Source: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=39&p_numero=188&p_consec=49787
Timestamp: 2018-01-22 18:30:22
Document Index: 190775002

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 366', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 5']

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 188 DE 2017 CÁMARA.
Artículo 2°. Adiciónese un artículo 4°A a la Ley 1176 de 2007, el cual quedará así:
Artículo 4°A. Acompañamiento institucional. Dentro de un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la expedición de la presente ley, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio impondrá un Plan de Gestión de Agua Potable y Saneamiento Básico a los distritos y municipios que se encuentren descertificados a la fecha con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
El proyecto de reforma de ley que ahora se presenta y se pone a consideración del Congreso de la República de Colombia encuentra principalmente su fundamento constitucional en lo siguiente:
Es el Título XII, Capítulo V, de la Constitución Política Colombiana, denominado ¿De la finalidad social del Estado y de los Servicios Públicos¿ que establece una vinculación esencial entre el Estado social de derecho y la prestación de los servicios públicos.
Dicho postulado se reafirma en los artículos constitucionales: 1° (Estado social de derecho); 2° (fines esenciales del Estado); 13 (derecho a la igualdad); y especialmente los artículos 365 (los servicios públicos y la finalidad social del Estado) y 366 (el bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida como fines esenciales del Estado) los cuales trascribimos:
¿Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Así mismo la Ley 1176 de 2007, por medio de la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, establece en sus artículos 4° y 5° la llamada certificación y descertificación de municipio.
Finalmente, es el Decreto número 1077 de mayo 26 de 2015 por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio el cual establece el proceso de Certificación y Descertificación que llevará a cabo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como define los requisitos generales que deberán cumplir los muni cipios y distritos dentro del proceso de certificación.
Añadimos que el decreto en comento regula entre otros asuntos: el procedimiento para expedir la certificación, los efectos del proceso de certificación, la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico de los municipios y distritos descertificados, la competencia para asegurar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los habitantes de los municipios o distritos descertificados, obligaciones de los entes territoriales descertificados y el procedimiento que deberán llevar a cabo para reasumir la administración de los recursos.
El Acto Legislativo número 004 de 2007 señaló que los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre.
Para ello, estableció que el Gobierno nacional definiría (i) una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), para asegurar el cumplimiento del metas de cobertura y calidad y (ii) los eventos en los cuales está en riesgo la prestación adecuada de los servicios a cargo de las entidades territoriales, las medidas que puede adoptar para evitar tal situación y la determinación efectiva de los correctivos necesarios a que haya lugar, entre otras.
Así las cosas, se establece que los municipios y distritos deben acreditar el cumplimiento de cuatro (4) aspectos generales y los municipios y distritos que sean prestadores deben acreditar cuatro (4) aspectos adicionales, relacionados con el uso de los recursos y la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Para lo cual, el Gobierno nacional define los requisitos que dichas entidades territoriales deben cumplir, los cuales están definidos en el Decreto número 1077 de 2015.
En virtud de ello, actualmente, los municipios y distritos que no cumplan con los requisitos señalados por el Gobierno nacional se considerarán descertificados.
Tabla N° 1 Número de municipios descertificados por vigencia
Número de municipios Descertificados
Vigencia 2016-2017
El mayor incumplimiento se presenta en los requisitos relacionados con la aplicación de las metodologías tarifarias y la incorrecta fijación de factores de subsidios y contribuciones.
Gráfica N° 1 Requisitos incumplidos por vigencia
El requisito que ha presentado un mayor nivel de incumplimiento ha sido el ¿Reporte en el SUI del acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya¿.
Ahora bien, debido al aumento de municipios y distritos descertificados, la transferencia de recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) que se realiza a los departamentos, como consecuencia de esta situación, también ha incrementado desde el año 2010 a 2016, así:
Gráfica N° 2 Recursos del SGP - APSB transferidos a los departamentos
Fuente: FUT, MVCT, Grupo de Monitoreo SGP-APSB
De otra parte, como resultado de la actividad de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del SGP-APSB que realiza el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a los departamentos como administradores de recursos del SGP-APSB de municipios y distritos descertificados, para las vigencias 2014, 2015 y 2016, se ha evidenciado a partir de la información que reportan los departamentos que en promedio no se ejecutaron 62,67% de estos recursos. En consecuencia, el SGP-APSB de las entidades territoriales descertificadas, no se destina a inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico que permitan mejorar los indicadores de cobertura, calidad y continuidad.
Tabla N° 2 Ejecución de recursos SGP-APSB
Fuente: Reporte de Departamentos, Cálculo MVCT
Así mismo, con respecto a subsidios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, durante las vigencias 2014, 2015 y 2016, de los recursos del SGP-APSB administrados por los departamentos, tan solo se destinó el 8%, 16% y 21%, respectivamente, al pago de los mismos, como se muestra a continuación:
Gráfica N° 3 Pago de Subsidios
Lo anterior, evidencia que los departamentos no cuentan con la capacidad institucional para asumir la competencia de administrar los recursos de la participación del SGP-APSB y asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en los municipios y distritos descertificados. En consecuencia, el proceso de certificación no ha cumplido el propósito para el cual fue creado.
Adicionalmente, debido a la ineficiencia en el uso de los recursos del SGP-APSB por parte de los departamentos, no se ha logrado en algunos casos, impactar los servicios acueducto, alcantarillado y aseo en términos de cobertura, continuidad y calidad.
Mecanismo de evaluación al uso de los recursos del SGP-APSB redundante
Como se mencionó en párrafos precedentes, el Acto Legislativo 004 de 2007 estableció que el Gobierno nacional definiría (i) una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), para asegurar el cumplimiento del metas de cobertura y calidad y (ii) los eventos en los cuales está en riesgo la prestación adecuada de los servicios a cargo de las entidades territoriales, las medidas que puede adoptar para evitar tal situación y la determinación efectiva de los correctivos necesarios a que haya lugar, entre otras.
En consideración, se expidió el Decreto-ley 028 de 2008 mediante el cual se señaló la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que las entidades territoriales realizan con cargo a los recursos del SGP-APSB, entre otros.
No envío de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el Gobierno nacional, y/o haber remitido o entregado información incompleta o errónea.
No disponer del Sistema de Identificación de Beneficiarios, o de estratificación, actualizados y en operación, bajo parámetros de calidad.
No cumplimiento de las condiciones de focalización, identificación de beneficiarios de programas sociales, estratificación y demás procedimientos previstos para la adecuada focalización y ejecución del gasto social.
Contar con el convenio de transferencia de los recursos destinados a otorgar subsidios de que trata el capítulo 1 del título 4 del presente Libro, antes Decreto 565 de 1996.
Aquella situación que del análisis de la información obtenida en cualquier tiempo, resulte de inminente riesgo para la prestación adecuada del servicio, el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en los servicios, o constituya desviación, uso indebido, ineficiente o inadecuado de los recursos del Sistema General de Participaciones.
Adicionalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 36 del Decreto número 1484 de 2014, compilado en el numeral 1.1.1 del artículo 2.3.5.1.6.1.36 del Decreto número 1077 de 2015, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como responsable institucional de la actividad de monitoreo al uso y destinación de los recursos del SGP-APSB, definió mediante la Resolución número 1067 de 2015 los indicadores específicos y estratégicos de monitoreo, la determinación del nivel de riesgo y la forma en que se priorizan las entidades territoriales para la actividad de seguimiento por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Adicionalmente, existe una duplicidad de competencias respecto al control de los recursos dado que se pueden dar al mismo tiempo efectos o sanciones como: i) la descertificación y; ii) la aplicación de una medida preventiva o correctiva por parte del MHCP. En ambos casos, el departamento debe asumir la competencia de la prestación del servicio, ya sea por el incumplimiento del Plan de Desempeño (Decreto número 028 de 2008) o por la descertificación del municipio.
Los departamentos no tienen la capacidad institucional para asumir las competencias que se ge neran producto de la descertificación de un municipio, ni las responsabilidades que deben asumir en materia de APSB, independientemente de la descertificación. Es por eso que estos solo se encargan de administrar los recursos, pero no de garantizar la prestación de los servicios, ni de conformar esquemas regionales. Los funcionarios municipales y departamentales manifiestan no conocer los criterios que aplica la SSPD para verificar cada requisito y para solicitar pruebas o descertificar de plano.
Resulta muy complicado lograr que los departamentos asuman las cuatro (4) competencias establecidas en la Ley 1176 de 2007 (artículo 3°) en un período de tiempo tan corto como el que puede durar la descertificación de un municipio. Esto teniendo en cuenta que se requieren inversiones en infraestructura y en procesos de mejoramiento empresarial, según las necesidades particulares de cada municipio.
La descertificación perdió su carácter de medida de última instancia, teniendo en cuenta que debería aplicarse a los municipios con las peores condiciones de prestación de los servicios, y que muchas veces solo corresponde a fallas procedimentales por el no reporte de información (la cual muchas veces no existe o no está disponible)¿.
¿ Se mejoró el reporte de información y la calidad de la misma, toda vez que generó disciplina por parte de las entidades territoriales y los municipios prestadores directos de reportar al SUI y FUT, a hoy se cuenta con un cobertura de reporte del formato de estratificaci ón superior al 90%, información que se utiliza para la distribución de recursos de SGP-APSB.
¿ Los municipios prestadores directos que no hayan agotado el artículo 6 de conformidad con la Ley 142 de 1994, y sean descertificados, le corresponde a la Gobernación llevar a cabo este proceso, lo que podría dar como resultado, que empresas con experiencia asuman la prestación de los servicios, o en caso contrario, la legalización del municipio como prestador directo.
En este caso, el mayor riesgo de eliminar el proceso de certificación estaría dado en el reporte de información por parte de las entidades territoriales, puesto que este proceso ha creado disciplina en esta obligación, lo cual es importante no solo para el cumplimiento de requisitos, sino para distribución de recursos del SGP-APSB, monitoreo, seguimiento y control y demás información estadística del sector.
II. Conveniencia y oportunidad del proyecto de ley
De acuerdo con la información suministrada por la SSPD a este Ministerio, 887 entidades que resultaron certificadas en el proceso de certificación en relación con la vigencia 2015 con efectos en el 2017 y aquellas que resulten certificadas en el proceso relacionado con la vigencia 2016 con efectos en el 2018, continuarán administrando los recursos del SGP-APSB y asegurando la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y, sin perjuicio que las mismas sean objeto de la actividad de monitoreo por parte del MVCT y seguimiento y control por parte del MHCP.
Las 225 entidades territoriales que fueron descertificadas respecto de la vigencia 2015, y aquellas que resultaren descertificadas del proceso en relación con la vigencia 2016 que es adelantando por la SSPD y qu e culminó el 30 de septiembre, recuperarán sus competencias.
Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio impondrá un Plan de Gestión de Agua Potable y Saneamiento Básico a esas entidades, en el cual establecerán las actividades, productos y el plazo de duración del mismo.
En el caso de que las Entidades Territoriales descertificadas no suscriban el Plan de Gestión de Agua Potable y Saneamiento Básico, esta situación dará lugar a la aplicación de las medidas correctivas definidas por el Gobierno nacional.
III. Propuesta Normativa
Este proyecto de reforma tiene el propósito de modificar el artículo 4°, adicionar un artículo 4A y derogar los numerales 3 y 4 del artículo 3° y artículo 5° de la Ley 1176 de 2007, con el fin de simplificar los trámites administrativos y reportes de la información requerida a las entidades territoriales y armonizar el proceso de certificación de municip ios y distritos con la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto con cargo a los recursos del SGP-APSB.
En conclusión, con la aplicación de esta modificación se busca:
Por las razones anteriormente expuestas, presento a consideración del honorable Congreso de la República, el articulado propuesto y su correspondiente exposición de motivos, para que se convierta en Ley de la República.
El día 8 de noviembre del año 2017 ha sido presentado en este Despacho el Proyecto de ley número 188 con su correspondiente exposición de motivos por los honorables Representantes Lina María Barrera Rueda y otros honorables Representantes.