Source: https://vlex.com.pa/vid/casacion-corte-suprema-justicia-650676745
Timestamp: 2019-10-17 18:53:02
Document Index: 19367531

Matched Legal Cases: ['artículo 1670', 'artículo 1670', 'artículo 1195', 'artículo 15', 'artículo 34', 'artículo 8', 'artículo 784', 'artículo 7', 'artículo 606', 'artículo 1696']

Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 21 de Agosto de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 650676745
Corresponde a esta Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, resolver el recurso de casación corregido que formalizó la parte actora contra la resolución de veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012), proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del proceso de prescripción adquisitiva de dominio promovido por AMILKAR ELVIS DÍAZ GUERRA contra EVA PÉREZ VENERO, AMALIA PÉREZ VENERO, ALEJANDRO PÉREZ VENERO, AVELINA PÉREZ VENERO, ELADIO PÉREZ VENERO, CARLOS MIRÓ DELGADO, DARÍO DELGADO, DORA DELGADO DE ROQUEBERT, ALBERTO ROQUEBERT, SOFÍA DELGADO DE HERRERA Y SERMOCANA, S.A.
El Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Chiriquí, mediante Sentencia N°72 de cinco (5) de diciembre de dos mil once (2011), declaró que el demandante, AMILKAR ELVIS DÍAZ GUERRA, había adquirido por Prescripción Adquisitiva de Dominio, la cuota parte de la Finca No.1897, inscrita al rollo 1, asiento 1, de la Sección de la Propiedad del Registro Público, Provincia de Chiriquí, que corresponde a 9has+7,544.71 m2 y, en consecuencia, ordenó al Director General de Registro Público que inscriba la referida cuota parte de la Finca No.1897, a nombre del señor AMILKAR ELVIS DÍAZ GUERRA (fs.172-177).
Esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial que, a través de resolución de veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012) (fs.195-206), dispuso no acceder a la pretensión planteada por el demandante.
En virtud de lo decidido por el Tribunal Superior, la parte actora, a través del Licenciado Raúl Trujillo Miranda, en recurso de casación corregido, invoca la causal de fondo "infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.
Esta causal de fondo se sustenta en dos motivos, los cuales transcribimos a continuación:
"1. La sentencia recurrida valora erróneamente la Resolución de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables distinguida como J.D. 019-94 de 2 de agosto de 1994, cuyo contenido y existencia aparece en la publicación que se hizo en las páginas No.8, 9, 10 y 11 de la Gaceta Oficial No.22,617 de miércoles 7 de septiembre de 1994 ( ver fojas 64 a 67), por la cual se crea el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, ya que en las declaraciones contenidas en esa Resolución de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables no eliminó y menos expropió los títulos de propiedad que las entidades particulares (naturales o jurídicas), tuvieren sobre terrenos incluidos dentro del contorno de las áreas protegidas, es decir, esa Resolución en ninguno de sus resueltos convirtió los bienes inmuebles privados en bienes inmuebles pertenecientes a La Nación, Municipio, entidades autónomas o semiautónomas como afirma erróneamente el sentenciador de segunda instancia. Esa ponderación incorrecta realizada en la sentencia de la citada Resolución de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, al considerar la Finca No.1897 inscrita al Rollo 1, Asiento 1, Documento 1172332 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí como bien de dominio público, influyó de manera sustancial en el fallo recurrido.
La Resolución emitida en segunda instancia por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial atacada mediante el presente Recurso de Casación, al valorar los certificados expedidos por el Registro Público de fecha 11 de marzo de 2009 (ver foja 2) y el de fecha 6 de enero de 2010 (ver fojas 53-54), en donde constan que los demandados son propietarios de la Finca No.1897 inscrita en el Documento 1172332 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí lo hace erróneamente al afirmar que el derecho de propiedad que los demandados tienen y el cual consta en esos certificados del registro sobre la finca, cuya parte mi representado solicita se le reconozca la Prescripción Adquisitiva Extraordinaria, no existe ya que ese terreno pasó a ser de propiedad de La Nación a partir del día 7 de septiembre de 1994, según la valoración también errónea que realiza de la Resolución J.D.-019-94 que expidió el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y publicada en la Gaceta Oficial No.22617 de 7 de septiembre de 1994 a que se refiere el motivo anterior. Esa errónea apreciación de la prueba documental citada influye sustancialmente en la sentencia recurrida" (fs.246-248).
Se citan como infringidos los artículos 781 y 836 del Código Judicial y las disposiciones 334, 1764 y 1784 del Código Civil.
De acuerdo a los antecedentes de esta causa, el señor Amilkar Elvis Díaz Guerra promovió el juicio con la finalidad de adquirir a través de la figura de la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria, un globo de terreno de 16 Has + 1596.94 m2 que corresponde a una cuota parte de la Finca No.1897, ubicada en Isla Parida, corregimiento de Pedregal, Distrito de David, Provincia de Chiriquí, por haberlo poseído de forma pacífica e ininterrumpida y con ánimo de dueño por más de quince (15) años.
En esencia, la infracción de los artículos 781 y 836 del Código Judicial, se apoya en la tesis que el tribunal de segunda instanciavaloró erróneamente el texto de la Resolución N°J.D.-019-94 de 2 de agosto de 1994, "Por el cual se establece el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí", proferida por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), al entender que la misma convertía a la finca No.1897 en un bien público, sin que mediase expropiación, y pasando por alto la propiedad consignada en los certificados expedidos por el Registro Público de fecha 11 de marzo de 2009 (ver foja 2) y el calendado 6 de enero de 2010, argumento este último en el que se apoya, además, la violación de los artículos 334, 1764 y 1784 del Código Civil.
El tribunal Ad Quem hace referencia a las pruebas antes descritas en el apartado "Hechos Probados", señalando que "Eva Pérez Venero, Amalia Pérez Venero, Alejandro Pérez Venero, Avelina Pérez Venero, Eladio Pérez Venero, Carlos Arturo Miró Delgado, Darío Delgado Venero, Dora Delgado de Roquebert, Alberto Roquebert, Sofía Delgado Delgado de Herrera y SERMOCANA, S.A., son los propietarios de la finca 1897, inscrita al rollo 1, asiento de la sección de la propiedad del Registro Público de la Provincia de Chiriquí, con un área de 9 has + 7,544.71 m2, ubicada en Isla Parida, corregimiento de Pedregal, distrito de David, provincia de Chiriquí". Luego, añade "Que la finca 1897 es parte del Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, tal como se desprende de la resolución JD-019-94 de 2 de agosto de 1994".
En la parte motiva de la decisión recurrida se deja sentado que, a través de la Resolución N°J.D.019-94, se reconoce el régimen de propiedad privada y posesión de la tierra, pero que no obstante ello, el apoderado judicial de la demandante presentó como prueba escritura pública mediante la cual se adjudica a los demandados definitivamente a título oneroso, de allí que resultaba indispensable determinar si el bien era o no prescriptible después del mes de agosto de 1994, cuando fue declarado Parque Nacional Marino. Concluye entonces el tribunal superior que la finca 1897 presenta una calidad que le impide ser adquirida mediante prescripción adquisitiva de dominio, según lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1670 del Código Civil.
Frente a los cargos sometidos a la consideración de la Sala, que atañen a la valoración de la prueba consistente en la Resolución N°J.D.-019-94 de 2 de agosto de 1994, "Por el cual se establece el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí", proferida por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), se observa - y esto también fue advertido por el tribunal de alzada (f.200) - que su punto octavo de forma clara reconoce el régimen de propiedad privada y de posesión de la tierra existente en las inmediaciones del Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, con las restricciones que señala la Constitución, las leyes y dicha resolución.
A propósito de estas restricciones, si bien en el punto tercero de la resolución administrativa en comentario se establecen límites al derecho de uso, goce y disfrute que le asiste al propietario y prohíbe el otorgamiento de derechos posesorios, la lectura integral de esta disposición revela que tales límites operan siempre que las actividades allí enunciadas tengan como resultado la destrucción de los recursos naturales renovables existentes dentro de los límites del Parque Nacional Marino, lo que es consecuente con su condición y con el interés del Estado de proteger, conservar e incrementar los recursos forestales existentes en el país y de promover su manejo y aprovechamiento, consignado en la Ley 1 de 3 de febrero de 1994, "Por la cual se establece la Legislación Forestal en la Republica de Panamá, y se dictan otras disposiciones", que le sirve de fundamento a la Resolución N°J.D.-019-94 de 2 de agosto de 1994 y que desarrolla los postulados referentes a la materia ambiental en la Constitución Política de la República.
Queda claro que, contrario a lo que entiende el Ad Quem, la Resolución N°J.D.-019-94 de 2 de agosto de 1994 no impide el reconocimiento del derecho de propiedad o de posesión con posterioridad a su vigencia, menos aún, puede interpretarse de manera que se entienda que los bienes inmuebles incursos en dicho Parque Nacional Marino son bienes de propiedad de la Nación y, por ende, imprescriptibles de conformidad al artículo 1670 del Código Civil, habida cuenta que - como bien apunta el casacionista - no ha operado en este caso la figura de la expropiación, en ninguna de las dos modalidades reconocidas por la jurisprudencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, esto es, la expropiación ordinaria o la extraordinaria.
Y es que, si bien la expropiación ordinaria parte del hecho que a través de una ley - que no a través de una resolución administrativa como lo es la Resolución N°J.D.-019-94 de 2 de agosto de 1994 - se declare que el bien que va a ser expropiado por motivos de utilidad pública o de interés social, aún ante ese escenario, se requiere que un juez decrete la expropiación, fije el monto de la suma que debe recibir el expropiado como indemnización, y que el Estado pague previamente la indemnización antes de que se haga la transferencia del bien a través de su inscripción en el Registro Público, transferencia que, vale destacar, no resulta de las certificaciones extendidas por el Registro Público, consultables a folios 2, 53 y 54 del expediente.
Las certificaciones en cuestión acreditan de forma fehaciente - y así lo entiende también el Ad Quem - el derecho de propiedad que le asiste a los demandados sobre la finca No.1897, inscrita en el Documento 1172332 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Chiriquí, que en una cuota parte pretende adquirir por prescripción adquisitiva extraordinaria el demandante y cuya correcta valoración, esto es, apegada a las reglas de la sana crítica y atendiendo a su carácter de documento público, debió llevar al sentenciador a concluir que se trataba de un bien perteneciente a particulares y que, como tal, era prescriptible, no siendo relevante a tales efectos el distinguir entre el antes y el después de la vigencia de la Resolución N°J.D.-019-94 de 2 de agosto de 1994, pues el régimen de propiedad privada y de posesión sobre la finca se mantiene invariable, en ambos momentos.
Por lo anterior, la Sala llega a la conclusión que el Tribunal de Segunda Instancia, en efecto, como consecuencia de la ponderación errónea de las pruebas antes descritas, violó los artículos 781 y 836 del Código Judicial y 334, 1764 y 1784 del Código Civil, por lo que casa la sentencia de segunda instancia recurrida y, en atención a lo dispuesto en el artículo 1195 del Código Judicial, procede a emitir sus consideraciones como tribunal de instancia.
Como ha quedado expuesto, el Juzgado de Primer Nivel a través de Sentencia No.72 de 5 de diciembre de 2011, declaró que el demandante Amilkar Elvis Díaz Guerra había adquirido por Prescripción Adquisitiva de Dominio, la cuota parte de la Finca No.1897, inscrita al rollo 1, asiento 1, de la sección de propiedad del Registro Público, Provincia de Chiriquí, que corresponde a 9has+7,544.71 m2 y ordenó al Director General del Registro Público que inscriba la cuota parte de la Finca No.1897 a nombre del demandante.
Contra lo resuelto, se alzó en apelación la representación judicial de la demandada SERMOCANA, S.A., expresando en el libelo de sustentación del recurso que el Juez de Primera Instancia desconoció que la Resolución JD-019-94 de 2 de agosto de 1994, específicamente, en su artículo octavo "Reconoce el régimen de propiedad privada", es decir, la propiedad que tiene su representado sobre la finca No. 1897 y, que el artículo sexto del mismo reglamento precisa que está terminantemente prohibido el otorgamiento de derechos posesorios, la ocupación precarista, la explotación forestal, la tala, el pastoreo, la quema y la roza. En ese mismo sentido, y tras invocar el artículo 15 del Código Civil, afirma que dicha prueba, por haber sido admitida, debió ser valorada y aplicada.
Censura la demandada, que la sentencia de primera instancia no haya sido debidamente motivada y que en ella no se haya efectuado un análisis racional de todos los medios de prueba aceptados en el proceso, no sólo en cuanto a su contenido, sino también en relación a su legalidad y legitimidad. Objeta además que se haya pasado por el alto el anuncio hecho sobre la existencia de un proceso de lanzamiento por intruso ventilado en la corregiduría de Pedregal previo al presente proceso, y destaca que la nota AL-572-20120 de 18 de marzo de 2010, emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente, Región de Chiriquí, establece que dicha institución no tiene dentro de sus funciones expedir certificaciones que se refieran a derechos de ocupación de bienes inmuebles, por lo que no se puede hablar de derechos posesorios existentes, máxime cuando no consta en el expediente certificación o documento público de institución oficial del Estado, que cuente con la facultad administrativa otorgada por la ley de reconocer algún derecho posesorio en la finca de su mandante.
Por último, y luego de citar el artículo 34 del Código Civil, arguye que la Resolución JD-019-94 de 2 de agosto de 1994, prohíbe la posesión, por lo que no es posible prescribir algo que no se puede poseer.
Como se tuvo la oportunidad de establecer, al momento de analizar la causal de casación en el fondo formulada por la representación judicial del demandante, la interpretación que realiza la parte demandada de los artículos sexto y octavo de la Resolución JD-019-94 de 2 de agosto de 1994 no se ajusta a su expreso tenor y, por tanto, deviene sesgada. La lectura integral de la primera de estas disposiciones revela que estas actividades son prohibidas en la medida que tengan como resultado la destrucción de los recursos naturales renovables existentes dentro del Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí. En cuanto al artículo 8 de la Resolución, aún cuando le asiste la razón al demandado al plantear que esta reconoce el régimen de propiedad privada, pierde de vista que ello no impide que la finca No. 1897 sea objeto de una prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria.
Antes bien, a partir de ese reconocimiento a la propiedad privada existente, es válido concluir que el propietario de un bien inmueble ubicado dentro del Parque Nacional, no está exonerado de sufrir los efectos de la usucapión, entendida esta como una sanción, que encuentra sustento en la falta de ejercicio de los derechos que le asisten por ostentar tal condición. Por otro lado, conviene reiterar que la resolución administrativa en cuestión no prohíbe los derechos posesorios, basta nuevamente la lectura integral - en este caso - del artículo octavo para efectuar esta afirmación - "Reconocer el régimen de propiedad privada y de posesión de la tierra existente en las inmediaciones del Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí..." -, por lo que considera la Sala que el A Quo ha interpretado correctamente sus disposiciones.
Otro cargo de agravio que plantea el demandado gira en torno al supuesto desconocimiento del anuncio de la existencia, en la corregiduría de Pedregal, de un proceso administrativo de lanzamiento contra el actor. La revisión del expediente, revela que al dar contestación al libelo de demanda, la representación judicial de SERMOCANA, S.A. pidió como prueba "el proceso administrativo de Lanzamiento por intruso interpuesto por SERMOCANA, S.A. en contra de AMILCAR DÍAZ, ERIC KLOSS, AMILCAR DÍAZ Y OTROS, por invadir la finca 1897 ubicada en La Isla Paridas (sic)", que se surtía ante la corregiduría de Pedregal (f.78). Esta prueba, según se observa en el Auto N°783 de 26 de agosto de 2011, fue admitida por el juzgado de la causa (f.94); no obstante y pese a la expedición del Oficio No.1112 de 7 de noviembre de 2011 dirigido a la corregiduría en mención (f.169), tales copias no fueron aportadas por la demandada, a cuyas costas debían realizarse. Lo anterior explica la aseveración hecha por la parte en su escrito de alzada en cuanto a que al operador judicial de primer nivel se le había anunciado la existencia del mencionado proceso.
Es pues evidente, que la parte demandada no cumplió con la carga probatoria que le impone el artículo 784 del Código Judicial, tampoco asumirla le era dable al juzgador de la causa. Basta decir aquí que, de haberse acreditado la instauración de un proceso administrativo de lanzamiento por intruso, correspondería efectuar otras consideraciones frente a la pretensión del actor, a manera de ejemplo, si dicho proceso fue o no instaurado antes de que se reunieran los requisitos de los que la ley hace depender la configuración de la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria. No siendo este el caso, pierde toda relevancia a los efectos de resolver la presente controversia el realizar mayores consideraciones al respecto.
Sobre la Nota AL-572-2012 de 18 de marzo de 2010 emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Región de Chiriquí, consultable a foja 59 del expediente, en la que certifica que dicha autoridad "dentro de sus atribuciones (artículo 7, Ley 41 de 1 de julio de 1998) no está facultada para expedir certificaciones que se refieran a derechos de ocupación de bienes inmuebles", es necesario aclarar que tal manifestación no impide que se acceda a la pretensión esgrimida por Amilkar Elvis Díaz Guerra.
Lo anterior responde a que la posesión - específicamente, sus presupuestos, el animus domini o la posesión con ánimo de dueño y el corpus -, como hecho indispensable para adquirir la propiedad a través de la figura de la usucapión, es susceptible de ser acreditada a través de cualquier medio de prueba idóneo, como lo son las pruebas testimoniales, la inspección judicial y los informes periciales resultantes de ésta. Lo esencial es que se demuestren los extremos señalados por el artículo 606 del Código Civil, que dispone que la posesión del suelo debe probarse por "hechos positivos, de aquellos que sólo da derecho el dominio, como el arrendamiento, el corte de madera, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otras de igual significación".
A distinta conclusión se arribaría, si la posesión del bien recayese en dos personas distintas, en donde una de ellas pretenda obtener la prescripción adquisitiva de dominio, excluyendo a la otra que también ocupó el bien por igual o más tiempo, habida cuenta que, como lo señala la jurisprudencia de esta Sala Civil, la posesión en este caso se probaría con el título legítimo más antiguo, de acuerdo a lo normado en los artículos 431 y 605 del Código Civil.
Aclarado este punto, corrobora la Sala que, a instancia del accionante, se recibieron los testimonios de los señores Merardo Rodrigo Rodríguez Rojas (fs.108-111), Bladimiro Eliécer Rodríguez Rojas (fs.112-115), Mariano González Zambrano (fs.117-120) y Valerio Sánchez (fs.124-127), los cuales fueron contestes al señalar que la finca sobre la cual versa este proceso había sido ocupada por el abuelo, el padre de Amilkar Elvis Díaz Guerra y por el propio demandante, desde hace cuarenta años, dedicando la tierra a actividades agrícolas y de ganadería.
Consta además a fojas 135-138 del expediente, diligencia de inspección judicial que refiere la existencia en el predio de siembra de pasto mejorado, árboles maderables y frutales de vieja data, muros de concreto para la contención de taludes, cercas de estacas vivas y muertas a cuatro cuerdas; la introducción en el sector de especies como palmas de corozo, marañón de pepita, limón real, limón criollo, así como su uso como zona de pastoreo. Estos hallazgos fueron plasmados además por los peritos participantes en la mencionada inspección en sus respectivos informes, consultables en el expediente a fojas 141-147 (Adolfo E. Álvarez, perito del tribunal), 152-155 (Jorge Cerrud Lezcano y Harmodio Cerrud Santos, peritos de la parte demandante), quienes también refieren haber entrevistado a vecinos del lugar que identifican a Amilkar Elvis Díaz Guerra como el propietario de los terrenos inspeccionados, desde hace 40 años.
Concluye, pues, la Sala Primera de lo Civil, como lo hizo el juzgador primario, que el demandante ha poseído de manera pública, pacífica, ininterrumpida con ánimo de dueño por más de quince años el área geográfica de 9has+7,544.71 m2 de la Finca No.1897, inscrita en el documento 1172332, de la sección de propiedad de la Provincia de Chiriquí, cumpliendo con los requerimientos exigidos por el artículo 1696 del Código Civil, para que opere la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala Primera de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA el fallo de 28 de septiembre de 2012, del Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial de Panamá y, en consecuencia, actuando en calidad de Tribunal de instancia, CONFIRMA la sentencia de primera instancia expedida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Judicial de Chiriquí.
Las obligantes costas se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00).
HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA}