Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-40-2005-12-09-2007-46241
Timestamp: 2018-05-22 17:23:32
Document Index: 298909682

Matched Legal Cases: ['artículo 131', 'artículo 118', 'artículo 131', 'artículo 131', 'artículo 40', 'artículo 38', 'artículo 11', 'artículo 37', 'artículo 12', 'artículo 1902', 'artículo 118', 'artículo 64', 'artículo 66', 'artículo 64', 'artículo 62', 'artículo 37']

Resolución de TEAC, 00/40/2005, 12-09-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/40/2005 de 12 de Septiembre de 2007
Núm. Resolución: 00/40/2005
Existe el supuesto de responsabilidad regulado en la letra a) del artículo 131.5 de la LGT (Ley 230/1963 redacción Ley 25/1995) referida a los que sean causantes o colaboren en la ocultación maliciosa de bienes o derechos del obligado con la finalidad de impedir su traba. Se trata de un tipo de responsabilidad por actos ilícitos que tiene su fundamento en lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación, que no requiere que se le notifiquen las liquidaciones adeudadas por el sujeto pasivo responsable principal al declarado responsable, ni por ende el que tenga la interesada la posibilidad de impugnarlas, extendiéndose el importe de la responsabilidad al importe del valor de los bienes que se hubiesen podido embargar. Las actuaciones frente al deudor principal y frente a otros obligados subsidiarios por parte de la Administración han interrumpido la prescripción, no habiendo transcurrido más de cuatro años entre ninguna de las actuaciones frente a todos ellos.
En la Villa de Madrid, a 12 de septiembre de 2007 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por X, S.A. y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra acuerdo de la Unidad de Actuaciones Especiales de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ... de 30 de septiembre de 2004, en asunto relativo a declaración de responsabilidad solidaria al amparo del artículo 131.5 a) de la Ley General Tributaria de 1963, por importe de 1.642.544,48 €.
PRIMERO: Con fecha 8 de octubre de 2004, le fue notificado a la entidad interesada acuerdo de 30 de septiembre de 2004, por el que, al amparo del artículo 131.5 a) de la Ley General Tributaria de 1963, se le declaraba responsable solidaria de las deudas contraídas por la entidad Y, S.A. por importe de 1.642.544,48 €. Esta sociedad fue declarada fallida el 7 de marzo de 1996. Las actuaciones contra la entidad declarada responsable se iniciaron el 5 de octubre de 2000 y a dicha sociedad le fue concedido el previo trámite de audiencia.
SEGUNDO: Frente al referido acuerdo la interesada interpone el 4 de noviembre de 2004, la presente reclamación económico-administrativa, y siéndole puesto de manifiesto el expediente presenta alegaciones, manifestado en síntesis la prescripción del derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de derivación de responsabilidad, la improcedencia de la derivación de responsabilidad y que la responsabilidad subsidiaria de los administradores de la entidad Y, S.A. D. A y D.ª B se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.
TERCERO: De la documentación obrante al expediente se deducen las siguientes circunstancias de hecho:
1.- En fecha 18 de mayo de 1993, la Inspección de Tributos del Estado, inicia actuaciones de investigación y comprobación de la situación tributaria de la sociedad Y, S.A. que concluyen el día 29 de marzo de 1995 con la incoación de actas de conformidad, por lo que respecta a cuota e intereses, y el 26 de septiembre de 1995 con la conformidad de las actas relativas a las sanciones; todo ello en relación con los conceptos de Impuesto de Sociedades, ejercicios de 1987 a 1989, ambos inclusive, Retenciones de Capital Mobiliario, ejercicios de 1988 y 1989 e Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios de 1988 y 1989, liquidándose una deuda tributaria total de 376.755.203 pesetas.
2.- Ultimado el procedimiento de apremio seguido contra la sociedad Y, S.A. no fue posible el cobro de la deuda anteriormente indicada por lo que en fecha 7 de marzo de 1996 se declaró fallida a la deudora y el 15 de abril siguiente se comunica a sus administradores el inicio de expediente de derivación de responsabilidad subsidiaria, en aplicación de lo establecido en el artículo 40.1, primer párrafo, de la Ley General Tributaria.
3. Con anterioridad a la comunicación de inicio y puesta de manifiesto de actuaciones indicado, en fecha 15 de marzo de 1996 se dictan sendos acuerdos de adopción de medidas cautelares, ordenando el embargo cautelar de los bienes inmuebles que figuraban inscritos en los Registros de la Propiedad de ... (n° ...) a nombre de D. A y D.ª C resultando embargados únicamente parte de ellos, mientras que por los restantes se deniega tal medida al no figurar ya inscritos a nombre de los presuntos responsables, sino a nombre de X, S.A. como consecuencia de aportación no dineraria efectuada por aquellos el 5-12-1995, en pago por la suscripción de 11.500 acciones cada uno.
4. La aportación de las fincas a la sociedad X, S.A. se lleva a cabo siendo administradores los dos cónyuges deudores y sólo unos días después de que en fecha 6-11-1995 se notificaran a la deudora principal, Y, S.A. las liquidaciones correspondientes a las sanciones, cuya conformidad se había prestado mediante escrito de 26-9-1995.
5. Las fincas aportadas son valoradas en conjunto por los aportantes en 115.000.000 pesetas, si bien el preceptivo informe a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Sociedades Anónimas, emitido el 7 de noviembre de 1995 por el experto nombrado por el Registro Mercantil, las valora en 273.296.406 pesetas. De haberse tenido en cuenta esta valoración pericial, de la cual tenía conocimiento preciso la sociedad emisora con antelación a la fecha de adopción del acuerdo de ampliación, el número de acciones a emitir debería haber sido 54.660 (valoración de los bienes/valor nominal de las acciones: 273.296.406, es decir, 27.330 acciones para cada uno de los cónyuges, con lo que la participación de éstos en el capital social de X, S.A. sería del 53,66%, y no del 43,28% que tienen, lo que significa, a su vez, que esta recaudación tendría embargada actualmente la mayoría del capital social, y no sólo el 43,28% que tiene.
6. Con anterioridad a la aportación de las fincas, en fecha 28 de julio de 1995 la sociedad X, S.A. había realizado otra ampliación de capital por importe de 397.000.000 pesetas que, previa renuncia de los cónyuges deudores, es suscrito por sus dos hijos y la sociedad belga Z, S.A. convirtiéndose esta última en propietaria de la mayoría del capital social. Dicha operación supuso que la participación de los deudores en la sociedad -a la que habían aportado gran parte de su capital inmobiliario- se diluyera en 301.800.337 pesetas, es decir, casi a la mitad de su valor; mientras que los realmente beneficiados fueron los nuevos socios, que se ahorran un total de 913.100.000 pesetas que corresponderían a la prima de emisión de acciones, de los cuales, 690.000.000 corresponderían a la sociedad belga.
7. En las fechas en que se llevan a cabo las operaciones de ampliación anteriormente indicadas, los dos cónyuges deudores, D. A y D.ª C, ostentaban el cargo de administradores solidarios; y lo siguieron desempeñando con posterioridad hasta el 8-11-1996, en que es nombrada administradora única su hija, D.ª B.
8. Finalmente, con posterioridad al embargo de las acciones (5 de noviembre de 1996) en fecha 28 de enero de 1997 la Junta General Extraordinaria Universal de X, S.A. acuerda modificar los artículos 10° y 11° de los Estatutos Sociales, relativos a la transmisión de acciones y procedimiento para el caso de embargo de las acciones, respectivamente.
La modificación del primero de los artículos supone la introducción del derecho de adquisición preferente a favor de los socios, tanto en adquisiciones ínter vivos como mortis causa; mientras que la modificación del artículo 11 supone la incorporación de una serie de cláusulas que pretenden hacer eficaz el ejercicio del derecho de tanteo en subasta convocada en cualquier procedimiento de enajenación forzosa, dificultando la entrada de personas extrañas.
La responsabilidad solidaria establecida en este artículo no puede incluirse dentro de los supuestos de responsabilidad tributaria, por lo tanto, no será de aplicación el artículo 37 de la Ley General Tributaria, ni por ende el artículo 12 del Reglamento General de Recaudación alegado, se trata de un tipo de responsabilidad por actos ilícitos que tiene su fundamento en lo establecido en el artículo 1902 del Código Civil, y el procedimiento para exigirla es el regulado en el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación, que no requiere que se le notifiquen las liquidaciones adeudadas por el sujeto pasivo responsable principal al declarado responsable, ni por ende el que tenga la interesada la posibilidad de impugnarlas, extendiéndose el importe de la responsabilidad al importe del valor de los bienes que se hubiesen podido embargar. En el caso que nos ocupa, de acuerdo con los hechos reseñados en el Antecedente Tercero de este acuerdo, concurre el supuesto del apartado a) del referido precepto.
TERCERO: En cuanto a la prescripción alegada, la misma no concurre. Así el artículo 64 de la Ley General Tributaria señala que, "Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones: .....b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas"; y el artículo 66 de dicha Ley establece que, "1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 64 se interrumpen:...a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo devengado por cada hecho imponible.....". Por otro lado el artículo 62 del Reglamento General de Recaudación señala que: "1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago. No obstante, si estos son mancomunados y sólo le es reclamada a uno de los deudores la parte que le corresponde no se interrumpe para los demás. 3. Si existen varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescripción por acción administrativa sólo afectará a la deuda a que ésta se refiera. 4. La prescripción ganada extingue la deuda". La Ley General Tributaria aplicable en materia tributaria dispone en su artículo 37.6 que, "Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos". En base a los antecedentes de hecho las actuaciones frente al deudor principal y frente a otros obligados subsidiarios por parte de la Administración, han interrumpido la prescripción, no habiendo transcurrido más de cuatro años entre ninguna de las actuaciones frente a todos ellos. No es ahora el momento de pronunciarse sobre la responsabilidad subsidiaria de los administradores antes citados pues no ha sido objeto de impugnación en esta reclamación económico-administrativa.
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 9/2011, 08-10-2012
Orden: Administrativo Fecha: 08/10/2012 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Fernandez Dozagarat, Begoña Num. Recurso: 9/2011
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 4802/2009, 10-07-2012
Orden: Administrativo Fecha: 10/07/2012 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Trillo Torres, Ramon Num. Recurso: 4802/2009
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 3690/2011, 12-12-2013
Orden: Administrativo Fecha: 12/12/2013 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Martinez Mico, Juan Gonzalo Num. Recurso: 3690/2011
Sentencia Administrativo Nº 1613/2016, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 439/2015, 18-11-2016
Orden: Administrativo Fecha: 18/11/2016 Tribunal: Tsj Castilla Y Leon Ponente: Pardo Muñoz, Francisco Javier Num. Sentencia: 1613/2016 Num. Recurso: 439/2015
Fecha última revisión: 19/08/2013
PLANTEAMIENTODe acuerdo con el Código Civil de Cataluña, ¿cómo se determina la cuantía y el cómputo de la legítima?RESPUESTATal y como se desprende de lo dispuesto en el Art. 451.5 ,Código Civil Catalán, la cuantía de la legítima es la cua...