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Timestamp: 2019-05-21 05:07:45
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Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 1261', 'artículo 1258', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 222', 'artículo 222', 'artículo 258', 'artículo 10', 'artículo 149']

Servicio Municipal de Consumo Ayuntamiento Córdoba- Consumidores y Empresas- OMIC - JAC - Reclamar e Información 03 Ley de Condiciones Generales de la Contratación Ley 7/1998, de 13 de abril
Ley de Condiciones Generales de la Contratación Ley 7/1998, de 13 de abril - RCL\1998\960
CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. Condiciones generales de la contratación
BOE 14 abril 1998, núm. 89, [pág. 12304]
La presente Ley tiene por objeto la transposición de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993 (LCEur 1993, 1071) , sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como la regulación de las condiciones generales de la contratación , y se dicta en virtud de los títulos competenciales que la Constitución Española atribuye en exclusiva al Estado en el artículo 149.1.6ª y 8ª (RCL 1978, 2836) , por afectar a la legislación mercantil y civil.
Se ha optado por llevar a cabo la incorporación de la Directiva citada mediante una Ley de Condiciones Generales de la Contratación , que al mismo tiempo, a través de su disposición adicional primera, modifique el marco jurídico preexistente de protección al consumidor, constituido por la Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL 1984, 1906) , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Se pretende así distinguir lo que son cláusulas abusivas de lo que son condiciones generales de la contratación .
En este sentido, sólo cuando exista un consumidor frente a un profesional es cuando operan plenamente la lista de cláusulas contractuales abusivas recogidas en la Ley, en concreto en la disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL 1984, 1906) , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que ahora se introduce. De conformidad con la Directiva transpuesta, el consumidor protegido será no sólo el destinatario final de los bienes y servicios objeto del contrato, sino cualquier persona que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional.
El Capítulo I relativo a «Disposiciones generales », recoge el concepto de condición general de la contratación basado en la predisposición e incorporación unilateral de las mismas al contrato. En su formulación se han tenido en cuenta orientaciones jurisprudenciales anteriores, las aportaciones doctrinales sobre la materia y los criterios utilizados por el Derecho comparado.
Se regula también su ámbito de aplicación tanto desde un punto de vista territorial como objetivo, siguiendo en lo primero el criterio de inclusión no sólo de los contratos sometidos a la legislación española sino también de aquellos contratos en los que, aun sometidos a la legislación extranjera, la adhesión se ha realizado en España por quien tiene en su territorio la residencia o domicilio. En definitiva, cuando la declaración negocial se haya producido en territorio español regirá (en cuanto a las condiciones generales) la ley española, conforme al Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, ratificado por Instrumento de 7 de mayo de 1993 (RCL 1993, 2205 y 2400) («Boletín Oficial del Estado» de 19 de julio), al atribuirle el carácter de disposición imperativa (artículos 3 y 5.2 de dicho Convenio).
Desde el punto de vista objetivo se excluyen ciertos contratos que por sus características específicas, por la materia que tratan y por la alienidad de la idea de predisposición contractual, no deben estar comprendidos en la Ley, como son los administrativos, los de trabajo, los de constitución de sociedades, los que regulen relaciones familiares y los sucesorios. Tampoco se extiende la Ley -siguiendo el criterio de la Directiva- a aquellos contratos en los que las condiciones generales ya vengan determinadas por un Convenio internacional en que España sea parte o por una disposición legal o administrativa de carácter general y de aplicación obligatoria para los contratantes. Conforme al criterio del considerando décimo de la Directiva, todos estos supuestos de exclusión deben entenderse referidos no sólo al ámbito de las condiciones generales, sino también al de cláusulas abusivas regulados en la Ley 26/1984 (RCL 1984, 1906) , que ahora se modifica.
En el Capítulo III la Ley crea un Registro de Condiciones Generales de la Contratación , de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Directiva (LCEur 1993, 1071) y conforme a los preceptos legales de otros Estados miembros de la Unión Europea. Registro que se estima sumamente conveniente como medio para hacer efectivo el ejercicio de acciones contra las condiciones generales no ajustadas a la Ley. Se trata de un Registro jurídico, regulado por el Ministerio de Justicia, que aprovechará la estructura dispensada por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Ello no obstante, las funciones calificadoras nunca se extenderán a lo que es competencia judicial, como es la apreciación de la nulidad de las cláusulas, sin perjuicio de las funciones estrictamente jurídicas encaminadas a la práctica de las anotaciones preventivas reguladas en la Ley, a la inscripción de las resoluciones judiciales y a la publicidad de las cláusulas en los términos en que resulten de los correspondientes asientos. La inscripción en este Registro, para buscar un equilibrio entre seguridad jurídica y agilidad en la contratación , se configura como voluntaria, si bien legitimando ampliamente para solicitar su inscripción a cualquier persona o entidad interesada, como fórmula para permitir la posibilidad efectiva de un conocimiento de las condiciones generales . Ello no obstante, se admite que en sectores específicos el Ministerio de Justicia, a instancia de parte interesada o de oficio, y en propuesta conjunta con otros departamentos ministeriales, pueda configurar la inscripción como obligatoria.
El Capítulo IV regula las acciones colectivas encaminadas a impedir la utilización de condiciones generales que sean contrarias a la Ley, como son la acción de cesación, dirigida a impedir la utilización de tales condiciones generales ; la de retractación, dirigida a prohibir y retractarse de su recomendación, siempre que en algún momento hayan sido efectivamente utilizadas, y que permitirá actuar no sólo frente al predisponente que utilice condiciones generales nulas, sino también frente a las organizaciones que las recomienden, y la declarativa, dirigida a reconocer su cualidad de condición general e instar la inscripción de las mismas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación . Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar las acciones individuales de nulidad conforme a las reglas comunes de la nulidad contractual o la de no incorporación de determinadas cláusulas generales .
El Capítulo V regula la publicidad, por decisión judicial, de las sentencias de cesación o retractación (aunque limitando la publicidad al fallo y a las cláusulas afectadas para no encarecer el proceso) y su necesaria inscripción en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación .
El Capítulo VII regula el régimen sancionador por el incumplimiento de la normativa sobre condiciones generales de la contratación , en particular la persistencia en la utilización o recomendación de cláusulas generales nulas.
La disposición adicional primera de la Ley está dirigida a la modificación de la Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL 1984, 1906) , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La Ley introduce una definición de cláusula abusiva, añadiendo un artículo 10 bis a la Ley 26/1984 (RCL 1984, 1906) , considerando como tal la que en contra de las exigencias de la buena fe cause, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones contractuales.
Al mismo tiempo se añade una disposición adicional primera a la citada Ley 26/1984, haciendo una enumeración enunciativa de las cláusulas abusivas, extraídas en sus líneas generales de la Directiva, pero añadiendo también aquellas otras que aun sin estar previstas en ella se estima necesario que estén incluidas en el Derecho español por su carácter claramente abusivo.
La regulación específica de las cláusulas contractuales en el ámbito de los consumidores, cuando no se han negociado individualmente (por tanto también los contratos de adhesión particulares), no impide que cuando tengan el carácter de condiciones generales se rijan también por los preceptos de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación .
La disposición adicional segunda modifica la Ley Hipotecaria (RCL 1946, 886) para acomodar las obligaciones profesionales de los Registradores de la Propiedad a la normativa sobre protección al consumidor y sobre condiciones generales , adecuando a las mismas y a la legislación sobre protección de datos de las labores de calificación, información y publicidad formal. Dentro del ámbito de la seguridad jurídica extrajudicial, bajo la autoridad suprema y salvaguardia de Jueces y Tribunales, las normas registrales, dirigidas a la actuación profesional del Registrador, dados los importantes efectos de los asientos que practican, deben acomodarse a los nuevos requerimientos sociales, con la garantía añadida del recurso gubernativo contra la calificación, que goza de la naturaleza jurídica de los actos de jurisdicción voluntaria, todo lo cual contribuirá a la desjudicialización de la contratación privada y del tráfico jurídico civil y mercantil, sobre la base de que la inscripción asegura los derechos, actos y hechos jurídicos objeto de publicidad.
La disposición transitoria prevé la inscripción voluntaria de los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, salvo que norma expresa determine la obligatoriedad de su inscripción en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación , y ello sin perjuicio de la inmediata aplicación de los preceptos relativos a las acciones de cesación y retractación.
La disposición derogatoria deja sin efecto el punto 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre (RCL 1988, 2430 y RCL 1989, 1783) , de Arbitraje, como consecuencia de la reforma del artículo 10, número 3, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL 1984, 1906) , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Párr. 2º modificado por art. 2.1 de Ley 44/2006, de 29 de diciembre RCL\2006\2339.
Ap. 2 modificado por art. 99 de Ley 24/2001, de 27 de diciembre RCL\2001\3248.
Ap. 3 renumerado por art. 99 de Ley 24/2001, de 27 de diciembre RCL\2001\3248. Su anterior numeración era ap. 2.
Ap. 4 renumerado por art. 99 de Ley 24/2001, de 27 de diciembre RCL\2001\3248. Su anterior numeración era ap. 3.
Ap. 5 renumerado por art. 99 de Ley 24/2001, de 27 de diciembre RCL\2001\3248. Su anterior numeración era ap. 4.
Ap. 2 modificado por art. 2.2 de Ley 44/2006, de 29 de diciembre RCL\2006\2339.
2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL 1984, 1906) , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Ap. 3 derogado por disp. derog. única.2.15º de Ley 1/2000, de 7 de enero RCL\2000\34.
2. La sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio de la acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la nulidad o no incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas y aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquéllas o su no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del mismo en los términos del artículo 1261 del Código Civil .
1. Se crea el Registro de Condiciones Generales de la Contratación , que estará a cargo de un Registrador de la Propiedad y Mercantil, conforme a las normas de provisión previstas en la Ley Hipotecaria (RCL 1946, 886) .
2. En dicho Registro podrán inscribirse las cláusulas contractuales que tengan el carácter de condiciones generales de la contratación con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, a cuyo efecto se presentarán para su depósito, por duplicado, los ejemplares, tipo o modelos en que se contengan, a instancia de cualquier interesado, conforme a lo establecido en el apartado 8 del presente artículo. No obstante, el Gobierno, a propuesta conjunta del Ministerio de Justicia y del Departamento ministerial correspondiente, podrá imponer la inscripción obligatoria en el Registro de las condiciones generales en determinados sectores específicos de la contratación .
Ap. 4 modificado por disp. final 6.3 de Ley 1/2000, de 7 de enero RCL\2000\34.
Ap. 3 modificado por disp. final 6.2 de Ley 1/2000, de 7 de enero RCL\2000\34.
Ap. 2 modificado por disp. final 6.1 de Ley 1/2000, de 7 de enero RCL\2000\34.
3. La acción de retractación tendrá por objeto obtener una sentencia que declare e imponga al demandado, sea o no el predisponente, el deber de retractarse de la recomendación que haya efectuado de utilizar las cláusulas de condiciones generales que se consideran nulas y de abstenerse de seguir recomendándolas en el futuro.
Derogado por disp. derog. única.2.15º de Ley 1/2000, de 7 de enero RCL\2000\34.
Modificado por art. 2.1 de Ley 39/2002, de 28 de octubre RCL\2002\2482.
3. Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL 1984, 1906) , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores.
2. El interviniente será tenido por parte sin que se retroceda en las actuaciones pero podrá utilizar en adelante los medios de defensa o recursos con independencia del actor o demandado.
Modificado por art. 2.2 de Ley 39/2002, de 28 de octubre RCL\2002\2482.
2. No obstante, si las condiciones generales se hubieran depositado en el Registro General de Condiciones Generales de la Contratación , dichas acciones prescribirán a los cinco años, computados a partir del día en que se hubiera practicado dicho depósito y siempre y cuando dichas condiciones generales hayan sido objeto de utilización efectiva.
2. Si la acción ejercitada fuera la de retractación, la sentencia impondrá al demandado la obligación de retractarse de la recomendación efectuada y de abstenerse de su recomendación futura, de aquellas cláusulas de condiciones generales que hayan sido consideradas contrarias a Derecho.
3. Si la acción ejercitada fuera la declarativa la sentencia declarará el carácter de condición general de la cláusula o cláusulas afectadas y dispondrá su inscripción en el Registro de Condiciones Generales.
Modificado por art. 13 de Ley 13/2009, de 3 de noviembre RCL\2009\2090.
En todo caso en que hubiere prosperado una acción colectiva o una acción individual de nulidad o no incorporación relativa a condiciones generales , el Secretario judicial dirigirá mandamiento al titular del Registro de Condiciones Generales de la Contratación para la inscripción de la sentencia en el mismo.
3. En todo caso, el Notario hará constar en el contrato el carácter de condiciones generales de las cláusulas que tengan esta naturaleza y que figuren previamente inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación , o la manifestación en contrario de los contratantes.
4. Los Corredores de Comercio en el ámbito de sus competencias, conforme a los artículos 93 y 95 del Código de Comercio , informarán sobre la aplicación de esta Ley.
La falta de inscripción de las condiciones generales de la contratación en el Registro regulado en el Capítulo III cuando sea obligatoria o la persistencia en la utilización o recomendación de condiciones generales respecto de las que ha prosperado una acción de cesación o retractación, será sancionada con multa del tanto al duplo de la cuantía de cada contrato por la Administración del Estado, a través del Ministerio de Justicia, en los términos que reglamentariamente se determinen, en función del volumen de contratación , del número de personas afectadas y del tiempo transcurrido desde su utilización.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL 1984, 1906) , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:
«La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos».
3. Si las cláusulas tienen el carácter de condiciones generales , conforme a la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación , quedarán también sometidas a las prescripciones de ésta.
Los Notarios, los Corredores de Comercio y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones públicas, informarán a los consumidores en los asuntos propios de su especialidad y competencia».
2. Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones y estipulaciones en las que se aprecie el carácter abusivo. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil . A estos efectos, el Juez que declara la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor o usuario. Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá declarar la ineficacia del contrato.
3. Las normas de protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas serán aplicables, cualquiera que sea la Ley que las partes hayan elegido para regir el contrato, en los términos previstos en el artículo 5 del Convenio de Roma de 1980 (RCL 1993, 2205) , sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales».
«Los poderes públicos asimismo velarán por la exactitud en el peso y medida de los bienes y productos, la transparencia de los precios y las condiciones de los servicios postventa de los bienes duraderos».
«9. La introducción de cláusulas abusivas en los contratos».
1ª Las cláusulas que reserven al profesional que contrata con el consumidor un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar una oferta contractual o satisfacer la prestación debida, así como las que prevean la prórroga automática de un contrato de duración determinada si el consumidor no se manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de manera efectiva al consumidor manifestar su voluntad de no prorrogarlo.
2ª La reserva a favor del profesional de facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato sin motivos válidos especificados en el mismo, así como la de resolver anticipadamente un contrato con plazo determinado si al consumidor no se le reconoce la misma facultad o la de resolver en un plazo desproporcionadamente breve o sin previa notificación con antelación razonable un contrato por tiempo indefinido, salvo por incumplimiento del contrato o por motivos graves que alteren las circunstancias que motivaron la celebración del mismo.
En los contratos referidos a servicios financieros lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios se reserve la facultad de modificar sin previo aviso el tipo de interés adeudado por el consumidor o al consumidor, así como el importe de otros gastos relacionados con los servicios financieros, cuando aquéllos se encuentren adaptados a un índice, siempre que se trate de índices legales y se describa el modo de variación del tipo, o en otros casos de razón válida, a condición de que el profesional esté obligado a informar de ello en el más breve plazo a los otros contratantes y éstos puedan resolver inmediatamente el contrato. Igualmente podrán modificarse unilateralmente las condiciones de un contrato de duración indeterminada, siempre que el prestador de servicios financieros esté obligado a informar al consumidor con antelación razonable y éste tenga la facultad de resolver el contrato o, en su caso, rescindir unilateralmente, sin previo aviso en el supuesto de razón válida, a condición de que el profesional informe de ello inmediatamente a los demás contratantes.
3ª La vinculación incondicionada del consumidor al contrato aun cuando el profesional no hubiera cumplido con sus obligaciones, o la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor que no cumpla sus obligaciones.
6ª La exclusión o limitación de la obligación del profesional de respetar los acuerdos o compromisos adquiridos por sus mandatarios o representantes o supeditar sus compromisos al cumplimiento de determinadas formalidades.
7ª La estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio, o la facultad del profesional para aumentar el precio final sobre el convenido, sin que en ambos casos existan razones objetivas o sin reconocer al consumidor el derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare muy superior al inicialmente estipulado.
8ª La concesión al profesional del derecho a determinar si el bien o servicio se ajusta a lo estipulado en el contrato.
9ª La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del consumidor por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del profesional.
27. La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor, al lugar del cumplimiento de la obligación o aquel en que se encuentre el bien si fuera inmueble, así como los de renuncia o transacción respecto al derecho del consumidor a la elección de fedatario competente según la Ley para autorizar el documento público en que inicial o ulteriormente haya de formalizarse el contrato.
29. La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corriente superen los límites que se contienen en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo (RCL 1995, 979 y 1426) , de Crédito al Consumo.
Se entenderá por profesional, a los efectos de esta disposición adicional, la persona física o jurídica que actúa dentro de su actividad profesional, ya sea pública o privada».
«Disposición adicional segunda. Ambito de aplicación.
Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación a todo tipo de contratos en los que intervengan consumidores, con las condiciones y requisitos en ella establecidos, a falta de normativa sectorial específica, que en cualquier caso respetará el nivel de protección del consumidor previsto en aquélla».
Se modifican los artículos 222 , 253 y 258 de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 (RCL 1946, 886) , en los siguientes términos:
Uno. El artículo 222 bajo el epígrafe «Sección 1ª De la información registral» queda con la siguiente redacción:
8. Los interesados podrán elegir libremente el Registrador a través del cual obtener la información registral relativa a cualquier finca, aunque no pertenezca a la demarcación de su Registro, siempre que deba expedirse mediante nota simple informativa o consista en información sobre el contenido del Indice General Informatizado de fincas y derechos. La llevanza por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles del citado Indice General no excluye la necesidad de que las solicitudes de información acerca de su contenido se realicen a través de un Registrador.
Los Registradores, en el ejercicio profesional de su función pública, están obligados a colaborar entre sí, y estarán interconectados por telefax o correo electrónico a los efectos de solicitud y remisión de notas simples informativas».
Dos. A continuación del artículo 222 se añadirá el siguiente epígrafe: «Sección 2ª De las certificaciones».
3. En los supuestos de denegación o suspensión de la inscripción del derecho contenido en el título, después de la nota firmada por el Registrador, hará constar éste, si lo solicita el interesado en la práctica del asiento, en un apartado denominado "observaciones", los medios de subsanación, rectificación o convalidación de las faltas o defectos subsanables e insubsanables de que adolezca la documentación presentada a efectos de obtener el asiento solicitado. En este supuesto, si la complejidad del caso lo aconseja, el interesado en la inscripción podrá solicitar dictamen vinculante o no vinculante, bajo la premisa, cuando sea vinculante, del mantenimiento de la situación jurídico registral y de la adecuación del medio subsanatorio al contenido de dicho dictamen. Todo ello sin perjuicio de la plena libertad del interesado para subsanar los defectos a través de los medios que estime más adecuados para la protección de su derecho».
Cuatro. El artículo 258 , que irá precedido del epígrafe «Información y protección al consumidor», queda redactado así:
2. El Registrador denegará la inscripción de aquellas cláusulas declaradas nulas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL 1984, 1906) , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
5. La calificación del Registrador, en orden a la práctica de la inscripción del derecho, acto o hecho jurídico, y del contenido de los asientos registrales, deberá ser global y unitaria».
Añadida por disp. final 6.5 de Ley 1/2000, de 7 de enero RCL\2000\34.
Las referencias contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962) a los consumidores y usuarios, deberán entenderse realizadas a todo adherente, sea o no consumidor o usuario, en los litigios en que se ejerciten acciones individuales o colectivas derivadas de la presente Ley de Condiciones Generales de la Contratación .
Unica. Aplicación y adaptación
Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de esta Ley, que contengan condiciones generales , podrán inscribirse en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación , salvo que por norma expresa se determine la obligatoriedad de la inscripción, en cuyo caso deberán hacerlo en el plazo que indique dicha norma.
Queda derogado el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre (RCL 1988, 2430 y RCL 1989, 1783) , de Arbitraje.
Todo el contenido de la presente Ley es, conforme al artículo 149.1.6ª y 8ª de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) de competencia exclusiva del Estado.
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones de desarrollo o ejecución de la presente Ley, en las que podrán tomarse en consideración las especialidades de los distintos sectores económicos afectados, así como para fijar el número y la residencia de los Registros de Condiciones Generales de la Contratación .
Ley 13/2009, de 3 de noviembre. RCL 2009\2090
art. 13: modifica art. 22.
Ley 44/2006, de 29 de diciembre. RCL 2006\2339
art. 2. 1: modifica art. 3 párr. 2º.
art. 2. 2: modifica art. 6 ap. 2.
Ley 39/2002, de 28 de octubre. RCL 2002\2482
art. 2. 1: modifica art. 16.
art. 2. 2: modifica art. 19.
Ley 24/2001, de 27 de diciembre. RCL 2001\3248
art. 99: modifica art. 5 ap. 2.
art. 99: renumera art. 5 ap. 2. Pasa a ser ap. 3
art. 99: renumera art. 5 ap. 3. Pasa a ser ap. 4
art. 99: renumera art. 5 ap. 4. Pasa a ser ap. 5
Ley 1/2000, de 7 de enero. RCL 2000\34
disp. derog. única. 2.15º: deroga art. 9 ap. 3.
disp. final 6. 5: añade disp. adic. 4.
disp. derog. única. 2.15º: deroga art. 20.
disp. final 6. 1: modifica art. 12 ap. 2.
disp. final 6. 2: modifica art. 12 ap. 3.
disp. final 6. 3: modifica art. 12 ap. 4.
disp. derog. única. 2.15º: deroga art. 18.
disp. final 6. 4: añade art. 16 párr. final.
disp. derog. única. 2.15º: deroga art. 14.
disp. derog. única. 2.15º: deroga art. 15.
Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre. RCL 1999\3260
desarrolla art. 5 3.
Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre. RCL 1999\3135
art. 1: desarrolla Cap. III.
art. 2: desarrolla Cap. III.
art. 3: desarrolla Cap. III.
art. 4: desarrolla Cap. III.
art. 5: desarrolla Cap. III.
art. 6: desarrolla Cap. III.
art. 7: desarrolla Cap. III.
art. 8: desarrolla Cap. III.
art. 9: desarrolla Cap. III.
art. 10: desarrolla Cap. III.
art. 11: desarrolla Cap. III.
art. 12: desarrolla Cap. III.
art. 13: desarrolla Cap. III.
art. 14: desarrolla Cap. III.
art. 15: desarrolla Cap. III.
art. 16: desarrolla Cap. III.
art. 17: desarrolla Cap. III.
art. 18: desarrolla Cap. III.
art. 19: desarrolla Cap. III.
art. 20: desarrolla Cap. III.
art. 21: desarrolla Cap. III.
art. 22: desarrolla Cap. III.
art. 23: desarrolla Cap. III.
art. 24: desarrolla Cap. III.
desarrolla art. 11.
Decreto de 8 de febrero 1946. RCL 1946\886
Tít. VIII reestructurado.
Tít. IX reestructurado.
Secc. 1: añadido por disp. adic. 2. 1.
art. 222: modificado por disp. adic. 2. 1.
Secc. 2: añadido por disp. adic. 2. 2.
art. 253: modificado por disp. adic. 2. 3.
rúbrica 1: añadido por disp. adic. 2. 4.
art. 258: modificado por disp. adic. 2. 4.