Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2010-0583&language=ES
Timestamp: 2013-06-19 23:23:02
Document Index: 261517649

Matched Legal Cases: ['artículo 122', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 27', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 122']

Propuesta de resolución común sobre las expulsiones forzosas en Zimbabue - RC-B7-0583/2010
Procedimiento : 2010/2930(RSP)Ciclo de vida en sesiónCiclo relativo al documento :
RC-B7-0583/2010Textos presentados :
128k 72k
PE450.400v01-00}
PE450.401v01-00}
PE450.402v01-00}
PE450.404v01-00}
PE450.405v01-00} RC1 B7-0583/2010} B7-0584/2010} B7-0585/2010} B7-0587/2010} B7-0588/2010} RC1
presentada de conformidad con el artículo 122, apartado 5, del Reglamento
ALDE (B7‑0583/2010)
Verts/ALE (B7‑0584/2010)
S&D (B7‑0585/2010)
PPE (B7‑0587/2010)
ECR (B7‑0588/2010)
sobre las expulsiones forzosas en Zimbabue
Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Dominique Baudis, Elisabeth Morin-Chartier, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
en nombre del Grupo PPE
Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells
en nombre del Grupo ALDE
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler
en nombre del Grupo Verts/ALE
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki
en nombre del Grupo ECR
Resolución del Parlamento Europeo sobre las expulsiones forzosas en Zimbabue El Parlamento Europeo,
– Vistas sus numerosas resoluciones anteriores sobre Zimbabue, la más reciente de ellas aprobada el 8 de julio de 2010(1),
– Vistos el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el apartado 3 del artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el apartado 2 del artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y las letras d) de los apartados 1 y 2 del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
– Vista la Decisión 2010/92/PESC(2) del Consejo, de 15 de febrero de 2010, por la que se prorrogan las medidas restrictivas contra Zimbabue impuestas en virtud de la Posición Común 2004/161/PESC(3) y del Reglamento (CE) nº 1226/2008 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 314/2004 del Consejo, relativo a determinadas medidas restrictivas respecto de Zimbabue(4),
– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 22 de febrero de 2010, sobre Zimbabue y las conclusiones del 10º Diálogo político ministerial UE-Sudáfrica, de 11 de mayo de 2010, sobre Zimbabue,
– Vista la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, que Zimbabue ha ratificado,
– Visto el informe de julio de 2005 de la Enviada Especial de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos, Anna Tibaijuka,
– Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú UE-ACP (Acuerdo de Cotonú), firmado el 23 de junio de 2000,
– Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,
A. Considerando que 20 000 personas que viven en un asentamiento informal conocido como Hatcliffe Extension, en las afueras de Harare, se han visto amenazadas de expulsión forzosa por no haber pagado el precio prohibitivamente elevado que imponen las autoridades por la renovación de los contratos de arrendamiento,
B. Considerando que el Gobierno de Zimbabue impone precios de hasta 140 dólares estadounidenses por la renovación de los contratos de arrendamiento, sin consultar a los residentes acerca de los precios ni del proceso de renovación, lo que configura unos plazos excesivamente cortos para renovar los contratos de arrendamiento o exponerse a un desalojo forzoso; que la falta de vivienda para las personas con rentas bajas ha comportado la construcción de cabañas en patios traseros o ampliaciones, que infringen claramente las normas de construcción,
C. Considerando que los residentes de Hatcliffe Extension figuran entre la población más pobre de Zimbabue, un país con una renta per cápita inferior a los 100 dólares estadounidenses y un desempleo crónico cercano al 90 %; que estas expulsiones forzosas destruyen además un sector de trabajo informal, con lo que se priva a las familias de ingresos estables,
D. Considerando que a la mayoría de los residentes se les asignó una parcela de tierra después de haber sido expulsados por las autoridades a raíz de la Operación Murambatsvina (limpieza), el programa de expulsiones forzosas masivas de 2005, en el cual cerca de 700 000 personas perdieron sus hogares y sus medios de subsistencia,
E. Considerando que la Operación Garikai, concebida para reasentar a las víctimas de los desalojos, fue una solución absolutamente inadecuada para las graves violaciones del derecho a una vivienda digna perpetradas en el marco de la Operación Murambatsvina,
F. Considerando que, cinco años después de las expulsiones masivas, los residentes de los asentamientos de la Operación Garikai sobreviven en condiciones deplorables sin acceso a servicios básicos esenciales,
G. Considerando que el problema de los precios exorbitantes no se limita a Hatcliffe, y que los residentes de otros asentamientos informales de todo el país también están bajo la amenaza de la expulsión forzosa permitida por las autoridades,
H. Considerando que la gravísima situación humanitaria, política y económica de Zimbabue sigue deteriorándose, que millones de zimbabuenses están en continuo peligro de inanición y sobreviven gracias a la ayuda alimentaria, en un país con el cuarto mayor índice mundial de prevalencia del VIH, carestías de combustible y los mayores aumentos de la mortalidad infantil,
1. Exige que se ponga fin inmediatamente a la amenaza de las expulsiones masivas en Zimbabue, e insta a que se conceda un acceso incondicional a las agencias humanitarias y de socorro con el fin de ayudar a las personas amenazadas y a otros desplazados internos;
2. Pide al Gobierno de Zimbabue que abandone inmediatamente los precios de renovación de arrendamiento impuestos de manera arbitraria, que los residentes simplemente no tienen medios para pagar; insiste, en este sentido, en que las autoridades de Zimbabue dejen de utilizar leyes de zonificación de la tierra junto con expulsiones forzosas para beneficiar a partidos políticos, tal como sucedió durante la Operación Murambatsvina de 2005; pide, por lo tanto, al Gobierno de Zimbabue, que desarrolle una política de vivienda que colme las necesidades de los residentes, tras haber consultado a todas las víctimas de las expulsiones forzosas;
3. Recuerda al Gobierno de Zimbabue su obligación, en virtud de los convenios internacionales, de proporcionar una vivienda digna a todas las personas con rentas bajas expulsadas por la fuerza de sus hogares, y de garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la alimentación, además de ofrecer protección a sus ciudadanos frente al ciclo de inseguridad y de otras violaciones mediante la seguridad jurídica en cuanto a la propiedad y unos planes de pago asequibles para los contratos de arrendamiento, por ejemplo utilizando los ingresos del sector de la minería para cubrir las necesidades de su población;
4. Recomienda al Gobierno de Zimbabue que lleve a cabo una evaluación de las pérdidas materiales y sociales provocadas por la Operación Murambatsvina y otras expulsiones forzosas, con vistas a compensar a todos los que han perdido sus hogares, su modo de subsistencia y sus redes sociales, incluidos aquellos que viven en los campos de diamantes de Marange o cerca de estos, y pide al Gobierno que consulte a las comunidades locales antes de adoptar cualquier decisión;
5. Insiste en que el Gobierno de Zimbabue revise y modifique la Operación Garikai, tras consultar debidamente a los supervivientes, con el fin de abordar las necesidades de vivienda de todos los supervivientes de la Operación Murambatsvina;
6. Lamenta profundamente que el peligro de que fracasen los intentos de Zimbabue por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de todos modos muy alejados de la meta, sea aún mayor a causa de estas expulsiones masivas;
7. Recuerda que las prácticas abusivas del Gobierno, tales como el programa de expulsiones, al interrumpir el acceso a la atención sanitaria básica y a la educación, ponen en peligro la lucha contra el VIH/sida y la mortalidad materna;
8. Pide a Sudáfrica y a la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (CDAM) que, en su propio interés y en el de Zimbabue y de toda la región del África austral, tomen nuevas medidas para fomentar el retorno a una democracia plena en Zimbabue y el respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos del pueblo de Zimbabue; reconoce que Robert Mugabe y sus seguidores más próximos siguen constituyendo un obstáculo en el proceso de reconstrucción política y económica y de reconciliación en Zimbabue, saqueando, como lo hacen, los recursos económicos del país en su propio beneficio;
9. Destaca la importancia del diálogo entre la Unión Europea y Zimbabue, y aplaude los progresos registrados en este sentido;
10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros y de los países candidatos, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de Zimbabue y Sudáfrica, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Mixta ACP-UE, a las instituciones de la Unión Africana, incluido el Parlamento Panafricano, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General de la CDAM y al Secretario General de la Commonwealth.
Textos aprobados, P7_TA(2010)0288.
DO L 41 de 16.2.2010, p. 6.
DO L 50 de 20.2.2004, p. 66.
DO L 331 de 10.12.2008, p. 11.
Última actualización: 20 de octubre de 2010Aviso jurídico