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Timestamp: 2019-08-21 16:19:35
Document Index: 376240344

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21']

CPLT Jurisprudencia | Gabriela Clavijo Monsalve con DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Gabriela Clavijo Monsalve con DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Rol: C971-12
Consejo para la Transparencia, 26/10/2012
Se dedujo amparo en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información sobre entrega del informe psicológico que le fue realizado, con motivo de la postulación al concurso público para el cargo de Jefe de Departamento Jurídico en dicho servicio, realizado el año 2011. El Consejo señaló que se configura una afectación cierta, probable y específica de este sistema de reclutamiento, de manera que aplicando un test de daño ocurre que el beneficio público resultante de conocer esta información es inferior al daño que podría causar su revelación. De allí que se estime que respecto de estos informes deba aplicarse el art. 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, sin embargo, es posible aplicar el principio de divisibilidad y entregar sólo los puntajes asignados en dichos informes (tanto por la consultora como por el Consejo de Alta Dirección o Comité de Selección, según el caso, cuando: i) los requiriese la propia persona evaluada, ii) se tratase de los puntajes del ganador (que se declaran públicos) y iii) fuesen puntajes de terceros incluidos en la terna o quina que, tras la aplicación del art. 20, consintieran en ello o no se opusieran oportunamente.
Tribunal Constitucional, 05/08/2013, 2451-13-INA
Corte de Apelaciones de Santiago, 22/09/2014, 8687-2012
Corte de Apelaciones de Santiago, 8687-2012
DECISIÓN AMPARO ROL C971-12
Entidad pública: Dirección Nacional del Servicio Civil
Requirente: Gabriela Clavijo Monsalve
Ingreso Consejo: 06.07.2012
En sesión ordinaria Nº 384 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de octubre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C971-12.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de abril de 2012, doña Gabriela Clavijo Monsalve solicitó al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo - SENCE- la entrega del informe psicológico que le fue realizado, con motivo de la postulación al concurso público para el cargo de Jefe de Departamento Jurídico en dicho servicio, realizado el año 2011.
2) DERIVACIÓN DE LA SOLICITUD Y RESPUESTA: El 18 de mayo de 2012, el SENCE derivó la citada solicitud de información a la Dirección Nacional del Servicio Civil, en adelante también DNSC, mediante su Ord. N° 555, el cual ingresó a ese órgano el 21 de mayo de 2012. El 14 de junio de 2012, el Sr. Director Nacional del Servicio Civil respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico, adjuntando copia del archivo “RES-SGS10.doc” en formato Word de la Resolución Exenta que se pronuncia sobre el requerimiento, la cual señala, en síntesis, que:
a) Deniega la entrega de la información solicitada. Adjunta oposición del tercero, la empresa Deloitte Auditores Consultores Ltda. Además invoca el artículo quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882, que establece la confidencialidad de los procesos de selección, norma que tendría el carácter de Ley de Quórum Calificado. Asimismo, señala que el artículo quincuagésimo de ese cuerpo legal dispone expresamente la reserva de las nóminas que se envían a la autoridad, tratándose del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP).
b) Sin perjuicio de lo anterior, argumenta que también se configuraría la causal de secreto o reserva: Afectación de los derechos de las personas (artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y artículo 7° N° 2 de su Reglamento): En una triple perspectiva:
i. Derechos de las personas directamente afectadas: La protección de la salud, la integridad síquica y la dignidad de los postulantes exigen no entregar estos antecedentes, pues sólo pueden revelarse en un entorno clínico y con la asistencia profesional pertinente. Las opiniones de los expertos deben ser resguardadas por la confidencialidad, incluso de la misma postulante que lo solicita, quien fuera de contexto, puede ver afectada su integridad síquica y su dignidad. Por lo anterior, no correspondería entregar los informes psicolaborales al propio postulante, máxime si el titular de dicho informe no es éste, sino la autoridad que solicitó asesoría profesional para evaluar si un individuo posee las competencias necesarias para desempeñarse en un plaza concursada. Por otro lado, las opiniones vertidas por los referentes para un contexto laboral específico no pueden darse a conocer al evaluado, pues perderían todo sentido y efectividad en el cumplimiento de la función de seleccionar, interfiriendo en el proceso de selección que debe discriminar quienes son los mejores para ocupar cargos públicos adscritos al SADP.
ii. Derechos de las personas: Los informes de evaluación psicolaboral serían reservados por contener datos sensibles, considerando que el artículo 2° g) de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, define como tales los datos personales “que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como… los estados de salud físicos o psíquicos…”. Para arribar a esta conclusión, debe considerarse que esta misma ley agregó un nuevo inciso al art. 127 del Código Sanitario, en cuya virtud “las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados” debiendo incluirse en este supuesto los informes emitidos por psicólogos conforme a lo señalado por los arts. 112 y 113, inc. 3°, del Código Sanitario. Dado que los datos sensibles no pueden ser tratados sino en las situaciones excepcionales del art. 10 de la Ley N° 19.628, que no concurren en este caso, no sería factible entregar esta información, tal como ha reconocido el Dictamen N° 31.250/2008, de la Contraloría General de la República, que en un caso concreto prohibió entregar a terceros los informes psicológicos de los candidatos a un cargo público. A mayor abundamiento, el reclamado señala que la confidencialidad del artículo quincuagésimo quinto de la Ley 19.882 impide que la DNSC, incluso con la aceptación del evaluado, proporcione los antecedentes de su informe psicolaboral, ya que la ley exige resguardar su identidad y el tratamiento confidencial de los elementos constitutivos del proceso de selección. Lo anterior se vería reforzado porque los candidatos postulan bajo la premisa de participar en un proceso de selección de carácter confidencial, cuestión que se vincula no sólo a la protección de su vida privada, sino que también a la seguridad en el empleo, ambos derechos de rango constitucional. En efecto, debe protegerse la legítima posibilidad que tiene una persona de buscar nuevos puestos de trabajo sin afectar el que tiene.
iii. Derechos del evaluador (consultora especializada): La publicidad de la información solicitada afectaría los derechos e intereses del evaluador, cuyo trabajo sería expuesto a un escrutinio descontextualizado y generalmente realizado por quienes carecen del conocimiento y las habilidades necesarias para dimensionarlo en forma adecuada, haciendo inútil la participación de las empresas consultoras expertas y, más aún, imposibilitando dicha participación al vulnerarse la regla del sigilo presente en el desarrollo de sus actividades y en la reserva del proceso de selección, que permite que todos estén dispuestos a concursar y que cada postulante sea evaluado en forma rigurosa y profesional.
c) Afectación del interés nacional (artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia y artículo 7° N° 4 del Reglamento de dicha Ley): La DNSC señala que pueden existir casos concretos de procesos de selección de altos directivos cuyo sigilo pueda sustentarse en la causal de seguridad nacional frente a requerimientos precisos de acceso a la información. En tanto, el interés nacional también justificaría las características de secreto o reserva del nuevo proceso de selección de los altos directivos públicos ?al menos en esta etapa fundacional- . El proceso de selección regulado por la Ley N° 19.882 sería un caso excepcionalmente caracterizado por su carácter secreto, como rasgo instrumental para el desempeño eficaz y eficiente de un mecanismo de selección exigente, profesional y calificado por sus resultados, orientado a incorporar al servicio público a personas altamente capaces. En ese contexto la confidencialidad tendría un valor instrumental para lograr un cambio profundo en la provisión de cargos públicos altamente relevantes, con criterios y estándares exigentes, mejorando la gestión de los servidores públicos y con ello la del Estado, todo lo cual estaría justificado en el interés nacional. En el mismo sentido se explica que la confidencialidad sería básica en los procesos homólogos de reclutamiento de directivos para el sector privado —protegiendo a las personas más idóneas del escrutinio público, sobre todo si no resultan seleccionadas pese a sus méritos—, por lo que en el mundo público debería replicarse el mismo rasgo para obtener el mismo éxito, especialmente porque sería una condición necesaria para contar con el apoyo de consultoras especializadas en estos procesos. Por lo mismo, divulgar esta información desarticularía al SADP en su base, alejando de él a los mejores postulantes y a las consultoras especializadas, máxime si los interesados en obtener esta información carecerían de conocimientos especializados para evaluarla o entorpecerían, al conocerla, la acción estatal. Se añade que también sería de interés público resguardar a la autoridad, a través de esta reserva, de presiones indebidas que no consideren los principios de mérito y de responsabilidad política que inspiran al SADP.
3) OPOSICIÓN DEL TERCERO: Mediante carta de 28 de mayo de 2012, el Sr. Jaime Valenzuela Carvallo, en representación de la consultora Deloitte, se opuso a la entrega de la información pedida por doña Gabriela Clavijo Monsalve, en el marco del proceso de selección el marco del proceso de selección destinado a proveer el cargo de Jefe del Departamento Jurídico de SENCE, señalando, en síntesis, que:
a) Tanto las políticas internas como las prácticas del mercado establecen que la información contenida en los informes que se entregan a sus clientes son confidenciales, por cuanto contienen información reservada de los propios postulantes e incluyen referencias solicitadas a terceros, respecto de los candidatos, a los cuales no se les informó que eventualmente su opinión, contenida en el informe, podría llegar a conocimiento de personas distintas a quienes contrataron el proceso, por lo que revelar la información solicitada por la peticionaria, vulneraría gravemente lo dispuesto en el artículo 7 N° 2 del Reglamento de la Ley de Transparencia.
b) Explica que la normativa por la cual se rigen, a los efectos de asegurar la debida transparencia, objetividad y no discriminación entre los distintos candidatos, establece que en los procesos de selección se debe guardar la debida confidencialidad tanto respecto de la identidad de los postulantes como de los instrumentos de medición. Por ello, si eventualmente se entregara el informe solicitado por doña Gabriela Clavijo Monsalve, se atentaría contra el principio de transparencia y no discriminación respecto de los otros candidatos que participaron en los mismos procesos respecto del cual la señora Clavijo está solicitando información.
4) AMPARO: El 6 de julio de 2012, doña Gabriela Clavijo Monsalve dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la DNSC, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información. Además, la reclamante hizo presente, en síntesis, que:
a) La respuesta entregada por la DNSC, mediante correo electrónico de 14 de junio de 2012, sería inválida, por cuanto no puede ser considerada un acto administrativo, de conformidad con la definición del artículo 3° de la Ley Nº 19.880, pues lo remitido no se encontraría numerado ni firmado por el Jefe de Servicio, y por tanto, no sería una decisión "formal".
b) De no considerarse dicha alegación, señala que la oposición de la consultora se basa en la confidencialidad, la cual se encuentra establecida en beneficio de las personas que pudiesen verse afectadas por la publicidad de dichas actuaciones. Pero en este caso, es ella misma como postulante la que solicita su propia información, por lo que está renunciando a dicha confidencialidad. En este mismo sentido se encontraría el artículo 2°, letra g) y el artículo 10 de la Ley Nº 19.628.
c) Señala que conforme a reiterada jurisprudencia del Consejo para la Transparencia y de la Corte de Apelaciones, en los casos en que se ha pronunciado sobre la solicitud de entrega al postulante a un concurso público de su propio informe psicológico, la decisión tanto del Consejo como de la Corte, siempre ha sido que el Servicio requerido debe hacer entrega de dicho informe al propio evaluado, tomando todas las medidas para que se cautele la confidencialidad del contenido de dicho Informe, el que naturalmente el propio evaluado tiene derecho a conocer, ya que se trata de sus propios datos y puede disponer de ellos.
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Director Nacional del Servicio Civil, mediante el Oficio N° 2.514 de 18 de julio de 2012, quien mediante el Oficio N° 907, de 3 de agosto de 2012, presentó sus descargos, señalando, en síntesis que:
a) Involuntariamente el archivo adjunto y enviado mediante correo electrónico, dirigido a la solicitante, no corresponde al acto administrativo totalmente tramitado de la autoridad. Sin perjuicio de ello, éste fue dictado en tiempo y forma y se trata de la Resolución Exenta N° 849 de 14 de junio de 2012 - cuya copia se acompaña a los descargos- y que da cuenta del pronunciamiento respecto de la solicitud.
b) En lo que respecta a los fundamentos para la denegación del Informe Psicológico de la reclamante, indica que se mantienen los argumentos planteados en la señalada Resolución Exenta N° 849, señalados en el numeral 2° de la parte expositiva de ésta decisión.
6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo mediante el Oficio Nº 2.513, de 18 de julio de 2012, notificó a Deloitte, en su calidad de tercero interesado en el presente procedimiento, a fin que presentare sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa de los derechos que le asistirían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Mediante presentación de 2 de agosto de 2012, el representante legal de dicha consultora, don Jaime Valenzuela Castillo, ratificó su oposición a la entrega de la información solicitada, solicitando tener presente que Deloitte Auditores y Consultores Limitada, en su calidad de prestador de servicios de selección para proveer cargos destinados a la Alta Dirección Pública, es solo uno de los actores de éste proceso y, en caso alguno, es el propietario de la información o de los informes que se emiten en razón del servicio, sino que, por el contrario el servicio profesional que prestan se limita a evaluar el grado de idoneidad para el cargo de él o los postulantes preseleccionados para evaluación, en base al perfil definido por quien solicita el proceso.
1) Que, primeramente, respecto de la alegación de la reclamante contenida en su amparo, esto es, que la respuesta de la reclamada no tendría validez, por no constituir un acto administrativo en los términos establecidos en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, cabe señalar que:
a) El artículo 16 de la Ley de Transparencia establece, en lo pertinente, que la negativa a entregar la información deberá formularse por escrito, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, debiendo además ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven tal decisión. Asimismo, el numeral 3.1, literal c) de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, dispone que la negativa a entregar la información “…se formulará por escrito, mediante la dictación del correspondiente acto administrativo, el que deberá ser fundado, especificando, con exactitud y remisión expresa a la norma que la contenga, la causal legal invocada y las razones de hecho y de derecho que en cada caso motiven su decisión. Asimismo, deberá indicar expresamente al solicitante que a su respecto puede interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia en el plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación de la denegación de acceso. Por último, el acto deberá disponer su incorporación al Índice de actos y documentos calificados como secretos y reservados una vez que se encuentre a firme, en conformidad a lo dispuesto en la Instrucción General N° 3 del Consejo…”.
b) En la especie, consta que la DNSC, el 14 de junio de 2012, remitió a la reclamante un correo electrónico, adjuntando un archivo en formato Word denominado “RES-SGS10.doc”, que contiene el texto de la Resolución Exenta que denegó la entrega de la información solicitada, pero sin tramitar. No obstante aquello, este Consejo ha podido advertir que el archivo enviado a la solicitante resulta coincidente con el texto definitivo de la Resolución Exenta N° 849, de 14 de junio de 2012, razón por la cual, sin perjuicio de tener por contestada dentro de plazo la solicitud que dio origen al presente amparo, puesto que la reclamada formuló por escrito y de manera fundada su negativa a entregar la información pedida, este Consejo estima hacer presente a la DNSC que, en lo sucesivo, deberá adoptar las medidas necesarias a objeto de ajustar su procedimiento a la normativa legal y a la Instrucción General citada en el considerando precedente.
2) Que, el Sistema de Alta Dirección Pública fue creado en 2003 por la Ley N° 19.882 para dotar a la Administración Pública chilena de un sistema integral de selección, formación, evaluación y desarrollo de altos directivos —jefes superiores y directivos de segundo nivel jerárquico— de cerca de un centenar de servicios de la Administración del Estado, con el propósito de favorecer la calidad, eficiencia y eficacia de su gestión y su modernización estructural. El reclutamiento y selección de los cargos sometidos a este sistema es conducido por el Consejo de Alta Dirección Pública, situado en la estructura de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que encarga parte de este proceso a empresas especializadas en selección de personal, según lo permite expresamente el artículo cuadragésimo segundo de la misma ley.
3) Que, el presente amparo se refiere a la solicitud que ha hecho la reclamante respecto de su propio informe psicológico, en el marco de un proceso de selección - regido por el Sistema de Alta Dirección Pública - para proveer el cargo de Jefe del Departamento Jurídico del SENCE, correspondiente al segundo nivel jerárquico, identificado con el N° 1577 en el sistema de postulación en línea, en la sección que contiene los concursos públicos finalizados, en la página web http://postulacionesadp.serviciocivil.cl/ANTARES_HN/SLConcursosConcluidos, y que según la información contenida en el citado vínculo web, fue declarado desierto el 10 de noviembre de 2011.
4) Que, la regla general en materia de acceso a la información pública se encuentra en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, según los cuales son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones que establece la misma Ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. Por lo tanto, encontrándose en poder de la DNSC la información requerida que ha sido elaborada con presupuesto público y ha fundado una decisión de la Administración es pública salvo que concurra alguna de las excepciones que establece la Ley de Transparencia u otras leyes de quórum calificado por las causales que señala el artículo 8º de la Constitución Política.
5) Que la primera causal de secreto invocada ha sido la del N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882, de 2003, que dispone que el proceso de selección de los altos directivos públicos correspondientes al segundo nivel jerárquico “…tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato” y añade que la DNSC “dispondrá las medidas necesarias para garantizar esta condición”. La misma reserva se establece en el artículo quincuagésimo para la entrega de la nómina de candidatos en los concursos de primer y segundo nivel jerárquico.
6) Que, sin embargo, con posterioridad a la Ley N° 19.882 el art. 21 N° 1 b) de la Ley de Transparencia, dictada en 2008, reafirma el secreto o reserva “…de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política…” pero le da un carácter temporal, pues añade que esto es “…sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas [la resolución, medida o política] sean públicos una vez que sean adoptadas”.
7) Que, este Consejo, como señaló en sus decisiones A29-09 (considerando 8º) y A90-09 (considerando 9º, literal c), ha estimado que la interpretación armónica de la Ley de Transparencia y de la Ley N° 19.882 lleva a concluir que la confidencialidad de los procesos de selección de altos directivos públicos termina al finalizar éstos, vale decir, al determinarse la nómina de candidatos a proponer al jefe superior del servicio que corresponde —o al Presidente de la República, en su caso— y seleccionar éste último a uno de los candidatos. Dado que en este caso el concurso público respecto del cual se requiere la información fue declarado desierto se encuentra finalizado, por lo que se desestimará la causal de secreto o reserva del artículo quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882.
8) Que, además, se han planteado las siguientes causales de secreto o reserva para no divulgar el informe psicológico solicitado:
a) La afectación de los derechos de las siguientes personas:
i. La propia requirente, según plantea la DNSC;
ii. Los otros postulantes para el cargo de Jefe de Departamento Jurídico del SENCE, aunque a su respecto no se ha requerido información alguna, y;
iii. La empresa especializada en selección de personal que llevó el proceso, y que también se ha opuesto expresamente a la entrega de la información.
b) La afectación de la seguridad de la Nación y el interés nacional.
A continuación se analizará cada una de estas causales, dejando la primera de ellas para el final.
9) Afectación de los derechos de los otros postulantes: Que, en la especie, no se ha requerido información alguna sobre postulantes diferentes a la reclamante, por lo que debe desecharse la alegación de la DNSC en este punto, por no proceder en el caso.
10) Afectación de los derechos de la consultora especializada en selección de personal que estuvo a cargo del concurso: Que, en este punto, la empresa ha invocado para denegar la información la causal de reserva establecida en el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y la confidencialidad de los informes emanados de dichas empresas:
a. La consultora se opuso a la entrega del informe psicológico de la solicitante, como ya se indicó, alegando que los informes que se entregan a los clientes son confidenciales por contener información reservada de los propios postulantes y referencias de terceros.
b. La DNSC señaló que de divulgarse la información requerida el trabajo del evaluador se vería expuesto a un escrutinio descontextualizado por parte de personas que carecen del conocimiento y las habilidades necesarias para dimensionarlo en forma adecuada.
c. En ambos casos se plantea que la confidencialidad de los procesos de selección de directivos realizados por consultoras especializadas sería parte de los estándares tanto nacionales como internacionales para desarrollar estos procedimientos.
d. Analizando el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, este Consejo no estima que existan derechos de las empresas consultoras que pudieran verse afectados por la entrega de la información requerida por la reclamante, siguiendo el criterio adoptado en la decisión Rol A29-09.
11) Afectación del interés nacional: Que la DNSC alegó esta causal, prevista en el art. 21 N° 4 de la Ley de Transparencia y respecto a la cual se han pronunciado en las decisiones de amparos roles A29-09, A35-09, A90-09, A336-09 y C488-10, en los siguientes términos:
a) La DNSC señala que sólo en casos muy concretos la revelación de información sobre procesos de selección podría afectar la seguridad de la nación, sin señalar cuáles serían ni tampoco cómo ésta podría afectarse, si, como en el caso, se da a conocer el informe psicológico de la reclamante que participó en el concurso indicado en el numeral 1° de la parte expositiva de la presente decisión. Por ello, se rechazará este argumento. A mayor abundamiento, se debe reiterar que, en la especie, no se ha requerido ninguna información sobre otros postulantes, y, además, de la naturaleza del concurso para el cargo ya mencionado, no puede colegirse la afectación al bien jurídico de la seguridad de la Nación según lo afirma la DNSC.
b) Afirma que la publicación o conocimiento de la información solicitada afectaría al interés nacional. Ello, porque la confidencialidad del proceso de selección de altos directivos públicos aseguraría que el mecanismo de selección fuese exigente, profesional, calificado y orientado a incorporar al servicio público a personas altamente capaces, generando un cambio profundo y mejorando la gestión de los servidores públicos y con ello, la del Estado. La divulgación dañaría todo lo anterior y, por lo mismo, el interés nacional. Este último es un concepto jurídico indeterminado que alude a la conveniencia o beneficio de toda la sociedad. La forma en que lo plantea la DNSC, sin embargo, parece reconducirse más bien a la causal del art. 21 N° 1 de la Ley de Transparencia (afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano), la cual deberá ser desechada pues no justifica que la divulgación de la información solicitada se refiriese, siguiendo el art. 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, ?a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país- ni tampoco la forma en que la publicidad del mecanismo de selección afecta o pudiera afectar dicho interés en forma diversa de la que ya había sido planteada a propósito de la ya citada causal del art. 21 N° 1. En consecuencia, al no acreditarse un perjuicio o menoscabo del interés nacional deberá rechazarse esa hipótesis de secreto o reserva.
12) Afectación de los derechos de la requirente: Que, por último, ante la petición del informe psicológico de la propia solicitante en el referido proceso de selección, la DNSC ha invocado la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en cuanto entregar a la requirente su propia información le afectaría, pues ésta sólo podría revelarse en un entorno clínico y con la asistencia profesional pertinente. Agregó que el titular de los informes psicolaborales no era el postulante a que se referían, sino la autoridad que solicitó la asesoría profesional para efectuar dicha evaluación. Al respecto este Consejo estima que:
a) Aunque el informe haya sido encargado por la DNSC el titular de los datos allí contenidos es la persona a que se refieren dichos datos, en este caso, el postulante requirente. Ello, por aplicación del art. 2° letra ñ) de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, que entiende por “titular de los datos”, a “la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.
b) No obstante, atendido que la solicitante en la especie está pidiendo su propio informe psicológico, el criterio de este Consejo a partir de la decisión de las reposiciones interpuestas en los amparos A29-09 y A35-09, recogida en otras posteriores como la decisión del amparo A90-09 (en todos éstos por mayoría), el Consejo declaró que las opiniones contenidas estos informes debían estimarse reservadas, pues su entrega afectaría el debido funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública (21 N° 1 Ley de Transparencia) ya que:
i. La evaluación sicolaboral corresponde a un examen en un momento determinado, sobre la base de los atributos definidos por un mandante, y a través de la emisión de opiniones por parte de consultoras dedicadas al reclutamiento de personal, cuya claridad y asertividad es esencial para una debida prestación de sus servicios y para que sus informes sean útiles para decidir a qué persona contratar. De allí que la DNSC se refiera a ellos como un “juicio de expertos” y difícilmente objetivable. Lo anterior hace que de difundirse esas opiniones se produzcan cuestionamientos difíciles de dirimir y que, además de no generar valor al sistema de reclutamiento, provocarían serios entorpecimientos a su funcionamiento regular.
ii. El rol del Consejo de Alta Dirección Pública es administrar este sistema de selección con una visión de Estado cuestión que, entre otras cosas, supone velar por el adecuado desempeño de las empresas consultoras que elaboran estos informes. Para ello este organismo cuenta con una autonomía resguardada por el sistema de selección y permanencia de sus autoridades, ya que cuatro de sus consejeros/as deben ser ratificados por los cuatro séptimos de los senadores en ejercicio, duran 6 años en sus cargos y sus causales de cese son objetivas, según lo establecido en los artículos cuadragésimo tercero y siguientes de la Ley N° 19.882, de 2003;
iii. De entregarse estos antecedentes el Sistema de Alta Dirección Pública se vería sometido a una magnitud de cuestionamientos cuyo volumen atentaría contra su debido funcionamiento. Previsiblemente, además, en muchos casos no se dejaría satisfechos a los interesados y terminaría mermándose la claridad y asertividad de los informes que pasarían a ser herramientas poco útiles para el reclutamiento del personal.
iv. Todo lo anterior configura una afectación cierta, probable y específica de este sistema de reclutamiento, de manera que aplicando un test de daño ocurre que el beneficio público resultante de conocer esta información es inferior al daño que podría causar su revelación. De allí que se estime que respecto de estos informes deba aplicarse el art. 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia.
c) Sin embargo, es posible aplicar el principio de divisibilidad y entregar sólo los puntajes asignados en dichos informes (tanto por la consultora como por el Consejo de Alta Dirección o Comité de Selección, según el caso, cuando: i) los requiriese la propia persona evaluada, ii) se tratase de los puntajes del ganador (que se declaran públicos) y iii) fuesen puntajes de terceros incluidos en la terna o quina que, tras la aplicación del art. 20, consintieran en ello o no se opusieran oportunamente. Ello, pues la pura entrega de los puntajes no produce ninguno de los efectos señalados en el literal anterior.
13) Que, por último, si bien el Tribunal Constitucional resolvió en su sentencia Rol 1990/2011, de 5 de junio de 2012, recaída en el requerimiento de inaplicabilidad presentado por don Pablo Coloma Correa en el reclamo de ilegalidad caratulado “Dirección Nacional del Servicio Civil con Consejo para la Transparencia”, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol Nº 541-2011, que no podían aplicarse a dicha gestión los artículos 5º, inciso segundo, y 21, Nº1, letra b), de la Ley de Transparencia, lo hizo porque ello afectaría la vida privada del recurrente, lo que como se ha dicho no ocurre de forma alguna en este caso, de manera que este criterio no es aplicable en este caso. Por lo demás, dicha sentencia tiene sólo efectos relativos.
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Gabriela Clavijo Monsalve, en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Civil que:
a) Entregue a la reclamante los puntajes asignados en el informe sicolaboral a que fue sometida en el marco del concurso público para proveer al cargo de Jefa del Departamento Jurídico del SENCE en 2011.
III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a doña Gabriela Clavijo Monsalve, al Sr. Director Nacional del Servicio Civil y al Sr. Jaime Valenzuela Carvallo, como representante de la consultora Deloitte.