Source: https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_environmental_matters-300-cz-hu.do?clang=es&mtContentRequested=1
Timestamp: 2020-04-03 02:41:24
Document Index: 45355836

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 41', 'artículo 10', 'artículo 70', 'artículo 23', 'artículo 70', 'artículo 27', 'artículo 65', 'artículo 23', 'artículo 73', 'artículo 38', 'artículo 74', 'artículo 2', 'artículo 5']

Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Chequia
La Carta de los derechos fundamentales de la Unión, que forma parte de la Constitución checa (en lo sucesivo, «Carta»), que consagra un derecho a vivir en un entorno propicio y el derecho a información completa y oportuna sobre el medio ambiente en su artículo 35. La Carta también garantiza un derecho a la protección de la salud. Además, consta que al ejercer sus derechos y que no es posible poner en peligro o dañar el medio ambiente, los recursos naturales, la biodiversidad y los monumentos culturales «más allá de los límites establecidos por la ley». El artículo 7 de la Constitución afirma que los poderes públicos serán los encargados de «utilizar los recursos naturales de forma reflexiva y para la protección del medio ambiente». De conformidad con el artículo 36 de la Carta, toda persona tiene derecho a hacer valer sus derechos ante un tribunal independiente o, si la ley así lo determine, a otro organismo público. Las personas alegando que sus derechos han sido violados por una decisión de una autoridad administrativa está legitimada para solicitar a un tribunal en el control de la legalidad de una decisión de este tipo, salvo que la ley disponga lo contrario. Las decisiones relativas a los derechos y las libertades fundamentales, tal como se definen en la Carta, no queda excluida de la competencia de los órganos jurisdiccionales. Los ciudadanos pueden invocar el derecho constitucional a vivir en un entorno favorable en los procedimientos administrativos o judiciales. No obstante, de conformidad con el artículo 41 de la Carta, este derecho puede invocarse únicamente en el ámbito de aplicación de las leyes de aplicación de tales derechos. Con arreglo al artículo 10 de la Constitución Checa, los acuerdos internacionales, aprobada por el Parlamento y vinculante para la República Checa, constituirá una parte del ordenamiento jurídico checo y deberá aplicarse antes de las legislaciones nacionales. La jurisprudencia de los tribunales checos añade otros dos requisitos para la aplicación directa de los acuerdos internacionales: Deben ser «suficientemente precisa» y «conceder a los particulares derechos concretos». En la mayoría de sus decisiones, los tribunales checos llegó a la conclusión de que las disposiciones de la Convención de Aarhus no son directamente aplicables, puesto que no son suficientemente «específicas». Por otra parte, en algunas de las decisiones, el Tribunal hizo hincapié en que el Derecho interno debe interpretarse de manera coherente con las obligaciones internacionales derivadas del Convenio.
Ley checa continental pertenece al sistema jurídico (derecho civil), que se basa en legislación codificada adoptada por el Parlamento. Las decisiones del Tribunal no se consideran una fuente formal del Derecho. No obstante, la jurisprudencia de los más altos órganos jurisdiccionales (Tribunal Constitucional) se utiliza a menudo para poder organizar la interpretación y sea respetada por los órganos jurisdiccionales de instancias inferiores. La estructura de los tribunales civiles y penales se compone de los niveles de 4 en la República Checa. Contiene
Los tribunales de distrito,
Los tribunales regionales (incluido el Tribunal de la ciudad de Praga),
los tribunales superiores de justicia y
Los órganos jurisdiccionales civiles la protección de los derechos privados y decidir los aspectos regulados por la Ley de enjuiciamiento civil. Los tribunales penales una decisión sobre la culpa y el castigo de los delitos, definidos y procedimiento regulado por el Código Penal. El fiscal tiene un derecho exclusivo de iniciar el proceso ante el Tribunal penal. La estructura administrativa consta de 2 niveles en la República Checa. Contiene
Los tribunales regionales (incluido el Tribunal de la ciudad de Praga), y
El Tribunal Supremo Administrativo.
Los tribunales administrativos públicos de proteger los derechos individuales en el procedimiento regulado por el Código de justicia administrativa. Revisar las resoluciones de las autoridades administrativas, incluidas las decisiones sobre infracciones administrativas (responsabilidad extracontractual).
El Tribunal Constitucional de la República Checa se encarga de la protección de constitucionalidad, incluyendo la protección de los derechos y libertades fundamentales garantizados por la Constitución y la Carta. El Tribunal Constitucional es competente tanto para anular las leyes, a los que están en conflicto con el orden constitucional. Asimismo, el Tribunal decide constitucional reclamaciones contra las decisiones finales de las autoridades públicas en todas las ramas del Derecho que supuestamente violan los derechos fundamentales y las libertades fundamentales. Hay que decidir las autoridades administrativas especiales en asuntos ambientales a nivel administrativo, por ejemplo, en la República Checa, la inspección medioambiental checa. En el ámbito judicial, no existen órganos especializados para la protección del medio ambiente. Los tribunales civiles ordinarios, y tratar los litigios penales y delitos relacionados con el medio ambiente. Las decisiones de las autoridades administrativas, relativas al medio ambiente, son revisadas en primera instancia por los servicios de los tribunales regionales, especializados en asuntos administrativos en general. Las sentencias de los tribunales administrativos pueden ser examinadas de nuevo por el Tribunal Supremo de lo administrativo, que es una autoridad jurisdiccional especializada en el ámbito de la jurisdicción administrativa.
Hay poco espacio para el llamado «forum shopping») en la República Checa, ya que el primer tema y la competencia territorial del órgano jurisdiccional concreto viene determinado por la ley. En la jurisdicción administrativa, cualquier tipo de «forum shopping», es imposible. En los asuntos civiles, el demandante puede a veces intentan influir en qué tribunal será el tratamiento del asunto en primera instancia y, posteriormente, el Tribunal de apelación) por cómo se designa el proceso y los argumentos presentados. Por ejemplo, el mismo asunto puede ser demandado por una acción «vecinos» (cuando un tribunal de distrito decidiría en la primera instancia) o como una acción para proteger la personalidad» (el Tribunal regional sería el Tribunal de Primera Instancia). No obstante, siempre que el juez para decidir qué tribunal es competente, con independencia del título de la demanda. En los procedimientos judiciales civiles y penales, el recurso ordinario contra la resolución del órgano jurisdiccional de primera instancia es el recurso. Los tribunales regionales tratan las apelaciones contra las resoluciones en primera instancia de los tribunales de primera instancia y los tribunales superiores, revisar las decisiones de los tribunales regionales en primera instancia en un recurso de casación. El principal recurso extraordinario en materia civil y penal constituye un «procedimiento de recurso», que solo decidida por el Tribunal Supremo. Otros recursos extraordinarios son procesos solicitó un nuevo juicio (tanto en los procedimientos judiciales civiles y penales), una demanda solicitando que se declare nulo y sin valor ni efecto alguno la decisión, en los asuntos de Derecho civil) y la denuncia, que puede presentarse en las causas penales por el Ministerio de Justicia o la Fiscalía del Tribunal Supremo. Esas vías de recurso para impugnar la resolución de un órgano jurisdiccional de primera instancia en materia administrativa provee el «recurso de casación» ante el Tribunal Supremo Administrativo. El recurso de casación se considera una solución extraordinaria, pues no aplazar la fuerza de cosa juzgada de la sentencia dictada en primera instancia. Sin embargo, por lo que se refiere a la frecuencia de utilización y teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo Administrativo puede modificar la Decisión impugnada, el recurso de casación tiene un carácter de un recurso ordinario. Otra solución extraordinaria en algunos tipos de procedimientos judiciales administrativos es una acción judicial para solicitar un nuevo juicio.
En general, solo los tribunales administrativos son competentes para anular las decisiones administrativas (poder de casación). No obstante, existen excepciones a esta norma. A la hora de revisar las decisiones de imposición de sanciones administrativas (multas), los órganos jurisdiccionales pueden, junto a la Decisión, anulando la sanción también moderado. Si el Tribunal de Justicia está anulando la Decisión por la que se denegó el acceso a la información, también puede requerir a la autoridad administrativa que divulgue la información. Desde el punto de vista jurídico (legislativas), no existen las características específicas de los procedimientos judiciales en materia de medio ambiente, y con excepción de los derechos de participación permanente de las organizaciones ecologistas. Desde el punto de vista fáctico, una proporción significativa de procesos incoados por estas organizaciones representan una especificidad de los procedimientos judiciales administrativos referentes a los asuntos medioambientales. Los procedimientos judiciales civiles, en el que el demandante solicita por tanto al Tribunal de Justicia para proteger sus derechos vulnerados por las intervenciones en el medio ambiente, son en su mayoría difíciles desde el punto de vista pruebas. La situación es similar en los delitos relacionados con la degradación del medio ambiente. Que, junto a los «delitos medioambientales» se describen en el Código Penal de forma que cause una dificultad para los fiscales para probar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para sancionar al infractor de los mismos.
No existen procedimientos judiciales sobre asuntos medioambientales que los tribunales podrían comenzar de oficio (motu proprio). En los procedimientos contencioso-administrativos y penales, los tribunales pueden actuar exclusivamente sobre la base de la demanda o de otro tipo, movimiento nunca por iniciativa propia. El procedimiento judicial civil puede ser iniciado por el Tribunal de oficio en las ocasiones y en los casos expresamente previstos por la Ley. Motu proprio los tribunales pueden iniciar procedimientos de cuidado de niños, por ejemplo, la detención de la persona en el servicio médico, la capacidad jurídica de una persona, la declaración de una persona muerta, herencia, existencia o inexistencia de matrimonio, etc.
Si la solicitud de información medioambiental es rechazada o parcialmente denegado), la persona que la pide pueda impugnar la decisión ante el organismo administrativo superior. Lo mismo se aplica en caso de que la solicitud de información puede quedar sin respuesta alguna o solo una parte de la información solicitada se facilitará sin ninguna explicación. En tal caso, la Ley presume que la decisión sobre la denegación de la información. Si una autoridad administrativa superior confirma la decisión de denegar la información, es posible presentar una demanda contra dicha decisión ante el tribunal administrativo. Para el caso de que la respuesta se considerará ilícito o inadecuado, las únicas posibilidades deberán tratar el Jefe de la autoridad correspondiente con una reclamación por mala administración general o a repetir la solicitud (especificar). La decisión por la que se denegó el acceso a la información deberá incluir información relativa a la posibilidad de interponer un recurso ante el organismo administrativo superior. La decisión de la autoridad superior, sin embargo, no ha de incluir información sobre la posibilidad de impugnarla ante el tribunal administrativo.
La solicitud de información sobre el medio ambiente podrá hacerse oralmente, por escrito o en cualquier otra forma posible desde el punto de vista técnico. La solicitud no debe ser anónima y la información solicitada debe ser evidente. No existen otros requisitos formales concretos sobre la solicitud. Si la petición es incomprensible o demasiado general, el solicitante deberá proporcionar material suplementario y la solicitud de la Autoridad. La información deberá facilitarse en el plazo de 30 días a partir de su recepción o complementen. Este plazo puede ampliarse por razones graves de 60 días como máximo. Sobre el recurso contra la decisión denegatoria deberá presentarse por escrito en el plazo de 15 días a partir de la recepción de la Decisión. Si la Decisión no incluye la información sobre las posibilidades de recurso, el plazo para interponer un recurso es de 90 días. El plazo para la acción contra la decisión del cuerpo superior es de 2 meses. El abogado no es obligatoria en cualquier fase del procedimiento de solicitud de información y de interponer recurso contra las denegaciones
Los tribunales tendrán acceso a la información cuya accesibilidad es objeto de controversia antes de ellas a este tipo de acción. Si la autoridad competente no proporcione al Tribunal esa información por iniciativa propia, el Tribunal puede ordenar la competencia para hacerlo.
Según el «general» la libertad de la información, los órganos jurisdiccionales pueden ordenar el órgano para divulgar la información exigida. Tal disposición resulta, sin embargo, no figura en la Ley relativa al derecho de acceso a la información medioambiental, que preferentemente se aplicará con respecto a las solicitudes de información medioambiental. Por consiguiente, no está claro si los órganos jurisdiccionales también pueden ordenar la información medioambiental que debe divulgarse. En la práctica, lo han hecho en algunos casos.
Para la mayor parte de las inversiones, con repercusiones para el medio ambiente, el inversor ha de recibir un número de permisos diferentes. El sistema de procedimientos administrativos en asuntos medioambientales (de permisos medioambientales) está muy fragmentado. La expedición de permisos más frecuentes según
Ley nº 183/2006 Coll. Legislación en materia de autorización de la ocupación del suelo en su mayoría a la «principal» o «principal» la decisión sobre la posibilidad de continuar con el proyecto),
Ley nº 114/1992 Coll., Ley de protección de la naturaleza,
Ley nº 254/2001 Coll., Ley de protección del agua,
Ley nº 86/2002 Coll., Ley sobre la protección del aire,
Ley nº 76/2002 Coll., Ley IPPC,
Ley nº 44/1988 Coll., Ley de Minas,
Ley nº 258/2001 Coll., Ley de protección de la salud pública,
Acta número 18/1997 Ley nuclear.
«incluso en los casos en que el permiso integrado emitido según la «76/2002 Coll., Ley IPPC, integra solamente una parte de los permisos específicos, exigida por las disposiciones mencionadas, y la otra se expiden aún por separado.
El procedimiento de EIA (regulado por la Ley no 100/2001 Coll., sobre la evaluación de impacto ambiental) no es parte integrante de la autorización ambiental (lo permite), procedimientos en el sistema jurídico checo. Representa un proceso separado concluyó por emitir una «declaración de impacto ambiental». Esta «declaración de impacto ambiental» no tienen el carácter vinculante de un permiso (autorización). Es obligatoria una base para las decisiones ulteriores (permisos), que deberán reflejarse (pero no necesariamente respetado) en dichas decisiones. Estas características del sistema de procedimientos administrativos en materia medioambiental también influir en las normas que regulan la posibilidad de participación del público. En cada uno de los procedimientos
la definición general de la parte con arreglo al Código de procedimiento administrativo (basado en el principio de «afectados») se aplica a los intereses jurídicos, o
No existe una definición específica de las partes (por ejemplo, los propietarios afectados en el procedimiento con arreglo al Código de la edificación).
Junto a ello, existen una serie de disposiciones específicas que permitan a las organizaciones medioambientales que participan en los procedimientos administrativos en materia de medio ambiente. A partir de estas disposiciones, el que se utiliza con mayor frecuencia es el artículo 70 de la Ley no 114/1992 Coll., Ley de protección de la naturaleza. La Ley de la EIA (artículo 23 (apartado 9), según el cual las organizaciones medioambientales que participó activamente en el procedimiento EIA estén habilitados para actuar en calidad de partes de los siguientes trámites más rápidos, menos frecuente en la práctica.
Como principio general de Derecho administrativo checa, es posible interponer un recurso contra una decisión administrativa ante un órgano administrativo superior. Este principio se aplica siempre salvo en raros casos de actos que no hayan sido expedidos en la forma habitual de una decisión administrativa (por ejemplo, los «certificados de los inspectores autorizados, que, en determinadas condiciones, pueden sustituir a las licencias de obras). Tampoco existe ningún recurso contra las denominadas «medidas de carácter general». Como principio, regular el recurso a un órgano administrativo superior deberá agotarse antes de la decisión administrativa puede ser revisada por el Tribunal de Justicia. Las decisiones administrativas adoptadas en primera instancia pueden recurrirse directamente ante un tribunal. «irregular» los actos contra los que no exista ninguna posibilidad de recurso administrativo, pero que deben someterse a control judicial si pueden vulnerar los derechos de la persona o de su función, una excepción. En segundo lugar, las «medidas de carácter general» pueden someterse al Tribunal directamente después de su emisión. Por último, una excepción específica es la posibilidad de presentar una demanda en el «interés público» en primera instancia contra la decisión administrativa, con arreglo a condiciones específicas definidas por la ley. Del mismo modo, las vías de recurso administrativo ordinario, si se dispone de ellos, deben agotarse antes de someter el caso a los tribunales administrativos también en los casos de inacción) (omisiones ilegales de las autoridades administrativas o de otras intervenciones «ilegales» de las autoridades administrativas. La administración extraordinaria no se deben agotar los recursos antes de someter el caso a los tribunales.
Por lo general, los tribunales administrativos examinará tanto la legalidad sustantiva como procesal de las decisiones administrativas objeto de una demanda administrativa. La infracción de las reglas de procedimiento relativas al procedimiento administrativo es un motivo para cancelar la decisión impugnada, si es probable que podría causar la ilegalidad de fondo de la decisión en cuestión. La decisión del Tribunal de Justicia debe basarse en los hechos tal como fueron en momento en que la resolución administrativa. Normalmente, el juez toma los materiales obtenidos durante el procedimiento administrativo como base de sus decisiones. Sin embargo, si las partes en el procedimiento judicial sugieren, controlar la exactitud de tales materiales, repetir o modificar los elementos de prueba examinados en el procedimiento administrativo. El Tribunal podrá revisar en todo momento si las autoridades administrativas no han incurrido en desviación de exceder los límites de sus poderes discrecionales. El alcance de la revisión judicial de las decisiones administrativas se limitan en la práctica la doctrina de la violación de derechos, que constituye una base jurídica adecuada para la regulación de la capacidad procesal en los procedimientos contencioso-administrativos y influye también en qué argumentos de las demandantes se consideran admisibles. Esto se refiere específicamente a las acciones de las organizaciones de defensa del medio ambiente. Estas organizaciones, según la jurisprudencia existente de los tribunales checos, solo puede reclamar la vulneración de sus derechos procesales en los procedimientos administrativos, no la legalidad en cuanto al fondo de las decisiones administrativas, como tal.
Según el Código de la construcción, los planes de usos del suelo y planes de zonificación son emitidos en forma de las llamadas «medidas de carácter general» y no existe una forma especial para que puedan ser objeto de recurso. Medida de carácter general» se define por ley como acto vinculante, que no es una pieza de baja ni la Decisión. También algunos actos conforme a otras normas de la legislación medioambiental, por ejemplo, visitas de los parques nacionales de acuerdo con la Ley de protección de la naturaleza o los planes de las cuencas hidrográficas con arreglo a la Ley de protección del agua contemplada en el presente formulario y, por tanto, está sujeta a control jurisdiccional. Con arreglo a esta Ley, las personas que hacen valer que sus derechos han sido vulnerados por la emisión de la medida de carácter general están legitimados para demandar la medida ante el Tribunal. El Tribunal Supremo Administrativo, sin embargo, ha desarrollado una jurisprudencia restrictiva, con arreglo a la cual solo el derecho real, es decir, los derechos relativos a la propiedad de bienes inmuebles, emisión puede ser infringida por una medida de carácter general (a saber, el plan de utilización del suelo). En consecuencia, solo se considera que los propietarios afectados están legitimados para demandar la medidas de carácter general. El Tribunal Supremo Administrativo también en varias ocasiones, las organizaciones medioambientales no están legitimados para demandar a los planes de uso del suelo (a pesar de que fueron concedidas actuar normas para visitantes de los parques nacionales. Hasta finales de 2011, el Tribunal Supremo Administrativo fue el único competente para revisar medidas de carácter general, sin necesidad de ulterior recurso. Desde 2012, los tribunales regionales y esta competencia es posible presentar un recurso de casación contra su decisión. Las principales normas de demostración son similares a los de la jurisdicción administrativa en general:
Los tribunales revisan tanto la legalidad sustantiva como procesal de las medidas de carácter general,
en el ámbito de los argumentos presentados en el escrito de demanda y de la infracción de los derechos de la demandante.
El juez está facultado, a sugerencia de partes para revisar o modificar los elementos de prueba examinados en el procedimiento de adopción de la medida.
Las audiencias se llevan a cabo con más frecuencia en este tipo de procedimiento judicial administrativo que en los demás.
Procedimientos de EIA:
El procedimiento de EIA no es parte integrante de los procedimientos de autorización (autorización) en el sistema jurídico checo; La autorización se basa en un proceso separado, que tiene características principales siguientes:
El procedimiento de EIA como tal está plenamente abierto al público,
El informe de EIA (documentación) sea accesible y toda persona tiene derecho a formular sus observaciones al mismo en los plazos acordados,
La «declaración de impacto ambiental» deben existir antes otras decisiones (permisos), pero no tiene que ser respetado (tan solo debe «tomar en consideración»),
El proceso finaliza con la expedición de una «declaración de impacto ambiental», que no tienen el carácter obligatorio de un permiso (autorización), pero se considera un «dictamen pericial» (aunque es expedida por el Ministerio de Medio Ambiente regional o la autoridad administrativa).
Por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia de los tribunales checos, ni las decisiones de comprobación previa y delimitación del campo de la EIA (que están unidos en una EIA con arreglo a la ley checa) ni la declaración final EIA pueden ser revisados por los tribunales «con carácter independiente» o «directamente». Como ha declarado los tribunales administrativos superiores, sino que estará sujeta a revisión judicial únicamente en conjunción con la letra o) en el ámbito de aplicación del permiso o permisos posteriores, por ejemplo, con la autorización de la ocupación del suelo, permisos concedidos con arreglo a la Ley de protección de la naturaleza, protección de las aguas, etc. Act (Ley de minería, según este planteamiento, es necesario examinar los permisos concedidos con arreglo a las leyes específicas de proyecto que fue objeto de las decisiones de la EIA «EIA» («autorización» en el sentido de la Directiva EIA). Estas decisiones pueden ser revisados por los tribunales en virtud de las condiciones generales de revisión de las decisiones administrativas. Actuar se concede a:
a) las personas que hacen valer que sus derechos han sido violados por la «decisión que anula o crea una nueva empresa, cambios, con autoridad determina sus derechos y obligaciones» y
b) otras partes en los procedimientos administrativos para la emisión de la decisión administrativa, que hacen valer que sus derechos han sido violados en el presente procedimiento, lo cual podría provocar la ilegalidad de la Decisión, la legitimación para demandar a las organizaciones medioambientales se deriva de esta disposición)
A continuación que, según una reciente modificación de la Ley de la EIA (adoptado en diciembre de 2009) las organizaciones medioambientales que presentaron observaciones en el procedimiento EIA, están legitimados para demandar la decisión de autorización del proyecto para aprobar un proyecto, la declaración de impacto ambiental que habían sido emitidas antes. Las organizaciones medioambientales también gozan de capacidad procesal en los asuntos que no participaron en el procedimiento administrativo de autorización. Esta disposición especial, sin embargo, no permita demandar al amparo de la decisión de comprobación previa y delimitación del campo de la EIA o la declaración EIA directamente. No se ha utilizado en la práctica hasta el momento, las organizaciones de defensa del medio ambiente, los participantes podrán utilizar las normas de capacidad procesal generales. De ello se deduce que existen «maneras» más concretamente a las organizaciones medioambientales, actuar para obtener la autorización para el proyecto objeto de EIA ante el Tribunal de Justicia:
a) si una organización medioambiental formule observaciones al informe de la EIA (documentación) dentro de los plazos de la consulta pública en el procedimiento de EIA, puede obtener el estatuto de la parte en el procedimiento de autorización de desarrollo ulterior, y a continuación, según dicha parte, que presenten una denuncia contra la autorización final) o, teóricamente, presentar la querella contra dicha decisión también sin actuar como parte en el procedimiento administrativo.
b) No obstante, las organizaciones medioambientales pueden obtener el estatuto de parte en el procedimiento de autorización de desarrollo (con independencia de si el proyecto es objeto de EIA o no), también con arreglo a las disposiciones de otros ordenamientos jurídicos; respecto a las cuales el artículo 70 de la Ley de protección de la naturaleza es el que se utiliza con mayor frecuencia.
Para el alumno, que participan en el procedimiento de EIA no es ni necesaria ni tampoco otorga un derecho especial en lo que se refiere a la posterior participación en procedimientos administrativos ni el acceso a los tribunales. Para cada una de estas posibilidades, es necesario que se veían afectadas directamente por la autorización de los derechos (en especial si la ley no exige unas condiciones aún más estrictas).
Los tribunales regionales son el foro a cuestionar todas las decisiones administrativas, incluida la licencia de construcción expedidos tras el procedimiento de EIA (con la posibilidad de interponer un recurso de casación contra su decisión ante el Tribunal Supremo Administrativo. Las audiencias no tener lugar si un órgano jurisdiccional rechazar la demanda por inadmisible o cancelar la autorización para los errores de procedimiento o por haber sido suficientemente justificado (inverificables). A continuación, el Tribunal de Justicia suele pedir a las partes si están de acuerdo en resolver el asunto sin celebrar una vista oral, y en muchos de los casos (probablemente la mayoría), las partes están de acuerdo con él. Los tribunales revisan tanto la legalidad sustantiva como procesal de las licencias urbanísticas. Las normas de prueba son los mismos que en el orden contencioso-administrativo en general. El juez está facultado, a sugerencia de partes para revisar o modificar los elementos de prueba examinados en el procedimiento administrativo. Junto con la autorización final, también la legalidad de fondo y de procedimiento de la EIA o de la decisión de comprobación previa y delimitación del campo de la EIA se revisará. En teoría, el Tribunal, a petición del demandante, comprobar también los materiales y los resultados técnicos, en los que la declaración EIA y, posteriormente, la autorización se basa, para garantizar que no existe una contradicción evidente entre las constataciones y las conclusiones y el razonamiento de las autoridades administrativas. En la práctica, sin embargo, los tribunales se muestran reticentes a hacerlo, por ejemplo, en el caso de las demandas de las organizaciones de defensa del medio ambiente. En caso de que el juez controle de la autorización para los proyectos sujetos a la EIA, condiciones generales para aplicar medidas cautelares. Por ejemplo, la demandante solicitar medidas cautelares deben probar que
la ejecución de la Decisión le causaría un perjuicio «incomparablemente más grave» que podría causarse a otras personas mediante la concesión de la medida cautelar (en comparación con el requisito según el cual el demandante debe demostrar la existencia de «daño irreparable», en vigor hasta el final de 2011) y
expedir una orden de reparación no sería contrario a un interés público importante.
La única norma especial es aplicable durante el proceso de la organización ecologista, que sería presentada contra la autorización de desarrollo según la disposición especial de la ley anterior (sin la participación de la organización en el procedimiento administrativo). Para este tipo de litigios, las medidas cautelares (en forma de efectos suspensivos con respecto a la autorización de desarrollo) no está disponible.
Los procedimientos PCIC:
Los tribunales pueden examinar las decisiones definitivas (permisos PCIC integrado), emitido de conformidad con la Ley nº 76/2002 Coll. Ley IPPC, conforme a las condiciones generales de un control judicial de los actos administrativos. Actuar las decisiones PCIC («permisos integrados») es, por tanto, concedida a
a) las personas que hacen valer que sus derechos han sido violados por dicha Decisión, establece que «los cambios o afectar de forma verosímil determina sus derechos y obligaciones» y
b) otras partes en los procedimientos administrativos para la emisión de la Decisión relativa a la PCIC, que hacen valer que sus derechos han sido violados en el presente procedimiento, lo cual podría provocar la ilegalidad de la Decisión, la legitimación para demandar a las organizaciones medioambientales se deriva de esta disposición)
Las organizaciones de defensa del medio ambiente tienen legitimación para demandar la decisión relativa a la PCIC si reúne los requisitos sub letra b), es decir, si se trataba de una parte del procedimiento administrativo (PCIC en emitir el permiso PCIC). Para obtener la posición de una parte de dicho procedimiento, la organización debe comunicar a la autoridad administrativa competente que desea participar en el procedimiento en el plazo de 8 días a partir de la publicación de la información sobre la solicitud de la Decisión relativa a la PCIC en el anuncio público. Además, una organización medioambiental que presentaron observaciones en el procedimiento EIA, PCIC anterior podría demandar al procedimiento de la Decisión relativa a la PCIC, aun cuando la organización no participar en dicho procedimiento. No obstante, no existe jurisprudencia la prueba de esta afirmación. Desde el punto de vista formal, no es necesario participar en la fase de consulta pública del procedimiento PCIC, para gozar de capacidad procesal para comparecer ante los órganos jurisdiccionales de la Decisión relativa a la PCIC. Si un individuo o una organización ambiental cumpla los criterios para ser parte en la CIPF procedimientos administrativos, puede presentar un recurso administrativo contra la decisión relativa a la PCIC y que, por consiguiente, están legitimados para demandar la decisión final, aunque no sean activos en la fase del procedimiento administrativo. No obstante, si el interesado no tiene actividad, tiene menos posibilidades de éxito con el recurso de casación o el escrito de demanda, como resulta más difícil para las partes a alegar que se vulneraron sus derechos en el procedimiento y en la emisión de la Decisión relativa a la PCIC.
Los tribunales regionales son los foros para impugnar las decisiones PCIC (con la posibilidad de interponer un recurso de casación contra su decisión ante el Tribunal Supremo Administrativo. Las audiencias no tener lugar si un órgano jurisdiccional rechazar la demanda por inadmisible o cancelar la autorización para los errores de procedimiento o por haber sido suficientemente justificado (inverificables). A continuación, el Tribunal de Justicia suele pedir a las partes si están de acuerdo en resolver el asunto sin celebrar una vista oral y, en muchos casos, las Partes convienen. Los tribunales revisan tanto la legalidad sustantiva como procesal de las decisiones PCIC. Las normas de prueba son los mismos que en el orden contencioso-administrativo en general. El juez está facultado, a sugerencia de partes para revisar o modificar los elementos de prueba examinados en el procedimiento administrativo IPPC. En teoría, el Tribunal, a petición del demandante, comprobar también los materiales y los resultados técnicos, en los que se basa dicha decisión, al menos en la medida en que, si no existe una clara contradicción entre estos resultados y las conclusiones y el razonamiento de la Decisión relativa a la PCIC. En la práctica, sin embargo, los tribunales se muestran reticentes a hacerlo, por ejemplo, en el caso de las demandas de las organizaciones de defensa del medio ambiente. En los casos en que el Tribunal de Justicia examina las decisiones de PCIC, condiciones generales para aplicar medidas cautelares. La demandante solicitar medidas cautelares deben probar que
la ejecución de la Decisión le causaría un perjuicio «incomparablemente más grave» que podría causarse a otras personas mediante la concesión de las medidas cautelares (hasta finales de 2011, existía la condición de «daño irreparable») y
la emisión de una orden y no sería contraria al interés público importante.
Créditos contra particulares o contra personas jurídicas pueden presentarse directamente ante los tribunales civiles en el ámbito civil (poder judicial) en todas las cuestiones relacionadas con los derechos y deberes particulares, incluidas las que se refieren a la protección del derecho constitucional de entorno favorable. Los ciudadanos pueden invocar el Derecho constitucional exclusivamente dentro del ámbito de aplicación de las leyes de aplicación de tales derechos. Esto significa que también en las pretensiones formuladas ante los órganos jurisdiccionales civiles contra particulares o contra personas jurídicas, el demandante debe alegar y probar que un derecho específico determinado por la ley ha sido vulnerado por el demandado y que los derechos de la demandante fueron vulnerados por dicho concepto. Las reclamaciones contra particulares o personas jurídicas, relativas a cuestiones medioambientales (Derecho a un entorno favorable)
Las acciones de «vecinos», mediante el cual la demandante solicita al Tribunal que ordene al demandado detener molestas vecinos «más allá de la medida adecuada» o «amenazar gravemente sus derechos» (por ejemplo, por ruido, emisiones, etc.). Solo cabe al Tribunal que ordene al demandado detener la actividad ilegal en este caso, sin más especificaciones sobre cómo cumplir este objetivo.
«acciones para la protección de la personalidad o la vida privada», mediante la que la demandante solicita la protección contra las intromisiones ilegales en su esfera de actividad privada (personalidad), que incluye también el organismo, de la salud y de la calidad del medio ambiente. La declaración puede aspirar a la conclusión de las intervenciones en la esfera privada, eliminando de los resultados de dichas intervenciones, para una adecuada satisfacción de
actuación monetaria para solicitar indemnización por los daños al medio ambiente, que causaron también una pérdida económica de la demandante
«acción preventiva», mediante la que la demandante solicita al Tribunal que condene a la demandada a adoptar medidas para prevenir los daños en el entorno natural.
Por lo general, no resulta posible presentar reclamaciones contra personas físicas o jurídicas directamente ante los tribunales administrativos. Una excepción es una situación en la que una persona física o una entidad jurídica actúa como órgano administrativo (por ejemplo, si un inspector autorizado expida el certificado, que, en determinadas condiciones, pueden sustituir el permiso de construcción). Tampoco es posible presentar reclamaciones contra personas físicas o jurídicas directamente a los tribunales penales.
Si un organismo estatal actúa como representante del Estado en el ámbito del Derecho privado, actividades comerciales, etc.), el mismo tipo de pueden presentarse demandas ante los tribunales civiles contra el Estado, como contra personas físicas o jurídicas. En el ámbito de asuntos administrativos, las demandas contra las decisiones de los organismos públicos (autoridades administrativas) en materia de medio ambiente puede presentarse en determinadas condiciones. Por regla general, solo se puede solicitar al órgano jurisdiccional competente que anulara la Decisión, con algunas excepciones (la moderación de las sanciones administrativas, que permitan revelar la información). Además, una persona que haya agotado las medidas administrativas para la protección contra la omisión ilegal (inacción de una autoridad administrativa, que viola sus derechos, puede solicitar al órgano jurisdiccional que ordene a la autoridad administrativa «para emitir una decisión sobre el fondo del asunto.» Sin embargo, existe una «diferencia significativa» en el presente Reglamento (tal como ha sido interpretado por los tribunales de lo contencioso-administrativo checos), lo que lleva a la conclusión de que no es posible pedir a la autoridad que inicie el procedimiento en sí (ex officio), cuando esté legalmente obligada a hacerlo (por ejemplo, si se presentan un proyecto construidos o en funcionamiento sin haber obtenido los permisos necesarios). El Tribunal se ha negado en repetidas ocasiones los procesos de vecinos afectados en tales casos. Tampoco existe un Reglamento en relación con la legitimación de las organizaciones ambientales a demandar a las autoridades administrativas en caso de omisiones ilegales. Se podría examinar la posibilidad de recurrir a otro tipo de medida administrativa — la denominada «acción contra otras intervenciones ilegales de las autoridades administrativas»; en tales casos. El Reglamento legislativo de este tipo de actuaciones no ha cambiado desde 2012. Con arreglo a la redacción actual, toda persona que afirme que sus derechos han sido vulnerados por «actuación ilegal, instrucción o ejecución» por la autoridad administrativa puede pedir al tribunal que prohibiese la autoridad de reemprender la intervención, la autoridad para retirar los resultados de dichas intervenciones, o simplemente a declarar que era ilegal.
Hay dos tipos principales de las autoridades competentes en el ámbito de la responsabilidad ecológica: La inspección medioambiental checa y el Ministerio de medio ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente ejerce las competencias de la administración central en todo el segmento de la protección del medio ambiente, incluidos los daños medioambientales; La inspección acepta las observaciones y solicitud de actuación y está facultada para imponer medidas preventivas o reparadoras relativas a los daños ambientales y sanciones. El procedimiento para imponer medidas preventivas o reparadoras relativas a los daños ambientales podrá iniciarse de oficio por la inspección o previa solicitud. Sin embargo, dicha solicitud podrá presentarse únicamente a las personas que se hayan visto o puedan verse afectadas negativamente por daños medioambientales (como los propietarios); las organizaciones medioambientales no se suelen considerar afectado, aun cuando la protección del medio ambiente. Organizaciones de protección del medio ambiente y de la población solo podrá presentar un escrito pidiendo a la inspección, a fin de iniciar el procedimiento de oficio; No obstante, corresponde a la inspección, a fin de decidir si iniciar el procedimiento o no.
Partes en el procedimiento relativo a los asuntos de responsabilidad ambiental puede presentar la demanda ante los tribunales administrativos una vez el acto administrativo sea firme. Ello significa que la apertura de la vía impugnatoria administrativa ordinaria, un recurso ante el Ministerio de Medio Ambiente, en primer lugar debe agotarse. Las organizaciones de defensa del medio ambiente, si no pueden iniciar el procedimiento contencioso, pueda ser parte en el procedimiento iniciado por el servicio de inspección sobre la base de la Ley de protección de la naturaleza. En tales casos, también podrá presentar el escrito de demanda contra la decisión del inspector. Las personas cuyos derechos hayan sido lesionados por la decisión administrativa también pueden presentar una denuncia ante los tribunales. En los casos en que no habría ninguna petición de acción y esta última no podría, incluso, de iniciar el procedimiento de oficio, las organizaciones ecologistas o cualquier persona del público en general podrán solicitar al Ministerio a una vía de recurso. No obstante, si el propio Ministerio no lo hace, el Tribunal no puede condenar a la autoridad para actuar (pasiva para iniciar el procedimiento) y no es posible hacer valer la responsabilidad ambiental a través del procedimiento administrativo. No obstante, es posible hacer valer la responsabilidad ambiental a través de créditos privados. Puede existir otro tipo de la aplicación de la responsabilidad medioambiental, que es la situación en que la decisión sobre las medidas preventivas o reparadoras emitidas pero aún no se respeta. De conformidad con la legislación checa, suele incumbir al órgano administrativo que dictó la decisión de imponer derechos no financieros (como, por ejemplo, la decisión de imponer medidas preventivas o reparadoras relativas a los daños ambientales) para aplicarlo. Para garantizar que dicha decisión se respeten y se cumplan las obligaciones impuestas. En caso de que la Decisión no se haya respetado, la autoridad competente puede imponer multas a la persona obligada o asegurarse de otro cumplan las obligaciones impuestas a expensas de la persona obligada. Además, una persona autorizada por la Decisión no financieras podrán cumplir la resolución de imposición de derechos (es decir, la persona obligada debe actuar o abstenerse de actuar en nombre de la persona autorizada). Esta última sería aplicable en aquellas situaciones en las que el daño medioambiental afecte a la herencia de otra persona que no sea la de la persona responsable.
Además de la participación en procedimientos administrativos y contra las decisiones de los tribunales administrativos, hay otros remedios que puedan ser utilizados tanto por las partes en los procedimientos administrativos y el público en general. A saber:
Observaciones a las autoridades competentes para incoar un procedimiento de oficio, incluida información a tomar medidas contra la inacción de la autoridad subordinada,
los recursos administrativos extraordinarios (es decir, revisión administrativa de las decisiones en vigor, el nuevo procedimiento (repetición del juicio)),
observaciones al Defensor del Pueblo, notificación a la policía penal o fiscal, y las observaciones del Defensor del Pueblo a la Fiscalía y a que presenten una actio popularis.
Sin embargo, las propuestas son, en general, bastante débil. Formalmente no iniciar procedimientos. Corresponde a las autoridades competentes decidir si iniciar el procedimiento o no, mientras que el remitente tiene el derecho a ser informado sobre el seguimiento de su presentación.
Existe un Defensor del Pueblo general en la República Checa, que se refiere a todos los casos en los que las estructuras administrativas actúan o abstenerse de actuar en violación del Derecho, principios de un Estado democrático de Derecho o los principios de buena administración; Esto incluye también los asuntos relacionados con el medio ambiente. El Defensor del Pueblo podrá iniciar su investigación de oficio. Además, todo el mundo puede dirigirse al Defensor del Pueblo por la presentación (Condiciones específicas figuran en cuanto al momento en que el Defensor del Pueblo puede decidir no tratan de la presentación, por ejemplo la violación tiene más de 1 años). Sin embargo, aun cuando el Defensor del Pueblo concluye que la autoridad administrativa ha infringido la Ley, solo podrá recomendar a la autoridad a que adopte medidas correctoras, sin imponerla. En caso de que no se respeten, Ombudsman podrá dirigirse a la administración o autoridad superior e informar al público en general.
No es motivo para que parte alguna pueda interponer una demanda penal privada. Todos los delitos son perseguidos por el Estado (representado por el Ministerio Fiscal), toda persona tiene derecho, sin embargo, a las autoridades judiciales penales (la policía o la fiscalía) si tiene sospecha de haber cometido un delito; Posteriormente, solo podrá ser informados del seguimiento de dicha notificación. Las personas perjudicadas (personas que han sufrido lesiones, daños o la propiedad u otros daños morales como resultado del delito cometido) tienen derechos procesales y pueden tener influencia en el procedimiento penal (por ejemplo, puede presentar una reclamación contra el cese de la persecución penal).
Tanto la Defensora del Pueblo como la Fiscalía General puede presentar la demanda en el «interés público» contra cualquier decisión administrativa, si «se encuentre» (fiscal general) o «probar» (Defensor del Pueblo) de un interés público importante para hacerlo.
Los principales mecanismos de tramitación de las reclamaciones relativas a la actuación administrativa inadecuada, inacción u omisión administrativa, pueden resumirse como sigue:
una presentación al Defensor del Pueblo
El hecho de entablar una acción judicial contra una omisión (disponible solo en aquellos casos en que el procedimiento administrativo se encuentra en funcionamiento pero la autoridad se niega a emitir una decisión)
queja por comportamiento inadecuado del responsable o del curso de las actuaciones del organismo administrativo (sin embargo, esta denuncia se examina en primer lugar por la misma autoridad que se censuraba — solo en caso de que no fue objeto de la debida consideración, es posible dirigirse al órgano administrativo superior),
En los casos más graves, la notificación de las autoridades penales (la policía o la fiscalía)
No hay otras instituciones u organismos que tienen competencia en el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, aparte de las descritas anteriormente, es decir:
las autoridades administrativas responsables de la administración pública o medioambientales específicas en ámbitos relacionados con el medio ambiente,
La acusación pública.
«derechos posiblemente directamente afectados»
protección de los intereses públicos
vulneración de un derecho/protección de intereses públicos especiales» (demanda de conformidad con dicha ley)
Otras entidades jurídicas (incluidos los municipios)
procedimiento EIA únicamente consulta y adopción de planes de uso de la tierra — abierta a todo el mundo a hacer observaciones
Cualquier otra actividad (organizaciones de empresarios y Cámaras — procedimiento PCIC, la Fiscalía General de la República y Defensor del Pueblo — Interés público pleito)
vulneración de un derecho/protección de los intereses públicos (Fiscalía General de la República y Defensor del Pueblo)
En el procedimiento administrativo, la norma básica de la «entidad» (derecho a tener una posición del partido) es el concepto de «derechos y obligaciones» podría imputarse directamente afectados por la Decisión. Este concepto se expresan, generalmente, en el artículo 27 de la Ley no 500/2004 rep., código administrativo, según la cual, «las personas cuyos derechos y obligaciones que pueden verse afectadas directamente por la decisión administrativa» se consideran como partes en los procedimientos administrativos (junto a las personas que hayan presentado solicitudes de autorización (en lo sucesivo, los solicitantes), personas con las que la decisión deberá crear, suprimir o modificar sus derechos y deberes, y las personas que cuenten con una posición de parte está establecido por una ley específica). Esta norma general es modificado por algunos actos sectoriales:
a) para la protección del medio ambiente, la más importante es la Ley no 183/2006 Coll., Ley de construcción. Esta Ley incluye definiciones autónomas de partes del procedimiento administrativo para la expedición de permisos de construcción y de uso del suelo. Según estas definiciones, solo las personas físicas y jurídicas cuyos derechos de propiedad u otros derechos reales puedan verse afectadas directamente por la autorización tienen la condición de parte del procedimiento.
b) Similar es la regulación de las partes de los procedimientos administrativos con arreglo a la Ley no 44/1988 Coll. Ley de Minas.
c) en otros procedimientos, relacionados con el medio ambiente, la demandante es la única persona con los derechos de parte. Esta situación se da, por ejemplo, en lo que respecta al «ruido» — Decisiones que autorizan excepciones a un operador de una fuente de ruido que supere los límites máximos para continuar con las operaciones durante un período de tiempo limitado (con posibilidad de prórroga repetidas). Otros ejemplos son los permisos concedidos con arreglo a la Ley no 18/1997 Coll., Ley nuclear.
d) por otra parte, la EIA (procedimientos de consulta que no han terminado por un permiso obligatorio) y procedimientos de adopción de planes de uso del suelo está abierta a todo el mundo para que pueda formular observaciones; Estos son también los únicos procedimientos en los que pueden participar los grupos ad hoc.
Las organizaciones medioambientales pueden obtener un estatuto de la parte en el procedimiento administrativo en materia ambiental de conformidad con una serie de disposiciones específicas; La Ley de protección de la naturaleza, incluidas la EIA Act, Ley IPPC, Ley de protección de las aguas, entre otras. Las organizaciones de defensa del medio ambiente que cumplan los requisitos de estos actos tendrá derecho a ser Partes en todos los procedimientos en los que los intereses protegidos por estos actos están influidos (a saber, en el marco del procedimiento con arreglo a la legislación). Se confirma a través de la jurisprudencia, que el motivo de esta posibilidad es que convendría que las organizaciones para promover el interés público en la protección del medio ambiente y sus componentes específicos en la posición de parte. Sin embargo, ni las organizaciones medioambientales pueden ser parte en los casos que la Ley establece explícitamente que la demandante sea la única parte en el procedimiento.
Los municipios tienen derecho a ser partes de los procedimientos administrativos con arreglo a los mismos principios que otras personas jurídicas (al concepto de «derechos posiblemente directamente afectados»). En el procedimiento de PCIC, las organizaciones de empresarios y cámaras de empresas pueden obtener un estatuto de parte en condiciones similares a las de las organizaciones de defensa del medio ambiente; Se consideró, sin embargo, a defender sus intereses y los intereses de sus miembros. Al nivel de los procedimientos judiciales, el concepto de legitimación totalmente vigentes para todas las categorías de interesados es el concepto de vulneración de un derecho. La capacidad procesal general en asuntos administrativos (artículo 65 de la Ley no 150/2002 Coll., el código de la jurisdicción administrativa), Estados miembros que actuar las decisiones administrativas se concede a
b) otras partes en los procedimientos administrativos para la emisión de la decisión administrativa, que hacen valer que sus derechos han sido violados en el presente procedimiento, lo cual podría provocar la ilegalidad de la Decisión, la legitimación para demandar a las organizaciones medioambientales se deriva de esta disposición).
En la mayoría de los casos, la legitimación para demandar en procedimiento judicial está estrechamente relacionado con la condición de parte en el procedimiento administrativo pertinente. Por lo tanto, excepto las pocas posibilidades de los llamados «causas de interés público», no existe ninguna reglamentación específica sobre derechos permanente para un determinado ámbito legislativo o agentes. Al mismo tiempo, el alcance de los temas con pie en la zona está muy influida por los procedimientos administrativos pertinentes de las partes. Por ejemplo, ya que solo los «vecinos» (las personas cuyos bienes se vean afectados) son partes contratantes de los procedimientos administrativos con arreglo a la legislación en materia de próxima al inversor, municipio y, posiblemente, las ONG), solo esas personas pueden también están legitimados para demandar una decisión definitiva emitida con arreglo a la legislación. En caso de que el solicitante sea la única parte en el procedimiento administrativo, sino también que la demandante solo está legitimada para demandar la decisión al Tribunal. Las organizaciones de protección del medio ambiente, con arreglo a la vigente jurisprudencia de los tribunales checos, solo puede reclamar la vulneración de sus derechos procesales en los procedimientos administrativos, y no a la legalidad interna de las decisiones administrativas, como tal. Es la consecuencia de una aplicación estricta del concepto de vulneración de un derecho en su escrito de demanda; A pesar de que la razón de su participación en el procedimiento administrativo es la protección del interés público, esto significa que las organizaciones pueden pedir al Tribunal que revise el texto siguiente:
Si pudieran ver todos los documentos relativos a la autorización medioambiental,
Si tuvieran suficiente tiempo para estudiarlos y expresar su opinión,
si están invitados a la audiencia pública, etc.
No obstante, si se interpreta de forma restrictiva la doctrina, no pueden afirmar que la Decisión vulnera los requisitos del Derecho ambiental (por ejemplo, límites de emisiones o las disposiciones que prohíben algunas actividades en las zonas protegidas, ya que esta no se refiere a ninguno de sus «derechos personales». Este planteamiento se ve reforzado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con arreglo al cual las entidades jurídicas, incluidas las organizaciones medioambientales, no pueden invocar un derecho de un entorno favorable, ya que puede «evidentemente» pertenecen únicamente a las personas físicas. Por otra parte, también existen resoluciones en las que los tribunales tienen, de facto, abordaron las objeciones «sustancial» de las ONG.
No existe ningún tipo de acción popular (en el sentido de la legitimación de una persona a demandar a algún tipo de decisiones) en cualquier ámbito del Derecho en la República Checa. El código de justicia administrativa contiene una disposición con arreglo a la cual una demanda «en aras del interés público» puede presentarse por
otra autoridad pública competente para ello mediante una ley especial
una persona expresamente habilitadas para ello por una ley especial
La Fiscalía General de la República y Defensor del Pueblo puede presentar la demanda en el «interés público» contra cualquier decisión administrativa, si «se encuentre» (fiscal general) o «probar» (Defensor del Pueblo) de un interés público importante para hacerlo. No existe ningún acto legislativo que concede el derecho a presentar una denuncia ante los tribunales en aras del interés público, o cualquier otro tipo de proceso administrativo, a cualquier otra autoridad pública. Por lo que se refiere a otras personas, la única permanente para un tipo específico de «interés público» en la demanda, existente en el Derecho checo (desde diciembre de 2009) figura en la Ley de la EIA. Según el artículo 23, párrafo 10, de esta Ley, los municipios, las organizaciones de defensa del medio ambiente o que presentaron observaciones en el procedimiento EIA, están legitimados para demandar la autorización de aprobar un proyecto, en el que se había emitido la declaración de EIA pertinentes. En caso de que decidan entablar una acción legal con arreglo a esta disposición, no es necesario que participe en el procedimiento administrativo de autorización como partes. En teoría, el concepto de vulneración de un derecho no se aplicará también en este caso y las organizaciones medioambientales deben sin duda tener también el derecho de impugnación de la legalidad en cuanto al fondo de la Decisión impugnada. Por otro lado, si este tipo de litigios se presentaría de solicitud de medidas urgentes, no estarían disponibles. En la práctica, todavía no existen intentos de utilizar esta posibilidad.
Hasta el momento, las organizaciones de defensa del medio ambiente han utilizado con más frecuencia en la disposición de la Ley de protección de la naturaleza y, únicamente en la segunda y la tercera opciones respectivas, las disposiciones de los actos de la EIA y la PCIC. Como ya se ha indicado anteriormente, hay más «vías», es decir, las organizaciones medioambientales, ¿cómo se llega a ser parte en el procedimiento administrativo, y por ese medio (indirectamente) también obtener legitimación para ejercer la acción contra las decisiones administrativas en materia de medio ambiente en los tribunales. Las personas, en su mayor parte, derivan su prestigio en la posición de «directamente afectada prójimo» (con respecto a las decisiones expedidas con arreglo a la construcción) o la «persona cuyos derechos y obligaciones se vean potencialmente afectados directamente» con respecto a la mayoría de las demás decisiones.
Representación legal por un abogado es obligatoria en los procedimientos judiciales ante el Tribunal administrativo supremo, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, independientemente de la naturaleza del asunto, incluidos los asuntos medioambientales. Las personas físicas que tienen formación jurídica correspondiente con la formación necesaria para convertirse en un agente o una persona jurídica cuya empleado o los manda la educación no han de estar legalmente representados por un nuevo Abogado salvo en el Tribunal Constitucional. Ante otros órganos jurisdiccionales (representación, asesora jurídica) no es obligatoria. Nadie puede optar por estar legalmente representados por abogado o cualquier otra persona capaz de actos jurídicos. Por consiguiente, es posible también para las organizaciones ecologistas no gubernamentales para representar a las partes en los asuntos medioambientales. No obstante, los órganos jurisdiccionales podrán prohibir al representante en caso de que representen a la que representa en repetidas ocasiones en diferentes casos (esto se refiere no solo a los procedimientos judiciales, administrativos). Existen varios centros de asesoría jurídica y gestionadas por organizaciones ecologistas no gubernamentales en la República Checa. Estos centros de asistencia jurídica gratuita a las personas que se dirijan a ellos en materia de medio ambiente. Explica que, por lo general, ofrece a sus clientes de las disposiciones legales relativas a la consulta, proponer soluciones, comentar sus observaciones o asesoramiento procedimientos jurídicos. El Colegio de Abogados checo publica y actualiza la lista de todos los abogados en Internet, incluida su especialización. Sin embargo, no hay muchos que se centran en la legislación medioambiental.
Asuntos administrativos medioambientales, en la gran mayoría de los casos son resueltos únicamente sobre la base de los expedientes administrativos y, en su caso, otros documentos oficiales. Cada una de las partes podrá aportar pruebas en apoyo de la demanda. En los casos civiles es absolutamente necesario aportar pruebas suficientes en apoyo de la demanda. Por lo general, es el demandante quien soporta la carga de la prueba; S/demuestra que sus pretensiones están justificadas o pierda el caso. Las pruebas son evaluadas por el Tribunal con arreglo al principio de evaluación independiente de todas las pruebas. El Tribunal de Justicia no está vinculado por ningún Reglamento de qué pruebas debe darse prioridad o una mayor verosimilitud, etc.; Corresponde al Tribunal de Justicia evaluar cuidadosamente todas las pruebas. En la resolución sobre el fondo, el Tribunal de Justicia ha debido a fondo los elementos que, a su juicio, la Decisión no se basa en pruebas que se tuvo en cuenta, dándole prioridad y por qué. Si no es así, la decisión puede ser anulado por el Tribunal Supremo. Todas las partes podrá aportar pruebas en apoyo de sus argumentos. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no tiene por qué reflejar todas las propuestas. En tal caso, en la resolución sobre el fondo, el órgano jurisdiccional tiene que las razones por las que no se ha llevado a cabo la prueba. No corresponde a los órganos jurisdiccionales probar; Generalmente, los tribunales se limita a pedir a los dictámenes de expertos en caso necesario para decidir sobre el fondo. No obstante, es posible que el Tribunal de Justicia indique a uno de los partidos, ya que no parece estar en condiciones de asumir la carga de la prueba, debe presentar otras pruebas, o es probable que pierda el caso. Además, a petición de una de las partes, el órgano jurisdiccional podrá pedir las pruebas de la otra Parte o terceras personas. Las Partes podrán introducir los dictámenes periciales, que tienen el mismo peso y verosimilitud según el dictamen pericial solicitado por el Tribunal. Las partes podrán elegir al experto de la lista de expertos oficiales, pedirle que haga el dictamen y pagar por sus servicios. En caso de que cada Parte establezca su propio dictamen pericial y son contradictorias, el tribunal pedirá la opinión de más expertos. Los dictámenes periciales no son vinculantes para los jueces formalmente. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos, el Tribunal de Justicia se atendrá a las mismas. Si existe una duda sobre la verosimilitud o calidad del dictamen pericial, el tribunal pedirá a otro experto para revisar el anterior dictamen pericial.
Un recurso ante un órgano administrativo superior tiene un efecto suspensivo sobre esta. Solo en casos excepcionales, y, en general, en los asuntos medioambientales, el recurso no tiene efecto suspensivo, y podrán ser ejecutadas con carácter preliminar. La presentación de una demanda contra una decisión de una autoridad administrativa generalmente no tiene un efecto suspensivo. El Tribunal de Justicia puede, no obstante, conceder el trato individual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 apartado 2, del Código de justicia administrativa a petición de la demandante, sino únicamente en las siguientes condiciones
La decisión de ejecución podría causar al demandante un perjuicio «incomparablemente más grave» que el que podría causarse a otras personas mediante la concesión de las medidas cautelares
Cuando el organismo administrativo superior aprueba la decisión, puede ejecutarse independientemente de la demanda presentada contra ella. Hasta el momento el Tribunal de Justicia concede un efecto suspensivo del escrito de demanda o escrito cuestiones como medida cautelar, una persona autorizada por la decisión debe poner fin a su ejecución. Aparte de la concesión de un efecto suspensivo del pleito, el juez administrativo puede, además, emitir un requerimiento previo por los motivos contemplados en el artículo 38 de la Ley de Jurisdicción administrativa en caso de que existiera la necesidad de un régimen provisional de la relación entre las partes. Debe existir una amenaza de «daño grave», y no es necesario que el solicitante es la persona bajo esta amenaza. El Tribunal podrá ordenar a las partes del litigio, o incluso de tercera persona, a abstenerse de hacer algo, algo o soportar algo. Sin embargo, es poco frecuente que los tribunales administrativos para dictar medidas cautelares. En los asuntos civiles, eso sucede mucho más a menudo. En los procedimientos judiciales civiles, el Tribunal podrá, a petición de una parte, imponer medidas cautelares «con carácter provisional, si es necesario modificar las condiciones de las partes o si hay riesgo de que la ejecución de la decisión judicial (posteriores) podría verse amenazada» (artículo 74 del Código Civil). El Tribunal podrá dictar medidas cautelares para suspender la tramitación de las cosas, las leyes, o transacciones particulares.
En los asuntos administrativos, no existe límite de tiempo durante el que la solicitud de efecto suspensivo o medida cautelar debe ser presentada una vez finalizado el plazo para que inicie la acción sea respetada. En los casos civiles, es posible solicitar medidas cautelares preliminares para el primer expediente y la demanda en algún tiempo después. En materia administrativa, no es posible interponer un recurso de casación ante el Supremo Tribunal Administrativo contra las decisiones provisionales que también la decisión preliminar sobre un efecto suspensivo o medidas cautelares. El Tribunal puede reconsiderar su decisión de efecto suspensivo o medidas cautelares preliminares en cualquier momento y, por tanto, es posible presentar una solicitud de revisión. En los asuntos civiles, siempre es posible recurrir la decisión sobre la medida cautelar que el Tribunal Superior de Justicia; No obstante, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo.
Por lo general, los costes no están relacionados con la participación en los procedimientos administrativos en materia ambiental; Se aplica solo a la fase judicial. También hay costes relacionados directamente con los actos de la demandante ante los tribunales, a saber:
Tasa para iniciar un procedimiento judicial
Tasa por recurso o casación denuncia,
Tasa por la solicitud de efecto suspensivo o medidas cautelares.
Todos los honorarios deberán ser pagados por la demandante y recurrente en casación. Por otra parte, también hay costes de personas diferentes de la justicia como, por ejemplo testigos, peritos, intérpretes, etc., así como los gastos de las partes del procedimiento en sí mismos.
Los tipos de las tasas judiciales de los procesos administrativos individuales mediante una cantidad fija con independencia del valor del litigio. Una tasa por una demanda de revisión de una resolución administrativa es de 3000 coronas checas (unos 125 EUR); Lo mismo se aplica a un recurso de casación. Tasa por una acción judicial contra un plan de utilización del suelo es de 5000 coronas checas (unos 200 EUR). Si un recurso se solicita en el recurso, como tribunal civil pretensiones de indemnización vinculadas a la contaminación ambiental o la destrucción, el sistema de cálculo de los honorarios se basa generalmente en la cuantía del asunto. Este principio es aplicable cuando la reclamación es pecuniaria; Existen normas específicas para el cálculo de las tasas en los litigios que impliquen a las demandas no pecuniarias. Tasa de recurso de casación es de 5000 coronas checas (unos 200 EUR). La tasa de recurso en los asuntos civiles es el mismo que en el caso de la demanda en el mismo asunto. Los gastos de peritaje pueden variar; el coste puede ser de 100 a 4500. Sin embargo, la gran mayoría de los asuntos administrativos se deciden sobre la base de los expedientes administrativos y, en su caso, otros documentos oficiales. Por otra parte, en los asuntos civiles es necesario aportar pruebas suficientes en apoyo de la demanda, por tanto, los dictámenes periciales son a menudo necesarias. Por ejemplo, en casos en los que los demandantes solicitan los órganos jurisdiccionales para ordenar a los propietarios de las carreteras que adopten medidas para reducir el ruido provocado por el tráfico y la superación de los límites de ruido, los costes de asesoría (Evaluación) podrá variar entre 1900 y 4 200 EUR. Teóricamente, en otros casos, como los asuntos relacionados con la contaminación química del suelo, los costes de la experiencia puede ser muy superior.
Los honorarios de los abogados pueden variar también de forma distintiva. Por lo general, existe la tasa horaria que se haya acordado con el cliente y puede oscilar entre 20 y 200; Sin embargo, existen otras posibilidades de determinar tasa como tasa o canon para la plena representación calculados sobre la base de la tarifa de la Abogacía (Ordenanza jurídicamente vinculante). Desde el 1 de septiembre de 2011, una tasa de 1000 coronas checas (unos 40 EUR) se ha ejecutado para una solicitud de medidas cautelares en los asuntos administrativos (que había sido gratuito antes); Sin embargo, ningún depósito para sufragar cualquier compensación es necesaria. Por otra parte, en la materia civil cualquiera que pida un Tribunal que imponga la imposición de medidas cautelares está obligado a pagar una fianza de 10000 millones de coronas checas (aproximadamente 360 EUR) para cubrir la indemnización por cualquier daño o perjuicio que podría ser causada por la imposición de medidas cautelares; una tasa de 1000 coronas checas (unos 40 EUR) es obligatorio así.
El principio de «quien pierde, paga» se aplica por regla general: la parte vencida está obligada a pagar los gastos de la otra parte, así como el coste de los dictámenes periciales y los testimonios. Este último es, sin embargo, raras en el orden contencioso-administrativo, como los tribunales principalmente basar sus decisiones en los expedientes administrativos y pruebas recopiladas de los mismos. Además, existe una jurisprudencia de los tribunales administrativos, que los costes de la representación legal no se consideran costes admisibles objeto de la autoridad administrativa, ya que tendrán sus propios asalariados — abogados, quién puede representar al litigio. Asimismo, en circunstancias especiales (depende de la apreciación del Tribunal de Justicia), el Tribunal de Primera Instancia podrá decidir que cada parte cargará con sus propias costas.
Los órganos jurisdiccionales, sistema judicial, tanto en lo civil y administrativa, pueden reducir los costes del proceso mediante la concesión de la exención de las tasas judiciales, siempre que el solicitante demuestre la necesidad de exención. Esta posibilidad se aplicará a todas las instancias del procedimiento, incluidos los recursos de casación. Los tribunales administrativos deberán conceder una condonación parcial de la tasa en caso de que el solicitante demuestre que no dispone de los fondos necesarios para pagar la tasa en su totalidad; La exención total de la tasa solo puede concederse en circunstancias especiales. Los jueces civiles pueden conceder la exención total o parcial de las costas judiciales si el solicitante demuestra que la falta de fondos y la acción en sí misma no es arbitraria o cuando dicho recurso es casi con toda seguridad, sin ninguna posibilidad de ser seleccionadas.
La jurisprudencia en los asuntos medioambientales se especifica esta norma de modo que una ONG no pueda adjudicarse con exenciones reiteradamente; Si la ONG quiere proteger el medio ambiente en Tribunal debe formular «fuentes de base y a no transferirlos al Estado». Los jueces civiles pueden conceder la exención total o parcial de las costas judiciales si el solicitante demuestra que la falta de fondos y la acción en sí misma no es arbitraria o cuando dicho recurso es casi con toda seguridad, sin ninguna posibilidad de ser seleccionadas. Asimismo, en circunstancias especiales (depende de la apreciación del Tribunal de Justicia), el Tribunal de Primera Instancia podrá decidir que cada parte cargará con sus propias costas. Teniendo en cuenta otras posibilidades de ayuda financiera, es posible que una Parte en litigio judicial para solicitar al Tribunal de Justicia que lo nombrará un representante legal y, al mismo tiempo, liberar esta parte de su obligación de pagar por la asistencia jurídica (total o parcialmente). Las condiciones son las mismas que para la exención de las tasas judiciales; la situación financiera del solicitante es considerado. Además, también es posible solicitar al Colegio de Abogados checo para el nombramiento de un abogado para proporcionar una asistencia jurídica gratuita (normalmente solo en el caso de un acto o actos, no para completar algunos representación). La condición es, aparte de la situación financiera, que, por alguna razón, las citadas posibilidades de nombramiento de un representante por el Tribunal no pudo utilizarse. Este sistema del Colegio de Abogados podrá utilizarse teóricamente ya en la fase del procedimiento administrativo. De ello se deduce que no es posible que una de las partes de sus propios letrados y posteriormente pedirá al Tribunal de suspensión de los gastos de la asistencia jurídica. Oficialmente, la renuncia por parte de estos costes esté referido siempre al nombramiento de un representante por el Tribunal (o por el Colegio de Abogados).
En principio, solo los abogados pueden prestar asistencia jurídica como un servicio remunerado, y solamente un abogado puede ser designado como representante de la parte que solicita la asistencia jurídica gratuita. Por otra parte, es posible que una persona que no sea abogado representa a una parte ante un tribunal u órgano administrativo. En la práctica, ofrecen a menudo las ONG de base, asistencia jurídica gratuita (como centros de asesoramiento) en los campos de su especialización, y a veces incluso representar a las partes en los tribunales. La asistencia jurídica gratuita suele usarse con relativa frecuencia en los asuntos medioambientales y la frecuencia parece estar aumentando constantemente. Existen bufetes de abogados que presten asistencia jurídica gratuita; Sin embargo, pocos de ellos están especializados en asuntos medioambientales. Alrededor de 30 abogados y bufetes de abogados participen en el proyecto de la organización no gubernamental Alianza pro bono denominado «pro bono Centrum» que se especializa en garantizar la asistencia jurídica gratuita. Esta ayuda se abona a los clientes de las ONG en asuntos medioambientales y a las organizaciones sin ánimo de lucro en los ámbitos del Derecho laboral, tales como impuestos u otros problemas legales con respecto a sus funciones sin ánimo de lucro.
En general, facultades de Derecho sino, más bien, denegando enfoques en cuanto a los consultorios jurídicos son afectados. Hay una clínica legal dirigido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Palacky de Olomouc, que funciona como un centro de asesoramiento para las personas que no dispone de los fondos necesarios para pagar los servicios de un abogado. Además, ha habido un proyecto gestionado por la clínica legal de ELSA (European SGL de estudiantes MSB Spartakus) Praga bajo condiciones similares (falta de fondos). No obstante, la mayoría de sus actividades civiles, no se ocupa de asuntos medioambientales. Existen varios centros de asesoría jurídica y gestionadas por organizaciones ecologistas no gubernamentales en la República Checa. Estos centros de asistencia jurídica gratuita a las personas que se dirijan a ellos en materia de medio ambiente; explica que, por lo general, ofrece a sus clientes de las disposiciones legales relativas a la consulta, proponer soluciones, comentar sus observaciones o asesoramiento procedimientos jurídicos.
Por lo general, las autoridades administrativas están obligados a entregar las decisiones administrativas en un plazo de 30 días, con la posibilidad de prorrogarlo hasta un máximo de 60 días. En caso de que la autoridad administrativa no respete los plazos establecidos, es posible presentar una solicitud al Cuerpo Superior de tomar medidas contra la inactividad de la autoridad subordinada. Después, es posible presentar una demanda y solicitan al Tribunal de Primera Instancia que obligue a la autoridad administrativa para emitir una decisión sobre el fondo del asunto. Sin embargo, no es probable que el órgano administrativo en retraso va a ser sancionados en absoluto. En caso de que verificables de daños causados a la parte en el procedimiento como consecuencia de la omisión ilícita de la autoridad administrativa, es posible reclamar la indemnización en los tribunales. Sin embargo, incluso si se conceden a la persona perjudicada, en la mayoría de los casos no se interponga un recurso a las personas responsables.
Las partes en el procedimiento administrativo debe impugnar la decisión ante los órganos jurisdiccionales en el plazo de 2 meses desde el momento en que se emitió la decisión administrativa final (que es el organismo superior de la Decisión sobre el recurso de casación contra la decisión’first-instance»). En casos relativos a algunos grandes proyectos de infraestructuras, el plazo es de 1 meses. La querella contra «medidas de carácter general», como los planes de uso del suelo debe interponerse en un plazo de 3 años a partir de la fecha en que se hizo efectiva. La demanda en caso de inacción por parte de las autoridades administrativas deberán presentarse dentro del plazo de 1 año. En los asuntos medioambientales (como el caso de una demanda, prevención del ruido, crédito, etc.) en general no existen plazos estipulados, excepto para la reclamación de daños que debe interponerse en un plazo de 3 años a partir del momento en que el perjuicio se produce y, al mismo tiempo, 2 años a partir del momento de la demandante tuvieron conocimiento del daño y la persona responsable.
En general, no existen plazos específicos para los órganos jurisdiccionales a dictar sus sentencias. En el procedimiento judicial civil y administrativa (en un nivel) puede durar entre algunos meses y varios años. En muchos casos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado ya sobre la República Checa participantes la obligación de pagar una indemnización por una violación de su derecho a un juicio justo, como resultado de la larga duración del procedimiento judicial. En combinación con la dificultad o imposibilidad de obtener en muchos casos el efecto suspensivo o medidas cautelares de un litigio, este hecho lleva a la conclusión de que la protección no puede considerarse «a su debido tiempo» y «de forma efectiva». Plazo específico para cumplir la resolución judicial definitiva establecidos únicamente en casos de las llamadas «medidas de carácter general», como los planes de uso del suelo o leyes especiales en algunos aspectos del desarrollo de los proyectos de infraestructuras de tráfico cuando el código de jurisdicción administrativa dispone de un plazo de 90 días. El mismo plazo se aplica a las decisiones administrativas sobre los conflictos relativos a algunos grandes proyectos de infraestructuras. Decisiones provisionales de un efecto suspensivo o medidas cautelares de la demanda deben entregarse en un plazo de 30 días y 7 días en los asuntos administrativos en los procesos civiles (no obstante, este plazo es a menudo over-stepped). No hay sanciones previstas para los órganos jurisdiccionales que retrasar la puesta en marcha de dicha Decisión. Es posible presentar una denuncia sobre el retraso para el Presidente del Tribunal de que se trate, o presentar una solicitud ante el tribunal superior (u otros tribunales Supremo) para fijar una fecha límite en la cual algunas medidas deben ser adoptadas por el juez competente. Aunque no son, por lo general, los plazos establecidos por la normativa, corresponde al Tribunal de Justicia para cumplir la decisión en un plazo adecuado. En caso de que no se entreguen, es la situación de los llamados «improper procedimiento oficial». En tales casos, es posible exigir la satisfacción de la compensación financiera no motivadas o retrasos causados por los tribunales.
La situación típica para todos los tipos de proyectos con impacto ambiental es que los inversores deben recibir un número de permisos separados, antes de comenzar las operaciones. El uso de la tierra de permisos y licencias de obras pueden considerarse «decisiones principales» de la mayor parte de las inversiones y a menudo también son impugnadas por el público. Sin embargo, otras decisiones administrativas, como la decisión de PCIC o excepciones a la protección de la naturaleza y el paisaje son igualmente impugnada en la práctica. En principio, es necesario que el público interesado de participar en el procedimiento administrativo de que se trata para gozar de capacidad procesal ante los tribunales; Por lo general, solo pueden impugnarse resoluciones administrativas definitivas. Información sobre el acceso a la justicia es facilitada principalmente por organizaciones no gubernamentales que prestan asesoramiento jurídico al público en materia de medio ambiente. Las posibilidades de recurso (derecho de recurso, tales como el derecho a presentar una denuncia ante los plazos) deberá facilitarse en cada decisión administrativa y también en cada resolución judicial. La legislación vigente está a disposición del público y es por tanto posible que los ciudadanos puedan tener acceso a las leyes y reglamentos pertinentes.
No existe ningún sistema de resolución alternativa de litigios a disposición de utilizar en materia ambiental. La única alternativa a los procedimientos judiciales, de arbitraje es que es admisible únicamente en la propiedad. La mediación es prácticamente nunca utilizados en materia de medio ambiente.
Se afirma en las leyes procesales de que todas las partes en los procedimientos judiciales deben tener los mismos derechos y serán tratados en pie de igualdad, y los tribunales están obligados a garantizar. Se aplican principios similares a los procedimientos administrativos siempre que las autoridades administrativas están obligadas a actuar de modo imparcial y de tratar las partes por igual. Estas cláusulas se refieren también al idioma y país de origen, y podrá considerarse como cláusulas generales de lucha contra la discriminación. En los procedimientos judiciales, todas las partes tienen derecho a actuar en su lengua materna. Toda persona que no hable la lengua checa podrá solicitar que el intérprete (traductor); Este derecho está garantizada directamente por la Carta de derechos y libertades fundamentales. Es el Estado quien soporta los costes de traducción en los procedimientos judiciales, contrariamente a los procedimientos administrativos cuando la parte que no hable la lengua tendrá que asumir el coste de la traducción en sí.
En caso de que exista un proyecto con posibles repercusiones medioambientales examinadas en el país vecino, es posible para los ciudadanos checos y a las organizaciones no gubernamentales para participar en el procedimiento de EIA. El Ministerio de Medio Ambiente deberá publicar toda la información facilitada por el país de evaluación y nadie tiene derecho a presentar observaciones. Dichas observaciones se dirigirán al país de evaluación junto con el dictamen del Ministerio y las autoridades administrativas pertinentes. Participar en otros tipos de procedimientos en los países vecinos no está regulada por la legislación checa y debe basarse en la legislación del país de que se trate. No hay ninguna disposición especial relativa a la posibilidad de que el público o las ONG del país afectado a participar en los procedimientos administrativos checos. Únicamente las personas, aunque sean extranjeros, que acrediten que cumplen una de las condiciones establecidas por la Ley pueden ser parte en los procedimientos administrativos de que se trate. Las personas físicas deberán, por lo tanto, demostrar que los derechos que pueden ser vulnerados por la Decisión. Las ONG extranjeras deben poder participar en los procedimientos administrativos posteriores por razón de su participación en el procedimiento de EIA. No existe una cláusula especial sobre la participación de las ONG extranjeras, sin embargo, en consonancia con la «euroconform» interpretación de la normativa en materia de EIA, deben gozar de los mismos derechos que las ONG checas. No asistencia procesal como la asistencia jurídica gratuita, solicitud de imposición de medidas cautelares, medidas provisionales, y asesoramiento jurídico pro bono está generalmente en tales casos. Por otra parte, disposiciones especiales» se encuentran en la legislación checa en lo que respecta a los Estados afectados. La EIA reconoce a todo acto «Estado afectado», que es el Estado cuya «territorio pueden verse afectados por los impactos medioambientales importantes de un proyecto», iniciar un procedimiento de evaluación transfronterizo. Del mismo modo, es obligatorio para las autoridades administrativas para informar a los Estados afectados sobre los correspondientes procedimientos IPPC y permitirles presentar sus declaraciones y debatir la cuestión con ellos cuando lo soliciten. Teóricamente, también debería ser posible para los Estados afectados participar en posteriores procedimientos administrativos como el procedimiento sobre la autorización de la ocupación del suelo y el permiso de construcción, en virtud de la regla general antes señalada y afirma que toda persona cuyos derechos o tasas podrían verse directamente afectada por el resultado de un procedimiento administrativo en curso tiene derecho a participar. Sin embargo, ninguno de estos casos ha surgido y cabe preguntarse si las autoridades checas se reconocería la participación del Estado afectado o no. En caso de que la decisión de la administración está siendo cuestionada, siempre es necesario entablar una acción legal ante los tribunales checos. En materia civil, como indemnización de daños y perjuicios, no obstante, es concebible que el demandado está domiciliado en el extranjero. En tales casos, el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I) es aplicable. De conformidad con el Reglamento, por ejemplo, es posible elegir entre demandar a alguien en el Estado de su domicilio (artículo 2) o en el país en el que se produjo el hecho dañoso (artículo 5, apartado 3,).