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Timestamp: 2020-08-06 14:39:43
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Matched Legal Cases: ['artículo 267', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 83', 'artículo 552', 'artículo 7', 'artículo 557', 'artículo 561', 'artículo 7', 'artículo 561', 'artículo 7', 'artículo 695', 'artículo 3', 'artículo 114', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 3']

de 21 de enero de 2015 (*)
«Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados entre profesionales y consumidores — Contratos de crédito hipotecario — Cláusulas de intereses de demora — Cláusulas abusivas — Procedimiento de ejecución hipotecaria — Reducción del importe de los intereses — Competencias del órgano jurisdiccional nacional»
En los asuntos acumulados C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 y C‑487/13,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena (Sevilla), mediante resoluciones de 12 de agosto de 2013, recibidas en el Tribunal de Justicia el 10 de septiembre de 2013, en los litigios entre
Domingo Galán Luna (asunto C‑487/13),
integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y E. Levits (Ponente), la Sra. M. Berger y el Sr. F. Biltgen (Jueces);
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de septiembre de 2014;
– en nombre de Unicaja Banco, S.A., por el Sr. J. Almoguera Valencia, abogado;
– en nombre de Caixabank, S.A., por el Sr. J. Rodríguez Cárcamo y la Sra. B. García Gómez, abogados;
– en nombre del Gobierno español, por el Sr. A. Rubio González y la Sra. S. Centeno Huerta, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. J. Rius, M. van Beek y G. Valero Jordana, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de octubre de 2014;
1 Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación del artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29).
2 Dichas peticiones se presentaron en el marco del litigio entre Unicaja Banco, S.A. (en lo sucesivo, «Unicaja Banco»), por una parte, y el Sr. Hidalgo Rueda, la Sra. Vega Martín, Gestión Patrimonial Hive, S.L., el Sr. López Reina y la Sra. Hidalgo Vega, por otra parte, y de los litigios entre Caixabank, S.A. (en lo sucesivo, «Caixabank») y, en primer término, el Sr. Rueda Ledesma y la Sra. Mesa Mesa, en segundo término, el Sr. Labella Crespo, la Sra. Márquez Rodríguez, el Sr. Gallardo Salvat y la Sra. Márquez Rodríguez, y, en tercer término, los Sres. Galán Luna y Galán Luna, litigios todos ellos relativos al cobro de las deudas no pagadas derivadas de los contratos de préstamo hipotecario celebrados entre las mencionadas partes de los litigios principales.
3 El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 establece que:
«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.»
4 El artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva tiene la siguiente redacción:
5 El artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva precisa:
«[…] el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.»
6 El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone:
7 En virtud del artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva:
8 En Derecho español, la protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas estaba garantizada inicialmente por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE nº 176, de 24 de julio de 1984, p. 21686).
9 La Ley 26/1984 fue modificada posteriormente mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (BOE nº 89, de 14 de abril de 1998, p. 12304), que adaptó el Derecho interno a la Directiva 93/13.
10 Estas disposiciones fueron retomadas por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE nº 287, de 30 de noviembre de 2007, p. 49181).
11 Con arreglo al artículo 83 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:
12 A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de marzo de 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), la legislación española en materia de protección de los consumidores fue modificada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE nº 116 de 15 de mayo de 2013, p. 36373). Esta Ley modificó en particular determinadas disposiciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE nº 7 de 8 de enero de 2000, p. 575).
13 De este modo, el artículo 552, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su versión resultante de la modificación introducida por el artículo 7, punto 1, de la Ley 1/2013, dispone lo siguiente:
«Cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 pueda ser calificada como abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el plazo de los cinco días siguientes, conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3ª.»
14 El artículo 7, apartado 3, de la Ley 1/2013 añadió un punto 3.a al artículo 561, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la siguiente redacción:
«Cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter, decretando bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la misma sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas.»
15 El artículo 7, apartado 14, de la Ley 1/2013 modifica el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil precisando que la existencia de cláusulas abusivas constituye un motivo de oposición en los siguientes términos:
4.a El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.»
16 El artículo 3, apartado 2, de la Ley 1/2013 modificó el artículo 114 de la Ley Hipotecaria añadiendo al mismo un tercer párrafo con la siguiente redacción:
17 Por último, la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 añade lo siguiente:
18 Los litigios principales se refieren a diferentes procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados por Unicaja Banco y Caixabank con el objeto de obtener la ejecución forzosa de varias hipotecas constituidas entre el 5 de enero de 2007 y el 20 de agosto de 2010 para garantizar importes comprendidos entre 47 000 euros y 249 000 euros.
19 En el asunto C‑482/13, el préstamo hipotecario llevaba aparejados intereses moratorios calculados al tipo del 18 %, el cual podía aumentar si, al incrementar en cuatro puntos el tipo de interés variable, resultara un tipo de interés superior a aquél, no pudiendo rebasarse en ningún caso el tope máximo del 25 % nominal anual. En los asuntos C‑484/13, C‑485/13 y C‑487/13, los préstamos hipotecarios llevaban aparejados intereses moratorios calculados al tipo del 22,5 %.
20 Asimismo, todos los contratos de préstamo a los que se refieren los litigios principales incluyen una cláusula con arreglo a la cual, en caso de que el prestatario incumpla sus obligaciones de pago, el prestamista puede anticipar el vencimiento inicialmente pactado y exigir el pago de la totalidad del capital pendiente, más los intereses, intereses de demora, comisiones, gastos y costas pactados.
21 Entre el 21 de marzo de 2012 y el 3 de abril de 2013, Unicaja Banco y Caixabank presentaron ante el órgano jurisdiccional remitente demandas de ejecución por las cantidades debidas tras aplicar los tipos de interés de demora estipulados en los contratos de préstamo hipotecario en cuestión. En el marco de estos procedimientos, dicho órgano jurisdiccional se planteó la cuestión del posible carácter «abusivo», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, de las cláusulas relativas a los tipos de interés de demora y de la aplicación de esos tipos de interés al capital cuyo vencimiento anticipado es consecuencia del retraso en el pago.
22 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente alberga, no obstante, dudas acerca de las consecuencias que debe extraer del carácter abusivo de dichas cláusulas a la luz de la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013. De este modo, si el órgano jurisdiccional remitente tuviera que aplicar dicha disposición, debería ordenar que se recalcularan los intereses de demora, según se prevé en el párrafo tercero de la citada disposición transitoria.
23 En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) Si de conformidad con la Directiva 93/13 […], en particular con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, y a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad, cuando un juez nacional aprecie la existencia de una cláusula abusiva relativa a interés moratorio en préstamos hipotecarios debe proceder a declarar la nulidad de la cláusula y su carácter no vinculante o por el contrario debe proceder a moderar la cláusula de intereses dando traslado al ejecutante o prestamista para que recalculen los intereses.
2) Si la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 […] no supone sino una limitación clara a la protección del interés del consumidor, al imponer implícitamente al órgano jurisdiccional la obligación de moderar una cláusula de interés de demora que haya incurrido en abusividad, recalculando los intereses estipulados y manteniendo la vigencia de una estipulación que tenía un carácter abusivo, en lugar de declarar la nulidad de la cláusula y la no vinculación del consumidor a la misma.
3) Si la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 […], contraviene la Directiva 93/13 […], en particular el artículo 6, apartado 1, de la mencionada Directiva, al impedir la aplicación de los principios de equivalencia y efectividad en materia de protección al consumidor y evitar la aplicación de la sanción de nulidad y no vinculación sobre las cláusulas de interés de demora incursas en abusividad estipuladas en préstamos hipotecarios concertados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 […].»
24 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 2013, se ordenó la acumulación de los asuntos C‑482/13 a C‑487/13 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento, así como de la sentencia.
25 Mediante autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 13 de marzo y de 3 de octubre de 2014, respectivamente, se ordenó separar del presente procedimiento los asuntos C‑486/13 y C‑483/13, al haberse procedido al archivo de los mismos.
– no prejuzgue la apreciación por parte de dicho juez nacional del carácter abusivo de tal cláusula y
– no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que aprecie que es «abusiva» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.