Source: http://www.franciscosantana.net/2015/08/sala-constitucional-mantiene-suspension.html
Timestamp: 2018-02-20 11:26:17
Document Index: 350550300

Matched Legal Cases: ['artículo 131', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 285', 'artículo 265', 'artículo 1', 'artículo 267', 'artículo 267', 'artículo 267', 'artículo 1', 'artículo 255']

Sala Constitucional mantiene suspensión cautelar de varios artículos del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana
Con ocasión a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada interpuesta por la abogada Nancy Castro de Várvaro, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad núm. 6.891.798 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 20.288, actuando en nombre propio contra el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236 del 6 de agosto de 2009, cuya reforma parcial fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, el 7 de mayo de 2013, esta Sala Constitucional dictó sentencia núm. 516, mediante la cual resolvió lo siguiente:
PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada por la abogada Nancy Castro De Várvaro…
El 10 de julio de 2013, vista la decisión dictada por esta Sala Constitucional, los abogados Tulio Amado Jiménez Rodríguez y Hernán Pacheco Alviárez, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 1.196.401 y 9.223.718 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 8.476 y 43.297, actuando con el carácter de Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial y Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial respectivamente, presentaron oposición a las medidas cautelares innominadas dictadas de oficio por esta Sala.
El 17 de julio de 2013, los abogados Tulio Amado Jiménez Rodríguez y Hernán Pacheco Alviárez, anteriormente identificados, dentro del lapso previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, presentaron escrito de promoción de pruebas.
Los abogados Tulio Amado Jiménez Rodríguez y Hernán Pacheco Alviárez, fundamentaron su escrito de oposición sobre la base de los alegatos que esta Sala resume a continuación:
Que “…el Código de Ética parcialmente suspendido, recogió el espíritu del Constituyente al establecer en el artículo 1, los principios éticos que orientan la conducta de los jueces y juezas de la República, así como su régimen disciplinario, con el fin de garantizar la independencia e idoneidad de éstos y éstas, preservando la confianza de las personas en la integridad del Poder Judicial como parte del Sistema de Justicia; sin establecer distinción de forma alguna entre los jueces de carrera y los jueces con una condición distinta a ellos, en virtud que las funciones jurisdiccionales –pretendió el Constituyente— debían reposar en un funcionario cuyas características fuesen superiores a las de un funcionario común integrante del Poder Público, dada la relevancia que le da (sic) la Carta Magna a la noble tarea de impartir justicia, la cual debe ser velada por un sistema disciplinario distinto al imperante en toda la Administración Pública”.
Que “pretender establecer que un proceso disciplinario judicial llevado por órganos jurisdiccionales pueda ser considerado una violación a los principios rectores que estableció la Carta Magna y sustituirla por la discrecionalidad de un órgano delegado del Tribunal Supremo de Justicia, cuya competencia se encuentra en este aspecto, limitada al nombramiento de los jueces y las juezas de la República, no pareciese la solución idónea que, a través de una interpretación anticipada al texto Constitucional, se abrogue las competencias de la jurisdicción disciplinaria judicial sobre los jueces temporales, ocasionales, accidentales o provisorios, sometiendo a éstos a la discrecionalidad que pueda tener la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, como órgano administrativo del Magno Tribunal de la República”.
Que “…quienes suscriben solicitan a esta Máxima Intérprete Constitucional la revocatoria de la medida cautelar relativa a la suspensión del único aparte del artículo 16 del Código de Ética, por cuanto su contenido no colide con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino más bien, coopera con las funciones atribuidas a la Comisión Judicial por delegación del Tribunal Supremo de Justicia, relativas a la ardua tarea de buscar de manera provisoria o temporal funcionarios que se desempeñen en una tarea fundamental como lo es la administración de justicia”.
Por otra parte los abogados Tulio Amado Jiménez Rodríguez y Hernán Pacheco Alviárez, presentaron escrito de promoción de pruebas (documentales), las cuales se mencionan a continuación:
Copias certificadas de las actas de audiencias orales y públicas correspondientes a las causas números AP61-D-2011-000207; AP61-D-2011-000030; AP61-D-2011-000046; AP61-D-2011-000034; AP61-D-2011-000087; AP61-A-2011-000007; AP61-A-2011-000028; AP61-D-2012-000429; AP61-A-2011-000031; y AP61-D-2013-000019; llevados ante el Tribunal Disciplinario Judicial….Este medio probatorio resulta útil y pertinente para demostrar la inexistencia de la omisión de participación señalada por la sentencia número 516, de fecha 7 de mayo de 2013, de la Inspectoria General de Tribunales en el procedimiento disciplinario que instruye esta Jurisdicción y denota que el mencionado órgano de supervisión y vigilancia ha mantenido una clara intervención dentro de la mayoría de los procesos disciplinarios judiciales, sin perjuicio de los derechos y atribuciones propias de la Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial…”.
Copias certificadas de las actas de audiencias orales de segunda instancia correspondiente a las causas AP61-R-2013-000005; AP61-R-2013-000008; AP61-R-2013-000006; AP61-R-2012-000032; AP61-R-2012-000017; AP61-R-2012-000019 y AP61-R-2013-000012, cursantes ante la Corte Disciplinaria Judicial …Este medio probatorio resulta útil y pertinente para demostrar la inexistencia de la omisión de participación establecida por dicha decisión de la Máxima Intérprete Constitucional in comento, de ese Órgano Auxiliar del Magno Tribunal de la República en el procedimiento disciplinario que instruye esta Jurisdicción, omisión señalada por dicha decisión de la Sala Constitucional…”.
Relación de Boletas de Notificación certificada por la Unidad de Alguacilazgo de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial… se colige que tanto el Tribunal Disciplinario Judicial como la Corte Disciplinaria Judicial, en todas las causas donde ha participado la Inspectoría General de Tribunales se le ha notificado de todas las actuaciones; así como las notificaciones realizadas a la Fiscalía General de la República haciéndole el llamado a ésta para que participe en los procesos disciplinarios llevados tanto por el Tribunal Disciplinario Judicial como la Corte Disciplinaria Judicial. En tal sentido, se desprende de la relación de notificaciones promovidas que en todas las causas se tiene en cuenta a la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 5 del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para su participación en el proceso disciplinario. Asimismo, se demuestra que en las causas donde se (sic) existía participación de la Inspectoría General de Tribunales, se realizaba para que éstos acudieran a participar en los actos procesales fijados por esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial. Siendo el objeto de la mencionada probanza el demostrar que el texto legal del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana no limita de manera alguna la participación de esos órganos, en los procesos judiciales llevados por esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial”.
Copias certificadas del auto de fecha 12 de junio de 2013 y Oficio N° TDJ-3335-2013 de fecha 13 de junio de 2013, …dictado por el Tribunal Disciplinario Judicial donde ordena remitir copia certificada del expediente signado con el número AP61-D-2013-000178 al Poder Moral, relacionado con la denuncia recibida ante esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial en contra de la Magistrada… del cual se desprende el criterio imperante en esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, respecto a (sic) trámite de las denuncias que por destitución se interpongan contra los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, en estricto apego al contenido del artículo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Copia Certificada de Oficio número CDJ-P-460-2013, de fecha 30 de mayo de 2013, alegando lo señalado en el párrafo anterior, con la salvedad de que se refieren a otra Magistrada.
Finalmente solicitan que se admitan “…los medios de prueba promovidos, por ser útiles, legales, necesarios y pertinentes a los fines de la oposición a la medida cautelar decretada en el expediente N° 09-1038”.
Ello así, al haber quedado suficientemente razonado los motivos por los cuales fue suspendido cautelarmente la aplicación del único aparte del artículo 1 del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolana, la Sala desestima el alegato planteado por los abogados Tulio Amado Jiménez Rodríguez y Hernán Pacheco Alviárez, y en consecuencia, se declara sin lugar. Así se decide.
En segundo lugar, en el escrito de oposición a la medida cautelar respecto a la omisión del Inspector General de Tribunales en la estructura disciplinaria y el rol que ha de desempeñar en el procedimiento disciplinario, los abogados Tulio Amado Jiménez Rodríguez y Hernán Pacheco Alviárez alegaron que, con base en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al Tribunal Supremo de Justicia le corresponde la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República… “lo cual ...violenta flagrantemente el derecho que ostenta toda persona a acceder a los órganos de administración de justicia –tutela judicial efectiva-, más aún cuando la Carta Magna desarrolló en su contenido la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública como único método para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo”.
Ello así, es claro que los argumentos de la oposición planteada evidencian la disconformidad con la medida cautelar in comento, sin esgrimir razones que permitan desvirtuar la presunción de error que apreció esta Sala en la que incurrió el legislador al momento de diseñar la estructura orgánica del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, y suprimir la competencia constitucional (artículo 267) que tiene asignado el Tribunal Supremo de Justicia a través de (la Inspectoria General de Tribunales) en el ámbito disciplinario judicial. Por lo tanto, se desestima el alegato planteado por los abogados Tulio Amado Jiménez Rodríguez y Hernán Pacheco Alviárez, con relación a la omisión del Inspector General de Tribunales en la estructura disciplinaria y su rol en el procedimiento disciplinario judicial. Así se decide.
En tercer lugar, en cuanto a la extensión del régimen jurídico aplicable en el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana a los jueces temporales, ocasionales, accidentales y provisorios, la parte opositora, alegó que: “…el artículo 267 atribuyó directamente al Tribunal Supremo de Justicia la potestad del nombramiento de los jueces y a la jurisdicción disciplinaria judicial el régimen disciplinario para garantizar 1) la correcta prestación del servicio de administración de justicia; 2) la independencia y autonomía de todos los ciudadanos que hayan sido investidos conforme a la Ley para actuar en nombre de la República; 3) la idoneidad de los jueces y juezas de la República; 4) la protección de la majestuosidad y honorabilidad del Poder Judicial y del Sistema de Justicia; y 5) la confianza de las personas en la integridad del Poder Judicial… el Código de Ética parcialmente suspendido, recogió el espíritu del Constituyente al establecer en el artículo 1, los principios éticos que orientan la conducta de los jueces y juezas de la República, así como su régimen disciplinario, con el fin de garantizar la independencia e idoneidad de éstos y éstas, preservando la confianza de las personas en la integridad del Poder Judicial como parte del Sistema de Justicia; sin establecer distinción de forma alguna entre los jueces de carrera y los jueces con una condición distinta a ellos, en virtud que las funciones jurisdiccionales –pretendió el Constituyente— debían reposar en un funcionario cuyas características fuesen superiores a las de un funcionario común integrante del Poder Público, dada la relevancia que le da (sic) la Carta Magna a la noble tarea de impartir justicia, la cual debe ser velada por un sistema disciplinario distinto al imperante en toda la Administración Pública… es por ello, que debe entenderse que la jurisdicción disciplinaria no es creada para garantizar la estabilidad que pueda tener un juez de carrera, sino para velar por la correcta prestación del servicio de Administración de Justicia; para lo cual se hace necesario aplicar el régimen disciplinario establecido en el Código de Ética, a todo ciudadano investido de autoridad para impartir justicia, sin distinción de su condición, por cuanto lo contrario supondría, que aquellos jueces o aquellas juezas que ingresaran a la Administración de Justicia por una vía distinta a la prevista en la Constitución, no serían, tal como lo establece el último aparte del artículo 255 Constitucional, personalmente responsables por error, retardo y omisiones injustificadas por inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación, en que incurran en el desempeño de sus funciones”.
Consecuencia de todo lo expuesto, esta Sala Constitucional declara sin lugar la oposición formulada por los abogados Tulio Amado Jiménez Rodríguez y Hernán Pacheco Alviárez, actuando con el carácter de Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial y Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial respectivamente, contra la sentencia núm. 516 del 7 de mayo de 2013, la cual resolvió lo siguiente:
Con fundamento en las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declaraSIN LUGAR la oposición formulada por los abogados Tulio Amado Jiménez Rodríguez y Hernán Pacheco Alviárez, actuando con el carácter de Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial y Presidente del Tribunal Disciplinario Judicial respectivamente, contra la sentencia núm. 516 del 7 de mayo de 2013.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/180685-1082-11815-2015-09-1038.HTML
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