Source: http://tramitejubilaciones.blogspot.com/
Timestamp: 2017-06-28 15:38:33
Document Index: 258675048

Matched Legal Cases: ['artículo 230', 'artículo 3', 'artículo 168', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo\n9', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 230']

Estudio jurídico localizado en la ciudad de LA PLATA, Provincia de Buenos Aires, especializado en tramitaciones previsionales (jubilaciones y pensiones) en el Instituto de Previsión Social IPS y en ANSES.
Calle 14 nro 690 1/2, 2do Piso, Oficina H. LA PLATA
0221 4822401
Ordenan al IPS reanundar jubilación denegada. Nueva cautelar ganada por el Estudio
30411 -"ACOSTA MARIA DEL LUJAN C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.) S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - PREVISION"
VISTO: las presentes actuaciones de las que
1. Que se presenta la Sra. María del Luján Acosta con el patrocinio letrado de la Dra. Miriam Beatriz Ferrari Stella y, en tal carácter, promueve una medida cautelar autónoma contra el IPS por cuyo intermedio peticiona el inmediato restablecimiento del beneficio previsional nro. 7109295690, dejándose sin efecto la Res. nro. 834573 del IPS dictada en el marco del exp. adm. 21557-14491/09, y la anulación del cargo deudor dispuesto por el organismo demandado, hasta la resolución definitiva de su haber previsional.
Refiere que su carrera docente transcurrió en la misma institución –Colegio San Fernando-, en el cual se había desempeñado en diversos cargos y que, en tal marco laboral, a mediados del año 2009, se apersonó en la sede central del IPS munida de toda la documentación necesaria, a fin de que le fuera informado cuando estaría en condiciones de jubilarse, agregando que en dicha oportunidad, luego de revisar la documentación que llevaba, la empleada que la había atendido le informó que ya podía pedir el cese de servicios pues cumplía con los recaudos legales para poder acogerse al beneficio previsional.
Expresa que luego de que su empleador le extendiera las certificaciones pertinentes y habiendo comunicado su renuncia laboral –aceptada esta el 15 de diciembre-, el 16 de diciembre del 2009 inició el trámite definitivo, dándosela de alta en las planillas de cobro transitorio.
Manifiesta que comenzó a gozar de su prestación de manera ininterrumpida durante 6 años, hasta que a principios del mes de agosto del corriente, luego de consultar por la web del organismo previsional, se había dado cuenta que su beneficio aparecía como “no vigente” por “dejar de reunir condiciones”, agregando que no había sido notificada a su domicilio real de tal proceder administrativo.
Detalla que con mucha dificultad –por sus condiciones físicas, y las dificultades de su esposo-, se trasladó desde Córdoba a La Plata, concurriendo el 23 de agosto del corriente a la sede central del IPS a fin de tomar vista de su expediente administrativo, advirtiendo en esa ocasión el dictado de la Resolución que por la presente ataca, interponiendo contra la misma un recurso de reconsideración. Agrega que en dicha ocasión le fue informado el cese de su beneficio.
Refiere que el acto administrativo atacado ponía en tela de juicio el régimen de reciprocidad al entender que los servicios con aportes adeudados en el sistema nacional debían ser computados, y que la Ley 25.321 no podía alterar el principio de caja otorgante.
Menciona que la verosimilitud en el derecho invocado, radicaba en que de la documentación que adjuntaba –certificación del DI.PR.E.GE.P y formulario CEC 15-, surgía que la mayoría de los servicios por ella prestados eran provinciales, superando en varios meses a los correspondientes a la ANSES, agregando en cuanto al peligro en la demora, el carácter alimentario de la prestación y la necesidad de contar con la obra social para atender sus falencias físicas y la de su esposo.
Ofrece prueba y cita legislación respaldatoria.
2.- A fs. 30 se da curso a la acción incoada, requiriéndose informe a la autoridad demandada, y la notificación a Fiscalía de Estado de la Provincia.
3.- Que a fs. 34 se presenta la Dra. Laura Galizzi –apoderada de Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires-, manifestando que mediante el expediente 5100-23109/16 había requerido al IPS la producción de un informe de ley.
A su turno, a fs. 42 la misma letrada acompaña el informe requerido –copias del expediente 21557-144791/09-, surgiendo del mismo las siguientes consideraciones:
a.- que fs. 12 de dicho expediente administrativo – agregado digitalmente-, obra dictamen de la Asesoría General de Gobierno, en donde se manifiesta que la actora no podía acogerse a los beneficios consagrados por la Ley 14.255 –que regula el caso especial de los docentes nacionales transferidos al sistema provincial por la Ley 24049 y el Decreto 962/92-, considerando que los servicios que la actora traía a cómputo a la provincia correspondientes al cese 30/4/10 eran anteriores a la entrada en vigencia de la primera ley señalada, agregándose allí que el IPS no podía asumir el rol de Caja Otorgante por haber cumplido la actora mayor cantidad de años de servicios ante la ANSES, y que también debían haberse tomado en cuenta los servicios con aportes impagos renunciados por la Ley 25321 que resultaban del expediente nacional.
b.- que a fs. 13/16, obra dictamen de la Comisión de Prestaciones e Interpretación legal, que da cuenta de lo que sigue:
.- que con fecha 16/12/09 la actora se presenta ante el IPS solicitando el beneficio jubilatorio, en los términos de la Jubilación Automática Docente.
.- que se incluyó a la actora en las planillas de pago transitorio, abonándosele el beneficio desde el 1/5/10.
.- que al momento de acompañar el código original docente, se había advertido que la situación de la Sra. Acosta no resultaba ser la planteada al momento de requerir el beneficio jubilatorio, toda vez que la misma contaba con mayor cantidad de años en ANSES.
.- que a lo anterior se sumaba que debían haberse considerado a los efectos del cómputo, los servicios con aportes impagos renunciados por ley 25.321, impidiendo tal marco que el IPS asuma el rol de Caja otorgante, y que no debían considerarse –respecto de la actora, y para la aplicación de la Ley 14.255- los servicios llevados a cómputo con cese al 30/4/2010, ya eran anteriores a la entrada en vigencia de dicha ley, por lo que no resultaba aplicable el beneficio allí establecido. Se agrega aquí que por más que el cese se hubiese producido durante la vigencia de la Ley 14255, no correspondía serle aplicada a la reclamante dicha disposición, en tanto la misma se había desempeñado en un Colegio Privado Transferido.
4.- Que corrido el traslado de ley, a fs. 44/45 la actora manifiesta, por un lado, que no se había producido un verdadero informe cautelar, sino que la autoridad demandada se había limitado a agregar una serie de dictámenes administrativos; por el otro, reitera la arbitrariedad en la decisión del IPS en tanto que, para determinar el rol de caja otorgante, consideraba servicios inexistentes por haber sido renunciados por la Ley 25.321, lo cual debía tender al reconocimiento de dicha función en cabeza del IPS, quien había abonado el haber durante seis años ininterrumpidos. En ese marco, pide se dicte la medida cautelar.
5.- Que atento el estado de autos, a fs. 46 pasan los autos a resolver, y;
1. El dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud; siendo la finalidad del instituto cautelar atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético ("La Ley" 1996-C-434). En tal sentido, ha sido jurisprudencia reiterada que la procedencia de las medidas cautelares, justificadas, en principio, en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a la verificación de los siguientes extremos insoslayables: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, recaudos que aparecen exigidos por el art. 230 del C.P.C.C., a los que se une un tercero, establecido de modo genérico para toda clase de medidas cautelares, cual es la contracautela, contemplada en el art. 199 del C.P.C.C.. Dichos recaudos aparecen de tal modo entrelazados, que a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro del daño y viceversa ("La Ley" 1996-B-732) cuando existe el rigor de un daño extremo e irreparable, el riesgo del fumus puede atemperarse ("La Ley" 1999-A-142).
2. Es pertinente recordar -como lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que cuando la medida cautelar se intenta contra la Administración Pública, es menester que se acredite prima facie y sin que ello implique prejuzgamiento de la solución de fondo, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible. Y ello es así, porque los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual en principio ni los recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante las cuales se discute su validez, suspenden su ejecución, lo que determina, en principio, la improcedencia de las medidas cautelares (Fallos 313:521 y 819, entre muchos otros), si bien ha de tenerse presente la atenuación de dicho criterio a partir del pronunciamiento de la C.S.J.N. en "Pustelnik, Carlos A. y otros" (Fallos 293:133).
3. Debe añadirse, por último, que en los litigios dirigidos contra la Administración Pública o sus entidades descentralizadas, además de los presupuestos de las medidas de no innovar establecidos en general en el artículo 230 del C.P.C.C., se requiere, como requisito específico que la medida solicitada no afecte un interés público al que deba darse prevalencia (LL 2001-D-65) o, expresado con el giro que emplea la Corte Suprema, resulta imprescindible la consideración del interés público comprometido (Fallos 314:1202).
4. Dentro del limitado marco cognoscitivo que exige el despacho cautelar, debe apreciarse la concurrencia de las notas de apariencia de buen derecho que en la especie justifican su acogimiento. Ello, en el entendimiento que las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud, y que el juicio de verdad en esta materia se opondría a la finalidad misma del instituto, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro de cuyos márgenes agota su virtualidad (S.C.B.A. causas B-65.434, "Kaczurak", res. del 18-III-2003 y B-66.832 "Staricoff", res. del 18/XI/2003; C.S.J.N., Fallos 306: 2060; 313:521; 316:2060; 318:2375; in re "Kastrup Phillips, Marta Nélida c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/Acción de Amparo", resolución del 11/XI/03).
5.- Analizadas las constancias de la causa, corresponde considerar el primero de los presupuestos establecidos, es decir, la verosimilitud del derecho invocado por el peticionante (art. 22 inc. 1 a) CCA), sin que ello implique anticipar opinión sobre el tratamiento de la cuestión de fondo.
Que de los antecedentes expuestos ut supra y las constancias obrantes en autos se advierte que la demandada mediante la Res. 834.573 de fecha 3 de marzo de 2016 (dictada en el expediente 21557-144791/09) denegó el beneficio de jubilación ordinaria a la Sra. María del Luján Acosta, considerando que debía ser la ANSES, y no el IPS, la que cumpla el rol de Caja Otorgante por la mayor cantidad de años cumplidas en esa jurisdicción, y que no correspondía aplicarle a la peticionante la Ley 14255 porque el cese de servicios resultaba anterior a la entrada en vigencia de dicha disposición legal, agregando que, a todo evento, para el supuesto de que dicho cese se hubiera producido durante la vigencia de ley de cita, tampoco correspondía su aplicación por haberse desempeñado la actora en un establecimiento privado transferido. Asimismo, por su artículo segundo se declaró legítimo el cargo deudor contra la actora por haberes percibidos aparentemente de manera indebida desde el 01/05/2010 y hasta la baja efectiva del beneficio.
Que sobre las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta el limitado marco cognitivo propio de esta etapa procesal, entiendo que corresponde hacer lugar a la medida requerida por la Sra. Acosta en su escrito de demanda. En efecto, de las constancias acompañadas al expediente (y los dichos manifestados por la reclamante a fs. 26 vta. supra, no negados por la autoridad demandada), prima facie surge que la misma efectuó mayor cantidad de años laborales con aportes en el régimen provincial, en comparación con los servicios cumplidos bajo la ANSES, por lo que desde esta óptica inicial, advierto el acierto en los argumentos construidos en ese sentido por la actora, dejando para otro estadío procesal la discusión referente a la naturaleza de los servicios que deben tomarse en cuenta a fin de determinar el rol de caja otorgante. Asimismo, en la misma línea con lo anterior, y en cuanto a la aplicación de la ley 14.225 al caso de marras, entiendo que también aparece configurada la verosimilitud en el derecho de la Sra. Acosta, en tanto el artículo segundo de dicho cuerpo requiere para su aplicación, que el peticionante -en su caso-, haya cumplido con un mínimo de quince años de desempeño profesional anteriores a la entrada en vigencia de dicho cuerpo legal. Por lo que, habiendo analizado prima facie tal exigencia en el párrafo precedente, corroboro también aquí la verosimilitud de la línea argumental actoral, sin que sea obstáculo para dicha interpretación que la Sra. Acosta haya cumplido servicios en un establecimiento privado, en tanto el artículo primero de la ley 14.225 requiere para su aplicación el ejercicio de funciones docentes y no docentes en la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, más no que tales servicios hayan sido cumplidos en la órbita pública.
Por los anteriores argumentos, advierto configurada la verosimilitud en el derecho invocado por la Sra. Acosta, reservando cualquier otra cuestión vinculada para el momento de dilucidar la cuestión de fondo.
6.- En cuanto al recaudo del peligro en la demora también exigido, debe señalarse que el art. 22 CCA requiere la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o agravación de una determinada situación de hecho o de derecho; y llegado el caso también debe evaluarse si la medida suspensiva tiende a evitar perjuicios irreversibles, aun cuando pudieren ser objeto de indemnización (arts. 22 y 25 inc.1 CCA).
Sobre tal recaudo, nuestro Superior Tribunal Provincial entiende al mismo como "el peligro de que, mientras el órgano jurisdiccional realiza su tarea, la situación de hecho se altere de un modo tal que, a la postre, resulte ineficaz o tardío su mandato, expuesto a llegar cuando el daño sea irremediable" debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que pueden ser apreciados incluso por terceros (SCBA, Sent. 18/12/2013, “F. ,V. A.”)
En el caso, dicho peligro se encuentra acreditado, atento que la ejecución del cargo deudor declarado legítimo por el artículo 3 de la Res. 834573 de fecha 3 de marzo de 2016, por su monto estimado, surge prima facie perjudicial sobre todo si se tiene en cuenta la especial condición de salud de la actora, y de su entorno familiar, de acuerdo a lo que surge del escrito de demanda.
En la misma senda, resulta claro que la suspensión dispuesta en el punto precedente no resulta criticable si se la compara con su ejecución inmediata por el Estado, por lo que resulta procedente dicha medida en este estado procesal, hasta tanto se decida la cuestión de fondo.
De esta manera, cabe reiterar que el perjuicio que supondría hacer efectivo el cargo deudor dispuesto por el IPS contra la actora sería mayor que el derivado de la suspensión que por la presente se dispone, criterio que es de recibo en esta materia ya que, como lo ha afirmado la Suprema Corte de Justicia "es preciso ponderar tanto el gravamen que produciría la ejecución del acto cuestionado si al cabo del proceso fuese declarado ilegítimo como aquel que resultaría de la paralización temporal de los efectos de dicho acto, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensión" (B-65.158 "Burgués", res. de 30-IV-03).
Por tales motivos, y advirtiendo además que la medida no causa un perjuicio grave a la administración, corresponde hacer lugar a la tutela cautelar solicitada (arts. 22 incs. 1 ap. c) y 3 CCA).
1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Sra. María del Luján Acosta (DNI 10.929.569), ordenando al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires la inmediata suspensión de la Res. 834573 de fecha 3 de marzo de 2016 –dictada en el expediente administrativo 21557-144791/09-, reanudando el pago a la actora de su beneficio jubilatorio como lo venía haciendo hasta el dictado del acto de mención, desde la notificación de la presente, y hasta que se dicte sentencia en las actuaciones principales a iniciarse (art.22 incs. 1, 2° y 3°; art. 25, CCA ).
2.- Eximir a la parte actora de prestar caución juratoria (arts. 24 inc. 3 y 77 inc. 1 del C.C.A. 199 y 200 del C.P.C.C.).
3.- Regular los honorarios de la Dra. Mirian Beatriz Ferrari Stella (T° XLV F°157 del CALP, ) en la suma de con más los aportes de Ley, arts. 37, 44 y ccdtes. Decreto-Ley 8904/77.
4. Regístrese por Secretaría (77 inc. 1 C.C.A., 135 inc. 12 C.P.C.C.). Notifíquese y ofíciese por la parte actora a la autoridad demandada.
14 Francisco José Terrier
El no pago de retroactivos y el enriquecimiento ilícito por parte de la administración
La asignación de funciones de mayor complejidad o jerarquìa por parte de la Administración genera la correspondiente obligación de adecuar las remuneraciones.
Es sabido que en numerosas ocasiones la Administración asigna funciones "en forma interina" a sus agentes o empleados públicos. Normalmente estas son de mayor complejidad, especificidad y jerarquía. Estas asignaciones suelen ser "de palabra" o con una simple "orden de servicio" pero recién cobran virtualidad con el dictado del pertinente "acto administrativo". Desde que el agente es puesto en funciones hasta el dictado del acto que autorice al pago, suelen pasar muchos meses, a veces llegan a superar el año. Normalmente esos actos administrativos (resoluciones y decretos) no disponen el pago del retroactivo, sino que se limitan a la designaciòn del agente "a partir de la fecha de notificaciòn", con lo cual la diferencia de haberes que se genera no son abonados al agente en cuestión. EL RECLAMO ADMINISTRATIVO:
Al reclamar el agente el pago del retroactivo es usual que la administración rechace su pedido, generalmente fundado en razones de índole presupuestarias. Esto es incostitucional. Transgrede principios elementales del derecho como la obligación que nace del enriquecimiento ilícito.
En efecto, la Administración se ve favorecida por las mayores tareas realizadas por el agente, sin que este reciba en contraprestación, retribución alguna. Este desequilibrio debe repararse, haciendo el respectivo reclamo.
A estas alturas notará el lector que los remedios recursivos en sede administrativas resultan también rechazados. Es cuando se debe contemplar el reclamo ante el fuero contencioso administrativo.
LA RECEPCIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
El Código de Velez Sarsfield no contemplaba una norma especìfica para este tipo de obligaciones, pero caracterizada doctrina consagrada jurisprudencialmente, entendió que el principio se encontraba subyacente en diversas normas del codificador, realizando una suerte de construcción jurídica (Arg art 589, 2301, 2302 y otros) En efecto, al entender que "No hay obligación sin causa" en la nota al Art. 499 Velez, citando a Ortolán concluye " ... Si una persona encuentra que tiene por una circunstancia cualquiera loque pertenece a otra; si aparece enriquecido de un modo cualquiera en detrimento de otra, ya voluntaria, ya involuntariamente, el principio de la razón natural de que ninguno debe enriquecerse con perjuicio de otro, y de que hay obligación de restituir aquello con que se ha enriquecido, nos dice que hay en esto un hecho causante de obligación..." . Hoy el Código establece : ARTICULO 1794.-Caracterización. Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la demanda.
Queda claro entonces el deber de la Administración de reconocer los servicios prestados desde el mismo momento en que comienza a hacerlo el agente, lo contrario configurará un enriquecimiento ilícito por parte de la Administración, que puede ser reclamado ante los estrados judiciales por la vía contencioso administrativa.
Jubilación denegada IPS por mayoria de aportes nacionales (ANSES) CÓMPUTOS DE SERVICIOS.
La renuncia de aportes nacionales y el rol otorgante del IPS. Interpretaciones jurisprudenciales. Novedad: Caso Wakun.
el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (en adelante IPS) ha tomado como criterio sustentador para denegar prestaciones previsionales el negar su rol de caja otorgante (en los términos del artículo 168 de la Ley 24241) , adicionando al cómputo de servicios nacionales, aquellos con aportes impagos renunciados por Ley 25.321;
la práctica ello implica que si, al solicitar la jubilación el interesado ha renunciado aportes con deuda nacionales llegando así a un número menor de años en ANSES que los aportados al IPS, el organismo provincial dirá que los mismos deben considerarse, denegando la prestación.
La cuestión en la Jurisprudencia En
el caso “Belderrain, Martín Manuel c/Instituto de Previsión Social s/Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley” La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, dió razón al IPS al considerar que que el actor hubo acreditado mayor cantidad de años de
servicios laborales en el ámbito nacional, circunstancia que impide que
la Caja (IPS) demandada asuma el rol de otorgante del
beneficio de jubilación peticionado, y que en este contexto, la sentencia de Cámara atacada incurrió en una interpretación errónea de la
normativa aplicable, en el caso la ley 25.321, realizando una incorrecta armonización con el régimen de reciprocidad establecido en el
art. 168 de la ley 24.241, su decreto reglamentario (dec. 679/1995) y decreto ley 9316/1946. Sostiene la Corte que para determinarse el rol jubilatorio,
corresponde se computen los servicios que el actor ha trabajado bajo los diferentes regímenes previsionales integrantes del sistema de reciprocidad jubilatoria, considerando a tales efectos todos los servicios, incluídos aquellos por los cuales se adeudan aporte.
entiende que la renuncia efectuada por el trabajador no puede dar como resultado un cómputo de servicios del que resulte la elección de la Caja
Jubilatoria, violando así el principio de reciprocidad en los acuerdos de coordinación sobre los que se construyó el sistema previsional argentino (doctor HITTERS, sin disidencia). En definitiva es este
el criterio que viene sosteniendo el IPS en la actualidad para denegar jubilaciones (ordinarias, JAD, docentes).
“Wakun, José Carlos c/Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”. La Suprema Corte Provincial sostuvo que para establecer el rol jubilatorio
deben tenerse en cuenta los servicios que el afiliado ha trabajado bajo
los distintos regímenes previsionales integrantes del sistema de reciprocidad jubilatoria, y considerarse a tales efectos todos los servicios, tanto aquellos por los cuales se hicieron los aportes como aquellos por los que éstos se adeudan, computándose de esta manera igualmente el período en el cual estaba obligado a contribuir (doctor GENOUD, sin disidencia). Hasta aquí es el mismo criterio sostenido en el
fallo anterior.
Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario ante nuestro MAXIMO TRIBUNAL, que sostuvo: a).
Como tuvo oportunidad de señalar la Corte en el precedente registrado en Fallos: 323:3014, los artículos 80 y 81 de la ley 18.037 -texto según
el art. 168 de la ley 24.241- prevén que “… será organismo otorgante de
la prestación cualquiera de los comprendidos en el sistema de reciprocidad," en cuyo régimen se acredite haber prestado mayor cantidad
de años de servicio con aporte, y no cabe darle al concepto “mayor tiempo con aportes” otra interpretación que la que surge de su propia letra.
b). A los efectos de establecer el tiempo con aportes corresponde atender a lo dispuesto en el artículo 2° del decreto 679/1995, de cuyo texto surge que: “a los fines de la ley 24.241, se consideran servicios con aportes: a) tratándose de actividades en relación de dependencia, los períodos respecto de los cuales hubieran devengado y retenido los aportes y contribuciones correspondientes; b) en el caso de actividades autónomas, los períodos respecto de los cuales se hubieran devengado e ingresado las pertinentes
cotizaciones. De ahí que resulte de una interpretación dogmática incluir, a fin de computar la ”mayor cantidad de años de servicios con aporte", aquellos servicios autónomos correspondientes al régimen nacional que resultaron “renunciados en los términos de la ley 25.321 y que, por lo tanto, no contribuyeron de manera efectiva a la formación del fondo común de la caja.
A la luz del nuevo criterio jurisprudencial de nuestro máximo tribunal,
aquellas resoluciones del IPS denegatorias de jubilaciones (por no asumir el rol otorgante) resultan ARBITRARIAS y pasibles de ser atacadas
OBLIGAN AL IPS A REANUDAR PAGO DE JUBILACION
Nueva sentencia de Cámara ganada por el Estudio Jurídico Miriam Ferrari, obliga a reanudar pago de jubilación que había sido suspendido por un supuesto error de cálculo en los aportes.
CAUSA Nº 15424 CCALP “GALABURRI MARTHA DEL CARMEN C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.) S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - PREVISION”
En la ciudad de La Plata, a los ocho días del mes de Mayo del año dos mil catorce,
reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, con la presencia de los Señores Jueces Dres. Gustavo Juan De Santis, Claudia Angélica Matilde Milanta y Gustavo Daniel Spacarotel, para entender en la causa "GALABURRI MARTHA DEL CARMEN C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.) S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - PREVISION", en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 2 del Departamento Judicial La Plata (Expte. Nº -28626-), previo sorteo y deliberación, se aprueba la siguiente resolución.
La Plata, 8 de Mayo de 2014.
El recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 57/59), el Tribunal resolvió plantear la siguiente
¿Es justa la resolución apelada por la cual se deniega la medida cautelar requerida?
I. La actora, Sra. Martha del Carmen Galaburri,
por su propio derecho, solicita medida cautelar anticipada con el objeto de obtener el restablecimiento del beneficio previsional nº 7129914230, dejándose sin efecto la suspensión del pago de dicha prestación ordenada en el expediente nº 21557-166953-0-10-000, así como también, la anulación del cargo deudor formulado, hasta tanto se dicte el pronunciamiento judicial definitivo.
haber solicitado su cese para acogerse a los beneficios de la ley 10.593 -Régimen jubilatorio para empleados públicos discapacitados-, de acuerdo al asesoramiento recibido a través del sector jubilaciones de la
ARBA, del Instituto de Previsión Social (IPS). Añade
que en el mes de julio de 2011 el IPS le otorgó provisoriamente el alta
del beneficio y en junio de 2013 al consultar el sitio Web del organismo tomó conocimiento que el beneficio no estaba vigente por dejar de reunir las condiciones requeridas. Luego,
explica que se le informó que sobre los haberes percibidos, se le había
practicado un cargo deudor, todo ello, sin previo aviso ni notificación
alguna, por simple providencia administrativa y sin posibilidad de acceder a la vía recursiva. Expone
su situación de salud, discapacidad e imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas, de lo cual, afirma, queda configurado el peligro en
la demora. II. Previo a resolver, el a quo,
solicitó a la demandada la presentación de un informe -artículo 23, inc. 1º del CCA- agregado a fs. (40/41vta.) y las copias certificadas del expediente administrativo nº 21557-166953-0-10-000 (fs. 36 y 43), agregado a la presente causa sin acumular (fs. 48).
Por resolución obrante a fs. 53/56vta., la magistrado de grado resuelve
denegar la medida cautelar solicitada, al considerar prima facie ausente el fumus bonis iuris
invocado por la actora en el escrito de inicio, con el grado de suficiencia requerido para el despacho cautelar, por requerir el objeto de marras de mayor debate y prueba.
En ese contexto, la iudex
considera que tampoco resulta verosímil el pedido de suspensión del cargo deudor, ni acreditado el peligro en la demora, sin perjuicio de las particulares circunstancias del caso, en el marco de la apariencia propia del despacho precautorio.
Contra esa decisión, la actora interpone recurso de apelación (fs. 57/59) el que una vez sustanciado (fs. 64/66vta.), es elevado a este Tribunal de Alzada (fs. 67).
El recurso interpuesto resulta admisible, razón por la cual corresponde
resolver sobre sus fundamentos (arts. 55 inc. 2º ap. “b”, 56, 58 inc. 2º y 59 inc. 3º, CCA).
la recurrente, en líneas generales, que el pronunciamiento dictado adolece de error, toda vez que, no se ha ponderado su petición en el marco de protección de las leyes específicas, dada su condición de discapacitada y trasplantada, situación que incrementa las necesidades normales de una persona y la hace más vulnerable. Señala que la decisión de grado interpreta erróneamente la ausencia del fumus bonis iuris,
toda vez que, de acuerdo a los informes preliminares realizados por ARBA en IPS, estaba en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio y, a partir de ello, solicitó su cese y, por el lapso de dos años percibió el beneficio previsional conforme ley 10.593.
invoca el peligro en la demora, por el carácter alimentario del beneficio suspendido y su condición especial de discapacidad, por lo que
requiere: a) se restablezca el pago del beneficio previsional otorgado en forma provisoria; b) se abstenga de formular cargo deudor y llevar adelante su ejecución hasta tanto se resuelva la demanda contencioso administrativa, con costas. VI. 1. En tal sentido se impone considerar los extremos requeridos por la ley procesal (fumus boni iuris y periculum in mora;
arts. 22 y ccs. CCA) inherentes a la procedencia de la tutela cautelar,
no sólo sopesando la concurrencia de ambos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal, sino también formulando el prudente balance de forma tal de ponderar la presencia de cada uno (doct. SCBA causa B. 61.541 “Lazarte”, sent. de 02-IV-03).
Ahora bien, cabe recordar que se debate, en la especie, la procedencia de una tutela cautelar solicitada con relación a la baja preventiva del beneficio que la actora percibía en el marco de la ley 10.593, “Régimen de Prestaciones Previsionales para Agentes Discapacitados” y al cargo deudor practicado por la suma de $ 292.798,32, por haberes percibidos desde el 28-02-10 al 30-05-13, conforme surge del expediente administrativo agregado a la causa sin acumular (ver fs. 223 –dictamen de Fiscalía de Estado; fs. 226/228 -cómputo de servicios-; fs. 229 -dictamen de la Comisión de Prestaciones e Interpretación Legal del IPS-; fs. 230 – baja del beneficio a partir del 20-05-13- y fs. 234/238vta. –cargo deudor-). Ello,
con motivo de detectarse un error en la evaluación de los requisitos de
acceso al beneficio –cómputo de edad y servicios- en los términos de la
ley 10.593, artículo 4. Previo
a ello, por resolución1.1.2.08 nº 43, el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, aceptó la reuncia de la actora para acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del 28-02-2010, conforme artículos 14, incisos b) y g) de la ley 10.430 y su reglamentación y artículos 2 y 4 de la ley 10.593 (ver fs. 9/10 del expediente administrativo).
Analizadas las constancias de la causa en el delimitado ámbito cognoscitivo propio de las diligencias cautelares, con especial ponderación de sus particulares circunstancias, en especial, la condición de discapacidad de la actora (fs. 166 y 190/191) a
la luz del orden jurídico tuitivo de la discapacidad contemplado en los
artículos 75 inc. 23º de la Constitución Nacional y 36 inc. 5º de la Constitución Provincial, en especial, leyes 10.592 y 10.593 y, la
índole alimentaria de la prestación, cabe concluir que se encuentran acreditados los presupuestos para hacer lugar a la medida precautoria peticionada. A
ello se suma la imposibilidad de defensa alegada por la peticionante, frente a la baja provisoria del beneficio y el cargo deudor practicado ($ 292.798,32) por el IPS, todo lo cual, amerita en este estado larval del proceso, tener por acreditados los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora
y adoptar, en consecuencia, un temperamento tuitivo a favor de la actora, disponiendo por despacho cautelar se suspenda la baja preventiva
de la prestación (ver fs. 230), así como también, la ejecución del cargo deudor practicado (ver fs. 234) hasta tanto se resuelva, por acto administrativo fundado la situación previsional de la Sra. Martha Galaburri, a partir de la notificación del presente pronunciamiento (art. 22 inc. 1º, ap. “a” y “b”, CPCA), votando a la cuestión planteada por la negativa.
Por último, no se advierte que la medida precautoria dictada pueda ocasionar una grave afectación al interés público (art. 22 inc. 1º ap. “c”, CPCA). VII.
1. Por tales consideraciones, propongo hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y ordenar al IPS proceda a suspender la baja preventiva de la prestación previsional nº 7129914230
que la Sra. Martha Galaburri percibía (ver fs. 230), así como también, suspenda la ejecución del cargo deudor practicado (ver fs. 234) hasta tanto se resuelva, por acto fundado la situación previsional de la actora, a partir de la notificación del presente pronunciamiento, sin que lo expuesto signifique juicio definitivo sobre el mérito del asunto (arts. 22, 55, 58, 59 y concs., CPCA). 2. Previo
a ello, la accionante deberá dar caución juratoria, ante el juez de la instancia de grado, por las costas, y daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haber solicitado el remedio cautelar sin derecho (art. 24 inc. 3º del CCA –ley 12.008, según ley 13.101-).
3. Con costas a la demandada vencida (art. 51, ley 12.008, texto según ley 14.437).
A la misma cuestión planteada, la Dra. Milanta adhiere a los fundamentos y solución propuesta por el Dr. Spacarotel, votando en idéntico sentido.
Discrepo con los votos precedentes.
que el contradictorio pueda reportar a la medida cautelar del artículo 25 de la ley 12.008 (t. seg. ley 13.101), pues la situación no ha sido deducida en sus términos, he de destacar que no comparto el criterio que
expone el primer voto.
efecto, de un lado aprecio que la medida cautelar solicitada no tributa
a ningún proceso principal cuyo resultado tienda asegurar.
En tal sentido, la actora no deduce pretensión alguna que permita encuadrar su petición precautoria en ese contexto.
así, desnaturaliza al proceso cautelar y convierte en improcedente un requerimiento que, de ese modo, se ofrece como un fin adjetivo en sí mismo contrariando el perfil normativo (art. 22 y ccs., ley 12.008 –texto según 13.101-).
otro lado, advierto una controversia relativa a la denegatoria de un beneficio que habría aparejado la baja del goce provisorio, siempre condicionado a aquél, que agravia a la demandante y que no elucida en términos de buena apariencia para inferir el derecho a su mantenimiento,
ni aún de manera preliminar.
así, todo pronunciamiento requiere el ingreso a la cuestión de fondo, labor esta impropia en la etapa que cursa el proceso. En
mérito a ello, soy de opinión que corresponde rechazar el recurso de apelación de la parte actora y confirmar el pronunciamiento apelado en todo cuanto ha sido materia de sus agravios, con costas de la instancia en el orden causado (conf. arts. 22, 23, 51, 55, 56, 58, 59 y ccs., ley 12.008 –t. seg. leyes 13.101 y 14.437-).
Por mayoría, hacer
lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y revocar el
pronunciamiento de grado, ordenando al IPS, previa caución juratoria, proceda a suspender la baja preventiva de la prestación previsional nº 7129914230
que la Sra. Martha Galaburri percibía, así como también, suspenda la ejecución del cargo deudor practicado hasta tanto se resuelva, por acto fundado la situación previsional de la actora, a partir de la notificación del presente pronunciamiento (arts. 22, 55, 58, 59 y concs., CPCA). Costas a la demandada vencida (art. 51, ley 12.008, texto según ley 14.437).
Difiérese la regulación de honorarios para la oportunidad dispuesta por los artículos 31 y 51, decreto ley 8904/77.
JUBILACIONES DE OFICIO NUEVO LEADING CASE
9985 -"CERUTTI JUAN JORGE C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - EMPL.PUBLICO"
No espere a que lo jubilen de oficio. Consulte al estudio.
NUEVA SENTENCIA contra la jubilación de oficio. LA PLATA, de Enero de 2013. VISTO: La presente causa de la que,
Que se presenta el Sr. Juan Jorge Cerutti, por derecho propio con el patrocinio letrado de la Dra. Miriam Beatriz Ferrari Stella, solicitando
el dictado de una medida cautelar a fin de que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires "suspenda toda tramitación jubilatoria de su cese" con fecha 1 de enero de 2013 hasta tanto no se provean las certificaciones por parte de la autoridad previsional de la provincia (IPS) y para que se abstenga de disponer su cese con fines jubilatorios, y para el caso en que el acto de cese ya esté dictado, la inmediata suspensión del mismo.
que es agente público y que presta servicios como empleado de ARBA acreditando a la fecha más de 11 años de antigüedad en el cargo, más 3 años, 5 meses y 14 días de servicios en el Ministerio de Seguridad, no encontrándose los mismos reconocidos. Expresa
que además cuenta con 29 años, 10 meses y 10 días de servicios en el orden nacional, siendo su fecha de nacimiento el 22 de abril de 1944.
que hace hincapié en los años no reconocidos por cuanto hasta que la autoridad no acredite sus servicios provinciales le será virtualmente imposible acceder a la prestación jubilatoria y recuerda que el artículo
9 de la ley 10430 establece que:
“En todos los organismos de la Administración Pública Provincial se llevará el legajo de cada agente en el que constarán los antecedentes de
su actuación y del cual podrá solicitar vista el interesado. Los servicios certificados por las distintas dependencias serán acumulados de modo que la última pueda expedir la certificación necesaria para los trámites jubilatorios” Menciona
que solamente una vez que los trámites de reconocimiento finalicen y el
ARBA esté en condiciones de emitir la certificación, como última dependencia, podrá iniciar el trámite ante la caja otorgante.
Considera que el ARBA ha incumplido con su obligación, ya que en fecha
2 de marzo de 2012 emite una certificación que el IPS consideró insuficiente en orden a efectuar el reconocimiento, ya que la documentación requerida es certificación de servicios con sueldo mes por
mes o año por año del periodo a reconocer, firmado y sellado por la autoridad pertinente y la certificación extendida no cumplía con la solicitada por el IPS y que sólo ante sus reclamos accedió a emitir documentación fehaciente, la cual fue entregada el 31 de octubre pasado,
al sólo efecto de ser presentada ante el IPS.
que en la actualidad cualquier trámite iniciado ante el IPS demora como
mínimo de 6 meses a un año, no habiendo ARBA certificado los servicios con anterioridad a efectos de iniciar el trámite con un lapso prudencial
que le permita seguir cobrando su haber hasta su cese definitivo.
Señala que en fecha 21/07/12 y 13/08/12 mediante telegramas enviados por ARBA se le comunica que: “…por
expediente 22700-20938/12 se dispondrá el cese en el servicio a partir del 01/01/2013, en los términos del artículo 14 inciso g) de la Ley 10430 (TO 1996….”) Reseña que mediante un nuevo telegrama de fecha 16-11-2012 se le notifica que “…no
habiendo optado por la modalidad de cese voluntario y encontrándose en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio al 30-06-2012, esta Agencia de Recaudación dispondrá su cese en el servicio a partir del 01-01-2013, en los términos del artículo 14 inciso g) de la Ley 10.430 (T.O. 1996)….”.
que la comunicación de cese no ha sido dictada por la autoridad competente, que se ha dispuesto sin respetar los plazos establecidos por
el Decreto 1151/94 y el Decreto 4161/96, configurando todo ello la omisión de un procedimiento esencial. Concluye de lo expuesto que la Administración provincial no ha respetado la legislación aplicable.
que nunca fue notificado de ningún acto administrativo de cese, sino que por telegrama colacionado se le puso en conocimiento que se procedería a su cese a partir del 1 de Enero de 2013.
continuación analiza los requisitos para la procedencia de la tutela solicitada, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona se haga lugar a la medida cautelar.
con fecha 27-XII-2012 el Juzgado requirió a la demandada que informe -en los términos del art. 23 inc. 1 CCA- acerca de los antecedentes y fundamentos del cese por jubilación dispuesto respecto del Sr. Cerutti.
Que a fs. 31/31vta se presenta el actor solicitando habilitación de feria judicial a fin de proseguir con el trámite de estos autos y solicita el dictado de la tutela requerida ante la inminencia del cese del actor programado para el 1 de enero de 2013 y quedarse sin el haber mensual y sin obra social por un periodo “sine die”.
IV.- Que
con fecha 4-I-2013 el Juzgado resolvió habilitar la feria, y que se cumpla con el pedido de informe en el plazo de cinco días respecto a los
antecedentes y fundamentos de la demanda.
Que a fs. 37 se presenta la demandada y manifiesta que no resulta posible cumplir con la requisitoria, por cuanto no se adjunta la copia de la demanda, como así solicita que se prorrogue el plazo teniendo en cuenta la exigüidad del mismo y la "complejidad" del requerimiento que se efectúa.
Que a fs. 40 se presenta la parte actora y solicita se dicte medida precautelar por considerar que las razones de urgencia invocadas se encuentran configuradas, dado aún no ha tenido respuesta a su pedido y CONSIDERANDO: I.- El
dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud; además
el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad ("La Ley" 1996-C-434).
En tal sentido, ha sido jurisprudencia reiterada que la procedencia de las medidas cautelares, justificadas, en principio, en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria
la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a la verificación de los siguientes extremos insoslayables: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, recaudos que aparecen exigidos por el art. 230 del C.P.C.C. Dichos recaudos aparecen de tal modo entrelazados, que a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro del daño y viceversa ("La Ley" 1996-B-732) cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor del fumus puede atemperarse ("La Ley" 1999-A-142).
Así es pertinente recordar, que en los litigios dirigidos contra la Administración Pública o sus entidades descentralizadas, además de los presupuestos de las medidas de no innovar establecidos en general en el artículo 230 del C.P.C.C., se requiere como requisito específico que la medida solicitada no afecte un interés público al que deba darse prevalencia ("La Ley" 2001-D-65) o, expresado con el giro que emplea la Corte Suprema, resulta imprescindible la consideración del interés público comprometido (Fallos 314:1202).
Finalmente cabe mencionar la contracautela como condición para la ejecución de la medida dispuesta, establecida de modo genérico para toda
clase de medidas cautelares en el art. 199 del C.P.C.C.
Requisitos todos que actualmente aparecen reunidos en los arts. 22, 23, 24 y 25 del C.C.A.
II.- Que atento lo expuesto ut supra, corresponde analizar la procedencia de la medida precautelar peticionada.
Como tiene dicho la doctrina, cuando el juzgador no cuenta con elementos necesarios para pronunciarse sobre la verosimilitud del derecho invocado -los cuales han sido requeridos en el marco de la facultad conferida por el art. 23 inc. 1 CCA-, debe ponderar el riesgo de un daño irreparable que ocasionaría la ejecutoriedad del acto. (conf.
Dos Santos Bruno “Las llamadas precautelares contra la Administración Pública: un aporte pretoriano al debido resguardo de la tutela judicial efectiva” LL 2003-D-1225).
Así lo ha entendido Guglielmino al sostener que “…si ese traslado pudiera implicar que el daño se produzca por lo intenso del peligro en la demora, el juez debe agregar a aquel traslado la orden a la Administración de que se abstenga de llevar a cabo un comportamiento que
implique la abstracción del objeto que se pretende tutelar, hasta tanto
resuelva la medida solicitada, una vez producido el informe en cuestión" (Guglielmino Osvaldo, "Medidas cautelares contra la Administración", en Actualidad en el Derecho Público, Nº 13, Buenos Aires, Ad Hoc, 2000, p. 80 y ss).
Planteada así la cuestión, en el caso de autos se encuentra configurado
el peligro en la demora, puesto que la fecha de cese notificada al actor era el 01-01-2013 y de efectivizarse el cese laboral del mismo, se
generaría un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior. Frente a ello, la suspensión de la ejecución del acto administrativo de cese hasta tanto se resuelva la medida cautelar, sumado a la necesidad de contar con el informe y la prueba requerida para resolverla, así como
la inminencia del plazo establecido por la demandada en el telegrama colacionado de fecha 16-XI-2012 (ver documentación reservada), son condiciones que abastecen los recaudos fácticos que justifican el dictado de la medida precautelar.
Por los fundamentos expuestos, y lo normado por los arts. 22 y sgtes. del CCA, - RESUELVO: 1.-
Hacer lugar a la medida precautelar solicitada y ordenar a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires que en el plazo de diez (10) días restablezca la situación laboral del Sr. Juan Jorge Cerutti (DNI 4.435.526 Legajo 297.791) al momento anterior al cese dispuesto con
fecha 01-01-2013 y hasta tanto se dicte sentencia en estos autos. (arts. 22, 23 y 25 CCA).
2.- Eximir al actor de prestar caución (arts. 24 inc. 3 y 77 inc. 1 CCA, 199 y 200 CPCC).
3.- Regístrese
y líbrese en forma conjunta, oficio a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y cédula de notificación al Señor Fiscal de Estado, ambos con habilitación de días y horas inhábiles (Acuerdo SCJBA Nº 3615 de fecha 28/11/2012; arts. 77 inc. 1 CCA; 135 inc. 5, 153 CPCC y
27 inc. 13 del Decreto Ley 7543/69, t.o. 1987, 177 inc. h), 180 inc. e)
Ac. 3397/08, Ac. 3615).
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Unos 700 casineros bonaerenses podrían jubilarse a los 60 años por el IPS La Cámara de Diputados bonaerense analiza un proyecto de ley para que los empleados de casinos que tienen más aportes en la Administración Nacional de Seguridad Social que en el Instituto de Previsión Social puedan jubilarse mediante el régimen provincial. La diferencia es que Nación requiere tener 65 años de edad y la Provincia 60.Según el autor de la iniciativa, Daniel Rodríguez, “esta ley busca un marco de igualdad”, ya que “aquellos empleados de mayor antigüedad, por razones de edad, son los últimos agentes pertenecientes al Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que se encuentran impedidos de acceder al beneficio jubilatorio a través del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires”.Luego de que la Provincia reasumiera la administración y explotación de los casinos de su jurisdicción, se les permitió por decreto a los empleados acceder a este beneficio, con 60 años de edad, pero se les exigía tener como mínimo 15 años de aportes al IPS.Actualmente los agentes de mayor antigüedad en actividad, ingresaron entre los años 1969 y 1973 y cuentan, entre 60 y 65 años de edad. Esto implica que, por contar con mayor cantidad de años de aportes previsionales en el ANSES por sobre los aportados en el IPS, deberían acceder al beneficio de la jubilación por intermedio de la primera, que estipula la edad de 65 años.Pero, a la vez, se desempeñan en los casinos bonaerenses, empleados que, habiendo ingresado varios años después, van a poder acceder al beneficio jubilatorio a través del IPS, que permite acceder con sesenta años de edad, en caso de contar con treinta y cinco años de aportes, puesto que al cumplir dicha edad contarán con mas años de aportes en esta Institución que en el ANSES.“Aquellos empleados de mayor antigüedad, por razones de edad, son los últimos agentes pertenecientes al Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que se encuentran impedidos de acceder al beneficio jubilatorio a través del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires”, explicó el diputado marplantense.Y continuó: “esto produciría una notoria inequidad, considerando que habría agentes que accederían antes a su jubilación contando con menor edad y menor cantidad de años de aportes previsionales, que aquellos ingresados con anterioridad que cuentan con mayor cantidad de años de aportes”.“De esta manera, al contar con la posibilidad de esta ley, que afectaría a cerca de 700 empleados, lograríamos poner a todos los compañeros casineros en igualdad de condiciones en cuanto a los regimenes jubilatorios y previsionales”. Publicado por
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Ordenan al IPS reanundar jubilación denegada. Nuev...