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Timestamp: 2018-12-16 15:46:12
Document Index: 6718347

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 305', 'artículo 209', 'artículo 10', 'artículo 300', 'e contrario', 'artículo 305']

﻿ Sentencia 2000-01453 de julio 10 de 2014
SENTENCIA 2000-01453 DE 10 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:FACULTAD DE LOS GOBERNADORES PARA DELEGAR SU PODER DE CREAR, FUSIONAR Y SUPRIMIR CARGOS DE SU ADMINISTRACIÓN. SE CONCLUYÓ QUE TRATÁNDOSE DE LA SUPRESIÓN DE CARGOS EXISTENTES EN LA PLANTA DE PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES, LOS GOBERNADORES NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN ALGUNA PARA EL EJERCICIO DE DICHA FACULTAD CONSTITUCIONAL. EN EFECTO, BASTA QUE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO ASÍ LO EXIJAN PARA QUE EL JEFE DEL RESPECTIVO ENTE TERRITORIAL, PREVIO ESTUDIO TÉCNICO, PROCEDA A AJUSTAR SU PLANTA DE PERSONAL TENIENDO EN CUENTA, SE REPITE, EL INTERÉS GENERAL LIGADO A RAZONES ESTRICTAMENTE DEL SERVICIO. DE ESTA MANERA, LA FACULTAD CON QUE CUENTA LOS GOBERNADORES PARA CREAR, FUSIONAR Y SUPRIMIR CARGOS DE SU ADMINISTRACIÓN DEVIENE DIRECTAMENTE DEL ARTÍCULO 305 NUMERAL 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LO QUE LE DA EL CARÁCTER DE UNA ATRIBUCIÓN PROPIA, ESTO ES, QUE NO REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SU EJERCICIO, NI ESTÁ SUJETA A PLAZO O CONDICIÓN, CON LO CUAL TAMBIÉN ES PERFECTAMENTE VÁLIDA LA DELEGACIÓN DE ESTA FUNCIÓN A OTRAS AUTORIDADES SIN NECESIDAD DE MÁS TRAMITES QUE SU VOLUNTAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SUPRESIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS, AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR
Sentencia 2000-01453 de julio 10 de 2014
Expediente: 680012331000200001453 01
Referencia: 1859-2013
Actor: Francisco Javier Mayorga Carvajal
Le corresponde a la Sala determinar si el Gobernador del departamento de Santander, en el marco del proceso de reestructuración al que fue sometida la planta de personal de ese ente territorial, podía delegar en sus subalternos la expedición de los actos administrativos de retiro del servicio por supresión de cargos, entre ellos, el que venía desempeñando el demandante como auxiliar administrativo, código 55016, grado 16.
Así las cosas, teniendo en cuenta que este despacho mediante sentencias de 26 de septiembre de 2013, Rad. 1044-2012 y 13 de marzo de 2014, Rad. 1605-2011 ya ha resuelto asuntos cuyo problema jurídico guarda identidad con el que hoy formula la parte demandante, la Sala en el caso concreto, entrará a desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 30 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, sin atender el orden y fecha en que el presente asunto entró para fallo al despacho que sustancia esta causa.
I. De la delegación de funciones administrativas
Sobre este particular, cabe recordar que si bien es cierto el constituyente de 1991 adoptó la fórmula de Estado social de derecho, en forma de República unitaria, tal expresión se ve morigerada por figuras como la descentralización y la autonomía de las entidades territoriales, esto en contraposición a la clásica estructura del poder público, a saber, jerárquica, rígida y, en extremo, centralizada.
En punto del ejercicio de la función administrativa, el nuevo texto constitucional en su artículo 209, además de enunciar los principios que deben orientar su desarrollo, entre ellos, la eficacia, celeridad y economía, señala como instrumentos para su permanente realización la descentralización, la desconcentración de funciones y la delegación. Esta última entendida como “(...) Una técnica de manejo administrativo de las competencias que autoriza la Constitución (...), en virtud de la cual, se produce el traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por este, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la ley (...)”(1).
Tales elementos y características, propias de la delegación de funciones administrativas fueron desarrollados y complementados con posterioridad por el legislador a través de la Ley 489 de 1998 al precisar, en sus artículos 9º a 11(2), que: i) la delegación posibilitaba la distribución de facultades entre las distintas autoridades que integran la administración, mediante acto escrito en el que deben detallarse las funciones transferidas a la autoridad delegataria; ii) la delegación no supone para la autoridad delegante la pérdida de la titularidad sobre una competencia determinada sino el traslado temporal de su ejercicio en la autoridad delegataria; iii) la delegación es revocable por lo que el delegante puede reasumir el ejercicio de una facultad en cualquier momento; iv) los actos expedidos al amparo de la delegación son susceptibles de recursos en vía gubernativa y v) por disposición legal hay facultades cuyo ejercicio resulta indelegable, esto en consideración a las calidades de la autoridad delegante o a la materia sobre la que recaería la delegación, entre otras circunstancias.
Sobre el particular esta corporación, en sentencia de 31 de octubre de 2007, Rad. 13503, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, precisó lo siguiente:
c. También se ha remarcado que “la delegación no implica la pérdida de la titularidad sino la transferencia del ejercicio de la competencia”. Dos aspectos interesa destacar de esta afirmación: el primero, que en la medida en que la delegación es esencialmente revocable y en cualquier momento el delegante puede reasumir la competencia delegada, se transfiere tan solo el ejercicio, mas no la titularidad de la misma, la cual se mantiene siempre en el catálogo de funciones asignadas por la ley al empleo público correspondiente. Y, el segundo, que si bien tanto la ley y la jurisprudencia como la doctrina han señalado, en no pocas ocasiones que “el objeto de la delegación es la competencia o autoridad que ostenta el delegante para ejercer las funciones de su cargo”, es lo cierto que el propio constituyente colombiano zanjó la cuestión al establecer que lo delegable son las funciones propias del cargo del cual se trate —arts. 196 inc. 4º, 209 y 211 constitucionales— (...).
Así las cosas, bien puede una autoridad administrativa valerse de la delegación y trasladar en otra autoridad, “con funciones afines o complementarias”, el ejercicio concreto de determinadas tareas a través, como quedó visto, de acto escrito en el que como lo preceptúa el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, se debe “determinar la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren”, siempre que no exista prohibición legal en ese sentido.
a. De la facultad constitucional de los gobernadores para suprimir los empleos de sus dependencias. Reiteración jurisprudencial.
7. Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta (...)”.
“(...) El artículo 300-7 de la Constitución Política le asigna a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas, la función de “Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo”, y a los gobernadores (art. 305-7 ib.), la función de: “crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas”.
Una lectura armónica de los anteriores preceptos debe entender que la competencia para crear, suprimir y fusionar los empleos en las dependencias de la administración central del departamento la tiene de forma exclusiva y autónoma el gobernador, siempre y cuando ella no comporte un cambio o modificación en la estructura orgánica de la administración departamental.
b. Del proceso de reestructuración al que fue sometida la planta de personal del departamento de Santander y de la supresión del cargo que venía desempeñando el demandante.
Mediante Ordenanza 1 de 13 de febrero de 1998 la Asamblea Departamental de Santander facultó al gobernador para que celebrar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un convenio de desempeño, dada la difícil situación financiera por la que venía a travesando el referido ente territorial.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Asamblea Departamental de Santander mediante Ordenanza 50 de 8 de enero de 1999 facultó al gobernador para que adelantara la totalidad de las gestiones tendientes para ingresar al programa de apoyo al saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional de las entidades territoriales del Ministerio de Hacienda, PASFFIT, y formular el correspondiente proyecto de reforma económica territorial (fls. 197 a 198, cdno. 2 del expediente).
El 30 de diciembre de 1999 el Gobernador del departamento de Santander mediante Resolución 10744 delegó en el señor Luis Francisco Rodríguez, para ese momento director administrativo de la secretaría general del referido ente territorial, la “expedición de los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos de los empleados del departamento”. Dicho acto, cabe advertir, fue aclarado en la misma fecha, mediante Resolución 10774, en el entendido de que el señor Luis Francisco Rodríguez, contaba previamente con la calidad de “Gerente del proceso de reestructuración administrativa de la administración central y descentralizada del departamento de Santander” en virtud de comisión especial (fls. 233 a 234, cdno. 2 del expediente).
En ejercicio de las facultades delegadas por el Gobernador del departamento de Santander, el referido gerente del proceso de reestructuración administrativa de la administración central y descentralizada del citado ente territorial, mediante Decreto 392 de 30 de diciembre de 1999, procedió a suprimir un número de cargos existentes en la planta de personal del departamento (fls. 214 a 232, cdno. 2).
En la misma fecha, mediante oficio, le fue informado al demandante que el cargo de auxiliar administrativo, código 55016, grado 16, que venía desempeñando, había sido suprimido en virtud a lo dispuesto en el Decreto departamental 392 de 1999 razón por la cual, y teniendo en cuenta que gozaba de los derechos propios del sistema de carrera administrativa, podía optar por recibir la indemnización por supresión del cargo o por la incorporación en un empleo equivalente al que venía desempeñando (fl. 20, cdno. 1 del expediente).
c. De la delegación efectuada por el Gobernador del departamento de Santander para efectos de expedir los actos mediante los cuales se suprimieron los cargos existentes en la planta de personal, entre esos el que venía desempeñando el demandante.
El argumento principal planteado por el demandante, y en torno al cual gira la presente controversia, se contrae a la supuesta imposibilidad para que el Gobernador del departamento de Santander, en el marco del proceso de reestructuración del referido ente territorial, delegara en otro funcionario la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se suprimieron un número de cargos, entre ellos el que venía desempeñando el actor como auxiliar administrativo, código 55016, grado 16, nivel administrativo.
Al respecto, estima la Sala que es cierto, tal y como quedó visto en precedencia, que el Gobernador del departamento de Santander mediante resoluciones 10744 y 10774 de 30 de diciembre de 1999 delegó en el gerente del proceso de reestructuración administrativa la expedición de los actos a través de los cuales se suprimían los cargos existentes en la referida planta de personal.
De igual forma, debe decirse que contrario a lo expresado por el accionante, la facultad con que cuentan los gobernadores para crear, fusionar y suprimir cargos de su administración deviene directamente de la Constitución Política, numeral 7º artículo 305, lo que le da el carácter de una atribución propia, esto es, que no requiere la intervención de otras autoridades administrativas para su ejercicio, ni está sujeta a plazo o condición. Así las cosas, podía el Gobernador del departamento de Santander, en ejercicio de la delegación, transferir a otro funcionario, con funciones afines o complementarias, el ejercicio temporal de dicha facultad sin que ello, per se, constituyera una decisión contraria a la Constitución Política y a la ley.
Lo anterior, más aún, si como en el caso concreto las referidas resoluciones 10744 y 10774 de 30 de diciembre de 1999, reúnen los requisitos previstos por el legislador tratándose de la delegación de funciones administrativas. En efecto, se advierte que la delegación efectuada por el Gobernador del departamento de Santander se encuentra consignada en acto escrito, en el que como autoridad delegataria se identificó plenamente al señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira, a saber, director administrativo de la secretaría general de la Gobernación de Santander, comisionado como gerente del proceso de reestructuración administrativa de ese ente territorial, y al que se le atribuyó únicamente la función de “expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos”.
Sobre este particular, esta Sección en sentencia de 5 de noviembre de 2009, Rad. 8445-2005, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, al estudiar la legalidad de las resoluciones 10744 y 10774 de 30 de diciembre de 1999, precisó que:
“(...) Es competencia del gobernador del departamento la supresión de empleos, de manera que él si mediante los actos acusados aquel(sic) confió a un subordinado la tarea de “expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos”, según rezan las resoluciones 10744; 10774 y 663, delegó una competencia constitucional propia, por lo que, el acto de asignación de esa responsabilidad no merece reproche por este preciso aspecto, pues no incurrió el gobernador en el fenómeno de la subdelegación de una competencia ajena.
De la lectura del artículo (11 de la L. 489/98) se infiere que la regla general es la delegación y que los casos de prohibición deben estar regulados de modo expreso por la Constitución o la ley, circunstancia que excluye la analogía que vislumbra el demandante.
Así las cosas, y concluyendo para el caso concreto, debe decirse que en ejercicio de la delegación administrativa, prevista en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política y 9º a 11 de la Ley 489 de 1998, podía el Gobernador del departamento de Santander transferir en forma temporal el ejercicio de la facultad que el constituyente de 1991 le atribuyó para suprimir los empleos existentes en sus dependencias sin que, ello como lo sostiene la parte demandante, constituya una desnaturalización de las competencias que gobiernan el normal desarrollo de la función pública.
Teniendo en cuenta lo anterior, el hecho de que los actos hoy demandados, a saber, por los cuales se concretó el proceso de reestructuración del departamento de Santander y se suprimió el cargo que venía desempeñando el demandante como auxiliar administrativo, código 55016, grado 16, hubieran sido expedidos por el gerente de dicho proceso de restructuración en nada afectan su legalidad, toda vez que como quedó debidamente demostrado en precedencia, el citado funcionario se encontraba facultado plenamente para tomar dichas decisiones en virtud a la delegación conferida por el gobernador a través de las resoluciones 10744 y 10774 de 30 de diciembre de 1999.
De acuerdo a las consideraciones que anteceden, estima la Sala que la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos cuestionados, razón por la cual, confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en precedencia.
CONFÍRMASE la sentencia de 30 de enero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda promovida por el señor Francisco Javier Mayorga Carvajal contra el departamento de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
(1) Corte Constitucional Sentencia C-382 de 5 de abril de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(2) “ART. 9º—Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.
(6)(sic) Sentencia de 1º de febrero de 2011, Rad. 0622-2009, actor: Ely Gómez Ortega, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.