Source: http://legislacion.derecho.com/ley-14-1986-general-de-sanidad
Timestamp: 2017-03-24 23:57:20
Document Index: 345506039

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 49', 'artículo 149', 'artículo 50', 'artículo 149', 'artículo 149', 'Artículo 6', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'artículo 57', 'Artículo 43', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'artículo 70', 'Artículo 82', 'artículo 19', 'artículo 96', 'Artículo 102', 'artículo 76', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'artículo 10', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 195', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 100', 'Artículo 105', 'Artículo 10', 'Artículo 18', 'Artículo 79', 'Artículo 82', 'Artículo 84', 'Artículo 82', 'Artículo 36']

LEY 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad	LEY 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad Mis Leyes
LEY 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad Estado	:
14/1986	Boletín Oficial	:
BOE 102/1986	Fecha Disposición	:
25/04/1986	Fecha Publicación	:
29/04/1986	Órgano Emisor	:
TÍTULO PRELIMINAR. DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.
TÍTULO I. DEL SISTEMA DE SALUD.
CAPÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES.
CAPÍTULO II. DE LAS ACTUACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE SALUD.
CAPÍTULO III. DE LA SALUD MENTAL.
CAPÍTULO IV. DE LA SALUD LABORAL.
CAPÍTULO V. DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN CON LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA.
TÍTULO II. DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
CAPÍTULO I. DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO.
CAPÍTULO II. DE LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
CAPÍTULO III. DE LAS COMPETENCIAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES.
CAPÍTULO IV. DE LA ALTA INSPECCIÓN.
TÍTULO III. DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.
CAPÍTULO I. DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.
CAPÍTULO II. DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
CAPÍTULO III. DE LAS ÁREAS DE SALUD.
CAPÍTULO IV. DE LA COORDINACIÓN GENERAL SANITARIA.
CAPÍTULO V. DE LA FINANCIACIÓN.
CAPÍTULO VI. DEL PERSONAL.
TÍTULO IV. DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS PRIVADAS.
CAPÍTULO I. DEL EJERCICIO LIBRE DE LAS PROFESIONES SANITARIAS.
CAPÍTULO II. DE LAS ENTIDADES SANITARIAS.
TÍTULO V. DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
TÍTULO VI. DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN.
CAPÍTULO I. DE LA DOCENCIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
CAPÍTULO II. DEL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN.
CAPÍTULO III. DEL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN.
TÍTULO VII. DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
La Ley de 1944, aunque innovadora en algunos extremos, asumió la planta estructural recibida, que no altera, sino que perpetua. El esquema organizativo es, en efecto, el mismo de 1855, basado en una Dirección General de Sanidad, recrecida, como órgano supremo. La idea de contenido de las responsabilidades públicas en este sector es también decimonónico: a la Administración Pública le cumple atender aquellos problemas sanitarios que pueden afectar a la colectividad considerada como conjunto, le compete desarrollar una acción de prevención, en suma. La función asistencial, el problema de la atención a los problemas de la salud individual, quedan al margen.
El estancamiento de la especifica organización pública al servicio de la sanidad no significará, sin embargo, una desatención de todos los problemas nuevos, sino la ruptura del carácter unitario de esa organización, que se fragmenta en diversos subsistemas que se ordenan separadamente, respondiendo a principios y finalidades propias, al margen de una dirección unitaria. En efecto, a las funciones preventivas tradicionales se sumarán otras nuevas, relativas al medio ambiente, la alimentación, el saneamiento, los riesgos laborales, etc..., que harán nacer estructuras públicas nuevas a su servicio.
Las funciones asistenciales crecen y se dispersan igualmente. Las tradicionales sólo se referían a la prevención o asistencia de algunas enfermedades de particular trascendencia social (la tuberculosis, enfermedades mentales, etc.).
Estas atenciones asistenciales tradicionales se asumen con responsabilidad propia por diferentes Administraciones Públicas (Estado, Diputaciones) que funcionan sin ningún nexo de unión en la formulación de las respectivas políticas sanitarias. Ninguna de ellas se dirige, sin embargo, a la atención del individuo concreto, si la enfermedad que padece no es alguna de las singularizadas por su trascendencia. El dogma que perdura es el decimonónico de la autosuficiencia del individuo para atender sus problemas de salud. Cuando ese dogma se quiebra a ojos vista en virtud del crecimiento de un sistema de previsión dirigido a los trabajadores, también ese sistema crea sus propias estructuras sanitarias que se establecen al margen de la organización general, y funcionan conforme a políticas e impulsos elaborados con separación, aunque explicados por las nuevas necesidades y avances tanto en el campo de la salud y enfermedad como en los nuevos criterios que se van imponiendo de cobertura social y asistencia sanitaria.
Paralelamente, en el año 1942, mediante Ley de 14 de diciembre, se constituye el Seguro Obligatorio de Enfermedad, bajo el Instituto Nacional de Previsión.
Este sistema de cobertura de los riesgos sanitarios, alcanzado a través de una cuota vinculada al trabajo, se ha desarrollado enormemente como consecuencia del proceso paulatino de expansión económica que ha surgido en nuestro país desde 1950, pero especialmente en los sesenta y principios de los setenta. El Seguro Obligatorio de Enfermedad, desde su creación y su posterior reestructuración mediante el Decreto 2065/1974, de 30 de mayo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el que se cristaliza el actual sistema de Seguridad Social hasta hoy, ha ido asumiendo mayor número de patologías dentro de su cuadro de prestaciones y, al mismo tiempo, ha sido un sistema que ha ido progresivamente incluyendo mayor número de personas y colectivos dentro de su esquema de seguro sanitario. En la actualidad, este sistema sanitario de Seguridad Social está muy evolucionado, siendo gestor autónomo de una estructura sanitaria extendida por todo el territorio nacional, constituyendo la red sanitaria más importante de nuestro país.
A las necesidades de reforma a las que se acaba de aludir, nunca cumplimentadas en profundidad, han venido a sumarse, para apoyar definitivamente la formulación de la presente Ley General de Sanidad, dos razones de máximo peso, por provenir de nuestra Constitución, que hacen que la reforma del sistema no pueda ya demorarse. La primera es el reconocimiento en el artículo 43 y en el artículo 49 de nuestro texto normativo fundamental del derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, derecho que, para ser efectivo, requiere de los poderes públicos la adopción de las medidas idóneas para satisfacerlo. La segunda, con mayor incidencia aun en el plano de lo organizativo, es la institucionalización, a partir de las previsiones del Título VIII de nuestra Constitución, de Comunidades Autónomas en todo el territorio del Estado, a las cuales han reconocido sus estatutos amplias competencias en materia de sanidad.
La incidencia de la instauración de las Comunidades Autónomas en nuestra organización sanitaria tiene una trascendencia de primer orden. Si no se acierta a poner a disposición de las mismas, a través de los procesos de transferencias de servicios, un dispositivo sanitario suficiente como para atender las necesidades sanitarias de la población residente en sus respectivas jurisdicciones, las dificultades organizativas tradicionales pueden incrementarse, en lugar de resolverse. En efecto, si las Comunidades Autónomas solo recibieran algunos servicios sanitarios concretos, y no bloques orgánicos completos, las transferencias de servicios pararían en la incorporación de una nueva Administración Pública al ya complejo entramado de Entes públicos con responsabilidades sobre el sector.
Este efecto es, sin embargo, además de un estímulo para anticipar la reforma, perfectamente evitable. El Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.16 de la Constitución, en el que la presente Ley se apoya, ha de establecer los principios y criterios substantivos que permitan conferir al nuevo sistema sanitario unas características generales y comunes, que sean fundamento de los servicios sanitarios en todo el territorio del Estado.
La directriz sobre la que descansa toda la reforma que el presente proyecto de Ley propone es la creación de un Sistema Nacional de Salud. Al establecerlo se han tenido bien presentes todas las experiencias organizativas comparadas que han adoptado el mismo modelo, separándose en ellas para establecer las necesarias consecuencias derivadas de las peculiaridades de nuestra tradición administrativa y de nuestra organización política.
El eje del modelo que la Ley adopta son las Comunidades Autónomas, administraciones suficientemente dotadas y con la perspectiva territorial necesaria, para que los beneficios de la autonomía no queden empeñados por las necesidades de eficiencia en la gestión. El Sistema Nacional de Salud se concibe así como el conjunto de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas convenientemente coordinados. El principio de integración para los servicios sanitarios en cada Comunidad Autónoma inspira el artículo 50 de la Ley: en cada Comunidad Autónoma se constituirá un servicio de salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado como se establece en los artículos siguientes bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad Autónoma. Es básica la generalización de este modelo organizativo y el Estado para implantarlo, de las facultades que le concede el artículo 149.1.16 de la Constitución. La integración efectiva de los servicios sanitarios es básica, no sólo porque sea un principio de reforma en cuya aplicación está en juego la efectividad del derecho a la salud que la Constitución reconoce a los ciudadanos, sino también porque es deseable asegurar una igualación de las condiciones de vida, imponer la coordinación de las actuaciones públicas, mantener el funcionamiento de los servicios públicos sobre mínimos uniformes y, en fin, lograr una efectiva planificación sanitaria que mejore tanto los servicios como sus prestaciones.
La concentración de servicios y su integración en el nivel político y administrativo de las Comunidades Autónomas, que sustituyen a las Corporaciones Locales en algunas de sus responsabilidades tradicionales, precisamente en aquellas que la experiencia ha probado que el nivel municipal, en general, no es el más adecuado para su gestión, esto no significa, sin embargo, la correlativa aceptación de una fuerte centralización de servicios en ese nivel.
Para evitarlo se articulan dos tipos de previsiones: la primera se refiere a la estructura de los servicios sanitarios; la segunda, a los organismos encargados de su gestión.
Debe añadirse, en fin, que la integración de servicios que la Ley postula, al consumarse precisamente y de modo principal en el nivel constituido por las Comunidades Autónomas, puede producirse sin ninguna estridencia y superando dificultades que, sin duda, se opondrían al mismo esfuerzo si el efecto integrador se intentara cumplir en el seno de la Administración estatal. En efecto, muchos servicios con responsabilidades sanitarias que operan de forma no integrada en la actualidad en el seno de la Administración estatal han sido ya transferidos, o habrán de serlo en el futuro, a las Comunidades Autónomas.
Se produce así una ocasión histórica inmejorable para superar las anteriores deficiencias organizativas, integrando todos los servicios en una organización única. La Ley toma buena nota de esa oportunidad e impone los criterios organizativos básicos de que se ha hecho mención, evitando que las Comunidades Autónomas reproduzcan un modelo que ya se ha probado inconveniente, o que aun introduzca una mayor complejidad, por la vía de la especialidad, en el sistema recibido.
DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.
4. Para el ejercicio de los derechos que esta Ley establece están legitimados, tanto en la vía administrativa como jurisdiccional, las personas a que se refiere el apartado 2 de este artículo.
1. Esta Ley tendrá la condición de norma básica en el sentido previsto en el artículo 149.1.16 de la Constitución y será de aplicación a todo el territorio del Estado, excepto los artículos 31, apartado 1, letras b y c, y 57 a 69, que constituirán derecho supletorio en aquellas Comunidades Autónomas que hayan dictado normas aplicables a la materia que en dichos preceptos se regula.
DEL SISTEMA DE SALUD.
2. La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española.
El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.
Artículo 6. 1. Las actuaciones de las Administraciones públicas sanitarias estarán orientadas:
1. Se considera como actividad fundamental del sistema sanitario la realización de los estudios epidemiológicos necesarios para orientar con mayor eficacia la prevención de los riesgos para la salud, así como la planificación y evaluación sanitaria, debiendo tener como base un sistema organizado de información sanitaria, vigilancia y acción epidemiólogica.
Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por su origen racial o étnico, por razón de género y orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra circunstancia personal o social.
A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. La información deberá efectuarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio de diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad.
A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que, en ningún caso, podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será imprescindible la previa autorización, y por escrito, del paciente y la aceptación por parte del médico y de la dirección del correspondiente centro sanitario.
La facturación por la atención de estos pacientes será efectuada por las respectivas administraciones de los centros, tomando base los costes efectivos.
Estos ingresos tendrán la condición de propios de los servicios de salud. En ningún caso estos ingresos podrán revertir directamente en aquellos que intervienen en la atención de estos pacientes.
Las Administraciones Públicas obligadas a atender sanitariamente a los ciudadanos no abonarán a estos los gastos que puedan ocasionarse por la utilización de servicios sanitarios distintos de aquellos que les correspondan en virtud de lo dispuesto en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las normas que aprueben las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias.
DE LAS ACTUACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE SALUD.
Adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como elemento primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria, comprendiendo la educación diferenciada sobre los riesgos, características y necesidades de mujeres y hombres, y la formación contra la discriminación de las mujeres.
La protección, promoción y mejora de la salud laboral, con especial atención al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
La mejora y adecuación de las necesidades de formación del personal al servicio de la organización sanitaria, incluyendo actuaciones formativas dirigidas a garantizar su capacidad para detectar, prevenir y tratar la violencia de género.
El fomento de la investigación científica en el campo específico de los problemas de salud, atendiendo a las diferencias entre mujeres y hombres.
El tratamiento de los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información médica para permitir el análisis de género, incluyendo, siempre que sea posible, su desagregación por sexo.
La promoción, extensión y mejora de los sistemas de detección precoz de discapacidades y de los servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades o la intensificación de las preexistentes.
1. 2. Las autoridades sanitarias propondrán o participarán con otros departamentos en la elaboración y ejecución de la legislación sobre:
DE LA SALUD LABORAL.
Artículo 21. Artículo 22. CAPÍTULO V.
DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN CON LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA.
Artículo 25. 1. La exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación de someter a registro por razones sanitarias a las empresas o productos, serán establecidas reglamentariamente, tomando como base lo dispuesto en la presente Ley, así como lo establecido en la Ley General de Salud Pública.
2. Las autorizaciones sanitarias y los registros obligatorios que se establezcan, en virtud de la habilitación prevista en el apartado 1 del presente artículo, deberán cumplir las condiciones siguientes:
No resultarán discriminatorios ni directa ni indirectamente en función de la nacionalidad o, por lo que se refiere a sociedades, por razón de ubicación del domicilio social.
Deberán estar justificados en la protección de la salud pública.
Se cuidará que el régimen que se establezca sea el instrumento adecuado para garantizar la consecución del objetivo de protección de la salud pública, y no vaya más allá de lo necesario para conseguirlo, así como que no pueda sustituirse por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.
Los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones o registros a los que se refiere esta Ley deberán ser claros e inequívocos, objetivos, transparentes, proporcionados al objetivo de protección de la salud pública y darse a conocer con antelación.
3. Deberán establecerse, asimismo, prohibiciones y requisitos mínimos para el uso y tráfico de los bienes, cuando supongan un riesgo o daño para la salud.
4. Cuando la actividad desarrollada tenga una repercusión excepcional y negativa en la salud de los ciudadanos, las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes podrán decretar la intervención administrativa pertinente, con el objeto de eliminar aquélla. La intervención sanitaria no tendrá más objetivo que la eliminación de los riesgos para la salud colectiva y cesará tan pronto como aquéllos queden excluidos.
Artículo 27. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, realizarán un control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la misma, con especial atención a la protección de la salud de la población más vulnerable.
Entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en todo centro o establecimiento sujeto a esta Ley,
Proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar el cumplimiento de esta Ley y de las normas que se dicten para su desarrollo,
Tomar o sacar muestras, en orden a la comprobación del cumplimiento de lo previsto en esta Ley y en las disposiciones para su desarrollo, y
Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración o riesgo sanitarios producidos fueren de escasa entidad.
Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias leves, o hayan servido para facilitarlas o encubrirlas.
El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades sanitarias, siempre que se produzcan por primera vez.
Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo, merezcan la calificación de graves o no proceda su calificación como faltas leves o muy graves.
Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido para facilitar o encubrir su comisión.
La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control e inspección.
Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo y de su grado de concurrencia, merezcan la calificación de muy graves o no proceda su calificación como faltas leves o graves.
1. Las infracciones en materia sanidad serán sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduación:
Infracciones graves, desde 500.001 a 2.500.000 pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
Infracciones muy graves, desde 2.500.001 a 100.000.000 de pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
2. Además, en los supuestos de infracciones muy graves, podrá acordarse, por el Consejo de Ministros o por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que tuvieren competencia para ello, el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años. En tal caso, será de aplicación lo previsto en el artículo 57.4 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores. Téngase en cuenta que el vigente texto se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
DE LAS COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
DE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO.
Mediante las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, España colaborará con otros países y Organismos internacionales: en el control epidemiólogico, en la lucha contra las enfermedades transmisibles, en la conservación de un medio ambiente saludable, en la elaboración, perfeccionamiento y puesta en práctica de normativas internacionales; en la investigación biomédica y en todas aquellas acciones que se acuerden por estimarse beneficiosas para las partes en el campo de la salud.
Prestará especial atención a la cooperación con las naciones con las que tiene mayores lazos por razones históricas, culturales, geográficas y de relaciones en otras áreas, así como a las acciones de cooperación sanitaria que tengan como finalidad el desarrollo de los pueblos. En el ejercicio de estas funciones, las autoridades sanitarias actuarán en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La reglamentación y autorización de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a la preparación, elaboración y fabricación de los productos mencionados en el número anterior, así como la determinación de los requisitos mínimos a observar por las personas y los almacenes dedicados a su distribución mayorista y la autorización de los que ejerzan sus actividades en más de una Comunidad Autónoma. Cuando las actividades enunciadas en este apartado hagan referencia a los medicamentos, productos o artículos mencionados en el ultimo párrafo del apartado anterior, la Administración del Estado ejercerá las competencias de inspección y control de calidad.
Los servicios de vigilancia y análisis epidemiólogicos y de las zoonosis, así como la coordinación de los servicios competentes de las distintas Administraciones públicas sanitarias, en los procesos o situaciones que supongan un riesgo para la salud de incidencia e interés nacional o internacional.
DE LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
DE LAS COMPETENCIAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES.
2. Las Corporaciones Locales participarán en los órganos de dirección de la áreas de salud.
DE LA ALTA INSPECCIÓN.
Artículo 43. TÍTULO III.
DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.
DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO.
Artículo 47. Artículo 48.
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
2. Las Corporaciones Locales que a la entrada en vigor de la presente Ley vinieran desarrollando servicios hospitalarios, participarán en la gestión de los mismos, elevando propuesta de definición de objetivos y fines, así como de presupuestos anuales. Asimismo elevarán a la Comunidad Autónoma propuesta en terna para el nombramiento del Director del centro hospitalario.
DE LAS ÁREAS DE SALUD.
En el nivel de atención especializada, a realizar en los hospitales y centros de especialidades dependientes funcionalmente de aquellos, se prestará la atención de mayor complejidad a los problemas de salud y se desarrollarán las demás funciones propias de los hospitales.
3. Las áreas de salud serán dirigidas por un órgano propio, donde deberán participar las Corporaciones Locales en ellas situadas con una representación no inferior al 40%, dentro de las directrices y programas generales sanitarios establecidos por la Comunidad Autónoma.
De participación: el Consejo de salud de área.
De dirección: el Consejo de dirección de área.
De gestión: el Gerente de área.
La representación de los ciudadanos a través de las Corporaciones Locales comprendidas en su demarcación, que supondrá el 50% de sus miembros.
2. El Consejo de dirección estará formado por la representación de la Comunidad Autónoma, que supondrá el 60% de los miembros de aquél, y los representantes de las Corporaciones Locales, elegidos por quienes ostenten tal condición en el Consejo de salud.
Artículo 61. Artículo 62.
Las características epidemiologicas de la zona.
2. El convenio establecerá los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto a duración, prórroga, suspensión temporal, extinción definitiva del mismo, régimen económico, número de camas hospitalarias y demás condiciones de prestación de la asistencia sanitaria, de acuerdo con las disposiciones que se dicten para el desarrollo de esta Ley. El régimen de jornada de los hospitales a que se refiere este apartado será el mismo que el de los hospitales públicos de análoga naturaleza en el correspondiente ámbito territorial.
3. En cada convenio que se establezca de acuerdo con los apartados anteriores, quedará asegurado que la atención sanitaria prestada por hospitales privados a los usuarios del sistema sanitario se imparte en condiciones de gratuidad, por lo que las actividades sanitarias de dicho hospital no podrán tener carácter lucrativo.
El cobro de cualquier cantidad a los enfermos en concepto de atenciones no sanitarias, cualquiera que sea la naturaleza de éstas, podrá ser establecido si previamente son autorizados por la Administración sanitaria correspondiente el concepto y la cuantía que por el se pretende cobrar.
4. Serán causas de denuncia del convenio por parte de la Administración sanitaria competente las siguientes:
Lesionar los derechos establecidos en los artículos 16, 18, 20 y 22 de la Constitución cuando así se determine por sentencia.
5. Los hospitales privados vinculados con el Sistema Nacional de la Salud estarán sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y económicos que los hospitales públicos, aplicando criterios homogéneos y previamente reglados.
Los médicos y demás profesionales titulados del centro deberán participar en los órganos encargados de la evaluación de la calidad asistencial del misma.
DE LA COORDINACIÓN GENERAL SANITARIA.
El establecimiento con carácter general de índices o criterios mínimos básicos y comunes para evaluar las necesidades de personal, centros o servicios sanitarios, el inventario definitivo de recursos institucionales y de personal sanitario y los mapas sanitarios nacionales.
4. Los criterios generales de coordinación aprobados por el Estado se remitirán a las Comunidades Autónomas para que sean tenidos en cuenta por estas en la formulación de sus Planes de salud y de sus presupuestos anuales.
El Estado comunicará asimismo a las Comunidades Autónomas los avances y previsiones de su nuevo presupuesto que puedan utilizarse para la financiación de los Planes de salud de aquellas.
1. La coordinación general sanitaria se ejercerá por el Estado, fijando medios y sistemas de relación para facilitar la información reciproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las Administraciones públicas sanitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actos parciales en la globalidad del Sistema Nacional de Salud.
1. El Plan integrado de salud, que deberá tener en cuenta los criterios de coordinación general sanitaria elaborados por el Gobierno de acuerdo con lo previsto en el artículo 70, recogerá en un documento único los Planes estatales, los Planes de las Comunidades Autónomas y los Planes conjuntos.
Asimismo relacionará las asignaciones a realizar por las diferentes Administraciones públicas y las fuentes de su financiación.
DE LA FINANCIACIÓN.
Transferencias del Estado, que abarcaran:
La participación en la contribución de aquel al sostenimiento de la Seguridad Social.
Artículo 82. La financiación de los servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social transferidos a las Comunidades Autónomas se efectuará según el Sistema de financiación autonómica vigente en cada momento.
A efectos de conocer el importe de la financiación total que se destina a la asistencia sanitaria, las Comunidades Autónomas remitirán puntualmente al Ministerio de Sanidad y Consumo sus Presupuestos, una vez aprobados, y les informarán de la ejecución de los mismos, así como de su liquidación final.
1. 2. Este Estatuto-marco contendrá la normativa básica aplicable en materia de clasificación, selección, provisión de puestos de trabajo y situaciones, derechos, deberes, régimen disciplinario, incompatibilidades y sistema retributivo, garantizando la estabilidad en el empleo y su categoría profesional. En desarrollo de dicha normativa básica, la concreción de las funciones de cada estamento de los señalados en el apartado anterior se establecerá en sus respectivos Estatutos, que se mantendrán como tales.
4. En las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia, en el proceso de selección de personal y de provisión de puesto de trabajo de la Administración sanitaria pública, se tendrá en cuenta el conocimiento de ambas lenguas oficiales por parte del citado personal, en los términos del artículo 19 de la Ley 30/1984.
DE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS PRIVADAS.
DEL EJERCICIO LIBRE DE LAS PROFESIONES SANITARIAS.
DE LAS ENTIDADES SANITARIAS.
A tales efectos, las distintas Administraciones públicas tendrán en cuenta, con carácter previo, la utilización optima de sus recursos sanitarios propios.
5. Los centros sanitarios susceptibles de ser concertados por las Administraciones públicas sanitarias deberán ser previamente homologados por aquellas, de acuerdo con un protocolo definido por la Administración competente, que podrá ser revisado periódicamente.
2. No podrán acogerse a los beneficios que diere lugar tal reconocimiento las asociaciones o entidades en las que concurra alguna de estas circunstancias:
DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
1. Corresponde a la Administración sanitaria del Estado valorar la idoneidad sanitaria de los medicamentos y demás productos y artículos sanitarios. Tanto para autorizar su circulación y uso como para controlar su calidad.
3. Solo se autorizarán medicamentos seguros y eficaces con la debida calidad y pureza y elaborados por persona física o jurídica con capacidad suficiente.
1. La autorización de los medicamentos y demás productos sanitarios será temporal y, agotada su vigencia, deberá revalidarse.
El titular deberá notificar anualmente su intención de mantenerlos en el mercado para que no se extinga la autorización.
1. La licencia de los medicamentos y demás productos sanitarios y de las entidades a que se refiere el artículo 96, a su otorgamiento y anualmente devengarán, las tasas necesarias para cubrir los costes de su evaluación y control. Para evitar solicitudes especulativas de licencias, modificaciones y revalidaciones periódicas, la Administración podrá exigir fianza antes de su admisión a trámite.
Artículo 102. 1. La información y promoción de los medicamentos y los productos sanitarios dirigida a los profesionales se ajustará a las condiciones técnicas y científicas autorizadas del producto y cumplirá con las exigencias y controles previstos en el artículo 76 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
2. La publicidad de medicamentos y productos sanitarios dirigida al público requerirá autorización previa de los mensajes por la autoridad sanitaria.
4. Solo los farmacéuticos podrán ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia abiertas al público.
DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN.
DE LA DOCENCIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
2. Para conseguir una mayor adecuación en la formación de los recursos humanos necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario se establecerá la colaboración permanente entre el Departamento de Sanidad y los Departamentos que correspondan, en particular el de Educación y Cultura, con objeto de velar porque toda la formación que reciban los profesionales de la salud pueda estar integrada en las estructuras de servicios del sistema sanitario.
DEL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. Artículo 105. CAPÍTULO III.
DEL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. Artículo 106. Artículo 107. Artículo 108. Artículo 109. Artículo 110. TÍTULO VII.
DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. Artículo 111. Artículo 112. Artículo 113. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
1. En los casos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la comunidad Foral de Navarra, la financiación de la asistencia sanitaria del Estado se regirá, en tanto en cuanto afecte a sus respectivos sistemas de conciertos o convenios, por lo que establecen, respectivamente, su Estatuto de Autonomía y la Ley de Reintegración y Mejoramiento del Fuero.
En el Sistema Nacional de Salud, a los efectos previstos en el artículo 10, apartado 14, y en el artículo 18.4, se financiarán con fondos públicos los nuevos medicamentos y productos sanitarios más eficaces o menos costosos que los ya disponibles. Podrán excluirse, en todo o en parte, de la financiación pública o someterse a condiciones especiales, los medicamentos y productos sanitarios ya disponibles, cuyas indicaciones sean sintomatológicas, cuya eficacia no esté probada o los indicados para afecciones siempre que haya para ellos una alternativa terapéutica mejor o igual y menos costosa.
1. Los centros sanitarios de la Seguridad Social quedarán integrados en el servicio de salud sólo en los casos en que la Comunidad Autónoma haya sumido competencias en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, de acuerdo con su Estatuto. En los restantes casos, la red sanitaria de la Seguridad Social se coordinará con el servicio de salud de la Comunidad Autónoma.
3. En los casos en que las Comunidades Autónomas no cuenten con competencias suficientes en materia de sanidad para adaptar plenamente el funcionamiento de sus servicios de salud a lo establecido en la presente Ley, el Estado celebrará con aquéllas acuerdos y convenios para a implantación paulatina de lo establecido en la misma y para conseguir un funcionamiento integrado de los servicios sanitarios.
La base tercera del Ley de 25 de noviembre de 1944, sobre la Escuela Nacional de Sanidad.
El párrafo segundo del artículo primero de la Ley 37/1962, de 21 de julio, sobre los Hospitales como centros de formación y especialización.
La Ley de 20 de julio de 1955, el Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio, y el Real Decreto 3303/1978, de 29 de diciembre, sobre Especialidades de la profesión médica.
La Ley 24/1982, de 16 de junio, sobre Prácticas y enseñanzas sanitarias especializadas.
La asistencia sanitaria del sistema de Seguridad Social, en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo a que se refiere el artículo 20.1.a de la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974, y disposiciones concordantes, tanto del régimen general como de los regímenes especiales, incluidos los regulados por leyes específicas: agrario, trabajadores del mar y funcionarios civiles del Estado y al servicio de la Administración de justicia y los miembros de las Fuerzas Armadas a que se refiere el artículo 195 de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre.
La asistencia sanitaria de la Sanidad nacional a que se refiere la Ley de 25 de noviembre de 1944; el artículo segundo, apartado uno; disposición final quinta, apartado dos, del Decreto-ley 13/1972, de 29 de diciembre, y disposiciones concordantes, incluida la asistencia psiquiátrica, de enfermedades transmisibles y la correspondiente a la beneficencia general del Estado.
La asistencia sanitaria general y benéfica de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos a que se refieren las bases 23 y 24 de la Ley de 25 de noviembre de 1944, la Ley de Régimen Local y disposiciones concordantes.
La asistencia sanitaria a los internos penitenciarios a que se refieren los artículos 3 y 4 de la Ley 1/1979, de 26 de septiembre, y disposiciones concordantes.
La participación y colaboración de los Hospitales militares y servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas en el Sistema Nacional de Salud, y su armonización con lo previsto en los artículos 195 y 196 de la Ley 85/1978, para garantizar, dentro de sus posibilidades, su apoyo al sistema nacional de sanidad.
La participación en el Sistema Nacional de Salud de los laboratorios de aduanas y del control de la exportaciones e importaciones.
Ley 45/1978, de 7 de octubre párrafo tercero de su disposición adicional , sobre Orientación y Planificación Familiar.
Ley 13/1982, de 7 de abril artículo 9 y concordantes , sobre Orientación y Planificación Familiar, consejo genético, atención prenatal y perinatal, detección y diagnostico precoz de la subnormalidad y minusvalías.
Ley de 12 de julio de 1941 sobre Sanidad infantil y maternal.
Ley 39/1979, de 30 de noviembre disposición adicional quinta, apartado segundo , sobre Prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas.
Ley 22/1980, de 24 de abril, sobre Vacunaciones obligatorias impuestas y recomendadas.
Real Decreto 2838/1977, de 15 de octubre, y disposiciones concordantes, sobre Planificación, ejecución y control de las actividades relacionadas con la sanidad escolar.
Las bases 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de 25 de noviembre de 1944, sobre enfermedades infecciosas, desinfección y desinsectación, estadísticas sanitarias, tuberculosis, reumatismo, cardiopatías, paludismo, tracoma, enfermedades sexuales, lepra, dermatosis, cáncer, sanidad maternal e infantil, higiene mental y asistencia psiquiátrica.
La base 25 párrafo tercero y siguiente de la Ley de 25 de noviembre de 1944 y la Ley 13/1980, de 31 de marzo artículo 9.1, y disposición adicional, sobre Higiene e Inspección sanitaria de la educación física y del Deporte.
La Ley de 14 de abril de 1955 y la Ley de 26 de diciembre de 1958, sobre Asistencia Psiquiátrica y Antituberculosa, en cuanto continúen vigentes conforme a la disposición adicional quinta, 2, del Decreto-ley 13/1972, de 29 de diciembre.
Las bases 17 y 26 de la Ley de 25 de noviembre de 1944 sobre Zoonosis transmisibles de higiene de la alimentación.
El Gobierno, mediante Real Decreto, adoptará las medidas necesarias para la actuación conjunta de varias Administraciones públicas a efectos de sanidad exterior y para que pueda reconocerse validez y eficacia a los mismos efectos a determinadas inspecciones en origen u otros controles concretos que se juzguen suficientes, realizados por los servicios técnicos de la Comunidades Autónomas u otras Administraciones públicas.
Se adscriben al Instituto de Salud Carlos III:
Artículo 100 (apdo. 1):
Redacción según Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. Artículos 6, 18 (apdos. 1, 4, 9, 14 y 15) y 21 (apdo. 1):
Redacción según Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Artículo 105:
Redacción según Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título VI capítulo II y III y título VII :
Derogado por Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. Artículos 25 y 102:
Redacción según Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Artículo 10Apdos 1 y 2,;
Redacción según Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo 18;
Añadido por Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículos 19 (apdo. 1), 21 y 22:
Derogado por Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Artículos 25 (apdo. 1) y 27:
Redacción según Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Artículo 79 (apdo. 1.e):
Introducida por Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Artículo 82:
Redacción según Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Artículos 10 (apdos. 5, 6, 8, 9, 11), 11 (apdo.4) y 61:
Derogado por Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Artículos 43 y 47:
Derogado por Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Artículo 84 (apdo. 1):
Derogado por Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Artículo 82 (último párrafo):
Redacción según Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Artículos 3 (apdo. 4) y 18 (apdo. 17):
Añadido por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Artículo 36 (apdo. 1):
Véase este artículo con importe en euros en Resolución de 19 de noviembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se convierten a euros las cuantías necesarias de determinadas sanciones.
LEY 22/1992, de 30 de julio, de Medidas Urgentes sobre el Fomento del Empleo y Protección por DesempleoLEY 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2000LEY 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999LEY 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997LEY ORGANICA 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los Datos de Carácter PersonalLEY 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001LEY 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de UniversidadesLEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínicaLEY 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de SaludLEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitariasLEY 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de saludLEY 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden socialLEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabacoLEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombresLEY Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de UniversidadesLEY 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédicaLEY 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008	Derecho.com
LEY 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad	Trámites