Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/587484219
Timestamp: 2019-07-24 02:32:19
Document Index: 61513784

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'Artículo 97', 'artículo 8', 'artículo 334', 'artículo 334', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5']

Sentencia de Constitucionalidad nº 618/12 de Corte Constitucional, 8 de Agosto de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 587484219
Sentencia citada en: 3 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, un tema práctico, 2 noticias
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano J.M.C.F. presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”
Mediante Auto del 2 de febrero de 2012, el M.S. resolvió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor P. General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia, se ordenó, además, comunicar la demanda al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y Derecho y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran dentro del proceso con el propósito de impugnar o defender la constitucionalidad de la disposición acusada.
El ciudadano J.M.C.F., presentó acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 5º de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, porque considera que es contrario a los artículos 25, 26 y 333 de la Constitución Política.
Manifiesta que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el principio de proporcionalidad es un mecanismo que le permite al juez constitucional determinar las condiciones en las cuales la limitación de un derecho fundamental se ajusta al ordenamiento superior. Para ilustrar su argumento, se refiere a diversas sentencias de la Corte Constitucional en las que se han indicado los siguientes criterios para determinar la constitucionalidad de una norma que restringe el ejercicio de un derecho fundamental: (1) la medida es adecuada para el logro de un fin constitucionalmente válido; (2) es necesaria, esto es, que no existe un medio menos oneroso, en términos del sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin; y (3) es proporcionada en estricto sentido, esto es, debe indagarse por la relación entre los costos y los beneficios constitucionales que se obtienen con la medida enjuiciada.
Por último, cita antecedentes jurisprudenciales en los que la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto, de la libertad configurativa del legislador los cuales llevan a concluir que la prohibición consagrada en la norma acusada no viola los artículos 25, 26 y 333 Superior, que hacen referencia a los derechos a elegir profesión u oficio, al trabajo y a la libertad económica y de empresa.
Aduce que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades es un mecanismo legítimo que cuenta con soporte constitucional y, de igual forma, ha tenido un desarrollo normativo en la Ley 80 de 1993 y en los Decretos 222 de 1983 y 150 de 1976 y que, a nivel jurisprudencial , se ha establecido que las restricciones para contratar con el Estado resultan válidas. Agrega que el desarrollo de las normas anticorrupción es clave en la contratación administrativa para establecer si se ha cumplido con los márgenes de independencia e imparcialidad.
De manera puntual manifiesta que la incompatibilidad que se estudia tiene como objetivo garantizar la transparencia y la probidad en la contratación pública, en un ámbito en el que, como en el de los contratos de interventoría, se requiere la mayor imparcialidad posible y una clara independencia, al punto que la Corte Constitucional ha encontrado que la actividad propia de los mismos despliega una función pública y está sometida al régimen propio de la responsabilidad disciplinaria sobre particulares.
Arguye que, en el caso bajo estudio, no se debe aplicar un test riguroso y basta con la legitimidad y la relación entre la medida y su finalidad. Es lo que la Corte ha denominado test débil, el cual permite que ciertas normas, en principio restrictivas de derechos, sean avaladas en su constitucionalidad, en el marco de una política de protección de integridad de lo público. Así, la revisión de los efectos de las medidas en un plano constitucional se mueve en este caso en espectros amplios de apreciación, puesto que basta que las mismas se enmarquen dentro de unos cánones razonables.
El ciudadano H.M.O., quien actúa como representante legal de la empresa DESSAU-CEI S.A.S., intervino en el presente asunto para exponer que de manera injustificada han visto afectados sus derechos fundamentales al trabajo, a elegir profesión u oficio y a participar en procesos licitatorios convocados por entidades estatales. Ello obedece a que tienen una participación minoritaria (1.75%) en la sociedad concesionaria SOCIEDAD DE DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S.A. DEVINAR S.A. y en razón a ello se encuentran inhabilitados para realizar interventoría en cualquier lugar de Colombia, tal como ocurrió con dos licitaciones en las que no pudieron participar. Por lo anterior comparten los planteamientos de la demanda y solicitan que se declare la inexequibilidad del artículo 5° de la Ley 1474 de 2011.
A.M.M. interviene en calidad de ciudadano, para apoyar la demanda de inconstitucionalidad del artículo acusado, manifestando que considera la disposición discriminatoria y violatoria del derecho fundamental a la igualdad que consagra el ordenamiento superior al establecer unas limitaciones discriminatorias e injustificadas frente al oficio de la interventoría, obedeciendo a un “… prejuzgamiento hacia el interventor frente a todas las circunstancia que dieron lugar al ordenamiento incluido en la ley, constituyendo ésta norma un juzgamiento objetivo proscrito por nuestro ordenamiento constitucional”
El fin perseguido por la Ley 1474 de 2011 era fortalecer el papel de la interventoría, pero lo que en efecto ocurrió fue la limitación de su actividad y consecuentemente restringe su campo de acción. Para sustentar tal afirmación señala que existe una discrepancia entre la intención del Gobierno de desarrollar a gran escala proyectos de infraestructura y de servicios públicos en el país a través de la conformación de asociaciones público-privadas, mediante la inversión del sector privado en proyectos que necesariamente necesitan de la unión o la participación de empresas dedicadas al sector de la construcción y de empresas consultoras especializadas en estudios, diseños e interventoría, pero al mismo tiempo se coarta la participación en otros procesos de selección por el solo hecho de haber celebrado contratos de obra o concesión.
Manifiesta que con la expedición de la norma demandada se ha limitado su participación en procesos de licitación del Estado, al efecto cita dos ejemplos en los que su sociedad se inhabilitó para participar en dos licitaciones de interventoría debido a que suscribieron contratos de obra con las mismas entidades, sin que los mismos tengan algún tipo de relación o conexión directa o indirecta con las interventorías a desarrollar.
Julio A.S.A. participa en el proceso constitucional para apoyar los argumentos de la demanda, señalando que la norma demandada afecta sus derechos fundamentales a la propiedad privada, la libre escogencia de profesión u oficio, la libre iniciativa privada y actividad económica y a la presunción de buena fe de los particulares. Argumenta que si bien se debe restringir la participación que un contratista como interventor del mismo contrato, no es razonable que se presuma la mala fe cuando existe la doble calidad, en distintos contratos y en la misma entidad. Así las cosas, el Estado no puede limitar de manera ilegítima y arbitraria el ejercicio de una labor empresarial.
Argelino J.D.A., apoya la demanda señalando que HIDROCONCULTA LTDA., es una firma de consultoría en ingeniería civil y para el control de erosión, socavación, inundación y navegación, incluyendo la construcción de obras, presta sus servicios en el sector privado y público, hasta la fecha, celebrando más de 295 contratos de consultoría de los cuales al menos el 50% son de interventoría.
No obstante lo anterior, afirma que quedaron inhabilitados para presentar tres proyectos, en razón a que actualmente realizan, en consorcio, la interventoría para el INVIAS de la carretera transversal Boyacá, iniciada en septiembre de 2009 y que finaliza en septiembre de 2013. Además, anota que si se tiene en cuenta el objeto y la ubicación geográfica de los referidos proyectos no se puede inferir que existe algún conflicto de intereses o algún impedimento ético o que sea una oportunidad de incurrir en conductas corruptas.
El Procurador General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia y en él solicitó a la Corte que declarara exequible el artículo 5° de la Ley 1474 de 2011.
En el caso sub examine la disposición impugnada es censurada por el actor porque considera desproporcionado para los derechos fundamentales de los involucrados, la restricción de celebrar contratos de interventoría hasta tanto no se liquiden los contratos de obra pública, concesión o suministro de medicamentos o alimentos que hayan suscrito con la misma entidad.
Por el contrario, otro conjunto de personas y de entidades, junto con el Ministerio Público, se oponen a la demanda porque consideran que la inhabilidad prevista en la norma acusada se desenvuelve dentro del ámbito de configuración del legislador y obedece a un propósito de moralidad y de transparencia en la contratación publica, razón por la cual no dudan en calificarla como justificada a la luz de la Constitución.
Contenido de la disposición acusada
a.	Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos con las entidades a que se refiere el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrá celebrar contratos de interventoría con la misma entidad.
b.	El cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil de la persona natural que haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos con las entidades a que se refiere el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrá celebrar contratos de interventoría con la misma entidad.
c.	Los socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas de la persona natural que haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos con las entidades a que se refiere el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad.
d.	Los socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas de la persona jurídica que haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos con las entidades a que se refiere el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad.
Adicionalmente, cabe advertir que los socios de sociedades anónimas abiertas no estarían comprendidos en la inhabilidad a que alude el precepto. De manera que si estas sociedades celebran los contratos estatales de obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y alimentos, aquéllos (los socios) no estarían impedidos de vincularse contractualmente para desarrollar labores de interventoría con la misma entidad. Al efecto cabe precisar que las sociedades anónimas abiertas son aquellas definidas por el artículo 5° del Decreto 679 de 1994 , así:
(ii) el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de al Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.”
Está suscrita por el H.R.H.R. y G.N..
La presidencia concede el uso de la palabra al H.R.H.R.S..
Artículo 97. Interventoría. Es una función que cumple una persona natural o jurídica, designada por la entidad contratante, de sus funcionarios o previo agotamiento del procedimiento de contratación bajo la modalidad de concurso de méritos para controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la eje¬cución y el cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades contratadas, teniendo como refe¬rencia los principios rectores de la ley de contratación estatal (Ley 80 de 1993), los decretos reglamentarios, las cláusulas de contrato, los estudios previos de con¬veniencia y oportunidad de los contratos o convenios, los pliegos de condiciones y demás documentos que originaron la relación contractual entre la entidad con¬tratante y el contratista (consultor/constructor/conce¬sionario/proveedor).
El objeto de la labor de interventoría es supervisar y controlar en forma eficaz y oportuna la acción del contratista en las diferentes etapas del objeto contra¬tado, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiempos, las actividades administrativas, legales, contables, financieras, presupuestales, sociales y ambien¬tales establecidas en los respectivos contratos.
Los interventores mientras esté vigente el contrato de interventoría no podrán celebrar otro tipo de con¬tratos con la misma entidad. (Subraya la Corte)
El accionante orienta su argumentación a demostrar que la disposición acusada desconoce la libertad económica y la libre competencia, sin embargo , como ya tuvo la Corte la oportunidad de señalarlo en la Sentencia C-415 de 1994, cuando se analizaron cargos similares a los que ahora se han presentado, en esa oportunidad, relacionados con una inhabilidad contenida en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, el actor se equivoca al ubicar la inhabilidad cuya constitucionalidad se cuestiona en el campo de la libertad económica, puesto que es claro que, ahora como entonces, el legislador no pretende, mediante la disposición acusada, introducir límites a la actividad económica y a la iniciativa privada. Dicha norma hace parte de la Ley 1474 de 2011, cuyas previsiones se encuentran orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y a promover la efectividad del control de la gestión pública. Así, como lo señaló la Corte en su momento, regular la función pública, en particular la contratación estatal, es enteramente diferente de intervenir en la actividad económica y en la libre competencia. Para la Corte, según consideraciones que resultan aplicables en la presente ocasión, “[l]as limitaciones y restricciones que se contienen en el citado estatuto, predicables de la relación Estado-particulares y que afectan los diversos momentos de formación, celebración y ejecución de los contratos estatales, se refieren a una faceta de la actividad del Estado y en la que se contempla, en los términos de la ley, una especial modalidad de participación o colaboración de los particulares en su papel de contratistas. La ley demandada recae sobre una materia que pertenece al dominio de la esfera estatal y pública, dentro de la cual no rige el principio pro libertate, sino el de legalidad, el que ordena que la función pública debe someterse estrictamente a lo que disponga la Constitución y la ley (CP art. 6).”
No obstante lo anterior, la Corte, en la misma sentencia a la que se ha venido haciendo alusión, expresó que, en todo caso, debe reconocerse que las limitaciones que la ley imponga a la actividad económica y a la libre competencia, habrán de ser serias y razonables. Puntualizó la Corte que “[s]e trata de dos derechos constitucionales que si bien son de configuración legal, describen un ámbito de actuación privada que, a partir de un cierto límite, no es susceptible de ser restringida adicionalmente, so pena de vulnerar sus núcleos esenciales. En este sentido, aparte de los fines propios de la intervención del Estado en la economía que se señalan en el artículo 334 de la CP, la libertad de empresa - en el lenguaje de la CP ‘la actividad económica y la iniciativa privada’ - y la libre competencia, pueden ser delimitadas por la ley cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación (CP art. 333). La seriedad y razonabilidad de las medidas legales limitativas de la actividad económica, no la coartan. Por el contrario, la restricción legal persigue conciliar los intereses de la actividad económica libre con los que demanda la atención del bien común, en un sistema que en razón de sus fundamentos debe guiarse por el principio pro libertate. De ahí que, a título de garantía adicional, se disponga que ‘las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334 (...) deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica’ (CP art. 150-21).”
La contratación estatal y sus finalidades
Para la jurisprudencia constitucional la actividad contractual en el Estado social de derecho es una modalidad de gestión pública, regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como parámetros específicos del cumplimiento de la función administrativa y, “en general, constituyen núcleo axiológico inherente a la filosofía del Estado social de Derecho.”
El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. De hecho, la contratación del Estado es una de las formas de actuación pública de mayor utilización, pues muchos sostienen que el contrato estatal surge con la propia consolidación del Estado moderno, pues cuando éste asume la responsabilidad de prestar los servicios y adelantar funciones para la defensa de los derechos de los administrados y, por ese hecho, aumenta la complejidad de las tareas a su cargo, necesita del apoyo, la intervención y la experiencia que aportan los particulares.”
La libertad de configuración del legislador en materia de contratación estatal
Atribuciones y restricciones de la libertad de configuración del legislador respecto del derecho ciudadano de escoger y ejercer profesión u oficio
La libertad de escoger y ejercer profesión u oficio, reconocida como derecho fundamental en el artículo 26 de la Carta Política http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-819-10.htm - _ftn11, ha sido definida por la jurisprudencia como “uno de los estandartes de la dignidad de la persona”, en tanto guarda relación con otros derechos constitucionales y permite al individuo “diseñar en forma autónoma su proyecto de vida en una de las facetas más importantes de la condición humana” .
Entre las restricciones más comunes al ejercicio de cualquier profesión sobresalen las inhabilidades e incompatibilidades, que encuentran sustento en el artículo 26 de la Carta Política y en la cláusula general de competencia propia del Legislador (art. 150 CP), particularmente cuando la actividad se despliega en el sector público. Una incompatibilidad es, en los términos de la jurisprudencia constitucional, “una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado” http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-819-10.htm - _ftn19.
Su regulación, sin embargo, debe sujetarse a los parámetros anteriormente referidos, de modo que “la tarea legislativa de fijación de inhabilidades o de incompatibilidades no puede ejercerse de tal manera que se violen los derechos constitucionales de las personas o se consagre una regulación excesiva, innecesaria e irrazonable” .
La libertad económica y de empresa frente a la potestad configurativa del legislador
De suerte que la Constitución dota al Estado “de una serie de instrumentos de intervención en la esfera privada, en el mundo social y económico, con el fin de que a partir de la acción pública se corrijan los desequilibrios y desigualdades que la propia Carta reconoce y se pueda buscar, de manera real y efectiva, el fin ontológicamente cualificado que da sentido a todo el ordenamiento” e igualmente dota “a los agentes sociales, individuales y colectivos, mayores instrumentos de gestión, fiscalización, control y decisión sobre la cosa pública” .
Las anteriores precisiones, que resumen lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido sobre el tema, se formulan sin perjuicio de lo ya advertido en apartes precedentes de este proveído (num 4°, capítulo VI) en el sentido de que cuando el legislador ha pretendido desarrollar el estatuto contractual que hace parte de uno de los componentes esenciales de la función pública, sometida estrictamente a lo que dispone la Constitución y la ley, no estaría invadiendo el ámbito de la esfera privada a que aluden los artículos 333 y 334 constitucionales.
Análisis particular de los cargos
En aras de validar la censura encaminada a demostrar que el precepto cuestionado carece de la suficiente racionalidad y proporcionalidad, en los términos que la Carta Superior exige, como límite al poder configurativo del legislador, el demandante también plantea que algunos de los contratos en relación con los cuales, durante su vigencia y hasta cuanto se liquiden, se impone la no compatibilidad simultanea con los contratos de interventoría, como los de concesión por ejemplo, podrían tener una duración de hasta 20 años o más, motivo por el cual, a su juicio, resultaría extensísimo el lapso durante el cual quienes pretendan desarrollar labores de vigilancia y control de la actividad contractual estatal, se verían privados de la posibilidad de ejercer laboralmente su profesión u oficio en esa especifica área.
Para esta Corte la referida argumentación pierde de vista que la restricción que la norma acarrea solo está referida a una misma entidad lo cual, claramente, constituye un elemento de marcada incidencia en la cuestión a considerar y cuya ponderación en modo alguno cabría omitirse en al medida en que, sin duda alguna, deja abierta la posibilidad de que quienes hayan celebrado los contratos que generan el impedimento o sus parientes o socios bien pueden aspirar a desarrollar las actividades propias de la interventoría que resulten de su interés, actuando como personas naturales o como entes jurídicos, en alguna otra de las tantas entidades del Estado, atrás indicadas, a que alude el artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Evidentemente este último enfoque resta fortaleza a la argumentación del actor que por las razones ya señaladas, pretende controvertir la constitucionalidad de la norma demandada.
Cabe aquí prohijar, por su pertinencia, lo señalado por el señor P. General de la Nación en su concepto cuando señala que “la inhabilidad a las personas que incluye la norma no es desproporcionada, porque se basa en elementos patrimoniales, afectivos o de interés económico objetivos, que se predican también de otro tipo de inhabilidades. En este caso considera que es evidente la prevalencia del interés general sobre el particular y además la salvaguarda del bien común puede implicar que las personas reorienten su ejercicio profesional.”
Si bien es cierto que no toda restricción a la libertad de ejercer profesión u oficio es constitucionalmente válida en tanto debe responder a criterios de razonabilidad, luego del examen de la norma acusada esta S. advierte que la misma apunta a la realización de varios intereses y principios de relevancia constitucional relacionados con la transparencia en el ejercicio de la función pública y que la restricción en ella consagrada constituye una regulación razonable y adecuada para alcanzar los fines propuestos perspectiva bajo la cual no implica la violación de los preceptos constitucionales invocados.
Si bien comparto el criterio de la mayoría, considero necesario hacer algunas precisiones sobre la línea argumental seguida en la sentencia, pues en este caso debió aplicársele a la medida un test intermedio, porque constituye una limitación al menos al goce de un derecho constitucional fundamental: el derecho al trabajo. En este juicio la norma es constitucional, si cumple una finalidad legítima e importante, el medio empleado es legítimo, la relación medio-fin además de adecuada, debe ser efectivamente conducente; y finalmente la medida no debe ser desproporcionada. Pareciera que lo que persigue la norma es evitar los conflictos de interés entre quienes actúan en el mismo ámbito contractual, es decir, entre quienes ejecutan contratos de obra publica, de un lado, y quienes ejercen interventoría sobre este tipo de contratos.
Demanda de inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión publica”.
En el caso de la norma demandada, la inhabilidad consiste en que una persona y sus familiares mas cercanos y socios, no pueden celebrar contrato de interventoría con las entidades previstas en el artículo 2 de la ley 80 de 1993 durante la ejecución y liquidación de tres contratos (concesión, obras publicas, y suministro de alimentos y medicamentos). Concretamente, la disposición extiende la inhabilidad al cónyuge, al compañero o compañera permanente, a los parientes en segundo grado de consanguinidad (abuelos, hermanos y nietos), segundo de afinidad (abuelos y hermanos del cónyuge) y/o primero civil (hijos y padres adoptivos) y a sus socios en sociedades distintas a las anónimas abiertas.
(i) Fin de la medida. El fin de la medida es legítimo e importante porque además de buscar la defensa de la moralidad, la transparencia, la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de la administración publica, particularmente de la contratación estatal, intereses públicos valorados por la constitución, busca resolver el problema de corrupción en la administración publica en relación con los contratos que mayores problemas presentan en este sentido.
Pareciera que lo que persigue la norma es evitar los conflictos de interés entre quienes actúan en el mismo ámbito contractual, es decir, entre quienes ejecutan contratos de obra publica, de un lado, y quienes ejercen interventoría sobre este tipo de contratos, pues allí se hace evidente un interés particular, por ejemplo, de sacar del mercado un competidor, o hacer arreglos para beneficio mutuo. En estos casos lo que generaría el conflicto de interés radica en que quien ejecuta un contrato determinado y quien hace la función de interventor actúan en un mismo campo contractual, sin que la naturaleza de la entidad estatal, ni el territorio donde se va a ejecutar el contrato sean determinantes para que se configure el conflicto de interés. Para estos asuntos, la medida es efectivamente conducente.
Actor: J.M.C.F..
Con el respeto acostumbrado hacia las decisiones de la Corte, aclaro mi voto en la sentencia C-618 del 8 de agosto de 2012 (M.P.G.E.M.M., fallo en el que la Corte decidió declarar exequible, por los cargos analizados, el artículo 5° de la Ley 1474 de 2011.