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Timestamp: 2019-06-17 01:09:33
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 9']

BOE.es - Documento BOE-A-1982-32032
Documento BOE-A-1982-32032
Orden de 24 de noviembre de 1982 por la que se desarrolla el Real Decreto 2555/1982 de 24 de septiembre, sobre rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico en centros urbanos, núcleos rurales y conjuntos histórico artísticos.
«BOE» núm. 292, de 6 de diciembre de 1982, páginas 33563 a 33565 (3 págs.)
BOE-A-1982-32032
https://www.boe.es/eli/es/o/1982/11/24/(5)
El Real Decreto sobre rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico en centros urbanos núcleos rurales y conjuntos histórico-artísticos contiene la regulación básica para llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación arbitrando las medidas económicas, técnicas y jurídicas que exigen tal tipo de actuaciones.
La presente disposición viene a desarrollar el contenido del citado Real Decreto al amparo de lo establecido en la disposición final del mismo.
Artículo 1. Condiciones generales.
Podrán ser objeto de rehabilitación integrada, las áreas urbanas y rurales que cumplan los siguientes requisitos:
1) En centros urbanos:
1.1 Que constituyan sectores de tejido urbano claramente definidos respecto a la unidad superior de asentamiento a la que pertenecen.
1.2 Que al menos el 70 por 100 de la edificación tenga una antigüedad mayor de cincuenta años.
1.3 Que existan determinados valores arquitectónicos con riesgo de desaparición o deterioro.
2) En núcleos rurales.
2.1 Que constituyan una unidad de asentamiento a la que puede añadirse el territorio circundante que se considere zona de influencia del núcleo rural, y en los que se den las condiciones de los apartados 1.2 y 1.3.
3) Las declaradas legalmente Conjuntos Histórico-Artísticos o aquéllas que se encuentren en trámite de obtención de la citada declaración.
Art. 2. Solicitudes para la realización de un estudio básico.
1. Los Entes públicos territoriales en los que existan centros urbanos, núcleos rurales o conjuntos histórico-artísticos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo anterior, podrán instar de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, mediante propuesta razonada la realización de un Estudio Básico. Esta solicitud deberá efectuarse antes del mes de junio de cada año.
2. Las solicitudes presentadas por los distintos Entes territoriales serán acompañadas de los siguientes documentos:
a) Acuerdo del Ente público territorial en el que expresamente se fundamente la utilidad pública y social que a juicio de dicha Entidad comportará para la comunidad la realización del Estudio Básico solicitado.
b) Delimitación del área objeto del estudio.
c) Censo actualizado de la población que se integra dentro del área.
d) Censo actualizado de los edificios públicos y privados que se integran dentro del área que por sus específicas condiciones arquitectónicas deben ser objeto de un tratamiento especial.
e) Referencia expresa a si los edificios comprendidos en el área forman parte de un conjunto histórico-artístico legalmente declarado o en trámite de serlo. en su caso.
f) Estado del equipamiento comunitario primario existente en el área.
g) Planeamiento urbanístico vigente.
Art. 3. Aprobación del estudio básico de rehabilitación.
1. Una vez examinadas las solicitudes presentadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 2555/1982, de 24 de septiembre, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda acordará la realización del estudio básico correspondiente que deberá ser efectuado en el plazo máximo de doce meses desde la adopción de dicho acuerdo.
2. Para la realización de un estudio básico de rehabilitación, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda designará, a propuesta del Ente territorial correspondiente, el equipo técnico para su elaboración.
3. La documentación precisa que necesariamente deberá contener un estudio básico, es la siguiente:
a) Información y documentación: Conocimiento pormenorizado de la realidad actual del área, a través de la obtención y tratamiento de la información disponible y elaborada, en relación con los elementos arquitectónicos; viviendas, locales de negocios y composición familiar.
b) Análisis crítico de la estructura y dinámica del área, a partir de la información obtenida, que contenga un diagnóstico sobre la situación actual, las tendencias detectables en la misma y los objetivos de la rehabilitación, con justificación de las prioridades que se propongan.
c) Propuestas alternativas que permitan establecer soluciones adecuadas de rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico con valoración aproximada y plan de etapas para su ejecución.
4. El control y seguimiento de la realización del estudio básico correrá a cargo de los Entes territoriales competentes y de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, pudiendo recabar, en cualquier momento del equipo redactor información exhaustiva del estado en que se encuentra su realización.
5. Realizado el estudio básico, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda elevará al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo la propuesta para su aprobación, si procede.
Art. 4. Declaración de área de rehabilitación integrada.
Aprobado el estudio básico de rehabilitación, el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, y el de Cultura, en su caso, podrán proponer al Consejo de Ministros la declaración de Area de Rehabilitación Integrada.
La declaración de Area de Rehabilitación Integrada deberá definir la delimitación de la misma con expresa denominación de las calles, plazas, jardines o demás espacios que constituyen sus límites geográficos.
Art. 5. Programa anual de actuación.
1. Declarada el Area de Rehabilitación Integrada y constituida la Comisión: Gestora a que se refiere el artículo 11 del Real Decreto 2555/1982 de 24 de septiembre, ésta procederá a elaborar el programa anual de actuación en el que, de acuerdo con las propuestas formuladas en el estudio básico, se harán constar las obras a realizar con cargo a las Administraciones Públicas que resulten afectadas, con expresa mención de la inversión pública que tal actuación supone y de los beneficios económicos que podrán disfrutar los particulares que voluntariamente inicien las actuaciones de rehabilitación que les correspondan.
2. Una vez elaborado el programa anual de actuación la Comisión Gestora lo elevará a cada uno de los Departamentos Ministeriales y Entes públicos territoriales afectados, a los efectos presupuestarios vigentes.
Art. 6. Actuaciones públicas de rehabilitación.
1. Los planes o proyectos técnicos que desarrollan el programa anual de actuación pública, serán sometidos, previamente a su ejecución, al conocimiento de la Comisión Gestora del Area. En cualquier caso la realización del proyecto exigirá la concesión de licencia municipal de obras cuando ésta sea preceptiva. Todo ello sin perjuicio, en su caso, de las competencias atribuidas al Ministerio de Cultura.
Con el fin de asegurar la debida coordinación toda actuación no comprendida en el programa anual y que afecte al Area, será puesta en conocimiento de la Comisión Gestora, previamente a su ejecución, por los Organismos promotores.
Art. 7. Actuaciones privadas: Clases de obras.
1. Las actuaciones de rehabilitación podrán promoverse por la iniciativa privada siempre que se refieran a viviendas o edificios completos cuyo destino principal sea el de vivienda, en los términos recogidos en los artículos 6 al 10 del Real Decreto 2555/1982, de 24 de septiembre.
2. Las actuaciones privadas de rehabilitación podrán comprender los siguientes tipos de obras:
a) Obras que afectan a las condiciones técnicas de seguridad, funcionalidad y adaptación a la normativa vigente de los elementos, espacios, servicios e instalaciones comunes del edificio.
b) Obras que afectan a las condiciones técnicas de seguridad, funcionalidad, mejora, habitabilidad y adaptación a la normativa vigente de los elementos, espacios, servicios e instalaciones de cada vivienda.
c) Obras que afectan a la conservación o reposición de las condiciones estéticas de fachadas, cubiertas y otros elementos generales o singulares de interés arquitectónico.
Art. 8. Solicitudes y autorización.
1. Los particulares que deseen acogerse a la.financiación prevista en el artículo 7 del Real Decreto 2555/1982, de 24 de septiembre, deberán formular las solicitudes ante la Comisión Gestora, firmadas por el titular o titulares de las viviendas o edificios a rehabilitar acompañadas de la siguiente documentación:
a) La que acredite la personalidad del solicitante y, en su caso la representación que ostente.
b) Si se trata de propietarios documento acreditativo del dominio si se trata de inquilinos o arrendatarios, documento acreditativo del arrendamiento, si lo hubiere, y en cualquier caso autorización del propietario para la ejecución de las obras.
c) Certificación de los acuerdos y convenios adoptados en orden a la rehabilitación a que se refiere el artículo 6. del Real Decreto 2555/1982, de 24 de septiembre.
En los citados documentos deberá figurar separadamente el presupuesto total de las obras de rehabilitación, desglosado por conceptos.
f) Calendario de ejecución de las obras, que en ningún caso podrán iniciarse con posterioridad al 31 de diciembre de 1983.
g) Documento acreditativo, en su caso, de que los ingresos del solicitante sean inferiores a dos veces y media el salario mínimo interprofesional.
2. Cuando a juicio de la Comisión Gestora la obra a realizar exija proyecto básico de edificación, el interesado deberá presentarlo ante la misma para que sea supervisado por los Servicios Técnicos de las Direcciones Provinciales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y en su caso, de las de Cultura.
3. Una vez obtenida la aprobación de la Comisión Gestora y la licencia municipal de obras la documentación junto al certificado expedido por dicha Comisión en el que se recoja la conformidad de la misma respecto a las propuestas contenidas en el estudio básico de rehabilitación, se presentará ante cualquiera de las Entidades financieras señaladas en el artículo ocho del Real Decreto 2555/1982, de 24 de septiembre, pudiendo exigir dichas Entidades la presentación de cualquier otra documentación que se considere oportuna
Art. 9. Efectos de la concesión del préstamo.
1. En los documentos de la concesión del préstamo la Entidad financiera hará constar necesariamente la finalidad del mismo y los efectos de resolución y amortización anticipada en caso de incumplimiento de dicha finalidad.
2. Las Entidades financieras remitirán a la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo correspondiente, relación mensual de la concesión de préstamos efectuados con mención expresa del titular del mismo y del montante de cada uno de ellos.
3. Con independencia de lo anterior, las citadas Entidades deberán remitir mensualmente a la Comisión de Seguimiento del Plan Trienal Información por provincias sobre el número e importe de los créditos solicitados y concedidos y de las disposiciones de dichos créditos a los efectos de establecer el cómputo a que se refiere el párrafo 2. del artículo 8. del Real Decreto que la presente Orden desarrolla.
Art. 10. Requisitos y tramitación de la subvención.
1. Para obtener la subvención de tres puntos establecida por el artículo 9. del Real Decreto 2555/1982, de 24 de septiembre, sobre el tipo de interés durante los cuatro primeros años de amortización será preciso que el préstamo concedido para rehabilitación cumpla los siguientes requisitos:
a) Que no exceda para 1982 de un millón doscientas mil pesetas por vivienda, ni supere la cifra que resulte de multiplicar la superficie útil de la vivienda por el 50 por 100 del módulo aplicable.
b) Que los ingresos anuales familiares del solicitante sean inferiores a dos veces y media el salario mínimo interprofesional.
2. Esta subvención complementaria de tres puntos habrá de solicitarse del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda, a través de la Dirección Provincial correspondiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, mediante instancia a la que se acompañarán los siguientes documentos:
a) El que acredite la concesión del préstamo para rehabilitación dentro del área.
b) Informe de la Comisión Gestora acreditativo de que los ingresos familiares del solicitante se encuentran dentro de los límites máximos de dos veces y media el salario mínimo interprofesional.
Art. 11. Iniciación de las obras de rehabilitación.
1. Las obras de rehabilitación que correspondan a la iniciativa privada deberán iniciarse dentro del mes siguiente a la concesión del préstamo y se desarrollarán con arreglo al calendario aprobado y en el plazo en él señalado.
2. Las disposiciones de crédito se acomodarán al ritmo de las obras y se efectuarán necesariamente mediante la presentación ante la Entidad financiera de las correspondientes certificaciones firmadas conjuntamente por el facultativo o técnico Director de las obras y el promotor de las mismas.
3. Cuando las obras no se iniciaran en plazo establecido o estuvieran paralizadas por tiempo que haga presumir su no realización o terminación, habrá lugar a la resolución y amortización anticipada del préstamo salvo supuestos de fuerza mayor o de causas no imputables al beneficiario.
Art. 12. Justificación de las obras realizadas.
En el plazo de un mes a partir del vencimiento del término señalado para la ejecución de las obras, los titulares de las mismas justificarán ante la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo su realización mediante certificación final de obras expedida por el técnico competente que las hubiera dirigido con la conformidad del promotor y en las que se especificará el importe final de cada uno de los conceptos de que se componga la citada realización.
Madrid, 24 de noviembre de 1982.- ORTIZ GONZALEZ.
Fecha de derogación: 09/12/1983
SE DEROGA por Orden de 30 de noviembre de 1983 (Ref. BOE-A-1983-32324).
DESARROLLA Real Decreto 2555/1982, de 24 de septiembre (Ref. BOE-A-1982-26375).