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Timestamp: 2020-08-13 17:48:59
Document Index: 123724222

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 37', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 28', 'artículo 49', 'artículo 89', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 37', 'artículo 13', 'Artículo 115', 'artículo 95', 'artículo 75', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 6', 'artículo 285', 'artículo 200', 'artículo 266', 'artículo 215', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 380', 'artículo 112', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 377', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 6', 'artículo 95', 'Artículo 89', 'artículo 39', 'artículo 25']

Sentencia nº 277 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Abril de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 593354870
Número de Expediente: 13-0728
Consta en autos que, el 6 de agosto de 2013, el ciudadano R.M.M.M., titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, asistido por el abogado J.V.H., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 64.815, solicitó la revisión de la decisión N° 38, dictada el 11 de julio de 2013, por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual, entre otros pronunciamientos, declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito ejercida en contra del prenombrado ciudadano.
El 8 de agosto de 2013, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor F.A.C.L..
Con motivo de la licencia concedida al Magistrado F.A.C.L. y la consiguiente incorporación del Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, en fecha 17 de octubre de 2013, la Sala Constitucional quedó constituida de la siguiente manera: G.M.G.A., en su condición de Presidenta, J.J.M.J., como Vicepresidente, y los Magistrados L.E.M.L., M.T.D.P., Carmen A. Zuleta de Merchán, A.D.R. y Luis Fernando Damiani Bustillos.
El 5 de febrero de 2014, se reunieron en el salón de Audiencias, los ciudadanos Magistrados Doctora G.M.G.A., Presidenta, J.J.M.J., Vicepresidente y doctores L.E.M.L., M.T.D.P., C.Z.d.M., A.D.R. y L.D.B., a los fines de la reincorporación a la Sala, del Magistrado Doctor F.A.C.L., en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la Sala Plena, por más de diez días continuos, para que se separara temporalmente del cargo, por motivo de enfermedad; y en consecuencia, de la reconstitución de la Sala, quedando constituida de la siguiente manera: Magistrada Doctora G.M.G.A., Presidenta; Magistrado Doctor F.A.C.L., Vicepresidente; Magistrados Doctores L.E.M.L., M.T.D.P., C.Z.d.M., A.D.R. y J.J.M.J..
En el escrito presentado el solicitante manifestó lo siguiente:
Que “la sentencia dictada por la referida Sala Plena es una sentencia definitivamente firme que violó mi derecho constitucional al debido proceso, específicamente mi derecho constitucional a ser juzgado por mis jueces naturales, consagrado en el artículo 49 numeral 4to de la Constitución, por cuanto fue suscrita y firmada por los siete Magistrados que integran esta Sala Constitucional que, a su vez, se pronunciaron sobre una sentencia de amparo constitucional ejercida por mi persona en fecha 20 de junio de 2013, ante la Sala Plena, y resuelta por esa Sala Constitucional mediante fallo de fecha 3 de julio de 2013, decisión Nro. 832/2013, (…) a pesar de que fueron recusados oportunamente ante la Sala Plena de ese Tribunal Supremo de Justicia, como consta en los escritos de recusación presentados ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia…”.
Que en razón de ello solicita se revise y anule la sentencia objeto de la presente solicitud de revisión.
La Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 11 de julio de 2013, emitió el acto jurisdiccional objeto de revisión en los términos siguientes:
El 19 de marzo de 2013, el ciudadano R.M.M.M. presentó escrito mediante el cual invocó los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal para solicitar la nulidad absoluta de la petición de la Fiscal General de la República. Asimismo, denunció lo siguiente: Que la investigación fiscal se inició sin que hubiera sido notificado de la existencia de la causa, sus cargos y sin poder tener acceso al expediente. Que para presentar la solicitud, la Fiscalía debió efectuar una investigación, pues si el antejuicio es declarado con lugar, se iniciaría el juicio ‘propiamente dicho’. Que las personas tienen derecho a su defensa desde la misma fase de investigación lo que implicaría que los investigados sean informados de los cargos que motivan la investigación, que puedan acceder a las actas y pruebas que conforman el expediente, que dispongan de un tiempo adecuado para ejercer la defensa, que puedan solicitar la práctica de diligencias destinadas a demostrar su inocencia. Que sus derechos humanos habrían sido lesionados por el Ministerio Público, al presentar una solicitud de antejuicio sin que se le haya permitido su defensa durante la investigación preliminar que debió haberse realizado. Que el Ministerio Público no le notificó de la investigación, ni le dio oportunidad de solicitar diligencias de investigación. Que si el Ministerio Público llevó a cabo una investigación sin haberlo notificado, la solicitud de antejuicio estaría viciada de nulidad. Que si éste no llevó a cabo una investigación, se habría violado el debido proceso ya que el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, a su decir, establece que antes de ser celebrado el antejuicio debe llevarse a cabo una investigación preliminar, la cual debió realizarse con su conocimiento. Que si sólo pudiera demostrar su inocencia durante el juicio oral y público, para ese momento ya se habría dictado una medida desfavorable en su contra. Que esos derechos –defensa y debido proceso- habrían sido vulnerados incluso si el Ministerio Público llevara a cabo la investigación luego de que se realizara el antejuicio de mérito que solicitó. Que si la Fiscalía ha llevado a cabo parte de la investigación y pretende continuarla luego de haberse celebrado el antejuicio, también se estaría transgrediendo el orden lógico del procedimiento. Del mismo modo solicitó la ‘improcedencia in limine litis’ de la solicitud fiscal, pues la Fiscal General de la República ha pretendido utilizar el antejuicio como una autorización para seguir investigando y no para determinar si hay méritos para la celebración de un juicio. Solicitó finalmente que se repusiera la causa al momento de que se le imputen formalmente los cargos en su contra, así como que se realice un pronunciamiento sobre la presente solicitud de nulidad antes de la celebración del antejuicio.
El 26 de marzo de 2013 se dictó auto conforme lo establecido en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual se hizo constar que la Magistrada L.E.M.L., actuando en su entonces condición de Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, procedió a reservarse la ponencia correspondiente a este caso, con el fin de resolver lo que fuere conducente.
El mismo día la Secretaria de la Sala Plena introdujo diligencia mediante la cual hizo constar la designación de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, efectuada en sesión de la Sala Plena del 8 de mayo de 2013, así como que la ciudadana Magistrada G.M.G.A., Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, procedió a reservarse la ponencia en el presente caso, conforme lo establecido en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
El mismo día la Secretaria de la Sala Plena interpuso diligencia mediante la cual se inserta copia certificada del original del acta de juramentación de los abogados J.L., J.C. y Á.V. como defensores privados del ciudadano R.M.M.M. en el procedimiento de antejuicio de mérito, tomada por la Magistrada G.M.G.A., Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.
El 4 de junio de 2013 el ciudadano R.M.M.M. presentó escrito en el cual invocó el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de ‘oponer excepciones a la persecución penal que se ha materializado con ocasión a (sic) la solicitud de antejuicio’. Adujo dar contestación a la querella fiscal esgrimiendo los alegatos que en la audiencia expondrá de viva voz, a los cuales se referirá este fallo en el análisis correspondiente.
a. Relación de cuentas bancarias del Diputado R.M..
b. Comunicación n° ONA-P-0001013 del 26.03.2013 suscrita por el Subdirector de la Oficina Nacional Antidrogas.
c. Relación de cheques emitidos a nombre del Diputado R.M.M.M..
d. Estados de cuenta, correspondientes a la cuenta corriente del banco Banesco n° 0134-0783 517833024902, correspondiente al ciudadano R.M.M.M..
Tal remisión la efectuó para que la documentación fuera agregada al expediente y, a los fines de solicitar ‘a objeto de garantizar al mencionado ciudadano, su Derecho a la Defensa, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…) el diferimiento de la audiencia oral y pública fijada para el día 11 de junio de 2013, a las 10:00 a.m.’.
El mismo día, el abogado J.D.C., defensor privado del ciudadano R.M.M.M., presentó diligencia mediante la cual manifestó que ‘fuera de horas de despacho (…) [del 10 de junio de 2013] la Fiscal General de la República presentó (…) oficio DFGR-29252, de fecha 10/06/2013 mediante el cual consignaba nuevos elementos de convicción no mencionados en la solicitud de antejuicio de mérito. Este acto consiste en una flagrante violación a los derechos a de la defensa y el debido proceso, además de configurar una manifiesta vulneración del principio de lealtad procesal y buena fe…’. Solicitó igualmente que ‘este oficio no sea tomado en cuenta y que únicamente se tomen en consideración los elementos consignados y referidos el 12 de marzo de 2013 en la solicitud original de antejuicio de mérito’.
El mismo día se inserta diligencia suscrita por la Magistrada G.M.G.A., Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y por la Secretaria de la Sala Plena, mediante la que se acuerda la autorización correspondiente a los fines de la expedición de las copias certificadas solicitadas por la abogada C.S.G., Fiscal 3era. del Ministerio Público ante las Salas Constitucional y de Casación Penal.
El 19 de junio de 2013, mediante oficio n° 31148 de esa misma fecha, la Fiscal General de la República, remite para ser agregada al expediente, la copia de la comunicación n° 2013/000750 del 18 de junio de 2013, suscrita por la Intendente Nacional de Tributos Internos del SENIAT, en la que informa que el 15 de agosto de 2012, mediante providencia administrativa n° SANT/INTI/GRTI/RCNT/DF/ 2012/ISLR/01154 del 09 de agosto de 2012 ‘se inició proceso de fiscalización y determinación del cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo: R.M.M., para el ejercicio fiscal 2011, en atención a la solicitud presentada por el C.L.d.E.A., mediante Oficio distinguido con el N° 191-12, de fecha 11 de junio de 2012, de todo lo cual fue debidamente notificado en fecha 15 de agosto de 2012 el ciudadano R.M. Mardo’. Asimismo remitió copia de la declaración de Impuesto Sobre la Renta del citado ciudadano correspondiente al ejercicio fiscal 2012. La presente remisión la efectúa la Fiscal General de la República, a los fines de que la documentación fuera agregada al expediente respectivo.
El 20 de junio de 2013, la Secretaría de esta Sala Plena recibió escrito presentado por el ciudadano R.M.M.M., debidamente asistido por el abogado Rosnell V.C.B., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 171.568, contentivo de demanda que denominó ‘acción de amparo sobrevenido’, contra la actuación de la ciudadana L.O.D., en su carácter de Fiscal General de la República, denunciando al efecto ‘…que la referida ciudadana ha vulnerado reiteradamente [sus] derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa en el marco del presente proceso…’, atinente al trámite de la solicitud de antejuicio de mérito presentada por el Ministerio Público.
El 25 de junio de 2013, a la hora pautada, cumplidos los extremos legales aplicables al asunto, se celebró en el auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia, la audiencia oral y pública concerniente al procedimiento de antejuicio de mérito, con la presencia de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada G.M.G.A. y demás Magistrados que integran la Sala Plena; la ciudadana L.O.D., en su carácter de Fiscal General de la República; y del ciudadano R.M.M.M. y sus abogados defensores.
El mismo día, la Sala Plena dictó la decisión n° 37 mediante la que acordó con respecto al escrito que el ciudadano R.M.M.M. interpuso bajo el título de ‘amparo sobrevenido’ lo siguiente: 1) Que es incompetente para decidir la precitada acción de amparo constitucional; y 2) Se declina la competencia en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer y decidir la acción de amparo constitucional intentada; en consecuencia, se ordenó desglosar el escrito contentivo de la acción de amparo antes referida, con sus anexos y remitir en original, con oficio, a la mencionada Sala de este Alto Tribunal.
El 4 de julio de 2013, el abogado J.D.C., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 161.091, actuando en su carácter de defensor privado del ciudadano R.M.M.M., presentó escrito de recusación contra los Magistrados G.M.G.A., F.A.C.L., L.E.M.L., M.T.D.P., C.Z.d.M., Arcadio de Jesús Delgado Rosales y J.J.M.J., Presidenta e integrantes de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, respectivamente, esgrimiendo que habrían ‘emitido una opinión sobre la causa referida al antejuicio de mérito solicitado en contra de [su] defendido por la Fiscal General de la República’, por lo que invocó el artículo 89, numeral 7, del Código Orgánico Procesal Penal.
Tal audiencia tuvo lugar precisamente el día 25 de junio de 2013, iniciándose a la hora pautada en el auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia. A ésta asistieron la Magistrada G.M.G.A., Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y demás Magistrados integrantes de la Sala Plena, la abogada L.O.D., Fiscal General de la República y el ciudadano R.M.M.M., y sus abogados defensores ciudadanos J.A.L., J.D.C. y Á.V.C..
De otra parte aduce la defensa que la solicitud de antejuicio de mérito no expresa qué se pretende demostrar con cada uno de los elementos de convicción mencionados en la misma. Al respecto aprecia la Sala que la Fiscal General de la República, tanto en su querella –que no acto acusatorio-, como en la exposición brindada en la audiencia oral y pública, mostró con claridad fundados indicios sobre la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria en su modalidad de ocultamiento, tipificado en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario, toda vez que ‘observa [el Ministerio Público] que las declaraciones del Impuesto Sobre la renta, correspondientes a los años 2009 y 2010, no reflejan el dinero recibido o ingresado al patrimonio del referido parlamentario -como consecuencia de los cheques y transferencias emitidos a su favor-, lo que requiere ser objeto de investigación, para lo cual deben practicarse diligencias que son consideradas como actos de persecución penal personalizada, y que solo pueden ser posibles con el previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, que autorice el enjuiciamiento, para luego -de ser el caso- solicitar a la Asamblea Nacional allane la inmunidad parlamentaria correspondiente…’.
En idéntico sentido, sobre el delito de legitimación de capitales, tipificado en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, la Fiscal General de la República dictamina que ‘…se hace necesario fuera de cualquier especulación posible, verificar la aplicación o destino de los fondos comprometidos, pues llama la atención que estas cantidades no hayan estado sujetas a declaración ante la Administración Tributaria del sujeto obligado, razón por la cual considero que la conducta presuntamente desplegada por el Diputado podría encuadrar en el referido tipo penal de Legitimación de Capitales (…). Con relación al delito de Legitimación de Capitales, también denominado lavado de dinero, blanqueo o reciclaje de capitales o blanqueo de bienes, cabe destacar que éste constituye el modo de asegurar los frutos de actividades ilícitas. Las ganancias de tales actividades deben diluirse en la complejidad del sistema económico o financiero de uno o varios países, a los fines de darles apariencia de legitimidad, vale decir, ‘reciclándolos’. Así lo ha resaltado nuestro m.T. (…): ‘El artículo 37 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se refiere a una acción en la cual mediante el logro de la impunidad del delito cometido, se alcanza el lucro’…’.
Respecto de ambos delitos supuestamente cometidos, agrega la Fiscal General de la República que ‘…será necesario realizar una investigación sin la existencia de ningún obstáculo procesal, con el objeto de cumplir con la finalidad del proceso que no es otro que la búsqueda de la verdad a través de las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal…’.
‘Artículo 115. Constituyen ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad:
15. Omitir la presentación de la declaración informativa de las inversiones realizadas o mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal’.
‘Ahora bien, del análisis de las actas que contienen el expediente judicial y de lo expuesto en este fallo, se observa la conducta omisiva e injustificada de la contribuyente respecto a su ineludible obligación de declarar la totalidad de sus enriquecimientos provenientes de las ventas realizadas. (…) [A]precia esta Sala que la defraudación tributaria resulta una conducta dolosa per se, que presupone engaños, artificios o maniobras para conseguir un fin determinado. Por consiguiente, para que la omisión de ingresos tributarios advertida en el caso de autos pudiese ser calificada como dolosa, tan evidente como para permitir a la autoridad contralora y al juzgador revisor afirmar automáticamente la existencia de tan grave infracción a cargo de la contribuyente omisa, sin poner en riesgo la aplicación de determinados principios fundamentales y límites de la potestad sancionadora y su ordenamiento rector, necesariamente dicha conducta debía encuadrar en la tipología específica de conductas que presuponen la intención de defraudar, y que como tales resultan sancionables según lo dispuesto en los citados artículos 94 y 95 del Código Orgánico Tributario de 1982, aplicable ratione temporis.’.
‘[C]onstata esta Sala que en el caso de autos, en el momento que la contribuyente procedió a presentar sus declaraciones de impuesto al valor agregado, sin incluir la totalidad de los ingresos por ventas, según se desprende de la comparación de la información obtenida durante la fiscalización y los registros contables, efectivamente derivó para el Fisco Nacional en una disminución ilegítima de sus ingresos tributarios, lo cual configuró el ilícito fiscal de defraudación tipificado en los artículos 93 y 94 del Código Orgánico Tributario de 1994, cuya sanción se encuentra prevista en el artículo 95 eiusdem, con multa de dos a cinco veces el monto del tributo omitido en concordancia con el artículo 75 eiusdem que establece la aplicación supletoria de los Principios y Normas del Derecho Penal, procediendo la sanción de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 del Código Penal. En consecuencia, habiendo declarado esta Sala procedente el ilícito fiscal, el cual comportó un perjuicio al Fisco Nacional, confirma la procedencia de la sanción impuesta a la contribuyente Tiendas Karamba San Fernando, C.A. Así se decide.’
Resalta en este punto que la Fiscal General de la República refiere la presunción sobre la comisión de este delito de defraudación tributaria en la modalidad de ocultamiento ‘…pues consiste en no declarar el hecho pechado por la Ley, sea declarando lo falso o no emitiendo declaración alguna…’.
Así prosigue la Fiscal General de la República indicando que ‘…se observa que las declaraciones del Impuesto Sobre la renta, correspondientes a los años 2009 y 2010, no reflejan el dinero recibido o ingresado al patrimonio del referido parlamentario -como consecuencia de los cheques y transferencias emitidos a su favor-…’ y especifica lo siguiente: ‘la sumatoria de los cheques recibidos en el año 2009 asciende a: 224.000 Bs., siendo declarado únicamente un ingreso de: 72.000 Bs. para ese ejercicio fiscal; por otra parte, los montos por los cheques recibidos en el año 2010 suman: 140.400 Bs., declarando como ingresos únicamente; 95.000 Bs.; todo lo que indudablemente afecta directamente el patrimonio del Estado, que dejó de percibir el impuesto que debió corresponderle, si éste hubiese declarado los montos percibidos para los ejercicios fiscales 2009 y 2010…’.
‘Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.
Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados según el origen ilícito de los mismos’.
Sobre estos particulares la querella fiscal señala que ‘…con relación al delito de Legitimación de Capitales, también denominado lavado de dinero, blanqueo o reciclaje de capitales o blanqueo de bienes, cabe destacar que éste constituye el modo de asegurar los frutos de actividades ilícitas. Las ganancias de tales actividades deben diluirse en la complejidad del sistema económico o financiero de uno o varios países, a los fines de darles apariencia de legitimidad, vale decir, ‘reciclándolos’. Así lo ha resaltado nuestro m.T. (…): ‘El artículo 37 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se refiere a una acción en la cual mediante el logro de la impunidad del delito cometido, se alcanza el lucro’…’. Precisa además que ‘…la regulación internacional de este delito, se encuentra contenida en el artículo 6 de la Convención Contra la Delincuencia Organiza.T. –Convención de Palermo-…’. Y en lo atinente al caso bajo examen refiere lo siguiente: ‘…observemos entonces cada una de tales fases; en cuanto a la primera, es posible que haya habido una colocación de fondos -a través de la emisión de unos cheques y específicamente de una transferencia por un monto de doscientos mil bolívares (200.000 Bs.)-, los cuales al no ser declarados por el contribuyente, puede considerarse que hubo un encubrimiento u ocultamiento, en virtud que se desconoce además su destino final, cumpliéndose con ello la segunda etapa; y con respecto a la última de éstas, al no conocer qué utilidad hubo con respecto a tales fondos…’.
· Como conclusiones respecto del análisis financiero determinan que ‘se evidencian un conjunto de aspectos que pudieran presumir el delito de legitimación de capitales; pero que sin embargo, deben de ser (sic) investigadas con más acuciosidad por parte de los Organismos de Investigación Policial (…) de manera conjunta con el Ministerio Público’. Recomienda la Oficina Nacional Antidrogas, realizar una revisión más exhaustiva sobre las empresas que poseería el mismo ciudadano, así como sobre el origen del dinero empleado en las operaciones de compra-venta en las que habría participado.
Estas circunstancias, según asevera la Fiscal General de la República, ‘…requiere[n] ser objeto de investigación, para lo cual deben practicarse diligencias que son consideradas como actos de persecución penal personalizada, y que solo pueden ser posibles con el previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, que autorice el enjuiciamiento, para luego -de ser el caso- solicitar a la Asamblea Nacional allane la inmunidad parlamentaria correspondiente…’.
En definitiva, el Ministerio Público, institución con rango constitucional que acorde con las competencias que le corresponden según el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dictaminó que ‘…los elementos que cursan en la causa, podrían comprometer la responsabilidad del ciudadano R.M.M.M., en la comisión de delitos previstos en el Código Tributario y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, por lo cual resulta indispensable continuar con la investigación ya referida, en la cual se requiere realizar actos de investigación que suponen una persecución penal personalizada en contra del citado Diputado, tales como: verificación de cuentas bancarias, relación de bienes a su nombre, entre otras, todo lo cual supone la previa Declaratoria de Mérito para su enjuiciamiento…’.
Adicionalmente a los argumentos y delaciones examinadas en lo anterior, no pasa inadvertido para la Sala lo apreciado en el desarrollo de la audiencia oral y pública celebrada en este Supremo Tribunal, en cuyo contexto el ciudadano R.M.M.M. reconoció que ‘…a lo mejor yo como funcionario público no puedo recibir donaciones, pero yo puedo pedirle a varios de ustedes, vamos a hacer una vaca para pagarle la operación a ese niño…’, toda vez que esta declaración pudiera ser objeto de esclarecimiento en el marco de un juicio para la indagación de los hechos denunciados y su autoría.
‘…[S]i el parlamentario no es sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito ya que en tal caso sí es necesario que el m.T. examine los recaudos que enviaría el tribunal sumariador (hoy Ministerio Público) para verificar si se ha configurado un tipo delictivo y si hay indicios de culpabilidad del congresista a quien se le imputan hechos punibles. En este caso, en el cual media necesariamente una acusación o denuncia, es imprescindible el antejuicio de mérito, en cuyo caso si la Corte Suprema de Justicia decidía que había lugar a la prosecución de juicio, debía enviarse la decisión a la Cámara correspondiente para que esta autorizara mediante el allanamiento la continuación del procedimiento respectivo (Ibidem, pág.46).
El ex magistrado LA ROCHE en su obra hace referencia a varios ejemplos en materia de allanamiento en la historia constitucional venezolana. Es digno de destacar, en lo que concierne a la Carta de 1961, que se debatió jurídica y políticamente la pertinencia del allanamiento y del antejuicio de mérito para delitos de carácter militar, distintos de los comunes y los políticos. Desde 1963 y hasta 1976 se impuso la tesis (avalada por los partidos del establecimiento político y la Corte Suprema de Justicia) de que en caso de imputación a parlamentarios por delitos militares no procedía ninguna de las dos instituciones. Así, se ordenó el enjuiciamiento de los diputados del PCV y del MIR por el asalto al ‘Tren de El Encanto’ (1963); y de M.Á.C., en 1968.
De lo expuesto debe concluirse que tanto la tesis doctrinaria expuesta como la jurisprudencia de la Corte en pleno, siguen vigentes en cuanto a la situación de la condición de delitos en flagrancia. De acuerdo a lo señalado, es imprescindible el allanamiento de la inmunidad en cualquier caso para el enjuiciamiento, por tratarse de un privilegio irrenunciable…’.
‘…Con miras a efectuar un pronunciamiento a este respecto, se estima impretermitible a.p. el régimen de protección a la función parlamentaria estatuido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así las cosas, mal puede amparar la inmunidad al parlamentario por la comisión de delitos cuya persecución se haya iniciado con anterioridad a su proclamación, en el entendido de que tal momento tiene lugar una vez que hayan sido satisfechos los extremos previstos en los artículos 153 al 155, ambos inclusive de la Ley Orgánica de Procesos Electorales…’
‘...Partiendo de que la ratio de la inmunidad parlamentaria es la protección de la función legislativa, debe determinarse a partir de qué momento empiezan sus miembros a gozar del beneficio. En ese sentido se aprecia, que el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente:
De la interpretación literal del citado dispositivo constitucional, se desprende claramente que los diputados gozan de inmunidad 1) en el ejercicio de sus funciones, y 2) desde su proclamación, de manera que resulta claro que se requieren dos condiciones concurrentes para que opere el privilegio, por una parte haber sido proclamado y por otra estar en ejercicio de sus funciones, lo que encuentra una perfecta correspondencia con la razón de su previsión por parte del Constituyente, toda vez que si el fin de ese beneficio es garantizar el desenvolvimiento de la labor parlamentaria, se justifica que los asambleístas estén protegidos de cualquier acción externa a ese cuerpo que les impida legislar sólo mientras estén desempeñando su labor. En ese sentido, expresa Recoder de Casso, que ‘…Lo normal es que opere únicamente durante los períodos de sesiones y que en los intervalos entre dos períodos queden los parlamentarios sujetos al derecho común, sin perjuicio de que al iniciarse el período siguiente la Asamblea puede pedir la suspensión de las actuaciones iniciadas…’…’
‘…Ahora bien, lo que sí constituye una sustancial alteración del espíritu, propósito y razón de la referida norma [artículo 266.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela] -en lo que respecta a sus antecedes históricos-, es el cambio de criterio para determinar el órgano jurisdiccional competente que deberá continuar conociendo de la causa una vez declarada ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito.
Es importante resaltar, que ante la existencia objetiva de una laguna técnica o axiológica puede darse la posibilidad política y jurídica de acudir a un texto constitucional derogado para integrar dicha laguna. En efecto, como lo refiere el Dr. H.J. LA ROCHE, en su obra Derecho Constitucional, Tomo I. (Parte General) Valencia, Vadell Hermanos Editores 1991, págs. 216 y siguientes, eventualmente habrá disposiciones constitucionales precedentes que sobrevivirían al ‘naufragio’, como principios o derechos fundamentales y reglas de interpretación a los cuales el juez se ve en la necesidad de acudir en casos como el planteado. ¿A qué precio sobreviven esas normas? Al respecto existen dos teorías a) La definida por Duguit que propone la teoría de la superlegalidad constitucional, por la cual solo podrían subsistir las declaraciones de derecho; y b) La teoría de Esmein según el cual podría ‘subsistir’ una norma constitucional derogada o destruida, pero se produciría un cambio tácito de su naturaleza jurídica, ya que no pueden existir simultáneamente dos Constituciones dentro de un Estado. Tomando esta última posición, esta Sala debe rescatar la correcta redacción del artículo 215, cardinal 2 de la Carta de 1961, que es el precedente constitucional inmediato, pero que ratifica la tradición jurídica referida supra, y procede a integrar la laguna axiológica descrita en los términos que se exponen a continuación.
En tal sentido, a los efectos de dar una solución que resulte coherente o pertinente con las propiedades del supuesto de hecho, esta Sala considera que en caso de darse los elementos anteriormente mencionados, deben remitirse los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si el delito fuere común a los fines contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal; y si el delito fuere político, continuará conociendo de la causa el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, hasta la sentencia definitiva’. (Subrayado de la cita)
PRIMERO: No ha lugar a las solicitudes de nulidad interpuestas por los abogados defensores privados del ciudadano R.M.M.M..
SEGUNDO: Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada L.O.D., actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano R.M.M.M., titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, respectivamente.
TERCERO: Que hay mérito para el enjuiciamiento del ciudadano R.M.M.M., titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, respectivamente.
CUARTO: Se ordena notificar a la Asamblea Nacional, en la persona de su Presidente, Diputado D.C.R., sobre la presente decisión, a los fines de que ese Órgano Legislativo Nacional delibere sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del ciudadano R.M.M.M., con lo cual de ser acordado, operará de pleno derecho lo referido en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal.
QUINTO: Se ordena remitir las actuaciones que conforman el presente antejuicio de mérito a la abogada L.O.D., Fiscal General de la República, de conformidad con el artículo 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
SEXTO: Se ordena notificar de la presente decisión a la abogada L.O.D., Fiscal General de la República y al ciudadano R.M.M.M..
En el presente caso se requirió la revisión del veredicto N° 38 dictado, el 11 de julio de 2013, por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual, conforme a las precitadas disposiciones constitucionales y legales, junto a la jurisprudencia señalada, esta Sala se declara competente para pronunciarse sobre la presente solicitud, y así se declara.
En la oportunidad de decidir, esta Sala observa, en síntesis, lo siguiente:
La parte actora solicitó la revisión constitucional de la sentencia N° 38, dictada, el 11 de julio de 2013, por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, en la que, entre otros pronunciamientos, declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito ejercida en contra el ciudadano R.M.M.M..
Al respecto, el solicitante de autos sostiene que la señalada decisión “violó [su} derecho constitucional al debido proceso, específicamente [su] derecho constitucional a ser juzgado por [sus] jueces naturales (…) por cuanto fue suscrita y firmada por los siete Magistrados que integran esta Sala Constitucional que, a su vez, se pronunciaron sobre una sentencia de amparo constitucional ejercida por mi persona en fecha 20 de junio de 2013, ante la Sala Plena, y resuelta por esa Sala Constitucional mediante fallo de fecha 3 de julio de 2013, decisión Nro. 832/2013, (…) a pesar de que fueron recusados oportunamente ante la Sala Plena de ese Tribunal Supremo de Justicia, como consta en los escritos de recusación presentados ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia…”.
Como puede apreciarse, en esa escueta delación que pretende ser utilizada como sustento de una solicitud de revisión constitucional, no se expresan ni las resultas de la aludida recusación (posiblemente porque la misma fue declarada inadmisible por parte del órgano constitucional competente para ello, tal y como consta en la propia decisión aquí impugnada), ni tampoco se expone basamento alguno de semejante sofisma, tal y como se demostrará a continuación, según el cual supuestamente se violó la garantía del juez natural (sin que se explicase en cuál de sus múltiples dimensiones jurídicas resultó, pretendidamente, quebrantada), por cuanto los Magistrados de esta Sala que declararon inadmisible la acción de amparo que ejerció el solicitante de autos en contra de la Fiscal General de la República (circunstancia que tampoco se explicita en el carente escrito de revisión sub examine), en tanto integrantes de la Sala Plena, también suscribieron la sentencia mediante la cual se declaró la existencia de mérito para el enjuiciamiento del ciudadano R.M.M.M..
En fin, ni siquiera se fundamenta y motiva de manera suficiente la denuncia de la pretendida violación al debido proceso en este caso.
En efecto, tal como se apreciará a continuación, en la presente solicitud de revisión no se indican los parámetros elementales para objetar la imparcialidad (ya por segunda vez) de los Magistrados de esta Sala que suscribieron la decisión objeto de la misma (argumento señalado como sustento de la presente acción), ni mucho menos se expresa en cuál o cuáles de las causales específicas y restringidas de la revisión constitucional, supuestamente, incurre el fallo denunciado.
Así pues, si bien no se está ante una recusación (que además no procedería en materia de revisión constitucional –sentencia SCTSJ N° 31 del 15/2/11), no menos cierto es que la esencia de la denuncia que subyace en esta solicitud de revisión, radica en la pretendida incompetencia subjetiva de los Magistrados de esta Sala (los cuales fueron recusados por el requirente de autos en el proceso de antejuicio de mérito) que suscribieron, como integrantes de la Sala Plena, el fallo que estimó la existencia de méritos para el enjuiciamiento penal del aquí peticionante, lo cual no fue sustentado conforme lo exigen las fuentes del derecho.
Al respecto, resulta pertinente traer a colación el criterio adoptado por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 23, del 15 de julio de 2002:
La institución de la recusación obedece a un acto procesal a través del cual, con fundamento en causales legales taxativas, las partes, en defensa de su derecho a la tutela judicial efectiva, pueden separar al juez o al fiscal del conocimiento de la causa, pero para ello no es válida la afirmación de circunstancias genéricas, pues se iría en detrimento de la naturaleza de dicha institución, creada para demostrar hechos o circunstancias concretas en las cuales pudieran estar incurso los titulares de tales órganos.
Lo anterior evidencia tres conclusiones fundamentales que el recusante debe tener en cuenta para que prospere su pretensión, como son: a) debe alegar hechos concretos; b) tales hechos deben estar directamente relacionados con el objeto del proceso principal donde se generó la incidencia, de tal manera que afecte la capacidad del recusado de participar en dicho juicio; y c) debe señalar el nexo causal entre los hechos alegados y las causales señaladas, pues, en caso contrario, ello impediría en puridad de Derecho, la labor de subsunción del juez, ya que hacerlo bajo tales circunstancias implicaría escudriñar en lo que quiso alegar el recusante, lo cual constituye una suplencia en la defensa de éste que va en detrimento del derecho a la defensa de la otra.
Así pues, aun cuando se está ante una solicitud de revisión constitucional, no menos cierto es que a través de la misma se cuestiona, al menos indirectamente la imparcialidad de los Magistrados de esta Sala que suscribieron el fallo objeto de la misma, ello sin que fuere debidamente planteada tal circunstancia y, en fin, sin que el hecho señalado (haber declarado inadmisible previamente una acción de amparo, por cuanto al efectuarse la audiencia de antejuicio, sin que se aportaran nuevos medios de prueba, ya había cesado el riesgo denunciado, y por cuanto esas y otras delaciones ya habían sido planteadas mediante la vía judicial preexistente y serían objeto de ulterior pronunciamiento por parte del tribunal competente, en este caso, la Sala Plena mediante el fallo aquí impugnado, la cual estaría conformada, además, por esos mismos Magistrados de la Sala Constitucional) esté directamente relacionado con el objeto del proceso principal en el que se generó la incidencia, de tal manera que afectare la capacidad de los juzgadores de participar en dicho juicio; además que tampoco se expresó el nexo causal entre los hechos alegados y las causales de recusación previstas en la ley, lo cual obviamente impide en puridad de Derecho, las labores de subsunción y de verificación de la ausencia de capacidad subjetiva, ya que hacerlo bajo tales circunstancias implicaría escudriñar en lo que quiso alegar el recusante, lo cual constituye una suplencia en la defensa de éste que va en detrimento del derecho a la defensa de la otra.
Ahora bien, aun cuando resulta necesaria tal advertencia más referida al núcleo de la denuncia que aspira fundamentar la presente solicitud de revisión, es imprescindible evaluar el fallo aquí impugnado a la luz de las precisas causales de revisión constitucional que convoca a esta Sala en esta oportunidad, aun cuando el solicitante no lo hizo, al menos explícitamente, en el escrito sub examine.
En tal sentido, en la sentencia Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”), esta Sala señaló el criterio reiterado, pacífico y vigente según el cual la facultad de revisión es “(…) una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional (…)”; por ello, “(…) en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere” y, en tal sentido, que “(…) la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión ‘(…) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales’ (…)”.
Al respecto, esta Sala ha sostenido de manera insistente que la revisión constitucional, no debe entenderse como un recurso ordinario ni como una nueva instancia, y que, por tanto, la solicitud en cuestión sólo tendrá lugar a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando efectivamente se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del M.T., lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.
Así pues, tal como debe saberlo el abogado que asistió al solicitante de autos, esta Sala ha señalado reiteradamente que “(…) la revisión no constituye una tercera instancia, ni un instrumento ordinario que opere como un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional cuya finalidad no es la resolución de un caso concreto (…), sino el mantenimiento de la uniformidad de los criterios constitucionales en resguardo de la garantía de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, lo cual reafirma la seguridad jurídica (…)” (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 2.943/2004, caso: “Construcciones Pentaco JR, C.A.”).
En razón de ello, debe sostenerse que la decisión cuyo examen se requiere no encuadra en alguno de los supuestos de la revisión constitucional y, por tanto, la situación planteada no se enmarca dentro de la finalidad que persigue esta especialísima institución jurídica, ya que en nada contribuiría al mantenimiento de la uniformidad de la jurisprudencia de esta Sala en materia de normas y principios constitucionales.
Asimismo, se estima, de acuerdo con los términos en que fue planteada la solicitud de revisión, que el solicitante pretende que, como la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia encontró méritos para su enjuiciamiento, sea anulada tal decisión que simplemente estima contraría a sus intereses manifiestos en la infundada solicitud de autos.
Al respecto, aun cuando fuere cierto que la decisión objeto de revisión, dictada por la Sala Plena el 11 de julio de 2013, mediante la cual se declaró la existencia de mérito para el enjuiciamiento del solicitante de autos, hubiere sido suscrita, además, por los Magistrados que integran la Sala Constitucional, y que, según manifiesta este último, se pronunciaron el 3 de julio de ese mismo año con relación a una acción de amparo que ejerciere contra la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, con ocasión a las actuaciones desplegadas en el marco del antejuicio de mérito en cuestión, no menos cierto es que ambas decisiones fueron pronunciadas en procedimientos judiciales distintos (antejuicio de mérito y amparo constitucional) y, sobre todo, que en la referida decisión, la Sala Constitucional no se pronunció sobre aspecto de fondo alguno, ni de lo planteado en la demanda de amparo constitucional (pues la misma fue declarada inadmisible, en primer lugar, por cuanto para el momento de la decisión ya se había celebrado la audiencia de antejuicio, y, en segundo lugar, por cuanto en la misma audiencia, ante todos los Magistrados que conforman la Sala Plena, incluyendo los de esta Sala, el quejoso de autos planteó las mismas denuncias que sustentaron el amparo que ejerció), ni mucho menos, en la referida sentencia de amparo constitucional, se emitió pronunciamiento sobre la sustancia del procedimiento de antejuicio de mérito que se le siguió al aludido ciudadano, por cuanto esta Sala no tiene la competencia para decidir sobre la existencia de mérito o no para ordenar el enjuiciamiento penal de altos funcionarios públicos, a diferencia de la Sala Plena, lo cual advierte en grado superlativo la temeridad manifiesta en el ejercicio de la presente solicitud de revisión constitucional (que, a pesar de ser interpuesta ante esta misma Sala Constitucional, el solicitante no plantea observación alguna respecto de la capacidad subjetiva de ninguno los Magistrados que la resolverían, aun cuando, en su mayoría, la misma está conformada por los jurisdicentes que, según da a entender, supuestamente no debieron suscribir la sentencia que declaró la existencia de méritos para su enjuiciamiento penal).
Con ocasión a lo expresado en el párrafo precedente, resulta pertinente reproducir aquí el contenido textual de la parte motiva de la decisión dictada el 3 de julio de 2013, por esta Sala Constitucional, mediante la cual se declaró “INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano R.M.M.M., contra la ciudadana L.O.D., en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela”:
Establecida la competencia de la Sala para el conocimiento de la causa, le corresponde emitir el pronunciamiento respecto de la admisibilidad de la acción propuesta.
En tal sentido, es necesario recordar que la presente acción de amparo fue interpuesta contra actuaciones de la ciudadana L.O.D., en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco del antejuicio de mérito que se sigue ante la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia contra el hoy accionante. De allí que pase esta Sala a analizar los alegatos esgrimidos por el ciudadano R.M.M.M. en su escrito de amparo.
En primer término, el accionante insiste en su temor de ‘…que la Dra. L.M.O.D. continúe consignando nuevos supuestos elementos de convicción a los fines de retardar el proceso y evitar que se celebre la audiencia de Antejuicio de Mérito, colocándome en una situación de total inseguridad jurídica…’.
Ahora bien, es un hecho notorio la realización, el día martes 25 de junio de 2013, en el Auditorio Principal del Edificio Sede de este M.T., de la audiencia pública con ocasión del antejuicio de mérito seguido contra el ciudadano R.M.M.M.; razón por la cual, de haber existido la supuesta amenaza de violación de los derechos constitucionales denunciada por el hoy accionante, la misma cesó al haberse celebrado el mencionado acto procesal. Por lo que la acción de amparo resulta inadmisible conforme a lo establecido en el cardinal 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
En segundo lugar, el accionante efectúa una serie de denuncias relacionadas con el desarrollo de la investigación preliminar llevada a cabo por el Ministerio Público.
En tal sentido, debe acotarse que, a raíz de dicha denuncia, la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadana L.O.D., presentó formalmente la solicitud de antejuicio de mérito en contra del ciudadano R.M.M.M. ante la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia.
En efecto, como se expuso con anterioridad, ya la audiencia pública fue celebrada en dicha causa, oportunidad en la cual el accionante y sus defensores privados reprodujeron las mismas delaciones.
Así las cosas, esta Sala considera oportuno recordar lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales:
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes (…omissis…)’.
De lo anterior se desprende que el accionante realizó las mismas denuncias aquí contenidas, en el marco de la audiencia pública celebrada con ocasión de la solicitud de antejuicio de mérito efectuada en su contra.
‘(...) la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente.’ (Sentencia N° 2369 de esta Sala, del 23 de noviembre de 2001, caso: M.T.G. y otro).
Asimismo, con relación a esa causal de inadmisibilidad, esta Sala reiteró recientemente lo siguiente:
‘… estima esta Sala que no puede pretender el quejoso la sustitución, con el amparo, de los medios jurisdiccionales que preceptuó el ordenamiento procesal para la corrección del supuesto error que cometió el órgano jurisdiccional, pues ellos constituyen la vía idónea para la garantía de la tutela judicial eficaz. La admisión de lo contrario llevaría a la desaparición de las vías judiciales que estableció el legislador para el aseguramiento de los derechos e intereses de las partes dentro de un determinado proceso’ (Vid. sentencia de esta Sala N° 478, del 25 de abril de 2012).
Ahora bien, debe analizarse brevemente la naturaleza del antejuicio de mérito. En tal sentido, el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:
(…omissis…)’ (Subrayado nuestro).
Así, las personas que se hallan investidas de las más elevadas funciones públicas, gozan de prerrogativas constitucionales para el ejercicio de sus funciones, siendo una de ellas el antejuicio de mérito, cuyo conocimiento le corresponde a la Sala Plena de este M.T..
En tal sentido, ha señalado este Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas decisiones, que el régimen del antejuicio de mérito previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consiste en un privilegio para las altas autoridades del Estado, que tiene por objeto proteger la labor de los funcionarios públicos que ocupan y desempeñan cargos de alta relevancia, por lo que procura la continuidad en el desempeño de las tareas esenciales que presupone el ejercicio de la función pública. En otras palabras, el antejuicio de mérito es una prerrogativa procesal de la que son acreedores los altos funcionarios del Estado, que garantiza ese ejercicio de la función pública y, por ende, evita la existencia de perturbaciones derivadas de posibles querellas injustificadas o maliciosas que se interpongan contra las personas que desempeñen una alta investidura.
De manera que cuando se considera que algún alto funcionario ha cometido algún hecho punible –conditio sine qua non para la solicitud del antejuicio de mérito que debe preceder al enjuiciamiento penal contra los altos funcionarios a los cuales hace referencia los numerales 2 y 3 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela– la ley otorga al titular de la acción penal, específicamente, al Fiscal General de la República, la facultad para proponer formalmente, ante la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de antejuicio de mérito mediante una querella, como lo señala el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal.
De lo anterior se deduce que el antejuicio de mérito, si bien no constituye una vía judicial ordinaria, en el presente caso se plantea como un medio judicial preexistente. En efecto, el hecho de que las denuncias que soportan la presente demanda de amparo –indebidamente calificado como sobrevenido, según se expuso ut supra- hayan sido igualmente expuestas ante la Sala Plena de este Alto Tribunal, que es el juez natural que conoce de la causa de antejuicio en el marco de la cual el accionante denuncia que fueron violados sus derechos y garantías constitucionales, hace que se configure la causal de inadmisibilidad contenida en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues sus alegatos serán objeto de pronunciamiento por parte de la referida Sala en la oportunidad de dictarse la decisión de fondo en dicha causa. Así también se decide.
Finalmente, debe recordar esta Sala que la naturaleza de la acción de amparo constitucional, en tanto considerada extraordinaria, fue revisada en sentencia N° 848, de fecha 28 de julio de 2000 (caso: L.A.B.), oportunidad en la cual señaló lo siguiente:
‘…el amparo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no obra en sus supuestos como una acción que puede ser utilizada en cualquier momento en que lo considere el actor. Es por ello, que la doctrina y muchas sentencias, la consideran una acción extraordinaria, aunque en realidad no lo sea, ya que ella es una acción común que la Constitución vigente (artículo 27) otorga a todo aquél a quien se le infrinjan derechos y garantías constitucionales, pero cuya admisibilidad varía, de acuerdo a las diversas fuentes de trasgresión constitucional que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales previene. Estas infracciones pueden provenir de vías de hecho, o estar contenidas en actos administrativos, normas jurídicas, actos u omisiones procesales, sentencias judiciales, etc.
Por lo tanto, no es cierto que per se cualquier trasgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, y menos las provenientes de la actividad procesal, ya que siendo todos los jueces de la República tutores de la integridad de la Constitución, ellos deben restablecer, al ser utilizadas las vías procesales ordinarias (recursos, etc.), la situación jurídica infringida, antes que ella se haga irreparable…’.
En virtud de las consideraciones antes expuestas y de los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos supra, esta Sala considera que lo ajustado a derecho es declarar inadmisible la presente acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con lo establecido en los cardinales 1 y 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide
Como puede observarse, esta Sala declaró inadmisible la acción de amparo y, en consecuencia, no valoró actuación alguna de la representación del Ministerio Público en el marco del procedimiento de antejuicio de mérito en cuestión, por cuanto para el momento de dictar esa decisión (3 de julio de 2013), ya se había celebrado la audiencia del antejuicio (realizada el 25 de junio de 2013), en la cual, el aquí solicitante expresó las mismas denuncias plasmadas en la acción de amparo que ejerció previa (el 20 de junio de 2013) y erróneamente ante la misma Sala Plena, la cual, el mismo día de la celebración de la audiencia de antejuicio, se declaró incompetente para conocer de la aludida acción de amparo y declinó en esta Sala la competencia para el conocimiento de la misma.
Como puede apreciarse, la inadmisión de la demanda de amparo por parte de esta Sala Constitucional, en ningún instante comprometió la capacidad subjetiva y, en fin, la imparcialidad de los Magistrados que la suscribieron y que en ningún momento emitieron juicio de valor alguno sobre la actuación de la representación fiscal ni, en general, sobre el mérito de la causa de antejuicio, pues razones jurídicas se lo impedían en ese momento, más no al momento de integrar la Sala Plena con ocasión al proceso de antejuicio de mérito, vía judicial preexistente al amparo, pues en ella (y antes de ella) ya se habían manifestado las delaciones expresadas en el amparo, más otras expuestas a lo largo del proceso, que fueron desechadas por la Sala Plena mediante la declaratoria “no ha lugar” a las solicitudes de nulidad interpuestas por los defensores del quejoso de autos, en la decisión objeto de la presente solicitud de revisión constitucional.
Tal circunstancia fue debidamente advertida por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, cuando el 11 de julio de 2013, declaró inadmisible, por ser extemporánea e infundada, ello de conformidad con el artículo 95 del Código Orgánico Procesal Penal, y la jurisprudencia de las Salas Plena y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la recusación que interpusiera el abogado J.D.C., actuando en su carácter de defensor privado del ciudadano R.M.M.M., el 4 de julio de 2013, en su contra y en contra del resto de los Magistrados que integraban esta Sala Constitucional, sustentada en la afirmación según la cual los mismos habrían “emitido una opinión sobre la causa referida al antejuicio de mérito solicitado en contra de [su] defendido por la Fiscal General de la República”, lo cual es absolutamente falso como también ha sido demostrado en esta decisión, toda vez la declaratoria de inadmisibilidad del amparo ejercido contra la Fiscal General de la República no implicó adelanto de opinión alguno ni respecto del fondo de las denuncias planteadas por la defensa del aquí solicitante de revisión en el m.d.p.d. antejuicio de mérito que se le siguió, ni mucho menos sobre el fundamento de esa solicitud de antejuicio de mérito, por lo que tales Magistrados no sólo estaban jurídicamente habilitados para suscribir la decisión resultante de la audiencia de antejuicio, sino que debían hacerlo, pues, como se sabe, todo Magistrado o Juez de la República debe resolver los asuntos sometidos a su consideración y que sean de su competencia, salvo que estén incursos en alguna causal de recusación (circunstancia que está absolutamente descartada en este caso).
Con relación al supuesto de emisión previa de opinión sobre la causa, resulta pertinente reproducir aquí lo dispuesto en los artículos 82.15 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y 89.7 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP):
Por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez de la causa.
Artículo 89.-Causales de Inhibición y Recusación.
Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como fiscal defensor o defensora, experto o experta, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez o jueza.
Como puede apreciarse, tales causales de recusación lo que persiguen es garantizar la imparcialidad del juzgador, la cual estaría comprometida si el mismo se ya se pronunció (prejuzgó), total o parcialmente, sobre lo que nuevamente se somete a su conocimiento, circunstancia que impide que el mismo puede volver a pronunciarse legítimamente sobre ese mismo asunto respecto del cual ya asumió una posición, es decir, respecto del cual ya tomó partido por algún criterio.
Así, por ejemplo, si un juez condenó a una persona por la comisión de un delito a través de un proceso penal que –posteriormente- fue anulado por la alzada, ese juez está impedido de volver a pronunciarse, en un nuevo juicio, sobre la responsabilidad penal o no de la persona que previamente condenó.
O, verbigracia, si un juez declaró con lugar una acción de amparo constitucional ejercida con ocasión a ese juicio penal, mediante sentencia que ulteriormente fue anulada por el tribunal superior, ese mismo juez de la primera instancia en amparo, no tiene la potestad de pronunciarse de nuevo respecto de la aludida demanda de amparo, en la causa que repuso la segunda instancia, por cuanto ya se conoce la opinión que sobre el fondo de esa demanda tiene el aludido jurisdicente.
En este caso, quienes suscriben, al declarar inadmisible la acción de amparo, no emitieron opinión alguna sobre lo principal del pleito ni sobre aspecto alguno de fondo que permitiera saber cuál era su visión sobre la actuación del Ministerio Público y mucho menos sobre la existencia o no de mérito para el enjuiciamiento del quejoso de autos. Por tanto, tal circunstancia no es pasible de generar sospecha o duda razonable en el ser humano medio, sobre la objetividad e imparcialidad de los mismos en el caso planteado, elemento abiertamente excluyente de la infrecuente tesis plasmada en el escrito de autos.
Al respecto, resulta pertinente hacer mención a una dimensión de la jurisprudencia comparada, en la que se ha sostenido, por ejemplo, que:
“…desde la óptica constitucional, para que en garantía de la imparcialidad un Juez pueda ser apartado del conocimiento de un asunto concreto es siempre preciso que existan dudas objetivamente justificadas; es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que hagan posible afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa o permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no va a utilizar como criterio de juicio el previsto en la Ley, sino otras consideraciones ajenas al Ordenamiento jurídico. Ha de recordarse que, aun cuando en este ámbito las apariencias son muy importantes, porque lo que está en juego es la confianza que los Tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática, no basta con que tales dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas (SSTC, por todas, 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14.a y 16; 5/2004,de 16 de enero, FJ 2; SSTEDH de 1 de octubre de 1982, caso Piersack, § 30; de 26 de octubre de 1984, caso De Cubber, § 26; de 24 de mayo de 1989, caso Hauschildt, § 47; de 29 de agosto de 1997, caso Worm, § 40; de 28 de octubre de 1998, caso C.A., § 45; de 17 de junio de 2003, caso Valero, § 23)” (Tribunal Constitucional de España, STC 26/2007, de 5 de febrero de 2007).
Así pues, en este caso no existen datos objetivos que pudieran sustentar duda razonable alguna sobre la imparcialidad de los Magistrados de esta Sala que suscribieron el fallo objeto de la presente solicitud, pues al declarar inadmisible la acción de amparo no adelantaron opinión alguna respecto del proceso de antejuicio de mérito en cuestión.
Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia, en sentencia T-800/062: (Sentencia del 22 de septiembre de dos mil seis -2006-, Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional):
…entre dos procesos, uno tramitado por procedimientos de otras jurisdicciones y el otro por vía de tutela, por sí sólo no constituye motivo para que el juez deba declararse impedido y para que, de no hacerlo, deba sancionársele disciplinariamente tal y como lo prevé el artículo 39 del decreto 2591 de 1991.
En tal sentido, es evidente que el solicitante de autos pretende, por mera inconformidad a sus intereses, un reexamen, ahora por parte de esta Sala y a través de una institución tan extraordinaria y restringida como lo es la revisión constitucional, de lo que ya fue decidido en su oportunidad por la Presidenta de este Tribunal Supremo de Justicia, cuando declaró inadmisible la recusación interpuesta contra los Magistrados de esta Sala Constitucional, como si la revisión implicase una nueva instancia para plantear asuntos jurídicos ordinarios.
Como ha podido apreciarse, en los términos de la jurisprudencia reiterada de esta Sala, la decisión objeto de la presente revisión no constituye una sentencia “que se haya apartado u obviado expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional”, o una sentencia que “de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional”.
En fin, ahora de acuerdo a los términos del artículo 25, numerales 10 y 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tampoco se está ante una sentencia que haya “desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional”, “efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional”, “producido un error grave en su interpretación”; o haya dejado de aplicar algún principio o norma constitucional. Tampoco se está ante una sentencia que haya incurrido en violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que incurra en violación de derechos constitucionales.
En ese orden de ideas, se observa que la revisión demandada en esta oportunidad no tendría justificación alguna, pues en nada contribuiría a preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales.
Siendo así, con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes expuestas, en las cuales se delimitaron las decisiones objeto de este especial medio de impugnación y se estableció la potestad discrecional y extraordinaria que tiene esta Sala Constitucional para su ejercicio, además de subrayar lo infundado de la denuncia planteada, se desestima la revisión solicitada, reiterando que la revisión constitucional no constituye una herramienta judicial para examinar cualquier juzgamiento, ni una vía ordinaria para que las partes obtengan una decisión que reexamine cualquier juzgamiento, sino únicamente los que se subsuman en los supuestos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de justicia y señalados en la jurisprudencia de esta Sala.
En consecuencia, visto que en el presente asunto no se da ninguno de los supuestos para que proceda la revisión constitucional, esta Sala debe declarar que no ha lugar la presente solicitud. Así se decide.
Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la revisión constitucional, interpuesta por el ciudadano R.M.M.M., de la decisión N° 38, dictada el 11 de julio de 2013, por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual, entre otros pronunciamientos, declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito ejercida en contra del prenombrado ciudadano.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de ABRIL dos mil catorce. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
Exp. N° 13-0728
Decisión nº PJ0152008000061 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 17 de Marzo de 2008
Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Mayo de 2015