Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/22758
Timestamp: 2020-01-27 23:19:53
Document Index: 325297188

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 73', 'artículo 26', 'artículo 73', 'artículo 26', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 73', 'artículo 123', 'artículo 74', 'artículo 75', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 73', 'artículo 26', 'artículo 73', 'artículo 26', 'artículo 73', 'artículo 26', 'artículo 73']

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Gaceta: LXI/1PPO-38/22758
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA EL APARTADO A. DEL ARTÍCULO 26 Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-Ñ DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN, A CARGO DEL SENADOR MELQUIADES MORALES FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.
El suscrito Senador de la República, Melquíades Morales Flores integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70, 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el apartado A. del artículo 26 y se adiciona la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de planeación.
La Ley para la Reforma del Estado y los trabajos que se desarrollaron a lo largo de su vigencia, pusieron en evidencia la debilidad de la planeación del desarrollo nacional. Resultó claro que la desvinculación entre lo que se planea y lo que se ejecuta, ha dado como resultado no solamente planes que no se cumplen, sino sobre todo presupuestos que no se ejercen y proyectos inconclusos.
Uno de los aspectos que más preocupan en la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que de él se derivan. Cada seis años se inventa al país. Si bien es necesario que se actualicen periódicamente los diagnósticos, no es posible ni deseable, interrumpir la marcha del país y empezar cada seis años otra vez de cero.
Además la participación del Congreso en el proceso de planeación no es completa, si bien se aprueba el paquete económico anual, en la elaboración del Plan Nacional y de sus programas la ley establece una participación testimonial del Poder Legislativo. Esta iniciativa busca corregir este hecho, al dar un papel protagónico al Congreso, no solamente en la aprobación del Plan Nacional, sino en el seguimiento del mismo, abriendo en paralelo la posibilidad de que los proyectos plurianuales que contenga el Plan Nacional, tengan una aprobación que vaya más allá del gobierno en turno.
El objetivo de la planeación del desarrollo es dar certidumbre a los actores sociales de lo que va a hacer el gobierno en un periodo determinado, de aprobarse esta Iniciativa, ese objetivo se alcanzará a cabalidad.
La experiencia mexicana en materia de planeación del desarrollo demuestra que la limitación a un periodo de tiempo no es adecuada, el incentivo a empezar siempre de nuevo es muy elevado, por tanto, se requiere que en el texto Constitucional se sienten la bases para la planeación estratégica de mediano y largo plazos, que obligue a los gobiernos a imaginar e impulsar políticas públicas de largo aliento. El Estado tiene que desarrollar metodologías y proponer caminos que deben de revisarse y adaptarse, pero el rumbo del país y sobre todo la certidumbre para los sectores productivos y para la ciudadanía toda, debe ser una constante en la acción cotidiana de gobierno.
En este marco es que la planeación es el instrumento que permite a gobiernos y empresas identificar problemas y proponer soluciones a los problemas que enfrentan. Como política de gobierno permite ordenar prioridades y al hacerlo, facilita la toma de decisiones. Para el caso del Estado Mexicano el uso de la planeación ha sido una permanente.
Evolución de la planeación en México 1930-2006
En la etapa inmediata a la Revolución, se emprendieron grandes esfuerzos para consolidar y ordenar la acción del Gobierno en materia de desarrollo económico. Quedaba atrás la lucha armada y se daba paso a las instituciones. Así por ejemplo, en 1921 se crea la Secretaría de Educación; el Banco de México en 1925; y en 1930 se promulga la primera Ley de Planeación.
A partir de 1930, México el gobierno mexicano ha empleado a la planeación como instrumento para ordenar sus acciones. Es así que la Administración del Presidente Lázaro Cárdenas basó su gestión en el primer Plan Sexenal 1934-1940.
El objetivo de la planeación en México de acuerdo a la redacción del artículo primero y segundo de esa ley, eran los siguientes: coordinar y encauzar las actividades de las distintas dependencias gubernamentales para obtener el desarrollo material del país, para lo cual se procedería a la confirmación del "Plan Nacional de México", mismo que regularía el desarrollo armónico del país.
Los objetivos del plan en si eran: "a) aprovechamiento planificado de las riquezas nacionales; b) alza de salarios a los trabajadores; c) creación de oportunidades de trabajo y d) fundación de una economía propia, autónoma, dirigida por la inteligencia y el trabajo de los mexicanos".
El Segundo Plan Sexenal 1940-1946, reafirmó la presencia del Estado como eje para transformar la estructura de la sociedad y fija los objetivos del mismo, frente a la nueva década y la nueva época de México postrevolucionario.
El objetivo del Plan, puede resumirse de la siguiente manera: "El engrandecimiento del Estado, el progreso económico y el adelanto cultural no se conciben como fines, sino como medios; y de este modo se establece la idea revolucionaria de progreso, que deshecha como ideal el bienestar de un grupo, fincado en la miseria y la ignorancia de una masa, una sociedad progresa en la medida en que llega una abundancia cada vez mayor de bienes y posibilidades a un número cada vez más amplio de hombres".
La tercera experiencia en materia de planeación del gobierno mexicano lo constituyó el Proyecto de Inversiones del Gobierno Federal y Dependencias Descentralizadas, mismo que se elaboró para los años 1947-1952.
Los antecedentes de este proyecto se remiten a la solicitud de México para recibir un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con el fin de apuntalar la recuperación económica del país, al mismo tiempo de consolidar un desarrollo industrial razonable. El proyecto consta de varias divisiones y se caracteriza por fijar con precisión las necesidades de inversión en los campos productivos de México.
Durante la Administración de 1953-1958, se avanzó sólidamente en el diseño de un Programa Nacional de Inversiones. Los objetivos que se consideraron para ese Plan fueron los siguientes:
Lograr una satisfactoria tasa de incremento en el desarrollo económico.
Alcanzar el desarrollo más coordinado de la economía.
Lograr el mayor incremento de la producción.
Obtener cierta estabilidad en los precios.
Lograr el financiamiento de la inversión sin incurrir en el déficit.
Conseguir la mayor participación del capital nacional dentro del financiamiento de la inversión.
Canalizar los recursos financieros de preferencia hacia aquellos sectores más requeridos de fondos o sea la resolución de los mayores problemas económicos.
En el gobierno del Presidente López Mateos la planeación ocupó un lugar preponderante, como guía y orientación de las acciones del Gobierno. El Plan de Acción Inmediata obedeció a la necesidad de responder a una relativa falta de dinamismo en la economía. Al inicio de los sesentas, el plan fue preparado por las Secretarías de Hacienda y de la Presidencia, lo cual originó la creación de la Comisión Intersecretarial para la formulación de planes de Desarrollo Económico y Social. Los objetivos básicos del Plan se constituían por:
Crecimiento del PIB de 5% para 1961 - 1965.
Para cumplir lo anterior habría que elevar la inversión pública y privada.
Incrementar la capacidad de autofinanciamiento de las empresas públicas.
Estimular la reinversión de las utilidades privadas y estimular el ahorro para canalizarlo a nuevas inversiones.
En la Administración del Presidente Gustavo Díaz Ordaz, se contó con el Programa de Desarrollo Económico y Social, cuyos objetivos eran:
Crecimiento promedio de 6% anual de PIB.
Desarrollo acelerado de las actividades agropecuarias.
Impulsar la industrialización y mejorar la productividad.
Atenuar y corregir los desequilibrios del desarrollo, regional y sectorial.
Distribuir más equitativamente el ingreso nacional.
Fomentar el ahorro interno
Impulsar las reformas que coadyuven a que la administración pública impulse el proceso de desarrollo.
Posteriormente entre 1971 y 1976 se elaboró el Programa de Inversión y Financiamiento del Sector Público Federal cuyos objetivos se orientaban en la dirección siguiente:
Elevar la generación de empleos productivos
Impulsar los proyectos que contribuyan a elevar el bienestar social de los grupos mayoritarios de la población
Promover el desarrollo y la integración regional
Contribuir a la disminución del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos
El programa tendía a fijar los objetivos y las fuentes de financiamiento en el marco de una política económica y financiera que tuviera como objetivo fundamental mejorar sustancialmente la distribución del ingreso del país.
El Gobierno del Presidente López Portillo retoma la planeación como instrumento, para orientar y guiar las acciones del sector público, a tal grado que en esa administración se elaboran diversos planes, entre otros destacan: Plan Nacional de Desarrollo Urbano; Plan Nacional de Desarrollo Industrial; Plan Nacional de Desarrollo Pesquero; Planes Anuales del Sector Agropecuario y Forestal; Programa Nacional de Empleo; Plan Nacional de Turismo; Programa Nacional de Ciencia y Tecnología; Plan Nacional de Comercio; Programa del Sector Educativo; Plan Nacional de Comunicaciones y Transportes
Cabe señalar que el proceso de planeación consistió en la inducción, es decir, primero se realizaron los planes y programas sectoriales y posteriormente se englobaron en un plan integral, la única excepción fue el caso del Programa de Energía, mismo que se elaboró a partir del Plan Global de Desarrollo y del Plan Nacional de Desarrollo Industrial. El Plan Global buscaba los siguientes objetivos:
Reafirmar y fortalecer la independencia de México
Proveer a la población empleo y mínimos de bienestar
Promover un crecimiento económico alto, sostenido y eficiente
La planeación cobra relevancia a partir del gobierno del Lic. Adolfo López Mateos, no obstante es en la administración de Miguel de la Madrid cuando adquiere una función primordial. En efecto, la administración del Presidente Miguel de la Madrid maduró lo iniciado en la anterior y diseñó un Sistema Nacional de Planeación Democrática.
En 1983 se realizaron reformas constitucionales a los artículos 25, 26, 27, y 28, mediante los cuales se reafirmaron la rectoría del Estado en el Desarrollo Nacional y la propiedad de la nación en los sectores y empresas estratégicas para llevar adelante dicho desarrollo.
Asimismo, se establece el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) cuyo primer producto debería ser un Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 que sería el resultado de la participación y concertación sociales. Para ese efecto el Ejecutivo Federal presentaría el Plan a más tardar 6 meses después de haber tomado posesión.
Este concepto de planeación democrática se funda en el principio de la participación social y la rectoría del Estado. El SNPD es la gran matriz de donde se desprenden el Plan y los Programas sectoriales, regionales y especiales.
Cabe señalar que durante el gobierno del Presidente de la Madrid, se promulgó una ley que otorga a la planeación un carácter de obligatoriedad para ciertos sectores y que al mismo tiempo sea el puente hacia otros para concertar acciones dentro de los marcos establecidos en el SNPD, que es la vía para instrumentar los postulados de la todavía vigente Ley de Planeación.
La Ley marca que tanto las dependencias de la Administración Pública Federal, como las del sector paraestatal deberán participar, en las materias que les correspondan y sean de su responsabilidad, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
El Plan Nacional de Desarrollo precisa los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del país, contiene previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines y determina los instrumentos y responsabilidades de su ejecución, establece además los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional. El PND rige el contenido de los programas que genera el SNPD. La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo. Por ello, el Plan señala los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deben ser elaborados.
Los Programas Sectoriales se sujetan a las previsiones contenidas en el Plan por una parte, y por la otra, especifican los objetivos, prioridades y políticas que rigen el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate.
Los Programas Institucionales que elaboran las entidades paraestatales, se sujetan a las previsiones contenidas en el Plan y en el Programa Sectorial correspondiente.
Los Programas Regionales se refieren a las regiones que se consideren prioritarias o estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan y cuya extensión territorial rebase el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa.
Los Programas Especiales se refieren a las prioridades del desarrollo integral del país fijados en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadas de sector.
Para la ejecución tanto del Plan como de los Programas derivados, las dependencias y entidades deben elaborar Programas Anuales, que incluyan los aspectos administrativos y de política económica y social correspondientes. Estos programas anuales son congruentes entre sí, y rigen durante el año de que se trate las actividades de la administración pública federal en su conjunto; sirven además de base para la integración de los anteproyectos de presupuestos anuales que elaboran las propias dependencias y entidades.
El Plan y los Programas referidos son obligatorios para el sector público central y paraestatal, y especifican las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de integración o concertación con los grupos sociales interesados.
Por lo que respecta a los Programas Institucionales, estos deben ser sometidos por el órgano de gobierno y administrativo de la entidad paraestatal de que se trate, a la aprobación del titular de la dependencia coordinadora de sector.
En el caso del Plan y los Programas Regionales y Especiales son sometidos por la SHCP a la consideración y aprobación del Presidente de la República. Los Programas Sectoriales son sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia coordinadora de sector, previo dictamen de la SHCP.
Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 1982 – 1988, tenía como objetivos principales la defensa de la soberanía y promoción de los intereses de México en el mundo, la ampliación de la vida democrática, la recuperación económica con estabilidad de precios y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la población.
Dentro de este, se creó el Programa Inmediato de Reordenación (PIRE), que fue la primera línea estratégica de un compromiso de planeación con perspectiva de corto, mediano y largo plazos. Entre las metas que se establecieron en ese programa están: el abatimiento de la inflación a través de la disminución del déficit público del 16 por ciento al 8 por ciento por medio de recortes en el gasto y el fortalecimiento de las fuentes de ingreso.
Para 1994 el contexto social y económico del país era otro, por lo que los objetivos del nuevo PND deberían de cambiar de manera drástica. Durante este año el objetivo que siguió en pie fue el de fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía nacional, como valor supremo de nuestra nacionalidad y como responsabilidad primera del Estado mexicano, sin embargo se generan nuevos objetivos como consolidar un régimen de convivencia social, regido plenamente por el derecho, donde la ley sea aplicada a todos por igual y la justicia sea la vía para la solución de los conflictos, construir un pleno desarrollo democrático con el que se identifiquen todos los mexicanos y sea base de certidumbre y confianza para una vida política pacífica y una intensa participación ciudadana, avanzar a un desarrollo social que propicie y extienda en todo el país, las oportunidades de superación individual y comunitaria bajo principios de equidad y justicia y promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en beneficio de los mexicanos.
Para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000, se llevaron a cabo una consulta nacional, popular y democrática, organizada a través de 97 foros que comprendieron 516 eventos, en los que se presentaron más de 12,000 ponencias. Además, se recibieron más de 300,000 aportaciones de la población, en los buzones y centros de recepción instalados en todo el territorio nacional. El eje de este Plan fue hacer frente a la crisis de 1995 y basó sus propuestas en la forma de mejorar el ahorro interno.
Los planes de los Presidentes Salinas y Zedillo dieron un giro a la planeación en México, ya que buscaron ser más estratégicos y menos detallados en cuanto al diagnóstico y mucho menos comprometidos con las metas.
Los gobiernos de la alternancia han elaborado dos planes nacionales. Ambos se fincan en la planeación estratégica más propia de las empresas que de los países, pero lo relevante es que no desecharon la prioridad del Plan, que sigue siendo el pilar de las políticas públicas en México.
El PND del año 2000 buscaba el desarrollo social y humano, el crecimiento con calidad y el orden y respeto, teniendo como marco el Sistema Nacional de Planeación Participativa. El PND del 2006, actualmente en vigor, tiene como objetivo el generar un Estado de Derecho y seguridad, una Economía competitiva y generadora de empleos, Igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, promover la Sustentabilidad ambiental y fomentar la una democracia efectiva y política exterior responsable.
En el PND 2006-2012 se incluye la llamada “visión 2030” con la cual se apuesta por un Desarrollo Humano Sustentable, una descripción del México deseable y posible por encima de las diferencias. Incluye “la imagen del país en el que deseamos vivir dentro de 23 años da sentido y contenido a las acciones que como gobierno y como sociedad emprendemos a partir de ahora”.
Como se observa, el proceso de planeación en México ha evolucionado de una planeación parcial entre 1930 y 1976 hacia una planeación integral e indicativa en las últimas experiencias. En todo momento, la responsabilidad de emplear a la planeación como un instrumento ordenador de la acción del gobierno, ha recaído en el Ejecutivo.
En los distintos planes que se han formulado se ha buscado reflejar los objetivos de la administración en turno y respetar el proyecto de país contenido en la Constitución. Este es un principio fundamental: el plan es una visión del país para un momento dado, para un periodo determinado por particularidades históricas, económicas y políticas, responde también a compromisos adquiridos en la campaña que dio origen al gobierno que lo propone, pero no sustituye, ni puede, ni debe hacerlo a la Constitución General de la República.
La evolución de la planeación en México nos muestra que el Ejecutivo ha sido muy eficiente en el diseño de planes y programas, pero que se han mostrado deficiencias en la instrumentación, control y evaluación de los mismos. Toca ahora que esto no suceda con el nuevo plan y en ello el Legislativo tiene que jugar un papel mucho más importante.
Participación del H. Congreso de la Unión en el Proceso de Planeación
A lo largo de la evolución de la planeación en México, el Congreso de la Unión ha centrado su atención, conforme lo establece el marco legal vigente, en el seguimiento y evaluación de los planes y programas y no en la elaboración y aprobación de los mismos.
En este sentido, derivado de lo establecido en el artículo 26 Constitucional, relativo al papel del Congreso de la Unión en el sistema de planeación democrática, cabe considerar que la Ley de Planeación atribuye la responsabilidad de la planeación nacional al Ejecutivo Federal, con la participación democrática de los grupos sociales (artículo 4o). La ley establece que el Presidente de la República deberá remitir el plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones, el Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan (artículo 5o). Asimismo, el Ejecutivo Federal, en su informe anual al Congreso, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del plan y los programas. Además, en el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo remite al Congreso el informe de acciones y resultados de la ejecución del plan y los programas.
Es así que en los términos de la ley vigente, la participación del Congreso en el proceso de planeación se da casi entonces en todas sus fases. En efecto, en la elaboración del Plan, a través de la consulta nacional a que convoca el Ejecutivo para su integración; en el envío del Plan al Congreso para el análisis, examen y opinión sobre el contenido del mismo; y en el seguimiento del mismo a través del Informe de Ejecución del Plan que se remite anualmente al Congreso. En cada una de esas etapas el Congreso está en pleno derecho de recomendar cambios de fondo y de forma al Plan y a su ejecución. Participa en casi todo el proceso pero no en el que fija los objetivos del país, no solamente del Ejecutivo en turno, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo
Al revisar el catálogo de facultades expresas del Congreso de la Unión en al artículo 73 constitucional, se verifica la importante área de competencias legislativas en el ámbito federal con clara implicación para las políticas de desarrollo: imponer contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto (fracción VII); dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y mandar pagar la deuda nacional (fracción VIII); impedir que del comercio de estado a estado se establezcan restricciones (fracción IX); legislar en toda en la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica; juegos con apuestas y sorteos; servicios de banca y crédito; energía eléctrica y nuclear; para establecer el banco único de emisión y para expedir leyes reglamentarias del artículo 123 (fracción X); para dictar leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal (fracción XVII); para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para fijar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar pesas y medidas (fracción XVIII); para fijar las reglas a que deba sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de éstos (fracción XIX); para establecer contribuciones sobre comercio exterior, aprovechamiento y explotación de recursos naturales que sean del dominio directo de la nación.
Específicamente el artículo 74 constitucional en sus fracciones II; IV; y V; y el artículo 75 de la Carta Magna, le otorgan a la Cámara de Diputados facultades exclusivas para participar y sancionar la política económica que propone e instrumenta el ejecutivo. Pero no para reorientar el PND si éste muestra agotamiento, mismo que fue inmediato en el caso del PND en la administración del Presidente Zedillo, en la del Presidente Fox y evidentemente en la actual.
No obstante lo anterior, el proceso de planeación en México presenta deficiencias que se hacen evidentes en el proceso de instrumentación, seguimiento y control de los programas que se derivan del PND y considero de la no aprobación del mismo por el Congreso de la Unión.
Una de las principales causas de este fenómeno ha sido la falta de continuidad dentro de los planes y programas, que por tener la misma duración que la del periodo presidencial, sufren constantes modificaciones aún cuando su contenido, por sus repercusiones micro y macro económicas, así como en temas de seguridad y sales sea de gran trascendencia.
Por todo ello, con el fin de dar certidumbre al proceso de desarrollo del país, así corresponsabilizar al Congreso de la Unión en la fijación de los objetivos y proyectos del país en el mediano y largo plazo, se propone reformar el artículo 26 de la Constitución para incluir la obligatoriedad de que el Congreso apruebe no solamente el Plan Nacional para un periodo de seis años, sino que también los programas y proyectos que vayan más allá de ese lapso, ello con el fin de dar certidumbre a los actores económicos y a los grupos sociales que conforman nuestro país, se evitaría así la tentación de que el país se invente cada seis años. Con esta reforma, el artículo 26 Constitucional quedaría como sigue:
El plan nacional de desarrollo deberá ser aprobado por el Congreso de la Unión y establecerá los programas y las políticas públicas a integrar, instrumentar y evaluar para un periodo de seis años, aquellas que tengan carácter plurianual deberán indicarse en el plan nacional de desarrollo y mantendrán vigencia hasta su conclusión, en los términos que establezca la ley.
Asimismo, en los términos que señale la ley, el gobierno federal deberá proponer al Congreso de la Unión las bases para la integración de un plan de desarrollo estratégico de largo plazo, que deberá considerar proyectos y programas que trasciendan a la administración que corresponda.
El plan nacional de desarrollo y el plan de desarrollo estratégico de largo plazo, deberán ser evaluados anualmente por el Congreso de la Unión en cuanto a sus logros y resultados, y emitirá observaciones y recomendaciones en los términos que establezca la ley.
Asimismo, propone adicionar una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución a fin de que dentro de las facultades del Congreso de la Unión, se añada la de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, para quedar como sigue:
XXIX-Ñ. Para Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del honorable Senado de la República, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el apartado A. del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73, al tenor del siguiente:
Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 26 y se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Primero. Se reforma y adiciona el apartado A. del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
El plan nacional de desarrollo deberá ser aprobado por el Congreso y establecerá los programas y las políticas públicas a integrar, instrumentar y evaluar para un periodo de seis años, aquellas que tengan carácter plurianual deberán indicarse en el plan nacional de desarrollo y mantendrán vigencia hasta su conclusión, en los términos que establezca la ley.
El Congreso de la Unión deberá aprobar el plan nacional de desarrollo.
Artículo Segundo. Se adiciona la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
I… XXIXN……………
XXIX-Ñ. Para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, así como conocer y aprobar las bases para la integración del plan de desarrollo estratégico de largo plazo.
Transitorio Único. Las reformas y adiciones contenidas en este decreto, entrarán en vigor a partir del 1 de diciembre de 2012.
Dado en el Senado de la República el ___ de octubre de 2009
SENADOR MELQUÍADES MORALES FLORES