Source: https://idibe.org/derecho-mercantil/negativa-la-inscripcion-determinados-acuerdos-sociales-una-sociedad-laboral-limitada/
Timestamp: 2020-01-19 07:46:11
Document Index: 22122143

Matched Legal Cases: ['artículo 282', 'artículo 282', 'artículo 85', 'artículo 147', 'artículo 95', 'artículo 346']

Negativa a la inscripción de determinados acuerdos sociales de una sociedad laboral limitada. - IDIBE
sábado 18 de enero de 2020, 11:50:29 AM
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Resolución de la DGRN de 28 de febrero de 2019 (BOE núm. 73, de 28 de febrero de 2019, pp. 30812-30819).
“(…) 2. El primer defecto hace referencia a la falta de depósito de cuentas de la sociedad, circunstancia que provoca el cierre del registro salvo a los actos a que se refiere el artículo 282.2 de la Ley de Sociedades de Capital. El recurrente niega que existe falta de depósito de cuentas y, en cualquier caso, afirma que la falta en la nota de defectos de especificación del ejercicio a que se refiere le provoca indefensión.
Procede en consecuencia la confirmación del defecto por aplicación de la previsión del artículo 282.1 de la Ley de Sociedades de Capital: ‘El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar, dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo dará lugar a que no se inscriba en el Registro Mercantil documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista’.
Como afirmara la Resolución citada, esta norma reglamentaria que establece los presupuestos subjetivos de la facultad de certificar ha de ser aplicada con rigor e interpretar de modo estricto tales requisitos, máxime si se tiene presente que, dada la especial trascendencia, ‘erga omnes’, de los asientos registrales, que gozan de la presunción de exactitud y validez (artículos 20 del Código de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil), y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional, se hace necesario exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que tienen acceso al Registro (especialmente si, como acontece con las certificaciones, se trata de meros documentos privados), no sólo por lo que se refiere a la veracidad y exactitud del contenido de tales documentos, sino también respecto de la legitimación para expedirlos.
4. El mismo destino merece el siguiente defecto relativo a la forma en que, según resulta de la certificación, se ha llevado a cabo la convocatoria y que ha merecido la reciente atención de este Centro Directivo en un supuesto que por ser esencialmente idéntico al presente. En concreto el defecto hace referencia a si puede entenderse válida la convocatoria llevada a cabo por medio de entrega personal y con firma del recibí cuando, de conformidad con el contenido de los estatutos sociales, la convocatoria ha de llevarse a cabo en la forma prevista en la Ley (publicación en el ‘Boletín Oficial del Registro Mercantil’ y en diario de gran circulación en la provincia en que se encuentre el domicilio social).
Estas afirmaciones se apoyan en el hecho de que, como ha puesto de relieve este Centro Directivo, los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la ‘carta magna’ o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (vid. Resolución de 16 de febrero de 2013).
El argumento es insostenible. El derecho de separación ha tenido reconocimiento en nuestro ordenamiento desde que lo recogiera el artículo 85 de la antigua Ley de Sociedades Anónimas de 1951, de donde pasó al artículo 147 de la Ley de 1989, al artículo 95 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1996 y al vigente artículo 346 de la Ley de Sociedades de Capital (reformado en este punto por la Ley 25/2011, de 1 de agosto), que ya no habla de ‘cambio de objeto’ ni tampoco de ‘sustitución de objeto’, sino de ‘sustitución o modificación sustancial del objeto social’.
Se hace eco así de la doctrina de nuestro Tribunal Supremo (vid. Sentencias de 30 de junio de 2010 y 10 de marzo de 2011), que afirma que el derecho de separación derivado de la modificación del objeto social debe ponerse ‘en relación con el fin de la norma, que no es otro que respetar la voluntad del socio que ingresó en una sociedad que explotaba un determinado negocio, admitiendo que condicione su permanencia a la de la finalidad objetiva que fue la base de su relación con aquella’, añadiendo a continuación que: ‘No habrá sustitución cuando la modificación, por adición o supresión, resulte intrascendente desde aquel punto de vista y, menos, en los casos de mera concreción o especificación de las actividades descritas en los estatutos, pero sí cuando se produzca una mutación de los presupuestos objetivamente determinantes de la adhesión del socio a la sociedad, como consecuencia de una transformación sustancial del objeto de la misma que lo convierta en una realidad jurídica o económica distinta: caso de la eliminación de actividades esenciales, con mantenimiento de las secundarias; o de la adición de otras que, por su importancia económica, vayan a dar lugar a que una parte importante del patrimonio social tenga un destino distinto del previsto en los estatutos’.
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