Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-485900119
Timestamp: 2019-03-19 02:27:54
Document Index: 281283900

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 120', 'artículo 41', 'artículo 102', 'artículo 488', 'artículo 151', 'Artículo 488', 'Artículo 151', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 102', 'artículo 488', 'artículo 151', 'artículo 41', 'artículo 41']

Sentencia de Constitucionalidad nº 916/10 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 485900119
Sentencia de Constitucionalidad nº 916/10 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2010
2. Demanda: cargo y pretensión
Sentencia citada en: 21 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, una noticia
ESTABLECIMIENTO DE UNA PRESCRIPCION ESPECIFICA EN MATERIA LABORAL-No desconoce los derechos al trabajo, igualdad y demás garantías constitucionales de los trabajadores DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Incompetencia de la Corte Constitucional para conocer asuntos que no tienen naturaleza ni fuerza material de ley
La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la integración de la unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando se torna indispensable para evitar un fallo inocuo o cuando resulta necesaria para poder efectuar un pronunciamiento de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por quien ejerce la acción pública de inconstitucionalidad. En tal sentido, es factible realizar una integración de la proposición normativa y ampliar el control a otros aspectos normativos cuyo análisis sea indispensable para decidir de fondo la cuestión planteada. Sobre este extremo se presentan, en suma, dos hipótesis. De una parte, la Corte puede ampliar su examen de constitucionalidad sobre disposiciones o enunciados normativos que no han sido acusados expresamente en la demanda, en el evento en que las expresiones demandadas carezcan de un contenido deóntico claro, unívoco o de un ámbito regulador propio, aislado del contexto en el cual están insertadas. En tal caso, debe precisarse el alcance del precepto demandado mediante la inclusión en el juicio de constitucionalidad de otros enunciados normativos que las complementan, caso en el cual la Corte procede a formular la “proposición jurídica completa”. La segunda hipótesis se presenta cuando “[l]as normas (…) tienen cada una un sentido regulador propio y autónomo, pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada impone el examen de la conformidad o inconformidad con la Constitución de algunos elementos normativos a los cuales hace referencia, que están contenidos en otras disposiciones no demandadas. Con estas últimas se constituye la unidad normativa”. En esta última circunstancia, la Corte Constitucional ha afirmado que debe existir una relación “íntima e inescindible” entre la disposición acusada y aquella respecto de la cual se integra la unidad normativa, de manera tal que para evitar un fallo inocuo resulte indispensable extender el examen de constitucionalidad a esta última. La segunda hipótesis también tiene lugar cuando la disposición impugnada se encuentre íntima e inescindiblemente relacionada con otra norma que parece prima facie inconstitucional
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración/PRESCRIPCION DE LA ACCION LABORAL-Término/OPORTUNIDAD EN DERECHO-Concepto/PRESCRIPCION DE LA ACCION LABORAL-Contenido/PRESCRIPCION DE CORTO PLAZO-Conveniencia/PRESCRIPCION DE CORTO PLAZO-Finalidad
Actor: S.A.B.O..
Magistrado S.: M.G.C..
Textos normativos demandados (objeto de revisión).
El ciudadano S.A.B.O., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentó demanda contra los artículos 488 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, 151 (parcial) del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 41 (parcial) del Decreto 3135 de 1968 y 102 (parcial) del Decreto 1848 de 1969. Las normas en cuestión son las siguientes (apartes demandados con subraya):
“CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
- El Convenio 95 sobre la protección del salario de la OIT , establece en el artículo 12 numeral 2: “Cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos, de conformidad con la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral, o, en defecto de dicha legislación, contrato o laudo arbitral, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de los términos del contrato”. Así, al obligar al “ajuste final de todos los salarios debidos”, el Convenio impuso un límite a los Estados partes en cuanto a la regulación de la prescripción, buscando que el trabajador reciba el pago de todos los salarios debidos. En otras palabras, ha de entenderse que el propósito es que la extinción de la obligación del empleador sea por pago, y no por otro modo, como la prescripción. Por ende, se viola el Convenio 95 con un régimen de prescripción que, llegada la terminación del contrato de trabajo, no hace posible que el trabajador obtenga el “ajuste final de todos los salarios debidos”.
4.2. Las normas acusadas no se refieren a la prescripción de los derechos, sino a la de las acciones derivadas de una relación de trabajo, fenómeno que ocurre luego de tres años contados a partir de la fecha en la cual la obligación se hace exigible. Como lo dice la Corte en la Sentencia C-745 de 1999, es necesario diferenciar entre el derecho constitucional a trabajar, el cual es imprescriptible, y el derecho a interponer una acción concreta derivada de la relación laboral, que puede estar sometida a la regulación legal de un plazo. Como se dice en la sentencia mencionada, “el Legislador goza de un amplio margen de configuración de los requisitos, condiciones y términos para el ejercicio de las acciones laborales... Sin embargo, la libertad de configuración política del Congreso no significa arbitrariedad en la determinación de las particularidades de la acción laboral, pues la Constitución limita su acción dentro de criterios de razonabilidad y proporcionalidad a los que debe ajustarse el Legislador”. (Subraya fuera de texto).
4.3. En relación con la posible violación del Convenio 95 de la OIT, la simple lectura de la parte pertinente del mismo basta para comprender de qué manera se debe efectuar el ajuste final de todos los salarios debidos, pues el Convenio dice expresamente que dicho ajuste debe hacerse “de conformidad con la legislación nacional”. Si el Convenio deja en manos de la ley de cada Estado señalar la manera en que debe comenzar a correr la prescripción de las acciones, y si el Estado lo hace de manera razonable, la acusación de inconstitucionalidad no puede prosperar.
Esta Corporación deberá determinar ¿Si el establecimiento de un término trienal de prescripción de la acción laboral -contado a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible- violenta de alguna forma el derecho al trabajo?
Incompetencia de la Corte Constitucional para conocer el Decreto 1848 de 1969.
A diferencia del Decreto 3135 de 1968, que fue dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por la ley 65 de 1967 , el Decreto 1848 de 1969 “por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de1968” se expidió en uso de las facultades otorgadas al Presidente de la República a través del ordinal 3° del artículo 120 de la Constitución Nacional de 1886, subrogado por el artículo 41 del acto legislativo No.1 de 1968 . Dicha norma establecía como facultad del P. en su calidad de Jefe de Estado y Suprema autoridad administrativa, la posibilidad de ejercer la potestad reglamentaria expidiendo órdenes, decretos y resoluciones para la cumplida ejecución de las leyes. En consecuencia, esta Corte no es competente para conocer sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 102 del referido decreto, por cuanto dicho contenido normativo no tiene la naturaleza de ley ni tampoco fuerza material de tal. (Art. 241, numerales 4° y 5° C.P).
Unidad normativa completa.
4.1. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la integración de la unidad normativa es excepcional, y sólo procede cuando se torna indispensable para evitar un fallo inocuo o cuando resulta necesaria para poder efectuar un pronunciamiento de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por quien ejerce la acción pública de inconstitucionalidad. En tal sentido, es factible realizar una integración de la proposición normativa y ampliar el control a otros aspectos normativos cuyo análisis sea indispensable para decidir de fondo la cuestión planteada . Sobre este extremo se presentan, en suma, dos hipótesis.
4.1.1. De una parte, la Corte puede ampliar su examen de constitucionalidad sobre disposiciones o enunciados normativos que no han sido acusados expresamente en la demanda, en el evento en que las expresiones demandadas carezcan de un contenido deóntico claro, unívoco o de un ámbito regulador propio, aislado del contexto en el cual están insertadas . En tal caso, debe precisarse el alcance del precepto demandado mediante la inclusión en el juicio de constitucionalidad de otros enunciados normativos que las complementan, caso en el cual la Corte procede a formular la “proposición jurídica completa” .
4.1.2. La segunda hipótesis se presenta cuando “[l]as normas (…) tienen cada una un sentido regulador propio y autónomo, pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada impone el examen de la conformidad o inconformidad con la Constitución de algunos elementos normativos a los cuales hace referencia, que están contenidos en otras disposiciones no demandadas. Con estas últimas se constituye la unidad normativa” . En esta última circunstancia, la Corte Constitucional ha afirmado que debe existir una relación “íntima e inescindible” entre la disposición acusada y aquella respecto de la cual se integra la unidad normativa, de manera tal que para evitar un fallo inocuo resulte indispensable extender el examen de constitucionalidad a esta última . La segunda hipótesis también tiene lugar cuando la disposición impugnada se encuentre íntima e inescindiblemente relacionada con otra norma que parece prima facie inconstitucional .
4.2. En el presente caso se demandó la expresión “…que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible” redactada con mínimas variaciones en ambos cuerpos normativos (Art. 488 CST y art. 151 CPTSS). Dicho aparte demandado no posee identidad propia y carece de contenido unívoco; esto es no se entiende que es lo que se cuenta desde que la obligación es exigible. En conclusión, es indispensable formular la proposición jurídica completa, es decir aquella que explica a que tipo de obligaciones se refiere la expresión acusada y el término que debe contarse desde que dicha obligación es exigible; por ende debe la Corte examinar la constitucionalidad del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal de Trabajo y la Seguridad Social, en sus apartes resaltados. A saber:
Artículo 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto. (…)
Artículo 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual. (…)
La oportunidad en el derecho
El núcleo esencial del derecho al trabajo no se desconoce, por el hecho de existir la prescripción de la acción laboral concreta.
Conveniencia de las prescripciones de corto plazo:
La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 31 de octubre de 1950, explicó el porqué de la prescripción extintiva en los siguientes términos: "El fundamento racional de la prescripción extintiva es análogo al de la prescripción adquisitiva, expresan los expositores C. y Capitant. El orden público y la paz social están interesados en la consolidación de las situaciones adquiridas. Cuando el titular de un derecho ha estado demasiado tiempo sin ejercitarlo, debe presumirse que su derecho se ha extinguido. La prescripción que interviene entonces evitará pleitos cuya solución será muy difícil en virtud del hecho mismo de que el derecho invocado se remonta a una fecha muy lejana".
5.2. En efecto, en la presente demanda el actor cuestiona el régimen de prescripción señalado por cuanto supuestamente “…desconoce la realidad, sanciona el temor de los trabajadores y premia a los empleadores incumplidos”, y porque el plazo establecido para dicha prescripción llegada la terminación del contrato de trabajo “hace imposible que el trabajador obtenga el ´ajuste final de todos los salarios debidos’”. Al respecto la Sentencia C-072 de 1994 afirma lo siguiente:
Exequibilidad del artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968
Siendo los cargos efectuados por el actor, los mismos con relación a todas las disposiciones demandas, a esta Corporación no le resta sino acoger y hacer suyos los fundamentos ya expuestos en la presente providencia (numeral 5 de Considerandos) y que constituyen el precedente judicial plasmado en la Sentencia C- 072 de 1994. Con base en dichos presupuestos teóricos, esta Corporación declarará exequible la expresión “Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible” contenida en el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, por los cargos analizados.
En conclusión, esta Corte se declarará inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Se declarará estarse a lo resuelto en la Sentencia C-072 de 1994, en relación con contenidos normativos demandados del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y se declarará exequible la expresión “Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible” contenida en el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, por los cargos analizados.
Tercero. Declarar EXEQUIBLE la expresión “Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible” contenida en el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, por los cargos analizados.
Sentencia nº 08001-23-31-000-1994-09053-01(3920-02) de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 26 de Enero de 2006
Auto nº 010/08 de Corte Constitucional, 25 de Enero de 2008
Sentencia nº 2002-9609-01 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección segunda, de 4 de Marzo de 2010