Source: http://absta.info/corte-interamericana-de-derechos-humanos-caso-lpez-lone-y-otro.html?page=14
Timestamp: 2019-09-22 23:15:39
Document Index: 88246413

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 14412', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 8', 'artículo 23', 'artículo 8']

Derecho a permanecer en el cargo en condiciones generales de igualdad
Conclusión sobre las garantías de debido proceso y derechos políticos
La Corte ha señalado que la garantía de estabilidad o inamovilidad del juez se relaciona con el derecho a permanecer en un cargo público, en condiciones generales de igualdad406. En efecto, en el caso Reverón Trujillo se indicó que “el acceso en condiciones de igualdad constituiría una garantía insuficiente si no está acompañado por la protección efectiva de la permanencia en aquello a lo que se accede”407.
En relación con la protección otorgada por el artículo 23.1.c de la Convención Americana408, en los casos Apitz Barbera y otros y Reverón Trujillo, este Tribunal precisó que el artículo 23.1.c no establece el derecho a acceder a un cargo público, sino a hacerlo en “condiciones generales de igualdad”. Lo anterior quiere decir que el respeto y garantía de este derecho se cumplen cuando “los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución s[ean] razonables y objetivos” y que “las personas no sean objeto de discriminación” en el ejercicio de este derecho409. A este respecto, la Corte ha indicado que la igualdad de oportunidades en el acceso y la estabilidad en el cargo garantizan la libertad frente a toda injerencia o presión política410.
El Comité de Derechos Humanos ha considerado en casos de ceses arbitrarios de jueces411 que, al no respetarse los requisitos básicos del debido proceso, se vulneran dicho derecho recogido en el artículo 14412 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el homólogo del artículo 8 de la Convención Americana), en conjunción con el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país amparado por el artículo 25.c413 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el homólogo del artículo 23.1.c de la Convención Americana)414.
Como consecuencia de los procedimientos disciplinarios a los que fueron sometidos, tres de las presuntas víctimas fueron destituidas y removidas del Poder Judicial. La Corte considera que estas destituciones constituyeron medidas arbitrarias, debido a las circunstancias bajo las cuales fueron sancionadas las presuntas víctimas y las violaciones al debido proceso constatadas en el presente caso respecto del procedimiento disciplinario. Esta Corte considera que la destitución de las presuntas víctimas, por medio de un procedimiento que no estaba establecido legalmente y que no respetó las garantías de competencia, independencia e imparcialidad, afectó indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza y Luis Alonso Chévez de la Rocha, en violación del artículo 23.1.c de la Convención Americana. Dicha violación no se materializó en el caso del señor Ramón Enrique Barrios Maldonado, quien finalmente no fue separado de su cargo como consecuencia de los hechos de este caso, por lo cual la Corte no declara una violación en este sentido en su perjuicio.
En virtud de todas las consideraciones anteriores, la Corte concluye que: los procedimientos disciplinarios a los que fueron sometidos las presuntas víctimas no estaban establecido legalmente; el Consejo de la Carrera Judicial era incompetente y carecía de la independencia necesaria para resolver recursos contra los acuerdos de destitución de la Corte Suprema de Justicia; la forma cómo se integró el Consejo de la Carrera Judicial, para decidir los recursos interpuestos por las presuntas víctimas, no garantizó adecuadamente su imparcialidad, y la Corte Suprema de Justicia no ofrecía garantías objetivas de imparcialidad para pronunciarse sobre las presuntas faltas disciplinarias de las presuntas víctimas, en la medida en que todas estaban relacionadas con conductas relativas al golpe de Estado.
Por consiguiente, teniendo en cuenta lo indicado en los párrafos 148 a 155 de esta Sentencia, el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como en relación con el artículo 23.1.c y 1.1 del mismo tratado, por la afectación arbitraria a la permanencia en el ejercicio de la función judicial y la consecuente afectación a la independencia judicial, en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza y Luis Alonso Chévez de la Rocha, quienes fueron separados del Poder Judicial.
Otras violaciones alegadas respecto del debido proceso en los procesos disciplinarios iniciados a las presuntas víctimas
Una vez se ha determinado que el procedimiento y órganos a través de los cuales se llevaron a cabo los procesos disciplinarios de las presuntas víctimas no era el establecido legalmente ni se cumplió con las garantías de competencia, independencia e imparcialidad en ninguna de las etapas del procedimiento, no es necesario entrar a analizar las demás garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención415. Por ello, este Tribunal estima que no es necesario pronunciase sobre las alegadas violaciones respecto del deber de motivación de las decisiones, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la efectividad del recurso ante el Consejo de la Carrera Judicial.