Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/09/
Timestamp: 2017-06-27 17:21:13
Document Index: 375142364

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 2', 'artículo 41', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo\n4', 'Artículo 9', 'Artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 5', 'artículo\n2', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo\n1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo\n4', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo\n16', 'artículo 8', 'artículo 23', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo\n73', 'artículo\n75', 'artículo 128', 'artículo\n19', 'artículo 14']

EL BLOG DE EDUARDO ROJO: septiembre 2014
Cuestiones (prácticas) no resueltas en el debate sobre la ultraactividad de los convenios colectivos. Notas a la sentencia (y posterior auto de aclaración) del TSJ del País Vasco de 16 de julio (que sigue la doctrina de las dictadas los días 13 y 18 de mayo). 1. En una
entrada anterior del blog realicé un muy breve comentario de la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social núm. 7 de Bilbao, a cuyo frente se
encuentra la magistrada-juez Cristina Padro, en el conflicto suscitado sobre la
vigencia o no del convenio colectivo de la empresa Hotel Abba Parque
(ParqueBilbao SA). La sentencia, que
amablemente me envió el letrado Javier Rodríguez, desestimó la petición de
mantenimiento de la vigencia del convenio solicitada por la parte demandante,
CGT de Euskadi, por no existir cláusula expresa en el mismo que así lo
estableciera, y habiendo además un convenio de ámbito superior, el provincial
de hostelería que podía ser de aplicación, trayendo a colación en defensa de su
tesis doctrina sentada por el TSJ del País Vasco en sentencias de 19 y 26 de
noviembre de 2013, rechazando la tesis de la parte demandante de que pudieran
mantenerse las condiciones laborales convencionales en cuanto que condiciones
más beneficiosas aplicables a todos los trabajadores que prestaran sus
servicios en la empresa en el momento que finalizaba su vigencia. Más información »
Despidos colectivos en la Administración. Sobre qué debe entenderse por insuficiencia presupuestaria sobrevenida, la documentación debida y el fraude de ley. Notas a la sentencia del TS de 23 de mayo (caso Diputación de Ourense) (y II). 3. Como he
indicado con anterioridad, contra la sentencia de instancia se interpusieron
recursos de casación tanto por las partes demandantes como por las demandadas.
La Sala procede a examinar en primer lugar el recurso de la Diputación,
articulado al amparo del art. 207 e) de la Ley reguladora de la jurisdicciónsocial (“Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la
jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de
debate”). Es decir, los tres motivos alegados son de índole jurídica sustantiva,
sin poner en tela de juicio ni pedir la revisión de los hechos probados en la
instancia. Ya adelanto que todos ellos serán rechazados por la Sala, a pesar de
la buena valoración que realiza del recurso, del que afirma que tiene un “importante
contenido jurídico”. Más información »
Despidos colectivos en la Administración. Sobre qué debe entenderse por insuficiencia presupuestaria sobrevenida, la documentación debida y el fraude de ley. Notas a la sentencia del TS de 23 de mayo (caso Diputación de Ourense) (I). 1- Es objeto de
esta entrada el comentario del llamado “caso de la Diputación de Ourense”, más
concretamente los despidos colectivos de 25 trabajadores, declarados no
conformes a derecho por la sentencia de la Sala de lo Social del TribunalSuperior de Justicia de Galicia de 2 de mayo de 2013, que fue confirmada por la
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 23 de mayo (dictada
por unanimidad), de la que fue ponente el magistrado Gonzalo Moliner Tamborero.
El TS desestima, en los mismos términos que proponía el preceptivo informe del
Ministerio Fiscal, los recursos de casación interpuestos por quienes fueron
partes demandantes en la instancia, el sindicato nacional de CC OO de Galicia y
el comité de empresa, y también por quien fue la parte demandada, la
Diputación. Más información »
Análisis de la Estrategia española de activación para el empleo 2014-2016 y del Plan anual de política de empleo 2014. ¿Una nueva reforma o simple adaptación del marco normativo vigente con cambio de palabras? ( y III)
12. Regreso al PAPE 2014,
estructurado en ocho bloques y acompañado de cinco anexos. La introducción
reitera lo ya explicado y recogido en la EEAE sobre las PAE y las “nuevas líneas”
marcadas a partir de 2013 (remito a mi comentario del PAPE 2013 para el análisis
de documentos del SPEE que fueron tenidos presentes en su redacción y que
siguen inspirando el plan del año en curso). Desde la perspectiva de las
competencias autonómicas en materia de empleo y formación sí me interesa
destacar la afirmación, que parece validar y reforzar tales competencias, eso sí
dentro del marco general o paraguas de las normas de ámbito estatal, dado que
afirma que las CC AA “han podido optar por realizar servicios (acciones) y
programas (medidas) de ámbito estatal reguladas en la normativa estatal vigente
o bien realizar servicios (acciones) y programas (medidas) de políticas activas
de empleo propias, distintas de las anteriores, adaptadas a la realidad de las
personas desempleadas y del tejido productivo de su ámbito territorial, que
establezcan las Comunidades Autónomas”. Más información »
6. ¿He hablado hasta ahora de la EEAE? En puridad sí,
ya que estoy analizando el documento que lleva su nombre, pero en realidad muy
poco ya que hemos de esperar, y ya hemos llegado, a la tercera parte para
conocer cuáles son sus principios de actuación y objetivos, nuevamente tras
pasar por un marco general en el que se nos recuerda algo que ya era sabido por
la Ley de Empleo (tras las reformas de 2011) y por la EEE, como es que la
Estrategia, llámese española de empleo o ahora de activación para el empleo, es
el “primer instrumento de coordinación del Sistema Nacional de Empleo”, y que
está configurada como “como el marco normativo plurianual para la coordinación
y ejecución de las políticas de activación para el empleo, incluyendo las
políticas activas de empleo y de intermediación laboral, en el conjunto del
Estado”. Tan sabida y conocida como difícil de instrumentar en la práctica, y
mucho más en una situación de crisis y de recortes de plantillas en el sector
público, es la tesis de que un aspecto clave del papel vertebrador de las
políticas activas de empleo por la
Estrategia es “su capacidad de reforzar la vinculación efectiva entre las
políticas activas y pasivas, mejorando el encaje entre las dos vertientes de la
protección frente al desempleo”.
Análisis de la Estrategia española de activación para el empleo 2014-2016 y del Plan anual de política de empleo 2014. ¿Una nueva reforma o simple adaptación del marco normativo vigente con cambio de palabras? (I) 1. Con pausa y
sin prisas. A diferencia de la rapidez que mereció la modificación de la Ley de
Empleo, incorporada en el Real Decreto-Ley 8/2014 que en la actualidad se está
tramitando como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia pero en el que
no se han incorporados modificaciones de importancia al texto original, la
aprobación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016
(EEAE) y del Plan anual de política de empleo 2014 (PAPE 2014) se ha hecho de
forma tranquila, aunque dicha aprobación se había anunciado desde hacía varias
meses por lo que se refiere a la EEAE. En efecto, ha sido necesario esperar al
Consejo de Ministros del día 5 de este mes para que fueran aprobados ambos
textos, y su envío al Boletín Oficial del Estado parece que ha llevado un ritmo
bastante lento, o puede ocurrir simplemente que su publicación no se
consideraba prioritaria, o quizás se han incorporado retoques después de la
aprobación, pues de otra forma no se entiende que hayan debido transcurrir 18
días para la publicación de la EEAE y 19 para el PAPE 2014. Recuerdo que algo
parecido ocurrió con el PAPE 2013, que fue aprobado por el Consejo de Ministros
de 2 de agosto y que no vio la luz pública del BOE hasta el 10 de septiembre.
Nuevas sentencias sobre ultraactividad de los convenios colectivos. Una nota breve a la del TSJ de Castilla y León de 23 de julio (a la espera de volver al laboratorio jurídico del País Vasco). 1. Hasta hace
pocos días no había efectuado una nueva consulta (la última databa de 31 de
julio y motivó el comentario en el blog de la sentencia del Tribunal Superiorde Justicia de La Rioja de 25 de junio) a la base de datos del CENDOJ para
conocer si se habían publicado más sentencias de los TSJ de Justicia sobre los
litigios derivados de la aplicación del art. 86.3 de la Ley del Estatuto de los
trabajadores, es decir sobre la ultraactividad de los convenios colectivos
estatutarios y su mantenimiento o no en vigor de los denunciados con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 3/2012. En esta primera visita postvacacional
encontré una sentencia del TSJ de Castilla y León de 23 de julio, de la que fue
ponente el magistrado Santiago Ezequiel Marqués, que desestima el recurso de
suplicación interpuesto por la empresa demandada, la Diputación de León, y
confirma la dictada el 17 de octubre de 2013 por el Juzgado de lo Social núm. 2
de León. Más información »
Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’agost. 1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà
ahir, dimarts 23 de setembre, les dades generals d’afiliació de la poblacióestrangera corresponents al mes d'agost. Más información »
50 % (recurso de la parte empresarial). Más información »
Sobre la reunión de los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 (septiembre 2014). Los documentos de la OIT, OCDE y Banco Mundial y las aportaciones del sindicalismo internacional. 1. Los días 10 y
11 de este mes se reunieron en la ciudad australiana de Melbourne, la ciudad
que algunos estudios han calificado como la mejor de todo el mundo para vivir
en ella (tomando en consideración los indicadores de “salud, violencia y
estabilidad, educación, infraestructuras y medio ambiente y entretenimiento”)
los Ministros de Trabajo y Empleo del G20. Forman parte de este grupo África
del Sur, Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados
Unidos Francia, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido República de Corea,
Rusia, Turquía, y la Unión Europea. España asiste a las reuniones del G20, como
invitado permanente, desde la cumbre extraordinaria de Washington en noviembre
de 2008. La relación de todas las reuniones celebradas desde 2010, y de buena
parte de los documentos presentados y las resoluciones aprobadas pueden
encontrarse en la página web cuyo enlace adjunto. En este blog también me he
ocupado en varias ocasiones de las reuniones de los Ministros de Trabajo y
Empleo, por lo que remito a las entradas correspondientes para quien quiera
conocer mi parecer sobre ellas. Más información »
Despidos colectivos. ¿Para qué ha de servir un recurso de casación? (Los conflictos intrasindicales y sus consecuencias jurídicas llegan al TS. Nota a la sentencia de 25 de junio, que confirma la dictada por la AN el 16 de abril de 2013, caso Banco Sabadell).
1. Compruebo con
satisfacción, al igual que un alumno al final del curso cuando ve los
resultados positivos del esfuerzo de todo el año, que el tiempo dedicado a los comentarios
de la mayor parte de la sentencias dictadas por las Salas de lo Social de la
Audiencia Nacional y de muchas de los Tribunales Superiores de Justicia durante
2012 y 2013 en materia de despidos colectivos, ha valido la pena. El estudio y
análisis que estoy llevando a cabo de un buen número de las sentencias dictadas
por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, desde su primera sentencia de 20
de marzo de 2013, parte del conocimiento detallado del caso por mi parte al
haber leído y estudiado con detenimiento (bastante mayor que en la actualidad,
dado que el volumen de sentencias era entonces mucho menor) todos los datos
facticos, la normativa internacional, europeo y estatal aplicable, y las
resoluciones de los tribunales, algo a lo que añado que en varios de los
litigios me detuve en el seguimiento del mismo desde la perspectiva de los
propios sujetos colectivos implicados mediante el acceso a las medios de comunicación
digitales y a las redes sociales. Más información »
1. Hoy entra en vigor la Leycitada en el título de esta entrada, que ha merecido la atención de los medios
de comunicación no por los cambios introducidos, entre otras muchas normas, en
el Estatuto Básico del Empleado Público en materia de la nueva e importante regulación
de los funcionarios interinos… sino porque se “devuelve” un día de permiso por
asuntos propios a los empleados públicos. Curioso análisis de una norma que
introduce cambios importantes, repito, no sólo en el EBEP sino en muchas otras
normas, y que para algunos medios parece reducirse a que los empleados públicos
“trabajarán un día menos”, cuando todo aquel que conoce las relaciones
laborales, ya sea en el sector público o privado, sabe que lo más importante es
el cómputo anual de la jornada de trabajo, y en segundo término cómo se distribuye
la jornada durante los doce meses y los períodos de cómputo, habitualmente
semanales. Más información »
Despidos colectivos. Caso Teletech. Legitimación del grupo de empresa laboral y concurrencia de las causas. Nota a la sentencia del TS de 25 de junio, que confirma la dictada el 18 de diciembre de 2012 por la AN. 1. La
actualización de la base de datos del CENDOJ ha incorporado numerosas
sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de despidos colectivos
que no había tenido oportunidad de leer y que a partir de ahora, y en la medida
del tiempo disponible, intentaré que sean objeto de anotación breve o
comentario algo más detallado, según mi valoración obviamente muy subjetiva de
la importancia que tenga cada una de ellas, en el blog. Más información »
Despidos colectivos. El caso VAERSA. Sobre la normativa aplicable, la justificación de las causas, y muy en especial la diferente percepción de la buena fe negocial según el TSJ y el TS. Nota a la sentencia del TS de 21 de mayo de 2014. 1. Me propongo
en esta entrada efectuar un comentario del llamado “Caso VAERSA”, ya que a
mediados del pasado mes de julio fue hecha pública la sentencia dictada por laSala de lo Social del Tribunal Supremo el 21 de mayo, de la que fue ponente la
magistrada Lourdes Arastey, con unanimidad de sus miembros (hago constar esta
circunstancia porque nos estamos acostumbrando a sentencias con votos
particulares, por lo que también debe resaltarse, al menos en alguna ocasión,
el acuerdo alcanzado por todos los magistrados y magistradas de la Sala). Más información »
La inmigración, en especial la irregular. El Comisario Montalbano y el Comité Económico y Social Europeo…, sin olvidar a Fernando Colomo.
1. Soy un fiel
seguidor de la serie policiaca “El comisario Montalbano”, y siempre que puedo
estoy los sábados a las 21:30 delante del televisor para ver el capítulo correspondiente
emitido por la 2 de RTVE. Comparto la valoración que ha efectuado el periodista
Antonio García Maldonado: “Una de las series más elegantes de los últimos años
(entre las que yo he visto, claro), comedida en sus tramas, realista en el
dibujo de sus personajes, magistral en su ambientación y con una producción
sencilla que no denota una necesidad permanente de epatar con sus escenas para
contentar a los modernos de guardia. ¡Y sin una sola prueba de ADN!”. Más información »
Reflexiones de un bloguero laboralista sobre el empleo y la formación. Recopilación de entradas publicadas desde el 9 de septiembre de 2007 al 9 de septiembre de 2014. Introducción. Pongo a
disposición de los lectores y lectoras del blog una recopilación de las
entradas que he publicado desde el 9 de septiembre de 2007 al 9 de septiembre
de 2014 dedicadas al empleo y la formación, o mejor dicho de las que he
considerado más interesantes, un total de 177, por el orden cronológico de
publicación. En todos los incorporados a esta recopilación hay, a mi parecer,
aportaciones, reflexiones y documentos que son sin duda de interés para abordar
con mayor y mejor conocimiento de causa la realidad del empleo y la formación, tanto
a escala internacional como europea y española en el período transcurrido de
siete años y con muy importantes cambios políticos, económicos, sociales y jurídicos. No he incorporado las
referencias autonómicas, no porque no sean importantes, que sí lo son y en
algunas ocasiones especialmente relevantes, sino porque el documento hubiera
sido mucho más extenso de lo que ya es, por lo que remito a las personas
interesadas a la consulta directa del blog donde encontrarán dichas reflexiones
y análisis. Más información »
La ultraactividad del convenio colectivo y su aplicación en caso de sucesión de empresa. Nota a una interesante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 1. El pasado
jueves, día 11, el TJUE (Sala Cuarta) hizo pública una sentencia (AsuntoC-328/13) que considero interesante y a la que, por ello, dedico esta breve entrada.
Una vez leída, realicé su difusión mediante un tweet en la red social con este
texto: “Importante sentencia TJUE 11.9. Concepto de convenio colectivo.
Ultraactividad y afectación en sucesión de empresa”, que mereció el interés de
muchos usuarios de la red. En el ámbito periodístico, la sentencia ya ha
merecido la atención del diario “Público”, con una buena síntesis de la
sentencia a cargo de su redactora Julia Pérez con dos titulares “de impacto”:
en primer lugar, el que aparece en la página principal del diario, “Europa hace
temblar el principal pilar de la reforma laboral del PP”, y en segundo término
el que aparece cuando consultas el artículo, “Europa abre brecha ante lareforma laboral y confirma la ultraactividad de un convenio”. Más información »
Referencias a la normativa laboral en las últimas reformas en materia concursal (RDL 11/2014). 1 Los
laboralistas sabemos por experiencia que hemos de prestar atención a la mayor
parte de normas aprobadas, y desde luego no sólo a las de nuestro ámbito
profesional. Por ello, cuando el gobierno aprueba un nuevo Real Decreto-Ley,
como ocurrió el viernes 5 de septiembre, hay que leerlo con atención porque
siempre se pueden encontrar preceptos que afecten a la regulación de las
relaciones de trabajo, ya sea en el texto articulado o en las disposiciones
adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Más información »
Donde decían “digo” (Senado) ahora dicen “Diego” (Congreso). Pues no, no ha sido derogada la disposición adicional decimoquinta de la Ley del Estatuto de los trabajadores. La vida
parlamentaria cada vez me sorprende más. En el Senado se introdujo una
modificación a la disposición derogatoria que incorporó de forma expresa la
derogación de la Disposición adicional
decimoquinta de la Ley del Estatuto de los trabajadores que regula la “Aplicación
de los límites de duración del contrato por obra o servicio determinados y al
encadenamiento de contratos en las Administraciones públicas”. Realicé un
comentario crítico de esta enmienda en una entrada anterior del blog a la que
ahora remito, en cuyo párrafo final decía lo siguiente: “Buena lectura de la
(futura) norma. O si son más pragmáticos, o están de vacaciones, pueden esperar
a su texto definitivo.
Texto (revisado) de la intervención en la Subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil. Introducción. El pasado
martes, 9 de septiembre, tuve la oportunidad de intervenir en la Subcomisióncreada en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso delos Diputados “para el estudio de lasmejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleojuvenil”. Durante 20 minutos expuse mis reflexiones y traté posteriormente,
durante 40 minutos, de responder a las distintas preguntas formuladas por los
representantes de los grupos parlamentarios presentes. Más información »
Se anuncian nuevas, y amplias, reformas legales en la protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Proyecto de ley de régimen jurídico de las MATyEP de la Seguridad Social. 1. El Boletín
Oficial del Congreso de los Diputados publicó el 25 de julio el “Proyecto deLey por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la SeguridadSocial en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes deTrabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”. El debate y, en
su caso, aprobación del proyecto ha sido encomendado a la Comisión de Empleo y
Seguridad Social del Congreso de los Diputados con competencia legislativa
plena, estando abierto el plazo de presentación de enmiendas (salvo ampliación
del mismo, algo que suele ocurrir habitualmente) hasta el 17 de septiembre. Tal
como se explica en la Exposición de motivos la futura norma tiene por finalidad
modernizar el régimen jurídico de aplicación de las que, a partir de su entrada
en vigor, pasarán a denominarse “Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social”.
Entre las modificaciones introducidas, que sin duda deberán ser objeto de
atención detallada cuando se apruebe el texto definitivo, se encuentran las
relativas a lo que se denomina “las particularidades de la gestión” de la prestación
económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes,
explicándose en la exposición de motivos
y concretándose después en las modificaciones introducidas en la disposición adicional
undécima de la LGSS, que “La nueva regulación articula distintos mecanismos
existentes para elevar los niveles de coordinación y eficacia con los Servicios
Públicos de Salud, a quienes corresponde dispensar la asistencia sanitaria en estos
casos. A tal efecto se facilita a las Mutuas la facultad de realizar las
actividades de control y seguimiento desde la baja médica. Por otro lado, se
mejora la coordinación antes mencionada, mediante la figura de la propuesta de
alta médica, debidamente fundamentada, estableciéndose un procedimiento de
plazos breves para obtener una respuesta más ágil. Esta coordinación se
concretará asimismo en la articulación de procedimientos de incorporación de la
información clínica generada por las Mutuas a la historia clínica electrónica
de los pacientes atendidos, a los efectos de evitar duplicidades y generar
sinergias con los Servicios Públicos de Salud”. Dejo constancia de la relación
existente entre estas futuras modificaciones y el Real Decreto 625/2014, de 18de julio, “por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y controlde los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta ycinco días de su duración”, que entró en vigor el día 1 de septiembre.
2. Ahora bien, el proyecto de ley
introduce igualmente importantes reformas en la protección por cese de
actividad de los trabajadores autónomos, modificando numerosos preceptos de la norma
vigente, la “Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistemaespecífico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos”. Tal como se explica nuevamente en la
Exposición de Motivos, la finalidad de la reforma es en primer lugar “suavizar
los requisitos y formalidades que en la actualidad se exigen y que impiden en la
práctica el legítimo disfrute del derecho, así como para ampliar su ámbito a
beneficiarios excluidos del mismo y que sin embargo se encuentran en la
situación de necesidad. Simultáneamente se elimina la obligación de proteger
las contingencias profesionales para acceder a la protección, porque supone una
carga económica para el autónomo que no guarda relación financiera ni material
con el sistema de protección por cese de actividad..”. Igualmente, y entre las
modificaciones de carácter sustantivo, “se reduce el excesivo nivel de pérdidas
que en la actualidad se exige al autónomo para incurrir en la situación de
necesidad, entre el 20 y el 30 por ciento de los ingresos, para situar el
requisito en el 10 por ciento”, y se amplía la cobertura a “los autónomos que
por las características de su actividad se asimilan a los trabajadores
económicamente dependientes, pero que carecen de la calificación legal por
ausencia de las formalidades establecidas al efecto”. Se trata, sin duda, de
cambios relevantes y que está por ver, si llegan a aprobarse, qué incidencia
indirecta pueden tener sobre la regulación de las causas económicas que se
regulan en el art. 51 de la Ley del Estatuto de los trabajadores para
justificar un despido colectivo, cuestión que sólo dejo ahora apuntada como
hipótesis de trabajo. A la espera de conocer las enmiendas
que presenten los grupos parlamentarios del Congreso, y del texto finalmente
aprobado por la Comisión para su remisión al Senado, he procedido a una
comparación de la normativa vigente con el texto del proyecto de ley, al objeto
de que los lectores y lectoras del blog puedan tener un conocimiento adecuado
de la importancia de los cambios introducidos, destacando en negrita los más
significativos. Desde luego, como podrán comprobar, no es menor importancia la
reducción de la cuantía de las pérdidas económicas, y tampoco la ampliación de
la protección a los autónomos dependientes “reales pero no formales”. Buena lectura. Ley
32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección
por cese de actividad de los trabajadores autónomos. http://bit.ly/WHovE7
de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. http://bit.ly/1shlk2K
Artículo 1. Objeto de la
presente Ley tiene por objeto regular el sistema específico de protección
para los trabajadores autónomos que, pudiendo y queriendo ejercer una
actividad económica o profesional a título lucrativo y estando incluidos en
los niveles de protección en ella recogidos, hubieren cesado en esa
actividad, con arreglo a lo establecido en su artículo 5.
cese de actividad, incluido el que afecta al trabajador autónomo
económicamente dependiente, habrá de ser total en la actividad económica o
profesional que de forma habitual, personal y directa se viniere desempeñando
y siempre que hubiere dado lugar al encuadramiento obligatorio en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar en las condiciones descritas en el siguiente artículo.
cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El cese temporal comporta
la interrupción por el trabajador autónomo, en los supuestos previstos en el
artículo 5, de todas las actividades a la que se refiere el número anterior.
Artículo 2. Ámbito subjetivo de
protección por cese de actividad alcanza a los trabajadores autónomos
comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo a
los trabajadores por cuenta propia, incluidos en el Sistema Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, así como a los trabajadores por
cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
Respecto a la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta
propia, incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios se estará a lo establecido en la disposición adicional octava.
protección por cese de actividad no resultará obligatoria en el caso de
socios de Cooperativas comprendidos en el Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre que estas Cooperativas dispongan
de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, complementario al
Sistema Público, que establezca un nivel de cobertura, en lo que respecta a
las situaciones de cese de actividad, al menos equivalente al regulado en la
sistema de protección por cese de actividad comprende las prestaciones
prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad.
Dicha prestación tiene naturaleza pública y está comprendida, en los términos
previstos en el artículo 41 de la Constitución, dentro de la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social.
prestación señalada se regirá exclusivamente por esta Ley y las disposiciones
que la desarrollen y complementen.
sistema de protección por cese de actividad comprenderá, además, medidas de
formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora
de los trabajadores autónomos beneficiarios del mismo.
Artículo 4. Requisitos para el
nacimiento del derecho a la protección.
derecho a la protección por cese de actividad se reconocerá a los
trabajadores autónomos en los que concurran los requisitos siguientes:
afiliados y en situación de alta y cubiertas las contingencias profesionales,
en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o
al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar en su caso.
Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No
Artículo 5. Situación legal de
encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos
trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna
a) Por la
concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos
determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o
profesional. En caso de establecimiento abierto al público, se exigirá el
caso, se entenderá que existen estos motivos cuando concurra alguna de las
1.º) Unas
pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, en un año completo,
superiores al 30% de los ingresos, o superiores al 20% en dos años consecutivos
y completos. En ningún caso el primer año de inicio de la actividad computará
2.º) Unas
ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los
órganos judiciales que comporten, al menos, el 40% de los ingresos de la
actividad del trabajador autónomo correspondientes al ejercicio económico
3.º) La
declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en
los términos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
b) Por fuerza
mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica
pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un
requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no
venga motivada por incumplimientos contractuales o por la comisión de
infracciones, faltas administrativas o delitos imputables al autónomo
violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la
actividad de la trabajadora autónoma.
divorcio o acuerdo de separación matrimonial, mediante la correspondiente
resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo divorciado o
separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge
o de la persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba
incluido en el correspondiente régimen de Seguridad Social, y que dejan de
ejercerse a causa de la ruptura o separación matrimoniales.
encontrarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores
autónomos económicamente dependientes que, sin perjuicio de lo previsto en el
primer apartado de este artículo cesen su actividad por extinción del
contrato suscrito con el cliente del que dependan económicamente, en los
terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra o
rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada por el
cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Trabajo Autónomo.
rescisión de la relación contractual adoptada por causa injustificada por el
muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la
continuación de la actividad.
ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad:
aquéllos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo en el
supuesto previsto en el apartado dos, letra b) del presente artículo.
trabajadores autónomos económicamente dependientes que, tras cesar en su
relación con el cliente y percibir la prestación por cese de actividad,
vuelvan a contratar con el mismo cliente en un plazo de un año, a contar desde
el momento en que se extinguió la prestación. Si el trabajador contrata con
dicho cliente en el plazo señalado, deberá reintegrar la prestación
Artículo 6. Acreditación de la
situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se
acreditarán por:
motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, mediante una
declaración jurada del solicitante, a la que habrán de acompañarse, en
función del motivo alegado, los documentos de carácter contable, profesional,
fiscal, administrativo o judicial, en los que se hará constar la fecha de
fuerza mayor, mediante declaración expedida por los órganos gestores en los
que se ubique territorialmente el negocio o la industria afectados por el
acontecimiento causante de fuerza mayor, a la que se acompañará declaración
jurada del solicitante del cese temporal o definitivo de la mencionada
actividad. En dicha declaración se hará constar la fecha de la producción de
pérdida de la licencia administrativa que habilitó el ejercicio de la
actividad mediante resolución correspondiente.
violencia de género, por la declaración escrita de la solicitante de haber
cesado o interrumpido su actividad económica o profesional, a la que se
adjuntará la orden de protección o, en su defecto, el informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios sobre la condición de víctima de
violencia de género. De tratarse de una trabajadora autónoma económicamente
dependiente, aquella declaración podrá ser sustituida por la comunicación
escrita del cliente del que dependa económicamente en la que se hará constar
el cese o la interrupción de la actividad. Tanto la declaración como la
comunicación han de contener la fecha a partir de la cual se ha producido el
cese o la interrupción.
resolución judicial, así como la documentación correspondiente en la que se
constate la pérdida de ejercicio de las funciones de ayuda familiar directa
en el negocio, que venían realizándose con anterioridad a la ruptura o
separación matrimoniales.
perjuicio de lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, las situaciones
legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos económicamente
dependientes se acreditarán por:
Artículo 7. Solicitud y
nacimiento del derecho a la protección por cese de actividad.
trabajadores autónomos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo
4 deberán solicitar a la misma Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social con la que tengan cubierta la protección
dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales el reconocimiento del derecho a la protección por
de los trabajadores por cuenta propia que no tengan cubierta la protección
enfermedades profesionales con una Mutua, se estará a lo establecido en la
reconocimiento supondrá el nacimiento del derecho al disfrute de la
correspondiente prestación económica, a partir del primer día del mes
inmediatamente siguiente a aquel en que se produjo el hecho causante del cese
de actividad. Cuando el trabajador autónomo económicamente dependiente haya
finalizado su relación con el cliente principal, para tener derecho al
disfrute de la prestación, no podrá tener actividad con otros clientes a
partir del día en que inicie el cobro de la prestación.
Artículo 9. Cuantía de la
prestación económica por cese de actividad.
base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el
Artículo 14. Financiación, base y
protección por cese de actividad se financiará exclusivamente con cargo a la
cotización por dicha contingencia de los trabajadores autónomos que tuvieran
protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. La fecha de efectos de dicha cobertura comenzará, tanto para
la prestación por cese de actividad, como para las contingencias
profesionales, a partir del primer día del mismo mes en que sea formalizada.
base de cotización por cese de actividad se corresponderá con la base de
cotización del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que hubiere elegido, como propia, el trabajador autónomo con
arreglo a lo establecido en las normas de aplicación, o bien la que le
corresponda como trabajador por cuenta propia en el Régimen Especial de los
tipo de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad será
del 2,2 por ciento, aplicable a la base determinada en el apartado anterior.
de cotización aplicable para mantener la sostenibilidad financiera de la
protección por cese de actividad se fijará, anualmente, en la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con los estudios
actuariales que procedan.
medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad
emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por
cese de actividad, a las que se refiere el artículo 3.2 de esta Ley, se
financiarán con un 1 por ciento de los ingresos obtenidos de conformidad con
su artículo 14.3. Dichas medidas serán gestionadas por el Servicio Público de
Empleo de la Comunidad Autónoma competente y por el Instituto Social de la
Marina, en proporción al número de beneficiarios que gestionen.
lo establecido en el artículo anterior y en la disposición adicional cuarta,
corresponde a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social la gestión de las funciones y servicios
derivados de la prestación económica por cese de actividad de los
trabajadores autónomos y proceder al reconocimiento, suspensión, extinción y
reanudación de las prestaciones, así como su pago, sin perjuicio de las
atribuciones reconocidas a los órganos competentes de la Administración en
materia de sanciones por infracciones en el orden social.
fin, la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá a la
Mutua con la que el trabajador autónomo tenga concertada la cobertura de las
excedentes anuales obtenidos por las Mutuas en su gestión de la prestación
por cese de actividad habrán de afectarse a la constitución de las reservas
que reglamentariamente se determinen. Asimismo, se establecerá
reglamentariamente el destino que haya de darse al exceso de los excedentes
que resulte, una vez cubiertas las indicadas reservas.
socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado
por su encuadramiento en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y
tengan concertada la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales tendrán derecho a las prestaciones por cese de actividad
siempre que se cumplan las condiciones establecidas a continuación:
considerarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores
autónomos profesionales que hubieren cesado, con carácter definitivo o
temporal en la profesión desarrollada conjuntamente con otros, por alguna de
requisito para el ejercicio de la profesión y no venga motivada por
administrativas o delitos imputables al autónomo solicitante.
128. Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección
por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional
Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
tipo de cotización en este Régimen Especial de la Seguridad Social será el
29,80 por 100 o el 29,30 por 100 si el interesado está acogido al sistema de
protección por cese de actividad. Cuando el interesado no tenga cubierta la
protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50 por
Cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios, establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta
1. Desde
el 1 de enero de 2014, los tipos de cotización de los trabajadores incluidos
en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios,
establecido en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, serán los siguientes:
Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias
comunes, el tipo de cotización a aplicar a la cuantía completa de la base de
cotización del interesado será del 3,30 por 100, ó del 2,80 por 100 si el
interesado está acogido al sistema de protección por cese de actividad.
Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
establecido en los apartados Uno y Dos será de aplicación en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio, en su caso, y para la
cotización por contingencias comunes, de lo dispuesto en el artículo 19.6 del
Texto Refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21
de junio, aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, de lo que se
establece en el apartado 2 siguiente, y con excepción del tipo de cotización
por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia, que será del
29,30 por 100 o del 29,80 por 100 si el interesado no está acogido al sistema
de protección por cese de actividad. Exposición
de motivos. La
disposición final segunda modifica el régimen jurídico del sistema de
protección de los trabajadores autónomos frente al cese de actividad,
regulado en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un
sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos, al objeto de suavizar los
requisitos y formalidades que en la actualidad se exigen y que impiden en la
las contingencias profesionales para acceder a la protección, porque supone
una carga económica para el autónomo que no guarda relación financiera ni
material con el sistema de protección por cese de actividad; serán las normas
del Régimen Especial correspondiente las que regulen el carácter voluntario u
obligatorio de la protección frente a las contingencias profesionales según
aconsejen las características y riesgos de la actividad. Se mantiene el carácter voluntario de acceso al sistema de protección. No
obstante, la disposición adicional segunda establece que en el plazo de cinco
años el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un estudio sobre la
evolución de los principales parámetros que configuran el sistema de
protección para, en función de sus resultados, valorar la conveniencia de
convertirlo en obligatorio o mantener su carácter voluntario, así como para
valorar su régimen financiero. Se trata de una medida prudente como exige la
toma de decisiones de la indicada naturaleza, que deben basarse en estrictos
motivos financieros y debidamente justificados. En la misma línea se modifica el sistema de financiación y
en orden a dotarlo de seguridad jurídica, objetividad y transparencia, se
establece una fórmula matemática que se aplicará para adaptar el tipo de
cotización según sus necesidades financiera, situándolo entre un mínimo del
2,2 por ciento y un máximo del 4 por ciento, que no se podrá rebasar. En cuanto a las modificaciones de carácter sustantivo, se reduce el excesivo nivel de pérdidas que en la actualidad se exige
al autónomo para incurrir en la situación de necesidad, entre el 20 y el 30
por ciento de los ingresos, para situar el requisito en el 10 por ciento.
La situación de pérdidas a la que se refiere la letra a)1.º del apartado 1
del artículo 5 de la Ley mencionada, se acreditará mediante la entrega de la
documentación contable, de la forma que se determine reglamentariamente en
atención a las distintas obligaciones de mantenimiento de registros contables
o fiscales de los autónomos, así como de las declaraciones del IVA, IRPF y
demás documentos preceptivos. Asimismo se amplía la cobertura a los
autónomos que por las características de su actividad se asimilan a los
trabajadores económicamente dependientes, pero que carecen de la calificación
legal por ausencia de las formalidades establecidas al efecto. Y en
general, se mejoran la claridad y sistemática de la regulación, para elevar
sus niveles de seguridad jurídica y dar coherencia a la materia.
final segunda. Modificación de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se
establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los
trabajadores autónomos. La Ley
32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, queda
redactada en los siguientes términos: Uno. El artículo 1 queda redactado del siguiente modo: "Artículo 1. Objeto y ámbito de
aplicación. 1. El sistema específico de protección por el cese de actividad tiene por
objeto dispensar a los trabajadores autónomos, afiliados a la Seguridad
Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, las
prestaciones y medidas establecidas en esta ley ante la situación de cese
total en la actividad que originó el alta en el Régimen Especial, no obstante
poder y querer ejercer una actividad económica o profesional a título
lucrativo. 2. El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El cese temporal
comporta la interrupción de todas las actividades que originaron el alta en
el Régimen Especial en el que el trabajador autónomo figure encuadrado, en
los supuestos regulados en el artículo 5. 3. El
régimen de protección de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el
Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios se regirá por lo
dispuesto en la disposición adicional octava." Dos. El artículo
2 queda redactado del siguiente modo: "Artículo 2. Régimen jurídico. La protección por cese de actividad forma parte de la acción protectora
del Sistema de la Seguridad Social, es de carácter voluntario y se rige por
lo dispuesto en esta ley y en sus normas de desarrollo, así como,
supletoriamente, por las normas que regulan el Régimen Especial de la
Seguridad Social de encuadramiento." Tres. La
letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 3 quedan redactados del
siguiente modo: "a) La prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la
actividad." "2.
El sistema de protección por cese de actividad comprenderá, además, medidas
de formación, orientación profesional y promoción de la actividad
emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios del mismo, cuya
gestión corresponderá a las entidades previstas en el artículo 14.5." Cuatro.
Las letras a) y e) del apartado 1 del artículo 4 quedan redactadas del
siguiente modo: "a)
Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos o en el Régimen Espacial de los Trabajadores del Mar, en
su caso." "e)
obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito,
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo
improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto
producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección."
Cinco. El
artículo 5 queda redactado del siguiente modo: "Artículo 5. Situación legal de
cese de actividad. 1. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos
de las causas siguientes: a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u
organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad
económica o profesional. En caso de establecimiento abierto al público se
exigirá el cierre del mismo durante la percepción del subsidio o bien su
transmisión a terceros. No obstante, el autónomo titular del inmueble donde
se ubica el establecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de
disposición o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan
la continuidad del autónomo en la actividad económica o profesional
finalizada. Se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u
organizativos cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.º Pérdidas derivadas del desarrollo
de la actividad en un año completo, superiores al 10 por ciento de los
ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de inicio
de la actividad. 2.º Ejecuciones
judiciales o administrativas tendentes al cobro de las deudas reconocidas por
los órganos ejecutivos, que comporten al
menos el 30 por ciento de los ingresos del ejercicio económico
inmediatamente anterior. 3.º La declaración judicial de concurso que impida continuar con la
actividad, en los términos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. b) Por
fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad
económica o profesional. c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya
un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no
venga motivada por la comisión de infracciones penales. d) La
actividad de la trabajadora autónoma. e) Por divorcio o separación matrimonial, mediante resolución judicial, en
los supuestos en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el
negocio de su ex cónyuge o de la persona de la que se ha separado, en función
de las cuales estaba incluido en el correspondiente Régimen de la Seguridad
Social. 2. La situación legal de cese de la actividad
respecto de los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos por aplicación de la disposición adicional vigésima
séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se
producirá cuando cesen involuntariamente en el cargo de consejero o
administrador de la sociedad o en la prestación de servicios a la misma y la
sociedad haya incurrido en pérdidas en los términos previstos en el apartado
1.a).1.º o bien haya disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos
terceras partes de la cifra del capital social. 3. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores
siguientes supuestos: a) Por la terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de
la obra o servicio. b) Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado. c) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada
por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de
julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. d) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa injustificada
julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. e) Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la
continuación de la actividad. La situación legal de cese de
actividad establecida en este apartado será también de aplicación a los
trabajadores autónomos que carezcan del reconocimiento de económicamente
dependientes, siempre que su actividad cumpla las condiciones establecidas en
el artículo 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, por la que se aprueba el
Estatuto del Trabajo Autónomo, excepto la correspondiente al nivel de
ingresos procedentes del mismo cliente, que, a efectos del sistema de
protección objeto de esta ley, será al menos del 90 por ciento de sus
rendimientos por trabajo o actividades económicas o profesionales, salvo que
el trabajador autónomo acredite haber solicitado tal reconocimiento de su
cliente y éste no haya formalizado el contrato de trabajador autónomo
económicamente dependiente. Este porcentaje se aplicará de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2 del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por
el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato
del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el
Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos. 4. En ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad:
a) A aquéllos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo en
el supuesto previsto en el apartado 3.b) del presente artículo. b) A los
trabajadores autónomos previstos en el apartado 3 que tras cesar su relación
con el cliente y percibir la prestación por cese de actividad, vuelvan a
contratar con el mismo cliente en el plazo de un año, a contar desde el
momento en que se extinguió la prestación, en cuyo caso deberán reintegrar la
prestación recibida." Seis. El
apartado 1 y el primer párrafo del apartado 2 del artículo 6 quedan
redactados del siguiente modo: "1. Las situaciones legales
de cese de actividad de los trabajadores autónomos se acreditarán mediante
declaración jurada del solicitante, en la que se consignará el motivo o
motivos concurrentes y la fecha de efectos del cese, a la que acompañará los
documentos que seguidamente se establecen, sin perjuicio de aportarse, si aquel lo estima conveniente, cualquier
medio de prueba admitido legalmente. a) Los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos se
acreditarán mediante los documentos contables, profesionales, fiscales,
administrativos o judiciales que justifiquen la falta de viabilidad de la
actividad. En todo caso se deberán aportar los
documentos que acrediten el cierre del establecimiento en los términos
establecidos en el artículo 5.1.a), la baja en el censo de actividades
económicas y la baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social en el que
estuviera encuadrado el solicitante. En el caso de que la actividad
requiriera el otorgamiento de autorizaciones o licencias administrativas, se
acompañará la comunicación de solicitud de baja correspondiente y, en su
caso, la concesión de la misma, o bien el acuerdo de su retirada. Sin perjuicio de los documentos señalados en el párrafo anterior, la
concurrencia de motivos económicos se considerará acreditada mediante la
aportación, en los términos que reglamentariamente se establezcan, de la
documentación contable que confeccione el trabajador autónomo, en la que se
registre el nivel de pérdidas exigido en los términos del artículo 5.1.a).1º,
así como mediante las declaraciones del IVA, del IRPF y demás documentos
preceptivos que, a su vez, justifiquen las partidas correspondientes
consignadas en las cuentas aportadas. En todo caso, las partidas que se
consignen corresponderán a conceptos admitidos en las normas que regulan la
contabilidad. El trabajador autónomo podrá formular su solicitud aportando datos estimados
de cierre, al objeto de agilizar la instrucción del procedimiento, e
incorporará los definitivos con carácter previo al dictado de la resolución. b) El cese de actividad de los socios de las entidades capitalistas se
acreditará mediante el acuerdo adoptado en junta, por el que se disponga el
cese en el cargo de administrador o consejero junto con el certificado
emitido por el Registro Mercantil que acredite la inscripción del acuerdo. En
el supuesto de cese en la prestación de servicios se requerirá la aportación
del documento que lo acredite así como el acuerdo de la Junta de reducción
del capital por pérdidas. En ambos casos se requerirá la acreditación de la situación de pérdidas o de
disminución del patrimonio neto en los términos establecidos en el artículo
1.2. c) La pérdida de la licencia administrativa que habilitó el ejercicio de la
actividad mediante resolución correspondiente. d) La violencia de género, por la declaración escrita de la solicitante de
haber cesado o interrumpido su actividad económica o profesional, a la que se
cese o la interrupción. e) El divorcio o acuerdo de separación matrimonial de los familiares incursos
en la situación prevista en el artículo 1.e) se acreditará mediante la
correspondiente resolución judicial, a la que acompañarán la documentación
correspondiente en la que se constate la pérdida de ejercicio de las funciones
de ayuda familiar directa en el negocio, que venían realizándose con
anterioridad a la ruptura o separación matrimoniales." "2. Sin perjuicio de los previsto en el apartado 1 del presente
artículo, las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores
autónomos económicamente dependientes, así como de los mencionados en el
artículo 5.3, se acreditarán a través de los siguientes medios:" Siete. El
apartado 1 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo: "1.
Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo
4 deberán solicitar a la misma Mutua
Colaboradora de la Seguridad Social a la que se encuentren adheridos el
reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad. Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no se encuentren adheridos
a una Mutua, será de aplicación lo establecido en la disposición adicional
cuarta. Dicho
correspondiente prestación económica, a partir del segundo mes posterior a aquel en que se produjo el hecho causante
del cese de actividad. Cuando el trabajador autónomo económicamente
dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, para tener
derecho al disfrute de la prestación, no podrá tener actividad con otros
clientes a partir del día en que inicie el cobro de la prestación." Ocho. Se
añade una letra e) al apartado 3 del artículo 8, con la siguiente redacción: "e) En el Régimen Especial del Mar, los períodos de veda obligatoria
aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el cómputo
del período de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la
situación legal de cese de actividad, siempre y cuando en esos períodos de
veda no se hubiera percibido la prestación por cese de actividad." Nueve. El apartado 1 del artículo 9 queda redactado del siguiente modo: "1.
continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. En el
Régimen Especial del Mar la base reguladora se calculará sobre la totalidad
de la base de cotización por esta contingencia, sin aplicación de los
coeficientes correctores de cotización, y además, los períodos de veda
obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta
para el cómputo del período de 12 meses continuados e inmediatamente
anteriores a la situación legal de cese de actividad, siempre y cuando en
esos períodos de veda no se hubiera percibido la prestación por cese de
actividad." Diez. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo: "1. La protección por cese de actividad se financiará exclusivamente con
cargo a la cotización por dicha contingencia. La fecha de efectos de la
cobertura comenzará a partir del primer día del mismo mes en que sea
formalizada. 2. La base
de cotización por cese de actividad se corresponderá con la base de
Trabajadores del Mar. 3. El tipo de cotización correspondiente
a la protección de la Seguridad Social por cese de actividad, aplicable a la
base determinada en el apartado anterior, se establecerá de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 16.1 de la ley General de la Seguridad Social. No
obstante, al objeto de mantener la sostenibilidad financiera del sistema de
protección, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio
establecerá el tipo de cotización aplicable al ejercicio al que se refieran
de acuerdo con las siguientes reglas: a) El tipo de cotización expresado en tanto por cien
será el que resulte de la siguiente fórmula: TCt = G/BC*100. t = año al que se refieran los Presupuestos Generales del Estado en el que
estará en vigor el nuevo tipo de cotización. TCt = tipo de cotización aplicable para el año t. G = suma del gasto por prestaciones de cese de actividad de los meses
comprendidos desde 1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1. BC= suma de las bases de cotización por cese de actividad de los meses
comprendidos desde 1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1. b) No obstante lo anterior, no corresponderá aplicar el tipo resultante de la
formula, manteniéndose el tipo vigente, cuando: 1.º Suponga incrementar el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos
porcentuales. 2.º Suponga reducir el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos
porcentuales, o cuando siendo la reducción del tipo mayor de 0,5 puntos
porcentuales las reservas de esta prestación a las que se refiere el artículo
16.2 de la presente Ley previstas al cierre del año t-1 no supere el gasto
presupuestado por la prestación de cese de actividad para el año t. c) En todo caso, el tipo de cotización a fijar anualmente no podrá ser
inferior al 2,2 por ciento ni superior al 4 por ciento. Cuando el tipo de cotización a fijar en aplicación de lo previsto en este
apartado exceda del 4 por ciento, se procederá necesariamente a revisar al
alza todos los períodos de carencia previstos en el apartado 1 del artículo 8
de la presente Ley, que quedarán fijados en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Dicha revisión al alza será al menos de
dos meses. 4. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá emitir opinión
conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de
noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, respecto a la aplicación por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social de lo previsto en los apartados anteriores, así como respecto a la
sostenibilidad financiera del sistema de prestación por cese de actividad. 5. Las
financiarán con un 1 por ciento de los ingresos establecidos en este
artículo. Dichas medidas serán gestionadas por el Servicio Público de Empleo
de la Comunidad Autónoma competente y por el Instituto Social de la Marina,
en proporción al número de beneficiarios que gestionen." Once. El artículo 16 queda redactado del siguiente modo: "Artículo 16. Órgano gestor. 1. Salvo lo establecido en el artículo anterior y en la disposición adicional
cuarta, corresponde a las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social la
gestión de las funciones y servicios derivados de la protección por cese de
actividad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos
competentes en materia de sanciones por infracciones en el orden social y de las competencias de dirección y
tutela atribuidas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el artículo
73.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. A tal fin,
la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá a la Mutua
con quien el trabajador autónomo haya formalizado el documento de adhesión,
mediante la suscripción del Anexo correspondiente. El procedimiento de formalización de la protección por cese de
actividad, su periodo de vigencia y efectos se regirá por las normas de
aplicación a la colaboración de las Mutuas en la gestión de la Seguridad
Social. 2. El resultado positivo anual que las Mutuas
obtengan de la gestión del sistema de protección se destinará a la
constitución de una Reserva de Estabilización por Cese de Actividad, cuyo
nivel mínimo de dotación equivaldrá al 5 por ciento de las cuotas ingresadas
durante el ejercicio por esta contingencia, que podrá incrementarse
voluntariamente hasta alcanzar el 25 por ciento de las mismas cuotas, que
constituirá el nivel máximo de dotación, y cuya finalidad será el atender los
posibles resultados negativos futuros que se produzcan en esta gestión. Una vez dotada con cargo al cierre del ejercicio la Reserva de Estabilización
en los términos establecidos, el excedente se ingresará en la Tesorería
General de la Seguridad Social, con destino a la dotación de una Reserva
Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, cuya finalidad será
asimismo la cancelación de los déficits que puedan generar las Mutuas después
de aplicada su reserva de cese de actividad, y la reposición de la misma
hasta el nivel mínimo señalado, de acuerdo con lo establecido en el artículo
75.4 de la mencionada Ley General de la Seguridad Social. En ningún caso será de aplicación el sistema de responsabilidad mancomunada
establecido para los empresarios asociados." Doce. El párrafo primero de la disposición adicional sexta queda redactado
del siguiente modo: "Los
por su encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar,
tendrán derecho a las prestaciones por cese de actividad siempre que cumplan
las condiciones generales establecidas en esta ley y las particulares que
seguidamente se disponen:" Trece. La
letra c) del apartado uno de la disposición adicional séptima queda redactada
del siguiente modo: "c)
Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un
venga motivada por la comisión de infracciones penales." Disposición final tercera. Modificación de la Ley
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Con efectos desde el día de entrada en vigor de esta ley, el artículo 128 de
la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, queda redactado en los siguientes términos: Uno. El
primer párrafo del apartado Cinco.5, queda redactado del siguiente modo: "5. El tipo de cotización en este Régimen Especial de la Seguridad
Social será el 29,80 % o el 29,30 % si el interesado está acogido al sistema de protección por
contingencias profesionales. Cuando el interesado no tenga cubierta la
protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será del 26,50
%." Dos. El apartado Seis.1 b), queda redactado del siguiente modo: "b)
Respecto a la mejora voluntaria de incapacidad temporal por contingencias
cotización del interesado será del 3,30 %, o del 2,80 % si el interesado está
acogido al sistema de protección por contingencias profesionales." Tres. El
apartado Siete.1, queda redactado del siguiente modo: "1. Lo establecido en los apartados Uno y Dos será de aplicación en el
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio, en su caso, y
para la cotización por contingencias comunes, de lo dispuesto en el artículo
19.6 del Texto Refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y
24/1972, de 21 de junio, aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, de
lo que se establece en el apartado 2 siguiente, y con excepción del tipo de
cotización por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia,
que será del 29,30 % o del 29,80 % si el interesado no está acogido al
sistema de protección por contingencias profesionales." Disposición final sexta. Entrada en
vigor. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
"Boletín Oficial del Estado". No obstante, las reglas contenidas en el apartado 3 del artículo 14 de la Ley
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, en la
redacción dada por esta Ley, serán de aplicación a efectos del cálculo del
tipo de cotización correspondiente al ejercicio 2016. Publicado por