Source: https://es.scribd.com/document/167056449/Determinacion-de-La-Pena-y-Circunstancias-Modificatorias-de-La-Responsabilidad-Penal-de-Doris
Timestamp: 2016-07-24 17:05:15
Document Index: 75440601

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o establece. cada delito tipificado en la Parte Especial del Código Penal o en Leyes Especiales o Accesorias a él tiene señalada una o más penas a partir de extremos de duración o realización mínimos o máximos. Grijley. En consecuencia. conlleva a que le juez competente deba determinar entre ambos límites punitivos la extensión concreta de pena privativa de libertad que corresponde imponer al autor o participe de dicho delito. La individualización de la pena está sometida al principio constitucional de la proporcionalidad.
Como lo destaca GARCIA CAVERO la legislación penal nacional ha optado por un modelo normativo que regula la determinación judicial de la pena a partir de una decisión legislativa que “fija simplemente un límite mínimo y máximo de la clase de pena prevista. por ejemplo. proporcionalidad). Lima. individualización judicial de la pena o dosificación de la pena. la modalidad de ejecución de la pena que resulta aplicable.2008. de manera que no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad judicial. decidir y justificar el tipo. dejando en manos del juez la determinación de la pena concreta entre estos límites. Así. el cual se encuentra concretado en un conjunto de criterios
Resumiendo. Lecciones de Derecho Penal. Sin embargo.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
procedimiento. Como se ha destacado en nuestra legislación penal esa es la técnica legislativa utilizada.
En principio. “este proceso no está desprovisto de ciertas líneas de orientación legalmente previstas. generalmente. ciertas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que afectan el marco penal abstracto. la conminación abstracta que tiene la pena en la ley se expresa.
En la legislación y en la doctrina especializada esta actividad judicial también recibe otras denominaciones como aplicación de la pena. podemos precisar que la determinación judicial de la pena comprende todo el procedimiento que permite evaluar. el órgano jurisdiccional tiene que determinar la pena correspondiente al caso por una razón de técnica legislativa. resocialización. extensión y. Parte General. el homicidio simple que tipifica el artículo 106º de nuestro código sustantivo tiene como sanción conminada una pena privativa de libertad cuyo mínimo es de seis años y cuyo máximo es de veinte años. Por tanto. tal como lo sostiene GARCIA CAVERO. en determinadas circunstancias. pues. la realización culpable y comprobada judicialmente de un homicidio simple. la autoridad judicial va incorporando un elemento ideológico que vincula los diferentes objetivos y funciones que se atribuyen a la pena y que se detallan en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal de 1991 (prevención general. en magnitudes abiertas o semi abiertas donde sólo se consigna una extensión mínima o máxima. además. Efectivamente. entonces. 689). así como criterios específicos que el juez debe considerar en su labor de individualización de la pena” (Percy García Cavero. p.
46° A. IV.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
específicos establecidos en el Código penal que el juez penal debe observar de manera especial” (Percy García Cavero. Parte General. los que imponen la obligación jurisdiccional de adecuar las decisiones de penalidad a las exigencias de los principios de legalidad. Y donde. más que por obra de la Ley. Grijley. lesividad. las posibilidades dogmáticas para la configuración de un procedimiento uniforme de determinación judicial de la pena. V. como se mencionó anteriormente. de su familia o de las personas que de ella dependen. 2008. Con relación a los primeros cabe señalar algunos artículos del Título Preliminar. Lima. El cual es necesario sobre todo por las características de conminación penal de tipo ecléctico que ha asumido históricamente nuestra legislación.
En cuanto a las segundas encontramos las reglas que definen criterios de fundamentación y determinación de la pena en el artículo 45° y que demandan apreciar “las carencias sociales que hubiere sufrido el agente. que consagra y garantiza el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución de 1993. Lecciones de Derecho Penal.
Como podemos deducir de lo ya expuesto. en torno a la determinación judicial de la pena una grave limitación del Derecho Penal peruano es su escasa y difusa normatividad.
En ese contexto. El Código Penal vigente para esto último sólo aporta algunos principios y un menor número de reglas técnicas. culpabilidad y proporcionalidad en los numerales II. la legislación nacional concede al Juez un amplió arbitrio para cumplir su tarea funcional de individualizar en el caso concreto la pena aplicable. su cultura y sus costumbres.
No obstante. Por tanto. ps. a nuestro entender. 709 y 710). como aquellos que asignan una función preventiva a la sanción punitiva en los artículos I y IX. para cada delito el Juez tiene un marco legal que se ha construido con un mínimo y un máximo de pena. como ya se ha precisado. 46 B y 46 C y que sirven para dimensionar y medir la mayor o menor gravedad del injusto realizado. mucho depende de la
. estas carencias y defectos de nuestro sistema normativo complican. Asimismo. Y también las que describen circunstancias modificativas de la responsabilidad penal en los artículos 46º. VII y VIII. pero no anulan. colocándolo bajo el único control de la justificación interna y externa de los resultados. toda decisión judicial requiere contar con un soporte lógico y suficiente que satisfaga las exigencias racionales del deber de fundamentación de las resoluciones judiciales. así como el mayor o menor grado de culpabilidad que posee el autor o partícipe del hecho punible. los intereses de la víctima. además. dentro de cuyos límites éste deberá decidir la calidad y extensión concreta de la sanción aplicable.
En la individualización judicial de la pena por el Juez. finalidad única y trascendente de la determinación judicial de la pena. el problema central de la determinación judicial de la pena en nuestro medio no radica solamente en la existencia de una regulación normativa deficiente y general. lo que la doctrina alemana designa como Strafbemessung.
Según el autor citado: “En el primer estadio el legislador determina en abstracto las penas correspondientes a los delitos.
LAS ETAPAS DE LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA DEMETRIO CRESPO advierte que resulta necesario y pertinente distinguir. conceptualmente.) . Jueces y Jurisprudencia.
Sin embargo. 1996. 92). 1999. Este estado de la cuestión es preocupante. que sin complejidades oriente al juez en tan delicado e importante quehacer. Derecho Penal. por la alta frecuencia con la cual en los países de nuestra región los afanes sobrecriminalizadores del legislador sometan a prueba permanente la ecuanimidad y legitimidad del arbitrio de la judicatura. sino en la falta de un procedimiento practico. p. entre determinación legal de la pena. Ricardo Calvete Rangel. en Dos Mil Tres Mil. fijando unas penas máximas y otras mínimas para cada delito conforme a la gravedad del mismo. La Dosificación de la Pena. Lamentablemente. Esto es. a nuestro entender. 269 y ss. lo limiten razonablemente en el uso del amplio poder que actualmente tiene para decidir la extensión de la pena aplicable al autor o participe culpable de un delito. pueden resguardar las posibilidades mediatas de una pena justa evitando la inmediata y latente arbitrariedad e injusticia punitivas (Cfr. Palestra Editores. dentro del marco
. que el resultado punitivo tenga cierto margen de predictibilidad. Nº 1. se requiere contar con reglas claras y de fácil instrumentalización que a la vez que ayudan al órgano jurisdiccional a transitar y/o justificar el iter de la determinación punitiva. constantemente se coloca al Juez ante límites penales absurdos o desproporcionados y frente a los cuales sólo su inteligencia unida a un sólido compromiso constitucional. p. como se ha detectado en estudios realizados sobre esta materia (Cfr. la experiencia acumulada por la jurisprudencia nacional muestra que tales carencias y riesgos se han reflejado negativamente en las decisiones judiciales dando a conocer un proceder poco transparente y carente de justificación interna o externa. Víctor Prado Saldarriaga. o marco penal (Strafrahmen). Lima. En efecto. promoviendo. este asume la tarea de la elección de la pena adecuada al caso concreto. Y la determinación o individualización judicial de la pena a la cual los autores germanos denominan Strafzumessung.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
aleatoria capacidad técnica y ética del operador judicial el obtener como resultado una pena justa. A este estadio pertenece también la aplicación de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Parte General. como señala CALVETE RANGEL. De este modo se pone a disposición después un espacio de juego (Spielraum). también. a la vez que esquemático.
Prevención General e Individualización de la Pena.
En la segunda etapa del proceso de determinación judicial de la pena. p. Tradicionalmente. 1999. En la legislación peruana ello ocurre en el caso del delito de asesinato que tipifica el artículo 108º y donde la pena privativa de libertad conminada alude únicamente a un límite mínimo-o inicial. La pena concreta será la que realice el jus
. Salamanca. Sin embargo. le corresponde al juez la individualización de la pena concreta dentro del espacio y límite prefijados por la pena básica en la etapa precedente. pues. Para esta decisión se hace necesario construir un modelo metodológico y sistemático que puede asumir las características y tránsito que a continuación señalamos.
Operativamente la determinación judicial de la pena debe estructurarse y desarrollarse como un procedimiento con etapas o fases que debe transitar el juez. la doctrina y la legislación han identificado como integrantes de este procedimiento operativo dos etapas secuenciales: la identificación de la pena básica y la individualización de la pena concreta. Se trata. 41 y 42).
El primer paso en el proceso de determinación judicial de la pena es precisar los límites de la pena o penas aplicables.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
ofrecido por el legislador” (Eduardo Demetrio Crespo. sea el mínimo o el máximo. Ediciones Universidad de Salamanca. de un quehacer exploratorio y valorativo que se realiza en función a la presencia de circunstancias legalmente relevantes y que están presentes en el caso. Se trata de la etapa denominada identificación de la pena básica.de 15 años. al configurarse el catálogo o precisarse las características especificas de cada pena. el juez debe de integrar el límite faltante en base a los que corresponden genéricamente para cada pena y que aparecen regulados en la Parte General del Código Penal. A través de ella el juez establece un espacio punitivo que tiene un mínimo o límite inicial y un máximo o límite final. En el ejemplo antes utilizado del delito de homicidio simple. en aquellos delitos donde por defecto de técnica legislativa sólo se ha considerado en la pena conminada uno de tales límites. Según ellos el órgano jurisdiccional agregará el límite máximo-o final-faltante. En tal supuesto el juez para completar su pena básica deberá recurrir a los límites genéricos que establece el articulo 29º que trata de las penas privativas de libertad. la pena básica o aplicable tendría un límite inicial o mínimo de seis años y un límite final o máximo de veinte años.
principalmente. Sin embargo. en el artículo 46º.
En cambio las circunstancias especiales o específicas se regulan en la Parte Especial y en conexión funcional sólo con determinados delitos.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
puniendi del Estado en una sentencia condenatoria y que deberá cumplir el autor o participe culpable del delito. Ese es el caso de las circunstancias previstas en los incisos del artículo 186º y que operan exclusivamente con el delito de hurto( Artículo 185º). pues.
Son comunes o genéricas las circunstancias que se regulan en la Parte General del Código Penal y que pueden operar en la determinación de la pena concreta de cualquier tipo de delito. posibilitan valorar la mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita (antijuridicidad del hecho). Es decir. especiales o específicas y elementos típicos accidentales.
Las circunstancias son factores o indicadores de carácter objetivo o subjetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito. la función principal de las circunstancias no es otra que coadyuvar a la graduación o determinación del quantum o extensión de la pena concreta aplicable al hecho punible cometido. ESPECÍFICAS Y ELEMENTOS TÍPICOS ACCIDENTALES
Por su naturaleza las circunstancias pueden ser comunes o genéricas. Mediante las circunstancias se puede apreciar. o de aquellas que enumera el artículo 297º y que están consideradas para el delito de tráfico ilícito de drogas (Artículo 296º). En la legislación nacional tales circunstancias se encuentran reunidas. consideramos pertinente utilizar tres criterios de clasificación que toman en cuenta la naturaleza. atendiendo a las características de nuestra legislación penal. Por tanto. si un delito es más o menos grave y a partir de ello ponderar el alcance cualitativo y cuantitativo de la pena que debe imponerse a su autor o participe. efectividad y relación con la pena conminada de las circunstancias.
Las circunstancias pueden ser objeto de varias clasificaciones. o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de dicha conducta (culpabilidad del agente).
Ello ocurre. generan como efecto la conminación o imposición de una pena más grave. por ejemplo. los elementos típicos accidentales son aquellas circunstancias que añadidas a un tipo legal básico se integran con él y determinan la configuración de un tipo derivado privilegiado o cualificado. agravantes o mixtas. el mismo factor parental era. al indicar un mayor desvalor del comportamiento antijurídico ejecutado: o un mayor reproche de culpabilidad sobre su autor.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Por último. en cambio. Aquí se ubican las circunstancias cualificadas o
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. Por ejemplo. Son atenuantes aquellas que por señalar un menor desvalor de la conducta ilícita realizada.
Las circunstancias agravantes. es una circunstancia agravante reglada en la legislación penal vigente. producen como efecto la consideración de una menor punibilidad o aplicación de una pena menor. una circunstancia excluyente de punibilidad para determinados delitos patrimoniales como el hurto o los daños . la comisión de un delito de hurto al interior de una casa habitada (Artículo 186º. según la decisión político criminal del legislador. el inciso 4 del artículo 179° considera al parentesco del autor con la victima como una circunstancia agravante específica en el delito de promoción y favorecimiento de la prostitución. está la realización de delitos contra el estado civil por un móvil de honor y que se consigna en el artículo 146° del Código Penal.
Y son circunstancias mixtas las que operativamente pueden producir. Sin embargo. según el artículo 208º.
Una tercera clasificación toma como criterio morfológico la relación de la circunstancia con la pena conminada. inciso 1º del Código Penal). donde la circunstancia del vinculo existente entre los sujetos activo y pasivo configuran una forma calificada de homicidio. con la circunstancia del parentesco. Ese es el caso del delito de parricidio (Artículo 107º). Efectivamente. un efecto agravante o atenuante. Como ejemplo de estas circunstancias atenuantes en el derecho penal peruano. ATENUANTES Y MIXTAS
En razón a su efectividad las circunstancias pueden ser atenuantes. o un menor reproche de culpabilidad sobre el agente de la misma.
las agravantes de segundo grado o nivel entre 20 y 30 años de pena privativa de libertad.. tal circunstancia motiva un nuevo extremo máximo de la pena y que será para dicho tipo de agravante “.. el robo o el tráfico ilícito de drogas. especialmente en el caso de delitos de relevante repercusión social como el secuestro. En el caso del artículo 189º. con ellas se modifican los límites legales. el cual valorando la edad del agente al momento de comisión del delito. de la pena conminada para el delito. en los artículos 152°. mínimos o máximos. Ejemplo de ello es la circunstancia cualificada de la reincidencia regulada en el artículo 46º B del Código Penal.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
privilegiadas. En la legislación penal nacional es frecuente la regulación de este tipo de circunstancias agravantes. En estos casos.
En cambio. cuando concurre en el caso una circunstancia privilegiada lo que varia de modo descendente es el mínimo legal original y que será sustituido por uno nuevo e inferior.un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido”. la pena básica se extenderá hasta este nuevo máximo legal. permite al Juez imponer una pena concreta cuya expresión cuantitativa estará siempre por debajo del mínimo legal conminado para el hecho punible realizado. Efectivamente. Un ejemplo de esta clase de circunstancia la encontramos en el artículo 22º del Código Penal.
. si se trata de circunstancias cualificadas se produce una modificación ascendente de la conminación penal que se proyecta por encima del máximo legal original. y las de tercer grado o nivel tienen en su escala de penalidad conminada sólo la pena de cadena perpetua. las agravantes de primer grado o nivel tienen como escala de penalidad conminada entre doce a 20 años de pena privativa de libertad.
Efectivamente. La característica común de este tipo de circunstancias es que su presencia genera la configuración de un nuevo marco de conminación penal. Algo similar ocurrirá en el caso de la complicidad secundaria del artículo 25° in fine o de la tentativa conforme a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 16°. Es decir.
Se identifica como tales a las circunstancias agravantes específicas que generan escalas punitivas diferentes y ascendentes entre sí. por ejemplo. Según dicha disposición. 189° y 297° se incluyen circunstancias agravantes de hasta tres grados o niveles. el cual ahora se convierte en mínimo. En estos casos las agravantes de segundo o tercer grado consignan escalas de penas conminadas más severas que las que se establecen para las otras agravantes de menor grado.
en estos casos. Sobre esta última opción resulta importante lo expuesto por GONZALES CUSSAC: “dicha compensación deberá ajustarse a un correcto uso del arbitrio judicial.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Es frecuente encontrar en un caso penal. la presencia conjunta de varias circunstancias de igual o distinta naturaleza y efectividad. atendiendo a su condición. hacia el extremo mínimo de la pena prevista para el delito cometido. En tales supuestos. Teoría General de las Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Criminal . para poder configurar la pena concreta. Si esta compensación no fuere ´racional´. Por último. que cada circunstancia se refiera siempre a un factor o indicador diferente. Esta presencia múltiple de circunstancias configura lo que la doctrina denomina concurrencia de circunstancias. Esto significa. de principios rectores o de garantías procesales como el ne bis in idem exige. la posibilidad cuantitativa de la pena deberá reflejar un proceso de compensación entre factores de aumento y disminución de la sanción. que el Juez no puede dejar de apreciar y valorar cada circunstancia concurrente. de la calidad y eficacia de las circunstancias concurrentes. todas las circunstancia presentes en el caso sub judice deberán ser evaluadas. naturaleza y efectos. Esto es. la eficacia de las circunstancias concurrentes quedará siempre limitada por la imposibilidad de realizar una doble valoración sobre un mismo indicador o factor de agravación o atenuación. que deberá ser motivado en la sentencia. Igualmente. el Tribunal está capacitado para recorrer toda la extensión de la pena. no vemos impedimento alguno para que fuere susceptible de impugnarse en casación.
Por tanto. Lo cual implica. que a mayor número de circunstancias agravantes concurrentes la posibilidad de alcanzar el extremo máximo de la pena básica será también mayor. por ejemplo.
Ahora bien. a la vez que coherente. sobretodo cuando este es complejo por la pluralidad de delitos o de agentes.222). como regla general. en estos supuestos. Valencia. frente a la existencia simultánea de circunstancias agravantes y atenuantes. 1988. demanda una visualización analítica pero integrada. que el juez aplique un test de compatibilidad a todas las circunstancias que concurren. Universidad de Valencia.
. pues. La proyección. la pluralidad de circunstancias atenuantes llevará el resultado de la cuantificación punitiva. González Cussac. p. La determinación de la pena concreta. pudiendo ubicarse la penalidad concreta en el espacio intermedio entre los límites inicial y final de la pena básica. imponiéndola en el grado que estime oportuno según la compensación racional de unas y otras” (José L.
Por ejemplo. Inc.189°. En primer lugar. 189°.
Esquemáticamente. primer párrafo). el procedimiento de determinación judicial de la sanción pecuniaria comprende cuatro etapas que deberá transitar el Juzgador. 189°. la pena concreta se deberá determinar sólo entre los limites de la penalidad conminada que corresponda a la escala punitiva de dicha agravante de mayor nivel (pena de cadena perpetua).
Según lo dispuesto en el artículo 41º del Código Penal. por tanto. Si bien en ambas disposiciones el factor agravante se identifica con la condición de funcionario publico del agente. apoderándose de un bien de valor científico (Art. en el caso de la pena de multa la determinación judicial de la pena se realiza en base al modelo de los días-multa. distinta escala de pena conminada. En estos casos la circunstancia de mayor grado absorberá a las de grado inferior. ellas devienen en incompatibles y deben excluirse en función de su especialidad. él debe identificar la pena básica que va a expresarse en un mínimo y máximo de díasmulta.
En tal sentido.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Si las circunstancias luego de dicho examen resultan compatibles entre si. para decidir sobre la pena concreta. seria la notoria incompatibilidad de la circunstancia genérica del artículo 46º A frente a la primacía y eficacia de la circunstancia específica prevista por el inciso 1º del artículo 297º . Por consiguiente. como ya se ha mencionado. la circunstancia específica excluye a la genérica. Inc. 1. En segundo lugar la autoridad jurisdiccional deberá decidir el número concreto
Un problema adicional que también debemos dilucidar esta en relación con la concurrencia de circunstancias agravantes de distinto grado o nivel. de valorarlas en conjunto y extraer de ellas los efectos correspondientes que abonen a la construcción y definición de la pena concreta. 4. Las reglas al respecto también se operativizan a través de la sucesión de etapas. cuando las circunstancias concurrentes aluden a un mismo factor. Un ejemplo de ello. en base a disposiciones del Código Penal vigente. mediante las cuales se debe llegar a definir el monto de dinero que como importe de la pena de multa deberá abonar el condenado. lo específico del delito de tráfico ilícito de drogas cometido por aquél excluye la consideración complementaria o sucesiva de los efectos de la citada agravante genérica. Este conflicto se presenta cuando en la realización de un delito concurren simultáneamente circunstancias agravantes que tienen diferente grado y. segundo párrafo) y causando lesiones graves (Art. cuando el agente ha cometido el delito de robo en casa habitada (Art. el órgano jurisdiccional deberá. tercer párrafo). Es decir.
Sin embargo.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
de días-multa que corresponda al grado de culpabilidad del imputado y a la gravedad del delito por él cometido. evaluando para ello las circunstancias concurrentes en el caso. El problema surgía debido a que la habitualidad requería de la realización de un concurso real de delitos. Además. ratificadas por la Ley 29407. a la capacidad económica del condenado la cual se determinará en base a un promedio de su renta diaria de ingresos.
DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA. prevista por el Artículo 46º B. también se suscitaron varias controversias en torno a sus componentes legales y a la efectividad de sus consecuencias agravantes sobre la definición de la pena concreta. el cual deberá pagar el sentenciado. Por consiguiente. Por último.
Con la reincidencia. para ello. En tercer lugar el Juez definirá la cantidad de dinero que representa cada díamulta o cuota diaria dineraria. Por ejemplo. que modificó el artículo 50º del Código Penal referente régimen del concurso real de delitos.
. se planteaban dudas sobre el procedimiento a seguir para la determinación de la pena en tales casos. si el nuevo delito debía ser de la misma especie que aquel anterior que motivo la pena privativa de libertad que cumplió en todo o en parte el potencial reincidente. REINCIDENCIA Y HABITUALIDAD
La reincorporación de circunstancias agravantes cualificadas por reincidencia y habitualidad mediante los artículos 46º B y 46º C. introducidos por la Ley 28726 del 9 de mayo de 2006 y que fueron. pago de impuestos. posteriormente. atendiendo. deduciendo de la misma los gastos de manutención. etc. educación. modificados con la Ley 29407 del 16 de setiembre de 2009. del 13 de mayo de 2006. generaron algunos conflictos hermenéuticos por la confusa redacción y ubicación sistemática de sus reglas sobre determinación de la pena . el artículo 46º C sobre habitualidad construyó sus presupuestos y requisitos sobre la base de una sucesión de delitos que debían ser realizados por el agente dentro de un plazo de cinco años. el órgano jurisdiccional multiplicará el número de díasmulta por el valor de la cuota diaria dineraria. incluyó como nuevo criterio rector de la determinación punitiva al denominado principio de acumulación de penas. dentro de los 10 días siguientes de emitida la condena. Así como la eficacia de la cancelación de los antecedentes penales para la configuración de la aludida calificarte.Estas mismas exigencias y consecuencias normativas fueron. El producto resultante se transformará en nuevos soles y será el importe total de la multa.
Por ejemplo. la Ley 28730. luego. precisó como su efecto agravante “aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal”.
ni mayor de treinta y cinco años de privación de libertad. Además resulta similar al considerado por el artículo 46º C del Código Penal vigente para la habitualidad que regula una efectividad penal más gravosa. Se debe asumir que la reincidencia opera sólo hasta los cinco años posteriores al cumplimiento parcial o total de pena privativa de libertad por condena anterior. Queda claro que la reincidencia y la habitualidad no pueden cumplir a la vez las funciones que corresponden a una circunstancia común y a una cualificada.
c) Sobre la operatividad de la agravante cualificada del artículo 46º C frente a las reglas sobre concurso real y concurso real retrospectivo de delitos. Este límite cronológico es compatible con el que históricamente se fijaba en el artículo 111º del Código Penal de mil novecientos veinticuatro. pero respetando siempre los limites punitivos fijados por los artículos 50º y 51º del Código Penal (La pena total no debe ser superior al doble del máximo conminado para el delito más grave. La condición cualificada de una agravante siempre demanda que el juez determine la pena concreta dentro del nuevo marco conminatorio que ha fijado la ley como consecuencia punitiva para la reincidencia y la habitualidad. el nuevo máximo de la pena básica será el limite fijado por el articulo 46º B para dicho tipo de agravante (un tercio o una mitad por encima del máximo original ).Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Correspondió al Acuerdo Plenario Nº 1-2008/CJ-116 de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la Republica. sólo se aplicara esta sanción excluyéndose las demás). lo cual fue el sentido de su reincorporación al Derecho penal nacional. se establecieron para ello las siguientes pautas de interpretación: “ a) Sobre la operatividad paralela de las mismas circunstancias en disposiciones legales con funciones diferentes. Sólo deben apreciarse en su rol de circunstancias cualificadas. pues únicamente en ese caso pueden agravar la pena por encima del marco de conminación legal de la sanción para el delito cometido. Efectivamente. y si para uno de los delitos en concurso corresponde cadena perpetua.
d) Sobre los elementos de configuración de las agravantes cualificadas de los artículos 46º B y 46º C. establecer criterios vinculantes para despejar las incertidumbres producidas. en sus fundamentos jurídicos décimo segundo y décimo tercero. Siendo la habitualidad una circunstancia agravante cualificada se deberán aplicar sus efectos punitivos sólo en el tercer delito cometido en le lapso de cinco años y luego se sumara la pena resultante a las penas concretas correspondientes a los otros delitos del concurso real. Y donde tomando de referencia la pena conminada para el delito que posibilita la configuración de la agravante cualificada.
b) Sobre la eficacia de las agravantes cualificadas para la determinación judicial de la pena concreta. El nuevo delito que da
En coherencia con los límites punitivos fijados en los artículos 29º. ella se produce solamente en el caso de que los tres delitos se hayan cometido en un lapso de 5 años y no medie condena sobre alguno de ellos en dicho plazo. 50º y 51º del Código Penal. en ningún caso la pena concreta que corresponda a la efectividad de la agravación por reincidencia o habitualidad será mayor de treinta y cinco años de pena privativa de libertad. así como sobre el efecto de esta agravante en la configuración de la pena concreta en un concurso real de delitos. la pena concreta resultante no podrá exceder de los limites contemplados por el artículo 46º A del Código Penal (de treinta y cinco años de privación de libertad). En tal sentido. el Acuerdo Plenario precisó que la consecuencia agravante sólo incidiría sobre el tercer delito que hubiera cometido el agente dentro del plazo de cinco años.
e) Sobre la determinación de la pena concreta en caso de concurrencia de circunstancias cualificadas del artículo 46° A. por ser todas circunstancias compatibles. aprovechamiento de conocimientos privilegiados. Además la habitualidad requiere que todos los delitos cometidos sean dolosos y de igual naturaleza. 46º A.
Como puede advertirse del contenido y operatividad de la doctrina establecida por el citado Acuerdo Plenario. con las previstas por los artículos 46º B o 46º C. sería en la determinación de la pena concreta parcial de este tercer delito que se tomaría en cuenta el plus punitivo que fija el artículo 46º C (hasta una mitad por encima del máximo). el cual ha sido luego formalizado por la Ley 29407 al modificar el artículos 46º B. comisión en prisión de delitos graves) con las de reincidencia o habitualidad se deberán aplicar los efectos punitivos correspondientes en la determinación de la pena concreta.
En lo concerniente a la determinación de la pena por el agravante de habitualidad. Si concurrieran las agravantes cualificadas del artículo 46º A (calidad de funcionario público. Esta especialidad en la reiterancia indica la habituación delictiva del agente y justifica su mayor punibilidad.
. en ningún caso. los problemas de aplicación de las agravantes cualificadas por reincidencia y habitualidad han quedado plenamente superados. Cuando los delitos que dan lugar a tales supuestos tengan prevista pena de cadena perpetua sólo se aplicara dicha pena”.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
En cuanto a la habitualidad. se ha establecido un plazo de prescripción para la reincidencia de cinco años. Por ejemplo. No obstante.
f) Límites de las penalidad derivada de las agravantes de los artículos 46º B y 46º C. la pena concreta total resultante para el concurso real de delitos debería superar los topes y limites fijados por el artículo 50º del Código Penal. Además se advierte que.
una pluralidad de tipos y sanciones aplicables. Mediante su ejecución. Tecnos. e incluso puede suceder que ninguno de éstos logre abarcar en su totalidad la unidad de acción en cuestión. 1991. ellas también tienen como función esencial ayudar a decidir la configuración y extensión de la pena concreta en tales casos. En tal sentido. En nuestro Código Penal estos dos tipos de concurso de delitos están considerados expresamente en los artículos 48º y 50º. respectivamente. su regulación original ha sido objeto de sucesivas modificaciones. En efecto. Madrid. porque al coexistir para cada tipo penal realizado o para cada delito independiente cometido. Y al segundo concurso real de delitos. cuando una misma persona realiza simultáneamente varios tipos penales o cuando de modo secuencial comete varios delitos independientes entre sí. Es por ello que resultó atinado que el Código Penal de 1991 incluyera las formas y reglas del concurso de delitos entre sus disposiciones sobre Aplicación de la Pena. siempre.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
EL CONCURSO DE DELITOS. el agente puede realizar los elementos de dos o más tipos legales. surge la necesidad de decidir que pena concreta se debe aplicar en cada modalidad concursal. 110) . Fundamentalmente. Lorenzo Morillas Cueva. Teoría de las Consecuencias Jurídicas del Delito. Así. Al primero de estos supuestos se le denomina concurso ideal de delitos. PRESUPUESTOS Y REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA
El concurso ideal de delitos tiene lugar cuando la acción ejecutada por el agente cumple los elementos constitutivos de dos o más tipos penales. que una sola disposición legal será aplicada. Sin embargo.
Las normas concúrsales tienen una utilidad práctica sumamente trascendente para la determinación judicial de la pena.
. Al respecto precisa HURTADO POZO: “Afirmar que hay unidad de acción no implica. como bien anota MORILLAS CUEVA el análisis dogmático del concurso de delitos en este dominio tiene un significado propio y que se expresa exclusivamente en su “conexión con la aplicación de la pena” (Cfr. y de los que es responsable un mismo agente. pues.p. ya que ninguno resulta capaz de comprender en su totalidad la conducta realizada por aquel. CONCEPTO Y CLASES
Conforme a la doctrina y a la legislación vigente se produce un concurso de delitos.
CONCEPTO. Como consecuencia de ello se produce.
Lima. en primer lugar. p. Sin embargo. los treinta y cinco años si se trataba de pena privativa de libertad temporal. el artículo 48º reformuló sus reglas de determinación de la pena concreta. Al respecto. con la modificación introducida por la Ley 28726. Unidad de autor. En segundo lugar. Pluralidad de tipos legales realizados. Lima. Manual de Derecho Penal.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
sólo considerando todos los tipos legales concernidos se podrá aprehender en su integridad el carácter ilícito de la acción. Según dicho criterio rector. b. para la determinación de la pena en el concurso ideal de delitos el texto original del artículo 48º recurría al denominado Principio de Absorción. la norma no señalo regla especifica para los casos donde una o más de las la penas conminadas en los tipos penales realizados fuera cadena perpetua. la pena básica sería siempre la más grave de las previstas para los tipos penales realizados. pues. Parte General I. dicho incremento no debería superar. 2005. Unidad de acción. De esta manera se asumía que en dicha penalidad más severa quedaban absorbidas las demás penas menos graves (poena major absorbet minoren). para su configuración de la concurrencia de tres presupuestos: a. 932 y ss.
Sin embargo. p. el citado artículo en su redacción primigenia autorizaba que tales sanciones fuesen consideradas en la pena como parte de la pena concreta aun en el caso que sólo estuvieran previstas para alguna de las disposiciones legales en concurso ideal. en ningún supuesto.
Ahora bien. Manual de Derecho Penal. del 9 de mayo de 2006. 3ª Edición. c. Parte General I. Al respecto la doctrina nacional ha interpretado correctamente que “la pena más grave impuesta sirve al mismo tiempo de castigo por las otras infracciones más leves que se han cometido” (José Hurtado Pozo. La reforma señalo que para el concurso ideal de delitos. 3ª Edición. Asumimos que en tal situación no cabe incremento alguno. 2005. La aplicación de las diversas disposiciones está en efecto determinada por la naturaleza compleja de la acción” (José Hurtado Pozo. que dicha pena básica se podría incrementar hasta en una cuarta parte por encima del máximo legal sin establecer mayores presupuestos para ello. Grijley.
El concurso ideal de delitos requiere. la pena básica se identificaba con la pena conminada más grave entre todas aquellas contenidas en las disposiciones penales que concurren. ante la eventualidad de coexistir penas accesorias o medidas de seguridad. 928). Grijley.
cuando el agente realizó en diversas ocasiones y de modo independiente varios hurtos.Parte General. Como anota bien VILLAVICENCIO TERREROS: “el concurso real se caracteriza por presentar pluralidad de acciones y por ello constituye la contrapartida del concurso ideal” (Felipe A.
. pues. Y será heterogéneo. cuando la pluralidad de delitos cometidos se relaciona con infracciones de distinta especie. Derecho Penal . pero. Este tipo de concurso de delitos requiere. de tipos penales realizados y sancionados con penas de cadena perpetua. sólo se modifica el estándar del límite mayor de la pena básica que sería un tercio más del máximo original de penalidad más grave. Villavicencio Terreros. b.
Es homogéneo cuando la pluralidad de delitos se relaciona con infracciones de una misma especie. a diferencia del texto vigente del artículo 48º. no se fija un límite general de 35 años para penas privativas de libertad temporales. Pluralidad de delitos independientes. Por ejemplo. CLASES. Esto es. se mantiene también como opción para la determinación de la pena una combinación de los principios de absorción y asperación. Unidad de autor. Pluralidad de acciones. Lima. ya mencionado. comete. 2006. p. PRESUPUESTOS Y REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA
El concurso real de delitos tiene lugar cuando el mismo agente con varias acciones independientes. propone ligeras modificaciones a la determinación de la pena en el concurso ideal de delitos con el siguiente texto sustitutorio: “Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho se reprimirá con la que establezca la pena más grave incrementada hasta un tercio del máximo legal” (Artículo 51º). pues. un homicidio y una estafa. Ese es el caso de quien comete en diferentes oportunidades un robo.
Cabe distinguir conforme a nuestra legislación vigente dos clases de concurso real de delitos: el homogéneo y el heterogéneo. 703) . Grijley. c.
CONCEPTO. Con ello. en cambio. varios delitos también independientes. sucesivamente.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
El Anteproyecto de la Comisión Especial Revisora del Código Penal 2008/2009. Tampoco la redacción propuesta se refiere al caso. para su realización de los siguientes requisitos: a.
Y que si uno de los delitos en concurso resulta sancionable con una pena concreta parcial de cadena perpetua. Que tampoco el resultado punitivo obtenido supere el doble de la pena concreta parcial obtenida para el delito más grave. esta pena resultante deberá someterse a un examen de validación a fin de verificar que no exceda de 35 años si es pena privativa de libertad.. Bramont-Arias Torres. los demás delitos de menor gravedad eran considerados como circunstancias agravantes especificas que posibilitaban definir la extensión de la pena concreta. las demás penas concretas parciales. Esto es. Esta dualidad de operaciones jurisdiccionales para la determinación de la pena en un concurso real de delitos. Luego. inicialmente se señalará la pena básica en atención a la penalidad conminada para el ilícito. por BRAMONT ARIAS y BRAMONT-ARIAS TORRES. el denominado Principio de Asperación. en tal supuesto.
Ahora bien.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Para la determinación de la pena concreta en el concurso real de delitos el texto original del artículo 50º del Código Penal regulaba el siguiente procedimiento: Primero. excluyéndose. para la pena concreta total sea esta privativa de libertad temporal o de cadena perpetua (“Tratándose de penas privativas de libertad temporales la pena resultante no podrá exceder de 35 años. Posteriormente se definirá la pena concreta que corresponda a ese delito y a las circunstancias concurrentes en su comisión. pues.
El Anteproyecto de la Comisión Especial Revisora del Código Penal 2008/2009. en esta primera fase el Principio de Absorción. Sin embargo. en la doctrina nacional. que los actualmente establecidos. Finalmente se sumaran las penas concretas parciales obtenidas para cada delito lo que aportará como resultado la pena concreta total del concurso real.Luis A. incorporó como principio rector de la determinación judicial de la pena en el concurso real de delitos al Principio de Acumulación. Bramont Arias . En efecto. para la determinación de la pena básica se elegía la pena más grave de las conminadas para los delitos integrantes del concurso. pues. Ob. Cit. con ellos se podía graduar dicha pena a fin de alcanzar la más severa represión. el artículo 53º mantiene como principio rector la acumulación de penas concretas parciales e iguales limites. Esto es. sólo se considerara tal sanción privativa de libertad indeterminada como la única pena concreta del concurso de delitos. la reforma del artículo 50º por la Ley 28730. p. 263). Regía. no hace modificaciones sustanciales a la determinación de la pena en el concurso real de delitos. En esta operación complementaria primaba. del 13 de mayo de 2006. Si alguno de los delitos en concurso se encuentra reprimido con cadena perpetua sólo se aplicara esta pena”). como la aplicación de un procedimiento combinado de ambos principios (Luis A. fue entendida. En consecuencia el resultado punitivo en estos casos se obtiene del modo siguiente:
Primero se debe definir una pena básica y una concreta parcial para cada delito integrante del concurso.
Esta modalidad se produce cuando los delitos en concurso real no son juzgados simultáneamente en un solo proceso.p.972 y ss. Posteriormente. al descubrirse de manera sucesiva los delitos restantes. Ocho meses después. por lo que Miguel fue procesado y condenado a quince años de pena privativa de libertad. ellos darán lugar a nuevos juzgamientos. EDIAR. 108º ). al aparecer en los diarios luego de ser condenado. Parte General.2000. su texto original ha sido objeto de sucesivas modificaciones mediante las Leyes 26832 del 3 de julio de 1997 y 29730 del 13 de mayo de 2006. Al iniciarse este juicio se descubrió el delito cometido el año 2008. Buenos Aires. fue reconocido por el agraviado del robo que cometió en el 2007. 188º). 205º) y parricidio (Art. que los han sido acogidos en nuestra doctrina y praxis judicial (Eugenio Raúl Zaffaroni.
Veamos el siguiente ejemplo: Miguel cometió un robo en junio de 2007. Derecho Penal.
En el ejemplo citado existe un concurso real de delitos que involucra delitos de robo (Art. una disposición al respecto existe en el Código Penal argentino (Artículo 58º) aunque. el fue inicialmente procesado y condenado solamente por algunos de los delitos cometidos. Pocos países de la Región han incorporado esta modalidad concursal de origen holandés. daños (Art. en febrero de 2008. si bien el mismo agente ha sido autor de varios delitos independientes. ocasionó dolosamente la muerte a su conviviente Lucila. Por ejemplo. Sin embargo. lo que motivó que se le amplíe la instrucción por el delito de daños. PRESUPUESTOS Y REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA
Una forma especial de concurso real de delitos es el denominado concurso real retrospectivo o posterior.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
CONCEPTO. Esto es. con posterioridad a la primera sentencia. sus desarrollos jurisprudenciales han asumido criterios distintos para la determinación de la pena concreta total. cometidos por el mismo autor pero que no han podido ser juzgados en un sólo proceso penal sino de manera
. Actualmente el Código Penal de 1991 se refiere a él en su artículo 51º. Sin embargo. como describe Zaffaroni. daño por venganza la vivienda de un familiar.) .
En nuestra legislación el concurso real retrospectivo de delitos fue regulado inicialmente en el artículo 110º del Código penal de 1924. quien al denunciarlo le generó un nuevo proceso penal. Un año después en febrero de 2009. La madre esta última lo denunció.
Unidad de autor. Si alguno de los delitos en concurso se encuentra reprimido con cadena perpetua sólo se aplicara esta pena. c. su especial configuración y regulación legal. para que se produzca un concurso real retrospectivo de delitos se requiere: a. para la imposición de la pena en esta forma de concurso real de delitos se debe asumir como regla esencial y límite punitivo implícito. sin perjuicio de fijarse la reparación civil para el delito posteriormente descubierto”)
. Sin embargo.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
El Anteproyecto de la Comisión Especial Revisora del Código Penal 2008/2009. pues.
Ahora bien. tampoco postula cambios relevantes a la modalidad actual de determinar la pena concreta en este tipo de concurso real de delitos. ha establecido que la pena concreta en estos casos debe construirse utilizando igual procedimiento que el contemplado para el concurso real de delitos Por tanto. Únicamente el proyectado artículo 54º señala que por cada nuevo juzgamiento y pena concreta parcial posterior se deberán también de fijar nuevas consecuencias civiles (“Tratándose de penas privativas de libertad temporales la pena resultante no podrá exceder de 35 años. b.
Tomando en cuenta. el que al agente no se le debe imponer como pena concreta final una que resulte ser más grave o de mayor extensión.
En coherencia con dicho postulado la modificación hecha al articulo 51º. El juzgamiento sucesivo de los delitos en procesos diferentes. Pluralidad de delitos independientes. se irán sumando las penas concretas parciales que se impongan por cada delito en cada nuevo juzgamiento a aquellas que fueron impuestas en los juzgamientos precedentes. el resultado de la pena concreta total del concurso real retrospectivo tampoco podrá sustraerse a los limites de validación señalados en el Artículo 50º para el concurso real y a los cuales ya nos hemos referido. Esta operación se repetirá hasta agotar el número de los delitos en concurso. que la que hubiese correspondido aplicarle de haber sido juzgado en el mismo proceso por todos los delitos que cometió y que integraron el concurso. mediante la Ley 28730.
Una primera observación que cabe formular a esta innovación normativa se relaciona con su incoherente ubicación sistemática. también se debe cuestionar la defectuosa técnica legislativa empleada para la redacción de la fórmula legal. Unidad de autor. modalidades y efectos del pretendido concurso real de faltas. c.
En segundo lugar.No obstante. del 16 de setiembre de 2009. b. De allí que la norma aluda a que se infraccione “el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza”. el concurso real de faltas puede ser homogéneo o heterogéneo.
Pero el mayor problema hermenéutico que suscita el artículo 50º A. incorporó en el Código Penal el artículo 50º A. c.
Al respecto. Con esta reforma se introdujo en nuestra legislación una nueva modalidad concursal : el concurso real de faltas. Pluralidad de faltas independientes. dicha disposición legal debió incluirse en el Libro Tercero que contiene las reglas generales y específicas que son aplicables a este tipo de infracciones penales. teniendo en cuenta el perjuicio total causado”. Efectivamente.
Pese a la poca claridad del texto legal es posible inferir que al igual que en el caso de los delitos. Sin embargo. Pluralidad de acciones. consideramos que los rasgos esenciales que identifican al concurso real de faltas son los siguientes: a. la cual dificulta advertir cuales son los presupuestos. estimamos innecesaria tal referencia que más bien tiende a obscurecer el contenido literal del artículo que comentamos. se relaciona con las reglas de determinación de la pena que establece su párrafo final en los siguientes términos: “será sancionado como autor y se le impone la pena privativa de libertad prevista para éste.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
La Ley 29407. requisitos. sugerimos el siguiente razonamiento dogmático y que resulta coherente con los criterios y reglas que rigen la determinación de la pena para el caso del
. Pluralidad de personas perjudicadas.
Ahora bien. sin embargo. Según él: “Cuando se realiza una pluralidad de acciones que deben considerarse como faltas independientes que perjudican a varias personas e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza. de lege ferenda.
La explicación de este dilema normativo y semántico parece encontrarse en errado enunciado que utilizaba el Proyecto Parlamentario definitivo que dio origen a la Ley 20407. es castigado como autor o participe del delito correspondiente y se le impone la pena privativa de libertad prevista para este. respectivamente. para superar los problemas detectados consideramos pertinente proponer. la pluralidad de faltas determinaría su conversión en un “delito” y la aplicación a su autor de la pena privativa de libertad prevista para él. fue luego ratificada con una fe de erratas publicada el 29 de setiembre de 2009. Pero. Esta incongruencia. las siguientes modificaciones que afectaran la ubicación y descripción legal del concurso real de faltas:
. que la citada disposición puede aplicarse en el sentido que la pena concreta total de un concurso de faltas será aquella que integre el resultado punitivo acumulado de todas las penas concretas parciales que correspondieron a cada falta cometida por el agente y que perjudicaron a distintos agraviados. Por consiguiente. cabe sostener. En ese sentido.
Tal redacción aludía a un “delito” y no a una falta. De modo que. de lege data. este resultado punitivo final no deberá exceder los limites genéricos de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de multa que fijan los artículos 34º (ciento cincuentiseis jornadas de servicios semanales) y 440º inciso 4 (ciento ochenta días-multa).Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
concurso real de delitos (Artículos 50º y 51º).Esto es hace mención a un tipo de pena que no esta prevista para ninguna de las de las faltas tipificadas en el Libro Tercero del Código Penal. cuantas faltas deberían cometerse para generarlo?. Sin embargo la noción de reincidencia demanda una condena previa que deviene en incompatible con la de reiterancia que equivale a toda forma de concurso real de infracciones penales. al parecer. Nada de ello es precisado por el articulo 50° A. teniendo en cuenta el perjuicio total causado”. además. una primera opción interpretativa sería que la penalidad concreta de un concurso real de faltas debe surgir de la acumulación de las penas parciales que resulten aplicables a cada una de las faltas integrantes de la estructura concursal. buscando coherencia y utilidad para dicha disposición. según el tenor modificado del inciso 3 del artículo 440º (Disposiciones Fundamentales). las dificultades subsisten debido a que la ley también se refiere a la “ pena privativa de libertad prevista”. Pero qué delito?. Es más. una pena privativa de libertad sólo es posible en las faltas si opera una rara fórmula de conversión en casos de reincidencia en la comisión de faltas contra la persona (artículo 441º) o contra el patrimonio (Artículo 444º).
en Revista de la Academia de la Magistratura. Pluralidad de acciones homogéneas. 2008.
. DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA
Como señala VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ en la doctrina se ha debatido acerca de si entre delito continuado y delito masa existe una relación de genero a especie (Cfr. Unidad de sujeto pasivo. La Reforma del Delito Continuado en la Ley 26683: ¿Una Solución al Fraude Colectivo?. N° 1. se sumaran las penas correspondientes que fije el juez para cada una de ellas. la tendencia del derecho comparado ha sido darles.p.-Disposiciones comunes (…. la particularidad de la legislación peruana en este dominio radica en haber creado una condición de dependencia del delito masa hacia el delito continuado. hasta un máximo del doble de la pena de la falta más grave”
DETERMINACIÓN DE LA PENA. c. Pluralidad de violaciones de la misma ley penal o de naturaleza semejante. y para evitar ser descubierto acuerda llevarse una perla cada día a la hora de su salida. Tiene lugar cuando varias acciones ejecutan una misma resolución o decisión criminal. Mario decide hurtar cinco perlas del collar que se exhibe en la sala de la casa donde trabaja como ayudante de cocina. cuando menos.). 1998. Pese a su origen distinto. Identidad de resolución criminal. Cuando concurran varias faltas independientes cometidas por un mismo autor. Fernando Velásquez V. un tratamiento sistemático independiente. Por ejemplo. Los delitos continuado y masa. Situación que ha merecido la critica justificada de la doctrina (Cfr.) 8. 201 y ss. lo que objetivamente implica varias violaciones de un mismo dispositivo penal o de “otro de igual o semejante naturaleza”. b.
El delito continuado requiere para su configuración y efectos sobre la determinación de la pena. e. p. Medellín. d. 67 y ss. Identidad de autor. Todos los actos que realiza Mario son apreciados como partes de un solo delito y no como varios delitos independientes. f.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
“Articulo 440º. italiano el primero y español el segundo. de la concurrencia de seis requisitos: a. Sin embargo.
El delito continuado está previsto en el artículo 49º del Código Penal. Universidad Pontificia Bolivariana. Realización de las acciones en momentos diferentes o en un mismo contexto temporal de ejecución.). Víctor Prado Saldarriaga.
La ley le otorga la calidad de circunstancia agravante específica y cualificada del delito continuado.
Los elementos del delito masa son los siguientes: a. Lima. la presencia de un delito masa determina que el nuevo máximo legal se eleve a ocho años. El Anteproyecto de la Comisión Revisora Especial 2008/2009 la ha eliminado retornando con su artículo 50° a la fórmula original de 1991 (“Cuando varias violaciones de la misma Ley penal hubieran sido cometidas en el mismo momento de acción o en momentos diversos con actos ejecutivos de la misma resolución criminal. como señala GARCIA CAVERO. Parte General. Parte General. Grijley. p. 2008. Lecciones de Derecho Penal.
El delito masa está regulado también en el artículo 49°. Realización de un delito continuado. A su llamado concurren varias personas con sus aportes. Lima. se consideran como un solo delito continuado y se reprimirán con la pena correspondiente a este” ).
Cabe señalar que esta ampliación del delito continuado a infracciones de “semejante naturaleza” fue introducida con la Ley N° 26683 del 11 de noviembre de 1996. b. En consecuencia.
En el delito masa se debe determinar la pena a partir de una nueva escala de pena conminada donde el mínimo legal corresponde al máximo original previsto para el delito continuado cometido y el nuevo máximo legal se extiende a un tercio por encima de aquel.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Las reglas de determinación de la pena en el delito continuado disponen que se debe aplicar la pena pertinente al delito cometido cuando los actos realizados correspondan a un mismo tipo de infracción. el Juez deberá de aplicar la pena del delito más grave. Ejemplo: Carlos oferta a través de un diario la constitución de una sociedad filantrópica señalado que los interesados deben ingresar sus aportes en una cuenta. lo cual distorsionó por completo la estructura tradicional del delito continuado al extremo de convertirlo en un cuasi concurso real de delitos. El se configura sobre la base de una pluralidad de personas que resultan perjudicadas por el delito continuado que ejecuta el agente. Lecciones de Derecho Penal. por el criterio de asperación como reconoce acertadamente la doctrina nacional (Percy García Cavero. Se rige. pero luego Carlos desaparece con el dinero recaudado.
. Pluralidad de personas perjudicadas por el delito. 2008. p. pues. 709). rige para este último caso el “criterio de la absorción” (Percy García Cavero. Por ejemplo. De modo que el juez en tales casos determinará la pena concreta del autor del delito masa en esa nueva escala de pena conminada (no menor de seis ni mayor de ocho). tratándose de un delito continuado de estafa (artículo 196°) donde el máximo de la pena conminada es de seis años. Grijley. 709 ) . Pero si se trata de actos relacionados con infracciones distintas aunque de semejante naturaleza (hurto/ robo o estafa /apropiación ilícita).
con iguales mandatos o estándares de proporcionalidad y racionalidad que aquellos que gobiernan la definición de las penas aplicables. según la cual: “el resarcimiento del daño y la indemnización del perjuicio se fijará teniendo en cuenta los siguientes criterios considerados conjuntamente: 1) La naturaleza del bien lesionado o puesto en peligro. Y también es de lamentar que el legislador nacional haya renunciado a mantener en el Código vigente una disposición igual a la que propuso el artículo 47° del Proyecto de setiembre de 1984.
Sin embargo esa tarea dogmática no es de fácil realización. de su familia o de las personas que de ella dependen”. Se estima como tales a la vida y a la salud individual. para convertirse también en una exigencia de equidad en la determinación de la reparación civil. trasciende a su eficacia estrictamente punitiva. frecuentemente. o por el prudente arbitrio del Juez”. sin embargo. por lo demás. aquellos casos donde “resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos”. pues. Esta disposición.
La ausencia de este tipo de normas ha promovido una negativa praxis judicial que ha distorsionado. En principio porque el Código Penal de 1991 carece de normas específicas que orienten al Juez sobre los procedimientos a seguir para la determinación de las dimensiones cualitativas y cuantitativas de la reparación civil.
El inciso 3 del artículo 46° del Código Penal señala que un criterio judicial de determinación y fundamentación de la pena lo constituyen “Lo intereses de la víctima. por medio de peritos si fuere practicable. la entidad del daño. la ausencia de una norma similar a la que existía en el artículo 69° del Código Penal de 1924 y en la cual se establecía que “la reparación se hará valorando. Lo cual. los objetivos y contenidos de la reparación civil. De allí. En estos casos la conducta del agente deberá de asimilarse a un concurso real de delitos y a sus reglas de determinación de la pena. resulta coherente con el nuevo rol activo que se concede al agraviado por el delito en el marco del proceso penal moderno. que resulte de ingente necesidad identificar las reglas y buenas prácticas que deben aplicarse y seguirse para viabilizar una determinación judicial de la reparación civil. Se deja sentir.
. pues. 2) La situación económica del agraviado o de sus herederos. 3) La situación económica del autor o cómplice del delito”.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Cabe señalar que la ley excluye de la aplicación de las reglas sobre delito continuado y delito masa.
subordinar o mediatizar tales consideraciones a partir de otros factores como la capacidad económica del autor del delito. sobre el que obviamente incide el interés tutelado por la norma penal-que. en un delito de lesión que en uno de peligro. la posición doctrinaria y jurisprudencial que estima que al no producirse un daño material en la tentativa o en los delitos de peligro no es posible sostener un derecho reparatorio para el perjudicado (Cfr. 143. especialmente ante la presencia de daños graves como la pérdida de la vida. como. no cabe negar a priori la posibilidad de que surja responsabilidad civil.. En coherencia con ello la regla general debe ser que las proporciones cualitativas y cuantitativas de la reparación civil tienen que configurarse.). Ob. el Acuerdo Plenario N° 6-2006-116 al referirse al caso de los delitos de peligro ha sostenido acertadamente lo siguiente: “En los delitos de peligro. de una valoración objetiva del daño y del perjuicio material o moral ocasionados a la víctima. puesto que en ellos-sin perjuicio. pues. según los casos. Así. al decidir el resarcimiento en delitos contra la intimidad o contra el honor de las personas. según los casos. o atentados contra la libertad sexual. en primer lugar. Teoría de las Consecuencias Jurídicas del Delito. así como los efectos que directa o causalmente ha ocasionado su comisión” (10° Fundamento Jurídico). por ejemplo.
También estimamos compatible con la objetividad del juicio reparatorio tener en cuenta el grado de realización del injusto penal. de efectivos daños generados en intereses individuales concretos-se produce una alteración del ordenamiento jurídico con entidad suficiente. por lo general y que siempre sea así. No compartimos. donde la valoración judicial deberá proyectarse sobre condiciones funcionales de contenido ético-social. es de carácter supraindividual. Por lo demás en la jurisprudencia nacional tal posibilidad no se ha negado expresamente. Incluso en aquéllas ocasiones. Lo que equivale a sostener que la reparación civil tiene que ser menor en una tentativa que en un delito consumado. pues. Esta delictiva alteración o perturbación del ordenamiento jurídico se debe procurar restablecer.
. Cit. No cabe.
Igual criterio general deberá primar en el Juzgador al momento de definir y cuantificar los alcances indemnizatorios de la reparación civil. para ocasionar daños civiles. por ejemplo. para promover una adecuada determinación judicial de la reparación civil es necesario establecer algunos criterios rectores que sean compatibles con la finalidad resarcitoria que aquella persigue. el sufrimiento de lesiones físicas o psíquicas. p. Lorenzo Morillas Cueva. desde luego.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Ahora bien. en todo proceso de determinación de la reparación civil. o la concurrencia en el caso sub judice de circunstancias atenuantes privilegiadas como la confesión sincera a que alude el artículo 136° in fine del Código de Procedimientos Penales.
de lege ferenda. en Anuario de Derecho Penal 96. ZUÑIGA RODRIGUEZ.
Pero al margen de lo expuesto lo ideal sería contar con indicadores legales específicos los cuales. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. favorecimiento u ocultamiento de un hecho punible.125). Artículos 94° a 103°). ese rol afecta al órgano (autor físico) que actuó en representación del ente colectivo o a favor de éste. lamentablemente. Por lo general. donde no aparecen claros los fundamentos de tal consecuencia. cual es pronunciarse por la propia responsabilidad penal de las mismas. su condición de consecuencias accesorias se debe a la oportunidad de su aplicación.
Queda claro que estas sanciones no son penas accesorias en el sentido de estar conectadas con una pena principal. por ejemplo. al declarar la existencia de responsabilidad civil. pudiendo fijarlas en la propia resolución o en el momento de su indemnización” . Se evidencia. destaca que ello responde a que en realidad el legislador ha procurado con la regulación de estas sanciones. acudiendo a una fórmula terminológica. en sus resoluciones las bases en que fundamentan la cuantía de los daños e indemnizaciones.
Podemos señalar sin ambigüedades que las consecuencias accesorias del artículo 105º del Código Penal son sanciones penales especiales. En el primero. en tanto que sólo se aplican a las personas jurídicas que resulten involucradas desde su actividad. tampoco han sido considerados en el Anteproyecto de la Comisión Especial Revisora del Código Penal 2008/2009 (Cfr. que una próxima reforma del Código Penal deberá incluir reglas sobre determinación judicial de la reparación civil similares a las previstas por los artículos 115° del Código Penal español o 45° a 47° del Código Penal nicaragüense. Por lo tanto. Klaus Tiedemann. es de proponer. evadir una decisión legal abierta y transparente sobre el polémico problema político criminal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: “Tal parece que el legislador de 1995 lo que ha hecho es eludir una cuestión de fondo. que el legislador de 1995 se ha visto atrapado entre dos frentes : por un lado. la que dependerá siempre de que se haya identificado y sancionado penalmente a una persona natural como autora del delito. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. se dispone. pese al tiempo transcurrido su descripción y conceptualización no ha logrado aún un tratamiento teórico homogéneo. Al parecer. existía una reclamación político-criminal de sancionar directamente a las
. administración u organización con la ejecución. Como señala TIEDEMANN: “la organización correcta de la agrupación constituye un criterio clave para la vida y la responsabilidad de la misma” (Cfr. el cual por su abuso o negligencia funcional demuestra un defecto de organización en su representada o una deficiente administración de riesgos. establecerán razonadamente. pues. que los “jueces y tribunales. p.
Derecho Penal. 129 no son ni penas ni medidas de seguridad y. Valencia. ps. Parte General. Lecciones de Derecho Penal. 2003. 2ª. en cambio. por ejemplo. Navarra. medidas de seguridad en sentido propio. que sería insostenible pues resulta imposible pensar en tratamiento o inocuización de una ficción.1996. Laura Zúñiga Rodríguez. un sector importante de juristas han rechazado que ellas guarden identidad con penas o con medidas de seguridad. está la contradicción de la norma. tampoco pueden ser consideradas medidas de seguridad porque no se asientan en un juicio sobre la peligrosidad personal del responsable” (Cfr. Es más. Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán. En este compromiso político entre estas dos espacios de juego consensuados (sanciona. no faltan quienes consideran a las consecuencias accesorias como una tercera modalidad de sanciones penales peculiares. según se señala en el último párrafo estarán orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma. en base al fraude de etiquetas” (Cfr. Valladolid.631). en ese contexto. la doctrina española tampoco ha logrado alcanzar puntos de consenso. no ofrecen la más mínima pista sobre qué son en realidad.). Editorial Aranzadi. otros se afanan en demostrar que las consecuencias accesorias del art. sin duda. pero no le denomina sanción). Editorial Trotta. aunque sui generis. Esta orientación preventiva no puede ser entendida desde una perspectiva preventivo especial. haciéndose así funcional para cierta eficacia simbólica.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
propias personas jurídicas. sino desde la perspectiva de protección de la víctima que esta siendo objeto de abusos por personas naturales que actúan bajo el amparo de una sociedad o empresa” (Cfr. 1997. no ha dudado en afirmar su carácter punitivo afirmado que: “El artículo 129 CP bajo el eufemismo consecuencias accesorias contempla verdaderas penas para las personas jurídicas que. hay autores que llevan a cabo un profundo estudio del precepto sin entrar en absoluto en el tema de la naturaleza jurídica de dichas consecuencias accesorias. supuestamente demostrado esto. pero no podía llamarles sanciones porque según los principios de la responsabilidad penal sólo es posible sancionar penalmente con pena o medida de seguridad y éstas. Edición. p. híbridas o inclasificables…. presuponen juicios de atribución (culpabilidad y peligrosidad) que no se pueden predicar de las personas jurídicas. Por ejemplo.
Las consecuencias accesorias también han generado polémica en torno a su naturaleza jurídica.
Tal estado de discenso fue descrito con preocupación por ZUGALDIA ESPINAR en los siguientes términos “ Así. otros las consideran medidas de seguridad. Bustos Ramírez y Hernán Hormazábal Malarée. Bases para un Modelo de Imputación de Responsabilidad Penal a las Personas Jurídicas. un número
. porque en los últimos tiempos han demostrado su importante poder criminógeno. Juan J. Tirant lo Blanch. Por ejemplo MUÑOZ CONDE y GARCIA ARAN han sostenido que las consecuencias accesorias “No son penas porque no guardan proporción ni con la gravedad del delito ni con la culpabilidad del autor . p.Algunos autores consideran que las consecuencias accesorias son. 209 y ss.245). Otro sector.
CASTILLO ALVA las calificó de sanciones administrativas que se aplican en un proceso penal por la peligrosidad objetiva que representa como cosa la persona jurídica: “ Por tanto. Lima. Parte General. 2006. puramente preventivas aplicables a cosas (armas. efectos del delito. Felipe Villavicencio Terreros. Tomo I. Derecho Penal.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
importante de autores las considera sanciones de carácter administrativo” (Cfr.
. Su esencia es básicamente la de una sanción administrativa que se impone en un proceso penal con todas las garantías formales y materiales inherentes a éste” (Cfr. ni como una medida de seguridad. 274) . p. p. 1995. 28 del C. p. de los autores españoles en los penalistas nacionales ha trasladado la multiplicidad y obscurecimiento de las posiciones teóricas al respecto. la peligrosidad objetiva de la propia persona jurídica puesta de manifiesto por las acciones típicas y antijurídicas (se dice sintomáticas).. Tratado de Derecho Penal. José Luis Castillo Alva. p. Editora Jurídica Grijley. muchas veces acrílica. por ejemplo. IDEMSA. por su parte. ni como una sanción civil.P. Es así que. 309). no las consideramos ni como una pena. 2001. Lima. esto es. Lima.
VILLAVICENCIO TERREROS. Libro Homenaje al Profesor Raúl Peña Cabrera. en El Derecho Penal Contemporáneo. Lima. asume que las consecuencias accesorias son medidas preventivas. Bases para una Teoría de la Imputación de la Persona Jurídica. las sanciones que el ordenamiento jurídico-penal impone a las personas jurídicas no constituyen parte de las penas establecidas en el art. 501). p.
PEÑA CABRERA sostuvo que el marco formal de las penas en el Código Penal de 1991 no permitía otorgar a las consecuencias accesorias esa condición: “La imposición de las consecuencias accesorias precitadas en modo alguno conducen al reconocimiento que las personas jurídicas poseen responsabilidad penal. ARA Editores. beneficios obtenidos) o a organizaciones incapaces de delinquir pero que son peligrosas porque favorecen la comisión de delitos a personas físicas que las utilizan” (Cfr. La dogmática jurídico-penal ha estructurado la responsabilidad penal exclusivamente para las personas físicas. José Miguel Zugaldía Espinar. realizadas por sus órganos o personas que actúan en su servicio” (Ob. “que se fundamentan no en la peligrosidad del autor (subjetiva).
Por su parte. 587).” (Raúl Peña Cabrera. sino en la peligrosidad de la cosa (objetiva). por tanto.
Lamentablemente. Grijley. Tomo I. que buscan neutralizar la peligrosidad objetiva que subyace en un ente colectivo: “no son de naturaleza punitiva sino. La influencia. Estudio Programático de la Parte General. en nuestro medio tampoco se ha logrado un esclarecimiento dogmático suficiente sobre la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias. 271) . Las Consecuencias JurídicoEconómicas del Delito. Cit. 2006. BRAMONT ARIAS y BRAMONT-ARIAS TORRES se inclinaron por considerar que se trata de medidas de seguridad sui generis.
Iván Meini Méndez. 1999.
El Profesor HURTADO POZO es quien destaca su naturaleza penal: “En el marco general del Código Penal.. Parte General I. Lima. restrictiva de derechos. pues no se sustentan en el hecho cometido por la persona jurídica. aun cuando se haga en un proceso penal. La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. La Responsabilidad de la Propia Persona Jurídica en el Derecho Penal Peruano e Iberoamericano. 196).
. si bien reconoce su carácter sancionador. penas. Lo único que puede comunicar en el Derecho penal es la pena. Percy García Cavero. las consecuencias accesorias. 28 ( según el cual las únicas penas aplicables de conformidad con el Código Penal son la privativa de libertad.” (Cfr. 3ª Edición. Universidad de Piura Vol. 110). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Manual de Derecho Penal. Buenos Aires. 2005. admitiendo la posibilidad de imponer penas a las personas jurídicas.607).
GARCIA CAVERO. Para sustentar su posición desarrolla un interesante argumento de corte preventivo integrador : “Si partimos del hecho de que las consecuencias accesorias no son. 2006. no pueden ser consideradas ni penas ni medidas de seguridad porque no se imponen al autor de la infracción. pero no el fundamento legitimante de estas medidas. no adquiere por ese solo hecho naturaleza penal. Para el citado jurista nacional. por materializarse como una restricción coactiva de derechos. Lima. cuando menos de lege lata. Nuestro parecer es que no. p. Las Medidas Aplicables a las Personas Jurídicas en el Proceso Penal Peruano. finalmente.. José Hurtado Pozo. limitativa de derechos y multa).27).Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
MEINI MENDEZ ha rechazado que las consecuencias accesorias sean sanciones. Dino Carlos Caro Coria. 2002. la cuestión que debe abordarse decididamente es si se trata de medidas penales o no. incluso. p. p. Hay que precisar que estas medidas preventivas no revisten el carácter de sanción. sino en el juicio de peligrosidad de comisión futura de nuevos hechos delictivos” (Cfr. carecen de naturaleza penal. Los efectos preventivos que estas medidas pueden desplegar en el terreno penal constituyen simples reflejos empíricos de la protección. aunque llega a aceptar que ellas operan como “penas accesorias por lo que el catálogo de garantías aplicables a las penas sea también aplicable a estas consecuencias accesorias. en Libro Homenaje al Profesor Manuel de Rivacoba y Rivacoba. Este criterio formal no implica que dichas sanciones no tengan materialmente un carácter penal ” (Cfr. concluye identificándolas como “medidas fundadas en la peligrosidad objetiva de las cosas” (Cfr. rechaza que alcance dicho status a las consecuencias accesorias. p. no son mencionadas en el art. 7.
En cambio CARO CORIA. en Revista de Derecho. Por eso con razón. ni su gravedad corresponde a la del delito. de manera que la imposición de otras medidas. Grijley..
Este criterio rector podría ser el siguiente: Toda decisión sobre la aplicación de consecuencias accesorias requiere ser debidamente fundamentada. Aspectos Fundamentales de la Parte General del Código Penal Peruano. Lima. ps. ratificamos nuestro convencimiento que las consecuencias accesorias son auténticas sanciones punitivas para la persona jurídica. propongo un método inductivo de análisis de las mismas. un problema práctico relevante parte de verificar que ellas carecen aún de reglas de determinación que orienten a los jueces sobre su aplicación concreta. así como su presupuesto material vinculado a la comisión de un hecho punible. 2000. 478 y 479).Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
En lo que a nosotros corresponde. más que aplicar un método deductivo de análisis buscando deducir características generales en las consecuencias accesorias que permitan conceptuarlas dentro de una categoría dogmática. Víctor Prado Saldarriaga. debe. Gaceta Jurídica. En definitiva. considero importante establecer que función cumplen dentro del sistema de sanciones en que fueron diseñadas. por lo demás esfuerzo que parece mostrarse infructuoso. esta autora sugiere lo siguiente: “Más que pretender definir lo que son encuadrándolas dentro de una categoría conocida. son razones más que suficientes para inferir su naturaleza punitiva (Cfr. presentes y futuros. Su eficacia preventiva y sus efectos restrictivos de derechos. Las Consecuencias accesorias aplicables a las Personas Jurídicas del Art. frente a tan desintegrado panorama dogmático resultan sensatas las observaciones y propuestas superadoras de ZUÑIGA RODRIGUEZ. Laura Zúñiga Rodríguez. De allí que en los últimos años tanto la doctrina como la jurisprudencia hayan mostrado interés por construir y ensayar propuestas teóricas o prácticas idóneas para superar tan gravitante carencia. centrarse en ellas mismas y no en su asimilación a categorías pre asumidas. a pesar de que en dicho artículo se consigna una detallada relación sobre los tipos de consecuencias accesorias aplicables.
Efectivamente. el legislador nacional omitió diseñar reglas de determinación cualitativa o cuantitativa que orienten al Juez en la decisión y aplicación de las mismas. en Anuario de Derecho Penal 2003.
Pero al margen de los debates. desentrañando de la realidad práctica sus principales problemas de aplicación” (Cfr. sobre el concepto o la naturaleza de las consecuencias accesorias que se regulan en el artículo 105 del Código Penal peruano. p. 105 CP : Principales Problemas de Aplicación.
Al respecto es pertinente destacar que para poder delinear con coherencia un esquema operativo que ayude y controle la elección judicial. quien demanda que el debate de la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias. detectando las bondades y dificultades que presentan para lograr los objetivos propuestos. Es
. cualitativa y cuantitativa. Al respecto. en adelante. 179) .
Ahora bien. de consecuencias accesorias es menester fijar un criterio rector que de racionalidad al procedimiento. Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú.
Resulta. Este presupuesto implica verificar una condición objetiva para la imposición de la consecuencia accesoria. Que se haya condenado penalmente al autor (físico) específico del delito . También en este nivel deben apreciarse los riesgos y los daños generados al bien jurídico y a terceros. Cabe anotar que en el derecho comparado. un grave escollo legal y de imputación que incide en la efectividad político criminal de las consecuencias accesorias. Sin embargo.
Y. Que se haya cometido un delito. Por consiguiente puede tratarse de un delito doloso o de uno culposo. a la vez que reduce sensiblemente su oportunidad aplicativa : “Lo importante es si desde el punto de vista del fundamento de las consecuencias accesorias. es importante precisar que la ley no hace diferencias sobre la naturaleza de la infracción. así como las actividades y niveles concretos de la organización de la persona jurídica que sirvieron o favorecieron la producción o el ocultamiento del hecho punible.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
decir. esto es de la prevención de conductas delictivas que se
. favorecimiento o encubrimiento del delito. El demanda identificar o medir la modalidad y oportunidad de la intervención de la persona jurídica en el delito. pues. se podrá aplicar una consecuencia accesoria a la persona jurídica aún cuando a la persona natural se le aplique la suspensión de la ejecución de la pena o se le declare la reserva del fallo condenatorio o se le exima de pena. Lo cual demanda. Este es el principal criterio de imputación de antijuricidad a tomar en cuenta para definir la condición e intensidad de la consecuencia accesoria a imponer. como sostiene ZUÑIGA RODRIGUEZ. Que la persona jurídica haya servido para la realización. en la que se haya identificado racionalmente un grado y expresión particular de peligrosidad objetiva de la persona jurídica vinculada con el hecho punible. justificar con suficiencia la probabilidad latente de que la persona jurídica es capaz de seguir actuando como vía de realización de futuros delitos.
b. no es necesario que se haya aplicado a aquél una pena. Por consiguiente. complementando lo anterior.
c. el inciso 1 del artículo 129º del Código Penal español se demanda expresamente que la elección judicial se haga “motivadamente”. Sin embargo. No hay posibilidad legal de aplicar consecuencias accesorias predelictuales. toda elección debe reflejar y justificarse en una evaluación de necesidad. esencialmente. Esta responsabilidad y sanción por reflejo o vicaria es. indispensable la condena penal de una persona natural por el delito imputado para que sea viable la imposición de consecuencias accesorias a la persona jurídica implicada. la determinación judicial de las consecuencias accesorias aplicables también deberá de verificar y validar las siguientes tres constataciones:
Laura Zúñiga Rodríguez.. H. que con estas nuevas herramientas se podrá dinamizar la imposición oportuna y equitativa de tales sanciones a las personas jurídicas.
Por lo demás. La extensión del daño o peligro causado. B. Las Consecuencias Accesorias Aplicables a las Personas Jurídicas del Art. Sobre todo a aquellas que resulten implicadas en delitos relevantes de criminalidad organizada como el tráfico ilícito de drogas o el lavado de activos. C. Silva Sánchez. E. recomienda en su fundamento jurídico decimosexto que los jueces para decidir sobre la calidad e intensidad de las consecuencias accesorias aplicables al caso sub judice utilicen como criterios de determinación y medición los siguientes :
A. 129 del Código Penal español es bastante limitado. cuestión que es precisamente la dificultad mayor de los delitos cometidos en el ámbito de las organizaciones” (Cfr. G. que tiene eficacia vinculante para la judicatura nacional. La modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho punible. La gravedad del hecho punible realizado D. recursos o establecimientos de la persona jurídica. La disolución de la persona jurídica se aplicará siempre que resulte evidente que ella fue constituida y operó sólo para favorecer. El beneficio económico obtenido con el delito. pues precisamente no se podrá aplicar cuando más se necesita. el alcance efectivo de la regulación del art. facilitar o encubrir actividades delictivas. para la determinación judicial de las consecuencias accesorias también resultan relevantes las sugerencias formuladas por el Anteproyecto de la Comisión Revisora Especial 2008/2009 y por el Acuerdo Plenario N° 8-2009/CJ-116 del 13 de noviembre de 2009. La finalidad real de la organización. 496). que suelen
. ya denunció en España que si se requiere la individualización previa del delito cometido. debe requerirse previamente la individualización de la pena para su imposición o es posible imponerlas al margen de la responsabilidad individual de sus miembros. p. Ob. Cit. F. 105 CP : Principales Problemas de Aplicación. pues.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Consideramos. La reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible. Este último documento. actividades. cuando no se ha logrado individualizar la responsabilidad de los autores del delito. Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas.
esta actitud pasiva frente a un tema esencial que corresponde a la etapa final del juzgamiento. así como las precisiones teóricas sobre la determinación judicial de la pena. Comisión Ejecutiva del Poder Judicial-Secretaria Ejecutiva. en gran medida tal omisión y percepción resultan coherentes con el estilo restrictivo y lacónico mediante el cual nuestra legislación procesal penal trata de la determinación de la pena. 2005. Sin embargo. se impondrá la pena intermedia. Jurista Editores. Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal. Al respecto. ps. 90) . Efectivamente.
Ahora bien. se volverán a discutir y votar los puntos en que se haya disentido. esto es.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
incorporar en su modus operandi o en sus mecanismos de cobertura e impunidad a entes colectivos. Lima. la pena por la que voto el miembro del Tribunal en disentimiento con los que votaron por pena superior o inferior”. 42 y 43. ps. 2004.
Lamentablemente. pues. p. 200. Todo. parece indicar que para los procesalistas nacionales. Poder Judicial. 2004. en el artículo 282º. Si en esta segunda votación continua la disconformidad. se establecieron algunas reglas operativas para posibilitar la elección judicial de la pena concreta. Grijley. Según la exposición de motivos ello era lo más razonable
La doctrina nacional que viene comentando el articulado e instituciones del Código Procesal Penal de 2004. Lima. la norma citada señalaba lo siguiente: “Cuando hubiere disconformidad entre los tres miembros del Tribunal respecto de la pena. Razonamiento Jurídico Penal Y Aplicación de la Pena. deben ser planteadas y debatidas exclusivamente en el ámbito del derecho penal sustantivo. Lima.200). con bastante pragmatismo. se refleja también en los escasos intentos institucionales por establecer pautas o guías metodológicas para la elaboración de sentencias penales y donde lo referente a la determinación judicial de la pena suele ser soslayado o reducido a una mínima expresión (Cfr. Julio César Santa Cruz. p. 83 y 84. no ha tomado aún interés por desarrollar dogmáticamente su relación con el procedimiento de determinación judicial de la pena (Cfr. Rosa Mávila León. el Código de Procedimientos Penales de 1940 no estableció reglas detalladas para la configuración o el resultado de las decisiones punitivas que debía adoptar el juez en un fallo condenatorio. El nuevo Sistema Procesal Penal. Pablo Talavera Elguera. Guía de Pautas Metodológicas para la Elaboración de Sentencias. Academia de la Magistratura. las pautas normativas. cuando entre los magistrados a cargo del fallo se plantearan posturas discrepantes en torno a la naturaleza y extensión de dicha sanción. Lima. al regular los contenidos y formas de construcción de una sentencia condenatoria.
estas no pudieren estimarse como un solo delito.R. de seguirse este procedimiento. con facilidad. tuviere asignada una pena mayor. Lo cual.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
ya que aseguraba. cuando menos.
En cambio. lamentablemente. Sí por la naturaleza de las diversas infracciones. se reguló al respecto los siguiente: “En los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie se impondrá la pena correspondiente a las diferentes infracciones.L. estimadas como un solo delito. en el cual los ordenamientos procesales suelen regular criterios específicos de determinación judicial de la pena. s/d.8ª Edición. respecto a la cual puede afirmarse que hay mayoría” (Cfr. Artículos 410º a 412º). aumentándola en uno o dos grados. en el articulo 351º referente a la “Reiteración de Crímenes o simples delitos de una misma especie”. con todo. el tribunal aplicará la pena señalada a aquella que. en el Libro Tercero que trata sobre El Proceso Común. no es la misma del derecho penal nacional como lo hemos destacado anteriormente. por ejemplo. aplicarse las penas en la forma establecida en el artículo 74 del Código Penal sí. Este es el caso. Lo cual se advierte. al igual que el nacional. Código de Procedimientos Penales. el acuerdo tácito de dos votos por dicha pena intermedia: “Más fundado es aplicar la pena intermedia.
En lo que corresponde al Código Procesal Penal peruano de 2004 es de señalar que en lo relativo a la determinación de la pena concreta mantuvo igual orientación legislativa que su antecesor de 1940. aumentándola en uno o dos grados. Podrá. Editorial Científica S. Para los efectos de este artículo. con las circunstancias del caso. no da mayores detalles en torno a reglas para la definición de la pena a imponer (Cfr. Este sistema normativo. En efecto. p. una opción de técnica legislativa similar a la peruana fue asumida también por el Código de Procedimiento Penal de Colombia de 2000. 481) . Lima. según fuere el número de los delitos. En él se establecen reglas de determinación judicial de la pena concreta para los supuestos de delito continuado o de concurso real de delitos. considerada aisladamente. Artículos 60º y 61º). de todas estas disposiciones sólo tres guardan relación directa con la discusión y determinación de la pena en una sentencia
. Situación que. al realizar una revisión sistemática y analítica de los escasos once artículos que integran el Titulo VI sobre La Deliberación y la Sentencia (Artículos 392º a 403º). otros sistemas procesales de la Región han optado por un patrón diferente.
Cabe reconocer que en el derecho extranjero de la Región. tal vez se explica por la existencia de un conjunto detallado de disposiciones al respecto en el Código Penal colombiano del mismo año (Cfr. En efecto. se considerará delitos de una misma especie aquellos que afectaren al mismo bien jurídico”. hubiere de corresponder al condenado una pena menor. Fernando Guzmán Ferrer. del Código Procesal Penal chileno de 2001.
Lo cual en un contexto procesal basado en la oralidad. Esto es. incorporó la posibilidad procesal de realizar un Juicio sobre la Pena. al margen de este yerro dogmático. Se trata de los artículos 392º. Esta interesante y poco difundida iniciativa legislativa. En tal sentido. la autoridad jurisdiccional debe debatir y valorar tales indicadores de punibilidad. Ediciones BGL. elaborada por juristas nacionales y argentinos. Democracia y Libertad-CERJUDEL. Reforma del Proceso Penal en el Perú. el juzgador mencionará oralmente la pena y demás consecuencias jurídicas del delito que corresponde aplicar al caso concreto. Sin embargo. pueden sustituir penas. lo que constará en el acta de cierre de la audiencia” (Centro de Estudios para la Reforma de la Justicia. sea de internación o de tratamiento ambulatorio. 393º y 397º.
. de la medida de seguridad que la sustituya o concurra con ella”. El cual. En esta disposición se hace evidente un error técnico. Trujillo. precisa que una cuestión específica sobre la que deben deliberar y votar los Magistrados al elaborar un fallo de condena tiene que ser “la individualización de la pena aplicable y. de ser el caso. p. seria también una materia fundamental del desarrollo operativo de la audiencia o juzgamiento según el modelo adoptado por dicha propuesta legislativa. hasta antes del inicio de la segunda parte del juicio.
Al finalizar el debate. del inciso 3. pues conforme al Código Penal vigente ninguna medida de seguridad. A continuación haremos una breve evaluación dogmática de sus contenidos pertinentes.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
condenatoria. al pronunciarse sobre la extensión de la pena concreta a imponer. 346). junto al denominado Juicio de Culpabilidad. la norma ha omitido indicar cual debe ser la metodología o procedimiento a seguir en estos casos. resulta relevante en tanto deja abierta la oportunidad al empirismo y a la incertidumbre. la propuesta que sobre la determinación judicial de la pena en un fallo de condena propuso el denominado “Proyecto Huanchaco”.
En tal contexto resultó oportuna e inédita. lo interesante de dicha norma radica en la obligación legal que tiene el Juez de determinar la pena aplicable al imputado en atención a las circunstancias del caso. según las normas comunes.
Por su parte el artículo 393º en su literal e. sobre todo por las limitaciones y ambigüedades que contienen las reglas que para la determinación de la pena coexisten en el Código Penal vigente. 2005. En él se ratifica la elección del “término medio” ante situaciones de discordia que se produzcan entre los jueces. No obstante.
En relación al artículo 392º lo relevante se encuentra en el inciso 4. prosiguiendo de allí en adelante. para la experiencia procesal penal nacional. el artículo 255º del Proyecto Huanchaco señalaba lo siguiente: “El juicio sobre la pena comenzará con la recepción de la prueba que se haya ofrecido para individualizarla.
Lima. IDEMSA. o de aquellas causales imperfectas de justificación o exculpación que producen igual efectividad punitiva conforme a lo previsto en el artículo 21º del Código Penal. p. Lima. y conforme al aludido antecedente. esto es. 2008. el órgano jurisdiccional a cargo del caso abra una estación especial y complementaria para debatir lo concerniente a la pena y a sus circunstancias de determinación. En este espacio dará oportunidad a la acusación y a la defensa para argumentar técnicamente sus posiciones en torno a la pena aplicable.
Se suele identificar al proceso especial de terminación anticipada como una forma de simplificación procesal basada en el principio del consenso. entre otros supuestos. y habría que ver en que sentido podría apartarse para fijar la pena en el extremo mínimo. 2009. entiéndase en todo caso que el juez podrá imponer el mínimo. subsanar la irregularidad.
Otra disposición del Código Procesal Penal de 2004 que guarda relación con la determinación de la pena la encontramos en el inciso 3. En tal sentido se prohíbe al Juez “aplicar pena más grave que la requerida por el Fiscal. El Nuevo Proceso Penal. por tanto. Debemos entender que la parte in fine del citado dispositivo alude. aceptando los cargos de imputación el primero y obteniendo por ello el beneficio de la reducción de la pena una sexta parte. a una falta de circunstancias atenuantes privilegiadas. pero eso no lo habilitaría tampoco para graduar la pena en un tercio mayor. del artículo 397º. en Nuevos Criterios para la Determinación Judicial de la Pena. Como señala SANCHEZ VELARDE con este procedimiento se procura “evitar la continuación de la investigación judicial y el juzgamiento si de por medio existe un acuerdo entre el imputado y el fiscal.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Consideramos.ps. salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de aten uación”. El Nuevo Código Penal y la Determinación de la Pena. Esta norma busca ratificar la primacía del acusatorio y la legalidad de las circunstancias que sirven para la determinación de la pena concreta. luego de lo cual razonara su decisión y comunicara a las partes su resultado punitivo. Centro de Investigaciones judiciales. 384 y 385) . Comentando la norma que analizamos BROUSSETT SALAS precisa que ella se refiere a un acto de control de regularidad.
.116). que luego de agotado el debate y las conclusiones sobre la culpabilidad del agente. Se trata en esencia de una transacción penal par evitar un proceso innecesario” (Pablo Sánchez Velarde. Razón por la cual se le califica también como una expresión propia de la denominada justicia penal negociada. se bajo del mínimo. que ante la evidente falta de normas expresas en el Código Procesal Penal de 2004 sobre el esquema aseguir para la determinación judicial de la pena concreta. Según este autor: “es el único supuesto en el cual el juez puede apartarse. en un intermedio o en el extremo máximo quizá” (Ricardo Brousset Salas.
Y. en tercer lugar. Por lo general los acuerdos definían una pena concreta que no tomaba en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso o la presencia de situaciones de concurso de delitos o de supuestos de reincidencia y habitualidad. la necesidad de que las partes acuerden una propuesta de pena concreta consensuada que debería ser controlada y aprobada por la autoridad judicial. Posteriormente se le extendió también a los delitos aduaneros con las leyes 26461 y 28008. en los procedimientos de terminación anticipada. Raúl Peña Cabrera. aunque en este tipo de infracciones penales alcanzó una utilidad relevante.
Ahora bien. la aplicación de una bonificación legal consistente en la reducción de una sexta parte de la pena y que obtendría en imputado por el sólo hecho de acogerse al procedimiento especial. en Gaceta penal & Procesal Penal N° 5.
. fue generando diferentes rutinas negativas que afectaron la equidad de las decisiones punitivas acordadas por las partes intervinientes (Cfr. 119 y ss. Lima. En segundo lugar. 57 y ss. p. la posibilidad de adicionar la citada reducción a los efectos de atenuación punitiva generados por la confesión sincera del procesado. Terminación anticipada del Proceso. 1995. p. Grijley. Con posterioridad la Ley 28122 incluyó también el allanamiento y la conformidad del procesado con los cargos formulados por la Acusación Fiscal para dar lugar a una conclusión anticipada de la audiencia.).
El desarrollo practico de estas tres disposiciones sobre la determinación judicial de la pena concreta. se concedió a este proceso especial vigencia inmediata en todos los Distritos Judiciales del país. los problemas más recurrentes han sido los siguientes:
1. La Determinación de la Pena en el Proceso de Terminación Anticipada.
En lo que atañe a la determinación judicial de la pena el proceso especial de terminación anticipada planteaba tres situaciones. Cabe señalar que esta última opción procesal ha logrado una importante acogida en el país. Además. en el Código Procesal Penal de 2004 la terminación anticipada del proceso experimento importantes cambios. El más trascendente fue su aplicación generalizada para cualquier tipo de delito. Desproporción manifiesta en la extensión de pena concreta acordada por las partes.Noviembre de 2009. En primer lugar.) .
En lo esencial. Percy Velásquez Delgado.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
las partes deben desarrollar a través de las negociaciones del acuerdo un procedimiento de determinación de la pena similar al que haría un juez al final de juzgamiento. En tal sentido. Esta grave distorsión se practicaba aún cuando el tipo de delito cometido o las circunstancias concurrentes o las condiciones personales de su autor. ha regulado criterios razonables y técnicos para reorientar la debida aplicación de las penas en los procesos especiales de terminación anticipada. 2. Por consiguiente. la desaprobación judicial del acuerdo y la inutilidad del procedimiento. En estos casos una base fundante del acuerdo era el compromiso de que la pena a imponerse al procesado no sería mayor a cuatro años de pena privativa de libertad y que no tendría carácter efectivo. Lo cual implica seguir el siguiente tránsito:
1.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
2. motivando.
. El resultado de esta mala práctica fue también una excesiva disminución de la penalidad aplicable lo cual afectaba su legitimidad. Detectar las circunstancias concurrentes en el caso y sus respectivos efectos punitivos. para. la cual planteaba aplicar sobre la pena concreta consensuada. A este defecto práctico contribuyeron también las incoherentes posiciones sostenidas por la doctrina especializada. hacían improcedente e injustificable una medida de suspensión de la ejecución de la pena. ambos efectos atenuantes: primero por confesión sincera y luego por terminación anticipada. sucesivamente. en base a ellos. Aplicación injustificada de medidas de suspensión de la ejecución de la pena . Al respecto se ha señalado lo siguiente:
La regla general es que la pena consensuada no debe ser ni ilegal ni arbitraria.
El Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116 del 13 de noviembre de 2009.
3. definir la pena concreta. Asimismo se planteaban múltiples desaciertos en torno a la forma de adicionar tal reducción a la que generaba la atenuante privilegiada por confesión sincera del procesado. Identificar la pena básica que corresponde al delito objeto del proceso. tanto el Fiscal como el imputado y su defensa deben cumplir con las formalidades y pautas que fija la ley para ello. las más de la veces. Confusión en torno a la oportunidad y eficacia de la bonificación legal por terminación anticipada del proceso. Esto significa que el ámbito del consenso de las partes en este dominio debe ser legal y justificado. Mayormente se confundían los efectos y la oportunidad en que debería de operar la reducción punitiva regulada por el artículo 471.
Ahora bien. por tanto debe surgir y justificarse en un análisis y balance de circunstancias. la aplicara el Juez distinguiendo también sus alcances de los que corresponden a la pena concreta consensuada. el Acuerdo Plenario ha establecido que este opera exclusivamente sobre la pena concreta final consensuada. o cuando hay concurrencia de circunstancias agravantes cualificadas (reincidencia). Esta precisión es coherente con la aplicación de los criterios de determinación de la pena que se deben considerar para arribar a la pena concreta o final consensuada. o cuando hay un concurso real de delitos. o. Como lo dispone el artículo 471el premio consiste en la reducción de una sexta parte de la pena consensuada final o concreta. Si bien produce un efecto atenuante de segundo grado este opera directamente y de modo tasado pues el juez no agrega ninguna valoración adicional para su eficacia. El resultado punitivo que esta represente debe. Esto significa que la circunstancia de confesión sincera y sus efectos atenuantes deben ser apreciados dentro del proceso de determinación de la pena concreta final consensuada. es adicional al que corresponda por la confesión sincera del imputado.
. pues sobre ellas y sus resultados habrá de incidir el control judicial del acuerdo. que el premio de la reducción punitiva por terminación anticipada.
Con relación al efecto premial que suscita la terminación anticipada.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Las partes deben. en su defecto. una pena concreta equivalente a la que podría obtener el juez en un proceso penal común. Ella no es ni puede ser sólo consecuencia de la ocurrencia o conveniencia exclusiva de las partes. pues. recorrer y negociar los alcances de estas etapas de manera escrupulosa. reflejar también la presencia de dicha atenuante.
El artículo 471º en su párrafo final establece.
La pena final consensuada es. es incorrecto e ilegal negociar la pena aplicable solo a partir del extremo mínimo si no hay circunstancias atenuantes privilegiadas. la reducción premial puede ser planteada también por las partes en el acuerdo pero siempre diferenciándola del resultado de la pena consensuada final. El juez tiene la obligación legal de rechazar estas irresponsables prácticas. Se trata de una recompensa que se otorga al procesado por el sólo hecho de ayudar a abreviar el proceso y aligerar la carga del sistema judicial. correctamente. Por consiguiente. Esta bonificación se justifica por razones de economía procesal. Debe expresarse en un resultado proporcional y racional a las circunstancias del caso. pues. Su aplicación es por mandato legal y opera en base a un razonamiento estrictamente aritmético. pues.
un nuevo modelo regulador del procedimiento de determinación de la pena.
El nuevo sistema normativo para la determinación judicial de la pena que se sugiere adopta la siguiente estructura morfológica:  El artículo 43º define los presupuestos de fundamentación y determinación de la pena. al respecto cabe destacar que la Comisión Especial Revisora del Código Penal.  El artículo 46º enuncia el catálogo de circunstancias agravantes genéricas. de momento. que ya incluye la eficacia atenuante de la confesión sincera.  El artículo 45º sistematiza las circunstancias atenuantes genéricas de atenuación. vinculadas a la revisión oficial del Código Penal de 1991. El acuerdo en lo punitivo. al que adicionalmente se le reducirá el 1/6 premial.
Al parecer las oportunidades inmediatas para promover una mejor operatividad judicial en la determinación de la pena. al aplicarle la reducción legal de 1/6 (un año) se transformará en 5 años de pena privativa de libertad y que será la sanción que deberá cumplir el condenado.  El artículo 47º está referido a las circunstancias cualificadas de atenuación y agravación
En concreto la propuesta legislativa modifica los actuales contenidos de los artículos 45º y 46º del Código Penal de 1991 e incluye nuevos criterios y reglas.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
Por consiguiente es a ese resultado. como se ha mencionado.
Ahora bien. aprobó. entre el 4 y 11 de noviembre de 2008.  El artículo 44º regula el procedimiento judicial de individualización de la pena. Un ejemplo de todo ello sería el siguiente:
En un delito de estafa donde se acuerda como pena concreta 6 años de pena privativa de libertad. debe siempre discriminar claramente ambos momentos y efectos. se encuentran. creada por Ley 29153.
cada dispositivo precisando las reformas que introduce. de la siguiente manera:  Identificar la pena básica como espacio punitivo en base a la pena fijada en la ley para el delito (pena conminada)
A continuación examinaremos.
El artículo 44º contiene los cambios más trascendentes. ya que comprende tanto aspectos patrimoniales como no patrimoniales. De esta manera se impone desde la ley. En primer lugar. También el articulo que analizamos modifica el texto del actual inciso 3. así como sus presupuestos normativos y reglas operativas :
En el artículo 43º se incorpora como contenido adicional al texto original del inciso 1: “la posición preeminente que ocupe en la sociedad”. que se estima es más amplio.
2) Se esquematiza el procedimiento operativo que debe seguir el Juez. sustituyendo el término “intereses” por el de “derechos”. de desarrollar un procedimiento coherente y técnico para individualizar la sanción aplicable al caso. Asimismo. en el sentido de que los factores centrales para la individualización de la pena se relacionan con el grado de reprochabilidad que cabe hacer al agente por su proceder antijurídico (culpabilidad del agente). Con ello se evita la doble valoración de un mismo indicador o circunstancia (incompatibilidad). dispone expresamente que toda condena debe fundamentar de modo suficiente y explícito los “motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena” . para su decisión punitiva. que sólo alude a las “carencias que hubiere sufrido del agente”. como deber del Juez. el de justificar su decisión punitiva y. la actuación abusiva del poderoso que delinque usufructuando su posición de privilegio. En segundo lugar. Se pretende con ello que el Juez tenga en cuenta también. se describen con precisión las etapas que deberá de transitar el órgano jurisdiccional para determinar la pena. Al respecto el citado artículo precisa lo siguiente:
1) Se ratifica lo ya previsto en el texto original de 1991. se advierte que los indicadores que sirvan para todo ello (circunstancias) no deben ser componentes típicos ni circunstancias específicas. y con el grado de desvalor que merece la conducta antijurídica realizada ( antijuricidad del hecho). De esta manera. por ende. brevemente. se incluye un nuevo criterio de fundamentación y determinación de la pena alterno al preexistente.
Obrar en estado de emoción. Influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares.
.  Cuando concurran circunstancias de agravación y atenuación.  Dividir el espacio punitivo de la pena básica en tres partes.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
 Determinar la pena concreta.  Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes. 4. 3.  Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes la pena concreta deberá determinarse dentro del tercio superior. la pena concreta deberá determinarse dentro del tercio intermedio. para el caso de presencia de circunstancias atenuantes o agravantes cualificadas. evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes. Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado. 8. El legislador ha considerado 8 supuestos de atenuación que son los siguientes:
1. la pena concreta deberá determinase dentro del tercio inferior. aplicable al condenado. Presentarse voluntariamente a las autoridades admitiendo responsabilidad. La edad del imputado si ello influyó en su conducta.  Tratándose sólo de circunstancias agravantes la pena concreta se determinará por encima del tercio superior. Procurar voluntariamente la disminución de las consecuencias del delito.
En la nueva redacción del artículo 46º se describe un procedimiento operativo especial.  Tratándose de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes la pena concreta se determinará dentro de los límites de la pena básica.
El artículo 45º regula el catálogo de circunstancias atenuantes genéricas. Carencia de antecedentes penales. 6. En tales supuestos se procederá del modo siguiente:  Tratándose sólo de circunstancias atenuantes la pena concreta se determinará por debajo del tercio inferior. Obrar por móviles nobles o altruistas. 2. pasión o temor excusables. 7. 5.
Además. posición económica. Que se abusos del cargo. Valerse de inimputables.  En el segundo párrafo se definen dos circunstancias agravantes cualificadas: la calidad de funcionario público y el abuso de tal condición para la comisión del delito. 11. Que haya pluralidad de agentes. Para este caso la pena se atenuará hasta una mitad por debajo del mínimo legal. desde un centro carcelario o desde fuera del territorio nacional. pero sin exceder del
. Que se emplee explosión. 6. Que se dirija o ejecute total o parcialmente el delito. 13. Para ambos supuestos la pena se incrementará hasta un tercio por encima del máximo legal del delito cometido. recompensa o promesa remuneratoria. o mediando precio. 8. étnica. 9. veneno u otro medio de similar eficacia destructiva. Que la acción incida sobre bienes o recursos públicos. 4. Que concurran móviles de intolerancia y discriminación social. y la reincidencia. Que concurran móviles abyectos o fútiles.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
1. Que se intensifique innecesariamente las consecuencias nocivas del delito. Que se empleen medios cuyo uso puede generar peligro común. ideológica. enfermedad o discapacidad de la víctima. Que se afecte gravemente el equilibrio de los ecosistemas naturales. Que se actué con prevalimento. 12. o a las creencias. oficio o profesión. en esta disposición se precisan cuales son sus efectos punitivos. 2. 7. poder. Que la acción recaiga sobre bienes de utilidad social o recursos necesarios para la satisfacción de necesidades básicas de la colectividad. 5. Veamos:  El primer párrafo tipifica como circunstancia privilegiada atenuante la afectación leve del bien jurídico. sexo. formación. alevosía o de modo subrepticio. 3. 10.
Finalmente el artículo 47º describe las circunstancias privilegiadas de atenuación y cualificadas de agravación. religiosa.
se configura: “Cuando después de haber cumplido en todo o en parte una condena a pena privativa de libertad efectiva se incurre en nuevo delito doloso dentro de los 05 años siguientes”
Como se puede inferir el nuevo modelo de determinación judicial de la pena. Además. a la vez que orienta al Juez hacia la solución de casos límites como los regulados por el artículo 44º. Se mantienen.Taller: Determinación Judicial de la Pena y Medidas Alternativas
límite temporal máximo de 35 años de pena privativa de libertad. procura hacer menos complejo y arbitrario dicho proceso decisorio del órgano jurisdiccional. pues. según el inciso 2 del artículo 49º. Ahora bien. las circunstancias que actualmente contienen los artículos 46º A y 46º B del Código Penal. promueve la fundamentación y justificación del resultado punitivo.
. la agravante cualificada de la reincidencia. pero se suprime la relativa a la habitualidad que consigna el articulo 46º C. del Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2008/2009.
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