, de 13 de julio, y 44/1983, de 28 de diciembre, respectivamente, de Presupuestos Generales del Estado para 1983 y 1984, deberán optar, dentro del plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, entre continuar al servicio del mismo conforme a lo dispuesto en el artículo 89.2.c de esta Ley, con los mismos derechos, deberes y régimen retributivo que el de los Cuerpos Superiores del Tribunal de nueva creación, o reintegrarse a sus administraciones de origen.
1. Dentro del plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y sin perjuicio, para lo sucesivo, de cuanto establece el artículo 3.g, de la misma, el Tribunal de Cuentas elevará a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, las relaciones de puestos de trabajo a que se refiere el artículo 91 de la presente Ley, con todos los requisitos exigidos en éste y en la legislación general de la función pública, en las que efectuará, también, una clasificación en niveles de los puestos de trabajo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Informe preceptivo.
1. En tanto legalmente no se disponga otra cosa acerca de la definición de empresas públicas, y a los efectos de delimitar el ámbito de la función fiscalizadora del Tribunal sobre las entidades a que se refiere el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 2/1982, tendrán aquélla consideración:
Las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales o de sus Organismos autónomos.
Las Entidades de derecho público con personalidad jurídica, constituidas en el ámbito del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, que por Ley hayan de ajustar sus actividades al Ordenamiento jurídico privado.
El recurso de casación se preparará ante el órgano de la jurisdicción contable que hubiere dictado la sentencia recurrida mediante escrito presentado dentro de los diez días siguientes al de su notificación. En dicho escrito se hará constar la intención de interponer el recurso y se señalarán los motivos en que se funde y la concurrencia de los requisitos de admisibilidad. Si el órgano de la jurisdicción contable denegara tener por preparado el recurso podrá acudirse en queja ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Una vez el órgano de la jurisdicción contable tenga por preparado el recurso de casación, emplazará a las partes a fin de que, en el plazo de veinte días, comparezcan ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a la que remitirá, seguidamente, los autos originales, quedando testimonio de los mismos en el Tribunal de Cuentas a efectos de la ejecución de la sentencia.
De no comparecer el recurrente dentro del término del emplazamiento, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declarará desierto el recurso y devolverá los autos al órgano de la jurisdicción contable de que procedan.
Comparecido el recurrente y transcurrido el término del emplazamiento, la Sala del Tribunal Supremo concederá a aquél el plazo de veinte días para que interponga el recurso de casación mediante escrito en el que se expondrán razonadamente los motivos en que se funde, sean o no coincidentes con los señalados en el escrito de preparación, con expresa indicación de las normas o jurisprudencia que se consideren infringidas.
Presentado el escrito de interposición, se dará traslado del mismo a las restantes partes comparecidas a fin de que, dentro del plazo de cinco días, puedan oponerse razonadamente a la admisión del recurso.
Si fuera admitido el recurso, la Sala dispondrá, a su prudente arbitrio, que se sustancie mediante la celebración de vista o la presentación de alegaciones escritas, poniendo de manifiesto las actuaciones a las partes para instrucción, en el primer caso, por término común de diez días y, en el segundo, para instrucción y presentación de las alegaciones, por término, también común, de veinte días.
La sentencia se dictará dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente a la celebración de la vista o al transcurso del término de presentación de las alegaciones escritas, y decidirá definitivamente el proceso. Cuando casare la sentencia, resolverá sobre el fondo si pudiere hacerlo sin causar indefensión y tuviere suficientes elementos de juicio. En otro caso, devolverá los autos al órgano de la jurisdicción contable de que se trate para que, previos los trámites que procedan, dicte nueva sentencia con observancia de lo que se hubiere resuelto en casación.
2. El recurso de revisión contra sentencias firmes se substanciará en la forma determinada en la Ley reguladora del proceso contencioso-administrativo.
El Presidente del Gobierno,Felipe González Márquez
Sala Primera. Sentencia 9/2013, de 28 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 2159-2008. Interpuesto por 57 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relacion con la disposicion adicional sexagesima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008. Limites materiales a las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que establece la titulacion necesaria para acceder al cuerpo superior de auditores del Tribunal de Cuentas (STC 32/2000).
Fecha: 2008-01-16
Fecha Publicación: 1983-10-15
Entrada en Vigor: 1988-04-27
desde 28/01/2013 hasta 18/09/2014
desde 16/01/2008 hasta 28/01/2013
desde 01/01/1994 hasta 16/01/2008
desde 27/04/1988 hasta 01/01/1992
desde 07/04/1988 hasta 27/04/1988