Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-260-de-abril-6-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a51ecac919a20146e0430a0101510146&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-22 23:31:25
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 397', 'artículo 397', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 397', 'artículo 397', 'artículo 397', 'artículo 397', 'artículo 2', 'artículo 397', 'artículo 250', 'artículo 93', 'artículo 25', 'artículo 11', 'artículo 192', 'artículo 135', 'artículo 357', 'artículo 327', 'artículo 284', 'artículo 289', 'artículo 333', 'artículo 344', 'artículo 356', 'artículo 358', 'artículo 359', 'artículo 339', 'artículo 92', 'artículo 132', 'artículo 102', 'artículo 137', 'artículo 378', 'artículo 391', 'artículo 395', 'artículo 177', 'artículo 378', 'artículo 391', 'artículo 395', 'artículo 371', 'artículo 397', 'artículo 398', 'artículo 397', 'artículo 397', 'artículo 397', 'artículo 243', 'artículo 33', 'artículo 132', 'artículo 277', 'artículo 250', 'artículo 250']

﻿ Sentencia C-260 de abril 6 de 2011
SENTENCIA C-260 DE 06 DE ABRIL DE 2011
CONTENIDO:INTERVENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL. PUEDE SER LIMITADA DURANTE EL JUICIO ORAL DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESA ETAPA PROCESAL. SE DECLARA EXEQUIBLE ALGUNAS EXPRESIONES DEL ARTÍCULO 397(PARCIAL) DE LA LEY 906 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DE LA VÍCTIMA, INTERVENCIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL, JUICIO ORAL, PROCEDIMIENTO PENAL
Sentencia C-260 de abril 6 de 2011
Ref.: Expediente D-8269
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 397 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
ART. 397.—Interrogatorio por el juez. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio, para conseguir que el testigo responda la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”.
2.1. Inexistencia de cosa juzgada constitucional.
Como es sabido, el mandato de cosa juzgada constitucional se reconoció en el artículo 243 superior, según el cual “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. Encuentra sustento en los principios de prevalencia del interés general, confianza legítima, igualdad de trato, debido proceso y, sobre todo, seguridad jurídica(3), que la jurisprudencia ha explicado en los siguientes términos:
“El artículo 243 de la Constitución Política le reconoce fuerza de cosa juzgada a los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional. Ello significa que las decisiones judiciales adoptadas por la corporación en cumplimiento de su misión de asegurar la integridad y la supremacía de la Carta, adquieren un carácter definitivo, incontrovertible e inmutable, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y dilucidados en procesos anteriores, no resulta admisible replantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento de fondo.
Así entendida, la cosa juzgada constitucional, además de salvaguardar la supremacía normativa de la Carta, está llamada a garantizar la efectiva aplicación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los administrados, pues, por su intermedio, se obliga al organismo de control constitucional a ser consistente con las decisiones que adopta previamente, impidiendo que casos iguales o semejantes sean estudiados y resueltos por el mismo juez en oportunidad diferente y de manera distinta”(4).
“4.2. El efecto de cosa juzgada es claro cuando la norma demandada a través de la acción pública de inconstitucionalidad ha sido declarada inexequible, ya que la disposición contraria a la Carta desaparece del ordenamiento jurídico y, en el futuro, si se presentan demandas sobre la misma norma, no existe objeto sobre el cual pronunciarse. Sin embargo, el asunto presenta cierta complejidad cuando, como en el presente caso, una vez agotado un estudio de constitucionalidad la norma ha sido declarada exequible pero posteriormente se presentan nuevas demandas, pues no siempre es claro cuál es el alcance de la decisión previa.
En la práctica la declaratoria de exequibilidad permite, al menos en principio, que en el futuro se presenten otras acusaciones en relación con la misma norma, a tal punto que el propio ordenamiento consagra la posibilidad de admitir nuevas demandas de inconstitucionalidad, aún cuando la Corte conserva la posibilidad de reconocer el efecto de cosa juzgada al momento de proferir sentencia, “caso en el cual se abstendrá de decidir de fondo y proferirá entonces la orden de estarse a lo resuelto en su anterior pronunciamiento, que generó el efecto de cosa juzgada”(5).
4.3. Frente a este tipo de situaciones la jurisprudencia ha explicado que puede haber (i) cosa juzgada absoluta o (ii) cosa juzgada relativa. Existe cosa juzgada absoluta, “cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional”(6). Respecto de la cosa juzgada relativa, esta corporación ha dicho que se configura cuando “el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro ‘se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado’ (Auto 171/2001)”(7).
La Corte también ha distinguido entre (ii.a) cosa juzgada relativa explícita y (ii.b) cosa juzgada relativa implícita: “explícita, en aquellos eventos en los cuales los efectos de la decisión se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita cuando tal hecho tiene ocurrencia en forma clara e inequívoca en la parte motiva o considerativa de la providencia, sin que se exprese en el resuelve (sic)”(8).
Así mismo, algunos eventos se circunscriben a lo que la jurisprudencia ha llamado (iii) cosa juzgada aparente (o cosa juzgada absoluta aparente), “si pese al silencio que se observa en la parte resolutiva de la sentencia, existen en su parte motiva referencias suficientes para concluir que, en realidad, la Corte limitó su análisis únicamente a los cargos que le fueron planteados en la demanda, o a la confrontación de la norma acusada con el contenido de unos determinados preceptos constitucionales”(9).
Por último, la jurisprudencia ha diferenciado la (iv) cosa juzgada formal y la (v) cosa juzgada material. La primera se presenta “cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio”(10); en estos casos se impide volver a revisar la decisión adoptada(11). Por su parte, la cosa juzgada material se presenta “cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica”(12) (resaltado fuera de texto).
En relación con la norma aquí demandada, algunos intervinientes han planteado la existencia de cosa juzgada formal (Sent. C-144/2010) o material (Sent. C-209/2007). Sin embargo, como pasa a explicarse, la Sala considera que estas apreciaciones no son correctas.
a. Inexistencia de cosa juzgada formal.
“Respecto del artículo 397 (parcial), debe establecer la Corte si la facultad reconocida en cabeza del juez de conocimiento y del Ministerio Público para que, una vez concluidos los interrogatorios de las partes, hagan preguntas complementarias a los testigos del proceso para el cabal entendimiento del caso, vulnera el derecho al debido proceso por suponer una ruptura tanto del principio de pasividad del juez en el sistema penal colombiano con tendencia acusatoria, como de la igualdad de armas. Igualmente, debe establecerse si la intervención del Ministerio Público en la práctica de la prueba testimonial vulnera el principio de legalidad, en la medida en que tal atribución no hace parte de las que contemplan los artículos 250 y 277 de la Constitución Política”.
“(...) Séptimo: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos, la proposición normativa “Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”, del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal” (resaltado fuera de texto).
Como se observa, la Sentencia C-141 de 2010 constituye cosa juzgada relativa, limitada a los cargos entonces propuestos, los cuales son sustancialmente diferentes a los que ahora se plantean. En efecto, mientras en aquella oportunidad el demandante reprochó la facultad del juez y del Ministerio Público de formular preguntas complementarias una vez terminados los interrogatorios (que en su sentir afectaban los derechos del acusado), en esta oportunidad se cuestiona que dicha atribución no se haga extensiva a la víctima (según el ciudadano en desmedro del derecho que ella tiene a intervenir directamente en el proceso penal).
b. Inexistencia de cosa juzgada material.
(iii) Que no se hayan producido cambios económicos, sociales, culturales, políticos e, incluso, ideológicos sustancialmente significativos que hagan insostenible, a la luz de la Constitución, el pronunciamiento anterior. Esto es, que se presente una identidad en el contexto fáctico y normativo entre el momento en que la Corte hizo su anterior pronunciamiento y el momento en que se solicita el nuevo análisis (C-1121/2005)(13)”.
La vista fiscal recuerda que en la Sentencia C-209 de 2007 la Corte declaró exequibles varias normas del Código de Procedimiento Penal que impiden a la víctima controvertir directamente las pruebas, interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planeen en el juicio oral. Sostiene, además, que la facultad de la víctima de hacer preguntas complementarias que ahora se demanda coincide con la facultad de interrogar a los testigos y en el fondo es una prolongación de la misma diligencia o actuación, de manera que la controversia propuesta versa sobre el mismo tópico examinado en dicha providencia y desestimada por el tribunal constitucional. Con base en ello, concluye que existe cosa juzgada material.
En efecto, en la Sentencia C-209 de 2007 la Corte examinó, entre otros asuntos, la constitucionalidad de las normas que solo permiten a las partes (excluyendo así a la víctima) controvertir directamente los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio oral (CPP, art. 378), interrogar al testigo (CPP; art. 391) y oponerse a las preguntas que se planeen en el juicio oral (CPP; art. 395). Sin embargo, en esa oportunidad no se analizó la norma que regula la facultad de hacer preguntas complementarias por parte del juez y del Ministerio Público (CPP, art. 397).
Adicionalmente, se observa que el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, en el aparte ahora acusado, tiene un contenido normativo o deóntico diferente al de los artículos que fueron examinados en la Sentencia C-209 de 2007. Ello se explica al menos por tres razones: (i) en primer lugar, porque el artículo 397 no regula la facultad genérica de contradicción probatoria ni la potestad de interrogar al testigo en toda su dimensión, sino únicamente se refiere a la posibilidad de hacer preguntas complementarias una vez concluidos los interrogatorios; en segundo lugar, porque esa norma no contempla una atribución a todas las partes del proceso penal, sino que la restringe a dos sujetos (juez y Ministerio Público); y finalmente, porque su propósito no es la contradicción del testimonio sino la formulación de preguntas complementarias para el cabal entendimiento de caso.
De esta manera, como se trata de contenidos normativos diferentes a los que fueron analizados en la Sentencia C-209 de 2007, es claro que no se cumple el primer presupuesto exigido por la jurisprudencia para la existencia de la cosa juzgada material, lo que en todo caso no implica que los argumentos y consideraciones allí expuestas no sean relevantes para el análisis que ahora ocupa la atención de la Sala.
2.2. Aptitud de la demanda.
Aún cuando no ofrece explicación alguna sobre el particular, la Fiscalía General de la Nación solicita a la Corte declararse inhibida, “por cuanto los cargos por omisión legislativa relativa carecen de certeza, claridad y suficiencia”. Entre la Sala a valorar ese reparo.
Como es sabido, la inactividad del legislador puede ser objeto de control a través de la acción pública de inconstitucionalidad. Ello tiene cabida frente a omisiones legislativas relativas (no absolutas); es decir, en aquellos eventos en los cuales el legislador ha desplegado una actividad reguladora en algún ámbito, pero al hacerlo incurre en deficiencias de orden constitucional, con lo cual “ha excluido determinado ingrediente o condición jurídica que resulta imprescindible a la materia allí tratada, o que habiéndolo incluido, termina por ser insuficiente e incompleto frente a ciertas situaciones que también se han debido integrar a sus presupuestos fácticos”(14).
“Para que una demanda de inconstitucionalidad contra una omisión legislativa relativa sea admisible, resulta necesario que el actor acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión. De esta suerte, no resultan atendibles los cargos generales que se dirigen a atacar un conjunto indeterminado de normas (C-543/96) con el argumento de que omiten la regulación de un aspecto particular, o los que se dirigen a atacar normas de las cuales no emerge el precepto que el demandante echa de menos”(15).
En la misma dirección, ha sido enfática en reconocer que “solo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada”(16). De lo contrario la demanda incumplirá el requisito de certeza en la formulación del cargo y, por lo tanto, habrá de proferirse un fallo inhibitorio, más aún cuando no corresponde a la Corte abordar un análisis oficioso de las leyes ordinarias. Ha dicho al respecto:
“La existencia de cargos y la necesidad, de que estos se prediquen de la preceptiva impugnada, constituye, entonces, condición indispensable para activar el proceso de inconstitucionalidad de las leyes. Por su intermedio, además de preservarse el origen popular y participativo que caracteriza esta clase de juicio —promovido mediante el ejercicio de una acción pública con intervención activa de la sociedad—, se persigue limitar el ámbito de competencia funcional del organismo de control constitucional, definiendo con antelación las normas que han sido válidamente acusadas y sobre las cuales aquel debe pronunciarse de fondo.
Así las cosas, al margen de las condiciones que son necesarias para determinar la ocurrencia de una omisión relativa, es claro que las demandas dirigidas contra normas de las cuales no se extraiga en forma directa la materia que ha sido omitida por el legislador, no pueden ser resueltas en sede del proceso de constitucionalidad. No solo por cuanto se ha desconocido el cumplimiento de un requisito de admisibilidad de la acción —acusar el precepto del cual surge la presunta violación a la Carta—, sino además, (y en plena concordancia con lo anterior) por cuanto la Constitución Política no le otorga a la Corte competencia para examinar, ex officio, aquellas disposiciones que no fueron formalmente acusadas por los ciudadanos mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad (C.P., arts. 241.4-5)(17).
“Como se ve, esta corporación ha definido que para que el cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar, es necesario que se cumplan determinados requisitos, que se pueden sintetizar de la siguiente manera: a) que exista una norma sobre la cual se predica; b) que una omisión en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador”(18).
La Sala constata que en esta oportunidad la demanda ha sido formulada conforme a las exigencias trazadas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y desarrolladas en la jurisprudencia de esta corporación, particularmente en cuanto al cargo por omisión legislativa relativa y el deber de exponer de manera clara, cierta, específica, pertinente y suficiente las razones de inconstitucionalidad. Lo anterior, teniendo como base el principio pro actione, según el cual “el examen de los requisitos adjetivos de la demanda no debe ser sometido a un riguroso escrutinio y se debe preferir una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante esta Corte”(19).
(i) Su demanda recae sobre el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal (en adelante CPP), que está vinculada directamente a la omisión que reprocha, por cuanto es esta la norma que regula la facultad de hacer preguntas complementarias una vez concluidos los interrogatorios en el proceso penal.
(v) Finalmente considera que el legislador ha incumplido el deber de configurar una intervención directa de la víctima en esta fase del proceso penal, derivada de los artículos 2º, 29, 228 y 229 de la Constitución, en concordancia con los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En este orden de ideas, el ciudadano ha expuesto un hilo argumentativo serio y coherente que plantea una problemática seria de orden constitucional, relacionada con los derechos de la víctima y la existencia de una omisión legislativa que, a su parecer, es contraria a la Carta Política. Ello, como es obvio, solo activa la competencia de la Corte para abordar un análisis material del asunto, sin que de ninguna manera implique que los reproches de inconstitucionalidad están por ese solo hecho llamados a tener éxito.
Teniendo en cuenta los antecedentes reseñados, corresponde a la Corte establecer si una norma del Código de Procedimiento Penal que permite al juez y al Ministerio Público hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso una vez concluidos los interrogatorios de las partes, pero que excluye a la víctima de esa facultad, configura una omisión legislativa que vulnera los derechos de la víctima al debido proceso y acceso efectivo a la justicia (C.P., arts. 2º, 29, 228 y 229, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
4. Generalidades del proceso penal colombiano.
4.1. El Acto Legislativo 3 de 2002 sentó las bases constitucionales de un nuevo sistema de investigación, acusación y juzgamiento penal en Colombia, cuyo desarrollo se encomendó al Congreso de la República y se materializó por este a través de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, y las demás normas que la modifican.
El nuevo sistema ha sido calificado por la jurisprudencia como de partes en un proceso adversarial modulado con tendencia acusatoria, en la medida en que no adopta integralmente las características de un modelo acusatorio puro, sino que mantiene sus rasgos estructurales introduciendo diferentes ajustes que pretenden responder a las necesidades y particularidades de la realidad colombiana(20). Desde las primeras decisiones que examinaron el alcance de la reforma constitucional introducida, esta corporación ha venido recogiendo algunas de las diferencias más sobresalientes, que han sido explicadas en los siguientes términos:
“Ahora bien, de la interpretación teleológica y sistemática del Acto Legislativo 3 de 2002 y de la Ley 906 de 2004, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en sostener que dentro de las características claras del sistema penal acusatorio se encuentran, entre otras, las siguientes:
“i) Separación categórica en las etapas de investigación y juzgamiento. Como consecuencia de ello, desaparece la instrucción como fase de la instancia procesal encomendada al juez y se convierte en una etapa de preparación para el juicio. De esta forma, al juez penal se le encomienda el control de las garantías legales y constitucionales y el juzgamiento mediante el debido proceso oral (...).
“ii) El rol del juez en el sistema penal acusatorio está centrado en el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación jurídica de los hechos. Así, el control judicial no solo debe concretarse en el cumplimiento formal de los requisitos sino en la efectividad de los derechos sustanciales en juego (...).
iii) La actuación judicial solamente procede a petición de parte. Así, de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución, el ejercicio de la acción penal está a cargo de la Fiscalía, quien puede solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad. Esa misma autoridad tiene a su cargo la presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, la solicitud de la preclusión de las investigaciones y las medidas necesarias para la protección de las víctimas (250- 4, 5º, 6º y 7º).
“vi) Las funciones judiciales del control de garantías y de conocimiento suponen la clara distinción de dos roles para los jueces penales. El primero, el que tiene a su cargo la protección de las garantías y libertades individuales en las etapas preliminares a la imputación y, el segundo, el juez que tiene la responsabilidad de llevar adelante el juicio penal con todas las garantías procesales y sustanciales propias del debido proceso”(21) (resaltado fuera de texto).
4.2. En lo referente a la estructura general del proceso, el diseño adoptado por el legislador se divide en dos grandes fases: (i) la investigación y (ii) el juicio. En algunas ocasiones la Corte ha mencionado la imputación y la acusación(22) y en otras se ha referido a la indagación preliminar y la preparación como etapas intermedias(23). Sin embargo, siempre ha dejado claro que el proceso penal gira en torno a las etapas de investigación y juicio, donde esta última cobra especial protagonismo en virtud de su carácter oral, público, con inmediación de las pruebas, contradictorio y concentrado (C.P., art. 250-4). Por lo mismo, la Corte no ha dudado en calificar dicha etapa como “el centro de gravedad del proceso penal”. Ha dicho al respecto:
“(a) En cuanto a las etapas del procedimiento, se mantuvo la distinción entre la fase de investigación —encaminada a determinar si hay méritos para acusar— y la fase de juzgamiento, pero se otorgó una clara preponderancia, bajo el nuevo sistema, a esta última; ya se vio cómo el constituyente derivado de 2002 caracterizó el juicio penal como una etapa regida por la oralidad, la publicidad, la inmediación de las pruebas, la contradicción, la concentración y el respeto por todas las garantías fundamentales. La etapa del juicio se constituye, así, en el centro de gravedad del proceso penal bajo el sistema instituido por el acto legislativo, a diferencia del sistema de 1991, que conservó la importancia de la etapa de investigación(24). En efecto, bajo el sistema preexistente, es durante la investigación que lleva a cabo la Fiscalía que se practican y valoran las pruebas que obran dentro del proceso, por parte de un funcionario que ejerce funciones judiciales e investigativas al mismo tiempo. En virtud del acto legislativo, el trabajo investigativo de la Fiscalía constituye más una preparación para el juicio, que es público y oral, durante el cual (i) se practicarán y valorarán, en forma pública y con participación directa del imputado, las pruebas que se hayan podido recaudar, en aplicación de los principios de inmediación judicial y contradicción de la prueba, (ii) se aplicará el principio de concentración, en virtud del cual las pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera global durante una etapa procesal de corta duración que otorgue al juez, y al jurado según el caso, una visión de conjunto y le permita fundamentar sus decisiones en la totalidad de las pruebas existentes, y (iii) se adoptarán, con igual publicidad, las decisiones definitivas a las que haya lugar respecto de la responsabilidad penal del acusado”(25).
“Con respecto a los actores que intervienen en la relación jurídica y en el proceso penal, se resalta que el nuevo esquema constitucional prevé la intervención (a) del imputado, (b) del fiscal, (c) del juez de conocimiento de la causa, (d) del Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la Nación, (e) del juez de control de garantías, y (f) de los jurados, encargados ahora de administrar justicia en forma transitoria en los términos que señale la ley. Así mismo, el acto legislativo faculta al legislador para fijar los términos precisos en los cuales (g) las víctimas del delito habrán de intervenir en el proceso penal”(26).
“Además, cabe recordar, que el nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demostrar su inocencia; ya que, por una parte, el juez no es un mero árbitro del proceso; y por otra, intervienen activamente en el curso del mismo el Ministerio Público y la víctima. Cabe recordar, que en desarrollo de la investigación las partes no tienen las mismas potestades, y la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de esta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad”(27).
La identificación de los diferentes actores en el proceso penal ha permitido diferenciar aquellos que en estricto sentido son “partes”, esto es, el imputado y el fiscal, de quienes no tienen esa calidad y, por lo tanto, han sido llamados genéricamente “intervinientes” o “intervinientes especiales”, como ocurre con el Ministerio Público o la víctima. Teniendo en cuenta que en esta oportunidad el debate se centra en las atribuciones de la víctima, la Sala considera necesario examinar con detalle sus derechos en el proceso penal.
5. Los derechos de las víctimas y la prohibición de protección deficiente por el legislador.
5.1. En una interpretación sistemática del ordenamiento constitucional (arts. 1º, 2º, 15, 21, 229 y 250), concordante con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos (integrados a través de los C.P., arts. 93 y 94), la Corte ha explicado que a las víctimas de un delito les asiste una pluralidad de derechos que trascienden la dimensión estrictamente económica o indemnizatoria y se sitúan en el plano de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Esta conceptualización sobre los derechos de las víctimas se recoge en la Sentencia C-228 de 2002, que señaló:
“De lo anterior surge que tanto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia —no restringida exclusivamente a una reparación económica — fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello solo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.
“1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos(28).
“3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito(29).
“Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la parte civil, es posible que en ciertos casos, esta solo esté interesada en el establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan solo un ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, el patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño material causado sea ínfimo —porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha restituido el patrimonio público— pero no se ha establecido la verdad de los hechos ni se ha determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas tienen un interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia a través del proceso penal”(30).
Decisiones posteriores han precisado y delimitado el alcance de los derechos de las víctimas de un hecho punible(31). Por ejemplo, en la Sentencia C-454 de 2006 la Corte se refirió en concreto a cada uno de ellos en los siguientes términos:
31. El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad(32) (principios 1º a 4º) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber.
El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”(33), y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte(34).
32. Proyectando estos principios en el ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el derecho de acceder a la verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima(35).
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso penal(36), y el derecho a participar en el proceso penal(37), por cuanto el derecho al proceso en el Estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se expresa en “que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas”(38).
34. El derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas(39).
5.2. Concordante con ello, la Constitución (arts. 29 y 229) y las normas internacionales que se integran a ella a través del bloque de constitucionalidad (arts. 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos), reconocen a las víctimas el derecho a un recurso judicial efectivo como instrumento imprescindible para hacer efectivo los mencionados derechos a la verdad, justicia y reparación integral. En este sentido, la Sentencia C-454 de 2006 puntualizó:
36. Con fundamento en el artículo 93 constitucional, que establece que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la Corte ha examinado la evolución que en el derecho internacional, ha tenido la protección de los derechos de las víctimas, particularmente el derecho a un recurso judicial efectivo, como elemento fundamental de esa protección. Los más relevantes instrumentos internacionales consagran explícitamente este derecho(40).
38. De otra parte, los artículos 8º y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, consagran el derecho de todas las personas a acudir a los procesos judiciales para ser escuchadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para la determinación de sus derechos y obligaciones. De particular relevancia en relación con los derechos de las víctimas, es el artículo 25 de este instrumento que hace parte de la protección judicial a la cual está obligado el Estado. Esta norma consagra el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales.
41. Sobre la efectividad del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo (C.P., arts. 29 y 229), ha establecido la jurisprudencia que su garantía depende de que estas puedan intervenir en cualquier momento del proceso penal, aún en la fase de indagación preliminar. Su intervención no solo está orientada a garantizar la reparación patrimonial del daño inferido con el delito, sino también a la satisfacción de sus derechos a la justicia y a la verdad. En ocasiones, incluso la representación de las víctimas en el proceso penal tiene unos cometidos exclusivamente vinculados al goce efectivo de los derechos a la justicia y la reparación. Bajo estas consideraciones la Corte Constitucional estableció una doctrina en la que explícitamente abandonó una concepción reductora de los derechos de las víctimas, fundada únicamente en el resarcimiento económico, para destacar que las víctimas, o los perjudicados con el delito, tienen un derecho efectivo al proceso y a participar en él, con el fin de reivindicar no solamente intereses pecuniarios, sino también, y de manera prevalente, para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia(41).
5.3. En el marco de la reforma introducida por el Acto Legislativo 3 de 2002 el constituyente encomendó a la ley la regulación de los términos bajo los cuales las víctimas pueden intervenir en el proceso penal. Dice la norma:
“ART. 250.—(...) En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa” (resaltado fuera de texto).
No obstante, conviene advertir que a pesar de su amplia potestad de configuración para el diseño de los mecanismos concretos de intervención de la víctima en el proceso penal, en todo caso el legislador debe otorgarle un recurso judicial que le permita hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral(42). Para ello es necesario tomar en consideración al menos dos referentes constitucionales:
(i) De un lado, la especial consideración de la víctima y de sus intereses en el proceso, en una dimensión que supera las expectativas meramente económicas. En esa medida, como lo ha señalado la jurisprudencia, la intervención de la víctima es una de las particularidades de nuestro sistema procesal penal(43), quien además ocupa un papel protagónico independiente de su calificativo como parte o interviniente(44).
(ii) Sin embargo, de otro lado, al regular la intervención de la víctima el legislador no puede pasar inadvertidos los, rasgos y características estructurales del sistema, que como se dijo anteriormente es adversarial (de partes) modulado con tendencia acusatoria. Es así como la Corte ha insistido en que la protección de los derechos de la víctima se debe garantizar de acuerdo con las especificidades de cada una de las etapas del proceso:
6.4. Ya en el contexto del nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, que desarrolló el sistema penal con tendencia acusatoria instaurado mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación también han sido protegidos, pero siempre dentro del respeto de los rasgos estructurales y características esenciales de ese procedimiento” (resaltado fuera de texto).
5.4. Con estas premisas, en numerosas oportunidades la jurisprudencia ha reivindicado los derechos de las víctimas, reconocidos genéricamente en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004(45), así como en los artículos 132 a 137 del mismo estatuto, cuyo ejercicio concreto se desarrolla en otras normas que regulan su participación en cada etapa del proceso penal. De esta manera, cuando la Corte ha advertido una protección deficiente en las reglas sobre la participación directa de la víctima en el proceso penal, no ha vacilado en declarar su inexequibilidad o su exequibilidad condicionada con el fin de asegurar la protección efectiva de sus derechos constitucionales. A continuación se reseñan algunos de los precedentes más relevantes en la materia.
5.4.1. En la Sentencia C-979 de 2005 la Corte declaró inexequible la expresión “absolutorio” del numeral 4º del artículo 192 del CPP, que no permitía la revisión extraordinaria del fallo condenatorio, por considerar que entrañaba una vulneración de los derechos de las víctimas(46).
5.4.2. En la Sentencia C-1154 de 2005 la Corte precisó que los órganos de investigación deben proporcionar a la víctima información sobre sus derechos desde el momento en que entren en contacto con las autoridades. Así mismo, con el fin de salvaguardar los derechos de la víctima, declaró la constitucionalidad condicionada de la norma que autoriza al fiscal a archivar las diligencias cuando constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito (CPP, art. 79), en el entendido que la decisión “será motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones”(47).
5.4.3. Similares consideraciones se expusieron en la Sentencia C-1177 de 2005, al examinar la norma que permite la inadmisión de denuncias sin fundamento (CPP, art. 69). La Corte declaró la constitucionalidad condicionada, exigiendo la motivación del acto y su comunicación al denunciante y al Ministerio Público(48).
5.4.4. Desde la óptica del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso efectivo a la administración de justicia), en la Sentencia C-454 de 2006 la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 135 del CPP, “en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que estos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”. Cabe recordar que la norma solo se refería a la comunicación acerca de la pretensión indemnizatoria, pero excluía la mención de los otros derechos que también asisten a las víctimas como la verdad y la justicia.
En la misma providencia (Sent. C-454/2006) la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 357 del CPP, referente a las solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, “en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía”.
5.4.5. En otra oportunidad (Sent. C-047/2006), al examinar la posibilidad de que tanto la sentencia condenatoria como la absolutoria sean susceptibles del recurso de apelación (CPP, art. 176), la Corte precisó que ello constituye una garantía de los derechos de las víctimas(49).
5.4.6. Posteriormente, en la Sentencia C-209 de 2007, la Corte declaró inexequible la expresión “y contra esta determinación no cabe recurso alguno”, del artículo 327 del CPP, por considerar que la imposibilidad de controvertir la decisión del juez de aplicar el principio de oportunidad vulneraba los derechos de la víctima.
• El numeral 2º del artículo 284, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías.
• El artículo 289, en el entendido de que la víctima también puede estar presente en la audiencia de formulación de la imputación.
• El artículo 333 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal.
• El artículo 344, en el entendido de que la víctima también puede solicitar al juez el descubrimiento de un elemento material probatorio específico o de evidencia física específica.
• El artículo 356, en el entendido de que la víctima puede hacer observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y de la totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia del juicio oral.
• El artículo 358, en el entendido de que la víctima también puede hacer la solicitud de exhibición de los elementos materiales de las pruebas durante la audiencia preparatoria.
• El inciso primero del artículo 359, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba en la audiencia preparatoria.
• Los artículos 306, 316 y 342, en el entendido de que la víctima también puede acudir directamente ante el juez competente a solicitar las medidas de aseguramiento (art. 306), reclusión en establecimiento carcelario (art. 316) o medidas de protección (art. 342).
• El artículo 339, en el entendido de que la víctima también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para efectuar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades.
5.4.7. De otra parte, en la Sentencia C-516 de 2007 la Corte declaró inexequible la norma que solo autorizaba la asistencia de un abogado a la víctima durante el juicio cuando “el interés de la justicia lo exigiere” (CPP, art. 11, ord. h,), así como la que limitaba el derecho de postulación en caso de pluralidad de víctimas (CPP, art. 137-4). Tales preceptos involucraban una restricción desproporcionada de sus derechos.
También declaró inexequibles las expresiones “directa” de los incisos primero y segundo del artículo 92; “directo” del artículo 132; el inciso segundo del artículo 102; y el numeral 4º del artículo 137, que limitaban indebidamente el concepto de víctima del delito a quien hubiere sufrido un daño “directo”. Esta corporación precisó que conforme a la jurisprudencia constitucional y a los estándares internacionales en la materia, víctima es toda persona que ha sufrido un daño (real, concreto y específico) a consecuencia del delito, cualquiera que sea su naturaleza.
Finalmente, en dicha sentencia se declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, “en el entendido que la víctima también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración ‘por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo”. De nuevo la Corte concluyó que se introducía “una restricción desproporcionada al derecho de las víctimas de acceder a la justicia, por cuanto el condicionamiento que impone la norma para garantizar el derecho de asistencia técnica de las víctimas en el juicio y en el incidente de reparación integral es de tal ambigüedad que ni siquiera permite identificar, si existe una finalidad legítima en la restricción, y cuáles serían los intereses que se encontrarían en pugna para efectuar una labor de ponderación”.
5.5. Del anterior recuento puede observarse cómo la jurisprudencia ha exigido que las normas que regulan la participación de las víctimas en el proceso penal tomen en cuenta sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral, así como la existencia de mecanismos idóneos para asegurar su protección efectiva.
6. La intervención directa de la víctima puede ser limitada durante juicio oral de acuerdo con las características de esa etapa procesal.
6.1. La intervención directa de la víctima en todas y cada una de las instancias del proceso puede alterar los rasgos estructurales del sistema penal colombiano y por esa vía menoscabar otros derechos o principios como el de igualdad de armas. Es por ello que no en todos los casos es admisible que los derechos y garantías otorgadas a las partes u otros intervinientes se hagan extensivos a las víctimas y demás actores procesales.
Esta circunstancia se hace particularmente notoria durante el juicio oral y se explica por varias razones que ya han sido recogidas en la jurisprudencia, las cuales se relacionan con la naturaleza adversarial de esa etapa según la configuración dada por el constituyente, el rol que cumple la Fiscalía durante el juicio y la función constitucional de velar por los derechos e intereses de la víctima y de garantizar una comunicación efectiva con ella durante todo el proceso(50).
“La definición y caracterización de las distintas etapas del proceso penal (investigación, imputación, acusación y juzgamiento) también tiene incidencia en la forma como la víctima puede participar dentro del proceso para asegurar el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Resalta la Corte que solo respecto de la etapa del juicio, el constituyente precisó sus características, enfatizando su carácter adversarial, así no haya seguido un modelo puro en este aspecto. Este hecho, tiene incidencia en la forma como pueden actuar las víctimas durante esta etapa. Comoquiera que este carácter adversarial supone la confrontación entre el acusado y el acusador, la posibilidad de actuación directa y separada de las víctimas, al margen del fiscal, se encuentra restringida por el propio texto constitucional que definió los rasgos del juicio.
Cada país en donde existe un sistema penal acusatorio ha definido diferentes modalidades para la intervención de las víctimas dentro del proceso penal. En el sistema acusatorio tradicional se ha considerado generalmente a la víctima como un testigo, el cual tiene interés predominante particular en el proceso penal, por lo que generalmente obtiene reparación por fuera del proceso penal(51). No obstante, esta posición tradicional ha ido variando, hasta otorgarle incluso el derecho a impulsar, sin excluir ni sustituir al fiscal(52), la investigación criminal y el proceso penal, y permitiendo su intervención en algunas etapas previas y posteriores al juicio(53). En estos sistemas se le reconoce a las víctimas, por ejemplo, el derecho a aportar pruebas dentro del proceso, el derecho a ser oídas dentro del juicio y a ser notificadas de actuaciones que puedan afectarlas, el derecho a que se adopte una resolución final dentro de un término prudencial, el derecho a que se proteja su seguridad, el derecho a una indemnización y a conocer la verdad de lo sucedido(54)” (resaltado fuera de texto).
En primer lugar, considera esta corporación que si bien la Constitución previó la participación de la víctima en el proceso penal, no le otorgó la condición de parte, sino de interviniente especial. La asignación de este rol particular determina, entonces, que la víctima no tiene las mismas facultades del procesado ni de la fiscalía, pero sí tiene algunas capacidades especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso penal.
De lo anterior surge entonces, que los elementos definitorios de la participación de la víctima como interviniente especial en las diferentes etapas del proceso penal depende de la etapa de que se trate, y en esa medida, la posibilidad de intervención directa es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio” (resaltado fuera de texto).
6.2.1. Según fue explicado anteriormente, al examinar el contenido específico de las normas objeto de control, la Corte constató que algunas normas excluían a las víctimas del presupuesto fáctico en ellas previsto, generando una desigualdad injustificada que entrañaba el incumplimiento del deber del legislador de asegurar a las víctimas una intervención efectiva en defensa de sus derechos en el proceso penal (fundamento jurídico 5.4.6).
6.2.2. Sin embargo, en cuanto a las normas que no incluían a la víctima dentro de los sujetos procesales facultados para controvertir las pruebas durante el juicio oral, la Corte consideró que las especificidades de dicha etapa y su carácter adversarial justificaban plenamente la regulación adoptada por el legislador. De esta manera, declaró exequible la norma que reserva a las partes la facultad de contradicción de los medios de prueba, de los elementos materiales y de la evidencia presentada en el juicio o practicada fuera de la audiencia (CPP, art. 378); la norma que restringe a las partes la realización del interrogatorio cruzado al testigo (CPP, art. 391); y la norma que solo permite a “la parte que no esté interrogando o el Ministerio Público” oponerse a las preguntas formuladas (CPP, art. 395).
“7.4.6. En relación con la expresión “las partes”, empleada en el artículo 378, el artículo 391 y la expresión “la parte que no está interrogando o el Ministerio Público”, utilizada en el artículo 395 de la Ley 906 de 2004, es necesario por las mismas razones invocadas anteriormente efectuar una integración con el correspondiente artículo, visto globalmente(55). Sobre tales disposiciones, la Corte observa que:
(ii) sin embargo, dado que la posibilidad de ejercer estas facultades ocurre en la etapa del juicio oral, sí existe una razón objetiva que justifica la limitación de los derechos de la víctima, comoquiera que su participación directa en el juicio oral implica una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio que comporta una alteración sustancial de la igualdad de armas y convierte a la víctima en un segundo acusador o contradictor en desmedro de la dimensión adversarial de dicho proceso;
(iv) tampoco supone un incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, comoquiera que la posibilidad de que la víctima (o su apoderado) intervenga para controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en el juicio oral, se ejercerá a través del fiscal con base en la actividad propia y en la de las víctimas en las etapas previas del proceso, según los derechos que le han sido reconocidos en esta sentencia y en la ley. En efecto, a lo largo del proceso penal, en las etapas previas, la víctima ha podido participar como interviniente especial en la construcción del caso para defender sus derechos, de tal forma que en el juicio mismo estos se proyectarán mediante la actividad fiscal.
No obstante, la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos en la etapa del juicio sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propio caso al margen del fiscal. El conducto para culminar en esta etapa final del proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Así, por ejemplo, este podrá aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, pero solo el fiscal tendrá voz en la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas acusadas. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho de impugnarla, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 906 de 2004.
En esa medida, el artículo 378, el artículo 391 y el artículo 395 de la Ley 906 de 2004 serán declarados exequibles, por el cargo analizado” (resaltado fuera de texto).
6.2.3. Con una argumentación similar, la Corte también desestimó el cargo de inconstitucionalidad por omisión relativa frente a la norma que solo permite a la fiscalía y a la defensa presentar su “teoría del caso” al comienzo del juicio (CPP, art. 371). La Sala consideró que esa limitación de los derechos de las víctimas estaba justificada y declaró exequible la norma acusada. Dijo al respecto:
“De conformidad con lo que establece el artículo 371, en la etapa del juicio oral, el fiscal presentará la teoría del caso, y lo mismo hará la defensa, pero dicho artículo no prevé que la víctima tenga participación alguna en este momento del juicio oral. No obstante, tal como se señaló al rechazar la posibilidad de que la víctima interviniera directamente en la audiencia del juicio oral para controvertir pruebas o interrogar a los testigos, aquí también está justificada la limitación de sus derechos. Dado el carácter adversarial de esta etapa del juicio penal y la necesidad de proteger la igualdad de armas, no puede la víctima participar de manera autónoma v al margen de la actuación del fiscal.
Por lo tanto, la Corte reiterará que, dado que en las etapas previas del proceso penal la víctima ha tenido la oportunidad de participar como interviniente especial para contribuir en la construcción del expediente por parte del fiscal, en la etapa del juicio oral la víctima a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propia teoría al margen del fiscal, y en esa medida, el ejercicio de sus derechos se materializará a través del fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Dada la importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga, el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso, decretar un receso para facilitar dicha comunicación” (resaltado fuera de texto).
6.3. Por otra parte, en la Sentencia C-396 de 2007 la Corte declaró exequible la norma que impide al juez decretar la práctica de pruebas de oficio (CPP, art. 361), por considerar que ello constituye una eventual garantía de imparcialidad, asumible dentro del marco de opciones del legislador(56). No obstante, atendiendo las características de las diferentes etapas del proceso, la Corte aclaró que esta prohibición solo tiene cabida en la audiencia preparatoria y en el juicio oral:
32. Además, si como se explicó en precedencia, la justificación de la pasividad probatoria del juez de conocimiento encuentra respaldo constitucional desde la perspectiva de la neutralidad judicial y la igualdad de armas entre las partes en el sistema penal acusatorio, no tiene sustento alguno pretender aplicar esa misma tesis en la etapa procesal en la que no existen partes, ni controversia de pruebas, ni debate en torno a la validez y eficacia de la prueba dirigida a demostrar supuestos abiertamente contradictorios. Luego, es fácil concluir que la prohibición acusada no se aplica en el ejercicio de las funciones propias del juez de control de garantías, sino únicamente ante el juez de conocimiento y, en estos términos, la norma acusada se ajusta a la Constitución” (resaltado fuera de texto).
6.4. Finalmente la Corte llama la atención sobre la Sentencia C-516 de 2007. Con el mismo criterio esta corporación encontró razonable y proporcionado que en la audiencia de imputación el juez limite el número de representantes de las víctimas en caso de existir un número plural (CPP, art. 340). De nuevo insistió en que el canal previsto para velar por los derechos de las víctimas durante el juicio es, principalmente, la fiscalía, por supuesto sin perjuicio de algunas atribuciones directas como la de presentar los alegatos finales (CPP, art. 443). En palabras de este tribunal:
Así las cosas encuentra la Corte que la medida que se analiza no grava de manera desproporcionada el interés de la víctima de intervenir de manera efectiva en el juicio oral; por el contrario, ella resulta compatible con los rasgos del sistema adversarial que se proyectan de manera preponderante en esta etapa del proceso en donde la intervención de la víctima se canaliza (para efectos de la contradicción de la prueba y de la presentación de la teoría del caso) a través del fiscal. La ley prevé la posibilidad de que el representante de la víctima presente directamente los alegatos finales (art. 443), momento en el que operará el umbral de intervención numérica a que se refiere el precepto examinado. Esta medida resulta razonable, en cuanto promueve un desarrollo equilibrado y eficiente del juicio, sin que a la vez genere una intolerable restricción de los derechos de las víctimas que se encuentran garantizados, mediante sus aportes previos para la construcción del caso, la intervención del fiscal, y la vocería concertada de las víctimas en el juicio oral” (resaltado fuera de texto).
6.5. Los precedentes referidos permiten a la Corte concluir que la intervención directa de la víctima puede ser limitada por el legislador durante el juicio oral, lo cual se explica por las siguientes razones:
(iii) En tercer lugar, porque el Acto Legislativo 3 de 2002 asignó expresamente a la fiscalía la función de velar por la protección de la comunidad, de los intervinientes y de las víctimas(57). En consecuencia, debe cumplir sus labores tomando en consideración esos intereses en todas y cada una de las instancias, con especial rigor durante el juicio, donde la fiscalía representa la principal vía de comunicación de la víctima.
(iv) Finalmente, porque en concordancia con lo anterior, la jurisprudencia ha destacado que durante el juicio oral, “dada la importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga, el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso, decretar un receso para facilitar dicha comunicación”(58).
En este escenario la función del juez constitucional consiste en examinar si la regulación adoptada por el legislador es garante de los derechos de las víctimas y si existen instrumentos para asegurar su protección efectiva, de manera que cuando se cumplen esos presupuestos —aún cuando no se contemple su participación directa en todas las etapas del proceso—, habrá de respetar el diseño normativo del legislador(59).
7. Constitucionalidad de la expresión demandada.
7.1. Al fijar las reglas sobre la práctica de la prueba testimonial, el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal se refiere a las facultades excepcionales que tiene el juez para conseguir que el testigo responda a las preguntas formuladas en el interrogatorio. Al mismo tiempo —en el aparte que ahora se acusa—, consagra la posibilidad de que al término del interrogatorio el juez y el Ministerio Público formulen preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. Dice la norma:
7.2. Antes de abordar el análisis concreto del cargo planteado debe recordarse que en la Sentencia C-144 de 2010 la Corte encontró legítima la facultad otorgada al juez y al Ministerio Público, declarando su exequibilidad pero limitando el alcance de la cosa juzgada constitucional. De esta manera, la Corte insistió en la amplia potestad de configuración del Congreso y en la razonabilidad y proporcionalidad de la norma, encaminada también a proteger los derechos de la víctima, por supuesto sin suplantar a las partes ni alterar el principio de igualdad de armas. Dijo al respecto:
85. Naturalmente, cosa que también se ha dicho, esta atribución no representa un poder absoluto, de modo que su ejercicio debe cohonestar con todos los demás bienes constitucionales. Así, retomando los criterios que debe atender la Corte Constitucional a la hora de enjuiciar una norma jurídica de carácter legal sobre un asunto donde el legislador tiene amplio poder de configuración normativa, se encuentra que en lo regulado en el artículo 398: a) La ordenación atiende los principios y fines del Estado, pues al habilitar al juez y al Ministerio Público a formular preguntas que completen el cabal entendimiento del caso, es claro que se procura que la prueba testimonial revele de manera más diáfana, los hechos que se pretenden probar en el proceso, lo que a su vez representa una mejor comprensión de lo sucedido y mejores opciones para resolver con justicia. b) No atenta contra el debido proceso del acusado, ni contra los derechos de las víctimas, pues el cabal entendimiento del asunto, precisamente está aludiendo a conocer mejor lo sucedido, en términos de hechos, de responsabilidad y de daños causados. También porque la intervención del juez y del Ministerio Público ocurre, una vez se han terminado los interrogatorios por las partes, es decir cuando ellas han agotado la oportunidad de formular las preguntas, según las reglas previstas en el Código de Procedimiento Penal, en especial artículos 390 y siguientes. O sea que en caso de echar mano de esta facultad, no suplantan a las partes, no interrumpen la forma como cada una de ellas pretende construir la declaración del testigo. Su intervención, bien la del juez, bien la del Ministerio Público, tiene como propósito lo que de manera clara establece el precepto, esto es, formular las preguntas complementarias que se estimen pertinentes para el cabal entendimiento del caso. c) Se trata, por demás, de una medida razonable y proporcional pues no supone una alteración radical ni siquiera significativa del principio de igualdad de armas, que ocurre en un momento oportuno, cuando el testigo está en la audiencia, con un objeto, el complementar la declaración, para una finalidad legítima cual es, como tantas veces se ha repetido, el cabal entendimiento del caso. d) Del mismo modo, facilita la realización material de los derechos y bienes jurídicos objetivos que interesan al proceso, pues con la autorización reconocida por el artículo 397 para el juez y el Ministerio Público, lo que se busca no es otra cosa que mejorar esa aprehensión del caso por parte del juez de conocimiento y la capacidad de administrar justicia” (resaltado fuera de texto).
En la misma providencia la Corte explicó que la facultad otorgada es solamente para hacer preguntas destinadas a precisar o añadir algunas cuestiones puntuales con el fin de lograr una íntegra y completa declaración testimonial pero sin convertirla en una nueva diligencia, respetuosa además de los principios y garantías del estatuto procesal penal(60).
7.3. Hecha esta acotación, siguiendo con la metodología trazada en otras oportunidades al analizar cuestiones relacionadas con la presunta existencia de omisiones legislativas relativas(61), la Corte debe resolver los siguientes interrogantes:
7.4. Al respecto la Sala estima que las consideraciones expuestas, de la mano de los fundamentos de las sentencias C-209 de 2007, C-516 de 2007 y C-144 de 2010, permiten concluir que es constitucionalmente legítimo que el legislador haya limitado la participación directa de las víctimas en esta instancia del juicio, concretamente al no autorizarlos para formular preguntas complementarias al término de los interrogatorios. Veamos.
— Frente a las atribuciones del Ministerio Público, en la Sentencia C-144 de 2010 este tribunal explicó que sus funciones no desvanecen la naturaleza adversarial del proceso por cuanto se trata de un interviniente “principal” pero a la vez “discreto”, que debe velar por los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos de los sujetos procesales, evitando en todo caso desequilibrios y excesos a favor o en contra de una de las partes o intereses en disputa. Dijo entonces la Corte:
“51. Ahora bien, las diferentes funciones del Ministerio Público en el proceso penal no pueden ser interpretadas como piezas con las cuales se desvirtúa enteramente la fisonomía adversarial y acusatoria del procedimiento en cuestión. Porque como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en reciente pronunciamiento, el “Ministerio Público, como interviniente, tiene unas facultades limitadas en el curso del juicio oral, de acuerdo con las cuales únicamente cuando observe la manifiesta violación de garantías y derechos fundamentales puede solicitar el uso de la palabra ante el juez, y excepcionalmente, con el único propósito de conseguir el ‘cabal conocimiento del caso’, el representante de la sociedad también podrá interrogar a los testigos, de lo cual se desprende que no tiene derecho a contrainterrogar y menos a utilizar la técnica propia de este tipo de preguntas, pues aquella facultad no lo autoriza para suplir las deficiencias de las partes ni para introducir respuestas a interrogantes que fueran válidamente objetados entre ellas. Lo contrario sería permitirle que tome partido por una de las partes o se recargue y que en el juicio se desequilibre la igualdad que debe existir entre ellas” (CSJ, Sala de Casación Penal. Sent. mayo 20/2009, Proceso 30782).
52. Las consideraciones que preceden permiten a la Corte concluir que el Ministerio Público es a la vez un interviniente “principal” y “discreto” del proceso penal. Lo primero por cuanto desde la Constitución le ha sido reconocida una función de doble cariz consistente en velar por el respecto (sic) de los intereses de la sociedad, así como de los derechos humanos y de los derechos fundamentales afectos al proceso. Lo segundo, porque su participación debe someterse a los condicionamientos establecidos en la ley y precisados por la jurisprudencia, para no romper con los supuestos que en principio o tendencialmente articulan el sistema, relacionados con la igualdad de armas y el carácter adversarial del procedimiento.
53. El ejercicio de sus funciones plantea por tanto el riguroso cumplimiento de la legalidad, así como la procura de los fines para los cuales desde tiempo atrás se le ha instituido como interviniente procesal, evitando desequilibrios y excesos a favor o en contra de alguna de las partes o intereses en disputa, con el despliegue de una actuación objetiva que en definitiva mejore las condiciones para que en el proceso se alcance una decisión justa y conforme a derecho” (resaltado fuera de texto).
— En cuanto al juez, en la misma providencia se destacó que cumple un rol activo en el proceso con miras a lograr tanto la justicia formal como la justicia material, asegurando la protección efectiva de los derechos del procesado y también de las víctimas, pero siempre “sin romper su imparcialidad”.
“82. Los anteriores supuestos explican por qué en nuestro sistema procesal penal se ha entendido conforme al orden superior, que el juez no sea un convidado de piedra en el proceso, sino que al contrario, a través de las diversas actuaciones cumpla con su función de dirigirlo hacia la finalidad común a todo juicio, a saber, alcanzar la justicia formal y sobre todo material. En este sentido, no solo es quien está llamado a concretar el ius puniendi del Estado, sino que también es el encargado de buscar la verdad, procurar la prevalencia del derecho sustancial, así como la defensa y protección efectiva de los derechos del procesado y de las víctimas.
Por esto, aunque se ha admitido, como manifestación del poder de libre configuración del legislador, que el juez de conocimiento tenga prohibida la posibilidad de decretar pruebas de oficio [C-396/2007], también, por ello mismo, ha resultado legítimo y admisible que, en el esquema colombiano, a diferencia de otros países, pueda el juez adoptar un conjunto de medidas que, sin involucrar su imparcialidad, sí lo vinculen positivamente con las resultas del proceso, como forma de garantizar una correcta administración de justicia [C-396/2007]” (resaltado fuera de texto).
De igual forma, considera la Sala que esa intervención puede, de un lado, ser utilizada para corregir deficiencias de la acusación o, de otro, interferir en la estrategia diseñada por el fiscal para el desarrollo de las diligencias testimoniales, en ambos casos permitiendo que un tercero cumpla un rol activo en esa instancia procesal cuando es evidente que —a diferencia del juez y del Ministerio Público— tiene un interés directo en las resultas del proceso y particularmente en la condena del imputado.
En los precedentes en los cuales se ha examinado una problemática similar, la jurisprudencia ha destacado cómo la víctima puede asegurar sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral por conducto de la fiscalía, quien tiene un claro mandato constitucional de velar por sus intereses, a tal punto que incluso puede solicitarse al juez que decrete un receso en el curso de la audiencia para asegurar una comunicación efectiva ellos (sic)(62).
La Corte no desconoce que entre la fiscalía y la víctima, o entre esta y su apoderado, pueden presentarse divergencias de criterio acerca de cuál debe ser la mejor estrategia para promover y desarrollar el proceso en cada una de sus etapas(63). Sin embargo, teniendo en cuenta que la fiscalía es la autoridad a la que se ha asignado la misión constitucional de promover la acción penal, y que en su calidad de “parte” le corresponde dirigir la acusación, exponer su teoría del caso y defenderla durante el juicio oral, la Sala considera que, de la misma manera, es ella quien tiene la potestad de trazar la ruta a seguir, por supuesto asumiendo las consecuencias y responsabilidades inherentes al ejercicio de la función pública en caso de incumplimiento de los deberes funcionales en relación con la protección efectiva de los derechos de las víctimas.
(iv) Finalmente, no existe un deber constitucional que imponga al legislador la obligación de consagrar la participación directa de la víctima para formular preguntas complementarias una vez concluidos los interrogatorios. Por el contrario, lo que se observa es que la Constitución le otorgó amplias facultades para fijar “los términos en que podrán intervenir la víctimas en el proceso penal” (C.P., art. 250-7).
7.5. En suma, las consideraciones expuestas llevan a la Corte a concluir que la expresión “Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”, del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, no incurre en una omisión legislativa relativa contraria a los derechos de las víctimas. En consecuencia, se declarará su exequibilidad.
1. Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la expresión “Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”, del artículo 397 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
(3) Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-310 de 2002, C-469 de 2008, C-218 de 2009 y C-719 de 2009, entre muchas otras.
(5) Corte Constitucional, Sentencia C-931 de 2008.
(6) Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001.
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-310 de 2002.
(9) Corte Constitucional, Sentencia C-931 de 2008. En el mismo sentido pueden verse las sentencias C-397 de 1995, C-700 de 1999, C-1062 de 2000 y C-415 de 2002, entre otras.
(10) Corte Constitucional, sentencias C-489 de 2000, C-565 de 2000, C-774 de 2001.
(11) Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
(12) Corte Constitucional, Sentencia C-427 de 1996. En sentido similar, en la Sentencia C-774 de 2001 la Corte puntualizó: “Cuando una disposición es declarada inexequible, la cosa juzgada material produce como efecto, una limitación de la competencia del legislador (ordinario o extraordinario), que le impide reproducir el contenido material de la norma que no se ajusta a la Carta Fundamental, y en el evento que ello ocurra la Corte debe proferir un fallo de inexequibilidad por la violación del mandato dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política. // Cuando es declarada exequible una disposición, el fenómeno de la cosa juzgada material, produce como regla general la imposibilidad para la Corte Constitucional de pronunciarse sobre la materia previamente resuelta, ya que puede conducir a providencias contradictorias que afecten la seguridad del ordenamiento jurídico, o alteren la confianza legítima de los administrados en la aplicación de la Constitución, o vulneren el principio de la igualdad”.
(13) Corte Constitucional, Sentencia C-1189 de 2005. También pueden consultarse las sentencias C-565 de 2000, C-040 de 2003, C-016 de 2004, C-1122 de 2004, C-1176 de 2004, C-533 de 2005, C-424 de 2006 y C-468 de 2008, entre otras.
(14) Corte Constitucional, Sentencia C-185 de 2002. Ver también las sentencias C-543 de 1996, C-067 de 1999, C-427 de 2000, C-1549 de 2000, C-090 de 2002, C-809 de 2002, C-509 de 2004, C-1009 de 2005, C-1266 de 2005, C-864 de 2008, C-442 de 2009, entre muchas otras.
(15) Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 2002.
(16) Corte Constitucional, Sentencia C-185 de 2002.
(18) Corte Constitucional, Sentencia 0-427 de 2000. En la misma dirección pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias C-041 de 2002, C-1549 de 2000, C-090 de 2002, C-809 de 2002, C-509 de 2004, C-1009 de 2005, C-1266 de 2005, C-864 de 2008 y C-442 de 2009.
(19) Corte Constitucional, Sentencia C-508 de 2008. Ver también las sentencias C-1052 de 2001, C-480 de 2003, C-371 de 2004, C-451 de 2005, C-065 de 2009 y C-127 de 2011, entre otras.
(20) Cfr., Corte Constitucional, sentencias C-873 de 2003, C-591 de 2005, C-1194 de 2005, C-454 de 2006, C-209 de 2007, C-396 de 2007, C-186 de 2008, C-025 de 2009, C-069 de 2010 y C-144 de 2010, entre otras.
(21) Corte Constitucional, Sentencia C-396 de 2007.
(22) Corte Constitucional, Sentencia C-209 de 2007.
(23) “El actual sistema penal acusatorio, instaurado en la legislación nacional por la Ley 906 de 2004, consta —a grandes rasgos— de dos etapas principales y dos secundarias. Las más importantes, porque constituyen la estructura propiamente dicha del proceso, son las etapas de la investigación y el juicio. No obstante, previo a la investigación, las autoridades despliegan una etapa inicial de indagación preliminar —que puede ser considerada como complementaria de la investigación—; al tiempo que entre la investigación y el juicio se desenvuelve una fase intermedia de preparación, que puede considerarse como complementaria del juicio”. Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2005. Ver también la Sentencia C-069 de 2010.
(24) En este sentido, en la exposición de motivos del proyecto de acto legislativo se expresó: “... mientras el centro de gravedad del sistema inquisitivo es la investigación, el centro de gravedad del sistema acusatorio es el juicio público, oral, contradictorio y concentrado. Así pues, la falta de actividad probatoria que hoy en día caracteriza la instrucción adelantada por la fiscalía, daría un viraje radical, pues el juicio sería el escenario apropiado para desarrollar el debate probatorio entre la fiscalía y la acusación. (Sic) Esto permitirá que el proceso penal se conciba como la contienda entre dos sujetos procesales —defensa y acusador— ubicadas en un mismo plano de igualdad, al final del cual, como resultado del debate oral y dinámico, el tercero imparcial que es el juez, tomará una decisión. // Mediante el fortalecimiento del juicio público, eje central en todo sistema acusatorio, se podrían subsanar varias de las deficiencias que presenta el sistema actual...”.
(25) Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2003.
(26) Corte Constitucional, Sentencia C-873 de 2003.
(27) Corte Constitucional, Sentencia C-591 de 2005.
(28) Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166), sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), sentencia de 14 de marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia.
(29) Casi todos los sistemas jurídicos reconocen el derecho de las víctimas de un delito a algún tipo de reparación económica, en particular cuando se trata de delitos violentos. Esa reparación puede ser solicitada bien dentro del mismo proceso penal (principalmente en los sistemas romano germánicos) o bien a través de la jurisdicción civil (generalmente en los sistemas del common law). Ver Pradel, Jean. Droit Penal Comparée. Editorial Dalloz, 1995, páginas 532 y s.s.
(30) Como decisiones previas pueden consultarse las sentencias C-293 de 1995, T-694 de 2000, C-1149 de 2001 y T-1267 de 2001, entre otras.
(31) Cfr., sentencias C-578 de 2002, T-556 de 2002, C-580 de 2002, C-875 de 2002, C-004 de 2003, C-228 de 2003, C-570 de 2003, C-775 de 2003, C-899 de 2003, C-014 de 2004, C-114 de 2004, C-1154 de 2006, C-591 de 2005, C-454 de 2006, C-209 de 2007 y C-144 de 2010, entre muchas otras.
(32) Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Anexo del informe final del relator especial acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos. E/CN.4/Sub2/1997/20/Rev.1. Presentado a la Comisión de Derechos Humanos en 1998. Estos principios fueron actualizados por la experta independiente Diane Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN. 4/2005/102, presentado a la Comisión de Derechos Humanos.
(33) Principio 2 del Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
(34) Cfr., entre otras las sentencias C-293 de 1995 y C-228 de 2002.
(35) Cfr., sentencias T-443 de 1994, C-293 de 1995.
(36) Cfr., Sentencia C-412 de 1993.
(37) Cfr., Sentencia C- 275 de 1994.
(38) Cfr., Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, aprobado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante Resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la Asamblea General, mediante Resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en la Sentencia C-293 de 1995.
(39) Cfr., artículo 33 del Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
(40) Se presenta, una reseña condensada del desarrollo que sobre este aspecto se realiza en la Sentencia C-228 de 2002.
(41) Esta doctrina fue desarrollada tanto en el ámbito de la justicia penal militar, como de la justicia penal ordinaria. Cfr., sentencias C-293 de 1995; C-163 de 2000; C-1149 de 2001; C-228 de 2002; C-805 de 2002; C-916 de 2002.
(42) El artículo 132 del Código de Procedimiento Penal define a las víctimas como “las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño (directo) como consecuencia del injusto” (la expresión tachada fue declarada inexequible en la Sent. C-516/2007).
(43) Corte Constitucional, Sentencia C-591 de 2005.
(44) “Así las cosas, los fundamentos constitucionales de los derechos de las víctimas, así como los pronunciamientos que sobre la Ley 906 de 2004 ha realizado la Corte, permiten afirmar que la víctima ocupa un papel protagónico en el proceso, que no depende del calificativo que se le atribuya (como parte o interviniente), en tanto que se trata de un proceso con sus propias especificidades, en el que los derechos de los sujetos que intervienen están predeterminados por los preceptos constitucionales, las fuentes internacionales acogidas por el orden interno y la jurisprudencia constitucional. El alcance de los derechos de las víctimas deben interpretarse dentro de este marco”. Corte Constitucional, Sentencia C-454 de 2006.
(45) “ART. 11.—Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este código. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho: a) a recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno; b) a la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor; c) a una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código; d) a ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas; e) a recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas; f) a que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto; g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; h) a ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, por un abogado que podrá ser designado de oficio; i) a recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la ley; j) a ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos”.
(46) “Encuentra así la Corte que el alcance que la expresión demandada le imprime a la causal de revisión de la cual forma parte, entraña en primer término, una violación de la Constitución en virtud del desconocimiento de claros referentes internacionales aplicables a la materia por concurrir a integrar el bloque de constitucionalidad (C.P., art. 93); en segundo término, una actuación contraria al deber constitucional de protección de los derechos de las víctimas de estos delitos que desconocen la dignidad humana y afectan condiciones básicas de convivencia social, necesarias para la vigencia de un orden (C.P., art. 2º); en tercer lugar, un desconocimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano de colaborar con la vigencia de los derechos humanos y sancionar las conductas que afectan estos valores supremos del orden internacional, que nuestro país ha reconocido como elementos esenciales de las relaciones internacionales (C.P., art. 9º); y en cuarto lugar una violación al debido proceso de la persona condenada en una actuación que desatiende los deberes constitucionales e internacionales de investigar seria e imparcialmente estos crímenes, aspecto que ha sido constado por una instancia internacional”. Corte Constitucional, Sentencia C-979 de 2005.
(47) “La decisión de archivo puede tener incidencia sobre los derechos de las víctimas. En efecto, a ellas les interesa que se adelante una investigación previa para que se esclarezca la verdad y se evite la impunidad. // Por lo tanto, como la decisión de archivo de una diligencia afecta de manera directa a las víctimas, dicha decisión debe ser motivada para que estas puedan expresar su inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan conocer dicha decisión. Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos”. Corte Constitucional, Sentencia C-1154 de 2005.
(48) A juicio de la Corte, la decisión acerca de la denuncia reviste particular relevancia para la efectividad de los derechos de las víctimas y perjudicados con los delitos, por lo que no puede quedar exenta de controles externos. En consecuencia condicionará la exequibilidad de la expresión acusada “en todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento” a que tal decisión emitida por el fiscal sea notificada al denunciante y al Ministerio Público. Ello a efecto de investir tal decisión de la publicidad necesaria para que el denunciante, de ser posible, ajuste su declaración de conocimiento a los requerimientos de fundamentación que conforme a la interpretación aquí plasmada le señale el fiscal, o para que el Ministerio Público, de ser necesario, despliegue las facultades que el artículo 277 numeral 7º de la Constitución le señala para la defensa de los derechos y garantías fundamentales”. Corte Constitucional, Sentencia C-1177 de 2005.
(49) “De este modo, así como, por expreso mandato constitucional, que está previsto también en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, nuestro ordenamiento garantiza la posibilidad del sindicado de impugnar la sentencia condenatoria, también se ha previsto, en desarrollo de la garantía de la doble instancia, la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria, lo cual constituye una garantía para las víctimas y protege el interés de la sociedad en una sentencia que, con pleno respeto de los derechos del sindicado, conduzca a la verdad, la reparación y la justicia”, Corte Constitucional, Sentencia C-047 de 2006.
(50) Corte Constitucional, sentencias C-209 de 2007, C-396 de 2007 y C-516 de 207, entre otras.
(51) Ver Pradel, Jean. Droit Penal Comparée. Editorial Dalloz, 1995, páginas 490 y 534. En Inglaterra, aun cuando en un principio la víctima era considerada tan solo como un testigo entre otros, sin derechos dentro del proceso penal y sin la posibilidad de solicitar una reparación económica ante el juez penal competente, esta regla ha ido cambiando con el tiempo, a fin de darle a la víctima no solo el derecho a obtener una reparación material, sino también a impedir que haya impunidad, admitiendo, en ciertos casos definidos por la ley, que ella impulse la investigación, o apele la decisión del Crown Prosecution Service de no acusar al sindicado. (Delmas-Marty, Mireille, Op. Cit, página 133). En los Estados Unidos, la víctima había sido excluida tradicionalmente del proceso penal. En 1996 se presentó una enmienda a la Constitución dirigida a proteger los derechos de la víctima, que reconocía, entre otros, los derechos de las víctimas de delitos a ser tratadas con justicia, respeto y dignidad; a ser informadas oportunamente y a estar en las diligencias donde el acusado tenga el derecho a estar presente; a ser escuchadas en toda diligencia relativa a la detención y liberación del acusado, a la negociación de la condena, a la sentencia y libertad condicional; a que se adopten medidas razonables de protección a su favor durante el juicio y posteriormente, cuando la liberación o fuga del condenado pueda poner en peligro su seguridad; a un juicio rápido y una resolución definitiva del caso sin dilaciones indebidas; a recibir una pronta e integral reparación del condenado; a que no se difunda información confidencial. Si bien esta enmienda no fue adoptada, en el año 2004, el Congreso de los Estados Unidos adoptó el Crime Victims’ Rights Act, que recogió tales derechos (ver Butler, Russell P. What Practitioners and Judges Need to Know Regarding Crime Victims’ Participatory Rights in Federal Sentencing Proceedings, 19 Federal Sentencing Reporter 21, octubre de 2006; Jon Kyl, Steven J. Twist y Stephen Higgins, Crime Victim La w: Theory and Practice: Symposium article: On the Wings of their Angels: the Scott Campbell, Stephanie Roper, Wendy Preston, Louarna Gillis, and Nila Lynn Crime Victims’ Rights Act, 9 Lewis & Clark Law Review, 581).
(52) En algunos sistemas cabe la acción penal privada cuando el fiscal no ejerce la acción penal pública.
(53) Ver por ejemplo, Cassell, Paul G. Recognizing Victims in the Federal Rules of Criminal Procedure: Proposed Amendments in Light of the Crime Victims’ Rights Act. 2005 Brigham Young University Law Review Brigham Young University Law Review, página 835; Stahn, Carsten, Participation of Victims in Pre-Trial Proceedings of the ICC, Journal of International Criminal Justice, Oxford University Press, abril 2006; Boyle, David. The Rights of Victim: Participation, Representation, Protection, Reparation, Journal of International Criminal Justice, Oxford University Press, abril 2006; Simon N. Verdun-Jones, J.S.D., and Adamira A. Tijerino, M.A., Victim Participation In The Plea Negotiation Process in Canada, que describen cómo se han introducido modificaciones al sistema acusatorio tradicional para permitir que las víctimas sean escuchadas en la etapa prejudicial al adoptar una decisión sobre la liberación del procesado, en la negociación de penas, y también una vez declarada la culpabilidad, en la etapa post judicial al momento de definir la condena.
(54) Ver Delmas-Marty, Mireille. Procédures pénales d’Europe. Presses Universitaires de Frances, 1995, páginas 77-78, 86-87, 97, 133, 144, 149, 161, 181, 231, 235, 237, 243, 246, 251, 294.
(55) Corte Constitucional, Sentencia C-320 de 1997. En este evento la integración de unidad normativa se hace bajo la primera hipótesis planteada en dicha sentencia, esto es, porque lo demandado no tiene un sentido claro o unívoco que sea posible entenderlo o aplicarlo sin integrar su contenido normativo con el resto del artículo.
(56) El magistrado Nilson Pinilla Pinilla salvó su voto. En su sentir, “la prohibición absoluta allí contenida ha debido excluirse del ordenamiento jurídico” por cuanto “enerva la efectividad de la justicia material y la obligación estatal de establecer la verdad real”.
(57) Constitución Política, artículo 250. “(...) En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: 1. solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. (...) // 6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito”.
(58) Corte Constitucional, Sentencia C-209 de 2007.
(59) Constitución Política, artículo 250. “(...) 7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”.
(60) Al respecto sostuvo lo siguiente: “86. Tres puntos, sin embargo, deben precisarse:
i) Sobre el objeto del interrogatorio hecho por el juez o el Ministerio Público, el legislador dispuso que la intervención de estos sería para “formular preguntas complementarias”. Esto debe significar justamente eso, dar complemento, añadir a lo que se ha preguntado de parte y parte, para hacer íntegra y completa una declaración testimonial. Por ello ocurre una vez terminados los interrogatorios de las partes, pues solo en este momento aquellos pueden reconocer la información y precisión que falta en la declaración rendida frente a los hechos relevantes al proceso. Adicionalmente, su interpretación debe estar articulada con lo previsto en el art. 357 del Código de Procedimiento Penal, arriba analizado. En aquel precepto se reconoce al Ministerio Público la excepcional atribución de solicitar una prueba por ser de esencial influencia para las resultas del caso. Se habla allí de una prueba ex novo, no contemplada por las partes. En este caso, se trata solo del complemento a los interrogatorios formulados por ellas y así debe ser comprendido, aplicado y ejercido. // ii) La habilitación bajo análisis debe ser consecuente con los principios de la prueba en el proceso penal, a modo de garantizar la coherencia en el funcionamiento del sistema de normas de la Constitución y la ley. Porque al ser parte de una actuación procesal, las preguntas complementarias del juez o del Ministerio Público deben ser respetuosas de los principios rectores y garantías procesales del Código de Procedimiento Penal (arts. 1º-19), que a su vez reproducen derechos y principios constitucionales esenciales como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el indubio pro reo, la legalidad, la imparcialidad, la contradicción, la lealtad y la buena fe (C.P., arts. 1º, 2º, 13, 28, 29, 6º, 84). En el mismo orden, como parte de los elementos probatorios del proceso, las preguntas complementarias tienen que ser pertinentes (CPP, art. 375), admisibles (CPP, art. 376), formuladas públicamente, en presencia de las partes (CPP, art. 377), quienes pueden contradecirlas y oponerse a ellas (CPP, art. 378). También deberán cumplir con las reglas sobre los interrogatorios establecidas, esto es, con la especificidad, claridad, respeto al testigo y pertinencia requeridas (CPP; art. 392). Y en lo que concierne al juez, además de enfatizar en la preservación de su imparcialidad objetiva y subjetiva como supuesto indiscutible de la administración de justicia en el Estado de derecho (C.P., arts. 13, 29, 229), debe asegurar que sus preguntas complementarias sean claras y precisas y busquen que el interrogatorio sea leal y completo (CPP, art. 392, infine) [Vid. CSJ, Sala de Casación penal en sent. de feb. 4/2009 (Proceso 29415)]. // iii). En este mismo sentido, la expresión “cabal entendimiento del caso”, no puede entenderse como un concepto jurídico indeterminado, pues tal aserto lo que busca es que se pueda completar el interrogatorio, cuando de lo dicho por el testigo se aprecien elementos fácticos que las partes no hayan considerado suficientemente; se busca también que el juez o el Ministerio Público pregunten a fin de completar, hacer más acabado el testimonio y por tanto, más comprensible, inteligible el conocimiento del caso”.
(61) Corte Constitucional, sentencias C-454 de 2006 y C-209 de 2007.
(62) Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-209 de 2007.
(63) En relación con las discrepancias entre la víctima y su apoderado puede consultarse la providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal; del 23 de febrero de 2011 (Exp. 35678). La Corte advirtió que “a diferencia de lo regulado sobre las discrepancias del defensor y el imputado, no existe norma procesal que dirima las divergencias que se puedan presentar entre la víctima y su abogado. Por este motivo la decisión que adopte el juez penal ante una diferencia como esta debe sustentarse en la garantía de los derechos constitucionales y legales de la víctima, previo análisis del contexto específico de cada audiencia y estudio de las particularidades del respectivo caso”.