Source: https://legislacion.vlex.es/vid/urgentes-liberalizacion-inmobiliario-208617625
Timestamp: 2019-08-22 06:57:43
Document Index: 79544911

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 33', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 86', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 2', 'Artículo 3', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 1', 'artículo 149', 'artículo 2', 'artículo 149', 'artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 4', 'artículo 149', 'artículo 52', 'artículo 1', 'artículo 1']

Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes (Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 208617625
Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes (Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio)
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Títulos competenciales
Norma citada en: 649 sentencias, 102 artículos doctrinales, 41 disposiciones normativas, 13 resoluciones administrativas, 9 noticias
El conjunto de estas medidas tiene su apoyo constitucional en el artículo 149.1.13. a , que otorga al Estado competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica;en el artículo 149.1.1. a , que prevé la competencia estatal para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, en relación con el artículo 33 de la Constitución; en el artículo 149.1.18. a , sobre procedimiento administrativo común, y en la competencia estatal sobre los puertos de interés general y sobre los transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, a que se refiere el artículo 149.1.20. a y 21. a En la adopción de estas medidas, que como se ha indicado se integran en el conjunto más amplio de las que adopta el Gobierno, concurren, por naturaleza y finalidad de las mismas, la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución para la utilización del Real Decreto-ley, requisito imprescindible como ha recordado por otra parte la jurisprudencia constitucional.
ARTÍCULO 1 Modificación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Artículo 1, declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia 137/2011, de 14 de septiembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 5023-2000. Interpuesto por noventa y un Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados frente al artículo 1 del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. Límites a los decretos-leyes, distribución de competencias en materia de urbanismo: inexistencia de situación de extraordinaria y urgente necesidad (STC 31/2011); nulidad de disposición estatal. Voto particular, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 11 de Octubre de 2011.
Artículo citado en: 64 sentencias, 12 artículos doctrinales, 16 disposiciones normativas, una resolución administrativa
ARTÍCULO 2 Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
'3. La duración de las concesiones se establecerá en el título concesional, de acuerdo con las características y necesidades del servicio y atendiendo a los plazos de amortización de vehículos e instalaciones. Dicha duración no podrá ser inferior a seis años ni superior a quince. Cuando finalice el plazo concesional sin que haya concluido el procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio, el concesionario prolongará su gestión hasta la finalización de dicho procedimiento, sin que en ningún caso esté obligado a continuar dicha gestión durante un plazo superior a doce meses.'
Artículo 3 Condiciones para el ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria.
Artículo citado en: 62 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa
ARTÍCULO 4 Modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
'Las Autoridades Portuarias, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, adjudicarán un número mínimo de instalaciones de avituallamiento de combustibles dentro del dominio público portuario, en los términos y de acuerdo con los criterios que reglamentariamente se determinen; dichos criterios tendrán en cuenta, entre otras circunstancias, la intensidad del tráfico, el volumen de operaciones comerciales, la superficie ocupada por cada puerto, su situación estratégica, la distancia a otros puertos, las condiciones de seguridad, la incidencia de las operaciones de avituallamiento de combustibles en el tráfico de buques y, en general, las que puedan afectar a la seguridad en el suministro y al buen desarrollo del tráfico y de las operaciones portuarias.
En todo caso, las instalaciones de avituallamiento de combustibles deberán cumplir los requisitos técnicos exigibles, así como las condiciones de seguridad para las personas y las cosas, debiendo el titular de la concesión obtener las licencias, permisos y autorizaciones conforme a la legislación vigente.' En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, el Gobierno desarrollará reglamentariamente lo establecido en esta disposición.
El artículo 1 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1. a , 13. a y 18. a de la Constitución.
El artículo 2 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13. a y 21. a de la Constitución.
El artículo 3 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13. a y 18. a de la Constitución.
El artículo 4 se dicta al amparo del artículo 149.1.13. a y 20. a de la Constitución.
El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado'.
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